Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Wijsenbeek
Señora Presidenta, quisiera indicarle que, en lo relativo al acta de ayer, el Grupo UPE presentó por enésima vez una pregunta oral en el debate y la resolución subsiguiente sobre los servicios postales, realizada por el Sr. Pasty, y en la que estaba apuntado el Sr. Donnay como portavoz. Ayer por la noche, a las doce menos cuarto, señora Presidenta, el Grupo UPE ni siquiera se tomó la molestia de estar presente aquí, ya que no había nadie del Grupo, pero absolutamente nadie. Quisiera indicarle que, por tanto, de ahora en adelante quisiera que se nos ahorrara esta clase de solicitudes inútiles porque, señora Presidenta, no había nada nuevo, no se había llegado a ninguna posición nueva y la Comisión tampoco tenía que contarnos, como de costumbre, nada en absoluto, porque todavía no había hecho nada.

El Presidente
Tomamos nota de su observación.
El Acta queda aprobada

Artículo K.6 del Tratado UE, Cooperación Schengen
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:
la pregunta oral (B4-0176/98) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado UE - diciembre 1998; -la pregunta oral (B4-0717/98) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado UE - diciembre 1998; -la propuesta de recomendación (A4-0006/99) de la Sra. Van Lancker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el programa de actividades en el ámbito de la cooperación de Schengen de aquí a junio de 1999.
Nassauer
Señora Presidenta, Señorías, está será seguramente la última ocasión en la que celebramos el presente debate sobre la base del artículo K.6. Después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, no sólo debatiremos de conformidad con un nuevo artículo, sino también dentro de un marco claramente delimitado, ya que sólo se deberán tratar en este contexto los temas de la cooperación policial y judicial en materia penal. Señora Presidenta del Consejo y señor Presidente del Consejo, permitánme que exponga algunas observaciones sobre el procedimiento antes de entrar en realmente en materia.
Hasta ahora, el presente debate solía celebrarse al final de una Presidencia del Consejo, o sea, en el mes de diciembre. Esto ofrecía la evidente ventaja de que al menos uno de los Presidentes del Consejo competentes podía responder a las preguntas del Parlamento. Nosotros solicitamos encarecidamente que en el futuro se procure mantener la misma periodicidad. Reconozco que esto depende más del Parlamento que de la Presidencia del Consejo, pero aun así es preciso promover el consenso necesario.
Mi segunda observación se dirige, en cualquier caso, plenamente al Consejo. De conformidad con el procedimiento establecido, el presente debate se desarrolla sobre la base de una pregunta oral y una propuesta de resolución. Nosotros venimos solicitando desde hace algún tiempo que el Consejo nos remita un informe por escrito, con objeto de poder debatir sobre la base del mismo. Esto también tendría grandes ventajas para el Consejo, ya que le permitiría resaltar claramente los aspectos que considera centrales y aquellos en los que considera que se ha trabajado con éxito. Un informe escrito como base para la preparación del debate sólo contribuiría a mejorar la cooperación con el Parlamento.
Existen una serie de peticiones que ya habíamos planteado con anterioridad en el contexto de la citada propuesta de resolución y que se refieren a la cooperación del Parlamento con el Consejo. Ésta nunca ha llegado a concretarse, no obstante, en un procedimiento reglado durante la etapa del Tratado de Maastricht. Resulta interesante constatar que en el Tratado de Amsterdam se suprime la redacción algo desafortunada que hace referencia a los principales aspectos de la actividad, sobre los que el Consejo debe consultar al Parlamento, y se concreta afortunadamente con precisión en qué casos éste deberá ser consultado y en cuáles sólo deberá ser informado.
No obstante, también desde el punto de vista de la redacción actual, existen una serie de consultas pendientes que no se han realizado; enseguida volveré sobre ello. Nosotros pedimos que en el futuro se nos informe sobre los hechos importantes -tal como prevé también el apartado 2 del nuevo artículo 39- y sobre todo, señora Presidenta del Consejo, señor Presidente del Consejo, sobre las reuniones del Consejo, aunque sean informales.
No es aceptable que el Parlamento tenga que obtener información sobre lo que ocurre en el Consejo a través de los comunicados de prensa. No tendría que plantear ningún problema comunicar al Parlamento antes de cada reunión del Consejo los temas que se van a tratar e informarle luego sobre lo que se ha debatido. Paso a exponer ahora algunas consideraciones prácticas. En el Tratado de Amsterdam -y lamento tener que hablar en términos muy generales- se comunitarizan algunas materias legislativas fundamentales, sujetas, es cierto, al requisito de la unanimidad durante un plazo de cinco años como mínimo; pero en cualquier caso se comunitarizan. Lo cual significa que estos temas dejan de ser de la competencia legislativa de los Parlamento nacionales. Sin embargo, al mismo tiempo todavía no pasan a ser competencia del Parlamento Europeo, puesto que hasta que no se introduzca la codecisión sólo contaremos con el derecho de consulta. Lo cual significa -y me dirijo a dos juristas brillantes- que la definición jurídica a escala europea de unos temas que son claramente objeto de reserva jurídica, como los del asilo y la inmigración, se sustraerán a la influencia directa de un Parlamento electo y esto no se puede considerar aceptable. A mi modo de ver, la única alternativa posible sería que en la fase intermedia, durante esos cinco años y pico, el Consejo dedique especial atención a la consulta al Parlamento y no haga caso omiso de lo que éste manifieste en el marco de la misma. Sólo quería hacerlo constar muy brevemente.
Finalmente, permítanme que exponga una última observación, sólo a título de ejemplo. El Presidente del Consejo del lunes o el martes pasados propuso ampliar las capacidades operativas de EUROPOL, lo cual me divirtió mucho. Me divirtió porque su antigua colega del Grupo de los Verdes, la Sra. Roth, habría abandonado escandalizada el hemiciclo si hubiese escuchado semejante planteamiento. Dicho lo cual yo quisiera advertir que el desarrollo de EUROPOL tiene sus límites en la estructura de la cooperación interestatal. La comunitarización hace necesario el control parlamentario y judicial de los progresos en este ámbito. Por lo tanto, quien quiera avanzar en este contexto deberá tomarse la molestia de impulsar el progreso en el ámbito de la comunitarización y el Parlamento les insta a que así lo hagan.

Van Lancker
Presidenta, Señorías, Presidente del Consejo, señora Comisaria, creo que el debate de hoy sobre Schengen llega en un excelente momento, es decir, en el momento en que Alemania asume la Presidencia de la Unión, que por lo demás coincide con la Presidencia de Schengen. Eso es de crucial importancia, porque llega en un momento en que, para la realización del Protocolo de Schengen, se debe trasferir el acervo de Schengen al Tratado de Amsterdam. Además, el Parlamento dispone también, por otra parte, del segundo informe sobre el funcionamiento del Comité Ejecutivo y de la Autoridad Común de Control. Quiero, por tanto, agradecer también de forma muy explícita a la Presidencia alemana por esta ocasión que nos ofrece de tratar este tema con ellos y agradecer de todo corazón a los colegas su voluntariosa cooperación en el tratamiento de urgencia de este informe.
El Parlamento ha tenido siempre sentimientos contradictorios para con Schengen. De una parte nos alegra, naturalmente, que un número importante de Estados miembros hayan tomado la iniciativa en la realización de la circulación libre de las personas y del espacio de libertad, seguridad y derecho, pero por otra parte siempre hemos lamentado que esto ocurra fuera de las estructuras europeas.
Por lo demás, Schengen tampoco es, en el plano jurídico, el más guapo de la familia. El acervo es un melting pot de manuales, medidas y resoluciones en los que pocos encuentran un camino, y no digamos ya un derecho. Con la integración de Schengen en el Tratado de la Unión Europea podemos dar ahora pasos definitivos en aras de una mayor claridad y en aras de una mayor democratización. La inclusión de una parte del acervo en el primer pilar deja el camino abierto hacia una transferencia de competencias de esta política y posibilita también tomar medidas de limpieza respecto a todo ese cúmulo de la nébuleuse Schengen , como solía decir mi predecesor. Pero esa buena intención, Señorías, amenaza ahora con quedarse en agua de borrajas por la discusión que se viene arrastrando desde hace ya año y medio sobre la integración del acervo de Schengen en el Tratado. Lo primero y principal es que todavía no se logra definir el acervo de Schengen. Tampoco se logra eliminar las cláusulas superfluas de Schengen. En tercer lugar, todavía existe una gran discusión sobre la introducción de Schengen bien en el primer pilar o bien en el tercer pilar. He de decir sinceramente que esta situación, en la que un gran número de Estados miembros se sigue oponiendo obstinadamente a la transferencia de un poco del acervo de Schengen al pilar comunitario, al primer pilar, amenaza con hipotecar el modesto avance que nos ha traído Amsterdam.
En la Cumbre Europea de Viena del mes pasado, los jefes de Estado europeos han insistido en una resolución rápida. Ésa es una señal política importante, señor Presidente del Consejo. Me gustaría que me explicara la Presidencia alemana, pero también la Sra. Comisaria como guardiana del Tratado, la iniciativa política que tomarán para salir de este atolladero. Por lo demás, también me gustaría que me dijeran de qué manera quieren implicar al Parlamento Europeo en este proceso de transformación, ya que la integración del acervo de Schengen en el Tratado y, sobre todo, la división entre el primer y el tercer pilar, tendrá importantes consecuencias para la futura implicación del Parlamento y para el futuro desarrollo de toda la normativa europea en relación con la seguridad y la libertad. Aunque el Protocolo de Schengen no atiende de manera explícita al asesoramiento del Parlamento, sin embargo creo que los derechos del Parlamento deben ser respetados, porque se nos perjudicaría enormemente en nuestros intereses si no fuéramos consultados. Por lo demás, quisiera decir que este Parlamento debe recapacitar seriamente ir al Tribunal si sus derechos democráticos son conculcados.
En cualquier caso, insistimos en que se respeten los objetivos del Tratado en la integración de Schengen dentro de este Tratado y que se restablezca el equilibrio entre la eficacia de la actuación política, el respeto a los derechos fundamentales y el Estado de derecho. Ya en mi primer informe sobre Schengen solicitamos mayor transparencia, mayor control parlamentario y judicial para los derechos humanos. Creo que esto se debe cumplir ahora y que en la aprobación del acervo de Schengen se debe aprovechar la ocasión para publicar todo el acervo, involucrar mejor en el mismo al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales e informar mejor a los ciudadanos sobre sus derechos. Por otra parte, también quiero decir que, en nuestra opinión, el futuro del sistema informático de Schengen es de crucial importancia. Nuestra propia lista aboga en favor del siguiente procedimiento: el desarrollo del SIS como una red transeuropea, administrada por una agencia bajo el control tanto de la Comisión, por un lado, como del Consejo, por otro, con una estricta separación para los servicios usuarios finales entre los datos de las respectivas partes y controlado por la autoridad de control que está prevista en el Tratado. También en este punto quisiera preguntar de manera explícita por la opinión del Presidente del Consejo.
La Presidencia ha fijado, desde luego, también otras prioridades. Las apoyamos en gran parte. Por ejemplo, el refuerzo de la cooperación internacional en la política de seguimiento. Es necesario. La Presidencia alemana aboga también en favor de una armonización extrema en la política de visados. Ése también es un asunto importante, porque la situación actual es verdaderamente una catástrofe. En lo referente a la adhesión de nuevos países candidatos, señor Presidente del Consejo, quisiera decir que corremos el peligro de repetir las faltas del pasado. La evaluación de los países candidatos no se puede reducir al requisito de instalar herméticos controles fronterizos. También esperamos de usted una evaluación del funcionamiento de la justicia, el respeto de los derechos humanos y los principios del Estado de derecho.
Permítame detenerme, por último, en algunos puntos del informe anual de Schengen. En primer lugar está el mantenimiento de los controles fronterizos por parte de Francia en la frontera con Bélgica y Luxemburgo, a pesar de los esfuerzos. ¿Podría decirme la Presidencia del Consejo cuándo se resolverá finalmente esta deplorable situación? En segundo lugar quiero detenerme en la evaluación del Sistema de Información Schengen. Debo decirle sinceramente que la evaluación de cierto número de datos almacenados no puede ser considerada por nosotros como un criterio de éxito y, realmente, quisiéramos volver a insistir en que tenga lugar una evaluación cualitativa de la eficacia de Schengen. En tercer lugar está el informe de la Autoridad Común de Control que vigila el cumplimiento de la protección de datos. He decir sinceramente que la lectura de este informe plantea serios interrogantes con algunas desviaciones de Schengen. En este punto puedo dar ejemplos alucinantes, pero por desgracia no tengo tiempo para ello. Sólo quisiera decir que la autoridad de control ha descubierto problemas muy importantes en relación con el vínculo final, en relación con la eliminación de datos, en relación con la denegación de acceso al dominio Schengen. Esperamos que la Presidencia del Consejo respete las recomendaciones de esta autoridad de control. Tras cuatro años de funcionamiento de Schengen, este primer debate no es nada prematuro. Todavía se pueden corregir muchos problemas, deben ocurrir muchísimas cosas para llevar a cabo ese espacio europeo de seguridad y libertad. El Parlamento Europeo cuenta con que a partir de ahora se le incluirá en esta tarea.

El Presidente
Muchas gracias, señora Van Lancker. Debido a la gran complejidad del tema que hoy se debate, la Presidencia del Consejo está representada por dos ministros, la Ministra de Justicia federal alemana y el Ministro del Interior federal alemán. Yo agradezco su presencia. Tiene la palabra, en primer lugar, el Ministro del Interior federal alemán, Sr. Schily.

Schily
Señora Presidenta, Señorías, señora Van Lancker y señor Nassauer, ustedes han señalado con razón que en circunstancias normales lo correcto sería informar al final de una Presidencia del Consejo, pero ya saben cuál ha sido el motivo del retraso. Por lo tanto, en este caso la responsabilidad no recae sobre el Consejo, si bien también tiene, naturalmente, algunas ventajas que informemos ahora, a pesar de que yo no estaba en el cargo durante las dos Presidencias anteriores. Esto también nos permite gozar, no obstante, de un cierto distanciamiento y, por consiguiente, quizás también de una percepción más adecuada de los resultados de dichas Presidencias. Voy a procurar mantener la máxima objetividad sobre la base de lo que me han comunicado sobre las dos Presidencias anteriores.
Podemos hacer, evidentemente, dos tipos de balance. En primer lugar, podríamos enumerar todo lo que se ha hecho desde un punto de vista cuantitativo. En este sentido, sin duda es posible afirmar que se ha conseguido mucho: una docena de medidas comunes, dos convenios y el acuerdo político sobre otros dos. No obstante, quizá sea más útil y necesario realizar una evaluación cualitativa y prestar especial atención a las actuaciones del Consejo con vistas a la participación del Parlamento Europeo. En este contexto, yo quiero adelantarles ya que acepto gustoso su propuesta de que informemos por escrito y que procuraremos trasladarla a la práctica. Yo creo que la sugerencia de que convendría poder disponer de un documento y no depender sólo de una declaración oral es razonable.
Como ya había hecho la Presidencia luxemburguesa, las Presidencias en ejercicio durante el pasado año también cooperaron con el Parlamento Europeo de conformidad con las previsiones del Tratado de Amsterdam, anticipándose a su entrada en vigor, y nosotros procuraremos seguir haciéndolo. Mi colega Däubler-Gmelin les expondrá algunos detalles adicionales. Evidentemente hoy vamos a aprovechar la ocasión para ofrecerles, además del balance, también una panorámica sobre nuestra Presidencia. Ésta se centrará hoy, como es natural, en los asuntos de interior y la justicia, no en último término en relación con el plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Sra. Däubler-Gmelin expondrá también algunos detalles al respecto.
A continuación, permítanme que me detenga en algunos puntos, que he agrupado por temas. Voy a empezar por el punto relativo al asilo y la inmigración. En este ámbito, quizás todavía más que en los demás, es preciso adecuar los trabajos a los acontecimientos y responder frente a los sucesos internacionales. Kosovo es, como ustedes saben, uno de los focos de crisis que seguramente nos ocuparán también con toda urgencia en la próxima reunión informal de los Ministros de Asuntos Interiores y Justicia de la UE. Al mismo tiempo habrá que desarrollar estrategias y establecer normas de validez general que marquen el camino que habrá que seguir en el futuro.
El año 1998 se caracterizó por dos flujos migratorios: por un lado, la afluencia de exilados kurdos procedentes del Iraq y las zonas colindantes y, por el otro lado, los problemas derivados de la ya citada situación conflictiva en Kosovo, que generaron una afluencia de solicitantes de asilo a toda Europa. Algunos países se vieron especialmente afectados.
El Consejo respondió a la afluencia de inmigrantes procedentes de Iraq y otros países de la región con la adopción, en enero de 1998, de un nuevo plan de acción general. La llegada de estos inmigrantes también permitió constatar que el Convenio de Dublín, que había entrado en vigor poco antes, sólo puede cumplir en parte su cometido, dada la participación aparentemente masiva de organizaciones criminales en la canalización de los flujos de inmigrantes. Esto aparece cada vez más un problema.
Como resultado de la crisis de Kosovo también se produjo una situación análoga de alcance más limitado. Para hacer frente a estos fenómenos, en diciembre de 1998 el Consejo, a instancias de los Países Bajos, decidió crear un grupo de alto nivel encargado de proponer medidas comunes en relación con una serie de países donde es más de temer que se origine un flujo masivo de inmigrantes ilegales. Habrá que analizar los factores de presión que allí existen y desarrollar luego una estrategia para hacerles frente.
El año pasado se desarrolló un primer debate sobre el convenio propuesto por la Comisión por el que se regularía la admisión de nacionales de terceros países en el territorio de los Estados miembros. Se trata de un proyecto muy importante que entraría dentro de los nuevas competencias comunitarias previstas en el Tratado de Amsterdam. Las discusiones mantenidas hasta ahora han demostrado que para poder alcanzar un acuerdo será necesario también un considerable debate en los Estados miembros.
Ya me he referido al Convenio de Dublín, que entró en vigor en octubre de 1997. Si bien sería sin duda prematuro evaluar su funcionamiento en la práctica, ya hace un tiempo que se consideró conveniente adoptar un instrumento jurídico que facilita la aplicación del Convenio, toda vez que prevé la obtención de las huellas dactilares de los solicitantes de asilo y su comprobación por medio de un servicio central.
Al mismo tiempo se ha examinado el anteproyecto del convenio Eurodac y es una satisfacción para mí poder confirmar que el Consejo alcanzó en diciembre al menos un acuerdo político al respecto. En marzo pasado, después de que la afluencia masiva de kurdos pusiera de manifiesto los problemas para la aplicación del Convenio de Dublín, el Consejo decidió ampliar el proyecto Eurodac a la obtención de las huellas dactilares de los inmigrantes ilegales. El protocolo que establecerá el fundamento jurídico necesario todavía se encuentra en la fase de negociación. Los progresos registrados en la sesión de diciembre del Consejo permiten esperar que los trabajos puedan concluir muy pronto, lo cual también sería urgentemente deseable a mi parecer.
En lo que se refiere al ámbito del asilo, se examinó, por un lado, la aplicación del propio Convenio de Dublín. En este contexto, el comité creado de conformidad con el artículo 18 de dicho Convenio aprobó un programa de trabajo y también una declaración, que tiene por objeto mejorar algunos aspectos de la aplicación del Convenio en la práctica. Por el otro lado, se debatieron, sobre la base de las propuestas presentadas en julio por la Comisión, las medidas de asilo provisional y con vistas al reparto entre los Estados miembros de las cargas asociadas a la acogida de refugiados, de refugiados de guerra, en particular. El examen de estas propuestas proseguirá sin demora bajo la Presidencia alemana. Permítanme que señale que la Presidencia alemana considera evidente que la acogida provisional y el reparto de las cargas son inseparables. Esta es una condición sine qua non para nosotros.
En el contexto de los pasaportes y documentos de identidad y de residencia, el Consejo adoptó en junio de 1998 una Recomendación relativa a la instalación de instrumentos para la detección de falsificaciones en los puestos de entrada en la Unión Europea. Con objeto de facilitar los correspondientes controles, el Consejo aprobó en diciembre una Acción Común con vistas a la instalación del sistema Phado de almacenamiento electrónico de imágenes, diseñado para facilitar un intercambio rápido de información tanto sobre documentos auténticos como sobre los falsificados.
En relación con los visados, el Consejo ha proseguido los contactos con los países candidatos a la adhesión y se han celebrado dos encuentros con los mismos en el marco del Grupo sobre visados, en mayo y noviembre de 1998. Como resultado del segundo de estos encuentros se constituyeron grupos de expertos que se encargarán de evaluar la seguridad de los documentos de los países candidatos a la adhesión y de adecuar sus sistemas informáticos a las exigencias de la cooperación de Schengen en lo relativo al examen de las solicitudes de visado y la gestión y organización de los servicios de concesión de visados. También se ha establecido un acuerdo de cooperación con vistas a evaluar las necesidades de formación y equipos de los países candidatos a la adhesión.
En lo que se refiere a la unificación del modelo de documento de residencia, el Consejo aprobó tres instrumentos en 1998: primero, una decisión del Consejo sobre el reparto de los costes de impresión de los documentos de residencia unificados; segundo, una comunicación dedicada a la difusión de los modelos para dichos documentos; y tercero, una decisión del Consejo sobre las normas comunes en relación con los datos que deberán figurar en el documento de residencia.
Paso ahora al tema de la cooperación policial, particularmente en lo que se refiere a Europol y a la lucha contra las drogas; el tema de Europol ya se ha debatido aquí. El 1 de octubre de 1998 entró en vigor el Convenio sobre Europol -un paso intermedio muy satisfactorio, permítanme que lo resalte- pero, lamentablemente, Europol no ha entrado aún en funcionamiento porque todavía no se han podido adoptar algunas normas de aplicación necesarias para que pueda iniciar su actividad.
Hasta ahora se han podido acordar y adoptar los siguientes textos: definición de los derechos y obligaciones de los funcionarios de enlace en relación con Europol, normas de aplicación sobre análisis de datos, estatuto del personal, normas sobre protección de la confidencialidad, acuerdo sobre la sede de Europol; el régimen financiero no tardará en aprobarse. Yo me congratulo de que haya sido posible alcanzar un compromiso en relación con la dirección del personal de Europol. El régimen financiero se aprobará en breve.
Todavía no han entrado en vigor y están pendientes de un examen final los siguientes actos jurídicos: el protocolo de inmunidades de Europol, los acuerdos relativos a los órganos y el personal de Europol -cuatro Estados miembros no han completado aún, como es sabido, el proceso de ratificación-, y también los acuerdos bilaterales sobre inmunidades y privilegios para los funcionarios de enlace destinados a Europol y sus familias. Los Estados miembros han alcanzado un acuerdo sobre un texto con el Reino de los Países Bajos y dentro de poco tendrá lugar el correspondiente intercambio de notas verbales. El Consejo también ha adoptado disposiciones que regulan las relaciones exteriores de Europol con terceros países y terceros servicios y la recepción de información procedente de terceros países y terceros servicios por parte de Europol.
La Autoridad Común de Control ha alcanzado un acuerdo sobre su reglamento, que ahora está pendiente de la aprobación del Consejo. El más importante de los temas todavía pendientes es el relativo a los aspectos procedimentales del procedimiento de resolución de conflictos. Éstos incluyen la protección frente a la difusión de datos que afecten a la seguridad así como el cumplimiento de las garantías procesales necesarias. Ya se han celebrado una serie de conversaciones al respecto y yo confío en que ahora podremos resolver estas cuestiones desde la Presidencia del Consejo.
En cuanto a los órganos de Europol, el Comité Ejecutivo y la Autoridad Común de Control iniciaron su actividad en noviembre de 1998, tras la entrada en vigor del Convenio. Se constituyó el Comité Común de Control y éste emitió una declaración sobre el régimen financiero. En el Consejo del 3 y 4 de diciembre de 1998 se alcanzó un acuerdo sobre la futura composición del Comité Ejecutivo. El régimen financiero se revisará en breve, en caso necesario, a la vista de dicha posición común.
Por lo que respecta a los sistemas informáticos, el Consejo tomó nota en su sesión de septiembre de 1998 del informe de situación sobre la instalación del sistema informático TECS de Europol. En dicho informe se indica que, a la vista del retraso en el desarrollo de TECS, que en estos momentos apenas se está aproximando a la fase de adquisición, cuando Europol inicie sus actividades se dispondrá de un sistema provisional para las tareas de análisis e indización. En lo que se refiere al ámbito de tareas, el Consejo del 3 y 4 de diciembre decidió encomendar a Europol la persecución de los delitos contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas y también contra los bienes materiales cometidos o presuntamente cometidos en el marco de acciones terroristas, así como los preparativos para la ampliación de su mandato a las falsificaciones de dinero y medios de pago, especialmente con vistas a la introducción del euro; un aspecto que yo considero muy importante. Finalmente, también falta completar la definición del delito de trata de seres humanos en el Anexo al que hace referencia el artículo 2 del Convenio Europol.
Sobre el tema de las drogas, la lucha contra la droga fue también un tema prioritario para las Presidencias británica y austriaca, como ya lo había sido bajo las Presidencias anteriores. Las actividades más importantes en este ámbito fueron la elaboración de una estrategia contra las drogas para después de 1999, la sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada las drogas y el desarrollo de iniciativas regionales en América Latina y Asia central, como principales centros del tráfico de drogas. El enfoque de la Unión Europea se basó en el principio de la lucha global integrada y proporcionada contra el azote de las drogas.
Diversas iniciativas, en particular las de la Asamblea General de la ONU y las medidas relativas a América Latina, prestaron especial atención a la reducción de la demanda. El trabajo realizado por el Observatorio europeo sobre las drogas y la drogadicción fue una importante aportación. Se prosiguió la ejecución del Programa de acción comunitario para la prevención de las drogodependencias. En noviembre se celebró, a escala europea, nacional y regional, una Semana Europea dedicada a la prevención de la drogadicción. Ya saben ustedes que también concedemos una gran importancia a la prevención en el ámbito nacional.
De los informes de situación de los Estados miembros sobre los progresos en la ejecución de la Acción Común relativa a la armonización de las disposiciones jurídicas y procedimientos se desprende que muchos Estados miembros han reforzado a escala nacional y europea, y también en el marco de Schengen, las medidas encaminadas a establecer una estrecha cooperación entre las autoridades policiales, aduaneras y judiciales. Se ha seguido avanzando en la aplicación de la Acción Común relativa a las nuevas drogas sintéticas y en el Consejo de Viena se presentó un informe detallado sobre estas actuaciones.
Paso ahora al tema de las relaciones con terceros Estados y las cuestiones relacionadas con la ampliación, por las que también ha manifestado un especial interés la Sra. Van Lancker. En relación con la ampliación debo mencionar dos medidas particularmente importantes. El Consejo aprobó el 28 de mayo de 1998 -ahora sigue una palabra, Vorbeitrittsvereinbarung (acuerdo de preadhesión) que he estado a punto de leer equivocadamente como «desliz» (Vorbei-Tritt) : el sentido puede variar en alemán si no se acentúa debidamente; la burocracia no para de inventar curiosos neologismos-, como estaba diciendo, el Consejo aprobó el Acuerdo de preadhesión sobre la lucha contra la delincuencia organizada entre los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental y Chipre. Habida cuenta de que los delitos asociados a la delincuencia organizada se están incrementando por desgracia en los países candidatos a la adhesión y tienen repercusiones en los Estados miembros, parece razonable que los representantes de los países candidatos a la adhesión participen ya en la fase actual en un esfuerzo común para combatir estas actividades delictivas con numerosas ramificaciones en los ámbitos de la droga, la trata de seres humanos, la prostitución y el blanqueo de dinero. La verdad es que no es posible subvalorar la amenaza que representa este sector de la delincuencia.
Un grupo de expertos formado por representantes de los quince Estados miembros y de los once Estados candidatos a la adhesión, el llamado grupo de expertos «en el marco del acuerdo de preadhesión», se reúne periódicamente para intercambiar informaciones policiales y definir una estrategia común en colaboración con Europol, con objeto de identificar las principales amenazas y desarrollar medidas eficaces para combatirlas. La segunda medida es la medida común adoptada el 29 de junio de 1998 por la que se crea un mecanismo común de evaluación de la adopción, aplicación y transposición eficiente por parte de los países candidatos a la adhesión del acervo de la Unión Europea en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores.
El Consejo creó un grupo especial a partir de la constatación de que no basta con que se aprueben unas leyes y se ratifiquen unos acuerdos, sino que también es necesario contar con efectivos numéricamente suficientes y adecuadamente equipados y formados para hacerse cargo de la aplicación de las nuevas normas legales. El problema ya es, en efecto, bien conocido: las normas solas no bastan, sino que también es preciso que las leyes se cumplan.
El grupo de trabajo «Evaluación común» tiene como cometido evaluar, una vez examinada toda la información disponible, la situación en los países candidatos a la adhesión en lo que se refiere a la adopción, aplicación y transposición eficiente del acervo de la Unión en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores, en estrecha colaboración con la comisión K-4, y velar por que mantengan el nivel de actualización más reciente. El grupo de trabajo presenta informe periódicos al Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. Esto garantiza, por lo tanto, el examen por expertos del cumplimiento de las normas que se desprenden del acervo de la Unión o de Schengen en ámbitos particularmente sensibles, como el control de las fronteras exteriores o la lucha contra la delincuencia organizada, y la detección, llegado el caso, de los aspectos que todavía es necesario mejorar.
Las relaciones con terceros Estados merecen una atención especial en el marco de los trabajos en los ámbitos de la justicia y los asuntos interiores. Con los ños se ha ido ampliando de manera sistemática la cooperación que ya existía en parte en la época de Trevi y ésta se extiende ahora también a los Estados Unidos de América y Canadá, los países mediterráneos que participan en el marco de Euromed, otros países como Noruega, Islandia, Suiza, Turquía, Marruecos, Rusia y Ucrania, y en ámbitos particulares, como la lucha contra las drogas, también a los países de América Latina y Asia central.
Voy a entrar ahora en la segunda parte de mi informe, relativa a la cooperación en el marco de Schengen. Permítanme que exponga ante todo algunas consideraciones de principio. La cooperación en el contexto de Schengen abarca un sistema equilibrado de medidas que, por un lado, garantiza la libre circulación en el espacio de Schengen y, por el otro lado, reduce los riesgos para la seguridad derivados de la desaparición de los controles en las fronteras interiores.
Este sistema ha demostrado en principio su eficacia en los últimos cuatro años de aplicación práctica. Por consiguiente, deberá seguir manteniéndose en el futuro su planteamiento fundamental basado en una mayor libertad de circulación y una mayor libertad. La cooperación en el marco de Schengen se encuentra en vísperas de una importante cesura en su desarrollo, tal como ya ha señalado también la Sra. van Lancker, . Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, Schengen quedará integrado dentro de la Unión Europea. Los preparativos jurídicos e institucionales ya están en marcha. Lo importante ahora es que sigan avanzando a buen ritmo con vistas a que, en la medida de lo posible, estén concluidos en el momento de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
Alemania que hasta ahora ha apoyado siempre de manera consistente la consecución de dicho objetivo, seguirá realizando los esfuerzos necesarios durante el primer semestre de 1999, en el marco de su Presidencia de la UE.
El hecho de que Alemania continúe manteniendo también la Presidencia de Schengen durante el primer semestre de este año-así lo hemos acordado- resultará favorable para el proceso de integración.
Permítanme que añada unas palabras sobre la concreción del acervo de Schengen. Para que la incorporación de Schengen en la UE pueda llevarse a cabo con éxito todavía es necesario completar una serie de tareas en el marco de la UE. Entre ellas figura en primer lugar la definición del acervo actual de Schengen. La Sra. van Lancker se ha referido a unas estructuras nebulosas. Nosotros queremos contribuir, desde luego, a disipar la bruma que las rodea. La seguridad y la claridad jurídicas exigen que tanto los Estados que ahora aplican el acervo como los que deberán adoptarlo en el momento de su adhesión a la UE y, no en último lugar, también los propios ciudadanos sepan exactamente qué disposiciones de la cooperación de Schengen seguirán vigentes y cuáles no.
Entre las tareas todavía pendientes figura asimismo la subordinación del acervo de Schengen a los fundamentos jurídicos de los Tratados de la Comunidad Europea y de la Unión Europea. En relación al estado de opinión y la futura estrategia cabe señalar que en relación con ambos temas todavía no ha sido posible alcanzar conclusiones definitivas en el nivel de los expertos debido a algunas diferencias fundamentales entre los Estados miembros. En caso necesario, será preciso que intervenga también el nivel político. Si aun en ese plano no se consiguiera alcanzar un acuerdo, habría que recurrir a la solución de emergencia del Protocolo de Schengen, que prevé una adscripción ficticia al Tercer Pilar. Ya sé que usted no lo aprueba, señora van Lancker, y primero haremos todo lo posible para intentar alcanzar un acuerdo, pero esa sería la conclusión.
Habrá que finalizar las negociaciones, afortunadamente ya muy avanzadas, sobre un acuerdo de asociación con Noruega e Islandia. Alemania ya apoyó, en el contexto de la vinculación de dichos Estados a la cooperación de Schengen, la búsqueda de una forma de participación lo más eficiente posible. Esta posición continúa siendo acertada. La estructura de cooperación prevista es un buen camino para tomar en consideración los intereses legítimos de dichos países nórdicos en este sentido.
En cuanto al tema de la ampliación de la UE, Schengen se enfrenta con otro reto significativo en el contexto de la adhesión a la UE de los Estados de la Europa central y oriental. Los Estados de Schengen deben tener en cuenda que, en el futuro, los Estados que se adhieran a la UE se incorporarán automáticamente a la cooperación de Schengen bajo el paraguas de la UE. El Protocolo de transposición les obliga a adoptar todo el acervo de Schengen. Durante las negociaciones con vistas a la adhesión -quiero resaltarlo aquí- no deben introducirse excepciones a este principio. El sistema equilibrado de cooperación en favor de la libertad de circulación y la seguridad sólo podrá seguir funcionando en el futuro si todos los Estados miembros cumplen en igual medida sus exigencias.
Es preciso garantizar asimismo que también en el futuro un Estado sólo pueda participar en la práctica en dicha cooperación si cumple efectiva y demostrablemente todos los requisitos necesarios. Con este objeto, es imprescindible que se mantenga el instrumento de la llamada puesta en vigor de la normativa de Schengen en un Estado concreto. Por otro lado, también tenemos pendiente un problema particular en relación con un país del Sur. Es preciso apoyar activamente los preparativos de los nuevos Estados miembros para la adopción de las normas de Schengen.
Permítanme que para finalizar enumere sucintamente los puntos centrales del programa de trabajo de la Presidencia alemana de Schengen para el primer semestre de 1999. La Presidencia alemana de Schengen se ha propuesto como objetivo continuar fortaleciendo la cooperación entre los estados de Schengen mediante una serie de estímulos. El Gobierno federal alemán proseguirá con ello el programa de trabajo desarrollado por la presidencia alemana durante el segundo semestre de 1998. Los puntos fundamentales serán: la mejora del apoyo policial a la actuación judicial mediante la aprobación de un catálogo obligatorio para todos los Estados de Schengen de diligencias que podrán solicitar y realizar los servicios policiales sin la intervención de las autoridades judiciales, sencillamente para acelerar el procedimiento, sin que ello suponga una merma de los derechos constitucionales; el intercambio de funcionarios de enlace en el ámbito de la vigilancia de fronteras con objeto de que realicen tareas de asesoramiento y apoyo en las fronteras exteriores de Schengen; la puesta en marcha de la interoperabilidad de los diversos sistemas policiales de comunicación digital en las zonas fronterizas del espacio interior; la verificación del cumplimiento del acuerdo de aplicación de Schengen en Alemania, o sea, que el primer procedimiento de verificación tendrá lugar en nuestro país, lo cual me parece acertado; la mejora del intercambio de datos relativos a los visados y la introducción de un comprobante de salida.

Däubler-Gmelin
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecer en primer lugar esta oportunidad de intervenir y debatir sobre este ámbito que es, ciertamente, del máximo interés para las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea. Es bueno que estas cuestiones no se debatan únicamente hoy. Nos encontramos de hecho -permítanme que continúe las observaciones de mi colega Schily en este sentido- en un momento de transición interesante. Excepcionalmente, tal como ya ha resaltado usted, señor colega Nassauer, hoy no sólo debemos informar sobre los acontecimientos y progresos del año pasado, o sea, sobre los resultados conseguidos por la Presidencia del Reino Unido y la Presidencia austriaca del Consejo, sino que también nos corresponde ofrecer una breve panorámica de los proyectos de la Presidencia alemana para los próximos seis meses. Es bueno que no tengamos que limitarnos a hacerlo hoy y yo me alegro de que en las próximas semanas tengamos la oportunidad de continuar en las comisiones competentes de esta Cámara el debate sobre nuestros proyectos y sobre los problemas que nos preocupan. Por consiguiente -y espero que lo comprendan-, voy a limitar mi intervención a algunos puntos importantes.
Yo quisiera empezar, señor colega Nassauer, por algunas observaciones generales sobre las relaciones del Consejo con el Parlamento Europeo.
Yo comprendo muy bien sus sugerencias y quiero manifestar que debemos tomanos ciertamente muy en serio sus observaciones sobre el control y la concreción democrática de los ámbitos que son objeto de reserva jurídica, sobre todo de conformidad con nuestra interpretación tradicional, que sin duda también es la acertada. He leído con gran interés los distintos apartados de la propuesta de resolución que hoy se debate. Pueden tener la seguridad de que haremos todo lo posible y, naturalmente, lo que permita el Tratado con objeto de seguir configurando de manera favorable las relaciones entre el Consejo y la Presidencia.
Si volvemos la mirada atrás para examinar los resultados del año pasado -siempre en relación con los ámbitos sobre los que me corresponde informar-, sin duda es posible afirmar que las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo fueron en conjunto fructíferas y positivas. Permítanme que recuerde que tanto la Presidencia británica como la austriaca tuvieron ocasión de presentar y debatir su programa de trabajo para el semestre correspondiente. Estos programas de trabajo se expusieron detalladamente y se debatieron, según los ámbitos de competencia, en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. También se celebró, además, un intercambio de opiniones entre la Presidencia y los diputados del Parlamento sobre los aspectos de interés común en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior.
Yo creo que es posible afirmar, señor colega Nassauer, que esto permitió debatir algunos temas que luego fueron tratados y examinados en las sesiones del Consejo o en sus reuniones informales. También hemos podido constatar que las consideraciones y opiniones del Parlamento Europeo se transmitieron al Consejo.
Por otro lado, fue una buena práctica que las Presidencias en ejercicio informasen a las Comisiones del Parlamento Europeo al final de cada semestre de manera prácticamente exhaustiva sobre el trabajo realizado por el Consejo durante el período en cuestión. Continuaremos esta práctica. La Presidencia también continuó la práctica, iniciada por la Presidencia luxemburguesa en el segundo semestre de 1997, de consultar al Parlamento Europeo en los términos que prevén las disposiciones del Tratado de Amsterdam.
Permitan que afirmemos que esto también fue un intento -logrado, creo yo- de tomar en consideración las opiniones del Parlamento Europeo. La Presidencia transmitió asimismo en cada caso la opinión del Parlamento al órgano competente del Consejo.
Yo quisiera añadir, además, que la Presidencia hizo posible que en diciembre de 1998 fuera escuchada una propuesta del Parlamento Europeo a la que nosotros concedemos una importancia muy especial, a saber, el Plan de acción para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, al que también hace referencia la resolución, si bien sólo en un determinado sentido. Este plan de acción abrirá perspectivas indicarán la dirección en la que habrá que avanzar durante los cinco primeros años -usted ha dicho cinco años y pico, señor colega Nassauer- después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
Pueden tener ustedes la seguridad, permítanme que lo repita, de que la Presidencia alemana tiene un gran interés en seguir mejorando las relaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo. En este contexto, yo puedo afirmar que fue favorable -y nosotros lo valoramos muy positivamente- que el Parlamento Europeo manifestase un considerable interés por los trabajos en este ámbito a lo largo de todo el año pasado. Se formularon más de un centenar de preguntas al Consejo. Una prueba suficiente, a mi parecer.
Finalmente, yo quisiera recordar las conclusiones del Consejo del 19 de marzo del año pasado. Éstas hacían referencia a la publicidad y la transparencia en relación con las acciones en el ámbito del Título VI del Tratado de la Unión, que permiten informar más ampliamente sobre la actividad del Consejo y refuerzan la influencia exterior del mismo. Esto está relacionado, de hecho, en parte con lo que acabamos de comentar y en parte también con sus sugerencias, como la publicación del calendario de sesiones, la difusión de las decisiones del Consejo a través de Internet, la celebración de debates públicos en el Consejo.
Permítanme que pase ahora al segundo punto. ¿Qué progresos se registraron el año pasado, bajo la Presidencia del Reino Unido y de la República de Austria, en el ámbito de la cooperación? Yo creo que debería empezar por la cooperación judicial en materia civil. Por el sencillo motivo de que sabemos perfectamente que ésta les interesa especialmente a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa. En el ámbito de la cooperación judicial en materia civil cabe señalar como un acontecimiento destacado la adopción por el Consejo del llamado Convenio de Bruselas II sobre las competencias, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones sobre asuntos matrimoniales y la firma de dicho Convenio por los Estados miembros.
Es bien sabido que se trata de un convenio de gran interés para los ciudadanos europeos. En él se establece en qué Estado miembro se puede solicitar un divorcio, una separación o la anulación de un matrimonio, así como cuál es el Estado miembro competente para decidir sobre la custodia de los hijos comunes en el caso de una solicitud de divorcio, separación o anulación de un matrimonio.
En relación con este tema, ustedes saben que los divorcios plantean muchos problemas sobre todo en el caso de matrimonios binacionales. El Convenio permite definir de manera razonable el procedimiento legal y judicial y también la actuación en la práctica. Sin embargo, naturalmente, resulta casi imposible regular de manera adecuada el aspecto humano de los problemas asociados. Yo creo que será necesario buscar otras posibilidades y tengo el convencimiento de que los diputados de esta Asamblea también deben colaborar en este aspecto de la reglamentación y la práctica.
Volviendo, sin embargo, al Convenio, una vez adoptada una decisión por parte de los tribunales de un Estado miembro, es posible obtener su reconocimiento y ejecución en los demás Estados miembros mediante un procedimiento rápido, sencillo y poco costoso. Otro aspecto importante es el acto jurídico adoptado por el Consejo en el contexto del citado Convenio y que fue suscrito simultáneamente por los Estados miembros, por el que se confía la interpretación del Convenio al Tribunal de Justicia Europeo. Dicho acto jurídico es importante no sólo porque sigue ahondando en el tema, sino también porque con él se resalta la relevancia del Tribunal de Justicia Europeo. Yo creo que esto es importante para promover la idea de un control judicial en el ámbito de la Unión Europea, como el que tenemos en todos los Estados miembros, y a la vez también los principios de un Estado de Derecho.
También se han iniciado trabajos importantes en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con vistas a la revisión de los Convenios de Bruselas i y de Lugano. Esto es también muy positivo. El Convenio de Bruselas del 27 de septiembre prevé unas normas comunes para los Estados de la UE en relación con la competencia internacional, la litispendencia y el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales en las causas civiles y mercantiles. El Convenio de Lugano del 16 de septiembre de 1998 tiene una estructura parecida, pero con algunas diferencias, como es sabido, en aspectos de detalle. Además de los estados de la UE, también participan en el mismo los Estados de la AELC Suiza, Noruega e Islandia.
Durante el próximo semestre de Presidencia alemana nos proponemos revisar dichos Convenios. El objetivo de las deliberaciones será una mayor homologación de ambos Convenios, la introducción de mejoras a partir de las experiencias acumuladas en la práctica jurídica y, sobre todo, una mayor simplificación del reconocimiento mutuo y la ejecución de las decisiones. Sobre todo, queremos tener siempre presente el punto de vista de la simplificación. El objetivo de las negociaciones es avanzar, por lo tanto, un paso importante hacia la realización del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que desean construir conjuntamente los Estados miembros. Nosotros esperamos que el tema pueda quedar cerrado durante la Presidencia alemana.
En julio de 1998 se reunió un grupo de trabajo del Consejo encargado de examinar las condiciones para la adopción de un acto jurídico sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales.
Me refiero al proyecto Roma II, que amplía el Convenio del 19 de junio de 1980, actualmente vigente entre los estados miembros de la UE, sobre la ley aplicable a las relaciones contractuales. Citando las declaraciones de Roma I: el grupo de trabajo ha alcanzado un resultado intermedio positivo y ahora se dispone a elaborar un proyecto a partir de uno de los documentos de trabajo redactados bajo la anterior Presidencia austriaca.
Paso ahora al ámbito de la cooperación judicial en materia penal. La Sra. Van Lancker también se ha referido a este aspecto. En este contexto, yo quisiera resaltar en primer lugar la relevancia práctica de un convenio concreto, a saber, el Convenio relativo a la retirada del permiso de conducción, que también es un tema que afecta muy directamente a las personas que residen en los Estados miembros de la Unión Europea y yo puedo asegurarles que éste también despierta dudas y temores en la República Federal de Alemania, si bien a la vez es objeto de extraordinarios elogios.
Este Convenio, que fue adoptado por el Consejo el 16 de junio de 1998, prevé que la ejecución de las decisiones firmes pueda extenderse a otros Estados miembros además del Estado de residencia bajo determinadas condiciones. Esto constituye una valiosa aportación a la seguridad de la circulación viaria y a la vez también a la creación de un espacio de justicia común en relación con un aspecto muy práctico, que las ciudadanas y los ciudadanos perciben directamente.
No podemos señalar, en cambio, los mismos progresos en otro ámbito. Me refiero a la mejora de la asistencia judicial en materia penal. En este aspecto se ha conseguido avanzar muy poco a pesar -permítanme que lo resalte- de los esfuerzos permanentes y sumamente meritorios que se han realizado, sobre todo desde la Presidencia austriaca. El motivo son las diferencias entre los sistemas de nuestros Estados miembros. Otro motivo son también las diferentes expectativas en relación con la Unión Europea en este ámbito y yo creo que todas las instituciones europeas, y el Parlamento Europeo en particular, no sólo deben promover una mayor comprensión, sino que también deben actuar impulsando medidas de apoyo que hagan posible una actuación transfronteriza eficaz.
Para ello es preciso mejorar, en efecto, los instrumentos disponibles para la asistencia judicial internacional en materia penal y adaptarlos a las modernas exigencias de la persecución penal transfronteriza. Esto es particularmente válido -¿quién no lo sabe ya?- en el caso de las modernas tecnologías de comunicación transfronteriza, como la comunicación por satélite, por ejemplo. La Presidencia alemana se ha propuesto impulsar con la máxima rapidez posible la adopción del convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal, a ser posible dentro del semestre de nuestra Presidencia. Para ello contamos con la base de un considerable trabajo previo. En particular, ya existe un consenso sobre la simplificación de los trámites para la comunicación de las solicitudes de asistencia judicial y también sobre la regulación de los métodos modernos de comunicación transfronteriza -léase: suministro controlado y localizadores secretos- y de la toma de declaraciones por el procedimiento de las videoconferencias. No hará falta que insista en que aun así todavía quedan una serie de problemas por resolver. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir debatiéndolos la semana próxima en las comisiones competentes.
En el ámbito de la lucha contra el fraude y la corrupción, la adopción, en diciembre de 1998, de la Acción Común relativa a la corrupción en el sector privado ha creado un nuevo fundamento que permitirá mejorar la persecución penal de la corrupción en el contexto de las transacciones comerciales dentro del Mercado Común. Esto también representa sin la menor duda un progreso importante que habría que resaltar debidamente ante la opinión pública.
En el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, en vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el Consejo encargó a un grupo de alto nivel la elaboración de un Plan de acción que permitiese abordar dicha lucha con un enfoque amplio. De este modo, los diferentes actores, o sea, la policía, las autoridades judiciales y las autoridades aduaneras, ya no tendrán que proceder, como hasta ahora, de manera separada -enfrentados por sus respectivas competencias-, sino que podrán actuar primero conjuntamente durante un período determinado, en el marco de un grupo interdisciplinar, contra el azote de la delincuencia organizada.
En este contexto, permítanme que resalte una vez más que el Consejo ha tomado debida nota y agradece la importante aportación del Parlamento Europeo a las deliberaciones del grupo interdisciplinar «Delincuencia organizada». Es preciso destacar en particular el informe de la Sra. Cederschiöld sobre el Plan de acción, que constituyó y sigue siendo un importante fundamento para los trabajos del Grupo; como ejemplo, cabe citar la Resolución del Consejo del 21 de diciembre de 1998 sobre la prevención de la delincuencia, que se basa en una iniciativa inspirada por los debates en el Parlamento Europeo.
Se consiguieron importantes progresos en la transposición del Plan de acción, que se exponen de manera detallada en el informe presentado en el Consejo Europeo de Viena. Yo quisiera resaltar ahora aquí la creación de la Red Judicial Europea, así como la adopción de la Acción Común relativa al blanqueo de dinero, la investigación, la congelación, la incautación y el embargo de los instrumentos empleados para la comisión de delitos y del producto de los mismos y de una Acción Común por la cual se incluirá en la legislación de todos los Estados miembros la tipificación del delito de participación en una organización criminal y su aplicación a todas las personas que se encuentren en su territorio, independientemente del lugar donde tenga su sede dicha organización o donde desarrolle sus acciones delictivas.
Los plazos que establece el Plan de acción para la transposición de su resolución concluyen formalmente, como es sabido, a finales de 1999. El Consejo tendrá que adoptar entonces sin dilación una decisión sobre la continuidad de dichos trabajos y su vinculación con el nuevo Plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta decisión tendrá una cierta trascendencia, nadie lo ignora.
Permítanme que me extienda ahora sobre el citado Plan de acción con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La elaboración de este nuevo Plan de acción fue el eje central de los trabajos del Consejo durante el segundo semestre de 1998 y, por lo tanto, de la Presidencia austriaca. Como ustedes saben, el Consejo Europeo de Cardiff instó al Consejo y a la Comisión a que presentasen en el Consejo Europeo de Viena propuestas sobre la transposición más adecuada de las disposiciones del Tratado de Amsterdam que prevén la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
En la Cumbre de Viena se presentó un documento que intenta concretar los cambios y las innovaciones o, dicho con otras palabras, el valor añadido que representa el Tratado de Amsterdam y presentar un programa de trabajo para los próximos dos a cinco años. El Consejo Europeo de Viene aprobó el Plan de acción y confirmó que éste conferirá una nueva dimensión a las políticas en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y creará así un espacio concreto para el desarrollo de las acciones en este ámbito. Me parece que es bueno recordarlo.
El Consejo Europeo decidió asimismo que será necesario evaluar los progresos conseguidos en la Cumbre extraordinaria de Tampere de octubre de 1999, dedicada a los temas de los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, y establecer nuevas orientaciones para las acciones de la Unión en dicho ámbito.
Se trata de una tarea importante, en cuyo contexto alcanzará toda su significación el dictamen del Parlamento Europeo, solicitado por la Presidencia austriaca a mediados de diciembre. Yo puedo asegurarles, en cualquier caso, que la Presidencia alemana -que se ocupará de los primeros preparativos para la Cumbre extraordinaria de Tampere- concederá la máxima atención a la opinión del Parlamento Europeo.
Yo estoy convencida de que la Cumbre extraordinaria de Tampere nos brindará la oportunidad de avanzar un paso significativo en las deliberaciones en nuestro ámbito y espero que la Presidencia alemana podrá seguir contando con el apoyo continuado del Parlamento Europeo para alcanzar dicho objetivo.
Permítanme que señale una vez más que nos encontramos en la línea divisoria entre dos fases interesantes. Pronto se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo y en su contexto será importante comentar con los ciudadanos y ciudadanas los progresos y también las posibilidades con vistas a la creación de un espacio judicial común y un espacio común de seguridad. Al mismo tiempo, nos encontramos ante el momento del gran cambio que supondrá la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que también tendrá especiales repercusiones en nuestro ámbito.
Todos deberíamos ser conscientes de que el gran interés que despierta entre los ciudadanos y ciudadanas europeos el espacio judicial común -que significará mayores derechos y unos derechos comunes para todos ellos- y también el espacio común de seguridad europeo es un factor de considerable importancia para hacer avanzar al conjunto de Europa. Esto nos obliga a intentar actuar conjuntamente y buscar, según nuestro leal saber y conocimiento, caminos comunes para seguir impulsando el progreso del conjunto de Europa en la dirección de una identidad constitucional social y democrática. Yo creo que este es su empeño y también es el empeño de la Presidencia alemana.
Aplausos

Gradin
Señor Presidente, señores Ministros, señorías, la cooperación de la Unión en el ámbito jurídico y de interior se adentra ya en su sexto año. Como ya señala el Sr. Nassauer en su informe, este ámbito ha venido cobrando una significación cada vez mayor. Al mismo tiempo, también la necesidad de renovación ha venido haciéndose cada vez más patente. Mediante el Tratado de Amsterdam se nos ha encomendado una tarea más ambiciosa: el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
Uno de mis objetivos principales durante el pasado año fue el de dotar a esta visión de un contenido concreto e inteligible, en forma de un comunicado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo. Las experiencias del pasado nos muestran la gran importancia que reviste esta cuestión.
Han transcurrido cuatro años desde que, en mi condición de Comisaria, comencé a trabajar en cuestiones jurídicas y de interior, y he podido vislumbrar un patrón claro. Tras esta iniciativa que ahora se emprende se esconden unos retos comunes y un genuino deseo de encontrar soluciones europeas válidas. He podido comprobar que si, casi siempre, existe un firme apoyo popular tras las propuestas, es cierto que, una vez que las ideas se enfrentan con la realidad, este apoyo se convierte en oposición. El señor Nassauer ilustra bien este hecho cuando pasa lista en su informe a las numerosas cuestiones que el Consejo de Ministros no ha logrado solucionar con el paso de los años. Estas cuestiones se reparten entre las propuestas que llevan esperando una decisión mucho tiempo y las decisiones que, por distintos motivos, no han entrado en vigor. De todos los convenios que se han negociado en los últimos cinco años, solamente uno, el relativo a Europol, ha entrado en vigor.
Sin embargo, el Consejo no es la única institución donde se ha registrado una lentitud en sus trabajos, sino que también en este Parlamento ha resultado en ocasiones difícil llegar a un acuerdo en torno a una estrategia común. Así pues, también en este Parlamento existe una necesidad de entablar un debate de conjunto. Por ello, se precisa un nuevo empuje que impulse esta cooperación. Espero que logremos promover durante esta primavera un amplio debate público sobre la futura orientación de la cooperación de la Unión en el ámbito jurídico y de interior. Con ello quiero decir que aún quedan numerosas cuestiones fundamentales por esclarecer. Y la respuesta a estas cuestiones hay que buscarlas en el día a día y en la realidad en la que viven los europeos. Por consiguiente, respaldo de todo corazón la idea del Parlamento de convocar esta primavera una conferencia interparlamentaria. Una reunión de estas características reuniría todas las condiciones para instaurar un amplio debate público en torno, precisamente, a las prioridades de la Unión para el futuro.
En el informe Nassauer se señala que en 1998 no se ha adoptado un solo instrumento legislativo en el ámbito de la política de emigración. También yo habría deseado llegar un poco más lejos en este sentido. Me refiero, en particular, a la propuesta sobre la protección temporal en caso de una afluencia masiva de refugiados. Han transcurrido más de dos años desde que planteamos esta cuestión por primera vez ante el Consejo de Ministros. He presentado borradores de propuestas concretas en dos ocasiones distintas. Entre otros aspectos, también he elaborado un modelo de reparto solidario de las responsabilidades y las cargas del asilo. En estas condiciones, los trabajos deberían haber llegado más lejos, y me gustaría señalar que estoy abierta a distintas soluciones. Al mismo tiempo, espero naturalmente que los Estados miembros presten también su ayuda para encontrar alternativas constructivas.
El año pasado se dio un importante paso adelante con el Convenio de Europol. Este convenio ofrece nuevas posibilidades en la lucha contra la delincuencia organizada. Este año tendremos también que llevar a buen término los trabajos relativos al plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada internacional. La Comisión seguirá desempeñando en el futuro un papel activo en el marco de estos trabajos.
En otro orden de cosas, estamos también inmersos en los trabajos de actualización del plan de acción contra las drogas. Como es bien sabido, el actual plan expira este año. En consecuencia, la Comisión tiene previsto presentar ya durante esta primavera un esbozo del nuevo plan quinquenal. Este trabajo se ha beneficiado de un importante impulso gracias a la sesión especial sobre estupefacientes de las Naciones Unidas que se celebró el año pasado en Nueva York. Acompañada de miembros del Parlamento, pude comprobar personalmente que la continuidad y la coherencia seguirán caracterizando los futuros trabajos de las NU en este ámbito. Acojo igualmente con satisfacción la resolución adoptada por el Parlamento en octubre del pasado año, en la que ofrece claramente su apoyo al Convenio de las NU sobre el control de estupefacientes. De esta manera se garantiza que la política en materia de estupefacientes seguirá basándose en el futuro en los conocimientos y en contrastadas experiencias de evaluación.
Otra prioridad principal del año pasado lo constituyeron las actividades relacionadas con la ampliación. La totalidad de los países candidatos participaron en este proceso. Se entabló un intenso diálogo con todos ellos, especialmente en el ámbito jurídico y de interior. El cometido de la Comisión es prestarles la mayor ayuda posible, principalmente por medio de la ayuda de cooperación en el plano técnico. A este fin, los programas PHARE constituyen un importante instrumento, al igual que los programas de formación e intercambio.
Permítanme también decirles algunas palabras acerca de Schengen en nombre de mi colega, el señor Monti. La Comisión comparte a grandes rasgos el análisis del ponente van Lancker y las recomendaciones por lo que respecta a la integración de Schengen. En primer lugar, es Schengen lo que se tiene que incorporar a las actividades de la Unión, y no al contrario. En segundo lugar, es importante que, de acuerdo con el objetivo establecido, la integración dé verdaderamente lugar a una mayor transparencia y control jurídico. En tercer lugar, la integración de Schengen no deberá echar por tierra los avances derivados del Tratado de Amsterdam. El protocolo de Schengen estipula con toda claridad un diálogo entre el primer y el tercer pilar. Si no logramos llegar a un acuerdo, Schengen terminará plenamente inscrito en el marco del tercer pilar, en lugar de integrarse en mayor medida en el seno de la cooperación comunitaria. Creo que esta circunstancia, que contravendría completamente el espíritu del nuevo tratado, sería inaceptable. La Comisión hará todo lo posible para lograr que este diálogo pueda concluirse antes de que entre en vigor el nuevo tratado. Evidentemente, el Parlamento deberá implicarse en la mayor medida posible en los trabajos preparatorios. En las próximas semanas, la Comisión tiene previsto reivindicar firmemente este punto de vista durante los contactos que mantendremos con la Presidencia alemana. Nuestro objetivo es encontrar, conjuntamente con la Presidencia de la UE, la manera de organizar nuestra cooperación con el Parlamento del modo más eficaz posible. Además, puedo dar la buena noticia a esta cámara de que ya han concluido las negociaciones con Noruega e Islandia.
El Tratado de Amsterdam eleva la cooperación en el ámbito jurídico y de interior a un nuevo nivel. El nuevo tratado abre a la Comisión las puertas de nuevos ámbitos. Sé que existen desafíos, ante todo en materia jurídica. Las exigencias de los ciudadanos para lograr una igualdad de acceso a la justicia no conocen límites. La idea de una integración en la que las personas se desplacen libremente por Europa presupone y refuerza a la vez una conciencia jurídica común. Se trata de algo que debemos defender y acoger con satisfacción. El terrorismo, el soborno, la corrupción, el fraude, la explotación sexual de las mujeres y los niños son sólo algunos de los delitos que suscitan aversión dentro de la Unión. Se abre, pues, el camino para emprender nuevas e interesantes iniciativas, por ejemplo, en el ámbito penal.
Otra cuestión que comenzamos a abordar durante 1998 es la relativa al trato que se deparará en la Unión a las víctimas de delitos. ¿Qué podemos hacer para defender a las personas que se han visto expuestas a la violencia o a otras figuras delictivas cuando se encontraban en otro Estado miembro? Tengo previsto presentar este año una comunicación sobre el modo de avanzar más en estas cuestiones por medio de la cooperación de la UE.
Por lo que respecta al tráfico esclavista de mujeres y a la explotación sexual infantil, hemos logrado en apenas pocos años elevar estas cuestiones al nivel al que verdaderamente corresponden. Hemos ideado el marco de una estrategia común y presentado propuestas y medidas concretas. Igualmente, a través del programa STOP hemos conseguido dotar a estas actividades de ayuda financiera. En la comunicación sobre el tráfico ilegal de mujeres que presenté el pasado mes hacía además hincapié en los numerosos ámbitos donde se precisa en la actualidad un mayor número de medidas. Me refiero, entre otros, a la expedición de permisos de residencia temporales a todas aquellas mujeres dispuestas a levantarse y testimoniar en contra de los contrabandistas y los proxenetas.
El pasado año pudimos presentar asimismo la propuesta en torno a un programa de trabajo plurianual, DAPHNE, en apoyo de la lucha contra la violencia que sufren las mujeres, los adolescentes y los niños. Me muestro particularmente satisfecha de esta propuesta. Como se sabe, el programa va dirigido a las ONG y tiene por objeto estimular la capacidad de dichas organizaciones.
Un elemento importante de nuestras actividades consiste en mejorar nuestros conocimientos acerca del funcionamiento, en la práctica, del ámbito jurídico y de interior en Europa. De esta manera podemos instaurar el respeto y la compresión hacia las diferencias que existen en su territorio. Al mismo tiempo, crece el interés por encontrar soluciones a los problemas que nos vamos encontrando. Para mí, personalmente, se trata de la mejor medida que existe a la hora de crear un clima de confianza. Por todo ello, en 1998 hemos dedicado mucho tiempo a todos los programas de trabajo plurianuales que hemos elaborado. En los dos últimos años, todo esto ha hecho posible nuestro apoyo a los centenares de proyectos que, en toda la Unión y por toda Europa, han permitido elevar nuestro nivel de conocimientos y aumentar el grado de confianza. Tengo previsto proponer en breve que estos programas de trabajo puedan abarcar también a las nuevas democracias de la Europa Central y Oriental. Estos países están participando ya en numerosas iniciativas, pero de lo que se trata ahora es de que estos mismos países puedan proponer sus propios proyectos.
La cooperación jurídica y de interior ocupa hoy en día un lugar obvio en el orden del día de la UE. La decisión en torno a la Cumbre de Tampere que se celebrará este año es una muestra de todo ello. Al mismo tiempo, es imprescindible que la cooperación arraigue profundamente. Una de las condiciones importantes con vistas a desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia es que nuestros trabajos cuenten con un firme apoyo popular. Por lo tanto, nuestro compromiso ha de basarse en un diálogo activo y continuo entre la UE y sus ciudadanos.
A continuación quisiera contestar concretamente al Sr. Nassauer.
Durante 1998 el Consejo de Ministros de Interior y de Justicia examinó 21 propuestas de convenios o convenciones, acciones conjuntas y otros instrumentos. Diez de esas propuestas se basaban en iniciativas de la Comisión. Los Estados miembros presentaron once propuestas. La Comisión ha enviado sistemáticamente copias de todas sus iniciativas al Parlamento al mismo tiempo que se enviaban las propuestas al Consejo. En todos los casos instó a la Presidencia a que consultara al Parlamento de conformidad con el artículo K.6 del Tratado de la Unión Europea. Lo antedicho incluye tanto las iniciativas de la Comisión como las propuestas presentadas por Estados miembros. Cinco iniciativas de la Comisión no han quedado ultimadas todavía. Tratan de lo siguiente: acción conjunta en materia de protección temporal, acción conjunta en materia de distribución de las cargas, convención sobre admisión, acción conjunta en favor de la recepción y repatriación de personas desplazadas y solicitantes de asilo, y, por último, la iniciativa encaminada a revisar el Tratado de Bruselas.
La acción conjunta sobre los medios de pago no monetarios se presentó relativamente tarde dentro del año y, por lo tanto, no cabe razonablemente esperar su aceptación antes del final de 1998. En muchos casos el motivo de la falta de progreso ha sido la profunda divergencia de opinión entre los Estados miembros. Buen ejemplo de lo que acabo de decir son las acciones sobre protección temporal y sobre distribución de las cargas. En este último caso la Comisión, junto con la presidencia alemana, procurará encontrar soluciones de transacción para las cuestiones pendientes. Sobre la base del contenido de esas acciones conjuntas que se convenga, la Comisión presentará entonces propuestas relativas a Amsterdam en forma de instrumento comunitario.
Para complementar mi respuesta diré que también hemos preparado un cuadro detallado de las iniciativas adoptadas durante 1998 en la esfera de los asuntos de justicia y de interior. He entregado dicho cuadro a la Presidenta de la comisión parlamentaria, Sra. d'Ancona, y se lo daré también al Sr. Nassauer antes de que se marche de esta sala. Si alguien está interesado en la cuestión puede consultar también el cuadro, que indica con claridad qué es lo que ha hecho cada uno.

Elliot
Señor Presidente, una cuestión de orden. Ha dicho usted que disponíamos de poco tiempo. Esto se debe en parte a que las declaraciones de los dos ministros alemanes han durado más de 50 minutos. No me quejo de ello, pues lo que han dicho incluye algunos datos muy interesantes, importantes y valiosos. Me pregunto si no sería posible, a título excepcional, que sus declaraciones se tradujeran rápidamente en los idiomas oficiales. Sé que de acuerdo con el sistema que seguimos se traducirán, pero es posible que tengamos que esperar hasta un año. Se trata de datos tan importantes que sería sumamente conveniente disponer pronto de ellos.

El Presidente
Gracias, Señor Elliott. Creo que sería factible a través de la comisión o de algún otro modo. Veo que los dos ministros asienten con la cabeza, luego debería ser posible.

d´Ancona
Presidente, tengo muy poco tiempo, en efecto. He de decir que el tiempo del Parlamento, en comparación con el tiempo del Consejo y la Comisión, está muy limitado. Por eso me limitaré a un par de observaciones que guardan relación especialmente con aquello que decía la señora Ministra Däubler; a saber, la relación entre el Consejo y nosotros.
En primer lugar, desde luego que es un importante paso hacia delante el que desde el Tratado de Amsterdam se nos deba consultar sobre las cuestiones relevantes. Eso no ocurre todavía, lamentablemente, siempre. Pero se nos han presentado muchas propuestas. Sin embargo, con frecuencia tenemos un tiempo muy limitado para llegar a una toma de posición. Un apremio igual caracteriza el trabajo del Consejo, de manera que a menudo apenas hay tiempo para estudiar con detenimiento la toma de posición del Parlamento.
De ahí mi primera pregunta. ¿No sería deseable organizar una reunión poco antes del Consejo en la que nuestro respectivo ponente informara al ministro? Esto es sencillamente útil para poder optimizar el trabajo que hemos hecho. Por ejemplo, nuestro trabajo en relación con el Plan de acción estaba terminado a mediados de abril. Por tanto, sería lógico que tuviéramos tiempo para explicarlo.
Un segundo punto, que en realidad es la prolongación del anterior; nunca nos enteramos realmente de lo que ocurre con nuestra toma de posición. Aquí, en este mismo lugar, acabo de enterarme ahora de que nuestro informe referente al Plan de acción en materia de crimen organizado ha sido útil. No nos enteramos hasta ahora. Así pues, sería muy interesante, no sólo que un representante nuestro pudiera estar presente en las reuniones del Consejo para que pudiéramos enterarnos, sino que también estaría muy bien si recibiéramos un informe escrito del Consejo sobre lo que se quiere y sobre lo que no se ha tomado de nosotros.
Luego un tercer punto. No puedo ir más deprisa y tampoco puedo ser más breve, pero también es muy importante. El debate sobre el K.6 que estamos manteniendo aquí es el debate más importante para nuestra comisión. Ya hemos solicitado cinco veces un informe anual sobre los avances en el tercer pilar, así que estábamos inmensamente contentos de leer que el Consejo había decido el pasado 19 de marzo enviar a nuestro Parlamento no sólo una vez, sino incluso dos veces al año, un informe semejante de los progresos. Lo único es que nunca ocurrió. Nunca hemos podido llegar a ver nada. Por tanto, confío en que el Consejo mantenga sus propias promesas y que empezarán a presentarse semejantes informes en el futuro y bajo esta nueva Presidencia del Consejo, a la que deseo, naturalmente, todo el éxito del mundo.
Señor Presidente, una vez más, confío en que recibamos pronto respuesta a estas tres preguntas.

Chanterie
Señor Presidente, primero quiero expresar mis disculpas a la Presidencia del Consejo por no encontrarse aquí presente mi Grupo -o encontrarse presente sólo en un número muy escaso- debido a una importante votación que en este momento tiene lugar en el Grupo sobre un punto que luego aparecerá en la orden. Pero intentaré aclarar, en primer lugar, la posición de mi Grupo con respecto al informe Van Lancker. Quiero expresar también mi estima por la ponente, la Sra. Van Lancker, por la colaboración que nos hemos prestado en el tratamiento de este informe que, en efecto, debe llevarse a cabo en difíciles circunstancias, visto lo muy limitado del tiempo dentro del cual ha sido tratado en la comisión.
Lo importante es que esta mañana, en efecto, hemos podido obtener una buena panorámica de la Presidencia y eso quiero agradecérselo a los ministros. La Presidencia ha dejado claro cuáles son las actividades que deben llevar a la transición del Tratado de Schengen dentro del Tratado de la Unión Europea. En el documento de la Presidencia alemana leo un importante punto de partida -y quiero volver a subrayarlo un momento-; a saber: donde se dice que el sistema Schengen descansa en dos pilares: la circulación libre de personas y la seguridad. La supresión de los controles para las personas en las fronteras interiores de los Estados de Schengen presupone que las medidas compensatorias previstas surten realmente efecto. Creo que éste es un importante punto de partida que nuestro Grupo desea apoyar completamente, porque cierto número de Estados miembros se ha esforzado con Schengen para llevar a cabo la libre circulación de personas. Además, tampoco debemos perder de vista que no se puede renunciar a la seguridad. Creo que éste es un tema muy importante para nuestra población: la seguridad interna, y que se quieren ver garantizados estos dos valores fundamentales -libertad y seguridad- al mismo tiempo.
Ahora llega, por tanto, el momento de hacer transcurrir de manera ágil y fluida ese paso bastante complicado de cooperación interestatal hacia medidas políticas sin fronteras. La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam debería procurarlo, y es lo que también se ha dicho en el Consejo Europeo de Viena, que podemos alcanzar una rápida integración de Schengen en la Unión Europea. El Ministro se ha referido a los problemas que surgirán, aunque no se han identificado realmente. Usted ha señalado los problemas, señor Ministro. En la elección de los fundamentos jurídicos para el acervo Schengen, quizá. Soy consciente también de que ésta es una materia bastante extensa. Quizá podamos obtener información más detallada al respecto, aunque sea por escrito, y también sobre el funcionamiento del Sistema de Información Schengen. Sobre el funcionamiento del Sistema de Información Schengen, el Grupo PPE dice que no debe convertirse en un big brother , pero por otra parte debemos decir también que no puede ser un little system . Con otras palabras, que los datos se introduzcan precisa y minuciosamente en el Sistema de Información Schengen y que también sólo las autoridades competentes puedan tener acceso a ellos. En cualquier caso, se debe evitar la violación de la vida privada, pero también que el crimen organizado internacional pueda procurarse libre acceso a información que propicie el tráfico de personas o estimule el comercio de extranjeros. Ésos son dos de los grandes fenómenos con los que nos enfrentamos y para los cuales la comunidad internacional, tanto en el ámbito de la Unión como en el ámbito de los acuerdos Schengen, no tiene realmente ninguna solución; y creo, señor Ministro, que debemos proporcionar toda la ayuda para seguir trabajando en esa dirección. Me falta tiempo para entrar a tratar otros puntos.

Goerens
Señor Presidente, como usted comprenderá, en este momento nuestros pensamientos están en otra parte, lo cual es de lamentar habida cuenta de la importancia que debería revestir este debate.
Por lo tanto, sólo diré dos palabras para apoyar el análisis que propone la Sra. Van Lancker. En conjunto, el Grupo Liberal es favorable a sus propuestas, y una vez más deploramos junto con la ponente las dificultades de los Estados miembros para lograr un acuerdo sobre la definición del acervo de Schengen. Sería una lástima que no se superaran estas dificultades en un ámbito tan sensible, como es el de la circulación de las personas. Ni que decir tiene que el Parlamento Europeo debe ser informado sobre el contenido de Schengen y consultado sobre el proyecto de decisión que permitirá incorporar dicho acervo en el Tratado.
A la par que saludo la presencia entre nosotros de los ministros alemanes que asumen la Presidencia en ejercicio del Consejo, deseo decir a la Presidencia que siempre podrá contar con el Grupo Liberal cuando estén en juego los derechos de la defensa. Este aspecto nos parece esencial, y saludo las iniciativas que ustedes han anunciado en este ámbito.
Aun cuando debemos congratularnos por la ampliación del espacio de Schengen, la iniciativa común europea implica que el Reino Unido e Irlanda se unan lo antes posible al resto de sus socios para aplicar a la circulación de las personas las mismas normas que rigen la circulación de las mercancías. La pusilanimidad que origina numerosos obstáculos en el ámbito de la libre circulación de las personas debe dejar paso a una visión más vasta, que ponga de relieve los imperativos del amplio espacio de libertad, de seguridad, de justicia, al que aspiramos en nuestra gran mayoría.
Para finalizar, señalaré que, con sus atinadas propuestas, la Sra. Van Lancker aporta una importante contribución a la realización de este gran proyecto, y, en la votación, no dejaremos de testimoniar el apoyo que acabo de esbozar.

Schaffner
Señor Presidente, la doble Presidencia alemana de la Unión Europea, por un lado, y del espacio de Schengen, por otro, para los seis próximos meses destaca la importancia de la recomendación de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores al Consejo, objeto del informe de nuestra colega, la Sra. Van Lancker.
Si el objetivo de la cooperación de Schengen es garantizar la libre circulación de las personas y suprimir los controles en las fronteras interiores, este objetivo no tiene sentido si paralelamente no se aplican las medidas de acompañamiento necesarias.
En el informe de la Sra. Van Lancker se aprecia una especie de reproche, al considerar que se ha hecho hincapié principalmente en el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores, en la política de admisión y en la cooperación judicial y policial. Si bien estas medidas no constituyen el principal objetivo de los acuerdos de Schengen, son su corolario necesario para permitir la mayor seguridad posible de los ciudadanos de la Unión y su adhesión al sistema.
Con respecto a la integración de Schengen en el Tratado y al reparto del acervo entre los pilares primero y tercero, mi Grupo no puede compartir su punto de vista sobre la catástrofe institucional que resultaría de la aplicación de la cláusula de salvaguardia, que implica una transferencia global al tercer pilar. Y menos aún si el Consejo, como pide la recomendación, informase al Parlamento, asociándolo a la definición de las estrategias y a las medidas legislativas que establece el tercer pilar, y respetase las normas de transparencia no sólo respecto al Parlamento, sino también a los Parlamentos nacionales y a los ciudadanos.
Mi Grupo se felicita por la propuesta de transformar desde ahora el sistema de información de Schengen en «sistema de información europeo», reforzando la interrelación con los sistemas informáticos de Europol. Ello permitiría asociar, al menos en este punto, al Reino Unido y a Irlanda, signatarios del Convenio «Europol», y que, por razones geográficas evidentes, están fuera del espacio de Schengen.
En nombre de mi Grupo, no puedo menos que congratularme por el objetivo de la Presidencia alemana de mejorar la cooperación internacional en materia de delincuencia, así como por la decisión de los Estados de armonizar sus políticas de visados y de introducir, lo antes posible, modelos informatizados de permisos de residencia para los extranjeros.
Con respecto a la evaluación del funcionamiento de Schengen, nos felicitamos asimismo por los progresos logrados, en particular por la adhesión de Italia y de Austria, y compartimos la opinión según la cual sería importante favorecer la asociación del Reino Unido y de Irlanda a los ámbitos cubiertos por el Título IV del Tratado. Naturalmente, no puedo estar de acuerdo en deplorar la utilización por Francia de la disposición sobre la excepción del apartado 2 del artículo 2 del Convenio en lo referente a las zonas fronterizas de Bélgica y de Luxemburgo. Prefiero hacer hincapié -y he presentado una enmienda en tal sentido- en la prosecución de los esfuerzos de estos países en la lucha contra el tráfico de droga.
Por otra parte, la ponente subraya un incidente registrado en la oficina de la red belga de SIRENA, donde se sustrajeron datos personales. Mi colega pone en duda la fiabilidad del sistema de protección de bases de datos, y yo me pregunto si el fallo no es achacable sobre todo a Bélgica, y no a la red SIRENA. Globalmente, dejando de lado estos diferentes puntos, votaremos a favor de estos dos informes.

Mohamed Ali
Señor Presidente, me gustaría destacar, en este debate anual sobre los progresos de la cooperación en los ámbitos de justicia e interior y, más concretamente, en el marco del espacio Schengen, algunos aspectos que evidencian que quedan aún muchas cosas por hacer antes de poder hablar de un verdadero espacio de justicia democrático, sometido al control del Parlamento y de los órganos jurisdiccionales.
Efectivamente, y como ha dicho la oradora que me ha precedido, la Sra. d'Ancona, quiero volver a insistir en la necesidad de que el Consejo cumpla de una vez con las disposiciones del Tratado e informe de una manera regular al Parlamento de la preparación y de los resultados de las sesiones del Consejo así como de sus reuniones oficiosas. Sin este tipo de información es imposible un control democrático adecuado.
Es significativo que en este período no se hayan adoptado actos en el ámbito de la política de asilo, refugiados e inmigración, lo que demuestra la falta de voluntad política de los Gobiernos y de las instituciones europeas de tratar de estos temas de manera firme, seria y, sobre todo, consecuente.
En este espacio Schengen, que se va creando, debería existir una cláusula que hiciera posible la realización de políticas comunes de integración sociocultural de inmigrantes, evitando discriminaciones de personas o grupos por motivos de raza, color, religión u orientación nacional, social o étnica. Las competencias de Schengen tienen que integrarse en las políticas de la Unión, tal y como prevé el Tratado de Amsterdam, pero sometidas al control de sus instituciones para evitar que dichas competencias tiendan a convertirse en un instrumento contra la inmigración. Es preciso integrar, pero también hay que garantizar, de manera inequívoca, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea y de los nacionales de terceros países. Lo mismo cabe decir en cuanto a la transparencia y el control democrático del proceso de adopción de decisiones.
Por último, señor Presidente, quiero abordar un problema concreto, pero no menos importante en la creación de este espacio de libertad y justicia en el ámbito Schengen: se trata de la protección de los datos personales, garantía incuestionable en toda sociedad democrática. El incidente registrado en la oficina belga de SIRENE, donde se sustrajeron datos personales, demuestra la insuficiencia de la protección de las bases de datos y la necesidad de tomar medidas claras para garantizar la protección efectiva de los mismos.

Ceyhun
Señor Presidente, mi Grupo político no puede apoyar la enmienda del Sr. Nassauer. Los términos en los que se expresa sobre los temas de Europol y de la política de asilo e inmigración son inaceptables para nosotros. No somos contrarios a Europol; al contrario, estamos a favor de Europol y de los derechos ciudadanos. Lo que aquí se debate es la legalidad del trabajo que realizan los funcionarios de la Unión encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos. Aquí acordamos la cooperación entre nuestras policías y desarrollamos el dispositivo de Europol, pero en cambio les negamos el fundamento jurídico necesario para su trabajo, o sea, los fundamentos jurídicos democráticos que están garantizados en los Estados miembros. Esto es algo que nosotros no podemos aceptar.
La policía necesita leyes de aplicación general para poder ser operativa. Sin embargo, éstas no se adoptan, sino que lo que se decide es la inmunidad de los funcionarios de Europol. ¿De quién les estamos protegiendo? Estamos protegiendo a nuestros funcionarios frente a nuestras propias leyes y tribunales democráticos, y de nadie más.
En cuanto al Sr. Nassauer, que lamentablemente no se encuentra aquí, él acoge con satisfacción la iniciativa fallida de la Presidencia austriaca contra la inmigración ilegal. También apoya la campaña contra la doble nacionalidad en mi Estado federal natal de Hesse; allá él. Pero yo tengo que preguntarle si todos coincidimos en la definición de la inmigración ilegal. ¿Quién es ilegal en la Unión? ¿Entran también dentro de esta definición las personas que en un Estado miembro son reconocidas como refugiados y, en cambio, fueron rechazadas en otro porque las leyes de asilo son distintas? Existe efectivamente una inmigración ilegal, de la Europa oriental, por ejemplo. Nosotros no defendemos las fronteras abiertas y estamos dispuestos a aceptar unas normas razonables y la armonización. Pero los derechos humanos no pueden quedar mermados.
Yo agradezco la sugerencia de la Presidencia actual del Consejo en el sentido de que es necesaria una nueva cumbre de Jefes de Gobierno, tal como ha manifestado el Ministro de Asuntos Exteriores alemán Fischer, y espero que la Presidencia alemana del Consejo logre introducir algunos cambios en este ámbito.

Pradier
Señor Presidente; en primer lugar, doy sinceramente las gracias al Sr. Schily, a la Sra. Daubler-Gmelin y a la Sra. Comisaria por lo que aquí se ha dicho, ya que creo realmente que es probable que exista una convergencia de energías capaz de permitir avanzar con mayor rapidez de lo que se ha hecho hasta ahora, y ello puede ser una buena garantía con miras al futuro. El objetivo de la operación sigue siendo, no obstante, constituir este espacio de libertad, de seguridad y de derecho; y conviene insistir en ello puesto que hoy se da más importancia a la proliferación de cerrojos, fortificaciones, alambradas y murallas, muros protectores, que al hecho de exponer a los ciudadanos los medios que deben preverse y el interés de fomentar una Europa sin fronteras, esta Europa que se comporta más bien como un club de ricos que esperan seguir enriqueciéndose.
No sé si han tenido la curiosidad de coger el tren entre Bruselas y Estrasburgo. Y bien, entre Bruselas y Estrasburgo -quizá no exactamente en el cruce de la frontera, sino en los kilómetros próximos-, los viajeros son objeto de un control en el que se les pregunta su nacionalidad, su profesión, la razón de su viaje, y todo ello con una cortesía inversamente proporcional a la presunta honorabilidad del viajero. Nosotros hemos presentado dos enmiendas para condenar y acabar con la actitud del Gobierno francés, que continúa exigiendo la aplicación de las cláusulas de excepción. El control que actualmente se realiza en las fronteras interiores de Europa debe desaparecer. Es un elemento sobre el que deseaba llamar la atención de ustedes.
En segundo lugar, en relación con el informe presentado por el Sr. Nassauer, este texto recibirá, ciertamente, un apoyo cuanto menos circunstanciado. Nos felicitamos, naturalmente, por los progresos realizados en 1998, sin ignorar, a pesar de todo, que estos progresos se han realizado más bien a la velocidad de un caracol y no a la de un caballo de carrera. La Sra. Comisaria Gradin ha llamado la atención sobre el hecho de que quizá no se había actuado, en efecto, con demasiada rapidez. Creo que, con todo, convendría acelerar especialmente nuestro ritmo.
En cualquier caso, hay que apoyar al Sr. Nassauer cuando pide que este Parlamento sea escuchado, oído, y que el Consejo tome en consideración sus decisiones o posiciones. Deben tomarse iniciativas, naturalmente, pero ya es suficiente con aplicar las cláusulas del Tratado y con aplicarlas con efectividad. Sería un elemento importante. Quedan dos elementos menores sobre los cuales yo tendría reservas, y que, en parte, me preocupan: se trata, por un lado, del fichero central de huellas digitales y, por otro, del estatuto y del control de los funcionarios de Interpol.

Buffetaut
Señor Presidente; en su momento, el Tratado de Schengen causó algún que otro sobresalto en Francia, porque había sido negociado dentro de la mayor discreción y se había revelado a nuestros conciudadanos, en cierto modo, por descuido, lo que demuestra una vez más que Europa no casa con la transparencia. Uno de los aspectos fundamentales de este Tratado es, naturalmente, la supresión gradual de los controles en las fronteras de los Estados signatarios, y, en la práctica, la aplicación del Tratado de Schengen ha resultado delicada y difícil; por eso es por lo que Francia ha sido obligada a aplicar las excepciones.
Si la aplicación de Schengen ha sido difícil, su integración en el cuerpo legal de la Unión Europea no lo es menos. Los Estados miembros no logran ponerse de acuerdo en la definición de lo que, en la jerga «eurocrática», se denomina el «acervo» de Schengen, y tampoco están de acuerdo en cuanto a la repartición entre los pilares primero y tercero. El camino más fácil sería incluirlo todo en el tercero.
Además, como lo ha subrayado el Sr. Nassauer, en el período transitorio el control parlamentario nacional desaparece, sin que por ello el control parlamentario de nuestro Parlamento sea efectivo, y, en este sentido, apoyamos al Sr. Nassauer en su pedido de informaciones. Pero información no significa control. En la práctica, todas estas dificultades revelan una realidad: Schengen ha hecho poco caso de los hechos, y éstos perjudican a Schengen y a la Unión Europea.

Lindeperg
Señor Presidente, puesto que el debate en torno al artículo K.6 del Tratado de Maastricht es probablemente el último que se celebre antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, ya no es momento para volver a lamentar la lentitud, la ineficacia, la falta de transparencia y de democracia del funcionamiento del tercer pilar. Insistimos mucho en ello en años anteriores, y la declaración crítica que hicimos entonces sigue siendo válida.
El pasado 16 de octubre, en un coloquio realizado en Aviñón, el Presidente de nuestro Parlamento resumía admirablemente la situación: «El balance de las iniciativas y propuestas de estos años se parece mucho al infierno de Dante, está lleno de buenas intenciones. Muchísimos convenios firmados en su momento no han sido ratificados, y es razonable dudar que algún día entren en vigor». El Presidente ilustraba, de manera lapidaria pero muy exacta, una gran preocupación de nuestra comisión, y que está expresada en el artículo 23 de la Resolución Nassauer. Este artículo contiene la lista de los actos esenciales que aún no se han ratificado. ¿Qué pasará con estos convenios y protocolos? ¿Cómo podemos superar la inseguridad jurídica actual? Los miembros de la Comisión de Libertades Públicas piden a la Comisión que presente, a su debido tiempo, las propuestas imprescindibles para convertir estos actos en medidas comunitarias a partir de la entrada en vigor del nuevo Tratado.
Me adhiero asimismo a las preocupaciones manifestadas por el Sr. Pradier y por el Grupo de los Verdes. No dispongo de tiempo para insistir en ellas, y deseo sobre todo replantear un punto que ya han mencionado varios colegas, en particular el Sr. Nassauer y la Sra. d´Ancona, y que nos preocupa mucho. Se trata de la calidad del control democrático: contrapartida indispensable para que los ciudadanos acepten, como se les pide que hagan, las transferencias de soberanía. Éstos están dispuestos -estoy convencido de ello, y los sondeos lo demuestran- a aceptar las transferencias de soberanía que implica la comunitarización de una parte del tercer pilar. Los ciudadanos comprenden que se está más capacitado si se lucha juntos contra la delincuencia organizada, el fraude internacional organizado, los tráficos de todo género. Desean que las fronteras interiores dejen de ser un obstáculo para la justicia, que las parejas mixtas divorciadas y sus hijos ya no deban enfrentarse a juicios entre partes. En resumen, consideran que el incipiente espacio jurídico es una necesidad evidente y comprenden que una soberanía europea compartida es más oportuna que una soberanía nacional en declive, que ya no influye en los acontecimientos, pero con la condición de que se pueda aplicar un control parlamentario efectivo: único modo de ejercer democráticamente esta soberanía compartida; de ahí la necesidad de que el Consejo tome en consideración los dictámenes del Parlamento y cambie de comportamiento frente a éste.
¿Cómo es posible, señor Presidente del Consejo, que las peticiones que nosotros efectuamos en el transcurso de los años, las resoluciones como las de hoy, sean papel mojado? La resolución del Sr. Nassauer recuerda los términos de la Resolución de 12 de diciembre de 1996, de la que yo era ponente, la cual enumeraba las peticiones que entonces dirigíamos al Consejo para lograr una información más seria y completa, para que se nos consultara sistemáticamente y se tomaran efectivamente en consideración nuestros puntos de vista. Hoy podemos repetir sus términos exactos, puesto que nada ha cambiado. Es inadmisible, por ejemplo, que no se nos haya consultado sobre el documento estratégico de la Presidencia austríaca, que regirá la política europea en materia de asilo y de inmigración durante muchos años.
Es también inadmisible que, tras repetidas solicitudes del Parlamento, el 19 de marzo de 1998 el Consejo haya tomado oficialmente la decisión de publicar un informe provisional al final de cada Presidencia -es decir, cada seis meses- y que no lo haya hecho. Usted dio su acuerdo, señor Ministro. El problema, como puede ver, consiste en que el Consejo está siempre de acuerdo en las palabras, pero luego los hechos las contradicen. La presentación previa de un informe permitiría celebrar un verdadero debate en el Pleno.

El Presidente
Muchas gracias, señora Lindeperg, por su consideración.
De conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido una propuesta de resolución.

Däubler-Gmelin
Señor Presidente, aunque esta tarde no podré estar presente -y les ruego que me excusen-, podremos continuar el debate la semana próxima en las comisiones competentes.
Permítame, por lo tanto, que me refiera sólo a dos cuestiones que me parecen particularmente importantes en este contexto y que creo que merecen tener continuidad. La primera es el tema de la información y las relaciones entre el Consejo, la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo. Las intervenciones de los diputados de los diferentes Grupos del Parlamento Europeo me indican que efectivamente existen algunos problemas. Permítanme que les dé la seguridad de que nosotros procuraremos aclarar dichos problemas conjuntamente con un ustedes dentro del espíritu de la cooperación y de los Tratados europeos.
El segundo aspecto que quisiera resaltar es, en efecto, el cambio que supone el paso del régimen del Tratado de Maastricht al del Tratado de Amsterdam. Yo creo que tendremos que debatir bastante sobre nuevos planteamientos -incluidos también, por otra parte, los trabajos de la Comisión- a fin de poder impulsar sin demora y, sobre todo, con resultados positivos nuestros proyectos en el ámbito de la seguridad interior y del espacio judicial común europeo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Ministra.
Interrumpimos el debate en este momento para reanudarlo a las 15.00 horas.
La sesión, interrumpida a las 10.55 a la espera de proceder a las votaciones, se reanuda a las 11.00 horas

Votaciones
El Presidente
La Conferencia de Presidentes adoptó ayer un acuerdo sobre el orden de votación. Este orden de votación comenzaría con las propuestas de resolución, después se pediría a la Comisión que manifestase su posición, habría después un intervalo de tiempo para que los Grupos pudieran hacer sus últimas evaluaciones y posteriormente se procedería a la votación de las mociones de censura.
He recibido del Grupo de los Verdes una solicitud para que se voten primero las mociones de censura y, a continuación, las propuestas de resolución sobre la negativa a la aprobación de la gestión 1996.
Por tanto, primero tenemos que decidir si confirmamos la posición de la Conferencia de Presidentes o la modificamos. Tiene la palabra el Sr. Telkämper para motivar la solicitud del Grupo de los Verdes.

Telkämper
Señor Presidente, presentamos nuestra solicitud sobre la base del artículo 119 porque damos por sentado que la propuesta de más amplio alcance es la moción de censura. Entre tanto nos encontramos ante un conflicto institucional entre el Parlamento y la Comisión y yo creo que si ahora iniciamos un enfrentamiento partidista, si permitimos que el Parlamento se escinda en posiciones diferenciadas según los Grupos políticos, no podremos justificarlo ante nuestros electores y electoras, cuando lo que debemos hacer, por el contrario, es definir una posición clara frente al fraude, la corrupción y el nepotismo de la Comisión. Este es el contenido de la propuesta, de la moción de censura, la Asamblea sin duda coincidirá en ello, y en este sentido, este es el tema de más amplio alcance. Esto es lo que debemos votar. Nosotros hemos solicitado que la votación sea nominal, ya que si al final se demuestra que esta Asamblea no ha hecho valer su fuerza en este conflicto institucional, el Parlamento habrá empezado la campaña electoral con mal pie o con una salida en falso. Yo solicito, por consiguiente, la votación nominal.

Green
Señor Presidente, quisiera oponerme a la propuesta por dos motivos. En primer lugar, ya hay un precedente para el procedimiento que estamos siguiendo. Cuando los servicios del Parlamento buscaron precedentes, descubrimos que de esta misma manera nos habíamos ocupado de la moción de censura en el caso de la EBE: en primer lugar nos ocupamos de las resoluciones, y después de la moción de censura.
En segundo lugar, se trata de un debate eminentemente político. Todos sabemos que el camino que sigan las resoluciones podrá influir en el resultado de la moción de censura. No hay manera de evitarlo.

El Presidente
Someto a votación la solicitud del Grupo de los Verdes.
El Parlamento rechaza la solicitud
Propuesta de resolución común sobre las consecuencias de la denegación de la aprobación de la gestión
El Parlamento rechaza la propuesta de resolución común

El Presidente
Doy la palabra al Sr. Santer, Presidente de la Comisión Europea.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, su Parlamento acaba de expresarse a través de una resolución que dirige un mensaje claro y enérgico a la Comisión. Ahora va a tomar una decisión en toda soberanía, sobre la cuestión de confianza. Se trata de un momento importante en la vida de nuestras instituciones.
Diré ante todo dos palabras sobre la resolución. Como he expresado, el mensaje a la Comisión es claro y lo he entendido perfectamente. Me tomo muy a pecho las críticas que se han hecho, y me comprometo a llevar a buen término, a través de un apretado calendario, el programa ambicioso que he propuesto, así como a dar curso a las peticiones de este Parlamento. Veo en esta prueba un medio para dar un fuerte impulso a las reformas necesarias. El Parlamento Europeo ha reafirmado hoy, enérgicamente, su autoridad y su papel de control. Como demócratas, todos debemos alegrarnos.
Les diré dos palabras sobre esta idea del comité de expertos. La acepto, puesto que servirá para evaluar nuestros métodos de trabajo, para mejorar nuestra gestión, para dirigir una mirada crítica a la lucha contra el fraude. Es evidente que este comité podrá, también, examinar algunos expedientes individuales. Y lo digo claramente: las recomendaciones del comité de expertos serán respetadas.
Por otro lado, es evidente que la Comisión seguirá colaborando con los organismos de control de este Parlamento. Se los manifesté el lunes pasado: cada vez que se comete un fraude, me duele. Cada vez que esto ocurre, Europa es la gran perdedora. Se han cometido errores, lo reconozco. Se nos ha criticado. Pero nunca se ha puesto en duda nuestra buena voluntad.
Señoras, señores, señor Presidente, hace treinta años que participo en la vida política. Lo he considerado siempre un privilegio, pero también una obligación de integridad absoluta. Respeto el dinero del contribuyente, y con la ayuda del Parlamento, estoy decidido, más que nunca, a continuar la lucha contra el fraude.
Les corresponde ahora decidir, señoras y señores, en conciencia, si nos dan su confianza política, que necesitamos para proseguir y acabar nuestra obra política en beneficio de los ciudadanos europeos. Confianza que también necesitamos para que Europa gane. Esto es, simple y modestamente, lo que hoy les pido.
Aplausos
(La sesión, interrumpida a las 11.25, se reanuda a las 11.40 horas)

El Presidente
De conformidad con el orden del día, daré la palabra en primer lugar a los primeros firmantes de las dos mociones de censura -Sra. Green y Sr. Fabre-Aubrespy- y después a cada uno de los presidentes de los Grupos políticos por tiempo de un minuto

Green
Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción y dar gracias a todos los que han votado a favor de nuestra resolución esta mañana. En sus comentarios el Sr. Santer dijo que esta votación y todo lo sucedido han reafirmado la autoridad del Parlamento. Es un gran éxito para este Parlamento....
Protestas
Es una lástima que siempre haya malos perdedores. Lo que ha hecho esta resolución es brindarnos las reformas más amplias que hayan experimentado hasta ahora los procedimientos internos de la Comisión Europea.
Reacciones diversas
Si no hubiéramos presentado la moción de censura, eso no hubiera sucedido.
Reacciones diversas
Todos somos testigos de que el Sr. Santer se ha comprometido a poner en práctica lo que se pedía en la propuesta de resolución. El Sr. Santer se ha percatado de que este Grupo y todos los que han votado en favor de la resolución, lo hacían en favor de una Comisión Europea más fuerte, una Europa más fuerte, y que velaremos por que respete esos compromisos.
Señor Presidente, después de haber conseguido lo que consideramos como un éxito considerabilísimo en la reforma de los procedimientos de trabajo de la Comisión Europea, quisiera anunciarle que retiro la moción de censura en nombre del Grupo Socialista.
Reacciones diversas

El Presidente
Retirada la moción de censura cuyo primer firmante es la Sra. Green, doy la palabra al Sr. Fabre-Aubrespy, primer firmante de la segunda moción de censura.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, Señorías, los 70 signatarios de la moción de censura, procedentes de todos los grupos políticos de nuestra Asamblea, y que representan a la práctica totalidad de los pueblos de la Unión Europea, mantienen con convicción y determinación su moción de censura al conjunto de la Comisión.
Aplausos
Ellos les piden que se pregunten, en conciencia, algo muy simple: «¿tengo confianza en la Comisión o no?». ¿Ésta ha tomado las medidas que se imponían tras las diferentes cuestiones que se plantearon en la gestión de los créditos comunitarios? ¿Ha informado correcta y plenamente al Parlamento? Si responden «no» a esta pregunta, entonces deben votar a favor de la censura.
Señorías, ¡es indudable que, nunca en la historia de nuestro Parlamento, el voto de ustedes habrá tenido tanta importancia! No se expongan a que sus electores les pregunten dentro de algunos días o de algunas semanas, cuando surja un nuevo caso, por qué habían vuelto a dar su confianza a la Comisión. Votando a favor de la censura,
Aplausos
fortalecerán la credibilidad de nuestro Parlamento, harán que los Europeos vuelvan a confiar en sus instituciones.
Vivos aplausos

Martens
Señor Presidente, estimadas Señorías, señor Presidente de la Comisión, no me siento en absoluto un mal perdedor. Lo que llevamos pidiendo desde el mes de diciembre, gracias al serio trabajo de la Comisión de Control Presupuestario bajo la dirección de la Sra. Theato y con el Sr. Elles como ponente, se ha aceptado ahora en el programa de ocho puntos de la Comisión Europea y dentro de un plazo muy estricto. ¿Por qué tendríamos que estar descontentos? Al contrario. No hemos participado en una maniobra política. Nos asistían todas las razones para hacerlo, porque dábamos prioridad al contenido.
Hay un segundo asunto. Ahora se ha hecho indiscutible, señor Presidente de la Comisión, que se ha acabado el período de la burocracia y de la tecnocracia. De ahora en adelante tendrá usted que trabajar con un Parlamento.
Aplausos
Éste es un resultado indiscutible y sumamente importante y espero que tenga también resonancia en las próximas negociaciones para la revisión del Tratado. Señor Presidente de la Comisión, nosotros le defendimos a usted con gran pasión en julio de 1994 aquí, en esta Asamblea, en este Parlamento. Todavía sigo estando contento con mi compromiso y mi confianza en su persona. Tampoco lo lamento hoy, al contrario. Por consiguiente, quisiera decirle -también si votaran los miembros de mi Grupo a su leal saber y entender, también si hubiera una mayoría, pero todo el mundo votará a su leal saber y entender- que le tengo en gran estima como persona, como político íntegro y como presidente de la Comisión.
Aplausos

Cox
Señor Presidente, esta semana el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformista ha puesto de relieve dentro y fuera de este Parlamento el hecho de que las normas de gestión del control democrático de la Comisión Europea por este Parlamento son a todas luces inadecuadas. Esa situación tiene que cambiar.
Es posible que el hecho de citar nombres concretos resultara indelicado pero todavía no hay ninguna alternativa apropiada, basada en el Tratado, que nos permita pedir que uno o más Comisarios rindan cuentas públicamente ante este Parlamento por su gestión política y de los asuntos de la Unión Europea, y que permita imponerles sanciones cuando no cumplan debidamente su función.
Durante meses y meses en este Parlamento el grupo de Comisarios ha sido víctima de un colapso de credibilidad que ellos mismos han provocado. En colusión con el Grupo Socialista, la Comisión indujo el pasado mes de diciembre esta crisis en torno a sí misma.
Aplausos
Estimamos que, en términos políticos, esta Comisión es un cuerpo sin vida.
Aplausos
Cuando pedimos que los miembros de la Comisión rindieran cuentas a título individual, se rechazó nuestra petición alegando el régimen colegiado de la Comisión. Señor Presidente de la Comisión, hemos resuelto a atacar ese escudo de colegialidad con la espada de nuestra responsabilidad parlamentaria. Pensando en Europa y con buena fe y mejor conciencia, el grupo ELDR estima que esta Comisión no vale ya. Mi Grupo votará a favor de la censura.
Aplausos

Pasty
Señor Presidente, el Grupo Unión por Europa es unánime en denunciar las graves faltas de gestión cometidas por esta Comisión y por la que le ha precedido, y que las auditorías del Tribunal de Cuentas, las investigaciones internas y las investigaciones realizadas in situ por la Comisión de Control Presupuestario han puesto de relieve. Nuestro Grupo condena la falta de cooperación y de transparencia que la Comisión ha demostrado durante largo tiempo con respecto al Parlamento y al Tribunal de Cuentas.
El Grupo Unión por Europa ha tomado nota de la promesa del Presidente Santer de poner remedio a las disfunciones más flagrantes, pero deplora que haya sido necesario un voto de sanción -el rechazo de la aprobación de la gestión y la amenaza de una verdadera moción de censura, que ahora vamos a votar-, para lograr este resultado.
En consecuencia, algunos de sus miembros, y concretamente los miembros franceses, al constatar que los compromisos precedentes, contraídos con motivo de la votación de la moción de censura en relación con la ESB, o incluso tras las decisiones de la comisión de investigación sobre el tránsito comunitario, no han sido cumplidos en su integridad, han decidido votar a favor de la moción de censura, ...
Aplausos
para recordar a la Comisión que deben respetarse los poderes de control del Parlamento Europeo, ya que constituyen el único medio verdadero para defender los intereses de los ciudadanos, de los contribuyentes europeos.
Una parte del grupo -entre ellos nuestros colegas irlandeses, italianos y portugueses- ha decidido, sin embargo, conceder las circunstancias atenuantes a la Comisión y votar en contra de la censura, para no crear una crisis institucional cuando Europa debe hacer frente a grandes retos, pero, en todo caso, esta indulgencia no debe interpretarse por la Comisión como un cheque en blanco.
Aplausos

Puerta
Señor Presidente, puedo decirle, en nombre de mi Grupo, que esperamos que el único ganador de estas votaciones y decisiones del Parlamento Europeo sean los ciudadanos europeos, la democracia europea y la transparencia, absolutamente necesaria, estemos en período preelectoral o postelectoral.
Deseamos que a partir de este momento y de estas decisiones del Parlamento Europeo crezca la credibilidad de esta institución y su vinculación con la vida real de los ciudadanos, que aumente el control político sobre la Comisión y que pueda trabajar la Comisión de Control Presupuestario en las condiciones necesarias. Y tengo que añadir, a partir de esta declaración común de mi Grupo, que, como ha pasado en otros grupos, ha habido visiones diferentes, diversidad de opiniones.
La mayoría del Grupo considera que la gestión de la Comisión es acreedora de una moción de censura. Por lo tanto, va a votar a favor de la moción de censura. Algunos diputados van a votar en contra y otros diputados -un número significativo, aunque no la mayoría, entre los cuales me encuentro-, considerando que ha habido, en todo momento, una gran instrumentalización de nuestra vida política y de nuestra institución con las mociones de censura, no vamos a intervenir en la votación.
Así lo hacemos constar y lo declaramos para que conste en el acta de esta sesión.

Aelvoet
Presidente, Señorías, si ahora este Parlamento da un voto de confianza a la Comisión, está asumiendo la responsabilidad del pasado de la Comisión. La Comisión no lo ha querido hacer, se limita a hacer propuestas para el futuro. Por lo que respecta a la resolución aprobada, dos observaciones. No sólo se enviaron a la papelera determinados asuntos del acervo de diciembre, de modo que ahora votamos otra cosa distinta a la de entonces, sino que lo más grave de todo, Señorías, es que cedemos nuestras propias competencias y nuestro propio mando, dejando el juicio de lo que anda mal aquí a un comité de expertos.
Aplausos
Eso es francamente una vergüenza, un parlamento indigno. No hacemos nada más ni nada menos que censurarnos a nosotros mismos. ¡En nombre de Dios! ¿Es eso lo que se llama reforzar la autoridad del Parlamento? Mi Grupo ha tenido siempre muy claro que nuestra línea básica era que esta Comisión debería dimitir, que no puede gozar de nuestra confianza. No sólo por los escándalos financieros, sino también por su gestión política en muchos terrenos: EEB, la alimentación modificada genéticamente que ha salido al mercado y mucho más.
Por tanto, afirmamos que esta Comisión no obtendrá nuestra confianza, así que apoyaremos en bloque la moción de censura.
Aplausos

Lalumière
Señor Presidente, la resolución que acaba de aprobarse es un buen texto. Enérgico, incluso duro, exigente. Éste contiene asimismo muchas peticiones y propuestas. Tomamos nota de las palabras del Presidente Santer, quien ha reconocido los errores cometidos y ha prometido reformas. Ciertamente, el clima político dista mucho de ser el ideal. Nuestras decepciones y nuestras críticas siguen siendo válidas. Hará falta tiempo para restaurar la confianza.
¿Hay que votar a favor de la censura? Nuestro Grupo ya lo hizo antes. Pero hoy votar a favor de la censura sería un gesto exagerado, inadecuado, peligroso para la estabilidad de las instituciones. También tenemos en cuenta el calendario. Sabemos que, de todos modos, esta Comisión acabará su mandato a fin de año.
Por todas estas razones, la mayoría de nuestro Grupo -no por unanimidad- votará en contra de la moción de censura.
Aplausos

Bonde
Señor Presidente, culpabilidad y responsabilidad son dos cosas diferentes. Se puede ser responsable sin ser culpable. La Europa de las Naciones no se pronuncia sobre quiénes son los culpables. Nos remitimos a los expedientes disciplinarios y al Tribunal de Justicia. Votamos a favor de la censura al Colegio porque toda la Comisión es responsable y debe asumir la responsabilidad del descontrol habido y que aún perdura. Si la dirección política no asume su responsabilidad, no hay responsabilidad. En tal caso, el presupuesto es un buffet libre. El principal problema reside en la falta de mando del Sr. Santer y de sus colegas, cuya gestión se ve afectada gravemente por el despilfarro, las pérdidas, el fraude y la corrupción. El Sr. Santer es un preso dentro de su propia fortaleza. El Comisario de Personal está prisionero. El Director de Personal está prisionero. Sólo una moción de censura liberará a éstos y creará una nueva cultura basada en la transparencia, la proximidad y la democracia que sustituya la opacidad, la arrogancia y la burocracia. El Sr. Santer reaccionó decididamente cuando no debería haberlo hecho y no fue decidido cuando debería haberlo sido. Despidió a un funcionario por proporcionar un documento a un representante elegido por el pueblo. Mejor sería que despidiera a los que no proporcionan a los representantes elegidos por el pueblo lo que éstos solicitan. Por este motivo, la Europa de las Naciones desea despedir hoy a la Comisión del Sr. Santer.
Aplausos

Muscardini
Señor Presidente, nos hemos alineado en contra de la aprobación de la gestión presupuestaria y a través de varias preguntas hemos planteado la cuestión de la legalidad de algunas operaciones. Por ello, no justificamos los errores de gestión o de omisión y pedimos que todos saquen, por lo que les toca, las debidas consecuencias en el plano de la responsabilidad política; sin embargo, Alianza Nacional -que va a votar de forma compacta- no está dispuesta a unirse al coro de los que, en nombre de la transparencia de la gestión, en realidad, arremeten contra las Instituciones o se afanan en luchas por el poder para adueñarse de la Institución.
Ante la actual crisis de los mercados brasileños, una censura a la Comisión causaría un daño tal vez irreparable en la credibilidad del euro y, en consecuencia, un daño grave en la consolidación de nuestra Unión y un probable y mayor empobrecimiento de nuestros conciudadanos.
Por lo que nos respecta, la Comisión y el Parlamento deben convertirse en cada vez más y recíprocamente transparentes y participativos en interés de los ciudadanos europeos, porque éstas son las dos Instituciones encargadas de la implantación del euro, así como de la consecución de esa unión política sin la cual la economía nunca tendrá un proyecto y la lucha contra el desempleo será letra muerta. Ahora confiamos en que todos cumplan su deber de forma responsable y política.

El Presidente
Se procede a la votación de la moción de censura contra la Comisión Europea B4-0053/99.
El Parlamento rechaza la moción de censura a la Comisión Europea

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, he de lamentar que, tratándose de una unidad de acto, el Presidente del Parlamento no me haya dado la palabra, aunque la había pedido con toda antelación. Señor Presidente, quiero manifestar, de acuerdo con el Reglamento, que estando presente en la Asamblea no he votado. Por lo tanto, señor Presidente, quiero que conste en acta que he estado presente en la Asamblea, que no he votado y que no lo he hecho, señor Presidente, porque estoy en desacuerdo con todo el proceso global que nos ha llevado a la moción de censura. Por lo tanto, esto también es la expresión de mi rechazo a todo un proceso. Gracias a usted, señor Presidente, y transmita al Presidente Gil-Robles hasta qué punto estoy descontento por no haberme concedido la palabra en el momento oportuno.

Posselt
Señor Presidente, hoy hemos asistido aquí a una comedia que, si bien por un lado constituye un procedimiento absolutamente normal y legítimo desde el punto de vista parlamentario, ha sido, sin embargo, muy lamentable desde la perspectiva de los electores y electoras, ya que el Grupo socialista ha cerrado filas para proteger a sus Comisarios implicados en escándalos y éste será ahora el escándalo del que tendremos que responder en los próximos meses. Un hecho que no modifican algunos votos discrepantes en la votación de la moción de censura. Nosotros continuaremos defendiendo con toda claridad la transparencia, la integridad y la democracia y el refuerzo de las competencias del Parlamento, les guste o no les guste a algunos socialistas.

Berthu
Desde que, el pasado mes de diciembre, una mayoría de los diputados europeos, entre los que se encontraba el Grupo Europa de las Naciones, denegó la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de 1996, debido a los numerosos errores de gestión, fraudes y a una falta general de transparencia, hemos apreciado en el Parlamento todo tipo de engaños y de evasivas destinadas a eludir la consecuencia lógica de este acto, es decir, la votación de una moción de censura.
Primeramente, se presentó una resolución destinada especialmente a algunos comisarios, con el fin de evitar el peligro de un voto de censura general a la Comisión. Esta primera maniobra fracasó. Paralelamente, el Grupo Socialista presentó una falsa moción de censura, destinada a neutralizar a quienes se oponían, que luego retiró a último momento. Pero, felizmente, esta segunda maniobra también fracasó, ya que el Grupo Europa de las Naciones, mientras tanto, había depositado otra moción de censura, esta vez en serio.
Finalmente, se ha presentado un proyecto de resolución para acabar con el debate mediante la constitución de un «comité de expertos». Esta tercera maniobra aparentemente ha triunfado, ya que la resolución acaba de ser aprobada. Pero, en realidad, resta credibilidad al Parlamento.
En efecto, lo que acaba de aprobarse no es siquiera la constitución de una comisión de investigación parlamentaria, sino un simple comité de investigación, que, según la resolución, funcionará «bajo los auspicios del Parlamento y de la Comisión». Dicho de otro modo, este comité dependerá, al menos en parte, de la misma institución cuya gestión deberá investigar. Esta cesión lisa y llana de las competencias parlamentarias saca a la luz la antigua complicidad entre el Parlamento Europeo y la Comisión para hacer avanzar, a cualquier precio, la causa federalista.
El Grupo Europa de las Naciones estima que los errores de la Comisión son lo suficientemente graves, patentes, reiterados, como para merecer una moción de censura. A través de esta iniciativa, deseamos poner en entredicho el propio sistema de la complicidad federalista, que ha originado todos estos abusos. Y nos congratulamos de que nuestra moción haya obtenido el apoyo de 232 diputados europeos (contra 293), lo cual, habida cuenta de las divergencias habituales entre la opinión pública y esta Asamblea, demuestra que nos apoya una aplastante mayoría de los ciudadanos.

Barros Moura, Campos, Candal, Correia, Damião, Lage, Marinho, Moniz, Torres Couto, Torres Marques
Las votaciones celebradas hoy en el Parlamento Europeo ponen fin a una crisis institucional que amenazaba la vitalidad y la eficacia de la Comisión, a raíz de la denegación de la aprobación de la gestión de las cuentas correspondientes a 1996.
Al aprobar la resolución de transacción de los Grupos Socialista, ARE y GUE con 319 votos a favor, 157 en contra y 54 abstenciones, el Parlamento Europeo ha demostrado, según las palabras del Presidente de la Comisión, Jacques Santer, «su autoridad y capacidad de control». Ahora bien, la resolución de transacción del Grupo Socialista no extiende un cheque en blanco a la Comisión. Al contrario, exige una reforma ambiciosa de sus prácticas administrativas y financieras y una investigación rigurosa respecto de todas las acusaciones de irregularidades que se han hecho en las últimas semanas para determinar si existe o no materia condenable. Los informes con los resultados de la investigación tendrán que presentarse en un plazo muy corto, el 15 de marzo, a más tardar.
El Grupo Socialista ha confirmado así la estrategia que delineó en el Pleno de diciembre sin desvíos y con coherencia con los objetivos que se proponía alcanzar: mantener la estabilidad institucional en un momento crucial para el futuro de Europa y desautorizar al PPE en sus maniobras partidistas, hechas mediante insinuaciones individualizadas a algunos Comisarios, lo que significaría un ataque indirecto a los Gobiernos socialistas que están en mayoría en la Unión Europea.
Convencidos de que era necesario mantener la confianza en esta Comisión para que se pudieran concluir las reformas que figuran en la «Agenda 2000» de forma más favorable para los países del Sur que las pretendidas por algunos de los Estados miembros del Norte de Europa, los socialistas portugueses decidieron votar a favor de la aprobación de la gestión en el Pleno de diciembre, del mismo modo que ahora, alcanzados los objetivos estratégicos delineados, han decidido apoyar la retirada de la moción de censura presentada por el Grupo Socialista.
Ahora bien, los socialistas portugueses critican vehementemente a todos los diputados, portugueses o no, y a los Grupos políticos que prefirieron seguir la vía destructiva de la inestabilidad, en vez de la constructiva de las críticas serias que pudieran propiciar las reformas que resultan ineludibles.
Momento importante ha sido también la derrota de la moción de censura presentada por el Grupo de derechas Europa de las Naciones, después de que el Grupo Socialista retirara su moción. Los resultados de la votación de esa moción de censura (232 a favor, 293 en contra y 27 abstenciones) evidencian que hay fuerzas políticas interesadas en debilitar a la Comisión en este período final de su mandato. Si bien los votos fueron insuficientes para derribarla, dejan -hay que reconocerlo-secuelas graves. Durante esta crisis, los socialistas portugueses, han procurado siempre defender los intereses de Portugal y los intereses globales de Europa, que en nada se habrían beneficiado con la caída de la Comisión pocos meses antes de las elecciones europeas del próximo mes de junio.
Moción de censura
Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses estamos satisfechos de que la Comisión se halle inmersa en la preparación de un plan que modifique rápidamente la cultural empresarial de la Comisión y eleve la ética. Consideramos necesario examinar cualquier sospecha de irregularidades, fraude o corrupción, bien por medio de la nueva oficina independiente para la lucha contra el fraude interno bien por medio de las autoridades policiales nacionales. Llegado el caso, debe pedírsele al Consejo que haga uso del artículo 160 del Tratado, según el cual, cualquier miembro de la Comisión puede ser destituido por el Tribunal de Justicia a instancias del Consejo o de la Comisión si ha cometido una falta grave. Son la propia Comisión y el Consejo expresamente quienes tienen esta posibilidad. No el Parlamento, aunque puede considerarse la inclusión de éste en una futura modificación del Tratado. De esta forma los casos pueden ser investigados a fondo sin tener que enfrentarnos al mismo tiempo al juicio de la prensa. Sin embargo, para que esta posibilidad funcione, el Sr. Santer naturalmente debe ser consciente de su responsabilidad como Presidente de la Comisión. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento por parte de la Comisión del plan de acción aprobado hoy. La Comisión debe contemplar un cambio de todos los máximos funcionarios de la Comisión a fin de airear ésta. Apoyamos el trabajo realizado por el Sr. Liikanen de cara a una reforma del personal que resulta trascendental dentro de toda este proceso de limpieza.

Spiers
 He votado a favor de la moción conjunta de los grupos Socialista, GUE y ARE, en contra de la moción conjunta de los grupos PPE, ELDR y Verdes.
Se han citado los nombres de dos Comisarios socialistas por razones claramente políticas. Hay acusaciones no menos graves de mala gestión contra otros Comisarios de otras familias políticas. Todas esas acusaciones deben ser objeto de una investigación minuciosa y rápida y, si se encuentran pruebas de negligencia o de falta grave de gestión, los Comisarios de que se trate tienen que irse.
La resolución conjunta socialista pide que se recurra al artículo 160 del Tratado de la Comunidad Europea para quitar de en medio a los Comisarios encubridores. Me parece muy bien, pero no olvidemos que la Comisión es un órgano político , la versión europea de un gobierno nacional. En cualquier gobierno nacional democrático, los ministros que no pueden responder apropiadamente al tipo de acusación grave de que han sido objeto algunos Comisarios tienen que dimitir o corren el riesgo de que se les destituya. Espero que la Unión Europea pueda empezar ahora a adquirir esa cultura de la responsabilidad democrática. Me parece bien que se haya resuelto crear un comité de expertos independientes para estudiar de qué forma la Comisión administra (o deja de administrar) sus finanzas y su personal. Ahora bien, es extraordinario que el Parlamento haya llegado a la conclusión de que es necesario iniciar semejante investigación de importancia trascendental. Ningún régimen político puede funcionar sin que se tenga la seguridad razonable de que su sistema ejecutivo es honrado y competente. La Comisión tiene que velar ahora por el establecimiento de prácticas de gestión adecuadas. Hay que asignar los puestos y los contratos sobre la base del mérito, y no sobre la base de la nacionalidad o de amistades personales.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, lo que hoy se dirimía de hecho -y esto demuestra cuán acertado ha sido el voto afirmativo de nuestro Grupo en favor de la moción de censura-, lo que hoy se dirimía no era si la Comisión ha obrado con imprudencia o si ha sido víctima de su propia transparencia. Esto demuestra una vez más que la Comisión es y ha sido incapaz de hacerse cargo de la dimensión política. La Comisión se ha dejado llevar por un razonamiento predemocrático. No fue capaz de responder con una actuación razonable frente a todos esos acontecimientos catastróficos.
No nos preocupaba sólo el nepotismo y la corrupción. También nos preocupaba que la Comisión tiene y tenía encomendada una tarea política clara a la que no ha sabido responder en absoluto en los últimos tiempos. Nosotros teníamos muy claro el peligro implícito de que esto sea utilizado como baza en favor de la renacionalización. Porque queremos una Europa fuerte y porque necesitamos una Comisión fuerte, no podíamos dejar de emitir una moción de censura contra la actual Comisión. Confiamos en que todo esto le haya servido al menos de lección, que la Comisión haya aprendido que estamos en una democracia, que debe acabar de una vez con esos modos predemocráticos de pensar y de actuar, y que por fin se decida asumir la responsabilidad que esto significa, que comprenda que el nepotismo, la corrupción y los escándalos no permitirán crear una Europa fuerte.
Por esto hoy hemos votado a favor de la moción de censura. Yo creo que es una lástima que el Grupo socialista la haya utilizado como una baza política, para luego volverse atrás en el momento decisivo. Esto no sólo es desfavorable para la idea de Europa, sino también desde el punto de vista de la fuerza que necesitamos para abordar la Agenda 2000. Sólo me queda esperar que, como resultado de esta votación, la Comisión tenga al menos la decencia de extraer las debidas consecuencias y que los Comisarios implicados dimitan.

Berthu
Señor Presidente, si el Grupo Europa de las Naciones, en cuyo nombre ha intervenido Hervé Fabre-Aubrespy, ha tomado la iniciativa de presentar una moción de censura tras los fraudes descubiertos en el funcionamiento de la Comisión Europea, ello obedece a que pensamos que esta mala gestión no es ni accidental ni individual. La misma se desprende, en realidad, del propio sistema institucional.
La Comisión declara en su defensa que se la ha sobrecargado de cometidos y que no disponía de los medios para asumirlos. Nosotros recusamos esta falsa excusa, ya que la precipitación para quitar competencias a los Estados miembros forma parte del propio sistema, que busca siempre ganar por la mano a las legítimas reacciones de defensa de las naciones. Además, la Comisión, en el conjunto de las instituciones, siempre ha sido el agente más activo de esta execrable política. No hay que remontarse demasiado en el tiempo para conocer la sentencia del Tribunal de Justicia del 12 de mayo de 1998, que puso al descubierto toda una serie de líneas presupuestarias que la Comisión mantenía sin base jurídica. Algunas de estas líneas, como los programas «Pobreza», se habían iniciado incluso con la oposición formal del Consejo. Estos comportamientos, que menosprecian la normativa legal, emanan directamente del sentimiento de superioridad de la Comisión frente a las naciones reunidas en el Consejo. Dichos comportamientos generan fatalmente el fraude, y este es el sentido de nuestra moción de censura.
Desde hace tiempo, el sistema institucional europeo ha declarado a la Comisión «guardiana» de un interés superior a las naciones. Dicho sistema ha rechazado el control de ésta, convirtiendo la falta de transparencia en una estrategia deliberada con miras a la integración, y ha hecho circular a través de sus funcionarios centrales sumas considerables de dinero. De este modo, se ha creado en Bruselas un espacio predilecto para el fraude, la corrupción, el despilfarro y el nepotismo. Y ha ocurrido lo que debía ocurrir. Se ha formado en torno a la Comisión un mundillo siniestro en el que existe todo tipo de tráfico de influencias, y que está muy alejado de las preocupaciones de los ciudadanos. Nos aterroriza el hecho de que a este mundillo se le hayan confiado poderes considerables en materia de iniciativa reglamentaria y de gestión europea. Nosotros deseamos acabar con este sistema y restablecer el control de las naciones sobre las instituciones europeas.

Nordmann
Señor Presidente, desde el punto de vista jurídico, la moción no ha sido aprobada, pero, políticamente, la censura es evidente.
He votado a favor de la censura. Lo he hecho con dificultades, a disgusto, en contra de mis criterios. No lo he hecho para participar en una caza de brujas, y lamento, en tal sentido, que a la Sra. Cresson se la haya puesto de inmediato en el lugar del chivo expiatorio. Lo he hecho por razones políticas, porque en el momento en que la ampliación impone la necesidad de un fortalecimiento institucional, el marco de referencia puesto a punto por el Sr. Santer y la Sra. Green nos hace dar la espalda a dicho fortalecimiento.
La Comisión prefiere la tutela de expertos antes que un verdadero control parlamentario, y el Parlamento renuncia provisionalmente a sus poderes de control -pero lo hace otra vez, y de provisional en provisional, la situación se mantiene-. Lamento, señor Presidente, que la Comisión y algunos grupos se hayan prestado a este juego.
Es porque deseo unas instituciones europeas fuertes, para una Europa fuerte, por lo que he votado a favor de esta censura.

Brinkhorst
El Grupo D66 está a favor de una Comisión fuerte y de una Europa fuerte. Tal y como el Sr. Nordmann acaba de señalar, nos ha costado mucho votar a favor de la moción de censura. Esta Comisión ha renunciado a su independencia poniendo su futuro en manos de una comisión independiente de expertos. No deseamos que se nos asocie con todos esos colegas que están en contra de una Europa fuerte. Por eso, nos ha resultado difícil votar a favor de esta moción. Pero, con todo, de lo que se trata ahora es de en qué circunstancias puede fortalecerse Europa. ¿Con una Comisión debilitada que, de hecho, en los próximos años no tendrá la oportunidad de dar un verdadero impulso, o con una nueva Comisión que tenga un nuevo brío? Es por ello que el D66 ha votado a favor de la moción de censura, pero que a nadie le quepa la menor duda sobre nosotros; lo que queremos es más democracia, más autoridad, más vigor en Europa y no un debilitamiento de las instituciones europeas.

Berès
Señor Presidente, los socialistas franceses se niegan a dar una firma en blanco a la Comisión de Jacques Santer.
Durante esta crisis de confianza entre el Parlamento Europeo y la Comisión ejecutiva, los socialistas han deseado ante todo obtener la colegialidad de la Comisión y el respeto de la presunción de inocencia. El tiro de pichón no es un método de control parlamentario. Los socialistas han deseado asimismo manifestar su unidad y buscar las bases de un acuerdo lo más amplio posible dentro de su Grupo.
Los socialistas deploran que el Presidente de la Comisión haya tardado tanto en expresar la solidaridad del colegio y hacer propuestas al Parlamento sobre los medios para mejorar la gestión de la Comisión. Deploran que se haya necesitado esta escalada de la confusión para que el Presidente de dicha institución valorase, por fin, las disfunciones de la institución de la cual era responsable.
¿Qué enseñanzas pueden sacarse de esta crisis? La lucha contra el fraude, la corrupción y las irregularidades debe llevarse a cabo con determinación, y deben reforzarse los medios para ello. Hay que consolidar el carácter colegiado de la Comisión, como garantía de la integración comunitaria y crisol de una cultura administrativa común. De lo contrario, al capricho de los plazos electorales, unas mayorías circunstanciales podrían elegir como cabeza de turco a uno u otro comisario. La Comisión debe tener al frente una personalidad política fuerte. La Unión Política debe pagar hoy la carencia del Consejo, que, presionado por los conservadores británicos, aceptó el nombramiento de un Presidente débil.
Concluyo, señor Presidente. Habría sido absurdo si en la votación los socialistas hubiesen hecho mal uso del arma política más importante que tienen a su disposición. Hemos contribuido enérgicamente a limitar los daños. Queda por recorrer un largo camino. La resolución que acabamos de aprobar permite iniciarlo, pero los socialistas quieren atribuir a esta imprudente escalada el mérito de haber puesto en evidencia la urgencia de una reforma de las instituciones de la Unión, antes de cualquier ampliación.

Ripa di Meana
Señor Presidente, aunque soy muy crítico respecto al funcionamiento de la Comisión, junto con otros colegas de Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, no he participado en la votación de las resoluciones sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de 1996 y la censura, porque no comparto ninguno de los textos presentados.

Spaak
Señor Presidente, mi convicción europea inquebrantable me ha obligado a pronunciarme en favor de la censura de la Comisión. En efecto, considero que la situación de crisis provocada por la propia Comisión, con el apoyo del Grupo Socialista, exige, para la salvaguardia de la institución, un voto de desconfianza.
Este voto se justifica concretamente por el hecho de que la Comisión no ha asimilado -o lo ha hecho demasiado tarde- la realidad siguiente: el Tratado de Maastricht y las futuras disposiciones del Tratado de Amsterdam convierten al Parlamento en una verdadera institución política, cuyo deber es asumir sus responsabilidades políticas.
Las propuestas del Presidente Santer con el objetivo de mejorar la transparencia y el funcionamiento de la Comisión se han presentado demasiado tarde y en un momento de crisis que no permite efectuar una evaluación serena. El comité de vigilancia creado en el punto 1 del texto de la resolución socialista representa un tutelaje por la Comisión y el Parlamento. Esto es inaceptable.
Hoy la prioridad absoluta era restablecer en el equilibrio institucional la autoridad de una institución que, cuando está de acuerdo con el Parlamento Europeo, constituye el motor de los avances de la Unión Europea. Esta Comisión debe ser fuerte, solidaria, independiente, respetada por el Consejo, por el Parlamento y por los ciudadanos europeos.
Cada uno de nosotros debería ahora, al término de este debate, formularse la siguiente pregunta: ¿he contribuido realmente, con mi actitud, al progreso de la Unión? Mi voto respondía claramente a este desafío.
Aplausos

Schulz
Señor Presidente, Señorías, estos últimos días y también hoy ha habido muchas maniobras tácticas en esta Cámara. La táctica ha dominado la actuación de las figuras políticas rectoras del Parlamento. Esto ha distorsionado un poco la percepción de que una moción de censura busca la respuesta a una pregunta muy sencilla. ¿Mantienen los representantes populares electos una confianza suficiente en la capacidad de gobierno y de gestión del órgano ejecutivo central de la Unión? Esta pregunta se puede responder afirmativa o negativamente. Y quien haya escuchado al Sr. Santer el lunes o en las semanas pasadas y haya podido observar también hoy su actitud sólo puede llegar a mi modo de ver a la conclusión de que, a la vista de las grandes tareas que nos esperan, esa confianza en la capacidad de gobierno de la actual Comisión y del actual Presidente ya no existe.
Sobre esto debería decidir el Parlamento y no sobre subterfugios tácticos. Esta es también la opinión que prevalece entre mis colegas socialdemócratas de la República Federal de Alemania. Por esto no nos ha quedado otra alternativa que asumir la tarea parlamentaria de decirle al órgano central de gobierno de la Unión Europea que los causantes de una crisis institucional no son quienes expresan desconfianza, sino quienes no cumplen debidamente y en un grado satisfactorio su elevado e importante cometido.
La jefa de mi Grupo político ha declarado que ha retirado la moción de censura del Grupo socialista. ¡Eso no es cierto! La petición fue presentada por miembros individuales del Grupo socialista. Yo pido que así se haga constar en el Acta.

von Habsburg
Señor Presidente, yo he votado con pesar a favor de la moción de censura contra la Comisión. El presente Reglamento no me dejaba otra opción, puesto que en la Comisión hay personas, como la Sra. Cresson o el Sr. Marín, que por sus acciones y su carácter no parecen idóneas para desempeñar su tarea. Yo quisiera resaltar que mi voto no iba dirigido contra el muy meritorio Presidente Santer.
Hoy ha quedado de manifiesto el déficit democrático que lamentablemente todavía existe en las instituciones europeas. Para que Europa pueda avanzar realmente en el aspecto político será preciso reformarlas. El antiguo Plan Tindemans nos ofrece un modelo para ello, que sigue siendo tan válido como hace unos años. Para hacer realidad en un breve plazo una reforma sólida, no se requieren, por lo tanto, grandes estudios ni la coartada de un comité de sabios. Esta es la tarea que debe abordar ahora el Parlamento, a la vista de los hechos de hoy, con objeto de que la Europa unida y ampliada pueda cumplir en un futuro no muy lejano, si Dios quiere, su misión en favor de nuestros pueblos y también de la paz en el mundo.

Robles Piquer
Señor Presidente, queridos colegas, mi Grupo está dividido, como todos los Grupos en mayor o menor proporción. Por tanto, no puedo hablar en su nombre, pero sí puedo hablar -creo- en nombre de esa mitad aproximadamente del Grupo que ha votado contra nuestra propia resolución, la del Grupo, que ha apoyado la resolución socialista y que ha votado contra la moción de censura.
Tengo que empezar por pedir al Parlamento que tenga un poco de modestia. Anoche, a las nueve, se abría aquí uno de nuestros debates sobre un informe de iniciativa, defendido por mi amigo y compatriota el Sr. Areitio. Le respondía el Comisario, Sr. Van Miert.
¿Saben ustedes, señoras y señores, cuántos diputados a las 9.00 de la noche acompañaban en este hemiciclo al Sr. Areitio a esa hora? Ninguno. En esas condiciones ¿puede este Parlamento tirar la primera piedra?
Por otra parte, ¿puede tirar una piedra individual contra alguno de los señores Comisarios cuando sabemos perfectamente que el Colegio de Comisarios es precisamente un colegio, una unidad y que -nos guste o no- esas son las normas que existen y que estamos obligados a respetar?
Por supuesto, señor Presidente, son muchas cosas las que tenemos que corregir. Y yo confío en que la Comisión, presidida por un hombre de honor, como es el Sr. Santer, hará honor a las promesas que ha hecho e introducirá las necesarias correcciones en un funcionamiento que, como sabemos, no es perfecto.
Hubo un tiempo en que algunos israelitas -los de la Biblia, no los israelíes- quisieron y lograron derribar el templo. Pues bien, lo hicieron a trueque de que murieran los filisteos y Sansón. Como he dicho ante mi Grupo, no me importan nada los filisteos, ni de mi Grupo ni de otros. Casi no me importa Sansón. Pero me importa mantener en pie el templo que tanto nos ha costado construir.

Lulling
Señor Presidente, al votar en contra de la moción de censura he recordado que Talleyrand había dicho que todo lo que es exagerado es insignificante.
El hecho de votar a favor de la censura hubiese sido exagerado, tras la aprobación de la enérgica resolución sobre la reforma a fondo de la cultura administrativa, y -así lo espero- no sólo la de la Comisión, sino también la de este Parlamento (por ejemplo, después del compromiso, también enérgico, del Presidente Santer de ocuparse de todos los casos de fraude, de mala gestión y de nepotismo, para que los culpables sean sancionados sin importar el nivel).
Me congratulo de que la razón y el sentido de la responsabilidad hayan triunfado, y, con ello, Europa. La Comisión Santer ha asumido sus responsabilidades en el plano político. Ha llevado a término la introducción del euro, y espero que, tras las crisis que éste ya ha sufrido estos últimos días -de las cuales algunos aprendices de brujo de este Parlamento y su politiquería son responsables-, el euro volverá a ser, después de esta votación, una moneda fuerte al servicio de los ciudadanos de la Unión.
La Comisión Santer nos ha sometido la Agenda 2000 . Corresponde a este Parlamento ocuparse de estas importantes propuestas de la Agenda 2000 , de la que depende el bienestar de centenares de millones de europeos, y que debería preocuparnos mucho más que el nepotismo de que se les acusa a la Sra. Cresson o a otras personas. La Comisión ha salido fortalecida de esta prueba. La felicito. Le renuevo mi confianza, y hoy ha ganado Europa.

Bourlanges
Señor Presidente, Señorías, ¿qué se suponía que hiciéramos? ¿Qué hemos hecho? No se suponía que aprobásemos la censura, ya que la moción que ha provocado todo este tumulto se ha presentado con un objetivo explícito: conceder la confianza a la Comisión. ¿Qué hemos hecho? Tres cosas.
Primeramente, no hemos aprobado la censura, pero no hemos concedido la confianza. En esta Asamblea no ha habido una mayoría absoluta de diputados que confiaran en la Comisión Santer. La Comisión ha iniciado un proceso diabólico, al término del cual no obtiene la confianza.
Por otro lado, hemos decidido -lo cual es una cobardía-, en lugar de ejecutar a la Comisión, prolongar el suplicio. No es un acto de valentía. No condice con la autoridad de las instituciones. Y finalmente -para colmo de cobardía-, hemos decidido hacer recaer en otras personas el cometido de administrar este suplicio.
Por lo tanto, a la vez hemos debilitado a la Comisión y renunciado a ejercitar nuestras propias prerrogativas. Hoy es un día de duelo para las instituciones de la Unión Europea.

Giansily
Señor Presidente, no he votado a favor de la censura, contrariamente a lo que ha hecho la gran mayoría de la delegación francesa de mi Grupo. Creo que el objetivo de esta moción de censura, cuando fue presentada por la Sra. Green, era interrumpir el proceso de denegación de la aprobación de la gestión. Ésta ha jugado con fuego, y Hervé Fabre-Aubrespy le ha arrebatado hábilmente la jugada política que había montado. Ya no tengo edad para esta clase de juegos, y, además, ya no me divierten. Por eso no me he asociado a la maniobra «villierista», dictada más por el rechazo de Europa que por otros motivos.
Quince días después de la aplicación del euro, nuestra Asamblea y nuestra Europa merecían algo mejor. Sin embargo, la Comisión no se ha librado de lo que nos debe, ya que ahora la continuación del procedimiento de aprobación de la gestión se ha convertido para ésta en una prioridad. Por esta razón, le doy cita para el mes de marzo, y espero que esta vez sepa responder a las preguntas que le hemos formulado.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, no serán palabras de mal perdedor si afirmo que aquí se ha disparado contra la propia portería. Se pretendía disipar mediante una moción de censura todas las dificultades y todas las irregularidades que salieron a la luz en el contexto de la aprobación de la gestión de 1996. Esta moción de censura no se ha producido. Yo también pienso que el Comité de sabios es una mala prótesis. Ahora tenemos que aprovechar el tiempo para conseguir que esta Comisión -afuera, en los pasillos, ya se ha podido escuchar la expresión dead man walking (cadáver ambulante) aplicada a la Comisión- haga ahora al menos lo necesario para que sea posible lo que el Sr. Martens ha prometido explícitamente aquí: el fin de la burocracia y la tecnocracia.
Si el Parlamento no hubiese expresado su censura con un número tan elevado de votos, la Comisión se habría desentendido del asunto y habría dicho que todo ha sido sólo una tormenta en un vaso de agua. Por esto yo me alegro de haber participado en la iniciativa -y lo estuve reflexionando largamente- y de que hoy se someta a votación una auténtica moción de censura. Yo quiero resaltar una vez más -y el Sr. Berthu sabrá interpretarme- que el objetivo de esta iniciativa era conseguir una Comisión fuerte y un verdadero parlamentarismo en Europa, y que no se sigan encubriendo las debilidades a escala europea mediante procedimientos tecnocráticos y burocráticos y una falta de transparencia. La falta de transparencia es, en efecto, el verdadero pecado cardinal, sin que esto signifique que podamos despreocuparnos del nepotismo, la mala gestión y el fraude.

Konrad
Señor Presidente, Señorías, ¿cuál es la situación? 232 colegas han votado a favor de la moción de censura y 27 se han abstenido. En principio, 260 diputados de esta Asamblea han retirado la confianza a la Comisión. Es preciso hacerlo constar en este momento. ¡Este es el mensaje!
Yo no comprendo en absoluto que, después de las deliberaciones, el debate haya derivado, como resultado de las declaraciones del Sr. Santer, hacia la reforma de la estructura administrativa, la reducción de los gabinetes y la reforma organizativa.
El tema que nos ocupa es, en primer lugar, una mala actuación personal de dos Comisarios: la Sra. Cresson y el Sr. Marín. Estamos hablando de nepotismo y de la asunción de responsabilidades. Esto también es precisamente lo que me indujo, al igual que a muchos otros, a no otorgar la confianza a la Comisión.
Yo me pregunto qué ocurrirá a continuación. La Comisión tiene que tomar nota de esta votación. Para mí es inconcebible que se pueda seguir actuando como si no hubiese ocurrido nada. Yo me congratulo de que el Grupo de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana (CDU/CSU) en el Parlamento Europeo haya votado sin fisuras a favor de la moción de censura. El Grupo del Partido Socialista Europeo está encubriendo la actuación de la Comisión. Yo me propongo resaltarlo y criticarlo explícitamente y quiero repetirlo también una vez más ahora aquí.
Sin embargo, algo se ha conseguido con esta votación, a saber, que la relación entre las instituciones se ha modificado. Si lo tenemos presente, aun con todo el pesar por que la moción de censura no haya logrado obtener un respaldo mayoritario, lo cierto es que la decisión de los diputados de la Unión Demócrata Cristiana/Unión Social Cristiana en esta Cámara ha sido acertada.

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de co-firmante de la moción de censura, yo he votado naturalmente a favor de la misma y pienso que el gran apoyo que ha recibido -un 40 % aproximadamente- deja claro, de hecho, que la Comisión ya no tiene el respaldo de una mayoría amplia. La Comisión sale muy dañada del debate de hoy y ya está políticamente muerta. El gran número de partidarios de la moción de censura tiene un peso todavía más importante toda vez que aquí ha operado de hecho una gran coalición de los Grupos mayoritarios. Y si consideramos que el apoyo a la moción de censura casi se ha duplicado desde que se votó la moción en relación con la EEB, es preciso hablar lisa y llanamente de una erosión de la confianza en la Comisión Europea.
Ha sido un paso difícil para el Parlamento Europeo, pero aun así avanzamos un buen trecho con un salto de tigre, para acabar luego, por desgracia, convertidos en felpudo, ya que lamentablemente el Parlamento Europeo ha cedido en la práctica sus competencias de control a un llamado comité de expertos y se ha puesto así bajo tutela. Yo espero que esto no se traduzca en una pérdida de credibilidad para el Parlamento europeo y lamento sobre todo las maniobras tácticas de los grandes Grupos mayoritarios. La moción de censura contaba, en efecto, con un amplio respaldo, pero hoy no se trataba de realizar indagaciones más detalladas, que serán la tarea del Comité de Sabios, sino que deberían haberse extraído consecuencias políticas. En este sentido, en mi calidad de firmante de la moción de censura, yo estoy satisfecha con el resultado, ya que éste ha sido un fuerte escarmiento para la Comisión.

Cardona
1. Mi voto no puede entenderse, porque no es ése su sentido, como un voto de confianza a esta Comisión; la moción que ahora estamos votando no es -porque tampoco puede serlo reglamentariamente- una moción de confianza.
2.Todo este proceso desde su inicio, en el Pleno pasado, hasta hoy no ha sido claro y considero de elemental justicia responsabilizar ahora al PSE y a su Presidenta por la situación a que se ha llegado y que nada dice a favor de la Unión Europea y de sus instituciones.3.Razones que también en la Unión Europea pueden ser invocadas como razones de Estado y de puro interés nacional constituyen asimismo -y sin rodeos- un motivo para este sentido de mi voto. Me parece que este proceso, auténticamente dantesco, de intenciones, cuyos contornos no están claros, oculta maniobras en cierto modo indecorosas, pero seguramente de objetivos inconfesables. Es preciso tener presente que, en este momento, se están celebrando importantes negociaciones, en particular la Agenda 2000, Fondos estructurales y Fondo de Cohesión, que afectan a los países más pobres, entre ellos Portugal.Ahora bien, considero que mi deber es el de compartir la idea según la cual esta Comisión no ha cumplido el papel, tal como yo lo concibo, que se le ha atribuido, en particular en cuanto a la falta de transparencia y a la completa inobservancia del «principio de buena gestión financiera», por no mencionar, entre otros, los casos de sospechas recurrentes de fraude y del tristemente célebre caso de la EEB.
Éstas son, pues, en conjunto, las razones por las que voto contra esta moción de censura, lo que no se debe entender -repito-como un voto de confianza a esta Comisión.

Blot
Señor Presidente, Señorías, en tanto que Frente Nacional, votamos a favor de la censura a la Comisión Europea, habida cuenta de las irregularidades de gestión de las que la acusa el Parlamento, y que ésta ha ignorado. Añadiré, sin embargo, que yo había firmado dicha moción de censura, así como los Sres. Mégret y Le Gallou, por petición expresa del Sr. Fabre-Aubrespy, y que éste suprimió luego nuestras firmas sin consultarnos, lo que deploro públicamente.
Por otro lado, constato que los demócratacristianos del PPE y sus aliados, con los socialistas, forman un verdadero bloque que apoya a la Comisión en todo y contra todo. Esta alianza escandalosa entre aquellos que se consideran de derecha y aquellos que dicen ser de izquierda otorga a la Comisión, como es bien sabido, una mayoría de principio. En mi opinión, se trata de un fracaso para la democracia. En efecto, Europa se muestra tal cual es: una organización tecnocrática y oligárquica.
En esta Europa se censuran, en cierto modo, los intereses de los ciudadanos y, por lo tanto, de los contribuyentes. Al no censurar a la Comisión, en efecto, pienso que la mayoría de este Parlamento ha optado, en definitiva, por censurar los intereses de los pueblos, en particular del pueblo francés. Naturalmente, lo deploro.

Girão Pereira
La presente moción de censura se desprende directamente de la denegación por parte del Parlamento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996, que fue su causa inmediata. Al haber decidido el Parlamento devolver a la comisión competente toda la cuestión, me parece prematura la presentación de la censura.
Por otro lado, veo que la Comisión presenta un plan con su correspondiente calendario para abordar el problema del fraude con la colaboración del propio Parlamento. Además, como discrepo de la acusación individualizada a algunos Comisarios sin una investigación profunda sobre su culpabilidad, no podría votar en conciencia las propuestas de resolución en ese sentido.
Por último, Europa se encuentra en una fase de enorme importancia. Después de la introducción del euro, tenemos el imperativo de la Agenda 2000, la reforma de la PAC, la ampliación, los Fondos estructurales, de enorme importancia en particular para los países de la cohesión.
Para no poner en entredicho la serenidad y la estabilidad y evitar una crisis institucional, he votado en contra de la moción de censura.

Fayot
Los diputados socialistas luxemburgueses al Parlamento Europeo han apoyado a la Comisión y han expresado a la vez sus críticas y sus graves preocupaciones frente a la gestión de algunos expedientes financieros y administrativos.
Por esta razón, éstos se han felicitado por el plan en ocho partes presentado el lunes pasado ante el Parlamento por el Presidente Santer. Las medidas de saneamiento financiero y administrativo preconizadas por la resolución socialista se inscriben en el marco del plan del Presidente de la Comisión.
Por eso los diputados socialistas luxemburgueses han rechazado claramente la censura de la Comisión, para confirmar su mandato. Si se desea que la Comisión mejore su gestión, hay que darle tiempo.
En contra de la actitud de algunos, que se han extralimitado en la votación de la aprobación de la gestión, para debilitar a la Comisión, los socialistas han insistido siempre en la necesidad de una Comisión fuerte y operativa hasta el final de su mandato.
La moción de censura socialista era una moción de confirmación de la Comisión. El propio Presidente Santer la había solicitado el día anterior a la votación de la aprobación de la gestión, en diciembre, para clarificar las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. A falta de esta iniciativa política de los socialistas, las medidas anunciadas por Jacques Santer nunca habrían salido a luz.
Por otro lado, los debates en torno a esta moción han materializado en el seno del Parlamento Europeo una coalición hostil a una Comisión fuerte.
Esta coalición heteróclita comprende desde la CDU y la CSU bávara (cuyo presidente ha firmado la moción de censura de la derecha antimaastrichtiana) hasta los Verdes y la extrema derecha, pasando por los liberales. A seis meses de las elecciones, la misma desea sacar provecho, a cualquier precio, de una caza de brujas sin igual que afecta, con los rumores más peregrinos, al Presidente Santer.
Esta coalición irresponsable ha dañado no sólo el prestigio de la Comisión, sino a la propia Unión Europea, por su extraordinario ensañamiento contra una Comisión, cuyo balance político, en el momento de la introducción del euro, es ampliamente positivo.

Alavanos
El voto de censura a la Comisión es un voto político contra la falta de transparencia, la mala administración, el espíritu burocrático, el déficit democrático, la arrogancia ante los ciudadanos de la Unión Europea, las redes de empresas y asesores que parasitan alrededor del presupuesto comunitario cuya fuente es el contribuyente europeo. Es un voto político a favor de un Parlamento fuerte en la Unión Europea que puede intervenir de forma osada y determinante en los procesos.
Dicho voto no significa negar la confianza a todos los Comisarios y a cada uno por separado. Concretamente, debo aprovechar para expresar la confianza en el Comisario griego Christos Papoutsis que asumió la responsabilidad de sectores que en el pasado habían presentado grandes problemas de escándalos y mala administración, como el turismo y la energía nuclear

Féret
Voto a favor de la censura de la Comisión Europea porque, en primer lugar, estimo que no hacerlo significa otorgar la confianza, lo cual resultaba inconcebible a la vista de los expedientes que han salido a la luz, colmados de irregularidades, de fraudes y de disfunciones con respecto a las diferentes políticas comunitarias gestionadas por la Comisión.
Al mismo tiempo que debe ser rechazada la trampa del texto socialista, cuyo objetivo es nada menos que rehabilitar a la Comisión frente a las graves irregularidades cometidas y garantizar la permanencia del ejecutivo, pienso que es imprescindible, sin ninguna duda, exigir a la Comisión que asuma sus responsabilidades políticas, que hasta ahora siempre ha esquivado hábilmente.
Votar a favor de la censura es defender la credibilidad de la institución parlamentaria, tratada con desprecio por la Comisión, que prefiere dar informaciones a la prensa, antes que a las comisiones del Parlamento Europeo.
Votar a favor de la censura es sobre todo defender los intereses de los ciudadanos y electores europeos, cuyo dinero se desvía y dilapida por una institución tecnocrática, muda y secreta, que hasta ahora no ha sido capaz de cumplir con su deber.
En mi opinión, lo que está en juego es importante, decisivo, para la clarificación del debate.

Anttila, Ryynänen y Virrankoski
Hemos votado en contra de la moción de censura presentada contra la Comisión puesto que, a pesar de existir motivos de amonestación acerca de su gestión, no se ha demostrado que esta institución hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones en actividades que justificaran su destitución.
De cara a los intereses finlandeses, es favorable que exista una Comisión, dotada de plena capacidad de actuación, que equilibre el poder de los grandes Estados miembros frente a los países más pequeños durante las negociaciones de la Agenda 2000 que están llegando ahora a su fin, y en las que nuestro país tiene importantes intereses nacionales que defender.
No obstante, consideramos imprescindible que la Comisión emprenda medidas, de acuerdo con las exigencias que ha planteado el Parlamento, a fin de introducir mejoras en su gestión económica y de aclarar el reparto de responsabilidades entre los comisarios. Es preciso esclarecer las irregularidades y los abusos, así como llevar ante la justicia a los responsables.

Grosch
Las informaciones transmitidas al Parlamento estas últimas semanas, en particular a la Comisión de Control Presupuestario, me impiden mantener la confianza en la gestión política de algunos comisarios. El Parlamento se ha debilitado al confiar su tarea de control de la Comisión a un comité de expertos.
Me he abstenido en la votación de confianza con respecto a la Comisión, en conjunto, ya que no puedo desaprobar al conjunto de una institución por las actuaciones de algunos. Además, no quiero prestarme al juego político de ciertos grupos, a un juego dictado más por intereses electoralistas en su región que por el enjuiciamiento objetivo de la situación.
Si bien cada crisis lleva en su seno una posible renovación, podemos, con nuestra actitud, forzar a la Comisión a acabar con algunos fraudes y con el exceso de burocracia.

Bonde, Krarup y Sandbæk
El Movimiento de Junio y el Movimiento Popular sólo han votado a favor de mencionar los nombres de Comisarios individuales, porque el mayor grupo del Parlamento ha comunicado que sólo votarán a favor de su propia moción de censura si hay mayoría en el Parlamento para criticar a un comisario en concreto.
Culpabilidad y responsabilidad son dos cosas diferentes. Se puede ser responsable sin ser culpable. El Movimiento de Junio y el Movimiento Popular no se pronuncia sobre quiénes son los culpables. Nos remitimos a los expedientes disciplinarios y al Tribunal de Justicia. Votamos a favor de la censura al Colegio de Comisarios porque la Comisión es responsable y debe asumir la responsabilidad del descontrol habido y que aún perdura. Si la dirección política no asume su responsabilidad, no hay responsabilidad. En tal caso, el presupuesto comunitario es un buffet libre.
El principal problema reside en la falta de mando del Sr. Santer y de sus colegas, cuya gestión se ve afectada gravemente por el despilfarro, las pérdidas, el fraude y la corrupción. El Sr. Santer es un preso dentro de su propia fortaleza. El Comisario de Personal está prisionero. El Director de Personal está prisionero. Sólo una moción de censura liberará a éstos y creará una nueva cultura basada en la transparencia, la proximidad y la democracia que sustituya la opacidad, la arrogancia y la burocracia. El Sr. Santer reaccionó decididamente cuando no debería haberlo hecho y no fue decidido cuando debería haberlo sido. Despidió a un funcionario por proporcionar un documento a un representante elegido por el pueblo. Habría sido mejor que hubiera despedido a los que impiden que los representantes elegidos por el pueblo obtengan lo que piden. Por este motivo, el Movimiento de Junio y el Movimiento Popular desean despedir hoy a la Comisión del Sr. Santer.

Lannoye
Los acontecimientos de estos últimos meses, que han llevado al Parlamento Europeo a denegar la aprobación de la gestión para el ejercicio presupuestario de 1996, han demostrado ampliamente una falta de rigor generalizada en la gestión y el seguimiento de muchas iniciativas y de programas comunitarios.
Esta falta de rigor, generadora de despilfarros y perjudicial para los intereses y la imagen de la Unión Europea, es por sí sola razón suficiente para manifestar la desconfianza con respecto a la Comisión.
Pero a ello se ha añadido una gestión, por la Comisión, políticamente inaceptable del conflicto que la enfrenta al Parlamento: la negativa de transmitir documentos, lenguaje estereotipado, incluso arrogancia, que revelan una cultura de impunidad existente en el conjunto de la Comisión.
Los discursos repetitivos de la Comisión sobre la transparencia y la voluntad de «franca cooperación» con el Parlamento disimulan una realidad omnipresente. La transparencia se refiere generalmente sólo a hechos ampliamente conocidos y a los expedientes respecto a los cuales los diputados han debido arrancar la información. La cooperación es únicamente retórica: las resoluciones del Parlamento a las que no se les da seguimiento, aun cuando son aprobadas por amplia mayoría, son innumerables; con frecuencia se aparta al Parlamento de los expedientes candentes (relaciones transatlánticas, acuerdos comerciales, etcétera).
Algunos tienen en cuenta la supuesta eficacia de la Comisión en su papel de motor de la Unión Europea y de guardiana de los Tratados. Esta Comisión da pruebas de un rigor de geometría variable: titubea, por voluntad del Sr. Van Miert, en cuanto a las ayudas públicas y las sospechas de distorsión de competencia, se muestra muy reservada -si no muda- cuando se trata de poner en entredicho a algunos Estados miembros. Así, la actitud del Gobierno británico en la operación «Zorro del desierto» viola el artículo J del Tratado; en relación con el expediente ECHELON, la Comisión simplemente se niega a responder.
Los actuales incumplimientos en materia de gestión, de transparencia, de coherencia y de iniciativa política son estructurales; es la Comisión, globalmente, la que está en tela de juicio y no sólo algún comisario en concreto.
Aquellos que hablan de vacío político en caso de censura se equivocan. Naturalmente, existe una crisis política, pero se trata de una crisis útil. Es ilusorio creer que el papel de la Comisión frente a los diferentes desafíos a los que se enfrenta la Unión (reforma de la PAC y de los Fondos estructurales, financiación de la Unión, ampliación) puede aún ser importante con el equipo actual. ¡Políticamente débil al principio, la Comisión Santer ha perdido su credibilidad y su autoridad!
El mejor servicio que puede prestar a la Unión Europea es irse.
El Parlamento Europeo tiene la posibilidad de dar una señal enérgica a la opinión europea, censurando a la Comisión: ha llegado la hora de comprobar que las instituciones europeas funcionan de manera obsoleta; ha llegado la hora de hacer más eficaces y sobre todo más democráticas las instituciones europeas y en particular la Comisión, cuyo estatuto híbrido debe ser revisado.
Censurar a la Comisión no da de por sí una respuesta, pero es la condición necesaria para el cambio.

Cars
He votado a favor de la moción de censura, puesto que el Presidente Santer ha socavado con su actuación la confianza depositada en la Comisión en un grado que, independientemente de la decisión que se adopte hoy en el Parlamento, imposibilita su actuación desde el punto de vista político. La Comisión es incapaz de abordar con la firmeza necesaria las importantes cuestiones que figuran actualmente en el orden del día europeo.
Como liberal y como ferviente partidario de Europa, quiero que mi voto contribuya a restituir la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea y en el ideal europeo. Esta postura no significa que, en mi opinión, la Comisión no haya desempeñado una labor positiva en numerosos ámbitos o que la mayor parte de los comisarios sean personas competentes, merecedoras de todo respeto. Por este motivo, espero que se ofrezca a la mayoría de estos comisarios la posibilidad de seguir desempeñando su cometido mediante su readmisión en sus respectivos puestos.
En consecuencia, espero que se sustituya al Presidente de la Comisión, el señor Santer, por otra persona que sea capaz de devolver la confianza en la Comisión y en la Unión, así como en el conjunto de la cooperación europea.

Ford
 En nombre del EPLP y de Alan Donnelly, su líder, diré que hoy votamos sin vacilaciones contra la moción de censura del Sr. Fabre-Aubrespy dirigida contra la Comisión Europea. El Sr. Santer ha reconocido demasiado tarde que los procedimientos de la Comisión requieren una reforma radical si queremos acabar con un sistema que ha tolerado el fraude, el nepotismo y la corrupción en el seno de las instituciones de la Comunidad.
El Presidente de la Comisión se ha comprometido también a que las acusaciones contra contratistas, funcionarios y Comisarios se investigarán y enjuiciarán firmemente. Sería totalmente absurdo que el Parlamento, antes de que esas investigaciones tengan lugar, se erigiera hoy en juez, jurado y ejecutor de las sentencias.
Ahora bien, éste es el principio y no el final del proceso. Si las reformas prometidas por la Comisión no se materializan, y si el informe del Grupo de Sabios no se sigue al pie de la letra, queremos dejar bien sentado que en el futuro no se podrá contar con que persistamos en el apoyo crítico que hoy extendemos. Más que un voto de confianza, este voto es una advertencia final.

Graenitz
Yo he votado en contra de la moción de censura porque considero que sólo será posible lograr mi objetivo de una administración europea eficiente, y la moderación en el gasto de los recursos presupuestarios que esto supone, si todas las instituciones europeas desarrollan conjuntamente una nueva estructura administrativa europea.

Ilaskivi, Matikainen-Kallström y Otila
Los representantes de Kokoomus en el Parlamento Europeo abajo firmantes consideramos que una moción de censura de este Parlamento a la Comisión habría paralizado las condiciones de trabajo de Finlandia con motivo de su próxima Presidencia de la UE. Una moción de censura habría obligado a recurrir al nombramiento con carácter temporal de una Comisión hasta que expirara el mandato de la actual es decir, hasta finales del presente año, lo cual habría tenido también unas pésimas consecuencias para la Presidencia finlandesa, cuyo comienzo está previsto para este verano.
Sin embargo, hay que señalar que las sospechas de fraude, abusos e irregularidades que han aparecido en círculos de la Comisión son motivo de severas y justificadas críticas. A pesar de las numerosas negligencias que se han registrado, la intervención de la Comisión ante éstas se ha caracterizado por su falta de agilidad y por el ánimo de ocultar los errores cometidos. A la luz de los hechos, nos es imposible mostrar nuestra plena confianza ante el modo con que la Comisión lleva a cabo su importante labor y asume su gran responsabilidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, hemos considerado que la mejor alternativa era la abstención durante la votación de la moción de censura. Al mismo tiempo, esperamos que los comisarios Cresson y Marín extraigan las conclusiones oportunas de la situación que se ha producido y presenten voluntariamente su dimisión. Desearíamos hacer hincapié en que el Tratado de la Unión no brinda al Parlamento la posibilidad de votar una moción de censura individual en contra de un solo comisario.

Lambrías
Un sentimiento de responsabilidad ha invadido a miembros de la delegación griega en el Grupo Parlamentario del PPE que votaron en contra de la moción de censura que quedaba, previa retirada de la precedente del PSE que era parte de un intento abortado por impresionar a la opinión pública.
En ningún caso, justo en los días en que el «euro» ha comenzado de manera esperanzadora, que se intensifican los procedimientos para la necesidad histórica de la Ampliación, que surge la necesidad de impulsar la PESC, es lícito provocar artificialmente una crisis institucional y el debilitamiento de la Comisión.
Sólo quienes se niegan a entender que en los pueblos a los que representamos no se hacen distinciones entre órganos institucionales pueden regocijarse si se pone en duda la validez de cualquiera de las tres. Es la imagen sucinta de Europa que se ensucia cuando, sin investigación ni datos, se ensucian las reputaciones de destacados miembros y la niebla de los escándalos se asienta en las funciones críticas.
Con el convencimiento de que toda esa nebulosa se disolverá en el plazo fijado, a lo que prometió contribuir el Presidente de la Comisión, el voto contra la censura es un voto constructivo y garante del control que debe ejercer el Parlamento Europeo.

Lindqvist y Olsson
Hemos apoyado la propuesta del Grupo Liberal para que los comisarios puedan asumir sus responsabilidades a título individual, exigiendo a la vez la destitución de los comisarios Marín y Cresson. Sin embargo, los comisarios, también a título individual, se han escondido tras el conjunto de la Comisión, por lo que no ha sido posible exigirles ninguna responsabilidad.
El Presidente de la Comisión, el señor Santer, no ha dado muestras de comprensión hacia las críticas que se le han formulado. De esta manera, la Comisión -como tal- ha asumido la responsabilidad del conjunto de críticas que se ha dirigido en contra de esta institución por parte del Tribunal de Cuentas, la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento y un gran número de diputados.
Por todo ello, nos hemos pronunciado a favor de la moción de censura contra la Comisión. Al corregir las deficiencias e irregularidades que ahora han salido a la luz se actúa por el bien de todos.

Mann, Thomas
Yo acabo de votar a favor de la moción de censura contra la Comisión Europea, motivada por la gestión errónea, incompetente y causante de escándalos de dos Comisarios.
La propia Comisión presentó injustificadamente como una «crisis de confianza» la denegación de la aprobación de la gestión en la ejecución del Presupuesto de 1996 en diciembre de 1998, por decisión mayoritaria del Parlamento. La presidenta del Grupo del Partido Socialista Europeo, Sra. Pauline Green, anunció en el momento de aquella votación su intención de presentar una moción de censura, con la esperanza de que una votación insuficiente la convirtiese en una moción de confianza. Su maniobra táctica aparentemente sutil, incluido el gesto teatral de retirar hoy dicha moción contribuirán a definir el debate en el marco de la próxima campaña electoral europea.
Los dos Comisarios socialistas acusados, la Sra. Cresson y el Sr. Marín, no han respondido a la petición de dimisión suscrita por una gran mayoría del Partido Popular Europeo y por la totalidad del Grupo demócratacristiano alemán. Esto lesiona de manera permanente la confianza hacia la actual Comisión, como lo demuestra claramente el resultado de 232 votos contra 293.
La Sra. Cresson es responsable de una pésima gestión del programa LEONARDO, de un manejo indebido de los fondos, de nepotismo y de considerables despropósitos en la contratación de asesores externos. Tampoco el Sr. Marín ha dado pruebas de moderación en el gasto, aplicación eficaz y debido control de los fondos. Hasta ahora, ambos no se han mostrado dispuestos a asumir su plena responsabilidad. La Sra. Cresson dio, además, la semana pasada, abundantes pruebas adicionales de su menosprecio por el Parlamento Europeo. Su intento de trivializar las alegaciones de fraude y de presentarse como «víctima» de «conspiraciones», que tendrían su origen en Alemania, resulta ridículo.
La Comisión tuvo suficientes oportunidades de resolver a fondo los problemas, toda vez que el PE decidió aplazar la aprobación de la gestión en marzo de 1998. Hasta el momento no se aprecia que se hayan extraído consecuencias de los considerables errores de gestión en la ejecución de algunas políticas externas, como en los casos de ECHO, MED, PHARE y TACIS, ni tampoco de las sospechas de corrupción entre los funcionarios. No se han presentado listas con valor declaratorio de todas las investigaciones internas realizadas con miras a una lucha eficaz contra el fraude; se ha obstaculizado el control democrático a través del Parlamento Europeo mediante la retención, censura o falsificación de documentos.
En la votación de hoy, yo también he votado en contra del «Comité de Sabios» propuesto por el Presidente de la Comisión en su Programa de 8 puntos. No necesitamos un órgano de investigación adicional formado por efectivos externos, que en cualquier caso no podrán completar la tarea en un plazo de pocas semanas. Yo lamento esta decisión de la mayoría, que equivale a una autoinhabilitación del PE. Además del Tribunal de Cuentas Europeo existe otro órgano de control que cumple bien su función: la Comisión de Control Presupuestario competente del PE. Este órgano es el lugar donde se deben desarrollar los procedimientos de investigación financiera.
Yo soy partidario de una Comisión Europea fuerte. Pero ésta sólo podrá ser eficaz y operativa si está «limpia». Suprimir las anomalías, destituir a los funcionarios corruptos y proteger a los colaboradores que trabajan de manera competente, responsable y fiable habría redundado en su propio interés. La Comisión tiene que emprender una reforma desde dentro mediante un código de conducta para el nombramiento de los altos funcionarios y un Estatuto de los funcionarios. La época de los compadreos y de la ocultación bajo la cobertura de un colectivo se tiene que acabar. Cada miembro de la Comisión tiene que estar preparado para responder personalmente por su ámbito. Las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a una Europa en la que prevalezca la transparencia, la legalidad y el trabajo honrado, que maneje con cuidado los fondos que se le han confiado. Y tienen derecho a unos diputados que ejerzan sus tareas de control libres de consideraciones tácticas partidistas.

Martin, David
 Me parece que la mejor manera de defender los intereses del contribuyente europeo no consiste en destituir a la Comisión, sino en lograr una reforma seria y positiva de la gestión financiera y de personal de la Comisión.
Las acusaciones son graves: irregularidades financieras, nepotismo, amiguismo e incluso fraude en el seno de la Comisión.
Estas circunstancias exigen que el Parlamento busque la verdad, consiga que se instalen mecanismos que rectifiquen la situación e insista en que se enjuicie a toda persona que se demuestre que es culpable de actividades delictivas.
La destitución de toda la Comisión sería un acto espectacular pero no ayudaría a conseguir esos objetivos.
La propuesta socialista de nombrar un comité de expertos independientes para que examine de qué forma la Comisión descubre los casos de fraude, mala gestión y nepotismo y se ocupa de ellos, brinda la base para erradicar esas prácticas inadmisibles.
No está mal que, aunque tardíamente, el Presidente de la Comisión haya reconocido el grave carácter y la magnitud de la mala gestión financiera de sus servicios.
Si el Parlamento y la Comisión trabajan juntos, se podrá hacer mucho para «limpiar» la Comisión. Si no lo conseguimos, el colegio de Comisarios perderá mi apoyo.

Martinez
Al que no se le censura por lo más, será censurado por lo menos.
De 1989 a 1992, la Comisión Europea dejó alegremente que el Reino Unido envenenara millones de bovinos; 146.000 animales bovinos británicos fueron sacrificados sin que Bruselas rechistara. Continúan circulando harinas contaminadas. Y la Comisión Europea sigue sin decir nada. Se han declarado varias decenas de casos de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, condenando así a jóvenes europeos, ya que la enfermedad de la vaca puede transmitirse a las personas. En todo caso, a sabiendas, se corrió el riesgo de contaminar a millones de seres humanos. Esto lo ha hecho la Comisión Europea. Ha corrido este riesgo sanitario. Llamemos las cosas por su nombre: la Comisión Europea ha tenido, en este punto más que una actitud negligente, una actitud irresponsable, una actitud criminal.
Ahora bien, el Parlamento Europeo no decidió una sanción. La moción de censura del 20 de febrero de 1997 sobre la «vaca loca» no progresó.
Igualmente, en 1992, la Comisión Europea, excediéndose en sus poderes, no dudó en firmar secretamente con los Estados Unidos el acuerdo de Blair House, acuerdo que sacrificaba los intereses agrícolas de Europa y de nuestros agricultores. Tampoco en ese caso hubo sanción.
Asimismo, en el caso de los plátanos de América Central, la Comisión de Bruselas, por iniciativa propia, regaló 12 millardos en derechos de aduana anuales para único beneficio de tres multinacionales norteamericanas: Chiquita, Dole y Del Monte.
No se presentó ninguna moción de censura; ni siquiera una declaración de indignación. Por el contrario, por 3, 9 millones de francos de fondos humanitarios para los Balcanes y por dos amigos de Édith Cresson, colocados en su despacho, la Comisión Europea suscita, por fin, su reprobación.
Europa es un sistema en el que el envenenamiento de animales bovinos le deja a uno frío, en que un regalo de 12 millardos de francos puede provocar la indiferencia, pero en que el fraude silencioso de un buen socialista tradicional, las buenas costumbres cleptómanas del socialismo de la década de los 80, suscitan reacciones, esta vez apasionadas.
Se trata de la confirmación del principio según el cual aquél que no es sancionado por lo más, se le sanciona por lo menos. Más vale tarde que nunca.
Después de todo, Al Capone simplemente fue condenado por fraude fiscal, cuando se había librado de ser condenado por asesinato, agresión, atraco a mano armada y bandolerismo.

McCarthy
 Hoy es una fecha decisiva en la reforma de la Comisión Europea.
Era necesario amenazar con la destitución a la Comisión para conseguir que se prestara atención a las demandas del Parlamento en términos de mayor cuidado respecto de los procedimientos presupuestarios y de la gestión financiera, y para obligar a la Comisión a realizar un examen a fondo de su gestión del dinero de los contribuyentes. No cabe tolerancia alguna para los casos de fraude, corrupción o irregularidad financiera en la Comisión.
El Presidente Santer ha aceptado las reformas propuestas por el dirigente del EPLP, Alan Donnelly. En particular, un grupo de expertos que se encargará de analizar las finanzas permitirá que haya una supervisión actual y no una supervisión retrospectiva, con lo cual se podrá hacer frente rápidamente a cualquier irregularidad.
Con esto comenzará el proceso de restablecimiento de la confianza pública, pero tanto el Parlamento como la Comisión tienen que reconocer que ha habido una verdadera crisis de confianza y que habrá que desplegar arduos esfuerzos para superar la pérdida de credibilidad.
En mi calidad de portavoz regional de los Laboristas, pediré que en el orden del día de la Comisión de Política Regional haya permanentemente un tema consagrado al examen y la ejecución del presupuesto, y espero sinceramente trabajar en estrecha colaboración con la Comisión para supervisar la asignación de fondos en el marco de las subvenciones regionales europeas a fin de velar por la transparencia y la obligación de rendir cuentas.
Si hubiéramos votado hoy en favor de la moción de censura presentada por el Sr. Fabre-Aubrespy y encaminada a destituir a la Comisión, en un momento crítico en el que la Comisión necesita estar en condiciones de adoptar decisiones de gran importancia sobre Agenda 2000 y la reforma de las subvenciones regionales, es posible que todo el proceso de adopción de decisiones hubiera quedado paralizado. Esto hubiera puesto en peligro los calendarios de ejecución y hubiera podido provocar retrasos en el desarrollo de los futuros programas europeos. Hubiera sido irresponsable dejar a nuestras regiones necesitadas de Gran Bretaña en la incertidumbre y la inseguridad acerca de las futuras subvenciones. Hemos conseguido lo que pedíamos, y nuestra obligación ahora es cerciorarnos de que la retórica y los compromisos de la Comisión se traducen en actos. Insisto en que se trata únicamente del comienzo de un proceso de control financiero y de rendición de cuentas más estricto y más riguroso.

Moreau
La votación de hoy constituye una desaprobación sin precedentes de la Comisión, aun cuando no se ha podido lograr la mayoría a favor de la censura, por sólo algunas decenas de votos. Es la primera vez que una moción de censura obtiene estos resultados.
A pesar de las maniobras de los dos principales grupos del Parlamento Europeo, opuestos a cualquier tipo de censura, 232 diputados europeos (de un total de 552 diputados presentes), entre los cuales se cuentan los diputados comunistas y afines franceses y la gran mayoría del Grupo GUE/NGL, han votado a favor de la censura.
Esto demuestra el gran descontento que existe en la Unión con respecto a las opciones ultraliberales, al papel excesivo y a las prácticas arrogantes de la Comisión.
El Grupo GUE/NGL también ha querido hacer fracasar las maniobras de la derecha, que deseaba exonerar a la Comisión de sus responsabilidades, acusando solamente a dos comisarios socialistas. En apoyo de esta nueva realidad, nosotros seguiremos actuando en pro de una reorientación progresista de la construcción europea, así como de la transparencia y la democratización de las instituciones.

Ojala
Me he pronunciado en contra de la moción de censura a la Comisión que se ha votado en el día de hoy.
Justifico mi decisión apelando a los intereses globales de la Unión Europea. La destitución de la Comisión no va a mejorar la situación de desconfianza que se ha creado. Esta destitución paralizaría la capacidad de actuación de la UE, algo que no podemos permitirnos si tenemos en cuenta las grandes cuestiones políticas que precisan una solución en un futuro no lejano.
La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha de poder llevar a cabo su labor de investigación acerca de la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996 por lo que respecta a las sospechas de abusos en la Comisión. Es importante que todo esto tenga lugar de aquí a mediados de marzo, antes de que finalicen el mandato de la actual Comisión y la presente legislatura parlamentaria.
Además, es necesario instaurar un acuerdo de confianza entre las instituciones de la UE -el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento-, como ha propuesto Gerhard Schröder, Canciller Federal del país que ocupa en la actualidad la Presidencia de la Unión Europea. Es preciso lograr urgentemente este acuerdo de confianza para poder corregir los errores que han surgido durante un proceso tan mal gestionado como éste.
Habida cuenta de que existen pruebas y motivos claros para sospechar una mala gestión administrativa por parte de la Comisión, se debe crear también un órgano independiente de investigación para indagar todas las sospechas que recaigan en la Comisión. En caso de que, a resultas de estas investigaciones, se detectaran graves abusos o delitos, se debería imponer a los culpables las sanciones adecuadas.
Esta crisis de confianza muestra ante todo los serios roces que existen entre las diversas instituciones de la UE y refleja los problemas relacionados con el equilibrio de poder entre dichas instituciones. Es preciso aumentar la transparencia de las actividades de la UE y de sus distintas instituciones para evitar que se repitan en el futuro acontecimientos tan lamentables como éste.

Pailler
Si hoy voto a favor de la censura de la Comisión, como lo había hecho cuando la crisis de la EEB, es para expresar una posición política precisa, sin desacreditar a ningún miembro, lo cual no incumbe a nuestra responsabilidad.
El ensañamiento con el que se ha acusado a uno u otro me impulsaría a retirarme de este debate, pero la responsabilidad política exige una posición clara.
En tres ocasiones, la Comisión ha demostrado su incapacidad para gestionar, con transparencia y en beneficio de los ciudadanos europeos, expedientes tan esenciales y variados como la EEB (salud pública), las relaciones internacionales (acuerdos del GATT, NTM, AMI, PET, etcétera) o el presupuesto (en varias ocasiones).
Considero incoherente y peligroso para el futuro de la construcción europea el hecho de continuar otorgando la confianza a una Comisión que sigue siendo arrogante en lo cotidiano, pero que pide perdón y promete cambiar cuando la cosa se pone mal, ¡sin concretar nunca sus promesas!
No deseo otorgar la confianza política a una institución que, por lo general, representa únicamente la orientación ultraliberal, sin tener en cuenta las aspiraciones y las necesidades de los ciudadanos europeos.

Palm y Theorin
El Parlamento desempeña una importante función de control de las actividades de la Comisión. El hecho de que el Parlamento no conceda la aprobación de la gestión del ejercicio 1996 apunta lógicamente a una situación de desconfianza hacia la Comisión, y esto es, precisamente, lo que ha ocurrido.
La arrogancia con la que el Presidente de la Comisión ha afrontado las críticas del Parlamento es incomprensible e inaceptable. Sancionar con una suspensión al funcionario que ha facilitado al Parlamento información acerca de la falta de voluntad por parte de la Comisión para ocuparse de una vez por todas del fraude y la estafa no da muestras de la transparencia necesaria para ganarse la confianza de los ciudadanos europeos. Los datos sobre nepotismo tampoco mejoran de ningún modo la confianza depositada en la Comisión. Resulta imprescindible llevar a cabo una investigación independiente de las informaciones acerca de fraudes, estafas y enchufismo, y es necesario introducir mejoras fundamentales en los trabajos de la Comisión. La verdad es que no tenemos el mínimo grado de confianza en el presidente de la Comisión.
Independientemente del resultado de la votación de esta moción de censura, la Comisión se ha debilitado enormemente desde un punto de vista político por medio de su propia actuación.

Pinel
Al rechazar la moción de censura presentada por 70 diputados de todas las tendencias políticas, el Parlamento Europeo ha protegido los fraudes y las graves irregularidades de la Comisión Europea, y, de este modo, ha perdido su credibilidad frente a los ciudadanos.
Al querer amparar a los dos comisarios europeos socialistas, la francesa Édith Cresson y el español Manuel Marín, el Partido Socialista, como de costumbre, se ha convertido en cómplice de malhechores -incluso de mafiosos- y ha alejado un poco más las maniobras de los burócratas de Bruselas de los intereses de las naciones y de los pueblos.
En esta ocasión, el Frente Nacional ha reafirmado unánimemente su vocación: defender los intereses de las patrias y la libertad de los pueblos de Europa, en particular de los franceses.

Reding
He votado en contra de la resolución del Grupo del PPE y a favor de la resolución del Grupo del PSE, y ello simplemente en razón de que la resolución de mi Grupo político habría desestabilizado la Comisión en un momento en que Europa necesita, en lugar de dificultades suplementarias, fuerza y valor para superar las dificultades.
He votado la resolución socialista, ya que la misma pide una comisión de investigación para aclarar -en breve plazo- los fraudes y las irregularidades cometidas en el seno de la Comisión. Esta resolución recoge, por otra parte, los argumentos que, en el mes de diciembre, llevaron al Parlamento a denegar la aprobación de la gestión del presupuesto.
El Presidente Santer y la gran mayoría de su Comisión tienen toda mi confianza. No dudo que la advertencia ha sido escuchada y que las amonestaciones del Parlamento y del Tribunal de Cuentas van a ser cumplidas. Jacques Santer ha prometido reorganizar su Comisión; por eso he rechazado la moción de censura. Deseo dar a la Comisión la posibilidad de corregir sus errores, de hacer que los culpables asuman sus responsabilidades y de salir fortalecida de esta crisis.
Mediante este voto, expreso al Presidente Santer la confianza que tengo depositada en él y mi confianza en la construcción de una Europa fuerte, transparente y democrática, una Europa que en el futuro sabrá evitar fraudes e irregularidades.

Schlechter
Indirectamente, se va a someter a votación la aprobación de la gestión de la Comisión Santer correspondiente al ejercicio de 1996 y yo voy a votar a favor de la misma, o sea, de la confianza en la Comisión presidida por Jacques Santer.
También ha sido una decisión difícil para mí, pues el informe del Tribunal de Cuentas Europeo señalaba con razón el poco cuidado con que han realizado su trabajo algunos Comisarios concretos y una parte de los funcionarios subordinados a ellos.
Sin embargo, esto no es responsabilidad de Jacques Santer que, con la mejor intención del mundo, no se ha inmiscuido en los ámbitos de competencia de sus Comisarios.
Aun así, es preciso añadir también que el Parlamento Europeo ha instado reiteradamente a las instituciones europeas, pero también a las instancias nacionales, a cuidar más la gestión de los fondos que les han sido confiados.
Lamentablemente, el Presidente del Tribunal de Cuentas ha vuelto a constatar que en el pasado ejercicio la Comunidad volvió a perder ingresos por un montante de millardos debido a la insatisfactoria colaboración entre las diferentes administraciones.
En este caso no deben exigirse, sin embargo, responsabilidades a la Comisión, sino a los distintos Estados miembros que no han equipado a sus administraciones de manera que permita mejorar la cooperación europea.
A pesar de la reiterada insistencia del Tribunal de Cuentas de la UE y del Parlamento Europeo para que se realicen controles más adecuados y más rápidos, la falta de voluntad de actuar de los Estados miembros es manifiesta.
Por lo tanto, es necesario procurar poner remedio. Esto no se conseguirá, no obstante, con la destitución de la Comisión Santer. El interés general sin duda habría salido beneficiado si un par de Comisarios hubiesen asumido su responsabilidad política, pero puesto que no lo han hecho, habrá que buscar los medios y las vías para poder evitar en el futuro el escollo de que una moción de confianza obligue sustituir a toda la Comisión.
El Parlamento, como órgano de control supremo tiene que tener el derecho a destituir a Comisarios individuales y también a los funcionarios que no cumplan sus obligaciones de conformidad con el interés común, incluso cuando esto no sea del agrado de algunos Gobiernos concretos.
Si los informes establecen que esto no es posible, yo lo lamentaré por cada uno de los futuros Presidentes de la Comisión, pues eso significaría que no se modificaría en absoluto el sistema actual, pero inadecuado. Además, en vísperas de una ampliación de la Unión Europea que sin duda no simplificará la situación general.
Y el Parlamento Europeo tampoco podrá eludir una vez más su función de control absoluto.
Con la esperanza de que esto no vuelva a ser necesario en el futuro, yo voy a votar, como ya he anunciado, a favor de la aprobación de la gestión de la Comisión bajo la Presidencia de Jacques Santer.

Sjöstedt y Svensson
Hemos votado a favor de la moción de censura contra la Comisión. Hemos actuado en este sentido atendiendo a la responsabilidad que hemos asumido como representantes de los ciudadanos de Suecia y del resto de la Unión. Hemos intentado evitar puntos de vista tácticos de carácter partidista que no vienen al caso. Hemos dado nuestro voto para ayudar a emprender profundas reformas con el fin de crear una administración honesta y digna de confianza dentro de la Unión.
La credibilidad de la actual Comisión se ha visto seriamente dañada. Se ha permitido durante demasiado tiempo una situación de irregularidad en la gestión económica. Las promesas del Presidente de la Comisión para introducir mejoras, formuladas en momentos de fuerte presión política, no pueden inspirarnos confianza. La incapacidad -y en gran medida la falta de voluntad- para abordar de una vez por todas estas irregularidades están ampliamente documentadas, principalmente gracias a las investigaciones que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas y, en último lugar, al informe Bösch de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Es imprescindible un cambio de esquemas. Nuestra postura parte de la premisa de que la Comisión tiene una responsabilidad colectiva.
Nuestro voto no arroja ninguna sombra sobre el gran número de funcionarios honestos y conscientes de su responsabilidad que desempeñan su labor en las oficinas de la Comisión. Deseamos expresar nuestra solidaridad con Paul van Buitenen; el trato que se le ha deparado constituye una prueba más de todo esto.
Sin embargo, estamos convencidos de que solamente una nueva Comisión podría devolver a esta institución su confianza e introducir las reformas estructurales, las nuevas reglas y la transparencia que requiere la situación.

Souchet
Por primera vez en la historia de nuestro Parlamento, una moción de censura contra la Comisión ha obtenido un número de votos cercano a la mayoría simple, procedente de todos los grupos políticos y de todos los Estados miembros representados en el seno de nuestra Asamblea. La amplitud de este voto de reprobación, que ha reunido 232 votos a favor del verdadero proyecto de moción de censura, presentado por iniciativa del Grupo Europa de las Naciones, revela claramente el rechazo de que es objeto por nuestros pueblos el modo de funcionamiento actual de la construcción europea.
Los escándalos reiterados que salpican a la Comisión en todos sus ámbitos de intervención no son mera casualidad: son fruto de un sistema que los Estados miembros han dejado que se desarrollara y que genera una corrupción de carácter estructural. Este sistema puede considerarse como una verdadera perversión de la democracia, ya que implica que las responsabilidades que los pueblos confían a los gobiernos que eligen, son ejercidas, de hecho -Comisión mediante-, por subcontratistas que nadie controla: gestorías, sociedades de servicios ad hoc , etcétera.
Sí, hay que revisar las instituciones europeas, pero revisarlas a fondo: esto es lo que queremos decir cuando nos referimos a la necesidad de construir «otra Europa». Nosotros decimos que hay que acabar absolutamente con este proceso absurdo que consiste en que los Estados deben ceder competencias en provecho de una Comisión, tan ávida de poderes, que es incapaz de ejercerlos. La solución no está ni en la subcontratación, que provoca despilfarros y fraudes en detrimento de los contribuyentes de nuestros Estados miembros, ni en la construcción de una «superburocracia» federal.
Los fraudes que descubrimos y denunciamos hoy no son más que el resultado de la aplicación del dogma federalista de la sacrosanta independencia de la Comisión frente a los Estados miembros. Con el pretexto de esta «independencia» se han desarrollado naturalmente un hábito de ejercer un poder que carece de control, una cultura de la opacidad, del nepotismo y de la arrogancia, una sociedad de connivencia e indulgente, un desprecio por la norma de Derecho, un mundo cerrado, alejado de los pueblos y de sus representantes, y que cree que todo vale: en una palabra, lo contrario de la democracia.
Por consiguiente, conviene proceder a un cambio radical de método y a una reorientación de la construcción europea, si deseamos realmente acabar con esta deriva de las instituciones de la Unión, que desacredita la propia idea de Europa. Los Estados miembros reunidos en el Consejo deben recobrar enérgicamente el control de la Comisión. El laxismo que revelaron en el pasado, al dejar torpemente que se desarrollase un órgano que escapa a todo control -eludiendo sus responsabilidades y cediendo frente al apetito bulímico de poder de la Comisión-, ha puesto en peligro el futuro de la construcción europea. Para limpiar esa pocilga, hoy no existe otra vía que la de poner en marcha una verdadera Europa democrática y transparente. El sistema actual resulta, en efecto, incapaz de reformarse a sí mismo e incapaz de tomar en consideración la voluntad de reforma manifestada por el Parlamento Europeo: basta con ver lo ocurrido con las conclusiones de nuestras dos primeras comisiones de investigación.
La Comisión no encuentra energía más que para condenar en su seno a los partidarios de la transparencia, desde Bernard Connolly hasta Paul van Buitenen. Es evidente que los arreglos preparados minuciosamente entre el Presidente de la Comisión y el Grupo Socialista -que ni siquiera establecen la creación de una comisión de investigación de nuestro Parlamento, sino la de un comité de expertos, en cuya designación la Comisión tendrá derecho de veto- no están a la altura de los problemas que hay que solucionar y no permitirán salir del estancamiento en el que se encuentra actualmente la construcción europea.

Spiers
 No he votado a favor de la moción de censura pero estaré dispuesto a votar en favor de una moción análoga en el futuro si el comité de expertos independientes descubre graves errores o casos de mala gestión y si los Comisarios responsables no saben hacer frente entonces a sus responsabilidades. Para utilizar uno de los escasos lugares comunes políticos que no se han oído esta semana, diré que la actual Comisión está apurando las últimas gotas de sus oportunidades.

Thors
He votado hoy en contra de la moción de censura a la Comisión porque, de acuerdo con mi valoración, la destitución de la Comisión ocasionaría más perjuicios que beneficios a la Unión. Uno de los motivos que me ha llevado a adoptar esta decisión hay que buscarlo en mi deseo por que se lleven a cabo, a la mayor brevedad posible, las decisivas negociaciones acerca del presupuesto, la política estructural y la política agrícola. Todo ello redundaría en interés de Finlandia, especialmente por lo que respecta a la política agrícola. La cuestión ahora estriba en conocer las responsabilidades de uno y no en mostrar su fuerza, lo cual ha sido -incorrectamente- el caso de numerosos miembros del Parlamento Europeo.
Para continuar luchando contra los abusos en la Unión Europea, para lograr una buena cultura administrativa y para dejar de echar la culpa a los demás, es necesario que los comisarios asuman responsabilidades a título personal. Resulta crucial luchar para lograr una administración mejor y más transparente. Por todo ello, éste es el motivo por el que he respaldado los planteamientos de la resolución del Grupo Liberal. Éstos están también en línea con las reformas administrativas que ya se han puesto en marcha.
Creo también que la Comisión ha dado suficientes pasos para hacer una limpieza administrativa. El hecho de que se hayan descubiertos irregularidades se debe, en gran medida, al mayor esfuerzo que se ha venido realizando a fin de conseguir una gestión saneada y favorable. Lo que se ha descubierto tiene mucho de mala administración, pero, afortunadamente, poco de fraude.

Thyssen
Me he abstenido en la votación sobre la moción de censura. He votado así para expresar mi protesta por el desarrollo de los acontecimientos que el Grupo socialista puso en marcha mientras se estuvo tratando la aprobación de la gestión en la presentación del presupuesto de 1996.
El autor del informe formulaba una excelente propuesta, entre tanto conocida como los parágrafos 26 y 27 del informe Elles. Sugería un programa de trabajo que la Comisión debía terminar en fechas determinadas. De esa manera, el Parlamento podía mantener abierto el debate y exigir que la Comisión pusiera en orden los asuntos.
El Grupo socialista quiso concluir el debate y presentó una moción de censura que ni siquiera ellos mismos aprobarían. La moción ha llevado a una excesiva politización de todo el dossier y, peor aún, a un resultado que es más flojo que el informe Elles. El comité de expertos es una capitulación del Parlamento Europeo. No debíamos de haber llegado a este punto.

Valverde López
La moción de censura presentada contra la Comisión Europea, no ha sido suficientemente fundamentada. Los debates celebrados no han aportado ni pruebas nuevas, ni evidencias, ni argumentos sólidos. Por estas circunstancias no he podido apoyar con mi voto la moción de censura.
Se ha producido un gran confusionismo político e institucional. Se ha transmitido a la opinión pública un mensaje negativo sobre las instituciones europeas. Los antieuropeístas de siempre han aprovechado la ocasión para deteriorar la estabilidad del proyecto de construcción europea.
No se ha tenido en cuenta una realidad esencial de la doctrina constitucional y administrativa: Hay que diferenciar entre responsabilidades de Gobierno y responsabilidades de la Administración.
También se ha olvidado el espíritu y la letra del Tradado de la Unión Europea. El Parlamento europeo tiene plena capacidad para controlar toda la actividad de la Comisión europea, día a día. Esta es una de las funciones del Parlamento, que realizamos a través de las preguntas orales y escritas y en los informes periódicos de gestión de la actividad de la Unión Europea.
Asimismo, el Parlamento Europeo dispone de la gran potestad de votar una moción de censura, para cesar a la Comisión Europea de sus funciones. Pero, este gran poder decisorio, ha de utilizarse para evaluar una actuación negligente grave de las responsabilidades institucionales esenciales de la Comisión Europea, que son, esencialmente, su capacidad de iniciativa legislativa y su responsabilidad como guardiana de los Tratados.
Toda la opinión pública, a nivel mundial, sabe que en estos últimos años, la Unión Europea ha alcanzado un nivel de desarrollo y unas metas revolucionarias. El lanzamiento de la moneda única ha sido un éxito decisivo. La iniciación de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa central y del este nos conducirá a la gran Europa Unida, modelo institucional revolucionario y factor de paz y prosperidad mundiales. También están en marcha los debates de la Agenda 2000 que situarán a Europa para desafiar, con éxito, el futuro de un nuevo septenio.
Cuando todo esto es un éxito pleno, sería poco responsable censurar a la Comisión Europea, motor indiscutible de las instituciones comunitarias.
Esta realidad no nos impide el seguir, desde el Parlamento Europeo, nuestra función de control estricto de todas las actividades de la Comisión Europea, incluida la exigencia de mejora de sus estructuras de funcionamiento. Personalmente, a lo largo de los últimos doce años, vengo pidiendo cambios en los procedimientos de la Comisión. Entre otras propuestas, se ha formulado la exigencia de aprobación de un Reglamento de procedimiento admistrativo y de justicia administrativa . Aquí existe un gran vacío en la legislación comunitaria. Dicho reglamento dará seguridad jurídica a los ciudadanos, eficacia y transparencia. Al mismo tiempo, será un instrumento esencial para abordar las disfunciones de la función económico-administrativa de la Comisión Europea y permitirá distinguir, con seguridad jurídica, las responsabilidades económico-administrativas de las altas responsabilidades políticas e institucionales, que tienen su respuesta última y máxima en la moción de censura .
La sesión, interrumpida a las 12.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas

Happart
Señor Presidente, con el fin de clarificar el procedimiento con miras al futuro, desearía que se preguntara a la Comisión de Reglamento sobre qué base reglamentaria se ha retirado la moción de censura presentada por el Grupo Socialista, que, como mínimo, habían firmado 63 diputados.
Considero que si esta moción de censura se hubiese mantenido, habría obtenido más votos que la moción sometida a votación. Por consiguiente, desearía saber qué artículo de nuestro Reglamento ha servido de base para retirar dicha moción de censura propuesta por más de 63 firmantes del Grupo Socialista.

El Presidente
Muchas gracias, señor Happart. Transmitiré su intervención a la comisión.

Ford
Señor Presidente, sin más intención que la de aclarar el Orden del día diré que mi entendimiento es que vamos a seguir examinando la propuesta Van Lancker, y que después pasaremos a las cuestiones de actualidad y urgencia. He preconizado que se considere como cuestión de urgencia el examen del punto 5 del Orden del día, y le agradeceré que nos confirme que vamos a finalizar el Orden del día, lo que significa sencillamente que la votación se retrasará unos cuantos minutos, en vez de quedarnos sin discutir una cuestión urgente que, como sabe usted muy bien, no se pudo tratar el mes pasado por un motivo análogo.
En la galería hay personas que han venido del Reino Unido para seguir este debate. Sería absurdo que hubiera que decirles por segunda vez en dos meses consecutivos: «Vuelvan de nuevo el mes que viene».

El Presidente
Señor Ford, soy consciente de la importancia del problema de urgencia al que usted alude; le confirmo que se tratarán todos los problemas de urgencia y que las votaciones serán retrasadas posiblemente algunos minutos.

Artículo K.6 del Tratado UE, Cooperación Schengen (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las dos preguntas orales al Consejo y a la Comisión y de la propuesta de recomendación de la Sra. Van Lancker sobre el debate anual previsto en el artículo K.6 del Tratado.
Tanto la Comisión como el Consejo están representados. Les doy las gracias por estar presentes esta tarde, cumpliendo con su deber ante el Parlamento Europeo.

Posselt
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo lamento que este interesante debate y sus interesantes declaraciones hayan quedado ensombrecidos por los demás acontecimientos de hoy. Yo le agradezco, no obstante, que haya permanecido aquí. Es una señal alentadora y un gesto de aproximación al Parlamento por parte de la Presidencia del Consejo y del Consejo.
Voy a referirme a tres puntos. En primer lugar, yo le agradezco sus abundantes referencias al tema de la ampliación al Este. En mi calidad de ponente de esta Cámara para la ampliación al Este y la seguridad interior yo creo que se trata efectivamente de cuestiones centrales y no sólo por lo que respecta a la estrategia de preparación de la adhesión y al acervo comunitario, sino también en relación con una serie de medidas, que abarcan desde la lucha común contra la delincuencia hasta la ampliación al Este de Europol -y que ya se podrían anticipar por medio de acuerdos con las policías de los países candidatos-, o el aspecto decisivo de la formación profesional, para el cual será preciso adecuar los programas PHARE, pero en el que ya es posible hacer muchas cosas.
También existen, empero, dos objetivos a largo plazo que yo señalo en mi informe y sobre los cuales quisiera llamarle la atención. El primero está relacionado con la protección de las futuras fronteras exteriores europeas. Yo creo que tenemos que adoptar medidas de apoyo para preparar la protección común de las fronteras europeas, ya que pienso que ésta será necesaria a largo plazo. Por otro lado, yo quisiera recordar que propusimos la creación de una academia europea dedicada a la seguridad interior. La Presidencia austriaca se mostró abierta hasta cierto punto a este proyecto y yo quisiera pedirle que considere seriamente la posibilidad de que su emplazamiento se sitúe en la zona fronteriza entre la UE y los países candidatos a la adhesión.
En segundo lugar, yo quisiera referirme al tema del reparto de las cargas. Necesitamos un reparto de las cargas personales por medio de cuotas de refugiados de guerra y solicitantes de asilo en la Unión Europea. La Presidencia austriaca y el Parlamento también realizaron importantes trabajos previos en relación con este tema. Nuestra valoración de la actual Presidencia del Consejo dependerá de las actuaciones en este ámbito.
En tercer lugar, yo le ruego, sin entrar en debates políticos internos, que influya para que se aplacen los temas sensibles del Derecho nacional de ciudadanía y, por lo tanto, del Derecho de ciudadanía de la UE en los distintos Estados...
El Presidente interrumpe al orador

Sjöstedt
Señor Presidente, tanto en la propuesta de resolución como en el informe que estamos sometiendo a debate echo de menos una perspectiva clara en materia de refugiados, esto es, una perspectiva de los refugiados. Resulta cada vez más obvio que el Convenio de Dublín y el Acuerdo de Schengen contribuyen negativamente a crear en Europa occidental una política de refugiados brutal y restrictiva. Estamos viendo ya las disparatadas consecuencias del Convenio de Dublín cuando se aplican los principios del primer país de asilo en los países que requieren otras condiciones para la concesión de asilo. Se envían a las personas de un país a otro, mientras que sus solicitudes no se tramitan de la manera adecuada. Podemos ver que, en realidad, uno de los principales objetivos del Acuerdo de Schengen parece ser -gracias a métodos como la asunción de responsabilidades por parte de los transportistas, una durísima política de visados y los desmesurados controles fronterizos- el evitar que el solicitante de asilo pueda llegar a la UE para poder hacerlo.
Además, podemos comprobar cómo esta propuesta de resolución defiende un documento de la Presidencia austríaca, completamente desmesurado, que no es más que un poderoso ataque a todo lo que representa una política humana y responsable en materia de refugiados. El tema principal de este documento es la visión de Europa como una fortaleza, y no las responsabilidades para con los solicitantes de asilo.

Lindholm
Señor Presidente, desearía únicamente señalar algunos de los numerosos puntos que se deberían someter a debate. El objetivo del espacio de Schengen es llevar a la práctica la libre circulación de personas en la UE. Sin embargo, la normativa de Schengen está única y exclusivamente centrada en los controles fronterizos, los controles de seguridad y las medidas compensatorias. ¿Cuál es el mensaje que se está enviando a los ciudadanos? La libre circulación, algo positivo en sí, no se aborda más que en un par de artículos. Se trata de una circunstancia inaceptable.
Nos produce un gran temor e inquietud el hecho de que Schengen pueda desembocar en una política de refugiados y asilo menos generosa y humana. Hay muchos indicios en este sentido. Por todo ello, exigimos que se aplique la Convención de los refugiados de las Naciones Unidas en todas las situaciones, también dentro de la Unión Europea.
Además, Schengen ha de ser también compatible con la unión de pasaportes nórdica, de carácter interestatal, de manera que sea posible proseguir y desarrollar aún más la libre circulación en los países nórdicos, como ya se ha venido haciendo durante cuarenta años. Es un motivo de satisfacción que la comisión haya dado su respaldo unánime a este respecto.
Por lo que respecta a la integración de Schengen en el Tratado, las negociaciones han de ser abiertas y deben involucrar tanto al Parlamento Europeo como a los parlamentos nacionales. Resulta imprescindible facilitar el acceso a la información y a los documentos con el fin de permitir la participación tanto de los políticos como de los ciudadanos.
Los Verdes consideramos que se debería revisar y modificar el Convenio de Schengen en lo relativo al principio de subsidiariedad, a determinados derechos importantes y a las garantías jurídicas que permitan proteger la seguridad personal y la integridad de los ciudadanos.
Mostramos nuestra inquietud ante las enormes exigencias que se han establecido a los países candidatos y ante las posibilidades con que cuentan dichos países para cumplir los requisitos que se han fijado en materia de control fronterizo, legislación, etcétera. Por consiguiente, exigimos una mayor flexibilidad, responsabilidad y comprensión por parte de la UE ante los problemas que presentan estos países.

Krarup
Señor Presidente, seré muy breve. Estoy de acuerdo en todos los puntos esenciales con las palabras de mis colegas suecos, el Sr. Sjöstedt y la Sra. Lindholm. Las dos propuestas existentes presentan dos tendencias fundamentales para nuestro grupo, para mí personalmente y para el movimiento danés al que represento. La primera tendencia va encaminada a reforzar el poder del Parlamento en estos ámbitos a costa de las competencias de los parlamentos nacionales, la segunda tendencia representa la integración tan en boga y la necesidad casi imperialista de dominar el mundo circundante, especialmente Noruega e Islandia. Comunico que vamos a luchar contra la tendencia encaminada hacia la integración del ámbito penal y de todos los restantes ámbitos judiciales, incluida la cooperación policial, o dicho con otras palabras, contra su paso del tercer pilar al primer pilar. Ni se ha pensado sobre ello ni se han considerado debidamente sus repercusiones. Es una evolución que nos produce grandes reparos y que, además, choca con las diversas tradiciones jurídicas nacionales, especialmente la danesa, a la cual defiendo.

Hager
Señor Presidente, yo me sumo en primer lugar a la crítica que ha expresado el señor Ponente en el momento del debate. Éste se celebra hoy con la presencia de una Presidencia del Consejo que entró en funciones hace apenas unos días. Nuestra misión es hacer un balance del trabajo de las Presidencias británica y austriaca. Ambas presentaron al principio un programa realista y anunciaron una mejor colaboración con el Parlamento. La situación fue luego distinta en la práctica. No se cumplieron las promesas en lo que se refiere al contenido ni tampoco en el aspecto formal. Muchas de las decisiones previstas quedaron aplazadas y en algunos ámbitos se alcanzaron compromisos insuficientes. El ejemplo más destacado de los dificultosos progresos de la Unión en los aspectos relativos a la seguridad es sin duda la lenta puesta en marcha a medio gas de Europol.
Antes de acabar, permítanme que añada que el hecho de que el Informe Van Lancker dé por sentado en el apartado 2 del primer punto, al menos en la versión de la que yo dispongo, que el Tratado de Amsterdam lleva ya un año en vigor, seguramente responde a uno de esos «deslices» o «pasos en falso» (Vorbei-Tritte) que el señor Presidente ha puesto al descubierto esta mañana.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, no es fácil decir en dos minutos las muchas cosas que habría que decir sobre estos dos importantes informes. Y, además, voy a emplear algo de tiempo -pues me parece importante- para destacar la presencia aquí de la Presidencia en ejercicio del Consejo. Todos sabemos que no es frecuente que así ocurra, aunque debería ser su costumbre, y espero que podamos seguir contando con la presencia del Consejo en nuestros debates.
Sobre el informe Nassauer sólo quiero decir que me parece un excelente informe y que estoy de acuerdo con su contenido.
Y, en relación al informe sobre la cooperación Schengen, quiero agradecer a la ponente su trabajo, pues se trata de un informe muy difícil. Y quiero agradecerle, en particular, la manera en que se ha desarrollado la votación en comisión.
Sobre los principios de ese informe, hay que destacar que ni el Convenio ni el Protocolo sobre Schengen establecen una jerarquía entre los valores de libertad y de seguridad, y que los dos tienen que ser respetados en paralelo si Schengen ha de cumplir los fines para los que fue concebido.
Se ha dicho que el acervo de Schengen es nebuloso. Pero no es nebuloso, sino evolutivo, ya que está en plena evolución, y así ha de ser y así ha de continuar siendo. El acervo de Schengen seguirá evolucionando hasta el último momento de su incorporación al marco de la Unión Europea, y su Comité Ejecutivo seguirá cumpliendo con su función. Por lo tanto, no podemos criticar que esa evolución tenga unos perfiles mal definidos.En segundo lugar, Schengen es un todo, y como un todo debe incorporarse al acervo comunitario. No se puede fragmentar so pena de perder ese maravilloso instrumento que ya ha garantizado que podamos circular libremente dentro de un espacio común, que es para lo que se pensó. Y voy a dar un ejemplo: ya se ha mencionado que ni en el SIS ni en el Convenio de Schengen se establece una jerarquía de valores entre seguridad y libertad y, respecto del SIS concretamente, no se puede establecer una jerarquía entre la importancia del artículo 96 o del 95. No puede decirse que sea más importante el establecimiento de la lista de extranjeros que la lista sobre la admisión de terroristas. Todo eso forma parte de un conjunto y como tal debe ser incorporado.

Elliott
Señor Presidente, por lo que se refiere al informe del Sr. Nassauer sobre cooperación policial y desarrollo de EUROPOL diré que estoy muy satisfecho con lo que nos ha dicho la presidencia alemana en relación con el desarrollo de EUROPOL en el contexto de la nueva convención ratificada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho otros oradores: si queremos que EUROPOL se desarrolle debidamente en el plano internacional, tenemos que conseguir que haya un sistema adecuado de rendición de cuentas democrático sobre sus actividades, que incluya un papel más importante para este Parlamento, así como un sistema apropiado e independiente en caso de posible queja contra cualquiera de sus actividades. Esto es esencial, como lo es en el caso de cualquier fuerza policial nacional.
Antes que nada, en toda esta esfera de asuntos judiciales y del interior se deja sentir ahora una acuciante necesidad de efectuar progresos amplios y rápidos en materia de armonización. Lo mínimo de los progresos que hemos efectuado en esta esfera, en comparación con los progresos más amplios que hemos conseguido en las esfera financiera, económica y otras muchas esferas de la actividad comunitaria, es causa actualmente de graves problemas. Necesitamos hacer todo lo que podamos para progresar en la esfera de, por ejemplo, la extradición, los delitos transfronterizos, la cooperación judicial y entre tribunales, con inclusión de cuestiones civiles como ha destacado el Ministro alemán, así como la legislación en materia de nacionalidad y ciudadanía.
Permítanme que les dé un ejemplo: me estoy ocupando del caso de una familia en la que la madre es irlandesa, el padre es británico, y su hija nació en Países Bajos, y que durante los ocho últimos años han vivido en España: una familia, como verán, muy europea. Ahora bien, la hija, que tiene ahora 13 años, no tiene nacionalidad y sólo posee un documento de viaje temporal expedido por las autoridades irlandesas a título de concesión. Tenemos que estar en condiciones de tratar debidamente de la situación de personas en esas circunstancias y de impedir que se cree una situación en la que los hijos pueden ser considerados como apátridas. Tenemos que ocuparnos de estas cuestiones.
Estoy totalmente de acuerdo con el informe de la Sra. van Lancker. Contiene muchas propuestas excelentes. Me alegra que las enmiendas aprobadas en la comisión parlamentaria hayan disipado algunas de las críticas menores acerca de la posición británica e irlandesa que se adoptó en Amsterdam en materia de no participación, por lo menos a título temporal, en el Acuerdo Schengen. Tengo la convicción de que a medida que transcurre el tiempo la situación se modificará. Tenemos que mentalizarnos acerca de las repercusiones para el funcionamiento íntegro de la Unión Europea del hecho de que Schengen incluirá a dos Estados miembros que no pertenecen a la Unión Europea cuando se confirme la participación de Islandia y de Noruega. Además, el hecho de que dos o tres de los actuales Estados miembros de la Unión Europea no formen parte del Acuerdo Schengen crea complicaciones que hay que resolver.
Por último, me satisface lo que ha dicho el Ministro acerca de la cuestión de los países solicitantes. La Comisión de Libertades Públicas ha tenido una reunión positiva con parlamentarios de esos países solicitantes a fin de examinar la cuestión íntegra de los asuntos judiciales y del interior. La afluencia actual de personas que piden asilo, procedentes de algunos de esos países de Europa oriental, pone de relieve la situación en algunos de ellos y hace que sea urgentemente necesario que promulguen una legislación eficaz para proteger a sus minorías étnicas. Espero muy sinceramente que en las negociaciones en curso el Consejo y la Comisión velen por que la cuestión de los derechos humanos y la protección de las minorías reciba la prioridad urgente que merece.

Reding
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, es cierto que el Tratado de Amsterdam mejora el funcionamiento de la política europea en materia de justicia y asuntos de interior. Pero, desde hace al menos cinco años, esta política, en materia de asilo, por ejemplo, escapa al control parlamentario. Los Parlamentos nacionales ya no tienen voz ni voto y el derecho del Parlamento Europeo se limita a una simple consulta. No es suficiente. Es inaceptable que un ámbito tan importante como la política de seguridad interior escape al control y a la decisión parlamentaria y que sea ajena a la transparencia democrática.
Segunda reflexión: en el seno del Consejo de Ministros europeo, se aprueban actos importantes, y luego no ocurre nada. Estos textos, indispensables para la buena marcha de la Unión y para la seguridad de nuestros ciudadanos, no se ratifican. Por tanto, no pueden entrar en vigor. El informe del Sr. Nassauer menciona trece de los textos más importantes. Se trata de la negación de la eficacia política, del inmovilismo absoluto. En otros términos, en materia de lucha contra la delincuencia y de política de asilo y de inmigración, comprobamos que existen muchas declaraciones y pocas acciones.
No pongo en duda la buena voluntad de nuestros dirigentes. Simplemente constato las realidades políticas, que no son muy positivas, y pido insistentemente al Consejo que saque enseñanzas de esta situación negativa y que procure que, en una próxima revisión de los Tratados, se cambien las estructuras, en la medida en que, de momento, el déficit institucional nos impide actuar correctamente. Ahora bien, nuestros ciudadanos nos piden que se actúe. Con frecuencia queremos hacerlo, pero no podemos.

Pirker
Señor Presidente, señora Comisaria, el sistema de seguridad de Schengen -en eso todos estamos de acuerdo- es sencillamente el requisito previo para poder hacer realidad la libre circulación. No debemos olvidar nunca que sólo será posible gozar de la libre circulación si sigue estando garantizada o incluso se mejora, si es posible, la seguridad para todos los ciudadanos.
La realidad y los hechos demuestran cuán importante es en realidad dicho sistema de seguridad de Schengen. Yo he solicitado los datos y cuales demuestran que cada año se completan con éxito 30.000 inspecciones, alrededor de 120.000 hasta finales de 1998. Es decir que se han incautado toneladas de drogas, se han recuperado millares de vehículos robados en las fronteras, se han incautado armas y obras de arte robadas, se ha detenido en las fronteras a millares de traficantes e ilegales. Schengen nos permite obtener, por lo tanto, un plus de seguridad.
Esto también constituye una prueba de que el sistema de seguridad de Schengen, tal como existe en la actualidad para diez Estados miembros, es funcionalmente eficiente. Yo diría incluso que es un sistema único en el mundo; almacena 6 millones de entradas de datos relativos a la investigación de personas y objetos materiales y controla 1.500 pasos fronterizos.
¿Cuáles deben ser, no obstante, los siguientes pasos? Yo desearía que se centrase la atención en tres puntos, que voy a resaltar. En primer lugar, ahora que se ha constatado que Schengen puede funcionar tan bien y su gran importancia para la hacer realidad la libre circulación, se debería extender el Convenio de Schengen a todos los Estados miembros y crear así un plus de seguridad para los ciudadanos de Europa. El segundo punto es reforzar la ayuda a los Estados miembros que deben hacer frente a mayores exigencias, particularmente en relación con la inmigración; ayuda para la protección de las fronteras y también en lo que respecta al reparto de las cargas personales. El tercer punto es prestar ayuda a los países candidatos a través del compromiso de preadhesión, pues la adhesión a la Unión Europea sólo será posible si se cumplen las normas de seguridad.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, es comprensible que los países que se han adherido al espacio de Schengen hayan mostrado dudas a la hora de aprobar en su totalidad la normativa relativa a la circulación sin pasaportes en dicho espacio. Entre otros motivos de preocupación, destaca la facilidad con que se mueven los estupefacientes en el mercado único y la permeabilidad de las fronteras exteriores de la Unión, aspectos éstos que lamentablemente nos recuerdan las actividades de la delincuencia organizada de los países del Este.
La realidad es que Schengen no es todavía un sistema completamente funcional. En el momento de su entrada en vigor, el Tratado de Amsterdam introducirá importantes cambios en el significado jurídico de la normativa de Schengen, cuando la mayor parte de estas normas pasen a inscribirse en el ámbito de los pilares comunitarios. Por este motivo, para lograr una solución a los problemas que plantea este espacio de Schengen y para disipar las sospechas de los ciudadanos, es imprescindible que los países que ocupen la Presidencia de la UE durante este año, Alemania y Finlandia, emprendan medidas activas al respecto.
La mejor manera de garantizar la seguridad de quienes se desplazan en el espacio de Schengen es hacerlo en un marco de cooperación a distintos niveles, cuyos elementos esenciales son un ágil intercambio de información entre las autoridades nacionales, las actividades de Europol y unos avanzados sistemas de información aduanera. Al haber desaparecido los controles en las fronteras interiores, se hace imprescindible intensificar en una medida suficiente el denominado control invisible para impedir que sean las organizaciones de delincuentes y los defraudadores de impuestos quienes más se beneficien de la libre circulación. Es necesario encontrar un sólido equilibrio entre las libertades de los ciudadanos y la seguridad común que permita extraer el mayor número de ventajas de la libre circulación.
En las últimas encuestas, los finlandeses consideran que la tarea más importante de la Presidencia finlandesa estriba en la lucha contra la delincuencia internacional. Es preciso tener presente este dato cuando se vuelva a debatir esta cuestión con motivo de la Cumbre de Tampere.

Schily
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera manifestar mi agradecimiento a las y los colegas que han destacado en sus intervenciones que Schengen es, obviamente, un sistema que se compone de dos elementos. Por un lado, ofrecemos a nuestros ciudadanos y ciudadanas la gran ventaja de la libre circulación, que es cierto que mejora claramente su calidad de vida, pero esto no puede tener como contrapartida una pérdida de seguridad y por esto es preciso resaltar también con toda claridad el segundo elemento.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el colega Pirker y con cuanto ha dicho con respecto a las necesidades de realización práctica que también existen. En mi informe ya he mencionado que seremos el primer país que se someterá a un control en el marco del Convenio de Aplicación de Schengen. También coincido en que debemos ayudar precisamente a los países que tienen especiales problemas, al igual que en lo que respecta al reparto de las cargas y a la ayuda a los países candidatos. Por lo demás, ya lo estamos haciendo, no sólo en el marco de la Presidencia de la UE, sino que también intentamos utilizar la vía bilateral y, en mi calidad de Ministro del Interior de la República Federal de Alemania, si me permiten este comentario al margen, yo también voy a mantener, naturalmente, diversos encuentros con mis colegas de los países candidatos a la adhesión para impulsar estas cuestiones.
A continuación voy a referirme, como es lógico, a una parte de las intervenciones de esta mañana, aunque no sé si todos los colegas que ahora se encuentran aquí también estaban presentes esta mañana. Nuestra situación es, en efecto, un poco particular. En diversas intervenciones se ha planteado si la información y la participación del Parlamento fueron siempre óptimas. Yo creo poder afirmar que en todo caso se hizo un esfuerzo para cumplir los compromisos debidos y les aseguro que la Presidencia alemana hará cuanto esté en su mano para procurar responder también a sus deseos.
En lo que se refiere a la posibilidad de mejorar la presentación del informe, esta mañana he respondido que recogemos gustosos la sugerencia de que se presente un informe escrito al final de la Presidencia. Sólo deben comprender que no podemos presentarlo coincidiendo prácticamente con la última reunión del Consejo, sino que tendremos que elaborarlo en la Presidencia, tal como, por otra parte, ya está previsto. Nuestra Presidencia cumplirá el compromiso de presentar dicho informe por escrito.
Supongo que esto también facilitará considerablemente su trabajo. Seguramente no será posible presentar un informe antes de cada Consejo, pero yo me comprometo a presentar un informe oral después de las reuniones formales del Consejo. Yo creo que podremos llegar a un acuerdo en este aspecto. Por otro lado, por lo que respecta a los plazos, nosotros adoptamos como norma un plazo de tres meses y esta es una decisión que no podemos modificar ahora desde la Presidencia del Consejo.
También se ha preguntado si en las decisiones se aprecia que se han tomado debidamente en consideración las opiniones del Parlamento. Se podría replicar que los considerandos que se anteponen a las resoluciones son de carácter demasiado general. Sin embargo, en última instancia, la situación no es distinta a la que se da en otros contextos: en realidad, sólo el resultado o el contenido de una decisión permite apreciar si se han tomado en consideración nuestras sugerencias, ideas y propuestas. Yo creo que difícilmente será posible definir la autoría, quién tuvo primero la idea o quién la expresó con mayor claridad.
Muchos problemas tienen su origen en el hecho de que nos encontramos en una situación que podríamos llamar de transición. En lo que respecta a los déficit institucionales que se han mencionado en varias ocasiones, yo no puedo negarlos, pero creo que tenemos que encarar la situación tal como es. Por otra parte, yo quisiera recordar que en marzo se celebrará una Conferencia interparlamentaria destinada a preparar la declaración de la Cumbre extraordinaria de Tampere. Si ha habido quejas -y es preciso comprenderlo- en el sentido de que, al parecer, posiblemente no se dispuso de información suficiente sobre el Plan de acción dentro de los plazos previstos, esa será sin duda una ocasión para retomar las consideraciones planteadas aquí en el Parlamento. Yo quisiera señalar asimismo que en la Cumbre extraordinaria habrá que decidir si el Plan de acción se revisará en Tampere y esto se tendrá que debatir en la citada Conferencia de marzo.
Permítanme que recuerde de nuevo -con objeto de atenuar también tal vez un poco las críticas que se han expresado aquí-que el Parlamento fue consultado quince veces e informado diecisiete veces en 1998 en relación con los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior. En algunas preguntas individuales se ha manifestado que la información sobre el sistema de información de Schengen ha sido algo insuficiente. Un colega me ha pedido si podría compensar esta deficiencia por escrito. Lo haré con mucho gusto, señor Chanterie. Evidentemente, yo también tengo que respetar los tiempos de uso de la palabra habituales aquí y, por lo tanto, les ruego que comprendan que no haya podido entrar en todos los detalles del sistema de información de Schengen.
Se pueden exponer muchas cosas, incluso de esta forma concisa, pero es preciso procurar tomar en consideración diversos aspectos, también en el presente contexto de las preguntas. Cuando se contraponen estos distintos aspectos, salta a la vista que existen determinados ámbitos en los que las soberanías nacionales todavía tienen mayor peso que en otros. Yo creo que es preciso tener en cuenta también la situación general. Nosotros procuramos, desde luego, organizar las cosas de manera que el control democrático también sea suficiente. Sin embargo, tal vez deberíamos dejar entre interrogantes el tema, que también se ha planteado aquí, de si podremos conseguir la reforma institucional en estos seis meses.
En cualquier caso, en lo que respecta a la Presidencia alemana, yo sólo puedo asegurarles que estamos muy bien dispuestos a cumplir nuestras obligaciones en materia de información y, por consiguiente, espero que mantendremos una buena colaboración.
Aplausos

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente del Consejo.
Tiene la palabra el Sr. Mendes Bota.

Mendes Bota
Le pido me disculpe, señor Presidente, pero deseo protestar por la falta de interpretación en lengua portuguesa de la intervención del Presidente del Consejo. Lo considero inadmisible.

El Presidente
Señor Mendes Bota, en efecto, es incomprensible, contrario a nuestra norma y a la calidad del trabajo de nuestros intérpretes. Resolveremos de inmediato este problema.
Mientras tanto, doy las gracias al Presidente del Consejo.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0044/99 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Iraq; -B4-0059/99 del Sr. Swoboda, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la evolución de la situación en el Iraq; -B4-0079/99 del Sr. Oostlander, entre otros, en nombre del Grupo del PPE, sobre el Iraq; -B4-0097/99 del Sr. Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en el Iraq; -B4-0098/99 del Sr. Manisco, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Iraq; -B4-0104/99 de la Sra. Aelvoet, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre el Iraq; -B4-0105/99 de la Sra. Aelvoet, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre los kurdos del Iraq.
Swoboda
Señor Presidente, en la última sesión nos ocupamos exhaustivamente y con gran atención del tema de Iraq y el bombardeo por los americanos y Gran Bretaña. No vamos a repetir hoy ese debate, sino que el objetivo es aclarar lo siguiente: en esta Asamblea, entre la población y en todo el mundo se formulan críticas perfectamente comprensibles contra la actuación de los americanos y británicos en lo que se refiere al bombardeo. Lo cual no significa, empero, que se comprenda, se tolere y se acepte lo que Saddam Hussein y su régimen están haciendo en Iraq y en particular también contra su propia población.
Yo quisiera decir que la defensa de las llamadas «zonas de exclusión aérea» en Iraq es absolutamente necesaria y justificada, sobre todo para proteger a los kurdos y los chiítas. Todos lo apoyamos plenamente aunque podamos discrepar con respecto a lo ocurrido en el contexto del bombardeo.
En segundo lugar, las organizaciones kurdas alcanzaron un acuerdo en Washington. Desde esta Cámara queremos instar a las organizaciones kurdas a que respeten dicho acuerdo, a que dejen en un segundo plano las disputas, que no interesan a nadie -salvo quizá a algunos funcionarios políticos kurdos, pero ciertamente no a la población kurda ni tampoco al mundo occidental-, y a que trabajen unidas y defiendan con toda claridad los intereses kurdos.
En tercer lugar, queremos llamar la atención sobre los problemas humanitarios y sobre la ayuda humanitaria para Iraq, y sobre todo para esas zonas. Además, también tendríamos que hacer lo que esté en nuestra mano para que el conjunto de la población sufra lo menos posible a causa de Saddam Hussein, de las acciones militares o también de las sanciones. Yo creo que este es nuestro objetivo. Queremos ayudar a la población, no al régimen. Esto es lo que queríamos volver a aclarar hoy.

Bertens
Señor Presidente, es la primera vez que decimos algo en esta Asamblea sobre Iraq desde los bombardeos del mes pasado. Mi Grupo lamenta que hayan sido necesarios estos bombardeos pero, dadas las circunstancias, expresa su apoyo a las acciones norteamericanas y británicas. Después de todo, fue el propio Sadam Husein quien se limpió las botas con las resoluciones de la ONU. Es Sadam quien no deja hacer su trabajo a la UNSCOM, quien oprime a su propio pueblo y amenaza a los países vecinos con sus armas. Fue Sadam quien hizo caso omiso del acuerdo con Kofi Annan.
Los bombardeos eran justos y en el futuro también podrían justificarse este tipo de acciones si el dirigente iraquí prosigue por el mismo camino. Debemos aferrarnos a las resoluciones de la ONU. Debemos aferrarnos a la UNSCOM, a la que se debe permitir que continúe con su trabajo. Se deben detener las campañas para minar la política justa y consecuente con respecto a Sadam. Si cedemos ante este dictador no sólo estaremos minando el orden jurídico internacional, sino que también estaremos tolerando la opresión y la amenaza. La Unión debe adoptar una línea dura. También se deben mantener las zonas de exclusión aérea. Se debe ayudar a los ciudadanos de Iraq, naturalmente. Debe ser desenmascarada la política que realiza Sadam matando de hambre a su propio pueblo para el provecho político propio. Es una política inhumana.
Pero la Unión debe estar dispuesta a dar ayuda alimentaria si Sadam permite que se ayude a su pueblo. Pero esa ayuda deberíamos llevarla a través de organizaciones independientes. No se debe permitir a Sadam que se aproveche de estas acciones.

von Habsburg
Señor Presidente, yo creo que la resolución se ocupa tal vez demasiado del pasado y no tiene presente un nuevo peligro inminente. Es absolutamente evidente que se han reanudado las provocaciones y que continúan las acciones por parte iraquí o, más bien, por parte de Saddam Hussein, con lo cual el riesgo de una guerra comienza a perfilarse seriamente. Saddam Hussein hace lo que le place, ya que manifiesta un total menosprecio hacia todo el mundo. Su rechazo del programa «Petróleo a cambio de alimentos» constituye ya de por sí una clara demostración de que dispone a placer de su propia población. No se debe olvidar que es originario de la ciudad de Dekrit y sólo le preocupa el clan de Dekrit; todos los demás son meros esclavos maltratados.
Saddam Hussein es, en realidad, una versión árabe de lo que fue Hitler entre nosotros. Nos encontramos exactamente ante la misma estructura de la personalidad, exactamente la misma política y, por consiguiente, no habrá paz mientras ese hombre no sea sustituido, mientras no haya otro Gobierno al frente. Está plenamente justificado, por lo tanto, emprender acciones que indiquen la voluntad de sustituirle. De ahí mi crítica contra el bombardeo, que fue una acción sin sentido. Se lanzaron bombas, se asustó a la población y con ello no se causó ningún daño a Saddam Hussein; al contrario, se le ofreció la oportunidad de reforzar todavía más su poder y se levantó la sospecha en todo el mundo de que todo ello sólo sirvió para desviar la atención de ciertos acontecimientos incómodos en los Estados Unidos. Incluso he leído en uno de nuestros periódicos que se ha bautizado a las bombas con el nombre de «Mónica».
Todo esto debería expresarse tal vez más claramente en la resolución o al menos en el debate sobre la misma. Por esto, si se adopta la resolución, que es adecuada, deberíamos rechazar las tres enmiendas, cuyo objetivo en realidad sólo es socavar y desvirtuar la resolución. Es importante que así lo hagamos si queremos emitir un mensaje claro.

Daskalaki
 Señor Presidente, es conocido todo lo que sucede en Irak y acertadamente lo señalamos. Sin embargo vivimos en un teatro del absurdo. Es cierto que el Consejo Europeo no ha definido la postura de la Unión sobre la crisis, pero deberíamos señalar de nuevo el desprecio del Consejo de Seguridad por parte de aquellos que decidieron los bombardeos, así como el hecho de que la elección también de objetivos no militares, las muertes de no combatientes y niños que, además, mueren de hambre, tan solo consiguieron ayudar a un dictador que, más que ponerle en un aprieto, salió fortalecido de dicha historia. El hecho de que Sadam Husein base su poder en las armas que le dio Occidente, lo único que hace es poner de manifiesto nuestra falsa conciencia. Si tenemos en cuenta el curioso programa de bombardeos y los problemas personales del presidente americano, la cosa empeora. Y, de nuevo, la conclusión es que necesitamos una política exterior común lo más honesta y consecuente posible que, muchas veces, podrá coincidir con la americana, pero que nunca le irá a la zaga.

Kerr
Señor Presidente, permítame que haga algo que es poco corriente en el Parlamento Europeo y que responda a los cuatro oradores anteriores, cosa que poca gente suele hacer. Los cuatro han criticado de una u otra forma el bombardeo de Bagdad efectuado el mes pasados por los Estados Unidos y el Reino Unido. Lo que quisiera decirles es lo siguiente: si eso es lo que ustedes creen, ¿por qué no lo dicen en su resolución conjunta? También nosotros deberíamos condenar ese bombardeo, como en realidad han hecho la mayor parte de los pueblos de la Unión Europea cuando tuvo lugar, el mes pasado. Como uno de los oradores indicó, la causa principal del bombardeo tenía que ver con asuntos interiores de los Estados Unidos.
No hace falta decir que los Verdes deploramos el bombardeo. Como los oradores han dicho con mucha razón, lo que ha hecho es fortalecer a Saddam Hussein y no debilitarle. La verdadera manera de debilitar a Saddam consiste en prestar ayuda a los movimientos democráticos dentro de Iraq, levantar las sanciones, ayudar al pueblo a restablecer la democracia. Ésa sería la forma más rápida de quitar de en medio a Saddam. Entre nosotros hay personas que forman parte de este Parlamento desde hace mucho tiempo y que se han opuesto a Saddam desde el principio, cuando los gobiernos demócrata-cristianos y socialistas de todo el mundo le vendían armas y le ayudaban a fortalecerse. Procuremos tener algo de coherencia en términos de perspectiva histórica; estoy seguro de que el Sr. von Habsburg la tiene. Digamos que deberíamos mantener nuestro apoyo de la democracia.
En particular tengo que deplorar el papel que desempeña el Gobierno británico en toda esta cuestión. Una vez más el Sr. Blair dio muestras, a pesar de sus calurosas palabras acerca de Europa, de su falta de voluntad. Es una persona que va por ahí diciendo que necesitamos una política común europea de defensa, y que en cuanto se perciben las primeras señales de acción por parte de los Estados Unidos anuncia que apoyará el bombardeo, antes incluso de que los Estados Unidos anunciaran que estaban bombardeando. Si el Sr. Blair habla con seriedad cuando cita la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, lo que tiene que hacer es demostrarlo con actos y no solamente con palabras.
En cuanto al Secretario de Estado británico, que anteriormente era un destacado seguidor de CND en Gran Bretaña, es una vergüenza que añada su nombre y su apoyo a esa acción.
Por lo tanto, apoyemos las enmiendas presentadas por los Verdes y mencionemos el papel de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para el Iraq, a la que se acusa de ser una antena de la CIA. Es preciso que investiguemos esta cuestión antes de que la Comisión Especial pueda volver al Iraq sin pérdida de autoridad.

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, lo esencial ya lo ha dicho el Sr. Bertens como signatario de esta resolución. Creo que, por mucho que todos podamos lamentar que haya sido necesario emprender de nuevo una acción militar contra Iraq, debe quedar bien claro que el responsable principal de esa acción es Sadam Husein que, tal y como han dicho los diputados anteriores, sigue secuestrando de manera despiadada a su pueblo, lo que resulta muy claro de la forma en que ha bloqueado el programa «petróleo por alimentos», que tiene como consecuencia una mayor miseria para la población iraquí. Habiendo dicho esto, quisiera apoyar, también en nombre de nuestro Grupo, el llamamiento que se ha hecho al Consejo para intentar llegar a una posición y a una postura comunes en este asunto.

Marín
Señor Presidente, la Comisión ve con mucha preocupación los acontecimientos que siguieron a las incursiones aéreas de los días 16 al 19 de diciembre de 1998. Naturalmente, la Comisión -como los Estados miembros- apoya plenamente la aplicación del mecanismo «petróleo por alimentos», administrado por las Naciones Unidas, que permite la venta de petróleo hasta un importe de 5.000 millones de dólares, durante un periodo de seis meses, para la adquisición de suministros humanitarios y de piezas de recambio y equipo para las instalaciones de producción de petróleo.
La Comisión también ve con satisfacción que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovara el 24 de noviembre de 1998, por un nuevo periodo de seis meses, este mecanismo de «petróleo por alimentos». Nos preocupa, naturalmente, la lentitud con la que se están suministrando la ayuda humanitaria y las piezas de recambio, y esperamos que el Gobierno del Iraq apoye plenamente la aplicación de este programa y establezca unas condiciones favorables para su ejecución.
Desde la guerra del Golfo de 1991, la Unión Europea ha sido el mayor donante de ayuda humanitaria al Iraq, más de 200 millones de ecus. ECHO asignó 10 millones de ecus para los primeros ocho meses de 1998 y otros 4 millones de ecus para el periodo que va de octubre de 1998 a 1999. Nuestro compromiso, el de la Unión Europea, es el de aliviar las penalidades del pueblo iraquí, y esto seguirá siendo la guía de las acciones de la Comisión, siguiendo, naturalmente, el mandato y las decisiones del Consejo.
No obstante, hay que señalar que el Gobierno iraquí nos crea muchas dificultades debido a las restricciones que impone a las organizaciones no gubernamentales. Esta actitud puede poner en peligro la ejecución de programas de ayuda humanitaria financiados por la Unión Europea.
Debemos felicitarnos también, en lo que concierne al conflicto kurdo, por el acercamiento entre las dos facciones rivales kurdas en el norte del Iraq, a raíz del acuerdo de 1998 sobre un sistema de reparto de poder, mientras se preparan las elecciones para establecer una asamblea regional kurda. La Comisión, juntamente con los Estados miembros, explorará las posibilidades de favorecer la aplicación del acuerdo dentro del marco de la Política Exterior y de Seguridad Común.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0054/99 de los Sres. Cunha y Coelho, en nombre del Grupo del PPE, sobre la situación en Angola; -B4-0057/99 del Sr. Nordmann, en nombre del Grupo ELDR, sobre la reanudación de la guerra en Angola; -B4-0060/99 del Sr. Newens, en nombre del Grupo del PSE, sobre la crisis del proceso de paz en Angola; -B4-0075/99 del Sr. Telkämper, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la crisis en Angola; -B4-0088/99 del Sr. Hory, entre otros, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Angola; -B4-0094/99 del Sr. Pasty, entre otros, en nombre del Grupo UPE, sobre la situación en Angola; -B4-0099/99 del Sr. Miranda, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Angola.
Mendes Bota
Señor Presidente, petróleo y diamantes: si se quiere encontrar el combustible que alimenta hace un cuarto de siglo la guerra civil angolana, todos los caminos van a parar ahí. Petróleo y diamantes, la pobreza y la miseria del pueblo angolano, propician la prosperidad de los traficantes de armas y los políticos corruptos. A las minas que se retiran en un día suceden el doble de ellas, colocadas en el silencio de una noche. Los cargamentos de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, parecen una gota de agua en el océano de las poblaciones necesitadas.
El derribo de dos aviones de carga fletados por la MONUA y que provocó la muerte de 23 personas inauguró una nueva escalada en la violación de todos los convenios y las instituciones internacionales. Se reavivó la guerra a partir de las cenizas del protocolo de Lusaka, con lo que mostró con evidencia el fracaso de la misión de las Naciones Unidas encargada de velar por su materialización. Ya no hay tolerancia posible para afrontar el problema angolano con equilibrio y respeto equitativo por todas las partes implicadas. Por parte gubernamental, todos lo sabemos, campa la corrupción y la incompetencia.
Pero la culpa mayor de esta carnicería tiene un nombre: se llama UNITA, la organización de Jonas Savimbi, que consiguió recientemente casi 4.000 millones de dólares en el mercado mundial de diamantes, fortaleció las posiciones militares en el terreno y en equipo, no se desarmó ni facilitó la ampliación de la administración pública e infringió todos los acuerdos y todas las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este órgano acaba de votar otra resolución en el sentido de limitar las telecomunicaciones en el espacio controlado por la UNITA e impedir el tráfico de diamantes. La paciencia de la comunidad internacional ha llegado al límite. Hay poderosos intereses económicos y geoestratégicos que alimentan esa máquina de guerra. Ha llegado el momento de gritar: «¡Basta!» Los responsables de ese conflicto deben ser acusados por la comisión de crímenes contra la Humanidad. Arruinar y enriquecerse con la riqueza con que la Providencia dotó a Angola, dejando morir a millones de víctimas de la guerra y del hambre, es un crimen contra la Humanidad.

Nordmann
Señor Presidente, la situación en Angola es extremadamente grave, y la reanudación de la guerra civil, muy preocupante. Vimos desmoronarse un proceso de paz. El Gobierno angoleño, cuya legitimidad es dudosa habida cuenta de la interrupción del proceso de la elección presidencial, ha tratado de destruir política y físicamente a aquellos que deberían haber sido sus socios y ha obligado a UNITA a ejercer la legítima defensa. Esta es la situación actual. La misma es dramática, ya que, mientras tanto, el pueblo angoleño se sume en una miseria incalificable, cuando algunas supuestas elites se reparten un maná petrolífero embargado.
Señor Presidente, debemos expresar con la mayor firmeza nuestra reprobación ante esta situación, y nuestra determinación en nuestro llamamiento a la paz. Ahora bien, la paz se consigue entre quienes se combaten. Ninguno de los dos bandos podrá destruirse, es preciso que ambas partes puedan finalmente...

El Presidente
Muchas gracias, señor Nordmann. El Sr. Newens tiene la palabra por un tiempo de dos minutos, como autor de la propuesta de resolución.
Señalo a los oradores que debemos respetar rigurosamente el tiempo de uso de la palabra.

Newens
Señor Presidente, cientos de miles de angolanos se enfrentan en la actualidad con la amenaza de la miseria, el hambre y la muerte en Angola central como resultado de un nuevo estallido de la guerra civil iniciada por el Dr. Savimbi y UNITA, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y otras partes a fin de llevar paz y alivio a este país que lleva lustros y lustros sufriendo como resultado de crueles destrucciones y hostilidades.
La ayuda humanitaria, tan necesaria para el país, ha quedado interrumpida tras los desgraciados incidentes en los que dos aviones de las Naciones Unidas fueron derribado, sin que se sepa todavía lo que ha sucedido con su personal. El hijo del piloto del primer avión viajaba a bordo del segundo, lo que ilustra la tragedia de los que participan en las misiones de socorro.
Hay que desplegar todos los esfuerzos necesarios para poner fin a esta guerra y hay que reforzar la imposición de sanciones. En particular, hay que adoptar medidas para evitar que UNITA encuentre un mercado para los diamantes de que se sirve para adquirir armamentos y suministros, y De Beers y todos los demás negociantes tienen que comprobar el origen de las piedras que adquieren y tienen que velar por que el producto de las ventas no se utilice para financiar esta guerra. No se puede llegar a la paz a través de un conflicto armado, y hay que recurrir de nuevo al protocolo de Lusaka.
Instamos a las dos partes en conflicto a que cooperen inmediatamente con las Naciones Unidas a fin de determinar la suerte de los ocupantes de los aviones de las Naciones Unidas que han sido derribados.
En interés del pueblo de Angola, que tanto sufre desde hace tanto tiempo, es de importancia capital que las Naciones Unidas, siempre y cuando se garantice la seguridad de su personal, continúen su participación en Angola. Instamos a la Comisión a que colabore en el suministro de ayuda humanitaria y, cuando sea posible, la limpieza de minas. Esta guerra es una gran catástrofe y hay que hacer todo lo que sea posible para restablecer finalmente la paz.

Telkämper
Señor Presidente, nosotros teníamos la esperanza de que habría paz en Angola. Ya hemos tenido esa esperanza en varias ocasiones. Hace años, Savimbi acudió como invitado al Parlamento y prometió que alcanzaría la paz. Luego tomó las armas y se reanudó la guerra. Hace cuatro años se celebró el Acuerdo de Lusaka, un acuerdo de paz que creímos que sentaría las bases para una paz duradera. Varias delegaciones del Parlamento viajamos allí y presenciamos la entrega de armas; en Huambo, por ejemplo. En nuestra calidad de parlamentarios, criticamos que las armas entregadas fuesen armas de la Segunda Guerra Mundial y no las armas con las que se está luchando. O sea, que UNITA nos ha estado engañando durante años, durante años ha mantenido la guerra civil relativamente controlada mediante una tregua, pero dicha situación de guerra civil formaba parte de su proyecto y tenía el propósito de activarla.
Yo creo que tenemos que tomarnos en serio la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide la aplicación de sanciones contra UNITA. Tenemos que tomárnosla en serio en dos aspectos. Por un lado, es preciso procurar que UNITA no siga extrayendo diamantes para financiar la compra de armas modernas. Por el otro lado, no se debe permitir que estos diamantes entren en la Unión Europea y que su comercialización permita financiar dichas adquisiciones de armas. En este sentido, instamos a los Estados miembros a que impidan el acceso a nuestros mercados de esos diamantes procedentes de Angola y que adopten medidas contra su venta.
Por otra parte nos encontramos -como ocurre siempre en las situaciones de guerra- con una población civil que sufre y que por lo general no desea la guerra, sino que se ha visto envuelta en ella a la fuerza. Frente a este hecho, señor Marín de la Comisión, tenemos que seguir prestando ayuda humanitaria donde sea posible y donde las personas dispuestas a prestar esta ayuda no corran peligro. Yo creo que para que esto sea posible es necesario que también continuemos apoyando los esfuerzos ya iniciados en el ámbito de la limpieza de minas, a fin de librar al país del arma realmente más cruel que existe. También tendríamos que apoyar la rehabilitación. Visitamos algunos talleres de rehabilitación que trabajan bien. La ayuda humanitaria en general y también las medidas concretas son, a mi parecer, muy importantes para la población que sufre y una contribución favorable y esencial de la Unión Europea, de la Comisión, del Parlamento y del Consejo, de la institución presupuestaria y de quienes ejecutan las medidas.

Hory
Señor Presidente, nuestro Grupo no tiene más simpatía que el Sr. Nordmann por el régimen angoleño, debido a sus prácticas internas heredadas de un «sovietismo» africanizado, o incluso por el cinismo con el que ahora interviene en las cuestiones regionales. Es necesario restablecer la verdad, y no nos parece justo atribuir al gobierno y a la rebelión de Jonas Savimbi la reanudación de una guerra civil, cuya responsabilidad gravita claramente sobre UNITA, sobre todo por la recuperación de los territorios y las localidades teóricamente restituidas a las autoridades gubernamentales.
De igual modo, no nos parece equitativo sugerir, como lo hacía el texto liberal inicial, un boicot europeo del petróleo y de los diamantes angoleños. Creemos más adecuado comprobar que estos productos son exportados por el Estado angoleño y no por UNITA, que busca así la manera de hundir a la vez a su país y los acuerdos de paz que ha firmado. A propósito de estos acuerdos concluidos a regañadientes, y que realmente nunca se han aplicado, ¿es razonable exigir la aplicación del protocolo de Lusaka? Pensamos que la paz debe reconstruirse completamente, con una muy seria advertencia previa a UNITA, y que implica una nueva conferencia en la cual la diplomacia de la Unión Europea podría, por fin, afirmarse.

Girão Pereira
Señor Presidente, la Sra. van Bladel, que no puede estar presente por razones familiares, me pide que haga una declaración en la que dice que, después de la sesión de diciembre de 1997, ya fuera mediante las urgencias o mediante preguntas al Consejo, pidió que se adoptaran medidas para evitar una guerra en Angola. Dice que en tres ocasiones presentó resoluciones que no fueron aceptadas por el Parlamento y, por eso, considera que el Parlamento es responsable también de esa situación que se vive ahora en Angola. Dice también que, según ella, la desconfianza profunda entre el Gobierno y la UNITA, que tiene razones históricas, se agravó con las matanzas de 1992 y que ésa es la razón fundamental de la discordia en Angola.
Desde mi punto de vista personal, el problema de Angola es fundamentalmente una cuestión de confianza, y el clima de desconfianza es culpa de ambas partes, no sólo de la UNITA. Tampoco el Gobierno del MPLA cumplió -y conviene que se diga- muchas de las cláusulas del Acuerdo de Lusaka. Por ejemplo, no se recogieron de manos de la población civil 700.000 armas, instrumento de la matanza de 1992. No se celebró la segunda vuelta de las elecciones. No se acantonaron las fuerzas armadas, exceptuadas las de UNITA. No se hizo la reorganización de la policía. No se abrió la frecuencia de las Naciones Unidas, como se había prometido. No se modificaron los símbolos nacionales (bandera e himno), que siguen siendo los del Partido MPLA. No se devolvió a los mercenarios a sus países y, contrariamente a lo acordado, el Gobierno sigue comprando armas, en particular en Rusia, miembro de la Troika y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El cumplimiento de esas cláusulas habría propiciado la confianza mutua.
Pero más grave es que, cuando se hace la ampliación de la administración, no está compuesta por funcionarios administrativos, sino por la policía y por el ejército, que destruyen todas las sedes de la UNITA y matan o detienen a todos los cuadros de esa organización. Entretanto, se creó en Luanda una UNITA ficticia, se impidió al representante de las Naciones Unidas hablar con la UNITA real e histórica y se agravó la desconfianza.
Señor Presidente, Señorías, no soy aquí representante de nadie, a no ser de mi conciencia y mis convicciones. He querido relatar estos hechos porque no me parece correcta la actitud maniquea de acusar siempre a una de las partes. No es así como se resuelven los problemas de la guerra. Las sanciones no traerán la paz a Angola. Sólo un clima de confianza, que este Parlamento puede contribuir a crear.

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, al no ajustarse a los resultados electorales, al haber impedido la desmilitarización de sus fuerzas y la ampliación de la administración del Estado a todo el territorio, al no respetar los Acuerdos de Lusaka ni las recomendaciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la UNITA es sin lugar a dudas la responsable de la reavivación de la guerra en Angola y como tal se la debe responsabilizar.
Entretanto, se comprueba el rearme de esta organización, sólo posible con una clara mitigación del embargo internacional, por lo que resulta necesaria la aplicación y el fortalecimiento de las sanciones por parte de la Unión Europea y toda la comunidad internacional y acogemos con beneplácito la propuesta que hoy hace la Comisión de investigar el circuito del tráfico de diamantes que permite financiar el esfuerzo de guerra de la UNITA.
El increíble y lamentable episodio del derribo de dos aviones de la MONUA en territorio ocupado y controlado por la UNITA, los centenares de víctimas y millares de desalojados que ya ha provocado la reavivación de la guerra, nos hacen exigir que callen las armas, que se reanude el proceso de paz, que la UNITA acepte respetar los Acuerdos de Lusaka y las decisiones de las Naciones Unidas, que éstas decidan prorrogar el mandato de la MONUA a fin de que haya condiciones para socorrer a los refugiados y prestar ayuda alimentaria de urgencia.
Termino diciendo que, ante el reiterado incumplimiento por parte de UNITA de las decisiones de las Naciones Unidas, la comunidad internacional tendrá que actuar de forma más firme, so pena de verse acusada de utilizar dos pesos diferentes, según la localización de los conflictos y la conciencia de algunos países. Hay que actuar en pro de la paz y de la ayuda a un pueblo martirizado por una guerra permanente de una organización -la UNITA- cada vez más irresponsable, cada vez más terrorista.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, yo debo decirle con toda sinceridad que lamento mucho que la resolución no refleje, por desgracia, la opinión de muchas personas que han intervenido como oradoras o en representación de los autores. La resolución, aunque yo apoyo su contenido, es lamentablemente muy unilateral. Da a entender que «los malos» son en realidad sólo los de UNITA. Con esto se olvida que un cruel régimen dictatorial ocupa de hecho el poder en Luanda y que en realidad se debería tratar por un igual a ambas partes, tal como ya hacen en parte las Naciones Unidas. Yo creo que no basta con condenar el comercio de diamantes, señor Telkämper, sino que debería condenar usted igualmente el comercio de petróleo, procedente por ejemplo de la provincia de Kabinda, ocupada por el Gobierno, que no tiene reparos en emplear tropas extranjeras para imponer su poder. Se debería impedir la comercialización de dicho petróleo igual como se pide que se impida momentáneamente el comercio de diamantes. Yo creo que es importante que se dispense el mismo trato a ambas partes. Sólo así podremos mantener la credibilidad.

Bertens
Señor Presidente, a pesar de todos los esfuerzos de la Naciones Unidas, de nuevo hemos perdido la partida en Angola. Las partes contendientes desaprovechan de nuevo, como antes, la riqueza del país, llevando a los ciudadanos a la miseria. Por otro lado, no es justo echarle la culpa sólo a una parte. El Gobierno y el ejército también son culpables. No han conseguido ninguna estabilidad. Hacen a dos caras. No debemos permitir que se nos involucre en juegos políticos. Observo una falta de disposición por ambas partes para realizar un serio esfuerzo que lleve a alcanzar una paz duradera.
¿Qué debemos hacer para detener la espiral de violencia? Confío en que las Naciones Unidas no abandonen y que MONUA seguirá existiendo después del 26 de febrero. La comunidad internacional ha de seguir suministrando ayuda, pero en este momento no será fácil mantener las donaciones para Angola. Sin embargo, debemos intentarlo.
Señor Presidente, una cuestión de orden. Hay un fallo de imprenta en el proyecto de resolución común. Allí aparece que la resolución del Grupo ELDR ha sido presentada por el Sr. Bertens, el Sr. Fassa y el Sr. Cunha. Pero el último hace ya mucho tiempo que lo transferimos al Grupo PPE.

Amadeo
Señor Presidente, condenamos enérgicamente la reanudación de la guerra en Angola que implica la paralización del proceso de paz y consideramos necesario, como por otra parte se recalca en la resolución que nos ocupa, volver a aplicar el Protocolo de Lusaka y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, consideramos oportuno invitar a Unidad a que respete los derechos humanos y a que coopere con el representante especial de la ONU, con vistas a encontrar una solución negociada a la actual crisis.
Este llamamiento debe dirigirse también al Presidente de Angola, Sr. Dos Santos, que tampoco ha respetado los derechos de los diputados de la oposición que han sido perseguidos y a los cuales se les ha impedido desarrollar su cometido de representantes elegidos directamente por el pueblo.
Por último, no podemos dejar de subrayar que la Unión Europea tiene el cometido de movilizar todos los recursos necesarios para contribuir a la ayuda humanitaria y tiene el deber de recordar a las partes en conflicto que no existe ninguna posible solución militar al conflicto, sino que únicamente la reanudación de las negociaciones permitirá al pueblo angoleño volver a alcanzar la paz.

El Presidente
El Sr. Telkämper ha planteado una cuestión de orden. Estamos realmente cortísimos de tiempo. No vamos a iniciar un debate dentro de otro debate, pero si lo que usted quiere es formular un comentario personal en respuesta a un comentario anterior, tiene usted la palabra.

Telkämper
Señor Presidente, puedo ser breve. El Sr. Habsburg casi ha dado a entender que no tenemos credibilidad. Lo que yo he expuesto es el resultado del informe sobre el viaje a Angola, a Huambo, de una delegación del Parlamento Europeo. Allí pudimos constatar repetidamente que UNITA ha roto la paz y ha vuelto a tomar las armas. Yo creo que el referente ha de ser el Acuerdo de Paz de Lusaka y el Parlamento debe insistir en ello. Dicho Acuerdo constituye el fundamento para una paz futura y tenemos que presionar para que se cumpla. ¡Esta es una propuesta creíble! Por lo tanto, la asumimos y queremos que salga adelante.

Marín
vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, la Comisión Europea coincide con la opinión de que la reanudación de los combates en Angola constituye, sin duda, un triste acontecimiento y que cualquier ataque contra aviones que no participen en operaciones militares es inaceptable.
Coincide, asimismo, en que UNITA es la principal responsable de la reanudación de los combates y que se financia a través del comercio ilegal de diamantes. Respecto a este punto, sin embargo, la Comisión no dispone de medios adecuados para llevar a cabo una investigación sobre dicho comercio ilegal de diamantes. No obstante, comunicaremos al Consejo esta inquietud del Parlamento Europeo sobre este comercio ilegal.
La Comisión considera que la Unión Europea sólo podrá adoptar sanciones adicionales en el marco de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con el fin de contribuir a las necesidades de la población angoleña, los servicios de la Comisión han llevado a cabo un seguimiento de la situación tan minucioso como ha sido posible y, a este respecto, el control de la cooperación llevada a cabo por la Unión Europea incluirá, entre otros aspectos, un análisis de la posible reorientación de la ayuda que en este momento presta la Unión.
Ciertamente, la ayuda de la Unión dependerá de las posibilidades concretas sobre el terreno. Esto incluye, como señalaba bien el Sr. Telkämper, la eliminación de minas que, aunque no paralizada totalmente, se ha visto entorpecida por las operaciones militares con lo que ello ha supuesto de mayor inseguridad para los equipos de desminado que estaban trabajando en Angola.
La Comisión Europea ha asignado y financiado ayuda humanitaria en favor, naturalmente, de las capas más vulnerables de la población angoleña en distintos sectores. La ejecución de estos programas se ha visto también parcialmente afectada por el deterioro de la situación política y militar tras el recomienzo de la lucha armada.
La suspensión del apoyo logístico aéreo por las Naciones Unidas tras los serios incidentes ocurridos -el derribo de aviones-ha supuesto una casi completa paralización de la ayuda humanitaria en las provincias más afectadas por los combates. Confirmo, pues, que la situación es muy crítica.
La Comisión, a través no solamente de los servicios de nuestra delegación sino también de las instituciones internacionales y de las ONGs que están trabajando con nosotros, va a hacer todo lo posible para reanudar el proceso de ayuda humanitaria cuando las condiciones de seguridad así lo permitan.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las 25 propuestas de resolución siguientes:
Timor Oriental e Indonesia
Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia (B4-0056/99); -Marinho y Barros Moura, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental (B4-0064/99); -Cunha, Coelho, Costa Neves, Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo PPE, sobre la situación de los derechos humanos en Indonesia y Timor Oriental (B4-0066/99); -Dupuis, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Timor Oriental (B4-0092/99); -Janssen van Raay y Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre la libre determinación para el pueblo de Timor Oriental (B4-0095/99); -Ribeiro, Miranda, Novo, Jové Peres, Elmalan, Manisco y Ripa di Meana, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Timor Oriental e Indonesia (B4-0101/99); -Telkämper, Hautala y McKenna, en nombre del Grupo V, sobre Indonesia (B4-0108/99); Sahara Occidental
Watson, Fassa, Vallvé y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el Sahara Occidental (B4-0045/99); -Swoboda, García Arias y Schmidbauer, en nombre del Grupo PSE, sobre el Sahara Occidental (B4-0061/99); -Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo V, sobre el Sahara Occidental (B4-0073/99); -Oostlander y Hernández Mollar, en nombre del Grupo PPE, sobre el Sahara Occidental (B4-0080/99); -Ainardi, Sierra González, Eriksson, Miranda, Ephremidis, Vinci, Carnero Gónzales, Marset Campos, Alavanos, Seppänen y Gutiérrez Díaz, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en el Sahara Occidental (B4-0100/99); Tráfico de niños en Guatemala
Bertens, André-Léonard, Vallvé y Goerens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0058/99); -Van Putten, Kinnock y Newens, en nombre del Grupo PSE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0062/99); -Kreissl-Dörfler, Kerr y Lindholm, en nombre del Grupo V, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0076/99); -Leperre-Verrier, en nombre del Grupo ARE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0089/99); -Pasty, en nombre del Grupo UPE, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0096/99); -González Álvarez y Novo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el tráfico ilegal de bebés procedentes de Guatemala (B4-0103/99); Proceso de paz en Colombia
Gasòliba i Böhm y Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre el proceso de paz en Colombia (B4-0055/99); -Miranda de Lage, Howitt y Morgan, en nombre del Grupo PSE, y Escolá Hernando, en nombre del Grupo ARE, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0063/99); -Kreissl-Dörfler, Aelvoet, McKenna y Lindholm, en nombre del Grupo V, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0074/99); -De Esteban Martín, en nombre del Grupo PPE, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0085/99); -Puerta, Sornosa Martínez, Elmalan, Novo, Seppänen, Ojala, Alavanos, Theonas y Manisco, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las conversaciones de paz en Colombia (B4-0102/99); Sierra Leona
Telkämper, Aelvoet y Schörling, en nombre del Grupo V, sobre la situación en Sierra Leona (B4-0072/99); -Hory, Castagnède y Maes, en nombre del Grupo ARE, sobre la situación en Sierra Leona (B4-0087/99); Timor Oriental e Indonesia

Bertens
Señor Presidente, el nuevo presidente de Indonesia, Habibie, se queda atascado en medidas selectivas en sus medidas de reforma, mientras que Indonesia necesita otras medidas que procuren democracia y respeto a los derechos humanos y renovación económica. La población de Indonesia tiene derecho a eso. El Gobierno debe entender que la democracia y los derechos humanos son componentes incuestionables que volverán a dar un nuevo brío al resurgimiento económico.
La Unión quiere ayudar a Indonesia, pero se deben tomar medidas. La Unión debe presionar al Gobierno indonesio para que continúe con las reformas. ¿Cuándo se liberará a todos los prisioneros políticos, incluido Gusmao? ¿Cuándo se pondrá fin a las medidas represivas en territorios tales como Timor Oriental, Achin o Irian Jaya? Mi esperanza es que el nuevo Gobierno comience a actuar de un modo realmente democrático e instale una nueva autoridad legítima que, en efecto, pueda adoptar medidas. El camino es largo todavía, pero también largo para Timor Oriental.

Damião
Señor Presidente, no puede ser más oportuna la presente resolución. Los cambios ocurridos en Indonesia han hecho creer que se habían creado las condiciones para negociar soluciones pacíficas. Pero no ha pasado de ser mera habilidad cosmética. Pues, a pesar de que el Presidente Habibie ha reconocido el estatuto especial de Timor Oriental por sus profundas diferencias culturales y religiosas, de que se han concertado acuerdos previos a las negociaciones en el sentido de demostrar la buena fe de las partes y de que se han iniciado las negociaciones, nada ha cambiado en la actitud de Indonesia para con el pueblo de Timor.
Sigue la desproporcionada y agresiva presencia militar con funciones de mantenimiento del orden y de instrucción penal en substitución de cuerpos policiales y de un sistema judicial independiente. Los militares son responsables de nuevos actos de violencia, nuevas desapariciones, nuevos encarcelamientos políticos y recientemente en Alas murió la esperanza de los timorenses junto con un número aún desconocido de ciudadanos.
La presente resolución, de la que destacamos la inmediata realización de una investigación con la égida de las Naciones Unidas, para responsabilizar directamente a quienes cometen tales crímenes, así como el llamamiento a las negociaciones que permitan una rápida solución, que exige también la democratización de Indonesia, es absolutamente urgente y oportuna, como ya hemos dicho.
En el primer decenio de la ocupación desaparecieron 200.000 timorenses. Para despertar las conciencias internacionales, fue necesario que unos periodistas presenciaran una matanza. Ojalá no sean necesarias más matanzas para que se cumplan las resoluciones de las Naciones Unidas. Es hora de exigir a Indonesia el respeto de los derechos humanos, es hora de acabar con el sufrimiento del pueblo de Timor, es hora de someter a la justicia internacional al dictador Suharto y a los militares responsables. No podemos tener dos pesos y dos medidas, exigir, como algunos desean, la condena de Pinochet y absolver a Suharto.

Coelho
Señor Presidente, Timor Oriental vuelve a la atención del Parlamento Europeo en un momento en que ocurren tres hechos importantes.
En primer lugar, el mayor aislamiento de Indonesia con la modificación de la posición oficial del Gobierno de Australia respecto de Timor Oriental, aplaudida por casi todas las fuerzas políticas australianas y sólo criticada por el Gobierno indonesio. Indonesia está cada vez más aislada en su pretensión de continuar ocupando militarmente Timor Oriental e intentar forzar su integración de en su territorio.
En segundo lugar, el recrudecimiento de atentados contra los derechos humanos; después del atentado contra civiles en Alas, el pasado mes de noviembre, las noticias que nos llegan de Timor Oriental, aun filtradas por la censura de las autoridades militares, nos ofrecen preocupantes señales de repetidos atentados contra los derechos humanos y de la creación de milicias populares armadas por los militares, que intentan sembrar por la fuerza el terror entre los que se oponen a la integración en Indonesia. El obispo Ximenes Belo confirmó recientemente la llegada a la capital de Timor Oriental de millares de timorenses expulsados de su casas por la fuerza de la violencia y del terror.
En tercer lugar, la denegación del permiso de visita de este Parlamento. Ayer se reunió el intergrupo en pro de Timor Oriental y analizó una carta del embajador indonesio en la que deniega el visado a los diputados europeos para visitar Timor Oriental. Denegación significativa de quien tiene miedo de este Parlamento, donde se respira la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Señor Presidente, no desistimos de nuestro propósito y consideramos que el Parlamento Europeo debe seguir colaborando en la línea de las resoluciones que ha aprobado y de la que hoy se presenta a la aprobación de la Asamblea, que proponemos junto con colegas de otros sectores. Estamos seguros de que con tenacidad, persistencia y valor, el camino de la Historia avanza hacia el respeto de la persona humana y la libertad y no hacia la tiranía, la violencia y el desprecio de los derechos humanos más elementales.

Maes
Señor Presidente, ya ha sido señalada aquí por diferentes diputados la prolongada situación de conflicto en la que se encuentra inmerso injustamente Timor Oriental. Las resoluciones de la ONU se han suscrito siempre por el Parlamento Europeo y, en realidad, ahora estamos en una circunstancia favorable para seguir adelante e incluir de nuevo este asunto en la agenda internacional. Se ha señalado con razón el hecho de que Australia, el único país que ha reconocido la anexión de Timor Oriental, ha modificado su postura. Eso subraya que las nuevas ideas, que van fermentando por momentos en todas las capas de la población en Indonesia, pueden despertar nuevas esperanzas para Timor Oriental. Después de todo, el Gobierno indonesio se encuentra presionado de manera creciente para que lleve a cabo la democratización, y también para reconocer el carácter propio y la autodeterminación de Timor Oriental y de los otros territorios, tales como Irian Jaya, cuya identidad tradicional se ven amenazadas por la política indonesia.

Girão Pereira
Señor Presidente, quisiera decir que el problema de Timor Oriental, después de haber estado olvidado durante años por la comunidad internacional, en los últimos tiempos ha sido, por fortuna, un tema de debate casi continuo e importante en las instituciones internacionales, en las Naciones Unidas, en el Congreso americano, etc. Quisiera felicitarme también por que el propio Consejo se haya pronunciado ya a ese respecto. Y creo que la propia Comisión también lo ha hecho. Este Parlamento también ha desempeñado un papel importante en el debate de esa cuestión, del problema de Timor, de la violación de los derechos humanos. Apoyamos claramente esta propuesta, pero lamento que no se haya transcrito en ella una propuesta de nuestro colega Janssen van Ray, que proponía que, con ocasión de las elecciones en Indonesia, se celebrara un referéndum en Timor Oriental sobre la libre determinación. Abundando en la expresión «libre determinación», creo que ése es, de hecho, el camino por el que debemos seguir y por el que el Parlamento debe seguir luchando.

Ribeiro
Señor Presidente, de nuevo tenemos a Indonesia y a Timor Oriental en las cuestiones urgentes de este Parlamento, como ha sucedido periódicamente con las indispensables persistencia e insistencia para que de ningún modo y en ningún momento se pueda olvidar la heroica lucha de más de veinte años de un pueblo por su derecho a la libre determinación.
Además, aparte de lo que es necesario mantener vivo, hay siempre nuevos motivos que Indonesia, con su ocupación militar y la represión, brinda para justificar las insistencias y reiteraciones. Ahora son los recientes acontecimientos en Alas y la violenta represión militar indonesia cuya dimensión y consecuencia es preciso conocer. Por eso, reiteramos la exigencia de investigaciones y de la visita a Timor Oriental que desde noviembre de 1991 Indonesia deniega a este Parlamento. Y denunciamos también la maniobra que se deriva de la debilidad inconfesable, que se pretende ocultar y que consiste en afirmar la aceptación del principio de libre determinación, pero acompañada del supuesto de que Timor es una provincia indonesia, haciendo coincidir un simulacro de referéndum con las elecciones indonesias del próximo mes de junio.

Hautala
Señor Presidente, a pesar de que la caída de Suharto en Indonesia había tenido lugar ya durante la pasada primavera, Amnistía Internacional pudo comprobar seis meses después que no se habían cumplido las promesas hechas por el nuevo presidente en materia de derechos humanos. Estoy muy preocupada por que en este país se ha venido haciendo uso de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y por que no se han registrado avances en la liberación de los presos políticos.
Me gustaría referirme de manera especial a Timor Oriental, ya que también allí ha aumentado de manera preocupante la represión. Debemos fiarnos de las informaciones que señalan un aumento de la fuerza militar mayor que el que nos dejan entrever los comunicados oficiales. Afortunadamente, la Unión Europea ha cobrado en los últimos tiempos algo de vigor por lo que respecta a esta cuestión, y es posible comprobar con satisfacción, por ejemplo, las conclusiones a las que se llegaron en la Cumbre de Viena acerca de Timor Oriental. Según informaciones recién llegadas, también Australia ha modificado su postura sobre Timor Oriental hacia posiciones más satisfactorias de cara al futuro. Debemos perseguir el objetivo de emprender cuidadosamente los preparativos para la celebración de un referéndum en torno al futuro de Timor Oriental.
Desearía preguntarle al Comisario Marín si la Unión Europea está ejerciendo también en la práctica una política más activa por lo que se refiere a Timor Oriental. ¿Cabría imaginar, por ejemplo, la apertura de una oficina de la Unión Europea en Timor Oriental, al estilo de la que los estadounidenses tienen en Kósovo? Si fuera una medida de un carácter excesivamente delicado, no tendría por qué ser necesariamente una representación diplomática con plenos poderes. En segundo lugar, desearía resaltar que las próximas elecciones parlamentarias indonesias del 7 de junio requieren la participación activa de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de la propia Unión, mediante el envío de observadores electorales, no sólo parlamentarios, sino también pertenecientes a ONG.
En último lugar, desearía comunicar que, en nombre del Grupo de solidaridad con Timor Oriental, estoy manteniendo en la actualidad negociaciones con el Gobierno de Indonesia para permitir a los diputados del Parlamento enviar una delegación extraoficial a Timor Oriental.
Sahara Occidental

Fassa
Señor Presidente, Señorías, estamos asistiendo a un lento y progresivo proceso de pacificación en el Sahara Occidental. Probablemente, es todavía prematuro mostrarnos optimistas respecto a sus resultados, sin embargo, en cierta manera, no podemos dejar de considerar estimable la organización del referéndum que podría desembocar en la consecución de la autodeterminación por parte del pueblo de esta región.
Por ello, es extremadamente importante que la Unión Europea invite firmemente al Gobierno de Marruecos y al Frente Polisario a que cooperen plenamente con la Organización de la Naciones Unidas, con miras a convocar un referéndum libre, justo e imparcial para la autodeterminación de esa región cuyo pasado ha sido sumamente difícil y atormentado.

McGovan
Señor Presidente, la Unión Europea promueve la democracia, los derechos humanos, la libre determinación, y nada más. Hay una posibilidad muy grande de que las Naciones Unidas decidan retirarse al final de este mes del territorio ocupado ilegalmente del Sahara Occidental, y precisamente en estos momentos Kofi Annan está preparando un informe para presentárselo al Consejo de Seguridad el 22 de enero. La última vez que tuve el placer de reunirme con él fue en noviembre, en Argelia.
La Unión Europea se ha manifestado una y otra vez en favor de la libre determinación y en favor de poner término al conflicto. En particular quisiera dar gracias al Sr. Marín por el trabajo que ha efectuado, y agradecer también la ayuda humanitaria y el apoyo logístico prestados en vísperas del referéndum.
Nos acercamos al final de este conflicto que tantos sufrimientos ha provocado durante más de 20 años, pero sabemos que el problema que se plantea actualmente -y eso es lo que dicen las Naciones Unidas- es que Marruecos está recurriendo una vez más a sus estratagemas para procurar retrasar y bloquear la conclusión de un acuerdo. Marruecos -que se halla presente en la galería- no se toma la molestia de reunirse con algunas personas del Parlamento Europeo, pero es muy eficaz a través de los grupos de presión, y recurre a la corrupción y no duda en cometer robos en este edificio. Marruecos es quien está impidiendo que se llegue a una solución pacífica.
El Parlamento Europeo tiene en su mano la posibilidad de hacer mucho más. Esperamos de usted, Sr. Marín, que se esfuerce aún más: está usted muy al corriente de toda esta cuestión y se ha prestado al diálogo con Marruecos y con el Frente Polisario. No abandonemos al pueblo del Sahara Occidental. Asegurémonos de que respaldamos sin vacilaciones a las Naciones Unidas y de que compartimos la voluntad de Kofi Annan y de James Baker de poner término a este conflicto.

Telkämper
Señor Presidente, una de las diferencias entre Angola y el Sahara Occidental es que en el Sahara Occidental existe una tregua. Una tregua no equivale, sin embargo, todavía a la paz. Allí se dirime uno de los últimos conflictos coloniales. Tras la retirada de los españoles y la ocupación del país por los marroquíes, nos encontramos ante una europeización de la antigua política colonial y por esto yo creo que la Unión Europea tiene un compromiso y una responsabilidad en relación con este fragmento de la historia colonial española.
La población expulsada vive desde hace décadas en campamentos de refugiados. Marruecos ha impedido durante años la celebración del referéndum; por esto los debates sobre este tema son semejantes año tras año. Ahora las Naciones Unidas garantizan, al parecer, que el referéndum tendrá lugar en diciembre de 1999. Hemos esperado a menudo ese momento, confiamos llegue este año y Kofi Annan parece decidido a que así sea, como demostró su última visita a dicha región.
Esto significa que ahora la Unión Europea también está llamada a actuar y que tenemos que apoyar decididamente este proceso en el aspecto político y logístico. Desde aquí instamos a Marruecos a que no siga obstaculizando el empadronamiento de las personas con derecho a voto y deje de buscar pretextos. Incluso sería conveniente impulsar negociaciones directas entre el pueblo saharaui y Marruecos.
Desde aquí pedimos al Consejo -y la Presidencia austriaca emitió muchas señales positivas en este sentido- que se garantice la celebración del referéndum y que se mantenga la ayuda humanitaria hasta ese momento. Yo creo que también debemos enviar observadores durante la fase previa al referéndum y no sólo en el momento de su celebración. Solicitamos a la Comisión que libere los fondos necesarios para garantizar la celebración del referéndum y para la ayuda humanitaria. Un enfoque posible, en el contexto del Acuerdo pesquero que pronto se tendrá que negociar con Marruecos, sería procurar vincularlo a la celebración del referéndum. Independientemente del resultado, la Comisión y el Consejo, la troika , tendrían que avalar que la Unión Europea garantiza, junto con las Naciones Unidas, que el referéndum podrá tener lugar. Esta es mi petición a la Presidencia alemana del Consejo.

Fabra Vallés
Señor Presidente, una vez más nos encontramos, por un lado, ante la sensibilidad de esta Asamblea sobre el asunto del que tratamos y, por otro, ante la realidad del activo papel de las Naciones Unidas. Tampoco hay que olvidar la importante ayuda humanitaria que se está prestando y que debería continuar. Pero, al mismo tiempo que constatamos esta realidad, vemos entre las dunas del desierto una especie de espejismo: el espejismo del referéndum, un referéndum que parece que nunca llega. A pesar de ello, hay que evitar las impaciencias: impaciencias por parte de las Naciones Unidas, por parte de la comunidad internacional, del Frente Polisario o del Gobierno marroquí. Y es necesario sobreponerse a las impaciencias para no dejar problemas enquistados, que podrían provocar guerras futuras o una guerrilla permanente.
Por ello, señor Presidente, deseamos y queremos aceptar un referéndum pronto y cuyo resultado sea aceptado por todos.

Ainardi
Señor Presidente, nos congratulamos de que el Secretario General de las Naciones Unidas se haya ocupado personalmente del expediente del Sahara Occidental. En los meses de noviembre y diciembre se desplazó in situ y, al término de sus reuniones con las partes en conflicto, presentó un conjunto de recomendaciones para desbloquear el proceso de paz y para que se aplicasen los acuerdos de Houston. El Frente Polisario ha aceptado aplicar estas propuestas, en conjunto, que constituyen un todo indisociable. Pero la posición del Gobierno marroquí sigue siendo de rechazo. Debido a sus maniobras de bloqueo, es responsable de la interrupción de la aplicación del proceso de paz. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por otro lado, ha reconocido esta realidad. En su resolución del 17 de diciembre, se felicita del acuerdo del Frente Polisario y exhorta al Gobierno marroquí a aplicar el plan de las Naciones Unidas.
Hoy nos encontramos en la recta final del procedimiento refrendario. Para que llegue a término, es decir, hasta la celebración de un referéndum de autodeterminación, en diciembre de 1999, hay que hacer fracasar los intentos de bloqueo del Gobierno marroquí. El Consejo y los gobiernos de los Estados miembros pueden contribuir a ello desempeñando un papel más activo para lograr el proceso de paz, utilizando concretamente todos los medios de que disponen ante el Gobierno marroquí para que éste aplique el conjunto de las propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas. ¿El Consejo no podría igualmente definir una posición común, como lo pidió el Parlamento Europeo el 10 de marzo de 1998, o al menos aprobar una declaración que exprese su compromiso ante las Naciones Unidas?
Es necesario que apoyemos la resolución de compromiso, para dar una señal al Consejo y a los gobiernos de los Estados miembros, apoyar los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas para llevar a término el procedimiento refrendario. Este referéndum, que permitirá por fin al pueblo saharaui expresar su derecho a la autodeterminación y a la independencia, constituye la vía democrática más apropiada con el fin de encontrar una solución justa y duradera de los problemas de descolonización del Sahara Occidental.

García Arias
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría que estuviera aquí también presente la Presidencia en ejercicio del Consejo para escuchar este debate.
No voy a recordar lo que ya sabe la Comisión: la importancia que tuvo la reunión del Consejo de Seguridad y la última resolución que, en realidad, señor Fabra, refleja ya algo de impaciencia por parte de la comunidad internacional.
Es cierto, podemos ser pacientes, y paciente se está mostrando la población saharaui, que espera interminablemente que se pueda llevar a cabo este referéndum. Nos encontramos en una situación efectivamente delicada: por el sufrimiento que está aguantando la población saharaui, por una parte, y porque esta situación de cese el fuego -como ha dicho otro orador- puede tener un límite.
Lo que pedimos a la Comisión Europea y al Consejo es que, en vista de esta resolución apoyada por unanimidad por el Consejo de Seguridad, hagamos lo mismo; que la Comisión, el Parlamento y el Consejo expresen claramente en un documento -en una resolución- su apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y a estos esfuerzos.
Quisiera recordar, además, señor Presidente, lo que dice el Consejo de Seguridad, y que todos sabemos: que el Frente Polisario ya ha aceptado el conjunto de medidas que propone el Secretario General, respondiendo además a los acuerdos de Houston y a la propuesta del Secretario General. También sabemos que Marruecos sigue dando largas al asunto, sigue al parecer jugando al agotamiento de la población y también al agotamiento de la paciencia de la comunidad internacional.
Nosotros, señor Comisario, que estamos tan cerca de Marruecos, cuyo pueblo y cuyo Gobierno respetamos y admiramos, tenemos que decirle a su Gobierno -desde la amistad, pero también desde la firmeza- que dé ya su aceptación al plan de paz, que esta situación no puede seguir. Y ello por el hecho de que se trata de una región vecina, situada cerca de la Unión Europea, y todos esos esfuerzos los tendría que estar dedicando al desarrollo de la población marroquí y de la población saharaui.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, yo creo que todos deseamos la paz en el Sahara Occidental y por esto todos respaldamos seguramente también las intenciones de la presente resolución. Sin embargo, yo quisiera añadir que personalmente me habría parecido más acertado adoptarla después de la decisión del Consejo de Seguridad.
Por otra parte, yo quisiera señalar, además, que desde luego no podemos conformarnos con que todos apunten con el dedo a Marruecos y acusen a dicho país de retrasarlo todo. Quizá convenga puntualizar algunos argumentos. Cuando se habla de las personas que deberían tener derecho a voto en el referéndum, no se puede excluir sin más a quienes viven desde hace bastante más de diez años en el territorio actual del Sahara Occidental y que en la práctica se han hecho acreedoras del derecho a establecer su vida allí. Al fin y al cabo, en la Unión Europea y en los diferentes Estados miembros ahora también se insiste mucho en que las personas que llevan unos años viviendo entre nosotros se han hecho acreedoras de ciertos derechos. No se puede excluir sencillamente de un referéndum a dichas personas, del mismo modo que también se debe incluir a las personas que viven en los campamentos de refugiados en Argelia.
Permítanme que añada, por otro lado, una consideración histórica muy breve, puesto que tanto se habla de colonización, recolonización, etc. El territorio del Sahara Occidental perteneció durante siglos a Marruecos antes de que pasara a ser territorio español. Yo desde luego desearía que también se añadiese esto.

González Álvarez
Señor Presidente, en la última sesión mantuvimos un debate con el Consejo, y después que diez diputados hicieran una pregunta oral. Creo que es necesario repetir aquí algunas de las cosas que le dijimos entonces al Consejo. En primer lugar, se echa en falta la visibilidad de las instituciones europeas en la resolución de este conflicto. Hay ayuda humanitaria, hay presencia, pero presencia relativa. Se advierte una presencia mayor de los Estados Unidos, a pesar de que el conflicto del Sahara está más unido a la Unión Europea y a algunos países de la Unión Europea que a los Estados Unidos y, sin embargo, hay más presencia de ellos que de nosotros.
En segundo lugar, y a pesar de lo que dice el Sr. von Habsburg -que respeto-, es Marruecos -y ha de quedar claro de una vez por todas- quien ha estado poniendo inconvenientes al referéndum. Yo sólo quiero recordar que, en principio, el Sahara aceptaba sólo el censo español con un 10 % de aumento y ahora los saharauis, en la última propuesta del Sr. Baker, han aceptado 65.000 posibles votantes más. Sin embargo, Marruecos aún pone inconvenientes. Parece que el referéndum va a retrasarse un año más, pero este año es crucial. Crucial para que no haya más obstáculos en el camino hacia un referéndum justo, que va a sacar adelante a un pueblo muy valeroso, que tiene mucho coraje y que, en unas circunstancias terribles, educa y atiende a la salud de su población.
Por lo tanto, la Unión Europea debería dar ejemplo e intentar resolver ese conflicto, ayudar a resolver ese conflicto, y no dejar solo al Sr. James Baker y a las Naciones Unidas. También debería apoyar a las Naciones Unidas para que Marruecos no siga poniendo inconvenientes a la resolución del conflicto.

Caccavale
Señor Presidente, ofrezco el pleno apoyo de nuestro Grupo a la resolución de compromiso y muy especialmente al proceso referendario en curso en el Sahara Occidental y a los compromisos asumidos ante las Naciones Unidas por Marruecos, el Frente Polisario y las partes actualmente implicadas en esta delicada región del mundo: pleno apoyo a los compromisos contraídos sobre todo por Marruecos. Evidentemente, pido a sus Señorías y a este Parlamento que no empiecen, ya desde ahora, a señalar a los culpables y a las víctimas en un proceso que está fraguándose y que no niego que presenta las dificultades propias de una situación que está evolucionando, que precisa una gran atención internacional y que no necesita por nuestra parte una fuerza de intervención mayor que la que requieren los problemas actualmente en curso.
En este sentido, reitero nuestro pleno apoyo, así como el de nuestro Grupo.

Carnero González
Señor Presidente, señor Comisario, lo que estamos viendo aquí es un claro desequilibrio entre la insistencia de este Parlamento en torno al Sahara Occidental y el silencio del Consejo.
Hemos aprobado hace meses una propuesta de recomendación. Además, hemos celebrado en diciembre un debate con más de diez preguntas. Y hoy discutimos una propuesta de resolución firmada, por cierto, por prácticamente todos los grupos de esta Asamblea-.
A pesar de eso, el Consejo se mantiene en la postura de principio -importante, pero fácil- de decir que apoya la autodeterminación del Sahara Occidental y la resolución de las Naciones Unidas, pero no se atreve a dar el segundo paso necesario: ayudar al Secretario General a que pueda cumplir su labor para que esas resoluciones del Consejo de Seguridad se apliquen, en este caso organizando y celebrando un referéndum de autodeterminación en los plazos fijados y de manera libre.
¿Cómo se consigue ayudar al Secretario General? Desde mi punto de vista, diciendo qué parte está impidiendo, está obstaculizando el cumplimiento de la legalidad internacional. Y esa parte hoy es claramente el Reino de Marruecos.
Yo creo, pues, que el Consejo debería saber que la presión política -cierto, con la cooperación al mismo tiempo- es imprescindible para tener visibilidad en este conflicto y ayudar a terminar con esta situación.
Tráfico de niños en Guatemala

Bertens
Señor Presidente, las bandas internacionales en Guatemala ganan dinero en abundancia con el comercio ilegal de bebés. Naturalmente, es algo completamente inadmisible y estos abusos inhumanos de la pobreza deben ser combatidos activamente. Por lo demás, me parece lamentable que un reciente informe de UNICEF, un informe «fidedigno», no se haya mencionado en la resolución.
El Gobierno de Guatemala debe ratificar pronto los convenios internacionales relevantes y la Unión debe ejercer presión en Guatemala para alcanzarlo. ¿Qué puede esperar la población de un gobierno que permite que sus ciudadanos sean vendidos? La Unión debe procurar que exista vigilancia y control en los lugares donde se reciben los bebés de Guatemala. Además, la Unión debe apoyar los proyectos de ayuda para los programas de adopción legales en la propia Guatemala. En el año en que celebramos el décimo aniversario del Tratado de la ONU de los Derechos del Niño, las medidas para la protección de esos mismos niños merecen nuestras mayores publicidad y prioridad.

Van Putten
Presidente, el orador anterior ya ha dejado claro la gravedad de la situación. Yo quisiera añadir lo siguiente. Creo que si no actuamos ahora en Guatemala en la medida de nuestras posibilidades, el problema se irá desplazando a otros países. Por lo demás, ese peligro acecha. Deberemos estar alerta en todas partes y, ciertamente, en este momento tanto más en la Europa Oriental. Pero estoy contenta con el texto de compromiso. Estoy contenta porque éste es un asunto concreto que está claro, por grande que sea también el problema, y el Comisario y sus colaboradores ofrecen la posibilidad de hacer algo a este respecto mediante los contactos realizados con las autoridades guatemaltecas. Está claro que la organización que nombramos, Casa Alianza , y su líder han sacado el asunto a la luz y ahora son ellos mismos los que están amenazados. Esta organización y las personas que la componen, y en este caso ciertamente también Bruce Harris, se merecen apoyo desde Europa.
También me parece lamentable que no se mencione el informe de UNICEF. Quiero añadir a esto, Presidente, que también me parece lamentable -y me temo que los liberales han contribuido a esto- que no se haya recogido lo que estaba en mi texto original, a saber: que se necesita una prueba de ADN. Inglaterra exige ya que, cuando hay una adopción, los padres adoptivos puedan demostrar que han sido los padres legales quienes han cedido al niño. Porque en este momento alquilan a falsas madres y a otras mujeres pobres para ir a la embajada y decir: entrego a mi hijo. Se les paga por ello, pero otras madres pierden a sus hijos. Una prueba de ADN, como exige Inglaterra, pone en claro que son los auténticos padres quienes ceden al hijo. Así que abogo por una prueba de ADN en el contexto europeo.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, el tráfico de niños es un buen negocio en Guatemala. Una mafia en toda la regla secuestra niños, persuade a mujeres pobres para que cedan a sus hijos, falsifica certificados de nacimiento y vende niños en el extranjero. Basta con la intervención de un notario para certificar una adopción. No es raro que el precio de un niño alcance los 15.0-20.000 dólares. El tráfico de niños no es un delito y no está penalizado en la legislación guatemalteca. Todos los países de la región han modificado su legislación en los últimos años para acabar con este abuso de lesa humanidad. Sólo Guatemala no lo ha hecho aún y ya va siendo hora de que lo haga.
Guatemala también debe ratificar de inmediato la Convención de La Haya sobre la adopción y cumplir sus compromisos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, poniendo en marcha la aplicación del Código relativo a menores y adolescentes. Las adopciones son a veces una última tabla de salvación. En ese caso, el niño debe mantener la máxima proximidad cultural y geográfica posible con sus orígenes. Las adopciones no constituyen, sin embargo, en ningún caso una contribución a la ayuda al desarrollo. Ésta consiste, en efecto, en crear las condiciones para que los niños puedan crecer en su propio país. Yo les ruego que lo recuerden.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, debemos intervenir nuevamente sobre la suerte que corren los niños en el mundo.
Hoy se trata de la adopción de niños guatemaltecos. Ciertamente, no hay que condenar las adopciones en el plano internacional, sino interrogarse sobre las condiciones en las que se practican. En este sentido, Guatemala se ha convertido en el escenario de un verdadero tráfico ilegal de recién nacidos. Así, en 1997, se estima en más de 2.000 el número de niños que habrían sido vendidos por un precio que oscila entre los 15 y 20.000 dólares. No es difícil imaginar la gran cantidad de prácticas escandalosas que una actividad tan lucrativa puede suponer por parte de traficantes, que no retroceden ante nada con tal de proteger su sospechoso comercio. Así, no dudan en intimidar, incluso amenazar, a aquellos que desean moralizar estas adopciones.
Por tanto, sería imprescindible que los Estados miembros velaran por la aplicación de las disposiciones legales en materia de adopción internacional, en particular tratándose de niños procedentes de Guatemala. Pero también y sobre todo habría que incitar al Gobierno guatemalteco a ser más riguroso en la gestión de este expediente, tanto más por cuanto el ciclón Mitch aumenta el número de niños susceptibles de ser adoptados, lo que nos exige estar aún más vigilantes.

González Álvarez
Señor Presidente, señor Comisario, creo que está claro que hay personas que se están enriqueciendo con un tráfico que es el más deleznable y el más repugnante de todos: el tráfico de niños.
Creo también que la Unión Europea ha de hacer valer su influencia sobre el Gobierno guatemalteco para impedir este tráfico, y creo que una posibilidad es ayudar a la Procuraduría general de Guatemala, que parece que vela por la legalidad de esas adopciones.
No estamos en absoluto en contra de las adopciones legales. Creemos que salva a muchos niños de un destino incierto y terrible en algunos países; pero yo comparto lo que ha dicho algún compañero, en el sentido de que si hubiera mejores condiciones de vida en esos países, lo mejor sería que los niños se quedaran en su país.
En todo caso, hay que evitar el tráfico terrible de niños, que es el más deleznable de todos los tráficos.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, este problema del tráfico ilegal de niños en Guatemala, o que provienen de Guatemala, podría insertarse en un ámbito mucho más amplio que podría afectar a otros muchos países en vías de desarrollo. Sin embargo, lo cierto es que el origen del problema hay que buscarlo frecuentemente en el mundo más desarrollado, donde se encuentran unas redes de tráfico bien estructuradas y con experiencia, tanto en el caso del tráfico de niños como de mujeres y de órganos humanos.
Creo, señor Presidente, que la objetividad y el rigor deben acompañar siempre las resoluciones de este Parlamento, sobre todo cuando se refieren a países amigos como es el caso de Guatemala, país para el que este Parlamento ha reconocido, en repetidas ocasiones, los avances logrados por el Gobierno del Presidente Arzú en la consolidación del proceso de paz, en la democratización de Guatemala y en la consolidación del Estado de Derecho.
Cierto es que se han detectado casos de tráfico de niños en este país, pero no es menos cierto que en este país también tienen de ello una larga experiencia que proviene del hecho lamentable de décadas de guerra civil, que ha provocado numerosos huérfanos, situación que se ve todavía más agravada por las terribles consecuencias que ha producido el huracán Mitch.
La misión de Naciones Unidas en Guatemala tiene el mandato expreso de velar por los derechos humanos en ese país y yo creo que es importante subrayar que Guatemala forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Creo, señor Presidente, que es justo reconocer -y celebro que esté aquí esta tarde el Comisario responsable, el Sr. Marín- que, ante los devastadores efectos de ese huracán, la Comisión Europea ha reaccionado de forma rápida y eficaz, y esperamos que pueda proponer rápidamente un plan de reconstrucción para la región con arreglo a lo enunciado por el Comisario.
Por eso quiero reiterar una vez más la necesidad de intensificar la cooperación con Guatemala y con toda América Central y, sobre todo, señor Presidente, intensificar las acciones tendentes a paliar el sufrimiento de la población y, muy especialmente, de los niños.

Amadeo
Señor Presidente, en el año 1997 las adopciones internacionales en Guatemala se doblaron: más de 2.000 con un coste medio de 15-20.000 dólares. Lo que más nos llama la atención es que el código penal guatemalteco no contempla como delito el tráfico de niños y que el secuestro de niños es castigado con una pena de casi un año siendo posible suspender dicha pena.
Por otra parte, consideramos imposible penalizar la adopción internacional, ya que estas adopciones, si se realizan cumpliendo correctamente todos los trámites, con garantías para el menor, brindan casi siempre la oportunidad de mejores condiciones de vida y, al mismo tiempo, no podemos negar que la adopción internacional es una forma importante de cooperación internacional.
Mientras expresamos nuestra profunda preocupación por la difusión de la noticia de que, siempre en Guatemala, los que actúan para prevenir el tráfico ilegal de niños sufren amenazas e intimidaciones, pedimos firmemente a la Comisión y a los Estados miembros que exhorten al Gobierno guatemalteco a que vigile atentamente a fin de que los expedientes de adopción se tramiten con las debidas garantías jurídicas -nacionales e internacionales- y garanticen la seguridad de los funcionarios de justicia que luchan contra el tráfico ilegal.
Proceso de paz en Colombia

Bertens
Señor Presidente, los últimos treinta años de Colombia representan una historia sombría. Decenas de miles de muertos, un paro gigantesco y un crecimiento económico demasiado modesto para las posibilidades que ofrece ese país. Los narcotraficantes ganan dinero a espuertas. El 80 % de las drogas que se venden en los Estados Unidos proviene de Colombia.
El presidente Pastrana nos ha dado nuevas esperanzas y un nuevo impulso en las conversaciones de paz. Es una lástima que la ausencia en el último momento del líder de las FARC se pueda definir como decepcionante. Naturalmente, la Unión debe estimular ese proceso de paz y aportar su contribución. La estabilidad y la paz, lo sabe todo el mundo, son esenciales para dar un nuevo impulso a la economía.
Confío en que así sea y confío en poder encender muchas velas a la María que sea. He de plantearle una cuestión a este Comisario en el marco del proceso de paz. En las Comunidades de Paz, una organización de pueblos que se creó hace un año en el norte de Colombia, cerca de Apartado y Río Sucio, hay bastantes proyectos ECHO. He estado allí hace un mes. Había un cartel en el campo: ECHO construye aquí un hospital. Las personas de allí me decían que se lo habían prometido hacía ocho meses, pero, por lo visto, el dinero se había quedado en Bogotá. Bogotá está muy, muy, muy lejos de aquí . Sé que usted no me puede dar una respuesta inmediata, pero quizá pueda usted llevarse la pregunta y en otro momento entraré personalmente en contacto con usted para hablar sobre el tema.

Miranda de Lage
Señor Presidente, quiero empezar esta intervención felicitando muy sinceramente al Presidente Pastrana por el trabajo que está haciendo en favor de la paz en su país, porque con los diálogos de San Vicente se abren expectativas reales y se da cumplimiento al mandato ciudadano por la paz expresado por diez millones de ciudadanos en las urnas.
Pero también hay que decir que las FARC han entendido el momento histórico y aceptado el reto de participar en la construcción de ese nuevo espacio desde el diálogo. Hay que resaltarlo y reconocerlo, así como también reconocer que en la agenda del Presidente Pastrana hay coincidencias con las propuestas de la guerrilla. Tras el encuentro de ayer, las vías para la paz comienzan a percibirse con mayor nitidez.
Sin embargo, la paz tiene enemigos muy poderosos. En esta ocasión, también hay que denunciar al paramilitarismo y condenar los crímenes. Más de cien personas han sido asesinadas con el único objetivo de obstaculizar la paz. Es un ataque frontal a toda la sociedad. La voluntad de combatir al paramilitarismo es clave para avanzar, como lo es erradicar el narcotráfico y la corrupción -todo ello está en la agenda-, pero, sobre todo, luchar contra la impunidad para asegurar la extensión de los derechos humanos y ciudadanos a toda la población. Los caminos de la paz son los que se expresan en el mandato ciudadano y no se puede desoír la voz del pueblo, ni empedrar el camino de víctimas. El Gobierno tiene la responsabilidad de extender y reforzar el Estado de Derecho y proteger a los que luchan por la dignidad y los principios democráticos.
Pero también podemos pedir algunas cosas, y yo voy a pedir tres. La primera se la voy a pedir a la guerrilla: que ponga en libertad a todos los rehenes civiles. También tengo que agradecer a la guerrilla que haya puesto en libertad a la cooperante europea Camino Villanueva. Y quiero pedir a la Comisión, si es posible, ¿cuál podría ser la participación de la Unión Europea para la construcción de esos espacios de paz? Porque hay esperanza en Europa y creo que nosotros también podemos dar una respuesta.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, no puede haber paz sin derechos humanos. Pudimos constatarlo repetidamente durante el viaje de nuestra delegación a Colombia en diciembre. El mucho más de un centenar de asesinatos cometidos por los paramilitares han vuelto a evidenciarlo cruelmente una vez más. Los paramilitares no son interlocutores en las conversaciones de paz. Los paramilitares son bandas criminales que deben ser disueltas de inmediato. Sus miembros y quienes las financian deben ser juzgados y todos sus colaboradores dentro del Estado y de las fuerzas de seguridad deben ser destituidos en el acto. Porque sólo cuando el derecho a la vida esté garantizado en Colombia podrá existir la esperanza de una paz verdadera. Lo cual significa que las partes enfrentadas en la guerra deben comenzar a respetar de inmediato el Derecho humanitario. Significa que el Estado debe proteger a las víctimas, entre ellas el más de un millón de personas desplazadas, muchas de ellas negras e indígenas. ¡Significa el fin de la impunidad y la reforma de la justicia, sobre todo de la jurisdicción militar! Debe ponerse en marcha la reforma agraria y es necesario establecer la justicia económica y social.
También la Unión Europea debe contribuir a ello. Tenemos que prestar ayuda, en vez de buscar ventajas en la competencia por las exportaciones. Tenemos que pagar precios justos y promover un desarrollo regional. ¡Porque la paz se alcanzará al final del proceso, no al principio!

Lenz
Señor Presidente, en el fondo sólo puedo sumarme a las palabras del orador que me ha precedido. Sin embargo, tenemos que preguntarnos cuándo se detendrá por fin el ciclo de violencia, asesinatos, secuestros y toma de rehenes en ese país, cuándo tendrán al fin las fuerzas políticas y los demócratas responsables la fuerza suficiente para hacer callar las armas y vencer a la corrupción y el tráfico de drogas.
El Gobierno Pastrana -y le felicitamos por ello- ha comenzado a negociar ahora, con la fuerza de un nuevo gobierno, con la más poderosa de las partes en conflicto, con todas dificultades que esto supone. Sólo nos queda confiar en que a continuación se celebren también negociaciones con los demás grupos, que se acaben los secuestros, toma de rehenes y asesinatos por parte de los grupos paramilitares, pero también de la guerrilla, y que el ejército también comprenda al fin que no debe actuar militarmente sólo como defensor del poder del Estado, sino también como defensor de comportamientos democráticos y humanos. En este terreno, tanto al ejército como también -como ya se ha dicho- al Estado de derecho, para poder llegar a serlo, les queda en verdad mucho que aprender en Colombia y tenemos que ayudarles a hacerlo.
Es deshonroso para un país encabezar una lista tan negativa. Pero todavía es más cruel y más terrible para sus gentes. Nosotros instamos al Gobierno a que proteja a los defensores de los derechos humanos y le apoyamos en el empeño, como también apoyamos sus esfuerzos en favor de la paz y la justicia.
Durante nuestra visita a Bogotá, en diciembre, también hablamos con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en Bogotá, que se ha manifestado con mucho valor en defensa de los derechos humanos. Estaba en duda si podría seguir abierta esa oficina. Nosotros lo deseamos encarecidamente y yo también quisiera preguntar a la Comisión si está haciendo todo lo posible para que se mantenga dicha oficina, que goza de una alta estima en Colombia.

González Álvarez
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que todos saludamos las propuestas de paz, pero es imposible que haya paz si en los últimos días, como dijeron otros compañeros, se asesinó a más de 100 campesinos, mujeres y niños, indiscriminadamente.
Un artículo, que tengo aquí, de un colombiano que trabaja en Justicia y Paz , puede expresar mejor que nosotros cuáles serían las condiciones para alcanzar la paz en Colombia, y no se trata sólo de sentarse a hablar. Él menciona una reforma de la ley agraria, pues es necesario que se devuelva a los campesinos la tierra que se les robó; una ley de recursos naturales; y que se cumpla con cuatro necesidades básicas: vivienda, salud, educación y trabajo. Es decir, debe poder asegurarse un mínimo vital que impida que continúen de esta manera, no sólo los asesinatos, sino una guerra soterrada que acabaría con la gente de igual manera.

Howitt
Señor Presidente, desde el jueves 7 de enero entre 100 y 150 personas han perdido la vida en una serie de brutales matanzas cometidas principalmente por elementos paramilitares del EUC. No han sido matanzas indiscriminadas: los elementos paramilitares tenían listas de nombres, en particular de dirigentes y activistas comunitarios, y han ejecutado a las personas que figuraban en esas listas. Muchas de las víctimas de estos últimos días sufrieron crueles torturas antes de ser asesinadas, y la mayor parte de los ataques de elementos paramilitares tuvieron lugar en la parte septentrional del país.
Al mismo tiempo que manifestamos nuestra satisfacción por las conversaciones de paz entre el Presidente Pastrana y las guerrillas de las FARC, que comenzaron en la fecha mencionada, el jueves 7 de enero, hemos de condenar el hecho de que los elementos paramilitares están esforzándose por sabotear dichas conversaciones.
El Presidente de Colombia ha prometido que su gobierno desarrollará una acción decisiva contra esas fuerzas paramilitares ilegales. El lunes 11 de enero el Sr. Pastrana reiteró la responsabilidad exclusiva del Estado de desarmar a los elementos paramilitares en su proyecto de Orden del día de 10 puntos presentado a las FARC. Pero no ha sucedido nada de eso. Al contrario, hay pruebas bien documentadas y comprobadas en el plano internacional de que hay una colusión activa y continua entre las fuerzas armadas colombianas y esos grupos paramilitares.
Pido al Comisario que, al clausurar este debate, se comprometa a formular una urgente demanda al Gobierno de Colombia para que examine la necesidad de adoptar medidas inmediatas y decisivas contra los grupos paramilitares a fin de proteger el frágil proceso de paz y para evitar nuevas y trágicas pérdidas de vidas, en particular durante las conversaciones de paz de estas próximas semanas.

Escolá Hernando
Señor Presidente, Colombia es un país que vive una situación muy difícil, con una guerra civil larvada desde hace más de 40 años, con dos importantes grupos guerrilleros que controlan un tercio del país y que, a diario, se enfrentan con el ejército, con numerosos grupos paramilitares empeñados en sembrar el terror entre la población a base de masacres, con 1.500 personas actualmente secuestradas, con dos procesos de paz fracasados en los últimos años y con docenas de miles de muertos.
En medio de esta grave situación, surge una nueva oportunidad para la paz a propuesta del nuevo Presidente Pastrana. Una propuesta que, a mi juicio, recoge el sentir generalizado de los colombianos. Recientemente, un grupo de diputados tuvimos la oportunidad de conocer de cerca la situación colombiana entrevistándonos con prácticamente todos los ministros de Pastrana, con las entidades sociales y los principales sindicatos. La conclusión a la que personalmente llegué es que existe un deseo real y auténtico de alcanzar la paz, junto al convencimiento de que el proceso será largo y difícil y, sobre todo, la necesidad de contar con el apoyo internacional a nivel político y económico.
Desde nuestro Grupo, entendemos que el Parlamento Europeo y la propia Unión Europea puedan jugar un importante papel en el proceso de paz de Colombia, internacionalizando el apoyo al mismo y poniéndose a disposición de las partes en aquello que les pueda ser útil.
Sierra Leona

Telkämper
Señor Presidente, estamos decepcionados e indignados por la reanudación de la guerra civil en Sierra Leona. Confiábamos en que el Gobierno y el Frente Revolucionario Unido conseguirían alcanzar una paz estable, una vez que el Presidente y el Gobierno civil recuperaron el control de la situación en marzo de 1998.
Deberíamos hacer todo lo posible para restablecer la paz e instamos a ambas partes del conflicto a que acuerden sin demora una tregua e inicien negociaciones -las cuales yo creo que debemos apoyar-, y a que respeten plenamente los derechos humanos y reconozcan las convenciones internacionales sobre el respeto de los derechos humanos. Es necesario prestar ayuda humanitaria a la población necesitada que siempre se ve afectada por estos conflictos. Queremos evitar que se produzca una hambruna en dicho país, también es preciso atender a los refugiados en los países vecinos y, por lo tanto, en primer lugar es urgentemente necesario que se alcance una tregua.

Hory
Señor Presidente, en este Parlamento ya se ha dicho todo sobre la legitimidad, incluso poco hábil, del Presidente Kabbah y sobre la ilegitimidad del RUF y de la rebelión militar. Por lo tanto, no insistiré en estas cuestiones, y desearía, sobre la base del ejemplo de Sierra Leona, efectuar un balance más general: el triple fracaso inducido por países inestables: el fracaso de la ONU, el de la OUA y -también hay que decir- el de la diplomacia de la Unión.
El fracaso de la ONU; desde el momento en que el problema no es lo suficientemente grave, en opinión de los norteamericanos, como para que se arroguen el derecho de dictar la norma de Derecho internacional y de aplicarla militarmente, las Naciones Unidas van de humillación en desaire y retroceso. Desde la misión de los cascos azules en el ex Congo Belga hasta la misión de interposición en Sierra Leona, la lista de estos fracasos sería extensa. Esta lista seguirá abierta hasta tanto la ONU no sea dotada de los medios militares permanentes para hacer respetar el Derecho internacional que pretende crear.
En cuanto a la tan mal llamada Organización para la Unidad Africana, que sería mejor llamar «Organización para la connivencia entre Jefes de Estado africanos», ha decidido delegar sus poderes a potencias regionales. ¿Se ocupa, mientras tanto, del desarrollo o de los progresos democráticos que permitirían relajar las tensiones? En absoluto. Desde su creación, ésta se preocupa casi exclusivamente de hacer respetar las antiguas fronteras coloniales, es decir, de garantizar la perennidad del sistema de poder de sus miembros.
Con respecto a la Unión Europea, finalmente, debemos señalar que, tanto en Sierra Leona como en otros lugares, la misma está dramáticamente ausente, ya que no ha sabido conjugar su ayuda económica con una verdadera influencia diplomática. De este modo, deja el campo libre a las diplomacias postcoloniales de sus Estados miembros, que con frecuencia han demostrado en el pasado su propensión a alimentar las crisis y, en todos los casos, su impotencia para solucionarlas.

Vecchi
Señor Presidente, en los pasados meses tuvimos que ocuparnos repetidamente del empeoramiento de la situación en Sierra Leona. De hecho, se trata de un país en el cual, durante los últimos años, la situación se ha ido deteriorando tanto en el plano político como en lo referente a las condiciones de vida de la población.
En estas últimas semanas, debido al repetido intento de las fuerzas rebeldes de conquistar el país, se han vuelto a registrar luchas muy sangrientas que han causado de nuevo miles de víctimas y han convertido en aún más dramática, si cabe, la situación de la población civil.
Hace pocas horas se ha difundido la noticia del secuestro del Arzobispo de Freetown, Josep Hendri Ganda, que se ha producido tras ser tomados como rehenes varios misioneros italianos, de los cuales uno, el javeriano Mario Guerra, sigue en manos de los rebeldes.
Ante esta situación, obviamente, lo más urgente y prioritario es pedir el inmediato alto el fuego y la liberación de todos los rehenes, así como tomar medidas para cubrir las necesidades más inmediatas de la población.
Es necesario poner fin a toda vejación de la población civil y permitir que los agentes encargados de prestar las ayudas realicen su labor.
El restablecimiento del control del país por parte de las fuerzas gubernamentales legítimamente elegidas, sin embargo, ha de llevar aparejada la puesta en marcha de una tarea de mediación y de reconciliación nacional más profunda que, por sí sola, puede ofrecer al país un orden político e institucional estable y evitar futuras tragedias.
Evidentemente, el papel de la Unión consiste en intervenir, también en este caso, en términos de ayuda humanitaria, para paliar las necesidades más urgentes de las poblaciones y de los miles de refugiados en los países vecinos, así como en actuar para promover el diálogo, la reconciliación y el respeto de los derechos humanos convirtiéndose, si fuera necesario, en promotora de una iniciativa propia.

Robles Piquer
Señor Presidente, señor Comisario, y también in absentia la Presidencia alemana del Consejo que no nos acompaña: todos estamos aterrorizados. Y esa es exactamente la expresión que ha utilizado el observador de ACNUR ante lo que está ocurriendo en Sierra Leona.
Hemos tenido ocasión de contemplar en televisión, hace todavía poco tiempo, escenas terribles: lo que las fuerzas rebeldes de Foday Sankoh han calificado, con terrible humor negro, como la «manga corta» y la «manga larga», según cortaban los brazos de los civiles, de los niños y de las mujeres un poco más abajo del hombro o a la altura de la muñeca.
Señor Presidente, es verdad que la comunidad internacional tiene una responsabilidad al respecto, sin duda. Pero no lo es menos que son los habitantes mismos de Sierra Leona y, sobre todo las fuerzas políticas y militares, las que deben encontrar una solución a su problema. Estos días se están haciendo esfuerzos para ello. Se ha contemplado el espectáculo sorprendente del líder de los rebeldes que acabo de mencionar transportado en avión desde la ciudad donde está encarcelado, Freetown, hasta Conakry por las fuerzas nigerianas para unas negociaciones en las cuales él pone la condición previa de su propia libertad. Si esa libertad sirviera para que esas fuerzas que de él dependen no actuaran con esa brutal crueldad y también para que no respondiera en la misma moneda un gobierno al que tenemos por civil y que fusila a miembros de la junta militar sin derecho de apelación, algo habríamos avanzado.
Señor Presidente, dos periodistas españoles excelentes -Javier Reverte y Alfonso Armada-, como sin duda los hay en otros países, han publicado recientemente muy buenos libros sobre el África subsahariana y nos han pedido a todos comprensión. Yo creo que tenemos que tener esa comprensión, pero también debemos tener la exigencia de pedir a los ciudadanos armados de Sierra Leona que se comporten, simplemente, como seres humanos.

Fassa
Señor Presidente, es sumamente importante haber presentado esta resolución en el Parlamento, porque puede contribuir, aunque sea mínimamente, a la reconstitución de lo que, hoy por hoy, falta en Sierra Leona, así como en otros muchos países del África subsahariana, es decir, un poco de sentido del Estado.
En efecto, en esa región se ha perdido cualquier atisbo de Estado. Bandas armadas, señores de la guerra, traficantes de armas y sobre todo de materias primas, de las que esa tierra es tan rica, hacen lo que quieren y desprecian los derechos humanos más esenciales.
Es primordial que la iniciativa de la Unión Europea llame la atención sobre la importancia de ser Estado, antes que Estado de Derecho, antes que Estado democrático, al objeto de contribuir a reconstituir algunas condiciones mínimas de convivencia civil.

Marín
Señor Presidente, empezaré por el orden en que se han producido las distintas intervenciones.
En cuanto a Timor Oriental/Indonesia, la Comisión siempre ha apoyado el proceso democrático en Indonesia y, naturalmente, prestará asistencia en las próximas elecciones en forma de un paquete general cuyos pormenores están todavía por determinar, aunque es una materia -como sabe bien el Sr. Bertens- que se está discutiendo en el Consejo.
El 8 de diciembre de 1998, los Embajadores de la troika de la Unión Europea en Yakarta se reunieron con el Presidente Habibi para obtener información de primera mano sobre sus planes y acciones para aplicar las acciones tomadas por la Asamblea Popular consultiva en relación con las reformas políticas, económicas y, en particular, por lo que se refiere a unas elecciones democráticas, abiertas, libres y equitativas.
El Presidente Habibi confirmó las fechas -del 7 de junio de 1999 para las elecciones, y el 29 de agosto de 1999 para tomar juramento a los nuevos miembros del Parlamento-. Tampoco tuvo problemas para aceptar asistencia y observación internacional, así como la presencia de observadores internacionales en estas elecciones.
Por lo que concierne a Timor Oriental, la Unión Europea también apoya plenamente la iniciativa de las Naciones Unidas para crear una representación permanente de las Naciones Unidas en Timor Oriental. La Unión Europea ha expresado en innumerables ocasiones a las autoridades indonesias su preocupación en relación con los diversos incidentes violentos producidos en algunas zonas de Timor Oriental, en las que -se alega- murieron un considerable número de civiles. Para principios de febrero se prevé una visita a Timor Oriental del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, y la Unión Europea también se congratula por la creación, en enero de 1999, de secciones de interés que permitirán mantener una presencia portuguesa en Yakarta, con la posibilidad de acceso libre a Timor Oriental. La Unión Europea confía en que se alcance un acuerdo final sobre las propuestas de las Naciones Unidas para un estatuto de autonomía. Respecto a otras preguntas sobre Timor Oriental, hemos informado repetidas veces al Parlamento de que existe un programa específico de cooperación con Timor Oriental, que está realizado fundamentalmente a través de ONGs y de las iglesias presentes en la zona.
En cuanto al Sáhara, Colombia, el tráfico de niños y Sierra Leona, quisiera decirles que, con toda simpatía -ya que, a partir de la sesión de esta mañana, queremos revisar todo el modo de funcionamiento de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo-, estoy seguro de que les voy a decepcionar, porque el 90 % de las cosas que me han preguntado, normalmente, se lo tendrían ustedes que preguntar al Consejo, porque finalmente yo no voy a hacer sino repetirles las posiciones comunes que han sido ya adoptadas y que ustedes saben. En consecuencia, les pido disculpas si nos les puedo dar una respuesta adecuada en los problemas que tienen que ver con el Sáhara Occidental, el problema de Colombia y de Sierra Leona así como el tráfico de niños.
En cuanto al Sáhara Occidental, les tengo que comunicar, efectivamente, que la posición, hoy por hoy, de la Unión Europea es la declaración de la Presidencia del Consejo del día 29 de diciembre del año pasado. Informaré, en consecuencia, al Consejo de las inquietudes expresadas por este Parlamento.
En lo que concierne a la Comisión Europea, vamos a mantener nuestro sistema de ayuda humanitaria para ayudar a las poblaciones saharauis a través de ONGs, como lo estamos haciendo. Se mantendrá el sistema de ayuda alimentaria y médico-sanitaria para los refugiados. En este sentido se ha adoptado una decisión -en octubre de 1998-, como ustedes saben, y el conjunto de la ayuda que se está suministrando a la población saharaui asciende aproximadamente a 10 millones de euros.
En cuanto al tráfico de niños en Guatemala, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento respecto a los serios problemas que afronta Guatemala en lo que concierne al tráfico de niños y a las adopciones ilegales. Y, efectivamente, confirmo que es un tráfico absolutamente deleznable. Se ha venido siguiendo de cerca esta situación -no solamente en Guatemala, sino también en otros países- y, en lo que concierne a Guatemala, se han puesto en marcha una serie de programas específicos destinados a aportar una solución, o una parte de la solución, a este sector de la población.
En concreto, en Guatemala, existe un programa de aproximadamente 2, 5 millones de euros, que actúa en tres niveles. Primero, lógicamente, se dedica a la promoción de la aplicación del Convenio sobre la protección de los niños, ratificado por Guatemala en 1989, a la espera de que se ponga en marcha la aplicación del Código de la Infancia. Es decir, el problema ya no es tanto el Convenio de Protección y el Código de la Infancia, que se está ayudando a realizar con las autoridades guatemaltecas, sino -como ocurre en la mayoría de estos países- en la eficacia y capacidad de aplicación.
Se está divulgando el nuevo Código de la Infancia a través de acciones de formación de personal y preparación de las instituciones implicadas -jueces, secretaría de bienestar social, procuraduría, instituciones encargadas de la infancia y de la juventud- y, naturalmente, con una gran colaboración con UNICEF en lo que concierne al Código de la Infancia.
Y luego, se está intentando también que la Asamblea Nacional, que es una de las grandes lagunas que existen en Guatemala, adopte una ley sobre la adopción, tanto nacional como internacional, porque finalmente una adopción legal, en sí misma, no es deseable seguramente para las familias que son pobres, pero mejor será una adopción en forma regular y legal que de una manera ilegal. Y también mencionaría en este punto -no sólo para Guatemala, sino en general- todo lo que tiene que ver con tráfico de niños, prostitución infantil, pederastia, otros problemas que tenemos con los países del Tercer Mundo, como el tráfico de órganos, etc... Estos temas hay que tratarlos, para tener una visión de conjunto, bajo el principio de la corresponsabilidad. Quiero decir que los países ricos adoptamos ilegalmente, consumimos droga, compramos órganos, etc., y no se puede sólo mirar desde el Norte al Sur desde una perspectiva fiscalizadora, sabiendo que son los países más desarrollados los que facilitan, debido a su nivel económico y financiero, este tipo de comercio. En consecuencia, esto hay que equilibrarlo un poco.
Sobre Colombia, diré que transmitiremos al Consejo los argumentos políticos que ustedes han señalado, así como lo que pueda hacer la Comisión.
En cuanto a la posición de la Unión Europea, hay otra declaración del 8 de enero de 1999, y esa es la posición del Consejo. Y vuelvo a insistir en lo mismo: es muy difícil para la Comisión hacer este tipo de debates porque, aparte de decirles a ustedes algo que ya saben -que hay una posición del Consejo, y seguramente ustedes dirán que no aporta nada-, yo no puedo aportar más. Por eso creo que, en el futuro, sería muy bueno que en este tipo de debates participara fundamentalmente el Consejo para poder tener con ustedes un debate político real.
En cuanto a lo que me preguntaba la Sra. Lenz -y eso sí que es competencia de la Comisión-, la Sra. Mazarrasa nos ha comunicado su deseo de partir, porque lleva dos años trabajando allí. Como ustedes pueden imaginar, el trabajo a favor de los derechos humanos en Colombia es muy duro, y entonces ha manifestado su derecho de partir. La Sra. Robinson vino a vernos porque había un compromiso para la Oficina en Bogotá, un compromiso de la Unión Europea de financiar solamente un año. Como la situación de los derechos humanos en Colombia era muy angustiante, decidimos financiar otro año más y una cuestión que tendremos que plantearnos es si seguimos financiando o no. Mi opinión es que debemos hacerlo porque la situación de las Naciones Unidas, y particularmente de la Oficina de la Sra. Robinson, no es muy brillante en términos financieros. Con lo cual yo creo que habrá que continuar financiando. De todas maneras, lo digo con mucha prudencia, porque ahora la Comisión, después del debate de esta mañana, no es fácil que tome decisiones independientes y entonces veremos la forma de informar al Parlamento Europeo. Si el Parlamento Europeo está de acuerdo -seguro que va a estar de acuerdo-, podremos iniciar la financiación.
Vamos a ser muy escrupulosos con lo que ustedes decidan. Pero tenemos que empezar a ser coherentes. Estamos aprobando resoluciones que implican gastos. Y no podemos votar una cosa por la mañana y luego, por la tarde, pedir decisiones que implican gastos. Yo les he dicho que estoy de acuerdo con la propuesta, que necesitamos seguir financiando, pero lo tendremos que hacer, a partir de ahora, de la manera que ustedes han querido esta mañana.
En consecuencia, mi posición y la propuesta que yo voy a hacer es positiva, de seguir financiando.
Por otro lado, se plantea la cuestión de saber qué podemos hacer en materia de acompañamiento de la paz. La Unión Europea como tal no es parte internacional en el proceso, aunque es verdad que el delegado de la Comisión ha sido invitado a la ceremonia de apertura de la paz. La propuesta que hicimos al anterior Gobierno, y que hemos mantenido al presidente Pastrana -que creo que va a hacer próximamente una visita a la Comunidad Europea- será de hacer una política de acompañamiento sobre todo en lo que se refiere o a reformas internas, o a todo el capítulo que se refiere a desplazados y refugiados, donde ya tenemos una cierta experiencia por otros conflictos anteriores en El Salvador, Nicaragua o Guatemala.
En cuanto a Sierra Leona, la Comisión, Sr. Robles Piquer, está siguiendo muy de cerca los acontecimiento de Sierra Leona y, particularmente las recientes luchas entre las fuerzas rebeldes, incluido el Frente Unido Revolucionario, y los soldados del antiguo ejército de Sierra Leona y las fuerzas de intervención regional de Ecomog. Y la Unión Europea, junto con otros socios, ha emitido una declaración también sobre la condena del reciente intento de los rebeldes de derribar por segunda vez en dos años el Gobierno legítimamente elegido del Presidente Kabbah.
La Unión Europea ha decidido dar apoyo político al Gobierno del Presidente Kabbah y a todos los esfuerzos que se están llevando a cabo para resolver actualmente esta crisis de una forma negociada, aunque la verdad, como usted ha señalado, la situación está cambiando cada día. Una vez que se aclare la situación, la Comisión considerará qué apoyo práctico puede suministrar para facilitar las negociaciones de paz. Y, sobre la parte que sí es competencia de la Comisión, que es la situación humanitaria, no le puedo ocultar que, debido a la situación que se ha creado, nos hemos visto obligados a evacuar a los ciudadanos extranjeros y, en consecuencia, debido a la extrema violencia que existe, sobre todo en Freetown y en sus alrededores, no hay posibilidad de prever ningún acceso de ayuda humanitaria. En consecuencia, le confirmo que, dentro del país, la situación es imposible. Es mucho mejor, en términos de ayuda humanitaria, la situación que existe en los países vecinos de Liberia y de Guinea Conakry, donde sí le puedo decir que la situación, si no se halla bajo control, por lo menos se está trabajando muy fácilmente.

Van Putten
Presidente, no he comprendido del todo una puntualización del Comisario. Siento un gran respeto por sus palabras en el sentido de que él mismo se comisionará completamente en el Parlamento y en el trabajo. Lo único que nos queda apreciarlo mucho después del día de hoy. Pero no entiendo del todo que, cuando nombra a continuación una lista de países en los que queremos que se emprenda una acción, hable de presupuestos. Pienso, por ejemplo, que en el caso de Guatemala, la Comisión tiene todas las cartas en su mano; en realidad, no debería significar ningún problema en este momento el caso de Bruce Harris, la Casa Alianza , que ya está financiada por la Comisión y, además, es un miembro activo del European Network on Streetchildren Worldwide , que también fue financiada por la Comisión en el pasado, . El Comisario podría llamar por teléfono mañana a la delegación de allí y decir: emprended una acción con el Gobierno de Guatemala.

García Arias
Señor Presidente, el Sr. Marín ha dicho algo que yo comparto en el sentido de que gran parte de lo que se aprueba en el debate de actualidad y urgencia corresponde al Consejo. Entonces, me gustaría que la Presidencia del Parlamento que usted representa me ilustrase respecto a esta situación, porque realmente si en el debate de actualidad y urgencia discutimos temas de política exterior que son responsabilidad del Consejo, ¿cómo podemos hacer los parlamentarios, o el Parlamento en sí, para garantizar en estos debates -que tienen mucha importancia- la presencia del Consejo? No sé si es un vacío de nuestro Reglamento. Si fuera ése el caso, le rogaría que lo transmitiera a la Presidencia del Parlamento para que analice este tema y nos haga una propuesta reglamentaria para resolver este problema.
El señor Comisario me permitirá que le diga que tiene razón. Sin embargo, yo he notado que en el tratamiento de los distintos temas de procedimiento...
El Presidente interrumpe a la oradora

El Presidente
Creo que he sido muy indulgente pero no puedo permitir que siga usted haciendo uso de la palabra. Sin embargo, contestaré a lo que ha dicho acerca de la asistencia del Consejo. El Consejo tiene derecho a asistir a cualquiera de nuestros debates y a tomar la palabra en ellos si así lo desea. Hay alguien del Consejo en esta sala y está tomando notas. No hay nadie que esté autorizado para tomar la palabra en nombre del Consejo, pero el Consejo estará al corriente de nuestros debates. Hasta ahora no ha habido ningún caso en que un representante de la presidencia del Consejo que esté aquí presente tome la palabra. El Parlamento puede pedir en todo momento que el Consejo esté presente en nuestros debates. Si lo hiciéramos me temo que tendríamos que cambiar la fecha o la hora del debate sobre las cuestiones de urgencia, porque ningún Estado miembro podrá enviar a un ministro para que esté presente a esta hora en jueves.
Señor Marín, ¿quiere contestar usted?

Marín
vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, cuando he dicho que muchas de las preguntas que ustedes hacían eran para un debate político con el Consejo, no he querido crear una contradicción dialéctica o poner en evidencia que el Consejo no esté aquí. Todo se interpreta de una manera un poquito extraña. No me refería a eso, en absoluto.
Quiero decirles que, aparte de las posiciones comunes y declaraciones aprobadas por el Consejo, difícilmente puedo yo contarles otra cosa diferente. En consecuencia, les advertía que ustedes han introducido gran parte de elementos políticos que yo no tengo la capacidad de responder. A eso me refería. Y como no tengo la capacidad, prefiero no hacerlo, porque esta es una materia que, en cualquier caso, yo la puedo trasladar, o el Parlamento la puede trasladar, al Consejo. Pero es al Consejo al que le compete tomar la decisión final.
En el tema de Guatemala, Sra. Van Putten, nosotros tenemos el programa que le acabo de señalar, que se ocupa de los niños de Guatemala. Guatemala no es el único caso. Le citaré de memoria: en América Latina, si mi memoria funciona todavía, hay el mismo problema en Brasil, donde hay otro programa, tenemos otro programa en Colombia, lo mismo en cuatro o cinco países de América Latina. Y dentro de las posibilidades financieras que tenemos, se intenta implementar, en primer lugar, una legislación de base -eso en Guatemala está bastante avanzado-. Pero insisto, en estos países el problema no consiste sólo en tener la legislación, es sobre todo la capacidad de aplicarla.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
Señor Telkämper, creo que desea solicitar una cuestión de orden. ¿Es exacto?

Telkämper
Señora Presidenta, yo quisiera recoger la sugerencia del Presidente de sesión, Sr. Martin. No se trata de crear una contradicción entre la Comisión y el Consejo o entre el Consejo y el Parlamento. Yo creo que el Consejo debería estar presente porque en nuestra calidad de parlamentarios nos hemos referido varias veces a él y debería conocer lo que aquí se dice. Por ejemplo, en el caso del Sahara Occidental, el Consejo tiene, a mi modo de ver, una función distinta a la de la Comisión en relación con la ayuda humanitaria y es preciso que lo sepa. Por lo tanto, se trata de una exigencia política. Por esto yo le ruego, señora Presidenta, que transmita a la Mesa, en nombre de los parlamentarios, la petición de que se celebre una sesión conjunta sobre este tema, en la que la Comisión exponga su posición, pero el Consejo tenga conocimiento de lo tratado.

El Presidente
Sí, señor Telkämper, así se hará, y pienso, en efecto, que el Consejo debería estar presente.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-1096/98 del Sr. Newens, en nombre del Grupo del PSE, sobre el proceso de paz en Filipinas; -B4-1106/98 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo ELDR, sobre Filipinas; -B4-1147/98 de las Sras. Lenz y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del PPE, sobre Filipinas; -B4-1158/98 del Sr. Puerta, entre otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el proceso de paz en Filipinas; -B4-1160/98 del Sr. Telkämper y la Sra. McKenna, en nombre del Grupo V, sobre Filipinas.
Smith
Señora Presidenta, desde hace mucho tiempo el Parlamento Europeo es partidario de que haya un proceso de paz en Filipinas y se ha esforzado por conseguirlo de diversas maneras. Ahora que hay en vigor un acuerdo entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional y que este acuerdo ha sido aceptado por ambas partes, es importante que sus propuestas se pongan en práctica íntegramente y que se adopten sin demora todas las medidas subsiguientes.
Puede decirse que hay buena voluntad por ambas partes, pero algunas facciones que rechazan el papel dirigente del FDN parecen negarse a renunciar al conflicto y por lo tanto queda aún por hacer un gran volumen de penosos trabajos si queremos que la paz sea completa y duradera. Hay que esforzarse vigorosamente por promover las cuestiones de los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la reforma agraria y el desarrollo rural si queremos que el acuerdo sea un éxito completo. La Comisión y el Consejo -y una vez más mencionamos al Consejo- tienen que brindar su pleno apoyo a este proceso y les instamos a que obren en ese sentido.
Para acabar pediré al Parlamento que preste su apoyo completo y unánime a esta propuesta.

Fassa
Señora Presidenta, Señorías, por una vez, el jueves por la tarde, nos encontramos en este Pleno para saludar un ejemplo que parece bueno y no simplemente malo. El acuerdo de adherirse a los principios e instrumentos de respeto de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, aprobado el 7 de agosto de 1998 por el Gobierno filipino y por los que eran los rebeldes, se está cumpliendo: se están aprobando proyectos de carácter socioeconómico, programas de desarrollo, de democratización de este país y parece que también se respetan los derechos humanos. Por lo tanto, no solo deberemos respaldar esta resolución, sino también estudiar atentamente el caso filipino, ya que se nos puede presentar como un ejemplo, como un modelo virtuoso que merece ser exportado.
No creo que haya que añadir nada más, sino que es preciso no bajar la guardia, pues es indudable que sigue siendo necesario el apoyo, no sólo moral, de la Unión Europea para que el proceso de democratización pueda continuar y consolidarse.

Lenz
Señora Presidenta, Filipinas es un país que mantiene muchas vinculaciones con Europa, a veces lamentablemente también con algunas consecuencias negativas desde el punto de vista de Europa. Una de ellas es sobre todo el turismo sexual, cuyas causas residen sin embargo en su mayor parte en Europa. Hoy se debate una resolución sobre el proceso de paz en Filipinas, sobre el proceso de paz entre el Gobierno y el Frente Democrático Nacional. Proceso de paz que será favorable para la población y para el país. Deben cesar los enfrentamientos preñados de conflictos y los esfuerzos en favor de la paz, las reformas sociales y económicas y también la reforma agraria deben caracterizar, por el contrario, el panorama político.
Los derechos humanos sólo pueden salir ganando con ello. Éstos forman parte del proceso. En Filipinas se conoce, en cualquier caso, muy bien el valor de la democracia. Y también el valor del Derecho Humanitario Internacional. En Filipinas hay muchas organizaciones, ONG de carácter social y eclesiástico, que trabajan en favor de las personas y de la paz. Yo desde luego deseo que la ayuda de la Unión Europea les llegue también, pues necesitamos contar con todo el apoyo en favor de este proceso de reconstrucción de la paz y la democracia en un país ya democrático, con toda su complejidad.
Instamos al Gobierno y a los partidos a que intensifiquen sus esfuerzos y pedimos a la Unión Europea que los apoye. Yo quisiera aprovechar para añadir, señor Comisario, que no sé si debo alegrarme de que usted se muestre repentinamente tan solícito con el Consejo. Aquí no estamos habituados a esta actitud. El objetivo de la pregunta que le he formulado antes, como el de muchas otras, también era aclarar quién debe participar en las decisiones sobre la utilización de los fondos de la Unión Europea. Este es el aspecto al que me refería antes.

Telkämper
Señora Presidenta, el proceso de paz en Filipinas ya es largo. La Unión Europea y el Parlamento también han contribuido de manera importante a la paz. Yo al menos recuerdo varias delegaciones en el marco de la ASEAN, en los primeros tiempos del Gobierno de la Sra. Aquino, por ejemplo; entonces apoyamos firmemente este proceso. La buena voluntad existe por ambas partes, por parte del FDNF y por parte del Gobierno, como ya se ha dicho, y exige nuestro apoyo.
A mí me parecen particularmente importantes dos aspectos. En primer lugar, la vigilancia del respeto de los derechos humanos y, en segundo lugar, la reforma agraria necesaria. Esto nos lleva de nuevo al tema del conflicto institucional entre la Comisión y el Consejo. Yo creo -y quiero resaltarlo explícitamente hoy aquí, señor Marín- que la Comisión ha realizado un buen trabajo y un trabajo importante en Filipinas. Evidentemente, es importante que se lleven a cabo proyectos y sólo pueden realizarse aquellos que respeten los derechos humanos. Pero esto es una cuestión política.
La exigencia de una reforma agraria se dirige al Consejo. Por esto, antes de acabar mi intervención, yo quiero rogar una vez más que la Mesa recabe la presencia del Consejo -tal como propuso antes David Martin- con objeto de que pueda recibir estos mensajes y podamos tratar conjuntamente el tema.

El Presidente
Muchas gracias, señor Telkämper. Tomo nota de ello.

Cushnahan
Señora Presidenta, Comisario, me alegra que el Gobierno de la República de Filipinas y el Frente Democrático Nacional de Filipinas se hayan consagrado a desarrollar un proceso de paz. Me alegra particularmente que en ese proceso las dos partes hayan dado pruebas de buena fe y también que hayan tratado de cuestiones políticas, de derechos humanos y de cuestiones sociales y económicas. Ahora bien, es una pena que últimamente el proceso haya perdido velocidad; éste es un rasgo inquietante. Reviste importancia vital que se invierta esa tendencia y que consigamos acelerar el ritmo de las negociaciones de paz.
Un importante elemento para conseguir que eso suceda, como ya ha dicho el Sr. Smith al presentar la resolución, es el papel que desempeñen el Consejo y la Comisión. En este contexto quisiera subrayar la propuesta que figura en el párrafo 4 del texto de transacción, que insta a esas dos instituciones a prestar todo el apoyo y toda la asistencia que sean necesarios para facilitar las negociaciones de paz. Subrayo lo que acabo de decir y pediré a los diputados de este Parlamento que apoyen esta propuesta concreta de transacción.

Marín
vicepresidente de la Comisión. Señora Presidenta, en la primera reunión de altos funcionarios Comunidad Europea-Gobierno filipino, celebrada en Manila en diciembre de 1997, se acordó definir como áreas prioritarias de la asistencia de la Unión Europea las cuestiones de rehabilitación y de reforma rural que afectan singularmente a la población musulmana indígena de Mindanao.
En consecuencia, están en curso de ejecución tres proyectos por un importe total de 21 millones de euros con vistas a impulsar y consolidar el proceso de paz entre el Gobierno filipino y el NDF.
Por otra parte, la Comisión está actualmente preparando un proyecto de 14 millones de euros para reforzar las comunidades de la reforma agraria de las cuatro provincias del centro de Mindanao y que va a ir dirigido preferentemente a las poblaciones musulmanas e indígenas de las provincias de la zona.
Coincidiendo con la intención también del Gobierno filipino, el proyecto estará dirigido a las comunidades musulmanas, en especial a los repatriados rebeldes convertidos en beneficiarios de la reforma agraria de aproximadamente 37 comunidades. Su finalidad es prestar asistencia para mejorar la propiedad de la tierra, organizar y fortalecer las asociaciones de agricultores, proporcionar la infraestructura social básica, como el abastecimiento de agua y las instalaciones educativas y sanitarias, fomentar la productividad y emprender proyectos de infraestructuras menores. Este es el resumen que le puedo hacer de cuál es la intervención de la Unión Europea en el proceso de rehabilitación y reforma rural de la zona de Mindanao, pues es uno de los elementos centrales del proceso de paz que se negoció hace algunos años con el Frente Moro de Liberación.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-1094/98 del Sr. Ford, entre otros, en nombre del Grupo del PSE, sobre la deslocalización de Xerox; -B4-0077/99 del Sr. Langendijk, entre otros, en nombre del Grupo V, sobre la deslocalización de Xerox; -B4-0081/99 de la Sra. Oomen-Ruijten y el Sr. Pronk, en nombre del Grupo del PPE, sobre la deslocalización de Xerox.
Ford
Señora Presidenta, me referiré en nombre del Grupo Socialista a la deslocalización de puestos de trabajo de la sociedad Xerox, y antes que nada quisiera disculparme en nombre del Sr. Metten, autor como yo de este proyecto, que por haberse retrasado el presente debate ha tenido que regresar a los Países Bajos.
Por lo que se refiere a nuestra resolución permítanme que les hable con toda claridad. Nuestra resolución trata del traslado de 250 puestos de trabajo de Venray en los Países Bajos, y de más de 500 puestos de trabajo de Mitcheldean en el Reino Unido, a Irlanda. Sin embargo, esta resolución no constituye un ataque contra Irlanda ni contra los irlandeses; tampoco es un ataque contra el proceso de paz. Vamos a votar a favor de la enmienda 6, presentada por la Sra. Ahern y la Sra. McKenna, que indica que la creación de puestos de trabajo en la región de Dundalk representa un importante apoyo para la paz y la reconciliación en la zona fronteriza y acoge con satisfacción en principio la iniciativa encaminada a crear empleo en la región.
La resolución conjunta en nombre del Grupo Socialista, el Grupo Demócrata Cristiano y el Grupo GUE trata de dos importantes cuestiones diferentes. La primera es el hecho de que la sociedad Xerox, empresa transnacional radicada en América, no haya consultado adecuadamente a la fuerza de trabajo, particularmente en Mitcheldean, ni al gobierno local en los dos casos.
La sociedad alega que ha seguido la ley al pie de la letra, pero el testimonio de la fuerza de trabajo de Mitcheldean, dos de cuyos integrantes están sentados hoy en la galería, sugiere que el espíritu de la ley ha sido víctima de un grave abuso. La sociedad -la sociedad Xerox-, dicen, les ha colocado ante un hecho consumado, actuando poco a poco pero con decisión. A principios de esta semana la sociedad Xerox me dijo que las consultas comenzaron el 7 de abril de 1998 y que hasta septiembre no se adoptó la decisión final. Ahora bien, más tarde he recibido una fotografía y un informe de prensa que muestran a la Sra. Mary Harney, Viceprimer Ministro irlandés, con el Sr. Bill Good, Director Gerente adjunto de Xerox, anunciando el 2 de junio la construcción de la nueva fábrica. El período de consulta auténtica fue tan corto que el proceso fue apenas algo más que una farsa. Espero que la sociedad Xerox, cuando se apruebe esta resolución, haga un nuevo esfuerzo más sincero y más apropiado.
La segunda cuestión de que nos ocupamos se plasma en la inquietud de ámbito más general de que se puedan utilizar fondos de la ayuda de la Unión Europea para trasladar puestos de trabajo de un lado de Europa a otro. Con 20 millones de personas desempleadas en la Unión Europea, número que no deja de aumentar, somos resueltamente partidarios de que se creen puestos de trabajo, pero Xerox nos brinda un ejemplo -que no es en absoluto el único, que no es en absoluto el peor y que, desgraciadamente, no será en absoluto el último- de que, si uno analiza de cerca la situación, comprueba que lo que se presenta como puestos de trabajo nuevos y relucientes no son en realidad más que un espejismo. Se trata de puestos que otras personas ocupaban, que han sido secuestrados y por los que se pide un rescate, y que acabarán por ser vendidos en Europa al mejor postor.
Los «puestos que otras personas ocupaban» han sido causa de desconsuelo para muchas familias y comunidades. En los bosques de Dean, que es una zona en la que el desempleo es muy elevado, Xerox es la principal fuente individual de trabajo. Esto no es una forma adecuada de utilizar los fondos comunitarios. No es una forma adecuada de utilizar la asistencia de la Unión Europea. No es una forma adecuada de utilizar la asistencia nacional. Que queden las cosas bien claras: Irlanda ha sufrido tanto como el que más. La empresa «Fruit of the Loom» se ha trasladado recientemente a una región más rica. Tenemos que percatarnos todos nosotros, y tenemos que decírselo a los que no lo sepan, que este tipo de «subastas» realizadas por los Países Bajos no aportan nada de positivo en términos de creación de puestos de trabajo.
He hablado esta semana con Xerox. Han cambiado ligeramente de actitud. Por fin han convenido en estudiar las solicitudes de cambios de puestos de trabajo de las personas que reúnan las condiciones apropiadas, y por eso hemos tenido que rechazar la enmienda 5 del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo ARE, que dice que Xerox está examinando esas solicitudes. Es una afirmación difícil de creer cuando el principio se aprobó hace apenas dos días.
Xerox es un ejemplo concreto de un problema que desgraciadamente es demasiado corriente. Tenemos buenas razones para quejarnos y para protestar acerca de este caso concreto, pero también tenemos la obligación de utilizar el poder del Parlamento para modificar las reglas a fin de proteger también a las víctimas de mañana.

Ahern
Señora Presidenta, siempre es causa e profunda preocupación que la gente pierda sus puestos de trabajo y es perfectamente adecuado y natural que nos ocupemos de las cuestiones relativas a las consultas y al cumplimiento de las normas reglamentarias de la UE. Sin embargo, esforzarse por crear puestos de trabajo para otros, particularmente en una región como Dundalk que necesita estabilidad económica para afianzar el proceso de paz y de reconciliación, es algo inaceptable. Por eso me satisfacen mucho los comentarios del Sr. Ford, y es importante el hecho de que esté de acuerdo con mi enmienda, que enuncia el principio de la creación de puestos de trabajo en esa zona.
La deslocalización se refiere al traslado de instalaciones industriales de un Estado miembro a otro, y afecta a la Unión Europea en la medida en que la ayuda estatal o los fondos estructurales alimentan y fomentan, o parecen alimentar y fomentar, dicha deslocalización. Sin embargo, muchos factores pueden contribuir a la decisión comercial de deslocalizar una fábrica. A este respecto, en Irlanda hay una cuestión que suscita críticas constantes y es el hecho de que miembros del gobierno, en particular primeros ministros y primeros ministros adjuntos, se precipiten y anuncien decisiones antes de que proceda hacerlo. Tengo que criticar a la Sra. Harney por hacerlo, si, como se ha dicho lo hizo en un momento del proceso en que procedía estar sosteniendo consultas.
Ahora bien, en Irlanda no queremos que se nos achaque el papel de «malo de la película» únicamente a causa de un par de operaciones de deslocalización importantes que han tenido lugar en los últimos años. También hemos perdido importantes proyectos y un número considerable de puestos de trabajo. Los fondos estructurales no desempeñan un papel en esos resultados, y la política consistente en reducir la ayuda estatal si una empresa se deslocaliza ha sido la política y la práctica corrientes de la Junta de Desarrollo Industrial de Irlanda. Esto constituye sencillamente un ejemplo de la mejor práctica posible en materia de política industrial y de gestión apropiada de las finanzas públicas.

Oomen-Ruijten
Señora Presidenta, la razón por la que presentamos esta resolución no es que critiquemos el modo en que la empresa Xerox ha tratado con los comités de empresa. No criticamos eso. Tampoco criticamos, señora Presidenta, el modo en que las autoridades irlandesas han intentado captar a esta sucursal de Xerox para resolver su problema de paro. Presidenta, lo que criticamos es lo siguiente: que haya sido posible trasladar, con medios europeos, el departamento de electrónica de la sucursal Venray a una nueva localización en Irlanda.
Presidenta, entonces viene Xerox y dice: no hay deslocalización. Sí que se ha trasladado personal, se ha trasladado una parte de la empresa. Presidenta, lo que queremos saber es cómo ha sido la deliberación de la Comisión Europea. Lo que queremos saber es por qué la Comisión Europea ha permitido que, bien en forma de terrenos edificables, bien en forma de subvenciones, le haya sido posible a esta multinacional, que como ya sabemos quiere empezara a reducir personal en todo el mundo, trasladar a una parte de su personal a la nueva filial en Irlanda. ¿Cómo puede ser que haya tenido lugar semejante alteración de la libre competencia con medios de nuestra propia Unión Europea y, por consiguiente, con medios del contribuyente europeo?

McCartin
Señora Presidenta, éste no es un tema que se preste a que lo despachemos con carácter de urgencia.
En primer lugar, la mayor parte de las inversiones efectuadas en Irlanda se hacen en proyectos totalmente nuevos y no implican la deslocalización de puestos de trabajo. Los incentivos ofrecidos a Xerox en Irlanda cumplen plenamente los principios de la política de competencia de la Unión Europea. En el proyecto no se ha invertido ni un sólo céntimo de la Unión. Aquí, por lo tanto, estamos cometiendo un grave error.
El 40 por ciento de todas las inversiones extranjeras que proceden de la Unión Europea van al Reino Unido. ¿Va a haber una investigación de la Comisión sobre el particular, so pretexto de que tiene que haber algo equivocado puesto que el Reino Unido obtiene el 40 por ciento de todas las inversiones? Recientemente hemos podido leer en los periódicos neerlandeses e irlandeses que se arrendaban aviones a reacción para llevar trabajadores de la parte occidental de Irlanda para que ocupen puestos de trabajo en los Países Bajos porque los Países Bajos no podían encontrar trabajadores que pudieran ocupar esos puestos de trabajo. A pesar de ello no podemos obtener suficientes trabajadores para nuestras industrias irlandesas que requieren mucha mano de obra. ¿Vamos a pedir a la Comisión que investigue esa cuestión? Hagan el favor de no envidiar a Irlanda porque el año pasado o estos dos últimos años hemos tenido un crecimiento económico. Irlanda representa el uno por ciento de la Unión Europea, o sea el uno por ciento de la economía.
Los 8.000 puestos de trabajo que ganamos el año pasado, que por cierto ha sido nuestro mejor año en términos absolutos, no resolverán el problema de los Países Bajos ni del Reino Unido. Por favor, distinguidos colegas, no digan a sus electores que el auge económico de Irlanda se está llevando los puestos de trabajo de sus circunscripciones. Eso sería una distorsión absoluta de la verdad y una mala forma de utilizar el procedimiento de urgencia en este Parlamento.

Fitzsimons
Señora Presidenta, me satisface el tono más moderado de la resolución de transacción, pero sigo sin poder aceptarla porque implica una crítica inaceptable de Irlanda, una crítica que no responde a la verdad. Si no se adopta la resolución, diré que me opongo aún más firmemente a las líneas generales de las resoluciones de los socialistas y de los verdes y que tampoco puedo apoyar la resolución del PPE. Los fondos estructurales no son un factor en este tipo de situaciones. Nuestra ayuda estatal a la industria es razonable y permisible, y ha sido aprobada por la Comisión. Está disminuyendo en respuesta al incremento de nuestro desarrollo, a las reducciones de los gastos públicos y a las nuevas normas de la Unión Europea.
La cuestión de la deslocalización se ha examinado en el Consejo de Ministros de Industria, y el Comisario van Miert estima que las normas vigentes son sobradamente adecuadas para evitar la mala utilización de las ayudas estatales y que no es preciso que la Comisión adopte ninguna otra medida. Estoy orgulloso de lo que hemos conseguido en nuestros esfuerzos por obtener inversiones internas. Son muchos los factores que contribuyen a las decisiones en materia de deslocalización. En Irlanda poseemos en la actualidad una fuerza de trabajo adiestrada y bien preparada y una buena base en materia de aptitudes, y las características de la fuerza de trabajo de Dundalk son apropiadas. Poseemos buenos conocimientos en materia de idiomas y las aptitudes necesarias en materia de flexibilidad, productividad y costos laborales. Lo sensato de nuestras inversiones en telecomunicaciones ha puesto a nuestra disposición una de las redes más adelantadas de Europa.
Quisiera recordar a los colegas británicos que preconizaban la moción de urgencia original que su propio Gobierno laborista fue el que más vociferaba cuando el Gobierno alemán discutió recientemente la introducción de un régimen fiscal armonizado en la Unión Europea. En efecto, ¿cómo puede uno pedir que se realineen los impuestos en los Estados miembros si su propio gobierno se opone a esa idea? El Gobierno irlandés ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea acerca de la reglamentación de nuestro régimen de impuestos sobre las sociedades.
No hace falta decir que me satisface la decisión de Xerox de trasladarse a Irlanda y que les instaré a que hagan todo lo posible para evitar que haya que prescindir de algún puesto de trabajo.

Dupuis
Señora Presidenta, pienso que la evolución de las cosas no puede sorprendernos. Algunos colegas, en este Parlamento, han ampliado siempre el ámbito de nuestras urgencias. Se ha hablado del dopaje, hoy nos encontramos frente a un caso aún más grave, el caso particular de una empresa. Imaginemos cuántos casos de empresas podrían someterse a esta Asamblea, convirtiéndola, como ahora, en una Asamblea de sindicados y empresarios, en la que nadie tiene los expedientes y nadie puede juzgar con documentos en la mano.
En el caso presente, existen algunas inexactitudes, algunos elementos directamente falsos. Se habla, por otra parte, de deslocalización, pero se trata de una elección de las empresas, que tienen perfectamente derecho a ir donde les plazca, allí donde consideren que las condiciones para realizar su producción son mejores.
Por consiguiente, pido encarecidamente a los colegas que aprueben las enmiendas -ya que sólo podemos limitar los daños- que el Grupo de Coalición Radical ha presentado, para poner las cosas en su sitio y para evitar sancionar a una empresa norteamericana que ha efectuado algunas reestructuraciones en los Países Bajos y en el Reino Unido y que, además, ha creado 1.000 empleos en otro país de la Unión Europea.
Deberíamos -y debemos- felicitarlos. Por eso pido a nuestros colegas que voten a favor de las enmiendas del Grupo ARE, y me congratulo de que haya todavía norteamericanos que tengan confianza, que vengan a invertir en nuestros países y que efectúen reestructuraciones cuando es necesario.

Vanhecke
Presidenta, la presente resolución sobre la deslocalización de una gran empresa de un Estado miembro a otro Estado miembro de la Unión Europea nos confronta con un problema conocido pero fundamental. En este caso, significa que los gigantescos medios de, por ejemplo, los Fondos estructurales y de cohesión, se pueden emplear directa o indirectamente no para crear puestos de trabajo, sino para hacer desaparecer empresas y, por tanto, puestos de trabajo de otros Estados miembros de Europa. Dicho de manera brutal pero exacta: una especie de robo organizado de puestos de trabajo.
Ahora debo decir sinceramente que no puedo hablar con conocimiento de causa sobre el dossier que tenemos hoy ante nosotros. Soy incluso de la opinión de que sobre todo Irlanda hizo esfuerzos muy grandes en años pasados para emplear los fondos europeos de manera inteligente y eficaz, lo que lamentablemente no puede decirse de los demás Estados miembros y regiones.
Pero en general siguen siendo muy grandes los problemas de la utilización de los fondos europeos. Hay problemas con el derroche y el fraude -supongo que la Comisión no me contradirá hoy-; hay problemas con la concesión poco juiciosa de estos fondos y hay problemas con la deslocalización de los puestos de trabajo en lugar de crear nuevos puestos de trabajo.
También en mi propia provincia, Flandes Occidental, nos hemos visto confrontados con algo parecido, a saber: con el hecho de que la vecina provincia valona atrae empresas sistemáticamente gracias a los treinta mil millones de francos de Fondos estructurales de los que puede disponer esta provincia. La Comisión Europea conoce y reconoce este problema pero hasta el día de hoy no ha hecho nada efectivo para resolverlo. Si no se aborda en su fundamento esta problemática, me temo que en un futuro no muy lejano los pueblos europeos ya no estarán muy dispuestos a la solidaridad. Éste sería un lamentable asunto. Si queremos evitarlo, es preciso que ya desde ahora vayamos haciendo algo al respecto.

Banotti
Señora Presidenta, la mayor parte de lo que se podría decir sobre esta cuestión se ha dicho ya, pero quisiera ocuparme de nuevo del hecho de que muchos colegas siguen pensando equivocadamente que se han utilizado fondos de la Unión Europea de forma poco ética, para atraer la sociedad Xerox a Irlanda.
Creo sinceramente que lo que ha atraído a Xerox y a otras muchas compañías de alta tecnología a Irlanda ha sido la decisión, adoptada por sucesivos gobiernos irlandeses, de readaptar la educación de los jóvenes y de prepararlos para esos puestos de alta tecnología, lo que ha hecho que Irlanda resulte una plaza interesante para instalar esas sociedades.
Diré también que me hago cargo perfectamente de la inquietud, sentida particularmente en el Reino Unido, de la fuerza de trabajo que considera lo sucedido como un ataque contra sus puestos. Acepto su opinión de que no ha sido objeto de las debidas consultas y que, si ha habido consultas, han sido de un tipo muy superficial, lo que en realidad está en contradicción con la directiva pertinente que ha apoyado este Parlamento.
Después de decir lo que precede, diré que me satisface que los puestos de trabajo vayan a Dundalk, verdadero y triste punto negro que necesita desesperadamente más desarrollo y más puestos de trabajo. Espero que podamos resolver esta situación de forma que sea aceptable para todos nosotros. Es evidente que no parece haber fuertes discrepancias entre los aquí presentes.

Marín
Señora Presidenta, me gustaría empezar diciendo que comprendo perfectamente, en nombre de la Comisión, los problemas de las regiones que pierden puestos de trabajo en beneficio de otras partes de la Comunidad. Afortunadamente, estos casos son todavía relativamente raros dentro de la Unión Europea y, desde luego, aquí se produce lo que ustedes acaban de señalar. Los nuevos puestos de trabajo que se crean en algunas regiones que reciben la inversión son bienvenidos, ya que esto supone un incremento de puestos de trabajo. Pero, sin embargo, dichos estos elementos positivos, tampoco podemos desviar nuestra atención de los efectos dolorosos que se producen en las regiones donde se pierden puestos de trabajo. En consecuencia, se trata de un equilibrio muy difícil.
La repercusión social de las deslocalizaciones puede agravarse si previamente no se consulta de forma adecuada a los trabajadores o a sus representantes. Y, precisamente para aliviar los efectos sociales negativos que a menudo tienen las restructuraciones empresariales, la Unión Europea se dotó de varios instrumentos legales, encaminados a garantizar que este tipo de operaciones se lleve a cabo en un clima social aceptable y se tomen en consideración debidamente los intereses de los posibles afectados. A este respecto, quiero comunicarles que los servicios de la Comisión están averiguando si Xerox ha cumplido la normativa comunitaria y la normativa nacional en esta materia.
A la hora de examinar los casos de deslocalización no hay que exagerar la influencia de las ayudas en las decisiones de las empresas. Puede que las ayudas influyan en la elección del nuevo emplazamiento, pero no influyen necesariamente en la decisión de cerrar o reducir las instalaciones existentes. Este tema, sin embargo, ha sido debatido en los dos últimos Consejos de Industria y, en ambas ocasiones, la Comisión ya explicó las medidas que se han tomado para reducir los incentivos que los Estados miembros pueden ofrecer a las empresas para que se desplacen de un lugar a otro. Se las voy a resumir telegráficamente:
Primero: en las nuevas directrices de diciembre de 1997, la Comisión ha reducido los niveles de ayuda regional que los Estados miembros pueden conceder. Dichas directrices entrarán en vigor a finales de 1999.
Segundo: las recientes directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión pueden reducir aún más los niveles de ayuda de los grandes proyectos.
Tercero: se ha introducido en las directrices sobre ayudas regionales y en la normativa sobre los Fondos estructurales una cláusula de durabilidad, según la cual las inversiones que han recibido una ayuda han de mantenerse durante cinco años.
Cuarto: la Comisión también ha adoptado una nueva comunicación sobre las ayudas fiscales en las que se explica cómo se aplican las normas sobre ayudas estatales a los incentivos fiscales.
Quinto: aspecto de especial importancia en este caso, la Comisión ha tomado medidas para suprimir los elementos de ayuda estatal existentes en el impuesto de sociedades irlandés.
En lo que se refiere a la cuestión concreta de la financiación comunitaria, sería útil que el Parlamento supiera que, desde el 1 de enero de 1998, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ya no presta apoyo al régimen de inversión local en Irlanda. En consecuencia, no ha habido intervención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional desde 1998 en Irlanda. Esta decisión se tomó para racionalizar la ayuda comunitaria al sector productivo irlandés, pero también porque se estimó que este programa no debía seguir recibiendo ayuda comunitaria dado, precisamente, el avanzado estado de desarrollo de la economía irlandesa.
Por tanto, toda nueva ayuda en favor de la nueva planta de Xerox en Duncalk no ha sido cofinanciada por el FEDER, ni tampoco ha recibido ayudas del Fondo Social Europeo.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar dentro de un momento.

Votaciones (continuación)
Gallagher
 Vivimos en un mercado interior que funciona dentro de la Unión Europea y que se caracteriza por la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales por el territorio de 15 Estados miembros que abarcan una población de casi 340 millones de personas. Sin embargo, en la actualidad no hay un sistema común de IVA que funcione dentro de la Unión Europea, y la actual falta de uniformidad a este respecto ha ocasionado una fragmentación del funcionamiento del mercado único en 15 zonas fiscales diferentes.
El hecho de que sea imposible estar al corriente de todas las disposiciones vigentes en materia de IVA en los demás Estados miembros de la Unión Europea significa que los contribuyentes tienen que operar en una situación de incertidumbre jurídica además de tener que trabajar con diferentes estructuras burocráticas en diferentes Estados miembros de la Unión Europea. El IVA es una de las esferas correspondientes a la segunda fase de la iniciativa SLIM (legislación más sencilla para el mercado interior) respecto de la cual la Comisión Europea ha mostrado considerable interés.
En particular, la iniciativa SLIM ha identificado la necesidad de instituir procedimientos de reembolso del IVA más sencillos, lo que ayudará a las empresas de la Unión Europea en cuanto se refiere al pago de reembolsos por la venta de mercancías o la prestación de servicios. Como parte de la labor que se está desarrollando para mejorar el sistema común del IVA, la Comisión Europea ha presentado propuestas acerca del derecho de deducir los gastos en que se haya incurrido en concepto de IVA. Procura modificar el sistema actual que obliga a los comerciantes a seguir procedimientos sumamente complicados y onerosos para pedir un reembolso a las autoridades fiscales del Estado miembro en que se abonó el IVA. Ese sistema quedará reemplazado por un sistema más sencillo en virtud del cual las sociedades puedan utilizar sus reembolsos regulares en concepto de IVA para deducir el importe del IVA abonado en otro Estado miembro.
La propuesta se esfuerza también por establecer normas comunes para el derecho a deducir el IVA de determinadas categorías de gastos que poseen un componente de consumo privado, como los alimentos, las bebidas, el alojamiento en hoteles y los vehículos de pasajeros.
Soy partidario de adoptar medidas que ayuden a las empresas a prosperar y a operar con mayor eficacia dentro del territorio de la UE. La Unión Europea tiene que introducir normas equitativas y definitivas que rijan el sistema común del IVA sobre la base del principio de un solo lugar de imposición fiscal y de deducción.

Murphy
 El Partido Laborista del Parlamento Europeo se abstuvo en la votación final sobre el informe del Sr. Ricardo Garosci acerca de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modificaría la directiva 77/388/CEE y la directiva 98/XXX/CEE en materia de normas que rigen el derecho a deducir el IVA. Tanto las recomendaciones del relator como la propuesta de la Comisión introducían cambios considerables en relación con la posibilidad de deducir impuestos respecto de la utilización comercial de vehículos, hoteles, alimentos y bebidas, así como espectáculos o diversiones. En muchos casos esas propuestas aumentarán la carga administrativa de las empresas, especialmente las empresas pequeñas y medianas. Además, las propuestas carecen de suficiente flexibilidad para reflejar los sistemas nacionales en cuanto se refiere a la posibilidad de reducir el IVA.
Informe Malerbe (A4-0366/98)
Hyland
 Comparto la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial del Parlamento Europeo, que ha expresado su firme apoyo de una propuesta de la Comisión Europea encaminada a reforzar la coordinación internacional para hacer frente al reto de la mundialización y de la sociedad de información. La Comisión Europea ha examinado los problemas provocados por la interacción entre la reglamentación tradicional y las necesidades de una economía en línea y procura identificar esferas en las que se requiere una mayor coordinación internacional.
La propuesta no brinda una solución concreta para esas cuestiones propiamente dichas ni sugiere que deba introducirse una reglamentación mundial para Internet o que deban crearse nuevas entidades internacionales. Sin embargo, estimo que la idea de establecer una carta de Internet que sea un documento jurídicamente no vinculante que fije principios y objetivos convenidos en el plano internacional en materia de imposición fiscal, responsabilidad, jurisdicción y protección de datos, sería una excelente idea.
Desde un punto de vista europeo, la finalidad principal de esa carta sería conseguir que las organizaciones y empresas europeas puedan participar plenamente en la oportunidad que ofrecen Internet y el comercio electrónico, a fin de evitar que se establezcan normas prematuras y contradictorias y para lograr que los intereses de los consumidores queden protegidos en todo momento.
La Comisión de Asuntos Económicos Monetarios y de Política Industrial del Parlamento tiene razón cuando respalda la propuesta de la Comisión Europea en favor de una iniciativa internacional para Internet y el comercio electrónico. Semejante documento permitiría que se preparasen una serie de objetivos aceptados en el plano internacional en estrecha cooperación con otros países, muy particularmente los Estados Unidos de América, y promovería normas reglamentarias apropiadas y simplificadas para Internet.
La tecnología de la información ha hecho extraordinarios adelantos en los últimos años y el advenimiento de Internet ha llevado a muchos hogares y empresas en los últimos tiempos los beneficios de la tecnología de la información. El establecimiento de una carta de Internet sería una idea sumamente positiva que beneficiaría a los consumidores. Los derechos de los consumidores deben ser un concepto de la máxima importancia para la Comisión Europea y el Parlamento Europeo en todo momento.
Desde un punto de vista irlandés manifiesto mi satisfacción por la reciente iniciativa del Gobierno irlandés, que se está esforzando por hacer de Irlanda el centro del comercio electrónico en Europa en el próximo futuro.

Rovsing
El mercado electrónico global demanda una regulación técnica, jurídica y comercial que, además, sea flexible para que no impida el desarrollo de éste. Por ello estoy de acuerdo con la Comisión en la absoluta necesidad de establecer un amplio diálogo entre las autoridades, la industria, los consumidores y las organizaciones internacionales. Por estas mismas razones he sido partidario desde hace mucho tiempo de la elaboración de una Declaración internacional sobre Internet y precisamente por ello me alegra esta propuesta de la Comisión.
Sin embargo, también respaldo las ampliaciones de la Declaración que la comisión propone a fin de proteger, entre otros, los intereses de los consumidores y evitar legislaciones contrapuestas tanto dentro como fuera de la Unión.

Titley
 Voy a votar hoy en favor de este informe. Una coordinación internacional reforzada ayudará a luchar contra la pornografía en Internet y protegerá a los consumidores que recurran al mercado electrónico contra los fraudes en materia de tarjetas de crédito.
En una sociedad que se asienta cada vez más en el conocimiento, Internet es un instrumento importante de potenciación para los pueblos occidentales del norte, la Gran Bretaña y Europa en su conjunto, tanto en el mercado como en el lugar de trabajo.
El Partido Laborista posee un largo historial de apoyo del desarrollo de la tecnología de la información. Fue Tony Blair quien consiguió un acuerdo sin precedentes con British Telecom, con miras a conectar todas las escuelas de Gran Bretaña a Internet.
Una reciente encuesta revela que el 29 por ciento de los adultos británicos tienen actualmente acceso a Internet. Me gustaría que esa cifra aumentara y que el acceso a Internet abarcara al mayor segmento posible de la sociedad. Para tener una economía rica en aptitudes y que tenga éxito, es preciso que el conocimiento esté a disposición de la mayoría y no de una minoría.
Informe Larive (A4-0503/98)
Blokland
Aunque hay un gran número de asuntos interesantes en el informe de la Sra. Larive, hemos votado finalmente en contra de la resolución. Quiero mencionar brevemente las consideraciones más importantes que han llevado a nuestra toma de postura.
Puede estar claro de antemano que, en la comunicación comercial, es imposible llevar a cabo de modo fácil la aplicación de los principios del mercado interior con la remuneración simultánea de los objetivos de interés público. Cada Estado miembro tiene sus propias normas en lo relativo a la admisibilidad de comunicación comercial. La diversidad de leyes, reglas y prácticas de aplicación se corresponden con la diversidad de valores religiosos, culturales y sociales que apoyan los ciudadanos en los Estados miembros. Por tanto, no se trata de un problema puramente jurídico. El fomento de la funcionalidad es, en sí, un buen asunto; pero, cuando el deseo de eficacia empieza a llevar la voz cantante y se marginan, por tanto, sobre todo aspectos de interés ético y cultural -declarándolos, por ejemplo, fuera de la concepción de «bienestar común»-, ya no se tiene ningún medio como legislador para garantizar el respeto necesario a valores fundamentales y para evitar que las personas sean ofendidas y agraviadas por declaraciones de comunicación comercial.
El reconocimiento de las diferencias religiosas, culturales y sociales en los Estados miembros debe, por ello, obtener un amplio espacio en la legislación con respecto a la comunicación comercial transfronteriza. Los considerandos D y H, así como los parágrafos 2 y 5 de la resolución, defienden precisamente lo contrario. Por último, se debe considerar como una omisión que no se preste, en conjunto, ninguna atención al nocivo efecto indirecto sobre el entorno vital cuando sólo se aviva el afán consumista de los consumidores a través de muchas declaraciones de comunicación comercial.

Rovsing
La comunicación comercial desempeña un papel fundamental dentro de la UE. Emplea a más de un millón de europeos y presenta un crecimiento constante gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de la información y a la nueva demanda. La Comisión ha decidido aprobar ahora un paquete de medidas que facilitarán la oferta de servicios de comunicación comercial transfronterizos, pero naturalmente no a costa de los intereses de la mayoría. La iniciativa de la Comisión es positiva y necesaria, sin embargo, coincido con la comisión en que las acciones propuestas deben ser adaptadas y precisadas en una serie de puntos. Será importantísimo atender a las recomendaciones de la comisión cuando vayan a tramitarse las propuestas concretas de medidas.
Servicios postales europeos
Crowley
Los beneficios económicos, sociales y en materia de empleo derivados de los servicios postales no pueden desaparecer ni quedar reducidos por la tendencia precipitada a la liberalización del mercado libre, pues no hay ninguna garantía de que esa tendencia permita que continúen servicios que son esenciales por su costo y su universalidad.
En Irlanda las oficinas locales de correos desempeñan un importantísimo papel como punto de contacto para la gente, especialmente para las personas de edad. Además, de todos los servicios públicos, las personas empleadas por Correos suelen vivir en la zona en que trabajan y contribuyen a la economía local y al desarrollo comunitario.
Por consiguiente, reviste importancia vital que cualquier tendencia a la liberalización vaya precedida por una evaluación completa de sus efectos económicos, sociales, comunitarios y en materia de empleo en cada Estado.

Fayot
La liberalización gradual y controlada de los servicios postales está en curso desde la aprobación de la Directiva 97/67/CE. Los socialistas luxemburgueses han insistido siempre en la importancia social y económica de los servicios postales y en la necesidad de garantizar unos servicios de calidad. Insisten, igualmente, en que este servicio universal no debe ser un mínimo, sino que debe garantizar una cobertura óptima de todo el territorio nacional. La Comisión había anunciado que presentaría una nueva propuesta en materia de liberación gradual y controlada de los servicios postales antes de finales de 1998. No ha sido así.
Por lo tanto, apoyamos la voluntad del Parlamento Europeo de proceder, antes que se efectúe ningún progreso en la materia, a una evaluación de las consecuencias de la liberalización. Dicha evaluación debe basarse en estudios de la Comisión sobre su viabilidad, pero también en el análisis propio del Parlamento, en colaboración con los servicios postales de los Estados miembros.
No hay duda que esta evaluación no sólo debe tener en cuenta una rentabilidad a corto plazo, sino también y sobre todo las consecuencias para el empleo, la utilidad social para todos los consumidores y la eficacia para la economía.
En este sentido, los socialistas luxemburgueses discutirán cualquier otra veleidad de liberalización de la Comisión.

Lindholm
Acojo favorablemente la resolución relativa a la liberalización de los servicios postales. Pone el dedo en la llaga por lo que respecta a la alarma y los peligros a los que puede dar lugar una liberalización. El buen funcionamiento de los servicios postales constituye un derecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea, y no se deben abandonar estos servicios al arbitrio del mercado. Tampoco puedo compartir los diversos estudios de aplicación que ha realizado la Comisión.

Pasty
Hace solamente un año, el 15 de diciembre de 1997, aprobábamos una directiva marco sobre los servicios postales. Ahora bien, ciertas informaciones hacen referencia a una nueva propuesta de reglamentación que estarían preparando los servicios de la Comisión. Esta última volvería a poner en entredicho el dispositivo aprobado recientemente, orientado hacia una mayor liberalización. Sin embargo, nosotros habíamos decidido que antes de cualquier medida de revisión, era conveniente evaluar los efectos de la nueva reglamentación.
Si bien es posible admitir que todo dispositivo puede adaptarse con miras a una mejor eficacia, nos interrogamos sobre la legitimidad de cuestionar sustancialmente la reciente reglamentación relativa a los servicios postales europeos, cuando aún no se ha efectuado ningún balance.
Por querer legislar demasiado, y demasiado rápido, se legisla mal. Por eso consideramos que antes de modificar nada, es imprescindible conocer los efectos de la reglamentación en vigor.
Dentro de este espíritu, pedimos, por lo tanto, a la Comisión que realice un estudio de los efectos de las modificaciones introducidas por la directiva de 1997. Esta evaluación se referiría a las consecuencias de la mayor liberalización de los servicios postales, integrando en la misma los aspectos sociales, económicos y financieros. Los resultados de dicho estudio permitirían al legislador europeo disponer, país por país, de informaciones sumamente precisas, a fin de juzgar si es realmente necesario aprobar nuevas disposiciones, y en qué medida.
Mientras no se conozcan los resultados, país por país, de este estudio sobre los efectos de la Directiva 97/67/CE, consideramos que cualquier modificación de la reglamentación sería inapropiada.
Debate anual previsto en el artículo K.6
Cederschiöld
Existen motivos para felicitar a la señora Van Lancker por la ejemplar cooperación que ha entablado en este delicado ámbito. Con Schengen se crean las condiciones para alcanzar la libre circulación a la que aspiramos. Un funcionamiento eficaz del Convenio de Schengen, que no implique restricciones de la integridad, redunda en interés de todos. También en estas cuestiones existen motivos para hacer una buena valoración de este informe.
Mis observaciones están relacionadas con la unión de pasaportes nórdica. En los países nórdicos contamos con una libre circulación que funciona favorablemente. Es importante que se pueda conservar esta unión incluso después de la incorporación de Schengen al Tratado.
Resulta necesario hacer una interpretación más nórdica de la legislación de la UE. Un ejemplo de ello lo constituye la legislación noruega en materia de extradición. También es posible encontrar otros ejemplos de lo necesaria que resulta esta coherencia nórdica. El Consejo nórdico debería llevar a cabo un estudio para establecer los ámbitos jurídicos que recaen en Schengen, con objeto de lograr una coordinación común entre los países nórdicos.
La cooperación policial y aduanera nórdica, la unión de pasaportes nórdica y el espacio común entre Gran Bretaña e Irlanda son ejemplos muy válidos de un desarrollo de la libre circulación sin necesidad de recurrir a un mayor control policial que el existente en otros países.
Si bien en los países nórdicos no existe una legislación común, la proximidad es evidente. De este modo se demuestra que es posible una mera proximidad de estas características también a escala europea, al mismo tiempo que aumentan los intercambios cotidianos entre ciudadanos de la Unión y se refuerzan la identidad y la cultura comunes.
Es indispensable llevar a cabo con prudencia todo ajuste jurídico entre países distintos. Sin embargo, resulta obvia la necesidad que hay en la Unión Europea de estos ajustes. Así se facilitaría la convivencia en la Unión.
Durante los debates de esta semana, ha sido posible vislumbrar una cierta dicotomía norte/sur en los puntos de vista, acertados o no, acerca de las irregularidades de la Comisión. Sería favorable que se produjera una aproximación entre nuestros países, como ya ocurre entre los países nórdicos, en torno a una conciencia jurídica.
Para finalizar, desearía agradecer a la Presidencia las amables palabras que ha dedicado a mi informe sobre la delincuencia organizada; espero que los últimos comentarios acerca de las medidas constructivas puedan impulsar de manera especial el desarrollo de una perspectiva comunitaria en materia jurídica.

Lindeperg
El Grupo Socialista ha votado positivamente la Resolución Nassauer sobre el artículo K.6, puesto que dicha resolución, con las enmiendas incorporadas en comisión y en el Pleno, hace hincapié en diferentes puntos que nos parecen esenciales: la lentitud de los trabajos que deben desembocar en la aplicación del espacio de libertad, de seguridad, de justicia, y en la integración del acervo de Schengen en el Tratado; los retrasos registrados en la ratificación de actos esenciales; la insuficiente atención del Consejo respecto a las peticiones del PE en cuanto a su información, su consulta y sus dictámenes.
Si se hubiese mantenido el apartado 16, no habríamos podido votar positivamente el informe final, ya que éste anticipaba la consulta solicitada por el PE sobre el documento estratégico de la Presidencia austríaca y se felicitaba de sus aspectos represivos. Una vez eliminado este apartado por la enmienda 4 -más neutra-, hemos votado a favor del texto final a pesar de la aprobación del artículo 19, que también hubiésemos deseado que se suprimiese.
Hemos creído necesario que se aprobara dicho informe, para comprometer al Consejo a paliar los retrasos señalados y a que tome en consideración las peticiones del PE relativas a las relaciones PE/Consejo.
Informe Van Lancker (A4-0006/99)
Berthu
Señora Presidenta, la recomendación que acaba de aprobar el Parlamento europeo sobre la cooperación de Schengen expresa fríamente que «las medidas compensatorias en materia de cooperación policial y judicial no pueden prevalecer en ningún caso [-subrayo, &#x02BC;en ningún caso´-] sobre la consolidación de ese espacio de libertad y seguridad y el mantenimiento de la libre circulación de las personas».
Dicho de otra manera, la libre circulación de las personas es prioritaria, y las medidas compensatorias relativas a la seguridad deben, en todos los casos, pasar a un plano secundario. Esta tesis sorprendente interpreta peligrosamente los artículos 61 y siguientes del Tratado de Amsterdam y por sí sola motivaría la interrupción, en Francia, del proceso de ratificación de este Tratado, para obtener más información al respecto.
En particular, consideraríamos intolerable que el Grupo de trabajo del Consejo, que reflexiona actualmente en la repartición del acervo de Schengen entre los pilares primero y tercero, salte la cláusula de salvaguardia de Schengen. Esta cláusula debe incorporarse tal cual y sin la más mínima restricción en el primer pilar, a pesar de los considerandos del protocolo de Schengen, que, absurdamente, parecen decir lo contrario. Si es necesario, el Gobierno francés deberá pugnar por este asunto, ya que es capital para la seguridad de nuestros ciudadanos.
Antes de concluir, desearía añadir lo siguiente. Desde hace una semana, en los debates sobre el fraude, la Comisión nos dice que si todo va mal es porque está sobrecargada de tareas, que no puede asumir por falta de medios. Ahora bien, precisamente, la recomendación sobre Schengen, que acabamos de aprobar tras el Tratado de Amsterdam, exige que se transfiera a la Comisión una cantidad increíble de nuevos cometidos, desde la cuestión de las redes de la delincuencia internacional en Nápoles hasta la batida de clandestinos en los extrarradios franceses. ¿Se piensa, quizá, que las cosas no van tal mal?

Lindqvist (ELDR), Holm y Lindholm (V)
Las cuestiones en el ámbito jurídico y de interior han de abordarse primordialmente en los parlamentos nacionales. No apoyamos la normativa de Schengen ni su integración en el marco de la Unión, puesto que de esta manera se priva a los Estados miembros de su derecho de decisión directa por lo que respecta a numerosas cuestiones en el ámbito jurídico y de interior, en materia de asilo y de política de visados, etcétera.
La cooperación es necesaria en la lucha contra la delincuencia. Esta cooperación ha de desarrollarse principalmente entre los cuerpos policiales nacionales e Interpol, y no recurriendo a la competencia de una nueva organización policial europea, Europol.
El motivo de que la cooperación en el ámbito jurídico y de interior no haya sido más ágil estriba probablemente en el carácter nacional de estas cuestiones, por lo que las decisiones a este respecto deberán adoptarse también a nivel nacional. No obstante, sería deseable la cooperación para distribuir las cargas en caso de una afluencia de refugiados en momentos de crisis.
Schengen tiene que tratar sobre la libre circulación de las personas. Sin embargo, la libre circulación apenas se aborda en un par de artículos, mientras que, en su mayor parte, las reglas de Schengen versan sobre controles fronterizos y de seguridad. Los registros personales que se están creando en torno a Schengen resultan inaceptables y violan la integridad de las personas. Schengen puede dar lugar a una política menos generosa en materia de refugiados y asilo. Hay que revisar todo el sistema de Schengen. Además, Schengen puede repercutir negativamente en la unión de pasaportes nórdica. Por todo ello, hemos votado en contra del informe.

Protección de la familia y del niño
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0004/99) de la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la protección de la familia y del niño.

Hermange
Señora Presidenta, el famoso pediatra, Robert Debré, acostumbraba decir de nuestros hijos: son nuestra eternidad. Ahora bien, en el proceso de la construcción europea los niños y la familia son los grandes olvidados de los mecanismos de cooperación y de solidaridad que se aplican. Esto es inadmisible, ya que nuestros hijos se enfrentan a riesgos específicos que se llaman accidentes de carretera, toxicomanía, abusos sexuales, estrés escolar, analfabetismo, inestabilidad, redes de pedofilia.
Es inadmisible comprobar, además, que en el mundo trabajan 250 millones de niños y que en nuestros países desarrollados compramos, a bajo coste, algunos productos fabricados por estos mismos niños. Es inadmisible comprobar que más de un millón de niños se dedican a la prostitución y a la satisfacción perversa de turistas occidentales. Asimismo, es inadmisible comprobar que algunas familias son víctimas del desconcierto. Y, estos últimos días, cuando estábamos sumidos en un debate político importante, algunos diputados nos hemos ocupado de un expediente muy delicado, el caso Lancelin-Tiemann, sobre los niños que fueron secuestrados por su padre, puesto que los procedimientos entre dos países no están armonizados.
Por esta razón, en nombre de la comisión, les presento hoy un informe de propia iniciativa que tiene un sólo objetivo: promover una verdadera voluntad política para un planteamiento global de la política de la familia basada prioritariamente en el niño y en cuatro principios: respetar la diversidad de modelos familiares, poner el bienestar del niño en el centro del debate europeo, superar el debate socioeconómico de las políticas de prestaciones y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Primera medida de este informe: dicho planteamiento implica, en primer lugar, la elaboración de una «ficha de impacto familiar» enfocada hacia el bienestar del niño, que deberá acompañar todas las propuestas de actos comunitarios. Luego, en el plano institucional, deberían aplicarse de inmediato una serie de medidas tales como la celebración de un Consejo Europeo extraordinario para debatir las consecuencias de las políticas demográficas, de la familia y de protección de la infancia aplicadas por los diferentes Estados miembros, así como la instauración de un debate regular en el seno del Consejo de Ministros sobre las cuestiones relativas a la familia y a la infancia y la reestructuración de la unidad de la Comisión Europea destinada a esta política.
En este sentido, deseo encarecidamente la reactivación del Grupo Interservicios de la Comisión Europea consagrado a la infancia, sobre todo por cuanto el problema de fundamento jurídico se plantea particularmente en relación con las líneas presupuestarias referentes a los niños. Por otro lado, desearía señalar que, para promover esta estrategia europea, preconizo la adopción de líneas de acción directrices para la infancia, elaboradas por los interlocutores gubernamentales, previa consulta de nuestro Parlamento y en estrecha colaboración con las asociaciones familiares y de solidaridad que trabajan directa o indirectamente para mejorar la integración social del niño en Europa.
Con respecto a esta política de protección de la infancia, algunas propuestas merecen ser subrayadas. En el ámbito de la política sanitaria, deseamos crear una red europea epidemiológica de perinatalidad, compuesta por unidades regionales de vigilancia perinatal en cada país y de un banco de datos común, a escala europea; esta política debería aplicarse de inmediato para luchar contra la mortalidad infantil y materna.
En relación con los vínculos parentales y la educación, que hoy constituye un grave problema, conviene promover estrategias de relación madres/hijos desde la más temprana edad, así como la creación de escuelas de padres y de asociaciones paraescolares que permitan una mayor integración del niño en la vida social.
En el ámbito de la política de prevención y protección de la infancia en peligro, desearía alentar a los Estados miembros a dotarse de defensores del niño, encargados de resolver amigablemente los conflictos en que se vean implicados jóvenes menores de 18 años.
Finalmente, a fin de prevenir los malos tratos y los actos de violencia contra los niños, propongo que se cree un centro europeo para la infancia en peligro, cuya misión sería fomentar el intercambio de conocimientos y disponer de un registro europeo, tanto de los niños desaparecidos como de los secuestradores condenados, establecido en cooperación con las autoridades policiales y judiciales nacionales y con Europol.
Desgraciadamente, la actualidad subraya con demasiada frecuencia la necesidad de idear, a partir de reflexiones actuales sobre el espacio judicial europeo, un dispositivo coordinado entre nuestros países en materia de Derecho de familia, para el bienestar de nuestros hijos.
Estas son las principales disposiciones, señora Presidenta, que deseo someter a nuestro Parlamento.

Kestelijn-Sierens
El 24 de noviembre pasado, la Comisión de Derechos de la Mujer se adhirió unánimemente a mi informe. Según esta comisión, es imposible llevar a cabo una política familiar a escala europea y tampoco es deseable por las siguientes razones. En primer lugar, la política familiar es típicamente uno de los ámbitos en los que es aplicable el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros no necesitan a la Comunidad para realizar una política familiar más eficaz. Un segundo argumento contra una política familiar europea es que ni existe ni tiene por qué existir la definición de lo que es una familia europea. Las diferencias de cultura y tradición no permiten encontrar una base común en virtud de la cual se puedan formular determinadas propuestas políticas.
La Comisión de Derechos de la Mujer está por ello en contra de las propuestas de la ponente que convocan a un Consejo Europeo de Ministros para política familiar y en contra las demás propuestas de la ponente que aspiran a una política familiar específica a escala europea. La tarea de Europa puede consistir, a lo sumo, en procurar que con la formulación de nuevas medidas políticas se tengan en cuenta los efectos de las mismas en la situación de las familias en los Estados miembros. Con una mayor injerencia de Europa en la familia, la familia podría llegar a verse perjudicada. La Comisión de Derechos de la Mujer sí que está de acuerdo con las propuestas de la ponente, encaminadas a una mayor protección de los niños y sus derechos, en la medida en que esto guarde relación con el marco legal internacional ya existente y que se trate de asuntos que vayan más allá de nuestras fronteras.
El Grupo liberal se opone, asimismo, a la injerencia de Europa en asuntos familiares y, por tanto, sólo apoyará aquellos parágrafos que aspiren a una mejor protección de los niños.

Weiler
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, yo quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la ponente su voluntad de compromiso, ya que sólo gracias a ella se presenta hoy ante el Pleno un informe que los y las socialistas también podemos apoyar. Lo cierto es que al principio tuvimos problemas porque en el Parlamento ya se han adoptado, obviamente, muchas decisiones parecidas.
Sin embargo, también tuvimos problemas porque en la primera versión de la Sra. Hermange se quedaban plasmadas muchas consideraciones políticosociales que nosotros no podíamos aceptar de ningún modo, como por ejemplo la expresión «Europa sin europeos» o la frase «el descenso de la natalidad es un suicidio para Europa». Estas y otras frases que se prestaban a interpretaciones equívocas nos hicieron dudar mucho al principio. A lo cual se sumó desde luego también el debate, ciertamente intenso, que mantuvimos en nuestra comisión sobre la consolidación del modelo tradicional de familia. Enseguida volveré sobre ello.
Luego nos encontramos, además, de improviso con una serie de enmiendas de otros miembros de nuestra comisión, que habrían desvirtuado por completo el informe. Por otra parte, debo añadir que las comisiones encargadas de elaborar informes de opinión tampoco nos facilitaron exactamente las cosas. La Comisión de Libertades Públicas cambió, además, de ponente, pero éste intentó que se desestimara el asunto debido al tema de la subsidiariedad. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no compartía esta posición.
Nosotros opinamos que es ciertamente un cometido europeo desarrollar una política familiar a escala europea. Además, el Parlamento Europeo se encuentra precisamente en una posición más idónea para llevar a cabo este debate, toda vez que en todos los Estados miembros existen enfrentamientos ideológicos en torno al concepto de familia y al debate sobre qué constituye una familia y qué no. En el Parlamento Europeo, con la tolerancia y el respeto que nos dispensamos mutuamente, sin duda podemos llegar a un acuerdo sobre los modelos modernos de familia, que a la vez también sirva de ejemplo para los debates en los Estados miembros.
Finalmente, algunas consideraciones sobre el tema de la subsidiariedad. Yo no comparto la opinión de la oradora que me ha precedido en el sentido de que este tema no entra dentro de nuestro ámbito de competencias. Por otra parte, tampoco suscribiría, desde luego, una interpretación demasiado amplia, pues la política familiar debe articularse obviamente sobre todo a escala nacional o, mejor aún, municipal. Sin embargo, como es sabido, la política familiar siempre aparece vinculada también a la política en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres y, por consiguiente, también es naturalmente un cometido europeo. Recuerden las orientaciones para 1999 -que incluían un nuevo pilar especial dedicado a la igualdad de oportunidades- y la reivindicación de una organización moderna del trabajo. ¿Qué significa esto sino que la familia y la profesión han de ser conciliables para hombres y mujeres, que se ha de organizar la participación de padres y madres en la actividad profesional y en la sociedad?
Esta es también, por otro lado, la posición que mantiene el Tribunal de Justicia Europeo, que ha emitido algunos dictámenes en este sentido, como por ejemplo sobre el trabajo a tiempo o sobre la igualdad de retribución. Lo cual corrobora asimismo nuestra posición. Adoptamos conjuntamente el permiso parental a escala europea, que también es una aportación a una política familiar moderna y razonable. El uso tan desigual del permiso parental en Europa constituye, a mi parecer, un acicate importante para el debate en los Estados miembros. Sólo voy a citar un dato: en Suecia, los padres hacen uso de un 30 % de los permisos parentales, en Alemania de un 3 % y en Grecia, aunque parezca increíble, han hecho uso de él 3 hombres. Esto también es una indicación de lo que podemos aprender unos de otros en Europa.
Para finalizar, otro aspecto que me preocupa mucho y en el que deberíamos empezar a actuar. La libre circulación de los trabajadores y trabajadoras está enraizada en la Unión Europea y ésta incluye naturalmente también la de sus familias. Por este motivo y como resultado del mercado interior estamos obligados a aplicar -naturalmente, no nosotros solos- una política familiar en Europa.

Glase
Señora Presidenta, Señorías, yo francamente no entiendo por qué algunos de nuestros colegas quieren votar en contra del presente informe alegando que atenta contra el principio de subsidiariedad. La verdad es que yo sinceramente no lo veo así. En efecto, ¿puede haber algo más importante para nosotros que nuestros hijos? Por esto es necesario precisamente este informe. El tema es tan amplio y concierne a tantos ámbitos que en realidad habría que dedicarle varios informes.
El concepto de familia no es un concepto nacional ni europeo, sino de alcance mundial, bajo el que muchos entienden muchas cosas distintas. Lo único seguro para mí es que podemos hablar de familia cuando allí nacen y se crían los niños. Sin embargo, también podemos considerarla un tema europeo porque en Europa las familias se encuentran en una situación similar y tienen problemas parecidos. Es muy importante que Europa ofrezca respuestas en relación con este tema por dos motivos: Europa se está volviendo vieja y canosa. Esto no sólo tiene consecuencias gravosas para la protección social. Europa también se está volviendo solitaria. Cada vez hay más unidades domésticas unipersonales y personas mayores que viven solas. En nuestra sociedad se observa una creciente individualización. El eslabón más débil de nuestra sociedad, nuestros niños, están expuestos a cada vez mayores riesgos. La televisión e Internet sin fronteras transportan contenidos deleznables hasta las salas de estar. La delincuencia organizada hace tiempo que descubrió a los niños.
El informe está dedicado a la protección de la familia y del niño. Ambos necesitan protección y ayuda. Finalmente, una tendencia positiva, pero también con profundas repercusiones: en Europa son cada vez más las mujeres que salen a trabajar y que tienen que tener la posibilidad de conciliar la familia y la profesión. Estas tendencias tienen efectos gravosos que deben encontrar eco en la acción política. Europa tiene que ofrecer respuestas porque las familias son mucho más importantes de lo que se tiene conciencia en la vida cotidiana. Hablamos muy a menudo de exclusión social. La familia es el recurso más natural para combatirla. ¿Dónde pasa un ser humano los años más importantes para su proceso de socialización? ¡En la familia! ¿Cuál es el marco más adecuado para la atención a las personas mayores y discapacitadas? ¡La familia!
Para reducirlo a una fórmula: la política social empieza por la política familiar. En la era del euro y del mercado interior, el concepto de bienestar no puede quedar reducido al incremento del Producto Nacional Bruto. La familia es un elemento esencial para el bienestar cualitativo. Nosotros le concedemos un valor incalculable y yo quiero agradecer una vez más desde aquí a la ponente la buena cooperación y su excelente informe. Yo espero que estas ideas también tengan luego continuidad y no se queden sólo sobre el papel.

Lindqvist
Señora Presidenta, muchas de las cosas que aquí se han dicho demuestran una gran inteligencia. Lo esencial para crecer en un medio seguro es, a menudo, educarse en una familia segura. Sin embargo, las familias pueden ser muy distintas. Pueden estar formadas por dos progenitores, o solamente por uno, lo cual es actualmente el caso de muchas familias en toda Europa. Resulta obvia la importancia de que nos esforcemos, en todos y cada uno de nuestros países, por combinar la vida laboral con una responsabilidad compartida en casa.
Hay muchísimas maneras distintas de crecer en un medio seguro. No se trata únicamente de las meras diferencias entre las propias familias, sino que también existen considerables diferencias entre las grandes ciudades y las regiones menos pobladas. El aislamiento es, a menudo, un factor que representa un motivo serio de inseguridad entre los niños del medio rural; naturalmente, es necesario poner remedio a esta circunstancia mediante ayudas de distinto tipo encaminadas a crear una mayor seguridad en sus condiciones de crecimiento.
La pobreza, la marginación, el ritmo laboral acelerado de nuestro mundo moderno y, en especial, el desempleo influyen enormemente en los niños. Naturalmente, nuestros niños se ven influidos por los dieciocho o veinte millones de desempleados que existen en Europa. Lo que debemos hacer, por lo tanto, es ofrecerles una seguridad que permita evitarles los problemas sociales en el futuro. Esta cuestión ha sido ya mencionada por otros oradores anteriormente.
Sin embargo, en el Grupo Liberal pensamos que son exageradas las propuestas para que los ministros responsables de cuestiones familiares se reúnan regularmente, para dotar a la Comisión de una unidad especial para las cuestiones en materia de política familiar y, quizás, para elaborar una directiva sobre el cuidado de los niños. Se trata de cuestiones que recaen principalmente en el ámbito más privado de todos: las relaciones entre padres e hijos. Estas cuestiones han de regularse a nivel familiar y municipal, es decir, en una escala de proximidad. Se trata, pues, de cuestiones municipales, sociales, regionales y nacionales.
En Suecia contamos con la figura del Defensor del Niño, que funciona de manera excelente. Naturalmente, cabría pensar que este modelo pudiera ser también introducido en otros países. El cometido del Defensor del Niño es velar por los derechos y los intereses de la infancia. Se trata, pues, de un objetivo que difícilmente podría regularse por medio de una política familiar de ámbito europeo.
Resulta evidente la necesidad de hacer esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres y los niños, que aumenta precisamente a causa de las difíciles condiciones en que viven numerosas personas hoy en día. Este tipo de problemas está ligado a la dureza de la vida laboral y a los altos índices de desempleo.
Se necesitan «servicios de guardia» para la gestión de crisis, como los que ya existen en Suecia y en los países nórdicos, así como en otras partes. Ya nos hemos referido a los abusos sexuales de niños. Es obvio que se debe combatir esta plaga, pero con los métodos justos y al nivel adecuado.
Si hay algo que creo que podemos hacer juntos desde aquí, es combatir por todos los medios, y en el marco de las negociaciones con los futuros Estados miembros, el abuso infantil y el tráfico de niños procedente de la Europa oriental y de otros países no europeos.
Desde nuestra perspectiva liberal, desearíamos señalar la enorme importancia que revisten estas cuestiones, cuyo control no es tampoco menos importante. De todos modos, este control ha de llevarse a cabo de la manera y en el lugar adecuados. La política familiar, el cuidado de los niños y la educación infantil constituyen cuestiones ante todo de carácter nacional que, por lo tanto, deberán abordarse a nivel nacional. Hemos de trazar un límite entre lo que son los derechos de los niños y lo que son las cuestiones privadas en materia de política familiar y cuidado infantil. Atendiendo a la confianza en nosotros depositada, tenemos el deber de proteger a los niños recurriendo, entre otros medios, a la Convención sobre los derechos del niño. A pesar de que estamos ante un buen informe en sí, no podemos respaldar las propuestas encaminadas a establecer una política familiar europea.

Ribeiro
Señora Presidenta, por fortuna hay informes para debatir en este Parlamento como el informe Hermange y lo mismo podríamos decir también en relación con el que ayer aprobamos, el informe Sainjon. Por fortuna, aún se consigue algún tiempo en este Parlamento para debatir estos temas y aprobar resoluciones como las que resultan de informes como éstos, por lo que felicito a los autores por su trabajo. Por fortuna, podemos así, debatiendo estos informes y aprobando estas resoluciones, sentir recuperadas algunas de las razones que nos trajeron a este Parlamento después de haber merecido (si es que los merecemos...) el voto y la representación de quienes nos eligieron.
No quiere esto decir que, pese al acuerdo global, no tengamos observaciones y reservas o que nuestro acuerdo con la propuesta de resolución presentada por la Sra. Hermange, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sea total. Pero para expresar esas observaciones y reservas existen los debates, con la intención de mejorar, con las contribuciones de todos, lo que ya sería satisfactorio.
Y no estamos del todo de acuerdo con la propuesta no sólo por los términos exactos elegidos, sino también por lo que consideramos omitido y no suficientemente destacado en el informe.
En verdad, nos parece que sería totalmente pertinente una mayor vinculación de la temática de la protección de la familia y del niño con las consecuencias sociales de una determinada estrategia económica y de los intereses a los que sirve. Es verdad, como dice la autora en un considerando, que «la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar de madres y padres es un factor esencial de una política de la familia moderna», como también en el punto 14 del articulado se puede ver la misma preocupación, pero consideramos insuficiente el peso de esa vinculación y no enteramente satisfactorias las formulaciones. Por eso mismo, presentamos dos propuestas de enmienda con la intención de fortalecer expresamente esa vertiente, como nos parece de todo punto necesario hacer, y contribuir mínimamente a la mejora de la resolución por aprobar sin provocar desequilibrios.
Así, aprovechamos un punto de la propuesta de resolución de la que tuvimos el honor de ser el primer firmante sobre el trabajo infantil (y que está asociada a este informe), poniendo en relación la desreglamentación en las relaciones laborales, la clandestinización del empleo de la fuerza de trabajo, sus consecuencias para la protección de las familias y de los niños, y la promoción, la tolerancia y el encubrimiento del trabajo infantil.
Justificamos la otra enmienda en el sentido de retirar una apreciación valorativa a lo que no puede ser sino una referencia objetiva. Nos parece, en verdad, que, si bien es aceptable decir que la directiva sobre el trabajo parcial «tiene la intención (o el objetivo) de permitir», con carácter voluntario y sin discriminación, una mejor conciliación entre vida familiar y vida profesional, resulta abusivo afirmar que se tiene en cuenta que la directiva «permite» esa conciliación, como se dice en la versión portuguesa del informe.
Por último, y para terminar como he comenzado, señora Presidenta, por fortuna, tenemos estas oportunidades para debatir en este Parlamento estos asuntos, pero es preciso mucho más: es preciso que las solicitudes, recomendaciones y exigencias que se consagren en una resolución no sean después menospreciadas o sometidas a finalidades consideradas más importantes por estar toda la intervención política y social condicionada por las reacciones de los llamados mercados.

Kerr
Señora Presidenta, el problema concreto que estamos tratando en el presente debate consiste en saber de qué estamos hablando cuando hablamos de las familias. Cuando era joven solíamos tener en Escocia un acontecimiento que denominábamos Kerr Jaunt; por si no lo saben los intérpretes, les diré que se trataba de la excursión de la familia Kerr. La excursión se hacía en dos grandes autobuses que una vez al año llevaban a unas 150 personas a la orilla del mar. Era una verdadera «familia extensa». Sospecho que la Sra. Hermange cuando habla de la familia se refiere a la «familia nuclear» formada por dos progenitores: el marido que trabaja, y la madre que está en casa y cuida de un hijo; en realidad, cuida solamente de parte de un hijo, pues la actual tasa de natalidad en Europa no da para más.
La verdad es que esa descripción de la familia es una descripción que pierde constantemente actualidad. Las familias constituyen una entidad que varía sobremanera de un país de la Unión a otro, y esforzarse por adoptar políticas sociales, jurídicas y políticas económicas comunes que valgan para todas las familias es, probablemente, un grave error. Mejor sería que procurásemos encontrar la mejor práctica y la mejor política para tratar de cuestiones que pueden repercutir en la forma en que la gente quiere vivir su vida, criar sus hijos y vivir juntos, cosas que ya de por sí varían considerablemente según los Estados miembros.
Por lo tanto, necesitamos buenas políticas en materia de seguridad social que, por ejemplo, incluyan la noción de desagregación, es decir, que traten a la mujer independientemente del hombre, por su propio mérito, con derecho y acceso a la seguridad social, la cuestión de los derechos de los hijos, las prestaciones para hijos y las primas por hijos, que traten de los hijos y de su costo, de la cuestión de la atención infantil y de la protección de los hijos y de la institución de esos derechos. El modelo sueco a que se ha referido la Sra. Lindquist, con su institución del defensor de la infancia, es una idea muy buena.
Todo esto parece diferir mucho de las políticas familiares pero, al fin y al cabo, acaba por ser prácticamente lo mismo. El que necesitemos en el plano europeo el tipo de políticas que sugiere la Sra. Hermange es algo que cabe discutir, y aunque soy federalista, hay esferas en las que tiene que funcionar la subsidiariedad. Sospecho que otros muchos diputados piensan como yo. Podemos conseguir los mismos objetivos siguiendo caminos diferentes. Quizá sea esa la forma de enfocar la cuestión.
En el informe hay un ligero prejuicio moral, pues se sugiere que las familias monoparentales son en cierto modo deficientes. Todas mis investigaciones sociales a lo largo de los años me han persuadido claramente de que las familias monoparentales pueden tener tanto éxito como las familias nucleares cuando reciben el mismo apoyo en términos de seguridad social, derechos jurídicos y atención infantil. Tenemos que promover y tolerar esta diversidad en toda Europa.

Maes
Señora Presidenta, si leemos este informe, queda claro que se han dicho en él bastantes vaguedades. La idea del envejecimiento de nuestra sociedad empieza a trascender poco a poco dentro de las personas dedicadas a la política y se hubiera podido pensar que este informe iba a desviarse, por tanto, hacia ese tema. Pero sería inocente optar por una pura política de natalidad, ciertamente en el ámbito europeo. Lo que cuenta es que se pueda llegar a una sociedad en la que los padres puedan ver realizado su deseo de tener hijos y en la que los hijos puedan desarrollarse por completo. En nuestra opinión, ésa es sobre todo la tarea de los Estados miembros, las regiones y las comunidades, como ya se ha dicho aquí por otros. Yo también he dado preferencia a esto, no mencionado suficientemente en el informe, pero quisiera subrayar la importancia de esa tarea.
En este informe se aprecia, en cierto sentido, un ligero tono moralizante: cuidado, debéis hacer esto y lo otro. Si miramos a nuestras diferentes iniciativas, vemos que eso ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que en este informe podría enumerarse. Pero la protección de los niños sigue siendo todavía una gran preocupación y quisiera señalar que diferentes Estados también tienen grandes problemas en este sentido y que se requieren incluso medidas europeas e internacionales. Sólo menciono las redes internacionales de explotación sexual de jóvenes, el turismo sexual, la pornografía infantil, etc.
Me remito a la declaración internacional de los derechos del niño que exige que también en diversos ámbitos, también en el ámbito europeo, se informe sobre el modo en que se ha elaborado este informe. Por eso estoy muy contenta con una de las iniciativas concretas de este informe de la Sra. Hermange, que aboga por una unidad identificable dirigida a la protección infantil. Quiero señalar hacia el ejemplo que ya fue dado aquí en Suecia. En Flandes tenemos también un comisario de derechos de los niños. Por eso, quiero presentar dentro de poco una propuesta a este Parlamento, pero todavía se está traduciendo.
Señora Presidenta, la terminología en materia de legislación en el terreno de la protección infantil es también algo que podríamos sintonizar. Aprobamos la lucha contra el trabajo infantil en el informe Sainjon, por tanto no debemos volver una y otra vez sobre lo mismo en otros informes. Quisiera pronunciar, especialmente, un alegato apasionado en defensa de la búsqueda de niños desaparecidos y en defensa de la lucha contra el secuestro de niños. Ésos son compromisos internacionales en los que Europa no se puede mantener oculta por más tiempo.

Seillier
Señora Presidenta, felicito a nuestra colega, la Sra. Hermange, por el trabajo que ha realizado y sobre todo por la amplia exposición de motivos, que nos permite considerar la familia en todos sus aspectos y comprobar en qué medida es, de hecho, el núcleo de la realidad de la vida en Europa y, a su vez, en qué medida debería ser el núcleo de todas las políticas sectoriales. Por lo tanto, la política de la familia, más que una política en sí misma, es una preocupación que debería impulsar a todos cuantos reflexionan sobre todos los aspectos de la vida económica, la vida social, la vida cultural, en nuestros diferentes países de Europa.
Reservo para las explicaciones de voto del 28 de enero la cuestión de discutir sobre una política común de la familia, comunitarizada, y desearía simplemente hacer hincapié en algunos puntos que han sido suavizados en el informe final presentado, debido a las enmiendas transaccionales. Creo, en efecto, que se ha hecho bien en insistir en la necesaria justicia económica en favor de las familias. Las familias no están formadas por personas beneficiarias de prestaciones sociales, con las que los gobiernos y sus políticas deberían mostrarse caritativas. No, las familias son realmente el núcleo de la creación de la riqueza nacional.
Creo que este concepto encierra un cambio profundo de las mentalidades al que el informe puede contribuir; pero es necesario ir más lejos. Cuando se consideran los problemas del coste de vida, hay que tener en cuenta la dimensión de aquellos que tienen una carga familiar y no considerar nuestras finanzas desde una perspectiva demasiado individual o, más bien, demasiado individualista.
Desearía concluir con un punto que considero muy importante. No dudamos en hablar, queridos colegas, de un modelo político. En Europa nos referimos a la democracia. No dudamos en hablar de modelo cuando abordamos las cuestiones sociales. Se habla del modelo social europeo, que asocia la responsabilidad, la iniciativa personal y la solidaridad. ¿Entonces por qué no nos atrevemos a mencionar la existencia de un modelo familiar europeo en el que el hombre y la mujer -en un plano de igualdad de responsabilidades, que forman una pareja que se quiere- son capaces de comprometerse ante la sociedad, ante los hijos que nacerán de esa unión y de asumir esta responsabilidad?

Pinel
Señora Presidenta, es muy reconfortante que el Parlamento Europeo se interese por la evolución de la familia como célula básica de la sociedad. Siempre que estemos de acuerdo en lo que se entiende por familia y por hogar.
Las tendencias actuales de la evolución de las costumbres nos llevan a desvalorizar el propio concepto de familia. No me extenderé demasiado sobre esta cuestión, puesto que otros ya lo han hecho antes. Yo desearía simplemente proponer ir a Brasil, por ejemplo, para ver lo que ocurre con los hijos de familias destruidas o monoparentales.
La protección de la familia y del niño es una cuestión muy amplia. Sólo querría abordar aquí, señora Presidenta, un aspecto entre tantos, pero un aspecto que afecta a casi todos los niños y que los marca muy profundamente. Se trata de la violencia en la televisión, y me sorprende que en el presente informe no se haya abordado este grave problema.
Algunas cifras. Durante una semana, cogida al azar, el semanario francés Le Point ha contabilizado 670 asesinatos, 15 violaciones, 848 riñas, 419 tiroteos, 14 secuestros, 32 tomas de rehenes y 27 escenas de tortura. Ahora bien, los científicos observan una correlación e incluso a veces una relación de causalidad entre la violencia que se desprende de las imágenes que ven los niños y su grado de agresividad en la vida real. La televisión es culpable de incitación a la violencia.
Cualquiera sea la edad, el hecho de estar expuesto a la violencia televisiva supone un aumento de la agresividad infantil. Ahora bien, hay cada vez más violencia en la televisión. En 40 años, el número de asesinatos se ha multiplicado por mil. Finalmente, no hay que ignorar que en los días siguientes a la mención de un suicidio, el porcentaje de suicidios reales de los adolescentes aumenta un 13, 5 % en el caso de las mujeres y un 5, 2 % en el de los varones.
Usted comprenderá mi sorpresa, señora Presidenta, por el hecho de que este problema de la violencia televisiva no figure en dicho informe. Pero quizá ello afecte a intereses comerciales que nos superan. Desgraciadamente, no sería la primera vez.

Cushnahan
Señora Presidenta, en el contexto del presente debate quisiera expresar mi inquietud por la coordinación y cooperación totalmente inadecuadas en toda la Unión Europea frente a la creciente actividad de grupos internacionales de pedófilos. El reciente informe titulado «Maltrato de niños en Internet», junto con otras investigaciones, da una idea de la escala en que los pedófilos se sirven de la tecnología de la información. Se ha descubierto recientemente que los grupos internacionales de pedófilos buscan las páginas de Internet dedicadas a los niños para encontrar posibles víctimas. Se ha calculado que unos 20.000 pedófilos de Europa utilizan todos los días Internet. Me hago cargo de que se trata de una cuestión de gran complejidad técnica, pero me parece que se puede hacer más de lo que se hace actualmente para vigilar este uso indebido de la tecnología.
Me preocupa también que recientemente en mi propio país se haya podido observar cierto número de tentativas de secuestro de niños, especialmente estos dos últimos meses. Se teme que se deba esto a los pedófilos británicos que han escapado de sus países de origen. Esto ilustra la necesidad de que haya mejor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los diversos Estados miembros.
Los Estados miembros de la Unión Europea deberían estudiar la forma de poder armonizar nuestra legislación a fin de intercambiar o recopilar registros de autores de graves delitos sexuales. Por lo que a mí respecta, estoy a favor del concepto de que se confeccione una lista que abarque a toda la Unión Europea.
Necesitamos también imponer restricciones de circulación a las personas que han cumplido penas de prisión preventiva. Hay muchas formas de poder abordar este problema, hay muchas ideas en el aire, y me gustaría que la Unión Europea hiciera algo con miras a coordinar las actividades en esta esfera.

Lukas
Señora Presidenta, el presente informe es sumamente de agradecer por su tono general, que sitúa al niño en el centro del debate europeo. Sin embargo, también da con la nota justa en muchos aspectos de detalle y aborda las realidades con toda franqueza.
El problema de la subsidiariedad o de las competencias no se me plantea en este contexto. La familia y la protección del niño son, evidentemente, un asunto que compete a las comunidades, a las ciudades y a las asociaciones. Pero también se trata de un fenómeno mundial y europeo. ¿Por qué no habría de ocuparse, por lo tanto, la política europea también del tema de la familia y, sobre todo, por qué no habría de ser también un objetivo europeo la protección del niño? Es necesario romper los muros del silencio, pues en un medio familiar alterado son demasiado frecuentes los malos tratos a los niños.
Entre las numerosas propuestas del informe, también son muy importantes las que se refieren precisamente a los malos tratos a los niños. ¿Dónde tiene su origen el abuso sexual de los niños? Posiblemente en el medio familiar. Sin embargo, ya hace tiempo que adquirió una dimensión mundial y lo que sucede en Internet y lo que ocurre en el contexto del turismo de masas se podría describir tal vez como la globalización de la perversión.
Yo quisiera mencionar dos puntos, que considero muy interesantes y constructivos, a saber, la petición de que se celebre un Consejo Europeo extraordinario sobre el tema de la política de protección del niño y la propuesta de que se cree un Centro europeo para la infancia, que también tendría encomendada la importante tarea de elaborar y gestionar, en colaboración con las autoridades nacionales y con Europol, un registro de los niños desaparecidos, así como de los secuestradores condenados.

Marín
Señora Presidenta, me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Sra. Hermange por haber tenido la iniciativa de elaborar un informe sobre la protección de la familia y de la infancia en la Unión Europea. Se trata de una cuestión de extrema importancia, ya que los cambios que experimenta actualmente nuestra sociedad, sean de naturaleza demográfica, sociológica, etnológica o científica, tienen una fuerte influencia sobre la familia.
La Comisión presta atención a las peticiones recogidas en la resolución, reconociendo, al mismo tiempo, que las cuestiones de la familia siguen quedando dentro del ámbito de las competencias nacionales de los distintos Estados miembros. Podemos observar una tasa de natalidad decreciente en casi todos los Estados miembros de la Unión, un descenso de la cifra de matrimonios, un mayor número de parejas que conviven sin estar casadas y de niños nacidos fuera del matrimonio, así como una tasa creciente de divorcios. Este es el conjunto de tendencias que influyen en la actualidad sobre la unidad familiar y, en último término, sobre la sociedad en su conjunto.
Existe un permanente interés por la situación de las familias y por sus implicaciones para la política social y de empleo, y resulta cada vez más evidente, asimismo, la necesidad de una mayor cooperación internacional en torno a las cuestiones relacionadas con la familia como parte del esfuerzo global para fomentar el progreso social y el desarrollo. Y aunque la Comunidad carece de competencias directas en el ámbito de la política familiar, presta cada vez mayor atención al análisis y la comprensión de las repercusiones sociales y económicas que suponen para las familias las nuevas tendencias y cambios sociales.
En el ámbito de la política familiar existen grandes divergencias entre los Estados miembros. Estas tienen su origen en las distintas concepciones sobre el papel del Estado en la vida económica y social, la posición de la familia en la sociedad, sus derechos y obligaciones, las funciones confiadas a hombres y mujeres en el seno de la familia y el principio de los derechos del niño. No obstante, a la familia se le ha concedido siempre y se le sigue concediendo un valor extraordinario en todos los países de la Unión Europea.
La Comisión está fomentando una serie de medidas y políticas dirigidas a conciliar el trabajo y la vida familiar, pues el reto de conseguir una mejor conciliación de ambas esferas es esencial para toda una serie de cuestiones laborales y sociales. Las modificaciones en la composición de la mano de obra, las nuevas formas de organización del trabajo, la reestructuración de la protección social, los cambios en la distribución de las tareas relacionadas con el cuidado de las personas dependientes entre hombres y mujeres son todas ellas cuestiones que afectan directamente a la familia.
Las directivas sobre las trabajadoras embarazadas, el permiso parental, el trabajo a tiempo parcial constituyen valiosos ejemplos del compromiso de la Unión Europea de ayudar a hombres y mujeres en su labor familiar. Por su parte, la recomendación sobre el cuidado de los niños sugiere que se deberían adoptar iniciativas destinadas a proporcionar servicios de cuidado de niños a aquellos padres que trabajan o prosiguen su formación, a que se preste mayor atención en el lugar de trabajo a las necesidades de los trabajadores con hijos y a fomentar la participación de los hombres en su cuidado.
Las directrices para el empleo están dando un gran impulso también al objetivo de conciliar el trabajo y la vida familiar. Las directrices para el empleo en 1999 ponen mayor énfasis, si cabe, en la cuestión de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares como parte integral de la estrategia europea de empleo.
Y permítanme concluir mi intervención afirmando que la Unión Europea debe contribuir de manera destacada a determinar las similitudes y las diferencias de las maneras en que reaccionan los Estados miembros ante los cambios que les he mencionado, así como a estimular, en el ámbito comunitario, los intercambios de información y la recopilación de experiencia en torno al tema de la familia.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Marín.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves 28 de enero de 1999, en la sesión de Bruselas.

Código de conducta para las empresas europeas en los países en desarrollo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0508/98) del Sr. Howitt, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la adopción de normas por la UE para las empresas europeas que operan en países en desarrollo: Hacia un código de conducta europeo.

Howitt
Señora Presidenta, 500 trabajadores perecieron en una fábrica tailandesa que suministraba mercancía a empresas europeas de venta de juguetes, como consecuencia de los vapores de pintura y de cola, por la mala ventilación de la fábrica; 110.000 toneladas de desechos vertidos cada día en un río de Papúa occidental por una empresa minera europea, que asolaba las tierras tradicionales de las poblaciones nativas que, si protestaban, eran torturadas e incluso a veces asesinadas por el ejercito indonesio; empresas petroleras europeas en Birmania, Nigeria y Colombia, acusadas de promover regímenes represivos y de colusión en el abuso de los derechos humanos; una empresa farmacéutica europea que comercializaba un producto plaguicida en Filipinas, prohibido ya en tres países de la Unión Europea, y del que se sabe que ataca los órganos internos, causa parálisis y daños genéticos.
Las inversiones directas europeas pueden ser y tienen que ser una fuerza del bien en el mundo en desarrollo, pero este Parlamento Europeo registra nuestra profunda preocupación por los casos de abuso imputables a empresas, casos en que la reglamentación local es inadecuada o en los que no se respetan los derechos humanos.
He visto en la India septentrional a niños que apenas tenían seis años y que habían quedado liberados de una forma de trabajos forzados gracias a iniciativas como el código «rugmark», gracias al cual esos niños se libraron de una forma de esclavitud fuera de lugar en nuestro siglo XX y pudieron volver a la escuela. Ese código empieza a dar resultados, no es solamente por que las empresa involucradas firman una declaración de principios adecuada, sino por que va acompañado de un sistema práctico de vigilancia y comprobación que garantiza el cumplimiento de esos principios.
Eso es sencillamente lo que estamos discutiendo esta noche: mejores normas para las empresas europeas que trabajan en todo el mundo, y mejores mecanismos prácticos para conseguir que se cumplan esas normas.
Les recomiendo estas propuestas porque procuran aplicar de forma más completa normas vigentes reconocidas en el plano internacional en la esfera del empleo, la protección ambiental, y los derechos sociales y humanos. No se trata de una forma nueva o diferente de requisitos, no se trata de un sustituto de las normas nacionales e internacionales. Les recomiendo estas propuestas porque son resultado de intensas consultas con más de 100 empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y académicos, a quienes ofrezco mi agradecimiento y de quienes he podido percibir un creciente consenso en favor de un acuerdo y diálogo sistemáticos entre empresas y entre todos los que afectan sus negocios.
Les recomiendo el informe porque las propuestas se derivan de discusiones con gobiernos y con la sociedad civil del mundo en desarrollo, desde Ecuador hasta Nigeria y Filipinas. Hemos consultado ya con los países ACP, y la conclusión firme a que hemos llegado es que necesitamos un enfoque basado en el desarrollo. No un enfoque basado en una burocracia aún mayor, enfoque que siempre dará ventaja a las empresas, sino un enfoque que dé voz y voto, participación y poder a las comunidades de los propios países en desarrollo.
Me ocuparé a continuación de lo que sé que constituyen algunas de las principales esferas de las preocupaciones que han sido expresadas por mis colegas del Parlamento.
A algunos les preocupa la extraterritorialidad mis colegas del Parlamento. ¿Por qué no ha de tener Europa más responsabilidad respecto de sus propias empresas? Todos queremos que así suceda y por eso aceptamos las normas internacionales contra el soborno y la corrupción y contra todos los que se dedican al turismo infantil sexual. ¡No se puede decir que no tengamos razón! Desde 1968 los Estados miembros han aceptado una convención jurídica que permite llevar ante la justicia a las empresas culpables de haber cometido las faltas más graves en el desarrollo del trabajo en terceros países. Utilicemos esos poderes ya existentes de forma más eficaz, y no olvidemos nuestra voluntad de concertar acuerdos multilaterales con los gobiernos de los países en desarrollo propiamente dichos.
Otros desean que las propuestas traten únicamente de acciones voluntarias. Sin embargo, nuestra resolución indica explícitamente que los enfoques voluntarios y los enfoques obligatorios no se excluyen mutuamente. Siempre habrá algunas malas empresas, y ninguna empresa debe beneficiarse de ventajas competitivas debidas al hecho de no tener en cuenta las leyes laborales básicas y las normas sociales y medioambientales. Si hay normas obligatorias, habrá normas mínimas. Si hay códigos voluntarios, se mejorarán las normas. Unas y otras son compatibles.
Veo que a algunos de mis colegas les preocupa que un mecanismo europeo de vigilancia pueda colocar a nuestras empresas en situación de desventaja en comparación con las empresas basadas en América y en otros países. Sin embargo, 42 de las 100 principales empresas transnacionales están radicadas en Europa, y solamente 35 en América del Norte. En la zona de libre comercio de América del Norte existe ya un sistema de resoluciones de queja o denuncia en materia de prácticas laborales y medioambientales. Cuando nuestra Unión Europea decidió ofrecer un mayor acceso al mercado a los países que respetaban las normas laborales fundamentales, cuando convinimos en un código para prevenir la venta de armamentos a los países responsables de torturas y agresiones, lo hicimos porque estimábamos que la Unión Europea podía dar un ejemplo al mundo. También podemos hacer lo mismo para que las empresas transnacionales observen mejores normas.

Kittelmann
Señora Presidenta, Señorías, el ponente seguramente no ignora que yo tengo muchas dudas sobre la legalidad de las medidas que propone, de las que por razones de tiempo sólo voy a poder referirme a unas pocas como muestra del conjunto. Los casos que usted ha descrito son dramáticos y execrables. Tendremos que hacer todo lo posible para intentar encontrar la oportunidad y la posibilidad de establecer un código de conducta en el marco del Derecho Internacional que justifique la condena moral de las empresas que atenten contra estos principios humanos fundamentales.
Por otra parte, todos debemos procurar cumplir también siempre en nuestros informes -y es algo que me llama repetidamente la atención entre nosotros- nuestra responsabilidad de mantenernos dentro de los límites de la legalidad que nos hemos impuesto.
Yo soy muy partidario de que las organizaciones no gubernamentales intervengan en las directrices ya existentes con miras al establecimiento de un código internacional de conducta, como las que aplica la OCDE.
Sin embargo, también tenemos que comprender que es utópico o incluso antijurídico propugnar un marco europeo destinado a imponer una norma jurídicamente establecida a las empresas de la Unión Europea que operen en cualquier lugar del mundo. Esto es jurídicamente imposible debido a su carácter extraterritorial. No podemos condenarlo, por un lado, en el caso de las Leyes Helms-Burton o D'Amato y pensar, por el otro lado, que podemos practicarlo aquí. ¡Lo que es justo es justo!
Por esto yo lamento un poco que nos encontremos ante cuatro, cinco o seis otros casos, que mañana influirán en la votación, que se apartan de las normas jurídicas. Por esto, señor Ponente, yo me congratularé si usted mantiene mañana una actitud de tolerante flexibilidad en el momento de la votación en el Pleno; de lo contrario, yo creo que la forma en que se propone reglamentar usted el asunto no será aceptable para muchos, al menos no para el Partido Popular Europeo, a pesar de que su objetivo es sin duda justificado.

Vecchi
Señora Presidenta, en primer lugar, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y en el mío propio, quiero dar las gracias al Sr. Howitt por haber promovido firmemente este informe de iniciativa de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y por haber realizado con decisión, corrección y diligencia un excelente trabajo, fruto de un análisis muy serio de la situación internacional y de la atención prestada a las opiniones de los interlocutores de la sociedad civil y caracterizado por la creatividad de las propuestas formuladas.
Debido a sus repercusiones, se trata de un informe sobre un asunto nada fácil: el de caracterizar la presencia y las actividades de las empresas europeas que operan en los países en desarrollo sobre la base del respeto de principios, normas y objetivos de reconocimiento de los derechos sociales y humanos.
Antes que nada hay decir lo que no se trata de hacer: no se trata de imponer artificialmente normas que conviertan en menos competitivas o más cohibidas las empresas europeas en la competición internacional; no se trata de inventar nuevas normas, ni siquiera se propone.
Se trata simplemente, aunque sabemos que nos es tan fácil, de garantizar el respeto efectivo por parte de las empresas europeas de las normas internacionales y europeas ya existentes, pero que con frecuencia son simplemente ignoradas o incluso vulneradas.
Se trata de establecer una sólida base política y jurídica europea que haga más fuerte y creíble el compromiso de la Unión y de sus Estados miembros, al objeto de imponer, también a escala internacional, dichas normas sin aprovechar la excusa fácil de dejar a otros foros o a otros ámbitos la obligación de tener que intervenir.
Creemos que la Unión Europea tiene algo que decir y que hacer en este ámbito, empezando por ella misma.
Quiero añadir que también con respecto a este asunto -y con esto quiero tranquilizar al Sr. Kittelmann- el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha actuado con miras a alcanzar un amplio acuerdo con los demás Grupos del Parlamento Europeo partiendo, con frecuencia, de puntos de vista muy encontrados. Espero que lo hayamos conseguido y que la votación del informe Howitt que tendrá lugar mañana, pueda ser positiva y lo más unánime posible.
¿Cuáles son los elementos fundamentales en que nos basamos en este tema?
Ante todo la convicción de que, especialmente en la era de la globalización, es necesario promover e incorporar diferentes instrumentos de intervención para garantizar y promover los derechos humanos, sociales y económicos, el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En segundo lugar, la convicción de que la acción de las varias partes que operan a escala internacional -organizaciones regionales e internacionales, Estados y corporaciones locales, organizaciones de la sociedad civil y empresas- aunque se caracteriza por la diversidad, incluso profunda, de motivos y fines, ha de ser igualmente importante en lo que se refiere a los efectos reales en la situación concreta de las personas, de las comunidades locales y de los pueblos.
La búsqueda de la optimización de la acción de los diferentes actores -públicos y privados- en los distintos sectores y en las varias regiones del mundo es fundamental para perseguir esos objetivos de desarrollo y de justicia que deberían caracterizar el mundo del futuro.
En este contexto, el apoyo a un proceso, ya emprendido, de creación de códigos de conducta voluntarios por parte de las empresas que operan en los terceros países es un elemento sumamente importante.
Sin embargo, estos códigos no pueden sustituir la obligación de respetar los principios, las normas y las reglas de derecho; pueden anticipar y complementar la acción de los poderes públicos para proteger los derechos individuales y colectivos.
En consecuencia, no existe contradicción entre los códigos voluntarios y los códigos de conducta basados en fundamentos jurídicos: tiene que haber, por el contrario, una complementariedad.
Para que los códigos de conducta -voluntarios o no voluntarios- las normas, los principios y los instrumentos de control sean realistas y eficaces, deben basarse necesariamente en la implicación directa de todas las partes afectadas: las Instituciones, las empresas, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, etcétera.
Por último, es preciso que las políticas de cooperación al desarrollo y de cooperación económica en sentido amplio traten de responder a principios y objetivos coherentes, aunque diferentes.
Entre las varias propuestas formuladas en el informe que hoy debatimos hay una que considero fundamental: la propuesta en la que el Parlamento Europeo invita a la Comisión y al Consejo a que presenten propuestas dirigidas a establecer un fundamento jurídico adecuado para crear una estructura europea multilateral que regule las operaciones de las empresas en todo el mundo llevando a cabo, a dicho fin, una intensa consulta con todos los interlocutores de la sociedad que se verán afectados por dicho código.
Si lo logramos, creo que el Parlamento Europeo habrá contribuido sobremanera a la promoción de una visión del mundo y de las relaciones internacionales que cumple las expectativas de los ciudadanos europeos y de los países en desarrollo que, justamente, miran a Europa como un factor positivo de equidad y de desarrollo.

Günther
Señora Presidenta, los ejemplos que ha expuesto el ponente al principio de su intervención no carecen, desde luego, de fundamento, pero también existen ejemplos igualmente sólidos que demuestran que hay asimismo empresas que invierten con responsabilidad en terceros países. Cuando vemos, por un lado, los dramáticos sucesos que han llegado a ser posibles pero, por el otro lado, también muchas actuaciones positivas, sin duda podemos abrigar la esperanza de que al final encontraremos una solución y conseguiremos que disminuyan los casos que ahora tenemos que lamentar tan vivamente.
Yo también enmarco toda esta cuestión en el contexto de nuestro gran objetivo, que es el apoyo al buen gobierno, dondequiera que se practique, en el marco de la cooperación al desarrollo. Esto también incluye, a mi modo de ver, que alentemos a los países del Tercer Mundo a que establezcan en su propia legislación, en su jurisprudencia y en la aplicación de la misma las normas y regulaciones correspondientes, con lo cual quedaría más o menos resuelto el problema de la extraterritorialidad que ha señalado antes el colega Kittelmann.
El informe debe considerarse con justicia en el contexto de toda una serie de acuerdos, normas y convenios. Yo creo que deberíamos prestar seriamente atención a que lo ya decidido se transponga en la práctica y a controlar cómo se cumplen los compromisos. Las numerosas declaraciones ya adoptadas fueron uno de los motivos por lo que mi Grupo político dentro de la comisión no consideró necesariamente prioritaria una iniciativa en este ámbito y, por consiguiente, no se mostró partidario de tratar el tema en este momento.
No obstante, por el otro lado, consideramos perfectamente aceptables estos códigos de conducta, siempre que se basen en la voluntariedad y que tengamos la posibilidad de publicar los nombres de las empresas implicadas, tanto en sentido positivo como negativo, con objeto de presionar también por el lado de la opinión pública, lo cual resulta muy eficaz en cualquier caso.
Ya he apuntado que estamos en contra de una aplicación extraterritorial. Yo tampoco considero necesariamente concluyentes los ejemplos que ha citado el ponente en este sentido, pues el tema de la exportación de armamento concierne a los Estados miembros que regulan estos aspectos en su reglamento de exportación. Sin embargo, no es admisible que cuando aparezcan armas en cualquier país se sancione retroactivamente, por decirlo así, a los países de procedencia.
También deberíamos procurar no poner forzosamente en el mismo saco el incumplimiento de las normas sociales y ambientales y los malos tratos a los niños, pues en este último caso interviene un bien jurídico muy estimable, que desde luego puede estar amparado por la aplicación extraterritorial, lo cual a mi modo de ver no ocurre en el caso anterior.
El tercer punto crítico del informe era el tema de la llamada plataforma de seguimiento, en la que colaborarían organismos muy diversos, bajo el control del Parlamento Europeo. Nosotros no creemos que exista un fundamento jurídico para ello. En las negociaciones alcanzamos una serie de compromisos y yo confío en que el informe que ahora se presenta pueda obtener aceptación y todos demostremos la flexibilidad suficiente para alcanzar un resultado positivo en la votación final.

Fassa
Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero agradecer profundamente al Sr. Howitt el amplio, exhaustivo y sumamente claro trabajo que ha realizado, así como el generoso y apasionado empeño que ha puesto a la hora de elaborar este informe.
Sería muy grave que el informe Howitt fuera leído en clave contraria a las empresas. Nosotros, como liberales, lejos de estar en contra de la intervención de las empresas en los países en desarrollo, la consideramos una condición fundamental y esencial para ese desarrollo económico que es la lógica premisa de todo desarrollo humano.
Cierto que hay que evitar que algunos casos, extremadamente negativos, acaben por estropear el clima y por hacer creer que se trata de un instrumento inadecuado. Desde este punto de vista, el informe Howitt ofrece, sin duda, una ayuda. Por lo tanto, apoyamos los códigos de conducta voluntarios de las empresas, así como un código de conducta europeo que se base ante todo en un referencia firme y precisa a las normas internacionales en vigor; estamos de acuerdo con los procedimientos transparentes, precisos y concordantes para descubrir las posibles infracciones o violaciones de las normas establecidas, y con derecho de réplica; estamos, en cambio, absolutamente en contra de esa especie de plataforma provisional que en la fase interina el informe Howitt prefigura bajo el auspicio y el amparo del Parlamento Europeo que podría, en nuestra opinión de liberales, convertirse en una especie de tribunal del pueblo, sin garantías suficientes y, en definitiva, contraproducente.
Por lo tanto, contamos con la sensibilidad del Sr. Howitt hacia las enmiendas que presentamos al respecto.

Girão Pereira
Señora Presidenta, Señorías, por lo que se refiere a los códigos de conducta para las empresas multinacionales que llevan a cabo sus actividades en países en vías de desarrollo, la posición de este Grupo es, en síntesis, la siguiente: somos partidarios del principio de los códigos de conducta adoptados con carácter voluntario y no coercitivo; somos partidarios del multilateralismo al promover la definición de dichos códigos en las instancias adecuadas, como la OCDE y la OIT, y a que se aplique a todas las empresas multinacionales europeas y no europeas; propugnamos la garantía de imparcialidad de los órganos encargados de verificar el respeto de los códigos así definidos. Ésa es la razón por la que el Grupo presenta varias enmiendas para restablecer una posición, en nuestra opinión, más equilibrada, en consonancia con lo que el Parlamento votó ya en enero de 1998 sobre «los traslados de empresas y las inversiones directas en el extranjero».
No podemos apoyar ciertas propuestas que figuran en el informe. El ponente propone la aplicación extraterritorial en materia de derechos humanos y de derechos de los trabajadores, del medio ambiente y de la lucha contra la corrupción.
Ahora bien, la Unión Europa y el Parlamento luchan contra las leyes extraterritoriales que los Estados Unidos intentan imponer, como la ley Burton. Así, pues, no es coherente, intentar seguir el mismo camino.
Por lo que se refiere al Observatorio Europeo, si ese organismo llegara a existir alguna vez, se deberían volver a pensar substancialmente las propuestas relativas a su composición y a sus misiones. Por eso, el Grupo presentó una enmienda encaminada a establecer procesos transparentes para su funcionamiento y, en particular, para la designación de peritos profesionales de reconocida competencia y autoridad, estableciendo, además, procesos para identificar las quejas, la garantía de que todas las partes obtengan notificación de las quejas y de las pruebas que las acompañen y la garantía de posibilidades de recurso.
Por lo que se refiere al papel del Parlamento, no somos partidarios de un Observatorio Europeo temporal con los auspicios del Parlamento, ni de la designación de ponentes especiales dentro de él, pues nos parecen actividades que no entran en las competencias de una asamblea parlamentaria.

Telkämper
Señora Presidenta, nosotros acogemos con satisfacción el informe del Sr. Howitt sobre la adopción de normas por la UE para las empresas europeas que operan en países en desarrollo. La elaboración de un código de conducta europeo es una tarea muy importante, que debemos impulsar con ahínco. Es una buena iniciativa crear un fundamento jurídico en este ámbito, señor Howitt.
El modelo de un código de conducta es necesario. Es importante que se cree una plataforma europea de seguimiento, pero para nosotros también es esencial la forma en que tendrá lugar dicho seguimiento y la verificación. Un código de estas características no significa nada sin un seguimiento y una verificación. El principio de voluntariedad es esencial a nuestro modo de ver y también debe estar en la base de un fundamento jurídico como el que se propone, pero lo que debe ser voluntario es lo que decida hacer por su cuenta cada empresa. No obstante, tiene que haber unas normas mínimas obligatorias. Éstas corresponden a una ética aceptada en la Comunidad y que también debe aplicarse de cara al exterior. En resumen: unas normas obligatorias como base mínima y un elemento adicional de voluntariedad.
La cooperación que usted propone en el marco del nuevo Acuerdo global con los países ACP es importante y constituye una medida complementaria que nosotros apoyamos. También apoyamos que se promuevan iniciativas de ámbito europeo. Yo no he entendido bien lo que ha dicho el Sr. Kittelmann. Ha hablado de moral y ha dicho que algún día encontraremos la oportunidad de desarrollar esta propuesta. Yo no sé cómo se propone hacerlo. Sin duda también ha tenido un lapsus. Ha hablado en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y al final ha declarado que el PPE no podía aceptar la propuesta. La Sra. Günther ha dicho luego otra cosa. Yo pienso, siguiendo a Brecht, que lo primero es la pitanza y luego viene la moral, y todos sabemos que el capital es un gran tiburón y cuando está hambriento, poca cosa deja en los negocios internacionales.
Yo también creo que la propuesta no es comparable con la Ley Helms-Burton. Ésta es una medida represiva internacional. Lo que aquí se propone es el establecimiento de un código de conducta particular para las empresas europeas. Ya lo hemos hecho bajo otra forma con la Convención de Basilea, con el Convenio del Rin en el ámbito interior y en relación con los residuos tóxicos que se transportan de la UE a Suráfrica, por ejemplo, como demuestra el ejemplo de Inglaterra. Por consiguiente, ya nos hemos impuesto otros códigos de conducta de este tipo y nos hemos adherido a ellos. En este sentido, es importante y acertado adoptar la presente iniciativa. Nosotros la apoyamos y esperamos que obtenga una amplia mayoría en el Parlamento.

Maes
Señora Presidenta, hace un momento hablábamos de la protección de las familias y de los niños y ahora estamos hablando sobre un duradero desarrollo social y económico que, en realidad, debe formar la base de lo anterior no sólo en Occidente, sino también en los países en desarrollo. La salvaje globalización y mundialización no pueden asegurarlo; a lo sumo, puede ofrecer una oportunidad para su desarrollo. Pero el afán de una maximalización de las ganancias también puede perturbar un desarrollo duradero.
Ya discutimos esta semana el informe Sainjon, que está en la misma línea. Los países pobres no se pueden imponer a sí mismos este buen comportamiento y, en realidad, los países ricos tampoco. Algunas empresas multinacionales tienen un presupuesto que supera con mucho el de varios países en vías de desarrollo. Es difícil, incluso para organizaciones internacionales, tomar a estos países en desarrollo. Sin embargo, el mayor reto sigue siendo ver qué somos capaces de hacer como comunidad política. Crear un orden jurídico internacional basado en normas aceptadas internacionalmente - por ejemplo, la creación de una organización mundial de comercio-, en muchos aspectos fue para mí una oportunidad perdida, porque entonces se hubiera podido hacer mucho.
Por tanto, deberemos plantearlo con las posibilidades que tenemos. Deberá ocurrir con sentido de la medida y del realismo, pero el control será absolutamente necesario, porque no se pondrá en funcionamiento por sí solo.
Naturalmente, aplaudimos los códigos de conducta voluntarios. Pero eso no es suficiente. Creemos que podemos contar con la creciente conciencia de nuestros consumidores europeos, que no quieren ser cómplices de la explotación. De ahí el alegato en defensa de acuerdos vinculantes y una advertencia también para la hipocresía. Con esto quiero concluir, porque no sería la primera vez que los países europeos se protegen a sí mismos contra los avances de los países en vías de desarrollo en nombre de grandes y bellos principios.

Blokland
Señora Presidenta, antes que nada mis felicitaciones cordiales al ponente por su informe. Las normas para el comercio merecen nuestra continua atención, ciertamente cuando se trata del comercio con países en desarrollo. Hay que poner fin a situaciones de explotación en estos países. Las empresas europeas deben ser responsables, por ejemplo, de la creación de industrias peligrosas en países donde no exista la inspección de trabajo.
En los últimos años, las empresas dentro de Europa han prestado cada vez mayor atención a los códigos de conducta. Así hay un gran número de empresas multinacionales que, si bien presionadas por grupos de presión internacionales y por la opinión pública, se han sentido obligadas voluntariamente a observar los derechos humanos en su actividad comercial y a publicar un informe social anual. Nosotros, como Unión Europea, debemos unirnos a esta tendencia en la vida empresarial. Por eso soy partidario de un código de conducta voluntario a escala europea. De esa manera facilitamos la práctica de actuar de forma ética y responsable, y la responsabilidad seguirá estando donde debe estar: en las empresas.
Una segunda manera de fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta internacionales es nuestra inserción en organizaciones internacionales. No me parece sensato crear todo tipo de legislación e instancias europeas. Sólo conseguiríamos aumentar la burocracia europea y, sobre todo después de los anteriores debates de esta semana, no tenemos ninguna necesidad.
Por último, quiero observar que estoy de acuerdo con mi colega Maij-Weggen en el sentido de que, en la medida de lo posible, hay que implicar a los países en desarrollo en la elaboración de los códigos de conducta. Sin embargo, no veo necesario aplazar la votación de este informe por esa razón.

Van Putten
Presidenta, creo que las felicitaciones al ponente pueden ser apoyadas por mí en gran medida, pero me gustaría tomar en consideración el resultado posterior del informe para el futuro, porque veo este informe como un principio importante de una discusión sobre el tema. Me gustaría exponer seis puntos a petición del Sr. Howitt.
El primero: ¿qué significarán los avances que ahora hemos presentado para la pequeña y mediana empresa? ¿No habría que tomar medidas comparables o las mismas medidas para las pequeñas y medianas empresas, ya que hay muchas operando también en los países en vías de desarrollo?
El segundo: ¿no estaría bien tomar en consideración además lo que ya hemos avanzado en el ámbito del medio ambiente, a saber: los convenios reguladores? ¿Qué significa el modelo de convenios reguladores en este caso para las empresas? ¿No hay que avanzar algo en ese terreno? Lo mismo sirve para las marcas de calidad.
El tercero: soy sensible al argumento del mundo empresarial de que si sólo se toma a las empresas europeas, al final podrían surgir problemas en el terreno de la competencia. Tome el ejemplo de la Shell en Nigeria. Uno: estuvo bien que presionáramos a la Shell, pero también vimos que empresas petrolíferas canadienses y no europeas sacaron finalmente provecho. Debemos tener esto bien en cuenta.
Punto cuarto: ¿Qué hacemos con el sector informal? Creo que aparece demasiado poco en el informe, porque el sector informal también forma parte de la vida empresarial y precisamente por eso se le debe apoyar.
Quinto: Ya lo he tratado. Que sólo se investiga a las empresas europeas.
El sexto punto es la inclusión de las propias empresas en el debate. En realidad, lo he echado algo de menos y para el futuro me parece importante que incluyamos a las empresas, ya sean grandes o pequeñas, en el debate. Presidenta, con esto concluyo. Creo que, finalmente, deberíamos tener una discusión mucho más amplia sobre este tema.

Maij-Weggen
Presidenta, lo primero de todo expresar mi simpatía por el trabajo del colega Howitt. Aunque no estemos de acuerdo con todos los puntos de su informe, apoyamos las líneas principales y respaldamos también el principio de la necesidad de llegar a un código de conducta para las empresas multinacionales. Estoy de acuerdo con la oradora anterior en que eso no significa que la PYME deba mantenerse a salvo. El que haya una necesidad es consecuencia del gran número de incidentes, incluso catástrofes, que en años anteriores han sido causados por un gran número de empresas en el tercer mundo. Estoy pensando en la contaminación medioambiental en la zona del río Ogun, en Nigeria. Estoy pensando en los problemas de esclavitud en el trabajo que han surgido en la instalación de tuberías petrolíferas en Birmania; algo que, por lo demás, fue castigado por la Unión Europea con la supresión del sistema preferencial. Estoy pensando también en, por ejemplo, el trabajo infantil en la industria textil de India, Pakistán y Filipinas. Todos ellos problemas que apenas pueden darse en Europa Occidental, porque tenemos legislación y la controlamos razonablemente bien, pero en los países en vías de desarrollo no tienen precisamente esa legislación.
Eso, en realidad, significa manos libres no sólo para las buenas empresas, que también las hay, por supuesto, sino también para las malas empresas que no respetan allí la legislación en el ámbito social y medioambiental que deberían respetar en sus propios países. Precisamente son los países en vías de desarrollo, así se ha visto, los que necesitan recibir con urgencia ayuda de nuestra parte. Por otro lado, debo decir aquí que eso también es algo bueno para esas empresas honestas. Al observar cómo funciona ahora la Shell, con un buen código de conducta, vemos que la Shell nos informa también que en Nigeria las empresas canadienses y norteamericanas no guardan ese código de conducta, por lo que se obtiene una competencia desleal. Así pues, en ese sentido hay que tener también cuidado de que el goodwill en las empresas no vuelva a llevar a malas prácticas al no aceptarse de manera general los códigos de conducta.
Presidenta, eso hace necesario y útil un código de conducta europeo. También lo apoyo por eso. Lo que no nos parece útil es un instituto como una plataforma que conduzca a demasiada burocracia. Naturalmente, lo que tampoco está bien es que se den competencias extraterritoriales. Eso tampoco se puede. Por lo demás, eso lo castigaría la OMC.
Presidenta, habríamos visto mejor que el tema se hubiera presentado primero en la Asamblea de Países de África, Caribe y Pacífico. Tengo entendido que el ponente no lo ve así. Pero quizá podamos aprobar mañana el informe y presentarlo consecuentemente allí. Eso sería algo bueno. Presidenta, voy apoyar la propuesta. Naturalmente, aguardamos a la votación de mañana, pero confío en que la votación discurra de tal manera que el buen informe del Sr. Howitt, por el que vuelvo a darle las gracias al ponente, obtenga un amplio apoyo.

Burenstam Linder
Señor Presidente, los países pobres no pueden sencillamente aplicar en su vida laboral las mismas normas y condiciones que los países ricos. Si fuera tan fácil elevar el nivel de bienestar en los países en desarrollo mediante el cumplimiento por parte de estos países de convenios, declaraciones, conferencias internacionales y sanciones, no habría países pobres ni trabajadores sometidos a condiciones laborales deficientes desde nuestro punto de vista. Pero, desgraciadamente, no es tan sencillo.
Hay numerosos países interesados en atraer la inversión extranjera para tener un mejor acceso al capital, el mundo empresarial y las tecnologías, lo cual, a su vez, crea empleo y crecimiento. El crecimiento representa verdaderamente la única posibilidad de mejorar las condiciones laborales, lograr aumentos salariales y crear unos interlocutores sociales. Resulta evidente que se registran deficiencias de carácter específico en numerosos ámbitos, pero también es cierto que, hoy por hoy, existen reglas para abordar estos problemas.
Ahora que estamos tratando sobre el problema de base, permítanme señalar que los países que han depositado su confianza en las inversiones internacionales han tenido mucho más éxito que los países que se han parapetado tras todo tipo de regulaciones socialistas. Por este motivo, el desarrollo económico de Tailandia ha sido mucho más rápido que el de Tanzania. La pobreza impera en Cuba, no en Taiwán. La explotación es un hecho característico de Corea del Norte, no de Corea del Sur. Los empresarios extranjeros han contribuido a mejorar los salarios y las condiciones sociales. Creo que todo esto es, básicamente, lo que ha de tenerse presente cuando se haga una valoración de las medidas que resulten aún necesarias. Sin embargo, creo que en el presente informe no se comprende suficientemente este proceso, sino que en él se presentan las inversiones extranjeras, más bien, como un mecanismo de explotación que ha de ser objeto de regulación. De esta manera, como los países del mundo no comprenden qué es lo mejor para ellos, la Unión Europea debe emprender una intervención extraterritorial -algo a lo que, por otra parte, nos oponemos- para velar por que se cumpla nuestra voluntad.
Todos los informes tienen sus méritos, y éste no es ninguna excepción. No obstante, el presente informe no constituye una contribución lo suficientemente constructiva puesto que, en mi opinión, parte de los criterios erróneos que he mencionado.

Cushnahan
Señora Presidenta, Comisario, antes que nada quisiera felicitar al ponente por haber preparado este informe. Es curioso que la Unión Europea pueda enorgullecerse de lo conseguido para mejorar la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo mediante la aplicación del capítulo social.
Nosotros también somos resueltos partidarios de la protección de los derechos humanos y nos hemos esforzado siempre por promulgar legislación que proteja el medio ambiente. Es inaceptable que al mismo tiempo que mejoramos la calidad de la vida en nuestra Unión Europea haya empresas de la Unión Europea que infringen las normas de salud y seguridad o que explotan a su fuerza de trabajo y que están causando daños graves y permanentes al medio ambiente de los países en desarrollo. Es totalmente inmoral que mejoremos la prosperidad de la Unión Europea a costa de la población de los países en desarrollo.
Estoy en favor de que se adopte un código de conducta y que se establezca una plataforma europea de vigilancia. Tenemos que conseguir que las empresas de la Unión Europea que operen fuera de la Unión traten equitativamente a sus empleados, tanto por lo que se refiere a la remuneración que perciben como al respeto de normas adecuadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo.
Hemos de evitar también que se desarrollen proyectos o se fabriquen productos que tengan consecuencias devastadoras para el medio ambiente en esos lugares. Coincido con los comentarios que ha hecho el ponente al presentar el informe en que los códigos voluntarios de conducta y los acuerdos obligatorios no son necesariamente incompatibles entre sí. En realidad se complementan unos a otros y deben constituir la base de nuestra estrategia en esta esfera concreta.

Baldi
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, es notorio que la Unión Europea es el primer donante mundial de ayuda al desarrollo. No obstante, es necesaria una ayuda coordinada con el fin de que, en los países en desarrollo, los Gobiernos puedan incorporar a su propia legislación interna las normas ya aceptadas internacionalmente. En este contexto, es fundamental apoyar las empresas europeas, ya que éstas son las mayores inversoras directas en los países en desarrollo y cumplen un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico sostenible global.
Las empresas, al contribuir directamente al proceso de desarrollo económico de las regiones más desfavorecidas, tienen una gran responsabilidad social, en particular en lo que respecta a los derechos humanos. Por ello considero interesante la propuesta de elaborar un modelo de conducta europeo que pueda contribuir, sobre la base de normas internacionales, a una mejor armonización de los códigos de conducta voluntarios nacionales.
El principal objetivo de dicho código debería ser garantizar la aplicación de normas mínimas en materia de medio ambiente, de condiciones de salud y de seguridad en el trabajo, de eliminación del trabajo infantil, de protección de los derechos de las mujeres y, obviamente, de respeto de los derechos fundamentales.
Es preciso prever un enfoque evolutivo y gradual de las normas de dicho código ofreciendo incentivos positivos a las empresas que se comprometen a cumplir las nuevas disposiciones.
No comparto, por el contrario, la creación de un observatorio europeo, ya propuesto por algunas asociaciones sindicales que llevaría a cabo una actividad de control, mediante informes valorados empíricamente, que no solo no puede establecer las condiciones salariales en los países en desarrollo, sino que, tal como está planteado, no mejora en absoluto las condiciones laborales y, sobre todo, no existe un fundamento jurídico respecto a una cuestión de vigilancia europea.
Es importante reconocer, sin embargo, que el impacto de la globalización en la comunidad internacional tiene efectos tanto positivos como negativos. La progresiva expansión de una conciencia social, el reconocimiento internacional de los derechos humanos y la libre circulación de bienes, personas, capitales y servicios podrían incluirse entre los aspectos positivos.
Lamentablemente, los derechos se ponen en tela de juicio debido a las condiciones medioambientales y a la gran diferencia entre riqueza y pobreza.

Mendes Bota
Señora Presidenta, no faltan convenios, ni cartas, ni declaraciones en las que figuran normas de respeto de los derechos laborales, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías y de las poblaciones indígenas, del medio ambiente y de la lucha contra el fraude y la corrupción.
La OIT, las Naciones Unidas, la OCDE, la FAO, la OMS y el Banco Mundial proporcionan alimento ético y jurídico suficiente como punto de partida para la elaboración de un código de conducta europeo destinado a las empresas europeas que funcionan comercialmente en los países en vías de desarrollo. Por desgracia, muchas multinacionales europeas y americanas tienen los beneficios manchados por su connivencia con regímenes autoritarios en los que los métodos opresivos, los abusos y la explotación de los trabajadores subvierten completamente las normas básicas de la competencia leal. Son un atentado contra los derechos de poblaciones en situación de fragilidad social, muy en particular de las mujeres y los niños sujetos a auténticos métodos de trabajo forzado.
Hay que responsabilizar a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo para la aplicación de normas que respeten los principios y derechos fundamentales del trabajo. Pero el problema radica en la dificultad para imponer sanciones efectivas a los prevaricadores. Una de las formas prácticas puede estribar en la discriminación positiva, premiando con apoyos e incentivos especiales a los países que demuestren una buena administración.
Es preciso adoptar iniciativas concretas. Estamos de acuerdo con la creación de la plataforma europea de acompañamiento, compuesta por asociaciones empresariales y sindicales, ONG y entidades públicas, y el Parlamento Europeo puede dar el impulso inicial, servir de catalizador, pero nada más, pues es algo que no corresponde a sus competencias. Aunque comparto algunas de las consideraciones de mi colega la Sra. Ghunter, felicitamos al ponente, el Sr. Howitt, por el informe que ha presentado en el que da expresión a la idea de que la práctica del comercio justo y solidario es, por encima de todo, una forma diferente de estar en el mundo compartiendo la prosperidad.

Marín
vicepresidente de la Comisión. Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. Howitt y al Parlamento por su iniciativa y su acción en pro de una mejor protección de los derechos de los trabajadores de todo el mundo, y en particular de las personas de los países en desarrollo que trabajan, sea directa o indirectamente, para empresas europeas.
A lo largo de los últimos años, la opinión pública ha sido muy sensible respecto a estas cuestiones y se han logrado una serie de avances, en ocasiones gracias a la acción del Parlamento Europeo. Pienso concretamente en las iniciativas -que luego la Comisión llevó a cabo- de incluir siempre un sistema incitativo en lo que se refiere, por ejemplo, al sistema de preferencias generalizadas en las llamadas cláusulas sociales y medioambientales. Ahí ha habido ciertamente un progreso bastante interesante en los últimos años dentro de la Unión Europea y sus instrumentos comerciales y su desarrollo.
Vamos a ver ahora el aspecto más concreto de los códigos de conducta y los labels sociales. En este sentido, la Comisión -después de las reuniones de carácter técnico que se celebraron en el Parlamento Europeo, invitando a expertos para que se discutiera respecto al asunto- considera el carácter voluntario de este instrumento y concede una gran importancia sobre todo -junto a la voluntariedad- a la búsqueda de instrumentos que inciten a la colaboración entre ellas para que, con presión social y con elementos incitativos, se vaya incorporando progresivamente a la cultura de las empresas europeas la convicción de que, cuando trabajen en el extranjero, han de tener en cuenta elementales normas de derecho del trabajo y sociales.
Y a este respecto y dentro de esta filosofía general positiva, quisiera hacer algunas consideraciones más específicas.
En relación con las iniciativas voluntarias de empresas, industrias, sindicatos y ONGs para promover los códigos de conducta, la Comisión las ha apoyado desde hace años promoviendo principalmente el diálogo entre los diferentes interlocutores. Así, en febrero de 1998, se organizó en Bruselas una conferencia conjunta con el Departamento del Trabajo norteamericano donde reunimos a empresas, organizaciones sindicales y ONGs, cuyo objetivo consistía precisamente en analizar las posibilidades y límites de los códigos de conducta y de las normas sociales y considerar cuál podría ser el papel de las autoridades públicas en este proceso. Esta conferencia fue seguida de un seminario, en noviembre, sobre cuestiones de monitoring de los códigos de conducta y los labels sociales y de una visita a los Estados Unidos en diciembre de 1998.
Sin embargo, no debe olvidarse que los códigos de conducta -y ésta es una precisión que quiero hacer en nombre de la Comisión- no pueden sustituir, en ningún caso, la normativa nacional e internacional del trabajo que son, en último término, las únicas garantes del respeto universal de los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede tener un código de conducta interesante, positivo, y hacer mucha presión social, pero también es muy importante que el país que recibe la ayuda al desarrollo incorpore a su propia legislación interna las convenciones internacionales de protección del trabajo. Es decir, tiene que ser una acción combinada, porque no todos los países que reciben nuestra ayuda han incorporado a su legislación nacional determinadas normas básicas en materia de protección.
Por lo que se refiere al fundamento jurídico de un marco europeo que regule las operaciones de las empresas a escala mundial, la Comisión concede prioridad a las medidas incentivadoras y con carácter participativo frente a un planteamiento de tipo represivo. Es decir, nunca hemos estado de acuerdo respecto a la certificación. Siempre hemos pensado en términos de discriminación positiva y de incentivos antes que en sanciones.
Por otra parte, la Comisión -y la Unión Europea en su conjunto- dan prioridad a los acuerdos multilaterales sobre las reglas unilaterales de dimensión internacional. No necesito explicar el conflicto Helms-Burton. La Unión Europea no está por este tipo de medidas de alcance extraterritorial.
En consecuencia, por mantener un mínimo de lógica, si nos hemos opuesto a la extraterritorialidad propugnada por el I Congreso estadounidense, difícilmente la Unión Europea podría aplicar leyes extraterritoriales aunque se trate de perseguir un fin noble como la protección social, la protección del medio ambiente, que reconozco como tales. Hay que ser coherentes y, en consecuencia, tiene que ser por la vía del diálogo y por la vía de la incitación como hay que introducir ese tipo de planteamientos en el plano interno.
Sobre la posibilidad de crear un observatorio europeo, es cierto que la Comisión no lo había previsto en sus conclusiones del seminario de noviembre. Sin embargo, estamos dispuestos a ayudar a los interlocutores afectados a reunirse para crear vínculos en las diferentes iniciativas y está dispuesta igualmente a favorecer los intercambios, la promoción, difusión de experiencias, así como la visibilidad de las empresas que ponen en práctica estos códigos. Es decir, la Comisión puede proporcionar un elemento integrador de todas las experiencias, de todos los códigos, de lo que hace cada empresa, no sólo en Europa, sino también en Estados Unidos; porque algunas empresas norteamericanas han introducido ya comportamientos éticos cuando trabajan en el extranjero. En ese sentido estamos abiertos a lo que decida el Parlamento.
Y por último, la Comisión también está dispuesta, si los interlocutores así lo desean, a establecer una red que permita trabajar sobre el contenido de los códigos y la puesta en común de distintos elementos y también sobre la delicada cuestión de un seguimiento, de un monitoring independiente. Esta es una cuestión muy delicada, porque si establecemos un sistema de monitoring , tendrá que tratarse de un monitoring muy objetivo, muy neutral, muy aséptico para impedir que, naturalmente, empiecen a juzgarse las situaciones en función de intereses económicos, de intereses de empresa o de intereses simplemente políticos.
De todas maneras, como ya hemos señalado, han pedido subvenciones la Federación sindical europea del textil, la Federación sindical europea del vestido y la del cuero. Y, en principio, la respuesta de la Comisión va a ser trabajar con los sindicatos y con las federaciones del textil, del vestido y del cuero con objeto de ofrecerles mecanismos financieros que les permitan constituir sus propias redes.
Y en relación con los recursos financieros, por los que ustedes preguntaban, disponemos de la línea B7-6000 para cofinanciar un gran número de ONGs, de manera que se puede fomentar este tipo de sensibilización. En cualquier caso, ya estamos actuando en ese sentido, y espero que se pueda seguir haciendo. El año pasado se concedió financiación sobre todo a aquellas ONGs que trabajaron con el eslógan -que seguramente conocerán ustedes- del «comercio justo». Prácticamente en todos los supermercados de Europa se desarrolló una campaña de «comercio justo» con productos de ese tipo de comercio, con una compensación al pagar en caja. Ese tipo de acciones de sensibilización se puede continuar haciendo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Marín.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
¡Cerramos la jornada con un poco más de tranquilidad que cuando la iniciamos!
Se cierra la sesión a las 20.50 horas

