Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG (debate)
El Presidente
El siguiente punto es el informe de Proinsias De Rossa, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación a la Comisión Europea sobre la reclamación 3453/2005/GG.
Proinsias De Rossa
ponente. - Señor Presidente, me complace estar aquí esta tarde, aunque habría preferido que fuese a una hora un poco más temprana. No obstante, cabe destacar la importancia de que este informe se debata en el Parlamento.
El informe se refiere a una reclamación contra la Comisión en relación con un caso de mala administración. El asunto se remitió al Parlamento Europeo a través de un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo. La presentación de un informe especial al Parlamento Europeo es el último paso que el Defensor del Pueblo puede dar para lograr una respuesta satisfactoria a la reclamación de un ciudadano. Por consiguiente, raramente se presentan a esta Cámara informes de este tipo.
Mi informe, elaborado en nombre de la Comisión de Peticiones, apoya la conclusión del Defensor del Pueblo de que el retraso de varios años, considerado objetivamente injustificado por el Defensor del Pueblo, en la tramitación por parte de la Comisión Europea de la reclamación del peticionario constituye un caso de mala administración.
Me gustaría hacer hincapié sobre el hecho de que este informe no trata del contenido del Derecho comunitario, sino de la inactividad de la Comisión en relación con la tramitación de una reclamación, y, por consiguiente, desearía indicar que no estoy de acuerdo con la única enmienda presentada por el Grupo GUE/NGL a este informe, que trata de introducir elementos relativos a la propia legislación comunitaria.
En la queja inicial dirigida a la Comisión en 2001, el denunciante, un médico que trabajaba en Alemania, pidió a la Comisión que incoara un procedimiento de infracción contra Alemania, argumentando que este país infringía lo dispuesto en la Directiva 93/104/CE del Consejo, conocida como la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Se denunciaba que la transposición de Alemania de esta Directiva en lo que se refería a la actividad de los médicos en los hospitales, en concreto en relación con el tiempo que los médicos pasaban de guardia en tales hospitales, vulneraba lo dispuesto en la Directiva. En opinión del demandante, lo anterior suponía un riesgo considerable tanto para el personal del hospital como para los pacientes.
El Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que la Comisión había tardado 15 meses en empezar a tramitar la reclamación, lo que constituía un caso de mala administración.
Mientras tanto, se había elaborado una nueva ley alemana que intentaba transponer adecuadamente la Directiva, y la Comisión informó al demandante de que necesitaba tiempo para examinar el nuevo acto legislativo para estudiar su compatibilidad con el Derecho comunitario y si había tomado en consideración efectivamente la denuncia presentada.
En 2004, la Comisión informó al demandante que había adoptado nuevas propuestas de modificación de la Directiva original, y que examinaría la reclamación a la luz de tales propuestas. Un año después, en 2005, el demandante volvió a recurrir al Defensor del Pueblo para denunciar que la Comisión estaba haciendo caso omiso de las conclusiones del Defensor del Pueblo.
No existen pruebas, desde la elaboración de la nueva propuesta en 2004, de que la Comisión haya dado algún paso para empezar a investigar la reclamación del médico alemán. En lugar de tomar alguna de las dos decisiones posibles, a saber, incoar un procedimiento de infracción contra Alemania o dar por concluido el examen de la reclamación, la Comisión se abstuvo de emprender ninguna actuación en relación con su investigación. El hecho de que la Directiva hubiese de modificarse (algo que, por cierto, aún no ha ocurrido, y estamos en 2008) no es de ningún modo relevante a efectos de la reclamación. El Derecho comunitario no considera la posibilidad de ignorar las leyes en vigor y las sentencias existentes aduciendo el examen y posible introducción de nuevas normas.
Mi informe pide a la Comisión que ofrezca una lista de Estados miembros cuya legislación no se ajusta a todas las disposiciones de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y en la que se especifiquen las actuaciones emprendidas al respecto. Invita a la Comisión a emprender rápidamente las acciones necesarias con arreglo a sus prerrogativas en todos los casos y en todos los Estados miembros en los que la transposición o la aplicación de las Directivas en vigor no se ajuste a la legislación aprobada por el legislador o no se atenga a las resoluciones del Tribunal de Justicia Europeo. Recomiendo a esta Cámara que apruebe este informe.
Vladimír Špidla
Miembro de la Comisión. - (CS) Señorías, gracias por permitirme dar mi opinión y ofrecer un punto de vista más general sobre la cuestión que debatimos hoy aquí. La reclamación relativa a la Directiva sobre el tiempo de trabajo está vinculada a las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos SIMAP y Jaeger, en relación con el tiempo de trabajo de guardia, como ya se ha dicho. Ésta es una cuestión que la Directiva no aborda específicamente. Por otra parte, según muchos Estados miembros, la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia suscitó una serie de problemas fundamentales y tuvo unas repercusiones de gran alcance sobre la financiación y la organización de los servicios públicos de atención sanitaria y de urgencias.
En un intento por abordar los problemas ocasionados por estas resoluciones judiciales, la Comisión emprendió un amplio proceso de consulta en 2004 y llegó a la conclusión de que una solución adecuada consistiría en proponer una modificación que aclarase la aplicación de la Directiva en el ámbito del tiempo de trabajo de guardia y el descanso compensatorio. La Comisión presentó esta modificación en 2004. A la luz de la excepcional importancia de estas cuestiones para los servicios públicos de salud, la Comisión decidió ese mismo año que no incoaría un procedimiento de infracción en los casos en que la legislación nacional se cambiase con arreglo a la modificación propuesta. La Comisión reconoce que, en este caso, el tiempo transcurrido fue inusualmente largo, pero ya he explicado el motivo de este retraso.
Habida cuenta del hecho de que el acervo comunitario sigue en vigor hasta que la modificación propuesta entra a su vez en vigor, la Comisión no tomó una decisión definitiva acerca de la tramitación de la reclamación que nos ocupa, ni tampoco acerca de otras reclamaciones referidas también a este asunto. Por otra parte, en casos justificados, inició un procedimiento de infracción en relación con ciertas reclamaciones relativas a la Directiva sobre el tiempo de trabajo, pero que no entraban dentro del ámbito de aplicación de la modificación propuesta.
La Comisión también está supervisando y analizando las modificaciones resultantes de las legislaciones nacionales en todos los Estados miembros y las repuestas de los legisladores, órganos jurisdiccionales nacionales y representantes de los trabajadores y los empleadores a las resoluciones del Tribunal de Justicia. Lo anterior resulta muy importante, ya que las cuestiones incluidas en la reclamación que nos ocupa y a la que se refiere el informe afectan a más de un Estado miembro.
La Comisión remitirá muy pronto al Parlamento, dentro de unos dos meses, un informe detallado sobre la aplicación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que ofrecerá una información completa y actualizada sobre el respeto del acervo comunitario, incluidas las sentencias SIMAP y Jaeger, en los 27 Estados miembros. El informe también recogerá las respuestas a las diferentes propuestas realizadas.
En lo que respecta a las conclusiones en relación con la tramitación de los procedimientos de infracción en general, la Comisión considera que, a la luz del contexto específico de la reclamación en el marco de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, relativo a una serie de modificaciones en relación con el tiempo de trabajo de guardia, no cabe extraer conclusiones de carácter general sobre la tramitación de los procedimientos de infracción que la Comisión normalmente pone en marcha. El plazo de un año para las decisiones sobre las reclamaciones recibidas por la Comisión es normalmente adecuado, pero se recoge expresamente como un principio general que no tiene por qué aplicarse en todos los casos.
Alejandro Cercas
ponente de opinión de la Comisión EMPL. - (ES) Señor Presidente, señor Comisario, hablo en mi nombre, pero también en nombre de los treinta y cuatro diputados de la Comisión de Empleo que votaron el pasado mes de mayo favorablemente el informe de propia iniciativa que preparamos para este debate. Y todos estamos de acuerdo con el informe y valoramos y apreciamos lo que ha hecho el señor De Rossa, que tiene todo nuestro apoyo.
Queremos decir, en breves segundos, que estamos preocupados no sólo por el fondo de la cuestión de las guardias médicas y de la directiva del tiempo de trabajo, sino porque estamos en presencia de una situación que nos preocupa: los ciudadanos europeos no reciben respuesta cuando solicitan información a la Comisión.
Estamos preocupados, en segundo lugar, porque la Comisión parece entender que hay una vacatio legis cuando inicia trámites de modificación de las directivas.
Aunque es muy breve el tiempo de que dispongo, no dejo de decirle al señor Comisario que, independientemente de lo que pensemos nosotros o de lo que piense la Comisión sobre la jurisprudencia o el Derecho vigente, su obligación es aplicar los Tratados y seguir adelante, y que no tiene ninguna capacidad para dejar en suspenso ninguna norma ni nada que afecte al acervo comunitario.
Mairead McGuinness
en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al señor De Rossa por su informe.
He escuchado muy atentamente la respuesta de la Comisión, y me gustaría repetir que este informe trata del modo en que la Comisión ha tramitado una reclamación. Aunque el asunto era evidentemente muy controvertido y común, lo que hoy debatimos aquí es el modo en que la Comisión tramita sus reclamaciones. Apoyamos las conclusiones del Defensor del Pueblo en relación con el retraso injustificado, tal como ha reconocido la Comisión esta tarde en esta Cámara.
Permítanme decir tan solo, sobre la cuestión de las reclamaciones, que los ciudadanos se dirigen a la Comisión porque tienen un problema y esperan de ella algún tipo de respuesta -tal vez no una respuesta inmediata, pero ciertamente una respuesta que no se prolongue durante meses y años-.
Me gustaría llamar su atención acerca de la cuestión relativa a Equitable Life, en relación con la cual contábamos con una reglamentación nada estricta y con bastante poca claridad acerca del modo en que el Derecho comunitario se estaba aplicando, y ya hemos visto las desastrosas consecuencias derivadas de este asunto concreto.
Por último, la Comisión está tramitando actualmente una reclamación acerca de la aplicación de la legislación urbanística irlandesa. Aunque la Comisión se mostró inicialmente muy activa y cooperativa, temo que ahora se muestre silenciosa. Me gustaría que se realizase algún progreso sobre esta cuestión.
Maria Matsouka
Señor Presidente, aunque este informe no tiene contenido legislativo, resulta especialmente importante para la interpretación y el desarrollo del Derecho comunitario. Por ello, felicito al Defensor del Pueblo Europeo por la iniciativa que ha tenido de elaborar el informe especial que nos ocupa, así como al señor De Rossa por apoyar la posición de que el poder discrecional de la Comisión relativo a la tramitación de las reclamaciones no permite interpretaciones arbitrarias, especialmente en perjuicio de los ciudadanos.
La confianza que deseamos que tengan los ciudadanos europeos en la Unión Europea se fundamenta tanto en la aprobación de actos legislativos que protejan sus derechos como, sobre todo, en la correcta aplicación de los mismos.
Por ello, la Comisión debería desempeñar su función de guardiana de los Tratados y no permitir que las decisiones del Consejo se vean en ninguna medida obstaculizadas durante el proceso revisión del Derecho comunitario, lo que redunda en la obstrucción de la aplicación de las leyes en vigor. Por otra parte, las actuaciones de la UE deberían tener un efecto inmediato en los casos en que los procedimientos lo permitan.
La Comisión está obligada a denunciar la renuencia o la incapacidad de los Estados miembros a aplicar el Derecho europeo. De este modo, por otra parte, los ciudadanos aprenderán a comprobar en qué medida sus autoridades nacionales respetan sus obligaciones europeas y, por otra parte, los Gobiernos deberán hacerse responsables en última instancia del cumplimiento de los compromisos contraídos.
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al ponente, señor De Rossa, por su excelente informe. Como miembro de la Comisión de Peticiones, siempre soy muy consciente del hecho de que para muchos de nuestros ciudadanos somos el rostro de la UE. Cuando digo "somos" me refiero a la Comisión de Peticiones en sí, y a la Comisión, ante la que también se presentan quejas. En este caso concreto, se hizo caso omiso de la queja del reclamante y el Defensor del Pueblo llegó a la conclusión de que ello constituía un caso de mala administración.
Me complace ver que el ponente de la Comisión de Peticiones está de acuerdo con la posición del Defensor del Pueblo. Los ciudadanos europeos tienen derecho a esperar que la Comisión, como guardiana de los Tratados, garantice la aplicación del Derecho europeo de forma oportuna y efectiva. Tienen también derecho a esperar una respuesta oportuna y efectiva, y aunque la Comisión tiene facultades discrecionales acerca del modo de proceder en un determinado asunto -es decir, si debe o no incoar un procedimiento de infracción-, no está facultada para dejar de adoptar una posición en un plazo razonable de tiempo, lo que ha sido el caso en este asunto.
En relación con la enmienda 1, se trata de una cuestión que ha de abordarse, pero por separado de este informe.
Por último, una observación personal sobre el trabajo de la Comisión de Peticiones: presentar una petición es, para muchos ciudadanos, el único contacto que tienen con las instituciones de la UE. Es fundamental que este sistema funcione de forma efectiva y transparente. La Comisión es parte del proceso, pero también lo es el Parlamento. Debemos garantizar que disponemos de los recursos suficientes para que la comisión pueda llevar a cabo su labor de forma efectiva y oportuna.
Para comprender plenamente esta cuestión, debemos ponernos en el lugar del peticionario y ver las cosas desde su punto de vista. De forma particular o en un pequeño grupo, recurren al sistema. Si el sistema no responde de forma efectiva, lo considerarán una pesadilla burocrática, y ello termina por alejar de él al peticionario y, probablemente, a todos aquéllos con los que el peticionario habla de la cuestión. Si queremos estar cerca de los ciudadanos y que la UE perdure, esto es algo que no debemos hacer.
Marcin Libicki
en nombre del Grupo UEN. - (PL) Señor Presidente, tomo la palabra hoy en nombre de la Unión por la Europa de las Naciones, pero también como presidente de la Comisión de Peticiones. Me complace el hecho de que todos los que han intervenido hasta ahora sobre esta cuestión sean miembros de esta comisión, así como que también lo sea el Presidente que preside el debate de hoy. Todos nosotros conocemos bien, pues, todas estas cuestiones.
Señorías, la razón por la que examinamos hoy el informe de Proinsias De Rossa, al que felicito por la elaboración de un excelente documento, es la existencia de un informe del Defensor del Pueblo Europeo, con el que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo trabaja de forma permanente. Nuestra colaboración con el Defensor del Pueblo Europeo es enormemente satisfactoria. Todos nosotros seguimos diariamente su trabajo, ya que la Comisión de Peticiones es el órgano al que el Parlamento ha hecho responsable de las relaciones con el Defensor del Pueblo.
Todos los que hablamos de esta cuestión somos conscientes de que la duración de los procedimientos constituye una pesadilla para las instituciones europeas, y, por consiguiente, también para los ciudadanos de Europa. Así, debemos instar a la Comisión Europea a realizar todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo las tareas que le incumben con mayor rapidez.
Me gustaría hacer hincapié sobre la cuestión fundamental que plantea Proinsias De Rossa en su informe, concretamente en el primer apartado, que dice que el Parlamento Europeo "apoya la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo a la Comisión". El Parlamento apoya la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, como normalmente hace, porque, como es habitual, consideramos que sus demandas y argumentos se encuentran bien fundados.
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar felicitando a la Comisión. Señor Comisario, hoy nos ha hablado del estupendo programa de la Comisión para los ciudadanos europeos, un programa que les ofrecería unos buenos puestos de trabajo y pondría de manifiesto la faceta social de la UE. Sin embargo, cuando se trata de acciones concretas, la Comisión pone excusas para no actuar.
El presente caso se refiere a una reclamación realizada por un médico alemán y las acciones emprendidas en respuesta a la misma. Se trataba simplemente de revisar al menos el cumplimiento de las normas mínimas existentes en relación con el tiempo de trabajo en la Unión Europea. La Comisión ni siquiera ha podido hacer algo tan simple como eso. Su respuesta se ha alejado bastante de lo que esperaríamos de la guardiana de los Tratados. No ha dicho nada durante años e incluso ha rebajado las normas. Esto es lo que el público percibe como una violación de sus derechos. Con este silencio y con la modificación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, ha dañado enormemente el proyecto de la Unión Europea. Esto debe quedar claro.
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
(PL) Señor Presidente, las reclamaciones remitidas por los ciudadanos son una importante fuente de información acerca de las infracciones del Derecho comunitario. En el caso que nos ocupa, abierto durante siete años, el Gobierno alemán no ha aplicado adecuadamente la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (es decir, la Directiva 2003/88, que derogó y sustituyó a la Directiva 93/104). En opinión del Defensor del Pueblo, la falta de respuesta efectiva por parte de la Comisión Europea constituye un caso de mala administración.
El periodo de tiempo injustificado, a veces de varios años, que la Comisión se toma para preparar su respuesta en casos de negligencia por parte de los Estados miembros es causa de preocupación, así como los numerosos casos en los que los Estados miembros no se atienen a las resoluciones del Tribunal de Justicia. Tales prácticas socavan la aplicación coherente del Derecho comunitario, desacreditan los propósitos de la Unión Europea y reducen la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la UE. El modo en que las reclamaciones de los ciudadanos se examinan debe ajustarse a los principios de la buena administración. Las reclamaciones han de examinarse eficientemente y en el plazo de tiempo más breve posible.
Ewa Tomaszewska
(PL) Señor Presidente, las reclamaciones relativas a la organización del tiempo de trabajo deben tramitarse con urgencia. Consideremos lo que puede suceder si se infringen las normas sobre el tiempo de trabajo en el caso de los médicos: tal infracción podría llegar a hacer que un cirujano tuviese que realizar una operación complicada tras haber estado de guardia durante 23 horas. Existe una serie de profesiones en las que una organización del tiempo de trabajo inadecuada puede poner el peligro la vida humana. Por consiguiente, resulta especialmente importante que las reclamaciones se tramiten en un plazo de tiempo razonable.
Mairead McGuinness
Señor Presidente, me gustaría suscitar dos cuestiones. En primer lugar, me gustaría apoyar lo que la señora Harkin ha mencionado en relación con los recursos. Tal vez existe un problema en la Comisión en términos de recursos. Si ése es el caso, nos gustaría saberlo.
En segundo lugar, el ciudadano que no se rinde en relación con una reclamación de la que se ha hecho caso omiso es un ciudadano muy determinado, y temo que muchos otros no tengan el tiempo, los recursos, o tal vez la capacidad para seguir oponiéndose al sistema. ¿Cuántos de los ciudadanos que presentan reclamaciones abandonan la empresa? ¿Se lleva siquiera la cuenta de ello?
Vladimír Špidla
Miembro de la Comisión. - (CS) Señorías, me gustaría subrayar sólo algunos puntos fundamentales que, en mi opinión, es necesario aún abordar.
Estamos hablando aquí de una sola reclamación. Esta reclamación no es la regla general, ya que una respuesta oportuna a las iniciativas de los ciudadanos resulta esencial y constituye una de las obligaciones más importantes que nos incumben. Creo que de un examen atento del calendario de respuesta es evidente que la Comisión procede de forma rigurosa en esos casos.
Sin embargo, esta reclamación era excepcional, ya que sus consecuencias podrían haber afectado a diversos Estados miembros. Por consiguiente, en 2004 la Comisión utilizó sus facultades discrecionales y procedió como se ha descrito. En este momento, creo que el tiempo ha demostrado claramente que no era la mejor decisión, pero ésta se tomó en el marco de las facultades discrecionales de las que goza la Comisión.
Me gustaría decir que los casos de infracción incoados en relación con el incumplimiento de la ley en cuestiones relativas a la Directiva sobre el tiempo de trabajo se tramitan dentro de los plazos habituales, ya que, como he dicho, independientemente de las razones de peso que sustentaron la decisión adoptada, el tiempo ha demostrado que no se trataba de la mejor decisión posible.
Proinsias De Rossa
ponente. - Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a todos los que han permanecido aquí esta tarde y han participado en este debate, y también al Comisario por sus respuestas. Acogemos con satisfacción su reconocimiento de que, en efecto, se produjo un retraso excepcional y que, tal vez, no fue adecuado que se produjese tal retraso.
No obstante, aún existe una diferencia de opiniones entre la interpretación de la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo y la de la Comisión Europea acerca de su derecho de no tramitar una reclamación cuando considera que no debería hacerlo. Nosotros consideramos que esta discreción no puede incluir que se produzca un retraso de ocho años, que es de lo que estamos hablando hoy aquí.
Acojo favorablemente el hecho de que el Comisario haya anunciado la publicación de un informe dentro de dos meses que indicará el grado de cumplimiento de todos los Estados miembros, incluido el caso de la reclamación concreta objeto de debate hoy.
Creo que una actuación más temprana de la Comisión habría podido lograr antes la modificación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo y tal vez habría podido eliminar antes los riesgos que los pacientes y los médicos y enfermeras en los servicios de salud de nuestros hospitales han corrido durante estos años, en los que han estado trabajando y de guardia durante hasta 100 horas a la semana.
Creo que la controversia sobre esta cuestión pone de manifiesto las deficiencias de los actuales procedimientos de infracción y el modo en que las consideraciones políticas y en relación con los recursos intervienen en cuestiones muy sensibles, que deberían abordarse con arreglo a la legislación en vigor en lugar de en virtud de ciertas sensibilidades políticas.
Por último, cabe destacar que normalmente las reclamaciones de este tipo se resuelven entre el Defensor del Pueblo Europeo y la institución -la Comisión o el Consejo- contra la que se presenta la reclamación. Es muy raro que nosotros en esta Cámara examinemos este tipo de asunto. Sólo en raras ocasiones se pide a esta Cámara que apoye una decisión del Defensor del Pueblo en contra de la Comisión. Personalmente lamento profundamente que hayamos tenido que llegar a este extremo, pero, desgraciadamente, éste es el caso.
Por consiguiente, me gustaría que el Comisario en algún momento indique y admita que ha reconocido que el retraso no era aceptable y también me gustaría escuchar cómo el Comisario se compromete a aplicar algún tipo de medida para garantizar que ninguna reclamación vuelva nunca a permanecer abierta durante un periodo de tiempo similar.
El Presidente
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Anneli Jäätteenmäki  
por escrito. - (FI) Cuando leí el informe De Rossa sobre la reclamación contra Alemania en relación con la ordenación del tiempo de trabajo de los médicos alemanes confieso que me quedé horrorizada.
El hecho de que la Comisión Europea no pueda tramitar una reclamación sin un retraso totalmente injustificado de diversos años denota que se trata de un caso de administración completamente inefectiva. Este caso constituye un abuso manifiesto de la discreción de la que goza la Comisión en relación con la interpretación de sus obligaciones. Más que haber ejercido sus facultades discrecionales, la Comisión parece haber actuado de forma completamente prepotente.
Ha llegado el momento de que la Comisión dé un paso al frente y nos diga cómo pretende tramitar las reclamaciones del modo más efectivo y oportuno posible en el futuro.
Gracias.
