Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el martes 23 de marzo de 1999.

Declaración del Presidente
El Presidente
Señorías, el 24 de marzo se produjo un terrible incendio en el túnel del Mont Blanc, que causó la muerte por lo menos a 40 personas, algunas de las cuales todavía no han podido ser identificadas. La magnitud de esta tragedia produjo consternación no sólo en Francia e Italia sino en toda la Unión Europea. A pesar de los días transcurridos, creo que me hago intérprete de sus sentimientos expresando nuestro pesar por dichas muertes y solidarizándonos con las familias de las víctimas. Confiamos en que las investigaciones en curso sirvan para evitar que tragedias como esta puedan volver a repetirse.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones:
Lunes y martes: sin modificaciones
Miércoles:

El Presidente
Como consecuencia de la solicitud de la Sra. Bonino, quien deberá volver a Bruselas para preparar las acciones humanitarias relacionadas con Kosovo, les propongo incluir el informe del Sr. Böge y de la Sra. Roth-Behrendt sobre el seguimiento de la encefalopatía espongiforme bovina antes del informe del Sr. Herman sobre el funcionamiento de las instituciones.
En el caso de que dicho debate no pudiera terminarse antes del turno de preguntas, continuará inmediatamente después del turno de preguntas y, por lo tanto, antes de la interrupción de la sesión de la tarde.
Si no hay oposición lo consideraremos aprobado así. ¿Hay alguna observación?
El Parlamento da su conformidad
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos solicita que se adelante al miércoles el informe de la Sra. Müller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, sobre las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente, actualmente previsto para el viernes, e incluirlo en debate conjunto con los 7 informes de la Comisión de Asuntos Exteriores relativos a las solicitudes de adhesión.
Señora Green, tiene la palabra para presentar la solicitud.

Green
Señor Presidente, parece totalmente lógico que este informe, que es relativo a la ampliación de la Unión Europea, lo debatamos junto con los informes sobre la preadhesión el miércoles. Quisiéramos solicitar que se adelante y que sean tratados al mismo tiempo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Green.
¿Desea alguien intervenir a favor o en contra de esta solicitud? No es el caso.
Someto a votación la solicitud del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos.
El Parlamento aprueba la solicitud
Jueves:

El Presidente
El Grupo del Partido Popular Europeo solicita que se adelante el debate conjunto relativo a los servicios financieros -informes del Sr. Crowley sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y del Sr. Fayot sobre el marco de actuación de los servicios financieros- del viernes al jueves por la mañana. Les recuerdo que el primer punto del jueves por la mañana es el debate conjunto sobre los dos informes anuales de la Comisión de Peticiones, debate en el que participará el Sr. Söderman, Defensor del Pueblo europeo. Los informes antes mencionados de los Sres. Crowley y Fayot sólo podrían incluirse, en cualquier caso, después del debate conjunto antes mencionado.
Señora Oomen-Ruijten, tiene la palabra para presentar la solicitud en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo.

Oomen- Ruijten
Señor Presidente, acabo de hablar con el ponente y me ha parecido entender que cuando la votación sobre el Informe Crowley y el Informe Fayot se celebre en mayo, podremos darnos por satisfechos. De modo que no es necesario que modifiquemos el orden del día. En caso de que nos podamos poner de acuerdo al respecto.

El Presidente
Los servicios me dicen que no hay inconveniente ninguno. Entonces, queda sin modificar el orden del día del jueves. El Grupo del Partido Popular Europeo retira su solicitud.
Viernes: sin modificaciones.
El Parlamento aprueba el orden de los trabajos así modificado

El Presidente
Tiene la palabra el Sr. Ephremidis.

Ephremidis
Señor Presidente, dado que está terminando con las modificaciones en el orden del día, me impresiona y creo que produce perplejidad también a la opinión pública que sigue las discusiones de este Parlamento, lo siguiente: Los temas del orden del día son relevantes y tienen interés, pero ¡nos encontramos ante una guerra en Yugoslavia! Una guerra que amenaza con extenderse a toda la Península Balcánica y no sé dónde más. Digo, pues, si no se debería, a iniciativa suya, a iniciativa de este Parlamento, en presencia del Consejo, en presencia de La Comisión, discutir sobre este tema, que afecta al presente y al futuro, tanto de los pueblos balcánicos como de Europa. ¡Guerra! No sé, ¿acaso no nos hemos enterado de que se está matando a gente, de que se están produciendo destrucciones? No me interesan las responsabilidades. Las encontraremos, las discutiremos de buena fe. ¿Qué vamos a hacer para que cese esta amenaza contra los pueblos balcánicos, los pueblos de Europa?
Señor Presidente, tengo una especial sensibilidad porque las personas de mi edad hemos vivido incidentes de este tipo, pero yo siento una mayor preocupación debido al lugar en que se encuentra el país al que represento.

El Presidente
Señor Ephremidis, nos gustan mucho sus discursos pero lo que usted está pidiendo figura ya en el orden del día. El miércoles por la tarde tendrá lugar un debate sobre la situación en Kosovo tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión al respecto. Eso está previsto, naturalmente, con las correspondientes resoluciones que se presentarán esta tarde. Por tanto, este Parlamento sí ha tenido en cuenta esa situación.

Libertades públicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
el informe (A4-0133/99) del Sr. Bontempi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia (13844/98 - C4-0692/98-98/0923(CNS)); -la propuesta de recomendación (A4-0064/99) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre Europol: Fortalecimiento del control parlamentario y ampliación de las competencias; -el informe (A4-0091/99) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre los procedimientos penales en la Unión Europea (Corpus Juris); -el informe (A4-0141/99) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acción común -adoptada por el Consejo en virtud del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea- relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet (10850/5/98 - C4-0674/98-98/0917(CNS)); -el informe (A4-0185/99) de la Sra. d'Ancona, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el informe del Consejo, destinado al Consejo Europeo, que incluye los elementos clave de una estrategia de la Unión Europea en materia de droga después de 1999, sobre actividades en materia de droga y temas relacionados bajo la Presidencia del Reino Unido (7930/2/98 - C4-0409/98).Daré la palabra a los ponentes por el orden en que han sido enunciados. Por lo tanto, tiene la palabra, en primer lugar, el Sr. Bontempi.

Bontempi
Señor Presidente, la de hoy es una sesión importante no solo para nuestra comisión que ha trabajado durante meses en torno a estos temas, sino sobre todo, espero, para lo ciudadanos europeos. La preparación sustancial -a través de los informes que espero que sean aprobados por el Pleno- de la reunión del Consejo Europeo de Tampere que se celebrará con carácter extraordinario para fijar las líneas maestras de la futura política de la Unión en materia de seguridad y de justicia, creo que es una contribución muy valiosa.
Todos reconocen que la novedad más profunda del Tratado de Amsterdam que entrará en vigor dentro de pocos días -el 1 de mayo- es precisamente «el espacio de libertad, seguridad y justicia», un concepto nuevo e innovador que representa un salto cualitativo sumamente importante en la evolución de la Unión tras la creación de una moneda única y después del intento de poner a punto una política de empleo. En efecto, implicando a la Unión en el logro de exigencias fundamentales como la libertad, la seguridad y la justicia, por un lado, se ha reconocido la estrecha relación entre estas tres exigencias, ninguna de las cuales puede satisfacerse sin las otras dos -de hecho la libertad no tiene sentido si no existe un contexto seguro, basado en un sistema judicial en que todos pueden confiar- y, por otro, se ha considerado a la Unión como el marco apropiado para asegurar la defensa y el desarrollo de estos valores, independientemente de la tradición o de la cultura jurídica de cada uno.
El otro punto fuerte de esta nueva e innovadora parte del Tratado es el hecho de que la norma fundamental, explícita y reconocida es la protección, la promoción y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y recordando expresamente estos principios y previendo, además, un procedimiento de llamada al orden dirigido a los Estados que no los respetan, los Quince han sentado, por fin, las bases de un verdadero orden público europeo, del cual el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos se convierte en el texto de referencia y el espacio de libertad, seguridad y justicia en su expresión más evidente.
Por tanto, nos encontramos realmente ante un profundo cambio de rumbo en la vida de la Unión y nuestra preocupación es que los riesgos que encontramos a lo largo y ancho del propio Tratado, en muchas cláusulas, en la habitual y complejísima arquitectura, hagan que, para conseguir los resultados previstos en este ámbito, todas las Instituciones deban emplearse a fondo en un verdadero camino de guerra o incluso en una verdadera batalla. Y digo esto porque el mantenimiento de la distinción entre el primer y tercer pilar, el mantenimiento en casi todos los casos de la unanimidad en el seno del Consejo y la debilidad de los medios de control parlamentario tanto a escala nacional como europea, convierten este camino en muy difícil.
El informe que nos ocupa ya fue discutido en una conferencia con los parlamentos nacionales, con los representantes de los Gobiernos y con los representantes de la sociedad civil europea y logró, creo, un consenso bastante significativo. Dicho informe es fruto de la valiosa cooperación entre los Grupos políticos y al respecto, deseo señalar por su importancia y porque aportan mejoras en casi todos los casos, las enmiendas sobre las que vamos a pronunciarnos mañana, presentadas por la Sra. Palacio, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo. Considero justo llevar a cabo este trabajo común, ya que el reto que nos espera es grande y debemos afirmar algunos principios: el principio de solidaridad -los Estados deben trabajar conjuntamente en este ámbito, porque sólo trabajando juntos y superando inercias y egoísmos nacionales alcanzaremos el objetivo-, el compromiso de transparencia que debe aplicarse a todos los comportamientos, incluido el del Consejo, y el compromiso de garantizar una participación efectiva en el proceso decisorio innovando profundamente una tradición que, todavía hace pocas fechas, ha visto ignorar el papel del Parlamento, un papel democrático, sustitutivo del procedimiento democrático, pero también constitutivo de las condiciones de eficacia.
Quisiera terminar diciendo que este informe es un mensaje de garantía y de eficacia. El Consejo debe entender que en estas cuestiones sensibles que afectan a la ciudadanía y la legalidad, sin una amplia cooperación con el Parlamento Europeo y con los parlamentos nacionales y la sociedad civil, es difícil convertir la montaña de derecho virtual que ya llevamos a cuestas en realizaciones comprensibles y utilizables por los ciudadanos.

Nassauer
Señor Presidente, señoras y señores, por fin Europol va a comenzar su trabajo el 1 de julio. En ese día habrán transcurrido cerca de cuatro años desde que en el Tratado de Maastricht se estableciera la base jurídica para una autoridad policial europea. Han sido cuatro años de un camino de sufrimiento para Europol. Durante este periodo se frenó y se pusieron trabas a Europol, no en último término en nombre de la denominada soberanía nacional. Tengo algo más que el temor de que estos cuatro años de soberanía nacional no hayan sido de ninguna utilidad. En cambio, el hecho de que Europol no haya podido trabajar ha proporcionado, sin duda, en Europa al crimen organizado una ventaja más. Por esta razón, desearíamos que el día 1 de julio no sólo comience su trabajo Europol sino que también pueda trabajar efectivamente a partir de ese momento. El Parlamento Europeo apoyará ese trabajo que debe comenzar el 1 de julio.
Ya en su primer informe el Parlamento Europeo ha hablado con cautela en favor de una ampliación de las atribuciones de Europol. Hemos propuesto que se someta a discusión otorgar a Europol facultades operativas. Con esto no se piensa en un FBI europeo que pueda arrogarse la competencia de la persecución penal. Tampoco se piensa en europolicías con uniforme que detengan pistola en mano a los delincuentes. Estas no son las funciones de Europol. Pero sí se quiere significar que Europol debería tener la posibilidad de coordinar de manera responsable acciones transfronterizas de investigación y, en este sentido, la posibilidad de dar también instrucciones a las autoridades policiales nacionales. Esta es la vía cautelosa que ha emprendido el Parlamento Europeo.
Exigimos esto, no porque pidamos ciegos de ira derechos policiales para Europa, sino que estas demandas tienen como punto de referencia las necesidades policiales. Si la delincuencia organizada planifica, organiza y actúa de forma centralizada, tiene sentido oponer a esta delincuencia organizada una autoridad de persecución penal que planifique y actúe de manera centralizada. Por esta razón necesitamos a Europol. Toda autoridad policial que posea el derecho de intervenir en los derechos de los ciudadanos precisa de un control parlamentario.
Actualmente Europol está organizada de manera puramente interestatal. En consecuencia, el Parlamento Europeo no tiene derechos propios de control. Según el Tratado, sólo ocasionalmente seremos informados de manera muy sumaria. Pero no podremos controlar. En consecuencia, el control de Europol constituye claramente una tarea de los parlamentos nacionales y no puedo menos que instar a los colegas de los parlamentos nacionales a que ejerzan su función en esa medida. Esto está también en consonancia con la situación actual: Europol tiene sólo derechos muy restringidos de intervención en el ámbito del tratamiento de datos. Sin embargo casi todos estamos demandando que se amplíen los derechos de Europol. El Tratado de Amsterdam, que entrará en vigor dentro de pocos días, apunta en esta dirección. Hace pocas semanas el actual Presidente del Consejo nos sorprendió aquí con la exigencia de que Europol necesita facultades operativas para su actuación. Si esto es así debemos volver a reflexionar acerca del control parlamentario.
La idea de que 15 parlamentos nacionales controlarán en La Haya las actividades de Europol está absolutamente falta de sentido de la realidad. Tampoco pedimos que algún parlamento «vigile constantemente por encima del hombro» a Europol mientras trabaja. Esto no es procedente. Sin embargo, el control parlamentario significa que para esta unidad policial debe haber un responsable político que debe estar obligado a rendir cuentas a un Parlamento. El control parlamentario significa esto. Por consiguiente, si Europol recibe nuevas competencias -y nosotros estamos a favor de ello- necesitamos un Comisario que tenga competencias sobre Europol. En tal caso hay que transferir al Parlamento Europeo el control sobre esta organización. Bajo esta condición, y no bajo cualquier circunstancia, demandamos nuevos derechos para Europol, es decir, sólo si es practicable esta vía del control parlamentario. Esto es lo que queremos poner de relieve con este informe.
Aplausos

Wiebenga
Señor Presidente, la cumbre de Tampere sobre la política judicial europea que se celebrará en octubre de 1999 no puede fracasar. Los ciudadanos europeos quieren sentirse seguros también en una Unión Europea con fronteras abiertas. La Unión debe dar una señal de que va a atacar la delincuencia organizada. Debe hacerse de otro modo distinto a como se ha hecho hasta ahora. Señor Presidente, desde que entró en vigor el Tratado de Maastricht, en noviembre de 1993, esto es, hace cinco años, estos cinco años han sido prácticamente en balde. Se dice que Europol no tiene suficiente fuerza. Que la cooperación judicial es escasa. Que la lucha contra el fraude no funciona, etc. En resumen, que en Tampere es preciso abordar el tema de la lucha europea contra la delincuencia organizada. El recreo se ha acabado. Señor Presidente, es preciso crear un espacio judicial europeo que cobre forma, por ejemplo, mediante una red de fiscales públicos, una red para los tribunales mediante el refuerzo de Europol. Mi informe trata en parte del espacio judicial europeo. Trata también de otros dos asuntos que son muy importantes para el futuro.
En primer lugar, mi informe menciona la necesidad de armonizar una serie de disposiciones penales. Son disposiciones penales que tienen que ver con la delincuencia organizada como el tráfico de estupefacientes, el comercio de seres humanos, el terrorismo, la corrupción, el fraude y similares. Es necesario armonizar esta limitada serie de delitos para establecer las disposiciones penales correspondientes. Compárese esto con las funciones de Europol en este terreno, que sólo está encargado de la investigación. Si se quiere llegar a un enjuiciamiento adecuado es necesario que las disposiciones penales de los Estados miembros en este terreno estén equiparadas. Al decir esto añado inmediatamente que no se trata de crear un código penal europeo. El derecho penal debe ser parte fundamental de la política de los Estados miembros, pero hay una serie limitada de delitos internacionales transfronterizos que, como acabamos de decir, deben ser armonizados.
La segunda parte de mi informe, señor Presidente, se refiere a la creación de un ministerio público europeo. Se trata de coordinar la persecución judicial de la delincuencia que acabo de mencionar. No es de recibo afirmar que la policía debe cooperar, por ejemplo, por medio de Europol, y acto seguido afirmar que la justicia no debe cooperar. Así pues, también es necesario coordinar la persecución judicial de la delincuencia internacional. Una segunda tarea a largo plazo para un ministerio público europeo de estas características debe ser el mantenimiento del control judicial de Europol. No hay un control judicial, ni tampoco hay un control democrático, como acaba de quedar claro. Lo mismo ocurre si la OLAF se convierte en una organización de lucha contra el fraude independiente en lugar de la UCLAF: también es necesario un control judicial, que podría llevarse a cabo a través del ministerio público europeo.
En relación con la delincuencia organizada quiero hacer algún comentario sobre el informe de la Sra. d'Ancona sobre la política de drogas, que guarda relación con éste. En él figura un interesante apartado 10 en el que se aboga por desvincular de las distintas ideologías el debate sobre las drogas en Europa. Es indudable que los países van acercando lentamente sus posturas en este tema, sobre las líneas que debe adoptar una política de lucha contra las drogas, de prevención del consumo, de lucha contra el narcotráfico y de tratamiento de los toxicómanos. Desvincular de las ideologías el debate de las drogas significa que debemos dejar de hablar de la legalización de las drogas. Al mismo tiempo debemos aspirar gradualmente a una armonización cada vez mayor de la política en esta materia. Si la Sra. d'Ancona quiere adoptar ahora esta postura, entonces hemos avanzado enormemente en este período de sesiones.
Es necesario que se produzca un cambio profundo en la mentalidad y en la manera de trabajar del Consejo Europeo. A partir de Tampere debe democratizarse completamente. Todas las medidas adoptadas en los asuntos de la justicia deben presentarse al Parlamento Europeo. Debe haber más transparencia y publicidad. Los parlamentos nacionales deben involucrarse en la política de justicia europea y, por último, lo digo también desde los bancos liberales, debe elegirse un comisario europeo en esta materia y a ser posible uno que tenga fuerza. Si todo esto se consigue, señor Presidente, podremos decir que Tampere habrá sido un éxito.

Schmid
Señor Presidente, distinguidos colegas, Internet ha hecho posible a muchas personas el acceso a un enorme volumen de informaciones almacenadas. Desde el punto de vista sociológico se trata casi de una revolución, de una democratización de la participación en el conocimiento. Por esta razón Internet es algo bueno. No hay que echar la culpa a la red de que, al igual que otros instrumentos de comunicación, sea también mal utilizada para acciones delictivas. A nadie ese le ocurre la idea de decir que el teléfono es una cosa mala, sólo porque los delincuentes telefonean también.
Una de estas actividades delictivas que cabe encontrar en la red es el comercio y el intercambio de material de pornografía infantil. Lo objetable en la pornografía infantil no es el hecho de que se trate de pornografía, es decir, de imágenes de personas desnudas practicando actividades sexuales. Si esto sucede entre adultos no es punible. Lo considero poco atractivo, aunque hay personas a las que les gusta. En el caso de la pornografía infantil, se ha declarado esto punible porque se trata de la representación del abuso sexual de niños realmente existentes. Esto es lo censurable. Por consiguiente, en interés de estos niños debe seguir siendo posible la persecución penal.
Ahora bien, intercambio y comercio con material de pornografía infantil ha habido también en el pasado antes de la existencia de Internet. Esto no es una novedad. Pero la fuente de aprovisionamiento era difícil de encontrar para el particular, pues no puede haber una publicidad pública ya que se trata de cosas punibles. Lo que añade ahora Internet es la posibilidad de realizar ofertas y practicar intercambios a nivel mundial y, por cierto, bajo condiciones que dificultan enormemente la persecución penal.
Por esta razón, es acertado que en el marco del artículo K.3 del Tratado de Maastricht los Estados miembros hayan realizado una propuesta de una medida común para poder combatir mejor la pornografía infantil en Internet. Sin embargo, esta propuesta se encuentra llena de formulaciones que establecen encargos de comprobación o que aluden a posibilidades. Apenas se acuerda algo que sea realmente concreto y vinculante. esto trae a mi memoria una frase que se atribuye al emperador austriaco Francisco José quien una vez dijo: «Señores hay que hacer algo, pero no debe cambiar nada». Lo repito en correcto alemán para los intérpretes: «Señores es preciso hacer algo, pero no debe cambiar nada». Con esta frase se podría describir bien la propuesta, tal como la ha presentado ahora aquí el Consejo. Por esta razón, con sus enmiendas la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha intentado hacer vinculante lo no vinculante que existe en este texto a fin de que el asunto sea de utilidad y tenga sentido.
Una segunda cosa: en dos pasajes intentamos hacer posible en Internet la persecución penal de tales hechos. Si uno se ocupa de la persecución penal de esta pornografía infantil termina precisamente en dos problemas. El primero es que no existe una unanimidad respecto de la edad de protección de la infancia. Esto dificulta enormemente el asunto cuando las investigaciones traspasan el límite.
En segundo lugar: con mucha frecuencia semejante material se coloca en la red haciendo uso de un correo electrónico anónimo. Esto significa que no es posible atribuir a un causante la imagen que aparece allí en un news group . Por consiguiente, exigimos que se supriman los e-mail anónimos o que, al menos, se les limite considerablemente.

d'Ancona
Señor Presidente, un par de observaciones sobre mi informe sobre el informe del Consejo de una estrategia en materia de drogas en la Unión Europea después de 1999. Permítame, señor Presidente, comenzar mencionando un aspecto positivo. Por primera vez en la Comisión de Libertades Públicas hubo casi unanimidad, en realidad hubo unanimidad y una abstención, al aprobar el informe sobre las drogas. Esto es indicativo del hecho de que desde hace años hemos estado escuchándonos mutuamente y, en cualquier caso, hemos iniciado un camino para desvincular de las distintas ideologías el debate sobre las drogas. Esto me parece positivo. En el caso presente también ha sido un poco más sencillo hacerlo, porque yo, en mi calidad de ponente, no debía ofrecer un panorama completo sobre una nueva política en materia de drogas, sino que podía limitarme a evaluar la estrategia escogida por la Presidencia británica. La Comisión a la que pertenezco también estaba de acuerdo con esta evaluación.
Para empezar, opinamos que en virtud del artículo K 6 del Tratado de la Unión Europea y a la luz del procedimiento de codecisión, deberíamos haber sido consultados con antelación. Asimismo opinamos que debería haberse hecho uso de las conclusiones del Parlamento. En el transcurso de los años hemos ido adoptando diversos informes sobre las drogas que el Consejo debería haber consultado. Sin embargo, no hemos visto que se haya hecho nada de eso. También opinamos que debería haberse hecho uso de los resultados de una investigación de evaluación, ahora que tenemos un estupendo observatorio sobre las drogas. ¿Cómo va a elaborarse una nueva estrategia si no se sabe nada de los efectos de la antigua estrategia que estuvo en funcionamiento entre 1995 y 1999? En consecuencia, hemos sido muy críticos al respecto.
Aún más extraño resulta que la Comisión aparezca uno de estos días con su plan de acción 2000-2005, mientras que en el Parlamento no sabemos con precisión cuál es la relación entre el plan del Consejo y de la Comisión. Lo que he oído del plan de la Comisión, si me permiten decirlo, es que en cualquier caso es más ambicioso que el plan del Consejo. Espero poder confirmar que es así, pero es lo que he observado por diversos indicios.
Sobre la base de las críticas también hemos elaborado una serie de recomendaciones. Consideramos que debe haber una mayor coordinación con respecto a la política de drogas y hemos aceptado una enmienda, en tanto que Comisión, en el sentido de que queremos realmente que en el futuro próximo haya un comisario encargado de la coordinación de la política de drogas en la Comisión. En mi opinión, el actual Comisario tendrá muchas dificultades derivadas del hecho de que las tareas están demasiado repartidas. Tanto para nosotros como para la Comisión hubiera sido mejor que hubiese un comisario, como la Sra. Gradin, encargado de coordinar la política en materia de drogas.
Una segunda recomendación que quiero mencionar es que, en realidad, pensamos que debería aprovecharse mejor el observatorio europeo. Encuentro ridículo que el Consejo no haya aportado los resultados de la encuesta. Sería conveniente ahora que el Consejo y la Comisión -quizá los dos a la vez- elaborasen una nueva estrategia coordinada, si queremos establecer elementos de referencia. Elementos de referencia que nos permitan ver si finalmente la estrategia ha funcionado bien, en qué ha funcionado mal o en qué no ha funcionado.
También abogamos por un funcionamiento mejor y más responsable del PNUFID en lo que respecta a la sustitución de cultivos, no por la destrucción de las cosechas en los países del tercer mundo, sino a través de un enfoque de desarrollo integral que pueda ofrecer a los pobres una alternativa real. Hay buenos ejemplos de ello.
Por último, señor Presidente, hemos hecho lo que hemos podido, yo como ponente pero sobre todo la comisión en su conjunto, para alcanzar un equilibrio entre la prevención y la información, la reducción de los riesgos para la salud y las posibilidades de un enfoque judicial coordinado. Al aceptar las enmiendas quiero salvaguardar ese equilibrio. Por tanto no quiero decir si aprecio algunas de las enmiendas. Pienso que el equilibrio que hemos encontrado aquí en la sesión plenaria debe mantenerse. Un equilibrio que se alcanzará en la práctica si entre los Estados miembros se produce en la práctica el mejor intercambio posible de experiencias.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores, el ponente, Sr. Bontempi, ha hablado hoy de puntos débiles en la puesta en práctica del Tratado de Amsterdam que, dicho brevemente, hacen relación a la realización del Tratado de Schengen. La Comisión de Asuntos Institucionales, en cuyo nombre estoy hablando, ha visto en el mismo algo más que puntos débiles, en concreto, tendencias negativas para los derechos de los ciudadanos, para el estado de Derecho y para el papel del Parlamento en el ámbito de la seguridad interior. Creo que es importante hacer una llamada de atención al Pleno acerca de esto.
Esta crítica comienza ya a la hora de consultar al Parlamento. Lamentablemente. esto no es nuevo. La Comisión demuestra poca voluntad de incluir seriamente al Parlamento en una materia tan esencial. Mediante un escrito de 9.12.1998 se nos requirió una opinión, pero el Consejo de Ministros de Justicia había adoptado ya el 3 de diciembre el plan de acción. En este punto la consulta al Parlamento se torna una farsa y la inclusión del Parlamento se convierte en un mero pretexto.
La segunda critica se centra en el Tratado de Amsterdam mismo, el cual no afirma nada, o no mucho, acerca del marco institucional en el que debe cobrar realidad esta libertad de las personas. Sobre la puesta en práctica del Tratado de Schengen hay sólo un protocolo. Sigue abierta la pregunta acerca de si a tenor del artículo 4 o a tenor del artículo 6 se ha de transferir el acquis de Schengen al primer o al tercer pilar. Esto entraña consecuencias muy decisivas para la competencia del Tribunal Europeo de Justicia, para la codecisión del Parlamento una vez transcurran cinco años, y de esto se siguen consecuencias muy graves para el presupuesto. En la actualidad no se ha impuesto todavía todo el conjunto jurídico de Schengen. Tal como se presentan hoy los preparativos, no parece existir por parte del Consejo voluntad alguna de elegir el método democrático, del estado de Derecho, incluyendo plenamente al Tribunal de Justicia e incluyendo plenamente al Parlamento Europeo. Creo que éstos no son puntos débiles, sino que son realmente tendencias peligrosas para el estado de Derecho y para la democracia.

Palacio Vallelersundi
. Señor Presidente, la ponencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos correspondía a mi colega Luigi Florio y, en su ausencia, tomo yo la palabra.
Voy a ser algo más positiva que mi colega Voggenhuber y voy a retomar también algo que el Sr. Bontempi ha dicho, a quien, por cierto, agradezco su espíritu de colaboración desde la Comisión de Asuntos Jurídicos -luego tendré la ocasión de hacerlo en nombre del Partido Popular Europeo-.
El Sr. Bontempi ha señalado que se trata de una complejísima arquitectura. Efectivamente, nos enfrentamos a esa arquitectura que supone la incorporación del Título IV: visados, asilo, libre circulación de personas, más una parte importante que queda en el tercer pilar, más la incorporación del Tratado de Schengen a través del protocolo, más los protocolos especiales. La arquitectura no puede ser más complicada.
Ese es el gran reto al que nos debemos enfrentar si queremos que la Unión Europea -como también ha señalado el Sr. Bontempi- cambie cualitativamente y pase a ser una Unión Europea -como él decía- de garantía y eficacia, de ciudadanía y legalidad. Y nosotros aceptamos ese reto.
Desde la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos insistido en estos puntos y el informe del Sr. Bontempi los recoge. Puntos que hablan del derecho a un juicio imparcial, con todas las garantías, de la garantía del acceso a la justicia, lo que implica la subvención en aquellos casos en que no se tengan recursos para litigar; de la presunción de inocencia como principio fundamental del Derecho europeo.
Desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, se ha insistido asimismo en algo que también se ha dicho aquí en otros informes: la necesidad de un control jurisdiccional. Un control jurisdiccional que en estos momentos puede diluirse en esa complejísima trama y que desde aquí tenemos que reclamar, exigiendo, asimismo, el control democrático de este Parlamento.
Sin control democrático y sin control jurisdiccional no se podrá lograr que Europa deje de ser sólo un mercado y esté a la altura del reto al que ahora nos enfrentamos.

Elliott
Señor Presidente, tenemos un grupo de cinco informes y quisiera felicitar a todos los ponentes. Todos ellos han realizado una excelente labor en la redacción de los informes que representan una importante aportación a este asunto.
En primer lugar, me gustaría centrarme en el ámbito de la Justicia y los Asuntos Interiores, ámbito que recogen los informes del Sr. Bontempi y del Sr. Wiebenga. Ambos informes hacen una valiosa aportación al insistir en la necesidad de que la Unión Europea alcance un mayor nivel de armonización y cooperación en este ámbito. Ámbito que, lamentablemente, ha sido desatendido en comparación con los grandes progresos que ha realizado la Unión en materia de armonización en aspectos como política económica y financiera, transportes, medio ambiente, etc. Este ámbito de la Justicia y Asuntos Interiores y de la libertades civiles se ha quedado muy rezagado. No es que queramos que todos los países adopten el mismo sistema jurídico y judicial; eso sería absurdo. De hecho, incluso en algunas regiones de los actuales Estados miembros existen antiguas diferencia en el modo de impartir la ley y en su funcionamiento.
Necesitamos una cooperación mucho mayor. Nos enfrentamos a una situación en la que el crimen organizado prolifera a nivel internacional. A los delincuentes no les preocupan temas como la subsidiaridad y los controles fronterizos ni si se acatan las sutilezas que diferencian el Derecho nacional del Derecho comunitario -aplican cualquier medio que les aporte los mayores beneficios y les permita alcanzar sus objetivos. A menos que establezcamos un sistema adecuado de cooperación internacional en este ámbito, seremos incapaces de atajar eficazmente estos problemas.
La cooperación internacional es asimismo importante para proteger los derechos de las personas. Existen grandes diferencias en materia de Derecho penal y también de Derecho civil. Hay muchas actividades que son delictivas en algunos países, pero no en otros. La política en materia de condenas difiere ampliamente entre los distintos países. Es un asunto que adquiere cada vez más relevancia a medida que crece el número de nuestros ciudadanos y residentes de la Unión Europea que trabajan, viven y realizan sus actividades en un Estado miembro que no es el propio.
Es inadmisible que, en el caso de una acusación, alguien tenga menos derechos legales en un país que no es el suyo que en su propio país. Asimismo, han surgido problemas de personas que han sido detenidas durante largos períodos sin juicio, debido a los retrasos burocráticos originados por problemas de traducción y a la falta de una cooperación judicial adecuada. Estos asuntos deben ser atajados y resueltos, y los informes hacen algunas sugerencias muy importantes y útiles sobre cómo conseguirlo.
El informe del Sr. Nassauer sobre Europol es equilibrado. Debe existir una colaboración eficaz entre los cuerpos policiales nacionales, y el Convenio Europol prevé un intercambio adecuado y eficaz de información que permita a los cuerpos de policía de nuestros Estados miembros cooperar y actuar con mayor eficacia mediante un intercambio de información, de ideas y de prácticas adecuado. De lo contrario, las autoridades responsables de mantener la ley y el orden trabajarán con una mano atada detrás de la espalda en comparación con las organizaciones criminales.
Algo en lo que siempre ha insistido el Parlamento desde el inicio mismo de Europol es que toda organización policial internacional -que, quizá con el paso del tiempo, tenga poder de intervención, por muy limitado que éste sea- sólo debe existir si existe un sistema adecuado de control democrático y transparencia; al igual que esperamos transparencia democrática de nuestros propios cuerpos policiales nacionales. Debemos respetar el principio de que la actuación policial sólo puede tener lugar con el consentimiento de la sociedad a la que sirve. Los cuerpos policiales que se vean a sí mismos como una especie de autoridad exterior que viene a imponer unas normas y operaciones que no son aceptables para la mayor parte de la sociedad, fracasarán. Necesitamos una actuación policial que sea buena y eficaz y goce del beneplácito de las comunidades.
Por último, el informe de la Sra. d'Ancona sobre el complejo y controvertido ámbito de las drogas traza un equilibrio entre asuntos muy complejos: la cuestión de no aprobar el consumo de drogas peligrosas, pero, al mismo tiempo, reconocer que el enfoque meramente punitivo de este problema nunca tendrá éxito y que debe hacerse el debido hincapié en la formación, los temas de salud, etcétera. En un informe muy equilibrado sobre esta problemática.

Cederschiöld
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo referencia al Informe Wiebenga sobre procedimientos penales, el Corpus Juris . Es un excelente informe sobre una materia especialmente delicada y postergada. Este informe tiene que entenderse como un paso hacia una mayor coordinación en la UE en materia de derecho penal, lo cual es deseable. Al mismo tiempo, en el trabajo de coordinación hay que respetar algunas diferencias existentes en las legislaciones de los Estados miembros. En el informe se hace hincapié en que hay que respetar las legislaciones nacionales, lo que constituye una base realista para la continuación del proyecto de Corpus Juris .
Este debate se ocupa también del Informe Bontempi, es decir, del plan de acción para un espacio libre, seguro y justo, y sobre esto sólo se pueden decir cosas favorables. Allí están todos los puntos esenciales en materia jurídica.
Por eso quisiera pasar al informe un poco más discutible de d'Ancona sobre la estrategia de la UE en la lucha contra los estupefacientes. Opino que ha sido provechoso que consiguiésemos que los socialdemócratas acepten que el tema de la droga es suficientemente importante como para ser debatido en el Pleno, de modo que los ciudadanos puedan informarse. El informe está impregnado precisamente de la idea de que se trata de una lucha contra las drogas, todas las drogas. Este punto de vista debe ser primordial en la estrategia que está preparando la Comisión. El larguísimo e intenso debate sobre las drogas que ha tenido lugar durante este período ha demostrado precisamente dónde está el límite para la colaboración en esta materia. Ha sido un éxito en la comisión conseguir que en el informe ya no se hable más de la prescripción de heroína como medio para combatir las drogas. Pero tampoco la prescripción de metadona es una manera adecuada de ayudar a los drogadictos a abandonar su dependencia. Estamos asistiendo a un desarrollo esperanzador en el campo de los fármacos que nos proporcionará preparados que causen menos adicción, lo que podría resolver las últimas cuestiones políticas respecto a las opiniones de la mayoría en materia de drogas. El objetivo final es suprimir todas las drogas y la adicción a medicamentos.
El punto de vista del PPE ha tenido éxito. La ponente d'Ancona ha colaborado mucho y ha estado dispuesta a escuchar los puntos de vista del Grupo PPE. Se merece un elogio porque ha comprendido cuáles son los caminos políticos viables en materia de drogas. El informe que hoy tenemos ante nosotros es mucho más equilibrado que otras propuestas anteriores. El debate en el Parlamento ha sido importante. Al comienzo nuestras posiciones estaban muy distantes entre sí, pero ahora hemos conseguido un criterio europeo común. Hemos logrado que se tomen en cuenta algunos de los principios esenciales en la lucha contra las drogas en los países nórdicos. El informe contiene nociones claras para disminuir la oferta y la demanda. Mi objetivo a largo plazo es una sociedad sin drogas y creo que en el futuro la lucha contra los narcóticos en Europa va a descansar en los tres pilares que durante tanto tiempo hemos tenido en Suecia, a saber, prevención, represión y rehabilitación.

Frischenschlager
Señor Presidente, en primer lugar hemos de dar las gracias por su trabajo a todos los ponentes ya que en estos informes nos estamos moviendo en un ámbito central de los valores europeos, en concreto, en el principio del estado de Derecho. Considero muy importante que nos hagamos conscientes de que la movilidad social y la integración de la población europea debe ir acompañada de una armonización del Derecho. Por consiguiente estimo que noes perjudicial, sino, por el contrario, muy importante que acomodemos nuestro Derecho Civil y, también, en especial, nuestro Derecho Penal al hecho de que cada vez convivimos más estrechamente en Europa.
También me parece muy importante que valoremos mucho que la cultura jurídica no desaparezca. En la práctica. Esto rige sobre todo respecto de nuestros futuros miembros de la Unión Europea de la Europa Central y Oriental. En las conversaciones y preparativos de la adhesión estamos viendo ahora que allí es muy difícil encontrar, apoyar o fomentar una cultura jurídica que posibilite una convivencia común dentro de un marco económico y jurídico común así como también dentro de un espacio de libertad y de democracia.
Me gustaría decir lo siguiente sobre los derechos fundamentales: el Sr. Nassauer ha hecho alusión a Europol. Es muy importante que contemos con instrumentos policiales eficaces. Pero éstos han de ser acompañados por instrumentos de control de índole judicial y parlamentaria en el ámbito de los derechos fundamentales. No me basta que éstos sean solamente los parlamentos nacionales. El Tribunal Europeo de Justicia y, en el futuro, el Parlamento Europeo, deberían tener en este ámbito una función muy considerable de control.
El último punto es el derecho de asilo: la Europa abierta es muy importante. Y hemos de velar por que el derecho de asilo no se vea pisoteado. Respecto de la distribución de las cargas hemos de procurar que ésta se lleve a cabo de manera justa en el seno de la Comunidad Europea. Para nosotros el derecho de asilo debe ser sagrado como valor europeo. En este campo no debemos tolerar que se realice recorte alguno.

Andrews
Señor Presidente, el debate de hoy es muy oportuno, si tenemos en cuenta que el 50º informe eurobarómetro, que acaba de ser publicado, demuestra claramente que las inquietudes sobre el desempleo apenas superan el deseo de los ciudadanos de que se adopten medidas contra las drogas y el crimen. Quiero decir de entrada que no apoyo la resolución que aboga por el nombramiento de un fiscal comunitario independiente.
No obstante, los ciudadanos europeos deben poder sentirse seguros cuando pasean por sus barrios. Debe ser seguro realizar negocios en Europa sin temor a los fraudes financieros. Debe existir la seguridad de que los niños vayan al colegio sin el temor de ser inducidos al consumo de drogas. Debe existir la seguridad de que los niños utilicen la autopista de la información sin sufrir los abusos de los desviados que se sirven de Internet con fines pornográficos. La pedofilia en Internet debe ser perseguida por la ley.
De acuerdo con el compromiso asumido en el Tratado de Amsterdam, la Unión Europea debe convertirse en una zona de libertad, seguridad y justicia, en la que los ciudadanos gocen de un alto nivel de seguridad. El próximo mes de octubre, los gobiernos celebrarán una reunión especial para estudiar la creación de una zona europea de libertad, seguridad y justicia. En dicha reunión se presentará una estrategia común que reconozca y responda a las exigencias claramente establecidas por nuestros ciudadanos europeos de que se tomen medidas contra las drogas y el crimen. El crimen organizado opera a nivel profesional. Dispone de grandes recursos y tiene acceso a la tecnología punta, de la que se sirve para socavar las bases de la democracia y para blanquear dinero y cometer fraudes. Es fundamental que la cooperación policial en conexión con Europol se amplíe a nuevos campos, como la falsificación de billetes y monedas en euros.
Creo que los barones de la droga convictos deben recibir condenas de cuarenta años de cárcel en vista de que en la Unión Europea no existe la pena capital. La Unión Europea debe ser igualmente profesional y servirse de todos sus poderes combinados para luchar contra estos barones del crimen en toda la Unión Europea. En la medida de lo posible, los crímenes graves deben ser castigados con largas condenas de prisión. En mi circunscripción de Dublín he conocido este fin de semana a una familia que perdió a dos mujeres jóvenes durante el pasado año víctimas de la droga. Una de las prioridades de la Unión Europea debe ser la lucha contra la droga. No tiene sentido que acudamos a esta Asamblea y tratemos sobre propuestas liberales, mientras que vemos a nuestro alrededor cómo mueren los jóvenes víctimas de las drogas, y aquellos que importan y venden las drogas quedan sin castigo. Debemos facilitar toda la cooperación a Europol y hacer todo lo que esté en nuestras manos para prevenir la drogodependencia.

Ceyhun
Señor Presidente, tal como ha afirmado ya el ponente, Sr. Nassauer, el control parlamentario de la acción policial de Europol es una de las tareas más importantes, precisamente para nosotros, los políticos de asuntos interiores. Por esta razón, para nosotros, los Verdes en el Parlamento Europeo, es muy importante que Europol, como un organismo interestatal, no reciba ninguna atribución adicional, inimaginable para nuestras autoridades policiales nacionales, que vulnere los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos de la Unión.
Puedo mencionar como ejemplo el protocolo sobre los derechos e inmunidades de los funcionarios de Europol. Evidentemente, nosotros estamos a favor de Europol, en cuanto autoridad europea que es necesaria para la seguridad interna de la Unión Europea y que desempeña un papel decisivo para la cooperación de las autoridades policiales nacionales. Pero nosotros estamos a favor de una autoridad europea que sea controlable democráticamente. La acción policial necesita ser controlada allí donde intervenga en los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, sobre todo en los derechos fundamentales. Por esta razón, no estamos satisfechos con el presunto control actual de Europol, por parte de los parlamentos nacionales. El ponente, Sr. Nassauer, ha presentado ya algunas buenas propuestas que nosotros celebramos. Pero éstas no nos bastan. Para nosotros es muy importante que el control parlamentario de la acción policial de Europol sea asumido por el Parlamento Europeo. Lamentablemente, seguimos echando de menos las propuestas que hagan posible un auténtico control.

Pradier
Señor Presidente, Señora Comisaria, la totalidad de los informes que se han presentado suscita naturalmente nuestra adhesión a la mayoría de los puntos, ya sean los informes del Sr. Wiebenga, los del Sr. Nassauer o los del Sr. Schmid. Me gustaría explayarme un poco más con el informe del Sr. Bontempi, porque me parece de gran importancia y abarca la práctica totalidad de los temas sobre los que debemos cimentar la construcción de Europa.
Tratandose en primer lugar de la comunitarización de la cooperación judicial y policial, todos los puntos subrayados son elementos fundamentales: la reducción de la duración de los procedimientos en materia de asilo, la fijación de las condiciones y los procedimientos para la concesión de visados, la progresión hacia un visado uniforme, la obtención de un estatuto para los inmigrantes legales, la lucha eficaz contra la inmigración clandestina. Asimismo la libre circulación entre Estados miembros de los inmigrantes legales es un tema que nos interesa especialmente. Por fin se podrá garantizar la serenidad en la toma de las decisiones y sobre todo la tranquilidad de los más directamente afectados.
Por lo que se refiere a la cooperación policial, el desarrollo de Europol y la utilización de las bases de datos nos parecen de interés prioritario y es indispensable integrar a tiempo en las actividades de Europol el sistema de información Schengen.
El punto en el que muchos Estados se mostrarán aún reticentes es el que versa sobre la autorización de la intervención de las autoridades judiciales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Sin embargo habrá que solventarlo y proceder en todo caso a una aproximación general de legislaciones respecto a la mayoría de los delitos y crímenes.
En el enfoque actual relativo a la creación de un área de libertad, seguridad y justicia, la libertad ocupa una posición prevalente y habrá que integrar el acervo de Schengen en nuestra propia dinámica. Se deben defender dos objetivos principales. El primero consistirá en hacer frente al drama que vive Europa actualmente, esto es las inmigraciones masivas, ofreciendo de forma colectiva y a gran escala una protección temporal a las poblaciones perseguidas. De todas formas será necesario que el derecho de asilo se sustente sólidamente en la Convención de Ginebra y protocolos adicionales en su condición de textos fundamentales. En cuanto a la seguridad, por último, habrá que luchar contra la criminalidad organizada y erradicar las condiciones de vida que han dado lugar a la violencia urbana y al hooliganismo.
Una palabra en relación con el informe de la Sra. Ancona sobre el consumo de substancias ilícitas. Se le podría reprochar, sin embargo, que no contiene la menor objeción hacia la política que actualmente se sigue en materia de consumo de estas substancias. Lo menos que puede decirse es que se trata de una política que hasta la fecha no ha producido resultados tangibles. No se han tomado en cuenta las experiencias colectivas y se ha renunciado a examinar los resultados de los experimentos en curso. Se ha impuesto por unanimidad una cierta pusilanimidad, un cierto conservadurismo que han conducido a un acuerdo de mínimo común denominador. Sin embargo ha prevalecido un realismo favorable a un enfoque multisectorial.

Seillier
Señor Presidente, el informe de nuestro colega el Sr. Schmid contiene comentarios y sugerencias muy buenos, especialmente el intento de impedir la existencia de correo electrónico anónimo.
Pero me parece que ese informe adolece de un vicio fundamental. Hace una distinción que yo rechazo entre la pornografía que sería aceptable, y la pedopornografía que sería lo único reprehensible.
Ha confesado en primer lugar que fijar la edad del niño es un problema muy delicado para el que no hay solución; y a continuación, queridos amigos, nos dice que la pornografía como tal debe considerarse un ataque a la dignidad, al respeto del ser humano que es uno de los fundamentos de nuestras democracias, igual que el racismo y otros males que condenamos como es de justicia.
¿Sino, como quieren ustedes que los desequilibrados, cuyo desequilibrio se acentúa hasta provocar el paso a la acción, a causa de la contemplación constante de cintas pornográficas con actores adultos sean arrestados por prácticas con jóvenes? Se da aquí una clase de irrealismo que me parece verdaderamente muy, muy extraño de comprender en el plano lógico.
En cuanto al informe de nuestra colega, la Sra. Ancona, tampoco voy a abordar esta cuestión bajo la óptica de los múltiples problemas económicos, esto es la distinción entre una represión, que debería ser implacable, de los traficantes y por supuesto la actitud de los jóvenes principalmente, para quienes la cuestión es evidentemente muy delicada.
Me contentaré entonces con un enfoque que me parece indispensable y al que no se ha prestado la suficiente atención. Se dice que hay que mirar las cosas desde el lado de la oferta. Por supuesto. ¿ Pero porqué se drogan los jóvenes? ¿ Qué crítica, qué examen de conciencia deben hacer los adultos en nuestros países, ya sean los padres, ya sean los profesores o los responsables sociales, en una palabra, todos los adultos que están en contacto con la juventud, respecto a por qué no somos capaces de transmitir a la juventud razones para vivir, el gusto por la vida, la fuerza moral para afrontar las dificultades de la existencia humana?
La vida en la Tierra siempre ha sido muy difícil. Hay un déficit fundamental que debería concitar un esfuerzo conjunto, y para terminar, me permito el lujo de llamar la atención sobre un tema concreto, el hecho de que siempre hablamos de la enseñanza de los idiomas. Pero tenemos una visión cada vez más utilitaria de la enseñanza de los idiomas, mientras que la literatura, la gran literatura de los distintos países europeos, de nuevo a disposición de los jóvenes, quizá les proporcionaría esas pistas que les impedirían deslizarse hacia conductas tales como el consumo de drogas.

Hager
Señor Presidente, mucho antes de que yo perteneciera a esta Asamblea se preveía EUROPOL como un instrumento poderoso para la lucha contra la delincuencia organizada. Pero todavía no se ha llegado a eso. Hasta hoy los trabajos de preparación no han fructificado tanto como para posibilitar en La Haya un funcionamiento pleno. Naturalmente, todos nosotros estamos interesados en una EUROPOL plenamente operativa como arma adecuada contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, un instrumento eficaz para combatir el aumento, incluso cualitativo, de la delincuencia es algo que estamos requiriendo todos. Pero en vez de pedir con vehemencia que se concluyan los trabajos preparatorios, estamos discutiendo hoy un desarrollo que va muy lejos y también, en nuestra opinión, en una dirección equivocada. En efecto, el aspecto de la seguridad no hace necesario otorgar a los funcionarios de EUROPOL un derecho a impartir instrucciones a los funcionarios nacionales ni instalar un órgano central europeo. Rechazamos el informe por estas razones.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre del Partido Popular Europeo. Creo que es el momento de hacer una reflexión clara.
Atravesamos un clarísimo, importantísimo y -añadiría, sin duda- gravísimo momento de crisis de la conciencia europea. Los estados de opinión de nuestros Estados miembros han venido madurando y hoy han reventado las costuras de aquel proyecto que limitaba la construcción europea a un mercado. Hoy en día, creo que nadie puede dudar de que la ciudadanía europea quiere y dice que Europa es un proyecto de civilización y no sólo un mercado.
No quisiera, pero es obligado hoy hacer referencia a la reciente situación en Kosovo y a la exigencia de una proyección de Europa hacia el exterior. Pero para que Europa se proyecte hacia el exterior tenemos que tener muy claro y muy cimentado lo que es Europa de puertas adentro: Europa, de puertas adentro, no puede ser ese mercado exclusivamente.
En este sentido, señor Presidente, la democracia de nuestros Estados miembros es muy exigente y nosotros, que representamos aquí a los ciudadanos, tenemos que tener claro que en este ejercicio, en este Informe Bontempi y en los cuatro informes que también se discuten hoy, tenemos que llevar el Tratado de Amsterdam al límite legal. Evidentemente, el Tratado de Amsterdam es nuestro marco jurídico, pero tenemos que llevarlo al límite legal de sus posibilidades y, donde ello no sea suficiente, tenemos que asumir el claro compromiso de cambiar el Tratado para cumplir con lo que hoy en día es una demanda clara de la ciudadanía.
Por eso, señor Presidente, es importantísima la Cumbre de Tampere, puesto que va a cuajar en el debate de los Estados miembros todas estas cuestiones al más alto nivel. El informe del Sr. Bontempi es importante porque es el que define lo que pretendemos que sea realmente ese espacio de libertad, de seguridad y de justicia que el Tratado, de momento, proclama. La Cumbre de Tampere es la que va a traducir todo esto a la práctica y, en ese sentido, el informe del Sr. Bontempi contiene planteamientos fundamentales.
Y digo esto agradeciendo, por supuesto, las palabras del Sr. Bontempi respecto de mí. He de decir que he trabajado en un ambiente de absoluta colaboración y que me siento tan responsable como él del resultado que obtengamos -espero que mañana- con un gran respaldo de toda la Asamblea.
Hablamos de que es necesario plantear claramente qué derechos fundamentales queremos y a qué nivel jurídico los queremos establecer; que no haya discriminaciones; que se desarrolle la ciudadanía europea; que la libre circulación de personas, los visados y la inmigración -y no vuelvo sobre los asuntos que son tan de actualidad hoy- son una necesidad que exige inmediata solución, si queremos llevar adelante el objetivo que proclama el Tratado de Amsterdam.
Necesitamos, además, mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Deben tener la sensación de que tienen cobertura jurídica en toda Europa, y no como un día me decía alguien en España, que, respecto de la justicia, da igual tener un pleito contra un francés que contra un ciudadano de cualquier otro país del mundo.
Tenemos, por último, que cambiar los métodos de trabajo y la colaboración entre instituciones.
Esas son las grandes áreas del Informe Bontempi.
Finamente, señor Presidente, quisiera expresar mi reconocimiento a los ponentes de los otros informes, que se desarrollan en torno a esos tres vectores de libertad, de seguridad y de justicia y subrayar la importancia de los mismos.

Nordmann
Señor Presidente, esta discusión simultánea de varios informes tiene algo de extraño.
Por la propia división de los informes, da la impresión de fragmentación de los temas cruciales, mientras que nos encontramos sin ninguna duda, ante el meollo, ante lo esencial de la construcción europea, del proyecto europeo de construcción de una comunidad de ciudadanos.
Del informe del Sr. Bontempi, extraigo esa impresión de una ciudadanía europea que se construye de forma progresiva, en cierta manera partiendo de la nada, no sólo a base de afirmar un cierto número de libertades positivas, sino también (y ya lo habíamos visto con los avances en materia de libertad de circulación de personas) creando una categoría nueva: ese compatriota comunitario que ya no es totalmente extranjero en ninguno de nuestros países.
La sensación de fragmentación aumenta cuando vemos que hay ciertos conceptos que se dejan de lado, especialmente la noción de laicismo, que nos lleva al nuclear de la ciudadanía europea definida en el tratado de Amsterdam como derechos fundamentales que transcienden la división en categorías, lealtades, dogmas, etnias o religiones. En Europa construimos un espacio de libertad y de ciudadanía que va más allá, que es fundamental. Pues bien, esto es exactamente lo que los padres fundadores del laicismo republicano pretendían hacer: despegar al ciudadano de los particularismos por medio de la generalización de los derechos.
Señor Presidente, es una pena, y termino con esto, que esta dimensión fundamental del laicismo no se haya abordado en un debate tan crucial.

Lindholm
Señor Presidente, queridos colegas, siento temor. ¿Hacia dónde vamos? Según el informe que estamos discutiendo, la UE tendrá mayores facultades en materia jurídica, entre otras cosas, un Reglamento de la Unión creará una identidad europea y legitimará su actividad. Se va a dar más poder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Habrá mayor armonización del derecho civil y penal y de la definición de delito. Europol es una unidad policial europea que tendrá facultades operativas y podrá también dar instrucciones a las autoridades policiales nacionales. Hay quienes demandan la existencia de una fiscalía europea y mucho, mucho más.
Quiero manifestar que estos delicados asuntos que tratan del núcleo de los Estados miembros -es decir, de la soberanía- y que están regulados en las constituciones de los distintos países, no han sido debidamente discutidos por los ciudadanos. Puede ser muy arriesgado si se tiene demasiada prisa y se atropella tanto a los ciudadanos como a los parlamentos nacionales. ¿Por qué no nos atrevemos a hablar claro aquí en el Parlamento Europeo, a discutir, a mostrar que aquí hay una mayoría que quiere crear los «Estados Unidos de Europa», aunque evidentemente yo no estoy a favor, y a discutir con los ciudadanos y los parlamentos nacionales?
En cuanto al informe de d'Ancona sobre drogas, es menos malo, visto con ojos suecos, que muchos otros que hemos discutido. No obstante, he presentado cuatro enmiendas a las que espero que el Parlamento y la Comisión den su apoyo, especialmente a la enmienda 2.

Van Dam
Señor Presidente, estos informes pretenden dotar de contenido la manera en que se puede colaborar en asuntos de policía y justicia en la Unión Europea. El Sr. Nassauer ha puesto de relieve con todo acierto la falta de control en Europol. A mi modo de ver, la solución al respecto pasa fundamentalmente por los parlamentos nacionales y el Consejo. La ampliación de Europol con más competencias policiales no me parece en absoluto buena idea, dada la problemática actual del control.
En lo que respecta al claro informe del Sr.Wiebenga, con la creación de un espacio abierto sin fronteras interiores se plantea indefectiblemente la necesidad de una armonización parcial del derecho penal. El informe señala acertadamente que no debe establecerse una legislación europea en materia de derecho penal. Resulta menos lógico, sin embargo, que el ponente propugne la creación de un ministerio público europeo. Realmente no creo necesario adoptar una solución de tamaña envergadura.
Seré breve al referirme al Informe Schmidt. Lo apoyo plenamente. Con el informe del Sr. Bontempi, sin embargo, tengo más dificultades. En un batiburrillo de palabras se tratan todo tipo de temas absolutamente dispares. De manera demagógica señala que entre los ciudadanos hay una aversión a la falta de una legislación europea en todos los terrenos y a la denominada desaparición de los regímenes jurídicos nacionales. Es verdaderamente increíble que se achaque a eso el origen de la delincuencia nacional y de los problemas sociales. No hay una demanda urgente por parte de la opinión pública hacia la ciudadanía europea. Sí la hay hacia la libertad, la seguridad y la justicia. La manera en que se consiga importa poco a la mayoría de los ciudadanos. Afirmar que esto sólo puede alcanzarse a través de la política europea es una tontería.
Otro ejemplo es el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos. Se me escapa totalmente su sentido, a no ser que sea elaborar una constitución europea como comienzo de un Estado europeo. Aún queda mucho por tratar, pero me basta decir que no apoyaré este informe poco matizado, a rachas demagógico y, en cualquier caso, incoherente.

Lukas
Señor Presidente, la frase del emperador austriaco que ha citado el Sr. Schmid caracteriza con mucha precisión el proyecto del Consejo sobre la lucha contra la pornografía infantil. Por consiguiente, las enmiendas que se han presentado significan una importante mejora. La creciente y totalmente desenfrenada proliferación de imágenes y actividades pedófilas a través de Internet invierte en parte la función de la moderna tecnología de la información de ser una bendición para la humanidad en ser una maldición para la humanidad. La delincuencia profesional sólo podrá ser combatida con éxito en el ámbito del abuso de menores y de la mala utilización de Internet si la UE procede de manera conjunta y si, sobre todo, los Estados miembros cooperan más intensamente entre sí y con terceros países.
Pero a este respecto es necesario también armonizar determinados conceptos del Derecho penal como el límite de la mayoría de edad. De lo contrario se pueden producir situaciones absolutamente absurdas. Así, por ejemplo, un ciudadano alemán que fue condenado en Bélgica a cinco años de prisión por abuso de menores vive en libertad en Alemania porque el hecho cometido por él en Bélgica no es punible en Alemania debido a que el límite de la mayoría de edad es diferente en ambos países.

Andersson
Señor Presidente, quiero concentrarme en el Informe d'Ancona. Para empezar, doy las gracias a la ponente. En este Parlamento hemos tenido muchos debates sobre la política de drogas. A veces esos debates han sido muy intensos y cargados de sentimientos. Tengo que decir que este informe de d'Ancona es mucho, mucho mejor que los que hemos discutido anteriormente. Opino que esto favorecerá la objetividad de los futuros debates sobre política de drogas. Esto no significa que en el futuro vamos a estar de acuerdo en todos los detalles. No, no lo creo, ya que venimos de diferentes países, con distintas tradiciones. Por ejemplo, creo que a veces prestamos demasiada atención a la llamada harm reduction, en lugar de prestársela a los esfuerzos anticipados y a las medidas de prevención. Sin embargo, tengo que decir que estoy de acuerdo con la ponente en casi todos sus puntos de vista como, por ejemplo, en que un Comisario asuma la responsabilidad de tratar de encontrar alternativas a las penas de cárcel, puesto que la cárcel no es una solución a los problemas de las drogas, y en hacer una evaluación de los métodos de rehabilitación existentes; sabemos, por cierto, que hay métodos de rehabilitación mejores y peores, pero hay deficiencias en la evaluación de ellos.
Finalmente, opino que debemos estar orgullosos de una cosa que hemos podido hacer en común -el Parlamento y la Comisión- durante este período, a saber, el trabajo en contra de las drogas sintéticas. Algo que hemos logrado conjuntamente durante este período es comenzar este trabajo tan importante, la lucha contra las drogas de diseño. Quiero dar las gracias por esto tanto a mis colegas en el Parlamento como a la Comisión.

Pirker
Señor Presidente, en realidad hoy estamos celebrando un debate sobre seguridad que consta de dos bloques. En el primer bloque quisiera destacar el problema de las drogas. Por una razón muy sencilla: actualmente más de cinco millones de jóvenes de la Unión Europea consumen drogas sintéticas. Hemos de constatar en todos los informes que el consumo de drogas y también el trafico de drogas están aumentando palmariamente. En la Unión Europea necesitamos estrategias eficaces contra las drogas. Cuando nos esforzamos en lograrlas, nuestro problema es que debido a la multitud de cosas que hemos de hacer en el marco de nuestras estrategias, éstas no siempre resultan tan claramente perceptibles para la población. Las estrategias contra la droga discurren a través de tres pilares; tenemos varios planes de acción y un buen número de informes relativos a la problemática de las drogas. Necesitamos con urgencia una homogeneidad en la formulación y por medio de ella más inteligibilidad en nuestras estrategias.
Quisiera destacar algunos puntos que considero muy esenciales. En primer lugar, en la medida de lo posible, y como una señal, deberíamos acostumbrarnos a hablar no de estrategias sobre la droga sino de estrategias contra la droga. Lo mismo ha de entenderse también de todos los informes que se ocupan de ellas. En segundo lugar, habría que mantener de manera permanente lo que nos hemos propuesto en este punto, en concreto, que no debe haber en el futuro ninguna liberalización y ninguna legalización en materia de producción, venta o consumo de las drogas. El futuro de la Unión Europea no debe ser tal que haya hachís en las expendedurías de tabaco o que se pueda conseguir heroína con receta médica. Esta no puede ser jamás nuestra realidad.
En tercer lugar, debemos conducir sin ideología alguna nuestro debate sobre las drogas. Necesitamos planteamientos eficaces de solución, que vayan desde la prevención, pasando por la represión, hasta la prestación de ayuda a los drogadictos y, a este respecto, pienso que en el ámbito de la prevención deberíamos emprender medidas, sobre todo en los colegios, pues en ellos llegamos a todos los jóvenes de la Unión Europea. Quiero proponer una vez más que apoyemos acciones sobre una base de voluntariedad. Hay que dar las gracias a la Sra.Comisaria por haber prometido también su apoyo. Así, por ejemplo, en Europa los colegios deberían ser declarados zonas libres de drogas sobre una base voluntaria. Habría que mejorar y ampliar la cooperación con la industria química, por ejemplo, en la lucha contra las sustancias precursoras. En el ámbito de la represión es preciso desarrollar Europol, prestar apoyo a la policía, impulsar la cooperación judicial e introducir, en suma, ayudas a los drogodependientes.
Finalmente, Europa debe ser considerada como una comunidad de seguridad en todas las estrategias. En este punto no abrigo ningún temor cuando considero los informes como, por ejemplo, los informes del Sr. Nassauer y del Sr. Wiebenga. En ellos se demandan acciones enérgicas y yo deseo más acciones enérgicas en la cumbre extraordinaria de Tampere.

Blak
Señor Presidente, voy a ser muy directo. La idea de instaurar un ministerio fiscal europeo común debe ser rechazada. No debemos tener ni un código penal europeo común ni un ministerio fiscal europeo común. Podemos combatir la delincuencia de una forma igual de eficaz con los instrumentos ya existentes, entre los que figuran Europol y el Convenio sobre extradición y ayuda judicial recíproca. Podemos fácilmente reforzar la cooperación entre los países miembros en materia de investigación y enjuiciamiento sin que por ello tengamos necesariamente que disponer de normas homogéneas y de un ministerio fiscal europeo. No debemos armonizar por armonizar y realmente no hay tantas diferencias entre los códigos penales de los Estados miembros que no puedan ser superadas con los instrumentos de los que ya disponen los Estados miembros. Podemos fácilmente garantizar una investigación eficaz sin tener que dejar ésta en manos de instancias supranacionales. Europol ejemplifica perfectamente esta posibilidad y Europol debe seguir conservado este carácter interestatal. No debe convertirse en una autoridad policial europea con competencias operativas. En el informe del Sr. Nassauer se propone que Europol quede bajo competencia de la Comisión al mismo tiempo que se amplían las competencias de control que sobre Europol tiene el Parlamento Europeo. Ésta es una idea pésima. Formalmente, el control parlamentario sobre Europol está perfectamente en manos de los parlamentos nacionales, aunque también es dudoso que lo sepan por lo que quizá sería buena idea que también se informara al Parlamento Europeo el cual se toma en serio sus tareas de control. El control sobre las informaciones personales está perfectamente en manos de los instituciones de registro nacionales. Europol es una cooperación interestatal y el Tratado de Amsterdam excluye afortunadamente todos los intentos de convertir la cooperación policial en supranacional.

Thors
Señor Presidente, estamos de acuerdo en que es importante el control democrático de lo que sucede en el tercer pilar, pero creo que existen demasiadas experiencias respecto a las dificultades para ejercerlo, especialmente cuando existe esta forma de gestión con derechos «blandos». Muchas veces me enfado muchísimo cuando veo recomendaciones que han sido tratadas en un grupo de trabajo del Consejo y que sólo podemos ver lo que ellas realmente significan cuando ya están en etapa de cumplimiento. Creo que otra vez vamos a enfrentarnos a este tipo de asuntos en relación con los controles telefónicos. En cuanto a éstos, las actitudes del Consejo son muy importantes, nuestros derechos tienen que respetarse y se nos tiene que dar el tiempo que sea necesario para poder influir.
Una recomendación de esta naturaleza, que se está cumpliendo, es la relativa al asunto de la inversión de la carga de la prueba respecto al embargo de propiedades adquiridas mediante delitos. Me temo que en este asunto las normas serán bastante «blandas» y que éstas se podrán usar de manera atentatoria contra los derechos de los ciudadanos. Incluso mi país, Finlandia, parece que se prepara para aplicar esta recomendación.
El ponente Bontempi también quiere que estudiemos un reglamento europeo para los derechos humanos, que la UE lo redacte. La Presidencia alemana también lo ha mencionado. En esto, mi opinión es: estudiémoslo, pero hagámoslo con calma. No creo que necesitemos nuevos instrumentos, pero sí necesitamos un cumplimiento más completo de los existentes. Vería gustosa que el reglamento social europeo llegue a formar parte de la legislación que nos rige y que también existan mecanismos más eficaces para el cumplimiento de este punto.
Finalmente espero, igual que todos los que estamos aquí, que la Cumbre extraordinaria de Tammerfors, en Finlandia, sea un éxito y que allí se consigan decisiones concretas. No necesitamos largos programas de acción sino medidas concretas y equilibradas, aquellas que beneficien al buen ciudadano común.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el mes que viene proporciona a la Unión un margen de movimientos aún mayor para intensificar de manera activa la competitividad del mercado único. Si bien se trata de un hecho positivo, el problema reside en que los Estados miembros no tienen aún una visión lo suficientemente clara de cómo se podría desarrollar más eficazmente la cooperación en el marco del tercer pilar. Por ejemplo, las normas de control de las fronteras exteriores de la Unión Europea presentan una diversidad enorme e inaceptable entre los distintos Estados miembros.
Se debe buscar la causa principal para explicar la profusión de problemas en el mercado único -como el aumento del narcotráfico, las dificultades a la hora de luchar contra los estupefacientes, el tráfico de seres humanos y todos los demás cuestiones problemáticas- en las deficiencias que se registran en el control de las fronteras exteriores de la Unión. Estas deficiencias exigen que Europol desempeñe en el futuro un papel más importante que el que se contempla en el Tratado de Amsterdam. Europol no puede quedar reducida a una mera institución central de carácter burocrático.
No es posible presagiar un futuro de rosas al mercado único si no se consigue estrechar la cooperación policial y aduanera en la UE, especialmente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la próxima ampliación de la Unión hacia el Este supondrá en cualquier caso un mayor número de presiones y desafíos, tanto para el control de las fronteras exteriores, como para la lucha contra la delincuencia organizada. Europol ha de dotarse de amplias competencias en la coordinación de las investigaciones para lograr incorporar en esta cooperación a todos los Estados europeos, incluidos los países candidatos de la Europa Oriental, inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado.

Gradin
Señor Presidente, el debate de esta tarde demuestra cuánto queda por hacer en asuntos jurídicos y de interior. El nuevo Tratado entrará en vigor dentro de poco tiempo. Éste nos proporcionará una meta ambiciosa y bien formulada, a saber, la conservación y el desarrollo de Europa como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia.
La combinación de los conceptos libertad, seguridad y justicia da una idea clara y simple de la orientación del trabajo futuro. La colaboración tiene que hacerse en torno a las condiciones de vida cotidiana de las personas. Simultáneamente, existe la dificultad de que esas materias abarcan actividades muy diferentes. Por eso, nuestros objetivos también tienen que formularse a la medida, para que convengan a cada campo de colaboración en particular. Éste es el delicado trabajo que espero que sea el tema principal de la Cumbre de Tammerfors en el otoño.
El Informe Bontempi constituye una aportación importante. Él confirma que debemos acostumbrarnos a pensar en Europa como un territorio jurídico común. Me complace especialmente comprobar que el ponente Bontempi en su informe hace hincapié justamente en los derechos del individuo.
El nuevo Tratado conlleva ventajas en muchos campos. Schengen, por ejemplo, pasa a ser parte de la colaboración en el ámbito de la Unión, la libre circulación de los ciudadanos de la UE por fin, posiblemente, se hará realidad. La libertad en Europa no puede reservarse sólo para los ciudadanos de la Unión. Tiene que comprender a todos los que viven y permanecen legalmente en nuestro territorio. Ésta es una tarea política importante, con potenciales consecuencias a largo plazo para el conjunto de la futura colaboración. Espero que el Parlamento comparta este criterio.
Además, libertad significa más que libre circulación. Libertad significa también derecho a vivir en una sociedad que persigue eficientemente a quienes violan las leyes. La idea europea presupone, por eso, que todos los Estados miembros tengan confianza en la capacidad de los otros para, por ejemplo, actuar eficientemente contra la delincuencia organizada. Europol se trata, en gran medida, de esto. Su mandato está formulado con amplitud. Se nos ha dado la herramienta que durante largo tiempo hemos esperado en la lucha contra la delincuencia organizada. El ponente Nassauer destaca en su informe la necesidad de dar rápidamente a Europol mayores atribuciones operativas. Estoy de acuerdo en que en el futuro Europol tendrá que tener facultades que posibiliten una colaboración, tan eficiente como sea posible, entre las policías y las autoridades aduaneras de los Estados miembros. El Tratado de Amsterdam abre esa posibilidad.
Entretanto, Europol tiene que cumplir plenamente el mandato que ya tiene. Su credibilidad se fundamenta en alto grado en que las policías y las aduanas de los Estados miembros vean la colaboración como provechosa. La utilidad de Europol está en proporción directa con la cantidad de investigaciones criminales realizadas y en las que se pueda decir que el apoyo de Europol ha sido relevante. Otro asunto diferente es saber cómo se va a controlar a esta organización en el futuro. En relación con esto, hay diferentes experiencias en los distintos Estados miembros. El día que haya que redactar un nuevo Tratado será ésta, sin duda, una materia de especial relevancia.
Cuando hablamos del combate a la delincuencia estamos refiriéndonos también a la colaboración judicial. Cuando la policía y la aduana han terminado su trabajo, comienzan los fiscales, los abogados y los jueces el suyo. Las diferencias en las normas de derecho penal de los países miembros son enormes. Lo que es punible en un país miembro no lo es necesariamente en otro. Varían, por ejemplo, la definición de delincuencia organizada y la edad para tipificar los abusos sexuales con niños. A esto hay que agregar que la colaboración entre los tribunales no se ha desarrollado. Tenemos muchos ejemplos, incluso en el campo de los fraudes, en los que la delincuencia organizada se ha aprovechado de esto. Por eso estoy de acuerdo con el diputado Wiebenga en que hay que encontrar una solución. Simplemente tenemos que tapar los agujeros existentes. Mi opinión es que, en primer lugar, deberíamos intentar ponernos de acuerdo en los tipos de delitos que deben considerarse como especialmente graves en todos los países miembros. Corrupción, comercio con personas, contrabando de drogas, violaciones, abusos sexuales con niños y terrorismo son algunos ejemplos de delitos que deben ser castigados con penas análogas. El Tratado de Amsterdam nos posibilita al menos ponernos de acuerdo en normas mínimas.
Igualmente importante es que las normas de procedimiento funcionen en un ambiente judicial internacional. De lo que se trata es de que nuestras autoridades judiciales trabajen juntas, de manera eficaz, a pesar de las diferencias existentes. Así se facilita para los ciudadanos de la UE el verdadero acceso al sistema judicial, independientemente del país en que se encuentren.
El Informe Wiebenga sobre procedimientos penales, el Corpus Juris , presenta un modelo de colaboración de los sistemas judiciales más eficaz en el ámbito de la UE. El punto central es la protección de los intereses financieros de la comunidad. En el informe se propone, entre otras cosas, una profunda armonización del derecho penal en esta materia. También se propone la creación de una fiscalía europea para combatir los delitos contra los intereses financieros. El modelo de Corpus Juris es ambicioso; muchos dirían que utópico. Estoy de acuerdo con el ponente en que, en todo caso, hay motivos para fortalecer la cooperación entre los fiscales y los jueces instructores de la Unión.
En las últimas semanas nos han conmovido una serie de descubrimientos de pornografía infantil en Internet. Niños y niñas son explotados de la forma más detestable. Pensando en estos niños, tenemos que combatir esa clase delitos con la mayor energía. Con todo, se trata también de limpiar Internet. Esta formidable red de comunicaciones e información tiene que mantenerse, en la medida de lo posible, libre de pornografía infantil. El Informe Schmid describe las dificultades que tenemos que enfrentar. No basta con el aumento de recursos ni con la colaboración entre las policías. Hay que profundizar la cooperación entre las autoridades y la industria de Internet. También hay que divulgar experiencias y conocimientos técnicos que posibiliten filtrar y excluir las páginas con pornografía infantil.
La medida común del otoño de 1998 trata justamente del perfeccionamiento de esta cooperación. En ella se destaca especialmente la importancia de la colaboración entre la industria y las autoridades. Además, los países miembros se comprometen a estudiar las condiciones especiales que se podrían exigir a quienes ofrecen servicios en Internet. También tenemos que colaborar para que algunos programas comunitarios, como Stop y el plan de acción contra los abusos en Internet, se apliquen en su totalidad, para respaldar así la cooperación que se produzca en torno la medida común.
Estoy de acuerdo con el ponente Schmid en que se puede llegar todavía más lejos. En primer lugar, pienso hacer que cualquier contacto con pornografía infantil constituya un acto delictivo en todos los países miembros, además de establecer un límite común de edad para la definición de «niño» en el ámbito de la Unión. Soy consciente de que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Al mismo tiempo sé también que los criterios de justicia predominantes en Europa exigen enérgicas medidas contra la explotación sexual de menores. Las condiciones para derribar las fronteras de lo posible deben ser, por eso, extraordinariamente buenas.
Para terminar, permítanme decir algunas palabras sobre el informe de d'Ancona y la lucha contra las drogas. El actual plan de acción contra las drogas de la Unión se termina este año. Por este motivo el Consejo de Europa ha pedido a la Comisión que prepare un nuevo plan de acción. Este trabajo se ha realizado durante el invierno y está prácticamente terminado. Espero, a pesar de las actuales circunstancias, que pueda presentar esta propuesta.
La diputada d'Ancona menciona especialmente en su informe la importancia de las medidas preventivas. Éste también va a ser uno de los temas principales de la propuesta de la Comisión. Esto concuerda totalmente con las directrices que se aprobaron el verano pasado en la Cumbre de la ONU sobre Drogas. También vamos a dedicar especial atención a lo que llamamos una estrategia integrada y global. Las medidas aisladas no son suficientes, aunque estén muy bien realizadas. Todo lo que hacemos en este terreno debe ser coherente y tiene que constituir una unidad. El trabajo preventivo, por ejemplo, tiene que ser la base de las medidas en contra de la delincuencia relacionada con las drogas y de la drogodependencia. Una concepción restrictiva tiene que asociarse siempre a un fuerte compromiso social. Es evidente que las acciones de carácter nacional tienen que tener en cuenta los efectos que puedan afectar a la comunidad internacional.
Los asuntos sobre droga seguirán teniendo prioridad. La gente espera señales claras y precisas de parte de la Unión sobre la forma de afrontar los retos que se nos presentan. Por eso es importante que exista un compromiso verdadero de todas las instituciones de la Unión Europea. Sé que la ponente d'Ancona también está satisfecha con la cooperación interinstitucional que se ha establecido estos últimos años entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en torno al combate contra las drogas. En su informe destaca también la necesidad de cooperación eficaz y coordinación de las acciones. Estoy totalmente de acuerdo con esto y espero sinceramente que la colaboración que hemos logrado construir se desarrolle aún más en los años venideros.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Migración, derecho de asilo e integración de los refugiados
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de
el informe (A4-0133/99) de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el documento de estrategia sobre la política de migración y de asilo (9809/2/98 - C4-0051/99-99/0905(CNS)); -el informe (A4-0138/99) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores sobreI.el proyecto de acto del Consejo por el que establece un Protocolo al Convenio relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asiloII.el proyecto de protocolo al Convenio relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo establecido en virtud del artículo K.3 del tratado de la Unión Europea (12298/98 - C4-0673/98-98/0916(CNS)); -el informe (A4-0115/99 ) del Sr. Zimmermann, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobreI.la propuesta de decisión del Consejo relativa a un programa de acción comunitaria para promover la integración de los refugiados (COM(98)0731 -C4-0049/99-98/0356(CNS))II.la propuesta de decisión del Consejo relativa a una acción común adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que se establecen medidas concretas de ayuda para la acogida y repatriación voluntaria de refugiados, personas desplazadas y solicitantes de asilo (COM(98)0733 -C4-0050/99-98/0357(CNS)); -el informe (A4-0118) de la Sra. Terrón i Cusí, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acción común, adoptada por el Consejo con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la creación de un sistema de alerta rápida para la transmisión de información sobre inmigración ilegal y redes ilegales de inmigración (5001/99 - C4-46-99/0909(CNS)).
Reding
Señor Presidente, las últimas semanas seguramente habrán abierto los ojos a todos aquellos que no lo habían comprendido hasta ahora.
El drama de esos cientos de miles de personas que han sido forzadas a huir de Kosovo ha puesto de manifiesto claramente que la política migratoria en general ( y la de asilo en particular) no puede abordarse de forma individual por cada nación. Los europeos solo podrán enfrentarse a este grave problema todos juntos al unísono. Pero no basta con presentar declaraciones doctas y solemnes. Es preciso que a estas les sigan hechos, acciones políticas concretas. Pues es exactamente ahí donde duele.
A la luz del tratado de Maastricht, apenas corregido por el tratado de Amsterdam, es a los gobiernos a quienes corresponde la iniciativa política en materia de migración y asilo. Ahora bien, la política intergubernamental no funciona. Se han firmado una nada desdeñable veintena de convenciones y de acciones comunes. Todas pendientes de ratificación, hasta ahora todo intento ha sido en vano. Son, pues, inoperantes, inútiles.
Aún más grave, el texto que más nos habría ayudado en la crisis de Kosovo, a la sazón, « la acción común en materia de protección temporal de las personas desplazadas en caso de conflicto, todavía no ha recibido el beneplácito del Consejo. No es así como la política funcionará con eficacia en Europa.
En materia de política de migración y de asilo, el obstáculo se encuentra en el déficit europeísta, en la imposibilidad de adoptar decisiones comunitarias por mayoría cualificada.
Es positivo pues, que la presidencia austríaca haya relanzado el debate presentando un documento estratégico sobre la política de la Unión en materia de migración y de asilo. El Parlamento presenta sus puntos de vista vislumbrando esta política futura, que cobrará (así lo esperamos) carta de naturaleza en el Consejo extraordinario de Tampere.
En primer lugar, no queremos que se confundan migración y asilo. El derecho de petición de asilo político es un derecho fundamental plasmado en la Convención de Ginebra. No podrá derogarse. Al contrario, habrá que lograr una cierta armonización de las condiciones de acogida, una racionalización y una aceleración de los procedimientos de tramitación de las peticiones, la solidaridad entre Estados miembros en relación con la distribución de los refugiados y de las cargas derivadas de una afluencia masiva de deportados. Pero se haga lo que se haga, el derecho a pedir asilo político es un derecho humano fundamental que no puede rechazarse en ningún caso. En cuanto a la emigración por razones de trabajo, hay que hacer todo el esfuerzo posible para que los inmigrantes legales se integren plenamente en aquella sociedad en la que participan positivamente.
Cuestión diferente es la inmigración clandestina, pues debe combatirse con eficacia, sobre todo cuando hay implicaciones delictivas. Tanto las redes de inmigración clandestinas como la trata de seres humanos son nuevos campos de acción del crimen organizado. Los países europeos solamente podrán frenar estos crímenes execrables poniendo en común los medios de lucha eficaz.
Señoras, señores, queridos colegas, la política de migración y de asilo son retos para el futuro. O nos unimos para controlar el problema y proponer soluciones eficaces o corremos el riesgo de fracasar. El Parlamento europeo no desea tal fracaso. Propone pues, un plan de acción eficaz y factible y espera que los gobiernos actúen y lo pongan en práctica.

Pirker
Señor Presidente, señora Comisaria, en mi informe se trata de la discusión sobre el sistema «Eurodac». «Eurodac» es un sistema que nos debería hacer posible tomar las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y compararlas, y esto con un triple objetivo: el objetivo 1 es ponernos en condiciones de llevar a cabo con éxito la lucha contra los abusos. Efectivamente, estamos constatando que cada vez se producen más solicitudes de asilo. Lo que aquí se da es abuso social. Finalmente, estamos constatando que cada vez más delincuentes presentan solicitudes de asilo para eludir las consecuencias de la legislación de extranjería. También estamos constatando que cada vez hay más ilegales que después de cruzar ilegalmente la frontera presentan solicitudes de asilo cuando son aprehendidos.
El segundo objetivo, además de la lucha contra el abuso, es conseguir una distribución equitativa de las cargas. Esto tiene que ver una vez más con Dublín y con la realización del Convenio de Dublín, en el sentido de que las personas que se encuentren huyendo presenten su solicitud de asilo allí donde encuentren por primera vez un suelo seguro, y estos países están obligados luego a dar curso al procedimiento de asilo.
El tercer objetivo, muy esencial, es que se preste una ayuda rápida y óptima a los verdaderos refugiados, a los auténticamente perseguidos, a través de medidas por las que se reduzcan las solicitudes de asilo, se lleven a término con más celeridad los procedimientos y se ponga de manera efectiva a disposición de los que realmente sean asilados el dinero que esté destinado a ellos.
¿Qué es lo que ha conducido hasta este informe? Lo primero que ha habido ha sido el Convenio Eurodac. Pero, como sabemos, aunque el documento se concluyó y aunque hay un acuerdo en el Consejo, no se ha producido ninguna firma del documento y en consecuencia, naturalmente, ninguna ratificación. Aunque no existe esta ratificación, se han producido quebraderos de cabeza por ampliar el sistema, en concreto, a la toma de huellas dactilares de los ilegales que son aprehendidos en la frontera o incluso dentro del país con el fin de compararlas y comprobar si presentaron ya en algún sitio una solicitud de asilo, dando así una realización efectiva al Convenio de Dublín.
Este protocolo y este acuerdo han conducido a que el Parlamento se haya visto instado a emitir una opinión, por cierto, en un periodo de tiempo relativamente corto, aunque no ha habido ninguna ratificación previa y aunque se ha afirmado en el Consejo que después de Amsterdam y después de su puesta en práctica es preciso contar, de todos modos, el Parlamento con una nueva reglamentación por parte de la Comisión y del Consejo. El Parlamento ha discutido en comisión y ha creído claramente que, a pesar de todo, debería emitir una opinión y, en concreto, para que según Amsterdam la Comisión pueda incluir rápidamente en su propuesta la opinión del Parlamento.
Este informe que he presentado ha sido debatido dos veces y cuando el 16 de marzo llegó a votación se produjo una modificación de la situación una vuelta atrás argumentada por parte del Partido de los Socialistas Europeos, de los Verdes y de algunos otros. De repente ya no se quería tener un informe y se rechazó el documento. Como ponente tomo nota de cuál fue el resultado en comisión, aunque no comparto la opinión sobre esto, pues mi opinión es -como también era antes la opinión clara de toda la comisión- que la medida «Eurodac» es necesaria como medio de lucha.
Permitánme ahora -no como ponente, sin como diputado del Parlamento y del Grupo del Partido Popular Europeo- hacer algunas puntualizaciones al respecto. Esto que ha ocurrido aquí, al final del debate, ha sido un espectáculo lamentable, ya que el Grupo de los Socialistas Europeos y otros han doblado la rodilla ante su clientela de izquierdas, estaban dispuestos a no dar ninguna señal en el sentido de que no hay que luchar contra el abuso en el derecho de asilo y que habría que hacer uso de la facultad del Parlamento de presentar previamente a la Comisión propuestas que refuerzan nuestra posición, precisamente en los ámbitos de la solicitud de asilo, de la tramitación ordenada y de la lucha contra el abuso.
Por último quiero hacer una llamada a todas las fuerzas de la sensatez en esta Asamblea en orden a que mañana, en la votación, apoyen la propuesta del Consejo y den una señal enérgica en favor de una distribución indirecta de las cargas y en favor de la lucha contra el abuso.

Zimmermann
Señor Presidente, estimados colegas, las dos propuestas de la Comisión han sido presentadas en un momento en el que la importancia de la política de asilo se hace patente de una manera aterradora para la Unión Europea. Esta afecta a todas las fases por las que pasa un refugiado en la Unión: la acogida, la estancia y el regreso al país de origen. Lamentablemente la medida común ya no va a ser aprobada por el Consejo antes de que entre en vigor el Tratado de Amsterdam. Esto significa que la Comisión tendrá que presentar sobre la base del nuevo tratado una propuesta de reglamento o de una directiva, pues ya no existirá la medida común. Esta estaba hasta ahora muy bien preparada.
No obstante, en el programa de acción para el fomento de la integración de los refugiados he realizado y presentado una gran modificación. Mis enmiendas se refieren a los grupos diana, a los objetivos y a las acciones de la Comunidad. También han sido acogidas con gran aceptación por los expertos. Debe estar claro qué entendemos por integración. ¿Son sólo los refugiados reconocidos quienes tienen derecho a medidas integradoras o también aquellos que estén sólo un corto período de tiempo entre nosotros? En definitiva, las medidas integradoras pueden tener también sentido en ordena que discurra positivamente el regreso voluntario al país de origen. Aquí reside también la interrelación entre el programa de acción y la medida común.
Nuestro objetivo supremo en lo que se refiere a la integración consiste en que los refugiados lleven una existencia autónoma en el país de acogida y puedan participar activamente en la vida social. Por consiguiente, nosotros apoyamos acciones que hagan posible la percepción de un salario que proporcione autonomía, así como acciones que aúnen en pie de igualdad a los ciudadanos y a los refugiados. Por esta razón, espero que esta propuesta junto con mis enmiendas, que serán votadas mañana, sean adoptadas positivamente.
Permitanme que diga aún algunas cosas de principio. La crisis de Kosovo pone de manifiesto que la política de asilo y de migración común es urgentemente necesaria. Hay demasiadas cuestiones que no están claras e impiden una rápida reacción frente a la miseria de los refugiados. Nos falta, en primer lugar, una definición del refugiado. En este punto no hay discusión alguna acerca de los refugiados de Kosovo. Están sufriendo persecución por su pertenencia a un grupo étnico y, por consiguiente, son en todo caso refugiados convencionales
En segundo lugar: la ayuda transitoria. Si el Consejo no hubiera desaprovechado la ocasión de aceptar la propuesta de la Comisión podríamos tratar ahora de otra manera a los refugiados de Kosovo. La tragedia de Kosovo muestra también que una política de asilo que se realice solamente bajo el título de «lucha contra la ilegalidad» deja de lado completamente la realidad. Mas bien hemos de volver a concentrarnos en la solidaridad internacional y en las necesidades de los refugiados. Hoy importa, sobre todo, impedir que los Balcanes, de los cuales surgió ya en este siglo una guerra, se convierta en un barril de pólvora. Si los refugiados son instalados en la región, ello no sólo va a originar muchos costes, sino, sobre todo -y creo que esto es importante- hará muy necesaria la coordinación y necesitará también mucha energía para poder ayudar de manera efectiva a estas personas en la región. En mi opinión, esto funcionará sólo si lo hacemos de manera conjunta a nivel europeo.
Una acción semejante sólo podrá tener éxito a través del diálogo y de la cooperación con las personas afectadas. La crisis de Kosovo muestra que la Convención de Ginebra sobre los refugiados no está obsoleta, en modo alguno. Regula exactamente los puntos en los que no se pueden poner de acuerdo todavía hoy los Estados miembros. El trapicheo de los estados europeos ricos -y esto nos lo tenemos que tragar- por acoger ni siquiera la décima parte de las personas que pululan por los Balcanes es vergonzoso.

Terrón i Cusí
. Señor Presidente, intervengo como ponente y como ponente de opinión, pero de dos informes diferentes.
En primer lugar, quisiera referirme al proyecto de acción común del Consejo sobre la creación de un sistema de alerta rápida para la transmisión de información sobre la inmigración ilegal y redes ilegales de inmigración.
Desde nuestro punto de vista, esto consiste básicamente en extender a los «países de la ampliación» la decisión tomada en 1992 sobre la creación del Centro de Información, Reflexión e Intercambio en materia de cruce de fronteras exteriores y de inmigración, y orientar sus trabajos a detectar rápidamente posibles casos de inmigración -suponemos- masiva.
El Parlamento ya se mostró crítico en el año 1992 en relación con la creación de este centro de información. CIREFI ya debía desempeñar un papel en relación con la inmigración ilegal y el tráfico de personas.
Con esta propuesta, si pueden, deberán cooperar los «países de la ampliación», pero esto, igual que pasó con la creación del Centro en su día, provoca también, desde mi punto de vista, bastantes dudas. En primer lugar, es difícil de entender -y cada vez más difícil conforme se acerca la ratificación del Tratado de Amsterdam- por qué la Comisión no está asociada a estos trabajos. Es difícil de entender y esta nueva comunicación suscita dudas también en este sentido. Pero no es sólo esto lo que me hace dudar de su eficacia y de su necesidad.
En primer lugar, señor Presidente, ¿qué tipo de información queremos conseguir?, ¿cómo?, ¿es que no sabemos qué está pasando en nuestro entorno? Me extraña. Yo creo que nada ha habido, señor Presidente, nada, más previsible que la crisis humanitaria que tenemos en las pantallas de nuestra televisión; nada más previsible que la crisis que se vive en Europa, en Kosovo; nada hay más previsible -y se lo digo yo, no hace falta que pongan en marcha muchas alertas- que, amparándose en el buen tiempo, en los próximos meses, el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo van a volver a engullir a una buena cantidad de gente que van a intentar cruzarlo con pateras , con barcas en pésimas condiciones.
De todas formas, sabemos que el tema de la inmigración ilegal es un tema que preocupa y este Parlamento pretende ser responsable. Nos extraña -ya se lo he dicho antes- la falta de cooperación con la Comisión y pienso que la Comisión cuenta con Eurostat y contará en un futuro inmediato con el sistema de información de Schengen o el sistema de información europeo, y creo que estas actividades cabrían ahí perfectamente y no duplicaríamos misiones, funciones y estructuras.
Por todas esas dudas (en relación a qué se hará con este proyecto de acción y en relación al propio Centro) esta ponente ha estado pensando seriamente en rechazar simplemente esta propuesta. Pero -se lo decía antes- somos conscientes del dramático problema que el tráfico ilegal de personas genera en Europa. Pedimos, pues, al Consejo que presente una nueva propuesta de reglamento, visto el Tratado de Amsterdam, en un plazo máximo de un año, y pedimos también que incluya en el ámbito de acción de esta nueva propuesta de reglamento el área del Mediterráneo, junto con los Países de la Europa central y oriental, como área geográfica de actuación.
Y quisiera ahora referirme, señor Presidente, ahora sí, a mi informe de opinión y al informe que ha presentado también la Sra. Reding sobre la estrategia en relación a la política de migración y de asilo.
En primer lugar, quiero agradecer a la ponente, muy sinceramente, su trabajo y su capacidad para llevar adelante, en tan poco tiempo, un informe tan controvertido. Creo que los diputados de esta Asamblea le agradecemos sinceramente que nos podamos pronunciar, en tiempo real y antes de que finalicen nuestros trabajos, sobre este tema.
El documento del Consejo es para mí bienvenido, sobre todo, porque supone un impulso a un debate necesario en las instituciones europeas y entre estas instituciones y los ciudadanos de la Unión.
En nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, quiero señalar que, efectivamente, la política de inmigración y el trato que reciban los inmigrantes «legales» en nuestra Unión Europea va a ser, cada vez más, un tema fundamental de nuestras relaciones con los países terceros. Podría ponerles como ejemplo las discusiones que estamos teniendo con los países mediterráneos para la firma de los acuerdos de asociación. Por ello me parece bien una gestión de los flujos migratorios que no esté simplemente orientada desde la política interior, sino que tenga en cuenta la acción de la Unión en otros ámbitos, como la política exterior común o las políticas de desarrollo.
Sólo el diálogo con los terceros países, combinado con medidas de desarrollo, a las que no son ajenos los inmigrantes, que envían buena parte de sus ingresos a sus familias y eso supone para estas familias y para estos países ya una ayuda importante, sólo el diálogo -insisto- es importante, más que la coacción y más que medidas represivas o medidas de imposición de nuestros criterios a otros países. Este diálogo es importante y en este documento se recoge también esta necesidad.
Hay algunas cosas que me han gustado menos, y hablo ahora más en nombre de mi Grupo que de la Comisión de Asuntos Exteriores. En primer lugar, aun alegrándonos de este documento, nos hubiese gustado mucho más, igual que decía en relación al tema anterior, recibir un impulso fuerte del Consejo, recibir la aprobación de documentos que están ya sobre la mesa y que la Comisión ha presentado en los últimos meses, por no decir años.
Me refiero -y se ha dicho ya- al convenio para la protección de personas desplazadas. Es dramática la necesidad que tenemos de él. Me refiero también al convenio para la admisión de ciudadanos de terceros países. Nos hubiera gustado más recibir una señal coherente de apoyo y de aprobación de estas medidas que una reflexión, a pesar de que ésta sea bienvenida.
Necesitamos una política de asilo -lo estamos viendo- y necesitamos una política de inmigración. Quiero gastar el segundo que me queda para pedirle al Partido Popular que, coherente con lo que ya votó esta Asamblea en relación con el convenio de admisión de ciudadanos de terceros países, en relación a este debate que abre aquí el Consejo, vote, por favor, también a favor de la enmienda que pide que se regulen los derechos de los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en la Unión. Me parece un tema importante.

Zimmermann
Señor Presidente, en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se me encargó tratar el problema jurídico que plantea el protocolo adicional del Convenio Eurodac. La primera dificultad ha sido que no se conoce cuál es la posición del Consejo en relación con la opinión del Parlamento Europeo sobre este convenio. Finalmente, el Parlamento Europeo ha exigido en ésta amplias medidas jurídicas relativas a la protección de los datos que poseen, al menos, la misma relevancia para el protocolo adicional.
El segundo problema lo sigo viendo en la cuestión de si la mera entrada ilegal o la mera estancia ilegal de una persona es suficiente para intervenir de manera tan considerable en sus derechos personales. En este asunto tengo una opinión muy diferente de la del Sr. Pirker, que ha hablado antes. En definitiva, las impresiones digitales de esta persona no sólo serán registradas y comparadas, sino también almacenadas durante años. ¿Es proporcionado esto? No obstante, la Comisión de Asuntos Jurídicos no puede decidir esto, pues, en mi opinión, ésta es una cuestión moral. En general, es preciso afirmar que el Consejo se ha esforzado sobremanera en desarrollar un texto que asegure que las impresiones digitales se utilizarán además para la puesta en práctica del Convenio de Dublín, aunque éste, en mi opinión, no llega todavía suficientemente lejos.
Hay que oponerse claramente a la ampliación del banco de datos Eurodac que exige el ponente. Por esta razón hemos votado en contra en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y nos hemos pronunciado contra la aprobación de este informe. No «hemos doblado la rodilla» como afirma el ponente; pero hemos dado a conocer nuestra opinión de que no estamos convencidos de que se pueda tratar, sin más, de esa manera a las personas. Creo que una Europa en la que cualquier persona pueda acceder en todo momento a todos los datos no es nuestra Europa. Esto tampoco responde a mi visión de Europa.

d'Ancona
Señor Presidente, con motivo de los informes sobre la política de asilo que se incluyen en el orden del día de esta sesión plenaria me gustaría hacer tres observaciones. En primer lugar, en los últimos años la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores ha puesto de relieve en reiteradas ocasiones la necesidad de un enfoque armonizado en el terreno del asilo y la emigración. La resolución del Sr. Wiebenga, la mía propia, y la de Lindeperg precedieron a los informes que hoy figuran en el orden del día de Anna Terrón, de la Sra. Zimmermann, del Sr. Pirker y de la Sra. Reding. La Sra. Reding ha elaborado un excelente informe, si se me permite decirlo. El Parlamento también decidió el pasado año la creación de un fondo para los refugiados. Ante esto, la incapacidad del Consejo -y esta es mi segunda observación- está en franco contraste. Incapacidad de acordar de modo unificado la acogida temporal de los refugiados y el reparto de las cargas. Incapacidad de establecer una definición de lo que se considera verdaderamente un refugiado. Incapacidad de crear un fondo común para la acogida, integración y repatriación de los desplazados. Es incomprensible que incluso en las actuales y terribles circunstancias siga faltando la voluntad de cooperación.
A continuación viene mi tercera observación o, en realidad, pregunta. ¿Cómo es posible que el Consejo se embarque en una especie de política de acompañamiento negativa que pretende que sí debe existir una armonización? Los solicitantes de asilo no pueden estar más que en una lista de asilo de un Estado miembro, según se decidió en Dublín. Por ello hay un sistema, Eurodac, por medio del cual, a base de las huellas dactilares, se puede controlar a los solicitantes de asilo. Sobre este tema, como Parlamento, hemos emitido con denodado esfuerzo una consulta. Porque realmente nos parecía que era ir demasiado lejos. Y que el Consejo quiera ahora ampliar este sistema para incluir a los ilegales sí nos parece ya que es ir demasiado lejos. No queremos razias, ni mucho menos semejante ataque a la integridad del cuerpo humano.
Además, me adhiero a lo que ya ha dicho la Sra. Zimmermann. Sólo queremos una cosa: un enfoque humano y eficiente, rápido y constante de la política de asilo europea. Es de lamentar que tengamos que echar en falta la iniciativa de la Comisión en este terreno. Porque opino -y quiero decirlo también- que la Sra. Comisaria ha realizado un buen trabajo en este terreno. Echamos en falta el liderazgo porque el Consejo se ha tomado su tiempo para la constitución de una nueva Comisión y he de decirles que en este momento sólo necesitamos una cosa, en concreto, que el Consejo adopte una decisión para afrontar adecuadamente la situación.

De Esteban Martín
Señor Presidente, dentro de este debate conjunto, adquiere, en estos momentos, especial importancia el plan de acción comunitario en favor de la integración de los refugiados, del cual es ponente la Sra. Zimmermann.
El Parlamento Europeo, ya en 1997, tuvo el gran acierto de crear unas nuevas líneas presupuestarias que dotaron a la Unión Europea de la posibilidad de realizar medidas concretas en este ámbito.
Es importante destacar que el plan de acción va a contribuir a coordinar las iniciativas comunitarias y las emprendidas por los Estados miembros. Creo que esta coordinación es fundamental para el buen desarrollo de este plan de acción y, para ello, hay que insistir en la necesidad de que esta colaboración entre las administraciones responsables sea clara y efectiva. La actuación de la Comisión en los proyectos piloto llevados a cabo en los dos años anteriores parece que no ha sido muy satisfactoria, ya que los Estados miembros no han sido debidamente informados sobre el desarrollo de las acciones y no se ha facilitado su participación real. Por ello debemos subsanar, señora Comisaria, estos fallos e intentar rentabilizar los resultados de las acciones adoptadas anteriormente. Para ello podría ser útil que se llevara a cabo una evaluación de los resultados que se han obtenido con los proyectos anteriores con el objeto de evitar los errores que se hayan podido cometer.
Por otra parte, y considerando los objetivos del programa que se refieren al fomento de la cooperación transnacional, la sensibilización de la opinión pública, etc., es importante, para optimizar las futuras acciones, tener en cuenta otras iniciativas de la Unión Europea como las enmarcadas en el Fondo Social Europeo, el Plan de acción contra el racismo u otros programas como el de «La juventud en Europa», que también podrían tener repercusión en el ámbito de los refugiados. De este modo podremos evitar así que se produzcan duplicidades cuya consecuencia sería una dispersión del esfuerzo invertido.
En cuanto a la acción común sobre la repatriación voluntaria, creo que sería importante tener en cuenta la necesidad de que las ayudas no sólo se destinen a este objetivo sino también a mejorar los centros de acogida de los Estados miembros, y no solamente las instalaciones sino que también se puedan dedicar a la formación de las personas que trabajan en estos centros para que puedan acoger adecuadamente a los refugiados y prestarles la ayuda necesaria para su futura integración.
En otro orden de cosas, sin entrar a valorar a fondo el fundamento jurídico para la aprobación del plan de acción, que ha sido el artículo 235, sólo quiero señalar que quizás hubiera sido mejor esperar a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y adoptar estas medidas en el marco de la acción comunitaria para promover la integración social con arreglo al nuevo artículo 137 del Tratado de Amsterdam.
Aún así, señor Presidente, señora Comisaria, valoramos muy positivamente la adopción de estas propuestas, que esperamos puedan llevarse a cabo en un plazo de tiempo lo más breve posible.

Wiebenga
Señor Presidente, la guerra de Kosovo ensombrece este debate. En el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea llevamos dos años presionando al Consejo de Ministros para que adopte un reglamento sobre la acogida de expatriados y el reparto de las cargas financieras en las grandes catástrofes humanas como la de Kosovo. La experiencia con el medio millón de desplazados bosnios debería haber sido una lección para la Unión Europea. El Parlamento aprobó el año pasado una propuesta legislativa sobre el tema, una especie de actuación comunitaria, pero el Consejo de Ministros no ha hecho nada al respecto. No hay un reglamento que regule la acogida, lo que sí hay es un minúsculo fondo para los refugiados de unos 15 millones de euros. Pero, por otro lado, para la ayuda de emergencia tampoco hay una previsión financiera. Todo ello constituye una marcha de las cosas que es de lamentar.
Señor Presidente, la decisión del Consejo de Ministros de Justicia de la semana pasada sobre la acogida de expatriados de Kosovo equivale a la adopción de expatriados, es decir, acogida en la región de los Balcanes. En sí misma ésta es una buena decisión. Me refiero, por ejemplo, al apartado 26 del excelente informe de la Sra. Reding. Debemos velar por que estas personas vuelvan lo antes posible a Kosovo, a sus propios hogares, porque la limpieza étnica no puede aceptarse como un hecho consumado.
Señor Presidente, la nota estratégica de la Presidencia austríaca es un buen punto de partida para definir una nueva política europea en materia de asilo y emigración. Ahora bien, es preciso que sea la última nota. Ahora hay que adoptar medidas legales. La Sra. d'Ancona ya lo ha dicho. La nota anterior, que no fue del Consejo sino de la Comisión Europea -del Comisario Flynn en 1994- apenas se ha aplicado. En los debates sobre ella, cito un ejemplo, se habló por ejemplo del observatorio de la emigración. Esto consistía en un observatorio, una unidad de la Unión Europea, que asumiría como tarea analizar la situación en los países de origen. A este respecto no se ha hecho nada. Y ahora hablamos -lo he visto en el informe de la Sra. Terrón i Cusi- de un sistema de alerta de la inmigración ilegal que entra en el ámbito de competencia del Consejo de Ministros. Esto no es deseable, porque un observatorio de la emigración, como ya se ha dicho antes, debería ser competencia de la Comisión Europea y además debería tener un abanico de tareas más amplio.
Señor Presidente, para el futuro es preciso adoptar con rapidez una política de asilo europea. La cumbre de Tampere ha llegado demasiado tarde para los kosovares. Pero los líderes del gobierno tienen la oportunidad de trabajar sobre el impasse de tantos años en el desarrollo de una política, de una política de asilo europea uniforme. Exactamente igual a lo que hicieron el año pasado con la política monetaria y a lo que han hecho recientemente en Berlín con la política financiera.

Pailler
¿ Como no estar, Señor Presidente, conmocionado y conmovido ante el flujo de refugiados kosovares que huyen de las tropelías de las milicias serbias, pero al mismo tiempo, como no interrogarse sobre los titubeos y las ambigüedades de los Estados miembros respecto de la acogida de estos refugiados y de la incapacidad criminal de dichos Estados a la hora de preveer esas deportaciones anunciadas? Tibieza sobre el monto y el reparto de los créditos comprometidos para la acogida, mientras que el elevado coste de las armas nunca se ha puesto en entredicho. Ambigüedades sobre el estatuto de esos refugiados, ya que algunos Estados miembros solo les ofrecen un asilo territorial con derechos reducidos, en lugar de la estricta aplicación del Convenio de Ginebra.
Volvemos a encontrar esas mismas ambigüedades en el documento de estrategia de la presidencia sobre la inmigración y el asilo. El documento inicial de la presidencia austríaca suscitó tal indignación que la presidencia alemana lo modificó. Ciertamente ha limado y atenuado los aspectos más provocadores, pero ha mantenido la cuestión fundamental que pone el acento en la acción represiva y en los medios para evitar los flujos migratorios hacia la Unión Europea. Desgraciadamente, este documento encaja bien con la política actual de numerosos Estados miembros, política cada vez más restrictiva y represiva hacia los inmigrados.
La política de inmigración se contempla primordialmente bajo el prisma de la seguridad, con la construcción de una auténtica barrera jurídica y policial para prohibir el acceso al espacio europeo. La inmigración se vincula muy a menudo de forma abusiva al incremento del paro. Desgraciadamente este enfoque ha tenido eco en nuestra Asamblea, la cual, con motivo del reciente debate sobre un proyecto de convención de la Comisión, ha justificado la preferencia comunitaria (terrible) y nacional en materia de empleo. Mi grupo condena categóricamente dichas inclinaciones, del mismo modo que se opone a los cupos de inmigración. Estos cupos de inspiración neocolonial solo pretenden reclutar inmigrantes conforme a las necesidades de mano de obra y de talentos de la economía europea. No me cansaré de repetir, aquí y en todas partes, que no hay relación causal entre inmigración y evolución del paro, como han demostrado los estudios de la OCDE. Hay que terminar con esta estrategia de búsqueda de chivo expiatorio, con esa obsesión por la seguridad.
El proceso de regularización de los indocumentados que se ha puesto en marcha en algunos Estados miembros contrarresta esa estrategia pero no debe pararse a mitad de camino. Por ello mi grupo propone, en una enmienda, que los Estados miembros procedan a la regularización de los indocumentados, respetando los derechos humanos y las convenciones internacionales. Exhorto a nuestros gobiernos a ratificar y a poner en marcha todos las convenciones internacionales, especialmente la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Convención del Consejo de Europa de 1992 sobre el derecho de voto. Las disposiciones de estas convenciones deberían plasmarse en la futura política comunitaria de inmigración y de asilo prevista por el Tratado de Amsterdam, en lugar de ese tremendo arsenal de controles administrativos que satura los archivos.
El derecho de asilo se ha ido restringiendo cada vez más en los últimos tiempos. En el caso de Francia, en 1997, el 83 % de las demandas de asilo fueron rechazadas, tanto las de los argelinos víctimas del terrorismo como las de los kurdos víctimas de una represión muy dura y las de los kosovares. El documento de estrategia de la presidencia no corrige esta tendencia.
He presentado junto con otros parlamentarios europeos el llamamiento respaldado por el Alto Comisariado para los Refugiados que considera inaceptable ver como Europa permite la entrada de los beneficios económicos y financieros mientras vuelve la espalda a la desesperanza que impera fuera de sus fronteras.
Señor Presidente, para concluir traigo a colación el análisis del presidente del Foro de inmigrantes de la Unión Europea, que también constituye un llamamiento a todos los cargos electos y a todos los gobiernos. Cito textualmente: « Los demandantes de asilo, los refugiados y los inmigrantes forman parte de la sociedad europea de hoy y de la del mañana. Tratarles como potenciales agresores a quienes es preciso desalentar en su acercamiento a la próspera Europa significa que solamente aquellos que dispongan de medios serán admitidos en este cerrado club. En cuanto a los pobres, autóctonos o alógenos que ya están dentro, solo es cuestión de tiempo porque les tocará el turno. Se les considera más bien intrusos que no deben disfrutar derechos sino limosnas».Nuestra lucha es pues la de toda la sociedad democrática. No luchamos solamente por nosotros y por todos los que han tenido la desgracia de nacer con los papeles equivocados, sino para reforzar los fundamentos democráticos de nuestras sociedades.

Andrews
Señor Presidente, este informe adquiere una importancia aún mayor a raíz de los trágicos acontecimientos de Yugoslavia y Kosovo, en pleno corazón de Europa.
Deseo hacer referencia, en particular, a las propuestas sobre tomar las huellas digitales a los inmigrantes ilegales. Es el principio de algo peor. Es una teoría orwelliana y si llega a ponerse en práctica alguna vez, es algo que probablemente no se le habría ocurrido ni siquiera a George Orwell. En vez de tatuarlos, la Europa moderna se propone identificar a los que hacen que nos sintamos incómodos, tomándoles las huellas dactilares. Después de los inmigrantes, seguiremos con los gitanos, luego con los ciudadanos que tengan un aspecto que no nos guste. Los inmigrantes y aquellos con los que nos sentimos incómodos en la sociedad son marcados, al igual que se hace actualmente con los criminales. Me opongo firmemente a esa propuesta.
Reconozco que no existe una solución fácil. Si la hubiera, ya la habríamos encontrado. Los asuntos de la alta política se ven envueltos en los temas de los derechos humanos. Existe una necesidad abrumadora e inmediata de proteger y cuidar a las víctimas de la guerra, poner fin al genocidio y encontrar una solución aceptable para todas las partes, incluido el respeto y el conocimiento de las necesidades de los países vecinos. La principal prioridad sigue siendo la necesidad de proteger y cuidar a los refugiados. Las familias han sido separadas y enviadas a diferentes países. Ha habido refugiados que han muerto en rediles de la Europa moderna, sin servicios sanitarios ni la atención necesaria.
El ACNUR ha tardado mucho en reaccionar, por decirlo suavemente. Debemos actuar, como hicieron los ministros de Asuntos Interiores la semana pasada, cuando sugirieron que la admisión a largo plazo de kosovares en países apartados de la región consolidaría el desalojo de sus hogares. Debemos asegurarnos de no enviar las señales equivocadas al régimen serbio, que es posible que los kosovares terminen regresando a sus hogares con seguridad.
Acogemos con satisfacción el lanzamiento del debate general el pasado año sobre un enfoque coherente de las cuestiones relativas a la migración y el asilo. El documento sobre la estrategia a seguir, que ha sido estudiado por el Consejo, ha hecho posible realizar un serio análisis de los numerosos aspectos de la migración y el asilo con vistas a encontrar soluciones constructivas.
A la luz de la actual crisis, también acogemos con satisfacción el hecho de que el documento sobre la estrategia a seguir, desarrollado el pasado año, examine la posibilidad de que un solo miembro de la Comisión asuma la responsabilidad respecto a todos los asuntos relativos a la política de migración. Eso podría suponer un avance significativo, habida cuenta de que en la actualidad son varios los miembros de la Comisión saliente que se encargan de las diferentes áreas, que abarcan desde los aspectos jurídicos de la migración, la ayuda humanitaria y la libre circulación de las personas, hasta aquéllas de la política exterior de la migración.
Varios puntos recogidos en los informes de hoy tratan sobre los mismos temas, por ejemplo, los servicios y la acogida que deben facilitarse a los solicitantes de asilo y a los refugiados.
Por último, deseo rendir homenaje a la Sra. Comisaria. Puede que ésta sea la última vez que tengo la oportunidad de hacerlo públicamente. Ha sido una gran baza para la Comunidad y una gran fuente de apoyo en temas sobre los que hemos tratado con frecuencia en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. Deseo rendir tributo a la Sra. Gradin y desearle mucho éxito, tanto si vuelve como si no.

Ceyhun
Señor Presidente, los informes de la Sra. Zimmermann y de la Sra. Reding serán apoyados por mi Grupo. Precisamente en los últimos días se ha puesto de manifiesto una vez más cuán urgente y necesario es contar con una política europea de refugiados y de migración.
Las atrocidades, la deportación y el genocidio que han tenido lugar en Kosovo y el trato, en parte lamentable, de algunos estados de la Unión con los desplazados que necesitan nuestro apoyo, hacen patente que necesitamos una armonización de la política de refugiados y de migración que debe ser humana dentro del marco de la Convención de Ginebra. La norma mínima armonizada sobre determinadas prestaciones y condiciones de acogida debe regir para todos los países de la Unión. No puede ser que algunos países, como mi patria, Alemania, se vean mucho más sobrecargados que otros. Lo mismo cabe decir también en el ámbito de la migración de trabajadores.
El informe de la Sra. Reding contiene demandas muy buenas acerca de un trato muy diferenciado con tres grupos: con los refugiados, con los emigrantes por motivos laborales y con las víctimas de la delincuencia de la inmigración clandestina. Por esta razón quisiera darle las gracias a usted, señora Reding, en nombre de mi Grupo, por haber presentado un informe tan diferenciado.
Permitanme decir algunas cosas sobre el Sr. Pirker: no es verdad lo que el Sr. Pirker afirma: que nosotros no hemos querido o no queremos tener ningún informe sobre «Eurodac». Queríamos tener un informe, pero no el informe del Sr. Pirker. Nos gustaría tratar y aprobar conjuntamente un informe crítico. Este es también el encargo de nuestros electores y electoras que esperan de nosotros precisamente esto: cuando se trata de los derechos de los ciudadanos, hay que evitar argumentos de mesa de café y entonces nos incumbe una enorme responsabilidad, también en nuestra Asamblea. Por esta razón hemos rechazado su informe, porque no era propio de nuestra Asamblea.

Pradier
Señor Presidente, el informe de la Sra. Reding es un informe valiente e inteligente al mismo tiempo. Me complace rendir hoy homenaje a su autor. Hay que decir que este informe surge como réplica al documento estratégico que nos había comunicado la presidencia austríaca. Este fue polémico al principio pero también suscitó un debate que ha resultado bastante fecundo.
El informe que se nos propone aborda y desarrolla cuatro problemas principales. El primero es el del derecho de asilo, su especificidad y el conjunto de derechos que comprende. El segundo se refiere a la inmigración de los trabajadores y a la movilidad de la mano de obra. El tercero señala con el dedo a la industria culpable de las redes de inmigración clandestina, y finalmente el cuarto hace referencia al estatuto de los inmigrantes en situación regular.
Hasta entonces imperaba la confusión entre todas estas nociones, una confusión que con la ayuda de la ideología, de la demagogia e incluso de las pasiones, había acarreado graves dificultades. Como prueba de ello no hay más que citar las intenciones de nuestro colega Pirker, hace un momento cuando acusaba a la izquierda de arrodillarse delante de su propia clientela. Me siento en la obligación de decirle que la clientela electoral de los inmigrantes no es necesariamente la mejor que puede encontrarse.
En segundo lugar, y en relación en todo caso con el derecho de asilo, hay que señalar que todo el mundo tiene el derecho de solicitar el asilo, y que a este respecto, las convenciones de Ginebra ( los propios Convenios y los Protocolos Adicionales) que continúan siendo los textos de base, constituyen una referencia que no hay que alterar. En este punto conviene tener cuidado con las propuestas de estrategia tendentes a su modificación y creo que el informe es meridianamente claro en su rechazo a esto último.
Las normas mínimas de acogida y de servicios a las que los demandantes de asilo tienen derecho constituyen otro aspecto prioritario, así como el respeto de los convenios, la aceleración de los procedimientos y, sobre todo la garantía de los derechos de los demandantes hasta que se tome una decisión judicial por la vía del recurso de apelación sobre la reconducción a la frontera. Finalmente es verdad que entre la dimensión jurídica y reglamentaria y la dimensión humana hay un auténtico trabajo de conciliación al que debemos rendir tributo.
Después de la ratificación del Tratado de Amsterdam la Comisión se va a encontrar en condiciones de adoptar iniciativas legislativas. Si la Comisión continúa por la senda que ha seguido hasta ahora ( y quizá sea el momento de mostrar nuestro reconocimiento, y esto no es muy frecuente en la actualidad, hagamoslo hoy entonces ) que sepa que encontrará en el Parlamento, en el actual o en el que le suceda, un aliado seguro y fiable.

Lindeperg
Señor Presidente, el Parlamento manifestó en su momento su opinión favorable en relación con el Convenio Eurodac destinado, así se nos dijo entonces, a facilitar la aplicación del Convenio de Dublín brindando garantías tanto a los demandantes de asilo a quienes se les aseguraría la posibilidad de presentar la demanda en un Estado miembro, como a los propios Estados, ya que el sistema permitía evitar las demandas múltiples
En cambio, las razones esgrimidas hoy por el Consejo, que el ponente ha recordado y defendido hace un momento, para extender Eurodac a algunas categorías de inmigrantes ilegales por medio de un protocolo, están lejos de habernos convencido y consideramos que los riesgos de desviación no son nada desdeñables, de ahí la postura de nuestro grupo que propone el rechazo del protocolo, postura por otro lado adoptada por la comisión en pleno.
En cuanto a los otros tres informes, no tengo tiempo de intervenir a favor de los excelentes informes de las Sras. Terrón y Zimmermann, pero me centraré en el de la Sra. Reding. Deseo felicitarla por haber logrado, en un tema tan sensible y controvertido, el acuerdo en lo esencial que nos permita conseguir un amplia mayoría manteniendo al mismo tiempo los puntos y principios a los que mi grupo y yo mismo nos hemos aferrado, puntos que la Sra. Reding acaba de mencionar con toda claridad.
Efectivamente el documento estratégico de la presidencia austríaca nos había inquietado en varios aspectos y nos parecía indispensable que el informe manifestara estas inquietudes sin paliativos. Este es el caso en primer lugar de la necesaria distinción que debe hacerse entre la problemática del asilo y la de la inmigración. Las implicaciones son importantes, especialmente en relación con e l acceso al territorio europeo y de ahí el acceso al procedimiento de muchos demandantes de asilo desprovistos, por razones perfectamente comprensibles, de los documentos adecuados. Es fundamental no encasillar a estas personas como inmigrantes ilegales, lo que equivaldría a echar por tierra el principio de non-refoulement.
El informe es asimismo muy estricto respecto de la aplicación plena y completa ( y me congratulo por ello) de la Convención de Ginebra y en el rechazo de todo intento de renegociación. Las lagunas que la Convención presenta deben subsanarse, fundamentalmente creando un estatuto de protección complementario, pero en ningún caso reemplazandolas y nos oponemos de manera enérgica a toda política basada en una oferta institucional, en definitiva a la discrecionalidad de los Estados.
También consideramos muy importante nuestra llamada de atención formulada en la demanda a favor de una interpretación no restrictiva de la Convención de Ginebra que toma en cuenta especialmente las persecuciones por grupos terceros. Nuestro Parlamento ha reiterado en varias ocasiones su punto de vista en este tema sin que se haya constatado, sin embargo, la más mínima concesión por parte del Consejo o en la práctica de los Estados miembros.
Finalmente, es indispensable, y los trágicos acontecimientos que vivimos en la actualidad dan fe de ello, expresar nuestro desacuerdo con el bloqueo en el Consejo de las acciones comunes presentadas por la Comisión en materia de protección temporal de las personas desplazadas. Muchos colegas se han referido a ello. La comisaria Gradin había querido con razón, aprender la lección de la tragedia bosnia. Desgraciadamente, los aplazamientos del Consejo no han permitido que el sistema por ella preconizado esté operativo para hacer frente al drama de Kosovo y esto no dice mucho a favor de Europa. Efectivamente si los deportados de Kosovo recurriesen a la evidencia de la Convención de Ginebra, no es menos evidente que dichos flujos masivos impedirían un examen individual a corto plazo y en las formas habituales de los expedientes mientras que la protección temporal, sin excluir la aplicación eventual de la Convención de Ginebra, constituiría el instrumento apropiado.
Me congratulo pues, del informe de la Sra. Reding, pero sin embargo quisiera subrayar que, sea cual sea su mérito, estamos desgraciadamente legitimados a poner en duda su eficacia, pues el Consejo no ha prestado hasta ahora mucha atención a las numerosas y concordantes recomendaciones de nuestra institución.

Nassauer
Señor Presidente, señoras y señores, cada vez se hace más patente que el documento austriaco sobre una estrategia acerca del asilo y la inmigración en Europa se ha convertido en la base de una discusión extraordinariamente fecunda y, sobre todo, muy necesaria. Es necesaria, porque con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el asilo y la migración se han comunitarizado. Aunque en los próximos cinco años dependerán aun de decisiones por unanimidad en el Consejo, han sido expulsadas del ámbito de competencia de los Estados miembros y han sido transferidas a la Comunidad. Esto significa que hemos de esforzarnos por conseguir convicciones comunitarias en materia de asilo y migración, y ésta es la tarea de este Parlamento.
Quiero concentrarme en el siguiente punto: Creo que en Europa, aquí en el Parlamento Europeo, tenemos que responder con mucha claridad a una pregunta que sirve de base a todo lo que viene después: ¿Queremos acoger en Europa a emigrantes en general o no? Y a este respecto no estoy hablando de refugiados políticos. Que estos serán acogidos está completamente claro, y ninguna persona seria lo pone en cuestión. Tampoco hablo de refugiados de una guerra civil, de los demás grupos de refugiados o de los miembros de las familias. Hablo solamente de la pregunta fundamental de si queremos acoger emigrantes o no en Europa, cosa que se exige esporádicamente. En este punto quiero decir, señoras y señores, que Europa no es una región de inmigración, como lo eran los Estados Unidos en el siglo pasado, y posiblemente ahora todavía, o como Australia, Nueva Zelanda, Canadá o como los países que han buscado desesperadamente personas para rellenar sus espacios. No nos encontramos en esta situación: al contrario, tenemos 20 millones de desempleados. De esto cabe deducir solamente que tenemos que limitar la inmigración. Deseo insistir una vez más en que no estoy hablando de asilo y de todo lo demás, sino que hablo solamente de inmigración. Esto es aplicable, sobre todo, a la inmigración ilegal. Considero irresponsable que ustedes rechacen el Convenio Eurodac, si consideran que el 80 % de los inmigrantes ilegales son víctimas de organizaciones de tráfico de personas que se aprovechan de manera bestial de la necesidad y del sufrimiento de estas personas. Para poner fin a sus actividades es necesario, entre otras cosas, que se firme el Convenio Eurodac. Aquellos que se nieguen a ello, al votar en contra hacen directamente el juego a las organizaciones de transporte ilegal de inmigrantes. Ustedes tienen que reflexionar sobre esto.
En lo que respecta al asilo no tenemos en esencia ningún problema entre nosotros. Todos estamos a favor de que los que sufren persecución política reciban asilo. Tenemos que clarificar la cuestión del procedimiento. ¿Debe tener un procedimiento individual cada uno de los que solicitan asilo en Europa, o tenemos que acostumbrarnos a pensar sobre garantías institucionales? Creo que la tramitación rápida del procedimiento responde también, sobre todo, al deseo de los solicitantes de asilo. Por esta razón tenemos que abrir esta segunda posibilidad.

Thors
Señor Presidente, señora Comisaria, escuché con satisfacción la presentación del informe del ponente Reding. Debo decir que no dijo nada que yo hubiera podido decir de otro modo, especialmente cuando tengo en mis manos las dos páginas de conclusiones de la reunión de Ministros de Interior y de Justicia de la semana pasada en Luxemburgo. Cabe preguntarse si esto es el resultado de una reunión de quince ministros, cuando se dan las gracias a Albania y se dice que se está dispuesto a proteger a los refugiados de la región de Kosovo. ¿Es éste el grado de solidaridad que somos capaces de mostrar en Europa?
Somos capaces de actuar cuando dos mil kurdos están en nuestras playas pero no cuando sufren cientos de miles de personas. Tenemos una responsabilidad colectiva por las decenas de miles de personas que han desaparecido y por aquellas que morirán de inanición.
Estimados colegas, ha llegado la hora de que hagan algo todos los países que han hablado de la importancia de una identidad europea, de la importancia de la solidaridad. Hoy me avergüenzo de ser finlandesa; es algo que debo decir. Tenemos un Primer Ministro que quizá no vio la televisión durante la semana santa y no se enteró de la intranquilidad y el sufrimiento que había en Kosovo. Pido disculpas por ser finlandesa, pero también me alegro de que ahora nuestro gobierno haya hecho algo. Hay un interés común en que se actúe. La solidaridad se pone a prueba.
Tenemos que mantener nuestras posiciones en el Parlamento Europeo, especialmente en relación con la propuesta de un fondo europeo para los refugiados y con el aumento de los recursos comunitarios para acoger a los necesitados.

Sjöstedt
Señor Presidente, hasta hoy la política de la UE en materia de refugiados ha consistido casi exclusivamente en medidas restrictivas. En esta perspectiva hay que entender a la Convención de Dublin y a Eurodarc. Además, en la práctica, el Tratado de Schengen ha tenido un papel muy importante para dificultar a los solicitantes de asilo la llegada hasta la UE y conseguir que sean estudiadas sus solicitudes. La política de la UE se ha caracterizado por sus medidas represivas y policiales. A su vez, ésta es la explicación -o una parte importante de ella- de la corriente cada vez mayor de inmigrantes ilegales y de refugiados.
Lo que necesitamos verdaderamente es, en cambio, una responsabilidad común en Europa, no sólo en la UE, para aquellos que necesitan protección. También se necesitan normas basadas en las convenciones de la ONU para la protección jurídica de los refugiados y para las garantías de una acogida digna. Se precisan también reglas que garanticen, por ejemplo, el derecho a poder circular dentro de la Unión a aquellos que están ilegalmente en ella.
Eurodac es una parte esencial del sistema de la Convención de Dublin para la aplicación del principio del primer país de asilo. Este principio tiene muchas deficiencias, y Eurodac también. Hoy se aplica el principio del primer país de asilo, a pesar de que los países miembros valoran las solicitudes de manera muy dispar. Esto es absurdo y conduce a arbitrariedades. En segundo lugar, hay un riesgo evidente de que el registro de Eurodac crezca y se abuse de él. En tercer lugar, tomar las huellas dactilares constituye una agresión a la integridad personal que sólo debe emplearse cuando verdaderamente se justifique. Por todo esto, la propuesta sobre Eurodac, en su forma actual, debe rechazarse.
También quiero decir algunas palabras sobre el Informe Reding y el documento de estrategia sobre la política en materia de migración y de asilo. El año pasado la Presidencia austriaca presentó una propuesta extraordinariamente cínica sobre la futura política de asilo de la UE. Fue casi un ataque frontal contra los fundamentos de una política de asilo humana. Por eso está bien que Reding contradiga esa propuesta en muchos puntos importantes. Se trata de la defensa de la Convención de Ginebra y del papel de ACNUR.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores, a la hora de las medidas cada vez más restrictivas que venimos discutiendo desde hace años y que, lamentablemente, también aprobamos, el ala derecha de esta Asamblea afirma siempre que no se trata de limitar la política de refugiados, sino que se trata solamente de luchar contra el abuso. En esta atmósfera se ha elaborado una regulación sobre estados terceros que, ciertamente, viola claramente la Convención de Ginebra y, no obstante, tampoco emprende nada contra el abuso. En esta atmósfera se ha eliminado del reconocimiento del estatus de refugiado la persecución por parte de poderes no estatales. En esta atmósfera ha surgido también, finalmente, el documento de la Presidencia austriaca sobre refugiados, que constituye un ataque claro contra la Convención de Ginebra.
Pero, aunque esto fuera de tal manera que a estos colegas les interesara sólo el abuso y no, como opinaba el Sr. Nassauer, los auténticos refugiados, hoy, señor Nassauer, señor Pirker, ha llegado la hora de la verdad: hoy están huyendo 200.000 personas de Kosovo y hoy se les niega el estatus de refugiados, violando la Convención de Ginebra. ¿Por qué no se alzan ustedes y exigen el cumplimiento de la Convención de Ginebra que prevé claramente la protección para aquellas personas que sean perseguidas por razones étnicas? Entonces levantense y reclamen el cumplimiento de la Convención de Ginebra y el reconocimiento del estatus de refugiado para estas personas.

Van Lancker
Señor Presidente, también yo quiero felicitar cordialmente a la Sra. Viviane Reding por su informe especialmente humano y realmente equilibrado, y espero que me disculpe si señalo a continuación que me parece que denota un cinismo especial que el Parlamento Europeo esté debatiendo hoy una nota estratégica de la Presidencia sobre la política de asilo y migración en un momento en que cientos de miles de personas son trasladadas y deportadas de Kosovo, se hacinan en campos de refugiados o incluso se les impide volver a Kosovo. Denota cinismo hablar de que en la cumbre de Tampere del próximo otoño debe adoptarse una estrategia unida que debe conducir a un enfoque común de la Unión, mientras que el Consejo de Ministros de Luxemburgo no ha conseguido ponerse de acuerdo sobre la acogida solidaria de refugiados en una de las catástrofes humanas mayores que se han producido en Europa.
A mi juicio, es vergonzoso que la Unión Europea, que es una zona rica y próspera, haya tranquilizado su buena conciencia con unos pocos millones euros como ayuda a la región. Debo decir sinceramente, señora Comisaria, que tampoco comprendo la postura que defiende la Comisaria Bonino en nombre de la Comisión al haberse opuesto totalmente a la acogida de refugiados en la Unión Europea. Naturalmente es conveniente alojar a las personas cerca de su propio territorio. Sólo que esto sólo puede producirse en determinadas circunstancias. Pero las imágenes televisivas y los informes de las organizaciones humanitarias nos han indicado claramente que no puede ser, que los países vecinos son demasiado pobres y demasiado inestables para poder acoger adecuadamente a estas personas.
La falta de voluntad política de algunos Estados miembros de la Unión también es un escándalo. A pesar de todo, el documento estratégico señala claramente que las propuestas de la Comisión Europea para la acogida de refugiados, que se presentaron ya hace dos años, como ha dicho correctamente el Sr. Wiebenga, deben aprobarse con la mayor rapidez posible. Opino que, con motivo de este debate, debemos volver a hacer un llamamiento decidido al Consejo para que adopte urgentemente un acuerdo sobre la acogida solidaria y sobre un estatuto que respete los derechos de los refugiados y garantice su protección. Como la Europa de los Quince, señora Comisaria, no triunfe en este cometido, estoy convencido de que los Estados miembros que sí quieran colaborar deben celebrar un acuerdo sobre la acogida de refugiados. Una especie, diría yo, de Schengen humanitario. No estoy en absoluto a favor de Schengen, pero en este caso me parece absolutamente pertinente.
Por último me gustaría tratar otro punto que adquiere extraordinaria importancia tanto en el informe de la Sra. Reding como en la crisis de Kosovo. Se trata de la reunificación de las familias. A diario en la televisión somos testigos del drama de las familias deshechas, de niños y hombres y mujeres que no pueden reencontrarse. La Declaración Universal de los Derechos Humanos otorga a todos los seres humanos el derecho a vivir en familia. Este derecho debe regir también para los refugiados y los expatriados. La Unión debe garantizar este derecho a los refugiados de Kosovo, y también a todo solicitante de asilo o refugiado. Pienso que debemos recuperar en este punto el Tratado de Dublín. El abismo profundo, señorías, que existe entre unas pocas buenas propuestas de la nota estratégica y la falta de rumbo de Europa en este terreno, porque no tengo otra palabra para definirlo, demuestra que realmente sería un milagro alcanzar resultados concretos en la cumbre de Tampere. Deseo a la Comisión Europea mucha perseverancia y espero que el Parlamento Europeo siga involucrado en la preparación de esta política. Porque el Consejo, señorías, da más bien la impresión de que, en lugar de proteger a los refugiados, quiere proteger a Europa contra los refugiados.

Hernández Mollar
Señor Presidente, la Sra. Viviane Reding ha hecho un magnífico informe y ha sido -y hay que reconocerlo así- especialmente sensible con quienes hemos participado en el debate y receptiva a todas nuestras aportaciones.
Dos ejes son para mí fundamentales al hablar de la emigración: la solidaridad y la dimensión humana del problema. Solidaridad porque la persona humana, independientemente de su nacionalidad, sexo o religión, tiene derecho a una vida digna y a los recursos suficientes para subsistir. No podemos entender la emigración si nos aferramos exclusivamente a nuestras fronteras, a nuestro bienestar o a nuestros intereses geoestratégicos.
La dimensión humana exige también un esfuerzo, por parte de los Estados miembros, para conciliar este aspecto con la legislación que debe regular necesariamente la entrada y salida de extranjeros o la permanencia en nuestro territorio de quienes vienen en demanda de trabajo o de refugio o asilo por las persecuciones que pueden sufrir en sus países de origen. Es necesario arbitrar, de una vez por todas, una política común que regule los procedimientos administrativos y judiciales, que sea capaz de perseguir y condenar a quienes explotan a los seres humanos y que colabore en que la estancia de los emigrantes, sea legal o ilegal, se efectúe dentro del respeto a los derechos más fundamentales, incluso cuando la expulsión o devolución a su país de origen sea necesaria.
Y quiero llamar también la atención, señor Presidente, sobre el hecho de que esa responsabilidad no es exclusivamente de la Unión Europea. Lo es también de los países productores de emigración, que deben esforzarse en aprovechar sus recursos humanos y materiales, los suyos propios y los que les proporciona la Unión Europea para ayudarles, y deben también profundizar en la democracia y en el respeto los derechos de sus ciudadanos.

Theonas
Señor Presidente, los dramáticos acontecimientos que estamos viviendo plantean dos cuestiones igual de dramáticas.
¿Puede la Unión Europea considerarse un espacio de libertad, seguridad y justicia? ¿Puede seguirse una política progresista sobre el asilo y los refugiados?
Dos recientes experiencias traumáticas vienen a darnos una respuesta negativa. En primer lugar, los bárbaros bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia, que están creando cientos de miles de refugiados y riesgo de desestabilización en toda la Península Balcánica y, en segundo lugar, los tres meses que ha pasado Ocalam errando por Europa, el cual no sólo no ha tenido oportunidad de asilo, sino que esencialmente ha sido entregado a sus perseguidores a través de sospechosos e ilegales procedimientos.
No podemos, Señor Presidente, debatir en el Consejo Europeo como si no hubieran ocurrido estos acontecimientos. La política de la Unión Europea frente a la enorme crisis migratoria que estamos viviendo es una política de contención, es una política de guerra, una política que exige, como subraya el documento de estrategia de la Presidencia sobre la política migratoria y de asilo, acciones que podrían resultar altamente exitosas, pero sólo si no se realizan únicamente a nivel político, sino que comprenden un abanico de acciones lo más amplio posible, es decir, incluida la guerra, como está ocurriendo hoy. Esta política llega a cuestionarse el Pacto de Ginebra sobre los refugiados, considerándolo superado y pide un sistema de protección complementario que, evidentemente, se basará en mecanismos tipo Schengen y Europol. Predomina, pues, la lógica militarista y policial.
Denunciamos, Señor Presidente, esta política como inhumana e hipócrita, como política que no va a proteger en última instancia a la misma Europa y su paraíso, sino que tarde o temprano la va a involucrar en aventuras que afectarán a los pueblos europeos y a la democracia, pero sobre todo, a la paz de Europa y del mundo.

Ford
Señor Presidente, en primer lugar, permítame felicitar a los cuatro ponentes que han participado en este debate conjunto sobre la migración, el asilo y los refugiados: la Sra. Zimmermann, la Sra. Terrón i Cusi, la Sra. Reding y el Sr. Pirker. Me resulta imposible en tres minutos tratar debidamente sobre los pormenores de estos cuatro complejos informes, que abarcan desde los sistemas de alerta rápida de la inmigración ilegal, hasta la integración de los refugiados; desde la política de migración, hasta la toma de huellas dactilares a los solicitantes de asilo. Intentaré, en cambio, exponer una serie de principios que creo que deberían constituir la base de la política que sigamos en todos estos ámbitos.
En primer lugar, permítame decir que la Unión Europea debe poder elegir la política de inmigración que desea seguir. En una Europa sin fronteras, dicha elección sólo puede hacerse conjuntamente, en vez de por separado. Nuestra actual política limita la inmigración a un puñado de casos de reunión familiar, además de algunos alemanes y griegos procedentes de la antigua Unión Soviética que regresan a sus respectivos países. Siempre que en el futuro se llegue a dichas políticas por métodos no racista, a través de un debate abierto y democrático, estaré dispuesto a apoyarlas.
En segundo lugar, debemos dejar claro que los solicitantes de asilo y los refugiados no son inmigrantes. Es un asunto que a veces se presta a cierta confusión. Nuestra responsabilidad con respecto a sus solicitudes de asilo o de ser reconocidos como refugiados va más allá que en el caso de la inmigración. Es inhumano que devolvamos a personas que se enfrentan a la tortura, al abuso físico y a la muerte. Naturalmente no faltará quien intente abusar del sistema -¡igual que hacen los propios diputados al Parlamento Europeo!-, no veo que los refugiados y los solicitantes de asilo sean diferentes. Por consiguiente, no tengo ningún problema en apoyar medidas para prevenir aplicaciones múltiples.
Mi problema es de otra naturaleza: no repetiré los comentarios de mis colegas, en particular, aquéllos del Grupo Socialista, sobre lo que ocurre en Kosovo, pero reiteraré un argumento que expuse en un debate anterior. Hace algunos años, los Estados miembros de la Unión Europea rechazaron las solicitudes de asilo de serbios valientes que no querían ser reclutados para participar en la limpieza étnica. Aquel error puede haber contribuido perfectamente a los grandes crímenes que se están cometiendo contra los albanokosovares en estos momentos. El índice de rechazos no es una medida que imponga la necesidad, sino la falta de voluntad y de coraje de los Estados miembros que se niegan a reconocer que el número de solicitudes válidas puede perfectamente estar muy por encima del número de permisos de residencia permanente o temporal que se conceden realmente.
En tercer y último lugar, en el seno de la Unión tenemos a cuatro millones de europeos negros y entre 12 y 14 millones de ciudadanos de terceros países. Tenemos la responsabilidad de garantizar no sólo que en la Unión Europea todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y los mismos deberes, sino también todos los residentes. Sólo entonces podremos construir el tipo de Europa que a mí me gustaría.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, clausurar este debate no es fácil, porque realmente las cuestiones más importantes han sido ya dichas y repetidas. Yo, por mi parte, señor Presidente, en el debate anterior decía que nos encontramos en un momento en que la opinión pública europea es perfectamente consciente de que no quiere que Europa sea sólo un mercado sino que Europa tiene que ser un proyecto de civilización. Y donde más se ve precisamente qué queremos que sea Europa es en cómo nos presentamos nosotros, cómo planteamos nuestro entorno interior frente a quienes llaman a nuestras puertas, sean emigrantes o sean personas que buscan asilo, refugio o personas desplazadas. De ahí la importancia de los informes de que hoy tratamos.
Yo, señor Presidente, voy a insistir en un aspecto que ya se ha mencionado, pero que quizá no haya recibido la atención que, en mi opinión, merece: el marco jurídico. Este Parlamento, a veces, tiene una tendencia a hacer voluntarismo. Yo creo que el marco jurídico es nuestra salvaguarda, nuestra responsabilidad, y es la defensa de los más débiles; precisamente, de aquéllos que, en este caso, pueden venir a solicitar asilo. Y es la responsabilidad de este Parlamento defenderlo al máximo.
Antes decía -y lo repito-: Llevemos el Tratado de Amsterdam hasta su más amplia, más audaz interpretación, pero quedémonos en el marco del Tratado de Amsterdam y, si no nos es suficiente, planteemos una conferencia intergubernamental que lo revise. Lo que no creo que sea conveniente para esa construcción de la Unión que todos deseamos es que, por la puerta pequeña, a través de medidas concretas, violentemos el Tratado.
Dos cuestiones concretas respecto de los informes. Respecto del Informe Eurodac, creo que en estos momentos esperamos el planteamiento del reglamento de la Comisión con arreglo a los nuevos fundamentos jurídicos, y creo que este es un documento que, en este momento, tiene un valor de orientación política incompleta, hemos de reconocerlo. En él no está todo lo que dice y lo que quiere el Parlamento. Probablemente, tampoco lo que quiere la Comisión. Que quede claro, para que no parezca que esta es nuestra postura frente a Eurodac.
Y en cuanto al importante, interesantísimo y muy trabajado informe de la Sra. Reding, señor Presidente, en 30 segundos que quedan sólo insistiré en el aspecto del respeto del marco jurídico al que ya he hecho referencia. La Sra. Reding ha llegado a un interesante compromiso entre esa vocación voluntarista de llevar la elasticidad del Tratado hasta sus máximas consecuencias sin llegar a provocar que se rompa.

Papayannakis
Señor Presidente, encuentro la discusión fuera de la realidad y bastante hipócrita, diría. Real, es el desafío de los cientos de miles de refugiados de Kosovo. Real, señora Comisaria, es la escandalosa reunión del Consejo de Ministros que ha decidido, recientemente, no hacerse cargo de los gastos de ayuda a los refugiados y atribuir básicamente el peso a los países vecinos que no pueden soportarlo, ni económica, ni política, ni socialmente. Su desestabilización va en aumento, por tanto el Consejo, e imagino que también la Comisión, no tendrá base legal para ayudar tampoco allí.
Nos han dicho hipócritamente que quieren mantener a los refugiados en la zona, para no dar un mensaje político erróneo a Milosevic. ¡Lo que hay que oír! Es decir, ¿no basta con los mensajes que envían los misiles y las bombas? ¿Se convertirán en mensaje también los refugiados? ¡Es una vergüenza! ¿O acaso nuestros dirigentes prevén una solución tan rápida al conflicto? A juzgar por la credibilidad de las previsiones hechas por ellos hasta ahora... ¡Oscuras perspectivas se abren para los refugiados y para los países limítrofes!
Esta discusión, señora Comisaria, podría ser menos irrealista si encontramos, tanto nosotros como usted, la forma de solicitar imperiosamente al Consejo, bajo cualquier base legal, que revise inmediatamente su inadmisible actitud más acorde, dadas las fechas, con Poncio Pilatos. El resto, el paso a las cuestiones administrativas e intercomunitarias y a todas las cosas razonables que se han dicho aquí, podemos verlas en el futuro. El presente está aquí y nos amenaza de múltiples formas.

Gradin
Señor Presidente, una de las principales iniciativas del año pasado fue la propuesta austriaca sobre política de migración y de asilo. Pusimos en marcha un debate imprescindible acerca de asuntos generales de política de migración, tanto en el Consejo de Ministros como en esta Asamblea. Reding también reconoce en su informe gran significado a esa iniciativa. Comparto la opinión de la ponente en cuanto a que debemos separar los asuntos de migraciones de aquellos de política de asilo. Por otra parte, éste fue uno de los puntos de vista que yo destaqué cuando la Presidencia austriaca presentó su primer borrador. También estoy de acuerdo con la ponente en cuanto a que los asuntos de migraciones no deben ser considerados como problemas. También es un beneficio y un componente natural de la realidad internacional. Es algo que tenemos que aprender a comprender, aceptar y manejar.
Actualmente las normas sobre migraciones son diferentes en los distintos Estados miembros. Por eso la Comisión ha presentado propuestas para la implantación de normas similares. Entre otras cosas, nos hemos preocupado del asunto de los derechos fundamentales de los inmigrantes, incluso en lo que se refiere a su incorporación al mercado de trabajo de la Unión. Evidentemente que espero un gran apoyo tanto del Consejo de Ministros como de esta Asamblea. Para mí es fundamental el asunto de la situación de los inmigrantes en la sociedad. Tal como señalara la diputada Ford, se trata de las condiciones de vida de alrededor de diez millones de personas, que desde hace muchos años residen legalmente en nuestros países miembros. Por tanto, son necesarias indicaciones políticas claras.
La lucha contra la inmigración ilegal debe intensificarse. En tanto la inmigración esté regulada, la gente tratará de evadir los controles. Esto ha creado un mercado para el contrabando a gran escala de seres humanos. Éste es también el antecedente de la propuesta de un sistema rápido de intercambio de información sobre inmigraciones ilegales que Terrón y Cusí trata en su informe. Veo esta propuesta como un componente importante en la tarea de acometer eficazmente el cínico comercio con mujeres que tiene lugar en Europa. Resulta de especial importancia que un sistema como éste incluya también a todos los países de Europa Central y del Este. En los últimos años hemos visto cómo se explota en calles y burdeles de nuestras capitales cada vez a más mujeres provenientes justamente de esos países. Desde que llegué a Bruselas he trabajado para que estos asuntos tengan un sitio en el orden del día de la UE. El problema es que los conocimientos sobre contrabando de personas son limitados, incluyendo lo que ocurre en los países de origen. Un intercambio de información sistemático del tipo que se menciona en la resolución significaría un considerable paso adelante. Por ejemplo, necesitamos saber más rápidamente sobre el descubrimiento de nuevas organizaciones de contrabandistas. Tienen que mejorar nuestros conocimientos sobre las formas de realizar el contrabando y sobre los procedimientos que se utilizan.
Del informe se deduce que Terrón y Cusí preferiría que fuese la Comisión la responsable de un sistema de información de esta naturaleza. Aprecio su confianza. El papel de la Comisión en el campo de la política de migraciones se va a desarrollar en los próximos años con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Pero a corto plazo lo importante es, con todo, ponerse a trabajar tan pronto como sea posible.
La política de refugiados en la Unión tiene un buen fundamento en la Convención de Ginebra de 1951. Al mismo tiempo, la convención cumplirá pronto medio siglo de vida. El mundo ha cambiado desde entonces y también la situación de los refugiados. Muchas de las personas que actualmente necesitan protección no cumplen con los criterios que se establecieron durante la guerra fría. Cada vez con mayor frecuencia nos enfrentamos a crisis de refugiados, que brotan rápidamente y en gran escala. Por eso necesitamos también otras herramientas complementarias. La necesidad de protección tiene que prevalecer siempre frente a las normas formales. La catástrofe de los refugiados que hoy se sufre en Kosovo es sólo el último ejemplo trágico.
En reiteradas oportunidades durante los últimos cuatro años y medio he demandado, en vano, que Europa se dé nuevos instrumentos de asilo que sean capaces de complementar a la Convención de Génova, precisamente en situaciones como ésta. Además, he tomado muchas iniciativas para crear estas herramientas. Una de ellas es la de protección temporal, otra la de repatriación solidaria de cargas, una tercera la de hacer los procesos de asilo más expeditos. Aprecio el apoyo que he recibido por parte de este Parlamento para estas iniciativas. En el Consejo de Ministros, en cambio, ha habido reacciones de rechazo cuando estas ideas han sido confrontadas con la realidad. No hemos llegado muy lejos en materia de protección temporal ni de distribución de cargas.
Con todo, estoy convencida de que Europa va a asumir su responsabilidad por la crisis de Kosovo. El Consejo de Ministros celebrado extraordinariamente la semana pasada fue claro en esta materia. Ya se están realizando esfuerzos masivos para ayudar a toda la región a hacerse cargo de los cientos de miles de refugiados que actualmente se encuentran en Albania, FYROM y Montenegro. Además, hay más ayuda en camino, tanto de los Estados miembros como de la Comisión. Los Estados miembros también han declarado de diferentes maneras su voluntad de acoger a refugiados en sus propios territorios, si no existen otras alternativas. Al mismo tiempo, es inquietante que no hayamos logrado aprender de nuestras propias infortunadas experiencias de la guerra de Bosnia. La guerra de Kosovo demuestra una vez más que Europa tiene que proporcionarse a sí misma una política coordinada de refugiados.
Otro aspecto importante es que los refugiados tienen que integrarse en nuestras sociedades. En el informe que presenta Zimmermann se hace hincapié en la coordinación de criterios. Estoy completamente de acuerdo con esto. La Comisión ha presentado dos propuestas diferentes: una sobre medidas para promover la acogida y la repatriación y otra sobre integración. La ponente las cuestiona. Comparto los criterios generales de la ponente pero puesto que el Tratado de Amsterdam no ha entrado en vigor, no había otras vías posibles.
También puedo mencionar que la Presidencia alemana en sus conclusiones de la reunión de ministros de la semana pasada ha encargado a la Comisión modificar la parte referente a la acogida y repatriación de refugiados. La idea es poder usar esos quince millones de euros para paliar la crisis de refugiados de Kosovo. Ya he ajustado la propuesta inicial y tengo el apoyo de mis colegas para la reunión de mañana de la Comisión. Doy por hecho también que tendré apoyo tanto del Consejo de Ministros como de esta Asamblea. Juntos, y en el plazo más breve, tenemos que discutir si esta subvención está en proporción con las necesidades existentes.
Tomo nota, además, de que el criterio de la ponente Zimmermann con respecto al procedimiento del comité es que éste debe tener la forma más sencilla posible. Estoy totalmente de acuerdo.
Finalmente, permítanme decir algunas palabras sobre el Informe Pirker y Eurodac, el sistema europeo de impresiones dactilares. Es importante que se cuente con este sistema. Es una condición para que el principio del primer país de asilo y las normas de la Convención de Dublin se puedan aplicar de la forma prevista. Como ustedes saben, el Consejo de Ministros ha congelado el texto de Eurodac y ha encargado a la Comisión que modifique la propuesta para que esté en consonancia con los criterios del nuevo Tratado. La idea es, por tanto, esperar la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam para así poder fortalecer tanto el control democrático como el judicial.
Todos los asuntos en materia judicial y de interior de los que nos ocupamos atañen a nuestros ciudadanos en sus vidas cotidianas. Hasta cierto punto es una paradoja que el sector de colaboración en el ámbito de la Unión que quizá más interesa a la gente es el que ellos menos conocen. Una forma de cambiar las cosas es conseguir mayor transparencia en nuestro trabajo. Otra forma es que obtengamos decisiones concretas sobre asuntos esenciales de la política de migración. Lo que hacemos en estas materias tiene que notarse y debe interesar a nuestros ciudadanos. Por eso se va a necesitar mucha voluntad política para conseguir las decisiones que se necesitarán en los años venideros. Por este motivo lamento que la exigencia de unanimidad continúe los próximos cinco años. Por cierto que la colaboración en estas materias es todavía un tema delicado, especialmente cuando discutimos asuntos de política de inmigración. Una tarea muy importante en los próximos años será la creación de una confianza tal en los esfuerzos de la UE en estas materias que se haga posible la instauración de mayoría calificada.
Además, tenemos que dar un contenido claro y preciso a los conceptos libertad, seguridad y justicia del Tratado de Amsterdam. Por esta razón, la Cumbre de Tammerfors del otoño va a constituir un hito. Este Parlamento también tiene una misión muy importante que cumplir. Se necesitan señales políticas claras sobre los caminos que va a seguir la política europea de inmigración y de asilo. También opino que los dos debates de esta tarde han ilustrado de manera valiosa la importancia de esto.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos recomendaciones para la segunda lectura elaboradas en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial:
A4-0131/99 de la Sra. Read sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un conjunto de orientaciones, entre las que figura la identificación de los proyectos de interés común, relativo a redes transeuropeas destinadas al intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA) (13490/2/98 - C4-0017/99-97/0340(COD)), y-A4-0130/99 de la Sra. Read sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Consejo por la que se adopta un conjunto de acciones y medidas al objeto de garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas transeuropeas destinadas al intercambio de datos entre administraciones (IDA), así como el acceso a las mismas (13491/2/98 - C4-0012/99-97/0341(SYN)).
Read
Señor Presidente, este trabajo tiene un título muy largo para ser un proyecto que trata sobre las ventajas del intercambio electrónico de datos entre administraciones de la Unión Europea. Realmente es un logro demostrar a los ciudadanos de la Unión Europea cómo las decisiones que se toman en su nombre y la aplicación de dichas decisiones pueden hacerse mucho más transparentes y fácilmente identificables. Siempre se hace referencia a dos o tres proyectos y vale la pena repetirlos: uno es el trabajo de la Agencia de evaluación de los medicamentos de Londres; otro es el proyecto relativo a ayudar a las personas a encontrar información sobre puestos de trabajo vacantes en toda la Unión Europea; y el tercero es un plan relativo a las contraindicaciones rápidas de sustancias tóxicas y drogas que pueden ser peligrosas para los jóvenes en particular.
Los proyectos tuvieron sus problemas iniciales. Ahora deseo rendir tributo al trabajo de los agentes de la Comisión con los que he mantenido muchas conversaciones, entre todos hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de encontrar soluciones a estos problemas. No obstante, el trabajo que ahora les presento aquí esta noche trata sobre cómo algunas de las dificultades iniciales y la innecesaria duplicación de esfuerzos y problemas de compatibilidad están ya en vías de solución.
También hay algunos temas relativos a la aplicación. Deseo hacer hincapié en que es muy importante no sólo que cada plan en particular se beneficie de las ventajas del intercambio electrónico de datos, sino también que la metodología que se aplica en cada proyecto pueda ser transferida a su vez a otros proyectos y que no sea sólo algo excepcional.
Espero que el número relativamente pequeño de enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial obtenga su aprobación. No dudo en recomendarles ambos informes. También quisiera llamar la atención sobre las actualizaciones de los informes elaborados por el equipo IDA, que ofrecen una referencia muy valiosa basada en ejemplos de cómo el trabajo de las instituciones de la Unión Europea está proporcionando auténticas ventajas a los ciudadanos de la Unión Europea.

El Presidente
Esta noche tenemos un problema poco habitual, ya que vamos muy por delante del horario. La Sra. Peijs aún no ha llegado. El Comisario que debía responder era el Sr. Monti que, según tengo entendido, se encuentra aún a bordo de un avión. No obstante, la Sra. Gradin se dispone valientemente a intervenir.

Gradin
Señor Presidente, intentaré convertirme en el Comisario Monti por unos minutos.
En diciembre de 1997, la Comisión presentó dos propuestas relativas a la segunda fase del programa IDA. Ambas propuestas tienen por objeto garantizar la interoperabilidad de las redes telemáticas para apoyar la comunicación interinstitucional y la implantación de políticas y actividades comunitarias.
En esta segunda fase del programa IDA, la Comisión propone desviar el centro de atención desde la construcción de infraestructura hacia la coordinación y el apoyo, poniendo especial énfasis en una mejor relación coste-resultados. En este sentido, por ejemplo, los proyectos IDA gozarán ahora de redes telemáticas genéricas adquiridas en el mercado. Estas ideas obtuvieron el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo en la primera lectura.
La Comisión ya ha manifestado su satisfacción por el hecho de que el Consejo haya incluido la mayor parte de las enmiendas que el Parlamento presentó en la primera lectura. Además, la Comisión aceptó ambas posiciones comunes y recomendó su rápida adopción.
En esta segunda lectura, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial presenta dos enmiendas a la decisión sobre las orientaciones y otra a la decisión sobre las medidas que garanticen la interoperabilidad. Están basadas en las enmiendas que el Consejo rechazó en la primera lectura. No obstante, la Comisión cree que la formulación que ahora propone el Parlamento Europeo no sólo perfeccionaría las prioridades políticas del programa IDA e incrementaría su transparencia, sino que además cabe esperar que supere las objeciones que puso el Consejo en la primera lectura. Por tanto, me complace anunciar que la Comisión acepta las tres enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo en la segunda lectura.
Permítanme expresar mi agradecimiento una vez más, en particular a la ponente, Sra. Read, por la actitud constructiva con la que el Parlamento Europeo ha recibido estas propuestas de la Comisión. Tengo plena confianza de que, con el apoyo del Parlamento, el acuerdo político con el Consejo no tardará en alcanzarse y podremos reanudar esta importante tarea sin demora.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
La sesión, interrumpida a las 20.30 horas, se reanuda a las 21.15 horas

Determinación del deudor del IVA
El Presidente
Para comenzar quisiera comunicarles que probablemente haya aterrizado ya el Sr. Monti y que estará a punto de llegar en cualquier momento. Hemos comenzado deliberadamente un cuarto de hora más tarde para que pueda participar en el debate.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0174/99) del Sr. Harrison en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre la directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que respecta a la determinación del deudor del impuesto del valor añadido (COM(98)0660 - C4-0705/98-98/0312(CNS)).

Harrison
Señora Presidenta, la propuesta de la Comisión encaminada a modificar la directiva de 1997 relativa a la determinación del deudor del IVA tiene como objetivo simplificar el complicado sistema actual. La iniciativa se inspira en el SLIM, cuyo objetivo, a su vez, es facilitar el acceso al mercado único europeo, especialmente a las PYME. El principio subyacente por el que se guían las propuestas de la Comisión identifica al deudor del IVA, cuando las empresas operan en más de un Estado comunitario, como el sujeto pasivo que realiza la operación gravada, independientemente de que esté establecido o no en el país donde efectúe la operación.
Cabe observar asimismo que la propuesta es de naturaleza transitoria. La Comisión mantiene su propósito de pasar a un sistema definitivo de recaudación del IVA y la determinación del deudor en base al principio de un lugar de tributación único. Además, adjunta a esta propuesta tenemos la idea separada, pero muy gratificante, de evitar la evasión fiscal en el marco de las producciones continuas, como el suministro de gas o electricidad. En estos casos se propone la exigibilidad del impuesto con una periodicidad anual cuando no existan liquidaciones sucesivas preestablecidas. Hasta aquí todo bien, pero es aquí donde empiezan los problemas.
Este retraso del régimen definitivo del IVA es de por sí lamentable, pero para las PYME, que queremos que participen activamente en el mercado único, la introducción de un sistema transitorio que parece tan confuso como el anterior, resulta aún más frustrante. Por este motivo he solicitado a la Comisión, aunque en vano, que cuantifique el problema y, además, que elabore una estrategia y un calendario para este régimen transitorio hasta la introducción del sistema definitivo. ¿Por qué es la Comisión tan reacia a hacerlo?
En segundo lugar, como ponente, he sentido gran preocupación al conocer los detalles de la consulta que realizó la Comisión a la comunidad de pequeñas empresas sobre la propuesta. ¿Por qué, por ejemplo, la Comisión sólo consultó a las PYME de siete Estados miembros? Además, ¿no le preocupó a la Comisión saber que una de cada tres PYME opinaba que la actual propuesta podría incrementar, y no reducir, los trámites burocráticos del IVA? Quizá la Comisión pueda responder a estas cuestiones esta noche, si el Comisario llega a tiempo.
En tercer lugar, no convendría hacer un uso generalizado ni abusivo del sistema de inversión impositiva que mantiene intacto el principio de los pagos fraccionados. No obstante, el gran número de excepciones permitidas parece negar el principio de simplificar, de no complicar, el sistema transitorio. A propósito, aún no he recibido una explicación de la Comisión de los motivos por los que los abogados, las consultorías y los agentes que se dedican al transporte de mercancías pueden acogerse a las excepciones que permiten hacer uso del sistema de inversión impositiva. ¿Por qué ellos sí y otros no? Creo que debemos recibir una respuesta.
En cuarto lugar, se ha descubierto que no se recurre a los mecanismos de asistencia mutua previstos para ayudar a las PYME a saltar con pértiga por encima de las barreras reconocidas para acceder al mercado, por lo que resultan ineficaces. ¿Qué puede decir la Comisión sobre el particular? En quinto lugar, quisiera que la Comisión explicara cuál es su posición respecto a las ONG que de forma persistente pierden valiosos ingresos debido a que son penalizadas por un sistema que a menudo las deja con las ganas en lo que se refiere al IVA irrecuperable.
Para terminar, ¿está dispuesta la Comisión a ocuparse de la vergonzosa práctica según la cual, las PYME que operan en Bélgica y otros Estados miembros están obligadas a cumplir con los actuales requisitos de determinar sus responsabilidades en materia de IVA, depositar una fianza en los bancos locales, absorbiendo así valiosos recursos, lo que les origina graves problemas de liquidez y les impide que muchas de estas PYME entren en el mercado?
Quisiera parar aquí y agradecer a mi colega Sr. Rübig sus dos enmiendas que acepto. Están encaminadas a ayudar al sector de las PYME, aunque reconozco que estamos aumentando las excepciones a las que ya me he referido.
La presente propuesta de la Comisión intenta ayudar a las empresas a prosperar en el mercado único. Su aspiración es buena, pero su aplicación es sospechosa. Espero que la Comisión tranquilice al Parlamento respecto a todas las inquietudes que planteo esta noche en mi informe, y espero también que el Comisario, que no ha podido escuchar los argumentos que he expuesto -aunque parece bastante improbable que lo haga, porque no está aquí- responda a estos argumentos concretos.

Secchi
Señora Presidenta, antes que nada he de manifestar que nuestro Grupo comparte plenamente las argumentaciones del ponente, a quien agradecemos el trabajo realizado en torno a esta importante materia. En particular, estamos a favor de todas las medidas que facilitan la actividad de las pequeñas y medianas empresas, de conformidad con el proyecto SLIM que ha originado en parte algunos de los contenidos de la propuesta que nos ocupa. Estamos asimismo especialmente a favor de la presión que se ejerce para que se vuelva a abordar la cuestión de las organizaciones no gubernamentales y para que se estudien una modalidades que sean más coherentes con la actividad que éstas desarrollan y que no las conviertan en víctimas de un sistema fiscal que no encuentra justificación aparente alguna desde el punto de vista de su condición de ser sujetos del IVA sin posibilidad alguna de recuperarlo.
Nuestro Grupo manifestó su desacuerdo con respecto a la enmienda 7 y ahora quisiera explicar los motivos de ese voto en contra. Consideramos que dicha enmienda es demasiado compleja en su formulación. En efecto, en la misma convergen numerosas solicitudes como, por ejemplo, la cuestión de las organizaciones no gubernamentales que hubiera tenido que merecer un tratamiento por separado. Asimismo tenemos algunas dudas respecto a la solicitud de una estrategia global para mejorar el actual sistema transitorio del IVA en espera de la introducción del sistema definitivo.
En otras palabras, tememos que, aunque existen muchas referencias al sistema definitivo, cuya introducción pedimos que no se demore, el hecho de prever modalidades que faciliten la transición sin marcar ningún plazo concreto, en realidad, es una especie de excusa de cara a un continuo aplazamiento de la decisión que, por el contrario, quisiéramos que fuera lo más rápida posible. Sus Señorías y el Sr. Harrison en particular, recordarán que en mi anterior informe sobre esta materia se solicitaba un plazo muy concreto, quizás difícil de cumplir pero, con todo, un plazo concreto. Lamentablemente, esta solicitud no fue aceptada por nuestro Parlamento por pocos votos, en particular por los votos en contra del Sr. Harrison y de su Grupo.
Quisiera terminar mi intervención diciendo que nuestro Grupo va a votar a favor de todas las enmiendas, pero haciendo dos recomendaciones: primera, que la Comisión tome en cuenta nuestras argumentaciones en el sentido de convertir en más sencilla y clara la enmienda 7; segunda, que nuestra solicitud de acelerar lo más posible la transición al sistema definitivo del IVA reciba algún tipo de eco y merezca una previsión de plazos y unos argumentos convincentes que expliquen la razón de este continuo aplazamiento. Por ejemplo, las enmiendas 8 y 9 con las cuales estamos de acuerdo, ya que pueden haber sistemas más sencillos que los previstos para facilitar unas garantías, se convertirían en innecesarias si, en efecto, estuviéramos en el sistema definitivo.
Para terminar, todas las argumentaciones hechas por el Sr. Harrison se pueden compartir en la actual etapa transitoria; tenemos que decidirnos a superarla cuanto antes y entonces se solucionarán también muchos de estos problemas.

Gallagher
Señora Presidenta, quiero felicitar al Sr. Harrison por la presentación de su informe. El actual sistema del IVA ha sido ideado de tal forma que la recaudación de impuestos la realizan directamente los Estados miembros en cuyos territorios se considera que ha tenido lugar el consumo de las mercancías o los servicios. Para garantizar esta asignación directa de los impuestos se ha establecido una serie de normas complejas. Los comerciantes que deseen beneficiarse de las oportunidades que trajo consigo la llegada del mercado único, el 1 de enero de 1993, suelen percibir la necesidad de cumplir con sus obligaciones fiscales en varios Estados miembros como una barrera a la libre circulación de mercancías y servicios.
El mercado interior no podía funcionar de manera productiva a menos que se establecieran unas normas más favorables para los usuarios a nivel nacional y europeo en el ámbito de la recaudación de impuestos. En mayo de 1997, la Comisión propuso que la recaudación del IVA se incluyera en la segunda fase del programa SLIM. A raíz de dicha recomendación, la Comisión se propuso introducir legislación para simplificar la representación fiscal. También se contrató a un panel de expertos para que asesoraran a la Unión Europea sobre estos asuntos fiscales.
Acojo con satisfacción los esfuerzos realizados por la Unión para simplificar el régimen fiscal en el ámbito del IVA. La Sexta Directiva del IVA permite a los comerciantes que realizan operaciones imponibles en un determinado país que sea el deudor el que pague los impuestos a las autoridades competentes. No obstante, las principales características de la legislación actual, en cuanto a determinar quién es el deudor de los impuestos, son sumamente complejas y existe una gran diferencia a la hora de aplicar las propuestas, debido a las muchas opciones fiscales diferentes que existen en los Estados miembros para tratar sobre esta cuestión.
En definitiva, apoyo el amplio impulso de estas tres medidas, pero está claro que aún queda trabajo por hacer en lo relativo a simplificar el ámbito de los impuestos en la Unión.

Rübig
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, creo que el informe que ha presentado el Sr. Harrison significa un paso importante mediante el cual alcanzaremos otra simplificación de la legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido a través de los preceptos acerca de la representación fiscal y la asistencia mutua para la recaudación. Creo que estos puntos son especialmente importantes para las explotaciones pequeñas y medianas. Efectivamente, sabemos que el sistema sobre el impuesto sobre el valor añadido tiene fundamentos jurídicos muy diferentes en la Unión Europea. Creo que precisamente la enmienda 6 representa un ejemplo típico de cómo, por ejemplo, en el caso de bienes que deban ser objeto de montaje se puede configurar un simplificación para llevar cabo también simplificaciones en este ámbito.

El Presidente
Lamentablemente, el Sr. Comisario Monti no ha llegado todavía.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Imposición de los productos energéticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0171) del Sr. Cox, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la directiva del Consejo por la que se reestructura el marco comunitario de imposición de los productos energéticos (COM(97)0030 - C4-0155/97-97/0111(CNS)).

Cox
Señora Presidenta, lamento que el Comisario Monti no esté presente, no porque quiera hacer una observación pedante sobre su ausencia, sino más bien, porque me hubiera gustado decirle esto personalmente y que conste en acta. Pero incluso en su ausencia, me complace hacerlo. Es uno de los Comisarios del actual colegio provisional cuya dimisión por motivos que nada tenían que ver con él lamento profundamente. Ha desempeñado su función pública europea de manera encomiable y quisiera dejar constancia de ello. No sé si tiene probabilidades de ser reelegido en el futuro, pero en cualquier caso, es una de las numerosas víctimas inocentes de las secuelas de los recientes acontecimientos y quisiera dejar constancia de ello a título personal.
Para los colegas que están aquí tengo poco que añadir a lo que ya dije hace unas semanas. En lo esencial, el informe que tenemos ante nosotros está basado en la propuesta de la Comisión, que es una propuesta útil. En términos del enfoque adoptado por el Parlamento, espero que votemos «sí» a los nuevos impuestos, y «no» a más impuestos. En otras palabras, queremos que la base fiscal se amplíe mediante el impuesto energético, pero queremos declarar abierta y políticamente a la Comisión y al Consejo que nos gustaría que la compensación de esta nueva base imponible para productos energéticos se reciclara en una reducción del tipo impositivo, de la carga fiscal y de la carga social. Por este motivo lo apoyamos; no es el único, pero sí un motivo importante.
A aquellos que estudian los problemas estructurales del desempleo en la Unión Europea y condenan las altas tasas de desempleo, pero que se niegan, a través de sus votos en esta Asamblea, a contemplar una ampliación de la base fiscal en ámbitos como el energético, quiero decirles que por favor nos digan públicamente dónde encontraremos las fuentes alternativas para solucionar la crisis impositiva en una serie de Estados para acabar con los problemas estructurales y el desempleo.
Mi segundo argumento general es que no debería exagerarse esta propuesta. Es modesta, pero útil. No obstante, en mi opinión y en opinión de la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios está plagada de excepciones. Apoyamos la propuesta Monti, pero queremos una propuesta Monti más ecológica. Apoyamos algunas excepciones, pero queremos que se haga hincapié en las excepciones ecológicas.
Con respecto a los tipos impositivos, al igual que antes, no proponemos un sistema complejo de volver sobre la cuestión cada equis años, sino un principio acelerador que esté sujeto a una posible revisión cada cinco años. Reconocemos que en algunas empresas y algunos sectores, el coste energético puede ser muy elevado en proporción al coste total, y para dichas empresas y dichos sectores necesitamos un mecanismo que reconozca y corrija la desventaja en materia de competitividad. Creemos que la desventaja en materia de competitividad puede subsanarse permitiendo a los Estados miembros un cierto grado de discreción, pero en mi opinión, debe estar sujeta a la revisión de la Comisión. Mañana se presentará una enmienda en este sentido, en la que se especifica cómo la Comisión podría revisar las solicitudes procedentes de los sectores y los Estados miembros que alegan un caso especial, y dicha enmienda debería ser aprobada, porque esto no debe utilizarse como carte blanche sencillamente para no cumplir con las obligaciones fiscales.
En resumen, apoyamos un nuevo sistema de impuestos energéticos y ecológicos, pero no apoyamos más impuestos per se . En otras palabras, exigimos neutralidad fiscal. Insistimos en que el precio de la introducción de esta medida es una reducción de las cargas sociales. Queremos una definición de la base fiscal más sencilla y más segura. Queremos una fórmula de base creciente más predecible mediante un principio acelerador que determine la evolución de los tipos impositivos, dada la nueva base fiscal. Queremos que se reconozca y se corrija la desventaja en materia de competitividad, pero sólo cuando dicha desventaja exista realmente y no simplemente como carte blanche para evadir los impuestos. Si eso ocurre -y espero que así sea en la votación-, recomendaré a los colegas que apoyen este informe. La última vez, señora Presidenta, estuvimos muy cerca de obtener mayoría. No la obtuvimos, en parte, por un malentendido respecto de algunos detalles. Espero que no haya malentendidos mañana y que los escépticos vuelvan a leer detenidamente el informe y se den cuenta de que es la vía para avanzar hacia el futuro. Por ello recomiendo el informe a la Asamblea.

El Presidente
El Sr. Comisario Monti acaba de llegar.
Señor Monti, no puedo menos que decirle que el Sr. Cox ha hablado de usted con mucha amabilidad, pero quizá pueda leerlo usted más tarde en las Actas Literales de la Sesión.

Estevan Bolea
. Señora Presidenta, quiero decir en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía que, en general, nos parecen lógicos los tres objetivos que propone la Comisión con esta directiva: una armonización de impuestos, una mejora -a través del aumento de precios- de las emisiones y una aplicación de estos ingresos a la reducción de las cargas sociales.
Pero todo eso no está muy bien planteado, señor Cox, porque ¿sabe usted lo que se conseguiría aumentando los precios -como usted propone- en la reducción de contaminantes, concretamente el CO2 ? No llega al 1 %. Demasiado ruido para tan pocos resultados.
Por otra parte, estamos intentando bajar los precios de la electricidad y del gas a través de la liberalización de los mercados. Lo estamos consiguiendo porque la energía en Europa es cara y competir con Japón y con Estados Unidos nos plantea muchas dificultades.
Queremos hacerlo todo al mismo tiempo y no es el momento. Hagamos primero una cosa y después otra.
En cualquier caso, ustedes presentan unas enmiendas en las que suben las cargas. Aun así, según lo estudios económicos realizados por consultores de la Comisión, lo que se gana son unos 150.000 empleos y se reducirían en un 1 % las emisiones de CO2 . Es verdad que los efectos macroeconómicos no serían altos -no aumentaría mucho la inflación, no aumentaría mucho el déficit-, pero todos los países están comprometidos en este momento en sus programas de estabilidad. Es decir, a mí su informe no me parece oportuno -no digo que no sea bueno-. Creo que no es el momento oportuno y tampoco es oportuna la propuesta de la Comisión.
Siento decirle, señor Cox, que nuestro Grupo no apoyará sus enmiendas. Y también debo decirle que, si el informe sale adelante, será muy poco realista porque los resultados son muy escasos. En cualquier caso, usted y yo tenemos la seguridad de que en un futuro se avanzará en esta vía pero quizás no es este el momento oportuno, ni siquiera para introducir otros impuestos. Usted dice: «no más impuestos». Tiene razón, pero tampoco sobre la energía, que ya en Europa tiene unos impuestos altísimos.

Spencer
Señora Presidenta, el informe del Sr. Cox era bueno y ahora es mejor. Merece recibir nuestro apoyo, al igual que lo merece el Comisario Monti.

Areitio Toledo
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Cox, como ya dijimos en la otra ocasión en que tuvimos la posibilidad de debatir este informe, nuestra posición no ha variado puesto que la posición del Sr. Cox, en su informe, tampoco ha variado.
En aquel momento expusimos nuestro análisis respecto de la propuesta de la Comisión. Y ese análisis indica que la propuesta de la Comisión es, quizá, excesivamente ambiciosa.Pretende alcanzar tres objetivos con una sola norma, y todos sabemos que la eficacia de las normas suele ser inversamente proporcional al número de objetivos.
Yo creo que son tres objetivos ambiciosos -como ha mencionado la Sra. Estevan Bolea- y el informe del Sr. Cox pretende facilitar al respecto la comprensión y la puesta en práctica de las excepciones, cosa difícil de conseguir mediante una norma fiscal que pretende precisamente ampliar la base de esa fiscalidad.
Todas las normas fiscales en las que se define una nueva base, como pueda ser la del IVA, etc., contienen un número elevado y muy detallado de excepciones. Estamos hablando de una norma que propone la Comisión, en la que se aumentan los impuestos especiales de los productos petrolíferos y se amplía la base fiscal de los productos energéticos. Esa es una norma complicada, en la que, además, se buscan unos objetivos medioambientales difícilmente alcanzables o a un coste marginal enorme, como ha explicado la Sra. Estevan Bolea, y, además, no hay ninguna seguridad de la neutralidad fiscal que pretende la norma. Por lo menos, nosotros no la hemos descubierto en ninguna parte, no tenemos ninguna seguridad de que la norma será fiscalmente neutra.
Creemos que el Sr. Cox ha hecho un esfuerzo para aportar una mayor simplificación al capítulo de las excepciones, esfuerzo que tampoco compartimos porque creemos que sería inmanejable por parte de la Comisión. Volvemos al famoso método de mandarle a la Comisión, a través de los Estados miembros, infinidad de expedientes y autorizaciones individuales, según la intensidad de consumo energético, etc.
Pero también creemos que tiene que haber una norma. Y, como ha indicado la Sra. Mª Teresa Estevan, al final algo tendremos que hacer, dividiendo quizá los objetivos en diferentes normas y simplificando la aplicación de esta norma, que tiene unos objetivos loables pero que creemos que es muy difícil de desarrollar en estos momentos.
Señor Cox, por consiguiente, nosotros mañana mantendremos nuestra posición de hace unas semanas, puesto que entendemos que, en lo sustancial, el informe del Sr. Cox tampoco se ha modificado y, como es lógico, tampoco se ha modificado la propuesta de la Comisión.

Virrankoski
Señora Presidenta, hay que felicitar al Sr. Cox puesto que su informe sienta una buena base para la renovación de la imposición fiscal. Está claro que nuestro Grupo tiene previsto apoyar el informe de su presidente. La imposición de los productos energéticos constituye uno de los instrumentos de orientación más favorables y eficaces con que cuenta la sociedad para reducir las emisiones y orientar el desarrollo hacia el respeto y la mejora del medio ambiente.
El punto de partida del presente informe estriba en permitir a los Estados miembros un margen de movimientos siempre y cuando éste no obstaculice el mercado único. Se debe considerar este punto de partida como algo positivo, al igual que el principio de excluir a las fuentes de energía renovable del ámbito de aplicación de esta directiva. El fomento de la producción combinada de electricidad y calor representa una posición muy importante y satisfactoria.
El ponente Patrick Cox ya ha simplificado y aclarado la propuesta de la Comisión. Personalmente, considero que hubiera sido posible simplificarla aún más. A este respecto, creo que incluso se podrían unificar los niveles impositivos mínimos de los artículos 7 y 8. Los niveles impositivos de los combustibles con fines productivos y de calefacción se encuentran ya tan próximos entre sí que podrían unificarse.
En este orden de cosas, desearía hacer hincapié en un par de pequeños detalles: en primer lugar, en el futuro se debería incluir indiscutiblemente la turba entre las biomasas renovables. En una misma unidad de superficie, en los terrenos pantanosos crece en un año aproximadamente la misma cantidad de turba que la pulpa de madera que se genera en un bosque. Por consiguiente, la turba es sin lugar a dudas una fuente energética renovable. Esta afirmación es importante puesto que la turba tiene -y seguirá teniendo en el futuro- una gran importancia, especialmente en los países nórdicos, pero también en otros países como Irlanda. En segundo lugar, creo que la imposición fiscal sobre el combustible de los aviones debería decidirse en el plano nacional. Los Estados miembros presentan grandes divergencias por lo que respecta al transporte aéreo. El transporte aéreo nacional no reviste una gran significación en los Estados miembros de pequeña superficie. Por el contrario, en los países más grandes -como Finlandia- este tipo de transporte desempeña una función de enorme importancia. Por este motivo, estimo que la imposición común no afectaría a todos los Estados miembros de manera ecuánime. Pero, a pesar de estas observaciones, creo que se trata de un excelente informe que cuenta con mi más cordial apoyo.

Breyer
Señora Presidenta, estimados colegas, celebramos este informe pues constituye un pequeño paso en la dirección acertada. Todos tenemos claro que todavía hay mucho que hacer para lograr de manera definitiva una ruptura en el ámbito de la tributación de la energía. Sin embargo, nos parece esencial que tampoco se frene con esto desde Bruselas la segunda fase de la reforma fiscal ecológica en Alemania, y que a medio plazo podamos lograr que haya países pioneros que puedan asumir en la Unión Europea un papel de vanguardia. Nos alegra, sobre todo, que haya excepciones que sean «verdes» y que no sólo afecten a las explotaciones de uso intensivo de la energía sino, al contrario -y esto debe estar claro para todos-que se refieran a las energías renovables compatibles con el medio ambiente, las cuales pueden ser exceptuadas de la imposición de la energía. Lo que también nos alegra mucho es el hecho de que se grave también la energía eléctrica de origen nuclear. De lo contrario tendríamos una situación de fracaso en la propuesta de imposición fiscal de la energía.
Celebramos que nuestra enmienda haya logrado una mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos, pues nos parece esencial que pueda exceptuarse el transporte publico local de cercanías. En efecto, no podemos olvidar una cosa: esta tributación de la energía tiene un objetivo, en concreto, el de ayudar también al medio ambiente y contribuir a que pueda tener cumplimiento el compromiso que asumimos, relativo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A ello se orientan estas posibilidades. Ahora es preciso que logremos con la mayor rapidez posible un entendimiento en el Consejo de Ministros. En conexión con esto tengo la satisfacción de comunicarles que en sus visitas a los Estados miembros el ministro alemán de Medio Ambiente, Trittin, se está esforzando por lograr que consigamos lo antes posible un entendimiento en este asunto.

Blokland
Señora Presidenta, realmente es de lamentar que el Informe Cox vuelva a incluirse en el orden del día después de dos meses de suspensión. Por otro lado, me alegra comprobar que durante todo este tiempo el informe del Sr. Cox no ha perdido vigencia en absoluto. Sigue proporcionando una clara alternativa a la propuesta híbrida de la Comisión. Se han suprimido una gran cantidad de posibilidades de exención que constituían un obstáculo. Apoyo plenamente el informe del Sr. Cox.
El Consejo debe ahora tomar postura. O se mantiene en los acuerdos adoptados a nivel internacional sobre la limitación de las emisiones de CO2 y la reducción de los daños ambientales, o elige la falta de claridad del statu quo y el creciente deterioro de nuestro sistema climático como consecuencia. Estoy a favor de suprimir la exención del impuesto sobre combustibles para los vuelos civiles. La introducción de una tasa unilateral por parte de la Unión Europea provocaría una gran disparidad de condiciones en el tráfico de la aviación. Me parece que una alternativa excelente sería una tasa por sobrevolar que ya se ha propugnado, acompañada de la prestación de servicios por parte de la administración de los aeropuertos.

Rübig
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, en la competencia internacional tenemos necesidad de un impuesto razonable sobre la energía. El tema del impuesto energético representa para mí, por muchas razones, uno de los puntos de discusión con perspectivas de futuro de la Unión Europea y de fuera de la misma. Ante todo, se trata -hablando positivamente- de sistemas de estímulos encaminados a un empleo ahorrativo y eficaz de nuestros recursos. Sin embargo, en todo ello es preciso proceder con mesura y con tino, de suerte que «con el agua del baño no se arroje» también al niño, es decir, la economía. En definitiva, nosotros no estamos por principio en contra de que se introduzca una armonización de la tributación de la energía. Pero es preciso que se garanticen unas condiciones iguales de competencia. Mi país, por ejemplo, está adoptando una posición puntera en este ámbito.
En consecuencia, tiene mucho sentido la introducción general de límites superiores a la carga impositiva respecto de las empresas de gran consumo de energía, tal como se prevé en el artículo 15 de la propuesta de la Comisión. No deberíamos olvidar, en efecto, que tales empresas actualizaron ya en el pasado sus instalaciones técnicas y orientaron su consumo de energía hacia un consumo mínimo. En este caso, un aumento del impuesto energético no podrá lograr ningún efecto más en la dimensión del ahorro. Podríamos evitar el aumento de costes que se seguiría de esto, apoyando así la competitividad de nuestras explotaciones y a la región Europa. Por esta razón deberíamos reflexionar acerca de la eliminación de la exención facultativa de los productos energéticos que no se utilizan como carburantes y de los productos energéticos utilizados para producir electricidad y calor, tal como está previsto en el artículo 13.
En cualquier caso, al menos a los Estados miembros que se encuentran por encima del nivel mínimo con sus tipos impositivos habría que darles la posibilidad de adaptar convenientemente sus niveles impositivos. Una configuración flexible de los límites superiores puede contribuir a encontrar soluciones razonables.

Monti
En primer lugar, quisiera presentar mis disculpas a usted, señora Presidenta, así como a todos los diputados al Parlamento Europeo que en estos momentos se encuentran presente en la Asamblea y, en particular, al Sr. Harrison y al Sr. Cox, los dos ponentes. A pesar de que había programado mi vuelo de manera que me sobrara mucho tiempo, al final resultó insuficiente. Pido disculpas por ello.
Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Cox por lo que según tengo entendido han sido unas palabras muy generosas por su parte. También deseo dar las gracias al Sr. Spencer.
Señor Cox, el informe que usted ha redactado y las conclusiones a las que ha llegado son muy interesantes e importantes. Me complace mucho que apoye el razonamiento que está detrás de esta propuesta y el modo en que dicho razonamiento se traduce en acción. La Comisión ha presentado una propuesta al Consejo, cuyo principal impulso es la necesidad de modernizar el sistema fiscal comunitario del petróleo y hacerlo extensivo a todos los productos energéticos. Esto es necesario para mejorar el funcionamiento del mercado único mediante la reducción de las distorsiones provocadas por los impuestos que existen en la actualidad.
La Comisión también se ha servido de la propuesta para cumplir con su obligación de revisar los tipos mínimos de imposición para el petróleo y, al mismo tiempo, responder a la solicitud del Consejo ECOFIN de presentar nuevas propuestas a raíz del estancamiento de las negociaciones sobre el impuesto energético en base al CO2 . No es necesario añadir que, en este contexto, existe una creciente inquietud por los efectos que sobre el medio ambiente tiene la combustión de combustibles fósiles, como puso de manifiesto la reciente adopción, por parte del Consejo, de unos objetivos de emisión para la Unión en respuesta al Protocolo de Kioto. No será fácil alcanzar dichos objetivos, y las medidas fiscales son una de las herramientas concretas que pueden utilizarse para facilitar esta tarea.
La Comisión puede aceptar las enmiendas 2, 3, 11, 12, 13, 23, 32, 33 y partes de la enmienda 25. No obstante, no podemos aceptar la sugerencia de que pasemos directamente a la segunda fase de tipos mínimos a partir de enero del año 2000 e incrementar los mismos anualmente en función de la tasa de inflación más el 2 % durante cinco años.
En lo relativo a la supresión de la fase inicial de los niveles mínimos de imposición, es cierto que la fecha operativa de 1 de enero de 1998 pertenece al pasado. No obstante, las conversaciones en el Consejo han demostrado que incluso los niveles mínimos propuestos están causando dificultades a varios Estados miembros. No es aceptable, por tanto, ningún incremento de dichos niveles.
Lo mismo es válido para la sugerencia de que se incrementen anualmente los niveles mínimos impositivos en función de la tasa de inflación más el 2 % durante un período de cinco años. La propuesta de la Comisión limita el incremento a la tasa de inflación para ayudar a los Estados miembros que se verían obligados a imponer aumentos importantes de los impuestos tan sólo para alcanzar los niveles mínimos propuestos. Exigirles imponer además otros incrementos por encima de la inflación es inaceptable.
Tampoco podemos aceptar la eliminación de la mayoría de las excepciones y reducciones obligatorias y opcionales propuestas relativas a productos que no son gravados actualmente. Dichas excepciones y reducciones han sido formuladas por una serie de motivos. Algunas existen en la actual legislación; otras son necesarias para reflejar las obligaciones comunitarias en virtud de acuerdos internacionales y otro grupo de ellas es considerado necesario para proteger la competitividad de las empresas comunitarias.
Por último, quisiera añadir unas palabras sobre el informe del Sr. Harrison.
Este contexto de simplificación que recientemente ha inducido a la Comisión a presentar una propuesta de directiva relativa al derecho de reducción, es para nosotros una prioridad absoluta. Esta propuesta de directiva representa una ulterior etapa en la misma dirección; está dirigida fundamentalmente a impedir que en el futuro las administraciones nacionales puedan imponer a los operadores no residentes el nombramiento de un representante fiscal. Me es grato comprobar que el informe del Sr. Harrison comparte este enfoque y acoge favorablemente la propuesta de la Comisión. Sin embargo, las enmiendas presentadas no me parecen aceptables. Con todo, les aseguro que la Comisión comparte la posición del ponente según la cual la adopción del régimen definitivo va a significar la simplificación final más importante para los operadores.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Calefacción de la cabina de los vehículos a motor
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0170/99) de la Sra. Billingham, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 78/548/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la calefacción de la cabina de los vehículos a motor. (COM(98)0526 - C4-0552/98-98/0277(COD)).
Puesto que la ponente no se halla presente, intervendrá como primer orador el Sr. Rübig.

Rübig
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, todos ustedes recordarán la discusión que hemos celebrado repetidas veces a lo largo del último año en esta Asamblea. En el marco de las discusiones de la directiva relativa a la construcción de los autobuses en la UE - el Informe Murphy- el Parlamento Europeo ha desarrollado un planteamiento completamente nuevo para la legislación técnica. El legislador europeo debe desarrollar las condiciones marco de tipo político. Los aplicadores y los expertos, sobre todo los del ámbito de la normalización, deberán fijar luego los detalles en grupos de trabajo. De esta suerte lograremos un mayor acuerdo y una mayor aceptación entre los afectados. Estamos tomando realmente en serio el eslogan de la simplificación legal.
Apreciados colegas, también la presente propuesta podría llevarse a la práctica con arreglo a este modelo. En tal caso el texto debería rezar aproximadamente así: «La calefacción interior de un vehículo debe estar configurada de tal manera que pueda funcionar con seguridad, que esté suficientemente aislada para que nadie pueda quemarse y que se emitan pocas sustancias contaminantes.» La configuración exacta de estos principios podría encomendarse luego a un grupo técnico de trabajo. En este sentido estoy esperando con gran alegría la posición común del Consejo relativa a la directiva sobre los autobuses, pues estoy seguro de que en el marco de la codecisión no sólo encontraremos una solución a este dossier sino que podremos emprender una reorientación general.
Respecto del informe del Parlamento hay que decir todavía que apoyamos plenamente las enmiendas de nuestra colega, la Sra. Billingham. Por lo demás, consideramos necesaria e importante una prueba de eficacia en los aparatos de calefacción pues la calidad de una instalación fija de calefacción debe ser objetivable, incluso, por ejemplo, en la cuestión de si el agua fría del motor puede ser llevada a temperatura de funcionamiento antes de la puesta en marcha. La enmienda 10 trata también el aspecto de la seguridad de los pasajeros. Si hay que instalar la calefacción en el espacio de los pasajeros, ésta debe estar aislada con seguridad. A este respecto no nos queremos decidir por un único tipo de diseño y, en consecuencia, en la enmienda 12 nos pronunciamos de manera general a favor de un material que sea resistente al calor. En este sentido quiero dar las gracias por la buena colaboración con los expertos, así como con la ponencia, y espero con interés la votación de mañana.

Monti
Señora Presidenta, deseo ante todo dar las gracias a la ponente, Sra. Billingham, por el profundo estudio de nuestra propuesta y el excelente informe que arranca del mismo. La propuesta que modifica la Directiva 78/548/CEE del Consejo para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de calefacción de la cabina de los vehículos a motor tiene como objetivo ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva extendiéndolo de los turismos a todas las categorías de vehículos. La misma presenta además nuevas disposiciones en materia de calefactores de combustión, al objeto de garantizar que dichos calefactores cumplan las rígidas normas de seguridad y de protección del medio ambiente compatibles con las tecnologías actuales.
La Comisión puede admitir las enmiendas 1 a 6 y 8, 9 y 11 del informe. Las enmiendas 1 a 3 y 5, 6 y 8 son, en definitiva, unas aclaraciones de la propuesta originaria, mientras que las enmiendas 4, 9 y 11 se refieren a aspectos específicos de la seguridad de los calefactores de combustión. También la Comisión persigue el objetivo de establecer normas de seguridad adecuadas y considera, por tanto, favorablemente las enmiendas en cuestión.
La Comisión, sin embargo, no puede aceptar las enmiendas 7, 10 y 12. La enmienda 7 impone a la Comisión la elaboración, a más tardar, antes del 1 de octubre de 2001, de propuestas para la verificación de la eficacia de los calefactores de combustión. La Comisión estima que en este ámbito serán los operadores del mercado quienes van a garantizar un alto nivel de eficacia y que, por tanto, no es necesaria ninguna iniciativa legislativa. Asimismo, la homologación de los calefactores de combustión por estar conformes a las disposiciones de la Directiva permitirá mantener niveles de seguridad y protección del medio ambiente elevados y compatibles con las tecnologías actuales. Si en el futuro los problemas específicos o las innovaciones tecnológicas modificaran esta situación, la Comisión será informada por las autoridades nacionales de homologación en el ámbito de los grupos de trabajo correspondientes y adoptará las medidas necesarias. Además, en lo que respecta a la fecha de aplicación, el 1 de octubre de 2001 parece un plazo difícil de cumplir para el caso de nuevas iniciativas legislativas.
Las enmiendas 10 y 12 proponen una posibilidad alternativa para la instalación del calefactor de combustión en la cabina de los autobuses y minibuses. La propuesta de la Comisión permite la instalación del sistema de calefacción en la cabina siempre que se utilice una recipiente herméticamente sellado que no ofrezca peligro de incendio, incluso en el caso de sobrecalentamiento. Las enmiendas, tal como están formuladas, garantizan un nivel de seguridad análogo, si no inferior al contemplado en las disposiciones de la Directiva y, en particular, no garantizan de forma expresa el mismo nivel de seguridad respecto a los peligros de incendio.
En conclusión, la Comisión puede admitir las enmiendas 1 a 6 y la 8, 9 y 11, y debe rechazar las enmiendas 7, 10 y 12. La Comisión tiene la intención de continuar el fructífero diálogo con el Parlamento Europeo con el convencimiento de que será posible encontrar una solución constructiva.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Se cierra la sesión a las 24.00 horas.

