
El Presidente
Hemos tenido conocimiento de otro acto terrorista cometido en España: un policía fue asesinado ayer en Bilbao. Quisiera expresar, en nombre de todos, la condena del Parlamento Europeo y la solidaridad con los familiares de la víctima y con todo el pueblo español. Pensamos en todos aquellos que pierden su vida luchando por la convivencia civil, y seremos coherentes con todas las resoluciones que hemos aprobado respecto de la lucha contra el terrorismo, cada vez que se viole la legalidad, en España o en cualquier otro país.

Aprobación del Acta
El Presidente
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

McMahon
Señor Presidente, en la página 14 del Acta aparece la lista «Preguntas orales para el turno de preguntas». Formulé una pregunta relativa al tiempo de trabajo que estaba dirigida específicamente al Comisario Kinnock. La pregunta aparece en el número 100 de la lista y no figura entre aquellas que responderá el Sr. Kinnock. Es posible que exista una razón sencilla y que la situación haya sido provocada por un pequeño descuido o error de la administración. No obstante, habida cuenta de que también el Sr. Smith y la Sra. Oddy han formulado preguntas delicadas sobre el transporte de residuos nucleares, las cuales aparecen también en esa misma sección de la lista, empiezo a sospechar que existen fuerzas oscuras que manipulan el orden del día. Le pido que nos garantice que ése no es el caso, y solicito su ayuda para que se aborde esta cuestión debidamente.

El Presidente
Señor McMahon, no estoy al corriente de la existencia de fuerzas oscuras que manipulen nuestro trabajo. Espero naturalmente que no existan y espero que el error que usted ha indicado pueda corregirse.

Smith
Señor Presidente, sólo deseo confirmar lo que ha dicho el Sr. McMahon, mi pregunta era relativa al transporte de material nuclear. No sé si todo esto es debido a la acción de fuerzas oscuras, pero agradecería que se investigara este asunto.

El Presidente
Le puedo responder que no somos nosotros quienes decidimos qué Comisario responde a las preguntas: es la Comisión la que decide, pero, repito, si ha habido un error, se corregirá sin duda alguna desde el punto de vista de la redacción del texto.

Ahern
Señor Presidente, esas mismas fuerzas oscuras no han intervenido en mi pregunta. Mi pregunta, que versa sobre el mismo tema, aparece entre aquellas a las que responderá el Sr. Kinnock. Por consiguiente, ocurre algo extraño: ¿sexismo quizás?

El Presidente
Gracias, señora Ahern. Transmitiremos esas observaciones a la Comisión para que pueda solucionarlo.
(El Parlamento aprueba el acta)

Decisión sobre la urgencia
Lange
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera manifestarme en contra de la urgencia. En primer lugar, el Consejo se toma tiempo durante meses y delibera sin tomar en cuenta lo que hemos acordado. En segundo lugar, modifica el programa tal como se le antoja de manera caciquil y, en tercer lugar, solicita después del Servicio Jurídico que aclare cuestiones de procedimiento. El servicio Jurídico ha dicho al Consejo lo siguiente: tened cuidado, es mejor que volváis a deliberar con el Parlamento, pues habéis acometido esas profundas modificaciones. Esto no puede ser así. Creo que la comisión debe debatir esto a fondo una vez más.
(El Parlamento rechaza la petición de aplicación del procedimiento de urgencia)

Green
Señor Presidente, le ruego que consulte a los servicios del Parlamento. El artículo Agenda de Estrasburgo que aparece en la edición de hoy del «Session News» ofrece una versión completamente errónea del comienzo de la sesión de ayer. La noticia de que ayer se solicitó cambiar la hora de la votación de la moción de censura relativa a la EEB es absolutamente falsa. El artículo declara que Pauline Green, PSE, London North, solicitó a la Asamblea un aplazamiento de la votación de las propuestas de resolución prevista para el miércoles a las 12.00 horas. Eso es absolutamente falso. No hice nada semejante. La noticia causa confusión entre los medios de comunicación y la opinión pública. En nombre de mi Grupo le ruego que ordene la retirada inmediata de ese documento.

El Presidente
Gracias, señora Green. Su intervención es inapelable: naturalmente no tiene nada que ver con el acta, pero tomamos nota de su observación.

Regímenes de seguridad social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0018/97) de la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifican en favor de los trabajadores en desempleo el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 (COM(95)0734 - C4-0116/96-96/0004(CNS)).

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión Europea tiene por objeto que las personas que se encuentran sin trabajo puedan buscar trabajo en otro Estado miembro durante un plazo más largo que los tres meses fijados actualmente, sin perder el derecho a un subsidio de desempleo. En 1980, la Comisión Europea ya presentó esta propuesta, que tenía por objeto asegurar la libre circulación y optimizar las oportunidades de encontrar trabajo. En aquella ocasión, la propuesta naufragó. Ahora creo que tiene una oportunidad.
Señor Presidente, las condiciones para conservar el subsidio de desempleo son muy estrictas. Es preciso quererlo de verdad, pues no es posible, así sin más, solicitar y buscar trabajo en otro bello y soleado país. Hay que estar dispuesto a sacrificarse, porque buscar trabajo en otro Estado miembro significa que se elige el subsidio de desempleo más bajo y de más corta duración. Con ello se evitan los abusos. Sólo se ayuda a quienes están realmente motivados para buscar trabajo. Las propuestas relacionadas con el importe y la duración de las prestaciones y la obligación de estar inscrito como demandante de empleo y de ocuparse activamente en ello, cuentan con el apoyo de la Comisión de Asuntos Sociales y de la ponente.
Señor Presidente, tengo dos pequeños problemas que he expresado en enmiendas. ¿Qué hace alguien que sigue un curso de formación desde una situación de desempleo? ¿Tiene esta persona los mismos derechos si se inscribe en otro Estado miembro? He presentado una enmienda sobre esta cuestión.
Señor Presidente, ahora quiero referirme a los trabajadores transfronterizos. También para estos trabajadores existe ahora una libre elección: antes quedaban obligatoriamente incluidos en el régimen legal del Estado en que residían, y ahora pueden optar por el régimen del Estado en que trabajan. Me parece muy bien, y en el informe de la Comisión de Asuntos Sociales de 1995, el Parlamento Europeo y esta ponente también exigieron esta libertad de elección.
Señor Presidente, también hay algo extraño. En un determinado Estado miembro, donde por cierto hay muchos trabajadores fronterizos -me refiero a Luxemburgo-, existe la posibilidad de elegir, pero ésta corre por cuenta del Estado de residencia, y se trata de Bélgica. Creo que es una propuesta que ciertamente da un trato justo al trabajador fronterizo, porque no lo nota en absoluto, pero no cuadra en el sistema y considero inaceptable un sistema en que se hagan constantes excepciones. La Comisión de Asuntos Sociales comparte el punto de vista de la ponente. Señor Presidente, por ello he presentado una enmienda que, dado el hecho de que las autoridades luxemburguesas tienen que asumir muchos gastos de golpe, implica que el plazo de transición que se ha acordado ahora será como máximo de cinco años, y se lo digo a los colegas luxemburgueses: tienen que tener ustedes en cuenta que los trabajadores fronterizos que se quedan sin empleo en Luxemburgo, también han cotizado a la seguridad social en este país. Señor Presidente, por esta razón he presentado una enmienda a este punto.
Señor Presidente, quiero aprovechar la ocasión para decir a través del Comisario Sr. Flynn, que en este difícil expediente en torno al Reglamento 1408/71, el Parlamento ha valorado y valora mucho la cooperación con sus colaboradores y concretamente los directamente implicados en el expediente, y por ello quiero dar desde aquí las gracias al Sr. Rob Cornelissen y desearle mucha suerte con su nuevo trabajo; sabemos que el Sr. Verschuren, que está sentado a su lado, trabajará en este difícil expediente con la misma diligencia. En lo que a esto respecta, señor Presidente, quiero volver a felicitarle a él y a sus colaboradores a través del Comisario.
Señor Presidente, ¿me permite una observación para terminar? Últimamente, en el Reglamento de coordinación 1408/71, nos encontramos con cada vez más problemas, porque un Estado miembro tras otro desplaza lo que coordina socialmente el Reglamento 1408/71 a la fiscalidad, a través de recortes, y es precisamente la fiscalidad la que no se coordina. Por ello quiero pedir de nuevo a través del Sr. Flynn: preste atención a este hecho y considere lo que realmente coordinamos para los trabajadores fronterizos, a nivel social y fiscal, y procure que entonces tengamos una elección. A petición de las organizaciones obreras y patronales se acaba de publicar un informe de la Universidad de Maastricht, que aboga por esta elección. Intentemos agilizar más esta cuestión. Es lo que deseo pedirles, pues pienso que en los próximos tiempos podremos solucionar muchísimos problemas para los trabajadores fronterizos, que a fin de cuentas cada día hacen de Europa una realidad.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, yo quisiera empezar felicitando a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, por su magnífico informe. Pero no únicamente por la valoración que hace de la propuesta de la Comisión que hoy vamos a discutir, sino, fundamentalmente, por su capacidad de anticipación. Porque algunos aspectos, como el relativo a los derechos de prestación de desempleo de los trabajadores transfronterizos, habían sido ya mencionados por la propia ponente en el informe que ella presentó y que fue aprobado en la Comisión de Asuntos Sociales el 15 de mayo de 1995.
Porque, hasta ahora, los trabajadores que pasaban a una situación de paro total en el Estado miembro en el que tenían un empleo y que habían residido siempre en otro Estado miembro tenían un problema respecto a la definición de sus derechos. La solución que se elegía variaba en función del tipo de trabajador. Mientras que los trabajadores fronterizos estaban automáticamente sujetos a la legislación del Estado de residencia, los otros tipos de trabajadores -en particular, los trabajadores temporeros- tenían la posibilidad de optar por el régimen de uno de los dos Estados miembros. Y esto suponía una discriminación importante para los trabajadores que debían pasar cada mañana una frontera -en muchos casos, mera demarcación artificial- para ir a trabajar a la localidad vecina. Por un lado, estos trabajadores se encontraban enfrentados a las normativas de dos países diferentes: la del país en el que trabajan y la del país en el que residen. Y, por otro lado, hay que reseñar que esta barrera supone un freno importante a la efectiva realización del mercado interior y, más concretamente, al derecho a la libre circulación de trabajadores.
En este sentido, la propuesta de la Comisión ofrece la posibilidad de optar entre las prestaciones de desempleo del Estado en el que trabajaban y las del Estado en el que residen, también para los trabajadores fronterizos. Tengo que valorar, en este sentido, la propuesta como muy positiva, en cuanto supone una importante mejora de las condiciones de este colectivo. Es cierto que quedan por resolver algunos aspectos para estos trabajadores -como, por ejemplo, los que hacen referencia a prestaciones sanitarias de sus familiares- para alcanzar ese pilar básico del mercado interior que es la libre circulación. Pero es cierto también -y hay que decirlo- que constituye un avance para muchos trabajadores de la Unión Europea y a usted le cabe el honor, señora Oomen-Ruijten, de haber sido impulsora y batalladora en favor de los mismos.
Además, este informe hace referencia a otros aspectos de importancia para el desplazamiento de las personas que perciben una prestación de desempleo. Se propone un sistema según el cual un desempleado que perciba un subsidio de desempleo y que desee desplazarse para buscar un empleo -o bien para seguir a su cónyuge en algunos casos- disfrutará de los derechos durante los tres primeros meses para mantener su derecho a las prestaciones en virtud de la legislación competente -es decir, la del Estado de su último empleo. Esta prestación sería abonada por la institución del Estado miembro en el cual el desempleado busca un empleo por cuenta de la institución del Estado competente. Y más allá de los tres meses -si el período de búsqueda se prolongase- el desempleado tendría también la posibilidad de quedarse en el Estado en el cual busca un empleo, conservando su subsidio con ciertas limitaciones en cuanto a la duración y al importe.
Termino, señor Presidente, felicitando a la ponente y subrayando que el presente informe supone un avance importante en favor de los derechos de los trabajadores -en favor de la movilidad de los trabajadores de la Unión Europea- y también en la realización del mercado único.

Pompidou
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre de la Sra. Hermange, como se ha señalado hace unos instantes.
El reglamento que estamos examinando hoy garantiza el carácter efectivo de la libre circulación de los trabajadores en la Unión Europea, asegurando la continuidad de las prestaciones sociales y la aplicación de los regímenes de seguridad social. Pero en el momento actual, este texto es insuficiente, por cuanto que el desempleo se ha convertido en una realidad incuestionable.
Por consiguiente, es más indispensable que nunca permitir que, aquellos que lo deseen, puedan buscar un empleo en otro Estado y enriquecer su experiencia, poniendo a su servicio los instrumentos para una simplificación de los procedimientos y para una protección de las condiciones de vida y de trabajo. El Presidente Chirac ha recordado en numerosas ocasiones la importancia de esta dinámica, exhortando a los jóvenes a ampliar sus perspectivas y dar prueba de movilidad profesional y geográfica.
Falta todavía proporcionarles los medios para esta movilidad, y no desilusionarlos en su deseo de encontrar su lugar en el gran mercado del empleo europeo. Por ello, creo que la modificación del reglamento en favor de los desempleados se ha convertido en una necesidad. Se trata de facilitarles la búsqueda de un empleo en otro Estado miembro sin que pierdan por ello sus derechos a los subsidios de desempleo, de una duración limitada en la actualidad a tres meses. La persona que busque un empleo en otro Estado miembro debe tener la posibilidad de disfrutar sin dificultades de las prestaciones sociales en especie y, ante todo, del acceso a los servicios sanitarios. De este modo reforzaremos al mismo tiempo el modelo social europeo y la competitividad de la economía europea, que se apoya en una población activa motivada y competente.
Quisiera agradecer al ponente su propuesta y, en nombre del Grupo del PPE, apoyo plenamente este informe.
Desearía añadir que, como ponente para opinión sobre el Libro verde titulado «Los obstáculos para la movilidad transnacional» presentado por la Sra. Comisaria Cresson, como dice la Sra. Hermange, considero igualmente urgente ampliar el campo de aplicación de este reglamento a los estudiantes, que están preparando el futuro de Europa, estudiando en el extranjero en cualquiera de los Estados miembros. Nos corresponde darles las claves para la esperanza recuperando las condiciones para una Europa próspera y más humana.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, pienso que la Sra. Oomen-Ruijten ha esbozado de forma excelente el aspecto jurídico de este régimen y las cuestiones relacionadas con él, y por esto quiero limitar mi intervención a una serie de cuestiones que pienso merecen la atención de la Comisión y también del Consejo. Para lograr que estas modificaciones de las directivas sean un éxito, será preciso que los servicios nacionales de empleo y las instituciones de previsión social colaboren eficazmente. En el pasado he podido adquirir experiencia en la colaboración de los organismos de empleo entre Estados miembros. Concretamente, entre los Países Bajos y Bélgica. Puedo asegurarle que no es fácil conseguir que estos organismos cooperen bien, teniendo en cuenta, por ejemplo, la falta de posibilidades de intercambio de datos, porque, por ejemplo, los sistemas automatizados y de registro no están sincronizados. Además, los Estados miembros no tienen en cuenta que, sobre todo en las zonas fronterizas, este tipo de cooperación exige recursos adicionales y a menudo a los servicios les cuesta mucho reservar estos recursos. Quisiera pedirle que incluyera usted esto en el orden del día del Consejo, señor Flynn.
Además espero, y para ello quiero remitirme al informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que esta modificación de la directiva sea una contribución a estas cuestiones todavía no resueltas, por ejemplo en relación con el hecho de que en algunos Estados miembros no se pagan los derechos de pensiones acumulados, y ninguno de los dos Estados miembros paga, una situación que se presenta por ejemplo entre Bélgica y los Países Bajos. Quiero apoyar el llamamiento de la Sra. Oomen-Ruijten en relación con la fiscalidad. Incluso me atrevería a decir que las legislaciones nacionales tendrían que organizarse de tal modo que se hiciera una prueba antes de establecer una ley relacionada con los efectos en el trabajo fronterizo.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, esto parece ser un informe técnico pero en realidad es un informe altamente político, y yo también quisiera dar las gracias a la Sra. Oomen-Ruijten porque da un paso en la dirección acertada. Hasta ahora los regímenes fronterizos han constituido un enorme agujero negro en nuestro sistema social: para el trabajo por cuenta ajena Europa significa aquí olvidar los sistemas nacionales de seguridad social. La Sra. Oomen-Ruijten propone, y nosotros apoyamos esto también, que partiendo de aquí se llegue al menos a un régimen de máximo común denominador. Esto no es insignificante. Sin embargo, somos de la opinión de que para que se pueda exigir realmente una movilidad suprafronteriza ilimitada hay que ir por encima de este modelo hacia un modelo del mínimo común múltiplo. Esto quiere decir que las regulaciones favorables de ambas partes rigen realmente. Esto es financiable, y esto haría simplemente más atractiva una búsqueda transfronteriza de trabajo. Por esta razón hemos presentado una enmienda. Somos de la opinión de que precisamente las fronteras -y ésta sería mi pregunta al Comisario Flynn- deben ser convertidas en umbrales de conexión y de transición para los trabajadores por cuenta ajena. Europa debe convertirse en un espacio de más justicia social y de una solidaridad social más garantizada, y no debe seguir siendo un agujero negro en el que desaparecen los sistemas existentes de seguridad social.

Flynn
Señor Presidente, la Comisión acoge con satisfacción la actitud positiva con que el Parlamento Europeo ha recibido esta propuesta en particular. El Parlamento comparte la opinión de la Comisión de que las personas desempleadas deben poder pasar más de tres meses, que es el plazo previsto actualmente, buscando trabajo en otro Estado miembro sin perder sus derechos a recibir el subsidio de desempleo. El Parlamento también ha respaldado la propuesta de conceder a los trabajadores fronterizos que pasan a ser desempleados el derecho de poder elegir entre los regímenes de prestaciones del Estado miembro de residencia o del Estado miembro en el que estuvo empleado por última vez.
La Sra. Oomen-Ruijten ha elaborado un excelente informe y le doy las gracias por ello. La ponente propone tres enmiendas de gran utilidad. La primera se ajusta a los términos del Libro Verde de la Comisión sobre los obstáculos a la libre circulación en los ámbitos de la educación, la formación y la investigación. El Sr. Pompidou también se ha referido a esta cuestión en particular. La segunda propone que se suprima una excepción prevista para Bélgica. A mi entender es justificada, teniendo en cuenta la interpretación tan rigurosa que hizo el Tribunal de Justicia en el caso «Spataro» el pasado mes de junio. Y en tercer lugar, el período transitorio de diez años para que los Estados miembros vecinos reembolsen a Luxemburgo una parte del importe de las prestaciones abonadas al trabajador fronterizo, puede realmente reducirse a cinco años.
La enmienda presentada por los Sres. Schörling y Wolf afectaría al equilibrio de la propuesta de la Comisión, por lo que no podemos aceptarla. En estos términos, la Comisión está dispuesta a presentar una propuesta modificada que apoye las enmiendas que propone la Sra. Oomen-Ruijten. Quisiera también expresar a la ponente mi agradecimiento más sincero por las amables palabras que ha tenido para con los servicios y el personal, palabras que les transmitiré encantado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Protección social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0016/97) de la Sra. Weiler, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre el Informe de la Comisión (COM(95)0457 - C4-0518 y C4-0524/95) sobre la protección social en Europa 1995 y sobre la Comunicación de la Comisión sobre el futuro de la protección social: marco para un debate europeo.

Weiler
Señor Presidente, estimados colegas, me alegro de que hoy entremos en un tema que hace mucho tiempo debía haber figurado en el orden del día de Europa y me alegro de que la Comisión nos haya presentado a debate un documento tan útil. En la comisión hemos celebrado con expertos, con organizaciones no gubernamentales, un rico debate sobre estos temas y celebro también que la Presidencia irlandesa y ahora la Presidencia holandesa hayan aprovechado la ocasión de organizar conferencias especializadas de manera conjunta con nosotros.
Doy también las gracias a todos los colegas por la colaboración constructiva en mi informe y pido disculpas por no haber podido tomar en cuenta todas las enmiendas. Algunas no las he podido tomar en cuenta, porque habrían modificado la línea clara de mi informe, y también, en parte, por estar excesivamente orientadas en una dirección que habría significado la privatización del sistema social. Por otro lado, aunque siento simpatía por las enmiendas núms. 27, 28 y 29, no tienen nada que ver con mi informe y pertenecen realmente a otro contexto.
Básicamente, en el último medio año se ha estado de acuerdo en todo el debate en que el modelo social europeo es un factor positivo local para Europa y que necesitamos una reforma conjunta de este sistema, pero no una reducción. Reforma no significa reducción, reforma no significa armonización, para decirlo de una vez claramente. En el futuro los Parlamentos nacionales seguirán tomando decisiones acerca de la configuración de sus sistemas de seguridad social. Pero, no obstante, es necesario que el Parlamento Europeo y nuestras instituciones intervengan y se comprometan más intensamente que antes.
Estamos llamados a ello, por ejemplo, en las directivas, urgentemente necesarias, que garanticen la libre circulación de los trabajadores. Se nos necesita en una tarea de configuración social, en una tarea de seguimiento de las nuevas organizaciones de trabajo en Europa, por ejemplo, de las situaciones atípicas de empleo, no sólo de tiempo parcial, sino para el amplio espectro y la gran variedad de todas las situaciones de empleo que se están dando últimamente en Europa. Se nos necesita también -y este es el punto principal- en la lucha conjunta contra el desempleo a nivel nacional y regional, pues todos sabemos que el desempleo es la causa principal de los problemas financieros de los sistemas de seguridad social. Esta es también la razón por la que hemos pedido un capítulo sobre «empleo» en el Tratado de reforma.
Una importante demanda de la comisión es que se hagan los sistemas más favorables al empleo, es decir, que se descargue el factor trabajo y se exploren nuevas fuentes de financiación. Los Estados miembros podrán emprender una reforma fiscal ecológica, incluso podrían aprovechar la oportunidad de emprender una reorientación de tipo ecológico. Nosotros la proponemos. Los Estados miembros decidirán si quieren planificar o no esta nueva fuente.
Hemos elaborado respuestas y propuestas de solución para problemas de Europa que son semejantes en todos los Estados miembros, en todas las naciones industriales. Estos son, por ejemplo, el envejecimiento de la población en Europa, el deseo legítimo de las mujeres de una actividad laboral y, como ya he dicho, las nuevas formas de la organización del trabajo y de la flexibilidad laboral. Queremos mantener este debate con la Comisión, con el Consejo, con los interlocutores sociales, con las ONGs y con las asociaciones de bienestar de los Estados miembros.
Estimados colegas, en mi informe he presentado un conjunto de propuestas de medidas. Yo me alegraría de que ustedes lo aprobasen, de que ustedes apoyasen que hemos de seguir trabajando en el tema, que queremos seguir trabajando en este tema, que necesitamos también una especie de órgano institucional para poder encontrar en común las soluciones y poder mantener el diálogo. En consecuencia, les pido que apoyen mi informe.

Melkert
Señor Presidente, gracias, también, por la oportunidad que me brinda de hablar ante su Parlamento de este importante tema que figura hoy en el orden del día.
Quiero empezar felicitando a la Sra. Weiler y a la Comisión por el presente informe, porque su contenido es de suma importancia para el desarrollo futuro de la Unión Europea, y al mismo tiempo llega en un momento en que la Unión y sus Estados miembros han de prepararse para lo que será una nueva fase cualitativa en el desarrollo socioeconómico de la Unión, sobre todo a partir del momento en que se inicie la UEM. Entonces será preciso dar una forma y un contenido nuevos a la complementariedad entre la integración económica y monetaria por un lado, y la coordinación de la política socioeconómica entre los Estados miembros por otro. Esta forma y contenido nuevos sólo pueden derivarse de un diálogo entre los gobiernos y el Parlamento Europeo. El informe de la Sra. Weiler comporta para ello importantes iniciativas.
En relación con los objetivos de la Unión Europea en el Tratado se dice claramente que una de las principales tareas de la Unión consiste en mantener un alto nivel de empleo y de protección social. Al mismo tiempo, hemos de constatar que, de hecho, la puesta en práctica de estos objetivos prioritarios de la Unión está en pañales. A pesar del importante trabajo que ya se ha realizado en los últimos años y en el cual la Comisión Europea ha desempeñado un papel importante, nos encontramos en vísperas de una nueva fase y es muy importante que progresemos.
El Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, es decir, el Libro Blanco de Delors, sigue siendo de palpitante actualidad para el desarrollo de nuestras ideas en esta cuestión. Aunque ya tiene varios años, no deberíamos cometer el error de relegar este informe al cajón de nuestro archivo histórico, porque en realidad no hemos hecho más que empezar a desarrollar algunos temas clave de este informe y hemos de asumir la tarea de dar más contenido a sus aspectos principales. Por esta razón, entre otras, la Presidencia neerlandesa ha considerado importante debatir algunos temas que emanan directamente del Libro Blanco durante el semestre de su Presidencia. Lo hemos hecho en una conferencia celebrada a finales de enero en Amsterdam con el título de: »Política social y rendimiento económico», en que hemos intentado considerar la política social no sólo como una conveniencia social, sino también en términos de factor de producción, un factor de producción para la generación de crecimiento, empleo y prosperidad en la Unión, para enfocar mejor la síntesis entre la política social y el rendimiento económico.
Con la valiosa aportación del Comisario Flynn y su Dirección General a dicha conferencia, creo poder decir que hemos impulsado el debate que también ha introducido aquí el informe de la Sra. Weiler. Durante nuestra Presidencia queremos ocuparnos de progresar más en esta cuestión, desarrollando concretamente dos temas en marzo, durante la reunión informal del Consejo Social en Rotterdam. Se trata en primer lugar de los indicadores de política de empleo, que en los próximos años permitirían a los Estados miembros aprender a utilizar el método de benchmarking en base a las mejores experiencias adquiridas en los diferentes Estados miembros y a partir de allí poder lograr un efecto catalizador en la coordinación de la política a nivel de la Unión Europea. Con ello se podrá acelerar la convergencia de la política de mercado laboral y de empleo como complemento necesario de la integración económica y monetaria.
El segundo tema que examinaremos durante el Consejo informal es la necesidad que se percibe en casi todos los Estados miembros de reducir los costes laborales y con ello facilitar la inclusión de demandantes de empleo poco cualificados. En el informe sobre la situación económica de la Unión, la Comisión constata con razón que la sustitución del trabajo por capital y el rezagado nivel de inversión en la Unión son las dos causas principales de la balanza de empleo negativa que ha aparecido en los últimos años y que es preciso cambiar. A lo largo de estas dos líneas gira nuestra aportación, y lo considero un ejercicio paralelo a lo que ha propuesto el informe Weiler de aumentar considerablemente la calidad de la atención, en la política de la Unión, a las condiciones en que puede crearse crecimiento y empleo.
Hablando de las condiciones del crecimiento y del empleo, las condiciones para el establecimiento de la cohesión social, quiero indicar brevemente dos aspectos que a mi juicio deberían tener prioridad en el desarrollo de la política y en el debate con este Parlamento, entre otros.
En primer lugar se trata de la condición de una mayor flexibilidad del mercado laboral. Es innegable que la rigidez de los mercados laborales puede obstaculizar el crecimiento del empleo, y que es necesaria una adaptación. Pero también es innegable que esta adaptación no puede comprenderse unilateralmente, sino que ha de tratarse de una adaptación bipartita, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Por esta razón, en el debate de la Conferencia de Amsterdam se prestó atención al concepto de flexibilidad y seguridad. La flexibilidad exigible a los trabajadores, de estar disponibles para el mercado laboral de un modo que favorezca el crecimiento económico, pero por otro lado también la obtención de una mayor seguridad social, seguridad de jubilación, es decir, que también los empresarios han de contribuir creando una motivación para el trabajo, algo que también es importante para cumplir la segunda condición que quisiera mencionar, concretamente el establecimiento de un mayor nivel de productividad del trabajo. En el futuro, la productividad se apoyará de forma creciente en la formación, en el aumento de las oportunidades de instrucción y permisos, pero también la organización de la implicación de los trabajadores en el marco de la información y consulta en torno a la política de las empresas. En cuanto a esta última cuestión, se da la feliz circunstancia de que espero poder realizar progresos durante esta Presidencia en el tema «Información y consulta de los trabajadores», después de haberme puesto al corriente del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Sociales, y dentro de poco espero conocer los resultados del grupo de trabajo dirigido por el Sr. Davignon, a quien la Comisión y el Consejo han pedido que examine este tema.
La tercera condición que quisiera mencionar para el crecimiento y el empleo tiene que ver con la creación de una mayor estabilidad social, que a su vez sigue diferentes líneas, concretamente la de mejorar y respectar unas relaciones laborales equilibradas. En este sentido es sumamente importante el diálogo social que han de mantener empresarios y trabajadores. A este respecto espero que en el Consejo Social realicemos progresos en la modernización del diálogo social a nivel de la Unión. Es necesario aumentar la participación de los demandantes de empleo para aprovechar todos los talentos de estos, de los extranjeros y sin duda también de las mujeres en el mercado laboral. Es preciso combatir más la pobreza, para garantizar la participación social y la estabilidad social de nuestra sociedad.
Es preciso crear estas condiciones al margen del nivel de prosperidad de los Estados miembros. Todos los Estados miembros se enfrentan a estas cuestiones. En este sentido, la Unión también tiene -por su papel de catalizador- la importante tarea de establecer una coordinación, de establecer un orden del día de cara a la distribución del trabajo y de los ingresos, que no se base únicamente en las condiciones del mercado ni venga dictado exclusivamente por las condiciones del mercado.
El Consejo está dispuesto a esforzarse por elaborar esta estrategia a medio plazo, una estrategia a medio plazo reclamada en el Libro Blanco de Delors, y así pues proseguiremos con el debate en Rotterdam, consideraremos también qué papel puede desempeñar la Comisión, la Comisión que para mí es un motor a la hora de profundizar en esta temática y aunar las experiencias de los Estados miembros de tal forma que también puedan derivarse conclusiones comunes. Pero la Presidencia también tiene puestas sus esperanzas en un apartado sobre el empleo en el Tratado, sobre el que se debate en el marco de la Conferencia Intergubernamental. Con ello se puede crear un plano de sustentación para la coordinación, que finalmente ha de establecer la base para la complementariedad, que no sólo será conveniente, sino también inevitable cuando la Unión Europea alcance la fase de la Unión Económica y Monetaria, y por ello la necesidad de conectar la integración económica y monetaria con el resultado del empleo será visible y accesible para los ciudadanos, y también clara, aunque quizás con altibajos. La creación de una moneda única fuerte e internacionalmente competitiva no puede lograrse sin una convergencia económica real, sin una convergencia de los mercados laborales en el ámbito de los Estados miembros.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Weiler por su informe, así como al Ministro Melkert por su presentación de la posición de la Presidencia neerlandesa relativa a los temas de que trata el informe. Todos tenemos un punto de partida común en este debate y todos coincidimos en que la protección social es la piedra angular del modelo social europeo. La Sra. Weiler ha dejado este extremo perfectamente claro.
No obstante, el desafío al que hoy nos enfrentamos consiste en encontrar el modo de modernizar los sistemas de protección social de Europa y de adaptarlos a la nueva situación de un mundo que se transforma rápidamente, sin abandonar los valores centrales de solidaridad y cohesión. Es algo muy difícil, y será una tarea compleja para la que no existen soluciones repentinas ni soluciones milagrosas. Ante la complejidad y la incertidumbre, propuse a finales de 1995 el lanzamiento de una nueva iniciativa sobre protección social que denominé «El futuro de la protección social: marco para un debate europeo».
Lo que se perseguía era que cada Estado miembro buscara su propio paquete de soluciones que le permitiera atender a sus propios sistemas particulares. Al mismo tiempo, la capacidad de aprender unos de otros y de reaccionar con rapidez es un factor clave para alcanzar el éxito. La Unión Europea debe desempeñar una función muy valiosa en su capacidad de catalizador de este proceso y en su capacidad de aprendizaje y de adaptación, y agradezco al Parlamento Europeo su contribución al presente debate. Me alegra que el Parlamento haya reaccionado tan positivamente. El debate que hoy celebramos aquí nos recuerda dos cosas: en primer lugar, que el futuro de la protección social es una cuestión compleja; y en segundo lugar, que este debate es fundamental y no podemos eludirlo.
En ese marco para el debate europeo sobre el futuro de la protección social, la comunicación de la Comisión ha analizado muchos de los desafíos comunes a los que nos enfrentamos: cómo conseguir que la protección social favorezca más el empleo; cómo mejorar la financiación de los sistemas de protección social y cómo hacer frente al envejecimiento de las sociedades europeas, especialmente en lo que se refiere a las pensiones de vejez; y cómo mejorar la gestión de los sistemas de asistencia sanitaria. Existe otro gran desafío que tiene también una clara dimensión europea: cómo acoplar la aplicación plena del mercado interior a la diversidad de todos los sistemas nacionales; y como mejorar la conciliación de dicha diversidad con la libre circulación de las personas dentro de la Unión, y la libertad para proporcionar servicios.
Pienso que un debate animado es fructífero, y acojo con satisfacción un debate semejante, sobre todo porque considero la rica diversidad de experiencias, culturas y opiniones que existe en la Unión como una de sus grandes fuerzas, como demuestra el presente debate. Dicha riqueza y diversidad constituyen la fuente elemental no de los problemas, sino de soluciones innovadoras a los problemas. Por ello debemos formularnos la pregunta -y la Sra. Weiler así lo hace- ¿en qué dirección debemos avanzar? No olvidemos que contamos con el claro respaldo de los Estados miembros en este ejercicio. Todos ellos coinciden en señalar que es importante disponer de sistemas de protección social bien desarrollados y que vale la pena mantenerlos y ampliarlos. Pero también reconocen que para poder preservar los sistemas hay que reforzarlos, sobre todo teniendo en cuenta los grandes cambios que se han producido desde su creación.
En 1992, el Consejo definió en una recomendación sobre la protección social los objetivos comunes que, en su opinión, determinarían la reforma de dichos sistemas nacionales. El informe Weiler declara en el apartado V de su exposición de motivos que, actualmente, el objetivo debe ser continuar dicho debate, y estoy de acuerdo con eso. Pero no basta con continuar. Debemos tener en cuenta la necesidad de darle mayor velocidad, de hacerlo avanzar hasta el siguiente paso. Por ello me alegra especialmente ver hoy aquí al Sr. Melkert que nos ha ofrecido una exposición de cómo avanza, en su opinión, este debate durante la Presidencia neerlandesa. Y tiene toda la razón cuando afirma que en Amsterdam, hace apenas un mes, en la conferencia organizada por el Sr. Melkert en nombre de la Presidencia neerlandesa sobre la política social y la actuación económica, anuncié que la Comisión tiene previsto presentar en breve una comunicación sobre la mejora de los sistemas de protección social de la Unión. La comunicación intentará hacer una representación gráfica de la fase siguiente de este proceso.
Dicha comunicación tendrá dos objetivos: indicar la ruta por la que puede perseguirse dicha modernización y, en segundo lugar, presentar algunas propuestas específicas en favor del apoyo a nivel europeo. En todo ello deberemos esforzarnos por encontrar soluciones prácticas y factibles.
Al presentar la comunicación intentaremos, evidentemente, prestar especial atención a la contribución que el Parlamento ha hecho al debate hasta ahora, tal y como establece el informe de la Sra. Weiler. El debate de hoy ha demostrado que es un tema de especial importancia para todas las instituciones y, en particular, para el Parlamento. Deseo subrayar que acojo con enorme satisfacción el vivo interés demostrado en este debate, y espero que recibamos todo el apoyo del Parlamento para sacar adelante este proceso. Creo que éste es uno de los grandes debates de nuestro tiempo.

Van Velzen, Wim
En primer lugar, señor Presidente, deseo dar la bienvenida al ministro holandés a esta Asamblea de la que hace tiempo casi llegó a ser diputado, aunque en aquel momento la comisión de candidaturas lo consideró demasiado joven y creyó que necesitaba adquirir más experiencia a nivel nacional, y vaya si lo ha hecho.
Una de las cosas más agradables de la Conferencia sobre política social y rendimiento económico ha sido a mi entender que desde hace años la política social salía del déficit, que todos los oradores no se defendían de los ataques procedentes de la derecha, sino que de hecho demostraban con convencimiento lo importante que es en sí la política social y lo importante que es para la economía. Muchos estudios realizados por esta comisión evidencian que un sistema justo para la seguridad social y un buen rendimiento económico no son polos opuestos, sino que se complementan. Que una buena protección social no es una guinda que adorna el pastel, sino uno de los ingredientes indispensables de ese mismo pastel. De hecho, con ello se critica duramente el modo en que la Unión Europea ha iniciado y ejecutado hasta ahora los grandes proyectos. La dimensión social siempre va a la zaga, independientemente de si se trata del mercado interior, la UEM, la sociedad de la información o la ampliación de la Unión. Por ello no es de extrañar que en los Estados miembros, y en realidad también en los Países Bajos, tenga lugar un acalorado debate sobre la cuestión de si es conveniente proseguir con la UEM. Para que nos entendamos: soy partidario de la UEM y también del pacto de estabilidad, pero ha de quedar claro que el progreso social y el empleo son los objetivos y la política monetaria el medio para alcanzar dicho objetivo.
Es importante que hoy, a partir del excelente informe de Barbara Weiler, hablemos del futuro de la protección social en Europa. Pero hemos de darnos cuenta de que ese futuro tiene que empezar a construirse ya. Esto significa reformar nuestros sistemas de protección social, porque de lo contrario no podremos seguir pagándolos en el futuro. Y reformar, porque actualmente no están suficientemente orientados al empleo, y esto implica asimismo buscar un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad. Pero también debería implicar una política económica común, que no se centre en alcanzar los criterios de la UEM, sino en generar empleo.
Se necesitan objetivos e instrumentos sociales a nivel europeo para equilibrar la política monetaria. Esta fue una de las conclusiones de la Conferencia de Amsterdam. Por ello, es preciso incluir un capítulo sobre empleo en el Tratado. Por ello es preciso mejorar el protocolo social y aplicarlo a todos los miembros de la Unión. Muchas de las reformas necesarias de la protección social tendrían que seguir siendo asunto de las administraciones locales. Pero una Europa integradora con un mercado interior terminado impide el interés puramente nacional. A partir de ahora sólo estamos interesados en la cohesión social en otros Estados miembros. Uno de los temas candentes del debate en la Comisión de Asuntos Sociales sobre este informe era la convergencia. Hay mucha agitación, entre otros países en Inglaterra, sobre la cuestión de si la convergencia, incluso como palabra, debe aparecer en los textos. Este nerviosismo me parece harto extraño. En el artículo 17, también firmado por el Reino Unido, el Tratado ya habla claramente de que el mercado común fomentará la armonización de los regímenes sociales y que es necesario impulsar la libre circulación y combatir la competencia desleal. Lo mismo se dijo en una recomendación de 1992, una declaración en que se defendía la convergencia gradual con los mismos argumentos. Es una gran ironía que la declaración fuera aprobada bajo la Presidencia inglesa y que lleve la firma de uno de los tories más euroescépticos. Espero que para todos los ingleses, en la votación de mañana, este sea un motivo para no seguir incordiando sobre este tipo de cuestiones.
Señor Presidente, en realidad creo que ya es suficiente. La reforma de los diferentes regímenes es, a mi entender, indiscutible. Lo principal es el debate sobre el modo de hacerlo y la medida en que hemos de lograr y mantener una base de apoyo entre los ciudadanos europeos.

Hatzidakis
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que todos en esta Asamblea deseamos un alto nivel de protección social en Europa y, en lo posible, también una paulatina armonización de los sistemas de protección social. Se trataría, por otra parte, de un requisito unido a los principios del mercado interior.
No obstante, no debemos olvidar algunos datos fundamentales:
El primer dato es que existen grandes diferencias entre los sistemas de protección social de los Estados miembros: diferencias de organización de los sistemas de protección social, diferencias de financiación (por ejemplo, en Alemania, Francia y Bélgica los ingresos provienen principalmente del empresario, mientras que en los países escandinavos prevalecen los impuestos) y diferencias con respecto al nivel de la protección social. En los países escandinavos el coste total de la protección social supera el 30 % del PIB, mientras que en Portugal sólo asciende al 18 % y en Grecia al 16, 5 % del PIB.-El segundo dato relevante en materia de protección social es que los sistemas actuales tienen muchos problemas. Problemas, entre otros, derivados del creciente desempleo, que implica un aumento de la demanda de recursos destinados a los sistemas de protección social, del incremento del número de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, del aumento de la esperanza de vida -que crea un problema en el sistema de seguros, dado que cada vez menos trabajadores tienen que mantener a cada vez más jubilados: mientras en 1995 para el mantenimiento de una persona jubilada se requerían 4, 5 personas en edad laboral, dentro de 30 años la proporción será de menos de 3 personas- y, naturalmente, además problemas estructurales de los sistemas de protección social que han aparecido en los últimos años.-El tercer dato es que, mientras que en 1970 el coste de la protección social representaba el 19 % del PIB para toda la Unión, en 1993 la proporción ascendía al 28 % del PIB. Una evolución que en principio es positiva, pero que hay que valorar en función de sus consecuencias para el nivel de competitividad, a la vista de la internacionalización de la economía.Por lo tanto, un alto nivel de protección social, sí, un esfuerzo de armonización, sí, pero no debemos olvidar algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la protección social, como las siguientes:
Primero, la competitividad de la economía, dado que sin una economía europea competitiva a largo plazo, también decaería el sistema de protección social.-Segundo, el principio de la correlatividad (»correlativité»), que debe ser uno de los principios fundamentales de la protección social.-Tercero, no debemos ver negativamente el papel de los seguros privados, es decir, de ahorros complementarios dentro de los sistemas de protección social, naturalmente, sin suprimir la seguridad social pública. Estudiemos sus eventuales repercusiones antes de apresurarnos a condenar la participación del sector privado y asumir una postura dogmática ante la cuestión. Naturalmente, al mismo tiempo habrá que promover las políticas de empleo e incentivar las formas flexibles de trabajo, para combatir el problema del desempleo.En estas mismas conclusiones se basan las enmiendas que he presentado en nombre del PPE. La Sra. Weiler ha trabajado durante mucho tiempo para elaborar este informe, que es técnicamente impecable. Sin embargo, desde el punto de vista político, hay ciertas divergencias por nuestra parte, a las cuales me he referido aquí.

Hermange
Señor Presidente, nuestros sistemas de protección social se enfrentan en la actualidad a numerosos desafíos: el desafío demográfico a causa del envejecimiento de la población, el económico a causa del desempleo y el social, que no es menor pues debemos preservar el concepto de solidaridad en Europa.
Frente a estos desafíos, nuestra Europa ya no puede conformarse simplemente con organizar el presente estableciendo normas encaminadas a eliminar los obstáculos a la libre circulación en estos momentos, sino que debe asumir sus responsabilidades. Los interrogantes que suscita el futuro de la protección social son fundamentales para nuestros conciudadanos; son perceptibles por los propios conciudadanos, que desean una Europa más cercana, y será a través de la Europa social como comprenderán mejor los problemas de Europa.
Por consiguiente, hoy es indispensable, a nivel europeo, iniciar el debate sobre el futuro de la prestación social comparando las experiencias, trabajando de manera que el intercambio de puntos de vista para enriquecer la reflexión permita, si no una convergencia en un primer momento, en todo caso una coordinación de las disposiciones en el respeto por las diferentes culturas nacionales.
Sin embargo, creo que las reformas de los sistemas de la seguridad social no deben paralizarse en absoluto, y pasan necesariamente por una adaptación de nuestros sistemas sociales a las nuevas condiciones del empleo, en especial en lo que se refiere a la flexibilidad y movilidad como han dicho algunos de nuestros colegas.
Añadiré también que este concepto de solidaridad es compatible con una participación más personal, con una responsabilización de los ciudadanos. Por otro lado, la protección de la familia debería reforzarse, sobre la base de los cambios sociológicos y económicos. Ésta es la razón por la que me pregunto sobre la propuesta del ponente que, para tener en cuenta las transformaciones habidas en la estructura familiar, preconiza sistemas autónomos para hombres y mujeres. Creo que esta autonomización de los sistemas de protección social sería, efectivamente, nefasta para la cohesión de nuestras sociedades y para su desarrollo armónico.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al ministro neerlandés por su presencia aquí y aprovechar la ocasión para plantear una cuestión que me preocupa mucho. Se trata del déficit democrático en lo que respecta a la seguridad social y el empleo. El ministro ha dicho que desea entablar un diálogo con este Parlamento y le creo, y asimismo considero que con sus propuestas referentes a la convergencia del mercado laboral y la política de empleo y los indicadores para la política de empleo, hace unas propuestas muy buenas. Pero, ¿qué garantía tiene este Parlamento de que una vez que finalice la Presidencia neerlandesa la cosa no se va a enfriar y este Parlamento apenas pueda participar? Mientras tanto, el tren sigue avanzando e, igual que sucedió en Essen por primera vez, se darán los primeros pasos hacia la renovación y el cambio del mercado laboral. Quisiera señalar a sus Señorías y a este Parlamento que si los Estados miembros no logran la convergencia, tal como el Sr. Van Velzen ya ha señalado, tendrán que realizar mucho trabajo en diversas situaciones, como la UEM y el pacto de estabilidad, ya que podría muy bien suceder que debido a la agitación social la construcción europea resulte ser mucho menos estable de lo que parecer ser en estos momentos. Por ello quiero pedir al ministro que durante la Presidencia neerlandesa procure mantener el diálogo entre este Parlamento y el Consejo.
Señorías, la cuestión es si queremos conservar o renovar, y creo que con el informe Weiler se han dado algunos pasos en la buena dirección, pero también opino que hemos de atrevernos a renovar. Mis propuestas, tanto en la Comisión de Asuntos Sociales como en estas enmiendas, no tratan tanto de la cuestión de si hemos de suprimir algunas cosas, sino más bien de la cuestión de si queremos renovar. Y en este caso me refiero a las pensiones; considero que no hemos de tener miedo, por ejemplo, a los regímenes de capitalización en lugar de los regímenes contributivos. Se trata de este tipo de cuestiones, y por ello quisiera pedir a la Sra. Weiler que considerara seriamente nuestras enmiendas, para que también nuestro Grupo pueda apoyar un informe que contiene algunas cosas buenas.

Ojala
Señor Presidente, cuando hablamos del futuro de la protección social en Europa, estamos hablando al mismo tiempo del futuro de toda Europa. En mi opinión, el informe de la Sra. Barbara Weiler pone especialmente bien de manifiesto la importancia de que reformemos los sistemas de protección social para responder a las exigencias de un mundo laboral en transformación y de que intentemos encontrar nuevas fuentes de financiación para la protección social con el fin de garantizar que tenga un nivel elevado también en el futuro.
En el informe de la Sra. Weiler se pide la definición de unos objetivos mínimos comunes de protección social a nivel comunitario. En este asunto estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, para nosotros, los nórdicos, la cuestión no es tan sencilla, debido a las razones que el Sr. Hatzidakis, entre otros, ha mencionado en esta cámara. Nosotros tememos que el mínimo pueda transformarse fácilmente también en el máximo. Por este motivo es importante garantizar que los mínimos comunes se puedan rebasar siempre por medio de decisiones a nivel nacional. Me adhiero igualmente al punto de vista expresado en el informe en el sentido de que la política social de la UE necesita un fundamento jurídico más sólido. El Protocolo social debe incluirse en el Tratado y su aplicación debe poder decidirse por mayoría cualificada.
En cuanto a la financiación de la política social, me gustaría hacer hincapié en que no se trata de una cuestión únicamente de partidas presupuestarias como tiende a pensarse fácilmente. Los recursos empleados para la protección social revierten sobre sí mismos multiplicados. Esto es válido tanto para la sociedad como para las empresas. Los trabajadores que se sienten seguros desde el punto de vista social pueden poner su capacidad creativa mucho mejor a disposición de la empresa. Además de ser más humano, resulta también más rentable desde el punto de vista económico ayudar a las personas a hacer frente a los problemas que dejar que los problemas se transformen en marginación o en delincuencia. Lo que se ahorra en protección social se puede llegar a pagar multiplicado varias veces más en mantenimiento de prisiones y de mayor número de fuerzas policiales. Si deseamos garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos, la solución se encuentra antes en la mejora de la protección social y de los servicios sociales que en el reforzamiento de la acción policial.

Schörling
Es evidente que, con el documento de la Comisión, que constituye la base del informe Weilers de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo sobre el futuro de la seguridad social, se ha querido crear un marco para el debate y adoptar unos puntos de partida para la discusión y deliberación comunitarias. Felicito a la Sra. Weiler porque, en mi opinión, transmite claramente su mensaje. Mi interpretación es que si una sociedad no consigue distribuir los recursos de modo que se logren la seguridad y la solidaridad social, y en su lugar aparecen nuevos abismos sociales y más exclusión, esa sociedad ha fracasado. La solidaridad social constituye verdaderamente una condición indispensable para toda sociedad moderna y democrática; es importante que esto quede claro en el marco del debate.
También estoy totalmente de acuerdo con la opinión y el razonamiento de la Comisión de Asuntos Económicos en que hay motivos para sentir preocupación por el futuro de la seguridad social en Europa. Actualmente se concentran una gran parte de las acciones de la Unión en el objetivo de promover las fuerzas de mercado y la competencia. Los fuertes recortes del gasto público, los criterios de convergencia para la UEM, el pacto de estabilidad y el aumento del desempleo crean exclusión social e intranquilidad. Se crea una situación peligrosa cuando se intenta aumentar el crecimiento económico y la capacidad competitiva a cualquier precio, a costa de los sistemas de seguridad social. Por consiguiente, pienso que es especialmente importante nuestra enmienda 9, donde señalamos que los recortes que se efectuan en las prestaciones sociales y por desempleo tienen como objetivo rebajar el nivel salarial. No deben llegar a un nivel por debajo del nivel mínimo de subsistencia actual. Y lo mismo reza para las prestaciones del sistema de seguridad social.
Además, pienso que la seguridad social debe cubrirse en primer lugar colectivamente, es decir, a través de una protección administrada por el estado y un sistema basado en convenios colectivos entre trabajadores y empresarios. Además, los sistemas de seguridad social dentro de la UE son muy diversos en cuanto a su estructura y niveles. Por eso no creo que sea posible ni deseable su homologación. Existe una descripción de la armonización en el informe que, según la Sra. Weiler, tiene un error de traducción. Pero, tras la lectura atenta del apartado 19, no puedo apoyarlo, puesto que en él se dice que debe incluirse en el Tratado la explicación 23, y ésta hace referencia al artículo 117, el cual defiende precisamente la armonización de los sistemas sociales. Por el contrario, pienso que se requieren una coordinación y una serie de niveles mínimos para la protección social, y unos acuerdos entre los países miembros en este sentido con miras a evitar que se produzca la exclusión social, y para salvaguardar los derechos de los trabajadores y la libre circulación de los ciudadanos.
En el informe es asimismo importante el requisito de la reglamentación del trabajo atípico, además de nuestra enmienda sobre la financiación de los sistemas sociales. Ciertamente, habría que prestar atención a los aspectos de modificación fiscal, es decir, traspasar la carga fiscal de los recursos procedentes del trabajo a unos tipos en concepto de desgaste del medio ambiente, de lo cual es un ejemplo el impuesto por emisiones de dióxido de carbono.

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, el informe Weiler es muy importante y a mi entender llega en el momento oportuno. Cuando hablamos con los ciudadanos, a menudo percibimos una creciente dualidad. Una división entre libre comercio por un lado y responsabilidad social por otro. Según ellos, el mercado libre sin fronteras abandona cada vez más la tarea social esencial, y mencionan algunos ejemplos. El fenómeno de la deslocalización ha aumentado también dentro de la Unión Europea, la preferencia por los métodos de producción tecnológicos a costa del trabajo, las situaciones discriminatorias de los trabajadores fronterizos. También dentro de los propios Estados miembros hay disparidades de criterio que aumentan cada vez más, como el abismo entre quienes trabajan y quienes no, entre jóvenes y pensionistas. De ahí que urja dar un nuevo contenido social para tender un puente entre la seguridad social y el papel verdadero, real de la economía. Por ello el informe Weiler llega justo a tiempo.
La ponente propone un modelo social, con razón, que es valioso y que concibe los logros sociales como piedras angulares de nuestra sociedad. Por supuesto, es preciso encarar algunos hechos que se han producido últimamente en la mayoría de los Estados miembros. Han surgido graves dificultades financieras, excesos del pasado, y la mayoría de nuestros sistemas de protección social siguen calibrándose a la luz de ordenamientos sociales trasnochados. Con ello me refiero a que hace 40 ó 50 años era equitativo que la seguridad social fuera financiada principalmente por contribuciones del trabajo. Era una época de alto nivel de empleo. Por aquel entonces, otras fuentes de financiación eran impensables. Pero la sociedad ha cambiado, el fuerte desempleo, la caída de la natalidad, el cambio de la situación familiar implican que cada vez menos personas, por decirlo así, tengan que mantener derecho el sistema, y por otro lado el coste del trabajo ha aumentado demasiado debido a la obligación de financiar el régimen de seguridad social con los impuestos sobre el trabajo. Por ejemplo, en mi país la diferencia entre el salario bruto y el salario neto de un trabajador empieza a ser verdaderamente surrealista. Es excesivamente elevada, y son situaciones que matan el trabajo, y suponen el inicio de un círculo vicioso que finalmente minará los fundamentos de los regímenes de seguridad social. Uno de los apartados centrales del informe Weiler es el apartado 9 sobre las formas alternativas de financiación, y en este sentido creo que la propuesta es justa y muy útil.
Señor Presidente, en todo el contexto quisiera señalar aún otra cuestión. En el ordenamiento de la Unión Económica y Monetaria se habla únicamente de lo fiscal, y en realidad muy poco de lo social. ¿No va siendo hora de que empecemos a pensar de forma concreta sobre esto? Y el informe Weiler es un excelente ejemplo de ello.

Jensen, Lis
Señor Presidente, al leer el informe de Barbara Weiler me he acordado de una canción danesa que dice aproximadamente así:
(La oradora canta) »Muchacha, pisa con cuidado, porque las tablas son peligrosas.»
Lo he hecho porque dar los pasos con cuidado precisamente en el ámbito social es algo que, como danesa, me parece muy importante. Tal como se ha mencionado, la política social es un asunto muy espinoso para los países escandinavos. Estoy de acuerdo con el Sr. Hatzidakis en la importancia de tener un nivel de protección muy elevado en Europa y en la Unión Europea, pero no estoy de acuerdo en que se armonicen las legislaciones sociales. Me parece que hay que responder con mucha cautela a la propuesta incluida en el informe relativa a una coordinación gradual de los sistemas de protección social. Opino asimismo que hay que tener cuidado al elaborar normas mínimas, ya que, como ha señalado con razón mi colega finlandés, existen motivos para temer que las normas mínimas se conviertan en normas máximas. Lo hemos visto en Dinamarca, por ejemplo, en el ámbito de las condiciones de trabajo. Las excelentes normas que se aplicaban en Dinamarca a las condiciones de trabajo se han ido deteriorando debido a la competitividad. Creo que hay motivos para temer que, en razón de la competitividad, la coordinación pueda empeorar los sistemas de protección social. La introducción de sistemas de protección a escala comunitaria por mayoría cualificada me parece asimismo una idea muy poco acertada.
Por otra parte, opino que, en cierto modo, se está aprovechando la libre circulación de la mano de obra para dar a la Unión Europea mayores competencias legislativas de las que tiene actualmente. Me parece una exageración pensar que los ciudadanos de la Unión Europea estén deseando trasladarse de un país a otro. En mi trabajo como asistente social he podido observar que a la gente le resulta muy difícil levantar el campamento -sobre todo cuando se tiene una familia- para trasladarse de un país a otro cuya cultura acaso sea muy diferente. Quiero rogarles que reflexionen sobre este tema, sobre todo con miras a la Conferencia Intergubernamental, y que pisen con cuidado.

El Presidente
Usted tiene una bonita voz, Señoría, pero ha puesto en dificultad a varios intérpretes que no han estado a su altura.

Lang Carl
Señor Presidente, tendrá que perdonarme por tomar la palabra y no poder cantar como nuestro colega, pero aun así tengo algunas cosas que decir.
Podemos felicitarnos por las reiteradas afirmaciones de la Comisión y del informe de la Sra. Weiler sobre la necesidad de preservar un modelo europeo de protección social, instrumento para la paz social.
Sin embargo, creo necesario advertir a la Comisión contra cualquier tentativa de nivelación por abajo de nuestros sistemas de protección social en nombre de una pretendida armonización europea. Al ser específicas las tradiciones sociales y la historia social de nuestros Estados, conviene recuperar, preservándolos, los sistemas nacionales más evolucionados y desarrollar los demás.
Efectivamente, es en el marco nacional y bajo la responsabilidad de cada Estado como debe fijarse con claridad la voluntad de salvaguardar y desarrollar un régimen de protección social que garantice a todos el seguro de enfermedad, el de desempleo y las jubilaciones, pero también un sistema que garantice la promoción y el apoyo a las familias.
El voluntarismo y la intervención del Estado para el apoyo a las familias, sobre todo por medio de las prestaciones parentales, debería servir de motor de relanzamiento de la natalidad si no queremos que nuestros sistemas de jubilación proporcional a la cotización exploten bajo el peso del envejecimiento de nuestros pueblos. La aplicación de una amplia política familiar en los Estados de Europa es una urgencia social y una necesidad vital.
Más aún, cualquier política de desmembración nacional de los sistemas de organización social llevaría a los ciudadanos a una lógica del mercado o a una lógica estricta del seguro privado, que son totalmente antisociales. Cada Estado nacional debe ser garante y responsable de la protección social, y reafirmar su vocación social.
Deseo decir también a nuestros colegas que, si pretenden mantener modelos avanzados de protección social, es necesario que Europa dé la espalda a su política económica ultraliberal, librecambista y global en el contexto internacional, que produce principalmente desempleo en Europa.
La apertura de nuestras fronteras a la competencia mundial es totalmente incompatible con el mantenimiento de nuestros sistemas de protección social, la falta de cláusulas sociales en la organización mundial del comercio es criminal para nuestras economías y para nuestros sistemas sociales europeos. Es urgente restablecer tasas arancelarias que se asignarían a las políticas familiares y sociales, imponer un IVA social a los productos de importación con el fin de reducir los desequilibrios económicos surgidos del diferencial de los costes sociales y redefinir reglas de intercambio de las que hoy somos más víctimas que beneficiarios, sin lo cual, Señor Presidente, las buenas intenciones, los buenos sentimientos sociales que unos y otros ponen hoy por delante, se verán barridos por los efectos devastadores de la competencia económica mundial.

Theonas
Señor Presidente, en los últimos años los problemas de los sistemas de protección social se han agravado peligrosamente. Las políticas restrictivas de los gastos públicos, la generalización del traslado de empresas fuera de la Unión Europea, y el empleo de capitales en inversiones no productivas y a corto plazo así como en transacciones financieras especulativas han conducido a unos niveles de desempleo sin precedentes.
Los fenómenos de marginación y pobreza tienden a afectar a sectores cada vez más amplios de la población. Las perspectivas apuntan a un aumento de estas tendencias. El desarrollo negativo de los sistemas de protección social nos debe inquietar seriamente, tanto por razones sociales como económicas. No hay desarrollo que pueda apoyarse en la depauperación del potencial humano ni en la disolución del sistema de protección social. No podemos estar tranquilos, señor Presidente, ante el peligro de un derrumbe total del sistema de protección social, que un reemplazo de la financiación basada en las cotizaciones de las empresas por soluciones alternativas basadas en los impuestos podría provocar, sobre todo bajo las fuertes presiones financieras provocadas por la UEM en todos los Estados miembros.
Es absolutamente necesario, en mi opinión, que la Comisión estudie el desarrollo de la relación trabajadoresjubilados, que está evolucionando de manera especialmente negativa y cuyas repercusiones sociales son imprevisibles; que se estudie igualmente el desarrollo de la producción, del empleo y del tiempo de trabajo previsible para los años venideros, y sus repercusiones en los sistemas de protección social; que se hagan saber las consecuencias de la UEM y de las políticas restrictivas que la acompañan para la protección social y la financiación de los sistemas de seguridad social, salud pública y educación, y que nos demos cuenta de que remitir todo al funcionamiento del mercado encierra enormes riesgos para la cohesión social, porque hasta la fecha el mercado no ha creado por sí mismo ni el pleno empleo, ni la protección social, ni las instituciones sociales.
Es hora de que nos enfrentemos a la verdad y nos preocupemos por el interés de los pueblos de Europa.

Cabezón Alonso
Señor Presidente, la gran aportación de la llamada «revolución conservadora», que un día lideraron Margaret Thatcher y Ronald Reagan, fue la de intentar desmantelar el Estado del bienestar. Afortunadamente, no ganaron su batalla, pero no soy tan ingenuo como para pensar que aquellos intentos por desmantelar todo lo que supone protección social pública pertenecen a una historia olvidada. El discurso del pensamiento único, que hoy parece inundarlo y contaminarlo todo, insiste en reducir la realidad a mercado, a desregulación y a individualismo, negando a lo público, a la política y al Estado todo valor para articular la sociedad. El nuevo discurso de ese pensamiento único ha eliminado los elementos más rampantes del pasado, pero sigue defendiendo la urgencia y la necesidad de desmantelar todo lo que articula el Estado del bienestar con la disculpa de su inviabilidad futura. Sin duda, su tesis es la de que ellos serán los que administren lo que hoy es gestionado por los poderes públicos.
Pero, ¿por qué sí es viable el individualismo y no lo es la solidaridad? ¿Por qué va a ser más viable un fondo de pensiones privado que una seguridad social pública? Hace años, en mi propio país, España, cuando aspirábamos a integrarnos en este proyecto común de la construcción europea, lo hacíamos porque Europa era equivalente a libertades, pero también porque era la referencia de una sociedad que había hecho suyos los principios del Estado del bienestar; porque ese modelo social europeo fue el que vertebró nuestras sociedades en momentos difíciles, institucionalizando los derechos sociales de los ciudadanos.
La crisis fiscal del Estado no puede concluir con el desmantelamiento de algo que sirvió para vertebrar nuestras sociedades, ni tampoco reduciéndolo: sería mejor hablar de reformas, de correcciones, de actualizaciones para aplicar derechos a quien de verdad lo necesite. Apostar por reformar, corregir y actualizar es la mejor manera de blindar el Estado del bienestar ante sus detractores. Y la mejor manera, también, de no ser conservador es enfrentarse con audacia a la realidad.
La Europa común que defendemos los socialdemócratas hunde sus raíces en la defensa de los derechos humanos, en la democracia plural y en la protección social. Ante los desafíos que tenemos y que afronta este informe (un buen informe) -la protección social, algo tan vinculado al empleo- no se puede actuar con cobardía o a la defensiva. Un buen nivel de empleo consolida las perspectivas de la protección social pública. Defender flexibilidad y seguridad es un compromiso, como es un compromiso avanzar hacia la convergencia social y hacer por ella los mismos esfuerzos que estamos haciendo para conseguir la convergencia económica.
Ojalá este informe -repito, un buen informe- y este debate sirvan para seguir construyendo, para seguir avanzando y no para derribar, aunque para ello hay que seguir creyendo en la política, en lo público, en el papel del Estado, en las ideas y en los valores.

Hernández Mollar
Señor Presidente, yo creo que no es exagerado decir que los niveles de protección existentes hoy en la Unión Europea son, con gran diferencia, los más elevados del mundo. Todos nos debemos sentir orgullosos de pertenecer a la sociedad más solidaria que existe actualmente. Pero para conservar tan preciado logro necesitamos aumentar, evidentemente, nuestros niveles de empleo. Únicamente en la medida en que seamos capaces de disfrutar de una economía europea fuerte, competitiva y generadora de empleo seremos capaces de mantener nuestro sistema de protección social. Todo lo demás son palabras huecas y puras demagogias.
En los últimos años se han alzado muchas voces acusando al sistema europeo de protección social de ser el responsable de la pérdida de competitividad de la industria europea. Se ha tratado de crear una dicotomía -para mí, inexistente en todo punto- entre la protección social y la competitividad de las economías. El razonamiento realizado por quienes han sostenido tal dicotomía era el siguiente: como la economía cada vez está más abierta y globalizada, un producto fabricado en Europa lleva implícito un plus de coste que no tiene un producto fabricado en Asia, por ejemplo. Por lo tanto, los asiáticos compiten con ventaja con respecto a los productos europeos. Ante estas acusaciones cabrían dos posturas: la primera sería defender su desmantelamiento y, la segunda, buscar soluciones para garantizar su supervivencia a largo plazo. Yo me manifiesto radicalmente a favor de esta última. Es cierto que la fiscalidad sobre el trabajo existente en los países de la Unión Europea supone una dificultad para alcanzar un grado de competitividad que nos permita mantener nuestra cuota de mercado al competir con otros países. Pero todos sabemos que existen otros factores de competitividad además del precio: la calidad, el diseño, la innovación...
Europa debe buscar fórmulas adicionales de competir, aparte del precio. Mientras tanto, Señorías, no nos queda más remedio que seguir trabajando para aumentar la competitividad de la economía europea, para que sea posible el sostenimiento del sistema. Debemos avanzar en la desregulación de mercados, en el campo de la energía, en las telecomunicaciones; debemos aumentar la formación de nuestra fuerza laboral; debemos invertir más en investigación y desarrollo y debemos conseguir una mayor implicación del sector privado en este tipo de inversiones. Debemos, además, perseguir una Unión monetaria con el mayor número posible de países, para que una mayor parte de la economía europea se beneficie del entorno macroeconómico de primera calidad que va a suponer dicha Unión.
En lo que respecta también, naturalmente, al informe de la Comisión que estamos aquí debatiendo, quiero mostrar mi satisfacción por el mismo, al considerarlo un buen punto de partida para lo que debe ser un debate en profundidad -un debate serio y riguroso- sobre el futuro de la protección social. Y mostrar también mi desilusión por no poder apoyar el informe de la Comisión de Asuntos Sociales de este Parlamento, porque no podemos, en el día de hoy, aceptar un informe que pretende trasladar la responsabilidad de financiación de los Estados miembros a la Unión Europea. Esto es empezar la casa por el tejado. Antes habría que avanzar mucho en la armonización, en la homologación de prestaciones y todo ello como consecuencia especialmente de la libre circulación y de la libre prestación de servicios.
Por otra parte -y termino, señor Presidente-, hay sectores marginados de la sociedad con limitaciones físicas o psíquicas que buscan empleo y no lo tienen. Y, sin embargo, quienes lo tienen, a veces buscan las prestaciones sociales para huir del trabajo, a costa del esfuerzo de otros -como ocurre, por ejemplo, con el uso y abuso de algunas prestaciones de invalidez. Se hace necesario combatir el fraude permanentemente, mejorar los recursos e intercambiar también permanentemente ideas y experiencias y propuestas entre todos los agentes sociales.

Podestà
Señor Presidente, los temas que aborda el informe Weiler son temas muy complejos porque la evolución de la realidad demográfica de la Unión se caracteriza por un envejecimiento generalizado, por una menor natalidad y -no lo olvidemos- por una tardía incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo.
Todo eso lleva, inevitablemente, a la crisis del actual sistema de protección social, agudizado todavía más por la mayor mundialización de los mercados y, por lo tanto, por la necesidad de mayor competitividad de las empresas y de todo el sistema económico y productivo europeo. De esto debe derivarse una mayor flexibilidad en las normativas relativas al trabajo y, desde luego, no un mayor incremento de impuestos fiscales. No es el principio de solidaridad lo que se cuestiona -al contrario, nosotros, de manera especial, resaltamos la importancia de la protección a favor de la familia- pero el sistema actual de protección social ya no puede seguir así: es demasiado oneroso y poco eficaz.
Por eso creemos necesario alentar a los ciudadanos a que soliciten seguros privados adicionales, complementarios, para que entren en competición, también en el ámbito de la protección social, sistemas públicos y privados con el fin de obtener una mayor eficacia general del sistema, para que, además, se tomen en consideración formas de trabajo nuevas, formas de trabajo atípico: el Consejo tiene bloqueado desde hace años este expediente, pero nosotros consideramos que se debe llegar pronto a resultados concretos.
Este informe constituye una buena base de reflexión. Sin embargo, como no hemos obtenido satisfacción en algunos puntos para nosotros fundamentales, consideramos que no lo podemos aprobar, aunque el informe presenta algunos momentos de gran calidad.
Por último quisiera subrayar un último punto que figura en la enmienda 29, donde se dice que es necesario incluir en los acuerdos multilaterales cláusulas medioambientales y sociales siguiendo el modelo de una organización internacional del trabajo. Este es un punto que nosotros apoyaremos.

Lindqvist
Señor Presidente, en una democracia es necesario un sistema de bienestar social seguro; esto es sobre todo responsabilidad de los Estados miembros. La UE puede contribuir a la cooperación y la armonización. Un modo de hacerlo es a través de las normas mínimas, pero existe el riesgo de que se conviertan en máximas. Por tanto, en este ámbito la UE debe limitarse a coordinar, y las decisiones, en mi opinión, han de tomarse por unanimidad para no modificar los sistemas de seguridad social de los países miembros en un sentido negativo, a lo cual nos arriesgamos.
La sociedad actual exige unos cambios. Los niveles de conocimientos cambian constantemente. Por eso cabe diseñar un sistema y unos modelos que hagan que el perfeccionamiento se convierta en una cuestión de toda la vida en vez de, como es el caso actualmente, sea algo que se limita a los primeros 7-10 años de trabajo. Hemos de lograr una política de mercado de trabajo activa, donde el perfeccionamiento y la formación entren a formar parte de un proceso de promoción que dure toda la vida. Es vital contrarrestar toda modalidad de dumping social.
El informe Weiler es muy positivo en varios sentidos. Hay que analizar los diversos sistemas de seguridad social e impedir que surjan niveles desiguales. Hay que llegar a una garantía de jubilación básica para todos los países miembros, pero debe ser posible ampliarla con seguros privados. Una propuesta de gran importancia es la modificación del financiamiento de los sistemas de seguridad social a través de cambios fiscales, con menos impuestos sobre la actividad laboral y mayores cargas sobre el consumo de energía y los recursos naturales.

Ribeiro
Señor Presidente, el informe del Sr. Weiler, al que felicito por el excelente trabajo que ha realizado, merece nuestro apoyo y debería merecer la atención de todos nosotros.
Pero el caso es que estamos tan preocupados con otras cosas, con otros designios considerados nacionales, cuando son transnacionales, que poca atención sobra para estas cuestiones de la protección social en Europa y del futuro de ésta en el marco que debería provocar un debate europeo.
Las dos comunicaciones de la Comisión, base de este informe, dan materia para dicho debate, y la propuesta de resolución que este Parlamento deberá transformar en resolución suya están bien aprovechadas en el informe del Sr. Weiler. No menos importante, sino todo lo contrario, es la exposición de motivos que acompaña esta propuesta y que tiene materia para mucha reflexión y para mucho debate.
Por lo demás, cualquier posición que se fundamente en el artículo 2 del Tratado de Roma, que Maastricht no modificó y que formula objetivos generales de la asociación de Estados miembros, y en el artículo 117, que Maastricht tampoco consiguió anular y que impone claramente un principio de orientación política, casi parece extraña, cuando es cada vez más necesaria. El principio de la igualación social en el progreso representa, o debería representar, la piedra angular y filosofal de la construcción de una Europa mosaico de diferentes situaciones nacionales y producto de cooperación y solidaridad entre los pueblos y a favor de ellos.
Felicitamos a Barbara Weiler por señalar ese fundamento jurídico y, en particular, la característica progresiva de una dinámica que parece estar pervertida, porque sólo se habla de armonizaciones técnico-nominativas y se confrontan divergencias o convergencias negativas en el plano social. Como resulta evidente, este debate no se puede ni se debería agotar en el examen de un informe. Pero ya es positivo poder recordar lo indispensables y urgentes que son estos asuntos.
Como única observancia particular que el tiempo me permite, tan sólo quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el punto 21 de la propuesta como tema para el debate que debe quedar pendiente sobre la evolución del empleo, de la jornada laboral y del tiempo libre. Un punto de la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, del Dr. Theonas, me sirve para subrayar que lo que se debe empezar a considerar fundamental en cualquier debate sobre la vertiente social es la organización del tiempo de vida de los hombres y de las mujeres articulando lo que es tiempo de trabajo y tiempo de ocio ya posible y que no puede ser tiempo de desempleo, porque puede ser, tiene que ser, también tiempo de vida.

Sainjon
Señor Presidente, la originalidad de Europa, frente a Estados Unidos, Japón u otros países, reside hoy en un modelo social que no tiene parangón en el mundo.
¿Para qué sirve que la tasa de desempleo en Estados Unidos sólo sea de un 6 %, si cerca de 40 millones de americanos se ven privados de toda cobertura social? No olvidemos nunca que el modelo social europeo ha sido ahormado por la Historia, por el sufrimiento, por las luchas que, desde la revolución industrial de finales del siglo XVIII, se entablaron en las minas, en los talleres y en cualquier parte donde los hombres, las mujeres y los niños eran explotados. No olvidemos nunca el combate a menudo desigual que han tenido que librar los sindicatos.
Y ahora es frecuente oír, aquí y allá, que este sistema está anticuado, polvoriento, fragmentado y es demasiado caro ¡Es escandaloso! Algunos llegan incluso a desear su ruina.
No pongamos el pretexto de la construcción europea y de la armonización social para plantear una discusión de los logros desde el principio, o dicho de otro modo, para «pujar el mínimo social». Sin duda es demasiado pronto para ir hacia una armonización total en los ámbitos de la protección social, de las jubilaciones, de la política familiar o de la salud. Pero no es demasiado pronto para coordinar los esfuerzos de todos y poner en práctica reformas auténticas y verdaderamente progresistas.
Es deseable ya un código de buena conducta. Aunque existe, no se respeta. El Gobierno británico rechaza la Carta Social, al igual que el Protocolo Social de Maastricht, el Sr. Major se ha esforzado en desprestigiar muchas directivas, a pesar de las amonestaciones del Tribunal de Justicia ¿Para qué construir una casa para quince si uno de los arquitectos rechaza el plano de cimentación? Espero de corazón que tengan lugar cambios políticos rápidamente en Gran Bretaña para clarificar la situación en un país en el que aumenta la precariedad, en un país en el que las cifras de paro, en opinión del Ministro de Trabajo, han sido deliberadamente subestimadas. ¿Es posible que la mentira se haya erigido en doctrina de gobierno en Gran Bretaña?
Veo tres desafíos máximos en la cuestión de la modernización y armonización de nuestros sistemas de protección social. El primero, y no precisamente el menor, es el desempleo: 20 millones de parados, 50 millones de excluidos. Nuestras asignaciones sociales van a quemarse. Es necesario atacar las raíces del mal, acometer la elaboración de una verdadera política europea de relanzamiento y crecimiento económico para el empleo. Y de igual modo, en lo relativo a los sistemas de jubilación, se constata de forma hipócrita que en el 2005 ya no habrá suficientes jóvenes para financiar las jubilaciones; así, se han creado fondos de pensiones u otros mecanismos financieros sin haber reflexionado nunca sobre una política familiar europea que rompa con el individualismo actual.
Segundo desafío: la moneda única. Cuando nuestros Estados dispongan del euro, es decir, cuando tengan los mismos tipos de cambio y los mismos tipos de interés, ya no dispondrán más que de dos recursos para atraer las inversiones: el recurso fiscal y el social. En ambos casos, si no tenemos cuidado, iremos hacia una nivelación por abajo.
Tercer desafío: la financiación de nuestros sistemas de protección social, que descansa demasiado en la fiscalidad sobre el trabajo. Considero que los esfuerzos deben ser compartidos y que debería crearse un sistema de financiación con cargo al impuesto sobre el capital.

Berthu
Señor Presidente, los sistemas sociales de los diferentes países de Europa, ¿podrán mantener en el futuro su diversidad? El informe de la Comisión sobre la protección social en 1995 es vacilante a la hora de responder con claridad a esta pregunta.
Sin duda todo el mundo estará de acuerdo en decir que es necesario favorecer el debate y el intercambio de experiencias a nivel europeo, lo que puede conducir, de forma espontánea, a un relativo acercamiento de las legislaciones. Pero la cuestión planteada por la Comisión no es exactamente ésa. En realidad pregunta, de forma velada, si, a una economía que ella supone integrada, deben corresponder en el futuro unos sistemas sociales también integrados.
Por nuestra parte, nos parece más razonable prever el mantenimiento de la diversidad con el fin de garantizar el derecho de cada país a gobernarse lo más cerca posible de las necesidades de sus ciudadanos. Pero, evidentemente, esta diversidad deberá, por una parte, situarse en el marco de un permanente intercambio de ideas y experiencias a nivel europeo y, por otra, preservar la libertad de circulación de los trabajadores a través de unos sistemas de transferencia, de un país a otro, de los derechos sociales acumulados.
Sin embargo, la Comisión no parece totalmente satisfecha con este tipo de respuesta, pues invoca otros argumentos. En primer lugar, y cito la frase textualmente «las empresas transnacionales, que son cada vez más numerosas, tendrán dificultades crecientes para fijar los salarios en países diferentes y para desplazar personal de un país a otro». Por nuestra parte, creemos que este argumento refleja una concepción de Europa que no es la nuestra. No es decisivo y no debe conducir a subordinar sistemáticamente las libertades de gestión nacional.
En segundo lugar, la Comisión se preocupa por las distorsiones de competencia que puede inducir la diversidad de sistemas sociales, pues los países en los que la protección social es generosa corren el riesgo de ver sus empresas penalizadas. Se trata de una cuestión real, pero nos sorprende que la Comisión la plantee a nivel europeo y no lo haga con más frecuencia donde es cien veces más indignante, a nivel de las relaciones mercantiles mundiales. Es precisamente en este terreno donde la Comisión podría hacer el trabajo más útil.

Belleré
Señor Presidente, señor Comisario Flynn, señor Ministro neerlandés, la invitación de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales a aprobar un proyecto de resolución relativo a los dos documentos presentados por el Ejecutivo, en particular la Comunicación sobre el futuro de la protección social y el Informe sobre la situación de la protección social en Europa, obliga a la ponente, Barbara Weiler, a la que felicito por el trabajo realizado, a clarificar el término «protección social», que no hay que entender sólo como seguridad social, o sea, los seguros proporcionados colectivamente, sino que incluye también la protección social ofrecida por el Gobierno, así como los regímenes resultantes de la contratación colectiva y los privados.
A mí me parecen interesantes dos conceptos. En primer lugar, es necesario clarificar el papel de la Unión Europea en el ámbito de la protección social, que tendrá que ser más activo y tendrá que prever acciones organizadas conjuntamente con los Estados miembros, y apoyar la convergencia gradual de los sistemas de protección social en tales Estados, elaborando una serie de criterios mínimos comunes y evitando que la competencia provoque la erosión gradual de la protección social. En segundo lugar, y me resulta difícil aquí, en dos minutos, profundizar más, habrá que encontrar un acuerdo, tanto con la Comisión como con la ponente, sobre el hecho de que los sistemas de protección social deberán adaptarse a las nuevas exigencias del mercado del trabajo. Vale la pena recordar la tendencia a reducir las contribuciones a cargo de los empresarios y de los trabajadores, sobre todo de aquéllos con una renta más baja y, por lo tanto, con una retribución más baja.
Debe alentarse y diversificarse la potenciación del sistema de pensiones mediante seguros complementarios, de manera que disminuya más el número de personas víctimas de la exclusión social y que se pueda garantizar un nivel de vida adecuado a todos los ciudadanos, que, en cualquier caso, deben sentirse protegidos y mirar con serenidad hacia el futuro.
Los parlamentos nacionales deben hablar más de seguridad social, dando por supuesto que es necesario incentivar y mantener alto el nivel de empleo. Donde hay desempleo, es bueno saberlo, no puede haber seguridad social. Nos lo dicen los casi 20 millones de desempleados en Europa.

Van Lancker
Señor Presidente, me ha complacido mucho oír decir al ministro Melkert que considera muy importante que también nosotros en el Parlamento Europeo iniciemos el debate sobre la protección social, pues Señorías, no puedo por menos que decir que me asombran una y otra vez las reacciones especialmente alérgicas de algunas de sus Señorías cuando hablamos de la actuación comunitaria en este ámbito. Por lo demás, pienso que Wim Van Velzen ha dado en el clavo al remitir a las recomendaciones de 1992. Entonces, por lo visto todavía podía debatirse sobre convergencia y financiación a nivel europeo. Ahora la palabra «convergencia» es casi un tabú, cuando no cabe duda de que es posible llevar a cabo una actuación común en el plano europeo respetando plenamente las diferencias históricas entre los diferentes sistemas de seguridad social.
En estos tres minutos quisiera proponer algunas consideraciones a sus Señorías. En efecto, existe un creciente consenso en que es preciso reducir las cargas del trabajo, sobre todo en el segmento inferior del mercado laboral, en los empleos poco cualificados. Bueno, me parece estupendo. Hay mucho menos consenso en el plano europeo sobre cómo ha de llevarse a cabo la refinanciación del sistema. Al contrario, se habla de «descremar» los sistemas, de selectividad en las prestaciones, de privatización de algunos riesgos. Quisiera decirles lo siguiente a los partidarios de este tipo de modernización: en Bélgica se ha publicado un estudio muy fascinante, por encargo de la OCDE, sobre la relación entre pobreza, mercado laboral y seguridad social. Quisiera citar dos conclusiones de dicho estudio. En primer lugar, existe un vínculo muy estrecho entre la cuantía de los gastos de la seguridad social y la pobreza. Es decir, una seguridad social eficaz cuesta dinero, Señorías. Por otra parte, la selectividad tiene unos límites bien definidos. En segundo lugar, no existe un vínculo directo entre el grado de desempleo y el grado de pobreza. Sí existe un vínculo directo entre las prestaciones bajas, los salarios bajos y la pobreza. Esto no implica que no tengamos que poner de nuevo a trabajar a la gente, al contrario, soy partidario de la activación de las prestaciones, pero quiero decir también que hemos de descartar definitivamente el modelo norteamericano.
Quisiera abogar por una estrategia de convergencia europea que tenga plenamente en cuenta la subsidiariedad y que incluya por lo menos las siguientes acciones: en primer lugar, medidas urgentes relacionadas con la refinanciación de la seguridad social. Quisiera animar a la Presidencia neerlandesa a que fuerce progresos en este expediente tan importante: hay propuestas sobre el tapete. En segundo lugar, Europa tiene que ocuparse de los derechos sociales, y el derecho a un salario mínimo forma parte de ello. Las personas que perciben menos del 50 % del salario medio de sus conciudadanos son pobres. Por consiguiente, tenemos bien claro cuál es el límite inferior. En tercer lugar, la Unión gasta un promedio del 28 % de su producto interior bruto en protección social. Este hecho oculta enormes diferencias. ¿Por qué no empezamos de una vez a considerar la posibilidad de desarrollar una banda social europea en que estimulemos a los Estados miembros a gastar un determinado porcentaje de su prosperidad en protección social?
Espero que este debate sobre la Comunicación de la Comisión por fin pueda dar pie a una acción europea eficaz.

Schiedermeier
Señor Presidente, estimados colegas, la comunicación de la Comisión sobre el futuro de la protección social y su informe sobre la protección social en la Europa de 1995 constituyen la base de la resolución que ha sido elaborada por nuestra colega, la Sra. Weiler. Creo, que la paz social es un bien valioso. Corea del Sur ha podido comprender esto amargamente en las últimas semanas. Por consiguiente, no se la debería poner en juego a la ligera.
Es preciso dar solución, sin más, a las dificultades que han surgido como consecuencia del aumento del desempleo y de la creciente participación de las personas ancianas en los diferentes sistemas de seguridad social de Europa. Es importante mantener una discusión a nivel europeo. Sin embargo, los discursos y los debates significan demasiado poco. Es necesario actuar. Las reformas son ineludibles. Sin embargo, no deben ser entendidas como reducciones y recortes a la red social.
El mejoramiento de las posibilidades de empleo, en especial para las mujeres, por expresarlo de manera suave, no está siendo muy exitosa hasta ahora en la UE a pesar de todas las proclamas. Es preciso llevar adelante por la vía del progreso la equiparación de las condiciones de vida y de trabajo según el artículo 117 del Tratado. Sin embargo, lamentablemente, no hemos ido todavía muy lejos.
Hay que solucionar muchos problemas. Ahí están la variedad de los sistemas y la libre circulación. Nuestra colega, la Sra. Ria Oomen-Ruijten, ha entregado hoy un informe sobre esto. Lamentablemente, el Consejo no se encontraba presente todavía. Señor Ministro, quizá pudiera dar usted todavía su opinión sobre el informe. Nos interesaría mucho.
Está también la reducción de los costes salariales: las aportaciones ajenas al seguro gravan las pequeñas y medianas empresas, tan gravadas por los salarios, y naturalmente las contribuciones de los trabajadores. Aquí hay que hacer algo.
Flexibilidad de la jornada laboral, pero no de tal manera que se haga sólo en favor de los empresarios y no se tomen en cuenta las familias y las necesidades de los trabajadores. Si ha de haber flexibilización, ha de hacerse solamente bajo la condición de contemplar los intereses de ambas partes.
En mi opinión, una viva interlocución social puede solucionar muchos problemas. Pero no puede funcionar con una mentalidad de share-holder-value de los empresarios, si sólo piensan en sus beneficios y en nada más. Tampoco puede ser que los sindicatos piensen únicamente en los que trabajan y no en los desempleados. Para la Unión Europea es muy importante el futuro de la protección social. Es preciso que se recoja de una vez en el Tratado el protocolo social. La coordinación de los sistemas de la protección social no va a ser fácil a nivel europeo.
Me refiero a la coordinación, pues la armonización no se va a conseguir tan rápidamente, ya que los sistemas han crecido a lo largo de más de cien años. Las influencias de la globalización dificultan adicionalmente la situación. Es preciso excluir en el futuro mediante cláusulas pertinentes en los tratados comerciales el dumping social, practicado mediante el trabajo infantil y el trabajo forzoso y que no debe ser tolerado como normal. Singapur ha significado un pequeño paso adelante en la dirección correcta, pero lamentablemente sólo un pequeño paso.
La ponente ha aportado un enorme esfuerzo de trabajo. La decisión del Grupo del Partido Popular Europeo respecto de la conformidad con este informe depende de la aceptación de algunas enmiendas. En caso de que no sea posible un acercamiento en estos puntos, nos veremos obligados a rechazar el informe, cosa que yo lamentaría mucho.

Vanhecke
Señor Presidente, detrás de la redacción de esta resolución, y sobre todo de los documentos subyacentes de la Comisión, se esconde de hecho un deseo apenas disimulado de europeizar todo el sector de la seguridad social. Por cierto, todo ello de acuerdo con las quimeras del ex Presidente de la Comisión, Delors. Ahora, como flamenco y sabiendo de qué hablo, puedo afirmar que esto sería un mal asunto. En mi país, el debate sobre la división de la seguridad social ocupa en estos momentos un lugar prioritario en el orden del día. Esto significa concretamente que ambos pueblos, flamencos y valones, saben gestionar mejor sus sistemas de seguridad social que el Estado federal. Es decir, en nuestro país podemos constatar por experiencia que los flamencos y los valones dan un contenido y una forma diferentes a la solidaridad organizada, que ponen distintos acentos y que tienen una mentalidad muy diferente en lo que respecta al uso y la financiación de la seguridad social. Ahora bien, los problemas que ya surgen de forma bastante dramática en la seguridad social común de Bélgica, donde a fin de cuentas sólo hay implicados dos pueblos, con un grado de prosperidad relativamente comparable, no podrá sino crecer exponencialmente si la seguridad social se organiza más y más a escala europea.
En resumidas cuentas, es preferible organizar un verdadero sistema de seguridad social según el principio de subsidiariedad a nivel de los diferentes Estados miembros y los pueblos, y esto no tiene nada que ver con el egoísmo y no excluye de modo alguno otras normas de solidaridad entre los pueblos.
Básicamente he de decir que la armonización real y profunda de los diferentes regímenes de seguridad social en Europa en las últimas décadas se ha realizado sin la burocracia europea y sin el paternalismo europeo, y por consiguiente, hoy no descubrimos nada nuevo, en contra de lo que por lo visto piensan algunos.
Para terminar, hay que atreverse a decir que el corsé económico de Maastricht que se nos ha impuesto amenaza con provocar en muchos países la desintegración social y también esta es una lección que hemos de tomarnos en serio hoy.

Andersson
Señor Presidente, empezaré agradeciendo a la Sra. Weiler su excelente informe. El gran reto es combinar el crecimiento con la creación de empleo, y al mismo tiempo conservar, y si es posible desarrollar, los sistemas sociales existentes. Se ha formulado la pregunta de si existe un modelo social europeo. Tenemos tres o cuatro modelos diversos en Europa. Es cierto que existen divergencias basadas en la historia, pero hay también similitudes, similitudes notables. Todos los sistemas sociales se basan en la solidaridad, solidaridad con los enfermos, los desempleados y los que han sufrido accidentes laborales, y solidaridad también con los ancianos y las familias.
Además existen -y esto es lo que hace interesante este debate- una serie de ámbitos problemáticos o retos cara al futuro. El mayor de ellos es naturalmente el desempleo, que afecta a los costes y los ingresos del sistema. Creo que cabe crear un sistema social que contrarreste el dumping social y que facilite la movilidad en la mayor medida posible. No comparto la opinión expresada en el transcurso del debate de que es necesario evitar las normas mínimas. Pienso que la estrategia de las normas mínimas, y con ellas, la posibilidad de unos niveles sociales más elevados, son ideas excelentes en el ámbito que nos ocupa. Además, pienso que es importante que las decisiones se adopten por mayoría cualificada sobre amplios aspectos del sector. Esto lo demuestra el desarrollo histórico dentro de este ámbito; tenemos un país que sigue frenando e impidiendo que se produzca el desarrollo social en los demás.
El segundo reto es el desarrollo demográfico. Esto puede considerarse como un problema, pero también como una posibilidad. Tendremos más personas mayores en Europa, pero esto abre también la oportunidad de que se creen puestos de trabajo.
Esto último se enlaza con el tercer reto, la entrada de las mujeres en el mercado de trabajo, la oportunidad de que combinen una vida laboral con la maternidad, lo cual significa que hay que ampliar los sistemas de cuidado de los ancianos y de la infancia.
Un diputado ha dicho que el informe Weiler defiende la armonización de la financiación. Eso no es cierto. Por el contrario, Weiler apunta a una serie de posibilidades diversas. La más importante ya la he mencionado, es la de reducir el paro para que disminuyan los costes, y aumentar la creación de empleo para conseguir mayores ingresos que financien el sistema. Pero también se habla de reducir la jornada laboral y de modificar la imposición fiscal, de lo que soy un ardiente defensor.
Hay quien dice que la UEM es un obstáculo en estos trabajos. Yo no lo creo. Naturalmente, no apoyo indiscriminadamente la política económica actual; pienso que contiene demasiado ahorro y pocas medidas que promuevan el crecimiento. Pero a largo plazo el equilibrio presupuestario resulta naturalmente beneficioso para el sistema social.
Finalmente, señor Presidente: este debate es vital. No quiero un sistema social que contenga, o una protección básica, o unos modelos estándard, sino un sistema que tenga protección básica y modelos estándard, un sistema que en su mayor parte se financie solidariamente, para minimizar con ello la necesidad del seguro privado.

González Álvarez
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que de la importancia de este debate y de su oportunidad da cuenta la alta participación de diputados. Se dan pocas veces en las que tantos diputados intervienen en relación con un tema que nos preocupa, es decir, el futuro del bienestar social en Europa, donde, como afirmaron otros colegas, hay muchos elementos comunes, pues suele haber en todos los Estados una seguridad social, colectiva y pública, y suele haber un mínimo de subsistencia para aquellos ciudadanos que más lo necesitan.
Y a nosotros nos parece que eso está en peligro, porque la realidad, que es dura, dice que se tiende a la privatización de algunos aspectos de ese bienestar social; se tiende al desempleo, al empleo precario, a la proliferación de familias monoparentales en las que el cabeza de familia es una mujer y también, por mor de la competitividad, a la desubicación de las empresas y al cambio continuo de capitales con intenciones más especulativas que productivas.
Por lo tanto, esa es la dura realidad; y es una dura realidad a la que la Unión Europea ha de hacer frente.
Por ello, nosotros compartimos la preocupación de los diferentes ponentes por el hecho de que los criterios económicos y de mercado estén por encima, tengan prioridad sobre los criterios sociales. Creemos que hay que dar un giro y que la cohesión social debe ser nuestra preocupación fundamental.
Por lo tanto, nosotros creemos que ha de haber políticas activas de empleo -el empleo es fundamental para que se pueda hacer frente a los gastos-, ha de haber unos ingresos mínimos para aquellas personas que lo necesiten, ha de conservarse lo público en la seguridad social, es necesario un observatorio europeo para comprobar si la pobreza y la exclusión social disminuyen o aumentan, y creemos que es necesaria la cooperación entre los Estados y con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en ese ámbito.

Ghilardotti
Señor Presidente, las dos comunicaciones de la Comisión y el informe de la Sra. Weiler me invitan a hacer una reflexión sobre dos elementos de fondo en los que creo que se basan nuestras consideraciones: el primero es la evolución demográfica, debida en particular a las conquistas sociales y a su éxito; el segundo son los cambios en la estructura y en las modalidades laborales, en particular como consecuencia de la revolución telemática aplicada a las producciones y de los procesos de mundialización.
De estos elementos de fondo deriva, a mi juicio, la crisis del Estado social y la necesidad, pues, por parte nuestra, de intervenir en este tema en todos los ámbitos. La crisis del Estado social no es sólo crisis de cuentas públicas, yo creo más bien que la clave reside en el otro aspecto del Estado social, que era el alto nivel de empleados: el desempleo es, pues, la razón principal de la crisis. El desarrollo es ciertamente una de las respuestas, pero no es la única respuesta: es necesario, pero no es suficiente, precisamente porque en las condiciones actuales no garantiza automáticamente la recuperación del empleo. Entonces debe, pues, intervenir el Estado, a nivel nacional y a nivel europeo.
La primera tarea que, en mi opinión, tenemos es afrontar de manera realista los nuevos problemas y no tener miedo de nuestras propias ideas: estoy pensando en la timidez que noto en este hemiciclo, que noto en la Unión Europea, también en el tema de la reducción de los horarios y de las políticas sobre la jornada laboral, temas que, en cambio, podrían sernos útiles para transformar ataduras y rigideces en mayor libertad y mayor posibilidad de elecciones personales.
Hay que hacer entrar, pues, en nuestro vocabulario palabras nuevas, que deben ajustarse, de tal manera que las hagamos ser funcionales, a un proyecto de cambio social positivo: como ya he dicho, reducción de los horarios, política sobre la jornada laboral, flexibilidad. Es necesario saber que la flexibilidad no es indolora ni está desprovista de costes, y que siguen siendo esenciales las intervenciones financieras públicas, realizadas correcta y rigurosamente, orientadas a fomentar reconversiones productivas de los recursos humanos. Por lo tanto, si nuestros puntos de referencia continúan siendo la justicia social, la igualdad, la democracia, hay que definir de nuevo un Estado del bienestar para hacer más fácil el paso de hombres y mujeres de una actividad a otra, de un trabajo a otro, de un lugar a otro, de una edad a otra. Y aquí entra en acción Europa, su función, que no niega la función de los Estados, pero que es fundamental.
Así pues, la idea de que basten rigor presupuestario y estabilidad monetaria para estar en el mundo de la economía, yo creo que no tiene sentido. La moneda única y el pacto de estabilidad como camisas de fuerza, sin un pacto análogo para el desarrollo, no motivan a Europa: sin pacto para el desarrollo y sin la Europa social, Europa no se sostiene. Por consiguiente, entre las cosas que merecen un mayor compromiso está precisamente meditar de nuevo sobre la concepción de Europa para consolidar -por supuesto, renovándolo- su modelo social, sus elementos de cohesión social, de protección y valorización de las personas y de los recursos humanos, que podrán marcar una nueva, una positiva identidad europea.

Morris
Señor Presidente, en los círculos políticos parece estar poniéndose de moda actualmente la afirmación de que no podemos mantener el modelo europeo de protección social.
Barbara Weiler dice con toda claridad y, en mi opinión, con toda la razón que no podemos permitirnos no mantener dicho sistema y que ni siquiera deberíamos desearlo. Sería moralmente equivocado retirar o reducir el apoyo que ofrecemos a las personas cuando, por alguna razón, tienen necesidades, ya sea por motivos de edad, discapacidad, salud o desempleo. El único modo de proceder eficiente, eficaz y humanamente pasa por proporcionar dicha ayuda con cargo a los fondos públicos y a través de las instituciones públicas. Si lo dejamos en manos del sector privado será menos eficaz en términos de atender a las necesidades de las personas, y también ineficiente en términos puramente financieros; es más caro.
Aparte de ser moralmente equivocado abandonar el modelo de protección social que tenemos en Europa, sería un craso error en términos prácticos. La solidaridad social no se basa simplemente en altruismo; se trata de garantizar que nuestra sociedad funciona debidamente y avanza progresivamente.
Como dice la ponente: »los sistemas de protección social ayudan a establecer el consenso social, que es una condición importante para el desarrollo económico sostenible». Apoyo firmemente el llamamiento que hace el informe Weiler para que la Unión Europea no se limite a debatir este asunto, sino que tome medidas para garantizar que los Estados miembros respetan el compromiso de mantener un alto nivel de protección social, y para contribuir a la convergencia de los sistemas de protección social con el fin de evitar que la competencia perjudicial del mercado único erosione los sistemas de protección social. Debemos intentar que nuestros sistemas favorezcan más el empleo y eliminar las barreras que impiden que los beneficios repercutan sobre el trabajo.
El punto más importante del informe Weiler -que se centra en el auténtico problema, la causa real de que nuestras facturas de la seguridad social sean tan elevadas- es que nos enfrentamos a una proporción muy alta de hombres y mujeres desempleados, por lo que el auténtico desafío para todos los que pertenecemos a la Unión Europea es crear una Europa de pleno empleo. La ponente conoce perfectamente la situación, y sabe que no se puede castigar a las víctimas de los fracasos de la sociedad, sólo porque aumenten las facturas de las prestaciones; hay que atajar el problema real, que es volver a poner a la gente a trabajar.

Rocard
Señor Presidente, señor Ministro, señor Comisario, quisiera comenzar manifestando mi total acuerdo con el excelente informe de mi amiga Barbara Weiler y con el informe de la Comisión. Por eso votaré a favor.
Como tengo poco tiempo, me ceñiré a un solo punto, muy delimitado, muy preciso, pero creo que de máxima importancia. En el párrafo 11 del informe de la Sra. Weiler, se lee: »El Parlamento Europeo advierte contra la privatización de los riesgos sociales, principalmente en el ámbito de la salud.»
Desearía reclamar su atención, señor Comisario, ante el hecho de que, efectivamente, hay un gran riesgo para todo el conjunto de nuestra protección social en que no estemos atentos a una deriva que, bajo la apariencia de ahorro, de mejor gestión y de responsabilidad del usuario (pretextos todos que tienen valor) empuje a un número cada vez más elevado de nuestros Estados a reducir la cobertura «salud» y a transferir riesgos, sistemas obligatorios hacia sistemas complementarios. Los sistemas complementarios pueden así ocupar cada vez mayor espacio hasta el punto, como ocurre con algunos ámbitos (la óptica o la estomatología) y en algunos países, de condicionar los servicios sanitarios primarios, de lo pesada que puede ser la carga residual.
Ahora bien, los sistemas complementarios facultativos, señor Comisario, al contrario de lo que sucede con los sistemas obligatorios, no están sometidos a ninguna regla; se les aplica la ley del mercado, la del comercio lucrativo. El peligro es que puedan desaparecer de este sector organismos basados en la solidaridad, en la no exclusión, en la mutualización, y ello en beneficio de sociedades mercantiles interesadas únicamente por un mercado en proceso de ampliación, pero que se sustentarían en la selección de riesgos, en la exclusión y en la individualización.
Recordará usted, señor Comisario, la trágica experiencia de las Blue Cross americanas, tan florecientes hace medio siglo y en la actualidad todas desaparecidas. Esto nos da la clave de lo que ha ocurrido con el sistema de salud americano.
Yo le pido encarecidamente, señor Comisario (y he apelado a las autoridades de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para que vayamos en este sentido) que el sector del seguro-salud, en su integridad, se someta a las reglas de solidaridad, de no exclusión y de no selección de riesgos, y que los operadores no puedan aprovecharse de la enfermedad. Es necesario evitar el conflicto entre asegurados y accionistas. La salud, sector de interés general, no puede considerarse como un mercado lucrativo. Esto también es válido para los regímenes complementarios.
Le pido que la Comisión se ocupe de este punto y abra un debate sobre los sistemas de salud obligatorios y complementarios, en sus relaciones con el interés general.

Melkert
Señor Presidente, he escuchado con gran interés el debate que en cualquier caso demuestra también que se ha reforzado el plano de sustentación para profundizar más en el debate sobre la protección social en nuestros Estados miembros y en coordinación a nivel de la Unión Europea. Permítame hacer algunas observaciones breves a las cuestiones planteadas por sus Señorías.
Me llama la atención que en este debate sobre el plano de sustentación de la protección social a menudo se señalan contradicciones que en realidad no deberían existir. Es un hecho -repito lo que ha dicho el Sr. Van Velzen- que todos están interesados en la cohesión social y que ello en sí no tiene por qué ser contrario a la aceptación de la diversidad de los sistemas, que existe hoy y que seguirá existiendo en el futuro. En los próximos años, la política debería guiarse no por la diversidad de los sistemas, sino por lo común del objetivo.
También la contradicción que se ha sugerido entre la independencia económica y el apoyo a las familias en su situación específica no tiene por qué ser una contradicción si se antepone el aumento de las posibilidades de elección individual para hombres y mujeres en el mercado laboral y en la responsabilidad para la familia; señalar que existe una contradicción en esta cuestión provoca rápidamente una polarización innecesaria. En tercer lugar, la contradicción apuntada entre los sistemas individuales y solidarios de seguridad social y seguridad de pensiones no tiene por qué ser tal. Es cierto, como ha señalado con razón el Sr. Rocard, que a falta de una obligación de aceptación impuesta por el legislador, la introducción de los aseguradores particulares en el mercado de la seguridad social y las pensiones puede causar riesgos que finalmente socavarán también el plano de sustentación de la seguridad social. Pero es posible idear combinaciones, y en los Estados miembros, también en mi país, se ponen a prueba combinaciones que utilizan conjuntamente el sistema privado y el público. Vale la pena examinar más las diferentes posibilidades ateniéndonos a una serie de condiciones esenciales a formular por el legislador.
Quisiera advertir frente a una contradicción entre lo que se denomina formas de trabajo atípicas y las formas de trabajo acostumbradas, el trabajo a jornada completa, como base para el funcionamiento del mercado laboral. ¿Acaso no es cierto que también la terminología «formas de trabajo atípicas» se opone cada vez más a lo que se acepta y tiene que aceptarse en la realidad del mercado laboral de cada día, a fin de sentar las bases de una distribución equitativa del trabajo entre hombres y mujeres? Las formas de trabajo atípicas de hoy son quizás las formas de trabajo típicas de mañana. Convendría que la Comisión prestara atención a este tema en el desarrollo de este debate.
Para terminar, quiero constatar, ahora que se habla de un modelo social europeo, que hoy todavía no hemos tenido oportunidad de determinar sus contornos comunitarios, pero sabemos que hemos de trabajar para que mañana, dentro de cinco o diez años, podamos esbozar el núcleo de un sistema en que el equilibrio ocupe un lugar central, equilibrio entre los derechos y deberes de empresarios y trabajadores, equilibrio entre flexibilidad y seguridad, confianza institucionalizada con los interlocutores sociales y entre ellos, como características de un sistema europeo, que también será el sistema en el cual se basarán los Estados miembros, porque después de todo tendrá lugar un proceso inevitable de convergencia de las políticas de empleo y de mercado laboral. En este sentido, el informe de la Sra. Weiler supone una importante contribución al debate, y es muy importante -si me permiten decirlo- que este informe pueda contar mañana con la plena aprobación de este Parlamento, porque precisamente es muy importante superar con argumentos las contradicciones señaladas y lanzar una señal política sumamente importante tanto para el Consejo como para la Comisión. Con ello se podría tratar con justicia el trabajo previsor de Jacques Delors en el Libro Blanco de hace algunos años, que señalaba el camino hacia una mayor cohesión, más confianza en los interlocutores como base para la Europa del mañana.

El Presidente
Muchas gracias, señor Ministro.
He de informar a la Asamblea de que, por motivos de tipo técnico, no ha sido posible traducir, imprimir y distribuir todas las enmiendas a este informe en todas las lenguas.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Indicaciones de los precios de los productos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para segunda lectura (A4-0015/97), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0530/96-95/0148(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (Ponente: Sra. Oomen-Ruijten).

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva sobre la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores viene precedida de una larga historia. Durante años, ya desde 1979, se ha intentado con diversas directivas promulgar una normativa sobre la indicación de los precios de los productos. Esta normativa era complicada y no funcionaba. Se trataba de un sistema de series obligatorias y voluntarias, fijado a escala europea o nacional. En este sistema cabía la posibilidad de hacer excepciones, tanto a escala europea como nacional. El resultado fue una maraña de diferentes denominaciones, y el consumidor no podía comparar los precios, que al fin y al cabo era el objetivo final.
En diciembre de 1994, cuando faltaban apenas seis meses para que finalizara el período transitorio, la Comisión presentó una solicitud de prórroga del sistema, pero el Parlamento no estuvo de acuerdo. A la sazón pedimos a la Comisión que presentara una nueva propuesta. Una propuesta con un sistema simple y claro que en principio se aplicara a todos los productos. Un sistema que facilitara una buena comparación de precios para los consumidores a la hora de elegir.
En la nueva propuesta que la Comisión presentó en abril de 1995 se siguieron las recomendaciones del Parlamento, y les damos las gracias por ello. La propuesta prevé la indicación obligatoria de los precios de venta y, en su caso, el precio por unidad de medida. Digo, si es pertinente, pues cuando la indicación del precio por unidad de medida no tiene importancia a causa de la índole o el destino del producto o cuando esta indicación no refleje una información clara para el consumidor, se admiten excepciones a esta obligación.
Otro punto, señor Presidente, que quisiera aclarar es el debate sobre el vino, el whisky, etc. En este informe se ha incluido una enmienda muy clara en la formulación de las definiciones, según la cual no es necesario indicar el precio por litro en el caso de unidades de medida que suelen utilizarse en los Estados miembros para determinados productos, por ejemplo, para la botella de vino de 3/4 de litro. Además se borran algunas disposiciones del texto del Consejo, porque son superfluas o porque podrían crear confusión.
Por otra parte, diversos sectores han quedado totalmente excluidos de la indicación obligatoria de precios por unidad de medida, y como ponente yo quería ir más lejos que el Consejo, y por ello ahora la hostelería, los hospitales, la venta ambulante, los distribuidores automáticos, las cantinas deportivas, etc. no entran en la directiva.
Señor Presidente, parece que hay una cortina de humo en torno a la indicación de los precios. Se afirmaba que el informe no tenía en cuenta a las pequeñas empresas. Esto no es cierto. Tenemos en cuenta al pequeño colmado de barrio. En primer lugar, para estos comercios -y me dirijo a mis colegas británicos- se ha previsto un período de reconversión de seis años. Y si todavía no se ha llevado a cabo la indicación de los precios, no es necesario indicarla en el mostrador, como ya es corriente en los grandes establecimientos, no, el pequeño comerciante recibe del mayorista una lista que cuelga en la tienda, y que permite al cliente ver cuáles son los precios. Así pues, no abrumo al pequeño comerciante.
Luego hay otro problema, y concretamente para los británicos, la cuestión de qué es un pequeño comerciante. En este punto hemos dado la posibilidad a los Estados miembros, a través de una enmienda, de determinar quién es «pequeño» y quién «grande», y qué excepciones han de hacerse. Quisiera pedir a sus Señorías que examinaran bien las enmiendas núms. 23 y 24, pues no les ponen las cosas difíciles al pequeño comerciante, sino que se las facilitan.
Señor Presidente, asimismo existía inquietud en torno al euro. Algunas de sus Señorías afirmaban que si se ponía en práctica la indicación obligatoria de precios, se crearía una situación en que habría que indicar el precio por unidad de medida, el precio de venta del producto, más -en el período transitorio- dos precios adicionales. O, si hay una oferta, otra vez dos precios adicionales. En este punto he aceptado la propuesta del Comité Económico y Social al decir: en primer lugar, como máximo se indican tres precios. Tres precios como máximo, esto se aplica también a las grandes empresas. En segundo lugar: les repito, Señorías, lean todo el informe, y verán que cuando se introduzca el euro, en cualquier caso será antes de que se haya llevado a cabo el período transitorio. Primero hay un período transitorio de seis años, la directiva tiene que incluirse todavía en la legislación de los Estados miembros, luego pasan otros dos años, y ya habrán transcurrido ocho años, es decir, será en el año 2005, y entonces el euro ya se habrá introducido, por lo menos eso espero.
Señor Presidente, hay respuestas para los problemas existentes. Y la gente puede encontrar las respuestas si examina bien la directiva. Señor Presidente, en el informe he examinado con los miembros de la comisión lo que ha hecho el Comité Económico y Social y este ha emitido un dictamen unánime que respalda la postura que el Parlamento ha expresado en las enmiendas; he agilizado las cosas cuando era necesario o posible. Por consiguiente, espero que mañana las enmiendas reciban el apoyo de sus Señorías.

Whitehead
Señor Presidente, una vez más tengo el placer de felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten por su enérgica defensa de los intereses de los consumidores y por la atención que ha dedicado a las enmiendas que estamos presentando aquí, en el marco de la segunda lectura.
Para comenzar quiero decir, en nombre de mi Grupo, que apoyamos todas las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. También apoyaremos, tras haberlo deliberado, la enmienda 24, presentada por la Sra. Oomen-Ruijten y su Grupo. Quiero explicar a qué se debe la confianza que sentimos en estos momentos.
No significa que no tengamos ninguna duda sobre la legislación propuesta, ni tampoco sobre la carga que ésta supondrá para las personas, algunas de las cuales se sentirán indefensas. La Sra. Oomen-Ruijten ya se ha referido a la situación de los pequeños comercios minoristas del Reino Unido, y volveré sobre este tema. Pero el principio fundamental de esta propuesta según enmienda, que espero que apruebe el Parlamento, será proporcionar a los consumidores la posibilidad de comparar precios de manera rápida y sencilla, evitar que se dejen engañar por el envasado y permitirles evaluar la relación calidad-precio que reciben.
Es absolutamente imprescindible que los consumidores obtengan eso. La directiva puede garantizarlo y espero que lo haga. Pero también deberá prestar la debida atención a los intereses e inquietudes que se han manifestado no sólo en mi país, sino también en otros Estados miembros.
Una de dichas inquietudes se debe a la definición del precio por unidad y a la posibilidad de que éste se indique no solamente en términos de kilógramo, litro, metro o cualquier otra medida, sino además en la unidad de medida que se utiliza generalmente en los correspondientes Estados miembros. Me alegra afirmar que, al parecer, el pastel de carne británico y otros productos muy apreciados en mi país, serán marcados debidamente en términos de indicación de precios.
El Parlamento ha dicho también que determinados productos deben quedar excluidos en aquellos casos en que sería absurdo insistir en el precio por unidad, como muebles, etcétera. Tenemos aquí una enmienda que también protege, y me alegra mucho poder decirlo, a aquellos que venden productos cuyo precio total no guarda relación con el precio por unidad. Es lo que el consumidor necesita saber, sobre todo en el caso de los vendedores a domicilio y de las personas que van de puerta en puerta con sus productos, como cosméticos, etcétera.
Mi última observación es relativa a la situación en que se encuentran los pequeños comercios minoristas en lo que respecta a la aplicación. Es cierto que se ha previsto un plazo de seis años para la aplicación de la directiva, que se llevará a cabo una revisión exhaustiva antes de que se cumpla dicho plazo y que todos los Estados miembros deberán confeccionar un listado de todas las organizaciones de profesionales pertinentes para garantizar que los pequeños comercios minoristas son debidamente informados a tiempo sobre las disposiciones, especialmente en lo relativo a la indicación de los precios en las estanterías de los productos correspondientes. Es posible que surjan problemas, pero también existe la posibilidad de hacer mucho bien al consumidor.

Jackson
Señor Presidente, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el Sr. Whitehead respecto a apoyar las enmiendas de la ponente, y desde luego no permitiremos que lo olvide.
Es una directiva muy difícil de considerar para el Parlamento Europeo. No cabe duda de que parece algo bueno. Aparentemente, la idea de proporcionar más información a los consumidores debería ser buena, pero sostengo que no ha sido bien meditada por la Comisión Europea y que incluso es probable, como decía el Sr. Whitehead cuando expresaba sus dudas, que para los consumidores pueda significar a fin de cuentas, disponer de menor número de comercios en los que comprar los productos, ya que las tiendas pequeñas pueden verse obligadas a cerrar como resultado de la aplicación de esta directiva en particular.
Quisiera llamar la atención sobre algunas de las enmiendas que, en mi opinión, encierran dificultades; dificultades que también encuentran otros diputados británicos.
La enmienda 5 es realmente una enmienda muy curiosa. Significa que los Estados miembros no podrán eximir las ventas de obras de arte y de antigüedades de la obligación de indicar el precio por unidad. No logro imaginarme cómo puede aplicarse el precio por unidad a las antigüedades. Con la mejor voluntad del mundo, ¿qué significa eso? ¿Significa que cuando se vendan sillas Chippendale se indicará el precio de una pata, por ejemplo?
La enmienda 7 es crucial en la medida en que el informe propone suprimir la exención de las pequeñas empresas. He observado que la ponente ha hablado al respecto de un período transitorio de seis años, pero creo que sería simplemente un período de seis años en el que algunos propietarios de pequeños comercios deban decidir simplemente arrojar la toalla y buscar trabajo en Honda -en el caso de mi circunscripción-, porque ya no valdrá la pena seguir luchando con la carga adicional que supone el reglamento que encierra la presente directiva.
Tomo nota de lo que dice la ponente sobre las enmiendas 23 y 24 relativas a la posibilidad de elaborar una lista de productos y de precios por unidad. No creo que eso funcione, habida cuenta de que incluso algunas tiendas muy pequeñas disponen de un enorme surtido de productos.
La enmienda 10 trata de la cuestión del plazo de un año para que la Comisión revise la directiva. Me parece bastante sorprendente la afirmación de que la Comisión revisará esta directiva un año antes de su aplicación. ¿Qué sucederá si la Comisión descubre entonces que, en realidad, la directiva supone una costosa carga para los pequeños comercios? La Comisión ya ha encargado un estudio sobre este asunto. ¿Qué sucederá entonces? Me parece que el texto de la Comisión es mucho mejor que el que se propone en el informe.
Reconozco que la enmienda 13 contiene exenciones buenas y sensatas, y que la enmienda 18 también es de utilidad en cuanto a que llama la atención sobre mi dilema con el caso de las sillas Chippendale. Si es inútil y además insensato aplicar precios por unidad a determinados tipos de productos, ¿por qué no se deja el texto original de la Comisión como aparece en el considerando 7?
Resumiendo, lamento no poder mostrarme favorable con respecto a la presente directiva. Siempre defiendo que se proporcione más información a los consumidores, pero lamento, como digo, que lo más probable es que la carga adicional que supondrá el reglamento que resulte de la directiva traerá consigo el cierre de pequeños comercios y que los intereses de los consumidores se verán perjudicados.

Garosci
Señor Presidente, esta directiva y su ponente, a la que damos las gracias por el gran trabajo realizado, se proponen dos grandes objetivos. El primero es la protección de los consumidores y el segundo es la simplificación administrativa de la normativa. En efecto, la protección de los consumidores no dispone hoy de una información transparente sobre los precios, en particular por lo que respecta a la indicación del precio de venta por unidad de medida para los productos comercializados en embalajes ya preparados y cuyo precio el consumidor no puede comparar con el de productos análogos. El segundo gran objetivo, al que dedicaré un poco más de tiempo, es la simplificación de la normativa existente.
Por lo que se refiere a la simplificación, ésta se inserta en el ámbito del proceso de subsidiariedad, motivo por el que será cada Estado miembro el que dirá qué entiende por «pequeño punto de venta». Podemos suponer dos sistemas: el de la fórmula de venta, es decir, de libre servicio, self service , o tradicional, o el de la superficie. Pero, evidentemente, un comercio de 100 m2 en Grecia no es lo mismo que un comercio de 100 m2 en Alemania y, por lo tanto, está bien que sea cada Estado miembro el que establezca qué entenderá por «pequeños puntos de venta».
Finalmente, un último aspecto que destaco con cierta preocupación es la necesidad de ayudar al pequeño sistema de distribución al por menor de los establecimientos públicos, para que no sea gravado con un coste técnico que acaba por repercutir en el precio final de los productos. Estos días la Comisión ha lanzado correctamente una licitación para proponer un sistema de codificación y de lectura de los productos. Esperamos que ese sistema de lectura será el más próximo posible al mercado, precisamente para evitar que cualquier tipo de introducción tecnológica cree disfunciones y disparidades entre la pequeña y la gran distribución y para que todo el sistema comercial al por menor pueda responder a las exigencias de un mercado que cambia.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente por su trabajo en relación con esta Directiva. Me parece importante subrayar que hemos de intentar conciliar dos intereses distintos. Uno es el interés de los consumidores y otro el de las empresas. Algunos oradores de distintos Grupos han señalado este problema. El Grupo de los Liberales tiene muy en cuenta que los consumidores han de poder beneficiarse del mercado interior y comparar precios. Por eso estamos de acuerdo con la Directiva y apoyamos las enmiendas de la comisión. En cuanto a la enmienda nº 24, nuestro Grupo la considera positiva.
Dicho esto, quiero llamar la atención de la Comisión sobre dos temas. Algunas situaciones que a mí me parecen importantes no han sido contempladas en la Directiva. Existen otros aspectos que deben considerarse además del interés de los consumidores, por ejemplo la prevención de la delincuencia. Pienso que puede ser un problema, por ejemplo para las joyerías, indicar los precios en el escaparate, ya que éstos pueden incitar a que alguien robe los diamantes, los objetos de oro y las piedras preciosas expuestos. Si los precios estuviesen indicados, está claro que únicamente se robarían los objetos más caros. Es un tema importante y me gustaría conocer la opinión de la Comisión sobre una posible solución al mismo.
El otro tema es cómo anunciar los precios, es decir, si hay que marcarlos o hay que indicarlos . Marcar los precios es una solución tecnológicamente deficiente, ya que obliga a marcar cada artículo, mientras que la indicación del precio puede hacerse en el borde del estante o en otro sitio. Es muy importante buscar un sistema que no limite la evolución tecnológica del comercio minorista. Todos los presentes en esta Asamblea han pasado por el aeropuerto de Bruselas, en el que los precios están indicados de forma muy visible e informativa en un display . Hemos de garantizar que esta Directiva permita el desarrollo tecnológico del comercio minorista, tanto para las empresas grandes como para las pequeñas.

Blokland
Señor Presidente, en la primera lectura, el Parlamento aprobó algunas enmiendas de las cuales la Comisión ha incluido algunas en su propuesta modificada. Ahora sigue habiendo algunas enmiendas que la Comisión no acepta por uno u otro motivo.
Todos sabemos lo delicada que es esta cuestión para los comerciantes. A fin de cuentas, tendrán que cumplir en sus comercios. Consideramos que la ponente ha hecho algunas propuestas buenas y prácticas en torno a la indicación de los precios de los productos. Concretamente, la enmienda nº 15 sobre la indicación de como máximo tres precios en el producto después de la introducción del euro, me parece práctica. No hay que confundir al consumidor con tantos precios en un producto. Por ello no comprendo por qué la Comisión no ha aceptado esta enmienda. Quizás pueda explicarlo.
Además considero que es preciso establecer una clara distinción entre los productos alimenticios y los productos no alimenticios. Personalmente no me molestaría que la normativa se aplicara sólo a los productos alimenticios. En la compra diaria, el precio por unidad es más útil para el consumidor. En los productos no alimenticios desempeñan un papel las diferencias de calidad, por lo cual la comparación es de todos modos más difícil. En el caso de los productos no alimenticios me temo que el sistema de la Comisión conlleve mucho papeleo burocrático, y me pregunto cuál es la ventaja para el consumidor. El procedimiento que propone la Comisión en su nuevo artículo 6, en que los Estados miembros han de elaborar listas según la nomenclatura comunitaria, me parece demasiado intrincado. Se trata de miles de productos diferentes. A mi entender, la solución en este caso es la voluntariedad. Afortunadamente, el artículo 7 ofrece posibilidades para que diversos productos queden exentos de tal obligación. No olvidemos que también podemos exagerar la protección del consumidor. Y en tal caso la ventaja se convierte en desventaja.

Fitzsimons
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Oomen-Ruijten por su informe. Es un informe excelente y apoyo el llamamiento que hace a la Comisaria Bonino para que ponga en marcha una campaña de información que aborde específicamente las dificultades que traerá consigo la llegada del euro a los bolsillos de los consumidores en el año 2002.
Es muy importante que, mucho antes de que se produzca el cambio físico de la moneda, los consumidores conozcan el valor real del euro en relación con la libra irlandesa. Uno de los temas que deberá abordar la campaña destinada a los consumidores, como manifestaba la ponente, es la introducción en nuestros comercios y supermercados de la doble indicación de precios, en euros y en libras irlandesas. Es una recomendación que he apoyado en mi calidad de miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.
Se ha definido el calendario para la Unión Económica y Monetaria y, como todos sabemos, en 1998 se decidirá qué países integrarán la UEM en la primera fase en base a los resultados económicos de 1997. Me alegra poder afirmar que Irlanda se encuentra entre los primeros puestos en ese sentido. La preparación la inició hace casi diez años el antiguo Comisario Ray McSharry en calidad de ministro irlandés de Economía. A propósito, en su labor contó con la colaboración del actual Comisario Padraig Flynn quien, por aquel entonces, formaba parte del Ministerio irlandés. Ello llevó a Irlanda a la sólida situación económica en la que se encuentra actualmente para cumplir los criterios de convergencia de la UEM. Los bancos centrales de dichos países convergerán entonces bajo los auspicios del Banco Central Europeo en 1999. En el año 2002, las monedas y los billetes de euro se convertirán en una realidad y esperamos que llenen los bolsillos de los ciudadanos de Europa.
No obstante, no debemos cometer los mismos errores que rodearon la introducción del sistema decimal en Irlanda en 1972. Muchas personas, especialmente de edad avanzada, confundían el valor de los nuevos billetes y monedas irlandeses, y fueron víctima de comerciantes desaprensivos. Debemos aprender de nuestros errores en lo que respecta a la introducción del sistema decimal y asegurarnos de que no se repiten cuando se introduzca la moneda única europea.
Confío en que las organizaciones de consumidores irlandesas y europeas apoyen esta propuesta y que la UEM se haga realidad en un futuro próximo, a pesar de los temores que sienten algunos Estados miembros de la Unión. Todos debemos hacer frente a este hecho y facilitar en lo posible este proceso.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, pienso que he de hacer aún una observación a la atención de la Comisión y de sus Señorías. En primer lugar, pienso que convendría retirar la enmienda nº 24 a favor de la enmienda del Sr. Garosci, artículo 23, que aclara por segunda vez la posición excepcional de las pequeñas empresas.
En segundo lugar, quiero anunciar que hay un error en la enmienda nº 15 sobre el euro. Esta dice que deben indicarse tres precios. En el considerando pone que pueden indicarse. Quisiera modificar el texto de la enmienda nº 15, sustituyendo se indicarán por podrán indicarse .
En tercer lugar, la cuestión de si hay que indicar o no el precio por unidad en los productos no alimenticios. Estoy de acuerdo con los compañeros que han hecho una observación al respecto. A ellos quisiera llamarles la atención sobre la enmienda nº 18, según la cual, cuando carezca de importancia comparar diversos artículos, por ejemplo en una subasta, por ejemplo los clavos, etc., no es necesario indicar el precio por unidad de medida.
Una observación final. Quiero pedir a la Sra. Jackson que examine de nuevo el conjunto de la directiva y sus consecuencias. Ahora entresaca fragmentos de los considerandos, que por otra parte quedan cubiertos en el articulado. Tengo la sensación de que si lo hace antes de las 12.30 horas, podrá votar tranquilamente con el resto del Grupo.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, quiero hacer una pregunta a la Sra. Oomen-Ruijten. No he comprendido bien si la enmienda nº 24 ha sido retirada. En tal caso, ¿es la enmienda nº 23 la que vamos a votar? ¿Qué quiere decir -lo diré en inglés, ya que la edición de que dispongo es la inglesa-: Member States shall specify which small retail business shall be permitted to defer application of this Directive ? ¿Qué criterios hemos de aplicar? ¿Fijará cada Estado miembro los criterios? Me parece que el Sr. Garosci tuvo razón al decir que 1000 m2 en Grecia no es lo mismo que 1000 m2 en Alemania. ¿Cómo garantizamos la competencia justa y cómo garantizamos al mismo tiempo el principio de proximidad? Me gustaría recibir una respuesta a estas preguntas.

Oomen-Ruijten
En efecto, quisiera dejar en manos de los propios Estados miembros la decisión sobre la manera de hacer excepciones a la regla. En efecto, ha dado usted un buen ejemplo, señora. En una ciudad griega con muchos pequeños comercios, la situación es muy diferente, por ejemplo, de la que hay en los Países Bajos. Quiero dar la oportunidad a los Estados miembros para que decidan qué son pequeños comercios y qué son grandes comercios.

Flynn
Señor Presidente, la segunda lectura de la propuesta de esta directiva sobre la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores me brinda la oportunidad de manifestar mi satisfacción por la actitud tan favorable que ha adoptado el Parlamento Europeo ante la protección y la información de los consumidores. De eso realmente es de lo que trata la presente directiva; de mejorar la información para los consumidores y de simplificar los actuales mecanismos.
Deseo, en particular, agradecer a la ponente, Sra. Oomen-Ruijten, la labor tan considerable que ha llevado a cabo sobre todo este asunto.
Al igual que en la primera lectura, la Comisión apoya la posición del Parlamento. Por tanto, me complace comunicarles que la Comisión está dispuesta a aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo.
Las pocas enmiendas que no podemos respaldar -las enmiendas 9, 15 y 16- son relativas a la doble indicación de los precios en las monedas nacionales y en euros cuando se introduzca la moneda única. Esto no quiere decir que la Comisión se oponga a la doble indicación de los precios; todo lo contrario. Quiero subrayar que la transparencia en materia de precios es una prioridad del marco de la Unión Económica y Monetaria. No obstante, es aún demasiado pronto para establecer unas normas tan detalladas y, además, las medidas complementarias serán el objeto de una presentación global.
La Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas 23, 24 y 25. Las enmiendas 23 y 24 son relativas a los pormenores de las normas de aplicación de la indicación de los precios, y la Comisión considera que los Estados miembros están en mejor posición para determinar dichos pormenores. No podemos aceptar la enmienda 25 porque contradice la enmienda 6, que la Comisión ha aceptado.
En lo que respecta a la observación de la Sra. Jackson sobre la enmienda 5 -el considerando sobre el precio por unidad para las antigüedades- la Comisión manifiesta su conformidad con dicha observación. No obstante, deseo señalar una vez más que dicha enmienda es relativa exclusivamente a un considerando y que su observación está contemplada más substancialmente en la enmienda 13, que la Comisión está dispuesta a aceptar. Y esa enmienda, en particular, ocasionará la modificación que la Sra. Jackson desea incorporar en el artículo 2 -en vez de en un considerando. Lo que significa sencillamente que las antigüedades estarán excluidas.
Espero que, gracias a las enmiendas presentadas, el resto del procedimiento legislativo relativo a esta propuesta de directiva sobre las indicaciones de los precios avance ahora rápidamente y sin tropiezos.
Deseo expresar mi agradecimiento a la ponente una vez más por su excelente trabajo.

Oomen-Ruijten
Permítanme hacer otra observación: he mantenido una consulta muy clara con los funcionarios de la Comisión sobre las enmienda nº 9, el considerando 15 y el artículo sobre el euro. La idea de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente es que cuando se introduzca el euro no haya un sistema en que puedan indicarse de dos, cuatro o seis precios, sino como máximo tres. He leído un texto de la Comisión Europea para examinar cómo podría flexibilizarse algo ese máximo de tres. La actual propuesta de la Comisión de no hacer nada conduce a que luego tengamos seis precios. No lo quiero. Vuelvo a pedirles que lo consulten con su personal jurídico. Lo he examinado bien y compartimos su opinión, pero la consecuencia de no adoptarla es distinta de la que ustedes y yo querríamos.
Luego la enmienda nº 25. Como ponente no era partidaria de apoyarla. Las enmiendas núms. 23 y 24 facilitan la participación de las pequeñas empresas en este sistema. Por ello les pido que examinen atentamente esta cuestión.

Flynn
En principio, lo que la Sra. Oomen-Ruijten plantea no me parece demasiado difícil. Lo que estamos diciendo es que nos gustaría verlo en un contexto más amplio y un poco más adelante, donde se trata sobre los «ins» y los «pre-ins» y toda la cuestión del marco general del proceso. Es la única dificultad que encontramos y quisiéramos pedirle que tenga en cuenta que tal vez sea mejor tratar de ello un poco más adelante.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
(Se interrumpe la sesión por cinco minutos mientras se espera el turno de votaciones)

Votaciones
Santini
Señora Presidenta, sólo deseo dar una indicación a los colegas para evitar que en la votación se repita algún malentendido que ya se produjo en la anterior. Hoy estamos votando tres enmiendas -e invito a hacerlo sólo sobre éstas- que han sido objeto de una negociación, de una transacción entre el ponente y la Comisión. Algún colega puede tener aún las diez enmiendas que preceden a estas últimas, que ya se votaron y se aprobaron en el período parcial de sesiones anterior.
Le pido, pues, señora Presidenta, que someta a votación exclusivamente las tres últimas enmiendas, todas juntas, en particular porque ya se han aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Agricultura.

El Presidente
Eso es lo que yo pretendía hacer.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

El Presidente
Debo felicitar muy especialmente a la Sra. Matikainen-Kallström, porque creo que se trata de su primer informe ante esta Asamblea. La felicito.

Podestà
Señora Presidenta, la enmienda relativa al punto F es bastante sencilla: se trata sólo de una actualización de datos sobre el desempleo, para que se incluyan los datos, más recientes, disponibles. En el punto F, en la página 4, al final, después de «tasa de desempleo» leemos: »que alcanza el 21, 3 % en el sur, frente al 7, 1 % en las regiones del norte y al 10, 2 % en las regiones centrales de Italia, con una media nacional del 12, 2 % (según los datos ofrecidos por el ISTAT en diciembre de 1996) mientras que la media comunitaria es del 10, 8 % (según los datos ofrecidos por EUROSTAT en septiembre de 1996)».

El Presidente
Por consiguiente, tal como ha entendido usted, es al mismo tiempo bastante sencillo y bastante complicado. En efecto se trata simplemente de actualizar las tasas de desempleo, pero, al igual que hace siete u ocho años, la cuestión puede parecer bastante compleja.

Schroedter
En las traducciones hay algunos problemas y, por esta razón, pido que se parta de la versión original y que esto se compruebe otra vez, especialmente en la versión alemana.

El Presidente
Si le he comprendido bien, se opone usted a la enmienda oral.

Schroedter
Esto se refiere a la versión escrita. En la votación debería regir la versión original, pues las traducciones no son siempre enteramente correctas, especialmente en alemán. En el original está muy claro, pero no en la versión alemana.

El Presidente
Para resumir, si la Asamblea, a la que voy a consultar, no se opone a la consideración de esta enmienda oral, desea usted que se verifiquen las cifras de forma que, tomando como prueba la versión inicial, quede todo convenientemente armonizado.

McCarthy
Señora Presidenta, creo que probablemente puede afirmarse que esta Asamblea elabora informes actualizados, pero quisiera insistir también en que las estadísticas deben ser cotejadas no sólo con los indicadores nacionales o regionales, sino con Eurostat, para asegurarnos de que disponemos de las cifras más recientes y actualizadas, y no de cifras que algunos Estados miembros puedan desear incluir para que su situación parezca peor de lo que es realmente en términos de sus fondos estructurales.

El Presidente
Señora McCarthy, puedo tranquilizarla rápidamente, las cifras de Eurostat están debidamente citadas en esta enmienda oral.
(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral) -Párrafo 4
Podestà
Señora Presidenta, he pedido la palabra sólo para decir que en el punto 4 estaba prevista, en las últimas líneas, la comprobación de algunos datos que se podía hacer con fecha 31 de diciembre de 1996. Esto se ha hecho y, por consiguiente, la propuesta consiste en eliminar todo lo que sigue, en el texto italiano, a «alle regioni deboli italiane» (»a las regiones débiles italianas»). Se suprime, pues, la última frase del punto 4.

El Presidente
Por consiguiente, señor Podestà, propone usted suprimir el final del párrafo 4, a partir del punto en que ha citado usted el texto en italiano. Voy a consultar a la Asamblea.
(La Asamblea da su conformidad a la presentación de la enmienda oral) -Enmienda 7
Podestà
Señora Presidenta, había pedido al Sr. Dell'Alba, que es el signatario de la enmienda, que la retirara, salvo la última frase, a saber: »al respecto, pide al Gobierno que preste mayor atención a este asunto». Esta última frase debería añadirse al texto original.

EL Presidente
Dicho de otro modo, hubiera deseado usted que el Grupo ARE formulara una enmienda oral a su enmienda. En ese caso, me dirijo al Sr. Dell'Alba.

Dell'Alba
Señora Presidenta, teniendo en cuenta la intervención del ponente, le pediría que sometiera a votación la primera parte, a la que el ponente se opone claramente, y que luego hiciera votar el resto.

McCarthy
Señora Presidenta, mi Grupo no ha recibido ningún ejemplar de dicha enmienda, ni tampoco figura entre las enmiendas que se han presentado realmente. Por tanto, pienso que no podemos someterla a votación.

El Presidente
Realmente, temo que todo esto sea muy confuso.
Por consiguiente, hay dos soluciones. O el Sr. Dell'Alba acepta una enmienda oral, es decir, que su enmienda se limitaría al final de la frase, como ha propuesto el Sr. Podestà y en ese momento veré si la Asamblea acepta esta enmienda oral. O bien mantiene su enmienda tal como está y la someto a votación en estas condiciones.
Señor Dell'Alba, ¿qué piensa usted?

Dell'Alba
Acepto la enmienda oral.

Podestà
Señora Presidenta, sólo quisiera aclarar que queda igual todo el texto original y sólo se añade la frase que hemos leído hace un momento.

El Presidente
El texto de la frase en cuestión es, pues, »Invito al Gobierno a prestar más atención a esta cuestión.»

Napoletano
Señora Presidenta, quisiera que repitiera el sentido de la enmienda, porque estamos votando un texto y tenemos que ser conscientes de lo que aprobamos. Por favor, repita en qué apartado y al final de qué enmienda se añade esa frase.

El Presidente
Tengo la impresión de que la situación es realmente muy confusa.
Por consiguiente, voy a someter a votación la enmienda tal como había sido propuesta por el Grupo ARE y tal como se ha mantenido. Creo que así será mucho más sencillo, de otro modo llegaremos a una situación muy confusa.

McCarthy
Señora Presidenta, nos opondremos a eso. De hecho, la enmienda no ha sido presentada ni tampoco ha sido distribuida. Evidentemente no se presentó dentro del plazo, y necesito recibir aún una explicación muy clara. Por lo tanto, sobre esa base, no deseamos que se retire y votaremos en contra.

El Presidente
Señora McCarthy, la enmienda 7 ha sido efectivamente presentada. Tengo una enmienda 7 del Grupo de Coalición Radical Europea que ha sido presentada en tiempo y forma. El Sr. Podestà solicitó a este grupo que la retirase. No ha sido el caso, pero la enmienda ha sido efectivamente presentada.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Schroedter
Señora ponente, también aquí se presenta la necesidad de hacer una revisión de las traducciones. En alemán se produce, en parte, un resultado totalmente distinto. Por consiguiente, es importante una vez más revisar también el original en la enmienda en la que se trata del apoyo a la financiación de la formación de los comités de seguimiento. Puesto que ésta es una enmienda especialmente importante, que es especialmente necesaria en el informe, ruego que se revise y que reciba también el apoyo de la Asamblea.

El Presidente
Le agradezco, Sra. Schroedter, que nos lo señale. Es muy evidente que si hubiera contrasentido sobre una enmienda tan importante, sobre cualquier enmienda, sería, por otra parte, muy grave y vamos a verificarlo con mucha atención.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Caudron
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten plantea, entre otros, el problema de los trabajadores fronterizos sobre el que puedo decir, como Diputado electo por la región fronteriza del Norte de Francia, que la situación se ha degradado en el transcurso de los últimos años.
Cuanto más progresa la integración europea más desaparecen, teóricamente, las fronteras, más complican y deterioran la vida de los trabajadores fronterizos los reflejos nacionales, si no nacionalistas.¡Esto es insoportable! Así pues, es necesario que intervenga la Comisión ante los Estados y que la Unión Europea proponga reglas de conformidad con nuestros principios y nuestros tratados.
A pesar de todo, es «bastante extraordinario» que los «primeros europeos» que fueron los trabajadores fronterizos sientan con frecuencia la construcción europea en la actualidad como un retroceso con respecto a su situación. En este sentido, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten va en la buena dirección y la felicito por ello, pero queda aún mucho trabajo por hacer.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado hoy a favor del informe del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de ampliar el período de tres meses durante el cual un trabajador en paro total que se desplace a un Estado miembro distinto del Estado competente conservará el derecho al subsidio de desempleo.
Los socialdemócratas daneses aprueban la prolongación del período actual de tres meses durante los cuales el trabajador en desempleo tiene derecho de buscar trabajo en otro Estado miembro. No obstante, nos gustaría que se aclarasen algunos aspectos de la propuesta, para que la situación del trabajador desempleado no empeore después de ese período. Se trata de la administración y el control sobre las prestaciones del trabajador en desempleo, ya que, según la propuesta, este control incumbe al Estado miembro en el que el desempleado busca trabajo.
Recomendación para segunda lectura Oomen-Ruijten (A4-0015/97)
Díez de Rivera Icaza
Las dos líneas generales de este proyecto de recomendación, en su segunda lectura son: primero, la protección de los consumidores garantizándoles una información adecuada sobre los precios de los productos y segundo, la simplificación del precio por la doble indicación, por un lado, del precio de venta y, por otro, del precio por unidad de medida. Ésta es la forma más adecuada y, por tanto, la más sencilla para informar a los consumidores, ya que de este modo pueden comparar los precios de los productos que quieran adquirir.
La indicación del precio por unidad de medida resultará de utilidad a los consumidores, porque ello les permitirá efectuar la evaluación entre productos vendidos en cantidades diferentes.
Este nuevo sistema, que deja de lado el anterior sistema de unir el precio al embalaje, sin mencionar el de unidad de medida, proporcionará una mejor información al consumidor e incrementará su capacidad de elección y de comparación.
Mi voto, por ello, será positivo.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Hemos decidido apoyar el informe, aunque nuestro punto de partida es que la UE no tiene nada que ver con esta cuestión, ya que pensamos que la protección del consumidor en relación con la indicación de precios de los productos de venta se ve mejor protegida a nivel nacional. No obstante, hemos decidido darle nuestro apoyo a lo que consideramos mejor desde el punto de vista del consumidor, y en consecuencia respaldamos el informe.
No podemos apoyar las enmiendas sobre la moneda única, puesto que no apoyamos la idea y tampoco creemos que se convierta en realidad. Por lo que respecta a los consumidores, tampoco creemos que les resulte fácil discernir entre los diversos precios que se especificarán.
Informe Santini (A4-0337/96)
Martinez
Señora Presidenta, espero que terminemos con el informe del Sr. Santini, ese folletín sobre el plátano.
Deseo recordar brevemente que algo más de 800.000 toneladas de plátanos nos llegan de Guadalupe, de Martinica, de Madeira, etc., pero, me atrevería a decir, que también de las antiguas posesiones europeas, en África o en otros lugares, y dos millones de toneladas nos llegaban de Centroamérica.
Los Estados Unidos (no se sabe muy bien por qué, puesto que ellos no los producen), intentando proteger su firma Chiquita, han decidido que no les bastaba con 2 millones de toneladas de plátanos, con 75 ecus la tonelada solamente de derechos arancelarios en lugar de 825 ecus la tonelada. Consiguieron 2.200.000 toneladas, después 2.300.000 toneladas y ahora piden 2.500.000. Nuestros colegas alemanes, y más en concreto Alemania, han apoyado de forma decidida la posición de Chiquita, probablemente porque todos los partidos políticos alemanes eran regados económicamente por la multinacional Chiquita. Esto es un secreto a voces.
En fin, gracias al Sr. Santini hemos llegado a una posición que no es ni siquiera media, sino a una posición modesta. Creo que este expediente es muy sintomático. Es la sumisión permanente de nuestra construcción europea a los deseos de los Estados Unidos.

Andersson, Hulthén, Theorin, Waidelich y Wibe
El aumento de la cuota aduanera beneficiará absolutamente al consumidor sueco. Deseamos un comercio más libre de plátanos en el mercado mundial. Nuestro objetivo es que los consumidores suecos puedan elegir a la hora de adquirirlos. Que se les ofrezcan plátanos de la mejor calidad al menor precio posible. Naturalmente, querríamos que los consumidores, si ese fuera su deseo, eligieran los plátanos que se producen bajo las mejores condiciones desde el punto de vista ecológico y social.
Hay incontables motivos para protestar contra la organización actual del mercado del plátano de la UE.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Nos oponemos a la política comercial de la UE en lo relativo a la importación de plátanos. La política actual es burocrática, perjudica a varios países de Latinoamérica y lleva a un aumento del precio de consumo. Por consiguiente, no podemos apoyar propuestas que no vayan en la dirección de una reforma del sistema actual.
Apoyamos las propuestas encaminadas a fomentar la importación de los plátanos basados en el llamado fair trade , que se cultivan en condiciones aprobadas desde el punto de vista ecológico y social. No obstante, pensamos que la enmienda nº 16 da un apoyo muy flojo a la importación de dicho tipo.
Por eso hemos decidido abstenernos en la votación sobre el informe Santini.

Lindqvist
Los consumidores hemos de tener la opción de comprar los plátanos que consideremos mejores, y no podemos aceptar ni cuotas ni otros límites que den prioridad a una categoría específica dentro de este producto.

Souchet
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones se ha opuesto a la aprobación de las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero ha apoyado la propuesta de resolución final incluida en el informe del Sr. Santini.
Nuestro grupo considera que, efectivamente, esta resolución preserva en lo esencial la arquitectura de la preferencia comercial concedida a los países ACP productores de plátanos, mientras que las enmiendas de la Comisión de Agricultura contienen disposiciones contrarias a los intereses de los citados países.
Frente a la globalización salvaje de los flujos comerciales, este texto tiene el mérito de conservar en nuestra política de cooperación un instrumento esencial y eficaz: los contingentes arancelarios. En efecto, desde hace varios años se viene desarrollando una ofensiva que pretende desbordar a nuestros socios tradicionales en beneficio de las multinacionales.
No se trata de oponer unos intereses económicos a otros, sino de defender un modo de cooperación para el desarrollo que ha demostrado sus ventajas. Se trata también de proteger a aquellos productores que han decidido trabajar respetando normas sociales más elevadas que muchos otros. Me alegro de que los esfuerzos de algunos productores ejemplares se vean señalados en el informe del Sr. Santini.
Nuestro grupo se opone por principio a la transferibilidad de las cuotas ACP hacia otros productores. Y somos tanto más hostiles a ello por cuanto que la definición de «circunstancias excepcionales» que ponen en duda el aprovisionamiento europeo en plátanos por parte de los países ACP no nos parece que pueda constituir una base sana en la que se pueda afirmar una relación de cooperación duradera.
Antes al contrario, se trata de una brecha muy importante en un régimen de preferencias instaurado en beneficio de unas economías entre las más pobres del mundo. Para que funcione de forma eficaz, este sistema debe tener la posibilidad de basarse en la previsibilidad y la confianza, no en la duda permanente.
Informe Matikainen-Kallström (A4-0041/97)
Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
El punto de partida del Tratado sobre la Carta de la Energía es positivo, y el informe contiene numerosas propuestas e ideas excelentes que apoyamos.
Lamentablemente, la mayor parte positiva del informe se ve anulada, puesto que no se han incluido las disposiciones ambientales, sino que han ido a parar a un protocolo anejo. Además, estas disposiciones no son vinculantes, lo cual significa que no se proporciona ninguna ayuda con objeto de modificar el sistema energético y convertirlo en un sistema ecológico sostenible. Desafortundamente, nuestra experiencia con respecto a las disposiciones ambientales no vinculantes es que no se ponen en práctica. Dentro de la propia UE existe además un gran número de ejemplos de países que ni siquiera siguen las decisiones vinculantes que han sido aprobadas. Por consiguiente, el punto de partida no es satisfactorio, y habríamos deseado que el Tratado hubiese incluido unas disposiciones vinculantes en torno al medio ambiente.
Informe Podestà (A4-0405/96)
Dell'Alba
Señora Presidenta, quiero hacer esta explicación de voto sobre el informe del Sr. Podestà, en primer lugar para darle las gracias y felicitarlo por su trabajo, por esta importante puesta a punto, por parte del Parlamento Europeo, del problema de la gestión de los Fondos estructurales en Italia, pero también para no pasar en silencio la pena que nosotros, los diputados europeos, no podemos dejar de sentir por el modo en que en nuestro país se gestionan los Fondos estructurales. Como se sabe, el pasado 22 de enero hubo un importante encuentro entre el Ministro Ciampi y la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, en el que se evidenció que el retraso acumulado por Italia supera los 1.500 millones de ecus a finales de 1996, repartido equitativamente entre los distintos Fondos.
Ahora bien, en una situación de rigor presupuestario, en una situación en la que Italia y su Gobierno piden sacrificios a los ciudadanos para la entrada en Europa, es absolutamente intolerable que uno de los países fundadores de la Comunidad esté estructuralmente en graves dificultades, por no decir en la incapacidad de gestionar correctamente tales Fondos -por lo que tenemos que pedir continuamente dilaciones, prórrogas, y las administraciones nacionales luego se ven obligadas a intervenir para remediar las carencias regionales-. Hubiera deseado que el Parlamento Europeo fuera más crítico, que actuara más como acicate del Gobierno, no por injerencia en los asuntos internos, sino simplemente por un funcionamiento correcto de las instituciones.
En particular, consideramos que hoy el Centro de Control es inadecuado como instrumento, que es necesaria una institución más vinculante, con mayores poderes. Sólo así podemos recuperar el retraso y llegar al final de la gestión de los Fondos con mayor conciencia y coherencia entre gastos y compromisos contraídos. Con ese deseo, mi Grupo ha votado la resolución, con esa motivación de distinción y de incitación al Gobierno italiano a que actúe mejor a nivel de la gestión de los Fondos estructurales.

Wibe
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, considero inquietante por principio que el ponente del Parlamento sea del mismo país cuya ayuda se evalúa. Por principio, el Parlamento debería esforzarse por designar ponentes que no pudieran tener interés personal alguno en la cuestión que se somete a debate.
Informe Botz (A4-0002/97)
Wibe
Sin poner en duda en absoluto la objetividad del ponente, considero inquietante por principio que el ponente del Parlamento sea del mismo país cuya ayuda se evalúa. Por principio, el Parlamento debería esforzarse por designar ponentes que no pudieran tener interés personal alguno en la cuestión que se somete a debate.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado .
(La sesión, interrumpida a las 12.45 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

EEB
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
el informe (A4-0020/97) del Sr. Medina Ortega, en nombre de la Comisión de investigación sobre la EEB, acerca de las alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario con respecto a la EEB; -las siguientes preguntas orales a la Comisión: -B4-0004/97 del Sr. de Villiers, en nombre del Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, sobre la Comisión de investigación sobre la EEB - riesgo de transmisión de la EEB a través de determinados productos farmacéuticos; -B4-0006/97 de los Sres. Martens y Böge, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la EEB acerca de las alegaciones de violaciones del Derecho comunitario y/o de mal funcionamiento de la aplicación del mismo en el caso de la EEB; -B4-0007/97 de la Sra. Green, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la Comisión de investigación sobre la EEB; -B4-0008/97 de la Sra. Barthet-Mayer y del Sr. dell'Alba, en nombre de Coalición Radical Europea, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la EEB; -B4-0009/97 del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el informe de la Comisión de investigación sobre la «EEB»; -B4-0010/97 de los diputados Santini, Rosado Fernandes, Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre las recomendaciones en materia de EEB; -B4-0011/97 del Sr. Kofoed, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas, sobre las conclusiones de la Comisión de investigación sobre la EEB; -la moción de censura (B4-0056/97) contra la Comisión Europea, sobre su actitud en la gestión de la crisis EEB.
Medina Ortega
Señor Presidente, la facultad de establecer comisiones de investigación se recogió en el Tratado de Maastricht de 1992 y fue desarrollada luego por una decisión interinstitucional de 1995. Hasta ahora, el Parlamento Europeo ha establecido dos comisiones de investigación: una sobre el fraude en el tránsito comunitario y otra sobre la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina. Por circunstancias de calendario, la comisión sobre la encefalopatía espongiforme bovina ha terminado su trabajo antes que la anterior, por lo cual me corresponde el honor de ser el primer ponente que interviene en este Parlamento en nombre de una comisión de investigación.
La Comisión de investigación trabajó con limitaciones de tiempo, ya que la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina ha sido una crisis que ha tenido mucho impacto en la opinión pública europea y había una alarma social que se transmitió a este Parlamento, que en realidad se venía transmitiendo desde hace tiempo y que hizo que el Parlamento Europeo decidiera, el verano pasado, establecer esta Comisión de investigación.
La comisión se estableció por un período de tiempo limitado, que fue, en principio, de tres meses. Ese plazo inicial fue insuficiente; se consiguió una prórroga posterior y, en definitiva, la comisión terminó su trabajo el pasado día 6 de febrero después de una sesión maratoniana en la que consideramos 250 enmiendas. El trabajo efectivo ha durado aproximadamente cinco meses y, como todo trabajo con tiempo limitado, tiene probablemente sus dificultades. Yo espero que sus Señorías, a medida que vayan leyendo los informes, detecten las deficiencias que pueda tener este informe, de modo que puedan ser apreciadas y corregidas a la hora de su publicación.
El informe, como saben los miembros de la Asamblea, incluye una primera parte, que es la parte A, que comprende las propuestas o el informe específico de la comisión y va acompañado de una serie de anexos que recogen las opiniones minoritarias, las audiencias y algunos documentos complementarios. Pero, en definitiva, durante el tiempo que hemos trabajado, hemos recibido bastantes kilos de documentación de la Comisión, del Consejo, de instancias gubernamentales y de instituciones científicas nacionales e internacionales. Además, durante todo este tiempo, hemos celebrado una serie de audiencias muy detalladas, hemos tenido el privilegio de escuchar al Presidente del Consejo y al Presidente de la Comisión, hemos tenido el privilegio de escuchar a varios Comisarios de la actual Comisión y de la Comisión anterior, y hemos tenido, sobre todo, el privilegio de recibir a destacados científicos que se han molestado en venir a Bruselas a comparecer ante nosotros de una manera desinterasada y prestándonos su mejor colaboración. Yo creo que nuestro trabajo en las sesiones de audiencia, presididas eficazmente por el Sr. Böge, es un trabajo valioso, que puede ser de utilidad a todos los que quieran verlo.
En este momento, la Comisión de investigación somete al Parlamento su informe, es decir, la parte A del informe en la que se recogen los resultados de la investigación, las recomendaciones para el futuro y las opiniones minoritarias.
Las opiniones minoritarias son siete y no me voy a extender en ellas porque serán expuestas por sus autores, pero sí señalaré que el informe como tal fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en el momento de la votación el pasado día 6 de febrero. Por tanto, cualesquiera que sean los defectos, estos defectos son, desde luego, admitidos por el ponente, pero en principio compartidos por todos los miembros de la Comisión de investigación.
El problema es que la Comisión de investigación en cuanto tal, tenía, por un lado, una cierta amplitud de mandato, ya que el mandato se refiere a la detección de cualquier caso de mal funcionamiento o mala administración - concretamente alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho comunitario a la encefalopatía espongiforme bovina-, pero con una limitación muy importante que es la jurisdicción de los tribunales nacionales y comunitarios, es decir, que esta Comisión de investigación no podía ser un tribunal de justicia -para eso tenemos las instancias comunitarias, pero además hay competencias nacionales, instancias nacionales a las que se puede recurrir.
Por tanto, partiendo de esta base, la preocupación de la Comisión de investigación era detectar la responsabilidad de las instituciones y, al hacerlo, nos encontramos que por la natural estructura de la Unión Europea, en la cual hay una responsabilidad compartida de los Estados y de las instituciones comunes, teníamos que centrarnos, en primer lugar, en la responsabilidad estatal, concretamente en la responsabilidad del Gobierno británico. Y, sin duda, el problema de la encefalopatía espongiforme bovina es un problema que tiene su origen en ciertas actuaciones del Gobierno británico, que han producido unos daños enormes, probablemente no deseados, no esperados, pero que se han dado.
El punto de partida está en la aplicación de un método de fabricación de harinas obtenidas a partir de carnes y restos de huesos de animales, el llamado procedimiento Carver Grenfield. Y con respecto a ese procedimiento, como nos explicaron algunos de los científicos, el Gobierno británico, en un momento determinado, adoptó unas medidas que flexibilizaban el procedimiento de obtención de esas harinas, de forma que no se llevó a cabo la esterilización completa. Algunos miembros de la Comisión de investigación visitamos el Reino Unido y visitamos las instalaciones en cuestión y, en definitiva, lo que ha ocurrido allí es que los desperdicios de animales, muchos de ellos infectados probablemente por otra enfermedad, eran utilizados para la fabricación de piensos y luego colocados en la cadena alimenticia sin ningún tipo de control.
Hay toda una serie de problemas de falta de identificación. Por ejemplo, estuvimos en las granjas y en las granjas había unos sacos, que constituían la alimentación de los animales, en los que no constaba en absoluto el origen del producto. No había forma de saber cómo habían llegado allí y eso explica precisamente la forma, el comportamiento, el desarrollo de la enfermedad, que se produce en casos aislados, en granjas que se encuentran muy separadas unas de otras.
En definitiva, este problema quizás se pudo haber abordado en un momento determinado con la colaboración eficaz de las instituciones comunitarias, es decir, a partir del año 89, cuando se tienen ya las primeras pruebas científicas en laboratorios alemanes y franceses, entre otros, -incluso y, sobre todo, en laboratorios ingleses-, de que puede tener consecuencias para la salud humana. Yo creo que si en aquel momento el Gobierno británico hubiera ofrecido su colaboración a las instituciones comunitarias y las instituciones comunitarias hubieran actuado de acuerdo con el Gobierno británico, yo diría que, entre el año 89 y el año 90, se hubiera podido hacer frente al problema y es posible que en este momento estuviera en vías de solución.
Pero aquí aparece un segundo momento y es cuando el Gobierno británico trata por todos los medios de que no se investigue la encefalopatía en Inglaterra. Concretamente entre 1990 y 1994 hay 37 inspecciones veterinarias en el Reino Unido por parte de funcionarios de la Comisión y en ninguna de esas inspecciones veterinarias se estudia el tema del impacto de la encefalopatía espongiforme bovina, lo cual nos hace pensar que había una voluntad deliberada por parte del Gobierno británico y una debilidad por parte de la Comisión de no llevar a cabo esas inspecciones veterinarias-. Curiosamente, en alguna documentación relativa al período encontramos, por ejemplo, inspecciones muy detalladas en Grecia sobre la fiebre aftosa y cosas por el estilo, pero realmente la gran epidemia que empezaba a preocuparnos en Inglaterra, la encefalopatía, no se investiga desde el punto de vista comunitario.
Pero no quiero extenderme porque, en definitiva, no tengo demasiado tiempo y quiero referirme al segundo bloque de responsabilidades: me refiero al Consejo. El Consejo es una institución que está integrada por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, que actúa como poder legislativo, pero que también actúa como poder ejecutivo, y esta es la gran anomalía.
Uno de los principios de nuestras constituciones es el principio de separación de poderes.
Para ser miembro de la Comunidad Europea hay que respetar el principio de la Comunidad Europea, pero la Comunidad Europea no respeta el principio de la separación de poderes, y se ha llegado a decir que si la Comunidad Europea solicitara el ingreso en la Comunidad Europea, no podría ser aceptada porque no respeta el principio de la separación de poderes. Y aquí nos encontramos con uno de los problemas graves: el Consejo, que es el órgano legislador, delega ciertas competencias de ejecución en la Comisión, pero retiene el poder fundamental. Es como si le hubiera prestado una bala a la Comisión, pero la bala estuviera atada por un hilo, de forma que, después de cada disparo, la Comisión le tiene que devolver la bala al Consejo y, como consecuencia de esto, las decisiones que se adoptan en el Consejo, que son de carácter ejecutivo, son contrarrestadas por el funcionamiento de unos comités que están integrados por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, concretamente el Comité Veterinario Permanente. Y a la hora de votar se hace un voto ponderado, es decir que el peso de cada uno de los Gobiernos no se determina en función de la razón científica, sino en función de la voluntad política o del peso político de cada Gobierno. O sea que tiene más razón, en caso de una enfermedad, el Gobierno británico que el Gobierno griego o el Gobierno portugués.
Yo creo que este es un sistema absolutamente inadmisible, es un sistema que atenta contra los principios constitucionales de cada uno de nuestros Estados miembros y que sería inadmisible que, como consecuencia de la Conferencia Intergubernamental, se mantuvieran estas competencias de ejecución por parte del Consejo.
Y llegamos al tercer bloque de responsabilidades, que se refiere a la Comisión Europea. Nosotros, desde el Parlamento, estamos acusando a la Comisión de debilidad. Es decir, la Comisión de investigación considera que en un momento determinado la Comisión ejecutiva no adoptó las medidas que tendría que haber adoptado. Cuando en un momento determinado algunos Gobiernos pretenden aplicar el artículo 36 para limitar las importaciones de los productos procedentes del Reino Unido, la Comisión interfiere, incluso amenaza con llevar a los Estados al Tribunal de Justicia -lo cual nos parece muy correcto, lo correcto-, pero la segunda parte es que la Comisión tendría que haber actuado contra el Gobierno en cuestión y haberle impuesto el cumplimiento de las normas.
En un momento determinado, al Comisario responsable en aquel momento le pregunté, específicamente, si había solicitado dictámenes de los servicios jurídicos de la Comisión y la respuesta que me dio es que, en aquel momento, la Comisión no tenía poder político suficiente para enfrentarse al Consejo.
En política, señor Presidente, hay que estar. Es una actividad bastante más difícil de lo que parece y cuando hay algún tipo de poder, o de base o de derecho, creo que la institución tiene que ejercerlo. En aquel momento concretamente, y durante algún tiempo después, la Comisión mostró una tremenda debilidad.
No quiero extenderme en todos los aspectos de la responsabilidad de la Comisión, pero sí quiero señalar que en 1996, como consecuencia de la amenaza del Gobierno británico de utilizar el veto en todo el proceso de desarrollo constitucional, hubo debilidad por parte del Consejo, de nuevo, y por parte de la Comisión. Hasta tal punto que hay una decisión -la decisión sobre el levantamiento del embargo de las gelatinas- que, al parecer, se adoptó sobre la base de un informe preliminar insuficiente que fue desmentido por otro informe posterior en el que se señalaba que la gelatina constituía, efectivamente, un peligro eventual -la utilización, el levantamiento del embargo sobre las gelatinas podría suponer un peligro para la salud humana.
En definitiva, debido, por un lado, a la negativa del Gobierno británico a aceptar la intervención comunitaria y, por otro lado, a la concentración de poderes por el Consejo y a la debilidad de la Comisión frente al Consejo y frente a los Gobiernos, nos encontramos ante una crisis que ha costado, que se sepa, 165.000 vacas enfermas -pero, aparte de eso, hay, por lo visto, medio millón más de vacas infectadas en Inglaterra-, 23 granjeros que se han suicidado en Inglaterra, al parecer 15 personas afectadas por una variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jakob -que se imputa a esto, a esta enfermedad de las vacas- y el hundimiento del mercado de la carne: Creo que ha sido el Comisario Fischler quien ha dicho que ha sido la mayor catástrofe a la que se ha tenido que enfrentar la Comunidad Europea.
La Comisión de investigación en cuanto tal pudo haberse limitado a constatar estos elementos de infracción o mala administración, pero parecía conveniente que, sobre la base de nuestra experiencia y de lo que habíamos aprendido, hiciéramos algún tipo de recomendaciones.
Nuestras recomendaciones son de muy diferente índole, pero una de ellas, desde luego, va dirigida a una mayor transparencia en todo este sector. Los ciudadanos comunitarios en este momento están asustados ante el desarrollo de unas instituciones misteriosas que se reúnen en Bruselas y en las que hay posiblemente unos grupos de presión que están actuando, y no tienen la seguridad de que los alimentos que están consumiendo, los productos que toman, por carácter sanitario, ofrecen la suficiente seguridad.
Por tanto, en este momento, los ciudadanos comunitarios piden transparencia y piden conocimiento. Proponemos una serie de medidas que dirigidas a conseguir que se conozca bien la situación de esta crisis y lo que ocurra en el futuro.
Y hay otra serie de medidas que propone la Comisión de investigación, dirigidas al control de todos los temas sanitarios. En este momento, la estructura misma de la Comisión, la estructura del sistema de comités científicos y de otro tipo es una estructura que no se presta a la protección de la salud. Tal como se ha desarrollado la Comunidad, con su énfasis en los aspectos fundamentalmente económicos, se ha olvidado la finalidad fundamental de la actividad económica, que es la protección de la persona, y que la persona pueda desarrollar sus capacidades. Si seguimos por esta línea de subordinación de todo a los intereses económicos de sectores empresariales determinados, estamos condenando, en definitiva, el propio Mercado Común, es decir que, en definitiva, se está perjudicando al conjunto de los ciudadanos.
Por eso, las conclusiones de la Comisión de investigación se basan, en este momento, en el desarrollo de una colaboración inmediata entre la Comisión y el Parlamento -incluso mediante la creación de un órgano conjuntoque en los próximos meses pueda estudiar -Parlamento y Comisión, conjuntamente- todas aquellas medidas que vayan dirigidas al reforzamiento de la confianza de los ciudadanos, a la protección de la salud de los ciudadanos y a un mejor funcionamiento de las instituciones comunitarias.
Yo creo que con esto, señor Presidente, el Parlamento está haciendo una contribución importante al desarrollo de las instituciones y al bienestar de los ciudadanos de la Unión Europea.

Böge
Señor Presidente, señoras y señores, esta comisión de investigación ha estado durante seis meses tras las huellas de la locura en el sentido más auténtico de la palabra. Como presidente de la comisión quisiera, ante todo, dar cordialmente las gracias a nuestro ponente, el Sr. Medina Ortega, por el esfuerzo que ha realizado con este informe. También quisiera dar las gracias a todos los colegas por el interés que han aportado y, en especial, a la secretaría de nuestra comisión que ha trabajado efectivamente.
Estimados colegas, esto ha sido para todos nosotros una nueva experiencia y también se ha tratado de probar algunos campos secundarios del Acuerdo interinstitucional del derecho a establecer comisiones de investigación. Según el encargo que el Pleno nos ha confiado y sobre la base de este acuerdo de 19.4.1995 al que se han obligado todas las instituciones, hemos intentado averiguar la verdad y definir la responsabilidad por la conducta negligente y culposa. A pesar de un derecho limitado de establecer comisiones de investigación hay ahora una cantidad de hechos y de medios de prueba que ponen de manifiesto dos cosas.
En primer lugar: este Parlamento está dispuesto a utilizar en todo momento el derecho de establecer comisiones de investigación como instrumento de control y a ejercerlo también en otros casos. Este es un claro aviso a todos y quizá esto sólo sea ya útil para el futuro. El Parlamento Europeo se debe al ciudadano y sólo al ciudadano. Sólo a través de la información sin tacha, de la determinación de las responsabilidades y de la deducción de las consecuencias políticas necesarias podremos lograr restablecer la maltratada confianza de los ciudadanos.
En segundo lugar: queremos poner término de una vez para siempre a esta historia de locura de la EEB y queremos cuidar de que esto no vuelva a suceder. Naturalmente, esto implica que colocamos en el centro de nuestros esfuerzos una agricultura que se basa en la sostenibilidad y en una producción lo más adaptada posible a las especies animales. Aquí existe un interés común tanto de los consumidores como también de los agricultores. Necesitamos también un compromiso de la Comisión, del Consejo y del Parlamento Europeo de adoptar las precauciones oportunas mediante las iniciativas y propuestas legislativas pertinentes incluyendo también la política presupuestaria.
Las particularidades de esta aterradora y extraña mezcla de ignorancia, de mala gestión y de equivocaciones están documentadas muy bien en muchos ejemplos del informe. Naturalmente, en el otro lado está claro que hay que valorar de otra manera los fallos y las negligencias del pasado, de los años 89/90, incluso sobre el telón de fondo de los nuevos conocimientos científicos de marzo de 1996, que no existían de ese modo en el pasado. Pero esto no desvincula a la política de la responsabilidad de colocar en el centro de todos los esfuerzos una protección preventiva de los consumidores. En esto ha habido deficiencias. Ha habido fallos graves en la lucha contra la EEB. Muchas de las medidas acordadas y llevadas a cabo en 1996 llegaron con un par de años de retraso y fallos de aplicación en el pasado siguen pesando sobre nosotros hasta hoy en la lucha y no sólo en el Reino Unido. Existía la incapacidad, existía la falta de interés de colocar en el punto central del mercado interior una protección preventiva de los consumidores. Celebro extraordinariamente la decisión del Tribunal Europeo de Justicia de 12.7.96 en la que se definió una nueva cualidad de la jurisprudencia en el mercado interior en lo que respecta a la política sanitaria y a la política de protección de los consumidores.
Ha habido una responsabilidad mixta en lo que respecta a las omisiones, primero en el Reino Unido y, en segundo lugar, específicamente en la pasada Comisión. Incluso el Consejo no se ha caracterizado en especial por sus actividades en cada fase del procedimiento, aunque una y otra vez se produjeron iniciativas de Estados miembros en particular. Naturalmente, sabemos, señor Santer, que en muchos ámbitos la propia Comisión no puede ser tan buena como algunos Estados miembros lo permiten.
Señor Presidente Santer, en el debate de julio le dije lo siguiente: »No tape usted los fallos del pasado». Creo que la responsabilidad de la actual Comisión se concentra en dos puntos: me refiero, en primer lugar, al debate fantasma sobre la gelatina. Aunque posiblemente nadie ha sufrido daños por esta decisión, por este ir y venir ¿cree usted realmente que el ciudadano puede imaginar y definir como política creíble tales escenificaciones?
En segundo lugar: en mi opinión, en la valoración ha influido un poco en contra de ustedes el hecho de que los que entonces eran responsables de los servicios también estuvieran encargados del asesoramiento y de la respuesta de las encuestas y actividades procedentes de la comisión de investigación. Esto fue un fallo estratégico.
(Aplausos) El hecho de que se presentase este indecible documento de prensa de 16 de diciembre al final de las negociaciones, como si no hubiera existido, en absoluto, esta comisión de investigación, lo he considerado como una afrenta.
(Aplausos) A esto se suma también, lamentablemente, que al final del procedimiento no se nos hicieran llegar a tiempo y en plazo todos los documentos, y no sólo una selección, de la sesión del subgrupo científico sobre la EEB. Luego, recibimos estos documentos, según asegura el Sr. Comisario Fischler, hacia el final de la tarde del viernes, pero por primera vez en mis siete años y medio de pertenencia al Parlamento mi maleta no ha llegado a Estrasburgo. Por esta razón no he podido comprobar esto todavía.
Creo, señor Comisario Fischler y señor Presidente Santer, que en este punto ustedes han estado mal aconsejados. El ciudadano está desorientado y consternado y nos dice fuera lo siguiente: si esto es Europa, entonces tengo grandes dudas ante los desafíos a que nos enfrentamos. Por esta razón entiende usted las recomendaciones de la comisión de investigación como una oportunidad de orientar las cosas a mejor. Quien reconoce y confiesa los fallos y saca de ello las consecuencias, es fuerte y actúa con responsabilidad, pero no quien minimiza los debates y no respeta la voluntad de las minorías ni la opinión de las minorías.
Sobre la base de esta recomendación de la comisión de investigación la Comisión y el Parlamento pueden volver a ser aliados naturales. Aparte de esto, se han expuesto recomendaciones muy claras y estrictas de la comisión de investigación: la cuestión de la reorganización, la cuestión de la responsabilidad incluyendo las medidas disciplinarias, la cuestión de una conferencia común para solucionar de una vez por todas el ámbito de problemas de la harina animal y también, señor Presidente Santer, el fundamento jurídico. En vista de la Conferencia intergubernamental, siempre y allí donde la Comisión tenga un margen de interpretación debería acercarse más que hasta ahora al Parlamento en la definición del fundamento jurídico.
(Aplausos) Por lo demás, el hecho de que el Ministro británico de Agricultura, Hogg, no haya venido significa una afrenta no sólo contra el Parlamento, sino contra todos los ciudadanos europeos.
(Aplausos) Y hay que dejar claro que esto constituye una transgresión del Acuerdo Interinstitucional que todos hemos firmado.
Una actuación más enérgica desde el principio habría limitado también los daños en la economía nacional y habría sido más barato que el debate de minimización que, en último término, ha resultado ser un tiro por la culata.
Entretanto, se dispone de un texto de resolución que está respaldado por una variedad de grupos. Considere usted, señor Presidente Santer, este texto de resolución, que votaremos mañana, como una iniciativa, como una oportunidad de encauzar las cosas hacia mejor. El Parlamento va a tener que comprobar y vigilar la marcha de las cosas, y en el momento en que todo marche bien volverá usted a tener también nuestra confianza. Por otro lado, si las cosas no se llevan a cabo suficientemente y nosotros constatamos deficiencias graves tendrá que haber a lo largo de los próximos meses un diálogo muy serio e iniciativas muy serias, incluída la cuestión de la aplicación del artículo 144 del Tratado. Esto se lo debemos a los ciudadanos europeos por nuestra condición de representantes de sus intereses.
(Aplausos)
Lalumière
Señor Presidente, intervengo respecto al orden de los trabajos, con su autorización.
¿Hay alguna razón por la que el Consejo no se haya dignado estar presente en este debate, de gran importancia, esta tarde?
El Consejo, a nivel político, está ausente. La Comisión está muy bien representada y yo lo agradezco. El Consejo parece indiferente.

El Presidente
Todo lo que puedo decir, señora, es que esta Presidencia se ha puesto en contacto con el Consejo, que ha considerado no estar en condiciones, o no juzgar oportuno, estar presente en el día de hoy.
Esto es todo lo que sé y todo lo que puedo comunicarle.
Señorías, estamos tratando de un tema extremadamente importante. Lo que haya que decirle al Consejo se le dirá por los procedimientos adecuados, y cada uno lo podrá hacer. Pero no vamos a cambiar la línea de este debate para entrar en esa cuestión que, por muy importante que sea, es una cuestión accesoria respecto del presente debate.
Doy la palabra al Sr. Happart, primer firmante de la moción de censura.

Happart
Señor Presidente, se atribuyen a Churchill unas palabras pronunciadas antes de la guerra: »Debe decidir entre el deshonor o la guerra.» Señor Santer, debe usted decidir entre el deshonor y la dimisión, y todavía no es tarde pero ya es el momento.
En nombre de la institución que representamos, en nombre de la idea que como demócrata me hago de la Europa que estamos construyendo, yo le pediría que dejara de humillarse y de humillarnos tratando de justificar lo injustificable. ¿Se da cuenta de que está usted haciendo Europa sin los ciudadanos, para el dinero y contra los ciudadanos? Corta usted de raíz la Europa de nuestros hijos, y todo ello porque no desea asumir sus responsabilidades, la responsabilidad política del expediente de la EEB, grave donde los haya.
Con esta actitud quiebra un poco más la confianza del ciudadano. Debería ser usted, señor Santer, la punta de lanza en el impulso de una verdadera Europa construida para los ciudadanos y el futuro. Antes al contrario, constata usted, como todo el mundo, en la lectura del buen informe (¡más aún!, alegato) del Sr. Medina Ortega contra los servicios de la Comisión, contra los fallos de funcionamiento de la Comisión y de los sucesivos Gobiernos británicos, que la responsabilidad exige una sanción inmediata y radical, que no es otra que la dimisión de la Comisión que usted preside.
Se me replicará, algo a lo que estoy habituado, que no es el momento, que hay otras cosas por hacer y que es necesario dar una oportunidad de rehabilitación a la Comisión. Señor Santer, considero falsos estos argumentos, pues los actos, las faltas graves de la Comisión en este expediente merecen una sanción. ¡Ha de haber una responsabilidad política! Por supuesto, será igualmente necesario tomar las disposiciones administrativas correspondientes contra los funcionarios que, bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad de toda la Comisión, han realizado actos que han puesto en grave peligro a cientos, incluso miles de vidas humanas.
Vivimos en una época (parece que está en el ritmo de los tiempos) en la que es necesario ahorrar. Es preciso rentabilizar, ser competitivos, pero, ¿con relación a quién, con relación a qué? Por supuesto, con relación a los beneficios incontrolados del monetarismo y del mundo financiero. Por haber permitido a algunas empresas, sobre todo británicas, engañar y disminuir con ello los costes de producción de la carne de bovino, se ha llegado a una situación que hoy, diez años después, está costando muchas, demasiadas vidas humanas y miles de millones de ecus a la sociedad.
Señor Santer, la manera como esta Comisión trata al Parlamento Europeo es indecente. En efecto, mientras se activaba la Comisión de investigación (¡qué útil y esclarecedora!, como lo demuestra el informe Medina Ortega) aceptaba usted la importación sin control de maíz modificado genéticamente. La Comisión que usted preside está aceptando que se produzcan y distribuyen por el mercado europeo nuevos productos y medicamentos, de los que no se está seguro de su inocuidad a corto y medio plazo.
Deje de decirnos que es necesario decidir entre la evolución tecnológica, el crecimiento, la modernidad y un inmovilismo que provocaría el retroceso de nuestras sociedades europeas. ¿Para qué puede servir ser moderno, ganar dinero, si se hace en detrimento de la salud humana o del futuro de nuestro entorno, que será el de nuestros hijos y nuestros nietos?
Señor Santer, no sé si es usted padre o abuelo (algo que le deseo), pero le pediría que considerara, por encima de intereses puramente mercantiles, ¿qué planeta vamos a dejar en herencia a nuestros hijos?¿No cree que ha llegado el momento de ser valiente, de atreverse a dar un giro de 180 grados, de forma que se conceda primacía al hombre y a su porvenir en lugar de a algunos intereses financieros o monetarios?
Por lo que respecta a la investigación, si se tomara una decisión para que ésta fuera financiada por la sociedad y orientada al mayor bienestar antes que a un aumento de los beneficios, los ciudadanos de Europa y de todo el mundo le quedarían eternamente agradecidos.
Señor Santer, sé que para usted es muy difícil, más aún que para los observadores u otros socios, tomar la decisión que yo le estoy pidiendo, que es la de irse.
Nuestros colegas del Parlamento Europeo deberán pronunciarse mañana sobre una resolución consecutiva al informe de la Comisión de investigación. Si esta resolución es clara y portadora de futuro, votaré a favor porque constituirá el pliego de condiciones, la base de la declaración gubernamental de la Comisión que le suceda.
El jueves, pediré a cada una y a cada uno de mis colegas en el Parlamento Europeo que se imagine, por encima de las diferencias partidarias o de sus intereses, cualesquiera que éstos sean, que mañana o dentro de un año, de cinco o de diez quizá, su hijo o su hija se vean afectados por esta terrible enfermedad llamada de CreutzfeldtJakob atípica. En ese caso, ¿en qué sentido orientarían su voto? Para mí la decisión está tomada. Al recoger firmas y presentar esta moción de censura, creo actuar correctamente como Diputado europeo y cumplir con mi deber. Algunos hablarán quizá de demagogia, pero no soy un demagogo; simplemente defiendo la salud y el porvenir de nuestros conciudadanos. Hoy, antes que cualquier razón partidaria o de Estado, debe hablar la conciencia.
Señor Santer, debe usted elegir entre el deshonor, quedándose, o el honor, dimitiendo.
Por Europa y por sus ciudadanos le pido que dimita. ¡Váyase!, todavía está a tiempo.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, durante este período parcial de sesiones se pronunciarán ustedes sobre el informe de la Comisión de investigación de la EEB. Se trata de un informe severo para con los afectados, incluida la propia Comisión, y cuya lectura exige una serie de medidas destinadas a poner remedio a las deficiencias y fallos de funcionamiento evidentes y nos interpela con respecto al futuro. No voy a hacer ante ustedes el relato histórico del asunto de la EEB, ni tampoco comentaré con detalle el informe que la Comisión de ustedes ha redactado bajo la dirección del Sr. Böge y gracias al trabajo en profundidad del ponente, Sr. Medina Ortega.
Como Presidente de la Comisión, deseo asumir aquí la responsabilidad del Colegio y decirles cómo veo las cosas. Me centraré pues en el papel de la Comisión. Es evidente sin embargo que este Parlamento no puede ignorar el partido que cada institución ha tomado, y sobre todo los Estados miembros; cada uno, en su ámbito competencial, tiene su parte de responsabilidad. Pero no voy a entonar mi mea culpa en el pecho de otros.
La Comisión de investigación ha planteado una serie de preguntas a las que intentaré responder. ¿Ha privilegiado la Comisión al mercado en detrimento de la salud? Si se juzga a partir de los conocimientos actuales, la actitud tomada en aquellos momentos puede prestarse a críticas. Y es preciso también reconocer que la pregunta no se planteaba en términos tan crudos: el mercado o la salud. ¿Se debería haber prestado más atención a algunas advertencias aisladas que iban a contracorriente de la opinión científica mayoritaria según la cual era muy poco probable un efecto sobre la salud humana? En aquellos momentos, seguro. Pero hago constar también que, a partir de 1989-1990, se tomaron una serie de medidas, tanto a nivel nacional como comunitario, encaminadas a evitar cualquier riesgo para la salud. Añadiré que, en este contexto, varias propuestas de la Comisión, tendentes a reforzar el pilar salud del mercado interior, no dieron resultado. Los Estados miembros no lo quisieron. En cuanto a la Comisión, hago constar que ésta nunca se quedó corta con respecto a las recomendaciones científicas. Y en numerosas ocasiones ha llegado más lejos con el fin de evitar cualquier riesgo para la salud humana.
Segunda pregunta: ¿Ha practicado la Comisión una ocultación de la información, incluso la desinformación? No puedo interpretar ciertas declaraciones realizadas por algunos, pero deseo recordar que el tema de la EEB ha sido objeto de dos grandes conferencias científicas, en las que la Comisión ha desempeñado un papel de motor y cuyos resultados han sido profusamente publicados. El Comité Veterinario Permanente, que reúne a los representantes de los Estados miembros, ha tratado el problema en cerca de sesenta reuniones.
Al igual que ustedes, hubiera deseado más investigaciones y sobre todo, más resultados de las investigaciones. Incluso hoy los científicos, enfrentados a toda la complejidad de la enfermedad de la EEB, no pueden todavía proporcionarnos datos ciertos. Pero si ha habido progresos, si hoy somos conscientes de los riesgos que para el hombre puede constituir la EEB, es también gracias a algunas investigaciones, cofinanciadas por la Comunidad. Por supuesto que, a la luz de los conocimientos actuales, es preciso dar al esfuerzo de investigación una dimensión nueva. La Comisión ha hecho propuestas en este sentido. Es imperativo que el procedimiento de conciliación pueda dar resultados al margen del próximo Consejo «investigación». Es necesario que el programa de investigación sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles pueda disponer de los medios financieros apropiados.
Tercera pregunta: ¿Ha gestionado bien o mal este expediente la Comisión? Estoy de acuerdo en que el funcionamiento de los servicios hubiera podido ser mejor, incluidos los de la actual Comisión, y estoy de acuerdo con el ponente en lamentar la falta de controles específicos sobre la EEB entre 1990 y 1994, cualesquiera que sean las razones invocadas en este sentido. Estoy sorprendido por la manera de gestionar los comités científicos: falta de transparencia, de coordinación, falta de rigor. Hay (el informe de ustedes lo ha revelado) una urgente necesidad de revisar tanto la organización y el funcionamiento de los servicios como, más en general, el sistema de preparación y toma de decisiones. Su trabajo nos ofrece la posibilidad de hacerlo en profundidad.
Cuarta pregunta: ¿Ha cedido la Comisión ante las presiones políticas del Reino Unido? Creo responder con claridad a esta pregunta, pues la decisión de esta Comisión de prever un levantamiento condicionado del embargo para la gelatina se presentó bajo esta óptica. Aquí, como en muchos expedientes, ha habido sin duda una actuación política por parte de un gobierno y eso es totalmente normal. El Primer Ministro británico, al estimar que nuestra decisión de embargo era injustificada, ha hecho todo lo que estaba en su mano para revocarla, incluso ante el Tribunal de Justicia. No ha cesado de reclamar el levantamiento del embargo. Mi respuesta, educada, como no podía ser de otro modo, era firme, era no. Todas nuestras acciones se basaban en el planteamiento al que siempre me he atenido, que no es otro que el de fundamentar nuestras decisiones en los mejores conocimientos científicos disponibles. Este mismo planteamiento está, por otra parte, en la base del acuerdo marco de Florencia, aprobado por consenso a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno.
Critican ustedes la forma como se ha realizado la consulta científica. Como he dicho antes, acepto esa crítica. Pero otra cosa es decir que hemos asumido riesgos para la salud de los ciudadanos con el fin de agradar al Sr. Major. Eso es falso. Al día de hoy, el embargo sigue siendo total y la Comisión no ha concedido ninguna autorización para exportar gelatina de origen británico. En el actual estado de conocimientos, ésta no está dispuesta a hacerlo.
Última pregunta: ¿Ha practicado la Comisión una política obstruccionista frente al trabajo de la Comisión de investigación? Señor Presidente, me tomo muy en serio esta acusación, pues nunca he dejado la más mínima duda sobre mi deseo de ver a los Comisarios y a los servicios cooperando plena y lealmente con la Comisión de investigación. ¿De qué otro modo podría ser en una democracia? Hemos remitido todos los documentos solicitados, que son miles de páginas. Han aparecido en la prensa algunas notas antes de que la propia Comisión de investigación tuviera conocimiento de su existencia. Estoy de acuerdo en que es lamentable, pero me pregunto si realmente hay materia para hacer un juicio de intenciones a la Comisión. No nos hemos negado a nada. Todo ha estado accesible, incluso algunos documentos internos extremadamente confidenciales, que el presidente de la Comisión de investigación ha podido consultar allí donde se encontraban.
Leo en el informe de la Comisión de investigación que, haciendo referencia al apartado 3 del artículo 3 del acuerdo interinstitucional, la Comisión habría violado el espíritu de este acuerdo. Ahora bien, hago constar que el apartado 3 del artículo 3 forma parte del acuerdo interinstitucional y se impone por sí mismo. Este artículo regula las comparecencias de funcionarios ante la Comisión de investigación. Establece principalmente que los funcionarios o agentes inculpados se pronuncian en nombre y con instrucciones de su gobierno o institución. Pero puedo asegurarles que ninguno de los funcionarios que ha comparecido ha recibido instrucciones de la Comisión acerca de las repuestas que debía dar. Tengo aquí una carta del Comisario Franz Fischler, fechada el 30 de septiembre de 1996, dirigida al Director General, Sr. Legras, y al Director Sr. Mansito, que dice lo siguiente:
He podido saber que ha sido convocado para testificar ante la Comisión de investigación en relación con la EEB esta semana. Como usted sabe, es el parecer de la Comisión -y el mío propio- que los testimonios de los funcionarios de la Comisión sobre este asunto sean sinceros y completos y que no resten importancia a cualquier flaqueza de que haya podido adolecer la Comisión durante el período que se está investigando ni al motivo de sus acciones. Señor Presidente, antes de hablar del futuro, quisiera contestar a una pregunta oral, en concreto sobre la aplicación de medidas de prevención con respecto a la EEB por parte de la industria farmacéutica. Desde 1991, esta industria aplica unas medidas muy estrictas. Por su parte, la Comisión, después de haber intentado prohibir la entrada en el mercado de la Unión de los productos cosméticos que contienen tejidos de origen animal, y que presentan un alto riesgo de infección, estudia también la posibilidad de una prohibición igual para los medicamentos. Está claro que se harán públicos los resultados de la reunión celebrada en la Agencia de los Medicamentos, en Londres.
Señor Presidente, Señorías, quisiera en estos momentos centrarme en las enseñanzas concretas que yo extraigo de todo este asunto y espero que respondan a sus recomendaciones para el futuro. En interés de los ciudadanos y de los consumidores, las medidas a tomar deberán rectificar las carencias constatadas en su informe. Estas carencias se centran en los ámbitos siguientes: la estructura administrativa, el sistema de consulta científica, los mecanismos de toma de decisiones, los medios de control y las bases legales comunitarias. La Comisión actuará en todos estos puntos ya sea directamente, ya sea por vía de propuestas ante las instancias competentes. Ésta tiene la intención de hacer preguntas más fundamentales sobre las prioridades políticas de la Unión Europea y sobre la naturaleza de la PAC.
La Comisión ya ha comenzado a actuar la semana pasada, tomando una primera serie de medidas. Un grupo de Comisarios por la salud humana alimentaria, presidido por mí mismo, garantizará en lo sucesivo el impulso político necesario y coordinará todas las acciones de la Comisión en estos ámbitos. Por otra parte, hemos procedido a una reorganización profunda de los servicios implicados en la salud humana, y ello según tres principios. En primer lugar, la separación entre responsabilidades legislativas y aquellas que afectan a la consulta científica; en segundo lugar, la separación entre responsabilidades legislativas y de control; en tercer lugar, el refuerzo de la transparencia y de la difusión de la información a lo largo de todo el proceso de decisión y de las acciones de control.
En adelante, todos los comités científicos competentes quedarán bajo la autoridad de la Dirección General XXIV reformada, que también se ocupará, por tanto, de la salud de los consumidores. Serán encabezados por un comité científico multidisciplinar que hará las veces de comité director. La formulación de los dictámenes científicos y la elaboración de la legislación quedarán claramente separados. Una «célula de evaluación de los riesgos de salud pública y de control de los productos alimentarios», directamente vinculada al nuevo Director General de la DG XXIV, permitirá al Comisario responsable, la Sra. Bonino, actuar con rapidez.
Es evidente que el papel de ésta no se verá limitado a remitir dictámenes científicos a sus colegas de agricultura e industria; quedará también asociada con ellos en la elaboración de la legislación basada en dichos dictámenes científicos.
He pedido a la Sra. Bonino que presente en las próximas semanas las reformas a emprender, posteriores a esta reorganización administrativa, que sólo es un primer paso. Estas reformas se inspirarán en los principios siguientes: selección rigurosa de los mejores científicos que presenten las garantías indispensables de independencia; apertura del trabajo de los diferentes comités; amplia difusión de los dictámenes de los comités científicos, incluso por medio de la creación de una base de datos accesible al público a través de Internet; toma en consideración y difusión de los dictámenes científicos minoritarios.
La Sra. Bonino se pondrá en contacto urgentemente con este Parlamento para tratar de todas estas cuestiones con ustedes antes de poner a punto estas propuestas.
Con respecto al control, hemos decidido, en ese caso, separarlos también de los servicios encargados de elaborar la legislación. Precisamente por esta razón la Oficina de Inspección, que tiene su sede en Irlanda, quedará vinculada a la DG XXIV. Sigo siendo de la opinión de que una Agencia autónoma, tal como propone la Comisión, es la mejor solución, e invito al Consejo a que reconsidere su posición negativa actual.
En cualquier caso, debo insistir aquí en un punto; cualquiera que sea la organización futura que vaya a emerger, la Unión debe dotarse de los medios y personal necesarios para que se lleve a cabo un control apropiado. La Comisión hará lo necesario por su parte, pero también necesitará ayuda de la autoridad presupuestaria, es decir, de ustedes mismos, cuando proponga un presupuesto rectificativo y suplementario.
Es evidente, Señorías, que la reorganización administrativa tendrá un impacto sobre el personal implicado. Habrá una nueva distribución de tareas, y también habrá cambios. La Comisión está examinando muy atentamente los recursos disponibles y se prestará una atención especial a los funcionarios destinados en la DG XXIV. En este contexto, añadiré que, si se debieran determinar comportamientos que justificasen sanciones, se aplicarían los procedimientos previstos en el Estatuto de los funcionarios. Quisiera, sin embargo, citar aquí una frase del informe del Sr. Mattei, Diputado de la Asamblea Nacional francesa, una frase que me ha impresionado sobremanera. Dice así: »Los fallos de funcionamiento son imputables en menor medida a los hombres que al sistema, ambiguo, que no ha extraído todas las consecuencias en materia de salud pública del mercado único europeo.»
Creo que debemos meditar esta frase e iniciar, juntos, una reflexión profunda sobre reformas más radicales, sobre una verdadera revolución en la forma de comprender la alimentación y la agricultura. Resulta evidente que se impone una profunda reflexión sobre el futuro de la PAC.
¿Podemos afirmar, de manera razonable, que la EEB es un accidente de la naturaleza?¿No se trata más bien de la consecuencia de un modelo de producción agrícola que empuja a la productividad a cualquier precio? La lógica del mínimo coste, sin respeto por las leyes fundamentales de la naturaleza, ¿no conduce, al final, a unos costes mucho más importantes para la sociedad?¿Estaríamos en el punto en que nos encontramos en la actualidad si se hubieran respetado las reglas del sentido común, que establecen que los rumiantes no son ni carnívoros ni caníbales?
(Aplausos) Esto me lleva, Señorías, a saludar la idea de una conferencia científica sobre las harinas de origen animal, que deberán acordar conjuntamente la Comisión y el Parlamento Europeo. La Comisión ya trabaja en una reforma de la PAC, que presentará después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, en el marco del futuro paquete financiero con vistas a la ampliación. Esta reforma partirá de la idea de que nuestra agricultura debería estar más orientada hacia la calidad, el medio ambiente, el bienestar de los animales, la vuelta a producciones más naturales y la simplificación de las leyes comunitarias.
Esto no siempre es evidente en los distintos Estados miembros. Todos necesitaremos valor y determinación, pero no podemos quedarnos ahí, pues las respuestas a las preguntas planteadas, que son verdaderas preguntas de la calle, sobrepasan el marco de la agricultura. Estamos y estaremos, cada vez más, enfrentados a decisiones difíciles, con respecto a nuevos productos y nuevas tecnologías, como por ejemplo en el ámbito de la biotecnología.
Abogo por la aplicación progresiva de una verdadera política alimentaria que conceda una atención primordial a la protección y a la salud de los consumidores. En este contexto, estoy a favor de un etiquetado obligatorio y sistemático, y creo también que se debería considerar la creación de una agencia independiente que responda a las necesidades específicas de la Comunidad, inspirándose en los aspectos positivos de la Food and Drug Administration americana. El respeto por el principio de subsidiariedad, al que nos debemos todos, no debe tomarse como pretexto para bloquear la emergencia de un régimen europeo creíble de protección sanitaria, corolario indispensable del mercado interior.
En el momento actual, observamos cada vez más que nuestros mecanismos de decisión ya no están necesariamente a la altura de la prodigiosa evolución científica. Las respuestas a estas difíciles preguntas, que comportan al mismo tiempo aspectos éticos, científicos, sociales y económicos, deben emanar de todos los componentes de la sociedad. En este contexto, propongo organizar, junto con el Parlamento Europeo, una gran conferencia interdisciplinar dedicada a la alimentación y a la salud.
En la misma óptica, es necesario dotar urgentemente a la Unión de los medios de acción necesarios para actuar. En este tema veo dos imperativos. En primer lugar, implicar mucho más, en el futuro, al Parlamento en el proceso de toma de decisiones. En el marco del actual Tratado y conforme a la lógica que ha presidido la reorganización interna de la Comisión, en el futuro vamos a privilegiar el recurso al actual artículo 100A para las propuestas que tengan como principal objeto las cuestiones veterinarias y fitosanitarias.
Pero ante todo vamos a intentar convencer a los Estados miembros, en el seno de la Conferencia Intergubernamental, para que acepten nuestra sugerencia, que por otra parte se acerca a la de ustedes, de someter todas las decisiones legislativas a la codecisión. Y espero de ellos que tengan la valentía de aplicar este principio igualmente a la PAC.
(Aplausos) Señor Presidente, el segundo imperativo consiste en otorgar a la Comunidad unas competencias reales en materia de salud. Ayer, la Comisión presentó a la Conferencia Intergubernamental la propuesta concreta de una artículo 129 revisado sustancialmente. Esta propuesta prevé tres mejoras de importancia: en primer lugar una mejora del proceso de coordinación de las políticas que llevan a cabo los Estados miembros; en segundo lugar, la posibilidad de proceder a nivel comunitario a las armonizaciones necesarias en materia de salud humana; y en tercer lugar, la codecisión en materia de salud.
Creo, señor Presidente, Señorías, que ha llegado el momento de crear la Europa de la salud.
Señor Presidente, desearía concluir: la crisis de la EEB es una de las más difíciles a las que he tenido que enfrentarme en el transcurso de mi larga carrera política. He dicho, durante mi comparecencia ante la Comisión de investigación, que es por muchos conceptos para mí, y espero que igualmente para muchos de ustedes, una lección de modestia, una lección de humildad.
Comprendo la conmoción que suscita. Hay que reconocer que se han cometido errores, incluida la Comisión, pero también es necesario conservar el sentido de las proporciones. Es importante ante todo, sacar conclusiones juntos acerca de la crisis y aportar reformas que hagan una Unión más democrática y segura. La Comisión en su integridad tiene la determinación de aportar su contribución en interés de Europa y de los ciudadanos.
(Aplausos)
Green
Señor Presidente, el Grupo Socialista acoge con satisfacción y respalda el informe y las recomendaciones de la Comisión de investigación en relación con la EEB. Este Parlamento está demostrando hoy que se toma muy en serio su deber de vigilar y controlar a las instituciones de la Unión Europea que no han sido elegidas por sufragio. Es la primera vez que hacemos uso de los poderes que el Tratado de Maastricht otorga al Parlamento Europeo para investigar las alegaciones de infracción o de mala administración del Derecho comunitario bajo los auspicios de una Comisión de investigación. Mi Grupo desea rendir homenaje a los colegas que han participado en la Comisión de investigación. Han dedicado grandes esfuerzos a la tarea de identificar y exponer la trágica serie de sucesos que ha devastado al sector de la carne de vacuno de toda Europa, que ha arruinado el medio de vida de tantos agricultores, trabajadores rurales y de las personas que trabajan en el sector de productos derivados y, lo peor de todo, que ha ocasionado enfermedades debilitadoras y la muerte a algunos ciudadanos y ha puesto en peligro las vidas de muchos otros.
Deseo aclarar que para mi Grupo, la preocupación principal en todo momento ha sido la salud de la población de la Unión Europea.
Los trabajos de la Comisión de investigación han demostrado inequívocamente que la culpa de la crisis de la EEB recae absoluta y directamente sobre las espaldas del actual Gobierno británico.
Su afán testarudo, ciego e ideológico por la desregulación trajo consigo un catálogo de decisiones desastrosas que permitieron el avance de la EEB.
(Aplausos) Mi Grupo cree desde hace mucho tiempo que el afán por la mera desregulación es un concepto caduco y peligroso, al igual que lo es el afán por la mera regulación. Lo que hace falta es una regulación apropiada; creemos que en un mercado único se necesita una regulación que proteja la salud pública y una regulación que garantice la seguridad de los consumidores.
La tragedia de la EEB es un ejemplo triste y dramático de lo que puede ocurrir cuando se sacrifica la salud pública y la seguridad de los consumidores en aras de la conveniencia para las empresas y del aumento de beneficios.
(Aplausos) El Gobierno británico no sólo es culpable de los daños que han repercutido sobre Gran Bretaña, sino que además, debido a su mala gestión de la crisis, lejos de contener la EEB en Gran Bretaña, ha permitido que piensos contaminados y terneros infectados entren en el mercado y en las cadenas alimentarias del resto de Europa. Realmente fue una negligencia de la peor clase. Estoy convencida de que todos los ciudadanos británicos decentes saben que si cualquier otro gobierno de la Unión Europea hubiera jugado de ese modo con su salud y su seguridad, no se lo perdonarían jamás. La prensa sensacionalista británica haría bien en meditar sobre este hecho, antes de abandonarse al fomento de la xenofobia en torno a este asunto.
(Aplausos) El espectáculo que ofreció anoche el ministro británico de Agricultura, Sr. Douglas Hogg, que se salvó de una moción de censura en la Cámara de los Comunes por su mala gestión de la crisis de la EEB, gracias a un vergonzoso arreglo político con el Partido Unionista del Ulster, fue realmente vergonzoso. Si, como nos aseguran, el vacuno de Irlanda del Norte y de otras cabañas específicas de Gran Bretaña no se ha infectado como el resto del vacuno británico, ¿por qué no se reconoció hace meses, un gesto con lo que se podría haber salvado a los agricultores norirlandeses de las catastróficas consecuencias financieras de estos últimos meses? ¿Por qué el Gobierno británico sólo acuerda adoptar medidas denominadas especiales cuando se enfrenta a una moción de confianza en la Cámara de los Comunes? Este tipo de comportamiento cínico y oportunista destruye la confianza en Gran Bretaña y en el resto de Europa, y demuestra que el Gobierno británico no considera la salud pública y la seguridad de los consumidores -por no hablar de la sensatez económica- como una de sus prioridades políticas.
El Sr. Douglas Hogg, el desafortunado ministro de Agricultura, se negó a acudir a dar testimonio ante nuestra Comisión de investigación, a pesar de que todos los gobiernos de la Unión -incluido el Gobierno británico- se habían comprometido a apoyar la labor de la Comisión de investigación del Parlamento. Anoche, en la Cámara de los Comunes, el Sr. Hogg dijo que si él diera testimonio ante este Parlamento, equivaldría a una abnegación de la soberanía británica. Él es de los que defienden que la soberanía de una democracia radica en su parlamento. Yo, en cambio, soy de los que creen que la soberanía descansa en las manos del pueblo.
(Aplausos) No obstante, el Consejo tampoco se salva de las críticas en este asunto. Sucumbió a las presiones del Gobierno británico; suavizó las propuestas de la Comisión en el Consejo de Agricultura y se sirvió generalmente del club elitista del Consejo para que se atendieran los intereses nacionales en detrimento de aquellos de la población de la Unión. Este hecho refuerza la opinión de mi Grupo de que el Consejo, cuando actúa como organismo corporativo, se esconde tras la legitimidad democrática de sus distintos miembros y actúa unido de un modo secreto e inaceptable.
A continuación, deseo decir al Presidente de la Comisión que éste desastre se veía venir. La Comisión Europea es culpable; no puede decir que no la hayamos alertado de las graves deficiencias que presentaban sus estructuras y su órgano de toma de decisiones en materia de seguridad de los productos alimenticios y de salud. Ya en 1989, en el informe Raftery, este Parlamento declaró: »Si deseamos conseguir un auténtico mercado único para los productos alimenticios, debemos crear un órgano de reglamentación genuino, independiente, fuerte y transparente, que anteponga los intereses de los consumidores a aquéllos de los productores, procesadores, distribuidores y del sector del catering .»
Una vez más, en marzo de 1992, en mi informe sobre la reforma del Comité Científico de Alimentación Humana, este Parlamento dijo: »Los consumidores europeos juzgarán el proceso de lograr una base científica satisfactoria para asuntos relativos a la seguridad de los alimentos en función de su nivel de independencia, transparencia y eficacia.» En dicho informe, el Parlamento exigió que una sola unidad de la Comisión Europea se hiciera responsable de los productos alimenticios bajo los auspicios del servicio de políticas de protección del consumidor, una política alimentaria común, un Comité Científico de Alimentación Humana independiente, una representación adecuada de los consumidores en dicho comité, transparencia en el nombramiento de los miembros del comité y el compromiso de dedicar la debida consideración a los intereses de la sociedad en los ámbitos de alimentación y seguridad de los consumidores. ¿Qué más podía hacer este Parlamento para demostrar que el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios era un desastre? La letanía de tomas de decisiones caóticas, el hecho de no tener la obligación de rendir cuentas y la actitud evasiva demostrada por la Comisión y por sus funcionarios durante toda la crisis de la EEB han debilitado a la Comisión y la han hecho vulnerable. Por tanto, lamentablemente, ha sido necesaria una crisis de esta magnitud para crear las condiciones que hagan posible el cambio.
Si podemos creer al Presidente de la Comisión, tendremos un cambio, y acogemos con satisfacción su declaración. Pero no nos contentamos con promesas. Ése es el motivo por el que en nuestra resolución para avivar este debate, nos hemos comprometido a observar muy de cerca cuáles son exactamente las medidas que adopta la Comisión para cumplir las promesas que hoy ha hecho aquí su Presidente. Si las reformas no son auténticas, adecuadas o lo suficientemente rápidas para seguir las recomendaciones de la Comisión de investigación, mi Grupo se unirá a otros para presentar una moción de censura contra la Comisión en su debido momento, que será en los meses anteriores a noviembre o durante ese mes del presente año.
Por último, mi Grupo no apoyará la moción de censura contra la Comisión Europea que hoy se ha presentado ante esta Asamblea. No consideramos que sea una estrategia política eficaz para censurar a la Comisión antes de que ésta haya tenido la oportunidad de poner orden en su propia casa. Estamos interesados en que se realice un serio intento de introducir reformas para proteger la salud pública. Además, estamos convencidos de que si prospera la moción de censura en esta fase, provocaría simplemente una crisis institucional que duraría meses y no haría absolutamente nada por fortalecer la salud pública ni la protección de los consumidores a nivel europeo.
(Aplausos) No falta quien cree que la publicidad y el caos que traerían consigo la destitución de la Comisión permitiría de algún modo depurar el sistema. Mi Grupo no lo cree así. El hecho de que el Presidente de la Comisión haya acudido hoy a presentar ante el Parlamento un paquete de reformas que, si se llevan a cabo, contribuirán a depurar realmente el sistema, es un tributo a aquellos que tantos esfuerzos han dedicado a la Comisión de investigación, y permite medir los efectos que puede conseguir este Parlamento, si se toma en serio sus poderes.
La Comisión de investigación ha identificado los fallos y las reformas necesarias para poner fin a los mismos. Ahora, esta Asamblea tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de dichas reformas, y eso es, precisamente, lo que nos proponemos hacer.
(Vivos aplausos)
Martens
En primer lugar y sobre todo quiero rendir homenaje al Presidente de la Comisión de Investigación, el Sr. Böge, al ponente, el Sr. Medina, y a todos los miembros de la Comisión de Investigación. Nuestro Grupo aprobará las conclusiones del informe. La descripción de la mala administración durante el punto álgido de la crisis de la EEB en dicho informe es impresionante. Era en el período de 1990 a 1994. En 1990 se demostró científicamente que el agente infeccioso podía trasmitirse de una especie animal a otra. Ello tendría que haber motivado una aceleración de la investigación científica. A partir de 1990, el resultado de la investigación puede calificarse simple y llanamente de pobre. Entre 1990 y 1994, en el Reino Unido se aplazaron las inspecciones veterinarias de la EEB. El informe Medina dice que la anterior Comisión intentó encubrir la verdad y achacar el aplazamiento al Parlamento, cuando en realidad se trataba de una decisión de la Comisión que cedía a la presión británica. Durante el mismo período, la legislación comunitaria en materia de la EEB estaba totalmente paralizada, con una excepción: el reglamento sobre los embriones.
Entre 1990, supongo que fue el Consejo extraordinario del 6 y 7 de junio de 1990 sobre la primera crisis de la EEB, y 1994, es decir, en cuatro años, no se celebró ningún debate en el Consejo sobre la EEB. Aún así, durante este período se detectaron el 75 % de los casos de EEB en el Reino Unido. A mediados de 1990, Francia y Alemania consideraron la posibilidad de imponer restricciones comerciales a la carne de ternera británica, pero el Comisario MacSharry amenazó con llevarlos ante el Tribunal de Justicia Europeo. El informe Medina dice también que hay pruebas escritas de que la anterior Comisión propugnó una política de desinformación, no sólo hacia la opinión pública, sino que la desinformación penetró también en el núcleo de las instituciones comunitarias. Al fin y al cabo, si se cierra el flujo de información y la Comisión deja de desempeñar sus tareas y no propone ninguna legislación, el Consejo también queda fuera de juego. El informe Medina señala como principal responsable de la crisis de la EEB al Gobierno británico. En el informe se constata en seis ocasiones que los sucesivos gobiernos violaron el artículo 5 del Tratado y se negaron a cumplir las reglas de una cooperación leal y transparente. Como es sabido, el artículo 5 del Tratado contiene el principio de la lealtad comunitaria. Pero también el Consejo es responsable por la pasividad y la dilación a la hora de combatir la epidemia en el Reino Unido, por las decisiones equivocadas y la mala coordinación a la hora de proteger la salud pública y por la desinformación del público.
Según el informe de la Comisión de Investigación, es innegable que, en el período de 1990 a 1994, durante la mala administración en el punto álgido de la crisis de la EEB, la anterior Comisión también cometió graves errores y omisiones, y que la responsabilidad política pesa sobre los Comisarios MacSharry y Steichen.
Consideramos que el Comisario Fischler ha de aprovechar este debate para responder a los dos errores que se le atribuyen en el informe Medina. Pero, tal y como ha concluido la Comisión de Investigación, las consecuencias políticas radican en la necesidad de decisiones estructurales, políticas y personales para reparar las graves omisiones y errores del pasado. La responsabilidad política de la Comisión Europea reside ahora en la realización de estas reformas fundamentales, pues -como dice el informe Medina- esto ayudará más a la Comisión de Investigación que un cambio de composición de la Comisión. Nuestro Grupo reitera por tanto su confianza en la Comisión Europea para que lleve a cabo estas reformas. Tiene que restablecer urgentemente la credibilidad de la Unión Europea dando prioridad a la salud pública y la protección del consumidor, por encima de intereses puramente económicos.
Señorías, ¿a qué doctor Fausto podría habérsele ocurrido nunca dar de comer harina de carne y huesos a los rumiantes, en contra de una tradición secular? ¿Cómo es posible que se haya tenido la osadía de arriesgar tanto con los alimentos de los lactantes? Se ha demostrado a todas luces que la Comisión Europea dispone de una base jurídica clara para ejercer sus competencias en el ámbito de la salud pública, artículo 129, y la protección del consumidor, artículo 129A. Aquí reside una tarea importante para la CIG. La Comisión tiene que hacer propuestas a corto plazo para formar una unidad independiente llamada «protección de la salud pública». Es preciso propugnar la introducción de la codecisión en las cuestiones agrícolas. Es preciso declarar la prohibición general de alimentar a los rumiantes con harinas de carne y hueso, y de utilizar despojos de animales enfermos para alimentar a otros animales.
Señor Presidente de la Comisión, hay que tomar medidas personales y disciplinarias en caso de una actuación indebida de los funcionarios. Es preciso juzgar a los responsables por sus errores. Nuestros conciudadanos no comprenderían que no se aplicaran sanciones. Nuestra conclusión política es por consiguiente: somos contrarios a la moción de censura. Reiteramos nuestra confianza en la Comisión para llevar a cabo estas reformas, pero en caso de que estas no se hayan realizado dentro de un plazo razonable, y en cualquier caso de aquí a noviembre del presente año, nos veremos obligados a retirar nuestra confianza en la Comisión.
Señor Presidente de la Comisión, juntos tomamos parte en las negociaciones de Maastricht para un nuevo Tratado sobre la Unión Europea. Por aquel entonces ya detectamos deficiencias. Tuvimos que aceptar un compromiso que queríamos mejorar en la próxima Conferencia Intergubernamental. Actualmente hemos alcanzado una fase en que muchos de nuestros conciudadanos no creen en lo que hacemos a nivel europeo. Las necesidades sociales, las necesidades que tienen los ciudadanos cuando se ven atormentados por el desempleo y ya no ven un futuro para sus hijos; las necesidades que tienen cuando son amenazados por la criminalidad internacional organizada, la mafia, las drogas; las necesidades que tuvieron cuando se puso en juego su salud, han de concienciar a quienes asumen estas responsabilidades de que no sólo es preciso modificar los procedimientos de codecisión, por importantes que sean, sino que también hay que intentar llegar al fondo de los problemas, las cuestiones sociales a las que se enfrentan millones de ciudadanos, el miedo que experimentan y que hay que responder a la pregunta de qué hacemos al respecto. Espero que esta tragedia de la EEB haya otorgado esta conciencia a todos aquellos que asumirán la responsabilidad para dar de nuevo un rostro humano y esperanzador a la Unión Europea.
(Aplausos)
Pasty
Señor Presidente, Señorías, por mi parte y en nombre del Grupo Unión por Europa, deseo expresar mis más sinceras felicitaciones al ponente de la Comisión de investigación sobre la EEB, Sr. Medina Ortega, a su presidente, Sr. Böge y a todos los miembros de la citada Comisión por la excepcional calidad de su trabajo, a pesar de los numerosos e inaceptables obstáculos que se han encontrado en el desarrollo de su trabajo.
El informe que se nos presenta hoy está documentado, es preciso y objetivo, y no se conforma con constatar fallos graves en el funcionamiento de las instituciones europeas, sino que se esfuerza, de manera muy responsable, por proponer soluciones para poner remedios y evitar de esta forma que perduren hábitos intolerables. Diría incluso que los miembros de la Comisión de investigación han hecho más. Después de haber oído al Presidente Santer tengo la sensación de que han realizado un milagro: la Comisión estaba afectada de ceguera y de repente ya ve claro lo que pasa en sus servicios.
A pesar de todo, el acta redactada por la Comisión de investigación es abrumador para el funcionamiento de las instituciones europeas en su conjunto. La revelación de dichos fallos de funcionamiento justifica la pérdida de confianza que observamos hoy entre nuestros ciudadanos con respecto a las instituciones europeas. La total y deliberada falta de transparencia en la dirección de los asuntos europeos ya no permite a los órganos de control democrático, que son la institución parlamentaria o la prensa, ejercer su misión diaria.
La opacidad, que es la consecuencia de esta falta de transparencia, permite, por el contrario, que prevalezcan intereses nacionales o privados sobre el interés comunitario y general. Estos intereses han colonizado literalmente algunos servicios de la Comisión, o también a esos extraordinarios comités científicos consultivos, de geometría variable en función de los intereses particulares que se defienden en su seno.
Más grave aún, el acta redactada por la Comisión de investigación muestra una dejación de hecho de sus responsabilidades por parte de los órganos políticos que son la Comisión y, en cierta medida, el Consejo. Para el Consejo, se trata de delegación de poderes concedida de hecho a los comités de gestión que no tienen ninguna legitimidad política y, para la Comisión, de su incapacidad para soportar las presiones políticas de algunos Estados miembros.
Por ello, la Comisión no realizó ningún control veterinario entre 1990 y 1994 sobre las medidas tomadas en el Reino Unido para luchar contra la epizootia de la EEB con la única excusa de que ello molestaría a las autoridades de ese país.
Finalmente, en la aplicación de las políticas comunitarias, el acta muestra que existen zonas grises en las que la competencia de actuación está mal definida, lo que lleva finalmente a que cada institución remita la responsabilidad de actuar a otra, o a los Estados miembros, resultando finalmente una falta de actuación generalizada de las instituciones.
Si queremos que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones de la Unión, es urgente reaccionar. Es necesario hacerlo, sancionando políticamente, con la votación inmediata a favor de la censura, a la Comisión actual (que sin duda tiene su parte de responsabilidad en los fallos de funcionamiento constatados, pero mucha menos que las autoridades británicas) o a la Comisión anterior, a cuyo Presidente nos hubiera gustado oír ante la Comisión de investigación.
Por mi parte creo que, si pretendemos ser eficaces, debemos requerir a la actual Comisión para que adopte urgentemente aquellas medidas propuestas por la Comisión de investigación y que sean de su incumbencia. Ante todo, se trata de restablecer la transparencia en la elaboración de decisiones, algo que es el fundamento mismo de toda acción democrática. Si la Comisión no lo hiciera en un plazo razonable, nos veremos en la obligación de sancionarla (y sin flaquezas). Debemos considerar las propuestas de reorganización de los servicios y de los procedimientos de consulta e inspección presentados por el Presidente Santer como un signo de buena voluntad que deberá confirmarse.
Pero, más allá de todo esto, creo que se debería remitir el informe de la Comisión de investigación a la Conferencia Intergubernamental, con el fin de que los representantes de los Estados miembros extraigan todas las consecuencias desde el punto de vista de la estructura y del funcionamiento de las instituciones europeas.
¿No convendría precisar sin la menor ambigüedad quién hace qué cosas en ámbitos tan sensibles como la salud pública y (en el futuro) la seguridad de las personas, si se decidiera una comunitarización del tercer pilar, con el fin de suprimir las zonas grises que sirven de coartada para no actuar cuando sería necesario?
¿Es razonable transferir competencias sin asegurarse previamente de que los beneficiarios de estas transferencias están en condiciones de asumirlas?¿Se puede garantizar que una Comisión compuesta por treinta miembros, en la perspectiva de las futuras ampliaciones, estará en condiciones de funcionar según los principios de toma de decisiones colegiadas e independientes con respecto a los Estados miembros inscritos en el Tratado?
Sobre las respuestas a estas preguntas serán juzgados los Gobiernos de los Estados miembros, que deberán afrontar próximamente unas elecciones nacionales, y los diputados Europeos candidatos a las elecciones de 1999.
Debemos aprovechar, Señorías, los meses próximos para responder de forma positiva a la inquietud de nuestros conciudadanos, para los que la crisis de la EEB es un dato extraordinariamente revelador.
(Aplausos)
Kofoed
Señora Presidenta, el informe de la Comisión Temporal de Investigación ha sido presentado y veremos cuáles son sus consecuencias. Hemos escuchado la reacción del Presidente de la Comisión, Sr. Santer, y volveré más tarde sobre ella.
En 1986 la EEB era totalmente desconocida. Nadie sabía nada sobre ella, pero se creía que era parecida a la tembladera de las ovejas, por lo que se consideraba una enfermedad inocua para los humanos. Ese fue el punto de partida. Ahora bien, el 20 de marzo de 1996 el Gobierno del Reino Unido admitió que no se podía descartar la posibilidad de transmisión a los humanos. Además había aparecido una nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt Jakob que afectaba sobre todo a los jóvenes. Esta información causó alarma social entre los consumidores y el mercado de la carne de vacuno se vino abajo. La inquietud de los consumidores era lógica, ya que la enfermedad -en caso de su transmisión a los humanos- aparecía al cabo de un período de 3 a 7 años. La Comisión trataba el tema con mucha inseguridad y el Parlamento no estaba satisfecho. Por eso, se exigió como solución provisional establecer una comisión de investigación para ver si, conforme a lo establecido en el Tratado, podría realmente aclarar los problemas que se opinaba que la Comisión no había solucionado.
En nombre del Grupo de los Liberales puedo decir que la comisión de investigación ha cumplido su tarea. Ha dado lugar a una crítica muy fuerte, pero justificada, de la Comisión, según queda reflejado en el informe. Este recoge también una firme crítica al Gobierno del Reino Unido, que empezó adoptando las decisiones correctas pero dejó pasar cinco años antes de aplicarlas. Por eso se ha extendido la EEB y se ha transmitido a Francia, Suiza y Portugal. Sin embargo, no nos corresponde a nosotros derribar el Gobierno del Reino Unido; otros han de hacerlo.
Queda pendiente el tema de cómo proteger a los ciudadanos. Sostengo que nuestra propuesta de separar la protección de los consumidores y el control veterinario es la solución correcta. No obstante, quiero advertirles que su aplicación no es sencilla, ya que es fácil entrar en conflicto con el principio de subsidiariedad, que los Estados nacionales observan muy escrupulosamente. Aun así, soy partidario de que un órgano supraestatal controle a las autoridades nacionales y las informe de los problemas.
Finalmente, llegamos a la cuestión de la confianza o la falta de confianza. El Parlamento ha demostrado que puede controlar a la Comisión. Tiene asimismo poder para promover la sustitución de sus miembros, si opina que no cumplen con sus obligaciones. El trabajo de la comisión demuestra que hemos dirigido a la Comisión unas propuestas que suponemos examinará, para actuar en consecuencia con los principios que hemos propuesto. He podido constatar que la Comisión está dispuesta a ir lejos, mucho más lejos de lo que esperaba. Antes del otoño veremos hasta dónde llega en la práctica. El artículo 144 nos ofrece la posibilidad de presentar un voto de censura en cualquier momento después de las vacaciones de verano si la Comisión no cumple lo que ha prometido o no se aviene a los deseos que hemos expuesto. Por consiguiente, es obvio que el Parlamento ha adquirido bastante poder y que lo está utilizando, pero ha de hacerlo con sensatez. No debe hacer mal uso del gran poder adquirido. Hay que utilizarlo con cuidado y creo que así lo haremos el próximo otoño si la Comisión no cumple sus propias palabras.

Puerta
Señora Presidenta, los diputados de nuestro Grupo hemos firmado la moción de censura después de conocer las conclusiones de la Comisión de investigación. Pero puedo asegurarle, señora Presidenta -y se lo aseguro a la propia Comisión Europea-, que no ha habido ningún a priori respecto a esta moción de censura. El informe Medina pone en evidencia las graves responsabilidades políticas y administrativas en que han incurrido, en primer lugar, el Gobierno británico con la complacencia del Consejo, pero también la Comisión Europea, tanto en la etapa Delors como bajo la actual Presidencia del Sr. Santer.
El informe no deja lugar a dudas. La gestión de la Comisión Europea ha sido desastrosa en el tratamiento del grave problema de las «vacas locas», que se ha convertido en una crisis de incalculables consecuencias sanitarias, sociales y económicas. A la Comisión Europea se le responsabiliza de haber dado más importancia a intereses económicos y políticos que a la defensa de la salud de las personas y de su protección como consumidores. La anterior Comisión no garantizó los controles veterinarios, y es bien sabido que no llevó a cabo las inspecciones pertinentes en el Reino Unido desde mayo de 1990 a junio de 1994.
En cuanto a la actual Comisión, ahí está el inaceptable levantamiento del embargo sobre las gelatinas y su actitud de ocultación de la verdad o de transferir al Parlamento Europeo su propia responsabilidad cuando se decidió realizar la investigación. Es particularmente grave que la mala gestión de la Comisión Europea haya permitido unos efectos sobre la salud humana, sobre la ganadería y sobre el presupuesto comunitario que, en gran medida, ya no tienen remedio.
Por todo ello, cumplimos con la muy penosa obligación de presentar la moción de censura. El Parlamento Europeo debe cumplir con su deber y ejercer las competencias de control que le atribuye el Tratado. Al Gobierno británico lo controla la Cámara de los Comunes. La Comisión Europea debe responder ante este Parlamento, para el que tantas veces hemos pedido que se aumenten sus competencias sin acertar a ejercer las que ya tenemos.
De las conclusiones de la Comisión de investigación se desprende la imperiosa necesidad de la moción de censura, que pide responsabilidades por lo que no se ha hecho y por lo que se ha hecho mal durante siete años de gestión, conforme a los principios de continuidad y de colegialidad de la Comisión Europea, aunque sean específicas y más graves las actuaciones de los sucesivos Comisarios de Agricultura.
Hoy deberíamos censurar políticamente hechos realizados en el pasado, un pasado inmediato, antes de plantear recomendaciones para el futuro o acoger tan favorablemente el discurso del Sr. Santer, que más bien parecía un optimista discurso de investidura.
Respetando las buenas intenciones de los que mezclan pasado y futuro en sus resoluciones y anuncian posibles mociones de censura para dentro de unos meses -se dice que para noviembre-, discrepamos profundamente de su método, que no responde a la obligación básica de control del Parlamento Europeo y a la prioridad de una moción de censura sin condicionamientos y sin interferencias.
En democracia deciden las mayorías, pero las minorías pueden tener razón. Hoy, nuestra razón no se apoya sólo en correctos procedimientos parlamentarios ni en las ineludibles obligaciones de este Parlamento. Señora Presidenta, nuestra razón quiere apoyarse, por encima de motivaciones coyunturales y de disciplinas de partido, en nuestra condición de diputados o, lo que es lo mismo, de representantes y defensores de la salud y de los intereses de los ciudadanos europeos que nos han elegido.
Quiero terminar con una frase clásica: »Amigos de Platón, pero más amigos de la verdad». El Parlamento Europeo debe ser amigo de la Comisión, pero más amigo de la verdad y de los ciudadanos europeos.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, señoras y señores, estimados colegas, la Comisión de investigación ha hecho su trabajo. Quisiera dar expresamente las gracias al presidente Reimer Böge y al ponente, Sr. Medina, por el buen trabajo que han realizado. Hemos tenido un buen clima en la Comisión de investigación. Se ha trabajado con toda fuerza en sacar a la luz la verdad, y el informe que hemos presentado lo pone de manifiesto.
Cuando iniciamos el trabajo no teníamos palabras ante lo que nos encontramos. Señor Santer, usted dice que entonces no se podía saber todavía cuán peligrosa era esta enfermedad de la EEB. Si entonces no se hubiera sabido esto, no se habrían adoptado medidas, se habría dicho: no lo sabemos o lo valoramos de manera diferente. Pero esto no se hizo. Se adoptaron medidas, sólo que no se llevaron a la práctica. No se respetó la prohibición de alimentar a los animales con harina de origen animal.
¿Qué ha pasado? Hasta 1995 se ha dado como pienso harina de origen animal. Hay que suponer que todas las vacas locas han pasado por el circuito de la harina de origen animal y de la alimentación con la misma. A la alimentación humana han pasado 700.000, un millón, millón y medio -no se sabe- de animales que están dañados por la EEB. Se nos ha dicho: no teníamos personal para realizar inspecciones.
Al final se sabe que entre 1990 y 1994 se realizaron 37 inspecciones en Gran Bretaña; sólo la EEB estaba borrada de la lista de chequeo, es decir, en Gran Bretaña se investigaba la calidad de la carne, pero se dejó de investigar la EEB. Es evidente que se hizo desaparecer a sabiendas en la Comisión un informe de investigación de 1990 que revela situaciones escandalosas en los mataderos de Gran Bretaña; este informe no llegó hasta la cúpula política. Hasta hoy no hemos podido esclarecer dónde se quedó atascado.
Se ha intentado desacreditar a científicos, se ha hecho burla de los votos de los grupos minoritarios, se ha instrumentalizado la OCM. No debo entrar en más particularidades. Ustedes conocen el informe de investigación, en todo caso es increíble. Y todo esto justifica un voto de desconfianza contra la Comisión.
Si nosotros decimos ahora que no deseamos ejecutar ahora el voto de desconfianza, es porque tiene que ver también, señor Santer, con el hecho de que sabemos que usted es un maestro de las proclamas. Usted ha pronunciado hoy una brillante discurso y es algo difícil enviarle al desierto después de este discurso. Pero nosotros escuchamos el mensaje, sólo que nos falta la fe. No queremos palabras, sino queremos hechos. Por esta razón ha sido un tanto larga y un tanto intensa la discusión sobre este voto de desconfianza en la Comisión de investigación. Luego he hecho la propuesta de un voto de desconfianza condicional.
Hemos supuesto que usted diría hoy: esto no nos interesa. Entonces habríamos presentado ahora el voto de desconfianza; están los votos, hemos reunido el diez por ciento de firmas necesario. Teníamos claro que usted diría esto; por consiguiente le damos un año de prueba y luego veremos qué se ha resuelto de todas estas exigencias. Usted las ha tratado hoy y debo decir que estoy sorprendida del talante conciliador y también de la decisión con que usted anuncia las reformas. Si éstas llegan, entonces no se producirá en diciembre el voto de desconfianza, esto está bastante claro. Si no se producen, entonces presentaremos este voto de desconfianza.
Señor Santer, no se engañe. Usted no puede buscar aquí, en el Parlamento, como en el pasado, cosas bonitas, haga lo que le plazca, y lo que no le plazca deséchelo. Este Parlamento ha cobrado una nueva conciencia de sí a través de esta Comisión de investigación. Después de la EEB nada vuelve a ser en Europa lo que era. Dialogaremos en cuestiones sanitarias, dialogaremos en cuestiones alimentarias, dialogaremos también en cuestiones agrícolas. No permitiremos por más tiempo que una arrogancia de la administración que todavía se da y que usted preside políticamente todavía, es decir, esta Comisión, piense que no necesita tomar en cuenta las propuestas y las iniciativas del Parlamento Europeo. Si las propuestas del Parlamento Europeo se hubieran puesto en práctica habríamos tenido en los momentos más agudos de la coyuntura de estas vacas locas un derecho de codecisión y no habríamos tenido una crisis de la EBB de esta magnitud. Muy probablemente no tendríamos que enfrentarnos de esta manera a las consecuencias que pposiblemente nos sobrevengan.
Por esta razón, quiero decir lo siguiente: lo que importa ahora de manera decisiva es que aprovechemos esta crisis para ir hacia delante, para dar al Parlamento Europeo los derechos que necesita para realizar un control legislativo de la Administración, para llevar a la Comisión al camino correcto. Señor Santer, le doy especialmente las gracias por haber afirmado que, básicamente, tenemos que acometer una modificación de la política agrícola. Estas han sido siempre nuestras exigencias. Si avanzamos por este camino no conoceremos la próxima crisis, sino que haremos buenas cosas para la población europea, haremos nuestros deberes y asumiremos nuestra responsabilidad política.

Lalumière
Señora Presidenta, Señor Presidente de la Comisión, cuando, a pesar de las fuertes resistencias, este Parlamento puso en marcha una comisión de investigación sobre este asunto, yo no pensaba que los hechos revelados fueran tan graves. El informe final, que es un excelente trabajo, es abrumador. Y subrayo que las palabras que hemos oído desde el inicio de la tarde son todas de una extrema severidad.
¿Qué hacer, pues?¿Irán los hechos paralelos a las palabras?¿Qué puede decidir el Parlamento en estas circunstancias que afectan a la salud humana y que muestran a qué aberraciones puede llegar un sistema económico que prima el beneficio en detrimento de cualquier otra consideración? Mi reacción ante tales aberraciones es quizá más firme que la de otros, pues, cuando yo era Ministra de Consumo en mi país, entre 1981 y 1984, me vi marcada por tragedias menos graves pero parecidas a la de hoy.
Desearíamos sancionar a los principales responsables, que son (como señala el propio informe) el Consejo y algunos gobiernos, y el primero de todos el británico. Pero, por desgracia, el Tratado no nos proporciona medios para sancionar a ningún Gobierno de un Estado miembro. No tenemos más competencias para intentar acciones civiles o penales contra personas presuntamente culpables. Únicamente las víctimas o sus familias pueden hacerlo.
Pero tenemos un medio político, la votación de una moción de censura contra la Comisión, desde el momento en que el informe muestra que ésta también ha cometido graves faltas. Este arma, dura, espectacular, da miedo. Y por ello se piensa en una moción de censura condicionada o en suspense. Sin duda, apruebo las recomendaciones que el Parlamento se dispone a formular para mejorar el funcionamiento de la Comisión.
Pero, permítanme decir que la fórmula de la moción condicionada va demasiado lejos y al mismo tiempo se queda corta. Demasiado lejos, en el sentido de que el Parlamento Europeo va a llevar sus recomendaciones hasta caer en la injerencia en las competencias de la Comisión, haciendo que la amenaza permanente de la censura pese enormemente. Y se queda corta porque es posible que muchos partidarios de esta fórmula pretendan, en realidad, no votar nunca la censura.
Por otro lado, la moción de censura condicionada sólo afecta al comportamiento futuro de la Comisión y no a hechos pasados. Ahora bien, el informe muestra claramente los errores pasados, incluida una indiscutible mala organización de los servicios. Por otra parte, las reformas iniciadas por usted mismo, señor Presidente de la Comisión, y que están orientadas en la buena dirección, en beneficio del comisario responsable del consumo, muestran bien, por el contrario, hasta qué punto los controles estaban mal organizados.
El informe señala también los daños causados en el seno de la Comisión por esta cultura, por estas ideas productivistas orientadas exclusivamente al mercado y que relegan a un segundo plano la protección de la salud de los consumidores.
En definitiva, señor Presidente de la Comisión, precisamente porque queremos unas instituciones europeas fuertes, queremos también que éstas sean políticamente responsables, y ambas cosas están vinculadas.
Señor Presidente, sus declaraciones, sus promesas de reformas, sus compromisos no bastan. Es necesario un gesto político más enérgico para exorcizar las faltas cometidas. Para nosotros, la Comisión no es un órgano tan frágil que corra el riesgo de quebrarse por una crisis política. Al contrario, sabemos que la autoridad, la credibilidad en la opinión pública y la confianza, son mayores en la medida en que la institución reconoce sus faltas asumiendo plenamente las responsabilidades, incluidas las del período anterior a la asunción de funciones de un nuevo equipo. Con toda evidencia, esta necesidad de asumir responsabilidades se aplica también a nuestro Parlamento, que debería, en este asunto, votar a favor la censura, a falta de lo cual parecería contradecirse a sí mismo.

Nicholson
Señora Presidenta, de entrada, nunca he creído en la necesidad de una Comisión de investigación. Lamentablemente, lo que he escuchado hoy me ha demostrado que estaba en lo cierto. He seguido el debate y siento reconocer que mis peores temores se han visto confirmados.
Nadie puede atribuirse ningún mérito en el problema actual, ni el Gobierno del Reino Unido, y desde luego no el Sr. Hogg -no lo defendería ni por un instante-, ni tampoco la Comisión o el Consejo. No cabe duda de que se han cometido errores. Debemos aprender de ellos y asegurarnos de que no vuelven a repetirse. No beneficiaremos a nadie -en cualquier caso, ni al consumidor ni al agricultor- añadiendo más leña al fuego y haciendo declaraciones extravagantes imposibles de probar y que lo único que persiguen es convertirse en titulares de prensa.
La ventaja de la percepción retrospectiva es lo más maravilloso de todo. Nos permite a todos estar aquí sentados, convertirnos en expertos y no cometer ningún error. Estoy de acuerdo con el presidente de la comisión cuando afirma que debemos poner fin, de una vez por todas, a la EEB. La EEB debe ser erradicada, pero eso llevará algún tiempo. Hemos presenciado recientemente otros brotes en otros países.
Desearía hacer una observación al Sr. Santer, porque él ha declarado aquí hoy -y considero importante que haya hecho esa declaración- que desea la mejora del medio ambiente y unos niveles más altos de control de los alimentos. Estoy de acuerdo con todo eso, pero ¿podrá garantizar que los productos alimenticios que se importan en la Unión Europea tendrán unos niveles igual de altos? ¿Garantizará además que los agricultores de la Unión Europea no tendrán las manos atadas detrás de la espalda, mientras se permite que otros agricultores del resto del mundo produzcan lo que a ellos no se les permite producir por esos mismos métodos? Si queremos niveles altos, debemos garantizar que dichos niveles serán universales e iguales para todos.
También es lamentable que la Sra. Green haya decidido hoy convertir este importante debate en política de partido. Acojo con satisfacción que haya reconocido los altos niveles existentes en Irlanda del Norte. Acojo con igual satisfacción que haya dicho que nuestros agricultores han recibido un trato injusto, porque nunca debía habérseles impuesto la prohibición. No dudo de que el Comisario Fischler lo tendrá debidamente en cuenta. No quisiera pecar hoy de provinciano, pero estoy seguro de que la Sra. Green no le negará a ningún partido político, por pequeño que sea, el derecho de intentar lograr lo mejor para la población que representa, ¿no es cierto, señora Green?
Quisiera sugerir además a la Sra. Green que repase las cifras, porque las que yo he visto esta mañana, indican que el Sr. Blair perdió por 13 votos. Ahora bien, en la Cámara de los Comunes hay nueve diputados Unionistas del Ulster, y quizá el Sr. Blair habría hecho bien en asegurarse todos los votos de los diputados Laboristas, si quería ganar.
Permítame decirle además a la Sra. Green, como observación final, que algunos de los antiguos líderes de su partido se mostraron también muy generosos con mi partido, cuando acudieron a celebrar conversaciones con éste. Y no tengo ninguna duda de que llegará el día en que vuelvan si se presenta la ocasión. Le agradezco mucho su paciencia, señora Presidenta, y quiero dejar muy claro que no apoyaré, de ningún modo, ninguna moción de censura contra la Comisión.

Martinez
Señora Presidenta, tras la muerte de 167.000 cabezas de ganado bovino (una verdadera hecatombe), el contagio de otras 800.000 cabezas que pasaron a las cadenas alimentarias, más de veinte suicidios entre los ganaderos, la muerte de una veintena de chicos y chicas con el cerebro destruido, después de seis meses de investigación y dos horas de debate, lo que destaca es el fariseísmo que rezuma por todas partes. Y la explicación, quizá la única, es el mesianismo que hay detrás de todo esto.
¿Qué constatamos? En primer lugar un fariseísmo, una hipocresía generalizada. La hipocresía, en principio, sobre la responsabilidad civil pues alguno ha tenido que fabricar esas harinas. No han caído del cielo, como nos decía el representante del Gobierno británico. Y ese alguno son los hermanos De Mulder, en Gran Bretaña. No se habla de ello, a excepción quizá del Sr. Medina Ortega, que dice en alguna parte que persisten dudas. Alguno, o algunos, han importado esas harinas a Francia. También en este caso se los hubiera podido encontrar por medio de los documentos aduaneros. Se conocen sus nombres, Caillot, Glon, pero no se habla de ello.
El Gobierno británico ha dejado hacer, ha dejado pasar, ha dejado exportar, ha dejado envenenar. Y se va a indemnizar sobre la base de la solidaridad, nunca de la responsabilidad; los británicos, blancos como la nieve, no pagarán ni siquiera por su responsabilidad internacional. No tienen ni siquiera las clean hands , no tienen las manos limpias.
Fariseísmo, en lo que respecta a la responsabilidad política. Se lo admito, señor Santer, no está usted solo. A Dios gracias, tiene usted cómplices, porque, si usted no ha hecho nada, el Consejo de Ministros tampoco lo ha hecho. Y el Parlamento Europeo, ¿qué ha hecho? El señor Happart lo había advertido, había alertado en algunas preguntas a esta Asamblea. Yo mismo, el 11 de septiembre de 1990, y en este hemiciclo, dije al Sr. MacSharry que existía el riesgo de zoonosis, de que el foco infeccioso saliera de Gran Bretaña y llegara a Europa, que era necesario tomar medidas preventivas. El Parlamento lo sabía. El Sr. Vasco Garcia había redactado un informe y el Parlamento no dijo nada, ni hizo nada. Por otro lado, durante seis años, los poderes mediáticos no han dicho nada. La nota Castille, que Libération publicó en 1996, había aparecido en 1990 en la revista de los consumidores Que choisir . Pero, entonces, ¿qué tenían todos que callar?¿Qué ocultaban¿Por qué, señora Bonino, como se diría en Italia, por qué la omertà ?
Pues bien, la explicación es el mesianismo. En la secta euro-oscurantista, en la secta de los monjes eurofederalistas, ocurre como entre los Testigos de Jehová. Los adolescentes mueren de Creutfeldt-Jakob atípico, pero todos callan. Se callaron entre 1990 y 1994, porque el mesías, el mercado único, el Tratado de Maastricht iba a llegar. Pero si, en 1992, la opinión francesa hubiera sabido que las vacas comían ovejas y que éstas comían vacas contaminadas, por más que el Presidente hubiera llorado por su próstata, el Tratado de Maastricht nunca hubiera salido adelante en el referéndum del 20 de septiembre de 1992.
Esto es lo que se ha protegido. Y hoy, ¿qué se protege? Señor Martens, le he escuchado y tiene usted un talento privilegiado, pero, ¿al servicio de quién? Nos ha dicho que, una vez más, es necesario callar porque, en este caso, lo que está en juego es la moneda única. Así, se ha permitido envenenar en nombre del mercado único, en nombre del Tratado de Maastricht, y se continúa ahora en nombre de la moneda única.
El señor Santer ha puesto un sayal, con un cinturón de fibra de vaca británica. Llegó arrastrando los pies. Nos dijo que era humilde, que pedía perdón, sí, pero bueno, también está el maíz modificado genéticamente. En ese caso ha olvidado usted ponerse el sayal. La desgracia no ha servido, seguimos con los mismos hábitos. La moción de censura sería lo mínimo.
Señorías, lo que nos jugamos ahora es la credibilidad, la legitimidad del Parlamento Europeo. Si no quieren ustedes comprenderlo, como todos los monjes, cavarán ustedes su propia desgracia.

El Presidente
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas de conformidad con el párrafo 5 artículo 40 del Reglamento .

Fayot
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, el 16 de julio de 1996 y a petición del Parlamento Europeo, se instó al Sr. Santer a hacer una declaración en nombre de la Comisión a propósito del asunto de la EEB. Intentó calmar las cosas cuando nos encontrábamos frente a la expresión misma de una voluntad profunda de desinformación y opacidad por parte de los servicios de la Comisión, tanto los de la época de los comisarios precedentes como del comisario actual.
Sin duda se puede certificar que el Sr. Santer declaró, con firmeza, en aquellos momentos, que la salud humana era un imperativo absoluto. En realidad, ha sido necesario esperar a la minuciosa investigación del Parlamento para forzar a la Comisión a actuar. El Sr. Santer declaró entonces, al igual que lo hace ahora, que deseaba implicarse personalmente en este asunto. Yo le deseo de corazón que salga adelante, pero no podemos ocultar la profunda desconfianza que se ha instalado en el Parlamento, así como en la opinión pública, en lo que respecta a la capacidad de la Comisión para cambiar de forma radical.
El informe en cuestión revela una gestión realmente pavorosa por parte de los principales protagonistas del mercado interior, que son el Gobierno británico, la Comisión y también el Consejo. Se debe recomendar una lectura detenida, a modo de manual de instrucciones cívico para los futuros ciudadanos europeos. Efectivamente, ilustra de manera clara cómo el gran mercado interior que tanto se ha alabado puede dar lugar a las peores derivas si el propio mercado se constituye en único mecanismo regulador y si no se aplican las reglamentaciones relativas a la salud o a la protección del consumidor.
Permítanme sacar cuatro conclusiones de este informe y de esta investigación. En primer lugar, la existencia misma de este documento es un dato incuestionable, tanto para la Comisión como para el Consejo y para el Gobierno del Reino Unido. Hay que decir y repetir a la opinión pública que el derecho de investigación del Parlamento Europeo y la forma como se ha ejercido son avances de la democracia europea. Ésta es la prueba de que, frente a la opacidad de la burocracia europea y nacional, puede imponerse la transparencia. Es la prueba de que los representantes del pueblo europeo pueden hacer que triunfe la verdad, frente a los aparatos compartimentados y arrogantes.
Segunda conclusión: no se debe ocultar la verdad terrorífica que surge de este informe. Sí, han prevalecido la ganancia y la lógica económica, en detrimento de la salud de los consumidores, porque los actores políticos, el Gobierno británico, los Comisarios y el Consejo de Ministros así lo han querido. Invertir esa lógica será terriblemente difícil. Necesitará mucha valentía, mucha energía, señor Santer, para conseguirlo. Necesitará sobre todo apoyarse en aquellas fuerzas políticas europeas que no solamente hablen de «ganancia», »desregulación» o «liberalización», sino que deseen una Europa próspera en el respeto por los valores del hombre y de la naturaleza.
En tercer lugar, veo aquí un buen número de diputados que se escudan en la crisis de la EEB para intentar demoler la Europa de Maastricht. Desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha son muchos los que desean aprovechar este asunto para llevar a Europa a una crisis que la debilitará de forma duradera, definitiva y que provocará el regreso vigoroso de los nacionalismos, la interrupción de la integración económica y política, y, a la postre, nuevos enfrentamientos entre las naciones europeas con el definitivo debilitamiento de Europa. El Grupo Socialista no se presta a ese juego. No acepta la moción de censura porque es la negación misma de la voluntad de reforma. Deseamos dar al señor Santer y la Comisión, así como al Consejo, la posibilidad de revisar su copia. En unos meses se podrá evaluar lo que han puesto en marcha.
Cuarta conclusión: sin ninguna duda, la opinión pública tiene derecho a preguntarse cómo va a transformar el Parlamento Europeo la prueba de la Comisión de investigación. En otras palabras, ¿de qué medios de presión dispone la institución parlamentaria, frente a los principales responsables? Por supuesto, será necesario en primer lugar que, frente a los Gobiernos nacionales, sean los propios Parlamentos nacionales los que asuman sus responsabilidades. Pero será necesario también que los Estados miembros dejen, por ejemplo, de proteger a los funcionarios europeos procedentes de sus administraciones nacionales. Si, para servir a los intereses comunitarios, el Presidente de la Comisión no puede actuar a su modo frente a estos funcionarios, jamás será posible imponer otra lógica.
Señor Presidente de la Comisión, por mi parte, tengo confianza en su éxito. No sé si es suficiente con que se comprometa usted mismo con todo su peso. Deberá encontrar aliados sólidos en el seno de la Comisión. No se puede no desear el triunfo al Presidente de la Comisión; de otro modo, ésta será desconsiderada, debilitada, y verá disminuir sus poderes. Nadie tiene interés en ello. Adelante, pues, señor Santer, no dude en pegar duro esta vez.

Viola
Señora Presidenta, queridos colegas, de lo que hoy hablamos no es de uno de los tantos problemas políticos o técnicos, más o menos importantes, de los que normalmente nos ocupamos, sino de un caso que es casi seguro que hasta ahora ha costado la vida a 16 personas y que ha constituido la primera gran crisis del mercado interior desde el día de su creación.
Ante esto no hay táctica política o defensa del propio partido que valga: sólo hay la necesidad de hacer todo lo posible por averiguar la verdad de los hechos y por evitar que puedan repetirse, respondiendo ante todo a la propia conciencia. Y éste ha sido el principio que ha inspirado la actuación de la Comisión de investigación, y los resultados presentados hoy al Parlamento lo atestiguan.
La consideración de fondo que puedo hacer, a la vista de tales resultados, es que tanto el Reino Unido como la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, principales responsables de lo que ha sucedido, han antepuesto esencialmente intereses comerciales a la protección de la salud animal y, sobre todo, de la humana.
Lo que hemos constatado hace patente la necesidad de un cambio radical en la manera de afrontar dicha crisis. Por parte del Reino Unido, dicho cambio empieza sólo a aparecer positivamente en los últimos tiempos; ahora le toca a la Unión Europea. Hay que poner en marcha un cambio estructural de la organización en las Direcciones Generales competentes: por lo tanto, debe acogerse positivamente la intención de crear una única unidad de protección de la salud pública que realice funciones confiadas antes a varios responsables administrativos, que no estaban en absoluto coordinados entre ellos.
Asimismo, se ha de potenciar inmediatamente el Servicio de Inspección Veterinaria, garantizándole lo que ciertamente antes no ha tenido, es decir, una constante funcionalidad y una adecuada independencia. Es necesaria una potenciación análoga para la investigación científica sobre la EEB y sobre la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, en la que hasta ahora la Unión Europea ha gastado poquísimo.
Espero además que se inicie inmediatamente una revisión completa de la comitología implicando, cuando sea necesario, a la Conferencia Intergubernamental. Eso permitirá en el futuro una gestión más transparente y eficaz, indispensable para que los ciudadanos europeos puedan volver a tener confianza en sus instituciones.
Por último, para reactivar el mercado de la carne de vacuno y para tranquilizar de manera tangible a los consumidores, se ha de hacer inmediatamente lo que haga falta para introducir la obligación de un etiquetado que permita a cada uno identificar el origen y la calidad de la carne de vacuno adquirida.
Todas las iniciativas que hasta ahora he deseado son objeto de la reformas prometidas hoy por el Presidente de la Comisión, y eso induce a la esperanza. Pero refiriéndome ahora, más específicamente, a lo que resulta del informe acerca de la responsabilidad del Ejecutivo europeo, está claro que éste no ha podido, o lo que es peor, no ha querido gestionar pronto esa crisis.
Si bien es cierto que no podemos retirar la confianza a la Comisión actualmente en ejercicio porque sólo es en parte titular de una responsabilidad que pertenece en su mayor parte a los anteriores Ejecutivos, también es cierto que, en cualquier caso, podemos ordenarle, fijando un límite muy concreto de tiempo, que adopte una política reformadora y reparadora si no quiere también ella ser cómplice de los que la han precedido y de cualesquiera otros, el Reino Unido a la cabeza, hayan en general gestionado mal esa crisis.
Al pedirle a la Comisión Europea que siga la línea de las recomendaciones presentadas por la Comisión de investigación y al temer la censura política, en caso de que el Ejecutivo no se ajustara a tales recomendaciones, no se quiere desacreditar el sistema comunitario, se quiere más bien reforzarlo. En efecto, una Comisión y un Consejo más transparentes, más atentos a las exigencias y a la protección de los ciudadanos, más desvinculados de las presiones de lobbies y de Gobiernos nacionales, y un Parlamento Europeo que vigile democráticamente la actuación de las demás instituciones, no pueden sino ser las bases sólidas para la Europa que queremos.

Santini
Señora Presidenta, el que interviene después de dos horas de debate tiene claramente el problema de tratar de decir algo nuevo. Intentaré hacerlo expresando la pena que siento, no sólo yo, creo, sino también otros muchos colegas de la Comisión de investigación, la de no haber oído al que, quizás, hubiera podido ser el más auténtico testigo y responsable de los hechos del pasado próximo y remoto. Me refiero al ex Presidente de la Comisión, Jacques Delors, al que algunos de nosotros hubiéramos querido oír. Su convocatoria se sometió a votación y nosotros, que la propusimos, perdimos por sólo siete votos contra seis. Creo que muchas aclaraciones que hoy deseamos y que pedimos a la actual Comisión se habrían podido obtener de este gran personaje, al que, probablemente, por exceso de respeto, no se ha querido implicar.
Una vez aclaradas las responsabilidades y hecha la relación de los hecho acaecidos, al intervenir tan tarde tengo la oportunidad de señalar con el dedo directamente hacia el futuro y de presentar algunas propuestas concretas. Señor Presidente de la Comisión, le pido pues, ante todo, que aplique el artículo 169 del Tratado, con arreglo al cual la Comisión que usted preside podrá pedir al Reino Unido, en forma de una indemnización adecuada al daño causado a los demás Estados miembros, una especie de resarcimiento, espero que no sólo moral, para los ciudadanos europeos. Le pido que haga conocer a éstos el contenido del artículo 215 del Tratado, que indica a los ciudadanos cómo recurrir contra la Comisión Europea y las demás instituciones para obtener el resarcimiento de los daños que ellos consideran que han sufrido a causa del mal funcionamiento de las instituciones europeas.
Creo que esta indicación por parte de la Comisión podría permitir hacer comprender al ciudadano que se quiere remediar el daño. Creo que, en definitiva, si bien es cierto que algunos piden sangre inmediatamente, a muchos les interesa más ver las propuestas existentes para intentar resolver el problema.
Se llegaría así a una aplicación más adecuada y moderada del artículo 175, según el cual el Parlamento Europeo puede interponer un recurso por omisión contra la Comisión, y puede hacerlo precisamente porque la Comisión no ha pedido la aplicación del artículo 169.
Todo esto supone claramente y no excluye -lo he preguntado expresamente al Servicio Jurídico- la posible aplicación del artículo 144. Como Grupo UPE, estamos a favor de la censura aplazada, en particular por motivos de carácter práctico. En efecto, mandar a casa a la Comisión, como se ha dicho varias veces hoy aquí, sería también un modo de impedirle realizar de manera inmediata y concreta la fase resolutiva del informe del Sr. Medina Ortega. Nosotros desearíamos intervenciones inmediatas y nos preguntamos cómo podrían efectuarse sin la presencia de una Comisión operativa.
Ahora miro directamente a los ojos a la Comisaria, la Sra. Bonino.¡Salud pública: sobre usted pesará, no la envidio, este cometido!
Pido a las instituciones europeas que tengan el valor de afrontar con decisión y con todos los datos científicos disponibles el gran tema de la protección de la salud pública. En primer lugar, se debe intentar responder a una pregunta básica: ¿Qué relación de causa-efecto existe hoy entre la EEB y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, antigua y nueva forma?
Al inicio de la investigación, hace aproximadamente seis meses, la respuesta de los científicos parecía un macabro eslogan formulado por Poncio Pilatos: »No se tienen pruebas científicamente ciertas de la existencia de una transmisibilidad al hombre, pero tampoco se tienen pruebas en contra». Bien, mejor dicho: ¡mal! Después de seis meses de trabajo, los testimonios de unos pocos científicos valientes nos permiten rectificar este dictamen, más o menos de esta manera: »No se tienen pruebas ciertas de que la antigua forma de la enfermedad de Creufeldt-Jakob tenga su origen en la epidemia de EEB, pero aumentan las sospechas, tras las pruebas de transmisión vertical y horizontal entre especies animales». Aumentan sobre todo respecto de la nueva forma de la enfermedad, que ha segado quince vidas humanas en pocos meses, catorce en el Reino Unido y una en Francia. ¿Un caso sólo estadístico? ¡No me lo creo! Del mismo modo, esta duda aumenta si observamos las antiguas estadísticas. En los últimos cinco años, en la Unión Europea ha habido hasta 302 casos de muerte causada por esa enfermedad «antigua forma» sólo en el Reino Unido, frente a una media comunitaria de 30 a 50 casos. ¿Otro caso fortuito? Tampoco aquí creo que sea sólo la estadística la que se equivoca.
Se impone, pues, la urgencia de esa investigación y nosotros, mañana, votaremos también con esa perspectiva. Votaremos una censura suave o pasado mañana, jueves, votaremos una censura con dimisiones inmediatas.
Me permito recordar que, cualquiera que sea nuestra decisión, debemos ser conscientes de que de ella dependerán las elecciones de los ciudadanos europeos durante al menos quince años. Señora Presidenta, éste es, efectivamente, el terrible plazo que los científicos han señalado para verificar los efectos del posible contagio de la EEB a través de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en miles y miles de ciudadanos europeos, ¡y no sólo británicos!

Teverson
Señora Presidenta, estoy convencido de que sería completamente equivocado emitir en estos momentos un voto de no confianza contra la actual Comisión. Sería inútil porque los culpables están en otra parte y porque hay que remontarse en el tiempo. Dicho esto y tras haber escuchado la intervención que ha hecho hoy el Presidente de la Comisión, si descartamos la moción y se cumplen las exigencias que contiene el presente informe, debemos dejar el dictamen sobre la actual Comisión para mejor ocasión. Si este Parlamento opta por la opción blanda, deberemos seguir hasta el final en caso de que no se cumplan los objetivos que hemos fijado.
Una de las cosas que más me han llamado la atención durante esta audiencia, es la situación entre 1990 y 1994, cuando la crisis de la EEB se encontraba en su punto culminante. El Gobierno del Reino Unido aprobó la legislación correcta de buena fe, pero no se ocupó de garantizar su debido cumplimiento. Además la Comisión tampoco controló si se estaban aplicando dichas normativas en particular. Resulta realmente irónico que cuando se llevaban a cabo inspecciones en todos los países de fuera de la Unión Europea para asegurarnos de que los productos que importábamos se ajustaban a la normativa, teníamos un problema muy grave y un importante riesgo para la salud debido a nuestros propios animales aquí en la Unión Europea.
Otra de las cosas que se han visto especialmente perjudicadas ha sido la credibilidad del gobierno. En el Reino Unido obtuvimos garantías de científicos que, durante muchos, afirmaron que no existía ningún riesgo para la salud humana, situación que dio un repentino vuelco. Se creía que tampoco existía ningún riesgo de transmisión materna y, sin embargo, la situación cambió, y lo que tenemos ahora es una falta de confianza entre los consumidores y la población en general en lo que nos dice el gobierno y en la evidencia científica que se ofrece públicamente.
Me preocupa, en particular, que Douglas Hogg no acudiera a la Comisión de investigación a ofrecer sus opiniones. Fue un gesto que los ciudadanos de mi circunscripción calificaron de cobarde. En su opinión no estaba representando debidamente las opiniones del Gobierno británico, y equivalía a decir «soy culpable» por complicidad.
Me preocupa que continúe existiendo falta de información en otros ámbitos de la Unión Europea, y debemos asegurarnos de que este aspecto es considerado un problema europeo y no sólo británico.

Jové Peres
Señora Presidenta, quiero felicitar en nombre de mi Grupo, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, al Sr. Medina, ponente del informe, al Sr. Böge, presidente de la Comisión de investigación, y a todos los colegas con los que tuve el placer de compartir desvelos y muchas horas de trabajo en la Comisión de investigación sobre la EEB.
Señor Santer, la gravedad de las responsabilidades de la Comisión Europea en la gestión de la EEB y los riesgos que ha originado para la salud pública han quedado perfectamente claros en el informe de la Comisión de investigación. La Comisión Europea hizo dejación de sus funciones legislativas y de control durante gran parte del periodo de desarrollo de la EEB, subordinando la protección de la salud pública a los intereses políticos y económicos y generando graves consecuencias humanas, sociales y económicas. Además, la Comisión Europea, en sus comparecencias ante la Comisión de investigación, a veces se comportó deslealmente, ocultando información e impidiendo que la Comisión de investigación pudiera desarrollar, muchas veces, sus trabajos de forma más eficaz.
Es extremadamente grave que la Comisión Europea intentara incluso atribuir responsabilidades al Parlamento Europeo. Recordará el Sr. Santer su comparecencia ante la Comisión de investigación sobre la EEB y todo el debate que tuvimos con él en relación con la denegación de fondos por parte del Parlamento Europeo para investigación.
La Comisión Europea es una, y el principio de la continuidad de las instituciones la hace responsable de todos sus actos, con independencia de la composición del Colegio de Comisarios. Se argumenta que no todos los Comisarios tienen el mismo grado de responsabilidad, pero la naturaleza colegial de la Comisión Europea da a sus responsabilidades un carácter colectivo.
El Parlamento Europeo, dentro del juego institucional, debe exigir responsabilidades y sus Señorías, si leen atentamente el informe de la Comisión de investigación, creo que no podrán dudar en exigir a la Comisión Europea las máximas responsabilidades políticas. La amplitud incluso de las recomendaciones de la Comisión de investigación ha sido obligada por las responsabilidades en las que han incurrido la Comisión Europea, el Consejo y, naturalmente, el Gobierno británico.
Yo creo que sólo parte de la intervención del Sr. Santer se ha referido a las recomendaciones de la Comisión de investigación. Pero, en todo caso, yo, ante sus Señorías, formulo la siguiente pregunta: señor Santer, ¿por qué ahora, a última hora, estos cambios, estas medidas, cambios administrativos, voluntades de transparencia, de mejorar las cosas? ¿Por qué ahora, señor Santer, dada la gravedad del asunto de la EEB? No me cabe duda de que el resultado de la Comisión de investigación e incluso las mismas presiones de la posibilidad de una moción de censura han influido para que la Comisión Europea nos haga ahora estas propuestas.
No pretendo, por otra parte, enjuiciar la buena voluntad de la mayoría de esta Asamblea, que pretende introducir una nueva modalidad de moción de censura en suspense y condicionada. No obstante, me gustaría -y mi Grupo ofrece la leal colaboración a esta Asamblea para profundizar y exigir que se cumplan las recomendaciones de la Comisión de investigación-, constatar ciertos condicionantes, inherentes a la naturaleza misma de una moción de censura.
Una moción de censura se puede presentar para exigir responsabilidades constatadas en el pasado. Los efectos de la mala gestión de la EEB son irreversibles y el hecho y la gravedad de las responsabilidades de la Comisión Europea en la gestión de la EEB y los riesgos que han originado para la salud pública han quedado perfectamente claros en el informe de la Comisión de investigación.
Por eso, Señorías, a mí me parece que ésta es la cuestión fundamental. Creo que cualquier otra opción de esta Asamblea va a obviar el problema de la exigencia de responsabilidades por lo que ha pasado en relación con la EEB. La Comisión Europea debe cumplir su misión, y no bajo la presión de una moción de censura o de cualquier otro medio coercitivo. Por otra parte, creo que no es misión de este Parlamento establecer este tipo de presiones. En esta cuestión, el Parlamento no debe hacer consideraciones de oportunidad política. Si cayéramos en esta trampa, Señorías, estaríamos incurriendo en los mismos comportamientos que se critican en la Comisión Europea. Ante responsabilidades graves, el único instrumento de control al alcance del Parlamento, me parece que es una moción de censura. Es ésta la razón por la que mi Grupo apoyó la presentación de una moción de censura.
Señor Santer, al final de su intervención usted cometió un desliz y dijo que ya era hora, ahora, de construir la Europa de la salud. Yo creo que este desliz, señor Santer, expresa con toda su crudeza y con toda claridad cual es el dilema que aquí se está debatiendo: nunca debió ponerse en cuestión que el principio fundamental de la construcción europea era la salud pública y la defensa de los ciudadanos. Y por esto, señor Santer, yo creo que hoy hay que hacer un ejercicio de dignificación de la vida política europea presentando la dimisión. Si ustedes presentan la dimisión y mañana el Consejo...
(La Presidenta interrumpe al orador)

Green
Señora Presidenta, sobre una cuestión de orden. He pensado que esta Asamblea debía saber que hace escasos minutos, el Primer Ministro británico, John Major, al responder en la Cámara de los Comunes a una pregunta sobre el informe de la Comisión de investigación que estamos debatiendo esta tarde, se refirió a ésta como un montón de «tosh». Para aquellos de ustedes que no conozcan el término, significa un completo y total disparate. O sea que el Primer Ministro británico considera el informe que estamos tratando esta tarde un montón de disparates. Quizá todo el mundo comprenda ahora por qué el Sr. Nicholson me acusa de convertir este debate en política de partido.

Voggenhuber
Señora Presidenta, a la vista de la última cita no cabe menos que esperar que la carrera política del Primer Ministro sea enterrada un día bajo este estiércol.
Señor Presidente Santer, usted ha dicho hoy aquí lo siguiente: ¿Dónde estaríamos si en el pasado se hubiera procedido con sensatez? Seguramente viviríamos en una Europa más democrática, más social y más ecológica en vez de en un mercado desatado y bajo el gobierno de una tecnocracia.
Sin embargo, no es tarea del Parlamento Europeo despedirse melancólicamente de la sensatez, sino reclamarla y castigar el menosprecio de la misma. Señor Presidente ¿ha necesitado usted realmente 16 muertos y 23 suicidios de ganaderos arruinados en Inglaterra? ¿Ha necesitado usted realmente la necesaria, pero no por ello menos bárbara, destrucción de más de un millón de reses? ¿Ha necesitado usted un daño de más de 10.000 millones de ecus, para constatar una falta de sensatez en la política de la UE, para descubrir la necesidad de refrenar los intereses económicos mediante la política, para preservar la dignidad del ser humano?
Sin embargo, la sensatez no ha desaparecido sin más en Europa, sino que las personas que ocupan puestos de responsabilidad han dejado de ser sensatos. La Comisión ha dado también prioridad a los intereses económicos y políticos sobre la sensatez. ¿Quién, señor Presidente, ha empujado a la Comisión a minusvalorar desde el principio contra toda razón el problema de la EEB -y cito solamente el informe- a conceder prioridad al mercado de la carne de vacuno sobre la salud humana, a practicar una política de desinformación que, finalmente, ha afectado a la capacidad legislativa de la Comunidad, a ignorar las voces de advertencia de los científicos, a confiar ciegamente en los lobistas de la industria? ¿Quién ha empujado a la Comisión hacia la ineficacia, hacia la debilidad política, hacia una política de ocultamiento y de obstrucción frente al Parlamento? ¿Quizá el hecho de que la Comisión también profese en lo más íntimo una ideología agresiva de neoliberalismo y se haya comprometido con ella?
Esta dictadura de los intereses económicos sobre la razón y sobre la dignidad de los hombres ¿no domina más allá de todo el ámbito de la agricultura? ¿No tenemos que constatar también la misma actitud en la imposición brutal de los criterios de convergencia de la unión monetaria, que acepta la explosión de las cifras del desempleo, el aumento de la pobreza y las crisis sociales? ¿No tenemos que constatar la misma actitud en la decisión de la Comisión sobre la liberalización del maíz genéticamente manipulado, ignorando igualmente las voces de advertencia y con la misma servidumbre frente a la industria? ¿No tenemos que constatar la misma actitud en el papel de la Comisión en la Conferencia Intergubernamental en la que no se ha llegado a propuestas enérgicas sobre la democratización completa de la UE, sobre el desarrollo de un espacio social en Europa y sobre una alianza ecológica?
No se engañe usted, señor Presidente: si los Verdes proponemos hoy un voto condicional de censura, no es porque esta Comisión no haya merecido la desconfianza, sino porque no ha habido probabilidad de lque se produjeran las mayorías necesarias, porque un fracaso de tal moción de censura sería interpretado por usted como una declaración de inocencia y porque en una moción condicional de censura vemos la oportunidad de abrir a la razón una pequeña puerta para que regrese de su exilio a la política de la Unión Europea.

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, este informe es abrumador tanto para el Reino Unido como para el Consejo, y aporta la prueba de que la Comisión, por su inacción y negligencia, ha hecho el juego al sistema ultraliberal que está en el origen de la crisis, y ello con desprecio por la salud animal y humana. Se ha producido la muerte de personas en este asunto y ¡no nos íbamos a atrever a utilizar inmediatamente nuestro poder de legítima censura!¿Cuántos rebaños habrá que sacrificar?¿Cuántos muertos habrá que contar todavía para que la presentación inmediata de una moción de censura ya no se considere, con un desprecio inaceptable por parte de algunos de nuestros colegas, como una política de gestos?
No mezclemos el pasado y el futuro. No hay por qué tergiversar las cosas con una moción con efecto retrasado. Lo hecho, hecho está. Debemos estar presentes el jueves para censurar con claridad a la Comisión en su continuidad institucional y ello a pesar de las presiones que sufren unos y otros. No desilusionemos a los ciudadanos europeos a los que representamos en nuestros países, en nuestras regiones, en nuestras circunscripciones. Esperan de nosotros que los defendamos con valentía y determinación. No les demos de nuevo la ocasión para que duden de la clase política. Tienen que poder confiar en nosotros para creer también en Europa.

Des Places
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión, mi nota de expediente de hoy, en relación a la que usted mismo hacía referencia el pasado julio será, a unas horas de la votación de la moción de censura, una nota de buen humor. Señor Presidente, haga memoria. El pasado 16 de julio, Philippe de Villiers, a la vista de los elementos que obraban en su poder, le amenazó con la presentación de una moción de censura si no había una comisión de investigación. El mismo día, a pesar de las numerosas reticencias de algunos de nuestros colegas, se creaba la Comisión temporal de investigación sobre la gestión de la crisis de la EEB. En el día de hoy, a la culminación de los trabajos, ¿qué podemos concluir?
Sí, señor Presidente, la Comisión ha cometido graves errores en la gestión del expediente de la EEB. Siempre ha privilegiado el mercado interior. Siempre ha sido negligente con la salud del consumidor. Además, ha desacreditado a los ganaderos, orgullosos con razón de sus razas y ha condenado a los contribuyentes europeos a gastar sumas considerables que hubieran sido más útiles en otros sectores generadores de empleo. Cuando digo que la Comisión ha cometido graves errores pienso, por supuesto, en las dos Comisiones: la presidida por Jacques Delors y también la presidida por usted mismo.
Sin duda, las conclusiones del informe de nuestro colega Medina Ortega son abrumadoras para la Comisión Delors, pero debo recordar también que usted mismo autorizó, en junio de 1996, el levantamiento del embargo sobre la gelatina. Cuando yo le formulé personalmente la pregunta, señor Presidente, respondió usted textualmente que «la decisión del 10 de junio sobre el levantamiento del embargo sobre la gelatina se tomó bajo condiciones» para precisar a continuación, según sus mismos términos, que «hemos dado, por tanto, prueba de mucha prudencia en este expediente».
Señor Presidente, ¿por qué entonces haber ocultado a la Comisión de investigación que el levantamiento del embargo sobre la gelatina había permitido el levantamiento del embargo de productos alimentarios, cosméticos y farmacéuticos procedentes del Reino Unido que contienen gelatina?¿Por qué, señor Presidente, ha sido necesario que yo esperase a las revelaciones de la prensa para conocer el acta de la reunión del Colegio de Comisarios del 8 de mayo?¿Por qué, señor Presidente, los servicios de la Comisión han dado prueba de una falta de transparencia deliberada frente a esta Comisión de investigación atribuyéndose la responsabilidad al capricho de las comparecencias? Habría que pensar que no había un piloto suficientemente temerario para imponer el despido de aquellos que no cumplieran su misión.
Finalmente, de cara al futuro, señor Presidente, ¿está usted en condiciones de afirmar que la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos, cuya sede se encuentra en Londres, ha procedido a la evaluación de los riesgos de transmisión de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por medio de productos farmacéuticos como las vacunas y que el acta de estos trabajos se haga pública?¿Puede decirnos si la Comisión se plantea poner en práctica medidas que impliquen la destrucción de los productos de riesgo o contaminados?
Con respecto a las conclusiones de la Comisión de investigación, deseo alertar a sus Señorías contra el intento de algunos de aprovechar esta crisis institucional para echar por tierra la política agrícola común. Algunos solicitan ya el apoyo de la Comisión para conseguir la codecisión sobre la agricultura en el marco de la Conferencia Intergubernamental. Como conclusión, y con respecto a la moción de censura, ha podido constatar, señor Presidente, que nuestro grupo en su inmensa mayoría tiene la valentía de firmarla. Ni que decir tiene que votaremos a favor, que es lo mismo, mientras no se demuestre lo contrario, que dar prueba de mucha responsabilidad política. Me atrevo a esperar que la de usted y la nuestra se encontrarán.

Parigi
Señora Presidenta, queridos colegas, la delegación de Alianza Nacional aprueba plenamente las conclusiones a las que ha llegado nuestra Comisión de investigación. En efecto, no cabe duda de que la Comisión ha infravalorado la gravedad de la epidemia, ha dado prioridad a los intereses del mercado sobre la protección de la salud pública, no ha hecho prevalecer el interés general europeo sobre el particular inglés, ha gestionado desordenadamente las conclusiones de los exámenes periciales y de los dictámenes científicos al no utilizarlos para las correspondientes y naturales decisiones políticas.
Recordemos que la Comisión, pese a las alarmas y a las preguntas -y me acuerdo de una de la Sra. Muscardini, fechada en 1994- no ha querido o no ha sabido facilitar noticias pormenorizadas sobre el mercado de las harinas animales, en el momento mismo en que éstas fueron señaladas como el agente patógeno de la EEB; no ha querido o no ha sabido poner en relación las informaciones y las alarmas, procedentes también de la prensa europea, con las posibles conexiones entre la enfermedad que afectaba a los rebaños y su transmisibilidad al hombre; ha gestionado de manera por lo menos sospechosa, y quizás mafiosa, las relaciones con las autoridades políticas y sanitarias inglesas; ha demostrado una excesiva vulnerabilidad a las presiones procedentes de los fabricantes de harinas animales y de los industriales del sector de la carne de vacuno.
Pero esto se refiere a los pasados comportamientos de la Comisión y sólo los grandes profesores de Maastricht podían hacerlo peor que esta Comisión. Lo grave es que tales actitudes de omisión, aunque ha habido una disponibilidad verbal y plena por parte de los nuevos Comisarios, se han repetido por lo menos en algunos comportamientos de funcionarios y de servicios de la Comisión, los cuales han facilitado sólo en parte los documentos requeridos y han prestado testimonio preocupándose más por defender las posiciones personales de sus colegas que por contribuir a la búsqueda de la verdad.
Queridos colegas, en este conflicto nos jugamos nuestra credibilidad, la credibilidad de un Parlamento Europeo cuyas prerrogativas, poder y representatividad o son desconocidos o no son considerados en su justo valor por los ciudadanos europeos. Si la Comisión actual -que evidentemente no tiene ninguna responsabilidad política en los hechos imputados a los anteriores Comisarios- no censurara de manera firme a esos funcionarios suyos que no sólo han errado de manera culpable y dolosa en el pasado sino que hoy han perseverado en una actitud de omertà y de desviación, entonces nuestra Asamblea sufriría un contragolpe político durísimo ante la opinión pública europea.
La delegación de Alianza Nacional condena, pues, el comportamiento de la Comisión anterior, considera impropia y excesiva una moción de censura contra la Comisión actual, pero propone que el Parlamento Europeo, en caso de que la Comisión no observara los contenidos del informe Medina Ortega, ponga en marcha toda una serie de comportamientos, incluso de carácter obstruccionista, encaminados a bloquear y a reajustar las propias prerrogativas de la Comisión en el ámbito de la normativa comunitaria.

Fantuzzi
Señora Presidenta, los medios de comunicación han hablado a menudo del tema de hoy como del «caso de las vacas locas». Si se trata de un caso, diría que ha sido un caso muy feo. Creo que dependerá mucho de usted, señor presidente Santer, hacernos comprender desde hoy si este feo asunto será una buena oportunidad para el futuro de la Comisión. Más que tantos otros debates, frecuentes y a menudo comprensibles sólo para los expertos, sobre los pilares o sobre las convergencias, el de hoy es una prueba de nuestra voluntad de hacer oír las preocupaciones de los ciudadanos europeos. Creo que depende de usted, señor presidente.
Ya sé que las mayores responsabilidades recaen en los Comisarios del antiguo Colegio, pero, en cualquier caso, usted representa una institución que vive de su continuidad y que hoy debe proceder ante todo, con la solemnidad de tantas ocasiones, a una seria autocrítica del comportamiento que ha seguido en materia de EEB. Tomo nota del hecho de que hoy, por primera vez, usted ha hablado de «errores», en particular en el comportamiento de la Comisión. Esta es, por otra parte, la condición necesaria para dar credibilidad a las propuestas para el futuro, a los nuevos compromisos que usted ha asumido, para lanzar ese claro mensaje que la opinión pública europea espera.
Estoy entre los que aprecian algunas decisiones suyas para el futuro. Pueden ser unos primeros pasos. Pero permítame dos dudas serias. La primera es que el paso de los controles y de los comités a la D. G. XXIV no lo resuelve todo, porque deja la instrucción de los actos legislativos a la D. G. VI y a la D. G. III. Por lo tanto, puede resultar sólo un ajuste parcial y no esa elección radical que debería ser y que, además, habría sido necesaria ya desde un punto de vista lógico hace algunos años, según los principios normales de una correcta administración. En suma, la cuestión es no sólo saber quién gestiona los dictámenes, sino quién los pide y qué uso hace de ellos tras haberlos obtenido. La segunda es que la idea de grupos de Comisarios para la salud humana o la creación de Supercomisarios, aunque personalmente los aprecio, son ineficaces. Necesitamos una fuerte dirección política de la Comisión en su conjunto.
Presidente Santer, ¡ésta es una tarea suya y exclusivamente suya! Luego usted es libre de organizarse como mejor crea. Lo importante es que responda políticamente de esa tarea suya. Lo que debe garantizarse es la imparcialidad constante de la Comisión como tal. La gestión de la EEB, también bajo su dirección, al menos por lo que respecta a la revocación del embargo sobre la gelatina, ha demostrado cuán frágil es esta imparcialidad establecida por el Tratado, cuánto se ha cedido a la presión política del Gobierno conservador británico, en nombre de esa Realpolitik de las relaciones de fuerza que, cuando se reúnen en el Breydel, debería quedarse rigurosamente al otro lado de la puerta.
Tienen razón los detractores de la moción de censura cuando temen el riesgo de que, si se da un golpe a la Comisión, símbolo de la supranacionalidad, se den demasiadas posibilidades a los gobiernos, incapaces de cooperar entre sí. Algo sabemos nosotros, los de la Comisión de investigación, a los que un ministro británico no nos ha considerado dignos de reunirnos con él. Pero este razonamiento se sostiene si la Comisión demuestra todos los días que es supranacional, sobre todo en las cuestiones fundamentales, en las que no se hacen concesiones. Si no, los euroescépticos seremos nosotros. ¿Para qué mantener todo este aparato si luego la tecnocracia comunitaria va a ceder donde quiere la conveniencia de la vida tranquila?
El excelente informe del Sr. Medina Ortega ha puesto de manifiesto el hecho de que las mayores responsabilidades son las del Gobierno del Reino Unido. Recientemente, John Major ha querido dar una lección a nuestra vieja Europa, mostrándole la superioridad del modelo social de su país. Bastaba con recordarle este feo caso de la EEB para hacerle ver lo que cuesta su modelo social. No ha sido un incidente fortuito, sino el resultado de una desregulación salvaje, que ha empobrecido enormemente a los servicios públicos, veterinarios y sanitarios.
Pero también la Comisión ha incumplido su función, y esto es grave, señor presidente. No veo, en el comportamiento de la Comisión, responsabilidades tan atenuadas por la soberbia británica. Por eso considero inconciliable la voluntad, por un lado, de defender excesivamente la bondad de la actuación de sus colegas de ayer y de hoy y de anunciar, por otro, giros y cambios creíbles. No podemos esperar, no es sólo la EEB, es todo el tema de las plantas transgénicas, de la soja, del maíz. Presidente, el hecho de que un Comisario suyo denuncie decisiones apresuradas no puede tranquilizar a los consumidores europeos.
Y, además, está todo el tema de la política agrícola común. Está el problema de la codecisión del Parlamento. Pero el problema número uno es el de la «decisión». Demasiadas comunicaciones del Comisario Fischler y demasiadas pocas decisiones coherentes con esas comunicaciones. Documentos bonitos, desde Madrid a Cork, pero ahí están todavía, por aplicar. Tengo más bien la sensación de que, en los hechos, se ha puesto ya un poco la marcha atrás. Por lo tanto, hay que ser claros. Si no se reduce todo el sistema de la política de mercado, será difícil centrarse en otras prioridades, como el medio ambiente y la protección de la salud del consumidor. No hay subsidiariedad que valga. Si se quiere mantener todo en vida artificiosamente se corre el riesgo de hacer morir mal lo viejo y no hacer nacer lo nuevo.
Deseo dar mi enhorabuena al amigo y colega Medina Ortega por su informe. Es un texto que constituye una prueba de que el Parlamento Europeo ha sabido unir representación democrática y eficacia en su actuación. ¡Le corresponde ahora a nuestro Parlamento, en su conjunto, hacer que, gracias al recurso a nuestros legítimos poderes de control, el trabajo de la Comisión de investigación no se quede en un testimonio bonito, pero inútil!

Plumb, Lord
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Böge por haber presidido de manera tan competente las numerosas reuniones de la Comisión de investigación. Quisiera también agradecer al Sr. Medina Ortega que haya reflejado en su informe las numerosas opiniones que presentaron los miembros de la comisión, muchas de las cuales las hemos oído repetir hasta la saciedad en el transcurso del día de hoy. Tengo que discrepar con muchos de los argumentos que aquí se han expuesto.
Lamentablemente, motivos personales me impidieron asistir a la votación final. El presidente comprendió mi situación. De haber estada allí, habría votado en contra del informe. He presentado una opinión minoritaria que expone una cronología de las acciones desarrolladas en el Reino Unido desde 1986. Hacer eso habiendo sido miembro de la comisión no se corresponde normalmente con mi estilo. De hecho, como reconocerán muchos diputados, intenté convencer presentando argumentos y enmiendas en el marco de la comisión. No obstante, al final me encontré ante un texto que era tan parcial en su enfoque, tan defectuoso en sus afirmaciones y, hay que decirlo, tan injusto en su crítica de los esfuerzos que se han realizado en mi país a todos los niveles para combatir la EEB, que me sentí en la obligación de poner las cosas en su sitio. No puedo resumir ahora dicho informe por no disponer de tiempo suficiente, pero quiero hacer algunas observaciones.
Antes de comenzar, declaro que tengo intereses personales. Hablo en calidad de agricultor, cuyo ganado se ha visto afectado por la EEB. Por tanto, he presenciado personalmente el programa de acción y la dedicación con que los científicos y los veterinarios han intentado que se conocieran plenamente este problema y las medidas adoptadas para intentar controlarlo. Hay que reconocer, naturalmente, el factor dominante de la salud humana. Desde 1989 hasta 1990, las medidas adoptadas en mi país estaban encaminadas a proteger la salud humana. Hay que hacer hincapié una y otra vez en que ningún científico ha conseguido aún establecer un vínculo concluyente entre la EEB y la nueva variante de la ECJ.
El informe reconoce los fondos asignados a la investigación. El Sr. Medina se ha referido a ello. También esta la correspondiente investigación y los fondos destinados al Servicio de Higiene Cárnica. Como ha reconocido el propio Sr. Santer, hay que seguir trabajando en todo este ámbito de la investigación. No obstante, la afirmación de que se pusieron obstáculos a la labor de los científicos no se corresponde ciertamente con los testimonios a los que he tenido acceso, y sugerir que no se ha hecho nada o demasiado poco para eliminar el problema de nuestras granjas es un insulto a nuestros agricultores. Es una calumnia a la integridad profesional de todas las personas que han participado en el programa de erradicación. Por tanto, la idea de que ha existido una especie de conspiración británica en el seno de la Comisión es completamente fantástica e indigna de un informe de esta Asamblea.
Nunca en la historia de la agricultura -y me he dedicado a ella durante largos años- se han destruido tantos animales sanos y en un plazo de tiempo tan corto. Como sabemos, se está preparando otro sacrificio, con lo cual se cumplirán los cinco puntos que acordamos en Florencia. El público tenía derecho a esperar que el trabajo de la Comisión de investigación estableciera los hechos y reconociera la eficacia de las medidas adoptadas. La crítica por errores del pasado es sin duda importante. Todos podemos beneficiarnos de ello en el sentido de que reconocemos su importancia. Pero lamento que no hayan sido más los miembros de la comisión que se mostraron dispuestos a visitar Gran Bretaña para presenciar el nivel de progreso y los logros alcanzados en estos últimos diez meses. Aquellos que lo hicieron se vieron influenciados positivamente al conocer las medidas que se estaban llevando a cabo. Hoy acojo con satisfacción la propuesta que ha hecho el Presidente de la Comisión de celebrar una conferencia interdisciplinaria con el fin de que los consumidores puedan abrigar confianza respecto de las normas de calidad que todos queremos alcanzar y de una Europa consagrada a la salud.

Hyland
Señor Presidente, la preocupación por la salud pública debe ser una consideración primordial para todo aquel que esté relacionado con el sector de la alimentación. En este sentido, el papel de los agricultores y de las personas que trabajan en el sector de la transformación es crucial. También la función de los legisladores y su promulgación y ejecución de las normativas en materia de alimentación y salud pública son fundamentales para la seguridad del sector de la alimentación. La crisis de la EEB es un desastre para los consumidores y para los productores por igual. La confianza de los consumidores en la carne de vacuno ha alcanzado las cotas más bajas de su historia, y los consumidores esperan y se merecen algo mejor de nosotros. La Comisión de investigación ha hecho una contribución importante al debate y, en este sentido, debemos felicitar al ponente, al presidente y a los miembros de la comisión.
Los colegas pertenecientes a mi Grupo procedentes de Irlanda no votarán a favor de la moción de censura contra la Comisión. No obstante, aunque apruebo el enfoque general de la resolución de compromiso, quisiera expresar mis reservas en lo que respecta a los apartados 4 y 5. Desde luego preferiría que se enmendaran las referencias a la manipulación y a la culpabilidad. La relación entre la harina de carne y hueso y la EEB ha quedado claramente demostrada. El cumplimiento de la prohibición es fundamental para la eliminación de la EEB. Y lo que es más importante, la aplicación de un programa de rastreo eficaz que vaya desde el productor hasta el consumidor es crucial para el éxito general de nuestra campaña destinada a restablecer la confianza de los consumidores.
Esto plantea la cuestión de la eliminación segura de los despojos del sector transformador de carne. Las repercusiones sobre el medio ambiente y sobre los precios son enormes. Al inicio de este debate, me declaré a favor de un programa de investigación con carácter de urgencia sobre la utilización sin riesgos de dicho material. Reitero ahora ese llamamiento.
Me alegró oír al Presidente Santer reconocer que la Comisión ha cometido errores. Naturalmente que se han cometido errores. También este Parlamento ha cometido errores. Todos somos humanos y todos pertenecemos a instituciones humanas. En mi opinión, ningún Comisario, desde MacSharry hasta el actual Comisario Fischler -e incluyo también a los funcionarios de la Comisión- se embarcaría deliberadamente en una campaña que pusiera en peligro la salud pública. Nada de lo que he oído en este debate me hará cambiar de opinión. El dictamen sobre la acción de la Comisión debe basarse en las circunstancias que se dieron en un momento determinado. Es fácil ver los toros desde la barrera. Es fácil evaluar acontecimientos pasados cuando se tiene la perspectiva del tiempo. Creo que todos aquellos de nosotros que nos hemos propuesto encontrar una solución a este problema ahora, tenemos la gran responsabilidad de trabajar juntos de una manera coherente, teniendo presente los intereses del consumidor y de los productores. Hemos dedicado, como es natural, bastante tiempo a estudiar el origen de esta crisis. Ahora ha llegado el momento de poner en marcha una estrategia integral para corregir la situación de cara al futuro.

Mulder
Señor Presidente, también yo deseo felicitar a la Comisión de Investigación, pero quisiera hacer extensiva mi felicitación a los parlamentos nacionales, incluida la Cámara de los Comunes británica, pues todos estos parlamentos nacionales han ratificado el Tratado de Maastricht, que ha hecho posible crear esta Comisión de Investigación. Pienso que podemos constatar que ninguna comisión de investigación nacional habría conseguido lo que ha logrado la Comisión de Investigación europea, por lo tanto creo que ha sido una clara ampliación de las competencias necesarias de este Parlamento. Por supuesto, suscribo la opinión de que la salud pública ha de prevalecer siempre sobre los intereses de los mercados. Todo el mundo lo ha dicho: se han cometido muchos errores; no pienso que sea correcto pronunciar en estos momentos una moción de censura. Puede hacerse más adelante, este mismo año, si es realmente necesario.
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Comisión de que ha de existir una separación de responsabilidades entre quienes hacen la política y quienes la controlan. Aplaudo los planes del Sr. Santer y aguardamos con interés los planes apropiados. Asimismo opino que es preciso profundizar la investigación a nivel europeo. En el pasado se realizó sólo en el Reino Unido -en el caso de la EEB fue excesivo- y ello podría suscitar sospechas de parcialidad en la interpretación de los resultados. Asimismo soy partidario de una política de calidad de los productos agrícolas. Sólo espero que el precio adicional que se pague por ello beneficie también a los agricultores, pues hace tiempo que no es así.
Una última observación, señor Presidente: hemos visto que la toma de decisiones no pública de la Comisión, del circuito entre el Consejo y Comisión, comités de administración, etc., no ha sido suficiente para evitar la mayor crisis del sector de la carne de ternera en Europa. La única receta es «abertura», y esto significa derecho de codecisión del Parlamento Europeo.

Pailler
Señor Presidente, las conclusiones de la Comisión de investigación son abrumadoras y las responsabilidades quedan claramente determinadas. Responsabilidad, en primer lugar, del Gobierno británico (por mucho que pese a Lord Plumb) que ha llegado hasta el cinismo y ha exportado las harinas contaminadas, prohibidas en su propio territorio. Responsabilidad de los fabricantes, pero también de los gobiernos. Por otra parte, el Consejo no está presente en el día de hoy. El informe es un verdadero alegato contra la Comisión: incuria, fallos de funcionamiento, desinformación y sobre todo, decisiones lúcidas y cínicas.
Señor Santer, en su comparecencia se escudó en los científicos para justificar sus propias decisiones. Como tales, los científicos no deciden, y cito al Sr. Guy Debord: »Aunque participen en los procesos de decisión, no pueden ejercer su influencia más que adhiriéndose a uno de los clanes o ganándose la confianza de una de las bandas político-burocráticas que se disputan el poder y se sirven de los desafíos científicos y técnicos como emblemas y banderas o, con mucha más frecuencia, necesitan «expertos» para arropar científicamente unas opciones ya tomadas y con motivaciones diferentes.»
Se ha confesado la motivación de esas opciones. Y digo bien, confesado, pues se trata de un crimen y quizá de un crimen contra la humanidad si se declarase una epidemia en unos años. Esta motivación es la instauración del mercado interior. Ésta es la prioridad de la Comisión desde 1989. El dogma de la libertad de circulación de mercancías se ha transformado en libertad de contaminación del ganado bovino y de las personas.
¿La salud pública? Una preocupación, nos decía el Sr. Santer durante su comparecencia. Una preocupación para la Comisión. ¡No, señor! La salud pública es una responsabilidad, un deber, y, como decía el filósofo Emmanuel Levinas, la responsabilidad es insomne, produce arrugas.
Por ello, nuestro grupo ha utilizado los procedimientos a su disposición presentando, con diputados de otros grupos, una moción de censura. Es necesario iniciar la revisión de la PAC sacándola de la lógica financiera que conduce a una sobreintensificación perjudicial para el medio ambiente y la calidad de los productos. Hay que detener todas las medidas de liberalización y desregulación de los servicios públicos en los ámbitos de la salud humana y animal, y establecer financiaciones para indemnizar a las víctimas y sobre todo continuar la investigación, pues la única forma de indemnizar a los enfermos, señor, es poder cuidarlos un día.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, señor Fischler, dispongo todavía de un minuto de turno de palabra y lo quiero dedicar ahora a usted. Se trata de que se ponga en marcha otro tipo de política agrícola que refuerce un tipo de agricultura campesina. Así figura en el informe de investigación y el Sr. Santer lo ha corroborado. Ahora quisiera indicarle a usted que tenemos algunos acuerdos en el Parlamento, por ejemplo, el acuerdo del trébol sobre la retirada de tierras. Usted sabe que el alimento de los bebés sólo puede elaborarse con productos de cultivos naturales. Usted sabe que el Parlamento no quiere ninguna tecnología genética en el ámbito de los alimentos biológicos. Usted conoce la posición del Parlamento sobre el maíz genéticamente manipulado. Usted sabe que tenemos todavía confrontaciones en el terreno de la Ley sobre comercialización de semillas. En suma, apoye usted el planteamiento socioécológico para el espacio rural; sobre esto pienso que debemos tomar en serio los acuerdos del Parlamento y hemos de llegar a una colaboración y no, a lo sumo, en el caso de la leche. Si a través de una reforma logramos poner de nuevo las vacas en el prado, entonces el toro volverá a portar a la dama Europa, de esto estoy segura.
(Risas, aplausos)

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, desde hace diez años, la enfermedad de las vacas locas es un rosario de absoluta despreocupación, de indolencia criminal en aras a ganar cada vez más dinero. El principal culpable es por supuesto el Reino Unido, que permitió que se elaboraran harinas de carne y huesos en condiciones sumamente sospechosas. Se tomaron decisiones sobre la base de dictámenes arbitrarios, sobre la base de estudios encargados, e incluso costeados, por la propia industria cárnica. En sí algo increíble, y mientras tanto el Consejo de Ministros se limitaba a mirar sin hacer nada. También la Comisión Europea permitió durante años que no se realizaran los controles veterinarios de la EEB, pero también la actual Comisión es responsable.
Los altos funcionarios declaran que se cedía a la presión política. Incluso se obstaculizó a la Comisión de Investigación y sencillamente se ocultó la verdad en torno a la gelatina.
Señor Presidente, en cualquier democracia normal, los responsables de semejantes meteduras de pata son enviados a casa. Por ello firmamos la moción de censura, pero el texto más radical no se pone a votación debido al dictado de los grandes Grupos, y por ello es también una evasión parlamentaria. Ya acabo, señor Presidente. Ahora el Presidente Santer ha hecho una confesión pública. Tan sólo espero que esa confesión pública se convierta por fin en realidad.

Van der Waal
Señor Presidente, en el informe de la Comisión de Investigación se hacen fuertes reproches al Gobierno británico y a la Comisión en torno a la política de la EEB. La Comisión ha prestado demasiada atención al mercado, olvidándose de la salud pública, no se han solicitado dictámenes científicos independientes, se ha minimizado durante mucho tiempo el problema, etc. Estos hechos han de achacarse ciertamente a la anterior Comisión, pero la actual Comisión tampoco se libra. Mientras los científicos aconsejaban precaución, la Comisión levantaba la prohibición de exportar gelatina, sebo y esperma de reses británicas. Sin embargo, no creemos que una moción de censura sea necesaria. A la postre es fácil condenar.
Lo determinante es saber en qué medida la Comisión cumple sus responsabilidades respecto a las deficiencias señaladas. La anunciada reorganización para instaurar una nueva Dirección General que coordine la política de consumo y salud pública es un paso en la buena dirección. Pero también es preciso mejorar muchas cosas en relación con la transparencia política, la investigación y el control en cooperación con las instituciones nacionales.
Las recomendaciones del informe Medina constituyen un excelente marco de control para ello. Pero no todo lo que dice merece nuestro apoyo. El alegato para aplicar un procedimiento de codecisión a la PAC ampliará sin duda las competencias del Parlamento, pero no tiene nada que ver con la problemática de la EEB. Tampoco la recomendación de reestructurar la PAC mediante el fomento de métodos agrícolas extensivos encaja en el sector de carne vacuna. Es preciso celebrar un debate sobre esta cuestión en un marco más amplio, en que se examine el suministro de alimentos, los ingresos de los agricultores y la protección del medio ambiente.

Raschhofer
Señor Presidente, distinguidos colegas, el caso EEB ha costado numerosas vidas humanas y ha dañado, e incluso destruido, la existencia de numerosos criadores de ganado vacuno. El caso EEB ha llenado de inseguridad a los consumidores de toda Europa y el caso EEB ha costado miles de millones de ecus a los contribuyentes europeos. La Comisión de investigación de la EEB, a la que en este contexto quisiera mostrar mi reconocimiento por su excelente trabajo, ha mostrado a la Comisión y al Consejo en su informe los delitos de Gran Bretaña. El informe de investigación demuestra esto con numerosos ejemplos.
Pero no quisiera perderme en los detalles del informe de investigación. Este muestra, sobre todo, las grandes deficiencias de la actual concepción de Europa. Por consiguiente, me importa mostrar que las deficiencias que se han detectado son síntomas de una enfermedad inmanente al sistema. Se trata de que el informe de investigación de la EEB muestra que la estructura de instituciones, tal como existe actualmente, no puede funcionar. Se trata de que los mecanismos de control no funcionan, si es que existe alguno.
Me importa el hecho de que la Comisión ha asumido de facto las competencias legislativas, sin haber sido legitimada jamás democráticamente por los ciudadanos europeos. Me importa que los comisarios y el funcionariado de la UE no proceden con transparencia, que transmiten, o no, de manera arbitraria las informaciones. Me importa la competencia que se esfuma como en un laberinto, de suerte que al final nadie es competente. Se trata, finalmente, de la cuestión de si a pesar de la constatación de todas anomalías mediante un informe de investigación, cabe la posibilidad realista de pedir responsabilidades políticas a la Comisión y a los demás actores.
Lamento muy profundamente que, a tenor de la actual situación jurídica, la moción de censura contra la Comisión afecte también a los comisarios que no tienen responsabilidad en el caso. Pero los resultados de la Comisión de investigación de la EEB exigen consecuencias. Sólo de esta manera puede el Parlamento Europeo estar acorde con la imagen de sí que él mismo reclama. Por esta razón, apoyaremos la moción de censura de José Happart.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, usted ha sido elogiado, señor Santer, por un colega, muy apreciado por mí, a causa de un valiente discurso. Evidentemente me he imaginado que él habrá recibido de usted un texto escrito que usted no me ha dado a mí. Yo también le he escuchado atentamente. Todo lo que usted ha dicho, lo he considerado como un puro discurso de promesas de cara al hecho de que a partir de mañana, ojalá, la espada de Damocles del voto de censura va a pesar sobre usted y sobre su Comisión. Y usted no ha dicho nada concreto en ningún pasaje. Se lo voy a demostrar con algunos ejemplos.
Usted ha dicho, por ejemplo, que los servicios de la Comisión serán reorganizados, que el Personal será redistribuido de nuevo, que habrá cambio de puestos. Usted ha dicho, por ejemplo, que habrá también traslados en puestos de responsabilidad de la Dirección General de Agricultura y, por cierto, de personas que en el pasado han tenido responsabilidades y que están aún en activo. ¿Ha anunciado usted esto? Usted ha dicho que se va a comprobar los recursos presupuestarios para que la Sra. Bonino pueda también hacer el trabajo, que, seguramente, lo hará excelentemente. ¿Que quiere decir comprobar? Cómo lo va a hacer, si usted no asegura aquí que se van a habilitar los recursos presupuestarios.
En otro pasaje usted ha dicho -perdón, he irrumpido ahora en las competencias del Presidente de la Comisión de Presupuestos y por esto, lamentándolo expresamente, retiro esta frase, pero usted y el Sr. Samland saben qué quiero decir- no precisamos declaraciones verbales; además de transferencias de funciones, necesitamos también transferencias de dinero -¡cash !- por decirlo claramente.
En otro sitio ha dicho usted que la Sra. Bonino debe ser integrada en la tarea legislativa. Lo encuentro excelente. Usted tiene mi apoyo a cambio de nada. ¿Pero, por ejemplo, ha dicho usted que pretende aclarar algo tan banal como el conflicto de la futura política de alimentos, que fue anunciada por la Comisión hace más de un año y que seguimos esperando todavía? Porque su institución no puede decidirse entre el Sr. Bangemann, el Sr. Fischler y la Sra. Bonino. Yo le diré cómo se decide usted: usted lo puede explicar hoy aquí, señor Santer. Esto corresponde a la Sra. Bonino. Ella practica política de consumidores, representa los intereses de los consumidores, más de lo el Sr. Fischler -perdón, señor Fischler- lo ha hecho hasta ahora y, en cualquier caso, más que lo que hace el Sr. Bangemann. Por consiguiente, diga usted algo concreto sobre esto, señor Santer.
Usted ha dicho que se está probando una agencia de productos alimentarios, una FDA. Usted lo ha dicho ya con frecuencia. Lo ha formulado ya de forma parecida en otro lugar: hay que pensarlo. Yo le escucho con cierta atención, señor Santer. Ciertamente, no siempre es un puro placer, pero, a pesar de ello, lo hago. Usted lo ha dicho ya una vez en otro lugar, Hágalo, pues. Hágalo y diga: vamos a instituir una FDA, una Food and Drug Agency o una Food Agency . Hágalo. Lo hemos pedido ya hace tiempo en este Parlamento. Usted sabe, ciertamente, que en la mayoría de los casos este Parlamento va años luz por delante de la Comisión. Así sucede también en este caso.
Usted ha dicho en otro lugar que en la Conferencia Intergubernamental va a apoyar que se modifiquen los fundamentos jurídicos para el ámbito agrícola, desde el artículo 43 hasta el artículo 100a, y usted ha dicho que va a apoyar que haya un fundamento jurídico propio para la política sanitaria. Yo sé que entre los Jefes de gobierno solamente conseguirá esto con la ayuda de su institución y con nuestro apoyo. Por favor, convenza también primero a su propia institución. Convenza al Sr. Fischler de que el artículo 43 no es el fundamento jurídico correcto, ; convenza también al Sr. Bangemann. Sobre todo, convenza usted al Sr. Flynn de que necesitamos un fundamento jurídico propio para la política sanitaria, pues, en efecto, negó la necesidad de esto en la investidura de la Comisión respondiendo a la pregunta que yo había formulado al respecto en la comisión competente. Por favor, haga usted esto, señor Santer, y diga también concretamente qué es lo que piensa hacer en este punto.
Dígame usted, por favor, señor Santer: ¿cómo pretende modificar la política agrícola común? Diga usted en este lugar que usted quiere apoyar esto, que por principio las subvenciones se darán solamente para la calidad y no para la cantidad, que a partir de 1998 el presupuesto junto con nosotros y junto con el Consejo va a ser otro. Diga usted esto. Estas son cosas concretas que usted podría decir. Si de toda esta lista hubiera dicho usted dos cosas solamente, estaría yo satisfecha y agradecida. Pero no lo ha hecho. Hágame un favor, señor Santer: usted ha soplado con ternura y suavidad aquí en este Pleno; pero intente provocar una auténtica tormenta que les hinche bien la cabeza a todos los comisarios y comisarias en la institución de usted y también a los del Consejo. Esto es, efectivamente, necesario.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, Señorías. En primer lugar, quiero felicitar al señor presidente de nuestra comisión, Sr. Böge, por el trabajo realizado y al señor ponente, Sr. Medina, por haber llevado a buen puerto un informe excelente.
Pero estamos hoy ante un largo debate político, que yo considero trascendental, en el que voy a tratar de no repetir lo ya dicho en esta Asamblea. Trascendental por la importancia del tema debatido, la EEB, de la que no se conoce casi nada, ni cuál es el agente patógeno, ni cómo se transmite. Trascendental, por lo inusual en este Parlamento, ya que este debate está llegando a todos los rincones de la Unión Europea, porque, Señorías, afecta a la salud humana y esto es especialmente grave. Trascendental por su evolución primero desde la constitución de la Comisión de investigación hasta la presentación de la primera propuesta de moción de censura a la Comisión ante la gravedad de los hechos contrastados en la investigación -primera moción de censura que se presenta en este Parlamento, Señorías, no es ninguna broma-.
Este problema tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro; y a ellos voy a referirme. Tiene un pasado donde han quedado claros los hechos y las responsabilidades de cada uno de los actores. El Reino Unido, como agente actuante, el Consejo, con su apoyo silencioso en los Consejos de Ministros, y la Comisión, como institución que no sólo dejó hacer a otros, sino que no hizo lo que debía haber hecho.
Tiene un presente próximo, y aquí me permitirán que sea más concreta. Estamos jugando con un tema que ahora sabemos que afecta a la salud humana y aquí, Señorías, aquí, en este tema, no valen ni apoyos silenciosos, ni dejar hacer o volver la vista a otro lado, ni tampoco afinidades políticas. Aquí debe primar la obligación de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos. Y las instituciones europeas, y el Parlamento en primer lugar, daríamos un mal ejemplo y, lo que es peor, haríamos un mal uso del mandato democrático que nos han dado nuestros electores si no censuramos lo ocurrido. Aquí, señores Comisarios, señor Presidente de la Comisión, hay mucho que exigir a esta Comisión.
En el tema de las gelatinas -debate fantasma como lo llama el Sr. Böge-, por ejemplo, donde se demuestra una vez más que se toman decisiones políticas por encima y en contra de los comités científicos por razones que, en el mejor de los casos, son únicamente económicas. Pero lo que me parece más grave, especialmente grave, es la opacidad y la falta de colaboración del Colegio y de alguno de sus Comisarios, alguno de sus componentes, que no han proporcionado hoy, a fecha de la votación, toda la documentación recabada por el presidente Böge.
Señor Presidente, señor Comisario, esto no es responsabilidad de la anterior Comisión. Es responsabilidad de esta Comisión y responsabilidad suya. Todos sabemos cómo funciona el Colegio de Comisarios; y si ha incumplido el acuerdo institucional -que lo ha incumplido-, que le obliga a facilitar estos documentos, ha sido por casualidad o por otras razones. Tanto si ha sido el azar o no, esto es inadmisible. Si en este tema ha actuado así, qué van a pensar sus Señorías y los ciudadanos de la Unión Europea sobre la descoordinación, desinformación, descontrol y opacidad que reina en la DG VI, así como sobre la desmotivación de sus funcionarios, que ven trasladar de arriba a abajo y de abajo a arriba las responsabilidades.
La Comisión debería haber tenido un gesto, dando ejemplo de grandeza, de generosidad, de sacrificio, asumiendo responsabilidades políticas que existen, individualizadas, supeditando estos intereses individuales al servicio, al interés, de la institución. Porque a veces, señor Presidente, hay que perder alguna batalla para ganar la guerra. Y en este caso, ésta es la credibilidad de las instituciones europeas, especialmente de la Comisión que, con este triste episodio, pierde el caudal de credibilidad acumulado y da carta de naturaleza a los críticos del proyecto de integración europea justamente acrecentados por su falta de sensibilidad en algunas políticas por ella presentadas.
Hagan un plan concreto de cara al futuro, creíble, posible, no un lavado de cara: una verdadera reestructuración.
Cambiar de Dirección General no parece suficiente. No incrementen la burocracia. Debátanlo con todos los agentes y no esperen milagros ni salvadores individuales. Cúmplanlo y exijan su cumplimiento a todos por igual. Este es su reto, Sr. Santer, y su responsabilidad. Pero, de todas maneras, este Parlamento sabrá hacer buen uso de sus facultades y sus responsabilidades, y la primera es exigir que la salud de los consumidores esté garantizada. Esto es lo que en este momento le demandamos y a lo que le emplazamos todos los ciudadanos de la Unión Europea.

El Presidente
Gracias a usted, señora Redondo. Señorías, a esta Presidencia no se le escapa la gran importancia del debate que se está realizando y las dificultades para sintetizar nuestras opiniones en el poco tiempo de que disponemos. Pero debo rogarles a ustedes, con el debido respeto parlamentario, que procuren, en lo posible, ajustarse al tiempo, porque esto, si no, va en detrimento de otras intervenciones.
Y aquí yo no hago ningún juicio de valor sobre la importancia de lo que dice cada diputado y cada diputada. Pero me veo obligado a rogarles que ustedes se administren el tiempo del que disponen y cuando oigan el martillo, deben saber que la responsabilidad ya no es del Presidente sino de ustedes.
Y, dicho esto -que no dedico, precisamente, al Sr. Rosado Fernandes-, le invito a tomar la palabra por el tiempo de 3 minutos.

Rosado Fernandes
Señor Comisario, si no hubiera yo firmado el documento que permitió la aparición de una moción de censura, me daban ganas de unirme a usted y pedirle perdón por las toneladas de palabras bajo las que se lo sumergió en este Parlamento. De hecho, ¡somos una fábrica de palabras! Y ustedes, en la Comisión, muchas veces no son una fábrica de actos. Y a ese respecto debo decir: en este momento de la verdad, que me recuerda un poco el espectáculo español o portugués, hay olor a adrenalina en esta sala, en la que unos tienen miedo de los otros.
Evidentemente, considero que la Comisión debería ser castigada porque, como emanación de los Gobiernos que es, es al mismo tiempo un gobierno-Comisión en conjunto. No es, naturalmente, un órgano elegido. Debería ser la garante de los Tratados y hacer su trabajo. Pero ya se han hecho demasiadas censuras. Y también se pueden hacer censuras al Parlamento, que ha descubierto desde el cruel sistema de querer matar a plazo hasta un sistema menos cruel de querer presentar una moción de censura inmediata.
Ha habido miedo en el Parlamento. Se han aducido argumentos: que si ha habido vacío de gobierno en Europa, que si ha habido más mercado y poca salud, y todos nosotros sabemos que la Comisión podía haber defendido el mercado y la salud pública de la misma manera y al mismo tiempo. ¡Nada impide una cosa y otra!
La verdad es que había, de hecho, una impunidad que aún hoy existe en toda la Comunidad Europea, porque yo no admito, por ejemplo, que quieran hacer del Reino Unido el único «chivo expiatorio». ¡La verdad es que los otros países podrían haber reaccionado! ¡La verdad es que la Comisión podía haber reaccionado! La verdad es que, cuando el Comisario MacSharry -al que se acusa también ahora- impidió a los países hacer el bloqueo, los países podrían haberlo hecho. La cobardía política existe y contra ella no hay nada que hacer. Por eso, ¡todo esto huele a adrenalina! Y, claro, parece que estamos dentro de un Minotauro. Confieso que no veo ningún laberinto a mi puerta, no veo ninguna necesidad del hilo de Ariadna para librarme del Minotauro y, naturalmente, he votado una moción de censura.
Considero que es hora de que este Parlamento se haga cargo de su responsabilidad, perdamos el miedo y perdamos el olor a adrenalina. Sé que cuesta mucho. Personalmente, me cuesta menos, aunque tengo mucha simpatía por muchos de los Comisarios.

Goerens
Señor Presidente, la moción de censura contra la Comisión es, en el momento actual, inoportuna.
Esta moción es, al mismo tiempo, lamentable y contraproducente para nuestra imagen, pues el Parlamento se ve así catapultado a una posición de fanfarrón frente a la Comisión, cuando ya sabemos que terminará por desinflarse. Además, se equivoca en el objetivo principal.
El malo de la película no es, ciertamente, la Comisión ni el Colegio en ejercicio. Por otra parte, el informe de nuestra Comisión temporal de investigación es formal en ese punto.
Ciertamente, no pretendo minimizar los graves fallos de funcionamiento de los servicios de la Comisión durante el período en que estaba presidida por Jacques Delors. Pero, todo el mundo sabe que el malo de la película es en primer lugar el gobierno de un Estado miembro sobre el que no tenemos potestad. Este gobierno, que se encuentra en campaña electoral, debe felicitarse por el hecho de que es la Comisión la que se encuentra en el banquillo de los acusados y que sus crímenes, claramente documentados por otra parte, caerán en el olvido. En este sentido, el instrumento de la moción de censura es inoportuno, inadecuado, desmesurado y excesivo.
Por otra parte, la Comisión ha pedido perdón por su gestión pasada y ha puesto en práctica toda una serie de reformas internas que deberían evitar, en el futuro, la repetición de los errores cometidos en la gestión y apreciación de la gravedad de la crisis.
Hay que pagar un precio muy alto por la credibilidad de una institución y creo que este Parlamento ha triunfado totalmente en su misión de control haciendo que muchas cosas se muevan y poniéndolas en su lugar. Espero sinceramente, señor Presidente, que a partir de ahora, en circunstancias comparables, los imperativos de la salud humana prevalezcan sobre cualquier otra consideración.
Esta llamada al orden, por lo que respecta a las prioridades a observar en cualquier circunstancia, es una importante victoria para el Parlamento, que ha ganado en lo esencial.

Novo
Señor Presidente, señores Comisarios, queridos colegas, en este breve minuto he de decir que la presentación y aprobación de una moción de censura a la Comisión es la única consecuencia política lógica resultante del informe Medina Ortega.
Se justifica, entre otras razones, porque
primero: las conclusiones y los hechos constantes del informe final de la Comisión de Investigación de la BBE indican de forma clara e ineludible las responsabilidades políticas y administrativas de la Comisión;
segundo: la moción de censura es el único instrumento reglamentario de que dispone el Parlamento para exigir responsabilidades a la Comisión y para volver eficaz y creíble su competencia de control de la acción de ésta;
tercero: al haber responsabilidades claras de Gobiernos de algunos Estados miembros, en particular del Reino Unido, sólo sus instituciones tienen competencias para actuar;
cuarto: es inaceptable castigar a funcionarios comunitarios responsables, funcional y administrativamente, por la crisis de la BBE, sin castigar a quien los orientó y les dio órdenes;
quinto: al ser la Comisión un órgano colegial, no es posible ni está prevista la moción de censura individualizable;
sexto: también han quedado demostradas las responsabilidades políticas del actual Colegio de Comisarios;
séptimo y último: la presentación y aprobación de una moción de censura puede contribuir a una demostración cabal de la independencia política del Parlamento Europeo ante la Comisión, ante los Gobiernos y ante estrategias electorales nacionales y puede contribuir al crédito político y público de esta casa y de sus elegidos ante sus electores.
La moción de censura es, pues, la única forma política de dar respuesta a la angustia de las familias de las víctimas.

Macartney
Señor Presidente, en el palacio de Westminster circula un chiste bastante macabro que dice que la interpretación que hace el Gobierno británico de la EEB consiste en «echar la culpa a otro». ¿Cómo puede alguien tener la más mínima confianza en el actual Gobierno del Reino Unido? En primer lugar, tenemos al Sr. Hogg que ha boicoteado a la Comisión de investigación creada por este Parlamento. A él se une Michael Forsyth, ministro para Escocia, que viene boicoteando a Bruselas desde hace muchos meses. Su única aportación ha sido prohibir que la bandera europea ondee en Escocia en el día en que se conmemoró la Paz en Europa. Ésos son los que nos piden que culpemos a la Comisión y no a ellos.
Ayer el Sr. Hogg hizo la siguiente declaración: »Existe un sólido argumento a favor de Irlanda del Norte. El argumento es muy firme e instruiré a la Comisión en este sentido». El mismo día, Lord Lindsay, su ministro «junior» declaraba en Bruselas: »Niego categóricamente que haya habido un acuerdo especial con Irlanda del Norte». Hoy oímos rumores de que se han destinado 9, 4 millones de libras a Irlanda del Norte. Quisiera que la Comisión confirmara este extremo, en caso de que conozca los detalles.
Hace cinco meses, el mismo Lord Lindsay tuvo el descaro de decir a los agricultores escoceses que Escocia podía encabezar la salida del Reino Unido de la prohibición de exportar vacuno. Este tipo de irresponsabilidad y de contradicciones debe constar en los anales de esta Asamblea. Lo que más me preocupa es ¿quién paga el precio de esta incompetencia? Naturalmente lo pagan los agricultores que exportan vacuno de Aberdeenshire y Angus, a los que represento, y también los agricultores de Irlanda del Norte. Ellos se han convertido en el chivo expiatorio, y va siendo hora de que atribuyamos la culpa a quien la tiene.

Whitehead
Señor Presidente, ante la ausencia del Sr. Paisley, que ha sido debidamente notificada, permítame decir que hoy es un día importante para el Parlamento y para las instituciones que estamos construyendo. Tanto el presidente de la Comisión de investigación como el ponente han estado a la altura de los acontecimientos. Hoy, nuestro Primer Ministro ha calificado el presente informe en la Cámara de los Comunes británica de «tosh» [disparate]. Yo interpretaría «tosh» como un término insultante propio de niños, que no tiene cabida en absoluto en nuestras deliberaciones acerca de dicho informe. A nosotros nos corresponde obligar a la Comisión a poner orden en sus filas y decir al Consejo de Ministros que una catástrofe como la EEB debe ser atajada mediante medidas comunes y no recurriendo a presiones nacionales, por muy fuertes que éstas puedan ser, ni a los prejuicios nacionalistas, por muy extremistas que éstos sean. Tampoco queremos una caza de brujas ni sensacionalismo a la hora de atribuir las culpas.
La EEB ha devastado a mi país, y cuando atribuyo la culpa de ello no eludo la responsabilidad del Reino Unido. Soy el único miembro británico de la comisión que está dispuesto a reconocer, no en base a los conocimientos que permite una visión retrospectiva, sino en base a un criterio sobrio, aquello que deberíamos haber hecho a raíz del informe Southwood de 1989 en lo que se refiere a atajar los piensos contaminados, retirarlos de la cadena de alimentación animal, no impedir que se siguiera exportando ese material, en lo relativo a la arrogancia con que contemplamos el asesoramiento científico cuando éste proviene de fuentes independientes y, sobre todo, a la negativa de examinar los posibles vínculos que existen entre la EEB y la ECJ, algo que un ministro británico calificó de inconcebible apenas seis meses antes de que tuviéramos que dar la cara y reconocer que existe esa posibilidad, y el Reino Unido no puede lavarse las manos. No podemos fanfarronear sobre los últimos diez años. Las cosas han cambiado desde abril de 1996 y es bueno que haya sido así. No obstante, la negativa del ministro de acudir ante la comisión, al igual que lo que dio en denominarse la guerra del vacuno orquestada contra la Unión Europea, ha malgastado inútilmente una buena voluntad muy valiosa.
Dicho esto, no tenemos la menor prueba de que haya existido una conspiración siniestra entre los funcionarios británicos y sus compatriotas de la Comisión. Lo que sí hemos descubierto en la Comisión ha sido una terrible inercia; todas esas notificaciones para que no se celebraran más reuniones sobre la EEB, etcétera. El Presidente de la Comisión deberá ahora tener en cuenta este aspecto, cuando se disponga a adoptar medidas. Debemos obligar a la Comisión a seguir un programa de reformas institucionales que separe los intereses de los productores de aquellos otros de los consumidores. Votaré en contra de una moción de censura inmediata, pero el Presidente Santer sabe que el jurado vigilará de cerca el programa de reformas que ha presentado hoy. Queremos que en toda Europa, nuestros intereses en materia de alimentación y nuestros intereses en materia de salud se pongan en las manos de aquellos que no se sienten demasiado obligados por los grandes grupos de interés de los productores, por muy legítimos que éstos puedan. Por este motivo quiero alejarme de los que afirman que la Comisión debe ser censurada de inmediato o que se debe exigir al Reino Unido indemnizaciones, sin hacer ningún caso de la legalidad o la viabilidad de una medida de este tipo.
Lo que estamos intentando es encontrar una solución europea a lo que es -nos guste o no- un problema europeo. Hace falta una Dirección General fuerte que defienda a los consumidores, y hace falta la intervención personal de la Sra. Bonino en la vigilancia de la salud humana y animal, respaldada por modificaciones de la Política Agrícola Común para crear un sector de la alimentación que sea gestionado humana y eficazmente.
Quiero hacerme eco de las palabras de mi colega la Sra. Roth-Behrendt, cuando decía que la auténtica prueba consiste en cuánta fuerza está dispuesto a ejercer el Presidente de la Comisión sobre la Dirección General responsable de la protección del consumidor. Tras haber presenciado el terrible titubeo en torno al Libro Verde sobre la política de alimentación durante el pasado año, debemos decir no sólo: »¿Cuáles son sus palabras?», sino «¿Cuáles son sus acciones?». Hoy le digo al Presidente de la Comisión que la retórica ecologista no basta, hacen falta además medidas valientes.

Bébéar
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente Santer, señora, señor Comisario, lo más importante de mis palabras lo expresaré en forma de carta (no me atrevo a decir de panfleto) al Sr. Santer y a su equipo, pero quisiera en primer lugar dirigirme al Presidente del Parlamento.
No creo que hoy los diputados y responsables políticos de esta Asamblea se deban sentir orgullosos con la decisión de la hora y fecha del debate de la moción de censura. En efecto, fijar este debate para el jueves por la tarde me parece verdaderamente una provocación, cuando sabemos que la mayoría de los diputados se van de Estrasburgo después de la votación del jueves al mediodía. Creo que, una vez más, damos la impresión de ser unos calculadores, incluso unos intrigantes de la política.
Señor Santer, es usted un gran europeo, un convencido, y además, sé que le gustan los vinos de Burdeos. Por ello me cae usted bien y deseo hacerle un favor. Pediré por tanto a sus Señorías que voten a favor de la moción de censura contra usted y contra la Comisión. ¿Por qué? Pues bien, si la responsabilidad de Gran Bretaña es enorme, si la responsabilidad de la Comisión presidida por el Sr. Delors es evidente, la Comisión que usted preside también tiene su parte de responsabilidad.
El Comisario de Agricultura, Sr. Fischler, se encuentra sentado a su lado. Ha echado tierra deliberadamente sobre el expediente durante al menos dos años. Hace seis meses comenzó a sonreír, después se detuvo y, a veces, disimuló algunos elementos importantes, y usted lo sabe.
Señor Fischler, pertenece a mi misma formación política. Es un hombre de honor. Si es usted, como pienso, un ciudadano que cree en Europa, dimitirá. Nos haría un favor y se lo haría también a esa Europa en la que cree.
Señor Santer, creo que el informe es abrumador. Creo que la Unión Europea ha fallado en la protección de la salud pública y de sus ciudadanos. Toda Europa lo sabe. Por ello, los ciudadanos europeos no comprenderían la falta de sanciones ante una negligencia de tanta importancia.
Ésta es la razón por la cual votaré a favor de la moción de censura. Así, se irá usted con sus Comisarios y, en ese momento, los ciudadanos europeos confiarán en una Unión tan valiente y transparente; con su marcha, habrá permitido avanzar a una Europa en la que cree. Y después, tranquilícese, muy rápidamente, en unas semanas, como los Gobiernos desean su vuelta (es usted un buen administrador y un «buen político»), regresará con la mayoría de sus Comisarios, con la Sra. Bonino, por ejemplo, que cumple excelentemente sus funciones, e incluso con el Sr. de Silguy y Sir Leon Btittan. Por supuesto, renunciará a algunos de ellos, sobre todo al Sr. Fischler, y quizá también a algunos otros, porque están «en el límite» y porque es necesario cambiar. En ese momento, la Unión Europea tomará un nuevo rumbo y, gracias a usted, tendrá una mejor imagen. Por ello, para hacerle un favor, señor Santer, votaré a favor de la moción de censura.
Señor Presidente, quizá se trate de un sueño... En todo caso, intente que no se convierta en una pesadilla.

El Presidente
Muchas gracias, señor Bébéar. Permítame, señor Bébéar, que le dé una respuesta provisional a la parte de su carta dirigida a la Presidencia del Parlamento y le recuerde que el apartado quinto del artículo 34 del Reglamento dispone que la votación sobre las mociones de censura tendrá lugar como mínimo 48 horas después de iniciado el debate. Me parece que el calendario era suficientemente apretado. Y, en segundo lugar, -esto ya, señor Bébéar, lo digo con una cierta humildad- no puedo olvidar que el jueves y el viernes también son días de trabajo en Pleno tan dignos como el resto de la semana.
Dicho esto, Señorías, tiene ahora la palabra, por el tiempo de un minuto y medio, el Sr. Brinkhorst.

Brinkhorst
Señor Presidente, este debate puede tener un significado histórico. Este será el caso si, como dice el Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, por fin se rompe el cerco de hierro que rodea desde hace cuarenta años la política agrícola. Este puede ser el caso, pero este debate no da una respuesta definitiva al respecto. Esta Comisión ha comprendido por fin que el poder y el control del poder son dos cosas diferentes. Durante demasiado tiempo, los consumidores han estado desamparados. Por esta razón, muchos en esta Asamblea dicen: nada de palabras, sino hechos. Pero, ¿hemos de esperar realmente hasta noviembre? Esperar nueve meses para que se produzcan efectos concretos no beneficia ni a la Comisión, ni al Parlamento. Esta Comisión recuperará la confianza tan pronto se hayan realizado las acciones concretas. La Sra. Roth-Berendt lo ha dicho ya. ¿Cuántas personas se ocupan de ello? ¿Cuál será el presupuesto? ¿Quién controlará realmente? El escepticismo de la población no desaparecerá mientras no se hayan tomado estas medidas, y por tanto espero que podamos acordar juntos que sea septiembre y no noviembre. Veo al representante de la Presidencia neerlandesa. Lamento mucho como diputado neerlandés que la Presidencia neerlandesa no esté presente aquí. Con ello da la impresión de que encubre la política obstruccionista y la política de bloqueo del Gobierno británico. La ausencia del Consejo aquí es la arrogancia del poder. Esperaba otra cosa de mi Presidencia.

Svensson
Señor Presidente, son muchos los que comparten la responsabilidad a raíz de la catástrofe causada por la EEB, pero la principal responsabilidad la tiene la política agrícola, y de ésta la responsabilidad la tienen las instituciones de la UE, también el Parlamento. Dicha política ha creado una situación productiva de un carácter extremo, intensivo y artificial. Ha desarticulado los controles fronterizos nacionales y facilitado que se extendiera el contagio a través de animales y alimentos. Ha fomentado una localización desequilibrada de mataderos con un transporte de animales inaceptable como consecuencia. En pocas palabras, se basa en la creencia de que la fauna, la flora y la tierra pueden ser tratadas como materia muerta.
La EEB constituye un primer aviso grave para aquellos que han llevado esta política durante decenios. Un mercado agrícola sin fronteras es una idea obsoleta; hay que abandonarla del todo antes de que nos sobrevengan nuevas catástrofes.

Féret
Señor Presidente, hoy todo el mundo se pone de acuerdo para estigmatizar un fallo grave de funcionamiento de las instituciones comunitarias, pero, en una preocupación por la objetividad, es importante recordar que, en 1989, la Comisión proponía ya la prohibición de exportación de las harinas de origen animal a los mercados de los Estados miembros. En aquel momento el Consejo rechazó la propuesta. Sin embargo, había un riesgo y se sabía. La Comisión hubiera podido hacer otro planteamiento, más prudente, pero de ahí a hacerle asumir la máxima culpa en este asunto hay un paso enorme que me parece absurdo, incluso deshonesto.
El primer y principal culpable es claramente el Reino Unido. Es evidente que si, desde 1988, hubiera tomado todas las medidas necesarias encaminadas a sacrificar animales y a prohibir que las harinas hechas a base de proteínas animales llegasen a los mercados, la epizootia hubiera sido cortada de raíz.
La crisis de las vacas locas, es en primer lugar, la irresponsabilidad criminal del Reino Unido, para el que Europa no existe, salvo cuando se trata de servir a sus propios intereses. La crisis de las vacas locas es también el silencio cómplice de algunos Estados miembros, que dieron instrucciones a sus expertos en el seno del Comité Veterinario Permanente para no divulgar el asunto. Por estas razones, la moción de censura inmediata a la Comisión es un contrasentido. Por el contrario, la moción de censura condicionada se revela como más apropiada. Pero, en todo caso, ¿a quién sancionar y cómo?
Es necesario castigar al Reino Unido, culpable de haber infringido gravemente las reglas del mercado interior y de haber organizado un delito económico a gran escala, y que debería aclararse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es necesario también sancionar a aquellos Estados miembros que se han hecho cómplices del tráfico de harinas británicas de origen animal, principalmente Bélgica, que ha servido de plataforma para este tráfico, como revela el informe Mattei presentado a la Asamblea Francesa.
Me parece importante llegar hasta el fondo de las cosas, identificar a los verdaderos culpables y castigarlos. En ello va el crédito del Parlamento Europeo y de Europa ante los ciudadanos que, en último lugar, nos juzgarán.

David
Señor Presidente, como todos sabemos, anoche en la Cámara de los Comunes, el ministro de Agricultura británico Douglas Hogg, superó una moción de censura por los pelos. Motivo de más para que expliquemos hoy aquí, desde una perspectiva europea, la torpe incompetencia del Gobierno británico en la gestión de la crisis de la EEB.
No existe la menor duda de que el informe Medina es una condena sin paleativos al Gobierno británico y una vigorosa exposición de los errores de la Comisión.
Al igual que el Sr. Whitehead, tengo reservas sobre algunas de las recomendaciones contenidas en el informe, pero reconozco que el informe demuestra de la manera más gráfica posible que el Gobierno británico fue lento en responder a la crisis que se estaba desatando. Los informes demuestran que las medidas se aplicaban con indiferencia y resaltan la total incompetencia de la vacilante administración de Douglas Hogg.
La semana pasada, el Gobierno británico libró un ataque muy emotivo al informe Medina. Pero lo más significativo fue que en ningún momento intentó contradecir uno de los mensajes centrales del informe; a saber, que el Gobierno británico es el principal responsable de la EEB por haber desregularizado el sector de transformación de despojos a comienzos de los años ochenta.
Asimismo debo decir que aún no he oído una explicación razonable por la que Douglas Hogg no pudiera asistir a la reunión de la Comisión de investigación. Teniendo en cuenta que el Secretario Permanente, Sr. Packer, que asistió en su lugar, nos dijo que la EEB fue un designio divino, quizá debamos estar agradecidos de que Douglas Hogg no asistiera. Si el Sr. Packer culpaba a Dios de los sucedido, quién sabe a quién habría culpado el Sr. Hogg.
Este informe demuestra que la culpa es del Gobierno británico. Como afirmaba el Financial Times en su edición de ayer, durante 11 largos años, el Gobierno mantuvo que el vacuno británico era completamente seguro, a pesar de las pruebas en sentido contrario que estaban apareciendo.
El resultado ha sido que, lamentablemente, 15 personas han muerto víctimas de la enfermedad Creutzfeldt-Jacob; los agricultores y los trabajadores por igual han sufrido penurias sin precedentes; el contribuyente británico se ha visto obligado a cotizar 3.300 millones de libras, y más de un millón de reses han sido sacrificadas.
La política del Gobierno británico de no cooperación, como todos sabemos, fue una farsa. La ofensiva del encanto llevada a cabo por Douglas Hogg en toda Europa fue un desastre, y la declaración del Gobierno británico de que el Acuerdo de Florencia era bueno, luego malo, y luego bueno una vez más, sólo sirvió para causar confusión y consternación.
A pesar de todo, se mantiene la prohibición del vacuno británico hasta el día de hoy. La conclusión que debe sacar de todo ello el pueblo británico es, sin duda, que para que se levante la prohibición debe marcharse el Gobierno Conservador. Esperemos que eso suceda en un futuro muy próximo.

Trakatellis
Señor Presidente, una de las funciones más importantes del Parlamento Europeo es la de controlar las actividades de la Comisión. El control que ha ejercido la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre los distintos aspectos de la encefalopatía espongiforme bovina, que afecta tanto al Reino Unido como al Consejo y a la Comisión, ha sido diligente, a pesar del corto tiempo disponible y de que la colaboración de algunas partes de la Comisión no ha sido siempre constructiva, sobre todo por lo que respecta a la aportación de importantes documentos, algunos de los cuales no se han entregado todavía. El control de la comisión de investigación del Parlamento Europeo se ha ejercido sin prejuicios y sus resultados se reflejan claramente en el informe, en el que se exponen los hechos, se asignan responsabilidades cuando las hay y, por último, se hacen advertencias para que no se repitan estos incidentes y anomalías en el funcionamiento de la Comisión Europea. Quisiera recordarles aquí que uno de los trabajos de Hércules fue limpiar los establos de Augías. Creo que el presidente de la comisión, su ponente y sus miembros han logrado, realmente, un trabajo comparable al de Hércules.
Señorías, debemos evaluar las prioridades de la Unión Europea, pensando en cómo podemos servir mejor a los ciudadanos europeos, ante los cuales tenemos una responsabilidad, y más aún en una situación crítica para la Unión, como es el año en el que concluye la Conferencia Intergubernamental. Debemos aplicar unos criterios de justicia más estrictos, que respondan a las expectativas de los ciudadanos. Asimismo, debemos apoyar a la Comisión Europea en su nueva trayectoria, basada en la reestructuración de sus servicios y, sobre todo, en nuevos principios fundamentales. Por estos motivos, la acción más justa, que combina la imposición de sanciones con la adopción de nuevas orientaciones, es una moción de censura con condiciones. La aprobación del informe de la comisión de investigación sobre la EEB implica que el Parlamento Europeo asigna responsabilidades al Reino Unido, al Consejo, a la Comisión Europea, a algunos Comisarios y a altos funcionarios. Por tanto, considero imprescindible que el Parlamento Europeo mantenga una postura estricta y de condena, aunque al mismo tiempo constructiva, imponiendo a la Comisión Europea: primero, que ponga orden en sus asuntos internos adoptando las sanciones correspondientes contra los responsables de mala gestión, por muy altos puestos que estas ocupen; segundo, que presente propuestas en la Conferencia Intergubernamental sobre la aplicación de una decisión común con respecto a la PAC; tercero, que proceda sin demora a una completa reorganización de las comisiones científicas para garantizar que estas trabajen con criterios puramente científicos, y cuarto, que reorganice las Direcciones Generales, en colaboración con el Parlamento Europeo, de modo que dispongamos de la estructura adecuada para proteger eficazmente la salud humana y el medio ambiente. Es fundamental adoptar el principio de que la salud de las personas constituye la máxima prioridad y, por supuesto, que debe estar por encima de los intereses económicos del mercado común.
En nuestra opinión, este es un requisito básico para que los ciudadanos europeos recuperen su plena confianza en las acciones de la Comisión Europea y estén seguros de que esta Comisión no sólo es la guardiana de los Tratados, sino que también vela por la protección de la salud y del medio ambiente. Si la Comisión Europea no reacciona con rapidez y de conformidad con las advertencias de la comisión de investigación, tenga por seguro, señor Presidente de la Comisión, que será el último mes de su Comisión. No crea que nos convencerá con medidas a medias. Exigimos la plena observación de las advertencias de la comisión y el retiro inmediato de su autorización para levantar el embargo a la gelatina, que todavía sigue en vigor. Solicitamos que esta decisión se suspenda inmediatamente.

Frischenschlager
Señor Presidente, distinguidos colegas, quisiera concentrarme en tres puntos. En primer lugar, la relación de confianza entre muchos miembros de este Parlamento y de la Comisión se ha deteriorado. Pero lo más importante debe ser que de todo este escándalo se extraigan realmente consecuencias políticas, que se introduzcan reformas. Aquí me quisiera dirigir de manera muy personal al Comisario de Agricultura, al Sr. Fischler. A veces tengo la impresión de que usted está un poco en una posición protegida, porque no existen votos de desconfianza contra miembros individuales de la Comisión. Pero, precisamente, usted será medido con arreglo a si usted satisface ahora dos cosas. Estos son mi segundo y tercer puntos.
No puede ser que un país, un gobierno, ocasione un gran daño y no haya de pagar por ello. Ha corrido mucho dinero destinado a reparar daños. Esto hay que recuperarlo, incluso, si es preciso, mediante una demanda ante el Tribunal de Cuentas Europeo. Esto es muy importante. Hay otro punto en el que usted debería concentrarse. El Presidente Santer lo ha dicho también en su discurso: el fallo principal de este derrotero ha sido una política agrícola equivocada. Y usted, señor Fischler, es responsable de que en este punto no se produzca un giro, desde la política agrícola industrial hasta la política ecológica. Usted será medido con arreglo a esto, a esto vincularemos nosotros la cuestión de confianza.

Görlach
Señor Presidente, señor Santer, a pesar de la inconcreción de sus promesas, la mayoría de los diputados colocarán el discurso de usted como un anexo al acuerdo que vamos a aprobar mañana, ojalá, por una gran mayoría, pues luego, dentro de pocos meses le podemos preguntar a usted qué ha sido de estas promesas.
Tengo la impresión de que en esta Asamblea existe una gran unanimidad, incluso con la Comisión, acerca de que en la protección de la salud de los ciudadanos no se puede hacer ninguna rebaja. Esto ha sido siempre así, sólo que este principio no se ha respetado. La política no se ha orientado por ese mismo. El Gobierno británico figura muy en primer término en la cadena causal de este fracaso, la Comisión también ha fracasado. El Consejo de Ministros no se ha cubierto de gloria y nosotros deberíamos hacer también un poco de autocrítica: a pesar de advertencias que en el pasado se han hecho desde las comisiones, no hemos logrado aquí ninguna mayoría para una reforma a fondo, por ejemplo, de la política agrícola.
Ahora bien ¿ha sido una casualidad la EEB? ¿Ha sido un accidente? La desregulación, entendida de manera totalmente falsa por el Gobierno británico, y la desregulación, también mal entendida muchas veces, que es defendida por la Comisión y por partes de este Parlamento, ha sido una causa. Otra causa ha sido la equivocada política agrícola. No estoy hablando aquí en nombre de una pequeña agricultura maravillosa y atractiva. Tenemos unidades grandes; si tenemos grandes rebaños ello implica también una superficie grande. También ésta puede ser ecológica y razonable, pero no tenemos ambas cosas.
Estimado colega, señor Fischler, estoy seguro de que usted necesita un nuevo director general. En efecto, si alguien es competente para la protección preventiva contra incendios, si no cumple con su tarea, no se le puede volver a emplear en la lucha contra incendios. Esto no puede ser, créamelo.
Quiero decirlo una vez más con toda claridad: tampoco nosotros, como Parlamento, podemos quedarnos en exigir solamente. En las próximas reformas debemos hacer también nuestra propia aportación y no voy a dejar pasar la ocasión de acudir pertinentemente a muchos colegas. Cuando acometamos una reforma de la política agrícola y, en concreto, no sólo en Europa, recordaré las palabras que usted ha dicho aquí en relación con la EEB. La EEB no ha sido una casualidad. La Unión debe hacer su aportación. Hemos de cambiar, primero entre nosotros, en nuestra casa europea, lo que no se puede tolerar más, es decir, la manera en que producimos carne. Comemos carne. Pero somos omnívoros. Está bien, pero entonces habremos de tener en cuenta algunas cosas en relación con los animales y también en relación con la salud de las personas. Y esto tenemos que hacerlo también a nivel mundial. Si la UE con su sólido mercado y su fortaleza general en los tratados internacionales no hace el intento de modificar este tipo de producción de las mercancías agrícolas, entonces la EEB habrá sido solamente un aviso doloroso y trágico, pues vendrán cosas peores, pues si nos seguimos conduciendo como hasta ahora, están preprogramadas peores cosas.

Gillis
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de investigación he votado a favor y apoyo plenamente los resultados y las recomendaciones de la misma. El Gobierno británico fue hallado responsable del brote de la enfermedad, de no tomar las medidas oportunas para evitar su rápida propagación y de no haber adoptado, hasta fecha muy reciente, medidas para su erradicación. Espero que ahora la situación haya cambiado.
Se descubrió, en particular, que la decisión británica de alterar el proceso de fabricación consistente en reducir los niveles de esterilización de la harina de carne y hueso que se utiliza en los compuestos de piensos para el ganado permitió la aparición de la enfermedad. Por mucho combustible que se economizara por esos medios, esta modificación temeraria de las normas ha costado a los consumidores, a los contribuyentes y, especialmente, a los agricultores varios millones de veces más que cualquier posible ahorro. Cuando por fin se prohibió la utilización de harina de carne y hueso, el Gobierno británico fracasó rotundamente en su deber de hacer cumplir su prohibición. Y lo que es peor, permitió que dicha harina contaminada se exportara sin restricciones, contaminando así a las cabañas de los países vecinos de la UE.
Acojo con satisfacción la declaración que ha hecho hoy el Presidente Santer, pero desde 1989, la Comisión Europea ha sido lenta en reconocer la gravedad de esta enfermedad y no ha sabido supervisar la respuesta británica. Ha permitido que harina de carne y hueso contaminada se comercialice libremente en toda Europa. Además, la Comisión no encargó prácticamente ninguna inspección veterinaria en el Reino Unido en unos momentos en que decenas de miles de animales estaban siendo infectados en ese país.
La inactividad de la Comisión desde 1989 con respecto a la EEB debe catalogarse como uno de los mayores fracasos de la administración pública de la historia reciente. La mayoría de los errores, aunque no todos, recaen sobre las Comisiones anteriores, como establece claramente el informe.
El informe de la Comisión de investigación incluye una serie de enmiendas que yo he presentado, porque creo que la propagación de la EEB fuera de Gran Bretaña se debió, principalmente, a las exportaciones de harina de carne y hueso contaminada. Por ello he incluido en el informe una solicitud de normativa que permita garantizar que la harina de carne y hueso jamás volverá a utilizarse en la elaboración de piensos para rumiantes, y que dichos piensos para rumiantes no podrán producirse en ninguna instalación en que esté presente la harina de carne y hueso. La comisión ha aprobado asimismo mi propuesta de que la harina de carne y hueso se comercialice únicamente bajo licencia especial y que, además, los piensos compuestos incluyan en su etiqueta una relación de todos sus ingredientes. Evidentemente es necesario que estas normas se cumplan en todos los Estados miembros y que estén respaldadas por una legislación fuerte.
De cara al futuro deberemos duplicar nuestros esfuerzos para erradicar los últimos rastros de esta enfermedad y restablecer la confianza del público en la alta calidad de nuestros productos alimenticios. Debemos trabajar incesantemente para convencer a nuestros propios consumidores y a los clientes de los mercados de exportaciones que nuestra carne es segura y sana. La Comisión deberá aplicar todas las recomendaciones que contiene nuestro informe y deberá hacerlo con eficacia y con carácter inmediato.
Apoyaré la moción de censura condicional si la Comisión no cumple nuestras exigencias. Nuestra posición es muy clara. Exigimos que se refuerce la vigilancia y que se refuercen las actuales medidas de erradicación. Exigimos una reorganización del personal de la Comisión y un replanteamiento de su política. Exigimos medidas que permitan avances inmediatos en la creación de una agencia veterinaria en Irlanda para que revise de cerca estos trabajos.

Anttila
Señor Presidente, el informe de la comisión de investigación describe perfectamente los graves problemas originados por la crisis de la EEB, los hechos que han dado lugar al problema y las causas del mismo. Por ello, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión.
La crisis de la EEB ha hecho vacilar la confianza de los consumidores en la carne de vacuno, lo cual resulta comprensible. La devolución de la confianza es la tarea más importante de la Comisión en la gestión futura de la crisis de la EEB. Según el informe, la anterior Comisión infravaloró el problema de la EEB y ocultó su gravedad. La Comisión descuidó la vigilancia del respeto de las normas de control veterinario en el mercado interior. Según el Tratado de la Unión Europea, compete a la Comisión velar por el respeto de la legislación comunitaria en los Estados miembros; corresponde a la Comisión tomar la iniciativa para emprender acciones legales contra aquel Estado miembro que haya infringido la legislación comunitaria. Me gustaría saber cómo piensa hacer frente la Comisión a esta responsabilidad. La crisis de la EEB ha originado ya unos gastos de más de dos mil millones de ecus a toda la cadena de alimentación de la Unión. Los que tienen que pagar la cuenta son los agricultores que no son responsables de la crisis, que han visto cómo se les recortan las ayudas y cómo se les van a seguir recortando en lo sucesivo. ¿Qué responsabilidad tienen en lo que se refiere a las indemnizaciones por daños los que han cometido los errores?
Apoyo la moción de censura condicional para que la Comisión pueda adoptar las decisiones indispensables que le permitan controlar el respeto de la legislación comunitaria en los Estados miembros. Se trata del funcionamiento del mercado único, lo cual reviste gran importancia cuando se trata de la seguridad de los alimentos y de la salud humana. Si es necesario, la Comisión debe imponer multas severas como castigo por infringir la legislación comunitaria siempre que se ponga en peligro la salud humana.

Guigou
Señor Presidente, la enfermedad de las vacas locas es un asunto extremadamente grave y sin precedentes, de consecuencias incalculables en la actualidad para la salud humana. Esta epidemia sólo ha podido adquirir tales dimensiones porque no se han tomado las medidas pertinentes. ¿Puede imaginarse una epidemia de peste porcina sin ninguna acción resuelta de erradicación por parte de las autoridades sanitarias? Una acción así debería haberse emprendido desde el inicio para la erradicación de la enfermedad de las vacas locas.
El excelente informe de la Comisión de investigación, redactado por nuestro colega Manuel Medina, tiene un doble mérito. En primer lugar pone claramente en evidencia las responsabilidades de todos los protagonistas de la crisis; en segundo lugar, propone un conjunto de soluciones para evitar que se pueda producir de nuevo una crisis como ésta.
La responsabilidad recae en primer lugar, y de manera aplastante, en los gobiernos conservadores del Reino Unido, de la Sra. Tatcher y del Sr. Major. Estos gobiernos han privilegiado la desregulación en perjuicio de cualquier otra consideración de salud pública. En el origen, si se ha desarrollado la enfermedad ha sido porque las autoridades británicas han suavizado la reglamentación sobre las condiciones de fabricación de las harinas de origen animal, y ello en nombre de la reducción de costes. La aparición de la enfermedad no ha perturbado ni a las autoridades ni a las industrias agroalimentarias, que han rechazado regularmente cualquier idea de crisis y sobre todo cualquier peligro para el ser humano.
Posteriormente, el Reino Unido no procedió a los controles necesarios para la aplicación de medidas de erradicación. Finalmente, una vez prohibidas las harinas, el Reino Unido no intentó evitar su exportación a otros países de la Unión Europea. Se han producido también esas presiones intolerables del Gobierno a la Comisión para que ésta renunciara a todo control, e incluso cuando, en la primavera de 1996, la crisis de la EEB se transformaba en una crisis de salud pública, el Gobierno conservador británico dio prueba de una increíble mala voluntad en la aplicación de medidas para la erradicación de la enfermedad.
La Comisión también es responsable, aunque en menor grado. La Comisión de investigación ha puesto en evidencia los graves errores cometidos por los Comisarios MacSharry y Steichen y algunos miembros de sus servicios, pero la actual Comisión no está tampoco exenta de responsabilidad, y el Sr. Fischler en particular. La Comisión se opuso en primer lugar al embargo sobre la carne y sobre las harinas inglesas de origen animal. Después frenó la aprobación de procedimientos sencillos de precaución para la inactivación de las harinas. Finalmente, levantó el embargo sobre la gelatina. Le he oído hace unos momentos, señor Santer. Se tomó la decisión y, si fue suspendida, fue porque la industria decidió que había que mantener el embargo. Creo que en ello, a pesar de todo, se plantea el problema de la responsabilidad política de la Comisión. En fin, no olvidemos que el Consejo de Ministros tiene también su parte de responsabilidad.
Después del acta redactada por nuestra Comisión de investigación, es necesario que se tomen medidas. No podemos quedarnos ahí. Se imponen sanciones contra el Gobierno conservador del Reino Unido, en forma de daños y perjuicios, pero también contra aquellos que han cometido errores en el seno de la Comisión. No solamente hay que sancionar los errores pasados; es necesario evitar que se produzca un escándalo de iguales dimensiones en el futuro.
Señor Presidente, en su discurso de hace unos momentos, nos ha señalado unas reformas. Poner la seguridad sanitaria bajo la autoridad de la Sra. Bonino, ¡muy bien! Introducir reformas en la Conferencia Intergubernamental, que es lo que yo misma solicité hace tres semanas, ¡muy bien! Pero creo que con eso no basta. Es necesario también que las infracciones observadas se vean sancionadas y, en primer lugar, que se juzgue la responsabilidad del Gobierno del Reino Unido en términos económicos, tal como solicita el informe de la Comisión de investigación.

Goepel
Señor Presidente, si nuestro Parlamento ha logrado gracias a Maastricht el derecho a un voto colectivo de desconfianza como arma parlamentaria, cada miembro de esta suprema representación popular europea debería usarlo con toda responsabilidad. En la votación del Informe Medina 16 diputados de la Comisión de investigación han votado en contra de una suave enmienda del Grupo Socialista, es decir, el informe que hoy está ante nosotros ha sido aprobado sin la recomendación prevista relativa a un voto condicional de censura. Como es sabido, la prensa ha estado llena de esto. Ahora estamos recuperando esto con las correspondientes resoluciones sobre las que votaremos mañana.
Esta actitud de rechazo -atención, también mía- no ha sido un pellizco, tampoco ha sido una expresión de poca valentía, sino todo lo contrario. La mencionada enmienda tenía por objeto un voto de censura aún más diluido, por no estar definido temporalmente, ya que se iba a eliminar la fecha, en concreto, diciembre de 1997. Y quien desde el principio de la actividad de investigación, señoras y señores, amenaza con un voto de desconfianza, sea cual sea la especie de éste, y al final sólo logra formulaciones débiles, no sólo se hace daños a sí mismo, sino a nuestro Parlamento en su conjunto, pues todo el mundo adivina la razón de tal indeterminación. La mayoría de los comisarios que deberían marcharse, pertenecerían a las filas del Grupo Socialista.
Por lo demás, señor Presidente, no se trata principalmente de demostrar la culpabilidad o la no culpabilidad de la Comisión en ejercicio. Lo que nos debe importar a nosotros, representantes del pueblo, es más bien nuestro compromiso de devolver a los consumidores europeos la seguridad que demandan y que también merecen. Con otras palabras, nosotros, los diputados, haremos bien en constituir conjuntamente con la Comisión -y no contra ella- un contrapeso frente al Consejo, y esto, sobre todo, ante el panorama de las negociaciones que se están celebrando actualmente sobre la Conferencia Intergubernamental. Esto no excluye que se exprese la propia opinión de manera franca y sin maquillaje. Precisamente de esto se trata hoy en esta Alta Asamblea.
¿Qué hacer? Sobre la base de la recomendación del Informe Medina y de la resolución del Parlamento la Comisión debería recuperar lo más rápidamente posible lo perdido y debería eliminar las anomalías que ha señalado la Comisión de investigación. Las afirmaciones del Presidente Santer permiten deducir que la Comisión está dispuesta a ello. Si, en contra de todas las expectativas, esto no se llevase a cabo en un período prudencial de tiempo, es decir, hasta finales del presente año, entonces no deberíamos levantar solamente el dedo y amenazar, como sucedió en la votación de la Comisión de investigación, sino que estaríamos francamente obligados a plantear un voto de desconfianza con arreglo al artículo 144 del Tratado de la Comunidad Europea.

Kirsten Jensen
Se pueden decir muchas cosas positivas sobre la enfermedad de las vacas locas. Sin ella habría sido más difícil lograr que el bienestar de los animales se incluyera como principio en el nuevo Tratado de la Unión. Si se hubiera tenido en cuenta el bienestar de los animales, se podría haber evitado en la UE y en el Reino Unido una epizootia que ha afectado a centenares de miles de animales. Sin la enfermedad de las vacas locas habría sido más difícil ratificar que a los animales únicamente se les debe suministrar el pienso que les conviene, es decir, los herbívoros no deben ser convertidos en caníbales, como se hizo al enviar camiones cargados con harina de carne y huesos a los ganaderos. Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría abordado el hecho de que el Reino Unido ha descuidado su control -y eso no se le puede perdonar- sobre las empresas de fabricación de harinas de carne y hueso, no ha garantizado el cumplimiento de la prohibición de exportación, y ha opuesto resistencia al control de la EEB por parte de los inspectores de la UE durante las visitas que éstos han realizado al Reino Unido. Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría prestado tanta atención al curioso sistema de comisiones que determina gran parte de la política agraria y al hecho de que los expertos científicos se consideren una prolongación de las autoridades. Sin la enfermedad de las vacas locas no se habría debatido que la UE decide su política agraria de una forma mucho más cerrada que cualquier otra política, a pesar de que ésta es uno de los ámbitos de cooperación más antiguos y sigue absorbiendo la mitad del presupuesto de la UE. No cabe duda de que la Dirección General de Agricultura necesita airearse. El artículo 43, sobre el cual el Parlamento no tiene influencia, ha quedado anticuado. Los representantes de la Comisión han estado hablando en todo momento de la protección del mercado interior, pero han presentado propuestas basadas en el artículo 43. Esto no casa.
Sin la enfermedad de las vacas locas no habría llegado este momento dorado que ha de aprovecharse en favor de la transparencia y la democracia. No habríamos tenido una Comisión Temporal de Investigación que ha conseguido obtener un montón de documentos que deberíamos haber recibido automáticamente. La UE necesita transparencia en la gestión y la enfermedad de las vacas locas pone de relieve esta necesidad. Sin la enfermedad de las vacas locas no habría existido el mismo impulso en favor de una verdadera política de los consumidores. El entendimiento sobre una reglamentación de las normas de etiquetado ha aumentado.
El tema principal para nosotros es ahora el de una reforma que obligue a los responsables de la política agraria a tener en cuenta la salud pública, los derechos de los consumidores y el bienestar de los animales y evite que reciban una disculpa por evadir sus responsabilidades. Han de compartir la responsabilidad de la política alimentaria y no evadir la responsabilidad por la salubridad de los alimentos. Si la salud pública y los derechos de los consumidores son lo principal, hemos de conceder el tiempo necesario a la Comisión y al Consejo para que modifiquen sus procedimientos y a la Conferencia Intergubernamental para que modifique el fundamento jurídico. Un voto de censura en este momento quitaría importancia a la necesaria reforma de la UE, para dar paso en su lugar a un debate superficial sobre cabezas de turco, que no tendría ningún sentido.

Thyssen
Señor Presidente, como miembros de la Comisión de Investigación hemos entregado nuestro trabajo con la cabeza bien alta, hemos recabado hechos, hemos destapado abusos, hemos denunciado responsabilidades y hemos formulado recomendaciones. Ahora que en la sesión plenaria tenemos que decidir sobre el camino político a seguir, espero que siga imperando el sentido común.
Por supuesto, una moción de censura contra la política de la Comisión apela a la fantasía de algunos, aunque sólo sea porque con ello esperan llamar la atención de los medios de comunicación, pero por desgracia es una actitud destructiva en un momento en que hemos de ser constructivos al dar al ciudadano razones para la confianza. Además, los errores que han hecho escalar el problema no pueden achacarse a la actual Comisión, sino al Reino Unido, a la anterior Comisión y al Consejo, cuya Presidencia brilla por su ausencia. Por último, una moción inmediata alarga el camino hacia otro enfoque que no admite dilación.
De lo que se trata, Señorías, no es de dar pan y circo a la población, sino de demostrar que somos capaces de utilizar nuestros instrumentos de poder para lo que sirven, para conseguir una política que ofrezca la máxima garantía para una alimentación de calidad. Lo que se necesita para lograrlo ya se ha debatido ampliamente aquí. Si todos comprendemos que los intereses a largo plazo del agricultor son la prolongación de los intereses a largo plazo del consumidor, y viceversa, y actuamos en consecuencia, iremos por buen camino.
También va siendo hora de volver a situar la ética en un lugar de honor. Las consideraciones éticas facilitan la vida, pues excluyen de antemano varias opciones. Señorías, no es una consideración filosófica que se me acaba de ocurrir, sino una consideración expresada por el Presidente de la anterior Comisión durante un congreso bioético celebrado a finales de la década de los ochenta. Dejo que ustedes mismos juzguen la diferencia entre la palabra y el hecho.
Señor Presidente de la Comisión, señores Comisarios, por de pronto nos contentaremos con sus declaraciones de intenciones, pero también esperamos hechos, acciones por su parte. El grado en que tengan ustedes éxito es determinante para restaurar la preocupación por el interés general. Ello nos obliga a observar su actuación con recelo, pero asimismo hemos de esperar que consigan ustedes llevar a cabo las reformas anunciadas y las recomendaciones del Parlamento Europeo; de ello depende nuestra confianza a finales de año.

Myller
Señor Presidente, ha sido estremecedor leer el meritorio informe del Sr. Manuel Medina. Ha puesto al descubierto la madeja enredada en la que, de una manera o de otra, se habían enmarañado todos los operadores implicados. Sin embargo, detrás de todo se percibe la férrea voluntad del Gobierno de un Estado miembro por infravalorar el problema de la EEB hasta llegar al punto de chantajear constantemente a las demás instituciones. Resulta lamentable que, al menos los funcionarios de la anterior Comisión y el Consejo, entre otros, hayan encubierto en numerosas ocasiones por este motivo las sospechas planteadas, habiendo impedido, de esta forma, la adopción de las medidas oportunas para resolver el problema. Los organismos de investigación creados por la Comisión para el asesoramiento y el control se revelaron posteriormente totalmente parciales y, además, su competencia científica ha quedado en entredicho después del trabajo de la comisión de investigación del Parlamento. La responsabilidad suprema de la crisis de la EEB corresponde al Gobierno británico. La responsabilidad última por la ocultación y la gestión negligente de los asuntos recae también sobre la anterior Comisión.
En este momento es indispensable adoptar rápidamente las medidas propuestas por la comisión de investigación del Parlamento. Ante todo deberá juzgarse a la nueva Comisión sobre la base de la seriedad con que asuma la responsabilidad que se le ha fijado ahora y la rapidez y eficacia con que se adhiera a las propuestas presentadas por la comisión de investigación en relación con la mejora de la gestión y del control. Lo más importante es la salud de los europeos. Hay que acabar con la enfermedad de las vacas locas y, al mismo tiempo, garantizar que en el futuro no vuelva a producirse algo similar.
La presentación de una moción de censura contra la Comisión en este momento no favorece la consecución de esos objetivos. Las decisiones comunes relativas a la salud humana y animal y la legislación común necesaria debe poder basarse en el futuro en una información científica tan sólida e imparcial como sea posible objetivamente. Hay que observar estrictamente las decisiones adoptadas y debe poder realizarse un control suficientemente eficaz del alcance de las mismas. El principio de subsidiariedad no debe significar que un Estado miembro tenga derecho a engañar a los demás, a despreocuparse de la legislación comunitaria en materia de salud humana y, sin embargo, al mismo tiempo, exigir a los demás solidaridad presupuestaria para que sean ellos los que paguen.
Esto constituye también una seria llamada de atención a la Conferencia Intergubernamental sobre los asuntos en los que no debe permitirse en ningún caso la flexibilidad. En varias ocasiones se ha afirmado en esta cámara que, en el fondo, se trata de una cuestión de política agrícola, ámbito en el que parece concebirse que se puede alterar la naturaleza y hacer que los rumiantes se conviertan en carnívoros.

Funk
Distinguido señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, quisiera comenzar con palabras de Karl Valentin: »Todo está dicho ya, pero no por cada cual».
Una moción de censura condicional contra la actual Comisión no es un medio político adecuado para corresponder a los resultados que ha elaborado la Comisión de investigación. Aunque la Comisión temporal de investigación ha constatado graves violaciones contra la protección de los consumidores, se ha mostrado claramente al mismo tiempo que no se han hecho demasiados esfuerzos para impedir la proliferación de la epidemia con sus catastróficas consecuencias. Por esta razón, muchos campesinos en Europa se ven gravemente perjudicados en su existencia, y parte de ellos se han arruinado completamente. Esto no se ha dicho hoy todavía. Explotaciones de elaboración de productos cárnicos han ido a la ruina, porque los negocios con carne de vacuno han llegado temporalmente al agotamiento. Por lo demás, hay que constatar un estado de inseguridad entre los consumidores que tienen unas proporciones inusitadas.
Aquí se trata de una responsabilidad común. A la cabeza figura un país miembro que tiene una gran responsabilidad en la debacle de hoy. Sin embargo, la Comisión y el Consejo de Ministros, señor Presidente de la Comisión, han descuidado burdamente su deber de vigilancia.
La Comisión de investigación ha demostrado claramente la incapacidad de las autoridades implicadas para llevar a cabo medidas eficaces contra la epidemia. Con nuestra enmienda queremos anunciar un nuevo comienzo para evitar en el futuro tales catástrofes. Aunque ya en 1989/90 el Parlamento con el Sr. Böge, conmigo y con muchos otros colegas hizo llegar a la Comisión y al Consejo propuestas precisas, éstas no han sido tomadas en consideración. Por esta razón, el Parlamento reclama el pleno derecho de codecisión en todos los ámbitos de la política agrícola, pues una lucha eficaz contra la epidemia implica el etiquetado de los animales, directivas claras y pruebas de aprovechamiento en la producción de los piensos, así como también controles estrictos.
El mercado interior sólo puede funcionar sobre las pertinentes bases legales. Con nuestra resolución obtiene la Comisión la oportunidad de introducir una mejora de la estrategia en la lucha contra las epidemias y en la protección de la salud de las personas y de los animales. Ustedes tienen ahora esta oportunidad, señor Presidente de la Comisión, en concreto, la de hacer precisamente esto de manera conjunta con el Parlamento.
Finalmente, quiero dar las gracias al Sr. Medina Ortega y a nuestro colega, el Sr. Böge. Han hecho un trabajo excelente y ejemplar y nosotros hemos contribuido gustosos a ello. Ahora les corresponde a ustedes hacer alguna cosa razonable de manera conjunta con nosotros.

Colino Salamanca
Señor Presidente, es obligado, como han puesto de manifiesto anteriores intervinientes, felicitar tanto al Sr. Böge como presidente de la Comisión de investigación, como al Sr. Medina, por sus trabajos en la comisión.
Yo creo que el objetivo de investigar las supuestas infracciones o la mala administración en la aplicación de la legislación comunitaria sobre la EEB se ha cubierto totalmente y creo que la lectura de la parte A de ese informe es la mejor respuesta a esa necesidad. No se puede dejar de lado, además, una consideración previa recogida en el propio informe, que se refiere a la obstrucción ejercida por la Comisión ejecutiva, y por el propio ministro de Agricultura británico, que seguramente hubieran podido prestar una mejor contribución a la aclaración de algunos puntos.
Del trabajo del ponente, yo creo que hay que resaltar tres cuestiones. En primer lugar, la responsabilidad de las autoridades del Reino Unido, tanto en lo que afecta a las medidas estrictas de sanidad animal como humana, su absoluto descontrol con relación a la fabricación de harinas animales, su despreocupación por la suerte de las exportaciones y las presiones ejercidas ante la Comisión y ante otros miembros del Consejo -y mi Gobierno ha sido precisamente objeto de esas presiones- para levantar y flexibilizar el embargo de carne y, posteriormente, de gelatina, sebo y espermas.
Como bien establece el ponente, no se trata tanto de la falta de normas o de medidas legislativas, sino de la negativa a atenerse a unas reglas de juego de cooperación leal y transparencia que han de regir las relaciones entre los Estados miembros en el seno de la Unión Europea.
En segundo lugar, quiero destacar las responsabilidades propias del Consejo. En tercer lugar, las responsabilidades de la Comisión ejecutiva, básicamente por la minusvaloración de la crisis de la EEB, muy vinculada al Comisario McSharry y en la que primó la situación del mercado de la carne sobre la salud humana y una clara política de desinformación y de mínimos. Una generalizada falta de coordinación entre los servicios que tenían competencias, sin resaltar la importancia que debería revestir la protección de la salud en la Comunidad y en la Unión Europea. Una ausencia de inspecciones.
En definitiva, la Comisión ha dejado mucho que desear en la gestión de la crisis de la EEB, cometiendo errores y descuidos graves.
Suscribimos, por ello, la integridad de las recomendaciones del ponente para el futuro, pero nos parece esencial resaltar dos al menos. La primera, la necesidad de crear una comisión entre la Comisión ejecutiva y el Parlamento, que permita realizar un seguimiento y control de las medidas que deben adoptarse, incluidas las que hoy mismo el Presidente Santer nos ha expuesto en esta reunión del Parlamento. En segundo lugar, asegurar de la transparencia de los debates de los comités científicos asesores y, en general, modificar las reglas de funcionamiento que garanticen la independencia y su función asesora.
Solamente si sacamos conclusiones de cómo se ha gestionado la presente crisis, seremos capaces en el futuro de evitar la repetición de los errores cometidos.
Y acabo, Presidente. Como recuerda el ponente, desde la creación de la Comunidad ningún debate había afectado de esta manera a la vida cotidiana de la gente. Estamos obligados a reparar el daño que la crisis de la EEB ha causado a la idea de Europa en el conjunto de la opinión pública europea.

Stenzel
Señor Presidente, cría masiva de animales, consumo masivo, destrucciones en masa, hay que evitar este camino hacia el abismo. No hay duda de que en la gestíon de la crisis de la EEB hay un grave fallo. Ante todo, en el Gobierno británico y también, como ha dicho el Presidente de nuestro grupo, el Sr. Martens, en la Comisión de los años 1990 a 1994. Por consiguiente, es ineludible que la Comisión sea advertida de su obligación, en concreto, en el sentido de la resolución común del PPE y del PSE. Aquí no se está hablando de culpas, sino que se está apelando claramente a la responsabilidad de la Comisión Europea para que ponga en práctica las recomendaciones de la Comisión de investigación. Por lo demás, hay que adoptar medidas de personal y de tipo disciplinario en relación con los funcionarios. El hecho de que el Presidente de la Comisión, el hecho de que usted mismo haya reconocido fallos, nos confirma en nuestra suposición de que esta Comisión desea y está en condiciones de hacer todo lo posible por evitar que se repitan los fallos del pasado, y de justificar la confianza que nuestro Presidente de grupo, el Sr. Martens, ha prometido a la Comisión en nombre de las quince delegaciones del PPE. El reconocimiento de la primacía de la protección de los consumidores y de la política sanitaria en la UE constituye un signo importante, también para los ciudadanos austriacos.
En especial, quiero resaltar la intención de la Comisión de recurrir en el futuro solamente a científicos, la idependencia de los cuales debe estar garantizada. El control entre separación y legislación es también un paso reformador que hay que celebrar. Tomamos con satisfacción nota del hecho de que el Parlamento, como representante de los ciudadanos, obtenga una mayor facultad de codecisión en cuestiones de sanidad, de protección de los consumidores y en cuestiones agraria, así como de que en la Conferencia Intergubernamental se vaya a modificar pertinentemente el artículo 129 y que la salud de los ciudadanos goce de prioridad sobre todos los demás intereses. Es posible que hoy nos hayamos convertido en testigos de un giro en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Posiblemente estas relaciones podrán colocarse sobre una base nueva bajo el saludable schock de la crisis de la EEB.
Igual que la jefa del Grupo de los Socialistas Europeos, la Sra. Green, nosotros estamos dispuestos también a otorgar la confianza a esta Comisión, pero vamos a seguir vigilantes al servicio de los ciudadanos.

Graenitz
Señor Presidente, el desarrollo de la Unión Europea depende de si los ciudadanos se declaran partidarios de una unificación europea, porque se sientan representados en sus intereses. Una política que concede a la economía prioridad sobre las personas, al funcionamiento del mercado sobre la sanidad pública, decepciona a los ciudadanos y ciudadanas europeos y pone en cuestión aquello que creía estar apoyando.
Señor Presidente Santer, usted ha hablado hoy de una unión sanitaria y ha anunciado muchos cambios. Sólo que estos cambios, al menos una parte de los mismos, deberían haber sido posibles ya al inicio del mandato de su Comisión.
¿Ha tenido que ser necesaria realmente una crisis como la epidemia de la EEB para moverle a usted a emprender reformas y a actuar?
El informe de la Comisión de Investigación, por cuya elaboración quiero dar cordialmente las gracias al Sr. Medina, ha expuesto negligencias, omisiones y deficiencias y -también importante- ha formulado propuestas para el futuro. Reformas que son necesarias para proteger la salud pública, para reestabelcer la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas y para hacer posible un control democrático. Sin embargo, esto significa dar al miembro de la Comisión que sea competente para la protección de los consumidores la competencia para cuestiones relativas a los productos alimentarios con todos los recursos necesarios. Pero esto significa poner el artículo 100a) como fundamento jurídico para toda la legislación sobre productos alimentarios. Esto significa acceso público a los fundamentos de decisión, transparencia en la concesión de estudios y organización de seminarios. Esto significa la creación de un equivalente europeo a la norteamericana Food and Drug Agency con toda la independencia que sea necesaria.
Por consiguiente, espero que el Libro Verde sobre el futuro de los productos alimentarios, que está anunciado ya desde hace un año y del que han hablado ya algunos de mis colegas, contenga ya estas reformas necesarias, porque, de lo contrario, carece de sentido discutir sobre esto. Espero ahora que se actúe con rapidez y que se utilice la Conferencia Intergubernamental para hablar con los Estados miembros acerca de las necesarias reformas de las instituciones. Por esta razón estoy en contra de una moción de censura en este momento. Si ruedan cabezas, ello no significa que puedan producirse realmente las reformas; pero sin las reformas que se han anunciado y que espero que no se queden en meras promesas, y de esto va a hacer un seguimiento minucioso el Parlamento, no se podrá lograr ningún desarrollo ulterior de la Unión Europea, que es lo que, en definitiva, deseamos todos.

Böge
Señor Presidente, a punto de concluir el debate quisiera decir que hemos mantenido, en conjunto, una discusión que ha estado a la altura de la gravedad de la crisis y también de los resultados de la Comisión de investigación. Si la vaca está enferma en la cabeza, señor Presidente Santer, usted no puede decir a nadie que la carne es buena, incluso en el caso de que así fuera.
Se ha minusvalorado, sin más, que en cuestiones alimentarias los ciudadanos europeos -y se están topando a diario con éstas- reaccionan muy sensiblemente, a veces incluso de manera hipersensible, reaccionan con mucha más fuerza que en muchos otros ámbitos, en los que probablemente podrían ser más graves los daños para la salud.
Usted, señor Presidente Santer, ha decidido ya, en primer lugar, cosa que celebro expresamente, una serie de reformas absolutamente necesarias y, en segundo lugar, ha hecho promesas importantes. Valoro esto como extraordinariamente positivo. Igualmente quisiera señalar que tras las prolongadas idas y venidas se ha producido movimiento en la Comisión, tanto en la cuestión de la prohibición del Avopacin como en la determinación de los valores límite en los alimentos infantiles. Estos son, por decirlo así, efectos secundarios de los trabajos de investigación sobre la EEB, que nosotros tomamos en cuenta positivamente. Pero, igualmente, debo decir que, naturalmente, hay una cierta discrepancia en relación con el reconocimiento de los errores que hemos detectado y la del número de promesas.
Quiero decir muy claramente lo siguiente: nos podíamos haber ahorrado dos meses de trabajo de investigación si ya en septiembre se nos hubiera dicho toda la verdad en las primeras respuestas sobre la gelatina en este debate fantasma. Y exactamente igual habríamos podido terminar de manera más concluyente los trabajos, si no se nos hubiera dado una respuesta encubridora en relación con el déficit de los controles de los años 1990/1994. Aquí habríamos podido ahorrar muchísimo tiempo. Y esto sigue legitimando la crítica en relación con el tratamiento de algunos resultados que hemos encontrado.
Pero, por esta razón, es tan importante -y termino, señor Presidente- que como Parlamento, en primer lugar, no nos zafemos del compromiso de impulsar también ahora las cosas hacia delante tras esta acción conjunta y, en segundo lugar, de exonerar a la Comisión del seguimiento especial a tenor del apartado 7 de la resolución conjunta.

Lambraki
Señor Presidente, al escuchar atentamente las palabras del Sr. Santer me vino a la mente la siguiente imagen: sobreviene una gran tormenta, el barco está en peligro de estrellarse contra los escollos y el capitán, en lugar de dar la alarma general para intentar salvar el barco, permanece en su cabina y apunta en el diario de navegación las cargas que recogerá en el puerto, si llega.
Los argumentos que ha alegado el Sr. Santer sobre las responsabilidades políticas de la actual Comisión con respecto al asunto de la gelatina son los mismos que nos mencionó en la última audiencia antes de las Navidades, que no convencieron a ninguno de los miembros de la comisión de investigación, la cual, unánimamente, ha considerado responsable a la Comisión. Me pregunto por qué no propone hoy alguna de las medidas que él mismo mencionó, en concreto, la suspensión de la decisión sobre la gelatina. Esta decisión no ha sido aplicada, no por causa de la Comisión, sino debido a que el Gobierno de Gran Bretaña no ha pedido ningún permiso de exportación, y digo esto para que sepamos de qué estamos hablando en esta Asamblea.
La Comisión alude a cambios en su funcionamiento. Sin embargo, no menciona ni las discrepancias por parte de los Comisarios que no aceptan esos cambios, ni cuáles serán los cambios concretos que efectuará en la Dirección General VI. Coincidimos en que se necesitan fondos y presupuestos para investigar las nuevas enfermedades, y no sólo la EEB, porque, como pueden ver, hemos abusado de la naturaleza, y en consecuencia nos veremos enfrentados diariamente a nuevos problemas y enfermedades cuyo tratamiento requiere investigación.
En el curso de la investigación me sorprendió otro hecho grave: según el Tratado, los 15 Estados miembros son iguales, pero hemos comprobado que algunos Estados son más iguales que otros, por ejemplo Gran Bretaña, que ha rechazado en la práctica los controles comunitarios, mientras la Comisión aceptaba esta situación. En la misma época en que la EEB exterminaba el ganado bovino de Gran Bretaña, 34 de 40 inspectores -y quisiera recordar que la Comisión afirma no tener bastantes inspectores- se encontraban durante largas estancias en Grecia. ¿Haciéndo qué? Investigando, y hacían bien en investigar, sobre la peste porcina; pero no hacían falta tantos, porque esta enfermedad es conocida, tanto en Grecia como en Alemania, y se había practicado desde el primer momento un embargo general para todas las carnes de todas las regiones afectadas.
Hace un mes, señor Presidente, hablamos en Estrasburgo con la madre de un joven británico de 19 años de edad que murió de la enfermedad Creuzfeld Jacob. Esta mujer nos dijo con mucha dignidad: »Lo único que le pido a su Parlamento, dado que el Gobierno de Gran Bretaña me niega este derecho, es que me diga quién tiene la culpa.»
Creo que el informe del Sr. Medina, un excelente informe, nos da la respuesta. Por otro lado, el material recopilado con tanto esfuerzo y bajo la dirección del presidente de la comisión, el Sr. Böge, es, según creo, un material que cualquier interesado puede consultar para dilucidar responsabilidades penales o civiles, ya que esto excede de nuestras competencias.

Paisley
Señor Presidente, quiero hacer constar en Acta que una parte del Reino Unido se ha visto seriamente perjudicada por toda esta terrible crisis en la que nos encontramos inmersos, me refiero a Irlanda del Norte.
Ninguna otra parte de la Comunidad dispone de un sistema susceptible de ser rastreado como en el caso de Irlanda del Norte. Ninguna parte de esta Comunidad presenta unos niveles de salud más altos y ninguna parte de esta Comunidad ha hecho todo lo que estaba en sus manos para cumplir los dictados de la Comisión. Sin embargo, descubrimos que esa parte del Reino Unido es difamada no sólo por el Gobierno británico, sino también por esta Comunidad. Espero que la Comunidad tome nota de lo que acabo de decir.
Lo he dicho al Comisario -y el Comisario coincidió con el Sr. John Hume, con el Sr. Nicholson y conmigo- que nos encontramos por delante en relación con otras partes de la Comunidad en lo que respecta a la salud animal. Espero que se remedie este enorme daño que se ha hecho a Irlanda del Norte.

El Presidente
Gracias a usted, señor Paisley. Señorías, con la intervención del Sr. Paisley hemos agotado el turno de palabras y se me ha informado que la Comisión quiere intervenir: primero lo hará el Comisario Sr. Fischler, luego lo hará la Comisaria Sra. Bonino y, por último, escucharemos al Presidente Santer.
Por lo tanto, tengo el honor de concederle la palabra al Sr. Fischler.

Fischler
Distinguidas señoras y señores diputados, hemos llegado al final de nuestro debate, el cual se ha caracterizado, en mi opinión, por cuatro cosas: ha sido un debate muy claro, ha sido en tramos muy amplios un debate muy constructivo, yo diría que ha sido el debate de más altura que he vivido desde que asisto a este Parlamento, y ha sido un debate enormemente tenso.
Señoras y señores, el Presidente Santer ha expuesto claramente la política de la Comisión y no tengo por qué repetir todo ahora. Esta política nuestra es también, al mismo tiempo, la respuesta a la mayoría de las preguntas que se han planteado aquí. Me esforzaré también en expresar breve pero también claramente mi opinión sobre algunos puntos.
El Sr. Martens me ha dirigido dos preguntas: ahí está, en primer lugar, la decisión sobre la gelatina. Ahora bien, el mismo Sr. Böge ha dicho en su intervención que en este caso se trata de un debate fantasma. No puedo menos que estar de acuerdo con él, pues de Gran Bretaña no ha salido ni saldrá un solo gramo de gelatina británica antes de que no esté garantizada toda la seguridad. La decisión sobre la gelatina se ha congelado y ya lo he explicado también en esta Asamblea. A la hora de su decisión la Comisión se ha apoyado en la opinión del Comité científico veterinario que ha ampliado los conocimientos científicos de que se disponía entonces. Sin embargo, entretanto estos conocimientos han cambiado. Por esta razón, sigue existiendo también la prohibición de facto a la exportación hasta que se diluciden las nuevas cuestiones que han surgido.
Segunda pregunta: la información de la Comisión de investigación. Señoras y señores, el Presidente Santer ha enumerado aquí las instrucciones que he dado. Creo que por mi parte no necesito añadir nada más. Sin embargo, el Sr. Böge ha señalado aquí de qué se trata hoy sustancialmente, en concreto, de que saquemos para el futuro las lecciones de este debate, todos nosotros. Estoy plenamente de acuerdo con él en el contenido e incluso quisiera poner de relieve que hoy se trata de mucho más que de la sola cuestión de la EEB.
Señoras y señores, desde hace algunos años -incluso desde mis anteriores ocupaciones- mantengo una nueva concepción y un nuevo planteamiento para la política agrícola que no siempre -y esto hay que decirlo tambiénencuentra una aceptación unánime. Permítanme, sin embargo, citar algunos principios que considero fundamentales para el futuro. En primer lugar: en mi política construyo sobre la coalición entre los consumidores y el agricultor. En segundo lugar: creo que todos debemos tener claro que la calidad es mejor que la cantidad. En tercer lugar: la protección del medio ambiente y la protección de la salud deben practicarse de amnera continuada. ¿Qué entiendo por esto? El consumidor tiene hoy derecho a que desde el establo o desde el campo de cultivo hasta la mesa del consumidor se garantice un control continuado y una continuada garantía de calidad. Por lo demás, también se trata de que la agricultura defienda el principio de la sostenibilidad y esto implica también una cría y una protección del ganado que sea compatible con las especies.
Señoras y señores, éstas no son solamente afirmaciones y promesas. En la práctica he emprendido ya una serie de pasos. Debo recordarles la Conferencia sobre hormonas, debo recordarles la Conferencia de Cork, debo recordarles la ampliación del reglamento relativo a la agricultura orgánica a los productos animales, debo recordarles mi iniciativa de simplificación de toda la legislación veterinaria o también la prohibición de las jaulas para terneras. Celebro que algunas de estas propuestas fueran acogidas tan positivamente por el Parlamento y quiero construir sobre la base de una futura cooperación tal como se ha anunciado también.
Permítanme en este contexto una palabra más sobre la EEB. Quisiera decir que en este punto se han puesto en marcha algunas iniciativas importantes por parte de la Comisión. Permítanme recordárselas: antes de que se hablase el año pasado sobre la crisis, fue ya creado por mí el denominado Grupo Weissmann para la elaboración de un nuevo concepto de investigación para todo el sector. Debo recordarles que la Comisión implantó en marzo la prohibición a la exportación. También fue la Comisión la que propuso el paquete de medidas que ha de poner en práctica el Reino Unido y existe también aquí sobre la mesa en esta Asamblea una propuesta de mejoramiento del etiquetado de las reses y del etiquetado de los productos cárnicos. Pero estoy de acuerdo con una cosa: necesitamos mucha más transparencia. Creo que también en este punto nuestro modelo, con arreglo al cual hemos organizado la Conferencia sobre hormonas, ha marcado un punto de partida acerca de cómo habría que tratar en el futuro semejantes cuestiones ante la opinión pública.
Señoras y señores, es inminente una reforma de las comisiones consultivas para la agricultura y, como ha dicho el Presidente Santer, se ha sugerido también un control en el ámbito sanitario.
Creo que la Comisión y el Parlamento deben recorrer juntos estos nuevos caminos en la política agrícola. Una cosa debe estar clara: necesitamos para esto un anticipo de confianza, el que ustedes nos han dado hoy y, al menos en lo que a mí me atañe, haré todo lo que esté en mi mano para estar a la altura del mismo.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, seré relativamente breve al final de este debate, pues hoy deseo ante todo hacerles partícipes de mi estado de ánimo, a saber, no hay solución milagro, y es necesario que todos ustedes sean conscientes de ello. Pero, por parte de la Comisión, hay un compromiso político firme, un deseo de transparencia y de buena voluntad.
El desafío que la Comisión y el Parlamento deben afrontar es enorme, debemos inventar un modelo europeo de control y de salud pública. Se trata de un desafío porque, justamente, no hay un modelo preparado. Nos toca a nosotros dar muestra de inventiva y responsabilidad.
Tal como empiezo a comprender en este expediente, sólo tenemos una capacidad de inspección y control en estado cuasi embrionario. Me pregunto, por ejemplo, si no es necesario revisar el mandato de las inspecciones. Me pregunto también sobre el proceso legislativo, puesto que posteriormente es necesaria una coherencia global: no basta con transferir servicios de la DG VI a la DG XXIV.
Los problemas a resolver son, por consiguiente, mucho más amplios. Es necesario que la mayonesa ligue, tenemos los ingredientes, veamos en primer lugar si tenemos suficientes, y después, transformémoslos en política, algo que no es un asunto menor. Por otra parte, creo que se ha dado un paso en el plano administrativo. El Presidente lo ha dicho correctamente, un primer paso administrativo precisamente.
Por lo demás, hemos trazado las grandes líneas; todavía falta elaborarlas y dotarse de los procedimientos para aplicarlas, algo que supone otro desafío. Se ha contratado una auditoría interna que determinará las dimensiones de los recursos necesarios. Deseo señalarles que estoy dispuesta a mantener con ustedes una primera reunión hacia mediados de marzo, es decir, nada más que haya concluido la auditoría. No me hago ilusiones, de aquí a tres semanas mis ideas no estarán totalmente claras, antes al contrario. Por ello deseo pedir opinión a sus Señorías sobre la política de control que se debería poner en práctica. Después, pienso volver ante este Parlamento en el mes de abril, antes de presentar la comunicación oficial de la que el señor Presidente les ha hablado, para intentar definir juntos un modelo que nos permita estar a la altura de los desafíos.
Por otra parte, no sólo la EEB es motivo de debate; hay otros muchos expedientes a los que han hecho ustedes referencia y que reclaman toda nuestra atención, por no decir preocupación. Hay un problema legislativo. Se puede ir desde el Libro Verde al product liability , no voy a enumerarlo todo. Conocen ustedes la complejidad del expediente. Debemos hacer uso de toda nuestra energía, de nuestra capacidad de invención y de nuestro sentido de la responsabilidad. Varios de ustedes tienen ya experiencia en este ámbito. Considero que es mi deber sacar partido de todas las experiencias, ya sean a nivel de asociaciones de consumidores o de los ministerios, como ya han podido constatar ustedes. Por otra parte, cuando comparecí ante este Parlamento, hace dos años, se me preguntó sobre otras competencias, pero yo no disponía de ellas. Por consiguiente, sería razonable que nos pusiéramos de acuerdo sobre un modelo de control para nuestros conciudadanos.
Como he dicho al comenzar, no hay solución milagrosa. Debemos ser conscientes de que el milagro no es para mañana a primera hora. Necesitamos recursos y, si deseamos desarrollar una política, debemos dotarnos de los medios de la política. Y cuento con el apoyo de ustedes porque, como ha dicho muy bien el Sr. Böge, hay alianzas naturales. Sólo falta conseguir que fructifiquen hasta el final. Gracias y hasta pronto, si he comprendido bien.

Santer
Señor Presidente, señoras, señores, he escuchado con mucha atención las numerosas intervenciones en este importante debate. Los Comisarios Fischler y Bonino han respondido a algunas observaciones y les han comunicado su estado de ánimo en estos momentos.
No quisiera reabrir este debate que me ha parecido constructivo, pero también muy denso. Para comenzar, quisiera decir que ustedes, los diputados, han hecho su trabajo presentando el informe de la Comisión de investigación y también celebrando un debate sobre este informe. Estoy en condiciones de decir que la Comisión deberá cumplir y cumplirá su cometido, y seguirá haciéndolo, en interés de nuestros conciudadanos.
Al igual que ustedes, hubiera deseado que el Consejo, que también está implicado en tanto que institución, compareciera aquí en el día de hoy. Por encima de las diferencias de sensibilidad política, este Parlamento en su conjunto está preocupado por que los aspectos vinculados a la salud humana sean a partir de ahora tomados más en consideración en la elaboración de las políticas comunitarias. Comparto esta preocupación. Lo he dicho hace unos momentos y he señalado en mi discurso pistas concretas a seguir.
En cuanto a la Comisión, a la luz de los trabajos de ustedes, hará todo lo que estime conveniente en virtud de sus prerrogativas institucionales y de su concepto del interés general europeo. Y quisiera manifestar la esperanza de que otros, como el Parlamento Europeo, tengan la valentía de romper con algunos tabúes cuando hablemos de política alimentaria y del futuro de la PAC.
Señor Presidente, he dicho en mi alocución que deseo asumir la responsabilidad del Colegio, y éstas no son palabras vanas para mí. Debo decirles, con toda mi convicción, que eso es lo que he hecho desde hace dos años al frente del Colegio. Todas las acciones que hemos emprendido desde el anuncio en el Parlamento británico de los nuevos datos científicos el pasado marzo muestran esta intención. Se ha producido la decisión inmediata de un embargo total a pesar de las protestas violentas de Londres, un embargo que sigue en vigor. Se tomó la decisión de principio de un levantamiento condicionado del embargo con respecto a algunos productos derivados, sobre la base de los datos científicos de que disponía la Comisión en aquellos momentos. Deseo aclarar por otra parte que esta decisión no encontró aplicación concreta por razones que Franz Fischler ha mencionado hace unos instantes. Finalmente, ha habido la propuesta de un acuerdo marco aprobado por consenso en el Consejo Europeo de Florencia, acuerdo que fija unas reglas extremadamente estrictas para cualquier posible examen de una solicitud de levantamiento parcial, o de otro tipo, del embargo.
Para concluir, debo repetir, como acaba de decir la Sra. Bonino, la determinación de la Comisión a cooperar con ustedes dentro del respeto por nuestras respectivas competencias. Aprovecho para saludar igualmente la oferta de cooperación que se ha hecho. Así es como entiendo el informe que acaba de presentarse y que se ha discutido a lo largo de esta tarde. Como acaba de decir la Sra. Bonino, la Comisión se declara dispuesta a informar con regularidad al Parlamento Europeo sobre el progreso de sus trabajos.
Ojalá que del mal surja el bien y que Europa se convierta en un lugar mejor para sus ciudadanos; ése es, Señorías, mi deseo más ferviente.

El Presidente
Muchas gracias, Presidente Santer. Señorías, con la intervención del Presidente Santer doy por cerrado el debate conjunto sobre la crisis de la EEB. La votación sobre el informe Medina Ortega y las ocho propuestas de resolución tendrá lugar el miercoles a las 12.00 horas. La votación sobre la moción de censura tendrá lugar el jueves a las 15.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0001/97), dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 44 del Sr. Gary Titley (H-0014/97):
Asunto: No reconocimiento de cualificaciones académicas y profesionales entre Estados miembros
Una ciudadana de mi circunscripción electoral, profesora de idiomas modernos con un alto nivel de cualificación y casada con un ciudadano francés, se ha encontrado con que las autoridades francesas no reconocen sus cualificaciones. Por consiguiente, le ha sido imposible encontrar un trabajo en la enseñanza de idiomas en colegios franceses. ¿Qué medidas tiene intención de adoptar la Comisión para garantizar el reconocimiento mutuo de cualificaciones en lo que respecta a la enseñanza de idiomas? ¿Cuál es la posición del Sr. Comisario acerca del enfoque adoptado por las autoridades francesas?

Monti
La Comisión tiene conocimiento de la cuestión planteada por Su Señoría. Los servicios de la Comisión han recibido numerosas reclamaciones acerca de las dificultades que han encontrado en Francia docentes procedentes de otros Estados miembros.
En efecto, por lo que respecta a los docentes se aplica la Directiva 89/48/CEE relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años. El principio básico de dicha directiva es que el Estado miembro de acogida debe permitir a un ciudadano comunitario ejercer una profesión en su territorio aunque no esté en posesión del título nacional prescrito para ello, siempre que esté en posesión del título prescrito en otro Estado miembro para emprender o ejercer la misma profesión.
El reconocimiento confiere al trabajador migrante el derecho a emprender o ejercer la profesión de que se trata en las mismas condiciones que los titulares del título nacional. Si la contratación de los docentes tuviere lugar mediante oposición -como en el caso de Francia por lo que respecta a la enseñanza pública- el reconocimiento autoriza a los migrantes a participar en la oposición, sin que ello constituya una garantía de superación de la misma. Además, las autoridades francesas pueden exigir que los docentes migrantes realicen un período de prácticas en las mismas condiciones que los ciudadanos franceses. Sin embargo, dichas autoridades no pueden exigir que los ciudadanos comunitarios que ya sean docentes en otro Estado miembro sigan la formación francesa para obtener el título prescrito en Francia.
Este es el marco de referencia, y la conclusión sobre este marco de referencia, dadas las circunstancias, es que la Comisión ha iniciado contra Francia un procedimiento de infracción, de conformidad con el artículo 169 del Tratado, con respecto a la no aplicación a los docentes de las normas comunitarias sobre el reconocimiento mutuo de los títulos.

Titley
Me complace saber que la Comisión está tomando cartas en este asunto, porque esta ciudadana de mi circunscripción a la que me he referido tiene un título del más alto nivel en francés y alemán por una universidad inglesa, está plenamente cualificada para impartir clases en el Reino Unido y tiene una licenciatura en alemán. Su error fue casarse con un francés e irse a vivir a Francia, donde se le ha negado el derecho a ejercer de profesora a pesar de su considerable experiencia en la enseñanza. De hecho, el único empleo al que tiene acceso es en colegios privados franceses como animatrice , una ocupación de un nivel muy bajo.
La situación se ha vuelto tan difícil que esta señora se está planteando ahora regresar con su hijo al Reino Unido para buscar trabajo, dejar a su marido en Francia y reunirse con él durante las vacaciones escolares. Cuarenta años de integración han tenido como resultado la división de una familia, a pesar de todas la bellas palabras sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones.
Por ello me veo obligado a instar a la Comisión a que adopte la acción más eficaz y rápida posible. Cuarenta años después del Tratado de Roma es inadmisible que estemos dividiendo a las familias de esta forma.

Monti
Quisiera subrayar una vez más, tras oír las observaciones que ha hecho su Señoría, que la Comisión está aplicando las medidas previstas en el Tratado. En la actualidad hay dos procedimientos de infracción abiertos en virtud del artículo 169 del Tratado y, si fuera necesario, la Comisión no dudará en llevar el caso ante el Tribunal de Justicia.

Spiers
Señor Presidente, también a mí me ha alegrado mucho la respuesta del Comisario. En un plano algo más amplio, me pregunto si podría informarnos sobre los avances, en caso de que los haya habido, en el acercamiento de los colegios profesionales de otros ámbitos con el fin de persuadirlos que reconozcan las cualificaciones de otros Estados miembros.
Parece existir un problema, en particular, con los títulos universitarios. El Colegio de abogados, digamos del Reino Unido, reconoce que un título en Derecho por una universidad británica garantiza en parte las cualificaciones profesionales necesarias para ejercer la abogacía, pero no necesariamente un título en Derecho por una universidad francesa. Quizá, Derecho no sea el mejor ejemplo debido a los diferentes sistemas jurídicos. Pero puede que ocurra lo mismo en arquitectura o en cualquier otra profesión. Es evidente que si los mismos derechos de acreditación no son universales en toda la Unión Europea, eso equivale a una restricción de la libre circulación en el plano laboral que va en detrimento del mercado único.

Monti
Sí, es una pregunta muy general e importante. Daré una respuesta general diciendo que éste es, en realidad, uno de los aspectos clave de la libre circulación de las personas y de la ciudadanía real de la Unión. Estamos abordando este tipo de problemas combinando tres tipos de acción: informando, vigilando el cumplimiento y estudiando si hacen falta acciones legislativas adicionales. En lo que respecta a la información, todos ustedes conocen el programa Ciudadanos de Europa, a través del cual facilitamos a nuestros ciudadanos información eficaz sobre los requisitos para trabajar en un Estado miembro de la Unión Europea que no sea el propio. Es de gran utilidad porque facilita a los ciudadanos esta información y proporciona una retroinformación de gran utilidad sobre los obstáculos que encuentran en la práctica.
En lo que respecta a las infracciones, acabo de mencionar un caso que afecta a un Estado miembro.
Por último, el tercer aspecto de nuestra acción consiste en determinar si son necesarias medidas legislativas adicionales. Permítame recordar a sus Señorías que la libre circulación de las personas entra en el ámbito del grupo de alto nivel del que forma parte la Sra. Simone Veil. Gracias a su ayuda y a la ayuda de sus colegas estamos descubriendo la posible necesidad de acciones legislativas adicionales en este campo.

El Presidente
Pregunta nº45 del Sr. Per Stenmarck (H-0044/97):
Asunto: Venta libre de impuestos en la UE
En una pregunta escrita (E-3061/96) presenté la propuesta de que, antes de que se suprima la venta libre de impuestos en los transbordadores entre Estados miembros de la UE, debería efectuarse un análisis de las consecuencias. Pregunté a la Comisión si estaba dispuesta a realizar un análisis desde perspectivas distintas.
En la respuesta del Comisario Mario Monti (20 de enero de 1997) se indicaba que la venta libre de impuestos se suprimiría el 30 de junio de 1999 y que no iba a realizarse ninguna investigación de las consecuencias que ello supondría para el empleo, las exportaciones, los precios de las mercancías y el turismo.
Como responsable de la toma de decisiones se debe intentar en la mayor medida posible responder a las cuestiones sobre las consecuencias que implica una decisión antes de adoptarla.
¿Cuáles son las consecuencias en el ámbito al que nos estamos refiriendo de la supresión de la venta libre de impuestos a partir del 30 de junio de 1999?

Monti
Este es un tema recurrente, importante, sobre el que la Comisión no puede sino confirmar su respuesta a la pregunta escrita E-3061/96 de Su Señoría. La Comisión debe atenerse a la decisión del Consejo que suprime -a partir del 30 de junio de 1999- las ventas libres de impuestos dentro de la Unión.
La Comisión no considera conveniente realizar un estudio a este respecto. A lo sumo, la Comisión lamenta que, hasta ahora, el sector de actividad interesado no haya aprovechado el largo lapso de tiempo a su disposición para elaborar una estrategia de adaptación a la supresión de la ventaja fiscal que se deriva de estas ventas, si bien han pasado ya cinco años desde la adopción de esta decisión.
Puedo añadir que la Comisión está convencida de que, al no ser necesario un estudio, el solo hecho de anunciarlo daría a la industria interesada una señal equivocada, inadecuada, que podría hacer retrasar más esas adaptaciones que son necesarias para ajustarse a la decisión adoptada hace muchos años y con efectos a partir del 30 de junio de 1999.

Stenmarck
Señor Comisario, he formulado esta pregunta y otras dentro del mismo ámbito para intentar establecer si cumplimos con lo que decimos, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias lógicas de aquello que definimos como importante en cualquier ocasión. La supresión de la venta libre de impuestos tendrá unas repercusiones -esto es innegable. A pesar de ello, no se ha llevado a cabo ningún análisis digno de mención de las consecuencias anteriormente a la toma de decisión sobre el asunto. Esto es lo que yo solicito que se haga ahora antes de que entre en vigor la decisión, y que se posponga su puesta en vigor a la espera de los resultados de dicho análisis. Es justo que sepamos qué es lo que hacemos.
Algunos países miembros de la UE han realizado sus análisis de lo que puede suceder. Teniéndolos todos en cuenta, se trata de una reducción del volúmen de ventas del orden de 4 mil millones de ecus, y de una cantidad de alrededor de 100.000 empleos que pueden desaparecer de la UE. Aunque esta cifra fuera exagerada, la mitad ya constituiría una catástrofe, sobre todo si consideramos que lo que intentamos es disminuir y no aumentar el paro. La cuestión es: ¿Estamos dispuestos a aceptar estas repercusiones, cuando en otros contextos decimos que hacemos todo lo posible por disminuir el desempleo?

Monti
Tengo que precisar a Su Señoría que la decisión de la que hablamos es una decisión vinculante, que en su momento se tomaron en consideración todos los elementos útiles para tomar una decisión consciente, que se considera incompatible, en el plano del principio de un mercado único, que existan duty-free intracomunitarias y que, como ocurre a menudo en las cosas económicas, si hay ventajas para algunos debido a la existencia del sistema de duty-free , hay desventajas muy importantes para otros: por ejemplo, el comercio en general sufre ciertamente un daño por el hecho de que existen ventas libres de impuestos en localidades específicas. El sistema de las duty-free , por ejemplo, altera la competencia entre medios de transporte, etcétera. Todas estas son consideraciones que en su momento tuvieron la debida importancia en las decisiones que se tomaron. Lo que se puede señalar es que, en cambio, se concedió un período de adaptación especialmente largo que se emplea útilmente no para hacer y rehacer estudios sobre una situación bien conocida, sino para poner a punto, por parte de los operadores interesados, esas adaptaciones y esos ajustes que la nueva situación, anunciada previamente desde hace tiempo, requerirá.

Andersson
Señor Presidente, tengo una pregunta sobre el mismo ámbito más adelante. Por eso me sumo a la del Sr. Stenmarck. Estoy de acuerdo con el Comisario en que ésta es una cuestión de principio para el mercado interno. Si nos guiamos por los principios, lo correcto es que desaparezca la venta libre de impuestos y que no exista dentro de este mercado. Pero la realidad está en contradicción con los principios. La cuestión es si hay que seguir los principios o si hay que adaptarse a la realidad.
En este caso la autoridades marítimas suecas han elaborado un estudio que ha llegado a mis manos. Demuestra que van a desaparecer muchos puestos de trabajo en Suecia en los lugares que dependen del tráfico marítimo. Yo mismo, que he crecido en uno de estos lugares, lucho por el empleo en Europa, y afirmo que la Unión Europea puede hacer algo en este sentido, ¿Qué voy a decirles a las personas que trabajan en las líneas marítimas cuando se suprima la venta libre de impuestos? No van a creer que lucho contra el paro. En este caso pienso que los principios deben dar paso a la realidad, es decir, que de momento la prioridad de crear empleo es la más importante para la Unión Europea.

Monti
Como ustedes saben, el gran esfuerzo de construcción del mercado único tiene una finalidad principal: la de hacer la economía europea más competitiva y de aumentar, por lo tanto, el empleo. La realidad a la que se me remite es una realidad en la que hoy la existencia de las duty-free fomenta, ciertamente, algunos puestos de trabajo en determinados sectores. Pero no podemos olvidar que, frente a esos puestos de trabajo, faltan puestos de trabajo en otros sectores, en otros medios de transporte, en el gran comercio, en el comercio en general quiero decir, aparte de las duty-free . Por consiguiente, es precisamente la exigencia de tener un mercado único europeo que funcione la que nos lleva a suprimir esas desviaciones que lo hacen menos eficaz, entre las que se encuentra, sin duda alguna, la desviación que representan las duty-free .
Además, quiero señalar que en el caso, por ejemplo, de los aeropuertos no se abolirían ciertamente las duty-free en los vuelos extracomunitarios, y deseo poner de relieve que una de las ventajas de las tiendas y de los comercios presentes en los aeropuertos, mucho más allá de la ventaja fiscal, es la de poder dirigirse a un público que tiene tiempo libre a la espera del avión y que, ciertamente, efectuaría compras también independientemente de la abolición de la ventaja fiscal.

Sjöstedt
Quiero dejar claro que no defiendo la venta libre de impuestos por principio, pero que me causan gran preocupación las consecuencias de que se suprima.
Para dar un ejemplo concreto: hay muchas líneas de transbordadores que atraviesan el mar Báltico. Todas las compañías tienen problemas de productividad, y la venta libre de impuestos constituye un gran parte de sus ingresos. Al norte de la zona de Estocolmo existe una sola línea marítima que funciona todo el año entre Suecia y Finlandia entre las localidades de Umeå y Vasa. Es muy poco probable que la línea sobreviva si se suprime la venta libre de impuestos. Esto conllevaría la interrupción de la estrecha cooperación que existe entre estas regiones, que además reciben ayudas de la UE vía el programa Interreg, destinadas a una cooperación que incluye precisamente el ámbito de las comunicaciones. Una de las consecuencias sería también la desviación del transporte por vehículos pesados, que tendría que dejar atrás cientos, seguramente miles de kilómetros más para llegar a su destinación.
¿Tiene pensado la Comisión hacer algo para que las vías de comunicación especiales, que la UE ya apoya actualmente de modos diversos, puedan sobrevivir a la supresión de la venta libre de impuestos en los casos en que se den motivos especiales para hacerlo?

Monti
A menudo se esgrime este argumento, es decir, que las ventas libres de impuestos constituyen una fuente de financiación de las infraestructuras de transporte, o de algunas formas de transporte, especialmente a través de los canones que a menudo se cobran, y que los operadores de establecimientos comerciales deben pagar para ejercer sus actividades en el seno de estas infraestructuras, especialmente en los aeropuertos, pero también en otras infraestructuras.
Por lo que se refiere a las ventas libres de impuestos a bordo de los ferries, por ejemplo, es incontestable que representan una parte nada desdeñable de los ingresos de las compañías marítimas y les permiten equilibrar sus costes de explotación, incluso de mantener las líneas deficitarias. Por tanto, las ventas libres de impuestos pueden aparecer como si constituyeran ayudas al funcionamiento en el ámbito de los transportes.
La Comisión considera que si ha de prestarse apoyo en el plan comunitario en este ámbito, sería conveniente buscar soluciones específicas, independientes de los mecanismos de la fiscalidad indirecta. Todos estamos, a mi juicio, en favor de la transparencia, si se considera que son necesarias ayudas de Estado, que se soliciten, se evalúen y, llegado el caso, se autoricen en tanto que ayudas de Estado y no de una manera disfrazada, a través de la fiscalidad, contraria a los principios del mercado único.

El Presidente
De forma excepcional, y aunque el Reglamento no prevé dos oradores principales, daré la palabra al Sr. Watts. Debe usted saber, señor Watts, que de conformidad con el Reglamento sólo uno o dos diputados, aparte del interrogador, tienen derecho a presentar una pregunta.

Watts
El Comisario se ha referido a las desventajas de la venta libre de impuestos y ha citado una serie de ámbitos en los que se cree que ha tenido repercusiones negativas sobre el sector de la venta al por menor y sobre el sector de los transportes, por ejemplo.
¿Podría el Comisario facilitar a este Parlamento los estudios que respaldan dichas afirmaciones?

Monti
He hecho una serie de afirmaciones que están basadas en elementos procedentes de diversas fuentes que se han ido recopilando con el tiempo. Confirmo que la Comisión no tiene intención de encargar ningún estudio adicional. Ésta fue, por otro lado, la posición que adoptó el Consejo ECOFIN a raíz de su reciente consideración sobre este asunto.

El Presidente
La pregunta nº 46 del Sr. Jensen no se responderá por haberse incluido en el orden del día. Se examinará el próximo viernes.
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 46 del Sr. Jensen, 47 del Sr. Sturdy y 48 del Sr. Gallagher no se formulan.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, quiero consultarle sobre un problema de Reglamento. Quiero saber si se puede mantener la pregunta realizada por otro diputado. ¿No?
De acuerdo.

El Presidente
Pregunta nº 49 del Sr. Mark Watts (H-1041/96):
Asunto: Seguridad del túnel bajo el Canal de la Mancha
La Comisión está sin duda al corriente del grave incendio registrado en el túnel bajo el Canal de la Mancha el 19 de noviembre de 1996.
¿Qué medidas en virtud de la letra c) del apartado 1 del artículo 75 (»medidas que permitan mejorar la seguridad en los transportes») ha adoptado la Comisión en relación con dicho túnel?
¿Se ha dirigido la Comisión a los Gobiernos del Reino Unido y Francia para interesarse por sus aspectos de seguridad? ¿Se ha hecho alguna referencia, en este contexto, al diseño de los vagones de mercancías?
¿Teme la Comisión que el Gobierno del Reino Unido se niegue a hacer públicos los informes de seguridad sobre el túnel bajo el Canal de la Mancha? ¿Tiene la Comisión la intención de ejercer presiones para conseguir la publicación de estos datos?
¿Tiene la Comisión la intención de realizar alguna declaración sobre el incendio en el túnel bajo el Canal de la Mancha?

Kinnock, Neil
Como tal vez recuerde su Señoría, en el marco de la reunión de la Comisión de Transportes y Turismo del 18 de diciembre, afirmé que la Comisión atribuye la máxima importancia al mantenimiento del más alto nivel de seguridad que es habitual en el transporte ferroviario. No cabe duda de que la seguridad es el principal objetivo de la Política Común de Transportes, y es fundamental que todas las modalidades del transporte ferroviario, incluida aquélla a través del túnel bajo el Canal de la Mancha, sean como mínimo igual de seguras que las del transporte ferroviario convencional.
En estos momentos, la Comisión no tiene conocimiento de que existan pruebas que demuestren que se ha cuestionado la actual legislación comunitaria a raíz del accidente ocurrido en el túnel. Cuando dispongamos de los resultados de varias investigaciones que se están llevando a cabo, puede que debamos plantearnos la necesidad de una acción comunitaria.
Las investigaciones de los accidentes que ocurren durante el transporte ferroviario, como creo que sabrá su Señoría, entran estrictamente en la competencia jurídica de los Estados miembros. No obstante, puedo informar a la Asamblea que la directiva aprobada recientemente sobre el transporte ferroviario de mercancías peligrosas prevé específicamente unas normas de seguridad más estrictas que las habituales en el túnel bajo el Canal de la Mancha. El diseño de los vagones de mercancías no es, sin embargo, competencia de la Comisión.
Por último, la Comisión no tiene conocimiento de que el Reino Unido se haya negado a facilitar información, como sugiere su Señoría. Conozco el estrecho y vivo interés que siente su Señoría por todo lo relacionado con el túnel bajo el Canal de la Mancha, y desde luego le mantendré informado de cualquier acontecimiento que pueda ser de su interés.

Watts
Agradezco al Comisario su amplia respuesta. Tengo entendido que no ha escatimado esfuerzos, en el marco de la competencia que le confiere su calidad de Comisario, para examinar minuciosamente este asunto que entra dentro de sus responsabilidades. Pero estoy seguro de que comprenderá mi inquietud al oírle afirmar que comentará el caso cuando disponga de los informes. Nos preocupa seriamente que, por ejemplo, el informe sobre la investigación francesa no se haga público o no sea puesto a disposición del público, así como que las deliberaciones de la autoridad responsable de la seguridad en el túnel bajo el Canal de la Mancha no se harán necesariamente públicas en su totalidad, en particular, todos los documentos sobre los que se basa la aprobación de los vagones semiabiertos que han tenido un papel clave en el origen y la propagación del incendio.
¿Estaría dispuesto el Comisario a unirse a mí en la presentación de una solicitud al Gobierno británico para que abra los libros en este caso y permita que el público juzgue por sí mismo si el túnel es seguro o no? Eso significa que deberán publicarse todos los documentos sobre la autoridad responsable de la seguridad del túnel bajo el Canal de la Mancha. Sin dichos documentos, pienso que no estaremos en condiciones de juzgar si el túnel es seguro o no.

Kinnock
Señor Presidente, quiero dar las gracias al distinguido diputado. Creo que la historia de informes sobre la investigación de accidentes importantes, como el ocurrido en el túnel bajo el Canal de la Mancha, demuestra que todas las autoridades, así como el público en general y los operadores, tienen los mayores intereses creados que puedan tenerse en que exista la máxima transparencia. Es el único medio de garantizar no sólo que se aprende de los errores cometidos en el pasado, sino también que ello resulta evidente.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 50 del Sr. Torres Couto no se formula.
Pregunta nº 51 de la Sra. Nuala Ahern (H-0023/97):
Asunto: Transportes radiactivos y seguridad de las comunidades costeras
En 1995, cuando tuvo lugar el primer transporte de residuos nucleares vitrificados altamente radiactivos de Francia a Japón, no se reveló ninguna información sobre la ruta seguida. A la llegada del cargamento a su destino se descubrió que uno de los contenedores se había corroído, con lo que se habían producido escapes de radiación.
Por lo que se refiere al actual cargamento de residuos nucleares vitrificados altamente radiactivos que abandonó Francia en enero de 1997, ¿es responsabilidad de un Estado miembro (por ejemplo, Francia) informar a la Comisión de la ruta que se va a seguir? ¿Ha informado Francia a la Comisión? ¿Qué medidas ha tomado la Comisión para informar y proteger a las comunidades costeras que se encuentran en esa dirección en caso de que se produzca una situación de urgencia a bordo del buque, en este caso el Pacific Teal?

Kinnock, Neil
En el seno de la Unión Europea, la información a los Estados miembros y a la Comisión relativa al transporte de residuos radiactivos está garantizada mediante las dos disposiciones siguientes: primera, la Directiva del Consejo 92/3, relativa a la supervisión y al control de los transportes de material radiactivo entre los Estados miembros y hacia el interior y el exterior de la Comunidad. Dicha directiva establece un procedimiento para garantizar que el transporte de residuos radiactivos tiene lugar únicamente con el consentimiento previo de todos los Estados que puedan verse afectados. Los formularios y documentos estándar para la aplicación de dicha directiva quedaron establecidos mediante una decisión de la Comisión de octubre de 1993. La información a la Comisión está garantizada gracias a los informes sobre la aplicación de la directiva que deben presentar los Estados miembros cada dos años.
Segunda, la información sobre el transporte marítimo de material radiactivo, incluidos los residuos radiactivos, está contemplada también en la Directiva 93/75, que obliga a los operadores y a los patrones de los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes proporcionar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino o de origen información detallada sobre la ruta prevista y el cargamento del buque. La Comisión no recibe información directa sobre cada cargamento individual de material radiactivo, ni tampoco tiene la Comisión el deber de informar a los Estados costeros en caso de que se produzca una emergencia a bordo. No obstante, en virtud de la directiva, el Estado miembro en cuestión tiene la obligación de proporcionar ese tipo de información.

Ahern
Gracias por su respuesta, señor Comisario, que ha sido bastante explícita. Tengo entendido que el Gobierno australiano ha sido informado de este cargamento en particular. ¿Podría confirmar o negar este extremo en concreto? Si es cierto -y su respuesta parece indicar que los Estados miembros de la Unión Europea deben ser informados previamente y aprobar los transportes a lo largo de sus carreteras y desvíos costeros-, ¿podría usted confirmar si en el caso de los transportes a través del Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, el Mar de Irlanda, el Mar del Norte y el litoral atlántico de la Unión Europea, se ha informado a todos los Estados miembros de dicho cargamento y si éstos han dado su consentimiento? ¿Podría confirmarnos específicamente este extremo?

Kinnock, Neil
Le doy las gracias a su Señoría. Si dispone de información específica relativa a Australia, me alegraría mucho que me escribiera e informara explícitamente al respecto. Aunque es evidente que no tenemos competencia en esa zona del mundo, ciertamente mantenemos un interés, el cual se vería complementado por la información que pueda facilitarnos.
Sobre toda esta cuestión del transporte de tránsito, la Comisión adoptó en diciembre de 1993 una propuesta de directiva del Consejo por la que se creaba un sistema europeo para informar sobre los transportes, denominado Eurorep. Su objetivo es ampliar los requisitos de notificación de la Directiva 93/75 a todos los buques que transportan mercancías peligrosas o contaminantes que pasen frente al litoral europeo y se dirijan a un país fuera de la Unión Europea. No obstante, ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo político en el seno del Consejo sobre el documento de la Comisión, Eurorep sigue sobre la mesa del Consejo. La inminente ratificación por parte de la Comunidad del Convenio de las Naciones Unidas sobre Derecho marítimo da a nuestra propuesta un fundamento jurídico más sólido en lo que respecta al Derecho internacional, y esperamos que ello permita la reanudación de las negociaciones sobre dicha propuesta a nivel comunitario. Espero con interés recibir más noticias de su Señoría.

Ahern
Sólo quiero decirle al Comisario Kinnock que le escribiré sin falta y le facilitaré la información específica sobre Australia. Pero, ¿podría decirme si los Estados miembros por los que ha pasado el cargamento han dado realmente su permiso de tránsito? De su respuesta cabe deducir que tal vez lo hayan hecho. Pero ¿lo han dado realmente? ¿Puede decírnoslo?

Kinnock, Neil
Investigaré esa cuestión concreta y daré a su Señoría una respuesta clara.

El Presidente
Pregunta nº 52 del Sr. Florus Wijsenbeek (H-0030/97):
Asunto: Ayuda para una empresa de transportes valona
¿Considera la Comisión que es compatible con los objetivos referentes al transporte combinado y a unas condiciones de competencia iguales el hecho de que el Gobierno de Valonia preste a la empresa de transportes TTS (Bierset) una ayuda por un importe de 200 millones de francos belgas para la adquisición de material rodante de dimensiones extraordinarias destinado a la importación de piezas de recambio de automóviles desde Alemania?

Kinnock, Neil
Los servicios de la Comisión, como primer paso, solicitan a los Estados miembros correspondientes que faciliten todos los detalles de la ayuda en un plazo de quince días hábiles. Si no hay respuesta o si ésta es incompleta, se vuelve a solicitar al Estado miembro que facilite información detallada en el plazo de otros quince días hábiles y, en ese momento, se le advierte que la Comisión está facultada para presentar un requerimiento judicial.
En base a la información completa facilitada en la respuesta, la Comisión puede optar por no plantear ninguna objeción a la ayuda, plantear una objeción a la ayuda o por iniciar procedimientos en virtud del apartado 2 del artículo 93 por la existencia de dudas o por la falta de información. Si el Estado miembro ha hecho caso omiso de la solicitud de información, la Comisión puede presentar un requerimiento judicial para obtener dicha información. El requerimiento puede además ordenar al Estado miembro que suspenda el pago de la ayuda hasta disponer del resultado de la investigación, o el requerimiento puede exigir al Estado miembro que proporcione la información que necesita la Comisión para emitir un dictamen sobre el caso.

Wijsenbeek
Ha sido la mejor no-respuesta que jamás he recibido de la Comisión. Conozco bien los procedimientos. He llevado este asunto a la atención de la Comisión especialmente y he facilitado la información necesaria sobre lo sucedido, porque quisiera que la Comisión tome una posición y nos diga, en nuestra calidad de diputados al Parlamento, si aprueba este tipo de subsidios estatales o no. Si no lo aprueba, debe tomar medidas de inmediato. Por ello, quisiera conocer la opinión del Comisario sobre si considera válido este tipo de ayudas.

Kinnock, Neil
La Comisión no tenía conocimiento de la existencia de dicha financiación, pero ha solicitado información a las autoridades belgas con el fin de establecer si pudiera tratarse de un caso de ayuda estatal no notificada. Resulta difícil de aceptar que por proporcionar una respuesta completa y objetiva sobre todo el procedimiento de las ayudas estatales, la Comisión sea acusada de no ofrecer respuestas. Información precisa y veraz es información precisa y veraz.

El Presidente
Pregunta nº 53 del Sr. Sören Wibe (H-0043/97):
Asunto: Construcción de la vía férrea de Bothnia en el norte de Suecia
Hace poco, el Gobierno sueco decidió construir una nueva vía férrea. El primer tramo va desde Sundsvall hasta Umeå. La nueva vía tiene por objeto aumentar el acceso al norte de Suecia y, en el futuro, deberá servir de comunicación entre el norte de Suecia y el norte de Finlandia. Más adelante, está previsto incluso el enlace con la región de Murmansk.
¿Cuenta Suecia con la posibilidad de recibir alguna ayuda de la UE para construir esta vía de ferrocarril y, en caso afirmativo, a cargo de qué línea presupuestaria se puede solicitar la ayuda?

Kinnock, Neil
La vía férrea de Bothnia no está incluida actualmente en la red europea de transportes y su inclusión no fue solicitada por el Parlamento ni por el Consejo durante el procedimiento de aprobación de las directrices de la red transeuropea. Al no ser considerado un proyecto de interés común en el marco de los requisitos de la legislación, no puede beneficiarse de ayuda financiera con cargo al presupuesto para las redes transeuropeas. Además, habida cuenta de que los fondos regionales que cubren esa zona no incluyen la infraestructura para transportes y que los fondos disponibles no guardan ninguna relación con el posible coste del proyecto, éstos tampoco pueden utilizarse para cofinanciar el proyecto.

Wibe
Doy las gracias al Comisario por su respuesta, aunque ha sido muy negativa. Estamos hablando de una vía situada a una gran distancia de nosotros, exactamente a 2.000 kilómetros de aquí. No obstante, es de una importancia vital para la región en que se encuentra, sobre todo para el transporte comercial. No entiendo la afirmación del Comisario de que esta cuestión no tiene nada que ver con el transporte comunitario. Se trata de una vía que evidentemente va a utilizarse para conectar el norte de Suecia con el norte de Finlandia, y tras su ampliación, el noroeste de Rusia con el resto de las vías férreas europeas. El hecho de que no se contemple en los planes actuales se debe sencillamente a que la decisión sobre la construcción de esta vía se ha adoptado muy recientemente.
Mi pregunta adicional al Sr. Kinnock es, naturalmente, si es completamente inadmisible que se incluya ex post facto esta vía de extrema importancia en la red transeuropea de ferrocarril.

Kinnock, Neil
Le doy las gracias a su Señoría. En primer lugar, la idea de incluir la vía férrea de Bothnia en las redes transeuropeas no se ha descartado -por utilizar una frase del Sr. Wibe-, sencillamente porque hasta 1999 no se llevará a cabo una revisión de las directrices. Quisiera señalar asimismo a su Señoría que para poder considerar la inclusión de un proyecto en la red transeuropea, y poder así recibir fondos con cargo al presupuesto, debe contar con el respaldo o la nominación del gobierno de un Estado miembro.
Si la vía férrea de Bothnia no ha sido incluida en la propuesta de la red transeuropea, ello se debe, en primer lugar, a que no ha sido nominada por un Estado miembro, en segundo lugar, a que no fue incluida cuando se debatió en el Parlamento y, en tercer lugar, a que tras consideraciones adicionales, el Consejo decidió no incluirla. Si el Gobierno sueco presenta una propuesta y si se siguen los procedimientos adecuados, cabe la posibilidad de que se incluya dicha vía férrea. Pero ello dependerá enteramente de la iniciativa del Estado miembro.

El Presidente
Pregunta nº 54 del Sr. Hans Lindqvist (H-0047/97):
Asunto: »Scandinavian Express Loop»
En la actualidad, Suecia y Noruega están examinando la posibilidad de interconectar una serie de ciudades suecas y noruegas mediante una vía de ferrocarril. Este proyecto, denominado «Scandinavian Express Loop» formaría un circuito de ferrocarril entre las ciudades Estocolmo-Östersund-Tronheim-Oslo-Estocolmo. La «Vía Atlántica» que ya había sido examinada anteriormente forma igualmente parte del proyecto. Estas líneas de ferrocarril existen ya, pero es necesario modernizarlas y prepararlas para el tráfico de trenes de alta velocidad. ¿Cómo estima la Comisión la posibilidad de que el proyecto reciba ayuda financiera de la UE?

Kinnock, Neil
La vía férrea Atlantbanan está incluida en el Anexo I de la Decisión sobre las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes como un proyecto de interés común. La sección sur de esta vía férrea también está incluida, como sabrá su Señoría, en el Triángulo Nórdico, que es uno de los catorce proyectos prioritarios que fueron respaldados en el Consejo Europeo de Essen y en la decisión legal presentada a este Parlamento y aprobada por el mismo.
La línea de ferrocarril es uno de los componentes del ambicioso proyecto denominado «Scandinavian Express Loop». Como proyecto de interés común, la parte sueca de la línea férrea podría beneficiarse de la ayuda financiera comunitaria con cargo a la partida presupuestaria para las RTE, pero hasta el momento, las autoridades nacionales competentes no han solicitado ninguna aportación de la Comunidad.
En base a la información disponible, no parece posible la utilización de otros fondos comunitarios para financiar este proyecto. De hecho, parece que la parte sueca de la línea de ferrocarril será financiada íntegramente por las autoridades nacionales responsables de la infraestructura ferroviaria, la Banverket .

Lindqvist
Gracias por su respuesta -no ha sido totalmente insatisfactoria. Significa que la planificación que se puso en marcha entre Suecia y Noruega puede continuar, y así lo ha hecho hasta la fecha. De todos modos, es positivo que la vía entre dentro de una planificación que pueda proporcionarle ayuda económica. Se trata de una vía que iría en circunvalación desde Estocolmo al Ostersund, para continuar hacia Noruega pasando por Trondheim, después por Oslo y luego de vuelta a Estocolmo.
Mi pregunta adicional al Comisario es: ¿Qué debe hacer el Gobierno sueco para solicitar que se le proporcionen los recursos necesarios para esta vía? ¿Hay posibilidades de que Noruega pudiera impulsar este proyecto, aparte de la cooperación bajo los auspicios de Interreg que funciona entre los dos países, donde también se incluye la vía mencionada?

Kinnock, Neil
Lamento informar que, como resultado de la decisión del pueblo noruego, ese país no forma parte de la Unión Europea. Por consiguiente, no podemos hacer ningún llamamiento a Noruega en lo que respecta al desarrollo complementario de la infraestructura, aunque sé que las buenas relaciones que mantiene Noruega con otros países significa que existen posturas comunes en el plano político en materia de infraestructura. Pero, lamentablemente, debido a los resultados del referéndum, enviar recomendaciones a ese país no figura entre las funciones de la Comisión.
En cuanto a las ayudas con cargo a los fondos para las RTE, el paso que debe darse, como he señalado en una respuesta anterior, consiste en que el Gobierno sueco presente una solicitud, la cual recibiría la debida atención. Pero, habida cuenta de que este proyecto en particular ha sido reconocido de interés común, dependiendo de su madurez, las posibilidades de que obtenga ayuda financiera de la Comunidad serían, cuando menos, tan favorables como en el caso de otros proyectos similares.

Wijsenbeek
¿Existe alguna posibilidad de incluir proyectos de importancia transnacional de este tipo en las redes transeuropeas? En caso afirmativo, ¿qué trámites deben seguir los dos gobiernos interesados?

Kinnock, Neil
Probablemente, como seguro que sabrá el Sr. Wijsenbeek, deberán actuar positiva y colectivamente en virtud de los requisitos que establecen las actuales disposiciones de la legislación en vigor, debido a la necesidad de llevar a cabo una revisión en 1999 y debido a que dichos proyectos, por definición, tienen períodos dilatados de planificación y de desarrollo. Espero que, en el futuro, podamos emprender proyectos de auténtico valor transeuropeo en mayor proporción de lo que nos es posible en la actualidad. Por consiguiente, espero que los gobiernos de los Estados miembros no se olviden de su responsabilidad de presentar las propuestas iniciales y que lo hagan teniendo en cuenta la legislación en vigor, la naturaleza de los proyectos prioritarios de la red transeuropea y, también, toda la filosofía del plan de la red.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas núms. 55 del Sr. Holm y 57 del Sr. Billingham no se formulan.
Pregunta nº 58 de la Sra. Birgitta Ahlqvist (H-0032/97):
Asunto: »Aprender en la sociedad de la información. Plan de acción para una iniciativa europea de educación»
Aun felicitando a la Comisión por la iniciativa que ha tomado con este plan de acción (COM(96)471), cabe señalar, no obstante, que en ella brillan por su ausencia algunas consideraciones importantes. No hay nada previsto, por ejemplo, para los minusválidos que, sin embargo, se encuentran entre los principales beneficiarios de la sociedad de la información, puesto que las nuevas tecnologías informáticas permiten reducir e incluso suprimir las consecuencias de algunas minusvalías.
Al finalizar el programa HELIOS, la Comisión se comprometió a incluir los objetivos de este programa en el conjunto de sus políticas. ¿No se podría incluir esta dimensión, con una dotación presupuestaria adecuada, en el actual plan de acción?

Cresson
El plan de acción destinado a una iniciativa europea en la esfera de la educación está dirigida a la educación primaria y secundaria. Por tanto, incluye como grupo destinatario a todos los alumnos que frecuentan los centros escolares de estos niveles, incluidos los niños discapacitados. Es evidente que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación adaptadas a la educación pueden aportar un apoyo eficaz al proceso de aprendizaje de los alumnos discapacitados, especialmente a aquellos que tienen dificultades físicas para asistir a la escuela, pero también aquellos que presentan dificultades cognitivas. El plan de acción se basa, para su aplicación, en la utilización de los programas existentes, tales como ESPRIT, TELEMÁTICA, LEONARDO DA VINCI y, en primer lugar, SÓCRATES, en el marco de las decisiones, procedimientos y presupuestos correspondientes.
En lo que se refiere a SÓCRATES, la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo relativa a la aprobación del programa, prevé la consideración de las necesidades específicas de las personas discapacitadas en estos diferentes capítulos. De conformidad con la nueva estrategia comunitaria en materia de discapacidades, adoptada por la Comisión en su comunicación del 30 de julio de 1996 y en particular su concepto de mainstreaming y vista la resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1996 sobre la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, la aplicación del plan de acción en favor de una iniciativa europea en la educación velará por integrar las necesidades de las personas discapacitadas. Asimismo, este aspecto se tendrá en cuenta en el seguimiento del Libro Verde sobre los aspectos sociales de la sociedad de la información.

Lööw
Me satisface poder agradecerle su respuesta. La Sra. Ahlqvist se encuentra enferma, con mucha fiebre, a 2.000 kilómetros de nosotros. Se siente muy afligida por no poder estar aquí.
Lo que ella habría dicho sobre esta cuestión es que en el excelente plan de acción para una iniciativa de educación europea, encuentra a faltar unas acciones en favor de los minusválidos. Creo que la Comisaria Cresson demuestra verdaderamente que existe la voluntad política de incorporar también las posibilidades que las nuevas tecnologías representan para estos ciudadanos. Por un lado, los minusválidos físicos podrán mejorar sus posibilidades e incrementar su movilidad en el mercado de trabajo, por otro lado los psíquicos, discapacitados para la formación, podrán mantener contacto con su entorno de un modo muy diferente al actual.
Espero que en los procedimientos de licitaciones dentro de este plan de acción se aproveche realmente el hecho de que, si se incorporan estos aspectos en un estadio temprano dentro de las compras a realizar, se podrá adaptar esta tecnología y podrán utilizarla los minusválidos a un coste muy reducido.

Cresson
Sí, efectivamente, además todos nosotros alentamos los progresos que pueden hacerse en este ámbito. Existen, por ejemplo, sistemas de ordenador para los ciegos, que permiten expresarse en braille. Existe un determinado número de sistemas también para las personas que no pueden moverse y que son sistemas de comunicación cada vez más perfeccionados.
Por tanto, estoy plenamente convencida, como usted dice, de que en el marco de los procedimientos de la Comisión y en el marco de las grandes orientaciones ya adoptadas en los textos que les señalaba hace un momento, vamos a poder progresar de una manera totalmente significativa y satisfactoria en lo que se refiere a la participación cada vez más importante de las personas discapacitadas en el sistema general de la información y en las redes del conocimiento.
Claro está, siempre puede progresarse, y en nuestro sector de la investigación igualmente, debemos poner en marcha proyectos. En el marco de los programas informáticos educativos, por ejemplo, donde tenemos una pequeña célula que trabaja sobre este tema, podemos efectivamente aportar respuestas totalmente particulares a estas diferentes categorías de personas, porque no existe un solo tipo de discapacidad.

El Presidente
Pregunta nº 59 del Sr. Joan Vallvé (H-0034/97):
Asunto: Aplicación del programa Sócrates
Este diputado se dirigió a la Comisión el pasado mes de febrero de 1996 preguntando por la mención del considerando 11 del texto de la Decisión del programa educativo Sócrates -relativo a la posibilidad de incluir lenguas que tengan un estatuto nacional sin ser lenguas oficiales de la UE y que sean utilizadas de modo sustancial en las universidades, como es el caso del catalán- en la Guía del candidato de 1996 de este programa, a lo que usted contestó que podría introducirse una mención expresa del mismo en la Guía del candidato prevista para 1997.
¿Se han tomado las medidas necesarias por parte de la Comisión para que esto se cumpla, teniendo en cuenta que ello sería en aras de una mejor aplicación de lo establecido en el texto de la Decisión del programa y en el informe Reding aprobado en diciembre de 1990 por este Parlamento sobre la situación de las lenguas en las Comunidades Europeas y la de la lengua catalana?

Cresson
En lo que concierne a la aplicación del Programa SÓCRATES, la Comisión desea que las guías del candidato de los programas comunitarios sean sencillas y concretas. El texto actual de la guía 1997 de SÓCRATES hace referencia a las lenguas de enseñanza de los países participantes, sin especificar estas lenguas. Los servicios de la Comisión están haciendo lo necesario para que la guía de 1998 mencione explícitamente, además de las 11 lenguas oficiales de la Unión Europea, otras lenguas tales como el catalán, el gallego o el vasco, para el desarrollo de la cooperación interuniversitaria.
De todas formas, la ausencia de esta mención explícita no ha impedido hasta ahora a las universidades de Cataluña mostrar gran dinamismo en las diferentes actividades del programa SÓCRATES, y si desea un ejemplo, puedo decirle que han enviado 3.000 estudiantes en el marco de los programas de movilidad y han recibido el mismo número de estudiantes procedentes de universidades de los demás Estados miembros.

Vallvé
Estoy muy satisfecho de la respuesta que acaba de dar. Me expreso en francés para poder hacerme comprender más directamente. En todo caso, deseo que su promesa, según la cual, en la guía de 1998, se hará referencia a lo establecido en el considerando 11 del programa SÓCRATES, tenga una mejor oportunidad de concretarse que la respuesta que me dio hace más o menos un año, en el mes de febrero de 1996, en la que también me prometió que, en la guía de 1997, se inscribiría esta referencia, cuando ésta no figura en la guía. Espero que, esta vez, el tema sea tomado en serio y que en 1998 la guía del candidato contenga una referencia concreta a la lengua catalana, de conformidad con la resolución de la Sra. Reding que aprobamos en 1990.

Cresson
Si, Sr. diputado, puedo comprometerme plenamente a que, en la próxima guía se mencionen, efectivamente, las diferentes lenguas que acabo de mencionar, así como otras, pero especialmente el catalán.

Posselt
Señor Presidente, tengo dos preguntas adicionales para la Sra. Comisaria. En primer lugar: ¿sería posible tener alguna vez una visión transversal de todos los programas de su responsabilidad en los que estén contemplados los asuntos de las lenguas minoritarias mencionados por el Parlamento? Hay, en efecto, un grupo grande de población en la Unión Europea al que esto afecta. El catalán no es propiamente una lengua minoritaria sino ya una de las grandes lenguas.
En segundo lugar: hemos aprobado aquí los protocolos adicionales al tratado de asociación para ampliar programas como SOCRATES y otros a estados de la Europa central y oriental. Yo he sido el ponente y quisiera preguntarle en qué medida se ha producido esto ya y en qué medida arraigan.

Cresson
Lo que puedo decirle, es que me resulta difícil darle, hoy mismo, la relación de los lugares o las circunstancias en las que se toman en consideración las lenguas minoritarias. Pero si usted lo desea, podría enviarle esta relación por escrito.
Por lo que se refiere al programa SÓCRATES en relación con los PECO, esta acción sólo ha dado sus primeros pasos. Está desarrollándose y todo parece desenvolverse de una manera más bien satisfactoria, claro está, con el ritmo que conviene. Muchos estudiantes de los países PECO vienen a nuestras universidades. Inversamente, un determinado número de estudiantes de la Unión Europea van a las universidades de los PECO. Pero todavía nos encontramos en el inicio de estas acciones que, en cierta medida, podrán beneficiarse de un determinado número de programas, en todo caso en el marco de PHARE.

El Presidente
Pregunta nº 60 del Sr. Hubert Pirker (H-0036/97):
Asunto: Programa LEONARDO
¿Qué medidas va a adoptar la Comisión para eliminar las barreras que impiden el intercambio en toda la UE de aprendices e instructores (maestros e instructores en empresas) en el marco del programa de formación y movilidad Leonardo?

Cresson
Por lo que se refiere al programa LEONARDO, los obstáculos, puesto que lo pregunta, que afectan la movilidad transnacional de los jóvenes y los profesores son numerosos. Es por ello que la Comisión publicó, en 1996, un Libro Verde sobre los obstáculos a la movilidad transnacional en la educación, la formación y la investigación, con vistas a suscitar un amplio debate público y desarrollar pistas de acción para suprimir estos obstáculos.
A grandes rasgos, pueden identificarse dos categorías de obstáculos que ponen trabas a las colocaciones y los intercambios en el programa LEONARDO. Ante todo, el estatuto jurídico de los aprendices, y la cuestión de la transparencia y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. El hecho de que el derecho de estancia para los ciudadanos de la Unión en otro país, sin permiso de estancia, esté limitado actualmente a tres meses, constituye un obstáculo a la movilidad, en la medida en que debería privilegiarse a los cursillos más largos que, por lo mismo, dan mayores cualificaciones y naturalmente son más valorizantes para estos jóvenes. En este sentido, la Comisión formulará propuestas para mejorar las condiciones relativas al derecho de residencia, la seguridad social y la fiscalidad.
Para favorecer un reconocimiento de las cualificaciones profesionales a través de la Comunidad -aplicación de la decisión del Consejo de 1985 relativo a la comparabilidad de las cualificaciones profesionales- la falta de verdaderos progresos en este ámbito es, a mi juicio sumamente preocupante, y comparto plenamente sus preocupaciones. El programa LEONARDO contribuye a mejorar las condiciones para conseguir una mejor transparencia y reconocimiento de las cualificaciones, dado que las colocaciones y los intercambios transnacionales organizados en el marco del programa deben acompañarse de acciones de certificación y homologación. Así, LEONARDO desempeña plenamente su papel de laboratorio de innovación que nos permitirá anunciar una propuesta concreta en forma del estatuto europeo del aprendiz.
Sin embargo, no les oculto que este problema es sumamente complicado, que es mucho más difícil hacer circular jóvenes a través de la Unión Europea que bienes o capitales, a pesar de que Europa haya sido precisamente construida para los ciudadanos. Y el número de problemas que tropezamos en el ámbito de LEONARDO y los aprendices, pero también en lo que concierne a los estudiantes, por ejemplo, los jóvenes desempleados que dejan de cobrar sus prestaciones si abandonan su país, los obstáculos al hecho de recibir una pequeña remuneración, el problema de los jóvenes que van a seguir un cursillo en otro país, también el problema de los jóvenes investigadores, son problemas muy amplios.
Pienso que, efectivamente, el Parlamento debería brindar todo su apoyo al hecho de que la movilidad de los ciudadanos, en especial la movilidad de los jóvenes, sea un elemento absolutamente indispensable para la toma de conciencia de la ciudadanía europea. Asimismo, los obstáculos son sumamente numerosos porque estos problemas son problemas horizontales y conciernen a varios ministerios en el seno de un gobierno: el ministerio de Trabajo, el ministerio de Asuntos Sociales, a veces el ministerio del Interior y algunas veces al ministerio de Educación. Por tanto, es muy difícil hacer que los Estados miembros adopten disposiciones que resulten satisfactorias.
Si queremos dar viabilidad al estatuto del aprendiz, si queremos que la colocación alternativa de aprendices se convierta en una especie de ERASMUS de la colocación de aprendices, como es nuestro objetivo, es evidente que tenemos que movilizarnos todos, y espero mucho del Parlamento para llevar a cabo esta acción, que es realmente determinante en lo que toca a la política educativa de los europeos.

Pirker
Señora Cresson, señor Presidente, les doy las gracias por sus explicaciones. También veo en la práctica los grandes problemas que presenta la realización de este enorme programa LEONARDO. No obstante, considero extraordinariamente importante movilizar todo cuanto sea posible para que se produzca transferencia de innovaciones, movilidad, para que se dé formación ulterior, para que se produzca formación en el ámbito de los aprendices, pues ésta es también una medida preventiva contra un posible desempleo que nos concierne. Por consiguiente, celebro su entusiasmo y el hecho de que usted vea también dónde están los problemas.
Veo aún más problemas, pues en la práctica es difícil que se produzca, en general, un intercambio de información entre las empresas que estén dispuestas a participar en estos programas de movilidad, dispuestas a participar en estos programas de movilidad, que estén dispuestas a intercambiar instructores de un país a otro. También veo problemas muy grandes en la práctica en relación con el cómputo de este período de intercambio respecto de las vacaciones o respecto del auténtico tiempo de formación. ¿Ve usted posibilidades de eliminar también estas barreras?

Cresson
Me parece que el problema que plantea, el del reconocimiento por parte de las empresas -si entendí bien- del período de tiempo y del trabajo realizado por el aprendiz en otro país de la Unión.
Queda de manifiesto que el problema de la acreditación de las competencias es un problema de suma actualidad y que no concierne únicamente la colocación de los aprendices. Se trata de saber cómo medir las equivalencias entre dos niveles profesionales en el seno de una misma profesión entre países diferentes.
Estamos trabajando sobre esta cuestión. Si tuvo la posibilidad de leer el Libro Blanco sobre la educación, la sociedad del conocimiento, pudo ver que tratamos de establecer sistemas de acreditación de las competencias con los diferentes ramos profesionales. Trabajamos, por ejemplo, con la Unión Europea de los bancos o con un determinado número de federaciones profesionales para permitir la homologación de los conocimientos, no solamente para los aprendices en el momento de la formación inicial, sino también a todo lo largo de la vida, para un asalariado o un empleado que quisiera trabajar en otro país de la Unión, de manera que sea posible delimitar correctamente su nivel de competencias cuando ha terminado sus estudios desde hace varios años. Por tanto, se pone en marcha toda una problemática que concierne la colocación de aprendices, pero también a los asalariados a todo lo largo de su vida.

El Presidente
Pregunta nº 61 de la Sra. Marie-Paule Kestelijn-Sierens (H-0037/97):
Asunto: Importancia de la investigación clínica a nivel europeo con vistas a la determinación de una estrategia terapéutica
La realización de investigación clínica independiente a nivel europeo con vistas a la determinación de una estrategia terapéutica contribuye en gran medida a la optimación del tratamiento del cáncer y de otras enfermedades que requieren un enfoque a partir de diversas disciplinas.
¿Tiene la Comisión la intención de incluir esta investigación entre los capítulos del quinto programa marco de investigación y desarrollo? ¿Está dispuesta la Comisión a instar a los Estados miembros a simplificar las obligaciones legales nacionales relativas a esta investigación clínica, que a menudo resultan tan dispares, así como a coordinarlas mejor entre sí, en aras del avance terapéutico?

Cresson
En lo que se refiere a las pruebas clínicas europeas, la investigación sobre el cáncer -como la de muchas otras enfermedades- que requiere un enfoque pluridisciplinar, puede beneficiarse de manera particular de investigaciones llevadas a cabo a través de las pruebas clínicas realizadas en varios centros a escala europea. Por tanto, siempre se ha reservado un lugar importante a este tipo de pruebas en los programas de investigación médica de la Unión.
Las pruebas clínicas realizas en varios centros deberían continuar representando un aspecto importante de las actividades llevadas a cabo en materia de investigación médica en el quinto programa marco. Deberían encontrarse en el doble marco de la acción clave «Dominio de las enfermedades virales e infecciosas» y de los trabajos de investigación para apoyar la lucha contra las enfermedades degenerativas, previstos en el programa «Descubrir los recursos del ser vivo y el ecosistema», uno de los seis programas que deberían integrar el quinto programa marco conforme se describe en la comunicación aprobada por la Comisión el pasado 12 de febrero.
El problema de la armonización de la reglamentación en materia de investigación clínica en los Estados miembros se plantea de manera diferente para las pruebas de los medicamentos y las pruebas de otras técnicas terapéuticas, tales como la cirugía, la radioterapia o los diferentes esquemas de combinación de estos medios ampliamente utilizados en la lucha contra el cáncer. Las disposiciones relativas a las pruebas de medicamentos están armonizadas a escala comunitaria en el marco de la reglamentación en materia de comercialización de los medicamentos, para la cual la Comunidad es formalmente competente.
No ocurre lo mismo con las pruebas clínicas de otros tipos, cuya reglamentación compete a la responsabilidad de los Estados miembros. Visto que la Comisión no puede intervenir directamente, la Comisión no puede, en este caso, sino alentar a los Estados miembros a aproximar sus disposiciones reglamentarias respectivas en el contexto de los trabajos de investigación cooperativos sobre el cáncer y otras enfermedades graves, trabajos que apoya en una escala importante a través del programa marco.

Kestelijn-Sierens
Gracias señor Presidente, y también doy las gracias a la señora Comisaria por su respuesta. He formulado esta pregunta para una institución, a saber, la organización europea de investigación y tratamiento del cáncer. Se trata de una institución europea que opera en Bruselas y que organiza investigaciones clínicas sobre el cáncer. La investigación clínica es esencial para determinar el tratamiento más eficaz y más moderno, y no sólo beneficia a los pacientes, sino que abre perspectivas a la rentabilidad a nivel de costes del tratamiento del cáncer. La investigación clínica es por tanto un método importante y valioso, tanto en el ámbito médico como en el ámbito de la salud pública. Por consiguiente pienso, y doy las gracias a la Comisaria por haberlo reconocido, que una parte de esta investigación encaja en el programa marco real para la investigación y el desarrollo. En lo que respecta a los aspectos de las diferentes legislaciones en los Estados miembros, estoy de acuerdo en que la Comisión sólo puede intervenir alentando a los Estados miembros. Cuento con que la Comisión lo haga realmente.

Cresson
Sí, efectivamente. Por lo demás, conozco la organización de la que acaba de hablar, que tiene una actividad muy intensa y muy interesante.
La evaluación ética de las pruebas clínicas está regida en cada país por legislaciones o parlamentos diferentes y es exacto que se trata de un ámbito de competencia nacional.
Lo que puedo señalarle, para tratar de avanzar en las reflexiones sobre este ámbito, es que una conferencia internacional sobre las pruebas clínicas y la ética tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre de 1997 en Bruselas. Tratará sobre todo los problemas relacionados con la evaluación ética de los protocolos de investigación para las pruebas clínicas.
Además, en el marco del programa de investigación de biomedicina y salud, y en lo que se refiere más particularmente a los aspectos éticos, sociales y jurídicos de la investigación médica, se ha alentado a los investigadores a presentar proyectos de investigación sobre este tema.
Pienso que una conferencia internacional de este tipo, que sin duda alguna tendrá una gran audiencia, puede, si tiene éxito, permitir a organizaciones como la que usted menciona, que es muy activa, difundir entre los gobiernos de los Estados miembros la idea de que es absolutamente necesario llegar a una armonización que permita efectivamente intercambiar informaciones de manera suficiente.

El Presidente
Las preguntas núms. 62 del Sr. Bernd Posselt, 63 de la Sra. María Izquierdo Rojo y 64 del Sr. Hugh Kerr se contestarán por escrito.
Pregunta nº 65 del Sr. Ioannis Theonas (H-0909/96):
Asunto: Continuo retroceso del sector metalúrgico en Grecia, y concretamente de la S.A. Chalyvourgikí
La crisis económica afecta especialmente al sector metalúrgico en Grecia, donde se registra una continua disminución de la producción y del número de trabajadores. Tras la adhesión de nuestro país a la CECA, cerraron los dos únicos altos hornos de Grecia, que pertenecían a Chalyvourgikí S.A. A continuación, se produjo el cierre de los hornos eléctricos de la compañía, empezó a funcionar en régimen de rotación el sector de producción de hierro y, en la actualidad, también va a cerrar el sector de producción de hormigón armado, lo que provocará la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo.
¿Puede indicar la Comisión si piensa promover medidas específicas para la conservación y el desarrollo del sector metalúrgico en Grecia -y concretamente de la acerería, que corre el riesgo de desaparecer- con vistas a mantener el empleo? ¿Tiene intención de estudiar las posibles responsabilidades debidas a acciones ilegales de los empresarios, que, supuestamente, mantienen industrias similares en el País de Gales y en Suiza?

Bangemann
Señor Presidente, la reestructuración de la industria del acero es un proceso que requiere una adaptación constante de la industria a las tecnologías y a los mercados, y la Comisión ha hecho ya desde hace tiempo un acompañamiento de este proceso. Naturalmente, este proceso es ante todo una tarea de la industria, pero, evidentemente, necesitamos medidas de acompañamiento, entre ellas, sobre todo, medidas sociales, planteamientos de comercio exterior y, si esto es necesario, también programas para la creación de nuevos puestos de trabajo.
Hace dos años constatamos con la industria que tenemos una supercapacidad de aproximadamente 19 millones de toneladas de productos de laminación en caliente. De estos se han reducido hasta ahora 11 millones aproximadamente y 5 millones de toneladas habrán de ser eliminadas todavía en esta capacidad. Esto significa que aunque no hemos logrado la magnitud calculada por nosotros y por la industria, la eliminación de esta supercapacidad, tal como lo muestra hoy el mercado del acero, ha sido favorable para la industria que ha quedado. No se han perdido más puestos de trabajo y hoy la industria está trabajando en conjunto a un nivel satisfactorio de precios y de cantidades.
Es posible que esto no sea así en cada una de las empresas, y en lo que respecta particularmente a la industria griega del acero, es posible absolutamente que haya empresas que tengan problemas más grandes que en otros países miembros. Evidentemente, en estos casos ayudaremos y ya tenemos prevista la reconversión a otras posibilidades a través del programa RESIDER II. A petición, también, del Gobierno griego y con una decisión unánime del último Consejo de Ministros de Industria hemos abierto la posibilidad de proseguir hasta el año 2000 en el marco del código de las nuevas subvenciones al acero las subvenciones regionales en favor de la industria griega del acero por un volumen de 50 millones de ecus, naturalmente, siempre bajo la condición de que con esto no se produzca un aumento de la capacidad de producción.
Por lo que respecta a las prácticas ilegales mencionadas en la pregunta sería bueno que se nos precisara un poco esta acusación. En efecto, en el caso de tales prácticas ilegales frecuentemente no se trata más que de una industria más competitiva de otro país miembro o -pienso yo- incluso de un país tercero como Suiza. No siempre se trata de prácticas ilegales; con frecuencia se trata de que un competidor es mejor que la empresa propia en el propio país y entonces a la Comisión le resulta difícil ayudar.

Theonas
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer al Sr. Comisario su respuesta. Creo que se confirma lo que ya indiqué en mi pregunta inicial, es decir, que, en Grecia, las empresas como Chalyvourgikí se vieron afectadas por problemas muy serios a causa de la política de la Unión Europea -antes de la CEE y después de la Unión Europea- consistente en reducir la producción en la Unión Europea, cuyas consecuencias fueron muy negativas para mi país, dado que la única empresa que había en este sector se enfrentó con problemas que causaron el cierre gradual y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Sin embargo, actualmente, esta empresa lleva a cabo un rápido proceso de traslado de sus actividades del ámbito productivo al comercial, mientras en mi país se realizan obras enormes para las cuales, al fin y al cabo, se necesita por lo menos hierro. Este hierro se está importando de Turquía. Por lo tanto, quisiera instar a la Comisión a que considere las consecuencias de esta política y el hecho de que esta misma empresa que alega problemas de competitividad crea nuevas plantas en otros países, como Suiza, el País de Gales e incluso Estados Unidos.

Bangemann
La pregunta no ha aportado ningún aspecto nuevo. Ya lo he dicho: hemos constatado, ante todo, conjuntamente con la industria, y a ésta pertenece también la industria griega, que tenemos una supercapacidad de 19 millones de toneladas. Esta supercapacidad genera problemas. Presiona sobre los precios. Incluso empresas muy competitivas han registrado pérdidas. Hace cuatro años que prácticamente nadie gana el dinero que necesitaría para cubrir sus costes. Por consiguiente, nuestro problema principal ha sido reducir esta supercapacidad. Nosotros no hemos decidido dónde había que reducir esta supercapacidad. La Comisión no ha osado decir: esta o aquella capacidad debe ser eliminada en Grecia, en Francia o en Alemania. Lo ha decidido la industria misma y, en concreto, a través de su competitividad.
Lamento que precisamente en Grecia la industria del acero no haya poseído en este ámbito la competitividad que era necesaria para afirmarse contra la competencia procedente de otros países, pero la Comisión, que se ha preocupado de que haya condiciones iguales en la Unión, no puede, naturalmente, hacer diferencias. No podemos permitir ninguna subvención estatal en Grecia porque la industria del acero quiera obtener puestos de trabajo en Grecia. Entonces se perderían puestos de trabajo en Gran Bretaña, en Francia, o en Alemania. Tenemos una responsabilidad global. Asumimos esta responsabilidad global y cada cual debe procurar ser competitivo. Esto tampoco se lo puedo ahorrar a una empresa griega.

El Presidente
Pregunta nº 66 de la Sra. Caroline Jackson (H-1039/96):
Asunto: Aditivos alimentarios e información al público
El artículo 8 de la Directiva 94/36/CE dispone que la Comisión lanzará una campaña de información al público para que sea mejor conocido el significado de los números E más frecuentemente utilizados, mediante los que se indica la presencia de determinados aditivos. El Sr. Bangemann informó en julio de 1996 que se había llevado a cabo un estudio sobre este tema. ¿Qué ha sido de este estudio y cuáles son los proyectos futuros de la Comisión en relación con este tema?

Bangemann
Sé que la Sra. Jackson tienen razón, por lo demás, siempre tiene razón. Y, naturalmente, pregunta con razón por qué no hemos comenzado este programa de información de los consumidores. A tenor del texto de la directiva, que hemos aprobado, lo deberíamos haber iniciado ya el año pasado. El problema es -y pido comprensión por ello a la Sra. Jackson- que es enormemente complicado realizar en este ámbito una campaña de información a los consumidores.
Para no cometer errores, hemos encargado a una agencia que nos diga por medio de un estudio cómo podemos hacer esto y dónde podemos comenzar. Este estudio -no sé si lo tiene la Sra. Jackson y estoy gustosamente dispuesto a proporcionarselo- llega a la conclusión que habíamos temido: no sabemos cómo podemos aproximar este asunto a los consumidores. Hay diferentes aditivos. El consumidor tiene comprensión para determinados aditivos, pero para otros no tiene comprensión, en absoluto.
Tomemos, por ejemplo, el asunto de los colorantes. Colorantes que en un cierto volumen están autorizados - incluso por decisión del Parlamento- son considerados en general como completamente innecesarios por los consumidores. El consumidor dice: ¿para qué hay que colorear un alimento? O tomenos, por ejemplo, la cuestión de la conservabilidad. La cuestión de la conservabilidad quizá se pueda explicar a un consumidor, pero dirá: muy bien, si un producto no es conservable, entonces debe ser desechado. No quiero ningún aditivo para la conservación.
Esto significa que nos encontramos ante el problema de que lo que hemos aprobado conjuntamente, lo que consideramos razonable, no se puede explicar prácticamente al consumidor. Ciertamente, esto es así y no se puede hacer de otra manera. Naturalmente, ahora se podría decir: muy bien, entonces tachemos todo esto, no autorizamos más colorantes, no autorizamos más aditivos para la conservabilidad y cosas parecidas. Esto conduciría a un enorme aumento del nivel de precios, por ejemplo, en lo que se refiere a la conservabilidad. Los consumidores tendrían que pagar mucho más. Seguramente tampoco estarían de acuerdo con esto.
Con otras palabras: sobre la base del estudio que hemos encargado no hemos obtenido ninguna indicación razonable acerca de cómo actuar, de con qué estrategia poder emprender esto. Este es, sencillamente, el problema, Caroline. I hope you can advise me. I do not what to do .

Jackson
Da la impresión de que podría recibir dos salarios; uno como Comisaria y otro como diputada al Parlamento Europeo.
Concretamente, ¿está dispuesto a reconocer, señor Comisario, que la Comisión está incumpliendo la ley? El artículo 8 de la Directiva 94/36/CE dice muy claramente que la Comisión lanzará una campaña de información al público. El Comisario responde que eso es demasiado difícil. Quisiera preguntarle si tiene previsto presentar un plan al respecto antes de finales de 1997. ¿Puede prometernos que presentará una propuesta para una campaña de información al público antes de finales de 1997 y si, al hacerlo, consultará a las organizaciones de consumidores sobre la posibilidad de incluir en la campaña mejor información para los consumidores en lo que respecta a los aditivos alimentarios que se utilizan con mayor frecuencia?
El Comisario parece no tener la menor idea de lo que debe hacer tras haber recibido el informe de la agencia que encargó la propia Comisión. Es inadmisible que el Comisario se limite a pasarme de nuevo este asunto y afirme que no sabe qué hacer, que todo es demasiado difícil. La Comisión tiene la obligación legal de hacer algo.

Bangemann
No niego que exista una obligación legal. A propósito, el artículo 8 dice que la Comisión deberá lanzar una campaña en colaboración con las asociaciones de consumidores, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y con los sectores de la alimentación y de la venta al por menor con el fin de informar a los consumidores sobre el proceso de evaluación y autorización de los aditivos alimentarios. Estamos intentando hacerlo. Al no saber cómo enfocar el problema, hemos solicitado el asesoramiento de expertos, que se han referido a cosas que los Estados miembros habían hecho y que fueron un completo fracaso.
No quiero poner en marcha un programa -aún estando obligado a ello, y no niego dicha obligación- que pueda suponer el derroche de los fondos de los contribuyentes. Ése es el motivo por el que buscamos asesoramiento. Naturalmente podría lanzar la campaña mañana mismo. Es posible, pero no estoy seguro de que vaya a tener éxito. Por consiguiente, la Comisión ha propuesto a todas las partes que he mencionado -los Estados miembros, los sectores de la alimentación y de la venta al por menor y, especialmente, a las organizaciones de consumidores- que discutan los resultados de dicho estudio y que busquen el modo de resolver el problema.
Puedo prometerle que estamos dispuesto a lanzar la campaña en cualquier momento, pero quiero iniciarla con algo que sea razonable. Resulta fácil ser un activista, pero no lo es tanto ser racional e intentar alcanzar algo. Al comienzo de mi carrera política yo era un activista, porque eso compensa, pero al final de una carrera política, se tiene la sensación de que las cosas deben hacerse de una manera más razonada.

El Presidente
Pregunta nº 67 del Sr. Alan Donnelly (H-1043/96):
Asunto: Organizaciones representantes de proveedores de servicios de la Internet
Habida cuenta del progreso realizado por la Comisión en la elaboración de proyectos legislativos sobre varias cuestiones relativas a la Internet, ¿no opina la Comisión que es fundamental apoyar a la propia industria, prestando su ayuda para que se asocien las organizaciones representantes de proveedores de servicios de la Internet de los Estados miembros de la UE y de todo el resto de Europa?

Bangemann
Señor Presidente, lo que dice Alan Donelly es completamente acertado: sólo tendremos éxito, no sólo en Internet, sino también en otras infraestructuras, si los ofertantes de content, sobre todo también los ofertantes de servicios, asuman el papel que deben jugar. El problema de entrar en contacto con esta industria consiste en lo siguiente: no está todavía agrupada de forma tan homogénea como por ejemplo los hardware producers o los operators . Estos están organizados ya desde hace tiempo. Saben lo que quieren y tienen también established relationships con la Comisión. Esto no es así en el caso de los ofertantes de servicios. No obstante, se encuentran en proceso de organización. Apenas hace una semana he mantenido una conferencia durante dos días con los más importantes ofertantes de servicios para constatar qué tipo de condiciones hay que crear para que puedan ofertarse tales servicios. Pero, éste ha sido un mero contacto informal y necesitamos más contactos formales.
Hemos constituido un grupo de trabajo que se compone de representantes de los Estados miembros, de explotadores de redes, de proveedores, de ofertantes de software, incluso de ofertantes de servicios de Internet y de otros ofertantes de contenidos. Este informe del grupo de trabajo ha merecido una mención positiva en la resolución del Consejo de 28 de noviembre. De esta manera podremos establecer las primeras líneas y próximamente convocaremos de nuevo a este grupo de trabajo.
No puedo decir más en este momento. Pero el Sr. Donelly tiene toda la razón, cuando dice que en este punto necesitamos más contactos formales, también, en especial, con el Parlamento Europeo. Cuando podamos presentar el informe que estamos elaborando sobre contenidos ilegales y nocivos, tendrá el Parlamento, ojalá, la oportunidad de decir más cosas sobre estas cuestiones, en especial sobre autocontrol, responsabilidad, técnica de filtrado, sistemas de valoración, etc. El Gobierno alemán se ha ofrecido también a celebrar en el verano una conferencia sobre estas cuestiones. La Comisión está colaborando con el Gobierno alemán para aprovechar también esta conferencia con vistas a determinadas sugerencias que pueden solucionar este problema.

Donnelly, Alan
Deseo expresar mi agradecimiento al Comisario por su respuesta y por el hecho de que, durante las últimas semanas, se haya avanzado en la toma de contacto informal con los proveedores de servicios. Pero deseo llamar la atención del Comisario sobre tres puntos. En primer lugar, siempre hemos identificado que el ámbito de creación de empleo de la sociedad de la información pasa por los proveedores de servicios. En segundo lugar, reconocemos que cuando intentamos tratar con las pequeñas y medianas empresas del sector tradicional, siempre decimos que resulta muy difícil contactar con ellas. Eso me lleva al tercer punto. Puesto que éste es un mercado emergente, no cabe duda de que deberíamos intentar ahora encontrar redes nacionales de proveedores de servicios con el fin de que podamos mantener un diálogo con ellos.
El Reino Unido cuenta con una red de proveedores de servicios muy eficiente, y se ha ofrecido a hacer de centro temático. Quisiera preguntarle, señor Comisario, si con la ayuda del Parlamento Europeo podríamos intentar, quizá antes de las vacaciones de verano, organizar otra reunión con esas personas, recurriendo al Reino Unido para que haga de centro temático de la misma.

Bangemann
No tengo ningún reparo en organizar una conferencia de trabajo de ese tipo con la colaboración del Parlamento Europeo, que nos permita examinar la experiencia de Gran Bretaña. Sé también por experiencia propia, gracias a las invitaciones de algunos diputados activos -no he dicho diputados Laboristas, sino diputados activos - que en Gran Bretaña existe una actividad muy positiva en este ámbito. Por tanto, estoy más que dispuesto a hacerlo, incluso antes de que se celebren las elecciones británicas.

El Presidente
El turno de preguntas queda cerrado.
Las preguntas que por falta de tiempo no han sido examinadas se contestarán por escrito .
Señor Comisario, le damos las gracias por su presencia y sus respuestas.

Ayudas a los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0011/97) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0584/96-95/0204(SYN)) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 1107/70 relativo a las ayudas concedidas en el sector de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (Ponente: Sr. Tamino).

Tamino
Señor Presidente, quiero recordar brevemente que se trata de un documento que la Comisión elaboró aún en julio de 1995 y que tenía por objeto prorrogar, para los años 1996 y 1997, el Reglamento nº 1107 de 1970, relativo a los acuerdos en el sector de los transportes combinados por ferrocarril, por carretera y por vía navegable.
En ese documento se ponían de manifiesto la necesidad y la urgencia de llegar, en breve, a conceder esa prórroga y se justificaba el motivo por el que las ayudas debían seguirse concediendo. Quiero recordar además que en ese documento se decía que los precios del transporte reflejan los costes sociales, lo que, de hecho, iba en perjuicio del transporte combinado respecto del de por carretera y, por lo tanto, llevaba a la necesidad urgente de prorrogar el mecanismo de apoyo a los servicios intermodales. En el documento se ponía de manifiesto, pues, la necesidad de esas ayudas.
Ahora, el Parlamento, primero a través de la Comisión de Transportes y, luego, a través del pleno, ha considerado efectivamente urgente intentar llegar a la aprobación de esta propuesta de reglamento: en efecto, a finales de 1995 la Comisión de Transportes aprobó una propuesta con varias modificaciones, que fueron aceptadas, en febrero de 1996, por la sesión plenaria del Parlamento Europeo.
Las modificaciones que se introdujeron en aquella ocasión se referían sobre todo a algunos aspectos, es decir, a la necesidad de fomentar sistemas de transportes que fueran más compatibles con el medio ambiente y de poner de manifiesto que, de hecho, no se había alcanzado todavía un equilibrio financiero entre los distintos sistemas de transporte.
Esas dos enmiendas se recogieron en la propuesta común, pero, en realidad, no se recogieron otras enmiendas que también como ponente había presentado y que consideraba de gran importancia, en particular una enmienda que trataba de poner de manifiesto los aspectos particulares que conciernen al transporte a través de los sistemas montañosos, como es el caso de los Alpes, por otra parte bien conocido. Esa enmienda no se recogió en la propuesta común y, sobre todo, no se recogieron las enmiendas que concernían al problema de la supresión o del mantenimiento del artículo 4 del Reglamento nº 1107 de 1970.
Antes de hablar de ese artículo 4 quiero hacer una observación previa. Ante una urgencia real, ante una decisión bastante oportuna del Parlamento Europeo, nosotros nos hemos encontrado debatiendo de nuevo esta disposición después de un año -es decir, a principios de 1997- cuando el objetivo era prorrogar los plazos para 1996 y 1997. Tengo que decir que esto nos deja un poco perplejos, y me pregunto, hoy, qué sentido tiene la prórroga sólo hasta 1997. ¿Estamos seguros de que, en cambio, no se debe prorrogar más allá de 1997? Entonces, desde este punto de vista surge el problema de mantener o no el artículo 4. Si es cierto, como se afirma, que, de hecho, con la Directiva 91/440 el artículo 4 desaparecía, también es cierto que el artículo 4 se refiere a aspectos que hacen posibles estas ayudas al sistema combinado de transportes. Eliminar el artículo 4 del Reglamento nº 1107 de 1970 -sin haberlo sustituido por otra disposición- de hecho hace difícil o imposible un mantenimiento de ayudas para el próximo futuro.
Por otra parte, es la propia Comisión la que ha puesto de manifiesto que no se ha alcanzado todavía un equilibrio financiero, que, en cualquier caso, es necesario fomentar sistemas más compatibles con el medio ambiente. La pregunta que yo me hago, pues, es si no es necesario, por parte de la Comisión, determinar un camino que nos permita alcanzar ese objetivo.
La Comisión de Transportes no ha considerado oportuno, en esta situación, aceptar las enmiendas que yo había presentado: por eso llegamos al pleno con una disposición que era la que había propuesto la Comisión. Yo estoy a favor de esa disposición, pero he considerado oportuno, precisamente para suscitar una respuesta por parte de la Comisión, presentar de nuevo algunas enmiendas, en particular para entender cómo se piensa proceder en el próximo futuro para las ayudas al sistema combinado.

Castricum
Señor Presidente, mi Grupo está dispuesto a acceder a la apremiante petición de la Comisión de aprobar la posición común. La prórroga de la normativa en cuestión tiene que efectuarse rápidamente, pues de lo contrario se habrá agotado el plazo de acción propuesto de 1996 y 1997. En esta ocasión, no atenderemos a la tenacidad que demuestra el ponente en relación con algunas enmiendas, acaba de referirse a ello, y con las que en principio estamos de acuerdo, como ha quedado demostrado en la primera lectura.
El transporte combinado tiene que seguir adelante en el sentido literal de la palabra, y las consideraciones son bien conocidas y han sido expresadas en repetidas ocasiones y en diversas variantes. Tanto al ponente como a nosotros nos complace que la Comisión, y espero que también el Consejo, estén plenamente de acuerdo. Quien lea la Comunicación de la Comisión sobre el programa de acción para el transporte combinado de mercancías, lo llamaré Pacto 2, y quien recuerde el contenido del Libro Blanco sobre los Ferrocarriles, no podrá por menos que suscribir plenamente la necesidad de una política activa. Por otra parte, la cuestión es saber si cuando hablamos de transporte combinado no pensamos con demasiada facilidad en carretera/ferrocarril y si no nos olvidamos demasiado de la navegación fluvial. No se puede recalcar suficientemente que una flota de barcos fluviales de alta calidad y que opere eficazmente puede contribuir mucho más que ahora al transporte ecológico sin necesidad de incurrir en gastos o inversiones exagerados.
Señor Presidente, para terminar quisiera preguntar al Comisario cuándo cabe esperar la revisión general del Reglamento nº 1107/70. Es una pregunta que conecta un poco con las observaciones hechas por el ponente. Prorrogar las actuales disposiciones con efecto retroactivo es poco ortodoxo, y en el futuro tendríamos que evitarlo al máximo. Por lo demás, cabe formular la pregunta, también a la luz de la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto 2, de si no sería más claro agrupar todas las formas de apoyo al transporte combinado en una sola normativa, y quizás la revisión del 1107/70 pueda servir de introducción. La transparencia podría alcanzarse con más facilidad de lo que pensamos.

McIntosh
En nombre del Partido Popular Europeo deseo expresar mi satisfacción por la propuesta de la Comisión, dar la bienvenida aquí esta noche al Comisario y felicitar al ponente, Sr. Tamino, por el modo en que ha tratado esta propuesta.
El Reglamento 1107/70, según enmienda de 1992, establece el mecanismo de ayudas al transporte combinado para el pasado y el presente año, por lo que es oportuno que en el mes de febrero estemos estudiando esta prórroga del Reglamento.
Es importante reconocer que aquellas modalidades distintas al transporte por carretera están en desventaja, sobre todo por las desigualdades de distribución por modalidad y por tipo de tarifas que se aplican por la utilización de las infraestructuras. El transporte combinado se ve especialmente perjudicado por esta causa y los que pertenecemos al Partido Popular Europeo así lo reconocemos. Es importante revisar el actual mecanismo de ayudas a los servicios intermodales. Hay que tener en cuenta las distintas situaciones de cada país.
La propuesta de la Comisión continuará permitiendo a los Estados miembros, en virtud del principio de subsidiaridad, seleccionar la forma de ayuda más idónea y que mejor se ajuste a sus prioridades nacionales. Por tanto, la propuesta contempla la posibilidad de conceder ayudas nacionales para la infraestructura del transporte combinado, para el equipamiento necesario para pasar de una modalidad a otra y para los equipos especializados para el transporte intermodal.
A pesar de que la concesión de ayudas al transporte combinado estará exenta del estricto procedimiento de autorización que prevé el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, los Estados miembros deberán informar a la Comisión de las ayudas concedidas mediante un estado de previsión anual al comienzo de cada año y, posteriormente, mediante un informe al final del ejercicio.
El atractivo del nuevo reglamento radica en que permitirá reducir los trámites burocráticos que exigen tanto los Estados miembros como la Comisión. Se trata de una modificación muy gratificante. Según la propuesta, será cada Estado miembro el que decida si se concede la ayuda y la forma de la misma. Aunque la Unión Europea hace hincapié en el transporte combinado, espero que tanto el transporte combinado como las operaciones convencionales del transporte de mercancías reciban ayuda mediante esta medida.
Mi Grupo respalda la propuesta de la Comisión que establece las categorías legítimas de ayuda que están destinadas a superar las dificultades específicas que entraña el desarrollo del transporte intermodal o combinado. Se da por sentado que las ayudas deberán aplicarse a corto plazo y tener un efecto positivo y beneficioso sobre la evolución del transporte combinado.
La propuesta de prorrogar el Reglamento 117/70 merece el apoyo del Parlamento, porque es precisamente este tipo de ayuda al transporte combinado lo que, en nuestra opinión, conviene a la futura política de transportes de la Unión Europea. Es además un medio de reforzar la situación de los ferrocarriles y de las vías navegables del mercado europeo de transportes. Como mínimo, hasta que llegue el momento en que el nivel de competencia entre las diferentes modalidades de transporte se refleje en la realidad de las ayudas y en las condiciones de armonización propuestas, dichas ayudas son un medio modesto de ofrecer compensación en aras de una política de transportes sostenible.
Para terminar, felicitamos al ponente por su informe. Estoy encantada de que el Consejo, al aprobar la posición común, haya incluido dos enmiendas clave del Parlamento Europeo y sobre esa base, debemos aprobar ahora la posición común y, en este sentido, tengo el enorme placer de recomendarla a la Asamblea.

Wijsenbeek
También mi Grupo apoya, como todos, estas propuestas, y deseamos mucha suerte al ponente. En principio no somos contrarios a las enmiendas presentadas por él, pero al igual que el Sr. Castricum, creemos que este no es el momento oportuno, sobre todo ahora que el Comisario, y quizás el Comisario desee contestar, ha recibido el encargo del Consejo de seguir negociando con Suiza sobre el transporte transalpino. Mi Grupo ve con cierto agrado que, en la posición común, se considere la posibilidad de suspender la ayuda en 1997.
¿Por qué? En primer lugar porque hemos visto que seguir apoyando al transporte combinado equivale en realidad a tirar de un caballo muerto. Una y otra vez se evidencia que la cuota del transporte combinado retrocede en lugar de avanzar en el conjunto del transporte. Por consiguiente, de ello se desprende que la libre elección del transporte predomina para el transportista. Es algo que nuestro Grupo considera como un bien extraordinario y quisiéramos que se realizara esa libre elección de transporte. Por supuesto, ello no quita que mi Grupo desearía también que las modalidades ecológicas del medio de transporte tuvieran una cuota mayor. Pero resulta que, debido a la estancada liberalización de los ferrocarriles y a los elevados costes del transbordo y por último, señor Comisario -y le agradecería que me diera una respuesta-, los transportistas se ven imposibilitados de realizar el trasnbordo y la descarga por su cuenta en el lugar de destino del tráfico ferroviario. Al igual que el Sr. Castricum, nos gustaría que en el futuro se promulgara una legislación al respecto.

Sindal
Señor Presidente, las formas combinadas de transporte o, más correctamente, un sistema que comprende las formas de transporte adecuadas para satisfacer cualquier necesidad, no remiten únicamente a un proyecto europeo de transporte referido a la capacidad y a los precios para los compradores de transporte. Remiten asimismo a un proyecto medioambiental. A un proyecto que alivia los cuellos de botella y que puede tener ventajas económicas. Igual que el Sr. Castricum, apoyo las iniciativas de la Comisión y espero que el Consejo las siga, pero me gustaría que se ampliaran.
La participación de los Estados miembros debe ser mayor; hay que hacerles entender que se trata de un proyecto europeo común y no de proyectos locales. Hasta ahora se ha seguido la estrategia de que los propios Estados miembros participasen en la designación de los ámbitos de actuación, no a escala europea, sino a escala local. Esto ha de cambiar en el futuro. Todavía no se ha comprendido que en muchos lugares a los que se llega por vía navegable, ferrocarril y carretera existen excelentes nudos de comunicaciones. Falta el llamado short sea shipping . Es una parte importante del desarrollo de las formas combinadas de transporte en Europa y espero que nos pongamos de acuerdo sobre una prórroga del programa, para que siga en marcha después del año en curso y del año próximo. El hecho es que primero se produce el tráfico y después intentamos regularlo. Sería una buena idea que, a escala europea, intentásemos regularlo antes de que se produzca y presentásemos nuevas iniciativas. Las fuerzas del mercado no solucionarán este problema por sí solas. Podemos hacer cuantos discursos de felicitación queramos sobre este proyecto de transporte combinado, pero no se hará nada si no nos ponemos de acuerdo a escala europea.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimado Comisario, estimados colaboradores del Comisario, estimados colegas no ausentados, el tema es suficientemente importante en sí mismo como para merecer ser discutido. Comparto la mayor parte de lo que han dicho mis colegas. Nosotros, los demócratas cristianos apoyamos la posición común y esperamos que el Comisario presente realmente enseguida el reglamento correspondiente para que en 1999 no tengamos que hablar sobre el reglamento para 1998.
Permítanme que destaque especialmente dos puntos. Creo que la prórroga del reglamento sobre las ayudas de fomento del transporte combinado es extraordinariamente importante, pues todos tenemos, efectivamente, el objetivo de desplazar cada vez más el transporte de mercancías de largo recorrido al ferrocarril, al transporte por navegación interior -y comparto la opinión de quien me ha precedido en el uso de la palabra- al transporte por transbordador y al transporte de navegación de cabotaje, para poder aumentar la seguridad en el transporte en nuestras carreteras en el seno de la Comunidad y poder cuidar el medio ambiente. Compartimos también la segunda idea de la posición común y de la propuesta de la Comisión de simplificar el control de las subvenciones para este ámbito. Pero, señor Comisario, en este punto tenemos todavía algunos reparos. Los reparos se refieren a que hemos de asegurar dos cosas, y yo le pregunto si usted podría garantizarlas, señor Comisario, si usted tuviera que recoger estas dos ideas nuevas en su respuesta. La primera pregunta reza así: si las autorizaciones específicas no son necesarias en este procedimiento de subvenciones ¿cómo pretende asegurar usted que la Comisión ejerza, a pesar de todo, el control de las subvenciones con el mismo cuidado? La exención de autorizaciones específicas no debe significar exención del control de las subvenciones, y en este punto me gustaría tener de usted la promesa de que usted en sus servicios se preocupará de esto.
La segunda pregunta es la siguiente: si se renuncia a la autorización específica ¿cómo puede asegurarse que mediante la subvención para una empresa no se va a perjudicar a otra empresa, a otra ciudad o a otra región, sin poder oponerse a ello? En efecto, ésta es la práctica; los otros competidores dicen: no me entero, en absoluto, de qué subvención se ha solicitado. No se publica nunca. ¿Cómo voy a poder presentar mis reparos en contra si me entero de ello un año después? Por consiguiente, señor Comisario, creo que incluso en el procedimiento simplificado tenemos que pensar un procedimiento acerca de cómo los competidores pueden ser informados o incluso cómo pueden reclamar, y esto en interés de la competitividad para no causar una nueva distorsión de la competencia.

Stenmarck
Señor Presidente, empiezo dando las gracias al Sr. Tamino por un informe bien redactado. En el fondo, mi convicción política es que el libre comercio y la libre competencia son las mejores condiciones también por lo que respecta a la solución de los diversos problemas de transporte que tiene Europa. En consecuencia, soy escéptico por principio en relación con las ayudas y contribuciones de carácter económico.
Ahora que se ha llegado al segundo debate sobre el asunto, y que existe una posición común por parte del Consejo de Ministros, creo también que puede decirse que esta decisión tiene todas los requisitos previos imaginables para convertirse en excelente. El informe Tamino trata del fortalecimiento de los transportes combinados. Éstos tienen indiscutiblemente una gran importancia; por ello hay todo tipo de razones para impulsarlos. También es importante el modo en que se haga. Las inversiones en los transportes combinados no pueden hacerse aumentando más los impuestos y a través de unos precios de flete más elevados y peor repartidos. Éstos ya son suficientemente distintos entre los diversos países de la UE, y a menudo con enormes perjuicios para los países que ya tienen largas distancias de transporte y precios de flete elevados. Esta diferencia, grande y en aumento, no debe aumentar más. Todo ello hace que el mejor modo de fomentar los transportes combinados no sea el de la ayuda económica directa. En su lugar, se deberían orientar los trabajos más en la dirección apuntada en el Libro Blanco presentado al Parlamento sobre la revitalización de los ferrocarriles europeos.
Verdaderamente es un grave problema que los transportes comerciales de la red férrea europea pierdan siempre su parte proporcional del mercado. Pero el modo de contrarrestar esta tendencia consiste menos en ayudas de naturaleza económica y más en unos estímulos diferentes. El estímulo más importante consiste en un transporte comercial simplificado a su paso por las fronteras de la UE, y de una competencia más libre que la actual. Por consiguiente, las decisiones más vitales que podemos tomar en este ámbito, es decir, por lo que respecta al fomento de las vías férreas y de los transportes combinados, no son las que tomamos aquí hoy, sino las que nos aguardan.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, permítame, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Asamblea y al ponente, Sr. Tamino, por su utilísima labor en lo relativo a la enmienda del Reglamento 1107/70 sobre las ayudas estatales al transporte nacional. El resultado de estos esfuerzos es subrayar, una vez más, el firme compromiso del Parlamento de fomentar el transporte combinado, y eso, como siempre, merece una buena acogida.
Al aprobar esta posición común, la Asamblea garantiza que la normativa contenida en el Reglamento 1107/70 relativa a las ayudas al transporte combinado se mantendrán en vigor este año. Habida cuenta de que dicha normativa expira el 31 de diciembre, debemos, evidentemente, preparar la estructura del nuevo régimen que permita satisfacer las necesidades del futuro.
Con este objetivo específico en mente, los servicios de la Comisión están trabajando en estos momentos en un informe sobre las prácticas actuales de los Estados miembros en materia de las ayudas estatales, en base a las respuestas que éstos han dado a un cuestionario de la Comisión. El resultado de este cometido proporcionará evidentemente un fundamento documentado para la revisión del Reglamento 1107/70, que es exactamente lo que deseaba el Sr. Castricum. Naturalmente me gustaría celebrar, en su momento, un intercambio minucioso de opiniones con la Asamblea sobre el modo de establecer un marco legal que permita el fomento continuado y adecuado del transporte combinado. Será importante que discutamos la idea del Sr. Castricum relativa a la acción del proyecto para el transporte combinado en dicha coyuntura.
Se ampliará el programa PACT para que incluya el transporte marítimo de corta distancia, y espero que el Sr. Sindal considere esta medida una prueba de la apuesta constante de la Comisión por el desarrollo de esa modalidad tan importante del transporte combinado. Mientras tanto, quisiera decir al Sr. Jarzembowski que estoy de acuerdo con el énfasis que él pone en una vigilancia eficaz y en unas condiciones justas, y puede estar completamente seguro de que la Comisión no sólo apoyará sus actuales esfuerzos, sino que además buscará constantemente formas aún más eficaces e incisivas para alcanzar exactamente los resultados que él busca.
En cuanto al tema específico del informe que nos ocupa, observo que el Sr. Tamino, como él mismo ha dicho, ha vuelto a presentar dos enmiendas que tanto la Comisión como el Consejo habían rechazado en la primera lectura. Debo informar a su Señoría que en la opinión de la Comisión, ambas enmiendas continúan siendo inapropiadas. Espero, por consiguiente, que no insista en la inclusión de las mismas y que se una a la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo de aprobar la posición común sin enmienda de la manera que ha defendido el Sr. Wijsenbeek.
Expreso mi gratitud por la constante actitud constructiva de sus Señorías en apoyo del desarrollo del transporte combinado, y espero con enorme interés la siguiente fase de disposiciones para el futuro.

Wijsenbeek
Señor Presidente, he formulado dos preguntas específicas al Sr. Comisario relativas a la fase de descarga y a la cuestión de Suiza. Espero recibir respuestas más detalladas más adelante.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, hablaré exhaustivamente de Suiza en la reunión que la semana próxima celebrará la comisión y a la que, estoy seguro, asistirá el distinguido diputado. Pensé que debía reservarle la noticia como regalo, algo tardío, de San Valentín, o como anticipo del regalo de Pascua.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Sistemas de indemnización de los inversores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0047/97) del Sr. Janssen van Ray, en nombre de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto (C4-0058/97-00/0471 COD), aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de indemnización de los inversores.

Janssen van Raay
Señor Presidente, veo con satisfacción que el Comisario Monti ha llegado junto con el Comisario Kinnock; la sala parece vacía, amigo mío, pero me he paseado por el Parlamento y le aseguro que hay 300 diputados en sus oficinas pegados a la pantalla, Comisario Monti, que siguen fascinados este debate. Este era el primer punto. Es decir, contamos con la atención del Parlamento.
En segundo lugar, la principal observación que quiero hacer es el enorme éxito del procedimiento de conciliación de Maastricht. Valoro que bajo la Presidencia irlandesa -se trataba del último procedimiento de conciliación logrado por la intervención personal del propio Comisario Monti y del ministro irlandés- se llegara efectivamente a un compromiso. Esta tarde, dado que los Países Bajos se ven afectados por la peste porcina, he seguido fascinado el debate sobre la enfermedad de las vacas locas. Pensaba para mis adentros que si Amsterdam I o Maastricht II pudieran tener por resultado que este procedimiento de conciliación de Maastricht I se introdujera en todos los ámbitos de nuestra cooperación, podríamos dar un gran paso adelante. Pues lo que ha dicho el ministro Van Aartsen carece de lógica: no puede aplaudir primero las medidas contra Inglaterra, para luego protestar, señor Monti, contra su Comisión que, como neerlandés creo sinceramente ha tomado medidas justas contra mi país en lo concerniente a la salud pública y el interés de los consumidores. Lo único que tendría que haber hecho el ministro Van Aartsen es ocuparse de que todos los ganaderos con ganado porcino fueran indemnizados por completo. Pero su Comisión merece un cumplido por usted, por el Sr. Santer, a diferencia de la anterior Comisión. Lo que quiero decir es: de haber tenido entonces un procedimiento de conciliación como el actual, con la colaboración del Consejo de ministros, se habría podido lograr con mucha mayor facilidad una solución.
Les digo a todos ustedes: estamos muy satisfechos. Como bien saben, hemos negociado hasta el último instante para intentar que se aceptara la visión del Parlamento. En la segunda lectura, el Consejo, gracias a usted, ha aceptado un gran número de enmiendas del Parlamento. Lo que repito siempre es que nosotros somos, por así decirlo, the House of Representatives , y el Consejo de Ministros, el Senado, y la Comisión desempeña un papel de enorme importancia entre ambos. Juntos hemos de ocuparnos de crear una legislación europea que sea aceptable para todos.
Tomados de uno en uno, los componentes del paquete Delors no parecen tan importantes. Tampoco el sistema de compensación de inversionistas parece importante a primera vista. Pero como piedra angular del gran paquete legislativo, nos hallamos ante un documento legislativo sumamente importante para los consumidores, para los inversores. Por supuesto, he de decir que lamentamos que se haya suprimido la prohibición de exportar. Habríamos preferido que los países con mayor protección para los inversionistas hubieran podido competir, y los países que no la tienen. Usted sabe, Comisario Monti, que hemos dicho hasta el último instante: introduzcan las enmiendas. Pero cuando el Abogado General, en el procedimiento de Alemania contra la Comisión y el Consejo, nos dijo que esto quedaba descartado, nosotros respondimos que también abandonaríamos la lucha. Contamos con la Comisión, y en realidad es el punto principal que quiero tratar, para que intervenga cuanto antes en interés de los inversionistas, y es una de las enmiendas incluidas en el compromiso con la Presidencia irlandesa, de que se implante una protección máxima de los inversionistas en todos los países de la Unión Europea, en este caso concretamente también en Grecia. Contamos con su cooperación. Sea como fuere, deseo dar las gracias al Comisario Monti por el papel personal que ha desempeñado en el establecimiento del compromiso con la Presidencia irlandesa.

Oddy
Quisiera felicitar al ponente por haber conducido tan hábilmente esta legislación a través de las tres lecturas en esta Asamblea y a través del procedimiento de conciliación. A pesar del pequeño número de diputados que se encuentra presente esta noche, se trata de una legislación muy importante. Protege a los pequeños inversores y los ahorros de los pequeños inversores.
Los pequeños inversores constituyen la espina dorsal del sector bancario. Los pequeños inversores controlan sus gastos y ahorran. Actualmente existen muchos temores en la economía europea; miedo a perder el puesto de trabajo, miedo a lo que pueda suceder en la vejez, miedo a lo que pueda suceder si contraemos una larga enfermedad, miedo de lo que pueda ocurrirle a los hijos. Los ahorros están pensados para la vejez, para casos de enfermedad, para ayudar a los hijos en los estudios y para ayudar a los nietos. La pérdida de los ahorros puede suponer una tragedia personal para las familias afectadas. Esta legislación protege a los pequeños inversores. Sin ahorros no tendremos inversión. Por eso, esta legislación es absolutamente fundamental tanto para la prosperidad de Europa en su conjunto, como para la prosperidad de las familias individuales correspondientes.
Agradezco al ponente y a la Comisión que hayan presentado esta directiva destinada a proteger a los pequeños inversores de Europa.

Mosieck-Urban
Señor Presidente, señoras y señores, todos nosotros sabemos con qué tienen que luchar actualmente los sistemas de seguridad social en toda Europa. La atemorizada pregunta acerca de si nuestra jubilación está asegurada preocupa hoy no sólo a los alemanes, sino cada vez a más ciudadanos de la Unión. La llamada de los estados hacia una mayor previsión privada no puede pasar inadvertida. Es comprensible que más de uno se decida a hacer prometedoras inversiones en valores, un sector financiero tan sensible como lleno de riesgos.
Sobre este telón de fondo cobra una importancia adicional la directiva sobre sistemas de indemnización a los inversores. Se trata, sobre todo, de la protección de los pequeños inversores. Por esta razón, hay que celebrar que tras una enconada lucha entre el Consejo y el Parlamento Europeo se haya encontrado un compromiso que deja libre el camino para que entre en vigor la directiva. Una vez más se ha acreditado el procedimiento de la codecisión con la intervención del Comité de conciliación.
Los pequeños inversores deben poder obtener en las sucursales de las empresas de valores de la Comunidad o en el marco de la circulación de servicios transfronteriza servicios de valores con la misma confianza con que lo pueden hacer en su país. Por esta razón, en todos los Estados miembros deben existir sistemas de indemnización de inversores, que garanticen, al menos para los pequeños inversores, una protección mínima armonizada en el caso de que una empresa de valores no esté en condiciones de satisfacer sus compromisos frente a sus clientes inversores.
Para los institutos de crédito hemos establecido ya hace tiempo semejante protección mediante leyes, aunque según sistemas enteramente diferentes. A este respecto, la indemnización mínima armonizada por valor de 20.000 ecus por inversor es adecuada a la hora de proteger los intereses de los pequeños inversores. También es razonable permitir que los Estados miembros dispongan que el inversor ha de correr con una parte de las posibles pérdidas. Pero el mercado interior implica pérdidas y con esto paso al punto de la crítica principal de la directiva. El ponente se ha referido ya detalladamente al mismo.
En opinión del Consejo, el monto y la amplitud de la cobertura que son ofrecidos por los diferentes sistemas de indemnización no pueden convertirse en un instrumento de competencia. El Consejo teme obstáculos del mercado, si las sucursales de las empresas de valores ofrecen una cobertura más alta que la empresa que está autorizada en el estado de acogida. El Parlamento Europeo ve en el reglamento propuesto por el Consejo una prohibición manifiesta de exportación de servicios para las empresas de valores de los países cuyos sistemas ofrezcan una cobertura más alta que en el estado en que estén establecidos. Sólo el hecho de que este reglamento, es decir, la prohibición de exportación, esté limitado hasta el 31 de diciembre de 1999, ha movido al Parlamento Europeo a ceder en este punto en aras de encontrar un compromiso.
Hay que destacar que el Parlamento Europeo en el marco del Comité de conciliación ha logrado que se indemnice de acuerdo con el valor respectivo de mercado de los valores y que la retirada de la indemnización se produzca sin demora. De esta suerte el compromiso logrado responde a los dos aspectos de protección de los inversores y de mantenimiento de la confianza en los sistema financieros. Constituye una contribución importante a la culminación del mercado interior y, por esta razón, mi grupo recomienda la aprobación de este compromiso.

Wijsenbeek
Evidentemente, en un minuto no tengo tiempo de explayarme sobre el contenido del compromiso que tan magistralmente ha logrado el ponente. Le felicito.
John Kenneth Galbraith anunció en una ocasión, en una audiencia del Senado norteamericano, que el alza que experimentaba la Bolsa por aquel entonces no podía perdurar. En aquel momento, la Bolsa se vino abajo. Supongo que no tendré tanta influencia, pero hemos de asumir que la actual alza en la Bolsa no puede durar eternamente y que uno de estos días se vendrá abajo. Ahora, cuando el inversionista ha encontrado el camino a la Bolsa, el instrumento para subir es a menudo la entidad inversora. Por ello es muy bueno, y nuevamente debo dar las gracias al ponente y al Comisario, que de esta manera se amplíe la acumulación de capital también entre quienes antes no lo tenían y la participación en los riesgos. Es algo que aplaudo como liberal y me complace que ahora se haya introducido una garantía para el pequeño inversor.

Ullmann
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Delegación del Parlamento y, sobre todo, al señor ponente. Lo que se ha presentado como resultado del procedimiento de conciliación es un compromiso razonable. Las razones están patentes. La aprobación de la directiva era imperiosa en el sentido de la libre circulación de capitales a tenor del apartado 2 del artículo 7a del Tratado CE y había que establecer una compatibilidad con la directiva sobre sistemas de aseguramiento de los inversores.
El problema central lo representaban los reparos contra la necesidad de la directiva que se remitían al principio de subsidiariedad y a la cuestión de la prohibición de exportación. Justamente la lucha en torno a la última constituye, en mi opinión, el mejor argumento en favor de la directiva.
Habría que contrarrestar posibles distorsiones del mercado. Con la propuesta de una limitación de la prohibición de la exportación hasta 1999 se ha logrado también en este punto un compromiso aceptable. La respuesta adecuada a esta mesurada propuesta no puede ser más que la aceptación por parte del Parlamento.

Monti
Señor Presidente, quizás, como ha dicho el Sr. Janssen van Raay, este hemiciclo no esté especialmente concurrido esta noche, pero a mí me parece que las intervenciones que ha habido han mostrado realmente todos los aspectos de este problema tan importante y tan bien resuelto. A este respecto, quiero expresar, en nombre de la Comisión, felicitaciones institucionales y felicitaciones personales: institucionales porque hemos tenido un buen ejemplo de funcionamiento de un procedimiento de conciliación; personal al ponente, el Sr. Janssen van Raay, y a todos los miembros de su delegación, por el trabajo realizado para alcanzar un acuerdo con el Consejo el pasado mes de diciembre sobre un acto normativo de tan gran importancia.
La importancia de esta directiva reside en que ésta, junto con la directiva sobre los servicios de inversión y la directiva sobre los fondos propios de las empresas de inversión y las entidades de crédito -directivas que ya son operativas- constituirá uno de los pilares fundamentales del mercado único por lo que respecta al sector de los valores mobiliarios. A mí me parece que las intervenciones de la Sra. Oddy, de la Sra. Mosiek-Urbahn, del Sr. Wijsenbeek y del Sr. Ullmann han desvelado realmente las distintas dimensiones de este mercado único que estamos construyendo para el ciudadano, mercado que puede pues, gracias a una directiva como ésta, ver incrementado el número de los ciudadanos, de los ahorradores, incluso pequeños, que acceden a los valores mobiliarios. Por otra parte, esto potencia el circuito ahorro/inversión y, por consiguiente, hace crecer la economía europea en beneficio de las generaciones futuras y crea un mecanismo de confianza. Es, pues, una disposición aparentemente técnica, quizás aparentemente gris, pero a mí me parece de gran importancia económica y social. Por lo tanto, felicito de nuevo al Parlamento por el papel decisivo que ha tenido en este resultado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas .
(Se levanta la sesión a las 23.20 horas)

