Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 26 de junio de 1997.

Declaración del Presidente
El Presidente
Señorías, hace apenas 48 horas el brutal asesinato de Miguel Angel Blanco, concejal del Ayuntamiento de Ermua, sacudía los sentimientos y convicciones más profundos de las mujeres y hombres de bien del País Vasco y de toda España. Estos días, millones de esos hombres y mujeres han salido a la calle en una impresionante manifestación de solidaridad, gritando «Basta ya de violencia» y diciendo «Sí a la libertad, a la paz y a la tolerancia».
El Parlamento Europeo, coherente con su trayectoria, condena del modo más enérgico no sólo ese odioso atentado a la convivencia, sino también el intento mismo de imponer la voluntad de una minoría a la mayoría democráticamente elegida. Tampoco podemos tolerar que el sólo hecho de ostentar un cargo por elección de los ciudadanos sea un motivo para perder la vida. Demasiadas veces hemos visto en Europa el rostro oscuro de la dictadura y de la intransigencia como para no saber reconocerlo en quienes el sábado asesinaron a uno de nuestros conciudadanos. A la familia de Miguel Angel Blanco le hacemos llegar nuestro más profundo sentimiento de dolor y nuestro apoyo en estos momentos difíciles.
A las fuerzas políticas democráticas que unánimemente han pedido el aislamiento de ETA y de Herri Batasuna en España y fuera de ella, hemos de darles nuestro apoyo explícito. Como representantes de los ciudadanos europeos, les pido que nos sumemos con un minuto de silencio a ese grito de tristeza, pero también de esperanza, que ha brotado espontáneamente del pueblo. Nosotros Señorías, también somos Miguel Angel.
(El Parlamento guarda un minuto de silencio)

Aprobación del Acta
El Presidente
Se ha distribuido el Acta de la sesión del 26 de junio de 1997.
¿Hay alguna observación?

Van Bladel
Señor Presidente, el Acta literal del 25 de junio contiene un error. Aquella noche celebramos un debate sobre el gasto de los fondos del programa PHARE. Yo dije que convendría ampliar el número de miembros de la comisión para poder aprovechar mejor los fondos de PHARE. En dicha ocasión utilicé la palabra «bestaffing » (dotación de personal), pero por desgracia en el Acta literal figura la palabra «bestraffing » (castigo). Es un craso error. Asimismo es un error que se utilice el dinero de PHARE para que en Eslovaquia se publiquen libritos de historia que contienen observaciones xenófobas y es lamentable que el Consejo no responda en absoluto a mis preguntas.

El Presidente
Muchas gracias, señora van Bladel, aunque le hago observar que esto no se refiere al Acta de la sesión sino al Acta literal, es decir, la que recoge todas las intervenciones textualmente. Pero tomamos nota de ello.
Tiene la palabra la Sra. Bloch von Blottnitz.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, permítame que pregunte cómo ha sido posible que el representante de la Presidencia neerlandesa del Consejo haya dicho a preguntas de las ONG de allí y de representantes gubernamentales cuál es la opinión del Parlamento Europeo sobre CITES. Exactamente ocho días antes, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en el debate de urgencia que abarca aproximadamente tres páginas. Ha dicho literalmente que el Parlamento Europeo no tiene ninguna opinión al respecto. Esto es un escándalo. No estamos jugando a ser un Parlamento sino que somos un Parlamento. ¡A ver si toman nota por fin de ello los representantes del Consejo! El representante del Consejo no puede decir que el Parlamento no tiene ninguna opinión al respecto cuando ocho días antes ha aprobado en el debate de urgencia una resolución de tres páginas.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bloch von Blottnitz, le aseguro que averiguaremos qué es lo que ha ocurrido exactamente y lo que ha dicho la presidencia neerlandesa y, en caso necesario, me dirigiré a ella para llamarle la atención.
(Queda aprobada el Acta)

Plooij-Van Gorsel
El 12 de mayo formulé una pregunta sobre el concurso público relativo al mobiliario para este Parlamento. En esa ocasión, usted me dijo: tiene que hacerlo por escrito. Así lo hice el 14 de mayo. De eso hace ahora nueve semanas y sigo sin recibir una respuesta. El 26 de junio, durante el pleno de Bruselas, le pregunté de nuevo cuándo me daría una respuesta y entonces me dijo usted: antes del siguiente período parcial de sesiones en Estrasburgo. Pues bien, este ha empezado hoy, pero sigo sin recibir ninguna respuesta. No comprendo cómo puede usted tratar así a las empresas de la Unión, pues tenía una pregunta al respecto. ¿Es éste un ejemplo de la transparencia de nuestro Parlamento? Por tanto, quisiera recibir mañana a más tardar una respuesta por parte de la Mesa.

El Presidente
Señora Plooij-van Gorsel, tiene usted razón en que le dije que tendría la respuesta antes de esta semana, pero hay muchas preguntas que contestar y los servicios van preparando las contestaciones en el momento que pueden. Estas respuestas tienen que pasar, además, por la Mesa, no las redacto yo personalmente. En todo caso, como la Mesa se va a reunir esta tarde y el jueves de esta semana, espero que en esta semana tenga usted esa contestación.
Tiene la palabra el Sr. Gallagher.

Gallagher
Señor Presidente, yo quisiera referirme a un incidente muy grave acaecido este fin de semana en mi circunscripción del condado de Mayo. En las poblaciones de Glencullen, Glenamoy y Bangor Erris, muchas familias perdieron sus hogares arrasados por las riadas, los ríos desbordaron sus cauces, las inundaciones provocaron corrimientos de tierra, dejaron intransitables las carreteras y destruyeron instalaciones agrícolas y viviendas. Se perdieron cabezas de ganado ovino y bovino, las cosechas quedaron destruidas y ha sido un auténtico milagro que no se perdiera ninguna vida humana.
Esto tendrá graves consecuencias económicas y sociales para toda la región. Yo pido al Parlamento que respalde una petición dirigida a la Comisión para que se pongan fondos de ayuda a disposición de las personas afectadas por dicha catástrofe natural. Soy consciente de que no se trata de la única región de Europa afectada -ha habido catástrofes en otras zonas- y espero que el Parlamento respaldará una petición a la Comisión para que ponga a disposición de la citada región de Mayo los créditos oportunos.

El Presidente
Gracias, señor Gallagher, pero esto no es una cuestión sobre el orden del día. Normalmente, el cauce para estas cuestiones es el del debate sobre problemas de actualidad y urgencia.
Tiene la palabra el Sr. Titley.

Titley
Señor Presidente, hoy hace una semana que un autocar que transportaba a un grupo de alumnos del Colegio Saint James, de Bolton, que pertenece a mi circunscripción, sufrió un grave accidente en los Alpes franceses. Tres jóvenes perdieron la vida como resultado del accidente. Con la seguridad de que la Asamblea comparte mi pesar y mi dolor por tan trágica pérdida, yo le ruego, señor Presidente, que tenga a bien transmitir a la escuela el pésame en nombre de todo el Parlamento.
Dicho accidente ha llamado una vez más la atención sobre el tema de los cinturones de seguridad en los autocares, especialmente los que transportan niños. Un aspecto particularmente trágico es que el Colegio Saint James tiene como norma utilizar siempre autocares provistos de cinturones de seguridad. Lamentablemente, su autocar tuvo una avería y se vieron obligados a alquilar un autocar local francés que no estaba equipado con cinturones de seguridad.
Esta tragedia ilustra a la perfección la necesidad de contar con una legislación eficaz de ámbito europeo que proteja a nuestros ciudadanos cuando viajan entre los Estados miembros. Por consiguiente, yo le pido, señor Presidente, que escriba una carta al Presidente de la Comisión y al Presidente en ejercicio del Consejo con objeto de llamar la atención sobre esta trágica pérdida de vidas humanas e instarles a examinar las posibilidades de mejorar la legislación comunitaria en relación con la instalación de cinturones de seguridad en los autocares.
Finalmente, yo quisiera dejar constancia de mi reconocimiento al Comisario de Transporte, Sr. Kinnock, por la rapidez y comprensión con que ha respondido en relación con este tema.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, lamento tener que decirle que no puedo aceptar la respuesta que acaba de darme. En dos ocasiones me ha dicho usted que se encargaría cuanto antes de que se me diera una respuesta. Es innegable que el jefe de sus servicios de licitación puede contestar a esta pregunta. Si resulta tan difícil indicar si las empresas de los distintos Estados miembros gozan de igualdad de oportunidades en los concursos, me pregunto hasta qué punto este Parlamento es transparente.

El Presidente
Señora Plooij-van Gorsel, ya ha repetido usted su punto de vista dos veces. Esto no es una cuestión de orden. Hay un cauce para plantearla y un cauce para ser respondida. No le volveré a dar la palabra sobre este tema.

Composición del Parlamento
El Presidente
Señorías, les comunico que la Sra. Péry me ha notificado por escrito su renuncia como vicepresidenta, con efecto a partir del martes 15 de julio de 1997 y como diputada al Parlamento Europeo con efecto a partir del miércoles 16 de julio de 1997.
De conformidad con el artículo 12 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, la Asamblea constata esta vacante e informará de ello al Estado miembro interesado.
A título personal, pero creo que interpretando el sentir de esta Asamblea, creo que debemos manifestar nuestra gratitud a la Sra. Péry por los largos años durante los que ha servido como vicepresidenta de esta Asamblea, con absoluta efectividad y con la aprobación de todos los miembros de la Asamblea.
Las autoridades francesas me han comunicado la sustitución del Sr. Philippe de Villiers por el Sr. Eric Pinel, con efecto a partir del 17 de junio de 1997.
Doy la bienvenida a este nuevo colega y recuerdo que, en virtud del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento, todo diputado ocupa su escaño en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos, aunque no se haya verificado su credencial o no se haya resuelto sobre una posible impugnación.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 10 de julio de 1997, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones:
Lunes, martes y miércoles: (sin modificaciones). Me pide la palabra la Sra. Baldi.

Baldi
Señor Presidente, por lo que respecta a la sesión del miércoles, debo formular una propuesta que afecta en particular a la declaración de la Comisión sobre la Cumbre «Planeta Tierra», o sea, la Cumbre de Nueva York. Habida cuenta de que una declaración tan importante corre el riesgo de ser tratada demasiado tarde, a medianoche, puesto que tenemos un orden del día muy cargado, deseo solicitar si es posible adelantarla a la sesión del martes o atrasarla a la del jueves. De otro modo, corre el peligro de no ser tomada en consideración debidamente, y Europa, como es obvio, debe ocupar un espacio importante en lo referente a dicha declaración.

El Presidente
Señora Baldi, yo le recuerdo que se pueden hacer propuestas de modificación hasta una hora antes de iniciarse la sesión. Esa propuesta que usted ha hecho ahora no ha llegado una hora antes. Por tanto, no es posible tomarla en consideración, aun lamentándolo mucho.
Tiene la palabra el Sr. Blot.

Blot
Señor Presidente, desearía plantearle una cuestión relativa al orden del día.
Como usted sabe, hoy es 14 de julio, fiesta nacional y día festivo para los ciudadanos franceses. La Presidencia tiene la intención de transmitir un sencillo mensaje de cortesía a los diputados, al personal de los diferentes grupos y al personal del Parlamento o asignado a su servicio, que sean de nacionalidad francesa, en nombre de todos, por supuesto. Creo que nuestros amigos serían muy sensibles a ello, al igual que nosotros, sobre todo porque la cortesía forma parte de las costumbres parlamentarias más esenciales para el buen funcionamiento de una institución como la nuestra.
Señor Presidente, le agradecería lo que pudiera hacer o decir en este sentido.

El Presidente
Señor Blot, sabe usted que cualquier petición que apele a la cortesía recibirá siempre una respuesta favorable por parte del Presidente del Parlamento Europeo. Usted mismo se ha pronunciado sobre cuál ha de ser el contenido del mensaje solicitado. Lo hago mío y pido a todos los franceses que lo acepten. Gracias.

Green
Señor Presidente, yo quisiera pedirle que confirme aquí en el Pleno que la votación del informe Rothley se realizará el miércoles. Así consta en el orden del día, pero parece que existe bastante confusión al respecto y, dado el carácter delicado del tema, es importante que todo el mundo pueda escuchar de sus propios labios cuándo se realizará la votación.

EL Presidente
La votación se realizará el miércoles a las 12.00 horas.
Jueves:

El Presidente
El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, solicita la inclusión de una declaración de la Comisión sobre la cuestión de las exportaciones fraudulentas de carne de bovino procedentes del Reino Unido.
Tiene la palabra el Sr. Novo para defender la solicitud.

Novo
 Señor Presidente, Señorías, como sin duda sabrán, hace algunos días la Comisaria Emma Bonino informó en conferencia de prensa de que se habían producido casos de exportación fraudulenta de carne bovina procedente del Reino Unido.
Creo que hay razones para que debatamos este asunto en el pleno. En primer lugar, las informaciones de la señora Comisaria fueron imprecisas e incompletas, lo que contribuyó a un singular agravamiento espectacular de la especulación informativa entre la población. Además, la propia Asociación Europea de Defensa de los Consumidores se hizo eco de ello.
Por otro lado, y en segundo lugar, las informaciones de la Comisión llegaron con retraso, pues dos meses antes de la conferencia de prensa el propio Comité Veterinario Permanente ya había informado a la Comisión de los hechos divulgados.
En tercer lugar, si la señora Comisaria presenta una información ante los órganos de comunicación social que es incompleta y poco detallada, con mayor razón debe hacerlo ante esta Cámara, pero aquí de forma completa si fuera posible.
En cuarto lugar, situaciones de este tipo son las que contribuyeron a que la crisis de las vacas locas cobrase las importantes dimensiones que llegó a tomar. Conviene que no repitamos errores del pasado y que tratemos, ahora mismo, sobre esta cuestión.
En quinto lugar, considero que esta materia, que la señora Comisaria Emma Bonino saca a colación, no está dentro del ámbito de competencias de la Comisión de seguimiento de la crisis de EEB. ¡No hay relación entre una y otra cosa!
Por todas estas razones, yo pediría a todos los colegas que accediesen a nuestra propuesta de que se incluya en el orden del día del jueves una declaración de la Comisión sobre la exportación fraudulenta de carne bovina procedente del Reino Unido.

El Presidente
Tiene la palabra la Sra. Roth-Behrendt para argumentar en contra de la solicitud.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, he escuchado con atención al colega y al final ha dicho que el «statement» de la Sra. Bonino no tiene nada que ver con la EEB. Esto me ha sorprendido después de haber escuchado su exposición inicial. Mi grupo político y yo estamos en contra que se coloque en el orden del día de esta semana un dictamen de la Sra. Bonino por el siguiente motivo: el Parlamento ha creado una comisión temporal para controlar las actividades de la Comisión en lo tocante a la Comisión de Investigación para la EEB. Esta comisión temporal se reúne públicamente, lo hace hoy, mañana y el jueves. Todos los diputados de esta Asamblea pueden participar en sus reuniones y escuchar las declaraciones que hace allí la Comisión. Hoy lo hará el Comisario Fischler. La Sra. Bonino y el colega están invitados a escuchar hoy en la comisión temporal la declaración de la Comisión que él desea para el jueves.
Si el colega indica que la Comisión ha informado demasiado tarde entonces tiene otra información que yo. El Comité Científico no ha sido el que ha asesorado a la Comisión sino que lo ha hecho el departamento para la lucha contra el fraude de la Comisión. Cuando la Comisión actúa responsablemente entonces informa una vez que todos -la fiscalía, la policía y aduanas- han adoptado sus medidas. Hasta ahora no tengo ningún motivo para dudar de que la Comisión no lo haya hecho así. Esta tarde vamos a escuchar al Sr. Fischler y a la Sra. Bonino, mañana al Sr. Cunninghan, ministro británico de agricultura y el jueves al Sr. Boden, ministro luxemburgués de agricultura y Presidente del Consejo. Con ello, el Parlamento debería estar suficientemente informado a través de su comisión, por lo que no existe ninguna necesidad de que la Comisión emita un dictamen ante el Pleno.

(El Parlamento rechaza la solicitud)

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, siento pedirle que volvamos al orden del día del miércoles. Usted, señor Presidente, ha dicho que el orden del día del miércoles no presenta ninguna variación. ¿Debo entender que, como es consuetudinario, de 17.30 a 19.00 horas tendrá lugar el turno de preguntas al Consejo?

El Presidente
Sí, es así. Y le agradezco que me dé la ocasión de aclarar el asunto. La Conferencia de Presidentes retrasó media hora el turno de preguntas al Consejo para hacer posible una declaración más del Consejo. Lo que ocurre es que en la versión española se ha producido una errata y pone la hora 17.30 a 19.00 en vez de 18.00 a 19.00, que sería la correcta.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, con el debido respeto parlamentario, no sólo a usted sino a la Conferencia de Presidentes, quiero recordar que hay un derecho consuetudinario consistente en que todos los miércoles el Consejo responda a las preguntas de sus Señorías durante una hora y media. En este caso, según mi información, hay 37 preguntas formuladas por sus Señorías que esperan recibir respuesta del Consejo. No me parece que disminuir o retrasar este tiempo contribuya a resaltar la gran importancia que tiene el diálogo entre los diputados y diputadas de esta Asamblea y los representantes del Consejo. Por lo tanto, quiero expresar, con todo respeto, mi disconformidad con esta modificación del horario y con esta disminución del tiempo.

El Presidente
Muchas gracias a usted, Sr. Gutiérrez Díaz. Esta semana tiene un orden del día extremadamente cargado. Los Grupos han entendido que debía haber tres declaraciones del Consejo, que también es una forma de diálogo parlamentario, por lo cual excepcionalmente se ha introducido esta modificación en el orden del día.
Tiene la palabra el Sr. Posselt.

Posselt
Señor Presidente, quiero adherirme a esta crítica. El turno de preguntas, que durante años se ha celebrado entre las 21.00 y 22.30 horas, se ha aplazado a la hora después del almuerzo de mediodía. En alguna ocasión se descubrió que el Consejo estaba demasiado cansado a esas horas de la tardes por lo que se adelantó el turno de preguntas a después del mediodía. Desde entonces, cada dos o tres veces se acorta o se aplaza. Me parece que se debería colocar de nuevo a las 21.00 horas, con lo que se solucionaría el problema.

El Presidente
Muchas gracias, señor Posselt. Ya he explicado las razones por las que se ha modificado el orden del día. La disconformidad habría que expresarla cada uno en su Grupo parlamentario, dado que los Grupos han dado su conformidad respecto de este cambio.

Presentación por el Defensor del Pueblo europeo de su informe anual (1996)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe anual del Defensor del Pueblo europeo (1996).

Söderman
Señor Presidente, Señorías, ante todo yo quisiera agradecer el espacio de tiempo que han tenido a bien reservar en el apretado programa de la sesión de julio para la presentación del informe anual del Defensor del Pueblo. La práctica de que el Defensor del Pueblo presente personalmente su informe indica que el Parlamento Europeo sigue la mejor tradición parlamentaria de los Estados miembros que han establecido la institución de un Defensor del Pueblo.
Yo tengo el convencimiento de que esto redundará en beneficio de nuestros ideales comunes en favor de una Europa abierta y democrática. El informe anual correspondiente a 1996 es el primero que abarca un año completo de actividad del Defensor del Pueblo europeo. El informe se concentra en los trabajos realizados en relación con los casos tratados, si bien ha sido necesario dedicar aún un considerable esfuerzo de orden administrativo a completar el proceso de instalación de la oficina del Defensor del Pueblo y a organizar una campaña informativa. En el futuro debería ser posible dedicar una mayor parte del tiempo a atender las reclamaciones e iniciativas, y yo tengo la seguridad de que los resultados seguirán siendo cada vez más satisfactorios desde el punto de vista de los reclamantes.
La oficina del Defensor del Pueblo atendió 1.014 casos en 1996, 842 de los cuales correspondieron a nuevas reclamaciones recibidas en dicho año. La mayoría fueron presentadas por ciudadanos particulares y sólo 86 procedieron de empresas y asociaciones; 29 reclamaciones fueron remitidas por diputados del Parlamento Europeo; a lo largo del año se emprendieron tres investigaciones por propia iniciativa. En total, en 1996 se iniciaron 210 investigaciones.
Las instituciones aludidas fueron la Comisión Europea, en 187 casos, el Parlamento Europeo, en 19 casos, y el Consejo de la Unión Europea, en 4 casos. Estos datos reflejan el hecho de que la Comisión es la institución que mantiene con mayor frecuencia relaciones administrativas directas con los ciudadanos europeos.
Las investigaciones se completaron en 102 casos. En 82 casos las investigaciones permitieron constatar que no existía mala administración. Dos reclamantes retiraron sus reclamaciones y en 12 casos la institución u órgano implicados resolvieron el asunto de manera satisfactoria para el reclamante.
Se constataron 34 casos de mala administración, 32 de los cuales se saldaron con una observación crítica a la institución u órgano afectados. Una reclamación y una investigación por propia iniciativa tuvieron como resultado dos recomendaciones provisionales a las correspondientes instituciones u órganos. La primera de las mismas fue aceptada de inmediato por el órgano en cuestión y la segunda, formulada como resultado de la investigación por propia iniciativa sobre las normas de acceso a los documentos, al parecer ha sido generalmente bien acogida.
Hasta el momento no se ha llegado a presentar al Parlamento Europeo ningún informe especial sobre un caso de mala administración. Esto se debe en parte a que la mayoría de las instituciones y órganos comunitarios han adoptado una actitud de cooperación con el Defensor del Pueblo, sobre todo procurando alcanzar directamente una solución amistosa con el reclamante. Por otra parte, los procedimientos establecidos para el estudio de los casos requieren necesariamente un cierto tiempo y muchas investigaciones no han alcanzado aún la fase en la que podría ser adecuado elaborar un informe especial. Es probable que más entrado el presente año tengamos ocasión de presentar por primera vez un informe especial.
En el debate del año pasado yo hice referencia al hecho de que muchas de las quejas recibidas estaban fuera de las competencias del Defensor del Pueblo establecidas en el Tratado. Un 35 % de las reclamaciones recibidas durante el primer año estaban dentro de las competencias establecidas. Si bien muchos Defensores del Pueblo nacionales se encuentran con el mismo problema, la proporción de quejas que quedan fuera de las competencias continúa pareciéndome bastante elevada. También podría argumentarse que la elevada proporción de quejas que se ha considerado que estaban fuera de las competencias del Defensor del Pueblo indica que éste ha aplicado una interpretación en exceso restrictiva del término mala administración.
Nuestro informe anual de 1995 afirmaba que «existe mala administración cuando una institución u órgano comunitario no actúa de conformidad con los Tratados y con los actos comunitarios que le afectan o no observa las normas y principios jurídicos establecidos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia». También se afirmaba que «el Defensor del Pueblo europeo debe tomar en consideración las exigencias del artículo F del Tratado de la Unión Europea que establece que las instituciones y órganos comunitarios deben respetar los derechos fundamentales». Esta definición iba acompañada de una lista de ejemplos.
A la vez se afirmaba que la experiencia de los Defensores del Pueblo nacionales indica que es preferible no intentar definir de manera demasiado rigurosa la mala administración. El informe de la Comisión de Peticiones sobre el Informe Anual de actividades de 1995 del Defensor del Pueblo europeo, que tuvo como ponente a la Sra. Ahern, consideraba prudente y adecuado evitar aplicar una definición demasiado rigurosa en aquel momento. Ahora contamos con mayor experiencia en la aplicación de las disposiciones relativas al Defensor del Pueblo europeo.
Puesto que ahora se plantea el tema de la definición del concepto de mala administración, yo me comprometo a ofrecer una definición más precisa en mi informe anual correspondiente a 1997. El Parlamento Europeo y sus comisiones competentes tendrán así la oportunidad de formular observaciones sobre esta cuestión y contribuir a aclarar la situación.
El año pasado se planteó otro tema importante en el curso de las deliberaciones sobre el Informe Anual de 1995, que hacía referencia a las competencias del Defensor del Pueblo para iniciar investigaciones por propia iniciativa. Yo argumenté que la tarea primordial del Defensor del Pueblo es atender las reclamaciones y destaqué que no debería ejercerse con demasiada liberalidad la facultad de actuar por propia iniciativa. Podría hacerse uso de la misma en el caso de que una serie de reclamaciones atraigan la atención sobre un organismo concreto o un tipo particular de actividad administrativa. El informe Ahern insistía en que las investigaciones por iniciativa propia debían ser un instrumento importante del Defensor del Pueblo y afirmaba que «esta forma de investigación puede adquirir mucho mayor importancia en años venideros, en beneficio del funcionamiento democrático de la Unión y, por lo tanto, del Parlamento y de los ciudadanos».
En el debate del año pasado se me instó a hacer un uso más frecuente de las investigaciones por propia iniciativa del que yo había anunciado. La opinión parecía ser que las actividades del Defensor del Pueblo deberían adquirir un mayor relieve.
En 1996, una tercera parte de las reclamaciones que dieron lugar a una investigación se referían al ejercicio por parte de la Comisión Europea de sus responsabilidades como guardiana de los Tratados. El tema era el control del cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones de conformidad con el Derecho comunitario. Tal como se expone en las páginas 67 y 68 del Informe Anual, de estas quejas se desprendía que los procedimientos de la Comisión eran motivo de considerable insatisfacción para los ciudadanos europeos. Por consiguiente, yo inicié una investigación por propia iniciativa sobre esta cuestión. El resultado de la misma ha sido que la propia Comisión debería contemplar la posibilidad de conceder a los reclamantes individuales un papel más relevante en el procedimiento, por consideraciones de buena práctica administrativa. La iniciativa no se ocupa de la potestad discrecional de la Comisión para decidir la presentación o no presentación de una denuncia por infracción ante el Tribunal de Justicia.
La falta de transparencia también fue objeto frecuente de reclamaciones que resultaron en una investigación. Como se expone en la página 82 del Informe Anual, estas reclamaciones contribuyeron de manera importante a la decisión de iniciar una investigación por iniciativa propia sobre las normas que regulan el acceso del público a los documentos. La investigación abarcó 15 instituciones y órganos comunitarios y concluyó con la recomendación de que se promulguen normas sobre el acceso del público a los documentos en un plazo de tres meses. Aun cuando las instituciones y órganos en cuestión en general aceptaron de buen grado esta recomendación, el plazo fijado resultó ser poco realista. Éste se prolongó posteriormente hasta finales de julio de 1997. Dada la importancia de esta cuestión, éste podría ser un caso que sería adecuado someter a la consideración del Parlamento en una fecha posterior de este mismo año, como tema del primer informe especial.
La misma política por lo que respecta al ejercicio del poder de investigación por propia iniciativa inspiró la siguiente investigación de este tipo iniciada por el Defensor del Pueblo. Ésta tuvo por objeto la inclusión aparentemente frecuente y rutinaria de límites de edad entre los requisitos de admisión establecidos por las instituciones y órganos comunitarios. Esta cuestión ha originado una serie de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo. La mayoría de éstas proceden de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 1995 y alegan que la aplicación de límites de edad constituye una discriminación injustificada.
El recurso a las investigaciones por propia iniciativa en relación con temas cuidadosamente seleccionados constituye una buena oportunidad para que tanto la institución u órgano afectados como el Defensor del Pueblo aborden el problema de manera exhaustiva y satisfactoria.
Yo quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las instituciones y órganos comunitarios la cooperación en una atmósfera constructiva a lo largo de un año. En particular, quiero darles las gracias a usted, señor Presidente, y a su predecesor, el Sr. Hänsch, por el apoyo y la comprensión que han demostrado en relación con la labor del Defensor del Pueblo, y también a los numerosos diputados y funcionarios del Parlamento Europeo que han prestado su asistencia a la misma. También quisiera dirigirme a la Comisión y a la Comisaria competente, la Sra. Gradin, para agradecerle su firme compromiso en favor de una administración abierta y responsable. El Secretario General de la Comisión, el Sr. David Williamson, se ha hecho acreedor de un reconocimiento especial por su contribución al establecimiento de los principios básicos de cooperación con la oficina del Defensor del Pueblo. Puesto que muy pronto dejará el servicio, yo quisiera destacar cuán significativa ha sido su intervención para garantizar el buen resultado de nuestro trabajo común en favor de los ciudadanos europeos.
También quisiera expresar mi gratitud al presidente de la Comisión de Peticiones, Sr. Fontana, a su predecesor, el Sr. Newman, y a todos los miembros de dicha comisión por su interés claramente expresado y por la actitud de cooperación mantenida en sus contactos con la oficina del Defensor del Pueblo.
Debo expresar mi especial agradecimiento al Sr. Papakyriazis, que ha demostrado una actitud de seriedad y meticulosidad en la elaboración del completo y detallado informe que ahora se debate, el cual contiene muchas observaciones útiles y propuestas para impulsar la cooperación entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo, sin dejar de mantener la independencia de ambos órganos.
El derecho de petición al Parlamento Europeo y el derecho de apelar al Defensor del Pueblo constituyen conjuntamente una posibilidad única para promover los derechos de los ciudadanos europeos. Las observaciones y propuestas del informe Papakyriazis ofrecen una base para buscar maneras eficaces de apoyar este noble objetivo. Por mi parte, yo espero que en un futuro próximo tendremos ocasión de traducir estas ideas en medidas factibles y prácticas encaminadas a establecer una relación fluida.

El Presidente
Gracias, señor Söderman.

Informe anual de actividad (1996) del Defensor del Pueblo europeo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0211/97) del Sr. Papakyriazis, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe anual de actividad (1996) del Defensor del Pueblo de la Unión Europea (Defensor del Pueblo europeo).

Papakyriazis
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Södermann, Señorías, esta noche tengo el gran honor de presentar al pleno el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre el informe anual de actividad del Defensor del Pueblo europeo para 1996. Es el primer informe de actividad del Defensor Europeo que cubre un año completo y nos da así, creo, la posibilidad de examinar más madura y detalladamente este nuevo órgano. Porque el Defensor del Pueblo europeo es un órgano nuevo que tiene, sin embargo, una amplia historia en esta sala. Aquí fue donde se configuró, donde tomó su forma final y aquí se votó en 1995 el primer Defensor del Pueblo europeo.
Una Europa cercana a los ciudadanos no sería factible, no sería realidad, si sus mecanismos fueran desconocidos y si ella misma fuera hostil e impenetrable para los ciudadanos, a cuyo servicio está la Unión Europea. El Defensor del Pueblo es uno de los órganos que invitan a trabajar con paciencia, con insistencia y rigor, y que en su caso intervienen para contrarrestar actuaciones que alteren o transgredan el funcionamiento de una gestión honrada por parte de los órganos europeos.
Presento hoy, y hablo siempre en nombre de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, un informe que tuvo la suerte de ser aprobado unánimemente, sin ningún voto en contra ni ninguna abstención. Quiero pues, en nombre de la comisión, felicitar al primer Defensor del Pueblo europeo por su detallado, extenso y orientativo informe. Y le felicito por el fondo de su trabajo y por los resultados logrados en 1996. Aunque la institución del Defensor del Pueblo cuenta con una larga tradición, el Defensor del Pueblo europeo es un órgano nuevo, con nueva fuerza y nuevas exigencias. Queremos felicitarle por los resultados concretos obtenidos en el examen de las denuncias en situaciones concretas y precisas. La colaboración registrada hasta el momento entre los órganos implicados de la Unión Europea nos permite, creo, ser optimistas para el futuro. Ciertamente, ha habido situaciones en las que el Defensor del Pueblo ha encontrado alguna oposición, como hay también situaciones que esperan todavía su consumación.
Creemos que el Parlamento Europeo es el órgano institucional que puede y debe aportar su solidaridad y su peso político especifico al ejercicio del control parlamentario por parte del Defensor del Pueblo en relación con los órganos institucionales de la Comunidad Europea. Esto no significa en ningún caso que el Parlamento Europeo influya o discuta la autonomía o la independencia del Defensor del Pueblo europeo. Por lo demás, es necesaria la profundización continua de nuestra mutua cooperación, de la colaboración entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo europeo, en una actuación paralela y diaria en pos del objetivo común.
En el informe se exponen propuestas concretas en sus doce apartados. No me entretendré en ellas refiriendo pruebas concretas y prácticas de la plena colaboración y coordinación de nuestras actividades. Tan sólo diré que se requiere una profundización, un mayor esfuerzo de información a los ciudadanos, porque en muchos de ellos existe, en todos los países europeos, una imagen en cierto modo confusa de las competencias y las posibilidades del Parlamento Europeo y del Defensor del Pueblo europeo.
No volveré sobre las cuestiones que el Sr. Södermann ha expuesto. Estamos de acuerdo en la utilidad de una consideración realista de la mala administración. En todo caso, creo que es común la necesidad de dotar de un contenido más preciso a la buena administración. Estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de investigación de las mismas iniciativas.
Concluyo diciendo que nos encontramos ante una nueva institución establecida en Maastricht oficialmente y que hoy, después de Amsterdam, adquiere una nueva dimensión y perspectiva. Confío en que coincidimos todos en seguir y dinamizar su papel, siempre en beneficio de los ciudadanos a los que, como Parlamento Europeo, representamos.

Newman
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo europeo, Sr. Söderman, por su excelente informe anual correspondiente a 1996. Recomiendo su lectura a todos los diputados del Parlamento; sé que esta semana está disponible en todas las lenguas. Quienes hemos tenido oportunidad de examinar con anterioridad dicho informe sabemos con cuánta minuciosidad está redactado. El Sr. Söderman expone en él su primer año completo de trabajo y los casos alegados de mala administración que ha investigado.
Es importante que el Sr. Söderman haya destacado en su intervención las investigaciones que ha iniciado por iniciativa propia, ya que éstas dimanan de cuestiones importantes; no las ha ideado él, sino que tienen su origen en reclamaciones que él ha examinado y en quejas que han atraído su atención hacia problemas generales que requieren su intervención. Como hemos podido escuchar, las quejas relativas a las evaluaciones del impacto medioambiental de la variante de Newbury y la M40, correspondientes ambas a mi país, el Reino Unido, llevaron al Defensor del Pueblo a la convicción de que la Comisión estaba incumpliendo su cometido en algunos aspectos y que era más apropiado realizar un examen general de la posición de los reclamantes individuales en materia de procedimiento, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 169. También su investigación por propia iniciativa encaminada a promover el acceso del público a los documentos de las instituciones comunitarias tuvo su origen en las reclamaciones recibidas. Acogemos con profunda satisfacción todas estas actividades.
Es importante que se divulgue más ampliamente el derecho de los ciudadanos a dirigir al Defensor del Pueblo sus quejas por presuntos casos de mala administración, al igual que el derecho de los ciudadanos y residentes a dirigir peticiones al Parlamento Europeo sobre otras cuestiones que afectan al ámbito de competencias de las Comunidades Europeas, y también las respectivas competencias y responsabilidades del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Peticiones.
Finalmente, yo quiero felicitar a nuestro ponente de la Comisión de Peticiones, Sr. Papakyriazis, que ha elaborado un informe ponderado que examina con gran detalle el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, le felicita merecidamente por su labor y le ofrece apoyo y propuestas positivas para el futuro.

Fontana
Señor Presidente, a raíz del informe del Sr. Perry sobre las actividades de la Comisión de Peticiones, que se trató en la sesión plenaria del mes de junio, y del informe del Sr. Papakyriazis sobre las actividades del Defensor del Pueblo, yo también me sumo a la invitación del Sr. Newman para que sus Señorías lean el precioso informe del Sr. Södermann. A través de estos dos informes, el Parlamento Europeo desea afrontar en concreto y no de forma abstracta, el crucial y decisivo asunto de la ciudadanía europea: una ciudadanía que surge del convencimiento de todos los ciudadanos europeos de pertenecer a una Comunidad en la que la soberanía no se atribuye a los déspotas modernos, esto es, a los burócratas, sino a la ley, una ley en cuya elaboración participan los propios ciudadanos por medio de sus representantes en los Parlamentos nacionales y en el Parlamento Europeo. Por desgracia, el Parlamento Europeo no posee plenos poderes de iniciativa legislativa, sino sólo poderes de codecisión, a pesar de que estos últimos fueron ampliados en la reciente Cumbre de Amsterdam. Para un Parlamento, sin embargo, se trata de una grave carencia, de una carencia estructural, ya que la tarea fundamental del Parlamento debería ser la de legislar, aunque esto es imposible.
Dicha carencia tiene una doble consecuencia: la primera plantea la existencia de un grave déficit democrático en la relación entre los ciudadanos y nuestro Parlamento, puesto que los ciudadanos no se sienten involucrados en el proceso de elaboración de las leyes. La segunda consecuencia es que la integración europea no se asienta sobre un proceso inductivo: del hecho a la ley, del particular a lo universal, sino sobre un proceso abstracto y deductivo: de la ley a la directiva y a la realidad específica, de lo general a lo particular. Y quien conoce la historia de nuestro continente conoce la pluralidad de historias, culturas, lenguas que lo caracterizan.
De ello se derivan las crisis de rechazo, los incumplimientos y las dificultades de las comunidades nacionales en cuanto a transponer las directivas comunitarias. En otras palabras, la Unión corre el riesgo de fracasar, porque los ciudadanos no se consideran el sujeto, sino el objeto de las decisiones de las Instituciones comunitarias o incluso, en cierta medida, víctimas de lo que se decide a escala comunitaria. Por otra parte, la Comisión debe vigilar la aplicación de la ley, debe ser la garante de la construcción europea. Los antiguos decían: ¿Quis custodiet custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Los propios ciudadanos, esto es, los ciudadanos europeos son los que tienen, en el caso de incumplimiento de la ley y en virtud del Tratado de Maastricht, tan sólo dos posibilidades reales, dos caminos principales: el primero es el de dirigirse al Parlamento Europeo a través de la Comisión de Peticiones -el famoso derecho de petición- y el segundo el de acudir, en el caso de mala administración de la acción de las Instituciones comunitarias, al Defensor del Pueblo europeo, cuya actividad nos la acaba de ilustrar el Sr. Papakyriazis. La acción diferenciada -política la una y administrativa la otra-, pero convergente y de colaboración de estos dos organismos se dirige, por un lado, a crear un sistema de protección de los ciudadanos europeos de tipo no judicial, simple, eficaz y gratuito y, por otro, a señalar y colmar todas las lagunas, que son muchas e impiden pasar de la norma general abstracta y a menudo lejana a su concreta aplicación, a fin de lograr el pleno establecimiento de la ciudadanía europea que es una de nuestras aspiraciones.

Thors
Señor Presidente, Señorías, Defensor del Pueblo, yo soy del norte. Por eso acostumbro a decir lo que pienso. Y digo que lo que aquí tenemos es un informe de calidad elaborado por el Defensor del Pueblo que espero que cree escuela en relación con futuros informes. Se centra en las observaciones esenciales, y no da todos los detalles. Pienso que este informe nos ayudará a comprender lo que se quiere decir con el término buena administración, que tenemos derecho a unos plazos mejores y más justos de tramitación de reclamaciones, a mejores explicaciones de los motivos para las decisiones adoptadas, y a que disminuya la discriminación, como ha dicho el propio Defensor. Esperamos además que en el futuro haya una mayor transparencia en base a los informes por propia iniciativa.
Además pienso que este período de un año y medio ha demostrado que el Defensor del Pueblo es necesario en sus funciones de guardián de los guardianes, como él ha dicho refiriéndose al artículo 169. Apoyamos lo que se dice en el informe, pero existen algunos comentarios de la Comisión de Peticiones, a los que se referirán mis colegas de Grupo, en los que no estamos del todo de acuerdo.

Gutiérrez Díaz
Señor Presidente, el informe del Sr. Papakyriazis, en su punto primero -y no es una formalidad-, felicita al Defensor del Pueblo europeo por su amplio y bien elaborado informe anual relativo a 1996. Yo creo que ésta es una felicitación justa, pero que debiéramos extender retrospectivamente a la idea feliz de haber creado esta institución en el ámbito del Parlamento Europeo en los acuerdos de Maastricht, y felicitarnos también por la buena colaboración entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones. Convendría decir aquí que en esta buena colaboración influye la personalidad del Sr. Söderman y la de los dos presidentes que durante este período han encabezado nuestra Comisión de Peticiones, el Sr. Newman y el Sr. Fontana.
En su intervención nos ha dicho que se está abriendo paso una concepción de la ciudadanía europea que implica el saber que, ante la mala administración, se puede acudir al Defensor del Pueblo; un Defensor del Pueblo que ha demostrado tener iniciativa y al que hay que felicitar por haber tomado la iniciativa de vigilar esa función fundamental de la Comisión, que consiste en velar por el cumplimiento de los Tratados. También hay que felicitarlo por haber respondido -por iniciativa propia, pero con un gran sentimiento general- a esta preocupación por la transparencia de nuestras instituciones.
Así pues, por todo ello, creo que hay que felicitar al Sr. Söderman por su informe y por su trabajo, y al Sr. Papakyriazis porque nos lo ha interpretado de tal forma que ha permitido que se aprobara el informe por unanimidad en la Comisión de Peticiones, y tengo la impresión de que ése es el camino que va a seguir el informe también en este Pleno.

Hautala
Señor Presidente, señor Defensor del Pueblo, estimados colegas, en nombre del Grupo de los Verdes tengo el placer de felicitar al Defensor del Pueblo por el gran éxito con que se ha saldado este año de actividades. Durante este periodo el Sr. Söderman también ha logrado cobrar un mayor protagonismo, algo que el Parlamento Europeo echó en falta el año pasado.
De manera particular, me gustaría felicitar al Defensor del Pueblo por sus propias iniciativas, comenzando por aquella que hace referencia a las reclamaciones relacionadas con la legislación comunitaria. Reviste una gran trascendencia otorgar una mayor importancia al peticionario, de manera que éste pueda realizar un seguimiento minucioso del curso que se da a su reclamación. El peticionario debe tener derecho a ser informado acerca del diálogo que entablen el País miembro y la Comisión, y puede, también, tener motivos para completar su reclamación en virtud de la información que obtenga. En segundo lugar, la iniciativa encaminada a lograr una mayor transparencia en las instituciones, que tendrá unas repercusiones de gran alcance, constituye un pilar fundamental para la democracia en la Unión Europea. Aguardamos con gran expectación el primer informe específico del Defensor del Pueblo sobre esta cuestión. A pesar de que el Acuerdo de Amsterdam ya hace un mayor hincapié a este respecto, estoy convencida de que la mera presencia del Defensor del Pueblo impulsará un aumento de la transparencia.
Señor Presidente, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo aprobó la semana pasada las normas de esta institución en materia de transparencia. Es de lamentar que ello tuviera lugar a puertas cerradas. Ni siquiera los miembros de esta cámara tuvieron la oportunidad de participar en la elaboración de dichas normas. Desgraciadamente, estas normas son, en muchos aspectos, menos rigurosas que las normas de transparencia del Consejo. Creo que se trata de una gran derrota, habida cuenta de que el Parlamento ha querido aparecer como un adalid de la transparencia en el ámbito político. En esta ocasión, la transparencia atañe principalmente a los documentos administrativos, por lo que el Parlamento debería haber predicado con el ejemplo también en lo relativo a esta cuestión.

Dupuis
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar no solamente al ponente por su excelente informe, sino sobre todo al Defensor del Pueblo europeo por su magnífico trabajo y por esa función (fundamental para la Unión Europea) a la que ha conseguido dar una importancia evidente. Es fundamental, por una razón que quizá no ha sido suficientemente señalada y que consiste en que se priva de una serie de coartadas a los gobiernos nacionales que intentan siempre alejarse de los males de todo tipo sobre el funcionamiento de las instituciones comunitarias y, por consiguiente, de trasladar al nivel europeo los problemas que no consiguen resolver a nivel nacional.
Por supuesto, sabemos que no será sólo gracias al Defensor del Pueblo como podremos solucionar un problema mucho más fundamental, como es el de la democracia de la Unión Europea, una democracia que se respeta tan poco que si la propia Unión Europea tuviera que ingresar ateniéndose a los mismos criterios que los países candidatos, sin duda se vería suspendida. Ciertamente, no esperamos mucho en ese sentido por parte del Defensor del Pueblo, pero, en cualquier caso, puede eliminar una serie de coartadas, puede actuar de forma que las instituciones europeas sean un poco menos el chivo expiatorio de los gobiernos nacionales.
Unas palabras acerca de los temas sobre los que mi grupo desearía que trabajase el Defensor del Pueblo europeo un poco más intensamente: convendría reforzar aún más (ya lo ha hecho) la utilización de Internet, para permitir a los ciudadanos que presenten denuncias a través de Internet, actuando de manera que sea también más conocido, sobre todo utilizando medios más tradicionales de información, y pienso en los diarios nacionales y regionales. Quizá se le pueda sugerir que vea si, con el Comité de las Regiones, no sería posible llegar a difundir la existencia de Internet, su papel y su función fundamental hasta en las regiones más alejadas de la Unión Europea.

Chanterie
Señor Presidente, Señorías, el Defensor del Pueblo ejerce su oficio de forma plenamente independiente. Así lo establece el artículo 138 E del Tratado, que dice que el Defensor del Pueblo presentará cada año al Parlamento Europeo un informe sobre el resultado de sus investigaciones.
Quisiera referirme a cuatro pequeñas cuestiones relacionadas con el informe del Sr. Papakyriazis, a quien quiero saludar y asimismo felicitar. El Defensor del Pueblo acaba de decir, en su explicación sobre la definición de una mala gestión, que en realidad no existe una definición estricta. Me complacería que, para el informe del año que viene, el Defensor del Pueblo tratara más detenidamente esta cuestión a fin de darnos una definición mejor.
La segunda cuestión es la de las iniciativas. Las iniciativas del Defensor del Pueblo han de responder, por supuesto, a reclamaciones repetidas. Claro está, el Defensor del Pueblo debería entablar contacto con otras instituciones y así lo hace. El Defensor del Pueblo ha felicitado a todas las demás instituciones, pero yo quisiera decir: no seamos ingenuos en esta investigación con respecto a las demás instituciones. Por supuesto, la Comisión Europea dará por escrito todo tipo de explicaciones, pero eso no significa que se hayan solucionado todas las cuestiones. Baste pensar en el ejemplo de la EEB, la enfermedad de las vacas locas. Si hubiera llegado hasta el Defensor del Pueblo en forma de reclamación, me pregunto qué habría pasado. Por tanto, pienso que cuando hay una mala gestión es preciso realizar un control mayor y más serio, y que el Parlamento ha de desempeñar su función en este contexto.
Señor Defensor del Pueblo, en su informe ha indicado usted que cerca del 65 % de las reclamaciones presentadas no encajan en su mandato. Para nosotros y para el público sería muy útil saber qué ha pasado con ese 65 %. ¿Han recibido estas personas una carta que les diga: su reclamación no ha sido admitida a trámite y así lo dejamos? Pienso que también hay que investigar en qué medida estas reclamaciones pueden remitirse a la Comisión de Peticiones, para que el ciudadano no reciba tan sólo una respuesta negativa, sino también una posible solución de la reclamación. Por consiguiente, nos interesaría mucho que este informe anual no incluyera sólo los 32 casos, como este año, sino que indicara también qué ha pasado con el resto y por qué han sido rechazadas las reclamaciones.
Una última cuestión, que algunas de sus Señorías ya han apuntado: se trata de la información que se facilita al ciudadano europeo. Se ha creado un nuevo derecho para el ciudadano europeo, pero éste no lo sabe. No es culpa suya que no lo sepa. Tenemos oficinas de información. El Parlamento Europeo tiene oficinas de información en todas las capitales, la Comisión Europea tiene oficinas de información en todas las capitales. ¿Qué hacen estas oficinas para informar a la población sobre un derecho esencial, concretamente la posibilidad de presentar reclamaciones? Considero que esta cuestión ha de investigarse más a fondo.

Bertens
Señor Presidente, tenemos ahora el primer informe anual del Defensor del Pueblo. Su actuación es modesta, pero considero que su reciente ataque a la falta de apertura del Consejo supone un avance positivo. Considero que el Defensor del Pueblo ha de adaptarse poco a poco a su función y para ello es preciso que el Parlamento Europeo le proporcione el ámbito necesario. Las relaciones jurídicas y reglamentarias con el Defensor del Pueblo son difíciles. Es independiente, pero informa a este Parlamento. Para aprovechar bien este instrumento de la Europa del ciudadano, no hemos de adoptar una actitud forzada y no hemos de considerar al Defensor del Pueblo un competidor.
El presente informe del Sr. Papakyriazis está lleno de críticas innecesarias al Defensor del Pueblo y le otorga muchas tareas que no tiene. El Defensor del Pueblo no es responsable del mantenimiento del equilibrio institucional. Asimismo es exagerado incluir todas las reclamaciones en su informe anual.
Por ello, el Grupo de los Liberales ha presentado una serie de enmiendas e intentará que se rechacen diversos apartados para dar al Defensor del Pueblo el ámbito que necesita y merece, no como un hermano pequeño de la Comisión de Peticiones, sino para investigar independientemente las reclamaciones de los ciudadanos con respecto a las instituciones.
Por último, quiero declarar mi plena conformidad con lo que ha dicho mi colega el Sr. Chanterie.

Aelvoet
Siguiendo la línea del Sr. Bertens, pienso en efecto que el Parlamento Europeo ha de dar la señal política correcta aprovechando este primer informe anual. Esta señal política correcta no puede consistir en que el Parlamento Europeo diga: Defensor del Pueblo, tenga cuidado, ocúpese de que no se altere el equilibrio entre las instituciones, y en tal sentido considero totalmente negativo el apartado 4 del informe; pienso que hay que eliminarlo, pues de lo contrario daremos una señal equivocada al ciudadano. La función del Defensor del Pueblo ha de desarrollarse, de hecho ha de poder ser evaluada, y en este sentido me parece tarea imposible dar una definición de lo que entendemos por mala situación, mala gestión o lo que sea. Este tipo de asuntos surgen de la práctica y no hemos de dar la vuelta a las cosas.
Por tanto, en primer lugar hemos de ocuparnos sobre todo de enviar una señal positiva desde el Parlamento Europeo, que apoye el cargo del Defensor del Pueblo y no le perjudique. En segundo lugar, hay que dejar claro que la ampliación de competencias de la Unión, entre otros en el ámbito del tercer pilar, que atañen a derechos fundamentales de los ciudadanos, implica que se amplíen las competencias del Defensor del Pueblo. Hemos presentado enmiendas en este sentido y espero que puedan contar con el apoyo de la mayoría de este Parlamento.

Perry
Señor Presidente, yo quiero sumarme a las felicitaciones dirigidas al ponente, Sr. Papakyriazis, y al Defensor del Pueblo europeo, Sr. Söderman. Quienes tomaron parte en el nombramiento inicial del Defensor del Pueblo saben que éste no fue sencillo pero, como diríamos en inglés, la institución del Defensor del Pueblo se ha desarrollado hasta convertirse en una robusta criatura. Las instituciones europeas no siempre tienen buena prensa y, para ser sincero, no siempre la merecen, e incluyo aquí también al Parlamento. No obstante, es preciso reconocer que las tareas que deben cumplir las burocracias y las administraciones no son sencillas. Por esto es importante poder contar con un Defensor del Pueblo que ayude a los ciudadanos a abordar los problemas particulares que puedan encontrar en sus relaciones con la burocracia europea.
Los ciudadanos de Europa que tengan dudas o reservas sobre la administración necesitan conocer la existencia del Defensor del Pueblo y que éste es la persona a quien puede acudir el pueblo. Con frecuencia hablamos de una Europa de los ciudadanos y esta expresión tiene significados distintos para las diferentes personas. Para mí, una Europa de los ciudadanos es una Europa donde los individuos cuentan. El papel del Defensor del Pueblo y también el de la Comisión de Peticiones, dicho sea de paso, son dos vías institucionales importantes para dar prioridad al individuo y garantizar la protección de sus derechos. Y desde el Parlamento -y en esto coincido con mis colegas- deberíamos procurar ayudar al Defensor del Pueblo a cumplir su cometido y no imponerle una interpretación excesivamente restrictiva de su mandato.
Finalmente, yo quisiera señalar dos aspectos. Periódicamente se hace un llamamiento en favor de una información clara y de una mayor publicidad. El informe del Sr. Papakyriazis destaca este aspecto y yo lo respaldo. ¿Cuántos ciudadanos conocen la existencia del Defensor del Pueblo, un 1 % o el 100 %? Mucho me temo que la proporción se aproxima más a la primera que a la segunda cifra. No obstante, yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo por su utilización de las nuevas tecnologías. Francamente, nos lleva ventaja. Está utilizando mejor que nosotros las bases de datos, el correo electrónico e Internet para su trabajo y a la Comisión de Peticiones le convendría seguir su ejemplo.
Por último, si no se desprende ya de lo que se ha dicho hasta ahora, yo quiero agradecerle al Sr. Söderman su labor en favor de los ciudadanos de Europa.

Dybkjær
Señor Presidente, también yo quiero felicitar al Defensor del Pueblo por su primer informe anual. El hecho de que cuatro miembros del Grupo del Partido Europeo de los Liberales hayan querido tomar la palabra hoy demuestra la importancia que atribuimos a la institución del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones constituyen conjuntamente un importante instrumento democrático, quizás el más importante de toda la Unión, aparte del Parlamento Europeo. El Defensor del Pueblo es el camino directo de los ciudadanos para lograr que se modifiquen las decisiones erróneas. No obstante, para eso se necesita que puedan saber lo qué está pasando, y por eso me siento muy satisfecha de que una de las iniciativas tomadas por el Defensor del Pueblo haya sido estudiar el grado real de conocimiento de los ciudadanos sobre la legislación comunitaria. Lamentablemente, ha llegado a la conclusión de que éste no es satisfactorio, y me felicito que el Defensor del Pueblo haya rogado a las instituciones que establezcan normas para la difusión de la legislación comunitaria, ya que, como he dicho, sin los conocimientos necesarios los ciudadanos no pueden saber lo que se está haciendo.
Este primer informe demuestra, en mi opinión, que el Defensor del Pueblo se encuentra en el buen camino y que ha logrado un buen resultado con los recursos que tiene a su disposición. Por eso, quiero felicitar a Jacob Söderman por su informe.

Frischenschlager
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir con toda claridad a mi compañero de grupo político, Sr. Bertens, que el Defensor del Pueblo es un aliado del Parlamento en la lucha contra la sensación de impotencia que muchos europeos tienen frente a las instituciones europeas. Esto es muy importante.
En segundo lugar, también es muy importante que no solamente se pueda ayudar a los diversos ciudadanos sino que todos los funcionarios europeos e instituciones tengan la sensación de que un Defensor del Pueblo fuerte les controla y muestra sus errores como una situación anómala general. Este es el efecto preventivo del Defensor del Pueblo.
En tercer lugar, la eficacia de este cargo depende del éxito que alcance ante la opinión pública. Por ello, le ruego que dedique todos los medios al trabajo de cara a la opinión pública, para dar a conocer casos concretos en toda Europa cuando son especialmente graves.
El último punto es para mí muy importante. En mi país, en Austria -estamos desde hace poco tiempo en la Unión Europea- casi nadie conoce el cargo de Defensor del Pueblo. Esto tiene que cambiar, por lo que le ruego que vaya a los diversos países, que esté personalmente a su disposición y que se presente del modo más eficaz posible ante la opinión pública. Esta es la vía por la que este importante cargo puede despertar mucha mayor atención y aumentar su eficacia en interés de la democracia europea.

Blak
Señor Presidente, tras un gran esfuerzo por parte danesa cuando se procedió a la elaboración del Tratado de Maastricht y por iniciativa del Parlamento Europeo se consiguió hacer realidad la institución del Defensor del Pueblo europeo. Por eso hemos esperado con ansiedad el primer informe anual completo del Defensor del Pueblo, el cual se refiere al informe del Sr. Papakyriazis. Tal como se ha subrayado varias veces, es muy importante que los ciudadanos de la Unión tengan más presentes las funciones y competencias del Defensor del Pueblo europeo. Hasta ahora, no se ha difundido suficiente información sobre las posibilidades que tanto particulares como empresas tienen de presentar reclamaciones ante él. Por eso es importante que éste garantice a los ciudadanos la transparencia de las instituciones comunitarias.
Es asimismo importante que se garantice al Defensor del Pueblo acceso a las actas y a la información existente en las distintas instituciones comunitarias. Muchas de las reclamaciones que ha recibido hasta ahora se refieren al acceso a las actas. Se demuestra así que está resultando difícil aplicar en la práctica los objetivos de transparencia del Tratado de Maastricht. El Defensor del Pueblo europeo supone una clara mejora de la democracia en la Unión Europea y podrá contribuir a que la organización de la comunidad sea más transparente, al brindar a los ciudadanos europeos la posibilidad de quejarse si sienten que han recibido un trato injusto. Por eso, es importante informar a los ciudadanos europeos de la existencia del Defensor del Pueblo y del modo de presentar una queja. Esta es la única posibilidad de crear una Unión que no trabaje en contra, sino a favor de los ciudadanos y atienda a sus derechos.
El informe me parece brillante y quiero felicitar al Defensor del Pueblo por el excelente resultado del primer período en que ha ejercido sus actividades.

Gradin
Señor Presidente, permítame empezar felicitando al Defensor del Pueblo, Jacob Söderman, y al diputado Papakyriazis por sus respectivos informes. Los he leído con el mayor interés.
El Defensor del Pueblo europeo inició su ejercicio en 1995 y cumplió su primer año en el cargo durante 1996. Esta circunstancia les confiere tanto al informe como a este debate una importancia especial. El cometido del Defensor consiste en comprobar que las instituciones europeas se comportan de modo correcto, y en sacar a la luz en nombre de los ciudadanos cualquier caso de mala administración.
Más del 80 por ciento de las reclamaciones afectan a la Comisión Europea. Esto es normal teniendo en cuenta que es ante todo la Comisión la que adopta las decisiones que afectan directamente a los ciudadanos. Me permito subrayar que consideramos de una gran valía el trabajo que realiza el Defensor del Pueblo. Contribuye a que la Comisión mejore sus propios procedimientos y costumbres. Es beneficioso para nuestra labor administrativa que sepamos que ésta se halla bajo control. Sobre todo se trata naturalmente de salvaguardar el derecho de los ciudadanos de la UE de saber que sus instituciones se comportan correctamente y que los recursos tributados se emplean de un modo correcto y razonable.
Personalmente me congratulo de ser, dentro de la Comisión, la persona responsable de las relaciones con el Defensor del Pueblo y le agradezco la excelente colaboración mantenida. Por parte de la Comisión nos esforzamos por lograr una buena cooperación con el Defensor. Hacemos todo lo posible por respetar los plazos y por darle unas respuestas lo más completas posibles. Por ello nos alegra naturalmente que el propio Defensor deje constancia en su informe de que la Comisión ha mantenido una postura positiva hacia su trabajo. Durante todo el año pasado nos esforzamos por llegar a unas modalidades de colaboración satisfactorias. Naturalmente, tuvimos problemas de rodaje en el primer año y mantuvimos una serie de conversaciones sobre la interpretación del papel del Defensor del Pueblo de conformidad con el Tratado y los estatutos. No obstante, pienso que por regla general hemos solucionado los problemas satisfactoriamente.
Señor Presidente, el informe Papakyriazis aborda dos cuestiones, tanto en la parte de la Resolución como en la exposición de motivos, que voy a comentar: el apartado 4 de la propuesta de Resolución y los apartados 13-16 de la exposición abordan la cuestión de las investigaciones en relación con los poderes discrecionales de las instituciones. En este sentido pienso especialmente en la competencia de la Comisión para abrir o cerrar casos por infracciones, es decir infringement cases , de conformidad con el artículo 169. A este respecto, el texto de la resolución subraya literalmente que «el cometido del Defensor del Pueblo debe reforzar el equilibrio institucional establecido por los tratados, y en particular el ejercicio correcto de los poderes discrecionales de la Comisión Europea...».
Más adelante, la Resolución defiende la necesidad de definir qué es lo que se entiende por mala administración. Con ello se sugiere que este equilibrio se ve de algún modo amenazado. En 1996 tuvimos una serie de casos que afectaban precisamente al artículo 169, y en él existían algunas imprecisiones. La Comisión celebró un debate a fondo sobre la cuestión y llegó a adoptar una posición clara a este respecto. Actualmente, no veo problema alguno en lo relativo a nuestras relaciones con el Defensor en este sentido. En mi opinión, tanto la Comisión como el Defensor han dado curso a estos asuntos de un modo equilibrado y responsable. También doy la bienvenida a la investigación para la que el propio Defensor ha tomado la iniciativa en lo referente al tratamiento que se da a estas cuestiones, en especial a los aspectos de información y de consultas con las personas que presentan quejas. Antes de final de mes expondremos nuestros puntos de vista y propuestas al Defensor.
El Defensor ha tomado también la iniciativa de dar comienzo a otra investigación. Se trata de la transparencia y el acceso a los documentos. También doy la bienvenida a esta iniciativa. Esto motivará a las instituciones para que avancen tanto como puedan en lo que concierne a la transparencia. La reunión recientemente finalizada en Amsterdam demuestra también que éste es un ámbito donde se avanza con gran rapidez, y que se espera mucho a este respecto de todas las instituciones de la Unión Europea.
Comparto también finalmente, señor Presidente, los puntos de vista de los apartados 8 y 10 de la Resolución que abogan por la información que hay que dar a los ciudadanos sobre su derecho a presentar peticiones tanto a este Parlamento como al Defensor del Pueblo europeo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

Pesca frente a la costa de Senegal y en las aguas de  Mauricio
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0220/97 de la Sra. Péry, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(96)0611 - C4-0032/97-96/287(CNS)) relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se prorroga provisionalmente el protocolo adjunto al Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Senegal relativo a la pesca en alta mar de la costa senegalesa del 2 de octubre de 1996 al 1 de noviembre de 1996; -A4-0224/97 de la Sra. Péry, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0324 - C4-0322/7-97/0179(CNS)) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera previstas en el Acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Senegal, relativo a la pesca frente a la costa de Senegal, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 1997 y el 30 de abril de 2001; -A4-0229/97 del Sr. Gallagher, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0043 - C4-0136/97-97/0035(CNS)) relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la compensación financiera establecidas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Mauricio sobre la pesca en aguas de Mauricio durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1996 y el 30 de noviembre de 1999.
Péry
Señor Presidente, me alegra mucho poder presentar un acuerdo de pesca con un espíritu nuevo, que tiene más en cuenta no solamente los intereses de la Unión Europea, sino también los de los pescadores autóctonos de Senegal y el estado de los recursos pesqueros.
Recuerdo brevemente los hechos. El protocolo precedente, de una duración de dos años, llegó a su término el 1 de octubre de 1996, cuando las negociaciones para la renovación aún no habían concluido. Este protocolo fue prorrogado por un mes, con el fin de evitar la interrupción de las actividades pesqueras. Posteriormente, las negociaciones fueron interrumpidas y las actividades de nuestros buques suspendidas. Debo recordar que se organizó un debate aquí, durante el período parcial de sesiones plenario de noviembre de 1996 y que esta Asamblea votó una resolución señalando la ruptura de esas negociaciones y precisando los términos para un reinicio del diálogo.
El empobrecimiento de los recursos en las aguas senegalesas, las dificultades de relación entre la pesca artesanal y la pesca industrial, el desarrollo de la pesca autóctona, nos parecía que debían tomarse más en consideración. En diciembre de 1996, yo misma fui a Dakar, en nombre del Parlamento Europeo, no para retomar las negociaciones porque no tenemos las competencias necesarias para ello, sino para retomar un diálogo político.
El mensaje fue debidamente transmitido ya que se ha producido un nuevo acuerdo, que considero positivo. Su duración es de cuatro años en lugar de dos, desde el 1 de mayo de 1997 hasta el 30 de abril del 2001; su estabilidad se ve, por tanto, aumentada por las dos partes. Se trata de un protocolo mixto, que permite tres tipos de pesca: la pesca de arrastre, la pesca de pelágicos y la pesca de túnidos que, debo recordar, nutre a las industrias locales de transformación.
Las zonas de pesca han evolucionado para tomar en consideración las preocupaciones locales de la pesca artesanal. Por ello, nuestros buques de más de 150 TRB (que representan la parte principal de la flotilla que faena en Senegal) ejercen su actividad por encima de las 12 millas, en lugar de las 6 millas. El protocolo es de una utilización más flexible para los armadores europeos, ya que las licencias pueden ser de tres o de seis meses, con un estricto respeto por las fechas. Por el contrario, los cánones que los armadores pagan a Senegal se verán incrementados en un 10 % anual durante cuatro años. El control y las visitas técnicas de los buques pesqueros europeos se verán sometidos a medidas más vinculantes.
Por primera vez, las autoridades senegalesas han solicitado el descanso biológico. Con una duración de dos meses, afecta a la pesca de arrastre, demersal, costera y de alta mar, sin discriminación, y se dirige, por consiguiente, a la totalidad de los buques: senegaleses, europeos y otros. Esta petición ha sido aceptada por la Unión. Las mallas se han aumentado, principalmente por lo que respecta a los cefalópodos, pasando de 65 a 70 mm. El coste del acuerdo es de 18 millones de ecus por año, 48 millones de ecus para el acuerdo global. Por tanto, lo que considero positivo es el conjunto.
Debo destacar una declaración del Gobierno de la República de Senegal, adjunta al protocolo, que precisa «que un porcentaje significativo del importe de la contrapartida financiera será asignado al apartado «pesca», de conformidad con los objetivos de desarrollo duradero del sector de la pesca y principalmente de la pesca artesanal». Este compromiso de las autoridades senegalesas se ha concretado en forma de una carta del Ministro de Pesca a la Señora Comisaria Emma Bonino por la cual las autoridades senegalesas toman la decisión de asignar el 50 % de la contrapartida global al tesoro público, y el 50 % restante al sector pesquero, sobre la base de los objetivos de desarrollo duradero previstos en las rúbricas que contiene el protocolo. En este caso podemos hablar de un espíritu nuevo y de un avance en el equilibrio de los intereses de las dos partes.
Terminaré señalando que algunos de mis colegas, principalmente de la Comisión de Presupuestos, desearían que se procediese a una revaluación de este acuerdo a medio plazo. Creo que esta solicitud es admisible y sólo puede comprometer a las dos partes a respetar el espíritu de este nuevo acuerdo.

Gallagher
Señor Presidente, en 1989 se celebró un Acuerdo pesquero entre la Comunidad y Mauricio. El primer protocolo a dicho Acuerdo estuvo en vigor de 1990 a 1993 y el segundo, entre 1993 y el 30 de noviembre de 1996. Por consiguiente, se ha rubricado un nuevo Protocolo para el período de diciembre de 1993 a noviembre de 1999 y se ha consultado al Parlamento acerca del mismo. En espera de la decisión que adoptará el Parlamento esta semana, de la emisión de su dictamen y de la firma del Consejo y también de Mauricio, el Acuerdo se está aplicando de manera provisional, de conformidad con un acuerdo en forma de canje de notas. El primer pago de compensación financiera a Mauricio se realizó a finales de mayo de 1977.
El Protocolo es del tipo muy habitual de acceso a los recursos/compensación financiera y prevé licencias para 43 buques. Esta cifra se ha más que duplicado, con objeto, obviamente, de que los propietarios de buques españoles puedan beneficiarse del acuerdo. El límite de capacidad es de 100 toneladas brutas registradas.
La compensación financiera es, en total, de 1.746.750 ecus, lo que representa un promedio de 582.250 ecus anuales. Esto supone un incremento con respecto a la cifra del Protocolo anterior, que era de 1.455.000 ecus, equivalentes a 485.000 ecus anuales. El considerable incremento de las posibilidades de pesca obtenidas explica el aumento del precio. Éste incluye las fracciones de la contribución financiera destinadas a programas científicos y técnicos y a mejorar la cualificación y los conocimientos de los ciudadanos de Mauricio que se dedican a la pesca marítima.
En la primavera de 1996, la Comisión comunicó los siguientes porcentajes de utilización de las posibilidades de pesca obtenidas de Mauricio: atuneros cerqueros oceánicos: 85 %, buques que practican la pesca con línea: 10 %.
La Comisión de Pesca elaboró una serie de directrices aplicables a los acuerdos y protocolos sobre pesca. Estas directrices permiten disponer de una lista de control para el examen de la conformidad de cada acuerdo y de cada protocolo con los objetivos de la Política Pesquera Común, su coherencia con los objetivos pertinentes de la política regional y de la política de cooperación al desarrollo de la Comunidad y su conformidad con las obligaciones y compromisos de la Comunidad en virtud de los Tratados, los códigos de conducta y las declaraciones de ámbito internacional suscritos.
Todavía no existe un marco adecuado para los Acuerdos pesqueros y su evaluación se hace aún más difícil debido a la falta de procedimientos rutinarios establecidos para la recopilación y comunicación al Parlamento de toda la información pertinente. Es justo reconocer las recientes mejoras en la información de la Comisión sobre la utilización de las oportunidades de pesca y la ejecución de las líneas presupuestarias en cuestión, así como la mayor rapidez con que se han remitido los nuevos protocolos, pero estas mejoras distan mucho de ser suficientes y no pueden compensar la persistente carencia de un sistema global de evaluación, que es necesario para mejorar la base de referencia para las acciones de la Comisión, los dictámenes del Parlamento y las decisiones del Consejo.
Yo quisiera referirme ahora a las comunidades locales de pescadores, las cuales al parecer no se ven afectadas negativamente por las actividades de la flota comunitaria. Según parece, estas comunidades no se dedican a la pesca del atún. Los buques comunitarios no están autorizados a pescar dentro de la zona de 12 millas de Mauricio.
Cabe esperar que el Protocolo tendrá efectos positivos para la economía de Mauricio. En este contexto, es de destacar que el PIB per cápita de Mauricio es de hecho más elevado que el de Portugal y sólo ligeramente inferior al de España.
El nuevo Protocolo con Mauricio debe ser aprobado. La Comisión debe procurar mejorar, no obstante, la recogida de información relevante y ponerla a disposición del Parlamento. Con este fin, debería adoptar un procedimiento uniforme como el que se describe en el informe de propia iniciativa de la Comisión de Pesca sobre los Acuerdos pesqueros de 1997.
En conclusión, no debería pedirse al Parlamento que apruebe retrospectivamente ningún Acuerdo. Si se dispusiera con tiempo de la información, la Comisión de Pesca y el Parlamento podrían agilizar la elaboración del informe y remitirlo, junto con su aprobación en caso necesario, antes de la realización de ningún pago.
Yo quisiera remitirme al contenido de una enmienda que sugiere que, dada la importancia de la pesca del atún en esta zona y que los Estados ribereños del Océano Índico son varios, ésta debería contemplarse desde una perspectiva regional.

Sandbæk
Señor Presidente, la UE compra derechos de pesca en terceros países debido a la disminución de las poblaciones de peces en aguas propias y a la sobrecapacidad de su flota pesquera, y con ello surge la pregunta si la UE no está exportando a cualquier precio el exceso de pesca de sus buques a las aguas de los países pobres. Es necesario garantizar una actividad pesquera sostenible en la UE, pero también en los países en desarrollo, y quizás sobre todo en éstos, ya que la pesca es uno de los pocos recursos de los más pobres. El sector de la pesca emplea en Senegal a unas 250.000 personas y es muy vulnerable, sobre todo, en lo que respecta a la actividad no industrializada en las zonas costeras. Los pescadores senegaleses están preocupados por la pesca de la UE en sus aguas. Se trata de sus peces, su supervivencia y su sustento, tal como manifestaron sus representantes durante la tramitación de esta propuesta en la Comisión de Desarrollo. Se hace muy difícil no respetar tal preocupación, y de hecho los pescadores senegaleses rogaron a la Comisión de Desarrollo que votase en contra del Acuerdo.
Es, por lo tanto, difícil compartir el entusiasmo que la Sra. Pery demuestra por el nuevo Acuerdo celebrado con el Senegal. Admito que se han introducido mejoras, pero no son suficientes y lamento que no se haya tenido más en cuenta la opinión de la Comisión de Desarrollo. Si no se ha rechazado el Protocolo, pero se ha exigido una revisión a mitad de período, es, entre otras cosas, porque el Acuerdo ya ha entrado en vigor. Lo más inquietante es que, a pesar de que en principio la zona exclusiva de pesca ha sido ampliada de seis a doce millas, un número reducido de buques siguen teniendo acceso a las zonas costeras en detrimento de los pescadores senegaleses. Aunque el acceso de la UE a las especies del litoral sea reducido, sigue siendo importante y constituye un problema para los pescadores locales, ya que el Centro de Investigaciones Oceanográficas ha constatado una reducción tanto de las poblaciones como del tamaño medio de las especies comerciales capturadas. Es, por lo tanto, inaceptable para el desarrollo de la pesca no industrializada y para la lucha contra la pobreza que conceda a los buques pesqueros de la UE acceso a las especies costeras demersales.
El Protocolo permite además por primera vez acceso a las especies costeras pelágicas. Éstas, en particular las sardinas, representan una importante fuente de proteínas a bajo coste para la población pobre. Las pesca por los buques pesqueros de la UE preocupa, por lo tanto, a la población. El Acuerdo pesquero no la ayuda en absoluto. Al contrario. Es verdad que gran parte de la compensación financiera de la UE será asignada al desarrollo del sector pesquero local, pero es un pobre consuelo si no quedan peces que pescar.
Ruego encarecidamente que voten a favor de las enmiendas núms. 6 y 7 y sobre todo de la enmienda nº 5, que recomienda una revisión a mitad de período. Sería una condición para que yo pudiese votar a favor de la propuesta.

Cunha
Señor Presidente, me gustaría destacar tres puntos fundamentales del informe de la Sra. Pery sobre el acuerdo de pesca con Senegal. En primer lugar, destacaré que por vez primera este acuerdo se refiere a un periodo de cuatro años, lo que supone un periodo más o menos estable para los armadores, los pescadores y los empresarios vinculados al sector, toda vez que les otorga ya unas condiciones de planificación a corto plazo.
En segundo lugar, quisiera decir que este texto es un acuerdo que ya tiene cierta envergadura, que permite la pesca de cerca de 150 barcos de arrastre, de pesca de bajura y de atún, y que supone 48 millones de ecus de compensación. A pesar de que es un acuerdo de dimensión mediana, hay que reconocer que tiene alguna incidencia para la flota de la Unión Europea.
En tercer lugar, quería subrayar -y para mí, éste es el punto más importante-, que a pesar de que los acuerdos de pesca son, básicamente, de naturaleza comercial, este texto constituye la prueba de que estos acuerdos de pesca, si se negociasen bien, podrían también llegar a ser un importante instrumento de apoyo a estos países y a sector de la pesca.
En realidad, en este caso concreto, cerca de la mitad de los pagos comunitarios van a parar al desarrollo del propio sector, desde la investigación a la fiscalización, la pesca artesanal, la reestructuración del sector en su conjunto, o la propia protección biológica de los recursos. Pienso que es interesante, innovador y hasta nos puede dar, de hecho, alguna idea para que en el futuro podamos negociar otros acuerdos de pesca una dimensión y un equilibrio similares.
Por último, quería felicitar a la Sra. Nicole Pery por este trabajo excelente, al tiempo que lamento que los diputados del Parlamento Europeo pierdan a un colega de tan grandes cualidades. ¡Le deseo mucha felicidad en el futuro!

Teverson
Señor Presidente, parece ser que siempre me toca intervenir a continuación del Sr. Cunha en estos debates. Nuestras opiniones coinciden sobre muchos temas, pero cuando se trata de los Acuerdos pesqueros internacionales a menudo diferimos ligeramente. El Grupo Liberal ha presentado dos enmiendas al Acuerdo con Senegal y una al Acuerdo con Mauricio. Esta última es similar a las que hemos presentado con anterioridad a otros acuerdos internacionales y les reprocha que no son de ningún modo acuerdos comerciales. De hecho, se trata de acuerdos altamente subvencionados, lo cual consideramos difícilmente justificable, excepto con el argumento de que si los contribuyentes no financiamos estos acuerdos, perderemos posiciones frente a las grandes naciones pesqueras, ya sea Corea, Japón o anteriormente la Federación Rusa. Pero éste es un argumento falaz y complicado.
Los Acuerdos pesqueros debería negociarlos primordialmente la propia industria. No existe ningún motivo real que justifique la intervención del Estado. Más aún, al subvencionarlos estamos fomentando un problema mundial de sobreproducción y exceso de capacidad en las pesquerías internacionales que, por sus propias características e inevitablemente desde una perspectiva económica, provoca un esquilmamiento excesivo de las poblaciones de peces a escala mundial.
¿Qué podemos hacer frente a ello? Una de las posibilidades sugeridas en los debates de la FAO y el WWF ha sido que la Organización Mundial de Comercio debería ocuparse de esta cuestión. Dicha Organización dispone de los poderes para ello y el año próximo debería intentar excluir las subvenciones estatales en el ámbito de la pesca del mismo modo que intenta hacerlo en otros ámbitos de la actividad económica. No existe ninguna diferencia. Por esto hemos presentado las citadas enmiendas.
Mi colega, el Sr. Eisma, que se ocupa mucho de los temas medioambientales, ha presentado además una enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia del Acuerdo con Senegal con objeto de verificar su adecuado funcionamiento en términos del impacto sobre las pesquerías locales y el estado de las poblaciones de peces. Nuestro Grupo estaría firmemente a favor de que así se haga.

Novo
Señor Presidente, Señorías, señora Pery, nuestro Grupo ha insistido en la necesidad y en las ventajas bilaterales de establecer reglas y principios claros que permitan la continuidad del acceso de las flotas pesqueras de la Unión Europea a los recursos de los países terceros.
Como orientación fundamental, hemos defendido que la zona marítima de las doce millas tiene que reservarse exclusivamente a la actividad de la pesca artesanal y costera locales, que constituyen una base económica y social de muchas regiones en todos los países ribereños, siendo también en algunos casos, como éste de Senegal, la base esencial de alimentación y de supervivencia de las poblaciones.
No olvidemos -sino al contrario, valoremos- algunos aspectos positivos que introduce este acuerdo, como son los casos de la pesca accesoria o de la mayor consignación de las compensaciones financieras al desarrollo del sector pesquero local. Sin embargo, y sin dejar de acentuar y de recordar algunos aspectos incipientes en el ámbito del control multilateral del esfuerzo de pesca, tenemos que afirmar que, en lo esencial, nos plantea dudas que se haya propuesto, aunque de forma cuantitativamente limitada, el acceso de las unidades de arrastre a los recursos de pesca de Senegal situados en las aguas territoriales de las doce millas. Esperemos que se corrija debidamente este acceso para que podamos estar perfectamente en sintonía con el espíritu del acuerdo.
Acabaré saludando a la Sra. Pery, que, desgraciadamente, nos abandona, y con quien no podremos contar, también por desgracia, en próximos informes y trabajos, perdiendo de este modo a una colega que se ha destacado por la gran calidad en lo que ha realizado y aportado a esta Cámara. En mi nombre propio y en nombre de mi Grupo le deseo la mayor felicidad en su futuro trabajo.

McKenna
Señor Presidente, seguro que todos los presentes saben que el enfoque de la Unión Europea por lo que respecta a los Acuerdos pesqueros plantea algunos problemas fundamentales para los Verdes. No somos contrarios por principio a los Acuerdos pesqueros. Pero nos oponemos firmemente a la manera en que se negocian y a la base sobre la cual se negocian.
Cuando elaboré el informe sobre Madagascar, realizamos un análisis detallado del Acuerdo pesquero con dicho país y detectamos serias insuficiencias en el mismo. Desde entonces hemos votado en contra de dichos Acuerdos. El Acuerdo con Mauricio es muy parecido al establecido con Madagascar, toda vez que se trata de una isla vecina. El caso de Senegal plantea otro problema. Se trata de una renovación por cuatro años y por primera vez permite el acceso de los buques de la UE a las poblaciones pelágicas. Éstas constituyen uno de los principales objetivos del amplio e importante sector de la pesca artesanal y los pescadores están muy preocupados por las repercusiones que esto tendrá para su medio de vida y para el abastecimiento de alimentos de las aldeas costeras.
Por esto hemos presentado, conjuntamente con el Grupo I-EDN y con el Sr. Macartney, una enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia del Acuerdo. Nuestro deseo es que esta revisión examine el impacto de la actividad pesquera de la UE tanto sobre las poblaciones de peces como sobre la comunidad pesquera artesanal. Los pescadores artesanales de Senegal apoyan firmemente esta propuesta. La evaluación debería realizarla un órgano independiente y no quienes tienen un interés directo en la continuación de la actividad pesquera de la UE. Si se constata que el impacto ha sido negativo, nosotros pedimos que se renegocie el Acuerdo con objeto de suprimir las actividades pesqueras causantes de los problemas.
Yo quisiera plantear una pregunta muy sencilla a la Comisión y desearía recibir una respuesta esta noche. Mi pregunta es: ¿aceptaría la Comisión una revisión de este tipo si el Parlamento aprueba nuestra enmienda por la que se solicita una evaluación intermedia independiente?

Macartney
Señor Presidente, ante todo yo quiero felicitar a la Sra. Pery por su informe. Ella y yo tuvimos la suerte de poder viajar a Senegal y hablar con los pescadores. Éste es quizás uno de los motivos por los cuales el Acuerdo con Senegal es mejor que algunos de los anteriores. Uno de los defectos del sistema es que, no sólo se nos sitúa a menudo ante un hecho consumado, sino que tampoco tenemos oportunidad de visitar el país en cuestión. Desde luego, el presupuesto de la comisión no lo contempla. Esto sitúa a los ponentes en una posición muy desventajosa. En el caso de Senegal, invitamos además a algunas personas a comparecer ante la comisión. Esto nos ha permitido compensar un poco esta desventaja.
Seguimos teniendo problemas con la puntualidad de la presentación de los Acuerdos en general, pero también en este aspecto yo pienso que en el caso de Senegal se ha progresado un poco en relación con algunos otros. El tema de los costes y beneficios sigue siendo objeto de debate. En seguida volveré sobre ello y luego le pediría a la señora Comisaria que también lo comente.
Otros motivos de satisfacción son que hemos ampliado la distancia de la costa a partir de la cual pueden empezar a operar las flotas de la UE. La gran preocupación de todos esos países es que su flota costera autóctona tradicional jamás llegará a tener oportunidad de desarrollarse o se encontrará con que las grandes y potentes flotas europeas ya se han llevado sus capturas.
Por lo que se refiere al coste de estos Acuerdos, yo discrepo de mi colega, el Sr. Treverson de la Comisión de Pesca. A mi modo de ver, el Acuerdo constituye una oportunidad que beneficia a las flotas pesqueras europeas. La crítica que se formula en muchas partes de la Unión es: ¿por qué sólo determinados países se benefician de estos acuerdos? ¿Por qué se benefician en particular España, Francia, Portugal y Grecia? La pregunta que yo quisiera hacerle a la señora Comisaria es la siguiente: ¿existe algún problema para que participen pescadores de otros países? ¿Cuál es el procedimiento? Ésta es la pregunta que ahora se plantea y yo agradecería una respuesta a la misma.

Souchet
De una forma general, los acuerdos de pesca internacionales han de responder a un doble objetivo. Por una parte, para la Unión Europea, deben permitir la continuidad de la actividad de su flota en alta mar y por tanto garantizar el mantenimiento de los empleos que ésta procura al conjunto del sector. Por otra parte, para los países terceros, los acuerdos internacionales de pesca deben contribuir al desarrollo duradero de su economía. Estos dos objetivos no son contradictorios y han de perseguirse conjuntamente. Globalmente, éste ha sido el caso en lo que se refiere al acuerdo que se nos propone.
En cuanto a Senegal, es importante recordar que este país posee 700 kilómetros de costas y que hay 500.000 personas trabajando, directa o indirectamente en el sector pesquero, que representa por sí mismo el 11 % de su PIB primario y el 2, 5 % de su PIB total. Senegal ha sido el primer país en firmar un acuerdo pesquero con la Unión Europea. Se trata de un acuerdo llamado de tercera generación.
Nuestro grupo comprueba con satisfacción que este acuerdo concede un lugar más importante a la pesca tradicional, que debería disfrutar, hasta el 2001, según los compromisos asumidos por el Gobierno senegalés, de una parte significativa de la contrapartida financiera desembolsada por la Unión Europea. El importante esfuerzo previsto en el ámbito de la formación, más en particular la de las mujeres de los pescadores que garantizan la gestión comercial de las empresas pesqueras, nos parece totalmente pertinente. El sector de la pesca artesanal hay que desarrollarlo en todas partes y en su conjunto, de arriba abajo.
En esta óptica, nuestro grupo lamenta las divisiones que separan la política estructural de la pesca y de la política de desarrollo. Así, en lugar de desguazar regularmente partes enteras de la flotilla de pesca europea (espectáculo difícilmente sostenible para aquellos de nosotros que hemos sido testigos), ¿no sería más oportuno vender esos buques a los pescadores artesanales de los países socios de la Unión Europea a precios, naturalmente, adaptados? Operaciones así permitirían progresar a las flotas artesanales de países terceros, principalmente en el plano de la seguridad en la mar y en el de algunas técnicas de pesca.
Esta propuesta nos parece perfectamente adaptada a la demanda de muchos países ACP, entre los cuales, por supuesto, se encuentra Senegal. Somos favorables a ello, como lo somos también a la demanda de revisión a medio plazo del acuerdo, un acuerdo que, entre otros, tiene el mérito de una mayor duración que sus predecesores.

Martinez
Señor Presidente, tenemos que decidirnos entre dos acuerdos, más exactamente, emitir un dictamen: el acuerdo con Senegal y el acuerdo con Mauricio. Me permitirá insistir más en el de Mauricio ya que se trata de una antigua isla de Francia, que fue francesa entre 1715 y 1810. En este sentido, comprenderá usted que, el 14 de julio, yo recuerde que si se ha llegado a esos acuerdos, es porque Senegal y Mauricio son Estados independientes.
Por consiguiente, ha intervenido el principio de autodeterminación, del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, el principio de las nacionalidades. Han sido estos principios y fue Francia quien los inventó el 14 de julio de 1789. Es decir, que hoy no se trata simplemente de una fiesta nacional, sino de una fiesta de dimensión universal. Lamento que el Sr. Faure no se encuentre aquí, él que es un apasionado de los derechos humanos. No se trata simplemente del Bill of Rights de 1689 ó las 10 enmiendas de 1787 a la Constitución de Jefferson, sino también de la declaración de 1789 que les dio una dimensión universal.
Nosotros, que somos trabajadores, trabajamos incluso el día de una fiesta universal.
Este acuerdo se inscribe en el marco de otros más numerosos: hemos conocido un laborioso acuerdo con Marruecos, que, para ayudar a los pescadores españoles de Andalucía u otros lugares y a algunos pescadores portugueses, nos llevó a desembolsar sumas muy importantes en el momento (mi colega Souchet lo recordaba hace unos momentos) en que los pescadores europeos debían desguazar sus propios buques.
Sería necesario, por otra parte, armonizar esas reglas, como la Comisión de Pesca señaló en abril en un informe de propia iniciativa, porque vuelven los mismos problemas y se imponen las mismas soluciones.
En concreto, para Mauricio, el acuerdo constituye una especie de derecho de peaje para introducirse en la zona económica en la que se ejercen los derechos exclusivos de Mauricio desde el Convenio de Montego Bay sobre el derecho de la mar, convenio en el que, por otra parte, Mauricio y Senegal no han estado especialmente en primera línea, ya que se trataba sobre todo de los Estados latinoamericanos o los de África oriental.
Así pues, tenemos un derecho de peaje del orden de 20 ecus por tonelada que creo que puede alcanzar los 50 ecus si se sobrepasan las cantidades, evidentemente, con una compensación económica de 1, 7 millones de ecus. Esto plantea el problema, además, de la relación coste/eficacia, el problema de la relación del equilibrio entre las dos partes contratantes: cuando el PNB per cápita de los habitantes de Mauricio es superior al de los portugueses y casi igual al de los españoles, ¿hasta qué punto hay que continuar haciendo regalos a quienes son al menos tan ricos como los que los hacen?
El aspecto más interesante es, sin embargo, el de la cooperación con los países en vías de desarrollo: es la óptica del informe de Michel Rocard. Reconozco que permite prevenir la inmigración formando tripulaciones locales, descargando localmente las capturas o creando empresas mixtas.
Por mi parte, me alegro de que, en este acuerdo con Mauricio, 110.000 ecus sirvan para la formación de los pescadores locales. Desde esta óptica, sólo podemos suscribir este tipo de acuerdo que, en un plazo de tres o cuatro años, es decir, la duración del acuerdo con Senegal y con Mauricio, permite abrir perspectivas interesantes. Sobre este punto, coincido con el Sr. Souchet. Se trata de acuerdos de tercera generación, o de tercera ola, y los suscribimos.

Langenhagen
Señor Presidente, este es el primer debate sobre pesca desde Amsterdam. El Parlamento esperaba que Amsterdam supusiese un progreso en la política de pesca común en el sentido de una reducción de la burocracia de los procesos legislativos y de elevar el contenido democrático, es decir, de una mayor responsabilidad del Parlamento. Se trata de un derecho político totalmente normal de una asamblea democrática en una sociedad democrática. No obstante, se han ignorado nuestras aportaciones a Amsterdam.
Nos aproximamos al año 2002 y es incomprensible que el Parlamento no pueda realizar aportaciones más amplias en el proceso de codecisión. La totalidad del mercado interior está incluido en el proceso de codecisión, por lo que aún parece menos lógico que se excluya aquí a la pesca después de que ha habido un período de excepciones provisionales que ha finalizado ahora.
Tenemos que compensar la deficiente atención que nos ha dedicado el Consejo Europeo con una organización y control aún más firmes de nuestro trabajo en esta Asamblea así como con una mayor transparencia. El desafío comienza en nosotros mismos. El Parlamento debe otorgar a la Comisión de Pesca las competencias necesarias. Por ello, deberíamos agotar al máximo las competencias que nos han sido concedidas en el proceso de la codecisión. No debemos permitir que se excluyan de la Comisión de Pesca las cuestiones veterinarias y temas análogos, como la creación de laboratorios específicos para productos de pesca y similares. Pues me permito afirmar que el comité especializado tiene unos conocimientos más profundos en el tema.
Tal como hemos escuchado, hoy nos ocupamos también del Acuerdo Internacional de Pesca con el Senegal y con la isla de Mauricio. Felicito a los ponentes por la calidad de sus informativos trabajos. Sin embargo, tengo que decir también en este contexto que en el futuro vamos a exigir una mayor puntualidad de la Comisión y del Consejo, más transparencia y más competencias. La comisión está dispuesta al diálogo y acepta aportaciones constructivas pero estoy totalmente seguro de que no va dejarse instrumentalizar ni va a entrar en disquisiciones, tampoco con otras comisiones de esta Asamblea, que puedan perjudicar a los que viven de la pesca. Para finalizar, yo también deseo un gran éxito a la Sra. Pery en su nueva tarea.

Crampton
Señor Presidente, yo suscribo todos los comentarios elogiosos que se han expresado sobre Nicole Pery y quisiera añadir uno más: su experiencia ha sido muy valiosa para la Comisión de Pesca, dado que también forma parte de la Comisión de Desarrollo y Cooperación y ambos aspectos aparecen vinculados en un informe aprobado por el Parlamento en mayo, del cual yo fui ponente. Tenemos que considerar muy atentamente las vinculaciones entre el desarrollo y los acuerdos pesqueros internacionales.
Es una gran satisfacción para mí que la Comisión realmente parezca haber empezado a hacerlo en el caso del Acuerdo con Senegal, probablemente bajo la influencia de la Sra. Pery. Dicho Acuerdo es ciertamente mejor que otros celebrados en el pasado.
Los tres principios enunciados en el citado informe sobre los acuerdos pesqueros internacionales de mayo pasado se han tomado al parecer en consideración en parte, aunque no en su totalidad. Sostenibilidad: sí, la hemos tenido en cuenta, pero permitiremos el acceso de los buques de arrastre. Confío que dé resultado y que se realice una evaluación intermedia. Cooperación: la cooperación ha sido ciertamente mucho mayor y es evidente que en este caso se ha consultado a los pescadores; un proceso que debería mantenerse y quizás reforzarse en el futuro. Coherencia: me satisface la idea de que una gran proporción del dinero del Acuerdo con Senegal se dedique al desarrollo. Espero que el control de los gastos sea muy riguroso y que podamos ver resultados en el curso de estos cuatro años.
En conclusión, yo acojo con satisfacción las mejoras que introducen las enmiendas y suscribo las observaciones de la Sra. Langenhagen sobre el papel del Parlamento en relación con estos Acuerdos. Esto ya figuraba en el informe al que me he referido antes. Debemos insistir en que el Parlamento quiere tener una mayor intervención en el desarrollo de estos Acuerdos.

Fraga Estévez
Señor Presidente, señora Comisaria, me gustaría agradecer, por supuesto, los trabajos importantes que han realizado los dos ponentes -tanto la Sra. Péry como el Sr. Gallagher-, pero, en particular, quisiera expresar mi reconocimiento a la Sra. Péry por su trabajo; no sólo por este informe, sino también por la labor que ha desarrollado siempre en nuestra Comisión de Pesca.
Echaremos mucho de menos la seriedad de su trabajo, sus conocimientos y su entrega al sector pesquero desde su puesto en nuestra comisión. Le deseo mucha suerte, Sra. Péry, en sus nuevas responsabilidades. La echaremos mucho de menos. Pero siempre quedarán a nuestra disposición sus magníficos trabajos, sus magníficos informes, no siempre sobre temas fáciles, como usted sabe.
Pero, además, ahora mismo quisiera agradecer a la Comisión y resaltar la nueva fase de colaboración que hemos iniciado entre la Comisión y el Parlamento, un inicio marcado por el Acuerdo con el Senegal. El texto del acuerdo con el Senegal fue enviado a nuestra comisión al día siguiente de haber sido firmado, lo que ha permitido al Parlamento emitir su dictamen en este Pleno antes de que se efectúe el primer pago de la compensación financiera.
El Acuerdo con Mauricio también se ha beneficiado de este compromiso entre la Comisión y el Parlamento; y además tengo que resaltar que, obviamente, en estos últimos meses se ha agilizado la transmisión de información de una manera tal que tengo que elogiar por ello claramente a la señora Comisaria.
Son dos buenos acuerdos y nos congratulamos de la obtención de mayores posibilidades pesqueras para la flota comunitaria, contenidas en el Acuerdo con Mauricio, y de la extensión de dos a cuatro años del Acuerdo con el Senegal, lo que permitirá una mayor estabilidad.
Y, por eso mismo, no entiendo por qué se han pedido revisiones aquí a medio plazo, cuando ni siquiera el Senegal ha solicitado esto. Insisto: la extensión de dos a cuatro años va a significar una gran estabilidad para la flota que faene allí.
Pero insisto aún más. Lo más significativo de este debate me parece que es el incremento de la colaboración entre las instituciones y -señora Comisaria- yo, como presidenta de la Comisión de Pesca, quiero dejar público reconocimiento de que esta es la vía que -por supuesto, perfeccionada en un futuro- nos permitirá poder seguir actuando.
Y perdóneme un minuto, porque aquí he oído algunas cosas sobre las que me gustaría hacer unas preguntas puntuales para que sea la Comisaria la que conteste. Me refiero a las preguntas sobre si los acuerdos son solamente utilizados por España y Portugal. Yo quiero que la señora Comisaria -ya que estamos hablando del Senegal-, me diga, en primer lugar, qué flotas de Estados miembros van a utilizar este Acuerdo; y quiero que me explique, además, el tema de los pelágicos, el que ha hecho que se incremente altamente el coste de este acuerdo, y cuáles son los Estados miembros que han solicitado la pesca de pelágicos.

Morris
Señor Presidente, en mi opinión, los nuevos acuerdos y la renovación de los acuerdos con los países ACP exigen un cambio de actitudes. No en último término, debe existir la máxima cohesión entre la política comercial y la política de desarrollo. A mi parecer, también deben prevalecer la preocupación y las acciones en favor de la conservación de las poblaciones de peces, a fin de que nuestra política pesquera sea sostenible.
El artículo 130 U del Capítulo XVII obliga a la UE a garantizar la coherencia entre sus políticas de desarrollo y los Acuerdos pesqueros. Sin embargo, el Acuerdo alcanzado con Senegal socava obviamente en cierta medida el objetivo en materia de desarrollo relativo a la mitigación de la pobreza, dado que el Acuerdo permite el acceso de la flota de la UE y de otras, supongo, a las especies demersales y las especies pelágicas, que constituyen la principal fuente de proteínas no sólo para la población de Senegal, sino también para las poblaciones africanas que viven en países sin salida al mar. El Acuerdo también manifiesta, a mi parecer, una considerable indiferencia hacia las necesidades crecientes de la flota pesquera artesanal y las advertencias sobre la reducción de las poblaciones de peces.
Senegal nos ofrece un ejemplo de los riesgos, de lo que puede ocurrir cuando los Acuerdos pesqueros se enfocan desde una perspectiva estrecha de miras. A mi parecer, la UE, como parte en los Acuerdos suscritos, debe ofrecer asistencia a los países ACP en forma de vigilancia científica, servicios de formación y aportación de inspectores, y en relación con los propios buques, a fin de permitir la inspección las capturas de los países ACP y de la UE. Y el objetivo debe ser, obviamente, una política pesquera sostenible.
Yo le recomiendo y recomiendo a la Asamblea el informe Pery y les insto a que le den todo su apoyo y aprobación. Y, en mi calidad de copresidenta del Grupo de trabajo para los países ACP, quiero manifestarle a la Sra. Pery, no sólo en nombre de la Asamblea, sino también de muchísimos diputados de los países ACP, el deseo de que el éxito la acompañe en el futuro. Vamos a echarla de menos.

MCCartin
Señor Presidente, yo quisiera agradecer a la Sra. Pery su presente informe y, de hecho, también las muchísimas contribuciones importantes que ha realizado en el Parlamento en el curso de los años, sobre todo en el ámbito de la pesca, pero también en general.
Debo decir que el Sr. Gallagher también es un gran experto en el ámbito de la pesca, pero preferimos no elogiarle demasiado aún, puesto que de momento no ha manifestado intención de dejar el Parlamento y no quisiéramos tener que retractarnos luego.
En principio no tengo ninguna objeción contra los Acuerdos pesqueros en general. Los apoyo como una actividad comercial normal entre la Unión Europea y las autoridades competentes de los Estados miembros, que tienen derecho a sentarse a negociar este tipo de acuerdos con nosotros. No estoy de acuerdo con quienes piensan que éstos deberían ser una combinación de cooperación al desarrollo y transacción comercial. Es bastante inútil que nos dirijamos a un Estado independiente, cerremos un trato con ellos, les ofrezcamos un precio y luego les digamos qué deben hacer con el dinero.
Es bastante inútil porque a menos que vayamos y nos hagamos cargo de la gestión de sus economías, no estamos en condiciones de poder saber con absoluta certeza si lo que nosotros queremos que hagan con el dinero es lo más conveniente para ellos, ni tampoco si efectivamente lo harán. Lo que a mi me preocupa es el tema del análisis de la relación costes-beneficios en este ámbito. Yo pienso que todo el dinero que dediquemos a ello debería destinarse a las regiones necesitadas, a las zonas que disponen de capacidad excedente y desean utilizarla mediante estos acuerdos.
Por otro lado, con todo ese dinero podríamos organizar algún tipo de programa PESCA y destinarlo a esas regiones concretas -no me importa si se trata de España, de Portugal o de ciertas partes de Francia-, y considerar si, mediante el desarrollo de la acuicultura y la creación de una estructura industrial y de transformación y comercialización más eficiente, el dinero que dedicamos a ello no podría contribuir de hecho mucho más a fomentar el bienestar económico de dichas regiones. Éste es el interrogante que yo quisiera plantear en el presente debate.

Jöns
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero referirme a otro aspecto. Estos dos acuerdos son acuerdos en los que por primera vez se nos consulta según el code of conduct que se aprobó en diciembre junto con el presupuesto. En la declaración conjunta que firmaron el Consejo, el Parlamento y la Comisión, ésta se compromete a informar mejor y, sobre todo, a tiempo, a esta Asamblea sobre los acuerdos internacionales de pesca. Independientemente de ello, las tres instituciones se comprometen a llevar a cabo lo más rápidamente posible el proceso legislativo para impedir que la Comisión realice pagos a terceros Estados -tal como ha ocurrido- sin que nosotros hayamos podido emitir nuestro dictamen como autoridad presupuestaria.
Lamentablemente, tengo que constatar que a pesar de este pacto, respecto al Acuerdo con el Senegal se nos consultó tres meses y medio después de la firma provisional del mismo y en el caso de Mauricio cuatro meses y medio más tarde. Es decir, la primera fecha de pago a Mauricio se ha sobrepasado desde hace un mes y medio y para emitir nuestro dictamen sobre el Acuerdo con el Senegal tenemos teóricamente quince días antes de que venza el primer plazo en julio.
No es esto lo que nos imaginamos al firmar el code of conduct . Quiero decir al Consejo que el hecho de que hoy podamos debatir sobre el Senegal lo debemos agradecer solamente a que la Comisión nos ha transmitido al menos el texto del Acuerdo y finalmente también la ficha financiera aunque sólo lo haya hecho hace un mes. Creo que la Comisión debería trabajar más rápidamente pero la principal crítica va dirigida al Consejo.
Por lo demás, las informaciones previas de la Comisión sobre las nuevas negociaciones del Acuerdo con el Senegal, en especial, en lo que se refiere a los aspectos financieros, han sido absolutamente insuficientes.
La Comisión de Presupuestos ha aprobado tres enmiendas al Acuerdo que les ruego apoyen. Se refieren como siempre a la clasificación. Naturalmente, en los créditos para los acuerdos de pesca internacionales se trata de gastos no obligatorios. En lo tocante a la información, dos enmiendas pretenden garantizar que en el futuro no existan los déficits de información mencionados.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a Nicole Péry por su elección. Estoy convencido de que los pescadores europeos han perdido una excelente representante en el seno de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Por el contrario, los pescadores franceses, afortunadamente para ellos, ganan un apoyo inestimable en la Asamblea Nacional.
Enhorabuena, Nicole.
Señor Presidente, quisiera en primer lugar, y como miembro de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Presupuestos de este Parlamento, felicitar a la Comisión -tal como la Sra. Fraga ha comentado- por la celeridad con la que ha remitido al Parlamento estos acuerdos, tanto el de Mauricio como el del Senegal. Esto abre evidentemente -y creo que hay que felicitar por ello a la Comisaria- una importante etapa de colaboración.
Quiero felicitarla concretamente por el Acuerdo con Mauricio. Es un buen acuerdo. Se prevé un incremento de licencias importante -43 atuneros oceánicos- lo que permite extender las licencias no sólo a buques franceses, sino también a buques españoles. Por lo tanto, es una importante flota comunitaria la que se beneficia del mismo.
Es un acuerdo para 3 años, con lo que se logra una estabilidad importante. La compensación financiera de 1.746.000 ecus -frente a los 1.455.000 ecus anteriores- supone un incremento añadido lógico, dado el incremento de la capacidad pesquera que supone este Acuerdo.
Además, el Acuerdo es equilibrado en la medida en que estas reservas, que van a ser el objetivo de estos buques comunitarios, no muestran signos de sobreexplotación; por lo tanto, desde un punto de vista de pesca sostenida y estable, creo que también es un buen acuerdo.
Teniendo en cuenta, además, que la revisión del Protocolo del período 1993-1996 presenta unos resultados positivos, creo que todo ello nos permite pensar que se trata de un acuerdo equilibrado, beneficioso para la flota comunitaria y estable en relación con los recursos pesqueros. Por tanto, quiero felicitar a la Comisión, como miembro de la Comisión de Presupuestos, por la celeridad con que ha remitido este acuerdo al Parlamento.

Bonino
, miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, no repetiré los puntos importantes del acuerdo pesquero. Además, el ponente de ustedes, la Sra. Péry, los ha expuesto magníficamente.
Me limitaré más bien a hacer algunos comentarios de orden más general sobre diferentes cuestiones que se han planteado.
En primer lugar, para descartar cualquier ambigüedad, a menos que yo no haya entendido una traducción, se trata, en efecto, de 48 millones de ecus, por consiguiente, de 12 millones por año. Dicho esto, quisiera aprovechar esta ocasión para volver a resumir, de una vez por todas, los acuerdos pesqueros. He oído en el día de hoy prejuicios, lugares comunes que, francamente, me desesperan, porque ya no sé qué hacer para poner orden en la información.
En primer lugar, señor Gallagher, lo lamento, pero este acuerdo nada tiene que ver con la flota española. Es un acuerdo que afecta principalmente a los franceses. Se trata de una apertura solicitada por los países del norte, esencialmente los alemanes y los neerlandeses. Por consiguiente, para ser claros, es necesario saber de qué se habla.
En segundo lugar, volveré sobre la pobreza. Lamento que el Sr. Morris no esté aquí porque siempre se me plantean las mismas preguntas. Intento contestar y a continuación volvemos a empezar.
La pesca artesanal es un debate, Sr. Crampton, que ya tuvimos aquí en el mes de mayo con el mismo sentimiento de frustración, ya que los diputados me plantean preguntas y cuando contesto ya se han ido. Sé que todo el mundo tiene cosas que hacer pero es por eso por lo que me repito. Así pues, la pesca artesanal en Senegal afecta a un pescado llamado sardinela y el acuerdo en cuestión abre una posibilidad de explotación para 25 toneladas. Debo recordar que los pescadores artesanales senegaleses, sin ninguna medida, ni de control ni de gestión de los recursos, pescan 400.000 toneladas de este pescado. Basta ya de decir que las 25.000 toneladas suplementarias de sardinela van a destruir los recursos o reducir al hambre a los pescadores artesanales senegaleses, que pescan sin ninguna gestión ni control 400.000 toneladas. Yo misma desearía que los pescadores locales siguieran unas reglas de control y de buena gestión como las que se les imponen a los barcos europeos.
Por otra parte, deploro, y yo misma he escrito una carta en este sentido, el reportaje tan largo y totalmente desequilibrado de la RTBF que me pareció simplemente insultante en el plano de la verdad. Creo que, cuando se hace un reportaje acusando a una institución, sería normal darle la palabra a dicha institución. Es evidente que el representante de los pescadores artesanales tiene todo el derecho a venir a Bruselas a defender su causa, pero yo desearía que la otra institución negociadora, en este caso la Comisión, pudiera dar su propia versión.
Vuelvo de nuevo a la pobreza. Visto el conjunto de mi trayectoria, me parece indignante ser acusada de explotación de los países en vías de desarrollo. Recapitulemos el contenido del acuerdo. Prevé que el 33 % de los marinos sean senegaleses. Prevé también el desembarco obligatorio de al menos 16.000 toneladas de atún para transformar por una industria de transformación local que, de otro modo, no tendría trabajo ya que las piraguas artesanales, con toda evidencia, no pescan atún. Pescan sardinela que no necesita transformación. El acuerdo prevé también un observador científico a bordo y prevé que el 50 % de esos cánones los asigne el Gobierno senegalés a un sector de la pesca. Pero, señor Jöns, estamos hablando de un acuerdo con países soberanos.
Por consiguiente, podemos negociar y discutir con ellos sobre lo que consideran bueno para el desarrollo de su país. Pero resulta evidente que no vamos a imponerles lo que han de hacer, sobre la acuicultura o sobre otro tema. Hay un debate en curso y se trata claramente de una negociación con un Estado soberano.
Segundo elemento. Le corresponde a este Estado hacer la evaluación de las reservas de sus propias aguas. Lo podemos hacer en conjunto si el Estado lo desea, pero en principio eso depende de él. No hemos de imponerle que nos permita hacer la evaluación de las reservas. Si no desea hacerlo porque se trata de sus aguas, tiene derecho a negarnos el acceso.
Tercer elemento. Si las flotas, el Estado miembro o el Estado socio lo desean, es posible, junto con el IFOP, vender a un precio absolutamente especial nuevos buques de nuestra flota a los pescadores artesanales. Todos estos elementos son posibles, sólo falta que las flotas y nuestros armadores lo deseen.
Señora McKenna, por lo que respecta a la revisión a medio plazo, una cosa es proceder a la evaluación del acuerdo cada año, algo a lo que nos hemos comprometido, y otra es una revisión a medio plazo. Este aspecto no formaba parte del mandato de negociación y no es el acuerdo al que hemos llegado con las autoridades senegalesas que, además, ni siquiera lo han solicitado. Por tanto, cuando usted me pide revisar el acuerdo en dos años para renegociar si procede, yo le contesto que no, precisamente porque el acuerdo ha sido negociado, y se trata de un elemento de estabilidad para las dos partes. Me parece claramente sorprendente que se reclame ahora una revisión a medio plazo cuando nadie, ni siquiera los senegaleses, la han pedido.
Además, he oído aquí que las autoridades senegalesas se oponían a este acuerdo. Me sorprende, porque en todos los contactos que he mantenido con ellas, desde el Primer Ministro hasta el Ministro de Pesca, pasando por los demás ministros, y la Sra. Péry lo sabe muy bien, es exactamente lo contrario de lo que he podido comprobar. En cuanto a los que han manifestado esas preocupaciones, se trata del responsable de la pesca artesanal. Repito que pescamos 25.000 toneladas de sardinela mientras que la pesca artesanal totaliza 400.000 toneladas. Si este sector aplica algunas medidas de buena gestión de la pesca con piragua, ello podrá ayudarle. Sólo pescamos sardinela a razón de 25.000 toneladas como captura accesoria, para no rechazarlo. La sardinela es el pescado que da de comer a los senegaleses, el único que comen, y se pesca con piraguas, a razón de 400.000 toneladas, sin ninguna gestión de las reservas. Doy estos datos para que las cosas queden muy claras.
Creo haber respondido un poco a todo el mundo, intentando explicarme una vez más. Por otra parte, no volveré al acuerdo sobre Mauricio porque ya está todo dicho. Sin embargo, quiero felicitarme por la mejora de la cooperación que se está instaurando con el Parlamento. Siempre hay momentos difíciles en las relaciones con otras instituciones e incluso a veces entre diferentes comisiones del Parlamento, pero creo que el recorrido positivo que hemos hecho hasta ahora puede darnos la esperanza para avanzar y ver los aspectos y pasos positivos que hemos dado y no lo contrario.
El hecho de que se trate de un nuevo acuerdo, que se ha definido de conformidad con el artículo 130 del Tratado, es una prueba de que incluso a nivel de los servicios de la Comisión, entre la DG XIV y la DG VIII se ha establecido una estrecha colaboración, una estrecha cooperación con un objetivo que nos es común, como es concluir acuerdos paritarios, equilibrados, y no acuerdos que vayan en detrimento de una de las partes.

Sandbæk
La Sra. Bonino ha malinterpretado algo que he dicho. En la Comisión de Desarrollo nos visitó una delegación que representaba a los pescadores locales y fue ella la que nos rogó que votásemos en contra del Acuerdo de pesca, debido a su preocupación por el acceso permitido dentro de la zona de las doce millas. Por eso, rogamos se realice una revisión a mitad de período, no vaya a ser que tal preocupación tenga fundamento.

Gallagher
Señor Presidente, es muy importante que la señora Comisaria ratifique ante la Asamblea la insinuación de que la información contenida en mi informe, a cuya preparación dediqué varias semanas, no corresponde a los hechos. Yo rechazo la crítica de la señora Comisaria cuando ha dicho que el Acuerdo no tiene nada que ver con España y ha insinuado que no debería haberla mencionado. Yo le sugeriría que lea bien los informes sobre Mauricio y también sobre Senegal. Quiero dejar las cosas claras ante la Asamblea. Mi intención no era polémica. Me he limitado a señalar un hecho. No he expresado mis opiniones personales sino las de la Comisión de Pesca.
El informe afirma que aumento del número de atuneros cerqueros permite que los buques españoles puedan beneficiarse. Por lo tanto, yo insto a la Comisaria a que aclare ahora mismo las cosas y a que no mancille mi integridad en esta Cámara.

Macartney
Señor Presidente, lo que voy a decir enlaza con lo que acaba de manifestar el Sr. Gallagher. Yo le había hecho una pregunta directa a la señora Comisaria. Le agradezca su respuesta, pero ha omitido el detalle bastante crucial de cómo se puede obtener acceso a esos acuerdos. ¿Existe un procedimiento que pueda describirnos a grandes rasgos?

Bonino
No era mi intención iniciar un debate sobre la integridad. Ha sido un mal entendido. Sólo me refería al Acuerdo con Senegal. Sé muy bien que el Acuerdo con Mauricio se refiere al atún, etc. No era mi intención poner en entredicho la integridad de nadie. En mi intervención he dicho que esa frase concreta se refería al Acuerdo con Senegal y he insistido en que dicho Acuerdo con Senegal se dirige sobre todo a los franceses y que la apertura de la zona pelágica responde a una solicitud de Alemania, los Países Bajos y los franceses.
Por lo que respecta a su pregunta, Sr. Macartney, los acuerdos son abiertos. Los nuevos Estados miembros pueden incorporarse a ellos. El procedimiento es el siguiente: normalmente se informa a los Estados miembros de las nuevas posibilidades y éstos a su vez informan a su respectivo sector. Por lo tanto, son los Estados miembros, o el COREPER, o los embajadores, quienes informan a sus respectivos Gobiernos, que a su vez deberían informar a su respectivo sector. Éste es el procedimiento habitual. Naturalmente también podríamos difundir dicha información a través de los eurodiputados. Pero el procedimiento se desarrolla del modo descrito.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Libro verde sobre las comunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0219/97) de la Sra. Larive, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (COM(96)0192 - C4-0365/96), relativo al Libro verde de la Comisión sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior Ponentes para opinión () Sr. Lehne, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor Sr. Arroni, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación Sr. Añoveros Trias de Bes, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (Procedimiento «Hughes»)

Larive
La eliminación de las trabas innecesarias a la publicidad transfronteriza, el marketing directo, el patrocinio y muchas comunicaciones comerciales tiene y sigue teniendo un carácter nacional, y esto significa que depende exclusivamente de la normativa nacional. La riqueza de Europa radica en su diversidad cultural, y por ello es justo que no nos metamos con las diferencias entre normativas nacionales, a condición, señor Blokland, de que sean proporcionadas y no discriminen ni obstaculicen la comunicación comercial transfronteriza. A través del procedimiento Hughes que se ha aplicado, en la resolución de la CAEM se han tomado en serio las opiniones de las Comisiones de Asuntos Jurídicos, de Cultura y de Medio Ambiente y Protección del Consumidor. Conjuntamente hemos solventado un craso error del Libro Verde, a saber, la necesidad de una mayor protección del consumidor, y una cuarta parte del texto de la resolución de la Comisión de Asuntos Económicos está dedicada a ello.
En este sentido, nuestra propuesta en relación con la composición del comité que ha de evaluar las reclamaciones es esencial. No ha de tratarse únicamente de un club de funcionarios que arreglen la cuestión a puerta cerrada, como propone la Comisión Europea, sino de un comité tripartito en el que la administración, la industria y las organizaciones de consumidores estudien las reclamaciones conjuntamente y en plano de igualdad.
La resolución forma un tríptico. En primer lugar, en los «vistos» encontrarán ustedes en detalle toda la legislación europea sobre protección del consumidor, sobre menores de edad. Una legislación que también ha de cumplir la comunicación comercial, incluso en Internet, pues lo que es ilegal offline también lo es online . En segundo lugar, en los considerandos se exponen los principios básicos del mercado interior. Por último, en la parte dispositiva se hacen propuestas concretas para reforzar y complementar el Libro Verde. Un Libro Verde que, por cierto, consideramos bueno, un buen impulso para la acción.
Además del comité tripartito, queremos que se proteja el mecanismo de evaluación propuesto para la proporcionalidad. Queremos una base de datos, un punto de contacto europeo, el procedimiento SLIM en el sector, y que la Comisión tome más en serio su función de guardiana de los Tratados y aplique de forma más consecuente el artículo 169. Nuestra resolución es sistemática y equilibrada. Por un lado aspiramos al mercado interior, por otro tenemos en cuenta las diferencias culturales. También la industria ha de asumir su responsabilidad y ocuparse de establecer buenos códigos nacionales de autorregulación en todos los países europeos, para establecer preferiblemente un único código europeo. La industria ha de reforzar asimismo sus acciones en relación con los procedimientos de reclamación transfronterizos para los consumidores.
Señor Presidente, cuál sería mi sorpresa cuando el pasado jueves aparecieron un montón de enmiendas que a mi entender socavan el mercado interior. Lo que me asombró fue que los Verdes, Europa de las Naciones y los Socialistas hayan presentado literalmente el mismo texto en diversas enmiendas. Me pregunto si es casualidad que también sean literalmente los mismos textos que propone la OEUC, la Organización Europea de Consumidores, en su carta del 8 de julio. Todos rechazamos este tipo de influencia por parte de las multinacionales. Recuerdo lo mucho que se indignó esta Asamblea al respecto. Rechazo semejante influencia de todos los grupos de presión.
Por último, la controversia entre el país de origen y el país de destino que se recalca en las enmiendas. El artículo 59 del Tratado dice que las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad serán progresivamente suprimidas. Según el Tratado, si un servicio cumple las reglas del país de origen y es sometido a otras reglas en el país de destino, se limita la libre circulación. El artículo 59 pretende eliminar tales barreras para que el control por parte del país de origen se convierta en norma. ¿Significa esto que el control por parte del país de destino siempre será contrario al Tratado? No, pues la limitación puede concordar con el Tratado si es proporcionada, y esto significa que la medida adicional sea proporcionada al objetivo formulado y que dicho objetivo no pueda alcanzarse con medidas menos restrictivas. Entonces está permitido el control por parte del país de destino. En tal caso, la armonización es la única manera de lograr la libre circulación. Si no se quiere, no existirá ningún mercado interior para ese servicio especial. No obstante, si la medida es considerada desproporcionada, por ejemplo, porque sólo pretende proteger a la industria local, entonces es incompatible con el Tratado. En tal caso habrá que aplicar el control en el país de origen. E incluso habrá que recurrir al artículo 169. El Tribunal Europeo confirmó la semana pasada el principio del país de origen en el asunto D'Agostino. El Parlamento Europeo lo hizo en la directiva «Televisión sin fronteras». Es el eje en torno al cual gira el mercado interior. Y no olviden que el principio del país de origen facilita al consumidor el acceso a mecanismos de reclamación eficaces, ya que permite aplicar de inmediato el ordenamiento jurídico del país en que están emplazados los medios de comunicación y los anunciantes denunciados.
Para concluir, buscamos un enfoque equilibrado: por un lado realizar el mercado interior y por otro tener en cuenta las diferencias culturales.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, sustituyendo a mi compañero Añoveros y en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, quiero, en primer lugar, subrayar la oportunidad de este Libro Verde y la necesidad, la urgencia, de que la Comisión aborde la intervención del Derecho comunitario en esta área que nos ocupa.
En términos generales, la Comisión de Asuntos Jurídicos comparte los criterios que sustentan el Libro Verde y suscribe, también en términos generales, las líneas que animan el informe de la Comisión de Asuntos Económicos.
Hay un aspecto en el que la Sra. Larive ha insistido, pero en el que -aunque sea redundante- me gustaría hacer hincapié. Dice la señora Larive, con toda la razón, que las medidas de control -esto es, restrictivas- adoptadas por el Estado de acogida son, en principio, contrarias a la libre circulación. Son, por lo tanto, contrarias al principio de confianza mutua que constituye la esencia misma del mercado interior y, en consecuencia, contrarias al Tratado. Así pues, estas medidas sólo excepcionalmente son conformes al Tratado.
Desde la clásica sentencia Legia de 1986, la jurisprudencia, efectivamente, ha sido en este sentido uniforme y establece dos requisitos: en primer lugar, la proporcionalidad, como se ha dicho ya; y además, que no sea posible conseguir ese mismo fin por otras medidas menos restrictivas de la libre circulación; esto es, más acordes con el mercado interior. Tenemos que insistir en los dos aspectos.
Y que tampoco se nos diga -como ha dicho muy bien la señora Larive- que estas medidas se justifican por la protección del consumidor. Porque, seamos claros, señor Presidente: si creemos en esa protección del consumidor, si queremos construir una Europa realmente integrada, si en un Estado miembro una determinada medida se justifica por la protección del consumidor, ¿qué es lo lógico, dejarla al arbitrio de un Estado miembro? No, sino armonizar las otras catorce normativas para que esa protección del consumidor se extienda a todo el mercado interior, en vez de dejarla como excepción en un Estado miembro.
Por lo tanto, debemos entender que estas medidas de control -establecidas por el Estado de acogida- son medidas excepcionales, transitorias hasta el momento en que esa armonización tenga lugar.

Lehne
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme que comience con un aspecto que me ha llamado la atención al principio cuando vi por primera vez este Libro Verde de la Comisión. El título «comunicaciones comerciales» me parece confuso pues nadie que lea o escuche este concepto entiende realmente qué es lo que se esconde detrás del mismo y mucho menos el consumidor.
Por ello, propongo que, en el futuro, cuando se trate de Libros Verdes de este tipo se elijan unos conceptos algo más precisos. En el presente caso, el concepto de «comunicaciones comerciales» se refiere al derecho publicitario en el mercado interior europeo. Muy en concreto se trata de la cuestión de bajo qué circunstancias, dónde, en qué país y para qué producto puedo realizar publicidad de ventas. Se trata de un campo que es tratado de modo muy diferente en los diversos Estados. Por ejemplo, en Alemania, así como también en otros muchos países miembros -la Comisión ha realizado un listado muy bueno en el Libro Verde- existe toda una serie de normas muy exóticas. Por ejemplo, en el derecho alemán existe la Ley de rebajas o el Reglamento sobre ventas con primas, que no existen en otros lugares. Este hecho hace que el libre tráfico de servicios en el campo de la publicidad se vea continuamente impedido.
Por ello, el consumidor, cuando recibe diversos mensajes publicitarios, no siempre puede saber con exactitud cómo deben entenderse pues, como he dicho, existen diferentes regulaciones jurídicas que en parte están permitidas y en parte no. Por ello, apoyo muy en especial los esfuerzos de la Comisión para acercarse por fin de un modo unitario a esta temática y, en base al Libro Verde, desarrollar quizás también otras propuestas para armonizar el derecho publicitario.
El mecanismo del pasado, consistente en extraer aspectos parciales como, por ejemplo, la publicidad comparativa, es insatisfactorio. Me parece mucho mejor, tal como se hace en este Libro Verde, acercarse de un modo global al tema, atacar de un modo general la cuestión del derecho publicitario. Deseo mucho éxito a la Comisión en estos trabajos. Puede estar segura del apoyo del Parlamento, lo que se deduce de las opiniones expuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y por las demás comisiones.

Ettl
Señor Presidente, naturalmente se puede ser de diferente opinión sobre la mesura de la propuesta de resolución de la Sra. Larive. Se trata de una cuestión de perspectiva. Pero no me atrevería a decir que si se hace algo desde la perspectiva de la protección del consumidor, se deba de alguna manera a los intereses negativos de algún «lobby». Al igual que yo, usted tiene una ideología determinada; yo también he sido en una ocasión representante de los intereses de los consumidores.
Respecto al concepto, se podrían decir naturalmente algunas cosas: el concepto «comunicación comercial» abarca todas las formas de publicidad, del «marketing» directo, del «sponsoring», del trabajo cara a la opinión pública, del fomento de las ventas así como la utilización de los servicios de comunicación comercial por parte de la industria de bienes de consumo y de los oferentes de servicios de todo tipo. Precisamente por ello, la comunicación comercial se ha convertido hoy en un factor de extraordinaria importancia social.
En principio, estoy abierto a todas las tendencias liberalizadoras que permitan nuevas prácticas económicas, pero es absolutamente necesario no dejar de lado los intereses de los consumidores. De esto se trata. La autora del informe destaca la necesidad de incluir a los consumidores en todas las fases de este proceso. Es una exigencia que saludo, ante todo porque la protección del consumidor, basada en un sistema liberal y autoresponsable de defensa de intereses, no solamente es una cuestión de competencia leal y de igualdad de oportunidades en el mercado interior, tal como exige la economía cada vez que se produce un impulso liberalizador, sino que la protección del consumidor es en realidad algo más.
Las enmiendas presentadas por mi grupo político apuntan a un aspecto esencial: se trata de la inclusión y del respeto de los consumidores y, en especial, del derecho de nuestros niños a no ser sometidos a un lavado de cerebro total. Este es el meollo de la protección del consumidor. En nuestro sistema de valores se trata de una cuestión de estándares democráticos mínimos precisamente porque se trata de grandes potenciales económicos. El ciudadano en la Unión Europea no debe tener la sensación de que está sometido sin protección a cualquier «lobby» y a sus intereses en una Unión Europea liberalizada pues, de lo contrario, podría transmitir a la larga esta sensación a la Unión Europea y no queremos que esto ocurra. La protección del consumidor es una cuestión de confianza y de creación de confianza. Tengo totalmente claro que, por un lado, cualquier empresa o cualquier industria quiere que se transfieran al mercado las correspondientes normas de su país. Pero también debemos tener en cuenta que el consumidor, el comprador, tiene un derecho a que se apliquen en su país las normas o disposiciones jurídicas.
Las enmiendas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pretenden que los consumidores tengan una mejor comunicación, un mejor acceso al derecho, un control mejor de la comunicación comercial que fortalezcan la confianza de los consumidores. Se trata de la protección de más débil y no de una nueva forma de proteccionismo. Por ello, en la votación se trata de tener también en cuenta esta exigencia.

Peijs
Señor Presidente, quiero decir al Sr. Ettl que es algo que todos los proteccionistas han dicho siempre a lo largo de los siglos. En la sociedad actual, la comunicación comercial es casi decisiva para el éxito de un producto. Es preciso eliminar las grandes diferencias entre normativas nacionales para que las empresas puedan acceder al mercado que tiene el mayor poder adquisitivo del mundo: nuestro propio mercado europeo. La llegada de este Libro Verde ha sido acogida con gran entusiasmo por la industria que, a fin de cuentas, se beneficia de que haya claridad. Es preciso revisar la maraña de reglas nacionales a la luz de la normativa europea y de los objetivos más amplios del Tratado. Las diferencias entre normativas nacionales constituyen, junto a las diferencias culturales, los principales obstáculos para el buen funcionamiento del mercado interior. Es posible que las diferencias culturales formen efectivamente un gran obstáculo, pero esperamos que siga siendo así.
Si al consumidor no le gusta un producto porque la manera en que se comercializa no tiene en cuenta su trasfondo cultural específico, dicho producto fracasará en ese mercado. A mi entender, el consumidor es quien determina si el fabricante ha tenido suficientemente en cuenta sus raíces culturales. Para ello no hace falta una normativa adicional.
Como cristianodemócratas, creemos que el nuevo espíritu que se desprende del Tratado de Amsterdam sobre el respeto de la Unión Europea por las Iglesias y las convicciones religiosas y el principio de no discriminación ha de seguirse plenamente en las futuras directivas en este ámbito. Apoyaremos las enmiendas en tal sentido.
Al evaluar la normativa en este ámbito, mi Grupo cree que sólo puede partirse del principio del país de origen. Es la única manera de eliminar o evitar en la práctica los obstáculos comerciales que surgen a raíz de las diferencias entre normativas nacionales. En cuanto se hace una combinación entre el país de origen y el país de destino, se crea una situación imposible, en la que las empresas han de pasar por 15 Estados miembros para ser admitidas. Dicho esto, repito que el mercado interior es importante, pero es preciso proteger bien los intereses de los consumidores, sobre todo los niños, frente a una publicidad excesivamente agresiva. Por ello, apoyamos plenamente la creación del comité tripartito que propone la ponente para tramitar las reclamaciones que se presentan ante la Comisión. Por otra parte, el Parlamento no puede formar parte de dicho comité. El Parlamento llama la atención a la Comisión sobre su responsabilidad, pero nuestra función es meramente de control.
Señor Presidente, resumiendo, mi Grupo está a favor de todos los principios básicos incluidos por la ponente en este excelente informe. Esto significa que apoyamos el principio del país de origen, el principio de proporcionalidad y un comité tripartito sin el Parlamento Europeo y que incluya al mundo empresarial, bajo la presidencia de la Comisión Europea. Por tanto, votaremos en contra de todas las enmiendas que pretenden socavar estos principios claros.

Ribeiro
Señor Presidente, si la «comunicación comercial» es, por definición todo lo que sirve para promover productos, servicios e imagen de empresas, grupos u organizaciones ante los distribuidores y/o los consumidores, se podría decir que dentro de esto todo cabe, desde la información seria y científica hasta la publicidad engañosa e incluso los lavados de cerebro a los que aludía el Sr. Ettl.
En el informe de la Sra. Larive se reconoce la preocupación por la defensa de los consumidores, cosa de la que nos alegramos. Sin embargo, nos gustaría aprovechar el cortísimo tiempo de que disponemos para reforzar una observación que nos parece de la mayor pertinencia: es indispensable reglamentar la comunicación comercial de modo que se evite que ésta pueda ser utilizada perversamente como cauce para que, a través del uso de medios sólo al alcance de los grandes grupos, se machaque o se acabe con la competencia, es decir, con los competidores sin capacidad para poder emplear tales medios.
La cuestión consiste en saber si la competitividad, la competencia leal y la protección de los más débiles de las que tanto se habla, podrán ser un objetivo real y realizable, habida cuenta de la polarización de los medios, incluidos y sobre todo, los de comunicación comercial.

Blokland
Señor Presidente, la comunicación comercial transfronteriza no es un fenómeno libre de problemas. La ponente señala los obstáculos que encuentran los prestadores de servicios en este sector cuando quieren abarcar todo el mercado interior. Cada Estado miembro tiene sus propias normas en lo que respecta a la permisibilidad de la comunicación comercial.
¿Acaso son estas leyes nacionales las culpables? Una investigación demostró que no era así. Son precisamente las diferencias entre culturas y estructuras de mercado las que forman la base de la diversidad legislativa. Este hecho no se subraya suficientemente en el informe de la Sra. Larive. Además, la aplicación rigurosa del principio del país de origen hace que el nivel de protección de los consumidores y niños descienda al peldaño más bajo.
Otro aspecto tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Esta libertad implica deberes y responsabilidades, según reza el apartado 2 del artículo 10 del CEDH. Hay que proteger la libertad de expresión, pero ésta no debe causar perjuicios a terceros. En mis enmiendas núms. 19 y 26 he enumerado -por cierto exhaustivamente- los límites que han de tener en cuenta los prestadores de servicios de comunicación comercial. Espero de todo corazón que la ponente apoye dichas enmiendas.

Gradin
Señor Presidente, el informe que sometemos a debate constituye una aportación constructiva y equilibrada al seguimiento del Libro Verde. La diputada Larive destaca de un modo encomiable el importante papel que juegan en el mercado interno la publicidad, la comercialización, el patrocinio, el apoyo a las ventas y las relaciones públicas. Esto rige tanto para el mercado interno como para los avances que se intenta lograr en mercados fuera de Europa. El rápido desarrollo del comercio electrónico hace que resulten aun más importantes las comunicaciones comerciales. Unas comunicaciones comerciales efectivas le facilitan al consumidor adquirir productos más allá de las fronteras, pero exigen que se contrarresten activamente las prácticas comerciales ilegales. Esto también lo destaca el informe.
El informe aporta una serie de iniciativas a la propuesta de la Comisión. Refleja el valioso trabajo realizado por la ponente y las cuatro comisiones involucradas. Acojo con satisfacción las propuestas presentadas por el Parlamento y naturalmente las tendré en cuenta en la comunicación que va a presentar la Comisión en otoño.
Existen normas dispares en los diversos países miembros por lo que respecta a este ámbito. En esta fase, una amplia armonización no puede constituir el método a aplicar para solucionar todos los problemas que surjan. Esto también se deduce claramente del Libro Verde. Nosotros recomendamos en cambio un comienzo paso a paso en el que se intente llegar a unas soluciones caso por caso. Esto puede producirse a través de un diálogo estructurado con las partes interesadas afectadas y con los Estados miembros. Ello presupone a su vez que se den unos contactos estrechos entre todas las partes afectadas y que haya unos puntos de vista comunes sobre los métodos que hay que seguir para abordar cada problema. Me satisface que el informe de la diputada Larive esté de acuerdo en este procedimiento inicial.
El informe apoya y refuerza las propuestas claves del Libro Verde en lo referente al modo en que hay que evaluar la proporcionalidad de las normas nacionales que puedan obstaculizar los intercambios dentro del mercado interno. Esto también rige para la propuesta de una armonización comunitaria futura en este sentido, que estudiaremos con detenimiento.
La Comisión da también la bienvenida al apoyo y las propuestas del Parlamento en lo relativo al comité que se propone para las comunicaciones comerciales, y que se compondría de un diputado de cada país miembro y tendría a la Comisión en las funciones de Presidencia. Estudiaremos con detalle las propuestas de que las partes interesadas no sólo tengan acceso a la información, sino que también puedan participar en este foro. La propuesta del Parlamento de que el comité trabaje a partir de unos procedimientos transparentes y unos plazos claros es lógica y constructiva.
Finalmente, me permito asegurarle a esta Cámara que la Comisión estudiará detalladamente todo lo que han aprobado las cuatro comisiones pertinentes. No dudaremos ante la posibilidad de presentar propuestas de armonización en este sentido en los casos en que ésta resulte necesaria.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas)

