Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 24 de octubre de 1997.
Como algunos colegas han sido informados, el Presidente del Parlamento Europeo ha sido sometido a una pequeña intervención quirúrgica benigna de apendicitis. Este es el motivo por el que le sustituyo en la tribuna para abrir la sesión. En nombre de todos nosotros le deseo una pronta recuperación.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión del viernes 24 de octubre ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

McIntosh
Señora Presidenta, hago uso de la palabra sobre una cuestión de orden y para preguntar si puede el Comisario acudir al Parlamento hoy para hacer una declaración urgente sobre el bloqueo de los camiones franceses y sobre la infracción por Francia de los Tratados de Roma. ¿Podría confirmar si va a estar con nosotros el Comisario hoy para hacer una declaración?

El Presidente
Queridos colegas, pido a todos aquellos que se disponen a presentar cuestiones de orden sobre el mismo tema, que tengan la amabilidad de escuchar, porque en unos instantes les haré una propuesta que va enteramente en el sentido que ustedes desean.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, no debe considerarnos un apéndice, ni siquiera una apendicitis, a los que nos encontramos a este lado del hemiciclo. Si la Sra. McIntosh hubiera seguido los debates que han precedido a su anuncio, señora Presidenta, sabría que ha sido el Grupo de los Liberales el que ha solicitado este debate y que el mismo tendrá lugar.

El Presidente
Señor Wijsenbeek, enumeraré a todos los grupos que han presentado esta solicitud, para que todo quede perfectamente claro.

Hardstaff
Señora Presidenta, me refiero a algo que no figuraba en el Acta del viernes del anterior período parcial de sesiones, porque no pude incluir mi observación.
El jueves pedí por escrito que se hiciera una corrección inmediatamente después de la votación relativa a la directiva sobre el chocolate a fin de modificar mi voto sobre la enmienda nº 25. Pero el viernes no se corrigió en la lista de votaciones del Acta. Intenté plantear ese asunto, pero, pese a que los servicios del Parlamento sabían que iba a intentar plantear una cuestión de orden -circunstancia que no se daba en el caso de todos los demás diputados llamados a intervenir-, el Presidente se negó y volví a verme obligado a formularla por escrito. Le pido que me garantice que se corregirá la votación en el Acta del jueves de conformidad con las dos cartas que he enviado.

El Presidente
Señora Hardstaff, haremos constar en el Acta de hoy su declaración relativa a la votación a la que acaba de hacer referencia.

Van Bladel
En las Actas del pasado 23 de octubre se han colado unos errores molestos que tengo que corregir absolutamente, Señora Presidenta. Hablé entonces de la contratación de mercenarios por parte del gobierno de Luanda y la adquisición de unos aviones C-130 que llevaron a continuación al trono al ex-dictador en Congo-Brazzaville. En el informe no viene Luanda sino Ruanda. Se habla de un suministro de 130 aviones americanos. Eso hubiera sido el suministro del siglo, Señora Presidenta. No se trata de eso naturalmente.

El Presidente
Señora van Bladel, en realidad, su observación se refiere a las Actas literales. Dicho esto, puedo comunicarle que sus palabras serán recogidas en el Acta del día de hoy, con el fin de rectificar las cosas como usted desea.
(El Acta queda aprobada)

Macartney
Señora Presidenta, se trata de una importante cuestión reglamentaria relativa a la aplicación del apartado 5 del artículo 123 de nuestro Reglamento al artículo 102, relativo a las lenguas. Se refiere, en particular, a las importantes variaciones que aparecen en las diversas versiones lingüísticas del informe Fraga. Hay diferencias entre las versiones lingüísticas y también entre la versión aprobada por la comisión y la que tenemos ante nosotros. Tiene usted un dilema, si ocupaba la Presidencia en aquel momento.
La semana pasada señalé ese problema a la atención de los servicios del período de sesiones. Escribí personalmente al Secretario General al respecto y temo que, si llegamos a votarlo mañana, no tenga usted otra opción que la de declarar inválida la votación sobre el informe Fraga. En lugar de crearle esa dificultad, estaría dispuesto a escuchar las opiniones de los Grupos grandes sobre si preferirían devolverlo a comisión, lo que me parece una posibilidad. La otra opción es aplazar la votación hasta que logremos solucionar los problemas lingüísticos. No podemos votar sobre esto mañana. Sería totalmente absurdo.

Aelvoet
Señora Presidenta, el informe del que acaba de hablar nuestro colega Macartney pone de relieve problemas en diferentes niveles. En primer lugar está el hecho de que se trate de un informe de iniciativa de la Comisión de Pesca, pero en el que la Comisión de Pesca dejó de solicitar las opiniones de las Comisiones que siempre deben ser consultadas para que den su opinión. En especial la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que no está. La opinión de la Comisión de Medio Ambiente, que no está. La opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que no está. A propósito de esto, me gustaría referirme al hecho de que exista una decisión muy reciente de la Conferencia de Presidentes de Comisiones en la que se acordó en este Parlamento que también aunque se trate de un informe de iniciativa, se ha de respetar en cualquier caso el procedimiento de opinión. Este no ha sido el caso en relación con el informe de la Sra. Fraga Estévez.
En segundo lugar, me gustaría que prestaran atención a que la semana pasada hubo una votación en la Asamblea paritaria ACP-UE, entre la ACP y la Unión Europea, diametralmente opuesta a algunos puntos de este informe. Por lo tanto no me parecería normal que este asunto se dejara de lado. Por estas razones creemos que se pide con razón, con toda la razón, la devolución del informe a la comisión.

El Presidente
Queridos colegas, no podemos abrir un debate sobre esta cuestión. No obstante, algunas personas desean intervenir y voy a darles la palabra.

Provan
Señora Presidenta, este informe de la Sra. Fraga es un informe de iniciativa propia y muy importante para el futuro de la Política Pesquera Común. Quisiera decir a esta Asamblea que la Sra. Fraga ha actuado de forma impecable como ponente. Entregó un informe al que se habían presentado 460 enmiendas. Después retiró su informe y redactó otro sobre el que la mayoría de la Comisión de Pesca pudo llegar a un acuerdo. Constituye un ejemplo excelente de cómo debe actuar un ponente al orientar la labor del Parlamento y la labor de las comisiones.
Así, pues, confío de todo punto en que esta Asamblea desee mantener el informe ante la Asamblea, porque, pese a uno o dos problemas lingüísticos menores, que los servicios pueden solucionar, la mayoría de los Grupos desean mantener el orden del día y hacer avanzar adecuadamente la labor de esta Asamblea.

Green
Señora Presidenta, esta mañana he planteado esta cuestión en mi Grupo, porque el Grupo ARE me la había planteado varias veces, al señalar que había importantes errores técnicos y lingüísticos. La inmensa mayoría de mi Grupo ha considerado que nada insuperable había en el informe que tenemos hoy ante nosotros. Así, pues, creemos que se debe mantenerlo tal cual en el orden del día.

El Presidente
Las cosas están, por tanto, perfectamente claras. En cualquier caso, como ustedes saben, hemos aprobado el orden del día. Por consiguiente, no podemos someter a votación la devolución o no de este informe. Únicamente en el momento en que procedamos al debate de este punto podrá plantearse la cuestión, pero considero importante que se faciliten las aclaraciones pertinentes.

Gallagher
Señora Presidenta, quiero apoyar la petición del Sr. Macartney de devolución a comisión. Cuando había más de 460 enmiendas y se presentó el informe de transacción con muchas enmiendas, en la comisión no tuvimos oportunidad de votar dichas enmiendas y debemos tenerla ahora.
En la versión inglesa del informe hay varias discrepancias con las versiones española y francesa. Además, en la versión inglesa figuran expresiones enteramente nuevas que no figuran en las otras versiones del texto. Lo más justo y razonable es que pidamos un aplazamiento hasta que los diputados a esta Asamblea y los miembros de la comisión hayan tenido tiempo de examinar y, en caso necesario, modificar el informe.
En conclusión, si bien la Sra. Fraga ha dado a usted, o a la secretaría, una lista con las recomendaciones para la votación, no cuenta con la aprobación de la Comisión de Pesca para hacerlo y no habla en nuestro nombre.

El Presidente
Señor Gallagher, usted, como yo, conoce el Reglamento. Normalmente, las peticiones de devolución a comisión no deben hacerse ahora, sino en el momento en que comience el debate sobre el informe de la Sra. Fraga Estévez, o en el momento de la votación. Siendo así, creo que es mejor solucionar este problema mientras los colegas están presentes. Decido, por tanto, proponerles que votemos, ya que hemos escuchado a unos y otros.
(El Parlamento decide el mantenimiento del orden del día)

Novo
Señora Presidenta, Señorías, el pasado viernes, un fuerte temporal se abatió sobre la región autónoma de las Azores. Por desgracia, a consecuencia de las inundaciones y desmoronamientos de tierra que las lluvias torrenciales provocaron, hay que lamentar la muerte de 29 personas. Murieron 29 personas sepultadas por el cieno en la pequeña aldea de Ribeira Quente, municipio de Povoacão, en la isla de San Miguel. No quiero, ahora y hoy, hablar de los perjuicios materiales y de lo mucho que hay que hacer para reparar y prevenir situaciones futuras. Sin duda volveremos a plantear este asunto en el próximo período de sesiones de Estrasburgo.
En este momento, le pido tan sólo, señora Presidenta, que nos solidaricemos con las familias de las 29 personas que murieron y que, en nombre del Parlamento, en nombre de todos los colegas aquí presentes, se dirija a todas las familias de las víctimas, a la población de Ribeira Quente, a las autoridades locales, regionales y nacionales, para manifestar a todos, sin excepción, el profundo testimonio de nuestra consternación y nuestro pesar. Estoy seguro, señora Presidenta, de que interpretará esta petición y que lo hará de inmediato.

El Presidente
Señor Novo, puedo asegurarle que actuaremos en ese sentido y dirigiremos un mensaje de solidaridad y simpatía a todos aquellos que se han visto afectados por este drama y que, naturalmente, como usted ha propuesto, en Estrasburgo decidiremos sobre una serie de disposiciones concretas que permitan paliar esta catástrofe.

Macartney
Señora Presidenta, tengo, la verdad, que protestar por la forma como ha abordado usted esta cuestión de devolución a comisión. En primer lugar, nos aseguró usted que el procedimiento normal era el de esperar hasta que se llegara a ese punto del orden del día, antes de someter a votación la devolución a comisión. No estábamos examinándolo, pero de repente pasó usted a la votación. Eso impidió a nuestro Grupo pedir una votación nominal. Se trata de una cuestión extraordinariamente importante y debo hacer constar mi protesta por que se apartara usted del procedimiento que usted misma describió al comienzo del período de sesiones.

El Presidente
Señor Macartney, creo, por el contrario, que he hecho todo lo posible para darle satisfacción. Normalmente, como usted sabe perfectamente, no habría debido proceder a esta votación, ya que ésta sólo puede hacerse en el momento en que, de conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe, es decir, en un momento en que hay menos colegas presentes. He pensado, y esto se ajustaba a sus deseos, que nuestra Asamblea debía pronunciarse claramente. Por tanto, hemos escuchado a dos oradores a favor de la devolución a comisión y a otros dos en contra de la devolución, para que el procedimiento estuviera perfectamente equilibrado.
Ahora bien, si usted deseaba una votación nominal, debía haberla solicitado. Como usted ha podido ver, la votación ha sido de una claridad absolutamente evidente. Creo realmente que las cosas se han hecho conforme al Reglamento, pero, en cualquier caso, puedo asegurarle que velaremos muy atentamente para que se solucionen los problemas lingüísticos, con el mayor rigor posible como, por otra parte, se hace en muchos otros casos.

McMahon
Señora Presidenta, mi cuestión de orden es conforme al artículo 22 del Reglamento: funciones de la Mesa. En el fin de semana, el Sr. Liikanen hizo una declaración en la Radio BBC sobre los usos en materia de empleo y la discriminación por razones de edad. Indicó que a partir de 1998 la Comisión Europea dejará de poner un límite de edad en los anuncios para los puestos.
Sé que la Mesa del Parlamento Europeo ha estado examinando este asunto y lo que es oportuno para la Comisión debe serlo también para este Parlamento, que debe también abolir la discriminación en el empleo por razones de edad. Así lo establece el Tratado de Amsterdam. Quisiera saber qué medidas va a adoptar la Mesa para velar por que actuemos en consonancia con las otras instituciones que no discriminan contra los ciudadanos de edad de la Comunidad.

El Presidente
Señor McMahon, como usted sabe, no se trataba de una cuestión de orden. Si lo desea, puede dirigir esta pregunta al Sr. Liikanen. La pregunta será atendida en las instancias correspondientes.

Asuntos políticos urgentes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a una comunicación de la Comisión sobre asuntos políticos, urgentes y de especial importancia.
Queridos colegas, normalmente no debemos modificar el orden del día, pero, como van a ver, es un caso totalmente excepcional. Resulta que tres grupos me han pedido que incluya una comunicación de la Comisión, seguida de preguntas, sobre un asunto muy delicado, a saber, el bloqueo de las carreteras por parte de los transportistas en Francia. Los tres grupos que me han hecho esta petición son el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, el Grupo del Partido Popular Europeo y el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas.
Si la Asamblea no tiene objeción a esta inclusión, podría desarrollarse de la manera siguiente: examinaremos, según lo previsto, la comunicación del Comisario Van den Broek sobre el asunto incluido en el orden del día, hasta las 16.00 horas, a continuación tendremos media hora de preguntas y respuestas al Comisario Kinnock, que ha tenido a bien aplazar sus compromisos para debatir con nosotros sobre esta comunicación.
¿Hay alguna objeción a esta propuesta? No la hay. Considero, por tanto, que ha sido aprobada y procederemos en consecuencia.
Reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de 25 y 26 de octubre sobre la ampliación
Van den Broek
Me complace celebrar un intercambio de opiniones hoy sobre los resultados de la reunión oficiosa de ministros de Asuntos Exteriores, que se celebró hace diez días en Mondorf. Se centró en las cuestiones relativas a la ampliación y a la Agenda 2000. Para empezar, puedo decir que no se llegó a conclusión alguna respecto de todas las cuestiones relativas a la ampliación. Al fin y al cabo, estamos en el período previo a la Cumbre de Luxemburgo, en la que los Jefes de Gobierno habrán de decidir sobre el inicio de negociaciones y acordar varias orientaciones directa o indirectamente relacionadas con todo el proceso de la ampliación.
Vale la pena tomar nota de que nuestros Estados miembros convienen, de hecho, en que, al hablar de la ampliación, reviste la mayor importancia decir con claridad a todos los candidatos sin excepción que, por lo que se refiere a su solicitud, está aceptada. Es decir, que la ampliación se producirá con todos esos candidatos tan pronto como...
(Interrupción del Presidente) Los Estados miembros, al examinar la ampliación unánimemente, deseaban subrayar que la ampliación como tal es un proceso del que ninguno de los países candidatos está excluido. Eso significa que, tan pronto como se cumplan las condiciones económicas y políticas para la adhesión establecidas en diversas ocasiones y en particular en la Cumbre de Copenhague de 1993, se hará realidad la adhesión.
Eso significa también -y en esto me hago eco una vez más de lo que todos nuestros Estados miembros acordaronque la ampliación entraña, evidentemente, diversos elementos de negociación y preparación. Aunque no se llegó a conclusiones firmes y claras sobre las recomendaciones de los ministros a sus Jefes de Estado y de Gobierno sobre cómo iniciar las negociaciones, resulta totalmente claro que se debe insistir más claramente en la omnicomprensividad del proceso como tal que en que unos inicien las negociaciones y otros continúen con los preparativos. En ese sentido, se llegó a una conclusión firme, a saber, la de que en los casos en que se aplique la diferenciación no debe significar nunca discriminación.
En las propuestas hechas por la Comisión en la Agenda 2000, se aborda también esa cuestión al proponerse que los partenariados de adhesión deben representar, para todos los candidatos sin excepción, el marco en el que se debe seguir una vía continua hacia la adhesión, con todo lo que ello entraña. El partenariado de adhesión debe consistir en «guías» muy claras que muestren, a partir de las opiniones que se han publicado, cuáles son los puntos débiles de cada uno de los países candidatos que se deban abordar a fin de satisfacer las condiciones para la adhesión.
Por otro lado, como parte de dicho partenariado de adhesión, debe haber una estrategia nacional de todos y cada uno de los países candidatos en la que expliquen y describan cómo ven su futuro calendario de trabajo. En tercer lugar, el plan financiero, el papel correspondiente a PHARE en ese partenariado de adhesión, que indica claramente los fondos de que se dispone para respaldar esa operación común de preparación suplementaria. Ello refleja claramente la omnicomprensividad del proceso, porque se aplica ese modelo de partenariado de adhesión a todos los candidatos.
En segundo lugar -y esto se aplica también a todos los candidatos-, hemos dicho que se hará un examen anual sobre la marcha de los trabajos con vistas a satisfacer las condiciones. No se harán excepciones, pero, evidentemente, los países que aún no han llegado a la fase de la negociación pueden esperar también que, tan pronto como satisfagan las condiciones, la Comisión recomendará inmediatamente a los Jefes de Gobierno que se inicien las negociaciones. Quisiera recordar que en nuestras propuestas originales propusimos que se recomendara el inicio de las negociaciones en el caso de los países respecto de los cuales se podría esperar que satisficieran las condiciones de adhesión a medio plazo. Una vez que se dé esa situación en los otros países, se recomendará inmediatamente el inicio de las negociaciones.
Un tercer elemento en toda la idea de la omnicomprensividad de la Comisión fue la propuesta relativa a la creación de esa conferencia permanente o conferencia europea. En ese caso se crearía un foro multilateral en el que podrían participar todos los países de los que se dice en la Agenda 2000 que tienen una vocación europea o que aspiran a la adhesión. Dicho foro multilateral abordaría las cuestiones de carácter horizontal, que representan un interés común de cada uno de los países candidatos. Sería el único foro multilateral en el que los representantes de esos países se sentarían junto con los Estados miembros, dado que las negociaciones para la adhesión se celebrarían en un marco bilateral. Cada uno de los países candidatos negocia con la Unión Europea bilateralmente y no en un foro multilateral.
De modo que las cuestiones de fondo de la conferencia permanente serán las horizontales. Puede ser el segundo pilar o el tercer pilar o incluso el primer pilar -piénsese en la cooperación regional, piénsese en las redes transregionales-, siempre y cuando el debate multilateral no obstaculice en modo alguno las negociaciones bilaterales. Si no voy errado al respecto -y creo que no-, los Estados miembros están de acuerdo con eso, aunque hubo dos Estados miembros que dudaban de si la creación de semejante conferencia europea era necesaria y si no iba a ser más o menos un substituto del Consejo de Europa. Pero no creo que se hicieran esas observaciones con la intención de vetar la creación de una conferencia europea. Así, pues, si aceptamos que se debe hacer todo lo necesario para subrayar la omnicomprensividad del proceso de ampliación, muy probablemente dicha conferencia europea recibirá la aprobación y reflejará la recomendación de la Agenda 2000 de la Comisión.
Lo que está por ver es la cuestión de la participación de Turquía, sobre la que no se llegó a conclusiones claras. Es un país que, conforme a la definición utilizada por la Comisión, se puede considerar sin duda un país que aspira a adherirse a la Unión Europea. En opinión de la Comisión debería, conforme a ello, participar en esa conferencia, pero aún no se ha llegado a conclusión alguna a ese respecto. Lo único que puedo decir es que, durante mi visita a Turquía de la semana pasada, celebramos intensas conversaciones con las autoridades de ese país en preparación, en cierto modo, de una visita que tiene prevista el Presidente del Consejo Europeo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, para el 27 de noviembre y también en preparación de un Consejo de Asociación con Turquía que se celebrará el 24 de noviembre.
Todavía hemos de celebrar difíciles debates sobre cómo satisfacer las aspiraciones de Turquía en relación con la conferencia europea. Ello depende hasta cierto punto de cierta colaboración por parte de Turquía respecto de la cuestión de Chipre, los derechos humanos en el plano interno y las relaciones bilaterales con Grecia. No voy a entrar en detalles, porque el tiempo de que dispongo es limitado.
Quisiera concluir diciendo que Mondorf ha sido un importante indicador en la futura preparación de las decisiones importantes relativas a la ampliación y que habrá de adoptar la Cumbre de Luxemburgo en diciembre.

Barón Crespo
Señora Presidenta, agradezco al Comisario la inclusión de matices propios de la pintura holandesa en su declaración. La primera pregunta que deseo formular al Comisario es la siguiente: ¿considera que el comienzo simultáneo de la ampliación y de la Conferencia europea significa, en opinión del Comisario, aproximarse a la llamada «teoría de la regata»?
En segundo lugar, ¿considera que en la cumbre de Luxemburgo tiene que aprobarse, además de los principios de negociación, el marco general de la misma?

Van den Broek
Reconozco las características de la pintura holandesa descritas por el señor diputado Barón Crespo. La visión de este cuadro en este momento no es tan clara. No puedo adelantar conclusiones a las que aún no han llegado los Estados miembros. A juzgar por lo que les oí decir, tengo la impresión de que, mientras podamos determinar que todos los países candidatos quieren formar parte de un proceso de ampliación, se podrán evitar gran parte de los perjuicios causados por la utilización de una terminología inadecuada.
En segundo lugar, ninguno de los Estados miembros ha discutido la exactitud ni la corrección de nuestra evaluación del estado de preparación política y económica de los países candidatos. Ninguno de los Estados miembros ha negado que existan diferencias importantes en el estado de preparación entre los diversos candidatos.
Ahora bien, al tiempo que subrayo la omnicomprensividad del proceso, espero que haya una confluencia de opiniones en Luxemburgo.

Rack
Señor Comisario, acogemos con satisfacción la noticia de que en la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores se realizó deliberadamente un esfuerzo para ofrecer una indicación muy clara de que ningún candidato debe quedar excluido. Todavía falta saber cuál será la decisión de los Jefes de Gobierno en cada caso individual. En este contexto, a mí se me plantea una vez más un interrogante con respecto a cuál será el contenido de dicha Conferencia europea. ¿Sobre qué casos concretos, sobre el estado de qué negociaciones concretas se debatirá y/o se decidirá en el marco de dicha Conferencia europea y en qué medida será posible garantizar de este modo que todos se sientan incluidos efectivamente en el proceso de aproximación y de futura adhesión?

Van den Broek
Aun sin intentar sacar conclusiones definitivas a partir de un debate que no ha concluido, lo que de él se desprende es que las cuestiones que se tratarían en la conferencia entre los Estados miembros y los países candidatos no estarían directamente relacionadas con la adhesión. Estoy diciendo de forma diferente lo que he mencionado antes: que el foro multilateral y sus actividades deben mantenerse separadas de las negociaciones bilaterales que se celebrarán con los países candidatos.
Para ser más concretos, por lo que se refiere a las cuestiones horizontales de interés común, podemos abordar, como se indica en la Agenda 2000, las cuestiones relativas a la política exterior y de seguridad común, en las que existe en realidad un interés común: por ejemplo, en las relaciones con ciertos terceros países. Podemos abordar en las cuestiones de cooperación regional, en las que se está determinando un interés común. Como he dicho antes, podríamos hablar también de las redes transeuropeas.
Podemos abordar también cuestiones horizontales relativas, por ejemplo, al medio ambiente. Me resultaría muy comprensible que en los casos en que la importante cuestión del medio ambiente preocupe en gran medida tanto a los países candidatos como a los Estados miembros y en vista de que se están imponiendo exigencias tan rigurosas en todo el proceso de ajuste, ciertas cuestiones horizontales que todos los países candidatos afrontan podrían constituir el tema de semejante debate horizontal sin que se saquen conclusiones para un país determinado o sin que el debate se convierta en una negociación, cosa a la que, desde luego, no está destinado. También brindará una oportunidad para engendrar un sentimiento de familia europea respecto de asuntos de interés común, pero, desde luego, eso no debería representar en modo alguno una duplicación de la labor que corresponde propiamente a otros foros, tales como el Consejo de Europa o la OSCE. De modo que, cuando hablo de asuntos no relacionados con la adhesión, es porque no deben obstaculizar las negociaciones bilaterales, pero eso no quiere decir que no se puedan examinar cosas de interés común con las que debemos familiarizarnos en previsión de la futura adhesión.

Titley
Como sabe usted, soy el vicepresidente de la CPM con Eslovenia. Recientemente estuve en Eslovenia asegurando a los eslovenos que el planteamiento por parte de la Comisión del proceso de ampliación era objetivo, que se juzgaría a cada uno de los países por separado.
Imagínese mi malestar cuando, al regreso de Eslovenia, me enteré de que un funcionario de la Comisión calificado de asesor superior de usted había dicho en una conferencia sobre Eslovenia: »Aun cuando Eslovenia cumpliera los criterios de adhesión mañana, no pasaría a ser Estado miembro inmediatamente. Tendría que esperar a Polonia». ¿Podría decirme el Comisario si la política oficial de la Comisión, pese a sus buenas palabras, es la de que las adhesiones se van a hacer en grupos, independientemente de cómo se desarrolle cada uno de los países? En segundo lugar, el problema en Eslovenia, como sabe usted perfectamente, es su falta de capacidad administrativa. La Comisión ha propuesto en la Agenda 2000 que se destine el 30 % de los fondos con cargo a PHARE a mejorar la capacidad administrativa, incluidos los intercambios de funcionarios nacionales. Según tengo entendido, los Estados miembros están rechazando ese planteamiento. ¿Podría usted hacer alguna observación sobre lo que dijeron los ministros de Asuntos Exteriores respecto del intercambio de funcionarios nacionales para fortalecer la administración?

Van den Broek
Podría ser perfectamente que hayan corrido por ahí opiniones, evaluaciones o cálculos personales. Desde el punto de vista de la política formulada, para mí está muy claro. De la Agenda 2000, si se lee detenidamente, se desprende también que los países que satisfagan las condiciones pasen a ser miembros en cuanto las satisfagan. Evidentemente, será necesaria la ratificación de los resultados de la adhesión. Sin embargo, yo iría más lejos. La posición que expusimos en la Agenda 2000 es la de que debe seguir siendo posible que los que comiencen más tarde, pero puedan resolver sus problemas antes, puedan alcanzar a los que hayan sido los primeros en iniciar las negociaciones. En otras palabras, en todos los sentidos debemos insistir en que se juzguen los países por sus méritos particulares, lo que también es aplicable a la satisfacción de las condiciones para la adhesión.
En segundo lugar, por lo que se refiere al intercambio de administradores nacionales de los países candidatos para fortalecer la capacidad administrativa, parte de la preparación y la reorientación del programa PHARE consiste en asignar el 30 %, aproximadamente -no se interprete esto demasiado rígidamente-, de los fondos a todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional. Se trata de una definición suficientemente vaga y aplicable a muchas actividades, que pueden abarcar desde el fortalecimiento de las estructuras democráticas o su consolidación hasta el fortalecimiento del poder judicial, que tan importante es también. Pero también abarca programas de formación para las administraciones nacionales. En ese marco hemos pedido también a nuestros Estados miembros que nos aporten un punto de referencia en su administración que nos permita abordar esas cuestiones relativas a conocimientos especializados o al intercambio -o a la fórmula que se elija- de expertos de ambas administraciones, ya sea que reciban formación en los Estados miembros o que auxiliares de los Estados miembros se trasladen a los países candidatos.
Lo que el Sr. Titley ha mencionado parece ser uno de los principales imperativos en el período venidero. Una cosa es la aprobación y la aproximación de la legislación y otra su aplicación y, en caso necesario, la imposición de su aplicación por una judicatura experta. Para ello hará falta tiempo sin duda. Así, pues, los programas multianuales para la formación y los intercambios deben ser una parte importante de todo el proceso de preparación.

Oostlander
Presidenta, me siento muy contento con la muestra de convergencia de opiniones en la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Esto se desprende claramente, a mi juicio, del planteamiento del comisario de que sí habrá diferenciación pero no discriminación, o sea, no habrá una clasificación rígida siquiera. Mi pregunta es la siguiente: ¿tiene el comisario idea de si la propuesta de la Comisión de convocar una Conferencia Intergubernamental previa al próximo ingreso tiene perspectivas? En segundo lugar, en cuanto a Eslovaquia: ¿la Comisión ha percibido del Consejo que Eslovaquia, según el Consejo por lo menos, podría participar en las negociaciones de carácter bilateral o multilateral antes de que Eslovaquia haya dado pasos significativos para cumplir con los criterios políticos de Copenhague?

Van den Broek
Comenzando por la última pregunta, aún no está totalmente clara la participación en la conferencia. Por lo que a Eslovaquia se refiere, no ha concluido ese debate. Repito: opinamos que Eslovaquia debería participar en esa conferencia por las razones que antes he mencionado. Nadie puede decir que ya se haya adoptado una decisión y no sé si se adoptará en la Cumbre de Luxemburgo respecto de la convocatoria de una nueva conferencia intergubernamental para que aborde los asuntos institucionales que quedaron pendientes y sin resolver en Amsterdam.
Como ha de saber Su Señoría, entretanto tres Estados miembros han hecho una declaración común en la que insistían en la necesidad de hacer ajustes institucionales antes de que se produzca la ampliación. La Agenda 2000 dice con toda claridad que la mejor forma posible de actuar, a nuestro juicio, sería que se abordaran todas las cuestiones institucionales que quedaron pendientes en Amsterdam antes de que se hiciera realidad la primera ampliación. Ésa es la razón por la que Agenda 2000 recomienda que esa conferencia intergubernamental comience hacia el año 2000 o un poco después.

Schroedter
La Conferencia Intergubernamental de Amsterdam no aportó ninguna reforma, señor Comisario, usted mismo lo ha dicho. Todavía falta dar algunos pasos para reforzar la capacidad de ampliación de la Unión. Las reformas y la ampliación deben ir, sin embargo, unidas. Francia ha propuesto que se refuerce el papel de la Conferencia europea permanente y que ésta abarque también los temas institucionales. ¿Apoya la Comisión esta propuesta? ¿El Consejo y la Comisión están interesados en que los Estados candidatos a la adhesión participen en las reformas institucionales? Y en caso afirmativo, ¿a partir de qué momento? ¿Qué planes concretos ha elaborado la Comisión para vincular dichos procesos?

Van den Broek
Tengo la impresión de que las propuestas francesas relativas a la Conferencia Europea están muy próximas a la propuesta de la Comisión o, al revés, que nuestras propuestas están muy próximas a las francesas. En ese sentido, no existe en realidad una diferencia fundamental. Podría ser perfectamente que primero se hubiera de aclarar qué participación se desea en dicha conferencia y después se podrían resolver muy fácilmente la mayoría de las demás cuestiones. Si mi evaluación es correcta -y aún hay vacilaciones sobre ciertos elementos de la conferencia-, tenían más que ver con la participación que con la substancia. Todo está relacionado con la cuestión de si la participación abre, en cierto modo, automáticamente la vía hacia la adhesión. Es necesario aclararlo más, pero, por lo que recuerdo de los debates celebrados aquí y que fueron muy constructivos, estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo y en su momento se celebrará la conferencia europea.

Alavanos
Señora Presidenta, con mi pregunta querría detenerme en el tema de Turquía, y también basándome en la experiencia que tuvo el Señor Comisario en una importante visita suya. ¿Cree el Señor Comisario que Turquía, que debe tener la perspectiva de la integración, podría participar en esta Conferencia Europea sin ninguna condición en relación con las cuestiones democráticas o con las del respeto al derecho Internacional, cuando además estamos viendo últimamente sus demostraciones, particularmente provocadoras en los combates aéreos y las violaciones del espacio aéreo nacional de un país miembro?

Van den Broek
Lo único que puedo hacer es repetir que en la Agenda 2000 la Comisión formuló las condiciones, a nuestro juicio, idóneas para esa participación. Si se interpretan claramente dichas condiciones, deberían ser aplicables también a Turquía. Eso no significa en sentido alguno que no debamos esperar claras señales de mejora respecto de varias de las cuestiones que he mencionado antes.
Una novedad alentadora es que, en todas las conversaciones que hemos celebrado con el Primer Ministro, el Primer Ministro adjunto, el Ministro de Asuntos Exteriores y el Presidente del Parlamento, convinieron, todos ellos, inmediata y claramente en que la situación de los derechos humanos en Turquía debía mejorar. Eso fue bastante inequívoco. Evidentemente, no es una garantía de mejora, pero para que haya esperanzas de mejora es necesario en primer lugar que haya un reconocimiento por parte de Turquía de que debe hacer algo. Hablamos también con el Secretario de Estado de Derechos Humanos, quien explicó con mayor detalle la legislación que está en preparación. Volvimos a indicarle que no sólo deseábamos que se aprobara la legislación en el Parlamento, sino también que se aplicase en la práctica. Hablamos por extenso del artículo 8, que se ha debatido aquí, en el Parlamento, en muchas ocasiones y nuestro mensaje fue inequívoco.
Por último, lo que resulta alentador -y deberíamos fomentarlo más- es la suspensión del estado de excepción en varias provincias. Se ha aplicado en tres de ellas; aún hay seis que están en estado de excepción y esperamos que, antes del final del año, se suspenda el estado de excepción en otras provincias.

Giansily
Señor Comisario, ¿no cree que la ampliación, tal y como se presenta, creará un desequilibrio hacia los países que bordean el mar Báltico, en detrimento de aquellos otros que bordean el mar Negro? Sin hablar de Turquía, país en el que motivos distintos de las consideraciones geográficas, conducirán a una negociación difícil, como usted ha señalado hace un momento, me preocupa Rumania, que el pasado mes de diciembre fue testigo de una auténtica alternancia política.
¿No opina usted que, por razones políticas, es indispensable ayudar más y mejor a este país, especialmente en el marco del programa PHARE, para hacer posible cuanto antes la entrada de los rumanos en el dispositivo comunitario?

Van den Broek
La ampliación prevista es perfectamente equilibrada, porque abarca futuros Estados miembros del Norte, del Este y del Sur. No es una coincidencia. Intentamos mantener un equilibrio. Si damos un paso más -aunque no se hizo, como Sus Señorías entenderán, por razones geográficas-, veremos que hay países del Norte que negocian y otros que, a nuestro juicio, deben continuar por un tiempo con la preparación. Lo mismo es aplicable a los del Este. Respecto de los del Sur, no propusimos un nuevo avis , porque, por lo que se refiere a Chipre, la situación es algo especial. De modo que en ese sentido hay un claro equilibrio.
Respecto de Rumania, en general la Comisión está reflexionando sobre si esos países menos avanzados que los demás en su estado de preparación pueden recibir -y cómo- una atención o asistencia suplementarias. A ese respecto, tenemos cierta flexibilidad respecto de los instrumentos para una preparación mayor, incluido el programa PHARE, y podemos insistir más en diferentes aspectos. En general, hay que intentar encontrar un equilibrio razonable gracias al cual los que estén más avanzados no se vean perjudicados por estarlo. Se les debe dar el reconocimiento que merecen al respecto. Iniciaron su proceso de reforma en una fase anterior y en muchos casos con muchos sacrificios políticos, etc. No obstante, en el marco de la omnicomprensividad, nos interesa a todos que los menos avanzados reciban la atención suplementaria necesaria para que alcancen a los otros lo antes posible.

Féret
He tomado nota con gran interés y cierta satisfacción de las palabras del Sr. Van den Broek relativas a su voluntad de integrar a los países de Europa -digo bien de Europa, porque para mí Turquía debe constituir la excepción por no tratarse de un país europeo, sino asiático-, en la Unión Europea. No obstante, tengo la impresión de que en cierto modo estamos jugando con dos barajas. Hace dos días escuché al Sr. Santer en Riga, que pronunció el mismo discurso que el Comisario, y también me sentí bastante satisfecho.
Pero al mismo tiempo vemos, por ejemplo, como Eslovaquia ha quedado un poco al margen porque, en mi opinión, la Comisión se permite una injerencia en sus asuntos internos. ¿Qué se le dice, en definitiva? Se le dice: "cambien de Presidente de la República, y luego ya veremos».
Otro problema que me preocupa es el de los países bálticos, que están a las puertas de nuestro imperio y de los que hoy se dice que no todos ingresarán en la Unión Europea al mismo tiempo. Ahora bien, por razones del más elemental sentido común, considero necesario que los tres países bálticos ingresen en nuestra gran Europa al mismo tiempo.

Van den Broek
Voy a comenzar por la última pregunta sobre los países bálticos. Si en los próximos años se da la situación de que se pueda considerar que en todos los países bálticos por separado se da el mismo estado de preparación para la adhesión, no veo por qué no habrían de poder pasar a ser plenamente Estados miembros en el mismo momento. Pero también lo contrario es cierto: si no están preparados al mismo tiempo, no hay razón para decir a los más avanzados que esperen al que necesite más tiempo. Todo eso está recogido en la concepción y el análisis que hemos elaborado. Ahora hay diferencias que se han evaluado objetivamente. Que las diferencias o distancias entre los diversos países candidatos sigan siendo las mismas en los próximos años depende en gran medida de ellos. Unos pueden avanzar más rápido que otros. Unos pueden superar ciertos problemas con mayor facilidad que otros.
Por lo que se refiere a Eslovaquia, quisiera decir a Su Señoría que no estamos inmiscuyéndonos en los asuntos internos. Estamos aplicando una condicionalidad que hemos establecido para la adhesión a la Unión Europea y que considero enteramente legítima. Si no se cumplen esas condiciones o sólo insuficientemente, de ello se derivan ciertas consecuencias. Su Señoría está en lo cierto cuando dice que hemos aplicado la condicionalidad política en un sentido más estricto, a saber, que no hemos previsto cuál puede ser la evolución política en el futuro, sino que hemos evaluado la situación política en el momento y a partir de esa base hemos sacado nuestras conclusiones respecto de la recomendación de iniciar negociaciones.
Eso no sólo es defendible, sino también imprescindible. Jugar a la lotería sobre la posible evolución política es algo que la Unión Europea, con todos los valores y criterios que tiene y comparte con otros países europeos, no debe hacer. Algunos pueden decir: »Turquía es un país distinto, no es un país europeo», pero tal vez convendría echar otro vistazo al Acuerdo de Asociación concertado en época tan temprana como 1963. No quiero iniciar ese debate ahora mismo. Se podría celebrar en otro momento.

Carnero González
Señor Comisario, después de las críticas recibidas y las dudas suscitadas por los cálculos financieros de la Comisión, ¿puede usted seguir afirmando seriamente que el límite máximo del 1, 27 % del PIB de la Unión Europea como recursos propios será suficiente para afrontar, entre otros grandes retos, la ampliación y el mantenimiento y desarrollo de políticas de solidaridad, como las estructurales y de cohesión?

Van den Broek
Agradezco que Su Señoría, tras haber utilizado al Sr. Liikanen de sparring en el primer asalto, esté ahora haciendo lo mismo con este Comisario. Sin embargo, me atrevo a decir que el punto 27 debe ser suficiente hasta el año 2006, inclusive. Los cálculos presentados y que el Parlamento conoce perfectamente muestran que, en consonancia con ese razonamiento, no se puede afirmar que la ampliación se hará sólo a expensas de un grupo de Estados miembros o de un solo Estado miembro. Desde luego, si nos referimos a las políticas estructurales y regionales, que, como sabe Su Señoría, se están reconsiderando, la cantidad de 275.000 millones de ecus para ese fin y durante ese período debe ser suficiente para continuar aplicando varias políticas regionales importantes en nuestros Estados miembros actuales.

Paasilinna
Señora Presidenta, señor Comisario, el cumplimiento de los criterios de la UEM en los Estados que son actualmente miembros de la UE está siendo complicado desde un punto de vista social y también político. Ahora se van a incorporar a la Unión países particularmente pobres. Los criterios de la Unión Europea son amplios y exigentes, y el cumplimiento de los mismos debe tener lugar con arreglo a las condiciones de la UEM. ¿Cómo creen que es posible evitar que se registren estallidos sociales o que surjan problemas de este tipo en dichos países en cuanto comiencen a afrontar los durísimos preparativos que requiere su adhesión?

Van den Broek
Se podrían dar varias respuestas. No es un problema que presente un solo factor. Las medidas que los países están adoptando -por ejemplo, para estabilizar sus economías: por una parte, las medidas macroeconómicas y, por otra, las que están adoptando para reestructurar la economía-, todo el proceso de privatización y modernización de sus industrias, lo que están haciendo, por ejemplo, para reformar sus sistemas de pensiones, que en este momento representan una carga insoportable para muchos de sus presupuestos nacionales, son medidas, todas ellas, que tienen relación con su aspiración a la adhesión, pero que, en cualquier caso, serían necesarias en términos generales para el desarrollo económico del país y también para su desarrollo social. Podríamos decir incluso que tienen que dar un paso más en lo relativo a la transposición, además, de todo el corpus legislativo de la Unión Europea. Su Señoría está en lo cierto totalmente. Cuando hablamos de medidas duras -por ejemplo, eliminar toda clase de subvenciones que elevan el nivel de precios correspondientes a productos primarios, aunque se están exceptuando temporalmente muchas de ellas de ese proceso de liberalización-, no cabe duda de que todo ello representa condiciones difíciles.
Al mismo tiempo, en muchos de esos países podemos ver que, gracias a las medidas económicas que se han adoptado, el poder adquisitivo y el nivel de vida están aumentando lenta, pero ininterrumpidamente. En los casos en que hay problemas graves y estrangulamientos -por ejemplo, los seis últimos meses en Bulgaria-, ha sido la Unión Europea la que, al tiempo que reconocía las repercusiones de ciertas medidas económicas, ha aportado dos programas de 20 millones de ecus para intentar aliviar las dificultades de los más necesitados. De modo que se trata de una cuestión de solidaridad con esos países, por una parte, para animarlos a mantener sus políticas de reforma -y lo hemos visto en varios de los países candidatos-, sin las cuales el futuro se presenta aún más sombrío, y, por otra, podemos echar una mano para aliviar los estrangulamientos temporales e intentaremos prestar ayuda a ese respecto.

El Presidente
Expreso mi agradecimiento al Comisario Van den Broek por esta respuesta y por el conjunto de este debate, que queda cerrado.
Deseo dar la bienvenida al Comisario Kinnock, y agradecerle muy sinceramente que haya tenido a bien aceptar la invitación, algo precipitada, de nuestro Parlamento.
Bloqueo de carreteras por los transportistas en Francia
Kinnock, Neil
Agradezco la oportunidad de informar a la Asamblea sobre la huelga de transportistas franceses y asuntos conexos. El pasado jueves, antes de que comenzara la huelga actual, escribí al Sr. Gayssot, Ministro de Transportes, y al Sr. Chevenèment, Ministro de Interior, para instarlos a adoptar todas las medidas posibles a fin de evitar una huelga y también para pedirles que adoptaran disposiciones que, si se producía la huelga, facilitasen el tránsito internacional por carretera dentro del Mercado Único.
Además, pedí al Sr. Gayssot que aplicara una propuesta que había hecho en nuestra correspondencia anterior para establecer un sistema de información a fin de ayudar a los camioneros a viajar por Francia. El pasado viernes a última hora, recibí una respuesta de los dos ministros en la que exponían las diversas gestiones que estaban intentando hacer para evitar una huelga y en la que también me informaban de que estaban examinando las medidas más apropiadas en esas circunstancias para evitar, mediante todos los medios posibles, las molestias que para los transportistas internacionales podrían derivarse de la huelga.
Además de esos y otros contactos, el Sr. Monti ha mantenido correspondencia con el Sr. Moscovici, Ministro de Asuntos Europeos de Francia, para comunicarle una opinión similar respecto de la necesidad esencial de mantener la libre circulación. Cuando se inició la huelga, el Gobierno francés respondió desplegando fuerzas de policía para dejar expeditos varios pasos fronterizos. El Gobierno cumplió sus promesas anteriores de establecer también un sistema de información e hizo gestiones constantes para velar por que continuaran las conversaciones entre los empleadores y los sindicatos.
Ayer, segundo día de la huelga, escribí de nuevo al Sr. Gayssot y al Sr. Chevènement y a los dirigentes competentes de los sindicatos. En mis cartas a los ministros, reconocía las gestiones que ha hecho el Gobierno para eliminar los bloqueos en los pasos fronterizos internacionales, pero también los instaba a que lograran la eliminación de los bloqueos restantes. Espero respuesta a esa carta más reciente.
En mi carta a los dirigentes sindicales, señalaba la profunda preocupación de los camioneros, los empleadores y los Estados miembros por los impedimentos a la libre circulación, insistía también en que los trabajadores y las empresas de fuera de Francia estaban viéndose gravemente perjudicadas por una controversia con la que nada tenían que ver y en la que en modo alguno podían influir. Así, pues, insté a los sindicalistas a retirar sin demora las barreras que impiden el paso de los transportistas internacionales.
Ayer por la noche las autoridades francesas me informaron de que en aquel momento el único paso fronterizo que estaba bloqueado era el de Calaís. También me dijeron que se había retirado el bloqueo del Túnel del Canal después de que se informara a los huelguistas de que, si no se levantaba el bloqueo, las autoridades estaban dispuestas a utilizar la fuerza en la medida apropiada. Como han de saber Sus Señorías, parece que se siguen manteniendo aún varios bloqueos en diversos lugares y se están trasladando a otros lugares a intervalos. Así, pues, continúa la interrupción del tránsito en gran medida.
Ante esa situación, la Comisión ha examinado, naturalmente, las cuestiones relativas a las obligaciones de los Estados miembros de mantener la libre circulación de conformidad con el Tratado y de los poderes de la Comisión para intervenir, como garante que es del Tratado. Debo comunicar a la Asamblea que, como en ocasiones anteriores, concluimos a partir del asesoramiento jurídico, en primer lugar, que los Estados miembros deben adoptar todas las medidas posibles para facilitar la libre circulación del tránsito internacional en el Mercado Único y, en segundo lugar, que todo poder legal efectivo que la Comisión tiene para intervenir está en relación directa con la intensidad de dichas medidas adoptadas por los Gobiernos de los Estados miembros.
Al haber llegado la actual huelga francesa a su tercer día, es evidente que las autoridades francesas han adoptado medidas rigurosas y continuas para cumplir con las obligaciones que les impone el Tratado mediante la utilización de las fuerzas de policía, las gestiones que han hecho para mantener las negociaciones y la facilitación de información a los transportistas. Naturalmente, nos mantendremos en estrecho contacto con el Gobierno francés y seguiremos observando atentamente los acontecimientos. El Gobierno y la Comisión actúan a sabiendas de que, si un Estado miembro incumple sus obligaciones de esforzarse por mantener la libre circulación, la Comisión ejercerá sin lugar a dudas su poder para incoar procedimientos legales.
Entretanto, si bien respetamos, naturalmente, el derecho civil de las personas a dejar de trabajar, la obstaculización de la libertad de circulación internacional es censurable, como también cualquier violencia física, por parte tanto de los huelguistas como de los afectados por la huelga. En los últimos días, ha habido peticiones de cambios jurídicos para que existan normas que impongan el requisito de unos servicios mínimos y disposiciones reglamentarias relativas al pago de indemnizaciones a los perjudicados por controversias que impiden o inhiben la libre circulación. Mis colegas y yo estamos dispuestos a examinar si hay posibilidades prácticas de compilar propuestas vinculantes sobre esos asuntos, si bien somos conscientes al mismo tiempo de que puede que no resulte fácil que en un Consejo de Ministros de los Estados miembros se preste apoyo a esas iniciativas. Cuando se hayan evaluado más detenidamente las consecuencias jurídicas y prácticas que entrañan las propuestas formuladas, tendré mucho gusto en informar a esta Asamblea al respecto.

Camisón Asensio
Señor Comisario, quizá sea oportuno recordar que recientemente, en noviembre de 1996, en el sur de Francia, los agricultores franceses repitieron sus ataques contra camioneros españoles y de otros países que transportaban productos agrarios. Se prometieron compensaciones y todo ha quedado más bien en el cajón de los recuerdos.
Ahora surge un nuevo conflicto y, debido a la situación geográfica de Francia, ha adquirido una dimensión europea. Estamos realmente ante una «eurohuelga», que afecta a países que, como España, son ajenos a las causas de esta huelga y, sin embargo, los daños son cuantiosos. Se ha llegado a cifrar las pérdidas, en el caso español, hasta cerca de 3.000 millones de pesetas al día, siendo la zona del Levante español una de las más afectadas.
Aparte de recordar que las indemnizaciones pasadas debieran estar ya satisfechas, ahora es el momento de pedir a la Comisión, ante el nuevo conflicto, que adopte inmediatamente las medidas necesarias para asegurar la libre circulación de mercancías y estudie las indemnizaciones justas a recibir por los sectores de producción que han sido perjudicados.
El Sr. Comisario nos habla de una serie de acciones. Mis palabras, entonces, son para animarle a que siga actuando en la misma dirección. Es también momento, por tanto, de exigir que se adopten, por las autoridades competentes, las medidas oportunas para garantizar, durante este conflicto, la libre circulación y la creación de corredores específicos que garanticen el paso y que se cumpla este principio básico de la Unión Europea.
Para terminar, señor Comisario, quisiera...
(La Presidenta interrumpe al orador)

El Presidente
No, señor Camisón Asensio, eso no es posible, es más una declaración que una pregunta y, lamentablemente, ya ha sobrepasado en un minuto su tiempo de intervención.

Kinnock, Neil
Reconozco la preocupación y la pasión que inspira la pregunta formulada por el Sr. Camisón. Quisiera decirle en primer lugar que todos los diputados a esta Asamblea, así como los miembros de la Comisión, entenderán las repercusiones particulares en países como España y Portugal y en los del norte de la Comunidad de una controversia que impide gravemente la libre circulación de mercancías por el Mercado Único. En segundo lugar, como probablemente ya sepa Su Señoría, respecto de los incidentes anteriores en que camioneros españoles que transportaban frutas y productos similares han sufrido ataques físicos hay un procedimiento incoado ante el Tribunal de Justicia y éste no tardará en llegar a conclusiones particularmente pertinentes para ese caso.
Sin embargo, es evidente que esos ataques en esas ocasiones son considerablemente diferentes de los experimentados en la controversia actual. Estoy seguro de que la Asamblea deseará mantener bien clara la distinción entre esos dos conjuntos de circunstancias.
Su Señoría pide que la Comisión «adopte las medidas necesarias en relación con la libre circulación y las indemnizaciones». He de decir que la situación relativa a las poderes legales de la Comisión es la que he expuesto precisamente en mi declaración inicial. No cabe duda de que, mientras un Estado miembro no se muestre negligente en relación con su deber de mantener la libre circulación, la Comisión carece de poder efectivo para actuar.
En segundo lugar, no existe una legislación comunitaria -y, por tanto, la Comisión carece de poder al respectopara imponer el establecimiento del pago de indemnizaciones. Sin embargo, durante muchos meses he hecho repetidos llamamientos a los Gobiernos anterior y actual de Francia para que cumplan las promesas hechas de pagar indemnizaciones a los transportistas de toda la Comunidad. Lamento haber de decir que hasta ahora el número de solicitudes de indemnización satisfechas es extraordinariamente reducido y existen más de mil que aún no han recibido indemnizaciones efectivas.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, permítame comenzar felicitando a la Comisión que esta vez ha asumido su responsabilidad con mayor rapidez y eficacia y ha intervenido ante el gobierno francés. Aún reconociendo que hace un año hablamos exactamente del mismo tema y que el comisario dijo entonces: "Se está trabajando en las compensaciones», está claro que menos de un 1 % de las reclamaciones han sido satisfechas. ¿No estima el comisario que ha llegado el momento de que también el Consejo de ministros estudie el asunto y que llegue a un acuerdo de compensación gestionado por la Comisión Europea para que pueda disponer de un fondo para pagar rápida y directamente, evitando así que en este sector empresarial, que ya pasa por dificultades, se declaren más quiebras?
Señora Presidenta, es imposible hablar aquí mientras los colegas, tenemos una palabra neerlandesa para ello, están hablando entre ellos como cotorras.

El Presidente
Gracias, señor Wijsenbeek, pero no he notado que los colegas hablaran de manera excepcional.

Kinnock, Neil
Agradezco al Sr. Wijsenbeek su pregunta, aunque podría señalar que en esta ocasión estamos actuando de forma totalmente coherente con lo que hicimos la última vez. El año pasado procuré intervenir antes de que se produjera la huelga. Estuvimos en contacto permanente con las autoridades francesas y ejercimos las presiones que podíamos ejercer para encauzar los acontecimientos. Exactamente esa vía se está siguiendo esta vez, por lo que quisiera pedir a Su Señoría que reflexione al respecto.
El año pasado por estas fechas, formulé la promesa de ocuparme de las indemnizaciones. He cumplido dicha promesa, como he indicado antes, con repetidos llamamientos orales y escritos a los sucesivos ministros franceses a fin de que velaran por que el sistema establecido para las indemnizaciones funcionara eficaz y rápidamente. Debo manifestar mi profunda decepción -como ya se la he expresado al Gobierno francés- por que no haya sido así.
Por lo que se refiere a actividades futuras, tengo entendido que hay quienes se muestran partidarios entusiastas de la creación de alguna forma de fondo comunitario y de la consecución del acuerdo del Consejo de Ministros para ese fin. Cuando se haya reflexionado más al respecto, tal vez se comprenda que no todos los Estados miembros estarían dispuestos a aceptar ese planteamiento colectivo. En segundo lugar, vale la pena reflexionar también sobre la posibilidad de que la existencia de un fondo, en lugar de reducir las huelgas, podría contribuir, en realidad, a fomentar las controversias. Se deben evaluar y analizar esos asuntos como he propuesto antes. No hay que excluir nada, pero al mismo tiempo resulta aconsejable en todas las circunstancias una actitud moderada.

Berès
Señor Comisario, ha tendido la honestidad de decir que, evidentemente, el actual Gobierno de Francia está gestionando con mucho acierto este conflicto derivado del incumplimiento de compromisos anteriores, y que se está esforzando en pos de un auténtico acuerdo social a largo plazo. Usted recordó antes incluso de que estallara este conflicto, que el Gobierno francés se ha mantenido en contacto con su gabinete y los principales responsables de los Estados miembros para transmitir la información, analizar la situación de estos bloqueos y para que se conozcan todos los aspectos del mismo. La acción emprendida por el Gobierno francés ha permitido también que los principales ejes de carreteras permanezcan abiertos. Le doy las gracias, señor Comisario, por haberlo recordado.
No obstante, este conflicto tiene una clara dimensión europea. La libre circulación de las mercancías va unida a la armonización de las condiciones de trabajo. Negarlo equivaldría a enfurecer al conjunto de los ciudadanos de Europa. Hoy nos enfrentamos a este conflicto; mañana nos enfrentaremos a otro que afectará a un Estado miembro distinto.
Señor Comisario, una última pregunta: ¿cree usted que en este conflicto se cuestiona la libre circulación, en el sentido exacto de los Tratados, es decir, una distorsión intencionada de la competencia? Me parece que no. Se trata, más bien, de un conflicto que deriva de la falta de armonización social.

Kinnock, Neil
Voy a tener que resistir la tentación que Su Señoría me ofrece de expresar una opinión sobre la política del Gobierno francés. No cabe la menor duda de que se trata de un asunto sobre el que la Comisión no debe hacer observaciones.
Por lo que se refiere a la armonización de las condiciones de trabajo, tal vez pueda prestar asistencia a la Asamblea citando simplemente de la carta que envié ayer a todos los dirigentes sindicales y en la que señalaba a su atención que, como, por los demás, ya saben, he estado compilando y promoviendo, junto con mis colegas de la Comisión, posibles mejoras de la legislación comunitaria relativa al transporte por carretera que abordarían directamente varias cuestiones que causan descontento en muchas partes de la Unión. Señalo a la atención de Sus Señorías la labor que se está llevando a cabo en el Consejo de Ministros de la Unión y cuya consecuencia será la introducción de una nueva generación de tacógrafos electrónicos, la aplicación de propuestas de formulación de reglas más estrictas sobre el acceso a la profesión de transportista por carretera y al Libro Blanco sobre el tiempo de trabajo, en el que se propuso que los principios pertinentes de la legislación comunitaria se hicieran extensibles a todos los sectores actualmente excluidos, entre ellos el transporte por carretera. Creo que una aplicación general de condiciones de trabajo decorosas puede hacer, evidentemente, su contribución a unas buenas relaciones laborales.
Sin embargo, se trata de una cuestión a la que hay que prestar atención constantemente y, por lo que se refiere a la Comisión, no tiene nada que ver directamente con el encauzamiento y los orígenes de la disputa actual, que es primordialmente un asunto que incumbe a las partes en la controversia y al Gobierno francés.

McIntosh
Quisiera pedir al Comisario una aclaración sobre un aspecto de su declaración que me parece una presentación inexacta de la legislación en vigor. El Tratado de Maastricht introdujo por primera vez el poder de la Comisión para imponer sanciones en forma de multas a un Estado miembro que, como en este caso, infrinja claramente las disposiciones relativas a la libre circulación. No sé qué más pruebas necesita la Comisión. Esas interrupciones del tráfico se han sucedido desde 1984 y las del año pasado provocaron pérdidas de millones de libras esterlinas. Así, pues, ¿tendría a bien el Comisario aplicar las normas introducidas por el Tratado de Maastricht y retirar fondos con cargo al presupuesto de los contribuyentes europeos destinados a los agricultores, los pescadores y los aprendices franceses? ¿Tendría a bien aplicar esas disposiciones y confirmar que no es necesario cambiar la legislación? Debe limitarse a aplicar las disposiciones del Tratado de Maastricht.

Kinnock, Neil
Sé que Su Señoría es abogada y, si asistiera a algún juicio en el que se afirmara ante ella que existe un medio automático de conformidad con el Tratado de Maastricht para aplicar la legislación como propone, lo consideraría completamente ridículo. De modo que quisiera decirle que, si bien conozco las disposiciones del artículo 30 y del artículo 5 del Tratado de la Unión, el caso es -y se trata de una realidad legislativa irrefutable- que, si un Estado miembro está procurando por todos los medios prácticos cumplir con su deber de mantener la libre circulación dentro del Mercado Único, los poderes de la Comisión para intervenir son muy limitados.
En este caso el Gobierno francés ha desplegado las fuerzas de policía. El Gobierno francés está facilitando información y ha hecho diversos intentos de velar por que continúen las negociaciones. En esas circunstancias, estoy seguro de que cualquier abogado o diputado ha de saber que resultaría extraordinariamente difícil intentar demostrar que un Gobierno de un Estado miembro no estaba cumpliendo con el deber que le impone el Tratado.

Wolf
Señor Comisario, nuestro Grupo político se ha manifestado repetidamente en favor de una reducción de las horas de trabajo, de una remodelación social y ecológica de los transportes y del derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a la libertad de manifestación. La Asamblea se ha sumado a nosotros en algunas ocasiones, cada vez más frecuentes. Los Verdes queremos manifestar hoy, por consiguiente, nuestra solidaridad con los camioneros franceses en huelga. Felicitamos a los huelguistas por su valor y su iniciativa. ¡Ésta es una huelga a favor y no en contra de Europa!
Deberíamos pararnos a pensar, señor Comisario, si no nos hemos quedado anclados en los tiempos de Peterloo, cuando la función del Estado era abatir a tiros a los obreros en huelga. El papel del Estado es ahora el de mediador y yo felicito también al Gobierno francés por el acierto que ha demostrado hasta ahora en la búsqueda de soluciones. No comprendo que usted sólo haya hecho referencia a los sindicatos y no haya mencionado la escandalosa actitud de las asociaciones patronales, a quienes ha costado un enorme esfuerzo hacer volver a la mesa de negociaciones.
Señor Comisario, el sector del transporte está excluido de la Directiva 104/93 sobre la duración de la jornada de trabajo. El dumping social que con esto se favorece es evidente. ¿Por qué se proponen presentar una vez más sólo un Libro blanco y no una directiva? ¡Francamente es como para preguntarse cuáles son las intenciones políticas de la Comisión!

Kinnock, Neil
Agradezco al Sr. Wolf su pregunta. El Libro Blanco sobre los sectores excluidos se ha publicado, evidentemente, y al final de este año habrá concluido la formulación de proyectos legislativos. Comparto la esperanza de los diputados de toda esta Asamblea, de prácticamente todos los sectores políticos, de que podamos lograr avances respecto de esta legislación y de la inclusión no sólo del transporte por carretera, sino también de otros sectores del transporte en la legislación vigente de la Comunidad.
Su Señoría tiene derecho a declarar su solidaridad con los camioneros franceses. Sin embargo, yo aprendí desde niño que la solidaridad es indivisible y estoy seguro de que Su Señoría desearía hacer extensiva su solidaridad a los camioneros de varias nacionalidades ahora paralizados en Francia y que están soportando condiciones muy difíciles.

Bazin
Señora Presidenta, señor Comisario, no debemos contemplar este dossier de una manera exagerada. Más allá del aspecto jurídico de las cosas, y estoy totalmente de acuerdo con usted cuando afirma cuán importante es defender en todo lugar y siempre la libre circulación, comprendo la posición apremiante en la que usted se encuentra con respecto al Gobierno francés. Pero, en primer lugar, el verdadero problema no se sitúa a nivel de las causas. Escuche, señor Comisario, el grito de angustia de los camioneros franceses, escuche el mismo grito de angustia que lanzan los empresarios, muchos de los cuales se encuentran en la cuerda floja, e incluso en una situación de supervivencia.
El fondo de la cuestión es que, en este ámbito como en muchos otros, nos falta más Europa. No hablemos de un mercado interior serio con semejantes distorsiones de la competencia. No nos hagan reír con el futuro tacógrafo, que permitirá verificar que no se cometen fraudes, mientras que en unos países se trabaja 45 horas y en otros 65 horas.
Señor Comisario, es muy importante que ahora se tomen iniciativas europeas indispensables en el plano social y en el plano fiscal.

Kinnock, Neil
He de decir, aunque no por primera vez, que convengo totalmente con el presidente de la Comisión de Transportes y Turismo al hacer tanto hincapié en la conexión entre la competencia leal y unas condiciones decorosas de trabajo. Ésa es en parte la razón que inspira el entusiasmo con que la Comisión y muchos diputados a esta Asamblea desean un cambio de la legislación que permita la inclusión de muchos sectores del transporte, incluido el transporte por carretera, en las disposiciones de la directiva sobre el tiempo de trabajo.
Además, la substitución del tacógrafo actual por un dispositivo electrónico que constituirá una salvaguarda mucho más firme contra las infracciones o los fraudes constituirá -no me cabe duda- un avance importante para garantizar la competencia leal en el sector de la Unión y velar por que las condiciones sociales de los camioneros estén protegidas adecuada y humanamente frente a la falta de protección que padecen algunos ahora.

Medina Ortega
Señora Presidenta, el debate sobre la paralización de las carreteras francesas es un debate casi ritual que tenemos todos los años. Los oradores anteriores han hecho referencia a algunos aspectos relativos a la libre circulación. Yo creo que es bueno que tengamos al Comisario Kinnock en este cargo en este momento. Yo, desde luego, no imagino al Comisario Kinnock dirigiendo una carga de la caballería de la Comisión para liberar la carretera Lille-Bruselas. No creo que esa sea su función. No lo veo convertido en agente represor de los trabajadores franceses en un nuevo Germinal , pero, en cambio, sí lo conozco lo suficiente como para esperar de él una iniciativa de carácter ambicioso, al objeto de que la política social en el terreno de los transportes y una gran política comunitaria en materia social puedan llevarse a cabo. El Comisario Kinnock va a poder aprovechar esta ocasión para lanzar esta política ambiciosa.

Kinnock, Neil
Agradezco a Su Señoría su pregunta. Como dice, nos conocemos bien y compartimos - espero- un respeto mutuo. Quisiera simplemente aprovechar la oportunidad que me brinda su pregunta para subrayar una vez más con insistencia que, a medida que un número cada vez mayor de personas, incluidos los empleadores, van entendiendo la profunda vinculación entre la competencia leal, el funcionamiento eficiente y las condiciones laborales decorosas, no cesa de intensificarse el ambiente favorable en el que la Comisión pretende lograr el apoyo para sus iniciativas. Así, pues, espero que podamos abrigar fundadas esperanzas de que en un futuro no lejano se produzca no sólo la promulgación de proyectos legislativos, sino también su pronto refrendo por los Estados miembros y su aplicación y la imposición de su cumplimiento en todas partes.

Jarzembowski
El debate está empezando a derivar lentamente, a mi parecer, en una dirección equivocada. En efecto, lo cierto es que es preciso distinguir entre dos aspectos: los conflictos salariales entre empresarios y trabajadores en Francia están justificados, pero el recurso a la huelga en el marco de dichas negociaciones regionales no puede tener como resultado que los camioneros de toda Europa se conviertan en rehenes de este conflicto interno francés. ¡Esto es inaceptable! Así lo ha expresado también abiertamente el señor Comisario.
Señor Comisario, usted ha dicho que ha mantenido contactos con el Gobierno francés. Sin embargo, también ha dicho que los piquetes continúan estableciendo barricadas en diferentes lugares y que, a pesar de las promesas del Gobierno francés, los camioneros procedentes de Portugal, España, Alemania y otros países comunitarios siguen viendo obstaculizado repetidamente su paso.
Mi primera pregunta es, por lo tanto, la siguiente: señor Comisario, ¿cuándo se propone solicitar usted en caso necesario -y si así fuera, en un plazo de pocas horas- una conminación inmediata del Tribunal de Justicia Europeo contra el Gobierno francés para que suprima todas las medidas de bloqueo y garantice la libre circulación? Paso a formular ahora mi segunda pregunta. De conformidad con el artículo 5 del Derecho comunitario, cada Estado está obligado a garantizar la libre circulación de personas -esto es lo que ahora se debate- y la circulación de mercancías y si un país no lo hace, a mi parecer está obligado a pagar compensaciones por los daños. ¿Qué se propone hacer usted para proteger los justos intereses de los trabajadores y empresarios?

Kinnock, Neil
Agradezco a Su Señoría su pregunta, aunque no necesariamente algunas de sus conclusiones: por la sencilla razón de que oigo peticiones de diversas procedencias para que la Comisión adopte medidas instantáneas y forzosas sin que se hagan peticiones similares de cambios en la legislación que otorguen a la Comisión el poder para adoptar dichas medidas. He de decir también -y con ello no me refiero necesariamente al Sr. Jarzembowski- que entre quienes hacen las peticiones más apremiantes de intervención por parte de la Comisión hay muchos que serían los primeros en mostrarse escandalizados, si se otorgaran a la Comisión poderes para substituir las decisiones y las actitudes de los gobiernos nacionales cuando dichos gobiernos estaban esforzándose por cumplir la legislación comunitaria.
He de decir que espero que no haya ningún diputado a esta Asamblea que intente dar una idea exagerada o inexacta de la realidad en materia legislativa. Con arreglo a lo dispuesto con claridad en la legislación, los Estados miembros tienen el deber de mantener la libre circulación y, a no ser que -y hasta que- se pueda demostrar que adolecen de negligencia en el cumplimiento de dicho deber, el poder efectivo de la Comisión para intervenir o incoar procedimientos contra dicho gobierno es muy pequeño, por no decir inexistente. Espero que se entienda eso claramente. Si existe una petición de cambio de la legislación, no cabe duda de que los diputados pueden hacer esa petición. Les pido que la contrasten con las realidades políticas y la actitud de los Estados miembros y no sólo con la atmósfera de esta Asamblea.

Gallagher
Al comienzo quiero agradecer, como mis colegas, al Comisario Kinnock que nos haya puesto al día. Se lo agradecemos. El público tiene la sensación de que la Comisión ha actuado más rápidamente esta vez que la anterior. Ésa es la sensación, aunque puede no ser la realidad. Es de esperar que el resultado sea una pronta resolución del problema.
La controversia está costando a la economía irlandesa 10 millones de libras irlandesas al día en transacciones comerciales perdidas. Cada uno de los camiones pierde mil libras irlandesas al día. Hay 400 camiones irlandeses afectados por este problema y, como resulta fácil de comprender, la inmensa mayoría de nuestros productos son exportados a la Europa continental y la mayoría de ellos por Francia. Podría tener -y si se prolonga mucho más tiempo tendrá - consecuencias catastróficas para la economía irlandesa. Muchos camioneros tendrán que abandonar su actividad y muchas empresas también. No podemos permitírnoslo. Estamos orgullosos de nuestra ejecutoria y no queremos menoscabarla a consecuencia de esto.
La Comisión no tiene poder legal para intervenir en semejantes controversias, a no ser que haya incumplimiento de la legislación. Creo que hay incumplimiento respecto de la última ocasión, pues ninguno de los camioneros irlandeses ha recibido aún el pago de la indemnización. La Comisión me dijo en el Pleno del período de sesiones de septiembre que estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para lograr que se pagaran prontamente. Pero no ha habido nada. Se ve afectada la liquidez, por lo que quiero preguntar al Comisario qué está haciendo en relación con los camioneros irlandeses que aún no han cobrado y para ayudar a los camioneros irlandeses en relación con esa controversia.

Kinnock, Neil
Conozco el continuo y asiduo interés del Sr. Collins por estos asuntos. Conozco perfectamente -como, por lo demás, todo el mundo- los perjuicios causados por una controversia de este tipo a la economía irlandesa: en mayor medida tal vez que a otras por su situación y dimensiones. Lo único que podemos hacer es lamentarlo y esperar, como hago yo en todos los sentidos, que esta controversia toque a su fin rápida y satisfactoriamente.
Por lo que se refiere a las indemnizaciones, aprovecho la oportunidad de esta pregunta para repetir observaciones que he hecho antes. No hay instrumentos legislativos comunitarios de índole alguna relativos a la necesidad de que se paguen indemnizaciones por las pérdidas y perjuicios sufridos a consecuencia de una controversia como la que ahora está produciéndose en Francia. Así, pues, no estoy en condiciones de hacer más de lo que he hecho repetidas veces y que es escribir y hablar a los sucesivos ministros franceses de Transportes para subrayar el intenso descontento que existe en toda la Comunidad y la justificable exigencia de que se paguen, como se había prometido, indemnizaciones justas por los perjuicios causados en controversias anteriores.
Espero que la experiencia de esta controversia sirva para recalcar aún más la necesidad de que se cumplan las promesas hechas. En mi carta a los ministros franceses del pasado martes, sin ir más lejos, aproveché la oportunidad para repetir de nuevo la necesidad de velar por que se emplee inmediatamente un sistema eficaz para el pago de las indemnizaciones por las pérdidas provocadas por la última controversia.

Moreau
Señora Presidenta, la libre circulación de mercancías no puede realizarse pisoteando los derechos de las personas. La patronal del transporte por carretera es la única responsable del actual conflicto, porque no ha cumplido los acuerdos celebrados en 1996, porque ha cerrado la puerta a las negociaciones lanzadas por el gobierno. Los camioneros franceses no quieren seguir siendo los esclavos de la carretera. Están actuando en defensa de sus salarios y sus condiciones laborales, pero también en defensa de las condiciones en los demás países.
Me congratulo de que la Comisión reconozca los esfuerzos desplegados por el Gobierno francés y su ministro de Transportes para, en el más breve plazo posible, alcanzar un acuerdo aceptable para los asalariados. Quiero decir aquí que cualquier planteamiento de sanciones, cualquier intervención vindicativa de la Comisión sólo conseguiría agravar el conflicto y comprometer los esfuerzos del Gobierno francés para encontrar una salida. En términos generales, sería inadmisible que, como lamentablemente piden algunos colegas, la Comisión decidiera arrogarse la capacidad de gendarme de los movimientos sociales.
En lugar de enfrentar entre sí a los asalariados de los pueblos en una competencia feroz, es necesario promover la armonización social al más alto nivel, a la que podría contribuir de manera efectiva la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida de salario en los sectores excluidos, una cuestión que debemos incluir, con carácter de urgencia, en el orden del día del Parlamento.
Desearía que la Comisión garantice que dará prioridad hasta el final a las medidas sociales, e incluso fiscales, en vez de a aquéllas de dumping social, como se ha venido haciendo hasta ahora.

Kinnock, Neil
Agradezco a la Sra. Moreau las observaciones que ha hecho. Como reconocerá -estoy seguro-, si bien tengo, como ciudadano, mis opiniones personales sobre los orígenes de esta controversia, la Comisión no puede -ni, de hecho, debe- expresar una opinión sobre las circunstancias que produjeron esta controversia. Estoy seguro de que lo entenderá.
En lo que yo insisto -como, por lo demás, insistía Su Señoría- es en conseguir que se acelere lo más posible la conclusión satisfactoria de esta controversia, cosa que redundará tanto en beneficio del transporte internacional en toda la Comunidad como, de hecho, de Francia y de los franceses. Haré todo lo que pueda para contribuir al resultado, como también lo harán mis colegas. Confío en que el Parlamento adopte la misma opinión e insista del mismo modo en la consecución de un rápido y satisfactorio resultado y no en el simple intercambio de opiniones políticas que, aunque interesantes, no son necesariamente una contribución a un resultado provechoso.

El Presidente
En nombre de todos ustedes, doy las gracias al Comisario Kinnock, así como a los colegas que han intervenido. Lamento enormemente no haber podido conceder la palabra a todos aquellos que la habían solicitado. Han sido muy numerosos. Pero, como pueden comprobar, lamentablemente, el tiempo no nos lo permite.

Abuso sexual de los niños
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0306/97) del Sr. Schulz, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños (COM(96)0547 - C4-0012/97), y el memorándum sobre la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños (C4-0556/96) (C4-0556/96) (A4-0306/97).

Schulz
Señora Presidenta, Señorías, nos corresponde debatir un informe complejo y cuyo contenido es importante, a mi parecer, tanto para esta Cámara, como para la Comisión, el Consejo de Ministros, la Unión Europea y sus ciudadanas y ciudadanos en general. Es importante porque hoy desarrollaremos un debate, que sin duda irá acompañado de mucha controversia, sobre dos temas. El primero es qué medidas ha propuesto la Comisión, cómo puedo completarlas yo a ellas en mi calidad de ponente del Parlamento, y qué aspectos puedo valorar críticamente o en un sentido positivo.
El segundo es la necesidad de que examinemos cómo nos proponemos actuar ante el fenómeno del abuso sexual de los niños, ya sea en el marco familiar, o sea, en el marco de las relaciones personales, ya sea en el contexto de una acción criminal organizada. ¿Cómo debemos abordar este fenómeno? ¿Cómo podemos oponernos a este fenómeno desde la sociedad en Europa, más allá del ámbito legislativo, judicial y policial? ¿Cuál debe ser nuestra aportación a la asimilación de la experiencia de que en la Unión Europea se está desarrollando una sociedad que en un grado creciente y, sobre todo, alarmante ya no respeta la vida y ni siquiera a los niños?
La Comisión analiza en su comunicación sobre el turismo sexual y el abuso sexual de los niños los problemas que se han identificado y propone diversas acciones y medidas que puede adoptar directamente, en colaboración con las autoridades de los Estados miembros y -por lo que se refiere al turismo sexual- en colaboración con los operadores turísticos.
Dichas medidas -permítanme que lo diga ya de entrada- están muy bien elaboradas. La Comisión ha realizado un trabajo muy meticuloso y ha presentado propuestas acertadas, interesantes y equilibradas. En un momento y unas condiciones difíciles, la Comisión ha abierto una vía absolutamente seria y equilibrada, por lo cual yo quiero expresarles mi agradecimiento, señor Comisario Papoutsis, a usted y a sus colaboradores. Ustedes se han comprometido -y yo pienso que esto es muy loable- a hacer de la lucha contra el abuso sexual de los niños un objetivo central de la Comisión. ¡Yo espero que esto no se quede en una mera declaración verbal! En los últimos días hemos tenido que escuchar que en una guardería de la Comisión podrían haberse dado situaciones de abuso sexual y yo espero que la Comisión habrá hecho y seguirá haciendo en el futuro todo lo posible para contribuir a la aclaración de las misteriosas circunstancias que hemos podido leer en fecha reciente en la prensa.
La protección y la atención a las víctimas deben ocupar el primer plano del debate sobre el abuso sexual de los niños. En los numerosos casos que se han dado en el pasado -y éstos están aumentando, tanto en el ámbito familiar como en el contexto criminal-, nos encontramos ante dos fenómenos. El primero es que hay personas perversas y desviadas que no se detienen ante nada, ni ante ninguna indecencia, para satisfacer sus bajos instintos. Estas personas despreciables causan un daño que yo voy a resumir en una frase: ¡se puede destruir a una persona sin matarla!
Será difícil reparar a lo largo de su vida el daño que se ha causado a los niños que sufren abusos. Por esto las víctimas necesitan la plena solidaridad de la sociedad y por esto es preciso situar la ayuda a las víctimas en el primer plano de nuestros esfuerzos. Es importante que las víctimas reciban ayuda en el plano individual, es decir, que deben recibir un tratamiento psicológico y médico que les haga relativamente soportable la vida a pesar de sus experiencias traumáticas. Para esto es preciso aunar esfuerzos y la Comisión cuenta también con buenas propuestas de programas. Tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y el Consejo no deben vacilar en destinar fondos a los mismos, y en una medida suficiente.
Pero, más allá de la protección directa a las víctimas, también es necesario garantizar otro tipo de protección. Es preciso proteger a la sociedad de un progresivo deterioro de sus cimientos morales y esto no se conseguirá espontáneamente, sino recurriendo también al derecho penal. Por consiguiente, yo pienso que debemos empezar a abordar algunas tareas. Una de ellas sería la definición concreta de normas legislativas nacionales que hagan posible la calificación penal y la criminalización de conductas concretas de explotación sexual de los niños. Es preciso establecer claramente qué se entiende por pornografía en la que intervienen niños. Se tiene que estipular claramente y con precisión la edad a la que se refiere la norma y se deben determinar con claridad y precisión las circunstancias, con objeto de poder penalizar la producción, el comercio y -lo digo con toda claridad, aunque sé que éste es un aspecto controvertido- también la posesión de pornografía en la que intervengan niños.
¿Por qué incluyo la posesión, Señorías? Porque si existe un mercado -y éste existe- para las obras pornográficas en las que intervienen niños, su existencia sólo es posible porque existen consumidores. Sólo es posible vender algo si existe una demanda. Si existe un mercado floreciente, es evidente que tiene que haber personas que se ocultan en el anonimato, pero que están inmersas en la sociedad, que compran y consumen estos productos. Y yo me atrevería a aventurar la tesis de que en este ámbito el consumidor es tan ruin como el productor y por lo tanto, a mi parecer, ¡también debe castigarse la posesión!
Por lo que se refiere al turismo sexual, y en este caso se trata, de hecho, de una forma moderna de esclavitud, tendría que ser posible aplicar el principio de la persecución penal extraterritorial. La persona que viaja desde aquí a un país de Asia, África, Europa oriental o cualquier otro con la finalidad de satisfacer allí sus perversas necesidades y abusar de niños a cambio de poco dinero y aprovechándose de la pobreza de las familias, esa persona debe saber que en el futuro también deberá responder de esa acción ante los tribunales de la Unión Europea, ante los tribunales de su país, siempre que sea posible probarla. Por consiguiente, a mi modo de ver, también es irrenunciable la persecución penal de los delitos cometidos fuera de la UE.
Se debería contemplar asimismo la persecución de las empresas que organizas dichos viajes. Si bien, yo debo anticiparme a declarar que la inmensa mayoría de las empresas del sector turístico son operadores serios y cuidadosos que velan por que la reputación de sus empresas no se vea mancillada por clientes como los que acabo de citar. Las iniciativas contra las agencias de viajes, compañías de aviación y cadenas hoteleras que ganan dinero con el turismo sexual son tan imprescindibles como la cooperación con las que desean evitarlo. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros deberán actuar paralelamente en ambos sentidos.
Existe la propuesta de crear un sistema europeo de información encargado de combatir los abusos sexuales de niños. También hemos pedido por unanimidad a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros la creación de un registro central de niños desaparecidos. ¡Yo pienso que éste es imprescindible! En efecto, si se está extendiendo -y, a mi parecer, existen muchos indicios de que así es- el fenómeno del tráfico de niños como si fuesen una mercancía, del secuestro de niños no sólo para abusar de ellos, sino también para obligarlos a prostituirse y también para venderlos -ya sabemos por los debates sobre el tráfico de personas que éste también incluye a niños, es preciso que se adopten todas las medidas concebibles, desde la intervención de la EUROPOL hasta la creación de un archivo central europeo de niños desaparecidos. El archivo creado en Estados Unidos nos indica una vía que podríamos seguir, aunque el modelo no sea totalmente trasladable a las condiciones europeas.
En el curso de la elaboración del presente informe he examinado muchos casos concretos. Nadie que se vea obligado a realizar esta tarea constatará con agrado los actos de los que son capaces algunas personas. En este contexto también me he preguntado cuál es la responsabilidad de las autoridades públicas en relación con la protección de la sociedad frente a estas aberraciones. Yo he llegado a la conclusión de que no podemos quedarnos callados cuando sabemos que determinadas personas o instituciones de la Unión Europea no están cumpliendo sus responsabilidades. No quiero repetir ahora el debate sobre el juez del Tribunal de Justicia Europeo, Melchior Wathelet, que se ha desarrollado públicamente y que también desarrollamos en la comisión. Sin pretender inmiscuirme en los asuntos internos belgas, yo tengo, sin embargo, la firme convicción de que Melchior Wathelet, que ahora es juez del Tribunal de Justicia Europeo, no cumplió su responsabilidad como Ministro de Justicia cuando concedió el indulto a Marc Dutroux, actualmente sospechoso del asesinato de varios niños, y le dejó en libertad.
Más grave es aún que hasta la fecha no haya lamentado esa medida, como debería haberlo hecho. Por esto yo he indicado en mi informe que queremos que la Unión Europea manifieste explícitamente que en sus instituciones no tienen cabida las personas que no cumplan sus responsabilidades y que, llegado el caso, debemos ser consecuentes y pedirles también que dimitan. No pedimos la dimisión del Tribunal de Justicia Europeo, sino de un miembro del mismo, que en mi opinión personal no es digno de trabajar allí. Esta opinión también la comparte, como es manifiesto, mi colega Raphaël Chanterie, cuya enmienda al apartado 29 de mi informe retoma en su mayor parte el texto y el contenido de mis consideraciones, hecho que yo le agradezco. Yo pienso que se trata de una enmienda muy útil porque indica que en esta Asamblea estamos unidos en el rechazo contra la irresponsabilidad. En la enmienda faltan tres frases que me propongo completar mañana por medio de una enmienda oral, concretamente por lo que se refiere a la petición de la dimisión de Wathelet.
Una sociedad que pierde el respeto a sus miembros los más indefensos, a la que le es indiferente lo que pueda ocurrirles a sus niños, que permite a sabiendas que los niños sean tratados como mercancías, que permite que personajes siniestros, que la escoria, los desechos de esta sociedad abusen de sus niños bajo sus propios ojos, una sociedad que empieza a estar tan corrompida que ya no se asusta cuando descubre que en la oscuridad, en la sombra, están sucediendo cosas que no creíamos posibles y que comienzan a convertirse rápidamente en moneda corriente -pues esto es lo que está pasando ahora en la Unión Europea, después de conocerse los hechos-, una sociedad que se tranquiliza diciéndose que Dutroux es un fenómeno belga, que esto no ocurre entre nosotros, una sociedad que no quiere reconocer que habrá iniciado su declive si no es capaz de proteger a sus niños de los ataques de personas degeneradas, esta sociedad debe hacer acopio de todo su valor y declarar que: ¡luchar contra el abuso de los niños, darles protección y permitirles llevar una vida digna desde el primer día debe ser el objetivo común de todos! ¡Si conseguimos este objetivo, mi informe habrá contribuido a asegurar un buen futuro para los niños en la Unión Europea!
(Aplausos)
Casini C.
Señor Presidente, me es grato constatar que la resolución presentada merece nuestro consenso por la indignación provocada por los actos de pederastia y en general por el abuso sexual de los niños y por todo lo que está directa o indirectamente relacionado con los mismos. Merece nuestro consenso por la solicitud de severidad penal tanto a nivel de supuestos criminales, penales, como a nivel de disposiciones procesales, así como en relación con las investigaciones policiales; merece, en particular, nuestro consenso por la invitación dirigida a la Comisión y a los Estados miembros para que emprendan campañas de propaganda y de información dirigidas a prevenir y reprimir el turismo sexual llegando a unos puntos clave como los aeropuertos, los hoteles y las agencias donde se organizan viajes turísticos; merece, por último, nuestro consenso el severo juicio sobre la pornografía. A pesar de que existe un problema de definición de la pornografía infantil, existe un problema más general al que en cierta forma se alude en la resolución: para no ser hipócritas, deberíamos tener en cuenta el fenómeno actual de la pornografía industrial en su globalidad que es capaz de producir hábitos en virtud de los cuales se buscan manifestaciones cada vez más intensas que conducen a estas terribles aberraciones de la pederastia.
Desde el punto de vista del lenguaje técnico-jurídico, algunos aspectos de la resolución son menos convincentes. Sentimos -y lo digo como representante de la Comisión de Asuntos Jurídicos- que algunas fórmulas técnicas para lograr la posibilidad de perseguir los delitos perpetrados en el extranjero no hayan sido tomadas en consideración en el texto, pero esto, en definitiva, es secundario. Quizás el énfasis y la indignación han escapado del control; en el apartado 2, por ejemplo, es difícil decir, como se dice, que hay que dar carta de naturaleza a «la punibilidad de la pederastia», habida cuenta de que la pederastia no es punible, sino que lo son, evidentemente, los actos de pederastia; la pederastia puede ser incluso una enfermedad, tanto es así que en el mismo apartado 2, se habla de clínicas psiquiátricas para aquellas personas que las necesiten.
Existe quizás un excesivo énfasis en el apartado 26, en el que se dice que las personas que no asumen de forma suficiente sus responsabilidades de cara a la protección de los niños deben ser apartadas de las instituciones públicas y privadas. No cabe duda de que es justo apartar a los que han realizado actos de pederastia, así como a los pederastas, sin embargo, me parece algo excesivo aplicar las mismas medidas a quien no se ha mostrado lo bastante sensible en cuanto a la atención en favor de los niños.
Deseo confesar, sin embargo, que mi desacuerdo, como jurista, atañe sobre todo al apartado 29, es decir, a la referencia al caso Wathelet. Estimo que en una resolución tan importante y relevante, acudir a referentes específicos, como el caso Wathelet, no es jurídicamente correcto. Considero que está en juego el principio de la división de poderes, porque, en resumidas cuentas, el Ministro actuó como juez de la ejecución. En mi opinión, creo también que es injusto, porque no se puede hacer una valoración a priori, esto es, en el momento en que se tomaron las decisiones y no en virtud de lo que luego ocurrió. Habiendo sido yo mismo juez y sabiendo lo difíciles que son las previsiones y los equilibrios que se deben hacer cuando el juez está llamado a emitir pronósticos, no puedo compartir dicho apartado 29 que confío en que sea suprimido o corregido adecuadamente.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, la multiplicación de los abusos y de los actos de violencia sobre los menores adolescentes, el tráfico mundial de menores y el aumento de la pederastia, son un motivo de gran inquietud y preocupación. Todos estos hechos, en consecuencia, deben inducir a la Unión Europea a intervenir concretamente emprendiendo ante todo una acción de sensibilización de la opinión pública y de los operadores del sector turístico hacia este problema con la ayuda de los medios de comunicación. Estoy de acuerdo con la Comisión en la posibilidad de atribuir a los tribunales nacionales una competencia extraterritorial para los delitos y crímenes cometidos en el extranjero, aunque sería asimismo necesario que los Estados miembros introdujeran en sus ordenamientos jurídicos disposiciones contra el turismo sexual que conlleva el abuso de los niños, y ordenaran su aplicación armonizando cuanto antes determinados casos recogidos en sus legislaciones penales, así como reconociendo los mismos como delitos y aplicando penas similares en sus respectivos códigos penales.
Las Instituciones europeas, de acuerdo y en colaboración con los Estados miembros, deben emplearse a fondo con objeto de que el abuso comercial de imágenes pornográficas de los menores, la incitación al turismo y el abuso sexual de los niños sean severamente reprimidos dentro del territorio de la Unión Europea y a fin de que, en las clases de sanción, se prevean asimismo penas privativas de libertad, como ha ocurrido en Francia en estos días. Es fundamental contrarrestar el flujo de este tipo de turismo del sexo proveniente de los Estados miembros con la cooperación de todos los Estados de la Unión Europea intentando crear un frente de protección común contra aquellos grupos y sociedades que, por el contrario, tienen interés en facilitar el turismo sexual en perjuicio de los niños. Es grave que en la comunicación de la Comisión, no se haya puesto acento alguno en la coordinación de los recursos económicos y sociales comunitarios disponibles para la protección de los niños, víctimas de abusos sexuales definiendo y promoviendo acciones para la reinserción de los mismos en la sociedad garantizando su protección especial, como ha recalcado el Sr. Schulz justamente.
La nueva línea presupuestaria propuesta por el Parlamento -B3-4109 N de 3 millones de ecus- que promueve acciones contra los actos de violencia cometidos sobre los niños, los adolescentes y las mujeres, a pesar de ser estimable, sin embargo, tiene una estructura heteróclita, que no se corresponde de forma exacta con el plan de acción de Estocolmo. Por consiguiente, las Instituciones deberán realizar una profunda reflexión al respecto.
Considero asimismo indispensable la creación de una task force ad hoc, encargada de coordinar la acción de la Unión en materia de lucha contra el abuso sexual de la infancia, en todos los ámbitos en que se practica. En el marco de la lucha contra el turismo sexual, es importante que la Comisión desempeñe una función de promoción de cara a solicitar y coordinar determinadas medidas con objeto de disuadir y sancionar toda forma de turismo sexual tanto en los países de origen de los turistas como en los países con metas turísticas, y esto en estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamentales, cuya acción es, sin duda, eficaz en este ámbito. Es importante que se fomente la adopción de códigos de conducta o de autorregulación por parte de las agencias de turismo y de viaje y, en consecuencia, favorecer su difusión y publicidad supeditando cualesquiera apoyos y ayudas comunitarias a la adopción de dichos códigos.
Por último, es preciso tomar las medidas necesarias con respecto a aquellos países que, por el contrario, siguen fomentando el abuso de los menores, estableciendo incluso a escala europea esa coordinación que no existe en este momento. La acción europea en materia de lucha contra el abuso de los niños, por consiguiente, debe ser coordinada y atenta y tiene asimismo que concentrarse, porque si no esta plaga no tendrá fin.

Bennasar Tous
Señor Presidente, el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la primera convención internacional de derechos del niño, que obliga a los países firmantes a poner en práctica, a nivel nacional, la protección de sus ciudadanos niños. Y ocho años después, los niños siguen no sólo desprotegidos sino secuestrados, violados y asesinados, unos, y vendidos cual vulgar mercancía sexual para uso y disfrute de clientes desaprensivos y amorales, otros. ¿Son estos niños víctimas de la incompetencia o de la desprotección? Hay muchas preguntas sin respuestas y esta realidad afecta a los valores fundamentales de la ética y la democracia.
Hoy examinamos el informe del Sr. Schulz, al que agradezco su gran trabajo y esfuerzo, sobre la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y explotación sexual de que son víctimas los menores y la comunicación contra el turismo sexual que afecta a los niños. Son dos informes que no podemos analizar por separado, ya que muestran una evidencia innegable: el ser humano niño ha pasado de ser sujeto jurídico a convertirse en mercancía en manos de abusadores pederastas y comerciantes del sexo y de la pornografía de los que la sociedad conoce poco su perfil y se lleva a engaño, no tienen un rostro que les delate, son lobos con piel de cordero. A estos degenerados y desaprensivos criminales y comerciantes del abuso con menores queremos que se les identifique, se les castigue y se les obligue a recibir tratamiento específico que prevenga su recaída.
Desde la Comisión de Derechos de la Mujer, somos conscientes de que gran parte de la violencia y abusos sexuales contra mujeres y niños se produce en el seno de la propia familia y, tanto desde esta comisión como desde el intergrupo de la familia y niños de este Parlamento que me honro presidir, solicitamos y apoyamos la línea presupuestaria DAFNE que impulsará acciones de colaboración con las ONG que trabajan en este ámbito. Pedimos a la Comisión que no ignore la importancia de la familia, ya que, desgraciadamente, sabemos que la crueldad del ser humano empieza por sus hijos. Si no les ayudamos, los menores que sobrevivan también serán crueles por herencia.
Otra vía de explotación sexual es el llamado «turismo sexual». Expresión engañosa, ya que se confunde con vacaciones exóticas cuando, en realidad, son viajes al extranjero para abusar de niños y niñas, cuyos organizadores tienen, a menudo, vínculos con redes delictivas internacionales y sus clientes se amparan en la excusa de que los niños y niñas en Tailandia, Cuba o Brasil son más maduros sexualmente que los europeos. Y los niños, señor Presidente, son niños e indefensos en cualquier parte del mundo.
Deberíamos, pues, aplicar el principio de extraterritorialidad. Hacemos, pues, una llamada a la industria turística y a las empresas de publicidad sobre la necesidad de autorregulación. No todo vale en turismo y publicidad. Existe un comercio multimillonario que es una plaga, una vergüenza.
Independientemente de la declaración de la ECTAA condenando esta actividad, es imprescindible un compromiso y registro de empresas y agencias que vendan este producto, así como un código de conducta vinculante a las empresas publicitarias que utilicen las imágenes de niños ambiguamente.
Para terminar, pido que, desde este Parlamento, denunciemos la hipocresía en nuestra sociedad y especialmente en las de algunos países que condenan la pornografía, la pederastia, la violencia y el turismo sexual, pero no hacen casi nada para erradicarlo. Necesitamos instrumentos de coordinanción policial, un registro de niños desaparecidos y de perpetradores convictos, teléfonos de ayuda gratuitos, acompañamiento a las víctimas, educación en los colegios y, sobre todo, en las familias.

Van Lancker
Presidente, me gustaría comenzar felicitando expresamente al colega Schulz por su excelente informe que quisiera apoyar en todos sus aspectos, no solamente en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sino también muy explícitamente en nombre de la delegación socialista flamenca.
Este informe ya ha levantado mucha polvareda en muchos países, pero sobre todo en Bélgica, antes de que haya sido sometido a votación. Y no podía ser de otra manera. El primer tren, y sobre todo europeo, de medidas contra el abuso de niños sólo se ha puesto bien en marcha, y bien, con motivo del asunto Dutroux, que tuvo lugar, desgraciadamente, en Bélgica. Pero por haber tenido lugar en Bélgica el drama de An y Eefje, de Julie y Melissa y de otros niños desaparecidos, no se puede decir sin embargo que el abuso de que son víctimas los niños no se produzca en otros lugares de Europa. Justamente lo contrario, como ya ha quedado muy claro por cierto. Por eso se han de tomar medidas en todos los países europeos y también en los países donde todavía no se haya hecho. También hay que coordinarlo y llegar a una cooperación europea sobre todo allí donde están operando redes internacionales.
En segundo lugar, está claro que Bélgica impulsó, también en el Consejo, la discusión sobre las medidas contra el abuso de niños. Medidas para poder actuar de forma coordinada y poder luchar en todos los países de forma similar y equivalente contra el abuso de que son víctimas los niños como la más vergonzante violación de los derechos del niño. El gobierno belga no vio entonces satisfechas todas sus exigencias en el Consejo de febrero. Así por ejemplo, es lamentable que un punto del que acaba de hablar Martin Schulz, es decir la posesión de pornografía infantil para uso personal no haya sido tenido en cuenta por el Consejo. Tampoco las otras iniciativas de Bélgica en el Consejo respecto del principio de la territorialidad y de la supresión del principio de la doble punibilidad, han podido convencer al Consejo. Estoy por lo tanto satisfecho de que este Parlamento Europeo sí apoye estas propuestas. Y que seamos capaces de poner sobre la mesa una serie de medidas coherentes y muy enérgicas de las que se tienen que ocupar tanto la Comisión Europea como los Estados miembros nacionales, como el Consejo Europeo.
Por último, colegas, está el llamamiento a Melchior Wathelet para que dimita de su cargo de juez del Tribunal de Justicia Europeo. Un llamamiento que deseamos apoyar muy explícitamente. Es cierto que el antiguo Ministro de Justicia no es culpable personalmente del drama. Es también cierto que actuó dentro de los márgenes de la legislación belga de entonces, que afortunadamente se está cambiando ahora. Pero esto no quita el hecho de que Melchior Wathelet sea el responsable político y moral de haber firmado entonces la decisión de poner en libertad a Dutroux. Constato, por cierto, que el grupo parlamentario EVP comparte este diagnóstico. Estamos convencidos de que Melchior Wathelet no tiene la autoridad moral que debe tener un juez europeo. El que insiste, como el colega Casini acaba de hacer, en que el Parlamento Europeo no tiene competencia para pronunciarse sobre los jueces europeos, quizá tenga formalmente razón, pero se niega por otra parte a reconocer que el Parlamento Europeo debe hacerse oír cuando se trate de la autoridad de las instituciones europeas. Aunque incluso no podamos hacer más que un llamamiento a Wathelet para que dimita, creo que sólo cuando todos asuman su responsabilidad en sus cargos respectivos, habrá respeto para los derechos del niño.

Deprez
Señor Presidente, queridos colegas, ha sido necesario que un drama espantoso sacuda a nuestros países para que el trágico fenómeno de la violencia de que son víctimas los niños, una violencia de la que muchos de nosotros no nos atrevíamos a hablar hace unos años, no solamente pase a ser un problema reconocido y una monstruosidad contra la que debemos luchar, sino además una prioridad de la Unión Europea. Y aunque ha sido necesario pasar por este horror, me complace comprobar que en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores -como espero que hagamos en esta Asamblea- hemos hecho realidad la unión sagrada para ponernos de acuerdo sobre todas las medidas encaminadas a luchar contra esta lacra. Felicito al Sr. Schulz, porque su informe contiene una serie de propuestas que, al igual que mi Grupo, considero fundamentales y que de haber sido presentadas hace unos años en determinados grupos políticos, no habrían tenido la menor posibilidad de ser aprobadas.
Dicho esto, quisiera manifestar mi profundo pesar. En el presente informe, el apartado 15 de la resolución dice que el Parlamento Europeo solicitará, y se hará mañana, la concesión de un aumento suficiente de los créditos de la línea presupuestaria destinada a apoyar las iniciativas de lucha contra la violencia de que son víctimas los niños, los adolescentes y las mujeres. ¿Saben ustedes, queridos colegas, que en el anterior período parcial de sesiones del Parlamento Europeo en Estrasburgo, a raíz de una propuesta de la Comisión de Presupuestos, no se aprobó la solicitud de conceder créditos complementarios presentada por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores y la Comisión de Derechos de la Mujer? Nosotros, que pronto daremos lecciones de moral a los demás, hemos comenzado por no aplicar nuestras propias resoluciones. Y cuando pregunté por qué motivo no se podían incrementar los créditos presupuestarios de dicha línea, me respondieron que había que movilizar todos los créditos a favor de la política de empleo. Y es cierto. Pero, ¿no creen ustedes que los desempleados también tienen derecho a que nos ocupemos de sus hijos? ¿Creen ustedes que los que ahora están sin trabajo no se plantean la cuestión de saber si, mañana, sus hijos corren el riesgo de ser víctimas de pederastas? ¡Antes de dar lecciones de moral, debemos comenzar por aplicar los principios que queremos imponer a los demás!
Mi última observación es relativa al problema del Sr. Wathelet. Porque, al igual que la mayoría de mi Grupo, creo que la cuestión no es saber si es oportuno o incluso legítimo que el Sr. Wathelet sea juez europeo. Es juez europeo. Y en lo que se refiere a saber si debe seguir siéndolo, es una pregunta que cada uno puede hacerse a sí mismo y puede hacer también al Sr. Wathelet. El auténtico problema radica en saber si el Parlamento Europeo, que ostenta el poder legislativo en la Unión Europea, puede o no pedir a un juez la dimisión.
Señor Presidente, mi respuesta es no, aunque resulte difícil decirlo, porque los Estados democráticos viven de acuerdo con una serie de principios fundamentales, uno de los cuales es la separación de poderes. Transgredir este principio y permitir a un Parlamento que se arrogue la calidad de autoridad moral para juzgar a los jueces supone un peligro para la democracia. Cada uno puede pensar lo que quiera del Sr. Wathelet, pero que el Parlamento pida su dimisión, señor Presidente, constituye un error político y una falta contra la democracia.

Collins, Gerard
Señor Presidente, todos convenimos en que el Sr. Schultz ha elaborado un informe excelente y completo sobre las medidas que se deben adoptar para luchar contra el turismo sexual con la participación de niños y fortalecer la prevención de los abusos sexuales y la explotación de los niños. La evaluación de los problemas principales y las medidas propuestas han quedado eclipsadas en parte por el interés substancial que ha despertado el párrafo 29 de la resolución. Dicho párrafo pide a un juez del Tribunal Europeo de Justicia que dimita de su cargo europeo por haber adoptado personalmente, cuando era Ministro de Justicia y antes de tomar posesión de dicho cargo, la decisión de permitir la liberación prematura de Marc Dutroux, sospechoso de múltiples asesinatos de niños.
Entiendo y respeto los argumentos de quienes dicen que el Parlamento Europeo no tiene competencia ni derecho a hacer semejante petición. De hecho, nos estamos viendo arrastrados todos a un debate político interno, pero, como dice el ponente, las consecuencias de la decisión fueron, en verdad, espantosas. Existe una responsabilidad moral y política sobre la que no se puede correr un velo. Es más que evidente que el Parlamento Europeo no tiene poder para destituir a un juez del Tribunal de Justicia. Sin embargo, tenemos la obligación moral de señalar esta situación y tenemos que dar la cara en relación con una cuestión tan importante como ésta.
En esta resolución se presentan muchos otros argumentos y propuestas importantes y complace en particular a mi Grupo que, al comienzo del informe, subraye el Sr. Schulz el decisivo papel de la familia para garantizar el desarrollo equilibrado de los niños. La familia debe representar un remanso de seguridad para el niño. En algunos casos también es en ella donde se producen los malos tratos a los niños y sabemos que se ha maltratado a niños en escuelas e instituciones. Ahora se está alzando el velo del secreto sobre los malos tratos y ningún país puede enorgullecerse de aquello a lo que con demasiado frecuencia se han visto sometidos algunos niños. El delito mayor es no hacer nada, incumplir nuestro deber de proteger a los niños en todas partes, incluidos los que se ven forzados a ejercer la prostitución infantil.
Necesitamos una diversidad de servicios para proteger a nuestros niños y un sistema de alerta rápida que nos avise de los posibles peligros. Somos quince Estados miembros con tradiciones diferentes, pero mediante la cooperación podemos contribuir a cerrar la puerta a los malos tratos a los niños y velar por que no haya ningún escondrijo en la UE para los autores de malos tratos a niños. Es lo mínimo que podemos hacer por los padres y las familias de todos los niños que han sido raptados, incluidas Julia, Melissa y Lubna. Debemos derribar las barreras jurídicas para armonizar los conceptos de la legislación penal de los Estados miembros que reducen nuestra capacidad para proteger a nuestros niños. Debemos intentar armonizar el delito penal de las actividades pedófilas, el delito penal del turismo sexual con participación de niños y la pornografía infantil y debe haber penas comparables para esos delitos en todos los Estados miembros.
Es apropiado que se creen en el nivel nacional bases de datos relativos a las personas convictas de actividades pedófilas y se debe hacer todo lo posible para facilitar la aportación sin temor de pruebas por parte de los niños a los tribunales. También debemos apoyar la creación del Centro Europeo de Niños Desaparecidos. El Centro de Niños Desaparecidos y Explotados de Washington es un ejemplo. Todos los países deben apoyar la línea telefónica de ayuda para niños.
Mi posición sobre los malos tratos a los que se puede someter a los niños para fines publicitarios es muy crítica y sostengo firmemente la opinión de que se deben respetar los derechos de los niños. El caso de la joven au pair británica que fue considerada culpable en los Estados Unidos de herir mortalmente al niño que tenía a su cuidado ha planteado otros motivos de preocupación. Existe un Convenio del Consejo de Europa sobre las au pairs , pero muy pocos países lo han firmado. Así, pues, pido al Consejo ahora que encargue a la Comisión la formulación de un reglamento de la Unión Europea sobre el papel y los deberes de las au pairs , pero también -lo que es más importante- sobre los deberes y la responsabilidad de las familias que las acogen en sus casas.
En conclusión, quiero subrayar lo que se dice en el párrafo 30 de la resolución. Todos cuantos deben adoptar decisiones que pueden afectar la seguridad o el bienestar de los niños deben tener el mayor cuidado posible y adoptar las máximas precauciones para salvaguardar y proteger los intereses de los niños. Se ha alzado el velo del secreto. Puede que no nos guste lo que se ha descubierto, pero no podemos fallar a nuestros niños.

Goerens
Señor Presidente, el Sr. Schulz acaba de presentar su informe por el que quiero felicitarle. El ponente se propone definir la actitud del Parlamento Europeo en materia de lucha contra una de las formas más odiosas de la criminalidad. Lo que hasta hace poco tiempo aparecía en los periódicos bajo la rúbrica "crónica de sucesos» ha pasado hoy a convertirse en el centro de una crisis de confianza que no ha acabado con la inculpación de los autores de los crímenes, cuyas víctimas más conocidas son Julie, Melissa, Ann y Efje. Esta crisis contribuye también a alertar a nuestras conciencias y a poner de manifiesto las responsabilidades de toda naturaleza.
Este atestado evidente se revela indispensable para avanzar en el estudio del presente informe. Por ello, la Comisión de Libertades Públicas invita al Parlamento Europeo a pronunciarse a favor de una serie de herramientas múltiples en materia de lucha contra el turismo sexual, que habría que denominar, como especifica nuestro ponente en su exposición de motivos, "el viaje realizado al extranjero para abusar sexualmente de niños». La prevención, la represión y la cooperación a todos los niveles, y quisiera añadir la asunción de la responsabilidad a todos los niveles, forman parte del abanico de medidas para luchar contra esta lacra.
El cariz que ha tomado el debate sobre este informe, mucho antes de ser presentado en nuestra Asamblea, hace que prácticamente sólo se hable de un tema, el punto 29 de nuestra resolución, lo que es realmente lamentable, porque todos los puntos merecen que les dediquemos especial atención. En el punto 29 se insta al Sr. Wathelet, juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "... a que dimita de su cargo; la decisión adoptada personalmente por él en su calidad de antiguo Ministro de Justicia belga de poner en libertad anticipadamente a Marc Dutroux... ha tenido consecuencias devastadoras por las que ha de asumir responsabilidad moral y política». Esta cita está sacada del informe del Sr. Schulz.
La enmienda de nuestros colegas Nassauer y Chanterie apunta exactamente a la misma obligación de resultado, pero sin mencionar explícitamente la palabra dimisión. Recordemos también que en un informe aprobado por todos los diputados al Parlamento belga se mantiene la responsabilidad del entonces ministro de Justicia belga. La decisión que debe tomarse no es un asunto baladí. No faltará quien eche en cara a aquellos que voten a favor del informe Schulz el deber de respetar el principio de separación de poderes en cualquier circunstancia, y se trata de un argumento importante. Tampoco faltará quien reproche a aquellos que apoyan el informe Schulz el haber creado un precedente peligroso en la medida en que, por el mismo, el Parlamento deberá asumir la obligación de pronunciarse sobre todo nombramiento posterior que pueda ser objeto de algún tipo de crítica. También este argumento pesa mucho en el presente debate.
Tanto el argumento de la separación de poderes, como el relativo al riesgo de crear un precedente que pudiera hipotecar en el futuro la acción del Parlamento Europeo, con toda la consideración que ambos merecen, presentan un único punto débil: tomados por separado, e incluso juntos, no facilitan la búsqueda de la actitud que debemos adoptar ante la crisis de confianza desencadenada por el caso Dutroux. Se trata de una crisis de confianza que no perdona nada ni a nadie, y que sacude los cimientos mismos de un Estado miembro de la Unión Europea. Esta crisis corre el riesgo, además, de prolongarse inútilmente si nadie piensa asumir la responsabilidad política.
La mayoría de los miembros de mi Grupo, en nombre del cual me manifiesto, apoya el informe Schulz en su punto 29, y lo hace tras una detenida reflexión. Insiste en el hecho de que su toma de posición se inscribe en el contexto extremadamente grave y excepcional de la crisis de confianza desencadenada en Bélgica por el caso Dutroux. Si se ve obligada a asumir su responsabilidad con su voto favorable, es porque otros, en circunstancias diferentes, no han tenido el valor de asumir las suyas. En primer lugar, el Sr. Wathelet, a quien nadie acusa de ser culpable, pero sobre el que el Parlamento del Estado miembro del que es nacional mantiene por unanimidad la responsabilidad. Luego, el Gobierno del Estado miembro que propuso su nombramiento habría podido evitarnos este penoso debate, eligiendo para el cargo a una personalidad menos polémica. Y, por último, los Estados miembros que han ratificado esta decisión.
De hecho, en el centro del verdadero debate se sitúa la cuestión de saber cómo nos proponemos a contribuir al mantenimiento, o incluso al restablecimiento de la credibilidad de las instituciones. La respuesta, en este caso difícil, no puede hacerse sin un alto grado de moralidad, en primer lugar y lamentablemente, no nos permite darla sin correr el riesgo al que acabo de referirme.

Mohamed Alí
Señor Presidente, el tema que hoy nos ocupa es una de las peores plagas a las que tiene que responder la sociedad de nuestro tiempo y, cómo no, los poderes públicos en primer lugar, incluida la Unión Europea. Ninguna sociedad moderna puede mantener su dignidad si es incapaz de proteger a los niños frente a crímenes como la prostitución infantil, el turismo sexual o la pornografía infantil.
Me gustaría hacer referencia a las conclusiones del Congreso mundial contra la explotación sexual de los niños celebrado en Estocolmo en 1996 para recordar que la lucha contra esta nueva forma de esclavitud debe abarcar varios campos, a saber: la cooperación internacional reforzada, la prevención, la protección y la reintegración de las víctimas.
En este sentido, la Unión Europea tiene que contribuir a luchar contra la explotación sexual de los niños, aplicando no sólo los instrumentos de que dispone dentro del marco comunitario sino también a través de acciones comunes dentro del tercer pilar. La Unión Europea debe manifestarse a favor de la promulgación de disposiciones legales nacionales, de acuerdo con las cuales los ciudadanos de los Estados miembros que hayan cometido delitos sexuales contra niños en el extranjero tengan que responder ante los tribunales nacionales. También debemos apoyar la prohibición de la producción y posesión de pornografía infantil y la implantación de medidas para impedir que las nuevas tecnologías se utilicen para fines ilícitos.
Por otro lado, la prevención es algo esencial. No debemos olvidar que, aunque las causas de estos problemas son múltiples, sin lugar a dudas, la pobreza y la desigualdad social son factores determinantes, sobre todo en los casos de prostitución infantil.
Por eso, junto a la prevención específica de las campañas de información dirigidas a las familias y a los profesionales de los sectores educativo, sanitario, judicial y turístico, no se deben dejar de lado medidas de carácter social general que disminuyan la posibilidad de que los delincuentes encuentren su cebo perfecto en la pobreza y la marginación.

Aelvoet
Presidente, colegas, el informe del colega Schulz sobre el turismo sexual que afecta a niños y sobre la lucha contra los abusos y la explotación sexual de los niños, es un informe muy completo. En él se propone una larga serie de medidas. Medidas que atañen tanto a cosas que hay que hacer dentro de la Unión Europea como a cosas que hay que hacer fuera de la Unión Europea. En este contexto, a mi grupo parlamentario le parece muy importante prestar atención al punto que aquí está teniendo una fuerte defensa para la creación de un Centro europeo de niños desaparecidos. Un asunto que ya se ha llevado a cabo en Bélgica y es importante que se tome una iniciativa a nivel europeo. Asimismo, ambas medidas internas nos parecen importantes para la Unión Europea para que se preste suficiente atención y apoyo a las ONG que trabajen en la prevención y detección de la violencia sexual de que son víctimas los niños. Porque, por supuesto, más vale prevenir que tener que curar después.
En cuanto a las medidas hacia fuera, nos parece sobre todo importante que se realice un trabajo legislativo. Un trabajo legislativo respecto a la existencia del principio de doble punibilidad. Respecto a esto, Bélgica ya ha adaptado su legislación y espero que los distintos otros países nos sigan en este ámbito. También el punto de la lucha contra la pobreza es muy importante en este sentido.
Me parece que el colega Deprez tiene cien por cien razón cuando señala que este Parlamento debe asumir la responsabilidad del déficit presupuestario referente al punto 15. Efectivamente, me parece incomprensible que no se haya encontrado una mayoría en este Parlamento para incluirlo. Mi grupo parlamentario ha votado a favor y, gracias a la presencia de este punto, esperamos que esto se consiga en el futuro.
Por lo que respecta al asunto Wathelet, es evidente que el principal responsable es el gobierno belga que le ha propuesto de nuevo para ese cargo. Ese es problema principal. Pero sigue siendo cierto que el Parlamento Europeo no solamente es un legislador, sino también un organismo que se pronuncia políticamente, que emite deseos políticos. Hacemos eso con todo el mundo, pero con Bélgica entonces no podríamos hacerlo. Me parece completamente normal que el Parlamento Europeo también se tome la libertad también respecto del Sr. Wathelet de pedir sin más su dimisión, porque esa es la única conclusión lógica.

Vandemeulebroucke
Señor Presidente, estimados colegas, apoyo plenamente las muchas y buenas recomendaciones de este informe. Nuestro grupo parlamentario apoya este informe plenamente, pero como grupo parlamentario no estamos de acuerdo en todo.
Quiero hablar del punto en que se pide la dimisión del Sr. Wathelet. Personalmente apoyo esta petición de dimisión, o sea el punto de vista del ponente, aunque creo que la connotación de responsabilidad moral no viene al caso. Me parecería mejor que ir a la responsabilidad política y solamente eso, o sea a la responsabilidad política en el sentido más amplio y pleno de la palabra.
Los detractores de la opinión Schulz argumentan la separación de poderes. Esa separación de poderes es evidente, pero esa separación no tiene nada que ver con el nombramiento en sí, pero sí con la integridad, la objetividad y la independencia como actuación de un juez después del nombramiento y durante el ejercicio del mandato. Además, el Tratado establece que los jueces para el Tribunal deben ser elegidos entre las personas que den todas las garantías de independencia, que sean reconocidos como juristas de prestigio y sin embargo en este caso concreto tengo grandes dudas. Que sea un jurisconsulto competente tenemos que buscarlo con lupa. Y también en otros expedientes, por ejemplo en los de compra de armas y en expedientes de fraude medioambiental, se menciona a la misma persona.
La comisión de investigación del parlamento belga tuvo por lo tanto, la tarea de un juez de instrucción y estableció en el asunto Dutroux que debía tenerse en cuenta la responsabilidad del entonces Ministro de Justicia Wathelet. El gobierno belga consideró que, por esta mención, Wathelet ya había sido castigado suficientemente y que podía ser juez en Europa por lo visto. Un mandato europeo del más alto nivel para librarse de este hombre por lo visto, una señal de desdén hacia el Tribunal de Justicia que en ese sentido es considerado como una especie de máquina de reciclaje político. Quizá algo más. Uno de los argumentos en contra de este punto es que el Parlamento no tendría competencia respecto de los jueces europeos. Permítanme referirme a los Estados Unidos donde los jueces del Tribunal Supremo están sujetos a la auditoría del Congreso y después el nombramiento del presidente tiene que ser ratificado o no. Dicho de otra forma, ¿no podemos dar un paso más y pedir más competencias para el Parlamento Europeo? Eso podría ser, quizá, una auténtica prueba.

Buffetaut
Señor Presidente, el grado de civilización de una sociedad se mide por el baremo del tratamiento que dispensa a sus hijos. Nuestro siglo, que oscila entre la peste roja y la peste negra, ha conocido demasiado bien la peste marrón; ha conocido demasiado bien las infancias masacradas. Hoy conocemos otra forma de abyección y de desprecio de la infancia; su explotación sexual. ¿Es, por otra parte, sorprendente en una época de relativismo moral, en la que la dictadura de lo políticamente correcto prohíbe hablar del bien y del mal? En una época en la que, además, el dinero es rey.
El informe del Sr. Schulz tiene el mérito de abordar con realismo esta cuestión dramática, tanto en lo relativo a las incriminaciones penales, especialmente en lo que se refiere a la incautación de material pornográfico pederasta, como en lo relativo a las medidas de prevención. Hemos tomado nota con satisfacción de que el informe hace hincapié en el papel primordial de la familia y de la estabilidad para el desarrollo equilibrado del niño, y que llama la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de garantizar la protección de la familia, en la medida en que ésta constituye el medio más apropiado para que las aptitudes fundamentales de los niños alcancen su plenitud.
El ponente se congratula por las acciones de la Comisión. Espero que, en consecuencia, ésta adopte las medidas más rigurosas para con los responsables de hechos deplorables que han salido a luz en una guardería que está bajo su autoridad. Lamentamos la mención explícita del caso del Sr. Wathelet que, en nuestra opinión, realmente no corresponde aquí. No obstante, votaremos sin dudarlo a favor del informe del Sr. Schulz, a quien doy mi más cordial enhorabuena por la calidad de su trabajo.

Vanhecke
Presidente, dado el muy poco tiempo que se me ha asignado para hablar, me tengo que limitar a unas consideraciones sobre el famoso punto 29 de Wathelet.
Desde el estallido del asunto Dutroux en este país, ya se ha dicho demasiadas veces que todo el mundo se siente impotente frente al aberrante mal del abuso de que son víctimas los niños. Por una parte se invoca con razón esa impotencia porque en cada sociedad habrá criminales, sádicos y monstruos, pero por otra parte se invoca esa impotencia sin ninguna razón. Los asesinatos, los secuestros, las violaciones sádicas que perpetraron Dutroux y sus cómplices, podrían haber sido evitados si el actual juez europeo Wathelet hubiera cumplido con su obligación. Todos los colegas de este Parlamento deben saber que Wathelet ni siquiera puede invocar la circunstancia atenuante de: "Wir haben es nicht gewusst» (No lo sabíamos). Él es él que personalmente ordenó la muy anticipada puesta en libertad del violador multireincidente Dutroux, completamente en contra de todas las recomendaciones negativas de los organismos implicados. Se podía decir con seguridad que Dutroux iba a reincidir. No obstante, Wathelet puso en libertad por propia iniciativa y libre voluntad a ese hombre y firmó con ello no solamente la órden de puesta en libertad sino también la sentencia de muerte de An y Eefje, de Julie y Melissa.
Wathelet es, sin embargo, personal y políticamente también uno de los principales responsables de la putrefacción total de la justicia en este país, en Bélgica. Quiero dejar sin contestar si esto es debido a la incompetencia, la corrupción o a un descuido de sus tareas por una acumulación notoria de empleos. Queda el hecho que la justicia belga después del periódo Wathelet es más corrupta, menos eficiente y menos humana que nunca. Es por ello, por cierto, que incluso en Bélgica él era imposible como ministro y que fue llevado a un sillón de diamantes en Luxemburgo.
Lo menos que se debe decir de Wathelet es que ha sido incompetente, negligente e irresponsable. Pero añado que en el expediente de los asesinatos de niños en este país bajo Wathelet se ha incurrido en tantos "casualidades, equivocaciones, errores, negligencias» que debemos preguntarnos por la protección de redes de pederastia con ramificaciones hasta las más altas esferas políticas.
De este modo llegamos, para terminar, a las tres preguntas a las se enfrenta el Parlamento con relación al punto 29. ¿Queremos un juez europeo que puso en libertad a un cuadruple asesino de niños? ¿Queremos como juez europeo a un hombre que ha arruinado todo el sistema judicial belga? ¿Queremos como juez a un individuo del que se sospecha en amplios sectores de, como mínimo, la protección indirecta de una red de pederastas? La respuesta a estas tres preguntas debe ser: no, no y no. Me alegra, por cierto, que mi colega de los socialistas flamencos comparta esta opinión conmigo. Solamente constato que su partido en el propio país y el presidente de su partido han aprobado la renovación del nombramiento con mucho entusiasmo. ¡Que lo entienda quien pueda!

Terrón i Cusí
Señor Presidente, quiero decir en primer lugar que éste es un buen informe sobre una comunicación de la Comisión que contiene medidas acertadas. Me parece que pone sobre la mesa, de un modo sereno y serio -como debe hacerse-, los problemas que debemos afrontar para proteger eficazmente a los niños en un aspecto tan sensible como el abuso sexual.
Además, creo que contiene otro acierto importante: abordar en un mismo texto la lucha contra el abuso sexual de menores y la lucha contra el turismo sexual que afecta a menores. Tenemos, evidentemente, la obligación de proteger a nuestros niños, a los que conviven con nosotros. Pero tenemos también la obligación de proteger a los niños que, en este mundo, son víctimas de lo peor de ciertos ciudadanos, de lo que no nos gustaría que existiese en nuestra sociedad.
Este informe empieza señalando acertadamente que es en el ámbito privado donde se producen la mayoría de los casos de abuso sexual. Y quiero hacer un paréntesis para decir que, en este sentido, deberíamos trabajar más y poner más imaginación en la prevención de estos casos, en la protección de los niños en este ámbito. Pero alerta también sobre la quiebra de algunos tabúes y sobre cómo puede afectar a ello la irrupción del turismo sexual y la pornografía infantil en nuestra sociedad como algo más o menos tolerado o que, por lo menos, se da en ámbitos amplios y de una forma ya menos oculta que lo que sucede en el ámbito privado. Hay niños de otros países, supuestamente diferentes, cuyas culturas supuestamente les hacen menos víctimas, que son agredidos por nosotros y eso parece que podría llegar a ser más tolerado. Tenemos que ser estrictos en ello.
Quiero, por tanto, dar apoyo a las medidas que propone este informe, en primer lugar, a las que proponen usar los medios que la Unión Europea puede aportar: la lucha contra la criminalidad organizada, la creación de un centro de niños desaparecidos, etc. y también la armonización de nuestras legislaciones para luchar eficazmente contra la pornografía que usa a niños. No debemos olvidar que quien comercia o adquiere ese tipo de material está abusando de un niño que no es sólo una imagen, sino una criatura real, que existe y que ha sido ultrajada.
Debemos cooperar con los países donde se produce este comercio y debemos exigir de ellos un comportamiento decente, pero asumiendo nuestras responsabilidades y asumiendo que la mayoría de los abusadores, de los «clientes» por así decirlo, los aportamos los países desarrollados. Debemos, pues, poderles juzgar en nuestro propio territorio.
Este informe pretende extremar las medidas para que los niños puedan vivir sin temor, puedan crecer libremente, respetando sus derechos y libertades. Y quiero, por último, felicitar a su ponente.

Reding
Señor Presidente, hacía falta el drama de las niñas violadas, torturadas y asesinadas en Bélgica para que por fin nuestra sociedad reaccione, para que por fin caigan los tabúes y para que por fin nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos con los niños, degradados hasta convertirse en mercancía y expuestos indefensos a los apetitos incontrolados de algunos adultos. Una sociedad incapaz de proteger a sus hijos contra crímenes semejantes no puede preservar su dignidad.
Por consiguiente, debemos decir sí a que todas las legislaciones penales nacionales definan como delito la explotación sexual de los niños, ya sea en Europa o en extranjero. Sí a la lucha europea eficaz contra las redes criminales transfronterizas que explotan sexualmente a los menores. Sí a la creación de un centro europeo de niños desaparecidos, a la ayuda a las víctimas y a sus padres, a la creación de bancos de datos adecuados. Sí a un seguimiento médico y social riguroso de los autores de crímenes sexuales y a la detención prolongada o la reclusión permanente de los reincidentes. Sí a la condena, no sólo de la producción, sino también de la posesión para uso personal, de material pornográfico en el que aparezcan niños. Proteger a nuestros hijos debe convertirse en la primera de las responsabilidades de los políticos nacionales y europeos. Espero que estemos a la altura de las circunstancias.
Es un error, por tanto, si se consideran todos estos elementos positivos, reducir el informe Schulz a su artículo Wathelet, que ha sido tan mediatizado. El Parlamento Europeo no tiene competencia para destituir a un juez europeo. Es un hecho. Pero también es cierto que los hombres políticos deben aceptar las responsabilidades morales y políticas de sus acciones, y no esconderse tras una pantalla jurídica. Rechazar este principio y ocupar un escaño del Tribunal de Justicia lo considero, personalmente, completamente incompatible.

Alavanos
Señor Presidente, quiero dar mi enhorabuena al Sr. Schulz por esta propuesta de un sistema jurídico para proteger a los niños de la pederastia, del turismo sexual, de la explotación. Igualmente quiero felicitar al Comisario, Sr. Papoutsis porque, a pesar de las limitaciones del sexto apartado del Tratado de la Unión Europea, intenta construir propuestas concretas en el marco del Comunicado sobre la lucha contra el turismo sexual. Quiero arrojar luz sobre una parte especial del problema, que atañe a las chicas de 15, 16, 17, 18 años que proceden de países de Europa central y oriental y que encontramos ahora en todas estas redes rosas que florecen en Grecia, florecen en Turquía, florecen en Europa del Sur, florecen en Europa central y del Norte. Digamos lo que digamos sobre estos países, por lo menos sabemos que existía una red de guarderías infantiles, de escuelas, de actividades deportivas y culturales. Las cosas han cambiado. ¿Es este el mundo que nosotros vamos a darles? La pobreza genera explotación y por eso es muy importante, primero: enfrentarse al problema; segundo: desarticular las redes; tercero: utilizar los mecanismos jurídicos que el Sr. Schulz propone y, cuarto: servirnos de programas como el PHARE, el TACIS y otros programas comunitarios para dar un golpe a las causas de este problema.

Lalumière
Señor Presidente, como acaba de decir mi colega Jaak Vandemeulebroucke, nuestro Grupo aprueba la voluntad expresada por el ponente de reforzar los medios de la Unión y de los Estados miembros para prevenir la violencia y, si se produce la desgracia, para castigar a los autores de la violencia de que son víctima los niños, en particular, la violencia sexual.
El informe, inspirado en el respeto de los niños, contiene importantes propuestas firmes y valientes. No obstante, hay un punto sobre el que nuestro Grupo está dividido. Se trata del punto 29, relativo al cuestionamiento del antiguo ministro de Justicia de Bélgica, Sr. Wathelet. El Sr. Cassiniet y otros oradores también se han referido hace un momento a este punto 29. Por mi parte, y expreso aquí la opinión de varios colegas de mi Grupo, este cuestionamiento, que está encaminado a ejercer presión sobre el Sr. Wathelet para que dimita de sus actuales funciones como juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no es de recibo.
En primer lugar, el punto 29 reconoce expresamente que el Sr. Wathelet no cometió ninguna ilegalidad en el marco del Derecho belga, al autorizar la puesta en libertad de Marc Dutroux. Estamos, por tanto, fuera del ámbito de la responsabilidad penal y del Derecho penal. En estas condiciones, el Parlamento Europeo interviene en el plano de la responsabilidad política y moral del Sr. Wathelet.
En lo que respecta a su responsabilidad política, no vemos muy bien sobre qué base se apoya el Parlamento Europeo para poner en cuestión la responsabilidad política de un ministro belga. No somos el Parlamento de Bélgica. En cuanto a nuestros poderes con respecto al Tribunal de Justicia y la elección de sus miembros, hay que constatar que no tenemos ninguno. Es cierto que podemos proponer una reforma de los textos sobre esta cuestión. Puede que sea deseable, pero hoy no hay nada. Además, no podemos transgredir el principio de separación de poderes.
Queda la responsabilidad moral del Sr. Wathelet. Es el aspecto más delicado. Mis queridos colegas, ¿acaso somos una autoridad moral que pueda pedir cuentas a alguien sobre una base moral? Comprenderán que sienta fuertes reticencias a que sigamos por este terreno peligroso. La ley y el Derecho son terrenos sólidos, en cualquier caso, más sólidos que el de la moral, en el que cabe temer la subjetividad y las pasiones. El Parlamento Europeo, órgano político por excelencia, debería resistirse a convertirse en una autoridad que juzgue a un hombre en función de un orden moral definido caso por caso.
A pesar de que aprobamos el informe del Sr. Schulz, en su conjunto, comprenderán porqué, en conciencia, algunos de nosotros no votemos a favor del punto 29.

Hager
Señor Presidente, antes de empezar, en mi calidad de austriaco, permítame que señale que la comunicación de la Comisión que ha motivado el informe es incompleta por cuanto, además de los países allí citados, también Austria estableció, mediante la Ley de reforma del Código Penal de 1996, los fundamentos jurídicos que permiten castigar los delitos de abuso sexual de niños y pornografía infantil cometidos en el extranjero. Con motivo del debate sobre la determinación del límite de la edad protegida en Austria, ya expresé nuestra especial preocupación por la protección de los adolescentes. Es una satisfacción para mí que, al menos en el presente contexto, la protección de los niños se extienda hasta los 18 años.
Las medidas que propone el informe deben ser acogidas con total satisfacción, más allá de alguna confusión de conceptos por lo que se refiere a los términos niños, jóvenes y menores de edad. La referencia al hecho de que éste es un fenómeno que no puede combatirse únicamente por medios penales, sino que también tiene un carácter sociopolítico, resulta insuficiente a mi parecer. En efecto, es evidente que la permisividad sexual que ha venido propagándose durante varios decenios y cuyos frutos se han abierto paso hasta las cámaras de tortura de Europa a través de los quioscos de prensa sobresaturados de pornografía, también contribuye a encauzar la demanda. Convendría replantearse urgentemente esta cuestión. No obstante, en resumen, estamos de acuerdo con el informe del Sr. Schulz.

Lambraki
Señor Presidente, Yo también querría felicitar al Comisario Sr. Papoutsis, por la sensibilidad y por la rapidez con la que ha respondido al deseo de todos nosotros de tener un documento para comenzar el debate sobre este candente tema, que preocupa a miles de ciudadanos, no sólo en los países europeos, sino en todo el planeta. También quiero dar mi enhorabuena al Sr. Schulz por su excepcional informe; porque analiza el problema con gran sinceridad política y con gran valor, también político, propone medidas para la solución de esta complicada cuestión
El rápido aumento del número de las víctimas de la explotación sexual infantil y de la violencia espanta a los ciudadanos. Los ciudadanos se asustan, pero nosotros, paralelamente, debemos hacernos cargo de nuestra responsabilidad política y presionar, realmente y con fuerza, para que los gobiernos de los 15 Estados miembros tomen medidas. Medidas que se van a enfrentar, no me atrevo a decir que harán desaparecer, sino que se van a enfrentar con este problema. La pobreza, que afecta a muchas zonas de nuestro planeta, es la primera causa que estimula y fomenta la pedofilia y el turismo sexual infantil. Por otro lado, el desarrollo económico de nuestros países, y dentro de nuestros países, de determinadas clases de ciudadanos, les da derecho a explotar la pobreza y la indigencia de estas zonas en la persona de estos niños.
Por esta razón considero muy correcta la postura del informe del Sr. Schulz, al decir que los usuarios o los espectadores de material pornográfico en que los niños son protagonistas deben ser considerados cómplices y deben ser, realmente, condenados al igual que los autores naturales. Incluso creo que, más allá de cualquier condena legal, tal como prevé el código Penal, deberá haber, en el caso de estas personas más poderosas económicamente que pertenecen a este sucio círculo, una condena social. Y esta condena social vendrá al desvelar las acciones de estos señores que en sus patrias o en sus familias o en su entorno quieren ser llamados dignas personas.
Estoy de acuerdo con todas las propuestas sobre los cambios de la legislación penal de nuestros Estados miembros, como es castigar severamente la utilización de menores en espectáculos de carácter pornográfico, privados o públicos; como es el severo castigo de la producción, de la venta y de la distribución de material pornográfico. Y principalmente, vuelvo a insistir, deberá castigarse por igual a los espectadores y a los propietarios de este material.
Terminando, querría decir que el problema es complicado, económico, político y social. Una condición para empezar a solucionar el tema es que haya voluntad política por parte de los políticos, aquí y en nuestros países, de dar un golpe a este sucio círculo que económica, social y políticamente es muy poderoso. Algún día los políticos deberemos asumir nuestras responsabilidades y éstas no son sólo penales. los políticos, aparte de responsabilidad penal, tenemos también responsabilidad moral. Por eso, creo que la Comisión pide justamente, sin intervenir en cuestiones internas de la sociedad y del sistema belga, la dimisión del ex-ministro; no porque tenga responsabilidad penal, sino por tener responsabilidad moral frente a estos niños que no podrán jamás crecer ni disfrutar de la vida.

Chanterie
Señor Presidente, estimados colegas, hace un año, apenas dos semanas después de tener noticias de los acontecimientos terribles que entonces tuvieron lugar en Bélgica, intervine aquí en la sesión plenaria como portavoz del grupo parlamentario EVP para proponer unas medidas para hacer de la lucha contra el abuso de menores también una prioridad política europea. Nos alegramos, mi grupo parlamentario entero y yo, de que el informe Schulz suponga una contribución esencial para ello y con este motivo quiero felicitarle.
Quiero resaltar cuatro puntos con más detalle. En primer lugar, la inclusión de los derechos del niño en el Tratado se ha hecho indirectamente mencionando los derechos básicos sociales y adoptando medidas políticas contra la discriminación por razón de edad, exclusión social, trata de seres humanos y delitos de que son víctima los niños en el Tratado de Amsterdam.
En segundo lugar, se ha adoptado en el Parlamento Europeo en el presupuesto de 1997 nuestra propuesta de destinar en el presupuesto explícitamente medios para prevenir y luchar contra el abuso de menores. Pero hemos oído de Gérard Deprez que para el presupuesto de 1998 se espera un esfuerzo aún mayor.
En tercer lugar, se responde a la cuestión de prohibir la pornografía infantil, la prostitución infantil, el turismo sexual que afecta a los niños y la publicidad de sexo infantil, con un gran número de propuestas también en el informe Schultz. En cuarto lugar, la petición a los Estados miembros de ratificar rápidamente el Convenio Europol recibe el apoyo tanto de los políticos como de las ONG. Con ello no ha desaparecido por supuesto el abuso de menores ni se evitará por completo el abuso de los mismos. Para tal fin, por cierto, otros deben desempeñar su papel y asumir su responsabilidad en sectores como la publicidad, las telecomunicaciones, la cultura y el turismo, desde padres, educadores y profesores hasta jueces de instrucción, autoridades eclesiásticas y miembros del gobierno. Porque el cuidado del bienestar del niño es una tarea conjunta de la sociedad. Este es un imperativo ético.
También quiero entrar en detalle en la enmienda que presenté en nombre del grupo parlamentario EVP, con mi colega Nassauer, referente al antiguo Ministro de Justicia belga Wathelet. Se puede diferir de opinión sobre su responsabilidad política o moral. Pero Melchior Wathelet es juez en el Tribunal y por lo tanto indestituible, excepto por una decisión unánime de los otros jueces del Tribunal. Por eso, la enmienda no se dirige al juez Wathelet, sino al antiguo Ministro Wathelet. Por eso, esta enmienda invita al antiguo Ministro que a saque las conclusiones adecuadas por su decisión trágica de la prematura puesta en libertad de Dutroux.
Pregunto por lo tanto a los responsables de este informe extraordinario: ¿de qué se trata hoy realmente? ¿Cuál es su intención? ¿Quieren un marco contra un tipo de delitos o quieren un "one man show», un proceso sensacionalista contra un antiguo ministro? Les pregunto ¿a quién tienen en el punto de mira? ¿A Dutroux, Nihoul, Derochette y compañía o a Wathelet? Lamento por lo tanto que un expediente tan delicado y un informe tan interesante como este se convierta en una palanca para empezar un juego personal o político.
El que sabe que el Parlamento Europeo no puede forzar la dimisión y que sin embargo insiste en ello, se engaña a si mismo o la opinión pública incluyendo también a los padres de los niños asesinados y desaparecidos. El que siembra este tipo de bobadas políticas, cosechará desgracias democráticas cuando finalmente llegue el caso. Incluso el presidente del partido socialista flamenco, Louis Tobback, mantiene la candidatura de Wathelet como juez del Tribunal de Justicia. Ha declarado que se niega a participar en lo que él considera, un tribunal popular o un linchamiento y se opone a una inhabilitación profesional. El titular del periódico Le Soir del martes 21 de octubre es: "Tobback à la rescousse de Wathelet». Uno puede preguntarse y preguntar con razón cuál es la postura exacta del SP y sus europarlamentarios.
Para dejarlo claro, Señor Presidente, también a mí me ha molestado lo que algunos han denominado: la huida de Wathelet. Como muchos otros, estaba en contra de este nombramiento superpolítico. Pero todo esto no justifica que el Parlamento Europeo sin audiencia ni investigación alguna se comporte como un tribunal popular.
Señor Presidente, estimados colegas, afortunadamente hay 33 otros puntos que sí merecen la pena ser leídos y convertidos en medidas políticas y son los que apoyamos.

Lukas
Señor Presidente, el fenómeno de los viajes realizados con la finalidad de abusar sexualmente de los niños supone una grave incriminación moral contra la industria de los viajes y el turismo como sectores en expansión del siglo XXI. Las compañías de aviación, los operadores turísticos y las agencias de viajes tienen, por lo tanto, la obligación de ofrecer información preventiva a los autores potenciales. Éstos son en muchos casos hombres que también tienen hijos o, al menos, que manifiestan una sensibilidad hacia los niños en el entorno de su país. Una sensibilización dirigida a su conciencia podría frenar a estas personas.
Por lo tanto, además de las medidas legales, debería explotarse plenamente la vía de la información preventiva mediante una cooperación entre el sector público y la industria. En los aviones que vuelan a determinados destinos no deberían repartirse condones entre los pasajeros varones, sino folletos informativos en los que se exponga claramente que en Tailandia o en África las niñas menores de edad también son sólo eso: ¡niñas indefensas y nada más!

Zimmermann
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hace exactamente algo más de un año que se celebró en Estocolmo la Conferencia contra el abuso sexual comercial de los niños. Es bueno que la Comisión haya elaborado propuestas sobre esa base y que éstas se debatan hoy en el Parlamento. Debe valorarse muy positivamente la elaboración de un excelente informe dedicado a examinar cómo podemos combatir estos abusos y qué podemos hacer para proteger a nuestros niños.
Esta semana he leído en el periódico Süddeutsche Zeitung que la violencia sexual está muy extendida entre los jóvenes y que, desde luego, no sólo en los países en desarrollo hay hombres jóvenes que recurren a las drogas y el alcohol o ejercen coacciones psíquicas o físicas para imponer sus designios sexuales. Yo pienso que esto no ocurre sólo en esos países, sino que también es una realidad entre nosotros. Éste es el terreno abonado sobre el que florecen el turismo sexual y el abuso sexual de los niños. El informe que hoy se debate transpone las peticiones de una protección más adecuada para las víctimas y un castigo proporcionadamente severo de los culpables, que vienen formulando desde hace ya varios decenios asociaciones como ECPAT (Organización contra el turismo sexual en Asia) y las asociaciones de mujeres.
La prevención es, sin embargo, muy importante. En primer lugar, debemos hacer todo lo posible para evitar que las víctimas no se conviertan luego en verdugos. En segundo lugar, no debe erigirse un tabú en torno a la violencia sexual entre los jóvenes. En tercer lugar, no debe responsabilizarse colectivamente a las familias de los culpables; estas personas necesitan recibir, por el contrario, asistencia social y psicológica adecuadas.
La Comisión de Derechos de la Mujer se ha preocupado mucho de destacar que no debemos concentrarnos sólo en el turismo sexual y la pedofilia. Esto supondría descargar el problema sobre unas minorías anormales y enfermas. Es más importante que lo abordemos directamente y nos preguntemos cuáles son las relaciones de poder entre los sexos en nuestra sociedad. Es una cuestión que nos afecta a todos y nosotros instamos a todos a que aborden personalmente este problema y actúen personalmente para evitar que se siga abusando de los niños.

De Esteban Martin
Señor Presidente, Señorías, yo también quiero unirme a la felicitación al Sr. Schulz por su informe. Son muchos los aspectos a destacar de este informe, y por ello no voy a entrar en el asunto Wathelet. Por ello, voy a resaltar sólo algunos aspectos y, especialmente, la necesidad del establecimiento por parte de la Unión de una mayor coordinación de las medidas nacionales contra la explotación sexual de los menores de los Estados miembros.
En este sentido, los Estados deben proceder a modificar y revisar sus ordenamientos para tipificar de manera más precisa los delitos contra la libertad sexual, teniendo en cuenta la edad de las víctimas. En esta tarea no podemos olvidar la importancia de la protección de los derechos inherentes a la dignidad de la persona y, sobre todo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la integridad sexual de los menores, cuya voluntad, carente de la necesaria formación, puede ser manipulada y dañada de forma, en muchos casos, irreparable.
Como dato, puedo adelantarles, Señorías, que en España hemos procedido a la modificación de nuestro Código penal en tal sentido. Modificación que en estos momentos se está debatiendo en nuestro Parlamento y que, previsiblemente, entrará en vigor en enero del próximo año.
Creo igualmente de enorme importancia resaltar que para que las medidas legislativas consigan el efecto que nos proponemos es necesario, en la mayoría de los casos, una mejora efectiva en las formas de atención a la infancia, procurando una mayor coordinación en la aplicación de los medios humanos y materiales.
Debemos ser conscientes de que cuando un menor está necesitado de ayuda, es necesario facilitársela con urgencia, sin que una lenta burocracia paralice una efectiva y posible solución a cada uno de sus problemas.
Quiero asimismo hacer hincapié en la enmienda que hemos presentado, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, referente a la identificación de los menores en las fronteras. Como diputada, he recibido un número significativo de quejas formuladas sobre situaciones de vulneraciones de derechos de menores de edad producidas por la sustracción de niños y adolescentes que han sido retenidos y trasladados ilícitamente a través de fronteras internacinales con el peligro de que estas situaciones puedan terminar, en muchos casos, en tráfico o explotación sexual de menores en cualquiera de sus formas. Frente a esta situación, creo necesario -y así lo especifico en la enmienda- extremar las garantías de protección jurídica mediante la inclusión de nuevos medios físicos de identificación de los menores en los documentos públicos, así como en el modelo del pasaporte comunitario.
Por todo ello, señor Schulz, espero que pueda apoyar esta enmienda.

Colombo Svevo
Señor Presidente, en realidad, el cometido del ponente no era uno de los más sencillos, ya que debía responder con medidas concretas a un compromiso internacional como el de la Conferencia de Estocolmo, a una serie de acciones comunes del Consejo, a comunicaciones inmediatas de la Comisión, pero sobre todo debía responder al impacto que todos nosotros sufrimos a raíz del caso Dutroux que ha originado una serie de dolorosas denuncias y ha puesto de manifiesto cierta infravaloración también dentro de nuestros Estados. Es siempre difícil responder al dolor y la exasperación a través de las razones de la política y la racionalidad de las propuestas.
El ponente ha elegido un método que para mí es aceptable, ha aprovechado esta tensión para afrontar los temas más candentes y más arriesgados. El Sr. Deprez tiene razón: en otros momentos no habríamos alcanzado un acuerdo tan mayoritario en cuanto a la definición, por ejemplo, del delito de actos de pederastia, la posesión de material pornográfico que utiliza a los niños, la edad misma del consentimiento para la madurez sexual o el problema de la extraterritorialidad. Cierta pseudocultura, que también se manifestaba entre nosotros, habría quizás entorpecido decisiones valientes. Hoy, en cambio, hemos alcanzado un acuerdo que ha sido más amplio que el logrado dentro del Consejo de los Ministros. Estamos asistiendo a modificaciones de las legislaciones nacionales precisamente con respecto a estos temas en nuestros Estados.
En el informe encuentro, sin embargo, que se depara mucha atención al valor del niño en particular y a sus derechos y es precisamente sobre la base de este valor que interpreto el apartado 27 que para mí es el punto que trata la responsabilidad política, mucho mejor que el apartado 29. Considero que dicha responsabilidad política -hay que decirlo claramente- no afecta tan sólo a los niños, sino que encuentra en este aspecto, por lo delicado de los contenidos, un ejemplo, sin duda, concreto.
He sabido a través de mis amigos belgas y del Partido Popular que se ha presentado una enmienda. Considero que acerca de este tema debe lograrse un amplio consenso, al igual que respecto al resto del informe y recuerdo sólo un dato: en el año 1993, bajo la Presidencia belga, fue precisamente Bélgica quien propuso cinco recomendaciones contra el tráfico para el abuso sexual. Cinco recomendaciones que no fueron aprobadas, no sólo por parte de Bélgica, sino de toda la Unión Europea. Confiemos en que ya no nos hagan falta más víctimas.

Perry
Señor Presidente, voy a ayudarlo rasgando mi discurso: sé que quiere usted que sigamos con esto.
Estoy de acuerdo con los aspectos fundamentales del informe. Sé que ha habido problemas particulares en Bélgica, pero todos sabemos que se trata de un problema que no se limita a un solo país, sino que traspasa las límites nacionales. Se plantea la cuestión de qué debemos hacer y qué podemos hacer en el nivel europeo.
Desde luego, creo que el informe no insiste, lamentablemente, lo suficiente en lo que se debe hacer para controlar la red Internet. El mes pasado se examinó un buen informe, queremos que se ponga en práctica lo antes posible ese buen informe del Sr. Whitehead.
Existe un problema de niños desaparecidos en toda Europa, por lo que la de la oficina de niños desaparecidos es una idea extraordinariamente buena. Convengo con el Sr. Collins en que necesitamos alguna reglamentación de control de las au pairs . En Gran Bretaña se cuentan numerosas historias graciosas sobre las au pairs suecas; seguramente habrá historias graciosas en otras partes de Europa sobre las au pairs británicas; tiene que haber alguna reglamentación.
Por último, soy uno de los diputados que creen en la separación de poderes, señor Presidente. No voy a permitir que se utilice mi mandato político para obstaculizar el mandato judicial de los jueces. En inglés decimos «un error no se corrige con otro error».

Pirker
Señor Presidente, yo me congratulo de que las intervenciones de los últimos oradores hayan devuelto el debate al tema que realmente nos ocupa, esto es, el abuso y la explotación de los niños con fines sexuales, una de las facetas más lamentables de nuestra sociedad. Entre tanto, también estamos enterados de que se han convertido en un negocio, en un negocio internacional, una pornoindustria, de la cual sabemos que obtiene ilegalmente la mayor parte de sus ganancias a expensas de los más débiles de nuestra sociedad. Se trata de un negocio casi tan grande como la industria de la droga.
Por consiguiente, es imperativo que actuemos contra este negocio internacional que trafica con los más débiles de nuestra sociedad. Por consiguiente, yo acojo con satisfacción el debate en torno a estos puntos, o sea, en relación con la lucha contra el abuso de los niños. Me congratulo de que se haya presentado un paquete de medidas que contempla la cooperación internacional, pues sólo ésta tendrá éxito en este caso.
Sólo voy a referirme a un par de aspectos que me parecen esenciales. El primer requisito es, desde luego, la armonización de la legislación. Sin dicha armonización no tendremos ninguna posibilidad de actuar contra todos estos hechos tratándolos como conductas delictivas.
Yo quisiera destacar que considero particularmente importante que se introduzca el principio de extraterritorialidad, de la vigencia extraterritorial de la ley. En nuestro país, en Austria, ya lo hemos introducido y yo me congratularía si consiguiésemos su adopción a escala europea como una posible vía de actuación. También acojo con satisfacción las demás medidas previstas, como por ejemplo el internamiento preventivo de los reincidentes o la búsqueda internacional mediante el sistema de información de Schengen. Me complace muy especialmente que se prevea destinar los beneficios de estos negocios a la atención de las víctimas. En resumen, se trata de un paquete de medidas que yo espero que reciba el apoyo de todo el Parlamento, en beneficio de los más débiles de nuestra sociedad, ¡en beneficio de los niños!

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el debate de hoy ha subrayado la dramática extensión de la plaga de la pederastia y de la explotación sexual de los niños.
La opinión común europea, tal como ha puntualizado el ponente, Sr schulz, está conmocionada por los descubrimientos que se han realizado últimamente. Está preocupada por los muchos aspectos con que se manifiesta esta plaga. Pederastia, prostitución infantil, trata de niños, pornografía infantil y turismo sexual pederasta. Son fenómenos deprimentes. Fenómenos a los que debemos enfrentarnos sólida y radicalmente, comoquiera que se desarrollen en la Comunidad Europea y dondequiera que se desarrollen en el mundo. Pero son fenómenos que, cuando se dan en terceros países, debemos contribuir decisivamente en su lucha por medio de la colaboración mundial.
Creo que este debe ser nuestro mensaje básico del debate de hoy. La determinación política de Europa a enfrentarse con eficiencia a esta pesadilla. Y, en este punto, quiero felicitar al ponente Sr. Schulz por su excepcional, real y minucioso informe. Pero también quiero dar las gracias a los ponentes de las opiniones complementarias, a la Sra. Baldi, a la Sra. Bennasarn Tous, así como al Sr. Casini por sus útiles observaciones y propuestas.
Señor Presidente, últimamente la lucha contra la pederastia y contra la explotación sexual de los niños se encuentra en la cima de nuestras prioridades políticas. La Comisión Europea, tal como hemos subrayado repetidamente en el pasado, está decidida a contribuir con todas sus fuerzas en este intento. Y en todo este tiempo, durante los últimos 14 meses, hemos emprendido una serie de, creemos, iniciativas importantes y concretas. Como ya saben, la Comisión Europea, en agosto de 1996 participó activamente en el Primer Congreso Mundial contra la explotación sexual de los niños con miras comerciales que adoptó la declaración de Estocolmo y el plan de acción. El 25 de septiembre de 1996, mi colega, la Sra. Rita Gradin presentó un memorandum sobre la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra la explotación sexual y los abusos de que son víctimas los niños. Tras adoptar el Consejo, el 29 de noviembre de 1996, la acción común que condujo a la aplicación del programa STOP, el área de la Comisión para asumir acciones positivas, se extendió significativamente. El plan presupuestario de 1997 del Parlamento Europeo de la línea B3-4109 ha hecho posible desarrollar la iniciativa DAPHNE relativa a las medidas para la lucha contra la violencia en contra de los niños, de los jóvenes y de las mujeres. El 16 de octubre de 1996, la Comisión publicó un comunicado en relación con el contenido ilícito y nocivo en Internet. Como ya saben, en agosto de 1997, se organizó un forum sobre el Internet. La comisión va a presentar, en un futuro inmediato, un plan de acción sobre el Internet en el Consejo de Telecomunicaciones.
Hemos presentado también el Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en el marco de los servicios audiovisuales y de los servicios de información. La Comisión presentará, igualmente, al Consejo de Cultura un comunicado común a un plan de recomendación para la continuación del Libro Verde. Como también saben, la Directiva Televisión sin Fronteras se ha modificado este año, estableciendo determinadas reglas que gobiernan la dignidad humana y la protección de menores. Igualmente, considero que debemos hacer una mención de la acción común que adoptó el Consejo de Ministros el 27 de noviembre de 1996 para la lucha contra la trata de niños y su explotación sexual. Los Estados miembros estuvieron de acuerdo en adoptar una legislación que hiciera posible que los responsables de crímenes sexuales de los que son víctimas los niños, que se han llevado a cabo en terceros países, comparecieran ante un tribunal. Y además, acordaron penalizar la posesión de material pornográfico relacionado con los menores.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, me van a permitir que ahora me refiera más especialmente al comunicado de la Comisión sobre la lucha contra el turismo sexual pederasta. Este comunicado nuestro se sitúa en un esfuerzo más amplio que hemos acometido como Comisión para la lucha contra la explotación sexual de los niños. El Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión, en numerosas ocasiones en el pasado, que se ocupe especialmente del fenómeno del turismo sexual pederasta. Como ya saben, nos referimos por primera vez a esta cuestión en nuestra propuesta sobre el primer programa plurianual en favor del turismo, el Programa PHILOXENIA, en abril de 1996. Hoy tenemos pleno conocimiento de la seriedad del problema del turismo sexual pederasta, un fenómeno dramático que no conoce fronteras geográficas ni culturales, ni tampoco sociales. Las cifras son aterradoras. Según las apreciaciones actuales, las víctimas del turismo sexual y de la prostitución organizada aumentan un millón cada año. Y por supuesto, debemos reconocer la responsabilidad de los países desarrollados. Los turistas que toman parte en este tipo de turismo principalmente proceden de los países de Europa occidental, de América del Norte, de Australia y de Asia. Sin embargo, no debemos ignorar que el turismo sexual pederasta no se limita a Asia sudoriental. En la actualidad se ha extendido en muchos países de Asia, En Sudamérica en el Caribe y en Africa. Y, por supuesto no debemos olvidar la aparición de estos fenómenos también en los países desarrollados. Es más, últimamente determinados países de Europa oriental están empezando a atraer turismo esta clase, y también a exportar la prostitución infantil.
La protección de los niños y la lucha contra situaciones que los convierte en víctimas de abuso sexual sigue encontrándose en el centro de nuestros esfuerzos. Pero igualmente es significativa la disuasión y la enérgica condena de los turistas pederastas. Debemos, por un lado buscar formas de reducir la oferta en su origen y, por otro, tenemos que buscar medidas para la erradicación de la demanda de menores. Para luchar contra este fenómeno nos basamos especialmente en la colaboración con la industria turística. Sin embargo, los medios de acción de que dispone esta industria por si sola son limitados en este sector. Para tener resultados reales, la aplicación de las medidas relativas debe situarse en un marco más general, en un marco que incluya la colaboración interestatal, las acciones de los organismos internacionales y también las iniciativas de las organizaciones no gubernamentales.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, creemos que la intervención comunitaria para la lucha contra este fenómeno deprimente es más que necesaria. Y estaré de acuerdo con ustedes: Esta intervención comunitaria debe ser todavía más enérgica, debe ser aún más eficaz en el presente y en el futuro. En nuestro comunicado planteamos cuatro objetivos concretos que orientan nuestras iniciativas y nuestras acciones:
Primero, la disuasión y el castigo de las personas que proceden al abuso sexual de los niños;
Segundo, refrenar la corriente de turistas sexuales de los Estados miembros de la Comunidad Europea.
Tercero, la contribución en la lucha del turismo sexual en terceros países con cada medio aconsejable en el marco de las relaciones exteriores y del desarrollo político de la Unión y
Cuarto, exhortar a los Estados miembros de la Unión Europea a enfrentarse en común al turismo sexual pederasta.
Señor Presidente, quisiera ahora detenerme en las propuestas concretas que presenta el Sr. Schulz. Debo decir que considero especialmente importantes estas propuestas en cuanto al tema que estamos debatiendo. Y me encuentro en la grata situación de informarles que en la Comisión Europea ya hemos dado continuación a una serie de medidas que apoya el Parlamento. Más especialmente, con su votación están apoyando la necesidad de la conducción de campañas informativas de la opinión común europea sobre este tema. Estamos preparados para aplicar su propuesta. Y quiero informarles de que ya hemos anunciado una convocatoria de presentación de propuestas y una convocatoria de presentación de ofertas de iniciativas a fin de fomentar la coordinación a nivel europeo de las campañas informativas y de sensibilización de los ciudadanos de Europa.
Igualmente, con su votación invitan a la Comisión a intervenir en las distintas ramas del sector turístico. Últimamente hemos llevado a cabo una serie de intervenciones dirigidas a la industria turística. Y me alegro especialmente de que muchas uniones profesionales, europeas e internacionales, del sector del turismo ya hayan publicado votaciones relativas, de que hayan publicado normas, de que hayan publicado códigos de ética. Les voy a referir, de forma indicativa: la Unión de Viajeros, la Unión de Agentes de Turismo, la Unión de Transportes Aéreos así como la Unión de Hoteleros. Quiero asegurarles que continuaremos nuestros esfuerzos en esta dirección. Y, en este punto, debo subrayar que sólo un pequeño sector, una pequeña parte de la industria turística está implicada en el fomento de este fenómeno. La gran mayoría de los profesionales del sector turístico apoya los intentos de lucha contra esta variedad del turismo, del turismo de la vergüenza.
También en su votación dotan ustedes de un peso especial a la política exterior de la Unión y a la política del desarrollo hacia los terceros países en los que crece este fenómeno. Quiero asegurarles que en la Comisión Europea ya hemos emprendido los procedimientos de coordinación interservicios. Nuestro objetivo es emprender determinadas iniciativas exactamente en este marco de nuestras relaciones internacionales; pero también en el de los programas de la política de desarrollo de la Unión.
Señor Presidente, para terminar quiero agradecer una vez más al ponente Sr. Schulz y a todos los oradores su interés, y también las determinadas propuestas que han hecho. La iniciativa y el apoyo del Parlamento Europeo son determinantes para el éxito de nuestros esfuerzos comunes, para la protección eficaz y el bienestar de los niños en Europa y en el mundo entero. Quiero asegurarles que continuaremos con nuestros esfuerzos en común. Hoy tenemos el deber y la gran responsabilidad de luchar contra cada fenómeno de pederastia y de abuso sexual de los niños, comoquiera, dondequiera y en el caso de que se manifieste. Y esta responsabilidad constituye para nosotros una prioridad y un compromiso moral.

Schulz
Señor Presidente, ya sé que usted dejará caer el mazo dentro de 60 segundos exactos, pero yo le ruego que me conceda luego otros 10 segundos. Sólo cuatro comentarios. Primero: quiero dar las gracias a todos cuantos han participado en el presente debate y en particular a mis co-ponentes, por sus valiosas aportaciones. Segundo: se me olvidó añadir que la colega Laura Esteban Martín ha presentado una enmienda muy acertada, la enmienda 3, que yo apoyo aunque no se indique así en la relación de votos. Así lo manifestaré mañana antes de la votación. Tercero: agradezco al colega Deprez su excelente colaboración a lo largo de muchos meses. Buena parte del contenido de la resolución es fruto del trabajo común. Dadas sus circunstancias personales, yo puedo disculparle que durante todos estos meses y también hoy se haya sentido obligado a defender con tanta vehemencia al Sr. Wathelet. Cuarto: por si subsistía alguna duda en cuanto a si el colega Chanterie interviene desde aquí en la política interior belga, éstas han quedado despejadas con el presente debate. A mí no me incumbe la política interior belga, ni tampoco me interesa; el objeto de mi interés es el juez del Tribunal de Justicia Europeo. Quisiera acabar con una observación dirigida al colega Chanterie. La localidad de procedencia de las niñas Julie y Melissa se encuentra a 40 kilómetros del lugar donde viven mis hijos y las fronteras entre Alemania y Bélgica permanecen abiertas. También podría haberles ocurrido a mis hijas. Por esto, éste es un tema que me afecta en la práctica, Sr. Chanterie.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Política Común de la Pesca
después del año 2002
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0298/97) de la Sra. Fraga Estévez, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Política Común de Pesca después del año 2002.
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Fraga Estévez.

Fraga Estévez
Señor Presidente, la reforma de la PCP a partir del año 2002 es, sin duda, la cuestión más trascendente de todas las que van a afectar al sector pesquero en un futuro que ya está muy cercano. La importancia y repercusiones de esta reforma han quedado de manifiesto a lo largo del intenso debate que, durante muchos meses, ha ocupado a la Comisión de Pesca, fruto del cual es el texto de compromiso que hoy les presento para su aprobación.
Es evidente que, en dicho compromiso, no pueden estar representados todos y cada uno de los aspectos que algunos diputados hubieran querido reflejar ni, por supuesto, las posturas más extremas y opuestas. Los compromisos son la búsqueda de un consenso respecto a las cuestiones más transcendentales y, desde el principio, la intención del proyecto de informe era huir de posturas dogmáticas e identificar las contradicciones, vacíos y aspectos obsoletos de la actual PCP para, a partir de ahí y con la contribución de todos los colegas, poder ofrecer a la Comisión y al sector pesquero una visión de lo que no funciona en la política pesquera actual y las posibles vías para dotarla de realismo y eficacia.
No todos, como digo, hemos estado de acuerdo ni en el diagnóstico de lo que falla ni en las soluciones más adecuadas. Pero tengo que manifestar mi agradecimiento a los miembros de la comisión que, a pesar de las discrepancias y las distintas opciones políticas, han colaborado para tratar de llegar a un acuerdo sobre las bases que deben regir la PCP del futuro.
Fruto de este trabajo es este compromiso en el que, aunque no todos se reconocen plenamente en él, creo que sí recoge las principales preocupaciones de la mayoría. Entre ellas, debo citar:
el consenso sobre que la PCP actual tiene graves fallos de fondo que dificultan la evolución del sector; -el reconocimiento de que la flota comunitaria está sobredimensionada y es urgente que se adapte a los recursos, muchos de los cuales están, por otra parte, en grave peligro; -la necesidad de que la nueva PCP tenga un enfoque integrado, que contemple como un todo a la industria pesquera y sus necesidades, y normas claras y coherentes para la protección de los recursos con una visión global de lo que las medidas suponen para todo el ecosistema marino.El compromiso recoge también la especial preocupación de la Comisión de Pesca por las repercusiones sociales de las medidas que se tomen; la necesidad de salvaguardar las economías más dependientes de la pesca costera, reservándoles la franja de las 12 millas; la necesidad de consultar e implicar al sector en las decisiones que les afectan, y dotar a la PCP de una gestión auténticamente descentralizada.
El informe, además, propugna una verdadera política de control comunitario y aboga por normas urgentes para la armonización del sistema de infracciones y sanciones en todos los países miembros y mira hacia el futuro de las posibilidades de la acuicultura y de la industria de transformación, cuya capacidad de dotar a los productos pesqueros de valor añadido debe tenerse muy en cuenta pero cuya viabilidad pasa por una reforma profunda de la organización común de mercados.
Para que los sectores pesqueros comunitarios puedan moverse en el futuro con parámetros de competitividad, se proponen algunas alternativas que debe ser analizadas y estudiadas, como la eventual propiedad y transferibilidad de derechos de pesca y la demanda de que la pesca deje de ser un sector apartado de los conceptos que rigen la eficacia y la rentabilidad y su plena integración en las reglas del mercado único.
Todas estas posibilidades pueden ser más o menos factibles, pero han sido fruto de una reflexión muy seria, profunda y debatida. Sin embargo, señor Presidente, la verdadera importancia política de este informe y el mayor de sus méritos es el de haber tomado la iniciativa de reflexionar sobre lo que debe esperar la pesca europea de la reforma del 2002, haber dado el primer paso para debatir y contrastar con los sectores afectados lo que se espera de ella y haber lanzado el desafío a la Comisión de que es necesario empezar ya un profundo debate con todas las partes implicadas para afrontar la actual PCP y todo lo que forma parte de ella, con sus contradicciones y fallos.
A este respecto y en lo que se refiere a la Comisión, no puedo dejar de lamentar la ausencia en un debate de esta transcendencia de la Comisaria de Pesca, Sra. Bonino, comunicada a última hora, que dice mucho de la preocupación e interés que últimamente viene mostrando por las cuestiones pesqueras.
En cualquier caso, cada uno debe cumplir sus responsabilidades. La futura política común pesquera debe implicar un debate entre todas las partes afectadas, debate que deberá llevarnos hasta el año 2002 para ofrecer a la pesca europea posibilidades de ser un sector con futuro y cuyos resultados pueden ser, a lo mejor, muy diferentes de las alternativas que hoy aquí se plantean. Pero, aunque así sea, si son alternativas realistas y eficaces, este primer y valiente paso del Parlamento Europeo habrá cumplido su misión.

Baldarelli
Señor Presidente, estimo que es muy importante que el Parlamento, en sesión plenaria, debata este informe que, por otra parte, se basa en la iniciativa de la Comisión de Pesca, un informe que tiene en cuenta el debate que se está llevando a cabo ya a escala internacional sobre la reforma de la Política Común de Pesca. Un debate cuyo protagonista es el Parlamento que, antes que las demás Instituciones comunitarias, anticipa las propuestas e indica las perspectivas en lo referente a la reforma de la pesca. La indicación del Parlamento es rigurosa y seria y tiene en cuenta algunos principios importantes que han sido subrayados en el texto: primero, el principio de la estabilidad relativa que se ha establecido en el momento en que ingresaron en la Unión Europea dos Estados importantes, España y Portugal; segundo, el principio del mantenimiento de los recursos pesqueros a un nivel medioambiental compatible, habida cuenta de que con respecto a este tema no le corresponderá sólo a la Unión Europea, es decir, a las Instituciones comunitarias - Parlamento, Comisión y Consejo- intervenir, sino que, cada vez más, les corresponderá también a las demás organizaciones internacionales disciplinar las estructuras y los esfuerzos en materia de pesca. Los recursos encuentran fuertes dificultades y están sometidos a una fuerte sobreexplotación. Debemos conseguir que se protejan, y al mismo tiempo tenemos que lograr que la Unión Europea mantenga sus recursos dentro de los países y sobre todo, desempeñe una función importante en el marco de los acuerdos internacionales. En este sentido, las compatibilidades medioambientales son muy importantes, al igual que es importante el papel de la Unión Europea en el ámbito de los acuerdos internacionales, unos acuerdos que prevén el desarrollo de una relación paritaria con los terceros países, permiten el crecimiento de las actividades artesanales y no someten a estos países a verdaderos actos de rapiña por parte de la Unión Europea y de los países más desarrollados.
Por ello, es evidente que el medio ambiente y las relaciones internacionales son importantes, pero también existe otro aspecto que, en el ámbito de la Política Común de Pesca, consideramos significativo, es decir, el aspecto social. No cabe duda de que este sector está en crisis, tiene dificultades y es un sector que tiene una escasa influencia en el Producto Interior Bruto, sin embargo, es muy importante y nosotros nos damos perfectamente cuenta de que la pesca además de un valor económico, tiene asimismo un valor social y cultural, ya que en la pesca actúan los artesanos y operan la industria y las cooperativas. En consecuencia, cuando hablamos de Política Común de Pesca debemos pensar en unas actividades económicas que se basen en el respeto de los horarios de trabajo, en la no explotación y en la posibilidad de que también los trabajadores gocen de condiciones de seguridad a la hora de utilizar los instrumentos de su actividad, ya que, como sabemos, la pesca es uno de los sectores que presenta los mayores riesgos laborales respecto de las demás actividades.
Por esta razón, la orientación que hemos fijado tiene en cuenta la gran opción social, una opción en que queremos afirmar el modelo europeo, más que otros -estadounidense, del sureste asiático, etcétera-. En el sector de la pesca el modelo social europeo debe afirmarse plenamente, también porque la pesca es uno de los sectores en que los acuerdos regionales y locales tienen una tradición histórica y antigua, presentan unas características incluso antropológicas en algunos aspectos y, en consecuencia, mantienen una relación muy directa entre la gestión de los recursos, el aprovechamiento de los mismos y la capacidad de introducirse en el mercado.
Creo que éste es el primer informe que tiene en cuenta todos estos factores y por ello me congratulo con el ponente y puedo manifestar que el grupo Socialista lo va a apoyar.

Langenhagen
Señor Presidente, hoy se debate un informe por propia iniciativa de la Comisión de Pesca sobre la Política Común de Pesca después del año 2002. La llamada Europa azul se estableció en 1983 por un período de veinte años y, por lo tanto, tocará a su fin en el año 2002. El propósito del informe era ofrecer una primera base orientativa de discusión para la reformulación de la política pesquera. De hecho, pudimos constatar que nadie se había ocupado seriamente hasta ahora del futuro de la política de pesca. De ahí la especial importancia del presente informe, con el cual el Parlamento Europeo no habrá dicho, obviamente, su última palabra sobre este tema.
El problema central para la Política Común de Pesca es la situación catastrófica de las poblaciones de peces, asociada a un sobredimensionamiento de la flota pesquera. Casi todos los apartados del informe giran en torno a esta cuestión. ¿Qué se pide en el informe? Frente al problema de una flota pesquera sobredimensionada, el informe pide la adaptación de sus efectivos a los recursos existentes con vistas a alcanzar un equilibrio. Evidentemente, sin dejar de tomar en consideración la componente social.
En segundo lugar, con vistas a la conservación de los recursos se pide que se establezca un sistema que sea sencillo y eficaz. Las cuotas de capturas que se establezcan anualmente deberán estar basadas en la consideración de los factores biológicos, económicos y sociales, y debe promoverse una mayor implicación de todos los pescadores en el proceso. En el reparto del volumen total de capturas se seguirá aplicando el principio de la estabilidad relativa. ¡Esto es increíblemente importante!
En tercer lugar, la Política Común de Pesca debe seguir apoyando la reconversión estructural del sector, con objeto de que ésta se realice de manera socialmente compatible. En cuarto lugar, la política de control es parte integrante de la Política Común de Pesca y resulta imprescindible para desarrollar una política razonable de protección de los recursos. Por esto también otorgamos una enorme importancia a que así se expresara en el informe y que se pidiera la armonización de las normas mínimas de los Estados miembros, un refuerzo del control de los recursos y la ampliación de los controles existentes a la producción de los países terceros.
En quinto lugar, por lo que se refiere a la política relativa a los recursos externos, el informe se remite a los principios ya aprobados por el Parlamento Europeo. Yo hubiese deseado, no obstante, una manifestación más inequívoca en favor de que la negociación de los acuerdos con terceros países sea en adelante de la exclusiva competencia de la Comisión Europea. Es lisa y llanamente necesario, a mi parecer, que la Unión Europea se presente en la medida de lo posible como una unidad en el ámbito de la política exterior y de la política económica exterior y que ésta no quede rota por un exceso de acuerdos bilaterales.
Como es sabido, el informe constituye un texto de compromiso que el Grupo del Partido Popular Europeo suscribe gustoso. Debemos expresar, ciertamente, nuestro especial agradecimiento a la ponente, Carmen Fraga, que se ha enfrentado con arrojo a una empresa muy difícil.

d'Aboville
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente por el trabajo considerable que ha realizado y por el espíritu de conciliación del que ha hecho gala la Sra. Fraga Estévez para llegar a un compromiso. Pero quiero reconducir un poco el debate.
¿De qué se trata? Antes del 31 de diciembre del 2002, la Comisión debe presentar un informe sobre la situación general de la pesca, sobre el que el Consejo decidirá cualquier ajuste que estime necesario, en particular, sobre dos puntos: las restricciones del ejercicio de la pesca en la zona denominada "Shetland box» y la reconducción o no del régimen de excepción de la zona de las doce millas no comunitarias.
La Comisión de Pesca ha estudiado esta cuestión y se han puesto de manifiesto dos puntos de vista totalmente divergentes. Uno que preconiza la liberación de las condiciones de acceso a las aguas comunitarias, con una atribución individual de los derechos de pesca, transferibles en el mercado; el otro que propone volver a nacionalizar determinadas aguas comunitarias para reservarlas a los Estados ribereños.
No apoyamos ninguno de estos dos puntos de vista, porque consideramos imprescindible preservar el principio de estabilidad relativa, según el cual cada país tiene derecho a un porcentaje fijo de las capturas totales anuales y según el cual, cada país se encarga de repartir los derechos de pesca entre los pescadores. Asimismo consideramos necesario mantener el régimen actual, que reserva la zona de las doce millas a los pescadores artesanales ribereños. Porque, ¿en qué se basan los reformistas más ardientes? En una evaluación perentoria y sin matices, según la cual la PCP sólo sería un fracaso.
Ni que decir tiene que todo está lejos de ser perfecto en la organización de las pescas europeas, pero no por ello se puede declarar que todo haya fracasado. En todo caso, los esfuerzos y las modificaciones que convendría introducir, en nuestra opinión, deben girar en torno al capítulo "mercado» y sobre los controles, las actuales lagunas que se han detectado en estos ámbitos son ciertamente la causa principal de las dificultades de la Política Común de Pesca.

Teverson
Señor Presidente, también yo creo que es muy triste que la Comisaria no esté aquí hoy para el que probablemente sea el debate más importante sobre el sector pesquero en los próximos años.
Por lo que se refiere a la Comisión de Pesca, una de las cosas más importantes es que el Parlamento como institución debe ir por delante de las otras instituciones en el debate dentro de la Unión Europea para exponer sus opiniones sobre cómo debe ser la Política Pesquera Común.
Quisiera decir a otros diputados que no debemos considerar marginal la pesca; de lo que estamos hablando aquí es de la ecología marina, en sentido más amplio. Los océanos cubren unas dos terceras partes de la superficie de la Tierra y las flotas europeas cubren la mayor parte de esas zonas en algún momento.
Una de las cosas más importantes que revela el estado de la PPC es que en conjunto ha fracasado constantemente. Ha fracasado en sus objetivos de conservación, ha fracasado en el mantenimiento de los puestos de trabajo y también ha fracasado en gran medida en el sector de los acuerdos internacionales con vistas a defender a terceros países y sus poblaciones de peces y desarrollar sus industrias. Ha sido en parte por la excesiva centralización y la politización de la Política Pesquera Común.
El resultado es que la industria no respeta la política misma; creo que eso es aplicable a toda la Unión Europea. Como hemos visto en muchos otros informes en la Comisión de Pesca, no ha habido la voluntad política entre los Estados miembros para imponer su cumplimiento. Hemos intentado resolverlo añadiendo más reglamentos a los ya existentes, lo que ha surtido poco efecto.
¿Qué nos revela eso? Creo que se trata de un mensaje sencillo. En primer lugar, el de que en modo alguno podemos continuar con la situación actual. Eso significa que es esencial una reforma fundamental de la política pesquera.
Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Me parece que hay dos claves para encontrar una vía por la que avanzar. En primer lugar, tener objetivos claros: no creo que los tengamos en este momento. Son los siguientes: explotación sostenible de las poblaciones de peces, prosperidad a largo plazo para la industria pesquera y las comunidades que de ella dependen, oferta al consumidor de pescado de buena calidad a precios aceptables -con frecuencia olvidamos la vertiente relativa a los consumidores en esa industria- y protección a largo plazo del medio marino en sentido amplio.
Más importante es la necesidad de una política que funcione de verdad y podemos aprovechar las lecciones que se desprenden de la experiencia ajena. En primer lugar, sólo podemos gestionar con éxito las poblaciones de peces mediante la coincidencia de las zonas en que son gestionadas con el propio régimen de gestión y la diversidad de dichas poblaciones de peces. La respuesta para eso es la regionalización.
También tenemos que hacer participar a los interesados en el proceso microeconómico y darles poder para regir de verdad su propia industria y tenemos que dar a los pescadores el derecho sobre sus poblaciones de peces hasta cierto punto. Eso significa el fin del acceso y los recursos comunes.
A ese respecto creo que este informe no es lo suficientemente breve, no está lo suficientemente concentrado y, aunque es valioso en muchos aspectos, ha cedido demasiado a la transacción y resulta deficiente en relación con esos sectores fundamentales.

Novo
Señor Presidente, Señorías, por desgracia no me puedo dirigir a la Comisaria Emma Bonino, por lo que me dirijo al Comisario aquí presente.
Al aprobar este informe, estaremos determinando las principales orientaciones políticas a que, al menos desde el punto de vista parlamentario, debe obedecer la futura Política Pesquera Común. La industria de la pesca reviste particular importancia social y en materia de empleo en muchas regiones europeas, aunque cada vez haya sido más despreciada -en particular en el presupuesto comunitario- respecto de otros intereses financieros y económicos mucho más mimados, pero que no reflejan la relevancia y la importancia social que este sector sigue -y seguirá- teniendo en nuestra sociedad.
Las orientaciones políticas generales de este informe son positivas y pueden contribuir a modificar aspectos profundamente negativos de la Política Pesquera Común actual. El texto que hoy se somete a la aprobación final de este Pleno incluye muchas de las enmiendas que presentamos y figuran en él muchas otras ideas que defendimos a lo largo de muchos meses de debate. Así, por destacar algunas, podríamos citar las siguientes:
El mantenimiento del usufructo y la gestión exclusiva de los Estados miembros ribereños de la zona de doce millas (propuesta que hicimos y de la que nos enorgullecemos); -En segundo lugar, el informe defiende la necesidad de una distinción clara entre pesca costera artesanal y gran pesca comercial. Además, propone la mejora y la armonización de las normas de protección y seguridad en el trabajo, la reducción de los períodos de protección de la pesca en el mar, la necesidad de garantizar más y mejor la protección y la seguridad social de los pescadores. Por ejemplo, el informe propugna -como también propusimos- la participación activa de los pescadores y sus organizaciones en la formulación, la aplicación y la gestión descentralizada de todas las políticas relativas a la industria pesquera: desde las decisiones relativas a las prohibiciones hasta las políticas de mercado encaminadas a garantizar el sostenimiento de las rentas de los productores, pasando por la aplicación de nuevas artes y técnicas y la determinación de TAC y cuotas.-Como propugnamos, el informe apoya una política activa de preservación de los recursos y los hábitats marinos, con dotaciones presupuestarias adecuadas para la investigación científica y para el control transparente y generalizado de las decisiones; Por último, reconoce -como también propusimos- que el reequilibrio entre capacidades de flota y recursos no se haga sólo a costa de una política generalizada de reducción de las embarcaciones.
Se trata de un informe positivo, que infunde esperanzas justificadas al sector. Pero no debemos lanzar las campanas al vuelo: es tan sólo un primer paso. A partir de ahora, resulta necesario que los pescadores, sus organizaciones y, de forma general, la industria tenga influencia en el plano nacional y en el plano comunitario para que el Consejo y la Comisión lleguen a ratificar esas orientaciones.
Para concluir, quisiera felicitar a nuestra ponente, la Sra. Carmen Fraga Estévez, por el trabajo que ha realizado a lo largo de meses y por el esfuerzo de conciliación que ha hecho en relación con el texto que mañana votaremos.

Tamino
Señor Presidente, he escuchado atentamente lo manifestado por la ponente, sin embargo, debo confirmar que para el Grupo de los Verdes el contenido de la resolución, a pesar de que es el resultado de un compromiso, no es todavía aceptable. El problema de la Política Común de Pesca después del año 2002 es un tema muy relevante para la Unión Europea y, por consiguiente, también muy controvertido. No hay duda de que es conveniente mantener una Política Común de Pesca después del año 2002, aunque para nosotros los Verdes el objetivo principal es garantizar la conservación del stock de pesca y considero que éste es un objetivo sensato porque, si no habrá peces en el futuro, no habrá tampoco pesca. Actualmente, la industria de la pesca no permite a los peces cumplir el ciclo reproductivo normal, lo que reduce el stock de pesca y genera situaciones de crisis para la propia industria. Poner en tela de juicio los métodos de pesca que afectan a la propia sobrevivencia de los peces es, en consecuencia, ventajoso no sólo para el medio ambiente, sino para la industria pesquera y para garantizar un futuro aceptable para los pescadores. Por consiguiente, a pesar de que supone una mayor dificultad, es necesaria una verdadera reforma de la pesca que tenga como objetivo la sostenibilidad y el mantenimiento de los recursos pesqueros. La resolución objeto de debate, por el contrario, no modifica de hecho el planteamiento de la actual Política Común de Pesca, incluso cuando se confirman de palabra importantes innovaciones. Se afirma, por ejemplo, justamente, el principio de precaución pero, sin una adecuada definición del mismo, éste puede interpretarse de forma distinta en los diferentes países.
Por estas razones, hemos presentado unas enmiendas de cara a convertir en más clara la parte del informe que se refiere al medio ambiente y a la conservación de los recursos pesqueros. Pensamos asimismo que los acuerdos de pesca, en particular con los países ACP, deben ser modificados a fin de asegurar una adecuada cooperación científica y técnica para el seguimiento y control de los recursos con objeto de garantizar su conservación. De todos modos, existen otros aspectos del informe que merecerían un debate más profundo. Gran parte del debate que se llevó a cabo en el seno de la comisión, se centró en la posibilidad de que la Política Común de Pesca siga siendo una excepción con respecto al principio del libre acceso a las aguas comunitarias. Consideramos que el problema del acceso es un problema importante, aunque debe supeditarse a otras cuestiones como la conservación, el control real de la actividad pesquera, la adopción de medidas técnicas adecuadas y la significativa reducción de la capacidad de la flota, de forma compatible con el mantenimiento de los stocks pesqueros.

Macartney
Señor Presidente, me ha sorprendido un poco oír a la ponente presentar el informe diciendo que no se han incluido las ideas más radicales: es lo opuesto enteramente. En realidad, es mi Grupo, el Grupo Radical, el que está intentando conservar lo que tenemos de nuestra Política Pesquera Común, mientras que las ideas de ella no sólo son radicales, sino también, a mi juicio, temerarias y peligrosas. No puedo concebir nada más desestabilizador para Europa que la perspectiva de guerras de pesca en todas las aguas europeas, no sólo en las aguas actualmente abarcadas por esta PPC, sino también en el Báltico y en el Mediterráneo. Me preocupa mucho que, al intentar insistir en esas obsesiones sobre el mercado libre y la eficiencia económica, hayamos de afrontar una situación en verdad muy desestabilizadora.
Resulta muy significativo que la Política Pesquera Común reconociera lo contrario exactamente a lo que la Sra. Fraga ha dicho, a saber, que la pesca no es una actividad económica antigua, sino que, al contrario, es una forma muy específica y excepcional de actividad económica y tiene que seguir siéndolo. Es demasiado importante para que se la deje a merced del libre mercado.
La Política Pesquera Común no es una excepción temporal del principio de la libertad de acceso que vaya a desaparecer automáticamente al final del año 2002. Ése es un punto decisivo de discrepancia entre los dos bandos de este debate. Los que queremos conservar la PPC, pese a sus defectos, y basarnos en ella afrontamos el ultimátum de que desaparezca totalmente y haya una batalla campal después del año 2002. Resulta muy alarmante para las industrias pesqueras no sólo de Escocia, a la que represento, sino también de toda la Unión Europea desde el Báltico hasta el Mediterráneo. La estabilidad relativa, que varios colegas han subrayado -cosa que me ha dado alegría-, no es, en realidad, el centro y la piedra de toque de este informe como lo es de la Política Pesquera Común. La estabilidad relativa es, naturalmente, lo único que hace la PPC casi aceptable para la industria pesquera en este momento.
He tomado nota aquí detenidamente de que los Sres. Baldarelli y d'Aboville y la Sra. Langenhagen han subrayado la importancia de la estabilidad relativa. Convengo totalmente al respecto, pero ése no es el aspecto principal del informe, es un aspecto muy secundario.
Así, pues, quiero que la Asamblea se oponga a este informe por las tres razones siguientes:
En primer lugar, socava la conservación. La conservación es incompatible con la eficiencia económica y el funcionamiento del mercado libre. En segundo lugar, socavará las comunidades costeras que dependen de la pesca en alta mar, su modo de vida y su viabilidad. Por último -y esto debe preocupar a todos los diputados a esta Asamblea, aun cuando vivan lejos del mar-, socavará el apoyo a la Unión Europea y constituirá un acicate para quienes dicen que sólo hay una vía para salir de esta pésima Política Pesquera Común y es la de abandonar la Unión Europea. Debemos resistirnos a esos cantos de sirena y debemos oponer resistencia a este informe.

Souchet
Señor Presidente, aunque no señora Comisaria, la idea de elaborar un informe de iniciativa sobre el futuro de la PCP después del año 2002 a partir de un balance, sin concesiones, del funcionamiento y de las disfunciones de veinte años de la Europa Azul era buena. La Sra. Fraga Estévez presentó en la Comisión de Pesca un primer proyecto que dio lugar a encendidos debates. Era inaceptable. ¿Por qué? Porque el enfoque ultraliberal que se defendía puede que convenga a un Estado miembro, España, pero no a los demás, para los que dicho enfoque habría supuesto una desorganización fatal de las estructuras de las pescas nacionales.
Estas primeras propuestas volvían a cuestionar el principio de relativa estabilidad según el cual, cada país dispone de un porcentaje fijo de captura anual que él mismo se encarga de repartir, en beneficio de un sistema de asignaciones individuales transferibles de los derechos de pesca, que abre la puerta a una generalización de la práctica perversa del quota hopping (traspaso de licencias de pesca) y, con el tiempo, a la posible desaparición de flotas nacionales completas en beneficio del poder costero de que ya goza la flota más pletórica. A este nuevo planteamiento de las cuotas nacionales venía a sumarse la concesión de prioridad absoluta al sector de la transformación, considerado de manera abusiva como una actividad de sustitución de la reducción del número de pescadores, y la ausencia de toda medida de apoyo eficaz relativa al mercado de la pesca fresca, a pesar de que es fundamental para la vida y la actividad, incluso turística, de nuestras regiones costeras. El carácter paliativo de la actual PCP se veía, por fin, reforzado mediante el llamamiento a nuevas y drásticas reducciones generalizadas de las flotillas -siempre la reconversión mediante el desguace.
La Sra. Fraga Estévez se ha prestado de buen grado a un replanteamiento fundamental de su informe inicial. Hemos podido aportarle una serie de mejoras. Pero el resultado final sigue siendo insatisfactorio, pues no se han tenido en consideración algunas de nuestras enmiendas. Hay tres cuestiones que consideramos fundamentales.
Primera cuestión, hay que mantener, sin lugar a dudas, el principio de la estabilidad relativa de las cuotas nacionales y de la subsidiaridad en la gestión de estas cuotas, y garantizar un control equitativo y eficaz del sistema de TAC y de cuotas. Segunda cuestión, es indispensable mantener la no comunitarización de las aguas territoriales en el límite de las 12 millas, que deben seguir estando reservadas a los pescadores artesanales ribereños. Tercera cuestión, es fundamental que la PCP se convierta en una política incitadora y protectora, en beneficio de un sector que, en todos nuestros países costeros, desempeña un papel de capital importancia en materia de fomento de los recursos del país. Por ello, en lugar de frenarla, hay que reforzar las ayudas destinadas a la pesca artesanal y proporcionarle los medios para que se desarrolle y, en particular, fortalecer el capítulo mercado en el ámbito fundamental de la pesca fresca y de la calidad de los productos.
Nuestro Grupo, señor Presidente, no puede dejar de lamentar que el informe sobre el futuro de la PCP no haya sido articulado con la suficiente claridad en torno a estos tres objetivos fundamentales, que sólo en caso de que se persigan, podrá justificarse en el futuro el mantenimiento y la aprobación de la Europa Azul.

Paisley
Señor Presidente, hay que defender y mantener la industria pesquera de Irlanda del Norte después del año 2002. Los que se ganan el sustento con la pesca y los frutos de la pesca en Irlanda del Norte deben ver respaldado su trabajo por salvaguardas apropiadas y procesos y políticas estructurales. Nuestra industria pesquera va camino de quedar totalmente eliminada. No se debe permitir que quienes no tienen -o no tienen bastantes- aguas pesqueras propias saqueen a aquellos cuyos caladeros han sufrido ya a manos de los llamados expertos en conservacionismo, que en muchas ocasiones han resultado estar equivocados.
Por ejemplo, ciertas poblaciones de peces llegarían, según nos dijeron expertos de la UE, a extinguirse en el mar de Irlanda, si no se aplicaban sus propuestas. Ocurrió lo opuesto, pero los pescadores sufrieron drásticamente las consecuencias de una decisión equivocada de Bruselas. En toda formulación de políticas se deben tener en cuenta las diversidades regionales.
Una de las grandes deficiencias del pasado ha sido una falta de imposición eficaz del cumplimiento de la normativa y muchos países miembros han contribuido a ello. Debe haber un respeto leal de los caladeros y todas las partes deben comprometerse a cumplir las normas y se las debe obligar a que las cumplan. Se debe abordar la picaresca en torno a las cuotas y se debe abolir en el mar del Norte la preferencia de La Haya, que distorsiona totalmente las cuotas de pesca. Las comunidades pesqueras que han visto la reducción de sus flotas deben recibir apoyo ahora para que puedan conservar lo que queda y aliento para iniciar un nuevo desarrollo.

Kindermann
Señor Presidente, después de un largo y difícil debate, la Comisión de Pesca alcanzó un compromiso en relación con el tema central de la orientación de la Política Común de Pesca después del año 2002, que obtuvo un apoyo mayoritario en comisión y que ahora se presenta al Pleno. Sin embargo, el procedimiento por el que se concretó finalmente el texto del informe sin duda no fue óptimo y la Comisión de Pesca debe procurar no tomarse por costumbre abordar los temas importantes y difíciles mediante textos de compromiso amplios, que luego debido a la premura de tiempo tienen que someterse a votación por el procedimiento de urgencia. Yo insto, por lo tanto, a los futuros ponentes a que tomen en consideración con tiempo la opinión de los demás miembros de la comisión ya en el momento de elaborar el proyecto de informe, a fin de evitar que vuelvan a presentarse 420 enmiendas en la comisión, como ocurrió en el presente caso.
Que el informe consiguiera finalmente a pesar de todo el respaldo de la inmensa mayoría es un hecho que debemos agradecer en primer lugar a la gran voluntad de compromiso de la ponente, por la cual yo quisiera expresarle mi reconocimiento personal.
Un compromiso, como es obvio, no puede satisfacer plenamente todos los intereses y, por consiguiente, fue preciso dejar de lado determinados aspectos de detalle. Sin embargo, lo importante para mí es que el informe sigue reconociendo el principio de la estabilidad relativa y la posibilidad de que también se mantenga la limitación del acceso a las aguas costeras de los Estados miembros después del año 2002. Yo creo que del informe se desprende asimismo con suficiente claridad que, por razones socioeconómicas y bioecológicas, no es posible considerar la pesca como si se tratase de cualquier otro sector económico, aun cuando yo hubiese deseado la inclusión de alguna que otra formulación explícita. Por lo tanto, no puedo suscribir la opinión de algunos colegas que ven en el informe un ataque contra el acervo comunitario.
Por otra parte, no debemos olvidar que se trata de una primera aproximación al tema y que éste sin duda no será el último debate que celebre el Parlamento sobre la forma que deberá adoptar la Política Común de Pesca después del año 2002.

Provan
Señor Presidente, no creo que deba repetir mis observaciones anteriores sobre la forma como ha hecho su trabajo la ponente. Al aceptar muchas enmiendas -y me alegro que haya aceptado muchas mías-, se ha situado en una posición bastante incómoda para ella, porque el informe que entrega hoy es muy diferente de su borrador inicial. Pero eso demuestra que ha hecho su trabajo adecuadamente y creo que el Parlamento lo reconoce.
La Política Pesquera Común es bastante desastrosa en este momento. Tenemos una mezcolanza entre recursos y capacidad de capturas y necesitamos reconstruir las flotas. Diariamente se desechan cantidades superiores a las cuotas y la venta de pescado no registrado en el mercado está acabando con el respeto que mucha gente siente por la Política Pesquera Común.
Naturalmente, necesitamos una política que proteja a las personas que viven en las zonas más periféricas y pobres de la Comunidad y creo que el principio general en que se inspira este informe es correcto. Subraya la estabilidad relativa, digan lo que digan algunos colegas, e insiste en que se deben respetar las zonas delicadas de la Comunidad.
Me encanta que el primer párrafo de este informe pida una zona exclusiva de doce millas para los países y las comunidades ribereñas a fin de que los pescadores de dichas zonas puedan gestionar sus propios recursos con arreglo a la normativa comunitaria. Reviste importancia decisiva que los pescadores se sientan participantes de la política, a diferencia de lo que sucede ahora. El ochenta por ciento de los pescadores faenan cerca de sus costas, por lo que el ochenta por ciento de los pescadores participarán en la política. Los buques mayores que faenan a mayor distancia requerirán mucho más control de la Comunidad que en el pasado. Creo que todo esto figura en este informe, por lo que le doy mi apoyo total.

Gallagher
Señor Presidente, aunque no estoy de acuerdo con muchos aspectos del informe de la ponente, quiero felicitarla por haberlo sacado hasta aquí.
He escuchado las opiniones de los representantes de los pescadores, muchos de los cuales creen que se ha preparado esta propuesta de resolución simplemente para acabar con el concepto de las pesquerías nacionales sometidas a cuotas y considera esta industria como cualquier otra. Todos nosotros sabemos que la pesca no es lo mismo que cualquier industria. Parece haberse pasado por alto totalmente -o haberse tratado con desdén- la importancia de que existen comunidades pesqueras ribereñas viables. La propuesta no tiene en cuenta adecuadamente las necesidades en materia de asignación de recursos de las comunidades costeras situadas cerca de los caladeros. El informe no refleja exactamente las opiniones ni las necesidades de todos los interesados en la pesca comunitaria. Esta propuesta intenta básicamente afirmar que las cuotas nacionales son incompatibles con los principios del Mercado Único y la libre circulación de capitales, como si no hubiera que tener en cuenta ningún otro principio.
Se han hecho algunas concesiones con vistas al mantenimiento del límite de seis a doce millas. Al mismo tiempo, la propuesta va encaminada a velar por que, en última instancia, tras un período de estudio -y esto es importante-, se racionalice la asignación de TAC asignando derechos de pesca entre los pescadores: en otras palabras, ITQ.
En otros sitios se han ensayado los ITQ, que han sido polémicos y no han logrado alcanzar los objetivos económicos. Se han utilizado como bienes comercializables, se han vendido fuera de los Estados miembros y creo que crearán problemas infaliblemente. No se deben nacionalizar las cuotas. La idea de que la estabilidad relativa y el reparto de cuotas se introdujeron para facilitar la adaptación al Mercado Único no es correcta y no se debe permitir que los requisitos del Mercado Único se confundan con un acceso ilimitado a los recursos.
Me opongo a la tesis de que el de la pesca sea un sector en declive. Creo que se trata de una predicción demasiado sombría. Ha habido y sigue habiendo muchos pescadores con éxito y las empresas complementarias han tenido éxito.
Las reducciones de las flotas no son necesariamente la clave para la conservación. La gestión es la clave para el futuro. ¿Por qué no examinamos la posibilidad de utilizar el método de la retirada de la actividad para la industria pesquera? La retirada de tierras es buena para la política agraria, conque deberíamos aceptar una retirada de la actividad para la industria pesquera.
En conclusión, lo único que puedo decir es que se debe rechazar esta propuesta en su forma actual. Su aprobación podría exacerbar el considerable riesgo de que algunas flotas nacionales pudieran reducirse por debajo de un nivel mínimo prudencial, con lo que la prestación de servicios infraestructurales y de apoyo resultarán antieconómicos para muchos de nuestros Estados miembros.

Efremidis
Señor Presidente, la reforma de la política pesquera con perspectivas posteriores al año 2002, debemos reconocerlo, debe tener el objetivo de fomentar, de apoyar este sector, útil y valioso desde múltiples puntos de vista. Para que esto suceda esta reforma deberá examinar el sector en todos sus aspectos, en todas las particularidades que lo caracterizan. Me temo que el informe de la Sra. Fraga Estévez, a pesar de las significativas mejoras que aporta al informe inicial y con la aceptación de las modificaciones, no se corresponde plenamente con los problemas principales que tiene el sector.
Concretamente, es positivo que haga una clara distinción entre la pesca local a pequeña escala y la pesca comercial a gran escala, la industrial. También es positivo que pida determinadas medidas positivas para las pequeñas flotas pesqueras costeras. Pero existe la tremenda contradicción: una Política Común de la Pesca para el Atlántico, para el Mar del Norte y para el Mediterráneo. En los dos primeros casos, aguas territoriales de 200 millas. En el tercer caso, el caso mediterráneo, de 6 a 12 millas. Es un tratamiento evidente, desigual, peligroso.
Segundo, son positivos algunos motivos para la retirada de la pesca de los que se dedican a ella. Pero, no obstante, por muy poderosas que sean las razones, no solucionan el problema. Es como la aspirina, en algún momento se acaba. ¿Dónde van a trabajar estas personas? ¿Se amontonarán en los millones de parados? Aquí no hay solución, no hay recomendación, no hay punto ni apartado que diga: "medidas preventivas para el empleo de los trabajadores retirados de la pesca».

Martinez
Señor Presidente, intervengo como diputado procedente de uno de los principales puertos del Mediterráneo, la ciudad de Sète. La Sra. Fraga Estévez, como buena gallega, evidentemente defiende a sus 80.000 pescadores de Galicia, cuatro veces más numerosos que los pescadores franceses, sus 18.000 buques o más, de un total de 100.000 buques europeos, tres veces más que la flota pesquera francesa -es una auténtica Armada- y sus 660.000 toneladas de capturas, cuatro veces más que las capturas francesas.
Señora Fraga, usted tiene razón, este sector está en crisis. Tras la despoblación del campo viene la despoblación de los puertos pesqueros, un sector, como sabemos, difícil, duro, que conoce conflictos, una "guerra del Golfo»... del golfo de Vizcaya, una guerra del atún, incluso una guerra del bacalao, que está sometido a obligaciones jurídicas muy importantes, derivadas de la libertad que existe en alta mar y de las limitaciones biológicas. No se puede hacer lo que se quiera con las reservas pesqueras, eso es evidente.
Siempre se pide sacrificios a los pescadores y las soluciones son siempre maltusianas. Se ha hablado hace un momento de la congelación de los mares. En el POP 4, por ejemplo, Francia deberá reducir el 10 % de su capacidad de pesca, a pesar de que con el POP anterior de 1991 ya tuvo que destruir cerca de mil buques franceses de una flota de ocho mil.
Lo curioso es que la Sra. Fraga, en la posición española, invierte la situación actual. Los británicos se convierten en proteccionistas y los españoles en ultraliberales al querer asignaciones individuales de los derechos de pesca, incluso una bolsa de cuotas individuales que se pueda intercambiar. Conocemos las soluciones, estamos buscando balones de oxígeno en nuestros 26 acuerdos con terceros países, en particular, con Marruecos y Mauritania. La Sra. Fraga propone soluciones conocidas: controles sanitarios, sistemas de prevención de las crisis, controles de descarga y la lucha contra el fraude por parte de terceros. Por nuestra parte, podríamos añadir protección social, fondos de estabilización, fiscalidad favorable, protección de la pesca costera, evitar el dumping social, acuicultura, mantenimiento de la zona exclusiva de las 12 millas, etc., así como el mantenimiento de la preferencia comunitaria, evidentemente, para nosotros europeos, que somos importadores netos.
En realidad, señora Fraga Estévez, ciertamente regulamos la pesca intracomunitaria, pero se trata además de un problema extracomunitario. No tenemos influencia sobre los japoneses ni todos los demás. Ello demuestra que las normas jurídicas no funcionan más que cuando un territorio está delimitado, cuando hay fronteras. Si Europa fracasa en materia de inmigración o de inseguridad relativa al empleo, será, al igual que en el caso de la pesca, porque no existen fronteras. Aunque es cierto que los peces, incluso los españoles, no conocen fronteras.

Apolinário
Señor Presidente, señor Comisario, considero que, a pesar de todo, las relaciones internacionales no son siempre una selva. Reconozco que este informe es aún un informe inicial, pero quiero manifestar mi satisfacción global por el documento de la Sra. Fraga Estévez, aunque reconozca que en tal o cual aspecto no estoy en sintonía con lo que ella propugna. Considero que se trata de una primera contribución y el Parlamento Europeo ha hecho bien en entrar en el juego, en encabezar este debate y en procurar señalar la posición con vistas al debate de la futura Política Pesquera Común después del 2002.
Quisiera abordar, en concreto, tres aspectos determinados. En primer lugar, la cuestión de los acuerdos internacionales de pesca. Quiero manifestar mi reserva de principio sobre la renacionalización de la Política Pesquera Común. Efectivamente, remitir el pago de los acuerdos internacionales de pesca al presupuesto de cada uno de los Estados miembros, haciendo depender dichos acuerdos de los presupuestos nacionales, aunque en el plano inmediato represente una salida para las trabas, las dificultades y las dudas de quienes ponen en entredicho este informe, es, a mi juicio, abrir una brecha en la responsabilización de la Comisión en un aspecto fundamental de la Política Pesquera Común: los acuerdos internacionales de pesca. Y, por tanto, la aplicación del principio de subsidiariedad debe limitarse al componente privado, a las organizaciones de productores, al diálogo entre armadores, tal vez con apoyo de las regiones, pero sin renacionalizar la negociación global de dichos acuerdos internacionales de pesca.
Voy a abordar un segundo aspecto, sobre la política de las estructuras (y no podemos desvincular esto del documento Agenda 2000), para denunciar el insuficiente tratamiento dado a la pesca en el marco de la Agenda 2000 y la excesiva rigidez en la separación entre el objetivo 1 y el objetivo 2 en el marco ahora trazado con la valorización de objetivos estrictamente de desarrollo, lo que colocará la pesca en una posición secundaria y residual en los futuros marcos comunitarios de apoyo.
Una tercera observación sobre el equilibro entre la flota y los recursos. Aunque soy partidario del establecimiento y del cumplimiento -y subrayo bien: el cumplimiento- de los objetivos de los planes de orientación plurianual, no considero que el equilibrio entre la capacidad de la flota y los recursos sea la única forma de reducir las capturas. Pero conviene subrayar que la reducción del esfuerzo de pesca se hace igualmente mediante la reducción de los días de pesca, el control de los desembarques, las medidas técnicas de conservación y la protección de los recursos pesqueros.
Y, por último, somos partidarios de la valorización del componente medioambiental, en particular al abordar el principio de precaución, citado en el proyecto de informe, así como en la salvaguarda que se hace del principio de estabilidad relativa. Porque, a fin de cuentas, si no mantenemos la pesca, no habrá pescadores en el futuro para debatir la Política Pesquera Común después del 2002.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero lamentar también, como otros diputados, la ausencia de la Comisaria, Sra. Bonino, en un debate de tanta relevancia para la pesca como es éste que estamos celebrando.
La labor ha sido muy larga, ha sido ardua, pero ha dado sus frutos. El informe que lleva el nombre de la presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo es el primer documento de una institución comunitaria que se plantea con rigor y en su conjunto la reforma de la Política Común de Pesca tras el año 2002. Es preciso felicitar a este Parlamento y a su Comisión de Pesca por esta iniciativa y muy vivamente a su ponente, la Sra. Fraga, por su tesón, su rigor, su capacidad de compromiso, que ha permitido alcanzar un buen documento, un buen punto de partida en una tarea muy difícil que ahora comienza.
Del informe me permito destacar, en primer lugar, el haber puesto el dedo en la llaga de los principales problemas de la actual Política Común de Pesca y aportar soluciones y alternativas; el destacar que la pesca debe ser un sector más de la actividad económica, favoreciendo la capacidad de la empresa privada y de su competitividad en una actividad más racionalizada; reclamar más claridad, sencillez y transparencia de sus normas y de su gestión, con la participación de los agentes sociales implicados, en particular de los pescadores y de sus asociaciones; concebir la pesca con un enfoque integrado, ecológico, económico, social e industrial; resaltar la crisis en que vive el sector y su afectación al empleo y a regiones enteras con retraso económico y muy dependientes de esta actividad, lo que demanda el aumento de fondos y el mantenimiento de instrumentos estructurales específicos; equiparar también la pesca al resto de los sectores económicos a la hora de negociar exigencias y contrapartidas en acuerdos pesqueros internacionales; la necesidad de una reforma eficaz de la actual OCM y el refuerzo y racionalización del actual sistema de control, extendiéndolo al transporte y a la comercialización.
Espero, señor Presidente, que la Comisión tome nota de estas propuestas y, en cualquier caso, felicitamos una vez más a la ponente por el buen trabajo realizado.

Crampton
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la ponente. Tenemos una transacción aquí y en toda transacción no todos consiguen lo que quieren. Nosotros no hemos conseguido lo que queríamos, ella no ha conseguido lo que quería y otras muchas personas no han conseguido lo que querían. Como han dicho muchos oradores, éste es un primer intento de hablar de la reforma de la Política Pesquera Común en el año 2002.
Debemos felicitarla. Su informe presenta la mayoría de los elementos sobre los que hemos de basarnos. Está la estabilidad relativa. Está la preservación de la zona de seis/doce millas para los pescadores locales. Está la gestión regional: quisiera subrayar que, cuando hablo de gestión regional, me refiero a zonas como los países ribereños del mar del Norte que gestionan las pesquerías de ese mar y lo mismo es aplicable al Mediterráneo, al mar de Irlanda y demás. Eso parece sensato. Está la conservación: a no ser que conservemos nuestras poblaciones de peces, careceremos de industria pesquera sobre la que haya de versar política pesquera alguna. Está la supervisión, la evaluación y la imposición del cumplimiento de la normativa.
Si no hacemos algo respecto de las capturas clandestinas de pescado, las capturas de juveniles y la tasa de pesca desechada, careceremos de una industria pesquera. No habrá pescadores, no habrá puertos pesqueros y afrontaremos una crisis. Tenemos que hacer algo en pro de la imposición del cumplimiento de la normativa a escala europea. La Comisión dijo que iba a presentar un documento en 1997 sobre la imposición de dicho cumplimiento en todas las aguas de la Unión Europea. Me temo que no va a llegar en 1997. Ojalá llegue a principios de 1998.
Por último, me complace mucho lo que dice la ponente sobre los acuerdos internacionales de pesca. Es algo que se desprende de mi informe del pasado mes de mayo y también me complace mucho que el Consejo haya adoptado la mayoría de las directrices que formulé en mi informe. Conque a ese respecto estamos todos contentos y a partir de aquí debemos avanzar con vistas a acuerdos internacionales. Felicito de nuevo a la ponente y pido apoyo para este informe.

Cunha
Señor Presidente, el informe de nuestra colega Carmen Fraga Estévez va encaminado a establecer una estrategia a largo plazo para la evolución de la Política Pesquera Común. Ha hecho un trabajo notable, bien sistematizado y que, en lo esencial, corresponde a lo que era o a lo que se espera de la Política Pesquera Común en el futuro. Por mi parte, quisiera subrayar cuatro aspectos que me parecen importantes.
El primero tiene que ver con la aplicación del principio del Mercado Único. Dada la conflictividad -tan frecuente, como se sabe- en el sector de la pesca, la experiencia nos enseña que se debe atenuar el principio, teóricamente correcto, del libre acceso a los recursos pesqueros por parte de todos los Estados miembros con preocupaciones por la estabilidad relativa, que propician la prórroga de la actual exención que permite la reserva absoluta de pesca en la zona de doce millas.
La segunda cuestión tiene que ver con el hecho de que la Unión Europea debe velar por que sus industrias de transformación de pescado tengan las mismas condiciones de abastecimiento en materias primas que las de sus principales competidores. Por eso, además de deber seguir negociando acuerdos de pesca internacionales que garanticen un mínimo de aprovisionamiento interno, las concesiones de mercado que haga en acuerdos comerciales con terceros países no pueden poner en tela de juicio la supervivencia de nuestra industria. Se deberán evitar a toda costa los traslados en masa de empresas a otros sectores de pesca que se están dando en el sector de las industrias conserveras, so pena de condenar al desempleo en masa a muchas zonas ribereñas.
En tercer lugar, quiero también subrayar la importancia de una programación sólida, a medio plazo, en el marco de los planes de orientación plurianual, los POP. Sin embargo, para que los POP sean eficaces, habrá de haber un fundamento jurídico que imponga sanciones por los incumplimientos a fin de evitar lo que sucede actualmente.
Por último, quiero subrayar también que debemos avanzar con grandes pasos hacia un sistema común y relativamente uniforme de vigilancia y control, so pena de que toda la política para el sector se caiga por la base, ya que estamos ante un elemento determinante para la gestión cuantitativa y cualitativa de los recursos haliéuticos en el futuro.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, en primer lugar tengo que felicitar a la Sra. Fraga por el magnífico trabajo que ha efectuado con este informe. Los documentos de trabajo realizados por la ponente recogen claramente lo que es la Política Común de Pesca, o lo que debería ser, debido a las derogaciones que estarán en vigor hasta el año 2002 y los retos que se plantean a la Unión Europea en el capítulo pesquero.
El informe que debatimos ha sido aprobado, después de largos debates, por una amplísima mayoría de la Comisión de Pesca. Hay que agradecer a la ponente los buenos oficios que ha mostrado al aportar una solución de compromiso asumible por todos, también por quienes pensamos que el informe original expresaba con mayor fortuna los distintos elementos de la Política Común de Pesca.
Sin embargo, la Comisión de Pesca ha hecho de la necesidad virtud, y ello pese a tristes y reiteradas maniobras de filibusterismo que a nada conducen salvo al descrédito de los que las producen. También resulta curioso que sean los que más se quejan de la actual Política Común de Pesca y de sus resultados los que más se resisten a modificarla e impulsarla cara al 2002.
Me complace comprobar, sin embargo, que hemos colocado como prioridades la preservación de los recursos y el mantenimiento del empleo en el sector pesquero. La pesca es un sector de la actividad económica que se concentra principalmente en regiones periféricas de la Unión Europea, caracterizadas por un alto índice de paro y una renta per cápita inferior a la comunitaria.
En el 2002 la Política Común de Pesca habrá llegado a su mayoría de edad y le corresponderá un nuevo régimen conforme al mercado interior de manera similar a lo que ocurre en el resto de los sectores económicos. El libre acceso a los mercados se verá así acompañado por el libre acceso a los recursos.

McCartin
Señor Presidente, quiero agradecer a la ponente su trabajo en el informe y que lo haya reescrito para tener en cuenta las numerosas enmiendas que se presentaron, incluidas las presentadas por mí. Agradezco su petición de que aumente el papel desempeñado por los pescadores en el proceso de adopción de decisiones y su insistencia en la conservación de las poblaciones de peces y las consideraciones medioambientales. Apoyo su petición de que se dé carácter prioritario al sector agropecuario en la Política Pesquera Común. Creo que las zonas costeras pueden beneficiarse enormemente de una política cuidadosamente formulada.
Recientemente, me impresionó extraordinariamente una visita a la circunscripción de la ponente -Galicia-, al ver la contribución que el cultivo de los mejillones ha hecho a su economía. Creo que la oferta de marisco fresco y barato puede ser una atracción turística enorme en las regiones periféricas, en particular en zonas como Galicia, el oeste de Irlanda y Escocia. Ése es un factor importante en su informe.
Me ha decepcionado que no se haya aceptado mi enmienda para ampliar la zona a treinta millas. Creo que aún existe un gran apoyo para esa idea y espero que la Comisión la examine como parte de una estrategia para conceder un mayor control a las comunidades locales.
Lamento haber de decir una y otra vez que no puedo aceptar sin una reserva el principio de la estabilidad relativa. Los pescadores en la costa occidental de Irlanda reconocen que sólo se les permite pescar el veinte por ciento de los ricos recursos pesqueros adyacentes a su región. Son los recursos naturales de una región natural de la Comunidad. Si a los pescadores de España, Portugal o Dinamarca se les dijera que sólo podían pescar el veinte por ciento de las poblaciones de peces en las aguas adyacentes a ellos, no aceptarían la Política Pesquera Común. He de decir que debemos seguir insistiendo a ese respecto.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, yo quería en primer lugar felicitar a la Sra. Fraga por su informe y por su voluntad de alcanzar un compromiso de equilibrio. Compromiso que no es, posiblemente, el que muchos hubiésemos deseado. A mí me gustaba más el informe inicial de la Sra. Fraga, pero el informe final hay que entenderlo como un paso positivo, como reflexión sobre lo que deben ser las grandes líneas de futuro de la Política Común de Pesca europea.
Es un equilibrio en favor de una pesca competitiva y responsable. Competitiva como industria que es y que debe sobrevivir en el mercado. Es importante que se diga en el informe -como se dice- que hay que tratar a la pesca como un sector más de la actividad económica.
Quiero subrayar las propuestas relativas al reparto de derechos de pesca entre empresas, así como al derecho de transferibilidad de estos derechos de pesca que se apuntan también en el informe, mecanismos necesarios para dotar a las empresas del sector de una cierta dimensión, de flexibilidad en cuanto a sus derechos y también de rentabilidad. Si las empresas no son competitivas, el sector no tendrá futuro, se perderá empleo y las zonas dependientes de la pesca perderán sus posibilidades económicas.
Además, el informe apuesta por una pesca responsable. Responsable desde el punto de vista medioambiental, porque la competitividad, a largo plazo, exige también una conservación de los recursos. Se propone y se establece un sistema de TAC dependiente de factores biológicos y factores socioeconómicos, se apuesta por una reducción de los descartes y se apuesta también por las artes selectivas.
El informe apuesta también por la responsabilidad social. Se subraya el cumplimiento y la necesidad de las POP para adaptar la capacidad a los recursos y, además, se hace una apuesta para que esta adaptación de la flota y sus repercusiones socioeconómicas, que puede perjudicar gravemente a las entidades locales, cuente con alternativas y cuente también con un soporte económico.
Se hace además en el informe una referencia a que no toda la pesca es industrial, sino que existe también una pesca local, una pesca artesanal, y la adaptación de este sector, las medidas para este sector tienen que ser también diferentes del resto de la pesca industrial y competitiva. Yo lo único que diría es que esta pesca local debe ser únicamente respetada en su propio análisis socioeconómico y tiene que depender y ser definida no únicamente en función del tamaño de los barcos sino de otros aspectos como dar servicio a comunidades locales, utilizar artes selectivas y otro tipo de cuestiones.
Y termino, señor Presidente, felicitándome porque este informe, además, hace una apuesta por los acuerdos pesqueros con terceros países en función de las características de cada uno de ellos. Por eso, pediría el voto a favor del informe de la Sra. Fraga.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes de nada querría expresar mis felicitaciones a la Sra. Fraga Estévez por el admirable informe que ha presentado y su contribución al debate relativo a la Política Común de la Pesca después del año 2002.
La propuesta de votación que se acaba de examinar recomienda, realmente, una contribución especialmente importante, contribución que tendremos seriamente en cuenta en todos los debates que se continúen los próximos años. Querría, en este punto, expresar la tristeza de mi colega, la Sra. Bonino, por su ausencia del debate de hoy, ya que había contraído compromisos, fuera de Bruselas, que no podía eludir. No obstante, creo que en esta sala nadie puede dudar del especial respeto que siente la Sra. Bonino hacia el Parlamento Europeo.
En este momento, la Comisión Europea no quiere expresarse sobre el fondo del asunto para no influir en el resultado del debate que acaba de comenzar ahora. Sin embargo, tal como se ha anunciado en numerosas circunstancias, tanto en el Parlamento Europeo como también en otras tribunas, la Comisión Europea tiene la intención de proceder a la revisión de la Política Común de la Pesca. Y esto lo haremos organizando un debate abierto y constructivo, consultando estrechamente, por supuesto, a todas las instituciones del sector.
La participación de todas las instituciones del sector, y especialmente de las instituciones comerciales, recomienda el dato básico del método que se propone seguir la Comisión Europea: Nuestros servicios redactarán un cuestionario relacionado con la Política Común de la Pesca para enviarlo, a principios de 1998, a todas las partes interesadas. Las respuestas a este cuestionario nos permitirán localizar los temas principales sobre los cuales deberá centrarse el estudio de la Política Común de la Pesca después del año 2002, para que haya una mejor orientación del debate.
En una segunda fase, los servicios de la Comisión procederán, en estrecha colaboración con los Estados miembros, a la organización de sesiones descentralizadoras que permitan, a la Comisión y a los interesados, analizar y debatir juntos los resultados de esta primera investigación basada en el cuestionario.
Finalmente, desearía hacer un comentario relacionado con el contenido del estudio de la Política Común de la Pesca después del año 2002. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, el año 2002 está caracterizado directamente por tres datos que derivan de los textos que tienen validez en la actualidad:
primero, por el acceso a las aguas, en el interior de la zona de las 12 ó las 6 millas naúticas, según el artículo 6 del Reglamento 3760/92.
Segundo, por los detalles de la aplicación que se aplican en el CETATOX, según el artículo 7 del Reglamento 3760/92 y
tercero, por los límites de acceso al Mar del Norte para los buques de España y Portugal, según el Tratado de Adhesión de 1985 y de Suecia y Finlandia, según el Tratado de Adhesión de 1994. Sin embargo, la Comisión ambiciona no limitarse a este marco claramente jurídico, tal como prevén el Reglamento básico y las Acciones de Adhesión. El 2002 nos da la oportunidad de acceder también a la evaluación del total de los diferentes aspectos de la Política Común de la Pesca, de ver sus logros, de detenernos en sus fracasos. Deberíamos también examinar en qué grado la Política Común de la Pesca ha contribuido al mantenimiento de los recursos, al empleo y al resto de los objetivos del Tratado, como es la protección del medio ambiente. Se trata, pues de un plan muy ambicioso, un proyecto que nos obliga a empezar desde ahora mismo el procedimiento relativo al estudio, siempre en colaboración, como he dicho, con todas las instituciones interesadas y, naturalmente, en estrecha colaboración con el Parlamento.
En este marco, la votación del Parlamento Europeo sobre la Política Común de la Pesca después del año 2002, así como el informe de la Comisión relativo a la aplicación del régimen comunitario de pesca y de acuicultura recomiendan ya las primeras fases de este procedimiento. Exactamente las que serán las líneas generales en cuanto al proyecto, a corto y medio plazo, de la Comisión Europea.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Papoutsis.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Discriminación por razón de sexo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la recomendación para segunda lectura (A4-0326/97), en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, sobre la posición común adoptada por el Consejo (C4-0441/97-96/0196(SYN) con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (Ponente: Sra. Ghilardotti).

Ghilardotti
Señor Presidente, estamos abordando la segunda lectura de la posición común del Consejo sobre la directiva relativa a la carga de la prueba. Deseo ante todo comunicar, también en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer, que el Consejo ha asociado al Reino Unido a esta directiva, el Reino Unido que ha manifestado su intención de adherirse a las disposiciones en materia social del nuevo Tratado y de aceptar las directivas ya adoptadas o que se vayan a adoptar antes de la entrada en vigor del propio Tratado. Creo que se trata de un hecho muy positivo que debe valorarse favorablemente.
Dicho esto, es preciso manifestar que, por desgracia, la posición común del Consejo en su conjunto difiere bastante de la expresada por el Parlamento Europeo y de la modificada por la Comisión, después de la votación del Pleno sobre esta directiva en primera lectura, ante todo porque en muchos puntos esenciales no ha aceptado la posición original de la Comisión. La Comisión de Derechos de la Mujer y yo, en mi calidad de ponente, desearíamos volver a presentar en la segunda lectura una serie de enmiendas escogiendo las fundamentales que tienen que ver precisamente con los elementos esenciales de esta directiva. En particular, las que afectan al artículo 2 relativo a la definición de la discriminación indirecta, así como al artículo 3 que se refiere a la definición del ámbito de aplicación de la directiva, al artículo 4 que define las modalidades de la carga de la prueba y al artículo 5 que establece los procedimientos.
Nos limitamos a volver a presentar estas enmiendas dejando a un lado toda una serie de enmiendas que, aun considerándolas importantes, no son esenciales de cara a la decisión sobre la directiva. Es por esto que deseo detenerme sólo en algunos puntos y preguntar al Comisario, a quien agradezco su presencia en el Pleno, qué va a hacer la Comisión en cuanto a estas enmiendas que volvemos a presentar, en particular en relación con el artículo 2. Desearíamos volver a presentar, aunque algo modificada respecto a la primera lectura, la definición de discriminación indirecta que retoma de forma explícita, incluso desde el punto de vista terminológico, los elementos fundamentales que el Tribunal de Justicia ha expresado en repetidas ocasiones en la definición de discriminación indirecta, razón por la cual volvemos a presentar la enmienda.
En lo que concierne al ámbito de aplicación, deseo manifestar que nos pareció muy restrictiva la motivación del Consejo que excluye del ámbito de aplicación las directivas relativas a la protección social, los trabajos profesionales y los trabajos independientes, ya que dicha exclusión carece de un fundamento jurídico y, en consecuencia, con relación al ámbito de aplicación, es nuestra intención volver a proponer la aplicación de esta directiva a las directivas ya en vigor.
Con relación al artículo 4, relativo a las modalidades de la carga de la prueba, la decisión del Consejo de rechazar la última frase que se refiere a la duda residual sobre la base de que únicamente afecta a los procedimientos penales, nos parece infundada en el sentido de que, con esta frase, la directiva deja a los jueces la decisión en cuanto a los casos prima facie, sin embargo, en el caso de persistir dicha duda, establece que la carga de la prueba corresponde al empresario, habida cuenta de que éste dispone de todas las informaciones, y no representa ingerencia alguna en cuanto a los ordenamientos jurídicos, porque se trata sólo de una indicación sobre cómo hay que comportarse. Lo mismo vale para los procedimientos. También por lo que atañe a los procedimientos, se hace referencia al hecho de que es necesario que exista la máxima transparencia y la puesta a disposición de todas las informaciones necesarias a la parte actora para que pueda pleitear.
Éstas son las razones por las cuales el Parlamento vuelve a proponer las enmiendas que ya presentamos. Quisiera preguntar al Comisario Sr. Flynn qué va a hacer la Comisión y si va a apoyar, como hizo en primera lectura, las posiciones del Parlamento. Recuerdo que no volvemos a presentar todas las enmiendas, sino que nos detenemos en los elementos esenciales de esta directiva. Deseo asimismo recordar que se empezó a hablar de una primera propuesta de directiva en el año 1988 y, por lo tanto, hace diez años que esperamos un directiva sobre esta materia. Mientras tanto ha habido una abundante jurisprudencia, de la cual quiere hacerse eco la presente directiva.

Gröner
Señor Presidente, yo felicito a la Sra. Ghilardotti por el trabajo que ha realizado. Su proyecto de resolución sobre la directiva relativa a la carga de la prueba en casos de discriminación por razones de sexo resume excelentemente las decisiones adoptadas en la Comisión de Derechos de la Mujer. Las enmiendas propuestas constituyen una aportación importante a la construcción de la Europa social. Las socialdemócratas queremos una directiva sólida que ayude a las mujeres a hacer valer sus derechos. Yo espero que la Comisión, que hasta ahora ha colaborado con el Parlamento con una gran voluntad de cooperación, seguirá manteniendo esta misma línea.
Nuestro objetivo es mejorar la posición de las trabajadoras en los casos de discriminación en los ámbitos de la contratación, la promoción y la retribución. La propuesta que viene debatiéndose desde hace 15 años debe incluir a nuestro parecer los tres aspectos centrales que ya ha expuesto la Sra. Ghilardotti y que no fueron recogidos en su totalidad por el Consejo tras la primera lectura. La inversión de la carga de la prueba, que dejaría de corresponder a la demandante para recaer en el empresario, debe completarse con una cláusula definitiva, tal como propone la enmienda 8, de manera que las dudas que subsistan recaigan sobre la parte demandada. Ésta es una exigencia central a nuestro parecer.
La segunda es que debe establecerse explícitamente una definición clara de la discriminación indirecta, como la que ya ha elaborado el Tribunal de Justicia Europeo en su jurispridencia. El Proyecto de Tratado de Amsterdam apunta también en esta dirección. En tercer lugar, queremos que el ámbito de aplicación de la directiva incluya asimismo la protección maternal y las Directivas relativas a la seguridad social, a fin de no dejar de nuevo resquicios abiertos en los Estados miembros que impidan una vez más que las demandantes puedan hacer valer su derecho a la no discriminación también por la vía civil.
Por consiguiente, en nombre del Grupo socialista yo insto a todas y todos los colegas a que voten afirmativamente todas las enmiendas propuestas, incluida también la declaración fundamental de la enmienda 8. Yo confío que obtendremos la mayoría necesaria y espero que el señor Comisario haga suyas las enmiendas.

Lulling
Señor Presidente, como ya dije durante la primera lectura de la presente propuesta de directiva, en debate desde hace ya más de diez años, estoy a favor de una mejora razonable y viable de la carga de la prueba en el caso de discriminación directa o indirecta por razón de sexo. Pero como predije cuando me pronuncié en contra de algunas incongruencias jurídicas aprobadas en primera lectura por una mayoría de este Parlamento, el Consejo no las ha mantenido en su posición común que, afortunadamente, representa un avance considerable en relación con su anterior posición de bloqueo.
Compruebo con satisfacción que la Comisión de Derechos de la Mujer ha renunciado a representar la mayoría de sus enmiendas que, de haberlas mantenido, podrían haber supuesto el riesgo de desalentar a los patronos a adoptar una política activa de empleo para las mujeres. Ahora bien, las mujeres que no encuentran trabajo ciertamente no corren ningún riesgo de ser discriminadas por sus patronos. Mi mayor preocupación, señor Presidente, señor Comisario, en lo que respecta a la posición común del Consejo, es que en el ámbito de aplicación se incluyan las directivas sobre la igualdad de trato en materia de Seguridad Social.
Sé que podemos preguntarnos si la directiva sobre la igualdad de trato en materia de sistemas jurídicos de la Seguridad Social puede ser incluida en este ámbito de aplicación, porque los organismos de la Seguridad Social no toman iniciativas comparables a las de los patronos, sino que simplemente se limitan a aplicar la legislación. Ello equivaldría a pedirles que demuestren que la legislación que ellos aplican no contiene ninguna discriminación. Pero, en todo caso, es necesario que la directiva se aplique a los regímenes profesionales de la Seguridad Social.
Por otra parte, cabe preguntarse si la directiva relativa a la igualdad de trato de los trabajadores que ejercen una actividad autónoma puede situarse en el ámbito de aplicación de la directiva que, en el fondo, como muy bien ha explicado la Sra. Gröner, abarca las relaciones conflictivas entre un patrón y su asalariado. ¿Puede un trabajador autónomo presentar un recurso contra sí mismo? Me lo pregunto.
En lo que respecta a las otras enmiendas, quisiera recordar que, por constituir una intromisión en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, el Tratado no prevé ningún fundamento jurídico para las mismas, porque el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros depende del tercer pilar, nos guste o no.
Por último, en lo relativo a la propuesta de introducir una disposición en el artículo 4 que especifique que la parte demandante goza del beneficio de toda duda que pudiera subsistir, he tomado nota de la posición del Consejo, que estima que se trata de una noción de Derecho penal, y los procedimientos penales están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la directiva. Mi Grupo votará, por consiguiente, en contra de esta enmienda.
En otra enmienda, la Comisión de Derechos de la Mujer solicita un primer informe sobre la aplicación de la directiva en el 2002 y, a continuación, un informe cada tres años que, evidentemente, esté basado en las informaciones de los Estados miembros sobre la aplicación de la directiva. Por mi parte, me parece bien, aunque sé lo difícil que resultará esta tarea a los Estados miembros y a la Comisión.

Thors
Señor Presidente, esta es una directiva que significa y evidencia que la UE puede llevar progreso a los hombres y mujeres de Europa. Tenemos que ponernos de acuerdo en una política de largo plazo en esta materia y la directiva es una parte de esa política. Yo represento a algunos países que tienen una legislación similar. Quiero, con gusto, colaborar a que esta directiva se apruebe aquí. También quiero decir que esta directiva va a demostrar exigencias de cambios allá.
Nuestro grupo va a apoyar la propuesta de la Comisión tal como hicimos en la primera fase. Quiero en todo caso dejar en claro que esta directiva no es para invertir el peso de la prueba sino que es una directiva sobre un peso de prueba compartido. Opino que el articulo 4 es técnicamente mejor en esta propuesta que en la anterior.
Para que una directiva con peso de prueba compartido funcione, necesitamos que se establezca el derecho a recibir información, como se señala en la propuesta de enmienda 9. Este derecho es imprescindible para que la directiva tenga sentido. Yo entiendo que el Parlamento ha aspirado a una formulación que garantice la integridad personal para todas las partes involucradas. No se deberá entregar información que contenga datos delicados referentes al estado de salud de las personas y otros temas parecidos.
También espero que aprobemos la propuesta de enmienda 3. En el supuesto que el párrafo 15 del preámbulo se mantuviese, se dejaría prácticamente a los estados miembros con las manos libres para hacer o dejar de hacer algo. La propuesta da gran énfasis tanto a la proporcionalidad como a la subsidiareidad. Por eso es aceptable y admisible, al mismo tiempo que la discusión sobre la propuesta de enmienda 3 también demuestra que es muy difícil trazar el límite entre el primer y tercer pilar de nuestra construcción unitaria. Si somos muy rígidos en esta materia, no podremos realizar una política efectiva en muchos campos.

Sornosa Martínez
Señor Presidente, desgraciadamente, esta directiva no encuentra una salida adecuada a causa de los sucesivos obstáculos y bloqueos desde que, en 1988, la Comisión presentó su primera propuesta. ¿Se teme que las mujeres podamos utilizar instrumentos legales para exigir la igualdad y defendernos de la discriminación? ¿Qué mejor razón que ésta de defendernos de la discriminación -antes que otras consideraciones técnicas- para sacar a la luz esta directiva? Se la debería dotar de un contenido claro que no se preste a equívocos de interpretación a la hora de ponerla en práctica y, en la directiva, debería haber una definición clara sobre lo que constituye discriminación directa e indirecta y establecer a qué directiva sobre igualdad puede aplicarse y constituir un marco legal sin ambigüedades para los Estados miembros, limitando en lo posible las excepciones.
Todo ello es importante para las mujeres y serviría para fortalecer la credibilidad de las políticas de igualdad y mainstreaming que forman parte de los programas de la Comisión y de los fundamentos del Tratado.
Les diré que es desalentador que la Comisión tenga en cuenta la opinión del Parlamento sólo en un 50 % de sus propuestas y que el Consejo se limite a tomar sólo en consideración el 10 % después de este largo recorrido. Desde luego, mi Grupo apoyará estas enmiendas de la Sra. Ghilardotti y de la comisión parlamentaria.

Van Dijk
Presidente, en primerísimo lugar, me gustaría preguntar al comisario Flynn si nos puede explicar de qué vale esta directiva si el Consejo sólo está dispuesto a adoptar su propia propuesta. Porque, sinceramente, el Consejo no ha entendido el espíritu de esta directiva y más aún, ¿no nos es más útil la jurisprudencia existente, con la que la primera propuesta de la Comisión y las enmiendas del Parlamento guardaban mucha más relación, que lo que ha confeccionado el Consejo finalmente en la primera lectura?
Sinceramente, me preocupa un poco que el Consejo también en la segunda lectura pase olímpicamente de lo que opinan el Parlamento y la Comisión juntos, pero que ya haya encontrado su unanimidad y que sea una decisión simple. Entonces me pregunto realmente cuál es valor añadido de la directiva de cara a la jurisprudencia que ya existe. ¿No sería más prudente, entonces, intentar imponer la jurisprudencia existente en los Estados miembros, forzar la aplicación de la misma?
En el fondo, esta directiva nos hace mucha falta, pero, eso sí naturalmente, una buena directiva porque tenemos que darnos cuenta de que las mujeres también en el mercado laboral, y esto afecta por lo tanto a todas las directivas que tenemos en Europa sobre la igualdad de trato y no a la mitad o a algunas, de que las mujeres sufren todavía una fuerte discriminación en el mercado laboral.
Tenemos que darnos cuenta de que las mujeres todavía siguen ganando un 30 % menos que los hombres en empleos de las mismas características. Tenemos que darnos cuenta de que las mujeres, por regla general, todavía por ejemplo no pueden cotizar de igual manera para su jubilación que los hombres. Tenemos que constatar pues, que las mujeres al final de su vida seguirán siendo más pobres. Nos hace mucha falta esta directiva, pero una de calidad y me gustaría oír la opinión del comisario al respecto.

Torres Marques
Señor Presidente, cuando examinamos este asunto en primera lectura, felicité a la Comisión por la iniciativa adoptada y a la Sra. Fiorella Ghilardotti por la excelencia de su informe y por las oportunísimas e importantísimas enmiendas que entonces propuso. Hago ahora extensivo mi agradecimiento a la Asamblea de la República Portuguesa, porque durante este período ha aprobado una nueva ley (que acaba de entrar en vigor) basada en las propuestas elaboradas por la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo y que va mucho más lejos que el proyecto que hoy estamos examinando aquí.
En efecto, esta nueva ley, que garantiza el derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el trabajo y en el empleo, ha consagrado el concepto no de distribución, sino de inversión de la carga de la prueba, por lo que ahora corresponde al empleador probar la inexistencia de discriminación alguna. Define mejor también esta ley, muy claramente, el concepto de discriminación indirecta por el que la Sra. Fiorella Ghilardotti y tantas de nosotras hemos luchado.
Como se dijo durante el debate en Portugal, esta ley se ha basado en muchos de los principios por nosotros defendidos, razón por la cual las mujeres portuguesas no pueden dejar de estar agradecidas a la Comisión, al Parlamento Europeo y, en particular, a su Comisión de Derechos de la Mujer. Éste es un ejemplo excelente de cómo puede la Unión Europea contribuir al aumento de los derechos de sus ciudadanos y, en este caso especial, de las ciudadanas portuguesas.
Por desgracia, en la primera lectura el Consejo suprimió algunos aspectos considerados por nosotros esenciales. Señor Comisario Flynn, esperamos, pues, que se aprueben con la mayoría necesaria las enmiendas ahora propuestas en segunda lectura, sobre todo la enmienda nº 5 -sobre la discriminación indirecta-, la enmienda nº 8 -sobre el beneficio de la duda- y la enmienda nº 12 y que la Comisión las defienda con toda energía, pues son factores indispensables para la defensa de los derechos de las mujeres en materia de empleo y de seguridad social. Y el Parlamento y la Unión Europea quedarán mal, si se sitúan muy por detrás, a este respecto, de uno de los países del sur de Europa.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la propuesta que hoy debatimos sobre la inversión de la carga de la prueba, como se denomina en el lenguaje normal, naturalmente no es en realidad una inversión de la carga de la prueba. Se ha intentado interpretar un poco las sentencias del Tribunal de Luxemburgo.
No soy tan pesimista como la Sra. Van Dijk. Creo que Europa ha hecho mucho para la posición de la mujer, y eso se lo puedo decir en todo caso a la Sra. Van Dijk con cierto orgullo, . Creo que esta propuesta es un paso adelante en el camino hacia una posición de la mujer aún algo mejor.
El punto de vista del Consejo, si lo comparo con la propuesta original presentada por la Comisión, lamentablemente se ha debilitado también bajo la presidencia neerlandesa. He entendido ahora y ustedes acaban de oír que también en el grupo parlamentario EVP hay personas que temen esta propuesta y que piensan que podríamos ir demasiado lejos en determinados puntos.
Esa es en realidad la razón por la que pido al comisario una atención especial a unas enmiendas. ¿Es verdad, comisario, que la Comisión sigue empeñada en incluir en este ámbito de la directiva la posición de la trabajadora autónoma? ¿Lo mantiene? Afirmo que vale la pena mantenerlo.
A continuación, me gustaría saber la opinión de la Comisión Europea sobre la enmienda 9. La enmienda 9 es el texto exacto de la propuesta original de la Comisión. Estoy muy de acuerdo con este texto. No impone nada a los Estados miembros, pero sólo se les pide que procuren disponer de información para las partes que se quieran defender. ¿Lo mantiene? Entonces, el grupo parlamentario EVP estaría dispuesto a apoyarla con mucho gusto.
Otro tema es, y se puede hacer rápidamente, la enmienda 8. Tengo la sensación de que ese texto no está muy claro jurídicamente. Me gustaría pedirle su opinión acerca de esto. Pero por lo demás, deseo a la Comisión que siga apoyando la posición de la mujer.

Sierra González
Señor Presidente, la posición común representa un paso adelante para la supresión de las prácticas discriminatorias en la medida en que asume la dificultad existente para demostrar judicial y extrajudicialmente las formas elusivas que cobran ciertas formas indirectas de discriminación. Sin embargo, aun reconociendo ese aspecto positivo, hay que señalar que este reconocimiento explícito en un texto normativo constituye un avance que no se llega a concretar como tal porque la instrumentación de las medidas jurídicas a adoptar para suprimir la continuidad de las prácticas discriminatorias se queda a medio camino y naufraga en la ambigüedad.
El peso de las tradiciones jurídicas existentes en la generalidad de los Estados miembros según la cual la carga de la prueba corresponde al demandante y no al demandado se manifiesta en aspectos tales como el ámbito de aplicación de la directiva, la definición de la discriminación indirecta y la inversión de la propia carga de la prueba, hipotecando las soluciones que se han dado.
Todo ello nos lleva, para concluir, a apoyar las enmiendas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer, que superan las ambigüedades y garantizan que los procedimientos judiciales y extrajudiciales sirvan para impedir la discriminación.

Hawlicek
Señor Presidente, señor Comisario, yo quiero felicitar a mi colega de Grupo, la Sra. Gilardotti, destacar sus argumentaciones y exponer brevemente el inaudito proceder del Consejo. Todo empezó ya de un modo curioso cuando el Consejo adoptó a toda prisa su posición común el 27 de julio de 1977, si bien el texto no fue remitido luego al Parlamento hasta el 15 de septiembre. Por lo tanto, adoptó su decisión con casi dos meses de antelación. Sin embargo, sólo recogió dos enmiendas de las once que había aceptado la Comisión. Por otra parte, el Consejo retrocedió con su decisión 11 y hasta 18 años atrás, al suprimir del considerando 8 tres de sus propias Directivas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre los hombres y las mujeres de los años 1979 y 1986, para remitirse sólo a dos disposiciones legislativas de los años 1975 y 1976, de conformidad con el lema que recomienda volver a los inicios. ¡Pero éste no es, desde luego, el lema de los diputados del Parlamento Europeo y mucho menos de la Comisión de Derechos de la Mujer! ¡Y esto ocurre después de Amsterdam!
Por consiguiente, señor Comisario Flynn, nosotros pedimos, en primer lugar, que se haga referencia a las otras Directivas sobre la igualdad de trato, esto es, que se definan claramente los ámbitos de aplicación. En segundo lugar, que la definición de la discriminación indirecta refleje la jurisprudencia elaborada por el Tribunal de Justicia Europeo durante diez años, en la que se contempla la existencia de una situación en la que un número proporcionalmente más elevado de personas de un determinado sexo se ven desfavorecidas y donde no tiene cabida la referencia a la necesidad de la empresa ni a la política de cada Estado miembro.
En tercer lugar, es preciso que se mantenga la pieza fundamental del informe Gilardotti, esto es, la inversión de la carga de la prueba, ya aceptada por el Parlamento y la Comisión. En cuarto lugar, debe garantizarse la transposición de la directiva. Esto incluye la adopción de medidas de acción positiva y la presentación de un informe al Parlamento cada tres años, que fue suprimida incomprensiblemente por el Consejo, así como la supresión de las disposiciones atenuantes de los considerandos 15 y 16. En efecto, señor Comisario Flynn, si elevamos a la categoría de posición común este texto que se propone tomar en consideración las peculiaridades de los ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, ¡entonces ya no valdría la pena adoptar ninguna directiva comunitaria y podríamos ahorrarnos ese trabajo!

Mann, Thomas
Señor Presidente, el camino hacia la igualdad entre hombres y mujer es trabajoso y tiene considerables baches. Las discriminaciones por razones de sexo siguen produciéndose con demasiada frecuencia en las empresas. Las mujeres -y no sólo ellas- desean cambios concretos y la armonización del procedimiento en todos los Estados miembros. El Parlamento Europeo se ha manifestado en este sentido.
El Consejo ha tomado en consideración en su nueva posición común algunas objeciones de nuestro Grupo político. Éste es un hecho que no han mencionado hasta ahora algunas colegas. Así, se ha suprimido, por ejemplo, el principio de indagación. Tampoco se establece ya para todas las partes la obligación de aportar información. Esta exigencia habría dado lugar a indagaciones que son incompatibles con el Derecho civil de los Estados miembros.
La Comisión Europea hizo suyas las propuestas éticas de este Parlamento, por lo cual damos gracias al señor Comisario Flynn. Voy a citar tres ejemplos. Primero: la ampliación de la definición de la discriminación indirecta. Segundo: la inclusión de las Directivas relativas a la seguridad social. Tercero: la obligación de los Estados miembros de presentar un informe en un plazo mínimo de dos años.
Nosotros no podremos apoyar algunas de las enmiendas de la ponente, Sra. Ghilardotti -que busca como es habitual en ella una gran precisión-, como por ejemplo la supresión de los considerandos 15 y 16. A nuestro parecer, es ciertamente necesario tomar en consideración las peculiaridades de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, sobre todo cuando existe una discriminación manifiesta.
En conjunto, se ha buscado una solución intermedia. La parte demandada deberá probar que ha cumplido el principio de la igualdad de trato, lo cual representará un importante correctivo en todos los Estados miembros, toda vez que los instrumentos jurídicos comunes contemplarán tanto la discriminación indirecta como la directa. La presente directiva sobre la carga de la prueba constituye, a mi parecer, un progreso muy considerable en el pedregoso camino al que aludía al principio.

Ribeiro
Señor Presidente, en esta brevísima intervención tengo la intención de manifestar mi apoyo a la ponente y a sus propuestas, en este vaivén en que la posición común aprobada por el Consejo representa un retroceso inaceptable.
Antes que nada, no es aceptable porque este retroceso coloca la posición común por detrás de legislaciones nacionales entretanto promulgadas y representa una desincentivación o una falta de estimulo para que los que afrontan y procuran resolver situaciones de discriminación evidente, como es el caso -escandaloso y que se arrastra desde hace años- del Banco Comercial Portugués, que se opone al acceso igualitario de las mujeres al trabajo. Y que sólo se podrá tratar en el plano jurídico con la inversión de la carga de la prueba, como permite vislumbrar la legislación portuguesa, con la posibilidad de que la parte demandante pueda ser de carácter sindical y beneficiarse de cualquier duda que pueda subsistir y también con otros aspectos presentes en el informe en enmiendas para la segunda lectura. Por eso, felicito a la ponente y, junto con mi Grupo y -espero- que junto con todo el Parlamento, me propongo fortalecer sus propuestas frente a la posición común.

Flynn
Señor Presidente, permítame en primer lugar agradecer a todos que se haya concluido tan rápidamente el examen de la posición común. A ese respecto doy las gracias en primer lugar a la Sra. Ghilardotti y a todos los miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer.
Las propuestas revisadas de la Comisión se basaban en gran medida en las enmiendas que Sus Señorías aprobaron en la primera lectura y la posición común del Consejo se separa de la propuesta revisada en dos cuestiones esenciales: la definición del concepto de discriminación indirecta -es decir, el apartado 2 del artículo 2- y el alcance de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva.
La Comisión ha expresado profundas reservas sobre ambas cuestiones y, por lo que se refiere al concepto de discriminación indirecta, incluyó en su propuesta original los cuatro elementos que han reaparecido constantemente en los fallos del Tribunal. La Comisión considera muy difícil aceptar sólo algunos de esos elementos, ya que cada uno de ellos está justificado por la inclusión de los demás. Precisamente el hecho de que estén ensamblados es lo que da coherencia a esa definición.
Por lo que se refiere al alcance de la Directiva, la Comisión ha expresado también los problemas que le plantea el criterio adoptado en la posición común. Considera que el principio establecido por el Tribunal respecto del cambio de la carga de la prueba es general y se debe aplicar en todas las directivas encaminadas a cumplir el principio de igualdad de trato entre los sexos.
Quisiera pasar a examinar las enmiendas de Sus Señorías y la Comisión cree, como la ponente, Sra. Ghilardotti, que ahora es importante centrarse en las cuestiones fundamentales. En la propuesta reexaminada, la Comisión desea centrar la atención en esas cuestiones. Para lograrlo, la Comisión no puede aceptar las siguientes enmiendas: las núms. 3, 4, 7, 9 y 10. Además, las enmiendas núms. 11 y 12 son incompatibles con las enmiendas núms. 1 y 6 y, al aceptar estas dos últimas, debo rechazar las núms. 11 y 12.
Como ya he dicho, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas propuestas encaminadas a fortalecer las disposiciones fundamentales de la posición común: la enmienda nº 2, que restituye el considerando 12 de la propuesta modificada de la Comisión de mayo de 1997, en el que se subraya la necesidad de adoptar medidas suplementarias para garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato; las enmiendas núms. 1 y 6, que restituyen una referencia a las tres directivas sobre la seguridad social adoptadas en el ámbito de la igualdad de trato y, aunque la inmensa mayoría de los Estados miembros se oponen firmemente a esa referencia, la Comisión debe seguir intentando convencer a los Estados miembros de que no se deben excluir esas tres directivas del ámbito de aplicación de la directiva; la enmienda nº 5, cuyo objeto es el de fortalecer la definición, bastante deficiente, de discriminación indirecta que figura en la posición común; la enmienda nº 8, que restituye al final del apartado 1 del artículo 4 el principio de que, en caso de duda, se debe inclinar la balanza a favor de la demandante.
De modo que, como ven Sus Señorías, la Comisión acepta sus enmiendas propuestas sobre las tres disposiciones fundamentales del texto de la Comisión.
La Sra. van Dijk ha formulado una pregunta concreta: la de si había valor añadido en este caso. Creo que la respuesta es afirmativa, pero habría que fortalecer en gran medida la posición común, por lo que espero que podamos convencer al Consejo de la necesidad de hacer lo que proponen las enmiendas.
He de decir a Sus Señorías que la propuesta de la Comisión va encaminada a aumentar la certeza jurídica y a velar por que en todos los Estados miembros se cumpla escrupulosamente la interpretación del principio de igualdad de trato dada por el Tribunal de Justicia.
Además, se trata de un claro paso adelante respecto del texto de la transacción sobre la que once Estados miembros estaban dispuestos a llegar a un acuerdo en 1993, en particular el mayor ámbito de aplicación y la mayor claridad del artículo 3 y del apartado 1 del artículo 4.
La Sra. Oomen-Ruijten ha formulado una pregunta sobre la enmienda nº 9, en la que se propone la restitución de un nuevo apartado del artículo 4 sobre el procedimiento. No se acepta, porque hoy es necesario centrarse en las cuestiones fundamentales. La supresión de esa disposición en la posición común no tiene efecto negativo alguno, pues, de hecho, lo que establecía existe ya de una forma o de otra en los sistemas jurídicos de todos los Estados miembros.
En conclusión, quisiera reiterar mi agradecimiento a todos los interesados y espero que podamos convencer al Consejo de la necesidad de fortalecer su posición común, como ha propuesto la Asamblea.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Flynn.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.25 h., se reanuda a las 21.00 h.)

Programa PHARE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0286/97) de la Sra. Kjer Hansen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe especial 3/97 del Tribunal de Cuentas relativo al sistema descentralizado de ejecución del programa PHARE, acompañado por las respuestas de la Comisión (C4-0349/97).

Kjer Hansen
Sr. Presidente, permítame comenzar antes de nada agradeciendo la buena colaboración en la redacción de este informe. Esto es válido tanto en lo que respecta al Tribunal de Cuentas como en lo que respecta a la Comisión, la cual de buen grado se ha puesto a mi disposición para debatir y proporcionar datos que profundizan en la materia. Celebro también la franqueza en torno a las dificultades expresada por la Comisión, sin embargo, lo fundamental en este momento es lograr enderezar las circunstancias, de manera que el programa PHARE llegue a funcionar mejor de ahora en adelante.
Lamentablemente he de constatar que muchos de los problemas que durante años han sido mencionados desde el Parlamento, especialmente en relación con la decisión de aprobación, siguen existiendo. Siempre ha existido un amplio consenso sobre la necesidad de la existencia del programa PHARE, sin embargo, al mismo tiempo han estado menos claras las tareas del programa y las metas concretas del programa. Por ello no me cabe duda de que es una buena idea reorganizar el programa, de manera que ahora el objetivo esté claramente orientado a la adhesión. No obstante, me parece importante subrayar que modificar los objetivos no proporciona resultado alguno por sí mismo. Sólo si se producen mejoras concretas en la ejecución del programa, podremos obtener resultados más concretos y visibles, y permítaseme en este sentido mencionar que esto mismo es valedero con relación a la decisión de la Comisión de crear una Unidad especial para coordinar las actividades externas. Si al mismo tiempo no se lleva a cabo una racionalización y una simplificación de los procedimientos, existe, por el contrario, el riesgo de que el reparto de tareas y responsabilidades también se vea oscurecido.
La cuestión de la descentralización constituye un problema esencial. El tema es que no se ha producido una verdadera descentralización, a lo sumo una desconcentración. Y considerando que los países PHARE se enfrentan dentro de poco tiempo a su adhesión a la UE, es fundamental en atención a la estrategia de adhesión lograr poner en práctica un sistema de ejecución auténticamente descentralizado. Por ello, recomiendo a la Comisión que lleve a cabo la idea de descentralización permitiendo que al menos un país asuma la responsabilidad de la ejecución de su programa nacional PHARE totalmente con arreglo al Reglamento Financiero y permitiendo también que al menos una delegación de la Comisión en un país asuma la responsabilidad de idéntica manera y, finalmente, permitiendo que la gestión financiera de sectores específicos del Programa PHARE pase a las administraciones nacionales. Cuando esperamos que una ampliación se produzca en un plazo de tiempo tan corto, no puede tampoco caber duda alguna de la necesidad de que los países respectivos asuman la administración del Programa PHARE.
Una de las dificultades recurrentes es el problema del personal en la Comisión. No me explico cómo incluso en los puestos más altos de la administración PHARE hay una rotación tan violenta del personal. La rápida rotación a todos los niveles implica naturalmente pérdida de continuidad, experiencia y conocimiento. Y la situación en las delegaciones es muy mala, y me parece del todo inaceptable que la Comisión no haya tratado de establecer un servicio exterior para evitar la falta de personal cualificado en las delegaciones.
Hay así una serie de áreas en las que la Comisión ha manifestado una serie de iniciativas, las cuales tienen como fin que se reduzca el plazo de contratación de los tratados a seis meses, que los contratos no efectuados sean finalizados, que las unidades de gestión del programa sobrantes sean cerradas, que los procedimientos de aprobación sean simplificados, que el informe de evaluación sea seguido por la acción concreta, y que los fondos PHARE no utilizados sean redistribuidos. Ciertamente es positivo que la Comisión haya prometido mejoras en estos ámbitos. Espero con ilusión que sean puestas en práctica y espero que la Comisión, como se ha pedido, presente un informe sobre estos progresos antes de final de año.
Con respecto a las enmiendas al informe, he de decir que me extrañan los intereses de los que algunos de mis colegas desean cuidar. Desde el Parlamento nos hemos quejado todo el tiempo de la grotesca situación que supone el que menos de la mitad de los fondos comprometidos bajo el programa PHARE sean de hecho destinados a pagos efectivos. Es por ello decisivo que los procedimientos de ejecución sean modificados y estimulados de manera que se implante un plazo de seis meses entre el compromiso de los fondos y la firma del contrato pertinente. Esto es un problema bien conocido, y el plazo de seis meses es efectivamente lo que los propios representantes de la Comisión han propuesto. La enmienda núm. 2 contrarresta la idea de descentralización, y, además, todos los elementos aislados directa o indirectamente están cubiertos por el texto original. Por ello, sólo puedo pedir a mis colegas en la sala que voten en contra de estas enmiendas.
Por último, quiero dar las gracias a mis colegas por su positiva colaboración y por los numerosos y buenos debates mantenidos sobre el Programa PHARE y el futuro del Programa PHARE. Si la Comisión sólo quisiera poner en práctica las medidas aquí propuestas, no me cabe duda que el programa PHARE llegaría a funcionar según su finalidad, crearía resultados visibles en los países receptores y precisamente impulsaría la incorporación de éstos a la UE.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar, en nombre del Grupo Socialista, a la ponente por su excelente informe. Creo que expone con claridad las dificultades del programa PHARE y marca, además, algunas pautas a seguir en el futuro.
El tercer informe especial del Tribunal de Cuentas, que es la base de este informe, señala por enésima vez las deficiencias de este programa. Principalmente son que los compromisos no son un indicador del porcentaje de ejecución, puesto que los pagos sólo ascienden a un 44 % de los compromisos, y menos de la mitad de los fondos destinados a PHARE desde su inicio han llegado al beneficiario final.
Yo creo que nadie en esta Asamblea ha cuestionado la razón de ser del programa por pura voluntad política pero, en los 7 años de su existencia, se ha criticado su mala ejecución sin que la Comisión haya planteado, hasta hoy, un remedio eficaz. Yo creo que no es de recibo simplemente atribuir la culpa de la mala ejecución a la mala administración o al mal funcionamiento de los países beneficiarios. Año tras año, se ha seguido aprobando el presupuesto sin plantearse más que una vez una reserva poco eficaz para esta línea presupuestaria. Yo deliberadamente excluyo aquí el factor Value for money , que debería ser un debate prioritario para el futuro del programa.
La respuesta de la Comisión ahora para una mejora, dando un enfoque de prorrogación hacia la adhesión, creo que tampoco es una panacea. Hace falta también definir con claridad el objetivo, mejorar los procedimientos y aligerar sobre todo los niveles de toma de decisión.
La exigencia del informe de la Sra. Kjer Hansen de que no podrán pasar más de seis meses entre un compromiso y la firma del contrato pertinente podía ser una de las vías en aras de la transparencia y de evitar abusos que están constatados.
Además, al evaluar los resultados, se constata que han sido, hasta ahora, muy insuficientes. A finales de 1995 sólo había informes de evaluación y control para un 30 % de los procedimientos. Yo creo que una evaluación progresiva, cada seis meses, sobre una base independiente como instrumento de reforma, sería realmente muy valiosa.
Por último, hay que subrayar -y la Sra. Kjer Hansen también lo ha mencionado- la imperiosa necesidad de lograr la mejora de la situación de la plantilla, tanto en Bruselas como en las delegaciones en los países beneficiarios. Hay que remediar la alta fluctuación de la plantilla de personal.
Finalmente, señor Presidente, quiero decir que el Grupo Socialista apoya plenamente este informe.

Fabra Vallés
Señor Presidente, a nadie se le oculta que PHARE es el principal instrumento financiero de apoyo a la estrategia de preadhesión. De ahí la importancia de este informe y de las consecuencias que se generarán en el momento que lo votemos. También quiero resaltar que hay que felicitar a la Sra. Kjer Hansen por el magnífico trabajo realizado y agradecerle su buena disposición a la hora de aceptar nuestras enmiendas.
Pero si resolución y enmiendas han sido posibles, ha sido porque, una vez más, el Tribunal de Cuentas ha cumplido con su trabajo de una forma escrupulosa, elaborando un análisis objetivo y crítico del sistema descentralizado de ejecución del programa PHARE. Si contar con un sistema descentralizado hubiera tenido que significar ejecución fluida de los programas y movilización acelerada de los recursos financieros, no siempre ha sido así. La verdad es que se han observado ineficiencias, recursos humanos limitados y con experiencia reducida, escasa capacidad de absorción de los países beneficiarios, dispersión de los créditos en una amplia gama de programas, entre otras.
Dichas ineficiencias pueden justificar una cierta ralentización en la ejecución. Pero que el programa PHARE, desde su inicio, haya dejado más de un 50 % sin ejecutar denota que adolece de mayores y más profundos problemas.
Celebro que la Comisión hable de reformas concretas en lo que se refiere a la gestión, de mayor rigor en la programación y en la gestión financiera. Estoy convencido de que la Comisión no se equivoca al decidir crear una unidad de evaluación independiente en el seno de la DG I A, ya que, si asegura su independencia y la dota de recursos suficientes, no sólo se tratará de una innovación constructiva, sino que contará con la mejor herramienta para mejorar dicho programa.
Señor Comisario, cuando la Comisión habla de «reasignar fondos a actividades más fructuosas», o bien de «reasignación de las subvenciones no utilizadas», se refiere al interior del programa PHARE. Pero si el resultado final no mejora, habrá que hablar de «reasignar» pero, desgraciadamente, para otro programa.

Bösch
Señor Presidente, señor Comisario, yo creo que, a la vista del excelente informe de la colega Kjer Hansen, hoy debemos emitir al fin un juicio demoledor sobre la labor de la Comisión por lo que se refiere a la ejecución del programa PHARE. He leído las sucintas observaciones de nuestra Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y en ellas se señala que se procedió a la descentralización sin que la Comisión tuviera un conocimiento claro de los procedimientos introducidos por las autoridades nacionales para su ejecución. El importe de los recursos financieros destinados al programa PHARE supera la capacidad de gestión de la Comisión. ¿Qué significa esto? El Tribunal de Justicia ha manifestado su preocupación por la transparencia y la equidad en relación con la adjudicación de contratos y la elaboración de listas restringidas de candidatos.
Se han dado pruebas de ineptitud en un ámbito central de la Agenda 2000. Ya lo manifesté aquí en otra ocasión: ¿cómo podemos explicar a nuestros conciudadanos y conciudadanas que una Comisión que ni siquiera es capaz de distribuir de manera sensata un millardo de ecus anuales a unos países que tienen una enorme necesidad de recursos, estará en condiciones de impulsar, de grado o por fuerza, un proceso de ampliación considerablemente más amplio, más costoso y más exigente? ¡Nadie podrá explicárselo! Por esto, yo pienso que debe incorporarse un punto adicional a la Agenda 2000, a saber, que la Comisión deberá adoptar por fin las medidas necesarias para estar en condiciones de poder ejecutar debidamente el programa PHARE y un programa de ampliación.
En efecto, señor Comisario, sus problemas de personal, a los que se ha referido antes la colega Dührkop Dührkop y que se señalan en el informe, no son de la responsabilidad de los Estados miembros ni del Parlamento, ni de nadie. ¡Son ustedes quienes deben hacerse cargo de ellos y resolverlos! Éste es, a mi modo de ver, el mensaje del informe.

Theato
Señor Presidente, señor Comisario, la discusión de hoy constituye en cierto modo un anticipo del debate que celebraremos aquí, en esta Sala, justamente dentro de un mes, sobre la Agenda 2000 y, por ende, sobre la ampliación de la Unión Europea. Cuando se habla del programa PHARE, se trata del conjunto de los países del Mediterráneo que están aguardando su incorporación -unos antes, otros después- como miembros de la Unión Europea.
La base de nuestro debate de hoy es un informe específico del Tribunal de Cuentas. Es propio de la naturaleza de estos informes que, sobre todo, se hable en ellos de las dificultades y de los problemas. Por esto uno se podría ver tentado a actuar con pesimismo y éste se ha hecho sentir ya. Quisiera dar de forma expresa las gracias a la ponente, la Sra. Kjer Hansen, por no haber cedido a esta tentación de pesimismo. Pero esto no quiere decir que no tomemos en serio el informe del Tribunal de Cuentas. Al contrario. Todos sabemos que los candidatos a la adhesión deben realizar aún grandes esfuerzos. Esto no es nuevo, pero el Tribunal de Cuentas nos muestra que la Comisión debe realizar también cambios decisivos en su forma de trabajo para que el proceso de ampliación no se convierta en un desastre. Sé cuán difícil es la tarea de la Comisión y puedo entender también, señor Comisario, que usted haga a veces de cabeza de turco.
Por un lado lamentamos aquí, en el Parlamento, que los recursos que hemos habilitado, como autoridad presupuestaria, se hayan gastado y se gasten solamente en parte. Inmediatamente después lamentamos que todo haya ido mal donde se han gastado realmente los recursos. Sin embargo, ambas cosas son propias de nuestra función como Parlamento y espero que ustedes entiendan las puntualizaciones críticas como crítica constructiva, como estímulo para seguir trabajando.
En este contexto, un concepto decisivo es el de concentración de fuerzas. De hecho, en el pasado se ha dado con demasiada frecuencia la impresión de que tanto la Comisión como también los países del programa PHARE se han extraviado a la hora de identificar los proyectos dignos de ser financiados. Un fenómeno concomitante de esto ha sido un sistema de ejecución muy complicado que ha originado costes considerables innecesarios. Por esta razón es acertado que se definan con claridad las tareas respectivas de todos los participantes, que se reduzca el número de programas y que las delegaciones in situ de la Comisión se vean reforzadas, por fin, en su dotación de personal y en sus competencias, de suerte que puedan asegurar una eficaz vigilancia de los programas. Estas son también nuestras exigencias que coinciden con las que ha planteado el Tribunal de Cuentas.

Elchlepp
Señor Presidente, señor Comisario, sin duda, no vale cerrar los ojos y seguir adelante. Se trata de un problema estructural difícil en la ejecución de los programas de la Comisión. El trasfondo o la quintaesencia del informe es, como se ha dicho, que la Comisión no ha logrado realmente hasta ahora habilitar para el PHARE un sistema de evaluación mediante el cual puedan medirse los efectos políticos del programa. Falta también un sistema convincente de vigilancia particularizada de los gastos y falta claridad sobre la competencia de evaluación que, ciertamente, como sabemos, es ejercida en parte por la Comisión y en parte reside en los órganos inferiores.
La falta de transparencia ha alimentado, naturalmente, la sospecha de que a la hora de otorgar los encargos no siempre se procede con rectitud pero, evidentemente, ha sucedido también que, al menos en la fase inicial, algunas entidades occidentales se han hecho de oro con determinado apoyo o la buena fe, por decirlo así, de los países perceptores.
Me atrevo a dudar de que los resultados de los servicios hayan correspondido siempre a lo que los países han esperado. Muchos de los dictámenes han acabado en los cajones y se han hecho a costa de los contribuyentes. A pesar de todas las críticas necesitamos el programa más que nunca para apoyar la adhesión de los estados de la Europa central y oriental. Con esto tampoco hay que poner en duda la descentralización de la ejecución si deseamos tener socios con igualdad de derechos en la Europa central y Oriental. La descentralización debe ir pareja con un seguimiento razonable, con una vinculación financiera más fuerte de los países perceptores y con una mejor preparación administrativa de estos países a estas tareas, y creo que esto se ha descuidado un poco. Pero necesitamos también una nueva metodología de la valoración de los resultados sobre la base de unos objetivos políticos claramente definidos.
Por lo que respecta a la sospecha de nepotismo, me podría imaginar algunas propuestas concretas acerca de cómo se pueden introducir nuevas entidades y cómo se garantiza una participación amplia. ¿Por qué no se hace esto a través de calls for interest , periódicas y generales, para ampliar la cadena de solicitantes? ¿Por qué la gerencia de los programas no atrae con más frecuencia nuevos ofertantes en vez de atraer siempre a los mismos? Sería también muy importante que los propios Estados miembros que se sientan en el comité de gestión del PHARE hicieran publicidad de estos programas en sus países.
Espero que este disparo delante de la proa contribuya a que el disparo de salida para la ejecución del programa MEDA funcione mejor de suerte que no tengamos los mismos problemas.

Van den Broek
Presidente, permítame comenzar felicitando a la Sra. Kjer Hansen por su informe tan minucioso, pero a la vez permítame agradecerle la colaboración tan constructiva que hemos tenido elaborando este informe. Para mi departamento y por cierto, para mí también, ha sido una experiencia muy positiva el haber podido intercambiar opiniones con ella durante la preparación de este informe. Fue un diálogo crítico pero muy constructivo. No puedo expresarlo de otra forma: yo he leido todo el informe, me parece que está escrito con una extraordinaria claridad y que constituye una ayuda para seguir por el camino de la mejora de todo el proceso de la asistencia PHARE. Creo que el momento de este debate está bien elegido, ahora que el Consejo Europeo tiene que tomar una decisión sobre la Agenda 2000 en Luxemburgo, y ahora que están a pleno rendimiento los preparativos para la ejecución de los nuevos puntos de orientación para PHARE. Como ustedes recordarán, estos puntos de orientación están detallados en las nuevas directrices que fueron enviadas a su Parlamento en marzo.
La Comisión, como he dicho, da la bienvenida al proyecto de informe de la Sra. Kjer Hansen, porque no encubre los problemas sino que a la vez reconoce los esfuerzos que hizo la Comisión para abordar los problemas sobre todo en el ámbito de la auditoría y la evaluación. La ponente confirma además, que las nuevas directrices PHARE intentan solucionar seriamente muchos de los problemas que se señalaron en el informe del Tribunal de Cuentas y, parcialmente, me parece que lo hemos conseguido.
La Comisión no sólo se compromete a incrementar ulteriormente la efectividad y la eficiencia de PHARE, sino también quiere utilizar el programa como instrumento de ampliación para remediar las deficiencias de los países candidatos que están identificadas en las recomendaciones de adhesión. Para el posterior desarrollo del Programa PHARE, se tomarán en cuenta los resultados de la evaluación provisional.
Los nuevos enfoques que se desprenden de las recomendaciones de adhesión, tomarán cuerpo para cada país candidato en el proyecto de asociación. Se identifican en él las medidas básicas que tiene que adoptar el país candidato y que son apoyadas por PHARE y se establecen las prioridades de las medidas que se han de tomar.
A continuación se completa el proyecto de asociación de cada país con un programa nacional referente a la ejecución de la adjudicación comunitaria en la que se detalla la manera en que el país piensa aplicarla.
Para poder tener en cuenta los proyectos de asociación y los programas nacionales de los países candidatos a la adhesión en la programación del presupuesto PHARE de 1998, debemos actuar, efectivamente, con rapidez. El trabajo va progresando a pesar de la agenda muy rígida y la Comisión intenta terminar estos instrumentos para la primavera de 1998 como muy tarde. Las memorias financieras con relación a los programas PHARE de 1998 serán concebidas en base a esto.
Permítame entrar en detalle en unas observaciones más específicas del informe Kjer Hansen. La Comisión accede con mucho gusto a la petición del Parlamento de informar al final de este año sobre los progresos que ha habido en la mejora de la ejecución. La Comisión quiere mejorar la gestión de PHARE de la siguiente manera.
Las delegaciones de la Comisión serán reforzadas para poder controlar mejor la ejecución de PHARE. Los procedimientos de aprobación se agilizarán. Las unidades de gestión de programas se cerrarán paulatinamente y la administración de las cuentas bancarias se mejorará.
La Comisión quiere introducir medidas estrictas para reducir el tiempo entre el compromiso de los fondos y firma de los contratos. Para liquidar los retrasos, y eso constituye un gran problema, lo reconocemos, serán cancelados los contratos y compromisos anticuados. Desde marzo ya han sido cancelados más de 1000 contratos antiguos. Intentamos tener más progreso en este ámbito a finales de este año. Sin embargo, el hecho de que se hayan podido cancelar 1000 contratos, confirma la constatación del Parlamento de que existe una fragmentación demasiado grande en la asistencia y que es muy necesaria la concentración en proyectos más grandes.
Además, hemos reasignado más de 75 millones de ecus de los programas antiguos para las medidas en relación con las inundaciones en Polonia y la República Checa. Lo anterior indica que la Comisión suscribe el informe de la Sra. Kjer Hansen en su esencia. Permítame, sin embargo, hacer un comentario sobre cuatro recomendaciones de la ponente.
Aunque la Comisión, en la misma línea del punto 5 de la propuesta de resolución, intenta reducir al mínimo el periodo entre el compromiso de fondos y la firma del contrato, difícilmente se puede comprometer a limitar bajo cualquier circunstancia este periodo a un máximo de seis meses. Tal fecha tope no nos permitiría en todos los casos organizar adecuadamente los procedimientos de adjudicación, ni negociar ni redactar los respectivos contratos. Esto se aplica sobre todo a las medidas que tienden a mejorar la transparencia del procedimiento de adjudicación y que también han sido valoradas favorablemente en el informe, y que alargan estos procedimientos a veces dos o tres meses. Ahí sí hay cierta tensión.
Además, ocurre que los acuerdos de proyectos técnicamente complejos tienen que ser recogidos en contratos complicados para los que se necesita tiempo. Pero, repito, suscribimos el espíritu de esta recomendación. Intentaremos reducir este periodo al mínimo posible.
La Comisión está completamente de acuerdo con la ponente en que los países socios, varios portavoces ya lo han repetido esta noche, tienen que asumir más responsabilidades en la ejecución, ya que esto es necesario tanto para la gestión de los programas como para los preparativos previstos de los países candidatos para trabajar con fondos estructurales y otros fondos después de su adhesión.
Dado que la Comisión, en base al Reglamento financiero tal como está redactado ahora, sigue siendo responsable del uso correcto de los medios PHARE, sólo se puede introducir un control ex-post en aquellos casos en que las instituciones de los países socios hayan resultado fiables y que manejen sistemas de control financiero sólidos. Una descentralización progresiva, como ha sido propuesta por la ponente, requirirá un cambio en el Reglamento financiero, pero directamente añado que la Comisión tiene la intención de presentar una propuesta en este sentido al Consejo y al Parlamento.
Por lo que respecta al refuerzo del control de las delegaciones en la ejecución de los programas PHARE, la Comisión tiene el firme propósito de introducirlo en todos los países candidatos. Queremos, sin embargo, mantener la flexibilidad de destinar los medios allí donde hagan falta para no conceder a ningún país una posición de privilegio.
La ponente, a continuación, recomienda a la Comisión que haga un uso estríctamente limitado de los procedimientos restringidos de licitación. Entiendo el fondo de esta recomendación, pero pido que se tome en cuenta que justo con el fin de una ejecución eficaz y rápida, el artículo 118 del Reglamento financiero permite que se adjudiquen servicios siguiendo estos procedimientos. Con el fin de hacer el mayor caso de las críticas de la ponente, la Comisión ha tomado medidas para mejorar considerablemente la transparencia en este aspecto. Porque se publican en el Diario Oficial las previsiones de todas las adjudicaciones futuras y las adjudicaciones independientes se publican por Internet de modo que el círculo de licitadores potenciales se amplía. Sobre esta base, la Comisión estima por lo tanto, que se justifica la práctica actual aunque seguirá esforzándose por la mayor transparencia posible.
Como punto final, y esta noche ya se ha vuelto a hablar de esto, una observación sobre la situación del personal de PHARE. La ponente señala la considerable rotación en la plantilla y se pregunta por sus causas. Se trata, indudablemente, de un conjunto de factores, pero como es sabido, la Comisión se ve obligada, por razones de una rígida política de personal, a recurrir al personal competente externo cuyos contratos temporales no pueden ser prorrogados. Es evidente que estos expertos, estos colaboradores, que están contratados, no sienten tanto vínculo con el aparato de la Comisión como un funcionario estatutario, lo cual explica la rápida rotación de esta categoría de expertos. Si esto se junta a la frecuente gran presión laboral en los implicados, que a la vez tiene que ver con la fragmentación demasiado grande de este momento y el número demasiado alto de proyectos, entonces se dificulta aún más la continuidad. Intentamos remediar esta situación de la mejor forma por medio de la concentración de proyectos y de unas medidas de eficiencia, de las que hemos hablado antes. Espero al respecto que la situación mejore también cuando existan los acuerdos de adhesión, porque como la ponente ha observado en su informe y con razón, vamos a tener que tratar asuntos que necesiten más pericia dentro de la Comisión y también dentro del aparato como tal de la que se necesita ahora para los programas actuales de PHARE. Me acuerdo del ejemplo que pone la Sra. Kjer Hansen en el informe: suponemos que no abunda dentro de la Comisión la pericia en el ámbito de la colectivización de granjas. Si se trata en cambio de los preparativos de los países de adhesión para la adjudicación, entonces tenemos en este aspecto más pericia en esta casa.
Termino dando las gracias de nuevo a la ponente, pero también a los otros que no solamente han mostrado su interés en el informe y en PHARE sino que también han expresado sus consejos constructivos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Deslocalizaciones e inversiones en los terceros países
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0294/97) del Sr. Sainjon, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre las deslocalizaciones y las inversiones en los terceros países.

Sainjon
Señor Presidente, el informe que, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, tengo el honor de presentar, pone en jaque ciertas ideas preconcebidas, en particular, al demostrar que el coste de la mano de obra europea no es, ni mucho menos, el principal responsable de las deslocalizaciones. Las empresas que adoptan esta estrategia lo hacen porque desean conquistar nuevos mercados, porque el Derecho del trabajo y las normativas medioambientales son menos estrictos en determinados países, porque las condiciones monetarias son más favorables o bien, porque los costes de fabricación en su conjunto son demasiado elevados en Europa.
Tanto si se está de acuerdo como si no, no se puede hacer caso omiso de los efectos de las fluctuaciones del dólar, de los acuerdos de la Ronda Uruguay, de la mundialización y de la introducción del euro a la hora de abordar el problema de las deslocalizaciones. La llegada del euro será un factor de estabilidad monetaria y contribuirá a evitar devaluaciones competitivas y, por tanto, a limitar algunas deslocalizaciones en el marco de la Unión. Pero la sobrevaloración del euro no haría más que reforzar la tendencia, ya existente, hacia la deslocalización en países con una moneda infravalorada.
En el seno de la Unión, sesenta economistas alemanes, que recientemente suscribieron un llamamiento a favor del euro, han reconocido que la sobrevaloración del marco alemán entre los años 1991 y 1995 fue una de las principales causas del paro y de las deslocalizaciones. Por consiguiente, las autoridades políticas europeas deberán desempeñar una función considerable, en virtud del artículo 109 del Tratado, a la hora de fijar la paridad euro/dólar. A continuación, naturalmente, el mercado retomará sus derechos.
El presente informe es totalmente contrario a las tesis proteccionistas, pero defiende una idea sólida, la de una mayor lealtad en el marco de la mundialización en respuesta a determinadas deslocalizaciones. En primer lugar, la conquista de nuevos mercados es un imperativo para las empresas y hacen falta inversiones que secunden esta estrategia. Por consiguiente, la Comisión debe continuar detectando los obstáculos de todo tipo que impiden a las empresas europeas adoptar una política semejante. La base de datos creada con este fin goza de un gran éxito. Por tanto, no se trata de rechazar estas deslocalizaciones que yo denominaría ofensivas. Se trata, en cambio, de estudiar cómo podrían evitarse algunas deslocalizaciones salvajes que no tienen como objetivo conquistar un mercado, sino más bien recurrir a la subcontratación, lo que muy a menudo conduce a una mayor explotación del trabajo humano y a la destrucción masiva de puestos de trabajo en Europa.
No seamos ingenuos. Todos sabemos que, lamentablemente, las reglas de competencia son burladas a menudo por empresas y países sin escrúpulos, que no dudan en violar los derechos humanos y las normas mínimas de trabajo que queremos ver incluidas en el reglamento de la OMC. La lealtad debería pues ser la regla para todos, comenzando por la Unión Europea. La lealtad con los asalariados europeos que tienen derecho a una mejor información, sobre todo antes de que se tome cualquier decisión de deslocalización o cierre de una fábrica, motivo por el que se solicitó una revisión de la Directiva 94/45 C. Lealtad de las empresas con la Unión Europea que, cuando reciban ayudas comunitarias o nacionales, ya no podrán deslocalizarse unos meses más tarde. Nuestras propuestas están encaminadas a que nos alineemos de cara al reglamento de los Fondos estructurales en lo relativo al fraude para instituir la obligación de reembolsar las ayudas en caso de una salida prematura de la empresa. Lealtad entre los grandes distribuidores europeos, los fabricantes y los subcontratistas mediante un contrato de confianza que instituya un mejor intercambio de información y, por tanto, una mayor fidelidad. Se trata de denunciar las prácticas de algunos grandes distribuidores que, a diferencia de Mark & Spencer, por ejemplo, en ocasiones se sirven de la deslocalización para chantajear a sus subcontratistas. Las multinacionales europeas que se establecen en el extranjero deben ser auténticos vectores del desarrollo social.
Proponemos la implantación de un código de buena conducta que repose sobre el respeto de los convenios de la OIT en lo relativo a la lucha contra el trabajo forzado y de la promoción de la libertad sindical. Este código no iría unido a sanciones, pero una empresa que se aparte de dicha vía, podría ver aparecer su nombre en el Diario Oficial de las Comunidades y en Internet. ¿Por qué la Unión Europea no sería capaz de hacer lo que la Administración norteamericana ha sabido realizar? Es evidente que, incluso bajando al máximo las cargas, el salario de un trabajador europeo no podrá jamás equipararse al de un trabajador chino. Las ventajas de Europa descansan ante todo en la tecnología y en la formación.
Lanzando una gran política europea en estos dos ámbitos, y me refiero aquí a la Cumbre sobre el empleo, la Unión no sólo podrá evitar determinadas deslocalizaciones, sino que además, y lo que es mejor aún, podrá contribuir a las relocalizaciones, es decir, al regreso a Europa. Este razonamiento puede inscribirse en el marco de la reforma de los Fondos estructurales, con un FEDER que esté más orientado hacia la innovación, o sea, hacia la constitución de parques tecnológicos acoplados al nuevo objetivo 4 y al programa Adapt, sobre todo en lo que respecta a la adaptación de los asalariados a los cambios.
En cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías, tanto en el ámbito industrial como en el de la información, deberá definirse un programa que se apoye en los ACTS y el BRITE-EURAM, naturalmente, en coordinación con EUREKA. En definitiva, permitamos a las empresas ser más eficientes tecnológicamente, y así evitaremos muchas deslocalizaciones. Pedimos que se implante un código de buena conducta en materia fiscal. No hay duda de que la supresión de nichos fiscales sería una solución de cara a las deslocalizaciones salvajes, pero este debate será largo y difícil, lo sabemos.
En cuanto a la armonización social, la Carta Social, al igual que el Protocolo Social incluido en el Tratado, constituyen una buena base para un nuevo comienzo de la Europa social. Pero aún queda mucho camino por recorrer hasta llegar a la armonización social en Europa. Una prueba de ello es el conflicto de los transportistas. Mientras tanto, sólo la coordinación de las acciones sindicales en la Unión permitiría poner fin a determinadas deslocalizaciones salvajes en Europa.
Esto es, señor Presidente, en pocas palabras, lo que quería decir sobre las deslocalizaciones. Por razones de tiempo, no he podido tratar sobre el problema de la crisis asiática. Pido, a través de una enmienda, que la Comisión lleve a cabo un estudio minucioso sobre las consecuencias de dicha crisis y sobre nuestras inversiones en la zona.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, sería injusto e incluso falso afirmar que la mundialización y los movimientos internacionales de empresas sólo tienen efectos negativos. La libre circulación de las personas, las ideas y las mercancías, el final de algunos grandes imperios totalitarios y la caída de los muros y de los telones de acero son, en términos generales, grandes progresos. En algunos casos podemos afirmar incluso que ciertas deslocalizaciones dan trabajo a los países pobres y que la bajada de los precios de los productos que se consumen en los países ricos, favorecen el crecimiento.
Sin embargo, señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, cuando contemplamos las reacciones de los ciudadanos y de los trabajadores europeos ante la construcción europea, lo que siempre aparece en primer plano de los fenómenos considerados negativos, son las deslocalizaciones. Los ciudadanos europeos ya no lo soportan más, y además son muchos, a menudo sin razón, los que culpan de ello a la Unión Europea. Nuestro colega, André Sainjon, ha realizado un excelente trabajo. Cuenta con mi apoyo, el de los Socialistas, y todos nosotros apoyamos las iniciativas políticas y sindicales encaminadas a la lucha contra un ultraliberalismo destructor.
En resumen, hay que distinguir entre dos espacios en lo que respecta a las deslocalizaciones, aquellas que se producen en el interior de la Unión y aquellas otras que se hacen en el resto del mundo. En el caso de las primeras, en el interior de la Unión, naturalmente no pueden prohibirse, pero se puede, se debe y es necesario acelerar la armonización fiscal y social, una armonización al alza. Es imposible aceptar un mercado único en el que las reglas del juego y, por tanto, los costes, sigan siendo básicamente diferentes. Eso sería desastroso para todos, en particular, para los asalariados y, por consiguiente, para la idea misma de la construcción europea.
Armonización, desde luego, pero sobre todo, e insisto, se puede, se debe y hay que prohibir las deslocalizaciones que se benefician de ayudas directas o indirectas de la Unión Europea. Los casos son numerosos y conocidos. Es intolerable y deben adoptarse medidas legislativas. Es perfectamente posible hacerlo y es muy sencillo. Basta con que exista la voluntad política.
Pero junto a las deslocalizaciones internas, existen naturalmente también las deslocalizaciones en el exterior de la Unión. André Sainjon hace en este sentido propuestas interesantes que yo apoyo, en particular, la de un código de conducta para las multinacionales europeas, así como la propuesta de modificar el código de inversión de la OCDE. Sin entrar en detalles, afirmo, afirmamos, también nosotros, que hay que luchar contra el trabajo forzado, contra la esclavitud infantil, contra las discriminaciones de todo tipo, pero también a favor de una promoción de la libertad sindical, a favor de la generalización de las negociaciones colectivas y, en materia de Derecho laboral, a favor de un código mínimo en todos los países.
En conclusión, señor Presidente, repetiré que aunque la libre circulación en Europa y en el mundo de las personas, las ideas y los bienes es algo excelente y supone un progreso en materia comercial, económica e industrial, hay que organizar esta libre circulación, regularla, evitar los excesos, establecer un mínimo de reglas comunes para no favorecer a los explotadores de cualquier color y de cualquier calaña. Aunque la libertad siempre es buena, ésta no debe conducir a la ley del más fuerte.

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, el mundo es cada vez más pequeño y hoy es tan obvio este principio que la globalización o mundialización de la economía es un hecho que todo el mundo admite como algo natural. Y es así de claro como que por la mañana puede haber una pequeña tormenta monetaria en el sudeste asiático y por la tarde puede haber un crack en la bolsa de Nueva York. Esto lo estamos viendo y lo hemos vivido recientemente. Esto, que nos puede asombrar a los adultos porque cuando nacimos todavía existían las distancias, las fronteras, etc., a los jóvenes de hoy les parece obvio y forma parte del medio en el que vivimos.
La propuesta de resolución del Sr. Sainjon sobre deslocalizaciones es excelente, bien razonada y fundada pero quizá algo voluntarista. Así, en el considerando A nos dice textualmente: »Considerando que la mundialización del comercio, la producción y las inversiones es una oportunidad que se ha de aprovechar limitando los efectos negativos.» y añade en el considerando C, con toda razón, que «las deslocalizaciones constituyen un fenómeno que responde a la lógica económica y que no deberían abordarse sólo desde el punto de vista ideológico».
Naturalmente, dentro de los temas económicos, tenemos que considerar todo lo que es el área, el producto, el mercado, el coste, la paridad de las monedas, el euro, el dólar, u otras monedas más débiles. Esto es algo que hay que tener en cuenta siempre.
El informe trata extensamente de las relaciones entre las inversiones directas en el extranjero, normalmente inversiones de capital, y de las deslocalizaciones que, como todo el mundo sabe, consisten en el traslado de los medios de producción a otro país o en la implantación directa de los mismos mediante inversiones directas. Él se centra en un conjunto de conceptos, en todo lo que son las ayudas, las promociones, los estímulos, las estrategias que directa o indirectamente tienen otros lugares fuera de la Unión Europea.
Finalmente, el Sr. Sainjon se hace una pregunta, que quizá es la clave de las deslocalizaciones: ¿son el comercio internacional y las deslocalizaciones de la producción hacia los países en desarrollo responsables del aumento del desempleo en Europa? Éste es un principio clave. Pero yo, sinceramente, creo que no. Porque ahí tenemos a los Estados Unidos, que tiene un índice de desempleo inferior a la media comunitaria y tiene normalmente una renta más alta. Es decir, yo creo que no es la causa. La causa del desempleo hay que buscarla en otro sitio.
Y quiero terminar con un dicho español: »Es difícil poner puertas al campo». En cualquier caso, me parece un informe interesante y que yo votaré a favor.

Malerba
Señor Presidente, el informe del Sr. Sainjon es interesante y lleno de ideas originales, pragmático y no demasiado ideológico. El ponente no siente la tentación de volver a traer a colación los beneficios del libre mercado ni siquiera por un momento y aparta con valor algunos falsas tesis sobre el desempleo y las deslocalizaciones. La tecnología, por ejemplo, no es causa ineluctable de desempleo, sino que sirve de estímulo para las nuevas localizaciones, ya que las oportunidades de la producción flexible, incluso fuertemente automatizada, son preferidas por la mayor parte de los sectores manufactureros al trabajo de escasa cualificación, aunque de bajísimo coste. El mercado libre vuelve a situar al consumidor en el centro de la escena y beneficia la especialización y la innovación de los productos respecto al puro y simple ahorro en el precio, por lo que los proyectos y la producción vuelven a sentir más fuerte la necesidad de permanecer cerca del mercado. Asimismo, en el informe Sainjon se revalorizan las multinacionales, pues se las considera como correas de transmisión de riqueza, a través de las inversiones creadoras de empleo, y como emisoras de la cultura del trabajo moderno, embajadoras y de hecho casi operadoras sociales en los países en desarrollo a través de sus códigos voluntarios de autorreglamentación.
Del análisis del ponente resulta evidente lo que ya muchos admiten, o sea, que las condiciones de atracción de una zona para la inversión y, por consiguiente, para la creación de empleo de calidad, están cada vez más ligadas a la disponibilidad de capacidades técnicas muy avanzadas y, en consecuencia, a la calidad de la educación y de la formación, y están relacionadas con las infraestructuras de comunicación y de transporte, así como con las redes de conexión con el mercado mundial. A dichas condiciones yo añadiría, al igual que lo hace en parte el Sr. Sainjon, la certeza y la transparencia de las leyes. Señor Presidente, esto lo digo también en clave de mensaje a nuestro país, Italia, que goza de la reputación de prestar escasa atención a las reglas sobre la propiedad intelectual y donde, sobre todo, rige una normativa fiscal y laboral demasiado compleja que desalienta cualquier espíritu emprendedor y que quizás fomenta, precisamente, las deslocalizaciones.
Estoy de acuerdo con la sugerencia del ponente en cuanto a una orientación de los Fondos estructurales, entendida cada vez más en términos de apoyo a los programas de investigación y de tecnología para las empresas. Me convence menos la propuesta de pedir el reembolso de las financiaciones asignadas a las empresas que practican las deslocalizaciones y opino que sería más factible suspender los pagos y hacer figurar dichas empresas en una lista negra.
Y termino rápidamente congratulándome con el ponente del trabajo que ha llevado a cabo.

Plooij-Van Gorsel
Presidente, colegas, Comisario, el grupo parlamentario liberal tiene sus reparos al informe Sainjon por tres razones. En primer lugar, el título no se refiere al contenido. El informe debería tratar de las deslocalizaciones de empresas y las inversiones directas extranjeras en los terceros países. Ahora bien, gran parte de resolución trata de la política socio-cultural dentro de la Unión Europea, o trata de las recomendaciones sobre el paso al Euro. Estos asuntos exceden el ámbito de este informe y la competencia de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores.
La segunda razón por la que mi grupo parlamentario tiene reparos a este informe, se refiere a los puntos de partida del contenido. El Sr. Sainjon basa sus conclusiones y su resolución en una sociedad industrial que ya no existe. En este aspecto me alegra de que se haya adoptado mi enmienda en el considerado B del informe, en el que se señala que la sociedad de la información desplegará un nuevo potencial económico y social y todas las consecuencias que esto tendría en el comercio mundial y en la progresiva mundialización.
También he señalado que el AMI, el Acuerdo Multilateral sobre Inversiones de la OCDE, que se tiene que celebrar lo antes posible. Pero hay otras enmiendas esenciales mías que no han sido adoptadas. Esto constituye la razón, la tercera razón, por la que el informe, tal como se nos presenta ahora, no es aceptable para mi grupo parlamentario. Hemos vuelto a presentar, por lo tanto, doce enmiendas.
En el fondo, el informe Sainjon es un proyecto inacabado. Mi grupo parlamentario solicitará por lo tanto mañana antes de la votación, que se devuelva el informe a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores para que se llegue dentro de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores a un conjunto más equilibrado.

Querbes
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, estamos discutiendo sobre cientos de miles de puestos de trabajo sacrificados o amenazados en la Unión Europea por las deslocalizaciones que llevan a cabo las empresas en pos de la competitividad y la reducción de gastos. Las industrias que utilizan mano de obra son las más afectadas, aunque también lo son cada vez en mayor medida los servicios.
Las empresas que deslocalizan, desde Hoover hasta Renault, obedecen al credo liberal de la Comisión Europea que Jacques Delors manifestó en su día mediante la fórmula: "con el gran mercado, cada uno se instala allí donde las condiciones sean mejores». Ahora bien, donde las condiciones son mejores es allí donde los beneficios son más altos. Así, estas deslocalizaciones hacen competir a los pueblos y los territorios, apostando por las diferencias sociales y salariales y haciendo chantaje a las ayudas públicas. A menudo se llevan a cabo sin previo aviso y sin consultar a las organizaciones sindicales ni a los representantes locales, con total desprecio por los asalariados y sus familias, y con total desprecio por el futuro económico de las regiones.
Deben tomarse medicas eficaces en los planes nacionales y comunitarios para impedir el dumping social. Temo que el código de conducta de las empresas multinacionales, propuesto en el informe de la comisión y que ni siquiera es vinculantes, sólo constituya una barrera demasiado débil ante las multinacionales que no incluyen la moral en su estrategia. ¿Qué repercusión pueden tener entonces las recomendaciones del ponente a las multinacionales europeas sobre "el deber moral de convertirse en auténticos vectores del desarrollo social en el mundo»? ¿Es ingenuidad?
Este es el motivo por el que nuestro Grupo presenta otras medidas, por un lado, para que se cuestione el proceso actual de liberalización y de desregulación lanzado por Bruselas y, por otro, para que se establezcan nuevos derechos de los asalariados, que les permitan salvaguardar su acervo social, defender su puesto de trabajo y controlar la utilización de las ayudas públicas a las empresas. Para luchar contra el dumping social, proponemos asimismo que se incluyan cláusulas sociales y medioambientales en todos los acuerdos comerciales y que se fiscalicen los movimientos de capitales con el fin de dirigirlos hacia inversiones productivas y creadoras de empleo.
Quiero también manifestar mi inquietud por el apartado 5 de la resolución, en el que se pide que se celebre rápidamente un acuerdo multilateral sobre la inversión en el marco de la OCDE. Esta posición corresponde a la estrategia norteamericana para acelerar sin condiciones la liberalización del mercado mundial. Es el motivo por el que nuestro Grupo ha presentado una enmienda encaminada a que se excluyan la cultura y el sector audiovisual de dichas negociaciones.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, los Verdes no estamos fundamentalmente en contra de las deslocalizaciones de las explotaciones, al contrario. En situaciones adecuadas, éstas pueden significar una contribución importante al desarrollo regional. Esto implica, ante todo, coherencia con los principios humanos, sociales y de la política de desarrollo. Por consiguiente, la Mercedes podría fabricar absolutamente en Brasil. Pero un trabajador de la sucursal de allí debería tener el mismo derecho a organizarse sindicalmente que su colega de aquí.
Una empresa francesa va a fabricar sin más dilación aparatos de radio en el sudeste asiático, pero la salud de las trabajadoras allí es exactamente tan importante como la de una trabajadora del primer mundo. Sin embargo, el proyecto neoliberal de vía libre para el capital libre empuja, sobre todo, al Tercer Mundo y a los países industriales hacia una horrenda competencia de localizaciones en busca de las mayores exenciones fiscales, de la peor protección laboral y de los salarios más precarios. Pero a este propósito sabemos desde hace tiempo que los costes salariales bajos no son determinantes de la mayoría de las deslocalizaciones. Pero, evidentemente, los empresarios creen que no sólo podrían conquistar nuevos mercados sino al mismo tiempo podrían también obtener ganancias sin estorbo en unas situaciones inhumanas.
Precisamente por esto necesitamos unas reglas obligatorias de juego a nivel global. Los códigos voluntarios de conducta no son suficientes. Nuestra tarea es incluir nuestras empresas en la obligatoriedad. Hay que excluir, sobre todo, de las subvenciones de la UE a las empresas de aquí que contravengan fuera los estándares europeos. Es más que cínico establecer primas para salarios de hambre y para la contaminación del medio ambiente. En este sentido pedimos también apoyo para nuestras enmiendas. El Informe Sainjón está ya vencido, pues desde hace tiempo se está negociando en la OCDE un acuerdo multilateral de inversiones que dinamice las regulaciones estatales y la influencia política.
Naturalmente, mañana votaremos a favor de que se apruebe el informe. Hemos tenido una audiencia muy buena al respecto. Hemos discutido abundantemente. A la Sra. Plooij van Gorsel no puedo menos que decirle una frase típica del fútbol: rozar el larguero es también un disparo fuera de puerta.

Van Dam
Presidente, del informe del colega Sainjon se desprende que la deslocalización de actividades empresariales no es un fenómeno masivo. No es tanto la consecuencia de las diferencias salariales sino más bien del descubrimiento de nuevos mercados. Por eso, para las administraciones no tienen por donde cogerlo.
A pesar de este análisis de fondo, es curioso que el ponente en la continuación de su informe sea bastante "dirigista». Propone una estrategia comunitaria con armonizaciones, códigos de conducta y una etiqueta social europea. Incluso quiere que las multinacionales realicen una "misión» social. ¿Estima el colega Sainjon que este concepto de que todo es posible es verdaderamente realista?
Aunque valoremos su trabajo, no queremos ir por el camino que nos indica el ponente. Una intromisión pública excesiva y compleja causa altos costes. Estos minan justamente la competitividad de las empresas europeas y su capacidad de creación de empleo. La descentralización, la reducción y la mejora legislativas favorecen un buen clima empresarial. Lamentablemente, esto no se subraya suficientemente en el informe.
Sí comparto la recomendación del Sr. Sainjon de prestar más atención al desarrollo y a la innovación. El punto de partida es que eso es primariamente una tarea de los Estados miembros. La cooperación europea tiene una función complementaria en esto para crear las condiciones favorables.

Souchet
Señor Presidente, no esperábamos encontrar bajo la firma del Sr. Sainjon palabras que hubiera podido decir Lord Brittan, porque tras leer el presente informe, ¿qué queda de las deslocalizaciones? Muy poca cosa. No son tan numerosas, no son debidas a las diferencias de los costes salariales, o en muy poca medida, y no guardan prácticamente ninguna relación con el crecimiento del paro en nuestros países. Es más, son beneficiosas en la mayoría de los casos y, por tanto, hay que fomentarlas. Y los escasos efectos negativos que pudieran tener al margen, basta con corregirlos mediante mecanismos facultativos, mediante códigos de conducta voluntarios y mediante hipotéticos contratos de confianza.
Aquellos de nosotros que, como representantes locales elegidos, vivimos a diario y sobre el terreno las deslocalizaciones, los desarraigos, la desorganización de las estructuras del territorio, los despidos masivos y las desestabilizaciones económicas y sociales que provocan, no nos reconocemos en este informe reductor e ingenuamente idílico.
Es cierto que ninguna empresa ha recibido promesas de vida eterna, pero ¿por qué debemos rechazar preguntarnos acerca de los dispositivos reguladores que permitirían disciplinar la mundialización, atajar la perversidad de un mecanismo que destruye puestos de trabajo en Europa sin crear ningún efecto multiplicador de desarrollo en los países de acogida? ¿Por qué no intentar hacer un balance objetivo de estas zonas francas que se multiplican en los países en desarrollo? ¿Por qué no analizar los efectos nocivos de las subvenciones europeas que se convierten en elementos desencadenadores y que están en el origen de numerosas decisiones de deslocalización, como el programa ECIP e incluso algunos proyectos apoyados por Phare y Tacis? El ponente ha perdido de vista por el camino su objetivo, vencido por los conocimientos expertos dominantes. Es realmente una pena. Habrá que retomar rápidamente, pero de forma diferente y sobre unas bases más realistas, este gran asunto.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, este informe es amplio y ambicioso y en general acojo con beneplácito su tono. Felicito al Sr. Sainjon por el informe y por su discurso introductorio en el período de sesiones. Quisiera decir al Sr. Souchet que, si hay coincidencias entre lo que el Sr. Sainjon dice y lo que yo pienso y voy a decir, es porque los dos hemos visto las realidades de la vida que no corresponden a algunas de las declaraciones más ideológicas que se hacen sobre este tema.
No voy a entrar en las cuestiones más periféricas que, según se ha lamentado la Sra. Plooij-van Gorsel, no se han abordado en el debate y menos aún voy a entrar en la cuestión de lo que debe o no debe figurar en la resolución. Pero creo que el informe está acertado al adoptar la opinión de que la inversión directa en el extranjero aporta considerables beneficios tanto al país del que procede la inversión como al que la recibe. Eso lo ha reconocido perfectamente el Sr. Caudron.
Además, se debe considerar esa cuestión en el marco de la liberalización de las inversiones en conjunto, porque hay que tener en cuenta no sólo la inversión de países europeos en el extranjero, sino también la inversión por parte de empresas extranjeras en la Unión Europea y no me cabe la menor duda de que la Unión se beneficia en gran medida de la inversión directa procedente del extranjero.
Me resulta alentador que el informe no se deje llevar por la retórica que a veces rodea este asunto y en particular la idea de que la inversión directa en el extranjero es una consecuencia de la competencia desleal de países cuyos trabajadores reciben sueldos bajos. Ése es un fenómeno muy limitado y la mayor parte de la inversión extranjera directa se debe, en realidad, a razones relacionadas con el acceso a los mercados. Eso lo han explicado muy bien el Sr. Malerba y el Sr. Valdivielso, que han explicado la complejidad de los factores de verdad responsables del desempleo en la Unión Europea.
Aun cuando los problemas planteados por los traslados de empresas no sean tan grandes como a veces se dice, constituye, evidentemente, un motivo de preocupación para determinados sectores y, desde luego, un motivo de preocupación para el público en general. Así, pues, debemos buscar formas de reducir las repercusiones negativas que tengan los traslados de empresas.
Por consiguiente, me alegro de que se haya abordado esa cuestión directamente en el informe y de que se hayan buscado formas como podrían mejorar su competitividad las empresas europeas, lo que les permitiría continuar con su producción en Europa. Las ideas expuestas en el informe sobre la innovación tecnológica son muy dignas de beneplácito. Me complace tomar nota del planteamiento adoptado respecto de un código de conducta relativo a los criterios sociales para las empresas que inviertan en terceros países. Es un planteamiento sensato y pragmático que reconoce el equilibrio entre la necesidad de obtener el máximo beneficio que la inversión extranjera aporta a un país y la de no desincentivar a los inversores.
De hecho, hace mucho que resulta claro que en términos globales los empleados de empresas multinacionales en países en desarrollo cobran más, reciben más formación y trabajan en mejores condiciones que los trabajadores de empresas nacionales equivalentes. La verdad es que eso contradice lo que daba a entender el discurso del Sr. Querbes.
Además, ha habido, en gran medida a consecuencia del aumento de la sensibilización de los consumidores, una tendencia reciente a la elaboración de códigos de conducta por las propias empresas, sobre todo en los Estados Unidos, como ha señalado el Sr. Malerba. Permítaseme señalar a quienes menosprecian el valor de los códigos de conducta, que, en realidad, son un problema para quienes los formulan, porque constituyen indudablemente un criterio en función del cual se los puede juzgar y se los juzga y, por lo tanto, son algo que se debe tomar en serio.
Creo que respecto del papel que la Comisión tiene que desempeñar en el proceso de creación de códigos de conducta establecido en el párrafo 1 de la resolución es sobre lo que nuestras concepciones difieren hasta cierto punto y prácticamente sólo sobre eso. Considero que el papel más idóneo para la Comisión es el de apoyar a las empresas en la elaboración de sus propios códigos, cuando lo soliciten, en lugar del de intentar imponer un código.
En el nivel político, la Comisión ha hecho gestiones para intentar mejorar las normas laborales y medioambientales internacionales. Fue la Comisión la que propuso al Consejo una iniciativa sobre normas comerciales y laborales antes de la Reunión Ministerial de la OMC en Singapur, pero no se adoptó ese planteamiento. No obstante, la Comisión sigue apoyando la labor de la OMI en esta esfera y examinando medios para mejorar las normas: por ejemplo, mediante el sistema de preferencias generalizadas.
Así, pues, concluiré diciendo que este informe ha sido beneficioso al desechar algunas de las ideas falsas, señalar algunas de las realidades y hacer algunas propuestas prácticas, con muchas de las cuales podemos convenir, con vistas a un planteamiento realista de este complejo problema.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Valores de las monedas en euros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de la Sra. SoltwedelSchäfer (A4-0334/97), en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0247 - C4-0340/97-97/0154(SYN)) relativa a los valores de las monedas en euros.

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, señoras y señores, estimados colegas, voy a presentar hoy un informe técnico sobre la Unión Monetaria, pero con ello quiero poner también de manifiesto que la Unión Monetaria se está haciendo cada vez más concreta paso a paso. El informe se refiere más al tipo de las monedas con las que a partir del año 2002, en opinión del Parlamento y ahora en opinión de la comisión, el consumidor europeo va a realizar sus compras cotidianas. Creo que hay cuatro puntos que son esenciales para este informe y también para la decisión de la Comisión de Asuntos Económicos.
El número de valores de las monedas europeas debe limitarse a cuatro, en lugar de los ocho que ha propuesto la Comisión. He propuesto la supresión de las monedas de 2 céntimos y de las de 20 céntimos. En mi exposición de motivos quisiera poner claramente de relieve una vez más que con menos monedas se produce una mayor visión de conjunto para el consumidor y que la irrupción de los sistemas electrónicos de pago para pequeñas cantidades, que actualmente va en constante aumento, seguirá reduciendo el número de transacciones en mano en este terreno.
El segundo ámbito es esencial. Se trata del diámetro de las monedas. Desearía que éste fuese en aumento en consonancia con el valor facial de las monedas, para lograr una mayor discernibilidad para los usuarios, en especial para los ciegos y para las personas con dificultades de visión. El documento de la Comisión en este punto es más bien un revoltijo que una panorámica clara. Al contrario que la variación propuesta por la Comisión sobre el grosor de las monedas para varias series monetarias de aproximadamente el mismo diámetro, nuestra propuesta, procedente de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, tendría la ventaja de que se podría reducir notablemente el peso de las nuevas monedas.
Tercer punto: por razones de seguridad contra la falsificación y de facilidad de utilización por parte de los usuarios las nuevas monedas deberían ser iguales en las dos caras en todos los Estados miembros. Este no es tanto un punto técnico cuanto un punto de naturaleza nacional o emocional. En cualquier caso esto ha suscitado hasta ahora el mayor interés en los medios de prensa. He elaborado la propuesta, y he obtenido al respecto la conformidad de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, de que la cara individual nacional podría significar la variedad de los Estados miembros de la Unión; no obstante, este proceder, que también propone la Comisión en su documento, significaría que el consumidor -escuchen y asómbrense- tendría que vérselas en caso extremo con 120 monedas diferentes. ¿Cómo es posible esto? Esto se produciría si en cada uno de los 15 Estados miembros hubiese 8 valores nacionales con un diseño modificado. De esta suerte ya no estaría garantizada más la rapidez y seguridad de identificación de cada uno de los valores faciales.
Un papel importante es el de los aspectos sanitarios de las euromonedas. Para mí ha tenido una importancia especial que para las monedas de 1 euro y de 2 euros se fueran a utilizar aleaciones de níquel; así lo ha propuesto la Comisión. El níquel puede provocar reacciones alérgicas cuando entra en contacto con la piel humana. Esto se halla explicado y especialmente destacado en un informe del gobierno sueco. Por lo demás, en Suecia no se utilizan monedas que contengan níquel. Por consiguiente, puesto que se puede llegar a reacciones alérgicas, pedimos -igual que para todos los demás productos como pendientes, cadenas y cursasteis de relojes- que no aparezca níquel en las monedas.
Esta ha asido la enmienda primitiva. Sin embargo, fue rechazada por mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, y por esta razón me he decidido por la enmienda de transacción que prevé para las citadas monedas una aleación de acero inoxidable, libre de níquel, y de latón. De esta manera no sólo se ha reducido el contenido en níquel en las monedas mencionadas, sino, sobre todo, la liberación de níquel en la utilización de las monedas.
Por lo demás, se podría satisfacer otra petición del informe, en concreto, la de procurar que se utilice material reciclable en las nuevas monedas. Tampoco esto deja de ser irrelevante sino que, al contrario, reviste gran importancia.
En la comisión ha vuelto a flotar en el aire la pregunta de hasta qué punto sigue siendo relevante nuestro trabajo. ¿No han decidido ya las naciones por sí mismas qué quieren hacer? ¿Qué papel jugamos nosotros, como Parlamento? Con independencia de la cuestión de qué posición mantengan mis colegas, por ejemplo, sobre el tema de la cara nacional -sobre esto se puede celebrar, sin duda, un debate- somos unánimes en un punto: que la comisión -y también mañana el Pleno- considera como algo evidente que este informe, tal como se ha presentado y votado, sea tenido en cuenta, aunque, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas alemán se diga ya lo siguiente: lo que ese Parlamento Europeo decida ahí no nos interesa, en absoluto, fabricaremos nuestras monedas, haremos nuestra cara nacional. Esto no nos interesa.
No puedo imaginarme que sea posible algo semejante con los nuevos acuerdos de Amsterdam. Creo que también en esto existe una gran unidad entre nosotros, los diputados, acerca de que el Parlamento trabaja y decide, crea así los fundamentos, y no realiza en balde un trabajo cualquiera.

Donnelly, Alan
Señor Presidente, quisiera agradecer a la ponente su informe, con la mayor parte de cuyo contenido podemos convenir.
Antes de referirme directamente a las cuestiones planteadas en el informe, creo que vale la pena observar en este punto que, allá por 1989, preparé el primer informe del Parlamento sobre la primera fase de la UEM. En aquel momento apenas había europeos interesados en el proceso de unión económica y monetaria. Hoy estamos hablando del diseño y del contenido de las monedas, porque se van a acuñar en un futuro muy próximo. Una señal de los enormes avances logrados por la Unión Europea es que ahora estemos ocupándonos en realidad de los aspectos prácticos de la moneda única y no hablando simplemente de la teoría de la Unión Económica y Monetaria.
Por lo que se refiere al informe directamente, permítaseme decir que estoy de acuerdo con la observación de la ponente respecto del contenido en níquel de las monedas. Espero que la Comisión inste al Consejo ECOFIN a que vuelva a examinar esta cuestión. Ahora existe un gran grupo de intereses en la Unión Europea relacionado con las consecuencias para la salud del níquel y de la posibilidad de que se introduzca en las monedas utilizadas en toda la Unión Europea. Como recientemente aprobamos un informe en este Parlamento en el que pedíamos que se suprimiera el níquel de la joyería y de otras cosas con las que tienen contacto las personas, sería bastante incoherente, que aceptáramos grandes cantidades de níquel en nuestra nueva moneda. La verdad es que se debe escuchar la opinión sobre esta cuestión del grupo de intereses de los consumidores. No sólo existe preocupación al respecto en los países escandinavos. En toda la Unión Europea hay organizaciones de consumidores que representan a la opinión pública aquí. Si alguien resulta alérgico al níquel y entra en contacto con él, puede sufrir, naturalmente, una reacción muy grave. Quisiera pedir al Comisario Kinnock que vuelva a abordar esta cuestión y pida a la Comisión que la examine de nuevo. Hemos visto las pruebas científicas y, evidentemente, hay motivos para sentir preocupación. Tenemos que volver a abordar esa cuestión.
Respecto del número de monedas y sus dimensiones, también apoyo a la ponente. Queremos intentar racionalizar el número de monedas que vamos a utilizar y, de hecho, en muchos de nuestros Estados miembros estamos reduciendo el número de monedas en cuanto a su denominación. Parece bastante extraño que, cuando avanzamos hacia la moneda única y disponemos de la posibilidad de tarjetas inteligentes y dinero electrónico y demás, propongamos el paso, bastante retrógrado, de disponer de ocho tipos de monedas diferentes en circulación. Conque quisiera pedir también al Comisario que examine esa cuestión.
En relación con las dimensiones, en este Parlamento Europeo hemos tenido un enorme grupo de intereses correspondiente a las organizaciones que representan a los ciegos, que quieren poder diferenciar claramente la denominación de unas monedas de la de otras. No creo, la verdad, que los ministros de Hacienda hayan abordado esta cuestión y quisiera pedir a la Comisión y al Consejo que vuelvan a examinar ese asunto.
Por último, quiero pasar a la cuestión de los símbolos nacionales en la moneda única. Vamos a lanzar dicha moneda única el 1º de enero de 1999 y las monedas y los billetes estarán en circulación en el año 2002. No es un simple cálculo ni un simple paso dado por los banqueros: es un paso que van a dar los ciudadanos de la Unión Europea. Reviste una importancia absolutamente decisiva que en las fases iniciales de ese inmenso paso histórico los ciudadanos se sientan cómodos y familiarizados con la moneda que utilicen. He de decir que consideraría demencial que esta Asamblea eliminara la posibilidad de que la nueva moneda, cuando se acuñe, lleve símbolos nacionales. Por esa razón, en el Grupo Socialista vamos a oponernos a los párrafos del informe que piden una moneda armonizada para toda la Unión Europea y apoyaremos la enmienda de la Sra. Peijs en la que se pide que se puedan incluir los símbolos nacionales en dichas monedas.
Después de haber debatido la Unión Económica y Monetaria durante muchos años, no debemos subestimar en esta Asamblea el nivel del sentimiento público no sólo en países como el Reino Unido, sino también en otros países de toda la Unión Europea. Queremos que sea en gran medida una iniciativa de los ciudadanos y que éstos estén cómodos con la unidad monetaria, con las monedas y los billetes que lleven en el bolsillo. La posibilidad de que dichas monedas y billetes lleven, si así lo desean, una representación nacional es un paso extraordinariamente importante para lograr la aceptabilidad pública en las primeras fases.
Apoyamos en gran medida este informe; es un paso importante y esperamos que la Comisión y el Consejo escuchen algunas de las críticas que hemos expresado. No debemos intentar armonizar por armonizar. Debemos reconocer con la moneda única que seguimos deseando cierta diversidad nacional.

Hoppenstedt
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, desde hace miles de años las monedas constituyen un medio de pago tradicional. Tienen aleaciones muy diversas, para ello se han utilizado los más diversos metales. Esta tradición va a continuar, sin duda, aunque, seguramente, la competencia del dinero electrónico ejerce una cierta influencia en lo que respecta al volumen. El Grupo del Partido Popular Europeo ha presentado algunas enmiendas al Informe Soltwedel-Schäfer. En lo que se refiere al valor facial, usted se ha equivocado, señora Soltwedel-Schäfer. No son cuatro, sino seis clases de monedas las que se fabricarán. Nosotros opinamos también que la progresión en el tamaño, en lo que se refiere al diámetro y al peso, y el tipo de borde son, naturalmente, los elementos importantes para la identificación de las monedas. Son niños, adultos, ancianos y jóvenes, y también once millones de personas con dificultades de visión, quienes en el futuro van a utilizar este dinero. Por esta razón, esto es importante aquí.
Para nosotros también es especialmente importante la seguridad contra la falsificación de las monedas, sobre todo, en lo que respecta a los valores más altos, y es importante también la reconocibilidad por las máquinas automáticas. Sabemos, y esto está incluido también en nuestras enmiendas, que por esta razón es necesaria una cierta combinación de níquel y cobre. También apoyamos esto. Conocemos los dictámenes y sabemos que hay que establecer también diferencias aquí a la hora de valorar los elementos alergógenos. Para nosotros es importante, y por ello como Grupo del Partido Popular Europeo hemos presentado una enmienda en favor de la cara nacional, que esta cara nacional sea un trozo de anticipo de confianza para los ciudadanos a la hora del cambio. En la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial estuvimos muy preocupados, porque estábamos en inferioridad, y la mayoría votó en contra de la cara nacional. Encuentro excelente, Alan, que tú, a la cabeza del movimiento y en nombre de tu grupo, hayas escrito este tema en vuestras banderas y lo introduzcas aquí.
Hemos dicho que queremos tener seis valores faciales. Pero creo que para el futuro hay que pensar en un nuevo paso, en una moneda mayor, sobre todo en una pieza de 5 euros, porque la industria de las máquinas automáticas y, sobre todo, la industria que obtiene sus ingresos de ventas a través de máquinas automáticas, tienen un derecho absoluto a poder salir al mercado con valores más altos, ofrecerlos y permitir obtenerlos mediante monedas.
También es importante para nosotros el tema del oro. En el futuro la moneda de 100 euros -lo han dicho repetidas veces el Sr. Stevens y la Sra. Randzio-Plath- debería ser de oro. Creo, ciertamente, que esto prolonga una antigua tradición que es perfectamente imaginable en el futuro y que también contribuye a reducir las elevadas reservas de oro. Creo que merece la pena.
Espero que nuestras enmiendas sean aprobadas mañana y, en consecuencia, nos alegramos por las futuras nuevas monedas.

Mezzaroma
Señor Presidente, la propuesta de reglamento del Consejo que atañe a los materiales para las euromonedas parece inexplicablemente centrada en el sistema cobre y soslaya el empleo del acero inoxidable que también se puede definir como la plata europea para el liderazgo mundial que los Estados miembros de la Unión representan en su conjunto tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Además de recordar la función de este material que más que cualquier otro se identifica con nuestra era tecnológica y, al mismo tiempo, con las expectativas del público en términos de higiene, reciclaje, inalterabilidad y disponibilidad a costes reducidos, deseo reiterar que en el sector específico de la amonedación, el acero inoxidable cubre el 20 % de las necesidades mundiales y está presente en decenas de países de los cinco continentes y en la Unión Europea desde siempre. Este producto de Europa no puede faltar en la más grande operación de amonedación de la historia de la humanidad, y no puede sustituirse, por ejemplo, con aleaciones como el oro nórdico -Nordic Gold- impuesto por Suecia que ni siquiera participará en la moneda única, o de cuprohierro, aleación de alta tecnología y costes muy elevados, para crear un producto no reciclable que se altera enseguida debido a la corrosión y al uso y no puede ser vertido por ser ecotóxico.
Hemos calculado que se ahorran 250 millones de euros en el suministro de discos para acuñar, gracias al menor coste de las aleaciones de acero inoxidable respecto a las que contienen como elemento principal el cobre. Cualquier controversia relacionada con el terrorismo científico, planteada por la cuestión del níquel, se resolvería de plano a través de la elección del acero inoxidable, ya que tanto en los tipos sin níquel como en los que lo contienen, la investigación científica más reciente ha demostrado que dichos aceros no producen alergias.
¿Y qué decir por último acerca del reciclaje que afecta al 50 % del laminado del cual se obtendrán las monedas? Mientras el acero inoxidable se va a reciclar en bienes de consumo y de inversión para la vida diaria del ciudadano, ¿qué se hace con los demás materiales que no pueden emplearse más que en las nuevas monedas, y con el hierro aleado con el cobre que refundido no sirve para la metalurgia del hierro ni para la del cobre, ya que está contaminado?
Señor Presidente, no quiero que piense en que tengo otra profesión, es decir, la de representante de acero inoxidable; sin embargo, a través de la lectura del informe del Consejo, fruto de tres o cuatro años de trabajo de las cecas de los 15 Estados miembros, se pone de manifiesto la falta de respeto hacia muchos ciudadanos europeos que ven eliminar de sus bolsillos, sin un motivo válido, un metal al que están acostumbrados, o sea, el acero inoxidable. En pocas palabras, la fiesta del cobre, por no hablar de la ofensa que se nos hace a nosotros los diputados europeos que estamos obligados ahora, en tan poco tiempo, a decidir y expresar nuestro parecer. Hará falta inventarse nuevas capacidades productivas y encontrar nuevas soluciones para reducir el cobre utilizado en la aleación. Personalmente considero que este Parlamento debe rechazar la propuesta elaborada por el Consejo. El número de monedas me parece bien equilibrado, no obstante, por lo que se refiere a la efigie de los Estados miembros, me pregunto qué deberán hacer los ciegos para distinguir un Estado de otro.
Las enmiendas que presenté fueron dos y a través de las mismas quise aportar una mejora a las enmiendas de la Sra. Soltwedel-Schäfer. A pesar de todo, estimo que el informe fue escasamente analizado y las enmiendas no fueron discutidas en absoluto.

SVENSSON
Señor Presidente, mientras existan las monedas divisionarias, deberán estar libres de níquel. En algunas aleaciones se libera el níquel y esto conlleva un riesgo evidente para las personas que habitualmente manejan esas monedas y que son alérgicas al níquel. El manejo continuado de monedas es importante para muchos grupos y para distintos rubros, por ejemplo el personal de las cajas en el comercio detallista, en los restaurantes, en la administración de correos y en el servicio de transporte urbano.
El ejemplo sueco, monedas sin níquel, debería servir de modelo. Los intereses de la industria del níquel no se deben enfrentar con la salud de las personas. El futuro de la moneda Euro es cuando menos inseguro pero, en cualquier caso, no debe atentar contra la salud física.

Hautala
Señor Presidente, estamos debatiendo acerca de estos símbolos nacionales como si finalmente se fueran a mantener las monedas nacionales. No cabe lugar a dudas de que se trata de una cuestión delicada desde un punto de vista emocional, a pesar de lo cual desearía resaltar ciertos puntos de vista muy prácticos. No se deberían introducir en el territorio de la Unión Europea 120 tipos distintos de monedas, ya que resulta obvio que ello ocasionaría una increíble confusión. Los discapacitados con problemas de vista, más de diez millones, sufrirían con toda seguridad más que el resto de los ciudadanos las consecuencias de esta medida. Además, no resultará fácil lograr la aceptación en todos los países de las monedas que presenten distintivos propios de los pequeños países, mientras que los terrirtorios de los países con economías reducidas se llenarán sin duda de monedas con distintivos de los países más grandes. Esta es una razón más por la que considero algo exagerado este entusiasmo por la simbología nacional. Por lo demás, se trata de un informe excelente. Deberíamos lograr también que la Comisión comprendiera el riesgo real para la salud que entraña el níquel.

Blokland
Presidente, el presente informe sobre el diseño de las monedas en euros se ha convertido en algo muy discutible por las acciones de los socialistas y verdes. Lo que más me sorprende es que las enmiendas propuestas vayan en contra de los argumentos utilizados.
En primer lugar, ocho monedas serían demasiadas. Se cree que seis son suficientes. Por eso se suprimen las monedas de dos y de veinte céntimos. Yo no veo la lógica. Porque según eso, se necesitan como media más monedas en cada transacción. Y por lo tanto, el consumidor notará mucho antes que el monedero le pesa demasiado. Esto es algo que no contribuye especialmente a una mejor aceptación.
En segundo lugar, las características nacionales en las monedas serían indeseables ya que crean confusión y facilitan el fraude. Sin embargo: las monedas con una característica enteramente europea no ofrecen al ciudadano medio más posibilidades de identificación. Por consiguiente, el grado de aceptación se reduce considerablemente entonces. En este punto el Parlamento Europeo debe mostrar más realismo. En la propuesta de la Comisión, las monedas tienen suficientes características comunes como para poder distinguir las falsas de las auténticas.
En tercer lugar, la utilización de níquel en las monedas sería un error. Las monedas, sin embargo, no son joyas que están todo el día en contacto con la piel. En los Países Bajos no tenemos problemas con el níquel de las monedas. Es un material muy bueno y resistente al desgaste. No hace falta entonces fundir las monedas tan frecuentemente y acuñarlas de nuevo. Tanto ruido sobre este asunto está completamente fuera de lugar y no se hace en beneficio de la salud pública y el medio ambiente.
Si el Parlamento Europeo no vuelve sobre sus pasos, corre un alto riesgo de alejarse más del ciudadano medio que el Consejo y la Comisión juntos.

Randzio-Plath
Señor Presidente, la relación de los pueblos europeos con el dinero es parte de su cultura común. Esto es especialmente cierto de las relaciones, de los modismos sobre el dinero y también de los nombres del dinero. Una muestra de esto es la disputa en torno a los nombres de euro y cent a la hora de la desaparición del ecu. Pero confortémonos con un viejo proverbio europeo: »El lenguaje del dinero se entiende en todos los pueblos.» Ojalá valga esto también para las futuras euromonedas, pues el presente proyecto de reglamento muestra muy claramente que muchas cosas deben ser mejoradas y que el Parlamento Europeo hace bien en insistir en su derecho a presentar también propuestas de mejora en un procedimiento legislativo. Celebraría mucho que en el futuro este Parlamento Europeo pudiera expresar su opinión no sólo sobre las monedas sino también sobre los billetes de banco. Considero absolutamente insuficiente, aunque históricamente explicable pero no aplicable para el futuro, que como Parlamento Europeo no juguemos el papel de colegislador para todo tipo de dinero.
Vuelvo sobre las monedas. Deben ser manejables para el usuario, seguras frente a la falsificación, atractivas, sólidas y no costosas. Estas llegarán, pero pienso que hay todavía algunas deficiencias. Quiero apoyar a mis colegas; en lugar de ocho necesitamos seis monedas. Ello va en beneficio de los consumidores y de las consumidoras, de la seguridad contra la falsificación y de una mayor seguridad jurídica. Sin embargo, no quisiera renunciar a la moneda más pequeña, pues en todos los países europeos el denominado céntimo de la suerte desempeña un gran papel, y en tal sentido es acertado que el Parlamento Europeo renuncie solamente a las magnitudes 0, 02 y 0, 20.
Quisiera referirme además al tema de las monedas europeas «en lo que respecta a las dos caras de la medalla.» A la larga, es seguramente importante que tengamos una moneda europea. Pero sé también que en la actual situación es importante transmitir un sentimiento de seguridad y tomar en cuenta también el significado emocional de esta moneda. Desde este punto de vista no es posible a la larga que el comercio al por menor en la Selva de Baviera, en la Nimes francesa o en la Mons belga tenga que aceptar reversos diferentes, pero en una fase de transición puede ser también absolutamente necesario en interés de las ciudadanas y de los ciudadanos. Queremos poner en claro una cosa: deseamos un euro utilizable y, ciertamente, de tal manera que pueda ser utilizado y que todos los ciudadanos y ciudadanas opinen que también es, de hecho, su euro.
Considero como un avance la discusión sobre la utilización del níquel y sobre aspectos de la protección del consumidor y los argumentos sanitarios. Permítanme que concluya con otro punto. Creo que la Subcomisión de Asuntos Monetarios ha hecho una propuesta constructiva en orden a compensar la falta de una competencia legislativa respecto de los billetes de banco. Queremos, sencillamente, una moneda de oro de 100 euros. A este respeto no se trata solamente de fomentar los pagos sino, al mismo tiempo, de fomentar también un comportamiento inversor y contribuir por razones económicas a que puedan reducirse de manera lucrativa las reservas de oro, como ha indicado ya mi colega.

Peijs
Presidente, Christa Randzio-Plath no tiene que preocuparse de que todo el mundo pague con monedas distintas en Mons y Alemania. Después del verano, todo el mundo pagará en los Países Bajos con la cara alemana detrás. Sin duda.
Inesperadamente, este informe se ha hecho importante para el ciudadano. El Parlamento tiene que tomar decisiones importantes. En primer lugar sobre el número de monedas. No me parece mal que se hayan suprimido dos monedas. En contra de Chista Randzio-Plath, me parece una lástima que no hayamos suprimido la de un céntimo. Llevamos ya años en los Países Bajos sin el céntimo y todo el mundo está extraordinariamente contento.
El segundo punto es si vamos a utilizar níquel o no. En mi grupo parlamentario esto es muy delicado, e incluso es posible que el grupo parlamentario entero vote en contra del informe si queda incorporado el rechazo al níquel. Es simplemente una tontería. Tenemos en los Países Bajos todo tipo de monedas con níquel y es simplemente una tontería decir que esto provoca algún problema. No se conoce ninguna queja.
La tercera decisión es la cara nacional en el euro. Estoy completamente en contra de la enmienda del Sr. Metten para diseñar las monedas con dos caras europeas. Estoy a favor, y mi grupo parlamentario apoyará mi enmienda, de reservar una cara nacional en las monedas nuevas. Estoy convencida de que así a la gente le será más fácil de aceptar la nueva moneda. Las monedas pueden empezar a circular tranquilamente en la Unión Europea. No tienen que ser devueltas al país de origen. Son válidas en todos los sitios y los argumentos que se han aducido de que no se podrían utilizar en las máquinas, de que facilitarían el fraude, son tonterías. Las máquinas no registran las caras de las monedas. Las máquinas registran el diámetro, el material y el canto acordonado o el canto que sea. O sea, todo esto es una tontería.
Una de las razones por la cual estoy a favor de una cara nacional del euro, tiene su origen en que la política de información está fallando. Tengo que decir que siento muchísimo que el Sr. de Silguy no esté, porque no me gusta hablar sobre alguien que no está. Hasta ahora la información ha sido únicamente pasiva. Parece que hay discrepancias entre el Sr. de Silguy y el ministro neerlandés de Hacienda, por las cuales el ciudadano neerlandés carece completamente del dinero europeo. Por lo visto no se ha llegado a ningún acuerdo y hago un llamamiento a ambos señores, y en este caso al Sr. de Silguy, para dar al ciudadano neerlandés lo que tiene derecho: información sobre el euro.

Arroni
Señor Presidente, Señorías, el pasado 29 de mayo la Comisión presentó su propuesta de reglamento. Con carácter previo, hay que recordar que dicha propuesta se refiere únicamente a las denominaciones y a las especificaciones técnicas de las monedas metálicas destinadas a ser puestas en circulación. Los demás aspectos planteados en el informe de la ponente como la existencia de una cara nacional o la emisión de piezas de oro para colección, no se mencionan en absoluto en la propuesta de reglamento de la Comisión.
La votación que se llevó a cabo en la Comisión de Asuntos Económicos aprobó la posición expresada en el informe de la ponente que rechaza el principio de la cara nacional en las monedas en euros, reduce de ocho a seis el número de piezas, intenta modificar totalmente sus tamaños y pide, por último, la eliminación del níquel de la composición metálica de las monedas.
Señorías, me parece realmente necesario y urgente ir al grano. Me permito recordar ante todo que la propuesta de la Comisión se basa en un profundo análisis técnico, realizado por los responsables de las distintas cecas nacionales. Dicha propuesta es, en consecuencia, el resultado de un largo procedimiento de consulta del sector profesional, de las asociaciones de consumidores y de las organizaciones de invidentes. Estas consultas, llevadas a cabo de forma seria y profunda, han permitido llegar a una serie de especificaciones aceptables por el conjunto de los usuarios.
A esto hay que añadir que las propuestas de la Comisión fueron aprobadas por el Consejo ECOFIN por unanimidad y tres Estados miembros ya eligieron e hicieron públicas sus caras nacionales, mientras que los demás Estados están a punto de hacer lo mismo. Ahora, resulta extremadamente evidente que un nuevo análisis en este Pleno de los puntos planteados por el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer, no permitirá respetar el plazo del 1 de enero del 2002 de cara a la puesta en circulación de las nuevas piezas y de las nuevas monedas. Dicha fecha que constituye ya de por sí un compromiso muy serio, debería aplazarse al menos un año y quizás incluso dos. Esto conlleva el riesgo de perjudicar realmente la imagen de las Instituciones comunitarias ante los ojos de los ciudadanos europeos y de crear confusión. Tras una campaña de comunicación emprendida en varios Estados, ¿cómo se puede explicar a los ciudadanos que las nuevas monedas dejarán de entrar en sus bolsillos en el año 2002, como se les había dicho, sino uno o dos años después? Y ¿por qué? Porque Bruselas no consigue ponerse de acuerdo respecto a si las monedas deben o no deben tener una cara nacional. Francamente, no creo que los ciudadanos europeos puedan llegar a comprender un aplazamiento de la fecha de introducción por estas consideraciones.
Desde el punto de vista formal, el Consejo Europeo de Madrid celebrado en 1995 y el Consejo ECOFIN ya tomaron, a tiempo y plenamente, en el marco de sus competencias, las decisiones rebatidas por el informe: el principio de las caras nacionales, color, número y tamaño de las piezas, composición y características técnicas de las monedas. No cabe duda de que ocho piezas pueden parecer demasiadas, aunque existe una razón importante para esto. Aquí me dirijo en particular a la ponente: es necesario considerar que en cada Estado existen costumbres y usos de la moneda metálica totalmente diferentes, y sólo a través de una amplia gama de piezas en cada Estado se podrá establecer la relación correcta entre la moneda corriente y el valor de cada pieza.
En definitiva, no estamos de acuerdo con los distintos puntos rebatidos por el informe de la Sra. Soltwedel-Schäfer.

Gahrton
Señor Presidente, varios oradores han nombrado el problema del níquel. Estoy totalmente de acuerdo en que el níquel no debe estar presente en la moneda euro. El principio de la prudencia basta para concluir que el níquel no debe emplearse. El níquel es, ademas, la principal causa de las alergias por contacto en Europa y en los países industrializados.
Sin embargo, también existe un problema en el que quizá no se ha pensado, que este asunto es una cuestión de igualdad entre los sexos y un problema de clases. ¿Quién es el que manipula monedas con sus manos? No son especialmente frecuentes las ocasiones en que los poderosos señores o los directores de empresas toman monedas con sus manos, pero sí lo hacen las mujeres jóvenes. El 20 por ciento de las mujeres jóvenes sufre de alergia al níquel y ellas son, por ejemplo, cajeras en autoservicios y dependientas. Son, por tanto, jóvenes sin poder las que sufren la alergia al níquel. Sería, por consiguiente, bastante escandaloso que una corporación como ésta, dominada hasta un grado extremo por hombres de mediana y avanzada edad, decidiera, sin tomar en cuenta a las mujeres jóvenes de Europa, que las monedas llevaran níquel. Por eso, espero realmente que mantengamos nuestra posición en cuanto a que no habrá níquel en las monedas.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, si queremos fomentar la aceptación, creo que es demasiado poco decir que mantendremos una cara nacional. Esto es un vulgar ungüento. Si la gente tiene problemas acerca de qué le aguarda con el euro, es porque no se le ha explicado de forma fidedigna cómo se puede hacer bajo las condiciones del euro una política económica, una política social y una política de empleo, que son de interés para ella. Aprovechar ahora el momento diciendo que hemos de añadir un poco de sentimiento azucarado nacional es realmente una señal de pobreza.
O logramos desarrollar todavía realmente el euro como un proyecto político del que los ciudadanos de Europa puedan decir que les interesa, que les aporta algo, que lo apoyan, o se producirán reacciones nacionalistas. Se producirán también reacciones de tedio frente a la política y de rechazo de las esperanzas de futuro. No se podrá frenar todo esto diciendo que ahora vamos a buscar todavía un símbolo nacional especialmente fuerte. No se qué símbolo tendría en Alemania esta fuerza aglutinante. En Italia también me devanaría los sesos; en España o en Portugal, donde también conozco un poco la situación, se me pone carne de gallina al pensar qué símbolos nacionales se podrían producir.
Por consiguiente, no deberíamos ir por ese camino. Nos deberíamos imponer todos la tarea urgente de desarrollar el euro como un proyecto interesante, digno de apoyo, para la amplia masa de ciudadanos de Europa, en vez de impulsar la aceptación mediante una estimulación sentimental y una apertura de los sentimientos nacionales. Éste es, con toda seguridad, el camino equivocado.

Robles Piquer
Señor Presidente, no comprendo por qué al orador que acaba de hablar parece ponerle los pelos de punta los símbolos nacionales que puedan colocar España y Portugal en sus monedas.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, mi colega Yves de Silguy me ha pedido que transmita a la Asamblea sus disculpas por no poder estar aquí presente esta noche. Tiene que asistir al Consejo Ecofin, que está haciendo los preparativos para la Cumbre sobre el Empleo. Naturalmente, necesita mucho tiempo para ello. Estoy seguro de que, cuando le diga que ha sido objeto de crítica por parte de la Sra. Peijs, se va a sentir destrozado, sobre todo porque reconoció la preocupación de ésta por la necesidad de que el hombre de a pie -y la mujer de a pie, supongo- de los Países Bajos y de otros países entienda este proceso. Probablemente desee recordarle que la Comisión, teniendo presente ese problema precisamente, ha ofrecido incluso una contribución financiera de 1, 5 millones de ecus al Gobierno de los Países bajos para contribuir al programa de sensibilización sobre las consecuencias de la introducción del euro. Por consiguiente, puede que la Sra. Peijs quiera sumar a su opinión de mi colega otra campaña para lograr que el Gobierno acepte la oferta de 1, 5 millones de ecus.
El 29 de mayo, la Comisión, de conformidad con el artículo 105 A del Tratado, presentó su propuesta de reglamento sobre la denominación y las especificaciones técnicas de las monedas de euros. Desde ahora hasta el 1º de enero de 2002, habrá que fabricar 70.000 millones de monedas para su distribución a la población de los Estados miembros que participen en el euro. Evidentemente, se trata de una tarea imponente, si bien los ministros de Hacienda no podrán adoptar una decisión oficial al respecto hasta que los Jefes de Estado y de Gobierno hayan adoptado una decisión sobre la lista de países que participarán a partir del 1º de enero de 1999 en la tercera fase del euro. Para que se pueda llevar a cabo dicha tarea a tiempo, es imprescindible que se adopte la decisión al final del año.
Así, pues, la Comisión, como recordará la Asamblea, pidió que se abordara ese asunto con carácter de urgencia y mis colegas y yo lamentamos que el Parlamento no aceptara dicha petición. La ponente, la Sra. SoltwedelSchäfer, ha hecho cuatro observaciones principales de discrepancia con la propuesta de la Comisión y quisiera abordar cada una de ellas por turno después de una breve descripción del proceso mediante el cual se preparó la propuesta. Y quisiera prestar atención brevemente al fondo de la propuesta.
En primer lugar, la formulación de la propuesta fue objeto de una detenida preparación por los directores de las Casas de la Moneda de los Estados miembros, lo que ha garantizado la viabilidad industrial del proyecto conforme al calendario establecido por el Consejo Europeo de Madrid en diciembre de 1995. Es la culminación de un lento proceso de consultas con todos los sectores empresariales interesados, con las asociaciones de consumidores y las organizaciones que representan a los ciegos. Durante la consulta se hicieron cambios sucesivos en las características previstas de las monedas de euros. Ahora tenemos un conjunto de especificaciones aceptable para todos los usuarios o al menos para las organizaciones representativas auténticas que estaban evaluando ese asunto en nombre de los usuarios. Así, pues, la propuesta está basada en criterios de aceptabilidad pública, viabilidad técnica y salud pública. Es una propuesta equilibrada y coherente con las limitaciones industriales y con las necesidades de los usuarios.
En segundo lugar, la propuesta establece ocho denominaciones, como resulta claro de todo lo que se ha dicho en la Asamblea: monedas de uno, dos, cinco, diez, veinte y cincuenta céntimos y de uno y dos euros. Esa disposición refleja la experiencia procedente de todos los Estados miembros y garantiza la coherencia con las denominaciones previstas de los billetes de euros. Se han decidido el número y la serie de las monedas con vistas a satisfacer las necesidades de todos los consumidores y tener en cuenta las diferentes circunstancia nacionales. En algunos Estados miembros el valor de la moneda más pequeña en circulación es de un céntimo, aproximadamente. En otros, como Bélgica, se acerca más a los dos céntimos. Las especificaciones técnicas relativas al diámetro, el peso, el espesor, la forma, el color, la composición, el relieve y los rótulos de los cantos se han adoptado con vistas a garantizar una fácil identificación de las monedas y satisfacer las necesidades de los principales grupos de usuarios, en particular porque sé que ello interesa considerablemente a los diputados a esta Asamblea, a los ciegos y a las personas con discapacidades visuales.
Las especificaciones constituyen también garantías contra la falsificación, en particular en el caso de las monedas con denominaciones más elevadas. Por último, tienen en cuenta las preocupaciones en materia de salud pública que se han expresado aquí, en esta Asamblea, y en otros sitios y constituyen las garantías necesarias a ese respecto.
Quisiera referirme ahora a los cuatro puntos principales de discrepancia entre la Comisión y la ponente. En primer lugar, la cuestión de la cara nacional. La Comisión quisiera señalar que la decisión en principio de que figure un símbolo nacional en las monedas de euros fue adoptada en abril de 1996 por los ministros de Hacienda y fue confirmada en junio del mismo año por el Consejo Europeo de Florencia. Desde entonces toda la labor preparatoria se ha basado en esa decisión, por lo que, si se pusiera en tela de juicio, se desbarataría todo el programa de introducción del euro. Es esencial observar que el concurso europeo sobre los diseños lanzado en la primavera de 1996 y ratificado por el Consejo Europeo de Amsterdam se refiere sólo a una de las caras y tres Estados miembros -Francia, Alemania y Bélgica- han hecho público ya su diseño para la cara nacional. Los otros Estados miembros interesados están a punto de hacerlo.
En segundo lugar, en este debate se ha postulado la cuestión del abandono de las monedas de dos euros y de las de 20 céntimos. Evidentemente, el número de monedas previsto no fue elegido al azar. Se adoptó el sistema de ocho monedas para guardar la coherencia con los billetes de euros y con arreglo a los usos nacionales. Está concebido para facilitar, en la mayor medida humanamente posible, las operaciones de redondeo y contabilidad en toda la zona del euro. Es algo, evidentemente, esencial para salvaguardar a los consumidores contra aumentos de precios encubiertos.
En tercer lugar, sobre la cuestión de la simplificación del tamaño de las monedas, el sistema propuesto por la Comisión se centra en un consenso entre los usuarios que abarca la forma de la flor española para las monedas de 20 céntimos.
(Interrupción del Sr. Jarzembowski) Ya sabía yo que eso iba a hacer saltar al Sr. Jarzembowski. Tres grupos de monedas con tres colores diferentes -monedas rojas, monedas amarillas y monedas de dos colores-, una diferencia de al menos 2 mm. entre cada moneda del mismo grupo y las diferentes definiciones del canto, ya sea liso o tenga ranuras. Si se pusiera en tela de juicio la propuesta de la Comisión sobre el tamaño y la forma de las monedas, esa decisión sería contraria a los propios términos del consenso alcanzado y no fomentaría precisamente la aceptabilidad del euro para el público en general, asunto que despierta -lo sé- entusiasmo entre los diputados al Parlamento Europeo.
En cuarto lugar, la divergencia sobre la eliminación del níquel es, evidentemente, un asunto de importancia. Cuando la Comisión preparó su propuesta, tuvo muy en cuenta las necesidades de la salud pública. Así, la propuesta limita el uso del níquel a las monedas de uno y dos ecus. El volumen de monedas que contengan níquel se reducirá al 8 %, frente al 75 % actual. La Comisión quisiera recordar también al Parlamento que el Comité Científico sobre Toxicidad y Ecotoxicidad, al que se consultó a petición del Parlamento, llegó a la conclusión de que los riesgos asociados con el uso del níquel en las monedas existentes son infinitesimalmente pequeños. La situación mejorará aún más en el futuro gracias a la propuesta de la Comisión, en particular porque se reducirá en gran medida el contacto con el níquel.
Por último, la Comisión tiene mucho interés en subrayar que no se ha hecho una validación o un examen técnico de las capacidades de producción existentes respecto de las aleaciones propuestas por la ponente. Espero que la Asamblea tome buena nota de que, si se aprobaran las enmiendas a que me he referido, no sería posible que la producción de monedas de euros comenzara de forma fiable el año próximo, lo que pondría en peligro, evidentemente, el cumplimiento del plazo del año 2002 y la introducción de los billetes y las monedas.
En conclusión, por las razones que he indicado, la Comisión no puede aceptar las enmiendas de la ponente relativas a las características técnicas de las monedas de euros. Sin embargo, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento sobre la necesidad de un sistema fiable y eficaz y sobre la aceptabilidad del sistema para todos en la Unión. Esos principios han guiado indudablemente la labor de la Comisión en todo momento. Así, pues, la Comisión está dispuesta a aceptar cuatro enmiendas de su propuesta. Son las enmiendas núms. 1, 2 y 3 en parte y el primer párrafo de la enmienda nº 8. Defenderá su nueva posición ante el Consejo y hará todo lo posible para velar por que se pueda adoptar una decisión definitiva antes del final del año, ya que las instituciones de la Comisión tienen la obligación de cumplir el calendario para la introducción del euro establecida hace dos años por los Jefes de Estado y de Gobierno.
Agradezco profundamente la atención de la Asamblea a esta avanzada hora. He temido que hubiera alguna posibilidad de que se celebrara el debate antes de las 8 de la tarde, con lo que me habría visto privado de este inmenso placer. Me alegro mucho de que, como es costumbre en el Parlamento Europeo, no debiera haberme preocupado, porque el debate se ha iniciado hacia las 10.30 de la noche.

Peijs
Presidente, tengo que decirle que no me gusta que me informen mal. Ayer llegó la información sobre la campaña neerlandesa que acabo de darle de la oficina del Sr. De Silguy y fue confirmada por la oficina de información de la Comisión en La Haya. Se trata de una propuesta pragmática a la que Bruselas se opone. Lo encuentro muy desagradable. Una de estas informaciones está equivocada, o bien la que acabamos de recibir esta noche, o bien la que recibí ayer. En ambos casos me parece inaceptable.

El Presidente
Señora Peijs, en mi opinión esto forma parte de otro debate que deberemos plantear más adelante. Tendremos que hacer un balance de la campaña de comunicación sobre el euro -»Ciudadanos de Europa - Construyamos juntos Europa»-, ya que creo que, dentro de un año, será conveniente comprobar cómo se ha gastado nuestro dinero, una cantidad ingente que incluso supera la mencionada por el Comisario Sr. Kinnock. Se trata, sin embargo, de un debate que se deberá llevar a cabo en su momento.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Seguridad de los buques de pasaje
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0332/97), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-0359/97-96/0041(SYN)) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo que establece reglas y normas de seguridad para los buques de pasaje (Ponente: Sr. Stenmarck).

Stenmark
Señor Presidente, muchas personas critican al Parlamento Europeo, quizá muchas veces con razón. Sin embargo, son pocos, o casi nadie, quienes han tenido tanto éxito y han sido tan efectivos como este Parlamento a la hora de poner exigencias para aumentar la seguridad en la navegación marítima, aérea y en nuestras carreteras. En muchas ocasiones se han levantado los parlamentarios, como un solo hombre, y exigido medidas y acciones a la Comisión y han hecho que ésta estudie amplias propuestas con el objetivo de evitar que se produzcan nuevas tragedias. Esto ocurrió, por ejemplo, después de la catástrofe del navío Estonia en septiembre de 1944. Este accidente, que costó la vida a más de 900 personas, ha originado, después de una cantidad de iniciativas en el Parlamento, diversas decisiones que aumentan el grado de seguridad de diferentes modos. La cuestión que ahora tenemos que decidir es otro ejemplo de lo mismo. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Comisario Kinnock por su gran interés, en especial tratándose específicamente de los asuntos de seguridad.
Con la decisión que tomemos en relación con el informe, vamos a poner exigencias más altas que antes a los transbordadores en que trafican rutas nacionales. Esto es importante. Hasta ahora nunca había existido una legislación común. Las legislaciones nacionales han sido muy variadas en los diferentes países. Al mismo tiempo, esto hace que la resolución de hoy tenga alcances muy distintos. Algunos países miembros han dado prioridad, desde hace tiempo, a la seguridad en este tipo de barcos. La resolución de hoy no tiene, por lo tanto, consecuencias importantes para las empresas navieras de transbordadores de esos países. Por el contrario, los aspectos de seguridad han sido flojos en otros países. Ahora pondremos allí grandes exigencias para que alcancen un nivel de seguridad mayor que el que han tenido hasta hoy. Lo que hacemos es ampliar el convenio de SOLAS - SOLAS es la sigla de Safety of Life at Sea - que durante mucho tiempo ha sido un pacto para la seguridad en el tráfico internacional de transbordadores, dándole validez también en las líneas nacionales de transbordadores.
Los cambios que han tenido lugar entre la primera y la segunda discusión de este asunto, y que al mismo tiempo ha sido la causa de la infundada demora en el Consejo de Ministros para tratar la cuestión, tienen relación con el rápido desarrollo técnico. Los veloces transbordadores que ahora son cada vez más comunes en nuestras aguas, también van a someterse totalmente a la directiva. Evidentemente esto es positivo.
Quisiera también agregar que durante todo el proceso de discusión de este asunto, es decir dos años, solamente me he topado con una opinión negativa. Viene de aquellos que dicen: "Esto seguramente va a costar dinero». Posiblemente sea verdad, en todo caso para aquellos que no han hecho inversiones en aspectos de seguridad. Mi respuesta a esas personas es, y siempre ha sido, que probablemente haya algunas cosas que tengan que costar dinero. La seguridad en la navegación marítima es una de esas cosas, si con ello se pueden evitar esas catástrofes que han sido demasiado comunes durante los últimos decenios.
Es importante que los esfuerzos para aumentar la seguridad continúen. Se ha hecho mucho en los últimos años, pero probablemente también falte mucho por hacer en el futuro.
Permítanme, finalmente, dar mis agradecimientos a todos los colegas de la Comisión de Transportes por sus constructivas opiniones referentes al aumento de la seguridad en los transbordadores en toda Europa.

Watts
Señor Presidente, la seguridad en el mar es una prioridad para todos nosotros en el Parlamento Europeo, en particular para el Grupo Socialista. Esta noche nos complace poder ofrecer nuestro total apoyo al ponente, Sr. Stenmarck, que, como siempre, ha trabajado en esta propuesta de directiva con gran pericia y ha tramitado la propuesta por la comisión a gran velocidad. Tengo mucho gusto en adherirme a lo que acaba de decir y doy las gracias a él, a nuestro personal y al personal de la Comisión por la elaboración de una propuesta que aumentará en gran medida la seguridad en el mar.
Nuestro argumento es, sencillamente, el de que millones de ciudadanos de la UE viajan en alguna forma de vehículo marítimo. Creen que ya están protegidos por la UE. Por desgracia, en algunos casos no es así. Los buques de pasajeros que hacen viajes nacionales y los buques internacionales de pasajeros cuyas travesías no penetran a más de 20 millas de la costa más cercana no están cubiertos en este momento por suficientes salvaguardas de la seguridad, por lo que nos alegramos de que el Comisario haya presentado propuestas que colman esas lagunas jurídicas.
Además, en el marco del Mercado Único, teniendo presente que en 1993 se liberalizó el transporte marítimo nacional, consideramos importante que esta medida consolidará aún más el Mercado Único. La acogemos con beneplácito también por esa razón. Representa un régimen uniforme, sencillo, seguro y armonizado que todos los sectores de esta Asamblea pueden apoyar.
Sin embargo, quisiera centrar la atención de la Comisión en otra cuestión. Se trata de una de las numerosas medidas encaminadas a la consecución de la seguridad en el mar y en cuya formulación el Comisario ha tenido el honor de participar. Pero la cuestión que ahora se presenta ante el Parlamento es la de cómo podemos garantizar mejor que los Estados miembros apliquen rápida, rigurosa y lealmente esta medida y todas las medidas encaminadas a la consecución de la seguridad en el mar. A muchos de los miembros de la Comisión nos preocupa que, si los Estados miembros no cumplen al pie de la letra los instrumentos legislativos que acordamos en la Unión Europea, la buena labor del Comisario y del Parlamento quede apenas en nada.
Tal vez pudiera el Comisario hacer alguna observación breve sobre cómo podemos colaborar durante el año próximo para velar por que los Estados miembros apliquen efectivamente propuestas como ésta y las muchas otras relativas al control por el estado del puerto. Me gustaría que llegara un momento en que este Parlamento pudiera dedicar más tiempo a centrar la atención en la legislación que ya se ha acordado y a examinarla en lugar de a comentar y preparar la legislación futura. Ahora tenemos los argumentos y los instrumentos que necesitamos para lograr la seguridad en el mar en un nivel muy superior y mucho más aceptable. Debemos colaborar con el Comisario para velar por que se pueda aplicar la labor positiva que él hace y la que nosotros hacemos en pro de la seguridad del público que viaja.

Jarzembowski
Señor Presidente, distinguidos colegas, distinguido señor Comisario, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega, Per Stenmarck, por su excelente informe. Se ha interesado muy intensamente, como siempre, por el tema de la seguridad de los buques, en especial, por la seguridad de los buques de pasaje. Creo que es muy importante que lleguemos, por fin, a estándares únicos europeos de seguridad para buques de pasaje, incluso en la navegación interior. Es importante que tengamos normas comunes de seguridad en la construcción de navíos, en la prevención de incendios y también en los correspondientes medios de salvamento.
Considero también muy importante que tengamos estándares únicos razonables, con independencia de la diferentes clases de navíos de pasaje. Creo que, como ha dicho con razón Per Stenmarck, la confianza de los pasajeros se ha resentido mucho con un accidente especialmente grave y serio en el Mar Báltico y debemos recuperar otra vez esta confianza de los pasajeros en los navíos de pasaje. Una pequeña gota de tristeza, señor Comisario, es que no tenemos aún un cabotaje marino libre; tenemos todavía una reglamentación provisional. No se ha conseguido aún la liberalización de la competencia, pero es importante que ahora, en la preparación de la liberalización, nos pongamos de acuerdo sobre normas únicas de seguridad.
Considero también muy bueno que el Consejo, la Comisión y el Parlamento hayan adoptado en la posición común una serie de aspectos, por ejemplo, que los estados que tengan normas superiores tengan un derecho de cogestión sobre la utilización de navíos de otros países. Considero importante que para la seguridad de los ciudadanos se puedan seguir dictando dentro de los estados normas adicionales de seguridad pues dentro de la Unión Europea las situaciones de peligro son también absolutamente diferentes.
Permítanme, para terminar, una pregunta práctica importante que ya ha tocado mi colega, el Sr. Watts. ¿Cómo aseguramos que las inspecciones regulares de los navíos, prescritas en el artículo 10 de la directiva, se lleven también realmente a cabo por parte de los estados bajo cuyo pabellón navegan? Ciertamente, somos la pobre gente que discute entre las 23.00 horas y las 24.00 horas, pero hemos desarrollado ya una cierta alegría interior por ello. Quizá, señor Comisario, le resulte posible exponer una vez más cómo la Comisión quiere asegurar también en este caso dentro de seis o de doce meses, en el sentido del control estatal de los puertos, que se lleve a cabo realmente la inspección obligatoria de los navíos por parte de los estados bajo cuyo pabellón navegan, a fin de garantizar también de forma concreta en cada caso los estándares de seguridad. ¿Cómo va a organizar esto la propia Comisión? Efectivamente, la cuestión del control de los Estados miembros por parte de la Comisión es algo que deberíamos apoyar de manera conjunta.

Lindqvist
Señor Presidente, colegas y señor Comisario, es enormemente importante que tengamos reglas claras y severas para la seguridad marítima. Las normas deben, en lo posible, ser internacionales, globales. Por eso, mayoritariamente tienen que formar parte de las reglas de la Organización Marítima Internacional, de la cual todos los Estados de la UE son miembros.
En la práctica vemos, sin embargo, que la forma real de las normas varía mucho en los diferentes países. En este contexto, la UE tiene un importante papel añadido que cumplir para garantizar la observancia de los convenios internacionales, en este caso, el convenio SOLAS. Está bien que las reglas de seguridad también tengan vigencia en los viajes nacionales, para barcos de pasajeros y naves de alta velocidad. Igualmente está bien que la directiva trate, además de la seguridad para la vida de las personas y la propiedad que son en cualquier caso lo más importante, el tema de la protección al medio ambiente . En relación con esto, tengo, no obstante, algo que comentar. Ciertamente, me parece que la redacción es demasiado superficial. Debe redactarse otra vez y concretarse, de modo que se aclare qué se quiere decir con esas cuatro palabras, para que el informe tenga un verdadero contenido concreto.
Asimismo, también son buenas la propuesta de ejecución y las excepciones a las exigencias de seguridad.
Parece premeditado que se tenga un comité consultor en el que participan tanto la Comisión como los representantes de los países miembros; esto hace presagiar una mejor ejecución.
Puesto que se ha visto que los accidentes de los últimos años ocurren justamente por deficiencias en el control del cumplimiento de las reglas, resulta especialmente importante revisar esas normas.
Finalmente, quiero decir que no se debe prescindir de ninguna medida que pueda salvar la vida de las personas, la propiedad y el medio ambiente en el mar. Esta directiva debe entenderse como parte de esta tarea.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al ponente, Sr. Stenmarck, por la labor que se ha hecho sobre la posición común del Consejo relativa a esta medida. Agradezco la constructiva labor, que se demuestra claramente en un número de enmiendas que no sólo representan un apoyo, sino que, además, realzan considerablemente las nuevas disposiciones introducidas por el Consejo. Por esa razón voy a tener mucho gusto en aceptar la incorporación de todas menos una de las enmiendas en la propuesta reexaminada de la Comisión.
Muchas de las enmiendas van encaminadas a mejorar aún más las nuevas disposiciones que el Consejo introdujo en su posición común a fin de distinguir entre los buques de pasajeros de gran velocidad construidos a partir del 1º de enero de 1996 y los construidos antes de esa fecha. Me complace que la comisión apoye al Consejo y a la Comisión en su planteamiento, al incluir también el nuevo principio en la disposición sobre las inspecciones y la certificación. Así, pues, espero con impaciencia que se logren rápidos avances en relación con esta legislación y también tengo mucho gusto en aceptar las enmiendas núms. 6 y 7.
La enmienda nº 3 propone la equivalencia total entre los requisitos correspondientes a buques de pasajeros de gran velocidad que hagan trayectos nacionales y los que hagan trayectos internacionales. Evidentemente, guarda una coherencia total con el objetivo principal de esta propuesta y garantizará que se logre un nivel equivalente de seguridad en todos los buques de pasajeros de gran velocidad que surquen las aguas de la Unión Europea, independientemente de que hagan trayectos nacionales o internacionales.
Agradezco a la comisión que ofrezca una solución pragmática para los buques ligeros de pasajeros que naveguen a velocidades normales en zonas marítimas de las clases B, C y D. La enmienda nº 2, después de que se le hagan unas mejoras de redacción, garantizará que no se consideren erróneamente los buques de ese diseño como buques de pasajeros de gran velocidad, como podría haber ocurrido, si se les hubiera aplicado la fórmula de la definición de seguridad de la vida en el mar correspondiente a los buques de gran velocidad.
Tengo mucho gusto en comunicar a la Asamblea que puedo aceptar la propuesta de que se incluya la protección del medioambiente como uno de los objetivos de esta medida, como se pide en la enmienda nº 1. Como recordarán Sus Señorías, en la primera lectura me referí al Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, el Convenio Marpol, como el instrumento principal para la protección del medio ambiente marino. Sin embargo, como ahora el Consejo ha incluido nuevas disposiciones sobre cláusulas de salvaguarda que se pueden aplicar en caso de peligro para el medio ambiente marino, la protección del medio ambiente ha pasado a ser una parte determinada de los objetivos de esta propuesta. Así, pues, tiene sentido aceptar la sensata propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo.
También hay que apoyar la enmienda nº 4. Fortalece la orientación principal de la posición común utilizando la misma terminología que en las nuevas disposiciones introducidas por el Consejo en el apartado 5 del artículo 7. Al utilizar esos mismos términos, ha indicado con inequívoca claridad que, si el comité llega a la conclusión de que las medidas propuestas por un Estado miembro no están justificadas, se exigirá al Estado miembro de que se trate que modifique o no proponga esas medidas. Por lo que se refiere al propuesto cambio del tipo de comité, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 5 y ello se debe a que un comité de reglamentación es el más apropiado, porque la directiva permite la adaptación de sus disposiciones con vistas a tener en cuenta las novedades que se produzcan en foros internacionales, como, por ejemplo, la Organización Marítima Internacional.
En resumen, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Lamento no poder responder, por lo avanzado de la hora, a las numerosas observaciones interesantes que han hecho el Sr. Watts y el Sr. Lindqvist y otros, pero estoy seguro de que tendremos una oportunidad de volver sobre ellas y sobre la formulación de otros instrumentos legislativos que aumenten eficazmente la seguridad de la vida y de los buques en el mar y salvaguarden el medio ambiente marino.
Concluyo agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la aprobación rápida de esta directiva. Tendrá repercusiones directas en la seguridad a bordo de los buques y las embarcaciones. Una vez más expreso mi agradecimiento a la Comisión de Transportes y Turismo y, en particular, al Sr. Stenmarck por su constante apoyo y su eficaz labor, que contribuye a la formulación de la legislación por la Comisión y el Consejo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Seguridad de los buques pesqueros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0336/97), en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común del Consejo (C4-0360/97-96/0168(SYN)) con vistas a la adopción de la directiva del Consejo sobre un régimen armonizado para la seguridad de los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros (Ponente: Sr. Le Rachinel).

Le Rachinel
Señor Presidente, en su posición común, el Consejo ha introducido varias modificaciones a la propuesta de directiva de la Comisión sobre la seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros. La Comisión ha aprobado estas modificaciones por razones de coherencia y de claridad de conjunto. Lo mismo es cierto en el caso del ponente y de la Comisión de Transportes, que sólo ven en estas modificaciones cambios de tipo técnico y jurídico sin grandes consecuencias, tanto en lo relativo al contenido en sí de la propuesta de directiva, como de su filosofía general.
Los principales puntos de la propuesta de directiva que han sido modificados por la posición común del Consejo son los siguientes. Se trata, en primer lugar, de excluir del ámbito de aplicación a los buques de recreo que realizan actividades pesqueras con fines no comerciales. Se trata de una serie de puntualizaciones sobre la terminología y modificaciones de la redacción encaminadas a simplificar y hacer más explícitos algunos términos y disposiciones del texto de la Comisión, considerados demasiado vagos o poco precisos, a fin de asegurar mayor coherencia con el texto del Protocolo de Torremolinos y las definiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Para el Consejo, se trata de hacer una distinción en lo relativo a la conformidad con las normas de concepción, construcción y mantenimiento entre los buques pesqueros ya existentes y los de nueva construcción. Sólo los buques de nueva construcción estarán obligados a cumplir el artículo 14 de la Directiva 94/57 de la CEE. Los barcos ya existentes responderán a las normas que estaban en vigor en el momento de su construcción. Por consiguiente, no habrá nuevas cargas para estos empresarios del sector pesquero, que como sabemos es un sector frágil que atraviesa por dificultades. Se trata de una adaptación de las fechas de entrada en vigor de las prescripciones generales para los buques pesqueros de nueva construcción y los ya existentes.
Se trata también del añadido de un nuevo Anexo IV a la Directiva. Dicho anexo es relativo a la construcción, hermeticidad al agua, al equipamiento, a la estabilidad, al estado correspondiente de navegabilidad, a las máquinas y las instalaciones eléctricas y a los sistemas de extinción de incendios. Las condiciones del anexo han contado con la aprobación de la Comisión, porque se ajustan perfectamente al objetivo de armonización de las normas de seguridad al nivel más alto posible. Con ello sólo se hará más estricto el nivel de seguridad a bordo de estos buques.
Se trata de aclaraciones relativas a las condiciones en las que los buques con pabellón de un Estado tercero pueden ser sometidos a una inspección por parte del Estado rector del puerto. Se añade además que, tras la entrada en vigor del protocolo, dicho control se aplicará por igual a los buques pesqueros con pabellón de un Estado que no haya suscrito el protocolo.
La Comisión ha aceptado estas modificaciones que, además, vienen a reforzar las disposiciones sobre el cumplimiento, por parte de los buques pesqueros con pabellón de un Estado tercero, de las prescripciones del Protocolo de Torremolinos. La línea recta a 60º de latitud Norte, por encima de la cual se pueden aplicar medidas especiales, se ha modificado ligeramente en función de las aguas territoriales de los Estados miembros. Por último, se ha modificado la naturaleza del Comité Consultivo propuesto por la Comisión (Comité I) y se le ha reemplazado por un Comité III (a) que atribuye mayores poderes a las autoridades nacionales. La Comisión ha aceptado estas modificaciones.
No obstante, el ponente desea insistir en dos cosas. En primer lugar, en el hecho de que el Parlamento Europeo desea ser informado de la actividad del Comité Reglamentario instituido conforme al artículo 8. De hecho, incluso si este comité no pueda aportar más que adaptaciones, el Parlamento Europeo querría estar al corriente de los asuntos que se traten, con bastante antelación a su inclusión en el orden del día. Y sobre el hecho, para terminar, de que en caso de infracción de las normas, los Estados miembros deben fijar sanciones coordinadas.
En definitiva, podemos sentirnos satisfechos con esta posición común del Consejo, que respeta los principios fundamentales de la propuesta inicial y representa un valor añadido por el hecho de que las puntualizaciones y, sobre todo, las disposiciones complementarias refuerzan el nivel armonizado de seguridad. No se ha presentado ninguna enmienda, señor Presidente, por lo que creo que sería conveniente aprobar el presente informe en estas condiciones.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, voy a ser muy breve. Seguro que los colegas lo van a agradecer a estas altas horas ya de la noche. Simplemente quiero señalar, como ya hice en mi anterior intervención ante el Pleno en primera lectura, que el alto índice de accidentes en la mar convierten a la pesca en una de las actividades de mayor peligrosidad y riesgo. Esta directiva constituye el resultado de un largo y difícil proceso en pro de la mejora de la seguridad de los buques de pesca. Llevémosla, por tanto -y nunca mejor dicho-, a buen puerto, y hagámoslo con seguridad y rapidez. Esta directiva es necesaria desde hace ya tiempo y permitirá conseguir, en un primer paso, una armonización de las legislaciones de los Estados miembros y permitir a éstos incorporar situaciones específicas, pero dentro de unos principios comunes básicos.
Es cierto, como recuerdan la Comisión y el Consejo, que las medidas deben tener en cuenta que estamos hablando de un sector en crisis, con graves problemas de todo tipo, lo que implica valorar el grado de onerosidad de ciertas medidas para los armadores del sector.
Coincidimos con el ponente cuando reclama que el Parlamento Europeo sea informado puntualmente de la actividad del comité reglamentario que se crea.
En conclusión, señor Presidente, y como ya hemos señalado anteriormente y por tratarse de una primera medida, la directiva debe ser adoptada lo antes posible.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, agradezco el total apoyo dado a la posición común, que, evidentemente, acelerará la aprobación de esta directiva por el Consejo. Estoy seguro de que todos compartimos la opinión de que, cuando se aplique, esta medida representará un mayor apoyo para nuestras actividades conjuntas -de la Comisión, del Parlamento y del Consejo- encaminadas a lograr una gran calidad de la navegación en las aguas europeas al garantizar un nivel uniforme de seguridad para los buques y un mayor grado de protección para las personas que viajen en ellos.
Ése es, naturalmente, el objetivo primordial de nuestra propuesta y, además, contribuirá a la lucha contra la distorsión de la competencia por las compañías que trágica, deliberadamente, no adoptan las disposiciones adecuadas en materia de seguridad.
Quisiera responder brevemente a las dos observaciones concretas hechas por el ponente en su recomendación. La Comisión responderá de buen grado a la petición concreta de que se informe a la Asamblea por adelantado de los puntos del orden del día de la reunión de la comisión que traten de las adaptaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva.
La Comisión comparte también la preocupación de que la existencia de niveles diferentes de sanciones podría propiciar distorsiones de la competencia y obstaculizar el funcionamiento idóneo del mercado interior. Para evitar precisamente esa situación, el artículo 11 de la posición común exige que las sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasivas.
Además, para garantizar la transparencia total, los Estados miembros deben notificar, de conformidad con el artículo 13, su sistema de sanciones correspondientes a las infracciones de las disposiciones nacionales que se adopten conforme a la directiva.
Creo, señor Presidente, que el ponente intentaba subrayar la necesidad de velar por la observancia de dichas disposiciones en pro de la transparencia y la competencia leal. Naturalmente, la Comisión cumplirá con sus obligaciones a ese respecto y en todos los aspectos de la directiva. Estoy seguro de que la Asamblea no esperaría menos que eso y le agradezco una vez más su cooperación.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Fomento de las energías renovables
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0288/97) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(97)0087 - C4-0308/97-97/0106(SYN)) relativa a un programa plurianual de fomento de las energías renovables en la Comunidad (ALTENER II).

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, ALTENER II constituye la prosecución de ALTENER I, es decir, constituye un programa plurianual de fomento de las energías renovables. Para los dos primeros ejercicios presupuestarios están previstos 30 millones de ecus. Naturalmente, la suma es absolutamente ridícula y es menos que la famosa gota de agua sobre la piedra al rojo. Es mucho más incomprensible aún frente a la reducción, urgentemente necesaria, de los gases que dañan el clima, en relación con lo cual los países miembros se han comprometido ya en Río, en Berlín y ahora con vistas a Kioto, con el objetivo de una reducción del 15 %. Es completamente absurdo que se produzca una negativa a contribuir a penetrar intencionadamente con todos los medios a nuestro alcance el mercado con energías renovables como la biomasa, el biogás, la energía solar, su utilización térmica y fotovoltaica, el viento y el calor terrestre.
Esto es tanto más sorprendente, cuanto que es indiscutible que precisamente esta forma de obtención de energía no sólo nos acerca a nuestros objetivos de reducción de los gases que dañan el clima, sino que también en relación con la creación de puestos de trabajo liberaría enormes recursos, sin contar con que nos liberaría en gran medida de nuestra dependencia respecto de las importaciones de energía desde terceros países. En el caso de un fomento intencionado -y no en estas celebraciones de coartada- habría que satisfacer de aquí al año 2010 mediante fuentes de energía renovable al menos el equivalente del 30 % de la demanda de energía primaria de la UE.
Es indiscutible que para el éxito de las energías renovables es preciso eliminar, como condiciones marco, algunos obstáculos administrativos. Necesitamos, por ejemplo, una regulación europea de los precios de suministro para las energías renovables y es preciso adoptar también medidas fiscales. Sin embargo, esto no es posible sin una firme voluntad política, voluntad de la que hasta ahora los Estados miembros carecen. Mientras las condiciones marco no sean adecuadas, la totalidad de los programas como SAVE, ALTENER, THERMIE, SYNERGIE, no serán más que una cosmética que enmascara la realidad.
Dada, por un lado, la amplia paleta de los ámbitos de acción que se han propuesto y, por otro, la escasez de recursos, tiene poco sentido trabajar con arreglo al principio de la regadera. Por consiguiente, el programa debería concentrarse solamente en algunas medidas estratégicamente importantes. Pero no hay que tolerar en ningún caso que, tal como está previsto, se califique de energías regenerativas los desechos urbanos. Los desechos urbanos, como la misma palabra dice, no son regenerativos. No puede ser que de este reducido presupuesto, realmente ridículo, financiemos también la combustión de desechos urbanos, aunque la industria lo demande expresamente. En lugar de esto, deberíamos tratar, a lo sumo, los elementos de biomasa de estos desechos.
Sin embargo, preferiría que empleásemos excepcionalmente nuestros escasos recursos de manera valiente, dirigida y en formas de energía cargadas de futuro, para sentar, por fin, un signo de política energética. En este sentido, deberíamos apoyar, en mi opinión, de manera consecuente la energía fotovoltaica y el calor terrestre. La dispersa financiación que propone la Comisión no nos llevará muy lejos.
Queda por afirmar que ALTENER II seguirá siendo un remiendo mientras falte voluntad política, y es indiscutible que ésta falta. La prueba está en el triste hecho de que desde hace aproximadamente diez años diversas propuestas de la Comisión sobre la implantación de impuestos sobre la energía en toda Europa son discutidas sin término y torpedeadas regularmente por el Consejo.
Otra prueba: los gobiernos europeos han gastado desde Río más de 125.000 millones de marcos en la subvención de energías fósiles y nucleares y sólo un 9 % de esta cantidad, es decir, 2.500 millones de marcos, en energías renovables. Esta mala relación entre el fomento de las energías convencionales y el de las energías renovables es máxima en Gran Bretaña y en Alemania. Llevadas a un breve denominador, equivalen a decir: predicar la protección del clima pero fomentar el derroche de energía. El pequeño programa ALTENER II puede oponer pocas cosas a esto. Efectivamente, las políticas fuertemente subvencionadas discurren precisamente en la dirección contraria: más transporte, más consumo de energía, más desechos, más emisiones, más problemas de medio ambiente.
Mientras no practiquemos la política energética y de medio ambiente como una política transversal, programas tan enternecedores como ALTENER II tampoco aportarán mejoras fundamentales.

Argyros
Señor Presidente, señores colegas, núcleo del ALTENER II son las acciones que tienen como objetivo fomentar las inversiones públicas y privadas en las fuentes de energías renovables. Sin embargo, en la propuesta de la Comisión, las dos terceras partes del presupuesto del programa están destinadas a las acciones de continuación del ALTERNER I. Igualmente, los 30 millones de ecus que propone la Comisión para los dos primeros años del ALTERNER II son, según la opinión y el punto de vista general de la Comisión económica, monetaria y de política industrial, insuficientes para un programa con objetivos tan ambiciosos.
Con el presente informe solicitamos a la Comisión que introduzca el aumento de la financiación del programa en general, así como que reconsidere la distribución de los gastos y que refuerce la asignación del artículo 2 letra e que constituye la piedra de toque del programa.
En la propuesta de la Comisión se da más peso al estudio de las perspectivas de competitividad de las fuentes de energías renovables. Creemos que deberán proponerse acciones más concretas para que estas fuentes no sólo sean viables económicamente sino también competitivas como para atraer el interés de los inversores.
En el futuro, la Comisión deberá trazar una estrategia concreta de penetración de las fuentes de energías renovables en el libre mercado, elaborando un proyecto de inversión analítico con propuestas concretas sobre las medidas económicas de promoción de estas fuentes de energía.
Es útil crear un ambiente de inversiones favorable a nivel nacional y comunitario, con nuevos prestamos incentivados y medidas de apoyo, subvenciones y exenciones tributarias que equilibren el coste de instalación inicial de las fuentes de energías renovables. La Comunidad debe conducir a los Estados miembros hacia la modernización de sus marcos jurídico y de inversiones. La actitud circunspecta de los organismos financieros, la insuficiente información de los inversores y también del público y la inexistencia de proyectos integrados de acción sobre las fuentes de energías renovables a nivel nacional, se deben principalmente a debilidades institucionales y estructurales de los Estados miembros.
Esperamos que estos puntos se cubran por el Libro Verde sobre las fuentes de energías renovables que en este momento está preparando la Comisión y que basándose en él, se vea alentado el desarrollo de una industria europea con verdaderas posibilidades de exportación de conocimientos técnicos y de inversiones en terceros países, principalmente de Europa central y oriental, pero también en países del Sur del Mediterráneo. Con los terceros países se deberán elaborar, igualmente, proyectos de aplicación con la participación de la Comunidad. Sería útil que se salvaguardara la ayuda económica de las acciones del programa incluso por parte de terceros organismos financieros, como el Banco Europeo de Inversiones. La Comisión va a tener que combinar el resto de sus acciones relativas a las pequeñas y medianas inversiones, que están dispersas en su programa, y deberá dar más importancia a las acciones que prevén inversiones en las fuentes de energías renovables.

Rothe
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, estimados colegas, en primer lugar quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Bloch von Blottnitz, por la presentación de un informe realmente bueno. Pero la Comisión merece también reconocimiento por esta propuesta de un programa plurianual por el que se fomenta las fuentes renovables de energía en la Comunidad.
Coincido sin restricciones con la afirmación de la propuesta de la Comisión que reza: la actual composición de la oferta de energía es incompatible con las exigencias a largo plazo de un desarrollo sostenible. Desde el punto de vista de una política climática y de medio ambiente, dada nuestra creciente dependencia de la importación de energía, en vista de la importancia en una política industrial y de empleo, existe el compromiso político de velar por una utilización cada vez mayor de fuentes renovables de energía.
Si consideramos las escasas tasas de crecimiento de los años pasados sabremos también que son necesarios enormes esfuerzos para lograr el objetivo, todavía muy modesto, de duplicar la utilización de las fuentes renovables de energía, objetivo que se ha fijado en el Libro Verde sobre energías renovables. Junto a medidas políticas de ordenación que -tal como esperamos, señor Comisario Papoutsis- nos presentará usted en breve como elementos integrantes del Libro Blanco, el Parlamento Europeo ha pedido en su opinión sobre el Libro Verde un programa ALTENER II más fortalecido desde el punto de vista sustantivo y financiero.
Sin duda, la dotación financiera prevista de 30 millones de ecus para 1998 y 1999 no responde a las demandas que hay que dirigir a la Unión. Por consiguiente, es preciso coincidir plenamente con la Comisión en que los recursos presupuestarios deben ser aumentados notablemente en los tres ejercicios presupuestarios restantes, especialmente también en relación con la propuesta, digna de celebrarse, de que un nuevo punto relevante del Programa ALTENER II consista en acciones dirigidas al fomento de la penetración de las fuentes renovables de energía en el mercado.
En el informe sobre el Libro Verde el Parlamento Europeo pidió un gran programa comunitario para las energías renovables con un millón de instalaciones fotovoltaicas en tejados y fachadas, 15.000 megavatios en instalaciones eólicas y 1.000 megavatios en instalaciones de biomasa. Si contemplamos las actividades de los EE.UU. y del Japón, éstas demandas son más bien cortas. Espero, señor Comisario Papoutsis, que nos responda en breve con un Libro Blanco orientado en esta dirección, para que en el marco del programa ALTENER II, tan insuficientemente dotado, como ya se ha dicho, desde el punto de vista financiero, puedan iniciarse unas primeras acciones específicas que luego han de ser ampliadas sobre una nueva base financiera.
Dos pequeñas puntualizaciones más. En las enmiendas de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía se pide una ampliación del programa a los estados ribereños del sur del Mediterráneo y a los socios de la cooperación de la UE. Mi grupo apoya sin limitaciones el fomento de fuentes de energías renovables en estos países, pero el presupuesto del ALTENER no da para esto. Hay que aprovechar, por ejemplo, los programas MEDA, TACIS y PHARE.
Permítanme todavía una frase para terminar: ahora no hablo en nombre de todo el Grupo; se que en el mismo existen otras posiciones, pero clasificar y financiar los residuos urbanos, excepto la biomasa, como fuentes renovables de energía, es dejar de lado la realidad.

Robles Piquer
Señor Presidente, señor Comisario, queridos -aunque escasos- colegas, creo que en primer lugar tenemos que felicitar a la Comisión y particularmente al Sr. Comisario Papoutsis, que ha demostrado una gran sensibilidad, yo diría que mediterránea, para entender estos problemas, de lo cual es buena prueba el Libro Verde y espero que lo sea el inmediato Libro Blanco que esperamos con expectación.
Creo también, señor Presidente, que hay que tener algún optimismo. Están produciéndose datos que indican que la situación cambia. Por ejemplo, en Alemania hoy hay la información de que el Gobierno, y el Gobierno también de dos Estados federados, van a invertir seriamente en grandes fábricas de células fotovoltaicas. Un libro reciente publicado en Inglaterra señala para mi país, para España, un objetivo hacia el principio del milenio próximo, de 800 megavatios en energía eólica. Pues bien, sólo una región, Galicia, la Comunidad Autónoma gallega, que es menos de la décima parte quizá de la población española, aspira, en esa misma fecha, a llegar a los 900 megavatios.
Sabemos que la situación es mucho mejor de la media en países como Austria, Finlandia y Suecia y creemos, en resumen, que la situación está cambiando. La misma carta de la Comisión de Medio Ambiente señala un objetivo inglés oficial de que, en el año 2025, nada menos que el 20 % de su energía proceda de fuentes eólicas.
Creo también que tenemos que elogiar, y yo elogio con mucho gusto, el admirable trabajo de la Sra. Bloch von Blottnitz que naturalmente lo ha hecho con toda su vehemencia y con toda la firmeza de sus convicciones. Creo que a ese trabajo ha contribuido nuestra comisión competente para la energía, con algunas enmiendas que han sido aceptadas por la Comisión. Y por eso, nuestro Grupo va a votar a favor del informe de la Sra. Bloch von Blottnitz tal como ha quedado modificado en el debate legítimo con el cual la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía ha enriquecido el excelente texto de ella misma.
En cambio, no vamos a poder estar de acuerdo con la última enmienda, la enmienda 28, la del Sr. Holm, en nombre del Grupo de los Verdes, porque nuestra comisión rechazó ya, después de un debate serio, y desde luego nuestro Grupo participó en ese sentido, la enmienda que pretendía eliminar el concepto de los residuos urbanos. A nosotros nos parece que son unos elementos que deben ser utilizados, como ha venido siendo hasta ahora, en el marco de los programas generales de ALTERNER.
Nos parece que nuestras enmiendas aportan algo de utilidad. Por ejemplo, recordemos los antecedentes. La Comisión, y en algún caso aunque con poco entusiasmo, los Gobiernos han hecho, sin duda, mucho. Pero la Comisión se ha apoyado en la sociedad civil. La propia Conferencia ALTERNER en Sitges, hace menos de un año, y las conferencias sobre energías renovables en Madrid, en Milán, en Atenas, que no hubieran sido posibles sin el apoyo de la Comisión, prueban que hay una base social que creo que conviene recordar.
Nos parece también que hemos contribuido a enriquecer el documento al fijar algunos objetivos, como el del 15 % mínimo, que es un mínimo en materia de energía renovable para el año 2020, y también fijar en un 15 % la reducción, en comparación con 1990, del dióxido de carbono.
En resumen, señor Presidente, nosotros creemos que estas y otras enmiendas han contribuido a enriquecer el excelente texto de la Sra. Bloch von Blottnitz y esperamos que la Comisión tenga a bien aceptarlas y que puedan formar parte del documento definitivo que apoyará un ALTERNER II del que esperamos, al menos, frutos modestos por la cuantía de los medios económicos, pero tan eficaces como los que ha tenido el ALTERNER I.

Kronberger
Señor Presidente, en el caso de la energía renovable hablamos de protección del medio ambiente, esto es correcto. En relación con las fuentes renovables de energía hablamos de puestos de trabajo; esto es también correcto. Prácticamente nunca hablamos de los problemas que se dan a la hora de conseguir fuentes fósiles de energía. Cientos de miles de personas mueren cada año a causa de esto. Quiero recordar la Guerra del Golfo, la guerra en Afganistán, en Chechenia y, actualmente, en el Zaire o en el Congo.
Hemos de hacernos conscientes de la dimensión del problema, en concreto, de que para el siglo XXI no puede haber un régimen de paz que se base sobre las fuentes fósiles o nucleares de energía. Por consiguiente, necesitamos las fuentes renovables de energía no sólo por razones de protección del medio ambiente, por razones económicas y sociales, sino, sobre todo, por razones de política de paz, pues, de lo contrario, sin un cambio a las fuentes renovables de energía no habrá para el siglo XXI un régimen de paz.

McNally
Señor Presidente, el Parlamento Europeo acoge con beneplácito este programa quinquenal. Acogemos con satisfacción el compromiso permanente del Comisario Papoutsis con la energía renovable. ALTENER I contribuyó a la financiación del único centro de asesoramiento sobre la energía renovable existente en el Reino Unido. ALTENER II es una de las -lamentablemente pocas- medidas que permitirán a nuestros delegados acudir a la conferencia de Kyoto con algo que ofrecer. Es acorde con el espíritu de la época. Alemania ha anunciado hoy dos cuantiosos programas en pro de la energía renovable: la fotovoltaica. Shell y BP van a hacer grandes inversiones en tecnologías de energía renovable. Los Estados Unidos están avanzando al respecto, como también el Japón.
Señoras y señores diputados, espero que visiten la exposición situada en el exterior de este hemiciclo sobre el programa TERES II. Permítaseme agradecer a la Comisión ese programa y a la Sra. Pérez Latorre, en particular, su ayuda para montar la exposición.
Quisiera repetir tres veces mi argumento principal: no hay bastantes fondos, no hay bastantes fondos, no hay bastantes fondos. Espero que quede claro lo que quiero decir. La financiación adecuada y realista para ALTENER II debería ascender a 250 millones de ecus. Parece mucho dinero. Gastamos esa cantidad casi sin pensar en la fusión nuclear. Tenemos que formular adecuadamente nuestras prioridades, tenemos que mirar hacia el futuro al modo representado, a mi juicio, por ALTENER II. Me alegro de que vaya a formar parte de un marco energético que se debería haber establecido hace mucho. Servirá para que los diputados a este Parlamento vean con claridad lo que hacemos exactamente en materia de energía y espero que muy pronto se determine un fundamento jurídico al respecto. El Comisario cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo para sacar adelante ALTENER II.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, apoyo la propuesta de la Comisión para mantener el programa ALTENER I. Sin embargo, el informe recoge algunos puntos que no puedo aceptar, como, por ejemplo, la contraposición entre las fuentes de energía renovables y la investigación en el ámbito de la fusión.
Deberemos tener firmemente los pies en el suelo cuando establezcamos objetivos en torno a cuotas de unas cuantas unidades porcentuales para las fuentes de energía renovables en relación con la producción energética total. La mejor manera de reducir las emisiones de dióxido de carbono es la construcción de más centrales nucleares e hidroeléctricas. Si se pudiera sustituir una central de carbón que produce mil megavatios por una central nuclear, se reduciría la emisión de dióxidos de carbono en seis millones de toneladas al año, la cual es verdaderamente una cifra muy elevada. En 1996, la emisión de dióxido de carbono en toda Finlandia fue de sesenta millones de toneladas.
Cabe recordar igualmente que todas las modalidades de producción energética, incluidas las de energía renovable, tienen un impacto negativo para el medio ambiente. Las fuentes de energía renovables más prometedoras son las que se basan en materiales biológicos, como la combustión de madera. Finlandia figura a la cabeza de Europa en el aprovechamiento de este tipo de energía, principalmente como consecuencia del uso que se hace de los líquidos residuales de origen industrial con fines energéticos. Los combustibles de origen maderero proporcionan alrededor del 15 % de la energía que se produce en Finlandia.
En un futuro próximo, las energías solar y eólica constituyen modalidades verdaderamente marginales. De no producirse un adelanto técnico revolucionario en el aprovechamiento de la energía solar, ésta no ocupara ninguna posición digna de mención en el ámbito de la producción energética global. Por su parte, la energía eólica es apropiada sobre todo para la producción local de electricidad a pequeña escala, en archipiélagos y zonas costeras. Un país que, por su situación geográfica, disfruta de excepcionales condiciones para aprovechar la energía eólica como es Dinamarca sólo produce un 3 % de la electricidad que consume mediante esta técnica.
En el informe se insta a realizar mayores esfuerzos en la investigación de las fuentes de energía renovables para lograr una mejora de los resultados. A pesar de que, por lo general, soy partidaria de la investigación, no puedo apoyar esta exigencia. Las perspectivas de futuro de las fuentes de energía renovables no dependen de los esfuerzos económicos que se realicen, puesto que la proporción de las mismas en relación con la producción global de energía no dejará de ser marginal.

Papoutsis
Señor Presidente, señoras y señores diputados, permítanme empezar dando las gracias a la Sra Bloch von Blottnitz por su admirable informe.
El primer programa ALTENER demostró la importancia del fomento de las fuentes de energías renovables y los primeros resultados del programa fueron realmente satisfactorios. El nuevo programa ALTENER II no es una simple prolongación del antiguo programa. Creo que, realmente, el programa ALTENER II, tal como se va a desarrollar en el futuro, va a desempeñar un papel especialmente importante.
Para empezar querría hacer determinadas observaciones sobre el carácter del nuevo programa. El primer punto en el que quisiera detenerme concierne al Libro Verde sobre las fuentes de energías renovables, que tuve ocasión de presentarles hace algunos meses. Sus propuestas y el apoyo que han mostrado generosamente al Libro Verde, nos han permitido avanzar en el tratamiento del Libro Blanco sobre una estrategia comunitaria y, al mismo tiempo, un nuevo plan de acción en relación con las fuentes de energías renovables. Querría decir ante ustedes que tengo la intención de presentar el Libro Blanco a la Comisión en noviembre.
El programa ALTENER II se ha reorientado con vistas a incorporar nuevas acciones en el ámbito de nuestra estrategia comunitaria más general sobre las fuentes de energías renovables, así como en el marco del plan de acción que vamos a proponer.
El segundo punto que quiero subrayar se refiere a la propuesta sobre el programa - marco sobre la energía, sobre el que hoy hemos tenido un debate en la Comisión Europea. El programa ALTENER II se situará en este futuro programa - marco sobre la energía y será uno de sus ejes básicos.
Quisiera subrayar que es indispensable que el Consejo apruebe el ALTENER II para la continuación ininterrumpida del programa. Y esto es absolutamente compatible con el programa - marco en el que se incorporará cuando, finalmente, se apruebe, los próximos meses o, probablemente, el año que viene.
El tercer punto concierne al proceso de ampliación de la Unión Europea. De hecho, en el marco de las acciones que aspiran a facilitar la adhesión de los países de Europa central, oriental y de Chipre, el nuevo programa prevé la posibilidad de su participación, así como la de los países del ámbito económico Europeo.
Ahora bien, en cuanto a las acciones y las medidas que pensamos emprender en el marco del programa ALTENER II, en un principio, nuestro objetivo básico es continuar ampliando las acciones del programa que se consideraron positivas y efectivas. Nuestra preocupación básica es concentrar nuestra atención en aquellas acciones que podrían mejorar los resultados que hemos tenido hasta ahora e, igualmente, que nuestros esfuerzos sean más eficaces.
El programa prevé también nuevas acciones que sirven a dos objetivos concretos. Ante todo, impulsar las inversiones públicas y privadas en la producción y consumo de energía derivada de fuentes renovables. Segundo, la creación de las medidas necesarias para la materialización y el seguimiento de la estrategia comunitaria y del plan de acción sobre las fuentes de energías renovables, que tienen por límite el año 2010.
Señor Presidente, el programa ALTENER II tiene, verdaderamente, especial importancia porque, tal como han subrayado muchos de los oradores, contribuye a la materialización de nuestros objetivos primordiales comunitarios en cuanto a la reducción de las emisiones de gases tóxicos con efecto invernadero. Y también va a desempeñar un papel importante en la formación de las condiciones necesarias para aumentar la participación de las energías renovables en nuestro balance energético, así como en la disminución del grado de dependencia de la Unión de las importaciones de energía.
No debemos olvidar que el desarrollo de las fuentes de energías renovables aspira a su mayor penetración en el mercado. Y, por supuesto, de esta manera contribuye positivamente al fomento de las prioridades políticas generales de la Unión en los sectores de cohesión económica y social, al desarrollo local y regional, más generalmente al desarrollo económico y, naturalmente, a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Señor presidente, en este momento querría referirme más especialmente a las enmiendas que se han presentado. Para empezar, haré una observación general: la mayoría de las enmiendas nos permiten mejorar la propuesta, y por eso podemos aprobarlas. Pero hay determinadas enmiendas que creemos que conciernen más al Libro Blanco sobre la estrategia comunitaria para las fuentes de energías renovables que al programa ALTERNER II en si mismo. A pesar de todo, y más concretamente, la Comisión puede aprobar tal como están, tal como han sido presentadas, las enmiendas: 2, 6, 8, 10, 19, 21, 23 y 25.
La comisión también puede aceptar, para empezar, algunas de las enmiendas del Parlamento. Estas, o bien podríamos fijarlas en el texto con un cambio en su formulación, o consideramos que ya están cubiertas por nuestra propuesta. Entonces, en este marco, aceptamos, con una leve modificación, las enmiendas 5 y 7.
En cuanto a la enmienda 12, creemos que puede incorporarse en la propuesta de una petición general que tenga como objetivo duplicar la participación de las fuentes renovables, con límite temporal el 2010 como consecuencia de los debates sobre el Libro Blanco. No obstante, los objetivos concretos se desarrollarán más allá de los límites del Libro Blanco. Creemos que se puede incorporar en la propuesta la segunda parte de la enmienda 12, exceptuando, sin embargo, la petición del fomento de la tecnología, porque precisamente esta petición tiene más relación con las actividades que se desarrollan en el ámbito del programa THERMIE.
El contenido de la enmienda 13 creo que queda cubierto por el artículo 1 de la propuesta del programa.
También estamos de acuerdo en la enmienda 15. Por esta razón vamos a presentar de nuevo la petición a los distintos sectores que cubren los estudios del artículo 2, apartado 1, letra a.
En cuanto a la enmienda 16, estaré de acuerdo con ustedes en que el turismo ecológico constituye una parte inseparable de la planificación a escala local y regional. La enmienda 16 podría incorporarse a la propuesta, en el punto en que nos referimos a determinados sectores neurálgicos en el marco de la planificación.
Igualmente podemos exponer de nuevo y concentrar las acciones de información que se refieren en el artículo 2, apartado 1 letra c, de manera que queden reflejadas las enmiendas 17 y 18.
En cuanto a la enmienda 20, la Comisión estima que la exposición del primer y el tercer caso del artículo 2, apartado 1 letra f, debe ser global y completa. El seguimiento de la aplicación de la estrategia y del avance realizado a nivel comunitario y también de los Estados miembros deberá cubrir todos los aspectos y todos los sectores que se desarrollen en el Libro Blanco. Por consiguiente, no sería aconsejable referir especialmente sólo determinados sectores. Por esta razón, también preferiríamos que en este punto permaneciéramos en nuestro texto originario.
No obstante, estamos de acuerdo en la enmienda 22 y la incorporaremos a la enunciación correspondiente del artículo 2.
Por el contrario, la Comisión no puede aprobar las enmiendas 1, 3, 4, 11, 14, 24, 26, y 27.
Referente a la enmienda 1, la Comisión expresa su plena satisfacción por el éxito del Congreso ALTENER y está dispuesta a repetir esta experiencia que ha mostrado su utilidad. Sin embargo, una petición de este tipo podría darse en el informe causativo que acompaña a la propuesta; pero no en la parte jurídica de la decisión. Lo mismo es aplicable también a la enmienda 3.
La enmienda 4 constituye un ejemplo de iniciativa que es más acorde situarla en el Libro Blanco sobre nuestra estrategia comunitaria.
El contenido de la enmienda 11, es decir, en cuanto a la apertura del programa ALTENER en los países mediterráneos, no se puede aprobar en este momento a causa de la inexistencia de acuerdos de conexión con estos países.
En cuanto a la enmienda 14, la Comisión considera que el tamaño de la financiación deberá decidirlo la Autoridad Competente sobre el Presupuesto. Por eso no podemos, por nuestra parte, aprobar esta enmienda.
La enmienda 24 tampoco puede ser aprobada porque los informes que presenta la Comisión hacia los Órganos son objeto del artículo 6.
En cuanto a las enmiendas 26 y 27, que se refieren a la comitología, la Comisión no puede aprobarlas ya que también en este caso debemos seguir el procedimiento general que se prevé para este tema.
Señor Presidente, antes de terminar, querría también informarle de que hoy por la mañana, la Comisión Europea ha debatido sobre el programa - marco para la energía. Como ya saben, una gran parte de este programa concierne a las fuentes de energías renovables y también a la efectividad energética. Desgraciadamente mientras que la Comisión Europea estaba de acuerdo con los objetivos políticos del programa, no ha conseguido tomar la decisión final sobre este programa porque había distintas aproximaciones y distintos puntos de vista en cuanto al presupuesto del programa. Y les digo, sinceramente, que no me siento especialmente feliz con las propuestas que se escuchan. Sin embargo, el principal argumento que se aduce es que las perspectivas financieras actuales que se refieren, por supuesto, a 1998-99, no permiten grandes aumentos en el ámbito de las fuentes renovables de energía, mientras que el Parlamento no había previsto expresar su voluntad política, como hoy se está expresando aquí, y tampoco durante el debate sobre el presupuesto de 1998. Y ciertamente, permanece abierto el marco de las nuevas perspectivas financieras del año 2000 en adelante, sobre el que, en este momento no hay indicaciones. La única indicación oficial de la que disponemos en este momento por parte de los órganos institucionales es sólo la propuesta de la Comisión Europea sobre la Agenda 2000. Y en el ámbito de la Agenda 2000, la energía no constituye una de sus primeras prioridades.
Sin embargo, ya que nos encontramos al comienzo de este proceso, ya que estamos aún en el principio del debate en el marco del Consejo y del Parlamento, considero que cuantos creemos y queremos continuar apoyando las fuentes de energías renovables, cuantos creemos que deberá ser un ámbito para el que, realmente, deberán agotarse importantes capitales y utilizarse sumas significativas del presupuesto comunitario, precisamente porque contribuye a todas las prioridades básicas para la protección del medio ambiente, para las nuevas tecnologías, para la creación de nuevos puestos de trabajo, deberemos intensificar nuestros esfuerzos los próximos años, para que las fuentes de energías renovables constituyan realmente, no sólo una prioridad política en las palabras, sino también en la financiación y en el presupuesto comunitario.
Por esta razón querría, por un lado aceptar su crítica en cuanto al tamaño del presupuesto que presentamos para el programa ALTENER II, pero también, por otro, deberé explicar por qué nos encontramos en esta situación tan difícil, exactamente la difícil coyuntura económica en la que se encuentra el total de la Unión Europea.
Señor Presidente, señoras y señores diputados, quisiera decir y asegurarles que la Comisión Europea ha hecho todos los esfuerzos posibles para incorporar la mayor parte de las propuestas del Parlamento en el texto de la propuesta para el programa ALTENER II. Quisiera una vez más darles las gracias, darles las gracias a todos, dar las gracias a la Sra. Bloch von Blottnitz y a todos los oradores que han hecho uso de la palabra por su apoyo, tanto en la propuesta concreta como también en el esfuerzo más general, para fomentar las fuentes renovables de energía.

Bloch von Blottnitz
Tengo solamente una pregunta: ¿qué pasa con las enmiendas 28 y 29? Lamentablemente, en este punto no hemos oído de usted ninguna cosa y estas enmiendas son muy importantes para nosotros. En caso de que no disponga de ellas en este momento, quizá nos lo pueda decir también mañana temprano.

El Presidente
De acuerdo, podremos facilitarle la respuesta de otra forma.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Acuerdo de pesca con Mauritania
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0303/97) del Sr. Imaz San Miguel, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(97)0263 - C4-0421/97-97/0158(CNS)) sobre la celebración del acuerdo, mediante canje de notas, por el que se modifica el acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Unión Europea y la República de Mauritania.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, el informe que analizamos hoy fue aprobado por la Comisión de Pesca con fecha de 8 de octubre y hace referencia a cuatro modificaciones técnicas llevadas a cabo al vigente acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. La verdad es que son modificaciones de rango menor. En cualquier caso, quiero agradecer a la Sra. Comisaria que, pese a ser de rango menor estas modificaciones y pese a haber estado ella hoy de viaje, esté presente a una hora tan tardía en el hemiciclo.
Se trata de modificaciones que no afectan a los elementos esenciales del acuerdo pesquero como son la duración del acuerdo, la compensación financiera y las posibilidades de pesca, sino que afectan meramente a cuestiones técnicas cuya posibilidad de modificación estaba ya contemplada previamente en el artículo 8.5 del acuerdo firmado anteriormente.
Concretamente, el primero de los cambios aportados hace referencia a una modificación del periodo de pesca de los cefalópodos y este cambio ha sido ya aplicado, de hecho, antes del 31 de julio de este año y se refiere a un máximo de tres navíos de la cuota del segundo año que han pasado a la cuota del primer año, de forma que lo que en realidad era una distribución de 25 barcos y 40 para el primer año, ha pasado a ser 28 y 37. Todo ello, lógicamente, conservando el 3 % de margen de flexibilidad en el tonelaje autorizado del anterior acuerdo.
El segundo cambio, que se ha realizado precisamente a instancias de las autoridades mauritanas, se hace al objeto de adaptar el acuerdo a la legislación interna mauritana prohibiéndose en el caso de la pesca pelágica el uso de doble red en el copo de arrastre y el doblado de los hilos que constituyen el copo de arrastre.
El tercer cambio se refiere a la posibilidad de obtener licencias trimestrales para los atuneros cañeros y para los palangreros de superficie, en lugar de los anuales como estaba establecido. Todo ello, por supuesto, con una reducción proporcional de los cánones.
Finalmente, el cuarto cambio hace referencia a la imposición a los 22 buques pelágicos de una contribución mensual de 350 ecus por navío para los gastos de observación científica.
En definitiva, cuatro modificaciones que no afectan a la sustancia del acuerdo ni a sus montantes presupuestarios y que, en cierta forma, contribuyen a mejorar las posibilidades de los armadores comunitarios y, en unos casos o en otros, contribuyen a aplicar medidas de conservación de recursos establecidas en la legalidad mauritana.
Por tanto, cuatro modificaciones técnicas que, lógicamente, deben ser aprobadas también por este Parlamento, todo ello en el marco de un acuerdo pesquero, como es el mauritano, beneficioso para la flota comunitaria y con vigencia todavía hasta el mes de julio del año 2001.
Como se recoge en el informe sobre la Política Común de Pesca y su futuro a partir del año 2002, que ha sido discutido esta tarde en este mismo foro parlamentario, los acuerdos pesqueros constituyen una aportación interesante a la flota comunitaria ante el desequilibrio entre capacidades y recursos y, por tanto, puesto que crean empleo y actividad económica en la Unión Europea, debemos apoyar estas modificaciones, que constituyen una mejora de uno de los acuerdos existentes.
Por ello, espero de este Parlamento Europeo un firme compromiso en la defensa de esta filosofía de los acuerdos pesqueros -adaptados siempre a las realidades del país con el que se establecen- y, por tanto, estas modificaciones que vamos a aprobar contribuyen a este desarrollo.
En lo que respecta al procedimiento, hay otro aspecto que quiero subrayar. Tal y como la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo a través de una carta, la propuesta de decisión por la que se modifica este acuerdo no justifica que se recurra al procedimiento de dictamen conforme, puesto que ninguna de sus disposiciones consideradas individualmente tiene consecuencias presupuestarias importantes, tal y como establece el artículo 228 del Tratado. Sin embargo, ello no obsta para que el Parlamento mantenga su postura -y esto lo expondrá después la Sra. Palacio, lógicamente, con mucha más precisión-, recogida en la resolución de noviembre de 1996, por la que estima que el fundamento jurídico que se debe aplicar en el Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania es el de dictamen conforme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43. Esta es una atribución del Parlamento Europeo a la que ni debemos ni podemos renunciar y cuyo cumplimiento significa dar más poder y capacidad de control a los ciudadanos y afianzar, en definitiva, el proyecto europeo.
Por ello, hacemos una referencia expresa a esta posición en el punto 2 de la resolución legislativa que vamos a votar.
Por todo ello, tal y como fue aprobado en la Comisión de Pesca y con las preceptivas opiniones positivas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, por un lado, y la de Desarrollo y Cooperación, por otro lado, solicito al Pleno del Parlamento Europeo la aprobación del referido informe que votaremos mañana por la mañana.
Quiero nuevamente, señor Presidente, agradecer la presencia de la Sra. Comisaria que hoy estaba fuera y, sin embargo, ha tenido la deferencia de estar presente en el debate de este informe sobre modificaciones técnicas que, aunque de rango menor, lógicamente, son importantes como todas las medidas que adopta la Unión Europea.

Medina Ortega
Señor Presidente, la avanzada hora en que nos encontramos no es una hora muy apropiada para un discurso en profundidad de carácter académico sobre el convenio con Mauritania. El Sr. ponente lo ha expuesto con una gran claridad: no se trata de un Tratado internacional completo, sino de un simple canje de notas. Un canje de notas que hace algunas adaptaciones técnicas y que, por tanto, eso hace que el fundamento jurídico propuesto por la Comisión sea perfectamente correcto.
Pero, como estamos a estas horas de la noche, yo no sé, señor Presidente, si en vez de hacer un análisis completo, aprovechando que tenemos aquí a la Comisaria, no sería mejor contar un cuento, como si estuviéramos en un cuento de las mil y una noches, a ver si con esto podemos ir a dormir con un poco más de facilidad.
La Sra. Comisaria y yo mismo, en nuestra juventud, éramos admiradores de algún tipo de pensamiento, me imagino, como otros muchos que estamos aquí. Me refiero al pensamiento de un gran político chino. Se llamaba Mao Zedong, que dejó una obra que tuvo mucho impacto, que se llamaba el Libro Rojo y, a través de una traducción -yo no pude leer nunca el Libro Rojo en chino, porque no tengo esa facilidad-, leí una frase muy famosa en ese libro donde Mao Zedong recomendaba que, en vez de darle un pez a un niño para que comiera, era mejor darle una caña para pescar.
Parece que el impacto del Libro Rojo fue tremendo, fue enorme. Y en este momento, los chinos han aumentado de una manera extraordinaria su capacidad de pesca, hasta tal punto que, en este momento, al mismo tiempo que nosotros nos preocupamos por alguna modificación técnica en el convenio con Mauritania, da la casualidad de que yo tengo mi residencia muy cera de allí y los pescadores me dicen que hay una flota china que, mientras nosotros vamos pescando pez por pez, debe de haber unos cuantos millones de chinos pescando porque están arrasando el banco pesquero.
Entonces, esto demuestra, por un lado, la utilidad del pensamiento de Mao Zedong, la eficacia del pensamiento de Mao Zedong y, al mismo tiempo, el peligro para la pesca y para los peces. Porque, por lo visto, tienen una técnica -no sé si la han aprendido de Confucio o de Lao-Tzé- que hace que cubren una zona determinada y, en esa zona, los barcos chinos se pasean con todos los chinos pescando, de forma que, después de unas cuantas pasadas, allí no queda un pez ni hay posibilidad de que quede un pez en el futuro.
Como hemos hecho venir a la Comisaria esta noche, a pesar de las altas horas en las que estamos y está evidentemente cansada, yo querría aprovechar la oportunidad para ver si en ese mismo espíritu lectivo y de maestro que tenía Mao Zedong no podríamos, desde la Comisión, dar alguna lección complementaria, y es explicarle al chino que si pesca demasiados peces al final también acabará sin comer y acabará pasando hambre. Y habría que explicarles a nuestros amigos mauritanos y a nuestros amigos chinos que, en el ejercicio de la actividad pesquera, la limitación es buena.
Yo creo que la Comunidad Europea, en este momento, está dando ejemplo en este aspecto. Creo que nos estamos preocupando y creo que la Comisaria Bonino tiene gran parte de la responsabilidad y gran parte del mérito de esta limitación, y de la forma en que la Unión Europea en este momento está ejercitando la actividad pesquera. Pero quizás como una segunda parte de esa actividad -y yo sé que la Comisaria Bonino está muy recargada en su trabajo- podría quizás esta Comunidad Europea, aprovechando estos convenios de pesca, explicarle a los amigos mauritanos y a los amigos chinos que, después de un cierto nivel de eficacia en las capturas, lo que se produce es la destrucción.
En conclusión, señor Presidente, no basta con que nosotros, los comunitarios, limitemos nuestra capacidad de capturas y adoptemos medidas de carácter específico para producir esa reducción, sino que, además, quizás deberíamos utilizar nuestra posición para enseñar a otros que la pesca es una actividad muy peligrosa, que una pesca excesiva puede destruir los bancos pesqueros, y que quizás podamos ayudar a chinos y mauritanos a ejercer esa actividad con una cierta moderación y limitación.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, señora Comisaria, después de esta interesantísima digresión del Sr. Medina resulta un poco árido volver a la cuestión del fundamento jurídico. También tengo que decir que el Sr. Imaz San Miguel ya ha dicho lo más importante.
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es importante que resaltemos que consideramos apropiado el fundamento jurídico propuesto por la Comisión, es decir, el artículo 43 en cuanto al fondo y, en cuanto a la forma, el artículo 228, apartado 3, primer párrafo. Y ello, como ha dicho el Sr. Imaz San Miguel, porque no se considera que en este acto haya modificaciones sustanciales que tengan implicaciones presupuestarias importantes.
Y ello también porque, en este caso y en Derecho comunitario, no interviene el paralelismo de las formas. Es decir, la modificación de un acto no tiene por qué seguir necesariamente el mismo procedimiento que el acto de base.
Dicho lo cual, tenemos que insistir, aunque ya lo haya hecho el Sr. Imaz San Miguel, en que el Parlamento se mantiene firme, como en su día se mantuvo la Comisión, en defender que el fundamento jurídico apropiado para el acto del acuerdo con Mauritania -el Reglamento 408/97-, es el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 228, en conjunción con el artículo 43, que sigue vigente en cuanto al fondo. Y ello es así porque, en tanto en cuanto un acuerdo interinstitucional, como viene pidiendo esta Asamblea, o bien, en última instancia y si no nos queda más remedio, el Tribunal de Justicia no acoten ese concepto jurídico que, por el momento, es indeterminado de qué es una implicación presupuestaria importante, esta Asamblea debe reivindicar que tiene derecho a interpretación y sobre todo cuando, como en este caso, en el Consejo no se da ninguna razón para el cambio de fundamento jurídico propuesto en su día por la Comisión, que fue, como es el criterio del Parlamento, el tercer párrafo del apartado 3 del artículo 228.
Así pues, señor Presidente, tenemos un recurso en anulación ante el Tribunal de Justicia y esperamos que sea, en este caso, el Tribunal quien determine qué se debe entender por ese concepto de «implicaciones presupuestarias importantes».

Bonino
Señor Presidente, señores diputados, efectivamente, sobre el informe del Sr. Imaz San Miguel no tengo que añadir muchas cosas porque, como ya lo decía él, se trata de medidas técnicas y pequeños cambios que mejoran la conservación de los recursos con instrumentos más selectivos.
Entonces, quería aprovechar estos pocos minutos para decir dos cosas: la primera se refiere a la flota pesquera extracomunitaria en Mauritania. Ya hubo una visita reciente en Mauritania para controlar el acuerdo de pesca hace diez días. Y efectivamente hay dos problemas: uno es la flota china que utiliza pabellón mauritano en joint ventures o como sea, pero hay también otro problema que es el desarrollo desordenado de la flota artesanal. Hay ahora unas 3.000 o 4.000 piraguas que pescan pulpo y, además, pescan en la zona del litoral, que es la zona de reproducción. Entonces tenemos estos dos problemas. Y yo quería asegurar al Sr. Medina que estamos explicando todo esto con todos los razonamientos posibles. Pero no podemos imponerles nada, puesto que es un país soberano que actúa en sus propias aguas territoriales. No obstante, el debate que tuvimos también con los pescadores mauritanos -no los chinos, sino los mauritanos- puede ayudarnos a alcanzar un poco este concepto de pesca responsable que estamos todos intentando cumplir en la flota comunitaria con muchos problemas para los pescadores.
Por tanto, este diálogo ya comenzó, pero no se puede imponer, por razones jurídicas que usted comprende muy bien. Pero confío en que podamos, por lo menos, alcanzar algunos aspectos positivos, por ejemplo, que también la flota artesanal cumpla veda en las zonas de reproducción. Además, estamos ayudando a los mauritanos, con los Estados miembros pero también con parte de la financiación de este acuerdo, para mejorar el sistema de control. Va a ser un camino muy largo, pero quiero asegurarle al Sr. diputado que ésta es una de nuestras preocupaciones.
Señor Presidente, señores diputados, ustedes me permitirán utilizar dos minutos para hacer algunas precisiones sobre el debate que tuvo lugar hoy. Hoy, después de mediodía, hubo un debate muy largo en esta Asamblea sobre la reforma de la Política Común de Pesca después del año 2002. Yo no estaba presente simplemente, señor Presidente, porque todavía no tengo el don de la ubicuidad. Y no estaba ni de viaje ni en el cine, sino enfrente de aquí, en una reunión de consumidores por la cual se habían movilizado decenas de personas.
El Parlamento, señor Presidente, es seguramente soberano para elaborar su propio orden del día, pero desde el momento en que supe que este debate tendría lugar hoy, contacté con la presidenta de la Comisión de Pesca y la Secretaría General para ver si se podía modificar el orden del día para estar presente, puesto que el debate sobre la reforma de la Política Común de Pesca, como usted puede imaginar, es para mí de un gran interés. El orden del día no se pudo modificar. Me explicaron que los informes se ordenan en base a su propia importancia, y entonces no se pudo incluir el debate por la noche. Y yo el milagro de la ubicuidad, señor Presidente, todavía no lo puedo tener.
Digo esto porque a la luz de esto y a la luz del hecho de que la presidenta de la Comisión de Pesca sabe que intentamos cambiar el orden del día del Parlamento desde hace diez días para ver si se podía arreglar, estimo que algunas críticas de hoy me dejan estupefacta, por un lado, y son políticamente poco conformes, por otro. Yo creo que deducir de la ausencia de la Comisión en el debate de hoy escaso interés de la propia Comisaria me parece francamente gratuito. Me imagino que la Sra. presidenta Fraga está también muy interesada en la pesca, y si no está ahora aquí, imagino que tiene algo que hacer. Yo no me lamento, no me quejo. Simplemente espero que esta relación institucional pueda ser más correcta y confío en ella, señor Presidente.

El Presidente
Señora Comisaria, le doy las gracias. Evidentemente, debemos pensar en que la Sra. Fraga no posee aún el don de la ubicuidad. Me imagino que estará ocupada en otras reuniones.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 00.30 horas)

