Avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas (breve presentación) 
Presidente
El siguiente punto es el informe de Diana Wallis, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas.
Diana Wallis
ponente. - Señor Presidente, llevamos hablando del Derecho contractual europeo más de una década; ya es hora de actuar, y si alguna vez hubo un momento en el que el Mercado interior necesitó un impulso en cuanto a transacciones adicionales, es ahora.
La Comisión de Asuntos Jurídicos está a favor de un instrumento optativo, un segundo Derecho contractual europeo para todos los ciudadanos y las empresas. Creemos que podría ayudar. Pero hemos afirmado que habrá criterios estrictos para el siguiente paso. Debe existir un elevado nivel de protección del consumidor, superior al que existe en muchos de nuestros Estados miembros. Debe ser fácil de manejar para las PYME; debe proporcionarles cierto honor dirigir sus empresas en virtud de este contrato optativo, y el Derecho nacional no debe salir perjudicado.
El proceso debe basarse en las pruebas, debe realizarse una evaluación de impacto y debe contarse con la plena participación del parlamento, y sobre esa base, como he afirmado, la hora de hablar se ha acabado y necesitamos avanzar. Los hay que están nerviosos y se contentan con utilizar la idea de una "caja de herramientas". A los que tienen esa idea les digo que lleven mucho cuidado, porque tengo mis sospechas de que una caja de herramientas sin un instrumento optativo tiene más posibilidades de invadir el Derecho nacional que una caja de herramientas con un instrumento optativo voluntario que respete la autonomía de las partes y no resulte perjudicial para el Derecho nacional.
Veamos algo que, mientras avanzamos, ofrezca una justicia preventiva para los ciudadanos de la UE y las pequeñas empresas, que verdaderamente nos proporcione un instrumento que signifique justicia para el crecimiento. Ya se ha hablado bastante, ahora toca pasar a la acción.
Raffaele Baldassarre
(IT) Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero ofrecer mi felicitación a la ponente, la señora Wallis, por su trabajo y por el contenido de su informe, que comparto plenamente.
Creo que el único modo de cumplir de manera adecuada los objetivos del conjunto de la reforma del Derecho contractual europeo es la adopción de un instrumento optativo. Asimismo, un instrumento optativo no debe ni armonizar ni sustituir los Derechos contractuales nacionales, sino más bien trabajar junto a ellos como instrumento alternativo que ofrezca libertad de elección a las partes contractuales.
En consecuencia, no coincido con las propuestas que han presentado aquellos que prefieren limitar el alcance de este instrumento para que se aplique únicamente a los contratos de comercio electrónico, puesto que ello crearía una distinción artificial y, sobre todo, innecesaria entre transacciones en línea y transacciones realizadas en persona.
Nuestro cometido como legisladores no es limitar la naturaleza jurídica del reglamento basándonos en la especulación o las proyecciones de mercado, sino garantizar la seguridad jurídica y sentar las bases de un lenguaje jurídico común en el ámbito del comercio.
Evelyn Regner
(DE) Señor Presidente, Comisaria Reding, es evidente que la visión del Derecho contractual europeo es maravillosa. No obstante, al fin y al cabo, debe ofrecer algo positivo para los ciudadanos europeos, o de otro modo la idea del Derecho contractual europeo sería sencillamente el arte por el arte. ¿Por qué el informe empieza con las partes más vulnerables en este ámbito, es decir, los consumidores? El elemento clave del informe de la señora Wallis, la recomendación del instrumento optativo, es una exigencia poco razonable para los consumidores, por decirlo suavemente. Es confuso para ellos, y en términos prácticos, nunca serán los propios consumidores los que puedan decidir el Derecho contractual de qué Estado utilizan en última instancia, sino sus homólogos en la cuestión, en particular, las grandes empresas.
En cualquier caso, ahora no es el momento de afirmar que el instrumento optativo es la última palabra sobre esta cuestión, sino más bien es el caso en el que debemos considerar con mayor detenimiento el resto de opciones: la caja de herramientas que se ha citado y los modelos contractuales.
Jaroslav Paška
(SK) Señor Presidente, yo también quiero darle las gracias a la señora Wallis por su arriesgado avance. Aunque no tengo ni idea de cómo progresará, sin duda debemos intentar garantizar que los ciudadanos europeos, los minoristas europeos y los consumidores europeos se beneficien de lo que yo denominaría igualdad de normas, para que puedan comprar, vender, y por ende, realizar transacciones comerciales sobre la base de las mismas normas.
En vista de la complejidad de la maquinaria del Derecho europeo y de la legislación nacional, un sistema único optativo que pudiera desplegarse en toda la Unión Europea constituye una perspectiva atractiva, pero probablemente sea una tarea de Sísifo, puesto que sin duda nos veremos obstaculizados por diversos sistemas jurídicos, protestas de la profesión legal y cuestiones de jurisdicción. Me temo que será muy difícil de establecer, pero démosle una oportunidad a ver qué ocurre.
Zuzana Roithová
(CS) Señor Presidente, señora Comisaria, aunque la legislación contractual voluntaria puede dar lugar a problemas jurídicos con respecto a su aplicación, representa un modo de deshacerse de los distintos sistemas de Derecho contractual, que explican parcialmente la elevada tasa de fracaso de las adquisiciones transfronterizas por parte de los consumidores, que se estima en un 60 %. Lamentablemente, los empresarios se enfrentan a muchos otros escollos. El Derecho contractual no es el único que no cuenta con una armonización plena: tampoco lo está el Derecho de los consumidores. Existen diferencias significativas en los regímenes fiscales y en las normas contables. Los pagos suelen conllevar cargos bancarios, y el uso transfronterizo de contenido digital suele bloquearse por motivos de licencia. Además, los consumidores de 10 Estados miembros no pudieron encontrar ofertas nacionales de al menos 100 productos probados, mientras que los consumidores de 13 Estados miembros encontraron ofertas de precios transfronterizos que eran al menos el 10 % más baratos que en su propio país. Por ello, apoyo la propuesta de emitir contratos voluntarios normalizados jurídicamente vinculantes que se traduzcan a todos los idiomas. Al mismo tiempo, quiero instar a la Comisión a que desempeñe un papel más activo a la hora de resolver las cuestiones urgentes pendientes, para poner fin a la fragmentación del mercado interior.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la ponente, la señora Diana Wallis, junto con Hans-Peter Mayer y Sirpa Pietikäinen, por el excelente trabajo que han realizado en este expediente.
Es muy evidente que, tras la crisis económica mundial, el mercado interior necesita un impulso. Necesitamos el mercado interior si queremos crecimiento, creación de empleo e innovación. ¿Cuál es el la situación actual? Solo una de cada cuatro empresas desarrolla actividades comerciales más allá de sus fronteras, y las que lo hacen limitan sus operaciones a tan solo algunos Estados miembros. Eso significa que pierden la oportunidad de utilizar el Mercado interior.
¿Qué consecuencias tiene para los consumidores? Pues que tampoco obtienen las ventajas del mercado interior. Muchos pedidos transfronterizos -hasta un 61 % de los pedidos del mercado interior- no se completan por este motivo. Eso significa que el mercado interior no funciona ni para las empresas ni para los consumidores. Por ese motivo la Comisión ha lanzado una consulta sobre opciones políticas en el ámbito del Derecho contractual, en respuesta a la cual el Parlamento va a emitir su dictamen hoy.
Hemos constatado que los fracasos del mercado interior se deben, en parte, a las diferencias existentes en el Derecho contractual nacional. Estamos de acuerdo en que existen otras razones del fracaso, pero nuestras encuestas recientes del Eurobarómetro demuestran que los obstáculos relativos al Derecho contractual ocupan el primer lugar de los 11 obstáculos que existen en las transacciones de empresa a consumidor. Es por ese motivo por el que debemos librarnos de estos obstáculos, uno por uno, empezando ya por el Derecho contractual.
Por cierto, este Parlamento lleva diez años debatiendo esta cuestión, pero los expertos externos la llevan debatiendo 30 años. Así que todo el trabajo realizado para analizar y realizar propuestas está encima de la mesa. Y nunca nos hemos aprovechado de ese hecho. Por ese motivo coincido con la ponente en que ya es hora de actuar y de considerar las medidas positivas que podemos adoptar.
He tomado nota de la evaluación del informe sobre las opciones políticas presentado en el Libro Verde y del apoyo a la solución innovadora de un instrumento optativo, que deja fuera a la armonización pero ofrece a los consumidores y a las empresas la posibilidad de contar con un sistema europeo. También he visto el apoyo hacia un instrumento aplicable en las transacciones de empresa a consumidor y de empresa a empresa, que favorezca un alcance material que abarque los contratos de ventas, los contratos de suministro de contenido digital y algunos contratos de servicios. He tomado muy buena nota de las declaraciones del Parlamento en el sentido de que cualquier instrumento futuro, cualquiera que sea su apariencia, debe proporcionar a los consumidores un elevado nivel de protección a fin de no privarles de la protección que de otro modo les proporcionaría la legislación nacional. Se trata de una condición sine qua non. Si no la tenemos, fracasaremos en todas nuestras actividades.
¿Cuál es nuestra situación en este momento? El 3 de mayo de 2011, la Comisión publicó los resultados de un estudio de viabilidad realizado por el Grupo de Expertos sobre Derecho europeo contractual, e invitamos a todas las partes interesadas a que expresaran su parecer. La Comisión está analizando los resultados de la consulta pública, y posteriormente elaborará una evaluación de impacto detallada para determinar cuál debe ser el próximo paso que, en tiempos de crisis, será positivo para impulsar el mercado interior y crear crecimiento y empleo en el mercado interior expandiendo los mercados, la mayoría para las PYME, y dando a los consumidores la posibilidad de mejores opciones y mejores negocios.
Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles, 8 de junio, a las 12.00 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Cristian Silviu Buşoi
A pesar de que contamos con un mercado interior, las empresas y los consumidores no aprovechan al máximo las oportunidades que ofrece, puesto que el porcentaje de transacciones transfronterizas sigue siendo muy reducido. El mercado interior puede revitalizarse fomentando las transacciones transfronterizas, y creo que este informe contribuirá a lograr este objetivo.
Es evidente que debemos respetar las diferencias entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros y el principio de subsidiariedad, motivo por el cual no considero la armonización como la opción más adecuada. Por otra parte, considero que la aplicación opcional de las normas comunes para los contratos transfronterizos constituye una alternativa viable. Además, creo que si un Estado miembro quiere ampliar el alcance de la aplicación del Derecho europeo a las transacciones nacionales, debe tener libertad para hacerlo. Es muy cierto afirmar que esta no es la solución para todos los problemas. Existen otros obstáculos que impiden las transacciones transfronterizas, además de estas diferencias del Derecho contractual, relativas a ámbitos como las cuestiones fiscales, la propiedad intelectual o la disponibilidad de métodos de pago electrónicos. No obstante, creo que este instrumento optativo merece una oportunidad, puesto que podría librarse parcialmente de la carga administrativa que actualmente impide a las PYME ampliar su actividad comercial en los Estados miembros distintos al suyo.
