Revisión de la comunicación sobre radiodifusión - Ayuda estatal a la radiodifusión pública (debate) 
Presidenta
- El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión por parte del señor Visser, del señor Belet y de la señora Hieronymi en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre la revisión de la comunicación sobre radiodifusión - ayuda estatal a la radiodifusión pública. - B6-0495/2008).
Cornelis Visser
autor. - (NL) Señora Presidenta, señora Comisaria, lamentamos que la señora Kroes no pueda acompañarnos esta tarde debido a que ha sufrido un accidente. Quiero aprovechar la oportunidad para desearle una pronta recuperación. Sin embargo, en lo político me opongo a que interfiera con la radiodifusión nacional pública.
El pasado jueves, conjuntamente con la señora Hieronymi y el señor Belet, organicé una audiencia para el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos acerca de la Comunicación de la Comisión sobre radiodifusión pública. Puedo asegurarles que el interés del sector y de los Estados miembros fue considerable. Incluso contamos con una numerosa asistencia de la Dirección General de Competencia. Resulta obvio que este asunto ocupa un lugar destacado en su programa. El Director General de Competencia estuvo presente durante toda la mañana en calidad de miembro del grupo de trabajo.
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión para revisar las normas de radiodifusión pública es inaceptable en sus términos actuales. Los servicios públicos de radiodifusión desempeñan un papel primordial en la protección de la diversidad cultural y lingüística, y del pluralismo de los medios de comunicación. Me opongo radicalmente a los planes de la Comisión. En primer lugar, debemos ser conscientes de que el de las sociedades públicas de radiodifusión constituye un ámbito nacional y que, en consecuencia, son las autoridades nacionales, y no la Comisión Europea, las que deben determinar su política. Esto también queda claramente consagrado en el protocolo sobre radiodifusión pública del Tratado de Ámsterdam. Los Estados miembros organizan y financian los servicios públicos de radiodifusión cuando les parece oportuno. Los planes de la Comisaria Kroes socavan seriamente el principio de subsidiariedad y la libertad de movimientos los Estados miembros, reemplazándolos por una interferencia europea. Me sorprende que, siendo una Comisaria liberal, haya optado por esta vía.
En segundo lugar, me preocupa la propuesta de introducir una prueba de mercado previa llevada a cabo por un supervisor independiente. Esto proporcionaría a los canales comerciales una considerable cantidad de información. ¿Es eso lo que queremos? Una prueba de mercado aumentará inevitablemente la carga administrativa. Cabe preguntarse si las pequeñas sociedades de radiodifusión podrán permitirse contratar más mano de obra y quién se hará cargo de los costes añadidos. ¿Los pagarán las sociedades de radiodifusión? ¿O tal vez serán los contribuyentes? Esta iniciativa no es factible en los Estados miembros más pequeños. Además, esta prueba es muy detallada: la propuesta carece de flexibilidad. En consecuencia, los Estados miembros ya no podrán adoptar políticas y procedimientos que encajen dentro de sus sistemas nacionales. Además, cabe también preguntarse si una estimación previa del impacto en el mercado y una evaluación pública de los nuevos servicios no darán excesiva ventaja a los competidores comerciales.
En tercer lugar, la propuesta me llena de inquietud porque los sistemas públicos de radiodifusión no están organizados exactamente del mismo modo en todos los Estados miembros. Existe una diversidad tecnológica, así como diferencias en los sistemas de radiodifusión, en su organización y en su alcance. También hay diferencias en lo que respecta al idioma y a la cultura. La norma "uno para todos" propuesta por el informe no puede ser aplicada en este caso. Y la propuesta no lo ha tenido en cuenta.
Una vez expresadas mis preocupaciones, quiero hacer un breve resumen de lo que sucedió en la audiencia del Grupo del PPE-DE el pasado jueves, en la que la actitud de la Comisión fue muy positiva. La Comisión admitió que posiblemente las propuestas eran demasiado detalladas y que había que modificar su redacción. El Director General me informó de que es posible retrasar la comunicación final hasta el 5 de marzo, fecha en la que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte organizará una segunda audiencia sobre este tema. Tras la audiencia, el Director General afirmó que, antes de presentar su comunicación final, la Comisión tal vez tuviera que preparar una nueva versión basada en la información proporcionada. Algo que constituye una excelente noticia.
Comprenderá, señora Presidenta, que esté agradablemente sorprendido por estas promesas. Al fin y al cabo, ello significa que la Comisión está abriendo los ojos y está preparada para escuchar la voz del sector, de los Estados miembros y del Parlamento. Me parece excelente.
Quiero dirigir a la Comisión unas cuantas preguntas más. En primer lugar, ¿mantendrá la Comisión la prueba de mercado detallada previa a cargo de un supervisor independiente? Es una pregunta que podrían transmitir a la Comisaria Kroes. ¿Está la Comisión dispuesta a para abandonar la idea del supervisor independiente y de la prueba de mercado previa, o persevera en ella?
En segundo lugar, ¿cómo se garantizaría la imparcialidad tecnológica? ¿Acaso la propuesta no implica la diferenciación entre los servicios actuales de las sociedades públicas de radiodifusión y los nuevos servicios de comunicación?
En tercer lugar, al hilo del comentario del Director General de Competencia, ¿está la Comisión preparada para elaborar una nueva propuesta basada en la nueva información disponible?
En cuarto lugar, ¿qué planea hacer la Comisión con respecto a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el caso de la cadena danesa TV2? ¿La incluirá en la nueva propuesta? En caso contrario, ¿cómo será aplicada?
Mi última pregunta es: ¿está dispuesta la Comisión a involucrar al Parlamento en el procedimiento de seguimiento y a esperar a debatir nuevamente esta cuestión con el Parlamento?
Espero que haya una cooperación excelente entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados miembros, de modo que la versión final de la Comunicación pueda debatirse a fondo.
Androulla Vassiliou
miembro de la Comisión. - Señora Presidenta, como ya se ha mencionado, mi colega, la señora Kroes, ha sufrido un pequeño accidente, por lo que no puede acompañarnos hoy.
El 4 de noviembre de 2008, la Comisión publicó, para su consulta hasta el 15 de enero, un nuevo proyecto de comunicación sobre radiodifusión. Nos tomamos muy en serio el proceso de consulta amplia. La Comisión parlamentaria de Cultura y Educación ha fijado una audiencia para el 5 de marzo y, como ya se ha dicho, el Grupo del PPE-DE ya celebro una audiencia el jueves de la semana pasada, con la asistencia del Director General de Competencia, Philip Lowe.
Este diálogo entre la Comisión y el Parlamento es importante. Estamos preparados para escuchar y para contestar a sus preguntas. También sabemos que, en septiembre de 2008, el Parlamento acordó que debía proporcionarse ayuda estatal a los servicios públicos de radiodifusión para que pudiesen cumplir su función en un entorno dinámico, evitando el uso de financiación pública por motivos de conveniencia política o económica. Esto coincide con nuestro parecer; tanto la radiodifusión pública como la privada son importantes. El doble sistema de radiodifusión es una respuesta al panorama de los medios de comunicación en Europa, que debe protegerse en todas las plataformas.
Por tanto, el proyecto de comunicación sobre radiodifusión pretende consolidar el argumento a favor de la ayuda estatal de la Comisión, puesto en práctica a partir de la comunicación de 2001. Este proyecto garantiza que nuestras normas reflejen el cambiante entorno de los nuevos medios de comunicación. El objetivo de la modernización de la Comunicación es aumentar la transparencia y la seguridad jurídica. El proyecto de comunicación especifica claramente que los servicios públicos de radiodifusión ofrecerán servicios audiovisuales en todas las plataformas mediáticas, al tiempo que dejarán a los operadores privados incentivos suficientes para que puedan mantenerse en el mercado. Esto queda garantizado por la denominada prueba de Ámsterdam, que equilibra el valor y los efectos negativos en el ámbito nacional de los servicios de los medios de comunicación con financiación pública.
¿Por qué incluimos estas pruebas? Porque realizarlas en el ámbito nacional permite evitar la intervención de la Comisión. La Comisión cada vez recibe más quejas sobre casos dudosos en los que la actividad de un medio de comunicación público puede carecer de un valor claro para los ciudadanos, pero cuyo impacto de mercado es considerable. Sin embargo, la Comisión opina que las intervenciones repetidas en este sector no son acordes con el espíritu de subsidiariedad. Por ello, queremos que los Estados miembros compartan la responsabilidad de la Comisión a la hora de controlar el impacto de los medios de comunicación financiados por el Estado sobre el mercado.
La prueba de Ámsterdam garantiza que los nuevos servicios de comunicación de los servicios públicos de radiodifusión satisfagan las necesidades sociales, democráticas y culturales de la audiencia, al tiempo que reducen al mínimo los daños colaterales causados por las ayudas estatales a los operadores privados. No estamos de acuerdo en que la prueba de Ámsterdam implique una carga administrativa injustificable. Por supuesto, cualquier prueba exige trabajo, pero el esfuerzo mínimo que requerimos es razonable y necesario. En primer lugar, la prueba sólo está prevista para los servicios importantes y realmente nuevos; y aquí nuestro proyecto deja a los Estados miembros un amplio margen de apreciación. Cada Estado miembro puede decidir cuándo un nuevo servicio audiovisual debe someterse a la prueba. En segundo lugar, el proyecto dispensa a los proyectos pilotos de la prueba. Los servicios públicos de radiodifusión pueden así continuar experimentando con nuevos medios de comunicación sin que sean necesarias pruebas preliminares. En tercer lugar, el proyecto da una libertad total a los Estados miembros para elegir los procedimientos adecuados y las instituciones que realizarán la prueba. Finalmente, cabe mencionar que los Estados miembros más pequeños, como Bélgica e Irlanda, ya aplican estas pruebas. Las soluciones adoptadas en estos países son proporcionales a los recursos disponibles. Dada la amplitud de la prueba, no existe riesgo de infringir la libertad editorial. La prueba tan sólo requiere que un medio de comunicación público satisfaga las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad y que su impacto en el mercado sea proporcional. Para proteger la independencia editorial, en el proyecto también dejamos abierta la posibilidad, en determinadas condiciones, de que la prueba pueda ser realizada por el propio servicio público de radiodifusión.
En resumen, yo diría que la Prueba de Ámsterdam debe considerarse más como una oportunidad que como una amenaza. Ayudará a mantener el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno de los nuevos medios al salvaguardar la imparcialidad y la seguridad tanto para los medios comerciales, incluidos los periódicos en línea, como para nuestros excelentes medios de comunicación públicos.
Ivo Belet
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (NL) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, buenas tardes. Antes que nada, quiero pedirles que transmitan nuestros mejores deseos a la señora Kroes. Esperamos que tenga una pronta recuperación, después del resbalón que sufrió. Naturalmente, esperamos que la señora Kroes esté de vuelta entre nosotros lo antes posible.
Obviamente, señora Comisaria, estamos de acuerdo con usted en que la Comisión debe garantizar, ahora y en el futuro, igualdad de condiciones a todos los actores en el ámbito audiovisual, es decir tanto para las sociedades de radiodifusión públicas como para las privadas. Esto es crucial para disponer de una oferta equilibrada y también irá en beneficio de la calidad.
No obstante, lo que la Comisión ha presentado se opone diametralmente a esta idea por varias razones, tal y como el señor Visser ha dejado bastante claro. Señora Comisaria quiero comenzar con un breve comentario sobre lo que acaba usted de decir. Esta prueba de mercado que nos propone ya se está llevando a cabo en Bélgica, entre otros países. Esto es verdad hasta cierto punto, pero no del todo. La prueba de mercado, o el análisis del impacto, está siendo aplicada ya en cierta medida por los propios servicios de radiodifusión, entre otros, pero no de conformidad con las modalidades establecidas en la propuesta de la Comisión, que parecen algo distintas.
Quiero compartir nuestras reservas sobre la propuesta. Mi principal objeción es que choca con la Estrategia de Lisboa. En efecto, hoy en día se da esta situación en muchos Estados miembros, donde son precisamente las sociedades públicas de radiodifusión las que generan y alientan la innovación en los medios de comunicación. Obviamente, esto debería seguir siendo así. En mi opinión, hemos tomado un rumbo equivocado con esa actitud administrativa condescendiente que desalienta la innovación. Las nuevas plataformas, particularmente en el contexto digital, como la banda ancha, Internet y otras, tienen un gran coste de desarrollo. Lo ideal es que las inversiones de este tipo se propaguen lo más ampliamente posible y se desarrollen de forma concertada. Las sociedades de radiodifusión privadas y públicas pueden así ofrecer sus contenidos en una plataforma compartida, y la competencia debería producirse precisamente en términos de contenidos, de modo que el cliente pueda beneficiarse al máximo.
No obstante, no nos malinterpreten. Apoyamos al 100 % las relaciones competitivas entre los servicios de radiodifusión públicos y los privados. Ambos deben disponer de espacio para proporcionar contenidos de calidad. Resulta obvio, a este respecto, que las sociedades públicas de radiodifusión deberán dar cuenta de los fondos públicos que gastan y con los que trabajan, aunque estemos convencidos de que hay mejores maneras de hacerlo. Al hilo de esto, queremos referirnos al ejemplo de la cadena británica BBC, en la que se han propuesto alianzas entre distintos socios en términos de desarrollo, producción y distribución. Es un buen ejemplo, en mi opinión, e invito a la Comisión a que reflexione con nosotros en esa dirección.
Katerina Batzeli
en nombre del Grupo del PSE. - (EL) Señor Presidente, señora Comisaria, la revisión de las directrices básicas sobre ayuda estatal a la radiodifusión pública propuestas por la Presidencia francesa constituye un debate extremadamente tópico tanto internamente en numerosos Estados miembros, y en relación con la posición de los medios de comunicación en el ámbito europeo e internacional.
No obstante, al mismo tiempo la revisión del conjunto de medidas sobre telecomunicaciones, que básicamente reestructurará el modo y los criterios de asignación del espectro radioeléctrico en el ámbito europeo, ha demostrado que las normas que rigen la financiación de los servicios de radiodifusión tienen ahora una importancia fundamental para la futura regulación y desregulación de los servicios vinculados con la sociedad de la información, la innovación y los servicios de interés público y económico. Ésta es, básicamente, la cuestión política que debemos resolver.
Queda claro que el debate sobre la ayuda estatal se centra principalmente en los denominados servicios públicos de radiodifusión, tal como los define cada Estado miembro, dados los recursos básicamente mínimos con que cuentan y, sobre todo, la importante función de servicio público que se les ha asignado. El importante papel de los servicios de radiodifusión se menciona en la Convención de la UNESCO, en el Protocolo de Ámsterdam y en la Comunicación de 2001 de la Comisión. En otras palabras, ya existe una plataforma en la que está claramente definido el papel de los medios de comunicación públicos.
Sin embargo, se ha abierto la cuestión de la ayuda estatal y debemos tener en cuenta algunas circunstancias nuevas, como usted ya ha estipulado, y algunas medidas que se están adoptando tanto de forma deliberada como no deliberada, debido a la confusión que a menudo existe entre los organismos públicos y los privados.
Quisiera mencionar algunos puntos: en primer lugar, la cuestión de la definición del mandato de servicio público no debe confundirse con la cuestión del mecanismo de financiación escogido para proporcionar estos servicios. Mientras que la televisión pública puede dedicarse a actividades comerciales -como la venta de espacios publicitarios- con el fin de generar ingresos, esta práctica ha sido condenada por determinados gobiernos, como el francés, y está siendo alterada basándose en la legislación nacional.
Por otra parte, los servicios comerciales de radiodifusión a los que se pide que ofrezcan un servicio público también desempeñan un papel importante. La coexistencia de proveedores de servicios públicos y privados supone un elemento básico del mercado europeo.
Quiero finalizar con otro asunto: los procedimientos ex-ante propuestos por la Comisión para evaluar la ayuda estatal deberían preocuparnos, no porque la subsidiariedad quede en suspenso o porque sea suplantada, sino porque no está claro que sean compatibles con los términos de la ayuda estatal.
Por último, quiero señalar que la cuestión de la ayuda nacional a las emisoras de radio y a los medios de comunicación de masas debería evaluarse en el marco de las relaciones internacionales, ya que las organizaciones europeas se ven obligadas a competir con colosos internacionales y porque la estricta legislación dañará los logros europeos y el acervo comunitario.
Ignasi Guardans Cambó
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, voy a intentar ser breve y, obviamente, empiezo mis palabras mandando también el saludo más afectuoso a la Comisaria Kroes, con el deseo de que se recupere de esa caída. Aquí, al menos, nos han puesto mucha sal en la puerta del edificio, pero veo que, en otros sitios, no había la suficiente sal.
El debate que tenemos es tremendamente importante y, por eso, en el fondo, el motivo fundamental del mismo es exigir, pedir a la Comisión que se implique al Parlamento. Ésta es la razón de ser de este debate; no es cerrarlo aquí, sino tener claro que antes de que se formalice esa comunicación de la Comisión, podamos contar realmente con un debate aquí y nos impliquemos todos.
¿Por qué? Porque lo que está aquí en juego no es sólo nuestro modelo de televisión; está en juego mucho más, porque ya las televisiones, como sabemos todos -y como supimos muy bien mientras debatimos la Directiva de servicios de medios audiovisuales- no son tal y como las conocíamos antes, sino que son, en realidad, elaboradores de contenidos, que suministran a través de una plataforma lineal o no lineal; todo está perfectamente interactuado por un lado y por el otro. Por tanto, estar hablando del servicio público de radiotelevisión ya no se puede plantear como si este debate se estuviera planteando en los años ochenta o en los años setenta.
Por otro lado, es obvio que el debate tiene que tener lugar, que no todo lo que hoy se recubre con la etiqueta de servicio público es servicio público y que no todo lo que se hace con dinero público tiene el más mínimo sentido que se esté haciendo con dinero público en algunas televisiones, pero, al mismo tiempo -y eso es el eje de nuestra preocupación, creo, y entiendo que también de algunos de mis compañeros diputados-, las televisiones públicas tienen una inmensa importancia para proteger nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad lingüística, y, en el fondo, para cohesionar nuestras sociedades, porque se supone que buscan algo más que la rentabilidad directamente.
Por tanto, ese equilibrio financiero hay que protegerlo. Hay que buscar modelos de financiación nuevos, debemos ser creativos y abrir ese debate, pero no podemos hacerlo de forma que pongamos en riesgo algo que es tremendamente importante para nuestras sociedades como son las actuales televisiones públicas.
Helga Trüpel
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la Comisión Barroso ha anunciado la abolición del exceso de regulación europea como uno de sus mayores objetivos políticos. Tenemos la impresión de que, con las propuestas que están haciendo, en realidad están alentando precisamente el exceso de regulación. La audiencia celebrada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos la semana pasada dejó claro que existen serias dudas sobre el grado de su interferencia en las competencias de los Estados miembros. Lo que ahora tenemos sobre la mesa despide un tufillo a exceso de regulación, y eso es algo que no podemos aceptar.
Es cierto que debemos alcanzar un equilibrio entre las posibilidades de desarrollar servicios de radiodifusión públicos y privados. Pero esto también significa -sobre todo en la era digital- que la radiodifusión pública, que representa la calidad, la diversidad cultural y la cohesión social y cultural, debe tener oportunidades para desarrollarse en la era digital. Exigimos esto como parte de la Estrategia de Lisboa. Si se niega esta oportunidad a la radiodifusión pública, se habrá convertido en un dinosaurio. Y no será capaz de desarrollarse adecuadamente.
Cuando pensamos en la crisis económica y financiera, todos llegamos a la conclusión de que los mercados deben regularse. La regulación social y ecológica no es una posición contraria a los mercados, sino favorable a los mercados justos; es decir, a los mercados regulados. Lo mismo se aplica a un contexto de relaciones en el que los sectores público y privado puedan desarrollarse en un futuro si aspiramos a tener éxito en el mundo digital.
Erik Meijer
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (NL) Señor Presidente, durante ochenta años la radiodifusión pública ha cumplido con la tarea de informar al público en su sentido más amplio. Este servicio puede sobrevivir gracias a la financiación pública que puede recaudarse por medio de un impuesto independiente de radio y de televisión, y que puede ser complementada con las contribuciones de los miembros de las organizaciones de radiodifusión, como sucede en Holanda desde hace mucho tiempo.
Paralelamente a esto, en las últimas décadas se ha alentado a la radiodifusión pública a ganar su propio dinero. Esto se consigue no sólo a través de la publicidad, sino también poniendo a disposición de la audiencia gran parte del material reunido por la sociedad de radiodifusión en forma de material de audio y de vídeo. Como resultado, se espera lograr una mayor cercanía a los espectadores y oyentes, llegar a nuevos grupos y reducir el gasto gubernamental. Esta práctica, que ha crecido a lo largo de los años, no plantea problemas mientras los canales comerciales no se sientan perjudicados.
Desde la perspectiva de los canales comerciales, los mucho más veteranos servicios públicos de radiodifusión pueden considerarse como competidores a los que se les ha concedido una importante ventaja, ya que obtienen fondos procedentes del dinero de los contribuyentes. La pregunta que debemos plantearnos es si el derecho a existir de los servicios públicos de radiodifusión ya no debería provenir en primera instancia de su utilidad para el conjunto de la sociedad, sino de la posible distorsión de la competencia con respecto a los canales comerciales. Dado que los intereses públicos y privados ya no coinciden, la Comisión Europea se enfrenta a exigencias contradictorias.
El futuro de los servicios públicos de radiodifusión penderá de un hilo si su margen de maniobra queda limitado a favor del planteamiento lucrativo de las empresas comerciales. Las cosas serán incluso peores si esto se hace sin la implicación del Parlamento y desestimando las objeciones expresas de 19 de sus 27 Estados miembros.
Durante los últimos años, he pedido en distintas ocasiones a la Comisión que abandone este plan nefasto. En mi opinión, ésa es la única solución posible, habida cuenta de la inquietud generalizada. Además, éste es un asunto que entra dentro de la competencia de los Estados miembros y no de la Unión Europea. Respaldo las preguntas y la posición del señor Visser y de los otros oradores.
Manolis Mavrommatis
(EL) Señor Presidente, señora Comisaria, tal y como mis colegas firmantes de la pregunta oral han enfatizado y tal y como otros distinguidos oradores señalaron con mayor detalle en la audiencia pública celebrada la semana pasada en Bruselas, debemos considerar la televisión pública como un medio que presta a nuestros ciudadanos un servicio que en gran medida está obligado a prestar.
El diálogo público, la autoridad supervisora independiente y la diversidad de programas, de acuerdo con la historia y la cultura de cada Estado Miembro, deben protegerse ante el desarrollo de las nuevas tecnologías y el gran número de empresas que surgen diariamente.
En el marco de una competencia saludable, la Comisión necesita impulsar nuevas vías de protección del interés público y de la radiodifusión pública.
Principalmente, debe aclararse la definición de la misión pública de los servicios de radiodifusión; necesitamos una mejor evaluación de la ayuda estatal, pero también, con respecto a la norma de transparencia, no debemos imponer cargas administrativas y financieras sin razón de ser a los Estados miembros y a los servicios públicos de radiodifusión en la evaluación ex-ante llevada a cabo por la Comisión.
También es necesario adoptar unos mecanismos de control más eficaces en el entorno de los medios de comunicación de masas. Además, como la radiodifusión pública desempeña un papel decisivo en la diversidad cultural y lingüística, todos esos medios de comunicación, al igual que las sociedades públicas y la televisión estatal, están obligados a ofrecer programas de calidad y, al mismo tiempo, en el marco de la competencia con otros entes similares, deben ser capaces de responder positivamente a los desafíos de nuestro tiempo, difundiendo eventos de interés mundial, como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. Por desgracia, hoy en día esto es algo que tiende a evitarse por una sola razón, y es que, puesto que las empresas privadas tienen más dinero, la televisión pública no puede permitirse esas retransmisiones. En consecuencia, los ciudadanos no pueden ver esos eventos junto con otros programas.
Para terminar, quiero señalar que, de igual modo, lo que actualmente está disponible en el mercado y los intereses de los medios de comunicación comerciales a la hora de definir el alcance de la competencia y de la actividad de los servicios públicos de radiodifusión no resultan beneficiosos para el interés general, con alguna que otra excepción como es lógico, y la Comisión ha de tenerlo muy en cuenta.
Maria Badia i Cutchet
(ES) Señor Presidente, señora Comisaria. También me uno a los deseos de una pronta recuperación de la señora Kroes.
Me gustaría hacer algunos comentarios generales en relación a la revisión de la Comunicación sobre radiodifusión. En primer lugar, quiero decirles que considero positiva esta revisión, iniciada por la Comisión, en la medida en que permitirá adaptar el contenido de la Comunicación del año 2001 a los cambios producidos tanto en el terreno tecnológico como en el propio ordenamiento comunitario.
También, porque mantiene los ejes esenciales de la Comunicación de 2001, que reconocen el papel imprescindible de los servicios públicos de radiodifusión a la hora de garantizar la calidad democrática y el pluralismo. Me refiero básicamente a los principios de la definición y delimitación por parte de los Estados del abasto y contenido de las misiones de servicio público asumidas por parte de las entidades públicas correspondientes, así como la libertad de escoger el modelo de financiación, evitando distorsiones de la libre competencia.
Asimismo, cabe señalar la atribución del cumplimiento de esta misión a una entidad o corporación específica mediante una resolución formal y la existencia de una supervisión externa e independiente de esta misión y, aquí, enfatizo el papel central de las autoridades de reglamentación del sector audiovisual.
En relación a las novedades más destacadas de la propuesta, valoro positivamente los controles ex ante a la prestación de nuevos servicios por parte de radiodifusores públicos, pero siempre que se mantenga el suficiente grado de flexibilidad que permita su adaptación al modelo institucional de cada Estado, así como su adopción progresiva.
Por último, pienso que hay que examinar con una especial cautela la posibilidad de que determinadas prestaciones incluidas dentro del servicio público audiovisual puedan ser objeto de remuneración o contraprestación económica por parte de los ciudadanos que las disfrutan, habida cuenta del carácter gratuito y universal que tradicionalmente ha prestado el servicio público audiovisual y de los riesgos de exclusión que podrían desencadenarse en caso de aceptación de esta modalidad de financiación. Espero que la Comisión tenga en cuenta estos comentarios.
Ieke van den Burg
Señor Presidente, está claro que lo que está en juego aquí es la tensión existente entre el interés público y su función en la sociedad frente al impacto en la competencia justa y el funcionamiento del mercado interior. Las fronteras entre la radiodifusión pública y la privada, pero también otros medios de comunicación, se están haciendo cada vez más borrosas y esto sucede particularmente cuando están en juego nuevos medios de comunicación como Internet, el iPod, los SMS, etc.
Como ya se ha dicho, la radiodifusión pública es a menudo la protagonista de la innovación de los servicios, pero queda claro que ése es un impacto transfronterizo y entre los sectores de los medios de comunicación. Por tanto, es importante mantener la coherencia entre la Comunicación sobre radiodifusión y el marco general de los servicios de interés económico colectivo. Ésta es una cuestión importante que ya hemos tratado en la Comisión parlamentaria de Asuntos Económicos y Monetarios. En particular, los miembros del Grupo del PSE en esa Comisión han hecho hincapié en que es importante generar mayor seguridad jurídica para los servicios de interés económico general, y nos gustaría que hubiese un acuerdo político para crear una directiva marco y una legislación en este ámbito.
La consulta sobre el proyecto de Comunicación que tenemos ante nosotros y que ha presentado la Comisión puede recibir comentarios hasta el 15 de enero, y es importante manifestar de nuevo con claridad que este marco general más horizontal sería un instrumento importante para ampliar el contexto de los debates como este sobre la radiodifusión pública.
Es importante determinar quién decide las normas y qué equilibrio existe en ellas entre los intereses del mercado y el interés público. Tengo la sensación de que la prueba de mercado mencionada en la Comunicación daría prioridad a las consideraciones de mercado y comerciales, en perjuicio del interés público. Ésta era nuestra intención con las nuevas normas horizontales sobre los servicios de interés económico general.
Me sorprende un tanto que el Grupo del PPE-DE se centre ahora en estas cuestiones específicas, dado que se mostró dubitativo a la hora de apoyar nuestra petición de un marco más general. He ahí un ejemplo -también en este caso de radiodifusión- de que, si no se dispone de un marco de trabajo claro y más amplio y en el que se conceda mayor protagonismo e importancia a los aspectos relacionados con el interés público, siempre serán los intereses del mercado los que predominarán en este tipo de debates.
Quiero aprovechar la oportunidad para repetir nuestra petición de un marco de servicios de interés económico general, el cual, desde un planteamiento horizontal, restituya el equilibrio entre estos intereses a favor del interés público.
Emine Bozkurt
(NL) Señor Presidente, radiodifusión pública significa pluralismo, diversidad, diversidad cultural en Europa, la cuna de la democracia -no me lo he inventado, la Comisión puede confirmarlo-; y los servicios públicos de radiodifusión tienen una importancia nacional. Ahora hay en marcha planes para introducir una prueba de mercado que será llevada a cabo de antemano, particularmente en el caso de las actividades de los nuevos medios de comunicación. No creo que sea una buena idea, porque Bruselas no debería dictar con antelación cómo deben organizar los Estados miembros sus servicios públicos. En mi opinión, la manera de responder a los intereses públicos debe evaluarse en el ámbito nacional, lo que hace innecesaria una prueba de mercado obligatoria.
También quiero decir unas palabras sobre la burocracia. Aunque estoy a favor de las comprobaciones exhaustivas, debemos asegurarnos de que no generamos más normas y más costes para los Estados miembros.
Además, en lo referente a la oferta, creo que no deberíamos distinguir entre servicios viejos y nuevos, porque, en la práctica, las líneas entre ambos se han borrado. No estamos ante una disyuntiva; los programas de televisión a menudo van de la mano de nuevos servicios, y viceversa. De modo que, al igual que en Europa, ambos se entrecruzan. No sólo tiene que ver con el mercado, sino también con la importancia pública de nuestros servicios públicos de radiodifusión, reconocida universalmente. Me gustaría que la Comisión explicara si este aspecto se incluirá en la versión adaptada de la Comunicación, y si las responsabilidades se asignarán adecuadamente, esto es, a los Estados miembros; aunque vayan acompañadas de normas sobre los servicios de interés general que deberían ser redactadas previa consulta con el Parlamento Europeo y con el Consejo.
Thomas Mann
(DE) Señor Presidente, la radiodifusión pública es algo más que un factor económico. La semana pasada asistí en Bruselas a la audiencia organizada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. En ella se destacó la importancia de la información y de la diversidad de la cultura y la educación europeas. Si veintidós Estados miembros se muestran contrarios a la revisión o a la intensificación porque tenemos un marco de condiciones distinto y distintos mercados, me parece un error aspirar a una administración exhaustiva, a un largo procedimiento de prueba como el obligatorio ex-ante ya comentado, o a la interferencia europea con un engorroso concepto burocrático.
Ya existen organismos de control de la radiodifusión pública: los consejos de radiotelevisión. Vigilamos la adaptación a los cambios tecnológicos. Vigilamos el cumplimiento de las normas para garantizar una competencia justa. Yo soy miembro de uno de estos organismos, como representante de la Unión de Federalistas Europeos en el Consejo de radiotelevisión de Hesse [Hessischer Rundfunk]. Nuestra independencia está garantizada por la ley. Por otra parte, estamos sujetos a un control total y adecuado por parte del público. Así es como funciona una política eficaz sobre medios de comunicación.
Zuzana Roithová
- (CS) Señor Presidente, el estado coincide con la opinión de sus Señorías cuando afirman que el apoyo a la radiodifusión de interés público requiere una aclaración legislativa. Durante mucho tiempo, hemos pedido esto en el Parlamento Europeo. No obstante, quiero llamar su atención sobre asuntos más urgentes que la Comisión debe solucionar lo antes posible. Mencionaré tres de ellos. En primer lugar, necesitamos la introducción generalizada de antenas televisivas compartidas para incluir la radiodifusión digital, especialmente en los bloques de apartamentos que son propiedad de agentes inmobiliarios, de conformidad con las excepciones del Artículo 5 de las directrices informativas, ya que éste es un problema para millones de ciudadanos en los nuevos Estados miembros, incluida la República checa. El segundo punto es impulsar una mayor cooperación entre los consejos nacionales de radiotelevisión y las instituciones europeas, con el objeto de lograr una mejor aplicación de las disposiciones relativas a los servicios públicos. El tercer punto es mejorar la coordinación entre las autoridades nacionales de control de las emisiones de televisión en relación con las sanciones impuestas por emitir programas inadecuados que amenazan el desarrollo moral de niños y jóvenes.
Androulla Vassiliou
miembro de la Comisión. - Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos por este fructífero debate, cuyos términos trasladaré a mi colega la señora Kroes.
Permítanme que me refiera a alguno de sus comentarios. El Protocolo de Ámsterdam señala la necesidad de equilibrar la financiación con fondos públicos y sus efectos en la competencia. Queremos que los Estados miembros tomen la iniciativa a este respecto, pues de lo contrario tendremos que hacerlo en Bruselas basándonos en las quejas.
Nuestro objetivo es dar a los Estados miembros más posibilidades de desarrollar los servicios de radiodifusión pública, siempre que se respeten las disposiciones del Tratado sobre la competencia. Los servicios de radiodifusión pública deben seguir innovando, educando y, claro está, entreteniendo. La Comisión está de acuerdo con estos objetivos.
La decisión de cómo se financian los servicios de radiodifusión pública corresponderá a los Estados miembros. El Protocolo de Ámsterdam lo indica claramente. Los servicios públicos de radiodifusión tendrán libertad para experimentar con nuevos proyectos. El proyecto de Comunicación deja claro que los proyectos piloto quedan excluidos de las pruebas. Siempre hemos reconocido la posibilidad de proporcionar financiación para una misión de servicio público que incluya una amplia programación, variada y equilibrada, por parte de los servicios públicos de radiodifusión. Éste seguirá siendo el caso en el futuro.
La Comisión también quiere garantizar una combinación de público y privado. La Comisión aspira a promover a los servicios públicos de radiodifusión para que se beneficien de las nuevas tecnologías de modo que cubran las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad.
La prueba de Ámsterdam permite a los Estados miembros proporcionar financiación para nuevos servicios de comunicación por parte de los servicios públicos de radiodifusión. Protege la capacidad de ir a la par de las transformaciones que experimenta el cambiante entorno de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, también en interés público se mantienen los incentivos para los operadores privados. La innovación por parte de los servicios de radiodifusión públicos y privados es importante para hacer realidad los objetivos de Lisboa, y no es necesario decir que los servicios públicos de radiodifusión también tendrán libertad para lanzar en el futuro todo tipo de servicio comercial nuevo sin evaluación previa.
Quiero garantizarles que nos tomamos la consulta muy en serio. Revisaremos el texto para tener en cuenta las legítimas inquietudes aquí expresadas. Voy a pedir a nuestros servicios que tengan en cuenta las propuestas del Parlamento y de los Estados miembros a la hora de revisar el borrador.
Presidente
El debate queda cerrado.
