
El Presidente.
   Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 2 de febrero de 2006.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del pasado jueves 9 de febrero de 2006. Se han propuesto las siguientes modificaciones:
La Secretaría acaba de recibir tres solicitudes de modificación del orden del día presentadas por el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, estas peticiones se han presentado fuera del plazo que el Reglamento prevé para ello. Por lo tanto, no cabría tomarlas en consideración. Sin embargo, el Presidente considera que, tratándose de una diferencia de tiempo muy estrecha y vista también la relevancia política del asunto, corresponde tomarlas en consideración. Insisto en que se hace a pesar de que están presentadas fuera de plazo y si ningún Grupo político se opone. Creo que ha habido consultas al respecto.
Vamos a escuchar a la señora Neyts-Uyttebroeck que, en primer lugar, nos presenta una solicitud para que en el debate sobre el derecho a la libertad de expresión y respeto de la fe religiosa, no haya solo un orador por Grupo político, tal como acordó la Conferencia de Presidentes, sino que haya una lista de oradores por el procedimiento normal. 
Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE ). –
   Señor Presidente, Señorías, agradezco la oportunidad que me da para decir unas palabras sobre el orden del día del miércoles por la mañana, respecto al cual quisiera hacer una sugerencia en nombre de mi Grupo.
En primer lugar, propongo que el tiempo de uso de la palabra del miércoles por la mañana se divida de forma equitativa entre los distintos Grupos e intervenciones individuales, para garantizar así que se pueda dedicar más tiempo al importante debate del punto 1.
En segundo lugar, proponemos que si resultara necesario trasladar uno de los temas de debate a una sesión posterior, que se posponga el punto relativo a Bosnia y Herzegovina, no porque no lo consideremos importante, sino porque es menos urgente y será igualmente práctico debatirlo durante una sesión futura.
En tercer y último lugar, quisiéramos concluir el primer punto del orden del día con una resolución. Quiero dar las gracias una vez más al Presidente por su comprensión. Pido a los diputados y al resto de los Grupos que apoyen esta propuesta. 
El Presidente.
   Vamos a considerar las propuestas una por una, porque no se trata de una sola sino de varias. La primera pretende que la lista de oradores no se limite a los presidentes o portavoces de los Grupos políticos; en la segunda, como ha explicado la señora Neyts-Uyttebroeck, se pide que el punto se concluya con una resolución; y en la tercera, que solamente tendría sentido considerar en el caso de que se aprobara alguna de las dos anteriores, se pide que otro punto, concretamente las declaraciones sobre Bosnia-Herzegovina, se aplace.
Vamos a ir paso por paso: primero vamos a debatir y votar sobre si hay lista de oradores o no. 
Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
   – Si queremos ser lógicos, entonces tenemos que expresar nuestro punto de vista sobre las tres solicitudes al mismo tiempo. No sería lógico aceptar una de ellas y rechazar las demás. Le pido, por tanto, que se inicie el debate sobre las tres solicitudes al mismo tiempo, porque están relacionadas. Personalmente me pronunciaré en contra de las tres, porque hay una lógica en todo esto que hay que respetar.
El Presidente.
   Señor Cohn-Bendit, perdóneme, yo creo que son dos cosas completamente diferentes: que haya o no haya resolución es una cosa. Otra cosa es el número de personas que intervengan en el debate. 
Martin Schulz (PSE ). –
   Señor Presidente, lo que ha señalado la señora Neyts-Uyttebroeck es uno de los puntos que hemos debatido en un contexto más amplio en la Conferencia de Presidentes y voy a repetir aquí, en nombre de mi Grupo, lo que ya dije allí. Creemos que en este momento no es aconsejable que se adopte una resolución, mientras que, por el contrario, sí lo es limitar el tiempo de uso de la palabra en un debate tan importante a un orador de cada Grupo. Por lo tanto, opinamos que se debería mantener lo que decidió la Conferencia de Presidentes, tal como aparece plasmado en el orden del día. 
Hans-Gert Poettering (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, siempre le escuchamos, no solo por respeto a su mandato, sino también por consideración hacia su persona. Sin duda debemos votar estos puntos uno por uno, pero están relacionados y esto me obliga a decir algo sobre cómo y por qué se produce esa circunstancia.
No obstante, permítanme que diga de antemano que se trata de un asunto que podríamos haber resuelto el jueves en la Conferencia de Presidentes. Fui el único que solicité, en nombre de mi Grupo, no solo una resolución, sino también un debate. Dado que los liberales se opusieron rotundamente a la idea, me sorprende que ahora presenten esta propuesta, aunque están en su derecho.
Solo se nos ha informado hace un momento –durante una reunión de nuestro Grupo– de que los liberales iban a formular esta petición. Aceptamos una parte y rechazamos la otra. Rechazamos un debate general en este momento, ya que esto nos obligaría a suprimir un punto del orden del día y no queremos hacerlo. Por lo tanto, recomendamos que esta Cámara celebre, en marzo o cuando sea conveniente, un amplio debate sobre esta cuestión; en cambio, por lo que respecta a una resolución, nuestro Grupo ha considerado –como en el pasado– que la necesitamos. Así las cosas, señor Presidente, ha procedido usted correctamente al someter a votación cada punto por separado. 
Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, ahora que los dos grandes Grupos han caído en la cuenta de que todo está relacionado, también nosotros podemos presentarlo en su contexto adecuado. Para empezar, el señor Poettering tiene razón cuando dice que los liberales manifestaron en la Conferencia de Presidentes que no estaban a favor de un debate más amplio ni tampoco de una resolución. Fuimos nosotros quienes manifestamos, en la Conferencia de Presidentes, el deseo de que se adoptase una resolución. No creemos que el número de oradores sea importante, pero desde luego nos parece acertado que se conceda el uso de la palabra a más oradores si los Grupos lo consideran necesario. Por cuestión de principios, siempre estamos a favor de las resoluciones y consideramos importante que esta Asamblea adopte una.
Sin embargo, estamos totalmente en contra de la idea de que se retire del debate el tema de Bosnia-Herzegovina, porque la cuestión de la constitución es un asunto de actualidad en Bosnia en este momento y es sumamente importante que esta Cámara exprese una posición después de tantas iniciativas estadounidenses. Por lo tanto, sería absurdo retrasar el debate de este punto y nos oponemos a ello. Si no conseguimos aprobar una resolución ahora, podemos tomar el camino de en medio: celebrar un debate ahora y dejar el tema de la resolución para el próximo período parcial de sesiones. 
El Presidente.
   Vamos a votar la propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa de que haya más de un orador por Grupo.
Vamos a votar ahora si se acepta o se rechaza la propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para que el debate vaya seguido de una resolución.
Hannes Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, tenemos que tomar nota de este resultado. Si podemos volver a la propuesta del señor Cohn-Bendit de que, a la vista de la situación actual y de la visita del señor Solana a esos países, podríamos adoptar la resolución en el próximo período parcial de sesiones. Lo considero un compromiso razonable sobre el que podríamos llegar a un acuerdo. 
El Presidente.
   El tiempo de las transacciones ha pasado ya, señor Swoboda. Hemos votado.
Monica Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, ruego me disculpe. Es cierto que ya es tarde para los compromisos, pero la solicitud del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa llegó fuera de plazo. Por tanto, en este momento estamos debatiendo un compromiso por el mero hecho de que no hemos podido hacerlo antes.
El Presidente.
   Señora Frassoni, he pedido antes si alguien tenía algún inconveniente en que se debatieran las propuestas a pesar de que habían llegado fuera de plazo y nadie se ha opuesto. No se puede invalidar el voto.
Monica Frassoni (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, nunca me tomaré la libertad de invalidar un voto. Solo he pedido que se someta a votación la solicitud del señor Swoboda de que se aplace esta resolución hasta el próximo periodo parcial de sesiones.
Johannes Voggenhuber (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, una diputada del Grupo liberal ha presentado diversas propuestas a la Asamblea. El Reglamento prevé que se adopte una decisión a favor o en contra de las mismas. En esta sesión plenaria, en lugar de debatir si se debe votar a favor o en contra de una moción destinada a rectificar una decisión de la Conferencia de Presidentes, estamos repitiendo el mismo proceso de nuevo. Los únicos oradores de este debate son presidentes de Grupos que argumentan en contra de que se rectifique su decisión y la referencia al señor Solana está encaminada, sin duda, a indicar que la Asamblea está dispuesta a abstenerse de ejercer su influencia, pero lo cierto es que si esperamos hasta su regreso, esta Cámara difícilmente podrá influir de ningún modo sobre su política.
Propongo que nos atengamos al Reglamento y solicitemos que los oradores intervengan a favor o en contra, en lugar de obligar a la Asamblea a repetir lo que se dijo en la Conferencia de Presidentes. 
El Presidente.
   Señor Voggenhuber, ya hemos votado. Ahora se trata de ver si hay otra propuesta que se pueda someter a votación.
Hans-Gert Poettering (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, lamento tener que decir esto, como también lamento la situación en la que nos encontramos, pero acabamos de votar si se va a adoptar una resolución. Hemos dicho que sí y si se va a adoptar una, se tiene que votar esta semana y no en marzo o siquiera en una fecha posterior.
Daniel Marc Cohn-Bendit (Verts/ALE ). –
   Puedo decir al señor Poettering que me opongo y también quiero explicar los motivos. Esta semana toda la Asamblea va a estar muy ocupada con la Directiva relativa a los servicios y no veo posibilidades de alcanzar una resolución adecuada y un compromiso en estos tres días. Después de todo, por esto lo propusimos la semana pasada. Por esto me parece razonable la sugerencia del señor Swoboda. Esta Asamblea necesita adoptar, en efecto, una resolución al respecto, pero también necesita que se le conceda la oportunidad de elaborar una resolución adecuada y por esto deberíamos comenzar el debate ahora y a continuación votar la resolución en el próximo período parcial de sesiones. Lo único que podremos aaprobar en estos tres días serán banalidades y creo que esta cuestión se merece algo mejor.
Martin Schulz (PSE ). –
   Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor Cohn-Bendit, pero también quisiera decir que estoy bastante molesto por mucho de lo que ha ocurrido aquí. He intervenido, con toda corrección, sobre una moción relativa al orden del día, sobre la cual se puede intervenir a favor o en contra; me he manifestado a favor de la moción y se me ha reconvenido por ello, alegando que habíamos solicitado un debate, y sigo sin comprender su razonamiento. Ahora estamos celebrando un debate y el señor Voggenhuber se queja de que eso tampoco es correcto porque solo intervienen presidentes de Grupo. De una manera o de otra, tenemos que estructurar lo que estamos haciendo y por lo tanto ahora le planteo que si la propuesta del Grupo liberal se ha sometido a debate a pesar de haberse presentado fuera de plazo, entonces está igualmente justificada la propuesta de mi colega, el señor Swoboda, según la cual una vez decidido que se va a elaborar una resolución, solicitamos que la votación de la misma se retrase hasta el próximo periodo parcial de sesiones adicional de Bruselas, que es la ocasión posible. Pido que lo votemos ahora, como exige el Reglamento, tras la intervención de un orador a favor y otro en contra. 
El Presidente.
   Muy bien, entonces hay una propuesta del Grupo Socialista, que la Presidencia admite a votación, para que la votación de esta resolución tenga lugar en el próximo periodo parcial de sesiones, en Bruselas.
Bernd Posselt (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quisiera señalar que afortunadamente no se va a celebrar ningún periodo parcial de sesiones adicional en Bruselas; la próxima sesión plenaria en toda regla va a tener lugar, por el contrario, aquí en Estrasburgo. 
El Presidente.
   Muy bien, gracias por su observación.
Johannes Voggenhuber (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, este conflicto no solo está siendo objeto de debate a diario en toda Europa, en todos los periódicos y entre los hombres y mujeres de a pie; se trata de un conflicto con profundas implicaciones y del que se habla en todo el mundo. Desde luego, no puede ser que una sola institución no lo debata y no apruebe una resolución al respecto, que el Parlamento Europeo, elegido por los ciudadanos para que los represente, decida guardar silencio sobre uno de los mayores conflictos que ha vivido Europa. ¡Sencillamente no puede ser cierto que esto suceda!
El Presidente.
   Procedemos a la votación de la propuesta del Grupo Socialista para que la votación de la resolución tenga lugar en el próximo periodo parcial de sesiones.
Aún hemos de votar sobre la tercera propuesta del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para que se aplazara un punto del orden del día, concretamente las Perspectivas para Bosnia y Herzegovina.
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ). –
   Yo creo que ha habido una enorme confusión en el debate y en la votación que ha tenido lugar. Al haber aceptado la Cámara que solo haya un orador por Grupo, no hay que modificar el orden del día y se mantiene el debate tal y como estaba previsto y aprobó la Conferencia de Presidentes. Lo único que cambia, señor Presidente, es que habrá una resolución, nada más.
El Presidente.
   Tendremos que ser todos disciplinados en el uso del tiempo para que podamos tratar todos los temas y ninguno decaiga. Si ustedes se comprometen a hacerlo así, no hemos de modificar el orden del día.
(1)

El Presidente.
   Pasamos al turno de intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.
Nirj Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero llamar la atención de todos ustedes sobre una reciente conferencia celebrada en Londres sobre las drogas en Afganistán. Nos enfrentamos a una grave amenaza de invasión de heroína procedente de la amapola afgana que acabará con la vida de muchos europeos, sobre todo de europeos jóvenes.
Presido el Círculo Afgano del Parlamento Europeo y por tanto conozco el problema a que se enfrentan los líderes de Afganistán, con los que me he reunido muchas veces, que es el hecho de que más del 60 % de su economía depende de la amapola. Los países de la región se reunieron por primera vez en la conferencia de Londres para ofrecer apoyo a Afganistán. La cooperación regional es el camino a seguir.
El distinguido Ministro de Exteriores de Kazajstán, el señor Tokaev, por ejemplo, ha dicho que Kazajstán está financiando un programa que proporciona a los agricultores afganos semillas alternativas, equipamiento y consejos sobre cultivos alternativos. Otros están haciendo lo mismo y, como saben ustedes, Gran Bretaña está desempeñando un papel protagonista en la guerra contra las drogas.
Nuestro Parlamento debería celebrar un debate sobre la amenaza mundial de las drogas. Hablamos del terrorismo y de la gripe aviar, pero las drogas están destruyendo las vidas de muchas personas. 
Magda Kósáné Kovács (PSE ). –
   La Directiva que regula el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea entró en vigor el 23 de enero. Ahora podrán trabajar, estudiar o residir también en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Los socialistas de los nuevos Estados miembros siempre hemos apoyado la integración de las personas procedentes de terceros países. No obstante, no podemos aceptar que se encuentren en una situación más favorable en el mercado laboral que los trabajadores de los nuevos Estados miembros. Las estadísticas sobre la circulación de trabajadores después de la ampliación no justifican el temor a un dúmping social. El informe de la Comisión, aceptado el 8 de febrero, afirma que el efecto positivo de la circulación de trabajadores es un factor decisivo. No obstante, la Presidencia austriaca ha continuado apoyando la ampliación de las restricciones. La tarea del Parlamento Europeo es representar a todos los ciudadanos europeos. Por lo tanto, pido a todos los colegas de esta Asamblea que inicien un proceso de reflexión conjunta que nos permita acabar con esta contradicción lo más pronto posible. 
Antolín Sánchez Presedo (PSE ). –
   Señor Presidente, los ciudadanos europeos carecen de una lengua común. Por eso, las diferentes instituciones de la Unión cuentan con servicios que posibilitan la comunicación.
En España, la existencia del castellano como lengua común y su reconocimiento como lengua oficial del Estado no impiden que se reconozca a los ciudadanos el derecho a usar otras lenguas españolas con estatuto de oficialidad: el gallego, el catalán y el vasco. Todas ellas son también lenguas europeas, forman parte del espacio -e incluso del hiperespacio- europeo de comunicación y tienen vocación europea.
El Gobierno español ha propuesto la fórmula del acuerdo administrativo para asumir, sin cargas para las instituciones comunitarias ni para los demás Estados miembros, la promoción de un uso razonable de estas lenguas en el ámbito de la Unión. Esta propuesta se ajusta a la normativa lingüística vigente y ha sido aceptada por el Consejo y el Comité de las Regiones.
Señor Presidente, no conozco razones que justifiquen que no se hayan producido avances en su aceptación, pues se han dado las condiciones para la cooperación solicitada, se fortalecerá el papel del Parlamento como casa de los ciudadanos, se aportará coherencia institucional y se creará valor democrático. Nuestra Institución no puede quedar a la zaga de las demás en esta materia.
Gisela Kallenbach (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, Señorías, soy de Leipzig; hace tres semanas, dos ingenieros fueron secuestrados en Iraq y hasta ahora no hay indicios de que continúen con vida, aparte de un mensaje grabado en vídeo en el que sus captores amenazan con matar a ambos.
Esto no solo tiene inquietos a sus familiares y parientes directos, sino también a un número inmenso de personas de Leipzig, que están muy preocupadas y expresan su pesar en oraciones por la paz y vigilias. Un secuestro de este tipo no es un asunto meramente nacional; puesto que ambos son ciudadanos alemanes y europeos a la vez, quisiera preguntar al Consejo y a la Comisión qué han hecho mientras tanto para salvar las vidas de estos rehenes y rogarles que emitan un mensaje de solidaridad y ayuda práctica. Señor Presidente, le pido que haga lo mismo en nombre de esta Asamblea. 
Jean-Claude Martinez (NI ).
   – Señor Presidente, solamente quisiera llamar la atención de los demás diputados sobre la dramática y trágica situación de los viticultores del sur de Europa y, en especial, de Languedoc-Rousillon, que este miércoles saldrán por miles –decenas de miles– a las calles de las grandes ciudades del sur de Francia para manifestar su desolación.
El volumen de negocios de un viticultor es de 20 000 euros al año. Los gastos fijos ascienden a 15 000 euros, y por tanto le quedan 5 000 euros para vivir durante todo el año. Conocemos las causas subyacentes a esta trágica situación: acuerdos de libre cambio irracionales, como sucedió hace poco, en el mes de noviembre de 2005, con los Estados Unidos, Sudáfrica, etc., es decir, con países en los que las condiciones climáticas, ambientales, sociales y fiscales son diferentes. Se trata, por tanto, de una competencia desleal.
Gracias, señor Presidente, por haber tomado conciencia de la trágica situación de los viticultores, incluidos los de España, Italia, Grecia y Francia. 
Mojca Drčar Murko (ALDE ).
   – Señor Presidente, el 9 de febrero el Parlamento italiano aprobó una ley que interfiere de modo flagrante en la soberanía de Eslovenia y Croacia. La ley concede de manera unilateral la ciudadanía italiana a los descendientes de los ciudadanos de estos dos países que han residido en los territorios que Italia cedió a la antigua Yugoslavia de acuerdo con las disposiciones del Tratado de Paz de 1947 y el Tratado de Osimo de 1975. Esto supone una especie de reocupación de los territorios sobre los que Italia, como potencia derrotada del Eje Berlín-Roma, perdió definitivamente su soberanía.
Vista la integridad del sistema europeo de paz instaurado tras la II Guerra Mundial, dicha ley representa una amenaza para la paz y la seguridad en Europa. Por tanto, quiero instar al Presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, a que haga uso de su derecho de veto y no apruebe la ley. 
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ).
   – Quiero saludar el trigésimo aniversario, el 27 de febrero, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática y rendir con ello homenaje a la justa lucha del pueblo saharaui por la libertad y por el derecho a la autodeterminación y la independencia.
Quisiera señalar que, en su resolución de 27 de octubre del año pasado, el Parlamento declaró su apoyo a una solución justa y duradera para el Sáhara Occidental, basada en el Estado de Derecho y en el Derecho internacional, y conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A pesar de los importantes esfuerzos, concesiones unilaterales y gestos de buena voluntad por parte del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui, el proceso se sigue viendo frustrado por la actitud intransigente, por decirlo suavemente, del Gobierno marroquí, que se niega a reconocer los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Por lo tanto, es de una importancia apremiante que apliquen de inmediato medidas eficaces con el objetivo claramente declarado de descolonizar el Sáhara Occidental. 
Catherine Trautmann (PSE ).
   – Señor Presidente, Mittal Steel ha lanzado una OPA hostil sobre Arcelor que supone una amenaza para cerca de 50 000 puestos de trabajo en Europa. Arcelor, grupo nacido de la CECA, permitió adaptar la siderurgia al nuevo orden mundial a costa de esfuerzos financieros y humanos sin precedentes, que podrían darse por perdidos.
Si me preocupan las consecuencias sociales desde el punto de vista de la protección de los trabajadores y del mantenimiento de los puestos de trabajo, me pregunto también por la capacidad de la industria europea para afrontar las fusiones y transformaciones derivadas de la globalización. Sin embargo, más allá de las posiciones nacionales, los trabajadores del acero esperan sin duda una respuesta de Europa. Esa respuesta debe pasar por la adopción de una política industrial europea ambiciosa, dotada de medios financieros suficientes y respaldada por la concesión de una prioridad presupuestaria clara a la investigación y desarrollo y a la innovación.
Este asunto demuestra que, en los ámbitos económicos clave de la Unión, debemos aportar respuestas a largo plazo y ser, en particular, el motor de la regulación internacional. La construcción europea comenzó con el acero, que es todo un símbolo, y debe tener la posibilidad de proseguir sin abandonar Arcelor ni a sus trabajadores.
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, hace dos meses votamos aquí sobre las ideas del señor Alavanos con respecto a las escuchas telefónicas. Tengo que comunicarles algo preocupante: el Primer Ministro de Grecia, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Orden Público, el Comisario Jefe de Policía, el Jefe de los Servicios Secretos y el Jefe de la Brigada Antiterrorista han tenido «pinchados» sus teléfonos durante un año. Los han tenido intervenidos durante un año, durante un año han sido incapaces de descubrir por obra de quién, y nadie sabe exactamente cuántos planes o qué conversaciones secretas con los miembros de la Unión Europea se han filtrado.
Por consiguiente, quisiera averiguar, a través del Parlamento, hasta qué punto se ha informado a la Unión Europea de estas escuchas telefónicas, en este caso, de teléfonos móviles Vodafone.
En segundo lugar, puesto que es tan fácil «pinchar» los teléfonos y me refiero al teléfono del Primer Ministro de Grecia, al teléfono del Ministro de Salud Pública griego, al teléfono del Ministro de Asuntos Exteriores griego, ¿qué seguridad podemos tener de que no se estén «pinchando» los teléfonos aquí, en el Parlamento Europeo? 
Józef Pinior (PSE ). –
   Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el destino de Anton Kuzniecov, un ciudadano ruso que llegó a Polonia desde Rusia hace más de 10 años y solicitó asilo político. El señor Kuzniecov se marchó de Rusia cuando fue llamado al servicio militar. Lo hizo debido a la persecución que había tenido que sufrir por su condición de homosexual y activista en pro de los derechos humanos. Las autoridades polacas se niegan a concederle el asilo político y tienen la intención de deportarle a Rusia.
Varios informes elaborados por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, como el Consejo de Europa, confirman que los homosexuales son objeto de represión en Rusia. Si es devuelto a Rusia, el señor Kuzniecov tendrá que cumplir su servicio militar en un batallón penal junto con delincuentes. cree que si esto sucede, la vida del señor Kuzniecov podría correr peligro, dada su condición de homosexual. Actualmente, el señor Kuzniecov está siendo objeto de humillaciones y persecución en Polonia, y está recibiendo un trato desconsiderado por parte de los funcionarios. Y lo que es más grave, podría ser deportado de un momento a otro.
El señor Kuzniecov desea empezar una nueva vida en libertad en un lugar donde se respeten sus derechos. A sus ojos, la Unión Europa todavía representa el respeto de los derechos humanos y una existencia digna. El Parlamento Europeo no puede permanecer indiferente ante su situación. 
Tunne Kelam (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en pocos días decidiremos el destino de la Directiva de Servicios. Esa será una prueba crucial de si la UE se está tomando al pie de la letra la agenda de Lisboa, porque el sector servicios es una de las principales fuentes de crecimiento económico rápido. No obstante, hoy el gigante de la UE ampliada es como Gulliver en Liliput, puesto que su inmenso potencial se encuentra atado por innumerables cuerdas de reglamentos proteccionistas.
Nuestro reto es desmantelar la compleja red de prácticas anticompetitivas, que está minando la confianza en una verdadera integración europea. Nuestra responsabilidad esta semana es abrir el sector de los servicios a una competencia libre y justa. Los nuevos Estados miembros no son una amenaza para el mercado interior de la UE, sino un activo. Por lo tanto, los compromisos respecto a la Directiva de Servicios no deberían servir para bloquear la dinámica de este importante cambio. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ). –
    Señor Presidente, la reacción de los países islámicos ante las caricaturas de Mahoma publicadas en la prensa danesa demuestra que, por lo que respecta a la cultura y a la civilización, existe una brecha muy profunda entre los países islámicos y los países que se basan en principios cristianos.
Los seguidores del islam no entienden la diferencia entre lo que se dice de broma y lo real. Nuestra cultura, en cambio, se basa en metáforas y símbolos. Por ejemplo, Descartes dudó durante mucho tiempo hasta de la existencia del mundo. El malentendido al que me he referido confirma la creencia de que países islámicos como Turquía no tienen cabida en Europa. También parece indicar que el mundo islámico necesita nuestra ayuda. Estamos dispuestos a dársela, pero a distancia. 
Stavros Lambrinidis (PSE ).
   – Señor Presidente, hace dos semanas se descubrió en Grecia la actuación de una nutrida banda de ladrones de llamadas telefónicas. El Gobierno griego tuvo conocimiento del problema en marzo de 2005, pero lo ocultó durante once meses. El problema político que esto ha ocasionado es enorme y también concierne al Parlamento Europeo.
En primer lugar, el Gobierno griego no parece haber notificado a la Comisión o al Consejo los agujeros del sistema de seguridad en Grecia, especialmente en un momento en que Europa estaba debatiendo la famosa directiva sobre la retención de nuestros datos sensibles de telecomunicaciones por intermedio de las bases de datos de los proveedores de servicios que, según se ha visto, están llenas de agujeros.
En segundo lugar, el Gobierno griego tampoco lo notificó al resto de Estados miembros para que pudieran adoptar medidas inmediatas para la salvaguarda y protección de los datos de sus ciudadanos por parte de Vodafone y Ericsson.
En tercer lugar, la autoridad nacional independiente responsable de salvaguardar la confidencialidad de las comunicaciones también descubrió el incidente.
Y en cuarto lugar, esta tampoco notificó a las víctimas de los «pinchazos» durante once meses enteros, exponiéndolos al riesgo de que se siguiera violando su confidencialidad. 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tienen el derecho de petición, consagrado en los Tratados. Sin embargo, las normas de funcionamiento de la Comisión de Peticiones no son claras y se tiene la impresión de que a menudo se persiguen objetivos egoístas y/o políticos a través de dicha comisión.
Los ciudadanos europeos son objeto asimismo de un trato discriminatorio y voy a explicar de qué modo: con la excusa de que existen procedimientos judiciales pendientes, sus casos no han desembocado en la redacción de un informe. En cambio, mañana se va a presentar el informe Cashman sobre un caso en el que existe una decisión pendiente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y procedimientos en curso ante los tribunales nacionales. En este caso, no se ha tenido en cuenta la existencia de procedimientos pendientes.
Aunque sea a última hora, le pido, señor Presidente, que impida la aprobación del informe Cashman, no por su contenido, sino para que no cree un precedente de interferencia en la labor judicial y de trato discriminatorio de los ciudadanos europeos. 
Pasqualina Napoletano (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera llamar la atención sobre el hecho de que en los últimos días ha habido varios casos de misioneros asesinados en Burundi y en Filipinas. Ayer, en Angola, fue asesinado un misionero de ochenta años. Naturalmente, el caso que nos ha tocado más de cerca ha sido el de Don Andrea, un misionero italiano asesinado en Trebisonda, Turquía. Quiero rendir homenaje a este hombre y resaltar su sacrificio, entre otras cosas porque se inscribe en un clima de tensión entre el mundo islámico y Europa. En su nombre quisiera pedir que se apoye a quienes quieren romper este círculo de odio, porque estoy segura de que existe una gran mayoría de hombres y mujeres de buena voluntad tanto entre los musulmanes como entre los cristianos, como de hecho entre los ateos y los no creyentes. Quiero, pues, recordar el mensaje de Don Andrea también en este Parlamento.
Urszula Krupa (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, la libertad de expresión en la Unión Europea, manifestada en directivas y reglamentos, ha impuesto limitaciones a la forma de los plátanos, al volumen de producción de leche y a la temperatura del agua de fregar. También ha generado un mercado libre que solo lo es para los monopolios, el terrorismo mediático y la violencia perpetrada por los seguidores de Mahoma que se sintieron insultados por ciertas caricaturas de la que todos hemos sido testigos..
El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, tal como está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, no se puede interpretar como carta blanca para ofender la sensibilidad religiosa de los creyentes y esto debería aplicarse a todas las religiones. Los polacos estamos muy versados en las verdades del Evangelio. Sabemos que «el buen árbol da buena fruta» o, en otras palabras, «por sus obras les conoceréis». Por lo tanto, deberíamos extraer las conclusiones apropiadas de los sucesos recientes y aplicar las disposiciones establecidas para proteger los derechos humanos y la democracia, de manera que libertad de expresión no acabe significando falta de respeto e irresponsabilidad.
Si no respeta los principios éticos y morales, la libertad acabará convirtiéndose en ilegalidad destructiva o incluso en una dictadura del relativismo. 
Marc Tarabella (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea se encuentra realmente en una encrucijada. La mejora de nuestro proceso de toma de decisiones está en suspenso. Los países de la última ampliación descubren una Unión menos solidaria que en la época de sus predecesores, como atestigua un proyecto de presupuesto minimalista. Los pueblos de Europa se preocupan, y con razón, ante la deriva de la Comisión y de la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros, que quieren instaurar unas normas de competencia desenfrenada entre ellos. Pienso, en especial, en el tema de la fiscalidad.
Si privilegiamos la Europa de la solidaridad y rechazamos la de los egoísmos, entonces, Señorías, aprovechemos la ocasión de estar mañana junto a los manifestantes en el llamamiento de la CES, si es posible provistos de nuestras bufandas. Les invito a ello para demostrar a los ciudadanos de toda Europa que muchos de sus representantes electos están con ellos y comprenden su más que legítima preocupación.
Sarah Ludford (ALDE ).
   – Señor Presidente, el furor en torno a las caricaturas danesas está causando estragos en Europa y en el resto del mundo. Lamento que los diputados al Parlamento Europeo solo vayan a celebrar un debate restringido sobre este asunto, pero confío en que –independientemente de lo que opinemos de la publicación de las caricaturas– condenarán sin reservas la violencia y destrucción cometidas a causa de la ofensa. Pero los esfuerzos por rebajar la tensión se han visto desbaratados por los verdaderos crímenes cometidos contra los musulmanes, no solo el secuestro y la detención ilegales –como en la Bahía de Guantánamo, que debatiremos esta misma semana–, sino también los asaltos perpetrados por la fuerzas de ocupación.
Más recientemente, ayer se publicó un vídeo que al parecer mostraba a soldados británicos apaleando a jóvenes iraquíes. Los derechos humanos y el Estado de Derecho deben ser respetados universalmente por todos, creyentes de todas las confesiones o de ninguna. Discrepo con mi colega de la derecha. No creo que viva en un Estado cristiano o un territorio cristiano y espero con sumo agrado la adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
Zita Pleštinská (PPE-DE ). –
   ( Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros agradecieron enormemente el coraje del Reino Unido, de Irlanda y de Suecia al abrir sus mercados laborales inmediatamente después de la ampliación de la Unión, en mayo de 2004. El informe presentado por el Comisario Špidla confirma que estos tres países no se han visto perjudicados por la apertura de sus mercados laborales y que, por el contrario, las personas procedentes de los nuevos Estados miembros han aceptado trabajos poco atractivos para los trabajadores locales. Con ello han contribuido al crecimiento económico de dichos países.
Visto el informe positivo de la Comisión Europea, confío en que los otros doce Estados miembros sigan el ejemplo dado por estos tres países y levanten las restricciones temporales que se aplican a los nuevos Estados miembros con respecto a la libre circulación de trabajadores en el mercado laboral.
Estoy convencida de que Austria y Alemania también comprenderán que eliminar los obstáculos existentes para la libre circulación de trabajadores procedentes de los países del Este es mejor que tener que hacer frente a la deslocalización de empresas alemanas y austriacas hacia el este. Me alegra que la Comisión haya recibido un apoyo significativo por parte de los interlocutores sociales europeos. Tanto la organización que agrupa a los empresarios, UNICE, como sorprendentemente la Confederación Europea de Sindicatos, se han pronunciado a favor de que se dé por acabado el periodo transitorio. Solo los sindicatos alemanes y austriacos se opusieron a la idea. 
Alexander Lambsdorff (ALDE ). –
   Señor Presidente, Señorías, no existe un objetivo que las fuerzas políticas de Europa persigan con mayor firmeza que la mejora de la competitividad de nuestro continente y la consiguiente reducción del desempleo masivo. De ello se desprende que hacer algo por las personas que no tienen trabajo es una tarea creíble y respetable para nosotros.
Esta semana vamos a votar sobre la Directiva relativa a los servicios, que podría generar, cuando se transponga, 600 000 nuevos puestos trabajos, 100 000 de ellos en Alemania, mi país, siempre que se apruebe tal como la ha presentado la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. En este momento, las perspectivas de que esto ocurra son ínfimas, puesto que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos ha claudicado y el Grupo del Partido Socialista en el Parlamento Europeo se ha salido con la suya en todo.
Eso no ha tenido ninguna influencia sobre los sindicatos, que continúan propagando falsedades y el pánico. Mañana esperamos la llegada de 30 000 personas bien organizadas, bien alimentadas y bien vestidas que se manifestarán en contra de la creación de 600 000 puestos de trabajo. Quienes tienen trabajo luchan por reservárselo para ellos; eso es inmoral e inaceptable. Nos corresponde a nosotros hacer algo por las personas que no tienen trabajo, pues carecen de dirigentes que las trasladen en autobús hasta Estrasburgo. 
Marie-Noëlle Lienemann (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, muchos trabajadores y ciudadanos de la Unión Europea no entienden la pasividad de la Comisión Europea ante la OPA hostil sobre el grupo Arcelor, y les han dolido profundamente las palabras de la Comisaria Nelly Kroes, que considera que no hay que adoptar una estrategia de defensa de los grupos europeos. Se contenta con la presencia de grupos internacionales en Europa. 
Esto es olvidar nuestro pasado, es decir, que Europa se fundó sobre la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, es descuidar cualquier idea de política industrial, es creer en las palabras y los compromisos del patrón de Mittal Steel, que sabemos muy bien que a la larga no se respetarán. Prueba de ello es el cierre de una fábrica de este grupo en Irlanda, a pesar de los compromisos contraídos con las autoridades locales. 
Por último, quisiera decir que, en esta historia de política industrial, está claro que el grupo Mittal Steel apunta esencialmente a quedarse los fondos propios del grupo Arcelor, que son en gran medida fruto del trabajo de los trabajadores; busca también favorecer las deslocalizaciones a largo plazo y amenaza así...
Nikolaos Sifunakis (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero intervenir a propósito de la reciente crisis que ha estallado en torno a las caricaturas del profeta Mahoma, a la que también han hecho referencia otros diputados.
Actualmente estamos experimentando e intentando aclarar los límites de la libertad de expresión y la libertad cultural del mundo libre y teocrático, a menudo basándonos en la teoría del choque de culturas. Creo que no existen dos mundos en conflicto –y estoy seguro de que la mayoría de sus Señorías también lo piensan–; creo que existe un único mundo abierto en el que estamos obligados a coexistir.
Esta crisis ha estallado en un momento de desconfianza mutua entre Occidente y el islam, y me temo que la culpa es de Occidente, principalmente por lo que respecta a la guerra de Iraq. Lamentablemente, la opinión pública de Occidente relaciona la fe musulmana con el terrorismo. Por el contrario, la opinión pública del mundo islámico considera el terrorismo como un invento de los poderosos de la Tierra para intervenir en los asuntos internos de cualquier país que les plazca.
Señorías, el mundo en el que vivimos no nos pertenece. Es un préstamo de las generaciones futuras. Tenemos la responsabilidad de respetarlo. 
Eugenijus Gentvilas (ALDE ).
   – Señor Presidente, traigo algunas noticias alegres. Dentro de tres días, el Estado de Lituania va a celebrar su Día de la Independencia. Será el 16 de febrero. No obstante, me temo que la fiesta nacional de nuestro Estado pasará una vez más inadvertida, porque no es tradición mencionarla. Por ello propongo que al menos durante las sesiones plenarias y reuniones del Pleno se mencionen las fiestas nacionales de los Estados que las celebran en esas fechas. Sería posible hacerlo mediante diversas referencias en el calendario del periodo de sesiones; quizá incluso sea posible indicar en el tablón de anuncios que tal o cual Estado celebra su fiesta nacional. Claro está, la Presidencia de la sesión también podría comunicar a sus Señorías que tal o cual Estado celebra su fiesta nacional. Sin duda, esto nos ayudaría a conocernos y aproximaría más a los ciudadanos de Europa a las instituciones europeas. Muchas gracias. 
Gerard Batten (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, el Gobierno británico está llevando a cabo un programa de reorganización de las fuerzas policiales inglesas y galesas a escala regional. El motivo alegado es que las estructuras existentes no pueden abordar adecuadamente el terrorismo, el extremismo y el crimen organizado grave. No obstante, el verdadero motivo no es potenciar su eficacia, sino fomentar la política de la UE de regionalización de los Estados miembros.
Cuando se ha dejado elegir a los ciudadanos británicos, han rechazado la regionalización por amplia mayoría. Las fuerzas policiales no tendrán ninguna posibilidad de elegir: el Ministro del Interior, Charles Clarke, puso a los 43 Comisarios de Policía ante un ultimátum para que elaboraran planes para una fusión masiva, les gustase o no. El Tratado de Roma habla de las regiones, y su significado es cada vez más evidente. Pocas personas en Gran Bretaña se dan cuenta del modo en el que su país está sufriendo cambios profundos para convertirse en una mera región de los Estados Unidos de Europa. 
Henri Weber (PSE ).
   – Señor Presidente, el 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de la Unesco aprobó el Convenio sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales por 148 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones. Este Convenio reconoce la naturaleza específica de las actividades, los bienes y los servicios culturales, que en ningún caso pueden considerarse meras mercancías.
En su artículo 20 se subraya que los Estados deberán tener en cuenta el Convenio cuando suscriban otras obligaciones internacionales, como por ejemplo los acuerdos celebrados en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Para entrar en vigor, este Convenio debe ser ratificado por treinta países. A fecha de hoy, Canadá es el único país que lo ha hecho. La Unión Europea, representada por la Comisión, desempeñó un papel capital en la adopción del Convenio. ¿No deberían nuestro Presidente y el presidente de la Comisión de Cultura y Educación enviar una carta al Consejo, así como a todos los Jefes de Estado y de Gobierno, urgiéndoles a que ratifiquen el Convenio?
Maria Badia I Cutchet (PSE ). –
   Señor Presidente, querría llamar la atención a sus Señorías sobre los grandes esfuerzos que se están llevando a cabo para acercar las instituciones europeas a los ciudadanos. La Comisión acaba de adoptar el Libro Blanco; tenemos un plan D —de diálogo—, y, en este intento de encontrar nuevas y mejores maneras de comunicarnos, no podemos olvidar la vía natural, que es la lengua propia de los ciudadanos y ciudadanas europeos.
En España, además del castellano como lengua común, se reconoce a los ciudadanos el derecho a utilizar otras lenguas oficiales: el catalán, el vasco, el gallego; todas ellas lenguas europeas.
El Gobierno español, en diciembre de 2004, presentó una propuesta al Consejo para autorizar, bajo ciertas condiciones, la utilización de esas lenguas, sin añadir carga alguna a las instituciones de la Unión. Tanto la Comisión como el Consejo y el Comité de las Regiones ya han puesto en práctica esta propuesta. Queda pendiente el Parlamento. Se trata de posibilitar el uso de estas lenguas en la correspondencia entre los ciudadanos y el Parlamento, en la publicación de las disposiciones legislativas y en las intervenciones de los eurodiputados.
Señor Presidente, esta petición no representa coste alguno para la Institución, sino que, al contrario, sería una riqueza para este Parlamento.
Bruno Gollnisch (NI ).
   – Señor Presidente, el año pasado la región de Alsacia se indignó con razón ante la profanación de un cementerio judío en Herrlisheim. Dicha profanación fue imputada, sin la más mínima prueba, a un militante del Frente Nacional, un honesto y joven empleado de la Oficina de Bosques, único sostén de su madre. Sobre la base de un simple análisis grafológico, que puso de manifiesto que sus ceros eran un poco más pequeños que las demás cifras, fue encarcelado inmediatamente. Hoy han sido detenidos, al parecer, los dos autores de esta fechoría. No tienen ninguna relación con el señor Lezeau, víctima inocente, pero ni él ni el Frente Nacional han recibido excusas. El Frente Nacional fue, por supuesto, totalmente ajeno a esta acción, que le repugna tanto como al resto de la población. El fiscal Schultz es responsable de un auténtico escándalo judicial en Colmar.
Véronique De Keyser (PSE ).
   – Señor Presidente, he regresado esta noche de Palestina, donde he estado reunida con el Presidente Abbás.
A este respecto, quisiera transmitirles dos mensajes: el primero es que el Presidente Abbás se dirigirá al Consejo Legislativo palestino a finales de la próxima semana y será extremadamente firme en sus posiciones. Está totalmente decidido a no admitir un Gobierno que no acepte los acuerdos de paz y el reconocimiento del Estado de Israel. Por tanto, nos encaminamos probablemente a una sucesión de crisis políticas en Palestina, que podría desembocar, quizás dentro de unos meses, en unas elecciones: esta es al menos la visión de las cosas que tiene el Presidente Abbás.
El segundo mensaje que me entregó y me encargó que le transmitiera a usted y al Parlamento Europeo, es que le encantaría responder a su invitación y participar en el periodo parcial de sesiones de marzo. En esa ocasión presentará una descripción detallada de la situación de Palestina y de su marco político. 
El Presidente.
   Señora De Keyser, le agradezco esta información y la llamada telefónica que me hizo este fin de semana para transmitírmela. Con mucho gusto recibiremos al Presidente de la Autoridad Palestina si puede venir aquí.
Evangelia Tzampazi (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el 7 de febrero se cumplieron siete años de la detención de cinco enfermeras búlgaras y un médico palestino por las autoridades libias, acusados de infectar a niños con el virus del sida en el hospital pediátrico de Bengasi.
La sentencia de muerte que les impuso posteriormente el tribunal libio movilizó a las autoridades búlgaras y a la diplomacia europea. Aunque el Tribunal Supremo de Libia anuló hace poco dicha sentencia de muerte a la espera de un nuevo juicio, podríamos enviarles un mensaje de apoyo y pedir, al mismo tiempo, a las autoridades libias que garanticen que el nuevo juicio sea imparcial y objetivo.
También tenemos que apoyar a los niños de Libia infectados con el virus y trabajar al mismo tiempo para crear las condiciones que permitan encontrar una solución justa para ese triste suceso. 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, hace aproximadamente dos semanas una niña de 11 años se desmayó en su clase de un colegio del Reino Unido. Más tarde se descubrió que había tomado heroína por inhalación. Se informó de que llevaba tomando drogas desde hacía varios meses. Y no es el único caso: se piensa que miles de niños en Europa toman drogas y hay cada vez más pruebas de que el abuso pediátrico de sustancias está aumentando con rapidez. Los niños son muy vulnerables, y la adicción a las drogas en los colegios podría alcanzar en breve proporciones epidémicas si se permite que siga adelante de manera incontrolada. Muchos de nosotros creemos que la situación ya se vuelve extremadamente preocupante.
Por lo tanto, señor Presidente, conociendo su sensibilidad –y la de la mayoría de los diputados y diputadas– respecto a este tema, le insto respetuosamente a que solicite de la Comisión y del Consejo una declaración sobre la situación actual de la drogadicción infantil y la posible necesidad de una revisión urgente de la estrategia a seguir para abordar mejor este alarmante problema. 
Eluned Morgan (PSE ).
   – Señor Presidente, actualmente existen 84 directivas relativas a la Estrategia de Lisboa aprobadas por el Parlamento Europeo; 63 de ellas deberían haber sido transpuestas íntegramente por todos los Estados miembros; hasta ahora tan solo se han aplicado plenamente 12 de ellas.
Según las últimas cifras publicadas por la Comisión, la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural debería haberse transpuesto a más tardar el 1 de julio de 2004. Los siguientes países todavía tienen que notificar a la Comisión sus disposiciones de aplicación de dicha directiva: Bélgica, Alemania, Estonia, España, Irlanda, Letonia y Luxemburgo. La Estrategia de Lisboa se halla hipotecada por esta morosidad de los Estados miembros.
Señor Presidente, ¿puede usted escribir a la Comisión y preguntarle qué está haciendo para acelerar la transposición de la Directiva del gas en particular? 
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el trágico naufragio del transbordador de pasajeros –una embarcación anticuada de 35 años de edad y mantenida en funcionamiento durante demasiado tiempo– que arrastró a miles de pasajeros y marineros a una tumba bajo las aguas del Mar Rojo, es otro eslabón de la larga cadena de delitos marítimos cometidos en busca de beneficios.
Expresamos nuestro más sentido pésame a las familias de los pasajeros y marineros que perdieron su vida en vano. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para señalar que, con el ultimátum en forma de opinión razonada remitido por la Comisión Europea al Gobierno griego en diciembre de 2005 respecto de la aplicación del Reglamento nº 3577/92, que adopta las demandas de los armadores con el pretexto de una supuesta competencia desleal, se están aboliendo criterios básicos de navegabilidad y seguridad de los transbordadores de pasajeros, como pueden ser la potencia y el tonelaje registrado de los buques y el límite de 30 años de antigüedad para su retirada, adoptado en nuestro país.
Instamos a la Comisión Europea a que ponga fin a este procedimiento. Existe una necesidad inmediata de que, a través de la Organización Marítima Internacional…
James Hugh Allister (NI ).
   – Señor Presidente, quiero plantear una cuestión apremiante para la comunidad agrícola de mi circunscripción. En el sector agrario de Irlanda del Norte existe una gran preponderancia de arrendamientos de tipo «conacre», mediante los que un agricultor activo arrienda la tierra durante diez meses cada año de un terrateniente inactivo.
De acuerdo con el Reglamento (CE) 782/2003 –tal como se está aplicando–, el terrateniente y el agricultor activo no pueden compartir el régimen de pago único relativo al terreno en cuestión. Esto ha ocasionado reclamaciones por duplicado respecto al mismo terreno por parte del arrendatario y del agricultor. Ahora ambos se enfrentan a la multa por impago total. La causa principal es la confusión y el error, más que el fraude.
La amenaza de retención de todo el régimen de pago único es totalmente desproporcionada y potencialmente ruinosa para muchos. Por ello, pido a la Comisión que establezca un enfoque capaz de aportar una solución y asegurar el objetivo de los regímenes de pago únicos, es decir, un nivel de vida justo para los agricultores. 
Danutė Budreikaitė (ALDE ). –
   Señorías, el acuerdo entre Alemania y Rusia para construir un gasoducto a través del fondo del Mar Báltico ha planteado muchos interrogantes. Se critica no solo por el egoísmo económico de Alemania, que pisotea el principio europeo de solidaridad declarado y aumenta el riesgo de que Rusia ejerza una influencia económica y política sobre los países de la Unión Europea. También existe una gran amenaza a raíz de un legado de la II Guerra Mundial: las armas químicas sepultadas en el fondo del Mar Báltico hace 50 años. El ecosistema marino se encuentra amenazado por 292 000 toneladas de armas químicas. El Mar Báltico no es un lago interior de Alemania o de Rusia. En sus costas tienen su hogar los ciudadanos de otros seis Estados de la Unión Europea, para quienes el mar es fuente de ingresos y lugar de recreo. Cuando el mar se utiliza de manera intensiva para la pesca y otras actividades económicas, la construcción de un gasoducto y dichas armas químicas se convierten en motivo de preocupación para la comunidad internacional. Para evitar una catástrofe ecológica en el Mar Báltico, les insto a que animen a la Comisión a que realice un estudio exhaustivo de los posibles efectos del gasoducto, considerado un proyecto comercial privado, sobre la ecología del Mar Báltico. 
Csaba Sándor Tabajdi (PSE ). –
   Este año la comunidad internacional se enfrenta a un reto importante con las próximas negociaciones sobre el estatuto de Kosovo. Es un asunto de enorme trascendencia y el futuro de la región determinará la situación y las perspectivas europeas de toda la región de los Balcanes Occidentales.
Es evidente que Kosovo está perdido para Serbia, no solo porque los albaneses, que constituyen el 90 % de la población, no quieren vivir allí, sino también porque esta actitud cuenta asimismo con el apoyo de varias superpotencias, como los Estados Unidos de América y Gran Bretaña. La Unión Europea no ha formulado todavía su posición, aunque esto se debería considerar un asunto urgente. Mi pregunta es si la comunidad internacional concede a Kosovo el derecho de secesión, el derecho a independizarse, ¿por qué ha de concederse este derecho a toda la región, incluidas las zonas habitadas por serbios? ¿Por qué se excluye de entrada la posibilidad de una división del territorio? ¿Por qué se recompensa a los albaneses y se castiga a los serbios? Si el estatuto de Kosovo no se resuelve con tino, el resultado será una desestabilización a largo plazo…
Dariusz Rosati (PSE ). –
    Señor Presidente, la Comisión Europea ha presentado un informe con respecto al funcionamiento de las restricciones del acceso de ciudadanos de los nuevos Estados miembros al mercado laboral en los países de los Quince. Dicho informe demuestra de manera concluyente que las preocupaciones en relación con la apertura del mercado laboral eran infundadas. La afluencia de trabajadores a los antiguos países miembros es bastante reducida y los países que abrieron sus mercados laborales han salido beneficiados en muchos aspectos.
Lamentablemente, a pesar de estas conclusiones tan claras, la mayoría de los demás Estados miembros siguen queriendo mantener las restricciones actuales durante varios años. ¿Por qué no adopta la Comisión una posición mucho más firme, vistos los resultados de su propio informe y en su papel de guardiana de los Tratados, y presiona para que se levanten las restricciones en relación con el acceso al mercado laboral en los demás Estados miembros? También quisiera preguntar por qué se consiente que se mantengan esas restricciones. Además de ser contrarias a las disposiciones de los Tratados y al espíritu de la integración europea, también están frenando el crecimiento económico de la Unión, merman su competitividad y crean las condiciones para que surjan aberraciones como el trabajo sumergido y el autoempleo ficticio.
Confío en que la Comisión realice un esfuerzo decidido para garantizar el levantamiento de esas restricciones tan perjudiciales. 
Bogusław Rogalski (IND/DEM ). –
    Señor Presidente, muchos periódicos europeos han publicado recientemente caricaturas del profeta Mahoma, haciendo con ello mofa del islam. Sus indignados seguidores respondieron quemando banderas y atacando las embajadas de países europeos. Además, un sacerdote italiano fue asesinado en Trebisonda, en Turquía.
Esta escalada de odio y de violencia ha sido desencadenada y alimentada por medios de comunicación liberales de izquierda, que llevan mucho tiempo atacando a todo tipo de religiones. En nombre de una falsa noción de libertad estamos siendo testigos de la profanación de la fe y de Dios, creencias sagradas para millones de personas. Los medios de comunicación proclaman a bombo y platillos la intolerancia religiosa, el nihilismo moral y la anticultura ante nuestros propios ojos. La libertad de una persona acaba donde comienza la de otra. La libertad de expresión en los medios de comunicación no debe suponer la conculcación de los derechos y libertades de otras personas. La libertad no insulta, no desprecia a nadie, no se mofa, no degrada y no se burla de lo sagrado. La libertad equivale al respeto a la dignidad, las convicciones y la vida de otras personas.
Deberíamos tenerlo en cuenta a la vez que nos enfrentamos con el creciente deterioro de la cultura europea. Permítanme formular un llamamiento a favor del retorno a los valores fundamentales de la civilización occidental, donde no tiene cabida el odio que prolifera actualmente en los medios de comunicación europeos. 
Jeffrey Titford (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para hacer constar mi desprecio por una decisión tomada por un grupo de alto nivel –que supongo que es la Comisión– de hacer caso omiso de la Comisión de Control Presupuestario y volver a nombrar al señor Brüner al puesto de Director General de la OLAF. El señor Brüner es una persona sumamente controvertida y sus decisiones se han cuestionado en numerosas ocasiones. Durante su primer mandato apoyó la caza de brujas contra periodistas como Hans-Martin Tillack, que sacó a la luz diversos fraudes. También ha sido criticado por políticos y su consejo supervisor y no creo que tenga la confianza de este Parlamento, de la prensa o del público.
Esto también demuestra la total inutilidad de este Parlamento y de su sistema de comisiones. Los candidatos al puesto comparecieron ante la Comisión de Control Presupuestario. Les interrogamos y finalmente votamos por un candidato mejor, de Suecia. Ahora resulta que todo el largo proceso fue una parodia carente de sentido. 
El Presidente.
   Damos por terminado el turno de intervenciones. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe de Thijs Berman, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne (COM(2005)0221 - C6- 0190/2005 - 2005/0099(CNS)) (A6-0017/2006).
Markos Kyprianou,
   Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera empezar expresando mi agradecimiento a los miembros de las comisiones que han examinado este asunto y evidentemente también al ponente, el señor Berman, por su valiosísimo trabajo y por todos los esfuerzos que ha realizado para concluir esta iniciativa de manera positiva.
Soy consciente de que cuando las propuestas llegan a la fase decisoria, a veces no satisfacen plenamente a todas las partes. Algunos desearían que se avanzase más en una dirección, quizás con la impresión de que no se ha llegado suficientemente lejos, mientras otros tal vez piensen que deberíamos ser más conservadores y que ya se ha ido demasiado lejos. No obstante, aun así creo que la presente propuesta, en su redacción actual, con muchas de las enmiendas presentadas, es una propuesta lógica que establece un equilibrio entre la necesidad de mejorar, por un lado, el trato dado a los animales, su bienestar, especialmente en el sector de los pollos, a la vez que tiene en cuenta el coste y la carga financieros que puede suponer para la industria y para las empresas del sector.
No deberíamos subestimar, sin embargo, en primer lugar, la estrecha vinculación entre un trato adecuado de los animales y la salud de los mismos, un aspecto particularmente importante cuando se están debatiendo las medidas que se van a adoptar para combatir la gripe aviar, que ya ha llegado a la Unión Europea, si bien solo ha afectado a las aves salvajes. Al contrario, si aseguramos un trato adecuado de los animales, todas las medidas de protección y todas las precauciones que adoptemos serán mucho más eficaces. Ha mejorado mucho la supervisión y la detección de los problemas sanitarios que se pueden plantear, lo cual, evidentemente, se traduce, desde un punto de vista práctico, en menos enfermedades y menos muertes de animales, menos pollos inviables en tales circunstancias y, por consiguiente, menos pérdidas y costes más bajos. Por lo tanto, aunque a primera vista pueda parecer un gasto para los empresarios, para los productores y para los agricultores, en realidad es un beneficio que se traducirá en un ahorro y reportará beneficios financieros a los productores.
Además, quisiera añadir brevemente que el Banco Mundial publicó hace poco un informe que establece los beneficios financieros de la aplicación de una política de bienestar para los animales y ofrece una prueba de que estas políticas también reportan beneficios financieros.
El segundo punto que quiero comentar es, evidentemente, el tema de la ayuda a los productores. Es especialmente importante que estos no tengan que hacerse cargo de todo el gasto, aunque los consumidores europeos están dispuestos a pagar más si saben que determinados productos se han obtenido aplicando políticas a favor del bienestar y el trato adecuado de los animales. El etiquetado –voluntario inicialmente; más adelante presentaremos un informe sobre el etiquetado obligatorio– brindará a los productores la oportunidad de sacar el máximo partido del cumplimiento de una política bien acogida por los ciudadanos europeos y, según se desprende de nuestros estudios e investigaciones, podrán cobrar un poco más, ya que los consumidores europeos están dispuestos a pagar más. También existe, naturalmente, una estrategia general con una diversidad de varias propuestas, el plan estratégico para el bienestar animal, aprobado recientemente por la Comisión y que se va a presentar al Parlamento para su debate. Aunque la presente propuesta se haya anticipado a la relativa al plan de acción, está en consonancia con los principios, la filosofía y las propuestas del mismo.
Por último, quisiera mencionar el tema bien conocido de la Organización Mundial del Comercio. Sé que los productores europeos a menudo pueden tener la impresión de que se encuentran en desventaja con respecto a terceros países. Se están realizando esfuerzos constantes por establecer condiciones de bienestar y de trato apropiado de los animales en el mercado internacional. No resulta fácil, pero lo estamos impulsando. La reciente adopción por parte de la Organización Mundial de Sanidad Animal de principios relativos al trato adecuado de los animales constituye un primer paso en esa dirección y vamos a intensificar los esfuerzos en ese mismo sentido.
No obstante, habida cuenta del altísimo nivel de sensibilidad de los consumidores europeos, creemos que el etiquetado podría suponer una ventaja para los productores europeos. Seguir políticas de bienestar animal no será desventajoso para ellos. Al contrario, una actuación de ese tipo les proporcionará acceso al amplísimo mercado de consumidores europeos. 

Thijs Berman (PSE ),
   . Señora Presidenta, espero que esta semana esta Asamblea dé un paso importante hacia la agricultura europea sostenible. La Unión Europea tiene que respetar y plasmar en forma de ley las cinco libertades del animal, a saber, las de no pasar sed ni hambre y no sufrir desnutrición, incomodidades, dolor, lesiones ni enfermedades, la libertad de tener un comportamiento normal y la ausencia de miedo y angustia. La presente directiva recoge estas libertades y no lo hace de manera prematura.
Son sobre todo y ante todo los consumidores y ciudadanos europeos quienes exigen que se respete a los animales y quienes –en un número cada vez mayor de países– están dispuestos a pagar un precio razonable a cambio. Es positivo que la Comisión presentara, hace tres semanas, el plan de acción para el bienestar animal. Los acuerdos y normas de este tipo deben ser de ámbito europeo; de lo contrario, los Estados miembros empezarán a competir entre sí a expensas del bienestar animal.
En este momento, la principal preocupación del consumidor europeo en materia de bienestar animal se refiere a los pollos de engorde. Una inquietud alimentada por los informes sobre el hacinamiento en las granjas de pollos y ciertos métodos de crianza destinados a acelerar todavía más el crecimiento, en lugar de fortalecer la estructura ósea, el corazón y los pulmones. Demasiados animales sufren lesiones en las piernas y el pecho debido a la mala calidad de la paja. Con mi informe y las enmiendas asociadas, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural transmite un mensaje claro a la Comisión y al Consejo en pro del bienestar animal y de ciertos requisitos de calidad, pero también en pro de cierta flexibilidad con respecto al avicultor. En mi informe también he intentado establecer dos principios que no figuraban aún en la directiva.
En primer lugar, la selección genética, la cría de animales con vistas a obtener determinadas características, no debería comportar en ningún caso una disminución, o un riesgo de disminución, del nivel potencial de bienestar de una especie animal. Este principio debe ser una piedra angular de cualquier directiva en materia de bienestar animal.
En segundo lugar, el bienestar animal no debería tratarse como una cuestión secundaria frente a los criterios socioeconómicos. A la luz de este principio tiene sentido someter la calidad de los gallineros al cumplimiento de determinados criterios. Criterios que los buenos avicultores han seguido durante mucho tiempo, ya que reducen las tasas de mortalidad y, por tanto, aumentan la producción. Como ya ha señalado el Comisario Kyprianou, el bienestar animal redunda en favor de los intereses económicos de los avicultores.
La directiva también prevé controles profesionales diarios del bienestar y la salud, que constituyen una medida preventiva importante contra las enfermedades animales, especialmente en el momento actual. Aun así, las aves de corral necesitan más espacio del que a menudo se les ofrece. La enmienda que hemos presentado con la señora Jeggle especifica que el número máximo de aves de corral por metro cuadrado en los días inmediatamente anteriores a su transporte al matadero se debe reducir a 38 kilos por metro cuadrado y a 34 kilos para 2013.
Muchos Estados miembros de la Unión ya están por debajo o se aproximan a ese límite. No apoyo las enmiendas que propugnan densidades todavía más bajas. Aunque los expertos creen que el bienestar animal se ve más amenazado cuando se supera la densidad de 30 kilos por metro cuadrado, no se trata de un límite absoluto por encima del cual sea inevitable el desastre. Por encima de los 30 kilos por metro cuadrado, todo depende de la buena gestión y en ella puede confiar precisamente la Asamblea. Por esto la aplicación de las normas a los avicultores debe ser flexibles. Las exigencias en materia de calidad y las sanciones van de la mano, pero deberían ser proporcionadas y fomentar la mejora de la gestión. No tiene ningún sentido aumentar la severidad de las multas o su duración más allá de lo estrictamente necesario.
Quienes se oponen a la directiva afirman que la competencia mundial impide aplicar normas de este tipo en materia de bienestar animal y alegan que Europa está sujeta a exigencias más estrictas que los demás países. De hecho, no es así. Brasil, que es nuestro mayor competidor en el sector de la avicultura, ya hace todo lo que exige la presente directiva. Aunque Europa cerrara sus fronteras a los animales maltratados, la carne brasileña seguiría entrando sin dificultad.
Por consiguiente, el sector europeo tendrá que plantearse una reducción de los costes y, por lo tanto, un aumento de la escala de producción o bien la producción de carne fresca de gran calidad cerca del consumidor europeo. La directiva fomenta algo que, como se puede observar, ya se está convirtiendo en una tendencia, aunque esto no significa que la Comisión no deba incluir el bienestar animal en el orden del día de la Organización Mundial del Comercio y hacerlo con mayor firmeza que en la actualidad. He preguntado a la Comisión con respecto a esta cuestión. ¿Qué posibilidades ofrece el GATT en lo que respecta al bienestar animal? En el artículo 20 de dicho Acuerdo se dice que las restricciones de las importaciones para proteger la vida o la salud de los humanos, los animales o los vegetales están justificadas por razones éticas. Tenemos que presionar en esa dirección.
Europa necesita pruebas concretas para que sus ciudadanos recuperen la confianza en la Unión Europea. El desarrollo sostenible es uno de los ámbitos en los que la Unión puede ganar puntos. El bienestar animal forma parte del mismo y por esto debe empezar a aplicarse pronto la presente directiva.
Åsa Westlund (PSE ),
   Señora Presidenta, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria acoge con evidente satisfacción la propuesta de la Comisión respecto a las normas comunes que rigen la crianza de los pollos destinados a la producción de carne, especialmente porque la propuesta incluye claras mejoras con respecto a la protección de los animales, pero también porque pretendemos promover un mercado interior eficaz.
El gran problema que plantea la propuesta de la Comisión es que se queda corta desde el punto de vista de la protección de los animales. Por ejemplo, según las conclusiones a que ha llegado el Comité Científico de Salud y Bienestar Animal, en las que se basa nuestra decisión, la densidad de población debe ser inferior a 25 kilogramos si se desean evitar lesiones importantes y un sufrimiento innecesario. De acuerdo con ello, muchos diputados han presentado enmiendas precisamente sobre temas de densidad de población y el sistema de puntuación para la pododermatitis. Estas modificaciones son necesarias si queremos garantizar la protección de los animales.
En el Parlamento Europeo debemos tomarnos en serio la opinión de los expertos y demostrar al Consejo que queremos que la propuesta de la Comisión sea más rigurosa en lo que respecta a la protección de los animales. Esto es lo más importante ahora, tal vez más que los detalles de nuestras enmiendas. Por ello espero que mañana la mayoría de la Asamblea vote a favor de estas enmiendas que, como he dicho, obtuvieron un apoyo considerable en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Una amplia mayoría, tanto de la derecha como de la izquierda, votó a favor de las mismas. 
María Esther Herranz García,
   . Señora Presidenta, tengo que felicitar al señor Berman y agradecerle su trabajo, porque su posición política ha sido muy constructiva y realista y nos ha permitido alcanzar un equilibrio entre los diferentes puntos de vista expuestos por los colegas.
Este proyecto de informe, adoptado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre esta nueva directiva para el bienestar de los pollos para engorde, es equilibrado, porque tiene en cuenta las prácticas de producción de la mayor parte de los Estados miembros.
El punto clave de este informe es el relativo a las densidades, como ustedes saben. Por las informaciones que he ido recogiendo, las densidades previstas en el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son más que aceptables en la mayor parte de las regiones europeas, pero podrían plantear algún inconveniente en determinadas zonas muy concretas de la Unión.
Como ponente, he intentado plasmar la opinión de la mayoría y, desde luego, en cuanto a las enmiendas, les anticipo que no tengo intención de apoyar la mayor parte de ellas. Sí me parece, no obstante, que la enmienda 42 responde a una preocupación política muy justificada, que es la de extender a las importaciones de terceros países unos mínimos estándares aplicados ya en la Unión Europea.
En cuanto a la enmienda 44, que suprime la puesta en marcha de un etiquetado para la carne sometida a la nueva directiva de bienestar, tengo que decirles que se contradice con la necesidad de aportar un valor añadido a esos productos para conceder mayor visibilidad a los esfuerzos que han realizado los productores europeos.
La Unión Europea viene produciendo en estos años una normativa abundante para mejorar el bienestar de los animales y atender una de las preocupaciones manifestadas por la opinión pública europea. De esta forma hemos conseguido mejorar considerablemente, a costa a veces de poner en riesgo la rentabilidad del sector, la protección de las gallinas ponedoras, de los terneros o de las cerdas para cría.
Hay que reconocer que este esfuerzo debería traducirse en una mejora de la calidad de los productos para el consumidor europeo, calidad que tiene que ir acompañada por una política eficaz en materia de etiquetado.
Sin embargo, apoyar las enmiendas que se han presentado, que en su mayor parte endurecen la normativa inútilmente, traerá problemas de adaptación en algunas regiones.
Marc Tarabella,
   . – Señora Presidenta, este asunto concuerda con la idea de que la Unión Europea debería distinguirse de sus competidores desde el punto de vista del bienestar animal.
En este asunto, quisiera, antes que nada, felicitar al ponente, el señor Berman, que ha intentado encontrar un equilibrio entre posiciones que eran demasiado dispares. Hay que señalar que ha primado un criterio sobre todos los demás, el de la densidad de población. Deberíamos condenar la propuesta de la Comisión que recomienda el registro automático de determinados datos, lo que parece difícil de plantear y de amortizar para los pequeños productores. Pero volvamos a la densidad de población, que es el principal criterio empleado.
Un primer enfoque económico de la región valona demuestra que, para un edificio de 1 000 metros cuadrados, sobre la base de una renta media de 72 céntimos de euro por kilo, la pérdida de ingresos anuales se cifraría en un 55 % para una densidad de 30 kg por metro cuadrado y en un 24 % para una densidad de 38 kg por metro cuadrado. Esta pérdida de renta estimada es insoportable para el sector. La desaparición programada de muchos productores de Europa y una demanda de los consumidores estancada o en alza beneficiarán necesariamente a las importaciones procedentes de países que distan mucho de aplicar nuestras normas, incluso de tenerlas en cuenta. El bienestar animal saldría perdiendo en general.
Por tanto, si bien soy sensible a los argumentos del ponente en el sentido de que la agricultura europea debe avanzar hacia una agricultura sostenible, quiero destacar, para terminar, dos elementos fundamentales. En primer lugar, avanzar hacia una mayor calidad conlleva un coste adicional para los productores europeos. Es conveniente marcar con una etiqueta y resaltar esta diferencia, de forma que pueda practicarse un precio diferente y se explique la razón de dicho precio, que deben estar dispuestos a pagar los encuestados del Eurobarómetro, que son también consumidores. La distribución masiva tiene un papel decisivo que desempeñar a este respecto.
En segundo lugar, y para acabar, es esencial que hagamos todo lo posible por que la Comisión Europea, con la ayuda de organizaciones internacionales como el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud Animal, consiga imponer en la OMC una mayor aceptación de las medidas destinadas al bienestar animal.
Jan Mulder,
   – Señora Presidenta, permítame que comience felicitando al señor Berman. Puede que sea su primer informe, pero creo que ha realizado un trabajo muy minucioso. En cuando al informe en sí, aunque por un lado debo reconocer que no conozco a nadie en esta Asamblea que se oponga al bienestar de los animales –todos estamos, evidentemente, a favor del mismo–, no obstante tengo mis dudas con respecto a esta propuesta, ya que creo que se puede mejorar.
En primer lugar, impone las mismas normas en toda la Unión Europea, y me imagino que en un clima frío como el de Finlandia o en un clima totalmente distinto como el de Italia, se deberían aplicar normas muy diferentes en lo que se refiere a las densidades de población. Es muy posible que la situación ya sea distinta en la práctica. La Comisión no tiene en cuenta para nada este aspecto y, como ha señalado el orador anterior, todavía no se ha presentado un análisis económico. Es fácil decir que el bienestar de los animales no debe quedar relegado a un segundo puesto por detrás de las prioridades socioeconómicas, pero sigue habiendo personas que tienen que ganarse la vida con esto; ¿cuáles son las consecuencias concretas para ellas? ¿Tiene la Comisión alguna idea?
Evidentemente, lo más importante es un código de conducta, como han señalado muchos oradores anteriores, incluido el Comisario, aunque no ha conseguido convencerme del todo. Sin embargo, si queremos destacar lo que se designa como aspectos no comerciales, no es demasiado razonable presentar otra nueva propuesta en medio de los debates en el seno de la Organización Mundial del Comercio, sin tener la seguridad de que los importadores la cumplirán. ¿Por qué la Comisión no plantea el tema de un código de conducta a los supermercados y otros grandes importadores, cuanto antes mejor?
¿Qué sentido tiene decirles a los productores europeos que tienen que cumplir tales y cuales normas, mientras se permite que diversos supermercados importen productos procedentes del resto del mundo sin restricciones, sin que la Comisión exija que se realicen controles de ningún tipo? Solo realizamos controles de o similares, pero nunca controlamos el bienestar de los animales. Es lo que debería hacer la Comisión y lo que falta por completo en la propuesta. 
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf,
   . – Señora Presidenta, el ponente ha escrito en su exposición de motivos que «todo buen agricultor respeta a sus animales». Parece evidente que debe de haber algunos que aún no están a la altura, pues de lo contrario no tendríamos que legislarlo. Creo que el problema también se debe a que muchas de las personas que se dedican al engorde de pollos ya no son agricultores, sino más bien industriales, para quienes el respeto a la vida resulta irrelevante para la tarea de obtener unos beneficios de su capital. Puedo decir al señor Berman que la única conclusión que podemos sacar visto el modo en que se ha enfocado la cría de animales es que la principal preocupación no ha sido su bienestar, sino cómo se podrían utilizar para obtener el máximo beneficio posible.
La mera visión de esos corrales basta para demostrar la necesidad urgente de una legislación al respecto. En eso estamos de acuerdo. No obstante, pienso que tenemos que procurar que la directiva y el reglamento no acaben conduciéndonos a apoyar y promover ese tipo de producción industrial. De hecho, uno de los problemas es que esos corrales a menudo son saludables en apariencia, pero solo porque están protegidos por medio de la medicación y de inoculaciones profilácticas, que a la vez que previenen un brote, permiten que proliferen las variantes que actualmente nos preocupan o que determinan que la gripe aviar resulte especialmente temible. Por esto resultan especialmente problemáticas las medidas preventivas que se están adoptando en la actualidad para los animales criados en libertad, pues las buenas condiciones en las que se les mantiene son las que les permiten desarrollar una mayor resistencia a las enfermedades.
Tenemos que procurar que no se acabe penalizando a las personas equivocadas y también debemos asegurarnos de que los mercados especializados a los que se destinan esos animales, que la gente acepta a un precio más alto, no se hundan y los agricultores se vean perjudicados. 
Kartika Tamara Liotard,
   . Señora Presidenta, aunque en conjunto el informe del señor Berman logra un equilibrio adecuado entre la importancia del bienestar animal y los intereses del sector agrícola, quisiera decir que los intereses de los pollos deberían tenerse más presentes en el caso de las densidades de población.
Por lo tanto, pido a sus Señorías que cuando acudan a votar mañana y se sientan incómodos y apretados en el ascensor lleno, se imaginen a otras diez personas metidas en el ascensor y mantengan esa sensación durante un minuto, y piensen que un pollo de engorde industrial tiene que soportar esas condiciones durante toda su pobre vida. Les invito a que mañana tengan presente esa imagen cuando presionen su botón para votar.
Mañana tenemos la oportunidad de dar un paso importante hacia una Europa más favorable para los animales. Aprovechemos la oportunidad, no solo en pro del bienestar de los animales, sino también por el bien de nuestra propia humanidad. 
Jeffrey Titford,
   . – Señora Presidenta, he aquí un informe rutilante que se extiende a lo largo de 48 páginas. Es todo un exponente de jerigonza burocrática y verdades de Perogrullo. Los autores nos han obsequiado con estas obras maestras porque «la inspección regular de los establecimientos por parte de las autoridades de control competentes en materia de bienestar de los animales entrañaría una carga considerable para las explotaciones y un peso excesivo de las autoridades. También incrementaría de forma sustancial los costes. Estos pueden limitarse mediante la realización de inspecciones irregulares al azar». Dejaré que sus Señorías aprecien la enjundia de esta perla particular en su propio tiempo de intervención.
Este Parlamento produce a menudo joyas como esta, elaboradas por personas que probablemente no tienen la menor idea de cómo son las cosas en la vida real, donde la gente real tiene que intentar poner en práctica todas estas normas nuevas y encima arreglárselas para obtener beneficios. Los autores de este informe no solo quieren que se imponga de este nuevo régimen a los productores de carne de pollo de los 25 Estados miembros, sino que también dejan claro que esperan que países de fuera de la UE hagan lo mismo. Yo sugiero un poco de consideración.
Vengo de un país que ya cuenta con un nivel muy alto de bienestar e higiene animal, que son objeto de un control estricto. No necesitamos una dictadura burocrática supranacional que nos diga cómo cuidar de nuestros pollos. Los autores de este informe han puesto un huevo y sugiero que lo hagan revuelto.
Janusz Wojciechowski,
   . ) Señora Presidenta, el reglamento que estamos debatiendo hoy establece normas estrictas para la cría de pollos de engorde y su bienestar. Estas normas son necesarias. En la Unión Europa deberíamos procurar garantizar que los animales reciban un trato lo más humano posible. Esto es especialmente cierto en el caso de los animales criados para la producción de carne, como los pollos de engorde.
Deberíamos ahorrarles sufrimientos innecesarios para garantizar un trato humano y por respeto a las normas de nuestra civilización. Deberíamos hacerlo también en interés de nuestra propia salud. Existe un amplio cuerpo de estudios que demuestran que la carne de los animales criados en condiciones deficientes y sometidos a un estrés constante sencillamente es menos saludable. No obstante, ahora se plantea un problema de carácter bastante distinto. El reglamento impone unas normas exigentes a los productores de pollo de la Unión Europea, pero no se aplica a los importadores. Cumplir unas normas exigentes resulta caro, con lo cual la carne de nuestros productores no puede competir con la de productores de fuera de la Unión. Están exportando al mercado europeo carne de aves de corral criadas en países donde el cumplimiento de esas normas rigurosas no está garantizado. Muchos productores de carne de pollo europeos están al borde de la quiebra porque se han vuelto menos competitivos debido que tienen que cumplir las estrictas normas de la Unión Europea.
Deberían imponerse las mismas normas a las importaciones y a la carne producida en la Unión, no solo por el bien de los pollos de engorde, sino también en beneficio de sus productores y sobre todo por el bien de los consumidores. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado una enmienda presentada por el Grupo Unión por la Europa de las Naciones que solicita que la Comisión Europea garantice que estas normas exigentes también se cumplan en el caso de la carne importada.
Creo que este debería ser un principio general que debería aplicarse no solo a las aves de corral, sino a todos los productos agrícolas. Hay que exigir que los productores y los importadores de la Unión cumplan las mismas normas. 
Jean-Claude Martinez (NI ).
   – Señora Presidenta, evidentemente todos estamos a favor de proteger los pollos destinados a la producción de carne de la barbarie de las granjas de tipo «campo de concentración». Aquí mismo he denunciado muchas veces a las granjas industriales de la vergüenza, en las que se han quemado vivos hasta 80 millones de pollitos machos para calentarlas. He denunciado las condiciones de sacrificio mediante aturdimiento eléctrico de los pollos. De hecho, los pollos no quedan totalmente aturdidos, de modo que se les sumerge vivos en agua caliente: los escaldan para poder desplumarlos. 
Por ello todos estamos de acuerdo en que hacen falta normas. Pero, cuando los ganaderos europeos leen la directiva, ¿qué ven? El pollo de granja es objeto de dos visitas médicas al día, efectuadas por un veterinario que debe hallarse por lo menos a 3 metros de distancia del pollo; la zona en que se hallan los pollos debe estar iluminada con una luz no parpadeante de 50 lux, 20 lux o 100 lux –nadie lo sabe con certeza–, medida al nivel del ojo del ave; la temperatura interior de la granja no debe superar en más de 3 ºC la temperatura exterior medida en la sombra; la cama del pollo debe tener 5 centímetros de profundidad; se requiere un certificado para criar pollos y para castrar pollitos de menos de 10 días de edad; hay que examinar la almohadilla plantar y limitar la concentración de pollos a una densidad de 28, 30, 35 o 42 kilogramos por metro cuadrado, pero sin precisar si se trata de un kilo de peso vivo o de peso metabólico.
Mientras tanto se sacrifican miles de pollos en Nigeria y la gripe aviar va a acabar con 1 100 millones de pollos africanos. Todo esto porque no se han encontrado los 800 millones de euros que habrían permitido administrar a cada pollo africano las dos vacunas necesarias, a razón de 40 céntimos de euro la dosis. Podría yo añadir a esto un toque de humor negro. Ante este exceso de precauciones para el pollo blanco mientras los niños negros mueren de lepra, sida y tuberculosis, el pequeño africano acabará por decir: yo, cuando sea mayor, no seré bombero, ¡seré pollo de granja en Europa! 
Mientras tanto, las granjas bretonas, por ejemplo, se deslocalizan a Brasil –país líder en la cría de aves–, donde no solo no está protegido el pollo, sino tampoco los niños, que son tratados como esclavos para mantener en funcionamiento las granjas brasileñas, por no hablar de los platanales, donde chiquillos de ocho años se duermen agotados sobre cartones y entran en contacto con productos fitosanitarios que les producen vértigo, y todo ello por dos dólares estadounidenses al día. Entonces, a cada cual su jerarquía. Algunos eligen los pollos blancos, yo elijo a los niños africanos, a los niños asiáticos. He aquí a dónde lleva la sinrazón cuando se quiere actuar con buenas intenciones y con esta directiva estamos haciendo el estúpido.
Elisabeth Jeggle (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, yo también quiero empezar agradeciendo muy sinceramente al ponente, el señor Berman, el trabajo que ha realizado. Todos los años se sacrifican en la Unión Europea cerca de 5 000 millones de pollos criados para la producción de carne y el gran reto que plantea ese informe es lograr un equilibrio entre la necesaria protección de los animales y la protección de los puestos de trabajo en las explotaciones avícolas.
Es indudable –o al menos así piensan los criadores de pollos destinados a la producción de carne– que tenemos que presentar una propuesta conjunta para mejorar y armonizar las condiciones en las que se crían estos animales en la UE.
Yo también apoyo el informe, pero sabemos que los productores operan, incluso hoy, con unos márgenes de beneficio muy estrechos. Si les imponemos unas normas más estrictas en la Comunidad, se enfrentarán sobre todo al problema de las importaciones de terceros países, cuyas normas de producción son mucho menos estrictas que las nuestras. Por consiguiente, propongo que se introduzcan normas de etiquetado vinculantes, fundamentadas en el cumplimiento de unas normas de protección eficaces, vinculantes y armonizadas en toda Europa.
En segundo lugar, pido que en las futuras negociaciones de la OMC se exija la aprobación de disposiciones que regulen la cría y producción de pollos destinados a la producción de carne y otros productos agrícolas. La estricta normativa de la UE en materia de producción alimentaria debe ser una ventaja para los productores europeos. Aunque queremos que nuestros animales estén protegidos, no podemos permitir que, al mismo tiempo, nuestros criadores se encuentren en una situación de desventaja.
La amenaza actual de la gripe aviar nos recuerda también la importancia de que la producción de pollos de engorde se realice en unas condiciones seguras, en cantidades adecuadas y sobre una base económica sólida. 
María Isabel Salinas García (PSE ). –
   Señora Presidenta, el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas ha sido tradicionalmente una cuestión de ética. En la actualidad, debido a las múltiples crisis alimentarias, se ha convertido también en una cuestión de salud pública. Por ello se hacía muy necesaria y urgente una regulación específica sobre esta materia. Yo creo que eso es algo en lo que, a lo largo del debate, estamos todos de acuerdo.
Pero, para afrontarla, debemos tener los pies en el suelo. Tenemos que hacer una propuesta viable y creíble, no limitarnos a hacer un brindis al sol, que dé una imagen de incoherencia con las cifras que maneja en la actualidad el Consejo.
Por eso creo que el informe del ponente, señor Berman, que felicito, combina una verdadera preocupación por el bienestar de los animales, atento siempre a datos científicos, con la necesaria flexibilidad en su aplicación que hace posible que los productores puedan aceptar las medidas propuestas y adaptarse a ellas. Por un lado, se proponen medidas que impiden la práctica que implica un sufrimiento inútil y gratuito del animal, y establece, en el punto más discutido y controvertido —el de la densidad de cría—, unas cifras creíbles, aplicables, que suponen un importante avance en la materia y que serán defendibles ante el Consejo. Creo que debemos realizar —y así lo hemos hecho en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural— un ejercicio de responsabilidad.
Por otro lado, es una propuesta que mantiene la necesaria flexibilidad respecto a los productores, que haga que esta regulación de mínimos sea realmente aplicable en los países de la Unión, y no conlleve —como suele pasar— innecesarios cierres de explotaciones.
En efecto, creo que se da la firmeza requerida para imponer la normativa con una aplicación gradual de sanciones y una estimación de los costes para los productores con la intención de que no recaigan sobre estos —como casi siempre— las cargas que se derivan de la directiva.
En conclusión, pido el apoyo para el informe Berman, tal como el ponente lo presenta y tal como ha sido apoyado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Creo que se trata de una propuesta mesurada, ponderada y equilibrada, que tiene en cuenta los intereses de todas las partes, algo no siempre fácil. Es indiscutible que su aprobación tendrá repercusiones positivas para la calidad del producto final, es decir, para el bienestar de los consumidores europeos.
Carl Schlyter (Verts/ALE ). –
   Señora Presidenta, ningún otro animal sufre tanto como los pollos criados para la producción de carne. Son, con diferencia, los que soportan las peores condiciones de vida. Los crían para que adquieran un tamaño extremadamente grande y, de este modo, la quinta parte de ellos sufren lesiones en las articulaciones. Separados de sus madres desde que nacen, alojados en espacios muy reducidos y sometidos a un gran estrés, no dejan de sufrir en ningún momento a lo largo de sus cortas vidas. 
El señor Berman ha tratado de lograr un buen equilibrio de medidas, pero la Comisión de Agricultura antepone, lamentablemente, los intereses a corto plazo. Ese sesgo tiene que corregirse con las propuestas que ha presentado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Es preciso mejorar las condiciones, tanto para nuestros consumidores como en interés de la salud de los animales. Quiero dar las gracias entre otros al señor Jørgensen por su constructiva cooperación.
Según el Eurobarómetro, la cuestión de la protección de los animales que la mayoría de los europeos quiere abordar pasa precisamente por mejorar las condiciones de los pollos criados para la producción de carne. Hoy, el Parlamento tiene que escuchar sus voces. Votemos, pues, a favor de las propuestas del Grupo de los Verdes/Alianza Verde Europea y a favor de las propuestas presentadas por el señor Jørgensen y el resto de los que formamos la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Sin esas mejoras, el sector perderá toda su credibilidad y correrá el peligro de desaparecer debido a la escasa confianza de los consumidores y no a las importaciones competitivas. 
Albert Jan Maat (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, yo también quiero felicitar al ponente por el rigor con que ha hecho su trabajo. 
Quiero dejar bien claro que el Partido Demócrata-Cristiano (CDA) está a favor del bienestar de los animales y lo considera importante. Acogemos también con satisfacción el nuevo programa de acción presentado por nuestra Comisaria. Pero no olvidemos que si bien es evidente que los ciudadanos europeos no tienen una opinión demasiado buena sobre el bienestar de los animales en Europa –solo Dios sabe por qué, puesto que en Europa es donde se aplican las normas más estrictas del mundo–, su conducta como consumidores es a menudo muy diferente, y ahí está el problema.
Eso significa que aunque introduzcamos unas disposiciones más estrictas en Europa, al mismo tiempo podemos estar abriendo las compuertas a las importaciones si no se les imponen restricciones. Se nos puede decir que no cometamos ese error en la Organización Mundial del Comercio y que Europa no hace todo lo que debería hacer, aunque haga mucho. Podríamos alcanzar un acuerdo sobre las importaciones y las cuotas de importación. Podríamos alcanzar un acuerdo sobre el etiquetado. Podríamos acordar también que Europa se comprometiese a apoyar a los que emprendan proyectos especiales, como los pollos de corral en los Países Bajos y la «etiqueta roja» en Francia. Se les debería poder apoyar con incentivos adicionales, para que los consumidores compren sus productos. El CDA prefiere esta forma de trabajar, porque de lo contrario produciremos más legislación europea, que posiblemente los consumidores aplaudan como ciudadanos, pero respecto a la cual posiblemente también exhiban una conducta de compra diferente en el momento en que entren en un supermercado.
Es fundamental que lo que desean los ciudadanos se refleje también en su conducta como consumidores. Por eso somos tan críticos con este informe. Votaremos a favor de la enmienda 42, gracias a la cual, al menos, se hará algo con las importaciones, y apoyaremos también todo el contenido de este informe que tenga que ver con un mejor reconocimiento basado en el etiquetado de la carne.
Pero mientras no existan garantías de que las importaciones puedan someterse a los mismos criterios, mientras sigamos perjudicando a los criadores europeos y dificultando aún más las cosas para el bienestar de los animales en Europa, nos resultará extremadamente difícil votar a favor de este informe. 
Csaba Sándor Tabajdi (PSE ). –
   La cría y el engorde de pollos es un sector rentable y próspero de la ganadería europea. Hace unos meses nadie hubiera puesto en duda esta afirmación. Pero hoy, los productores avícolas se enfrentan a una nueva amenaza después de la gripe aviar: la legislación vigente.
Esta propuesta de directiva, que antepone el bienestar de los animales a los intereses de la industria y a los argumentos económicos, pone en peligro la competitividad del sector. Los aspectos relacionados con el bienestar de los animales son un elemento que en efecto hay que tener en cuenta. Pero no debemos excedernos con la imposición de unas normas demasiado estrictas que coloquen a nuestros criadores en una situación de gran desventaja competitiva y pongan en peligro su sustento. Esas personas no pretenden ser crueles con sus animales, solo quieren ganarse la vida haciendo lo que saben hacer. Por tanto, no se pueden adoptar unas normas demasiado estrictas. Además, las excesivas restricciones previstas podrían causar graves tensiones en los mercados interiores, porque países no europeos como Brasil, que no tienen que cumplir disposiciones tan estrictas, podrían vender sus productos avícolas en los mercados de la Unión Europea a unos precios significativamente más bajos. La mayoría de los consumidores medios, al menos en los nuevos Estados miembros, escogen el producto más barato porque sus ingresos no les permiten pagar un precio más alto por los alimentos básicos, y no porque no les preocupe el medio ambiente o el bienestar de los animales. Basándose en consideraciones profesionales, económicas y de bienestar de los animales, la densidad de población aceptable sería de 34 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado, con un límite máximo de 42 kilogramos por metro cuadrado. No se pueden aceptar cifras menores a esas en el informe.
Confiemos en los conocimientos especializados de los productores avícolas, puesto que ninguno de ellos conseguirá buenos resultados con animales enfermos, lo que significa que ellos son los primeros interesados en realizar una actividad económica racionalizada, teniendo en cuenta consideraciones relativas al bienestar de los animales. ¡No les dificultemos tanto la tarea como para verse obligados a abandonar del todo la cría de pollos!

Mojca Drčar Murko (ALDE ).
   – Señor Presidente, ¿merece la pena elaborar leyes con el propósito de aliviar el dolor de unas pobres criaturas que solo van a vivir seis semanas? Mi respuesta es sí, y no solo por el bien de los animales: esto tiene que ver con cuestiones de salud humana.
Los aspectos económicos de la producción industrial de pollos de engorde se han tenido en cuenta correctamente. No obstante, el caso también afecta a los límites de la descodificación y manipulación seguras del material genético de los animales.
Deberíamos haber reflexionado hace mucho tiempo sobre las dimensiones de la producción industrial de pollos de engorde, no solo por motivos de bienestar animal, sino también por los efectos imprevistos y no intencionados sobre el material genético –desde el punto de vista de la resistencia y la reproducción, por ejemplo– de los animales que nos proporcionan alimento y los efectos subsiguientes en nosotros.
El peligro de un brote de gripe aviar está asociado al problema de las medidas de control, y estas medidas no consisten únicamente en vacunas. Una de sus fuentes es la cría intensiva de pollos, que tampoco es ideal. Acojo con satisfacción este primer instrumento legislativo de la UE de este tipo. 
James Nicholson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, este es un informe muy útil que lleva mucho tiempo tramitándose. Ha conseguido establecer el mejor equilibrio que cabía esperar, porque reconozco que este no es un terreno fácil para equilibrar los distintos intereses.
Hace dos semanas, una planta de procesado de aves de corral en Irlanda del Norte cerró, con la pérdida de más de 400 puestos de trabajo, por no mencionar el resto de puestos de trabajo en las granjas y en las fábricas de piensos compuestos. La razón aducida fue que no podían seguir compitiendo con las importaciones baratas de Asia y América del Sur.
Creo que no existe eso que llaman alimentos baratos. Si los alimentos son baratos, es que no cumplen las normas. Por lo tanto, tengo que preguntarme: ¿se produce la carne de pollo de acuerdo con las normas vigentes, al margen de las normas más estrictas que se proponen?
Apoyo la parte del informe que afirma, en la enmienda 17, que debemos insistir en las mismas normas en terceros países y en la Unión Europea. De momento esto no pasa de las palabras. Estamos atando las manos a nuestros productores y agricultores a base de exigencias burocráticas, mientras permitimos que otros inunden nuestros mercados con alimentos que no cumplen nuestras normas.
Esto va más allá de la producción avícola: ocurre en el sector porcino y también en la industria de carnes rojas. Todos tienen el mismo problema. Me complace que se establezcan normas más estrictas, pero quiero que se haga lo mismo en todas partes. Debemos dejar que elijan los consumidores. Debemos contar con un etiquetado adecuado de los alimentos; debe ser claro para que independientemente del lugar donde compren los consumidores, estos puedan elegir claramente lo que quieren comprar. Deben conocer la procedencia de los alimentos. En muchos casos, los supermercados de la Unión Europea están empeorando las normas forzando la rebaja de los precios de los alimentos. Como he dicho anteriormente, no existe eso que llaman alimentos baratos; los alimentos baratos son alimentos que no cumplen las normas. 
David Martin (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción este informe y quisiera dar las gracias a la Comisión y al ponente por ciertas medidas que demuestran que la UE sigue estando dispuesta a tomar la delantera mejorando activamente y fomentando cuestiones de bienestar de los animales.
La propuesta parte de la base de que las normas vigentes en el tratamiento de los pollos para la producción de carne son actualmente muy deficientes en algunas zonas de la Unión Europea, y eso se demuestra en trastornos dolorosos de las patas, agrandamiento del corazón, síndrome de la muerte súbita, quemaduras por amoníaco en las garras, etc. Acojo con satisfacción las propuestas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, pero sigo creyendo que pueden mejorarse y por ese motivo también he suscrito las enmiendas presentadas por la señora Jørgensen. En particular necesitamos más medidas respecto a la densidad de población, a los períodos de descanso ininterrumpidos –un mínimo de seis horas en la oscuridad– y en cuestiones como la práctica inhumana de cortar el pico.
Dicho eso, incluso si solo llegamos hasta la propuesta presentada por el señor Berman, sería un gran paso adelante para el bienestar animal, pero también será un gran paso adelante para los consumidores. Los consumidores se preocupan por las condiciones en las que se produce su carne de pollo y se preocupan por la salud de los pollos que comen. Los pollos bien criados darán mejor carne cuando estén en el plato.
Por último, quiero abordar la cuestión de los costes. He examinado las distintas estimaciones de lo que esto costaría a la industria. Aunque tome la cifra más alta, si se añade al coste por ave, estamos hablando de un penique británico por pieza. No van a ser las medidas a favor del bienestar animal las que resten competitividad a nuestra industria. Admito que la industria se enfrenta a verdaderos retos procedentes de lugares como Tailandia y Brasil, pero existen otros factores –el coste de la mano de obra y otros– con los que no podemos competir. No son las normas de bienestar animal las que marcarán la diferencia respecto a la supervivencia o no de nuestra industria, así que no utilicen la competencia como motivo de rechazo de estas normas de bienestar animal. 
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero felicitar al señor Berman por su informe. Quiero dejar claro desde el principio que estoy a favor de una vida digna para los animales, para todos los animales en general y para los pollos en particular. En un plano más general, creo que eso demuestra nuestra humanidad hacia todos los seres que habitan este planeta.
Pero tenemos que aceptar, como ya se ha dicho antes, que todo ello aumenta el coste de producción en la Unión Europea. Por otro lado permitimos, por supuesto, las importaciones de pollos de terceros países; permitimos todo tipo de importaciones salvo de armas. Al actuar así, estamos haciendo que los criadores europeos tengan que cerrar sus explotaciones avícolas. Eso es perjudicial en dos sentidos: tanto para los criadores de pollos, un colectivo frente al que debemos mostrarnos solidarios, como para los pollos, porque llegará el día, dentro de unos años, en que se importarán productos avícolas de terceros países producidos sin las debidas garantías de una vida digna para los animales. Salvo que queramos ser hipócritas, tenemos que encontrar la manera de controlar las condiciones de vida de los pollos en países terceros; de lo contrario, no deberíamos permitir las importaciones.
El etiquetado, al que ha hecho referencia el señor Kyprianou, es una idea muy buena; creemos que es una idea excelente y la queremos implantar en este sector, pero tenemos que pensar también en subvencionar a los criadores de pollos por los costes relacionados exclusivamente con las medidas que nosotros les impongamos. De lo contrario, acabaremos con nuestros criadores y los pollos que importemos se habrán criado en unas condiciones mucho peores. Además, no es ningún crimen que protejamos a los criadores de pollos, un colectivo que está pidiendo nuestra solidaridad. 
Karin Scheele (PSE ). –
   Señor Presidente, la cría de pollos para la producción de carne es uno de los métodos de crianza más intensivos y que resulta problemático desde el punto de vista del bienestar y la salud de los animales. Hoy debatimos por primera vez unas disposiciones mínimas sobre la protección de los pollos criados para la producción de carne; hasta ahora solo existían las disposiciones generales de la Directiva relativa a la protección de los animales de granja. Por tanto, acogemos con satisfacción esta iniciativa de la Comisión y también el informe del señor Berman, y quienes hayan seguido el debate, con críticas e intervenciones en todos los sentidos, han llevado a cabo un difícil ejercicio. 
El artículo 1 de la propuesta de la Comisión se puede enfocar de una manera positiva. Según dicho artículo, los Estados miembros son libres de adoptar disposiciones más estrictas, pero las que se proponen en la directiva son deficientes en algunos aspectos, siendo la cuestión más debatida hoy la densidad de población permitida, medida en kilos de peso vivo por metro cuadrado. La Comisión afirma haberse basado en el informe que el Comité Científico de Salud y Bienestar de los Animales elaboró en 2000; pero eso en realidad no es así, porque en dicho informe se dice expresamente que la densidad de ocupación no debe sobrepasar los 25 kg por metro cuadrado si se quieren evitar problemas más graves para el bienestar de los animales. En el artículo 3 de la Comisión se estipulan 30 kg por metro cuadrado de peso vivo.
Apoyo la enmienda 53 del señor Jørgensen, el señor Bowis y el señor Sacconi, que propone mantener la densidad de población en 25 kg por metro cuadrado y que esa densidad pueda aumentarse hasta un máximo de 30 kg por metro cuadrado si el propietario cumple una serie de condiciones. 
Neil Parish (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo también acojo con gran satisfacción el informe del señor Berman y le agradezco toda la labor que ha realizado en torno al mismo. Creo que las estrictas normas de bienestar animal no solo son buenas para los pollos, sino también para los agricultores y consumidores. Lo que tenemos que hacer es conseguir un equilibrio satisfactorio, y creo que él ha avanzado en esa dirección. No solo se trata del número de pollos por metro cuadrado; también se trata de las condiciones atmosféricas en las naves y si hay paja o algo en ellas para que los pollos disfruten de unas condiciones un poco mejores durante sus cortísimas vidas.
Cuando los consumidores vayan al supermercado a comprar pollo, este ha de estar claramente etiquetado. Uno de los problemas es que a menudo se puede ir a un supermercado en cualquier parte de la Unión Europea y comprar un pollo sin estar totalmente seguro de su procedencia y de las normas a cuyo amparo se ha producido.
El Comisario ha dicho que a los consumidores les gusta comprar pollos sujetos a buenas condiciones de bienestar. Sí, es cierto, pero han de estar claramente etiquetados. Del mismo modo, el Comisario debe ser consciente de que gran parte de la carne de pollo importada que entra en Europa llega en estado parcialmente cocinado. De ese modo consigue evitar algunos aranceles de la UE. Entonces va directamente a los alimentos procesados para que cuando vayamos a comprar nuestro sándwich de pollo a una gasolinera de autopista, probablemente esté hecho con carne de pollo importada y no tengamos ni idea de qué tipo de normas ha cumplido.
La enmienda 17 al artículo 5 pide que la Comisión introduzca un sistema de etiquetado claro para la carne importada en la Unión Europea después de que la legislación haya estado en vigor durante seis meses. Insto a la Comisión a que lo haga. Cuando Europa introduzca normas más estrictas –como creo que debe hacer–, tenemos que estar seguros de que cualquier otra cosa que entre en Europa cumpla las mismas normas estrictas. 
Ambroise Guellec (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el bienestar animal es, sin duda, una noble causa; la suscribimos, y felicitamos también al ponente, el señor Berman, por su labor. Añadiré simplemente que el bienestar de los granjeros es también una noble causa y, a nuestro juicio, una causa prioritaria. Ahora bien, este sector está ya gravemente amenazado por la competencia no europea. Hace un momento he oído decir a un diputado que no se están produciendo cierres de explotaciones, pero eso no es cierto, pues este fenómeno ya está ampliamente difundido en el territorio europeo. Citaré simplemente mi región, Bretaña, que representa el 35 % de la producción francesa de pollos de engorde y sobre todo cuenta con 18 000 puestos de trabajo, 11 000 de ellos en el sector agroalimentario. Es una región en la que se registran actualmente cierres de explotaciones.
Evidentemente, si se intensifican las distorsiones de la competencia actuales –que ya de por sí son muy graves–, asistiremos a una llegada masiva de productos procedentes de terceros países y a la caída de nuestras exportaciones. Por supuesto, está muy bien eso de decir que «elaboren productos de alta calidad», pero sabemos que la adaptación y la reestructuración son empresas muy arriesgadas y en todo caso requieren mucho tiempo.
Se ha dedicado mucho trabajo a esta cuestión, pero aún así sigue habiendo auténticas lagunas en las justificaciones de este texto. Mencionaré los umbrales, que parecen un concurso de virtudes con umbrales fijados en el nivel más bajo posible; asimismo, los indicadores de evaluación de los concursos de cría; y por último, el estudio de impacto de las repercusiones en términos de eliminación de granjas y puestos de trabajo en el sector.
Para terminar, quisiera formular una pregunta al Comisario Kiprianou. Señor Comisario, en el contexto actual de amenaza de la gripe aviar, que está a las puertas de Europa, incluso ya dentro de Europa, ¿cómo afrontar la paradoja entre unas normas europeas de bienestar animal muy exigentes, por una parte, y por otra las necesarias medidas nacionales de confinamiento de las aves de corral? Le agradeceríamos una respuesta.
Markos Kyprianou,
   . Señor Presidente, quisiera dar las gracias a sus Señorías por este debate tan interesante. Quizás debería haber citado antes a Mahatma Ghandi: «La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que trata a sus animales». Gracias a Dios, en la Unión Europea tenemos un nivel de civilización muy elevado. El mayor número de cartas y quejas que he recibido de ciudadanos europeos se refieren al bienestar animal, especialmente a los pollos de engorde. Por lo tanto, esta propuesta refleja las opiniones de los ciudadanos europeos. Se basa en la ciencia, pero también en consultas con todas las partes implicadas durante tres años para tener en cuenta todas sus opiniones y preocupaciones. Es un compromiso. A algunos les gustaría que hubiéramos ido más lejos y hubiéramos dicho que es una propuesta insuficiente. Otros dicen que hemos ido demasiado lejos. Es un paso hacia la protección del bienestar de los animales, pero también tiene en cuenta los intereses de los productores.
Sin duda, la competitividad es importante, pero sabemos que los costes que suponen para la producción las normas de bienestar de los animales son muy reducidos, entre 2,5 y 8 céntimos por ave. Son los demás costes los que afectan a la competitividad. Pero no creo que los productores europeos puedan competir sobre la base del coste. Deberían competir sobre la base de la calidad. Tengo aquí algunas fotografías de la dermatitis causada por la cría intensiva y no creo que ningún consumidor europeo quisiera comerse estas aves; lo que ocurre simplemente es que no lo saben. Por lo tanto, el conocimiento y la educación son la mejor política, junto con el etiquetado, que es muy importante. Tenemos cartas; tenemos el Eurobarómetro. Los ciudadanos europeos están dispuestos a pagar más, siempre que estén al tanto, y estamos trabajando en ello.
Respecto a la cuestión de la gripe aviar, las mejores prácticas en materia de bienestar animal nos ayudan a aplicar medidas preventivas de manera más eficaz, para proteger a la industria y a las aves de la gripe aviar. Si es más fácil detectar animales enfermos, será más fácil controlar la situación, y por lo tanto estas propuestas sobre el bienestar animal y la protección contra la gripe aviar son compatibles.
Respecto a las enmiendas, por falta de tiempo haremos circular una lista completa de las que han sido aceptadas y las que no. Ruego que esta lista se incluya en el Acta literal de esta sesión(1). Muchas de las enmiendas han sido aceptadas porque son compatibles con la filosofía de la propuesta. Otras no pueden aceptarse, principalmente por motivos técnicos o porque las disposiciones ya están incluidas en la legislación vigente. Todas las propuestas de este tipo que tienen en cuenta las condiciones climáticas, los tipos de producción, la formación del personal y el modo en el que deberían realizarse los controles pueden aceptarse.
Una de las cuestiones más sensibles ha sido la densidad. Pensamos que la propuesta representa un compromiso razonable. Cumple las normas, mejora la situación y establece condiciones y controles. Por lo tanto, preferiríamos que el Parlamento aceptara la propuesta de la Comisión respecto a ese punto y no podemos aceptar esa enmienda.
Respecto al etiquetado obligatorio, pensamos –y estamos de acuerdo con el señor Parish en que es muy importante– que seis meses es un período más bien corto. Sería muy difícil elaborar un informe sustancial con propuestas específicas, por lo que necesitamos más tiempo para hacerlo.
Por último, respecto a la cuestión de los costes, no todo puede medirse en términos monetarios, pero sé que es un aspecto muy importante. El bienestar animal es una parte muy reducida de los costes de producción. He mencionado con anterioridad que en uno de los casos estudiados por el Banco Mundial, con la adopción de un número muy reducido de mejoras en el trato de las aves, una granja consiguió ahorrar 320 000 dólares al año. Creo que eso demuestra que la adopción de políticas de bienestar animal es simplemente un gasto a corto plazo; a la larga supone un beneficio y los productores obtienen ganancias económicas.
Quiero dar las gracias de nuevo a sus Señorías por su apoyo a esta propuesta, que es un gran paso hacia la mejora del bienestar de los animales en la Unión Europea. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12 horas.
Richard Corbett (PSE ).
   – Es inaceptable que los pollos que nos comemos sean efectivamente objeto de tortura durante toda su corta vida. Apoyo la propuesta de introducir unas densidades de población menores para los pollos de engorde, y voy a votar a favor de las enmiendas que he suscrito con otros para rebajar todavía más los niveles.
También es acertado tratar esta cuestión a escala europea. Con demasiada frecuencia, las disposiciones sobre el bienestar animal de este tipo se ven frustradas en el plano nacional con el argumento de que «si lo hacemos solos, pondremos a nuestros productores en situación de desventaja competitiva y la producción sencillamente se trasladará a Estados miembros menos escrupulosos». Al introducir la misma norma en todo nuestro mercado único europeo, mitigamos ese problema de un plumazo, garantizamos la igualdad de condiciones para nuestros productores y protegemos a nuestros pollos en todos los 25 países. 

La Comisión puede aceptar las enmiendas 1, 2, 7, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 37, 39, 40, 41, 45, 55, 60 y 67.
Las enmiendas 4, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 38, 56 y 57 pueden aceptarse en parte.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31, 33, 36, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 68.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe del señor Hökmark, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 (2005/2165(INI)) (A6-0009/2006). 
Gunnar Hökmark (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, el plan de trabajo para la reforma de las ayudas estatales de la Comisión es un documento bueno e importante. Espero que este informe contribuya a la mejora de la política de ayudas estatales. Por lo tanto, quisiera dar las gracias a los diputados y ponentes alternativos que han contribuido a esta mejora con las enmiendas y debates celebrados en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Confío en que haya, al igual que lo hubo en la comisión, un amplio apoyo a esta nueva política, que espero que repercuta en las futuras directrices sobre la política de ayudas estatales de las que será responsable la Comisión. 
 Señor Presidente, Europa necesita una economía competitiva. Como hemos dicho una y otra vez, necesitamos nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo, nuevos productos y nuevos mercados. Así pues, también es importante que sigamos estos temas para asegurarnos de que las empresas nuevas y pequeñas disfruten de unas condiciones básicas tan buenas como las que disfrutan las empresas de mayor antigüedad y tamaño. La experiencia nos enseña que las ayudas estatales tienden siempre a proteger a las empresas más antiguas a costa de las empresas nuevas en fase de crecimiento.
Si nos fijamos en la economía europea o en la economía internacional, vemos muy claramente que las nuevas empresas y los nuevos productos han surgido no por las ayudas estatales, sino por la existencia de unas condiciones básicas que favorecen a las empresas y las iniciativas particulares. Cualquier tipo de ayuda estatal que distorsione la competencia tenderá siempre a perjudicar a las empresas nuevas en fase de crecimiento y a beneficiar a las más antiguas. La cuestión radica, por tanto, en la manera de favorecer la creación de nuevos puestos de trabajo y nuevas empresas. Una política de ayudas estatales encaminada a proteger empresas que no son muy competitivas, unos productos antiguos y unos salarios bajos, contribuirá a que Europa se quede rezagada. Por el contrario, una política orientada a reducir las ayudas estatales y a eliminar todas las que distorsionen la competencia, además de invertir recursos en innovación e investigación, podrá conseguir resultados diferentes. 
En la historia de Europa tenemos mucho que aprender de numerosas experiencias diferentes en lo que respecta a las ayudas estatales. En mi informe sugiero que la Comisión controle y analice detenidamente esas experiencias, así como las buenas experiencias que se han tenido, porque el objetivo de las ayudas estatales suele ser bien acogido y aprobado por los ciudadanos. El problema radica simplemente en que sus resultados rara vez son los que se habían imaginado. En consecuencia, acabamos teniendo estructuras viejas y dependiendo de las subvenciones, y no creamos nuevos puestos de trabajo. Es algo que hemos podido comprobar en los sectores de los astilleros y la siderurgia, entre otros muchos. Cuando se introducen ayudas estatales, desaparece la renovación y la transformación. Tenemos que asegurarnos de que ocurra justo lo contrario.
Un objetivo general es procurar no solo que se reduzcan las ayudas estatales, sino también, como se dice claramente en el informe y todavía más claramente en el documento de la Comisión, eliminar las ayudas estatales que distorsionan la competencia. Otro objetivo es garantizar que las normas vigentes sean más claras, porque debemos intentar satisfacer la exigencia de reducir las ayudas estatales. Lo que hace falta es que las ayudas estatales sean previsibles. No puede ser que se utilicen para trasladar plantas. Las normas que rigen las ayudas estatales tienen que ser de aplicación general. Las ayudas no deben tener un enfoque específico, sino dirigirse a todos y no favorecer a unas empresas a costa de otras. Esto es extremadamente importante cuando debatimos la innovación, porque la política de innovación no puede ser una excusa para aumentar las ayudas estatales, sino que debe diseñarse para crear unas condiciones básicas que favorezcan la innovación. Lo mismo ocurre con las empresas de utilidad pública. No debemos tener ayudas estatales que financien excesivamente ese tipo de actividad, sino que debemos dar a las nuevas empresas oportunidades para desarrollarse.
Lo mismo cabe decir de las ayudas regionales o medioambientales. Tienen que destinarse a todos y estar disponibles y accesibles para todos. Si nos aseguramos de que eso sea así y atendemos las exigencias de mayor fiscalización y transparencia, un sistema mejor de rendición de cuentas y auditorías más estrictas, sentaremos las bases para una política de ayuda estatal que requerirá menos ayudas estatales y que garantizará que no se distorsione la competencia. Con todo, se destinarán más recursos a la innovación, a un medio ambiente más limpio y a las regiones en desarrollo. 
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, las observaciones del señor Hökmark tienen sentido, y yo no podría estar más de acuerdo con ellas. Es un placer participar en el debate sobre el informe del Plan de Acción de ayudas estatales elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Puedo asegurarles que, oídos sus comentarios, es un placer todavía mayor. Como se ha dicho, es fundamental gestionar la ayuda estatal de manera correcta. Si no se gestiona de manera correcta, es un instrumento que, en lugar de proporcionar una solución, puede tener el efecto contrario. Quiero felicitar al ponente por su claro y equilibrado informe.
Agradezco enormemente el interés y la implicación del Parlamento Europeo en el proceso de reforma de las normas sobre ayudas estatales. Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un proyecto crucial. Para mí es una prioridad importante durante esta legislatura. Puede que recuerden que la consulta sobre la reforma de la ayuda estatal se lanzó aquí en Estrasburgo el pasado mes de junio. Hoy es de nuevo Estrasburgo el lugar en el que continuamos este debate y esperamos llegar a una conclusión respecto a la orientación que podemos seguir en la revisión. Me complace decir que la consulta sobre la reforma de la ayuda estatal se verá completada con su informe.
La Comisión ha recibido muchos comentarios sobre el Plan de acción de ayudas estatales por parte de muchos interlocutores de toda Europa. Para mí, sus comentarios son un complemento esencial a lo que he escuchado en otros lugares de Europa. Me complace enormemente que el Parlamento, como la gran mayoría de interlocutores, apoye en general los planes de la Comisión.
No voy a repetir el contenido del programa de reforma, que ya ha comentado el ponente. En el espíritu de la Estrategia de Lisboa, queremos que la reforma de la ayuda estatal ayude a los Estados miembros a rentabilizar al máximo el dinero, centrando los recursos estatales en medidas que contribuirán a un crecimiento económico sostenible y a la creación de más y mejores puestos de trabajo para el futuro. La ayuda estatal es el dinero de los contribuyentes, así que hemos de tener en cuenta que debemos poder explicarlo a los que lo quieren y a los que lo obtienen. También queremos mejorar los procedimientos y la administración de la política de ayudas estatales, como bien ha dicho el ponente.
Un mensaje importante del informe es la necesidad de certeza jurídica. Comparto plenamente la preocupación de que si no conseguimos poner de manifiesto la certeza jurídica, entonces habremos fracasado. La Comisión seguirá explicando cómo pretende utilizar la economía para la política de ayudas estatales. El fracaso del mercado no es una palabra mágica; es más bien una metodología para analizar los problemas existentes en los mercados. Estoy de acuerdo con el enfoque del informe sobre la necesidad de la transparencia de la ayuda. Respecto a los servicios de interés económico general, la Comisión no tiene competencia para interpretar la jurisprudencia. No obstante, he captado su mensaje, señor Presidente: la Comisión intentará dar orientaciones cuando se aprueben decisiones sobre casos individuales en este terreno.
Espero sus preguntas y comentarios, y haré todo lo posible por contestar. 
Miloš Koterec (PSE ),
   . Como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional y ponente del informe recientemente aprobado sobre las ayudas estatales para el desarrollo regional, permítanme que haga algunos comentarios sobre la posible incidencia de la reforma de las ayudas estatales en la cohesión económica, social y territorial.
En su documento, la Comisión señala correctamente que las ayudas estatales constituyen un factor importante para conseguir un desarrollo regional homogéneo, reforzando con ello uno de los pilares económicos fundamentales de la Unión Europea. Quiero aprovechar esta oportunidad para plantear la cuestión de las ayudas regionales. Creo que si queremos conseguir los objetivos de la Agencia de Lisboa, sería lógico invertir más en las regiones menos desarrolladas; de lo contrario, nos arriesgamos a crear solo unos enclaves competitivos y avanzados que inevitablemente se verán frenados por las zonas deprimidas, impidiendo así el crecimiento generalizado de la Unión Europea.
Quiero insistir, además, en la necesidad de simplificar los procedimientos y hacer más transparente todo el sistema de concesión de ayudas estatales. Debe aplicarse con rigor la máxima transparencia al proceso de concesión y aprobación de ayudas estatales. Todas las personas y entidades que soliciten ayuda para sus actividades, han de tener la seguridad de que si su solicitud es rechazada, lo será por razones objetivas. Igualmente, tienen que ser informadas de quién ha recibido ayudas y por qué. De esa forma se creará un espíritu de confianza y los ciudadanos tendrán la certeza de que el sistema comunitario funciona igual para todos.
Los Gobiernos nacionales son elementos importantes que pueden apoyar o alterar este sistema. Si se les da una mayor responsabilidad en la toma de decisiones relativas a la concesión de ayudas estatales, sus decisiones y actividades tendrán que estar sujetas a la transparencia de todo el sistema. Espero, señor Presidente, que todos podamos concluir, tras la reforma de las ayudas estatales, que el sistema ha mejorado realmente y que contribuirá de una manera objetiva al desarrollo uniforme de la Unión Europea. 
José Manuel García-Margallo y Marfil,
   . Señor Presidente, como coincido de la cruz a la raya con el informe que ha elaborado mi correligionario, señor Hökmark, me permitiré ser muy preciso y tratar exclusivamente las cuestiones que quiero subrayar.
Respecto a la filosofía general, coincido en que, siendo las ayudas de Estado una forma de política sobre la competencia dirigidas a establecer reglas de juego equitativas entre las distintas empresas, me parece que sería necesario insistir no solo en aquellas ayudas que tienen forma de subvención o de subsidio y que pertenecen, por tanto, al capítulo de gasto público, sino también en aquellos incentivos fiscales que no responden a la naturaleza de impuesto, sino que responden al deseo, al propósito de estimular determinadas actividades en zonas geográficas, en definitiva, al mismo propósito de las ayudas directas.
En materia de I+D+I, felicito especialmente al ponente por la ampliación del ámbito del sujeto beneficiario, al incluir expresamente a las universidades entre los beneficiarios posibles de esta forma de ayuda.
Le felicito también —y me dirijo ahora a la Comisaria— por las observaciones que hace en materia de capital/riesgo. Si hay algo que explica las diferencias entre el crecimiento de los Estados Unidos y Europa es el dinamismo, la potencia de sus pequeñas y medianas empresas, no tanto en la tasa neta de natalidad, que es más o menos la misma, sino en la superior capacidad de las pequeñas empresas estadounidenses para crecer en los dos primeros años, lo que exige una determinada financiación. Y en materia de capital/riesgo estamos muy lejos. Si mis cifras son exactas, mientras que el capital/riesgo supone el 0,45 % del PIB estadounidense, el capital/riesgo europeo no llega al 0,14 %.
En materia de ayudas regionales, que es el último punto que trato, subrayo también lo que ha dicho el señor Koterec, pero quisiera añadir un aspecto que no ha sido tocado: no sería lógico privar también de ayudas estatales a las regiones que dejan de percibir Fondos Estructurales por crecimiento natural, y no solo por razones estadísticas, como dice el ponente. Por tanto, me permitirá la Comisaria corregir el apartado 36 sobre este tema, incluyendo regiones que pierden Fondos por razones estadísticas y aquellas que los pierden por su crecimiento natural.
Felicito de nuevo al ponente.
Gilles Savary,
   . – Señor Presidente, quisiera dar las gracias a nuestro ponente, el señor Hökmark, y a todos nuestros colegas. Se trata, en efecto, de un informe no legislativo y creo que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha hecho un buen trabajo expresando la firme posición del Parlamento Europeo. Hemos conseguido obtener al final una visión bastante clara de las cosas.
Soy de los que piensan, junto con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, que es necesario revisar el régimen de las ayudas estatales. Ocupa más que nunca un lugar central en las competencias de la Comisión, puesto que Europa sigue siendo esencialmente una Europa del mercado interior y de la competencia, hasta nuevo aviso. No estoy seguro de que el «no» en el referendo francés brinde otras perspectivas en mucho tiempo. Nos encontramos, pues, en el centro de las competencias comunitarias y es cierto que, con la ampliación de Europa, la Unión Europea y la Comisión se verían amenazadas de trombosis si se mantuviera la configuración actual del sistema y el régimen de ayudas estatales. 
El Parlamento ha insistido en primer lugar en que no se considere que el mercado interior y la competencia representan todos los aspectos de la sociedad europea. No somos únicamente una sociedad de mercado; hay que dejar también un lugar para la acción pública, no solo para cuando el mercado falle, como estipulan los textos, sino también siempre que necesitemos reducir las desigualdades sociales o territoriales, gestionar efectos externos, promover la innovación o, en su caso, dar un impulso a la industria. Cuando a veces caemos en una mentalidad de mercado libre nos sucede que nos preguntemos: ¿Estaríamos en condiciones hoy de fabricar el o estaríamos en condiciones de construir el cohete a la luz de la ideología dominante? Creo que hay que mantener la posibilidad de intervenir con fuerza en el paisaje industrial y en la investigación pública.
Quisiera decir a la señora Comisaria que la principal aportación del Parlamento es que las ayudas estatales no solo se evalúen como algo que hay que soportar, sino más bien que se evalúen de forma equilibrada, es decir, que no solo se contemplen los aspectos negativos, como las distorsiones de la competencia, sino también los efectos positivos. En el Parlamento Europeo hemos querido que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad se apliquen claramente y, en particular, que las ayudas estatales que no tengan un efecto manifiesto en el mercado interior se consideren una compensación. Hemos querido también que se comprendan mejor las deficiencias del mercado. 
Por último, quisiera mencionar las cuestiones que siguen pendientes y que se encuentran en las 21 enmiendas que se han presentado. Por lo que respecta a los servicios públicos, necesitamos una aclaración sobre el tema de las compensaciones, sobre la cuestión de la financiación legítima de los servicios públicos, sobre el aspecto de la financiación subsidiaria y, ante todo, sobre el cuarto criterio enunciado en la sentencia Altmark, que es extremadamente vago y muy difícil de manejar, tal como reconoce la propia Comisión. 
Por lo que respecta a la innovación, la señora In 't Veld presentará pronto su informe. Nos parece un texto muy bueno y esperamos enriquecerlo. La cuestión que se plantea es el ámbito de aplicación: ¿hay que atenerse estrictamente a la innovación o hay que ir un poco más allá en el ámbito de la investigación y el desarrollo? Por lo que se refiere a las regiones, algunas enmiendas excelentes indican la necesidad de evitar que se financien deslocalizaciones con ayudas estatales. Este problema es extremadamente grave, pues da a los europeos la impresión de que se les hace competir unos con otros y, sobre todo, con subvenciones públicas. 
Por último, quisiera concluir diciéndole que, naturalmente, somos del todo favorables a que las ayudas estatales se piensen en el marco del proceso de Lisboa y de Gotemburgo: economía del conocimiento, pero también ayuda al medio ambiente.
Sophia in’t Veld,
   Señor Presidente, antes que nada yo también quiero felicitar al señor Hökmark por su excelente informe, que nosotros como Grupo apoyaremos, como también apoyamos la postura de la Comisión a favor de reducir las ayudas estatales pero orientarlas mejor, con respecto a lo cual quiero insistir una vez más, para que no lo olvidemos, que los volúmenes de las ayudas en cuestión son en realidad menores. Las ayudas estatales deben utilizarse como recurso de última instancia y no son la panacea. Aunque en ocasiones se presenten como tal, tienen también sus efectos negativos.
Al mismo tiempo, solo podremos abrir la mano en la concesión de ayudas estatales cuando se cumplan todas las condiciones necesarias y los demás elementos políticos, o de lo contrario acabaremos librando una batalla interminable. Por ejemplo, tenemos que asegurar la realización y el correcto funcionamiento del mercado interior y, en ese sentido, espero que el Parlamento Europeo tome una decisión sensata el jueves sobre la Directiva de servicios.
Tenemos que hacer frente al proteccionismo, favorecer la competencia leal, eliminar la burocracia y la excesiva legislación, facilitar el acceso al capital riesgo y establecer también un mercado interior de servicios financieros, pero al mismo tiempo tenemos que introducir elementos como una verdadera libertad de circulación para los trabajadores de todos los Estados miembros de la UE y una política de inmigración orientada a retener en Europa a nuestros mejores y más brillantes talentos, en lugar de ahuyentarlos hacia los Estados Unidos.
Solo cuando consigamos todo eso podremos ver si somos capaces de intervenir con ayudas estatales allí donde el mercado es ineficiente, porque no nos preocupan tanto las deficiencias del mercado como sus ineficiencias.
Asimismo, quiero repetir que, en principio, las ayudas estatales no deberían estar permitidas. Alteran el mercado y distorsionan la competencia. El señor Savary ha dicho hace un momento que la UE tiende a ser demasiado liberal, pero quiero llamar la atención del señor Savary sobre los miles de millones que nos gastamos todos los años en ayudas estatales. Incluso con las estimaciones más conservadoras, estamos hablando de unos volúmenes de ayudas que equivalen aproximadamente a la mitad del presupuesto comunitario, así que en mi opinión eso no es ser terriblemente liberal. Yo creo que las cosas podrían hacerse de una forma un poco más liberal.
Estoy también de acuerdo con lo que ha dicho hace un momento el señor Savary: tenemos que centrar las ayudas estatales en las prioridades del siglo XXI, es decir, los objetivos de Lisboa, la innovación, el conocimiento, la sostenibilidad...
En consecuencia, creo que debemos conceder muchas menos ayudas estatales a industrias viejas y anticuadas, y en lo que respecta a las ayudas estatales con objetivos ambientales pienso que debemos tratar primero de eliminar los miles de millones que concedemos en ayudas estatales a muchas industrias contaminantes y sectores que hacen uso de energías no renovables, y por eso pediré a mi Grupo que apoye las enmiendas del señor Lipietz en este sentido.
El contexto mundial es también importante en el debate. No podemos negar, por supuesto, que en otras partes del mundo se siguen concediendo cuantiosas ayudas estatales. Eso tenemos que reconocerlo, pero nuestro objetivo de reducir las ayudas estatales sigue intacto.
Por último, quiero decir unas cuántas palabras sobre el servicio público. Quiero reiterar –y en esto me siento cada vez más como la voz que clama en el desierto– que los términos «servicios de interés general» y «servicios de interés económico general» todavía no se han definido y, bajo ese prisma, resulta muy extraño que se legisle sobre ellos. Esto sea dicho de paso.
Como ha mencionado el señor Savary hace un momento, se necesitan urgentemente seguridad y claridad jurídicas para ese servicio público.
Quiero terminar pidiendo a la Comisión que presente, a la mayor brevedad posible, una evaluación de la incidencia de las disposiciones aprobadas por la Comisión el año pasado sobre las ayudas estatales en forma de compensación de un servicio público. Quiero conocer el volumen de las ayudas estatales concedidas, el número de empresas beneficiarias y el efecto que eso ha tenido en el mercado. 
Elisabeth Schroedter,
   . Señor Presidente, puedo continuar directamente con lo que estaba diciendo justo ahora la señora In’t Veld. Se puede afirmar que Europa es competitiva solo si es también innovadora en su manera de proteger el medio ambiente. Creo que sería bueno que existieran ayudas no solo a la innovación, sino también, y principalmente, a la información ambiental, y me parece lamentable que esto no figure en el texto presentado por la Comisaria.
En segundo lugar, un rasgo destacado del informe es el hecho de que las disposiciones mínimas tengan que aplicarse realmente a empresas con un mínimo de 200 000 euros al año. Tengo que decir, señora Comisaria, que esas disposiciones son muy generales, y eso no es suficiente. Sabemos que estas empresas son necesarias en las zonas rurales para que estas disfruten del desarrollo económico más básico, de la misma forma que sabemos que las regiones afectadas por cambios demográficos necesitan empresas que se establezcan en ellas, para lo cual se precisan ayudas estatales. No hay otra forma de contrarrestar esos efectos, y por eso me parece importante que haya un incremento notable en este terreno.
Por último, permítanme que hable de las reglas aplicadas a las empresas que ofrecen servicios de interés general. No se puede aceptar que esas reglas maticen la sentencia Altmark, porque entonces se correría el riesgo de que la Comisión utilizara las reglas de la competencia para definir lo que realmente significa el interés general; justo lo que están tratando ustedes de hacer con la Directiva de servicios, ese controvertido documento en el que sacrifica el interés general en aras del libre mercado.
Lo que necesitamos pues, y con urgencia, es una directiva marco, aunque ustedes no crean que esa responsabilidad sea suya, y la necesitamos ya, porque queremos que la Europa social se construya sobre unos cimientos sólidos. Uno de los cimientos más importantes son los servicios de interés general, puesto que los ciudadanos darán la espalda a Europa si se convierten en víctimas de las reglas de la competencia. 
Diamanto Manolakou,
   . – Señor Presidente, las ayudas estatales –en otras palabras, el dinero de los trabajadores– están en primera línea de fuego. Lo que se pretende es reducir esas ayudas y que la Unión Europea las controle para ponerlas al servicio de la Estrategia de Lisboa. Eso significará que se reducirán las ayudas estatales para atender a las necesidades populares y se pondrán al servicio de la competitividad del capital europeo. En otras palabras, el dinero de los ciudadanos no se destinará a la prosperidad de las clases populares, sino a la rentabilidad del capital.
Las referencias a las ayudas estatales para fines de interés general y por el bien público a escala de la Unión Europea no solo demuestran indiferencia ante el desarrollo asimétrico de los Estados miembros, sino que dan por hecho, además, que un procedimiento así reforzará aún más ese desarrollo asimétrico al aumentar las desigualdades y las injusticias.
Es fundamental, dicen, que las ayudas estatales se reduzcan para conseguir resultados positivos. ¿Es realmente necesario que abandonemos por completo las zonas rurales e insulares más alejadas, como las que existen en mi país, donde no se invierte capital porque apenas puede obtenerse beneficio alguno, privándolas de las ayudas estatales y dejándolas abandonadas a su suerte? Ya son víctimas del abandono en cierta medida, y parece que esa tendencia se intensificará en el futuro.
Se privatizan los servicios públicos, se comercializan las necesidades populares básicas. La reducción de las ayudas estatales y su orientación hacia el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, contrarios a los intereses de los trabajadores, agravarán aún más la situación de las clases trabajadoras. A pesar de la referencia que se hace a la financiación de las pequeñas y medianas empresas para promover las inversiones, por desgracia todo indica que hasta la fecha las ayudas económicas a las pequeñas empresas no han existido o se han dispensado con cuentagotas. En cambio, ha habido mucha generosidad con las grandes empresas, que son las que se benefician y las que, con las propuestas de hoy, se verán reforzadas aún más. 
Graham Booth,
   . – Señor Presidente, sería magnífico que pudiéramos arrojar cantidades infinitas de dinero a nuestros vecinos relativamente pobres de Europa Oriental, pero la historia ha demostrado que haciendo eso no se enriquece a los pobres, simplemente se empobrece a los ricos. En una exposición en Bruselas gestionada por la Presidencia neerlandesa, se predijo la adhesión de otros diez países europeos pobres a la UE para el año 2022: Albania, Armenia, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania. La experiencia de Alemania occidental de verter casi mil millones de euros en Alemania oriental demuestra lo que cuesta crear la igualdad de condiciones para un vecino pobre. El coste de proporcionar ayuda estatal a todos estos nuevos Estados miembros será astronómico.
Actualmente la UE gasta más de la mitad de su presupuesto en ayuda estatal. Gran Bretaña está lejos de ser rica tal y como está. Se nos está diciendo que nuestro Gobierno no puede permitirse pagarnos una pensión decente a menos que trabajemos hasta los 70 años de edad. Nuestro servicio sanitario no tiene financiación suficiente y nuestra marina, que es una fracción de lo que una vez fue, apenas puede permitirse pagar el combustible que necesita para hacerse a la mar.
Pongamos fin a esta locura antes de que los llamados Estados miembros ricos terminen totalmente empobrecidos. En cambio, ¿por qué no ayudamos a mejorar las economías de nuestros vecinos europeos y de los países del Tercer Mundo ofreciéndoles oportunidades de comercio libre? Si esto nos enriquece a todos, como creo que lo hará, puede que entonces los Estados miembros individuales estén en condiciones de ayudar financieramente a sus vecinos; pero la caridad debería empezar por uno mismo. 
James Hugh Allister (NI ).
   – Señor Presidente, me parece que en ocasiones la política de la Comisión en materia de ayudas estatales ha sido un instrumento categórico, inflexible e incluso mal orientado, que a menudo ha entorpecido más que facilitado el desarrollo económico. Me pregunto, por tanto, si el nuevo ataque contra las ayudas estatales se justifica en aras de la fallida Agenda de Lisboa.
Ahora bien, quiero hablar en particular de las ayudas de carácter regional. Celebro que las actuales directrices sobre ayudas regionales, en lo que afectan a mi circunscripción electoral de Irlanda del Norte, supongan una mejora considerable respecto a anteriores proyectos y que la Comisión haya escuchado mis comentarios y los de otros. El nuevo proyecto de directrices sigue otorgando un trato diferenciado a Irlanda del Norte como región de desarrollo económico y, por tanto, permite la concesión de ayudas para atraer inversiones extranjeras a una escala decreciente hasta 2011.
Teniendo que competir con un impuesto de sociedades del 12,5 % al sur de la frontera con Irlanda, la posibilidad de que Irlanda del Norte pueda conceder ayudas para atraer inversiones extranjeras es absolutamente indispensable. Precisamente son estas realidades locales las que obligan a la Comisión a reflexionar más y más sobre la aplicación de lo que con demasiada frecuencia son rígidos dogmas sobre ayudas estatales y sobre otras políticas que afectan a la Unión Europea. 
Karsten Friedrich Hoppenstedt (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en el informe del señor Hökmark y en el debate en comisión se ha llegado al fondo de la cuestión; el informe, sobre todo, es excelente. La intervención de la Comisaria nos ha dado también motivos para la esperanza.
La reforma de la política de ayudas estatales es sumamente importante para los ciudadanos a escala local, donde las poblaciones, los municipios y las regiones constituyen las principales fuentes de inversión pública. Como ya se ha dicho antes, sus empresas municipales desempeñan un papel relevante para garantizar la prestación de servicios de interés general y por eso es importante que la Comisión explique –como ya ha accedido a hacer– cómo aplicará en la práctica los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark. Si queremos evitar conflictos jurídicos, los que vayan a aplicar esos criterios han de tener una idea clara de cuál es la política de la Comisión. Cuanto más concretos sean los criterios de Altmark, más difícil será su aplicación, y no cabe esperar que las respectivas administraciones públicas cuestionen el principio fundamental y decidan por sí mismas si las ayudas se han concedido o no para evitar la compensación excesiva utilizando compensaciones de mercado; ello les impondría una carga burocrática difícil de justificar. Pero las administraciones locales sí que podrían hacerlo si –como, de hecho, ya se ha anunciado– tuvieran acceso a unas directrices prácticas con las que, por ejemplo, pudieran determinar qué mercado es relevante. Celebro que la Comisión, a instancias del señor Hökmark, haya desviado su atención hacia la no inclusión de las PYME públicas en la definición de PYME, y celebro también la conclusión a la que ha llegado en relación con eso.
Las empresas de servicio público atienden las necesidades de los ciudadanos allí donde estén y los ciudadanos las consideran de su propiedad. Si la UE apoya el trabajo de las empresas de servicios de interés general, en lugar de dificultarlo, conseguirá más aprobación por parte de los ciudadanos, y por eso quiero animar a la Cámara a seguir presionando para que la definición de PYME incluya a las empresas de servicios de interés general. 
Ieke van den Burg (PSE ). –
   Señor Presidente, yo también quiero sumarme a los que han felicitado al ponente, pero también a los ponentes alternativos, por su trabajo. Creo que una vez más gracias a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, hemos conseguido, con una perspectiva sueca muy liberal y al mismo tiempo una perspectiva francesa socialista, conseguir al final un buen resultado.
Al contrario que mi colega neerlandesa, la señora In ’t Veld, yo no voy a defender la reducción de las ayudas estatales. En mi opinión, esa mentalidad de «menos es más» no es la dimensión más importante. Lo que importa es con qué fin y cómo se utilizan esas ayudas. Las ayudas estatales no deben verse como una desviación o una aberración de unas fuerzas de mercado perfectas, sino como un instrumento para conseguir objetivos socioeconómicos.
Es de agradecer que la actual Comisaria de Competencia encuadre su cartera en un contexto económico suficientemente amplio como para incluir la estrategia de Lisboa, porque esa estrategia no se limita a la economía, sino también a sus efectos socioeconómicos más generales. El contexto socioeconómico y la perspectiva más amplia del empleo y la cohesión social son precisamente también los aspectos en los que quiero insistir en nombre de mi Grupo.
En relación con lo anterior, quiero referirme a dos cuestiones que les pido que no enfoquen con excesivo dogmatismo. 
En primer lugar, con respecto a las deficiencias del mercado, es importante que también en este ámbito adoptemos una perspectiva más amplia y tengamos plenamente en cuenta el empleo y la cohesión social. La otra cuestión es la naturaleza temporal de las ayudas estatales. Aquí también, les pediría que permitan un cierto grado de flexibilidad, porque algunos sectores podrían necesitar subvenciones e instrumentos estatales a largo plazo, y pienso en la radio y la televisión nacionales. La importancia de la pluralidad de la prensa y un buen equilibrio en el suministro de información pueden requerir inversiones a largo plazo de fondos gubernamentales en ese tipo de sectores.
La vivienda pública es otro ejemplo. Considerando los intereses de la planificación urbana y rural, la integración de las minorías y la integración social en las ciudades, algunos agentes del mercado podrían recibir ayudas estatales para lograr esos objetivos más generales.
Por último, con respecto a las dimensiones europea y nacional, quiero señalar, como hace el señor Hökmark en su informe, que las ayudas estatales pueden utilizarse en ocasiones para aumentar la competencia política entre Estados miembros, y quiero pedir a la Comisión que vigile y controle eso más de cerca y que considere si deben imponerse sanciones a los propios Estados miembros, y no solo a las empresas que reciben las ayudas estatales. 
Helmuth Markov (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, señora Comisaria, una de las aseveraciones principales del señor Hökmark es que la economía de mercado es siempre el medio más eficiente para compartir recursos. Si nos tomamos Gotemburgo en serio, el modelo del triángulo equilátero formado por el desarrollo económico, social y ambiental tiene mucho sentido empresarial, pero flojea en su dimensión económica.
Si el señor Hökmark quiere –y tiene razón– que las pequeñas y medianas empresas sean eficientes y que se favorezca la innovación, sobre todo por medio de subvenciones, entonces lo que se necesita además es una buena formación, una buena educación y las infraestructuras adecuadas, no solo en las grandes conurbaciones, sino por supuesto también, en las zonas rurales. Así, se ve obligado de nuevo a reconocer la necesidad de cohesión territorial, social y medioambiental.
De lo contrario, los ciudadanos que vivan en lugares sin esas condiciones favorables y naturales se encontrarán en una situación de desventaja. Siendo así las cosas, pido que se considere con mucha cautela el destino de las ayudas y también si los servicios de interés general se benefician de ellas, porque de lo contrario no servirán para nada.
En un aspecto, puedo decir al señor Hökmark que tiene toda la razón. Según dice en su informe, no tiene sentido conceder ayudas a las empresas que ya son rentables, y en eso estoy de acuerdo con él.
Cuando digo que ese tipo de ayudas es perjudicial, estoy pensando en la República Federal de Alemania y en el sector altamente rentable del automóvil en el que tanto dinero se ha invertido, solo para que las empresas hayan cerrado y se hayan llevado la producción a otros lugares con la ayuda de más subvenciones. Las ayudas no pueden servir para eso. En eso, señor Hökmark, tiene usted toda la razón.
Son muchos los modelos que tenemos que cambiar. El umbral de mínimos es el adecuado. Lo cierto es que se necesitan ayudas estatales de finalidad regional para las zonas menos desarrolladas, y no puede negarse que la ayuda contemplada en el artículo 87 seguirá necesitándose en las regiones actualmente afectadas por el efecto estadístico. 
Zsolt László Becsey (PPE-DE ). –
   Felicito a mi colega, el señor Hökmark, por su excelente informe, porque lamentablemente en los últimos años no hemos conseguido reducir la cuantía de las ayudas. Estoy asimismo de acuerdo en que los aspectos administrativos del procedimiento deben simplificarse. Coincido totalmente en que debemos aumentar la transparencia de las ayudas. Y que es preciso elaborar un reglamento más claro, sobre todo en el ámbito del servicio público. Además, se necesita transparencia para saber con claridad quién puede recibir ayudas estatales. Por tanto, la concesión de ayudas debe acompañarse de la publicación de una lista detallada de todos los beneficiarios, especificando el volumen de las ayudas recibidas por cada uno de ellos, sobre todo en el caso de las subvenciones agrícolas.
No obstante, quiero llamar la atención sobre el hecho de que, aunque por una parte estoy de acuerdo en que no debe existir ninguna discriminación entre regiones o países en lo que respecta a las ayudas, por otra tenemos que reconocer que existen países y regiones muy subdesarrollados dentro del mercado interior. Ahora bien, esos países –precisamente para consolidar el mercado interior– necesitan un período más largo de adaptación. No sería oportuno aprovechar el debate sobre las ayudas estatales para lanzar ataques políticos contra los nuevos Estados miembros, que ya han reducido considerablemente sus ayudas. Los volúmenes de sus ayudas no son excesivos, ni siquiera cuando se comparan con el PIB, y son inferiores a los de los Estados miembros más desarrollados cuando se comparan en euros por habitante. Eso es algo que debe tenerse también en cuenta cuando se acusa a los nuevos Estados miembros en otros ámbitos, como por ejemplo de dúmping fiscal. Tampoco sería una mala cosa que se estableciera una conexión entre las ayudas estatales y comunitarias y la deslocalización de las empresas, sobre todo cuando los nuevos Estados miembros están todavía en un período de transición negativo en lo que respecta a los fondos estructurales o los pagos directos.
Aparte de las ayudas estatales de finalidad regional contempladas, el objetivo es ayudar a que las inversiones sirvan para crear puestos de trabajo en las regiones menos desarrolladas y con desventajas competitivas. No estamos tratando de adoptar una estrategia que aleje a los inversores de la Unión Europea. Por lo tanto, el mantenimiento de unas ayudas bien orientadas pero moderadas podría estar justificado y ser además útil, sin distorsionar la competencia. Eso ya se había contemplado en las directivas relativas a las ayudas estatales de finalidad regional. 
Katerina Batzeli (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero agradecer al ponente, el señor Hökmark, su informe equilibrado sobre las ayudas estatales, que es idéntico a un informe y a una presentación equilibrados de las ayudas estatales por parte de la Comisión. 
En este marco, quiero destacar algunas cuestiones importantes que deben tener prioridad: primero, la necesidad de redefinir los objetivos y tipos de ayudas estatales y el sistema para controlar y notificar dichas ayudas; segundo, la salvaguarda de la claridad jurídica en cuanto a los criterios aplicados para la concesión de ayudas estatales a los servicios de interés económico general, considerando como criterio principal la sobrecompensación, la diferenciación de las ayudas estatales entre pequeñas y grandes empresas públicas y el aumento de las subvenciones a las empresas, que deben combinarse con importantes incentivos fiscales. Por último, debe ofrecerse apoyo a las iniciativas innovadoras en materia de investigación, desarrollo e innovación, sobre todo en países y regiones distantes, especialmente allí donde exista una importante brecha tecnológica. 

David Casa (PPE-DE ).
   – Gracias, señor Presidente. Yo también quiero sumarme a mis colegas y dar las gracias al señor Hökmark por el excelente trabajo que ha realizado para que este informe estuviera terminado hoy. El tema de las ayudas estatales levanta mucha polémica. Eso es porque afecta directamente a los 25 Estados miembros. Conviene que nos preguntemos a dónde queremos que nos lleve la reforma y qué es lo que nos ha llevado a necesitar ese tipo de reforma. Cuando las decisiones preliminares adoptadas por la Comisión entre febrero de 2004 y el día de hoy se examinan con detenimiento y se comparan con la Estrategia de Lisboa y las conclusiones de la Cumbre Europea de Barcelona 2002, es evidente que las ayudas estatales serían mucho más productivas si se orientaran y diseñaran mejor para lograr esos mismos objetivos. Así pues, pienso que debemos tratar de crear un sistema que sea lo más sencillo posible y, por tanto, más eficaz y más transparente. Será un instrumento indispensable, porque eliminará la burocracia innecesaria que, hasta ahora, no solo ha llevado a malgastar más dinero, sino que ha impedido que las ayudas estatales traigan el progreso y ha hecho que sean menos adecuadas para sus supuestos fines. Es preferible que velemos por el buen uso de las ayudas estatales, de manera que los fondos vayan a parar a donde realmente se necesitan, en lugar de derrocharlas, como solía suceder antes, sin un buen fin. Tenemos que llegar a una situación en la que el Estado tenga objetivos claros, que impliquen el principio de proporcionalidad, sobre el destino que quiere dar a sus ayudas. No debemos olvidar que esos fondos son financiados por todos los contribuyentes, así que queremos que se utilicen con prudencia y responsabilidad, de manera que sean más productivos y sus efectos sean más palpables. No debemos olvidarnos de las empresas que tienen problemas logísticos por estar en regiones desfavorecidas, como por ejemplo las empresas asentadas en una isla como Gozo. Una vez más, quiero agradecer al ponente su trabajo. 
Antolín Sánchez Presedo (PSE ). –
   Señor Presidente, las ayudas de Estado son un instrumento legítimo de actuación pública. En la medida en que aportan una ventaja singular y un trato diferenciado, su establecimiento requiere una justificación más estricta que otras alternativas y un diseño refinado que garantice su eficacia y coherencia con las políticas y objetivos de la Unión, así como con sus compromisos internacionales.
La reforma de las ayudas públicas en el período 2005-2009 debe tener en cuenta que, aun cuando las ayudas de finalidad regional contribuyen a la convergencia real, existen grandes divergencias internas de renta y oportunidades entre las regiones de Europa.
El resultado del informe Hökmark es bastante equilibrado. Agradezco que se haga eco de la necesidad de vincular la reforma de las ayudas estructurales de finalidad regional con la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales hasta 2013, subrayando su carácter complementario, y que defienda el mantenimiento de medidas adecuadas de apoyo para las regiones afectadas por el efecto estadístico sin discriminaciones. Valoro positivamente la propuesta de incrementar el umbral de las ayudas de minimis, que eliminará burocracia y favorecerá sobre todo a las PYME.
Ján Hudacký (PPE-DE ). –
   ( Quiero agradecer en primer lugar al ponente, el señor Hökmark, su excelente y equilibrado informe, que contiene numerosas ideas sobre cómo evaluar y aplicar con coherencia la política de ayudas estatales. Por una parte, nos interesa lógicamente asegurarnos de que las ayudas estatales concedidas en los Estados miembros no debiliten el entorno competitivo natural. Por otra parte, me complace enormemente que en su plan de acción para la reforma de las ayudas estatales, la Comisión haya tenido en cuenta la necesidad de fortalecer a la Unión Europea promoviendo la economía basada en el conocimiento, cosa que llevamos mucho tiempo reclamando.
En mi intervención quiero insistir sobre todo en la innovación, la investigación y el desarrollo, unos ámbitos estrechamente relacionados con el acceso al capital riesgo. En esos ámbitos, la financiación pública podría ser útil para generar un gran rédito en forma de desarrollo sostenible y mayor competitividad de la economía europea, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
El modelo de asociaciones público-privadas para la creación de centros de investigación y desarrollo, centros de innovación tecnológica y centros de alta tecnología, donde las universidades representen un papel importante, así como las administraciones locales y regionales y otras instituciones del sector, puede contribuir significativamente a aumentar la transparencia en el uso de los fondos públicos y, al mismo tiempo, ayudar a explotar mejor el potencial de investigación, tecnología e innovación de cada uno de los Estados miembros. Lo mismo cabe decir del capital riesgo. Sin fondos públicos sería casi imposible reunir el suficiente capital riesgo necesario para financiar la puesta en marcha de empresas nuevas e innovadoras. La política de ayudas estatales no puede entorpecer de ningún modo su desarrollo. Por el contrario, debe favorecerlo y atraer suficiente capital privado. Confío en que la reforma de las ayudas estatales satisfaga estas exigencias. 
Giovanni Pittella (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, también yo estoy de acuerdo con el ponente, con la señora Comisaria y con muchos diputados sobre la conveniencia de reformar las ayudas estatales para adecuarlas a los desafíos actuales.
El problema es encontrar los métodos adecuados para ello. Creo que la estrategia básica consiste en reducir el número de ayudas estatales, primar a algunos sectores que se han mencionado, como la innovación, la investigación, el medio ambiente y las empresas, y garantizar una mayor transparencia.
Como ha recordado hace un momento el señor Sánchez Presedo, es conveniente también vincular las ayudas estatales a la política de cohesión. En este terreno, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha incluido con acierto un apartado relativo a las ventajas fiscales. Es un instrumento que puede combinarse con las medidas de cohesión y liberar el potencial empresarial en algunas zonas especialmente desfavorecidas.
Espero que la Comisión y la Comisaria Kroes tengan en cuenta esta importante declaración del Parlamento.
Corien Wortmann-Kool (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe del señor Hökmark sobre la reforma europea de las ayudas estatales y quiero darle las gracias sinceramente y sumarme al apoyo general que ha recibido aquí en esta Cámara. Apoyo plenamente el mensaje principal de la Comisión de menos ayudas estatales con un objetivo bien definido, así como los pilares de innovación e investigación en los que se basa la nueva política.
Estoy deseando escuchar las propuestas concretas de la Comisión a este respecto. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios vigilará de cerca a la Comisión en los próximos meses y estaremos encantados de iniciar un diálogo con ella, porque espero que la Comisión presente directrices más detalladas sobre la definición de las ayudas estatales para garantizar una mayor seguridad jurídica y evitar al mismo tiempo que se haga un uso indebido de ellas, porque la innovación debe ser lo que implica la propia palabra, y no un permiso para que algunos Estados miembros sigan actuando como hasta ahora.
Celebro también que una mayoría del Parlamento Europeo quiera ir más lejos que la Comisaria y duplicar el umbral mínimo que determina la obligación de notificar a Bruselas las ayudas estatales. De esa forma se reducirá mucho la carga burocrática y administrativa y eso beneficiará sobre todo a las PYME. Quiero preguntar a la señora Comisaria si está dispuesta a aceptar la propuesta del Parlamento Europeo.
Señora Comisaria, en los Países Bajos ya conocíamos desde hace mucho tiempo su determinación, pero ahora quiero agradecerle la firmeza con la que está reformando las ayudas estatales. Le pido que siga trabajando así de bien, porque todavía queda mucho por hacer. 
Riitta Myller (PSE ). –
   Señor Presidente, la política de ayudas estatales tiene que ser consecuente con los objetivos políticos proclamados por la UE. Las ayudas estatales deben servir para acelerar el crecimiento sostenible y la competitividad sostenible, y reducir las disparidades regionales. Las ayudas no deben concederse allí donde vayan a actuar en contra de esos principios.
Las ayudas estatales bien orientadas fomentan la creación de empresas y de puestos de trabajo, incluso en zonas con desventajas naturales permanentes o muy alejadas de los grandes mercados. Las zonas con desventajas naturales permanentes, como las septentrionales, deben enmarcarse en la misma categoría que las zonas del Objetivo 1.
Las ayudas tienen que dirigirse a objetivos más precisos y destinarse especialmente a resolver cuellos de botella en las empresas, como ocurre con la financiación mediante capital riesgo de la creación y aplicación de nuevas tecnologías. Hay que prestar especial atención a las tecnologías ambientales y a su potencial de creación de empleo. 
Rolf Berend (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al ponente, el señor Hökmark, por su excelente informe. Como hemos escuchado, esta Cámara, en un informe de propia iniciativa presentado hace unas semanas, se mostró partidaria de mantener la concesión de ayudas estatales a las regiones desfavorecidas hasta 2013. Puesto que el apoyo que las empresas obtienen de las ayudas estatales es uno de los factores que influyen en ellas a la hora de decidir si invierten en una determinada región, estas ayudas pueden realizar una contribución fundamental al crecimiento económico y a la creación de empleo en esa región. En el Tratado de la Unión Europea se prohíben expresamente todas aquellas ayudas estatales que puedan tener un efecto perjudicial en el mercado interior debido a una posible distorsión de la competencia, pero se hace una excepción con algunos tipos de ayudas estatales, como las concedidas para promover el desarrollo económico de algunas regiones desfavorecidas de Europa. Como miembro de la Comisión de Desarrollo Regional, tengo la plena convicción de que las ayudas estatales directas desempeñan un papel esencial en el desarrollo regional y contribuyen de manera importante al logro de nuestros objetivos de cohesión básicos.
El alcance dado a las ayudas en la letra a del apartado 3 del artículo 87 del Tratado de la Unión Europea, junto con las directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional, han permitido en el pasado a las regiones afectadas atraer empresas y de ese modo contribuir activamente a su propia regeneración. Si dejaran de recibir ese apoyo, el proceso de convergencia de dichas regiones se vería amenazado por la ausencia de ventajas competitivas no solo frente a las regiones que no sufren esas desventajas, sino también frente a las regiones de los nuevos Estados miembros que reciben las ayudas más cuantiosas. Así ocurre, por ejemplo, en las regiones limítrofes de los nuevos Estados miembros.
La reducción de la burocracia es un elemento importante de la legislación en materia de ayudas y, al igual que el incremento de las ayudas de mínimos, realizará una importante contribución para hacer más atractivo el marco jurídico a las empresas. 
Paolo Cirino Pomicino (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, del mismo modo que nuestro ponente es un hombre razonable, esta propuesta de resolución también representa un equilibrio razonable entre opiniones diversas y responde a una necesidad fundamental de la Unión Europea, desde hace demasiado tiempo estancada en un crecimiento bajo y nada competitivo.
La Comisión Prodi siempre vio en las ayudas estatales a un enemigo de la competencia y del mercado único. Por desgracia era una visión parcial y distorsionada, que a menudo hizo que faltara el legítimo apoyo público a sectores económicos estratégicos, como la investigación y la innovación, así como la necesaria política de cohesión. La Comisión Barroso parece tener en cambio otro punto de vista y la resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aporta algunas orientaciones de las que no debería apartarse la Comisión.
Ninguno de nosotros se opone a la competencia. No obstante, este valor fundamental de la economía de mercado se ha visto supeditado a menudo a las ideologías de burócratas y economistas carentes de responsabilidad política, hasta el punto de retrasar en la economía real la recuperación de la competitividad de regiones enteras de la Unión Europea.
Como ya ha dicho el señor Pittella, hoy debemos pasar página y conciliar la competencia y las políticas de cohesión. En este sentido, por ejemplo, son útiles las ventajas fiscales, que pueden contribuir de forma decisiva a las políticas de cohesión y que, a falta de una armonización fiscal entre los Estados miembros, constituyen un instrumento indispensable en manos de los Gobiernos nacionales a fin de combatir el subdesarrollo regional.
Por tanto, solo deseo hacer llegar a la señora Kroes la recomendación de que elabore lo antes posible una nueva propuesta de directiva, teniendo presentes –si no de forma exclusiva, al menos sí preponderante– las orientaciones del Parlamento, dado que la crisis en que se debate la Unión está completamente incluida en la crisis del Consejo y en su incapacidad, por ejemplo, para abordar el modo desigual en que se desregulan los mercados de los Estados miembros, una situación mucho más lesiva para la competencia que cualquier ayuda estatal mal orientada.
Neelie Kroes,
   . Señor Presidente, esta noche tengo motivos para estar satisfecha. Compruebo que no existen demasiadas diferencias de opinión entre las corrientes políticas sobre esta cuestión. Felicito al ponente. El contenido del informe y el análisis de la Comisión están en línea con lo que hemos hablado durante este debate.
Quiero insistir en que no existe ningún dogma rígido. Eso ya lo ha explicado usted claramente. Se trata más bien de proporcionar un instrumento a las empresas de los Estados miembros, porque la ayuda no va a parar a los propios Estados miembros. A través de las ayudas estatales, cada Estado miembro proporciona una caña de pescar a las empresas que necesitan algo de ayuda, en lugar de darles simplemente el pescado. Prefieren pescar por sí mismas, pero necesitan un poco de apoyo.
La señora In‘t Veld y otros diputados han hablado de menos y mejores ayudas estatales. Según ella, la declaración de la Comisión contiene recomendaciones que su Grupo político y ella misma consideran apropiadas. Me habría gustado decir que esas palabras eran mías, pero salieron del Consejo. Las ayudas deben ser menos y mejores. Eso es lo que intentamos decir y lo que el ponente ha recogido en su informe. La reforma de las ayudas estatales tiene que concebirse de manera que no solo fomente el crecimiento, la innovación y el empleo, sino también una amplia gama de aspectos principalmente no económicos. Todos estamos de acuerdo en que tienen una importancia fundamental para nuestro modelo social europeo. Incluyen la cohesión social y regional, el capital humano y la diversidad cultural, como acaba de mencionar la señora Van den Burg. No obstante, las ayudas estatales deben utilizarse con prudencia, porque es dinero de los contribuyentes. No debemos competir a través de las ayudas estatales con los Estados miembros, porque ese no es el buen camino. Tendría un efecto muy pernicioso. No podemos permitir una carrera de subvenciones entre los Estados miembros, así que está claro que necesitamos menos ayudas, pero con objetivos mejor seleccionados. 
Respecto a las preocupaciones concretas que se han planteado hoy aquí, la Comisión hará todo lo posible por conseguir que las reglas funcionen mejor en la práctica. Promoverá también la transparencia, que algunos de ustedes han hecho bien en reclamar. La ayuda debe controlarse, pero en el fondo la reforma de las ayudas estatales solo dará resultado si establecemos una colaboración positiva.
Un par de diputados se han referido al papel de las directrices sobre ayudas estatales de carácter regional y la necesidad de centrar las ayudas en las regiones que más las necesitan. Eso ya lo debatimos aquí y lo aprobamos el año pasado. No se trata tampoco de un dogma, pero sí que tiene en cuenta el hecho de que algunas regiones necesitan más ayuda en momentos determinados. Queremos conseguir un paquete justo y equilibrado y de eso ya hablamos aquí en diciembre.
Seguiremos analizando la manera de adaptar las reglas que rigen las ayudas estatales a los nuevos mecanismos financieros, como las asociaciones entre el sector público y privado. Lo mismo cabe decir de las ayudas destinadas a proyectos de interés común para promover la competitividad y la innovación tecnológica. Se ha planteado la cuestión de la innovación. Acabo de leer un artículo del Profesor Getz que dice que la innovación no debe circunscribirse a los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas, sino que debe implantarse en todos los niveles, de pies a cabeza. Esa es una interesante filosofía que debemos tener en cuenta al pensar en la forma de promover la innovación.
Volviendo a las PYME, si nos fijamos en los 25 Estados miembros, el 92 % de todas las empresas de la Unión Europea pertenecen a la categoría de las pequeñas y medianas empresas. Así que cuando hablamos de crear puestos de trabajo y crecimiento económico, debemos tener en cuenta que la gran mayoría de las empresas son de pequeño y mediano tamaño. Eso es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de prestarles más atención de la que han recibido hasta ahora y de estimular la innovación y la cooperación entre centros de investigación, empresas más pequeñas y empresas más grandes. Tenemos ante nosotros el reto de garantizar a todas las PYME el acceso a esas oportunidades.
Se ha dicho con razón que el capital de riesgo no está muy desarrollado en Europa. Comparado con los Estados Unidos, las empresas pequeñas o de reciente creación no asumen ideas innovadoras porque no consiguen el apoyo de los bancos. Las ayudas estatales destinadas a apoyar a esas empresas en sus primeras etapas de desarrollo podrían ser muy útiles.
El señor Wortmann-Kool ha preguntado si la Comisión podría elevar el umbral. No digo que no estemos dispuestos a elevarlo. Pero debemos tener en cuenta que hablamos de PYME y no de grandes empresas, y que la idea es reducir los trámites burocráticos. La cantidad de euros de la que estamos hablando cubre realmente esa categoría. Así que presentaremos una propuesta en breve, pero no sean demasiado optimistas, porque ha llegado a mis oídos que están pensando en grandes sumas de dinero, pero entonces no tenemos en cuenta la categoría. 
Respecto al medio ambiente, la Comisión no puede negarse a aprobar ayudas solo porque el objetivo perseguido no sea ambiental. Estoy segura de que esa no es la pregunta formulada. Tenemos que considerar todas las políticas de la Unión. Pero la Comisión comparte el objetivo de reducir las ayudas estatales que perjudiquen al medio ambiente y todos debemos instar a los Estados miembros a tenerlo en cuenta cuando tomen decisiones relativas a las subvenciones.
En cuanto a los servicios públicos, los servicios de interés económico general, la decisión de la Comisión y el contexto explican claramente cómo se aplicarán las reglas sobre ayudas estatales a la financiación de los servicios públicos. La Comisión se ha comprometido a informar de las consecuencias de esas reglas dentro de los plazos de tiempo marcados por esos instrumentos. Como saben ustedes, la Comisión no considera necesaria una directiva marco. Estoy hablando de menos burocracia. Estoy siendo coherente al decir que si no la necesitamos, no debemos adoptarla.
Por último, el ponente principal y los ponentes alternativos han hecho un gran trabajo con este informe y agradezco que podamos celebrar un debate con el mismo objetivo; es decir, más empleo para Europa en un contexto social en el que estamos orgullosos de vivir. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0021/2006) de la señora Herczog, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre los efectos de la globalización en el mercado interior (2004/2225(INI)) .
Edit Herczog (PSE ),
   La globalización ha estado presente a lo largo de toda la historia de Europa. Pensemos en la expansión de la cristiandad, en el descubrimiento del mundo o en la revolución científica e industrial. Europa ha encontrado siempre una respuesta progresista a los desafíos que le ha planteado la globalización.
Pero al mismo tiempo hemos visto siempre que los individuos se enfrentan a más y más cambios con temor y reservas. Así ha sucedido siempre, incluso cuando el cambio era claramente beneficioso para Europa y para los europeos. Lo mismo ocurre hoy. La rápida democratización de algunas regiones geográficas a principios del siglo XXI y la revolución de la información y la tecnología nos han hecho conscientes de que la transformación del mundo es irreversible y de que la competencia mundial seguirá con nosotros durante mucho tiempo.
La cuestión a la que ahora nos enfrentamos es cómo debe reaccionar Europa ante esta situación para conseguir que sus ciudadanos salgan airosos en el siglo XXI. Me complace especialmente que los miembros de la Comisión IMCO piensen de la misma manera. El debate en comisión fue constructivo y reflexivo y dejó claro que no podemos aislarnos del resto del mundo. Eso no solo sería físicamente imposible de intentar en el mundo actual, con Internet y con unas circunstancias que cambian a cada minuto, sino que supondría además una renuncia a la competencia y un retraso irrecuperable. Con respecto a la propuesta de resolución que hoy nos ocupa, quiero empezar diciendo que he elaborado el informe de propia iniciativa; es muy importante que hagamos uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance, pero no podemos ir más allá de la cuestión de la globalización y del mercado interior que se especifica en el título. Los interlocutores políticos, económicos y civiles de Europa tienen que darse cuenta de que solo podremos conseguir los importantes avances sociales de nuestro continente con crecimiento económico y con unos elevados niveles de empleo. Para ello, tenemos que conseguir que Europa sea la mejor elección posible para las grandes multinacionales que compiten en el mercado mundial. Tenemos que asegurarnos de que Europa sea un punto de partida seguro y una base estable para las grandes empresas europeas, y ofrezca oportunidades de crecimiento y prosperidad a las pequeñas y medianas empresas. No cabe duda de que eso supondrá una gran responsabilidad para los legisladores europeos, entre los que nos encontramos nosotros, el Parlamento Europeo. Es evidente que en algunos sectores excesivamente regulados, necesitamos menos reglamentos, pero mejores y más eficientes, aunque lo contrario ocurre también en otros sectores, donde debemos ser capaces de resolver graves deficiencias y crear marcos jurídicos seguros. Me refiero concretamente a la creación y protección del conocimiento y a su transformación en una ventaja económica.
Se trata de un proceso horizontal que discurre a distintos niveles y que implica por igual el apoyo y el fomento de la investigación y la innovación, la modernización de la educación y la protección de la propiedad intelectual. Sin eso, no tiene sentido que nos refiramos a la sociedad basada en el conocimiento y a la economía en la Estrategia de Lisboa, el informe Wim Kok o cualquier otra decisión del Parlamento Europeo. Por último pero no menos importante, permítanme decir que Europa solo podrá enfrentarse con fuerza y competitividad a los desafíos mundiales si no debilitamos desde dentro nuestra propia unidad. Necesitamos un mercado interior dinámico y un espacio único europeo donde los ciudadanos no solo puedan viajar libremente, sino también trabajar libremente y utilizar sus conocimientos en toda Europa y por el bien de Europa.
Esa es la contribución que he querido hacer con mi informe. Quiero expresar mi gratitud a los que me han ayudado a elaborarlo. Quiero agradecer también a la Comisión la ayuda prestada y permítanme que reitere mi agradecimiento a los que han apoyado este trabajo con sus enmiendas y sugerencias. 
Charlie McCreevy,
   Señor Presidente, la Comisión Europea acoge con satisfacción el informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre los efectos de la globalización en el mercado interior y expresa su agradecimiento a todos los que han contribuido, en particular a los ponentes, la señora Herczog y el señor Markov, así como a los miembros de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la Comisión de Comercio Internacional, por el excelente trabajo que han realizado en la elaboración de este informe. Soy consciente de que no ha sido una tarea fácil, puesto que la globalización es una cuestión extremadamente compleja.
Fue también de gran utilidad organizar una audiencia sobre el tema. Agradecí la oportunidad de explicar mi visión de los retos y escuchar directamente las opiniones de los diputados al Parlamento Europeo y de las partes interesadas. El resultado ha sido un informe muy equilibrado y completo que aborda los principales retos de una manera sucinta. Hace una contribución muy oportuna a un importante debate. Europa tiene que encontrar respuestas adecuadas a los grandes retos actuales: las fuerzas cada vez mayores de la competencia mundial, los efectos de las nuevas tecnologías y el envejecimiento de nuestra población.
Al acelerarse la integración internacional, el concepto de mercados abiertos y una economía globalizada ha sido objeto de crítica. Por supuesto, la globalización es motivo de una preocupación legítima. Tienen que existir estructuras adecuadas y capaces de ayudar sobre todo a las economías en desarrollo y emergentes. Está clara también la necesidad de unas formas de gobernanza adecuadas. Pero hay quien abusa de estos argumentos para tratar de debilitar el concepto mismo de libertad económica. No niego que muchos sectores económicos están atravesando dificultades y en ocasiones dolorosas transiciones. Pero no es nada bueno que se trate de inclinar la balanza hacia otro lado: hacia las adquisiciones extranjeras, las importaciones baratas y los trabajadores migrantes.
La respuesta no está en el proteccionismo. Nunca lo ha estado a lo largo de la historia –lo único que produjo a veces fueron grandes tensiones entre naciones– y tampoco lo está ahora. Si se compara el grado de apertura de los sistemas económicos con el crecimiento y el desarrollo, se comprueba que la apertura da sus frutos. Siempre los ha dado y siempre los dará. Primero para los ciudadanos. Con puestos de trabajo. Con empresas prósperas. Liberando la energía humana, en lugar de limitándola o restringiéndola. 
Celebro que en su informe la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, así como la Comisión de Comercio Internacional, que ha emitido su opinión, adopten un enfoque constructivo y equilibrado frente a la globalización. Como se reconoce en el informe, podemos hacer de la globalización un éxito si creamos las condiciones adecuadas y aprovechamos nuestros puntos fuertes. Y no tenemos que ser modestos en esto. Europa tiene mucho que ofrecer.
Tenemos que asegurarnos de que Europa y el mercado interior sigan siendo un lugar atractivo para consumidores y empresas; un lugar atractivo para invertir, sobre todo en actividades de investigación y desarrollo de productos y servicios con un alto valor añadido, donde nuestras empresas destacan especialmente. Para ello hace falta un mercado interior fuerte, basado en el conocimiento y debidamente regulado, que sepa utilizar la experiencia que hemos adquirido y las lecciones que hemos aprendido. Esta es la mejor respuesta de Europa a sus problemas internos de escaso crecimiento económico y elevado desempleo, pero también al reto de la globalización.
Las prioridades en este contexto son: la aplicación de la nueva Estrategia de Lisboa para promover el crecimiento y el empleo; la consolidación del mercado interior, inclusive en los servicios, telecomunicaciones, energía y servicios financieros; el establecimiento de reglas simples y eficaces que liberen a empresas y ciudadanos de costes y trámites burocráticos innecesarios; y un mejor uso del marco actual del mercado interior, que incluya una mejor cooperación administrativa a través de las fronteras. La mayor parte del trabajo relevante se ha iniciado ya y es importante que todas las partes implicadas, a escala comunitaria y nacional, hagan lo posible por terminarlo.
Como debidamente se insiste en el informe, la globalización tiene también una marcada dimensión externa para la formulación de políticas relacionadas con el mercado interior. Tenemos que mirar mucho más al exterior que hasta ahora y ser conscientes de los aspectos externos de nuestras políticas económicas internas, como las reglas de nuestro mercado interior. Ya nada es exclusivamente interior. Necesitamos una mayor convergencia normativa y equivalencia de las reglas a escala internacional. Eso es especialmente importante en el ámbito de los mercados financieros, que son los que están encabezando el proceso de globalización. Además, Europa tiene que aprovechar su escala para ayudar a encontrar soluciones ambiciosas y equilibradas a los problemas de acceso al mercado o a las cuestiones de regulación. La conclusión con éxito de la Ronda de Doha, que trata también sobre los servicios, es un elemento fundamental en este sentido. ¡Todos saldremos ganando!
Por último, necesitamos una nueva alianza entre la UE y los Estados miembros. Ninguno de ellos puede conseguir por su cuenta que Europa siga siendo el atractivo lugar que es todavía. Estoy convencido de que el informe del Parlamento Europeo realizará una contribución importante a este debate más amplio sobre Europa en el mundo globalizado. 
Helmuth Markov (GUE/NGL ),
   . Señor Presidente, señora Herczog, señor Comisario, la Comisión de Comercio Internacional ha emitido una opinión que, comprensiblemente, se ocupa sobre todo de los aspectos relacionados con el comercio y, aunque su comisión no ha incorporado todas nuestras sugerencias –porque así son las cosas en política–, agradecemos a la ponente su informe de propia iniciativa. ¿Cuáles pensamos entonces que son los principales motivos de preocupación? Para compensar los posibles efectos adversos de la globalización en la Unión Europea, la Comisión propuso la creación de un fondo especial, y nosotros estuvimos de acuerdo en que eso era lo que había que hacer, añadiendo, asimismo, que ese fondo tendría que ser debidamente dotado.
En segundo lugar, reconocimos que la Unión Europea, a pesar de las condiciones adversas en todo el mundo, es uno de los mayores productores e inversores del mundo y tiene, por supuesto, la oportunidad de seguir ejerciendo una gran influencia económica en los mercado globalizados, pero dijimos además que –sobre todo cuando se comercia con terceros países– debemos tener en cuenta si esos países respetan la legislación internacional en materia de derecho laboral, seguridad social y medio ambiente, y propusimos que se ampliaran o adaptaran los acuerdos comerciales preferentes para conceder acceso preferente al mercado a los países terceros que la respetan, es decir, que hayan ratificado y aplicado adecuadamente los convenios internacionales sobre la protección de los trabajadores y el medio ambiente.
El señor Comisario se acaba de referir a la Ronda de Doha y ha estado oportuno, aunque las evaluaciones de esa Ronda varían mucho. En la opinión emitida por nuestra comisión, recordamos que hemos pedido a la Comisión una evaluación de la repercusión de los futuros acuerdos multilaterales en los sectores de la agricultura y los servicios dentro de la Unión Europea, antes de proseguir con esas negociaciones. Para eso hace falta una interacción; de la misma forma que tenemos algunos problemas en la Unión Europea que podría enumerar si dispusiera de tiempo para ello, también los países terceros tienen sus propios problemas y creo que la única forma de que todas las partes avancen es que reconozcan sus respectivos problemas. 
Zuzana Roithová,
   . – Este informe, que he instigado, es una respuesta a los crecientes problemas a que se enfrenta el mercado interior de la Unión dentro de la economía mundial. Dado que, en realidad, las normas en todo el mundo difieren de alguna manera de las normas internas de la Unión, nos encontramos en una encrucijada importante. La suerte de la prosperidad europea dependerá, en primer lugar, de cómo y cuándo revisemos nuestra legislación en materia de economía social de mercado con vistas a conseguir una mayor flexibilidad real y, en segundo lugar, de si Europea ha de ejercer una mayor influencia en la creación y el seguimiento de normas económicas mundiales que reflejen más fielmente nuestros valores. Las normas sociales y ambientales son un resultado loable de la civilización europea, que se ha declarado responsable del desarrollo a largo plazo del planeta. La otra cara de esta moneda, no obstante, son unos costes de producción más elevados y una menor competitividad en una serie de sectores que se encuentran sometidos a la presión mundial, en especial, por parte de las economías asiáticas que no están familiarizadas con estas normas. En los países terceros se saquean los recursos naturales y el comercio se caracteriza por la anarquía. Las condiciones de trabajo y las condiciones de vida no se ajustan a las leyes humanas fundamentales. Es algo ante lo que Europa no debe cerrar los ojos.
Este informe es un diálogo sobre cómo revisar el Reglamento europeo de manera que no represente un obstáculo para la competitividad y el empleo, sino que, más bien, respalde el impulso que haga que el mercado europeo sea más atractivo e incremente el nivel de vida. También es un llamamiento a reforzar notablemente la política exterior europea y a afirmar una estrategia comercial que se fundamente en nuestros valores. Nuestro aliado natural en esta trayectoria y en la OMC son los Estados Unidos, con los que a mi juicio hay que intensificar el diálogo. El punto débil de esta trayectoria es la rigidez de la toma de decisiones en las instituciones internas de la Unión, que se habría subsanado con una nueva Constitución. Por último, quiero felicitar a la ponente, que ha tenido en cuenta las audiencias públicas y todo el debate en ambas comisiones. Su informe es completo y bien equilibrado y, por lo tanto, merece el apoyo rotundo del Parlamento. 
Danutė Budreikaitė,
   . – Señor Presidente, Señorías, un mercado mundial en el que las tecnologías de la información faciliten la circulación de mercancías, servicios, trabajadores y capital es un fenómeno que no podemos negar, y hemos de esforzarnos por aprovechar las oportunidades positivas que nos ofrece. Solo una economía competitiva puede sobrevivir en un mercado mundial.
El mercado interior de la UE, que ha sido uno de los partícipes más fuertes del mercado mundial, está perdiendo impulso y se está estancando. Al aprovechar la imperfección de las normas de la OMC, y al no observar las normas relativas a la seguridad y el medio ambiente, países asiáticos como China están conquistando con éxito los mercados de los productos textiles, del calzado y de la electrónica de la UE.
La vacilación de los Estados de la UE a la hora de tomar decisiones, que influirá en la perspectiva a largo plazo del desarrollo económico de la UE, también amenaza la competitividad en otros ámbitos. Me refiero a la ausencia de una política común energética e industrial y a la creciente amenaza que pesa sobre el mercado laboral de la UE y la libre circulación de servicios.
La aplicación del periodo de transición para la circulación de la mano de obra de los nuevos Estados y la aprobación de una Directiva de servicios que no incluye el principio del país de origen reducirán la competitividad de la UE.
Por consiguiente, pido a los antiguos Estados miembros de la UE que rechacen el periodo de transición para la circulación de trabajadores y pido al Parlamento Europeo que vote por una Directiva de servicios que incluya el principio del país de origen. 
Kyriacos Triantaphyllides,
   . – Señor Presidente, el informe sobre los efectos de la globalización en el mercado interior se basa en una percepción equivocada que la Comisión Europea ha estado promoviendo, en general, durante algún tiempo y que conduce al rechazo del Tratado Constitucional. Dicho de otra manera, en vez de identificar las desigualdades sociales y fomentar su erradicación, se refugia en el fortalecimiento de los agentes que las promueven, en nombre de la liberalización del mercado.
A resultas de ello distingo tres conceptos negativos fundamentales en el informe: el primero es que pedimos a la Unión Europea que defina una estrategia para hacer frente a los desafíos en cuestión con una mayor flexibilidad del mercado interior. El segundo, que pedimos a la Comisión Europea que supervise la aparición de indicios de proteccionismo en los Estados miembros y que informe de forma regular al Parlamento sobre cualquier indicio de este tipo; y el tercero, la idea de que existe la necesidad de garantizar que los grandes operadores del mercado europeo hallen el apoyo y las oportunidades suficientes en el mercado interior para convertirse en protagonistas del mercado mundial.
Uno podría concluir razonablemente que, con este informe, se está haciendo un llamamiento a una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, la eliminación de la intervención social del Estado y el apoyo a las grandes empresas, en una época en que diversos estudios han demostrado que las consecuencias sociales de la globalización son extremadamente negativas; en otras palabras, 50 millones de los europeos y estadounidenses más ricos tienen los mismos ingresos que los de 2 700 millones de personas en el resto del mundo. Más de mil millones de personas del planeta Tierra no saben leer ni escribir. El 20 % que ocupa el lugar más importante de la lista de los países ricos controla el 82 % de las exportaciones y el 70 % de las inversiones directas. Tres mil millones de personas en el mundo tienen unos ingresos inferiores a dos dólares al día, mientras que en los Estados Unidos el umbral de pobreza se cifra en 11 dólares al día. Por lo tanto, ni tan siquiera las estadísticas oficiales dan una imagen completa de la desigualdad económica y de la pobreza.
Por último, una comparación de los años que van de 1960 a 1980 con los que van de 1980 a 2000, cuando los mercados se internacionalizaron o globalizaron más, muestra que el progreso se frenó durante los últimos veinte años, cuando se abrieron los mercados y las empresas llevaron a cabo sus actividades comerciales en auténticas condiciones de competencia, cuando muchas pequeñas y medianas empresas cerraron en beneficio de las multinacionales. El informe no identifica estos efectos ni tampoco los aborda. 
Godfrey Bloom,
   . – Señor Presidente, intervengo como economista de profesión que he sido durante varios años –no sin un modesto prestigio en el centro financiero de Londres–, así que es posible que sepa algo sobre cómo funciona la economía globalizada. La idea de que las economías nacionales en crisis deban recibir fondos para protegerse de las realidades mundiales es como dar una botella de whisky a un alcohólico. La ayuda estatal que recibe una persona es el impuesto que tiene que pagar otra. El dinero que gastan los políticos es casi siempre dinero derrochado.
Ese es el problema, no la solución. Quizás debiéramos ocupar nuestro tiempo en tratar de normalizar los limpiaparabrisas o las botellas de licores, en acabar con la profesión más vieja del mundo o en alguna otra cosa igual de absurda. Veamos si dejamos alguna reflexión seria a los que tienen experiencia del mundo real, que tristemente no están representados en este lugar. 
Konrad Szymañski,
   . – Señor Presidente, el informe de la señora Herczog incluye una lista completa de observaciones muy sabias. Europa necesita un cambio radical y, en particular, necesita crear un mercado auténticamente común para el trabajo y los servicios. En estos momentos, este mercado permanece cerrado a demasiados europeos. Si Europa no subsana esta situación, su competitividad a escala mundial sufrirá las consecuencias. Si somos honestos con nosotros mismos, creo que en estos momentos la mayoría ha perdido la cuenta del número de veces que hemos escuchado afirmaciones de este tipo.
Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión solo tienen derecho a trabajar en tres países de la antigua UE de los quince. La inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión siguen sin creer que una mano de obra más barata y unos servicios más económicos y más competitivos son buenos para la economía, o que le darán un nuevo ímpetu, generando de esta manera crecimiento tanto en el empleo como en la renta. Cuanta más protección nacional de los mercados nacionales de trabajo y de servicios exista, más puestos de trabajo y servicios se deslocalizarán fuera de las fronteras de la Unión. Se trasladarán a Delhi y a Pekín en lugar de Varsovia o Budapest. Necesitamos más medidas y menos palabras. 
La primera prueba de nuestras auténticas intenciones llegará el jueves, cuando votemos la Directiva de servicios. Será una oportunidad de demostrar si queremos un mercado común realmente libre o si nos contentaremos con una farsa y palabras vacías, culpando a un mundo exterior malvado y cruel que nos deja atrás rápidamente. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, aunque sabemos que no podemos detener la globalización, no cabe duda de que necesitamos crear las condiciones marco adecuadas para que el número de sus víctimas sea lo más bajo posible en los Estados de la UE. Es lamentable que no parece que a la Comisión se le haya ocurrido nada mejor todavía que crear un fondo de globalización, para así transferir más dinero de los antiguos Estados miembros a los nuevos, que se suponía habían utilizado los miles de millones que se les habían dado en concepto de ayuda para prepararse para la adhesión y que ahora pueden permitirse, además de la ventaja de la que gozan debido a unos costes laborales bajos, un impuesto plano, mientras que los trabajadores de los antiguos Estados miembros de la UE creen que la de Bruselas les ha dejado en la estacada. La ampliación hacia el este y la globalización precipitada ha generado tal presión competitiva que algunos trabajadores y algunas industrias ya no pueden hacerle frente. El temor general de la competencia de precios reducidos es, por lo tanto, algo que nos debe preocupar. Por lo tanto, hay que atenerse, cueste lo que cueste, a los periodos de transición para el mercado laboral, con el fin de aliviar estos males, incluso si solo es en cierta medida. Podrá haber excedentes de exportación y los principales conglomerados podrán obtener buenos resultados, pero los puestos de trabajo que pagan las cuotas a la seguridad social están estancados y, por lo tanto, se está desmantelando nuestro sistema de seguridad social. Durante años, la Comisión ha subrayado la importancia de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de puestos de trabajo y, sin embargo, una tras otra, se aprueban leyes que les hace la vida más difícil. Tanto las subvenciones de apoyo como los contratos públicos van a parar a las grandes empresas, por lo que, cada dos años, estas se dirigen adonde se pagan actualmente las subvenciones más altas. Esto tiene que cambiar, y sin demora, o en caso contrario –o así me lo parece a mí– se va a arrojar a los lobos a las pequeñas y medianas empresas de Europa. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay seis reflexiones que quiero hacer sobre este tema.
En primer lugar, aunque todos somos conscientes de que la globalización prosigue, creo, a diferencia del señor Mölzer, que acaba de intervenir, que hemos de aprovechar esto como una oportunidad si lo que queremos es tomar el buen camino. En segundo lugar, hemos de observar lo que la OMC hace al respecto y, además, reforzar a las Naciones Unidas como la organización mundial de la ética. Las ideas acerca de un «Plan Marshall mundial» en la cooperación al desarrollo son muy importantes en este sentido.
El tercer punto que quiero plantear es que el euro fue nuestra mayor contribución a este fin. La Unión Económica y Monetaria es una respuesta a la globalización y es el motivo por el que hay que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si lo que hay que hacer es ampliar el ámbito de acción para obtener más logros de este tipo.
En cuarto lugar, el cambio que se está produciendo en la población es un quebradero de cabeza; es necesario que pongamos en orden nuestros sistemas de pensiones y de seguridad social y si no lo hacemos con un efecto suficientemente duradero no cabe duda de que vamos a perder terreno en la globalización. Hace unos días, Jean-Claude Juncker afirmó en una reunión del Partido Popular Europeo que los jóvenes «globalizadores» están en Asia y que los cambios demográficos suponían que los ciudadanos de edad avanzada están en Occidente. Consideramos que es un análisis desconcertante de nuestra necesaria respuesta.
En quinto lugar, convertimos el mercado interior en un mercado nacional y hacemos que las cuatro libertades sean una realidad para los empresarios y los trabajadores. La Directiva de servicios forma parte de este proceso.
Por último, señalaré que la educación y la investigación, así como las pequeñas y medianas empresas necesitan el respaldo financiero adecuado si lo que queremos es aprovechar las oportunidades que se presentan en nuestro propio campo y no retroceder ante los riesgos que esto implica. 
Zita Pleštinská (PPE-DE ).
   – Para empezar, quiero dar las gracias a la ponente, la señora Herczog, por su análisis exhaustivo de los efectos de la globalización en el mercado interior y por incorporar mis enmiendas y añadidos a este informe coherente. Estoy de acuerdo con la ponente en que si hay que considerar positivamente el fenómeno de la globalización, esto debe beneficiar a tantas partes interesadas como sea posible, incluidas las pequeñas y medianas empresas.
¿Qué tiene que hacer la Unión Europea para enfrentarse a la competencia de los Estados Unidos de América y a las enormes economías asiáticas en rápido crecimiento?
En primer lugar, la inversión en educación y la investigación y el desarrollo tienen que ser una prioridad, ya que la única manera para que la Unión Europea pueda competir es mediante un alto valor añadido en sus bienes y servicios. Puesto que la aplicación de una economía basada en el conocimiento no es factible sin una estrategia adecuada y una financiación suficiente, será necesario, antes de la aprobación de las Perspectivas Financieras de 2007-2013, reconsiderar la reducción incomprensible de los gastos en educación e investigación, lo que pone en peligro actividades tan importantes como el Séptimo Programa Marco. La Asociación Europea de Universidades, importante órgano académico europeo que reúne a las universidades y a las organizaciones nacionales para rectores de universidades, también ha dado la voz de alarma en este sentido.
En segundo lugar, hay que centrarse en las pequeñas y medianas empresas de nueva creación y mejorar su acceso al capital riesgo en las fases tempranas de su desarrollo, ya que forman la columna vertebral de todo el sistema económico.
En tercer lugar, doce Estados miembros de la Unión Europea deben abrazar el mensaje de la Comisión Europea de que no conviene cerrar los mercados laborales.
En cuarto lugar, tenemos que eliminar las barreras en el mercado interior aprobando la enmienda a la Directiva sobre servicios propuesta por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. Señorías, la globalización constituye tanto un gran reto como una oportunidad para Europa. Si no la aprovechamos, perderemos terreno frente a nuestros competidores. 
Charlie McCreevy,
   Señor Presidente, debemos agradecer a la señora Herczog en particular que haya provocado un debate tan estimulante sobre la globalización, pero el debate de esta noche demuestra que la globalización es un término muy cargado de connotaciones. Genera preocupación e inquietud. Entiendo esos temores, pero no los comparto. En Europa debemos tener más confianza en nuestras propias capacidades. La globalización puede ser un reto, pero también es una oportunidad y así debemos plantearla.
La razón es sencilla. No tenemos otra alternativa. La visión de la globalización como una amenaza motiva las peticiones de proteccionismo. Ya he dicho en numerosas ocasiones que no creo que la respuesta esté en cerrar las fronteras y proteger los mercados. El blindaje de las economías frente a la competencia no las hace más competitivas. Los mercados solo se hacen competitivos si las empresas se ven obligadas a competir.
Negar la realidad, pretender que el mundo exterior no existe, es la mejor receta para obtener unos resultados económicos mediocres. Con malos resultados económicos no podremos sostener nuestro modelo social. La globalización no es algo que sucede fuera del mercado único; forma parte del mercado único y el mercado único forma parte del mercado globalizado. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
El Presidente. –
   De conformidad con el orden del día, se procede a la pregunta oral a la Comisión sobre SOLVIT, formulada por Arlene McCarthy, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (0-0087/2005/rev. – B6-0001/2006).
Arlene McCarthy (PSE ),
   . – Fue mi predecesor, Philip Whitehead, quien formuló esta pregunta en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, y se que él hubiera querido que apoyáramos el sistema SOLVIT e instáramos a la Comisión a mejorar y desarrollar la red de resolución de problemas en nombre de los ciudadanos y consumidores de la Unión Europea. Por eso he formulado una serie de preguntas al Comisario para ayudar a seguir desarrollando y apoyando la red SOLVIT.
Quiero compartir con ustedes la opinión de un ciudadano del Reino Unido residente en los Países Bajos que utilizó el sistema SOLVIT. Según él, «el sistema SOLVIT es un servicio excelente que debería proclamar sus logros en voz más alta». Los grandes logros y las buenas experiencias de nuestros ciudadanos se traducen en una actitud positiva hacia Europa, y creo que nuestra obligación como legisladores es asegurarnos de que las leyes que aprobamos se apliquen de forma que otorguen a nuestros ciudadanos y consumidores las ventajas de trabajar, vivir o hacer negocios en el mercado interior.
Cuando se producen errores o problemas en la aplicación de las leyes de la UE, no solo se niega a los ciudadanos sus derechos, sino que se socava la propia credibilidad de la UE como institución legisladora. SOLVIT es un medio de corregir esos errores y ayudar a las administraciones nacionales a garantizar la correcta transposición y aplicación de la legislación que todos juntos aprobamos en la Unión Europea. Pero al mismo tiempo puede ser el rostro del servicio al cliente, el mostrador de atención al público, del proceso legislativo de la UE. Puede influir en la percepción que tienen los ciudadanos de la UE.
He remitido algunos casos de mi circunscripción a la red SOLVIT y me he quedado gratamente impresionada por su manera de resolver los problemas y por sus rápidas respuestas a nuestras preguntas. Una persona de mi circunscripción tenía dificultades para obtener un distintivo azul de discapacitado en Alemania. La señora Nuttall fue informada de que tenía que ser residente en Alemania. SOLVIT intervino y se puso en contacto con las autoridades locales alemanas, que acto seguido emitieron un distintivo azul de aparcamiento para discapacitados. Es un ejemplo más de una actuación de la UE a favor de los ciudadanos.
Como se indica en nuestra pregunta, la comisión cree sin lugar a dudas que la red de resolución de problemas en línea puede encontrar soluciones pragmáticas y rápidas, que no tienen por qué terminar en los tribunales o en casos de infracción. Pero está claro que SOLVIT necesita más recursos y apoyo, y es preciso promover tanto la propia red como el acceso del público. Tiene que dar a conocer mejor sus servicios a las bibliotecas, a las oficinas del consumidor y, por supuesto, a mis colegas diputados al Parlamento Europeo y a las administraciones locales, que a menudo incumplen la legislación comunitaria. 
Creo, al igual que mi elector, que es necesario actualizar el sitio web, si es posible con casos de la vida real que haya resuelto SOLVIT. El señor Meehan me ha dicho que el sistema SOLVIT podría beneficiarse de la cooperación con Europea Direct. Él se ha dirigido en varias ocasiones a Europea Direct con preguntas para comprobar que el personal de SOLVIT es quien posee los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para responder a las preguntas del público y de sus ciudadanos.
La red SOLVIT podría desempeñar un papel importante para ayudar a transponer y aplicar la Directiva de servicios. Podría ayudar a facilitar el acceso al mercado a las empresas y apoyar el papel del punto de contacto único para las empresas que deseen penetrar en el mercado único de servicios, la llamada «ventanilla única».
La comisión quiere, desde luego, que SOLVIT se refuerce. Queremos que se le dote de mejores recursos, tanto en la Comisión como a escala de los Estados miembros, y queremos que SOLVIT resuelva los problemas de los ciudadanos y consumidores en toda la UE.
Señor Comisario, espero que tome nota de las cuestiones que se plantean en la pregunta formulada por la comisión. 

Charlie McCreevy,
   Señor Presidente, la Comisión aprecia mucho el interés que el Parlamento Europeo ha manifestado por la red SOLVIT de resolución de problemas de la UE. 
SOLVIT es algo más que un sistema; es, en muchos aspectos, el punto de partida de un cambio de cultura administrativa por las siguientes razones: primero, con su plazo de diez semanas y su enfoque pragmático, SOLVIT reduce los procedimientos y trámites burocráticos y antepone a los ciudadanos y a las empresas; segundo, los Estados miembros se hacen directamente responsables de resolver los problemas del mercado interior que puedan surgir entre ellos y, tercero, con su forma de trabajar totalmente transparente, SOLVIT produce unos resultados cuantificables que marcan una diferencia real para ciudadanos y empresas. Después de tres años de experiencia, la Comisión puede recomendar sin ningún tipo de reservas el sistema SOLVIT como una forma alternativa, rápida y eficaz de dar respuesta a las quejas de los ciudadanos. Por todo ello, se han destinado más recursos al equipo de apoyo de SOLVIT de la Comisión, que desde septiembre cuenta con cinco empleados a jornada completa y cuatro a jornada parcial.
Uno de los objetivos políticos fundamentales de SOLVIT es integrarlo como un instrumento más de la caja de herramientas de los responsables de resolver problemas y quejas de los ciudadanos y las empresas en la Comisión. Nosotros queremos también que se conozca más la existencia y las posibilidades de SOLVIT en otras instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, en las administraciones nacionales y en las organizaciones que defienden los intereses de los ciudadanos y las empresas.
En la actualidad hay dos cuestiones que deben abordarse para que SOLVIT pueda desarrollar todo su potencial: la necesidad de que las autoridades de los Estados miembros modifiquen sus prácticas y hábitos administrativos y la necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos suficientes a escala nacional para responder a las quejas recibidas por SOLVIT y para que este sistema se dé a conocer más.
SOLVIT es un instrumento concebido para resolver problemas. La Comisión cree que el método de trabajo de SOLVIT puede desarrollarse para facilitar la colaboración administrativa en numerosos ámbitos. Inspirados por el éxito de SOLVIT, estamos desarrollando actualmente un sistema de información sobre el mercado interior que será un instrumento más general destinado a facilitar la cooperación administrativa entre los Estados miembros en todo el mercado interior.
Es preciso potenciar el relieve de SOLVIT en el plano político. Solo si existe un compromiso político suficiente, las administraciones estarán dispuestas a recurrir a métodos más rápidos e informales de resolver problemas siempre que sea posible. Solo con una voluntad política clara se destinará personal suficiente en las administraciones nacionales a resolver problemas dentro de los plazos establecidos y a dar la palabra a empresas y a ciudadanos.
Considerando los éxitos que ha tenido hasta la fecha, la Comisión cree que podría darse a conocer más este sistema sin tener que dotar de un fundamento jurídico vinculante a SOLVIT. La ausencia de un fundamento así ha permitido, hasta la fecha, disfrutar de una gran flexibilidad. Además, en los últimos años se han emprendido interesantes iniciativas espontáneas, como la resolución más estructural de problemas por algunos centros SOLVIT, aunque eso no forme parte del mandato de SOLVIT según se describe en la recomendación de la Comisión.
La Comisión seguirá desempeñando un papel activo en el futuro desarrollo de SOLVIT. En abril de 2006 se publicará un segundo informe anual sobre el funcionamiento y el desarrollo de SOLVIT, que permitirá al Parlamento Europeo seguir supervisando la situación. 
Malcolm Harbour,
   . – Señor Presidente, celebro que se haya formulado esta pregunta. Quiero dar también la bienvenida a mi amiga y colega, la señora McCarthy, que está aquí por primera vez como Presidenta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: esta es la primera de muchas futuras ocasiones en que abordaremos los problemas.
Quiero manifestar mi interés especial por SOLVIT. Mi oficina tuvo el privilegio de ser una de las primeras en utilizar el sistema y mi personal ha recibido formación al respecto. Hemos tramitado ya bastantes quejas a través de él. Nos hemos sentido extremadamente satisfechos con los resultados y las personas a las que hemos ayudado también se han sentido satisfechas. Me gustaría sumarme de todo corazón al tono de esta pregunta, pero creo que de ella se derivan una serie de consecuencias, porque los recursos que necesita no solo se refieren a la Comisión, como ha señalado usted, señor Comisario. Debemos conseguir también que los Estados miembros destinen los recursos necesarios e intensifiquen sus actividades.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer públicamente al esforzado personal británico de SOLVIT en el Ministerio de Comercio e Industria, que ha sido extremadamente útil para mi equipo a la hora de tramitar quejas de muy diversa índole. Estoy convencido de que otros países han tenido la misma experiencia. Pero, señor Comisario, usted también tiene que presionar a los Estados miembros. Como bien ha dicho, el cambio de cultura va a ser absolutamente fundamental a este respecto.
Asimismo, quiero apoyar plenamente lo que usted ha dicho sobre la evolución de este tipo de combinación de tecnología y proceso –utilizando la tecnología para reducir la burocracia– porque espero y estoy seguro de que lo necesitaremos a medida que se desarrolle el mercado interior de servicios. Estoy cada vez más convencido de que lo mejoraremos esta semana por una mayoría sustancial, pero no queremos quedarnos solo ahí. Se contemplan nuevas formas de cooperación, habrá nuevas pequeñas empresas que accedan al mercado único y todas ellas necesitarán acceder a SOLVIT si realmente queremos conseguir las ventajas económicas que promete el mercado único. 
Edit Herczog,
   – Cuando hablamos de la protección del consumidor, la ayuda concedida a las empresas o los aspectos de la expansión y el fortalecimiento de la legislación comunitaria, siempre mencionamos la eficiencia y el pragmatismo como esfuerzos importantes.
SOLVIT es el sistema que puede ser un ejemplo modélico de la consecución de dichos objetivos. SOLVIT muestra a los ciudadanos europeos una Europa con rostro humano. Como hemos oído decir, el sistema resolvió 300 casos en 2004. No cabe duda de que se trata de una cifra alta, si tenemos en cuenta que la plantilla de SOLVIT está compuesta por cinco empleados de alto rango que solucionan seis problemas cada semana. Pero si tenemos en cuenta que la población de la Unión Europea es de 450 millones de personas, a fin de cuentas, 300 quejas no parece ser una cifra demasiado alta. Si los ciudadanos que visitan las oficinas de los 732 diputados al Parlamento se pusieran en contacto con SOLVIT para presentar al menos una queja se plantearía un problema irresoluble. La razón por la que se presentan relativamente pocas quejas podría deberse a que existen pocos casos que las generan, pero la razón más probable es que pocas personas conocen este sistema, y es de prever que en los próximos años, a medida que se difunda la buena reputación de la institución, cada vez más ciudadanos pretendan hacer valer sus derechos de protección del consumidor en el sistema SOLVIT. Esto significa que, a medida que el sistema sea cada vez más popular, la carga de trabajo de SOLVIT aumentará y será más difícil debido a la creciente integración del mercado interior, y se extenderá con la expansión de la cultura del consumidor.
Esto supone que ya merecería la pena considerar de qué forma podríamos preparar el sistema para gestionar quinientas, mil o incluso más solicitudes de manera eficaz, rápida y pragmática en un plazo de cinco a diez años. Este proceso precisará recursos humanos y financieros adecuados. Conviene desarrollar el marco y los medios para una cooperación administrativa que funcione de la manera más eficiente posible. Y también hay que pensar en cómo este servicio europeo, de fácil acceso para los usuarios y extremadamente eficiente, puede transformarse en un hábito arraigado, igualmente eficiente, de Europa, los consumidores, los empresarios y de los ciudadanos. Hay que considerar que, votemos como votemos el jueves la Directiva sobre servicios, es absolutamente seguro que el sistema SOLVIT también será necesario en el ámbito de los servicios.
Por consiguiente, le alentamos, señor Comisario, a que respalde la consolidación del sistema SOLVIT y que haga cuanto esté en sus manos para que el sistema funcione. 
Diana Wallis,
   . – Señor Presidente, se trata en efecto de una pregunta especial y es bueno que represente la continuidad entre nuestro anterior Presidente, el señor Whitehead, y la señora McCarthy. 
Cuando el sistema SOLVIT funciona, hace que el mercado interior funcione. Ha sido todo un éxito: consigue resultados positivos; tiene efectos prácticos tanto para las PYME como para otras partes interesadas en el buen funcionamiento del mercado interior. Se ocupa principalmente de los problemas administrativos. Pero al igual que otros, yo también he tenido muchas experiencias positivas cuando he remitido a electores de mi circunscripción a SOLVIT y les he visto salir con cara de clientes satisfechos.
Ahora bien, la pregunta se centra sin duda en los problemas: recursos y publicidad. Si existe un buen servicio, es evidente que tenemos que darlo a conocer a más personas; y si se necesitan recursos y el problema está en los Estados miembros, tendremos que tratar de resolver ese problema.
Quiero llamar su atención sobre otro aspecto. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar en una reunión organizada por la Comisión de representantes de los consumidores en las oficinas del consumidor de toda la Unión Europea. Está claro que siguen existiendo enormes problemas para superar las dificultades transfronterizas con que se topan los consumidores. Creo que podríamos hacer más por ampliar el sistema de tipo SOLVIT a esos otros tipos de problemas. SOLVIT es, al fin y al cabo, un sistema sencillo, pragmático y práctico; desde luego, un ejemplo de lo mejor que sabemos hacer, sin ser excesivamente legalistas. Demuestra que la UE puede aportar un valor añadido con un resultado práctico para nuestros ciudadanos y conseguir que nuestro mercado interior funcione lo mejor posible. Pero, si podemos, vayamos más lejos y extendamos el sistema más hacia el terreno de los consumidores y no lo ciñamos a los problemas administrativos. 
Godfrey Bloom,
   . – Señor Presidente, se trata otra vez de más dinero, ¿no? Permítanme que sugiera que las personas que piensan que esta red es un idea realmente buena paguen por ella, en lugar de desviar cada vez más dinero del acosado contribuyente británico, que está siendo ya exprimido hasta la última gota por los codiciosos y estúpidos políticos que parecen querer dominarnos en todos los niveles. 
Adam Jerzy Bielan,
   . – Señor Presidente, la existencia del mercado interior brinda enormes oportunidades a los ciudadanos. Sin embargo, a menudo este mercado no funciona como debiera. Con frecuencia, la ley no es clara y es incoherente y surgen constantemente problemas relativos a su interpretación. Debido a ello, los particulares y las entidades económicas tienen que salvar demasiados obstáculos durante sus actividades. El sistema SOLVIT puede ser muy útil en estos casos.
La ventaja incuestionable de la red es que aborda las quejas tanto de los ciudadanos como de los empresarios, y que requiere encontrar soluciones a los problemas que se plantean en un breve periodo de tiempo. Otra importante característica de SOLVIT es que es un servicio gratuito. También, según estadísticas oficiales, resuelve el 75 % de los casos que acepta. SOLVIT es una especie de instrumento que permite a la Unión Europea determinar si la legislación adoptada se está aplicando debidamente por parte de los Estados miembros. Otra ventaja de la red es que gracias a sus habilidades negociadoras, SOLVIT puede encontrar soluciones más rápidas y mucho más baratas de lo que los tribunales podrían hacerlo, incluso a los problemas más complicados.
Para garantizar un alto nivel de operatividad, hace poco SOLVIT introdujo una serie de mejoras para facilitar la comunicación entre las redes y los particulares o los empresarios que buscan soluciones a sus problemas. Debido a ello, mi oficina electoral también ha sido conectada a la red SOLVIT. De esta manera, los ciudadanos de mi región pueden presentar sus problemas a mis ayudantes y pedirnos ayuda.
A la vista del éxito que ha tenido la red SOLVIT hasta hoy, creo que debería desarrollarse más. Este es el motivo por el cual apoyo plenamente la propuesta de incrementar los recursos humanos asignados muy por encima de los cuatro funcionarios que actualmente tiene asignados.
No cabe duda de que la idea de que el funcionamiento del sistema europeo SOLVIT sea un instrumento para resolver problemas en el mercado interior es encomiable y merece un fuerte apoyo. Sin embargo, como políticos responsables de legislar, nos incumbe a nosotros esforzarnos en lo posible por crear leyes claras, transparentes y sensatas. Estas leyes deberían satisfacer las expectativas de los ciudadanos y de los empresarios. También deberían fomentar el desarrollo económico y la creación de un auténtico mercado único. Se trata de una empresa inspirada, próxima al espíritu de los padres fundadores de la Unión Europea. Por desgracia, aún no se ha desarrollado completamente.
Durante esta sesión parlamentaria, se nos va a brindar una buena oportunidad de recuperar el tiempo perdido en la creación de un mercado único de servicios. No hay que rendirse ante la presión pública. Lo que hay que hacer es enviar una clara señal de que el Parlamento está determinado a crear un auténtico mercado único donde no existan más problemas de los que el programa SOLVIT deba resolver. El proyecto de Directiva sobre servicios de la Comisión Europea merece nuestro apoyo. 
Danutė Budreikaitė (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, hace tres años la Comisión Europea presentó la red SOLVIT, dedicada a resolver infracciones de la normativa del mercado interior sin la intervención de procedimientos judiciales. Las empresas y los ciudadanos de la UE pueden utilizar SOLVIT para resolver problemas relacionados con la circulación de mercancías, la seguridad social, la migración, el reconocimiento de las cualificaciones, etc. SOLVIT brinda al reclamante la oportunidad de ahorrar tiempo y evitar procedimientos judiciales onerosos. Esto es especialmente importante para los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas. Una de las ventajas de SOLVIT es que se pospone todo período de prescripción aplicado por los tribunales.
Se han registrado cerca de 800 casos en el SOLVIT comunitario, de los cuales el 80 % se han resuelto. Durante el primer año de funcionamiento de SOLVIT, Lituania ha abordado diez quejas. Siete de estas quejas eran contra Lituania y tres eran de Lituania contra otros Estados. El 90 % de las quejas procedían de ciudadanos; la mayoría se referían a la libre circulación de las personas. Lituania está entre los países en que todas las quejas se resuelven puntualmente, con una media de un máximo de 43 días. Esto es a pesar de que, en Lituania, SOLVIT solo cuenta con un empleado. Sin embargo, existen ámbitos de las actividades de SOLVIT, que deberían mejorarse tanto en Lituania como en otros países.
El pequeño número de casos SOLVIT que se tratan demuestra que no solo los ciudadanos sino incluso algunas instituciones estatales conocen poco este sistema. Este es el principal obstáculo para resolver problemas relacionados con el mercado interior a través de SOLVIT. Hay que dar a conocer a los ciudadanos las oportunidades que ofrece SOLVIT y organizar campañas publicitarias para los ciudadanos y las empresas.
Pido a la Comisión Europea que aliente a los gobiernos nacionales a que refuercen la capacidad de SOLVIT con más recursos humanos, y pido a la propia Comisión que ayude financieramente la labor de SOLVIT. 
Charlie McCreevy,
   Señor Presidente, doy las gracias a sus Señorías por sus aportaciones. Se han planteado algunas sugerencias e ideas prácticas, sobre todo por parte de la señora McCarthy, de las que he tomado buena nota junto con mis servicios.
SOLVIT trata de hacer que el mercado interior funcione. A menudo escuchamos peticiones de más mercado único y más armonización. Muchos creen que esa es la respuesta a todos los problemas. Pero yo no creo que la solución esté en más directivas y más armonización. En efecto, puede incluso que sean parte del problema. Si existe un problema práctico en el comercio transfronterizo, habrá que encontrarle una solución práctica. Los procedimientos legales o la normativa rara vez son una solución práctica, pero SOLVIT sí lo es. Permite a las partes en conflicto y a las administraciones nacionales comunicarse de modo efectivo y buscar una solución en cuestión de semanas. Nuestras empresas y nuestros consumidores necesitan una respuesta y una solución. Los sistemas como SOLVIT contribuyen a ello.
SOLVIT ha sido un éxito. Centenares de problemas se han resuelto gracias a él. Puede que a algunos no impresionen estas cifras, sino que piensen que esos números tan altos indican que hay problemas y que el mercado único no funciona en algunos ámbitos. Eso no es para nada así; el mercado único que está funcionando, pero necesita cierta ayuda en algunos aspectos a través de mecanismos fácilmente accesibles. SOLVIT es justamente eso. No debemos permitir que se convierta en víctima de su propio éxito haciéndolo demasiado formalizado o rígido. Pero sí tenemos que dar a conocer más el sistema SOLVIT como una forma de resolver los problemas. Pero los Estados miembros y la Comisión han de asegurar que se destinen recursos suficientes a este sistema, sin que lo convirtamos en lo que no es. 
Mi recomendación para SOLVIT es la misma que para muchas otras cuestiones: ante todo, que siga siendo sencillo. 
El Presidente.
   Se cierra el debate.
El Presidente.
   El punto siguiente es el informe de Michael Cashman, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la confiscación de automóviles por las autoridades griegas (2005/2005(INI)) (A6-0394/2005).
Michael Cashman (PSE ),
   . – Señor Presidente, es triste tener que abordar esta cuestión, que incide en el núcleo central del acervo comunitario. Podríamos decir que estamos ante una tragedia griega, pero que afecta a otros ciudadanos de la UE. En la Comisión de Peticiones, más que en todas las demás comisiones, creo que hay que dejar de lado nuestros compromisos y filiaciones políticas nacionales y de partido con el fin de administrar justicia natural a los ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros. 
Hemos recibido numerosas peticiones de ciudadanos de toda la UE relativas a la confiscación de sus automóviles por parte de las autoridades griegas. Los peticionarios afirman que Grecia no ha aplicado debidamente la Directiva 83/182/CEE, que se refiere a las condiciones para la franquicia de ciertos impuestos y tasas especiales para los ciudadanos de la UE que –y ahí está la clave– en otro Estado miembro. Las autoridades griegas también han impuesto sanciones administrativas desproporcionadamente altas y han confiscado los bienes de los peticionarios, alegando que las personas afectadas intentaban evadir el pago de impuestos. Se ha exigido a los peticionarios, en algunos casos, que paguen hasta diez veces el importe de los aranceles de aduana sin el debido reconocimiento del valor real del automóvil.
Este informe se ha estudiado en comisión en diversas ocasiones y fue aprobado por amplia mayoría a finales de noviembre. Los peticionarios han venido a presentar su petición explicando que, en algunos casos, tienen que pagar tasas y multas de hasta 45 000 euros para recuperar los vehículos de su propiedad que las autoridades griegas habían llevado al depósito y confiscado. Tanto yo, como ponente, como el presidente de la Comisión de Peticiones hemos estado en contacto regular con las autoridades griegas para intentar resolver estas cuestiones y los expedientes que están tramitándose en estos momentos.
El Parlamento griego ha aprobado una enmienda a la ley relativa al código nacional aduanero griego. Sin embargo, se me ha informado de que esta ley confiere poder al Gobierno Griego para la confiscación de vehículos que estén en esta situación. Merece la pena recordar que los peticionarios han cumplido las condiciones de la franquicia establecida en la Directiva 83/182/CEE, en particular, del impuesto sobre el volumen de negocio, los impuestos especiales y cualquier otro gravamen sobre el consumo para la importación temporal de vehículos de motor de otro Estado miembro. Todos los peticionarios tienen su residencia normal –es decir, el lugar donde viven como mínimo durante 185 días por año natural por razón de vínculos personales y ocupacionales– en un Estado miembro distinto de Grecia; es decir, cumplen las condiciones establecidas en la Directiva.
Los peticionarios también estaban en condiciones de acreditar fehacientemente su lugar de residencia normal por los medios apropiados, como su documento de identidad o cualquier otro documento válido. Asimismo, la imposición de sanciones administrativas especiales y, en particular, de multas fijadas a tanto alzado exclusivamente en función de la cilindrada del vehículo –sin tomar en consideración su antigüedad– y de un arancel incrementado que en algunos casos puede llegar hasta el décuplo de los impuestos de que se trata no es compatible –no solo en mi opinión, sino en la de la Comisión– con el principio comunitario de proporcionalidad.
Por último, espero que la aprobación de este informe envíe una señal muy enérgica a las autoridades griegas de que tienen que modificar su ley de manera que cumpla las Directivas de la UE a las que me he referido. A menudo, en la UE creemos que el acervo comunitario es un menú a la carta del que podemos elegir lo que nos guste. Al contrario: el acervo comunitario y la pertenencia a la UE suponen que hemos de adoptar el acervo en toda su extensión y transponerlo debidamente.
Pido a la Comisión que nos diga qué medidas adoptará si las autoridades griegas no aplican debidamente la Directiva comunitaria. 
László Kovács,
   . Señor Presidente, me complace intervenir en este debate sobre la confiscación de automóviles en Grecia. He leído y ahora he escuchado el informe del señor Cashman con gran interés y comparto todas las preocupaciones que se expresan en él. Las cuestiones evidenciadas en el informe tienen gran importancia no solo para este caso concreto, sino también en lo que se refiere a sus efectos en las iniciativas de la Comisión en el ámbito de la fiscalidad de los automóviles y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Permítanme que diga algunas palabras sobre el caso en cuestión. Además de las numerosas peticiones recibidas por el Parlamento, a la Comisión han llegado muchas quejas durante los últimos años acerca de una práctica administrativa que da lugar a la confiscación de automóviles. No intento entrar a fondo en detalles técnicos, pero, como bien saben, el Derecho comunitario permite a un ciudadano residente en otro Estado miembro –y hago hincapié en la palabra «residente» y no en la de «nacional»– utilizar su automóvil por motivos personales en otro Estado miembro sin estar obligado a matricular su automóvil en ese otro Estado miembro, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Una de estas condiciones es que el uso en el otro Estado miembro no supere los seis meses en un periodo de un año.
La aplicación de esta Directiva ha sido bastante problemática en Grecia. Ha dado lugar a una práctica administrativa que, por desgracia, ha pasado por alto que en muchos casos el lugar de residencia normal de algunos ciudadanos griegos está en otro Estado distinto de Grecia. Esta práctica penaliza principalmente a nacionales griegos que no viven ni trabajan en Grecia de forma permanente. El resultado ha sido, como pueden ver en el informe, la imposición de multas muy elevadas, lo que ha acarreado la confiscación de los vehículos correspondientes, seguida, a veces, de su venta en subasta, antes incluso de que un juez nacional pudiera dictaminar sobre el asunto. La Comisión también ha sido informada en el pasado de que, en algunos casos, esto ha conllevado condenas de prisión. Por estos motivos, la Comisión ha iniciado un procedimiento de infracción y ha llevado el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo.
He de subrayar que la Comisión no tiene la intención ni le interesa señalar a un Estado miembro y no a otro, puesto que de un modo u otro todos los Estados miembros se enfrentan a sus propias dificultades en la senda hacia la realización de un auténtico mercado interior, donde preciso garantizar las libertades fundamentales y el respeto del Derecho comunitario.
En gran medida, la imposición fiscal que grava los automóviles aún no está armonizada a escala comunitaria. Sin embargo, la libertad de que gozan los Estados miembros se ha de ejercer dentro del marco establecido por las directivas aplicables en este ámbito y en el marco de los principios generales del Derecho comunitario, que representan los fundamentos de la construcción de la Unión Europea.
Cuando un ciudadano sufre notables consecuencias económicas adversas por el hecho de utilizar su automóvil durante un determinado período de tiempo en otro Estado miembro, en especial cuando la legislación comunitaria se lo permite, esto representa una amenaza para la libre circulación de los ciudadanos dentro de la Unión.
También es cierto que los Estados miembros tienen libertad para fijar las multas que consideren adecuadas por el incumplimiento de su legislación, en el supuesto de que tal incumplimiento se produzca realmente. Sin embargo, tienen que respetar el principio de proporcionalidad. asimismo habría que corregir una práctica que tampoco tiene en cuenta la acreditación de la residencia en un Estado miembro o que impone elevadas multas a pesar de la buena fe del infractor.
La Comisión, en este momento, ha adoptado todas las medidas necesarias que permite el Tratado para intentar resolver esta situación. No obstante, la Comisión acoge con satisfacción una iniciativa como esta, que da pie a una mayor reflexión sobre las repercusiones que los impuestos que gravan los automóviles tienen en la vida de los ciudadanos de la UE.
Para concluir, permítanme decir que, con una perspectiva más amplia, la Comisión no solo está procediendo con el trámite de infracción, sino que también quiere tomar la iniciativa en el ámbito de las propuestas legislativas. En julio de 2005, la Comisión aprobó mi propuesta sobre un proyecto de directiva relativa a la imposición fiscal que grava los automóviles, que pretende suprimir las barreras fiscales en vigor para el traslado de vehículos destinados al transporte de pasajeros de un Estado miembro a otro, lo que mejorará el funcionamiento del mercado interior. Uno de los objetivos de la propuesta es la supresión del impuesto de matriculación con el fin de incorporarlo al impuesto de circulación anual durante un período que oscilará entre cinco y diez años. La propuesta se está debatiendo actualmente en diversas comisiones parlamentarias y en el Consejo, y les pido su apoyo en este asunto.
Agradezco su atención y espero con interés el debate. 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, el informe Cashman no se ha elaborado para defender el acervo comunitario. Se fundamenta, en esencia, en poco menos que una docena de peticiones efectuadas antes de 2004, cuyos autores han alcanzado un compromiso con las autoridades griegas o se encuentran inmersos en procesos judiciales y necesitan ayuda.
Voy a referirme a tres cuestiones: con respecto a la relación del informe con el funcionamiento de la Comisión de Peticiones, quiero comentar que es vergonzoso que, aunque se solicitó uno oficialmente, nunca se dio el dictamen escrito de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo en la medida en que, aunque existen procedimientos pendientes tanto en el Tribunal de Justicia Europeo como ante los tribunales nacionales, es posible elaborar un informe y someterlo a votación ante el Parlamento Europeo. ¿Acaso no es esto un trato discriminatorio de los ciudadanos para cuyas peticiones no se ha elaborado un informe, precisamente debido a que había procedimientos judiciales que se encontraban pendientes de resolución?
En cuanto al contenido, se seleccionaron las peticiones de un único Estado miembro, Grecia, si bien hay cierta confusión también sobre el uso de automóviles privados con placas de matrícula extranjeras en los otros 24 Estados miembros. Es por este motivo precisamente por el que la Comisión presentó una nueva propuesta de Directiva, tal como ha dicho usted, y llevó a Grecia ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento, fundamentándose en la Directiva de 1983. Como consecuencia, se ha modificado la legislación griega, tanto por parte del Gobierno socialista de Grecia en 2001 y, mucho más recientemente, por el Gobierno de Nueva Democracia en 2005, algo que el informe ignora. Por lo tanto, ¿por qué motivo se elaboró el informe? Las pocas peticiones concretas, que tuvieron como consecuencia la elaboración de este informe, no son representativas, pero sus autores dan la impresión de que mantienen relaciones personales de buen voluntad con el Parlamento. La Comisión de Peticiones no tiene derecho a ejercer de juez y dar por ciertos, sin pruebas, datos como el lugar de residencia, sobre los cuales deben resolver los tribunales.
El informe empezaba con unas 40 supuestas peticiones y resultó que había menos, para algunas de las cuales se había llegado a un compromiso y otras estaban pendientes de resolución judicial. Pido a los diputados de todos los Grupos que voten en contra del informe y otorguen a la Comisión de Peticiones la autoridad que merece, con respecto al Estado de Derecho y sin intervenir en la acción de la justicia. 
Confío, señor Comisario, en que la nueva directiva propuesta de 2005 tenga un resultado favorable y rápido. 
Maria Matsouka,
   . – Señor Presidente, como vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y dado que estamos deliberando sobre el informe de mi distinguido amigo, el señor Cashman, relativo a las confiscaciones de automóviles en Grecia, señalaré lo siguiente: en primer lugar, no se ha dictado ninguna sentencia definitiva sobre todas las causas que se están tramitando en los tribunales; por consiguiente, hay procedimientos pendientes de resolución y, si damos por sentado que tenemos esta jurisdicción, ¿por qué no se ha aplicado también a otros casos similares? A modo de ejemplo, me referiré a la petición relativa a los despidos de la fábrica de fertilizantes SY.EL.AE, un asunto sobre el que se solicitó la elaboración de un informe pero que nunca se llegó a hacer, alegando que había procedimientos judiciales pendientes de resolución.
En segundo lugar, el informe se refiere únicamente a Grecia, en un momento en que se han presentado peticiones similares en relación con otros Estados miembros de la Unión Europea. De ello se desprende claramente que ciudadanos europeos están sujetos a un trato discriminatorio por parte del propio Parlamento Europeo.
Examinemos ahora el informe, las peticiones y los datos: la Directiva comunitaria 83/182, relativa a las franquicias fiscales, establece los requisitos para la aplicación del régimen de importación y transporte temporal de automóviles para uso privado. No estipula las multas impuestas, que es competencia de los Estados miembros. La legislación griega en materia de multas se aprobó para eliminar el fraude en el sector de la automoción, en un momento en que este reinaba en el país. Por otra parte, las multas no se refieren únicamente a particulares; también tienen que ver con concesionarios y grupos organizados que intentan evadir impuestos, algo que se puede demostrar.
Con respecto a la no aplicación del principio de proporcionalidad, que el informe cita para la imposición de multas sobre la base exclusivamente de la cilindrada del vehículo, el tribunal observa que la adopción de tales medidas es necesaria por motivos de supresión y prevención. Ya se ha mejorado la legislación griega con la Ley 2960/2001 que suprime la sanción por contrabando y confiscación de vehículos y prevé exclusivamente la confiscación temporal, pendiente del pago de una multa como garantía para el Estado griego. Como consecuencia, los tribunales han dictado absoluciones con respecto al elemento constitutivo de delito, pero no con respecto a las multas.
En cuanto a las multas, se presentó un proyecto de ley ante el Parlamento griego el 22 de diciembre de 2005, que prevé reducciones y la aplicación de la confiscación temporal solo en casos excepcionales. Creo que está claro que todos estamos defendiendo la aplicación del acervo comunitario, al mismo tiempo que reconocemos que existen diferencias cruciales entre los Estados miembros. 
David Hammerstein Mintz,
   . Señor Presidente, ante todo, quisiera agradecer al señor Cashman su informe, muy claro, conciso y certero.
Por el tono del debate parece que algunas personas no entienden muy bien qué es la Comisión de Peticiones; nosotros respondemos a las quejas, a las preocupaciones de los ciudadanos, de cualquier país. Nosotros no tratamos un asunto interno de un país, todo lo contrario: tratamos los asuntos de ciudadanos europeos cuyos derechos han sido vulnerados.
Eso es lo que hace la Comisión de Peticiones. No somos ni juez ni parte. En la Comisión de Peticiones no decidimos nada. Somos mediadores. Respondemos a la ciudadanía europea.
En este caso, creo que la mayoría de los miembros de la Comisión de Peticiones opina que se han vulnerado derechos y directivas y que la práctica de las autoridades griegas de confiscar los coches, la práctica de imponer unas multas astronómicas, es completamente inaceptable.
Hay una vulneración manifiesta de la Directiva 83/182, y eso afecta a toda Europa. Una Administración no debe financiarse ni actuar de forma tan poco clara e injusta respecto a sus ciudadanos y, en definitiva, respecto a todos los europeos que quieren visitar ese país tan precioso, tan maravilloso, con tanta historia, que es Grecia. Quisiéramos poder visitar Grecia sin el miedo de que nos quiten el coche, o de las cosas que ocurren allí.
Por último, quisiera agradecer el trabajo de mediación y de comunicación ejemplar, excelente, que ha realizado el equipo técnico de la Comisión, un trabajo profesional y, yo creo, muy eficaz. Espero que cuanto antes las autoridades griegas intervengan para cambiar la práctica tan criticable que hoy tratamos.
Alessandro Battilocchio (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, como miembro de la Comisión de Peticiones, he seguido de cerca el caso y he entrevistado a algunos de los firmantes de la petición, entre ellos el señor Louloudakis, la persona responsable de la acción judicial contra la República Helénica, causa que ha llegado al Tribunal de Justicia. Estoy realmente conmocionado por la gravedad del caso.
Al igual que al señor Cashman, a quien agradezco su excelente y equilibrada labor, me parece realmente intolerable que esto haya sucedido en una Unión Europea que está intentando completar el mercado único precisamente en los próximos días y meses a través de la libre circulación de mercancías, personas y servicios económicos.
Es inaceptable que ciudadanos europeos en posesión de documentos en regla, que se encuentran temporalmente en un Estado miembro por motivos de turismo o de trabajo, sean tratados como delincuentes y acusados de delitos de los cuales no existe siquiera una prueba. 
A los firmantes de la petición se les confiscaron bienes de los que eran legalmente propietarios y se les impusieron multas de varios cientos de miles de euros, que en algunos casos minaron de forma muy grave la estabilidad económica, fiscal y moral de las familias afectadas.
Por medio de esta institución, pido pues que se preste más atención al respeto del Derecho comunitario y de sus principios generales de libertad y proporcionalidad, a través de un severo control de los procedimientos aduaneros. Pido, además, que las personas afectadas sean debidamente compensadas por todos los daños materiales y morales injustamente sufridos hasta ahora. Por último, pido que se vele por que el poder de control, que es legítimo en cada país, no acabe siendo objeto de un abuso más o menos deliberado.
László Kovács,
   . Señor Presidente, he escuchado el debate atentamente y quiero comentar algunos aspectos.
Es cierto que desde el comienzo del procedimiento de infracción, la situación ha mejorado en el Estado miembro en cuestión. Quiero recordar que hasta hace unos años las multas impuestas eran las que se aplicaban en caso de incumplimiento de la legislación aduanera y, también, que el contrabando era uno de los delitos previstos por la legislación nacional. Por suerte, esto ya no es así y la Comisión quiere expresar su satisfacción por los progresos realizados. Sin embargo, todavía hay que adoptar más medidas para ajustar la práctica nacional al Derecho comunitario.
Permítanme aclarar un punto importante: los elevados impuestos que gravan la matriculación de vehículos y que se aplican en algunos Estados miembros con motivo de un traslado permanente de residencia son una cuestión completamente diferente de la que se trata en el informe del señor Cashman.
Por un lado, la determinación de la suma devengada por el impuesto de matriculación cuando una persona matricula un automóvil en un Estado depende de la política fiscal del Estado miembro en cuestión. La legislación europea –en particular, la prohibición de toda discriminación de las mercancías importadas en favor de los productos nacionales– puede influir en la manera de calcular el impuesto, en particular con respecto al valor atribuido a los automóviles de segunda mano. Sin embargo, el Derecho comunitario no impide a un Estado miembro fijar un impuesto de matriculación elevado.
Por otro lado, el informe del señor Cashman se ocupa de la aplicación de una directiva vigente que permite un uso temporal de un vehículo en otro Estado miembro sin la obligación de matricularlo. Añadiré que se trata de una cuestión de aplicación concreta de la legislación comunitaria por parte de las autoridades nacionales. El informe se refiere, entre otras cosas, a la interpretación del concepto de «residencia normal» por parte de las autoridades nacionales, que va en contra de los principios que recoge la propia directiva.
En realidad, la directiva solo puede cumplir su función debidamente si se permite a una persona que reside en un Estado miembro utilizar su vehículo en el territorio de otro Estado miembro distinto del de su residencia normal. Si no se acepta la acreditación de residencia en el primer Estado o el segundo Estado la dificulta, la directiva no podrá aplicarse debidamente. También recordaré que la cuestión se refiere a la libertad de prestar y recibir servicios en otro Estado miembro. Este es el quid de la cuestión que se está debatiendo ahora.
Antes de concluir, quiero responder a algunas de las cuestiones y preguntas formuladas por algunos de los participantes en el debate. Es cierto que otros Estados miembros están infringiendo el Derecho comunitario, pero estas infracciones están relacionadas con otros aspectos de la imposición fiscal que grava los automóviles, como la discriminación en el cobro del impuesto de matriculación, y no ha habido ninguna confiscación de automóviles, lo que también apunta a la falta de proporcionalidad.
Otra cuestión que se ha planteado durante el debate es si es legal o legítimo adoptar medidas cuando el Tribunal de Justicia Europeo aún está deliberando sobre el caso. Consultamos al Servicio Jurídico del Parlamento. No expresó ninguna objeción y no cabe duda de que la Comisión no es quién para contradecir el punto de vista del Servicio Jurídico del Parlamento.
Para concluir, quiero decir que en este caso, teniendo presente que la Comisión sigue recibiendo quejas sobre esta cuestión, la Comisión ha adoptado todas las medidas posibles. El asunto está pendiente de resolución en el Tribunal de Justicia Europeo. Por supuesto, este asunto en ningún caso impide a un Estado miembro que quiera cumplir la legislación comunitaria cambiar su legislación antes de que se dicte sentencia. Hemos sabido que Grecia ha elaborado o está elaborando un nuevo texto legislativo, pero dado que no hemos recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades griegas, no podemos pronunciarnos al respecto. 
La Comisión acoge con gran satisfacción los mensajes alentadores que ha recibido de las autoridades griegas durante los debates en el Parlamento y también celebraría que esto se consolidara mediante la aprobación de la nueva normativa.
Muchas gracias por su atención. 
Michael Cashman (PSE ),
   . – Señor Presidente, se ha sugerido, curiosamente desde mi propio lado de la Cámara, que estamos señalando injustamente a Grecia. Permítanme que diga que en la Comisión de Peticiones solo podemos responder y abordar las peticiones que hemos recibido y no hemos recibido ninguna petición de ningún otro Estado miembro concerniente a la confiscación de vehículos. Tal como ha dicho, con razón, el Comisario Kovács, allí donde existen problemas no se han confiscado vehículos. Por lo tanto, digo a los diputados a esta Cámara que miren el título de este informe. Está muy claro que Grecia incumple esta Directiva. Existen violaciones claras, de otro modo el proceso de infracción no se hubiera iniciado.
Cuando firmamos leyes, hay que aplicarlas debidamente. Independientemente de si la causa está tramitándose o no en el Tribunal de Justicia Europeo, dado que somos colegisladores sería sorprendente que el Parlamento Europeo no opinara sobre si un Estado miembro cumple la ley.
Por último, es evidente que la resolución de este problema está en manos de las autoridades griegas. Pueden resolverlo rápidamente o pueden dejar que sea el Tribunal de Justicia Europeo quien dictamine sobre el caso. 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quería preguntar si tenemos una segunda oportunidad para intervenir, ya que ha dado la palabra al señor Cashman. Si fuera así, nosotros también tenemos algo que decir. Queremos preguntar al Comisario por qué adopta una actitud tan negativa. 
László Kovács,
   . Señor Presidente, no creo que mi actitud haya sido negativa: ha sido objetiva, basada en los hechos que se nos han facilitado y en las quejas que hemos recibido de ciudadanos griegos residentes en un país distinto de Grecia. Se refiere a la falta de proporcionalidad reflejada en la confiscación de automóviles y las multas elevadas. Estos son los aspectos básicos de los procedimientos de infracción que hemos tenido que poner en marcha ya que se trata de una violación del Derecho comunitario, y la Comisión es guardiana de los Tratados de oficio. 
El Presidente.
   Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
El Presidente.
   El punto siguiente es el debate del informe de Csaba Öry, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas de origen artificial) (decimonovena Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 897/391/CEE) (PE-CONS 3668/2005 - C6-0001/2006 - 1992/0449B(COD))(A6-0026/2006).
Csaba Õry (PPE-DE ),
   . – Permítanme que resuma brevemente las principales etapas de este complicado procedimiento legislativo, a resultas del cual podemos ahora debatir en tercera lectura la Directiva sobre radiaciones ópticas.
El procedimiento se inició con la Directiva marco 89/391/CEE, que ofrecía una reglamentación exhaustiva para toda lo relativo a la seguridad y la salud en el trabajo, y creaba el marco jurídico para un enfoque único sobre todos los posibles riesgos que pueden ocurrir en el lugar de trabajo. El artículo 16 de la Directiva marco estipula que hay que elaborar directivas concretas para abordar los diferentes tipos de riesgos. Son necesarias debido a que permitirían una adaptación más precisa de las estipulaciones generales de la Directiva marco a situaciones especiales. La adaptación del contenido de las obligaciones generales a los tipos de riesgos concretos interesa mucho tanto a los trabajadores como a los empresarios, ya que así es como la legislación de la Unión Europea se puede aplicar en la práctica, y puede crear neutralidad en la competencia y garantizar una mayor seguridad. Si el contenido de las obligaciones no es claro, a los empresarios les resultará difícil demostrar que cumplen las disposiciones legales, lo que podría dar lugar a litigios de consecuencias imprevisibles. También interesa a los empleados que la protección en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, que es el derecho inalienable de todos los ciudadanos europeos, tal como se estipula en la Sección 137 del Tratado de Roma, se aplique mediante disposiciones legales eficientes de fácil aplicación en la práctica.
Se han elaborado directivas específicas durante los últimos quince años. La Directiva relativa a las radiaciones ópticas está destinada a regular el cuarto factor más importante después del ruido, las vibraciones mecánicas y los campos electromagnéticos. Tal como la Comisión Europea y el Consejo consideraron en un principio, esta cuarta directiva habría contemplado el tratamiento de las radiaciones ópticas generadas por fuentes naturales y artificiales. Sin embargo, existen algunas diferencias significativas entre estos dos ámbitos, en cuanto a la intervención y la reducción del nivel de riesgo. Por consiguiente, durante el debate en segunda lectura de la directiva, el Parlamento Europeo trasladó a los Estados miembros toda la competencia reguladora relativa a los riesgos de las radiaciones de la luz solar. Sin embargo, se consideró posteriormente que esta decisión infringía determinadas competencias de la Unión Europea, ya que hubiera impedido la aplicación de la estipulación contenida en el artículo 137 del Tratado de Roma, que estipula que el nivel mínimo de requisitos aplicables en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo debe establecerse dentro de los marcos de la UE, para cada tipo de riesgo. Por este motivo, el Consejo y la Comisión no pudieron aceptar la Decisión del Parlamento adoptada en segunda lectura, por lo que siguió un procedimiento de conciliación. Durante el procedimiento de conciliación, el Consejo aceptó la mayor parte de las enmiendas presentadas por el Parlamento, y solo sugirió dos modificaciones sustanciales y dos formales. La enmienda sustancial más importante sugería que el ámbito de aplicación de la directiva no debía incluir las radiaciones ópticas de origen natural, ya que aún no se han establecido los fundamentos de un acuerdo paneuropeo para el establecimiento de unos requisitos mínimos de la UE en este ámbito.
Sin embargo, los legisladores no cuestionan ninguno de los aspectos relativos a las radiaciones de origen artificial y sería conveniente introducir una directiva concreta que estableciera una regulación precisa en este ámbito ahora mismo, este año. La delegación parlamentaria ha aceptado estos argumentos, pero en todas las otras cuestiones el Consejo ha aceptado la posición del Parlamento Europeo. Por consiguiente, ha sido el texto propuesto por la delegación parlamentaria el que se ha incluido en el artículo 8 relativo a la vigilancia de la salud, y en el apartado del preámbulo correspondiente. Podemos decir que el procedimiento de conciliación fue rápido y satisfactorio más allá de lo que podíamos esperar, y que se llegó a un acuerdo en diciembre de 2005.
Por lo tanto, esto es lo que quiero pedir a mis colegas y al Parlamento que apoyen en la votación. 
Vladimir Špidla
   , . – Señor Presidente, Señorías, ante todo quiero agradecer al Consejo y al Parlamento, en nombre de la Comisión, sus esfuerzos en este terreno. También quiero expresar mi agradecimiento por haber alcanzado tan rápidamente un acuerdo sobre una cuestión tan difícil como las radiaciones ópticas. Se trata de la cuarta y última parte de la propuesta de Directiva sobre la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos. La aprobación de esta nueva directiva, cuyas disposiciones se basan en los últimos informes científicos, permitirán garantizar una mayor protección de la seguridad y la salud para todos los trabajadores que están expuestos en el lugar de trabajo a radiaciones ópticas de origen artificial. A la Comisión le complace que esta directiva cumpla plenamente el acervo comunitario en el ámbito de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores al mismo tiempo que garantiza la flexibilidad y proporcionalidad necesarias para que las empresas sean competitivas. La directiva sobre la que hemos llegado a un acuerdo forma parte de iniciativas para mejorar la legislación que, de un lado, asegura que las empresas no soportan una carga desproporcionada o innecesaria y, de otro, cumple lo dispuesto en el artículo 137 del Tratado, sobre la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Señorías, creo que, pase lo que pase, el texto está bien equilibrado, cumple los requisitos relativos a la seguridad y la salud de los trabajadores y mantiene el equilibrio necesario con relación a la competitividad de las empresas. 
Thomas Mann,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ¿quién no estaría a favor de proteger a las personas contra las peligrosas radiaciones ópticas de origen artificial, como el láser, en su lugar de trabajo? Y, sin embargo, los Demócrata-Cristianos nos opusimos a regular las radiaciones ópticas de origen natural como la luz solar. ¿Se permitirá trabajar a los trabajadores de la construcción al aire libre solo si llevan la cabeza protegida y camisas largas? ¿Irán completamente tapados los socorristas en las piscinas? ¿Deberán cubrirse el escote las camareras que sirven en las terrazas? ¿En verdad iba a imponerse todo esto uniformemente en toda Europa? Apoyamos a los trabajadores de la construcción alemanes cuando se manifestaron delante del edificio del Parlamento aquí en Estraburgo –manifestación que fue fuertemente respaldada por el grupo PYME del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) –los comerciantes de mi Grupo– y los miembros británicos de nuestra ala de los Demócratas Europeos del Grupo, incluido el vigoroso señor Bushill-Matthews. Mediante enmiendas, primero en la comisión competente –la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales– y, seguidamente, en el Pleno, obtuvimos la mayoría a favor de suprimir los controles médicos obligatorios y los costosos programas de actuación contra las quemaduras del sol, lo que hubiera supuesto una mayor carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas. Hemos votado a favor de soluciones basadas en el principio de solidaridad, en que serán los propios Estados miembros quienes decidirán las medidas que consideren razonables, adaptadas a las condiciones meteorológicas más diversas y, por supuesto, también a diferentes tipos de sensibilidad de la piel, todo lo cual varía de un país a otro.
Debo añadir que, en el Comité de Conciliación, en el que he participado, no tardamos mucho en llegar a un compromiso factible con la Comisión y el Consejo. Retiramos nuestra petición de que se aplicara el principio de subsidiariedad a cambio de que se suprimieran las referencias a las radiaciones ópticas de origen natural, que no se substituyeron con nada más. El título del proyecto de Directiva ahora se refiere a las «radiaciones ópticas de origen artificial».
Quiero volver a dar las gracias a nuestro ponente, el señor Öry, por el trabajo realizado. Juntos, hemos destacado la necesidad de que las decisiones a nivel europeo sean factibles en la vida cotidiana. La Unión Europea debería emplear menos tiempo en cuestiones periféricas y mucho más en los problemas que importan realmente, como la lucha contra el desempleo y las campañas a favor de una protección sostenible del medio ambiente y una cooperación eficaz en seguridad interior y exterior. Espero profundamente que este buen resultado del Comité de Conciliación se refleje en una clara mayoría en la votación de mañana. 
Stephen Hughes,
   . – Señor Presidente, quiero adherirme a las personas que ya han felicitado al ponente. Creo que ha realizado un trabajo excelente. Esta directiva beneficiará a los trabajadores que están expuestos a riesgos derivados de las radicaciones ópticas de origen artificial en una gran diversidad de entornos laborales: que abarca todo el abanico, desde los soldadores por arco eléctrico hasta los trabajadores que utilizan láser industrial avanzado.
Cuando yo era ponente en primera lectura sobre esta propuesta hace más de diez años, el uso del láser industrial era incipiente, pero ahora está muy extendido y expone a los trabajadores a diferentes grados de riesgo. Se trata de un instrumento jurídico útil y quiero volver a decir al ponente: «bien hecho».
Sin embargo, he de decir también que ha realizado un buen trabajo a pesar –y no gracias a la ayuda– de su propio Grupo. Anteriormente, esta institución se tomó muy en serio su trabajo sobre los temas relativos a la salud y la seguridad, pero en las últimas directivas ha seguido una tendencia muy preocupante. Por ejemplo, cuando abordamos la Directiva sobre vibraciones se nos dijo que teníamos que excluir las vibraciones de cuerpo entero ya que –y así se publicó en la prensa sensacionalista– lo que intentábamos hacer era impedir que los agricultores condujeran sus tractores durante más de tres o cuatro horas seguidas incluso en el punto álgido de la cosecha, lo que es una necedad. Cuando debatimos la Directiva sobre ruidos se nos dijo que teníamos que excluir la música y el ocio, ya que lo que estábamos intentando hacer era forzar a los miembros de las orquestas a utilizar orejeras de tipo Mickey Mouse y prohibir el uso de gaitas en Escocia. De nuevo eran tonterías, pero llenaron los titulares de la prensa sensacionalista.
En esta propuesta, una serie de diputados del Grupo del ponente y de otros Grupos han puesto todo su empeño en excluir un fenómeno particular del ámbito de la Directiva. Presionaron sin darse cuenta de que los riesgos derivados de este fenómeno ya se contemplan claramente en las obligaciones inequívocas que imponen a las empresas dos directivas anteriores: la Directiva marco y la Directiva relativa a las obras de construcción temporales o móviles. El fenómeno del que estoy hablando es, por supuesto, la radiación natural.
El ponente hizo un esfuerzo valiente e intentamos ayudarle a dar seguridad jurídica a los empresarios en lo relativo a la radiación solar. Ahora carecen de esta seguridad jurídica y siguen teniendo que abordar todas las implicaciones de la Directiva marco y de la Directiva relativa a las obras de construcción temporales o móviles. Cabe esperar que el sentido común prevalezca en cada uno de los Estados miembros, como así ha sido hasta la fecha. Esto supondría, por ejemplo, que una agencia de viajes de mi región podría descontar rápidamente el riesgo de los empleados que trabajan dentro de sus tiendas en el norte de Inglaterra, pero debería tomarse muy en serio el riesgo al que se enfrenta el personal que ejercen de representantes de la empresa en los complejos turísticos del Mediterráneo durante los meses de verano.
Esta es la dificultad a la que se enfrentan ahora los empresarios. No les hemos dado seguridad jurídica. Tendremos que evaluar una serie de casos más difíciles para los empresarios que se encuentran entre estos dos extremos de los que he dado un ejemplo. Espero que en el futuro volvamos a centrarnos en elaborar una normativa buena y seria en materia de seguridad y salud y no en producir titulares para la prensa sensacionalista. 
Elizabeth Lynne,
   – Señor Presidente, quiero agradecer al ponente su cooperación. Ahora disponemos de una Directiva sensible para proteger a los trabajadores, como por ejemplo los soldadores, de la radiación artificial.
Me alegra que finalmente todos hayan sido juiciosos y hayan eliminado la radiación natural del ámbito de esta Directiva. Ha sido una batalla larga y dura. Felicito a la señora Weisgerber. Tanto ella como yo nos hemos esforzado mucho desde que la Comisión propuso legislar contra el sol en segunda lectura.
No solo habría desacreditado de nuevo a la UE, sino que habría supuesto una pesadilla tanto para los empresarios como para los trabajadores. Desde el punto de vista legal habría sido muy difícil demostrar si un trabajador ha contraído cáncer de piel en su lugar de trabajo, en el jardín o en la playa.
No cabe duda de que hay que alertar a todo el mundo sobre los peligros del sol y por este motivo estoy muy a favor de las campañas nacionales. Pero una vez que se ha informado a los ciudadanos, somos adultos y hemos de poder tomar nuestras propias decisiones. La aplicación no deben quedar en manos de la empresa. Sería llevar demasiado lejos la mentalidad del Estado paternalista. ¡Imaginen las expresiones de algunos constructores, por ejemplo, si se les dijera que se cubrieran completamente cuando intentan adquirir una crema bronceadora para sus vacaciones! La UE no puede decir a los trabajadores que no pueden trabajar sin camiseta o en pantalón corto.
Las deliberaciones de hoy, y espero que la votación de mañana, son una victoria del sentido común. También demuestran el poder del Parlamento Europeo. Si no hubiéramos votado de la manera en que lo hemos hecho en segunda lectura, la Comisión no habría cambiado su manera de pensar y, probablemente, lo que es más importante, tampoco lo habría hecho el Consejo. Hoy es un buen día para la legislación sensata. Como proeuropea, creo que es lamentable que tuviéramos que perder el tiempo obstaculizando propuestas ridículas como esta. No debería haberse incluido nunca la luz solar en la directiva. Se trata de una excelente directiva y espero que todos votarán a favor de ella mañana, pero solo para la radiación artificial y no para incluir la radiación natural. 
Sepp Kusstatscher,
   . – Señor Presidente, tras todo el debate sobre los detalles técnicos relacionados con esta directiva, quiero hacer un comentario general. En principio, toda iniciativa que reduzca los riesgos para la salud y, por lo tanto, proporcione a las personas una mejor protección, merece que se la apoye, ya que las personas pasan una parte considerable de sus vidas en el trabajo, es lógico que los diversos peligros que puedan existir se analicen con precisión y todos ellos, junto con todos los riesgos para la salud en el trabajo, se reduzcan a su mínima expresión. Creo que es extremadamente positivo que se intenten establecer, en toda la UE, normas mínimas homogéneas de protección de la salud y la seguridad.
Lo que creo que es realmente escandaloso sobre el debate de esta Directiva es el intento que se ha hecho de evitar todo lo que cueste dinero. También hay algo sospechoso acerca de la declaración de compromiso en uno de sus considerandos, y cito: «Esta Directiva evitará establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.»
No entiendo por qué se supone que la protección de la salud no debe tener ningún coste si se aplican las mismas normas a todo, para que no exista competencia desleal. Dejen que los servicios y los productos que comportan un mayor riesgo para la salud tengan un precio más alto, ¡faltaría más! ¿Por qué no debería ser así? ¿Por qué, en general, uno paga de mala gana los costes que la empresa impone a los servicios de la sanidad pública simplemente debido a la actitud negligente que se adopta hacia ciertos riesgos? La competencia real existe solo cuando las normas se aplican en igualdad de condiciones y si se reflejan los costes reales por principio. Todo lo demás es una subvención a corto plazo para empresas o sectores individuales a costa del público general y en perjuicio de los trabajadores que realizan trabajos peligrosos. Lo que quiero ver es una mayor honradez económica. 
Jiří Maštálka,
   . – Señor Presidente, Señorías, esta directiva tiene que ver con las emisiones de la luz solar, pero creo que sería mejor escuchar la Sonata de Beethoven. Quiero empezar diciendo que estoy, por supuesto, a favor de esta propuesta legislativa. Sin embargo, estoy decepcionado con el resultado del procedimiento de conciliación y, en particular, con el papel que ha desempeñado el Parlamento. Las negociaciones sobre esta directiva, a la que, a menudo, la denominan Directiva de exposición a la luz solar, recuerdan más bien a un culebrón de segunda clase. Al principio, los expertos, las instituciones europeas y los Estados miembros acordaron que sería necesario añadir más legislación al reglamento general sobre la seguridad y la salud en el trabajo, lo que hubiera simplificado la legislación relativa a la protección contra las radiaciones ópticas y la hubiera hecho más viable. En el periodo anterior, con relación al ruido, las vibraciones y los campos electromagnéticos se aprobó una legislación similar. Es más, nadie se ha referido a los valores límite muy modestos para la exposición a las radiaciones ópticas, tal como se establece en el anexo de la propuesta de directiva.
El ponente, el señor Őry, ha demostrado una enorme determinación y quiero felicitarle por buscar un compromiso. Sin embargo, ha sido su Grupo político quien se ha opuesto a la incorporación de todas las fuentes naturales de radiación en esta directiva. Me resulta más bien absurdo que la oposición feroz a normas claramente definidas para informar a los trabajadores y protegerles de las radiaciones de la luz solar proceda principalmente de los Estados miembros donde ya existe un nivel de protección decente, mientras que países como Italia, donde se precisa un mayor esfuerzo, no haya planteado ninguna objeción fundamental. Quizá los italianos sepan, para resumir, que la información y la prevención de enfermedades en el trabajo resulta más rentable para los trabajadores que no hacer nada en este sentido.
La Directiva sobre radiaciones ópticas será una medida práctica, que aportará no solo mejoras a la protección de los trabajadores sino también una simplificación de la legislación europea. La situación a la que nos enfrentamos hoy en este ámbito está lejos de lo que consideraría una reducción de la burocracia innecesaria. Mucho me temo que en el futuro no se podrán eludir los contenciosos jurídicos. 
Anja Weisgerber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la propuesta de directiva de la Comisión para proteger a los trabajadores de las radiaciones ópticas era, en lo que se refiere a lo que tenía que decir sobre la protección contra la luz solar, una obra maestra de exceso de regulación europea.
En segunda lectura, y por mayoría absoluta, en esta Cámara tomamos partido votando a favor de que se suprimieran las disposiciones relativas a la protección contra las radiaciones de origen natural.
En el procedimiento de conciliación, también demostramos que los diputados al Parlamento Europeo podemos imponer nuestro criterio, en lugar de no poder hacer nada y estar a merced de las obsesiones de la Comisión en el proceso legislativo. Estamos facultados para elaborar la clase de directivas que beneficiarán a los ciudadanos.
El señor Verheugen y otras personas siempre hablan sobre una mejor legislación, que logrará más crecimiento y más puestos de trabajo en la UE, pero son este tipo de disposiciones las que hay que mejorar primero. Es una gran sorpresa que ahora hayamos podido, en el procedimiento de conciliación, persuadir de ello a la Comisión y al Consejo. 
Las partes de esta Directiva que tienen sentido –las que tienen que ver con la protección de los trabajadores contra las radiaciones ópticas de origen artificial, como el láser, la luz infrarroja y similares– se mantienen sin modificaciones. En cuanto a la regulación de las radiaciones ópticas de origen natural, hay que decir que la Comisión no dio en el clavo ni de lejos, ya que la propuesta de directiva original exigía que los empresarios encargasen evaluaciones exhaustivas de los riesgos asociados a la luz solar y planes de medidas burocráticas para abordarlas, lo que hubiera implicado que los empresarios tuvieran que suministrar camisetas y crema solar a los trabajadores que trabajan al aire libre. También hubiera comportado responsabilidades de las que los empresarios no hubieran sido concientes y, en todo caso, una persona cuerda es la más indicada para juzgar cuándo y cómo debe protegerse contra el sol. Se trata de responsabilidad personal y es prácticamente lo último que Europa debe establecer por ley.
Europa tiene que abordar muchos problemas diferentes: el desempleo, los agotados sistemas de la seguridad social y el creciente envejecimiento de la población. Esto es lo que nos ha de preocupar, no la protección contra la luz solar. Incluso la Comisión y el Consejo han recuperado su sentido común y lo han reconocido durante el procedimiento de conciliación, y me alegra mucho de que haya sido así. Ha sido posible una mejora considerable de la Directiva y ha evitado el exceso de regulación que hubiera resultado en un gasto adicional innecesario, en particular para las pequeñas y medianas empresas.
Les pido que mañana voten a favor de la propuesta del Comité de Conciliación con lo que destacaremos nuestro deseo de una menor burocracia y menos trámites burocráticos en toda Europa. 
Karin Jöns (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, hoy es el último día que vamos a debatir sobre esta directiva, que ha dado lugar a tantos debates públicos en mi país.
Rara vez, si es que ha ocurrido antes, he conocido tal distorsión de lo que trataba una directiva y, por lo tanto, quiero volver a recordar el motivo por el cual los socialdemócratas, durante el procedimiento de conciliación, decidimos omitir las radiaciones ópticas de origen natural de la directiva.
Llegamos a esta decisión, lisa y llanamente, debido a que queremos que los criterios mínimos que establecimos para la protección de la salud en el lugar de trabajo se apliquen en igualdad de condiciones y con carácter general en todos los Estados miembros. Con respecto a la política social, no queremos una Europa a la carta, que es lo que el resultado de la segunda lectura nos hubiera dado, una Europa en la que todos y cada uno de los Estados miembros puedan decidir por sí mismos si obligan o no a los empresarios a informar a sus trabajadores sobre los riesgos potenciales de las radiaciones ópticas de origen natural.
Aunque las referencias a las radiaciones ópticas de origen natural han sido eliminadas de la directiva, la Directiva marco sigue aplicándose y continúa obligando a los empresarios a proteger a los trabajadores de los riesgos de la luz solar. Esto nos ha sido confirmado no solo por el propio Servicio Jurídico de la Cámara, sino también por los de la Comisión y el Consejo.
Lo único que queríamos era dar una forma más concreta a esta obligación y, por doloroso que sea, los conservadores y los liberales de esta Cámara tienen ahora que enfrentarse al hecho de que fueron ellos los que hicieron que esto no fuera posible. Como consecuencia, los empresarios siguen sin estar seguros de donde están, desde un punto de vista jurídico, con respecto a si es necesario que adopten medidas para proteger a los trabajadores de las peligrosas radiaciones ópticas de origen natural y, de ser así, cuáles son las medidas que deben adoptar. Lo esencial es que la mayoría de esta Cámara ha cedido al Tribunal de Justicia Europeo el derecho de moldear la política y es algo que hay que lamentar en gran medida. 
Marian Harkin (ALDE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por una labor sobresaliente. Creo que ahora tenemos una decisión razonable a raíz de la conciliación. Se trata de una decisión sensata y factible, mediante la cual hemos limitado el ámbito de aplicación de esta directiva. Sin embargo, seguiremos garantizando que los trabajadores que están expuestos a las radiaciones ópticas estén totalmente protegidos y que se vigile su salud y seguridad.
En cuanto a la radiación natural, es preciso señalar los riesgos y adoptar precauciones razonables, pero son los Estados miembros los que deben asumir la responsabilidad de elaborar el plan de acción y dar seguridad jurídica a los trabajadores y empresarios de los diferentes países. Por poderosos que nos creamos en este Parlamento, no podemos legislar sobre la radiación solar o la lluvia para todos los 25 Estados miembros. En Irlanda, en parte debido a nuestra propia pasividad y por culpa nuestra, disponemos actualmente de una directiva sobre nitratos basada en la lluvia, el tiempo y el clima que es totalmente inviable, pero esto es otra historia.
En esta situación y con esta directiva hemos encontrado un equilibrio. Hemos evitado la reglamentación excesiva y la burocracia excesiva y presentamos un instrumento legislativo razonable y viable que protege a los trabajadores. 
Harald Ettl (PSE ).
   – Señor Presidente, la cuestión de qué es lo que es razonable a menudo es simplemente retórica. Aunque no cabe duda de que hay que acoger con satisfacción que se haya alcanzado un compromiso sobre este asunto, solo se trata, lamentablemente, de una solución parcial de este problema.
Sin duda hay que celebrar que, por fin, una normativa contemple las radiaciones ópticas de origen artificial, pero, sin lugar a dudas, se puede decir que la eliminación de las radiaciones ópticas de origen natural es una de las ideas menos inspiradas de esta Cámara. En lo que se refiere a la protección de los ojos y de la piel, las radiaciones ópticas de origen artificial representan tanto un problema como lo puede ser la diversidad natural, al existir una conexión causal en ambos casos.
De ello se desprende que la seguridad jurídica es necesaria tanto en lo que se refiere a las radiaciones ópticas de origen artificial y de origen natural. Sabremos por la manera en que se desarrolle la política medioambiental que los tribunales y el Tribunal de Justicia Europeo prestarán cada vez más atención a este problema y, en ese momento, se deberán volver a adoptar medidas.
La protección de los trabajadores se ha fundamentado, durante mucho tiempo, en la información y la prevención; es más humano y menos oneroso. El proceso que ha dado lugar a este cambio de reflexión ha sido largo y laborioso, empezando con la empatía con los trabajadores, seguida de la comprensión de que los empresarios tienen un deber de asistencia y protección, y que el sufrimiento y la enfermedad se pueden aliviar con el tratamiento. Solo entonces se han dado cuenta del valor de la información sobre las enfermedades y los accidentes laborales y de su prevención.
Esto me remonta a la cuestión de lo que es razonable y, como respuesta, quiero dirigirme a mi amigo, el señor Mann. ¿Qué piensas al respecto, Thomas? 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, con la votación de mañana de esta Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados de las radiaciones ópticas, la legislación de la UE, que estipula unas disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos, conseguirá algo muy esperado y necesario.
Es cierto que ha sido muy difícil llegar a un acuerdo definitivo en torno a esta propuesta en concreto, pero gracias a la perseverancia y al sentido común de que han hecho gala todas las partes implicadas en el proceso de conciliación, se han superado todos los obstáculos. Hay que felicitar, por lo tanto, a la delegación de nuestro Parlamento, incluido el ponente, el señor Õry, por el buen resultado del procedimiento de conciliación.
En determinadas circunstancias, las radicaciones ópticas derivadas de fuentes artificiales pueden causar en los trabajadores expuestos traumas oculares graves –incluso ceguera– o lesiones dermatológicas graves, incluido el inicio de un cáncer. Esta legislación, si se aplica debidamente, contribuirá sin duda a reducir la posibilidad de que esto ocurra y protegerá a muchos trabajadores de los peligros de uno de los riesgos relacionados con el trabajo.
Sin embargo, no hemos de olvidar que la mayor fuente de radiaciones ópticas no es la radiación artificial sino el sol y que, para la mayor parte de los trabajadores, el cáncer de piel se origina debido a la exposición al sol. Por lo tanto, en algún momento en el futuro tendremos que enfrentarnos a este problema y abordarlo satisfactoriamente. 
Vladimir Špidla
   , . Señorías, he escuchado con interés su debate y me alegra observar el amplio apoyo a la propuesta que se derivó del procedimiento de conciliación. Quiero agradecer a todas aquellas personas que han participado es ese procedimiento, ya que no ha sido un viaje exento complicaciones y, en determinadas ocasiones, ha sido muy difícil alcanzar un compromiso decente. En todo caso, se han tenido en cuenta muchos argumentos, y esta directiva representa un progreso. Creo que ninguna de las ideas expresadas en este debate puede rechazarse fácilmente con un simple argumento. También creo que hay lugar para una mayor reflexión sobre el desarrollo de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. A modo de conclusión, considero que el procedimiento ha representado un paso en la buena dirección y, supongo, basándome en este debate, que la directiva obtendrá amplio apoyo. 
El Presidente.
   Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.

