
(1)
Provan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, los diputados recordarán que ayer, durante la votación sobre el informe Herzog, propuse que el Presidente leyera el artículo 130 bis del Reglamento. Teníamos una enorme cantidad de enmiendas para votar. Antes habíamos votado sobre las enmiendas a un informe elaborado en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Sin embargo, para facilitar la votación, estas enmiendas se agruparon en bloques.
El artículo 130 bis del Reglamento establece con bastante claridad que cuando hay una gran cantidad de enmiendas la comisión competente debe intentar clasificarlas antes de someterlas a votación en el pleno.
Me gustaría que la Mesa estudiara debidamente el artículo 130 bis para poder dar instrucciones a los servicios del Parlamento de velar por que las comisiones cumplan este artículo del Reglamento. 
El Presidente.
   – Ya me han solicitado considerar el asunto planteado por su Señoría y opino que, en el momento y lugar oportunos, intentaré hacer lo que propone. 
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, basándome en la cuestión de observancia de Reglamento planteada por mi colega, el Sr. Provan, quiero llamar la atención de todos los diputados presentes sobre el hecho de que se han presentado 215 enmiendas al informe Zappalà, que en breve pasaremos a debatir. Retomando el asunto planteado por el Sr. Provan, de acuerdo con el artículo 130 bis del Reglamento todos nosotros tenemos la responsabilidad, entre este momento y la votación, de simplificar el procedimiento de votación. Estoy seguro de que el Sr. Zappalà estará de acuerdo con esto. Debemos tomar nota de esta lección y asegurarnos de que cuando vaya a votarse en el pleno de febrero tengamos una lista de votación muy simplificada. 
El Presidente.
   Muchas gracias por su cooperación, señor Harbour. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0470/2003) del Sr. Zappalà, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (COM (2002) 119 – C5-0113/2002 – 2002/0061(COD)). 
Bolkestein,
   .  Señor Presidente, esta es una cuestión muy debatida y muy importante. Quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Zappalà, por su informe, que, de forma muy útil, completa el texto de la Comisión en algunos puntos y apoya la consolidación sustancial propuesta.
Todos sabemos que es una propuesta muy amplia que abarca una gran variedad de cuestiones de gran interés para las profesiones y también más en general. Quiero agradecer al Parlamento los esfuerzos que ha hecho por encontrar compromisos viables. Deseo rendir homenaje a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a otras comisiones por sus activas contribuciones. En particular, aplaudo el mantenimiento, con cierta flexibilidad adicional, de los niveles de cualificación existentes, que ya han desempeñado un papel protagonista en la aplicación del reconocimiento profesional en el ámbito de la Unión Europea.
Permítanme señalar que es preciso mejorar las condiciones para la libre circulación de profesionales en una Unión ampliada mediante normas más sencillas y claras, sistemas de gestión más sencillos y eficaces y condiciones más claras y sencillas para prestar servicios transfronterizos.
La Comisión está dispuesta a para tener en cuenta las consideraciones especiales que se aplican a las profesiones del sector de la salud a fin de encontrar soluciones apropiadas en el contexto más amplio de la simplificación.
Ahora será un placer escuchar el debate sobre esta propuesta crucial. 
Zappalà (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ponente del Parlamento debo agradecer a la Comisión y al Comisario Bolkestein que hayan impulsado este importante instrumento legislativo.
Existen decenas de millones de profesionales en la Unión. En virtud de las actividades que llevan a cabo, regulan y rigen la vida de cada ciudadano. Las profesiones representan el grupo social productivo más importante que existe. Sus actividades abarcan todos los aspectos de la experiencia cultural y educativa, la creatividad individual, el espíritu positivo, de apoyo y responsabilidad. Se trata del grupo social más preocupado por el cuidado y la protección, y el que tiene mayor necesidad de reglas bien definidas que respetar.
Cada Estado, independiente y legítimamente, organiza según sus propias tradiciones sociales e históricas, cursos educativos y establece sus propias normas para acceder a las distintas profesiones. La Unión debe garantizar la libertad de circulación y de establecimiento, la igualdad de derechos para acceder al empleo, la competencia, seguridad, salud y libertad, a la vez que se completa el mercado interior al otorgar garantías fiables para los profesionales y consumidores en pie de igualdad.
En la vida real existen enormes diferencias dentro del ordenamiento jurídico nacional y grandes discrepancias entre distintos Estados. La complejidad de esta cuestión, asociada a la naturaleza diversa de varias actividades profesionales, los intereses egoístas y los errores de juicio político facilitan la aparición de una absoluta confusión y luchas intestinas en las clases políticas y profesionales. Las profesiones deben aprender a buscar una unidad global de propósito en su propio interés, así como en interés de los consumidores, quienes confían en ellos a diario.
Los políticos deben abandonar la visión superficial y parcial que tienen de este asunto y abordar el sector como un todo. La actitud de algunos políticos y de determinados representantes, junto con la ignorancia y arrogancia de aquellos que se confunden a sí mismos y confunden a otros deliberadamente, perjudican a las profesiones y la comunidad. Invito a la Comisión, a la que agradezco de nuevo que haya elaborado la propuesta, a que considere las enmiendas del Parlamento no como un acto de obstrucción, sino como la voluntad del legislativo de hacer uso de su potestad legítima y legal como cuerpo representativo democrático que es y, por este motivo, solicito la máxima cooperación en interés de la Unión.
Los profesionales suelen ser proveedores de servicios atípicos precisamente porque son más productivos en temas intelectuales que en asuntos de recursos concretos. Los servicios que prestan no son los mismos y a menudo no se pueden comparar, al igual que el principio de la competencia no se puede aplicar fácilmente al sector dado que, por encima de los precios, un servicio profesional constituye principalmente el resultado de la creatividad intelectual proveniente del bagaje cultural y un intelecto vivo. No todas las profesiones son iguales; las profesiones más sofisticadas, como las relacionadas con la salud, la libertad y la seguridad, no se pueden comparar con las relacionadas con el comercio, la artesanía, la industria o actividades económicas. El acceso a estas profesiones está regulado por los Estados de acuerdo con la cultura y la tradición locales y está además sujeto a responsabilidades y normas que ofrecen un mínimo de garantías a los consumidores.
La armonización no significa simplemente similitud. El sistema británico no se debe exportar, sino armonizar con otros sistemas, con objeto de lograr unas reglas de juego equitativas en la Unión. Ningún individuo representa a todo el mundo, solo el legislativo tiene responsabilidad general. Tenemos el deber de legislar no en interés de un grupo de presión arrogante, sino en el interés general: oír los motivos de todas las partes y alcanzar una decisión individual es el deber primordial de los encargados de trabajar en nombre de la Comunidad. La propuesta se basa en los siguientes supuestos: reconocimiento de cinco niveles de cualificación: formación continua inicial; libre circulación de servicios profesionales y no de pedazos de papel; consulta con las profesiones; umbrales propuestos por organismos reconocidos; conformidad con las estructuras nacionales autorizadas, ya sean organismos, colegios o asociaciones; registros pro forma, igualdad de derechos y obligaciones; seguridad legal; eliminación de trabas burocráticas; reconocimiento mutuo de profesiones ejercidas en Estados individuales y, en donde sea necesario, en niveles superiores que las cualificaciones correspondientes; cumplimiento de las reglas en materia de seguros, seguridad social y sindicatos.
Todas las objeciones son retórica interesada concebida para frustrar el avance del mercado interior y este importante sector. Cualquier objeción corre el riesgo de considerarse una concesión a los grupos de presión interesados que no actúan en el interés colectivo. Esta directiva es importante independientemente de su contenido singular. No deseo levantar barreras; el panorama general es más importante que el detalle. Espero que todos lo contemplen desde una perspectiva europea y no desde una postura de grupo de presión. 
Glase (PPE-DE ),
    Señor Presidente, señor Comisario, la directiva propuesta intenta sustituir 15 directivas vigentes sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales. La Comisión ha adoptado un enfoque horizontal, que conlleva el peligro de que todas las cualificaciones profesionales se metan en el mismo saco. Esto no debería suceder. La competencia desleal en materia de cualificaciones debe evitarse únicamente para proteger al consumidor. Debemos asegurar que la formación sea de calidad. La comisión parlamentaria también está preocupada de que la prestación de servicios transfronterizos se llegue a facilitar mediante la reducción de los requisitos de cualificación del proveedor de servicios. Según la propuesta de la Comisión, todo proveedor establecido legalmente en un Estado miembro podrá ofrecer servicios en otro Estado miembro sobre una base temporal de 16 semanas en un año, sin necesidad de autorización ni sujeto a ningún control. No hemos podido llegar a un acuerdo a este respecto.
Los proveedores de servicios deben cumplir con su obligación tanto con el receptor de dichos servicios como con las autoridades del Estado miembro de acogida. Se trata de la única forma posible de que los mecanismos de control y protección puedan surtir efecto. Las actividades especialmente sensibles deben estar sujetas a controles. Por ejemplo, los ciudadanos no deben ser quienes prueben la calidad de médicos o asesores fiscales por sí mismos. Los ciudadanos confían en la existencia de los probados y conocidos sistemas de formación, cualificación y autorización. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también quisiera estar segura de que las personas que, en virtud de la normativa nacional, tengan una cualificación profesional alta, no se vean en desventaja frente a otras que tengan una menor cualificación aunque ocupen el mismo cargo. No obstante, es fundamental que la formulación de la normativa no ponga en duda la libertad de circulación. Por tanto, acogemos con agrado el hecho de que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y su ponente, el Sr. Zappalà, a quien felicito por su ecuánime informe, hayan llegado a un equilibrio entre un enfoque horizontal y uno sectorial, asegurando que las organizaciones profesionales puedan contribuir con su experiencia a la transposición de la directiva. 
Bowis (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, el jueves de esta semana, en el Reino Unido se ha suicidado un tal Dr. Harold Shipman. No es solo un número; era un profesional de la salud que cumplía 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 215 de sus pacientes. Por lo tanto, señor Comisario, cuando examinamos las cualificaciones profesionales y buscamos formas de facilitar la movilidad profesional, como deberíamos hacer, no solo hablamos de una oportunidad laboral o de llenar vacantes, ni siquiera de la libertad profesional individual. Deberíamos hablar de la protección de las personas vulnerables: procedimientos sencillos, sí; procedimientos arriesgados, no.
En Gran Bretaña, cuando se va a la consulta del médico se espera que el simpático médico procedente de Italia o Lituania o de donde sea esté cualificado, y se da por sentado que se han hecho las comprobaciones pertinentes con respecto a su integridad y experiencia, y con respecto a que su nombre no figura en ninguna lista negra de mala conducta profesional o de otro tipo. Lo mismo sucede con el dentista, la enfermera, el farmacéutico y otras profesiones, como el arquitecto que ha construido la casa donde vivimos. Por lo tanto, nos horroriza pensar que la propuesta original habría permitido que cualquier profesional fuera a otro país de la Unión Europea y trabajara allí durante 16 semanas sin ninguna autorización, control o investigación.
El Dr. Shipman podría haber llegado a una consulta cerca de cualquiera de ustedes. Por consiguiente, después de hablar con organizaciones profesionales británicas y europeas, he planteado esta cuestión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, que me ha pedido que exprese una opinión. Esta opinión ha sido aprobada por unanimidad. Se ha tachado la disposición de las 16 semanas, se ha añadido el artículo 152 como fundamento jurídico para la directiva y se ha solicitado la creación de una base de datos europea de profesionales a quienes se ha prohibido el ejercicio de su profesión en un Estado miembro, para que no puedan ejercerla en otro.
Me complace informar de que estas y la mayoría de nuestras enmiendas han sido aceptadas por el Sr. Zappalà y la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Les estamos muy agradecidos. Sobre todo los pacientes y nuestros electores de cada uno de los Estados miembros agradecerán que se mantengan estas salvaguardias.
Sharbati (ELDR ),
   Señor Presidente, la Comisión ha confirmado en repetidas ocasiones la necesidad de establecer una Europa basada en el conocimiento centrada en el mercado de los ciudadanos europeos, una Europa basada en el conocimiento más competitiva y dinámica que también promueva la formación y educación de calidad, en particular mediante la garantía del reconocimiento mutuo de cualificaciones y diplomas profesionales como prueba concreta y tangible de ciudadanía europea. Todo esto exige que se elimine cualquier obstáculo a la libre circulación de ciudadanos, la movilidad de trabajadores y el ejercicio profesional en el mercado único europeo. Sin embargo, hasta la fecha, esto choca con dificultades importantes que, sin detenernos mucho, deseo enumerar: la falta de verdadero espíritu de cooperación, ayuda y entendimiento; la complejidad de la legislación nacional vigente; la renuencia de las autoridades nacionales; la preferencia dada a los criterios educativos y de formación en lugar de los exámenes destinados a asegurar que dicho aprendizaje sea realmente equivalente a efectos del reconocimiento de diplomas; la falta de reconocimiento académico de diplomas y otros cursos de estudio.
El informe equilibrado del Sr. Zappalà, que apoyo, ha tratado de forma constructiva y pragmática la cuestión de una Unión Europea cada vez más consensual y unida, donde los ciudadanos europeos desempeñarán un papel principal, en particular los ciudadanos con cualificaciones profesionales. Repito que, sin embargo, existen ciertos problemas y asuntos pendientes que hay que resolver y, como la Comisión de Peticiones y yo creemos, por encima de cualquier declaración de principios se necesitan acciones eficaces –como sucedió, por ejemplo, en el caso de la consulta– con vistas a adoptar medidas eficaces para controlar y promover los recursos, con el objetivo de cumplir las distintas disposiciones comunitarias que rigen los sistemas legales de los Estados miembros y de maximizar el potencial del sistema comunitario para el reconocimiento de cualificaciones profesionales y diplomas académicos, con vistas a hacer que dicho sistema sea más transparente, receptivo y accesible a los interesados. Además, es preciso prestar más atención a las nuevas tecnologías de la información, en reconocimiento de la necesidad de un aprendizaje permanente. La Comisión de Peticiones ha recibido un gran número de solicitudes en esta materia, lo que demuestra la urgencia con que se debe abordar esta situación, a fin de hacer de Europa efectivamente un lugar abierto a la cultura, las profesiones y los ciudadanos europeos. 
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE-DE y de mis colegas británicos, acojo con gran satisfacción el enorme trabajo del Sr. Zappalà en torno a un texto complejísimo. Me complace que el Comisario haya aceptado muchas de las enmiendas que se han presentado.
Es importante subrayar el papel protagonista que este instrumento concreto de legislación mejorada desempeñará en nuestra estrategia global para el mercado interior. Esta semana hemos sido testigos del celebrado lanzamiento, por parte del propio Comisario, de la propuesta del mercado interior de servicios. Es evidente que la prestación transfronteriza de servicios profesionales por parte de personas cuyas cualificaciones se han reconocido mutua e irreprochablemente, teniendo en cuenta las cuestiones de calidad y protección del consumidor que han planteado algunos de los diputados, es una parte absolutamente indispensable de esta iniciativa para completar el mercado interior. Debemos asegurarnos plenamente de que situamos esta propuesta revisada en ese contexto.
A este respecto es preciso profundizar más en el informe del Sr. Zappalà. Algunos de mis colegas de este lado de la Asamblea y yo pensamos que es importante mantener los cinco niveles diferenciados de cualificaciones profesionales y su definición. Hemos presentado una serie de enmiendas que aclaran el paquete de cualificaciones que permitirán a los profesionales ir pasando a cada uno de los niveles que deben reconocerse mutuamente. Espero que todos los diputados de la Asamblea reconozcan estas cualificaciones concretas.
El otro aspecto importante de esta propuesta es que hemos de animar a más profesionales a someter sus negocios al reconocimiento mutuo y a aceptar la propuesta de una plataforma común a fin de trabajar juntos para su creación. Muchos profesionales lo necesitan.
A este respecto expreso mi interés como ingeniero profesional. Queremos desarrollar una plataforma común de ingenieros de Europa, pero un aspecto en el que difiero del ponente es que su informe pretende imponer un régimen separado para los ingenieros, diseñado desde un punto de vista particular. Esto es algo prematuro. Los ingenieros de Europa quieren trabajar por una plataforma de reconocimiento mutuo, pero no quieren que les venga impuesta por este Parlamento operando en una dirección particular. Por lo tanto, mis colegas y yo reuniremos un paquete de enmiendas que permitan a los ingenieros desarrollar su propia plataforma. Espero que este paquete cuente con el apoyo de una gran mayoría de esta Asamblea. 
Gebhardt (PSE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Cámara tiene sobre el tapete una directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, que acogemos con satisfacción. De hecho, se trata de algo que necesitamos urgentemente para generar claridad y seguridad legal por toda la Unión Europea. El enfoque horizontal es bueno. Dará pie a una legislación uniforme en lugar de una diversidad de soluciones.
Sin embargo, la labor realizada en torno a este texto ha costado mucho tiempo, dedicación y esfuerzo. Esto se debe a la variedad de campos profesionales implicados, y también, para ser francos, al número de solicitudes que nos han planteado las personas afectadas y sus organizaciones profesionales. El ponente ha trabajado mucho y, con la ayuda de colegas dedicados de la comisión, ha obtenido un éxito parcial memorable. De todas formas, no es la solución ideal. Por tanto, el pleno se enfrenta ahora a un enorme número de enmiendas. Personalmente, he presentado 50 enmiendas en nombre del Grupo de Socialdemócratas y Socialistas, con ánimo de hacer que una buena intención se traduzca en una buena directiva.
Por un lado, nuestras enmiendas están destinadas a estimular la movilidad profesional y la libertad de establecimiento dentro de la Unión. A la vez, sin olvidar los intereses de los consumidores, deseamos ayudar a asegurar que se puedan ofrecer servicios de alta calidad en todas partes. Para ello se necesitan reglas y condiciones, que, por otro lado, deseamos reducir al mínimo necesario. Solo si evitamos que crezca una selva burocrática, crearemos verdadera libertad de circulación y movilidad. Con estos objetivos presentes y con el deseo de alcanzar un resultado positivo, en los últimos meses he pasado mucho tiempo escuchando con atención. Después consultamos a otros diputados en esta Cámara y buscamos formas de salvaguardar el sustento de las personas afectadas hoy y ofrecer a sus profesiones un futuro brillante en la Europa de mañana. El resultado de estas consultas quedó plasmado en las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Todo lo que se precisa es aprobarlas y así lograremos una buena directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.
Tan solo añadiré unas palabras para el Sr. Harbour. Hemos mantenido muchas conversaciones con ingenieros y les he escuchado, por lo que comprendo perfectamente su enfoque. Quizás su Grupo podrá votar a favor de una de las enmiendas presentadas por el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, que propone que los ingenieros se unan en una plataforma que logre el consenso en su profesión y quizás podamos incluir dicho consenso posteriormente en ulteriores deliberaciones sobre la directiva que debatimos hoy. 
Manders (ELDR ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente, a mis colegas diputados al Parlamento Europeo y por supuesto al Comisario y su personal, porque la elaboración de este informe ha sido una tarea difícil.
La intención era simplificar las 15 directivas vigentes, lo que traerá más seguridad jurídica aunque, sobre todo, más dinamismo y movilidad laboral. Considero que esto es necesario para perfeccionar el mercado interior que, después de todo, es una de las piedras angulares de la Unión Europea. Esto todavía se echa en falta, porque todavía hay fronteras virtuales que obstaculizan la movilidad. Por tanto, acojo con agrado esta directiva, que podría contribuir a una mayor movilidad laboral. También doy las gracias al Sr. Zappalá por la manera tan constructiva en que ha intentado dar forma a las complejas propuestas que estaban ante nosotros hasta obtener lo que pensamos que es un elemento factible y mejorado gracias a las enmiendas transaccionales.
Sin embargo, yo, junto con el Grupo liberal, tenemos también algunas críticas que hacer. Está, por ejemplo, el criterio del tiempo. Según nuestro punto de vista, no hay que dar demasiado relieve a la duración de la formación, que tiene menor importancia que su calidad. Por tanto, deberíamos llegar a un sistema de puntos que refleje la calidad de la formación, puesto que me puedo imaginar que los cursos de formación que llevan a una determinada cualificación duran cuatro años en algunos países y cinco o seis años en otros, mientras que la calidad es la misma. No obstante, según la propuesta sobre el criterio de tiempo, deben otorgarse distintos niveles. No estoy a favor de esto y espero que la enmienda 12, que he presentado y que hay que reconocer que se ha incluido en el preámbulo, se incluya finalmente en el texto legislativo posiblemente tras la consulta con el ponente.
Asimismo, opino que los derechos y obligaciones de las profesiones con determinada responsabilidad sobre la salud pública deben ser más estrictos. Me refiero sobre todo a las profesiones médicas y sociomédicas. Creo que dichas profesiones deben estar sujetas a un registro obligatorio. Sobre todo, me refiero a los requisitos preceptivos en el Estado miembro al que se desplacen las personas para trabajar como, por ejemplo, el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Espero que encontremos una solución para ello.
Ahora deseo volver sobre un punto que considero importante, concretamente el acceso al mercado laboral. La propuesta de la Comisión afirma que las personas necesitan haber trabajado durante dos años durante los últimos diez. En la Comisión de Asuntos Legales y Mercado Interior, esto se ha cambiado por dos años durante los últimos cinco. Pienso que se discrimina a ciertos grupos, como las mujeres que fundan una familia, tienen hijos y posteriormente regresan al trabajo. Para acceder a Europa, deben haber trabajado durante dos años en un Estado miembro. Insto a esta Cámara a mantener la propuesta de la Comisión de dos años en los últimos diez. Además, solicitaré una votación nominal al respecto.
Aunque acojo con agrado el establecimiento de plataformas consultivas, les pido que no las extiendan a plataformas nacionales, ya que complicaría demasiado el proceso y todo intento de llegar a una recomendación resultaría caótico. Opino que debemos perseverar con la propuesta de la Comisión para organizarla a escala europea. Por último, espero que esta directiva concitará a una gran mayoría, de modo que logremos que el mercado interior sea más eficaz de lo que ya es. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, está claro que el propósito de esta directiva es liberalizar aún más el mercado laboral en beneficio de las grandes empresas; a la vez, afecta directamente el corazón de los derechos laborales y profesionales de las poquísimas categorías de trabajadores que aún tienen tales derechos. Dentro de este marco, el objetivo es maximizar el potencial para que las empresas se aseguren una gran abundancia de mano de obra cualificada, de modo que puedan elegir lo que necesiten y cuando lo necesiten, a fin de que se reduzca el precio de la mano de obra, se pisoteen los derechos de los trabajadores y sus intereses legítimos y, en general, se refuerce la explotación de la mano de obra científica.
Al mismo tiempo, se trata de una intervención indirecta aunque obvia en los sistemas educativos de los Estados miembros, a pesar de la disposición contraria establecida en el Tratado de la Unión Europea. La distinción entre equivalencia profesional y académica representa el medio para imponer un modelo educativo que limita la amplitud y profundidad de la educación superior a las demandas mínimas de las empresas; es decir, es mucho más bajo que el nivel académico aceptable. Se trata de un modelo educativo que reduce la categoría de la educación superior en su totalidad y crea mano de obra científica especializada sin conocimientos profundos y, por tanto, sin exigencias.
En lo que respecta al contenido de la directiva, señalamos que, con el pretexto de simplificar los procedimientos de reconocimiento, las condiciones previas mínimas establecidas para acceder a profesiones científicas, protegidas por la ley, son mucho menos que aquellas que ya se aplican en numerosos países de la Unión Europea, incluida Grecia. Cada Estado miembro está obligado a permitir que cualquier nacional extranjero o nativo ejerza su profesión, siempre que tenga un diploma aceptado por otro Estado miembro para el ejercicio de dicha profesión, independientemente del nivel del diploma. En otras palabras, un mecánico titulado en una carrera de tres años automáticamente adquiere los mismos derechos profesionales que un titulado tras una carrera de cinco años de una politécnica griega. Además, la directiva sitúa a todos los diplomas de la educación postsecundaria en el mismo nivel, ya sea de una escuela de formación profesional o de una institución de enseñanza superior. Incluso una experiencia profesional o el ejercicio práctico puede, según la directiva, equipararse a una carrera de tres o cinco años.
Para Grecia en particular, la directiva interviene indirectamente y crea hechos consumados a fin de zanjar cuestiones pendientes en materia educativa sobre los que hay una confrontación aguda y controversia del lado de las partes interesadas. Por ejemplo, los artículos 12 y 13, así como determinadas enmiendas, imponen la equivalencia de la formación profesional entre los titulados de centros de estudios liberales que han firmado contratos con universidades extranjeras y los titulados de universidades griegas, incluso cuando dichos estudios no están reconocidos como estudios superiores en Grecia. A fin de aplicar todo esto y sortear todos los posibles obstáculos a nivel nacional, la directiva intenta por todos los medios regular cada posible caso al detalle y excluir toda eventual excepción. Incluso introduce una única comisión especializada para reconocer cualificaciones profesionales y controlar el avance en la aplicación de la operación.
Por estos motivos, nos oponemos categóricamente a la directiva. Proponemos que la equivalencia académica sea la condición básica imprescindible para el reconocimiento de la equivalencia profesional, que debe garantizarse según las condiciones del país de acogida. De forma parecida, solicitamos que se cierren todos los laboratorios o centros de estudios que concluyan acuerdos con universidades extranjeras y comercialicen sus diplomas y que se anule totalmente el sistema de franquicias en el campo de la educación universitaria. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, con todos mis respetos por el Sr. Alyssandrakis, no estoy de acuerdo con él. Al igual que la mayoría de los demás diputados que han intervenido en este debate, creo que esta directiva va en la dirección correcta y todos tenemos que impulsarla lo mejor que podamos hasta su conclusión.
Entre nosotros hay divergencias y se trata de aspectos importantes. La magnífica idea de la simplificación, de aunar 15 directivas sectoriales distintas en un único mecanismo global, es verdadera y extraordinariamente importante, no solo por los motivos que el Sr. Harbour y otros han mencionado, por la conclusión del mercado único, sino también por nuestra responsabilidad como Unión de dar a nuestros ciudadanos leyes razonablemente claras e inteligibles. Poder reunir todo el cuerpo de leyes relativas al reconocimiento de las profesiones en un único paquete coherente en sí mismo es una buena idea desde el punto de vista de la calidad de las leyes que hacemos en esta Unión.
Es importante no perder las protecciones particulares que se aplican a las diferentes profesiones. Sería muy negativo simplificar excesivamente, tal y como ha indicado el Sr. Bowis, hasta el punto de que desaparecieran las protecciones esenciales. Por ejemplo, en relación con la prestación de servicios por parte de los profesionales de la sanidad en las profesiones sanitarias. Todos nosotros hemos de confesar, tomando el ejemplo que ha dado, que a pesar de contar con cualificaciones profesionales muy buenas y tribunales disciplinarios profesionales, todavía hay personas como el Dr. Shipman que pueden pasar el filtro. Esto solo demuestra, y es algo que ha planteado el Sr. Zappalà, que la relación de los profesionales con otros miembros de la comunidad es extraña: una persona que se dirige a un profesional en busca de consejo se pone en sus manos porque el profesional sabe necesariamente más sobre el problema del cliente o del paciente que el propio cliente o paciente. De lo contrario no sería un profesional. Esta relación de poder entre profesionales y ciudadanos exige normas del tipo de que hemos hablado. Requiere estructuras apropiadas, por ejemplo, el tipo de estructuras que surgirían al amparo de algunas de las propuestas de los comités y subcomités que se ocuparán de profesiones concretas en el marco general más amplio.
El Sr. Alyssandrakis ha dicho que estamos realizando un esfuerzo de nivelación a la baja. Lamento decir que disiento. Como proveedor permanente de un tipo de formación profesional, como profesor de derecho, yo sería el último en menospreciar la importancia de la formación en el trabajo y en la práctica, así como la importancia del tipo de trabajo al que he dedicado mucho tiempo: la enseñanza en el aula, tutorías, etcétera.
Lo importante, y el Sr. Harbour lo ha mencionado, es mantener los cinco niveles que ya tenemos. Se han presentado propuestas para afinarlos aún más. Cosa que yo lamentaría sin duda. Creo que disponemos de cinco niveles «comprendidos» y es preciso conservarlos. También convendría aclararlos. Una vez leídas las enmiendas 192 a 196 en nombre de la Sra. Kauppi, el Sr. Harbour y otros, me parece que hacen un trabajo bastante elegante y, en cualquier caso, entre este momento y la votación final, nos corresponde a nosotros intentar agruparlas para obtener al final un paquete claro, inteligible y viable.
Se ha mencionado el caso de la ingeniería. A este respecto hay un asunto sobre el cual todos estamos de acuerdo. Con el mayor de los respectos, creo que en esta fase es demasiado pronto ir tan lejos como propone el Sr. Zappalà. Es importante que los ingenieros consigan una situación mejor de entendimiento mutuo en los diferentes países y que mejoremos la situación para que alguien con derecho a llamarse ingeniero en Italia vea que se le aplica lo mismo que a un ingeniero colegiado en el Reino Unido, y viceversa. Necesitamos desarrollar una plataforma común. En toda la Asamblea se han visto señales favorables a este respecto, y esto es muy importante.
Se ha dicho que es importante que la mano de obra tenga libertad de movimientos en el mercado único para prestar servicios. Estoy de acuerdo con eso. Desde el principio de mi trabajo en este Parlamento he participado en el asunto de los profesores de lenguas extranjeras en universidades italianas, que han tenido cuatro sentencias a su favor durante 14 años y a quienes todavía no se han garantizado o concedido los derechos suficientes de acceso al empleo en las mismas condiciones que los nacionales italianos. Este es solo un ejemplo de por qué el trabajo que hacemos es tan vital si queremos lograr un acceso equitativo al trabajo y la igualdad de oportunidades para prestar servicios, con la debida protección de los ciudadanos y consumidores de la Unión. Apoyo firmemente el rumbo que hemos tomado y espero que logremos llegar a buen puerto en la próxima sesión plenaria. 
Hatzidakis (PPE-DE ).
    Señor Presidente, el propósito del informe Zappalà es muy significativo por el hecho de que, a través de la movilidad, que por supuesto depende del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, damos a los trabajadores más oportunidades en el marco del mercado europeo.
Por supuesto, la condición necesaria para el éxito de tal empresa es el reconocimiento de los diplomas universitarios. En Grecia existe un problema particular a ese respecto. Puesto que aún no se han abierto universidades privadas, tenemos el récord mundial de emigración estudiantil. Debido a esta situación, algunas universidades europeas cooperan con los llamados centros de estudios liberales en Grecia. Estos diplomas no son reconocidos por el Estado y el problema social de miles de personas no deja de agravarse. Hemos presentado este asunto a la Comisión en el pasado, tanto algunas Señorías de la izquierda, excepto el Sr. Alyssandrakis, como yo mismo, y la Comisión Europea ha sido absolutamente clara sobre este tema. Los diplomas deben reconocerse. Recientemente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó lo mismo en el caso Neri, relativo a un asunto similar en Italia.
No obstante, puesto que los problemas del sistema educativo griego se alargan, presenté una enmienda aprobada en comisión, de forma que los diplomas europeos se puedan reconocer tan pronto como sea posible, sin obstáculos legales innecesarios y sin que Grecia sea condenada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con lo que las reputadas universidades europeas podrán abrir anexos en Grecia, en régimen de seguridad jurídica, a fin de aumentar el nivel de las carreras por medio de la competencia y así detener la emigración estudiantil.
Con objeto de evitar todo malentendido sobre el nivel de las carreras, presentamos una segunda enmienda, junto con el Sr. Trakatellis y el Sr. Zappalà, que afirma lo obvio, como por ejemplo que los Estados miembros pueden emplear mecanismos de control en las distintas instituciones cooperantes con las universidades de otros Estados miembros, aplicados en sus propias universidades. En los últimos días en Grecia, ante las protestas que surgieron, la dirección del Partido Socialista cambió de opinión sobre la educación superior privada. A la luz de este cambio, tiene sentido aprobar nuestras enmiendas y espero que esto quede claro, señor Presidente, en la votación. 
Koukiadis (PSE ).
    Señor Presidente, necesitamos recordar dos directrices a la hora de decidir si aceptamos o no las enmiendas propuestas. La primera es que para las profesiones liberales resultará mucho más fácil moverse de lo ha sido hasta la fecha, especialmente para aquellos que ejercen profesiones reguladas. El propósito consiste en desarrollar el mercado interior y el sector servicios, que se está quedando atrás.
La segunda directriz que debemos establecer es la garantía de calidad de los servicios prestados durante los movimientos transfronterizos. Dentro de este contexto, necesitamos examinar las innovaciones básicas de la directiva propuesta, como la distinción entre la prestación transfronteriza de servicios y el establecimiento transfronterizo, los niveles propuestos, etc. En lo que respecta a la prestación transfronteriza de servicios en particular, opino que se deben aceptar las enmiendas que establecen términos y condiciones para evitar infracciones.
Por otro lado, hay que acoger con especial satisfacción la innovación de la directiva consistente en introducir el concepto de bases comunes, ya que ofrece a las entidades liberalizadas la oportunidad de participar activamente en el refuerzo de su cooperación transfronteriza. Ahora existe una apertura en la sociedad civil; sin embargo, si deseamos proteger los intereses de los consumidores en base a la segunda directriz a la que nos referimos anteriormente, tenemos un interés razonable en invitar al legislador comunitario a que no convierta la movilidad en un pretexto para minar el nivel de formación de los profesionales. Por este motivo es importante, en los casos en que los diplomas que certifican una educación teórica se otorgan a los titulados que estudian en varios países, que exijamos como condición que los cursos sean impartidos por entidades educativas reconocidas y no empresas que no se ajustan al sistema educativo oficial del país de acogida. Todos necesitamos llegar a un acuerdo sobre esto si no queremos que la educación pase a ser un producto industrial incontrolado más.
En consecuencia, una cosa es fomentar la cooperación entre universidades –o incluso, si lo prefieren, entre universidades y otras entidades educativas sobre las que no haya dudas– y otra, con la excusa de la cooperación, permitir que unidades no reconocidas como entidades educativas por la ley sean reconocidas como tales. Por este motivo, la enmienda propuesta por el Sr. Hatzidakis es peligrosa. 
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, muy a menudo nos podemos sentir orgullosos de la labor que nosotros –a diferencia del Consejo y los Estados miembros, por ejemplo– hacemos para convertir la agenda de Lisboa en realidad. No obstante, no podemos sentirnos precisamente orgullosos de nuestra labor en esta ocasión. Desde que la Comisión presentó su propuesta, se han tardado 22 meses en llegar a la primera lectura y, como el Sr. Harbour indicó anteriormente, quedan por clarificar algunos aspectos para evitar que los colegas diputados no tan familiarizados con nuestros procedimientos se vean confundidos durante la votación.
Apoyo buena parte de lo que ha dicho la Sra. Gebhardt en su intervención. A la vez, aprovecho esta oportunidad para felicitarla por su cumpleaños la semana que viene. Quizá no todos podamos estar con usted, pero espero que pase un día estupendo y que nos lo cuente después.
Escuchando el debate sobre estos temas, a menudo se tiene la sensación de que cada país tiene el mejor sistema educativo del mundo. Una de las mayores ventajas de estar aquí en el Parlamento Europeo es quizás que se aprende cierta humildad al respecto. Deliberadamente le he dedicado mucho tiempo a la Comisión de Peticiones, que también trata las quejas de los ciudadanos, puesto que estoy de acuerdo con el Sr. MacCormick en que existen problemas para distintos tipos de profesores, cosa que también se puede aplicar a los gruistas de distintos países. Por ejemplo, personalmente he trabajado durante mucho tiempo con un gruista, el Sr. Holmström, de las Islas Åland, una zona de habla sueca. No logró obtener el reconocimiento en Finlandia del examen de gruista que hizo en Suecia. El distrito de protección laboral de Nyland siempre se ha opuesto a ello; imagino que gran parte de ustedes se sorprenderán de que haya tales problemas entre Finlandia y Suecia, dos países que sin embargo tienen mucho en común. Este es un ejemplo de cómo las personas creen que su sistema educativo es el mejor de todos.
A la vez que agradezco a la Comisión su propuesta de una nueva directiva en el campo del mercado interior y de servicios, deseo lanzar unas palabras de advertencia. No podemos volver a actuar de tal forma que el movimiento transfronterizo sea más sencillo para las empresas que para los individuos. Demasiado a menudo el resultado de nuestra acción consiste en que los individuos no pueden tener libertad de movimiento ni acceder al mercado interior de la forma en que deseamos. Como hemos escuchado anteriormente, nuestro Grupo apoyará la propuesta de la Comisión en muchos aspectos. Deseamos también una directiva flexible, aunque, a diferencia de algunos de los otros Grupos, no deseamos que los anexos formen parte del texto. No obstante, me siento satisfecho de ver que se establecen normas sobre los requisitos lingüísticos que son más precisas que las presentadas por la Comisión. 
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar, cómo no, quiero felicitar a la Comisión por esta propuesta -y a su equipo, que ha tenido la paciencia de discutir con todos nosotros cada una de las enmiendas. Creo que esto es loable, porque no ocurre con frecuencia y quería citarlo aquí. También quiero felicitar al Sr. Zappalà por el trabajo que ha realizado, por tener que aguantar este enorme número de enmiendas, y también por su intervención en el Pleno, que creo que ha sido clarificadora.
No cabe duda de que esta es una Directiva eminentemente importante para avanzar en la libre circulación, y recojo las últimas palabras de la Sra. Thors, que decía que no puede ser más fácil el establecimiento de empresas que el de individuos cuando van a ejercer una profesión. 
La libre circulación de profesionales dentro de la Unión es vital, y me alegro de que estemos hablando, además, del reconocimiento de la cualificación profesional de todas las profesiones, y no solamente de algunas. Creo que tanto derecho tienen los profesionales que alguna vez hemos llamado intelectuales, los ingenieros o aquéllos que tienen un nivel de estudios elevado, como aquéllos que tienen un menor nivel de estudios.
Es cierto que ha habido muchos puntos controvertidos. Creo que la división entre la libre prestación del servicio y el libre establecimiento mediante el criterio de dieciséis semanas era muy difícil de justificar. Creo que ahí deberíamos establecer, como lo hemos hecho en comisión, una regla para cada profesión, puesto que no es lo mismo un guía turístico que un ingeniero cuando va a prestar el servicio por unas semanas en otro país.
Debemos encontrar el equilibrio entre la libertad de circulación y la garantía de la calidad del servicio, así como la competencia leal entre quienes ejercen una profesión en el Estado miembro del que son ciudadanos y aquéllos que vienen de otro país a ejercerla.
Hay otros aspectos que me parecen especialmente importantes, como establecer particularidades para cada una de las profesiones y algunas excepciones como hemos establecido -y cito el caso de los notarios-. En lo que se refiere concretamente a los ingenieros, yo también, como ingeniero, quiero señalar que las enmiendas que hemos presentado conjuntamente con el Sr. Harbour -de la 192 a la 196-, establecen claramente esos niveles profesionales -de uno a cinco-, y hay otras enmiendas que apoyaré, junto con el Sr. Harbour, orientadas a determinar específicamente la profesión de ingeniero. Creo que algunos de los aspectos que ha introducido el Sr. Zappalà son prematuros, como se ha dicho en esta Cámara, y pido que se establezca una plataforma común para ingenieros.
McCarthy (PSE ).
   – Señor Presidente, hace unos 15 años, siendo un joven profesor, solicité y me ofrecieron una plaza en la Universidad Libre de Berlín. Debido al problema del reconocimiento mutuo de las cualificaciones, pasaron muchos meses antes de que pudiera tomar posesión de mi cargo.
En mi opinión, esta directiva ha de garantizar que los profesionales no tengan que enfrentarse a la misma incertidumbre y a los mismos obstáculos que yo encontré para disfrutar del derecho, como ciudadano de la Unión Europea, a ejercer la propia profesión en el mercado único. Además, si se quiere que el nuevo plan del Comisario de liberar radicalmente el mercado de servicios transfronterizos tenga éxito, la libre circulación de profesionales cualificados es vital.
En el sector sanitario se precisan salvaguardias específicas. Yo también he presentado enmiendas para abolir la norma de las 16 semanas. Doy las gracias al ponente y a la comisión por apoyar estas enmiendas. Es cierto que la norma podría haber permitido que falsos profesionales sanitarios y personas a quienes han prohibido ejercer por malas prácticas trabajaran en otro Estado miembro sin tener que registrarse en el órgano regulador del país de acogida.
El Sr. Bowis ha mencionado el caso del Dr. Shipman, un médico de mi circunscripción que quizá haya asesinado hasta 200 pacientes después de obligar a algunos ellos a cambiar sus testamentos a su favor. Sin embargo, el propio órgano regulador del Reino Unido nunca prohibió al Dr. Shipman ejercer por malas prácticas y nunca lo consideró un problema. La salud y la seguridad de los pacientes deben ser primordiales, pero ello no ha de ser excusa para bloquear la libre circulación de profesionales. Sé que el Comisario Bolkestein es consciente de esta cuestión. En el Reino Unido, el legado de un Gobierno conservador supone una grave escasez de médicos. No tiene sentido poner barreras a la libre circulación, pero espero que la directiva definitiva logre un justo equilibrio entre permitir y promover la libre circulación de los profesionales sanitarios, además del reconocimiento automático de los derechos de más de 50 categorías de especialista médico, en particular los muy necesarios especialistas oncólogos, y que siga protegiendo la salud y la seguridad de los pacientes. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la nueva directiva reclama un régimen uniforme, transparente y flexible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales para facilitar la libre circulación de personas cualificadas en la Unión Europea ampliada. Se basa en las directivas vigentes de sistemas generales y su objetivo es consolidar 15 directivas en un instrumento legislativo racionalizado y simplificado, que, esperamos, aclare los problemas de interpretación.
Como tal es una directiva ambiciosa y trascendental, muy acorde con la agenda expuesta en el plan de acción de la Comisión para la competencia y la movilidad. No obstante, llega con una advertencia sanitaria. La promoción de la liberalización y la movilidad no debe lograrse a costa de la protección de la salud pública y de los consumidores. A este respecto celebro que se mantenga una clara separación entre los dos regímenes existentes para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales: el régimen sectorial que abarca siete profesiones regladas y un régimen general.
Es importante que el grupo de normas más estrictas se apliquen a la prestación de servicios para regímenes sectoriales. Debemos destacar los ámbitos donde el grado de riesgo público exige un control previo de las cualificaciones para la primera prestación de servicios. Además, hemos de asegurarnos de que la lista de especialidades comprendidas en la propuesta sea suficientemente exhaustiva como para garantizar que se conceda el debido reconocimiento y la debida protección reguladora a las nuevas disciplinas, como la oncología médica, todo el ámbito de la investigación y el tratamiento del cáncer.
Es importante que los profesionales móviles se den cuenta de que deben dominar la lengua de su país de acogida, ya que la capacidad para comunicarse es un requisito imprescindible para ejercer su profesión. En el ámbito médico, donde existen graves problemas de salud y seguridad, es especialmente importante que los pacientes puedan comunicarse con el médico en su propio idioma.
Defiendo la idea de incluir una nueva sección especial para la profesión de ingeniería, tal y como ha introducido la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Sin embargo, en cuanto a la profesión de arquitectura, quiero llamar la atención sobre la cuestión del considerando 21. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha votado a favor de una enmienda presentada por Lord Inglewood que reconoce a los topógrafos la cualificación para diseñar edificios. El problema reside en cómo se interpreta la función de los topógrafos en la Comunidad. Fuera del Reino Unido e Irlanda no se encargan del diseño de edificios. Es preciso rectificar esta ambigüedad de la función y las responsabilidades de los topógrafos en toda Europa para garantizar un sistema armonizado y unas reglas de juego equitativas.
Mi enmienda original sobre esta cuestión no se aprobó en comisión, pero su texto podría proporcionar una solución a este grave problema. Conserva el texto de la directiva de arquitectos, que forma parte del acervo comunitario, y garantizaría que se siga entendiendo del modo en que se interpreta esta disposición en virtud del nuevo sistema. Comparto la preocupación expresada por la Presidencia italiana y otros de que el calendario propuesto de acuerdo con los artículos 5 a 9 de la directiva sencillamente no es viable. 
Lehne (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, el propósito original de esta directiva era simplificar los asuntos, asegurar en el marco del programa «SLIM» (simplificación de la legislación en el mercado interior) que el número de textos legales europeos se reduzca a la mayor brevedad posible y que deben ser más fáciles de entender para los ciudadanos. Albergo grandes dudas sobre si realmente hemos acertado con esta propuesta de directiva. Como todos sabemos, durante décadas la Unión Europea tuvo directivas sectoriales viables para toda una serie de ocupaciones cualificadas, que se elaboraron específicamente para crear condiciones adecuadas de reconocimiento en dichas ocupaciones. Si ahora adoptamos un enfoque según el principio de que todas las directivas deberían agruparse en una sola que se aplique por igual a carpinteros que a cirujanos, entonces tengo el convencimiento de que nada sensato puede resultar de todo ello.
Este es el motivo por el que la mayoría de mi Grupo quería mantener las directivas sectoriales. El hecho es que la mayoría de las quejas recibidas no se referían a los sectores regulados, sino a los que no lo están, es decir, los sectores no abarcados por las directivas sectoriales. No hemos conseguido que la comisión parlamentaria aceptara este punto de vista. El resultado es desde luego la aparición de un gran número de enmiendas, que introducirán cada vez más elementos de las directivas sectoriales en la directiva general. El resultado no se puede calificar de simplificación de la legislación en Europa, sino todo lo contrario: será más burocrática, más complicada, más difícil de entender y más ineficaz, todo lo contrario de «slim»; yo la llamaría «thick», para tomar prestada la palabra inglesa. Eso sin mencionar que obviamente no creo que sea una manera correcta de legislar para aprobar una directiva sobre especialistas médicos que todavía no se ha implementado en los Estados miembros, sino que se ha cancelado de nuevo y finalmente incorporado a esta directiva.
En suma, las consultas se referían al final al deseo de prevenir lo peor en lugar de lograr algo bueno. Los resultados de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior han evitado lo peor, aunque aún no ha conseguido nada bueno. Votaremos a favor de este resultado, dado que no ha sido posible lograr otra cosa. 
Gargani (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, intervengo sin haber asistido al debate porque tenía un compromiso anterior en la Mesa. Tras haber dirigido las labores de la comisión parlamentaria durante tanto tiempo, puedo afirmar que el asunto ha sido objeto de un debate minucioso y que ha sido analizado en profundidad, así como que se ha sometido al procedimiento que cabe exigir a tan importante disposición, una de las más importantes actualmente en estudio por parte del Parlamento.
Comenzamos con una audiencia que duró todo el día y que llamó nuestra atención sobre los problemas tratados en profundidad por el ponente y demás miembros de la comisión –el Sr. Zappalà, el Sr. Lehne y otros, a quienes doy las gracias– y, a raíz de varios debates e intervenciones llegamos a la conclusión presente.
Tenemos una gran ambición: queremos crear una normativa que rija todas las profesiones intelectuales. Creo que realmente estamos abriendo Europa al derecho de ciudadanía y a la organización cultural, a fin de que Europa no solo se pueda hacer realidad por medio de la moneda única y todas las demás medidas que estamos sacando adelante, sino sobre todo haciendo conscientes a los ciudadanos de la interconexión de las profesiones intelectuales: la posibilidad de realizar actividades profesionales del más alto nivel dentro de los diferentes Estados miembros y en el seno de diversas organizaciones europeas.
El Sr. Zappalà ha sacado adelante esta directiva logrando un equilibrio que, hay que decirlo, difiere del de la Comisión, un equilibrio más próximo a satisfacer las demandas del mundo profesional y de sus ciudadanos, en cuyo punto central se halla, por encima de todo, la calidad de la información. Tenemos que garantizar que las profesiones estén cualificadas según los patrones más exigentes, de manera que, dentro de los Estados miembros, se acepte a los profesionales sobre la base de la cualificación que poseen.
Creo que al hacerlo, estamos realizando una contribución notable a Europa y prestando un servicio a sus ciudadanos. Considero igualmente que la comunicación entre los distintos países europeos se concreta en este nivel: las profesiones intelectuales han constituido a lo largo de la historia –no solo en Italia, sino en todos los países– un punto de referencia importante en cuanto a la posición de un país.
Por último, creo que las profesiones, una vez que queden encuadradas dentro una única definición en Europa, pueden realizar una contribución que solo puede ser superada por la Constitución, una vez sea ratificada. De todas formas, constituye una aportación importante a la Constitución y a la ciudadanía europea. 
Karas (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con la vista puesta en el objetivo de Lisboa de convertirnos en la sociedad más competitiva, dinámica y basada en el conocimiento en 2010, aquí no solo se trata de una cuestión de política económica e industrial, sino sobre todo de una cuestión de educación y formación.
Otro ámbito de actuación es el funcionamiento del mercado laboral y la forma en que está cambiando por pura necesidad. En el punto de contacto entre los dos entornos se encuentran los esfuerzos por promover la formación de alta calidad y el perfeccionamiento, así como la protección del mutuo reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones profesionales. Por consiguiente, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión.
En mi intervención de hoy quiero profundizar en un aspecto concreto, a saber, la igualdad, en cuanto al nivel y las condiciones, de las cualificaciones profesionales para los prestadores de servicios y para la libertad de establecimiento. Los requisitos de la actividad son los mismos, con independencia de que se hable de un servicio o un establecimiento. Las actividades no son diferentes. En consecuencia, no puedo entender por qué se ha previsto el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el establecimiento, pero no se contempla el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para la prestación de servicios. No considero que esta distinción sea acertada. El acuerdo presente puede incluso vulnerar el artículo 50 del Tratado CE. Dicho artículo permite prestar servicios en un Estado miembro de la UE en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales. Las condiciones incluyen la equivalencia de acreditación de cualificaciones, siempre que en el Estado miembro de acogida se exija dicha acreditación. A fin de eliminar este problema, les pido que voten a favor de la enmienda 213 presentada por el Sr. Zappalà y por mi. 
El Presidente.
   – Antes de ceder la palabra de nuevo al Comisario, hago saber que, con el fin de ahorrarle tener que dedicar todo su tiempo disponible a recitar cifras, el Acta integral contendrá la lista de todas las enmiendas que la Comisión tiene previsto aceptar en su totalidad o en parte con ciertas modificaciones o rechazar. La lista se añadirá al Acta, de forma que el Comisario no tenga que leer una retahíla interminable de números. 
Bolkestein,
   .  Señor Presidente, explicaré algunas cuestiones básicas que pueden interesar a los diputados al Parlamento, en particular las enmiendas presentadas por este Parlamento.
Resumiré mi respuesta al término de este debate en cinco puntos. Primero, algunas enmiendas ponen en entredicho la legislación actual y, por lo tanto, son inaceptables. Esto afecta especialmente a la limitación del alcance de la aplicación de la directiva a las profesiones liberales, a la supresión del reconocimiento de las cualificaciones formales para muchos oficios y profesiones manuales, a la limitación del reconocimiento a las cualificaciones del mismo nivel y otros requisitos más restrictivos del reconocimiento.
El segundo punto se refiere a la facilitación de la prestación de servicios transfronteriza. Una verdadera simplificación de la prestación de servicios temporales y ocasionales implica que haya menos formalidades. Los consumidores pueden recibir suficientes garantías mediante una información exhaustiva, y para las profesiones sanitarias pueden aceptarse declaraciones a las autoridades competentes y registros formales. En cualquier caso, el control formal de las cualificaciones por parte de los Estados miembros no es compatible con una verdadera facilitación de la prestación de servicios transfronteriza.
En tercer lugar, la consolidación no constituye el marco apropiado para introducir nuevas disposiciones de armonización; para ello se requiere un estudio a fondo por parte de todos y una evaluación de impacto específica.
En cuarto lugar, la ampliación justifica una organización más sencilla de los sistemas de reconocimiento. Los procedimientos comunitarios deben limitarse a medidas para toda la Unión, lo que justifica plenamente el nuevo enfoque del reconocimiento de las especialidades médicas y dentales que son comunes únicamente a algunos Estados miembros, lo que aumentará las posibilidades de que sigan desarrollándose.
En quinto lugar, la ampliación también exige mecanismos de gestión más sencillos, en particular a través de un único comité de comitología. La Comisión está deseosa de contribuir a este objetivo mediante la creación de un grupo de expertos e introduciendo mecanismos de consultas más abiertos y flexibles con partes interesadas.
La opinión de la Comisión sobre determinadas enmiendas, que, como todos sabemos, son muchas, se ha expresado por escrito y se divulgará en breve.(2)
Además, confío en que los meritorios esfuerzos del Parlamento Europeo constituirán una buena base para ulteriores debates constructivos.
Por último, quiero felicitar a la Sra. Gebhardt por su cumpleaños la semana que viene. 

 Gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar el 29 de enero de 2004.

La Presidenta.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
– informe (A5-0466/2003) de la Sra. Kauppi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/799/CEE relativa a la asistencia mutua entre las autoridades competentes de los Estados Miembros en el ámbito de los impuestos directos e indirectos [COM(2003) 446 – C5-0370/2003 – 2003/0170(COD)]
– informe (A5-0476/2003) del Sr. Purvis, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el futuro de los fondos de cobertura y de los instrumentos derivados [2003/2082(INI)].
Bolkestein,
   .  Señora Presidenta, con respecto a estos dos temas, hablaré primero sobre el informe Kauppi y después sobre el informe Purvis.
En cuanto al informe Kauppi sobre la asistencia mutua, la Comisión ha formulado su propuesta en respuesta al informe del grupo ad hoc sobre fraude fiscal. El grupo indicó que la Directiva básica, de 1977, debía modernizarse en vista de la creciente tendencia de las empresas a implantarse en varios Estados miembros y de las personas físicas a ejercer sus derechos de libre circulación contemplados en el Tratado. Sin embargo, las autoridades fiscales de los Estados miembros afectados deberían poder obligar a cumplir todas las responsabilidades fiscales que ser deriven de esos derechos. Las prácticas de evasión de impuestos e impago de impuestos entre fronteras violan el principio de fiscalidad justa, pueden distorsionar la circulación de capitales, afectan negativamente a las condiciones de competencia y menoscaban el correcto funcionamiento del mercado interior.
Esta propuesta amplía las herramientas existentes a disposición de las administraciones fiscales. Acelera los procedimientos implicados en la obtención de información de las administraciones fiscales de otros países. Posibilita la realización de controles fiscales simultáneos en una serie de países donde opera una empresa multinacional, y permite notificar decisiones e instrumentos fuera del país en que ha devengado el impuesto, de modo que puedan abrirse expedientes sancionadores. Como medida concebida para combatir el fraude fiscal y el impago de impuestos, estoy seguro de que el Parlamento querrá apoyarla.
Estos son mis comentarios iniciales sobre el informe Kauppi. En cuanto al informe Purvis, quiero decir lo siguiente.
La Comisión celebra la decisión del Parlamento Europeo de elaborar un informe sobre el futuro de los fondos de cobertura y de instrumentos derivados. Quiero felicitar al ponente por esta iniciativa, que es muy oportuna. Estos temas, como todos sabemos, son sumamente importantes.
Permítanme primero abordar la cuestión de los fondos de cobertura. Tal y como se menciona en el informe del Sr. Purvis, los inversores por cuenta propia ya pueden acceder a varios productos de fondos de cobertura, bien directamente a través de listados del mercado de valores, bien indirectamente a través de notas estructuradas. Varios Estados miembros ya han presentado un régimen regulador de los fondos de cobertura para animar a esas empresas a establecerse bajo su jurisdicción. Sin embargo, tal y como menciona correctamente el Sr. Purvis en su informe, actualmente no hay ningún régimen que se adapte a las particularidades de los fondos de cobertura.
Al menos hay dos cuestiones básicas: primera, cómo atraer a la UE las inversiones que hoy día se encuentran en su mayoría en paraísos fiscales. Parmalat, entre otras cosas, ha demostrado la importancia de esto. En segundo lugar, ¿qué nivel de protección precisan los inversores para este tipo de producto financiero? Sobre esta base, parece apropiado hablar de los posibles beneficios de un régimen regulador de ámbito comunitario para los fondos de cobertura.
En cuanto a la segunda cuestión, los instrumentos derivados, estoy de acuerdo con que es otro asunto básico por tres motivos como mínimo.
Primero, esta categoría de instrumentos financieros se está desarrollando a un ritmo creciente con una imaginación ilimitada en forma de nuevos productos En segundo lugar, la mayoría de ellos se comercializan en mercados no regulados que, por su misma naturaleza, son mercados peor supervisados que los mercados regulados por reguladores y supervisores. En tercer lugar, los riesgos que se asocian a estos instrumentos son potencialmente mayores por sus efectos de palanca. Sin embargo, en contraste con los fondos de cobertura, que en estos momentos no se contemplan en la legislación europea, los instrumentos derivados ya se han tratado en una serie de textos en diferentes contextos, como por ejemplo la contabilidad, ICITS, abuso del mercado, servicios de inversión o legislación bancaria. No parece muy necesario ni deseable crear un instrumento legislativo específico para los instrumentos derivados, pues es una cuestión horizontal. Lo mejor sería estudiar caso por caso la actualización de los diferentes instrumentos actuales de la legislación europea. Sin embargo, es preciso garantizar la plena coherencia fiscal.
En ambos casos, los fondos de cobertura y los instrumentos derivados, el informe definitivo del Sr. Purvis constituye una guía útil para la Comisión Europea. En abril de 2002, la Comisión se comprometió a examinar específicamente las cuestiones de los instrumentos derivados y de los fondos de cobertura tras el escándalo Enron. Este compromiso se respetará y el informe del Sr. Purvis se tendrá debidamente en cuenta.
La Comisión Europea también tendrá en cuenta las conclusiones que sacarán los grupos de expertos profesionales que se crearon a finales de octubre de 2003 para fijar prioridades posteriores a la conclusión del Plan de Acción de Servicios Financieros. Estos grupos de expertos pueden plantear estas dos cuestiones, entre otras, al amparo del primer informe previsto para abril de 2004.
Es demasiado pronto para que la Comisión Europea adopte una posición final en torno a posibles medidas legislativas relativas a los fondos de cobertura o a los instrumentos derivados.
Tendremos que analizar si el asunto Parmalat resuena en estos dos temas y estar atentos a los debates ya iniciados en los Estados Unidos sobre el registro de los fondos de cobertura para garantizar que no se distorsione la competencia. 
Karas (PPE-DE ),
    Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como pueden constatar no soy la Sra. Kauppi, pero ella es la ponente y yo no. Me ha pedido que hoy presente brevemente este informe en su nombre, ya que ha dado a luz hace una semana. En nombre de esta Cámara y en el mío propio, quiero transmitirle nuestra más calurosa enhorabuena. Ha sido madre de un niño robusto, ambos están bien y pretende compaginar lo antes posible el trabajo y la familia y reanudar sus labores en esta Cámara. ¡Felicidades, Piia, con nuestros mejores deseos!
Volviendo a su informe sobre la propuesta de la Comisión, puedo afirmar que no critica a la Comisión, ni plantea ningún motivo de preocupación sobre la forma de proceder de esta, sino más bien en cuanto a la manera de actuar del Consejo. En esencia, la propuesta de la Comisión pretende lograr en el ámbito de la imposición directa lo que ya se ha propuesto en otra parte para la imposición indirecta. Las principales innovaciones consisten en la introducción de la posibilidad de que dos o más Estados miembros puedan realizar controles conjuntos cuando un sujeto pasivo opere en más de un Estado miembro, es decir, se trata de una cuestión de sentido común y una configuración correcta del mercado único.
Un segundo punto es la simplificación del procedimiento y un tercero, la eliminación de ambigüedades en el texto actual que, como hemos escuchado, cuenta ya con más de 25 años y cualquier persona que tenga los ojos y los oídos abiertos sabe que en ese lapso de tiempo es mucho lo que se ha realizado y modificado.
El problema principal es de procedimiento. Siguiendo su práctica normal, la Comisión ha fundamentado su propuesta en el artículo 95 del Tratado, lo que supone aplicar el procedimiento de codecisión a esta propuesta. El Parlamento siempre ha apoyado esta opción de fundamento jurídico, por razones que son fáciles de comprender, y me gustaría explicar además por qué, a saber, porque pensamos que la cooperación administrativa no afecta a la legislación fiscal en términos sustantivos, sino que más bien busca asegurar el buen funcionamiento del mercado único. Por eso respaldamos la posición jurídica de la Comisión y nos gustaría señalar que el Consejo ya ha decidido de forma unilateral en varias ocasiones adoptar el fundamento jurídico del artículo 93 o del artículo 94 del Tratado sin aducir razones convincentes, hurtando así al Parlamento el derecho de codecisión y subestimando la importancia de la medida para el mercado único.
El caso más reciente atañía a dos propuestas de la Comisión sobre cooperación administrativa en el ámbito del IVA y una enmienda a la Directiva 77/799/CEE, respecto de la cual el Consejo ha vuelto a consultar recientemente al Parlamento acerca del cambio de fundamento jurídico. El Parlamento rechazó dicha petición el 2 de septiembre de 2003. Dado que prevemos que el Consejo también modificará el fundamento jurídico de la propuesta actual, la ponente no ve ninguna razón para modificar o reconsiderar su posición en esta coyuntura y por tanto sugerimos que el proyecto de la Comisión se apruebe en su totalidad tal como se propone sobre la base del artículo 95. Si lo hacemos, estaremos demostrando por amplia mayoría nuestra disposición, voluntad y decisión respecto de esta cuestión, ya que creemos que afecta al mercado único. 
Purvis (PPE-DE ),
   . – Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Comisario por sus consideradas opiniones y espero, incluso si se remite a sus grupos de expertos, que tendrá en cuenta el hecho de que es muy probable que este ámbito merezca una legislación en el futuro. Repasaré las principales razones de nuestra opinión al respecto.
El primer fondo de cobertura se creó en 1949 y, en estos momentos, se estima que los activos administrados en todo el mundo giran en torno a los 600 000 millones de euros. De estos, cerca del 15%, o 90 000 millones de euros, se administran en Europa. Aunque los gestores europeos de inversiones los administran, la mayoría siguen estando domiciliados en paraísos fiscales y legales. El interés por este tipo de inversión ha aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, donde han sido descubiertos por inversores importantes y no tan importantes. Ahora muchos inversores institucionales consideran aceptable invertir de esta forma.
Este interés se ha extendido a Europa, especialmente porque muchos de estos fondos, debido a su buena disposición con respecto a la venta en descubierto y el apalancamiento de sus resultados, han funcionado bien en términos absolutos en los últimos tres años de rendimiento negativo de los mercados de valores. Los medios de comunicación se han enterado y este rendimiento aparece en las secciones de finanzas personales de los periódicos. En consecuencia, hay cierta preocupación de que inversores cada vez menos sofisticados se vean tentados a confiar sus ahorros a arriesgados fondos de cobertura de paraísos fiscales por un medio u otro. Aunque la mayoría de estos son perfectamente respetables, están bien administrados y gestionados, solamente existe un control reglamentario muy básico. A los reguladores de la UE les preocupan los riesgos que pueden correr, mientras que el sector de la inversión se siente atraído por las oportunidades comerciales para sumarse a esta tendencia. Nos parece que es un momento oportuno de introducir un régimen debidamente flexible en la Unión Europea que atraiga esos fondos a establecerse en jurisdicciones europeas. Esta opinión tiene una base adicional en las iniciativas de ciertos Estados miembros, que han introducido o estudian introducir estos regímenes favorables a escala nacional. Irlanda, Alemania y Luxemburgo son tres de esos Estados.
Otra fuente de preocupación en el contexto de nuestros intentos por crear un mercado único europeo de capitales e inversiones, es que algunos Estados miembros imponen condiciones fiscales o legales que discriminan la inversión en fondos de esta clase en otros Estados miembros. Por lo tanto, proponemos que se establezca un régimen flexible distinto que pueda incluir las características de los fondos de cobertura, y también, de paso, otros vehículos de inversión alternativos que actualmente carecen de un domicilio legal adecuado en la Unión Europea. Buscamos un mecanismo que pueda proporcionar a estos vehículos un pasaporte de la Unión Europea sobre la base del reconocimiento mutuo. Estos fondos invierten en ámbitos como el sector inmobiliario, divisas y productos. Por supuesto, estas inversiones no son apropiadas para todos, al menos hasta que se entiendan y reconozcan los riesgos que comportan. Por este motivo, hacemos hincapié en la absoluta necesidad de la educación, de una información clara y directa y de un control regulador estricto de quienes venden y distribuyen estos productos. No hay motivos para negar a los ciudadanos europeos el acceso a estas interesantes oportunidades de inversión, pero creemos que sus intereses estarán más protegidos si están disponibles en jurisdicciones de la Unión Europea y están sujetas a una regulación apropiada. Asimismo, constituirán oportunidades para nuestros profesionales europeos de la inversión de mejorar sus aptitudes y crear empresas y puestos de trabajos de gran valor. También se atraerá capitales a nuestras empresas e industrias aquí en Europa, en lugar de Norteamérica y otras partes del mundo.
Una parte específica de mi informe está dedicada a los instrumentos derivados. Se utilizan mucho en la empresa y la industria principal y en el mundo de la inversión. Si bien suelen ser tildados de instrumentos especulativos de alto riesgo, de hecho pueden utilizarse fácilmente, y así se hace, para limitar y reducir riesgos. Hemos determinado dos cuestiones principales –el Sr. Bolkestein ha identificado tres– que merecen nuestra atención. El sistema financiero mundial podría verse expuesto a riesgos sistémicos porque apenas contamos con algún medio, si es que hay alguno, de cuantificar todo el alcance de la exposición. Esto se aplica especialmente a instrumentos derivados especiales del mercado no oficial y que tienden a ser menos líquidos que los instrumentos derivados más convencionales. Asimismo, se aplica a derivados crediticios, cuyo uso se ha expandido rápidamente, ya que los bancos derivan, por motivos de adecuación del capital, sus activos a entidades no bancarias, incluidos, de paso, los fondos de cobertura.
Por lo tanto, pedimos a la Comisión, y a las diferentes instituciones internacionales, que desarrollen medios apropiados para medir, supervisar y controlar estos instrumentos en circulación. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, empezaré con el informe Kauppi, y me sumo a las felicitaciones a la Sra. Kauppi por el nacimiento de su hijo esta semana. Tal y como se ha dicho, el título de esta directiva propuesta, que revisará la Directiva vigente de asistencia mutua, es ligeramente engañoso, dado que, de hecho, solo afectará a la fiscalidad directa y a los seguros, ya que la fiscalidad indirecta en forma de IVA e impuestos especiales se trata en otros instrumentos aparte. Era preciso hacer esta aclaración.
El objetivo de esta propuesta es impedir que los evasores fiscales se escondan en otros Estados miembros mediante el establecimiento, con carácter voluntario, de disposiciones para la cooperación y el acuerdo mutuo en la aplicación de controles fiscales. Este será un paso adelante muy celebrado. La sustitución de un fundamento jurídico basado en el voto por mayoría cualificada –el artículo 95– por otro que exige el voto unánime del Consejo –los artículos 93 y 94 del Tratado– está muy en consonancia con la posición precedente sobre la legislación fiscal y, por fortuna, con la posición de mi propio Gobierno a este respecto. No es posible separar el elemento administrativo de los poderes fiscales, incluidas las disposiciones de asistencia mutua, de la prerrogativa de elevar los impuestos, y esto debería permanecer sujeto al voto unánime.
Me centro ahora en el informe del Sr. Purvis. Le felicito por un informe equilibrado e informativo, independientemente de la decisión ligeramente extraña de vincular estos dos temas, los fondos de cobertura y los instrumentos derivados, en un único informe, pues el negocio de los instrumentos derivados está mucho más regulado en la Unión Europea que los fondos de cobertura. Tal y como se menciona en su informe, Irlanda ha sido un país muy activo y ha tenido éxito en la ampliación del acceso a los fondos de cobertura. Sin embargo, es preciso crear un marco regulador claro para garantizar una protección mínima de los inversores a la vez que se amplía la mísera cuota europea del 15% del total de activos de fondos de cobertura. Los IASI, instrumentos alternativos y sofisticados de inversión, o fondos de cobertura, como suelen llamarse, y los instrumentos derivados se han beneficiado en los últimos años de una tendencia a la baja de los mercados de valores, así como de la ampliación en el campo de los inversores que experimentaron los mercados de valores con el auge de la década de los años noventa, cuando los ámbitos de inversión que previamente habían estado casi del todo confinados a expertos financieros o gestores de fondos experimentados y cualificados se democratizaron a medida que particulares y grupos más pequeños, nuevos en el mercado, colocaban en aquel entonces su dinero en acciones. Estoy de acuerdo en que necesitamos un régimen regulador apropiado a escala comunitaria para los fondos de cobertura que los lleve a establecerse en la Unión Europea, en lugar de los paraísos fiscales, y proporcionar así las ventajas de un pasaporte europeo común mediante el reconocimiento mutuo. Sin embargo, debemos adoptar un enfoque adecuado de la normativa para proporcionar incentivos que promuevan la inversión en fondos establecidos en la Unión Europea en lugar de seguir empujándolos a los paraísos fiscales. La coordinación de los reguladores nacionales traerá más flexibilidad al mercado único, cosa que aplaudimos.
En cuanto a los instrumentos derivados, apoyo el oportuno llamamiento a la Comisión a que presente un informe sobre su función en los mercados de capitales. 
Goebbels (PSE ).
   – Señora Presidenta, el término «instrumentos alternativos y sofisticadosde inversión » es un término tan sofisticado que prefiero sustituirlo por la expresión «fondos de cobertura.
El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos no considera especialmente maravillosos los fondos de cobertura en particular ni los productos derivados en general. Estos instrumentos tienen una utilidad indudable para cubrir determinados riesgos de inversión o riesgos asociados al comercio internacional. Sin embargo, dado que todos estos instrumentos financieros son altamente especulativos –en efecto, partiendo de un efecto de palanca muy limitado se pueden ganar sumas colosales–, conviene mantenerse en guardia. Mi Grupo apoya el prudente enfoque de la Comisión al respecto y estamos de acuerdo con el razonamiento que acaba de exponer el Comisario Bolkestein. Enron, Parmalat y otros escándalos nos recuerdan que los productos sofisticados encubren a veces delitos económicos muy sofisticados.
La práctica quiebra del fondo de coberturaha revelado la magnitud de los riesgos. A comienzos del año 1998, LTCM disponía de 4 800 millones de dólares de fondos propios para compromisos por un máximo de 120 000 millones de dólares, es decir, un efecto de palanca de 25. El 23 de septiembre de 1998, el activo neto de LTCM había caído a 600 millones de dólares, frente a unos compromisos de unos 100 000 millones, es decir, un efecto de palanca de 167. El salvamento de LTCM, sin penalizaciones ni consecuencias para los administradores del fondo, evitó una reacción en cadena. Pero ¿quién puede garantizar que estos sucesos no se reproduzcan a una escala que excluya cualquier posibilidad de salvamento?
El capital con que operaba inicialmente LTCM procedía esencialmente de bancos que, en principio, eran supervisados. Hay que reforzar, por tanto, las exigencias prudenciales impuestas a los bancos cuando sirven de contrapartida a los fondos especulativos. Como muchos de estos fondos están domiciliados en paraísos fiscales que no están regulados o apenas lo están, el medio más simple para contrarrestar los fondos de coberturadeseosos de mantenerse opacos sería hacer más difícil y costosa la refinanciación por los bancos que operan en los países amparados por los Acuerdos de Basilea. Los préstamos bancarios podrían limitarse estrictamente en proporción al colateral ofrecido por los fondos domiciliados en paraísos fiscales. Tanto el Foro de Estabilidad Financiera como la Organización Internacional de Comisiones de Valoreso el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria han formulado importantes recomendaciones y sugerencias al respecto, en particular en el informe Brok/Mayer de enero de 2000. Hasta la fecha, ninguna de estas propuestas se ha materializado. 
El informe del Sr. Purvis tiene por objeto traer de nuevo a Europa los fondos de coberturay abrir progresivamente sus productos a los «inversores moderadamente acaudalados». Personalmente no sé qué es un inversor moderadamente acaudalado, pero mi Grupo no está en contra de dicha apertura a condición de que haya mucha más transparencia sobre los fondos de coberturay de que los reguladores nacionales y, en el futuro, europeos autoricen y supervisen el proceso. En efecto, no hay que olvidar que en este bajo mundo, ganancias importantes significan por fuerza riesgos importantes.
Terminaré, señora Presidenta, dando las gracias al Sr. Purvis por este informe, que en conjunto es muy constructivo. Le doy las gracias por su apertura de espíritu y le agradezco que haya aceptado algunos compromisos, lo que permitirá a mi Grupo votar a favor de su informe. Por último, quiero expresar asimismo mis felicitaciones personales y las de mi Grupo a la Sra. Kauppi por su informe, pero sobre todo por el feliz acontecimiento que se nos acaba de anunciar.
Seppänen (GUE/NGL ).
   – Señora Presidenta, conozco al ponente, el Sr. Purvis. Él cree en el mercado. Cuando se tienen tales creencias, la mejor opción es la reglamentación poco estricta, y la más laxa es, sin duda, la autorregulación. El Sr. Purvis justifica la existencia de mercados de instrumentos derivados haciendo referencia a la producción de aceitunas. En tiempos pretéritos, el precio de la aceituna se estabilizaba mediante acuerdos pactados de antemano. Sin embargo, las aceitunas en la Unión Europea constituyen un ejemplo válido de cómo funciona el mercado cuando no existe control, únicamente autorregulación. Según un informe del Tribunal de Cuentas, los productores están falsificando las cifras de producción en sus instalaciones de prensado, añadiendo aceite de nuez al de oliva o enviando ese mismo aceite a la UE al cobro sobre la base tanto del número de árboles como de la cantidad de aceite.
El mercado funciona en los términos de los avaros, lo mismo que la inversión y los mercados de instrumentos derivados. Los nuevos instrumentos funcionan del mismo modo en que el aceite se extrae de las olivas. Las bolsas son las plantas de prensado del aceite para los instrumentos de los nuevos mercados, en los que se prensa dinero nuevo a partir del viejo. Los instrumentos derivados son los nuevos lubricantes que engrasan las ruedas de la maquinaria en el mercado de los especuladores.
Los mercados financieros se supervisan en la actualidad de la misma manera que la seguridad nuclear, cosa que se ha debatido esta semana en el Parlamento: únicamente a nivel nacional. Los individuos responsables de supervisar las plantas nucleares son especialistas técnicos de máximo nivel, mientras que los encargados de la supervisión nacional de los fondos de cobertura y los instrumentos derivados no lo son. En consecuencia, no existe en el mercado un factor de seguridad para las bolsas. Debería existir un organismo de seguridad para las bolsas, lo mismo que hay un organismo de seguridad nuclear o, por ejemplo, una Agencia de Seguridad Marítima.
Me hubiera gustado que el informe examinara más a fondo el papel del Banco Central Europeo como posible órgano de supervisión. Un régimen regulado de manera flexible y la autorregulación se basan en la moral de los especuladores y, como bien sabemos, los especuladores carecen de ética. Su estímulo es exclusivamente el ansia de dinero. Por consiguiente, las pensiones de jubilación de los empleados de las empresas en muchos países se hallan en grave peligro, como por ejemplo en el país del Sr. Purvis. 
Van Dam (EDD ).
   – Señora Presidenta, a diferencia del orador anterior, me voy a ceñir sobre todo a la directiva de la que es ponente la Sra. Kauppi. La evasión fiscal se practica de manera profusa y posee una notable dimensión transfronteriza. El contrabando de tabaco, el peloteo del IVA y las cuentas bancarias opacas solo constituyen algunos ejemplos del repertorio de quienes no quieren dar al César lo que es del César. En la Unión Europea, pero también por ejemplo en Suiza y en los Balcanes, tenemos que pensar detenidamente en esfuerzos conjuntos para implantar una supervisión eficaz, especialmente para los contribuyentes que operen en diferentes Estados miembros.
Las opciones planteadas en esta directiva en cuanto al control conjunto por parte de dos o más Estados miembros son, por consiguiente, de la mayor importancia. Así pues, nos referimos en concreto a una mejor cooperación entre las autoridades fiscales de cada uno de los Estados miembros. Se trata principalmente de cumplir la prerrogativa nacional de legislar en materia de impuestos y de su recaudación. La legislación fiscal constituye una responsabilidad nacional y así debe seguir siendo, ya que los impuestos están más íntimamente interrelacionados con la estructura social y la cultura dentro de cada uno de los Estados miembros. Sobre este telón de fondo, resulta sumamente chocante que el debate no gire en torno a un planteamiento eficaz contra el fraude fiscal, sino en torno a la cuestión del fundamento jurídico en que debe basarse esta directiva. Este Parlamento ha asumido, acertadamente, como fundamento el artículo 95 en casos similares para poder aplicar el procedimiento de codecisión. No se trata del contenido de la legislación fiscal, sino de una disposición de aplicación con respecto a la cooperación administrativa, que es necesaria en el mercado interior.
Lo que la Sra. Kauppi predijo en la exposición de motivos de su informe, se ha producido entre tanto: el Consejo ha presentado recientemente una propuesta para modificar el fundamento jurídico. Yo la tildaría de respuesta instintiva; el Consejo ha vuelto a rechazar la codecisión sin ningún argumento claro. Ahora que la posición del Parlamento ha quedado confirmada el 2 de septiembre, esta propuesta corre también el riesgo de acabar ante el Tribunal de Justicia. Esto acarrearía un esfuerzo y un gasto innecesarios y, sobre todo, posiblemente grandes retrasos para una mejor cooperación entre las autoridades fiscales, que resulta necesaria de forma tan desesperada. Reto al Consejo a sobrepasar sus propias limitaciones. Volviendo a lo esencial: controles más eficaces de los contribuyentes que operan al otro lado de la frontera. Los evasores de impuestos saltan muy rápidamente de una base a otra. El tradicional intercambio de información probablemente no sea capaz de mantener el ritmo. En el caso de que un equipo conjunto de funcionarios de control pertenecientes a los países afectados pueda determinar el mal uso y la transgresión de la jurisdicción fiscal, cabe adoptar un enfoque de «donde las dan, las toman». La adhesión de diez nuevos Estados miembros aumentará sin lugar a dudas la necesidad de equipos de control transnacionales. Las fronteras abiertas a países con un aparato administrativo aún vulnerable constituirán, lamentablemente, un atractivo para los cazadores de primas que poseen tan escasos escrúpulos en materia de impuestos como en cualquier otro ámbito. Cuanto antes puedan combatir esto las autoridades fiscales al unísono, mejor. 
Ilgenfritz (NI ).
    Señora Presidenta, huelga decir que tenemos que apoyar la persecución conjunta del fraude fiscal en Europa. Sin embargo, la UE sigue sufriendo las burlas de los profesionales del fraude fiscal debido a que nuestros sistemas son demasiado complejos. Estamos abriendo de par en par las puertas a tales defraudadores y al hacerlo, alentamos indirectamente el fraude fiscal. Si queremos hacer algo eficaz contra él, no solo necesitamos controles más eficaces y una cooperación estrecha, sino también leyes fiscales que resulten fáciles de comprender. Precisamos urgentemente una reforma de nuestro sistema del IVA, por ejemplo. El complejísimo sistema del IVA dual, en el que las ventas nacionales reciben un tratamiento distinto del de las ventas en la UE, constituye un factor primordial para la evasión relativamente sencilla de miles de millones en la UE al cabo del año. Por eso necesitamos un sistema de IVA más simple, que resulte más fácil de comprender y en el que todas las ventas en Europa reciban un tratamiento igual y no diferente, a fin de poder combatir realmente el fraude de manera eficaz. Ya se han presentado algunas propuestas al respecto; solo queda ponerlas en práctica. Por consiguiente, propongo que introduzcamos de una vez la tarjeta fiscal en el sistema del IVA y apliquemos a las ventas un tratamiento idéntico, no distinto, con objeto de alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a la eliminación del fraude fiscal. 
Santos (PSE ).
    Señora Presidenta, Señorías, la conclusión principal del informe de la Sra. Kauppi es, sin lugar a dudas, la constatación de que las reglas que gobiernen la asistencia mutua en materia fiscal tienen que estar sujetas al fundamento jurídico consagrado en el artículo 95 del Tratado.
De esta forma queda preservado el equilibrio institucional consagrado en este Tratado, así como, muy especialmente, las prerrogativas propias del Parlamento. En consecuencia, la cooperación administrativa no afecta la legislación fiscal en términos sustantivos, lo que significa que no necesita continuar supeditada al fundamento jurídico de los artículos 93 y 94. No obstante, lo que resulta crucial es la lucha contra la evasión fiscal, esencial para que el mercado único funcione satisfactoriamente, lo que la encuadra en el artículo 95. Así pues, respaldo la propuesta de la Comisión.
En cuanto al informe Purvis, que se refiere a la definición de las reglas de la UE sobre las inversiones personales y que engloba una amplísima gama de productos financieros, parece absolutamente esencial cubrir el vacío actual en la legislación. De hecho, la ausencia de reglas claras relativas a tales inversiones se ha traducido en que se domicilien en paraísos fiscales. Esto perjudica inequívocamente a la UE en su conjunto y comporta unos riesgos mayores para los inversores más indefensos. Algunos Estados miembros se disponen a establecer sus propios regímenes jurídicos para acoger este tipo de inversiones. Por tanto, resulta absolutamente necesario intentar armonizar y coordinar de inmediato tales regímenes, subordinándolos al superior interés europeo.
Conviene recordar que estamos hablando de productos de inversión innovadores que ofrecen unos beneficios sumamente atractivos, lo que significa que serán bien recibidos e estimulados por el mercado. El Parlamento ya ha estudiado el problema de los instrumentos derivados financieros, subrayando el importante papel que desempeñan actualmente en los mercados de capitales, y lo que es más importante, pormenorizando las ventajas y los riesgos implicados. Así pues, parece que el ponente tiene toda la razón al afirmar que resulta imprescindible desarrollar un régimen reglamentario que sirva de incentivo para los inversores con respecto a los fondos de cobertura. También acierta al señalar que la incertidumbre jurídica hace muy difícil utilizar los mercados de instrumentos derivados en los Estados miembros.
El ponente sugiere asimismo que la ausencia de reglamentación sobre determinados tipos de instrumentos derivados, tales como los derivados del mercado no oficial, constituye una grave amenaza para los mercados y especialmente para las empresas financieras, que utilizan cada vez en mayor medida este tipo de inversión. Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos, abordando estas preocupaciones concretas, representan una mejora notable del proyecto, garantizando una mayor cobertura del riesgo propio de tales prácticas de inversión, especialmente al establecer la obligatoriedad de facilitar información más detallada y exacta a los inversores. Por todas estas razones, los informes de la Sra. Kauppi y el Sr. Purvis que estamos analizando, así como las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo, tienen que ser aprobados por esta Cámara. 
Bolkestein,
   .  Señora Presidenta, haré unos pocos y breves comentarios, primero sobre el informe Kauppi. Pero antes quiero unirme al Parlamento en la felicitación a la Sra. Kauppi por el nacimiento de su hijo.
El fundamento jurídico es un aspecto importante. La Comisión ha fundamentado su propuesta en el artículo 95 porque cree firmemente que esta medida ha de adoptarse en el marco del procedimiento de codecisión. No obstante, tal y como había anticipado la Sra. Kauppi, el Consejo ha traspasado el fundamento jurídico a los artículos 93 y 94. Esto es muy lamentable. No es la primera vez que el Consejo actúa así. También lo hizo en relación con la Directiva 2001/44/CE, que se ocupa de la asistencia mutua en la recuperación de reclamaciones fiscales. La Comisión y el Parlamento lo han impugnado ante el Tribunal de Justicia, como lo han hecho en otros casos similares. Sin embargo, la opinión del abogado general ha sido favorable al Consejo. No obstante, la Comisión mantiene su postura en cuanto al principio, aunque tendremos que fijarnos en la resolución final del Tribunal sobre el asunto de la recuperación de impuestos para orientarnos en nuestras acciones concretas en relación con la propuesta que debatimos hoy.
Ahora abordaré el informe Purvis, igualmente importante. El desarrollo de fondos de paraísos fiscales –en particular, pero no exclusivamente, los fondos de cobertura– es un motivo de verdadera preocupación debido a la absoluta falta de información en los mercados europeos y las autoridades financieras. Por tanto, compartimos la preocupación expresada por el Sr. Purvis y otros diputados al Parlamento. Hemos de encontrar la forma de abordar esa cuestión. Tal y como ha dicho el Sr. Purvis, a corto plazo sería bueno encontrar incentivos para atraer los fondos de los paraísos fiscales a la Unión Europea. Pero falta por ver si esto es necesario a largo plazo. A mi me inquieta especialmente que estos enormes fondos de paraísos fiscales escapen a nuestra supervisión y control.
Si bien por un lado es importante tener un mercado financiero líquido para que el coste del dinero no sea superior al necesario, por otro lado no deberíamos dejar que esta situación siga sin control mucho más tiempo.
Dicho esto, no es tan evidente el método que seguiremos para abordar este problema. Si los diputados –el Sr. Goebbels, el Sr. Purvis u otros– tienen alguna idea de cómo regular estos fondos de paraísos fiscales, entonces me gustaría conocerla y volver al Parlamento en otra ocasión para comentarlas. 
La Presidenta.
   – Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía.


Moraes (PSE ),
   . – Señor Presidente. La enmienda oral propone sustituir las primeras palabras del apartado 1 «Se congratula de» por las palabras «Señala que», añadiendo también lo siguiente al final de la enmienda 11: «considera que la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos no puede dar lugar a una política represiva orientada contra los inmigrantes en situación irregular, sino que ha de dirigirse, en cambio, contra los traficantes y empleadores que se aprovechan de la situación». 


Purvis (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, en cuanto al apartado 3 he pactado una enmienda de transacción con los Grupos del PSE y ELDR, así como con mi propio Grupo, para añadir lo siguiente a las palabras «inversores por cuenta propia»: «si las diferentes autoridades reguladoras a nivel europeo preconizan que es apropiado». 

Purvis (PPE-DE ),
   . – Con respecto al apartado 27, estoy de acuerdo con los Grupos Socialista y Liberal en que debemos sustituir las palabras «elevada cobertura de capital propio» por «adecuada cobertura de capital propio» y eliminar las últimas palabras: «como ha sido el caso en numerosas crisis de todo tipo, entre ellas la del fondo LTCM».


(1)

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL ),
   . – Estamos a favor de la supresión del impuesto sobre el valor añadido, porque es un impuesto especialmente injusto y defendemos su sustitución por un impuesto muy progresivo sobre las rentas y un elevado impuesto sobre los beneficios.
Aunque somos contrarios a los impuestos, no queremos poner obstáculos a que se prorrogue la reducción del tipo de IVA para determinados sectores, aunque la elección de los sectores beneficiarios de esta medida sea arbitraria y restrictiva.
Hemos votado a favor de este informe por esta única razón, pero este voto no significa ningún apoyo al sistema de impuestos indirectos en general y al IVA en particular.
Figueiredo (GUE/NGL ),
    (PT) El 23 de julio de 2003, la Comisión hizo pública una propuesta sobre la reforma del sistema de los tipos reducidos del IVA, con vistas a la racionalización del sistema, en el marco de una transición hacia un régimen definitivo que pusiera fin al experimento de aplicar un IVA reducido a determinados servicios intensivos en mano de obra (Directiva 1999/85). Esta propuesta fue rechazada por el Parlamento en diciembre de 2003 y el Consejo no logró alcanzar una decisión unánime sobre la propuesta. La Comisión se ha visto, por tanto, obligada a presentar una propuesta para prorrogar el experimento actual otros dos años hasta finales de 2005, lo cual merece nuestro apoyo.
Así podemos garantizar flexibilidad fiscal a los Estados miembros, que deben conservar la libertad de elección a la hora de ejecutar las políticas sociales y culturales que incluyan la posibilidad de aplicar un IVA reducido a determinados sectores.
Dentro del contexto del mercado interior, la armonización fiscal constituye realmente una equivocación, con repercusiones sobre la forma en que los Estados miembros financian sus presupuestos. Esto es particularmente válido para un país como Portugal, donde, en 1998, el 22% de los ingresos del Estado provenían del IVA y los tipos reducidos del mismo representaban el 37% de los ingresos generados por el IVA en los sectores afectados. Es importante realizar ahora, al final de la legislatura, una evaluación de la directiva que tenemos sobre la mesa. 
Montfort (PPE-DE ),
   . – He aprobado el proyecto de resolución legislativa del Parlamento destinada a prorrogar la facultad para autorizar a los Estados miembros a que apliquen un tipo reducido del IVA sobre determinados servicios de gran intensidad de mano de obra, especialmente la construcción.
El texto dista mucho de ser satisfactorio. No es más que un parche en comparación con el dictamen emitido por el Parlamento el pasado 4 de diciembre, que pedía que se hiciera permanente la aplicación del tipo reducido y se hiciera extensiva a la restauración y a los productos culturales.
Pero al menos permitirá a los Estados miembros afectados prolongar una experiencia que ha demostrado sus efectos positivos sobre el empleo y la salud de las PYME y de los autónomos contemplados por estas medidas. La Comisión, a pesar de los estudios nacionales, no está convencida por los tres primeros años de experiencia. Esta prórroga debería tener el mérito de convencerla.
Sin embargo, no podemos contentarnos con colmar las lagunas jurídicas de forma puntual. Quisiera que el Consejo tomara conciencia del impacto de estas medidas sobre la economía y la ordenación del territorio, adoptase la directiva enmendada por el Parlamento el pasado 4 de diciembre y dejase a la libre elección de los Estados la aplicación de tipos reducidos de IVA a la restauración.
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Acojo con agrado este informe, que solicita la aprobación por parte de la Comisión de la reforma del sistema de tasas reducidas del IVA, más concretamente en lo referente a la aplicación con carácter experimental de los tipos reducidos del IVA a determinados servicios intensivos en mano de obra.
La Comisión ha modificado su propuesta, en sintonía con las enmiendas presentadas por el Parlamento el 4 de diciembre de 2003.
El Parlamento sostuvo entonces que el período de aplicación con carácter experimental de los tipos reducidos, originalmente de tres años, tendría que prorrogarse otros dos años. Los Estados miembros que aplican actualmente un tipo reducido del IVA tendrán así la oportunidad de realizar una evaluación a fondo del sistema y estarán en condiciones de evitar un aumento significativo de los precios de los servicios afectados.
Respaldo la opinión de la ponente de que esta directiva beneficiará a los usuarios y productores de servicios intensivos en mano de obra en Europa.
He votado a favor. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
    Acojo con agrado este informe sobre la propuesta de la Comisión con vistas a modificar la Directiva 77/799/CEE, que, como se explica en el informe, no plantea ninguna preocupación notable y solicita que la propuesta de la Comisión sea aprobada tal como se ha presentado.
El objetivo de la propuesta de la Comisión consiste en simplificar los procesos y subsanar ciertas anomalías en el texto de 1977. La principal innovación radica en que dos o más Estados miembros pueden efectuar controles conjuntos cuando un sujeto fiscal tenga actividad en más de un Estado miembro, evitando así que los evasores fiscales se refugien en otro Estado miembro.
Coincido con la ponente cuando afirma que muy probablemente el Consejo modifique en cualquier caso el fundamento jurídico en esta materia, y que no existe razón alguna para volver a evaluar la posición del Parlamento. En el contexto de las dos propuestas de la Comisión relativas a la Directiva 77/799/CEE, el Consejo ha consultado al Parlamento acerca de la modificación de el fundamento jurídico. El Parlamento ha manifestado que este tipo de cooperación administrativa no afecta a la legislación fiscal en términos sustantivos, sino que busca garantizar el correcto funcionamiento del mercado único. Por tanto, no existe justificación para que el Consejo cambie el fundamento jurídico.
He votado a favor. 

Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   El sector de los servicios entraña un importancia especial para las grandes empresa de la UE, por cuanto las actividades industriales se están desplazando cada vez más a otras partes del mundo. El informe de la Sra. Kratsa se ajusta a las exigencias de la imposición de las condiciones de las grandes empresas en este sector y su contenido pone de manifiesto el modo en que la política neoliberal de la UE trata los problemas.
El interés se centra en el aumento de la competitividad, en la armonización del sector de los servicios con una política de competencia y en la prestación transfronteriza de servicios, mientras se consagra el espíritu empresarial como la solución de todos los problemas del desempleo y el subempleo. También se fomenta el llamado «método de coordinación abierta» para las políticas nacionales, que no es más que un mecanismo para imponer la política de la UE sin aparente intervención de sus instituciones.
Además, el informe elogia las nuevas formas de trabajo, el empleo a tiempo parcial y temporal, pero se refiere hipócritamente a la mejora de su calidad. Aprueba la elevación de la edad de jubilación y llama la atención sobre las consecuencias «beneficiosas» de la privatización de los servicios de interés general. Huelga decir que no se han omitido las fórmulas habituales de mejora de la situación de las mujeres y los discapacitados y de utilización de las nuevas tecnologías.
Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia han votado contra del informe. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Este informe, referente al tema de la creación de empleo en el sector de los servicios, contiene algunos elementos positivos, tales como el reconocimiento de la valiosa contribución que un sector de servicios altamente desarrollado y dinámico puede efectuar a la producción de estos, o el llamamiento a promover políticas de apoyo a sectores de servicios concretos, resaltando las ventajas de tales políticas y tomando en consideración las necesidades de las diferentes regiones. Sin embargo, también ahonda en los aspectos complejos del Consejo de Competitividad, al que invita a conceder una prioridad mucho más alta a la creación de un mercado interior de servicios, sin establecer diferencias entre servicios públicos y de otro tipo.
El informe formula algunas observaciones importantes, criticando las condiciones de trabajo en ciertas zonas, los salarios bajos, los bajos niveles de cualificación, la discriminación, sobre todo contra las mujeres, y la presión sobre los servicios públicos, debido a los recortes presupuestarios en el sector social. Pero no expone ninguna propuesta coherente sobre la forma de subsanar estos problemas. La posición que adopta el informe oscila continuamente y no manifiesta de manera clara cómo pretende garantizar de modo eficaz la creación de empleo y los derechos de los trabajadores en los distintos ámbitos de servicio, ni adopta una postura firme en defensa de los servicios públicos de alta calidad. Por eso he optado por la abstención en la votación final. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    He votado a favor, ya que respaldo la iniciativa de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y el informe de la Sra. Kratsa. La importancia del sector servicios como elemento clave en la creación de empleo se puede ilustrar sobradamente mediante simples estadísticas. En 2000, los servicios representaron el 68,8% del empleo global en la UE, mientras que en 1991 esta cifra apenas era del 62,7%. Estas cifras son todavía más reveladoras si se las compara con los Estados Unidos, donde el sector de los servicios representa el 80% de la actividad económica y el 80% de la mano de obra.
El sector de los servicios actúa de catalizador del crecimiento futuro y las oportunidades que ofrece deberían explotarse al máximo.
Por tanto, estoy de acuerdo con la ponente cuando insta a la Comisión a publicar un Libro Blanco sobre la consecución de un auténtico y eficaz mercado interior de servicios a la mayor brevedad posible, en el que se haga hincapié en la inversión pública y privada en investigación y desarrollo y que suponga una apuesta seria a favor de las PYME como fuerza motriz.
Me complace en particular la idea de que la inversión más importante actualmente se dedica al factor humano, a hombres y mujeres, dado que la educación y la formación –junto con la difusión de las nuevas tecnologías– constituyen el principal ingrediente de una política eficaz de innovación en el sector de los servicios y del loable objetivo de creación de empleo. 

Pérez Álvarez (PPE-DE ).
    Señor Presidente, hemos votado contra el informe sobre inmigración, integración y empleo del ponente Sr. Moraes, aunque es un excelente trabajo. Ello se debe a la intransigencia de algunos colegas del Grupo Parlamentario Socialista a quienes creo que preocupan menos las condiciones de vida y trabajo de los inmigrantes que la utilización política y, acaso, la rentabilidad partidaria de los mismos.
Para la comisión competente, Empleo y Asuntos Sociales, y por el contenido de la Comunicación "inmigración, integración y empleo", no era el momento de elevar a cuestión clave el posible derecho a votar en elecciones locales o europeas, aparte de que este último parece regulado en el Tratado. Por otra parte, este asunto está regulado en cada Estado miembro. En España, en el apartado 2 del artículo 13 de la Constitución, y el principio de reciprocidad, en los tratados de cooperación y amistad con Chile, Venezuela, Argentina o Uruguay.
Tampoco es admisible la regularización automática que proponía Izquierda Unida Europea, en su enmienda 13, para todos los que carezcan de autorización de residencia. Ello equivaldría, señor Presidente, a una invitación a la inmigración ilegal, y, en breve plazo, a crear en los Estados de acogida una situación igual a aquella de la que tratan de salir los inmigrantes que llegan a Europa.
Ojalá pudiéramos recibir a cuantos quisieran venir. Como no es posible, acojamos a cuantos podamos con el espíritu de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: "La dignidad humana es inviolable. Será protegida y respetada".
El Grupo Popular habría querido votar a favor del informe Moraes, porque nos preocupan las condiciones de trabajo y de vida de los inmigrantes en la Unión Europea: su salario, su salud laboral, su trabajo. Porque queremos su integración y la de sus familias e hijos, porque nos preocupa la situación de la mujer inmigrante, porque apostamos por la convivencia intercultural en barrios, ciudades y centros de trabajo. Lástima que la intransigencia de algunos integrantes del Grupo Parlamentario Socialista y el deseo de rentabilidad política partidaria hayan impedido al excelente informe del Sr. Moraes tener el voto que su calidad se merecía.
Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE ),
    Hemos votado a favor de este informe porque su contenido es sólido. Sin embargo, no aprobamos el contenido de una de las enmiendas al informe. Pretende solicitar a los Estados miembros que legalicen automáticamente la situación de los inmigrantes que trabajan sin permiso de residencia. Lo consideramos una invitación directa a las personas fuera de la UE para que intenten emigrar ilegalmente en la UE y también somos conscientes de los riesgos de degradación social que acarrearía una situación así. 
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE ),
   . Creemos que la UE debería contar con una política de asilo e inmigración común. Lamentamos que el informe no establezca ninguna distinción entre las zonas de inmigración que deben tratarse a nivel europeo y las que deben serlo a nivel nacional.
Creemos asimismo que el planteamiento de conceder la ciudadanía cívica no añade nada de valor sino que, más bien, acrecienta la confusión conceptual. Resulta inaceptable que se conceda al planteamiento la significación que le confiere el informe, ya que eso significa que no se respeta el derecho de los distintos países a determinar por su cuenta las leyes electorales. Todo país tiene el derecho a decidir por sí mismo qué ciudadanos de terceros países podrán participar en las elecciones nacionales, con independencia de que se trate de elecciones locales o europeas. 
Berthu (NI ),
   . – He votado en contra del informe Moraes, que recoge las orientaciones irrealistas de la Comunicación de la Comisión sobre inmigración, integración y empleo. 
En este documento, todo está sesgado a favor de una inmigración más amplia, «fuente de enriquecimiento cultural y social», que contribuiría al espíritu empresarial, a la diversidad y a la innovación, con una incidencia económica positiva sobre el empleo y el crecimiento (página 10).
Si todo va tan bien, nos preguntamos por qué el ponente, al igual que la Comisión, está preocupado por los inmigrantes «de la segunda y tercera generación (...) que todavía se enfrentan a la exclusión social, económica o política» (considerando E), y por qué es necesario tomar tantas medidas voluntarias de integración (muchas de las cuales no harían sino aumentar el número de inmigrantes). 
La verdad es que el volumen de inmigración que admitimos no obedece a las necesidades de nuestra economía y a las capacidades de acogida de nuestra sociedad. Integrar a los inmigrantes supone unos costes enormes, de los cuales nadie se atreve a informar a los ciudadanos, y menos que nadie la Comisión en su Comunicación. De todos modos, nadie está dispuesto a asumir esos costes, de modo que, en la mentira y en la inconsciencia, la inmigración deriva hacia un desastre social general, para nosotros y para los países de origen.
Lulling (PPE-DE ),
   . – Este informe contiene buenas propuestas para resolver los problemas cruciales de los Estados miembros y de nacionales de terceros países que desean vivir y trabajar en nuestros países.
Sin embargo, la propuesta de Resolución contiene exageraciones e irregularidades.
Pienso que los inmigrantes legales pueden constituir una aportación valiosa para el mercado de trabajo, pero hay que tener en cuenta la situación en el mercado de trabajo de los Estados miembros, a quienes corresponde pronunciarse sobre la inmigración de nacionales de terceros países como trabajadores.
Cuando a principios del decenio de 1990 concedimos el derecho de voto en las elecciones locales y europeas a los ciudadanos de los Estados miembros a condición de que residieran en el país de que se tratase, dicho ejercicio se basaba en la reciprocidad: un portugués puede votar en Luxemburgo y yo puedo votar en Portugal en las mismas condiciones.
Pedir exactamente el mismo trato para los nacionales de terceros países equivale a ignorar esta reciprocidad. ¿Por qué un argelino iba a poder votar en mi país cuando yo no podré votar en Argelia en las mismas condiciones?
Subsidiariedad obliga. Culpabilizar a los Estados miembros que no concedan estos derechos a los inmigrantes de terceros países es ir demasiado lejos ya que, implícitamente, se les trata de racistas.
Manders (ELDR ),
   . La delegación del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), que considera importante la actuación europea en los campos de la inmigración y las oportunidades de empleo, votará a favor del informe Moraes. Sin embargo, no va a votar a favor de todas las enmiendas presentadas, algunas de las cuales violan el principio de subsidiariedad, siendo un ejemplo de ello la interferencia europea en las elecciones locales. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    No nos hagamos ilusiones: junto a una nueva actitud de iniciativa en política familiar, la gestión de las corrientes migratorias constituye una respuesta al problema del envejecimiento de la población y la disminución de la población activa en la UE. Como ha concluido la Comisión, la gestión de las corrientes migratorias es vital si queremos evitar un estancamiento del crecimiento económico y una disminución de nuestra calidad de vida. Por tanto, es de apreciar que la Comisión haya sido capaz de identificar los campos en los que puede resultar beneficiosa una actuación europea coordinada, sin olvidar las distintas realidades y sensibilidades nacionales: integración en el mercado laboral, reconocimiento de la cualificación de los inmigrantes, capacidades lingüísticas y educativas, alojamiento y temas urbanos, servicios sanitarios y sociales e integración social y cultural.
También me complace la incorporación del planteamiento de la «ciudadanía cívica», permitiendo a los inmigrantes legales disfrutar de una condición que les confiere un sentimiento de pertenencia. La integración es un factor esencial en la cohesión social que depende de factores tales como la educación, la lengua y la participación cívica.
Por último, me satisface la afirmación de que «la inmigración no puede verse únicamente en términos de potencial económico», lo cual sugiere una política de profunda sensibilidad humana que además está en sintonía con la realidad social. Tal como propugna el Partido Popular de Portugal (CDS/PP), «rigor en las entradas, generosidad y humanidad en la acogida y la integración».
Patakis (GUE/NGL ),
   Los textos debatidos se refieren a los escasos inmigrantes que conseguirán superar los controles de los guardias de fronteras y los registros electrónicos con nuevos datos biométricos; no a los inmigrantes que llegan en vuelos chárter europeos, condenados a hacer cola para convertirse en inmigrantes «legales».
Incluso para estos inmigrantes, las condiciones para adquirir el permiso de residencia, al menos en Grecia, son prohibitivas. En otras palabras, la gente que ha residido en Grecia durante 10, 20 ó 30 años continuará siendo ilegal. La clase gobernante quiere que sean ilegales para hacerles chantaje físico y psicológico.
Los textos admiten, con cinismo, que los inmigrantes son útiles como forma de atacar el problema demográfico de la UE, de satisfacer las necesidades de mano de obra mayoritariamente no cualificada y de llevar a la práctica los objetivos de Lisboa. La resolución advierte que «la gestión de la inmigración no debe significar evitar las necesarias reformas de los mercados laborales de la UE... para aumentar la empleabilidad y la adaptación global al cambio económico».
El objetivo consiste en explotar al máximo a los inmigrantes, de manera que las formas flexibles de empleo y la depresión de los costes laborales para beneficio de los monopolios unificadores puedan encajar más fácilmente en el orden laboral de la UE y las medidas represivas resulten más sencillas de aceptar por la gente, en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal.
Por estas razones, el Partido Comunista de Grecia no ha respaldado la resolución. 
Queiró (UEN ),
   Este informe aborda la delicada cuestión de la inmigración, la integración y el empleo. El texto plantea aspectos importantes, tales como las corrientes migratorias, la mejora de la integración de los inmigrantes y la necesidad de cooperar con los países de origen. Son temas decisivos para los mercados de trabajo y para el crecimiento económico en todos los Estados miembros.
Este informe podría haber merecido nuestro voto si no fuera por la aprobación de un gran número de enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que añadiendo poco a la esencia del informe, lo han convertido en un documento de izquierdas y no en un compromiso aceptable para la totalidad del Parlamento. Por tanto, he votado en contra. 
Roure (PSE ),
   .– La integración de los migrantes, ya sea económicos o humanitarios, es un desafío fundamental para nuestras sociedades: de hecho, el éxito de nuestra política de inmigración se medirá por el éxito de nuestras políticas de integración. Debemos construir un contrato de valores entre nuestras sociedades y las comunidades étnicas que albergan. Es un asunto de todos.
Hemos de acoger a los inmigrantes y respetar su diversidad de culturas, religiones y tradiciones. Por su parte, ellos han de aceptar nuestros valores tradicionales tal como se recogen en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales: respeto de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, de la igualdad entre hombres y mujeres, y de la libertad religiosa. Estos valores no pueden ponerse en entredicho en ninguna circunstancia. La consigna es «diversidad en la unidad».
Si se quieren reforzar las políticas de integración, hay que emprender una reflexión sobre un concepto de ciudadanía cívica para los nacionales de terceros países. Dicho concepto englobaría un conjunto de derechos y responsabilidades: la igualdad de trato en el ámbito social, económico y político, y en materia de condiciones de trabajo, así como el derecho de voto en las elecciones locales y europeas.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE ),
   . La delegación moderada cree que una UE sin fronteras interiores exige una administración eficaz y coordinada de las fronteras exteriores de la UE con vistas, por ejemplo, a combatir la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos y drogas y otros delitos, así como para gestionar las corrientes migratorias. Aquellos Estados miembros que precisan ayuda para controlar sus fronteras tienen que estar en condiciones de recibirla, una vez solicitada por las autoridades responsables de dichos países. Las autoridades nacionales tienen que seguir siendo responsables de la administración y el control de las fronteras de los Estados miembros en la UE.
En virtud de las razones expuestas hemos optado por abstenernos en la votación. Por lo demás, respaldamos el contenido del informe. 
Berthu (NI ),
   . – La Comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal, objeto del informe Pirker, quiere integrar con razón en un mismo procedimiento varios documentos sobre diversos temas: lucha contra la inmigración ilegal, contra la trata de seres humanos, gestión de las fronteras exteriores, política de retorno de residentes ilegales, etc. Ya era hora. 
En este marco, buen número de propuestas avanzadas son dignas de aprobación. Señalaremos en particular la relativa a la implantación de un Sistema de Información de Visados (VIS) destinado a desbaratar el fraude, en particular mediante la utilización de datos biométricos. También en este caso, ya era hora. Por otra parte, este sistema de información debería ir mucho más allá, y permitir comprobar que los visitantes que han entrado vuelven a salir efectivamente a la expiración del visado. 
Del mismo modo, parecen excelentes las medidas tendentes a establecer la cooperación entre países para apoyar aquellos cuyas fronteras exteriores estén más amenazadas. 
En cambio, el conjunto está contaminado por la obstinación de la Comisión en implantar un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores, cuyo fundamento jurídico aportará el proyecto de Constitución (artículo III-166). Al contrario, hay que reafirmarlo, los Estados deben ayudarse mutuamente, pero cada cual ha de seguir siendo dueño de sus fronteras. 
Claeys, Philip (NI ),
   . Aunque el informe contiene elementos positivos y necesarios, se queda corto en una serie de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, no dice nada acerca de la necesidad de que los Estados miembros pongan en práctica una política para detectar a los inmigrantes ilegales. El efecto de la política de tolerancia y de naturalización (ya sea o no colectiva) en varios Estados miembros consiste en atraer más extranjeros que vivan allí de forma ilegal. Está muy bien eso de hacer pública la información en los países de origen a fin de disuadir a los posibles inmigrantes ilegales, pero si las políticas de un país continúan siendo permisivas (tolerando, por ejemplo, la ocupación de iglesias por parte de los inmigrantes ilegales a fin de atraer la atención de los medios de comunicación), constituye una pérdida de tiempo y de energía. La mayoría de los inmigrantes ilegales no son «víctimas del tráfico de seres humanos»; han llegado a Europa por voluntad propia, a sabiendas de que, en algunos Estados miembros, pueden disfrutar de una cierta seguridad social y de otros beneficios, a pesar de hallarse allí ilegalmente. En consecuencia, no son esas supuestas «personas en peligro»; también es engañoso creer que la apertura de las fronteras a la nueva inmigración legal en un número limitado de sectores del mercado laboral va a frenar a los inmigrantes ilegales. La atracción así generada siempre será mayor de lo que cabe prever, y acabaremos contando con igual número de inmigrantes ilegales. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
    Este informe contiene contradicciones notables, con algunos aspectos positivos, pero una multitud de ellos muy negativos. El informe dice, por ejemplo, que las víctimas de la trata de seres humanos no deben ser consideradas delincuentes, sino víctimas del delito, lo cual merece un aplauso. Pero ratifica la decisión del Consejo por cuanto los Estados miembros deberán hacer públicas unas cuotas de inmigración que podrían servir para fijar, a nivel de la UE, una posición común en las negociaciones sobre acuerdos de readmisión.
El informe rechaza la idea de crear una agencia dedicada específicamente al control de fronteras, pero reafirma su apoyo a la creación de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, constituido por unidades especiales y dotado de financiación de la UE. Sin embargo, señala que el cuerpo podría destacarse temporalmente, en caso necesario y a instancias de los Estados miembros, para ayudar a las autoridades nacionales a controlar segmentos de riesgo de las fronteras exteriores de la UE. Somos contrarios a la creación de un cuerpo europeo con competencias de los Estados miembros. Lo que defendemos es una política nacional más eficaz y una cooperación satisfactoria entre los Estados miembros.
Por desgracia, algunas de las propuestas que hemos presentado no han sido aprobadas, en concreto la de rechazar cualquier sistema de cuotas de inmigración en respuesta a las necesidades de las empresas europeas, lo cual equivaldría a saquear la fuerza productiva de terceros países. Esto explica nuestro voto. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    He votado a favor de este informe porque creo que el crimen organizado, la inmigración ilegal, el contrabando y el tráfico de seres humanos constituyen una amenaza continua a la seguridad interna de la UE y exigen un refuerzo de la seguridad en las fronteras exteriores.
Aunque se trata básicamente de un asunto nacional, que debe seguir siendo de competencia nacional, existe una necesidad apremiante de normas de seguridad igualmente elevadas en todas las fronteras exteriores de la UE. Esto exigiría un reparto de responsabilidades con la misión de dotar de seguridad a aquellos segmentos de tales fronteras que se hallen especialmente sometidas a riesgos, así como mejoras generales en la eficacia de las medidas sobre la base de la acción conjunta.
Determinadas tareas deberán realizarse a nivel de la UE, a fin de apoyar, complementar o coordinar la labor de las autoridades nacionales.
Estoy de acuerdo con el ponente en cuanto a la cooperación operativa y el intercambio de información acerca de la inmigración ilegal. Me complace igualmente la propuesta de la Comisión sobre la creación de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, compuesto por unidades especiales y financiado por la Comunidad, que en caso necesario y a petición de los Estados miembros, podría destinarse temporalmente a ayudar a las autoridades nacionales a controlar los segmentos de riesgo de las fronteras exteriores de la UE, sin usurpar por ello las competencias de los Estados miembros. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    He votado contra el apartado cuatro, que ha sido aprobado por 277 votos a favor, 129 en contra y 47 abstenciones.
El apartado apoya el desarrollo de un cuerpo europeo de guardias de fronteras, compuesto por unidades especiales, que estaría financiado por la Comunidad. En caso necesario y a petición de los Estados miembros, ayudaría temporalmente a las autoridades nacionales a asegurar ciertos segmentos de riesgo de las fronteras exteriores, sin usurpar por ello las competencias de los Estados miembros.
No creo que la UE deba crear una nueva autoridad militar, sino que la responsabilidad deberá recaer, también en el futuro, en los respectivos Estados miembros. Sería mejor una mayor coordinación entre los Estados miembros, junto con la aceptación de una mayor cuota de responsabilidad por parte de sus Gobiernos. 
Stirbois (NI ),
   . – Tras estar sordos y mudos durante años, y no por culpa de no haberles avisado, el Parlamento y la Comisión se despiertan. Los Acuerdos de Schengen que suprimen los controles en las fronteras interiores de Europa tienen, pues, efectos perversos: aumento de la inmigración clandestina, del empleo ilegal, de la delincuencia y del tráfico de todo tipo.
¡Solo que, en vez de tratar la causa principal de todos estos problemas, los escandalosos acuerdos de Schengen, nuestros dirigentes europeos atacan sus efectos!
Este informe propone como solución mágica una política común en materia de inmigración, de visados y de controles en las fronteras, con la creación, en particular, de un «cuerpo europeo de guardias de frontera», mermando así la soberanía de los Estados sobre su territorio.
Para luchar contra la inmigración ilegal, el informe contempla el establecimiento de una «política activa de inmigración legal». ¡Qué hipocresía! Resumiendo, es como si se dijera que si hay demasiados inmigrantes ilegales, haremos que todos sean legalizados. El Gobierno francés es, en efecto, aficionado a esta técnica de prestidigitación.
En realidad, estos textos no tienen importancia, porque recordemos que el tono en materia de lucha contra la inmigración ilegal se dio ya en la Cumbre de Sevilla de junio de 2002, donde se decidió, en particular bajo la presión francesa del Presidente Chirac, no tomar ninguna medida represiva contra los países de origen de los inmigrantes ilegales.

Figueiredo (GUE/NGL ),
    La finalidad de esta Directiva, que data de 1996, consiste en eliminar obstáculos e incertidumbres respecto del desplazamiento de trabajadores, dentro del marco de la prestación de servicios, aumentando la seguridad jurídica y permitiendo la identificación de condiciones laborales que afectan a los trabajadores que desempeñan, temporalmente, una actividad en un Estado miembro diferente al Estado cuya legislación rige la relación laboral.
La Comisión considera que, aun cuando la ejecución de la Directiva ha sido satisfactoria, algunos Estados todavía tienen pendiente su transposición completa y algunas empresas manifiestan que continúa habiendo dificultades en su aplicación. En consecuencia, los trabajadores siguen siendo objeto de discriminación.
La Comisión ha creado un grupo de expertos, formado por funcionarios de los Estados miembros, con el fin de encontrar soluciones a los problemas que han surgido. Ahora hay que presentar propuestas para implantar métodos de control del incumplimiento, junto con sistemas y medidas de control para combatir la corrupción en los Estados miembros.
Es necesario crear un registro europeo a nivel de empresa, que contenga información sobre las compañías que hayan sido multadas o sometidas a otras sanciones económicas dentro del contexto de esta Directiva. El principio de reconocimiento mutuo debe aplicarse también a las sanciones financieras vigentes, con el propósito de hacer que resulten más sencillas de aplicar más allá de las fronteras nacionales.
Son enmiendas que respaldamos y estamos profundamente decepcionados por el hecho de que no hayan sido aprobadas. Esta es la razón de nuestra abstención en la votación final. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    La movilidad de los trabajadores ha provocado, sobre todo en determinados Estados miembros, la discriminación y con frecuencia los abusos. Tenemos que estar continuamente alertas en cuanto a temas como el salario mínimo, las vacaciones retribuidas, las disposiciones de subcontratación y la protección social de los trabajadores dentro del territorio de la UE.
En este contexto, el informe de la Sra. Glase se centra en la revisión de las maneras en que se aplica la Directiva, en lo relativo al desplazamiento de trabajadores a otros Estados miembros de la UE dentro del marco de la prestación de servicios. Dado que la Directiva no lleva mucho tiempo implantada, resulta imposible en este momento efectuar una evaluación global y detallada de la situación, ni cuantitativa ni cualitativamente.
Aplaudo también la creación por parte de la Comisión de un grupo de expertos encargados de encontrar soluciones a algunas de las dificultades que han surgido hasta el momento, sobre todo en relación con la información, el control del cumplimiento de la legislación de los Estados miembros en términos de transposición y ejecución de las sanciones.
Al igual que la ponente, estoy a favor de una vigilancia continua y propongo que se presenten propuestas específicas para combatir eficazmente el problema del trabajo ilegal y otras infracciones. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
    Los fondos de cobertura y los instrumentos derivados constituyen dos buenos ejemplos de hasta qué punto el aspecto financiero se ha convertido en el centro de la economía actual, en la que los flujos financieros tienen preferencia sobre la economía real. Su objetivo principal consiste en la especulación financiera y, en contraste con la pretendida finalidad de limitar los riesgos, en realidad incrementan los riesgos sistémicos del sistema financiero debido a que los grandes volúmenes financieros (se estima que solo los fondos de cobertura alcanzan cerca de medio billón de dólares) aumentan la volatilidad de los mercados de capitales. Los fondos de cobertura se hallaban detrás de la crisis que castigó al sistema financiero europeo en 1992 y detrás de la crisis asiática de 1997-1998. Estudios recientes del FMI han demostrado el impacto de las crisis financieras sobre la reducción de la producción mundial. Muchos de estos fondos están domiciliados en paraísos fiscales, lo cual también puede facilitar el lavado de dinero.
Este informe, que nos vemos obligados a rechazar, está estructurado en torno al fomento del plan de acción para los servicios financieros y pretende estimular y apoyar estos instrumentos, refiriéndose a los fondos de cobertura como «instrumentos alternativos y sofisticados de inversión (IASI)». Este apoyo implica reducir una reglamentación excesiva, aumentando con ello el grado en que queda liberalizado el marco regulador para estos fondos, cuando lo que en realidad se precisa es justamente lo contrario, a saber, la aplicación de un impuesto sobre la circulación de capitales, que no solo generaría unos ingresos para otras actividades, sino que contribuiría a combatir los movimientos puramente especulativos y a controlar estos instrumentos de forma más eficaz. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Puedo entender la postura del ponente en cuanto a la ventaja de que exista, aunque de forma más bien limitada, un régimen regulado en el ámbito de los fondos de cobertura, término que cubre una amplio espectro de productos financieros que podrían denominarse «instrumentos alternativos y sofisticados de inversión (IASI)». Los fondos que se trata de regular mediante este sistema quedarían así definidos, ya que estarían obligados a cumplir estas previsiones concretas.
De hecho, el mercado de estos fondos está fragmentado en la actualidad por culpa de los diferentes regímenes reguladores, la ausencia de plataformas coherentes y regímenes fiscales discriminatorios. Como afirma el ponente, los regímenes fiscales y la ausencia de un único mercado regulador actúan como elemento de disuasión, siendo muchos los Estados miembros que imponen sanciones fiscales a los inversores que aplican su dinero en fondos de cobertura domiciliados en el extranjero. Bien es cierto que los inversores institucionales y privados están mostrando un interés creciente por estos fondos, pero carecen de vehículos adecuados en las jurisdicciones de la UE. Algunos Estados miembros están tratando de aplicar modificaciones legislativas de hondo calado a los fondos de cobertura.
He votado a favor porque creo que los fondos de cobertura y los instrumentos derivados contribuyen a la eficacia y el autoequilibrio de los mercados financieros y tal vez resulte útil establecer un régimen regulador suave en un mercado global de libre circulación con reglas básicas...

Queiró (UEN ),
    He votado a favor de la resolución sobre ayuda humanitaria para el Irán tras el reciente terremoto en Bam. El Parlamento Europeo ha reconocido que, a la luz de este desastre humanitario, resulta importante para las víctimas del mismo una ayuda rápida y eficaz. Cabe señalar que Portugal ha sido uno de los primeros países en enviar a la zona equipos de búsqueda y rescate, que han desempeñado una tarea admirable.
También he votado a favor porque estoy de acuerdo en que debemos inclinarnos por la opción humanitaria, a pesar de las condiciones políticas existentes en el Irán, donde se reprimen las libertades democráticas y se impide a los expertos internacionales controlar los programas militares de desarrollo de energía nuclear.
Sin embargo, el mensaje político transmitido por el Parlamento Europeo ha sido claro: las autoridades iraníes tendrán que corresponder en el futuro a este gesto de buena voluntad, que no llevaba asociada ninguna condición, procediendo a restablecer unas condiciones mínimas para el funcionamiento democrático del Estado, y autorizando que se realicen las pertinentes inspecciones internacionales necesarias de su programa nuclear. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia han rechazado la resolución, por supuesto no porque estemos en contra de la ayuda al Irán, sino porque el texto lo conjuga, de manera indisimulada y chabacana, con la coacción política.
Los imperialistas de la UE no respetan nada; no muestran compasión alguna ante el sufrimiento y la desgracia humanas. Por mucho que así nos conste, no podemos evitar enfadarnos cuando leemos textos como el de hoy, sobre todo si están firmados por todos los Grupos políticos.
A cambio de los 2,3 millones de euros que la UE está aportando (migajas si se comparan con los 31,3 millones de dólares que se precisan durante los tres primeros meses), le está pidiendo de todo al Irán: implantación del protocolo adicional al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (NPT), diálogo sobre el respeto a los derechos humanos, reformas más rápidas, etc. A todos los que se engañan a sí mismos acerca del rostro humano de la UE, les remitimos al punto 12 de la resolución, que afirma que «solidaridad mostrada por la comunidad internacional es también una expresión de apoyo a quienes en la República Islámica del Irán están dedicados a mantener el país en la senda de una mayor democratización». Tampoco se olvida la resolución de proclamar la «generosidad» del Presidente norteamericano.
Somos los últimos en apoyar el régimen iraní. Sin embargo, la solidaridad debe aplicarse en la dirección que el pueblo del Irán quiera y no en la que quieren los imperialistas.
Fatuzzo (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, lamentablemente la otra noche, mientras deambulaba en la oscuridad por casa, me fracturé el dedo meñique del pie izquierdo y, sin saber por qué, perdí la inspiración para dar la explicación del voto. Estoy muy preocupado. ¿Es posible que la explicación del voto la den mis pies? 
El Presidente.
   – Creo que vamos a quedarnos ahí y desearle un pronto restablecimiento. Así que parece que ha sido su dedo pequeño del pie el que nos ha impedido oír su hermosa voz.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(2)

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0478/2003) de la Sra. Mercedes Echerer, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines (2002/2274(INI)).
Echerer (Verts/ALE ),
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea ya ha aprobado una serie de directivas en el campo de los derechos de autor. Eso ha sido bueno, acertado e importante. En mi opinión, el proceso de armonización ha fallado aquí a la hora de llevar adelante las reformas necesarias, ya que tanto la digitalización como la ampliación suponen unos retos que ha de afrontar esta política. Hasta ahí, todo en orden.
Los derechos de autor se sustentan al menos sobre tres pilares, pero también sobre la aplicación y la protección de los derechos. Estos dos ámbitos han de acompañar a los derechos de autor. No pueden ni recuperar el tiempo perdido ni subsanar errores. Tenemos que seguir esperando a la directiva de aplicación. En estos momentos está siendo objeto de un vivo debate en el Parlamento y también ha sido discutida en un diálogo a tres bandas.
Hasta ahora la Comisión no ha manifestado ninguna intención clara de emprender tales acciones en la protección de los derechos de autor. Se nos hizo una promesa hace algo menos de dos años. Durante mucho tiempo quedamos a la espera de dicha promesa. Entonces el Parlamento decidió tomar cartas en el asunto y no esperar al cumplimiento de tal promesa. Entretanto se ha producido un comunicado, que por lo visto se nos hará llegar a lo largo de las próximas semanas. Gracias por adelantado. Durante las vacaciones de Navidad, he leído en la prensa alemana que la Comisión está incluso pensando en una directiva en este ámbito. Bien. Se está demorando bastante, pero quizás resulte ahora una buena directiva.
En primer lugar y antes de nada, quiero dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que hay apoyado mi iniciativa desde el comienzo; la hemos discutido con minuciosidad durante largo tiempo y ahora quiero manifestar mi gratitud a todos los ponentes alternativos y a los dos ponentes de opinión. No solo han sido útiles, sino que han enriquecido notablemente la totalidad del proyecto. Como he dicho, ha sido un proceso largo. Hemos hablado con las más diversas redes. Nos hemos mostrado abiertos a las necesidades, problemas, cuestiones y sugerencias de todas las partes implicadas y las hemos debatido en profundidad con ellas. Lo de todas las partes implicadas también comprende al mercado único, la competencia y los sectores de la sociedad de la información, ya que los derechos de autor constituyen un instrumento esencial para los creadores y para los propietarios de los derechos; es algo que desde un principio estaba fuera de toda duda.
Me gustaría resumir muy brevemente los aspectos más importantes expuestos en el informe. Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior opinábamos que existía una necesidad de medidas apropiadas, como he dicho al comienzo, no solo a consecuencia de la ampliación, sino realmente para crear un único mercado europeo para los productos protegidos por los derechos de autor y demás derechos afines. Estuvimos también de acuerdo en que, al hacerlo, debíamos permanecer fieles a los principios de los derechos de autor. Quiero mencionar aquí solo tres factores fundamentales, la participación adecuada y leal en la cadena de valor, que toda utilización debe ser remunerada de forma apropiada de acuerdo con la ley aplicable y, por último, el principio de territorialidad de los derechos de autor. Pedimos a la Dirección General de la Competencia que se siga ocupando de la concentración vertical de los medios de comunicación y de producción dentro de los medios, y que lo haga con redoblados esfuerzos, tal como lo hizo a comienzos de este periodo legislativo.
También pedimos a la Dirección General de la Competencia de la Comisión que se ocupe de los canales de distribución, sobre todo en los medios de comunicación, y de la posición dominante de ciertas ramas de la industria en este campo, así como de investigar los casos de abusos, sin dejarse llevar por un exceso de celo.
Además, la gestión de derechos digitales –a todos nos suenan las siglas DRM– constituye un paso muy válido e importante en la dirección correcta. Todos haremos mayor uso de esta DRM, pero no alcanzará el éxito apetecido sin la interoperabilidad. Y además debemos ser conscientes de que la DRM no será, lógicamente, la solución para todos los problemas.
En cuanto a las propias sociedades de gestión colectiva, abogamos por unos estatutos y unas prácticas comparables y compatibles. Si todavía no lo han hecho, queremos que especifiquen que su función consiste en ser fideicomisarios. Proponemos también que sus actividades estén legitimadas por estructuras democráticas y, por encima de todo, por una relación equitativa y equilibrada entre los grupos de propietarios de derechos implicados dentro de una entidad de gestión colectiva. Hemos detectado que aunque las sociedades de gestión colectiva dispongan de mecanismos de control, no siempre son compatibles al otro lado de la frontera y algunos de ellos no son muy eficaces. Existen ejemplos en los dos extremos, tanto positivos como negativos. Así pues, solicitamos mecanismos de control independientes, eficaces, transparentes y expertos que comprendan todos los aspectos, los legales, sociales, culturales y económicos, una mayor transparencia no solo para promover la competencia, por descontado, sino también para beneficiar a todos los propietarios de derechos, a todos los grupos de usuarios y a todos los consumidores, y el deber, no solo por parte de las sociedades de gestión colectiva, sino de todos los usuarios, de proporcionar información.
Exigimos unas normas de codificación homogéneas con el fin de controlar mejor la circulación de las obras y es necesario garantizar aquí también la interoperabilidad. Las propias sociedades de gestión colectiva han presentado multitud de propuestas de reformas, algunas de las cuales son realmente excelentes. Voy a solicitar a la Comisión que incluya este parecer, estas propuestas de reforma, en su proceso de debate, ahora que está elaborando una nueva directiva, salvaguardando siempre el o los principios de los derechos de autor.
Por último, quiero decir que es importante para todos nosotros que consigamos una acceso más sencillo para los usuarios, para los usuarios comerciales y para los consumidores, dejando a salvo siempre el principio de los derechos de autor. Este es un informe de investigación del Parlamento Europeo y pienso que, si llegado el momento de la votación hoy, resulta aprobado con una euforia y un respaldo análogos a los de la Comisión, entonces este Parlamento dispondrá de un documento fundacional sobre el que podrán edificar tanto esta Cámara como el próximo Parlamento. Mi gratitud más sincera de nuevo a todos los que han colaborado. Solo me queda decirles ahora que cuando se produzca la votación, voy a presentar una enmienda oral que solo se refiere a las versiones en las distintas lenguas. Por lo demás, dado que no se ha presentado ninguna enmienda, solo me cabe suponer que esta tarde se producirá la aprobación abrumadora de este informe.
Bolkestein,
   .  Quiero empezar dando las gracias al Parlamento y, en particular, a la ponente, la Sra. Echerer, por su iniciativa de abordar este importante asunto.
La resolución presentada hoy al Parlamento es muy oportuna y aborda una cuestión básica en el campo de los derechos de autor y derechos afines. La gestión de los derechos se refiere a la forma en que se administran los derechos de autor y derechos afines, en otras palabras, la forma en que se comercializan. En general, de la gestión colectiva de derechos se encargan sociedades de gestión colectiva, que actúan como fideicomisarios y normalmente disfrutan de una posición exclusiva en sus mercados correspondientes.
Aunque la autoridad legislativa de la Comunidad ha armonizado ampliamente los derechos de autor y derechos afines, y en estos momentos hay un proyecto de directiva sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en pleno procedimiento de codecisión, la autoridad legislativa comunitaria ha tratado la gestión de los derechos solo de forma marginal. La contribución económica que han hecho los productos y servicios basados en derechos de autor al producto interior bruto de la Comunidad es muy significativa. Tal y como demuestra un estudio reciente, estos productos y servicios representan más del 5% del PIB europeo total. Por consiguiente, el mercado interior no estará completo a menos que se aborden los derechos de autor y derechos afines. Esto es esencial para la inversión, la creatividad, el acceso a la cultura, la diversidad cultural, el empleo y el crecimiento.
En cuanto al asunto específico de la gestión colectiva de los derechos, el proyecto de resolución mantiene un buen equilibrio y refleja todos los aspectos y los distintos intereses implicados. Felicito a la Sra. Echerer por esto. El unánime apoyo que su propuesta recibió en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior así lo demuestra.
La resolución señala que la protección y la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual son factores importantes para estimular la diversidad cultural y la creatividad, pero reconoce la importante función de las sociedades de gestión colectiva como punto de contacto entre los titulares de los derechos y los usuarios, y, por tanto, pide que estas sociedades sean mucho más eficaces y transparentes. Tiene en cuenta las características típicas de los derechos de autor, especialmente su carácter territorial, y el nuevo entorno para la gestión de los derechos, como el surgimiento de la gestión digital de los derechos.
Por último, la resolución observa que las leyes nacionales sobre gestión colectiva de derechos, si es que las hay, suelen diferir de un Estado miembro a otro. La Comisión comparte el enfoque que sigue esta resolución. Las cuestiones planteadas, en la medida en que se refieren a los derechos de autor, también se abordan en la próxima comunicación de la Comisión sobre la gestión de derechos de autor y derechos afines del mercado interior. En esta comunicación, la Comisión abordará todas las cuestiones relevantes para la gestión de los derechos, incluida la gestión colectiva de los derechos, y concluirá que un instrumento legislativo de gobernanza de las sociedades colectivas es deseable en el ámbito comunitario.
Espero que la Comisión apruebe la comunicación este mismo mes, y me alegro de que nuestras dos instituciones compartan las mismas preocupaciones. Les aseguro que en los próximos meses la Comisión profundizará en este análisis y en las necesidades en este terreno. 
Karas (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, señor Comisario, deseo ante todo expresar mi más sincera gratitud a la Sra. Echerer por el excelente trabajo en equipo y la profesionalidad que lo caracteriza. Este informe constituye la razón más inmediata por la que no seré yo el único en lamentar que usted, Sra. Echerer, no vuelva a concurrir a las elecciones a este Parlamento. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha aprobado mi opinión de forma unánime y, gracias al buen trabajo en equipo, también está dispuesto a votar a favor del informe Echerer.
A la hora de elaborar esta opinión para el próximo debate, incluido el que se ha de celebrar con la Comisión, yo y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos hemos centrado en cinco puntos concretos. En primer lugar, los monopolios tienen que constituir siempre una excepción a las leyes de la competencia y tienen que existir razones muy sólidas que avalen su existencia. Sabemos que las sociedades de gestión colectiva están organizadas de diferentes maneras en los distintos Estados miembros y en muchos de ellos constituyen un monopolio sobre determinadas categorías de obras. Por tanto, existe una auténtica necesidad de analizar con mayor detenimiento, o revisar, las estructuras monopolistas territoriales, aunque no de rechazarlas de plano.
En segundo lugar, consideramos importante contar con transparencia en las sociedades de gestión colectiva, como por ejemplo reflejar en la contabilidad por separado los costes administrativos y los de licencias. Hay que hacer algo al respecto.
En tercer lugar –y esto está relacionado con el punto segundo–, en muchos países no existe ningún control de las sociedades de gestión colectiva. Por ello, me complace especialmente el apartado 49 del informe Echerer, con su petición de mecanismos de control eficaces e independientes en todos los Estados miembros.
En cuarto lugar, mi sugerencia a favor de un registro público al que se pueda acceder electrónicamente, que contenga todos los titulares de derechos representados por las sociedades de gestión colectiva, facilitaría una mayor claridad y transparencia y simplificaría asimismo, indudablemente, la actividad transfronteriza y aumentaría la competencia.
En quinto y último lugar, allí donde la fragmentación de los derechos origina unos elevados costes de transacción, el establecimiento de un sistema de tienda de una sola parada podría constituir una forma más eficaz y económica para los usuarios y los autores.
Ruego a la Comisión que tenga en cuenta el contenido del informe Echerer en sus deliberaciones. De nuevo, mi enhorabuena más sincera y les pido que voten a favor de este informe. 
Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, esta tarde voy a hablar no solo por mí mismo, pues he colaborado estrechamente con la ponente, la Sra. Echerer, sino también, más en particular, en nombre de nuestra ponente alternativa, la Sra. Fourtou, quien lamenta no poder estar aquí para compartir estos comentarios. En su nombre, quiero empezar agradeciendo a la Sra. Echerer una serie de cosas.
Primero, quiero darle las gracias por haber llamado justificadamente la atención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre este asunto y después haber tomado la iniciativa de elaborar el informe. Esto dice mucho a su favor, y en esta cuestión ha estado muy dispuesta a compartir su apreciación y sus preocupaciones con nosotros e invitarnos a contribuir a ella. Este espíritu con el que ha abordado el informe está claramente reflejado en la calidad de su trabajo y, haciéndome eco de lo que ha dicho el Comisario, es un documento muy equilibrado. Presenta todas las facetas de forma justa, pero no deja de hacer una serie de recomendaciones importantes y muy específicas. Por lo que ha dicho el Comisario, me atrevo a esperar que en su comunicación incluirá algunas de las cuestiones planteadas por la Sra. Echerer. Por lo tanto, se trata de un informe muy oportuno.
Asimismo, refleja las ventajas de tener a una persona con una gran experiencia y amplios conocimientos de una profesión concreta, en este caso, la profesión teatral, del escenario, una persona que es una artista creativa, que conoce el tema y que es capaz de combinar todo esto con el compromiso con otros colegas.
Esta cuestión del equilibrio y del equilibrio de intereses es claramente el meollo del informe. El equilibrio entre los creadores de obras, los productores y las personas que las explotan y utilizan, prefiero decir clientes, porque eso es lo que son, en todo el acuerdo es absolutamente crucial. Actualmente, este es un equilibrio incierto en muchos aspectos, porque nos movemos ahora en un terreno transitorio tan volátil, no solo con la explosión de contenidos digitales y de la distribución digital, así como con las nuevas formas de acceder a los clientes, sino también con las nuevas obras creativas disponibles para su explotación en el mundo de los medios digitales. Por ejemplo, últimamente, por motivos de trabajo, he conocido a personas que crean juegos de ordenador interactivos o no, y la escala de este negocio internacional de miles de millones de dólares es enorme y brinda nuevas oportunidades a los creadores de todos los campos, la ilustración, la composición musical o la redacción de guiones. Hemos de fomentar esto, pero debemos asegurarnos de que estimulamos el desarrollo de estos campos y de que se compensa debidamente a las personas.
De hecho, a medida que entramos en la tercera generación de tecnología móvil, uno de los principales intereses en relación con los proveedores de servicios de comunicación electrónicos, y así nos lo han dicho en nuestra calidad de diputados al Parlamento Europeo que trabajamos en este ámbito, es que quieren ayudarnos a establecer el marco jurídico de la distribución de contenidos y asegurar que las obras creativas salgan al mercado, porque quieren que esas obras creativas estimulen sus servicios de comunicación electrónica.
No es solo un trabajo abstracto. Es otra reflexión fundamental más en torno al mercado interior. Enlaza directamente con nuestra labor en torno al proceso de Lisboa y con la creación de la economía más dinámica y basada en el conocimiento del mundo, mediante el uso de los conocimientos que tenemos para vincular también obras creativas.
Una de las cuestiones sobre las que hemos debatido bastante con la Sra. Echerer –en realidad el Sr. Karas lo ha mencionado, y mucho de lo que ha llegado de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y, de hecho, de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte también se incluyó en nuestra votación final– es la cuestión de la explotación del mercado en relación con la gestión colectiva de derechos.
Me complace que la Sra. Echerer aceptara nuestra opinión de que, en el mercado interior de servicios, y esta semana el Comisario Bolkenstein ha estado aquí para presentar una nueva y trascendental propuesta al respecto, en la nueva propuesta del mercado interior de servicios, los elementos de las actividades de las sociedades colectivas de gestión donde prestan servicios directamente a sus miembros deben tratarse como cualquier otra prestación de servicios y considerarse en el contexto del mercado transfronterizo de servicios.
Esto es absolutamente cierto porque, como ha dicho el Sr. Karas, cada vez con más frecuencia la distribución de derechos ya no va a centrarse en torno a monopolios nacionales. Los clientes, y vuelvo a utilizar esta palabra, piden cada vez más la «ventanilla única». Quieren poder acceder a los derechos de los productos creados para poder distribuir digitalmente, no solo en la Unión Europea, sino, de hecho, también en otros mercados importantes. Este desafío de internacionalizar el proceso, de mirar fuera de sus fronteras tradicionales, es algo que las sociedades de gestión, como ya sabemos, afrontan, pero hemos de proporcionarles el marco apropiado y animarles a asumir este reto. 
A modo de conclusión, el aspecto básico será la transparencia de sus actividades para que todos sus clientes puedan ver exactamente qué paquete de servicios reciben.
Para concluir, me hago eco de lo que mi colega el Sr. Karas ha dicho, que yo también he escuchado con pena esta semana las noticias de que la Sra. Echerer ya no volverá a presentarse como diputada a este Parlamento. Así que esta quizá sea la última oportunidad que tengo en el pleno de decir públicamente desde este lado de la Asamblea que ha sido un placer trabajar con ella. Este informe refleja el tipo de contribución abierta y progresista que ha hecho en su voluntad de trabajar con nosotros. Porque traslada sus actividades a otro escenario, o quizá debiera decir que regresa al escenario donde empezó su carrera profesional, estoy seguro de que todos nosotros nos uniremos para desearle lo mejor, agradeciéndole mucho su labor, y podemos demostrar que la apoyamos votando más tarde unánimemente a favor del informe. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, quiero comenzar uniéndome a los homenajes a la Sra. Echerer -y no hace falta que insista en ellos, porque ya han sido muy repetidos-, pero también querría declarar mi satisfacción por las declaraciones del Comisario Bolkestein, que reconoce la importancia que tienen las sociedades de gestión colectiva en estos momentos.
La propiedad intelectual se desarrolla como consecuencia de los desarrollos tecnológicos. Hasta la imprenta no hubo realmente propiedad intelectual. Ahora estamos en una segunda revolución tecnológica, la "Galaxia Marconi", con todas las nuevas tecnologías de la información.
A medida que avanza la tecnología, el creador se encuentra cada vez más alejado de los consumidores. Concretamente, mi colega, el Sr. Harbour, habla del cliente, , yo prefiero utilizar la palabra , diferenciando dos clases de clientes, que serían el consumidor final, es decir, el sufrido ciudadano que tiene que seguir los programas de televisión o radio, y el intermediario, que es el que compra los derechos de propiedad intelectual, los utiliza y los explota.
Esto nos lleva a la situación en la que nos encontramos, con una multiplicación de los medios de comunicación, pero cada vez más vacíos de contenido. Es decir, tenemos cada vez más horas de televisión, más horas de electrónica, más revistas, más libros y más medios de producción, pero prácticamente vacíos de contenido. Y esto es consecuencia de la falta de apoyo al creador.
En la actual sociedad de la información, a los creadores no se les está protegiendo. Estamos haciendo unos medios de comunicación-basura, que utilizan la propiedad intelectual de una manera absolutamente inconsciente, sin responsabilidad ninguna y, frente a esto, los creadores necesitan ser protegidos.
Ése es el papel de las sociedades de gestión colectiva, que no son un monopolio, sino el instrumento que tienen los creadores para defenderse frente al control de los medios de comunicación por parte de unas pocas cadenas de medios, apoyadas en un gran potencial económico y al servicio de intereses políticos o económicos. Por tanto, el único instrumento con el que cuentan hoy los creadores son estas sociedades de gestión colectiva, que vienen a ser sindicatos de trabajadores, frente a las organizaciones patronales, que tienen una fuerza enorme.
Estoy de acuerdo en que las sociedades de gestión colectiva deben adaptarse a una nueva situación, porque han nacido en un ámbito nacional y estamos a punto de pasar a un ámbito transnacional, o, incluso, mundial. Pero, por lo menos, en el ámbito de la Unión Europea, deberíamos robustecer la acción de estas sociedades de gestión colectiva, de forma que, por lo menos en este ámbito, pudiéramos tener esa protección.
Por último, quiero hacer referencia a la ampliación. La Unión Europea se va a enriquecer con diez nuevos países que tienen una gran tradición cultural, pero en los que -a consecuencia de su pasado político reciente- la propiedad intelectual no ha estado suficientemente protegida hasta hace muy poco tiempo.
Creo que es muy importante que, en el proceso final de ampliación, hagamos llegar a estos países la necesidad de que se adapten al acervo comunitario, incluyendo -entre otros- el ejercicio de la gestión colectiva, frente a ese peligro del monopolio por las grandes cadenas que controlan los medios de comunicación.
Manders (ELDR ).
   – Señor Presidente, me adhiero a las expresiones de gratitud manifestadas por mis colegas a la Sra. Echerer. Quiero hacerlo asimismo con respecto a la forma en que hemos cooperado. Tal vez podamos aparecer –¿quién sabe?– en sus programas de televisión, siempre que estos estén, desde luego, debidamente protegidos en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual.
Que todo el mundo está de acuerdo resulta evidente por el hecho de que el informe ha sido aprobado unánimemente en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior. Además, las palabras de aliento que acaba de pronunciar el señor Comisario conducirán, a mi juicio, a una mejor legislación, respecto de la cual resulta especialmente importante aumentar la transparencia y la seguridad jurídica y, sobre todo, el control democrático, ya que la claridad previene la falta de comprensión.
Ahora todos hablamos de los titulares de derechos, pero creo que también es importante referirse a los usuarios de los mismos. Recuerdo un incidente ocurrido el año pasado, en el que numerosas empresas de los Países Bajos recibieron de pronto una carta remitida por la –la Fundación a favor de los Derechos de Reproducción–, afirmando que tenían que pagar una abultada factura por las copias que habían hecho, sin ninguna explicación acerca del propósito de esta acción. Cundió el temor y la inquietud. Considero que esta legislación puede garantizar que se clarifique sobre qué base se imputan ciertos costes, por qué se han de abonar determinados costes y a quién van destinados.
El Comisario ya ha manifestado que entre el 5% y el 7% del Producto Interior Bruto –que es mucho– corresponde a productos y servicios que están limitados, gobernados y protegidos por derechos de autor y similares. Esto significa que estamos hablando de una proporción considerable de las actividades de nuestro mercado interior, que está necesitado de claridad y de estructura. Como ya he dicho, la competencia y la posición dominante de las sociedades de gestión colectiva no deberían representar un problema por sí mismos, siempre y cuando la legislación sea clara y no se utilice de forma poco adecuada. Pienso que este problema se puede resolver con estas recomendaciones, si quedan recogidas en la legislación.
Como ya ha indicado el Sr. Medina Ortega, la ampliación constituye también un aspecto clave de este tema. A raíz de su historia política, los países en vías de adhesión jamás han concedido ninguna protección explícita a los titulares de los derechos de autor, y esa es la razón por la cual considero que es importante proporcionar apoyo de inmediato. La ponente ha vuelto a subrayar este punto en su enmienda oral. Nosotros, los Liberales, le concedemos nuestro respaldo incondicional.
A modo de conclusión, acogemos con satisfacción esta iniciativa, y esperamos que la Comisión pueda aprobar la enmienda que he presentado para realizar una evaluación clara al cabo de tres años, a fin de comprobar si la legislación funciona realmente y existe protección. Habiendo respetado el límite de tiempo de tres minutos, no quiero retrasar más los trámites de esta tarde. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, lo normal para un orador en mi función es asegurar a los ponentes que estamos detrás de ellos, pero en este caso no sería apropiado. En este caso, el carro va firmemente detrás del caballo y lleva, junto a los miembros de la Comisión y a los diputados al Parlamento, en la plataforma de carga. Estamos muy agradecidos a la Sra. Echerer por haber ejercido este liderazgo.
Como se ha dicho en el debate, existe una especie de trípode en relación con los derechos de autor y los derechos afines. Una pata del trípode es la legislación sobre derechos de autor que ya ha aprobado el Parlamento. La segunda pata son las disposiciones de aplicación que debatimos en estos momentos, y la tercera es la cuestión de las sociedades de gestión y la administración de los derechos de autor en beneficio de sus titulares.
Como ha señalado el Comisario Bolkestein, estas sociedades son monopolios, pero en principio son monopolios benignos debido a la territorialidad de los derechos de autor. Es posible, y quizá el Sr. Harbour y el Sr. Karas me lo expliquen algún día, que las sociedades de gestión puedan operar compitiendo entre sí dentro de un territorio dado o de un país determinado, pero me resulta difícil ver cómo funcionaría esto. Si estoy en lo cierto, la cuestión antes planteada por el Comisario reviste gran importancia, a saber, que hemos de examinar detenida y críticamente la gobernanza de estas sociedades, que están en condiciones de «timar a las personas» cobrándoles tasas injustamente altas por la prestación de servicios a artistas, autores y otros.
Me complace oír que la Comisión va a continuar la iniciativa de la comisión parlamentaria presentando la propuesta de un instrumento legislativo relativo a la gobernanza de las sociedades de gestión. Espero impaciente esta propuesta.
En respuesta a lo que ha dicho el Sr. Harbour, quiero plantear una cuestión que también me brinda la oportunidad de declarar un interés menor. Soy autor académico y una muy modesta parte de mis ingresos anuales, como sabrá cualquiera que lea la Declaración de Intereses de los Diputados, procede de la gestión de derechos en mi propio nombre en calidad de autor académico. Desde el punto de vista de un autor de este tipo, la idea del lector como cliente no es tan relevante como ha dicho el Sr. Harbour. La idea crucial, y esto tiene que ver con las artes, es verdaderamente el lector o el consumidor como público. A uno le interesa transmitir ideas a la gente e implicarla en el debate de ideas.
Desde este punto de vista, para un autor es totalmente irrelevante qué o cuánto le pagan. Más bien al contrario. Yo y los autores como yo no tenemos ninguna posibilidad de transmitir ideas al gran público a menos que haya sistemas editoriales eficaces, es decir, editores a quienes se paga por sus actividades. En este sentido, todo este negocio de los derechos colectivos es para nosotros más un medio para lograr un fin que un fin en sí mismo. No deberíamos considerarlo simplemente desde el punto de vista de los clientes, sino como rasgo básico del mercado único. Nos satisface mucho la propuesta de la Comisión y, como para todos, para mí también ha sido un placer trabajar con la Sra. Echerer en torno a esta cuestión. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el crecimiento acelerado y polifacético de la sociedad de la información y el desarrollo de recursos de comunicación, tecnologías, instrumentos y apoyos cada vez más variados, que son fácilmente accesibles de muy diversas maneras, suponen una presión nueva y constante sobre la protección de los derechos de autor y similares, concretamente sobre las leyes que los protegen y los medios para garantizar su efectividad práctica, sin conculcar al mismo tiempo otros derechos y libertades fundamentales.
Este asunto nos transporta realmente al auténtico epicentro de la mundialización, al verdadero territorio inexplorado de la aldea global en la que, consecuentemente, los instrumentos de reglamentación y protección tienen que ser cada vez más internacionales, sin perjuicio de la responsabilidad de los propios Estados. Sin embargo, una de las novedades impuestas por los cambios en las recientes décadas, y que ha desempeñado un papel cada vez más significativo durante los últimos años, es precisamente la de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. Son realidades innegables de nuestro tiempo y, por tanto, cada vez resulta más importante regularlas.
Nuestro Grupo reconoce su preeminente papel como asociaciones voluntarias de autores, artistas y otros titulares de derechos de autores, para la defensa eficaz de sus intereses intelectuales y financieras y su propiedad intelectual o derechos similares sobre actuaciones en su país o en el extranjero. Creemos igualmente que, además de ofrecer protección a los autores, los artistas y demás como grupo en el contexto de los derechos afines, al actuar de fideicomisarios, estas sociedades de gestión colectiva también realizan una función cultural de la máxima importancia, que se proyecta en toda la sociedad en general y en un mundo cada vez más abierto y pluralista.
Sobre estas premisas, felicitamos a la ponente por su excelente trabajo, que traza claramente las líneas que debemos seguir si queremos –y ciertamente queremos– que el marco de la gestión de los derechos en esta nuestra Unión Europea, que pronto quedará ampliada, sea capaz de avanzar decididamente hacia el objetivo de procesos simplificadores y de reformas y parámetros comparables. No podemos continuar con estatutos y prácticas que son demasiado dispares y a menudo incompatibles dentro de la Unión Europea. Estas flagrantes diferencias nos afectan a todos, dejan sin protección a nuestros autores, artistas y otros actores en este ámbito clave y nos hacen especialmente débiles y vulnerables frente a la competitividad global, que cada vez es más agresiva a nivel mundial y en ocasiones incluso salvaje y pirata, como sabemos.
En consecuencia, estamos mayoritariamente de acuerdo con las ideas de la ponente sobre las formas organizativas de las sociedades de gestión colectiva, los requisitos de autorización, los campos de actividad, la estructura interna, los acuerdos recíprocos, operaciones culturales o sociales y funciones en bien del público, sobre la supervisión y el control de las sociedades de gestión colectiva y sus actividades, los mecanismos de arbitraje y la transparencia, que constituye un requisito fundamental para todas las partes afectadas, tanto interna como externamente.
Quiero decir una última cosa: felicitar a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deportes por su labor y, en concreto, las sugerencias que ha presentado a la Comisión sobre las futuras directivas relativas a la televisión, la radio, las comunicaciones, la transmisión y las telecomunicaciones en el terreno digital, incorporadas acertadamente a este informe y que figuran en apartado 29 de la resolución a favor de la que vamos a votar. De hecho, estas directivas tienen que consagrar de manera directa la importancia de los derechos de autor y su protección, incluidas ciertas previsiones concretas al respecto. Resulta esencial que la Unión Europea enaltezca el arte y la cultura y refuerce la confianza de todos los autores y demás actores y ámbitos de creación cultural, protegiéndolos y alentándolos a crear nuevas obras que saben van a estar debidamente protegidas contra la piratería, al tiempo que garantizan sus derechos morales y su adecuada remuneración económica. Vamos a votar a favor y nos adherimos a las felicitaciones para la ponente. 
Cappato (NI ).
   – Señor Presidente, el Sr. Medina Ortega ha dicho que las sociedades de gestión colectiva no son monopolios; son asociaciones que sirven para proteger una parte más débil contra otra más fuerte. Eso no siempre es cierto y creo que debería apuntarse, tal como hace la ponente en su informe, que una asociación es una asociación, mientras que una asociación con un monopolio, de la que uno se ve obligado a ser miembro por las leyes que rigen los derechos y las obligaciones, es un monopolio. En mi opinión, los monopolios, ya sean legales o de hecho, que afectan a las sociedades de gestión colectiva no son saludables porque exponen a los artistas aficionados, por ejemplo, a un considerable riesgo de abuso.
No conozco la situación en el resto de Europa; sé que en Italia, el importe abonado por los artistas aficionados a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor supone un impuesto que es desproporcionado y beneficia a los artistas importantes. En consecuencia, considero que una asociación con un monopolio no es una buena asociación, ya que una buena asociación debería ser lo más libre posible. Por eso, tal como afirma la ponente, se precisa atención y controles adecuados para evitar que las situaciones de monopolio se conviertan, de forma legal o de hecho, como a menudo sucede –en Italia desde luego, y creo que en el resto de Europa también– en abusos e impuestos inútiles en detrimento de los artistas aficionados. Además, si por ejemplo solo las asociaciones para discapacitados, y no los individuos discapacitados, pueden acogerse a la exención de los derechos de autor, existe el riesgo de que estos estén sujetos a los intereses corporativos y que el usuario final no se beneficie de situaciones de este tipo.
Desde luego, felicito a la ponente por la labor realizada. 
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la protección y la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual son factores importantes para la promoción de la creatividad cultural y el objetivo de hacer posible que los artistas trabajen. Hay que tomar en consideración los derechos tanto financieros como morales, entendiendo por estos los derechos de los autores a controlar las modificaciones de sus obras.
La Comunidad tiene que ser capaz de reforzar la confianza de los artistas en que sus obras están debidamente protegidas. Por otra parte, es importante garantizar la mayor difusión posible de las obras, ya que no existe arte sin público. La Comunidad ha venido actuando en este ámbito y, al margen de las leyes nacionales e internacionales, ya existen varias directivas comunitarias.
Sin embargo, uno de los inconvenientes sigue siendo el hecho de que los reglamentos aplicables a las sociedades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual varían de un Estado miembro a otro. A menudo, estas sociedades de gestión colectiva gozan de una situación virtual de monopolio, que bien pudiera justificarse por razones funcionales pero que al mismo tiempo comporta el riesgo de abusos o contradice su propia finalidad debido a una disminución de la eficacia de la sociedad o unos costes mayores. No es necesario combatir mediante la legislación a toda costa una estructura de monopolio justificada, pero la gente deberías ser consciente de los riesgos asociados. Estos riesgos tienen que ser combatidos por medio de unas leyes claras válidas en toda la Comunidad. Tales leyes tienen que basarse sobre todo en la insistencia a favor de la plena transparencia.
Las necesarias modificaciones estatutarias a la legislación comunitaria planteadas en este informe, provocarán además el efecto de aumentar enormemente el crecimiento económico. El informe estima que entre el 5% y el 7% del Producto Interior Bruto de la UE se debe a bienes y servicios protegidos por derechos de autor y similares. No supone desde luego un porcentaje despreciable de la economía europea y con toda seguridad puede seguir creciendo. Los avances técnicos, en concreto, ofrecen enormes oportunidades al desarrollo de nuevas formas de trabajo. Al mismo tiempo, la gestión de los derechos de autor en relación con estas nuevas modalidades de trabajo supondrán un reto mayor que hasta ahora. 
Junker (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, pero sobre todo Sra. Echerer, felicidades por este trabajo de Sísifo que estoy seguro que ha supuesto este informe. Era inevitable tratándose de un asunto con tantas facetas, pero su éxito constituye un homenaje para usted. No siempre contamos con un consenso tan amplio en este Parlamento, y eso demuestra que la gente tiene ahora mayor conciencia de los problemas. Lo ilustraré con algunas cifras. Cuando se trata de la pornografía infantil en Internet, los medios de comunicación se llenan de titulares y editoriales. Pero se presta mucha menos atención a los delitos económicos. Cuando se ignoran los derechos de los artistas y se les niegan los ingresos equitativos que les corresponden, también es una forma de delito económico.
Se ha mencionado aquí una pérdida económica del 5% del Producto Nacional Bruto; si se distribuye en entornos individuales se obtiene el siguiente cuadro: el 25% de la producción de la industria audiovisual son falsificaciones, ascendiendo las grabaciones de sonido hasta el 40%. Se ha convertido en un mercado lucrativo para la delincuencia organizada. No solo se trata de que se estén expandiendo los delitos perpetrados por individuos. Como muy bien se describe aquí, también se debe a las leyes excesivamente permisivas y, desde luego, totalmente diferentes en los distintos Estados miembros, que favorecen dicha piratería de productos y el uso de falsificaciones.
El resultado es una pérdida económica a una escala tremenda –pérdida de ingresos fiscales, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de confianza de los inversores, que puede detectarse particularmente en la industria musical, pero también significa una pérdida de derechos para gente como ustedes y yo, a saber, pérdida de protección del consumidor, pérdida del bienestar de los jóvenes y similares, y al final también constituye una amenaza para la diversidad cultural.
En resumen, hace tiempo que se echa en falta una base legal uniforme para la protección de la propiedad intelectual. Las sociedades de gestión colectiva, a las que ya se ha hecho referencia reiteradamente, deben desempeñar una función concreta al respecto, especialmente a la luz de las diferentes condiciones de mercado con que nos encontramos en la sociedad de la información.
La forma en que esto se puede y se debe hacer está descrita en detalle en el informe, que además contiene las opiniones de otras comisiones. Como miembro de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, pienso que es especialmente importante señalar que las sociedades de gestión colectiva no son simplemente una especie de asociaciones protectoras, sino que siempre cumplen además una función cultural, independientemente de cómo estén organizadas. La protección y explotación de los derechos de propiedad intelectual ayudan a promocionar la cultura y la diversidad cultural, por lo que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte tiene razón, a mi juicio, al pedir a la Comisión que dedique especial atención a este aspecto.
Bolkestein,
   .  Señor Presidente, después de un debate tan interesante queda muy poco que pueda añadir a lo que ya se ha dicho. No se han formulado preguntas a la Comisión y esta no ha tenido noticia de ninguna enmienda, aun cuando el Sr. Manders ha mencionado una. Por tanto, no tengo nada que comentar.
Terminaré diciendo que para la próxima comunicación de la Comisión sobre la gestión de los derechos de autor y los derechos afines en el mercado interior, la Comisión ya habrá tenido el debido conocimiento de las observaciones que han hecho esta tarde el Sr. Karas, el Sr. Harbour y otros. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a continuación de los debates.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de siete propuestas de resolución siguientes:
- B5-0016/2004 de los diputados Glenys Kinnock y Margrietus J. van den Berg, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Zimbabwe;
- B5-0020/2004 de los diputados Nelly Maes, Didier Rod y Marie Anne Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre Zimbabwe;
- B5-0022/2004 de los diputados Niall Andrews, José Ribeiro e Castro y Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Zimbabwe;
- B5-0023/2004 del Sr. Jan Mulder, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación política en Zimbabwe;
- B5-0026/2004 del Sr. Pedro Marset Campos, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Zimbabwe;
- B5-0030/2004 de los diputados Geoffrey Van Orden, John Alexander Corrie, Nirj Deva, Jacqueline Foster, Neil Parish, Charles Tannock, Mary Elizabeth Banotti, Michael Gahler, Eija-Riitta Anneli Korhola, Klaus-Heiner Lehne, Bernd Posselt y Lennart Sacrédeus, en nombre del Grupo PPE-DE, sobre Zimbabwe;
- B5-0033/2004 del Sr. Bastiaan Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre Zimbabwe.
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE, quiero decir que vamos a apoyar la resolución conjunta sobre Zimbabwe. El régimen del Zanu-PF es un ejemplo atroz de la represión que sufre un pueblo empobrecido y hambriento. Morgan Tsvangirai, el líder del partido de la oposición, el Movimiento para el Cambio Democrático, ha sido llevado a juicio bajo acusaciones falsas de traición.
La situación económica de ese país ha empeorado drásticamente: el PIB ha descendido un 40% en los últimos cuatro años y la inflación ya alcanza el 600%, y se prevé que llegue hasta el 1 000% antes de finales de 2004. Hay una tasa de desempleo del 70% y más de 6 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. Ya se han registrado casos de niños que mueren por desnutrición, especialmente en la zona de Bulawayo. Ha habido un desastroso programa de reforma agraria –que ninguna referencia a los males del colonialismo puede justificar–, que ha desmantelado la agricultura comercial sin sustituirla por ninguna otra forma eficiente y efectiva de producir alimentos.
El , el único periódico diario independiente de Zimbabwe, sigue cerrado, a pesar de que los tribunales hayan ordenado su reapertura, y ahora el redactor de noticias y el reportero jefe del han sido detenidos en virtud de la Ley de acceso a la información y protección de la privacidad.
Queremos que se renueven las sanciones contra Zimbabwe, que la Unión Europea debe renovar el 20 de febrero de 2004. De la misma forma, queremos que se amplíen y se consoliden más las sanciones contra el régimen, con la introducción de medidas adicionales para que la acción internacional contra el régimen sea más eficaz, en particular el estricto cumplimiento de la prohibición del visado. El 1 de abril se celebrará una reunión entre la Unión Europea y la troika ministerial de exteriores de la Unión Africana, y esperamos que la Unión Europea reserve para ello un lugar prioritario en la agenda. Celebramos la intervención del arzobispo Desmond Tutu tras la reunión de los jefes de Gobierno en Nigeria, pero queremos invitar a otros líderes africanos a intervenir igualmente y a presionar a Mugabe para que tome medidas.
Necesitamos a la comunidad de donantes para que reúnan ayuda alimentaria que pueda distribuirse a través de canales no gubernamentales; y queremos que los Estados miembros de la Unión Europea que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exhorten a la comunidad internacional a que adopte medidas coordinadas y eficaces contra este régimen intolerable. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, solo unas breves palabras para significar lo mucho que deploramos y condenamos la situación que el régimen de Mugabe está imponiendo a su pueblo y a su país, Zimbabwe, convirtiendo a uno de los países más ricos de África austral en uno de los más pobres y más subdesarrollados, con continuos e incesantes ataques a los derechos humanos. También quiero apuntar las razones por las que apoyamos esta propuesta de resolución de compromiso, que una vez más, al igual que las otras que hemos presentado en el transcurso de esta legislatura, condena el régimen y solicita que se vuelvan a imponer sanciones y se ejerza presión diplomática sobre Mugabe para impulsar la transformación democrática del país.
Quiero aprovechar también esta ocasión para pedir a la Comisión que proporcione mayor apoyo a los representantes de la sociedad civil. Recientemente formulé una pregunta a la Comisión sobre este asunto y quedé satisfecho con la respuesta ofrecida por el Comisario Nielson. Dijo que la Comisión se propone continuar prestando ayuda a los representantes de la sociedad civil a fin de apoyar proyectos o actividades en el ámbito de los derechos humanos y la democratización y ayudarles a promover el diálogo interno, un planteamiento que respaldamos y que, por lo demás, está recogido tanto en nuestra propuesta de resolución como en el texto de compromiso. Sin embargo, nos gustaría que este apoyo fuera más específico: ¿qué acciones concretas se van a emprender, con quién, con qué medios y con qué intensidad? Creo que una cooperación más estrecha entre la Comisión y el Parlamento para ejercer presión política podría alcanzar unos resultados más eficaces. Necesitamos lograr unos resultados más eficaces, no solo debido a la creciente tragedia en Zimbabwe, sino porque podría constituir un foco de inestabilidad y sentar un mal ejemplo. Nos han preocupado noticias recientes sobre acciones similares, o más bien de que se estaban programando acciones similares también en Namibia, aun cuando esta no se a la postura oficial mantenida por el Gobierno de ese país. Llegan también noticias –que indujeron a algunos diputados a presentar una propuesta escrita de resolución– acerca de una tasa anormalmente elevada de asesinatos de agricultores en las zonas boer de Sudáfrica. Es uno de los aspectos de la persecución de agricultores en Zimbabwe que debiera preocuparnos, ya que podría extenderse por África austral. 
Malmström (ELDR ).
    Señor Presidente, Comisario Vitorino, hemos debatido sobre Zimbabwe en multitud de ocasiones en esta Cámara, y resulta enormemente trágico contemplar cómo este rico país con un potencial tan ingente se ha abalanzado hacia el abismo. Zimbabwe ha sido durante mucho tiempo un país sin ley, arruinada económicamente y afectada gravemente por el sida. Tiene un anciano dirigente dictatorial y demente, que ha perdido todo contacto con la realidad y con su propio pueblo. Justamente cuando una piensa que las cosas no pueden ir a peor, llegan nuevos informes de que la situación en el país se ha deteriorado aún más. El sufrimiento humano y el hambre se están agravando cada vez más, y existe una necesidad angustiosa de ayuda humanitaria.
Mugabe tiene que marcharse. Es la única salida para el pueblo de Zimbabwe. Ahora bien, el mundo a su alrededor tiene que responder con enérgicas contramedidas. Hasta ahora todo ha fracasado, pero hay que intensificar las sanciones. Toda la comunidad internacional tiene que ser diáfana en su condena del régimen de Mugabe y decirle que se ha agotado nuestra paciencia. Basta de contactos, de intercambios y de celebraciones deportivas, junto con sanciones renovadas y más restrictivas, eso es lo que exigimos. Tenemos que establecer una coalición amplia, que incluya a los países de la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), a fin de adoptar medidas y ejercer presión sobre el régimen. La diplomacia silenciosa de Sudáfrica, como se la conoce, ha demostrado ser completamente ineficaz, pero de todas formas hay que convencer a Sudáfrica de que utilice sus contactos para presionar a Mugabe.
Al mismo tiempo, en la UE tenemos que apoyar a la oposición. Hay un número reducido de personas increíblemente valientes que –con riesgo para sus propias vidas y, en algunos casos, con pérdida de sus vidas– están intentando combatir en favor de la democracia y la dignidad humana en ese país. Espero que la Comisión sea capaz de garantizar que la UE continúe apoyando a estos individuos valientes. 
Nicholson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, los países africanos han asumido en numerosas ocasiones solemnes compromisos de democracia y protección de los derechos humanos: en el acuerdo de la NEPAD y en el Acuerdo de Cotonú entre la UE y los Estados ACP, por nombrar solo dos. Sin embargo, el caos y la opresión del régimen de Mugabe en Zimbabwe no ha provocado ninguna respuesta satisfactoria de los vecinos de Zimbabwe, que parecen estar sordos a los gritos de angustia del pueblo oprimido de ese país. No solo los países sudafricanos no han estado dispuestos a ejercer presión sobre el Sr. Mugabe, sino que además le han dejado dictar las condiciones de la relación de África con Europa, y esto es peor.
La relación de la Unión Europea con la Unión Africana y la Comunidad para el Desarrollo de África Austral se ha visto perjudicada por la insistencia de los Estados africanos en que se incluya a los zimbabwenses vetados en las reuniones celebradas en Europa. La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE también se ha visto gravemente afectada. Esto no solo socava los principios fundacionales de la NEPAD y de la relación ACP-UE, sino que también significa que no pueden abordarse debidamente los mayores problemas que preocupan a África: la deuda externa, el sida, la seguridad alimentaria, la prevención de conflictos, la gobernanza y los derechos humanos.
En estos momentos, las condiciones en Zimbabwe están fuera de control. Hay una terrible escasez y la opresión está cada vez más extendida y es más brutal. Se ha arruinado y destruido un país que antes era próspero. La negativa de los Estados africanos a tomar la iniciativa en relación con Zimbabwe significa que es incluso más crucial reforzar las sanciones de la Unión Europea contra el régimen del ZANU-PF. Esta Asamblea ya ha pedido su ampliación en seis ocasiones distintas. Hasta la fecha, el Consejo no ha prestado atención a estas peticiones. La prohibición de viajar a la Unión Europea impuesta al régimen de Mugabe ha sido periódicamente violada en su primer año y, posteriormente, mitigada para facilitar la entrada de zimbabwenses vetados a Europa.
La resolución que tenemos hoy ante nosotros reclama la renovación de las medidas de la Unión Europea cuando expiren el 20 de febrero y la introducción de nuevas sanciones duras. Reclama que se rescinda el derecho de residencia en Europa para quienes están sujetos a la prohibición de viajar, que se prohíba el acceso de los miembros de sus familias al empleo y a los centros de enseñanza de la Unión Europea, que se restrinjan los vínculos económicos privilegiados con Zimbabwe que han dado prestigio internacional al régimen, que se identifique a quienes prestan ayuda económica al régimen del ZANU-PF y que se impongan medidas contra ellos. De nuevo, esta Asamblea exhorta al Consejo a que responda a su deseo claramente expresado: medidas reales y efectivas contra el régimen del ZANU-PF en Zimbabwe de inmediato. 
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, el lunes 5 de enero de 2004, el publicó un incisivo artículo titulado «Gases lacrimógenos para Haití» del autor alemán Hans Christoph Buch. ¿Qué tiene que ver esto con la trágica situación en Zimbabwe bajo su Presidente, Robert Mugabe, nuestro tema de debate?
Bueno, el artículo de Buch es una carta abierta al actual Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, un viejo conocido del autor. Buch ridiculiza la postura de Mbeki respecto del régimen del Presidente Aristide in Haití y del Presidente Mugabe en Zimbabwe. Permítanme citarle: «¿Por qué no reclama usted el respeto de los derechos humanos en Haití, y por qué suenan tan apagadas sus protestas contra las continuas violaciones de los derechos humanos en Zimbabwe?».
Al igual que Buch, esta resolución incide de forma explícita en la actitud de Sudáfrica respecto de la situación cada vez peor en Zimbabwe. Consejo y Comisión, ¡que se oigan sus voces! Buch pregunta rotundamente a Mbeki: «¿O quiere dejar a Sudáfrica la opción del camino ya emprendido por Mugabe: la minoría blanca como chivo expiatorio de los fracasos propios?» Esta postura clara es la que exijo a la Unión Europea en las futuras consultas con la Unión Africana. 
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, efectivamente no hemos añadido nuestra firma a esta resolución y quiero decirle por qué. En ningún caso ponemos en tela de juicio la descripción de la miseria en Zimbabwe, y podemos respaldar la condena enérgica del régimen de Mugabe, pero no estamos de acuerdo en señalar con el dedo a los países vecinos y decirles que son ellos los que tienen que apartar a Mugabe del poder. Desde luego queremos que Mugabe deje el cargo. Sabemos que existe una oposición organizada y valiente, pero estamos exigiendo cosas a los países de África austral que nosotros mismos somos incapaces de hacer. ¿Qué están consiguiendo realmente nuestras sanciones? Nada hasta ahora, y debo decirle que los países colindantes son especialmente sensibles a la presión.
Es verdad que la violencia amenaza con propagarse a Sudáfrica, es cierto que se habla de la reforma agraria y que la gente que no tiene nada excepto armas está invadiendo las explotaciones de los blancos para tomarse la justicia por su mano, no solo en Zimbabwe, sino también en Sudáfrica. La reforma agraria en Zimbabwe es un desastre. No ha hecho nada por poner fin a la miseria de la gente, más bien al contrario, ha enriquecido aún más a unos cuantos ricos. Somos perfectamente conscientes de todo ello, pero en lugar de señalar con el dedo a una de las partes solamente, tenemos que buscar medidas eficaces. Incluso los elefantes están huyendo de Zimbabwe a sabiendas de que los parques nacionales están siendo saqueados, que los animales salvajes que los habitan carecen de toda protección y están siendo sacrificados, no solo por los cazadores furtivos, sino por individuos que cazan estos animales por mera desesperación. Al huir la gente de Zimbabwe, llega a los países vecinos. Por eso insto a que reanudemos el diálogo con energía y estudiemos vías de posible ayuda para los regímenes bien intencionados de África austral. 

Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, durante la década de 1990 trabajé de formadora y asesora para una gran organización finlandesa de cooperación para el desarrollo. Zimbabwe era nuestro principal motivo de orgullo, nuestro ejemplo preferido de lo que logra la cooperación para el desarrollo y la auténtica asociación. Constituía la prueba de la prosperidad de África.
¿Qué destruyó a Zimbabwe? No voy a repetir ahora la lista lastimera y aparentemente interminable de factores que menciona la resolución. Sería demasiado. La destrucción ha calado en toda la estructura social de Zimbabwe, desde la atención sanitaria y la educación hasta el movimiento sindical y la agricultura. El antiguo país modelo de África en cuanto a productividad se halla en estado de caos y sus estructuras económicas están hechas trizas. Al incitar al pueblo a ocupar las tierras de forma ilegal, en vez de llevar a cabo una reforma agraria controlada en un plazo de tiempo razonable, Mugabe incumplió la ley de la tierra y devastó con ello el núcleo operativo de la sociedad. Ese es el tema de la cuestión. Cuando se destruye el fundamento del sistema jurídico, las estructuras saltan por los aires una tras otra.
El hecho de que el Presidente Mugabe, en tiempos un luchador a favor de la independencia y un héroe nacional, degenerase en dictador para vigilar a su propio país, constituye una tragedia de nuestros días. Yo fui miembro de una delegación parlamentaria de observadores electorales en Zimbabwe hace algunos años y nos quedamos simplemente atónitos cuando, durante las elecciones, alguien tuvo el valor de declarar que el Gobierno permanecería en el poder, independientemente del resultado.
A pesar de la intimidación, la gente votaba. En Zimbabwe eso podía significar no solo correr riesgos, sino caminar unas cuantas millas hasta el colegio electoral y hacer colas durante horas. Fue una escena memorable para alguien acostumbrada a un sistema en el que resulta fácil votar.
Me gustaría que quienes desdeñan las votaciones y la democracia representativa pudieran ver, al menos una vez, colas como aquellas. Como ciudadanos de la UE, demos nuestro apoyo inequívoco a quienes, a pesar de la opresión, tienen el valor de luchar a favor de la legalidad y los derechos. 
Gahler (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es lamentable que el sufrimiento del pueblo de Zimbabwe se esté convirtiendo en una historia interminable. No existe ninguna evolución positiva en el país que comentar y pocas en el exterior que reportar. El único aspecto positivo que me viene a la mente es que la Commonwealth, al menos, no ha variado su postura respecto de Zimbabwe.
Pero también el Consejo adoptó un planteamiento muy ambivalente durante largo tiempo, cuando la situación empeoró la primera vez hace tres o cuatro años. Dado que las críticas durante los debates sobre asuntos de rutinarios y de carácter urgente a menudo se dirigen contra el Consejo, me gustaría que tales ocasiones no solo estuvieran presentes representantes del mismo, sino que hicieran declaraciones sobre las acusaciones lanzadas contra él.
En lo concerniente a la prohibición de viajar, el Consejo siempre se escuda tras lo que proclama son obligaciones derivadas de acuerdos diplomáticos internacionales, cuando se vuelve a permitir –como suele ocurrir– entrar a los Ministros de Zimbabwe. En ningún sitio dice que se deba conceder a un régimen criminal todo tipo de honores diplomáticos. Por supuesto, se puede tomar represalias diplomáticas contra quienes no son capaces de respetar ningún convenio de derechos humanos. También se pueden embargar las cuentas bancarias de estas personas y congelar el saldo hasta que varíen las circunstancias.
A mi juicio, el Consejo tampoco ha expuesto a Sudáfrica la seriedad de nuestra insistencia en cuanto a que también ejerza la presión necesaria. No creo que podamos quedarnos sentados y esperar a que el problema se resuelva por sí solo. Desde luego, podemos intentar mirar hacia otra parte, pero la situación se hará cada vez más opresiva. Otros diputados ya se han referido a la situación a que se enfrentan las personas, a los muchos millones de ellas que ya se encuentran ilegalmente en Sudáfrica, y para mí esta situación exige hacer presión, que hay que ejercer desde todas partes. No hay razón alguna para que nuestros Gobiernos tengan que mirar a otro lado mientras ocurren estas cosas. 
Vitorino,
    Señor Presidente, la Comisión está siguiendo de cerca todo lo que acontece en Zimbabwe y está profundamente preocupada por la situación humanitaria y de los derechos humanos en este país. A la luz de la nefasta situación política de este país, y como no cabe esperar ninguna señal de compromiso por parte del Gobierno de Zimbabwe de adoptar medidas tangibles para solucionar la situación, no puede justificarse el levantamiento o el relajamiento de las medidas de la Unión Europea contra Zimbabwe. Por lo tanto, la Comisión estudiará la posibilidad de renovar estas medidas otro año más.
La Comisión sigue estando muy comprometida, e incluso ha intensificado este compromiso, con respecto a la prestación de asistencia directa a la población de Zimbabwe en forma de ayuda alimentaria para cubrir sus necesidades esenciales. Este mes se han prometido 20 millones adicionales de euros para operaciones de ayuda alimentaria debido a las grandes necesidades continuas y a falta de otros donantes en el período crucial que dista hasta la cosecha de mayo. Esto incrementa nuestra financiación total de ayuda alimentaria y humanitaria para la temporada actual a 85 millones de euros.
Seguimos prestando un apoyo muy activo a proyectos dirigidos a sectores sociales y relacionados con la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Este tipo de ayuda se excluyó específicamente de las medidas adoptadas contra Zimbabwe para proteger a la población y promover el progreso.
Para concretar más, y en respuesta al Sr. Ribeiro e Castro, quiero recordar a la Asamblea que Zimbabwe es un país destacado en el contexto de la financiación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos 2002-2004. Esta iniciativa debe verse como un instrumento catalítico para lograr resultados significativos en la protección de la sociedad civil y a la hora de garantizar que las voces críticas puedan seguir oyéndose en la sociedad.
La Comisión sigue prestando asistencia en materia de capacitación para ONG de derechos humanos y democracia que realizan una labor fundamental en el terreno de los derechos humanos, así como para agentes de la sociedad civil, reforzando sus capacidades para promover el diálogo interno. En los dos últimos años, 2002-2003, se asignaron casi 2,5 millones de euros a proyectos específicos al amparo de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR).
Por último, la Comisión sigue explorando todas las formas posibles de influir en el Gobierno de Zimbabwe e intenta establecer un diálogo mejorado con sus países vecinos, y especialmente con la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y el Gobierno de Sudáfrica. Apoyará toda presión que pueda ejercer la comunidad internacional, y en particular los jefes de Estado africanos, sobre el Gobierno de Zimbabwe para mejorar la situación política, económica y humana de este país. 
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar inmediatamente después de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
– B5-0014/2004 del Sr. van den Berg y la Sra. Sauquillo Pérez del Arco, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Burundi;
– B5-0017/2004 del Sr. Corrie y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Burundi;
– B5-0021/2004 de las Sras. Maes y McKenna y el Sr. Rod, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Burundi;
– B5-0024/2004 del Sr. Van Hecke y las Sras. Malmström y Flesch, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Burundi;
– B5-0027/2004 del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el asesinato del nuncio apostólico en Burundi;
– B5-0029/2004 del Sr. Collins y otros, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre Burundi.
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo del PSE declaro que apoyaremos este texto de compromiso sobre la situación de Burundi.
A todos nos ha conmocionado el brutal asesinato de monseñor Michael Courtney, el Nuncio Apostólico, un hombre que venía desempeñando un papel esencial en el proceso de paz de Burundi, en una emboscada que le tendieron en la carretera el 29 de diciembre de 2003. Todos los indicios señalan que fue asesinado por el FLN rebelde de Agathon Rwasa. A pesar del asesinato, aplaudimos el hecho de que el FLN haya expresado ahora por primera vez su voluntad de comprometerse y reunirse con el Presidente de la República con vistas a iniciar negociaciones de paz.
El pasado noviembre, el proceso de paz cobró impulso con la firma, el 16 de ese mes, de un acuerdo de paz entre el Gobierno de transición de Burundi y el movimiento de las Fuerzas para la Defensa de la Democracia. Sin embargo, la lucha continua en varias provincias, especialmente en la rural Bujumbura. El Secretario General de las Naciones Unidas ha dicho con razón que el nivel de vida de los burundianos debe experimentar una mejora si no se quiere poner en peligro este proceso de paz.
La situación de los derechos humanos sigue empeorando, y por tanto instamos a la Unión Africana y a sus Estados miembros a ejercer toda la presión posible sobre el FLN para llevarles a la mesa de negociación en un intento de buscar una solución política pacífica. Pedimos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que estudie la constitución rápida y el despliegue de una operación de paz de la ONU para apoyar el proceso de paz en este crucial momento, y para fortalecer y complementar la misión de paz de la Unión Africana, que ya se ha desplegado. Asimismo, pedimos a los países que participan en la Conferencia de donantes para Burundi que garanticen la existencia de fondos suficientes para la promoción y la protección de los derechos humanos. 
Cushnahan (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Burundi ha estado plagada durante muchos años de violencia y tensión entre la minoría tutsi y la mayoría hutu. En 1993 se celebraron elecciones democráticas, lo que generó cierta esperanza de que se resolvería este sangriento conflicto. No obstante, este progreso duró poco, ya que el recién elegido jefe de Estado fue asesinado, lo que desencadenó otra masacre. Desde este período, Burundi ha ido dando tumbos de crisis en crisis, dejando por el camino a miles de personas muertas.
En 2002, Nelson Mandela medió para lograr un alto el fuego, pero después este fracasó. En 2003 se firmó un segundo acuerdo de reparto del poder, que finalmente llevó a tres de los principales grupos rebeldes al Gobierno, aunque, lamentablemente, en varias zonas se sigue luchando y abusando de los derechos humanos. Solo las Fuerzas de Liberación Nacional rechazaron este acuerdo, y este grupo ha sido vicnulado con la muerte del arzobispo irlandés, Michael Courtney, que era el enviado del Vaticano a Burundi.
El arzobismo Courtney estaba muy implicado en el proceso de paz y desempeñaba un papel importante en la consecución de este reciente progreso. Por desgracia, pagó un alto precio por su noble y desinteresada participación en el conflicto de Burundi, cuando un grupo de rebeldes lo asesinó el 29 de diciembre de 2003. Es una tragedia sin sentido y terrible para su familia, amigos y compañeros de la Iglesia.
Tal y como también ha señalado el Sr. Ford, Michael Courtney hizo una valiosa contribución al proceso de paz actual de Burundi y espero que se investigue a fondo su muerte para llevar a los responsables ante la justicia. Quizá la tragedia de su muerte intensifique la presión regional e internacional sobre el FLN para que firme el acuerdo de paz tras sus conversaciones, que deberían haberse iniciado hace tiempo, con el Gobierno, para que no se pierdan más vidas innecesariamente y para que la paz quede definitivamente restablecida en Burundi. 
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, nadie conoce el número exacto de muertes en el genocidio progresivo en Burundi. Se ha citado la cifra de 300 000, una cantidad enorme para una país pequeño, pero lo cierto es que no lo sabemos. El asesinato del Nuncio Apostólico es uno de los últimos actos de estúpida violencia. La ratificación de los acuerdos de paz ha reducido la violencia, pero la situación es altamente inestable.
El FNL, que sigue negándose a participar en ningún acuerdo, se está viendo reforzado por elementos desleales de los antiguos movimientos rebeldes que, a pesar de un acuerdo anterior, continúan resistiendo. Hay milicias armadas que regresan del Congo, otras muchas bandas armadas deambulando y una cantidad ingente de pistolas circulando entre la población, facilitadas por el propio Gobierno, supuestamente para defensa propia de los ciudadanos.
Existen, por supuesto, obstáculos para la aceptación del último grupo de rebeldes, a los que preguntamos: ¿qué motivo real existe para que se les acepte? Quienes aceptan los acuerdos de paz tienen que abandonar su puesto en el Gobierno, y los hutus serán cada vez más minoría en relación a los tutsis. Soy consciente de que son temas muy delicados en Burundi, pero es sabido que los grupos que están de acuerdo con la paz tienen que arrastrar a nuevos signatarios para los acuerdos de paz al precio de sus propios puestos. Ustedes comprenderán que, en África, es algo que resulta muy difícil de hacer.
Hay que fijar un auténtico calendario para los derechos humanos en Burundi, ya que la violación continua de los derechos humanos constituye un escándalo. Por último, las fuerzas pacificadoras de las Naciones Unidas que apoyamos resultan más necesarias que nunca, ya que los pacificadores africanos disponen de recursos insuficientes y no pueden actuar con la debida eficacia. Tal vez podamos mejorar las cosas mientras tanto, ya que este es un asunto de extrema urgencia. Quizá entonces exista menor necesidad de fuerzas pacificadoras procedentes del exterior. 
Malmström (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, por supuesto que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas condena enérgicamente el asesinato del arzobispo irlandés Courtney, y exige que las autoridades efectúen inmediatamente una investigación exhaustiva para averiguar quien le mató. La persona responsable tienen que ser declarada culpable y castigada. La importante labor a favor de la paz realizada por el arzobispo Courtney no debe, en ningún caso, morir con él, sino que ha de pervivir. Además, hacemos extensible nuestra condolencia a su familia y parientes y al pueblo irlandés. Quizás lo sucedido pueda traducirse en que la Presidencia irlandesa intensifique su labor en apoyo del proceso de paz en Burundi.
No está claro quien asesinó al arzobispo Courtney. El movimiento rebelde, el FNL, ha negado toda implicación, pero tampoco apoya el proceso de paz. No obstante, nos gustaría hacer un llamamiento para que depongan las armas y respalden el proceso de paz, y nos complacería poder expresar nuestra alegría por haber accedido realmente a reunirse con el Presidente de Burundi y entablar negociaciones con él. Tal vez, con el tiempo, desemboque en su apoyo al proceso de paz y las negociaciones. Burundi es un país trágico en todos los sentidos, con una enorme miseria en términos sociales y humanitarias, una buena dosis de violencia, sobre todo contra las mujeres, y actos de notable crueldad que implican un desprecio por los derechos humanos. El proceso de paz es muy frágil. Muchas personas son culpables de crímenes de guerra de enorme gravedad. Nos oponemos rotundamente a cualquier intento por conceder a dichas personas cualquier tipo de indulto general de las penas. Por el contrario, Burundi debería llevar a la práctica lo que se decidió en el Acuerdo de Arusha y ratificar la carta de la Corte Penal Internacional (CPI).
Las heridas en Burundi a consecuencia de las 300 000 o más muertes nunca curarán si no se hace justicia y nos se inculpa a los asesinos. Hay que dar la oportunidad a las personas para que salgan adelante y el proceso nacional de reconciliación debe continuar. Respaldamos la creación de una operación pacificadora de las Naciones Unidas y esperamos que la UE haga todo lo que esté en sus manos para apoyar el proceso de paz. Tenemos grandes esperanzas en la Conferencia de Donantes prevista para este mismo año. 
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político acojo con gran satisfacción la propuesta de resolución conjunta sobre la situación de Burundi y, en particular, agradezco el apoyo de todos los partidos en la condena del brutal asesinato del arzobispo Courtney el 29 de diciembre de 2003. Estoy bastante seguro de que la familia y muchos amigos del arzobispo Courtney agradecerán el apoyo del Parlamento Europeo en estos momentos. 
Muchos de los que estamos aquí en Estrasburgo conocíamos a Michael Courtney de cuando trabajaba como observador ante este Parlamento. Llegamos a conocerle y a admirarle como un hombre dedicado a su vocación, su trabajo y a la paz. Fue a Burundi como Nuncio Apostólico y allí fue, cuando volvía de una visita pastoral a una de sus diócesis, donde le asesinaron. Hemos perdido a un verdadero amigo. Quiero decir a la Asamblea que cuando conoció su nombramiento nos contó a algunos colegas parlamentarios y a mí que tenía una premonición con respecto a su marcha, pero no le dio importancia y se dispuso a cumplir su misión allí.
Hemos perdido a un amigo valiente y destacado y quiero expresar mi agradecimiento a la Presidencia irlandesa por el reconocimiento de la vida y el trabajo del Arzobispo Courtney que hizo An Taoiseach Bertie Ahern durante su respuesta al debate de ayer.
Es típico de este hombre que muriera intentando cumplir su misión de paz. Me complace en especial que la resolución del Parlamento reconozca y agradezca el método silencioso y eficaz del arzobispo Courtney para contribuir al proceso de paz y aliviar el sufrimiento del pueblo de Burundi. Había desempeñado un papel decisivo a la hora de persuadir a algunos de los grupos rebeldes para que dejaran la lucha armada y había contribuido a garantizar la liberación de rehenes el pasado mes de junio. Deseo sinceramente que ahora se reconozca su legado como hombre de paz que trabajó incansablemente por todos los necesitados.
La opción militar en Burundi debe abandonarse de una vez por todas. Es preciso aplicar pronto los recientes acuerdos de paz. Han de parar las continuas hostilidades y los abusos de los derechos humanos. Las iniciativas de la comunidad internacional, centradas en la consecución de un acuerdo político, deben garantizar que las cuestiones de los derechos humanos se aborden en todas las fases del proceso de paz y democratización. 
Posselt (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, estamos conmocionados por el asesinato del arzobispo Courtney, a quien, durante los cinco años que estuvo aquí en Estrasburgo, conocimos como diplomático, como pastor y también como amigo personal. Simplemente tengo que decir que fue una de las figuras eclesiásticas realmente grandes en la tradición de los grandes clérigos irlandeses de la Edad Media, que siempre estuvo comprometido activamente con la causa de la paz y la humanidad; fue él quien hizo posible que nos reuniéramos, aquí en Estrasburgo, en un servicio litúrgico una vez al mes, algo que inició con unos pocos de nosotros en esta Cámara.
Recuerdo todavía cómo se despidió el arzobispo Courtney de nosotros cuando partió hacia Burundi para dedicarse activamente al proceso de paz allí. Tan pronto como su avión aterrizó en aquellas tierras fue tiroteado; hubo cohetes para darle la bienvenida. Luego, con riesgo de su propia vida, vivió cinco años participando en el proceso de paz, recurriendo a la amplia experiencia que había acumulado de sus misiones en lugares problemáticos en cuatro continentes. Tenía que haber viajado a Cuba esta semana para tomar posesión como Nuncio Apostólico allí y ayudar a implantar los derechos humanos y la libertad de religión. Su asesinato misterioso, brutal y deliberado puso fin a tal propósito. Honraremos su memoria.
Pero a él seguro que no le gustaría que su muerte constituyera la única razón de nuestro interés por Burundi y olvidar, por tanto, que el asesinato es un acontecimiento diario en ese país. En los últimos años, más de 200 000 personas han sido asesinadas allí, no por lo que denominamos conflictos étnicos, sino debido a una política deliberada de genocidio, y el hecho de que la situación en la cercana Rwanda sea aún peor, y que en los países vecinos, Uganda y el Congo, no sea mejor, no debería ocultarnos el hecho de que tenemos una obligación especial con esa región, atormentada como está por las matanzas étnicas que no conocen fronteras. Europa tiene obligaciones aquí y nuestro respeto por el arzobispo Courtney y por su legado exige que actuemos de forma apropiada. 
Vitorino,
    Señor Presidente, la Comisión se une a la enérgica condena del brutal asesinato el pasado mes del arzobispo Michael Courtney, y expresa su más profunda solidaridad con su familia y la Santa Sede. La Comisión exhorta al Gobierno de Burundi a encontrar y llevar a la justicia a los responsables de este atroz crimen.
La Comisión recibe con cierto optimismo la noticia de que el movimiento armado, el FNL, está dispuesto a negociar con el Gobierno transitorio de Burundi. Tenemos grandes esperanzas de que finalmente estas negociaciones desemboquen en un acuerdo de alto el fuego y en la integración de este grupo en el Gobierno provisional.
Los acontecimientos del año pasado han demostrado que la consolidación del proceso de paz es posible. La Comisión ha seguido de cerca y ha apoyado firmemente el proceso de paz en Burundi, mediante los instrumentos a su alcance para relajar el conflicto y promover la reconciliación. Por ejemplo, facilitamos ayuda alimentaria a los combatientes para apoyar el alto el fuego de diciembre de 2002 y utilizamos el mecanismo de reacción rápida para respaldar el despliegue de observadores de la Unión Africana en abril de 2003.
La Comisión no esperó al establecimiento del servicio de apoyo a la paz para preparar un programa de emergencia encaminado a contribuir al mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Burundi y para poner a disposición de la Misión Africana en Burundi 25 millones de euros, manteniendo la paz sobre el terreno. El acuerdo de financiación de este programa, que intenta contribuir de forma oportuna a la paz, se ha firmado en Bruselas esta mañana durante la visita del Presidente de Burundi. La Comisión también contribuye a la reconstrucción económica y social. Nuestro programa de rehabilitación asciende a 48 millones de euros y se centra en infraestructura económica y social destruida por la guerra civil.
El pasado agosto la Comisión firmó con Burundi el programa indicativo nacional para el Noveno Fondo Europeo de Desarrollo . Este programa, de 172 millones de euros, facilitará una ayuda presupuestaria muy necesaria y promoverá el desarrollo rural y la gobernanza, incluido el apoyo a las instituciones transitorias.
Tal y como ha confirmado la Comisión en la Conferencia de Donantes de Burundi, este nuevo programa viene a sumarse a los programas en curso, que ascienden a unos 200 millones de euros. La asistencia humanitaria, a través de ECHO, se mantendrá en 2004, y se han asignado 15 millones de euros para esta ayuda. Por lo tanto, es preciso dejar claro que la Comisión tiene los medios y el deseo de hacer una contribución sustancial al proceso de paz y a la reconstrucción de Burundi. 
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
– B5-0015/2004 del Sr. van den Berg y las Sras. Junker y Carlotti, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación en Haití;
– B5-0018/2004 de Mel Sr. Khanbhai, Gawronski y Posselt, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre la situación en Haití;
– B5-0019/2004 de la Sra. Schörling y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Haití;
– B5-0025/2004 de la Sra. Flesch, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en Haití;
– B5-0028/2004 del Sr. Marset Campos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Haití;
– B5-0031/2004 del Sr. Andrews, en nombre del Grupo Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación en Haití;
– B5-0032/2004 de la Sra. Sandbæk, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Haití.
Junker (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, llegamos ahora a otro tema de debate extraordinariamente triste. Haití era considerado en tiempos pasados una chispa de esperanza para los esclavos deportados de África a América, que pudieron unirse para fundar allí una república libre.
Hoy, 200 años después de que Haití lograra la independencia, no podemos afirmar sino que es pobre, está arruinada y está siendo arrasada por la violencia como jamás lo había sido, y quienes han visto de cerca el lugar son presa de gran pesimismo.
He estado en dos ocasiones con el Presidente Jean-Bertrand Aristide. La primera fue hace una serie de años, cuando todavía era considerado el astro emergente de la posible democratización en Haití. Los que habían salido en gran número a elegirle por amplia mayoría tenían la esperanza de que, al haberse librado de la dictadura de Papá y Baby Doc Duvalier, poder llevar una vida nueva con un futuro brillante. Desgraciadamente, esto resultó ser un grave error y él también fue depuesto del cargo. Durante su exilio, le introdujimos secretamente en la Asamblea Conjunta ACP-UE en Santo Domingo, ya que nosotros también pensábamos que Haití podría disfrutar de un futuro brillante bajo Aristide.
Mi segundo encuentro con él fue después de la Asamblea Conjunta ACP-UE en Nassau, cuando tuve el honor de encabezar una delegación enviada por la Comisión de Desarrollo y Cooperación a Haití. En este encuentro quedó claro que estamos frente a un hombre que ya no se acuerda de dónde procede, pero a mi juicio eso no es lo peor. Estamos hablando con alguien cuyas opiniones son afines al fascismo –no cabe expresarlo de otra forma– y que trata todas las instituciones democráticas con el mayor desprecio. Y así ocurre que Haití lleva tres días sin Parlamento, ya que el mandato de los diputados expiró el 12 de enero y no hay ninguna perspectiva de nuevas elecciones. Es cierto que quedan unos cuantos senadores en la Cámara Alta, pero eso no legitima nada. Lo que estamos presenciando es la incapacidad de celebrar elecciones, la falsificación de votos, la intimidación del electorado, del cual –como ya quedó patente la última vez– solo un 5% ejerce el voto, ya que la mayoría prefiere quedarse en casa donde se siente más segura. Esa es la vida política cotidiana en Haití.
No siempre resulta posible separar las fuerzas políticas de las criminales. Los escuadrones de la muerte eliminan a aquellos elementos de la oposición que caen en desgracia del régimen, y los periodistas que tratan de preservar algo así como unas normas de información independiente son perseguidos e incluso asesinados. Podría prolongar este relato durante horas. Tenemos que apoyar a esas fuerzas que luchan contra tales abusos; se están formando caravanas de la esperanza. Deberíamos apoyar a estas fuerzas con la esperanza de que los acontecimientos en Haití evolucionen para mejor.
Gahler (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, como acaba de decir la Sra. Junker, Haití ha sido independiente durante 200 años, y cuando la terrible dinastía Duvalier de Papá y Baby Doc llegó a un tardío final hace más de diez años, pensamos que las cosas solo podían ir a mejor y, efectivamente, al principio así fue hasta cierto punto. El Sr. Aristide constituía la esperanza de muchas personas, pero todos podemos constatar lo que ha ocurrido desde entonces.
No solo somos los europeos quienes tenemos que preguntarnos en qué nos equivocamos con nuestra política durante muchas décadas, lo que hicimos o dejamos de hacer: los norteamericanos también lo tienen que hacer, ya que están más próximos, hablando en términos geográficos. ¿Por qué ha evolucionado así la parte occidental de la gran isla de La Española? Desde luego, no todo es ideal en la República Dominicana, al otro lado de la frontera, pero el hecho de que millones de europeos y norteamericanos la visiten como turistas y, al menos, aporten algo de dinero al país, constituye un indicador de que las cosas no tienen por qué ser tan terribles. La situación dista de ser ideal, pero esto demuestra que se puede residir en ese lugar con un cierto grado de seguridad.
Es innegable que tenemos que preguntarnos qué hicimos mal. Esta Cámara ha venido formulando peticiones muy concretas a Haití; hay que detener los asesinatos políticos; los miembros del partido gobernante tienen que ser obligados a defender la justicia y mantener la ley; las milicias, las brigadas armadas y las denominadas brigadas especiales de la policía tienen que ser disueltas y desarmadas, y debe entablarse un diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición, de forma que la caravana de la esperanza pueda llegar a su destino. Lo que sería mejor –y lo que nosotros exigimos– es que todo ello se realizara con la mediación de las Naciones Unidas, y que hay que volver a crear la Misión de las Naciones Unidas para que trabaje junto con la policía de Haití.
Han de crearse las condiciones en las que se pueda volver a levantar la suspensión del Acuerdo de Cotonú de conformidad con el artículo 96, ya que nuestro apoyo es una necesidad urgente, sobre todo en los ámbitos de la educación y la sanidad. 
Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, habría estado bien que, por una vez, pudiéramos inscribir en el orden del día de nuestros debates un acontecimiento feliz relativo a un Estado ACP: el bicentenario de la independencia de Haití, independencia que puso fin a decenios de servidumbre y explotación de todo un pueblo. Pero ¿qué celebraciones podríamos organizar y qué felicitaciones podríamos dirigir hoy al Gobierno haitiano, tal ha sido el hundimiento de este país, en que todo optimismo ha quedado reducido a la nada? Un círculo vicioso ha pervertido las esperanzas y extinguido el símbolo que era Haití. 
El Presidente Aristide, en otra época el abanderado de la democracia, y restablecido en el poder por una intervención norteamericana, ha sumergido a Haití en las angustias del tercer mundo. Este Estado se ha hundido en la caricatura del pobre entre los más pobres del continente americano y de los países ACP. Una economía social hundida estrangula a la población y espanta las ayudas regionales e internacionales, mientras el mercado negro prospera en manos de los más altos dignatarios del régimen. Además, las catástrofes medioambientales de la deforestación y las inundaciones han martirizado todavía más a este pueblo desesperado. 
Sin embargo, sería poner el último clavo en el ataúd de los haitianos bajar los brazos ante semejante caos. Esta independencia de dos siglos ha demostrado los recursos, la voluntad y los ideales de este pueblo, que pueden ser los fermentos de un renacimiento de la democracia y la prosperidad. Pero la condena del régimen y de la situación actual no puede ocultar las dificultades existentes ni los abusos cometidos por los Estados de la región o de Occidente en el marco de su régimen de ayuda. 
Recordemos que ni siquiera el llamamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) encontró el eco necesario para la concesión de ayuda humanitaria. El desconcierto de la comunidad internacional no puede traducirse en una desinversión de medios y de atención. El acuerdo de cooperación de la UE debe adaptarse a la situación actual, de común acuerdo con organizaciones regionales e internacionales. No debemos dejar intimidarnos por Haití, sino verlo como un desafío y un laboratorio de transición para la UE en su cooperación con los ACP. Manteniéndonos firmes, debemos favorecer el diálogo con la sociedad civil, y pedir un mediador a la ONU para llegar a un acuerdo político duradero, a fin de ayudar al pueblo haitiano a volver al camino de la democracia y el desarrollo sostenible.
Cauquil (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la situación en Haití es catastrófica debido a la violencia de las bandas armadas en las que se apoya el régimen, pero más aún debido a la abyecta miseria de la mayoría de su población. Su Jefe de Estado, el Presidente Aristide, no merece sin duda la menor simpatía, aunque solo sea porque ha traicionado las esperanzas que su pueblo había depositado en él. Pero no se puede sino experimentar una inmensa repugnancia cuando los representantes políticos de las grandes potencias, en particular de Francia y los Estados Unidos, que tienen una responsabilidad aplastante en la suerte de Haití, se ponen a dar lecciones o a moralizar. 
En efecto, si este país, que hace dos siglos era uno de los más ricos del Caribe, se ha convertido en uno de los más pobres del mundo, es porque nunca dejó de ser saqueado y porque Francia, antigua potencia colonial, no le perdonó nunca que hubiera conquistado su independencia por las armas y gracias a la revuelta de los esclavos. Durante decenios, el Haití independiente sufrió, por parte de Francia, pero con la complicidad de los Estados Unidos y del Reino Unido, un bloqueo para imponer a este país el pago de una indemnización a los antiguos propietarios de esclavos. 
Sin duda es un afán de popularidad lo que mueve a Aristide a reclamar hoy el reembolso de esta suma colosal que tuvo que pagar Haití hasta el siglo XX. Pero su reivindicación se basa en una exigencia histórica legítima: devolver esta suma robada, que permitiría al país dotarse de infraestructuras, de una red viaria, de un sistema de traída de aguas y de un sistema sanitario, del cual prácticamente carece, y esto sería solo el comienzo.
Más en general, sacar de la miseria a este pequeño país situado a corta distancia por mar de los ricos Estados Unidos y permitir a su población ganarse la vida solo representaría para las grandes potencias una suma irrisoria. Pero en lugar de ayudar a Haití, las grandes potencias siguen hundiéndolo con su pillaje, aunque solo sea pagando, en las pocas empresas francesas o norteamericanas instaladas en este país, salarios escandalosamente bajos, y llevándose a los Estados Unidos todos los beneficios obtenidos a costa de los trabajadores haitianos en lugar de hacer inversiones productivas. Precisamente mostrando nuestra solidaridad con el pueblo haitiano podremos distanciarnos de las declaraciones cínicas e hipócritas de quienes pretenden defender sus libertades.
Sandbæk (EDD ).
    Señor Presidente, es tremendamente triste que la forma en que nosotros, aquí en el Parlamento Europeo, estemos celebrando el 200 aniversario de la ruptura de Haití con la opresión y la esclavitud sea mediante una declaración sobre la dramática situación del país.
No quiero agotar mi turno de intervención repitiendo todo lo que mis colegas han dicho sobre el Presidente Aristide. Las injusticias históricas son muy difíciles de corregir, y la reconstrucción de un país no solo exige el dirigente adecuado, sino también las instituciones correctas para controlarle.
Hay una serie de cosas que han ocurrido de forma totalmente equivocada en Haití. No funciona el Parlamento, los tribunales ni la policía, y llegan informes diarios de graves violaciones de los derechos humanos. El derecho más básico, el de la alimentación, está siendo violado hasta grados increíbles. La mitad de la población pasa hambre, y el 23% de todos los niños haitianos menores de cinco años padecen desnutrición crónica, factores que representan una amenaza directa para las perspectivas de futuro de Haití.
La UE y la comunidad internacional no pueden, y no deben, contemplarlo de forma silenciosa. La ayuda humanitaria debe estar a la altura de las necesidades reales de la población haitiana, y se ha de ejercer la máxima presión política posible para conseguir que los partidos establezcan un diálogo y trabajen en busca de una solución política. La solución política constituye la única forma de reinstaurar un sistema que proporcione la certeza legal y el respeto de los derechos humanos, y la única opción para resolver los problemas estructurales que han arrastrado a Haití hasta el borde de la hambruna. 
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, hablo en apoyo de mi colega, la Sra. Junker, que ha hablado en nombre del Grupo.
Haití es el país más pobre de las Américas; el 80% de su población vive por debajo del umbral de pobreza. Tiene una de las esperanzas de vida, uno de los índices de analfabetismo y uno de los indicadores de salud más bajos de una región que, como ha señalado alguien, ya es de por sí bastante pobre. La crisis política, social y económica ha empeorado mucho en los últimos cuatro años. La mitad de la población sufre desnutrición; es difícil acceder a agua limpia y allí donde se han eliminado las exportaciones tradicionales florecen el tráfico de drogas y la corrupción.
Peor aún, la recién creada Policía Nacional Haitiana ha sido capaz de establecer el Estado de derecho y ha sido objeto de graves críticas de grupos de derechos humanos por abusos contra los manifestantes que protestaban contra el Gobierno del Presidente Aristide y por no protegerlos de las milicias progubernamentales que empuñan machetes y armas.
Condenamos toda la violencia y los asesinatos políticos. Instamos al Gobierno haitiano, a la oposición y a la sociedad civil a emprender un diálogo constructivo, quizá en el marco de una conferencia nacional para allanar el camino que lleve a unas elecciones legislativas libres y justas. Exhortamos al Consejo y a la Comisión a utilizar todos los medios políticos y diplomáticos para animar a las autoridades haitianas, a los partidos de la oposición y a la sociedad civil a facilitar este diálogo.
Mientras tanto, pedimos que se restablezca la misión de las Naciones Unidas para trabajar con la policía haitiana, para disolver las llamadas brigadas especiales, tal y como ha propuesto el enviado especial de la ONU, y para desarmar a las milicias. Este sería el primer paso en el que tal vez sea el camino hacia la solución. 
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, me complace poder expresar a esta Cámara las felicitaciones de la Plataforma Neerlandesa sobre Haití por esta propuesta de resolución conjunta. Al mismo tiempo, como cristiano y firmante de la petición, pongo en práctica la sabia frase bíblica: «dejad que sean otros labios los que os alaben». En los contactos con los trabajadores sobre el terreno, yo siempre pregunto qué ayuda práctica puede proporcionar la Unión Europea. Respaldo gustosamente las propuestas que los expertos sobre Haití han formulado al Consejo y la Comisión: en primer lugar, que habría que apoyar los programas de producción local de alimentos y de mejora de la asistencia sanitaria; en segundo lugar, vigilancia minuciosa de la situación de los derechos humanos sobre el terreno por parte de la delegación europea en Puerto Príncipe, remitiendo informes detallados al Parlamento; y por último, el respaldo de un diálogo constructivo entre Gobierno, oposición y sociedad civil de acuerdo con el apartado 3 del proyecto de resolución. Los ataques durante esta semana a varias emisoras de radio en Haití, que son la fuente de información para la población del país, subrayan una vez más la urgente necesidad de la intervención europea en Haití. 
Vitorino,
    Señor Presidente, la Comisión Europea comparte la preocupación por la situación política, económica y social en Haití y en especial por la falta de un acuerdo que aporte una solución a la crisis política del país.
Animamos a todas las partes de Haití a respetar la Resolución 822 de la Organización de Estados Americanos y a trabajar por el establecimiento de un acuerdo político rápido. Este es necesario para permitir la próxima celebración de elecciones libres y justas en un clima de seguridad y respeto mutuo.
Un elemento básico de la resolución de la crisis es la formación de un consejo electoral digno de crédito. A pesar del anuncio de las elecciones, este elemento básico sigue sin cumplirse.
La Comisión recuerda que durante los tres últimos años Haití ha estado sometido a medidas apropiadas adoptadas al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú. El pasado diciembre, el Consejo decidió prorrogar las medidas un año más. En virtud de estas medidas se ha suspendido una parte de la ayuda comunitaria a Haití. Sin embargo, la Comunidad sigue prestando suficiente apoyo en beneficio directo de la población haitiana. Se llevan a cabo acciones encaminadas a fortalecer la sociedad civil y el sector privado, apoyar la democratización y reforzar el Estado de derecho, luchar contra la pobreza y prestar asistencia humanitaria y de emergencia. La Unión Europea quiere seguir estando presente en Haití y promover una solución a la crisis política.
El respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho son elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú. Estos elementos no se aplican en Haití. La normalización de las relaciones de la Unión Europea con Haití depende del cumplimiento por parte del Gobierno de las condiciones de la resolución de la OEA. En una carta enviada a principios de enero de 2004 por la Comisión y el Consejo al Gobierno de Haití informándole de la prórroga de las medidas apropiadas, la Unión insta al Gobierno a que traduzca rápidamente su compromiso de cumplir los requisitos de la Resolución 822 de la OEA en acciones concretas, lo que propiciaría unas elecciones nacionales y locales libres y justas. La Comisión está lista para prestar ayuda en las elecciones de Haití si se celebran de acuerdo con la resolución.
En los últimos años, ECHO ha respondido a desastres naturales, principalmente inundaciones, financiando operaciones de ayuda. Además, Haití ha sido una prioridad en los programas de ECHO, que respaldan las actividades dirigidas a mejorar la preparación de la población más vulnerable ante posibles catástrofes. La financiación actual de estos proyectos en Haití asciende a más de 1 millón de euros. La creciente preocupación de la Comisión por el deterioro de la situación del país se refleja en el hecho de que Haití ha sido incluido en una lista de crisis olvidadas en la estrategia 2004 de ECHO.
El Parlamento puede estar seguro de que la Comisión promueve activamente una solución a la crisis política en Haití y que utiliza los medios a su alcance para responder a las necesidades urgentes de la población haitiana. 
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Vitorino.
El debate conjunto queda cerrado y vamos a pasar a la votación.

(1)
–La Conferencia de Presidentes ha aprobado, en la reunión de esta mañana, una modificación del título de este informe, que ahora dice «un marco comunitario para las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines». Los servicios se ocuparán de que se entregue el título modificado en todas las versiones lingüísticas.
Echerer (Verts/ALE ),
   – Señor Presidente, quiero presentar otra enmienda oral. No teman: no plantea ningún aspecto nuevo. He observado que una de las enmiendas ha sido traducida de forma incorrecta, y considero que no refleja adecuadamente la opinión de la Comisión. El texto del punto 8, que también les he hecho llegar, debería decir lo siguiente: «Observa que, debido a la ampliación de la Unión Europea, es necesario adoptar medidas adecuadas y puede ser necesario emprender acciones en el ámbito de la gestión colectiva de derechos». Creo que sus Señorías no deberían tener ningún reparo en votar a favor de esto. 

Martin, Hans-Peter (PSE ).
   – Señor Presidente, soy parte interesada en este asunto y por ello no he participado en el debate ni voy a votar. 


El Presidente.
   – El Parlamento ha agotado su orden del día.(1)
Deseándoles a todas y a todos un excelente regreso a sus tierras, declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.


Podrían aceptarse 15 enmiendas en su totalidad:
29, 34, 52, 66, 67, 70, 94, 143, 146, 150, 152, 165, 192, 195 y 196.
Podrían aceptarse 67 enmiendas al menos parcialmente, o en espíritu, o con adaptaciones:
5, 8, 9, 12, 24, 26, 31, 32, 39, 40, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 68, 71, 73, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 106, 110, 114, 116, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 151, 154, 159, 160, 161, 162, 164, 181, 184, 185, 189, 190, 193, 194, 198, 199, 200 y 207.
Hay que rechazar 110 enmiendas:
2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 57, 59, 60, 61, 64, 69, 72, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 92, 98, 100, 104, 107, 108, 109, 112, 113, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 145, 147, 148, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 166, 167, 168, 178, 179, 180, 182, 183, 186, 187, 188, 191, 197, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215.
