Flotas pesqueras
El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0092/2002) del Sr. Kindermann en nombre de la Comisión de Pesca sobre el Informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de los programas de orientación plurianuales de las flotas pesqueras a finales de 2000 (COM(2001) 541 - C5-0007/2002 - 2002/2006(CNS)).
Kindermann (PSE)
Señor Presidente, estimados colegas, la Comisión ha aplazado una vez más la aprobación de las propuestas relativas a la reforma de la política pesquera común que, en principio, debía tener lugar en la semana pasada. Esto tiene, al menos, la ventaja de que la Comisión dispone todavía de algunas semanas o, quizá, incluso de más tiempo, para incluir en sus propuestas de reforma sugerencias encaminadas a una futura política de flota que hoy votamos en el marco de mi informe.
Paso ahora a mi informe en el cual de una manera consciente me he limitado solamente al informe de la Comisión sobre la ejecución de los programas de orientación plurianuales para la reducción de la flota pesquera. Puesto que nos encontramos en la fase caliente de la preparación de la reforma de la política pesquera común, en general, y, por tanto, de la política de flota, en especial, quisiera tomar posición de una manera general acerca de los POP con el propósito de aludir a algunos problemas que en todo caso deberían ser objeto de reflexión a la hora de la reforma. Para la votación de hoy existen solamente dos enmiendas que son del mismo tenor y que, en mi condición de ponente, apoyo sin reservas. Esto denota que la Comisión de Pesca , en su valoración, es unánime en que el Informe de la Comisión para el año 2000, así como los informes anuales precedentes, han puesto de manifiesto, sobre todo, una cosa: los POP no han logrado su objetivo, en concreto, reducir notablemente la capacidad de la flota y, con ello del esfuerzo pesquero.
Lamentamos que la mayoría de los Estados miembros no hayan alcanzado una vez más los objetivos de sus POP. Queremos instarlos a que emprendan esfuerzos denodados para la reducción de su flota y celebramos, al mismo tiempo, que la Comisión haya incoado procedimientos por incumplimiento contra varios Estados miembros que repetidas veces no han respetado los objetivos de sus POP. Asimismo, queremos instar de manera insistente al Consejo y a la Comisión a que analicen las causas de la no consecución de los objetivos y desarrollen sanciones más eficaces.
Instamos también a la Comisión a que en sus propuestas encaminadas a una nueva política de flota contemple expresamente la necesidad de un equilibrio entre la capacidad de captura y/o el esfuerzo pesquero de los segmentos de la flota por Estado miembro y los derechos de captura que le corresponden a éste. En la semana pasada el Comisario Fischler ha hablado ante la Comisión de Pesca de un exceso de capacidad de los barcos de pesca de la Unión Europea de cerca del 40% y esta cifra no sólo es alarmante, sino que pone de relieve, tanto más, que aquí existe una necesidad urgente de actuar.
Este exceso de capacidad es atribuible, sobre todo, a que el instrumento para la reducción de la flota no logró su objetivo y a que en los últimos años se ha registrado incluso un aumento de la capacidad de la flota. Por consiguiente, es preciso que se aborde urgentemente este problema. Sin embargo, a este respecto la Comisión debe asegurar necesariamente que la reducción de la flota se realizará sin perjuicios sociales mediante la inclusión de medidas financieras comunitarias encaminadas a la amortiguación de los problemas sociales. Un medio eficaz para los pescadores son las primas atractivas con las cuales la Unión Europea y los Estados miembros, conjuntamente, compren tonelaje de pesca, lo destruyan o lo empleen para otros fines diferentes a los de la pesca o lo vendan.
Estas primas deberían pagarse obligatoriamente y habría que estudiar una mayor participación financiera por parte de la Comunidad. El sistema vigente hasta ahora conducía a que los pescadores que deseaban abandonar su actividad y que la abandonaban vendieran en el mercado el tonelaje de su barco y de esta manera ha sucedido, en parte, que la flota esté siendo adquirida cada vez más por sociedades con capacidad de rendimiento. Sin embargo, esto no conduce a una reducción de la capacidad. Finalmente, los esfuerzos en pro de la reducción de la capacidad de la flota no deben redundar en detrimento de las condiciones de trabajo a bordo y de la seguridad del barco o de la calidad del pescado. Por consiguiente, es preciso que también se sigan utilizando ayudas estructurales para la modernización de la flota. No obstante, se deben encontrar medios y vías para impedir un aumento simultáneo del esfuerzo pesquero. 
Soy muy consciente de que a la Comisión no le resulta tarea fácil presentar una propuesta equilibrada y por eso estamos intrigados acerca de sus propuestas de reforma. Para terminar, quiero dar las gracias a todos los colegas que han ayudado en esta difícil tarea y, en especial, a la Comisión por su constructiva colaboración.
El Presidente.
Señor Kindermann, admiro a nuestro Comisario Fischler que, en su condición de austríaco, también tiene que ponerse al corriente del tema de una de las grandes flotas.
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe de nuestro colega, el Sr. Kindermann es un buen informe, y estamos ante una materia compleja y muy importante. Además es un informe muy oportuno políticamente en el marco de la reforma de la política pesquera común en el que nos encontramos y en el momento en el que parecían existir unas propuestas en las que se cuestionaban o se suprimían estas ayudas a la renovación y a la modernización de la flota.
Quiero felicitar, por tanto, a nuestro ponente, al Sr. Kindermann, por este trabajo y quiero decirle al Comisario, el Sr. Fischler, que por favor tome buena nota de lo que diga hoy aquí el Parlamento Europeo, que espero que apruebe el informe del Sr. Kindermann. Señor Fischler, es de sabios rectificar. Por lo tanto, le pido que tome nota de ello, si el Parlamento se pronuncia en esta línea.
Del informe del Sr. Kindermann tal y como ha sido aprobado en la Comisión de Pesca -mejorado, creo yo, con las enmiendas que hemos presentado- convendría destacar lo siguiente: en primer lugar, la política de flota es crucial y tiene un gran impacto para las pesquerías, pero también para las regiones dependientes de la pesca y, en definitiva, para la cohesión económica y social de Europa. Este es un aspecto muy relevante que se subraya en el informe.
La política de flota es un importante instrumento político, pero no es el único. Hay otros que deben complementarlo, como las medidas técnicas, los TAC, las vedas, los días de pesca, etc. Aumentar la potencia de la flota no quiere decir pescar más, sino pescar mejor, con más seguridad, con mayor habitabilidad y con mayores garantías higiénico-sanitarias para el tratamiento del pescado a bordo. Para ello, en consecuencia, se siguen necesitando las ayudas del IFOP para la renovación y la modernización de nuestra flota, aspecto crucial para que siga habiendo pescadores y una flota competitiva. Por ello se pide que la Comisión adopte medidas que permitan un incremento de potencia y arqueo de los buques renovados. Por ello se pide también, en el marco de la reforma de la política pesquera, la introducción de criterios uniformes y objetivos para medir la capacidad y la segmentación de la flota de los Estados miembros, así como la creación de un régimen de entrada y salida de los buques en los registros que garantice el no aumento de la capacidad.
En definitiva, nos encontramos ante un informe claro y conciso que espero que marque la línea de la Comisión de Pesca y del Pleno de este Parlamento en la reforma de la política pesquera común que se avecina, optando - como deseamos - por el mantenimiento de un sector pesquero renovado, y por lo tanto competitivo, y no, señor Fischler, por su desmantelamiento.
Stihler (PSE).
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por el presente informe que, en primer lugar, deberíamos verlo en el contexto general de la recuperación de las pesquerías. Los aspectos fundamentales son, en primer lugar, la recuperación de las poblaciones de peces y, en segundo lugar, la necesidad de encontrar el modo de medir la capacidad de las flotas.
Acojo con satisfacción la labor que el Sr. Kindermann ha realizado en este sentido. Nos ofrece algunas sugerencias excelentes, como recordarnos que no estamos tratando sobre una única flota comunitaria, sino sobre las flotas pesqueras de los distintos Estados miembros y que cada Estado miembro tiene su propia cuota para las distintas pesquerías.
En lo relativo a los datos sobre los que se base el informe, convendría recordar que los Estados miembros tienen de plazo hasta finales de 2003 para comunicar las nuevas cifras, y también tener presente que aún no conocemos el número de buques que componen la flota de la UE. Esta incógnita es preocupante y debe ser subsanada. Me alegra que el Sr. Kindermann haya puesto de relieve este aspecto.
Mi última observación es que los Estados miembros deberían transmitir la información a sus respectivos gobiernos y parlamentos. La pesca es uno de los principales puntales de la vida rural en Escocia. Sé que los votantes de mi circunscripción querrán garantías de que el Parlamento escocés será plena y directamente informado de todo lo que ocurra a nivel de la Unión Europea.

Busk (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quiero dar las gracias a mi compañero, el Sr. Kindermann, por su informe serio y trabajado. Los programas conjuntos de orientación de las flotas pesqueras son el principal problema en la política pesquera común, pues la flota pesquera europea es demasiado grande. El señor Comisario Fischler mencionó la semana pasada que sobraba un 40% de la flota. Esto significa que actualmente con una mano damos dinero para ayudas al desguace en un intento por reducir el tamaño de la flota al mismo tiempo que con la otra mano concedemos ayudas para su modernización y esto se traduce en que la modernización y estas ayudas durante los pasados años hayan llevado a que la flota total, la capacidad pesquera conjunta, realmente se haya visto aumentada. Es un círculo vicioso que estamos obligados a romper. De ahí que a raíz de la reforma debamos considerar la introducción de un período durante el que no concedamos ayudas para la modernización de la flota. Aguardo la propuesta de la Comisión en este ámbito preciso a partir del principio de que hay muy pocos peces para una flota tan grande; ahora todos los Estados miembros han de cumplir las decisiones comunes y también debemos dar un premio a los países que hasta ahora han cumplido las decisiones comunes dentro de los programas POP.
Hudghton (Verts/ALE).
Señor Presidente, agradezco al ponente sus esfuerzos en este ámbito. No hay duda de que la capacidad de la flota pesquera de la UE es mayor que los recursos disponibles y que, en consecuencia, deberán adoptarse medidas firmes que permitan que muchas pesquerías se recuperen hasta alcanzar niveles sostenibles. Las reducciones de flota son, por lo tanto, necesarias. Debe controlarse el esfuerzo pesquero global, así como el tamaño de la flota de manera que se corresponda con los recursos disponibles.
Sería conveniente que la Comisión evaluara las repercusiones de la denominada capacidad explotada de algunos Estados miembros que, al menos sobre el papel, sostienen que han cumplido los objetivos globales de sus POP. La Comisión debería garantizar también una aplicación más estricta de las sanciones en vigor a determinados Estados miembros, de manera que se penalice a los propios Estados miembros y no a los pescadores.
Espero que la Asamblea apoye la enmienda que mi colega de Grupo, Sr. Nogueira, presentó inicialmente en comisión, porque es muy importante. La pesca en determinadas zonas de la Unión Europea, incluida Escocia, es competencia de las respectivas administraciones regionales y es importante que exista comunicación directa entre nosotros y entre los parlamentos competentes, como norma habitual.

Van Dam (EDD).
Señor Presidente, Señor Comisario, imagínense que, aparte de las cuotas lecheras, la Unión Europea implanta un programa plurianual para ordeñadoras mecánicas: para evitar que los agricultores ordeñen demasiado se impone una reducción del número de ordeñadoras mecánicas. Supongamos que uno de los Estados miembros respeta rigurosamente la cuota de leche pero aún rebasa el número máximo de ordeñadoras mecánicas al cabo de cuatro años. En este caso, el ponente Kindermann es partidario de sancionar al Estado miembro restringiendo su cuota lechera. Imaginémonos ahora que otro Estado miembro dispone del número correcto de ordeñadoras mecánicas pero produce más leche de lo permitido. El Sr. Kindermann no parece tener ningún problema con esta situación: ¡basta con que el país cumpla lo exigido en el programa de orientación plurianual!
Me sirvo de este ejemplo para mostrarles lo absurdo de la situación. El objetivo de la política común de pesca es la conservación de los recursos pesqueros. A este fin se establecen totales autorizados de capturas así como cuotas. La estructura de la flota es meramente secundaria. Por supuesto, es una ventaja que la capacidad se ajuste a las posibilidades de capturas, pero la capacidad no es un objetivo en sí. Además, sufre distorsiones como consecuencia de las subvenciones a la modernización y la renovación. Todo ello resulta más propio de una política social que de una política económica.
Adoptar una política social no es ninguna vergüenza, pero debemos llamar las cosas por su nombre. De no hacerlo sentaremos en el banquillo de los acusados a los Estados miembros que no lo merecen. ¿Cuáles son los países que superan sus cuotas? ¿No da la casualidad de que éstos son los países que reciben el mayor número de subvenciones para su flota y cumplen rigurosamente los objetivos contenidos en los POP?

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente Kindermann por su informe, así como por su valor político, que queda sobre todo de manifiesto en el apartado 6, donde afirma sin ambages que en el marco de la reforma de la política común de pesca no es recomendable que los POP continúen existiendo en su versión actual. Estamos ante una afirmación rotunda que, en realidad, refleja el fracaso de este tipo de programa.
El programa de orientación plurianual para el sector pesquero tiene por objeto la reducción y la renovación de la flota pesquera europea, pero constatamos que el programa no ha contribuido de ninguna manera a la mejora de los recursos pesqueros. No existe ninguna relación entre la correcta aplicación del programa por parte de los Estados miembros y la mejora de la situación de los recursos objeto de captura. Conozco países, entre ellos los Países Bajos, cuyos recursos pesqueros se hallan en bastante buen estado, pese a que no han cumplido a rajatabla el objetivo del POP.
En otras palabras, la conclusión es que por mucho que se elabore una política en Bruselas cualquier programa resulta deficiente si los Estados miembros no ejercen el debido control. Es lo que leo asimismo en el informe del Sr. Kindermann.
Señor Presidente, no puedo dejar de hacer una observación acerca del próximo Libro Verde y los proyectos diseñados a este fin. Esperábamos que el Libro Verde se hubiera presentado la semana pasada o que la Comisión al menos adoptara una decisión a lo largo de esta misma semana. Sin embargo, independientemente del circuito de Bruselas, la BBC informó anoche de que la presentación de las propuestas de la Comisión ha quedado aplazada por mediación de la Presidencia española. Desde una perspectiva política sería inaceptable que esta noticia de la BBC fuera verdad. Sería inadmisible que una presidencia pudiera bloquear o postergar la presentación de propuestas por parte de la Comisión.
El actual Comisario me inspira mucha confianza. Por eso, estoy convencido de que se tomará en serio el informe Kindermann, en concreto el apartado 6, en el que se pone de manifiesto que el POP vigente ha dejado de ser útil para la política de pesca tal y como la conocemos ahora y que, por consiguiente, debe desaparecer de la nueva política de pesca.

Fischler
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores diputados, señoras y señores, en primer lugar quisiera darle las gracias, señor Kindermann, por su excelente informe. Ha analizado con gran acierto los puntos fuertes y también las debilidades de nuestra actual política de flota. Comparto también su opinión acerca de que la época de los POP ya ha pasado. Con este tipo de política de flota no podemos alcanzar en el futuro nuestros objetivos comunes.
Necesitamos una política de flota más sencilla, una política de flota más transparente y una política de flota que funcione también. Antes de referirme a las enmiendas que están aquí a debate quisiera hacer dos puntualizaciones sobre el estado actual de la política de pesca y de la preparación de la reforma, sobre todo porque éstas han sido mencionadas aquí por varios oradores. Evidentemente, en la medida que sea posible, analizaremos todavía a la hora de la presentación de nuestra reforma las propuestas que se derivan del Informe Kindermann. Sin embargo, quisiera aclarar una cosa: yo quiero una reforma y no va a suceder que las propuestas de reforma resulten desvirtuadas. La situación del momento es que desde diversos puntos, incluso en la Comisión, se han pedido más informaciones y análisis adicionales. Por consiguiente, puesto que no sólo deseo propuestas de reforma, sino una reforma en el sentido de que se llegue a una decisión sobre la reforma, me he aventurado a que nos concedamos aún este tiempo para recoger estas informaciones complementarias para que estemos también en situación de defender nuestra posición frente a cualquiera.
Quisiera comentar aún brevemente un segundo asunto puesto que aquí han aparecido diversas informaciones en la prensa. La Comisión ha decidido ayer una mayor rotación entre los directores generales y los subdirectores generales; el director general de la Dirección General de Pesca se ve afectado también. Quiero afirmar expresamente que el director general Smidt cuenta con mi total confianza, que trabajo bien con él. Sin embargo, también resulta afectado por la rotación, puesto que aquí se trata de una serie de diversos objetivos que han de ser alcanzados en el marco de esta rotación. Por lo demás, no se trata sólo de la rotación sino también de otros objetivos. Este cambio debe ser visto en este contexto.
Paso ahora a los puntos concretos del informe. Acerca de los puntos 1 y 2: en éstos instan ustedes a los Estados miembros que no han alcanzado los objetivos de los POP a que se esfuercen más intensamente por la reducción de la flota. En esto estoy de acuerdo plenamente con ustedes y, en relación con esto, la Comisión ha incoado ya procedimientos por incumplimiento contra algunos Estados miembros. 
En el punto 3 demandan ustedes del Consejo y de la Comisión sanciones más eficaces y disuasorias. Puedo asegurarles que abordaremos este punto en el marco de la reforma de la política pesquera común. No obstante, quisiera añadir una cosa: ciertamente, se trata del efecto disuasorio de las sanciones, pero también debemos tener presentes otros principios, por ejemplo, el principio de proporcionalidad, es decir, que exista una relación equilibrada entre el grado de la infracción y de la sanción prevista para la misma. 
También estoy de acuerdo con ustedes en el punto 4. Los Estados miembros deben concluir de la manera más rápida posible la nueva cuantificación de sus flotas. El plazo fijado aquí es finales de 2003. Por el contrario, no comparto la afirmación que se contiene en el punto 5. Un aprovechamiento sostenible de los bancos no se conseguiría si los Estados miembros no lograsen todos sus objetivos. El motivo de esto reside en el Consejo que en sus acuerdos sobre los POP ambiciona demasiado poco los objetivos y los ha establecido a un nivel demasiado bajo. Ustedes saben por nuestros informes que es patente que en realidad la capacidad de la flota, a pesar de los objetivos de los POP, aumenta más bien - aunque aquéllos se cumplan - y no se reduce.
Estoy de acuerdo con los puntos 6 y 10. En el marco de una política pesquera común revisada los POP no deberían mantenerse tal como hasta ahora. Es necesaria una mejora de la seguridad a bordo. Soy partidario de esto pero ello no debe conducir a un aumento del esfuerzo pesquero. 
En el marco de la reforma discutiremos la exigencia de ustedes, que se contiene en el punto 7, en pro de nuevos criterios de medición del esfuerzo pesquero y de las capacidades pesqueras. Por ejemplo, se podrían considerar también el número y el tamaño de las artes de pesca en la medición de la capacidad.
Acepto también el punto 8. Una regulación 'viejo contra nuevo? para los barcos de pesca forma parte de nuestras reflexiones sobre una nueva política de flota. También aceptamos plenamente el punto 9. Las limitaciones al esfuerzo pesquero serán un elemento sustentador de la reforma. Finalmente, puedo aceptar también su exigencia del punto 11, en concreto, que es necesario crear programas de desguace voluntarios mediante primas atractivas.
Sin embargo, el monto de la contribución comunitaria está sujeto a la normativa de los Fondos estructurales.
El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 11.00 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0112/2002) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (COM(2001) 181 - C5-0248/2001 - 2001/0091 (CNS)).
Hernández Mollar (PPE-DE)
. Señor Presidente, desgraciadamente debo iniciar el debate sobre mi informe con una triste noticia sobre la muerte trágica de once inmigrantes en las costas de Lanzarote. Se han dicho ya demasiadas palabras, que hasta ahora no han sido capaces de detener esta terrible tragedia.
Tengo que decir, señor Presidente, Señorías, que sólo un milagro podría permitir que mi Grupo y yo mismo votemos a favor del informe que lleva mi nombre, ya que algunas de las enmiendas introducidas en comisión y otras que se presentan de nuevo en este Pleno lo alejan de mis planteamientos iniciales.
Lamentablemente, creo que ni el Grupo socialista ni el Grupo liberal, al que entiendo menos, están por la labor de tomar posiciones responsables, rigurosas y serias ante el fenómeno de la inmigración o del asilo. Así será muy difícil que entre todos cumplamos con el objetivo de hacer realidad el mandato del Tratado de Ámsterdam sobre la comunitarización del procedimiento de asilo y, lo que es peor aún, que las posiciones del Parlamento en esta materia puedan ser tenidas en cuenta por el Consejo, ya que responden a intereses partidistas que en nada ayudan a resolver los graves problemas que en estos momentos están planteando a la sociedad europea la inmigración económica y el asilo.
Señorías, el irrealismo, la frivolidad y la demagogia en estos temas producen efectos muy negativos en algunas sociedades que, como en Francia, pueden dejar el camino libre a partidos o personas que, desde su radicalidad, pueden dar lugar a peligrosos enfrentamientos sociales.
Es cierto, por otra parte, que el proceso legislativo actual sobre el asilo se está produciendo de una forma desordenada e ilógica. Ello nos lleva a la incongruencia de examinar propuestas de directiva que, como ésta, regulan las normas mínimas para las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, cuando muchos de sus contenidos dependen de otras que están todavía en la cocina del Consejo, como es el caso de la directiva sobre procedimientos o la del estatuto del refugiado, que con el informe Lambert se empieza a debatir. En una palabra, que estamos empezando la casa por el tejado.
Pero, en cualquier caso, hay que avanzar y el Parlamento asume este desorden y tiene deseos de cooperar, a pesar de las dificultades internas o externas, como lo demuestra, por ejemplo, que todos los grupos hayan llegado en comisión a suprimir en la propuesta de directiva toda referencia a supeditar las condiciones de acogida o el tratamiento médico a las distintas fases del procedimiento.
Entre las dificultades que hay en el camino para que mi Grupo apoye este informe está, en primer lugar, el objeto de la directiva. Mi Grupo y yo mismo entendemos que las personas incluidas en su ámbito de aplicación deben ser, tal como propone la Comisión en su texto original, los refugiados definidos en el artículo 1 de la Convención de Ginebra, dejando a los Estados miembros la posibilidad de que puedan, por extensión, recibir otras formas de protección. Esto tiene su lógica, sobre todo cuando -y utilizo las mismas palabras que la colega Anna Terrón en comisión- estamos debatiendo en este Parlamento el informe Lambert, que se pronunciará sobre el estatuto del refugiado y la protección subsidiaria. Si el Grupo socialista fuera consecuente, debería apoyar la tesis del ponente y no dejarse arrastrar por el Grupo liberal que, junto con los Verdes, pretende imponer la ampliación de la directiva a otras formas de protección.
Con respecto a la escolarización de menores, creo que no se debe ir más allá de lo que los Estados miembros pueden garantizar a sus propios ciudadanos. Algunas enmiendas de liberales y verdes - como las enmiendas 47, 48 y 50- pretenden ir más allá al imponer la obligatoriedad de escolarización, garantizar las guarderías o reducir los plazos para acceder a la educación. Esto no es realista.
Por otra parte, el acceso al mercado de trabajo es un punto de fricción que no acabo de entender, especialmente porque el Grupo socialista aceptaba en comisión, en su propia enmienda, el plazo de seis meses, como plazo después del cual los Estados miembros deben facilitar el acceso al mercado del trabajo. Reducirlo a cuatro meses, como ha propuesto el Grupo liberal y así se ha aprobado en comisión no tiene consistencia alguna. Es lógico que los Estados miembros puedan tener el margen de maniobra previsto en el texto original, y que se les permitía valorar la situación del mercado laboral.
En cuanto a los miembros de la familia de los solicitantes de asilo, un compromiso con socialistas y liberales ha llevado a pactar una fórmula que se sale de la línea tradicionalmente defendida por mi Grupo, en aras del consenso global. Lo que en ningún caso, desde luego, vamos a aceptar es la enmienda 115, que vuelve a presentar el Grupo de los Verdes, que va mucho más allá de esos compromisos.
No obstante todo ello, quiero terminar, señor Presidente, Señorías, expresando mi satisfacción por las referencias que aparecen en mi informe, gracias también a la opinión que emitió la Comisión de Asuntos Jurídicos, para que la actividad terrorista de los solicitantes de asilo figure como causa de reducción o de supresión en lo que respecta a las condiciones de acogida.
Señor Presidente, yo espero que más tarde en la votación, y como fruto de la reflexión de este debate, se pueda producir el milagro al que hacía referencia al inicio de mi intervención.
Volcic (PSE)
. (IT) Señor Presidente, estoy de acuerdo con la intervención del colega que me ha precedido en lo que se refiere a la inconsistencia y a la escasa organización de la materia que haría falta abordar más ampliamente. También estoy de acuerdo con la primera intervención de esta mañana, cuando un colega ha hablado de las personas desplazadas muertas frente a las costas españolas. Lamentablemente, debo recordar que con frecuencia se produce este mismo fenómeno también frente a las costas italianas. Alrededor de 150 millones de personas viven fuera de su país de origen, la aplicación de las normas sobre derechos humanos no es adecuada en muchas situaciones. Lo mejor es enemigo de lo bueno: muchas veces, cuando queremos demasiado, luego no se concreta nada, como en la Conferencia sobre los derechos humanos de Viena de 1990, firmada por muchos países y ratificada por muy pocos, puesto que prevé normas demasiado concretas.
Asimismo, hay partidos, sobre todo hoy en día, para los cuales la lucha contra el emigrante es uno de los objetivos principales de su programa. Con frecuencia se utilizan los emigrantes, entre otras cosas, como reserva para trabajos flexibles, sus visados de permanencia van vinculados al permiso temporal de trabajo y su seguridad social se reduce al mínimo. Me parece que todo esto no se ha abordado suficientemente en nuestro texto.
La inmensa mayoría de los emigrantes ha llegado aquí hace tiempo; sin embargo, entonces el problema no figuraba en el orden del día ni en los primeros lugares de la agenda. Sólo ahora salta al primer lugar, cuando el Comisario encargado de emigración asegura que en los próximos diez o quince años tendremos tan sólo 100.000 desplazados al año, y por consiguiente, un país industrial tendrá por término medio sólo 5000, y serán sobre todo los industriales quienes lamentarán la falta de emigrantes. Me parece que tampoco esto se ha contemplado.
De todas maneras, considero que si afrontamos este problema tendremos que hacerlo con más atención y conocimiento.

Medina Ortega (PSE)
Señor Presidente, el ponente ha tenido la amabilidad de referirse en términos positivos a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, incluida en el informe que él ha preparado. En la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos valorado, en términos generales, de modo muy positivo la propuesta de la Comisión; creo que la Comisión está haciendo una gran labor de actualización del Derecho comunitario, de uniformización y de armonización del Derecho comunitario en esta materia. Creo que también la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha hecho una gran labor, con su ponente al frente, al integrar y tratar de modernizar el nuevo Derecho.
Hay una cuestión importante en el informe, que es la actualización del actual sistema de asilo y de todo el régimen de la inmigración. Desde el punto de vista jurídico internacional, a partir de la Primera Guerra Mundial se adoptaron una serie de convenios internacionales destinados a regular esta materia, basados en lo que podríamos llamar principios del derecho de protección individual frente a las persecuciones políticas que tenían un carácter específicamente europeo. En este momento se está produciendo una transformación radical de todo el problema de las migraciones internacionales, en el sentido de que, junto al asilo político, propiamente dicho, se está produciendo el asilo económico. Ello da lugar a grandes desplazamientos de población para los cuales, probablemente, no disponemos de instrumentos jurídicos adecuados.
Esta mañana, en la intervención del Sr. Nogueira y en la última del Sr. Volcic, se ha hecho referencia al trágico acontecimiento que tuvo ayer lugar en la isla de Lanzarote, en la que, de nuevo, once inmigrantes perecieron ahogados tratando de llegar a nuestro continente, a la Unión Europea. Está claro que esto tiene difícil solución dentro de los moldes tradicionales del ejercicio del derecho de asilo porque, aunque dispusiéramos de la legislación más liberal y más comprensiva al respecto, no podríamos evitar ni que esta gente saliera de su lugar de origen ni que se dieran las garantías suficientes para que pudieran llegar a su destino sin peligro de sus vidas.
Por tanto, estamos ante un nuevo fenómeno. Repito que, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la propuesta supone un enorme progreso, pero, probablemente, desde la Comisión y desde las instituciones europeas, habrá que prever una forma de ordenar todo el problema del asilo desde su nueva dimensión de gran fenómeno económico de migraciones internacionales ligado, quizás, al proceso de globalización internacional.

Flautre (Verts/ALE). -
Señor Presidente, Señorías, creo que hoy debemos evaluar las consecuencias de la competencia perversa y negativa que tiene lugar entre los Estados miembros para ver qué Estado se lleva la palma en el terreno de la disuasión en materia de acogida de los extranjeros. Hoy eso produce diariamente situaciones dramáticas en el centro de Sangatte, en Tarifa, en Italia y en muchos otros puntos de Europa. Estas situaciones dramáticas ponen visiblemente en entredicho derechos fundamentales de personas, el propio derecho de asilo, así como compromisos internacionales que hemos suscrito.
Es evidente, pues, que la propuesta de armonización va por buen camino puesto que pretende romper esta espiral negativa de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en Europa. Va, efectivamente, por buen camino. La propuesta alcanzará su apogeo y su plena credibilidad en el marco de una política común de asilo y de inmigración con un estatuto europeo de refugiados. Esta perspectiva, este primer trabajo, es, pues, bienvenido. Se trata, efectivamente, de garantizar unos derechos, tales como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la escolarización, a la formación; derechos fundamentales indivisibles. Con eso se procura evitar un fenómeno que conocemos muy bien: la 'clandestinización? de los solicitantes de asilo, la sobresaturación de los centros de acogida y, finalmente, el no respeto de los derechos que decimos promover. Pienso que en esta materia no se puede escatimar nada. No se debe apoyar a los que quieren convertir la xenofobia, el rechazo de los extranjeros, en el modo de constitución prioritario de Europa. En este caso, se trata de defender el propio proyecto europeo.
(Aplausos de la izquierda)

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, cada año un promedio de 500.000 personas solicitan asilo en la Unión Europea. Quieren convertirse en refugiados. Tenemos procedimientos diferentes en cada Estado miembro. Por lo regular duran largo tiempo. Nos enfrentamos a solicitudes múltiples y también al abuso de los servicios sociales. Al final, el 90% de estas solicitudes se rechaza y sólo el 10% de los solicitantes son reconocidos como refugiados con arreglo a la Convención de Ginebra. Esto significa que necesitamos estándares mínimos europeos para los procedimientos de admisión, necesitamos procedimientos rápidos y más seguros, para que el 10% pueda acceder rápidamente a su derecho y a la ayuda. Necesitamos medidas para combatir el abuso. 
Lo que no deseamos es socavar el derecho de asilo, pero lo que tampoco deseamos es una inmigración encubierta por la vía del asilo. Por consiguiente apoyamos las propuestas de la Comisión y, sobre todo, de nuestro ponente, el Sr. Hernández Mollar, que responden a estos objetivos, y rechazamos decididamente todas las propuestas inaceptables, todas las exageradas propuestas de los liberales, socialdemócratas y verdes. Rechazamos que se llegue a una ampliación de los motivos de reconocimiento que exceda los límites de la Convención de Ginebra. Rechazamos que para los solicitantes de asilo, y para todos miembros de su familia que les acompañen, se apruebe un acceso inmediato al mercado de trabajo y una total libertad de circulación en todo el territorio de la Unión Europea.
Rechazamos el acceso inmediato a la formación profesional y rechazamos, sobre todo, que ellos quieran suprimir sanciones, cuando la seguridad del estado se está viendo amenazada, cuando solicitantes de asilo pasan a la clandestinidad, están solicitando ilegítimamente prestaciones sociales o están mostrando comportamientos violentos.
Con estas exigencias, distinguidas señoras y señores de la izquierda, no ayudan a que se reconozca a los refugiados su derecho y se les preste ayuda, sino que provocan una emigración no encauzada, incontrolada y a través del asilo. Esto es inaceptable. Por lo general, en Europa se reelige a tales gobiernos. Esto no es tan malo. Malo es que después, con mucha frecuencia, se elige a populistas extremistas de derechas. No queremos esto. Ésta no es la política que nosotros apoyamos. Nosotros rechazamos lo que proceda de ese flanco. No queremos que existan más Le Pen en Europa.
Swiebel (PSE).
Señor Presidente, como bien sabemos, la presente propuesta de la Comisión en materia de política de asilo forma parte de un paquete de propuestas más amplio. En grandes líneas, el planteamiento sugerido por la Comisión resulta equilibrado y realista. Por eso, mi Grupo tiene la esperanza de que el Consejo y el Parlamento tengan el valor político necesario para mantener el tenor de este enfoque. No dejemos que nos desconcierten los discursos baratos de unos demagogos que intentan sacar provecho político del miedo ante lo ajeno.
Además de ser indeseable sería totalmente irreal que construyéramos una Europa fortaleza, que rodeáramos a Europea de una enorme verja y que dificultásemos sobremanera la búsqueda de asilo. Con ello no se erradican las verdaderas causas de la política de asilo y de inmigración, que son las violaciones de los derechos humanos y el reparto injusto de la riqueza.
Una política de asilo minimalista es una forma de dumping social. En su lugar debemos llevar a la práctica los principios de solidaridad, igualdad de oportunidades, adaptación e integración. Por eso mi Grupo hace especial hincapié en los cuatro puntos siguientes, que mejoran el contenido de la propuesta.
En primer lugar, la protección no debe limitarse a aquellas personas que solicitan asilo en virtud del Convenio sobre los refugiados. Ya se ha dicho con anterioridad que en este Parlamento también está sobre la mesa una propuesta sobre el reconocimiento y el estatuto de los refugiados y las personas que necesitan otras formas de protección. Así las cosas, no parece muy lógico -por decirlo de una manera suave- que cercenemos la presente propuesta. Tal vez sea necesario que volvamos a examinar la lógica de la misma, pero esto es inadmisible. En resumen, hay que incluir la protección social.
Mi segunda observación se refiere a la enseñanza. Al ser alejados de su entorno habitual, los niños tienen mucho interés en encontrar lo antes posible sosiego y un horario fijo. La enseñanza puede ayudarles en este sentido, aparte de que les permite aprender el idioma e integrarse. Por todo ello, el PSE presta su incondicional apoyo a las enmiendas que garantizan un rápido acceso a la escuela así como el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
En tercer lugar, es importante que los solicitantes de asilo puedan participar cuanto antes en el mercado de trabajo. Ello redunda en beneficio de su autoestima y de su independencia y les permite ocupar su tiempo de una forma útil, además de acelerar el proceso de integración. Es por eso por lo que respaldamos estas propuestas tal y como se formulan aquí.
En cuarto lugar, quisiera insistir en las propuestas destinadas a prevenir la discriminación, en concreto en el artículo 29. El día a día muestra que las relaciones armoniosas entre las comunidades locales y los centros de acogida son fundamentales para erradicar el racismo y la xenofobia.
Por último, deseo subrayar que los Países Bajos también tienen interés en que no se arrebaten las facilidades de acogida a quienes se amparen en Dublín. Espero que la presente propuesta del Consejo logre convencer de esta necesidad al Gobierno de los Países Bajos.
Únicamente me queda dar las gracias al Sr. Hernández Mollar. Le agradezco su esfuerzo y su voluntad de diálogo. Lamento que no hayamos podido llegar a un acuerdo. Quizá se nos brinde una segunda oportunidad.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, sobre Europa se cierne una sombra en cuya oscuridad se esconde una mezcla de patriotería maloliente, de racismo, de xenofobia, de antisemitismo y de nacionalismo europeo clásico. Esto no es nuevo en Europa, pero con demasiada frecuencia se ha reaccionado tarde.
Lo que ha ocurrido en muchos países miembros nos debe hacer reflexionar a los políticos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en el crecimiento de los partidos xenófobos en tantos países?
El informe Hernández Mollar se ocupa en gran medida de esta materia. La UE, que tanto valora los derechos humanos fundamentales, debe ser capaz de aplicar una política de asilo que se fundamente en estos postulados. Lanzarote no es el único ejemplo, hay más.
La política de asilo que aplican los Estados miembros es inhumana. Los países miembros endurecen esta política con la vana esperanza de que disminuyan los problemas, de que se facilite la integración y de que mengüe la cantidad de personas que llegan a nuestras fronteras.
Opino que la propuesta de la Comisión sobre normas mínimas para la recepción de refugiados es muy relevante. Me alegra también que la comisión haya aceptado algunas mejoras propuestas por el Grupo liberal, tales como el acceso a la educación y a un empleo y que se dé más importancia a la situación de los menores y de las familias. La propuesta de la comisión para que se amplíe el campo de acción de la directiva más allá de la Convención de Ginebra resulta particularmente importante. Pero esto no significa - como sostiene el Sr. Pirker - que el derecho de asilo se vea afectado. Es precisamente lo contrario.
Doy las gracias al señor Hernández Mollar por su cooperación y tenía la esperanza de que hoy respaldase el informe en su totalidad. Finalmente quisiera subrayar la trascendencia de que hoy demostremos que no seguimos la línea dura de los Estados miembros. Si hoy conseguimos un gran respaldo, estaremos enviando un claro mensaje al Sr. Le Pen y a otros como él: no vencerán jamás.

Sylla (GUE/NGL). -
Señor Presidente, Señorías, considero que con respecto a las cuestiones de asilo o de inmigración, a la Unión se le plantean hoy dos tipos de lógicas.
Una que consiste en definir normas claras, equitativas, que protejan a los que luchan por la libertad, a todos los que huyen de dictaduras, de persecuciones o de la miseria.
El otro enfoque consiste en crear un proceso de amalgama entre solicitantes de asilo e inmigrantes clandestinos, convirtiendo a estas personas en chivos expiatorios. Pocas veces he visto que un diputado vaya en contra de un logro comunitario positivo, puesto que en Tampere se afirmó que se necesitaban normas comunes en materia de procedimiento de asilo. Me sorprende asimismo que, a pesar de que en 2001 se haya aprobado una primera resolución tendente a dispensar un nivel de vida decente a los solicitantes de asilo y a garantizar el respeto de los derechos humanos, nuestro ponente haya querido restringir estos derechos, lo que va en contra de los propios derechos fundamentales, que también constituyen un logro comunitario.
En el momento en que el Alto Comisionado para los Refugiados manifiesta su indignación ante las leyes aprobadas por los Gobiernos danés e italiano, que ponen en tela de juicio el derecho de vivir en el seno de la familia (al limitar la reagrupación familiar), el derecho de amar a la persona que cada uno elija (al oponerse al matrimonio mixto, al limitar de antemano incluso el número de solicitantes de asilo), en el momento en que todo un país - como el mío, en este caso, Francia, país de derechos humanos - acaba de llevar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Jean-Marie Le Pen, cuyo objetivo es ir en contra de los inmigrantes, de los solicitantes de asilo, nuestro ponente es responsable de continuar la huida hacia delante y de negarse a solucionar los verdaderos problemas, echando la culpa a los extranjeros. No, señor Hernández Mollar, el problema que tiene Europa es el desempleo, la exclusión, y no los extranjeros, los solicitantes de asilo. No puedo acusarle, señor ponente, de xenofobia. Hace un año estábamos juntos en El Ejido, efectuando una misión de investigación, precisamente para proteger a quienes habían sido víctimas de actos de violencia xenófobos. Pero cómo puede usted, al mismo tiempo, pretender que ignoremos que los que les explotan son los que les hacen trabajar; que los que les explotan son esos empresarios que les contratan clandestinamente; que los que les explotan son los mismos que trafican con sus viviendas.
Tengamos, pues, el valor de luchar contra quienes les explotan y dejemos de ir en contra de los inmigrantes, convirtiéndoles en chivos expiatorios. Hoy se trata de estabilizar familias, mujeres y hombres que, precisamente, necesitan seguridad, apoyo, puesto que a menudo sus vidas corren peligro, aún en el exilio. Tengamos, pues, el valor de luchar contra los traficantes de seres humanos, contra los que les explotan, y no lo contrario. Finalmente, debemos llevar a cabo una verdadera política de cooperación y de diálogo entre el Norte y el Sur, porque mientras haya miseria y dictadura en el Sur, es normal que estas personas, como nosotros mismos lo hicimos a través de nuestra historia, traten de ir a lugares donde están mejor...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Krarup (EDD).
Señor Presidente, Dinamarca permanece fuera de la normativa comunitaria en materia de asilo porque en junio de 1992 utilizamos el derecho democrático del pueblo para rechazar que la UE decidiera las normas sobre asilo del país. Quizá pueda animar el debate que yo explique los tres criterios fundamentales presentes en la negativa danesa. Algunos pocos en esta Asamblea, representados por el Sr. Camre del Grupo UEN, dijeron no en base a un temor paranoico a que las normas comunitarias supusieran que nuestro pequeño país fuera inundado por los solicitantes de asilo. Otras personas en esta Asamblea, representadas por la Sra. Frahm del Grupo GUE/NGL, dijeron no por razones totalmente opuestas, precisamente para asegurar a los solicitantes de asilo de la mejor manera posible. Lo que hoy marchita este no es el hecho lamentable de que la xenofobia entretanto se haya convertido en la política del gobierno danés. Sin embargo, hay afortunadamente un tercero, un no democrático, que no se mueve en base a las coyunturas políticas. Este no sin fecha de caducidad se funda en la postura de que los problemas que tocan profundamente las circunstancias locales deben ser resueltos en estrecha cooperación con las sociedades locales y no que su solución nos sea impuesta por las sabidillas instituciones comunitarias. El centralismo forzoso comunitario y la histeria normativa contribuyen lisa y llanamente a crear el caldo de cultivo envenenado para demagogos como el Sr. Le Pen, el Sr. Haider y el Sr. Camre. No es que subestime las condiciones económicas y sociales para este giro a la derecha y para la xenofobia, sin embargo, adviértase que la imposición centralizada de normas -sin tener en cuenta la postura de la sociedad local- es lisa y llanamenta letal y alimenta los extremismos de derechas.
Borghezio (NI).
Señor Presidente, el derecho de asilo es un principio sagrado del Derecho universal en el que se reconocen en Europa y en el mundo todas las personas civilizadas; sin embargo, debe ser regulado seriamente si no queremos alterar su alcance y su significado. Lo cierto es que aquellos que pretenden extenderlo, me refiero a los que en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores votaron de manera indiscriminada muchas enmiendas al texto propuesto por la Comisión, rinden un flaco favor al principio de derecho de asilo y a quien en realidad tiene verdaderamente derecho a él. Me refiero en especial a la enmienda 14, con la que se pretende eliminar una previsión de sanciones concretas, es decir, la reducción o la revocación de las condiciones de acogida en los casos en que se descubra el abuso del sistema de acogida, así como a una serie de enmiendas, la 19, 21, 22, 23 y 34, a través de las cuales se pretende ampliar el ámbito de aplicación de las directivas extendiéndolo a personas que solicitan protección por motivos distintos de los señalados en la Convención de Ginebra. En definitiva, ¿acaso se pretende reintroducir el asilo a los refugiados por razones de índole económico y social? De este modo, dejaremos entrar en Europa como mínimo a un millardo de personas.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una vez más estamos aquí examinando propuestas en el marco del establecimiento de un sistema europeo común de asilo. Se trata también, a ese respecto, de perseguir el objetivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia a disposición de las personas que, por diversas circunstancias, buscan legítimamente protección en la Comunidad. De acuerdo con las conclusiones de Tampere, se deberá establecer un sistema europeo de asilo, que deberá incluir, a corto plazo, condiciones mínimas comunes de acogida de los solicitantes de asilo. Esas condiciones deberán permitir un nivel de vida digno y el respeto de sus derechos fundamentales. Se pretende limitar los movimientos secundarios de solicitantes de asilo influidos por las disparidades existentes entre los Estados miembros en cuanto a las condiciones de acogida y velar por que los solicitantes tengan condiciones de vida equiparables en todos los Estados miembros y que haya un justo reparto de los esfuerzos entre los Estados miembros de la Unión. Reconozco que la integración en las comunidades locales es compleja y difícil, pero es el camino que se debe seguir, con repercusiones en el derecho a la salud, a la educación y al trabajo. En cuanto a la cuestión del acceso al trabajo, se debe permitir la libertad de acceso, aunque sea justo que esté condicionada durante un período de seis meses.
Nuestro ponente el Sr. Hernández Mollar tiene razón cuando dice que debemos abordar esta cuestión con seriedad y sin demagogia. Demasiado voluntarismo en estos asuntos sólo ayuda a quien basa su posición en la intolerancia, el racismo y la xenofobia. Por eso, es justo, señor Presidente y Señorías, enviar un mensaje a los bancos de la izquierda de este Parlamento: quien avanza demasiado en materia de asilo, como en otros asuntos, se vuelve el mayor aliado de los extremismos contra los que, según dice, quiere luchar, pero a los que acaba estimulando.
(Aplausos de la derecha y del centro)

Terrón i Cusí (PSE).
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecer al ponente su forma de conducir este informe. Probablemente no se va a producir el milagro que él pedía, pero no será porque él no haya intentado llegar a un acuerdo; sabe además, que en algunos temas, personalmente, estaba dispuesta a ello. Sobre todo porque a este Parlamento, en relación con estos temas, no le escucha nadie. Señora Presidenta, mire hacia los bancos del Consejo: no hay nadie; mire hacia los bancos de la Comisión: estoy encantada de compartir con el Sr. Fischler esta sesión, pero creo que no es exactamente de Agricultura y Pesca de lo que estamos hablando. Me parece absolutamente intolerable que estemos debatiendo aquí un informe cuyo punto de partida nos consta que ha sido ya modificado por el Consejo durante el período en el que este Parlamento ha sido consultado. Creo, señora Presidenta, que ésto es triste y quisiera rogarle personalmente que expresara nuestra preocupación por esta situación.
El tema del que hablamos es absolutamente serio. Creo que ésta es una propuesta que avanza en la buena dirección y creo además que, en lo que respecta a algunas de las propuestas del Parlamento, probablemente el Grupo del Partido Popular Europeo no está tan lejos de los demás, aunque sí tenemos diferencias de matices, como en lo que se refiere a la absoluta importancia de un correcto acceso de los refugiados a nuestra sociedad.
No tengo más tiempo, pero quiero contestar al Sr. Pirker y al Sr. Coelho: creo, queridos colegas, que la manera de hacer frente a la extrema derecha no consiste en comportarnos todos como ella; eso representaría el triunfo ulterior de la extrema derecha y no su fracaso.

Santini (PPE-DE).
Señora Presidenta, este debate demuestra que los ánimos están caldeados incluso en las negociaciones que se realizan entre bastidores. Tiene razón el ponente: éste ya no es su informe. Prueba de ello es que fue aprobado en comisión por 25 votos a favor y 18 en contra, y sobre todo que han prosperado nada menos que 111 enmiendas. El Grupo del Partido Popular Europeo votó de mala gana; sin embargo se mostró contrario a todas estas enmiendas. Por esto, pido al ponente que siga adelante con su honesta toma de posición y que deje de considerar este informe como obra suya o de nuestro Grupo.
Por otra parte, incluso hace pocos días, en Valencia el Consejo se ocupó del tema de la inmigración al hablar del segundo pilar, en el gran ámbito, el tercero, de la justicia y los asuntos interiores. Se recalcó que, tras la negociación de Montpellier de mayo de 2000, ahora es necesario lanzar un programa, y ya se lo ha propuesto a la Comisión, financiado por MEDA, un programa de acciones concretas en el terreno de la inmigración. Esto significa que el Consejo se encuentra estancado en la fase de reflexión y de evaluación. Lo demuestra el hecho de que, a propuesta de España y de Italia, los dos países que seguramente son los más sensibles a este problema, se ha sugerido para el año próximo una conferencia ministerial sobre emigración. Pues bien, mientras el Consejo está aún en este punto de prudencia y de atención, nosotros queremos introducir en un informe del Parlamento Europeo pasos tan avanzados que hablan de asistencia sanitaria a favor de todos los solicitantes de asilo, de derecho a ocupar un puesto de trabajo en el plazo de cuatro meses, de acceso a la educación para sus hijos, incluso en condiciones, lo ha destacado también el ponente, más favorables que para los hijos de los residentes.
Pues bien, esto no se puede aceptar, sobre todo por parte de los Estados que, en relación con las solicitudes de asilo, están en el ojo del huracán. Sobrecargar un informe de problemas lo convierte en inaceptable. Considero que no es así como hay que ayudar a quien realmente tiene derecho y necesidad de asilo.
(Aplausos de la derecha)

Hager (NI).
Señor Presidente, en la mayoría de los casos he renunciado a felicitar al ponente, por razones de tiempo. Hoy lo hago por convencimiento. Permítanme anticipar que apoyo la opinión del Sr. Pirker; adelanto esta puntualización para evitar repeticiones. El informe plantea algunas cuestiones, que en mi opinión, no están resueltas. ¿Cómo lograr en la Unión una distribución uniforme de solicitantes de asilo existiendo una diversidad en los estándares como consecuencia del compromiso de los Estados miembros de mantener estándares más altos? ¿Cómo se concilia la libertad ilimitada de circulación para nacionales de terceros países durante el decurso del procedimiento de asilo con la necesidad de seguridad de los ciudadanos y con el objetivo de la aceleración del procedimiento? ¿Cómo hacemos entender a nuestros ciudadanos una regulación que asegura a los solicitantes de asilo un acceso lo más rápido posible al mercado de trabajo, cuando ellos mismos están sin empleo?
Si la Unión trabajase de manera tan transparente como todos deseamos, la pregunta que se plantea, en último término, es la de cómo reaccionaría el ciudadano, como elector, ante semejantes propuestas.
Fischler
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, permítanme que comience dando las gracias al Sr. Hernández Mollar por sus esfuerzos por llegar a un acuerdo acerca de su informe y sobre las enmiendas adicionales a la propuesta de directiva que se discute hoy. Todavía hoy, tras considerar las enmiendas aprobadas por el Parlamento, el Consejo ha podido ponerse de acuerdo, finalmente, en Luxemburgo acerca de la propuesta. No obstante, para la Comisión seguirá siendo insatisfactorio en cierto modo el resultado del Consejo. El texto de que dispone el Consejo contiene disposiciones que han debilitado en algunos ámbitos la regulación que nosotros hemos intentado. Sin embargo, a pesar de esta puntualización negativa, he de decir que consideramos la adopción de esta propuesta como un hito en el camino hacia una política europea común de asilo.
La única directiva en vigor en este ámbito garantiza solamente una protección provisional. Esta regulación tiene aplicación solamente en casos excepcionales, en concreto, en una afluencia masiva de desplazados al territorio de la Unión Europea. La directiva sobre la acogida de solicitantes de asilo será la primera regulación vinculante para un tratamiento regular de las corrientes de asilados en la Unión.
Quisiera hacer ahora algunas puntualizaciones sobre el informe y sobre las enmiendas de la propuesta de directiva, discutidas hoy. Las enmiendas se pueden clasificar en tres categorías principales. En primer lugar: enmiendas de carácter técnico-jurídico que mejoran el texto y que, evidentemente, la Comisión puede aceptar.
En segundo lugar: enmiendas sustantivas, que son absolutamente razonables y que entrarán en la última redacción de la directiva, tal como será aprobada. Aquí se trata de enmiendas con las que se elimina cualquier remisión a procedimientos de asilo, o de enmiendas que van contra una diferenciación de las condiciones de acogida que correspondan a los respectivos procedimientos de asilo en vigor. 
En tercer lugar: enmiendas sustantivas que no son problemáticas para la Comisión, pero que no pasarán en el Consejo porque se oponen a los intereses básicos de uno o de varios Estados miembros, por ejemplo, enmiendas con las que se elimina cualquier remisión a la posibilidad de los Estados miembros de aplicar una regulación propia. .
Enmiendas que amplían el ámbito de aplicación de la directiva a otras formas de protección que no se apoyan en la Convención de Ginebra sobre Refugiados y que sólo en parte están comprendidas en esta categoría.
La Comisión ha preferido siempre una solución como la que se propone en estas enmiendas, al menos como objetivo para la segunda fase del sistema europeo común de asilo. No obstante, en la actual propuesta la Comisión se había pronunciado a favor de dejar todavía en este momento en manos de los Estados miembros la decisión acerca de la ampliación del ámbito de aplicación. En el Consejo sigue estando abierta la cuestión de cómo se ha de asegurar que las disposiciones pertinentes de esta directiva se adapten una vez que se hayan aprobado las directivas sobre formas de protección y procedimientos de asilo de carácter subsidiario.
Al principio he dicho que la Comisión considera la aprobación de la propuesta como un hito en el camino hacia un sistema europeo común de asilo. Pero, con independencia de esto, es extraordinariamente importante que se introduzcan rápidamente los otros tres sillares sustentadores del sistema de asilo común: la directiva sobre la concesión del estatuto de refugiado y sobre las formas subsidiarias de protección, el reglamento relativo al Estado miembro competente para el examen de una solicitud de asilo y la versión modificada de la directiva sobre procedimientos de asilo. Estos tres documentos serán presentados en breve una vez más por la Comisión y deberán cerrar - como está previsto en las conclusiones finales de Tampere - la primera fase del desarrollo del sistema europeo común de asilo. 
En varios Estados miembros se están manifestando ya temores de los ciudadanos ante las corrientes de emigrantes y de asilados. Los movimientos políticos extremistas que piden la expulsión sin contemplaciones de estas personas encuentran clientela. Por esta razón, es urgente que en este ámbito se llegue a un entendimiento sobre una regulación europea única, para encauzar ordenadamente las corrientes de emigrantes y de refugiados. Ésta es, en mi opinión, la mejor vía para dominar estos temores y para corresponder plenamente, al mismo tiempo, a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y a la tradición humanitaria de nuestros Estados miembros.
Para terminar, permítanme expresar nuestro pesar, también por parte de la Comisión, por el accidente, del que se ha informado antes.
La Presidenta. -
Gracias, señor Comisario.
Tiene la palabra la Sra. Terrón i Cusí para plantear una cuestión de orden.

Terrón i Cusí (PSE).
Señora Presidenta, después de la información que amablemente nos ha dado el Comisario -en la que nos confirma que, efectivamente, el Consejo está hoy, incluso antes de la votación de nuestro informe, discutiendo y probablemente aprobando una versión diferente a la que nos remitió para consulta-, quisiera rogarle que se interese por esta situación. No es un hecho aislado: en todos los expedientes que estamos discutiendo, que son fundamentales y muy sensibles, de justicia y de interior, con arreglo a los procedimientos adoptados en Ámsterdam -es decir, que estamos todavía en estos cinco años durante los que el Parlamento sólo desempeña una función consultiva--, además de tener poca capacidad de intervención, la poca que tenemos está cada día siendo socavada por actitudes de dudosa lealtad interinstitucional por parte del Consejo.
Quisiera rogarle, señora Presidenta, que la Presidencia de esta Cámara se interese por esta situación ante el Consejo y le haga llegar nuestro malestar.
La Presidenta. -
Gracias, señora Terrón i Cusí. Naturalmente, se dará curso a su petición.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

La Presidenta. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto:
de la declaración de la Comisión sobre la Conferencia internacional sobre la financiación del desarrollo en Monterrey,
del informe (A5-0075/2002) del Sr. Mantovani, elaborado en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que la Comunidad debe adoptar en el Consejo de Ministros ACP/CE en cuanto a la liquidación de los préstamos especiales concedidos a los países pobres muy endeudados (HIPC) y menos desarrollados (PMD) de la región ACP que subsistan después de la aplicación de todos los mecanismos de alivio de la deuda de la iniciativa HIPC (COM(2001) 210 - C5-0394/2001 - 2001/2158(COS)).

Fischler
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, los resultados definitivos de Monterrey son alentadores y ofrecen motivos para un nuevo optimismo respecto de la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible en Johannesburgo. El éxito de Monterrey se basa, entre otras cosas, en la forma innovadora de la conferencia que ha hecho posible que las instituciones de Bretton-Woods y la Organización Mundial del Comercio pudieran participar activamente como socios con iguales derechos. Por vez primera se reconoció a la Comunidad Europea en una conferencia de la ONU el estatus de participante de pleno derecho. Lo que originariamente debía ser un evento clásico de las Naciones Unidas se convirtió en un encuentro de configuración sustancialmente más amplia que ojalá fomente también en el futuro la cooperación y la coordinación entre los participantes más importantes.
La forma de la conferencia fue también innovadora en cuanto que el documento final - el denominado Consenso de Monterrey - había sido acordado ya en enero en Nueva York. Y puesto que no se realizaron negociaciones en sentido propio, los participantes en la conferencia se concentraron en diálogos de mesas redondas, organizadas junto a los actos, así como en encuentros bilaterales y no sólo en discusiones sobre el tenor de los términos y en drafting sessions sobre el documento final. Por esa vía surgieron posibles compromisos concretos, iniciativas bilaterales y aportaciones concretas en núcleo del debate. Por lo demás la conferencia se ha basado sobre un consenso global, único hasta ahora, que se había alcanzado en la Cumbre del milenio sobre los objetivos y la política en el ámbito del desarrollo y sobre los indicadores de desarrollo.
De esta suerte, la movilización de los recursos financieros que se necesitan para alcanzar los objetivos de política de desarrollo de la Cumbre del milenio constituyó el reto esencial para la Conferencia sobre la financiación del desarrollo. Merced a esto se buscó en la conferencia un objetivo más claro y mejor definido.
Los acontecimientos del 11 de septiembre han influido profundamente en el modo en que la comunidad internacional ha considerado y entendido esta conferencia. Los acontecimientos han mostrado de una manera trágica la magnitud de la dependencia mutua a una amplia opinión pública que es mucho más extensa que el colectivo que se ocupa de los problemas de la política de desarrollo. 
Hay que ver también sobre este trasfondo el resultado más importante y más visible de la conferencia, en concreto, los compromisos que se han producido de manera paralela por parte de la Unión Europea y de los EE.UU. de aumentar de aquí al año 2006 en 20 millardos de dólares y el 10 millardos de dólares su ayuda pública al desarrollo. El anuncio del Presidente Bush sobre la puesta a disposición de 5 millardos de dólares, que luego fueron incrementados a lo largo de la semana hasta acercarse a la posición de la UE, pone de manifiesto también un cambio de mentalidad en la política de desarrollo norteamericana, cuyo presupuesto ha experimentado progresivos recortes en los últimos 20 años. No es ninguna arrogancia, pero como Unión Europea estamos desempeñando el papel principal y, en consecuencia, también podemos hacerlo patente.
Estos compromisos, ampliamente celebrados, constituyeron la respuesta ineludible a la actitud declarada de la mayoría de los países en vías de desarrollo de movilizar los recursos internos y de aceptar la condición de una buena dirección del estado. De esta suerte, podrían ser considerados como una parte de la puesta en práctica de las aserciones contenidas en el consenso de Monterrey y están en consonancia con la concepción de la Unión Europea en política de desarrollo en el sentido de un acuerdo global que se extienda a Dohar, Monterrey y Johannesburgo. 
Monterrey no ha satisfecho las expectativas en algunos puntos. Permítanme mencionar tres aspectos centrales: problemas inmanentes al sistema, fuentes innovadoras de la financiación del desarrollo y bienes colectivos globales. Respecto de estos problemas inmanentes al sistema el consenso de Monterrey se limita a subrayar, cuán importante sería conceder más peso a la voz de los países en vías de desarrollo en la arquitectura financiera internacional. Sin embargo, no se siguen propuestas concretas. 
En relación con las fuentes innovadoras de la financiación del desarrollo, en el documento no se pasa más allá de una frase general sobre la necesidad de entrar más detalladamente en estas cuestiones.
No se nombran, en absoluto, bienes colectivos globales. En consecuencia, la conferencia de Johannesburgo ofrece la ocasión de ocuparse de nuevo de estos aspectos. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad. 
Para terminar, permítanme que me refiera brevemente al papel de la Comisión en este proceso. Antes de la reunión del Consejo en Laeken la Comisión, en el plano político, se había puesto a favor de que los Estados miembros incrementen notablemente su AOD. Un primer paso en esta dirección fue el Consejo de Desarrollo de 8 de noviembre del pasado año que dio a la Comisión el encargo de ocuparse más estrechamente de estas cuestiones. Este proceso condujo luego al acuerdo del Consejo Europeo de Barcelona en el que los Estados miembros decidieron por vez primera votar acerca de sus presupuestos de desarrollo y, sobre todo, transferir a la Comisión un papel de coordinación. Creo que estos resultados hablan por sí mismos.
Mantovani (PPE-DE)
. (IT) Señora Presidenta, agradezco a los colegas su importante aportación que enriquece este informe, y aprovecho la ocasión para dar las gracias al Comisario Nielson que, pese a no estar presente, no dudó en recibirnos al Sr. Tajani y a mí para hablar de este problema que atenaza a muchos países del mundo.
Con esta comunicación la Comisión propone liquidar todos los préstamos especiales definidos y concedidos en el marco de los tres primeros Convenios de Lomé a los países pobres altamente endeudados de la región ACP. Unos préstamos que todavía subsisten después de la acordada reducción de la deuda en el marco de la iniciativa HIPC puesta en marcha en 1996, a fin de dar un nuevo impulso al consenso internacional en lo relativo a la reducción de la deuda y de responder a la inquietud creciente de la comunidad internacional ante el aumento de la marginación de estos países pobres.
Veamos brevemente la situación. El problema de la deuda exterior y la capacidad de servir los intereses continúan siendo una de las condiciones que más frenan el desarrollo económico de los países pobres. En efecto, estos países, la mayoría de los cuales se encuentra en África, destinan por término medio el 40% de sus recursos anuales a atender la deuda, lo cual reduce su capacidad de inversión, y por lo tanto, de ofrecer servicios sociales básicos, como la sanidad y la educación, a sus poblaciones. Paradójicamente, la ayuda al desarrollo que proporcionan la Unión Europea y sus Estados miembros a los países más pobres del mundo en ocasiones ni siquiera es suficiente para financiar los intereses de su deuda exterior. Cabe añadir que en este momento influyen los acontecimientos del pasado 11 de septiembre que, al frenar el desarrollo económico global, empeoran el ya de por sí grave problema de estos pueblos.
Algunas cifras: la deuda de los países altamente endeudados ha pasado de 147.000 millones de dólares en 1989 a 214.000 millones de dólares en 2001; actualmente, 41 de los países más pobres del planeta están en bancarrota; 300 de 600 ciudadanos de los HIPC sobreviven con menos de un dólar al día. Les ahorraré todo lo que atañe a la vida de estas personas, afectadas por enfermedades como el sida, la tuberculosis, la malaria que, por otra parte, registran un recrudecimiento en este momento, y de manera especial lo que hace referencia a las condiciones de los niños, de los discapacitados y de los enfermos, puesto que en estos países no cabe hablar de personas mayores.
Actualmente, se han convertido en admisibles a la reducción de la deuda, por haber alcanzado el llamado punto de decisión, 26 países que de este modo pueden beneficiarse directamente de la reducción del servicio de la deuda, aunque para gozar oficialmente de dicha cancelación por haber alcanzado el completion point que, por otra parte, actualmente sólo alcanzan 4 países, estos deben implementar un paquete preestablecido de reformas sociales y estructurales y mantener una buena actuación macroeconómica.
Sorprendentemente, no se ha fijado ninguna fecha tope para alcanzar dicho completion point, aunque de hecho el plazo debería durar por término medio al menos 15 meses. Este periodo tan corto deja a los países altamente endeudados poco tiempo para desarrollar estrategias multisectoriales de lucha contra la pobreza e impone a los Gobiernos locales gastar dinero y recursos para alcanzar el completion point, en lugar de abordar un programa duradero y un plan viable de lucha contra la pobreza.
En general, podemos decir que la iniciativa HIPC reforzada, aun reconociendo el fracaso de los programas y de las experiencias anteriores en materia de estrategias macroeconómicas, es del todo insuficiente por sí sola para solventar este problema en el contexto actual de globalización de la economía y, de hecho, no disminuye la deuda nominal de estos países. Si no se reduce la deuda drásticamente, dichos países se verán obligados a pagarla indefinidamente.
Ahora bien, el Parlamento Europeo y en especial la Comisión han respaldado con fuerza la necesidad de condonar esta deuda, también al amparo de la campaña Jubileo 2000 en la que varias organizaciones y movimientos políticos, ciudadanos y religiosos, en primer lugar la Santa Sede, han reclamado con firmeza la cancelación total de la deuda. En particular, considero importante remarcar el empeño del Santo Padre que, con ocasión del evento de caridad que fue el Jubileo, llamó la atención sobre la necesidad de dedicar una mayor y preferente atención a los problemas de la pobreza que todavía afligen al mundo.
Por lo que se refiere a Monterrey, a pesar de las críticas por considerarla una enésima manifestación llena de simples declaraciones de intenciones, en mi opinión, se debe considerar una etapa positiva por haber fomentado más objetivos concretos. Prueba de ello es el compromiso de la Unión de financiar otros 20.000 millones de dólares a más tardar en 2006 y otros 7.000 millones después de 2006.
En conclusión, señora Presidenta, yo creo que existen diversas iniciativas que pueden ayudar a estos países, entre ellas cabe señalar la aplicación de las nuevas tecnologías, debatidas en Palermo hace algunas semanas a iniciativa del Gobierno italiano, del Banco Mundial y de la ONU. Unas nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas de gestión de la deuda, incluida la deuda interna, los controles de los presupuestos que ayudarían seguramente a las administraciones publicas a darnos una explicación concreta del posible objetivo a alcanzar, superando el pretexto que nos preocupa, es decir, el de la compra de armas de estos países, la no inversión de los beneficios en iniciativas sociales y económicas en favor de la reducción de la pobreza y en proyectos sociales y sanitarios que, por el contrario, estas poblaciones necesitarían.
Khanbhai (PPE-DE).
Señora Presidenta, fui uno de los cinco diputados a este Parlamento que viajaron a Monterrey, y quiero declarar públicamente que el Sr. Nielson hizo algo muy bueno antes de la Conferencia de Monterrey. Persuadió a los 15 Estados miembros de la Unión Europea para que se comprometieran a que antes de 2006 destinarán el 0,33% del PIB a financiar el desarrollo. La contribución actual de muchos Estados miembros está muy por debajo de ese porcentaje. Este logro dejó a los Estados Unidos en una situación embarazosa, porque aquel país comprendió que su contribución es realmente muy pequeña.
La Unión Europea destina 25.000 millones de USD: es el principal donante del mundo. Los Estados Unidos contribuyen con 10.000 millones de USD. Es una suma muy pequeña si tenemos en cuenta que ese país ha destinado a su institución militar 100.000 millones de USD desde el pasado septiembre, y éste es el motivo por el que el Presidente Bush ha prometido destinar al desarrollo 5.000 millones de USD adicionales antes de 2006. Esa suma situará la contribución estadounidense en 15.000 millones de USD, que sigue siendo un importe muy bajo, puesto que personas como Bill Gates hacen donaciones personales del orden de los mil millones de USD.
Aprovecho la presencia del Sr. Fischler para decir que las subvenciones agrícolas de la UE están acabando con los pobres agricultores del Tercer Mundo. Él lo sabe y yo sé que es partidario de persuadir a los Estados miembros de que deben hacer algo respecto a las montañas de alimentos que creamos. Éste fue un tema sobre el que tratamos ampliamente en Monterrey con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Mis colegas y yo nos reunimos con el Presidente del FIDA. La conclusión clara fue que a menos que invirtamos estos fondos para el desarrollo en las economías rurales de los países pobres y estimulemos su producción agrícola, tendremos un caldo de cultivo para las privaciones, el terrorismo y los conflictos internos. Ello es debido a que estas personas, que en su mayoría viven en zonas rurales, son demasiado pobres para cultivar sus propios alimentos y demasiado pobres para comprar los excedentes alimentarios de la UE.
Quisiera hacer otra observación relativa al VIH, el sida, la tuberculosis y la malaria. En la Conferencia de Monterrey no se trató en profundidad sobre estos temas ni se asumió ningún compromiso de asignar fondos para estos fines dentro de una categoría especial.

Cerdeira Morterero (PSE).
Señora Presidenta, querría explicar en este poco tiempo mi impresión personal, como representante del Grupo socialista en la Conferencia de Monterrey -aunque creo que compartida por todos los Grupos parlamentarios-, sobre esta Conferencia.
Efectivamente, ha sido una Conferencia con claroscuros. Hay aspectos positivos que sería injusto no destacar, pero también hay que reconocer, como ha hecho el Comisario, que en algunos aspectos no se han cumplido las expectativas que habíamos puesto en la citada Conferencia y, desde luego, las expectativas que este Parlamento había expresado a través de una resolución.
Por un lado, disponer del documento de consenso, elaborado previamente en el mes de enero en Nueva York, ha tenido la parte positiva de permitir que los participantes pudieran dedicar su tiempo a reuniones y al logro de compromisos bilaterales muy interesantes, a participar en mesas redondas. Pero, por otro lado, también pusimos al descubierto cuáles eran nuestras debilidades, nuestras limitaciones, hasta dónde estábamos dispuestos a llegar. Con ello se sabía previamente que ciertos temas podían quedar aparcados, porque en aras de lograr un consenso, sobre todo con los Estados Unidos, la Unión Europea iba a ceder. Creo que ése ha sido un fallo por parte del Consejo: mostrar esta debilidad. Por cierto, quien estaba representada allí no era la Unión Europea; era la Comisión Europea, la delegación de la Comunidad Europea, dado que la Unión todavía no tiene personalidad.
Entre los aspectos positivos está el logro de un compromiso de aumento presupuestario de los fondos para desarrollo por parte de Europa, además de una mejor coordinación entre los Estados miembros, y que los Estados Unidos también han asumido el compromiso de aumentar su dotación.
Pero creo que todavía tendremos que seguir trabajando de cara al próximo compromiso de Johannesburgo, donde habrá que definir los asuntos de las nuevas fuentes de financiación -de las cuales no se ha hablado-, de los bienes globales -tampoco se ha acordado nada al respecto-, y recalcar también la necesidad de que se escuche más a los países en desarrollo así como buscar una solución para su deuda externa.
Hay que comprometerse, a seguir trabajando de cara a Johannesburgo, para poder cumplir los objetivos de la Cumbre del Milenio.

Jensen (ELDR).
Señora Presidenta, quiero decir también, como participante en Monterrey, que era muy evidente que ahora está claro para muchos cuán importante es que nosotros, en los países ricos, contribuyamos a la lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo y ayudemos a garantizar el progreso económico en estos países y a eliminar la miseria. Debemos hacerlo por nuestra paz de espíritu y debemos hacerlo por la paz mundial. Debemos hablar de un esfuerzo a través de un amplio frente. Los países en vías de desarrollo deben tener acceso a nuestros mercados, de modo que ellos mismos puedan crear la base de su progreso económico. Deben garantizarse buenos marcos a las inversiones privadas, sin embargo, la ayuda al desarrolllo en la forma tradicional -en forma de transferencias- sigue siendo necesaria. Es vergonzoso que los países ricos durante la última década hayan reducido el porcentaje de sus ingresos que dan a los países pobres. Por ello quiero elogiar al Sr. Comisario Nielson por haber promovido un acuerdo para que los países de la UE eleven la ayuda. Este acuerdo supone que los países más parcos realicen una aportación que responda a la media hoy de la UE, pero el nivel de ambición debe apuntar más arriba. El objetivo ha de ser en cualquier caso el 0,7% del PNB, del que quedan por debajo la mayoría de los países de la UE, y que desgraciadamente es cumplido en todavía menor medida por los EE.UU. y Japón. Las experiencias muestran ciertamente que no siempre existe una relación directamente proporcional entre la cuantía de la ayuda y los resultados en forma de desarrollo. Menos mal que afortunadamente con Monterrey parece ahora haberse establecido una comprensión común de que el desarrollo debe suceder en el marco de una interacción entre países donantes, ONGs y países en vías de desarrollo, de modo que los países en vías de desarrollo tengan la responsabilidad de su propio desarrollo y de modo que, como condiciones para la ayuda, garanticen la democracia, la seguridad jurídica y los derechos humanos y combatan la corrupción que destruye muchas posibilidades de progreso.
Hautala (Verts/ALE).
Señora Presidenta, quiero felicitar a la Comisión por haber inducido a los Estados miembros por primera vez en la Cumbre de Barcelona a comprometerse con el objetivo compartido de financiación en el marco de la colaboración para el desarrollo. Esto no es más que un modesto comienzo del proceso común. En cualquier caso, quisiera preguntarle al Comisario, Sr. Fischler, qué piensa hacer la Comisión para asegurarse de que los Estados miembros realmente se comprometan también jurídicamente con este objetivo, con el fin de evitar que todo quede en simple declaración política, y también le preguntaría por la fórmula que ustedes han planeado para el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.
Es bastante seguro que aquellos países que ya han alcanzado el objetivo del 0,7 por ciento del PIB, como son Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y los Países Bajos, no se prestarán a pagar más hasta que no constaten que los países que les vienen a la zaga cumplen con su parte. Se trata de grandes cantidades de dinero. Tal y como ya han mencionado aquí otros colegas, los países de la UE deberán aportar siete mil millones de dólares más al año a partir de 2006, y de aquí a esa fecha un total de 20.000 millones de dólares. ¿Cómo se piensa hacer de esto una realidad?
Sería muy importante que ya empezáramos a mirar más lejos aún desde el punto de vista político. En consecuencia, mi Grupo propone que la UE se comprometa ya en Johannesburgo a alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento para el año 2010. Pido que los demás Grupos apoyen este objetivo, sobre el cual podremos votar dentro de unos instantes.

Miranda (GUE/NGL).
Señora Presidenta, como otros diputados, también yo creo que no hay razones para euforias excesivas en cuanto a los resultados de la Conferencia de Monterrey. Es cierto que en el transcurso de la Conferencia se dieron algunos pequeños pasos, en particular si tenemos en cuenta la situación actual de la financiación del desarrollo y las perspectivas muy magras que se perfilaban ya antes de la Conferencia. En ellos incluyo, naturalmente, los ofrecimientos de la Unión Europea de aumentar en 20.000 millones de dólares de aquí al 2006 su ayuda pública y los 5.000 millones que los Estados Unidos se han propuesto aumentar anualmente. Y tengo en cuenta también que la Unión Europea ha fijado por primera vez, y con carácter vinculante para los Estados miembros, un objetivo preciso y orientado a alcanzar el 0,39 por ciento del PIB en 2006 como media comunitaria y como etapa intermedia para el objetivo de 0,7 por ciento.
Pero hay que reconocer que son pasos demasiado cortos, que quedan muy por debajo de las necesidades y las posibilidades actuales. Y otra conclusión que no podemos por menos de sacar, si tenemos en cuenta las disminuciones constantes que ha habido en el último decenio en materia de ayuda pública al desarrollo, a la que sólo un número limitado de Estados miembros de la Unión Europea se han hurtado como para confirmar la regla. Y dicha conclusión es también inequívoca, si atendemos a las decisiones y recomendaciones sucesivamente reiteradas por las Naciones Unidas, en particular los objetivos del desarrollo del milenio para reducir la pobreza extrema de aquí a 2015. O incluso las propias esperanzas creadas por el compromiso contraído en el Consejo de Gotemburgo de alcanzar el objetivo de 0,7 por ciento lo más rápidamente posible.
Ahora bien, a ello se suma que no se ha adoptado medida alguna en la esfera de la resolución del problema de la deuda externa, a pesar de que ésta sigue siendo uno de los parámetros fundamentales del desarrollo económico de los países más pobres, como afirma el Sr. Mantovani en la exposición de motivos que figura en su informe y que consideramos positiva. Y en ese marco, teniendo en cuenta la importancia de la vertiente financiera, considero que los resultados de la Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible del próximo septiembre se presentan limitados en cierto modo en su alcance deseable. Aun así, esperamos que en Johanesburgo se consiga dar pasos más prometedores en esa y otras esferas.

Angelilli (UEN).
Señora Presidenta, quiero en primer lugar felicitar al ponente por el trabajo realizado y sobre todo saludar con satisfacción y por fin el compromiso de la Comunidad con la liquidación de los préstamos especiales de los países muy endeudados y menos avanzados. Lo cierto es que se trata de las primeras etapas del que deberá ser un largo e importante camino. De hecho, sólo una auténtica cancelación de la deuda puede ser la única forma para garantizar a los países en desarrollo la posibilidad de encontrar una salida a la espiral negativa de la llamada trampa de la deuda, para dar a estos mismos países la esperanza y la ocasión de integrarse positivamente en un mercado global y para ofrecer un futuro a sus pueblos luchando real y concretamente contra la pobreza, el hambre y las enfermedades.
Por supuesto, será necesario exigir que estos países se comprometan a respetar los derechos humanos, a renunciar a la guerra como medio para resolver los conflictos y a destinar los recursos financieros liberados con el alivio de la deuda a programas de reducción de la pobreza serios y sujetos a control, así como a garantizar una más amplia implicación democrática de la sociedad civil. No obstante, merece la pena precisar que las medidas de condonación o de alivio de la deuda no han de servir de pretexto para una reducción de la ayuda al desarrollo, por el contrario, esta ayuda habrá de estar sometida a un control e, indudablemente, se deberá aumentar y fomentar.
No debemos olvidar que Europa tiene la responsabilidad de ofrecer un apoyo indispensable a los países más pobres del Tercer Mundo no sólo con la cancelación de la deuda, sino también con un compromiso a largo plazo en favor de estos mismos países, para respaldarlos en un camino de profunda transformación y de desarrollo económico y social. También la lucha contra terrorismo, contra la inmigración ilegal, contra la trata y la explotación de seres humanos pasa por la posibilidad, de que los países y los pueblos más pobres y endeudados, tengan un futuro de paz, de progreso y de justicia económica y social.

Bonino (NI).
Señora Presidenta, Señorías, no comparto la atmósfera autocomplaciente que ha sido el resultado de Monterrey, antes bien, creo que Monterrey ha quedado muy por debajo de las necesidades y de las ambiciones necesarias. Hoy se habla de primeros pasos y resulta, cuando menos, paradójico pensar que ahora estamos en los primeros pasos, cuando la solicitud del 0,7% data de 1970, así como decir que quizás llegaremos al 0,30 o 0,31%, sin saber exactamente cuándo.
Segunda cuestión todavía más decepcionante: en Monterrey ni una sola palabra con respecto a las reformas estructurales necesarias, empezando por nosotros, del proteccionismo agrícola al textil, al proteccionismo americano sobre el acero, por no hablar de las reformas necesarias en esos países en lo que atañe al Estado de Derecho y a los primeros pasos hacia la evolución democrática.
Por eso, creo que desde este punto de vista Monterrey ha quedado muy por debajo de las ambiciones y que todos, no sólo los países en desarrollo, sino también nosotros y nuestras falsas seguridades, pagaremos cara esta indiferencia sustancial ante la envergadura del problema.

Veltroni (PSE).
Señora Presidenta, me parece bien la liquidación de los préstamos especiales concedidos por la Comisión pero, lamentablemente, para la situación que se vive en los países pobres, no basta que las instituciones financieras internacionales aprueben iniciativas para reducir la deuda a un nivel llamado sostenible. Hay que tener el valor de llegar a la efectiva cancelación de la deuda para liberar recursos con el fin de permitir el desarrollo económico y social de esos países, y esta cancelación no deberá constituir en ningún caso un pretexto para disminuir la ayuda al desarrollo. Por el contrario, se ha de traducir en un compromiso concreto el principio, fijado por las Naciones Unidas y confirmado por el Consejo Europeo de Bruselas el pasado mes de noviembre, de aumentar al 0,7% del PIB los recursos en favor de los países en desarrollo, avanzando de la misma manera y con la misma determinación con que Europa ha cumplido los criterios de Maastricht y se ha dotado de la moneda única. Fijemos un calendario concreto, etapas y sistemas de evaluación para que todos los Estados miembros de la Unión Europea respeten este compromiso y acompañemos esta iniciativa con el embargo sobre la venta de cualquier tipo de armas, incluso las ligeras.
También la Conferencia de Monterrey nos ayuda a entenderlo. Hacen falta nuevos caminos: es preciso valorizar el papel de la ONU y es necesario y justo ampliar el G8 a África y América Latina, puesto que no es posible que a la hora de tomar decisiones que les afectan no estén presentes también los representantes de los países y de los pueblos menos ricos del mundo.

Rod (Verts/ALE). -
Señora Presidenta, Señorías, no me andaré con rodeos. Hay que anular pura y simplemente la deuda de los países pobres muy endeudados y crear un procedimiento de arbitraje para los países intermedios en situación de crisis, como la Argentina. La mayoría de estas deudas son ilegítimas puesto que han sido contraídas por gobiernos corruptos o incluso dictatoriales, y, en realidad, nunca han favorecido a las poblaciones. La deuda total del tercer mundo ya ha sido reembolsada seis veces en concepto de intereses. ¡Qué paradoja! Hoy las cantidades reembolsadas en concepto de la deuda por los países del Sur son superiores a la ayuda al desarrollo concedida por el Norte. Tras haber saqueado las materias primas del Sur pagándolas al precio más bajo, el Norte se beneficia hoy de este flujo financiero y mantiene, de hecho, su dominio, con las conocidas consecuencias sobre el aumento de la pobreza.
Por consiguiente, esta deuda debe ser anulada. Pero el dinero que se ahorre debe volver a invertirse no en armas o en otros ámbitos, sino en presupuestos sociales para reforzar preferentemente los servicios públicos, los servicios sanitarios y la educación. Por desgracia, la Conferencia de Monterrey no abordó a fondo esta cuestión, así como tampoco la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. En cuanto al objetivo del 0,39% destinado a la ayuda al desarrollo, no significa una victoria. Distamos mucho del 0,7%. ¿Acaso dentro de diez años podremos felicitarnos del 0,22% que se comprometerá oficialmente? No, creo que hoy es necesario reaccionar, hoy hay que anular la deuda, conceder mucho más del 0,39% de ayuda, y, personalmente, pienso que la Conferencia de Monterrey es un fracaso. Es un fracaso para la Unión Europea, pero sobre todo es un fracaso para los países del Sur.

Berlato (UEN).
Señora Presidenta, a pesar de que la riqueza mundial se ha multiplicado por ocho desde 1960, lamentablemente, debemos evidenciar que aún hoy uno de cada dos seres humanos vive con menos de un dólar al día, uno de cada cinco no tiene acceso al agua potable, uno de cada seis es analfabeto y un niño de cada tres padece malnutrición. A estos datos alarmantes responde el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo y la UNICEF, que han calculado, por ejemplo, que un gasto anual de 80 millardos de dólares, en un período de diez años, podría garantizar a cada ser humano el acceso a la educación básica, a los cuidados médicos básicos y a una alimentación adecuada, así como la posibilidad de utilizar agua potable, las infraestructuras sanitarias, y por último, el acceso de las mujeres a los cuidados ginecológicos y obstétricos: una cantidad cuatro veces menor de la que el Tercer Mundo devuelve por su deuda exterior, una cuarta parte del presupuesto militar de los Estados Unidos, el 18% de los gastos publicitarios mundiales, el 9% de los militares, la mitad de los bienes que poseen las cuatro personas más ricas del mundo. Son unos datos que nos obligan a reflexionar.
En 1999 los pagos de los países en desarrollo a los acreedores de los países del Norte, según los datos del Banco Mundial correspondientes al año 2000, alcanzaron los 300 millardos de dólares, lo que equivale al montante de hasta cuatro Planes Marshall. La Unión Europea debe comprometerse a asegurar el alivio o la cancelación de la deuda de los países pobres. Los países beneficiarios, por su parte, deben comprometerse a instaurar formas de buen gobierno y a encauzar las economías derivadas de la reducción de la deuda hacia el logro de modelos de desarrollo equilibrado y sostenible para sus pueblos.

Junker (PSE).
Señora Presidenta, señoras y señores, yo no estuve en Monterrey pero viajo con frecuencia por los países ACP y en ellos se puede observar con angustia cómo los países pobres jadean bajo el peso del endeudamiento. Sin embargo, la iniciativa de Colonia de alivio de la deuda puede contribuir a mitigar este peso y a emplear nuevos recursos para la utilidad social. De esto se ocupan la decisión del Consejo para puesta en práctica de la iniciativa HIPC y la comunicación correspondiente de la Comisión. Sobre ambas ha presentado el Sr. Mantovani un informe muy bueno y muy equilibrado que señala la dirección en que hemos de poner el acento nosotros, desde el lado europeo.
No obstante, con esto no se logra una corrección, una reforma de la arquitectura financiera internacional, que es urgentemente necesaria, con independencia de la cuestión de cuántos recursos haya disponibles, pues debe producirse un cambio de paradigma en la cooperación al desarrollo, especialmente con los países más pobres.
Esto no se puede conseguir con el lema de 'adelante como hasta ahora?, sino que estamos llamados a poner también aquí nuevos acentos.

Fischler
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias por las aportaciones tan constructivas que se han producido aquí. En este debate, que considero extraordinariamente importante, se han planteado esencialmente dos temas concretos a los que quisiera referirme brevemente. En primer lugar, un tema que afecta directamente a mi competencia: la agricultura. Aquí se ha afirmado que la Unión Europea está matando a los agricultores en muchos países en vías de desarrollo. Esto no se puede dejar así en esta Sala y quisiera informarles un poco acerca de cómo se presenta actualmente nuestra situación de importaciones y exportaciones.
Quisiera indicarles que en la actualidad la Unión Europea importa de los países en vías de desarrollo más productos que los EE.UU., Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Japón juntos. En este punto no tenemos por qué dejarnos reprochar nada por los otros países desarrollados.
En segundo lugar, quisiera indicarles que somos un importador neto de los países en vías de desarrollo, es decir, importamos más productos agrícolas que lo que exportamos a estos estados, en agudo contraste con los estados antes mencionados que son, todos, grandes exportadores netos. Finalmente, permítanme que les indique también que la proporción de exportación de productos agrícolas de la Unión Europea en todos los sectores ha retrocedido en el transcurso de los últimos cinco años.
Por último, quisiera recordarles que deberíamos cesar de reprocharnos cosas que ya no existen. Cuando se sigue hablando aún de las grandes montañas de excedentes en la Unión Europea, quisiera invitarles a que me las mostrasen. Ya no tenemos montañas de excedentes. Tenemos una producción equilibrada.
Se ha planteado una segunda cuestión importante, en concreto, la de cómo queremos asegurar que los Estados miembros cumplan realmente con los compromisos contraídos en el Consejo. A este respecto, debo hacerles notar que aquello a lo que se han comprometido los Estados miembros constituye, ni más ni menos, que una declaración general del Consejo. No tenemos un instrumento jurídico para exigir realmente por la vía legal estas contribuciones, sino que sólo podemos recordar de manera conjunta - ustedes, el Parlamento, y la Comisión - a cada uno de los Estados miembros que no cumplan esta exigencia, cuán importante sería que lo hiciesen.
La Presidenta. -
Gracias, señor Comisario.
Como conclusión de este debate sobre la Conferencia internacional sobre la financiación al desarrollo en Monterrey, he recibido cuatro propuestas de resolución.

Lulling (PPE-DE)
. (FR) Lamento que este importante informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el Programa Estadístico Comunitario 2003-2007 haya debido aprobarse sin debate, por razones de tiempo.
Sin embargo, deseo manifestar que este nuevo Programa Estadístico para 2003-2007 es el sexto de su género y que esta vez se nos somete a tiempo, lo que no ocurrió con el quinto programa, que vence este año. Este nuevo programa puede, pues, entrar en vigor en 2003 porque nos hemos dado prisa en emitir el dictamen, y esperamos que nuestro colegislador, el Consejo, haga lo mismo y que no repita el mal resultado obtenido en relación con el reglamento relativo a las estadísticas estructurales de las empresas, respecto al cual nuestro Parlamento tomó posición en primera lectura en junio de 2001.
La propuesta sobre este programa es buena y nuestra comisión me ha apoyado por unanimidad en el sentido de no presentar ninguna enmienda en cuanto al contenido. Sin embargo, proponemos una enmienda; la misma que habíamos sometido para el quinto programa, o sea: con respecto a las estadísticas que atañen a determinados ámbitos que dependen de diferentes políticas comunitarias, es importante clasificar los datos en función del sexo.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)
Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson (PSE)
 - (SV) Los socialdemócratas suecos nos abstuvimos en la votación del informe Oostlander sobre tráfico ilícito de drogas.
Creemos que es importante que se refuerce la colaboración entre los Estados miembros para combatir el narcotráfico. Por eso respaldamos la decisión marco del Consejo sobre fijación de normas mínimas para la configuración de delitos y para las penas derivadas del tráfico ilícito de drogas.
Desgraciadamente, el informe Oostlander contiene enmiendas que limitan las intenciones de la decisión marco. Pensamos que la decisión marco debe aplicarse a toda clase de narcotráfico y no solamente al comercio de cierto volumen o de carácter internacional.
La lucha contra las drogas y la dependencia debe comprender todos los ámbitos: prevención, combate a la delincuencia y rehabilitación. Nos preocupan las tendencias liberales que aparecen en numerosos países miembros, donde se aceptan cada vez más las denominadas drogas blandas. Estas drogas son la puerta de entrada al consumo de drogas duras, que conducen a la dependencia y la miseria social. Una condición para que exista una política de drogas eficaz es que se combata todo tipo de drogas.

Van der Laan (ELDR)
 - (NL) Gracias a D66 el informe Oostlander sobre el tráfico de drogas ha quedado enmendado de tal forma que solamente cubre el tráfico de drogas a gran escala, transfronterizo y organizado. De este modo, la política de los Países Bajos en materia de drogas blandas se mantiene a salvo.
Ello no obstante, D66 se ha abstenido en la votación final del informe porque el Parlamento ha adoptado las enmiendas 5 y 14. Dichas enmiendas obligan a los Estados miembros a emplear los beneficios obtenidos de los bienes confiscados en el marco de la lucha contra la droga en programas de ayuda para drogadictos. Aunque ese objetivo merezca nuestra simpatía nos parece esencialmente injusto que los programas de ayuda queden supeditados a los resultados de la lucha contra la criminalidad desde el punto de vista financiero. Por eso seguimos optando por el método utilizado en los Países Bajos. En otras palabras, somos partidarios de que las multas y los beneficios procedentes de las confiscaciones se añadan a los recursos generales y que los programas de ayuda se financien con estos recursos generales.
Las enmiendas antes mencionadas van en contra del principio de subsidiariedad. Por eso nos hemos visto obligados a retirar nuestro apoyo al presente informe a pesar de que se hayan introducido considerables mejoras.

Figueiredo (GUE/NGL)
El texto común adoptado, aunque con aspectos positivos que merecen nuestra aprobación, es claramente insuficiente. Ahora bien, su aplicación práctica puede contribuir a que haya una mayor participación de las organizaciones y los movimientos sociales y de las autoridades en los niveles local y regional en la materialización y evaluación de los planes de acción nacionales para el empleo.
Igualmente importante es conseguir, de hecho, como se afirma en el texto aprobado, que se haga una evaluación cuantitativa y cualitativa de los efectos de la estrategia europea para el empleo, incluido un análisis de su coherencia con la política económica general, así como con otras materias políticas, y un seguimiento mediante el Observatorio Europeo del Trabajo. Pero lo más importante de todo es que se modifiquen las prioridades políticas en la Unión Europea y se prosiga una verdadera política de empleo de calidad y con derechos encaminada a la consecución del pleno empleo, cosa que dista de haberse conseguido.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, usted tiene delante un martillo para llamar al orden a los diputados indisciplinados, pero tiene suerte porque no es un martillo neumático. Usted sabe que los martillos neumáticos provocan angioneurosis, una grave enfermedad causada por las vibraciones que padecen muchísimos trabajadores de la construcción. Este texto, firmado por la Sra. Thorning-Schmidt, que en conciliación ha conseguido arrancar mayores garantías para la vida de los trabajadores que usan martillos neumáticos, ha sido considerado y acogido favorablemente por todos los trabajadores europeos que padecen esta enfermedad profesional. Por lo tanto, al felicitarla por tener la suerte de no estar expuesta a los riesgos de sufrir enfermedades derivadas del uso del martillo neumático, confirmo que he votado a favor del informe Thorning-Schmidt, puesto que considero justa la protección de todos los trabajadores.

Malmström y Olle Schmidt (ELDR)
 - (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Helle Thorning-Schmidt sobre una propuesta de directiva relativa a la exposición a las vibraciones.
En lo esencial, somos partidarios de la Unión Europea. Como liberales suecos, entendemos la integración europea como una posibilidad para solucionar problemas transfronterizos relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de las crisis.
Sin embargo, la protección de los trabajadores es, a nuestro juicio, un ejemplo de aquellas materias en las que la UE debe tener competencia restringida, si se trata de asuntos relativos a la circulación de las personas. Las vibraciones en los centros de trabajo no puede ser considerada una materia transfronteriza. Por eso, corresponde a cada Estado miembro la responsabilidad y el derecho a fijar los valores límite.

Eurig Wyn (Verts/ALE)
. (EN) A pesar de que he votado a favor de la presente directiva, tengo algunas reservas. La salud y la seguridad son naturalmente muy importantes, pero debemos ser cuidadosos de que los textos que proponemos estén basados en pruebas e investigaciones científicas sólidas. Tras haber examinado con detenimiento este asunto, no he podido encontrar ninguna prueba científica concreta que apoye la propuesta relativa a las vibraciones sobre el cuerpo entero.
Respecto al establecimiento de un límite de ocho horas para el trabajo en vehículos como tractores, me preocupan las repercusiones que este límite tendrá sobre el sector agrícola por la naturaleza de su trabajo, pero me preocupa además que afecte a pequeños agricultores y a aquellos que trabajan en canteras y minas pequeñas, sobre todo porque no disponen de recursos humanos suficientes para establecer un sistema rotatorio viable.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, en este texto se habla del presupuesto de la Unión Europea, así como de una considerable cantidad de dinero que no se ha logrado gastar en 2001 y que, por lo tanto, se pasará a 2002 para las distintas actividades de la Unión Europea. Por esto, al votar a favor de este informe contable, se me han ocurrido una reflexión y una esperanza, esto es, que este dinero, no utilizado en los proyectos de la Unión Europea financie algún día un fondo de pensiones europeo que permita a aquellos que viven demasiado, puesto que esto se considera un perjuicio para los presupuestos de nuestros Estados nacionales, recibir de Europa una ayuda al efecto de cobrar, en todo caso, su pensión.

Berthu (NI)
. (FR) Aprovecho la oportunidad que me brinda el informe Wynn sobre el presupuesto, para recordar que tras nuestro primer debate sobre la aprobación de la gestión presupuestaria los servicios suprimieron 38 palabras de mi explicación de voto. En dicho texto deploraba la actitud del Parlamento Europeo, que ahora se cree lo bastante fuerte como para revocar todo 'acuerdo entre caballeros? y meter las narices en el presupuesto del Consejo. Añadía que el Consejo debería tener en cuenta esta advertencia, en el momento en que se abre la Convención que va a reflexionar sobre el futuro de la Unión. Y concluía con la frase, desgraciadamente suprimida: 'De paso, por otra parte, más le hubiera valido (al Consejo) escuchar nuestras advertencias, y formar la Convención con representantes de los Parlamentos nacionales, sin integrar al Parlamento Europeo, o, en todo caso, sin hacerlo de una manera tan amplia?. Como se ve esta frase era importante.

Caullery (UEN)
. (FR) Uno de los dos capítulos del anteproyecto de presupuesto rectificativo 2/2002 se refiere a la consignación presupuestaria de un saldo positivo transferido del ejercicio 2001, debido, concretamente, a una fuerte infrautilización del presupuesto comunitario, en particular en el ámbito de los Fondos Estructurales.
Las consecuencias de este presupuesto rectificativo consistirían en devolver alrededor de 10 millardos de euros a los Estados miembros de la Unión Europea, lo que debería traducirse por una restitución de aproximadamente 10 millardos de francos a Francia; la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo propone restituir a los Estados un importe de alrededor de 5,5 millardos de euros, puesto que los 4,5 millardos de euros restantes servirán para cubrir diversos gastos registrados en el año en curso, y podemos interrogarnos sobre la legalidad de esta opción, ya que se supone que el Parlamento sólo puede pronunciarse sobre propuestas de gastos previstos por la Comisión Europea, de momento, inexistentes.
Por otro lado, la Comisión Europea presentará en mayo de 2002 el saldo definitivo de 2001 en otro presupuesto rectificativo; así pues, el importe total de los créditos que deben consignarse en el presupuesto podría alcanzar los 18 millardos de euros.
El otro capítulo de este proyecto de presupuesto rectificativo suplementario, tras los acuerdos de Berlín de la primavera 1999 sobre las Perspectivas Financieras de la Unión Europea, ...
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
 - (SV) Hemos votado en contra de la propuesta de proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario 2/2002 de la Unión Europea para el ejercicio 2002.
En las reuniones de la comisión del 19 de marzo y del 9 de abril se decidió que de los catorce mil millones de euros de superávit, se devolverían diez mil millones a los Estados miembros. Habida cuenta de que el presupuesto del año 2002 tiene un superávit de catorce mil millones de euros, no nos parece lógico que ahora sólo se devuelvan cinco mil quinientos millones a los Estados miembros. Creemos que esta decisión no tiene arraigo en las discusiones que han tenido lugar en la comisión. Puesto que los Estados miembros no recibirán de vuelta las cantidades a que tienen derecho, hemos votado en contra de la propuesta.
Somos conscientes de que la suma que no se paga ahora se pagará más tarde. La Comisión ya ha señalado que los gastos en 2003 serán tan elevados que se traspasará el techo presupuestario. Esto significaría para los Estados miembros la necesidad de hacer grandes desembolsos en 2003 y 2004, cuando aumenten las necesidades presupuestarias relacionadas con la ampliación.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Mi Grupo, el Partido Socialista de los Países Bajos, aspira a un alto nivel de protección, tanto para el ser humano como para el medio ambiente, y está dispuesto a consentir una elevada presión fiscal a cambio.
Está plenamente justificado que las autoridades inviertan ingentes cantidades de dinero con objeto de prestar servicios de calidad en el ámbito de la enseñanza, la salud, el transporte público y la conservación del medio ambiente. Estos servicios no pueden ser objeto de recortes. Sin embargo, nos atrae poco o nada la idea de que los fondos acaben transfiriéndose a fines militares, un crecimiento económico sin rumbo o regalos para empresas con ánimo de lucro.
Es preferible que la gestión del dinero del contribuyente quede en manos de un órgano cercano sometido al máximo control de los electores, ya que ello suele redundar en beneficio de la calidad y del cumplimiento de la voluntad democrática del electorado. Éste no es el caso del dinero gestionado por un órgano lejano sobre el cual la mayoría de la gente no puede ejercer ningún control. Por tanto no nos parece nada evidente que se destine a la Unión Europea todo el dinero posible. No somos partidarios de hacer circular el dinero de los fondos estructurales entre los Estados miembros más ricos. La actual política agrícola intensiva y la cada vez más fuerte vinculación con la política de la OTAN tampoco nos parecen oportunas.
Abogamos, al contrario, por la solidaridad con las regiones más pobres, la ayuda al desarrollo a favor del Tercer Mundo y un mayor respeto del medio ambiente. Por eso estamos de acuerdo en que el superávit se reparta entre los planes comunitarios existentes y en que el dinero regrese a los Estados miembros.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, nuestro Grupo está muy satisfecho con el resultado de la votación de esta mañana. Ahora tenemos una opinión mucho más positiva sobre las normas para la acogida de los solicitantes de asilo, en particular, aspectos como un acceso más rápido y extendido a la educación y la formación profesional, y no sólo a la enseñanza para los menores.
Acogemos con satisfacción la recomendación de un acceso más amplio a todas las formas de asistencia sanitaria, en particular, a la ayuda psicológica para las víctimas de torturas y otras personas que han soportado traumas severos. También nos alegra mucho que se haya aprobado la enmienda encaminada a ampliar la definición de la familia. Somos conscientes de que este tema ha despertado mucha polémica en esta Asamblea, pero por fin comenzamos a reconocer que la familia nuclear no es el único modelo aplicable.
Lamentamos que algunos diputados de esta Asamblea consideren aceptable que los solicitantes de asilo y de otras formas de protección no tienen los mismos derechos en términos de seguridad social y otras formas de seguridad en el lugar de trabajo. Estoy segura de que eso es algo que también cambiará.
Es lamentable que el Consejo parezca haberse formado ya una opinión antes oír los puntos de vista del Parlamento, y que una vez más tengamos que apresurarnos para ponernos al día con este proceso. Creo que el Consejo nos demostraría mucho más respeto si su calendario nos permitiera presentar nuestra posición antes de que éste tome su decisión final.
En términos generales, acogemos con satisfacción las modificaciones que el Parlamento ha introducido en este informe en particular, y esperamos que no sea demasiado tarde para que el Consejo las tenga en cuenta.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el Sr. Lambert. Es importante que la Unión Europea se preocupe por las condiciones de asilo de cualquier persona que venga a nuestra Europa a pedir asistencia y ayuda. Sin embargo, señor Presidente, me pregunto: ¿Es justo que, como sucede, por ejemplo, en las costas del sur de Italia, en determinados momentos lleguen cientos y cientos de solicitantes de asilo que son acogidos por las muy generosas poblaciones del sur de Italia, mientras que ningún otro Estado de la Unión Europea apoya y ayuda económicamente esta actividad de ayuda y de asistencia? ¿No cree que sería el momento de crear un fondo para aliviar a los Estados fronterizos de la Unión Europea, en particular los Estados costeros, Italia, España y Grecia, que acogen a más solicitantes de asilo que los demás Estados, y a los cuales se les debería proporcionar ayuda en esta encomiable iniciativa?

Berthu (NI)
. (FR) La Comisión Europea nos propone hoy una directiva por la que se establecen normas mínimas de acogida para los solicitantes de asilo en los Estados miembros. Este texto burocrático es, en gran medida, inútil puesto que si un Estado ofreciera a los refugiados mejores condiciones de acogida que los otros, se vería desbordado por las solicitudes y se vería obligado a reducir sus prestaciones. El sistema europeo se regularía, pues, de forma automática.
Además, la propuesta de la Comisión establece unas normas mínimas de alto nivel, y el Parlamento Europeo acaba de agravar esta tendencia a través de enmiendas que, entre otros elementos, amplían la definición del concepto de refugiado, así como la de los miembros de su familia.
En ningún momento se formulan las preguntan esenciales: ¿cuánto costarán a los Estados miembros estas normas de acogida, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que constituirán un atractivo adicional para una nueva forma de inmigración? ¿Dónde están previstos los créditos? ¿Cómo se puede luchar contra esta nueva inmigración, en la que vemos, concretamente, como falsos solicitantes de asilo se organizan sirviéndose de redes estructuradas de tráfico de seres humanos?
En estas condiciones, la propuesta de la Comisión nos parece muy peligrosa, y hemos votado en contra.

Bonde, Sandbæk (EDD) (PE)
. (DA) Hemos votado a favor de este informe debido a las claras mejoras de la propuesta de directiva que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Política Interior ha propuesto.
En cambio, deseamos insistir en que los problemas en materia de política de asilo deben ser solucionados lo más cerca posible de los ciudadanos y no desde una legislación comunitaria centralizada.
Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) En plena guerra fría se alentó a los ciudadanos de los países de la Europa Oriental a que huyeran y los refugiados eran bien recibidos en la Europa Occidental.
En la actualidad en Europa hay cada vez más refugiados procedentes del Tercer Mundo y nos hemos vuelto menos hospitalarios. Al cabo de cierto tiempo muchos solicitantes de asilo son rechazados y se quedan sin enseñanza, ingresos y alojamiento. Esta exclusión se convierte en instrumento disuasorio. Muchos desafortunados que entraron hace tiempo son condenados a la ilegalidad, de modo que están obligados a ganarse la vida por medios criminales causando problemas a los demás.
Todo parece indicar que la gravedad de la causa de la huida se supedita cada vez más a los objetivos financieros y demográficos del país de acogida. Se intenta reducir al máximo el número de personas que necesitan un apoyo financiero prolongado, en tanto que se suele dispensar una calurosa bienvenida a las personas más cualificadas dispuestas a ocupar puestos de trabajo que, si no, quedarían vacantes por falta de candidatos.
Las medidas propuestas con motivo de este punto del orden del día benefician sobre todo a este último de grupo de refugiados. Ahora bien, a pesar de estas limitaciones se da un paso adelante al someter a los niños a la escolaridad obligatoria y al aprendizaje del idioma del país de acogida, al permitir que los inmigrantes comiencen a trabajar pronto, al mejorar la calidad del alojamiento y al tener más en cuenta a los compañeros sentimentales homosexuales.

Miranda (GUE/NGL)
El informe ahora votado mejora, en algunos aspectos, la propuesta que nos presentó la Comisión; entretanto hay que lamentar que, tras haber decidido la Unión Europea la instauración de una política común de asilo, se limite ahora a establecer un conjunto de normas mínimas, como si no supiera que las personas a las que van destinadas merecen todo el apoyo posible, dadas las dolorosas condiciones que generalmente las mueven a buscar refugio en uno de los Estados miembros.
Por lo demás, no podemos dejar de rechazar el objetivo expresado por la Comisión de establecer dichas "normas mínimas" como mera contribución a la limitación de los movimientos secundarios de los solicitantes de asilo resultantes de las disparidades en las condiciones de acogida entre los Estados miembros.

Fatuzzo (PPE-DE).
Estamos hablando de los derechos humanos en la Unión Europea. ¿Es una violación de los derechos humanos dejar vivir a una persona mayor, enferma, jubilada con solamente 500 euros al mes? Me pregunto: ¿Es una violación de los derechos humanos en la Unión Europea que una viuda, come sucede en Italia, después de haber trabajado ella y su marido cuarenta años cada uno, o sea, en junto al menos ochenta años, reciba una pensión mensual de sólo 25 euros? Señor Presidente, ¿es una violación de los derechos humanos que aquellos, y ya quedan pocos, pensionistas de guerra que lucharon en la II Guerra Mundial reciban no más de 100 euros al mes? Yo creo que también estas son violaciones de los derechos humanos y que también debemos ocuparnos de esto en nuestros informes.

Arvidsson, Gunilla Carlsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE)
 - (SV) Los diputados conservadores al Parlamento Europeo hemos votado a favor del informe A5-106/2002 sobre derechos humanos en el mundo (2001) y la política de la Unión Europea en esta materia. Nuestro voto confirma que respaldamos los grandes principios relativos a los derechos humanos que, a nuestro juicio, están amparados en esta resolución.
En cambio, rechazamos las afirmaciones de que la globalización causa trastornos económicos y sociales. Nos oponemos también a equiparar los denominados derechos positivos (de carácter social, económico y cultural) con los importante derechos negativos (de índole política y jurídica).
Suponemos que la expresión terrorismo de estado se refiere a los estados que financian a organizaciones terroristas.
Nos oponemos a que el Parlamento designe a un embajador para los derechos humanos.
Nos gustaría que se hiciese una recomendación general más contundente sobre la abolición de la pena de muerte.
Rechazamos las insinuaciones de que los presos que están en la bahía de Guantánamo no han sido detenidos durante la guerra de Afganistán.
Hemos votado a favor de la enmienda 3 del Grupo ELDR.

Berthu (NI)
. (FR) El informe Johan van Hecke nos brinda la oportunidad de manifestar nuestra sorpresa por el comunicado del 22 de abril publicado por la Presidencia del Parlamento Europeo, que observa una escalada de la intolerancia en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia.
Desde el punto de vista jurídico, se trata de una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. En cuanto al fondo, dicho comunicado soslaya totalmente problemas importantes.
El 20% de los sufragios obtenidos por la extrema derecha no es más que un síntoma de una crisis profunda de la representación política en Francia.
Esta crisis tiene su origen, concretamente, en el hecho de que, estos últimos años, una parte de la clase política y de las instituciones han desoído el padecimiento de los ciudadanos y sus llamadas desesperadas para que se restablezca la seguridad. Ahora bien, las instituciones nacionales y la Unión Europea son corresponsables de dicha crisis.
Digo, pues, a mis colegas del Parlamento Europeo: abran los ojos, como les pido desde hace años en mis intervenciones en este hemiciclo. Cambien radicalmente la política europea. Y si desean evitar resultados como los del 21 de abril, den por fin prioridad a la seguridad de los ciudadanos y al control de la inmigración.

Figueiredo (GUE/NGL)
Es positiva la aprobación de este informe, que comienza afirmando que uno de los principales objetivos de la Unión Europea debe ser el de mantener la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos y culturales y, simultáneamente, reconoce la responsabilidad fundamental de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, teniendo en cuenta que la Unión Europea debe trabajar activamente con vistas a fortalecer aún más su cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en el nivel de la prevención de conflictos, gestión de crisis, ayuda humanitaria, rehabilitación después de los conflictos y desarrollo en el nivel mundial.
Igualmente importante es, en particular, subrayar que la lucha contra el terrorismo no puede poner en peligro la protección de los derechos humanos fundamentales y debe basarse en las normas internacionales en materia de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario, solicitar que el Consejo y los Estados miembros incluyan el terrorismo de Estado en la definición de terrorismo y la reafirmación de que todas las formas de trabajo forzado, de tráfico de seres humanos, equiparado a una forma de esclavitud, y la explotación sexual de niños son violaciones de los derechos humanos, e insistir en el llamamiento a los Estados Unidos de América y a Somalia para que ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Ahora bien, el informe tiene algunos aspectos con los que discrepamos, en particular las referencias al Tribunal Penal Internacional.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Últimamente no sé muy bien dónde se sitúa el Sr. Van Hecke en el espectro político. Bajo el antiguo gobierno de los democratacristianos flamencos llamaba la atención por sus tendencias izquierdistas, pero ahora está en vías de adherirse a los liberales, que han llegado al poder en Bélgica tras haberse convertido en el partido más votado.
Por fortuna reconozco al antiguo Sr. Van Hecke en las propuestas contenidas en este informe. Tal vez su ambigua situación política le deja una mayor libertad de acción para imponer desde la derecha una serie de convicciones que en esos círculos políticos no suelen considerarse de interés prioritario. El ponente no se limita al trabajo infantil, al trabajo forzado, al abuso sexual y a la necesaria abolición de la pena de muerte en países dirigidos por un gobierno autoritario, como es el caso de Estados Unidos, China, Arabia Saudí e Irán.
También se presta atención al terrorismo procedente del Tercer Mundo y a la primitiva y violenta respuesta estadounidense. Con razón se hace hincapié en la necesidad de erradicar el caldo de cultivo en el que se origina el terrorismo y se afirma que la lucha contra el terrorismo no puede repercutir negativamente en los derechos humanos.
Se condena el decreto militar del Presidente Bush según el cual los prisioneros deben ser juzgados por un tribunal militar secreto, aduciendo que ello va en contra del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Al mismo tiempo, los denominados combatientes ilegales de Afganistán retenidos en la base militar de Guantánamo son reconocidos como prisioneros de guerra. Este enfoque merece mi apoyo.

Van Orden (PPE-DE)
. (EN) La delegación de los Conservadores británicos apoya firmemente los Derechos Humanos debidamente definidos, pero en la votación sobre el Informe anual del Sr. Van Hecke sobre los derechos humanos en el mundo en el año 2001 nos hemos abstenido porque:
no menciona la necesidad de buena gobernanza ni el hecho de que los gobiernos corruptos de Estados fracasados suelen ser la causa principal de las violaciones de los derechos humanos;
aunque apoyamos firmemente la prohibición de la explotación y el abuso horrendos de que son objeto los niños soldados en países como Uganda y Sierra Leona, no podemos apoyar la prohibición de reclutamiento de soldados menores de 18 años en nuestros países;
no podemos aceptar las interpretaciones incorrectas de la Convención de Ginebra ni la crítica excesiva a la actuación de los Estados Unidos respecto al trato que reciben los prisioneros en Guantánamo, habida cuenta de que se respetarán los derechos de todos los detenidos;
muchos de nuestros miembros apoyan la pena de muerte, por otra parte, las decisiones sobre este particular deberían ser de competencia nacional;
no compartimos el entusiasmo por una Corte Penal Internacional que con tanta facilidad podría convertirse en un instrumento político y cuya jurisdicción sobre los auténticos violadores de los derechos humanos, como los terroristas, es poco clara.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, repetimos con frecuencia que queremos fomentar los derechos humanos en los terceros países. Es justo, estamos haciendo lo posible, pero, en mi opinión, estamos haciendo muy poco. Debemos pasar de las palabras a los hechos; debemos pasar de los textos escritos, como el de la Sra. Díez González, a los hechos. Y para dar ejemplo, invito a todos los pensionistas que viajan alrededor del mundo a que no vayan a hacer turismo a los países en que se violan los derechos humanos de sus habitantes. ¡Hagamos por fin algo concreto y dejemos de hablar, hablar y hablar!

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Hans Karlsson (PSE)
 - (SV) Celebramos y respaldamos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores que se ocupa de muchos aspectos relacionados con los trabajos para fomentar los derechos humanos en países extracomunitarios. Sin embargo, opinamos que una discusión sobre cambios en la estructura de los pilares no tiene cabida en un informe sobre el fomento a los derechos humanos y la democratización en el Tercer Mundo. Además, pensamos que la colaboración en materias relacionadas con la política exterior y de seguridad común debe seguir siendo de carácter interestatal.

Berthu (NI)
. (FR) El informe Díez González me permite recordar que en mi explicación de voto del 20 de marzo pasado relativa al resultado del Consejo Europeo de Barcelona, los servicios habían suprimido el último párrafo. Éste decía:
'El punto 55 de las conclusiones del Consejo de Barcelona anuncia que la ratificación del Tratado de Niza debería llevarse a cabo en todos los Estados miembros de aquí a finales de 2002, sin preguntarse si los irlandeses están dispuestos a decir 'sí?. Es cierto que el nuevo Presidente irlandés del Parlamento Europeo, Patrick Cox, acaba de declarar que él mismo iría a hacer campaña a favor del 'sí?, cometiendo, de este modo, una importante infracción a las normas deontológicas que rigen su cargo. Pero en este ámbito, eso ya no importa demasiado?.
Yo estaba en lo cierto puesto que el Presidente del Parlamento Europeo acaba de reincidir en su comunicado del 22 de abril sobre las elecciones presidenciales francesas. El intervencionismo político de las instituciones europeas avanza a una velocidad galopante. A diario uno u otro país es víctima de éste. En mi opinión, el próximo Gobierno francés debería mostrarse preocupado por ello.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Europa tiene mucho dinero y mucho poder. Ese dinero y ese poder se han venido acumulando durante siglos a costa de otros países sumidos actualmente en el hambre, la pobreza, el caos y la impunidad.
Parte de la culpa de estos problemas la tiene Europa. El poder colonial nos ha enseñado cómo gobernar un país sin tener en cuenta los intereses, las aspiraciones e incluso la supervivencia de la población. Se ha venido transmitiendo un estilo de gobierno cuyo único objetivo consistía en aumentar los beneficios de los dirigentes, en lugar de resolver los problemas sufridos por la gran mayoría de la gente. Es por eso por lo que no debe de extrañar que hoy la injerencia de Europa en los países del Tercer Mundo sea tachada de falsa, arrogante y neocolonialista.
Debido a estos errores del pasado Europa tiene obligaciones. Además, ahora mismo ese dinero y ese poder adquiridos erróneamente nos permiten hacer cosas positivas. El código de conducta propuesto, en virtud del cual los derechos humanos han de prevalecer sobre las relaciones económicas y de otra índole mantenidas con los terceros países y los acuerdos de asociación deben reunir una serie de condiciones, aparte de que incita a combatir la pena de muerte, significa un importante paso en la buena dirección. Del mismo modo hay que aplaudir la propuesta de crear una agencia comunitaria encargada, entre otras cosas, de elaborar un inventario de los derechos humanos por países. Ahora bien, no puede tratarse de un inventario sin compromiso. Es importante que esta iniciativa incida en las relaciones comerciales y la acogida de los refugiados.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, también ayer por la noche tuve un sueño. Soñé con tres diputadas del Parlamento Europeo que cenaban juntas, alegremente. Eran la Sra. Maria Martens, la Sra. Mercedes Echerer y la Sra. Miet Smet. Probablemente cada una de ellas tiene algo que me gusta. En este sueño la Sra. Martens decía: "Dios y el ADN han previsto, por ley natural, la igualdad exacta entre hombres y mujeres". En efecto, usted, señor Presidente, sabe que en el mundo nacen tantas mujeres como hombres: 50% de hombres y 50% de mujeres. Es una ley de Dios, una ley de la naturaleza. Y entonces nosotros, ¿a qué esperamos para aprobar una ley, que por ley, declare que deben ser elegidos hombres y mujeres por partes iguales, que deben trabajar hombres y mujeres por partes iguales, y que, por ley, existan los mismos derechos para las mujeres y para los hombres?

Figueiredo (GUE/NGL)
Aunque sea importante aprobar un plan de acción quinquenal (2001-2006) para poner en práctica buenas intenciones políticas en el ámbito de la política de igualdad y de la política comunitaria de cooperación para el desarrollo, con lo que se da continuidad a la Declaración de Peking de 1995 y a su Plataforma de Acción, es lamentable que esa propuesta llegue tan tarde.
Como sabemos que la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres y el fortalecimiento del papel de las mujeres son decisivos para la justicia social y la eficacia de los esfuerzos de desarrollo, es importante que se insista en que no se debería considerar la integración del fomento de la igualdad sólo como un medio para fomentar la eficacia de las intervenciones de cooperación para el desarrollo sino también como parte de una lucha mucho más amplia a favor de los derechos humanos y el papel de las mujeres y de los hombres, cuyas diferencias se deben reconocer, pero cuyos derechos deben ser iguales.
Igualmente importante es insistir en el fortalecimiento de los recursos financieros y humanos para apoyar las acciones previstas, teniendo en cuenta que en 2001 sólo se asignaron 2,02 millones de euros a la integración del fomento de la igualdad entre los sexos en la cooperación para el desarrollo, frente a los cinco millones de 1998.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, al leer este informe no he podido, no sé por qué pero me sucede muy pocas veces, dejar de pensar en una injusticia, en una discriminación que sufren las mujeres jubiladas, que se registra en Europa y especialmente en un país, tan bonito por muchos motivos, que no es otro que Italia, nuestro país. De hecho, hay muchas mujeres jubiladas que perciben una pensión que es igual a la mitad de la mitad de la mitad de la de su cónyuge hombre, puesto que, en virtud de una ley de la Republica Italiana, si las mujeres han trabajado menos años que su cónyuge, perciben una pensión que está muy pero muy por debajo de los 100 euros al mes, mejor dicho, con frecuencia no supera los 25 euros mensuales. Esto pasa porque, por una acumulación de intereses y un conjunto de leyes, las personas que trabajan menos perciben pensiones cuya cuantía es insignificante. Pues bien, yo creo que se debe hacer algo para acabar con esta discriminación de las mujeres.

Lulling (PPE-DE)
. (FR) En el fondo, el hecho de elaborar un informe sobre el informe anual sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Unión Europea, que la Comisión nos somete anualmente desde 1996, es, en cierto modo, como llover sobre mojado. Pero para preparar bien el futuro, es necesario conocer el pasado, la Historia. Por eso nuestro informe sobre el informe de la Comisión Europea tiene una razón de ser.
Naturalmente, he votado a favor de dicho informe, aunque habría preferido que el ponente y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades hubieran aceptado algunas de mis enmiendas, para poner las cosas en su sitio. En esta Asamblea, todos sabemos que con respecto a la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres no todo es perfecto. Pero en este ámbito no hay que subestimar los avances.
Contamos con unos logros comunitarios en materia de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y, al igual que la Comisión, expresamos claramente que la realización de estos logros constituye la condición sine qua non para que los países candidatos puedan ser admitidos entre nosotros.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Cunha (PPE-DE)
En los cuatro primeros años del POP IV (1997-2001) se redujo la flota comunitaria en 2,5 por ciento en materia de arqueo y 5,9 por ciento en cuanto a potencia motriz. Ahora bien, a pesar de que las metas previstas en el POP IV eran ya en sí mismas relativamente modestas, algunos Estados miembros no consiguieron cumplirlas y otros aumentaron incluso su capacidad. Eso significa que el presente informe revela el mismo problema de siempre: unos Estados miembros, como en el caso del mío, hemos cumplido las metas establecidas, mientras que otros no y -cosa aún peor- no han sufrido sanción alguna por el incumplimiento.
En un momento en que la Comisión Europea está a punto de presentar las propuestas sobre el futuro de la Política Pesquera Común, resulta fundamental revisar los POP, porque la vertiente de conservación de los recursos seguirá siendo una de las dimensiones fundamentales de la PPC, ya que sin pescado no hay futuro para los pescadores. Pero conviene decir que todos los Estados miembros -y no sólo algunos- habrán de contribuir a ese objetivo. A partir de ese presupuesto, los POP -u otras medidas de efectos equivalentes- siguen teniendo un lugar en la PPC, a condición de que se disponga de un régimen sancionador mínimamente eficaz. De no ser así, ese o cualquier otro sistema encaminado a adecuar las dimensiones de la flota a los recursos existentes estará condenado al fracaso.

Figueiredo (GUE/NGL)
De modo general, el informe trata de forma positiva la cuestión de la aplicación de los POP y destaca el grado de cumplimiento muy variable de país a país y teniendo en cuenta que el mantenimiento de las actuales ayudas a la modernización y la renovación de las flotas es indispensable para que resulten operativos los programas de orientación plurianuales, con lo que se puede alcanzar el objetivo prioritario del equilibrio duradero entre los recursos disponibles y su explotación. Esa cuestión es particularmente importante en un momento en que la Comisión quiere reducir en gran medida o incluso eliminar los apoyos a la modernización y la renovación de las flotas.
Ahora bien, no dice, lamentablemente, cuáles son los países que no cumplen los objetivos previstos. Como se sabe, Portugal ya ha superado en más de un 40 por ciento la reducción prevista, cosa también lamentable, pues hay países que no sólo no han reducido, sino que han aumentado, su capacidad de pesca. Así, es fundamental exigir que, en el futuro, no se trate a todos del mismo modo.
Un aspecto que no subscribimos del todo se refiere a la política de reducción de efectivos, dada la defensa que hacemos del apoyo para la renovación y no para la reducción.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
 - (SV) El Parlamento ha aprobado hoy un informe sobre los programas plurianuales de desarrollo para las flotas pesqueras. El Parlamento lamenta que numerosos Estados miembros no hayan cumplido los compromisos para disminuir sus flotas. Al mismo tiempo se propone, de manera inconsecuente, que se siga apoyando la modernización y renovación de las flotas.
La pesca indiscriminada en los mares constituye uno de los más graves problemas que afectan al sistema ecológico. La flota pesquera europea - que se calcula que tiene un exceso de capacidad del 40 por ciento - contribuye a este fenómeno. Para alcanzar el objetivo de disminuir la flota habrá que modificar radicalmente la política. No se puede continuar otorgando generosas subvenciones, aunque parezca oportuno mejorar las condiciones laborales y aumentar la seguridad.
La Comisión ha demostrado en reiteradas ocasiones que la modernización y renovación de la flota implica un deterioro de la situación ecológica, contrariamente a lo que se necesita para "crear un equilibrio duradero entre los actuales recursos pesqueros y su explotación", que el informe muy adecuadamente destaca como el principal objetivo del programa plurianual.
Puesto que no podemos respaldar la postura del Parlamento en esta materia, hemos optado por votar en contra del informe.

Souchet (NI)
. (FR) Como el informe Kindermann lo demuestra y como el Comisario Fischler acaba de reconocerlo, la época de los POP ha pasado; en el futuro ya no podremos funcionar con este método brutal, 'ciego? y autoritario de regulación del esfuerzo pesquero. En la nueva Política Pesquera Común ya no se pueden crear instrumentos que impiden la modernización, que perjudican la seguridad a bordo de los buques y que tienen efectos disuasivos respecto a la instalación de los jóvenes.
Sí, todos somos muy conscientes de la necesidad de gestionar, a través de la acción de nuestros poderes públicos, el equilibrio biológico de las especies haliéuticas; ese es el papel de los TAC y de las cuotas, cuya eficacia debe aún mejorarse, perfeccionando las estimaciones de los recursos.
Sí, las flotillas deben permanecer globalmente estables, pero sin inmovilizar la situación actual. Deben tener la posibilidad de modernizarse, optando a las ayudas públicas.
Sí, pedimos controles justos y generalizados.
Pero no podemos menos que sorprendernos por la contradicción que existe entre las palabras del comisario, en el sentido de manifestar que la época de los POP ha pasado, y la propuesta de reglamento por la que se eliminan cerca de 6.000 buques actualmente en circulación, 1000 de los cuales pertenecen sólo a Francia, durante el período 2003-2004.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Souchet (NI)
. (FR) Afortunadamente, la señal enviada en materia de reactivación de la ayuda pública al desarrollo por el Consejo Europeo de Barcelona ha tenido eco en Monterrey. Se trata del reconocimiento del hecho de que hoy la APD sigue siendo uno de los pocos mecanismos de regulación que permiten la financiación de las inversiones públicas necesarias para que las poblaciones puedan acceder a los servicios básicos.
Pero más allá de las cuestiones relativas a los importes y porcentajes globales, la Unión Europea debe continuar privilegiando la zona geográfica en la que la Historia le confiere responsabilidades específicas. La concentración de su acción no puede sino mejorar la eficacia. La Unión no debe dejar que la especificidad de su cooperación con los países ACP se diluya, invocando una globalización uniforme en la que algunos desearían que su acción se disolviera. Por otro lado, observamos que colectividades locales y asociaciones multiplican los vínculos privilegiados con estos países.
Nuestras prioridades deben apoyarse en la lucha común contra los efectos destructivos de una emigración empobrecedora que vacía estos países de sus capacidades humanas, así como en la rehabilitación del actor estatal y la lucha contra sus desviaciones burocráticas y corruptas. La escala nacional conserva toda su pertinencia en materia de desarrollo y sigue siendo indispensable si queremos basar las políticas públicas en el desarrollo sostenible y el interés general.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) Como consecuencia del pasado colonial el Tercer Mundo depende en gran medida de la venta de materias primas baratas a los países ricos. La agricultura, la ganadería y la minería aportan las divisas necesarias para adquirir costosos productos manufacturados procedentes de la Unión Europea, Estados Unidos o Japón.
Ese canje perjudica a los países pobres brindándoles pocas oportunidades para superar el atraso. Por eso mismo, el libre comercio y la exportación no resolverán sus problemas mientras tengan que hacer frente a unas importaciones costosas. Además, el flujo de beneficios de los países pobres a los países ricos sobrepasa desde siempre la ayuda al desarrollo que fluye desde los países ricos a los países pobres.
Debido a las presiones ejercidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional muchos países se han visto obligados a recortar sustancialmente sus gastos en materia de enseñanza y sanidad y a reducir sus impuestos sobre empresas extranjeras. Gran parte de sus ingresos no se emplea para fomentar el desarrollo sino para sufragar antiguas deudas.
Con razón el ponente y la Comisión de Desarrollo y Cooperación señalan que la capacidad de los países pobres para garantizar los servicios más imprescindibles ha menguado considerablemente, sobre todo después del 11 de septiembre de 2001. Por eso es fundamental que se condonen las deudas y que el importe otorgado por los países ricos a los países pobres se incremente al menos hasta alcanzar el nivel recomendado del 0,7%.

El Presidente. -
El turno de votaciones queda cerrado.

