
El Presidente.
   Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 14 de abril de 2005.
El Presidente.
   Es un placer para el Parlamento dar la bienvenida a un grupo de diputados al Parlamento del Estado Federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que están visitando nuestra Institución. 
El Presidente.
   Con el acuerdo de los grupos políticos, les propongo las siguientes modificaciones en el orden del día del presente período parcial de sesiones que figuran en el corrigendum que se les ha distribuido. 
La Comunicación de la Comisión ya no figura en el orden del día. 
El debate sobre el informe de la señora Fraga Estévez sobre la explotación sostenible de los recursos pesqueros del Mediterráneo queda aplazado a una sesión ulterior.
Después del debate sobre el informe de la señora Klaß celebraremos un debate sobre el informe de la señora Handzlik sobre el mercado interior de los nuevos Estados miembros, inicialmente previsto para las votaciones. 
Debo también señalarles que se han añadido en las votaciones dos solicitudes de consulta al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 
Si no hay observaciones quedaría aprobado el orden del día.
Por último, les comunico que, tras las negociaciones celebradas en el trílogo, acabo de recibir una solicitud de la Comisión de Desarrollo para que se aplace a una sesión ulterior el debate sobre el informe del señor Mitchell sobre el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación Económica, que estaba previsto en principio para esta tarde. Si no hay ninguna observación atenderemos esta petición y este informe será debatido en una posterior sesión plenaria.
En cuanto al horario de nuestros trabajos debo señalarles que, debido a la presencia del Consejo esta tarde, las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política que normalmente celebramos al principio de la sesión tendrán lugar después de la declaración de la Comisión sobre la situación de la población romaní en la UE.
El Presidente.
   Procedemos a continuación al debate del informe del señor Coveney sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos [2004/2151(INI)] (A6-0086/2005)
A tal efecto contamos con la presencia del señor Almunia, que sustituye a la Comisaria señora Ferrero-Waldner, que se encuentra en Luxemburgo.
Simon Coveney (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, acojo con satisfacción la presencia del Consejo y de la Comisión, que están aquí para escuchar nuestras deliberaciones sobre un informe importante. La elaboración del Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004 y la política de la UE en la materia ha sido para mí una experiencia fascinante y estimulante. Se trata de mi primer informe en el Parlamento y me complace que sea tan significativo. Ha sido un honor para mi partido que se le haya concedido la ponencia.
El título del informe es muy amplio y el propio informe aborda por tanto muchas cuestiones y se refiere a muchos países. El informe trata de setenta países, y arrojamos alguna luz sobre las violaciones de los derechos humanos. Abarca en total 70 países y ocho cuestiones temáticas. Por lo tanto, desde el principio decidí que el informe tuviera una estructura muy ajustada para que las personas interesadas en diferentes cuestiones de derechos humanos en diferentes países pudieran consultarlo con rapidez y facilidad, en lugar de hacer un informe largo y sin epígrafes en el que hubiera que leer un tercio, la mitad o incluso la totalidad del informe para encontrar el ámbito que le interesa a uno.
El proceso de elaboración ha sido minucioso. Debatimos este informe en la Subcomisión de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2004, de nuevo el 31 de enero de 2005 y el 17 de marzo de 2005, el día de San Patricio. La Comisión de Asuntos Exteriores en pleno también ha tenido mucho tiempo para debatir este informe y hacer sus aportaciones. Lo hizo el 17 de enero, el 16 de marzo y de nuevo el 29 de marzo. Por lo tanto, el proceso ha sido exhaustivo. La consulta entre los Grupos, en particular entre los ponentes alternativos, ha sido constructiva y positiva y quiero dar las gracias a mis colegas de otros Grupos por este proceso. Desde el comienzo he dejado bien claro que deseaba un informe que reflejara las preocupaciones del Parlamento en su conjunto y no las de un Grupo en particular. Espero que lo hayamos conseguido y que quede reflejado en un firme apoyo al informe mañana. No tengo ninguna razón para creer lo contrario.
Ahora pasemos al quid de la cuestión: ¿de qué trata todo este trabajo, qué finalidad útil puede tener este informe ahora y en el futuro? Permítanme explicar lo que creo que puede aportar. En primer lugar, y quizá lo más importante, este informe tiene que fijar el plan de trabajo del Parlamento y servirle de guía cuando intente influir tanto en la Comisión como en el Consejo respecto del rumbo que han de tomar en las cuestiones temáticas y la prioridad que otorga la Unión Europea a los derechos humanos.
La primera cuestión es difícil desde el punto de vista político. Se refiere a los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, que en muchos aspectos parece una contradicción en los términos. Sin embargo, vivimos en un mundo moderno, en el que existen amenazas terroristas reales tanto para Europa como para otras partes del mundo, sobre las cuales la Unión Europea tiene que adoptar una posición. Al mismo tiempo, tenemos que ser fieles a nuestros valores en relación con el respeto de los derechos humanos e intentar conseguir el equilibrio adecuado. Insto al Consejo en particular a examinar la primera cuestión temática en detalle. Creo que el informe intenta responder a esta difícil cuestión política de forma equilibrada.
La segunda cuestión temática es la de los derechos del niño. He recibido muchas presiones respecto de esta cuestión, a la que se ha dedicado mucha atención. Se cree verdaderamente que la Unión Europea no ha respondido de forma exhaustiva y que puede mejorar su política en este terreno. Por lo tanto, el informe insta a la Comisión a presentar, lo antes posible, una comunicación detallada sobre los derechos del niño, vinculando esta cuestión a la política de desarrollo de la UE.
El tercer ámbito se refiere a las repercusiones de los conflictos en las mujeres y los niños, que tienen consecuencias trágicas con regularidad. Trata de cuestiones como la violación como arma de guerra. Miles de mujeres han sido víctimas de abusos de las formas más horribles en situaciones de conflicto, como arma de guerra. Asimismo, aborda la cuestión de los niños soldados. Por desgracia, aún hay decenas de miles de niños a los que se les da un AK-47 y se les envía a la guerra a matar a otras personas. Se abordan los efectos psicológicos que esto provoca en esos niños cuando crecen. Me referiré luego a la respuesta de la Unión Europea al respecto.
El siguiente capítulo se refiere a la pena de muerte, un ámbito en el que la Unión Europea ha tenido mucho éxito: ha influido en sus vecinos mediante la Política de Vecindad y ha conseguido una moratoria de la pena de muerte en muchos países. En efecto, estamos obrando por conseguir su prohibición.
El informe también aborda el tráfico de seres humanos, el papel de las empresas multinacionales y sus responsabilidades en el ámbito de los derechos humanos y, quizá lo más importante, la cuestión de la impunidad y el papel de la Corte Penal Internacional, que merece el apoyo de la Unión Europea. Creo que en muchas zonas del mundo desarrollado la impunidad es el factor que más contribuye a los abusos continuos de los derechos humanos, porque las personas creen que no serán castigadas o que no se les responsabilizará de las horribles acciones que consienten o cometen. Este informe apoya firmemente a la CPI. Asimismo, insta a la Unión Europea a que convenza a países influyentes como los Estados Unidos para que apoyen a la CPI.
El informe también trata de muchos países individuales. Me ha animado mucho la influencia creciente que tiene la Unión Europea en muchos países del mundo. Muchos embajadores y representantes de diferentes países se han dirigido a mí preocupados…
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al señor Coveney por este excelente informe. Tal como acaba de decir, presenta una imagen muy amplia y completa de la situación de los derechos humanos vista desde una serie de diferentes ángulos.
Más que nunca, los derechos humanos centran el debate internacional. El 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de concluir en Ginebra. En marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas publicó su informe titulado: «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos». Por lo tanto, de alguna manera ha situado la cuestión de los derechos humanos en el centro de nuestras preocupaciones para el desarrollo pacífico de nuestro mundo.
Usted hace algo similar en su informe. Describe una imagen de la situación de los derechos humanos en el mundo, una imagen inflexible que demuestra que tenemos que seguir preocupándonos por los derechos humanos. También aboga por medidas incluso más contundentes y comprometidas en defensa de los derechos humanos.
La Unión Europea siempre ha tenido sumo interés en defender y promover los derechos humanos; es una parte esencial de nuestra política exterior. A la vista de los retos que presenta la mundialización y también del deterioro continuo de los derechos humanos en muchos lugares del mundo, es necesario que la Unión Europa realice mayores esfuerzos para promover y defender los derechos humanos, ante todo a nivel interno, con los gobiernos pero también con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los parlamentos nacionales y los organismos internacionales.
Otra cosa que tiene que estar en el centro de nuestra defensa de los derechos humanos es un compromiso con la resolución de conflictos, conflictos que a menudo son el origen del desprecio de la persona humana. En su informe, condena una serie de casos, con su examen trágico de las violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo. En este sentido, creo que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, la reforma del sistema de las Naciones Unidas, la importancia dada a los derechos humanos con un vínculo entre la reforma de las Naciones Unidas y un mayor respeto de la Carta y la Declaración de los Derechos Humanos son muy importantes.
Diré solamente que la Unión Europea es ante todo una comunidad de valores que, por cierto, está mejor enraizada en el proyecto de Constitución, en especial mediante la Carta de los Derechos Fundamentales. Esta comunidad de valores a la que aspiramos nos exige que defendamos los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Estos valores son y tienen que ser nuestra guía al elegir entre las herramientas que disponemos para dirigir nuestra política.
Como comprenderá usted, señor Coveney, no puedo responder con detalle a todas las cuestiones planteadas en su informe ni a todos los epígrafes extremadamente útiles y ricos que contiene. Por lo tanto, me limitaré a unas pocas cuestiones que plantea, mientras le aseguro, en nombre del Consejo, que nuestros servicios seguirán estudiando este documento y tendrán en cuenta las numerosas sugerencias que propone en el mismo.
Por consiguiente, destacaré una serie de aspectos cuya importancia justifica que se haga hincapié en ellos en especial, empezando por el diálogo. Intentamos plantear la cuestión de los derechos humanos siempre que se nos presenta la oportunidad y con todos los interlocutores de la negociación. Este también es el motivo de que los derechos humanos formen siempre parte integrante de todos los acuerdos que concluimos con los interlocutores, incluso si se trata de meros acuerdos económicos. De esta manera hemos iniciado un diálogo sobre «derechos humanos» con China, dejando claro que los derechos humanos no son un lujo de los países desarrollados ricos sino algo que debe ir de la mano del desarrollo económico. También hemos emprendido consultas sobre «derechos humanos» con Rusia. Este es un aspecto del enfoque de los «cuatro espacios comunes» del que esperamos poder sacar partido en la próxima cumbre con Rusia el 10 de mayo. En este mismo momento, también, una troika de la UE está analizando de qué modo se puede iniciar el diálogo sobre los derechos humanos con Irán. Los derechos humanos también forman parte integrante de nuestras relaciones con Teherán en otros asuntos importantes: el respeto de los derechos humanos no puede separarse de las otras cuestiones fundamentales en las que estamos trabajando.
Sabemos que se trata de una labor a largo plazo. Incluso si es difícil, por no decir imposible, cuantificar los resultados obtenidos de estos diálogos sobre derechos humanos, creemos que son una herramienta esencial para avanzar en la causa de los derechos humanos en los diferentes países afectados. La necesidad de encontrar un denominador común con nuestros interlocutores de negociación no significa necesariamente que sea conveniente realizar evaluaciones regulares de estos diálogos. Nuestro objetivo es mejorar la situación sobre el terreno, y los resultados definitivos, como el respeto del Estado de Derecho o la liberación de prisioneros políticos, son indicios de que estamos teniendo éxito con estos diálogos.
También quiero poner un fuerte énfasis en el apoyo que damos a las organizaciones de derechos humanos en una serie de países, tal como lo hace usted en su informe. Es inaceptable que los fondos de la Unión Europea destinados o asignados a las organizaciones de derechos humanos en algunos países se bloqueen por sus gobiernos; creo que el Presidente del Parlamento se convenció de ello al visitar uno de estos países.
También quiero decir algunas palabras sobre un tema que significa mucho para nosotros: el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Esto es ante todo una cuestión moral y de gran efecto. Aquellos que creen que pueden debilitar el respeto de los derechos humanos con el pretexto de la lucha contra el terrorismo están en cierto sentido cediendo al terrible chantaje de los peores enemigos de la democracia: los terroristas. No podemos ir por este camino. En realidad, los ataques del 11 de septiembre de 2001 han hecho que el terrorismo sea una de las prioridades de la Unión Europea, pero dijimos, y lo hemos dicho nuevamente hace poco ante la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, que los esfuerzos realizados en la lucha contra el terrorismo han de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, el 21 de septiembre de 2001, el Consejo manifestó que la lucha contra el terrorismo tenía que ser inseparable del respeto de las libertades fundamentales en las que se fundamenta nuestra civilización. En la última sesión de la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, la Unión Europea desempeñó un papel activo en las negociaciones sobre este tema, contribuyendo a la adopción de una resolución sobre el respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Esta resolución contempla el nombramiento de un ponente especial y, por lo tanto, ayudará a fortalecer la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. La cooperación, a la que se refiere en su informe, entre el Representante Personal del SG/AR para temas de derechos humanos que ha sido nombrado hace poco por el Secretario General del Consejo/Alto Representante de la Unión Europea para la PESC y el Coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, es plenamente coherente con nuestra política en el asunto y tenemos un gran interés en desarrollarla.
Quiero mencionar algunas otras cuestiones a las que usted da una gran importancia. Primero, los derechos de los niños. Siempre hablamos de los derechos de las personas, pero hay que prestar atención, como asunto prioritario, a la situación a menudo calamitosa de los niños, víctimas del conflicto y también de la pobreza. Creo que la Unión Europea tiene que desempeñar un papel especial en este tema, y tendremos que ver cómo podemos intensificar nuestras actividades en apoyo de los derechos de los niños. En este sentido, también quiero señalar que el proyecto de Constitución se refiere explícitamente a la protección de los derechos de los niños. Creo que es necesario ampliar nuestras actividades con esta finalidad, en cuanto a nuestra ayuda al desarrollo y en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
También existe la cuestión de los derechos de las mujeres que son víctimas de los conflictos, y del fortalecimiento de la actuación de la Unión Europea para impedir todas las formas de tráfico de seres humanos, del que las mujeres y los niños son generalmente las principales víctimas. Este es un ámbito donde es necesario que la Unión Europea aumente sus medidas.
También quiero aprovechar la oportunidad para subrayar la libertad y el derecho a la información. Su Parlamento ha hecho mucho por fomentar este derecho. Con frecuencia se encarcela, se tortura, se hostiga de todas formas y, hoy, se toma como rehenes a los periodistas. Es hora de que se dedique un momento a aquellos periodistas a quienes se han tomado como rehenes en Iraq durante más de 100 días.
Otra cuestión que plantea en su informe es la futura Agencia de las Libertades Fundamentales y el riesgo de duplicación que resulte del gran número de organismos implicados en los derechos humanos. En 2003 decidimos que tenía que revisarse el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia y que teníamos que considerar la posibilidad de que fuera una agencia. La Comisión emprendió entonces una consulta pública a gran escala. El gran número de personas y organizaciones que expresaron sus ideas sobre el futuro papel del Observatorio Europeo y su conversión en una agencia para las libertades fundamentales y los derechos humanos demuestra claramente hasta qué punto los ciudadanos creen que están afectados por las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. No podemos sino celebrarlo. Tras esta consulta, la Comisión ha empezado a elaborar una propuesta para un Reglamento basado en las muchas ideas que ha recibido. La propuesta se examinará de acuerdo con el procedimiento normal.
Aunque es prematuro entablar un debate sobre esta agencia en esta Cámara, quiero sin embargo destacar que, dada la envergadura de la tarea, nunca seremos demasiados los que participemos en la protección y defensa de los derechos humanos. Conocemos los problemas y pretendemos reforzar la cooperación entre los diversos organismos involucrados. Nuestro objetivo es fortalecer todos los instrumentos y todos los organismos que sirven a los derechos humanos, trabajando juntos y en coordinación de modo que nuestra actuación sea eficaz al tiempo que evitamos toda duplicación, puesto que esto sería un desperdicio irresponsable de nuestros recursos.
Joaquín Almunia,
   . Señor Presidente, quiero empezar mi intervención excusando a la Comisaria Ferrero-Waldner que no ha podido asistir hoy y expresando también mi satisfacción por poderla sustituir en un tema tan esencial en nuestro modelo de sociedad, de comunidad política y de comunidad cívica y en nuestro proyecto europeo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos comienza señalando que "la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Todos nosotros, en el ejercicio de nuestras responsabilidades y en nuestra vida cotidiana y privada, tenemos la responsabilidad de promover y proteger los derechos de todo ser humano en todo lugar del mundo.
El informe del Parlamento Europeo sobre los derechos humanos que estamos discutiendo esta tarde supone una importantísima contribución y me gustaría empezar rindiendo un caluroso tributo al señor Coveney por su excelente trabajo, que ilustra nuevamente el fuerte compromiso de este Parlamento con los derechos humanos. El informe contiene importantísimo material de reflexión y muchas recomendaciones de gran utilidad; su amplitud no me permitirá responder hoy en detalle a las diversas cuestiones que plantea, pero, como es habitual, la Comisión dará continuidad a este debate, respondiendo a todas y a cada una de las recomendaciones del informe por escrito.
Sin embargo, me gustaría atraer la atención, en estos minutos, sobre algunos de los puntos que plantea el señor Coveney en su informe. En concreto, deseo hacer breves comentarios sobre tres cuestiones: en primer lugar, sobre los derechos de los niños, sobre todo en los conflictos armados, en segundo lugar, sobre los defensores de los derechos humanos y, por último, sobre la Corte Penal Internacional.
Con respecto a los derechos de los niños, la Comisión acoge con agrado el énfasis puesto por el informe en este punto. En estos últimos años, la Unión Europea ha puesto en marcha un marco eficaz para la integración de los derechos de los niños en sus políticas y en sus programas, en colaboración con UNICEF, hemos iniciado un programa de formación específico sobre los derechos de los niños y, el pasado mes de septiembre, establecimos un Grupo Interinstitucional sobre este tema. La Comisión desempeña un papel activo en la aplicación de las directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados aprobadas en 2003: de forma regular, planteamos la cuestión en nuestros diálogos con terceros países y con representantes de los grupos involucrados en conflictos armados. Por ejemplo, durante la visita realizada el pasado mes de marzo a Sri Lanka, la Comisaria Ferrero-Waldner tuvo ocasión de hacer hincapié especialmente en la importancia de erradicar el uso de los niños en esos conflictos. La Comisión apoya una extensa gama de proyectos que abordan diferentes aspectos de este problema y, tras un minucioso análisis, hemos decidido destinar fondos de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos a proyectos de apoyo y formación en terceros países. El objetivo de estos programas y de estos recursos es progresar en la aplicación del Convenio de los Derechos del Niño y sus protocolos opcionales.
Permítame, asimismo, señalar que el grupo de comisarios sobre derechos humanos hace especial hincapié en este tema. Mis colegas han revisado el trabajo de la Comisión en este campo y están actualmente considerando cuál es la mejor manera de dar prioridad a esta cuestión; una de las posibilidades que se contempla es la aprobación de una comunicación, como sugiere el señor Coveney en su informe.
En segundo lugar, me quería referir a los defensores de los derechos humanos. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró, en relación con los defensores de los derechos humanos, que estos son nuestros ojos y oídos y representan nuestra conciencia colectiva. Son una fuente vital de información sobre los acontecimientos que se desarrollan en terceros países. Por ello, nosotros, la Unión Europea, dependemos de ellos, de los defensores de los derechos humanos, para obtener información. Eso significa que tenemos la enorme responsabilidad de protegerlos, debemos concentrarnos en la mejora del seguimiento y transmisión de la información y establecer, al respecto, un fuerte compromiso por parte de las misiones de la Unión Europea y de las delegaciones de la Comisión en el mundo.
La Comisión está determinada a desempeñar un papel activo para hacer realidad las directrices sobre los defensores de los derechos humanos. En este sentido, les damos prioridad en nuestra campaña "promoción de una cultura de los derechos humanos", que conforma uno de los cuatro ejes incluidos en la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Asimismo, ponemos especial énfasis en el apoyo a las organizaciones locales de derechos humanos en terceros países. La programación para este año y el siguiente de la citada Iniciativa prevé que más de 50 delegaciones de la Comisión Europea pongan en marcha un plan de microproyectos que representará más del 30% de su presupuesto total.
En último lugar, permítame, señor Presidente, que haga referencia a la Corte Penal Internacional, una institución de vital importancia para la promoción internacional de la paz y la justicia. La Comisión considera la Corte como uno de los componentes esenciales de un orden internacional regulado. Gracias a ella, aquellos que cometan violaciones masivas de la vida y la dignidad humana saben que la comunidad internacional les va a exigir responsabilidades y, con ello, todos esperamos que se reduzca la frecuencia de esos crímenes, pero allá donde estos se produzcan y allá donde los sistemas nacionales no quieran o no puedan intervenir, la comunidad internacional dispone ahora de un sistema complementario de justicia criminal, ejecutada a través de la Corte, que debe repartir justicia de forma imparcial, transparente y efectiva. Esta es la única manera de asegurar que sea considerada como una institución legítima y que se consiga la adhesión de muchos otros Estados al Estatuto de Roma que creó la Corte.
La Unión Europea cree que tres principios de la Corte son fundamentales. En primer lugar, el principio de universalidad de la Corte, y en ese sentido estamos haciendo campaña en todo el mundo para aumentar el número de ratificaciones del Estatuto de Roma y me siento particularmente satisfecho de que 77 países ACP hayan acordado conjuntamente, el pasado mes de marzo, incluir un compromiso para la ratificación del Estatuto en el nuevo Acuerdo de Cotonou, que se va a firmar próximamente.
En segundo lugar, nos parece fundamental el principio de la integridad de la Corte, atacado por parte de algunos países. Por ejemplo, los acuerdos bilaterales de inmunidad propuestos por los Estados Unidos minan el propio concepto de la Corte. También está preocupada la Comisión por el régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidosa aquellos países que se niegan a firmar tales acuerdos y continuamos expresando nuestra preocupación sobre estos temas en nuestro diálogo con los Estados Unidos.
Y por último, el tercer principio de la Corte es la complementariedad con los sistemas judiciales nacionales; la justicia internacional no es un sustituto de la justicia nacional. Por eso, apoyamos la reconstrucción de sistemas legales en aquellos países donde la magistratura no ha sido capaz o no ha tenido voluntad de perseguir las violaciones masivas de los derechos humanos.
La adopción, el 31 de marzo, de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Darfur que por primera vez hace referencia a la Corte Penal Internacional, es muy esperanzadora.
Finalmente, señor Presidente, Señorías, les aseguro, en nombre de la Comisión, que la amplitud de países y temas tratados en el informe del Parlamento será de enorme ayuda cuando empecemos a trabajar próximamente en el informe anual de la Unión Europea sobre derechos humanos. Por ello, quiero reiterar mi agradecimiento y el de la Comisión al señor Coveney y al Parlamento Europeo en su conjunto por su excelente trabajo y recordar, una vez más, nuestra permanente disposición a colaborar con el Parlamento en esta tarea. 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
   . Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, señor Coveney, por el esfuerzo incansable que ha realizado en defensa de los derechos humanos en su informe y también por la búsqueda incansable en favor de un consenso para superar los numerosos problemas y los conflictos de intereses que este informe plantea.
Este informe sobre los derechos humanos en el mundo pone claramente de manifiesto el compromiso indeclinable e inderogable que tiene la Unión Europea, en general, y este Parlamento, en particular, con la causa de los derechos humanos, que no se tienen que predicar de una región, de un país o de un continente, sino que tienen que tener un carácter planetario o universal.
Creo que, en Europa, tenemos que enfocar y aproximar esta tarea desde una actitud de modestia intelectual, y que tenemos que pensar que, antes de lanzarnos a la labor de arreglar el mundo, quizá deberíamos darnos tres vueltas por nuestra propia casa primero.
Tenemos que aplicar esta referencia a los derechos humanos, que la Unión Europea hace efectiva a través de la cláusula democrática que existe en los acuerdos de asociación y de cooperación, evitando el doble rasero y aplicándola por igual a países grandes, a países medianos y a países pequeños.
Creo que tenemos que ser rigurosos al exigir el cumplimiento de los derechos humanos, que tenemos que ser precisos, que no debemos incurrir en exageraciones y que tenemos también, señor Presidente, que ser generosos en los avances que muchos países en vías de desarrollo están llevando a cabo en sus legislaciones y en sus situaciones de hecho. Porque la acción de la Unión Europea tiene que tender, señor Presidente, a favorecer esos procesos, a estimularlos y a constituir un acicate para que los derechos humanos se acaben enseñoreando en todas las regiones del planeta.
Señor Presidente, quisiera hacer referencia a tres aspectos, de los muchos importantes que presenta el señor Coveney en su informe, que han llamado particularmente mi atención. En primer lugar, la referencia que se hace al caso de Somalí Mam, a la causa que ella ha venido defendiendo en contra de la prostitución infantil y a las 91 niñas que han sido secuestradas de uno de sus centros de acogida en los que desempeña su obra social. Asismismo vale la pena detenerse en algunos casos relativos a la aplicación de la pena de muerte en países como Filipinas. Y también me gustaría aprovechar esta tribuna, señor Presidente, para hacer referencia, y creo que viene al caso en el contexto de esta discusión sobre los derechos humanos, al ciudadano español Carlos Ayala, funcionario de la Comisión Europea destinado en Bogotá, donde ha sido, al parecer, secuestrado en extrañas circunstancias. Me gustaría atraer la atención de esta Cámara sobre este caso, pedir que se aclaren las consecuencias y las causas de su desaparición y, pedir, naturalmente, que sea liberado. 
Termino, señor Presidente, felicitando al ponente y esperando que este informe pueda gozar, como se merece, de una amplia mayoría de este Parlamento en el voto de mañana por la mañana.
Richard Howitt,
   . – Señor Presidente, voy a referirme a tan solo cuatro puntos de este exhaustivo informe. En primer lugar, sobre los niños y los conflictos armados, acogemos con satisfacción el énfasis en los derechos de los niños. Hemos tratado de ampliar la definición de competencia infantil de forma específica para incluir a mensajeros, espías, cocineros y porteadores, porque los niños que desempeñan estas tareas están expuestos al peligro. Sobre la cuestión que divide a esta Cámara, insistimos en que la violación es un arma de guerra y, por lo tanto, el acceso pleno a los derechos de salud reproductiva tiene que ser uno de los derechos humanos que defendamos en este informe.
En segundo lugar, respecto de los derechos humanos y las empresas, se ha identificado una gran falla en nuestros debates entre el fomento de la responsabilidad corporativa de las propias empresas y las autoridades públicas que hacen uso de nuestra responsabilidad para garantizar el principio de responsabilidad corporativa. Las normas de las Naciones Unidas en materia de empresas y derechos humanos constituyen la mejor base para desarrollar un conjunto de normas mundiales para las responsabilidades en materia de derechos humanos de las empresas transnacionales, y tenemos que apoyarlas.
En tercer lugar, sobre el terrorismo, el informe está en lo cierto al condenar el terrorismo en todas sus formas, así como en insistir en que todas las acciones de combate contra el terrorismo deben respetar plenamente los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. Sin embargo, creemos que las referencias en el informe al objetivo del proceso democrático y a la relación entre fundamentalismo y terrorismo se acercan demasiado a la equiparación del islam y los musulmanes de este mundo con el terrorismo. Acepto que no es la intención personal del señor Coveney, pero deseamos que se retire esa formulación para evitar toda confusión. Los musulmanes defienden la paz y la no violencia como todas las demás religiones –o ninguna– de este mundo.
Finalmente, hemos intentado garantizar que los apartados 210 a 230 del informe aborden los instrumentos específicos para fomentar los derechos humanos que tenemos como Unión Europea: los diálogos sobre derechos humanos, la cláusula de derechos humanos en nuestros acuerdos con países terceros, nuestras representaciones en Ginebra y Nueva York, las acciones y la aplicación de las directrices y la iniciativa europea por la democracia y los derechos humanos. Invito a otros Grupos políticos en el Parlamento a que el año que viene se nos unan para centrarnos más exclusivamente en exigir responsabilidades al Consejo y la Comisión sobre la efectividad con que se utilizan estos instrumentos. Invito al Consejo a que esta tarde nos diga que presentará su propio informe anual sobre derechos humanos a este Parlamento, para que este informe pueda ser el año que viene la respuesta a aquel.
Doy las gracias al señor Coveney. Sus elogios a los ponentes alternativos se le devuelven con creces. Ha hecho un excelente trabajo y es un informe muy bueno.
Johan van Hecke,
   .  Señor Presidente, el Informe sobre los derechos humanos 2004 ha resultado ser un documento honesto y equilibrado y yo también quiero agradecer los esfuerzos del ponente. Ahora bien, en un principio se temía que el informe se viese enturbiado por la misma inconsistencia y falta de coherencia de la política de derechos humanos del Consejo y de los Estados miembros, que muy a menudo reclaman sanciones contra los países pobres del Sur, pero hacen la vista gorda ante graves atentados contra los derechos humanos en otros países que ofrecen un mayor interés económico. Habría sido inaceptable que el Parlamento hubiese aceptado una vez más que los derechos humanos se supeditaran a intereses económicos o comerciales. Gracias a la franqueza y voluntad de escucha del ponente, el informe en su forma actual no elude, empero, los aspectos más delicados. Se abordan todos los problemas, independientemente del tamaño o el interés económico de los países afectados. Creo que ya es hora de que el Consejo y los Estados miembros sigan el mismo camino; de lo contrario, la Unión Europea corre el riesgo de perder rápidamente su credibilidad como protectora y guardiana de los derechos humanos en todo el mundo. Ese riesgo volvió a quedar patente hace poco en la 61ª Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, donde no se presentó ninguna resolución sobre China, Rusia o Irán. En mi opinión, se requiere a todas luces una mayor coordinación, una mayor difusión de la información y menos ambivalencia. Celebro que el informe refleje las evoluciones positivas, como las ocurridas en algunos países en desarrollo, sobre todo en África, a pesar de los grandes problemas políticos y económicos con los que todavía tiene que lidiar el continente negro. El proceso de reconciliación que se ha llevado a cabo con éxito en Ruanda, Burundi y otros países demuestra que sin duda es posible un progreso. África se encuentra en un momento de cambio y la Unión Europea debe seguir apoyando los primeros frágiles éxitos conseguidos en dicho continente. El Informe Coveney reclama con toda razón una cooperación más estrecha con la Corte Penal Internacional en la lucha para garantizar que los delitos no queden impunes. A fin de cuentas, la democracia y la reconciliación van estrechamente unidas a la justicia. No obstante, algunos países en desarrollo están siendo objeto de una enorme presión por parte de los Estados Unidos para que socaven el buen trabajo de la Corte Penal Internacional. Si la Unión Europea y los Estados miembros se toman realmente en serio la CPI, deben ofrecer una compensación económica y comercial, recurriendo a todos los medios a su alcance, a los países que no se dobleguen a las amenazas de los Estados Unidos. La CPI ha iniciado entre tanto investigaciones sobre la situación en el Congo y también en el norte de Uganda, donde la población continúa sufriendo en manos del Ejército de Resistencia del Señor (ERS) y sus actividades terroristas. Se están masacrando e incendiando núcleos de población enteros; se rapta a niños y niñas para utilizarles como soldados o esclavas sexuales, a pesar de que solo se requeriría un esfuerzo militar limitado a pequeña escala para dejar definitivamente fuera de combate al ERS y poner fin a las violaciones de los derechos humanos más graves del mundo. Por desgracia para la población que tiene que sufrir esas crueldades a diario, el norte de Uganda no posee petróleo, coltán ni otras materias primas que justifiquen el interés de la comunidad internacional por la zona.
El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa ha presentado un pequeño número de enmiendas, una de las cuales insiste en la necesidad de mantener el embargo de armas sobre China hasta que el Gobierno chino demuestre que las nuevas leyes sobre la secesión no representan ninguna agresión contra la población taiwanesa. Mi Grupo apoyará el Informe Coveney con más convicción que nunca si se aprueba dicha enmienda.
Hélène Flautre,
   .– Señor Presidente, es costumbre felicitar a los ponentes en esta Cámara donde todos intentamos superarnos entre nosotros en ser amables. Sin embargo, esta vez tenemos que expresar realmente nuestra admiración por el trabajo que el señor Coveney ha realizado; ha escuchado con mucha atención y ha trabajado meticulosamente para elaborar lo que realmente es un informe completo, claro y aceptable. Todos podemos ver que la evaluación satisfactoria de la situación de los derechos humanos país por país no es algo fácil de conseguir. Por lo tanto, quiero añadir mis más sinceras felicitaciones a todas las personas que se han dirigido a él.
Este informe contiene un ingente número de puntos positivos y mi Grupo está muy contento con el equilibrio que consigue en el asunto del respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Creo que es un tema que llama mucho la atención a escala internacional, europea y de esta Cámara, y lo que vemos hoy –quiero decir lo que se acaba de decidir tras el período de sesiones de las Naciones Unidas– con la ayuda del ponente, nos permitirá realizar progresos muy considerables en el asunto. Mi Grupo también acoge con satisfacción la extensión de los derechos civiles y políticos a las cuestiones económicas y sociales con un capítulo importante sobre la responsabilidad de las empresas.
Cuando mañana consideremos las enmiendas, quiero también quizás que reconozcamos el derecho al desarrollo como un derecho humano inalienable, como nos invitan a hacer el trabajo de la PNUD sobre la degradación de los ecosistemas y los efectos de la contaminación en nuestra capacidad, a escala mundial, de alcanzar las metas del Milenio y tal como se estableció en la declaración de las Naciones Unidas en 1986. La cumbre de Johanesburgo también reiteraba la naturaleza esencial del respeto de los principios sociales y medioambientales y los derechos humanos. Les invito a que mañana consideren estas cuestiones.
Dicho esto, creo que lo más importante sobre este informe es probablemente la capacidad, una capacidad que podemos seguir desarrollando en los próximos años, para analizar los instrumentos de la Unión Europea para proteger y promover los derechos humanos y la democracia en el mundo. Creo que todo esto es un capítulo extremadamente importante. Hoy todo el mundo puede ver hasta qué punto la credibilidad de la Unión Europea, las expectativas que las personas tienen depositadas en ella y en lo que va a convertirse con la adopción esperada de la Constitución, se centran en torno a la cuestión de los derechos humanos y la democracia, y no creo que podamos conseguir que se acepte una manera europea de hacer las cosas en el diálogo, en la credibilidad y con equidad si no somos capaces de realizar progresos considerables a nivel interno, entre nuestras instituciones. Si realmente queremos que se supervisen y evalúen todos nuestros mecanismos, el Parlamento Europeo tiene que involucrarse, y mantenerse informado sobre todas las medidas que se decidan de conformidad con las orientaciones y con los diálogos estructurados sobre los derechos humanos y participar en todas las medidas que adopten la Comisión y el Consejo. Nuestra política será más eficaz y más coherente si mantenemos un mejor diálogo interinstitucional.
Vittorio Emanuele Agnoletto,
   – Señor Presidente, mientras reconozco los esfuerzos tan sustanciales realizados por el señor Coveney, lamentablemente tengo que añadir que los resultados están muy por debajo de las expectativas. En realidad, se trata de un informe exhaustivo, lleno de afirmaciones con las que podemos estar de acuerdo, que a veces son simplistas y marcadas por un cierto deseo de gustar. Sin embargo, al mismo tiempo, el informe es muy cuidadoso –y en este punto discrepo del señor van Hecke– de evitar contrariar a los interlocutores económicos y políticos de la Unión Europea. Se puede argumentar que este informe es muy débil con los más fuertes y, con demasiada frecuencia, muy negligente con los débiles.
Se pueden citar muchos ejemplos: no se menciona en ningún caso la situación trágica del pueblo kurdo en Turquía, que sin embargo debe adherirse a la Unión Europea y, por lo tanto, debería haberse incluido en un documento como este. Sin embargo, existe un rechazo a alterar las relaciones con Turquía. Respecto a Iraq, hay una reticencia en señalar la responsabilidad estadounidense en el trato de prisioneros: prácticamente no se dice nada sobre el tema de Abu Ghraib. En cuanto a Colombia, tampoco se hace ninguna crítica del papel del Gobierno y sus relaciones con las fuerzas paramilitares. Se pide al Gobierno israelí que interrumpa la construcción del muro, pero no se le denuncia explícitamente por ello. Esto aparte, no se hace ninguna referencia a la falta de respeto de la libertad de información en Argelia.
Por lo tanto, diré que, en algunos aspectos, este documento no presenta la mejor de las posibilidades y que, si se mantiene en su estado actual, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no podrá apoyarlo. 

Bastiaan Belder,
    Señor Presidente, puedo suscribir plenamente el llamamiento que se hace en el apartado 22 del Informe Coveney. Los nuevos dirigentes palestinos deben poner fin a los actos terroristas cometidos contra Israel. El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben suscribir también ese llamamiento urgente; de lo contrario, ya podemos abandonar toda esperanza de que se reanuden las conversaciones de paz. Mientras tanto, las próximas elecciones parlamentarias palestinas plantean a las instituciones europeas un problema grave y urgente: la participación de Hamás, una organización terrorista incluida con toda razón en la lista de terroristas de la Unión. De hecho, se espera que Hamás obtenga buenos resultados en los comicios. ¿Cómo se proponen responder el Consejo y la Comisión a eso? El Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, teme que la Unión Europea deje de considerar a Hamás como un movimiento terrorista tras las elecciones parlamentarias y solo se muestra dispuesto a continuar las conversaciones sobre un acuerdo de paz cuando los grupos palestinos militantes hayan sido totalmente desarmados y desarticulados. Si no recuerdo mal, la Unión Europea exigía lo mismo a la Autoridad Palestina hace unos años. ¿Qué van a responder el Consejo y la Comisión al Primer Ministro israelí? En cualquier caso, no pueden afirmar ante esta Cámara que la inclusión de unos partidos políticos que cuentan con un brazo armado, en otras palabras, con unidades terroristas, puede resultar beneficiosa en ningún sentido para el proceso de democratización de Oriente Próximo, una región en la que les insto a actuar con coherencia. Una posición europea clara y de principios como esa, ayudaría a israelíes y palestinos a alcanzar un acuerdo político razonable con respecto a los derechos humanos y las vidas humanas en la región. 
Konrad Szymański,
      Señor Presidente, Señorías, muchos aspectos del informe merecen nuestra aprobación. No obstante, consideramos que algunas partes se podrían mejorar, una de las cuales es, sin duda, el embargo de armas sobre China. Permítanme, empero, que me centre en algunas enmiendas que fueron rechazadas por la Comisión de Asuntos Exteriores y que ahora volvemos a presentar ante el Pleno.
En los últimos meses hemos escuchado invocar a algunos diputados los derechos a la salud reproductiva en casi todos los debates celebrados en esta Cámara sobre cuestiones como las medidas para combatir el sida, los derechos de la mujer en Europa y en el mundo y nuestros objetivos en el ámbito de la política humanitaria. Si recordamos la definición de los derechos a la salud reproductiva de la OMS, la implicación es que se nos está pidiendo que votemos sobre el aborto. Estoy dispuesto a creer que todos los diputados de esta Cámara y, de hecho, todos nosotros en Europa, estamos actuando de buena fe, pero aun así no puedo comprender que se pueda aludir con tanta frecuencia y tan a la ligera al aborto, tratándose como se trata de algo que muchísimas personas en todo el mundo consideran moralmente inadmisible y cruel. Este es el razonamiento que está en el trasfondo de muchas de las enmiendas al informe. Aunque no todos estemos seguros de la existencia de vida humana en el momento de la concepción y durante las primeras etapas del embarazo, nadie puede argumentar racionalmente que podemos tener el 100% de certeza de que no hay vida humana durante esos primeros días, semanas y meses del embarazo. Nadie puede tener esa seguridad. Hoy día, nadie puede descartar la posibilidad de que el aborto constituya un atentado contra vidas humanas inocentes e indefensas. El hecho de que no podamos tener esa certeza significa que debemos preguntarnos si merece la pena correr el riesgo cuando lo que está en juego es tan importante. ¿Queremos que las futuras generaciones nos vean como ahora vemos nosotros a los racistas o a los partidarios de la esclavitud? ¿Queremos que nos vean como una sociedad que comprendió lo injusto que era discriminar a las personas por su raza o su origen, pero que se mostró totalmente indiferente ante el hecho de que ella misma las discriminaba por su etapa de desarrollo? Para evitar el riesgo de que eso suceda, deberíamos abstenernos de hacer referencia al aborto o a los derechos reproductivos en nuestros documentos. Estoy absolutamente seguro de que todos y cada uno de los objetivos de nuestra política humanitaria podrían conseguirse sin ninguna alusión al aborto y a los derechos reproductivos, y eso nos permitiría actuar con mucho mayor unanimidad y solidaridad. Les agradezco su atención y les ruego que no consideren mis comentarios como una declaración de enfrentamiento político. Hablo de buena fe, como persona que cree en la unidad europea y que está convencida de que la misión de Europa es impulsar unas políticas morales que no intenten imponer al resto del mundo soluciones a cuestiones respecto a las cuales nosotros mismos estamos divididos en Europa.
Koenraad Dillen (NI ).
    Señor Presidente, esta Cámara ha adoptado durante años –como es justo y acertado– una posición de solidaridad con la causa de los derechos humanos en el mundo entero. Por lo tanto, acojo con satisfacción que el ponente manifieste preocupación por valores como la libertad de expresión, de opinión y de prensa cuando el informe constata que, en Moldova, los partidos de la oposición no tuvieron el mismo acceso a los medios de comunicación en los anteriores comicios, ni pudieron contar con una cobertura imparcial de la campaña electoral. En países como Argelia y Arabia Saudí se pisotean también masivamente esos valores, según el informe. No obstante, este se muestra muy selectivo; después de todo, no se debe hablar de cuerdas en la casa de un ahorcado. En efecto, el ponente podría haber caído en la cuenta de que Bélgica, el país donde, al fin y al cabo, tiene su sede el Parlamento, sufre los mismos males que Moldova, Argelia y tantísimos otros países. En mi país, VRT, la televisión pública financiada por todos los contribuyentes flamencos, ha decidido, haciendo gala de su talante totalitario, no invitar a comparecer al principal partido de Flandes, el , lo que equivale, de hecho, a censurarlo en la práctica. Con lo cual se está negando formalmente el acceso a la televisión pública al único partido de la oposición de Flandes y se lo está amordazando al mejor estilo de la antigua Alemania oriental. En adelante, un politburó formado por jefes de redacción de izquierda y de extrema izquierda, no muy distintos de los antiguos comisarios del pueblo de la Unión Soviética, decidirá qué informaciones se pueden emitir sobre mi partido y solo se difundirán aquellas que lo presenten bajo un prisma desfavorable. Jamás se había visto en la Unión Europea tamaña muestra de servilismo y adulación corrupta a la clase dirigentepor parte de unos periodistas pagados con fondos públicos. La libertad de expresión y el derecho a información procedente de diversas fuentes se están tomando a broma en Bélgica, lo cual es completamente contrario a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales. Ruego encarecidamente a todos los colegas diputados, cualquiera que sea su adscripción política, que firmen la declaración escrita que hemos presentado hoy para hacer constar su preocupación por esta de los medios de comunicación en mi país y denunciar la actitud totalitaria de la radio y la televisión belgas. 
Charles Tannock (PPE-DE ).
   –Señor Presidente, quiero felicitar al señor Coveney por su excelente informe. Siempre he apoyado el máximo de derechos civiles y políticos y la gobernanza para todos los Estados. La democracia es la forma de gobierno ideal que permite el pleno consentimiento de las personas implicadas.
Sin embargo, el mundo es un lugar complejo y hay toda una serie de cuestiones que siguen siendo relativas en lugar de absolutas. Por ejemplo, hay que conseguir un equilibrio entre el derecho de un Estado a defenderse del terrorismo y la necesidad de garantizar los derechos civiles para los prisioneros. Este es el caso de la situación en Guantánamo. Tras los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos creyeron que su seguridad nacional estaba amenazada y, por lo tanto, tuvieron que detener a muchos sospechosos hasta que quedara claro que no había peligro. Por supuesto, ahora han liberado a muchos. Otro caso es la referencia a la condena del muro de seguridad construido por Israel, que ha reducido de drásticamente el número de terroristas suicidas palestinos que cruzan a Israel para matar a israelíes inocentes. Sin embargo, muchos de mis colegas aquí creen que el muro representa una anexión de territorio palestino por parte de Israel, si bien las fronteras finales solo se establecerán mediante un acuerdo de territorios a cambio de paz.
Otra cuestión es la impunidad, que por supuesto todos condenamos con razón. Se trata de una cuestión delicada, como hemos visto en países como Argelia o, en el pasado, Sudáfrica. El Parlamento de Argelia está debatiendo una amnistía para todos los culpables de crímenes contra los detenidos, en interés de la paz y la reconciliación y con el fin de pasar página en su historia. Tal vez por desgracia, a veces la zanahoria de la amnistía es la única manera de garantizar una paz duradera.
También he participado en el informe sobre Uzbekistán y en la cuestión de la táctica del palo y la zanahoria en esta república de Asia Central que no tiene una tradición de derechos humanos o democracia y que ahora está adoptando medidas firmes en ese sentido dirección, cosa que tenemos que fomentar. Esta Cámara también tiene que examinar más de cerca en general las cláusulas de derechos humanos en los Acuerdos de Asociación de la UE en países como Siria, que continúan siendo dictaduras de partido único. En el caso de Siria, también está la cuestión del apoyo a los grupos terroristas como Hezbolá. 
Por ultimo, sigo siendo muy escéptico respecto de la necesidad de una agencia europea de derechos humanos dentro o fuera de nuestras fronteras. Esto duplicaría el trabajo de otros órganos como las Naciones Unidas, la OSCE o el Consejo de Europa. 
Véronique de Keyser (PSE ).
   – Señor Presidente, la señora Flautre, quien por lo general es parca en sus comentarios, ha felicitado al ponente. Por lo tanto, no me atreveré a hacer lo contrario y yo también le doy las gracias. 
Sin embargo, quiero decir que el informe sobre los derechos humanos es un ejercicio prácticamente imposible. En realidad, existen tres trampas en las que puede caer. La primera de ellas es la de que no exista coherencia entre un informe sobre derechos humanos y el próximo. Quiero decir al señor Szymański que el ańo pasado votamos a favor del derecho a la salud reproductiva como un derecho humano: Espero que hagamos lo mismo este año. La segunda trampa es la del doble rasero. A mí, por ejemplo, me asombra encontrar un párrafo entero sobre Marruecos, que ha realizado esfuerzos constructivos en el tema de los derechos humanos, pero solo una línea sobre otros países que los violan flagrantemente. Es la ley del género. Una tercera trampa es tal vez la falta de transparencia. Nos hemos comprometido en algunos ámbitos, y tal y como se presentan, algunos apartados sugieren que hemos sido menos críticos con las grandes potencias de lo que nos hubiera gustado. No voy a decir nada más sobre este punto; es algo inevitable en un ejercicio como un informe sobre los derechos humanos.
Más en serio, quiero decir que está claro que existen algunos apartados que mi partido no va a aceptar, en particular el apartado 78, que condena al Consejo por levantar las sanciones contra Cuba. Quiero decir al Consejo que celebro este acto de apertura. No creo que las sanciones económicas hayan ayudado nunca a la democracia; al contrario, han servido para perjudicar y debilitar a las naciones. Por lo tanto, existen algunos apartados y enmiendas con los que mi Grupo se va a mostrar muy sensible y que determinarán su voto al final de la jornada. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con las cualidades del ponente, a quien doy otra vez las gracias. 
Sajjad Karim (ALDE ).
   – Señor Presidente, quiero centrar mis observaciones en dos aspectos de este informe en particular. El primero son las vulneraciones de los derechos humanos en Cachemira y el segundo es la lucha contra el terrorismo.
Comenzaré comentando el apartado 49 sobre Cachemira. En primer lugar, quiero agradecer formalmente al señor Coveney su enfoque de esta cuestión y la manera en que se ha mostrado abierto a tener en cuenta tanto las propuestas de mi colega, la señora Lynne, como las mías. Mediante un proceso de diálogo entre nuestras oficinas respectivas, el apartado 49 constituye ahora un reconocimiento adecuado de la posición.
Por supuesto, acojo con satisfacción el diálogo entre Pakistán y la India, pero no podemos olvidar que el pueblo de Cachemira también es una parte implicada en este proceso. No podemos esperar una paz real y duradera en la región a menos que Cachemira desempeñe la tarea que le corresponde en el diálogo. Asimismo, acojo con satisfacción el reconocimiento del papel de la policía y del ejército indio en los abusos cometidos e insto al Gobierno indio a hacer todo cuanto esté en su mano para poner fin a tales abusos de inmediato. También insto al resto del mundo a reconocer que esta cuestión candente entre dos potencias nucleares merece buenos oficios del exterior para facilitar el diálogo entre las partes implicadas.
Sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo, acojo con satisfacción los apartados 101 a 108 porque abordan cuestiones que atañen a la situación actual en muchos países, incluidos algunos Estados europeos, donde se ha elegido como blanco sistemático a los ciudadanos que profesan la fe islámica por el mero hecho de que han elegido esta religión o de que se les percibe como musulmanes. Esto ha sido admitido de forma explícita por Ministros de Gobiernos nacionales y es algo a lo que este Parlamento tiene que oponerse. Por lo tanto, los apartados mencionados me resultan alentadores, porque adoptamos una postura sobre la erosión innecesaria y desproporcionada de las libertades civiles emprendida por los Gobiernos en contra de sus propios ciudadanos con el pretexto de la prevención del terrorismo.
Por último, quiero hacer hincapié en el apartado 111, que llama la atención sobre el uso por algunos Estados de la tortura por persona interpuesta y el uso potencial de las confesiones obtenidas por estos medios. Me entristece decir que existen informes de prisioneros que han sido trasladados de la UE a otros países para obtener pruebas mediante el uso de la tortura. Este Parlamento tiene la obligación de condenar estas actividades. 
Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, siempre hemos dicho que el principal valor de la construcción europea son los derechos humanos, su respeto y su promoción. Con este informe, por el que también quiero felicitar al señor Coveney, nos jugamos, una vez más, la credibilidad de la Unión Europea en este delicado terreno. 
Por ello, en el marco de la proliferación de acuerdos comerciales y de asociación que la Unión está promoviendo, la vertiente de los derechos humanos no debería convertirse en una exigencia menor, sino en la esencia misma de estos acuerdos.
Veamos algunos ejemplos. Con relación a China y antes de levantar el embargo de armas, es necesario aprovechar el diálogo sobre derechos humanos que hemos entablado con ese país para potenciar cambios políticos internos que conlleven una mayor democratización y una mejora de las instituciones y de la justicia, poniendo especial énfasis en las llamadas tres T (Tiananmen, Tíbet y Taiwán), así como en la eliminación de la pena de muerte. 
También con Marruecos debemos aprovechar nuestra privilegiada relación de vecindad para denunciar la reiterada vulneración de la libertad de prensa, lo que implica, entre otras cosas, que Rabat suprima las penas condenatorias contra periodistas como Alí Lmrabet, acate la legalidad internacional e impulse el plan Baker como marco para una solución justa y duradera al conflicto del Sáhara Occidental.
México es otro de los casos en los que hay que insistir, basándose en el acuerdo de asociación suscrito con ese país, para que las autoridades mexicanas hagan frente con mayor determinación y voluntad política a la violencia contra las mujeres. Asimismo, hay que lamentar la creciente persecución que determinados colectivos indígenas y alterglobalizadores están sufriendo por manifestarse públicamente críticos con el gobierno.
En cuanto a Colombia, la Unión Europea debe reiterar su preocupación por la constante vulneración de los derechos humanos que se comete en ese país y por la creciente amenaza que los defensores de los derechos humanos sufren diariamente. Así, cabe instar a las autoridades de Colombia a que protejan a esas personas.
Finalmente, es necesario que la Unión Europea promueva una serie de regulaciones vinculantes sobre las empresas con objeto de hacerlas responsables de los posibles impactos negativos que sus actividades puedan tener sobre el medio ambiente, la dimensión social y laboral de las personas y los pueblos y los derechos humanos en general.
Miguel Portas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, dada la importancia del informe para la credibilidad del Parlamento, quiero hacer tres comentarios.
En primer lugar, la caridad empieza en la propia casa y en los países que algún día formarán parte de ella. Por tanto, no está bien que se exima de la evaluación a los países candidatos a la adhesión. Los demócratas kurdos y turcos no nos agradecen esa exención.
En segundo lugar, la doble vara de medir proyecta una larga sombra sobre el informe. Por ejemplo, se aplaude con toda razón los progresos realizados en Marruecos, pero no se menciona que los periodistas todavía pueden ser encarcelados por referirse a los saharauis de Tinduf como refugiados y no como rehenes.
Mi tercera y última observación se refiere al terrorismo. Me alegro de que el informe reconozca el hambre y la pobreza como factores que contribuyen al terrorismo y la frecuencia con que la lucha contra el terrorismo ha erosionado justamente los valores que en realidad podrían derrotarlo. Pero no se dice nada sobre el resto. No se dice ni una palabra sobre la persistencia de ocupaciones militares y coloniales y el modo en que estas se traducen en violencia contra personas inocentes. ¿Puede haber alguna duda de que la insistencia de Israel en mantener tanto el muro como las colonias hipoteca toda posible solución duradera a favor de la paz y los derechos humanos en la región, o de que el resultado del concepto de guerra preventiva está, trágicamente, a la vista de todos en Iraq?
Por eso, mañana vamos a abstenernos en la votación, a pesar de que el informe plantea una serie de cuestiones importantes. Tenemos la obligación de hacer más y de hacerlo mejor. 
Kathy Sinnott (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Coveney por su exhaustivo y excelente informe. En particular, me alegra que no solo haya identificado de forma clara las vulneraciones de los derechos humanos, sino que también haya señalado y elogiado los esfuerzos por acabar con dichas vulneraciones. Confío en que este informe reciba una aprobación amplia y merecida. ¿Daremos una respuesta igualmente positiva a las personas que, con valor o desesperación, huyen de estas vulneraciones de los derechos humanos y llegan de forma legal o ilegal a nuestras fronteras? Eso espero.
Quiero decirle al Consejo que, por desgracia, a menudo la respuesta de los países de la UE a las víctimas es cerrarles la puerta. Es el caso de dos médicos ucranios que arriesgaron sus vidas para denunciar a empresas ucranias locales que comercian con tejidos de órganos de bebés de 20 semanas, comprados, criados y mantenidos vivos durante el doloroso proceso de extracción. Después de que intentaran matarles, los médicos escaparon a Irlanda el pasado mes de septiembre. Aún se encuentran en un centro de retención, sin que se les haya garantizado que les concederán el asilo, y se enfrentan a la posibilidad de la deportación y la muerte. 
No apoyaré las enmiendas propuestas que intentan cambiar este informe constructivo mediante la introducción de otra vulneración de los derechos humanos –el aborto– en la situación ya abusiva de la guerra. Un abuso no puede justificar otro. Una mujer violada necesita ayuda y protección, no más muerte y destrucción. 
Marcin Libicki (UEN ).
      Señor Presidente, Señorías, los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tenemos la suerte de poder decir que ya no nos afecta directamente el problema de los derechos humanos, que es un asunto importante y el tema de nuestro debate de hoy. En nuestros países ya no se conculcan los derechos humanos como ocurrió durante cincuenta años, durante la ocupación alemana, primero, y bajo un régimen comunista después. Aún así, no podemos ignorar que todavía se siguen violando esos derechos de manera continuada y flagrante en todo el mundo, y eso es algo que debe avergonzarnos profundamente. Los motivos de esas violaciones son bastante elementales, pero son intolerables y no deberían tener cabida en el mundo actual. Uno de los motivos es la religión, viéndose los católicos perseguidos en muchos países. En la China moderna, por ejemplo, los católicos están privados de todo derecho y lo mismo sucede en muchos otros países. Sin duda, en Indonesia deben tener todavía fresco el recuerdo de los incendios de iglesias y otros incidentes relacionados. Otro motivo es la nacionalidad. Me asombra que un país como China pueda perseguir a quienes considera sus propios ciudadanos, sobre todo habida cuenta de que esas personas no son, de hecho, ciudadanos chinos. La población del Tíbet tiene, en realidad, derecho a un país propio. Me asombra también que el mundo pueda contemplar a distancia esos hechos y que incluso se haya instado a levantar el embargo que pesa sobre China. Dicho embargo no tiene ningún efecto real, como es obvio, pero constituye un testimonio de nuestras convicciones éticas y, en este caso, debemos actuar conforme a las mismas. Por lo que respecta a Chechenia, me parece incomprensible que ahora se pueda considerar a Rusia como un socio político como cualquier otro, cuando se trata de un país que no solo ha asesinado a un dirigente checheno moderado, sino que además ha actuado de manera bárbara al negarse a entregar su cuerpo y declarar que lo han enterrado en una tumba anónima porque no merecía nada mejor. Encontramos ejemplos parecidos de países sin escrúpulos que persiguen a sus propios ciudadanos en Cuba y Belarús. Lo mismo ha ocurrido también en Darfur y, sin embargo, el mundo no hace prácticamente nada ante semejantes sucesos, aunque ya sé, por supuesto, que son cuestiones que se han debatido en esta Cámara. Este tipo de persecución es equivalente a una cacería de pigmeos con el solo objeto de tratarlos como piezas comunes de caza, y constituye un problema sumamente grave. En la época colonial, los países se responsabilizaban, en mayor o menor medida, de garantizar el mantenimiento del orden en sus colonias. En la actualidad, nos encontramos a menudo con conspiraciones de empresas que corrompen a los dirigentes locales y explotan a las antiguas colonias incluso más que en tiempos coloniales, sin ningún tipo de control por parte de sus países de origen. De hecho, ocurre más bien lo contrario, que cuentan con el apoyo de sus países. En vista de lo cual, quiero pedir que se abra una investigación sobre el caso siguiente, del que ha informado la prensa. Se ha presentado una denuncia ante el Tribunal Militar de París en relación con la complicidad de soldados franceses en el genocidio y los crímenes contra la humanidad cometidos en 1984 en Ruanda. Instituciones como el Parlamento Europeo tienen la obligación de velar por los derechos humanos fundamentales y vigilar a los países más grandes del mundo para garantizar que no colaboren en estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
      Señor Presidente, Señorías, los derechos humanos son un tema de actualidad en Europa y no solo en África, Asia y América Latina. Este es un punto en el que tenemos que insistir en relación con Rusia, Belarús, Ucrania, Moldova, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, pues se están violando derechos humanos en países fronterizos con la Unión Europea. Esas violaciones no están teniendo lugar en lugares remotos ni exóticos. Están ocurriendo a nuestro lado, en la misma Europa donde vivimos. Un segundo tema fundamental es el de la lucha contra el terrorismo, siendo como es la mayor amenaza real para la comunidad internacional. Se necesita solidaridad entre los Estados miembros, una solidaridad que sin embargo brilla por su ausencia, por ejemplo, en lo que respecta a la «lista negra» de organizaciones terroristas. En este caso preciso es verdaderamente necesario que la Europa unida hable con una sola voz, en lugar de que los Estados miembros más grandes de la antigua Unión traten de salvaguardar sus propios intereses.
En mi opinión, el informe debería haber hecho hincapié en la persecución que están sufriendo las minorías religiosas en algunos países africanos y asiáticos. 
Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero comenzar dando las gracias a nuestro colega, el señor Coveney, por su ardua labor en torno a nuestro Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2004. Una gran parte de este informe está dedicada a los países de Europa Oriental que en el futuro quizá formen parte de la familia europea, es decir, Ucrania, Moldova e incluso Belarús.
Quiero hacer hincapié en algunos aspectos que son muy importantes para la mejora de los derechos humanos en esa región. Formando parte de la delegación del Parlamento Europeo, tuve la oportunidad de observar las elecciones parlamentarias en Moldova. Si bien la comunidad internacional ha reconocido los resultados de las elecciones, está claro que no cumplieron ciertas obligaciones respecto de un proceso electoral plenamente competitivo, en especial en relación con el acceso justo a los medios de comunicación y la cobertura imparcial de la campaña. Además, las detenciones de diputados de la oposición y otras medidas en contra de las manifestaciones pacíficas constituyen claras violaciones de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Incluso se usó una reunión de observadores internacionales con el Presidente del país y «número uno» de la lista electoral de un partido político para la campaña de su partido.
Otro punto importante es instar a Ucrania y Moldova a que luchen contra el contrabando hacia, desde y a través de Transdniéster y desarrollen programas anticorrupción eficaces para los servicios de aduanas, de guardia de fronteras y de inspección fiscal y la policía. El día de las elecciones, los observadores de esta Cámara no pudimos entrar en Transdniéster, pero estaba claro que ciudadanos de Moldova y Transdniéster en particular tuvieron que enfrentarse a todas las consecuencias negativas de esa situación.
Por último, deberíamos recordar de nuevo a Rusia que retire a sus llamadas tropas de mantenimiento de la paz y sus arsenales de Moldova y en particular de Transdniéster, porque sin esta condición nuestras recomendaciones para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y la exportación ilegal de armas seguirán siendo gestos de buena voluntad pero no se harán realidad. 
Józef Pinior (PSE ).
      Señorías, estamos asistiendo a un nuevo proceso de democratización en Europa Oriental, Oriente Próximo, el Cáucaso, Asia Central y África. Las elecciones en Ucrania han demostrado el enorme potencial de la sociedad civil en los países fronterizos con la Unión Europea y en aquellos donde la Unión constituye un punto de referencia fundamental en el ámbito político, económico y cultural. Podemos encontrar pruebas de esta democratización, por ejemplo, en la aprobación de una Constitución y en la celebración de elecciones en Afganistán, en las elecciones libres celebradas en Palestina y en Iraq, y en las grandes manifestaciones públicas organizadas en el Líbano, así como en los pasos que se están dando hacia la liberalización en otros países. En Belarús, que es uno de los vecinos de la Unión Europea, la población se está rebelando contra las formas autoritarias de gobierno y cabe esperar que en un futuro próximo se produzca un gran avance democrático también en ese país. Una de las prioridades actuales de la Unión Europea debe ser ayudar a la sociedad civil de Belarús en su lucha por defender los derechos fundamentales y la democracia.
Estamos viendo como mejora la situación de los derechos humanos en varios países. En diciembre de 2004, Uzbekistán promulgó un decreto que concedía la amnistía a 5 400 presos. En agostó de 2003, el Parlamento de Uzbekistán, el Oliy Majlis, aprobó una serie de enmiendas al Código Penal gracias a las cuales la tortura y otras formas de trato inhumano se consideran ahora delitos perseguibles, cualquiera que sea la fase del proceso penal en que se hayan cometido. A la vez que pide la liberación de todos los presos políticos restantes, el Parlamento Europeo debe exigir que se refuerce la independencia del poder judicial y se emprendan nuevas reformas en el ámbito de los derechos humanos, sin dejar de reconocer a la vez los esfuerzos que ha realizado Uzbekistán con medidas para evitar la tortura y mejorar la situación de los detenidos. Debemos acoger también con satisfacción los pasos que se han dado para acabar con la censura de prensa en ese país. 
Irena Belohorská (NI ).
    Señorías, quiero manifestar mis respetos al ponente por el informe, que ofrece una descripción detallada de la situación de los derechos humanos en el mundo en 2004, y la posición de la Unión Europea sobre esa cuestión. En la actualidad, muchas personas confían en instituciones tan importantes a escala mundial como la Unión Europea o las Naciones Unidas cuando se consideran víctimas o testigos de abusos.
Permítanme, no obstante, que destaque que en las situaciones de violación más flagrante de los derechos humanos, las víctimas carecen a menudo de la fuerza o los recursos necesarios para poder defenderse o reclamar atención sobre ellos, y no saben cómo hacerlo. Por esto es tan importante que el Parlamento Europeo, en colaboración con las diferentes comisiones, realice un seguimiento no solo de la redacción de las convenciones y de su ratificación, sino también de su aplicación. 
Casi todos los países del mundo firmaron y ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, estoy convencida de que en algunos países europeos no se les presta suficiente atención.
Ayer, en la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, intenté añadir una referencia a la Carta Europea de los Derechos Fundamentales en el informe del señor Bowis sobre la movilidad de los pacientes, pero mis distinguidos colegas no apoyaron mi sugerencia. ¿Puede decirme alguien cuál es la verdadera situación en lo que respecta a la aplicación de documentos importantes? 
Albert Jan Maat (PPE-DE ).
    El informe del señor Coveney desborda firmeza, es equilibrado y, si Europa desea estar a la altura de su prestigio mundial como exportadora de derechos humanos, hará bien en aprobarlo en su totalidad como un activo fundamental de su política exterior y también con vistas a la próxima Conferencia de Ginebra. Quiero mencionar tres aspectos de dicho informe, primero en mi calidad de Vicepresidente de la Delegación para Asia Central. El informe pone, con toda razón, el dedo en la llaga de una serie de países, sobre todo de Uzbekistán. Ya sé que el Gobierno uzbeko asegura que en su país no hay presos políticos, pero también se puede encarcelar a los políticos por otros cargos, un hecho que ha ocurrido y que aún no está resuelto. Así queda patente también, de hecho, en el informe del Consejo de Europa posterior a las elecciones parlamentarias celebradas recientemente en Uzbekistán. El segundo caso que ilustra el posible éxito de la presión internacional es la situación en Kirguistán. Lo importante ahora es que se tome en serio a esa región y se someta a vigilancia continua. El tercer aspecto se refiere a la libertad de prensa en Kazajstán. Hace muy poco, Irina Petrushova fue encarcelada acusada de presuntos delitos sin relación alguna con su trabajo, pero resulta que se trata de la periodista más conocida del periódico de la oposición en Kazajstán. Desde esta Cámara tenemos que seguir ejerciendo presión sobre países como esos, ya que tenemos mucho en común con ellos; son países que pueden dar un paso adelante y que nosotros podemos ayudarles a conseguirlo. Mi última observación se refiere a la situación en Irán y al modo en que se trata en dicho país a las personas que no practican la religión mayoritaria, en este caso el Islam. Nuevamente, hace poco se tuvo noticia de la condena a muerte de Hamid Pourmand, ex coronel del Ejército, por el simple delito de ser cristiano. Solo por este motivo, no debería haber servido en el ejército, aunque su convicción religiosa era conocida. Es de la máxima importancia que esta Cámara haga un llamamiento en este caso específico en el que existe una condena de muerte pendiente. Quiero felicitar una vez más al señor Coveney y espero que el Consejo y la Comisión se tomen muy en serio el informe como un activo de nuestra política exterior en el ámbito de los derechos humanos. 
Tabajdi, Csaba Sándor (PSE ).
    Señor Presidente, puesto que el Parlamento Europeo es el principal guardián de los derechos humanos, es necesario examinar qué aspectos ha considerado importantes y dignos de atención el informe. Acojo con satisfacción la enmienda gracias a la cual los asuntos relativos a los derechos humanos en los Balcanes occidentales se tratan en un epígrafe separado.
En mi calidad de jefe de la delegación socialista húngara y de presidente del Intergrupo para las minorías nacionales históricas, regiones constitucionales y lenguas regionales, considero un defecto importante del informe el tratamiento de los abusos de los derechos de las minorías nacionales, en los que no hace suficiente hincapié pese a su importancia. Si bien es cierto que se hace alguna referencia a los abusos de los derechos de las minorías nacionales, en el caso de los Balcanes occidentales ni siquiera se mencionan. Es absurdo pensar que los problemas de Kosovo, Bosnia-Herzegovina o Serbia pueden resolverse sin garantizar los derechos de las minorías nacionales.
Yo creo que existen dos problemas fundamentales: uno de percepción y enfoque, que simplifica los derechos de las minorías nacionales tratándolos como derechos humanos. Aunque no podemos hablar de derechos de las minorías sin derechos humanos, la garantía de los segundos no garantiza el respeto de los primeros, que requieren otros derechos adicionales, así como prácticas especiales y un trato preferente. Otra dificultad es que la Unión Europea carece de normas de protección de las minorías y de un sistema de vigilancia adecuado, por no formar parte del acervo comunitario. Se trata de una situación paradójica, puesto que en los nuevos Estados miembros la situación de las minorías nacionales ha formado parte de los criterios políticos para la adhesión establecidos en Copenhague en 1994. La vigilancia continua de la situación de las minorías nacionales por parte de la Unión ha tenido un efecto muy positivo en las cuestiones que las afectan en los nuevos Estados miembros centroeuropeos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con este informe? ¿Por qué entre las cuestiones temáticas no se incluye un epígrafe separado dedicado a las minorías nacionales? Así pues, sugiero que en el informe del año que viene se dedique un capítulo completo a las minorías nacionales. 
Bogusław Sonik (PPE-DE ).
      Señor Presidente, la Unión Europea puede enorgullecerse de conceder una importancia tan grande a la defensa de los derechos humanos en el mundo entero y de que esa sea su principal tarjeta de visita. En tiempos pasados, cuando todavía vivíamos detrás del Telón de Acero, escuchábamos con avidez la voz del mundo libre. Esa voz nos llegaba a través de las ondas gracias a emisoras de radio como Radio Europa Libre, la BBC, France International y la Voz de América, y nos daba esperanzas de que algún día seríamos testigos del albor de la libertad y los derechos civiles. De igual modo, ahora deseamos que todos cuantos sufren persecución por sus opiniones o sus creencias religiosas y todos los que permanecen retenidos por dictadores en lúgubres prisiones con diversos pretextos, sepan que esta Cámara no les ha olvidado y que pedimos su liberación y el fin de tanta persecución.
Quiero agradecer al ponente el trabajo que ha realizado. No obstante, quiero hacer también algunos comentarios sobre el informe. El punto 12 insta a Moldova y Ucrania a resolver el problema de Transdniéster; sin embargo, es evidente que no podrá haber una solución definitiva y completa al problema de esa autoproclamada república sin la participación de Rusia, ya que esta apoya a Transdniéster.
Varias enfermeras belgas y un médico palestino llevan cinco años encarcelados en Libia acusados absurdamente de haber infectado a sabiendas e intencionadamente con el VIH a 450 niños en un hospital de Bengasi. La Comisión debe exigir la liberación de esos presos, que han sido condenados a muerte y cuyo recurso se verá dentro de un mes. Quiero instar también a la Comisión a que preste especial atención a la discriminación que sufren los cristianos y las Iglesias cristianas en los países musulmanes. Eritrea es el único país que se cita en el informe como un lugar donde se persigue a los cristianos, pero no se hace ninguna referencia a su suerte en Sudán.
Propongo que la Comisión elabore un informe detallado sobre la situación de las Iglesias cristianas en Oriente Próximo, África, China y Turquía. 
María Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSE ).
   Señor Presidente, efectivamente yo comparto la idea de que esta es la trabajosa historia de un informe imposible, que, por cierto, se refiere a una cuestión de creciente interés, tanto para la ciudadanía como para los organismos internacionales, y me quiero referir expresamente a la posición del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, en su informe "Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos". Esta es la historia de un informe imposible, por el que, desde luego, hay que dar las gracias al señor Coveney, y es imposible porque será siempre desequilibrado —tenemos el mundo como escenario—, incoherente —no hay más que ver el párrafo que se refiere a Venezuela concretamente— y, además, cada año, original —porque no consolidamos ninguna posición de este Parlamento adoptada en informes anteriores.
Su utilidad, señor Presidente, es muy relativa y, sin embargo, este informe dice cosas muy importantes. Creo que debemos redefinir la posición del Parlamento Europeo con respecto a este informe: muchas de las posiciones de este Parlamento adoptadas en otros informes y otras resoluciones están completamente desvinculadas de nuestro informe anual de los derechos humanos. Es necesario que nuestro trabajo parlamentario se centre, principalmente, en realizar aportaciones al informe que ya hace el Consejo y, de esa manera, tendríamos la posibilidad de incidir con alguna eficacia en la situación de los derechos humanos en el mundo.
Y finalmente, y a pesar de que tengo que decir que ha habido un ejercicio muy amplio de consenso entre los grupos políticos, muy complicado y muy largo, quiero dirigirme a mis colegas de la derecha de esta Cámara para pedirles un ejercicio de coherencia o de responsabilidad o, si quieren, simplemente de compasión, para que apoyen nuestra posición en relación con las mujeres y las niñas violadas, víctimas de abusos en las situaciones de guerra o de conflicto, que necesitan de profilaxis antes y después de la agresión, a muchas de las cuales dejan embarazadas sus agresores y que deben poder recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿O no, Señorías?
Vytautas Landsbergis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero hacer algunas observaciones sobre el uso del doble rasero en las instituciones de la Unión Europea. Las normas de la UE comportan el desgaste de las normas como principios. En muchos casos importantes resulta difícil decidir qué tiene más prioridad en nuestro espectro de valores comunes: el verdadero respeto de los derechos humanos o el gas más barato, un gas que probablemente desgaste nuestros principios y, en última instancia, a Europa.
A las repetidas observaciones de mis colegas de que Rusia es muy importante, mi respuesta es: sí, pero la verdad es más importante. No voy a criticar la gran labor del señor Coveney. Le felicito. Solo me preocupa que el clima común de desgaste haya provocado lagunas o maniobras apaciguadoras en muchos de nuestros documentos. A menudo existe una preocupación consciente o inconsciente por no ser demasiado explícitos, demasiado estrictos, por no irritar a las personas incluso si están equivocadas.
¿A alguien aquí le preocupan los 40 000 niños chechenos asesinados durante la campaña militar rusa? ¿Alguien comprende la humillación infligida al cuerpo del Presidente legítimo asesinado? No nos atrevemos a afirmar hechos sencillos: que Rusia aún no es un país de valores compartidos, que es un país cuyo Gobierno permite prácticas comerciales injustas en su deseo de ingresar en la OMC.
Para muchos de nosotros, la prioridad de la paz en el Cáucaso fue un principio promovido de forma indirecta por la diplomacia rusa: la integridad del cementerio. Estamos a favor de no dar ninguna oportunidad a los candidatos al cementerio para evitar semejante final feliz impuesto. 
Jas Gawronski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, casi todos han felicitado al autor de este informe y no puedo sino sumarme a ello. En realidad, es lógico que en un informe tan exhaustivo, que aborda cuestiones en 70 países, existan ideas con las que no se esté totalmente de acuerdo. Sin embargo, a diferencia de lo que han dicho una serie de Diputados de la izquierda europea quiero señalar algunas posiciones valerosas adoptadas por el ponente con respecto a las principales potencias económicas y políticas, hacia las que este Parlamento con demasiada frecuencia adopta una postura ambigua y diplomática, en una actitud cínica de , podría decirse, para proteger el comercio exterior.
Me refiero a China: la Comisión y el Consejo han anunciado su voluntad, si no su intención, de suprimir el embargo de armas. Es cierto que se han realizado algunos progresos con respecto a los derechos humanos y es cierto que China sigue siendo una figura predominante en la lucha contra el terrorismo, y que está ejerciendo una presión útil sobre Corea del Norte para detener el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, esto no es suficiente y el informe lo reconoce así. Sobre todo, quiero añadir que no hay ninguna necesidad de permitir que China se aproveche de los desacuerdos existentes entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre esta cuestión.
También me refiero a Rusia, que, en la trágica crisis de Chechenia y en su dirección del país en general, no puede resistir la adopción medidas que tienen poco en común con nuestra propia visión de la democracia. El informe también adopta una posición clara y precisa sobre esta cuestión.
Concluiré respaldando plenamente la idea que, en mi opinión, reside en el núcleo de este informe excelente: ninguna consideración económica o comercial tiene que llevar nunca a la Unión Europea a negar o subestimar la existencia de violaciones de los derechos humanos. 
Ursula Stenzel (PPE-DE ).
    Muchas gracias, señor Presidente. La importancia de los informes sobre los derechos humanos de esta Asamblea no se debe a su carácter jurídicamente vinculante, sino a su impacto político y a las conclusiones que pueden derivarse de ellos. Gran parte del contenido del presente informe –y ese es su punto flaco– no tiene demasiada relación con los problemas de los derechos humanos. Permítanme que cite algunos ejemplos.
Todo consideramos importante el tema de Kyoto, pero no está exactamente relacionado con los derechos humanos. Los derechos sociales son importantes, pero pertenecen a otra categoría. No son derechos humanos en el sentido tradicional del término. El derecho al aborto no es un derecho humano; es la violación de un derecho humano. Y lo que es más importante, no le corresponde a la Unión decirle a ningún país qué debe hacer al respecto; el principio de subsidiariedad es aplicable en este caso.
Permítanme que continúe con una cita de Brecht. Este escribió en: «El vientre del que salió todavía se mantiene fuerte». Con ello se refería al antisemitismo y la xenofobia predicados por Hitler y el Tercer Reich. No podemos mantenernos indiferentes ante el antisemitismo en Rusia, sobre todo cuando lo propaga la clase política. Cuando veinte diputados de la Duma piden que se prohíban las organizaciones judías en Rusia, tenemos que responder, pero también debemos ser conscientes de que Rusia ha estado detrás de los terribles combates y las violaciones de los derechos humanos en Chechenia y que la política es la causa de muchos de los horribles sucesos acaecidos en Beslán y en otros lugares. Si bien es cierto que los atentados suicidas son criminales, también lo es que son una respuesta a unas determinadas circunstancias y que tienen unas causas políticas.
No debemos esperar demasiado de los informes sobre los derechos humanos, ni siquiera de los de esta Cámara. La triste realidad es que los derechos humanos no van a aportar por sí solos las soluciones políticas necesarias.
Y no solo eso, sino que tampoco debemos usar una doble vara de medir. No es aceptable que nos neguemos a permitir que un país como Croacia inicie negociaciones con la Unión Europea por lamentable que sea el hecho de que no se haya detenido a un general sospechoso de cometer violaciones de los derechos humanos, mientras al mismo tiempo iniciamos negociaciones con Turquía, un país que –según podemos leer en las informaciones de prensa– sigue mostrándose sumamente lenta en la aplicación de los criterios políticos de Copenhague. No pretendo hacer responsable al Gobierno turco de que el libro más leído en ese país sea nada menos que el de Hitler, pero es inevitable preguntarse qué está ocurriendo allí. 
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este informe es excelente: de grandes vuelos y agudo y positivo en muchas de sus observaciones. La tragedia es que su propia amplitud confirma que los problemas de los derechos humanos están muy extendidos en todo el mundo y es esencial que los que nos preocupamos de estas cuestiones nos aseguremos de que nuestras voces se escuchen y prevalezcan.
Quiero hacer hincapié en una cuestión planteada en el apartado 49 sobre los derechos humanos en Cachemira. Felicito al ponente por la manera en que ha trabajado con todos los Grupos políticos en este delicado tema. Me complace aceptar su formulación de compromiso, pero me hubiera gustado que mencionara no solo la región de Cachemira, sino también el sufrimiento del pueblo de Cachemira. Después de todo, estamos hablando de personas.
El apartado 48 deja claro que la mayor democracia efectiva del mundo es la India, un país que admiro mucho. En mi opinión, esto debería inspirar a la India a asumir un mayor liderazgo moral en el subcontinente, y esto significa colaborar no solo con Pakistán, sino también con todas las partes implicadas para garantizar que las vulneraciones de los derechos humanos se subsanen de inmediato.
Ayer, el Presidente de Azad Kashmir vino al Parlamento para inaugurar una exposición en el inicio de la semana UE-Cachemira, la primera vez que se brinda esta ocasión. Como Vicepresidente del Intergrupo para Cachemira en el Parlamento Europeo, dije entonces y repito ahora que los ciudadanos de Jammu y Cachemira deberían alegrarse porque este intergrupo es verdaderamente un grupo de todos los partidos y realmente representa a todas las nacionalidades, y este Parlamento mantiene su compromiso de garantizar que sus voces se escuchen de forma enérgica y clara en este Parlamento. Esperamos ansiosos el día en que, con nuestro apoyo, las voces del pueblo se escuchen igualmente altas y claras en la tierra de sus padres. 
Barbara Kudrycka (PPE-DE ).
      Señor Presidente, quiero centrarme en el apartado del informe relativo a Belarús, un país que, según el informe, se parece cada vez más a una isla en medio de Europa. Se ha secuestrado y asesinado a diputados de la oposición, se han amañado las elecciones, se ha encarcelado a los manifestantes y silenciado a la prensa. Además, recientemente las autoridades han prohibido a los ciudadanos que salgan a estudiar al extranjero sin su consentimiento, y han impuesto restricciones en los viajes a otros países por motivos de trabajo legal. Los ciudadanos polacos también han tenido la oportunidad de experimentar de primera mano los «beneficios» de este Comunismo de estilo krausista, ya que a muchos se les han confiscado sus camiones y coches por transportar tres cartones de cigarrillos. Me parece bastante asombroso que permanezcamos de brazos cruzados, e incluso que elaboremos principios europeos de cooperación transfronteriza, cuando no pasa ni un solo día sin que nos lleguen noticias de violaciones de los derechos humanos en un país que es vecino directo de la UE. Ayer mismo, se arrestó a más de 40 manifestantes por intentar conmemorar el aniversario del desastre de Chernóbil. Los esfuerzos de la Comisión y del Consejo solo han servido para detener el proceso de transformación en Belarús, porque han pasado casi seis meses desde la resolución del Parlamento sobre la cuestión, y no ha ocurrido nada. Los proyectos encaminados a promover la sociedad civil se han quedado atascados en la fase del análisis, las discusiones y los debates en innumerables seminarios y cumbres. La Comisión no cree que la financiación de las emisoras de radio para que emitan sus programas desde los países vecinos aporte valor añadido. Dicho de otro modo, no cree en valores como la libertad de prensa, o en disponer de una fuente de información diferente de la propaganda bielorrusa. Ahora se habla de llevar a cabo una política común sobre Belarús con Rusia. En este sentido, quiero preguntar qué tipo de derechos humanos podremos proteger en Belarús si cooperamos con Rusia, y cómo podremos protegerlos. ¿Tendremos que esperar hasta que el dictador histérico sea aún más injusto con sus conciudadanos? O tal vez, ¿debemos permitir que los norteamericanos aporten una solución a los problemas de un país vecino de la UE, solo porque nos interesa más lo que está ocurriendo en Madagascar? 
Nicolas Schmit,
   . Señor Presidente, al igual que el informe, su debate confirma e ilustra cuán receptivo es su Parlamento al problema de los derechos humanos. En realidad, refleja la gran sensibilidad de la amplia mayoría de los europeos ante este problema. Muchos europeos participan activamente en el fomento de los derechos humanos, en la lucha para defenderlos en todas las partes del mundo donde se violan. En particular los jóvenes están especialmente interesados en el fomento de los derechos humanos.
Por lo tanto, creo que el mensaje que da con este informe, y también con este debate, ante todo tiene que ser un mensaje a los jóvenes para demostrarles que la Europa que se está construyendo es una Europa que transmite sus derechos humanos al mundo. Creo que la imagen de Europa en el mundo se asocia estrechamente con este mensaje sobre los derechos humanos.
También estoy de acuerdo con las personas que han dicho que por sí solos los derechos humanos no pueden ser la respuesta a todos los problemas políticos. Una política sobre derechos humanos no puede sustituir a una política exterior. Sin embargo, toda política exterior que se precie, una basada en valores, tiene que dar un lugar importante a la defensa de los derechos humanos. Como Presidente en ejercicio del Consejo, este es el mensaje que recibo del Parlamento, de su informe, y creo que todos los Estados miembros, como el Consejo, estarán atentos a lo que usted tiene que decir. Es verdad que no existe una solución única y fácil. No podemos tratar diferentes situaciones de la misma manera, pero el mensaje básico sigue siendo el mismo en todas partes y el Consejo también tiene que hacer que este mensaje que su Parlamento ha expresado sea su propio mensaje en las políticas que ponga en práctica. 
Joaquín Almunia,
   . Señor Presidente, yo también quiero, en nombre de la Comisión —como acaba de hacer el señor Schmit, en nombre del Consejo—, felicitar de nuevo al ponente y a todo el Parlamento Europeo por este debate en el que, quienes hemos asistido y participado en él, podemos ver la gran dimensión de los desafíos que la defensa y la protección de los derechos humanos tienen en el mundo de hoy.
Hemos abordado desde la lucha contra el terrorismo hasta la violación de los derechos de las minorías, pasando por toda una serie de violaciones de derechos humanos a muchos niveles. Sus señorías han citado muchos países y muchas regiones del mundo, prácticamente de todos los continentes, y todos estamos de acuerdo en la enorme responsabilidad que tenemos como representantes de las instituciones europeas y de la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa para asumir nuestro deber y hacer efectivo nuestro deseo de proteger los derechos humanos y de incorporar la defensa de los mismos en todas nuestras políticas y, en particular, como decía el Presidente del Consejo, en la política exterior.
Por ello, confirmo el compromiso de la Comisión y, en particular, el compromiso de la señora Ferrero-Waldner para intensificar el diálogo con el Parlamento y con el Consejo, a fin de profundizar en las líneas marcadas por la política europea en este ámbito y por las sugerencias y recomendaciones que avanza el Parlamento Europeo en su informe, y le reitero que, en todos y cada uno de los aspectos que requieran una respuesta, la Comisión lo hará por escrito y podrán ustedes disponer de ella lo antes posible.
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   . – ( Este informe es muy hipócrita y contiene muchas falsedades. Abundan los ejemplos, como la manera en que el informe omite la persecución sufrida por los kurdos y los turcos y las violaciones de los derechos fundamentales en el Sáhara Occidental, y la manera en que se refiere a Venezuela y Cuba.
En particular, quiero hacer hincapié en Venezuela y Cuba, a la luz de mi experiencia reciente en estos países.
El año pasado fui a Venezuela en dos ocasiones, una de ellas con ocasión del referéndum, que ganó el Presidente Chávez por mayoría aplastante. Pude constatar que el gobierno venezolano había tenido dificultad en acceder a los medios de comunicación, en particular a las diferentes cadenas de televisión privadas y controladas por la oposición; en efecto, la delegación del Parlamento Europeo fue víctima de ello. El apartado 84 de este informe es inaceptable, porque de hecho, el gobierno venezolano está buscando la cooperación con sus estados vecinos.
Recientemente también he visitado Cuba, junto con una delegación de diputados de tres grupos políticos diferentes del Parlamento. Es lamentable que el apartado 78 de este informe no contenga ni una sola palabra sobre el bloqueo norteamericano a Cuba y que pida un tratamiento especial para este país e ignore todas las consecuencias del permanente bloqueo de los Estados Unidos. 
Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los romaníes en la Unión Europea. 
Vladimír Špidla,
    Señorías, la Comisión desea dar las gracias al Parlamento Europeo por haber incluido esta cuestión en su orden del día y por reconocer el papel clave que el Parlamento desempeña en la protección de los derechos de las minorías, incluidos los romaníes. La presencia hoy aquí de diputados pertenecientes a la comunidad romaní viene a subrayar la importancia de este papel.
Los derechos fundamentales en los que se basa la Unión Europea incluyen el principio de no discriminación. Los romaníes deben tener la oportunidad de participar plenamente en la vida económica, social y política, y hemos de trabajar juntos para superar los siglos de prejuicio, discriminación y exclusión social que han sufrido. Se trata de una tarea inmensa, y exigirá una acción coordinada en una serie de ámbitos, en particular la educación, el empleo, la vivienda y los servicios sociales. La responsabilidad de encontrar una solución a estas cuestiones recaerá principalmente en los órganos nacionales y en las autoridades regionales y locales, porque estas últimas son las que tienen más probabilidades de representar a los romaníes. Si bien tanto la sociedad civil como los propios romaníes desempeñarán un papel importante, la situación de los romaníes es una cuestión europea que exige una solución en el ámbito de la UE. Esta solución puede tomar varias formas.
La Comisión está haciendo un seguimiento activo de la situación de los romaníes tanto en la Unión Europea como en los países candidatos. Como parte de los preparativos para la adhesión, la situación de los romaníes y la de otras minorías se valora en relación con criterios políticos. El Observatorio Europeo situado en Viena presta una especial atención a esta cuestión cuando investiga las manifestaciones de racismo y xenofobia en la Unión Europea. La UE ha establecido un marco jurídico vinculante con objeto de luchar contra la discriminación por motivos de raza u origen étnico, y los reglamentos comunitarios actualmente en vigor prohíben la discriminación directa o indirecta en el ámbito del empleo, la educación, la protección social, la propiedad y los servicios. La Comisión está trabajando para garantizar que estos reglamentos se transfieran a la legislación nacional, y también apoya las medidas culturales y educativas, incluidas las medidas especiales para las organizaciones que trabajan con los romaníes.
La Unión Europea destina considerables fondos a las medidas que fomentan la inclusión de la comunidad romaní. Durante los preparativos para la adhesión, el programa PHARE asignó más de 100 millones de euros a proyectos destinados a los romaníes, y la Comisión ayuda activamente a los órganos nacionales a usar los fondos estructurales para fomentar la inclusión de los romaníes y de otros grupos desfavorecidos. Otros programas comunitarios favorecen los intercambios de experiencia y apoyan proyectos específicos en los ámbitos del empleo, la educación, la formación vocacional y la investigación en el seno de la UE y en una serie de terceros países.
La Comisión desea garantizar que la situación de los romaníes se tenga en cuenta en todos los programas y políticas de la UE que puedan ser importantes en este contexto. A este fin, se ha establecido un grupo que comprende representantes de todas las Direcciones Generales relevantes, con objeto de intercambiar mejores prácticas, coordinar políticas y entablar un diálogo con participantes de fuera de las instituciones. En la última reunión del grupo, se intercambió información con un diputado de la comunidad romaní. La Comisión también coopera con otras organizaciones internacionales para fomentar la inclusión de los romaníes, y mantiene un contacto regular con el Consejo de Europa, la OCDE, el Banco Mundial y otros agentes importantes.
La Unión Europea se ha marcado objetivos ambiciosos en la Estrategia de Lisboa relativos a la creación de más empleo, cohesión social y desarrollo sostenible. El hecho de que se excluya a un gran número de nuestros ciudadanos porque pertenecen a la comunidad romaní amenaza nuestra capacidad de conseguir estos objetivos. Nuestra tarea consiste en luchar contra la exclusión social de los romaníes en nombre de los derechos fundamentales, la cohesión social y el desarrollo económico de la UE. La Comisión desea dar las gracias al Parlamento por su apoyo y sus esfuerzos a este respecto. 
Járóka, Lívia,
    Señor Presidente, durante siglos se ha discriminado a los romaníes que viven dentro y fuera de las fronteras de la UE. El sentimiento antirromaní dominante en Europa y la discriminación diaria impiden nuestra participación plena e igualitaria en la vida social y económica de Europa, y de los países que consideramos nuestra patria. En los últimos años, varias organizaciones internacionales han lanzado programas para reducir la discriminación contra los romaníes y ayudar a su plena integración social. Sin embargo, no ha habido una directriz europea estándar o una respuesta a estas cuestiones urgentes.
La propuesta de resolución de cinco partidos del Parlamento Europeo y el punto de vista actual del Comisario Vladimir Spidla marcan un hito a este respecto. Esta resolución es testigo de varias fuerzas políticas unidas en un compromiso mutuo de lucha conjunta contra el sentimiento antirromaní dominante y la discriminación estructurada, insta a la igualdad de oportunidades en los ámbitos del trabajo, la educación, la vivienda, la sanidad y la participación en la vida política.
Tras la adhesión europea, la discriminación social en contra de los romaníes continúa tanto en los nuevos Estados miembros como en los antiguos. Esto confirma que las instituciones de la UE tienen que hacer un seguimiento constante de los derechos humanos. La manifestación enérgica de los derechos de los romaníes en Europa debe traducirse en la aplicación uniforme de los criterios políticos de Copenhague tanto en los antiguos Estados miembros como en los nuevos, y también en los países candidatos. Una de las cuestiones más urgentes a la que se enfrenta la minoría romaní es la búsqueda de empleo. La reintegración de la población activa romaní reviste gran importancia, y hay que tomar medidas introductorias y a corto plazo para facilitarles el empleo. La pobreza afecta a un quince por ciento de la población europea que ha crecido recientemente, y el 9 % vive en la pobreza extrema y a largo plazo. Estos indicadores revelan una situación mucho peor en el caso de los nuevos Estados miembros. Asimismo, es obvio que un gran número de romaníes viven en situación de pobreza extrema y el índice de desempleo entre la población romaní a menudo alcanza e incluso sobrepasa el 80 %.
La consecución de los objetivos estratégicos de Lisboa sin duda tendrá una influencia positiva en la vida de los romaníes, y su integración política consciente y determinada también fomentará el éxito de la estrategia de Lisboa. La estrategia de Lisboa no alcanzará sus objetivos a menos que se tomen medidas definitivas y se haga un esfuerzo real para acelerar la integración de los romaníes en la sociedad en general. El compromiso político cada vez más firme de la Comisión Europea ha de traducirse en medidas reales guiadas por el profesionalismo, así como en el establecimiento de un sistema coherente de protección de las minorías que fomente la integración de la población romaní europea en todos los aspectos. El Parlamento Europeo debe actuar como una institución orientada a las minorías, y junto con las organizaciones civiles y los órganos de gobierno de los Estados miembros, tiene que trabajar junto con la Comisión como principal aliado. Esperamos que la resolución del PE sobre la situación del pueblo romaní en Europa sirva de base profesional para la Comisión Europea y también para los gobiernos nacionales que toman medidas a este respecto. Finalmente, quiero dar las gracias a mis colegas de los cinco partidos y a nuestros consejeros y organizaciones civiles por haber tomado parte activa en la elaboración de esta resolución. 
Martine Roure
   , .– Señor Presidente, Comisario, los romaníes habitan en suelo europeo desde hace muchos siglos, desde que llegaron a Grecia en el siglo IV. Si bien no se ha realizado ningún censo de esta población, se calcula que existen unos ocho millones diseminados por toda Europa. Los romaníes son víctimas de la discriminación, la marginación y la segregación en todos los ámbitos de la vida pública y privada, inclusive el acceso a la administración pública, la educación, el empleo, la atención médica y la vivienda, por no hablar de cuando cruzan las fronteras y de las peticiones de asilo. Esta discriminación ya no es un problema exclusivo de los romaníes, sino que concierne a todos los europeos, y debemos mostrarnos solidario para mejorar sus condiciones de vida. Por supuesto, tenemos que condenar toda discriminación a que están sometidos los romaníes, pero también tenemos que permitirles el acceso a una vivienda digna, a la educación, los servicios médicos y la protección social. Tenemos que hacer todo lo posible por que no se vean forzados a abandonar sus países debido a las deplorables condiciones de vida que tienen que sufrir en ellos, que pueden llegar hasta la persecución.
Europa tiene que reconocer a la minoría romaní como tal, de manera que pueda darle los medios necesarios para luchar contra todas las formas de discriminación. Por eso pedimos a la Comisión un plan de acción que formule recomendaciones claras a los Estados miembros y a los países candidatos de cara a una mejor integración económica, sí, pero también una integración social y política de todos los romaníes en Europa. Hemos estado hablando de ello durante mucho tiempo y ha llegado la hora de actuar. La situación ya se prolonga demasiado. Los derechos de los romaníes deben abarcar más que unas condiciones de vida dignas. Europa es la cuna del multiculturalismo. El fomento de la cultura romaní desempeñará un papel importante en la lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Tienen que poder permanecer en su país si lo desean; no se les debe expulsar de donde están; esto es importante y es esencial para todos nosotros. Es nuestra obligación actuar y hacerlo rápidamente. 
Mohácsi, Viktória,
    Señor Presidente,estamos a punto de presenciar un momento histórico: por primera vez en Europa, el Parlamento Europeo está en posición de aprobar una resolución de este tipo, que votaremos mañana. La Unión Europea, el Parlamento Europeo y cualquier otro órgano que controla, aprueba y modifica reglamentos a menudo critica los derechos humanos fuera de las fronteras de la UE. Por otra parte, se trata de un momento histórico, porque este es el primer documento que critica los derechos humanos en el seno de la UE, en relación con los romaníes. Este tipo de clima político, que se desarrolla por primera vez en la historia del Parlamento, es significativo porque la discriminación en contra de los romaníes en el seno de la UE no puede continuar siendo un tema tabú.
Hoy, el promedio del índice de discapacidad en los veinticinco Estados miembros es del 60 %. Esto significa que, por término medio, un 60 % de los niños con discapacidad mental son romaníes. No solo hemos perdido la oportunidad de que el niño realice estudios superiores, sino también le hemos puesto en una situación sin salida, en la que su destino está prácticamente decidido desde los siete años. En el seno de la UE existen problemas de vivienda, desalojo, esterilización obligatoria, paritorios segregados y muchos otros casos de discriminación enumerados en varios apartados de la resolución, y me abstengo de mencionar a países
Otro papel importante de la Unión es el fomento de la participación política, cuya escasez se aborda en algunos apartados. Hoy, la población romaní en la UE es de unos 7-8 millones y solo hay dos representantes en el Parlamento. Me siento muy orgullosa de mi país, porque ambos somos húngaros. Sin embargo, no hay más representantes políticos romaníes de ningún otro país en la Comisión, ni en ninguna otra institución de la UE.
Nuestra tarea es acortar la diferencia de participación, no solo en la UE, sino también en los gobiernos nacionales, para que además de las directivas y directrices europeas que definen las políticas estratégicas de los países individuales en esta cuestión, los gobiernos nacionales sientan que esta responsabilidad se comparte con toda la sociedad en toda Europa. Los romaníes no son responsables de resolver esta situación, porque ellos no consideran que sus hijos estén discapacitados; las mujeres romaníes no quieren que se les corten los ovarios.
Según una encuesta de opinión, los romaníes se sienten más europeos en Europa. Esta declaración no resulta nada sorprendente, porque los romaníes ya no creen en su propio gobierno en ningún país, en especial en Europa Central y Oriental. Mandato tras mandato, los diferentes partidos políticos se han ido sustituyendo unos a otros, pero ninguno ha sido capaz de solucionar este problema y eliminar la discriminación, por ejemplo. La única esperanza de los romaníes está en la Unión Europea y en el Parlamento Europeo, donde estamos intentando aprobar una resolución en la votación de mañana. Confío en que nuestra decisión respecto de la situación de los romaníes establezca una verdadera norma para los derechos humanos. 
Elly de Groen-Kouwenhoven,
   . – Señor Presidente, con la ampliación de la Unión Europea, el número de ciudadanos romaníes ha aumentado de 7 a 9 millones. Puesto que la ampliación es un proceso continuo, en el futuro la UE acogerá de 12 a 15 millones de romaníes. Durante miles de años, los romaníes han vivido en la diáspora, pero al unirse en la UE se convierten en nuestros conciudadanos. La Unión Europea pone fin a años de guerra y constituye el principio de la cooperación. Pero ¿cómo podemos cooperar cuando se excluye a las personas?
Principalmente, la cuestión de los romaníes está relacionada con el desempleo y la falta de educación, asistencia sanitaria y vivienda. Sin embargo, la cuestión central es el racismo contra los romaníes, más concretamente la fobia contra los gitanos. ¿Podemos aceptar una situación en la que millones de nuestros conciudadanos carecen de los derechos humanos básicos y sufren persecución policial, en la que miles de niños siguen siendo analfabetos y el índice de desempleo sobrepasa el 70 %, en la que se han hecho intentos de limpieza étnica envenenando a personas y traficando con mujeres y niños, incluso en países occidentales de la UE, que en contra de la Convención de Ginebra de 1951 sobre refugiados también expulsan a los refugiados romaníes?
Los romaníes también se enfrentan a la falta de participación política, y a resultas de ello no existen suficientes representantes romaníes que llamen la atención sobre sus problemas. La práctica actual no es solo una tragedia humana: los romaníes se han convertido en un instrumento político. ¿Qué ha ocurrido con los millones de dólares y euros donados por los Estados Unidos y la UE a los países de Europa Oriental para proyectos romaníes?
Las estructuras que se establecen con el fin de ayudar a la causa de los romaníes a menudo usan esta causa como pretexto. En realidad la mayor parte del dinero se gasta en salarios, viajes y en comprar a ciudadanos, administradores y políticos. Este proceso se denomina corrupción, pero en realidad se trata de manipulación. Hay personas en el mundo que no desean una Europa dinámica; practican una política de «divide y vencerás», manteniendo la pobreza y controlando a los países de Europa Oriental. Los romaníes, la minoría más importante y vulnerable de Europa, son, en contra de su voluntad, víctimas y participantes en este juego mundial.
Por lo tanto, el fortalecimiento de la población romaní también es necesario desde un punto de visto meramente político. Su participación política en las elecciones es importante. Tenemos que dirigirnos a los romaníes como votantes y como candidatos en todos los ámbitos políticos. El enfoque romaní-romaní, desarrollado por la OSCE, es otra manera eficaz de consolidar la posición de los romaníes. Todas las organizaciones europeas deberían comenzar a contratar romaníes en puestos de trabajo relacionados y no relacionados con los romaníes; yo tengo un asistente romaní.
El racismo contra los gitanos es una vergüenza y una amenaza para la UE. 
Vittorio Emanuele Agnoletto,
   – Señor Presidente, mientras debatimos una resolución extremadamente importante, sobre la que vamos a votar mañana, hace unas horas nos han llegado noticias de que ayer, en la provincia de Nápoles, se incendió una choza en un campamento de romaníes, provocando la muerte de un niño y el descubrimiento de su padre y de otro niño en estado grave.
Una delegación de romaníes de varias ciudades italianas –que han estado aquí durante dos días para reunirse con diputados y tratar de concienciarlos– me contaron las noticias tan pronto como les llegaron: estaban tristes pero manifestaron que, por desgracia, estos hechos siguen ocurriendo. ¿Dónde ocurren? En Italia, en el corazón de la vieja Europa, donde estas personas –que en su mayoría ya no son nómadas desde hace tiempo– se hacinan en campamentos carentes de agua, electricidad y servicios.
Uno de ellos ha dicho hoy: «La primera vez que dormí en un contenedor fue cuando llegué a Italia; en el lugar de donde procedo tenía una casa.» Los derechos de la Unión Europea terminan en los límites de los campamentos de los itinerantes, y el Gobierno italiano sigue quitándose de encima –este es el término que hay que utilizar– a la población romaní mediante expulsiones colectivas.
En esta situación es imposible educar a los niños y hacer que asistan a la escuela. Hay jóvenes de 20 años nacidos en Italia que carecen de un documento nacional de identidad italiano. Hace poco se ha considerado que otros niños nacidos en Italia tienen la nacionalidad yugoslava, sin saber cuál, puesto que ya no existe. Muchos ciudadanos romaníes que residen en mi país poseen –en el mejor de los casos– un documento nacional de identidad que lleva la dirección del campamento de itinerantes y, entre paréntesis, «campamento romaní». Es evidente que en estas condiciones no van a conseguir trabajo y que se les discriminará cada vez más.
Concluiré diciendo que la votación de mañana es sumamente importante, pero lo será más si se pone en práctica, en especial por la Comisión Europea. No olvidemos que el Comisario que tiene que ocuparse de esta cuestión es un italiano, el señor Frattini, aunque a mi juicio se parece mucho al mono que solía decir «no veo, no oigo, no digo ningún mal». 
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – Señor Presidente, hablo en nombre del nuevo Partido Socialista Italiano (PSI) en apoyo de las reivindicaciones legítimas de tantos romaníes que he tenido la suerte de conocer durante mis años de compromiso social y político. Los diputados socialistas del nuevo PSI tienen la esperanza de que el 8 de abril, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano, no solo será una celebración, sino sobre todo una oportunidad para concienciar a los ciudadanos sobre los problemas a que se enfrenta actualmente la mayor minoría étnica de Europa.
Quiero destacar solo un aspecto que, en nuestra opinión, reviste especial importancia: a pesar de los compromisos adquiridos por la Comisión, incluidos los más recientes, tenemos que observar que en algunos Estados miembros y países candidatos los jóvenes romaníes se destinan a menudo a escuelas para discapacitados mentales o a clases para niños con dificultades de aprendizaje. Esto, evidentemente, aumenta su malestar y la marginación social. Por el contrario, hay que adoptar medidas a favor del pleno acceso al sistema de educación ordinario, puesto que las escuelas son un medio fundamental de fomento de la plena integración social.
La situación actual es un vacío injustificado totalmente contrario a los principios de igualdad, tolerancia y respeto que se hallan en la médula del sentimiento de solidaridad que fomenta la UE. Todo el mundo, dentro de su propia especialidad, tiene que esforzarse por traducir las palabras en hechos. 
Edit Bauer (PPE-DE ).
    La cuestión de los romaníes en la Unión Europea es una de las más complicadas desde un punto de vista social y político. La aplicación de varios conceptos no ha conseguido una solución satisfactoria al llamado problema romaní. Todos los intentos de abordarlo como un problema social se han encallado debido a las diferencias culturales. Los esfuerzos de integración de la comunidad romaní a menudo han acabado en un intento de asimilación, que también ha fracasado. Dada su complejidad, la cuestión de los romaníes está en la intersección de los problemas sociales, étnicos o de las minorías. Sin duda, el problema no reviste la misma gravedad en todos los países. No hay romaníes en los países bálticos, pero en el sur de la Unión Europea y en los nuevos Estados miembros el problema a menudo sobrepasa la capacidad de actuación de un solo país.
Es obvio que en muchos países la transformación en la economía de mercado no ha creado una situación en la que los romaníes salgan beneficiados. Una parte importante de esta minoría se ha unido a las filas de los que no han conseguido adaptarse a las nuevas circunstancias. Su situación desfavorable, la extrema pobreza y el alto índice de desempleo no pueden explicar por sí solos la discriminación racial. A menudo el problema es mucho más amplio. Comienza con la falta de educación. Lo peor es la situación de los que viven en localidades remotas, en emplazamientos segregados, a menudo sin acceso a escuelas, electricidad ni agua potable, y en las regiones con un alto índice de desempleo.
Hace unos meses se mencionó a Eslovaquia en relación con las presuntas esterilizaciones forzadas a mujeres romaníes. Quiero repetir que nuestro Viceprimer Ministro ha afirmado ante la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades que una investigación policial exhaustiva ha demostrado la inexistencia de estos actos ilegales. Sin embargo, al mismo tiempo, también ha revelado que la legislación en este ámbito está desfasada y no es clara. Para concluir, quiero expresar mi apoyo a la resolución porque existen una serie de mitos sobre los romaníes y su situación, y quizás aún más prejuicios, pero falta una comprensión real.
Estoy convencida que el problema de los romaníes trasciende los límites de los estados individuales y tiene que abordarse en el ámbito europeo, como ha afirmado el Comisario Špidla. Es realmente necesario usar la experiencia de los países individuales y canalizar los fondos estructurales para abordar el problema con la participación de los propios romaníes, este es el punto clave. Creo que esta resolución es una medida necesaria en esa dirección. 
Hannes Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, Comisario, Señorías, me enorgullece que muchos diputados de mi Grupo estén comprometidos con la causa de los romaníes y estén al tanto de los últimos acontecimientos en este ámbito. Asimismo, me complace tener muchos amigos de la misma opinión en otros grupos, lo que nos permitirá mañana escribir juntos un nuevo capítulo en la historia de su integración.
Lo que me instó a presionar para que debatiéramos esta cuestión fue una visita que hice a Novi Sad como parte de una delegación de esta Cámara. Durante nuestras investigaciones sobre la situación de la minoría húngara, visitamos un distrito a las afueras de la ciudad donde viven los romaníes que fueron expulsados de Kosovo, y donde las condiciones de vida son indescriptibles.
Es lamentable que, en todos nuestros conflictos pasados, los romaníes a menudo hayan sido las primeras víctimas. Incluso en ausencia de dichos conflictos, se encuentran en una situación que dista mucho de ser satisfactoria, y no solo en los nuevos Estados miembros –donde están presentes en mayor número– sino también en muchos de los antiguos. Si queremos señalar a otros países y aconsejarles sobre la forma de tratar a sus minorías, es importante que tratemos a nuestras propias minorías de manera adecuada –en particular a los romaníes, que son la minoría más amplia– dándoles la oportunidad de integrarse y romper el terrible círculo vicioso que les impide acceder a una buena educación y a veces les obliga a asistir a escuelas segregadas, lo que significa menos oportunidades de conseguir un empleo y un salario más bajo. A su vez, un salario más bajo se traduce en más problemas sanitarios, lo que perpetúa el círculo vicioso. Juntos, tenemos que romperlo.
Hace algún tiempo propuse el nombramiento de un Comisario con responsabilidad específica sobre las cuestiones de las minorías y del problema de los romaníes en particular. Si bien no se ha hecho nada al respecto, confío en que la cuestión de los romaníes esté segura en manos del Comisario Špidla. Al igual que la señora Roure, quiero pedirle que incluya en la comunicación de la Comisión no solo una descripción de cómo están las cosas, sino también de cómo podrían estar, de las mejoras que pueden hacerse incluso si no tenemos mucho poder en el ámbito europeo.
Comisario, usted ha dicho con razón que se trata de un problema europeo y que tenemos que encontrar una respuesta europea, no solo en el ámbito europeo sino también, por supuesto, en el seno de los Estados. Si mañana esta resolución nos ayuda a encontrar una respuesta en esta Cámara, habremos dado un paso importante.
Comisario, su ayuda y la de la Comisión nos permitirá alcanzar una mejora real y perceptible durante los próximos 10 años en la integración de los romaníes y los sinti en Europa.

Milan Horáček (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Comisario Špidla, Señorías, por desgracia, hasta la fecha hemos prestado poca atención a la tragedia de los romaníes, los sinti y otros grupos en Europa. Hubo un tiempo en que las personas se podían mover con libertad por Europa, con un estilo de vida y cultura de su propia elección. Por desgracia, el siglo XX se caracterizó por el intento de exterminar a ciertos pueblos. Durante la ocupación alemana de Bohemia y Moravia hubo dos campos de concentración para los romaníes, uno en Lety en el sur de Bohemia, y el otro en Hodonin, cerca de Kunstat en Moravia.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, la política, la moralidad y la simple humanidad, creemos que es indigno que durante los últimos 40 años haya habido una pocilga en el antiguo campo de concentración en Lety. Un lugar en el que miles de personas, muchos de ellos niños, sufrieron, y donde cientos de ellos murieron, no puede continuar siendo la escena de dicha degradación. De los aproximadamente 6 000 romaníes y sinti que vivían en el protectorado de Bohemia y Moravia en 1942, solo unos 600 regresaron de los campos de concentración y exterminio a casa en 1945. Esto significa uno de cada diez.
Dado que ya no se trata de un problema de las autoridades checas sino de un problema de Europa, instamos a que esta pocilga se traslade y que se erija un monumento conmemorativo a las víctimas del nazismo en el lugar del antiguo campo de concentración. Este fue el tema de una exposición que montamos la semana pasada en esta Cámara. Dispongo ahora de documentación sobre el tema. Les pido que apoyen este llamamiento, y doy las gracias a todos los grupos en esta Cámara por su cooperación. 
Luca Romagnoli (NI ).
   – Señor Presidente, le pido que tenga paciencia porque voy a decir algo que se contradice con lo que se ha dicho. Como toda minoría etnocultural de la Unión –ya sean minorías nativas, como los sardos, los corsos, los vascos o los de habla gaélica, ya inmigrantes legales–, el grupo de etnia romaní también merece la máxima consideración. Sin embargo, exactamente igual que las comunidades citadas, la comunidad romaní también tiene que estar sujeta a las normas de coexistencia social y respeto mutuo del orden social.
No sé, al menos por mi experiencia personal, si los gitanos están o no y de qué manera integrados en Rumanía y en Bulgaria. Sin embargo, sí lo están en mi país, donde la policía no puede entrar en los campamentos de los itinerantes, donde las autoridades sanitarias no pueden dar tratamiento o llevar a cabo inspecciones, y donde es imposible tratar de resolver la falta de asistencia a la escuela, llevar a cabo un censo de los residentes, comprobar las condiciones de vida de los niños y la legitimidad de la autoridad paterna, o supervisar el respeto de las diferencias de género y de los derechos humanos, y podría continuar así durante horas.
La Comisión quiere medidas para proporcionar puestos de trabajo a la comunidad romaní. Cinco propuestas de resolución presentadas por todos los Grupos, desde el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos hasta la extrema izquierda, respaldan estos y otros privilegios intolerables. Con la certeza de representar a millones de ciudadanos de la Unión Europea al menos en este asunto, rechazamos tanto la declaración de la Comisión como las propuestas de resolución, que son imbéciles, demagógicas y racistas con los ciudadanos de Europa. Ustedes los diputados que han formulado estas propuestas tienen que explicar a los ciudadanos por qué les exigen que cumplan sus obligaciones y solo les dejan gozar de sus derechos en segundo término. Tienen que explicarles por qué no les dan la prioridad en el acceso a la vivienda o al empleo o les garantizan la seguridad ciudadana.
En virtud de los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos debidamente censados, aquí tenemos que representar ante todo los intereses y sentimientos de estos ciudadanos europeos y, después, y solo después, pontificar sobre actos de discriminación imaginarios. 
Lévai, Katalin (PSE ).
    Señor Presidente, una de las cuestiones urgentes en la agenda del PE esta semana ha sido la cuestión de los derechos humanos básicos, en especial la situación de la minoría romaní en Europa. Creo que la cuestión de la minoría romaní va más allá de las fronteras de estado constitucional y su situación tiene que resolverse en el ámbito europeo.
Ayer por la tarde se convocó un foro, el Foro romaní del Parlamento Europeo, al que asistieron romaníes que normalmente se enfrentan a la discriminación, que viven encerrados tras alambradas o no tienen agua, gas o electricidad en sus hogares y no pueden educar a sus hijos. Muchos diputados del Parlamento Europeo y algunos representantes de otras autoridades, que creen que esta situación de discriminación continua tiene que resolverse con un esfuerzo conjunto, han participado en este extraordinario Foro romaní del Parlamento Europeo. Hemos decidido establecer un sistema de seguimiento y vigilancia europeo de la discriminación, así como introducir una base de datos que contenga ejemplos de prejuicio en contra de los romaníes. Queremos pedirle al Comisario que nos ayude a establecer dicho sistema de vigilancia contra la discriminación para que este foro pueda influir en la opinión pública.
Creemos que la UE, las organizaciones civiles, las personas y los representantes han realizado un gran esfuerzo, pero muy a menudo muchos de estos esfuerzos no se han coordinado. Es muy importante que el Comisario y el Parlamento coordinen estos diferentes tipos de esfuerzo, que no son necesariamente paralelos, para actuar de forma más eficaz y proporcionar algún tipo de protección de los derechos humanos para la gran minoría europea. 
Claude Moraes (PSE ).
   – Señor Presidente, me enorgullece sentarme hoy en la misma Cámara que la señora Járóka y la señora Mohácsi, pero no me enorgullece tanto que haya pocos diputados a esta Cámara o personal de las instituciones pertenecientes a una minoría étnica. Esta cuestión se ha puesto de relieve en nuestro debate sobre los romaníes. Este grupo será sin duda la minoría más numerosa tras la próxima ampliación. Estamos de acuerdo –aparte quizá del penúltimo orador– en que hay que hacer algo al respecto.
¿Qué hemos de hacer? La señora Bauer ha hablado de la gran complejidad de este problema. El hecho es que en esta Cámara ya somos capaces de señalar las cosas que podemos hacer, pero que los Estados miembros no harán. Por ejemplo, tenemos la directiva sobre igualdad racial. He visto casos de romaníes que han denunciado discriminación en el trabajo en sus propios países, pero son tan pocos que parece una cuestión irrelevante. Esta Cámara ya tiene sobre la mesa textos legislativos que los Estados miembros no están aplicando. Sin duda, los nuevos Estados miembros no están aplicándola.
El señor Agnoletto y yo nos hemos reunido esta mañana con miembros de la comunidad romaní de Italia. Al igual que ocurre en mi país, el Reino Unido, la diáspora de romaníes en la llamada vieja Europa está sufriendo tanto o más que en los nuevos países, porque están sufriendo la degradación adicional de ser inmigrantes y romaníes.
Tenemos que abordar ambas cuestiones. Se trata de una lucha unificada y –aparte de un orador con el que muchos de nosotros discrepamos totalmente– quiero dejar constancia de que el problema es tan complejo que todos los partidos deberían firmar y apoyar esta resolución, porque no podemos vivir en una Unión Europea en la que los niños de una minoría étnica estén segregados en la escuela, y se les envíe a escuelas para niños con discapacidades mentales. Esta no es la Unión Europea en la que yo quiero vivir, y esta Cámara dispone de los medios para garantizar que los Estados miembros comiencen a actuar. Estoy deseando escuchar si el Comisario va a tomar medidas urgentes. 
Wiesław Stefan Kuc (PSE ).
      Señor Presidente, Señorías, desde que fui elegido diputado al Parlamento Europeo me he acostumbrado a los debates e intervenciones sobre los romaníes, comúnmente conocidos como gitanos en polaco. ¿Quiénes son los romaníes, y qué significa este término? ¿Son un grupo étnico, tal como afirma la propuesta de resolución, o una nación sin estado? Si acordamos que se trata de un grupo étnico, consistente en ciudadanos de todos los Estados miembros de la UE, entonces la solución a estos problemas es relativamente fácil. Después de todo, cada Estado miembro tiene que garantizar que sus ciudadanos disfruten de los mismos derechos sin estar sometidos a discriminación o xenofobia. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que así como derechos, los ciudadanos también tienen ciertos deberes, tanto hacia el país en el que viven como hacia las otras personas que viven allí. Si entendemos que los romaníes son una nación sin estado, entonces las cosas empeoran mucho. Tenemos que preguntarnos quién va a defender esta nación, porque la respuesta a esta pregunta será el punto de partida para encontrar una solución a los problemas. El debate sobre esta cuestión es más acalorado porque dos nuevos países, Rumania y Bulgaria están a punto de adherirse a la Unión Europea. Se considera que Rumania es la patria de los romaníes, si bien originalmente provienen de la India. Durante más de 600 años, los romaníes no han querido o no han podido integrarse en la sociedad de los países en los que han vivido. En lugar de disminuir, los sentimientos de animosidad mutua se han agravado durante este tiempo. A pesar de que se han tomado diversas medidas para acortar las diferencias de desarrollo, educación y nivel de vida entre los romaníes y el resto de la población, esta diferencia está aumentando. 
Inger Segelström (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario Špidla, conciudadanos de la tribuna del público, Señorías.
Yo también acojo con satisfacción el debate sobre los romaníes en la UE. Asimismo, acojo a todos los romaníes como miembros de la UE.
A pesar de que el artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación, de 12 a 15 millones de romaníes se encuentran en una situación vulnerable. Los siete a nueve millones de romaníes de la UE, un número equivalente a la población sueca, se encuentran en la mayoría de Estados miembros, pero ningún país reconoce al grupo como su minoría étnica más importante. La discriminación también está aumentando y esto es preocupante. Desde el año 2000, cuando Suecia ratificó el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias, Suecia ha reconocido a los romaníes y el romaní es una lengua minoritaria reconocida en Suecia, pero esto no basta para acabar con la exclusión de los romaníes. La UE en su conjunto tiene que proteger la posición de los romaníes y, en particular, la posición vulnerable de las mujeres y los niños. Tenemos que unirnos a las mujeres romaníes para integrarlas a ellas y a sus hijos en la política de igualdad de género, en particular porque se refiere a la protección de la salud sexual y reproductiva, el fomento de la planificación familiar, la educación de los niños y las niñas y la mayor participación en la toma de decisiones políticas.
He escuchado el informe del Comisario Špidla, y le doy las gracias. Dado que las cuestiones relativas a los romaníes son responsabilidad de toda la UE, quiero preguntarle por la igualdad, si podemos hacer algo más en términos de los derechos de las mujeres y los niños y de la lucha contra la exclusión.
Celebro la resolución. 
Vladimír Špidla,
    En mi opinión, el debate que hemos celebrado ha sido excepcionalmente amplio. Ha abarcado cuestiones como el estatuto de los romaníes como grupo étnico, la discriminación en contra de este grupo y la posición social y política de los romaníes desde toda una serie de ángulos. Creo que hemos escuchado un amplio espectro de opiniones, o más bien de puntos de vista, y que esto nos dará una amplia base para consideraciones posteriores sobre la resolución presentada por esta Cámara. Las cuestiones planteadas durante el debate hacen hincapié en la importancia y urgencia de medidas que fomenten la inclusión social de los romaníes en el ámbito europeo, nacional y regional. El apoyo del Parlamento –y considero que su iniciativa es muy importante– nos ayudará a movilizar a todas las partes implicadas y a fomentar la voluntad política necesaria. Es positivo que haya diputados de la comunidad romaní presentes en esta Cámara, porque así tenemos un punto de partida para un debate europeo sobre las vidas y las circunstancias reales de las comunidades romaníes.
La Comisión continúa sus esfuerzos por garantizar que todas las políticas y programas relevantes se lleven a cabo de forma coherente y eficaz para fomentar la inclusión de los romaníes y de otros grupos desfavorecidos. Tenemos que llevar a cabo un análisis más profundo tanto de las necesidades reales de los diferentes grupos como de los ámbitos en los que la acción europea puede aportar valor añadido. En mi opinión, sería útil que un grupo de líderes y expertos asesorara a la Comisión sobre dichas cuestiones, y pensaré en la mejor manera de constituir dicho grupo. Asimismo, sugeriré al Presidente Barroso que se celebre un debate sobre la situación de los romaníes en una de las próximas reuniones del Grupo de Comisarios sobre derechos fundamentales, no discriminación e igualdad de oportunidades.
El año 2007 será declarado Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades. La Comisión aplicará una serie de medidas, y por supuesto la cuestión romaní tendrá la importancia que se merece.
El debate de hoy ha dado lugar a una serie de reflexiones históricas y digresiones. Creo que tenemos que recordar que los romaníes han sufrido una historia de persecución en Europa, y que esta persecución a menudo ha sido muy cruel. Según un decreto emitido por el Emperador de Austria Leopoldo I a finales del siglo XVII –y parafraseo– había que matar a cualquier romaní que cruzara los límites de un pueblo, y esto incluía a los niños. Se castigaba a cualquiera que no actuara de esta manera. La historia de Europa es muy cruel al respecto.
Uno de los oradores ha dicho que la Unión Europea es la única esperanza de los romaníes. Creo que yo no habría usado la palabra «única», porque sin duda hay muchas otras organizaciones y esfuerzos políticos. Sin embargo, podemos sentirnos orgullosos de que la Unión Europea haya dado ejemplo en el ámbito de la igualdad de oportunidades y los derechos humanos, a pesar de que todas nuestras imperfecciones e incoherencias, y a pesar de todo el trabajo que aún nos queda por hacer. 
El Presidente. 
    He recibido cinco propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 103 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.
El Presidente. 
    De conformidad con el orden del día, se procede a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política. 
Zbigniew Zaleski (PPE-DE ).
      Señor Presidente, el señor Roszkowski y yo hemos pedido que el Parlamento conmemore y rinda homenaje a los funcionarios brutalmente asesinados en un acto de terrorismo cometido por el NKVD soviético (Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) en Katyn, en abril de 1940. Hemos recibido una respuesta del Presidente del Parlamento diciendo que nunca debemos olvidar las fechas y las tragedias de este tipo que forman parte de nuestra historia, y le estoy muy agradecido por ello. Sin embargo, al mismo tiempo, nos ha dicho que la Mesa ha decidido no guardar un minuto de silencio por las víctimas de este crimen, y lo lamento mucho. Antes de hacer una propuesta a la Cámara, quiero usar diez segundos de mi tiempo para rendir homenaje a los funcionarios que murieron en Katyn y a sus familias. Quizás otros diputados quieran unirse a mí en este silencio. 
Señor Presidente, propongo que el Parlamento proclame el 5 de marzo el día de la lucha contra toda clase de totalitarismo. La banda de Stalin tomó esta brutal decisión genocida el 5 de marzo de 1940.
Linda McAvan (PSE ).
   – Señor Presidente, la mayoría de las personas saben que el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, pero me pregunto cuántas personas saben que mañana, 28 de abril, es el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. Es el día en que recordamos a los que fallecieron en su puesto de trabajo o por enfermedades relacionadas con el trabajo. Por supuesto, la salud y seguridad en el trabajo han mejorado en los últimos años en la Unión Europea, en parte gracias a la legislación que nosotros mismos hemos aprobado. Sin embargo, la OIT calcula que en el mundo aún se produce una muerte cada 15 segundos en el puesto de trabajo, es decir, 6 000 personas mueren cada día, y se dice que el trabajo mata a más personas que la guerra.
Al recordar a las personas que han fallecido, podemos contribuir a prevenir los accidentes laborales. Herbert Styles ha organizado una campaña local en mi circunscripción para intentar que los Gobiernos reconozcan formalmente el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. Por esta razón pido a los colegas y a nuestro Presidente, cuyo país, España, reconoce el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores, que intenten que este día se reconozca oficialmente, para que no nos olvidemos de los accidentes laborales. 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, hace dos días murió una niña de cuatro años en mi circunscripción tras haber sido atropellada por un coche delante de su madre. La inmensidad de la pena que un trágico suceso como ese puede causar a una familia es difícil de concebir e imposible de describir. Pero por desgracia, son trágicos sucesos que ocurren todos los días y en gran número en una u otra parte de nuestra Unión. Los accidentes de tráfico constituyen, de hecho, la causa más frecuente de mortalidad infantil en Europa hoy día. Esa es una estadística vergonzosa y totalmente inaceptable para una sociedad civilizada como la nuestra. Tenemos que poner fin a la matanza de nuestros niños en las carreteras. Señor Presidente, ¿puedo pedirle que se ponga en contacto personalmente con todos los Jefes de Estado europeos y utilice su capacidad de persuasión para convencerles de la necesidad urgente de que ellos también se impliquen en una cruzada seria, continua y eficaz para mejorar la seguridad vial, especialmente para los niños?
Propongo también que se emprendan acciones para elaborar y difundir ampliamente una lista negra de la vergüenza en la que aparezcan los 25 Estados miembros ordenados en función del número de niños muertos en sus carreteras por habitante y año. 
Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, como Presidenta de la Delegación para las relaciones con los países del Cáucaso Meridional, espero fervientemente que el Parlamento Europeo conmemore el 90º aniversario del genocidio armenio. Representa la suma de noventa años en que el pueblo armenio ha vivido perseguido por el pasado y esperando el reconocimiento de este genocidio: el reconocimiento por el mundo como testigo, tal como hizo nuestro Parlamento Europeo en 1987, y reconocimiento por los autores como culpables. Este reconocimiento está tardando mucho en llegar, mientras pisamos el terreno de las emociones puras y la sensibilidad extrema. Sigo estando convencida, sin embargo, de que este momento llegará, y es responsabilidad de la Unión alentarlo.
En el marco de las negociaciones de adhesión con Turquía, la Unión tiene que ayudar al pueblo turco y a las autoridades a comenzar su obra conmemorativa, tal como hizo Alemania al solicitar el perdón del pueblo judío. Tenemos que convencer a la sociedad turca de que reconozca el genocidio armenio de 1919. Abrigo muchas esperanzas, especialmente hoy, gracias al acuerdo de las autoridades armenias de participar en una comisión intergubernamental con Turquía sobre el genocidio. Estoy realmente convencida de que los armenios y los turcos lograrán hallar el camino de la reconciliación para que puedan vivir juntos como buenos vecinos. 
Vittorio Emanuele Agnoletto (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, solo quiero llamar la atención de la Cámara sobre un asunto muy grave: 40 ciudadanos kurdos llevan 30 días en huelga de hambre porque quieren quedarse en Bélgica, alegando una solicitud de asilo político. Algunas de estas personas se encuentran en un estado extremadamente grave.
He enviado una carta al Ministerio de Interior solicitando que les dé protección subsidiaria que, en parte en virtud de la tercera Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos del 15 de diciembre de 1980, puede permitir a estas personas quedarse en Bélgica por el momento, incluso sin asilo político. Una delegación del Parlamento se personará en la mañana a las 9.30 horas para demostrar su solidaridad con estos 40 kurdos que arriesgan sus vidas. 
Urszula Krupa (IND/DEM ).
      Señor Presidente, incluso cuando mi país, Polonia, vivía bajo el régimen comunista, se desaprobaba que los niños consumieran alcohol. Se criticaba duramente a los padres que daban alcohol a sus hijos menores de edad, bien para que les dejaran tranquilos o porque no eran conscientes de las consecuencias. La mayoría de familias implicadas estaban socialmente desprotegidas, y no eran conscientes del daño causado por el alcohol y otras sustancias adictivas. El resultado final de la adicción siempre será un ciclo de destrucción y autodestrucción que causa enormes daños físicos y mentales. Esto es cierto a cualquier edad, pero en particular en el caso de los jóvenes. Por lo tanto, me parece censurable y repugnante que las empresas produzcan bebidas alcohólicas dirigidas a los niños, como los «alcopops» que parecen una naranjada, o el alcohol en polvo distribuido en sobrecitos. Durante una de las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, escuchamos que la Comisión tolera dichos productos en su papel de guardián del libre mercado. Sin embargo, el hecho de que nuestros mercados se hayan liberalizado no puede significar que las empresas alienten a los niños o a los jóvenes a emborracharse. Por lo tanto, instamos a las instituciones de la UE, entre otras, a que cumplan la legislación de la UE, y a que se impongan sanciones severas a cualquiera que incumpla la prohibición de producir bebidas alcohólicas innovadoras destinadas a los niños y a los jóvenes y encaminadas a que se hagan adictos al alcohol. 
Hans-Peter Martin (NI ).
    Señor Presidente, el 21 de abril se celebró una importante votación en la Comisión de Presupuestos. Se refería a los 90 millones de euros del presupuesto de la UE disponibles para el Parlamento en aquel momento. Se presentó una enmienda oral para que, de esta cantidad, se guardaran 60 millones en las reservas.
Como miembro de la Comisión con derecho a voto, me opuse a esta enmienda oral. De conformidad con el artículo 150 del Reglamento, no tendría que haberse celebrado una votación, pero el Presidente de la sesión, señor Lewandowski decidió hacer caso omiso.
Ahora le insto a que haga uso de su poder como Presidente para cambiar esta votación y detener el informe sobre este tema. Ya se ha enviado a la Mesa una petición escrita similar. 
Schmitt, Pál (PPE-DE ).
    Señor Presidente, durante las próximas semanas los medios de comunicación y también las diversas conferencias en toda Europa centrarán su atención en la experiencia ganada tras el primer año de la histórica ampliación de la UE. Para los 100 millones de ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros, el 1 de mayo no solo se asocia al Día del Trabajador, sino también marca nuestra reunión con Europa, y esto es lo que ese día celebraremos en mi país, Hungría. Teníamos muchas expectativas, y admito que se esperaba con cierto escepticismo el día en que nos convertiríamos en miembros de pleno derecho de la UE. Esta intervención de un minuto no me permite reflexionar sobre la experiencia ganada durante el primer año tras la ampliación. Sin embargo, en nombre de los 106 nuevos representantes, quiero aprovechar este momento para dar las gracias a los antiguos miembros por su amistad, ayuda, tolerancia y solidaridad. Su ayuda nos ha alentado a tomar parte activa y responsable en nuestro actual trabajo en interés de nuestros países, nuestros partidos y de todos los ciudadanos de la UE. 
Manuel Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, manifiesto mi preocupación por el secuestro en la República de Colombia de un ciudadano de la Unión Europea, de nacionalidad española, Carlos Ayala Saavedra, funcionario de la Delegación de la Comisión en Bogotá.
No sabemos las circunstancias en las que se ha producido esta desaparición, al parecer ha sido secuestrado, y tratándose de un funcionario de una de nuestras instituciones sería conveniente que, desde el Parlamento, se hiciera alguna gestión de solidaridad, tanto con el ciudadano y su familia como con la institución hermana que es la Comisión Europea.
Mario Borghezio (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, tengo que protestar enérgicamente ante la censura alarmante realizada por el Parlamento Europeo al impedir la proyección de la película en la Sala de Prensa el 20 de abril.
Considero que es un acto inaceptable. Esta misma película ha sido objeto durante meses de una censura impuesto mediante el terror por parter de integristas islámicos, a quienes debemos el asesinato del director de la película, Theo van Gogh. Pido al Presidente del Parlamento Europeo que anule esta prohibición, que no hace honor a nuestro Parlamento y que entra en conflicto con el principio de libertad de expresión. En particular, entra en conflicto con el principio de la libertad de expresión artística, en la que se fundamentan, a mi juicio, nuestra coexistencia y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 
Ryszard Czarnecki (NI ).
      Señor Presidente, Señorías, como representantes de los nuevos Estados miembros de la UE, nos han preocupado las últimas noticias sobre las propuestas de la Presidencia luxemburguesa relativas al presupuesto de la Unión Europea 2007-2013. Estas propuestas dejarán en desventaja a los nuevos Estados miembros, en particular a la República Checa y a Hungría, pero también a mi país, Polonia. Es un resultado de propuestas para reducir el PIB que los Estados miembros pagan al presupuesto de la UE y para disminuir el umbral de ayuda por debajo del 4 % del PIB, lo que sería particularmente injusto. Quiero dejar muy claro que esto supondría nada menos que enmiendas unilaterales a los tratados de adhesión con Polonia y con los otros nuevos Estados miembros. ¿Esto es todo lo que queda de la tan elogiada solidaridad europea de la que se nos habló antes de los referendos de adhesión en nuestros países? ¿Es este el mejor ejemplo que podemos dar de cohesión europea? Señorías, tendrían que hacerse estas preguntas, y todos en esta Cámara tendríamos que responder de forma honesta y sincera. 
Vytautas Landsbergis (PPE-DE ).
    Señorías, quiero volver a la historia de los gitanos romaníes. El presente y sus problemas siempre guardan relación con el pasado que hemos de conocer. En particular, cuando se trata de tragedias humanas ocurridas tras la gran tragedia judía, y que sin embargo se han olvidado porque son tragedias de naciones más pequeñas, como el genocidio de los romaníes o del pueblo checheno-ingushetio llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, y el genocidio checheno el año pasado reconocido por el Parlamento Europeo. Hace una semana visité una pequeña exposición en nuestro Parlamento que me conmovió. Parece que ya se ha debatido aquí. Se trataba del antiguo campo de concentración de romaníes, Lety, en la actual República Checa, en aquellos tiempos bajo ocupación nazi. Había pocos documentos, pero no dejaban indiferente. Por ejemplo, aquella foto con decenas de niños pequeños y felices, por supuesto, de ojos y pelo negro, que probablemente estaban condenados a muerte. Y en los antiguos edificios del campo no hay ni un museo, ni un monumento conmemorativo que respete el sufrimiento, sino una pocilga. Nadie se atrevería a tratar las barracas de Auschwitz de esta manera; por lo tanto, aquí también se produce desigualdad de oportunidades, incluso si hablamos de forma diferente. Pido a mis colegas de la República Checa que hagan todo lo posible por cambiar la situación actual en Lety. Gracias. 
Luca Romagnoli (NI ).
   – Señor Presidente, hay algo que no está del todo claro. ¿Cómo es posible? Oigo decir al señor Agnoletto que una minoría de kurdos están aquí en graves dificultades y que piden asilo en Bélgica. ¿No es verdad, sin embargo, que los kurdos, como los armenios supervivientes –si es que aún han quedado algunos– son una minoría turca? Si se les persigue, ¿cómo puede la Unión haber iniciado el proceso de adhesión de Turquía, vulnerando los fundamentos de los Tratados? Pido a la Comisión y al Presidente que estén atentos y suspendan las negociaciones de adhesión con Turquía. 
Carlo Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, sé que cuando se celebran elecciones en diferentes partes del mundo la Unión Europea y nuestro Parlamento envían observadores para ver si son limpias. Quiero instar al Presidente del Parlamento a que pregunten a la Comisión Europea y al Consejo si no creen que convendría enviar observadores a las próximas elecciones al Parlamento italiano, que se celebrarán en mayo de 2006, ya que somos los primeros que tenemos que cumplir las normas de la democracia.
Usted sabe que las últimas elecciones que se celebraron hace tres semanas en Italia, según muchos tribunales italianos, estaban afectadas por irregularidades y fraudes en la elaboración de las listas electorales. No quiero que esto se repita y agradeceré una respuesta, teniendo en cuenta que el fraude se perpetró en detrimento del actual Gobierno italiano. 
Proinsias De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de urgencia relativa a las operaciones de un banco de propiedad turca en los Países Bajos, denominado Finansbank. Dicho banco ha facilitado el blanqueo de hasta 30 millones de euros de una empresa de construcción turca establecida en la República de Irlanda. El dinero pertenecía a los 800 o más empleados turcos que trabajan para esa empresa en Irlanda y fue transferido sin conocimiento de los trabajadores afectados. Posteriormente, Finansbank lo transfirió a otra empresa llamada Ryder Investments. En mi opinión, eso es blanqueo de dinero: la transferencia ilegal de dinero no perteneciente a Gama a otro banco en los Países Bajos y de ahí a un tercer banco.
Tenemos que investigar las operaciones de Finansbank, tenemos que investigar las operaciones de Gama y tenemos que explicar a las autoridades turcas que las empresas constituidas en Turquía tienen que cumplir la legislación europea cuando operen dentro del territorio de la Unión Europea.
Estoy a favor de la adhesión de la República Turca a la Unión Europea, pero este tipo de hechos debilita sus esfuerzos por conseguirlo. Es también importante reconocer que Gama está tratando de despedir a los trabajadores que alertaron de la estafa. Gama ha incumplido, en mi opinión, las directivas contra la discriminación. Ha incumplido también las directivas que obligan a las empresas a informar a los trabajadores de sus intenciones.
Le agradecería al Presidente que trasladara mis comentarios al Presidente de la Comisión. Celebro que el Comisario Špidla esté hoy aquí en esta Cámara y espero que haya tomado nota de mis comentarios porque son muy serios: no los hago a la ligera. Hay que realizar esas investigaciones. 
El Presidente. 
    Con esto concluyen las intervenciones de un minuto. 
El Presidente. 
    De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0085/2005) del señor Cabrnoch sobre la modernización de la protección social y el desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad [2004/2189(INI)]. 
Milan Cabrnoch (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, Señorías, quiero presentar la propuesta de resolución del Parlamento sobre el informe de la Comisión relativo a la modernización de la protección social y al desarrollo de una asistencia sanitaria de larga duración y de calidad. La Comisión presentó este informe al Consejo Europeo, al Parlamento, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social la pasada primavera. Su objetivo principal era identificar los principales retos que han de superar todos los sistemas sanitarios en todos los Estados miembros, y proponer objetivos comunes que los Estados miembros puedan usar como directrices cuando desarrollen o, potencialmente, reformen estos sistemas. El método abierto de coordinación se usa para identificar los retos comunes, comprometerse con objetivos conjuntos, intercambiar opiniones y experiencia y llevar a cabo evaluaciones conjuntas del éxito de los sistemas de atención sanitaria en los Estados miembros individuales.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que han debatido el informe de la Comisión, se han interesado mucho por él, tal como se desprende de las 100 enmiendas presentadas a mi propuesta de resolución. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales debatió la propuesta de resolución a finales de marzo y votó todas las enmiendas propuestas, y la propuesta que tenemos hoy ante nosotros es el resultado final de ese proceso. En cualquier caso, solo se han presentado cinco enmiendas hasta la fecha, y todas proponen cambios que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales presentó y rechazó. Estoy firmemente convencido de que esta Cámara votará a favor de mi propuesta de resolución.
Paso a hacer unos breves comentarios sobre las cuestiones debatidas. Los problemas relativos a la salud y la asistencia de larga duración revisten gran importancia para todos los Estados miembros de la UE, y todos están celebrando un animado debate sobre el sistema de asistencia sanitaria y su futuro. Además, puedo afirmar que las reformas en el sistema sanitario están en marcha o en la mesa de trabajo en todos los Estados miembros. La asistencia sanitaria afecta a todos, y por supuesto esto incluye a los políticos. La provisión de una asistencia sanitaria de gran calidad accesible a todo aquel que la necesite, independientemente de la edad, condición social o riqueza es de interés público y, por lo tanto, una tarea para los políticos. Otra cosa que es de interés público, y por tanto también una tarea para los políticos, es el mantenimiento de un sistema sanitario estable, y por «estable» no me refiero solo a económicamente estable, sino también estable en otros aspectos, por ejemplo en términos de personal, que es una cuestión clave.
La Comisión identifica tres grandes retos en su informe, es decir, el envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y el aumento de las expectativas de una opinión pública que cada vez es más consciente de las opciones en materia de asistencia sanitaria. A esto podemos añadir el aumento de la edad de los trabajadores sanitarios, el hecho de que abandonen ciertos países para trabajar en el extranjero, el mayor movimiento de ciudadanos de la UE entre Estados miembros y un aumento de la inmigración de países terceros a la UE.
Los principales objetivos que propone la Comisión son la asistencia de alta calidad, la accesibilidad para todos y la sostenibilidad financiera a largo plazo, que eliminaría la necesidad de la financiación estatal de otras rúbricas presupuestarias. Cuando se debatió el informe en comisión, se alcanzó un consenso sobre estos retos y sobre los objetivos conjuntos. Otra cuestión destacada fue la subsidiariedad, cuya implicación es que en el ámbito de la sanidad y la asistencia de larga duración los gobiernos nacionales son totalmente responsables del desarrollo y de la reforma de la asistencia sanitaria en los Estados miembros.
Asimismo, queremos subrayar que la prevención es la manera más eficaz de mejorar la sanidad pública. El papel de los pacientes como clientes de los servicios de asistencia sanitaria tiene mucha importancia para el Parlamento, porque los pacientes tienen derecho a decidir libremente sobre su salud y sobre la asistencia que reciben. Asimismo, tienen derecho a recibir información detallada y sencilla sobre la salud y las enfermedades, así como sobre la asistencia sanitaria y sus resultados, posibilidades, alternativas y riesgos. Las nuevas tecnologías de la comunicación representan tanto un gran reto como una oportunidad, porque hay una gran demanda de información en el ámbito de la asistencia sanitaria, y podremos conseguir una asistencia de mayor calidad y un mejor uso de los fondos públicos si los pacientes y sus médicos comparten esta información.
Otra cosa que queremos subrayar es el papel clave que desempeñan los pacientes, así como su derecho a decidir y la responsabilidad que tienen en tales decisiones. La información es un requisito esencial para la toma de decisiones, al igual que la cooperación con los médicos, incluso si estos siempre tienen ventaja en términos de información. Sin embargo, esto no les da derecho a decidir por los pacientes. Señorías, creo que la gran mayoría de los diputados apoyará mi informe y la propuesta de resolución que he presentado. 
Vladimír Špidla,
    Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Cabrnoch y a sus colegas por este informe. Contiene muchas propuestas y recomendaciones, y la Comisión prestará atención a todas ellas. Me complace en especial que el informe se pronuncie a favor de intensificar la cooperación con objeto de mejorar la asistencia sanitaria de larga duración a los ciudadanos mayores en los Estados miembros, y que su fundamento sea el método abierto de coordinación.
A finales de año, la Comisión aprobará una comunicación que establece propuestas encaminadas a racionalizar y simplificar el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social. Como afirma el apartado 32 del informe, estas propuestas cubrirán la asistencia y la asistencia sanitaria de larga duración, así como la integración social y las pensiones. La asistencia sanitaria es uno de los aspectos clave de las estrategias que los Estados miembros han de desarrollar durante los próximos años con vistas a solucionar el problema del envejecimiento de la población, al tiempo que mantienen un alto nivel de protección social.
Por lo tanto, su informe llega en un momento muy oportuno, y nos será de gran ayuda cuando elaboremos estas propuestas. Lo mismo cabe decir de los informes nacionales sobre salud y asistencia sanitaria de larga duración que vamos a recibir de los Estados miembros. Una parte muy importante de nuestro calendario de trabajo será identificar oportunidades de interacción con las estrategias europeas de salud pública presentes y futuras y con el programa de acción comunitario relevante. Tanto el Comisario Kyprianou como yo mismo y nuestros departamentos continuarán cooperando estrechamente a este fin. Al mismo tiempo, por supuesto, no perderemos de vista el hecho de que los Estados miembros son los principales responsables de la sanidad y la atención sanitaria de larga duración, y que el trabajo de la Unión Europea es apoyar a los órganos políticos con capacidad de decisión en el ámbito nacional.
Su informe debate una amplia gama de cuestiones relativas a la protección social y la salud pública, así como el libre movimiento de personas y servicios en el mercado interior. Todas estas cuestiones fundamentales tienen que abordarse con los instrumentos adecuados, que incluyen los poderes legislativos respecto del mercado interior y la libertad de movimiento, así como el programa de acción para la salud pública y el método abierto de coordinación.
La Comisión intentará garantizar la máxima coherencia entre estos instrumentos individuales y, al mismo tiempo, continuará fomentando una comprensión integrada de la asistencia sanitaria en términos de los esfuerzos encaminados a proporcionar una asistencia sanitaria adecuada y justa a todos los ciudadanos, bien en sus propios países o en otros Estados miembros de la UE.
Señorías, este informe es muy amplio y exhaustivo, y solo quiero comentar uno de sus apartados. En el apartado 7, el Parlamento lamenta que la Comisión considere la modernización de la protección social respecto de la asistencia sanitaria solamente en términos de las exigencias del Pacto de Estabilidad. En mi opinión, esto no es del todo cierto. El señor Cabrnoch ya ha dicho que el triple objetivo de accesibilidad, calidad y sostenibilidad financiera a largo plazo es una parte muy importante de todos los debates sobre modernización. Esto significa que si bien la sostenibilidad financiera a largo plazo es importante, no es el único principio rector de todas nuestras decisiones.
Como he dicho al inicio de mi intervención, este informe llega en un momento muy oportuno, y sin duda tendremos en cuenta los puntos que cubre en nuestro futuro trabajo. Gracias. 
Thomas Ulmer (PPE-DE ),
    Señor Presidente, Comisario, Señorías, quiero comenzar felicitando al señor Cabrnoch por su excelente informe. Acojo con satisfacción el enfoque de la evaluación comparativa y la divulgación de la buena práctica consiguiente, en particular en el sector de la asistencia sanitaria.
Es un enfoque codificado e institucionalizado por un método abierto de coordinación incorporado en la Estrategia de Lisboa, un método que exige la participación de los Estados miembros en línea con los calendarios de la Comisión. La hipótesis más optimista es que contribuye a que el proceso sea más dinámico. En el peor de los casos, el resultado es una avalancha de información, a la que las autoridades no pueden hacer frente.
Es lamentable que aún no dispongamos de información basada en la experiencia, recogida durante muchos años, que nos permitiría llevar a cabo evaluaciones precisas de este ámbito tan complejo. Su ausencia parece un hecho, en particular en el sector de la asistencia sanitaria. Si las personas de las que depende el sistema tienen que convencerse de la idea de un intercambio intereuropeo en el sector sanitario creo que, en primer lugar, la introducción del método abierto de coordinación tendrá que ser cuidadosa y progresiva.
De ningún modo puede recogerse una cantidad de información que las autoridades no puedan procesar. La dinámica del proceso en su conjunto exige un calendario obligatorio, si bien la recogida de datos computerizada no puede comenzar en todos sitios al mismo tiempo.
En el sector sanitario, creo que el camino adecuado es la introducción prudente y progresiva de las estadísticas, junto con la información detallada por parte del personal implicado.
Por el bien de la eficacia y la aceptación a largo plazo del método abierto de coordinación, tiene que ser posible crear una cartera de datos eficaz mediante la eliminación de las estadísticas menos importantes. 
José Albino Silva Peneda,
   – Señor Presidente, Comisario, en un momento en que el modelo social europeo está debatiéndose –y algunos están cuestionándolo– esta Cámara está intentando modernizar la protección social y desarrollar una asistencia sanitaria de calidad.
Quiero comenzar diciendo que apoyo plenamente las prioridades establecidas por el Consejo, que conducirán a un acceso generalizado a la asistencia sanitaria de buena calidad en un contexto de sostenibilidad financiera a largo plazo. Si bien la política sanitaria y de protección social es competencia de los Estados miembros, la UE ha dado un paso acertado al aplicar el método abierto de coordinación en este ámbito, reforzando la cooperación entre las políticas nacionales. A este respecto, el método abierto de coordinación es sin duda el instrumento más eficaz en las actuales circunstancias, si bien somos conscientes de que los principales destinatarios de este tipo de medidas son los ciudadanos, como consumidores de asistencia sanitaria. A menos que haya un clima de confianza entre los ciudadanos y los servicios de asistencia sanitaria, esta voluntad no pasará de las buenas intenciones. Como en todas las relaciones entre consumidores y proveedores, es esencial que haya un clima de confianza, y esto es especialmente cierto en el sector de asistencia sanitaria.
En algunos Estados miembros, la confianza de los ciudadanos en los servicios dista mucho de ser satisfactoria. Para que el sistema funcione, es esencial que los ciudadanos tengan confianza en los servicios de asistencia sanitaria, pero para que esto se haga realidad no se puede ocultar información a los usuarios. Tiene que quedar muy claro que los derechos de los pacientes son de vital importancia, y el más importante es el derecho a la información sobre el estado de salud, sobre las posibilidades disponibles en términos de asistencia sanitaria y asistencia de larga duración y sobre el nivel de calidad de la asistencia que ofrecen los proveedores individuales en el mercado. El principal objetivo, que en este momento aún es una utopía, es que todos los ciudadanos europeos tengan acceso ilimitado a unos servicios de buena calidad, independientemente de la edad, el sexo, la nacionalidad y la condición económica. Sin embargo, para que esto ocurra, los Estados miembros tienen que aceptar la necesidad de reformas que garanticen la estabilidad financiera del sistema. Por lo tanto, tendrán que introducir el principio de pago de ciertos gastos de asistencia sanitaria por parte del paciente. Los Estados miembros tienen que enfrentarse al hecho de que cada servicio tiene un precio, si bien respecto de los pacientes, hay que tener en cuenta la situación económica de la persona, pero por supuesto el Estado es responsable de ayudar a los sectores más pobres de la sociedad.
Los gobiernos de los Estados miembros tienen soberanía en este ámbito, pero esta iniciativa constituye un paso importante hacia la construcción de una Europa social. Por lo tanto, la apoyo sin reservas. 
Harald Ettl,
   . Señor Presidente, señor Comisariopermítanme comenzar felicitando al ponente por el informe. El desarrollo de una asistencia sanitaria de alta calidad implica un aumento de los costes, y si la política no tiene en cuenta este hecho, no podremos evitar acabar con una medicina de primera y segunda clase. La historia nos enseña quién sale perjudicado en tales circunstancias. Tenemos una mayor esperanza de vida y, cuando digo que tenemos suerte de que haya cada vez más personas mayores, quiero decir que las cuestiones importantes siempre aportan ideas nuevas, así que la UE de 25 ó 27 puede llegar a convertirse en una sociedad humana basada en la solidaridad. Por esta razón, este informe señala que hay intentar mantener la igualdad si los miembros más pobres de una sociedad van a cargar con una mayor parte del coste de la asistencia sanitaria.
En el seno de la UE –me refiero a la UE de 27– la asistencia sanitaria varía de un extremo a otro. En términos de costes, esto significa que el gasto de los países en asistencia sanitaria varía del 4 % al 9 % de su PIB. De los nuevos Estados miembros, los más pobres gastan menos y también disponen de la peor asistencia sanitaria. Esto es un hecho. Sin embargo, esto no solo significa que gastar más equivalga a un mayor rendimiento. Si la prestación sanitaria y la asistencia de larga duración van a financiarse a largo plazo, necesitamos una gestión más eficaz y prestar atención especial al tipo de asistencia y a la demanda de la misma. Esto exige una evaluación comparativa europea y una coordinación abierta.
La última cuestión que quiero plantear sobre el coste es que los Estados Unidos gastan casi un 14 % de su PIB en sanidad, y deja mucho que desear. No podemos ni debemos hacer lo mismo. Por otra parte, hemos de tener en cuenta que, en la actualidad, el conocimiento médico se duplica cada cinco años. Si bien esto significa más costes, todos tenemos el mismo derecho a recibir asistencia sanitaria, y tenemos que dar prioridad a esta cuestión. Por lo tanto, no solo necesitamos la evaluación comparativa sino también solidaridad.
No faltan los problemas. Los nuevos Estados miembros aún están luchando contra la corrupción en muchos sectores de sus sistemas sanitarios. En los países donde falta prestación sanitaria la corrupción es mucho más patente y las personas mayores son más pobres, y su pobreza aumenta más que en ningún otro lugar. Estos son, en esencia, los retos sociales a los que nos enfrentamos. Créanme, las personas mayores tienen más miedo cuando creen que no se les cuidará de forma adecuada cuando enfermen o que ya no será posible cuidarles. En los nuevos Estados miembros, a causa de la presión presupuestaria, la financiación pública es menos segura.
Si bien he enumerado solo algunos problemas, hay otros que comienzan a observarse; los trabajadores sanitarios están trasladándose de los nuevos Estados miembros a los antiguos quince, en beneficio de los sistemas de asistencia sanitaria en esos países. Permítanme repetir que se trata de una cuestión política delicada, y es esencial mejorar la coordinación y la cooperación. 
Elisabeth Schroedter,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero subrayar la necesidad de considerar este informe en un contexto más amplio, en asociación con los hechos siguientes.
Primero, tiene que considerarse en el contexto de la presión que el proceso de Lisboa ejerce sobre la asistencia sanitaria y los sistemas de seguridad social para convertirlos en servicios capaces de comercializarse en toda Europa.
Segundo, hemos de tener en cuenta que la directiva de servicios someterá a la asistencia sanitaria a unas normas europeas en materia de competencia y al principio del país de origen.
Tercero, como se ha subrayado en varios puntos del informe, una consecuencia del cambio de población es que, en muchos Estados miembros, los sistemas de asistencia sanitaria suponen una carga intolerable para el presupuesto nacional, y esto perjudica a las condiciones de trabajo del personal sanitario.
Las últimas propuestas de la Comisión apoyan esta tendencia. El informe desempeña un papel vital en la preparación de una elección fundamental entre lo que la Comisión y el Consejo han propuesto por una parte y el Parlamento por la otra. La cuestión es si los sistemas de asistencia sanitaria y protección social deberían seguir dentro de la esfera de los servicios de interés general o si deberían ser objeto de las normas sobre competencia del mercado interior.
La respuesta del Parlamento, en términos inequívocos, es que la asistencia sanitaria tiene que seguir considerándose como un servicio de interés general, y tiene que garantizarse el acceso universal para todos, independientemente del poder adquisitivo. Además, esta Cámara deja bien claro en el informe que los sistemas de solidaridad financiera no pueden ni abandonarse ni convertirse en saco roto. Espero que, en sus futuras propuestas, la Comisión tenga en cuenta las enmiendas detalladas en este informe, que constituyen una respuesta clara y alternativa al reto al que nos enfrentamos. 
Jiří Maštálka,
   – Señorías, quiero comenzar dando la enhorabuena al ponente, señor Cabrnoch, por su informe. Si bien creo que los principios fundamentales aprobados por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica están reflejados en esta propuesta de resolución, he presentado una serie de enmiendas que subrayan las prioridades de nuestro grupo.
Primero, me complace que las propuestas del ponente subrayen que la asistencia sanitaria a los ciudadanos de la UE tiene que cumplir con el principio de solidaridad. El derecho a la sanidad constituye un derecho fundamental en todos los Estados miembros de la UE, y se concede sobre la base de la solidaridad. Mi enmienda estaba encaminada a garantizar que esto sea así. Segundo, no solo debemos salvaguardar la libertad de movimiento de los trabajadores, sino también su derecho a recibir una asistencia sanitaria adecuada, de alta calidad y accesible en todos los Estados miembros de la UE.
Por esta razón, he presentado otras enmiendas encaminadas a mejorar la formación de los trabajadores sanitarios, para conseguir un nivel comparable en todos los Estados miembros. Creo firmemente que el presupuesto para formación de la UE tiene que financiar esta formación, y que los Estados miembros no deben abordar esta cuestión por sí solos.
Tercero, acojo con satisfacción los comentarios del ponente sobre la necesidad de que los servicios de asistencia sanitaria se centren en la prevención, y creo que la Comisión tiene que alentar a los Estados miembros a intensificar todas las medidas preventivas, no solo respecto de la prestación de asistencia sanitaria, sino también respecto de la jornada laboral y la salud en el trabajo. Nuestro objetivo debe ser no solo el aumento de la flexibilidad y la competitividad de la población activa, sino también la protección de la salud de los trabajadores.
Cuarto, estoy de acuerdo con el ponente cuando afirma que si bien la ciencia médica ofrece nuevas opciones diagnósticas y terapéuticas, los sistemas de asistencia sanitaria también tienen que ser económicamente viables. En mi opinión, la asistencia sanitaria no puede considerarse solo en términos de contabilidad, y por lo tanto me parecería lamentable que este enfoque dominara nuestra comprensión de la reforma de la asistencia sanitaria. No podría apoyar dicho enfoque. 
Urszula Krupa,
   Señor Presidente, la prestación de una asistencia sanitaria garantizada es una de las tareas más importantes del Estado, y se deriva de los derechos básicos de las personas. Cualquier país debería mantener y financiar unos servicios de asistencia sanitaria esenciales. El enfoque liberal, que consiste en privatizar los servicios e imponerles condiciones de mercado mediante varios instrumentos legislativos, no salvaguardará la prestación de la asistencia sanitaria en ámbitos como la medicina preventiva, la pediatría, las enfermedades de la civilización y los cuidados geriátricos y paliativos. Si bien estos ámbitos generan pérdidas, resultan esenciales para la salud pública. Es de sobra conocido que invertir en salud significa invertir en las personas, como en el caso de la educación. Puesto que solo dispongo de algunos minutos, quiero centrarme en los puntos que considero más importantes. Tiene que haber un servicio de sanidad pública, y tiene que seguir desarrollándose y siendo accesible a todos, tanto para los que pueden pagarlo como para los que no pueden. Aún no se ha encontrado un sistema ideal para organizar o financiar la asistencia sanitaria. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, incluidos los sistemas basados en las contribuciones de los seguros y lo que podría denominarse sistemas financiados por el Estado. Por lo tanto, la mejor solución es probablemente un sistema mixto. Sin embargo, al mismo tiempo, los derechos sociales de los trabajadores sanitarios y los pacientes tienen que salvaguardarse de forma adecuada. Los hospitales, la medicina preventiva y todos los demás sectores que generan pérdidas deben tener acceso a la financiación estatal. Se han expresado muchos sentimientos nobles, en particular en la legislación europea, sobre la modernización de la protección social para desarrollar y mejorar la asistencia sanitaria; sin embargo, a menudo son contradictorios. El único resultado es un empeoramiento de la situación respecto de la asistencia sanitaria y social, si bien ya resulta bastante difícil en muchos países a consecuencia del aumento de los costes, el capitalismo sanguinario y un fracaso en el cumplimento de los principios morales. Un buen ejemplo son las contradicciones que se derivan del hecho de que los Estados miembros han asumido la responsabilidad de la organización y la financiación; sin embargo, los servicios médicos se han incluido en la directiva de servicios. Si queremos garantizar la prestación de una asistencia de calidad, no podemos considerar la salud como un sector productivo de la economía, o los servicios sanitarios como unos servicios comerciales normales. Por ejemplo, una empresa espera ganar 13 000 millones de marcos suizos con las ventas de un medicamento contra el cáncer tras conseguir el permiso para vender el medicamento en Europa.
A veces he escuchado en esta Cámara que una Europa pobre no puede proporcionar asistencia de larga duración, y que en su lugar deberíamos practicar la eutanasia, o dicho de otro modo, eliminar el problema matando a la gente. Esto no es lo que significa la modernización de la protección social para desarrollar y mejorar la asistencia sanitaria. La única respuesta al envejecimiento de la población es cambiar nuestra actitud hacia la vida concebida. Tenemos que proteger esta vida y hacer todo lo que podamos, lo que también significa cumplir con los principios morales, para mejorar no solo la calidad, sino también el funcionamiento de la asistencia sanitaria. Además, no mejoraremos la asistencia sanitaria mediante una gran maquinaria administrativa, corrupción, burocracia y publicando más reglamentos, informes, opiniones, declaraciones y listas idénticas o similares. Esto únicamente aumenta los costes y malgasta el tiempo tanto de las autoridades y los médicos como de las enfermeras, cuyo trabajo es ayudar a los enfermos. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ). –
    Señor Presidente, señor Comisario, señor Cabrnoch, el informe nos recuerda que la asistencia sanitaria solo representa el 10 % del estado de salud de un individuo. El 90 % restante está determinado por muchos otros factores, como la situación social, la falta de empleo y el sentimiento de inseguridad entre los que no pueden ganarse la vida. A pesar de que los Estados miembros son responsables de la asistencia sanitaria, creo que la Union Europea debería establecer un conjunto de normas sociales mínimas. Esto garantizaría un mínimo de protección social en todos los Estados miembros, aunque permitiría que los países más ricos facilitaran unos sistemas de bienestar y asistencia sanitaria mejores. En mi opinión, la Unión Europea tiene derecho a que se le informe de los niveles mínimos de prestaciones sociales en los Estados miembros individuales. En Polonia esta cifra asciende a 100 euros, si bien nuestro sueño es llegar a los 250 euros. La UE tiene que estar informada de la situación respecto de la asistencia sanitaria. Los médicos polacos ganan 400 euros al mes en la actualidad, y confían en los sobornos para complementar su salario. 
Thomas Mann (PPE-DE ).
    Señor Presidente, el derecho a la salud es fundamental, y los Estados miembros son responsables de hacerla real para sus ciudadanos, que tienen todo el derecho a escoger su propia asistencia sanitaria y asistencia de larga duración en cualquier lugar de la UE, independientemente de sus ingresos.
Sin embargo, hay que decir que la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria difieren en un grado considerable. Desde 2003 está en marcha un programa de acción europeo que ayuda a fomentar la salud pública, y establece una buena base en la que nuestros Estados miembros pueden intensificar su cooperación. Tenemos que alcanzar objetivos comunes, y después podremos elaborar estrategias nacionales específicas que aborden los retos de unos pacientes más móviles, el aumento de los costes para los nuevos tratamientos y –gracias a Dios– el aumento de la esperanza de vida.
No obstante, se está invirtiendo muy poco –como ha señalado el ponente– en la asistencia preventiva, que impide que las personas enfermen. El sector de la asistencia sanitaria tiene un potencial de empleo considerable. Es probable que su importancia aumente en el futuro, no solo en términos del dinero que se gastará en él, sino también de su potencial de innovación. Me refiero a ámbitos como los servicios de atención domiciliaria, para los que hay una demanda en aumento, y que permiten que las personas mayores y los enfermos reciban cuidados en un ambiente familiar, algo que es psicológicamente importante y que desempeña un papel primordial para que las personas vivan más tiempo y de forma más sana.
El aumento de la esperanza de vida permite que las personas hagan una contribución personal a la sociedad, en forma de su propia experiencia, lo que resulta vital. Hay muchos obstáculos que dificultan la creación de empleo en el sector sanitario, y será difícil superarlos –pienso, por ejemplo, en el elevado coste de la seguridad social en Alemania, mi país. Los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea tienen que organizarse de manera que la gente pueda pagarlos y las empresas se liberen de los costes excesivos y, por lo tanto, se animen a crear empleos.
El ponente subraya la necesidad de la asistencia preventiva, la mejora del tratamiento de larga duración, y la necesidad de ayudar a los pacientes mejorando el intercambio de información entre los Estados miembros, y estoy de acuerdo con él. 
Jan Andersson (PSE ). –
   Señor Presidente, Señor Comisario, quiero empezar agradeciendo al ponente su excelente trabajo.
En el año 2000, cuando se debatió el informe sobre la modernización de los sistemas de protección social, yo fui el ponente. La primera vez que debatimos el método abierto de coordinación, junto con la asistencia sanitaria, las pensiones y otras cuestiones, fue cuando elaboramos la estrategia relevante. La organización y financiación de la asistencia sanitaria son una competencia nacional que, en algunos países, se ha transferido al ámbito regional, y así debe permitirse que sea en el futuro. La cuestión es si la cooperación europea puede ofrece un valor añadido y la respuesta es sí, porque algunos de los retos a los que nos enfrentamos son los mismos. Ya se han mencionado algunos, pero quiero detenerme en dos de ellos.
El desarrollo tecnológico nos permite hacer más cosas y es, por supuesto, un avance positivo, puesto que significa que más personas puedan curarse. Pero impone también mayores demandas sobre las futuras prioridades. Por otra parte, ahora vivimos más años. Eso es una buena cosa, pero impone también una mayor presión sobre los servicios sanitarios. En este ámbito se puede realizar un intercambio de las mejores prácticas.
Como han dicho muchos, es importante invertir en salud preventiva. En este sentido, yo mismo he planteado la cuestión de que necesitamos un servicio de salud en el trabajo desarrollado, porque muchas enfermedades y otros problemas tienen su origen en la vida profesional. El conocimiento del entorno laboral y la posibilidad de una intervención precoz es importante para la asistencia sanitaria. Los que recurren a los servicios sanitarios son para mí antes pacientes que clientes. Eso se debe a mi visión de la asistencia sanitaria no como un servicio comercial, sino como un servicio justificado por una necesidad. No creo que sea un servicio que esté dentro del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios, una opinión que han manifestado también algunos otros miembros de esta Cámara. La Directiva relativa a los servicios trata, en primer lugar, de servicios comerciales, mientras que este es un servicio de interés general y debe debatirse en ese contexto. 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, quiero empezar haciendo un breve comentario sobre lo que ha dicho el señor Mann. Si quiere insistir en la necesidad de reducir los costes en la prestación de asistencia sanitaria, no debe ignorar el papel que juega la industria farmacéutica. Considero que el hecho de ignorar ese papel es un defecto del informe que estamos debatiendo.
No obstante, quiero llamar su atención sobre otra cosa: la relación entre la escasez de médicos en los Estados miembros de la UE, a la que el informe hace referencia, y la Directiva sobre el tiempo de trabajo que se está debatiendo actualmente. Los médicos de muchos hospitales alemanes se quejan de unas malas condiciones de trabajo y unos horarios de trabajo intolerables, y una crítica habitual entre las mujeres es que el acoso laboral deliberado les hace más difícil conciliar su vida laboral y su vida familiar. Ese problema suele añadirse al exceso de trabajo y al estrés que sufren los médicos, algunos de los cuales deciden trasladarse a otros países o incluso abandonan definitivamente su profesión.
Los responsables de las desafortunadas políticas sanitarias y de recursos humanos de los últimos años intentan ahora que los trabajadores paguen por sus errores. Y lo intentan haciendo una distinción entre tiempo de disponibilidad activa y no activa, negándose a pagar por este último al afirmar que se necesitarían miles de puestos de trabajo nuevos en la asistencia sanitaria si tuvieran que hacer eso. La asociación de empresarios de los Estados federados alemanes y algunos Ministros de esos Estados federados nos han dado ejemplos de lo que entienden por tiempo de disponibilidad no activa: tiempo dedicado a visitas generales, cambio de apósitos, tiempo fuera del horario de trabajo normal dedicado a infusiones, inyecciones y tareas rutinarias como ocuparse de la correspondencia.
A mí todo eso me parece un nuevo tipo de explotación y pido a sus Señorías no solo que apoyen nuestras enmiendas, sino también que, cuando consideren la Directiva sobre el tiempo de trabajo, procuren que se modifique el texto propuesto por la Comisión.
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tenemos ante nosotros un excelente informe de un excelente ponente. Es un ejemplo perfecto de una de las ventajas de la ampliación, de la acogida que hemos dado a diez nuevos Estados miembros: la presencia de representantes de tanta solidez y sabiduría para mejorar la calidad de nuestros debates. Estoy convencido de que tanto el Presidente como el Comisario estarán de acuerdo con esto.
Celebro en particular la observación de que si bien la asistencia sanitaria es una cuestión que compete a los Estados miembros, ello no es óbice para que podamos aprender mucho unos de otros. Eso es totalmente cierto, y cuanto más podamos aprender, mejor para todos. Celebro también los comentarios que se han hecho sobre la importancia de que las personas de edad avanzada, como yo mismo, reciban una asistencia sanitaria adecuada.
Quiero comentar una cuestión al Comisario y pedirle su consejo y, en especial, su asentimiento dentro de un momento. Me he dirigido a él por escrito para informarle de una posible estafa que se está produciendo en varios países de la UE. Los turistas que tienen la mala fortuna de ponerse enfermos son trasladados rápidamente de su hotel a un hospital privado, donde terminan pagando una cuantiosa factura. Aunque estén conscientes durante el traslado y protesten diciendo que tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita, se les lleva volando a un hospital privado.
Reconozco que se trata de un asunto que compete a los Estados miembros, pero quiero preguntar al Comisario si hay algo que él o nosotros podamos hacer al respecto. ¿Es consciente de la magnitud del problema y reconoce, como se dice en este informe, que los ciudadanos tienen derecho a recibir la misma asistencia sanitaria en todos los Estados miembros y que ese derecho tiene que reforzarse? ¿Qué puede hacer él para reforzarlo? Le pido que tenga la amabilidad de contestarme en inglés explicando lo que puede hacerse, para que yo pueda enviar su respuesta a mi elector de West Midlands. 
Ole Christensen (PSE ). –
    La salud es un derecho social fundamental y uno de los pilares del modelo social europeo. La certeza de poder recibir asistencia sanitaria en caso de necesidad es fundamental para el buen funcionamiento de las personas en la sociedad. Proporciona seguridad. Por tanto, tenemos que trabajar para armonizar y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los europeos. El envejecimiento de la población creará problemas relacionados con la capacidad de los sistemas sanitarios nacionales para garantizar el acceso y la calidad en el futuro. Pese a sus diferentes modelos de asistencia sanitaria, todos los Estados miembros se enfrentan a este problema. La modernización es necesaria. Así pues, tiene que hacerse un mejor uso de los recursos dentro del sector sanitario, pero es importante que eso no signifique solo racionalización y una mayor eficiencia. Tenemos que recordar que la prevención es la forma más eficaz de asistencia sanitaria.
En la Europa del futuro, la salud no puede verse como un coste sino, más bien, como una contribución positiva a una economía competitiva. La evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa insiste también en la necesidad del pilar social. La dimensión social es simplemente una necesidad para que Europa consiga crecimiento y empleo. Si queremos que siga existiendo una mano de obra debidamente formada y cualificada, tenemos que ser capaces de ofrecer una asistencia sanitaria eficaz y universal. Los Estados miembros tienen, por tanto, que hacer un mejor uso del método abierto de coordinación y de la oportunidad que ofrece para intercambiar las mejores prácticas.
Por otra parte, debemos hacer más para mejorar nuestro entorno laboral y prevenir accidentes en el trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo. La mejora del entorno laboral tendrá también, en general, un efecto beneficioso en la salud general y, por tanto, contribuirá a que las personas estén más sanas y liberará recursos para la asistencia sanitaria. La salud, el crecimiento y el empleo están inextricablemente unidos. 
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, para garantizar la inclusión social, tenemos que asegurar la existencia de un sistema de seguridad social público fundado en los principios de la democracia, la solidaridad y el acceso universal, así como un servicio nacional de salud igualmente público y universal. Esos sistemas deben funcionar sobre la base de la no discriminación, beneficiando a las personas con rentas más bajas, garantizando a todos la igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad y salvaguardando los derechos humanos.
Por tanto, nos oponemos a las propuestas que abren camino a la privatización de los servicios públicos en estos ámbitos esenciales. Nos oponemos, por ejemplo, a la propuesta de Bolkestein de una directiva encaminada a la creación de un mercado interior de servicios y a la propuesta de una directiva sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo que, al empeorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, empeorará también la salud de las personas que utilizan esos servicios en cuestión. 
Karin Jöns (PSE ).
    Señor Presidente, Señorías, habiendo elaborado yo misma un informe sobre este tema, celebro particularmente la considerable continuidad que sigue existiendo entre el informe del señor Cabrnoch y nuestras anteriores resoluciones. Por eso, quiero decir lo agradecida que le estoy.
El acuerdo final adoptado por el Consejo en octubre del año pasado para aplicar el método abierto de coordinación en el ámbito de los servicios sanitarios y la atención a las personas mayores es otro tanto que se ha apuntado esta Cámara. Estoy convencida de que el programa PROGRESS, del que soy ponente, nos proporcionará en breve un instrumento para organizar el intercambio de las mejores prácticas que con tanta urgencia se necesita y para poner en marcha un proceso recíproco y mutuo que nos permita aprender los unos de los otros. Al final, los Estados miembros necesitarán ayuda para realizar reformas encaminadas a modernizar y reforzar sus sistemas sanitarios, un proceso en el que debe darse particular importancia a la cohesión social y al principio de solidaridad.
Si los Estados miembros quieren conseguir en el futuro el acceso universal continuado a sus sistemas de asistencia sanitaria y de atención a las personas mayores, garantizar su calidad y asegurar su financiación, lo que se necesita sobre todo es más prevención y una mayor transparencia. La transparencia es indispensable para mantener la calidad y para hacer el mejor uso posible de los recursos puestos a disposición de los sistemas de asistencia sanitaria. La evaluación de la calidad de los servicios médicos tiene que hacerse mucho más fácil y el desembolso de grandes cantidades de dinero por servicios de mala calidad tiene que terminar.
Las organizaciones de pacientes desempeñan un papel muy importante en todo esto y tienen que participar en las futuras decisiones sobre política sanitaria. Todos los Estados miembros han querido seguir adelante con la adopción de una Ley de los pacientes o un Estatuto del paciente. Todos ellos se enfrentan además a grandes retos en lo que respecta a la atención a las personas mayores y la asistencia de larga duración. Debemos unirnos en la búsqueda de estrategias para mejorar la interacción entre la prestación de asistencia sanitaria y el tratamiento, de manera que podamos mejorar los cuidados que reciben los pacientes en sus domicilios y proporcionar suficientes recursos asistenciales. 
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el Partido Comunista de Grecia votará en contra del informe engañosamente titulado «Modernización de la protección social y desarrollo de una asistencia sanitaria de calidad» porque contiene opiniones reaccionarias y objetivos para seguir promoviendo la comercialización de la asistencia sanitaria, que contribuirán al crecimiento de los grupos privados que controlan los sectores de la asistencia sanitaria y la fabricación de fármacos y harán aumentar sus beneficios. Eso tendrá consecuencias negativas para la salud pública y para los bolsillos de los trabajadores. El paciente es un cliente. Básicamente, no existe ninguna política sanitaria. La legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo es primitiva. Todos los años, el 40% de los servicios de asistencia sanitaria prestados se financian con cargo a los salarios de los trabajadores. La salud se está integrando cada vez más en la política general contraria a los intereses de los trabajadores de la Unión Europea. La responsabilidad de la protección de la salud se está transfiriendo al individuo y el mercado de los servicios de asistencia sanitaria se está liberalizando plenamente, tras los cambios radicales que han tenido lugar en las relaciones laborales y en la seguridad social con la organización del tiempo de trabajo, el aumento de la edad de jubilación, la reducción de las pensiones, etc. La asistencia sanitaria no debe ser un producto que se comercialice. Debe ser un servicio de calidad gratuito prestado exclusivamente por el Estado por igual a todos los ciudadanos. Los sectores de la tecnología biomédica y farmacéutica, así como su producción y comercialización, deben pertenecer al Estado y ser controlados por la sociedad. 
Jacky Henin (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, aunque creo que la filosofía general de este informe es positiva, y aunque este texto puede ser un fundamento aceptable para una mayor armonización de los derechos de los ciudadanos europeos con respecto a la protección social vinculada a la asistencia sanitaria, también presenta algunas deficiencias graves. Es demasiado general, no fija ningún calendario y no está suficientemente centrado. Pues bien, sobre esta cuestión, los conjuros no son suficientes. Seamos ambiciosos para esta Europa social que todos queremos y exceptuemos los gastos de la asistencia sanitaria y la protección social del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que este gasto no representa ningún coste; se trata de una inversión que genera riqueza y eficiencia para la sociedad en su conjunto.
En el informe faltan dos asuntos importantes que son la cuestión de financiar un sistema de protección social pionero y el desempleo masivo en Europa. Ambas cuestiones son sumamente importantes. Sin una financiación compartida y sin contribuciones por ingresos financieros al esfuerzo de solidaridad, será imposible alcanzar la meta deseada. Con respecto al desempleo, es una carga duradera que pesa sobre la suma de ingresos necesarios para financiar la protección social y la asistencia sanitaria.
A modo de conclusión, permítanme que añada estas dos respuestas concretas a las necesidades específicas de los ciudadanos europeos. Tratando con demasiado ahínco llegar a un consenso cojo que al final no conduce a nada, no hacemos más que intensificar el euroescepticismo. 
Vladimír Špidla,
    Señorías, este debate ha demostrado algo que creo que se hará también muy evidente en los futuros debates sobre la asistencia sanitaria, y es que se trata de una cuestión de enorme complejidad. En cierto sentido, nos pone en una situación límite; al fin y al cabo, todos nos sentimos conmovidos ante la angustia, el sufrimiento y la muerte, todos ellos parte y parcela de la asistencia sanitaria.
En el debate ha quedado claro que el método abierto de coordinación se considera adecuado para coordinar los sistemas de asistencia sanitaria en la Unión Europea y eso es algo de lo que me alegro enormemente. Algunos oradores nos han advertido también de la necesidad de considerar cuestiones relacionadas con la gestión administrativa y técnica siempre que se utilice ese método. Eso es indudablemente cierto y he tomado nota de sus advertencias. No soy partidario de guardar información inútil y crear sistemas incapaces de producir resultados.
El señor Bushill-Matthews, que ya no está presente en la Cámara, ha hecho una pregunta que me imagino que se refiere a un incidente específico. Si he entendido bien lo que ha dicho, lo que sucedió básicamente es que una persona con problemas de salud recibió tratamiento en un hospital contra su voluntad y posteriormente el hospital le exigió del pago de unos servicios que no estaban cubiertos por el seguro. No es para nada la intención de la Comisión que este tipo de imprevistos o situaciones se den con frecuencia o normalidad, e investigaré a fondo este incidente para obtener información más detallada al respecto. 
Una vez más, Señorías, nuestro debate ha demostrado que este informe es un documento de gran valor y quiero citar un último apartado de él. Según el apartado 9, el Parlamento opina que el envejecimiento de la población constituye un reto que al mismo tiempo debería utilizarse como oportunidad para implicar más intensamente en la sociedad y las empresas, en el marco de un envejecimiento activo, a las personas que han ido acumulando largas y valiosas experiencias. Creo que este párrafo demuestra lo acertado y equilibrado que es el informe. 

La Presidenta.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0092/2005) del señor Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 2062/94 del Consejo por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (COM(2004)0050 – C6 0014/2004 – 2004/0014(CNS)). 
Vladimír Špidla,
    Señorías, quiero empezar recordando a la Cámara que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo fue creada por la Unión Europea en 1994, en respuesta a la creciente necesidad de información sobre cómo prevenir accidentes relacionados con el trabajo. La misión de la Agencia es mejorar las condiciones de trabajo de los ciudadanos y fomentar el intercambio de información técnica, científica y económica entre todas las partes afectadas por cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo, ya sean instituciones comunitarias, Estados miembros, trabajadores, empresas o expertos en seguridad.
En 2004, la Comisión presentó sus propuestas para modificar el Reglamento por el que se creó la Agencia de Bilbao, en respuesta a las necesidades de una Unión Europea ampliada y para simplificar el funcionamiento del consejo de administración tripartito formado por 78 miembros. El nuevo Reglamento formaliza el papel de la mesa, además de mantener y reforzar la estructura tripartita del consejo de administración, que está integrado por representantes de la Comisión, los gobiernos, los Estados miembros y las organizaciones de empresarios y trabajadores.
La nueva propuesta refuerza también el papel de los interlocutores sociales y estrecha los vínculos entre la misión de la Agencia y los objetivos de la estrategia comunitaria en materia de seguridad y salud en el trabajo, además de remarcar la importancia de las pequeñas y medianas empresas.
El Parlamento ha propuesto una serie de enmiendas cuya finalidad es hacer la propuesta original más clara y precisa, y ha presentado también algunas enmiendas propuestas por el Consejo. El hecho de que se hayan propuesto enmiendas para cambiar la manera en que se hacen los nombramientos para la Agencia de Bilbao ha sorprendido a la Comisión, puesto que eso significa que la Comisión ejercería un mayor control sobre la Agencia. Desde la creación de esta última, su Director ha sido nombrado siempre por el consejo de administración, teniendo en cuenta la recomendación de la Comisión. Puesto que ese es el procedimiento que siguen actualmente la mayoría de las agencias, sería una pena que lo cambiáramos. Quiero agradecer a la Cámara la favorable acogida que ha dado a la propuesta de reglamento y las nuevas disposiciones que ha propuesto para hacerla más clara y precisa. Gracias. 
Stephen Hughes (PSE ),
   . – Señora Presidenta, me parece significativo que mañana, el día que votaremos sobre este informe, se celebre el Día Internacional de la Salud y Seguridad de los Trabajadores. Es el día en que se conmemora a los 60 000 trabajadores que mueren cada año en todo el mundo por enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo y los muchos millones más que resultan heridos. Para la Unión Europea de los 15, las cifras han mejorado progresivamente en los últimos diez años, pero siguen sin ser motivo de orgullo. Unos 4 500 trabajadores fallecen todos los años en accidentes laborales y muchos más a causa de enfermedades profesionales. Todos los años, más de cuatro millones siguen sufriendo lesiones de consideración en el trabajo. Ese es el importante telón de fondo de nuestro debate de hoy sobre la Agencia de Bilbao.
Como ya he dicho, las cifras correspondientes a la UE 15 han mejorado en los últimos diez años y estoy convencido de que las directivas fundamentales sobre salud y seguridad que hemos establecido, y la labor de la propia Agencia de Bilbao, han contribuido de modo importante a esa mejora.
Como ha dicho el señor Comisario, estamos debatiendo la revisión y actualización del Reglamento que regula el funcionamiento de la Agencia de Bilbao. Esa revisión ya se reclamaba en el Reglamento original. Se está realizando un poco más tarde de lo esperado, pero eso es porque se ha llevado a cabo una evaluación externa completa y se ha consultado a todas las partes interesadas, y en eso se basa la propuesta de la Comisión y, de hecho, las recomendaciones del Consejo. Como ha dicho también el señor Comisario, el otro factor que exige un cambio ha sido la ampliación de la Unión Europea, que ha supuesto la ampliación del consejo de la Agencia de 48 a 78 miembros y, por tanto, ha exigido la racionalización de los procesos administrativos y gerenciales.
Los cambios que hemos propuesto se dividen en cuatro categorías generales. El primero tiene por objeto aclarar los objetivos y las tareas de la Agencia, mejorando los vínculos con las prioridades de la estrategia comunitaria, fortaleciendo la capacidad de análisis de datos de la Agencia, centrándose más en las necesidades de las PYME y proporcionando información accesible y comprensible a los usuarios finales.
En segundo lugar, se proponen cambios para tener en cuenta la ampliación de la Unión, aclarar y mejorar el funcionamiento del consejo de administración y reforzar su función estratégica y el papel ejecutivo de la mesa.
En tercer lugar están los cambios que pretenden reforzar el papel de los interlocutores sociales en la red de la Agencia en los Estados miembros –un punto muy importante– y los que pretenden estrechar la cooperación con otras instituciones comunitarias en el ámbito de la política social.
Hemos presentado también, por supuesto, una serie de enmiendas para tratar de garantizar una representación equilibrada de hombres y mujeres en las estructuras de gestión de la Agencia. Voy a centrarme en una o dos de las más importantes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Giovanni Berlinguer y a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su excelente opinión. He retomado algunas de las enmiendas propuestas, como por ejemplo la enmienda 2, que recalca la necesidad de que la Agencia no se limite a recabar y difundir información, sino que debe también analizarla, identificar los riesgos y las buenas prácticas y fomentar la acción preventiva. Subraya también la función de la Agencia como observatorio del riesgo.
La enmienda 4 hace referencia a una representación equilibrada de hombres y mujeres en la composición de las estructuras de dirección y de gestión de la Agencia. Las enmiendas 5, 6, 7 y 8 tratan de forma diferente el valor añadido que la Agencia debe aportar a la información recabada y cotejada por medio del análisis, la evaluación, la identificación de las buenas prácticas y la difusión de esa información y de las buenas prácticas allí donde sean más necesarias, en particular a las pequeñas y medianas empresas. La enmienda 7 destaca a su vez la necesidad de fomentar la armonización de las estadísticas sobre los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo, una cuestión crucial.
Otras enmiendas se centran en cuestiones técnicas y administrativas concernientes a la composición del consejo y de la mesa, y sus respectivas funciones y responsabilidades, así como de las interrelaciones entre esos dos órganos. Creemos que la incorporación de esas enmiendas mejorará la eficiencia y la eficacia del funcionamiento de la Agencia.
El último punto es el que ha mencionado el señor Comisario. Se trata de la enmienda 23 sobre el nombramiento del director. Sé que la Comisión no está contenta con ella, pero refleja el procedimiento seguido por las otras agencias que son competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. El Comisario ha intervenido también recientemente en el nombramiento de los directores de varias agencias. Por tanto, puede que la enmienda refleje mejor la realidad actual.
En resumen, el informe trata de fortalecer el papel y la función de la Agencia, que ha realizado ya un trabajo excelente. Pido a la Cámara que apoye este informe. 
Giovanni Berlinguer (PSE ),
   – Estoy de acuerdo con el trabajo excelente que ha llevado a cabo el ponente y celebro mucho los esfuerzos de la Agencia de Bilbao. El ponente ha citado algunas cifras, pero la realidad es que se pueden prevenir más accidentes y enfermedades laborales y que afectan en particular a las personas más vulnerables: los inmigrantes, los trabajadores temporales, los trabajadores ilegales y los no cualificados. Asimismo, afectan a las personas que reciben menos protección de los sindicatos, que no llegan a un gran número de trabajadores.
Añadiré que existe el peligro de que la situación empeore a raíz de las opciones políticas que tiene la Unión Europea. Si la competencia entre países, en lugar de alentar la seguridad y la innovación, significa una relajación de las medidas de seguridad y un aumento de las horas de trabajo, esto incrementará el número de accidentes y enfermedades. Si la Directiva Bolkestein de servicios conlleva la competencia social desleal a través de la norma del país de origen, el número de accidentes y enfermedades se incrementará.
La propuesta del señor Hughes contiene enmiendas importantes, sobre todo la participación de los interlocutores sociales, es decir, de los propios trabajadores, quienes, por un lado, son las víctimas y, por otro, los defensores de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. 
Milan Cabrnoch,
   .  Antes de nada, quiero manifestar mi admiración por el trabajo del ponente y, en particular, por el hecho de que se hayan seguido los procedimientos correctos cuando se ha debatido el informe y la propuesta de resolución en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Como nuevo diputado al Parlamento Europeo y como representante de un nuevo Estado miembro, me preocupa la simple existencia de la Agencia de Bilbao. Todavía tengo que convencerme plenamente de que existe una necesidad genuina y legítima de crear una institución comunitaria dedicada expresamente a la seguridad y la salud en el trabajo, dado lo reducido, aunque importante, que es ese ámbito.
Seguiré analizando los argumentos esgrimidos a favor de la existencia de esa institución, así como todos los que sugieren que sería preferible abordar los problemas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo con el principio de subsidiariedad, o en otras palabras, exclusivamente en el ámbito nacional.
Pero tal como están las cosas, tanto la propuesta de resolución que se ha presentado como el informe del ponente sirven para hacer más transparente el trabajo de la Agencia, razón por la cual puedo apoyar la propuesta de resolución presentada por el ponente. Gracias. 
Marian Harkin,
   . – Señora Presidenta, he acogido con satisfacción el informe de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y felicito al ponente por su excelente trabajo. 
Los cometidos fundamentales de esta Agencia son la investigación y la divulgación a los Estados miembros de las buenas prácticas relacionadas con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo. La legislación que regula la seguridad y la salud de los trabajadores en toda la UE es un buen ejemplo de cómo la UE ha realizado y puede realizar una contribución positiva para mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos de la Unión.
Pero la legislación es solo un término de la ecuación; el otro es vigilar que se aplique dicha legislación. La seguridad y la salud en el trabajo pueden mantenerse solo cuando existe una vigilancia adecuada en el lugar de trabajo. Aunque no conozco la situación en otros países europeos, sé que en Irlanda no tenemos suficiente número de inspectores y supervisores para garantizar la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Un importante caso ocurrido en Irlanda recientemente ha sido la denuncia de la multinacional turca Gama, que ha privado de ingresos a sus trabajadores pagándoles muy por debajo del salario mínimo y poniendo en peligro su salud y seguridad al imponer a muchos de ellos jornadas de hasta 80 horas semanales. Eso es extremadamente perjudicial para la salud y la seguridad de esos trabajadores. En un sector tan peligroso como el de la construcción, la probabilidad de que ocurran accidentes es mucho mayor cuando se obliga a las personas a trabajar tantas horas.
Por supuesto, la responsabilidad no recae únicamente en la empresa. En Irlanda tenemos una legislación, tenemos un salario mínimo, pero no estamos vigilando debidamente que se cumpla esa legislación. El caso de Gama ha salido a la luz pública en Irlanda hace poco, pero también se han producido otra serie de casos en los últimos tiempos de violación de los derechos de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores inmigrantes.
Turquía ha solicitado su adhesión a la UE y yo apoyo sus aspiraciones, pero en el marco de ese proceso debe exigirse que grandes empresas como Gama respeten y protejan los derechos de los trabajadores en la UE. Creo que incumbe al Gobierno turco garantizar que así lo hagan.
Por consiguiente, aunque hemos acogido con satisfacción el excelente informe presentado hoy y elogiamos sinceramente el trabajo de la Agencia, todos tenemos que vigilar en nuestros respectivos países que se respeten los derechos de los trabajadores. En particular, necesitamos mantener la vigilancia allí donde los trabajadores están expuestos a peligros y riesgos y allí donde están peor representados por los sindicatos. Me refiero a los trabajadores inmigrantes, los trabajadores menores de edad, los trabajadores temporales, etc.
Para terminar, quiero hacer un comentario sobre la enmienda 7, que destaca la necesidad de información fiable y datos comparativos, y la necesidad de una recogida sistemática de datos, con el apoyo de Eurostat, en todos los Estados miembros sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Necesitamos información veraz sobre los 25 Estados miembros, obtenida por los mismos medios, de manera que podamos disponer de datos de buena calidad, fiables y relevantes que puedan servir de base para todas las decisiones políticas. 
Sepp Kusstatscher,
   .  Señora Presidenta, esta agencia es una importante institución de la UE; en apenas diez años que lleva funcionando en Bilbao, ha tenido ya una influencia tangible y beneficiosa en las condiciones de trabajo en Europa. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya plenamente este informe y yo quiero expresar mi agradecimiento al señor Hughes por haberlo elaborado. Nos parece muy importante que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo en Bilbao pueda disfrutar, en la medida de lo posible, de la misma situación jurídica que la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en Dublín y el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en Salónica, y que se equipe con unos instrumentos cada vez mejores.
Hoy día, Europa necesita la contribución de esas agencias más que nunca, porque con frecuencia se hace evidente que dos de los tres pilares de Europa – el social y el medioambiental – amenazan con desplomarse. Otros oradores se han referido ya a cosas como la Directiva Bolkestein y el programa REACH, y me doy cuenta de lo inestable que es el pilar social en el que se apoya Europa cuando escucho las burlas de los empresarios ante la perspectiva de una directiva sobre la protección contra las radiaciones ópticas que establecería unos niveles máximos de exposición de los trabajadores.
La seguridad en el trabajo, la prevención de accidentes y la asistencia sanitaria preventiva deben considerarse cuestiones de gran importancia si queremos que los trabajadores sean tratados como algo más que simples factores en los cálculos de la producción de los capitalistas. No basta con grandes declaraciones de principios; lo que se necesita es investigación, así como instrumentos creados por esta agencia para establecer niveles de exposición, adoptar medidas legales y vigilar que realmente se apliquen las normas que nosotros impongamos. Por tanto, en el Grupo de los Verdes esperamos que la Agencia de Bilbao reciba los recursos que necesita para poder realizar su trabajo con eficiencia. 
Kathy Sinnott,
   . – Señora Presidenta, agradezco al señor Hughes su informe y felicito también a la Agencia por ese 13 % menos de accidentes en el lugar de trabajo. Sin embargo, quiero mencionar el hecho de que el consejo de administración se encuentra tan sobrecargado de trabajo administrativo que no puede dedicarse a la planificación estratégica. Es una pena, porque me gustaría que elaborara un plan estratégico para ocuparse de los trabajadores que quedan excluidos de las labores de vigilancia de la Agencia para proteger la seguridad y la salud. Me refiero a los «cuidadores domésticos» y a ellos dedicaré el resto de mi intervención. Constituyen el mayor segmento de población activa en Europa; a menudo levantan cargas más pesadas que ellos mismos y trabajan día y noche, año tras año. Nadie vigila su seguridad ni su salud.
En ocasiones la ayuda que reciben es ridícula: yo misma, como cuidadora doméstica, recibí durante un tiempo a una persona enviada por el Estado para ayudarme varias horas a la semana. Esa persona que supuestamente me iba a ayudar no podía levantar pesos, no podía subir las manos por encima de la cabeza, no podía hacer en realidad nada de lo que un cuidador tiene que hacer. Tuve que pedirle que se fuera porque no me podía ayudar en nada, y todo por motivos de salud y seguridad. Yo, en cambio, podía hacer de todo, por muy peligroso que fuera, porque era una cuidadora doméstica. 
Ashley Mote (NI ).
   –Señora Presidenta, no subestimo para nada la importancia de la seguridad y la salud, pero tengo que llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que la normativa europea está socavando la responsabilidad individual y, en muchos casos, la aplicación del sentido común. 
Ahora se nos dice, por ejemplo, que los profesores tienen que protegerse de los niños ruidosos. Ahora los planeadores se quedan en tierra porque unos cabrestantes perfectamente seguros no cumplen ya las nuevas especificaciones. ¿Qué hace esta Cámara diciendo a un constructor que tiene que utilizar andamios para reparar la cubierta de un tejado? Es realmente hora de que en Bruselas sepan lo irritantes que pueden ser esas triviales injerencias.
Desde luego, la seguridad y la salud de los conductores de camiones exigen una nueva normativa: que se levanten todas las calles de adoquines de Bruselas y los sustituyan por hormigón. 
Proinsias De Rossa,
   . – Señora Presidenta, quiero disculparme por haber perdido mi turno antes. Me temo que salí de mi despacho con el expediente equivocado debajo del brazo y tuve que volver a por el correcto. Eso nos ocurre a todos.
Quiero referirme brevemente a los comentarios del señor Mote: posiblemente sería algo más optimista respecto a las normas de seguridad y salud si alguna vez hubiera tenido que levantar los restos de un desafortunado trabajador que se había resbalado y caído de un tejado para terminar muerto en la calle porque no había ningún andamio disponible para su trabajo, y hubiera tenido luego que explicar a la familia de ese pobre desgraciado por qué estaba muerto. No hay nada en las normas de seguridad y salud que constituya una carga innecesaria para las empresas. Después de todo, el coste humano de las muertes ocurridas en las obras de construcción –que son terribles– y de las lesiones sufridas por los trabajadores –que son también terribles– no puede equipararse con la molestia de tener que montar un pequeño andamio.
Quiero hacer dos comentarios. En primer lugar y sobre todo, quiero agradecer a Stephen Hughes su informe y su esfuerzo para tratar de conseguir una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de la Agencia de Seguridad y Salud. Quiero también mencionar brevemente el informe sobre la Fundación Europea de la señora Harkin, que lamentablemente no se está debatiendo en esta Cámara, pero que mañana también se someterá a votación. Dicho informe trata de un problema posiblemente mucho más complejo, por la situación del personal de una Fundación que es mucho más antigua. La Comisión y el Consejo pidieron que se modificara el estatuto de los trabajadores de esa Fundación y nosotros tuvimos que negociar con ahínco para tratar de encontrar una solución.
Aunque a esta Cámara solo se le consulta sobre esa cuestión, creo que hemos alcanzado un buen consenso entre el personal de la Fundación, la dirección e, incluso, el Parlamento Europeo. Sé que la Presidencia irlandesa inició conversaciones en este sentido durante su mandato y animó a la Presidencia luxemburguesa a que tuviera en cuenta las recomendaciones de este Parlamento. Espero que el informe se apruebe sin dificultades aquí mañana. 
Vladimír Špidla,
    Señorías, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que fue el origen y punto de partida de la Unión Europea, no solo perseguía el fin de la integración económica, sino que además estableció un fundamento jurídico para la adopción de medidas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo. Casi toda la actividad legisladora de la Unión Europea se basa en ese fundamento jurídico.
Aunque indudablemente hemos avanzado en este ámbito, nadie puede cuestionar que hayamos cesado en nuestros esfuerzos. La incidencia de accidentes relacionados con el trabajo se ha reducido un 13%, aunque es todavía una cifra demasiado elevada y algunos puestos de trabajo siguen siendo excesivamente peligrosos.
Celebro que la Agencia de Bilbao haya recibido una evaluación abrumadoramente positiva, por ser una opinión que comparto. Espero que el debate de mañana sobre las enmiendas presentadas sea breve y tenga un resultado positivo, puesto que todas ellas ofrecen una respuesta lógica y equilibrada a los cambios que han tenido lugar. 
Presidenta.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
La Presidenta.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0087/2005) de la señora Van den Burg, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el estado actual de integración de los mercados financieros de la UE (2005/2026(INI)). 
Ieke van den Burg (PSE ),
   .  Señora Presidenta, antes de nada quiero disculparme ante mis colegas diputados neerlandeses por no hablar en neerlandés, sino en inglés, que al fin y al cabo es la lengua de los mercados financieros. Eso me permitirá además dirigirme al Comisario en una lengua que él entiende. 
– Señora Presidenta, cuando el predecesor del Comisario, el señor Bolkestein, inició su mandato, se encontró con un paquete de propuestas ambiciosas y bien elaboradas para el mercado interior financiero, que presentó en 1999 en forma de Plan de acción para los servicios financieros, el PASF.
Señor Comisario, tengo la impresión de que usted ha tenido menos suerte con la herencia referente al mercado interior de servicios que el señor Bolkestein le dejó cuando usted llegó aquí a Bruselas, y que lleva su nombre, o quizá un apodo de mal agüero. Pero ese no es el tema que hoy nos ocupa; ya tendremos mucho tiempo para hablar de ello más adelante.
Quiero felicitar al señor Bolkestein por la diligencia con que dirigió el PASF durante su mandato. Señor Comisario, tengo un gran interés en el plan de seguimiento contenido en el Libro Verde que presentará usted la semana que viene. En el informe que tiene delante y en los debates que hemos celebrado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, tenemos una opinión favorable sobre la manera en que se ha desarrollado el PASF, aunque también somos conscientes, por supuesto, de que muchas de las intenciones recogidas en las normas no se han probado todavía en la práctica.
Debe prestarse una gran atención a la aplicación y el cumplimiento de los casi 40 conjuntos de normas que se han aprobado. Lamentablemente, mi informe ha sido objeto de algunos malentendidos en la forma en que se ha presentado hoy en el Pleno. Si bien en la comisión suscitó un amplio consenso y conseguimos alcanzar buenos compromisos, en la votación en comisión se deslizaron algunas imprecisiones que afectan al texto principal del informe, razón por la cual quiero comentarlas primero.
El error más enojoso afecta al apartado 2 del texto sometido hoy a la Cámara. En él se sugiere que debemos apoyar la petición de algunos grupos de presión y periodistas para que los legisladores de Bruselas se comprometan a realizar una pausa legislativa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Este apartado 2 no encaja para nada en un informe que llama la atención sobre tantos acontecimientos ocurridos en un mercado financiero dinámico que pueden conllevar graves riesgos sistémicos y poner en peligro un mercado interior seguro y eficiente para los servicios financieros. Por tanto, estoy claramente en contra de atarnos de manos con una moratoria legislativa. Nosotros debemos mantenernos alertas y la Comisión debe mostrarse muy activa. Por supuesto, esta nueva legislación debe ser objeto de una profunda evaluación en cuanto a su necesidad, sus costes y ventajas y su repercusión en general, pero legislar menos no siempre significa legislar mejor.
Permítanme que comente algunos otros aspectos del informe, como el proceso Lamfalussy. Con los conocidos desmentidos a los que el Parlamento Europeo le tiene acostumbrado, el informe es bastante positivo respecto al proceso Lamfalussy. En general, a mí me parece que, sobre todo los comités del nivel 3 de reguladores, son aliados que defienden el interés público y protegen a los consumidores y a los usuarios expertos. Observo que son cada vez más conscientes de su importante papel para armonizar las normas técnicas y los procedimientos de supervisión entre los reguladores de diferentes Estados miembros. El informe Himalaya presentado por el CERV pide mejores instrumentos. Nosotros decimos en el informe presentado hoy a la Cámara que ese es un buen punto de partida para seguir debatiendo el tema. En el siguiente período habrá que resolver algunas cuestiones importantes.
Luego está la supervisión a escala europea. En el informe hablamos favorablemente de una tendencia hacia la consolidación de los supervisores. El sector quiere evitar la necesidad de tener que cumplir los requisitos de muchos supervisores diferentes, pero por otra parte puedo entender las dudas de las autoridades reguladoras cuando actúan como anfitrionas para renunciar a sus competencias y depender por completo de supervisores extranjeros. Por eso yo insisto en que demos un paso más. Ante el crecimiento de la actividad transfronteriza y la concentración de grandes empresas en los mercados financieros, es hora de integrar la supervisión a escala europea, posiblemente a través de un sistema de dos niveles, con la supervisión europea de las grandes empresas transfronterizas sin perjuicio de la aplicación de las mismas reglas de juego a las empresas transfronterizas que a las empresas nacionales. No todo el mundo está de acuerdo conmigo en esto, pero al menos en el informe decimos que la Comisión debe considerar también esta opción.
Luego está la cuestión de la protección y la participación de los consumidores. Aquí insistimos en que la protección de los consumidores y la disponibilidad garantizada de unos servicios financieros básicos para todos los consumidores debe seguir siendo un requisito fundamental. No creo que debamos aspirar a una armonización completa en la prestación de servicios y productos financieros minoristas, porque la protección del consumidor es demasiado diferente en los distintos Estados miembros. En el informe propongo que se considere la posibilidad de un 26º régimen para los productos financieros paneuropeos, como hipotecas o seguros, con el que podrían atenderse las necesidades de los trabajadores transfronterizos y expatriados para trabajar con proveedores que conocen bien en otro Estado miembro.
La señora Berès, presidenta de nuestra comisión, hablará sobre la necesidad de una mayor cooperación en el marco internacional. 
Charlie McCreevy,
   . Señora Presidenta, está claro que los próximos cinco años plantearán grandes retos en este ámbito en particular. El buen funcionamiento de los mercados financieros tiene una importancia fundamental y una enorme influencia en la prosperidad de todos y cada uno de nosotros. Las inversiones financieras sustentan el empleo y el crecimiento; el valor de nuestros ahorros; nuestras pensiones; el coste de nuestras hipotecas. Unos mercados financieros europeos integrados, flexibles y dinámicos garantizarán una mayor eficiencia en la circulación y prestación de capitales y servicios en el conjunto de la economía europea y también en el mercado mundial de capitales.
En los últimos seis años se han producido grandes avances. La mayor parte de las normas que se contemplaban en el Plan de acción para los servicios financieros se han aprobado a tiempo y se están empezando a aplicar ahora. Las estructuras europeas de decisión y regulación se han hecho más racionales y eficientes. Se ha establecido una cooperación sistemática y continua entre las instituciones europeas y los partícipes del mercado. Todas las instituciones y la gran mayoría de los partícipes del mercado están de acuerdo en que necesitamos persistir en nuestro esfuerzo, porque la tarea de integrar los mercados financieros europeos está lejos de haber concluido.
Nuestra prioridad fundamental para los próximos 12 meses es concluir el trabajo pendiente en el área de los servicios financieros. Tenemos todavía que ocuparnos de los elementos que quedan en la fase de negociación con esta Cámara y el Consejo, así como de las medidas clave que está ahora preparando la Comisión. Por ejemplo, todavía es necesario que permitamos una mayor sensibilidad al riesgo en los requisitos de capital de las instituciones de crédito y empresas de inversión (Basilea II); reforzar la auditoría legal (la octava Directiva sobre el Derecho de sociedades); combatir el blanqueo de dinero y la financiación de grupos terroristas; reducir los costes de compensación y liquidación; establecer un marco europeo para los reaseguros; modernizar las normas sobre solvencia asegurada; y crear un marco jurídico europeo para los pagos.
En otras palabras, las medidas reguladores que se están preparando actualmente son ya muy exigentes para todos. No obstante, confío en que podamos conseguir muchas cosas el año que viene.
En el ámbito de los servicios financieros, la Comisión elogia el excelente trabajo realizado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en los últimos años y, sobre todo, el informe que estamos debatiendo hoy. Existe un alto nivel de convergencia entre lo que nosotros pensamos y lo que piensa el Parlamento Europeo. Muchos de los temas principales que se tratan en el informe presentado hoy por la señora Van den Burg en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios quedarán también reflejados en el Libro Verde de la Comisión sobre su futura política en materia de servicios financieros. Nuestras prioridades son similares. En cierta manera eso no nos sorprende, puesto que ambas partes hemos sido muy transparentes en nuestro planteamiento y en nuestros trabajos de preparación. No quiero ahondar en todas las recomendaciones que contiene el informe, pero permítanme que incida en algunas de ellas que me parecen particularmente importantes.
En primer lugar, existe una necesidad evidente de coordinar la transposición de las normas comunitarias a la legislación de los Estados miembros, reforzar su aplicación y aumentar la convergencia en la supervisión. En términos generales, comparto las opiniones expresadas en el informe. En particular, creo que el apartado 14 plantea de manera correcta que cualquier forma de convergencia en la supervisión solo será beneficiosa si la legislación deja de estar fragmentada. La convergencia no se producirá si se sigue necesitando un supervisor capaz de interpretar y aplicar 25 legislaciones diferentes. Por lo tanto, la Comisión es partidaria de adoptar una estrategia gradual, basada en los comités europeos de reguladores y supervisores en el ámbito de los servicios financieros.
En segundo lugar, es importante mejorar el programa de trabajo relacionado con la normativa. La Comisión está de acuerdo en que en el futuro se adopten medidas con fines específicos y se realicen siempre evaluaciones del impacto basadas en pruebas. Reconoce también la necesidad de unas normas básicas que regulen el marco paneuropeo, de manera que las empresas puedan formular estrategias europeas y los consumidores puedan beneficiarse de una mayor integración sin barreras artificiales. No obstante, considera que los solapamientos, contradicciones y duplicaciones de requisitos constituyen una carga y, por tanto, tienen que ser eliminados. 
En tercer lugar, es fundamental que se lleve a cabo un amplio proceso de consulta. Hemos escuchado con mucha atención a todas las partes afectadas: a las empresas, pequeñas y grandes; a los reguladores, a los supervisores; a los inversores; a los trabajadores y a los consumidores. Hemos tenido en cuenta sus ideas constructivas y nos hemos escuchado mutuamente. Nuestro enfoque común goza de un apoyo generalizado, un grado de consenso que es tan importante al inicio de una nueva fase.
Personalmente, espero que con esta convergencia de ideas, los buenos contactos establecidos y el modo transparente de hacer política, se garantice la rápida puesta en marcha de nuestro programa político de «consolidación» para los próximos cinco años. El buen funcionamiento de este programa comunitario tiene que ser mandato de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. La aprobación esta semana del informe de la señora Van den Burg será, por tanto, un importante paso adelante. 
John Purvis,
   . – Señora Presidenta, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y felicitar a la señora Van den Burg por su informe. Creo que es un acierto de nuestra comisión haber logrado definir un patrón razonable y equilibrado para el futuro de los mercados financieros de Europa. El sector y las tres instituciones europeas han vivido cinco difíciles años de legislación en este terreno y probablemente la etapa más difícil, al menos para el sector, todavía esté por llegar.
Sin duda el resultado no es perfecto ni satisface a todo el mundo. No obstante, en nuestro Grupo estamos todos de acuerdo en que ahora es necesario un respiro para que las más de 40 directivas se puedan aplicar debidamente, mediante la transposición a la legislación nacional, y acumular experiencia acerca de su funcionamiento. Por otra parte, el sector necesita tiempo para digerir estos cambios, a menudo sustanciales, en su forma de hacer negocio. Inevitablemente esto llevará tiempo: sería imprudente apresurarse a introducir nuevos cambios hasta que comprobemos cómo funcionan estos en la práctica. Una vez completadas las pocas cuestiones que quedan pendientes del Plan de Acción para los Servicios Financieros, puede que haya uno o dos ámbitos más que precisen legislación, como podría ser el caso de la gestión de activos. No obstante, la Comisión y esta Cámara necesitan asegurarse bien de que cualquier legislación de este tipo sea realmente necesaria, esté justificada mediante análisis de costes y pueda llevarse a cabo de forma provechosa. Siempre que sea posible, las mejoras no legislativas serían nuestra vía preferida.
El proceso Lamfalussy desempeña un papel crucial para garantizar que la legislación del PASF opere en beneficio tanto de las empresas de servicios financieros como de sus clientes. Es fundamental que la transposición se aplique sin retraso y de forma precisa, y esperamos que la Comisión vigile esto muy de cerca, porque nosotros vigilaremos muy de cerca a la Comisión. No dudaremos en utilizar nuestros derechos de impugnación en virtud del proceso Lamfalussy si lo consideramos necesario.
Hemos avanzado mucho hacia un mercado europeo integrado de servicios financieros. Con el tiempo, esto beneficiará notablemente a nuestras perspectivas económicas, al crear el mercado de capitales competitivo que Europa necesita y que pretendemos conseguir. No hay muchos otros proyectos que contribuyan tanto a la consecución de los objetivos de Lisboa. Ahora es nuestra obligación procurar que esas cuestiones se pulan y perfeccionen a medida que se pongan en marcha. Nuestro deber, el de la Comisión y el de los Estados miembros es procurar que el sector de los servicios financieros reciba todo nuestro apoyo, dotándolo de los ingredientes esenciales de una economía europea próspera. 
Pervenche Berès,
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nos encontramos aquí en una reunión que, creo, también debemos examinar a la luz de nuestra estrategia mundial: la Estrategia de Lisboa. En realidad, si queremos que esta estrategia dé resultado, necesitamos mercados financieros capaces de financiar las necesidades de nuestras economías. Este es el desafío al que nos enfrentamos: por este motivo, durante los últimos cinco años hemos estado luchando por aplicar este Plan de Acción de Servicios Financieros; y por esta razón creemos que hay que seguir adelante.
Muchos lo han dicho y muchos siguen diciéndolo: necesitamos una pausa legislativa. Señor Comisario, conozco su apego a este compromiso. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que hay dos o tres cuestiones en que a todas luces es necesario avanzar. Entre estas cuestiones, observo que el señor Purvis acaba de plantear la de la gestión de activos. Permítanme que mencione otras dos que todos conocen bien. La primera, la cuestión de la base de datos y todas las dificultades que encierra la aplicación de una verdadera base de datos que respete los derechos de los consumidores; es uno de los elementos principales si queremos que nuestros esfuerzos en este terreno se vean coronados por el éxito. Después de haber legislado sobre las inversiones, ahora viene la cuestión de la situación posmercado, que, supongo, nos mantendrá muy ocupados en los próximos meses.
Dicho esto, quiero hacer dos observaciones. La primera se refiere a los derechos de este Parlamento. Hemos aceptado el Proceso Lamfalussy. Si este Parlamento ha de tener un derecho de avocación, necesitamos medidas para aplicar este derecho en el nivel 2. Además, necesitaremos controlar los movimientos en el nivel 3, ya que sabemos muy bien que la situación puede salir mal en ese nivel, cosa que es necesario que podamos denunciar cuando suceda, si resulta necesario.
Quiero decir unas palabras sobre la situación de los reguladores, ya que es un debate que no hemos llegado a resolver totalmente en nuestra Comisión. Seguimos en ello, retomando el Informe Himalaya. Sin embargo, quiero señalarles lo que aprendimos cuando nos reunimos oficialmente con el CESV y sus funcionarios por primera vez en París. Nos dijeron muy claramente que si queremos que se aplique un reglamento a escala europea, será necesario algo más que una evaluación comparativa entre las autoridades nacionales, ya que el efecto de esto solo no producirá un nivel suficiente de armonización entre los poderes de los diferentes reguladores nacionales durante el proceso gradual en que nos encontramos. Este es un elemento que hay que tener en cuenta. 
Wolf Klinz,
   .  Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, salvo algunas pocas excepciones, las medidas contempladas en el plan de servicios financieros ya se han ejecutado, o están a punto de ejecutarse. Hasta donde se sabe hoy, el plan de servicios financieros puede considerarse todo un éxito. Ahora se plantea la cuestión de si tiene que ir seguido de un sucesor; en otras palabras, de un «Post-PASF». La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha considerado esta cuestión en un informe de propia iniciativa. Es de vital importancia que esta Cámara dé a conocer su opinión desde ya.
El mercado interior europeo para los servicios financieros no está ni mucho menos completo, habiéndose quedado muy atrás con respecto al mercado interior de mercancías. Lo que sí sabemos es que, sobre todo en los mercados minoristas, queda mucho por hacer, mientras se plantea una y otra vez la pregunta de si el sector de los servicios financieros tiene o no derecho a incumplir las normas después de tantos esfuerzos. Esta cuestión se plantea también en el informe de propia iniciativa presentado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, aunque el ponente ha respondido hoy con firmeza en sentido negativo.
El texto acordado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es, en términos generales, equilibrado, razón por la cual cuenta con el apoyo del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.
No obstante, quiero hacer algunos comentarios críticos respecto a dos aspectos del mismo. El primero es que, aunque el trabajo del CERV es, en muchos ámbitos, indudablemente positivo, tiene que cumplir unas reglas básicas claramente definidas. Tiene que mejorarse la consulta y la interacción entre el CERV y el Parlamento Europeo elegido democráticamente; puesto que sus decisiones tienen importantes consecuencias, debe mantener una estrecha relación con el Parlamento y consultarle a su debido tiempo. En segundo lugar, aunque los grandes bancos son partidarios de una armonización deliberada y de gran alcance, sigue sin estar claro en qué medida eso se aplica a todos los segmentos del sector de los servicios financieros. La Comisión debe pensar en ello. En este sentido, los Liberales y Demócratas apoyamos la enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, que da pie a distintas interpretaciones.
En conjunto, podemos apoyar la mayoría de las enmiendas propuestas por la ponente y quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a la señora van den Burg por el trabajo que ha realizado.
Thomas Wise,
   . – Señora Presidenta, «transparencia» es una palabra muy utilizada en el informe de la señora Van den Burg, pero el enorme revoltijo de comités y procesos que ella también describe no es transparente en absoluto. En primer lugar, se creó un Comité de Sabios sobre la regulación de los mercados de valores europeos. ¿Cuál fue la sabiduría que aportó? ¡Un enfoque regulador de cuatro niveles y la creación de dos comités más! Después la Comisión nombró cuatro grupos de expertos para que iniciaran el proceso de revisión del plan de acción. Eso fue en octubre de 2003, mucho antes de que se hubiese aplicado la totalidad del plan de acción. Por si eso no bastara, también hubo aportaciones de un grupo de seguimiento y otros cuatro comités.
¿Quién dijo «en caso de duda, reúna a un comité»? Solo un informe de una institución de la Unión Europea podría decir en serio que se trata de una potente receta para el éxito, al menos en términos de producción legislativa. La Unión Europea es muy buena produciendo leyes en serie: es transparentemente obvio. No obstante, quiero advertir los ciudadanos de a pie que viven allá en el mundo real, como los que se encuentran en nuestra tribuna de visitantes: para mí es transparente que se está creando más legislación, por lo que habrá más leyes que incumplir; existirá una mayor interferencia en cuestiones de pensiones y seguros; más organismos de supervisión a nivel europeo que anularán a los nacionales; y más puertas posteriores a través de las cuales la Unión Europea pretende interferir en la política tributaria nacional. El informe señala la existencia de directivas que se solapan, lo que podría dar pie a la formulación de requisitos duplicados y contradictorios. En el mundo real, esto se habría considerado una obra de ficción y no una propuesta seria.
Por lo tanto, la Unión Europea se confunde ella misma, pero en medio de la confusión quiero repetir una certeza transparente: si la Unión Europea es la respuesta, debe de haber sido una pregunta muy tonta. 
Sergej Kozlík (NI ).
    Hace unos años, el financiero estadounidense George Soros se lamentaba de las pérdidas multimillonarias sufridas por sus empresas en operaciones financieras, e instaba a los gobiernos de los países más poderosos del mundo a elaborar y aplicar unas reglas claras y a poner orden en los mercados financieros mundiales. Las operaciones en los mercados financieros mundiales y, sobre todo, en el comercio de instrumentos derivados, han registrado un crecimiento literalmente explosivo en los últimos años. Sus volúmenes y su dinamismo son mucho mayores que los de las operaciones financieras clásicas relacionadas con producción real, servicios y consumo de productos. Cualquier fluctuación o, si nos ponemos en lo peor, el colapso de solo una parte de esos mercados puede tener consecuencias graves para la economía mundial, por no hablar del hecho de que todos los acontecimientos negativos en los mercados financieros repercuten en el bolsillo y en el destino de los ciudadanos de la calle. En este sentido, agradezco el material presentado y el buen trabajo realizado por la ponente, la señora Van den Buró, como una contribución más a la búsqueda de una solución conceptual en este ámbito no solo para la Unión Europea, sino con la ambición de un enfoque intercontinental. 
Alexander Radwan (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, señor Comisario, yo también quiero empezar agradeciendo a la ponente su constructiva y excelente cooperación. Ha redactado un texto equilibrado que analiza el mercado financiero interior europeo –al que, en los últimos años, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha prestado gran atención– y, además de haber hecho un buen trabajo analizando la situación actual, mira también al futuro.
Para estar seguros, después de preparar un gran volumen de legislación, ahora tenemos que consolidarla; tenemos que asegurarnos no solo de que se aplique correctamente, sino también de que aprendamos de nuestra experiencia inicial con ella y de que afrontemos el próximo proyecto legislativo paso a paso, en lugar de apresurarnos como hicimos antes. Debemos tener también –en contra de lo que quisieran que hiciéramos algunos participantes en el mercado europeo– mucho cuidado con el concepto de armonización máxima. Puedo imaginarme a los que actualmente nos escriben exigiendo esa armonización máxima en asuntos relacionados con la protección del consumidor diciendo –una vez más– que estamos llevando demasiado lejos la armonización con la Directiva relativa a los créditos al consumo; por eso deben tener mucho cuidado cuando pidan algo así.
Esta Cámara lleva algún tiempo diciendo muy claramente cuál es su postura respecto al CERV; aunque nosotros estamos a favor del procedimiento Lamfalussy, queremos transparencia y participación, y todavía queda mucho margen para mejorar ambas cosas en el CERV. Esperamos que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la “compensación y liquidación”. Pido también al Comisario McCreevy que demuestre la misma sensibilidad e insista en la adopción de normas internacionales en un ámbito en el que los organismos internacionales siguen imponiendo cada vez más normas a las grandes empresas, que luego se aplican también a las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde se necesita un control democrático, y ahí es donde la Comisión y el Parlamento tienen que unirse y crear instituciones con ese propósito.
Permítanme que termine con un comentario sobre la supervisión europea. Considero que el planteamiento adoptado por «Basilea 2» –abordar esto con mucha precaución– es el adecuado para una propuesta. Debemos tratar de no apresurarnos demasiado en crear unas reglas de juego europeas, ignorando con ello las reglas de juego regionales y nacionales que ya tenemos. Las unas no deben sustituir a las otras. Por eso estoy a favor de un planteamiento ascendente, de manera que, aunque nos centremos en la regulación y supervisión europeas, procedamos despacio y desde abajo. Es intolerable que esas normas se impongan desde arriba. 
Manuel António dos Santos (PSE ).
   – Señora Presidenta, la creación de un mercado único para el sector de los servicios financieros constituye un factor determinante para la construcción del mercado interior y para promover un mayor desarrollo económico y social en Europa. 
En este contexto, el Plan de Acción para los Servicios Financieros (PASF), aprobado en 1999 y reforzado en los Consejos Europeos de Lisboa y Estocolmo, es una herramienta indispensable. Ahora todos reconocen que el PASF ha sido un éxito, puesto que 39 de las 42 medidas legislativas se han adoptado. Con todo, es prematuro emitir un veredicto definitivo, porque muchas de esas medidas no se han ejecutado todavía.
Por tanto, los esfuerzos deben canalizarse ahora a promover la transposición de las necesarias medidas de ejecución a las legislaciones nacionales y, sobre todo, a que su funcionamiento se controle de forma transparente y eficaz durante un cierto tiempo.
La vigilancia del PASF nos permitirá evaluar el efecto de la legislación en el buen funcionamiento de los mercados financieros europeos y en el desarrollo de medidas de promoción, de supervisión y antidiscriminatorias. Este tipo de vigilancia debe ser una prioridad urgente para la Comisión y los Estados miembros.
Entre las distintas cuestiones planteadas por la ponente, de conformidad con las directrices propuestas, quiero insistir, si me lo permiten, por su enorme importancia, en el llamamiento realizado a los Estados miembros para que transpongan rápidamente y con plena eficacia la Directiva sobre las instituciones de jubilación profesional, para aumentar las oportunidades y alternativas a disposición de los ahorradores y proporcionarles la máxima rentabilidad posible para sus inversiones. El mensaje fundamental de este informe es que los Estados miembros tienen que adoptar «los principios de una mejor regulación» oportunamente aprobados por la Comisión, y que tiene que existir una mayor convergencia de las prácticas nacionales de supervisión en relación con las medidas integradas en el PASF.
Quiero decir también que cualquier futura medida legislativa encaminada a corregir los fallos del mercado deberá incluir un análisis del coste/beneficio de su aplicación frente al resultado económico de su ausencia.
El informe de la señora Van der Burg aborda toda esta problemática de los servicios financieros con mucha sensatez, coherencia e inteligencia y, por eso, merece el apoyo de este Parlamento. 

Margarita Starkevičiūtė (ALDE ).
    Gracias, señor Presidente. Cuando hablamos sobre la integración de los mercados financieros, tenemos que considerar varios aspectos.
En primer lugar, las recomendaciones del Parlamento relativas a la mejora de esas actividades del mercado son importantes no solo para los profesionales, sino también para todos los ciudadanos de la Unión Europea, y eso es algo que no debemos olvidar. De una u otra forma, cuando suscribimos una póliza de seguro o utilizamos servicios bancarios, todos participamos en el mercado financiero. Además, si tenemos en cuenta las inversiones realizadas en el mercado de los fondos de pensiones, comprobamos que en los últimos tiempos la calidad de vida depende cada vez más de la actividad de los mercados financieros; el funcionamiento desordenado de una única institución puede ocasionar pérdidas a miles o incluso cientos de miles de ciudadanos. Ahora bien, no puede garantizarse una buena gestión de los mercados financieros solo con la transposición de un determinado reglamento, ya que puedo decirles por experiencia propia en mi país que esa transposición es costosa, difícil de realizar y, después de todo, no protege a los inversores, sino que simplemente frena el desarrollo del mercado.
En segundo lugar, no podemos esperar ningún progreso dentro del mercado único europeo si las legislaciones nacionales difieren. Tenemos que crear unas condiciones que favorezcan la afluencia de capitales al mercado europeo desde diferentes países del mundo, unos capitales que ahora no pueden venir por la existencia de barreras nacionales en el mercado financiero europeo. Por tanto, tiene que prestarse una gran atención a la legislación nacional que afecta a los mercados financieros y promover también las actividades de distintos grupos de trabajo.
En tercer lugar, la regulación actual de los mercados financieros está incompleta y fragmentada, y yo no comparto la sugerencia de frenar la adopción de nueva legislación para regular la actividad de los mercados financieros. Me parece importante que esa legislación fragmentada sea sustituida por directivas que lo incluyan todo y estén bien redactadas. De lo contrario, las instituciones locales emprenderán esas iniciativas legales, como ocurre en el caso de la compensación y liquidación. Por tanto, tenemos que crear unas condiciones favorables en Europa no solo para las grandes empresas, sino dando también cabida a las actividades de los negocios nacionales (pequeñas empresas) y de los ciudadanos particulares en el ámbito nacional. Gracias. 
Lars Wohlin (IND/DEM ).
    Señor Presidente, quiero hacer algunos comentarios sobre la resolución que hoy nos ocupa. 
En los últimos años se ha desarrollado una intensa actividad legislativa, en mi opinión casi excesiva. Quiero decir que los costes que soporta el sector financiero por la transposición de todas estas leyes nuevas es bastante elevado y cada vez mayor. Solo la transposición de toda la Directiva Basilea II está costando a los bancos mucho dinero. Por tanto, me gustaría que se limitaran las ambiciones legislativas en el futuro y se frenara el proceso en cierta medida. Por ejemplo, celebro que no presentáramos ninguna propuesta legislativa en materia de compensación y liquidación. Debe permitirse que funcione la competencia. No hay riesgo de monopolio. El desarrollo tecnológico está teniendo lugar tan deprisa que la competencia de los recién llegados está derribando los viejos monopolios.
Un ámbito en el que tengo claro que no quiero que se adopte nueva legislación es el de la gobernanza empresarial o la forma de administrar las empresas. Dejemos que el mercado se autorregule en este aspecto. Si los alemanes quieren tener sus propias reglas de gobernanza empresarial, debemos dejar que las tengan. Si los británicos quieren tener sus propias reglas, han de tenerlas también. El mercado financiero decidirá a su debido tiempo qué sistema le inspira más confianza. Atraerá el interés de los inversores. Yo creo en la competencia institucional. No debe establecerse un código común, regulado por una dirección general de la Comisión Europea.
El exceso de legislación hará demasiado rígido el sistema. Lo que se convierte en ley, luego es casi imposible de cambiar. Existe un gran riesgo de que terminemos con unos mercados financieros abrumados por conflictos y procesos legales, sentencias de los tribunales y todavía más medidas legislativas para rellenar lagunas en la legislación. Los términos armonización e igualdad de condiciones han abierto la puerta a un sofocante sistema legalista. Hay que dejar espacio para el reconocimiento mutuo de los respectivos sistemas.
La responsabilidad de supervisar los mercados financieros no debe recaer principalmente en la UE. Por el contrario, se necesita mejorar la coordinación entre las autoridades locales y nacionales de supervisión. No quiero que se cree un nuevo servicio de inspección de superfinanzas en la UE. 
Hans-Peter Martin (NI ).
    Señor Presidente, en estos últimos años hemos visto a un número relativamente grande de ciudadanos de clase media dejarse tentar por el atractivo de los instrumentos financieros, cuya utilización se reservaba antes a una elite muy reducida. Creyeron que podrían enriquecerse muy deprisa, solo para despertar a la amarga realidad. 
Quiero hacer dos sugerencias. En primer lugar, ¿no podían explicar las instituciones comunitarias a los ciudadanos europeos, en términos muy fáciles de comprender, exactamente qué instrumentos de ese tipo están actualmente disponibles, evaluando al mismo tiempo los riesgos que entrañan? En segundo lugar, ¿no podríamos seguir el ejemplo de los Estados Unidos, que por fin ahora está exigiendo transparencia y un cierto control al mundo de los fondos de cobertura? Europa necesita hacer lo mismo urgentemente. Los fondos de cobertura son los que realmente constituyen una lotería, los que pueden dar enormes dividendos, pero también pérdidas enormes, y los que, de hecho, mueven una y otra vez toda la estructura económica de Europa en su dirección. Esa es una cuestión que creo que debemos abordar como objetivo prioritario. 
Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este informe sobre el Plan de acción para los servicios financieros llega en un momento importante para la integración de los mercados financieros en Europa. Como ha oído, el Parlamento tiene una opinión unánime con respecto a esta cuestión y la votación en la comisión también fue prácticamente unánime.
Los últimos años han estado marcados por una profusa labor legislativa. Existen indicaciones claras de que los mercados necesitan ahora tiempo para digerir lo que se ha decidido. Como legisladores, deberíamos ser extremadamente sensibles a esta preocupación y centrar nuestros esfuerzos en lo que resulta esencial y beneficioso.
Espero que por su parte la Comisión asuma una estrategia doble. En primer lugar, en su calidad de principal depositaria de la iniciativa legislativa comunitaria, es fundamental que la Comisión se concentre en medios no legislativos para aplicar medidas en los mercados financieros, siempre que sea posible. Aparte de la legislación actualmente en curso, solo deberíamos recurrir a leyes rígidas cuando sea absolutamente necesario, es decir, después de que un exhaustivo análisis de impacto demuestre que los objetivos pretendidos no se pueden conseguir por medios no legislativos. Este planteamiento debería tener debidamente en cuenta las prácticas que se producen en el mercado y el principio de subsidiariedad.
En segundo lugar, en su función ejecutiva de la Unión Europea, la Comisión debería adoptar un riguroso planteamiento por lo que respecta a la aplicación. Se han adoptado 39 de las 42 medidas del PASF. Sin embargo, esto no ha sucedido con muchas medidas de aplicación y la transposición a la legislación nacional es solo el principio. La Comisión debería iniciar una revisión comparativa de la aplicación en los Estados miembros, con el fin de completar la arquitectura financiera de la Unión Europea según lo acordado.
El ritmo de integración en los mercados financieros ha sido mucho mejor que en muchos otros ámbitos. Esto se debe en gran medida a la conveniencia y flexibilidad inherentes al proceso Lamfalussy. Sin embargo, cuando vayamos más allá del PASF, el propio proceso debería tener en cuenta el nuevo entorno, con el fin de garantizar que el equilibrio adecuado de medidas legislativas y horizontales, las estructuras de transparencia, el control parlamentario y la consulta a las partes interesadas continúen mejorando. Por ejemplo, el diálogo estructurado entre la Unión Europea y los Estados Unidos y otros mercados de capitales mundiales podría alimentar de este modo mejor el proceso, reforzando así tanto el ámbito financiero europeo como estas relaciones.
Con respecto a la convergencia entre prácticas de supervisión, tenemos que ser realistas. El informe que tienen ante ustedes establece una útil estrategia para crear importantes prácticas de supervisión en la Unión Europea. Con una perspectiva a más largo plazo, siempre que se garantice la responsabilidad parlamentaria de cualquier nuevo organismo creado de este modo, podemos comprobar los beneficios de avanzar hacia un régimen de supervisión más uniforme para los mercados financieros. Una posible opción es un 26º régimen europeo de supervisión de actores globales. Todas estas opciones deberán dejarse abiertas y utilizarse cuando la Comisión lo considere necesario. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme que empiece diciendo que creo que tanto la Directiva relativa a los servicios como el mercado interior para los servicios financieros están a salvo en manos del Comisario, gracias a la buena cooperación que existe entre la Comisión y esta Cámara. 
Permítanme decir, en segundo lugar, que el plan de acción para los servicios financieros hasta 2005 ha sido un éxito; habiéndose adoptado ya 39 de 42 medidas, es un éxito en el camino que conduce a la creación del mercado financiero interior, y es un éxito como resultado del trabajo que ha hecho el Parlamento. Por muy necesarias que sean estas medidas, muchas personas consideran excesivo el número de medidas legislativas nuevas y necesarias. Pero se equivocan, porque el paquete de medidas tiene que ejecutarse en un plazo de tiempo muy corto, y el mercado interior no está todavía consolidado.
Consolidemos, pues, en lugar de regular en exceso, y ejecutemos en lugar de imponer demandas excesivas. Cuando, además, evaluemos la manera de ejecutar esas medidas, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Qué valor añadido ofrece el Plan de Acción Europeo propuesto a la Unión Europea? ¿Qué problemas han surgido? ¿Qué acciones tenemos que emprender? Las respuestas a esta última pregunta son evidentes: por ahora, no todos los Estados miembros de la Unión Europea han adoptado el euro como moneda común; eso debilita el mercado interior. La política fiscal es competencia de las autoridades nacionales y requiere unanimidad; eso también debilita el mercado interior. Las transferencias de pagos transfronterizos no están totalmente desarrolladas. Basilea 2 no ha entrado todavía en vigor, y todavía estamos esperando que se introduzca la «compensación y liquidación». Nuestro problema está en supervisar a las autoridades nacionales de supervisión y conseguir que colaboren con nosotros.
Aunque estamos a favor de Lamfalussy, no debe permitirse que produzca una pérdida de control democrático, de legitimidad democrática y de claridad en la toma de decisiones y la formación de opiniones. El momento oportuno para la acción dependerá de cuándo finalicemos la ejecución y de que sepamos con exactitud cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar juntos. 
Charlie McCreevy,
   .  Señor Presidente, como he indicado anteriormente, este informe marca el comienzo de una nueva era en los servicios financieros. Quiero dar las gracias a la señora Van den Burg por su interesante informe y por el importante esfuerzo que ha realizado para elaborarlo.
Basándome en este informe y en nuestra consulta a otras partes interesadas, la próxima semana, el 3 de mayo, tengo previsto presentar al Colegio de Comisarios un Libro Verde sobre la política de servicios financieros para los próximos cinco años. Presentaré este documento a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con más detalle el día 9 de mayo. El Libro Verde de la Comisión estará abierto para consulta pública hasta el 1 de agosto. Nuestras conclusiones finales sobre la política, derivadas de todo este trabajo, están previstas para finales de este año.
Se han planteado varias cuestiones e intentaré responder a algunas de ellas. La señora Van den Burg y la señora Kauppi han mencionado el informe «Himalaya». La Comisión considera que la integración debe venir acompañada de estructuras de supervisión ajustadas: cuanto más integrados estén los mercados, más integradas y convergentes han de ser también las estructuras de supervisión. En estos momentos considero que las estructuras de Lamfalussy son suficientes, pero es necesario controlarlas de cerca y adaptarlas de forma continua, o desarrollarlas más si es necesario. Solo tras una detenida evaluación podrían ser necesarias futuras iniciativas, con una estricta aplicación del principio de subsidiariedad.
Algunos oradores, entre los que se incluyen la señora Van den Burg y la señora Kauppi, han mencionado el denominado 26º régimen. Ese régimen puede sonar atractivo por su simplicidad, pero en la práctica precisará un cierto grado de armonización en todos los sentidos, sea en términos legales o fiscales, lingüísticos, etc. Los beneficios de esos programas del 26º régimen todavía están por demostrar y será difícil llegar a un acuerdo con respecto a las normas europeas opcionales diseñadas solo para ciertos productos. No obstante, tomo noto del actual debate y responderé a la petición de explorar más detenidamente esos programas del 26º régimen, tal y como se manifiesta explícitamente en el informe de la señora Van den Burg.
Tanto la señora Van den Burg como la señora Berès han mencionado los mercados minoristas. Estamos de acuerdo en que existen importantes obstáculos para la integración de los mercados de servicios financieros minoristas. La integración de los mercados minoristas es compleja y difícil. No obstante, esta no debería ser la conclusión, sino nuestro punto de partida. Las características de los productos, los sistemas de distribución, la protección del consumidor, el Derecho contractual, las diferencias de consumo, la cultura u otras realidades económicas o estructurales desempeñan una importante función en el ámbito minorista y representan una considerable complejidad para la oferta y la demanda transfronterizas. Sin embargo, estos obstáculos tienen su origen en la fragmentación del mercado europeo por razones históricas. La Comisión no acepta el argumento de que, dado que la integración europea aumenta, esta fragmentación va a mantenerse. En la próxima década, el mercado minorista será completamente diferente del mercado actual. Nuestra función consiste en prever y facilitar este progreso, y no en asustarnos ante las nuevas iniciativas.
La señora Purvis y la señora Berès han planteado la cuestión de la gestión de activos. Intentaremos actuar solamente cuando se hayan identificado los problemas y encontrado las posibles soluciones. Cuando los objetivos puedan lograrse mediante acciones no legislativas, evidentemente optaremos por esta vía. Puede que también necesitemos tratar esta cuestión de los cambios legislativos, si representan la única manera de garantizar las libertades del mercado único en el ámbito de los fondos de inversión.
El señor Radwan ha planteado varias cuestiones, inclusive una relativa a las normas emitidas con respecto a la compensación y liquidación. Debo señalar que la Comisión no está vinculada en modo alguno por las normas CESV del SEBC y que cualquier decisión política que pueda incluirse en una futura directiva sobre la compensación y liquidación primará sobre las normas CESV del SEBC.
El señor Radwan también ha planteado la cuestión de la gobernanza democrática y la responsabilidad política de los legisladores. La semana pasada estuve en los Estados Unidos. Como podrán ver, estamos trabajando mucho por influir en el proceso de reforma en curso dentro del Consejo de normas de contabilidad internacionales. Estamos analizando detenidamente los acuerdos propuestos para el Consejo de normas de contabilidad internacionales y el Comité de normas de auditoría internacionales, que elaborarán auditorías y normas nacionales. Durante esa reciente visita a los Estados Unidos avanzamos mucho en algunos de estos ámbitos.
El señor Wohlin ha planteado la cuestión del nuevo marco para las necesidades de capital. Ofrecen una serie de enfoques. Para los bancos que adoptan los enfoques más sencillos, los cambios con respecto a las normas existentes de Basilea I no son importantes, por lo que los costes de aplicación son razonablemente reducidos. Los bancos que adopten enfoques más sofisticados tendrán que gastar más, pero lo harán únicamente cuando se trate de una decisión comercial prudente y los beneficios sean superiores a los costes.
Los diputados han planteado otras cuestiones, que espero que se retomen en el tiempo que tenemos por delante.
En conclusión, me remito a lo que he dicho anteriormente: existe un considerable grado de convergencia entre la opinión del Parlamento Europeo, del Consejo, del sector, de los consumidores y de la Comisión. No dudo de que los próximos cinco años serán extremadamente exigentes. Dado que se han sentado las bases para una buena colaboración entre las instituciones, no dudo de que tendremos éxito.
Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0065/2005) de Henrik Lax, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por lo que respecta al mecanismo de reciprocidad (COM(2004)0437 - C6-0097/2004 2004/0141(CNS)). 
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, permítame que ante todo agradezca al ponente su informe y su apoyo general a la propuesta de la Comisión.
Los orígenes de esta propuesta tienen que ver con una doble observación. De un lado, la reciprocidad es un principio esencial en cuestiones de visados. De otro lado, el mecanismo establecido en el Reglamento 539/2001 para garantizar el respeto de la reciprocidad es inviable, esencialmente debido a su carácter inflexible y automático. Debido a ello, hace más de tres años que no se ha utilizado el mecanismo, y de hecho desde que entró en vigor el Reglamento, por mucho que continuaran produciéndose situaciones de falta de reciprocidad con respecto a antiguos Estados miembros y el número de casos de no reciprocidad se incrementó a un ritmo considerable con la llegada de los nuevos Estados miembros.
Por lo tanto, la Comisión ha propuesto un mecanismo más flexible y realista, que por consiguiente es más creíble y eficaz. Todas las situaciones de no reciprocidad estarán sujetas a notificación. La Comisión desempeñará un papel activo con respecto a terceros países que apliquen requisitos de visado. Elaborará un informe para el Consejo sobre la situación de no reciprocidad creada de este modo y, en caso necesario, propondrá la reintroducción del requisito de visado para los ciudadanos de los terceros países correspondientes.
Las enmiendas que ha propuesto el señor Lax pretenden tres objetivos diferentes. El primero es ampliar el mecanismo a una serie de situaciones que no se relacionan exclusivamente con las excenciones de visado, sino también con las condiciones para expedir visados. Esta ampliación tropieza con el obstáculo del fundamento jurídico del Reglamento. Asimismo, al pretender incorporar toda una serie de cuestiones que en realidad son de menor importancia, se corre el riesgo de debilitar el mecanismo de reciprocidad, que tiene que seguir centrándose en una cuestión esencial, identificada como tal por los ciudadanos, en concreto el mantenimiento del requisito de visado para terceros países que a su vez han sido declarados exentos de este requisito por parte de nuestros Estados miembros. El Programa de La Haya confirma que allí es donde radica el problema que hay que resolver con carácter prioritario.
El segundo objetivo es impedir que las situaciones de falta de reciprocidad se mantengan indefinidamente, e incluir la posibilidad de responder con medidas en el ámbito de las relaciones exteriores. Me complace señalar al ponente que comparto el enfoque general de esta enmienda y también tengo que decirles que la orientación política adoptada en el Consejo JAI del 24 de febrero apunta en la misma dirección. Sin embargo, no puedo aceptar la vinculación del poder de iniciativa de la Comisión en lo referente a la propuesta de medidas provisionales, ni tampoco, por motivos de fundamento jurídico, la ampliación del derecho de iniciativa de la Comisión en los contextos actuales de propuestas de medidas relacionadas con ámbitos distintos de la política de visados.
Por último, el tercer objetivo: incluir al Parlamento Europeo en cada etapa del proceso. Por supuesto, hay que garantizar la transparencia necesaria, pero el mecanismo de reciprocidad ha de continuar siendo un instrumento flexible al que se pueda acceder rápidamente, y que –y este es el punto principal– ha de permitir medidas provisionales. El restablecimiento temporal del requisito de visado para terceros países se sitúa, de hecho, en un plano distinto del de la transferencia de un país tercero a una lista de países sujetos al requisito de visado, tal como se contempla en el anexo del Reglamento 539/2001. Una transferencia de este tipo consiste en una enmienda del Reglamento y, como tal, es el Consejo naturalmente quien lo decide, previa consulta con el Parlamento Europeo.
Por último, con un mecanismo de reciprocidad reforzado, la Comisión estará en condiciones de responder a la petición formal del Consejo Europeo del 4 y 5 de noviembre: continuar nuestros esfuerzos para garantizar que, tan pronto como sea posible, los ciudadanos de todos los Estados miembros puedan viajar sin visado, en caso de viajes de corta duración, a todos los países cuyos ciudadanos viajan sin visado dentro de la Unión Europea. 
Henrik Lax (ALDE ),
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías.
Como acabamos de escuchar, la ampliación de la Unión Europea ha cambiado la manera de plantear la cuestión de la política europea en materia de visados. Los ciudadanos de algunos de los nuevos Estados miembros necesitan visados para viajar a Estados Unidos, a pesar de que los ciudadanos estadounidenses no necesitan visados para viajar a los nuevos Estados miembros. En esos casos, se incumple el principio de reciprocidad entre países. Es fácil de comprender por qué los ciudadanos suponen que la UE debe hacer grandes esfuerzos para promover la libertad de circulación, sobre todo teniendo en cuenta que la política en materia de visados está armonizada y pertenece de lleno al ámbito de competencias de la Comisión. Por consiguiente, la Comisión debe actuar como un rompehielos.
Hace unos meses, el que fuera Presidente de Polonia, Lech Walesa, pasó la noche en una tienda de campaña a las puertas de la Casa Blanca en Washington, para protestar contra la obligación de visado impuesta por Estados Unidos, un buen ejemplo de lo candente que está la cuestión. La UE dispone de un arma para hacer frente a casos como este, y es el mecanismo de reciprocidad. Por ejemplo, Polonia y Grecia pueden remitir una notificación a la Comisión denunciando que, en sus casos, Estados Unidos no está respetando la reciprocidad. Finlandia puede hacer otro tanto con relación a Venezuela, etc. Esa notificación debería llevar al conjunto de la UE a introducir la obligación de visado para los ciudadanos de los terceros países afectados, pero el mecanismo no se ha utilizado ni siquiera una vez por considerar que sus consecuencias tendrían demasiado alcance y serían difíciles de afrontar.
Mi informe, que ha sido aprobado por la comisión responsable, propone que la Comisión disponga de un conjunto más amplio de herramientas. La UE debe poder recurrir a otras sanciones y no limitarse a introducir automáticamente una obligación de visado. El informe concede a los respectivos Estados miembros tres meses – un período más largo que el propuesto por la Comisión – para negociar con el tercer país. Además, yo propongo que se adopten medidas más estrictas desde el momento en que la Comisión se ocupe del asunto. No puede permitirse un aplazamiento de las decisiones relativas a las sanciones. Los ciudadanos de los Estados miembros afectados han de tener la garantía de que sus casos serán remitidos a las más altas instancias y darán lugar a la toma de una decisión. Una gran mayoría de la comisión se ha mostrado a favor de esta política. Pero algunos diputados al Parlamento Europeo han preferido el mecanismo actual, por considerar que conseguiría mejores resultados. Por mi parte, creo que las recomendaciones del informe mejorarán la eficiencia y los resultados, fortalecerán la posición negociadora de la Comisión respecto a terceros países y, gracias a la participación del Parlamento Europeo, permitirán que los ciudadanos comprendan mejor el proceso.
El informe contiene también un nuevo elemento, que en mi opinión la Comisión y el Consejo deben ponderar con cuidado. Existen innumerables casos, sobre todo en la frontera oriental de la UE, en que un tercer país, con muy poca antelación, ha hecho más estrictas sus condiciones para la concesión de visados. Existen ejemplos de viajeros que han tenido obligatoriamente que suscribir seguros de viaje únicamente con entidades de seguros rusas. Los motoristas lituanos se han visto obligados a suscribir seguros automovilísticos especiales para poder conducir hasta Kaliningrado, y han tenido que registrarse ante las autoridades locales en un plazo de tres días. En la misma semana en que una compañía naviera pensaba empezar a ofrecer un servicio de transbordadores a San Petersburgo, se modificaron las normas de los visados, con el resultado de que dicha compañía naviera tuvo que retirar su nuevo servicio. Nuestros estudiantes en las universidades rusas no reciben automáticamente un visado por un año, y si a alguien le roban el visado, se ve inmerso en un interminable y costosísimo proceso burocrático. Por poner un ejemplo: hasta los niños pequeños tienen que presentar los resultados de una prueba de VIH para obtener un visado ruso de larga duración.
Desde la perspectiva de Bruselas, puede que todas estas cuestiones parezcan triviales, pero causan muchas molestias y pérdidas económicas a los afectados. Una gran mayoría de la comisión ha considerado que los Estados miembros deben poder remitir esos casos a la Comisión si los requisitos impuestos suponen una limitación importante en las oportunidades de viajar de los ciudadanos. En realidad, esos casos casi siempre implican la ausencia de reciprocidad. Puesto que la UE tiene que actuar en beneficio de nuestros ciudadanos, es extremadamente importante, como ha dicho el Comisario Frattini, que estos problemas se tomen en serio, aunque puedan parecer menos serios que la cuestión principal de si existe o no una obligación de visado.
Cuando el Parlamento – presumiblemente por una gran mayoría – apruebe ahora el informe, enviará una señal clara a la Comisión y al Consejo de Ministros para que empiecen a esbozar un mecanismo que tenga en cuenta las necesidades cotidianas de los ciudadanos cuando se les impone la obligación de visado. Mi informe contiene una propuesta que puede servir como punto de partida. Si se hubiera llamado nuestra atención sobre esta cuestión a principios de año, se habría podido aplicar el procedimiento de codecisión. Y aunque ahora se está aplicando el procedimiento de consulta, el Consejo y la Comisión tienen también razones para ponderar la importancia de que se tenga en cuenta la enmienda del Parlamento. También es importante que la Comisión inicie rápidamente una revisión de las instrucciones consulares, de manera que se aplique la normativa europea sobre visados por igual a todos los Estados miembros. La tormenta que se ha desencadenado en torno al Primer Ministro alemán, Joschka Fischer, demuestra la necesidad de esa revisión.
Dicho lo cual, quiero dar las gracias también a todos los que han contribuido al trabajo, entre ellos mis colegas diputados y los funcionarios de la Comisión y el Parlamento. Seguiré con interés el debate que se va a celebrar a continuación. 
Barbara Kudrycka,
   .   Señor Presidente, el mecanismo de reciprocidad aplicado hasta la fecha en el marco de la política sobre visados de la Unión Europea ha permitido imponer sanciones extremadamente duras a terceros países cuando un Estado miembro declaraba que el uso obligatorio de visados le colocaba en situación de desventaja. El 7 de julio de 2004, tras la entrada de diez nuevos Estados miembros en la UE, la Comisión relajó las disposiciones contenidas en ese reglamento de tal forma que se eliminó el mecanismo de reciprocidad contemplado en el proyecto de reglamento. Esa medida ha tenido como resultado una situación absurda en la que 9 de los 10 nuevos Estados miembros se han visto obligados a aceptar ciudadanos de terceros países, por ejemplo de Estados Unidos, sin necesidad de visados, mientras que los ciudadanos de esos Estados miembros necesitaban visados para viajar a dichos terceros países. Creo que el señor Lax ha presentado lo que es, en conjunto, un excelente informe, pero aunque introduce una serie de plazos y procedimientos adicionales que pueden aplicarse por medios diplomáticos, no obliga al Consejo ni a la Comisión a imponer sanciones más estrictas. El informe deja en manos de la Comisión la decisión de imponer la obligación de visado a los ciudadanos de un tercer país o de imponer otras medidas mucho menos efectivas. En mi opinión, el hecho de dejar que la Comisión decida en esto demuestra falta de resolución y supondría una protección insuficiente para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Este tipo de planteamiento enviaría una clara señal en el sentido de que la solidaridad mutua entre los Estados miembros de la UE y frente a terceros países ha dejado mucho que desear en la práctica desde la adhesión de los nuevos Estados miembros. Desde la entrada de estos en la UE, se ha aplicado un doble rasero, con un mecanismo para los 15 antiguos Estados miembros y otro en el que la solidaridad es menos aparente para la UE de 25. El resultado final es que las diferencias entre la situación de los ciudadanos de la nueva y la antigua UE se han hecho todavía más pronunciadas, puesto que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros están sujetos a restricciones adicionales cuando viajan fuera de la UE. En vista de todo ello, me parece sorprendente que algunas personas puedan hablar de un nuevo concepto de ciudadanía europea cuando algunos de los ciudadanos de la UE disfrutan de unos derechos y unas obligaciones totalmente diferentes al resto, considerados de segundo orden.
Visto desde la perspectiva de los nuevos Estados miembros, los costes de la ampliación han pesado más que sus ventajas hasta la fecha. Nos vimos obligados a adaptar nuestra legislación a la política de visados de la UE, un proceso extremadamente costoso, y a introducir visados para nuestros vecinos orientales. Pero las ventajas que hemos obtenido son pocas. Seguimos sin poder conceder visados Schengen, y tampoco podemos contar con la ayuda de la UE en lo que respecta a la reciprocidad de los visados. Además, los Estados miembros de la UE que nos exigen que apliquemos la política común de visados son los mismos que están teniendo problemas con su aplicación, como Alemania.
Señor Comisario Frattini, quiero dejar claro que si entra en vigor el mecanismo modificado, nosotros insistiremos a la Comisión para que cumpla con sus obligaciones. Quisiera también recibir una respuesta clara a la pregunta de si podemos esperar que la Comisión presente un plan de acción en el que se fijen claramente unos plazos para el logro de los objetivos relacionados con la abolición de visados para viajar a los Estados Unidos, y en el que se utilicen las evaluaciones de Schengen de los nuevos Estados miembros como marco de referencia. Eso beneficiaría en gran medida a todos los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. 
Marie-Line Reynaud,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, primero quiero agradecer, en particular al señor Lax, nuestro excelente esfuerzo de colaboración.
El Parlamento está a punto de fijar su posición sobre una cuestión crucial: el mecanismo de reciprocidad para los visados. Detrás de la aridez de los términos técnicos se halla, de hecho, una realidad muy importante: la de sustanciar e impulsar, de manera positiva y tangible, la cooperación entre los Estados miembros ante las relaciones complejas de una Unión ampliada con terceros países sobre el tema de los visados.
En este aspecto abordamos algo que reside en el núcleo de lo que constituye la riqueza de Europa, a saber, el respeto de la ley en todas sus formas en la paz y la armonía recuperadas. Pretendemos desarrollar una paz armoniosa entre Europa y el resto del mundo, donde las fronteras no son muros que se elevan entre una parte y otra, dividiendo a personas y naciones. Tenemos que garantizar que Europa sea un espacio reconocido, donde sea posible ir y venir sin interferencias, en buena relación con terceros países cercanos o lejanos. También se trata de un acto de confianza hacia nuestros 420 millones de ciudadanos. Asimismo, ahora resulta necesario, al avanzar en esta dirección, revisar completamente un método que favorece un enfoque demasiado inflexible.
Señorías, el informe que les pido que aprueben da una nueva visión de las enmiendas que es necesario incluir en el Reglamento vigente desde 2001. En este contexto, pongo de manifiesto que estoy plenamente interesada en el principio de descartar la sistematización de sanciones que se aplican actualmente en caso de descuido de una u otra parte entre la Unión Europea y los terceros países en cuestión. Estas represalias se derivan a menudo, bien de una cuestión técnica o incluso administrativa, bien de decisiones políticas inadecuadas, que es crucial tratar de resolver en primer lugar por la vía diplomática. En su estado actual, la reciprocidad de las sanciones no es ni deseable ni adecuada para responder a cuestiones a menudo complejas que suceden todos los días. En última instancia, de hecho, son nuestros ciudadanos quienes pagan un alto precio por ello al no permitírseles viajar libremente, sin mencionar las molestias onerosas que ello provoca. Por este motivo, de acuerdo con un plan elaborado de manera razonable, es necesario crear un foro de debate, donde el Parlamento pueda participar de pleno derecho.
Nuestra legitimidad como representantes elegidos de los ciudadanos también se halla en el meollo de este informe que, durante el trabajo en comisión, ha sido objeto de un amplio consenso en torno al nuevo planteamiento. En particular, debemos garantizar efectivamente a todos los ciudadanos europeos la libre circulación sin obstáculos fuera de las fronteras de la Unión. Por consiguiente, el Parlamento tiene que participar de lleno en este proceso, ya que es claramente el garante legítimo de la transparencia al asumir la responsabilidad democrática legítima que su electorado le ha conferido. Esto en modo alguno reduce las prerrogativas de la Comisión, cuyas funciones resultan reforzadas de forma muy destacada por lo que puede parecer ser un negociador creíble a los ojos de los terceros países afectados.
Señorías, esta es la razón por la cual les pido que voten mañana a favor de este texto. Representa una combinación satisfactoria de las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo europeos, que están unidos al servicio de los ciudadanos y del proyecto que tenemos en mucha estima: el de construir una Unión Europea sólida sobre los valores de la libertad, la seguridad y la justicia. 
Szent-Iványi, István,
   .  Señor Presidente, el mecanismo de reciprocidad se introdujo hace cuatro años, pero no se ha aplicado ni una sola vez. Ese hecho, por sí solo, nos lleva a considerar su renovación y modificación. Por una parte, el sistema era demasiado rígido; por otra, no se ha utilizado porque no ha vulnerado de manera importante los intereses de ningún Estado miembro. Ahora bien, las cosas han cambiado mucho con la ampliación. El mecanismo de reciprocidad no se aplica en el caso de diecinueve países. Mis colegas se han referido a los Estados Unidos, pero hay también otros países, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en los que no se aplica la reciprocidad.
La discriminación entre los ciudadanos de la UE es simplemente inaceptable. El fundamento de este mecanismo –así como de toda la UE– es la solidaridad, una solidaridad que no ha funcionado hasta la fecha. Esperamos que la aprobación del nuevo Reglamento contribuya a una aplicación más eficiente de la solidaridad. Si hablan con los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, y no me refiero con los políticos, puesto que ellos no son los realmente afectados por este problema, sino con los ciudadanos de la calle, les explicarán la carga administrativa y económica que supone y la gran cantidad de tiempo y energía que se pierde en el proceso de obtener un visado para Estados Unidos, y eso si el que lo solicita tiene la suerte de conseguirlo. Hay miles de casos en los que se niega el visado sin razones que lo justifiquen, rechazándose simplemente la solicitud.
Ya es hora de que la Comisión actúe con firmeza en nombre de la Comunidad sobre la base de la solidaridad entre los Estados miembros y espero que el señor Frattini aproveche esta oportunidad y tome las medidas oportunas. El presente informe constituye una buena base para ello. Quiero felicitar al señor Lax por su excelente informe y destacar tres de sus propuestas fundamentales que tienen que aprobarse. Propone prolongar el período de notificación de 10 a 90 días para permitir negociaciones directas entre los distintos Estados miembros, pero después de esos 90 días entraría en vigor el mecanismo de reciprocidad. Es también importante que implique al Parlamento en este proceso, no solo para poner de manifiesto la autoridad y la importancia del Parlamento, sino también para mejorar la transparencia democrática. Otro punto importante es que no solo se habla de las obligaciones de visado, sino también de cualquier tipo de procedimiento que se convierta en un obstáculo para la libre circulación. Esperamos que con la aprobación del nuevo mecanismo y sus enmiendas, la Comisión haga pleno uso de su autoridad en aquellos casos en que se vean vulnerados los intereses fundamentales de los Estados miembros. Hoy, los intereses básicos de los nueve nuevos Estados miembros se están viendo vulnerados, y esperamos que la Comisión finalice con éxito las negociaciones con respecto a esta nueva resolución. 
Carlos Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señor Frattini, Señorías, somos partidarios de la reciprocidad como un principio fundamental de la política de visados y defendemos que una política común europea en materia de visados debe basarse siempre en el principio de la solidaridad. Hace falta un mecanismo que trate de asegurar que los ciudadanos europeos no se vean obligados a obtener un visado para viajar a terceros países cuyos ciudadanos no necesitan visado para entrar en el territorio de la UE. Pero una serie de terceros países exigen visados a los ciudadanos de la UE, y eso va en contra del principio de reciprocidad. El mecanismo existente nunca se ha aplicado desde su creación en 2001 y el señor Frattini ha reconocido, con toda razón, que peca de excesiva rigidez y falta de funcionalidad. Aparte de que el mecanismo puede aplicarse solo si lo solicita un Estado miembro víctima, la naturaleza casi automática de la reposición de la obligación de visado acaba por tener un carácter disuasorio, toda vez que comporta riesgos excesivos de provocar crisis externas en las relaciones con terceros países, y crisis internas por falta de solidaridad en el caso de un eventual bloqueo del Consejo. Los Estados miembros víctimas, como es mi país, Portugal, siempre se han abstenido de utilizarlos.
La situación se ha deteriorado desde la ampliación. Ya se ha dicho que, por ejemplo, los Estados Unidos exigen visado a nueve de los diez nuevos Estados miembros, y Canadá a siete. Por todo ello, estamos de acuerdo en la necesidad de crear un mecanismo que sea más flexible, de forma que se asegure una mayor interoperabilidad y una aplicación más efectiva, reforzando con ello el principio de solidaridad entre los Estados miembros. La Comisión tendrá también un papel crucial por su competencia en materia de visados.
De ahí mi apoyo a esta propuesta y a las propuestas presentadas por el ponente, señor Lax, a quien felicito por su excelente trabajo. 
Jan Jerzy Kułakowski (ALDE ).
      Señor Comisario, Señorías, quiero empezar agradeciendo al señor Lax su trabajo, gracias al cual hoy podemos debatir el mecanismo de reciprocidad y decidir sobre la cuestión. Simplemente quiero llamar la atención de la Cámara sobre una cuestión planteada por la señora Kudrycka, y que el señor Lax también ha mencionado hace un momento. Existe el riesgo de que algunos Estados miembros y sus ciudadanos no reciban el mismo trato, sobre todo en lo que respecta a la concesión de visados para entrar en los Estados Unidos.
En principio, la propuesta de conceder a la Comisión y al Consejo poderes en este ámbito es una idea eminentemente buena. Pero al mismo tiempo, las competencias de los Estados miembros deben ampliarse también algo, porque de lo contrario será difícil que puedan ejercerlas. Quiero hacer hincapié en una cuestión que han planteado otros oradores, y es que este es uno de los muchos casos, y quizás el más importante, en los que debemos invocar un principio fundamental de la Unión Europea. Me refiero al principio de la solidaridad y el trato igualitario para todos los Estados miembros y sus ciudadanos. Al fin y al cabo, todos ellos son ciudadanos de la Unión Europea y, como tales, están en igualdad de condiciones los unos frente a los otros. 
Stanisław Jałowiecki (PPE-DE ).
      Señor Presidente, señor Comisario, el concepto de reciprocidad es tan antiguo como la historia de las relaciones internacionales. Tiene sus raíces en la tradición del respeto mutuo y la igualdad de trato para los ciudadanos de diferentes países. Hasta el 1 de mayo de 2004, se trataba de un principio obvio para los antiguos Estados miembros que nadie cuestionaba. Pero desde la adhesión de los 10 nuevos Estados miembros a la UE, la actitud de la gente hacia este principio empezó a cambiar de pronto. Empezaron a practicar la , que significa básicamente relajar los propios principios para adaptarlos a la realidad, en lugar de modificar la realidad para adaptarla a los propios principios. En mi opinión, la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento relativo al mecanismo de reciprocidad es un ejemplo más de . Estas enmiendas son inaceptables para los ciudadanos polacos por varias razones. En primer lugar, los polacos han considerado siempre injusta la ausencia de reciprocidad en los acuerdos de visados celebrados con algunos países, en particular con los Estados Unidos. En segundo lugar, tenían todo el derecho a esperar que cuando entrasen en la Unión Europea, que es una comunidad de naciones, dicha comunidad asumiría parte de la responsabilidad de defender los intereses de Polonia, en virtud del principio de subsidiariedad aplicado en su sentido más amplio. Pero una vez más, sus expectativas se han visto defraudadas y el fastuoso grito de los mosqueteros de «todos para uno y uno para todos» que estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez, se ha visto relegado al mundo de la ficción. Esa es otra razón por la que no puedo votar a favor del presente informe, a pesar de o precisamente por tener doble nacionalidad polaca y americana. A modo de comentario general, no puedo evitar preguntarme qué ha sucedido con la integridad de la política de la Unión Europea. Quiero preguntar al Comisario y al Presidente cómo se puede esperar que la Comunidad Europea internacional haga gala de algún poder en la escena internacional si hacemos concesiones de tan largo alcance en un asunto como este, que parece bastante sencillo.
Franco Frattini,
   . Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos aquellos que han intervenido y, una vez más, al ponente.
La Comisión es plenamente consciente de que la cuestión que abordamos hoy supone un problema real para los ciudadanos, que les hace perder tiempo y dinero y que sobre todo provoca una sensación de injusticia. Se trata de un asunto político que consideramos muy seriamente y la Comisión tendrá sin duda en cuenta las decisiones que tome el Parlamento.
Estamos convencidos de que lo que precisamos es rapidez y eficacia. Ustedes saben que si se aprueba esta iniciativa, como espero que ocurra, y una vez notificada a los Estados miembros, el asunto pasará automáticamente a la Comisión para su negociación, con mayor rapidez y eficacia que ahora. Se aplicará el principio de solidaridad y esto también es un punto político importante. Tal como ha expuesto tan hábilmente el señor Coelho, precisamos respuestas políticas y diplomáticas, y esta es la senda que la Comisión pretende seguir.
Puedo asegurarles que ya hemos establecido relaciones y contactos políticos precisamente con los países no comunitarios que han mencionado –los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda– para establecer un sistema que garantice a todos los Estados miembros, antiguos o nuevos, la libre circulación sin visado. Propondremos medidas concretas, tal como se ha solicitado, además de plazos firmes. Asimismo, estamos realizando esfuerzos para que todos los nuevos Estados miembros se adhieran al espacio de Schengen en 2007. Saben muy bien que será necesaria la evaluación individualizada, pero estamos luchando por ayudar a todos los nuevos Estados miembros a que estén en ese momento en condiciones de adherirse al espacio europeo sin fronteras interiores. 
Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A6-0084/2005), en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, por lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen por parte de los servicios de los Estados miembros competentes para la expedición de los certificados de matriculación de vehículos (14238/1/2004 – C6-0007/2005 – 2003/0198(COD)) (Ponente: Sr. Coelho). 
Carlos Coelho (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señor Frattini, Señorías, todos queremos luchar contra el robo y el comercio ilegal de vehículos robados. Se trata de un tipo de delito cada vez más frecuente, con más de un millón de vehículos robados cada año, de los cuales se recuperan menos del 40%.
Es un problema preocupante, no solo desde el punto de vista económico, sino sobre todo por su relación con otras formas de criminalidad como el tráfico de drogas, de armas o de seres humanos. Constituye también una actividad muy lucrativa que, sin implicar grandes riesgos, se ha hecho muy atractiva para las redes de delincuencia organizada. Por tanto, se hace urgente adoptar nuevas medidas para luchar contra este tipo de delito. En una Europa en la que se han abolido los controles en las fronteras, tiene que encontrarse una respuesta con medidas eficaces a escala comunitaria. Esta propuesta pretende que las autoridades públicas competentes para la matriculación de vehículos tengan derecho a acceder directamente a determinadas categorías de datos contenidos en el Sistema de Información de Schengen (SIS) y que, a su vez, los servicios privados de matriculación de vehículos tengan exclusivamente el derecho a recibir el acceso de modo indirecto, es decir, a través de una autoridad pública con acceso al SIS. Se pretende, de esta forma, contribuir a que el SIS sea un instrumento aún más importante en el ámbito de la lucha contra la criminalidad. Es necesario controlar de forma más rápida y eficaz si los vehículos cuya matriculación se solicita han sido robados, apropiados indebidamente o extraviados.
Hemos mejorado también el funcionamiento del mercado interior reforzando el principio de libre circulación y, en consecuencia, hemos favorecido la creación progresiva del espacio de libertad, seguridad y justicia, junto con la aplicación de la política común de transporte.
Este acceso directo permitirá que los vehículos robados en un país no puedan matricularse –y, por tanto, legalizarse– en otro país, un proceso que a veces tarda en realizarse menos de 24 horas. Dos razones justifican esta medida: primero, la eficiencia –en la UE hay millones de vehículos matriculados y el acceso directo permitirá, de forma fácil y rápida, conocer la situación legal de un vehículo; y segundo, la transparencia–, actualmente los diversos Estados miembros tienen formas diferentes de controlar, en el momento de la matriculación del vehículo, si este ha sido robado. Todas esas formas son más o menos opacas y complicadas. La solución propuesta en el ámbito del Convenio de Schengen es más transparente y ofrece más garantías que la situación actual.
Queremos seguir preservando la protección de los datos y la privacidad de nuestros ciudadanos. Por eso, hemos restringido el tipo de datos a los que se puede tener acceso y propuesto que se suprima el acceso a datos relacionados con documentos de identidad y documentos oficiales en blanco, como aconsejó la Autoridad Común de Control. El tipo de datos a los que tendrán acceso las autoridades competentes para la matriculación de vehículos se establece claramente y se limita en términos de lo que es necesario y apropiado.
Quiero decir también que la Directiva 95/46 relativa a la protección de datos personales es aplicable en este caso, junto con las normas específicas del Convenio de Schengen relativas a la protección de datos. Queremos tener la certeza de que esas normas sean efectivamente respetadas y vigiladas. Por eso es importante que las autoridades responsables de la protección de datos dispongan de recursos suficientes para realizar su trabajo y que los Estados miembros se comprometan firmemente en la defensa del derecho fundamental a la protección de datos.
En abril de 2004 aprobamos mi informe en primera lectura, en el que se proponen diez enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión. En diciembre de 2004 se aprobó una posición común del Consejo. Acojo de forma muy favorable esa posición común y celebro que, al aceptar siete de las diez enmiendas propuestas, se hayan seguido, en lo esencial, las recomendaciones del Parlamento. En cuanto a las tres enmiendas no aceptadas, quiero mencionar en primer lugar la enmienda 4. He retirado esa enmienda porque ha dejado de ser relevante, toda vez que el 24 de febrero de 2005, el Consejo aprobó finalmente la iniciativa del Reino de España con vistas a la aprobación de un reglamento del Consejo relativo a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, particularmente en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo; en segundo lugar, la enmienda 11: se trataba de un intento de modificar las normas relativas a la protección de datos para el SIS, pero estoy de acuerdo en que esa cuestión debe tratarse en el ámbito de la propuesta jurídica relativa a SIS II, una segunda generación del SIS; y, tercero, la enmienda 10, que pedía la presentación de un informe anual sobre la aplicación del acceso propuesto por parte de las autoridades competentes.
Quiero insistir en la necesidad de que el Parlamento reciba un informe que le permita realizar una evaluación del sistema para poder ejercer sus funciones como poder legislativo y como autoridad presupuestaria. Propongo una formulación ligeramente diferente que, después de una reunión informal con la Presidencia luxemburguesa, presumo que podrá ser aceptada por el Consejo. 
Están así creadas las condiciones para que se pueda aprobar finalmente este acto jurídico y pueda entrar en vigor esta útil medida. Con eso, señor Presidente, contribuiremos a combatir la criminalidad y a reforzar la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Franco Frattini,
   .  Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Coelho, por su informe. Nuestro objetivo es prevenir y combatir el comercio ilegal de vehículos robados y mejorar el funcionamiento del mercado interior. La propuesta que estamos debatiendo hoy también ofrece un mejor uso de la base de datos europea más importante de vehículos robados, el Sistema de Información de Schengen.
Los intereses financieros en juego son enormes, dado que se matriculan millones de vehículos al año y cada 10 o 15 segundos se roba un vehículo, como también ha subrayado el ponente. Puesto que el robo de vehículos es uno de los principales delitos que afectan a los ciudadanos directamente, el hecho de que trabajemos juntos para reducirlo tendrá un efecto inconmensurable sobre su seguridad.
Proponemos que, en ciertas condiciones, las autoridades nacionales de matriculación de vehículos puedan consultar los registros de datos del SIS relativos a vehículos robados y documentos de vehículos robados, antes de matricular un vehículo que ya esté matriculado en otro Estado Schengen. Esta información dificultará la venta de vehículos robados en otros Estados Schengen. Al mismo tiempo, aumentará las oportunidades de las víctimas de reclamar su propiedad perdida. Se trata de una forma excelente en la que Europa puede servir a sus ciudadanos y promover una cooperación operativa concreta.
Nuestra propuesta también permitirá que el proceso de ejecución de leyes sea más sencillo de gestionar, facilitando el acceso a la información. Estoy de acuerdo con el ponente en que la situación actual dista de ser transparente. En vista de los millones de vehículos que se presentan para la matriculación cada año, las autoridades carecen de recursos para comprobar todos los vehículos de acuerdo con los requisitos actuales. Nuestra propuesta permitirá este acceso sobre la base de un conjunto de normas y principios de protección de datos transparentes y seguros. El cumplimiento de las normas se controlará de manera similar a otras búsquedas en el SIS. Las consideraciones relativas a la protección de datos nos hacen diferenciar entre acuerdos de acceso para organismos de matriculación de vehículos públicos y privados.
Finalmente, la Comisión acoge con satisfacción las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo, en particular la enmienda 3, que prevé un sistema de informes con el fin de recopilar datos fiables. Obviamente cuando el SIS II esté funcionando, la Comisión garantizará un sistema regular de informes. 

Martine Roure
   , . – Señor Presidente, quiero primero elogiar las productivas relaciones de trabajo que mantenemos en general con el señor Coelho. Tenía muchas ganas de señalarlo.
La propuesta que estamos examinando hoy en segunda lectura da acceso a las autoridades nacionales competentes para la matriculación de vehículos a determinadas categorías del Sistema de Información de Schengen. El objetivo claro de esta normativa es la lucha contra el robo organizado de vehículos, que todos estamos de acuerdo en que es una de nuestras prioridades. Sin embargo, somos más reservados con respecto al acceso ilimitado a las bases de datos europeas. De hecho, tenemos que asegurarnos de que los datos personales estén rigurosamente protegidos. Para que exista un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de la vida privada de los ciudadanos europeos, todas las decisiones que se tomen tendrán, asimismo, que respetar los principios de proporcionalidad y finalidad. Creo que estamos muy de acuerdo en este terreno.
Lamento que el Consejo no haya podido incorporar todas nuestras enmiendas en primera lectura en su posición común. De hecho, creo que el registro de las personas que llevan a cabo la investigación y de las personas objeto de la investigación habría permitido evitar tales abusos. En un espíritu de compromiso, apoyamos la posición del ponente de presentar solo una enmienda que no ha sido adoptada en la posición común. Es un requisito esencial que se presente un informe anual por parte del Consejo al Parlamento Europeo sobre la aplicación de este Reglamento, para que los representantes de los ciudadanos europeos puedan cerciorarse de que se respeta efectivamente el principio de finalidad.
Por último, quiero destacar que mi Grupo se oponía, en primera lectura, al acceso directo al Sistema de Información de Schengen por parte de las autoridades públicas distintas de las policiales. Tengo que añadir que seguimos defendiendo este principio en la perspectiva de los ulteriores debates sobre el Sistema de Información de Schengen II, que, por lo tanto, será un asunto de codecisión.
Mientras que las bases de datos europeas pueden resultar útiles en la lucha contra el crimen organizado, en realidad tienen que estar controladas rigurosamente. Nuestra prioridad es la lucha eficaz contra el crimen organizado en Europa, pero respetando los derechos y libertades de los ciudadanos europeos, aspecto que no siempre es innecesario reafirmar. 
Ole Krarup,
    En la primera lectura hice algunos comentarios algo sarcásticos sobre esta propuesta y, como abogado, tengo algunas objeciones que hacer a que se defina como un aspecto de la política de transporte cuando, en realidad, lo que tenemos aquí es un sistema que amplía lo que fundamentalmente es un acceso peligroso a sistemas de información muy extensos y al sistema más completo de vigilancia y control policial que tenemos: el sistema de Schengen. Si el acceso de las autoridades supervisoras a estos sistemas ayudara a prevenir la criminalidad en este ámbito, merecería la pena considerar esa posibilidad. Pero aunque así fuera, existen tantas razones de peso para preocuparse ante la posible ampliación del acceso en cuestión que nuestro grupo votará en contra de la propuesta, aunque apreciemos mucho los encomiables esfuerzos del ponente por imponer la obligación de presentar un informe sobre la utilidad del sistema. Tenemos esas reservas sobre el sistema de supervisión porque lo consideramos una ampliación más de un sistema de vigilancia y control policial que, con toda probabilidad, no tendrá ningún efecto útil. 
Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta de Karl-Heinz Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, a la Comisión, sobre la estrategia de la Comisión para la primera Conferencia de las Partes sobre contaminantes orgánicos persistentes (POP) (O-0042/2005 – B6-0171/2005). 
Avril Doyle (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, con su permiso representaré también al señor Florenz, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Debería estar aquí en nombre del Grupo del PPE-DE, pero no ha podido unirse a nosotros esta tarde, por lo que me ha cedido su tiempo, además del que me corresponde, y agradezco su paciencia en este sentido.
La pregunta oral que tenemos ante nosotros fue presentada por mi colega el señor Florenz y también tenemos una propuesta de resolución, además de esa pregunta oral, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, relativa a la estrategia de la Unión Europea para la Conferencia de Punta del Este sobre contaminantes orgánicos persistentes. Para que conste, quiero señalar que la próxima semana se celebrará la primera Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), en Punta del Este, Uruguay. Los COP son productos químicos orgánicos que se descomponen muy lentamente en el medio ambiente y se acumulan en nuestros organismos; en efecto, se encuentran presentes en los tejidos de todos los seres humanos del planeta. Se extienden por el aire y a través de la cadena alimentaria hasta lugares muy alejados de sus fuentes, incluso hasta regiones donde nunca se han utilizado o producido.
Entre ellos se incluyen insecticidas como el DDT –quizás el COP más conocido, productos químicos industriales como los bifenilos policlorados (PCB) y, en efecto, los subproductos no intencionados de procesos industriales, como las dioxinas y los furanos. Una vez que los COP se liberan en el medio ambiente, es prácticamente imposible predecir dónde acabarán, por lo que tenemos que aplicar el principio preventivo y, lo que es más importante, emprender acciones para limitar su uso y su comercialización en el mercado en general.
No obstante, es importante que las necesidades de los países en desarrollo sean tenidas en cuenta, que nuestra respuesta sea proporcionada y que permitamos exenciones controladas. Me refiero principalmente al uso de DDT contra la malaria, porque a pesar de los enormes esfuerzos de los científicos por encontrar una vacuna efectiva, esta todavía tardará muchos años en llegar. Por lo tanto, nuestro planteamiento debe ser proporcionado, particularmente teniendo en cuenta que en África mueren de malaria dos niños por minuto. Cada día mueren más de 3 000 niños por esa enfermedad en ese continente. El mosquito responsable de la transmisión de la malaria ha demostrado ser extremadamente resistente a los diversos métodos empleados para combatirlo a lo largo de los años. Hasta la fecha el único método efectivo de matar al mosquito para por el uso de DDT. A pesar de que se trata de una sustancia muy tóxica, el beneficio todavía supera el riesgo cuando su hijo tiene menos probabilidades de morir por el efecto de contaminantes orgánicos persistentes que de malaria. Así pues, si podemos salvar la vida de un niño, hasta que contemos con otra forma de hacerlo y de matar al mosquito en cuestión, tendremos que permitir un uso controlado. No obstante, debemos doblar nuestros esfuerzos por encontrar una alternativa al DDT, porque se están causando enormes daños a los seres humanos –es bioacumulativo– y a nuestro medio ambiente, debido a la necesidad de cuidar a los niños de hoy. No nos queda más que sustituir los DDT para eliminar la malaria y al mosquito implicado.
Me gustaría plantear unas cuantas cuestiones específicas al Comisario. Señor Comisario, probablemente estará familiarizado con la resolución que tiene ante usted. Me gustaría llamar su atención sobre el apartado 9, que afirma que el Parlamento «considera que una contribución fundamental les corresponde a los diputados al Parlamento Europeo que forman parte de la delegación de la CE y espera, por tanto, que puedan acceder a las reuniones de coordinación de la UE en Punta del Este, con, al menos, el estatuto de observadores». La propuesta continúa diciendo «con o sin voz». Yo estaría bastante satisfecha con el estatuto de observadora sin voz. Señor Comisario, digo esto al margen de los precedentes y sin mencionar acuerdos institucionales, porque quiero decir una vez más para que conste que, unas semanas después de que usted fuese nombrado, señor Comisario, en la Conferencia de las Partes relativa al cambio climático celebrada en Buenos Aires, la COP 10, usted hizo grandes progresos al incluir a los diputados al Parlamento Europeo, tanto antes como después de varias reuniones, facilitándoles una información muy completa. Incluso llegó a pedirnos nuestra opinión con respecto a distintas cuestiones. Todos los Grupos de esta Cámara apreciamos mucho ese gesto. Sé que usted no puede unirse a nosotros en Punta del Este, pero me gustaría que deje muy claro a los honorables que le representen allí que le gustaría que continuase el precedente que sentó el pasado mes de diciembre.
Es menos de lo que nos gustaría, porque queremos el estatuto de observadores y lo exigimos. No vale la pena enviar diputados del Parlamento a la otra punta del mundo para que formen parte de una delegación Comisión/Consejo/Parlamento, una delegación de la Comunidad, si un tercio se queda al otro lado de la puerta, aunque con sesiones de información a toro pasado. Debemos ir paso a paso y participar, al menos, como observadores en las reuniones de coordinación y en las reuniones donde realmente se hace el trabajo y, por supuesto, participar en cualquier conferencia de prensa y reunión informativa con la prensa con la que pueda concluir la semana. Admito que es la primera COP y que quizás no tengamos tanto de que informar como nos gustaría, porque solo estamos desarrollando estructuras y estrategias para hacer frente a esta cuestión tan importante.
Esos son mis comentarios. A estas horas de la noche no tiene sentido subrayar de nuevo la importancia del trabajo que tiene que hacer el Convenio de Estocolmo.
Para terminar me gustaría preguntarle, señor Comisario, acerca de los objetivos y los plazos para la adición de otros productos químicos orgánicos a la lista de COP establecida en virtud del Convenio, que se debatieron el pasado mes de agosto. La Comisión sugirió que se deberían añadir siete nuevas sustancias a la lista para su exclusión definitiva. De algún modo, durante el otoño y después de Navidad y Año Nuevo, cuando el Consejo llegó a sus conclusiones el 10 de marzo, las siete se habían reducido hasta tres sustancias adicionales. Hemos pasado de una respetable ambición de siete, del pasado agosto, a tres, además, por supuesto, del éter de pentabromodifenilo, la propuesta noruega, que podría ser la cuarta. Pero hasta las tres podrían quedarse en ninguna, una o dos o incluso las tres. Me gustaría conocer la postura de la Comisión al respecto. La Comunidad Europea y los Estados miembros querían presentar una lista extensiva a tener en cuenta, si fuese posible antes de la primera Conferencia de las Partes de la próxima semana, pero, en cualquier caso, a tiempo para que fuese examinada en la primera reunión del comité de control de los COP. ¿Vamos a tenerla antes de la próxima semana? ¿Por qué no? ¿Qué ha ocurrido con los objetivos y los plazos que fueron claramente establecidos? Quizás usted podría decirnos, señor Comisario, qué ha ocurrido entre el 10 de marzo y el día de hoy. Es bastante decepcionante que nuestra ambición de añadir siete sustancias del pasado verano se haya reducido hasta tres en este momento. Me parece como si la urgencia y la ambición que existían inicialmente se hubiesen evaporado. Es casi como si se estuviese dejando salir aire del neumático del entusiasmo con respecto a esta cuestión. 
Stavros Dimas,
    Señor Presidente, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho la señora Doyle y quiero decir que, con la entrada en vigor del Convenio de Estocolmo, doce de las sustancias más peligrosas del mundo se irán prohibiendo gradualmente. No obstante, para que ese Convenio esté a la altura de las expectativas que hemos depositado en él, tendrá que aplicarse correctamente y adquirir impulso con la inclusión de nuevas sustancias en el futuro. En la primera conferencia de las partes se debatirán y decidirán numerosas cuestiones importantes, además de sentar las bases para el futuro desarrollo del Convenio. El objetivo general es asegurar que las decisiones tomadas por la primera conferencia permitan la aplicación efectiva y el futuro desarrollo del Convenio.
Por supuesto, para conseguir eso, primero tiene que crearse el Comité de Evaluación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, de manera que pueda empezar a examinar nuevas propuestas para añadir a la lista otros contaminantes orgánicos. La Comisión ha definido ya otras sustancias; como ha dicho la señora Doyle, esas sustancias se limitan a tres y, hasta donde yo sé, eso no ha cambiado. En cualquier caso, el debate sigue estando en el orden del día y en el para la presentación de propuestas, y yo creo y espero que la Unión Europea presente buenas propuestas durante la primera conferencia de las partes.
Lo segundo y más importante es que se necesita un mayor progreso en la prohibición gradual del uso y emisión al medio ambiente de los doce contaminantes orgánicos persistentes que están en la lista actual, sobre todo el DDT, que usted ha recordado con toda razón que se sigue necesitando para combatir la malaria en algunos países en desarrollo. Pero la primera conferencia tiene que encontrar formas de ayudar a reducir la dependencia del DDT, como promoviendo la investigación de medios alternativos y proporcionando apoyo técnico y económico. Igualmente, la primera conferencia tiene que poner en marcha medidas para, por una parte, tratar de reducir los riesgos que conlleva el uso y la disponibilidad de PCB, y por otra, para reducir y prevenir la emisión al medio ambiente de contaminantes orgánicos derivados, especialmente dioxinas cloradas y furanos.
El tercer objetivo básico de importancia decisiva para la primera conferencia es completar el marco institucional necesario para que el Convenio pueda aplicarse en la práctica. Sobre todo, se necesita avanzar considerablemente en el desarrollo de mecanismos y procedimientos adecuados para evaluar la conformidad. Con respecto al punto 9 de la resolución, creo que la Comisión está obligada a incluir a los diputados al Parlamento Europeo en ese tipo de delegaciones y debo decir que, por experiencia propia, hemos cooperado de manera excelente en dos casos, uno en Buenos Aires y otro en la conferencia sobre desarrollo sostenible celebrada la semana pasada en Nueva York, a la que asistieron diputados al Parlamento Europeo y donde conseguimos, mediante el intercambio no solo de impresiones, sino también de recomendaciones, opiniones y, en especial, de juicios políticos sobre determinadas cuestiones, promover las cuestiones a las que se dedicaban esas conferencias. Al mismo tiempo, hemos conseguido, con las tres instituciones, proyectar una imagen muy buena y unida de la Unión Europea al mundo exterior, sobre todo con ruedas de prensa en las que hemos comparecido juntos y hemos aparentado que estamos unidos y unificados en nuestras opiniones, mejorando con ello la imagen de la Unión Europea. En otras palabras, hemos obtenido resultados materiales positivos y también resultados desde el punto de vista de las comunicaciones. Por eso considero que la participación de los diputados al Parlamento Europeo es esencial; siempre he creído que era absolutamente crucial y se lo recomiendo también a mis otros colegas en la Comisión Europea. 
Edite Estrela,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la opinión pública mundial va despertando lentamente a los nuevos problemas de actualidad. La calidad del medio ambiente no es un lujo; debe ser una prioridad política como condición para el desarrollo sostenible. Los gobiernos, unos más que otros, están empezando a convencerse de que el mundo ha cambiado y de que las políticas también tienen que cambiar. Están empezando a tener conciencia de que los atentados contra el medio ambiente pueden poner en peligro el futuro de esta generación y de las generaciones venideras y causar un daño irreversible en la calidad de vida de las personas. Los problemas del medio ambiente y la preocupación por la salud deben ser abordados con urgencia. La ignorancia del pasado y la negligencia del presente tienen unos costes elevados: costes ambientales, costes financieros y costes en términos de vidas humanas. Es, pues, necesario remediar la situación actual, pero sobre todo es más urgente que nunca adoptar medidas preventivas. 
La industria química produce actualmente más de 1.000 compuestos diferentes, algunos de los cuales son muy persistentes; esto es, muy resistentes a la degradación en el medio ambiente. Algunos de ellos son bioacumulativos, lo que significa que se acumulan en los tejidos de los organismos vivos, y son también tóxicos. Los más dominantes de estos compuestos tóxicos son los contaminantes orgánicos persistentes, que se han asociado a diversos problemas de salud, como cáncer, endometriosis, trastornos cognitivos y dificultades del aprendizaje. Estos contaminantes son también responsables de trastornos reproductivos y disfunciones hormonales. Al ser resistentes, los contaminantes orgánicos persistentes pasan de generación en generación y contaminan los alimentos que ingerimos, contaminan el aire que respiramos y contaminan el agua que bebemos. Al ser bioacumulativos, se acumulan en el medio ambiente y en los organismos de los seres vivos. Con estas características, los contaminantes orgánicos persistentes se esparcen por todos lados y pueden encontrarse en lugares tan apartados como en la Antártida en los pingüinos, y en el Ártico en los osos polares. Por tanto, no sirve de nada que en Brasil se prohíba la producción de mirex si en Argentina no se hace lo mismo; y tampoco sirve de nada que en la UE se prohíba el DDT si en China se sigue produciendo y utilizando. Por eso, insisto, es necesario coordinar los esfuerzos a nivel mundial. Es también importante recordar que muchas de esas sustancias no existían hace 50 años.
En 1995 se iniciaron las negociaciones para controlar el uso, producción y emisión de contaminantes orgánicos persistentes. Se identificaron 12 contaminantes. El Convenio de Estocolmo, firmado en 2001, estableció una serie de objetivos y medidas no solo para mejorar el control de los contaminantes orgánicos persistentes, sino también para eliminarlos y promover tecnologías limpias. Teniendo en cuenta las decisiones tomadas por el Convenio de Estocolmo que, como he dicho, se firmó en 2001, y los objetivos y el programa de trabajo de la primera Conferencia de las Partes en ese Convenio celebrada en Uruguay los días 2 a 6 de mayo, queremos preguntar a la Comisión cuáles son sus objetivos para dicha conferencia. Quiero también preguntar qué resultados espera obtener y cuánto cree que se podrá avanzar. Además, puesto que todo tiene un coste, quiero saber, señor Comisario, de qué recursos económicos dispondremos para ayudar a los países que más necesitan prohibir estos contaminantes.
Yo no voy a acudir a Punta del Este para participar en la conferencia, pero quiero decir que comparto la preocupación manifestada por la señora Doyle y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho sobre la delegación del Parlamento, que debería acudir en calidad de observador. Es absurdo que los diputados electos al Parlamento Europeo no puedan participar en todas las iniciativas, en todas las conferencias y en todas las reuniones. 
Stavros Dimas,
     Señor Presidente, sin duda podríamos promover la financiación con respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las posibilidades que esto ofrece.
Con respecto a los COP, la propuesta de la Comisión era ambiciosa, pero hasta ahora el Consejo no ha expresado su acuerdo con respecto a la misma. Queríamos una decisión del Consejo en virtud del artículo 300 del Tratado, es decir, por mayoría cualificada. El hecho de que el resultado de las conclusiones del Consejo de 10 de marzo haya sido menos brillante se debe a que se adoptaron de manera diferente, por unanimidad. La Comisión lamenta este planteamiento. No obstante, el proceso será largo. Existen consideraciones políticas, económicas y sociales a tener en cuenta, pero nosotros continuaremos nuestra línea de razonamiento. 
El Presidente.
   Al término del debate he recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.(1)
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

