Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 23 de octubre de 1998.

Comunicación del Presidente
El Presidente
Desde la clausura del último Pleno, he tenido que dirigir telegramas haciendo constar la solidaridad de este Parlamento y la condolencia de todos sus miembros -creo haberme hecho intérprete fiel del sentimiento de todos ellos-, en primer lugar, al Primer Ministro y al Presidente del Parlamento de Suecia con motivo de la horrorosa tragedia de Gotemburgo. Inmediatamente después de conocerse lo sucedido, me dirigí a estas dos autoridades de Suecia, haciendo constar nuestro sentimiento y nuestro horror por lo que había ocurrido expresándoles toda nuestra solidaridad.
Por desgracia, a los pocos días, tuve que dirigir sendos mensajes a los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua para expresar, asimismo, la consternación de este Parlamento y el sentimiento de todos sus miembros, rogando, como en el caso anterior, que se transmitiese nuestro pesar a las familias de las víctimas y a las autoridades correspondientes.
Quiero decirles a ustedes que esta misma tarde ha sido autorizada la celebración de una reunión de la delegación de nuestro Parlamento para América Central y México, que se reunirá con los embajadores de estos cuatro países y con la Comisión para estudiar el mejor modo de prestar ayuda a los países afectados por la catástrofe.

Bienvenida
El Presidente
Quisiera dar la bienvenida a nuestro Parlamento a los miembros de la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, quienes se encuentran en la tribuna de visitantes distinguidos acompañados del premio Nobel de la paz de este año, el Sr. David Trimble. De la misma manera que el otro día felicitamos y ofrecimos nuestro apoyo a nuestro colega John Hume, aprovechamos hoy esta oportunidad para expresar también nuestra felicitación a este hombre.
(El Parlamento, en pie, dedica una ovación al Sr. Trimble) Deseamos a los miembros de la nueva asamblea una fructífera visita a Bruselas y todo el éxito para los meses y años venideros.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del viernes 23 de octubre de 1998 ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Hallam
Señor Presidente, acerca de la retransmisión televisiva de las sesiones de los viernes por la mañana, ¿podría usted decirme si se va a comenzar a retransmitir estas sesiones a partir del día de hoy?

El Presidente
Vamos a tratar sobre esta cuestión en la Mesa, la cual se ha tenido reunir con carácter extraordinario para hacer frente a un orden del día muy extenso. Espero que se aborde este asunto a la mayor brevedad.

Kerr
Señor Presidente, en la primera página del Acta del viernes del último período parcial de sesiones pronosticaba que Gran Bretaña dejaría en libertad al general Pinochet. Quizás, cuando envíe sus telegramas, podría hacer lo propio y mandar uno a los británicos para que envíen al general Pinochet a España, donde creo que hay muchas y muy buenas prisiones que le acogerían con alegría.

El Presidente
El Parlamento ha tenido la oportunidad de debatir esta cuestión y ha dejado bien claros sus puntos de vista al respecto.

Theonas
Señor Presidente, quisiera referirme a la modificación efectuada en el orden del día y a la inclusión del asunto al que se refiere el informe de nuestro colega, el Sr. Skinner, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa a la adopción de un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de obstáculos a los intercambios. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se plantea ahora este asunto que estaba previsto para el período parcial de sesiones de noviembre y cuál es la razón de esta premura? Nosotros pedimos que se posponga ya que no está disponible el texto del acuerdo político del Consejo en todas las lenguas - al menos en la mía no lo he encontrado - y mediante este procedimiento de urgencia apenas tenemos tiempo de presentar enmiendas.

El Presidente
Señor Theonas, se ha incluido el informe Skinner porque las posiciones comunes previstas para hoy no han sido enviadas por el Consejo, y para aprovechar el tiempo de que disponemos -que es más bien poco hasta final de legislatura- se ha incluido el informe Skinner que ya estaba preparado.
Tiene la palabra la Sra. Pailler.

Pailler
Señor Presidente, me baso en la carta que usted envió, en el mes de marzo de 1997, al Gobernador de Pensilvania, Tom Ridge, sobre la condena a muerte y la ejecución de Mumia Abu-Jamal. Hoy le vuelvo a pedir que dirija una carta de protesta a dicho Gobernador, que prometió durante su campaña electoral la cabeza y la ejecución de Abu-Jamal, quien acaba de perder su recurso y, por lo tanto, podría ser ejecutado de un día para otro, quizá en este mismo momento. ¿Podría escribirle también al embajador de los Estados Unidos en Bruselas?
Creo que nuestro Parlamento, que ha votado muchas resoluciones relativas a la pena de muerte y más concretamente a propósito de Abu-Jamal, deberá seguir mostrando su apoyo y su deseo de que se respeten los derechos humanos, sobre todo para que los procesos se instruyan de manera legal, como no ha ocurrido en el caso de Abu-Jamal, y para que la pena de muerte sea por fin abolida.

El Presidente
Gracias, señora Pailler, escribiré las cartas que me pide.

Killilea
Señor Presidente, me acompañan hoy, como invitados míos y de otros muchos diputados, algunos representantes del sindicato del sector lácteo de los Estados Unidos. A pesar de que disponía de pases para que estas personas pudieran acceder a la tribuna de visitantes, se les ha prohibido el paso a la misma. Me gustaría que, como ha hecho con los diputados de la Asamblea de Irlanda del Norte, les diera también a ellos la bienvenida. De todos modos, se les ha negado la entrada a la galería de visitantes, lo cual, habida cuenta de que yo mismo me había ocupado de todos los detalles necesarios, resulta escandaloso. No comprendo lo que ha podido pasar.

El Presidente
Señor Killilea, nuestro Parlamento goza de tal estima que la tribuna oficial se encuentra en estos momentos repleta. Se trata simplemente de una cuestión de falta de espacio. Pero pueden estar seguros de que les deseamos la bienvenida tan calurosamente como a cualquier otro visitante.

Aelvoet
Presidente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa le envió la semana pasada una carta urgente para que hoy tuviéramos aquí la posibilidad de pedir al Presidente de la Comisión, Santer, una declaración en relación con el gasto de los fondos de las líneas presupuestarias de los derechos humanos. Fue una petición unánime y urgente de toda la Comisión de Asuntos Exteriores. Quisiera saber de usted ¿qué ha pasado con esa petición? Por lo visto no está en el orden del día de hoy. ¿Tiene usted entonces otra propuesta?

El Presidente
Señora Aelvoet, efectivamente, esa carta llegó a mi poder en el día de ayer e inmediatamente fue cursada a la Comisión Europea, porque lo que pedía la Comisión de Asuntos Exteriores en esa carta es que se invitase a la Comisión Europea a hacer una declaración de acuerdo con el artículo 37 de nuestro Reglamento. Como usted sabe mejor que yo, es la Comisión Europea la que puede hacer uso de ese artículo 37. Nosotros no podemos exigírselo. La invitación fue cursada ayer mismo y la Comisión Europea no ha dicho nada hasta hoy. De modo que, si desea hacer la declaración, la Comisión Europea tiene que manifestarlo, y en ese momento trataremos de incluirla en el orden del día.
Incluso lo peor de todo no es eso. Lo peor es que, en este momento, nos encontramos con que la Comisión Europea no ha terminado todavía su debate y su resolución sobre la ampliación y estamos esperando, de un momento a otro, a que llegue el Comisario van den Broek a informarnos. Pero, naturalmente, no nos puede informar si no se ha tomado la decisión.

Paisley
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden. Creía haber entendido, como el resto de mis colegas de Irlanda del Norte, que tendríamos la oportunidad de agradecerle la bienvenida que ha dado al pueblo de Irlanda del Norte y, en especial, a los diputados de su nueva Asamblea.
Estoy seguro de que este Parlamento mantiene posturas firmes a este respecto. Sin embargo, ahora que la gente de Irlanda del Norte contempla cómo se deja en libertad a cerca de 200 terroristas sin que se produzca ningún gesto por parte de los terroristas para entregar sus armas, propondría a la Cámara que, como el Parlamento democrático que es, preste su apoyo a todos aquellos que respalden la vía democrática y que les inste a hacerlo de manera democrática, a entregar las armas y a librarnos de la plaga del terrorismo a ambos lados de la línea divisoria.

Hume
Me gustaría únicamente expresar mi profundo agradecimiento tanto a usted como a los diputados de este Parlamento por la bienvenida que han deparado en el día de hoy a los miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte. Es la primera vez en la historia que toda una asamblea regional europea asiste a un período parcial de sesiones de este Parlamento, y esta circunstancia pone de manifiesto el gran aprecio que existe en Irlanda del Norte por el apoyo que han dedicado a nuestro acuerdo y al proceso de paz tanto la Unión Europea como, en particular, este Parlamento y el programa especial para la paz y la reconciliación. La presencia hoy aquí de nuestra Asamblea constituye una muestra clara de este aprecio y de su deseo por asegurarse de que se les mantiene plenamente informados acerca de los trabajos de la Unión Europea, con el fin de aprovechar de la mejor manera posible estas actividades en el desempeño de sus cargos.
En referencia a las cuestiones mencionadas por el Sr. Paisley, éstas ya se abordan adecuadamente en el acuerdo, por lo que la tarea de todos nosotros consiste en lograr la aplicación de todos los aspectos de dicho acuerdo y que todas las partes actúen en este sentido de manera conjunta.
(Vivos aplausos)

Nicholson
Señor Presidente, yo también desearía dar brevemente la bienvenida a nuestro Parlamento a los miembros de la Asamblea de Irlanda del Norte, entre los que figura mi jefe de filas, David Trimble.
Todos los presentes recordamos cómo, a lo largo de los años, nos hemos alzado en este Parlamento en numerosas ocasiones para condenar la violencia. Esperemos que ya no sea necesario hacerlo nunca más. Pero el Parlamento ha de ser consciente de que nos queda aún un trecho por recorrer antes de lograr nuestro objetivo final, la consecución de una paz definitiva y de una sociedad normal en Irlanda del Norte. Debemos mirar hacia delante, no hacia atrás. Los miembros de esta Asamblea tienen la responsabilidad de ofrecer un futuro nuevo al pueblo de Irlanda del Norte.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, quisiera referirme al Acta. Creo que todavía estamos en ese punto y había pedido la palabra hace un rato. Tuve una intervención que se ha redactado de forma errónea en la página 10. El viernes 23 de octubre, yo no pedía evidentemente una votación en bloque sobre el resto de enmiendas, sino una votación en bloque sobre todas las enmiendas presentadas sobre asuntos cuyo objeto fuera idéntico al de las que acababan de ser aprobadas previamente. Mis palabras no se han transcrito bien en el Acta y no me gustaría que hubiese ambigüedad.
Por otro lado, me sorprende que en el Acta llamada «literal» de las sesiones esta intervención no aparezca, cuando, a priori, literal debe efectivamente interpretarse como íntegra.

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, el Acta evidentemente no es literal, pero si considera que sus palabras no han sido reproducidas exactamente, le rogaría que indicara por escrito los términos exactos de su intervención y ésta será corregida en el Acta.

Ahern
Señor Presidente, querría intervenir acerca del orden del día, antes de lo cual me gustaría también unirme a todos los que ya han dado la bienvenida hoy aquí a los miembros de la nueva Asamblea de Irlanda del Norte, así como hacerles saber que hemos respaldado en todo momento este nuevo acuerdo para el Norte. Ninguno de nosotros desea ser testigo de más muertes o dolor en ninguna región de la Unión Europea y, especialmente, allá donde haya tenido lugar durante tanto tiempo una situación tan trágica.
Me gustaría obtener una mayor información, como ya la he recibido de usted por escrito, acerca de una cuestión que planteé hace ya algún tiempo. Se refiere al Comisariado del Reino Unido para obras benéficas y, más concretamente, a la directora de la Asociación de neurofibromatosis, quien fue objeto de censuras tras proporcionar información a este Parlamento. No he recibido ninguna respuesta acerca de este asunto. A pesar de haber mantenido correspondencia a este respecto, planteo ahora esta cuestión ya que no me parece que ni yo ni este Parlamento hayamos obtenido una respuesta adecuada. Se trata de un derecho de este Parlamento.

El Presidente
Señora Ahern, haré comprobaciones a este respecto y me dirigiré a usted por escrito.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera recordar que, en nombre de mi Grupo, presenté una pregunta oral sobre la visita del Comité Veterinario a Portugal, porque me gustaría saber cuáles fueron los resultados de esa visita. Ya sabemos que se ha propuesto un embargo, pero pretendo recordar aquí una cosa a esta Asamblea, invocando el Reglamento.
Hubo una reunión extraordinaria de la Comisión de Agricultura destinada únicamente a votar el informe del Sr. Görlacht, sobre desarrollo rural, sin que hubiera un orden del día escrito, pues éste consistió en un gentleman's agreement , si es que aún hay gentlemen en este Parlamento. La verdad es que la Comisión aprovechó para enviar a esa misma reunión al Sr. Joachim Heine a hablar sobre la cuestión de las vacas locas en Portugal, sin que hubiera ningún diputado portugués presente. Es una vergüenza la forma capciosa, la forma secreta y cobarde, como la Comisión interviene muchas veces, aun cuando tenga razón. No digo que la Comisión no tenga razón. Pero no basta con tener razón, es preciso saber tenerla y la Comisión no sabe tenerla. Eso es lo que lamento profundamente. Pido al Presidente de la Comisión de Agricultura, que es, de hecho, un caballero y que como tal se comportó, que haga las gestiones necesarias para que el Sr. Heine vuelva allí a fin de que podamos oír lo que los colegas alemanes dijeron de Portugal, tengan o no razón. ¡Es preciso que rectifiquen y tengan más juicio en esas cabezas!

El Presidente
Muchas gracias, señor Rosado. Averiguaremos qué ha pasado en la Comisión de Agricultura.

Ephremidis
Señor Presidente, dado que, con motivo de la presencia de los representantes del gobierno irlandés, el Parlamento, puesto en pie durante algunos minutos, ha celebrado este acuerdo, quisiera manifestar que participamos en dicha celebración como hicimos también durante la anterior Asamblea. Pero tomo la palabra para decir que nosotros hemos llegado a una conclusión que creo que puede ser también la del Parlamento Europeo. Lo que durante décadas ha venido ocurriendo en Irlanda del Norte no es exactamente lo mismo que está ocurriendo en Kosovo pero no deja de presentar ciertas similitudes. Señor Presidente, en Irlanda no ha sido necesaria una intervención militar unilateral norteamericana, ni de la OTAN, hemos llegado a una...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Señor Ephremidis, no tenemos ahora un debate sobre Kosovo, y no vamos a debatir sobre Kosovo por el hecho de que estén presentes unos invitados de Irlanda.

Hulthén
Permítanme agradecer la introducción que ha hecho el Sr. Presidente y las condolencias que ha enviado a mi ciudad, Gotemburgo, donde acaban de perder la vida en un incendio sesenta y tres jóvenes. Estoy convencida de que estas palabras sirven de consuelo, y creo que debemos todos dedicar unos momentos de reflexión tanto a los jóvenes que han sobrevivido a la tragedia como, sobre todo, a los fallecidos y a sus familiares.

Ojala
Señor Presidente, querría hacer aún referencia a una cuestión de orden y a lo que ha dicho el Sr. Theonas en relación con el informe del Sr. Skinner. En este Parlamento disponemos de tecnología moderna, de correo electrónico y de todos los medios posibles para transmitir información, a pesar de lo cual no nos hemos enterado con la debida antelación de que se iba a presentar a debate el informe del Sr. Skinner. Nos encontramos antes una clara cuestión de principios. Deberíamos saber con antelación qué asuntos se van a someter a debate para, en caso de que fuera necesario, poder presentar las enmiendas correspondientes. No creo que sea muy correcto que nos enteremos el mismo día de la sesión.

El Presidente
Señora Ojala, los Grupos ya sabían eso y, no obstante, sus secretarios generales han propuesto el cambio.
(El Acta queda aprobada)

El Presidente
En este momento no tenemos la representación de la Comisión. Pregunto a los funcionarios de la Comisión aquí presentes a qué hora se espera al Comisario Sr. van den Broek.
Me informan que la reunión ha terminado y que el Sr. van den Broek está en su coche camino del Parlamento. Por tanto, interrumpo la sesión por cinco minutos y, dentro de cinco minutos, continuamos con la declaración del Sr. van den Broek y el debate. Lamento muchísimo que la Comisión haya procedido de este modo y que nos encontremos en esta situación.
(Se interrumpe la sesión durante cinco minutos)

Thomas
Señor Presidente, ¿implica el hecho de que el Comisario haya llegado con retraso que el turno de preguntas comenzará en el momento en que inicie su intervención dicho Comisario?

El Presidente
Disponemos de tres cuartos de hora, ya que tras el turno de preguntas tendrá lugar una declaración del Presidente Santer.

Ampliación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre los progresos realizados respecto a los países candidatos a la ampliación.
Voy a dar la palabra al Sr. van den Broek. Espero de él una explicación a esta actitud de la Comisión y a este retraso absolutamente inadmisible. Creo que el respeto a la Asamblea exige esa explicación y la petición de excusas.

van den Broek
Señor Presidente, pido naturalmente excusas por este retraso y apelo a su comprensión. Me he apresurado en llegar lo antes posible una vez finalizado nuestro debate en la Comisión sobre los doce informes periódicos que debemos presentar al Parlamento y al Consejo. Esta circunstancia explica que aún se esté redactando el texto final del informe, con los resultados del debate que ha tenido lugar esta mañana en la Comisión, razón por la cual no dispongo de este texto definitivo. Además, como ya sabrán, el Presidente Santer acaba de regresar de China esta misma mañana, por lo que la Comisión ha comenzado su reunión con una hora de retraso. De todos modos, espero que mi intervención sobre estos informes periódicos logre que se comprenda la intensidad y el ámbito de actuación que hemos pretendido abarcar en dichos informes. Casi dieciocho meses después de que se emitieran las opiniones sobre los países candidatos y nueve meses desde que se emprendiera de manera formal el proceso de ampliación en Londres, la Comisión aprueba en el día de hoy sus primeros informes periódicos acerca de los progresos realizados en cada uno de los doce países candidatos de cara a su adhesión a la UE, así como un documento de resumen anexo a dichos informes.
Estos informes proporcionan la base de los debates sobre la ampliación que tendrán lugar en el Consejo Europeo de Viena de mediados de diciembre. Espero que tengan acceso a ellos a la mayor brevedad posible. La recopilación de estos informes ha supuesto una tarea enorme. Si bien se ha considerado que las opiniones del año pasado son el resultado de un trabajo de gran calidad, estoy convencido de que en los informes de hoy hemos llevado nuestro análisis a un plano aún superior. Los funcionarios de la Comisión han ganado en experiencia, a la vez que hemos trabajado de un modo más intenso con los países candidatos. Sabemos más y comprendemos mejor. Como ya ocurrió el año pasado, la Comisión no habría podido llevar a cabo este trabajo sin la información y los consejos de los propios países candidatos, los Estados miembros y las organizaciones internacionales. El Parlamento Europeo, y especialmente sus numerosos ponentes, han contribuido de un modo muy valioso y profesional a los trabajos de la UE sobre la ampliación.
Nuestra evaluación se ha sometido a los mismos criterios de Copenhague que ya sirvieron de base para las opiniones del año pasado. No han cambiado las reglas del juego. La labor de nuestros funcionarios ha sido experta, objetiva, imparcial y libre de prejuicios políticos. En vez de atender a intenciones o promesas, los informes se centran en el progreso real que se ha registrado en los países candidatos, principalmente en lo referente a la legislación que se ha aprobado, las decisiones que se han adoptado en el ámbito de las distintas políticas y las instituciones que se han creado. Solamente así podíamos ser justos, y parecerlo, de cara a todos estos países. Todos somos conscientes de la gran cantidad de nuevos proyectos que tienen estos países en materia legislativa, los cuales serán abordados en los futuros informes a medida que vayan siendo aprobados y ejecutados.
Los informes muestran que se han registrado muchos logros, pero también que los países candidatos se enfrentan con una ingente tarea de cara a su preparación para incorporarse a la UE. En los informes no restamos importancia a los desafíos con que se enfrentan estos países. Si lo hubiéramos hecho, no habríamos favorecido a nadie, y menos aún a los propios países candidatos. De todos modos, nuestra evaluación muestra que, en términos generales, el proceso de ampliación de todos los países candidatos va bien encaminado y que se mantiene el empuje que ha de conducirnos a dicha ampliación. Nuestra valoración no nos permite proponer este año la ampliación de las negociaciones a nuevos candidatos. En el caso de Letonia, Lituania y Eslovaquia, hemos llegado a la conclusión de que el ritmo de los progresos que han realizado es suficiente para mantener la posibilidad de una posible recomendación para la apertura de negociaciones con Letonia a finales de 1999. Por lo que respecta a Lituania y Eslovaquia, esperamos poder recomendar la apertura de negociaciones dentro de un plazo razonable.
Este planteamiento refleja un claro reconocimiento político de los progresos que han realizado en los últimos dieciocho meses Letonia y, en un menor grado, Lituania de cara a los preparativos para su adhesión. En el caso de Eslovaquia, se ofrece un apoyo necesario al Gobierno recién elegido en sus intentos por establecer las políticas y las leyes que acerquen este país a la Unión Europea. Dentro de unos momentos comentaré con mayor detalle por qué motivos cabe destacar estos tres países. Junto con las conclusiones relativas a Letonia, Lituania y Eslovaquia, enviamos también un severo recordatorio a los países que ese encuentran ya en fase de negociaciones, especialmente a la República Checa y a Eslovenia, acerca de la necesidad de acelerar la aprobación y ejecución del acervo comunitario.
La ralentización que hemos podido observar desde que se emitieron las opiniones es motivo de preocupación. Debe quedar muy claro que no es posible resolver los retrasos en la transposición o en la ejecución del acervo únicamente por medio de períodos transitorios. Además, es la primera vez que tenemos la oportunidad de valorar de manera exhaustiva la capacidad administrativa de cada país candidato para aplicar el acervo comunitario. Éste es un ámbito en el que todos los candidatos deberán potenciar sus reformas. Otra recomendación con un carácter ligeramente distinto implicaría que el Consejo de Ministros reconfirmara sus compromisos por lo que respecta a los objetivos y a la composición de la Conferencia Europea con arreglo a lo establecido en las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo. El objeto de esta Conferencia era el establecimiento de una estructura que abarcara el proceso de ampliación, primordialmente en lo relativo a las cuestiones del segundo y del tercer pilar. No creemos que sea adecuado debilitar esta estructura abriendo hoy por hoy negociaciones con un número mayor de candidatos.
Me gustaría ofrecerles a continuación un breve resumen de los principales hallazgos que se han hecho en estos informes. No voy a hacerles una descripción detallada de los progresos realizados por cada país y cada sector en particular, ya que estos datos pueden consultarse en los informes específicos por país que espero que estén disponibles ya esta misma tarde. En el caso de los diez países de la Europa Central y Oriental, expondré brevemente nuestra valoración acerca del criterio político y de los criterios económicos, todos los cuales representan condiciones para el comienzo de negociaciones, así como acerca de la adaptación del acervo comunitario y de la capacidad administrativa de cada uno de los países candidatos. Acto seguido haré también algunas observaciones sobre Chipre, Turquía y Malta.
Comenzaré haciendo referencia al criterio político de Copenhague, en el que se hace hincapié en una estabilidad de las instituciones que garantice la democracia, el estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías. En las opiniones del pasado año, la Comisión llegó a la conclusión de que, con la excepción de Eslovaquia, todos los países candidatos cumplían ampliamente el criterio político necesario para su adhesión. Dentro de unos momentos me referiré al caso de Eslovaquia. En los informes periódicos de este año, la Comisión ha ido nuevamente más allá de los textos legislativos y ha analizado el funcionamiento de la democracia en la práctica. Nuestra conclusión general es que nos encontramos ante una situación esperanzadora puesto que los países candidatos no cesan de consolidar su estabilidad política. Seis de los candidatos de la Europa Central -la República Checa, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría y Eslovaquia- han celebrado elecciones parlamentarias o presidenciales libres y justas en el transcurso de los últimos doce meses.
En Letonia, el resultado positivo del referéndum sobre la Ley de ciudadanía ha supuesto un considerable espaldarazo a la situación de los no ciudadanos. Este resultado facilitará el proceso de naturalización de los no ciudadanos y de los niños apátridas, predominantemente de lengua rusa. Aún no se han abordado adecuadamente algunas de las deficiencias específicas que destacó la Comisión en las opiniones del pasado año. Por ejemplo, es necesario potenciar considerablemente el poder judicial en la mayoría de los países candidatos y, en determinados casos, reforzar la independencia de este poder. Por lo que respecta a los derechos de las minorías y a otros criterios de orden político, la situación de los gitanos en los países candidatos continúa siendo un motivo de inquietud.
Es necesario hacer una mención especial de Eslovaquia. La evaluación de la Comisión del año pasado mostraba que este país era el único de todos los candidatos que no cumplía el criterio político de Copenhague. El informe periódico que se presenta hoy cubre la evolución que ha tenido lugar desde mediados de 1997, es decir, un período en el que no ha habido cambios importantes que hubieran motivado una revisión de dicha valoración. Sin embargo, como resultado de las elecciones generales del mes pasado, se ha constituido un nuevo gobierno y se ha hecho patente un nuevo impulso de las reformas políticas y económicas. Esta nueva situación justifica igualmente una perspectiva de apertura de negociaciones con la condición de que se confirme el funcionamiento regular, estable y democrático de las instituciones. Además, antes de que se emprendan dichas negociaciones, es necesario cerciorarse de que Eslovaquia ha adoptado las medidas necesarias para corregir la situación económica y de que ha introducido una mayor transparencia en su aplicación. Estos elementos fueron objeto el pasado año de una menor atención por los irrefutables argumentos políticos en contra de la apertura de negociaciones, si bien los elementos económicos sí quedaron recogidos en el informe.
Por lo que respecta a los criterios económicos de Copenhague, éstos se centran en dos cuestiones particulares. En primer lugar, la existencia de una economía de mercado y, en segundo, la capacidad para hacer frente a la presión competitiva de las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Para pasar el examen económico, debe existir ahora una economía de mercado dinámica en el país candidato, que, además, deberá ser capaz de hacer frente a la presión competitiva a medio plazo. En términos generales, los países candidatos han seguido realizando importantes progresos en la aplicación de las reformas económicas. En la mayoría de los casos, se está avanzando claramente en aspectos como la privatización, la reestructuración y la liberalización y, a pesar de que la situación puede variar en todos los países candidatos, creemos que ello se debe en gran medida a causas históricas. Nuestros análisis demuestran que, como ya se señalaba en las opiniones del año pasado, es posible considerar que en Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y la República Checa funciona la economía de mercado y que, por lo tanto, deberán ser capaces de cumplir a medio plazo también el segundo criterio, el relativo a la competitividad. En este ámbito, Hungría y Polonia siguen aventajando en cierta medida al resto de los países.

El Presidente
Señor Comisario, ha superado usted en un minuto el tiempo previsto para su intervención, por lo que le rogaría que finalizara de manera inmediata.
(Reacciones diversas)

van den Broek
Señor Presidente, estoy obviamente dispuesto a regresar a este Parlamento para hacer una exposición más extensa. Permítame únicamente decir unas pocas palabras acerca de los criterios económicos y el acervo comunitario. Intentaré hacerlo de la manera más breve posible.
Por su parte, Lituania ha realizado también progresos considerables. Ya he mencionado anteriormente a Letonia y Eslovaquia. En Lituania, sin embargo, se necesitan medidas adicionales y se deben someter a prueba, en el plano práctico, algunas decisiones recientes antes de considerar que este país cumple los criterios de Copenhague. Habiendo dicho esto, nos gustaría también que se dieran las circunstancias para poder emitir una recomendación favorable. Por lo que respecta a la adopción del acervo comunitario, repito que hay una serie de países que, a pesar de haber entrado ya en la fase de negociaciones, están prestando poca atención a la adopción de este acervo. Hemos de dejar bien claro a estos países que las negociaciones no pueden, de por sí, reemplazar o sustituir la adopción del acervo comunitario. Voy a ser breve en lo que se refiere a la capacidad administrativa. Resulta claro que es necesario reforzar la capacidad administrativa y el poder judicial no sólo para adoptar, sino también para aplicar, el acervo comunitario.
Por lo que respecta a Chipre, puedo ser también muy breve. Las negociaciones van bien encaminadas y siguen su curso, por lo que esperamos que la situación permita aún la participación de los turcochipriotas en estas negociaciones. Evidentemente, todos los estudios que se están realizando en estos momentos se refieren únicamente a la mitad meridional de la isla. Igualmente, hemos elaborado un informe periódico sobre Turquía que, por primera vez, incluye una valoración con arreglo a los criterios de Copenhague. No será para nadie una gran sorpresa el hecho de que, a pesar de algunos aspectos positivos en el ámbito económico, aún deja mucho que desear la vida política de este país, especialmente el funcionamiento del sistema político, el papel del Ejército, la cuestión de la protección de los derechos humanos y otros asuntos bien conocidos por el Parlamento gracias a los informes que hemos elaborado con anterioridad.
En lo relativo a Malta, presentaremos nuestro informe probablemente a mediados de febrero, actualizando las conclusiones de 1993 y teniendo presentes los dos años de interrupción que sufrió el proceso de adhesión con motivo del cambio de Gobierno.
He expuesto aquí una breve perspectiva general de cerca de seiscientas páginas de exhaustivo análisis, cuyo resumen figura en el documento anexo. Para finalizar, desearía agradecer una vez más al Parlamento Europeo su contribución, y espero que podamos proseguir en los próximos meses nuestras conversaciones acerca de estos informes periódicos.

Hoff
Señor Presidente, el señor Comisario van den Broek acaba de señalar, en relación con los progresos realizados por Lituania, que éstos no pueden sustituir, sin embargo, a las negociaciones. ¿Podría ampliar el Sr. Comisario este aspecto y concretar el sentido de dicha observación?

van den Broek
Cuando hablamos de los seis países en fase de negociaciones, resulta bastante sorprendente que algunos de ellos hayan ralentizado de manera considerable el proceso de adopción del acervo comunitario. Solamente podemos adivinar los motivos que explican esta circunstancia, a pesar de lo cual creemos que se debe hacer uso del informe para enviar un claro mensaje -y ya he hecho especial mención de la República Checa y de Eslovenia- de que las negociaciones no pueden sustituir la labor que hay que realizar, por ejemplo, para adoptar la legislación. Éste ha sido el principal mensaje del informe. No se puede concluir que existan motivos para incluir en el círculo de negociaciones a otros países que, aun reuniendo los criterios, no se han incorporado todavía a esta fase. Creemos que, de la misma manera que alabamos y felicitamos por las mejoras y los avances, es también necesario que nos mostremos críticos cuando algunos países se rezagan.

Cars
Señor Presidente, acojo con satisfacción las palabras de aprecio con que se ha referido el Comisario a la evolución rápida y estable de Letonia, y parto de la base que esto significa que dicho país podrá incorporarse a las negociaciones para su plena adhesión dentro de los plazos que ya se han dado a conocer. Evidentemente, espero que éste sea también el caso de Lituania y Eslovaquia.
Me gustaría plantear una pregunta. ¿Por qué no ha hecho la Comisión una mención especial en su resumen a la abolición de la pena de muerte en Estonia? El Parlamento ha dejado bien claro que ningún país que continúe permitiendo la pena de muerte en su territorio podrá convertirse en Estado miembro de la Unión Europea. Me pregunto si la Comisión ha hecho el suficiente hincapié en esta circunstancia ante los países que se encuentran ya en fase de negociaciones y que aún recogen en sus respectivas legislaciones esta inútil medida de castigo.

van den Broek
Es obvio que no estamos hablando aún de la adhesión, sino de un proceso de preparación. Estamos hablando de la diferencia que existe entre los preparativos para las negociaciones con cinco países y las negociaciones propiamente dichas con otros seis. Resulta obvio que, en la actualidad, ninguno de los países candidatos reúne plenamente los criterios necesarios para su adhesión. Éste es el principal motivo por el que debemos seguir adelante con los preparativos. La evaluación de estos preparativos se llevará a cabo cada año por medio de los informes periódicos, con arreglo a los progresos que realice cada uno de los países candidatos.

Green
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden. Hay algo que no funciona en este Parlamento si, cuando se aborda el principal asunto político con el que se enfrenta la Unión Europea, se interrumpe la intervención del Comisario en medio de la presentación de su informe. Comprendo que usted tenga que respetar el orden del día y lograr que se avance en los debates, pero podríamos haber pedido al Sr. Santer que presentara su informe más tarde, con lo que habríamos podido examinar esta cuestión en su totalidad. A todos nos ha irritado la ausencia inicial del Comisario si bien, de la misma manera, todos hemos acogido con satisfacción el hecho de que haya venido directamente de la reunión de la Comisión. Creo que habría sido favorable para este Parlamento, y para la imagen de seriedad que queremos transmitir, que hubiéramos mantenido un debate apropiado sobre este asunto y que hubiéramos permitido al Comisario, por lo tanto, finalizar su informe. Lamento profundamente que no haya sido así.

Martens
Presidente, creo que es de la mayor importancia para el Parlamento y también para este debate que dispusiéramos del informe completo del Comisario. Por lo tanto, como ha hecho la Sra. Green, insisto en que el Parlamento tenga a su disposición el informe completo del Comisario y que le demos la oportunidad de que exponga su informe.

El Presidente
Fue la Comisión la que solicitó presentar hoy su informe. La Comisión sabe que dispone de diez minutos. De hecho, la intervención del Comisario ha durado catorce minutos. Cuanto más tiempo hable ahora, menos tiempo tendrá para responder a las preguntas de los diputados. No puedo hacer milagros, pero sí puedo elegir entre permitirle una intervención más larga o dejarle más tiempo para responder a las numerosas preguntas que puedan formularle los diputados. Intento optar por la mejor solución. Comprendo muy bien su punto de vista pero, si lo siguiéramos, nos encontraríamos ante intervenciones de veinte minutos que no dejarían, después, tiempo para formular preguntas. Y es importante responder a las preguntas.

Oomen-Ruijten
Presidente, quiero ayudarles un poco a usted, a la Sra. Green y también a nuestro Presidente. A continuación en el orden del día está el programa de trabajo, que presentará el Sr. Santer. He de decirle que de esto no tenemos nada por escrito. ¿No sería buena idea que continuáramos con este debate sobre la ampliación y que luego dijéramos: señor Santer, el papel o las cartas que nos iba a dar, dénoslas por escrito? Por eso estoy agradecida a la Sra. Green, dénoslo por escrito y posponemos ese debate. Me parece mucho más práctico.

El Presidente
Yo no tengo ningún programa. Tampoco soy yo quien elabora el orden del día. Ustedes acaban de aprobar el proyecto de orden del día con estas modificaciones. Si desean suprimir del orden del día la declaración del Sr. Santer para lograr, de este modo, disponer de más tiempo, lo someteré a votación.
(El Parlamento acepta la propuesta de suprimir del orden del día la declaración del Sr. Santer)

Perry
Señor Presidente, me complace que podamos mantener un debate completo acerca de esta importante cuestión. He anotado con mucho detalle las palabras del Comisario en lo relativo a Eslovaquia, e intervengo como segundo vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta. El Comisario se ha expresado en los términos «esperamos poder recomendar la apertura de negociaciones dentro de un plazo razonable», mientras que, al referirse a Letonia, ha dicho «a finales de 1999». ¿Debemos interpretar «dentro de un plazo razonable» como algo anterior o posterior a finales de 1999? ¿No podría ser más preciso por el bien de nuestras relaciones con Eslovaquia?

van den Broek
Con el debido respeto, no vamos a emitir nuestras recomendaciones para la apertura de negociaciones con el objetivo de mantener unas buenas relaciones políticas, ya que éstas no forman parte de los criterios de Copenhague. Como ya he afirmado anteriormente, juzgaremos los méritos individuales de todos y de cada uno de los países con arreglo a los criterios políticos, que era lo que estaba en juego en el caso de Eslovaquia, y con los criterios económicos, tanto en lo relativo al requisito de la economía de mercado como al de la competitividad.
Por lo que respecta a los plazos que hemos incluido en las conclusiones del documento anexo, puede que sea aún necesario completarlos una vez que ustedes hayan tenido la oportunidad de leer dicho documento. Lo que quiero decir es que, en lo relativo a una futura ampliación de las negociaciones, la Comisión desea destacar, en especial, los progresos que ha realizado Letonia. Si se mantiene el ritmo de las transformaciones, puede ser posible confirmar ya el año próximo que Letonia reúne los criterios económicos de Copenhague y proponer antes de finales de 1999 la apertura de negociaciones con este país. Se debe comprender claramente que no se trata de un cheque en blanco. Verificaremos en el transcurso del próximo año si se ha mantenido en Letonia el ritmo de las transformaciones que hemos descrito ampliamente en el informe.
En el caso de Lituania, afirmamos que se ha realizado un progreso considerable. Sin embargo, se necesitan medidas adicionales y se deben someter a prueba, en el plano práctico, algunas decisiones recientes antes de considerar que este país cumple los criterios de Copenhague, lo cual permitiría a la Comisión proponer la apertura de negociaciones. Así pues, estamos refiriéndonos a las negociaciones ateniéndonos a una perspectiva de claridad, y hemos descrito en el informe sobre Lituania las medidas adicionales que deben emprenderse para que se materialice este objetivo.
Finalmente, por lo que respecta a Eslovaquia, la nueva situación que se ha creado tras las elecciones hace posible la perspectiva de una apertura de las negociaciones con la condición de que se confirme el funcionamiento regular, estable y democrático de sus instituciones. Es preciso hacer un seguimiento de esta situación. Además, antes de que se emprendan dichas negociaciones, es necesario cerciorarse de que Eslovaquia ha adoptado las medidas necesarias para corregir la situación económica y que ha introducido una mayor transparencia en su aplicación. ¿Por qué decimos esto? Porque se podría afirmar que, si bien con el Gobierno precedente se había establecido el componente legislativo de un sistema económico de mercado, éste estaba, sin embargo, dominado por una poderosa intervención estatal y por la falta de transparencia, principalmente en lo relativo al modo en que se estaba llevando a cabo el proceso de privatización. El nuevo Gobierno ya ha dejado claro que quiere introducir cambios a este respecto, a pesar de lo cual debemos comprobar los efectos de estos cambios antes de poder recomendar, de acuerdo con los criterios objetivos de Copenhague, la apertura de negociaciones. Hemos dejado bien claro este punto, por lo que no es posible mal interpretar el mensaje político que se desprende de esta conclusión.

Alavanos
Señor Presidente, he escuchado atentamente la postura del Sr. van der Broek. En principio, estoy sorprendido con la clasificación que ha hecho. Sabía que había una categoría de seis países candidatos y que cuentan con prioridad los de Europa central y del este y Chipre. El Sr. van der Broek nos ha presentado otra clasificación y eso es lo importante. Cinco países de Europa central y del este, otros países de la misma región y después otra categoría donde se incluye a la República de Chipre, que antes estaba incluida en la primera categoría, a Turquía, que no había sido seleccionada en Luxemburgo, y a Malta, que no quiso continuar el proceso de adhesión a la Unión Europea.
Mi pregunta al Sr. van der Broek es la siguiente: ¿cómo podemos meter en la misma categoría a Turquía y a la República de Chipre? ¿Ha cambiado algo en relación con Turquía y su postura ante la Agenda 2000, o ha cambiado algo ante la ampliación desde la Cumbre europea de Luxemburgo donde se habían establecido condiciones concretas para Turquía?

van den Broek
No estamos pensando en categorías distintas. Todos estos países están en condiciones de reunir los requisitos para su adhesión y participar en un proceso de ampliación. Ya explicamos claramente el pasado año cómo funcionaban los procesos de ampliación y de adhesión. Estas explicaciones se referían a aquellos países que fueron objeto de las opiniones de 1997. Como recordará el Sr. Alavanos, Chipre, que recibió un avis en 1993 -no una opinión propiamente dicha-, afronta una preparación distinta al resto de los países candidatos porque se encuentra en una fase más avanzada. En Chipre existía ya una economía de mercado y, por lo tanto, este país se encuentra ya inmerso en la fase de negociaciones. Por lo que respecta a Turquía, respetamos al pie de la letra los deseos que se expresaron en los Consejos de Luxemburgo y Cardiff. De este modo, hemos elaborado un informe basado en el Artículo 28 que incluye las conclusiones de Cardiff y nuestras observaciones acerca de, entre otros aspectos, los avances de la estrategia europea para Turquía.

Brok
Señor Presidente, si he comprendido bien su comentario sobre Eslovaquia, después de las últimas elecciones, el Gobierno al parecer ha elaborado planes cuya aplicación supondría una oportunidad para la implantación de procesos democráticos y del estado de Derecho. De momento esto no ha ocurrido, lo cual ya ha sido motivo de crítica. Yo creo que sería bueno que usted nos confirmase ahora este punto. ¿Es cierto que el Presidente de la Comisión recibirá el viernes al Primer Ministro eslovaco con objeto de marcar también una diferencia con respecto al Gobierno anterior?

van den Broek
El Presidente Santer y yo tenemos previsto entrevistarnos con el nuevo Primer Ministro de Eslovaquia, el Sr. Dzurinda, para hacerle llegar el siguiente mensaje: damos obviamente la bienvenida a su nuevo Gobierno. Por lo que respecta al proceso de ampliación y a la posición que ocupa Eslovaquia en dicho proceso, nos alegraría enormemente que tuviera lugar un desarrollo de la situación que confirmara la estabilidad de las instituciones políticas, su carácter democrático, el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, además de los derechos de las minorías. En segundo lugar, nos complacería que este Gobierno corrigiera las deficiencias que hemos detectado en el plano económico.
Espero vehementemente que el Primer Ministro de Eslovaquia exponga con claridad cuáles son sus planes a este respecto. Sin lugar a dudas, necesitará algún tiempo para la ejecución de dichos planes. Nosotros haremos un estrecho seguimiento de los acontecimientos y recomendaremos la apertura de las negociaciones cuando estimemos que se cumplen los criterios para este fin, especialmente los políticos, pero también los económicos. Éste es el claro mensaje que transmitiremos al Primer Ministro de Eslovaquia.

Barón Crespo
Señor Presidente, la Comisión ha cambiado de criterio sobre la marcha en relación con el reglamento de coordinación de los instrumentos de preadhesión. Mi pregunta es, en primer lugar, ¿cuáles son las razones que la han llevado a actuar así? Y en segundo lugar, ¿no supone ello una concentración de todos los esfuerzos en el programa PHARE?

van den Broek
No estoy seguro de comprender lo que quiere decir su señoría con «cambiar de criterio». Yo no he percibido ningún cambio de criterio. Cuando hablamos de la coordinación de los instrumentos de preadhesión, nos referimos a los cambios que tendrán lugar a partir del año 2000, cuando, dependiendo de la aprobación por parte de la autoridad presupuestaria, contemos con mayores medios financieros a nuestra disposición. El Sr. Barón Crespo será consciente de esta circunstancia. Deberemos coordinar en su totalidad los distintos instrumentos que sirven de fundamento a los países candidatos en su preparación para la adhesión. Sé que el Consejo ya está debatiendo en cierta medida el reglamento que hemos propuesto a este respecto, por lo que espero que se puedan extraer conclusiones en un futuro muy próximo. No creo que esta cuestión tenga una connotación política.

Schroedter
Señor Presidente, señor van den Broek, nosotros acogemos con satisfacción que la Comisión aplique una cierta flexibilidad y recoja el planteamiento del Parlamento en lo que se refiere al modelo de la línea de salida. Aun así, ¿considera la Comisión que las negociaciones y una pronta adhesión podrían correr peligro, a la vista de las propuestas formuladas en el Protocolo sobre la ampliación anejo al Tratado de Amsterdam y a la vista de la ausencia de progresos en la reforma institucional de la Unión Europea? ¿Qué se propone hacer la Comisión, en su calidad de motor de la integración, para impulsar sin demora la resolución de estas cuestiones y también una reforma institucional de la Unión Europea, cumpliendo así de este modo las tareas que tiene encomendadas?

van den Broek
Es verdad que el hecho de que estemos sometiendo ahora a debate lo que queremos que hagan los países candidatos para prepararse de cara a la adhesión no es obstáculo para que nuestros Estados miembros no continúen avanzando en la propia reforma de la UE. Este planteamiento está muy presente en todo lo relacionado con la Agenda 2000, también en las propuestas para una modificación de las políticas, las transformaciones institucionales y la totalidad del marco financiero. Una de las cosas que queremos evitar es que, cuando instamos a los Estados miembros a realizar progresos en la Agenda 2000 -y hemos presentado propuestas a este fin-, no deberíamos amenazar a los países candidatos ni socavar su confianza diciendo que si no les dejamos avanzar hacia la fase de las negociaciones o en la evaluación, etc., es porque hemos de tener en cuenta ciertos retrasos habidos en la Unión Europea. Usted tiene toda la razón cuando dice que se debe lograr un equilibrio, que los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión han de asumir sus propias responsabilidades e intentar mantener el ritmo.
Finalmente, usted sabe perfectamente que, cuando se presentó la Agenda 2000 el año pasado, fue la Comisión la que, haciendo referencia al Tratado de Amsterdam, planteó con claridad la prioridad de incorporar la totalidad del debate institucional en una conferencia intergubernamental que tuviera lugar antes de la primera ampliación, esto es, antes de que se incorporaran los primeros nuevos países. Aún no se ha adoptado ninguna decisión, pero todo parece ya indicar que la Comisión quiere por sí misma acelerar al máximo, en la medida de sus posibilidades, el proceso de reforma institucional de la UE.

Pasty
El desarrollo de esta sesión es un poco caótico, pero espero que el proceso de ampliación en sí mismo no sea caótico. Así pues, me gustaría plantear dos breves cuestiones al respecto.
Primera cuestión: se nos ha dicho que Letonia podría incorporarse al primer vagón. Sin embargo, yo quisiera saber qué ocurre con Estonia. Estonia forma parte del primer vagón, ¿pero acaso este país ha obtenido progresos notorios en materia del trato a su minoría rusa, y no estará Letonia superando a Estonia desde este punto de vista?
Segunda breve cuestión -antes el Comisario fue interrumpido sobre este punto-: ¿qué va a ocurrir con Bulgaria y con Rumania? Si lo he entendido bien, estamos pasando de un proceso de seis más cinco a un proceso de seis más eventualmente tres, más dos y los dos que quedan excluidos son Bulgaria y Rumania.
¿No temen que esta manera de actuar plantee serios problemas de política interna en estos dos países, que, de algún modo, se hallarán totalmente relegados, a pesar de que se les propongan actas de preadhesión? Me parece que corremos el riesgo de desestabilizarlos políticamente.

van den Broek
De acuerdo con los principios que se aceptaron el pasado año en la Agenda 2000, sigue existiendo la posibilidad de que un país adelante a otro en el proceso de preparación. No estoy diciendo que éste sea el caso de Estonia y Letonia. Letonia no se encuentra aún en fase de negociaciones, a pesar de lo cual este país, como ya he dicho antes, ha realizado progresos importantes que dan pie a ciertas expectativas. Sin embargo, el aspecto en el que Letonia ha progresado más que Estonia es el relativo a la minoría rusoparlante. Ya he mencionado el reciente referéndum por el que se ha aprobado esta cuestión en Letonia, que facilita principalmente el proceso de naturalización y mejora la situación de los niños apátridas. En Estonia se debe aún aprobar legislación a este respecto.
Por lo que respecta a Bulgaria y Rumanía, no he tenido la intención de dejarlas en el tintero. En las notas de esta intervención de hace unos momentos que no he podido concluir, había apuntado que, a pesar de haber realizado progresos significativos, Bulgaria parte de una situación más desfavorable que algunos de los países candidatos. Por este motivo, nos resulta enormemente esperanzador el esfuerzo digno de encomio que está llevando a cabo el Gobierno de Bulgaria en numerosos ámbitos. Desgraciadamente, no puedo mostrar el mismo entusiasmo por lo que respecta a Rumanía, a pesar de lo cual me apresuro a decir que el propio Gobierno actual, y en especial su Primer Ministro, han llegado a la conclusión de que las reformas en este país registran un retraso. Estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades de dicho país, así como con las instituciones financieras internacionales, para intentar volver a funcionar con un rendimiento pleno.

Titley
El Comisario van den Broek ha comenzado su intervención afirmando que iba a ofrecer un informe sobre los doce países candidatos. ¿Es posible concluir, por lo tanto, que la Comisión considera a Turquía como un país candidato, y no como un posible país candidato? ¿Interpreta la Comisión que, de acuerdo con la Cumbre de Cardiff, Turquía es un país candidato?
En segundo lugar, desearía preguntar si el presente informe no ha sido acaso el motivo de que la Comisión presentara alguna recomendación con el fin de modificar la composición de las ayudas de preadhesión, para, de esta manera, potenciar las actividades en una región por oposición a otra.
Para finalizar, me parece bastante extraño que Letonia pueda emprender las negociaciones a finales de 1999. Si este país está preparado, lo está ya en estos momentos. Si, por el contrario, no lo está, debe esperar hasta el año que viene la aparición del próximo informe. ¿No resulta bastante peligroso afirmar que vamos a abrir las negociaciones en un plazo de doce meses? Es un compromiso muy arriesgado.

van den Broek
Se considera que Turquía puede aspirar a la adhesión. No niego que se trate de un debate muy interesante desde el punto de vista ideológico saber si se puede o no utilizar la denominación de país candidato. En mi condición de Comisario competente para las relaciones con Turquía, sé exactamente cómo se debe tratar este tema. Esta cuestión ha sido enunciada tanto en las conclusiones de Luxemburgo como en las de Cardiff, y la estrategia europea para Turquía es absolutamente clara en todo lo relativo a los preparativos para la adhesión.
Obviamente, por lo que respecta a Letonia, usted puede decir que cumple o que no cumple los criterios. Naturalmente, su discurso adolecería de una cierta falta de definición si afirmara que se muestra muy impresionado por las mejoras que se han conseguido pero que, si se echa un vistazo a la interacción entre, los parámetros económicos del requisito de la economía de mercado por un lado y, por el otro, el criterio de la competitividad, desearía hacer aún un mayor seguimiento para cerciorarse de que se están verdaderamente cumpliendo estos criterios. Ésta es la situación en que se encuentra Letonia, con la excepción de algunos puntos concretos, mencionados en el informe, en los que nos gustaría que se produjese una mayor mejora. De modo particular, estos puntos están relacionados, por citar sólo un ejemplo, con la supervisión del sistema financiero.

Spencer
Señor Presidente, una manera de saber si éste es un verdadero Parlamento es comprobar si está preparado para tragarse patatas calientes, y esta tarde hemos visto un ejemplo de las indigestiones que éstas pueden ocasionar. Les sugiero a usted y a sus colegas de la Mesa que busquen algún modo de mejorar la flexibilidad de este Pleno para responder, en ocasiones como ésta, tanto a la Comisión como al Consejo.
Comisario, va siendo hora en este debate de que alguien le exprese su felicitación. A primera vista, por lo menos, lo que parece que usted propone para Letonia, Eslovaquia y Letonia está formulado de un modo inteligente y pragmático, motivo por el cual cabe felicitarle. Pero usted sólo ha hecho una referencia muy breve al país candidato de mayores dimensiones y que presenta mayores dificultades, Polonia. ¿Desearía aprovechar esta oportunidad para decir algo acerca de este país?

van den Broek
Como ya sabemos, Polonia, el mayor país en términos de población, figura entre los países que se encuentran ya en fase de negociaciones. Hay que hacer una observación muy positiva en este caso: tras un pequeño incidente con este país en relación con la preparación y, especialmente, con los proyectos que considerábamos que no se estaban llevando a cabo de acuerdo con la asociación para la adhesión, el Primer Ministro y su equipo se han hecho firmemente cargo de la coordinación del proceso de preparación. Esta circunstancia ha quedado claramente patente.
Lo que no se puede resolver de una manera tan inmediata es el hecho de que se trata de un país que cuenta aún con un sector agrícola muy considerable y que se enfrenta con importantes problemas medioambientales. Sin embargo, yo no diría que Polonia constituye el peor de los casos, sino que, cuando se trata de un país tan grande como éste, su tamaño automáticamente condiciona de algún modo las dimensiones de sus problemas. Podrán encontrar este planteamiento en el documento anexo que espero que les llegue hoy mismo. Hemos intentado resumir en la mayor medida posible, y sin olvidar ningún país, nuestras impresiones generales acerca de todo este proceso. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para añadir un punto importante, el relativo a los debates que pudimos mantener el pasado año con este Parlamento acerca de los países en fase de negociaciones y los países en fase de prenegociaciones.
En primer lugar, este último año ha demostrado a las claras -y reconozco aquí los méritos del Parlamento por habernos instado a seguir aquellos procedimientos- que se han reducido en gran medida las diferencias existentes entre estos dos grupos. Estamos estudiando todos los casos, y la evaluación de los países en fase de prenegociación ha pasado, en el primer trimestre del presente año, de un planteamiento multilateral a otro bilateral. Este hecho implica que la evaluación bilateral de los países en fase de prenegociación se aproxima mucho a lo que ya estamos haciendo con los otros países ya negociadores. Esta circunstancia reduce las diferencias e implica que, cuando los primeros alcancen la fase de negociación, su desventaja en relación con el grupo de países que se habían incorporado previamente a las negociaciones será menor que al principio del proceso.

Haarder
Señor Presidente, la Historia hace notar su presencia una vez más en este Parlamento, pues resulta histórico que la Comisión haya decidido dar hoy una nueva credibilidad y una nueva dinámica al proceso de ampliación, ya que reconoce que Letonia quizá debería haber tomado parte en la primera ronda y que podría haber sido una de las primeras exdictaduras en convertirse en miembro de la Unión. Por ello me gustaría pedirle al señor Comisario que confirme que Letonia - si la evolución en curso continúa - podría muy bien formar parte del primer grupo de países que se convertirán en miembros legítimos a comienzos del próximo milenio. También me gustaría pedirle al señor Comisario que confirme las posibilidades de Letonia de entrar en el primer grupo y de que Lituania y Eslovaquia sigan su camino muy pronto. Gracias, en caso de que quiera usted confirmarlo, señor Comisario.

van den Broek
Resulta siempre tentador hablar de fechas concretas pero, especialmente en el tema de la ampliación, sabemos que muchos de los países que están actualmente en negociaciones están trabajando con la hipótesis de convertirse en miembros de pleno derecho en el año 2002 ó, en la mayoría de los casos, en el 2003. Me estoy refiriendo al Grupo de los Seis. Mi única respuesta es que así lo espero yo también. Pero son los países candidatos los que tienen que cumplir las condiciones para hacerlo posible. Lo mismo cabe decir acerca de la apertura de negociaciones a la que ya me he referido anteriormente. Resulta claro que Letonia reúne los criterios políticos, a los que cabe añadir los criterios económicos, de los que ya hemos afirmado que necesitamos realizar todavía un mayor seguimiento, Sin embargo, existe una clara impresión de que se está aproximando el momento en que podríamos recomendar la apertura de negociaciones. Esta medida se recoge en las conclusiones del documento anexo. Lo demás son conjeturas.

Malone
Yo esperaba que el retraso del Sr. Comisario se debiera a que se encontrara dando los últimos toques a la evaluación de Malta. Por lo tanto, me ha decepcionado por partida doble oírle decir, señor Comisario, que hay que esperar hasta mediados de febrero para la presentación de una nueva evaluación. Después de todo, la Comisión, y este Parlamento, emitieron en 1995 una opinión favorable acerca de la adhesión de este país. Me gustaría que nos ofreciera la verdadera razón de este retraso y que tuviera presente que, en 1995, se decidió en Madrid que el inicio de las negociaciones con Malta tuviera lugar seis meses después de la finalización de la CIG. Dadas estas circunstancias, ¿existe alguna razón real para no incluir a Malta en la primera fase de la ampliación? Creo que estará de acuerdo conmigo pero, si no fuera así, debería usted dejar claro aquí que Malta está cualificada desde un punto de vista económico y que, por lo demás, aventaja al resto de los países candidatos. Me gustaría recibir hoy, aquí, una respuesta precisa a este respecto.

van den Broek
Si queremos hacer justicia a Malta en las presentes circunstancias, es decir, tras dos años de interrupción de los preparativos para la adhesión, deberíamos actualizar nuestro avis de 1993. Esto es exactamente lo que nos ha pedido el Consejo. Así pues, he enviado una carta a las autoridades maltesas, y el Ministro de Asuntos Exteriores tiene previsto realizar mañana una visita a la Comisión. Le hemos enviado un cuestionario sobre toda la información relevante que hemos recogido del resto de los candidatos, de manera que podamos presentar una actualización de dicho avis . He mencionado, incluso, una fecha aproximada: a principio o mediados de febrero. Por lo tanto, queda muy poco tiempo. Me gustaría decirle a la Sra. Malone que, si bien acogemos con satisfacción la revitalización de este país, la mejor manera de servirlo es actualizar su situación. No espero grandes sorpresas, pero se debe hacer una verificación con arreglo a la cual veremos cuál es el mejor modo de incorporar a Malta en futuros procesos de preparación.

Christodoulou
Me gustaría aclarar la confusión que ha suscitado, al menos en mi caso, el intercambio dialéctico entre el Sr. Alavanos y la Comisión en torno a la cuestión de Chipre. Suponiendo, a efectos de este debate, que existe el problema de una negativa a participar por parte de la minoría turca, no puedo comprender cómo una minoría puede imponer su voluntad sobre la mayoría, lo cual, por otra parte, es un hecho aparentemente aceptado por la Unión Europea. De todos modos, si esto no representa ningún problema, ¿cuánto le queda a Chipre para cumplir los requisitos necesarios de cara a su incorporación a la Unión Europea?

van den Broek
El informe sobre Chipre incluye un análisis económico. Su señoría estará al corriente de que Chipre ha disfrutado en el pasado de una economía bastante protegida, por lo que debe proseguir el proceso de liberalización. Indudablemente, no tenemos ningún motivo para lanzar una advertencia a Chipre, si bien existen algunos ámbitos, como el sistema bancario y algunos aspectos judiciales, que podrían ser objeto de mejoras y que figuran dentro del paquete de medidas con el que están trabajando ya todos los países candidatos.
Por lo que respecta a la cuestión del Norte de la isla, yo comparto las esperanzas de su señoría para que se materialice la participación de los turcochipriotas, por la simple razón de que nuestro objetivo común consiste en que la adhesión de Chipre pueda redundar en beneficios para ambas comunidades. Las conclusiones de las cumbres se han hecho eco de este objetivo en incontables ocasiones. Pero no podemos obligar a nadie; desde luego, no al Sr. Denktash. Es responsabilidad suya si continúa negándose a participar en la delegación negociadora. Nosotros, entre tanto, proseguiremos nuestro trabajo con Chipre.

Ojala
Señor Presidente, en relación con la situación de los gitanos, el Comisario van den Broek ha afirmado en su intervención que, por lo que respecta a los criterios políticos y, en especial, a la situación de las minorías, hay motivos de preocupación en la mayor parte de los países candidatos. Es importante que el Comisario preste atención a la situación que vive esta minoría de varios millones de personas en los países candidatos. Por ejemplo, sabemos que muchos gitanos de la República Checa han solicitado asilo en el Reino Unido y en Canadá. Me gustaría preguntar al Sr. van den Broek si la Comisión ha extraído alguna conclusión acerca de las medidas que se exigirán a los países candidatos a fin de mejorar la situación de sus poblaciones gitanas.

van den Broek
Además de alentar a los Gobiernos para que continúen trabajando en este ámbito, algunos de nuestros programas de cooperación financiera, como PHARE, incluyen subprogramas con el objeto de mejorar la situación de esta minoría. Como ya he dicho con toda franqueza, nuestra conclusión hoy por hoy es que esta cuestión no constituye una prioridad política suficiente en las políticas de los países implicados. Debido a esta circunstancia, en los contactos que mantenemos con estos países continuamos abogando por lograr una mejora de la actual situación y conseguir una mayor difusión de nuestros programas con el fin de alcanzar este mismo objetivo. A ustedes les corresponderá también hacer algo acerca de este asunto en el marco de las asociaciones para la adhesión.

Aelvoet
Presidente, en todo caso quiero dar las gracias a la Comisión por el hecho de haber venido con una primicia al Parlamento y no haber ido a la prensa, y también por el hecho de que hayamos podido comprobar que los países individuales, en función de sus progresos reales realizados, van escalando posiciones en lo que se refiere a las posibilidades de negociación.
En cuanto a Bulgaria, estoy contenta de poder comprobar que sí se ha producido un progreso importante. Me parece que hay que decir esto también claramente. Pero tengo una pregunta que tiene que ver con una de estas cuestiones tan difíciles en la relación entre la Unión Europea y Bulgaria y ésa es, naturalmente, la cuestión nuclear, la cuestión de Kosloduch. Hemos tenido que comprobar al respecto que también en las últimas propuestas del gobierno, se proponen unos plazos de cierre totalmente distintos de lo que se había prometido al principio y de lo que se había establecido ya en un convenio de 1993. Por lo tanto, quisiera preguntar a la Comisión si puede indicar con la mayor precisión posible cuál es el efecto, según ella, de este problema nuclear en el sentido de cómo hay que valorarlo en relación con las posibilidades de adhesión de Bulgaria.

van den Broek
Me muestro cauteloso porque tengo la costumbre de confundir las centrales nucleares de Bulgaria, Lituania y Eslovaquia. Pero hay algo que está absolutamente claro. La seguridad nuclear constituye un elemento importantísimo de nuestra cooperación con los países candidatos. Hemos dejado perfectamente claro que, por lo que respecta a los plazos para el cierre de las centrales, confiamos en que se cumplan de conformidad con los acuerdos en materia de seguridad nuclear adoptados con anterioridad. Además, en algunas ocasiones pueden existir divergencias acerca de la vida útil de algunos elementos de las centrales de energía nuclear, por lo que estamos prestando atención a lo que dicen los expertos. Y estos son los expertos que se encuentran en contacto con las instancias del BERD en materia de seguridad nuclear.
La falta de datos concretos con la que nos enfrentamos hoy en día me impide entrar en más detalles, pero pueden tener la seguridad de que la cuestión relativa al cierre de las centrales nucleares que, en nuestra opinión, no pueden ya cumplir los niveles de seguridad que requieren las normas internacionales en materia de seguridad, sigue constituyendo una alta prioridad en el marco de nuestra cooperación.

Ephremidis
Señor Presidente, al comienzo de la intervención del Sr. Comisario solicité plantear una pregunta y ahora me dice usted que hemos llegado al final del debate. Pero no me ha dado turno de palabra. Sin embargo, he observado que han tomado la palabra colegas - sin que tenga nada contra ellos - que habían pedido turno mucho después de que comenzase el Sr. Comisario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? He estado molestando repetidas veces al señor que se sienta a su lado y me ha respondido que permaneciese tranquilo que ya había tomado nota. Ahora me dice que está finalizando el debate. He pedido la palabra al comienzo de la intervención del Sr. Comisario. Quiero expresar públicamente mi protesta.

El Presidente
Señor Ephremidis, yo tengo que dar la palabra equilibradamente por nacionalidades y Grupos políticos. De su Grupo político han hablado dos personas; una de ellas el Sr. Alavanos, que es de su misma nacionalidad. Ha habido muchas personas aquí que han pedido la palabra y no he podido dársela. Lo siento muchísimo. Es el inconveniente de escoger.
Tiene la palabra el Sr. Bonde.

Bonde
Me gustaría preguntarle al Sr. van den Broek si la Comisión ha finalizado las reflexiones institucionales sobre ponderación de votos, número de comisarios, número de votos mayoritarios, si se han discutido las consecuencias institucionales que suponen los países solicitantes, si hay países solicitantes que hayan manifestado su deseo de no tener un comisario por país, si hay países solicitantes que hayan puesto en tela de juicio los proyectos institucionales que circulan por los pasillos. En otras palabras: ¿Cuál es la postura de los países solicitantes ante las cuestiones institucionales? ¿Hay países solicitantes que hayan pedido excepciones permanentes, por ejemplo, en lo relativo a la protección de casas de recreo, de cabañas de invierno y de casas de verano?

van den Broek
Si nos fijamos en anteriores procesos de negociación, las cuestiones institucionales y financieras relativas a los países candidatos se reservan tradicionalmente hasta el final de las negociaciones. Por ello, la respuesta a su señoría es no.
Por lo que respecta a las negociaciones con los seis países del grupo inicial, tenemos previsto mantener las primeras negociaciones ministeriales el día de 10 de noviembre. Las posiciones comunes del Consejo de la UE quedarán establecidas el 9 de noviembre en el Consejo de Asuntos Generales.
Los países candidatos han solicitado una serie de períodos transitorios, principalmente en lo relativo al sector de las telecomunicaciones. ¿Cuál será la respuesta exacta? Hemos sugerido al Consejo y a la Presidencia que pidan más explicaciones al respecto, ya que albergamos sospechas de que las excepciones que se solicitan demuestran que las directivas en el ámbito de las telecomunicaciones y del sector audiovisual no se han comprendido de una manera adecuada. Ésta es la mejor respuesta que puedo ofrecer en estos momentos. Se trata, obviamente de un proceso que está actualmente en curso.

El Presidente
Muchas gracias. Agradezco al Comisario van den Broek su disponibilidad para la prolongación de este debate y la precisión con que ha contestado a todas las cuestiones que le han sido formuladas.

Asociación para la integración
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la asociación para la integración (»Partnership for integration»).
Doy la palabra, en nombre del Consejo, al Sr. Bartenstein.

Bartenstein
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, yo acojo con satisfacción esta oportunidad de debatir con el Parlamento Europeo los progresos realizados por el Consejo en la integración del medio ambiente y la sostenibilidad en los demás ámbitos de las políticas comunitarias a partir del Consejo Europeo de Cardiff. Permítanme que empiece ofreciendo una muestra de la necesidad de esta integración a través de un ejemplo concreto. El cambio climático causado por la acción humana y sus efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre las personas constituyen el mayor problema medioambiental a escala mundial. En consecuencia, todos los países industriales se comprometieron, en el marco del Protocolo de Kioto, a reducir las emisiones antropógenas, o sea, de origen humano, de gases de invernadero.
Los Estados de la Unión se han comprometido a una reducción del 8 % en sus emisiones totales, la cual sólo se podrá conseguir mediante un paquete común de medidas coordinadas. Un sector decisivo en este contexto será el del transporte. Se espera que el acuerdo voluntario con la asociación que agrupa a los fabricantes de automóviles europeos, con vistas a la introducción del automóvil con un consumo de 6 litros para el año 2008, permitirá conseguir aproximadamente un 15 % de dicho objetivo de reducción. Sin embargo, puesto que la circulación de vehículos seguirá aumentando, las emisiones de CO2 no disminuirán, sino que por el contrario se incrementarán alrededor de un 30 % si no se adoptan medidas orientativas en el ámbito de la política de transporte. Las mejoras técnicas se tienen que complementar, por lo tanto, con la aplicación de instrumentos económicos a escala europea y nacional. Es preciso reforzar la interiorización de los costes externos.
La mejora de las infraestructuras ferroviarias de ámbito nacional y también internacional, mediante las redes ferroviarias transeuropeas, abre nuevas posibilidades para limitar el incremento de la circulación de vehículos de pasajeros y pesados, y satisfacer a la vez la necesidad de movilidad de las personas y de la economía. Esta pequeña muestra de los problemas que se plantean en el contexto de la protección del clima indica que sólo un enfoque integrado que abarque las políticas en todos los ámbitos permitirá avanzar en la solución de los problemas con los que nos enfrentamos. La integración de los aspectos relativos al medio ambiente y la sostenibilidad en los demás ámbitos de la política debería tener, por lo tanto, como eje central la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 y la estrategia post-Kioto en relación con el clima.
Los primeros pasos hacia la integración de la política medioambiental y de transporte se materializaron en las reuniones informales y formales de los Consejo de Ministros de Medio Ambiente y de Transportes. Yo acojo con satisfacción, en este sentido, la propuesta de resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo. La participación del Parlamento Europeo en la asociación para la integración impulsada por la Comisión constituye a nuestro parecer un elemento importante para el éxito de este proyecto común. Una integración sostenible requiere que todas las instituciones de la Comunidad y naturalmente también de los Estados miembros adopten las correspondientes iniciativas.
Finalmente, también los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros deberán integrar el desarrollo sostenible como un tema central de sus estrategias nacionales en los ámbitos del transporte, la agricultura, la energía, la fiscalidad, etc., desde el punto de vista de la subsidiariedad.
La propuesta de la integración de los temas relacionados con el medio ambiente en los demás ámbitos de la política ya se expuso en el Quinto Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente. Sin embargo, durante mucho tiempo no se dio el paso decisivo para aplicar este convincente planteamiento por diversos motivos. Uno de los factores que influyeron fue sin duda que en los demás ámbitos de la política todavía no existía suficiente conciencia de la necesidad de tomar en consideración la protección del medio ambiente en las decisiones. No obstante, otro obstáculo fue desde luego la no obligatoriedad jurídica del Programa de Acción y también la insuficiente vinculación entre los diferentes ámbitos de la política. Entre tanto, en la Unión Europea se han adoptado una serie de decisiones que han contribuido a legitimar el enfoque de la integración y la sostenibilidad. Un factor absolutamente esencial ha sido sin duda la aprobación del Tratado de Amsterdam, que consagra en el plano jurídico la exigencia de que en la definición y aplicación de las políticas y las medidas comunitarias se tomen en consideración las exigencias de protección del medio ambiente, sobre todo con vistas a promover un desarrollo sostenible.
Los Jefes de Estado y de Gobierno abordaron este tema en la Cumbre de Luxemburgo y se comprometieron a alcanzar progresos significativos. Evidentemente, los políticos competentes en materia de medio ambiente seguimos siendo el motor de la integración. Ésta constituye nuestro interés primordial. Una vez que los Jefes de Estado y de Gobierno han instado a todos los Consejos implicados a que elaboren sus propias estrategias con vistas a la integración efectiva de las exigencias del medio ambiente y el desarrollo sostenible en los correspondientes ámbitos de las políticas de su competencia, la responsabilidad de la integración de los aspectos relativos al medio ambiente se trasladará ahora a los diferentes sectores. A continuación, el Consejo Europeo volverá a examinar directamente dichas estrategias.
Es muy satisfactorio que los tres sectores citados -transporte, energía y agricultura- hayan respondido con voluntad de compromiso a la petición del Consejo Europeo de Cardiff y estén trabajando en la elaboración de sus informes con vistas a la Cumbre de Viena. Asimismo, en el informe del Consejo de Asuntos Generales sobre la Agenda 2000 que se presentará en el Consejo Europeo de Viena se dedica ahora un capítulo a la integración de los aspectos medioambientales en la política regional y de cohesión, o sea, en los Fondos estructurales, en el marco de la Agenda 2000. Los informes de los Consejos serán adoptados como conclusiones y se remitirán de inmediato al Consejo Europeo.
En lo que se refiere a los ámbitos de la agricultura y del transporte, los correspondientes grupos de trabajo del Consejo han presentado simultáneamente proyectos de los informes a la Presidencia del Consejo y a la Comisión. En el sector de la energía, la Comisión ha elaborado una comunicación propia, paralela al informe del Consejo. Los tres proyectos de informe, en su versión actual, demuestran que se están realizando claros esfuerzos para responder a las exigencias formuladas en la comunicación de la Comisión y en el Consejo Europeo de Cardiff. En efecto, todos los informes enumerarán, por un lado, las medidas que ya se han adoptado y, por el otro lado, también presentarán otras actividades con vistas al futuro. En todos los informes se considera asimismo la necesidad de elaborar indicadores de sostenibilidad y una estrategia general de más amplio alcance para el sector en cuestión. Los Consejos técnicos deberán prestar especial atención en el futuro al desarrollo de indicadores y la definición de objetivos con vistas a la evaluación de resultados.
En estos momentos todavía se está debatiendo en los tres sectores la determinación de un horizonte temporal concreto con vistas a la elección de los indicadores. En este contexto deberán tenerse en cuenta los trabajos actualmente en curso de las Naciones Unidas, la OCDE, Eurostat y, no en último lugar, también de la Agencia Europea de Medio Ambiente. No obstante, siendo realistas, el plazo que media entre dos Consejos Europeos resulta demasiado breve para elaborar proyectos exhaustivos que incluyan indicadores. La elaboración de estrategias sectoriales con un calendario y medidas concretas deberá continuar con vistas a los Consejos Europeos de Colonia y de Helsinki de 1999.
Permítanme que me detenga brevemente en los aspectos de contenido con un comentario sintético sobre cada uno de los tres sectores. En el caso de la energía: la protección del medio ambiente constituye sin duda uno de los tres principios de la política energética de la Unión Europea, junto con la seguridad de abastecimiento y la competitividad. Los temas relativos al medio ambiente están estrechamente entrelazados con los trabajos del Consejo de Energía, sobre todo a la vista de los compromisos suscritos en el Protocolo de Kyoto. Ya se han adoptado medidas para la integración de la protección del medio ambiente en este sector de la Comunidad en el contexto del mercado interior de la energía, en el ámbito de la eficiencia energética, de las fuentes de energía renovables y del programa marco en relación con la energía.
En el caso del transporte: en el Consejo de Medio Ambiente también se adoptaron medidas comunitarias concretas en este aspecto con vistas a la reducción de las cargas ambientales, por ejemplo a través del Programa Auto-Oil o del ya citado acuerdo voluntario con la industria automovilística para la introducción del automóvil con un consumo de 6 litros. La Comisión merece nuestro especial agradecimiento por su actuación en este contexto. La persistente demanda de servicios de transporte y de movilidad sigue planteando, no obstante, exigencias todavía no resueltas. Todos los progresos técnicos en favor de la reducción de las cargas ambientales quedan más que contrarrestados, lamentablemente, por el persistente incremento del tráfico de vehículos. La Comisión ha elaborado y presentado una serie de propuestas para contribuir a resolver este problema, y el Consejo las examinará muy pronto.
En el caso de la agricultura: ya se han adoptado medidas de integración en los ámbitos de la protección del paisaje, la diversidad de las especies, el agua, los suelos y la pureza del aire. La reforma prevista de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 supondrá nuevos progresos fundamentales en favor de la integración, en el ámbito del desarrollo rural, por ejemplo. Sin embargo, los resultados concretos dependen también en un grado esencial de los programas y medidas de ámbito nacional y también regional. La energía, el transporte y la agricultura sin duda son sectores particularmente importantes para la integración, pero desde luego no son las únicas políticas relevantes. Las decisiones de Cardiff afectan también a otros Consejos. Las estrategias sectoriales deberían desarrollarse, a mi parecer, con especial atención a los temas centrales para la política medioambiental de los próximos años, como la protección del clima y el seguimiento de los compromisos de Kyoto, y también la ampliación de la Unión.
Sin menoscabo de la responsabilidad de cada Consejo por la elaboración de sus estrategias, también habría que definir, no obstante, un proyecto general que englobe un desarrollo sostenible a más largo plazo. En relación con este tema, en la reunión informal del Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrada en Graz en julio de 1998 decidimos identificar los modelos de buenas prácticas en materia de integración en nuestros Estados miembros. Estos modelos podrían servir de base para verificar el funcionamiento de las estructuras de decisión de ámbito comunitario y nacional. A largo plazo, tenemos que integrar el medio ambiente y el desarrollo sostenible tanto en las estrategias como en nuestras decisiones.
Yo quisiera resaltar una vez más que la participación activa y el apoyo del Parlamento Europeo en el marco de la asociación para la integración, juntamente con el Consejo y la Comisión, son de especial importancia para que este proceso pueda seguir desarrollándose con éxito. La propuesta de resolución contiene numerosas peticiones dirigidas al Consejo Europeo y también a la Comisión. La Sra. Comisaria Bjerregaard expondrá con mayor detalle cuál será la futura contribución de la Comisión. Yo tengo la seguridad de que ustedes coincidirán conmigo en que el proceso apenas acaba de comenzar y el proyecto obviamente sólo podrá dar frutos a largo plazo. Su éxito requiere, por lo tanto, una estrecha colaboración entre los Estados miembros más allá del período de una Presidencia y también la colaboración entre las instituciones. Para el año 2000, cuando habrá que tomar una decisión sobre la prolongación del Quinto Programa de Acción, tendríamos que tener sobre la mesa una estrategia completa en favor de la integración y la sostenibilidad.
El proceso de seguimiento de Cardiff debe vincularse a la elaboración de un nuevo Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente, con vistas a la continuidad y la coherencia de la futura política medioambiental europea. En este contexto, yo quiero manifestar mi firme convencimiento de que el enfoque basado de la integración de la sostenibilidad en las políticas para todos los ámbitos afectados es la única vía adecuada que nos permitirá avanzar de manera significativa en la solución de los problemas ambientales a escala europea y mundial, mejorar nuestras condiciones de vida y mantenerlas para las generaciones futuras. Para seguir avanzando en la integración de los temas relativos al medio ambiente en los demás ámbitos es imprescindible, a mi parecer, un seguimiento del proceso al más alto nivel político, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno. ¡El éxito de Cardiff tiene que tener continuidad en Viena!
Una planificación a largo plazo es, no obstante, otro requisito necesario para el éxito de la integración. Alemania y Finlandia, que ostentarán las siguientes Presidencias, ya han anunciado su voluntad de continuar los trabajos, con objeto de mantener la dinámica del proceso más allá del cambio de siglo. El planteamiento de la integración del medio ambiente y la sostenibilidad en todos los sectores puede y debe ser una base estable para desarrollar este proyecto con vistas al próximo siglo. Yo me congratulo de que el Consejo, la Comisión y, sobre todo, también el Parlamento Europeo asuman conjuntamente este reto.

Bjerregaard
Señor Presidente, estimados diputados, me gustaría dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento por la presentación de esta propuesta de decisión sobre uno de los temas más importantes de la política en materia de medio ambiente, la integración de aspectos medioambientales en las demás políticas comunitarias. Como todos sabemos, y como ha sido debatido en varias ocasiones tanto en el Parlamento como en el Consejo, muchos de nuestros problemas ambientales tienen su origen en otras políticas. Hablamos del transporte, de la energía y del sector agrario, tal y como ya ha mencionado el Sr. Bartenstein. Debemos llevar a cabo modificaciones en estas políticas a fin de mejorar el medio ambiente. La situación es exactamente la misma que cuando se trata de implementar el protocolo de Kioto. Sólo podemos cumplir con nuestros compromisos cuando involucramos a otros sectores y obtenemos mejoras en sus políticas.
El Tratado de Amsterdam, como es sabido, impulsó el proceso de integración. La exigencia de un desarrollo sostenible ocupa ahora un lugar absolutamente fundamental dentro del Tratado, ya que queda recogido en uno de sus primeros artículos. La integración de aspectos medioambientales se ha convertido con ello en un elemento clave para el cumplimiento de los objetivos y no cabe ninguna duda sobre la priorización de aspectos medioambientales. Se trata de una conquista de gran trascendencia y es de esperar que de un momento decisivo para el desarrollo de iniciativas comunitarias en materia de medio ambiente. Quiero repetir lo que la Comisión señaló en la comunicación a la cumbre de Cardiff: La integración se ha vuelto un compromiso. Ya no es sólo una posibilidad. Seré una de las primeras en reconocer que el objetivo no se alcanzará fácilmente. Todos sabemos lo difícil que resulta conseguir que los responsables de cada sector - ya sea en la Comisión, el Consejo o el Parlamento - aborden la cuestión medioambiental, es decir, que defiendan los aspectos medioambientales y - quizá aún más difícil - que coordinen sus esfuerzos. La actuación del Parlamento Europeo ha sido para mí un motivo de alegría, pues sé lo difícil que puede resultar convencer a los compañeros que trabajan en otros sectores, tales como la agricultura o el transporte, de la necesidad de tener en cuenta el medio ambiente.
La comunicación de la Comisión a la cumbre de Cardiff y la respuesta clara y positiva que ésta recibió por parte de la cumbre han puesto en marcha un proceso. La petición dirigida a todos los sectores presentes en el Consejo para que examinen sus propias políticas y formulen estrategias de futuro para un desarrollo sostenible supone una dimensión esencialmente nueva. Especialmente porque viene unida a una petición de identificación de aquellos indicadores que pueden emplearse en el proceso de vigilancia y en el desarrollo político. Los servicios de la Comisión afectados colaboran ya con la Presidencia en informes de los sectores agrario, energético y del transporte para la cumbre de Viena, como mencionó también Martin Bartenstein. Hablamos de los primeros pasos del proceso y basándonos en ello hemos de decidir las actividades subsiguientes. La elección de indicadores y el acuerdo sobre objetivos son factores importantes para juzgar el éxito de las estrategias. En el transcurso de 1999 deberemos llegar a un acuerdo sobre los indicadores en los ámbitos de máxima prioridad. Es un trabajo que lleva aparejadas grandes dificultades porque precisamente gracias a la ayuda de los indicadores podemos obtener información muy precisa sobre el estado del medio ambiente, si sabemos usar los indicadores correctos y si los utilizamos correctamente. Al mismo tiempo, los indicadores también son lo que podríamos denominar una especie de chivatos sobre los resultados de elecciones políticas precedentes.
La Comisión misma ha asumido el compromiso de realizar evaluaciones medioambientales de las propuestas principales y verán la primera realización práctica de éstas en el programa de trabajo de la Comisión para 1999. Hemos trabajado duro para lograr la integración del punto de vista medioambiental. Esto queda muy claro en el caso de la propuesta para la Agenda 2000. Estoy convencida de que muchas de estas propuestas han sido pioneras para la integración del medio ambiente en otras políticas, por ejemplo, agricultura y fondos estructurales. Ahora el desafío radica en garantizar su ratificación con ayuda de decisiones definitivas en el plano comunitario, tanto en este Parlamento como en el Consejo de Ministros y para lograrlo necesitamos todas nuestras fuerzas.
Señor Presidente, la Comisión da la bienvenida al apoyo del Parlamento en este proceso, considerando que el Parlamento en su propuesta de decisión apoya ampliamente nuestras iniciativas hasta la fecha. Sólo existe - por lo que veo - una pequeña diferencia de criterio, y se trata del deseo del Parlamento de que se elabore una directiva en este campo. No acabo de entender las ideas sobre el modo de funcionamiento de ésta en la práctica y pienso que nuestra propuesta de directiva sobre evaluación ambiental estratégica realmente supone ya un paso digno de atención hacia la integración de la dimensión ambiental en los planes y programas de los Estados miembros. De ahí que trabajemos muy duro a fin de lograr aprobar la propuesta.
Quiero recordar al Parlamento que la comunicación de la Comisión sobre la asociación para la integración también iba dirigida al Parlamento solicitándole que examinara sus propios procedimientos a fin de ver cómo podría éste reforzar su contribución a la integración. A consecuencia de la propuesta de decisión del Parlamento, seguiré con atención un estudio similar que el Parlamento lleva a cabo actualmente y espero colaborar con el Parlamento en cualquier iniciativa que decida proponer como respuesta a esta solicitud.

Collins
Señora Presidenta, he de decir que la mera celebración hoy de este debate es un ejemplo de la cooperación entre el Parlamento y el resto de las instituciones. Nos parecía evidente la necesidad de mantener este debate público, que ha sido posible gracias a la cooperación de la Sra. Bjerregaard y del Sr. Bartenstein. Me satisfacen enormemente las observaciones que han hecho ambos en el día de hoy.
Los artículos 2 y 3 del Tratado de Amsterdam establecen de manera inequívoca la incorporación de los requisitos medioambientales en la definición y la aplicación de todas las políticas y actividades de la Comunidad. Creemos que la comunicación de la Comisión sobre la asociación para la integración, que insiste en esta obligación, constituye claramente un paso en la dirección adecuada. De cara a la ampliación, a las propuestas actuales de la Agenda 2000, a la estrategia de la Comunidad para la aplicación del protocolo de Kioto y a la comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la biodiversidad en la Comunidad Europea, resulta muy claro que la integración es un aspecto importante cuando se persigue el objetivo de la sostenibilidad.
Sin embargo, a pesar de que no quiero echar un jarro de agua fría, me gustaría recordar las palabras de Jacques Delors tras la conferencia que tuvo lugar hace algunos años en Río de Janeiro. En aquella ocasión, el Presidente Delors afirmó que dicha conferencia parecía, una reunión de poderosos y benévolos jefes de Estado en una misa de domingo, rezando ostentosamente en público por los pobres y dejando, al irse, en el cepillo de la iglesia la menor cantidad posible de dinero. Por muy bienvenidas que sean las palabras, no son suficientes. Debemos llevar estos discursos a la práctica. No es suficiente con decir que tenemos que actuar.
La Unión Europea desempeña un papel importantísimo en este ámbito. Ninguno de nuestros Estados miembros puede por sí solo atajar los problemas de contaminación y conservación. Los Estados miembros no son capaces por sí mismos de abordar las dificultades que plantean los problemas de carácter transfronterizo. Por consiguiente, hemos de tratar las cuestiones relacionadas con el empleo y la industria, el transporte o la agricultura, dentro del mercado único, en el marco de la sostenibilidad y la integración. El planteamiento globalizador es esencial si deseamos crear una sostenibilidad real, tal como esbozó el quinto plan de acción medioambiental que, después de todo, se elaboró en estricta consonancia con lo estipulado en Brundtland en 1987, en Río de Janeiro en 1992 y en la Agenda 21.
Se debe integrar claramente la política medioambiental en todos los ámbitos políticos. Se precisa la máxima participación de la opinión pública, de la industria y de las ONG. Es necesaria una genuina asociación, por lo que debemos disponer de una noción real de las actuales estrategias de crecimiento y de la reorganización de los actuales modelos de consumo.
La presente resolución se orienta en la dirección adecuada. Esta resolución dará un mayor impulso para alcanzar el objetivo del desarrollo sostenible que perseguimos todos. Desgraciadamente, algunos Estados miembros muestran grandes dotes de retórica y pocas dotes de acción. Así pues, revisten gran importancia tanto el apartado 10 como su petición al Consejo de Ministros para que realice un seguimiento de la actuación de los Estados miembros por lo que respecta a la aplicación de la comunicación y a la asociación para la integración. Es positivo escuchar los puntos de vista del Sr. Bartenstein, que constituyen un reconfortante intento por concienciar a los Estados miembros acerca de la integración. No obstante, es necesaria una estructura que nos garantice que nos encontramos ante algo más que buenas intenciones por parte de unos Estados miembros que hacen uso de las palabras en vez de las acciones y los acuerdos concretos. Necesitamos estas actuaciones y necesitamos fechas, por lo que me complace enormemente comprobar cómo progresan los trabajos en lo relativo a los indicadores de desarrollo. Es preciso avanzar en este campo, y debemos tener una idea clara de cuándo se espera alcanzar el objetivo.
Como conclusión, va siendo hora de pasar de la palabra a la acción. El Consejo y la Comisión tendrán indefectiblemente todo el apoyo del Parlamento si respaldan verdaderamente la integración como una estrategia.

Valverde López
Señora Presidenta, yo creo que tenemos que felicitarnos todos de este debate conjunto entre Comisión, Consejo y Parlamento. Es muy importante esta visualización, de cara a los ciudadanos, de cual es la auténtica naturaleza de las instituciones comunitarias legislativas. Son las tres instituciones las que, en un diálogo tripartito, determinan el resultado final. Y es importante también que nos estemos ocupando de la puesta en marcha de lo que ya contiene el Tratado de Amsterdam, que es de esperar que pronto sea ratificado por todos los Estados miembros.
La política de medio ambiente ha dejado de ser una política sectorial para transformarse en una dimensión común y en una exigencia para el resto de las políticas. Este es el mensaje que tenemos que transmitir a todos los sectores y, sobre todo, a todas las administraciones. Por eso es tan importante el acuerdo del Consejo Europeo de Cardiff.
También me felicito de que el Consejo haya recordado la responsabilidad que tiene no solamente de transmitir estas exigencias a las administraciones nacionales, sino también de coordinar las políticas regionales y locales. Es fundamental, porque, si no, no cumpliríamos nuestro objetivo.
Y entre los desiderata , yo creo que sería importante que, al igual que la Comisión ha cambiado su método de trabajo interno y el Parlamento Europeo también está preparándose para reformar su Reglamento para la próxima legislatura, el Consejo también debería transformar sus métodos de trabajo. Queda a iniciativa del propio Consejo pero, lógicamente, no basta con las reuniones conjuntas de los ministros de medio ambiente con otros ministros. Yo creo que tiene que cambiar el sistema interno.
Y en este intento de transmitir a las otras administraciones, es decir, a las nacionales, regionales y locales, algunas instrucciones concretas, yo creo que el esquema que está previsto en la directiva sobre Ecoauditoría para las empresas podría ser una magnífica directriz para trasladarla también a las administraciones a sus distintos niveles.
En el ámbito de las políticas concretas, estamos esperando en este Parlamento, desde hace bastantes años, que se cumpla el objetivo ya marcado de sustituir las cargas salariales -o parte de las cargas salariales- por tasas medioambientales. Todavía no hemos recibido una respuesta adecuada por parte de la Comisión -aunque lo ha intentado en distintos momentos- que sea aceptada por el Consejo, y este es un desafío que tenemos ante nosotros.
También hay que estimular unos hábitos de consumo que sean compatibles con el desarrollo sostenible, y aquí también hacen falta medidas concretas.
En el ámbito de las energías alternativas -aunque las instituciones comunitarias nos hemos ocupado de ello en distintas ocasiones-, yo creo que no hemos realizado el suficiente esfuerzo.
Y, señora Presidenta, yo creo que también tenemos que felicitarnos de que el Consejo quiera dar continuidad a sus trabajos y a sus políticas por encima de las presidencias rotatorias y semestrales. Y creo también que todos estamos contentos del trabajo que viene realizando la Comisaria de Medio Ambiente y nos alegramos de su recuperación.

Eisma
Presidenta, en primer lugar vuelvo a dar la bienvenida a la Comisaria Bjerregaard que se encuentra entre nosotros. Por lo que he oído se desprende que ella está en condiciones otra vez de luchar con nosotros por el medio ambiente. Bienvenida.
Lo que hacemos aquí en la Unión Europea sirve como ejemplo para los Estados miembros. Hemos sido los primeros en la Unión, la Comisión y el Parlamento en empezar a integrar el desarrollo sostenible en otros sectores políticos. Por eso tenemos que hacerlo bien, ya que eso significa que los Estados miembros pueden seguir el buen ejemplo. Nos hemos dado cuenta de que la integración del desarrollo sostenible en otros sectores ya no es una posibilidad, sino una obligación. Por eso necesitamos también directrices e indicadores para poder controlar esa integración. La Sra. Bjerregaard ya ha dicho que será difícil desarrollar esto, pero nosotros estamos a la espera de lo que anuncie al respecto el programa anual de 1999 de la Comisión.
Es aún más importante poder hacer operativa la idea de integrar el desarrollo sostenible en otros sectores, porque justamente el Tratado de Amsterdam, sobre el que se toma hoy en mi país la decisión sobre la ratificación, establece la obligación de incluir las exigencias medioambientales en todos los otros sectores de la política comunitaria. Ahora habrá que ver cómo lo hacemos. La Agenda 2000, el protocolo de Kioto, la biodiversidad, esos ejemplos deberán demostrar si en la Unión Europea somos capaces de integrar el desarrollo sostenible en todos los sectores.
También hemos puesto unas condiciones. Queremos, cada seis meses por lo menos, una reunión conjunta del Consejo con los ministros de Medio Ambiente y los otros ministros de Agricultura, Transporte, etcétera. También queremos que el ECOFIN y los otros Consejos consulten a los ministros de Medio Ambiente cuando tomen decisiones sobre la política regional.
Finalmente, una pregunta al representante del Consejo. Dentro de poco, en la cumbre de Viena, usted examinará de nuevo cuánto se ha avanzado con la integración en el último semestre. Esto se plasmará en un documento y apreciaríamos mucho como Parlamento el poder disponer de ese documento del Consejo y poder dar nuestra opinión al respecto. ¿Quiere usted procurar que llegue a nosotros como Parlamento ese documento que se debatirá en Viena o que se ha debatido, de modo que podamos dar nuestra opinión?

Graenitz
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señora Comisaria, es una satisfacción volver a tenerla entre nosotros y que se encuentre mejor de salud, como también es una gran satisfacción para mí que este tema se trate ahora de manera muy concreta bajo nuestra Presidencia austríaca. El objetivo del desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de la Unión figura ya como objetivo desde hace muchos años. Sin embargo, todavía no lo hemos alcanzado, pues la distancia que separa las palabras de los hechos es a menudo muy grande y, además, tampoco disponíamos de las estrategias y medidas necesarias para una integración adecuada de la política medioambiental en los demás ámbitos que permita alcanzar un desarrollo sostenible.
Yo acojo, por lo tanto, con satisfacción la propuesta de la asociación para la integración y espero que el Parlamento no participe en la misma únicamente como un socio menor -ya sé que tanto el señor Presidente del Consejo como la señora Comisaria no lo consideran así, pero otros quizá sí lo piensen-, sino que pueda contribuir con iguales derechos y juntamente con las demás instituciones a un esfuerzo claro y transparente en favor de una mejor integración de los temas medioambientales en los demás ámbitos.
Permítanme que cite a modo de ejemplo el proceso de seguimiento de los compromisos de Kioto. Nos comprometimos a alcanzar un objetivo claro: una reducción del 8 % en las emisiones en el ámbito de la Unión Europea. Para poder alcanzar este objetivo no sólo tenemos que decidir cómo habrán de repartirse las cargas, sino que también será necesario verificar que realmente se cumplan las reducciones de las emisiones que se han comprometido a lograr los Estados miembros. También deberíamos plantearnos cómo vamos a proceder si no se consiguen dichas reducciones. Señora Comisaria, yo no comparto su opinión de que no es necesaria una regulación jurídica. Yo creo que será necesario contar con un marco jurídico que garantice precisamente el cumplimiento del objetivo de Kioto, ya que no se trata sólo de definir unos indicadores y unos objetivos, sino también de adoptar medidas que permitan alcanzarlos y de contemplar asimismo qué medidas habrá que adoptar si no se consiguen alcanzar dichos objetivos.

Myller
Señora Presidenta, resulta fácil mostrarse de acuerdo con los criterios que presentan la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el sentido de que debemos pasar verdaderamente a la acción para integrar el medio ambiente en todas las políticas. Creo que no es suficiente con expresarse en términos generales acerca del desarrollo sostenible. Hemos de lograr una vía que nos permita potenciar y mejorar la situación medioambiental.
No cabe la menor duda de que el tráfico constituye uno de los principales problemas, por lo que la prevención de emisiones ocasionadas por la circulación vial representa un elemento fundamental de la política con la que estamos intentando mejorar la situación del medio ambiente. La mejor manera de orientar el consumo de los ciudadanos es lograr que estos comportamientos consumistas se resientan en su bolsillo, y el programa Auto-Oil constituye un buen ejemplo a este respecto. En dicho programa se pretende fomentar mediante una fiscalidad progresiva, es decir, recurriendo al palo y a la zanahoria, el consumo de combustibles de mejor calidad, con lo que se propugna a la vez un encarecimiento de los carburantes de menor calidad. Se trata de un planteamiento que se puede aplicar a otros muchos ámbitos.
El próximo programa de la Agenda 2000, que está siendo sometido a debate por parte del Parlamento y del Consejo, es una muestra concreta de los verdaderos objetivos que se persiguen. En lo referente a la política regional y estructural, la propuesta de la Comisión es favorable en el plano teórico, pero sus acciones se muestran insuficientes en la práctica. En este plano práctico, resulta realmente necesario lograr la incorporación de las autoridades medioambientales, en pie de igualdad con el resto de los agentes implicados, en todas las actividades de los programas. Por lo que respecta a la agricultura, no basta con decir que el deber de los Estados miembros es velar por el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la agricultura. Estos objetivos han de ser parte integrante de una actuación a escala de la Unión. No se ha de conceder ninguna ayuda cuando no se tengan suficientemente en cuenta las cuestiones relativas al medio ambiente.
En lo relativo a la ampliación, hay que hacer hincapié en la importancia que revisten los esfuerzos previos a la adhesión, ya que no podemos aceptar que los futuros Estados miembros registren deficiencias en materia medioambiental en el momento de su adhesión a la UE, con lo que necesitarían posteriormente largos períodos de transición. Sabemos que si tiene lugar una ampliación de estas características, ésta perjudicará en el futuro la situación del medio ambiente en Europa.

Bartenstein
Señora Presidenta, Señorías, yo les agradezco este debate breve pero fundamental, ya que, además de algunas críticas y sugerencias, también ha puesto de manifiesto un importante apoyo a los esfuerzos realizados en los últimos meses en favor de la integración, bajo la Presidencia inglesa primero y ahora bajo la Presidencia austriaca, y que seguramente continuarán bajo las Presidencias alemana y finlandesa. Es evidente que el Sr. Collins estaba absolutamente en lo cierto cuando ha citado a Delors: ¡debemos dejar atrás la época de los bellos discursos! Tenemos que actuar y necesitamos contar con los instrumentos adecuados para ello. Necesitamos indicadores, necesitamos unos objetivos y también necesitamos mecanismos de verificación.
Sin embargo, al mismo tiempo también necesitamos sentir que se trata de un empeño común. La colaboración entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión -antes se ha hablado de un diálogo a tres bandas- es particularmente necesaria en este caso para alcanzar el objetivo. Los Estados miembros en la mayoría de los casos no tienen posibilidades de avanzar individualmente en este aspecto, aunque sólo sea por razones de competividad. Sólo Europa puede ofrecer un ejemplo de desarrollo sostenible, puesto que sabemos que el proceso de desarrollo ha distado mucho de ser sostenible después de Río, sobre todo fuera de nuestro continente. Sin embargo, no basta con que el Consejo, la Comisión y también los Gobiernos nacionales se unan ahora, sino que es necesario contar asimismo -en esto coincido de nuevo con Kenneth Collins- con el apoyo de la opinión pública y con la colaboración de la industria, o sea, del sector privado, y particularmente también de las organizaciones no gubernamentales. Todos estaremos de acuerdo en que sería imposible gestionar el medio ambiente sin su concurso.
La política medioambiental ya no se puede seguir enfocando de manera sectorial en la práctica. Necesitamos la colaboración de nuestros colegas en los Gobiernos, pese a las dificultades que esto plantea en la práctica cotidiana. Las nuevas iniciativas, como las reuniones conjuntas de los Consejos de Transportes y Medio Ambiente que se han celebrado, son importantes, pero no pueden resolverlo todo. También necesitamos muy especialmente que la conciencia en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible se mantenga viva fuera de esas reuniones conjuntas y también fuera de los Consejos de Medio Ambiente.
Es importante y favorable, y un buen ejemplo para la Unión Europea, que la primera medida de amplio alcance que se ha adoptado con vistas a la transposición del Protocolo de Kioto en Europa haya sido una medida de ámbito comunitario europeo. Yo reitero mi agradecimiento a la Comisión por sus favorables negociaciones con la industria automovilística europea: una reducción del 15 % en relación con el objetivo suscrito en Kioto, una séptima parte, es un buen comienzo. Sin embargo, ahora deben seguir otras medidas europeas y también a escala nacional.
El Consejo de Viena debe marcar, obviamente, un nuevo hito en la continuación de este proceso y esperamos que nuestros Jefes de Estado y de Gobierno respondan de manera significativa a las propuestas que ya han presentado y que van a presentar los tres Consejos, cuyos trabajos yo he valorado positivamente en principio. Yo me comprometo, como es lógico, a transmitir detalladamente al Parlamento Europeo los resultados de la Cumbre.
Entre las palabras y los hechos media una gran distancia, ha dicho la Sra. Graenitz y tiene razón. Sin embargo, yo creo que al menos tenemos motivos para confiar en que, con la política de integración, ahora disponemos de la estrategia adecuada para traducir las palabras en hechos. No sólo se trata de la estrategia adecuada, sino de la única posible, a mi parecer. No conocemos otra, no conocemos ninguna que sea mejor. A mi modo de ver, la prueba decisiva será en qué medida se incorpora el desarrollo sostenible en la estrategia post-Kioto, en nuestros esfuerzos en favor de la protección del clima y evidentemente también en los tres ámbitos fundamentales de la Agenda 2000, o sea, los Fondos estructurales, el futuro de la agricultura y la ampliación de la Unión.
Debemos colaborar en condiciones de igualdad de derechos y las medidas comunitarias deberán desempeñar un papel esencial. Dentro de unos días nos reuniremos en Buenos Aires para celebrar la próxima Conferencia para la Protección del Clima. Si bien en este caso no se esperan resultados comparables a los de Kioto, en el sentido de la definición de grandes objetivos, la conferencia deberá constituir un hito en la concreción de unas reglas del juego, a cuya definición contribuirá en una medida importante la Unión Europea, unas reglas del juego que dejen patente que la protección del clima es una de las tareas más esenciales para avanzar hacia un desarrollo sostenible y al mismo tiempo también uno de los mayores retos que debemos afrontar. A la vista de todo ello, yo les agradezco muy sinceramente su atención.

Bjerregaard
Señora Presidenta, ante todo he de agradecer los amables comentarios sobre mi salud. Por suerte creo que mejora.
Estoy de acuerdo con los numerosos comentarios realizados sobre que nos movemos en una dirección en la que debemos hacer algo y que hablan de un cierto cansancio ante los numerosos discursos y palabras bien intencionadas. Creo que fue el Sr. Collins quien señaló directamente a Río y por ello es importante que logremos involucrar de forma clara al Consejo y a los jefes de Estado en este proyecto. Estoy de acuerdo con el Parlamento en que es positivo que la Presidencia y la Comisión mantengan hoy este debate con el Parlamento.
También comparto la opinión del Sr. Collins de que esta tarea no puede ser resuelta por los Estados miembros aísladamente. Es un proyecto comunitario. Por otro lado - como subrayó el Sr. Collins - es una condición previa que los Estados miembros cumplan sus compromisos para que tenga éxito y en cualquier caso hoy tenemos la palabra del Sr. Bartenstein de que la Presidencia hará todo lo que esté en su mano para ello. También comparto la opinión del Sr. Valverde de que el medio ambiente ya no es una política sectorial y estoy de acuerdo en los comentarios hechos por la mayoría sobre los resultados del Tratado de Amsterdam.
Es evidente que los medios económicos desempeñan un importante papel en la política medioambiental, sin embargo, en este Parlamento y, en este caso, también en el Consejo se sabe perfectamente de qué tipo son las dificultades con las que nos hemos encontrado cada vez que hemos intentado alcanzar resultados comunitarios en este campo. No hemos podido mostrar grandes éxitos en este campo, sin embargo, esto no debe impedirnos continuar nuestro trabajo. Puedo asegurarle al Sr. Eisma que trabajamos con indicadores y como dije en mi primera intervención, cuento con que en el transcurso de 1999 podremos presentar algo mucho más concreto en este campo. Mantengo lo que dije en mi primera intervención, esto es, que es una tarea difícil, sin embargo, coincido plenamente con el Sr. Eisma en que la tarea debe ser resuelta.
La Sra. Graenitz ha insistido mucho en responsabilizar a los países, lo cual está muy relacionado con lo que mencionó la Sra. Myller, es decir, que las autoridades locales desempeñan un papel importantísimo dentro de la política medioambiental. Me gustaría volver a manifestar mi opinión de que con la Agenda 2000 dispondremos de algunas iniciativas en cuanto a la integración del ámbito medioambiental, sobre la que será importante insistir y esto es válido para el ámbito agrario - lo mencionó la Sra. Myller en sus observaciones - y en realidad también en el caso del proceso de ampliación, en el que, en mi opinión, nos enfrentamos a problemas más graves de los que nunca antes hayamos visto, en lo que se refiere a la ejecución de una política medioambiental racional.
Por supuesto, espero que el Parlamento tomara nota de los positivos comentarios de la Presidencia sobre el acuerdo establecido con la industria automovilística sobre las emisiones de CO2 . Fue uno de los debates que mantuve con el Parlamento hace no demasiado tiempo, en el que no estábamos completamente de acuerdo, sin embargo, nos parece un aspecto esencial de las negociaciones sobre el clima y creemos que con ello se ha hecho una contribución parcial a la solución de los problemas climáticos. De ahí que hayamos trabajado muy duramente a fin de alcanzar un resultado.
Permítaseme concluir diciendo que no cabe ninguna duda de que el ejercicio integrador es difícil, sin embargo, por otro lado, resulta necesario a la hora de hallar una solución a problemas medioambientales actuales y futuros. Esto presupone que todos los sectores acepten de hecho que constituyen tanto una parte del problema como una parte de la solución. Sólo a través de la aceptación y del entendimiento desde todas las partes implicadas podemos esperar una mejor decisión. Pienso que hemos avanzado un poco en este proceso, sin embargo, acabamos de comenzar y celebro la promesa dada por el Parlamento y la Presidencia.

El Presidente
Le doy las gracias a la Comisaria Bjerregaard, y personalmente le deseo un pronto restablecimiento.
Al concluir este debate, he recibido una propuesta de resolución B4-0080/98, presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.

Medicamentos homeopáticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0378/98) del Sr. Chanterie, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las Directivas 92/73/CEE y 92/74/CEE - Medicamentos homeopáticos (COM(97)0362 - C4-0484/97).

Chanterie
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, desde septiembre de 1992 disponemos de dos directivas en la Unión Europea que constituyen una aproximación a la adaptación de las disposiciones legales y administrativas sobre medicamentos y al establecimiento de disposiciones complementarias para medicamentos homeopáticos, tanto para uso humano como para uso veterinario. Están centradas en cuatro elementos: en primer lugar, el acceso a los medicamentos homeopáticos; en segundo lugar, la calidad y seguridad de dichos medicamentos; en tercer lugar, la información a los usuarios de medicamentos homeopáticos y en cuarto lugar, las disposiciones relativas a la fabricación y el control de esos medicamentos.
En nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, quiero abordar especialmente cuatro puntos en este informe. En primer lugar, en cuanto al reconocimiento. El artículo 6, apartado 1, prevé que cada Estado miembro tendrá debidamente en cuenta los registros o autorizaciones ya expedidos por otros Estados miembros. Para nosotros no queda claro qué significa «tendrá debidamente en cuenta». ¿Y quién evalúa si un Estado miembro «tiene debidamente en cuenta» el otro Estado miembro? Es una formulación imprecisa y deseamos cambiarla.
En segundo lugar, en relación con el registro simplificado especial. El procedimiento de registro simplificado especial se limita al uso oral o externo. Otras vías de administración como inyecciones, apósitos, aerosoles, gotas, supositorios etcétera, quedan excluidas. Por una parte faltan argumentos científicos para justificar esa exclusión y por otra parte algunos Estados miembros utilizan también un registro simplificado especial para determinadas vías de administración.
A continuación, el artículo 7, apartado 1, limita el procedimiento de registro simplificado especial a productos con un grado de dilución de un máximo del 1/10.000 de tintura madre o un máximo de 1/100 de la dosis mínima que eventualmente se utilice en medicina alopática de aquellos principios activos de medicamentos que sólo se expenden con receta médica. Vuelven a faltar argumentos científicos para manejar estos límites. Y de nuevo algunos Estados miembros autorizan productos que no cumplen con esas condiciones.
Otra cuestión relativa al artículo 7, apartado 1, que trata del uso veterinario. Este se limita a animales de compañía o animales exóticos y no a animales cuya carne esté destinada al consumo. Nadie lo puede justificar, ni la protección del medio ambiente, ni la salud pública, ni los intereses de los consumidores. De ahí que propongamos eliminar esta limitación a los animales exóticos o a los animales de compañía.
El tercer elemento: el etiquetado. El artículo 7, apartado 2, impone la obligación de mencionar en la etiqueta o en el prospecto exclusivamente la denominación científica de la sustancia homeopática y, por lo tanto, no se pueden utilizar nombres comerciales. Sin embargo, para los pacientes es de interés disponer de indicaciones reconocibles y descripciones claras de los productos. Somos de la opinión que se deben autorizar los nombres comerciales, en especial para las combinaciones de preparados a condición de que con ello no se sugiera o se introduzca ninguna indicación terapéutica.
A continuación, el artículo 7, apartado 2, impone la obligación de mencionar expresamente que se trata de «un medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas». La Comisión observa que los Estados miembros han efectuado una transposición bastante divergente de esta obligación. Los fabricantes señalan que tal indicación es discriminatoria con respecto a otros medicamentos y que tampoco tiene sentido ya que la indicación terapéutica no forma parte del procedimiento de registro.
Se propone a la Comisión Europea que sustituya esta formulación por otra. En la Comisión de Salud Pública se propone «uso según la medicina homeopática clínica». Personalmente hubiera preferido «medicamento homeopático registrado», pero creo que podemos esperar unas indicaciones complementarias de la Comisión.
Luego está la obligación de advertencia de consultar a un médico. Creo que represento a la gran mayoría de la Comisión cuando digo que somos partidarios de que hay que consultar a un médico durante el uso de una medicación y que deseamos mantener esta obligación de advertencia. Me parece también que se puede formular mejor esta obligación de advertencia y creo que hemos hecho un esfuerzo para ello en este informe.
El último elemento es el de las normas específicas. El artículo 9, apartado 2, parte de la base de que los medicamentos homeopáticos no acogidos al procedimiento de registro simplificado especial se evalúan y se reconocen, o no con arreglo a las otras cuatro directivas. En virtud de este artículo, los Estados miembros tienen sin embargo la posibilidad, aunque no la obligación, de introducir o mantener normas específicas para las pruebas farmacológicas, toxicológicas y clínicas con arreglo a los principios y particularidades de la medicina homeopática practicada en el Estado miembro. Determinados Estados miembros lo han hecho, pero la mayoría no lo han hecho todavía o se han abstenido con las consiguientes distorsiones de competencia. Por lo tanto, parece indicado obligar a los Estados miembros a elaborar normas específicas, de modo que podamos llegar también ahí a una libre circulación de medicamentos homeopáticos, ya que se trata de aproximadamente la mitad de los medicamentos homeopáticos.
Señora Presidenta, aquí termino. Estas son las propuestas que se presentaron en nuestra Comisión para modificar la directiva existente. Estamos muy interesados en la respuesta de la Comisión Europea.

Hallam
Señora Presidenta, desearía hacer algunas aclaraciones acerca de la medicina homeopática, una práctica médica que quizás no se entiende muy bien en otras culturas de Europa. Los medicamentos homeopáticos y el uso que se hace de ellos se perciben de manera muy distinta. Así, por ejemplo, en el Reino Unido y en la República de Irlanda se considera que, en lugar de constituir un campo fundamental de la medicina, la medicina homeopática es patrimonio de unos cuantos seguidores bastante excéntricos de la medicina alternativa. Éste es uno de los motivos por los que resulta erróneo ponerse a redactar acuerdos y reglamentos vinculantes en todos los Estados miembros de la UE. Cada Estado miembro evoluciona a distinto ritmo.
Esta circunstancia queda de manifiesto en las inquietudes que expresa la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en torno a los ingredientes de la medicina homeopática. Tenemos aquí tinturas como el arsénico, para la cual se pide que se permita su aplicación en animales de la cadena alimenticia. No parece que existan pruebas científicas significativas acerca de su utilidad y de su inocuidad. Queremos hacer hincapié en que todas las tinturas madre han de ser objeto de estrictas pruebas científicas a fin de establecer unos niveles de dilución acordes con los criterios de seguridad de la cadena alimenticia. Nos mostramos igualmente preocupados por el uso de nombres imaginativos. No se deben utilizar estas denominaciones para promocionar propiedades terapéuticas que no puedan ser contrastadas por medio de estudios rigurosos. Además, suponemos que todos los remedios homeopáticos se utilizan partiendo de la base de que quienes los administran son profesionales cualificados.
Para finalizar, y es importante que abordemos este punto, la realización de todas estas pruebas y controles no se debe limitar únicamente a la comunidad homeopática. Es necesario que puedan someterse a rigurosas pruebas científicas a cargo de otros representantes de la comunidad científica.

Hautala
Señora Presidenta, desearía expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Chanterie, por haber profundizado tan ampliamente en esta cuestión y por haber tenido presentes los puntos de vista de las comisiones. La Comisión de Asuntos Económicos ha examinado este asunto desde la perspectiva de la aplicación del mercado único. De hecho, los Estados miembros no respetan en la actualidad las directivas de 1992, por las que se establecía que éstos debían armonizar los criterios para el acceso de los medicamentos homeopáticos al mercado. De este modo, es posible afirmar que el problema ante el que nos encontramos está motivado por una deficiencia en el ámbito de la libre circulación.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Económicos ha llamado la atención acerca del hecho de que los fabricantes de medicamentos homeopáticos son generalmente pequeñas y medianas empresas, las cuales se ven muy perjudicadas por la diversidad de legislación y procedimientos de reconocimiento que existe en los distintos Estados miembros. La Comisión de Asuntos Económicos considera que se debería poner en práctica un reconocimiento mutuo de estos productos que permitiera establecer a escala de la UE los criterios de seguridad necesarios para su aprobación, con lo que el Estado miembro donde se registrara por primera vez un determinado producto asumiría la responsabilidad de evaluar y documentar la correcta aplicación de estos criterios, definidos así de manera conjunta. Es posible aplicar las denominadas «buenas prácticas de fabricación» y «buenas prácticas de laboratorio», con lo que se podría garantizar que no se corre ningún riesgo en materia de seguridad. La Comisión de Asuntos Económicos apoya además la aprobación de nombres imaginativos para los productos homeopáticos.
Es más que probable que en cada país se sigan tradicionalmente prácticas muy distintas. Sin embargo, en los países con mayores conocimientos acerca de la homeopatía se ha podido demostrar que estos medicamentos no provocan efectos secundarios. Son productos baratos y eficaces, a pesar de que esta eficacia no se pueda demostrar en todo momento haciendo uso de medios tradicionales.

Breyer
Señora Presidenta, el tema de los medicamentos homeopáticos también concierne naturalmente a la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ya ha recogido muchas de nuestras peticiones. En primer lugar yo también quisiera agradecerle muy sinceramente al Sr. Chanterie que haya hecho suyas la mayoría o, más bien dicho, la totalidad de las propuestas de nuestra Comisión. Al igual que la Comisión de Asuntos Económicos, también nosotros solicitamos el reconocimiento mutuo, tal como acaba de exponer la Sra. Hautala. Yo creo que esto es del todo esencial para un verdadero apoyo a los medicamentos homeopáticos, al igual que, naturalmente, también la buena práctica de producción en los laboratorios y el tema de la autorización de denominaciones extravagantes.
En nuestra calidad de Comisión de Investigación, también nos preocupa especialmente, como es lógico, que la Comisión presente asimismo un informe sobre los estudios e investigaciones destinados a indagar sobre la eficacia de los tratamientos homeopáticos y otras terapias no convencionales en el marco del programa comunitario de investigación y desarrollo relativo a la biomedicina. A la vista de lo que se espera de dicho informe, deben fomentarse actividades de investigación sobre la medicina no convencional dentro del Quinto Programa Marco de Investigación y Desarrollo, con especial atención a los métodos individuales y generales, y también al papel preventivo y las peculiaridades de las disciplinas médicas no convencionales. Esto incluye, obviamente, programas de investigación básica en el campo de la homeopatía, que deberán ser ejecutados por entidades biomédicas con la finalidad principal de explicar las potencializaciones homeopáticas y la eficacia de las altas potencias homeopáticas, así como programas para fomentar el intercambio internacional de experiencias entre los especialistas en homeopatía.
Concedemos especial importancia a esta cuestión, ya que también debería tenerse en cuenta que la demanda de medicamentos homeopáticos se ha incrementado en los últimos años en la mayoría de los países europeos y, según los datos de la Comisión, éstos ya representan en la actualidad más del 1 % del volumen bruto de negocios de la industria farmacéutica europea y en algunos países incluso más del 5 %, un dato que a mi parecer también se debe tener presente en el ámbito de la investigación. Por este motivo, la Comisión de Investigación solicita que se intensifique la investigación en este ámbito y agradecemos al Sr. Chanterie que haya recogido esta petición en su informe.

Marinucci
Señora Presidenta, medicamentos homeopáticos, medicina antroposófica: muchos de ustedes, Señorías, y probablemente el público que nos está escuchando, no utilizan medicamentos homeopáticos. Muchos se muestran escépticos respecto de su eficacia y no creen en el carácter científico de la medicina antroposófica; sin embargo, el 29 % de los ciudadanos europeos han utilizado al menos una vez medicamentos homeopáticos; muchos ciudadanos europeos confían en los tratamientos llamados alternativos o complementarios o no tradicionales. La venta de productos homeopáticos aumenta y alcanza por término medio el 1 % de la venta de medicamentos, con picos mucho más significativos en algunos países. Por eso es justo y necesario volver a abordar esta materia sobre la base del detallado informe presentado al Parlamento por la Comisión sobre el estado de aplicación de las directivas de 1992.
A través de la aplicación de esas directivas -lo ha recordado el Sr. Chanterie- la Unión Europea ha garantizado a todos los ciudadanos el acceso a los medicamentos de su propia elección evitando así discriminaciones entre los ciudadanos europeos según el Estado donde residen -algunos más abiertos, algunos tolerantes, algunos incluso contrarios- garantizando la calidad y la inocuidad de estos medicamentos y ofreciendo a los usuarios informaciones e indicaciones claras y específicas. Estos dos objetivos -acceso a la libre elección de medicamentos para todos los ciudadanos europeos y, al mismo tiempo, confirmación de las garantías necesarias sobre la seguridad de dichos productos y sobre su correcta utilización- han sido la pauta que ha seguido el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, en cuyo nombre tengo el honor de intervenir, con ocasión del debate y de la votación sobre el informe presentado de forma tan eficaz por el Sr. Chanterie en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
Los problemas a afrontar eran pocos aunque serios. ¿Qué hacer para convertir en menos costoso y burocráticamente menos complicado el registro de un fármaco ya registrado en otro Estado? ¿Modificar a través de una legislación simplificada el umbral de dilución indicado en las actuales directivas y las vías de distribución establecidas? ¿Mantener en los prospectos la referencia a la necesidad de consultar a un médico durante el empleo del producto? ¿O precisar, por el contrario, que se debería consultar a un médico sólo si los síntomas persisten después de algunos días de tratamiento? ¿Conservar en la etiqueta la frase «medicamento homeopático» sin las indicaciones terapéuticas aprobadas? ¿O podría ser suficiente la frase «medicamento homeopático aprobado»?
La resolución aprobada responde equilibradamente a estos interrogantes. La reflexión volverá a plantearse cuando y si la Comisión nos presentará la propuesta de directiva que debería responder concretamente a estos interrogantes que surgen a raíz del análisis de la aplicación de las directivas actualmente en vigor.

Zimmermann
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, el Parlamento Europeo acoge con satisfacción mediante el presente informe la elaboración del informe de la Comisión sobre la aplicación de las Directivas 92/73 y 92/74. El fundamento jurídico de dichas directivas permitió por primera vez el reconocimiento de los productos homeopáticos como medicamentos, pero seguía faltando una transposición eficaz de dichos actos jurídicos. La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos insta en su opinión a la Comisión a que haga uso de su derecho de iniciativa para ejercer sus competencias técnicas en el ámbito de la homeopatía.
Con vistas a mejorar la aplicación de ambas directivas, la Comisión deberá tomar en consideración cinco aspectos. Primero: es deseable un reconocimiento general de los medicamentos homeopáticos que ya hayan sido autorizados en otro Estado miembro. Esto requiere una modificación de la directiva, con una nueva formulación clara y obligatoria. Sólo así será posible descartar la arbitrariedad de los Estados en el reconocimiento de los medicamentos homeopáticos.
Segundo: se deberían establecer normas y experimentos específicos que permitan garantizar el libre acceso al mercado, por un lado, sin descuidar, por el otro lado, la protección del consumidor. Tercero: se deberían prever procedimientos simplificados de registro con vistas a agilizar el procedimiento de reconocimiento de los medicamentos homeopáticos. También en este caso no se debe olvidar la protección del consumidor. Cuarto: el procedimiento de registro simplificado debería hacerse extensivo también a los medicamentos homeopáticos para uso veterinario en animales destinados al consumo humano. En efecto, desde el punto de vista de la protección de los intereses de los consumidores, no existe motivo alguno para excluir a dichos animales de las posibilidades curativas de estos medicamentos.
Quinto: es preciso lograr la igualdad de trato entre los medicamentos homeopáticos y alopáticos en lo que se refiere a la utilización de denominaciones extravagantes en las etiquetas y embalajes. Si se toman en consideración estos puntos, la Comisión podrá presentar sin duda una propuesta adecuada para el debate.

Vaz da Silva
Señor Presidente, resulta simbólicamente importante que en el espacio de un año dos informes parlamentarios se hayan ocupado de medicinas no convencionales y que ahora, con el informe Chanterie sobre la medicina homeopática, se haya pedido a cinco comisiones parlamentarias que se pronuncien sobre ese asunto. Se confirma que las instituciones europeas son conscientes de su papel para mejorar la calidad de la salud pública y que procuran hacerlo basándose en la práctica concreta de los ciudadanos, que recurren en número cada vez mayor a esas medicinas complementarias.
La política de avestruz empieza a tener los días contados en la Unión, por presión del Parlamento Europeo o de los ciudadanos o de sus organizaciones. El Parlamento Europeo ha actuado en muchos casos como adelantado al abordar asuntos controvertidos o políticamente delicados, cuando, por ejemplo, se trató de introducir la cultura y la educación entre las competencias de la Unión o para debatir cuestiones como la ingeniería genética, la igualdad o la orientación sexual. De nuevo el Parlamento Europeo encabeza el proceso de reconocimiento de un estatuto para las medicinas no convencionales. Conviene que un uso social que abarca a casi una cuarta parte de la población de la Unión, como es el de la utilización de medicamentos homeopáticos, encuentre eco en las instituciones europeas a fin de que pueda desarrollarse sin peligro para los usuarios y en condiciones de equidad tanto para los profesionales como para los industriales del sector. Es importante que esta disponibilidad de la Unión encuentre también eco en los Estados miembros para que éstos procedan con la rapidez que el sentido común impone al reconocimiento mutuo y a un proceso común de registro de los medicamentos, así como a la realización de estudios que fundamenten la práctica de la homeopatía.

Dybkjær
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. ponente por su informe. Es un campo que atrae sobre sí un interés general muy grande. La mayoría de la gente tiene una postura sobre él y se mantienen discusiones muy apasionadas. Afortunadamente podemos decir que por ahora la pasión se ha limitado al terreno verbal. Estas posiciones se reflejan también en el modo en que los diversos países han resuelto los problemas y que hemos de tener también en cuenta cuando debamos examinar los próximos pasos a dar en el contexto comunitario. No voy a entrar en todos los comentarios realizados por el Sr. ponente, sino que sólo voy a dar muy por encima la posición del Grupo Liberal como pauta para el futuro trabajo de la Comisión y del Consejo, pues esto es de lo que en el fondo se trata.
En primer lugar, será deseable disponer en la práctica de un mayor reconocimiento recíproco, sin embargo, también será necesario y una condición indispensable para este mayor reconocimiento recíproco conocer las formas de registro de cada país. Hemos de señalar que esto no sucede hoy. También ha de hablarse de un registro bien documentado y realizado sobre una base científica que sea lo más amplia posible. Lo que he dicho implica, en segundo lugar, que hemos de exigir que cada país publique sus listas de medicamentos homeopáticos y luego informe también del modo en que se ha producido la aprobación de éstos, por ejemplo, si han sido aprobados conforme a los artículos 7 y 8, pues en tales casos habremos recorrido una buena parte del camino. Un procedimiento de registro simplificado no debe ser utilizado, en nuestra opinión, ni para medicamentos destinados al consumo humano ni para medicamentos destinados al uso veterinario que puedan entrar en contacto con la cadena alimenticia. En lugar de esto, me parece que debería considerarse la posibilidad de una lista positiva de sustancias inofensivas y diluyentes. Y en último lugar: Por lo que a nosotros respecta, nos parecen perfectos los nombres de fantasía y no deben plantearse requisitos sobre la necesidad de consultar a un médico.

Cabrol
Señor Presidente, Señorías, estamos debatiendo el informe Chanterie relativo a los medicamentos homeopáticos.
Como médico quisiera decir que si los medicamentos homeopáticos quieren ser considerados útiles y eficaces deberían satisfacer ciertas condiciones en lo relativo a la fabricación de los productos, a su homologación y a su utilización. De lo contrario, la homeopatía sólo será considerada como una empresa fantasiosa, utilizada por charlatanes, lo cual sería muy perjudicial para esta disciplina que defienden los farmacéuticos y los médicos que se interesan por ella.
Estas condiciones son las siguientes: la homeopatía debe desmarcarse absolutamente de la antroposofía, que algunos tienen la osadía de llamar medicina antroposófica, añadiéndole incluso el adjetivo «homeopática», puesto que, de hecho, sólo se trata - aunque no le guste al Sr. Chanterie- de prácticas fantasiosas que pretenden basarse en un fundamento homeopático. Esta amalgama ha sido insidiosamente introducida por el ponente y debería descartarse sin ningún tipo de ambigüedad.
En segundo lugar, la homologación no debería tampoco obligar a todos los Estados miembros a aceptar un medicamento aceptado por un único Estado miembro, cuyo laxismo podría ser peligroso y poner en peligro la salud de los pacientes.
Por el contrario, la evaluación deberá realizarse en cada Estado miembro según criterios que aporten todas las garantías de calidad y de inocuidad y esto, lo repito, en aras de la protección de los enfermos.
En cuarto lugar, parece asimismo peligroso confiar la homologación de estos medicamentos a una instancia comunitaria de «expertos» cuya competencia científica no está garantizada por el texto que se nos propone.
En quinto lugar, las denominaciones deberán ser precisas. No aceptamos las denominaciones fantasiosas y, en nuestra opinión, la indicación terapéuticamente probada está perfectamente adaptada.
Por último, es fundamental que la prescripción de los medicamentos homeopáticos no sea realizada por cualquier persona supuestamente cualificada -¿por cierto, quién cualificaría a esas personas?-, sino por un médico, pues muchos médicos también son homeópatas.
Éste es el sentido de mi enmienda, contrario al del texto propuesto en donde se aconseja al usuario consultar a un médico sólo si persisten los síntomas. Yo quisiera precisar que este enfermo debe consultar a un médico para la utilización de este medicamento, con el fin de evitar que a la persona no médico que receta le pase inadvertida una enfermedad, por ejemplo un cáncer, y que se consulte demasiado tarde, cuando ya ha desarrollado ese cáncer.
Hay que evitar poner en peligro la vida de los pacientes que realizan este tipo de consultas. La sociedad ha invertido mucho para formar a profesionales y hay que desconfiar de aficionados peligrosos. ¿Confiarían ustedes en un piloto que se hubiera formado vaya usted a saber con qué grupo cualificado o que fuera autodidacta?
Acabaré diciendo que si estas condiciones no se recogen claramente en el informe, nuestro Grupo votará en contra de la propuesta.

Maes
Señor Presidente, los medicamentos homeopáticos aún no gozan de un libre mercado en la Unión, a pesar de que ya existen las directivas y que en 1992 se creó un marco legislativo. El informe del Sr. Chanterie aboga, por lo tanto, con razón por una modificación de estas directivas basada en una evaluación profunda de la situación.
La aplicación de la directiva varía de un Estado miembro a otro y la Comisión incluso consideró necesario consultar al Tribunal de Justicia por la transposición parcial de las directivas en Bélgica, Francia, Portugal y el Reino Unido. Es fácil de comprender. En determinados países, entre ellos Bélgica, hay todavía acaloradas discusiones entre partidarios y detractores del valor de los medicamentos homeopáticos y sobre su reconocimiento. Por otra parte, la formulación de la directivas es tan ambigua jurídicamente que se tiene que llegar a diferentes interpretaciones y de facto son demasiado libres como para excluir distorsiones de la competencia.
Por lo tanto, el informe aboga con razón por un nuevo texto que excluya los problemas de interpretación y que tenga un carácter vinculante. No sólo es de interés para los fabricantes, sino también para los médicos y para los consumidores. Se debe evitar poner textos discriminatorios en la etiqueta y, por otra parte, la advertencia de consultar a un médico en caso de que los síntomas perduren no sólo se debe incluir en los medicamentos homeopáticos, sino también en los clásicos.
Nos sumamos a las intenciones del informe y también a las recomendaciones concretas relativas al procedimiento de registro y un buen sistema de coordinación y armonización. Pero en el punto 7 de la recomendación, señor ponente, ponemos un interrogante, en lo relativo a la obligación de los Estados miembros de reconocer los registros realizados o las autorizaciones concedidas antes de que se ponga en marcha un sistema de coordinación. Sí estamos de acuerdo con que se trabaje en el establecimiento de las condiciones en las que el registro nacional deba ser objeto de un reconocimiento por otros Estados miembros. Pero no nos parece muy lógico que se imponga ahora ya una obligación de un reconocimiento mutuo a los Estados miembros cuando estamos esperando una armonización y coordinación, ya que esto efectivamente podría fomentar el abuso y la negligencia. Naturalmente, puede ser interpretado como un medio de presión, pero puede dar motivo a abusos y eso no es de ningún interés para los consumidores.

Blokland
Presidente, del informe de la Comisión se desprende la necesidad de presentar una resolución sobre la modificación de las respectivas directivas. Hay algunos Estados miembros que no tienen debidamente en cuenta las autorizaciones concedidas o registros realizados, sino que lo hacen a su libre albedrío. Hacerlo a su libre albedrío consiste en la práctica en no tenerlas en cuenta. Esto implica un considerable despilfarro de tiempo y de dinero. La evaluación del efecto y de los efectos perjudiciales de los medicamentos homeopáticos se hace en cada Estado miembro por separado. Por consiguiente, es recomendable que se modifiquen las respectivas directivas.
Entiendo los titubeos que existen para tratar los medicamentos homeopáticos de igual forma que los alopáticos. Tampoco se puede hacer, porque están basados en otras visiones del ser humano, de la enfermedad y su curación. Ahora que se ha probado científicamente que quedan ciertas estructuras en los medicamentos homeopáticos, la acusación de que los medicamentos homeopáticos sólo tienen un efecto psicológico, ha perdido gran parte de su fundamento. Por eso abogo por un estatus de mayor equivalencia entre la homeopatía y la alopatía.
El primer paso que tenemos que dar es entonces la ampliación del procedimiento de registro simplificado. Es importante que los Estados miembros mismos tengan la posibilidad de determinar cuándo un medicamento homeopático se acoge a este procedimiento. No puede ser que todo tipo de temores irreales y fuertes lobbys alopáticos limiten la libre circulación de los medicamentos homeopáticos.
Además, creo que es bueno investigar si podemos llegar a un sistema de reconocimiento mutuo. Para mi se trata sobre todo de la ventaja de la reducción de costes. Sí se deben formular criterios claros sobre los que se ha de realizar ese reconocimiento. Esto redundaría en beneficio de la aplicación de las respectivas directivas. Felicito al Sr. Chanterie por su informe.

Amadeo
Señor Presidente, he de confesar que siento cierto apuro a la hora de adoptar una posición tajante con relación a un asunto que es todavía muy oscuro y de difícil interpretación. Asimismo, cuando se habla de salud, hay que evitar toda posición jomeinista, ya que, con frecuencia, la investigación ha desautorizado descubrimientos que se consideraban irrefutables. Por otra parte, no se puede dejar de manifestar que desde hace muchos años en los libros de texto de farmacología y de medicina de la Comunidad europea, pero también de todo el resto del mundo, se expresa un concepto fundamental: en el tratamiento del paciente se debe utilizar la dosis máxima durante el menor tiempo posible. La homeopatía trastoca y traiciona este concepto, pues la misma es partidaria de una dosis mínima, infinitesimal a lo largo de mucho tiempo.
Cierto que estos conceptos están evolucionando al igual que la ciencia, sin embargo, es evidente que la ciencia debe dar una respuesta no solo al poder político, sino ante todo a los consumidores y que dicha respuesta debe conciliar estas dos realidades. En particular, la ciencia tiene la obligación de aclarar el problema inmunitario que se deriva de una posible elección tradicional o homeopática del tratamiento. Algunos sostienen que una dosis mínima prolongada afecta al sistema inmunitario que, en dicho caso, no puede ocuparse de otra cosa, con graves riesgos para la salud. Algún otro científico pone en tela de juicio esta aserción sosteniendo que la dosis infinitesimal no estimula la respuesta inmunitaria. Es obvio que nosotros al no ser investigadores científicos capaces de aclarar estos conceptos, deberíamos y debemos pretender una respuesta clara por parte de la investigación. Del mismo modo, han de ser satisfechas algunas demandas del profesor Cabrol para conferir a la homeopatía la dignidad de ciencia médica de pleno derecho.
Me permito hacer algunas observaciones acerca del informe, por cierto muy bien concebido por el Sr. Chanterie, a pesar de que, como dijo el profesor Cabrol, algunas de sus partes me dejan muy perplejo. Primera observación: las normas de autorización y de registro de los medicamentos son diferentes en los distintos Estados miembros. Es evidente que consideramos indispensable una armonización que, sin embargo, no debe plasmarse en una reducción del actual nivel de seguridad y de defensa de la salud. Segunda observación: los capítulos IV y V de la Directiva nº 75 referentes «a los principios y las orientaciones para una buena práctica de producción y de laboratorio» deben aplicarse también a todos los medicamentos homeopáticos. Tercera observación: los Estados miembros deben cumplimentar las listas de fármacos homeopáticos o responsabilizarse de su eliminación. Cuarta observación: hasta que no se pruebe científicamente que los medicamentos homeopáticos para uso veterinario no implican riesgos para la salud humana, consideramos inaplicable el procedimiento simplificado de registro; en particular en lo que a los tintes se refiere, los mismos deben someterse a pruebas científicas estrictas para establecer los grados de dilución que garanticen la seguridad de la cadena alimentaria y la protección de los preparados contaminantes.

Heinisch
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, debido a mi profesión de farmacéutica tengo contacto con frecuencia con el tema de la homeopatía. Como es sabido, estos medicamentos merecen una valoración cada vez más positiva por parte de los pacientes, o sea, de los consumidores, en Europa. Nuestra Asamblea debe responder a esta tendencia con la elaboración de una legislación adecuada para su seguimiento y apoyo. Nuestro colega Chanterie ya ha enumerado los aspectos más importantes en su informe y yo quiero agradecérselo muy sinceramente. El reconocimiento mutuo de los registros y autorizaciones en los Estados miembros de la Unión Europea es un aspecto importante, a mi parecer, al igual que la inclusión de la administración por vía parenteral entre las aplicaciones autorizadas, manteniendo las rigurosas exigencias ya vigentes en materia de calidad y seguridad del consumidor.
Por lo que respecta a la fiabilidad ya se dispone de estudios científicos y varias décadas de experiencia. Esto enlaza con el segundo aspecto que considero importante y que también ocupa un lugar central en la opinión que elaboramos en la Comisión de Investigación, concretamente, el tema de la investigación. En efecto, no es admisible que se repita continuamente, tal como acabamos de escuchar ahora mismo, el argumento de la falta de un fundamento científico suficiente y a la vez se excluya en la práctica a la homeopatía de los proyectos subvencionados por la UE. Ya se dispone de considerables informes científicos en este ámbito y deberíamos seguir desarrollando e impulsando estos enfoques. Tenemos que velar por que en el futuro se otorgue igualdad de trato a la homeopatía dentro del Quinto Programa Marco de Investigación.
Permítanme que añada, finalmente, que numerosas conversaciones con colegas del sector veterinario me han hecho comprender que una condición imprescindible para promover la agricultura biológica es que se suprima la exclusión del procedimiento de registro simplificado de los medicamentos homeopáticos para uso veterinario en animales destinados al consumo humano.

Ahern
Señor Presidente, si bien la medicina homeopática goza desde hace muchos años de reconocimiento oficial en algunos países de la Unión Europea, en otros, por el contrario, apenas se tolera la práctica de esta medicina. Por este motivo, la Comisión creó un marco legal por medio de las directivas 92/73 y 92/74 con el fin de permitir el acceso de los pacientes a los productos de su elección sin dejar de ofrecer garantías acerca de la calidad y la seguridad de dichos productos.
Sin embargo, en determinados Estados miembros se han registrado problemas en la aplicación de estas directivas, por lo que cabe agradecer el planteamiento actual de la Comisión. También me muestro favorable al presente informe del Sr. Chanterie. Es verdaderamente importante que abordemos esta cuestión a causa de la creciente popularidad que han adquirido, en particular, los productos homeopáticos y, en general, la medicina natural y alternativa. Los ciudadanos de toda Europa tienen derecho a que estos productos circulen libremente en los Estados miembros con arreglo a las normas del mercado único, como cualquier otro producto, con la condición de que se tengan en cuenta de manera adecuada todas las consideraciones en materia de seguridad y eficacia.
A este respecto, sería muy útil que hiciéramos un seguimiento de las cuestiones que se someten a estudio en el Quinto Programa Marco, y, a este fin, el Grupo de los Verdes ha presentado diversas enmiendas a dicho programa marco y al presupuesto. Por lo tanto, espero que la Comisión tenga presente que tenemos ahí los instrumentos necesarios para llevar a cabo estos estudios y para garantizar que se lleva a cabo una armonización adecuada de los productos de la medicina homeopática con indicaciones terapéuticas. En otras palabras, habida cuenta de los problemas particulares con que se enfrenta la homeopatía a la hora de probar su eficacia frente a la medicina alopática, en estas pruebas se deberán tener en cuenta las características peculiares de la medicina homeopática y se deberá recurrir a los conocimientos expertos de los homeópatas. Tenemos a nuestro alcance los instrumentos.
He presentado algunas enmiendas. En el Reino Unido e Irlanda, los homeópatas colegiados no son solamente médicos, por lo que cabe aclarar en este informe que, cuando se haga referencia a un médico o a un doctor a efectos de clasificación, esta referencia afecte a doctores homeopáticos o a profesionales médicos colegiados en homeopatía. Así es la ley en mi país y en el Reino Unido, y así queremos que continúe siéndolo. Por este motivo, les recomiendo que aprueben mi enmienda.

Bangemann
Señor Presidente, la Comisión agradece el gran interés con que ha sido acogido nuestro informe y muy especialmente el esfuerzo que ha realizado el ponente. Optamos por este procedimiento algo desusado, esto es, la apertura de un amplio debate mediante la presentación de un informe, en lugar de proponer una revisión de las dos Directivas actualmente vigentes, con objeto de poder tener una idea clara sobre las posiciones en el Parlamento y en el Consejo. El Parlamento ha aclarado hoy su posición a través del presente informe y del debate. Es un hecho que agradecemos y confiamos que pronto recibiremos también unas reflexiones análogas procedentes del Consejo.
Yo quisiera iniciar mi respuesta con una consideración general. Nuestra intención no era abrir de nuevo el debate sobre los principios de fondo, o sea, si los productos homeopáticos deben ser reconocidos como medicamentos y, en caso afirmativo, con qué condiciones, o si dicho reconocimiento debe limitarse a los medicamentos alopáticos. La amplia aplicación de los medicamentos homeopáticos recomienda en cualquier caso que nos ocupemos de esta tema. No es posible considerar sencillamente que sólo se trata de un tema secundario o de un asunto un poco esotérico y relacionado con las sectas, sino que éste afecta a una parte de los medicamentos que utilizan los pacientes. Éste es un hecho que no se puede pasar alto. ¡Se trata de una realidad!
La Comisión considera, no obstante, por otra parte, que el concepto de ciencia, que también se ha invocado repetidamente en el curso del presente debate, es demasiado apodíctico, ya que la ciencia clásica que investiga, obtiene y justifica los medicamentos alopáticos dicta sus propias condiciones. El planteamiento científico incluye como primer paso una definición clara de todo aquello que se califica como científico. La aplicación de determinados métodos y procedimientos permite alcanzar luego una conclusión sobre su cientificidad o no cientificidad. Se trata, no obstante, de una definición muy restringida. La Sra. Heinisch tiene toda la razón cuando señala que desde luego también es posible definir el concepto de ciencia de manera mucho más amplia, con lo cual quedarían incluidos en su campo también otros fenómenos que no tienen cabida en las definiciones ortodoxas clásicas de ciencia. A nuestro parecer, el problema principal que plantea este debate sobre las cuestiones de principio es que existen, de hecho, algunos médicos, científicos y farmacéuticos que desearían aplicar esta definición restringida de ciencia y, en consecuencia, afirman que a la vista de ello y de que los medicamentos homeopáticos no tienen cabida en dicha definición, en su opinión no habría que prestarles atención.
Nosotros consideramos que esto es un error, como ya dejamos claro desde un principio, puesto que de las tres características de los medicamentos -seguridad, eficacia y calidad- no exigimos la característica de la eficacia como condición para el reconocimiento de los medicamentos homeopáticos. Lo cual no significa empero -si bien se podría extraer esta falsa conclusión lógica- que un medicamento homeopático no sea eficaz, sino únicamente que su reconocimiento como medicamento no está condicionado a que lo sea. En efecto, es un hecho generalmente reconocido que dichos medicamentos son eficaces y que muchas personas pueden esperar obtener y obtienen buenos resultados de los mismos, no por sus efectos directos químicamente demostrables, sino gracias a sus efectos psicológicos -esta definición también es demasiado restringida-, a sus efectos generales. Éstos incluyen muchas posibilidades. Por ejemplo, un debate amable en el Parlamento Europeo con parlamentarios amables forma parte de las dosis homeopáticas que los Comisarios deseamos tomar de vez en cuando.
Sin embargo, también sabemos que la situación actual no es satisfactoria. En el debate hemos escuchado que una serie de Estados miembros todavía no han dado ningún paso, o sea, que es preciso hacer algo más. Este intercambio de ideas será, por lo tanto, muy útil. El contenido del informe se ajusta en general a nuestro planteamiento. Por consiguiente, no nos plantea ningún problema, sino que por el contrario nos sentimos apoyados y desde luego vamos a seguir las orientaciones del Sr. Chanterie y las que han ofrecido los demás colegas en el curso del debate en los aspectos que voy a enumerar. Concretamente, tenemos que definir con mayor precisión los requisitos para el reconocimiento mutuo de los medicamentos homeopáticos registrados y establecer la obligatoriedad del principio del reconocimiento mutuo. Es evidente que sólo se podrá lograr el reconocimiento mutuo si se establecen las condiciones mínimas bajo las cuales éste deberá ser obligatorio. Por esto la obligatoriedad del reconocimiento mutuo depende de la inclusión de precisiones adicionales en el procedimiento de registro simplificado. En este contexto podría ser útil, por ejemplo, elaborar listas armonizadas de disoluciones y aclarar el ámbito de aplicación del procedimiento de registro simplificado.
Yo también suscribo la opinión de que no existen motivos para mantener la prohibición de registrar medicamentos homeopáticos veterinarios para su uso en animales destinados al consumo humano. Las normas sobre el etiquetado también incluyen algunas disposiciones que podrían modificarse en interés de los consumidores. Esto incluye evidentemente la dosificación del producto, pero también las disposiciones relativas a su denominación. Este es un aspecto que puede y debe mejorarse, pues unas denominaciones extravagantes que inducen absolutamente a error son tan perjudiciales como los folletos explicativos vacíos de contenido de los que es imposible extraer ninguna información. También somos favorables a que el apartado 2 del artículo 9, o sea, la introducción de normas específicas para los experimentos y pruebas, tenga carácter obligatorio.
No estamos de acuerdo con las consideraciones del informe que ahora paso a detallar. Las Directivas cubren en su forma actualmente vigente todos los productos homeopáticos y los métodos de fabricación. No se contemplan de manera diferenciada las distintas escuelas que existen en este ámbito, por un buen motivo. A mi modo de ver, en realidad sería más bien perjudicial para los medicamentos homeopáticos si nos inmiscuyésemos en los enfrentamientos entre escuelas. Por lo tanto, tampoco creemos que exista ningún motivo para que en el texto de la Directiva se mencione específicamente sólo una de dichas escuelas, la de la homeopatía antroposófica. Esto no debe interpretarse como un rechazo de la antroposofía, sino que tan sólo indica nuestro deseo de no inmiscuirnos en los enfrentamientos entre escuelas. Pensamos que eso sería excedernos un poco.
Como ya puede suponer el Sr. Chanterie, la Comisión ve con absoluta simpatía una orientación general que también tome en consideración los aspectos relativos al etiquetado en los procedimientos de autorización y evaluación. La experiencia con la Agencia de Evaluación de Medicamentos de Londres encargada de su autorización es, en efecto, inmejorable. Examinaremos las posibilidades de establecer un sistema parecido. Ello exigiría naturalmente la colaboración de los Estados miembros. En consecuencia, queremos dejar claro, al igual que se hace en el informe, que es necesario completar y mejor las presentes Directivas y agradecemos las recomendaciones del Parlamento. Ahora nos falta esperar la respuesta del Consejo. En cuanto éste haya adoptado su posición, nos pondremos manos a la obra.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas.

Responsabilidad por productos defectuosos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0326/98) de la Sra. Roth-Behrendt, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Defensa del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0478 - C4-0503/97-97/0244(COD)) por la que se modifica la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.

Roth-Berendt
Señor Presidente, la historia interminable de la EEB todavía no ha quedado totalmente cerrada a mi parecer. Hoy mismo, a pesar de que el tema se plantea de manera muy distinta, seguimos actuando bajo la influencia de las repercusiones de dicho escándalo en la Unión Europea.
El Parlamento Europeo solicitó a la Comisión, en el informe de su Comisión de investigación, que hiciese extensiva a las materias primas agrícolas la Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos, en vigor desde 1985. El objetivo del Parlamento Europeo era que las ciudadanas y ciudadanos de Europa pudiesen exigir la responsabilidad por los daños causados si llegara a repetirse un caso análogo al escándalo de la EEB. La Comisión ha respondido a este compromiso y ha incluido efectivamente las materias primas agrícolas en su propuesta, pero no ha extraído todas las consecuencias. Es cierto que suelen hacerlo en la mayoría de los casos, de eso no tengo la menor duda, señor Monti, pero esta vez no lo han hecho. En efecto, no basta con dar respuesta a la crisis de la EEB y limitarse a incluir los productos agrícolas en las disposiciones que afectan a dicha cuestión, sino que también es necesario introducir algunas modificaciones adicionales en la Directiva en materia de responsabilidad por los daños causados.
La Comisión no ha introducido dichas modificaciones. En mi calidad de ponente, yo he asumido esta tarea. He introducido una modificación de los límites máximos de responsabilidad porque las cantidades establecidas hasta ahora resultan insuficientes frente a un escándalo como el de la EEB y a los perjuicios causados a las personas. He modificado asimismo el tema de la prescripción y de la reivindicación de los derechos en relación con los daños causados, dado que el plazo de 10 años hasta ahora vigente ni siquiera cubriría el período de incubación de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Por otro lado, no he invertido la carga de la prueba, como quizás puedan pensar algunas personas menos versadas en los aspectos jurídicos, sino que la he vinculado al producto. He introducido la prueba de la presunción del daño, ya que es la única posible en el caso de un producto consumido tal vez muchos años atrás y que ya no se puede presentar como prueba.
También he añadido algo en relación con el riesgo del desarrollo, un aspecto previsto en la propuesta original de directiva de la Comisión de 1985 y que luego no fue aprobado en el Consejo de Ministro, motivo por el cual la Directiva lo contempla en forma de una cláusula facultativa. Los Estados miembros pueden incluirlo si lo desean. Hay algunas personas en esta Asamblea y entre la opinión pública industrial europea que consideran que mi propuesta es jurídicamente innecesaria e incorrecta. ¡Ambas afirmaciones son equivocadas! Si se desea dominar un escándalo como el de la EEB y otras situaciones comparables, además de incluir las materias primas, es preciso introducir también otras modificaciones adicionales. Cualquiera que lo ponga en duda en realidad no está dispuesto a admitir francamente que si se repitiese un caso análogo al de la EEB habría que hacer algo más de lo que hemos hecho esta vez. La Comisión hace el gesto de fruncir los labios, pero luego usted no silba, señor Monti. A mí me gustaría oírle silbar. Quizá tengamos oportunidad de escucharle esta tarde.
Finalmente, yo quisiera añadir que lo que propongo es una práctica del todo habitual en muchos Estados miembros. En todos los Estados miembros salvo en tres no existen límites máximos de la responsabilidad. Dos Estados miembros, Finlandia y Luxemburgo, han excluido incluso la exclusión de la responsabilidad basada en el riesgo del desarrollo. En todos los demás países, excepto en el mío y en España y Portugal no existe una limitación máxima de la responsabilidad. Por otra parte, la exclusión de la responsabilidad basada en el riesgo del desarrollo no está admitida en España. Curiosamente, este es precisamente el tema que ahora nos ocupa. En todos los Estados miembros existen, además, disposiciones especiales en relación con el riesgo del desarrollo para el caso de los medicamentos. Por lo tanto, yo no acabo de entender cómo es posible que el lobby de la industria europea -el cual cuenta con mi pleno apoyo, puesto que a mí también me interesa que la industria funcione- haya logrado «convencer» tan abrumadoramente a algunas personas de esta Asamblea y también en otros lugares, como para hacerles creer sinceramente que la modificación que propone la Comisión puede satisfacer los objetivos del Parlamento. Yo estoy convencida de que se podría prever otro tratamiento de los aspectos relativos al límite máximo de la responsabilidad, a la reivindicación de los derechos en relación con el daño causado y también al riesgo del desarrollo.
He presentado al Pleno del Parlamento, juntamente con un colega de otro Grupo político, varias enmiendas de compromiso, con objeto de ofrecer una alternativa a los colegas de la Asamblea y también a la Comisión. Sin embargo, creo que no podemos quedarnos rezagados. El Parlamento Europeo no puede permitírselo, no después del esfuerzo que hemos realizado, también ante la Comisión y en contra de ésta, en relación con el tema de la EEB. Quien hoy o mañana se quede por debajo de ese listón, no estará haciendo justicia al esfuerzo que hemos realizado en los últimos años y tendrá dificultades para responder ante la opinión pública europea el año próximo. Yo tengo el convencimiento de que en un procedimiento de codecisión, debemos aportar en la primera lectura, que ahora estamos desarrollando, al menos lo que mañana se someterá a votación en el Parlamento. Señor Monti, sería una satisfacción para mí que nos dijera que a su parecer se trata de un buen punto de partida y que apoyará las citadas propuestas.

Casini C.
Señor Presidente, habida cuenta de su repercusión positiva en la protección de los consumidores, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos acoge favorablemente la propuesta de directiva que, al extender el ámbito de aplicación de la directiva de 1985 a los productos agrícolas, amplía a todos los bienes muebles la responsabilidad del productor por los productos defectuosos. Sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos expresó y expresa sus reservas en cuanto a admitir las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor por los siguientes motivos: primero, de conformidad con el contenido del apartado 2 del artículo 124, de la letra a) del apartado 1 del artículo 125 del Reglamento y del apartado 2 del artículo 138 del Tratado, la Comisión considera que el Parlamento Europeo no puede privar subrepticiamente a la Comisión del derecho exclusivo de iniciativa legislativa mediante enmiendas a la propuesta legislativa; de hecho, el Parlamento, en el caso de estimar que un acto legislativo es susceptible de ser modificado, tiene derecho a pedir a la Comisión que presente propuestas adecuadas; segundo, la propuesta de directiva tiene ampliamente en cuenta la recomendación del Parlamento Europeo en el informe de la comisión temporal de investigación sobre las cuestiones relacionadas con la encefalopatía espongiforme bovina de 7 de febrero de 1997; tercera, la directiva de 1985 ha modificado profundamente, aunque sólo en lo referente a la responsabilidad del productor, algunas importantes figuras del Derecho privado de los Estados miembros como la responsabilidad civil, la carga de la prueba, el resarcimiento de los daños, la prescripción de los derechos; las soluciones tomadas en consideración con respecto a dichas figuras en la directiva siguen siendo válidas, ya que contemporizan los intereses en juego armonizando las diferentes posiciones de las partes según un criterio racional.
En consecuencia, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos estima que las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores son totalmente inadmisibles porque sobrepasan lo que el Parlamento puede modificar en una propuesta de la Comisión. Asimismo, dichas enmiendas son, a nuestro juicio, inaceptables en cuanto al fondo.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos considera que la Comisión puede proponer una modificación sustancial de la Directiva 85/374 tras una profunda reflexión que implique a las demás Instituciones comunitarias, a los Estados miembros y a los particulares afectados. Dicha propuesta podrá formularse tras examinar el próximo informe de la Comisión sobre la aplicación de la directiva 85/374 previsto para el año 2000.
En definitiva, existen razones estrictamente jurídicas por las cuales estamos a favor de la directiva, sin embargo, no podemos admitir las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, Señorías, somos nosotros, los parlamentarios, quienes hemos deseado esta propuesta legislativa y, además, con razón. El escándalo de la EEB nos ha llevado a pedir que la Comisión Europea presente en los más breves plazos una propuesta que amplíe el campo de aplicación de la directiva de base a los productos primarios, y, por lo tanto, agrícolas o procedentes de la pesca y de la caza.
Hoy en día no podemos rechazar esta extensión, sobre todo en el contexto de una desconfianza extrema de los consumidores respecto a lo que comen y en un momento de industrialización creciente de los procesos de producción agrícola. Sea como sea, no hay un riesgo cero, y cuando un productor coloca un producto en el mercado sabe que está asumiendo un riesgo y que puede hacer correr un riesgo al consumidor, quien podrá optar a una indemnización en caso de perjuicio.
Cierto es que no sería justo que los productos agrícolas se apartaran de esta regla general. El consumidor debe poder beneficiarse de la misma protección, cualquiera que sea la naturaleza del producto defectuoso. Recordemos que en el sistema de responsabilidad sin culpa, lo que cuenta es el acto de comercializar un producto; no se trata de hallar culpables sino responsables.
La Comisión de Agricultura es muy consciente de esto, tanto más por cuanto la sociedad necesita reconciliarse con su agricultura y que, de todos modos, la propia existencia de dicho régimen constituirá, sin duda, una auténtica incitación a la comercialización de productos sanos, seguros y de calidad.
Es, pues, una propuesta aceptable para la Comisión de Agricultura, pero que no por ello debe hacernos olvidar las especificidades propias de los productos agrícolas. Por consiguiente, habíamos propuesto una serie de enmiendas -algunas han sido aprobadas, cosa que nos complace-, pero lamentamos que, debido en primer lugar a la enorme dependencia de factores exteriores de las producciones agrícolas primarias, habíamos propuesto que se incluyera una disposición que reflejara dicha especificidad, descartando la aplicación de esta directiva a los productos agrícolas en el caso de daños producidos por catástrofes naturales o accidentes. Asimismo, pensamos que dicho régimen no debería utilizarse en modo alguno como instrumento de comercio desleal por parte de clientes a veces exclusivos de productores agrícolas.
En el marco de la evaluación que debe hacerse de la directiva, más específicamente respecto a los sectores agrícola y rural, espero que efectivamente haya propuestas que vayan en este sentido, porque entonces las especificidades vinculadas a la agricultura aparecerán claramente ante todo el mundo.
De modo más genérico y para el conjunto de la directiva, nuestro Grupo -y hablo aquí en nombre del Grupo ARE- no podrá seguir la propuesta de la Sra. Roth-Behrendt en lo que consideramos en nuestro análisis, desgraciadamente, como una inversión de la carga de la prueba. Corresponde a la víctima demostrar que un producto perfectamente identificado le ha perjudicado. Por el contrario, nuestro Grupo considera, al igual que la ponente, que la duración de la responsabilidad debería ser superior a los diez años previstos por la Comisión.
Por último, nuestro Grupo también apoyará la puesta en tela de juicio que hace la Sra. Roth-Behrendt de la exoneración de responsabilidad en cuanto a los riesgos de desarrollo, exoneración que, en nuestra opinión, no está justificada en el contexto del principio mismo de responsabilidad sin culpa, vinculado al acto de comercializar un producto.

Whitehead
Señor Presidente, no quiero proseguir el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos acerca de la conveniencia o no del presente informe. Probablemente, mi colega la Sra. Roth-Behrendt es una jurista igual de buena que cualquier otro miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que resulta apropiado que haya intentado presentar enmiendas sustanciales a la propuesta de la Comisión. Sin embargo, esta circunstancia no significa que todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor debamos mostrarnos completamente de acuerdo con ella.
El motivo es muy simple. Existen ventajas e inconvenientes en la posición en que nos encontramos tanto la Sra. Roth-Behrendt como todos aquellos de nosotros que, como la anterior oradora, formamos parte en su momento de la Comisión temporal de investigación de la EEB. Con el informe del Sr. Medina tuvimos la oportunidad de presentar, en una situación de crisis, una reforma simple destinada a incorporar los productos primarios a los productos que debían ser objeto de esta directiva. Teniendo en cuenta todo lo que aprendimos durante el escándalo de la EEB, y teniendo en cuenta todo lo que sabemos ahora de los riesgos que pueden entrañar durante años y años los productos primarios, resulta probablemente adecuado que la Comisión presente esta propuesta y que nosotros intentemos mejorarla en la mayor medida posible.
No obstante, debo expresar un punto de vista ligeramente discrepante acerca de si han sido exagerados o no nuestros esfuerzos por mejorar y ampliar esta propuesta. Estoy de acuerdo con la ponente en que no es suficiente el límite de diez años y en que los límites establecidos inicialmente por lo que respecta a la cuantía de los daños eran inadecuados en función del contexto en el que se redactó este informe, durante el terrible escándalo de la EEB. Por este motivo, estoy a favor de ese grupo de enmiendas. Quisiera elogiar a la Sra. Roth-Behrendt por el intento que ha hecho a última hora de incorporar compromisos. Mis problemas, y ella lo sabe, están relacionados con la carga de las pruebas, tal como queda fijada en estas enmiendas, así como con la cuestión del riesgo de desarrollo.
Por lo que respecta a la carga de las pruebas, y contemplando ahora la enmienda n- 12, si bien usted afirma que es posible confirmar una relación de causa en caso de que se demuestre que es lo suficientemente probable, yo no estoy seguro de los límites entre causalidad y casualidad en los que le coloca a usted esta afirmación. El problema reside en que, independientemente de las dificultades que pueda entrañar la prueba de los daños, usted debe ser capaz de demostrar que un determinado producto ofrecido por un determinado productor ha ocasionado un determinado tipo de efectos. Es posible que necesite más tiempo para lograrlo, pero lo que no puede hacer es dejarlo en poder de la deducción. He aquí uno de los problemas que plantea la enmienda n- 12 en su formulación actual.
Mi última cuestión está relacionada con el riesgo de desarrollo, al tratarse de una medida de emergencia que hemos introducido a toda prisa. El problema radica en la necesidad de examinar con todo detalle los Estados miembros y sus legislaciones en materia de responsabilidad con el fin de saber a dónde nos llevará el hecho de incluir o no este riesgo de desarrollo. El momento más adecuado para aclarar este punto llegará con la revisión del año 2000.
Dicho todo esto, sospecho que en representación de una minoría de la Comisión de Medio Ambiente, me gustaría expresar mi admiración por la labor que ha llevado a cabo la ponente.

Grossetête
Señor Presidente, Señorías, hoy tenemos que hablar de la inclusión de los productos agrícolas en el campo de aplicación de la Directiva 85/374/CEE relativa a la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos.
La propuesta de la Comisión es buena, ya que responde a una petición del Parlamento tras la crisis de las vacas locas. Asimismo permite descartar los problemas de definición de los productos transformados y de los productos agrícolas que teníamos precisamente en la aplicación de dicha Directiva. El problema es el informe Roth-Behrendt. Bajo pretexto de generosidad y basándose en el aspecto emocional vinculado a la EEB, la ponente modifica totalmente el fondo de la directiva de 1985: inversión de la carga de la prueba, supresión de la cláusula de desarrollo científico, supresión o ampliación del plazo de recurso de la eventual víctima, etc.
Las propuestas de la ponente rompen el equilibrio entre protección de los consumidores y seguridad jurídica de los operadores económicos. Sin duda, la ponente ha hallado muchas dificultades -por cierto, el debate de este informe se ha ido aplazando sucesivamente- y la ponente ha intentado suavizar sus propuestas. Nos propone enmiendas supuestamente de compromiso, pero ¿de qué compromiso se trata? De todas maneras, no hay compromiso con otros Grupos políticos, sólo está la firma de 29 diputados en favor de algunas enmiendas.
Todo esto no es más que pura demagogia por la cercanía de una campaña electoral; no olvidemos que los consumidores son gente responsable, muchas veces también son productores, y saben que no hay que modificar el equilibrio de la directiva de 1985. Se corre el riesgo, por lo demás, de saturar los tribunales, que tendrán muchas dificultades a la hora de interpretar jurídicamente la mayoría de las enmiendas, que son, como mínimo, contradictorias y poco claras.
Por otro lado, ¿quién ha calculado las implicaciones financieras de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt? Si se examinan estas implicaciones financieras, nos daremos cuenta de que son desmesuradas, y no nos atrevemos a imaginar las consecuencias no sólo para los sectores de punta -como el sector de los medicamentos y el sector de la investigación-, sino también para todas nuestras PYMES y PYMI, y para nuestros agricultores, de los que tanto se habla hoy en este hemiciclo.
Por lo que más quieran, esperemos a que la Comisión nos comunique el Libro Verde sobre la aplicación de la directiva. Es sabido que la Comisión debe presentarnos dicho Libro Verde, tras una exhaustiva consulta con los diferentes socios, y también es sabido que la fecha límite para presentarnos ese Libro Verde es el 1 de enero del 2000, que es en cualquier caso una fecha muy cercana. Parece, por otro lado, que la Sra. Roth-Behrendt ha olvidado completamente la consulta con los socios en este ámbito.
Así pues, por todas estas razones, que me parecen especialmente graves, el Grupo del Partido Popular Europeo desea que no se actúe con precipitación, que no se decida con apresuramiento la modificación del contenido de una directiva tan delicada como ésta. Por ello el Grupo del PPE votará en contra de todas las enmiendas presentadas por la Sra. Roth-Behrendt.

Olsson
Señor Presidente, la propuesta para ampliar la directiva a las materias primas agrícolas partió del Parlamento, y es un motivo de satisfacción que haya salido adelante. Con la ambición que le caracteriza en su actividad política, la Sra. Roth-Behrendt ha aprovechado la oportunidad para referirse no solamente a ésta, sino también a otras cuestiones. Creo que quizás se trate de una libertad que debamos tomarnos, ya que este planteamiento nos permite ejercer una influencia política. Me gustaría pasar a comentar algunas de estas cuestiones.
Por lo que respecta al aumento de 70 a 140 millones de ecus en lo relativo a los límites máximos de responsabilidad, propuesta recogida en la última enmienda, creo que es merecedora de nuestro apoyo. Del mismo modo, podemos también apoyar en un principio la ampliación del plazo de prescripción, ya que los períodos de incubación son largos, y todo ello requiere mucho tiempo.
Aunque quizás ahora no se invierta la carga de la prueba, la propuesta a este respecto es muy interesante, ya que, en cualquier caso, distribuye dicha carga de manera distinta que hasta el momento. Yo prefiero actuar en apoyo del ciudadano de a pie en su lucha contra las grandes empresas, lo cual resulta algo necesario. Por otra parte, no sabemos a ciencia cierta los efectos que puedan derivarse de una modificación de estas características, es decir, las repercusiones que pueda tener en la vida económica. Lo mismo se puede decir del riesgo de desarrollo. La industria, al igual que el sector agrícola, han de saber lo que hacen también cuando desarrollan nuevos productos. No obstante, en todo momento debe existir un riesgo, ya que, en caso contrario, no se lograría nunca ningún avance.
En el informe de la Sra. Roth-Behrendt no se aclaran de manera suficiente estas dos propuestas. Por este motivo, me gustaría remitirme a la enmienda 9, en la que se establece que la Comisión presente cada cinco años un informe al Parlamento y al Consejo. El primer informe deberá presentarse, a más tardar, antes de que concluya el año 2000, y está previsto que, al mismo tiempo, se lleve a cabo una revisión general de esta directiva.
Ahora espero que la Comisión tenga verdaderamente en consideración este debate y -aunque no prosperaran- también las propuestas, y que estudie las repercusiones de estas enmiendas, para, posteriormente, poder someterlas nuevamente a debate en esta cámara.

Cabrol
Señor Presidente, Señorías, se nos presenta una propuesta de la Comisión Europea que tiene por objeto, tengámoslo muy en cuenta, extender a las materias primas agrícolas y a los productos de la caza las disposiciones comunitarias relativas a la responsabilidad sin culpa en los productos defectuosos.
Me gustaría en primer lugar resaltar que la ponente se excede en su misión pues se arroga una iniciativa legislativa. A ella le gustaría recoger todas las disposiciones relativas a productos defectuosos, y no solamente a productos agrícolas, cosa que no me parece muy honesta, y menos aún cuando la Comisión Europea prepara para el próximo año una revisión de esta directiva sobre productos defectuosos y que algunos Estados miembros -como concretamente en el caso de Francia- acaban de introducir la directiva general en su legislación particular.
La ponente quiere también revisar y modificar algunas condiciones ya incluidas en la anterior directiva. Insistiremos sólo en dos de ellas. En primer lugar, la ponente suprime la noción de responsabilidad objetiva, lo que implica que la víctima del producto defectuoso no tiene que probar el vínculo de causalidad entre el defecto del producto y el daño producido para que surja la responsabilidad del productor.
En segundo lugar, ella quiere poner en tela de juicio la cláusula de exoneración llamada «de riesgo de desarrollo», lo que significa que un productor sería considerado responsable, incluso cuando el estado de los conocimientos científicos y técnicos en el momento en que el producto se ha puesto en venta no le hayan permitido en modo alguno descubrir la existencia del defecto.
Señora Roth-Behrendt, si da usted a sus hijos un producto y, tras habérselo dado, descubre que no está bien, aunque usted no tuviera ninguna prueba, ¿cambiaría todo esto?
Esta cláusula de exoneración fue aprobada por algunos Estados miembros para desarrollar así su potencial de investigación farmacéutica. La supresión de esta cláusula de exoneración por parte del Parlamento Europeo supondría una deslocalización de la investigación y de la innovación europea a otros países de la competencia, que no hayan aceptado tal disposición, o que aún favorecen la cláusula de exoneración. Esto significaría un retraso en la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión Europea utilicen ciertos medicamentos y un previsible rechazo de las compañías de seguros a la hora de cubrir ese riesgo.
Esta cláusula de exoneración fue, por cierto, consagrada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en sentencia de 29 de mayo de 1998. En ese momento, prescindir de ella no le pareció al Tribunal realista ni razonable. El mantenimiento de esta cláusula de exoneración se justifica tanto más por cuanto no deja a la víctima sin posibilidad de recurso, puesto que podrá ampararse en los derechos reconocidos por los regímenes de responsabilidad contractual, extracontractual o social; éste es lo que dice el artículo 13 de la Directiva del 25 de julio de 1985.
Debido a estas dos modificaciones y a otras muchas sobre las que no insistiremos y que, recordémoslo, rebasan el marco de la misión confiada a la Sra. Roth-Behrendt, al haberse arrogado la ponente el derecho de iniciativa legislativa de la Comisión Europea, estas modificaciones no aportan mayor protección a los consumidores sino que amenazan seriamente a los productores y podrían acarrear graves repercusiones sobre la precaria economía de algunos y sobre el empleo; por ello nuestro Grupo no votará a favor de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt.

Breyer
Señor Presidente, nuestro Grupo político acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión, pero sobre todo también el informe realmente exigente y valiente de la Sra. Roth-Berendt, ya que es el único que permitiría extraer las debidas consecuencias del escándalo de la EEB. Por esto nos parece particularmente lamentable que la mayoría del Parlamento Europeo se niegue a hacer suyas las propuestas de la ponente y que dicha mayoría, en particular los dos grandes Grupos políticos, se deje utilizar, por el contrario, por la industria. Las objeciones que se han planteado últimamente, motivadas por el riesgo financiero para las empresas, me parecen absolutamente incomprensibles.
Si la agricultura declara que quiere ser una empresa, también debe actuar como tal. En efecto, el objetivo que se persigue es crear, mediante la responsabilidad por los productos defectuosos, un instrumento que permita que la industria y la agricultura asuman sus propias responsabilidades. No podemos crear subvenciones indirectas, liberando a dichas empresas de esta obligación. Uno de los principios de un estado de Derecho tiene que ser, sin duda, que las víctimas potenciales -que son los consumidores- gocen de mayor protección que los causantes potenciales del daño, o sea, justamente la industria.
Si de lo que se trata es de imponer un mayor rigor en relación con la responsabilidad, esto tendría que traducirse en la supresión de cualquier posible excusa. Esto habría ofrecido una protección al consumidor. Lo que ahora se pretende hacer es diluir el informe. Es cierto que el resultado siempre será preferible a la práctica actual y, por consiguiente, vamos a votarlo afirmativamente, con grandes retortijones, pero no representa una mejora para los consumidores. Al contrario, permitirá que en adelante los abogados se hagan de oro y por esto me parece tan lamentable que no nos sea posible hacer efectiva de una vez la protección de los consumidores y el principio de prevención que siempre invocamos, ni tampoco la responsabilización de la industria que continuamente se reclama en otros contextos.
Permítanme que manifieste una vez más mi sincero agradecimiento a la ponente, que ha hecho un esfuerzo realmente ambicioso, aunque la enmienda de compromiso ha quedado demasiado diluida a mi parecer. Es muy lamentable que el Parlamento Europeo no sea capaz de dar verdadera prioridad a la protección del consumidor. Yo creo que esto era lo mínimo que debíamos intentar conseguir desde esta Cámara. No es admisible, señora Grossetête y señor Olsson, que siempre defendamos únicamente los intereses de la industria. Hubiésemos tenido que procurar situar realmente en primer plano la protección del consumidor y de las víctimas potenciales; me queda la esperanza de que todavía entren en razón en la votación de mañana.

Blokland
Presidente, hasta el día de hoy se nos informa de nuevos casos de EEB. Por eso, hay una inseguridad creciente entre los consumidores sobre la calidad de la carne. Con este trasfondo es bueno que nos ocupemos hoy de este tema. A fin de cuentas fue con motivo de la crisis de la EEB que se propuso una modificación de la directiva 85/374.
La propuesta de la Comisión intenta dar una solución a la falta de responsabilidad por las materias primas agrarias. Me alegro. Los productores agrícolas son responsables, tal como sus colegas en la empresa privada, de la calidad de sus productos. La responsabilidad por productos defectuosos de las materias primas estimulará el comportamiento responsable de los agricultores. Además, con las modificaciones propuestas se soluciona la incertidumbre de cuándo un producto se ha sometido a la primera transformación o elaboración.
La ponente pide también que se preste atención, aparte de la extensión de la responsabilidad por productos defectuosos a las materias primas agrarias, a algunos puntos débiles relativos a la directiva existente. Ahora que estamos debatiendo esa directiva, soy partidario de que se aborden directamente estas lagunas en la modificación. Eso evita un trabajo doble. Elogio por lo tanto a la ponente por su precisión. Las modificaciones propuestas proveen de mayor protección a los consumidores. Por otra parte, son menos espectaculares de lo que muchas reacciones de los productores nos hacen creer. En algunos Estados miembros se habían llevado a cabo dichas modificaciones hace tiempo. Apoyo esas modificaciones porque soy de la opinión de que la posición de los consumidores y productores debe ser igualitaria. Esto va en beneficio del buen funcionamiento del mercado interior.
Por último, quisiera abordar más de cerca una de esas modificaciones con un ejemplo. Basándose en la directiva actual, es posible que un consumidor compre una lavadora, que inunde toda su cocina. El consumidor puede probar que se trata de un defecto, que tiene daños, y también que hay una relación causal entre el daño y el defecto. Sin embargo, no puede percibir una indemnización porque el productor ya ha pagado el importe máximo de indemnizaciones. Simplemente tiene mala suerte de no haber sido el primero, sino el enésimo que hace la reclamación. Este tipo de situaciones se deben evitar. Abogo, por lo tanto, por una supresión del límite máximo de la responsabilidad.

Hager
Señor Presidente, yo coincido absolutamente con la Sra. ponente en que el consumidor tiene derecho a una plena protección que cubra toda la cadena alimentaria y no empiece a ser efectiva sólo a partir de una determinada fase de transformación. En otras palabras, acojo con satisfacción la propuesta de modificación de la directiva sobre la responsabilidad por los productos defectuosos elaborada por la Comisión tras la crisis de la EEB, por la que se propone extender su ámbito de aplicación a los productos agrícolas fraudulentos.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con las propuestas y enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que tensan demasiado el arco. No me corresponde a mí juzgar hasta qué punto se ha tenido consciencia de las gravosas y casi incalculables consecuencias que esto supondría para la economía, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, así como del atentado contra el Derecho Civil nacional, objetivamente no justificado y en parte contrario al sistema, que ello representa. Yo hubiese deseado otro análisis de la situación. Pienso ahora en los problemas, que ya se han comentado repetidamente, de la carga de la prueba y del riesgo del desarrollo, pero también el de la supresión de la franquicia. Por otra parte, yo creo que el procedimiento que ha seguido la ponente resalta lo bien fundado de la propuesta que presentó el Ministro de Justicia austriaco Michalik en la reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la semana pasada, en el sentido de que el Consejo de Justicia e Interior debería examinar también los temas en materia de justicia que se traten en los demás Consejos, con objeto de controlar el aspecto jurídico de los problemas. Nosotros no podemos apoyar las propuestas de la Sra. ponente.

Lienemann
Señor Presidente, Señorías, la tarea de la Sra. Dagmar Roth-Behrendt era sumamente difícil. Tenía la misión de responder a las expectativas de nuestro Parlamento y de la opinión pública respecto al triste acontecimiento de la EEB, y la simple actualización de la directiva de 1985, al incorporar las materias agrícolas, no podrá obviamente bastar para responder a dichas expectativas. Así pues, sólo podemos lamentar que la Comisión no haya tomado la iniciativa de hacer un listado de los puntos que merecerían ser actualizados rápidamente, para tener en cuenta esta triste experiencia.
La Sra. Roth-Behrendt ha enumerado estos puntos. Tras el debate en comisión, surgieron algunas propuestas que no nos parecían suficientemente equilibradas en lo tocante a algunas preocupaciones que a todos nos afectan: el equilibrio de la defensa del consumidor, que es la prioridad absoluta, pero también la posibilidad de que el productor no sea la víctima digamos de imprevistos y de una visión injusta, sistemática, vuelta contra él, así como también una gran preocupación respecto a la cuestión del futuro de la investigación y el desarrollo.
La Sra. Dagmar Roth-Behrendt ha hecho un esfuerzo de consenso, de compromiso. Ha tratado de hallar lo que podría ser un progreso que no pusiese en entredicho los equilibrios iniciales de la directiva de 1985. En gran medida, considero que sus propuestas van en el buen sentido. Sin embargo, quisiera expresar dos reservas.
No votaremos a favor de la enmienda nº 12, que es ambigua, sobre la cuestión de la carga de la prueba. La Sra. Roth-Behrendt insiste claramente en su explicación y nos dice que no hay inversión de la carga de la prueba, pero las fórmulas que pretenden hacer más fácil la defensa del consumidor y de la persona que ha sufrido un perjuicio nos parecen demasiado vagas en términos jurídicos. Me refiero concretamente a la fórmula: «basta con que la víctima pruebe la existencia del daño y que el vínculo de causalidad sea lo suficientemente probable». En derecho francés, el concepto de «probable» no existe y me parece difícil de definir.
Quisiera simplemente decir también que la cuestión del plazo no puede soslayarse y que si bien los términos de la enmienda nº 13 sobre la definición del vicio oculto o del defecto oculto deben mejorarse, la filosofía que permite que sea posible en ciertos supuestos muy concretos -nunca por norma general- la ampliación del plazo, me parece necesaria y, en primera lectura, el Parlamento debe afirmar esta voluntad de diálogo para alcanzar una situación satisfactoria para todos.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Señora Roth-Behrendt, ya que ella ha explorado con mucha creatividad y ingenio, como corresponde a un parlamentario auténtico, los límites de la propuesta que nos mandó la Comisión Europea. Eso significa también que uno puede topar con problemas imprevistos. Realmente no estoy de acuerdo con los miembros de la Comisión jurídica que dicen que algunas enmiendas son improcedentes. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque pienso que el Parlamento Europeo, gracias al hecho de que siempre hemos explorado los límites, ha sabido encontrar también una gran cantidad de soluciones. Eso es lo primero.
Veamos el contenido. Acabo de decir que también se puede ir demasiado lejos. Estoy muy de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de incluir las materias primas agrarias también en el ámbito de la directiva. Creo que la Sra. Roth-Behrendt también tiene que estar contenta de que, acertadamente, con eso queden recogidos los resultados de su Comisión sobre la EEB.
Tenemos entre manos una directiva en materia de responsabilidad por productos defectuosos que en 1985, he consultado las Actas para ello, nos obligó también a andar con pies de plomo. Son justo los límites con los que la ponente se topa, y creo que el Parlamento también. Naturalmente hay algunos problemas. Lo que ha señalado la ponente en cuanto a la inversión de la carga de la prueba por ejemplo, la completa integración del riesgo de desarrollo y la ampliación del régimen de responsabilidad, son problemas que deben ser solucionados. Esto no significa que lo podamos hacer en este momento, porque creo que la forma en que se ha debatido la propuesta incluso en nuestras bases respectivas, nos ha demostrado que algunas enmiendas, tal como se han presentado ahora, son todavía inmaduras. Esto significa también que hemos de considerar -se lo pido a la ponente- la propuesta de la Comisión jurídica de incorporar un momento de evaluación, para ver si podemos avanzar con el principio de contradicción y examinar si son necesarias más modificaciones, y si éstas tienen sentido, habrá que contemplar esa propuesta de nuevo.

De Clercq
Señor Presidente, tengo dos objeciones fundamentales contra el informe propuesto y las enmiendas presentadas. El primero es una objeción formal. Me remito al respecto a la opinión de la Comisión jurídica en la cual se propone la improcedencia sustantiva de las enmiendas que la ponente ha presentado. No porque como Parlamento Europeo tengamos que limitar nuestra propia competencia, sino porque se ha de preservar el equilibrio institucional entre las instancias europeas. «Dans la vie il faut connaître ses limites».
La segunda objeción está relacionada con el contenido. Recibimos con alegría la ampliación a las materias primas agrarias, pero las otras modificaciones añadidas que se han presentado en la propuesta de directiva son muy profundas y me pregunto si se ha pensado en las consecuencias. Me pregunto si se ha investigado de antemano cuáles van a ser las consecuencias concretas sobre el terreno de las modificaciones presentadas, entre otras cosas en el ámbito de la carga de la prueba, del plazo de prescripción, la supresión de la exención del resarcimiento de daños o del límite máximo de indemnización.
Me temo que las medidas más severas van a tener un efecto contraproducente. Dicho aumento de la responsabilidad hará desistir a los productores de introducir bienes en el mercado de los que no estén completamente seguros de que están sin defectos. Esto tendrá como consecuencia que también el consumidor se vea perjudicado, dado que el proceso de innovación de nuestras empresas y, por lo tanto, el progreso, correrá el riesgo de ser frenado fuertemente. ¿Qué empresa querrá seguir invirtiendo en investigación y desarrollo si no se la exime del riesgo de desarrollo? Por ello también se verá más mermada la capacidad competitiva de nuestras empresas a nivel mundial, lo que puede tener a su vez una influencia nefasta en el empleo.
Por todas estas razones soy un poco reacio a lo que ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. También como fundamento vale «il faut connaître ses limites».

Buffetaut
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con ocasión de la ampliación de la Directiva sobre la responsabilidad de los productos defectuosos a las materias primas agrícolas y a los productos de la caza, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor creyó oportuno aprobar unas enmiendas, que, por cierto, retomaban disposiciones que habían sido debatidas duramente con motivo de los trabajos preparatorios de la Directiva inicial, para al final ser rechazadas. Me refiero en particular a la inversión de la carga de la prueba y a la supresión de la cláusula de exoneración del riesgo de desarrollo.
Tenemos dos objeciones principales; una sobre el plano jurídico, la otra sobre el fondo y por razones económicas. En primer lugar, cabe interrogarse legítimamente acerca del fundamento de la maniobra que consiste en modificar la directiva de 1985 y no limitarse, en definitiva, al objeto de la propuesta de Directiva que la Comisión nos ha presentado.
En efecto, entre las enmiendas propuestas por la ponente, de la nº 2 a la nº 9 tienen por objeto esta directiva inicial y no la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo que se nos ha presentado. De aprobar dichas enmiendas, el Parlamento, de hecho, tomaría la iniciativa legislativa, que, hasta que se demuestre lo contrario, es una competencia que forma parte del monopolio de la Comisión.
En cuanto al fondo, está claro que las modificaciones que se nos presentan desequilibran de un modo nada razonable las relaciones contractuales, y harían que recayeran sobre las empresas unas cargas -sobre todo de seguros para las PYME- que algunas no podrían pagar.
En cuanto a las enmiendas de compromiso, tampoco me parecen mucho más aceptables. Por un lado, introducen una noción jurídicamente muy incierta como es la del vínculo de causalidad probable, que podría dar pie a múltiples contenciosos y, por el otro, gravan ostensiblemente las cargas de las empresas multiplicando por dos la duración de la prescripción y la cuantía del techo de la responsabilidad. Por último, cabe preguntarse por qué hay que precipitarse tanto, y no esperar al Libro Verde de la Comisión sobre la puesta en práctica de la directiva de 1985.
Por todas estas razones no votaremos a favor de las enmiendas de la Sra. Roth-Behrendt.

Valverde López
Señor Presidente, ante todo deseo expresar mi apoyo a la intervención que ha realizado mi colega la Sra. Grossetête, y también señalar mi total apoyo a la propuesta de la Comisión Europea de extender el ámbito de aplicación de esta directiva a los productos procedentes de la agricultura y la ganadería como una medida para proteger mejor los intereses de los consumidores. Y por otro lado, no podemos apoyar las propuestas contenidas en el informe de la ponente por no considerarlas apropiadas bajo el punto de vista político y por no estar suficientemente justificadas jurídicamente, como han expuesto ya muchos de mis colegas.
Pero de este informe todos debemos sacar algunas experiencias. En primer lugar, no podemos olvidar que, cuando debatimos en su día esta directiva de la responsabilidad por productos, nos dejamos influenciar y dejamos fuera de esta directiva a los productos agrícolas. Hoy tenemos que reconocer nuestro error y rectificar.
En segundo lugar, los servicios jurídicos de algunos grupos de presión, en estos días, han inundado los medios de opinión con afirmaciones que pueden confundir la naturaleza de las instituciones comunitarias y nuestro trabajo, haciendo afirmaciones como que este Parlamento no es competente para presentar determinadas enmiendas. Y este Parlamento -y hay que decirlo muy claro a la opinión pública- no tiene más limitaciones para presentar enmiendas que el propio Tratado, e incluso el Tratado es un Tratado abierto, pues tiene un «artículo ventana» -el artículo 235- que permite al Consejo ampliar competencias si así fuese necesario, lo pidiese la Comisión y lo apoyase el Parlamento.
Por otro lado, el Derecho comunitario -se está repitiendo en estos días- se aplica en paralelo con los Derechos nacionales. Se trata de una afirmación aberrante que viene desmintiendo día a día el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Derecho comunitario es de aplicación prioritaria como está ya establecido.
También tenemos que felicitar al Presidente del Parlamento por haber tomado la excelente decisión de no declarar no admisibles las enmiendas de la ponente, aunque no nos gusten, porque hubiese sido una aberración política y jurídica, y aunque haya tenido que desdecir la opinión de la propia Comisión de Asuntos Jurídicos.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, Señor Comisario, colegas, la ampliación de la responsabilidad sin culpa, como la propuesta por la Comisión, recibe todo nuestro apoyo. Como han subrayado mis colegas liberales antes, tampoco puedo estar de acuerdo con un aumento exagerado de la responsabilidad, como ha propuesto la ponente. Estoy, sobre todo, en contra de la inversión de la carga de la prueba, en contra de la responsabilidad por los denominados «riesgos de desarrollo», y también en contra de la supresión del plazo de prescripción.
Debemos tener en cuenta que en Europa, al contrario que en los Estados Unidos, hemos optado por una amplia legislación para productos. De esa manera, la administración da una especie de garantía al consumidor de que los productos que están en el mercado, cumplen con todas las normas y que son, en consecuencia, seguros y sanos.
Si apoyamos las propuestas de la ponente, entonces optamos por una combinación de una rígida legislación para productos y de una fuerte responsabilidad. Una responsabilidad más fuerte no es factible para el productor en este contexto europeo. No sólo constituiría un gran freno para el proceso de innovación en las empresas, sino también llevaría además a unas primas de seguros impagables para los productores, lo que haría subir a niveles vertiginosos el coste de nuevos productos. Es inaceptable, por ejemplo, para el sector farmacológico donde se buscan constantemente nuevos medicamentos.
Por eso votaremos en contra de todas las enmiendas que tienen por objeto aumentar excesivamente el régimen de responsabilidad.

Thyssen
Presidente, la directiva relativa a la responsabilidad por productos que llegó milagrosamente en la primera fase de la política de consumo, suponía una intervención revolucionaria en el derecho de responsabilidad civil. Pero el hecho de que date de antes del Acta Europea y de antes del Tratado de Maastricht no quiere decir automáticamente que esté anticuada. El perjudicado por un defecto de un producto, tiene derecho a una indemnización por parte del productor desde que existe la directiva, sin tener que demostrar la negligencia, el error o la culpabilidad del productor. Si no hace falta demostrar el error de nadie, entonces siempre queda el riesgo. El riesgo recae, desde la directiva, en el productor del producto defectuoso que sea causa del daño.
Esta gran intervención en el derecho clásico justificaba y justifica que se hayan puesto límites a esta responsabilidad, por querer crear cierto equilibrio: límites de tiempo, un plazo de prescripción y la regulación de los denominados riesgos de desarrollo. No hay ningún argumento de peso para modificar la directiva en estos ámbitos, sobre todo no sin antes haber consultado en profundidad a todos los implicados. Este, por cierto, es también el caso en cuanto a la carga de la prueba.
Desviarse de esos ámbitos tampoco ha sido nunca la petición de esta Asamblea. Lo que hemos pedido, se nos ha concedido. En la Comisión de investigación sobre la EEB hemos partido de la base de que la exclusión de las materias primas agrarias ya no era aceptable ni aceptada socialmente. Entre 1985 y el día de hoy la agricultura misma ha cambiado profundamente y la técnica ha tomado un gran vuelo también en este sector. Pero entre 1985 y el día de hoy también ha habido la crisis de la EEB. Ésta ha afectado a la confianza en la seguridad de los alimentos. También por eso se justifica extender la directiva de la responsabilidad por productos. Constituye una protección complementaria, no lo olvidemos, de la seguridad de los consumidores. Será un estímulo también para volver a ganar la confianza de los consumidores en el sector agrario. En ese sentido, no sólo es en beneficio del consumidor europeo, sino también del sector agrario mismo.

Keppelhoff-Wiechert
Señora Presidenta, señora Ponente, Señorías, reconozco que no pertenezco al grupo de partidarios del informe, pero usted, señora Roth-Berendt, es una mujer inteligente... Supongamos, por ejemplo, que incluyésemos los animales de caza. Todos sabemos que es posible caer seriamente enfermo después de consumir un menú de este tipo, por ejemplo. Una persona cae enferma después de consumir un menú de caza. Enseguida tendré que responder a una serie de preguntas: ¿Dónde fue adquirido el faisán? ¿Quién lo cazó? ¿En qué coto se crió? ¿O quizá voló a través de diversos cotos de caza? ¿O sobrevoló tal vez un espacio transfronterizo? Yo pertenezco a una familia de cazadores que reside cerca de la frontera holandesa. ¿Consumió el faisán semillas en mal estado o tal vez maíz genéticamente modificado? ¿En qué campo? ¿En la propiedad de qué agricultor? ¿O quizá consumió alimentos silvestres en mal estado? Sólo son algunas posibles preguntas, señora Roth-Berendt. Este es un tema muy serio, pero yo creo que tenemos que procurar aclarar al menos la viabilidad práctica de lo que establezcamos.
También tengo algunas dudas en lo que se refiere a la prescripción. Se trata de un tema muy serio, pero cuando usted declara que diez años son un plazo demasiado breve, como profana no me queda más remedio que preguntarle a la jurista: ¿el resultado será que en el futuro el heredero de una propiedad tendrá que asumir de algún modo la responsabilidad por la producción de su antecesor, de su padre, por ejemplo? A mi modo de ver, la Comisión ha presentado sencillamente una propuesta poco madurada, que todavía requiere una considerable elaboración. Ya sé que no podemos imponer limitaciones al derecho de iniciativa de la Comisión, pero sin duda podemos exigirle una propuesta revisada y más adecuada que la que tenemos en estos momentos.
Yo creo que, llegado el caso, desde el punto de vista de la agricultura, es sumamente importante que también se preste mayor atención a las fases previas, al cultivo de semillas seleccionadas, a los productos genéticamente modificados, etc.

Schierhuber
Señor Presidente, Señorías, en mi calidad de representante del sector agrícola, yo quisiera destacar que para los agricultores es muy importante que se establezca una normativa razonable en relación con los productos defectuosos. La exigencia de productos intachables y de alta calidad redunda tanto en interés del consumidor como también de la agricultura. En el contexto de la responsabilidad de los agricultores por los productos defectuosos deberá garantizarse, en todo caso, que los fabricantes de precursores agrícolas -como, por ejemplo, semillas, herbicidas, abonos, piensos, etc.- sean responsables por los daños causados por sus productos, de conformidad con la Directiva 85/374/CEE.
En ningún caso pueden exigirse a los agricultores, en su calidad de productores de materias primas agrícolas, responsabilidades por los precursores defectuosos, puesto que no tienen ninguna influencia sobre los mismos. Por esto es particularmente importante que se establezca de manera explícita que no se entiende por «productor» únicamente la persona que fabrica un producto acabado, sino también el fabricante de una materia prima o de un componente. Es preciso tomar en consideración asimismo en todos los casos que también son materias primas agrícolas y forestales las semillas u otro material genético empleado para su producción. Deben considerarse igualmente como materias primas los abonos, herbicidas y piensos utilizados en la producción de productos agrícolas y forestales. Desde el punto de vista de la agricultura, estos requisitos son absolutamente necesarios para la regulación de la responsabilidad de los agricultores por los productos defectuosos, en interés de los consumidores y de los agricultores.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, Señorías, como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, yo suscribo plenamente la opinión del colega Casini y quisiera señalar que ésta fue aprobada prácticamente por unanimidad por los diferentes Grupos políticos. También quisiera destacar que el Parlamento Europeo ha insistido reiteradamente en muy diversas ocasiones en que necesitamos una regulación jurídica más adecuada y ha planteado como uno de los requisitos fundamentales para la misma la urgente necesidad de que los sectores económicos afectados sean escuchados en el marco del procedimiento legislativo y de que a continuación se proceda a una evaluación de los costes resultantes.
El Parlamento no puede eludir estas exigencias. No voy a entrar a considerar el contenido de las enmiendas de la Sra. RothBerendt. Es posible que sea razonable modificar los límites de la responsabilidad, al menos para determinados ámbitos. Es posible que quizá también sea razonable modificar los plazos de prescripción o introducir alguna modificación en relación con la prueba del daño. No quisiera entrar a valorar ahora estos aspectos. Sin embargo, a mi modo de ver, es urgente e indispensable que las enmiendas que proponemos desde aquí cumplan al menos los mismos requisitos que le exigimos a la Comisión, a la cual corresponde el derecho de iniciativa.
Yo creo que pasar por alto dichas exigencias significa descalificarnos como co-legisladores. No basta con señalar, como se ha aducido repetidamente, que una regulación tal como la concibe la Sra. Roth-Berendt ofrecería una mayor protección al consumidor. Si queremos proteger mejor al consumidor, para tener plenas garantías deberíamos exigir directamente que se deje de consumir o de producir carne. Pero esto sería, sin duda, desproporcionado. Yo creo sinceramente que es necesario que se argumente con mayor objetividad y de manera un poco menos emotiva, lo cual servirá mejor a nuestros fines. Tendremos ocasión de debatir más objetivamente este tema una vez que la Comisión Europea haya revisado su propuesta de directiva, tal como ha anunciado, y entonces podremos reconsiderar todos los presentes argumentos. Ese será el momento oportuno para examinarlos.

Roth-Berendt
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no creo que hoy me sea posible hacer cambiar de opinión a nadie. Cualquiera que piense que es posible persuadir a los demás en un debate de estas características peca sin duda de ingenuidad. Permítanme que responda, no obstante, a algunas de las objeciones que se han expuesto, empezando por las de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Lamento que el Sr. Casini ya no se encuentre aquí, pero están presentes el Sr. De Clerq y la Sra. Mosiek-Urbahn. Me parece curioso que esta objeción proceda de una comisión que no debe examinar tantos textos legislativos como la mía, pero que cuando le corresponde alguno hace exactamente lo que ahora me reprochan a mí, o sea, desarrollar la legislación.
Quisiera recordarles cómo procedieron en el caso de la directiva sobre las patentes. Legislaron sobre aspectos que no figuraban en la propuesta de la Comisión. Y también quisiera recordarles cómo procedieron, por ejemplo, en el caso de la protección de los diseños, en relación con el tema de la armonización de las normas comunitarias en materia de productos diseñados o protegidos. Ustedes introdujeron una norma de compensación absolutamente nueva que no figuraba en la propuesta de la Comisión. ¿Por qué sacan a colación el derecho de iniciativa de la Comisión? Las formas parecen contar más en este caso que la conciencia. Apelan a ésta cuando les resulta políticamente oportuno. No me molesta que argumenten que el contenido de mis enmiendas es equivocado. Podemos debatirlo. Pero la licitud de las mismas es en realidad un nivel de discusión en el que no deberíamos entrar.
Permítanme que añada algunas observaciones sobre el contenido. Quienes afirman que mis propuestas van demasiado lejos, olvidan una cosa: no pueden afirmar de manera consecuente aquí y fuera de aquí, ante sus electoras y electores, que están dispuestos a extraer las debidas consecuencias de la crisis de la EEB, y luego asumir sólo una pequeña parte de las propuestas de la Comisión y negarse a ir más allá. Quien me conozca, sabrá que lo que menos me asusta son las dificultades.
La colega que antes ha manifestado esta opinión, tendría que conocerme mejor. Ella sabe perfectamente que las dificultades más bien me estimulan. No me plantea ningún problema sufrir una derrota en una votación, ni tampoco a mi Grupo político. Nosotros votaremos afirmativamente y podemos justificar los motivos. Evidentemente, puedo entender que algunos colegas consideren que hemos procedido con demasiada precipitación. Desde su punto de vista, sin duda nos estamos precipitando, pues cuando un Estado miembro transpone una norma con diez años de retraso, en 1998 en vez de en 1988, desde luego no desean que al cabo de un par de meses se introduzca una nueva modificación. Este tampoco es el nivel de discusión adecuado.
Yo comprendo que pidan unas consultas exhaustivas. Ya las celebraremos. Sólo nos encontramos en la primera lectura. La Comisión deberá participar ahora en el examen en el Consejo de Ministros si el Parlamento aprueba mañana por mayoría - esperemos que así sea- al menos algunas de las enmiendas, si no todas. A continuación se adoptará una posición común y pueden tener la seguridad de que la Comisión informará a todos los sectores afectados, como la industria y otros, que por otro lado hace tiempo que están influyendo sobre la propuesta, como es lógico, y que también se han entrevistado conmigo. A mí también me parece absolutamente legítimo que se procure conseguir el máximo consenso, pero un consenso que incluya a todos los afectados, no sólo a los de la industria, sino también a las consumidoras y a los consumidores.
Yo no he invertido la carga de la prueba. Quien así lo afirme, no ha entendido mi propuesta. Sólo he modificado la carga de la prueba en el caso de los productos que han dejado de existir. Sigue siendo el perjudicado quien tiene que probar el daño. Mañana tendremos la oportunidad de demostrar que hablábamos en serio cuando declaramos que extraeríamos las debidas consecuencias del escándalo de la EEB y ustedes también pondrán de manifiesto con su voto nominal si sus intenciones eran serias o no.

Monti
Señor Presidente, la propuesta de directiva sometida hoy a debate trata de responder a una recomendación del Parlamento Europeo formulada a raíz de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Se trata de la propuesta de ampliar antes de finales de septiembre de 1997 el régimen de responsabilidad civil sin culpa previsto en la directiva 85/374/CEE a los productos agrícolas naturales y a los productos de la caza. Insisto en esta fecha del mes de septiembre de 1997 que nos fue indicada precisamente por el Parlamento Europeo que nos invitó a actuar con mucha rapidez. La Comisión, por tanto, consideró oportuno presentar su propuesta dentro del plazo indicado y lo hizo el 1 de octubre de 1997.
La directiva de 1985 reconoce a los consumidores el derecho al resarcimiento de los daños sufridos a causa de un producto defectuoso sin tener que probar la culpa del productor. A través de la extensión de este derecho al sector agrícola, la Comisión -quiero subrayarlo- retoma un aspecto ya existente en su propuesta originaria de 1976. Todas las comisiones parlamentarias que han examinado el texto y, en particular, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sostienen este principio. Sin embargo, la comisión competente del Parlamento estima que la propuesta debe ser aprobada previa la inclusión de varias enmiendas que, en definitiva, pueden dividirse en dos grupos. Agradezco asimismo a la ponente, Sra. Roth-Behrendt, el hecho de haber presentado, junto con el Sr. Lehne y otros diputados, unas enmiendas de compromiso que hemos examinado con suma atención.
Las enmiendas del primer grupo están dirigidas a reexaminar sustancialmente la directiva de base de 1985, más allá del objetivo perseguido por la propuesta de la Comisión que se limita a extender la directiva a los productos agrícolas naturales: se trata de las enmiendas 3 a 9 y 11 a 15, sobre la carga de la prueba, el riesgo conexo a nuevos desarrollos, los daños psíquicos, la franquicia, los plazos de prescripción, el límite máximo de responsabilidad y la revisión de la directiva en el año 2000. En el segundo grupo de enmiendas se incluyen las orientadas a precisar algunos puntos que afectan exclusivamente a las materias primas agrícolas: son las enmiendas 1 y 2 sobre la responsabilidad por productos intermedios y medios de producción y la enmienda 10 sobre la obligación de presentar un informe sobre la aplicación de la directiva en el año 2002.
En lo que se refiere al primer grupo de enmiendas, la Comisión comprende las preocupaciones que han inducido a la Sra. RothBehrendt a proponer una modificación sustancial de la directiva de base, más amplia que la propuesta actual y de la recomendación inicial del Parlamento Europeo. Sin embargo, las cuestiones planteadas por las enmiendas 3 a 9 y 11 a 15 requieren un examen más pormenorizado que el llevado a cabo en el informe de la comisión competente. Dicho examen tendría que realizarse en un contexto más amplio que la crisis de la EEB. La Comisión estima que el momento oportuno y el cauce apropiado para hacerlo sería el próximo informe sobre la aplicación de la directiva que la Comisión deberá presentar al Parlamento y al Consejo en el año 2000. Este informe irá precedido por una amplia consulta a través de un Libro Verde, una consulta abierta a todos los sectores implicados. Por lo tanto, confirmo, en particular a la Sra. Grossetête, que publicaremos este Libro Verde el 1 de enero del año 2000. Volverán a examinarse con especial atención dos aspectos horizontales, esto es, los riesgos de desarrollo, desconocidos en el momento de la comercialización del producto y los límites máximos financieros; los demás aspectos que serán objeto de un examen general van a ser los períodos estatutarios de limitación, la localización, la carga de la prueba, las clases de daños cubiertos, etcétera. La importancia de la directiva desde el punto de vista socioeconómico -varias intervenciones lo han subrayado- no permite conformarse con soluciones arriesgadas.
En lo que respecta al segundo grupo -las enmiendas 1, 2 y 10- en nombre de la Comisión, declaro que comparto plenamente sus objetivos. No obstante, las enmiendas resultan, a nuestro juicio, superfluas, habida cuenta de que una correcta interpretación de los artículos 2 y 3 de la directiva del año 1985 que introducen la responsabilidad de todos los participantes en el proceso productivo, incluidos los productores de medios de producción y de productos intermedios, y del artículo 21 -obligación de la Comisión de presentar un informe sobre la aplicación de la Directiva cada 5 años- permite, a nuestro juicio, cumplir plenamente los objetivos indicados. La Comisión, en consecuencia, no puede admitir dichas enmiendas.
Señor Presidente, Señorías, espero que mis consideraciones tranquilicen a los que defienden, con las enmiendas 1, 2 y 10, los intereses legítimos de los agricultores. Asimismo confío en que el Parlamento Europeo apoye este enfoque en la votación de mañana, al objeto de permitir al colegislador, o sea, al Consejo continuar el examen de la propuesta con vistas a una posición común.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Cultura 2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0370/98) de la Sra. Mouskouri, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre la
propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un único instrumento de financiación y de programación de la cooperación cultural (Programa «Cultura 2000») (COM(98)0266 - C4-0335/98-98/0169(COD)).

Mouskouri
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión Europea, estimados colegas, es para mí un gran honor y una gran responsabilidad presentar hoy el informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al programa marco «Cultura 2000-2004».
El inicio de dicho programa coincide con el comienzo del nuevo milenio y señala una nueva era tanto para la Comunidad Europea como para el ciudadano europeo. Probablemente este programa tiene más que ver con los jóvenes europeos, que son los que van a construir nuestro futuro, y tiene como bagaje la gran diversidad de la cultura europea. Por primera vez, mediante este nuevo programa, la cultura está considerada de forma global dentro del marco de un único programa que viene a sustituir a los tres ya existentes.
La propuesta presentada por la Comisión es realmente ambiciosa pero ni es transparente ni tiene un contenido concreto. Por ello, el nuevo programa sería de difícil aplicación y estaría alejado del ciudadano. Con el informe que les presento hoy se ha hecho un esfuerzo para corregir algunas de sus imperfecciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que la cultura no es algo indefinido sino que cuenta con un contenido concreto. Además, hoy más que nunca la cultura constituye una industria multiforme que crea nuevos puestos de trabajo. El ámbito cultural está directamente vinculado con la educación y la formación. La cultura europea, con toda su diversidad, tiene la necesidad inmediata de recibir nuestro apoyo para poder sobrevivir y para poder desarrollarse.
El primer cambio importante está relacionado con un término del título del programa. El término «cooperación cultural» no abarca ni al contenido ni a la estructura ni a los objetivos del nuevo programa. Por eso proponemos el término «política cultural». Así, mediante este programa, estamos poniendo los cimientos de una política realista de la comunidad en el ámbito de la cultura. En cuanto a la estructura del programa, lo que proponemos es un acercamiento cultural por ámbitos con acciones verticales. De este modo las acciones emprendidas serán más acertadas y tendrán en cuenta las diferentes necesidades de cada ámbito cultural y también la realización de sinergias horizontales para poder lograr una mayor cooperación con otros programas.
En cuanto a la aplicabilidad del programa, creemos que deberá haber una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. Por ello, proponemos una comisión consultiva que esté constituida por un representante de cada Estado miembro. Junto a ella funcionará una subcomisión constituida por expertos propuestos por los Estados miembros. De este modo los Estados miembros se implicarán de forma activa en la aplicación del programa. Es necesario evaluar el programa por razones de transparencia y promoción. Por eso proponemos que haya una evaluación periódica de sus resultados por parte de la Comisión en cooperación con los Estados miembros.
También quisiera referirme al desarrollo de los recursos culturales europeos. Con ellos queremos, por una parte, garantizar la difusión del programa a escala nacional y regional de modo que sea asequible incluso para las entidades locales. Por otra parte, queremos que haya una cooperación y una coordinación entre la Comisión y los Estados miembros, algo que es imprescindible para el éxito del programa.
Antes de terminar quisiera señalar otros dos puntos. El primero tiene que ver con los acuerdos de cooperación cultural. Hemos pedido repetidas veces a la Comisión que nos presente una muestra de dichos acuerdos porque todavía no conocemos de forma exacta su contenido. El segundo punto al que quisiera hacer referencia es al presupuesto. El presupuesto presentado por la Comisión es muy exiguo. Con los 167 millones de ecus el programa está condenado al fracaso. Por eso proponemos que se destinen 250 millones de ecus pues creemos que esa cantidad es imprescindible para llevar a cabo un programa tan importante. No olvidemos que el nuevo programa está relacionado con el futuro cultural de Europa y que somos absolutamente responsables de dicho futuro ante los jóvenes europeos.
Señor Presidente, estimados colegas, el Parlamento Europeo ha expresado muchas veces la importancia que concede a la cultura y al futuro cultural de Europa. Al adoptar el informe que les presentamos estamos dando a la cultura la importancia que se merece. De forma paralela, queremos reiterar nuestra voluntad política de reforzar la actividad cultural en la Unión Europea y de crear un ámbito cultural europeo único en el que han de surgir y desarrollarse las particularidades y los valores culturales de nuestros países.

Christodoulou
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Mouskouri por el esfuerzo que ha realizado y por el resultado de su trabajo.
Estimados colegas, éste es un ambicioso programa que está basado en el artículo 128 del Tratado y tengo la impresión que va a ser más importante de lo que ahora nos pudiera parecer. Por esta razón, la presentación de esta acción en forma de programa marco plurianual aspira, basándose en el principio de la subsidiariedad, a lograr mayor cohesión y mayor eficacia. Eso es algo que no es sólo propio de los grandes programas. Es posible que algunos programas que se inician de forma discreta evolucionan en esa dirección. El programa contará un notable grado de flexibilidad y no sabemos exactamente la forma que adoptará finalmente porque las acciones que se van a emprender tienen un carácter novedoso y pionero. El papel del Parlamento Europeo es muy importante porque muchas de las propuestas deberán ser objeto de seguimiento para que las partidas sean empleadas de forma correcta. Por ello, la propuesta de la Sra. Mouskouri de aumentar la financiación de 167 a 250 millones de ecus quiero recordar que no tiene la consideración de ser un objetivo del gasto y que está sometido a las reglas de la buena gestión financiera y al control del presupuesto.
Además, debemos recordar que el marco financiero general no ha sido aprobado todavía, dicha cantidad, usándose de forma correcta y con la agilidad que hemos intentado incluir dentro de las propuestas presentadas, puede que sea un elemento importante para el desarrollo del programa. Una vez que se demuestre que es necesaria una cantidad superior podrán realizarse las adaptaciones pertinentes. En cualquier caso, dicha suma, de acuerdo con la declaración de 6 de marzo de 1995, constituye una referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual. Por consiguiente, la cantidad propuesta no debiera constituir objeto de contraposición entre el Consejo y el Parlamento, o de polarización en el seno del Consejo. Quisiera aclarar que en la Comisión de Presupuestos no hemos aumentado la cantidad propuesta por la Comisión Europea pero, dentro del espíritu de la declaración de 6 de marzo de 1995, habíamos propuesto la posibilidad de revisar dicha cantidad hasta un 20 % en el marco del procedimiento presupuestario anual. Además, si se tuviese en cuenta la posibilidad de cofinanciación, tal cantidad podría ser superior.
Por último, señor Presidente, debemos destacar que dicho programa, que había tardado en formularse por parte de la Comisión, ha tomado finalmente forma, las propuestas han sido presentadas y el excelente informe de la Sra. Mouskouri viene a ratificar y mejorar todo lo que se había propuesto. Es muy importante especialmente para los programas CALEIDOSCOPIO y ARIADNA porque de esta manera no se interrumpe la continuidad de los mismos. Continúan las actividades relacionadas con dichos programas en espera de la aprobación final de las perspectivas financieras generales y, basándose en ellas, creo que todo evolucionará de la mejor manera posible.

Sanz Fernández
Señor Presidente, la propuesta que presenta la Comisión para la creación del primer programa marco de la Unión Europea en favor de la cultura responde a los deseos expresados tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo. Respetando y compartiendo los objetivos de la propuesta de la Comisión, la Comisión de Cultura ha aprobado, sin embargo, modificaciones sustanciales, esencialmente en lo que concierne a la estructura del programa.
La Comisión de Cultura, frente a la indefinición del texto de la Comisión, desea un programa que concrete hacia qué sectores específicos se dirige la acción del programa marco, para que se conozca desde el principio qué peso se va a asignar, durante la acción del programa, a los diferentes sectores culturales -patrimonio, música, literatura, etc.-, porque, tal y como la Comisión ha presentado su propuesta, sería ella, durante la ejecución del programa, la que podría orientar y decidir de forma unilateral, durante los próximos cinco años, la importancia relativa de cada uno de los sectores antes citados.
Sin embargo, sí que aceptamos ciertas innovaciones incorporadas por la Comisión en su texto, como la apertura de un espacio para las acciones horizontales que integre, en un mismo proyecto, actividades de distintos sectores culturales. Por otra parte, a diferencia de la Comisión -que en la defensa de su propuesta es muy crítica con el resultado de los programas actuales-, nosotros pensamos que lo esencial de estos programas debe ser mantenido porque el resultado ha sido satisfactorio, aunque las expectativas despertadas superen con mucho las posibilidades que ofrece el presupuesto de los mismos.
Por este motivo, el Grupo Socialista apoya, junto con la Comisión de Cultura -unánimemente-, la enmienda que pretende fijar un presupuesto, para cinco años, de 250 millones de ecus, frente a los 167 propuestos por la Comisión.
En los últimos años ha habido una regresión en el gasto en programas esenciales en el campo de la acción cultural comunitaria, como es el caso del programa RAFAEL; de tal manera que las expectativas que tenía la propia Comisión Europea para este programa en su propuesta de 1995 han quedado muy lejos de cumplirse en la realidad. En la ficha financiera de aquella propuesta, la Comisión había previsto para 1999 un gasto de 15 millones de ecus. El Parlamento Europeo aspiraba a aumentarlo del orden del 40 %. Sin embargo, la oposición de unos pocos Estados miembros dio, como resultado de la conciliación, un presupuesto muy reducido que supone, para 1999, 8, 8 millones de ecus, lo que resulta muy inferior a los 15 propuestos por la Comisión pero incluso inferior al nivel de gasto en patrimonio cultural en los años anteriores a 1996, es decir, cuando actuábamos sobre la base de acciones piloto.
Pues bien, este era el programa que el Comisario de Cultura consideraba el buque insignia de la acción cultural de la Unión Europea. No hemos tenido, tal vez, entre todos la suficiente fuerza para llevar adelante aquella propuesta.
Los socialistas pensamos que ha llegado el momento en que la cultura y la ciudadanía europea jueguen por fin un papel decisivo en la construcción europea. Por eso, este programa -que no es un programa ambicioso- es importante que sea apoyado, y por eso el Grupo Socialista apoyará las enmiendas y el informe en conjunto presentado por la Sra. Mouskouri, a la que felicito.

Baldi
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo quiero felicitar a la Sra. Mouskouri por la excelente labor realizada, ya que, al objeto de lograr la ejecución de este programa marco en favor de la cultura 2000-2004, ha propuesto un enfoque sectorial que tiene en cuenta las diferentes necesidades de cada sector cultural. Comparto y considero necesario el aumento de la dotación financiera que, cuando menos, debe alcanzar los 250 millones de ecus para permitir la realización de estas acciones. Es fundamental considerar el patrimonio cultural como un recurso sustancial de la Unión Europea que, en el umbral del año 2000, tiene grandes retos ante sí, a saber, el proceso de ampliación, el fenómeno de la globalización, el desarrollo de la sociedad de la información, el empleo y la cohesión social.
El programa marco en favor de la cultura puede fomentar la creatividad, el conocimiento y la difusión de la cultura de los pueblos europeos a través de este enfoque sectorial, cuya flexibilidad favorece la existencia de sinergias entre los distintos sectores artísticos y las nuevas formas de expresión. El programa está dirigido a fomentar la cooperación a nivel regional entre los organismos, los operadores y las instituciones culturales de los Estados miembros, a promover la afirmación de la creación cultural garantizando la vitalidad de los proyectos artísticos y a apoyar las acciones que por su importancia y su carácter europeo permiten resaltar plenamente la cultura europea.
Cierto que las acciones en el ámbito del patrimonio cultural son las más incisivas -también por los costes que conllevan- y, por lo tanto, el hecho de que se incorporen en cuarto lugar me deja algo perpleja.
En el ámbito del patrimonio cultural hay que distinguir asimismo entre patrimonio mobiliario e inmobiliario. Este último requiere más financiaciones que el primero, como queda patente en los presupuestos de cada uno de los ministerios nacionales. El patrimonio mobiliario implica amplios ámbitos de competencia, incluso no especializada, en las intervenciones de restauración.
Por último, el Programa «Cultura 2000», a través de la cooperación entre los Estados miembros, debería destinarse a fomentar la conservación del patrimonio mobiliario e inmobiliario y a establecer las raíces europeas comunes que han determinado las diversidad de las culturas nacionales.

Guinebertière
Señor Presidente, permítame que mis primeras palabras sean para felicitar a Nana Mouskouri por su excelente trabajo, pero una cantante griega no era la persona más indicada para desarrollar esta tarea en el seno de nuestra Comisión.
"Cultura 2000» se refiere a las perspectivas culturales de la Unión en los años venideros y la entrada en el siglo XXI. Suscribo totalmente las nuevas orientaciones de un programa que afirma el papel de la cooperación entre los Estados en este ámbito. ¿Qué proponía la Comisión? Pues retomar en uno solo los programas Caleidoscopio, Ariane y Rafael que han hecho posible que 1.400 proyectos culturales se beneficiaran de un apoyo financiero por parte de la Unión. Diferentes países de la Unión, socios entre ellos, han podido así, a través de manifestaciones culturales y artísticas, poner de relieve la riqueza de nuestro patrimonio, la diversidad de nuestra cultura y el valor de su complementariedad.
Desgraciadamente, hay que destacar que frente a estos 1.400 proyectos con ayuda ha habido 9.000 proyectos propuestos. Les dejo pues que cuenten el número de decepcionados. ¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas, cuando los ciudadanos critican enérgicamente tanto un reparto «para pocos» como las dificultades de acceso para todos? La complementariedad entre el trabajo propuesto por la Comisión y el realizado por Nana Mouskouri, que, por cierto fue apoyado mayoritariamente por el conjunto de la Comisión de Cultura, debería presentar a los Europeos un programa equilibrado que permitiese a los proyectos grandes, medianos y más pequeños poder contar, cada cual a su nivel, con capacidad de existir, cosa que me satisface. Creo que es la mejor vía para una mayor participación y un mejor acceso de todos a la cultura en cada uno de los sectores que la componen.
En una Europa que parece cada vez más dirigida por los banqueros y las sedes bursátiles, ¿acaso no es necesario situar en su justo valor los beneficios de la expresión cultural? La cultura es una yacimiento de nuevos empleos, y ésta es para mí la ocasión de decir lo mucho que lamento que el Parlamento Europeo no haya tenido ocasión de pronunciarse sobre el documento de trabajo de la Comisión «Industria cultural y empleo», que subrayaba la enorme fuente de empleos que debería explotarse sin más tardanza. Los sectores más específicos como el sector audiovisual o el turismo ya han sido, por cierto, claramente identificados como los más esperanzadores en este ámbito.
Para acabar no puedo dejar de mencionar la mundialización de los intercambios y los envites culturales vinculados a ésta, y en este sentido quisiera apoyar una política que debe preservar el respeto y la promoción de la diversidad cultural, tanto para los países de la Europa Central como para los países en vías de desarrollo respecto a los cuales Europa, a través de convenios, mantiene una política de apoyo al sector cultural como componente pleno y entero del desarrollo económico. ¿Acaso no han logrado una nueva victoria los que abogan por la excepción cultural contra la OCDE, decidida como está esta última a tratar cuestiones de inversión sin distinción de productos, y no han acabado doblegándola?
Y para no faltar a mi obligación de parlamentaria, debo decir algo acerca de los medios demasiado restringidos que se dedican a esta política. Espero que los 250 millones de ecus aprobados por la Comisión de Cultura sean aprobados por el Consejo de Ministros. La amplitud de este programa bien lo merece.

Alavanos
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la Comisión y a la dirección competente porque han efectuado la primera elaboración y han concebido una globalización y una unificación de las intervenciones culturales que estaban desperdigadas en buena medida y no se regían por una lógica común ni había una política unitaria en el ámbito de la cultura.
Quisiera felicitar particularmente a la ponente, la Sra. Mouskouri, que creo que ha efectuado una revalorización, una mejora, un desarrollo y una ampliación, si ustedes quieren, de los horizontes de las propuestas de la Comisión. Creo que con una buena cooperación del Parlamento Europeo y de la Comisión podremos obtener un importante resultado en el ámbito de la cultura donde, desgraciadamente, existe una de las mayores carencias de la Unión Europea. Muchas veces nos hemos limitado a carencias sociales o democráticas. Pero ahora nos encontramos ante una carencia de índole cultural y si la construcción de una Europa unida, que dispone de una dimensión multicultural, que tiene pueblos y fuerzas espirituales y artísticas con diversos puntos de partida, que cuentan con distinta historia, con distintas lenguas, distintas experiencias, si esa construcción quiere tener un carácter histórico deberá ir acompañada de un gran florecimiento y de una gran eclosión cultural.
No podemos decir que haya un desierto cultural en Europa pero, desgraciadamente, las actividades culturales, y en especial las que conciernen a la gente joven, se mueven de forma paralela y no convergen con la Unión Europea. Desde este punto de vista deberán producirse iniciativas importantes por parte de la Unión Europea para poder entrar en contacto con las fuerzas de la cultura para que, igual que las resoluciones y la legislación del Parlamento Europeo así como las reglas económicas que adoptamos, influyan en buena medida en la construcción, en el carácter y en la personalidad de esta operación modelo que ahora emprendemos y que tiene un alcance mundial y cuenta con una base histórica.
Por lo demás, estoy de acuerdo con las observaciones de la Sra. Mouskouri. Creo que es muy importante que aumente hasta 250 millones de ecus la partida prevista a apoyar el programa. También es muy importante que haya un registro y una transparencia de las acciones que se lleven a cabo. También quisiera decir que, dada mi experiencia como eurodiputado griego y viendo la decepción masiva de muchos que habían propuesto su participación en diversos programas y la falta o la escasez de recursos no se lo han permitido, es muy importante dar la posibilidad a un mayor número de fuerzas culturales y liberarlas de un exhaustivo control burocrático por parte de la Unión Europea sin que ello signifique la ausencia de transparencia y control económico.

Kerr
Señor Presidente, en primer lugar, querría felicitar a Nana Mouskouri por su excelente informe. Si ya goza de renombre en el mundo de la música, ahora también lo hará en el ámbito de la política cultural de Europa. Como presidente de «Amigos de la Música», he ofrecido un gran apoyo y he trabajado en comisión con la Sra. Mouskouri en lo relativo a esta cuestión. De manera especial, me gustaría rendirle homenaje por el apartado relacionado con la política en el ámbito de la música. La música es muy importante en la Unión Europea. La industria de la música emplea a cerca de 350 000 personas y registra un facturación anual de más de 15 000 millones de ecus. Este informe contribuirá a reforzar estos datos en términos de formación, educación -algo muy importante- y promoción de proyectos musicales, ámbito éste último en el que el Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa con proyectos como el de la Orquesta joven europea. Con el fin de ver por mí mismo estas iniciativas, me desplacé recientemente a Baden Baden para asistir a una representación de la Ópera joven europea, y pude comprobar que es todo un éxito. Asimismo, vamos a fundar por primera vez una orquesta europea de jazz, la «European Youth Jazz Swinging Europe», a la que deseo desde aquí mis mejores deseos.
Resulta evidente que, como ya señala Nana Mouskouri en su informe, se necesita más dinero. Debemos financiar los proyectos europeos, tanto los grandes como los pequeños. Podremos conseguirlo si logramos un incremento del presupuesto. Debemos tener en cuenta los buenos consejos de la Federación europea de las artes y el patrimonio, que acaba de elaborar un informe de su congreso. Espero que el Comisario Oreja lo haya leído y que responda también a las excelentes propuestas que nos ofrece esta organización.

Féret
Señor Presidente, como ciudadano europeo que soy me felicito evidentemente por la creación de un nuevo instrumento de financiación para la cooperación cultural en Europa. ¿Acaso la Comisión ha tomado por fin consciencia del hecho capital de que Europa es algo más que una gran zona de libre intercambio de mercancías?
Sin embargo, la sombra que se cierne sobre este panorama es considerable. El presupuesto previsto de 167 millones de ecus para cinco años es totalmente ridículo. Comparto íntegramente el punto de vista de la ponente que reclama cada vez más fondos -250 millones de ecus- con un reparto que privilegie la valorización de nuestro patrimonio europeo, una mayor participación y un mejor acceso de los ciudadanos a las acciones culturales, y que considera que la cultura es un factor de afirmación de nuestra identidad frente a terceros.
Gracias a la Sra. Mouskouri, los hijos de Atenea que todos somos, ya no estamos huérfanos. De ahí que vote sin reservas y con entusiasmo a favor del informe. Esta votación, junto a la creación del euro y la ampliación de la Unión Europea a los países del Este, me parece la más importante desde que soy diputado en este Parlamento.

Tongue
Señor Presidente, como a todo el mundo, también a mi me gustaría rendir homenaje a la ponente por la ardua labor que ha realizado. Desearía agradecer igualmente a la Comisión que haya hecho realidad esta propuesta para dotar a la cultura de un marco único, reflejando así la voluntad política recogida en el artículo 128. Como han dicho todos, ya es hora de que sigamos un criterio común y coherente, y que persigamos algunos objetivos comunes en el ámbito de la política cultural de la Unión Europea que logren otorgar un valor añadido a las acciones emprendidas por los propios Estados miembros. Es hora de que defendamos con claridad nuestros esfuerzos comunes en el ámbito de la cultura y, en este sentido, apoyo sin reservas lo que ha afirmado el Sr. Alavanos.
Debemos entablar un debate más amplio, ya que una sola sesión no ha sido verdaderamente suficiente. No podíamos dejar de lado sin más los programas Ariane, Rafael y Caleidoscopio, y nos hemos visto obligados a reconciliar objetivos aparentemente contradictorios. Por una parte, este Parlamento ha afirmado con razón que debemos apoyar numerosos proyectos y agentes pequeños porque son aquellos que vemos en el día a día. Por otra parte, debemos tener mucha más visión de futuro, de manera que la política cultural sea perceptible en todas las actividades comunitarias. Se trata de un objetivo muy difícil cuando únicamente el 17 % de las medidas culturales procede de este programa. Como sabemos, las grandes sumas de dinero que se destinan a la cultura provienen principalmente de los Fondos estructurales.
Así pues, lo que Nana Mouskouri ha intentado, y por lo que se ha ganado el respaldo de nuestra comisión, ha sido no sólo desarrollar de la mejor manera posible los programas Ariane, Rafael y Caleidoscopio, sino también reflejar los puntos de vista de la Comisión con vistas a crear una perspectiva horizontal que tenga en cuenta la misma propuesta que la Comisión ha hecho para lograr la creación de redes, iniciativas interdisciplinarias y grandes proyectos simbólicos.
En mi circunscripción electoral tiene lugar la denominada Universidad de verano de East London. A pesar de que se trata de uno de los acontecimientos culturales y educativos más impresionantes de todo Londres, siempre ha nadado entre dos aguas sin conseguir acceder a financiación. Se trata justamente de un esfuerzo que debe y puede ser objeto de apoyo de acuerdo con el carácter de las propuestas que estamos presentando. Así pues, estamos sugiriendo un compromiso en el que se acoja lo mejor del pasado, pero sin dejar de hacer hincapié en las actividades culturales europeas por medio de grandes proyectos. Confío en que podamos encontrar un acuerdo entre las instituciones. Esta cuestión ha de representar uno de las piedras angulares de la Europa de los pueblos, es algo de vital importancia. Siempre he dicho que la Unión Europea no puede vivir únicamente de su comercialismo.

Vaz da Silva
Señor Presidente, un programa marco para la cultura es un paso al frente en el sentido de afirmar el papel de motor y pivot que debe ser el de la cultura en el proceso de construcción de Europa. Europa necesita definirse en pro de una política cultural que atraviese horizontalmente todas las políticas. Ésa debe ser su imagen de marca para el próximo siglo.
El programa CULTURA 2000 de la Comisión presentaba aspectos muy positivos, como la plurianualidad y la integración de sectores, y algunas lagunas graves. El informe Mouskouri procuró atenuar las lagunas con mucho trabajo y con espíritu constructivo, que reconozco y acojo con beneplácito, pero dejó de lado aspectos que me habría gustado ver incluidos, de los cuales citaré dos: el presupuesto y la diversidad cultural.
El reciente descubrimiento hecho por las instituciones europeas de que la cultura promueve el desarrollo social, la cohesión interna y la ciudadanía, y da relieve público a Europa en el exterior, no tiene, inexplicablemente, plasmación en el presupuesto que se le atribuye, que resulta ridículo. Constituye un error pensar que dar un puñado menos a la cultura tiene como única consecuencia hacer un puñado menos de proyectos. La cuestión es la siguiente: o se da lo suficiente para crear masa crítica a fin de que la cultura dé sus frutos, creando calidad personal y social, o lo que se da no pasa de ser mijo para gorriones.
Una Unión Europea digna de su historia y consciente de los imperativos que debe afrontar, como la ampliación y la competencia mundial, debe invertir con decisión la lógica que rigió su crecimiento. Es hoy -y no más adelante- cuando la Unión Europea debe reconocerse a sí misma como Unión Económica y Cultural. Y debe afirmar esa voluntad política asignando al presupuesto de cultura un porcentaje realista del presupuesto comunitario. Para empezar, un mínimo de 250 millones. Ésa sí que será una señal que las personas comprenderán.
En cuanto a la diversidad cultural, no se puede tratar la cultura como algo estático y definido de una vez y para siempre. Está siempre en movimiento y no conoce fronteras. Para desempeñar un papel útil, el programa europeo para la cultura debe ser amplio y flexible a fin de poder...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Hawlicek
Señor Presidente, permítame que agradezca en primer lugar a Nana Mouskouri el esfuerzo que ha invertido en este trabajo sobre el programa Cultura 2000. Yo me sumo sobre todo a su petición principal, concretamente la de un incremento de los recursos previstos. En efecto, si nos tomamos en serio el contenido de dicho programa en el ámbito de la cultura -y éste es el deseo y la petición que yo quiero manifestar a la Comisión-, o sea, el reconocimiento de que la cultura es un objetivo central en el marco de la integración europea, como valor fundamental para Europa y fuerza impulsora de la sociedad, entonces parece un coste francamente bajo elevar los recursos hasta 250 millones de ecus tal como pide nuestra Comisión. El actual porcentaje de un 0, 003 % del presupuesto es absolutamente vergonzoso y frustra las aspiraciones de muchos operadores culturales cuyas solicitudes no se pueden tomar en consideración.
Antes de acabar, yo quisiera destacar asimismo el compromiso de nuestro Presidente, Peter Pex, que intervendrá a continuación, de toda la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, y también del Presidente del Consejo, Peter Wittmann, que en la reunión informal del Consejo de Ministros de Cultura celebrada en Linz ya intentó persuadir a sus colegas de la necesidad de que se incremente el presupuesto. Sólo me queda esperar que el Consejo de Ministros de Cultura del 17 de noviembre acepte dicho incremento y podamos lograr así una primera posición común.
También apoyo igualmente las enmiendas de la colega Mouskouri por las que se propone la clasificación sectorial del programa, a semejanza de los programas anteriores, y sobre todo la subvención de las redes culturales, de proyectos pequeños y proyectos innovadores, las subvenciones para proyectos a largo plazo y una amplia participación de los grupos de población culturalmente desfavorecidos.

Stenzel
Señor Presidente, «si tuviera que volver a empezar de nuevo, yo empezaría por la cultura». Esta frase del gran político europeo Jean Monet ya pone de manifiesto la enorme importancia de la cultura para la tarea de la unificación europea. La Unión Europeo no es sólo una comunidad económica, sino también una comunidad de valores, que agrupa a una diversidad de lenguas y culturas. Es preciso hacer de Europa un concepto perceptible y compresible. Por esto yo acojo con satisfacción la participación de los ciudadanos en las acciones culturales, tal como propone el excelente informe que hoy se debate. Éste presta asimismo la debida atención al reconocimiento de los aspectos de la cultura vinculados a las políticas de empleo a escala europea.
Para la subvención de acontecimientos y proyectos culturales realizados en asociación o en forma de redes, se establece como requisito la participación de al menos tres Estados miembros. Es preciso tener en cuenta, no obstante, que la Comisión deberá ofrecer la infraestructura necesaria con objeto de que la búsqueda de socios no se convierta en un obstáculo insuperable. Una mejora del servicio a través de Internet y de bancos de datos podría ser una ayuda para los solicitantes, al igual que una mayor transparencia y una mayor información sobre los programas.
La propuesta de la Comisión, con un presupuesto de 167 millones de ecus anuales, resulta sin duda insuficiente para que estas propuestas puedan llevarse a la práctica. Sin embargo, el montante de 250 millones de ecus anuales que solicita el Parlamento Europeo también es probablemente demasiado escaso, si se compara con las cantidades que se destinan a otros programas. El informe prevé acertadamente la consulta con los operadores culturales con vistas a la aplicación del programa. También se deberá promover la creación de polos culturales europeos en los Estados miembros, que garanticen un enlace permanente con las diferentes instituciones de apoyo. Con ello se habrá sentado otra base importante para una política cultural europea de amplio alcance.

Pex
Señor Presidente, naturalmente yo también deseo felicitar a la Sra. Mouskouri por el resultado de su gran empeño y por el trabajo que ha realizado por el futuro de la política cultural, porque de eso se trata hoy. También felicito a los miembros de la Comisión de Cultura por el hecho de que, gracias a su empeño y cooperación, hayamos llegado en un tiempo récord al debate de esta importante propuesta. Por último, felicito al Comisario Oreja y a sus funcionarios por el creativo trabajo que han realizado en la preparación de esta toma de decisión.
Pero en realidad, el trabajo sólo empieza hoy. Lo que necesitamos es una buena cooperación institucional para llevar a cabo las propuestas políticas que fijemos hoy. Esto me preocupa enormemente. Porque de hecho tenemos tres propuestas. Una propuesta de la Comisión, una propuesta del Parlamento y este fin de semana he visto también una propuesta del Consejo que se desvía claramente de lo que se ha oído esta tarde aquí.
También las intenciones del Consejo en relación con el presupuesto me están preocupando. ¿Qué se hace con nuestras buenas intenciones? Yo veo que la política cultural debe convertirse en el eje de la política europea. Me atrevo a formular la tesis de que sin una buena política cultural corren peligro la profundización y la ampliación de la Unión Europea. Por eso tendremos que colaborar también con las instituciones culturales de Europa, ellas son las que tienen el conocimiento y la energía de llevar a cabo los planes políticos.
Espero que el Comisario diga después que quiere convencer, conjuntamente con nosotros, al Consejo para conseguir posteriormente en un intento de conciliación un buen resultado y no llegar a la triste situación de tener que rechazar la política y, al final, tener que elegir entre lo que en neerlandés decimos: ¿qué es mejor, medio huevo o un cascarón vacío? Espero que podamos llegar a un acuerdo entre todos y que, antes de Navidades, lleguemos a un buen resultado.

Oreja
Señor Presidente, señoras y señores diputados, señora ponente, yo quiero felicitar en primer lugar a la Sra. Mouskouri así como a la Comisión de Cultura por este informe. Es un trabajo bien hecho, un trabajo detallado, que pone de manifiesto la importancia que el Parlamento concede al sector cultural y demuestra su voluntad de consolidar un modelo europeo de sociedad, en el que la cultura ocupe el importante lugar que le corresponde. Y en ese sentido, conviene desarrollar un marco comunitario que permita apoyar ese sector tan sensible y tan importante para lograr una mayor participación de los ciudadanos en la construcción europea.
Siguiendo la letra y el espíritu del artículo 128 del Tratado, el objetivo del programa marco es poner de relieve un espacio cultural común destinado a fomentar la creación, la cooperación y los intercambios, salvaguardar y dar a conocer el patrimonio común de interés europeo y la historia de los pueblos europeos, así como estimular la difusión de las culturas de los Estados miembros. El programa marco parte de una visión global y transparente, y en relación con los programas culturales de la primera generación presenta unos objetivos y una estructura más general y -creemos- más completa.
Pasando a las enmiendas, la Comisión puede aceptar la mayoría de las 31 enmiendas presentadas por el Parlamento. En particular, acepta la totalidad de las enmiendas 2, 5, 6, 7, 9, 13 y 21, en la medida en que aportan mejoras al texto de la propuesta de la Comisión. Acepta el espíritu de las enmiendas 12, 23, 28, 29 y 31, y acepta parcialmente el espíritu de las enmiendas 10, 15 y 19. Y por último, acepta en parte las enmiendas 4 y 14, puesto que están en línea con las propuestas de la Comisión.
En cambio, la Comisión desea mantener su postura inicial con respecto a 14 enmiendas, que son las siguientes. En cuanto a las enmiendas 1, 3 y 11, la Comisión no puede aceptar las referencias que se hacen en los considerandos a política cultural y mercado único de la cultura, ya que el Tratado únicamente prevé una acción de apoyo a la cooperación entre los Estados miembros y los operadores culturales y, por tanto, la creación de un espacio cultural común a los europeos.
En cuanto a la enmienda 8, la Comisión quiere mantener la frase completa del considerando, ya que forma parte integrante del texto de la Agenda 2000 .
Respecto a las enmiendas 4 y 14, la Comisión no puede aceptar la referencia a «afirmación de identidad de la cultura europea respecto de terceros países» y prefiere ceñirse a la noción de diálogo con el resto de las culturas del mundo.
En cuanto a las enmiendas 17 y 20 sobre aplicación del programa, la Comisión considera que la cooperación con los Estados miembros es algo que se da por hecho y no debe figurar en el título del artículo 4. Por otra parte, en el marco de su autonomía de gestión, la Comisión procura garantizar consultas constantes con los profesionales y no desea hacer específicamente referencia a ello en el artículo 4.
Por lo que respecta al seguimiento del programa, la consulta al Comité Económico y Social no es obligatoria en materia de cultura. Por tanto, la Comisión no acepta esa referencia ni la relativa al seguimiento del programa, que daría lugar a un procedimiento largo, complejo y costoso.
Las otras enmiendas, aceptadas o rechazadas en parte por la Comisión, se articulan en torno a cuatro temas principales: la tipología de las acciones, el presupuesto, la comitología y las medidas de aplicación.
Respecto a la tipología de las acciones, a que se refieren las enmiendas 15 y 23 -aceptables parcialmente en espíritu- y la enmienda 22 -que es rechazada-, la Comisión comprende la preocupación del Parlamento por asegurar que cada disciplina artística y cultural figure en el programa, y acepta integrar las nociones de acciones verticales y de acciones horizontales en el artículo 2 así como, a título indicativo, en el anexo.
Sin embargo, considera que la atribución de porcentajes del presupuesto a los diferentes sectores culturales puede ser, por un lado, perjudicial para la calidad de los proyectos a subvencionar y, por otra parte, puede hacer que la organización del programa sea demasiado rígida y que sea difícil de gestionar en la práctica.
Respecto al presupuesto -la enmienda 16- la Comisión agradece al Parlamento el haber demostrado de nuevo su interés y apoyo a la acción cultural de la Comunidad. Sin embargo, se ve obligada a recordar que su presupuesto propuesto de 167 millones fue calculado sobre la base de la programación presupuestaria autorizada por nuestras instituciones y sólo puede ser modificado por las dos ramas de la autoridad presupuestaria, el Parlamento y el Consejo.
Respecto a la comitología -la enmienda 18- la Comisión recuerda en este momento que este tema es objeto de una negociación de carácter horizontal en el marco de un acuerdo interinstitucional. La Comisión considera, por otra parte, correcta la propuesta de un comité mixto para garantizar la ejecución del programa marco y no puede aceptar la inserción de un subcomité, que no sigue ninguno de los modelos de comité aprobados por las tres instituciones.
Respecto a las medidas de aplicación -las enmiendas 24, 25, 26 y 27- dichas medidas suelen ser publicadas por la Comisión en el Diario Oficial, trasponiendo, para el uso práctico de los profesionales, los términos de la decisión aprobada por nuestras instituciones.
El Parlamento, al referirse en su texto a una serie de detalles muy específicos de las medidas de aplicación, llegando incluso a fijar los porcentajes que deberán atribuirse a cada ámbito cultural, introduce unos términos que podrían ser perjudiciales para la aplicación del programa, para su eficacia y, en particular, para la simplificación de los procedimientos que quieren tanto los operadores culturales como nuestras instituciones.
Y en cuanto a la reducción de 50.000 a 40.000 ecus de la contribución mínima a las acciones específicas, la Comisión considera que, si bien esta enmienda pretende facilitar el acceso a proyectos culturales de pequeño tamaño, corre el riesgo de incitar a que se presente un número excesivo de proyectos de esa categoría de acciones respecto a los límites presupuestarios y, por tanto, de reproducir la dispersión que se pretende evitar. A la postre, esto provocaría más descontento que satisfacción entre los operadores.
Esta es, señor Presidente, señoras y señores diputados, la postura de la Comisión. Quiero agradecer una vez más al Parlamento su informe; un informe serio, detallado, así como la eficacia que ha demostrado al trabajar en un tiempo récord. Espero que todas esas contribuciones permitan consolidar un programa comunitario ampliamente abierto a nuestros ciudadanos, a nuestros creadores y a los operadores culturales europeos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.27 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Eliminación de obstáculos a los intercambios
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0385/98) del Sr. Skinner, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (COM(97)0619 - C4-0011/98-9348/98 - C4-0441/98-97/0330(CNS)).

Skinner
Señor Presidente, este informe ha sido desde el principio objeto de numerosas controversias que aún no han llegado a su fin. De hecho, no le sorprenderá mi punto de vista de que, en cuanto Parlamento, debemos ser consecuentes. No debemos caer en posturas fáciles, políticas, sino que debemos comprometernos de manera directa y muy sincera para crear algo que beneficie a los ciudadanos y a las empresas de la Unión Europea, apuntalando eficazmente el comercio y la riqueza de la Unión para poder crear empleo y, de este modo, aliviar la pobreza y los demás aspectos negativos de nuestra sociedad. Estoy convencido de que sus señorías se mostrarán de acuerdo conmigo acerca de este punto.
Sin embargo, he de decir que, viniendo como vengo del sudeste del Reino Unido, he tenido que aceptar que la UE tiene como consecuencia cosas buenas y cosas malas. Y uno de los aspectos más negativos es el efecto de los bloqueos a los puertos, que ocasionan retrasos.
(Interrupción del Sr. Kerr) Imagino, Sr. Presidente, que el Sr. Kerr tendrá oportunidad de intervenir dentro de unos momentos. En Kent, al sudeste de Inglaterra, debemos enfrentarnos con algunos problemas de bastante gravedad. En especial, el estacionamiento de camiones a lo largo de toda la autopista M20 no favorece a la numerosa población que habita en el sudeste inglés, la región más populosa de todo el Reino Unido. Esta conducta por parte de la Unión Europea no deja mucho margen para un debate concienzudo y, por el contrario, da pie a que los ciudadanos del Reino Unido, y de toda la Unión, se cuestionen qué se puede hacer para fomentar el proceso de libre circulación de mercancías.
(Interrupción del Sr. Kerr: ¿Y qué hay de los trabajadores?) El documento precedente, presentado por la Comisión después de que el Consejo solicitara su intervención, introducía un instrumento específico que permitía a la Comisión actuar con gran rapidez en estas ocasiones. El mercado único europeo implica que no deben existir barreras al comercio y, por consiguiente, el Tratado dispone de un marco legal que permite la libre circulación de las mercancías. En la práctica, como ya he señalado, esta obligación no permite la libre circulación. En el peor de los casos se pasa por alto, en el mejor de los casos se olvida. No importa si se trata de agricultores británicos o de camioneros franceses: no debe tener lugar este tipo de hechos.
El documento de la Comisión abordó esta cuestión, lo cual mereció una gran atención por aquel entonces. Naturalmente, no obtuvo ni el consentimiento popular ni el apoyo del Parlamento, principalmente por errar en dos aspectos particulares: en primer lugar, en el ámbito de la subsidiariedad, en el que los tribunales, de conformidad con la interpretación del Derecho comunitario, otorgarían la responsabilidad a los Gobiernos nacionales; y, en segundo lugar, en el ámbito de los derechos humanos fundamentales, especialmente en lo relativo al derecho a ejercer presiones laborales y en el derecho de huelga. Por estas razones, el texto fue rechazado por el Parlamento Europeo y devuelto al Consejo, tras lo cual éste volvió con una revisión de dicho documento. Este texto modificado corrige estos dos problemas, por lo que ahora nos encontramos en el Pleno ante un informe que tanto el Parlamento como la Comisión y el Consejo han coincido en considerar un texto progresivo. Se trata de un documento que nos permite agilizar el procedimiento legislativo y que garantiza a empresas y ciudadanos el respeto de sus derechos en la Unión Europea, sin dañar el tejido social en que se fundamentan las relaciones industriales en toda la Comunidad.
Se trata de consideraciones importantes cuando examinamos cualquier legislación en el ámbito de la libre circulación. Hemos de recordar que este instrumento específico se presenta de conformidad con el artículo 7A. No tiene absolutamente nada que ver con el componente social. Lo que debemos solicitar es que se respete de manera ecuánime este componente social, por lo que insto a la Comisión...
(Interrupción del Sr. Kerr) Espero, Sr. Presidente, que me conceda algo más de tiempo tras las interrupciones de mi colega. Solicito en mi informe que la Comisión y el Consejo adopten disposiciones especiales para ofrecer un equilibrio ecuánime en la Unión Europea con el fin de garantizar una igualdad de trato tanto para los trabajadores como para el capital.
Por lo que respecta a las enmiendas, las de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos servirán para aclarar estas cuestiones y para notificar inmediatamente cualquier intento por parte de los Gobiernos de modificar la situación, preferentemente en la página web de la Comisión antes que en el Diario Oficial. Compruebo con interés que la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo respalda mis puntos de vista acerca de la igualdad de trato para el capital y los trabajadores. Sin embargo, la mejor formulación de este punto se consigue en una declaración política, no modificando el texto. Esta circunstancia nos permitiría un mayor margen y nos facilitaría la aprobación del documento. Creo que el presente será considerado un informe innovador. Ayudará verdaderamente a las empresas de la Unión Europea...
(Interrupción del Sr. Kerr: ¿Y qué hay de los derechos de asamblea?) Y creo que la mayor parte de la Unión Europea nos agradecerá el que hayamos dado este paso sensato y progresivo hacia adelante, en lugar de volver a vivir lo que hemos tenido que sufrir durante las últimas décadas.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, permítame comenzar con una referencia a la exquisita actitud del ponente, Sr. Skinner, que ha conjugado buen hacer y responsabilidad jurídica con instinto político y capacidad de escuchar a lo largo del complejo trámite parlamentario de este informe. También quiero referirme al Sr. Wijsenbeek, cuyas sugerencias en la primera ponencia de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos reflejan una apuesta decidida por la integración europea y una preocupación compartida por la protección de los intereses de los ciudadanos.
El reglamento que examinamos debe ponerse en relación, como muy bien ha señalado el ponente, con la propuesta de la Comisión de noviembre de 1997. Aquel texto planteaba muchos problemas jurídicos, entre ellos una cierta violación del equilibrio institucional establecido en el Tratado. Por ello, el Parlamento acogió favorablemente el nuevo proyecto del Consejo, presentado el pasado mes de julio, que es el que origina el presente informe. La principal diferencia estriba en que desaparece el instrumento de decisión de la Comisión, que era el que más dificultades planteaba.
La Comisión de Asuntos Jurídicos ha analizado, con carácter prioritario, dos aspectos: el fundamento jurídico y el valor añadido del proyecto. En cuanto al fundamento jurídico, el propuesto es el artículo 235 del Tratado que, de acuerdo con la jurisprudencia, es pertinente cuando concurren las siguientes condiciones: que se trate de cumplir uno de los objetivos de la Comunidad en el funcionamiento del mercado; que el Tratado no haya previsto los preceptos específicos al efecto, y que la acción que se persigue sea necesaria.
La Comisión de Asuntos Jurídicos se cuestionó si, en el presente caso, se cumplía la segunda condición. No obstante, finalmente, consideró que el proyecto revisado no implica medidas de armonización, a las que se refiere necesariamente el artículo 100 A. Y, por consiguiente, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos suscribe plenamente que el artículo 235 es el fundamento jurídico adecuado.
En cuanto al valor añadido de las enmiendas, la Comisión de Asuntos Jurídicos comparte la pertinencia de las enmiendas 11, 13 y 14, si bien es consciente de que no están exentas de algunas dificultades para su integración constructiva en el marco del Derecho primario, porque es cierto que el artículo 191 sólo establece la obligación de publicación de los reglamentos y directivas que tienen carácter general. Pero, en fin, con el matiz planteado por el ponente, Sr. Skinner, creo que en el caso de la enmienda 11 se puede hacer una interpretación perfectamente compatible, sobre todo si tenemos en cuenta que el Tratado de Amsterdam marca énfasis en la transparencia, y que uno de los grandes medios de la transparencia es la utilización de estas nuevas tecnologías para el conocimiento de este importantísimo reglamento por parte de todos los afectados por un procedimiento abierto al amparo de dicho reglamento.
En cuanto a la enmienda 13, es cierto que las formalidades del artículo 169 del Tratado tienen carácter esencial y no cabe modificarlas en un texto de Derecho derivado como el presente. La Comisión de Asuntos Jurídicos también interpretó que la redacción propuesta es compatible con este precepto si se le da una interpretación no rígida, también conforme, señor Presidente, con los principios que soportan el gran edificio comunitario.
El resto de las enmiendas pretenden ampliar el ámbito del reglamento a las graves perturbaciones de la libertad de circulación de los trabajadores. La Comisión de Asuntos Jurídicos comparte esta preocupación, pero entiende que este no es el instrumento adecuado para incluir esta normativa por tres razones:
Primera: no olvidemos que este reglamento responde a un mandato del Consejo Europeo de Amsterdam de julio de 1997 que se circunscribe a la libre circulación de mercancías.
Segunda: no olvidemos la especificidad de los obstáculos a la libre circulación de mercancías que este reglamento pretende atajar. Se trata de actuaciones al margen de la ley, de vías de hecho, de impedimentos físicos. Las perturbaciones a la libertad de circulación de los trabajadores son de una naturaleza distinta. En imagen gráfica, ha sido lamentablemente frecuente, como decía el ponente, el bloqueo de un camión en una carretera, pero -que yo conozca- nunca el problema de los trabajadores ha sido que se les impida físicamente cruzar una frontera o acceder a su puesto de trabajo, que sería la situación equivalente. El intentar abarcar con un mismo instrumento jurídico situaciones tan dispares iría en detrimento de su coherencia interna, es decir, en detrimento de la calidad legislativa, es decir, en detrimento de la seguridad jurídica. Flaco favor haríamos, señor Presidente, señor Comisario, a los ciudadanos mezclando -permítaseme una expresión muy castiza- churras con merinas-.
Tercera: no es esto ni necesario ni conveniente, porque tenemos a nuestra disposición el cauce, el instrumento apropiado para dar plasmación a estas preocupaciones. Se trata del Reglamento 1612/68 sobre libre circulación de trabajadores y de la Directiva 68/360. Ante mí tengo los documentos COM 98/0229, 98/0230 y 98/0231, que plantean, como consecuencia del plan de acción para la libre circulación de trabajadores presentado por la Comisión, la reforma de este Reglamento y de esta Directiva.
Señor Presidente, este es el cauce. Aquí es donde deben incluirse estas enmiendas.

Ettl
Señor Presidente, sólo un breve comentario sobre la intervención de la oradora que me ha precedido. Resulta más bien insuficiente que el Consejo haga un encargo a la Comisión en el que afirma su voluntad de «reforzar la libre circulación de mercancías»; en efecto, no podemos perder de vista el proyecto del mercado interior y la necesidad de ir un poco más allá en nuestros planteamientos cuando lo que está en juego es lisa y llanamente el fortalecimiento del mercado interior. Por esto es conveniente y necesario que examinemos estas cuestiones también desde un punto de vista político. Ante todo, yo quisiera exponer, no obstante, los aspectos que considero satisfactorios. Me parece satisfactorio que se refuerce la libre circulación de mercancías partiendo del principio de que es necesario establecer mecanismos normativos que impidan las actuaciones ilegales y que garanticen la libertad de circulación de las mercancías, mecanismos que con el enfoque aquí adoptado podemos aceptar.
Permítanme que aclare, no obstante, de entrada que no le envidio a Peter Skinner la complejísima tarea que ha asumido. También debo señalar que, a mi parecer, ha salido muy airoso de la misma, aunque no coincidamos en todos los aspectos. Yo parto de la base de que es importante reforzar la libre circulación de mercancías e impedir las medidas proteccionistas que siguen aplicándose en los diferentes Estados miembros. En este sentido, acojo con satisfacción las propuestas también por una cuestión de principios.
En este contexto complejo es preciso tener presente, en cualquier caso, un aspecto difícil, a saber, la dificultad para establecer cuándo una acción es ilegal y cuándo no lo es. Esto ya ha originado problemas, dado que algunos Estados han aprobado medidas ilegales. Por esto es necesario establecer una regulación, ya que algunos Estados miembros no han interpretado debidamente el concepto del mercado interior. Por esto necesitamos esta regulación específica. Sin embargo, ésta planteaba, por otro lado, el problema y el riesgo de la posible conculcación de derechos fundamentales como el derecho de huelga, la libertad de huelga, y también el derecho de reunión o el derecho de manifestación. Yo me congratulo, por lo tanto, de que se haya aclarado, en el marco del procedimiento de consulta entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión, que derechos fundamentales, como el derecho de huelga, como la libertad de huelga, no pueden verse afectados. Este es un aspecto que, a mi modo de ver, también hemos contribuido a que quede regulado de manera satisfactoria.
Lo que no me satisface es que nos limitemos a reforzar, a desarrollar, una de las cuatro libertades y dejemos de lado las demás. Vamos a crear, en el contexto de la libre circulación de mercancías, un mecanismo de intervención de muy rápida aplicación, concretamente al cabo de cinco días. Esto es correcto y acertado. En otras palabras, vamos a crear un sistema de protección legal de la libre circulación de mercancías. Sin embargo, cuando se compara la circulación de mercancías con la libertad de circulación de los trabajadores se constata un enorme desequilibrio. Ha habido procedimientos que afectaban a los trabajadores de la Unión Europea que se han prolongado más de seis años y que no se han resuelto hasta que los trabajadores han visto reconocido su derecho sobre la base de un fundamento jurídico sólido con la intervención del Tribunal de Justicia Europeo. Es decir que, en contraste con el actual mecanismo de intervención en un plazo de cinco días, la situación de los trabajadores, que naturalmente también deberían poder circular libremente en la Unión Europea, sigue siendo muy desfavorable. Lo cual significa que un trabajador tiene que recorrer un largo camino judicial para hacer valer su derecho.
También puede significar desventajas en relación con las pensiones, puede significar esperas de años para percibir una pensión complementaria, y puede significar muchas otras dificultades. Este es el aspecto que desea resaltar en el fondo la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. La Comisión de Asuntos Sociales pide que no se creen desequilibrios entre las cuatro libertades, sino que por el contrario se refuerce también la libre circulación de trabajadores y se profundice de este modo en el concepto del mercado interior. Todo el planteamiento adquiere sentido así y nuestras enmiendas deben interpretarse en este contexto. En realidad se trata de un mandato a la Comisión para que realice mayores esfuerzos en este sentido, a fin de evitar un proceso de desarrollo unilateral basado únicamente en la economía.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, intentaré hacer algunas observaciones al hilo de las intervenciones anteriores, puesto que no tiene excesivo sentido el producir a estas alturas de la noche un discurso autónomo.
Se ha subrayado en las distintas intervenciones que este reglamento ha tenido un recorrido accidentado. Coincidían todas las instituciones y todos los Grupos políticos en que algo había que hacer para garantizar la libre circulación de mercancías en el seno de la Unión y, en segundo lugar, para terminar con los actos vandálicos que, cada vez con más frecuencia, se producían en ciertos países contra bienes, mercancías o productos procedentes de otros países de la Unión.
La cuestión ha sido tratada por el Tribunal de Justicia, pero faltaba una disposición que de verdad hiciese efectiva la libre circulación que consagra el Tratado. Y si todos coincidían en que había que hacer algo, era difícil saber en qué consistía ese algo, en concretar cuáles eran esas medidas. Algunos de los principios conflictivos han sido expuestos aquí esta noche. El resultado de esta discusión -y coincido con el Sr. Ettl- es que la propuesta que estamos examinando en este momento es una propuesta que se queda corta respecto de nuestras ambiciones. Pero, siendo corta, es un primer paso que habrá que profundizar y, en ese sentido, aplaudo la propuesta que debatimos.
Pero hay algunas observaciones, sobre todo de las últimas intervenciones, que me preocupan y quisiera precisar. El Sr. Ettl se felicita por que este reglamento sea respetuoso con determinados derechos fundamentales -el derecho de huelga y el derecho de asociación-. Pero de eso no debe caber duda. Ninguna disposición de la Unión puede vulnerar esos derechos. Lo que no acierto a comprender es qué tipo de acciones se considera que pueden ser compatibles con ese derecho e incompatibles con la libre circulación de mercancías. En mi opinión, no existe ningún ejercicio del derecho de huelga que permita volcar los camiones de otro Estado miembro. El derecho de huelga es un derecho regulado en su contenido y en sus efectos.
No acierto a comprender por qué se vislumbra que puede haber un conflicto entre el derecho de asociación o el derecho de asamblea y la libre circulación de mercancías. Porque, en ningún caso, el ejercicio del derecho de asamblea permitiría realizar actos vandálicos, como volcar camiones de otro Estado miembro.
Si en eso discrepo de la interpretación que hace el Sr. Ettl, coincido en otras cosas. Creo, efectivamente, que hay que hacer compatibles dos principios: el principio de intensificar o hacer más efectiva la libre circulación de mercancías con una cierta atención a la libre circulación de trabajadores. Y por eso propuse en mi comisión que mi Grupo político, el PPE, votase favorablemente las enmiendas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, advirtiendo, eso sí, que estábamos extralimitándonos de lo que era el ámbito objetivo de este reglamento. He enviado al ponente -que no está en la sala en estos momentos- una carta en la que le digo que la forma de compatibilizar el respeto por las dos libertades -la libre circulación de mercancías y la libre circulación de trabajadores- y, al mismo tiempo, no extralimitarnos de lo que es el ámbito de este reglamento, sería una enmienda oral -que no sé si se aceptará o no-, en la que se invite a la Comisión a elaborar un reglamento para hacer eficaz la libre circulación de trabajadores. Si el Comisario dijese que lo hará en otro texto, modificaríamos el texto de nuestras enmiendas en la Comisión de Asuntos Económicos, retrotrayéndonos al texto original y ciñéndonos exclusivamente a la libre circulación de mercancías, pero dejando patente, como declaración política, nuestro interés en fomentar por la otra libre circulación, cuya preocupación es tanta en nuestro Grupo como en el suyo, señor Ettl.

Ribeiro
Señor Presidente, un informe como éste, sobre el proyecto de reglamento del Consejo que instituye un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de ciertas trabas al comercio, merecería otro debate. No éste, a esta hora, incluido así en el orden del día. Por lo demás, casi podría decir que este tema y este informe merecerían un debate y no todo lo que parece haberse hecho para que no lo haya, sino la instauración de un mecanismo de intervención rápido y eficaz, lo que incluso parece considerarse incompatible con comportamientos que estimulen e integren debates democráticos. En verdad -y antes de decir algo sobre la materia sobre la que versa este proyecto de Reglamento para el que se va a aprobar el dictamen del Parlamento- es necesario poner de relieve tres o cuatro hechos que, de tan significativos, dispensan de muchos comentarios.
El informe Skinner fue aprobado el fin de semana pasado en la Comisión de Asuntos Económicos. El ponente, después de la primera etapa y ante lo que habría dado satisfacción en la reformulación hecha por el Consejo, no ha presentado enmiendas, sino que en la votación se introdujeron enmiendas procedentes de la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Y el informe, según preveíamos, estaría listo para ser incluido en el orden del día de noviembre II o de diciembre. En ningún proyecto de orden del día para este período de sesiones parcial, ni siquiera en su versión llamada definitiva, aparece el informe como formando parte de ella. Luego, ya después de lo que podría ser la última hora, por decisión adoptada ayer por la noche en la Conferencia de Presidentes o en el organismo que la substituyó, fue incluido el informe con la indispensable decisión adicional de que se aceptaran propuestas de enmienda hasta el mediodía de hoy.
Este procedimiento es anormal: revela una urgencia que no era conocida ni sospechada y ni siquiera fue posible plantear aquella cuestión de su dudosa legitimidad reglamentaria, dada la ausencia de traducción en algunas lenguas y el plazo fijado para que se presentaran enmiendas.
Nos confesamos sorprendidos e indignados por esa forma expedita de darse opiniones en este Parlamento sobre una cuestión como ésta. Lo que se debería hacer es examinar los medios y los mecanismos para garantizar de forma eficaz la libre circulación de mercancías, incluida la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros a partir de una propuesta de la Comisión, con lo que se respetarían las conclusiones del Tratado de Amsterdam. ¿Se trata de una cuestión de poca monta? Claro que no. ¿Es una cuestión delicada? Claro que sí, por tratar de la compatibilidad entre derechos diferentes y sus diferentes niveles de reglamentaciones y también por entrar -y de forma casi (diría yo) brutal- en la articulación entre las competencias y las soberanías nacionales y la instauración de mecanismos de nivel comunitario y su reglamentación.
El informe, en la exposición de motivos, aborda pertinentemente algunos puntos reveladores de la delicadeza de este mecanismo de intervención que se pretende instaurar. Dice -y atinadamente- que este reglamento no puede ir encaminado a determinar los derechos o libertades civiles o colectivas ni resolver posibles contradicciones entre diferentes derechos, libertades, derechos o intereses igualmente legítimos, pues esas cuestiones se derivan de la competencia de los ordenamientos jurídicos nacionales: en caso necesario, en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por eso, la definición de obstáculo al comercio no puede entrar en conflicto con derechos y obligaciones del Estado miembro en el sentido de no superar las «medidas necesarias y equilibradas» y no obstaculizar «el ejercicio de los derechos fundamentales ». Pese a que el Sr. Skinner se da por satisfecho con que la segunda versión suprima, en su opinión, «toda la ambigüedad al respecto», no deja de señalar, aunque sólo en la exposición de motivos, que los conflictos de trabajo que propiciaron esos obstáculos al comercio y motivaron esta iniciativa del Consejo y de la Comisión no se produjeron por casualidad, sino que ocurrieron por ausencia de otras legislaciones y reglamentaciones, no menos urgentes, relacionadas con el ejercicio de actividades profesionales.
Por lo demás, la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales plantea de forma pertinente el problema del equilibrio entre las cuatro libertades de circulación que caracterizan el Mercado Interior y subraya que una vez más se ha dado preferencia al aspecto económico, que la propuesta de reglamento que se nos presentó va encaminada exclusivamente a fortalecer la libre circulación de mercancías, acentuando aún más esa tendencia, cuestión complicada y delicada que se pretende debatir en este Pleno de forma expedita y sin la preparación mínima exigida. Por nuestra parte, a pesar del esfuerzo para seguir ese ritmo acelerado -dudoso, por no decir sospechoso-, consideramos que ha vuelto este debate indeseable -más aún: injustificado e inaceptable- y no podemos dar nuestro acuerdo a un informe que así se impone a nuestra aprobación.

Wolf
Señor Presidente, yo creo que nos encontramos ante un problema fundamental. Me consta que los colegas Skinner y Ettl son personas inteligentes y con discernimiento pero, no obstante, pienso que el procedimiento no se ha enfocado de manera del todo acertada. El derecho a la lucha laboral es siempre una manifestación del esfuerzo por lograr el reconocimiento jurídico de las luchas de los trabajadores y éste sólo ha dado frutos cuando ambas partes han tenido garantizados unos derechos, que no se limitan únicamente a las libertades individuales o los derechos de propiedad, sino que también incluyen el derecho a la protección frente al lockout arbitrario y frente a la persecución penal de los piquetes de huelga. Esto no se ha contemplado en absoluto aquí.
El colega Skinner ha quitado sutilmente fuerza a la propuesta original de la Comisión. Es un mérito que le reconozco. El colega Ettl ha añadido un par de puntos en los que se aclara que no es posible continuar por este camino, pero el proyecto original sigue siendo equivocado. No conseguiremos hacer valer el derecho europeo civilizado a la lucha laboral por esta vía indirecta, sino sólo debatiendo en la práctica la posible definición del derecho de huelga europeo, sus garantías y sus límites. Sólo así será posible afrontar realmente este problema y, por consiguiente, el resultado todavía no nos satisface. Seguramente, dadas las circunstancias, no es posible hacer otra cosa en este contexto, pero el enfoque sigue siendo equivocado. Frente a ello, nada puede hacer el Sr. Skinner.

Lukas
Señor Presidente, a nuestro modo de ver es importante que no se haya aceptado la propuesta original de la Comisión, que preveía unas posibilidades de injerencia excesivas en la soberanía de los Estados miembros. La propuesta de reglamento del Consejo que ahora se debate representa un compromiso intermedio aceptable. Las luchas laborales que están en el origen de las objeciones que se han expuesto en el debate de hoy no se plantean sin motivo y a veces guardan una estrecha relación con algunas carencias del sistema legal europeo. Evidentemente, debe confiarse en la medida de lo posible a los Estados soberanos la tarea de garantizar el funcionamiento del mercado interior.
El derecho de huelga, como tal, no puede quedar en entredicho en este contexto. También es cierto, si se considera el peso relativo de las cuatro libertades, que la atención se concentra sobre todo en el ámbito económico. No obstante, no me parece adecuado mezclar la circulación de mercancías con consideraciones políticosociales, como se hace en las presentes enmiendas.

Gillis
Señor Presidente, en los últimos años se han registrado numerosos trastornos en el ámbito de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea, bien a causa de reivindicaciones laborales, como el bloqueo de los camioneros franceses que tantos perjuicios ocasionó al comercio transeuropeo, bien a causa del bloqueo más reciente de los puertos galeses por parte de iracundos agricultores en protesta por la prohibición de la exportación de carne de vacuno inglesa a raíz de la EEB, o por la caída de los precios de la carne de bovino. En cualquier caso, se ha impedido el acceso de camiones procedentes de Irlanda que transportaban al continente carne, y otros productos, a través del Reino Unido.
Resulta fundamental que encontremos los medios para garantizar una verdadera libre circulación de mercancías en toda la UE sin que esto suponga un perjuicio para todos aquellos que se ganan la vida gracias al comercio intercomunitario. Estoy de acuerdo con el ponente en que este problema está relacionado en gran parte con las lagunas existentes en las condiciones del libre mercado del que disfrutamos y con la falta de armonización de las normas por lo que respecta a las condiciones de trabajo. Independientemente de las medidas que adoptemos para garantizar la libre circulación de bienes, éstas no deberán socavar el derecho de los trabajadores de la UE a ejercer medidas de presión laboral o llevar a cabo protestas de carácter pacífico. Resulta sin embargo esencial que dispongamos de un sistema de intervención rápida para reducir los obstáculos a la libre circulación y, en caso necesario, proporcionar indemnizaciones a los afectados por las pérdidas que ocasione este tipo de acciones.

Kerr
Señor Presidente, en primer lugar desearía rendir un homenaje al Sr. Skinner, un perfecto mensajero del nuevo laborismo. Ahora me doy cuenta de por qué le han hecho cabeza de lista en el sudeste del país para su reelección el próximo año. Defiende a los dueños de los camiones ingleses, que figuran entre la gente de derechas más displicente y reaccionaria que pueda uno encontrar, mientras que ataca a los camioneros franceses que luchan por reducir su horario laboral y por conseguir mejores condiciones sociales. Habría cabido imaginar que un diputado del partido laborista defendería estos objetivos, pero nos encontramos, naturalmente, ante un diputado del nuevo laborismo.
Esta misma noche, el Viceprimer Ministro John Prescott se ha dirigido en este edificio a los diputados laboristas británicos. Hace treinta años, esta misma persona se encontraba encabezando una huelga de marineros. De acuerdo con las leyes del Sr. Skinner, el Sr. Prescott habría acabado en la cárcel. Por supuesto, el Sr. Prescott era por aquel entonces miembro de la Internacional Socialista; hoy es el Viceprimer Ministro del nuevo laborismo. Lo cierto es que de lo que se trata con este reglamento del Consejo es de tener contento al Sr. Blair, quien llegó a la cumbre de Amsterdam y se quejó de los camioneros franceses. En este Parlamento debemos defender el derecho de los trabajadores a iniciar acciones, emprender medidas de solidaridad y hacer uso del derecho de reunión, por lo que me gustaría ver una mayor preocupación por parte del Sr. Skinner acerca de los derechos de los trabajadores y la libre circulación de éstos, en vez de mostrar tantos desvelos por la libre circulación de mercancías.

Skinner
Señor Presidente, creo que la Sra. Palacio ha resumido muy bien la necesidad legal de que admitamos que el objeto de este instrumento es abordar las disfunciones del mercado, y éste fue el objetivo que nos planteamos con su elaboración. Evidentemente, no hay objeciones al respecto porque todo está perfectamente detallado en el Tratado. Me agrada compartir la opinión del Sr. Ettl en el sentido de que es esencial encontrar un equilibrio político. Éste es el planteamiento correcto que, en términos generales, deberá constituir nuestro objetivo a largo plazo, si bien no creo que el presente instrumento vaya a lograrlo de la noche a la mañana. De todos modos, hemos de hacer una declaración política en este sentido. El Sr. GarcíaMargallo y Marfil sabe también que, tanto de una parte como de la otra, es fundamental lograr una aproximación de estas libertades, y él, como yo, se uniría para solicitar un instrumento independiente que permitiera actuar al respecto en el futuro. Ésta es una cuestión que deberá ser abordada por la Comisión y del Consejo.
He de mostrar mi desacuerdo con el Sr. Ribeiro acerca del tiempo que nos ha costado llegar hasta el punto en el que nos encontramos. Si bien se sometió rápidamente a debate, éste se ha prolongado durante ocho meses. Me complace señalar que una gran parte de este debate se ha desarrollado en presencia del Sr. Ribeiro. No tengo ninguna autoridad sobre los procedimientos del Parlamento para incluir este punto en el orden del día. Me gustaría también decir al Sr. Wolf que el fundamento jurídico que garantiza el derecho de huelga no es sutil, sino extremadamente fundamental. Ha de ser un derecho al que deben aspirar todos los trabajadores en su condición de ciudadanos de la Unión, ya sean sindicalistas o no. Me alegra enormemente que se acepte este hecho por primera vez en numerosos Estados miembros. Me satisface igualmente que el Sr. Wolf reconozca esta circunstancia no de un modo excesivamente sutil, pero sí muy obvio. Por ejemplo, el Reino Unido recoge ahora por primera vez en su legislación la legalidad del derecho de huelga.
Quisiera agradecer al Sr. Lukas sus observaciones, aun si no comparto necesariamente la totalidad de ellas. El Sr. Gillis se ha referido al bloqueo de los camiones franceses, a los agricultores del Reino Unido y a los problemas de Irlanda. Estoy de acuerdo con él, especialmente a la hora de destacar los derechos sociales. ¡Lo siento Sr. Kerr! Sé que es una persona que da muestras en todo momento de su ingenio, y que logra sacarnos una risa incluso a estas horas de la noche. Sin embargo, no puedo mostrarme de acuerdo con lo que dice.

Monti
Señor Presidente, quiero dar las gracias muy sinceramente al Parlamento por haber examinado esta propuesta de reglamento con extrema eficacia y prontitud. Quiero felicitar en particular a los Sres. Skinner, Wijsenbeek, Palacio y Ettl que, al igual que sus respectivas comisiones, han demostrado una gran voluntad de colaboración y de profunda motivación. No cabe duda de que es gracias a ellos que nos hemos acercado tanto al resultado que, espero, alcanzaremos muy pronto.
Como ha recordado el Sr. Skinner en su informe, el Consejo Europeo de Amsterdam pidió a la Comisión que formulara propuestas para reforzar, en términos de rapidez y eficacia, la aplicación del principio de la libre circulación de mercancías. Con ocasión de mis anteriores intervenciones ante las distintas comisiones parlamentarias que debían pronunciarse en el ámbito de este procedimiento, me fue posible subrayar que, en particular, se trataba de encontrar remedios adecuados para hacer frente a los obstáculos a las importaciones de mercancías que implican la destrucción y/o el boicot a las propias mercancías y que precisan acciones inhibitorias rápidas por parte del Estado miembro afectado. En situaciones similares, como es sabido, el procedimiento de incumplimiento previsto en el artículo 169 del Tratado podría no ser un remedio lo suficientemente rápido y eficaz.
La propuesta de reglamento presentada por la Comisión, como se ha establecido en el marco del acuerdo de máximos alcanzado en el Consejo «Mercado interior» de 18 de mayo de 1998, prevé una solución específica basada en la obligación de los Estados miembros de intervenir, al objeto de eliminar los obstáculos de referencia. A dicho fin, se establece un sistema específico de alarma rápida y se confiere a la Comisión la facultad de requerir a los Estados miembros para que intervengan.
Algunas de las enmiendas que hoy debatimos proponen ampliar el ámbito de aplicación del reglamento a los obstáculos a la libre circulación de los trabajadores prevista en el artículo 48 del Tratado. La idea es ciertamente atractiva; al fin y al cabo, el reconocimiento de los derechos de las personas, de su libertad de circular y de obrar en el mercado único -sé que este Parlamento se ha percatado de ello- es una de las mayores preocupaciones de nuestra Comisión.
La Comisión, sin embargo, hoy debe responder rápidamente a un mandato concreto del Consejo Europeo, un mandato que está limitado expresa y únicamente al sector de la libre circulación de mercancías. En consecuencia, la ampliación del ámbito de aplicación del reglamento, en particular a la libre circulación de los trabajadores, excede a la solicitud formulada por el Consejo. La Comisión, no obstante, ya en el informe sobre su propuesta de reglamento, no excluyó la posibilidad de ampliar su ámbito de aplicación también a otras libertades. En nombre de la Comisión, tomo nota de la posición expresada en este sentido por varios diputados y, de hecho, pienso que en el futuro será oportuno reflexionar aún más, si cabe, sobre dicha posible ampliación.
Deseo asimismo recordar, a fin de tranquilizar a los que han presentado dichas enmiendas, que algunos mecanismos especialmente destinados a aplicarse en caso de obstáculos a la libre circulación de los trabajadores, ya están previstos -se ha referido a ellos la Sra. Palacio- por el reglamento del Consejo nº 1612/68 relativo a la aplicación del artículo 48 del Tratado. Hoy estos mecanismos deberían funcionar más eficazmente gracias a los compromisos asumidos por los Estados miembros y la Comisión en el marco del plan de acción relativo a la libre circulación de los trabajadores del año 1997.Por tanto, me parece que la propuesta de ampliar, en esta fase, a los trabajadores el ámbito de aplicación del reglamento, además de no corresponder a lo solicitado por el Consejo Europeo de Amsterdam podría duplicar los remedios que ya están previstos en el Reglamento nº 1612/68 y, en consecuencia, no presentar un valor añadido significativo. Por ello, la Comisión no puede compartir las enmiendas en cuestión a la vista del actual estado de evolución del Derecho comunitario.
Las demás enmiendas proponen modificaciones del procedimiento establecido en el artículo 5 del Reglamento, relativo a la notificación que la Comisión tiene la facultad de dirigir a los Estados miembros. La enmienda 11 pretende imponer a la Comisión la publicación en el Diario Oficial de la notificación, al objeto de aumentar la transparencia y la publicidad de nuestra acción; pese a que este objetivo es aceptable en líneas generales, no me parece aceptable esta enmienda, ya que menoscabaría esa discrecionalidad reconocida a la Comisión en materia de infracciones. Asimismo, me permito añadir que esta enmienda no me parece indispensable. En realidad, quiero que sus Señorías sepan que, como es de suponer, voy a hacer uso de dicha discrecionalidad para garantizar la publicación de la notificación lo más frecuentemente posible.
En lo que respecta a la publicación de la notificación en el sitio Internet de la Comisión, se trata de un aspecto importante a nivel interno de la Comisión y, por tanto, su mención en un reglamento del Consejo me parece francamente algo redundante y superflua.
En cuanto a la enmienda 13, quiero aclarar que, aunque persigue el loable objetivo de agilizar los plazos del procedimiento previsto para las violaciones del mercado único incluidas en el ámbito de aplicación del reglamento, no es posible admitirla, ya que podría dar pie a una confusión entre instrumentos basados en dos fundamentos jurídicos diferentes. En efecto, a través de un reglamento basado en el artículo 235, come éste, no es posible incidir en el ámbito de aplicación del artículo 169 y en la libertad de acción que dicho artículo confiere a la Comisión.
Por otra parte, soy profundamente sensible al espíritu de la enmienda presentada y, en consecuencia, deseo manifestar que tengo la intención de proponer a la Comisión que, en virtud del artículo 169, remita sistemáticamente al Estado miembro interesado un requerimiento por mora junto con la notificación del acto previsto en la propuesta de reglamento que estamos examinando. Ello permitirá una rápida tramitación del procedimiento de infracción establecido en el artículo 169, así como, en su caso, recurrir al Tribunal de Justicia más rápidamente. La enmienda 14, por el contrario, aclara la redacción del apartado 5 del artículo 5 y parece fundada.
En conclusión, señor Presidente, la Comisión considera que la propuesta de compromiso que mereció el consenso unánime del Consejo «Mercado interior» de 18 de mayo de 1998, aporta ese valor añadido solicitado por el Consejo Europeo. Es inútil volver a subrayar lo mucho que considero necesario que los progresos realizados hasta la fecha, gracias a la voluntad política del Consejo y del Parlamento, se concreten cuanto antes en la adopción de la propuesta de reglamento.
Éste es mi deseo, así como mi firme compromiso político respecto a un punto que ciertamente no es el único, sino que es uno de los más cruciales de todo el funcionamiento del mercado único.

Kerr
Señor Presidente, me he dado cuenta de que el Comisario no ha hablado de las enmiendas 15 y 16, las estupendas enmiendas que he presentado en nombre del Grupo de los Verdes en defensa del derecho de asamblea. ¿Se trata acaso de una preocupación que ya no comparte la Comisión, o es que esta institución, igual que el Sr. Skinner, muestra un mayor interés por las libertades de las mercancías que por las de las personas?

Monti
Señor Presidente, los derechos a los que hace referencia el Sr. Kerr son de la mayor importancia. Sin embargo, consideramos que el conjunto de la normativa propuesta y su detallada formulación no hacen necesario añadir las especificaciones propuestas en las enmiendas que ha mencionado el Sr. Kerr.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, el Sr. Comisario se ha referido al Reglamento 1612/68 pero no se ha referido a que este Parlamento está examinando la propuesta de modificación de dicho Reglamento -documento COM 98/229- y la propuesta de directiva a la que yo me he referido -documento COM 98/230.
Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo que el Sr. Comisario ha dicho. Tenemos ya el instrumento donde todas las enmiendas relativas a la libre circulación de trabajadores, que a todos nos preocupa, deben tener su cauce. No hace falta, por lo tanto, pedir a la Comisión que haga un instrumento nuevo, que haga una iniciativa nueva.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas.

Coordinación de las actividades en favor de las PYME y la artesanía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0359/98) de la Sra. Thyssen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la coordinación de las actividades en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y la artesanía 1997 (COM(97)0610 - C4-0019/98).

Thyssen
Presidente, las PYME ya son desde hace tiempo una especie de encarnación de la esperanza del crecimiento del empleo. La Comisión Europea ha hecho del fomento del espíritu de empresa uno de sus pilares de su política de empleo, tanto en 1998 como para 1999, y subraya con ello acertadamente el fundamento económico de la política de empleo.
La Presidencia austriaca ha aportado su granito de arena por haber dedicado, por primera vez después de la Presidencia belga, una mesa redonda a alto nivel a las PYME. Dicho de otra forma, las PYME, están últimamente en el centro de la atención en todos los informes políticos y declaraciones de intenciones. Parece que, quince años después del año europeo de las PYME, los focos están dirigidos de nuevo cada año a este segmento de la empresa privada. Pero lo que importa a la gente no es tanto el «discours» sino la respuesta a la pregunta de si la dimensión PYME está presente en todos los sectores políticos relevantes, si hay una optimación y si todos los esfuerzos se coordinan perfectamente para conseguirlo.
El informe que debatimos esta noche trata justamente de esta coordinación. Lo hemos pedido nosotros mismos, y esperamos que pueda servir como instrumento político. Ya sabemos que la política en materia de las PYME parece sencilla. Primero los pequeños, es una expresión que suena bien y que se vende bien en el mercado. Pero en la práctica, la política en materia de las PYME es naturalmente un sector difícil, no sólo porque el sector en si no es homogéneo, sino también porque la política tiene un carácter horizontal con puntos en común e intersecciones con los sectores políticos más diversos, con competencias que residen tanto en la Comisión Europea, en la Unión Europea como en los Estados miembros y con competencias que en todos estos niveles están distribuidas por diferentes departamentos.
Esto, naturalmente, no facilita el control y la evaluación. Por lo tanto, un informe sobre la coordinación es útil. Útil para demostrar si y cómo se hace la coordinación entre los diferentes niveles políticos y sectores y para examinar dónde hay margen para mejoras y dónde se tiene que corregir la política misma.
Es positivo que se subraye en este informe que hay un mayor aprecio social que antes para el espíritu de empresa, y eso se desprende de que por fin se ha entendido que las PYME tienen unas características específicas, que hacen que no baste tratarlas como grandes empresas en tamaño de bolsillo. Las PYME como norma, y no como excepción, constituyen un punto de partida que parece tener cada vez más éxito. No podemos sino alegrarnos de esto, es el único enfoque realista.
Un recurso extremadamente útil en la evaluación y coordinación de la política en materia de las PYME, es la definición de las PYME de 1996. Esta definición hace posible delimitar el sector y evaluar sistemáticamente si los recursos benefician de verdad a los grupos destinatarios. Esta definición es buena, sólo que debe ser utilizada más sistemáticamente de ahora en adelante. Una primera oportunidad importante para eso es el próximo periodo de programación para los fondos estructurales. Del informe del Tribunal de Cuentas se desprende que anteriormente no era una excepción que las grandes empresas marcharan con los medios de las pequeñitas. También el grupo de trabajo BEST solicita que se ajusten mejor los programas comunitarios al tamaño PYME. Esto sólo se puede hacer aplicando más y más estrictamente la definición de las PYME.
A pesar de las señales que creo recibir sobre el hecho de que algunos quisieran ampliar la delimitación superior, sólo puedo recomendar a la Comisión que no ceda. Lo único que se conseguiría con ello, es que la pequeña empresa, para la que por fin nos esforzamos, se quede de nuevo al margen en el reparto de atención y medios.
Por último, algunas sugerencias y unas preguntas. Las PYME son un mundo de personas muy prácticas. No les importan los gruesos informes que indican en cuántos niveles se están ocupando de ellas. Entienden sobre la acción concreta, como menos burocracia, más estabilidad en la legislación, menores impuestos sobre el empleo, mayor seguridad jurídica, mayor facilidad de acceso a créditos y un mercado interior sin obstáculos. Quieren saber claramente a qué puerta tienen que llamar. Por eso quisiera pedir, quisiera sugerir a la Comisión, que no sólo indique sistemáticamente en cada comunicación sobre la política en materia de las PYME quién tiene competencias para qué, sino que investigue también cuántas horas de trabajo se dedican realmente en la Comisión a la redacción de informes sobre la política realizada y cuántas horas de trabajo se dedican a elaborar, diseñar y realizar eficazmente la política misma en materia de las PYME.
Además, quisiera pedir a la Comisión que nos indique qué va hacer en el futuro para facilitarnos unas cifras más precisas, ya que algunos datos en este informe son insuficientes para empezar a realizar nuestra tarea de control y de presentación de propuestas.
Para concluir quiero decir lo siguiente, y ya termino. Una buena política no solamente es eficaz y dinámica, sino también creíble. La credibilidad se fomenta realizando una política de consenso y de diálogo con los implicados. ¿Qué podemos comprobar en cuanto al sector de las PYME? Que las PYME pueden participar en las conversaciones cuando se trata de consulta y de opinión, pero en cuanto esa consulta y opinión pasan a tener voz y voto y poder, entonces se las excluye. Usted comprenderá, Presidente, que he llegado al tema del diálogo social europeo y más que nunca mi pregunta final es la siguiente: ¿cuándo podemos esperar un cambio concreto en la postura de la Comisión? ¿Cuándo va la Comisión a hacer también un esfuerzo para poner fin a esta expresión flagrante de déficit democrático?

Cellai
Señor Presidente, constato con pesar que el informe de la Sra. Thyssen no ha incorporado en absoluto las significativas propuestas formuladas por los ponentes para opinión, como es mi caso. El informe parece tímido y se limita a trazar un panorama general de las pequeñas y medianas empresas sin plantear propuestas innovadoras. En el marco del proceso de globalización, el papel de las pequeñas y medianas empresas ha adquirido una proyección y una relevancia internacionales cada vez mayores. Es un dato de hecho ampliamente reconocido: las PYME son el sector clave para el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. Por otra parte, el actual régimen del IVA impone a las empresas una carga excesiva y desalienta los intercambios transfronterizos.
En lo que se refiere a la reducción de los costes laborales indirectos resultantes de las legislaciones nacionales, la Comisión ha puesto de relieve que son las PYME las más fuertemente gravadas con cargas fiscales y contribuciones relativamente elevadas. La necesidad de aliviar la carga fiscal sobre la mano de obra es fuertemente advertida por todos los principales actores políticos. Por tanto, los cauces para mejorar la competitividad del tejido industrial de las PYME en toda Europa son tres: reducción de la carga fiscal que perjudica el trabajo, simplificación administrativa para las PYME, posibilidad de reducciones del IVA a título experimental.
La apertura de las PYME al mercado global se realiza en medida creciente a través de la incorporación a redes de empresas para la adquisición y el intercambio de factores productivos; la cooperación entre las empresas crea riqueza y es fuente de innovación y de nuevo empleo: estos elementos las convierten en un instrumento de desarrollo del potencial endógeno local. Es necesaria, por último, la máxima cooperación entre las Instituciones europeas, los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, las organizaciones profesionales y las propias PYME. De esta forma, podremos reducir la segmentación administrativa.

Lindqvist
Señor Presidente, como ya sabemos, este informe versa sobre las medidas de apoyo y la coordinación de dichas medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas. Además, aborda también recomendaciones, comunicaciones e intercambios de experiencias. Se trata, pues, de un modo de incentivar los esfuerzos por parte de los Estados miembros. No solamente es un buen método para abordar esta cuestión, sino que, además, se trata del método adecuado. Sería erróneo promulgar más legislación o intentar introducir reglamentos o directivas.
Me gustaría destacar de manera particular cuatro ámbitos. El primero está relacionado con un estímulo generalizado en favor de la pequeña empresa, con el objetivo de llevar a cabo una valoración del fenómeno empresarial. Es necesario considerar el carácter emprendedor como algo positivo, y no como algo sospechoso, lo cual constituye, en algunos ocasiones, una tendencia que no presagia nada bueno.
El segundo punto hace referencia a la formación, que constituye un ámbito de la máxima importancia. Y me refiero a la educación tanto de los empresarios como de los empleados de las pequeñas empresas. Es necesario otorgar a esta cuestión una prioridad aún mayor. Pienso especialmente en la educación escolar básica, primaria y secundaria, para que se introduzca la actividad empresarial como una fase natural en la vida de las personas. Así pues, no se debería educar a las personas con la vista puesta únicamente en la obtención de un puesto de trabajo, sino que hay que educarlas para que creen nuevos puestos de trabajo, para que creen un entorno emprendedor, cuando se incorporen a la vida laboral.
El tercer ámbito está relacionado con una simplificación de las normas para facilitar la situación de las pequeñas empresas, que no pueden siempre equipararse con las más grandes.
Finalmente, las pequeñas y medianas empresas han de participar en el reparto de los recursos de los Fondos estructurales en los Estados miembros, para poder evaluar más fácilmente la mejor manera de ofrecerles el apoyo necesario para su desarrollo. El Grupo Liberal respalda el presente informe.

Rübig
Señor Presidente, Señorías, en el presente informe se expresan claramente los objetivos que debe marcarse una política adecuada en favor de las PYME para el nuevo siglo. Es preciso integrar con mayor firmeza que hasta ahora la dimensión de las PYME en la política comunitaria. Tanto en el ámbito nacional como en las regulaciones de la Unión sigue habiendo innumerables ámbitos en los que es necesario suprimir barreras y aligerar las cargas para las clases medias. En este sentido, yo agradezco también el detallado informe del grupo operativo BEST, que constituye una importante aportación para la mejora del entorno de las empresas europeas. Quiero manifestar asimismo mi apoyo al objetivo de obtener información adecuada sobre las pequeñas y medianas empresas europeas y ponerla a la disposición de las diferentes instancias políticas.
Nosotros estamos satisfechos con los datos que ofrece el sistema estadístico europeo, tanto los relativos a las clases medias como los del Observatorio. No podemos olvidar, no obstante, que la recogida de datos plantea dificultades para muchas empresas. Los costes administrativos, precisamente para las empresas con poco personal, han alcanzado ya su tope máximo. En adelante, tenemos que intentar proceder a una desregulación eficaz de las obligaciones de declaración con fines estadísticos. El segundo enfoque propuesto apunta también en la dirección adecuada. Es preciso promover una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en los programas comunitarios. Yo quisiera recordar en este contexto el Tercer Programa Plurianual, en el que el año próximo podrán participar también algunos candidatos a la adhesión. La semana entrante se adoptarán otras decisiones importantes y de mucha trascendencia. El Comité de conciliación se reunirá el martes para debatir sobre el Quinto Programa Marco de Investigación.
Yo tengo la seguridad de que se agotarán todas las posibilidades con objeto garantizar que dicho programa se pueda iniciar el año próximo, puesto que éste también es especialmente importante para las clases medias, que en opinión del Parlamento merecen un apoyo especial.

Souchet
Señor Presidente, se percibe en nuestro ponente cierto escepticismo sobre la verdadera utilidad de este ejercicio repetitivo y consabido en que se ha convertido el informe bianual de la Comisión sobre la coordinación de las actividades en favor de las PYME y de la artesanía. Sin embargo, todos conocemos el papel esencial que tienen las PYME en materia de innovación, de creación de empleos y de ordenación territorial, especialmente en las zonas rurales. En Francia, por ejemplo, el 37 % de los asalariados trabaja en empresas de menos de veinte asalariados y las dos terceras partes en empresas de menos de cien trabajadores. La artesanía representa el 13 % de la población activa y el empleo tiene tendencia a desplazarse cada vez más hacia las PYME.
¿Por qué, entonces, nuestro ponente subraya que «carece de sentido repetirse eternamente y elaborar informes y resoluciones de difícil lectura»? Y es que en este ámbito se plantean serias dudas en cuanto a la utilidad de la función que desempeña la Comisión en materia de coordinación y de ayuda estructural. Sobre este último punto, la Comisión nos dice que se ponen a disposición de las PYME importantes cantidades de dinero público, sobre todo en el marco de los Fondos regionales y de ciertos programas de iniciativa comunitaria.
¿Pero en qué proporción se utilizan estos fondos? ¿Cómo se utilizan y quién lo hace? ¿Acaso estas ayudas son realmente útiles y eficaces? ¿Acaso otros circuitos no serían más económicos y más ajustados a las necesidades reales de las empresas? No tenemos respuesta a todas estas cuestiones fundamentales; no hay evaluación. Esta incertidumbre y esta ausencia de control son totalmente inaceptables. No podemos darnos por satisfechos, como subraya el ponente, viendo que la Comisión «se limita a destacar, por lo general sobre la base de datos puramente teóricos, que se presta la debida atención a las PYME». Son palabras hueras. Las observaciones del Tribunal de Cuentas no son tranquilizadoras. Nos indican que los pocos datos facilitados por la Comisión no son fiables y que grandes empresas han recibido ayudas destinadas a las PYME.
Estamos pues en la indefinición más completa y no podemos por menos de interrogarnos acerca de la pertinencia de tales dispositivos de las ayudas comunitarias. Es curioso que la Comisión no se plantee nada, en cambio, acerca de la proliferación reglamentaria que ella misma hace soportar a las PYME, ni acerca de la necesidad de protegerlas mejor contra la competencia desleal, la falsificación, el trabajo clandestino, el dumping social y medioambiental, y también, señor Presidente, contra los riesgos de deslocalización.

Lukas
Señor Presidente, el contenido de fondo del informe debe ser acogido con plena satisfacción. De conformidad con el mismo, en el futuro será ineludible velar por que los Fondos estructurales beneficien realmente en mucho mayor medida a las PYME. Yo quisiera señalar, no obstante, que tanto el informe de la Comisión sobre la coordinación como el presente informe vuelven a dejar claramente patente hasta qué punto nuestro pensamiento económico está dominado por la «subvencionitis». Ya va siendo hora de situar clara y rotundamente en primer plano la independencia empresarial. Los eurodiputados también podemos desempeñar un papel constructivo en este sentido. Por ejemplo, en las conversaciones que mantenemos con las PYME deberíamos recordar siempre la llamada AEIE, la agrupación europea de interés económico. Hasta ahora no se ha utilizado suficientemente esta interesantísima posibilidad de cooperación transfronteriza flexible y sin ninguna burocracia. Sin embargo, se trata de una forma de cooperación que no sólo resulta económicamente ventajosa para las empresas, sino que responde de manera particular al espíritu del mercado interior.
Finalmente, yo quisiera sumarme a la petición de la ponente a la Presidencia austriaca para que impulse la organización de un seminario de los interlocutores sociales y las PYME sobre las posibilidades de mejorar el diálogo social europeo.

Thyssen
Presidente, veo que mi colega, el profesor Secchi, no está aquí. ¿Sería tan amable de concederme 30 segundos de su tiempo para dirigirme un momento a los ponentes de opinión?
Presidente, en favor de los colegas de opinión he de decir que he recibido una observación acertada de nuestro colega Cellai que dice que apenas ha encontrado reflejadas las propuestas concretas que se formularon en los informes de opinión. Efectivamente, así es, pero quisiera pedirles que no lo interpreten como una falta de respeto por el trabajo que se ha realizado en las otras Comisiones. En el futuro, cuando hablemos de la política en materia de las PYME en la Comisión Económica, las tomaremos en cuenta con toda seguridad. Pero nuestro problema era el siguiente. Estamos limitados por el sitio y el espacio para escribir una opinión. Hemos constatado que no podíamos formular cosas con sentido y detalladas propuestas concretas con sentido sobre todas las facetas de esta política en materia de las PYME. Se lo planteamos explícitamente a los colegas y a continuación, sacamos la conclusión, en la Comisión Económica de limitarnos a la metodología de la política de la Comisión en materia de las PYME y no pronunciarnos detalladamente sobre la política misma. De ahí que se vea reflejado tan poco de sus opiniones, pero créanme y crean a mis colegas, apreciamos sus opiniones.

Monti
Señor Presidente, agradezco al Parlamento Europeo su constante compromiso en favor de la acción que la Comisión realiza para promover las acciones en favor de las pequeñas y medianas empresas y, en particular, por su contribución al informe de la Comisión de 1997 sobre la coordinación de las actividades comunitarias en favor de las PYME y la artesanía.
Es crucial que las pequeñas y medianas empresas puedan gozar de las oportunidades que les ofrecen los programas comunitarios para valorizar plenamente sus potenciales de innovación y desarrollo y sobre todo de creación de puestos de trabajo, una necesidad imperativa y nuestro objetivo común.
Quiero dar las gracias a la Sra. Thyssen por su propuesta de resolución y por su informe que considero textos extremadamente útiles y constructivos. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento también a los demás diputados que han contribuido a este informe, o sea, a los Sres. Cellai, Peter, Adam, Robles Piquer y Ferrer.
El informe de la Comisión presenta un análisis orgánico de las medidas comunitarias en favor de las pequeñas y medianas empresas y de la artesanía e ilustra los resultados alcanzados gracias al enfoque coordinado adoptado por la Comisión para lograr que todas las políticas comunitarias tengan en cuenta los intereses de las PYME, así como para facilitar el acceso de estas últimas a los programas comunitarios.
La contribución del Parlamento Europeo, como siempre y en particular en lo referente a las cuestiones que afectan a las PYME, es esencial y llega en el momento oportuno. En efecto, han comenzado las negociaciones relativas a las propuestas de reforma de los Fondos estructurales para el período 2000-2006, así como para los nuevos programas como el Quinto Programa Marco de Investigación y de Desarrollo Tecnológico, y el nuevo programa LEONARDO.
Es evidente que una coordinación eficaz ofrecerá ventajas tangibles a las PYME. Puedo decir que en realidad ya se ha registrado un avance, como subraya el informe de la Sra. Thyssen. Sin embargo, la Comisión se ha comprometido a alcanzar resultados aún mejores en el futuro. Aprovecho la ocasión para recordar el papel desempeñado por grupo de Comisarios para las pequeñas y medianas empresas y el espíritu empresarial, presidido por el Comisario Sr. Papoutsis.
Nuestro objetivo es mejorar más todavía, si cabe, la coordinación de las actividades de la Comisión en el ámbito de los programas y las acciones en favor de las PYME. Les puedo garantizar el empeño de la Comisión de cara a alcanzar este objetivo. Quiero subrayar que, en líneas generales, estamos de acuerdo con las recomendaciones formuladas en la propuesta de resolución.
En particular, quiero hacer hincapié en la importancia decisiva de tres cuestiones. Primera, la necesidad de una utilización efectiva de la definición comunitaria de las pequeñas y medianas empresas en todos los programas a escala comunitaria y nacional; segunda, la importancia de facilitar el acceso de las PYME a los programas, en especial en el marco de los Fondos estructurales y de los programas de investigación y formación; tercera, e igualmente importante, la necesidad de una mayor implicación de las pequeñas y medianas empresas en la elaboración de los programas que las afectan, a través de una representación directa de las mismas.
Quiero añadir algunas consideraciones. Se ha hablado de proliferación reglamentaria: éste es un riesgo que siempre ha de tenerse en cuenta, sin embargo, quiero hacer presente, en particular al Sr. Souchet, que tanto las actividades de la task force BEST como las actividades de los grupos SLIM (Simpler Legislation and Internal Market) están dirigidas -y, como el Parlamento sabe perfectamente, comienzan a dar los primeros resultados concretos- precisamente a la simplificación reglamentaria teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
El Sr. Cellai ha planteado un problema candente -el de la imposición- que recae en términos de carga y de cumplimiento de una obligación onerosa, con frecuencia, más que proporcionalmente sobre las pequeñas y medianas empresas. Pues bien, éste es un buen ejemplo de que ciertas actividades de la Comisión, aunque no expresamente y verbalmente destinadas a las pequeñas y medianas empresas, sin embargo, están dirigidas a ellas. Me refiero a la lucha contra la competencia fiscal perniciosa que los quince Estados miembros han decidido emprender, a raíz de la propuesta de la Comisión. Pues bien, la lucha contra la competencia fiscal perniciosa tiene asimismo la finalidad de permitir a los Estados miembros, una vez cerrados algunos refugios y algunos paraísos fiscales, rebajar la presión fiscal global dentro de los Estados. Y por tanto, pese a que, con frecuencia, no son las pequeñas sino las grandes empresas las que obtienen ventajas de esos refugios y de esos paraísos, serán sobre todo las pequeñas las que obtendrán beneficios netos gracias a la reducción de la presión fiscal que se logrará a través de esta lucha contra la competencia fiscal perniciosa. No voy a mencionar las ideas expresadas por la Comisión en cuanto a la posibilidad de aplicar tipos de IVA reducidos a las actividades muy intensivas en mano de obra, tesis apoyada por este Parlamento, respecto a la que los Estados miembros se reservan adoptar una posición definitiva.
Me gustaría hacer una observación final acerca de un punto en el que han hecho hincapié varios diputados, acerca de la situación de las PYME en relación con los programas de los Fondos estructurales. Consciente de la falta de información detallada al respecto, la Comisión ha emprendido una evaluación temática sobre el impacto de los Fondos estructurales en las pequeñas y medianas empresas. Los resultados finales estarán disponibles antes de que finalice el presente año. Los primeros resultados de esta evaluación confirman las apreciaciones previas, la proporción de Fondos estructurales dedicados a las PYME y la tipología de las medidas. Por consiguiente, no podemos verdaderamente afirmar que la información no se encuentre disponible, si bien puede que no esté lo suficientemente detallada para permitir una distinción con arreglo a una clasificación con arreglo al tamaño de los beneficiarios, lo cual es importante.
Además, la Comisión ha emprendido un análisis de los regímenes financieros de algunos países, que servirán de orientación para futuros programas. Ha de tenerse en cuenta que los Estados miembros son los principales responsables de la evaluación y el análisis del comportamiento de sus programas de Fondos estructurales, por lo que se les debe alentar para que ofrezcan datos más detallados y exactos sobre la participación de las PYME. El estudio que he mencionado hace un minuto no quedará olvidado en una polvorienta estantería. Además de la recopilación de útil información, tiene también por objeto presentar recomendaciones de cara a los próximos períodos de programación sobre cómo mejorar las medidas relativas a las PYME y su aplicación en futuros programas.
Finalmente, me gustaría asimismo mencionar el hecho de que la Comisión deberá presentar en 1999 unas directrices con el fin de ayudar a los Estados miembros en la preparación de sus programas futuros para que se beneficien de una cofinanciación con cargo a los Fondos estructurales. En este contexto, se deberá prestar una atención muy especial a la promoción del desarrollo de las PYME y del carácter empresarial.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.15 horas)

