
El Presidente. –
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el Estatuto de los diputados. 
Antonione,
    – Señor Presidente, Señorías, celebro la oportunidad de participar en este debate sobre el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.
Señor Presidente, cuando la Presidencia del Consejo le escribió el 21 de noviembre de 2003, dejamos claro que el Consejo estaba totalmente abierto al diálogo con el Parlamento sobre esta cuestión. Además, dicha declaración confirmó la oferta realizada por la Presidencia griega, en la persona del Sr. Papandreou, el 20 de junio de 2003. Por este motivo es importante el debate de hoy, que nos proporciona una oportunidad para avanzar y explorar la posibilidad de llegar finalmente a un acuerdo después de 25 años.
Señor Presidente, el Consejo respeta plenamente el papel esencial desempeñado por el Parlamento Europeo en la elaboración del Estatuto de sus diputados. Conforme al procedimiento que se establece en el Tratado, es responsabilidad del Parlamento finas las normas y condiciones generales que rigen el desempeño de las funciones de sus diputados, previo dictamen de la Comisión y con la aprobación del Consejo, que ha de decidir por unanimidad en lo que respecta a la tributación. Por lo tanto, queda claro que el Parlamento Europeo no puede introducir el Estatuto sin el consentimiento del Consejo y que este no puede aprobarlo si el Parlamento no presenta propuestas que pueda aceptar. Convendría recordar esto.
Señor Presidente, sé que muchos de ustedes están deseosos de conocer la postura del Consejo sobre el Estatuto en general y, más concretamente, sobre varias propuestas que se han presentado en distintos niveles durante las últimas semanas.
Cuando el Parlamento remitió su propuesta de Estatuto al Consejo el pasado mes de junio, quedó claro que existían importantes diferencias entre nuestras respectivas posturas, lo que impedía al Consejo dar su aprobación. Usted recordará que antes de eso el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Papandreou, de Grecia, indicó a una delegación parlamentaria qué partes del Estatuto eran aceptables para el Consejo y cuáles no. Lamento decir que la propuesta de junio del Parlamento estaba demasiado alejada de las posturas del Consejo y esto hizo imposible que diéramos nuestra aprobación.
Quisiera, si es posible, esbozar una vez más la postura del Consejo sobre los principales aspectos. En primer lugar, el Consejo tiene la opinión unánime de que no podemos modificar el derecho primario a través del Estatuto: los aspectos relativos al derecho primario deberán regularse por lo tanto a través de un instrumento distinto. El Consejo celebra las medidas adoptadas recientemente por la Mesa del Parlamento Europeo sobre el reembolso de gastos. Según la opinión del Consejo, este reembolso debe realizarse basándose en los costes realmente devengados.
Respecto a la tributación de los salarios de los diputados –un punto que requiere el acuerdo unánime en el Consejo para que este pueda dar su consentimiento–, las disposiciones relativas al impuesto comunitario que se aplicarán a los salarios percibidos por los diputados al Parlamento Europeo no deben afectar al derecho de los Estados miembros a someter dichos salarios a su sistema fiscal nacional, siempre y cuando estos salarios no tributen dos veces.
En lo que respecta a la edad de jubilación, pese a que en el Consejo se manifestó una preferencia clara por una edad de jubilación de 65 años, con ánimo de consenso constructivo estaríamos dispuestos a aceptar un límite de 63 años.
Con relación a la difícil cuestión del salario, el Consejo no tiene objeción alguna para determinar la cifra teniendo como referencia un porcentaje concreto del salario de un juez del Tribunal de Justicia, un planteamiento que resolvería el problema del ajuste anual.
Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que todas las posturas que acabo de señalar son resultado de largos y minuciosos debates del Consejo que se celebraron mucho antes de que el Parlamento aprobase su Estatuto el 3 de junio de 2003. Con respecto a algunas iniciativas recientes planteadas en el Parlamento, la Presidencia italiana ha sido testigo de una respuesta inicial positiva de todas las delegaciones en el Consejo. En caso de que estas iniciativas obtengan el apoyo del Parlamento, estaríamos más cerca que nunca de alcanzar un acuerdo sobre esta vieja cuestión.
Tal y como he destacado al inicio de mi intervención, el diálogo es el único modo para salvar nuestras diferencias y el Consejo está dispuesto al diálogo. La Presidencia italiana, por su parte, siempre ha estado dispuesta a encontrar una solución y sé que la Presidencia irlandesa entrante refrenda totalmente este planteamiento.
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme decirles, en primer lugar, que la Comisión ha acogido con gran satisfacción las iniciativas del señor ponente y de la Presidencia italiana acerca del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.
Espero sinceramente que, tras tan dilatados debates a lo largo de tantos años, nos hallemos ante la posibilidad, de verdad, de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión que se arrastra ya desde hace mucho tiempo. Quiero, en ese sentido, saludar una vez más el esfuerzo y el trabajo realizado durante todo este tiempo por el Sr. Rothley, trabajo de una tenacidad y dedicación de primer orden en favor de esta Cámara, que todo el mundo debe agradecerle.
En estos momentos, la Comisión no quiere entrar en el contenido detallado de esta iniciativa, ya que no disponemos todavía de la propuesta oficial. No obstante, quizá pudiera recordar a sus Señorías la postura que adoptamos tras la aprobación del Estatuto el pasado mes de junio. La Comisión emitió entonces un dictamen que contenía dos observaciones generales: la primera, en relación con las disposiciones del Estatuto que se rigen por el derecho primario; la segunda, respecto a las implicaciones financieras del Estatuto.
En el primer caso decíamos que las disposiciones del Estatuto no pueden ser modificadas por un acto fundamental, basándose en el artículo 190 del Tratado, y en el segundo caso, señalamos que los importes en juego supondrían una importante carga para la categoría 5 de las perspectivas financieras.
Como es lógico, todo eso se refería a un texto distinto del actual. Ahora habrá que ver exactamente cuál es la concreción del texto para poder manifestarnos con todo detalle. En cualquier caso, Señor Presidente, la Comisión siempre va a mostrarse constructiva y, desde luego, deseamos fervientemente que se pueda alcanzar un acuerdo entre las instituciones.
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, permítanme ser franco y decir que muchos de nosotros no nos sentimos hoy a gusto. ¿Por qué? Si nos tomásemos seriamente a nosotros mismos y nuestras resoluciones, esta pregunta oral no podría plantearse, y realmente no habría ninguna resolución que se desviase del Estatuto de los diputados aprobado el 3 de junio de este año. Otro motivo por el que no nos sentimos a gusto es porque parece extraño que, cuatro días después del colapso de la Conferencia Intergubernamental sobre «El futuro de Europa – una Constitución europea», nos encontramos, en una petición de debate urgente, solicitando al Consejo que alcance un acuerdo sobre un Estatuto de los diputados, aunque hasta la fecha no lo haya hecho ni haya demostrado deseo alguno de hacerlo.
La Constitución sería más importante que el Estatuto para nosotros, aunque no exista relación real entre ambos, pero sin embargo hacemos esto y, del mismo modo, los Grupos más grandes presentan una propuesta de resolución común. ¿Por qué? Lo hacemos porque un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo no trata sobre intereses de partidos políticos, nacionales o individuales y tampoco es un juego; al contrario, el procedimiento y el contenido deberían seguir siendo un tema de preocupación común. Lo hacemos, señor Presidente en ejercicio del Consejo, porque lamentamos profundamente la falta de honradez, las consideraciones tácticas, las estrategias de elección individual y las falsas nociones de nuestras funciones que aparecen implicadas. El hecho es que no se pretende que entablemos un diálogo unos con otros, sino que corresponde a ustedes decir «sí» o «no»
a lo que hemos aprobado como propuesta para nuestro Estatuto de los diputados, y porque queremos abandonar este camino compartido. Esto se debe a que queremos dejar claro que es el Consejo, que representa a los Gobiernos nacionales, y no esta Asamblea, quien debe asumir la responsabilidad por esta lamentable situación. Esta es nuestra oferta definitiva; nuestro nuevo mensaje para ustedes es que deben decir «sí» o «no» antes del 15 de enero.
Aunque muchos de nosotros consideramos la propuesta sobre la tributación contraria a la legislación comunitaria, injusta y errónea en esencia, planteamos esta propuesta como muestra de buena voluntad y de nuestra conciencia de los problemas en el Consejo. Teniendo en cuenta los debates realizados a nivel nacional sobre las pensiones, aumentamos tres años la edad para tener derecho a una pensión. Aunque el estatuto también debería regir las funciones de un diputado a esta Asamblea, lo dividimos y eliminamos los elementos del derecho primario, pero aquí es donde ponemos un alto, porque también tenemos nuestra dignidad, y aquellos que no se respetan a si mismos no serán respetados por otros.
Barón Crespo (PSE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Vicepresidenta de la Comisión, Señorías, espero, en nombre de mi Grupo, que haya llegado la hora de la verdad para el Estatuto de los Diputados. Quiero, ante todo, saludar la perseverancia y la tenacidad del ponente, Sr. Rothley, no como miembro de mi Grupo sino como representante de todo el Parlamento, y también la perseverancia del Presidente, porque llevamos trabajando juntos mucho tiempo y, antes de que lo fuera, ya habíamos emprendido acciones que quiero recordar para explicar los puntos que están en discusión.
Al comienzo de esta legislatura y después de la adopción del informe Rothley en la anterior, creamos un grupo de trabajo para poder delimitar las cuestiones más controvertidas del Estatuto y quiero recordar que en ese grupo de trabajo participaron activamente un ex-Secretario del Consejo y un ex-Secretario de la Comisión, además de otras relevantes personalidades, porque queríamos objetivar una cuestión que tiene una dimensión constitucional. Siempre hablamos de las instituciones, pero en las instituciones trabajan personas, y nosotros, como representantes de los ciudadanos europeos, tenemos que ser iguales a la hora de legislar. No puede ser que estemos haciendo una legislación aplicable por igual a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de la Unión y que nosotros estemos en una situación tan diferente y, en algunos aspectos, tan criticable. En esto hay que reconocer que a la opinión pública y a los medios de comunicación no les falta razón cuando plantean determinadas críticas. Por lo tanto, tenemos que resolver esta cuestión.
No se ha aprobado la Constitución -es cierto-, pero en este año -y también con la participación del Consejo- hemos podido dar un paso adelante con la aprobación del Estatuto de los Partidos Políticos europeos. Y no es que nosotros seamos los soldados de los partidos políticos, pero sí somos parte de esas formaciones que ya desde el Tratado de Maastricht -cuando fueron reconocidas- contribuyen a la formación de la voluntad democrática de la Unión. Por lo tanto, dentro de este apasionado y complejísimo debate, creo que éste es un momento en el que -espero que se demuestre en la votación- hemos podido encontrar la unidad en la Casa -en el Parlamento- para poder expresarnos claramente. Como ha recordado el Presidente en ejercicio del Consejo, nos corresponde a nosotros decidir sobre el Estatuto que ustedes tienen que aprobar.
Creo que el paso que hemos dado responde a una filosofía de poder legislativo compartido que es la que nosotros hemos defendido para la legislación en la Unión Europea. Es decir, no queremos hacerlo en contra de su voluntad o enfrentándonos con los Estados y ésa es la razón que lleva en este momento al Parlamento a tenderles la mano para poder resolver esta espinosa cuestión.
Sobre los tres temas planteados -que espero que se aprueben en la resolución-, que mi Grupo defiende, creo que el Presidente en ejercicio del Consejo ha sido claro y explícito en relación con el Derecho primario, con el reembolso de gastos y con la imposición. También se ha manifestado sobre el nivel de la remuneración e incluso creo que ha hecho una observación interesante sobre los problemas que puede evitar.
Queda un último tema sobre el que no se ha pronunciado explícitamente, pero entiendo que también el Presidente en ejercicio del Consejo ha hablado en nombre de la próxima Presidencia, declarando la voluntad de la Presidencia irlandesa de seguir con una voluntad compartida en este proceso. Entiendo, por lo tanto, que antes del 15 de enero podremos tener ya una solución positiva para el Estatuto, que creo que es uno de los avances más importantes que podemos conseguir en relación con la dignificación del trabajo de los parlamentarios y en la resolución de uno de los temas constitucionales más complejos y difíciles de la Unión.
Wallis (ELDR ).
   – Señor Presidente, me estoy quedando sin inspiración para hablar sobre la cuestión del Estatuto de los diputados. Ya se ha dicho todo al respecto. Cada vez decimos que «esta es la última oportunidad» y, desde luego, esta debe serlo.
Quizás debería empezar por donde lo dejé en esta Cámara en el mes de junio, cuando ofrecí una explicación, en nombre del Grupo ELDR, de la abstención del mismo y del voto de mi delegación nacional en contra de lo que entonces era una resolución. Afirmamos que no podíamos apoyarla entonces, debido a la inclusión de derecho primario y a la ausencia de la posibilidad de una fiscalidad nacional. Podría decir, en nombre de mi Grupo, que «ya lo dijimos», ya que ahora parece que, en conjunto, la mayoría de esta Cámara ha llegado a la misma conclusión; así que estamos avanzando. Pero la última vez, antes de sentarme también dije que esperaba que el Consejo hiciera un mejor trabajo sobre esto que el que hicimos nosotros. Bueno, ahora estamos aquí otra vez, ofreciendo al Consejo un paquete claro y aceptable.
Por desgracia, todos sabemos que el Consejo no ha tenido un fin de semana muy bueno. Sin embargo, esta es una oportunidad para que consiga un éxito para Europa antes del final de esta legislatura. Puede parecer un éxito muy pequeño, pero sus consecuencias para el buen nombre de la democracia europea son inmensas. El verano que viene, cuando estemos frente a los ciudadanos europeos en las elecciones, podríamos tener un Parlamento con su propia casa en orden, con los diputados de todos los países europeos tratados y respetados con igualdad y de forma transparente, o podríamos seguir teniendo el actual y penoso embrollo que nos deja expuestos al ridículo.
Lo he dicho antes y lo volveré a decir. Creo que todos venimos a esta Cámara a trabajar en representación de los ciudadanos de Europa, no a dedicar nuestro tiempo a debatir sobre nuestras propias remuneraciones y condiciones. Señores y señoras del Consejo, ustedes tienen la oportunidad de sacarnos de esta ridícula situación y, por lo tanto, de mejorar la Unión a los ojos de sus ciudadanos. Les ruego que no lo estropeen esta vez.
Di Lello Finuoli (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario está totalmente a favor de un Estatuto de los diputados. Siempre hemos estado convencidos de que necesitamos establecer un Estatuto que garantice la misma dignidad política y económica para los representantes de los ciudadanos de Europa. A este fin hemos seguido de forma sistemática y apoyado activamente todas las medidas que han conducido a la propuesta que se discute actualmente en el Consejo.
Quisiera decir también, francamente, que nos oponemos a cualquier táctica dilatoria. El Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica reclama que este Estatuto se apruebe cuanto antes. Creemos que el principio de igualdad entre los diputados al Parlamento Europeo es un elemento de justicia y transparencia necesario para nuestros ciudadanos. Por supuesto, como es el caso de todas las propuestas de compromiso, no estamos totalmente satisfechos con la que se está examinando, pero no dejaremos de hacer una contribución constructiva, que estará abierta al diálogo entre todos los Grupos parlamentarios.
La cuestión que sigue siendo objeto de desacuerdo es la edad de jubilación. La propuesta actual es dar a los diputados al Parlamento Europeo una pensión a la edad de 63 años, mientras el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea cree que la edad debería reducirse a los 60 años. Esta propuesta no pretende proteger los privilegios de los diputados; planteamos esta propuesta porque estamos convencidos de que todos los ciudadanos europeos deberían jubilarse a los 60 años a más tardar. Mis colegas y yo siempre nos hemos opuesto a la reforma de los sistemas de pensiones basados en el aumento del período de cotización, que considero injusto. Estamos convencidos de que existen recursos financieros suficientes para permitir a todos los ciudadanos europeos, incluidos los diputados al Parlamento Europeo, que son ciudadanos como cualquier otro, jubilarse a los 60 años.
En lo que respecta al principio del salario único, estamos convencidos de que representa un principio de democracia e igualdad de trato. ¿Por qué debería cobrar menos un diputado de Estonia que uno alemán? Sin embargo, al mismo tiempo somos conscientes de que en determinados Estados miembros de la Unión Europea esto podría dar lugar a situaciones insostenibles en las que un diputado al Parlamento Europeo reciba un sueldo varias veces mayor que el de su Presidente. Por esta razón debemos ser políticamente flexibles. Quizás podríamos cubrir la laguna entre las distintas remuneraciones de los diputados al Parlamento Europeo basándonos en los salarios mensuales de los funcionarios públicos de nivel superior del país en cuestión; pero, para nosotros, el principio del salario único para todos es irrevocable.
Por último, en lo que respecta al pago de los gastos de viaje de los diputados, quisiera recordarles que la Mesa del Parlamento Europeo ha elaborado una propuesta que una mayoría de mi Grupo ha solicitado que se ponga en práctica cuando el Estatuto entre en vigor.
Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, lo que refrenda ahora nuestro Grupo con toda modestia es lo que podríamos haber hecho hace meses si hubiésemos escuchado a los Grupos pequeños, pero la historia es la historia y el futuro nos pertenece a todos, así que valoramos muy positivamente que hayamos llegado a la situación actual. Una cosa que esto implica es que queremos aprobar una resolución básica de forma que se apliquen las mismas disposiciones a todos los diputados a esta Cámara, ya que todos hacemos el mismo trabajo.
Sin embargo, al aprobarla, al mismo tiempo decidiremos poner fin a las normas sobre la facturación de los gastos de viaje, que están lejos de ser transparentes y, desde mi –nuestro– punto de vista, simplemente no son justas ni adecuadas. Esto es algo que debemos dejar siempre claro. Mediante la aprobación del estatuto único también votamos por eliminar los reembolsos de gastos de viaje que son totalmente absurdos. Es importante que esto pase a ser una cuestión de dominio público.
En segundo lugar, también dejamos claro que somos lo suficientemente inteligentes como para hacer posibles los acuerdos de transición, de forma que los países de la ampliación tengan realmente tiempo para incorporarse a este acuerdo conjunto, ya que sería absurdo que alguien, al convertirse en diputado al Parlamento Europeo, pasase, de la noche a la mañana, a ganar más que el Primer Ministro de un país. Se trata de hacer una elección y no de excluir, ya que el mismo Estatuto se aplicará a todos nosotros. Exactamente cuando se incorporen los diputados al Parlamento Europeo de estos Estados, tendrá que estar establecido por el Consejo en forma de normas inteligentes, es decir, mediante un acuerdo optativo. Cuando exista uno, entonces el futuro de nuestros estatutos estará garantizado.
Varios diputados a esta Cámara están un tanto indignados porque hayamos estipulado que nuestro derecho a una pensión comience cuando hayamos cumplido sesenta y tres años. Habría pensado que sesenta y cinco estaría bien, ya que deberíamos pedirnos a nosotros mismos lo que pedimos, en la actualidad, a la sociedad en su conjunto, sin recibir un trato especial. Por lo tanto, me opongo firmemente a la idea de reducir la cifra adoptada en esta resolución. Hacerlo sería transmitir un mensaje erróneo al público. Permítanme concluir diciendo que bien está lo que bien acaba. Muchas gracias a todos aquellos que han aportado su ayuda en esta cuestión.
Van Dam (EDD ).
    Señor Presidente, pronto celebraremos un vigésimo quinto aniversario: este Parlamento es un órgano elegido directamente desde hace 25 años. Sin embargo, el estatuto jurídico de los diputado es un que se está deshaciendo por todas partes. La remuneración conforme a las normas nacionales es tan diferente que no guarda relación con la responsabilidad y la carga de trabajo. Al mismo tiempo, el reembolso de los gastos de viaje está alcanzando cifras que cada vez son más desproporcionadas con respecto a los gastos reales, especialmente debido a la competencia en el transporte aéreo. En la Cumbre de Ámsterdam, celebrada en junio de 1997, se incorporó un fundamento jurídico al Tratado permitiendo al Parlamento elaborar un estatuto, que debía aprobar el Consejo. En la actualidad, seis años y medio después, no se ha aprobado todavía ese Estatuto. Con la cercanía de la adhesión de diez nuevos Estados miembros el 1 de mayo y las elecciones del próximo mes de junio, este es el momento crucial. ¿Pretendemos presentarnos ante el electorado una vez más con un sistema injustificado de reembolso de gastos y una diferencia inexplicable entre las pagas de los diputados? Me parece que es hora de que comencemos a debatir cuestiones políticas de distinta clase.
Un estatuto común para los diputados de todos los Estados miembros hace justicia al ideal de igual remuneración por igual responsabilidad. Al mismo tiempo, esto contraviene la subsidiaridad. En lo que respecta a muchos miembros del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, este es un motivo para mantener un estatuto jurídico determinado nacionalmente. Al mismo tiempo, todo el Grupo desea una reorganización radical del reembolso de los gastos de viaje. Año tras año, nuestro Grupo presenta una enmienda al presupuesto de forma que el reembolso se base en los gastos de viaje realmente devengados y cada año una mayoría en este Parlamento rechaza dicha propuesta. Por muy indiscutible que pueda ser mi último comentario, nos lleva a mis colegas diputados neerlandeses y a mi a la conclusión de que el reembolso de los gastos de viaje no puede conseguirse por sí solo, sino en combinación con un estatuto. Por este motivo, creemos que el Estatuto debería haber estado en vigor hace mucho tiempo. Hasta hace poco, esto lo impedían los tres obstáculos de siempre, sobre los que diré unas palabras.
El primero es el derecho primario, la inmunidad y cosas por el estilo: afortunadamente, las resoluciones finalmente eliminaron este cabo suelto. Esta parte debe seguir inevitablemente su propio curso. El Consejo ha manifestado en repetidas ocasiones su intención de cooperar al respecto, y debemos hacer que cumpla su palabra.
El segundo es la edad de jubilación: se ha sabido que, en general, los diputados al Parlamento Europeo se jubilan en la práctica a los 62 años. Vista la evolución social, la edad de 63 años preferida por el Consejo no deja de ser razonable.
El tercero es la tributación nacional. Hace años, la entonces Presidencia belga propuso un compromiso que nos permitía acomodar la subsidiaridad sobre este aspecto.
Un aspecto que todavía hay que solucionar tiene que ver con la paga. Las actuales cifras nacionales incluyen extremos superiores e inferiores. En lo que respecta a las cifras más bajas, asumo que, históricamente, estas no se basaban en un puesto de plena dedicación. En nuestra opinión, una media ponderada de las 15 cifras actuales representaría un buen sistema de remuneración de acuerdo con el trabajo realizado. La idea de expresarlo como porcentaje de la remuneración de un juez del Tribunal de Justicia parece ser una buena solución, incluso en lo que respecta a la vinculación a los índices.
El Primer Ministro italiano expresó ayer el orgullo de que la cumbre del pasado fin de semana tomase tantas decisiones con gran energía. En lo que a nosotros respecta, el Estatuto es la prueba. Si esta Presidencia puede comunicar que el Consejo aprueba el Estatuto, puede considerarse un éxito. De no ser así, el tema pasará a la Presidencia irlandesa. Un buen comienzo es la mitad de la batalla. Los irlandeses han demostrado su capacidad para el trabajo duro y por lo tanto espero sinceramente que puedan dar luz verde al Estatuto el 15 de enero. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, quisiera recordar una vez más, en nombre de mis colegas de la delegación del Movimiento por Francia en el Parlamento Europeo, que nos oponemos por completo al pago de la retribución principal de los diputados al Parlamento Europeo con cargo al presupuesto comunitario. En aplicación del Tratado, los diputados al Parlamento Europeo son los representantes de sus respectivas naciones y, por consiguiente, son estas últimas las que deben pagarles. 
Del mismo modo, no puede aceptarse el mal compromiso fiscal actualmente en estudio. Hace falta un principio simple y claro: los diputados al Parlamento Europeo deben estar sujetos a los mismos impuestos que sus conciudadanos. Si, por desgracia, el Estatuto hoy en debate condujese –como cabe temer– a un aumento de la retribución parlamentaria y a una reducción de los impuestos sobre la renta, si además diese la impresión de que los diputados al Parlamento Europeo escapan a los controles financieros de su país y se convierten en asalariados de Bruselas, entonces, se lo digo claramente, nuestros conciudadanos no lo aceptarían y se asestaría un nuevo y terrible golpe a la credibilidad de la Unión.
Por tanto, es preciso que los Gobiernos resistan hoy a la presión de los federalistas, que quieren apartar a los diputados al Parlamento Europeo de sus países respectivos, con el pretexto de un principio de igualdad entre diputados que no existe en ninguna parte en los Tratados, y que es totalmente inventado. Al contrario, debemos reforzar el vínculo entre el diputado y su nación, para aproximar Europa a los ciudadanos.
Resumiendo, señor Presidente, la retribución parlamentaria principal debe ser pagada por el país de origen al cual representa el diputado. El impuesto sobre la renta debe ser nacional. Las compensaciones de gastos deben cubrir los gastos reales. Por último, a modo de compromiso, se podría admitir que las dietas fueran consideradas una renta complementaria pagada por las instituciones europeas y, como tal, sujeta al impuesto comunitario. Para nosotros, es lo máximo que podemos aceptar.
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, esta ha sido una interminable historia trágica desde 1998, y creo que se debe a la ausencia de una indicación clara de la postura del Consejo en todas sus declaraciones de los últimos años. Todas las cartas a las que se ha hecho referencia estaban redactadas en jerga jurídica y no daban indicaciones claras sobre lo que el Consejo estaba dispuesto a aceptar; incluso hoy no hemos oído nada en esta línea. Tras escuchar la presentación del Consejo de esta mañana, simplemente no puedo sacar otra conclusión.
Dicho esto, la postura del Consejo, tal y como se ha cristalizado durante los últimos meses, es deshonesta y falaz; no tengo reparos en afirmarlo y me refiero a un punto decisivo, el modo en que se ha tratado la cuestión de la tributación. El Consejo acusa a esta Asamblea de aprovechar el Estatuto como una oportunidad de interferir en cuestiones de legislación primaria, pero el propio Consejo evidentemente no ve nada problemático en el modo en que pretende, en este Estatuto, tratar cuestiones de derecho primario como los impuestos. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué es lo que quieren ustedes realmente y cómo se pretende que funcione una vez que lo consigan?
A través de la información que nos han proporcionado los tres servicios jurídicos –el del Parlamento, el del Consejo y el de la Comisión–, sabemos que lo que se propone realmente en este caso es contrario a la ley, aunque este Parlamento está dispuesto a aceptarlo. Sin embargo, puedo decirles aquí y ahora que, en caso de que se apruebe esta resolución y que algún Estado miembro u otro se acoja a esta opción, es seguro que este asunto terminará ante los tribunales, y finalmente ante el Tribunal Europeo de Justicia, que tendrá que emitir un fallo. Con el proyecto de resolución que se ha puesto ahora sobre la mesa, creo que hemos llegado al límite; ya no podemos hacer nada más.
El Sr. Karas estaba en lo cierto cuando dijo que en esta Asamblea también tenemos dignidad. Creo que la oferta ya se ha hecho y lo que esperamos ahora es que se produzca una declaración definitiva de la postura del Consejo antes de 15 de enero a más tardar. Esto también trata de lo que puede esperarse de nuestros futuros colegas, cuyos procesos de nombramiento están actualmente en marcha en los Estados miembros. También ellos deben saber en qué condiciones trabajarán en el futuro en este Parlamento. La fecha límite es el 15 de enero. Para entonces queremos saber a ciencia cierta qué quiere el Consejo, y qué no quiere. De no ser así, a este estatuto se le habrá acabado el tiempo en la vida de este Parlamento. 
Rothley (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria De Palacio, permítame expresar unas palabras de agradecimiento a la Comisión por el apoyo que siempre hemos recibido de ella y también, en muchas ocasiones, a la Presidencia italiana del Consejo. Considero que lo que tenía que decir ha sido claro y preciso. Permítanme decir que la resolución que hemos elaborado, y las declaraciones de hoy de la Presidencia italiana, permiten llegar a un acuerdo, pero hagámoslo rápido, ya que no podemos dejar que esto eclipse las elecciones.
¿De qué se trata? Tras casi un cuarto de siglo de elecciones directas al Parlamento Europeo, todavía tenemos la estructura de una asamblea parlamentaria, pero debemos desarrollarnos como un Parlamento real, y para eso sirve este Estatuto. Por supuesto, se trata solamente de un primer paso al que desde luego debe ir lo que ya está establecido en el Protocolo de 1965. Solamente entonces tendremos un verdadero Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y por lo tanto hago un llamamiento a los Gobiernos para que asuman esta cuestión y la impulsen.
El segundo comentario que quiero hacer se refiere a que todos sabemos que la situación actual, con la desigualdad de salarios y este desafortunado sistema de reembolso de los gastos de viaje, es insostenible, pero permítanme recordarles una verdad simple: estos aspectos solamente pueden solucionarse de forma conjunta. No habrá un Estatuto si no se reforma el modo en que se reembolsan los gastos de viaje, pero esto no se reformará sin un Estatuto. Si se quiere separar un aspecto del otro, entonces acabarán proponiendo una solución que carece de justicia y de solidaridad.
Aquí es donde necesitamos claridad y transparencia; así es como tratamos con respeto a las personas que nos eligen y con cuyo dinero se nos paga.
Quisiera dar las gracias a los presidentes de todos los Grupos por hacer posible la presentación de una resolución común, pero hay tres personas a las que me gustaría nombrar, sin las que no habríamos llegado al punto en que nos encontramos, que son el presidente de mi Grupo, el Sr. Barón Crespo, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, el Sr. Gargani y, por supuesto, el Presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Cox. Después de lo que espero que sea un colapso simplemente temporal de la nueva constitución, transmitamos hoy un mensaje muy tranquilo al respecto de que después de todo quizás estemos avanzando en Europa.
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, es un gran placer que se me conceda la palabra inmediatamente después del Sr. Rothley, que ha trabajado tanto durante toda esta legislatura para llevar este asunto a la conclusión que ahora parece que estamos a punto de alcanzar. Él ha felicitado a otros colegas, así que permítanme hacerle llegar a él una cordial felicitación. Ha sido un gran placer trabajar con él en esta cuestión. Todos debemos celebrar que, siempre que el Consejo no pierda de vista el balón, tendremos un Estatuto de los diputados apropiado antes de las próximas elecciones. Es absolutamente esencial para esas elecciones. Yo no voy a ser candidato, así que no hablo por intereses personales en este tema. De hecho, tendré 63 años cuando me jubile, pero no con este plan de pensiones.
Es esencial tener un régimen de gastos adecuado y un sueldo común. He sido ponente en varias ocasiones sobre los privilegios e inmunidades estipulados por el protocolo actual. Hay que decir que se trata de un sistema extremadamente laberíntico y misterioso y que no es un fundamento satisfactorio para los privilegios e inmunidades de una Cámara de este tipo. Por lo tanto, aunque este asunto no se va a aprobar en esta fase, quisiera hacerme eco de la propuesta de que trabajemos arduamente en el futuro próximo para conseguir que toda la cuestión de los privilegios y las inmunidades tenga también una base adecuada.
Dell'Alba (NI ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, como puede observar en esta Cámara, el sentimiento es unánime: después de 25 años, es hora de que el Parlamento Europeo y los diputados tengan un único Estatuto o un único conjunto de normas. Por otra parte, después de 25 años, también podría decidir sobre nuestro lugar de trabajo. Sin embargo, quizás a diferencia de mis colegas, personalmente creo que esto está bien. Existe un problema real: la opinión pública se fija en nosotros y este sistema no funciona. Por supuesto, considero que la palabra «Estatuto» es un poco pomposa. La idea básica era incorporar en el Estatuto una auténtica carta de los diputados al Parlamento Europeo, que también incluiría las prerrogativas del diputado, un paquete común que habría dado significado a la palabra «Estatuto». Si queremos que avance el importantísimo sistema de disposiciones financieras para los diputados al Parlamento Europeo, llamémoslo por su nombre. Sin embargo, deberíamos reservar la palabra «estatuto» para un tiempo en el que, al igual que los parlamentarios nacionales, tengamos normas comunes para las demás cuestiones que también se habían incorporado –y que hoy deben eliminarse, o que imaginamos que tendrán que eliminarse, por distintos motivos– pero que siguen siendo fundamentales. Nuestro estatuto solamente será válido cuando hayamos dispuesto prerrogativas y funciones y una igualdad efectiva con los diputados nacionales, como, por ejemplo, en Italia, donde los diputados pueden visitar las cárceles siempre que lo deseen. Este me parece el significado correcto de «Estatuto de los diputados».
Gargani (PPE-DE ).
    Señor Presidente, creo que cuando existen problemas importantes, como es el caso del Estatuto, simplemente debemos ser pacientes, ya que finalmente prevalecerá la razón, se despertará la conciencia y todo el mundo actuará de forma responsable por un momento.
Personalmente, debo decir que, en el curso de mi dilatada carrera política, esta es una de las pocas ocasiones en que realmente debo expresar mi satisfacción de forma simple y sin retórica. No puedo evitar hacerlo y debo darle las gracias, señor Presidente; con este acuerdo interinstitucional y este Estatuto usted ha hecho, de forma discreta y sin alboroto, una importante contribución a la causa del Parlamento. Creo que si esta unanimidad que observamos realmente da sus frutos, este será recordado como un día importante.
Con su orientación, el Sr. Rothley y yo hemos insistido con tesón –e incluso diría que con terquedad– en debatir esta cuestión y plantear argumentos que finalmente han prevalecido. Aunque la Constitución no haya visto la luz, si el Sr. Antonione me permite decirlo de este modo, creo que la Presidencia italiana tiene en su haber este punto, que realmente es el más importante.
Señorías, podríamos haber alcanzado un resultado incluso antes del 9 de diciembre, pero esto no se entendió totalmente cuando convoqué a la comisión, los días 9 y 10 de diciembre, para obligar al Consejo a afrontar sus responsabilidades. Sin embargo, todavía tenemos tiempo y creo que si queremos otorgar un significado fundamental a la fecha del 15 de enero, debemos actuar ahora. Si usted, señor Presidente, está de acuerdo, personalmente no veo ningún problema en convocar ahora la comisión para el 12 de enero, ya que sería, señor Antonione, un acto claro, transparente y específico del Parlamento. Esta es la primera vez que estoy en el Parlamento Europeo en este período legislativo, pero he estudiado este tema durante todo el largo proceso.
La primera parte otorga autonomía, garantías, visibilidad, transparencia y unanimidad a las normas que rigen a los diputados al Parlamento Europeo y al Parlamento en su conjunto. Esto tiene que ver con la modificación del derecho primario. La segunda parte es la necesaria parte organizativa, en la que hemos alcanzado el equilibrio mediante un compromiso que considero que acredita al Parlamento. Es cierto que se han hecho pequeños sacrificios, pero ahora la cuestión parece bastante clara y aceptable. Si, como ha dicho el Sr. Rothley, las palabras de la Presidencia italiana son ahora claras, si la Presidencia ha hablado en nombre de todos los Estados miembros y todos los Gobiernos, creo que el 15 de enero, tras la reunión previa de la comisión del 12 de enero, este importante problema puede quedar realmente resuelto y el Parlamento habrá dado un gran salto adelante. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, soy testigo privilegiado, como compañero de escaño de Willy Rothley durante los últimos diez años, de su tesón para sacar adelante este expediente. Quiero felicitarle y expresarle mi reconocimiento, pues realmente se lo merece.
Por otro lado, quiero resaltar que, tanto el Presidente en ejercicio del Consejo y la Vicepresidenta de la Comisión como mi colega, el Sr. Lehne, han señalado que el respeto del Derecho primario incluye un principio muy importante, el de la unidad de la legislación fiscal comunitaria. En nuestra propuesta hay una modificación del estatuto fiscal excepcional, recogida en el llamado "compromiso belga", que solamente tiene sentido en cuanto que es una delegación, una especie de con respecto al Derecho general, pero que no puede ser interpretado como una facultad general para que los Estados puedan establecer fiscalidad sobre cantidades pagadas por las instituciones comunitarias.
Con esta salvedad, la propuesta que presentamos los diferentes grupos políticos en este momento en el Parlamento Europeo podría constituir, en efecto, un paso adelante para el establecimiento del estatuto unitario con respecto a la Unión Europea. Creo que ahora no es el momento de invocar el principio de subsidiariedad, sino todo lo contrario: estamos construyendo una Unión Europea que ha de basarse en unas instituciones comunes que tengan un funcionamiento común, y esto es lo que explica la propuesta de un estatuto parlamentario europeo y de un estatuto de los partidos políticos europeos. No se trata de otorgar privilegios de ningún tipo, sino de establecer una situación de igualdad entre todos los diputados al Parlamento Europeo.
Espero que podamos aprobar el texto sin ninguna de las enmiendas que se han presentado al mismo.
Inglewood (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la historia del paquete de condiciones de los diputados de esta Cámara no es muy gloriosa y no dice mucho de todos los que han intervenido en ella, que parecen embrujados por el tema.
No quiero remover el pasado. La actual versión del Estatuto de los diputados no es perfecta, ni mucho menos. Pero probablemente en el mundo real es la mejor que podemos esperar. Desde nuestro punto de vista, los Conservadores británicos tenemos cuatro principios esenciales: en primer lugar, el salario debe ser similar al de nuestros diputados nacionales; en segundo lugar, debemos tributar en el mismo régimen que los ciudadanos de nuestras circunscripciones; en tercer lugar, el régimen de gastos debe reformarse; y, por último, debemos romper claramente con el pasado.
El salario propuesto no es idéntico al de un diputado nacional británico, pero el paquete global no es muy distinto si se tienen en cuenta todos los aspectos. Pagaremos impuestos de acuerdo con el mismo régimen fiscal que los habitantes de nuestras circunscripciones. Se va a reformar el régimen de gastos y, aunque no se rompe totalmente con el pasado, las anomalías no son demasiado grandes, a mi juicio, y por supuesto desaparecerán con el tiempo.
Por consiguiente, vamos a votar a favor. Quisiera concluir diciendo a todos los que probablemente serán importantes jugadores en la final: no pierdan el tiempo con tonterías. A ver si conseguimos solucionar todo el asunto lo antes posible. 
Miller (PSE ).
   – Señor Presidente, hoy tenemos la oportunidad de suprimir los obstáculos que han frenado un debate significativo sobre toda la cuestión del Estatuto de los diputados. Si podemos avanzar en el tema del Estatuto, podremos abordar la complicada cuestión de nuestros gastos. Debido a la forma encubierta de pagarnos los gastos a los diputados del Parlamento Europeo, estamos totalmente expuestos a las críticas. El Estatuto y la reforma de los gastos están entrelazados de un modo inextricable; van de la mano, como ha señalado claramente el Sr. Rothley. Por lo tanto, aunque pedimos al Consejo que avance en la cuestión del Estatuto, ruego al Parlamento que avance en la reforma del régimen de gastos, porque si creamos un sistema claro, sin ambigüedades y justo en materia de gastos, podemos volver a presentarnos con confianza ante el electorado el próximo mes de junio. 
Nobilia (UEN ).
    Señor Presidente, en primer lugar hay que decir que el contenido del compromiso que parece haber tomado forma últimamente no puede considerarse aceptable, ya que varios aspectos de la propuesta original eran inaceptables.
Sin duda podemos respaldar el principio subyacente: otorgar a cada diputado al Parlamento Europeo la misma dignidad y, sobre todo, un recordatorio constante de un único punto de referencia durante el ejercicio de su mandato, con los mismos derechos y responsabilidades comunes. Muchos aspectos de la ley propuesta van en contra de este principio: el primero tiene que ver con el momento en que esta entraría en vigor. En mi opinión, se han dicho y escrito muchas palabras sobre la ampliación de la Unión Europea, para apoyar y comentar de forma positiva las numerosas facetas del procedimiento; por lo tanto, no pretendo añadir mis valoraciones positivas sobre el tema.
Sin embargo, no ha sido poco frecuente, sobre todo últimamente, que las instituciones comunitarias adoptasen disposiciones legislativas y con numerosas expresiones de pesar, reconociendo la necesidad de implicar a los futuros Estados miembros solamente en la fase de conciliación. Siendo este el caso, es difícil comprender por qué tanta urgencia por aprobar el mencionado Estatuto, ya que se hará sin la contribución de los diputados al Parlamento Europeo de los futuros Estados miembros. Quiero decir que estamos siendo deliberadamente «olvidadizos». Por otra parte, si se trata de un principio de igualdad, de hecho de igualdad material, es difícil entender por qué un diputado al Parlamento Europeo, sea del Estado que sea, en el desempeño de su mandato, que al menos es igual, si no mayor, que el de un diputado nacional, puede tener menos prerrogativas que este. Al destacar este punto, por supuesto me refiero a los sistemas nacionales que proporcionan las mayores garantías, porque considero que es inaceptable un sistema de derecho que, en la práctica, tiende a simplificar las garantías establecidas.
Sin embargo, todavía hay más y concierne a puntos que son menos nobles, por así decirlo, pero que también cuestionan el concepto de dignidad. Realmente nadie pondría objeciones a que una única fuente fuese responsable del pago de los salarios, pero no cabe duda de que uno de los principales problemas en este caso es el importe de los mismos, es decir, la referencia a la cantidad que debería pagarse en el futuro en oposición a la remuneración actual, sea mayor o menor. Desde el punto de vista de la ética en su propio país, no puedo ver cómo se puede justificar que un diputado al Parlamento Europeo reciba de repente un salario mayor, y en ocasiones mucho mayor, aunque sea de una fuente distinta de la actual. Del mismo modo, no puedo imaginar cómo otros diputados podrían entender que reciban un salario más bajo que el que reciben en la actualidad, especialmente teniendo en cuenta los mayores salarios percibidos por los diputados nacionales, si no por los asesores regionales, del mismo Estado.
Sin embargo, si examinamos por un momento el principio de igualdad y lo consideramos un factor positivo, la preocupación expresada sobre la tributación implicaría volver a la trampa de las disparidades extremas.
Entonces el compromiso sobre la edad de jubilación tampoco parece ser válido. La gran mayoría de los Estados miembros establecen en la actualidad la edad de jubilación en los organismos públicos a los 65 años o más. Así que, o tenemos el valor de ignorar el hecho de que, debido a que el sistema de pensiones de los diputados al Parlamento Europeo prácticamente se autofinancia, queda fuera de los costes de pensiones de cada Estado miembro y, en nombre de la coherencia puramente política, optamos por un límite de 65 años para la jubilación; o mostramos el mismo valor para admitir que el fondo es, en esencia, de naturaleza privada y que las únicas reglas válidas son las dictadas por el cálculo actuarial.
Creo que, en caso de que las otras dos instituciones no aborden esta cuestión, el primero en situarse en una posición de subordinación no será tanto el Parlamento como sus propios diputados. 
Vidal-Quadras Roca (PPE-DE ).
    Señor Presidente, quisiera hacer tres observaciones, sobre lo que hemos oído aquí esta mañana.
La primera observación se refiere a esa dificultad puesta por algunos colegas sobre la diferencia, a su juicio escandalosa, entre la retribución de un diputado europeo y la de determinados cargos políticos en países candidatos. Señor Presidente, creo que esta dificultad no tiene ningún sentido, porque, también dentro de los quince Estados miembros actuales hay diferencias de renta, y no por eso vamos a establecer una retribución distinta para cada uno. Y dentro de cada uno de los Estados miembros hay regiones con diferentes niveles de renta y, que yo sepa, a los diputados nacionales no se les retribuye de manera distinta en función de la región de la que proceden. Por tanto, señor Presidente, es absolutamente lógico que el Estatuto sea único y la retribución sea la misma para todos los Estados miembros, y observaciones de este tipo me parecen incluso ofensivas para los países candidatos.
La segunda observación se refiere a esa idea de que los diputados europeos deben ser pagados con cargo a los presupuestos de sus respectivos Estados. Señor Presidente, esto es absurdo también, porque si nuestra función es europea, nuestra retribución debe venir del presupuesto europeo, ¿o es que a los diputados de los Estados nacionales les paga su circunscripción dentro del Estado? Les paga el conjunto del Estado.
Y la tercera observación, señor Presidente, se refiere a la idea que hemos escuchado sobre la homogeneidad que debe existir entre el sueldo de diputado europeo y el de diputado nacional. Otro absurdo, señor Presidente, ¿o es que dentro de los Estados miembros cobra lo mismo un concejal de un pueblo que el de una gran ciudad, o un concejal que un senador? Cada función tiene su retribución de acuerdo con su nivel y con su alcance.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, todos los factores para solucionar este problema están sobre la mesa; la pelota está en su tejado. Resuélvanlo de una vez, porque este problema ha durado ya demasiado.
Ghilardotti (PSE ).
    Señor Presidente, son muchas cosas las que se han dicho y, en el minuto de que dispongo, no seré capaz ni de tratar los aspectos más importantes.
Creo que no cabe duda de la necesidad de adoptar un estatuto, incluso desde el punto de vista de la función y la legitimidad de este Parlamento. Es más, todos los miembros de mi Grupo, especialmente el Sr. Rothley y el Sr. Barón Crespo, además de la delegación italiana, siempre se han manifestado a favor del Estatuto y siempre han apoyado su necesidad, votando por éste con convicción el pasado mes de junio.
Sin embargo, creo que no deberíamos engañarnos, señor Presidente. De hecho, lo que estamos debatiendo hoy –y, si es necesario, permítanos hacerlo– no es el Estatuto, sino los ajustes salariales. Creo que es un poco humillante para el Parlamento, pero esto es lo que estamos debatiendo. Llamemos a las cosas por su nombre. Si es todo lo que podemos hacer –y esto es responsabilidad del Consejo–, déjennos hacerlo; pero no debemos llamarlo estatuto, porque no es un estatuto. 
El Presidente. –
   Quisiera dar las gracias al Consejo y a la Comisión por las útiles declaraciones que han hecho hoy en esta Cámara, así como a todos los que han intervenido en el debate, sobre todo al Sr. Rothley y al Sr. Gargani, por sus excepcionales contribuciones entre bastidores, durante un largo período de tiempo y, sobre todo, durante la Presidencia italiana.
Quisiera también recalcar al Consejo que si hoy mismo tenemos la inteligencia necesaria para conseguir una clara mayoría, tenemos que tratar este tema con la máxima urgencia. Si eso ocurre, esperamos poder trabajar con ustedes sobre ese urgente asunto.
El debate queda cerrado.(1)
La votación tendrá lugar a mediodía. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre el papel de la Unión en la prevención de conflictos en África, en particular en la aplicación del Acuerdo Linas-Marcoussis en Côte d'Ivoire. 
Antonione,
   . – Señor Presidente, Señorías, quisiera hacer varios comentarios sobre el tema de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África, un tema que ha estado en el centro de la labor de la Presidencia italiana con respecto al continente africano durante estos seis meses.
La tarea más urgente parece ser, en la práctica, estabilizar el continente, es decir, impedir o eliminar el conflicto armado allí donde esté presente. De hecho, todos estamos de acuerdo en que solamente creando condiciones de paz y seguridad en todas partes podemos promover el desarrollo. Sin estas condiciones, la erradicación de la pobreza, la promoción de los derechos humanos, el empleo de calidad y la protección medioambiental son sueños vacíos o logros efímeros. No habrá regateo de desarrollo para las operaciones de mantenimiento de la paz, simplemente necesitamos adoptar un planteamiento integral. El Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dejó esto bastante claro cuando dijo en la Cumbre de la Unión Africana celebrada en Maputo que es necesario un enfoque integral que se centre a su vez en la paz y la seguridad, los derechos humanos y la democracia, la reconstrucción y el desarrollo.
Los primeros que fueron conscientes de esto fueron los propios Gobiernos africanos, que ya en el documento programático de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África indicaron que la guerra y el subdesarrollo son dos aspectos del mismo problema que se alimentan mutuamente. Ateniéndose a esta hipótesis, han establecido los órganos necesarios para impedir, gestionar y resolver sus crisis, en concreto el Consejo de Paz y Seguridad y el comité conjunto de los Estados africanos más grandes.
El nuevo elemento político que conviene destacar es esta nueva determinación por parte de los africanos de asumir sus responsabilidades en el campo de la paz y la seguridad también sobre la base del principio de propiedad. Esta es una actitud que la Unión Europea ha fomentado y apoyado sistemáticamente a través de medidas destinadas a reforzar la capacidad africana, tanto a escala panafricana como subregional, a través de la CEDEAO, la IGAD y la SADC.
Ante esta situación política en proceso de cambio, la Presidencia italiana ha trabajado de forma activa para promover una respuesta europea que pudiese afrontar el desafío. Con este fin promovimos, en primer lugar y por encima de todo, una reflexión teórica sobre prevención, gestión y resolución de conflictos en África a través de un seminario de investigación organizado en Roma el 28 de julio. Reforzamos el diálogo entre la UE y África, que había llegado a un punto muerto tras posponerse la Cumbre de Lisboa, a través de dos reuniones de la troika, la segunda de las cuales se celebró el 10 de noviembre en Roma. Este refuerzo se centró principalmente en los aspectos de la paz y la seguridad, en los que se registró una importante convergencia con los africanos. Por último, aplicamos medidas continuas para apoyar los procesos de paz en marcha en Côte d’Ivoire, Liberia, Sudán, Somalia, Etiopía/Eritrea, Uganda del norte, la República Democrática del Congo, Burundi, etc. Mantuvimos una constante actividad diplomática, que tomó la forma, entre otras, de una serie de numerosas misiones de la troika ministerial de la UE en África.
Señor Presidente, Señorías, los resultados, al menos a corto plazo, son muy positivos. La gestión en tiempo real de la crisis de Liberia en el ámbito político, diplomático y financiero contribuyó decisivamente a poner fin al conflicto, a concluir un acuerdo de paz y a establecer el actual Gobierno de transición.
En la misma región, ahora que se ha consolidado la recuperación de Sierra Leona, es Côte d’Ivoire el país que se enfrenta a la mayor prueba. Côte d’Ivoire es la verdadera fuerza impulsora de la economía de la región y es en este país donde se está librando la más importante batalla. Los avances hechos hasta el momento son apreciables. La creación de un Gobierno de reconciliación nacional, la adopción de una ley de amnistía, el acuerdo del 4 de julio de 2003 entre las fuerzas armadas nacionales y los rebeldes, son fases importantes de un proceso que debe completarse con el acuartelamiento y el desarme de las tropas y la extensión de la administración del Estado a todo el territorio hasta las elecciones presidenciales programadas para 2005.
La Unión Europea ha hecho y sigue haciendo todo lo que está en su mano para garantizar que se encuentre una salida del actual punto muerto, que la reunificación devenga irreversible y que se lleve a cabo la aplicación de los Acuerdos Linas-Marcoussis. Las declaraciones del 22 de septiembre y el 9 de diciembre, la visita de una troika ministerial europea a mediados de octubre y la labor del representante de la Unión Europea en el Comité de seguimiento son prueba de ello. Gracias a la rápida intervención de las fuerzas armadas francesas y las tropas de la CEDEAO, fue posible evitar el conflicto abierto. Sin embargo, sigue existiendo la necesidad de una fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en la que las tropas africanas puedan seguir operando. Esta es la solicitud realizada por la CEDEAO en Nueva York, solicitud que merece el apoyo de la Unión Europea.
Estas referencias a situaciones conflictivas concretas nos hacen valorar, por una parte, la determinación mostrada por los africanos para gestionar sus conflictos, y por otra, el enorme trabajo que queda por hacer para reforzar las capacidades operativas, especialmente aquellas de las que son responsables las organizaciones subregionales. En este sentido, la asociación UE-África solamente puede evolucionar hacia la cooperación tripartita entre la Unión Europea, las Naciones Unidas y África, en la que cada componente complemente a los demás.
La operación Artemisa –la primera operación militar dirigida por europeos que tiene lugar fuera del campo de instrucción– mostró la eficacia de una intervención rápida por parte de fuerzas entrenadas y bien organizadas, que pueden detener una situación de conflicto crítica y abrir paso a una mayor fuerza de las Naciones Unidas con un mandato adecuado para que realice tareas de estabilización de mayor envergadura. Las fuerzas de las organizaciones subregionales africanas también pueden desempeñar esta función de intervención rápida para resolver una crisis con la intención de ser reemplazadas por la maquinaria de las Naciones Unidas, más lenta y mejor organizada. Este podría ser el caso de Burundi, donde opera actualmente la primera fuerza de mantenimiento de la paz africana, que podría ser sustituida por las Naciones Unidas en el plazo de un año.
Hasta el momento hemos mencionado medidas específicas realizadas por la Unión Europea bajo la presión de crisis y emergencias humanitarias. Sin embargo, la innovación más destacada es la creación de un Fondo de Apoyo a la Paz –con una asignación de 250 millones de euros y financiada por el FED–, decidida por el Consejo de la Unión Europea el 18 de noviembre de 2003. De este modo, la Unión Europea se dota de un instrumento formal de intervención rápida que encaja con la relación de asociación estratégica que vincula a la Unión Europea con África y con el principio de propiedad africana. El Fondo de Apoyo a la Paz permitirá, con todas las garantías que suponen los procedimientos de toma de decisiones, financiar una serie concreta de actividades que forman parte de las operaciones de mantenimiento de la paz realizadas por ejércitos africanos. Esta petición presentada por la Cumbre de la Unión Africana de Maputo se encontró así pues con una respuesta de la Unión Europea que formalizó los compromisos y promesas tantas veces repetidos.
Durante al menos una década, conjuntamente con las Naciones Unidas, hemos instado a África a que tome el control de su futuro y, con la ayuda de la comunidad internacional, a que rompa el círculo vicioso del conflicto y la pobreza. Ahora que los propios líderes africanos han retomado el lema, como muestra la nueva filosofía que sostiene la creación de la Unión Africana y la NEPAD, poner en práctica las promesas con decisiones adecuadas se convierte en una cuestión de credibilidad política. Si se aplica de forma inteligente, el Fondo de Apoyo a la Paz podría resultar ser uno de los instrumentos más importantes para el futuro de las relaciones entre Europa y África.
En conclusión, quisiera destacar que en el campo de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África, se han trazado importantes avances en la planificación y el funcionamiento. Estamos tratando de establecer estos avances a través de la revisión del documento de base, sobre el que se ha asentado la acción general de la Unión Europea en el sector hasta el momento: Me refiero a la posición común de la Unión Europea sobre la prevención, gestión y resolución de conflictos en África del 14 de mayo de 2001.
La operación que hemos lanzado requiere, en primer lugar y por encima de todo, que integremos la actual posición común, actualizándola, con una referencia a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que se alimentan de las situaciones de conflicto; por lo tanto, con una referencia firme al papel de la sociedad civil y, dentro de la sociedad civil, al papel de la mujer; centrándonos entonces especialmente en la dimensión económica de los propios conflictos y, a este respecto, en la explotación ilegal de las riquezas naturales; por último, con una referencia a la gravísima situación de los denominados «Estados fracasados», o territorios sin control ni instituciones públicas que puedan ejercer la autoridad necesaria y asegurar los servicios básicos.
Es una operación en curso, que confiamos a la futura Presidencia irlandesa y que afianzará el planteamiento general de la Unión Europea de la importante cuestión de la prevención, gestión y resolución de conflictos en África. 

Nielson,
   . – Señor Presidente, la Comisión comparte la preocupación del Parlamento por la situación política en Côte d'Ivoire. A pesar de que se han realizado algunos avances en la aplicación del Acuerdo Marcoussis, es preciso romper el actual bloqueo.
Las nuevas fuerzas han estado boicoteando el Consejo de Ministros durante dos meses y este boicot, unido a la desconfianza mutua, impide iniciar el proceso de desmovilización, desarme y reintegración que es una condición necesaria para la reunificación del país.
Sigue habiendo graves violaciones de los derechos humanos y la Comisión está también muy preocupada por la situación humanitaria. Desde el estallido del conflicto en septiembre de 2002, la Comisión ha entregado 7,24 millones de euros para operaciones de ayuda de emergencia en Côte d'Ivoire y seguirá prestando ayuda humanitaria en 2004 en el marco del plan global para la costa del África Occidental.
La Unión Europea participa activamente en la aplicación del Acuerdo Marcoussis, tanto financiera como políticamente. Desde el comienzo de la crisis el 19 de septiembre de 2002, ha hecho públicas nueve declaraciones y ha pedido en repetidas ocasiones a todos los habitantes de ese país que trabajen en armonía para conseguir la reunificación del país y la preparación de unas elecciones democráticas pacíficas en 2005.
La Comisión y la Presidencia de la Unión Europea son miembros de la comisión supervisora del Acuerdo Marcoussis en Abiyán. Los 10 signatarios del acuerdo recomendaron la creación de una comisión internacional con el fin de garantizar su aplicación.
La comisión se ha mostrado bastante activa. Desde su primera reunión a finales de febrero, se ha reunido en más de 50 ocasiones, lo que no ha impedido que sus acciones fueran criticadas por las 10 fuerzas políticas, con la única excepción del partido del Presidente Gbagbo, el FPI.
Es preciso que en breve se celebren conversaciones entre todos los miembros de la comisión sobre la forma de mejorar su eficacia. Para restaurar su credibilidad, la comisión debe llevar a cabo una profunda reflexión sobre su actual función, no solo para actuar de árbitro, sino fundamentalmente para trabajar de una forma más abierta con el fin de generar más confianza en lo que respecta a la forma en que se ve su trabajo.
Debe establecerse una especie de sistema de información obligatoria a la central, con actas de las reuniones, para mejorar su transparencia con respecto a las instituciones representadas en esta comisión. Hasta ahora ha tenido un funcionamiento demasiado introvertido y podría ser ventajoso realizar cambios.
Pero lo más importante es garantizar que los agentes políticos de Côte d'Ivoire entiendan realmente la necesidad de crear un espíritu de coexistencia y compromiso. Deben hacer un esfuerzo para coexistir dentro de una nación. Sin esa actitud, será muy complicado conseguir progresos reales.
En lo que respecta a la capacidad de la Unión para prevenir, gestionar y solucionar conflictos, se están realizando esfuerzos para definir una estrategia común apropiada. Los principales aspectos de esta estrategia incluyen el fortalecimiento de la integración regional mediante el apoyo a la CEDEAO, el refuerzo de la coordinación con las Naciones Unidas y la mejora del diálogo político nacional y regional. Participamos directamente en todo esto y hacemos lo que podemos en todas estas relaciones.
Las iniciativas de la Unión Africana sobre paz y seguridad y las acciones contra la explotación ilícita de los recursos naturales se tendrán en cuenta en el marco de este proceso. Considero bastante correcto que el Parlamento analice estos aspectos en una situación como esta.
En lo que respecta a las enmiendas de la Sra. McKenna para suspender el acuerdo de pesca con Côte d’Ivoire debido a las incoherencias de las políticas comunitarias y a que no es posible controlar las aguas nacionales, quisiera hacer el siguiente comentario.
La Comisión ha sugerido prorrogar el acuerdo de pesca por un año, teniendo en cuenta que, con este acuerdo, Côte d’Ivoire seguirá beneficiándose de acciones específicas de control, vigilancia e investigación científica. Las actividades y la formación del Ministerio de Pesca y la inversión en la economía de Côte d’Ivoire, sobre todo a través de las tres fábricas de atún, solo están garantizadas si se prorroga el acuerdo.
La quiebra de las fábricas de conservas de atún, que actualmente generan 5 000 puestos de trabajo directos y más de 30 000 indirectos, crearía mucho desempleo y podría incluso dar lugar a disturbios sociales en Abiyán. También significaría que el puerto de Abiyán quedaría definitivamente condenado como puerto de entrada de pescado durante varios años.
No hay duda de que la ausencia de prórroga del acuerdo tendría consecuencias negativas de gran alcance y no haría más que empeorar la actual crisis en Côte d’Ivoire, así que no recomendaría incluir este elemento en una situación que ya es suficientemente problemática. 
Fernández Martín (PPE-DE ).
    Señor Presidente, desgraciadamente la crisis en Costa de Marfil hace que hoy tengamos que ocuparnos nuevamente de este país -que en un tiempo no muy lejano fue un ejemplo de estabilidad política-, de su progreso económico y de las condiciones de vida de sus habitantes.
Seis grupos políticos de esta Cámara patrocinamos una resolución, que aprobaremos seguramente esta misma mañana, en la que fundamentalmente pedimos la estricta aplicación del Acuerdo Linas-Marcoussis como el camino más seguro para conseguir el restablecimiento del Estado de Derecho y la convivencia pacífica de todas las partes en conflicto.
Estoy absolutamente de acuerdo con el Comisario, Sr. Nielson, que acaba de afirmar que todos los esfuerzos están condenados al fracaso si las partes en conflicto no dan muestras claras de buena voluntad para alcanzar esos acuerdos y convivir en paz unos con otros.
Debo decir que esta falta de vocación o capacidad para el acuerdo entre ellos me parece que es el obstáculo más grave al que nos enfrentamos para alcanzar la paz en Costa de Marfil.
Hace unos meses, este Parlamento visitó el país y nos entrevistamos con representantes de toda la sociedad civil, de las autoridades y de la oposición. Lo que vimos no fue, en todos los casos, un ejemplo de buena voluntad para solucionar la crisis. Es bien sabido que el Acuerdo Linas-Marcoussis no fue aceptado con satisfacción por importantes sectores de la sociedad marfileña. Cuando el Sr. Gbagbo regresó a Abiyán, fue recibido con unas multitudinarias manifestaciones de protesta contra los acuerdos que él mismo había aceptado -luego nos dijo que no los había firmado, en una especie de doble lenguaje que a mí me pareció poco aceptable-.
Dentro del propio Gobierno, alguno de los ministros representantes de lo que podríamos calificar como el "sector rebelde" hizo una clara demostración de lo que es ser rebelde. Sus palabras no fueron nada amistosas con la otra parte del Gobierno del que él mismo formaba parte.
El propio Sr. Gbagbo, que fue muy amable y muy simpático y que, en el curso de una comida a la que fuimos invitados en el mismo palacio presidencial, nos informó de su visión del problema, dijo cosas en presencia de muchos de los que estábamos allí -no menos de 10 o 15 personas- que creo que no apuntan en la buena dirección, como, por ejemplo, que tenía que fortalecer su ejército y que tenía proyectos para comprar algún material militar en países del Este. Nos parece que eso es contrario a la buena dirección.
Hay otros ejemplos, como la cuestión étnica, que, como decimos en la resolución, no está en la base del conflicto y que probablemente no sea la única causa. Pero debo decir que esta cuestión de la etnicidad y la ciudadanía marfileña estuvo presente en todas las entrevistas -varias docenas-, en las que ninguno de nuestros interlocutores dejó de hablar de los problemas planteados por los miles, cientos de miles de personas procedentes -sobre todo- de Burkina Faso que crean problemas y que son víctimas -en muchos casos ellas mismas- de la violencia.
Por lo tanto, creo que debemos seguir haciendo todos los esfuerzos por el cumplimiento del Acuerdo Linas-Marcoussis, estableciendo una mayor coordinación entre todas las partes con la CDA, las Naciones Unidas y la propia Unión Europea. Pero visto lo que vimos, y explicado lo que en pocas palabras he resumido, no puedo ser muy optimista con el futuro inmediato de aquel país que tanto necesita de la paz.
Kinnock, Glenys (PSE ).
   – Señor Presidente, desde aquella misión a Côte d'Ivoire de diputados de los países ACP y del Parlamento Europeo en mayo de 2003, ha ido quedando cada vez más claro que el Acuerdo Linas-Marcoussis es un instrumento bastante imperfecto. Sigue existiendo, como han dicho otros, una reticencia extremadamente preocupante de todas las partes a trabajar juntas, a coexistir, a cooperar y a trabajar por la reconciliación. Eso quedó absolutamente claro cuando estuvimos allí y sigue siendo así.
Es imperativo poner fin a la impunidad y, como ha dicho el Comisario, es necesaria una determinación mucho más clara para conseguir la desmilitarización, la desmovilización y, posteriormente, la rehabilitación en ese país. El Sr. Prodi visitó Côte d'Ivoire en noviembre y realizó importantes promesas sobre esos asuntos. Este Parlamento quisiera que esas promesas se convirtieran en ayuda financiera real e inmediata tan pronto como sea posible.
ECHO sigue necesitando más ayuda para llevar a cabo su esencial tarea de poner en práctica los acuerdos. Esa es la clave para conseguir la paz, junto con la necesidad de dar ayuda humanitaria, protección para los civiles, etc.
En el contexto de nuestras obligaciones con la Unión Africana y los países ACP, el Comisario Nielson sugirió una forma extremadamente innovadora y bien acogida para apoyar los propios esfuerzos africanos para gestionar el conflicto. Según tengo entendido –y quisiera que me aclararan esto porque no me quedó claro de lo dicho por el Consejo–, determinados Estados miembros quieren utilizar el fondo de paz, que está bien diseñado, para financiar directamente a organizaciones subregionales, aparentemente sin consultar a la Unión Africana, o incluso pidiendo el respaldo de la misma.
Para mí, esta es una propuesta increíble que quisiera que se me explicara esta mañana. ¿Está el Consejo de acuerdo con que la Unión Europea debe dar apoyo sostenible a largo plazo a los esfuerzos continentales para conseguir la paz que ha realizado la Unión Africana, así como dar ayuda a la arquitectura que ha construido dicho organismo para conseguir la seguridad en el continente?
¿Considera el Consejo que los Estados miembros estarían de acuerdo en apoyar el deseo declarado de todos los Jefes de Estado africanos de que la financiación se gestione bajo la autoridad de la Unión Africana y de ninguna otra forma? Agradecería cualquier aclaración sobre en qué punto estamos en estos momentos en relación con la propuesta, extremadamente importante, que hizo el Comisario Nielson. 
Van Hecke (ELDR ).
    Señor Presidente, durante mucho tiempo el futuro de Côte d’Ivoire parecía prometedor. Era uno de los países de África que servían de ejemplo de estabilidad y crecimiento económico. Poco a poco, Côte d’Ivoire entró en un ciclo de violencia, principalmente desde la introducción de la , o identidad marfileña, un concepto de hecho comparable con el . Está absolutamente claro que la clase política dirigente, el Presidente incluido, es capaz de cualquier cosa con el fin de reforzar su poder, y al hacerlo ni siquiera duda en emprender el camino de la limpieza étnica. Las similitudes con los acontecimientos que tuvieron lugar hace dos años en vísperas del genocidio de Ruanda son muy alarmantes.
Por supuesto, no existe una alternativa inmediata a los Acuerdos Marcoussis, pero la Sra. Kinnock está en lo cierto cuando dice que es posible que tengan que ser evaluados y que haya que realizar los ajustes necesarios. En cualquier caso, el principal problema es su aplicación. La comunidad internacional no debe seguir limitándose a las meras palabras. Señor Comisario, la Unión Europea debe considerar todos los instrumentos e iniciativas posibles, incluida la de aplazar la ayuda a Côte d’Ivoire hasta que el Gobierno esté dispuesto a aplicar los Acuerdos Linas-Marcoussis de forma sistemática y en su totalidad.
Guardar silencio y mirar desde las gradas en estos momentos podría interpretarse el día de mañana como una complicidad pasiva. Evitemos que se repita lo de Ruanda. 
Rod (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la situación en Côte d'Ivoire no deja de degradarse. Hemos condenado el concepto de «marfileñidad», que manchó la legitimidad electoral de Laurent Gbagbo, pero también condenamos la sublevación militar, inaceptable en democracia. Éramos escépticos en cuanto a la firma del Acuerdo de paz de Marcoussis, que llevaba el cuño de la imposición de la antigua potencia colonial, y, como cabía esperar, no fue viable y se tradujo en la dimisión, en septiembre, de los Ministros rebeldes del Gobierno de reconciliación nacional. 
Si en los últimos meses se realizaron avances, la reanudación de los enfrentamientos hace quince días ha menoscabado las posibilidades de relanzamiento del proceso de paz. Hoy, la violencia en el Norte, como en el cinturón del cacao, y las extorsiones de las denominadas fuerzas patrióticas conducen a una multiplicación de las violaciones de los derechos humanos. Pedimos que cesen lo antes posible y que el Gobierno y las fuerzas rebeldes dejen de instrumentalizar estas manifestaciones, que en realidad no tienen nada de espontáneo. Exigimos el establecimiento de procesos de investigación para castigar a los culpables de las extorsiones. Condenamos vivamente también el asesinato del periodista francés Jean Hélène y pedimos una investigación internacional para que los responsables sean llevados ante la justicia. Llamamos a la reanudación de unas verdaderas negociaciones que pongan fin al conflicto. Solo teniendo en cuenta a todas las fuerzas políticas del país y el equilibrio entre las mismas se podrá encontrar una solución pacífica y democrática para el relanzamiento del proceso de paz, que ha de pasar por el desarme de las milicias y por la organización de unas elecciones generales legislativas y presidenciales libres bajo supervisión internacional. 
Para ello, la política de prevención de la Unión Europea debe atajar las causas estructurales, es decir, la pobreza, el reparto desigual de la riqueza, la injusticia social, la opresión de las minorías y la desorganización del Estado. Paralelamente, la Unión debe adoptar una política comercial y de desarrollo coherente para ayudar a las economías africanas y, en particular, a la población del continente. En este contexto, pedimos a la Comisión que no prolongue el acuerdo de pesca con Côte d'Ivoire mientras esté suspendida la aplicación de la cooperación al desarrollo en el marco de los Acuerdos de Cotonú. 
Para concluir, queremos expresar nuestro apego al respeto de las minorías, base indispensable para una solución pacífica de los conflictos en África.
Karamanou (PSE ).
   – Señor Presidente, no cabe duda de que el papel de la Unión, junto con el de las Naciones Unidas y la Unión Africana, es muy importante en la prevención de conflictos y el proceso de paz en el continente africano, que sigue estando desgarrado por las discrepancias y el conflicto armado.
La situación en Côte d'Ivoire es un ejemplo típico de tensión basada en diferencias étnicas y sociales. El asesinato del periodista francés Jean Hélène, corresponsal de Radio France Internationale, revela la profundidad de la crisis y el desdén por el acuerdo Marcoussis. Este acuerdo, junto con el de Cotonú, constituye un marco excelente para resolver crisis y asegurar el respeto de los derechos humanos y las reglas de la democracia. Sin embargo, generalmente, cuando hablamos de democracia y coexistencia pacífica en una zona en la que la violencia es una realidad diaria, necesitamos tener en cuenta dos factores de peso.
En primer lugar, los planteamientos tradicionales y locales para solventar conflictos. Las soluciones viables dependen en gran medida de la capacidad de la sociedad local para consolidar una relación de confianza y cooperación entre grupos opuestos. La experiencia ha demostrado que las soluciones basadas en valores locales y técnicas de mediación tienen un potencial mucho mayor para conseguir una paz duradera. Por este motivo también necesitamos incorporar las prácticas y percepciones locales en los mecanismos internacionales.
En segundo lugar, hay que tener seriamente en cuenta el papel de las mujeres en la resolución de conflictos y en el proceso de reconciliación, y agradezco al Sr. Antonione que haya mencionado esto. Esta cuestión ha preocupado en repetidas ocasiones a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo y hemos debatido posiciones relativas sobre el papel de la mujer en los procesos de paz. Las Naciones Unidas también han realizado análisis y durante la Presidencia griega hubo un informe asociado y conclusiones del Consejo Europeo de Tesalónica. El Consejo y la Comisión Europea, por lo tanto, han de tener en cuenta este factor y reforzar las iniciativas de las mujeres en los procesos de paz a través del presupuesto; 250 millones de euros sería una suma respetable.
Por ultimo, señor Presidente, quisiera mencionar que el 10 de diciembre, que fue el Día internacional de los derechos humanos, la Red de Paz de Mujeres de la Unión del Río Mano recibió el premio 2003 de derechos humanos concedido por las Naciones Unidas. Esta es una organización formada por mujeres de tres países: Liberia, Sierra Leona y Guinea, que desempeñó un papel fundamental en la prevención de hostilidades entre los tres países obligando a los líderes políticos a volver a la mesa de negociaciones, y de este modo se granjeó los elogios del Secretario General de las Naciones Unidas en abril de 2002. Menciono esto para destacar la importancia del papel de las mujeres, que a menudo no se tiene en cuenta. 
André-Léonard (ELDR ).
   – Señor Presidente, en la noche del 11 al 12 de diciembre, nuevos enfrentamientos homicidas asolaron Côte d'Ivoire. Esos enfrentamientos, entre militares marfileños y desconocidos armados, han hecho resurgir el miedo a un bloqueo del proceso de paz en Côte d'Ivoire. 
Estos sucesos se han producido en el momento en que las fuerzas de la antigua rebelión habían decidido anunciar su próximo retorno a las instituciones del Gobierno de reconciliación nacional. Por desgracia, observamos que la proliferación de las milicias es una consecuencia muy peligrosa del conflicto. Numerosos testimonios recogidos por la organización informan de múltiples abusos cometidos con absoluta impunidad por las milicias progubernamentales.
Cuando el país se disponía a franquear una etapa decisiva en el camino hacia la paz, esta nueva llamarada de violencia –en un contexto caótico– es motivo de preocupación para los defensores de los Acuerdos de Linas-Marcoussis. Dichos acuerdos, recordémoslo, tenían por objeto el cese de las hostilidades, el retorno a la paz y a la estabilidad y el mantenimiento de la integridad territorial y étnica de Côte d'Ivoire. A la luz de los Acuerdos de Linas-Marcoussis, la prioridad actual es proseguir el proceso de desarme y reinserción de las fuerzas presentes en Côte d'Ivoire. 
Por ello, el Gobierno marfileño, y sobre todo el Presidente Gbagbo, deben garantizar a los ciudadanos la protección de los derechos y libertades, y poner fin lo antes posible a las hostilidades, a falta de lo cual podríamos vernos obligados a pedir la suspensión de la ayuda a Côte d'Ivoire, una ayuda que es indispensable –somos conscientes de ello– para el pueblo marfileño. En efecto, señor Comisario, nos tememos que, por desgracia, la ayuda de la Unión sirve en gran parte para la compra de armas. Entonces, seamos prudentes, por no decir ingenuos o cómplices de un nuevo genocidio.
Nielson,
   . – Señor Presidente, permítame empezar por responder a la última intervención. Apoyar a un Gobierno en una situación complicada como esta tiene siempre el problema y el riesgo de que se produzcan consecuencias indirectas. Sin embargo, estamos haciendo lo correcto, si bien con muchas precauciones, no dando la espalda al país, sino buscando aspectos en los que podamos hacer algo significativo, teniendo también en cuenta que hay un Gobierno legítimo en el país. Hemos utilizado el sistema de Cotonú para organizar el diálogo y establecer referencias comparativas en el proceso de normalización, y vinculamos y condicionamos nuestro apoyo al Acuerdo Marcoussis y al proceso que está teniendo lugar.
Ya he comentado la cuestión concreta de la pesca. Permítanme decir unas palabras sobre el fondo de paz en respuesta a la Sra. Kinnock y la Sra. Karamanou. Acogí con sumo agrado las conclusiones del Consejo Europeo de la semana pasada sobre el fondo de paz. En dichas conclusiones, quedó perfectamente claro que el Consejo reconoce la importancia de este fondo de paz y también deja bastante claro que la financiación de estas operaciones de paz generará un impulso notable e importante para reforzar la capacidad de los africanos para alcanzar y conservar la paz en todo el continente. Por lo tanto, no hubo ninguna referencia a la forma de hacer esto aparte de la referencia implícita que se hace aquí a que se trata de un esfuerzo panafricano. Eso es lo que prevemos, y la Unión Africana y la Comisión también creen que se deben utilizar organizaciones regionales como agentes de aplicación para gestionar casos individuales. Sin embargo, de toda la arquitectura de la propuesta se deduce claramente que se supone que la toma de decisiones corresponde a la Unión Africana. Esa es también la opinión mayoritaria en los debates que están teniendo lugar dentro de la Unión Europea. Eso es muy importante, porque la estabilidad y la titularidad africana de este proceso son las claves del éxito del mismo.
Esperamos con interés los próximos pasos de la aplicación, que se producirán en breve.
Quisiera decir a la Sra. Karamanou que el fondo de paz no cubriría el coste del apoyo a organizaciones de mujeres u otras actividades similares. Es muy importante que este fondo cubra únicamente las acciones relacionadas directamente con actividades de mantenimiento de la paz o de consecución de la paz que no pueden financiarse por otros medios. Eso es lo que es nuevo y la razón por la que entramos en un nuevo campo de actividad y un nuevo método de financiación y toma de decisiones. Todo esto es nuevo por buenas razones, y tenemos que tener mucho cuidado en no solaparlo con lo que se puede financiar mediante otras fuentes, porque de lo contrario perderíamos la oportunidad.
Mis últimos comentarios sobre la situación en Côte d'Ivoire y lo que intentamos hacer: no estamos en una situación en la que hayamos cortado o congelado el gasto. No hemos suspendido las relaciones de trabajo de Cotonú, pero tenemos que adaptarnos a la situación. Estamos intentando avanzar y vincularlo a un proceso de reconciliación. De hecho, el documento de estrategia nacional y el programa indicativo nacional, por un importe total de 298 millones de euros, se debatieron en la Comisión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) el 20 de noviembre e intentaremos garantizar que su aplicación esté vinculada a la aplicación del Acuerdo Marcoussis. Incluiremos intervenciones como la promoción de la seguridad de la posesión de la tierra, con la buena gobernanza también como un elemento importante, junto con el apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2005. Se trata de un caso muy triste, pero estamos obligados a ser obstinadamente optimistas. 
El Presidente.
   Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento(1).
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre el levantamiento del embargo impuesto por la UE sobre la venta de armas a la China. 
Antonione,
   . – Señor Presidente, Señorías, el embargo sobre la exportación de armas a la República Popular China fue adoptado por la Unión Europea en 1989 tras los sucesos de la Plaza de Tiananmen. El embargo permitía solamente las exportaciones que no estuvieran asociadas con actividades represivas o lesivas para los derechos humanos, que debían examinarse caso por caso.
La China cree que en la actualidad el embargo está desfasado y que el nivel de cooperación en todos los sectores entre este país y Europa, además de los rápidos cambios que se están produciendo en la República Popular China, justifican que se levante. Nuestros interlocutores chinos destacan este hecho cada vez con más frecuencia y de forma más vehemente en cada ocasión posible, tanto multilateral como bilateral, e incluso han mencionado recientemente que el levantamiento del embargo constituye una prioridad a corto o medio plazo en las relaciones de la China con la Unión Europea.
Desde el punto de vista de las implicaciones, si se levantase el embargo contra la China, el Código de Conducta Europeo seguiría siendo aplicable en cualquier caso, con el resultado de que en realidad las exportaciones de armas no variarían sustancialmente.
El tema del posible levantamiento del embargo se ha debatido en la Unión Europea durante los últimos meses, pero no se ha llegado a ningún consenso sobre si esta revisión es oportuna. La Unión Europea reconoce que desde 1989 hasta la actualidad la situación política en la China ha evolucionado notablemente y que se han producido cambios importantes en las relaciones de la Unión Europea con este país, incluida la calidad del diálogo político. De hecho, con la creación del diálogo UE-China sobre derechos humanos se ha creado un importante vehículo en el que ambas partes pueden intercambiar opiniones y desarrollar proyectos con el objetivo de fomentar mejoras tangibles.
Por otra parte, y los chinos insisten especialmente en esto, el Gobierno chino experimentó un cambio completo en el Congreso del Partido celebrado el pasado año y los líderes actuales declaran que no tuvieron nada que ver con los acontecimientos de la Plaza Tiananmen. Sin embargo, desde el punto de vista de la Unión Europea, cuya opinión pública todavía tiene muy presentes aquellos acontecimientos, la cuestión se considera extremadamente sensible, ya que en la China persisten graves problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. De hecho, la liberalización económica y la gradual integración del país en la comunidad internacional no vienen acompañadas de una liberalización política similar, y la China todavía tiene un largo camino que recorrer antes de alcanzar los niveles de respeto de los derechos humanos considerados normales en nuestras sociedades.
La política de la Unión sobre este tema es objeto de un minucioso escrutinio y las organizaciones no gubernamentales y la opinión pública esperan resultados tangibles. Además, también conviene señalar que Pekín ha rechazado la idea de que el levantamiento del embargo dependa de avances tangibles en los derechos humanos. En cualquier caso, las condiciones necesarias para levantar el embargo todavía no están reunidas en la Unión Europea: esto se explicó de forma clara a nuestro homólogo chino durante la reciente Cumbre Unión Europea-China.
Por otra parte, está claro que existen posturas diferentes dentro de la Unión Europea sobre este tema y, en concreto, sobre la actitud ante las repetidas solicitudes de los chinos. Por lo tanto, el tema deberá seguir discutiéndose en el futuro. A este respecto, el Consejo Europeo del 12 de diciembre de 2003, que solicitó al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que revisase esta cuestión, le ha dado un impulso decisivo. 
Nielson,
   . – Señor Presidente, comparto plenamente las opiniones de la Presidencia. Quisiera añadir unos comentarios adicionales, a pesar de que obviamente no se trata de un asunto en el que la Comisión tenga una posición destacada, dada la forma en que funciona la PESC. No obstante, el Primer Ministro chino, Wen Jiabao, dijo recientemente durante su reunión en Harvard que las reformas y el proceso de apertura chinos pretenden promover los derechos humanos. Se trata de dos factores interdependientes y que se refuerzan mutuamente.
Son palabras alentadoras que demuestran que los chinos presentan los derechos humanos en un contexto que está vinculado a la orientación general de la evolución que desean tener, y lo hacen por propia iniciativa. Sin embargo, no podemos sacar conclusiones precipitadas y la realidad sobre el terreno es la vara de medir que debemos utilizar para medir los progresos, también en este campo.
Hemos visto algunos cambios reales, pero sigue habiendo buenas razones para mantener un diálogo sistematizado con China en el campo de los derechos humanos.
Llevamos años haciendo esto sistemáticamente. Por supuesto, la cuestión es que varios Estados miembros son favorables a estudiar un levantamiento del embargo de armas y han hecho pública su posición. Estos Estados miembros creen que el embargo ya no es una necesidad técnica, puesto que las ventas de armas a China ya están sujetas al Código de Conducta comunitario de 1998, o que la cuestión debería estudiarse en el contexto global de nuestras relaciones. Otros Estados miembros creen que levantar el embargo sería prematuro. Subrayan la necesidad de nuevos avances en el campo de los derechos humanos.
El Consejo Europeo de la semana pasada remitió la cuestión al primer Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores que se celebre bajo la Presidencia irlandesa. La Comisión apoya plenamente que se lleve a cabo un debate político en profundidad sobre esta cuestión. Elaborar una clara línea de acción comunitaria sobre esta cuestión al más alto nivel es importante.
En la práctica, levantar el embargo tendría pocas consecuencias para la exportación de armas europeas a China, dado que el Código de Conducta comunitario de 1998 prohíbe las exportaciones a países que no hayan renunciado a la utilización de armas para la represión interna o de forma agresiva contra otro país. De hecho, es el Código de Conducta el que debe aplicarse en esta cuestión.
Dicho eso, y dado el alto valor político y simbólico de todo el problema, cualquier análisis del mismo debe incluir una evaluación política actualizada de los avances en el frente de los derechos humanos desde 1989. Naturalmente, nos interesan las opiniones del Parlamento sobre esa cuestión, así que la Comisión acoge con agrado el debate que se está celebrando hoy en esta Cámara. 
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos rechaza firmemente los últimos intentos del Canciller alemán, Gerhard Schröder, de levantar el embargo de armas a la República Popular China.
Me complace que el representante del Consejo haya dejado claro que en la actualidad el Consejo opta por mantener el embargo de armas. Usted ha descrito la situación, señor Comisario, pero lo insto a que tenga cuidado. El Consejo Europeo de 1989 hizo bien en imponer el embargo de armas después de que se pusiese fin a las manifestaciones de la Plaza de Tiananmen de forma tan sangrienta. Señor Comisario, nosotros también creemos que se han producido mejoras en la situación de los derechos humanos en la China desde entonces, pero no han sido suficientes.
Solo hasta hace poco, el 13 de octubre, el Consejo reconsideró la situación en la China y, al igual que había hecho el Parlamento durante el mismo mes, observó que la actual situación de los derechos humanos en este país, en lo que respecta a las libertades fundamentales civiles, culturales y políticas, no cumplía ni siquiera los estándares internacionales reconocidos por la propia China. Así las cosas, aunque queremos que la China progrese, deberíamos esperar a que esto se haga realidad, por lo que levantar el embargo en estos momentos sería transmitir un mensaje totalmente erróneo. Por el contrario, deberíamos decir a nuestros amigos chinos que necesitan hacer avances perceptibles en lo que respecta a los derechos humanos en su país.
Hay un segundo motivo por el que deberíamos hacer esto. Sabrán que el 20 de marzo del año que viene se celebrarán elecciones presidenciales en Taiwán y que la República Popular China ha adoptado una postura verdaderamente hostil hacia este país durante las últimas semanas. El pasado 23 de octubre, esta Asamblea manifestó su opinión de que la China debería retirar los cohetes que tiene situados en las provincias costeras frente a Taiwán y debería iniciar el diálogo pacífico a través del estrecho de Taiwán. Este es el segundo motivo por el que el levantamiento del embargo de armas no tiene ningún sentido.
Por eso espero que no transmitamos ahora un mensaje erróneo, aunque solo sea corrigiendo lo que decimos, creyendo que podemos levantar el embargo de armas porque todo está previsto en el código de conducta. Al contrario, creo que las tensiones y la situación de los derechos humanos, que todavía es insatisfactoria, implican que debemos mantenerlo.
Van den Berg (PSE ).
    Señor Presidente, mi Grupo se opone al levantamiento del embargo de armas, y por lo tanto apoyamos la línea general de no levantar el embargo a la China en este momento.
Sin embargo, quisiera añadir un par de cosas. Quien haya tenido la oportunidad de visitar la China en varias ocasiones durante los últimos diez años –como es mi caso– sabrá que se puede observar allí un tremendo dinamismo económico, con importantes diferencias regionales y con lo que casi podría describirse como un capitalismo rígido en el plano interno, que genera numerosos e importantes problemas sociales. Una sociedad que se desarrolla de este modo también necesita un sistema político capaz de gestionar esto. Está claro que existe una enorme tensión entre esa libertad económica que, por una parte, no deja espacio suficiente para que los agentes sociales, como son los sindicatos y otros, se formen en el nivel social, y por otra, el nivel político que no admite la democracia política. Por supuesto, todos nosotros observamos el conjunto del proceso con ansiedad. La China no es un pequeño país. Es grande y poderosa tanto en términos económicos como de población.
Por lo tanto, cuando tratemos de analizar esta región desde un punto de vista geopolítico, no nos limitemos a considerarla en relación con Taiwán. Por supuesto, este es un aspecto, pero hay factores más amplios que afectan a la región. Está claro que la China quiere convertirse poco a poco en protagonista mundial. Trata de lanzar una ofensiva diplomática: después de todo, sabe muy bien que mucha gente tiene miedo ante su enorme poder económico y está tratando de ser un factor positivo a escala mundial. Para ello, debe dar efectivamente más cancha a la democracia y al respeto de los derechos humanos en su país. Todavía no se las arregla muy bien para controlar esta tensión, y algunos incluso no quieren controlarla o se involucran en algo que no consideramos posible, que es tener la libertad en una mano y la falta de libertad política en la otra. Sin embargo, en Europa tenemos mucho que ganar ayudando a la China a desempeñar este nuevo papel.
Por lo tanto, todos los colegas diputados están en lo cierto al decir «no al levantamiento del embargo de armas»: eso transmitiría una señal incorrecta. Sin embargo, al mismo tiempo, Señorías, pongamos esto en una perspectiva más amplia y dejemos claro que realmente deseamos ese diálogo profundo con la China –esto se refiere también al Consejo– y que también queremos ayudar en ese proceso. Es fundamental que la China asuma un papel en el mundo y que este sea compatible con el orden jurídico internacional. 
Andreasen (ELDR ).
    Señor Presidente, hay países en el mundo que no se toman los derechos humanos muy en serio, incluida la China, la última gran dictadura comunista del planeta. La falta de respeto de los derechos humanos es, para mí, el principal motivo por el que no deberíamos levantar aquí y ahora el embargo europeo sobre la venta de armas a la China. El pasado fin de semana el Consejo acordó que debería considerarse la posibilidad de levantar el embargo. No creemos que haya llegado el momento. Por supuesto que es cierto que ha habido avances en la China desde la masacre de la Plaza de Tiananmen de 1989, y también es un hecho que el diálogo político entre la UE y la China ha mejorado, pero todavía existen motivos de gran preocupación sobre la falta de comprensión por parte de la China de los derechos humanos y del imperio de la ley. Sabemos que se producen violaciones de las libertades fundamentales, torturas y encarcelamientos arbitrarios, que las autoridades chinas no respetan a las minorías y que se celebran muchas ejecuciones, más que en ningún otro país del mundo. También sabemos que la China ha desplegado cohetes que apuntan por encima de los estrechos hacia la democrática Taiwán y que ahora ha aumentado la tensión en los Estrechos de Taiwán.
¿Debemos cerrar los ojos ante el hecho de que una dictadura –la China– está amenazando a Taiwán, una de las más importantes democracias de Extremo Oriente? En lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, Taiwán es ejemplar, mientras que la China es motivo de alarma en muchos aspectos. ¿Vamos a ayudar ahora a los chinos a que se rearmen? Creemos que esta sería realmente una mala idea. 
Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, de vez en cuando, y solamente por un instante, los Jefes de Estado simplemente se hacen ilusiones, y creo que una de sus ilusiones es que pueden decir simplemente que quieren que se elimine el embargo de armas sobre la China. El embargo de armas es un instrumento de presión política, y esto significa que cualquier respuesta a la pregunta de qué ha cambiado en la China debe ser de naturaleza política. La China sigue teniendo al Tíbet bajo ocupación militar; todavía amenaza a Taiwán; sigue sin respetar los derechos humanos. Allí no hay perspectivas de democracia. Pueden hacer negocios con la China, así que sigan haciéndolos. Vender centrales nucleares a la China no tiene sentido y es peligroso, pero esta es otra cuestión, que tendremos que debatir con el Canciller federal alemán.
Lo que pretendo decir es que no solo sería un error expresar el deseo de levantar el embargo de armas, sino que también sería un error decir que en la actualidad se plantea la cuestión de hacerlo. Hacerlo implicaría manifestar a los chinos «estáis haciendo un excelente trabajo. Seguid deteniendo a la gente por decir lo que piensa; no nos preocupa en absoluto. Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de negocio con vosotros».
En segundo lugar, hay otra cuestión, a saber, el Presidente Chirac y el Canciller Schröder, dos Jefes de Gobierno a los que apoyo en determinadas situaciones políticas, como en torno a la guerra en el Iraq. Se me ocurre esta terrible idea: ¿se ha utilizado una estrategia similar para comprar la asociación con la China? Es impensable que considerásemos posible comprar a Putin a cambio de no decir nada sobre Chechenia y a los chinos a cambio de suministrarles armas, solamente con el fin de tener una posición común en el Consejo de Seguridad. Eso resultaría terrible.
Permítame decir, para concluir, que el Presidente Chirac y el Canciller Schröder han dicho que quieren la constitución, que quieren ser europeos, que simplemente quieren reforzar el Parlamento Europeo. Pero por supuesto, el Consejo no puede levantar el embargo de armas sin el beneplácito del Parlamento, y se supone que esto se hará mediante un código de conducta mutuamente acordado. Lo que esto significa es que el levantamiento del embargo de armas no es posible ni admisible sin el consentimiento del Parlamento, y me alegro de que, en la actualidad, ninguno de los Grupos políticos lo desee. ¡Excelente!
Cappato (NI ).
    Señor Presidente en ejercicio, sería realmente estupendo e importante poder informar a los millones de personas que han salido a las calles de Europa para prestar apoyo al Canciller Schröder e incluso a Jacques Chirac como símbolos de la Europa de la paz, que precisamente el Canciller Schröder, uno de esos grandes símbolos de la paz europea, propone hoy levantar el embargo sobre la venta de armas a la China. Estos millones de personas no son conscientes de ello y tampoco, espero, los que eligieron al Gobierno de Schröeder. Es una propuesta que, de hecho, no debería estar en nuestro orden del día; me complace decir que la decisión no debe tomarse hoy, pero parece que está casi implícito que tendrá que tomarse mañana o pasado mañana.
Detalles técnicos y formalidades aparte, una decisión como esta solamente podría tomarla una Europa que ha abandonado la promoción de la democracia y el Estado de derecho como puntos de referencia de su política internacional –y, por lo tanto, de su política de defensa y seguridad– de una vez por todas. La promoción de la democracia y el Estado de derecho no son puntos de referencia para esta Europa, sobre todo no son puntos de referencia para la Europa que se quiere la Europa de la paz, la Europa del Canciller Schröder, la Europa de Jacques Chirac; es la Europa de la vergüenza por China, Rusia y Chechenia, esta es la Europa que puede debatir esta cuestión. 
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, es esencial que la Unión Europea tenga una relación constructiva con China, dado que es el país más poblado de la Tierra y –según determinadas medidas de paridad del poder adquisitivo– una economía que adelantará a mi país, el Reino Unido, y quizás incluso a Alemania, durante las próximas dos décadas. China es un vasto país con una mano de obra bien formada y productiva, pero no es una democracia y sigue siendo en esencia un Estado comunista de partido único y autoritario, aunque el marxismo no tenga mucho peso en su pensamiento político y económico actual.
Sin embargo, celebro la colaboración de China en la lucha contra el terrorismo internacional y su acercamiento a la India, cuyo territorio sigue ocupando, tras haber sido tradicionalmente un aliado de Pakistán, cuya bomba atómica ayudó a construir. China también está ayudando a presionar a Corea del Norte para impedir que ese país haga realidad su idea de construir sus propias armas nucleares. No obstante, me parece criticable el inhumano tratamiento dado por China a los refugiados norcoreanos, que devuelve a ese país para que sean torturados o incluso ejecutados.
Sin embargo, la China Roja sigue siendo una grave amenaza para Taiwán, que ha sido un modelo de democracia, prosperidad y gobernanza. China tiene un miedo irracional a que Taiwán desee ir por el camino de la autodeterminación y la independencia, quizás porque el modelo de pluralismo y democracia es lo que menos desean los jefes del Partido Comunista.
Sin embargo, dada la actitud de China hacia Taiwán, el Tíbet y sus propios disidentes –desde los practicantes pacíficos de Falun Gong hasta los activistas por la democracia que fueron encarcelados tan brutalmente tras los acontecimientos de Tiananmen–, apoyo el mantenimiento del embargo de armas comunitario. Después de todo, el Estrecho de Taiwán sigue siendo uno de los puntos más peligrosos del mundo y los Estados Unidos están obligados a intervenir para proteger militarmente a Taiwán en el caso de que se desaten hostilidades. Por lo tanto, no queremos hacer nada que pueda contribuir a incrementar la tensión en la región. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, un debate sobre el levantamiento del embargo de armas a China tiene una tendencia natural a producir discusiones y debates toscos, y puesto que creo que algunos diputados simplifican excesivamente las cosas, trataré de introducir algunos matices en el debate. De entrada quisiera decir que considero que el levantamiento del embargo de armas no es aconsejable ni acertado. No cabe la menor duda de que me opongo a ello.
Sin embargo, la China debe ser considerada de forma más sutil que la que se ha mostrado en los puntos de vista manifestados hasta el momento, y a este respecto, por una vez, estoy más cerca de la postura del Sr. Tannock que de la de otros diputados que han intervenido hoy. La China –seamos francos– es un gran sistema económico capitalista con un Estado de partido único montado encima. Está tratando de proporcionar a su población una parte de la creciente prosperidad mundial, y el mayor peligro reside en si la China se las arreglará para mantener la estructura política de un Estado común y para cubrir las necesidades sociales de la población. El hecho es que el principal problema de la China no tiene que ver con las armas, sino con el aumento del hambre y la pobreza en sectores de la población. También tiene el importante problema de que cuenta con distintas culturas, lenguas y grupos étnicos en un solo país, y hasta el momento no ha logrado –quisiera añadir que no está sola en esto– conceder a estas diversas culturas y grupos étnicos el espacio que hará posible mantener la unidad política del país.
Así que, aunque China no necesita nuestras armas, sí necesita nuestra solidaridad y apoyo en lo que es un difícil proceso de desarrollo. No deseo a nadie de esta Asamblea una responsabilidad de alto nivel en un gran Estado problemático como la China. Este es, en mi opinión, otro motivo por el que la resolución no da en el clavo al considerar el problema de Taiwán en lo que son, lo admito, términos correctos –que la China se convierte en una amenaza–, pero excluyendo todos los demás. Solamente en un aspecto estoy más cerca de la opinión del Presidente Bush que del Sr. Cohn-Bendit, y es la creencia de que está en lo cierto al advertir también a Taiwán de que no tome medidas desacertadas. No me refiero a si estas acciones pueden estar o no justificadas, ya sea moralmente o de otro modo. En los momentos en que se forjan las crisis, hay medidas que quizás pueden estar justificadas desde un punto de vista objetivo y abstracto, pero sin embargo pueden contribuir a precipitar las hostilidades o una situación de crisis.
No corresponde a esta Asamblea advertir solamente a una de las partes de que no tome medidas unilaterales y peligrosas, sino que también debería instar a la otra parte a que sea sensata y se detenga, para intentar por todos los medios dejar el camino expedito para un acuerdo pacífico. Este es, en mi opinión, el mensaje importante que lamentablemente está ausente en esta resolución. De ahí mi conclusión de que la respuesta al levantamiento del embargo de armas sea «no». La China necesita toda la ayuda y apoyo que podamos darle, pero no en lo que respecta al armamento. Deberíamos instar a ambas partes en este punto conflictivo, la China y Taiwán, a que sean prudentes con las medidas que toman y recordarles que vivimos en un tiempo en que hay que encontrar soluciones pacíficas y no bélicas. 
Gahrton (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la UE debe ser una organización para la paz y no un traficante de armas. Por lo tanto, no debería vender armas, especialmente a países que corren peligro de utilizarlas en guerras. En esta lógica no deberíamos, en primer lugar, vender armas a los Estados Unidos, pero tampoco a la China. Mi «no» a las exportaciones de armas a la China no está dirigido solamente a este país, sino que constituye la expresión de un principio general. Todo lo que se ha dicho en esta Asamblea sobre la China es cierto, pero también existen aspectos positivos. Por ejemplo, se ha abierto un diálogo con representantes del Dalai Lama, respecto al cual el propio Dalai Lama se muestra muy esperanzado. Evidentemente, este pequeño paso no es suficiente para cambiar el panorama general. Por lo tanto, sería harto erróneo levantar el embargo de armas contra la China, pero no olvidemos que también hay otros países a los que no deberíamos vender armas. 
Gahler (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que mis críticas, en boca de un miembro de la oposición alemana, no pueden ser más mordaces que las pronunciadas en esta Asamblea hace diez minutos por un diputado que pertenece al mismo partido que el Ministro de Asuntos Exteriores alemán, que ha declarado que, al menos en este tema, el Canciller federal alemán sufre alucinaciones.
Desafortunadamente, en este caso se trata de una nueva iniciativa franco-germana, pero no destinada a devolver a estos dos países a su posición como motor de Europa en un sentido positivo, sino que, en lo que a esta cuestión respecta –al igual que otras recientes–, conduce a otros Estados miembros a sospechar de algo que cada vez es más una conspiración franco-germana que no una asociación franco-germana. De hecho, no me parece aconsejable la forma en que Alemania y Francia colaboran en esta cuestión o en el asunto del Pacto de Estabilidad, y lamento que últimamente cada vez veamos con más frecuencia a estos dos países actuando de forma muy egoísta, aunque realmente se supone que deben asumir seriamente sus responsabilidades para con el conjunto de Europa.
Ya se ha dicho –y en esto estoy de acuerdo con el Sr. Swoboda– que debemos tener una visión muy matizada de la China. Hace poco volví a ese país y cuando, por una parte, se ven los avances económicos, que son muy dinámicos, y por otra, la disposición –tras las puertas cerradas de las conferencias en cualquier caso, pero también de forma más abierta– a debatir cualquier cuestión con gran franqueza, entonces se ve a todas luces que la gente en la China está pensando. La situación en este país no está consolidada; de hecho, especialmente en la esfera política, los líderes ya se están esforzando por reflexionar sobre el modo de mantener la estabilidad del país por una parte –y este es un objetivo legítimo– y, por otra, sobre la manera en que el dinamismo presente en la esfera económica puede encontrar también una expresión política, ya que es en la política en donde se han hecho todavía pocos avances. Tampoco es el momento oportuno para levantar nada, ya que lo que provocó la imposición del embargo no ha desaparecido todavía. No hemos olvidado la Plaza Tiananmen, ni ha habido ningún cambio de las condiciones del marco político que provocaron aquellos acontecimientos.
Por otra parte, también se ha dicho que Taiwán está amenazada; se trata de un país que en realidad, desde el punto de vista de la política de una sola China, es territorio chino. ¿Cómo puede amenazase el propio territorio con cohetes como estos? Quizás la China debería reflexionar sobre esto. En cualquier caso, no es Taiwán quien representa una amenaza para la China, sino al revés. Estas dos consideraciones –los derechos humanos y la amenaza a Taiwán– deberían hacer que el Consejo se detuviese por un momento antes incluso de considerar el levantamiento del embargo de armas. Hacerlo sería transmitir un mensaje totalmente erróneo. 
Mann, Thomas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, si no quieren incumplir los principios de nuestra comunidad europea de valores, aquellos que pretenden eliminar el embargo de armas impuesto a la China deben tener en primer lugar una prueba clara de un cambio de la situación de los derechos humanos. El Canciller Schröder quería tratar de congraciarse con el Primer Ministro chino Wen Jiabao. Con la esperanza de mejorar el clima para las exportaciones, sumó precipitadamente su voz a la de los que solicitaban poner fin al embargo, dando un paso al frente de forma poco profesional, sin consultar con otros países. En esto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Cohn-Bendit. Lo suyo no es Confucio, sino confusión.
Ya en 1989, el embargo fue una respuesta a la severidad con la que se eliminó el movimiento democrático; en la actualidad se encuentra entre los instrumentos más importantes que ejercen presión política en favor del cambio en la República Popular China. Los que piensan en términos exclusivamente económicos hacen la vista gorda. Puedo decirle al Sr. Swoboda que Amnistía Internacional habla de unas 1 500 ejecuciones al año, con cientos de miles de personas en prisión, maltratadas, torturadas y esperando en vano un juicio justo. Las condiciones de los tibetanos, los mongoles y otras minorías siguen siendo intolerables y nuestro silencio al respecto no servirá para mejorar las cosas.
Desde 1999 he sido presidente del Intergrupo para el Tíbet del Parlamento Europeo. Todos aquellos que se han dirigido a nosotros, y todos nuestros invitados que conocen bien la China, no nos dejan dudas de que, en lo que respecta a los derechos humanos, prácticamente no ha habido avances.
También pienso en Taiwán. Durante semanas, Pekín ha amenazado con un ataque militar en caso de que Taiwán decidiese celebrar un referendo sobre la independencia formal.
Celebro la iniciativa de la Comisión de inspeccionar la venta prevista de una central nuclear alemana a la China.
La exportación de bienes utilizables está sujeta a la aprobación de la Unión Europea; me complace ver que el Sr. Cohn-Bendit está de acuerdo conmigo en este punto.
Se necesitan dos cosas: una es que los Estados miembros mantengan sus restricciones sobre las ventas de armas y otra es que tenemos que abordar los datos reales sobre la República Popular China, tanto a escala nacional como a escala comunitaria, y cabe esperar que finalmente, a principios de 2004, a escala internacional en la Convención de los Derechos Humanos de Ginebra.
Van Orden (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hacía bastante tiempo que no veía tanta unanimidad en la Cámara sobre una cuestión. Parece que son los Gobiernos francés y alemán los principales partidarios del levantamiento del embargo de armas a la China, así como los controles sobre las exportaciones de tecnología nuclear de doble uso. Dado su historial durante el pasado año, hay razones para sospechar de cualquier iniciativa de política exterior procedente de esos Gobiernos.
Considero muy preocupante que, en determinados aspectos, Francia y Alemania prefieran aparentemente la idea de una asociación estratégica con países como China, en lugar de los Estados Unidos. Me refiero a propuestas relativas al proyecto Galileo que tienen implicaciones militares.
¿Por qué el Consejo Europeo ha decidido en este momento que hay alguna razón para replantear el embargo de armas comunitario contra la China? ¿Qué avances positivos concretos en la China dan pie a esa medida? Por supuesto, todos queremos que las relaciones con la China mejoren, pero no a expensas de nuestra seguridad. La China todavía tiene que hacer grandes avances para introducir la democracia y el respeto de los derechos humanos y para convencernos de que desea ser un socio pacífico de la comunidad internacional
Es prematuro estudiar cualquier levantamiento generalizado del embargo de armas. 
El Presidente.
   Para concluir el debate, he recibido seis propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento(1).
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.

Atkins (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, antes de que empiece la votación. Ya tuve la oportunidad de hablar sobre esta misma cuestión la última vez. El Vicepresidente en ese momento, el Sr. David Martin, se comprometió a investigar y remitirle la cuestión a usted, pero, aprovechando que ahora preside usted la sesión, se lo voy a preguntar directamente.
Cada vez pasa más que, aunque se fija una hora para la votación, esta se retrasa día tras día. No parece razonable ni competente esperar que los diputados estén aquí a la hora y luego no proceder. Aunque el retraso de hoy es de solo siete minutos, no había ningún asunto previo que nos haya demorado. Incluso si hay asuntos previos, creo que las votaciones, que son tan importantes para esta Cámara, deben tener lugar siempre puntualmente, sin ninguna concesión. Todo lo demás debe quedar supeditado a las votaciones. Le ruego que estudie esta cuestión urgentemente.
El Presidente. –
   Espero que tenga en cuenta que yo también estaba aquí a la hora, preparado para empezar. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
(1)
–Señorías, quisiera dar las gracias en su nombre al ponente, el Sr. Rothley, y al Sr. Gargani, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por ayudarnos a alcanzar este hito. La Cámara ha votado sabiamente y bien. Ahora es nuestra obligación cumplir lo que hemos votado, nada más y nada menos. Junto con el Consejo, avanzaremos en esta cuestión.

Randzio-Plath (PSE ),
   . – Señor Presidente, el 18 de noviembre, este Parlamento rechazó por amplia mayoría la propuesta de la Comisión sobre los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo. De conformidad con el apartado 3 del artículo 68 del Reglamento, y tras la negativa de la Comisión a retirar su propuesta, vuelvo a presentarme ante ustedes para informarles de que el 2 de diciembre la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios volvió a estudiar la cuestión y a confirmar su decisión anterior de rechazar la propuesta. En representación de la ponente, la Sra. Kauppi, que no puede estar presente hoy aquí, reitero nuestra convicción de que este esfuerzo de armonización no está justificado ni desde el punto de vista medioambiental ni desde el de la competencia.
Solicitamos a la Comisión que presente una nueva propuesta y retire la actual con el fin de tener un texto más acorde con la Directiva de fiscalidad de la energía recientemente aprobada. Un enfoque que evite la armonización absoluta, por ejemplo con una banda de tipos con un límite superior y uno inferior, sería una opción más realista, tanto en cuanto a las posibilidades de avanzar en el Consejo como para permitir cierta competencia fiscal entre Estados miembros. También es necesario coordinar la fiscalidad de los carburantes con las tasas sobre las infraestructuras con el fin de garantizar unas reglas del juego equitativas.
Por todas esas razones, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios solicita al pleno del Parlamento Europeo que vuelva a confirmar su rechazo de la propuesta de la Comisión sobre los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo. 
El Presidente.
    La Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone, por lo tanto, que el Parlamento apruebe la resolución legislativa para rechazar la propuesta de directiva.
Manders (ELDR ),
   .  Señor Presidente, en estos días he hecho un último intento por llegar a acuerdos, y he ofrecido un paquete de compromiso sobre este tema. Desgraciadamente, no ha habido manera, pese a todos los esfuerzos por parte de los ponentes alternativos, por los que quisiera expresarles mi gratitud. En cualquier caso, podemos afirmar que, pase lo que pase, hoy es un verdadero «día del medio ambiente», porque ahora, por primera vez en la historia de la Unión Europea, vamos a aprobar una legislación que nos proporciona un fundamento jurídico para hacer pagar a los contaminadores por los daños que ocasionan. Creo que este es un tanto que nos hemos anotado. 

Müller (PSE ),
   . – En mi calidad de ponente, quisiera hacer una breve declaración en beneficio de los diputados. Hoy vamos a votar sobre el paquete de compromiso relativo a la legislación sobre medicamentos, un compromiso que refleja la influencia de muchas ideas diferentes de esta Asamblea. Por ello pido a sus Señorías que apoyen los bloques 1, 2 y 3, pero en ningún caso el bloque 4 o partes del mismo. Si se aprueba solamente una enmienda del bloque 4, tendremos que recurrir a la conciliación y no será posible aprobar hoy la posición común; de ahí mi petición. El paquete que hemos elaborado en el Consejo es bueno, por lo que les pido que apoyen el compromiso.
Grossetête (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, gracias por concederme la palabra ahora, porque, en realidad, los tres informes que vamos a votar constituyen un paquete. Junto con mi colega, la Sra. Müller, hemos obtenido excelentes compromisos que nos permiten realizar avances muy importantes en materia de legislación farmacéutica. 
Quisiera decir, como acaba de indicar la Sra. Müller, que es esencial que votemos los compromisos tal como se presentan, y no votar a favor de las enmiendas que no han sido objeto de los mismos. La votación de una enmienda que no forme parte de los compromisos pondría en peligro los compromisos a que hemos llegado con la Presidencia italiana. Quisiera llamar realmente la atención de sus Señorías sobre esto: voten a favor de los compromisos y no voten a favor de las otras enmiendas que no forman parte de los mismos.
Liikanen,
   . Señor Presidente, quisiera reiterar que la Comisión apoya plenamente el paquete de compromiso presentado por las dos ponentes, la Sra. Müller y la Sra. Grossetête, y aceptado por los Grupos. Sin embargo, tras el debate de anoche y a petición de varios diputados, quisiera reiterar y aclarar la posición de la Comisión sobre las enmiendas relativas a medicamentos homeopáticos.
La Comisión también está de acuerdo con el paquete de compromiso en este campo. Por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas que introducen conceptos técnicos no definidos que pretenden ampliar el procedimiento de registro más allá de los requisitos que definen este procedimiento simplificado o que son contrarias a la armonización que se pretende conseguir.
En lo que respecta a la enmienda transaccional 20, que la Comisión acepta, quisiera puntualizar lo siguiente. En un primer momento, la enmienda presentada pedía a los Estados miembros que tuvieran debidamente en cuenta los registros entregados por otros. Quedó claro que la posición común ya había previsto en su artículo 39 el hecho de que el procedimiento regulador comunitario debe aplicarse también a este tipo de productos, así que la posición común ya ha sobrepasado el objetivo.
La enmienda transaccional 20 aclara la situación jurídica estableciendo que el procedimiento regulador comunitario será de aplicación a las medicinas homeopáticas registradas y que debe aceptarse.
Este paquete de compromiso mejoraría esencialmente la posición común aceptada por el Consejo. Por eso, la Comisión apoya las propuestas de la Sra. Müller y la Sra. Grossetête. 

Chichester (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de que, tras el debate de anoche y las conversaciones con la Presidencia, y con el espíritu de compromiso que refleja nuestro trabajo sobre este conjunto de propuestas, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía me ha pedido que retire las enmiendas 3 y 11. Por lo tanto, doy por hecho que la Comisión apoya plenamente todas las enmiendas y la Presidencia ha indicado ya su apoyo. Por lo tanto, ruego a mis colegas que voten a favor del resto de las enmiendas. El bloque 1 sintetizará en la práctica otras tres enmiendas. 

(2)
(3)
El turno de votaciones queda cerrado.

Konrad (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, una vez más abordamos el Estatuto de los diputados, en un momento en que Europa ha sido incapaz de resolver la cuestión de la constitución, en un momento en que, tan solo hace unas semanas, el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea ha demostrado ser un fracaso, en un momento en que, enfrentados a problemas económicos en la Unión Europea, estamos tratando de desterrar el desempleo. En un momento como este, el Parlamento ha considerado oportuno una vez más prestarse atención a si mismo. El Estatuto de los diputados volvió al orden del día de esta Asamblea y –aparte de la cuestión de si necesitamos normas que se apliquen desde Finlandia hasta Sicilia– creo que es un mal espectáculo que tratemos de resolver de nuevo el problema antes de que los Estados de Europa Central y Oriental se hayan incorporado a la Unión Europea y antes de que los diputados a esta Cámara hayan sido capaces de tomar una decisión. Esto es lo que yo critico, y por este motivo he votado «no» a la cuestión del estatuto en su forma actual. 
McAvan (PSE ).
   – Señor Presidente, he apoyado el Estatuto de los diputados porque necesitamos una reforma urgente de nuestro sistema de gastos de viaje, a tiempo para la próxima legislatura que comenzará en julio. Ahora que tenemos esta resolución, podemos abrir negociaciones con el Consejo sobre el Estatuto de los diputados. Espero que cuando analicemos el nivel salarial, volvamos a leer el informe de los expertos independientes, que nos mostró un excelente camino para avanzar en el análisis de la cuestión salarial. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, mi Grupo me ha pedido que dé una explicación en su nombre. Simple y brevemente, se trata de una cuestión que afecta al apartado (b) del artículo 2. Como dije en el debate de esta mañana, estamos totalmente a favor de la reforma del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades. Las actuales normas sobre privilegios e inmunidades no son satisfactorias. Sin embargo, como dijimos en el debate que dio lugar a la decisión los días 3 y 4 de junio, el texto que se aprobó entonces llega demasiado lejos en los privilegios e inmunidades que estipula. Así que hemos votado en contra del apartado (b) del artículo 2, no porque nos opongamos a la reforma, sino porque es un modelo de reforma demasiado generoso. 
Breyer (Verts/ALE ).
   – Los motivos por los que he votado en contra del Estatuto son los siguientes. Permítanme decir sin rodeos que considero que es importante y oportuno que nuestros gastos de viaje sean los reales, pero todos los presentes en esta Asamblea sabemos que esto no tiene en absoluto nada que ver con el Estatuto. Podríamos cambiar mañana el vínculo entre los gastos de viaje y los gastos reales; no tiene en absoluto nada que ver con el Estatuto. Sin embargo, celebro la perspectiva de que pronto tengamos normas al respecto. En lo que se refiere al Estatuto, acepto que lo que se decidió en verano se ha mejorado, especialmente lo que respecta a la edad de jubilación.
Sin embargo, sigo sin poder estar de acuerdo, ya que realza un desequilibrio social en un momento en el que, en toda Europa, se están haciendo recortes profundos en los presupuestos de la seguridad social, y no está bien que nosotros, en esta Asamblea, insistamos de nuevo en una especie de regalo de Navidad, de forma que por ejemplo los diputados alemanes al Parlamento Europeo obtengan aumentos del 20%. Creo que esto es inaceptable. Tampoco me parece bien que debamos basar nuestros cálculos en los ingresos de un juez, al que, permítanme recordarles, no se le permite ningún otro empleo. Yo habría considerado más correcto tomar como base el promedio de ingresos de todos los diputados al Parlamento Europeo, que para mí habría sido un planteamiento más adecuado, y sigo sin considerar conveniente que pueda permitirse a un diputado al Parlamento Europeo tener otras fuentes de ingresos cuando a los jueces esto no se les permite. Sigue sin parecerme bien que no esperemos a que mejore el nivel de vida en general antes de hacer algo con respecto al de los diputados al Parlamento Europeo. Mi rechazo del Estatuto se basa en mi creencia de que los aumentos de este tipo dan lugar a un desequilibrio social; yo recibiría mucho más en concepto de pagos relacionados con el salario que mis homólogos del , lo cual también considero una injusticia. Considero que con esto el Parlamento se está haciéndose a si mismo un regalo de Navidad en lugar de ponerse a tono con lo que comenta el público.
Quizás se me permita hacer un comentario final, a saber, que espero que sea posible introducir nuevas mejoras con el fin de cambiar el desequilibrio resultante del Estatuto, especialmente en su dimensión social. 
El Presidente.
   No sé qué problema ha habido con el Grupo Verts/ALE, pero el Reglamento establece muy claramente que deben notificar las explicaciones de voto. Sin embargo, señora McKenna, aceptaré su explicación de voto. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, el Estatuto de los diputados presenta importantes problemas. Al final he decidido apoyarlo, pero tengo muchos problemas porque la cuestión de los gastos no se ha separado de la cuestión de los salarios. Muchas personas de mi país se sentirán decepcionadas porque, técnicamente, muchos diputados han votado para incrementar enormemente sus salarios. Eso no va a sentar bien en los Estados miembros. 
Alavanos (GUE/NGL ),
   .– La retractación del Parlamento Europeo sobre las propuestas para el Estatuto de los diputados cerró la posibilidad de encontrar una solución al problema durante la Presidencia italiana. La resolución de hoy pretende recuperar una vez más la posibilidad de resolver el problema, motivo por el cual he votado a favor de ella. El Parlamento Europeo está expuesto a la opinión pública; no puede fiscalizar a las demás instituciones comunitarias cuando su propia casa no está en orden. Concretamente en el caso del sistema de los gastos de viaje, debe hacerse todo lo posible por mejorarlo antes de las elecciones europeas. 
Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE ),
    Quisiera destacar la importancia de que finalmente nos acerquemos más a la obtención de un Estatuto de los diputados que significaría el final del sistema de compensación encubierto que ha existido hasta el momento en el Parlamento. Queremos un sistema a través del que se reembolsen los gastos de viaje reales. Un sistema que implique un salario –aunque sea mayor que el actual de muchos diputados al Parlamento Europeo– es mejor porque se trata de un sistema abierto que puede ser examinado y evaluado por el electorado. Pese a este planteamiento básico, queremos dejar claro que consideramos que el nivel salarial recomendado en el informe del Parlamento de junio de 2003 es demasiado alto y que deberíamos seguir presionando a nuestros Gobiernos para que luchen en el Consejo por un nivel salarial más sensato. 
Berthu (NI ),
   .– Por las razones de principio que indiqué en mi intervención en el debate, he votado en contra de la resolución de nuestra Asamblea, que una vez más apela a un Estatuto unificado de los diputados europeos.
Quisiera añadir que, cuanto más se avanza en la negociación de dicho Estatuto, más dificultades surgen, más complicaciones se inventan para resolver esas dificultades, y más insostenible resulta el sistema propuesto.
En particular, no se comprende cómo, en nombre de un principio de igualdad inexistente entre diputados al Parlamento Europeo, se podrían crear desigualdades profundas y muy reales dentro de cada país. Por ejemplo, ¿cómo podría ser que un diputado europeo de un nuevo Estado miembro recibiera una retribución equivalente a veinte veces el sueldo de un diputado nacional? ¿Y cómo corregir semejante desigualdad? Cuestiones del mismo tipo se plantean con la fiscalidad: ¿cómo pensar que un diputado al Parlamento Europeo, ya bien remunerado, pague un impuesto sobre la renta a un tipo muy inferior al de sus conciudadanos? 
Como he destacado en el debate, la obstinación dogmática de algunos diputados federalistas está creando una confusión que será nefasta, una vez más, para la imagen de la Unión Europea. 
Bonde (EDD ),
    El Movimiento de Junio ha optado hoy por no votar ni en contra ni a favor de la propuesta de resolución común RC-B5-0543/2003 sobre el Estatuto de los diputados.
El Movimiento de Junio se ha abstenido de votar porque la enmienda 1, que habría implicado la regulación completa del modo en que se reembolsan los gastos de viaje y habría aportado una transparencia mucho mayor, ha sido rechazada.
El sistema actual, que implica el reembolso poco transparente y libre de impuestos de los gastos de viaje, además del reembolso de los gastos generales, es inaceptable. Sin embargo, el actual borrador de Estatuto de los diputados no resuelve los problemas de forma satisfactoria.
No es aceptable
- que la remuneración de los diputados daneses al Parlamento Europeo se vea incrementada en más de un 50%;
- que todavía se emita, además del reembolso de los gastos de viaje reales, un pago libre de impuestos basado en la distancia del viaje y el tiempo invertido en el mismo;
- y que el reembolso de los gastos generales (en la actualidad unas 26 000 DKK por mes) siga pagándose libre de impuestos y sin tener que justificarlo.
Debido a las diferencias de los sistemas nacionales de los diputados al Parlamento Europeo y a la falta de voluntad de la mayoría para trazar una línea bajo los mecanismos libres de impuestos, sería mejor dejar que cada Estado miembro o los movimientos/partidos relevantes en cada Estado miembro establezcan las normas adecuadas para sus diputados al Parlamento Europeo. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Aunque el compromiso que propone el Parlamento Europeo al Consejo introduce algunas enmiendas en su propuesta del 3 y el 4 de junio (sobre aspectos fiscales y sobre privilegios e inmunidades, por ejemplo), conserva aspectos con los que no estamos de acuerdo, como el de fijar un salario parlamentario mensual igual para todos los diputados, independientemente del país al que representen.
La cuestión no es establecer o no un Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. La cuestión es su contenido. Como hemos dicho, los diputados a esta Cámara son elegidos para representar circunscripciones nacionales. Por lo tanto, están vinculados a las mismas y deben seguir estándolo. Esto significa que el salario de un diputado al Parlamento Europeo debe basarse en el salario pagado a los diputados de los parlamentos nacionales del país en el que fue elegido.
Del mismo modo, no podemos ignorar la existencia de realidades sociales muy distintas en los países de la UE. Pagar un salario parlamentario igual para todos los diputados al Parlamento Europeo dará lugar a situaciones de gran desigualdad y disparidad en distintos países, como Portugal, entre los salarios de los trabajadores y los de los representantes políticos y titulares de cargos públicos. Eso sería totalmente incomprensible.
De ahí nuestro voto en contra del informe. 
Frahm y Sjöstedt (GUE/NGL ) y Lund (PSE),
    Hoy hemos optado por no votar ni en contra ni a favor de la propuesta de resolución común RC-B5-0543/2003 sobre el Estatuto de los diputados.
El sistema actual, que implica el reembolso poco transparente y libre de impuestos de los gastos de viaje, además del reembolso de los gastos generales, es inaceptable. Sin embargo, el actual borrador de Estatuto de los diputados no resuelve los problemas de forma satisfactoria.
No es aceptable
- que la remuneración de los diputados daneses y suecos al Parlamento Europeo se vea incrementada en más de un 50%;
- que todavía se emita, además del reembolso de los gastos de viaje reales, un pago libre de impuestos basado en la distancia del viaje y el tiempo invertido en el mismo;
- y que el reembolso de los gastos generales (en la actualidad unas 26 000 DKK por mes) siga pagándose libre de impuestos y sin tener que justificarlo.
Debido a las diferencias de los sistemas nacionales de los diputados al Parlamento Europeo y a la falta de voluntad de la mayoría para trazar una línea bajo los mecanismos libres de impuestos, sería mejor dejar que cada Estado miembro o los movimientos/partidos relevantes en cada Estado miembro establezcan las normas adecuadas para sus diputados al Parlamento Europeo. 
Gebhardt (PSE ),
   Hace ahora casi veinticinco años que los diputados al Parlamento Europeo fueron elegidos directamente por el pueblo por primera vez. Esto fue un hito. Sin embargo, hasta la fecha no existe una Ley sobre el estatuto jurídico de los diputados que regule sobre una misma base los derechos y deberes de los diputados al Parlamento Europeo, y esto es una vergüenza, pero hay que reconocer que no es esta Asamblea la que debería avergonzarse, sino el Consejo
Fui elegido por primera vez a este Parlamento en 1994. Desde entonces he tenido, en repetidas ocasiones, la experiencia de ver cómo el Consejo, cuando se trataba de la cuestión del Estatuto de los diputados, nos dejaba dar vueltas en círculos. El segundo intento conjunto que he experimentado se produjo este verano, y cuando finalmente habíamos aprobado un Estatuto lleno de concesiones y disposición al compromiso, pensé que estábamos en tierra firme. Todo lo que hacía falta era la aprobación del Consejo, pero este adopta su postura habitual de no darse por enterado. ¡Qué vergüenza!
He votado en contra de la resolución porque no puedo entender por qué deberíamos descartar el Estatuto que hemos aprobado y presentar al Consejo no una ley sobre la situación jurídica de los diputados al Parlamento Europeo, sino simples escalas salariales, de las que no podemos evitar avergonzarnos y por las que el público nos ridiculizará. 
Gröner (PSE ),
   . Estoy convencida de que el Estatuto de los diputados, reclamado con tanta vehemencia por esta Asamblea, es una señal más del fracaso de la Presidencia italiana del Consejo. La solución elegida para la cuestión de la tributación de los diputados al Parlamento Europeo es una chapuza temporal, pero, sobre todo, no hay normas sobre el estatuto jurídico legal de los diputados. En ninguna circunstancia puedo votar a favor mientras la cuestión de la inmunidad siga sin resolverse, ni puedo aceptar la reducción de derechos que garantiza el ejercicio de un mandato independiente, como los que se acuerdan para nuestros homólogos de los parlamentos nacionales y regionales. Por lo tanto, ya no confío para nada en la voluntad del Consejo, en la actualidad, para crear un estatuto único de los diputados al Parlamento Europeo y por ese motivo voto en contra de la resolución RC B5-543-/2003.
Klaß (PPE-DE ),
   . He votado en contra de la resolución, creyendo como creo que es el peor momento posible para reanudar un debate sobre el Estatuto de los diputados.
En la actualidad, la Unión Europea tiene tareas esenciales y fundamentales que atender. En el período inmediatamente posterior a una cumbre fallida, y enfrentándose a todos los problemas de la integración europea, en esta Asamblea debemos limitarnos a lo que es esencial y necesario. La importancia de un estatuto común significa que debe buscarse una solución conjuntamente con el Consejo y sin premuras de tiempo. 
Malmström, Paulsen y Schmidt, Olle (ELDR ),
    Es importantísimo establecer lo antes posible normas comunes abiertas, claras e inequívocas. Por lo tanto, hemos optado por votar a favor de la resolución, pero no de las propuestas que reclaman la reducción de la edad de jubilación. También creemos que los salarios deberían ser similares a los de los diputados al Paramento sueco y que estos deberían tributar en el país respectivo. 
Meijer (GUE/NGL )
   , . – La introducción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo ha sido defendida durante años a modo de cura milagrosa para el enriquecimiento de los diputados al Parlamento Europeo. En lugar de permitir a los diputados aumentar sus ingresos de forma considerable mediante prestaciones en exceso no registradas por las administraciones tributarias nacionales, haría una distinción muy clara entre los ingresos y los gastos realmente ocasionados. Al mismo tiempo, pondría fin a la igualdad salarial de los diputados al Parlamento Europeo y los miembros de los parlamentos nacionales de su país. De hecho estoy de acuerdo con esta igualdad salarial, aunque en la práctica conduce a diferencias extremas de ingresos entre los diputados al Parlamento Europeo y por lo tanto se considera un fraude alentador. Los menos pagados compensan su deficiencia y los más pagados, por voluntad propia, también sacan provecho. Por lo tanto, siempre he apoyado los esfuerzos por elaborar dicho estatuto. Sin embargo, votaciones anteriores han revelado que no se podría obtener el apoyo de la mayoría para esto sin recortes fiscales y enormes aumentos salariales para los diputados al Parlamento Europeo de un gran número de Estados miembros, incluido mi país, los Países Bajos. La propuesta actual se basa en la resolución del 3 de junio de 2003, en contra de la cual he votado por este motivo. Hace algunas concesiones a las objeciones del Consejo, especialmente en materia de tributación nacional, que no mejoran suficientemente la propuesta para permitir votar a favor en estos momentos. 
Miller (PSE ),
   . La delegación del Partido Laborista en el Parlamento Europeo ha votado hoy a favor de la retirada de cualquier obstáculo que impida la aprobación de un Estatuto de los diputados. También ha votado a favor de que comiencen las negociaciones con el Consejo sobre el nivel adecuado de remuneración de los diputados al Parlamento Europeo. La base de ese nivel debe ser el estudio realizado por el grupo de expertos.
Otro aspecto que apoyamos es la fiscalidad nacional. En todo momento hemos apoyado el concepto de que los diputados al Parlamento Europeo no deben recibir un tratamiento distinto en el campo de la fiscalidad que los demás residentes de sus Estados miembros. También es importante que hoy vayamos a ultimar la reforma de toda la cuestión de los gastos. Durante demasiado tiempo, la cuestión de los gastos ha perseguido al Parlamento y ahora tenemos la oportunidad de dejarla zanjada. 
Seppänen (GUE/NGL ),
   . – He votado a favor de la propuesta porque si queremos un cambio del sistema actual, es este o ninguno. He votado a favor de esta propuesta basándome en que el sistema de gastos de viaje se reformará de tal modo que estos se paguen en función de los costes realmente devengados. 
Thorning-Schmidt (PSE ),
    Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que puede poner fin al debate de este año sobre el salario, la pensión y las condiciones de viaje de los diputados al Parlamento Europeo. Con este acuerdo, el Parlamento Europeo ha ido tan lejos en complacer al Consejo que ahora finalmente existe la posibilidad de que se adopte un Estatuto de los diputados.
Me complace mucho este resultado, que significa, por ejemplo, que los diputados al Parlamento Europeo estarán obligados a justificar sus gastos de viaje.
La conformidad del Parlamento se basa en un acuerdo relativo a que todos los diputados al Parlamento Europeo deberían recibir los mismos salarios. La suma es una media ponderada de la remuneración recibida por los diputados al Parlamento Europeo de los cuatro países más grandes. Esta equivale a 8 600 EUR, de la que los propios diputados tendrán que cotizar para sus pensiones. Por otra parte, cada Estado miembro podrá decidir que sus diputados al Parlamento Europeo paguen sus impuestos al Estado miembro. Por último, la edad de jubilación para los diputados al Parlamento Europeo aumentará de 60 a 63 años.
Este es un compromiso sensato por el que todos hemos tenido que sufrir. Creo que el salario establecido es muy alto, pero este es el precio de haber logrado llegar a un compromiso. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Confirmamos el rechazo de la propuesta de la Comisión que, en nombre de la lucha contra las distorsiones de la competencia en el mercado interior y en la protección medioambiental y, basándose en el principio de que «quien contamina paga», trata de alcanzar la armonización gradual al alza de la fiscalidad del gasóleo profesional, y separar los sistemas de tributación reservados a fines profesionales de los que tienen fines privados. Esta propuesta de directiva, que ya había sido rechazada por el Parlamento Europeo, forma parte de la estrategia planteada en el Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», cuya intención declarada es tratar de redistribuir la carga fiscal entre los «usuarios» y los «contribuyentes» y cargar los costes «reales» del transporte a los «usuarios».
La Comisión propuso «instaurar una tarificación progresiva del uso de las infraestructuras de transporte y reforzar la coherencia del sistema fiscal» y crear, en el plazo de diez años, un sistema tributario europeo que incluya los impuestos de matriculación y circulación, un sistema «inteligente» para cobrar por el uso de las infraestructuras y armonizar la tributación sobre el combustible. También estableció tipos mínimos del impuesto especial sobre la gasolina sin plomo y un tipo central para el gasóleo profesional. Sin embargo, dado nuestro desacuerdo con la mayoría de estas propuestas, apoyamos las posiciones planteadas para rechazar la propuesta de la Comisión, que es lo que ha vuelto a suceder. 

Bernié (EDD ),
   .– Legislar sobre responsabilidad ambiental equivale a abrir la caja de Pandora, por lo mal definido que está el daño ambiental y por lo impreciso que es su ámbito de aplicación, en particular en materia de biodiversidad, ya regida por dos grandes convenios internacionales, el de Berna y el de Bonn.
La reparación debería limitarse a las zonas Natura 2000 y habría que excluir de las actividades profesionales las actividades no lucrativas, como el ocio. Sin embargo, la Directiva no distingue entre estos dos tipos de actividades. Para aplicar la responsabilidad, esta debe basarse en criterios objetivos y cuantificables: la naturaleza del daño y su impacto, el estado del medio ambiente en el momento del daño y, sobre todo, las circunstancias locales. El permiso para contaminar y el concepto de «estado de los conocimientos científicos y técnicos» deben mantenerse para aplicar, eficazmente, el principio de que «quien contamina paga», y no sustituirlo por el principio de que «el contribuyente paga». La responsabilidad debe englobar los organismos modificados genéticamente y los hidrocarburos, temas sensibles que están excluidos de su ámbito de competencia. Más en general, ¿qué interés puede haber en ceder una competencia a la Comisión Europea cuando la penalización del delito medioambiental depende de la cooperación judicial y se podrían utilizar otros instrumentos jurídicos como el Convenio de Lugano del Consejo de Europa?
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Estamos elaborando la propuesta de una directiva, presentada en enero de 2002, sobre la responsabilidad medioambiental con respecto a la prevención y reparación de los daños medioambientales, que es especialmente importante para garantizar una mayor protección del medio ambiente y para combatir todo tipo de contaminación, estableciendo nuevos principios y proponiendo nuevas obligaciones, concretamente para las empresas.
Sin embargo, resulta que no es ni mucho menos un proceso rectilíneo, especialmente en el Parlamento Europeo, donde se ha hecho sentir la presión ejercida por los diversos intereses económicos, y por este motivo ha sido la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y no la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor la que ha negociado esta directiva. La posición común del Consejo rechazó algunas de las propuestas del Parlamento Europeo, solamente algunas de las cuales se han aceptado ahora en segunda lectura. Los resultados de la votación revelan ciertas contradicciones y debilidades en la postura final del Parlamento, que ha rechazado la mayoría de las propuestas de mi Grupo, aunque la mayoría de las propuestas negativas de la Comisión también han sido rechazadas.
Veremos cuál será el resultado final, pero todo indica que se quedará corto con respecto a lo que se necesita. 
Meijer (GUE/NGL )
   , . – El principio de que «quien contamina paga» cuenta con una gran aceptación en la actualidad. Sin embargo, ¿implica esto que los que tienen mucho dinero pueden causar una gran contaminación? Es más, ¿qué sucede si el culpable no puede pagar o si no se encuentra al autor, o si todo se lleva conforme a las normas sobre la autorización? Mientras se siga considerando más importante la economía que el medio ambiente, siempre se buscarán circunstancias atenuantes y excepciones. Deben tomarse más medidas para hacer que los desastres que implican a los petroleros en el mar y a las centrales nucleares sean prácticamente imposibles, pero si estos desastres se producen, el daño es enorme. En la situación actual, el seguro obligatorio para todas las actividades económicas constituye el arma más importante para prevenir este tipo de desastres. Las compañías aseguradoras, a las que no les gusta pagar grandes sumas, obligarán a las empresas aseguradas a que mejoren su seguridad. En el debate preliminar quedó claro que no se trata solamente de una cuestión de régimen técnico que nadie discute. Los desastres relacionados con el petróleo y los que implican la energía nuclear están exentos debido a los regímenes internacionales insuficientes. La derecha afirma que los seguros obligatorios no constituyen una práctica habitual, pasarán a ser prohibitivamente caros y darán lugar a un exceso de burocracia. La alternativa sería que nadie pagase la limpieza y recuperación en el caso de desastres naturales, o que esto se pagase con nuestros impuestos. Apoyo todos los esfuerzos por hacer más estricta esta Directiva. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Acojo con agrado la labor que se ha realizado en un ámbito que cada vez preocupa más a los ciudadanos europeos: el de la protección medioambiental y la responsabilidad de los operadores económicos por los daños al medio ambiente. Por lo tanto, considero que obligar a los operadores a adoptar las medidas necesarias para impedir las amenazas inminentes de daño medioambiental y para establecer mecanismos de compensación por los daños ocasionados está justificado, es necesario y útil.
Además, estoy de acuerdo con la distinción que se ha hecho entre algunas actividades comerciales de alto riesgo, para las que todo daño medioambiental está cubierto y a las que se aplica una responsabilidad objetiva, y las actividades comerciales distintas de las mencionadas, en las que solamente los daños ocasionados a especies protegidas y al hábitat natural estarán cubiertas en caso de intención o negligencia probada por parte del operador.
Las soluciones equilibradas y realistas que estamos dispuestos a fijar en este campo ayudarán a alcanzar el objetivo de prevenir y reparar el daño medioambiental y proteger los intereses económicos y competitivos de las empresas en cuestión, y además constituyen el camino correcto para conseguir los objetivos declarados por la Comunidad para alcanzar el desarrollo y el crecimiento sostenibles. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    El Parlamento Europeo ha votado hoy sobre una propuesta de directiva con objeto de normalizar las reglas aplicables a la responsabilidad medioambiental en la UE. El principio general debe ser «quien contamina paga». La idea es que las empresas y otros agentes en la UE deben ser objeto de la misma legislación en lo que respecta a sus obligaciones para prevenir los daños medioambientales y ocuparse y pagar por los daños de que son responsables.
He optado por seguir una línea más respetuosa con el medio ambiente que la del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos y por lo tanto he votado, por ejemplo, a favor de requisitos más estrictos con respecto a la contaminación nuclear (enmienda 42) y la cuestión de los organismos modificados genéticamente u OMG (enmiendas 43 y 44). A pesar de que las enmiendas 42 y 44 hayan obtenido una mayoría de votos, no han alcanzado los 314 votos necesarios y por tanto han sido rechazadas. 
Skinner (PSE ),
   . En relación con las enmiendas presentadas por el Partido Verde, quisiera hacer la siguiente explicación de mi voto en contra de las mismas.
Cuando las enmiendas proponían incorporar cuestiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente y con la energía nuclear en el ámbito de la Directiva, he votado en contra de las mismas, porque actualmente se está revisando la responsabilidad civil en materia nuclear estipulada en los Convenios de Viena y París. Cualquier intento en ese sentido en esta Cámara supondría dar por supuesto el resultado de esa revisión.
En lo que respecta a los organismos modificados genéticamente, está claro que todavía hay que averiguar cuál es la responsabilidad, ya que la legislación en materia de esos organismos acaba de llegar a los códigos legislativos. Vamos a ver primero cómo funciona. Cualquier otra cosa supone socavar los convenios o la legislación actual. 

Alavanos (GUE/NGL ),
   .– La recomendación relativa a un código comunitario sobre medicamentos resulta sumamente importante en un ámbito en el que, a pesar de la especial sensibilidad de los ciudadanos europeos, gobiernan los intereses especuladores de las grandes empresas. Sobre esta base, he votado a favor de todas aquellas enmiendas en las que se propone lo siguiente:
- supervisar el mercado independientemente de la industria farmacéutica;
- proteger al público de medicamentos caducados;
- reducir el período de confidencialidad comercial que exigen las grandes empresas farmacéuticas, ya que impide el acceso al mercado de medicamentos más baratos;
- limitar la publicidad de los medicamentos;
- configurar bases de datos independientemente de las empresas farmacéuticas. 
Bordes y Cauquil (GUE/NGL ),
   .– El informe Grossetête relativo al establecimiento de un código comunitario sobre medicamentos para uso humano se dirige, en lo esencial, a proteger los intereses de la industria farmacéutica. Es indignante que, en última instancia, la sed de beneficios de los grandes grupos farmacéuticos prevalezca en un ámbito en que debería darse prioridad a la salud pública. En efecto, la protección del monopolio de las patentes, que garantiza los beneficios a esta industria al tirar de los precios de los medicamentos hacia arriba, tiene la dramática consecuencia de impedir que cientos de miles de seres humanos accedan a los medicamentos.
Si bien hemos apoyado las enmiendas que favorecen la información al público sobre los efectos de los medicamentos o un etiquetado mejor, hemos votado en contra de aquellas que protegen el monopolio de los laboratorios farmacéuticos. 
En nuestra opinión, la salud pública y los intereses de los enfermos están muy por delante de la libertad de comercio y de los beneficios de los accionistas.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . El acuerdo que se acaba de alcanzar en el Parlamento se basa en una desafortunada propuesta de la Comisión, en la cual se planteaba el asunto exclusivamente desde el punto de vista comercial y se pretendía revisar el proceso legislativo en el sector de los medicamentos, con el objetivo básico de aumentar la competitividad a corto plazo de la industria farmacéutica.
Ante esta postura se alzaron de inmediato las protestas de varias organizaciones sociales, familiares, de consumidores y mutuas de diferentes países, que defendían una política responsable al servicio de la salud pública y de la protección del consumidor. En consecuencia, en primera lectura el Parlamento logró introducir algunos cambios esenciales en las propuestas de la Comisión, aceptadas solo en parte por el Consejo.
En segunda lectura, se aceptaron algunas de las propuestas originales, y aunque el compromiso votado hoy en el Parlamento Europeo no contempla todas las propuestas que presentamos, mejora de forma significativa la posición del Consejo, especialmente en lo que respecta a la definición de los medicamentos genéricos, a la solicitud de que se distinga entre publicidad e información, y a la invitación a la Comisión a que lleve a cabo un estudio de las prácticas actuales en el ámbito de la información con vistas a mejorar la calidad. 
Maaten (ELDR ),
   . – El compromiso representa un avance para la competitividad de la industria farmacéutica, la economía basada en el conocimiento y la disponibilidad de los medicamentos en la Unión Europea. El período de protección de expedientes de productos farmacéuticos en la Unión Europea oscila entre seis y diez años. A raíz de ello, la oferta de medicamentos y su precio varían considerablemente entre los Estados miembros. El compromiso «8+2+1» implica la protección de expedientes durante ocho años, más dos años para los medicamentos genéricos, para poner en orden el expediente y tramitar el acceso al mercado, y luego un año de protección adicional para la industria innovadora en caso de que un medicamento posea al mismo tiempo indicaciones terapéuticas para otras enfermedades; asimismo, aumenta la competencia de precios, mejora la distribución de los medicamentos e impulsa la economía basada en el conocimiento. El Consejo ha cometido un error al no incluir los medicamentos homeopáticos en el paquete de compromisos, ya que, debido a ello, estos productos se mantienen en la sombra legal que hace que los medicamentos homeopáticas seguirán circulando ilegalmente en el mercado. Por lo tanto, insto a la Comisión Europea a que presente una propuesta lo antes posible en la que se regule el registro de medicamentos homeopáticos en el ámbito comunitario; solo entonces estará completo el mercado europeo de medicamentos. Los medicamentos homeopáticos constituyen una alternativa importante para muchas personas. Me incluyo a mí mismo entre aquellos que confían mucho en los efectos terapéuticos de este tipo de medicamentos. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    En el artículo 152 del Tratado CE se consagra el concepto de un alto nivel de protección de la salud pública.
Celebro los esfuerzos realizados por todos los operadores institucionales y privados para mejorar el contenido del código comunitario relativo a los medicamentos de uso humano. Las enmiendas hacen referencia principalmente a la definición de los medicamentos, los medicamentos genéricos y los medicamentos orgánicos. En mi opinión, esta definición pretende satisfacer las exigencias crecientes de los ciudadanos europeos y la necesidad de proporcionar un marco más fiable para la comercialización de medicamentos de uso humano.
Por último, tal y como ya comenté acerca del otro informe presentado por la Sra. Grossetête, debemos considerar la posibilidad de otorgar una protección razonable (a modo de un período definido de tiempo) para los derechos de los productos farmacéuticos, especialmente para aquellos con indicaciones terapéuticas innovadoras que ofrecen a los pacientes beneficios clínicos significativos en comparación con las terapias existentes. Así podremos alcanzar el equilibrio sugerido por la ponente (que si bien no es optimista, al menos es realista) entre competitividad, investigación, necesidades del sistema sanitario y desarrollo de los medicamentos genéricos.
El compromiso general alcanzado con el Consejo bajo la Presidencia italiana, incluido el referente a la Agencia contemplado en el informe Müller, es sumamente importante. 
Roure (PSE ),
   .– Acabamos de pronunciarnos sobre la revisión de la legislación farmacéutica. La Directiva modificada permitirá mejorar el grado de armonización de las normas que regulan los medicamentos en los distintos Estados miembros. También puede aumentar la eficacia de funcionamiento de los procedimientos centralizados y descentralizados. Pero nosotros queremos que los Estados miembros velen por que se favorezcan los medicamentos homeopáticos fabricados y comercializados en la Comunidad. 
Hemos votado a favor de las enmiendas que pueden resolver algunos de los problemas ocasionados por el vacío jurídico en que todavía se encuentran determinados medicamentos homeopáticos. Estos medicamentos, que son utilizados por más de cien millones de europeos, no solo no provocan efectos secundarios, sino que permiten ahorrar a los sistemas sanitarios. Estamos absolutamente empeñados en preservar los medicamentos homeopáticos, que responden a la demanda de los ciudadanos de nuestros países.
También nos hemos expresado a favor del desarrollo de la industria farmacéutica genérica europea, ya que si queremos mantener nuestra protección social, debemos ahorrar, y los medicamentos genéricos nos ayudan a ello.

Fitzsimons (UEN ),
    Felicito a la ponente por su gran trabajo sobre esta cuestión vital. En su redacción actual, la posición común presenta un importante problema para mi Estado miembro, Irlanda, relativo al artículo 67 sobre las medicinas de uso veterinario exclusivamente con receta. Por eso he vuelto a presentar la enmienda correspondiente de la primera lectura, que aceptamos por amplia mayoría la primera vez.
Es esencial que prevalezca la subsidiaridad y que cada Estado miembro sea libre de decidir qué medicinas necesitan receta. Esa es la situación actual, que ha resultado fiable en términos de la protección de la salud pública.
Mi enmienda permitiría a los Estados miembros actuar a su entera discreción, aunque supervisando atentamente la autorización de los farmacéuticos que vendan los medicamentos. Eso significaría que podría seguir usándose el sistema de licencias y controles basado en el comerciante que existe en Irlanda. Este sistema permite los máximos niveles de seguridad alimentaria y de trazabilidad, pero evita costes y papeleos innecesarios a los ganaderos y propietarios de animales. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Celebro los esfuerzos realizados para establecer el código comunitario para los medicamentos veterinarios. Si se pretende garantizar un alto nivel de protección de la salud pública en la Unión Europea, es necesario que se adopten disposiciones generales sobre la comercialización de estos medicamentos veterinarios. Lamentablemente, no faltan razones para reforzar la vigilancia de los productos puestos a disposición de los profesionales de la sanidad pública. El control de la precisión y la fiabilidad de la información sobre los medicamentos cobra cada vez más importancia, debido al mayor grado de sensibilización del consumidor. Por lo tanto, opino que sería bastante acertado por nuestra parte insistir en la necesidad de diferenciar de un modo más claro lo que es la «información sobre medicamentos» de la «publicidad sobre medicamentos».
Para terminar, apoyo la idea de que se fijen plazos razonables para la protección de los derechos de los productos farmacéuticos. Esta simple medida –siempre sobre una base razonable, por supuesto, lo cual creo que se ha conseguido gracias a la actuación del Parlamento Europeo– mantendrá el interés de las industrias del sector por desarrollar e intensificar sus estudios e investigaciones tecnológicas con el fin de elaborar nuevos y mejores productos. 
Sacrédeus (PPE-DE ),
    He votado a favor de las enmiendas 20-23, que sin embargo han sido rechazadas.
La justificación de mi voto es que existe un riesgo evidente de que en un futuro se redefinan como medicamentos lo que en la actualidad se consideran complementos nutricionales. Esto los convertiría en productos menos accesibles en una situación en la que mucha gente añade a su dieta complementos nutricionales para aumentar el bienestar y conservar la salud.
Por lo tanto, la directiva podría, si finalmente se redefinen como medicamentos estos complementos, tener un fuerte efecto en los precios, lo cual privaría al consumidor particular de adquirir estos complementos nutricionales por ser demasiado caros. La consecuencia última sería un aumento de las tasas de morbilidad y de los costes para la sociedad. 

Fitzsimons (UEN ),
   . Agradezco al ponente su gran trabajo en este importante asunto. Las medicinas tradicionales a base de plantas se han utilizado en nuestras sociedades desde tiempos muy remotos. En los últimos años, la producción y la venta de esos productos se han estructurado y comercializado.
Se ha producido una creciente concienciación de que los medicamentos modernos no siempre alivian todos los problemas médicos y muchas personas han encontrado en los medicamentos a base de plantas un importante elemento de su régimen de salud.
Creo que, como legisladores, tenemos ante todo la obligación de garantizar los máximos niveles de protección de la salud pública. La venta de medicamentos, basados en las plantas o de otro tipo, no puede producirse en un entorno no regulado. Eso sería irresponsable.
Sin embargo, debemos prestar la debida atención a prácticas arraigadas desde hace mucho tiempo en un sector que en gran medida se ha autorregulado en muchos países. Hay muchos productos disponibles en tiendas de alimentación natural que se han clasificado como alimentos o suplementos alimentarios y no como medicamentos, a pesar de que pueden tener propiedades terapéuticas. Pero debemos recordar que todos los alimentos que forman parte de una dieta equilibrada pueden tener un efecto positivo sobre la salud.
Lo que debemos evitar es imponer una legislación restrictiva que impida el libre comercio y la competencia y que dañe a un floreciente sector de tiendas de productos para la salud. El funcionamiento de este sector puede controlarse con cuidado a través de la legislación nacional correspondiente. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
    He apoyado esta recomendación para la segunda lectura, que al presentar de nuevo las enmiendas parlamentarias aprobadas en la lectura anterior y mejorando el texto de la posición común del Consejo, se ajusta mejor al objetivo de armonizar la legislación nacional en el ámbito de los instrumentos de medida.
La complejidad creciente de las economías actuales y la necesidad de asegurar un comercio justo exigen que se garantice un nivel mínimo de precisión estableciendo requisitos legales. Esta exigencia, en el contexto de un mercado común como el de la Unión Europea, está más que justificada.
No obstante, este punto de vista se ve perjudicado por la posición común del Consejo, en la que se contempla una «cláusula de opcionalidad», en virtud de la cual los Estados miembros podrán decidir los instrumentos que se someten a reglamentación, fomentando así la pervivencia de un sistema dual formado por una parte regulada y otra sin regular. Estoy totalmente de acuerdo con la afirmación del ponente en que declara que «si se tienen en cuenta las consideraciones relativas al comercio intracomunitario, las legislaciones nacionales no deberían ser incompatibles entre sí ni tampoco con la legislación comunitaria».
Por consiguiente, tal y como señala el ponente, solo si se logra que esta cláusula cumpla determinados requisitos generales y se introduce un período de transición para que los Estados miembros puedan abandonarla progresivamente, conseguiremos alcanzar el nivel de armonización que tanto deseamos. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
    Soy consciente de que la seguridad vial constituye uno de los puntos de máxima prioridad de la Unión Europea y reconozco que este informe supone un paso adelante en la consecución de este objetivo comunitario. Por lo tanto, he votado a favor del informe que tenemos hoy ante nosotros. Apoyo la adopción de la mayoría de las medidas propuestas y la aplicación de estas a los minibuses, autobuses y autocares, así como a los vehículos ligeros, medianos y pesados. Estoy de acuerdo con la opinión del ponente, no obstante, de que prohibir los asientos orientados hacia los lados en determinados vehículos resulta excesivo. La cuestión fundamental es que no se ha demostrado que dichos asientos sean inseguros en todos los vehículos afectados. Si bien es cierto que la Comisión ha presentado un estudio al respecto, este no justifica una prohibición de esta magnitud, ya que se limita a evaluar accidentes ocurridos en una única categoría de vehículos –los minibuses– y se basa en parámetros aplicables solo a este tipo de vehículos. Además, la información sobre los autocares de la categoría M3 que pertenecen a las clases III o B no revela ningún riesgo específico que justifique una prohibición total.
En consecuencia, considero que las conclusiones de la Comisión Europea resultan, desde este último punto de vista, precipitadas. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
    El uso del cinturón de seguridad conlleva una serie de ventajas, entre las que destaca la de evitar que los pasajeros salgan despedidos de los vehículos. De hecho, diferentes estudios sobre accidentes en carretera demuestran que gran parte de las víctimas fallecen al ser proyectadas fuera del vehículo, mientras que aquellos que permanecen dentro del mismo suelen sobrevivir. Por lo tanto, cabría la posibilidad de considerar que el uso del cinturón de seguridad es beneficioso desde una perspectiva social, ya que contribuye a reducir en gran medida el número de muertos y heridos en caso de accidente.
Asimismo, es importante recordar que este informe aprueba una propuesta de la Comisión que se debería contemplar en el contexto de las enmiendas a las directivas de 1974, 1976 y 1977 del Consejo sobre la mejora de la seguridad vial. Es posible predecir razonablemente que las propuestas de la Comisión incluidas en este paquete de medidas lograrán resultados positivos.
Sin embargo, en un momento en que los índices de mortalidad en carretera son elevados, es preciso aumentar las medidas de seguridad en todos los vehículos, y no solo en los vehículos ligeros (categoría M1), sino también en minibuses y autocares (categorías M2 y M3), y en camiones ligeros y pesados (categorías N1, N2 y N3).
La seguridad vial ha de ser una prioridad.
Por todos estos motivos, he votado a favor. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
    Dado el elevado número de víctimas registrado cada año, el aumento de la seguridad del transporte se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea, al tiempo que ha provocado la aparición de diversos informes del Parlamento Europeo y de un Libro Blanco.
Considero que la ampliación del uso obligatorio del cinturón de seguridad, de acuerdo con la propuesta de la Comisión apoyada por el ponente, contribuye a incrementar la seguridad de los pasajeros. Y por este motivo he votado a favor de este informe. En concreto, estamos hablando de los minibuses, los autocares y los camiones ligeros, medianos y pesados.
Ahora bien, lo único que hace esta medida es minimizar las consecuencias de los accidentes en carretera. Por tanto, recomiendo que las inversiones se destinen a otro tipo de medidas, de carácter realmente preventivo, que permitan reducir de forma más efectiva los índices de mortalidad en las carreteras al disminuir el número de accidentes. Por ejemplo, propongo que se asigne una cantidad importante de fondos a la educación escolar y cívica, al fomento de una cultura de responsabilidad y respeto, a la mejora del estado de las carreteras y autopistas, cada vez más congestionadas, y a la introducción de avances tecnológicos en los coches y en todos los tipos de vehículos. Otra sugerencia que vengo defendiendo desde hace tiempo consiste en invertir en el desarrollo del sector ferroviario. Este representa sin duda un medio de transporte más seguro que el transporte por carretera, capaz de proporcionar una alternativa realmente sostenible al sector viario, cada vez más saturado. 

Inglewood (PPE-DE ),
   . Me he abstenido porque soy presidente de la Comisión de Revisión de la Exportación de Obras de Arte del Reino Unido. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    Aunque soy consciente de los problemas que conlleva este asunto, sobre todo en lo que respecta a la coordinación internacional y al establecimiento de la propiedad, creo que se trata de una propuesta positiva ya que, en la medida de lo posible, garantizará la devolución de los bienes culturales robados.
A este respecto, nos encontramos claramente en una situación de inseguridad jurídica, de la que se aprovechan aquellos que se apropian de este tipo de bienes para traficar con ellos de forma ilegal, sin que los propietarios legítimos puedan acogerse a protección jurídica alguna. Cabe citar como ejemplo el saqueo de innumerables artículos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los cuales aún no han sido recuperados por sus propietarios o los sucesores de estos. En este ejercicio de malabarismos entre diferentes intereses, hay que tener en cuenta además los derechos adquiridos por terceros que han comprado los artículos de buena fe.
Por consiguiente, comparto la postura del ponente sobre la necesidad de abordar la complejidad del problema moral y ético subyacente, y de establecer un marco institucional y jurídico más justo para aquellos que solicitan la devolución de sus bienes, los propietarios actuales, los organismos estatales y las organizaciones sin ánimo de lucro. La coordinación presenta una serie de claras ventajas sobre el enfoque incoherente que reinaba hasta la fecha. En particular, celebro la idea de establecer un sistema común de catalogación, de crear una base de datos centralizada y de facilitar el acceso a los archivos públicos y privados con fines de investigación, lo cual proporcionaría una mayor transparencia y permitiría controlar de forma más eficaz la circulación de los bienes. Por tanto, he votado a favor de este informe. 

Berthu (NI ),
   . –La resolución sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2004 contiene pasajes muy severos, que apoyo plenamente, sobre el asunto Eurostat y sus secuelas. En efecto, nadie se explica la falta de reacción de la Comisión durante un período tan largo. No solo hay que tomar medidas serias con respecto a Eurostat, sino que en el futuro habrá que reforzar la independencia y la capacidad de funcionamiento de la OLAF, mejorar la transmisión de la información interna, reformar urgentemente el sistema contable de la Comisión, y poner fin a la cultura del secretismo, así como a la negligencia frente a las exigencias de control financiero.
Estos imperativos son tanto más urgentes cuanto que se descubren sin cesar nuevas malversaciones, por ejemplo los delitos de iniciados para la fijación de precios en los comités de gestión agrícolas, o incluso recientemente el asunto «Blue Dragon 2000», relativo a la utilización de fondos comunitarios en Cataluña. 
Estas desviaciones no dejan de guardar cierta relación con la arrogancia general de la Comisión hacia los países miembros. Todos estos comportamientos proceden de una misma causa: la Comisión se cree la única poseedora de una verdad superior. Por desgracia, el proyecto de Constitución europea la confirma en esta idea, cuando habría que hacer de ella un órgano claramente subordinado.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   .– Esta resolución no solo no cuestiona ninguno de los pilares y políticas fundamentales de la Unión Europea –sus políticas capitalistas neoliberales, el federalismo, su creciente militarismo– y deja de condenar sus consecuencias perjudiciales para los trabajadores y las comunidades de los diferentes países, sino que además confirma estas orientaciones y prioridades, al tiempo que enmascara su verdadera naturaleza mediante la introducción de algunas preocupaciones sociales.
Un ejemplo de ello es la insistencia de la resolución en la necesidad de la denominada «Constitución europea». Rehúsa debatir las próximas perspectivas financieras (a partir del año 2006) –lo cual resulta sencillamente increíble– argumentando que pronto se celebrarán las elecciones europeas. Celebra la militarización de la Unión Europea. No pone en duda las políticas de liberalización; solo hace referencia a un análisis más detenido de sus «posibles consecuencias». Rechaza la propuesta de enmienda en la que se contempla una reevaluación del mandato de la Comisión para la Organización Mundial del Comercio. En resumen, otorga otra función más a la Comisión.
No se analiza el deterioro de la situación económica y social en los diferentes países de la Unión Europea ni se realiza crítica alguna de las políticas que han provocado esta situación. Para ser sincera, no cabe esperar nada más de las fuerzas políticas que, en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en los distintos Gobiernos, toman decisiones sobre las políticas comunitarias. 

McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, hoy hemos presentado una enmienda sobre Côte d'Ivoire. Es deplorable que este Parlamento no haya apoyado esa enmienda. Es completamente inaceptable que, en relación con los acuerdos de pesca, los barcos de pesca comunitarios tengan preferencia sobre los derechos de los habitantes de otros países. Estamos hablando de un país destrozado por la guerra. Creemos que el acuerdo debe suspenderse hasta que se resuelva el conflicto. Es completamente inaceptable que se permita a los barcos comunitarios seguir pescando tranquilamente a pesar de que haya un conflicto en el país. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   .– El papel de las fuerzas extranjeras resulta especialmente evidente en los conflictos militares que están asolando Côte d'Ivoire, donde se registran decenas de miles de víctimas inocentes. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha convertido este país en un laboratorio experimental en el que poner a prueba su política de «gestión de crisis», que es en esencia una política de imposición de sus intenciones imperialistas.
La Unión Europea no ha perdido nada en Côte d'Ivoire. Las tropas francesas deberían retirarse de inmediato para que el problema se aborde exclusivamente en el marco de las Naciones Unidas y de la Unión Africana.
Los diputados del Partido Comunista de Grecia al Parlamento Europeo hemos votado en contra de la resolución, no solo porque en ella no se nombran a los culpables, sino porque se celebra el papel intervencionista de la Unión Europea. Estas posturas convierten los elementos positivos de la resolución en una mera lista de buenos deseos. 
Bordes y Cauquil (GUE/NGL ),
   . – Aunque no podemos sino estar de acuerdo con la condena del concepto de «marfileñidad» y los asesinatos cometidos en su nombre, no hemos votado a favor de este informe. 
Por un lado, oculta la responsabilidad de los sucesivos gobiernos franceses, que, tras un largo período de opresión colonial, apoyaron la dictadura de Houphouët-Boigny y, después, el régimen autoritario de su sucesor Bédié, que inventó la demagogia sobre la «marfileñidad» para luchar contra sus rivales por el poder.
Y todavía hoy el Ejército francés, presente sobre el terreno, no protege a la población, sino los intereses de capitalistas franceses en Côte d’Ivoire.
Por otro lado, ¿qué significa «la restauración de la autoridad del Estado» sin ofrecer medios para poner fin a «la pobreza, al reparto desigual de la riqueza, a la injusticia social, a las violaciones de derechos humanos, a la opresión de las minorías…»en los que el propio informe ve otros tantos factores de desestabilización que han conducido a los conflictos actuales?
En cuanto a las supuestas fuerzas de mantenimiento de la paz, como las de la Comunidad Económica del África Occidental (CEDEAO), los precedentes de Sierra Leona y de Liberia demuestran que, en general, no hacen más que añadir otra banda armada a las que ya se enfrentan de espaldas a la población. No hemos avalado con nuestro voto un texto hipócrita con el que los diputados al Parlamento Europeo únicamente quieren tranquilizar sus conciencias.
Krivine (GUE/NGL ),
   . – La resolución común adopta desde el principio un tono paternalista asegurando que el conflicto de Côte d'Ivoire «no puede atribuirse únicamente al factor étnico»... lo que de todos modos revaloriza dicho factor. Pero ¿no fueron la neoliberalización de la economía marfileña, el descenso de las cotizaciones de las materias primas y la consiguiente depauperización de la población y la manera en que las multinacionales han enfrentado abiertamente las facciones neocoloniales marfileñas entre sí, los que favorecieron la receptividad al discurso de la «marfileñidad» y los golpes de Estado?
En la resolución común no se menciona la necesidad de que se retiren las tropas francesas de mantenimiento de la paz. Ahora bien, debido a la relación histórica del Ejército y las empresas francesas con la clase política marfileña y de los Estados vecinos, no puede considerarse que el Ejército y la diplomacia francesa ocupen una postura neutral, de modo que habría que promover a otros agentes. Por consiguiente, el marco de Linas-Marcoussis está viciado en muchos aspectos. La mejor política de prevención de conflictos es la de erradicación de sus causas y, en el caso que nos ocupa, los pirómanos no pueden ser buenos bomberos. Hay que abandonar la lógica neocolonial profundamente antidemocrática para avanzar hacia otra forma de cooperación entre Europa y África. Me he abstenido, por tanto, sobre una resolución que no encara con determinación estos problemas.
Souchet (NI ),
   . – Una vez más, el Parlamento ha adoptado, a propósito de la desastrosa situación en Côte d’Ivoire, una resolución mediocre, que no distingue entre su causa principal de la situación y los factores de importancia secundaria. Lo esencial es que un conjunto de fuerzas, apoyándose en una base étnica y practicando abiertamente el racismo (intertribal, antiblanco, antifrancés), está dilapidando la herencia de estabilidad y prosperidad que ha recibido. Las arbitrariedades cometidas desde hace quince días en Abiyán por los denominados milicianos «patriotas» contra representantes de ONG humanitarias, que realizan un notable trabajo, en particular al servicio de los niños y de los representantes diplomáticos, son tanto más escandalosas e inaceptables cuanto que tienen lugar en la más completa impunidad y bajo la mirada cómplice de las fuerzas del orden. Hay que denunciar claramente el doble juego de las autoridades gubernamentales. Estas manifestaciones no tienen nada de espontáneo. Están organizadas en secreto por el Presidente Gbagbo y su entorno, cuyo arte en el doble lenguaje alcanza altas cotas. Los «jóvenes patriotas» son armados, financiados y utilizados por un Gobierno legal que comete dejadez de sus funciones. 
Ante la magnitud de estas arbitrariedades, Francia y la Unión Europea deben adoptar con urgencia un lenguaje de firmeza y establecer un vínculo claro entre la ayuda y el respeto de los derechos, si no quieren dar la impresión de indiferencia o complicidad.
El Presidente. –
   Con esto concluyen las explicaciones de voto.

(4)
Patakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, durante el fin de semana del 6 y 7 de diciembre de 2003, el número de víctimas inocentes de la invasión criminal en el Afganistán por las fuerzas armadas norteamericanas aumentó con la muerte de quince niños, asesinados en los bombardeos llevados a cabo por las fuerzas de ocupación. Desde el comienzo de la invasión del Afganistán, se ha puesto fin a la vida de miles de niños y civiles con el pretexto de derrocar al régimen talibán. No obstante, el objetivo real es el de ocupar este país.
Una situación similar, incluso peor, la encontramos en el Iraq, a raíz de la invasión ilegal y brutal de esta región por las fuerzas norteamericanas y británicas. Sin embargo, mientras que el Parlamento Europeo ha demostrado una sensibilidad especial ante las muertes acontecidas entre los invasores, guardando un minuto de silencio en su memoria, permanece indiferente ante las innumerables víctimas que estos han ocasionado.
Señor Presidente, quisiera pedir a la Mesa que, en el transcurso de la próxima sesión plenaria, invite a la Cámara a guardar un minuto de silencio en memoria de los niños y de los miles de civiles fallecidos durante las invasiones mencionadas. 
El Presidente.
   La Presidencia ha tomado nota de su propuesta y la transmitirá a las autoridades competentes para su consideración.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0435/2003) de la Sra. Sommer, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la generalización y la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras en la Comunidad [COM(2003) 132 - C5-0190/2003 - 2003/0081(COD)].
Sommer (PPE-DE ),
   . – Para empezar quiero expresar mi caluroso agradecimiento a mis colegas de esta Cámara por su constructiva colaboración, especialmente a los ponentes alternativos. Muchas gracias.
La propuesta presentada por la Comisión es sin duda muy ambiciosa, ya que promete grandes avances gracias a una progresista e innovadora tecnología basada en la localización por satélite y en las comunicaciones móviles. De acuerdo con la propuesta, se exigirá a los Estados miembros que apliquen esta tecnología al cobro de los peajes para el año 2012 a más tardar. Y los demás sistemas técnicos utilizados en la actualidad, basados una tecnología de microondas de corto alcance, deberán ser suprimidos. La intención de esta medida es la de lograr la interoperabilidad técnica, el objetivo real de la legislación.
Esta propuesta es acertada. En un mercado interior común, resulta inaceptable la existencia de barreras técnicas que frenan el flujo del tráfico y, en consecuencia, del transporte de mercancías. El resultado derivado de la incompatibilidad entre los sistemas de peaje nacionales no podía ser otro: dificulta el tráfico internacional por carretera e interfiere en el buen funcionamiento del mercado interior. La propuesta legislativa pretende lograr además la interoperabilidad contractual; la emisión de un único contrato para cada usuario, con validez en toda Europa, constituye claramente un aspecto positivo. Asimismo, he de mencionar que se trata de un objetivo ambicioso dada la constante necesidad de un mayor nivel de armonización en el seno de la Unión Europea, ya sea en el ámbito fiscal, administrativo o jurídico.
No obstante, como ponente de esta Cámara, no he podido secundar la propuesta de la Comisión en lo que respecta a la interoperabilidad técnica. ¿Por qué? El problema al que nos enfrentamos es que la nueva tecnología de peaje propugnada por la Comisión, desarrollada por el momento solo en Alemania, todavía no funciona. Si una tecnología no funciona no existe en términos reales. Por tanto, ¿pueden los legisladores imponer la aplicación de algo que aún no existe? En cualquier caso, ¿corresponde a los legisladores prescribir una tecnología u otra? No, no creo que sea así. Puesto que la mayoría de mis colegas diputados comparten mi opinión de que compete al mercado decidir las tecnologías específicas que han de ser utilizadas, hemos acordado no apoyar a la Comisión en este punto. Preferimos que se adopte un enfoque más neutral desde el punto de vista tecnológico. Tenemos claro que es preciso alcanzar el objetivo real: la interoperabilidad técnica de los diferentes sistemas. Y según los usuarios –la empresas que operan en los distintos Estados miembros en que se utilizan sistemas de peaje electrónicos–, esto es posible. Con propuesta actual, ahora modificada, pretendemos hacer hincapié en este aspecto; hay que lograr la interoperabilidad técnica, lo cual significa en última instancia que la tecnología usada actualmente solo debe cambiarse cuando no permita establecer comunicación con otros sistemas tecnológicos.
Asimismo, creemos que es importante salvaguardar el principio de subsidiariedad. La decisión básica sobre el hecho de cobrar o no un peaje, así como sobre la clase de vehículos, tramos o carreteras sobre los que se impondrán los cánones, ha de mantenerse entre las competencias de los Estados miembros. Es importante también que aproveche esta oportunidad para señalar que es esencial conferir la máxima prioridad al asunto de la protección de datos para evitar que la información sobre los conductores pase a ser del dominio público.
Permítanme añadir que, en todos nuestros debates, he destacado con insistencia la extraordinaria relevancia de la tecnología de satélite. Estoy convencida de que vamos en la dirección correcta al desarrollar el programa Galileo, el sistema por satélite europeo. Para que esta convicción conste en acta, acabo de presentar, en primera lectura, una enmienda redactada en términos aún más contundentes. Quiero subrayar que fue mi estimada colega, la Sra. Langenhagen, quien presentó originalmente esta enmienda en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, donde me pareció demasiado rigurosa como para contar con una mayoría. No obstante, en lo que respecta a la votación de mañana en sesión plenaria, tengo la sospecha de que esta Cámara otorgará un rotundo voto a favor de que Europa disponga de su propio sistema de navegación por satélite, que nos permita a los europeos ser independientes de los demás. Por este motivo, les pido una vez más su apoyo.
Para terminar, les ruego que me crean cuando digo que para mí, como ponente alemana, no ha sido un asunto fácil –bien lo sabe Dios– proponerles esta perspectiva. El proyecto original de la Comisión habría proporcionado finalmente a la industria alemana una excelente oportunidad: comercializar la innovadora tecnología de tarificación en toda Europa. Esta nueva tecnología es fantástica. No solo se trata –estoy segura– de la única solución técnica apropiada para las condiciones alemanas, sino que además presenta otras muchas aplicaciones potenciales aparte del simple cobro de peajes. Sin embargo, he de repetir que la ley no puede declarar obligatoria una tecnología que no existe en términos reales. Me angustia amargamente el hecho de que el enfoque diletante aprobado por el Gobierno federal alemán, en especial en lo que respecta a la negociación de los contratos para la introducción de la tecnología de cobro de peajes, haya ocasionado un desastre de este tipo, el cual no nos permite adoptar, en el ámbito comunitario, otra solución que la que acabo de proponerles.
Turmes (Verts/ALE ),
   . – El mensaje de las estadísticas es claro, especialmente en lo que se refiere al tráfico de mercancías a través de los Alpes. En Suiza, un 66% de las mercancías se transporta en tren y un 30% por carretera; en la Unión Europea, estos porcentajes se invierten y la diferencia es aún más acusada. Desde un punto de vista político, esto significa que los suizos han conseguido poner en práctica algo de lo que somos incapaces los demás países de Europa, de la Unión Europea. Fijan los gravámenes sobre el tráfico pesado en un nivel que permite internalizar por completo todos los costes externos, cubriendo así todos los gastos derivados del mantenimiento de las superficies viales, los accidentes y el daño medioambiental causado por la contaminación acústica y atmosférica. De estos ingresos, un 80% se destina a la alternativa de transporte: a la construcción de túneles, a las medidas de protección frente al ruido de los ferrocarriles y a la mejora de los servicios ferroviarios.
Por otro lado, en el terreno tecnológico, los suizos, desde su pequeña Suiza, también se encuentran más avanzados que la Unión Europea. Los suizos cuentan con un sistema que funciona sin problemas, basado en la tecnología de microondas, que se combinará en el futuro con los tacógrafos digitales. La pregunta es: ¿por qué no podemos conseguir lo mismo en la Unión Europea?
La propuesta de euroviñeta vuelve a plantear un nivel máximo, tan bajo que nadie puede creer seriamente que ofrezca incentivos apropiados para fomentar el uso del ferrocarril frente al transporte por carretera; tampoco, de hecho, se permite a los Estados miembros destinar la mayor parte de este dinero a este otro modo de transporte. Por lo tanto, se trata de una política poco entusiasta, cuyas consecuencias se pueden apreciar al observar las estadísticas sobre el cambio climático, los accidentes, etc.
De forma bastante parecida al Ministerio de Transportes alemán, la Comisión se ha dejado presionar para favorecer a dos grandes agentes y pretende imponernos una tecnología por satélite que aún no está completamente desarrollada. Opino que convendría que nosotros, desde la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, así como los miembros de las demás comisiones, hiciéramos ver a la Comisión la prosaica realidad y exigiéramos neutralidad en los asuntos tecnológicos.
Para concluir, quiero decir algo acerca del efecto que la competencia distorsionada entre el transporte por carretera y ferrocarril tiene en la sociedad. Tras la aprobación en esta Cámara, en una única lectura, de la directiva del Sr. Markov sobre las horas de conducción y los períodos de descanso, el Sr. Berlusconi y su Gobierno ni siquiera consideraron necesario incluir este asunto en el orden del día del Consejo. Pienso, simplemente, que esto es un escándalo. ¿Cómo pretendemos avanzar en el frente social y en el medioambiental en Europa si no se permite que directivas tan significativas se tramiten en el Consejo? 
El Presidente.
   Gracias Señoría. El Presidente es tolerante con los ponentes, pero ha rebasado en más del cincuenta por ciento su tiempo de uso de la palabra y luego sus colegas se van a quejar. Les agradecería que se atuvieran al tiempo especificado.
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecerles su apoyo a nuestra iniciativa sobre la interoperabilidad del telepeaje, que constituye un elemento esencial de la política europea de tarificación de infraestructuras y de gestión de la demanda de transporte.
Esta Directiva figura entre las propuestas del Libro Blanco sobre la política de transportes y, evidentemente, es un paso previo para instaurar los nuevos sistemas de euroviñeta y para facilitar el pago por parte de los usuarios de los costes que supone la utilización de las infraestructuras rodoviarias.
La Directiva tiene los tres objetivos siguientes: en primer lugar, la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje; en segundo lugar, la implantación de un sistema de telepeaje europeo; y, en tercer lugar, la introducción de la tecnología de satélites.
El principio de la interoperabilidad permite eliminar los obstáculos que se oponen a la realización del mercado interior del telepeaje y, por lo tanto, evitar barreras; también permite extender el telepeaje a mayor escala y limitar la congestión que se produce en las zonas de cobro.
El servicio europeo de telepeaje que proponemos, al igual que la interoperabilidad de los sistemas, responde a una auténtica necesidad de los usuarios, en especial de los transportistas, que desean disponer cuanto antes de un medio de pago electrónico, único para toda la red. El servicio que proponemos, basado en el principio del contrato único, brinda, tanto a los usuarios como a los explotadores, la protección de un documento jurídico claro y utilizable en caso de litigio. Se trata de realizar en este terreno lo que ya existe, por ejemplo, en el de la telefonía móvil o en el de los sistemas de tarjetas bancarias.
Con relación a la migración de los sistemas de telepeaje actuales, basados en los sistemas de microondas, hacia la tecnología de satélite, diré que ésta es la única solución de futuro que permite responder a la diversidad de necesidades de la política de tarificación de la Unión Europea y que permitirá, además, mejorar considerablemente la calidad del transporte por carretera, gracias a la implantación de nuevos servicios telemáticos y de nuevas posibilidades, especialmente sistemas de seguridad, como limitadores de velocidad, dispositivos anticolisión, seguimiento del tráfico de materias peligrosas, información a los viajeros -en función de su posición- sobre la situación de las distintas carreteras y sobre la fluidez del tráfico en los distintos puntos, etc.
Señor Presidente, la ausencia de un compromiso firme en favor de la tecnología de satélite no resultaría del todo coherente con la política decisiva que están manteniendo esta Comisión y este Parlamento muy especialmente, así como el Consejo y la Unión Europea en su conjunto, a favor del sistema Galileo.
Quiero decir que son numerosos los Estados miembros -con las notorias excepciones de Alemania e Italia- que desean seguir utilizando sistemas de microondas en paralelo a los sistemas de satélite. Este deseo, que resulta comprensible dadas las inversiones ya realizadas, puede atenderse integrando una firme recomendación de la solución de los satélites -en vez de adquirir ya el compromiso pleno y cerrado- que permita que a medio plazo ésta sea una realidad. Esto lo acepta también el Consejo. Voy a escuchar el resto del debate, pero espero que, gracias a la labor realizada por la ponente, Sra. Sommer, y por el coponente, Sr. Turmes, así como gracias al trabajo efectuado por el Consejo, podamos adoptarlo en primera lectura -importantísima, insisto- para facilitar, de cara al futuro, la utilización de los sistemas de peaje en las carreteras.
Señor Presidente, hoy no íbamos a hablar de la "Directiva euroviñeta", pero quiero decir al Sr. Turmes que el grupo de trabajo de transportes ya se ha reunido en varias ocasiones con objeto de avanzar en el debate de esa compleja Directiva, y que estamos intentando conseguir un resultado tan exitoso como el que espero en la "Directiva telepeaje", es decir que, en primera lectura -antes, por tanto, de que termine el actual mandato del Parlamento-, éste y el Consejo puedan adoptarla.
Hatzidakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, felicito a la ponente, la Sra. Renate Sommer, por la labor realizada en la elaboración de su informe. Sin duda, se trata de un trabajo tan excelente que creo que se llegará a un acuerdo con el Consejo en primera lectura, lo cual resta interés al debate de hoy. No obstante, en cualquier caso, esto no impide que recordemos que la Sra. Sommer ha desarrollado su trabajo de un modo extraordinario y sistemático, y ha conseguido que la propuesta inicial de la Comisión sea aceptada por casi la mayoría de los miembros de nuestra comisión. Al mismo tiempo, ha acordado con el Consejo que se actuará con mucha rapidez en el asunto primordial, es decir, en la interoperabilidad de los sistemas de peaje en el seno de la Unión Europea.
En principio, apoyamos la propuesta de la Comisión porque facilita las cosas a los usuarios, los conductores, quienes encontrarán menos impedimentos en el transporte transfronterizo con este enfoque. Tan solo tenemos unas pocas objeciones que hacer –y me complace que tanto la Comisión como el Consejo las comprendan–, las cuales giran en torno a dos puntos.
En primer lugar, quisiera saber cuándo se empezará a aplicar este nuevo concepto de peaje. Sugerimos que se aplace el calendario de 2005 a 2007 para los autobuses y los camiones, ya que consideramos que harán falta dos años más para que puedan adaptarse todos aquellos que deban hacerlo y que así el sistema se pueda poner en marcha.
En segundo lugar, ¿se aplicará el nuevo sistema de localización por satélite con carácter exclusivo o no? Este sistema provocó un sinfín de problemas cuando se empezó a introducir en Alemania.
Opino que la ponente se puede enorgullecer por mostrar una auténtica percepción europea de este problema concreto; en otras palabras, ella no trata de imponer el sistema alemán exclusivamente, sino que propone, junto con todos sus colegas diputados, que esta decisión se adopte por mutuo acuerdo entre el sector pertinente, los Estados miembros y los demás organismos implicados. De este modo, podremos garantizar la existencia de sistemas interoperables y eficientes para todos. 
Savary (PSE ).
   – Señora Comisaria, señor Presidente, en primer lugar quisiera presentar mis más profundos respetos a la Sra. Sommer por la calidad del trabajo que hemos tenido ocasión de realizar juntos –por su capacidad de escucha, por su flexibilidad también todas las veces que hemos tenido divergencias– y que debería, espero, permitirnos disponer de un texto muy bueno desde la primera lectura, un texto que espero que sea definitivo. 
Creo que esta Directiva es muy importante, por una parte, porque su vocación es facilitar la vida a todos los profesionales del transporte por carretera, que naturalmente pasan por estaciones de peaje y a menudo necesitan cambiar de sistema o de modo de pago, pero también porque es una Directiva que está muy abierta a perspectivas de futuro, en particular en lo que se refiere a la implantación del sistema Galileo. 
En el Partido de los Socialistas Europeos considerábamos inicialmente que esta Directiva era un tanto rígida y muy restrictivo para el sector de autopistas. En efecto, le exigía realizar muy pronto la interoperabilidad de los sistemas actuales a base de microondas, es decir, efectuar grandes inversiones para migrar muy rápidamente, dos años después, a otro sistema. 
Sin duda era inaceptable pedir semejante esfuerzo por duplicado, y celebro que hayamos llegado a un acuerdo en torno a la enmienda 48, de la Sra. Sommer, que recomienda vivamente Galileo y recomienda encarecidamente esperar un informe intermedio de la Comisión para determinar en qué condiciones efectuaremos dicha migración. Sin embargo, tenemos gran interés en el sistema de localización por satélite y consideramos que es el futuro, no solo para los peajes, sino para otros muchos servicios.
En segundo lugar, consideramos que hemos favorecido la interoperabilidad de los sistemas, es decir, que la mayoría de las enmiendas que hemos presentado, ya se trate de la 11, presentada por nosotros mismos, o de la 46, presentada por la Sra. Sommer, tienen como objetivo esencial, no forzosamente la uniformidad del sistema, sino la interoperabilidad de los sistemas, y pensamos que, a corto plazo, es lo que hay que exigir. En otros términos, se trata también de hacer que determinados sistemas microondas puedan ser interoperables con el GPM-GPRS. 
Además, hemos reconsiderado el calendario. Creo que el calendario que la Comisión nos proponía era simplemente irrealista, porque no tenía en cuenta el tiempo necesario para la labor legislativa y no podíamos exigir tan rápidamente una adecuación del sistema europeo de telepeaje, es decir, hasta el 1 de enero de 2005.
Por último, por parte del Partido de los Socialistas Europeos, propusimos, a petición de la ciudad de Londres –que no me parece especialmente socialista y que está muy atenta a este debate–, restringir un poco el ámbito de aplicación y prever al menos una fase transitoria para los sistemas locales de peaje. En efecto, esta ciudad acaba de implantar su propio sistema. Es una experiencia muy prometedora y creo que no hay que forzarla demasiado. 
En cambio, nos oponemos ferozmente –sin duda es un término excesivo– a las enmiendas presentadas por nuestros colegas italianos –las enmiendas 19, 23, 26, 27 y 29–, que tienden a proponer un sistema de normas contractuales, más que un servicio europeo de telepeaje. Creemos que es necesario un servicio europeo de telepeaje. Es jurídicamente más claro, más estable, más sencillo, más legible. Por tanto, nos oponemos a las propuestas de nuestros colegas italianos. 
En contrapartida, abundaremos en el sentido de la enmienda 39 para la protección de la privacidad, desde el momento que se prevé una migración hacia Galileo. Nos parece que estas precauciones no son vanas. Por último, aprobaremos y apoyaremos la enmienda 40 presentada por el Grupo Verts/ALE, porque pensamos que un peaje no puede limitarse a ser un impuesto o un tributo más. Un peaje tampoco puede ser simplemente un medio de amortizar la infraestructura vial. Un peaje debe ser también un instrumento de la política de transporte y debe poder garantizar la transferencia modal y la financiación cruzada hacia otros modos de transporte alternativos en el futuro.
Blak (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, empezaré felicitando a la ponente por el excelente trabajo realizado. Actualmente, vemos que cada vez son más los países de la Unión Europea que implantan el cobro de peajes en el transporte por carretera, a menudo basándose en sistemas técnicos diferentes. Considero que este es uno de los puntos principales que hay que destacar: debemos evitar centrarnos exclusivamente en un único sistema técnico, como la navegación por satélite, para, justo al contrario, permitir el funcionamiento de diferentes sistemas que sean interoperables.
Basta observar la situación en Alemania, donde se ha adoptado unilateralmente un sistema específico que, a la vista está, no funciona según lo esperado. Hay que evitar seguir el ejemplo de este país en el ámbito comunitario. En relación con el sistema alemán, existía otro problema: no había suficientes cajas disponibles y, en consecuencia, los transportistas de los diferentes países no han tenido la oportunidad de instalarlas en sus vehículos.
Asimismo, hay otro aspecto que debemos evitar en el futuro. Creo que, para llegar a ser un sistema centrado en los usuarios, tiene que garantizar, desde un punto de vista estrictamente técnico, que los transportistas y los conductores solo necesiten instalar una única caja en cada vehículo. De este modo se reducirán las cargas administrativas de las empresas de transporte, al tiempo que aumentará la seguridad vial, ya que los conductores solo tendrán que concentrarse en un aparato. Además, es importante que se garantice el acceso de los usuarios a una red coherente a través de un único contrato relativo a la red general de carreteras de peaje.
Es fundamental tener en cuenta todos estos aspectos durante la lectura de este informe. Por consiguiente, confío en que alcancemos un acuerdo que permita a los usuarios tomar las riendas de la cuestión. Por otro lado, espero que se hayan dado cuenta de que no he agotado todo mi tiempo para compensar el hecho de que algunos, a diferencia de mí, han sobrepasado su turno. 
Schroedter (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, he de repetir que no estoy de acuerdo con la Comisaria y que, en realidad, este informe guarda estrecha relación con el tema de la euroviñeta, entre otros. El hecho es que la introducción de una euroviñeta depende de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje. Esto significa que la tecnología debe estar disponible y en funcionamiento antes de que se pueda implantar el cobro por la euroviñeta, y todos sabemos que necesitamos el dinero con mucha urgencia. Sabemos que hay una importante escasez de fondos en el sector ferroviario. En efecto, en los últimos debates celebrados sobre el volumen de los presupuestos comunitarios pudimos comprobar que en este sector es preciso distribuir de forma realista tanto los ingresos como los costes. Es decir, el transporte por ferrocarril, que ha de sufragar sus propios gastos, ha de ser tratado en igualdad de condiciones que el transporte por carretera en lo que respecta a los costes. Y por otro lado, conviene que los vehículos de transporte pesado y otro tipo de tráfico de mercancías paguen también por el uso de las carreteras.
Por lo tanto, apoyamos sin reservas a la Sra. Sommer en relación con las orientaciones establecidas y secundamos su declaración relativa a la necesidad de hallar una solución independiente de la tecnología. El objetivo consiste en poder utilizar la tecnología actual en cualquier parte y tan pronto como sea posible. Esto es lo que pretendemos conseguir, y el hecho de que el Parlamento se mantenga en esta línea resulta verdaderamente positivo. Gracias, señora Sommer: debemos encontrar una solución viable, para lo que cuenta con todo nuestro apoyo. La introducción del instrumento que necesitamos –la euroviñeta, el instrumento político que pretende establecer este informe de indudable marcado carácter técnico– depende por completo del hallazgo de una solución factible. Así, en calidad de representante de un Gobierno que ha mostrado el camino que no hay que seguir, puedo afirmar que los Verdes –y comparto absolutamente la opinión de los Verdes alemanes al respecto– consideran que la viabilidad constituye un factor decisivo de toda solución. Permítame prevenirle, señora Comisaria, contra la idea de tratar por todos los medios de conseguir una gran tecnología que no siempre funciona, a costa de descuidar los demás aspectos prácticos. Opino que el informe de la Sra. Sommer impone las condiciones acertadas y demuestra el modo en que se debe proceder. 
Dillen (NI ).
   – Señor Presidente, Señorías, aprovecho la oportunidad que me brinda el debate de este informe para subrayar la distinción que debemos mantener entre la armonización de los sistemas de cobro de peajes y la percepción uniforme de cánones a modo de impuesto. Me refiero, por un lado, a los aspectos técnicos que se están discutiendo, a través de los cuales se pretende alcanzar la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de cobro de peajes en toda la Unión. Nadie en su sano juicio se opondría a esta idea. No obstante, me asombra que en este informe se deje de lado una serie de problemas políticos relevantes planteados durante el debate de este tema, así que sería conveniente llevar a cabo un debate más exhaustivo.
En particular, quiero destacar el hecho de que han de ser los propios Estados miembros quienes evalúen la conveniencia de un sistema de telepeaje para los camiones y los vehículos de pasajeros. Me parece bastante lógico que en un Estado periférico o insular, como Portugal o Malta (cuya adhesión está prevista para dentro de poco), las consideraciones económicas y políticas sean diferentes de las reinantes, por ejemplo, en Flandes, que al estar ubicada entre Alemania, Francia, los Países Bajos y Gran Bretaña, se convierte en una intersección central del tráfico de la Unión Europea. Las autopistas flamencas corren el riesgo de verse colapsadas por el aumento exponencial del tráfico de mercancías. Con el fin de estimular el transporte marítimo y por ferrocarril, por ejemplo, sería preciso que Flandes aplicara criterios diferentes de los utilizados en los demás Estados miembros si decidiera introducir sistemas de cobro de peaje por el transporte de mercancías en un futuro, ya que actualmente no cobra ningún peaje. Lo mismo se aplica al cobro de peajes por el transporte de pasajeros, en el que diversos factores, incluidos el turismo, la densidad del tráfico, la contaminación atmosférica, las estructuras económicas y otros, influyen a la hora de determinar la conveniencia de la recaudación de peajes. Es preciso que cada Gobierno tenga derecho a sopesar por su cuenta si se deberían aplicar más impuestos a unos conductores que ya soportan fuertes tributos; estamos hablando de trabajadores que mantienen engrasadas las ruedas de la industria.
En este momento, Europa tiene que armonizar los aspectos técnicos –y quisiera que quedara claro este punto– de los sistemas de telepeaje . En cuanto a la toma de decisiones políticas y económicas en este ámbito, sería aconsejable que el Parlamento y la Comisión mostraran un poco más de respeto al principio de subsidiariedad, del que solo se suele hablar de boquilla. 
Bradbourn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría sumar mis felicitaciones a las ya recibidas por la ponente, que ha realizado una excelente labor al revisar algunos de los aspectos menos realistas de la propuesta. Sin embargo, todavía persisten algunas cuestiones que requieren clarificación.
Una de mis principales preocupaciones se refiere al tema tan familiar de la subsidiariedad, que ya ha mencionado el orador precedente. En este caso en particular, no creo que la UE deba imponer el precio de los peajes al Reino Unido o a ningún otro país, y por ello me complace ver en este informe una enmienda que garantiza el principio de subsidiariedad. Así pues, ha quedado claro que la propuesta no debe implicar la introducción obligatoria de sistemas de peaje en toda la UE. Dicha medida significaría sin duda que, por ejemplo, el Gobierno británico, que actualmente está considerando la posibilidad de introducir peajes, simplemente eche la culpa de una medida tan impopular a la Unión Europea.
También me complace comprobar que dejaremos que el mercado dicte la tecnología que deba utilizarse. La idea de que un sistema por satélite sería nuestro único sistema me parece sumamente ridícula. De hecho, es la propuesta de utilizar tecnología de satélite la que más me irrita. En varias ocasiones he expuesto en la comisión parlamentaria que este tipo de tecnología plantea problemas en materia de libertades civiles que constituyen una grave amenaza para la vida cotidiana de las personas. Todos sabemos que el rastreo por satélite, mal utilizado, no es sino otra forma del Gran Hermano de Orwell. Y también tenemos el coste, no despreciable, para las empresas y los particulares, los cuales probablemente tendrán que pagar los gastos de instalación de esta tecnología.
En un punto mucho más positivo, la decisión de la comisión parlamentaria de volver a introducir las fechas de aplicación propuestas por la Comisión ha sido muy bien acogida. La solicitud original era muy ilógica y poco realista. Pero desgraciadamente, a menos que se resuelvan plenamente los problemas a los que he hecho referencia, en particular la referencia al uso de sistemas de satélite, no podré votar a favor de la propuesta general de la ponente. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, para empezar quiero felicitar igualmente a la Sra. Sommer por su riguroso y exhaustivo trabajo, aunque admito que hubiese preferido un informe más cercano a la propuesta de la Comisión.
Opino que la propuesta de la Comisión era –o es– más atrevida y progresista, si bien es cierto que también un poco más arriesgada. Lamentablemente, he de añadir que los funcionarios de la Comisión quizás no han puesto el suficiente entusiasmo o energía a la hora de elogiar los méritos técnicos de esta propuesta. Aunque está claro que podemos aceptar el trabajo que ha realizado la Sra. Sommer y que ha aprobado la comisión parlamentaria, quisiera señalar que la imagen de Europa resultaría más favorecida si aplicáramos la tecnología más moderna, no solo porque es la más actualizada, sino porque es sumamente flexible. Los defensores de los sistemas de telepeaje, en cualquier caso, son conscientes de la importancia de este tipo de gravámenes en lo que respecta a la regulación del flujo de tráfico y a la desviación del mismo de las zonas saturadas o más vulnerables desde el punto de vista medioambiental a otras rutas alternativas. Saben que es preciso alcanzar un alto grado de flexibilidad que solo puede proporcionar la tecnología de satélite, que precisa menos infraestructuras que los peajes que utilizan tecnología de microondas. Reconozco, no obstante, que las experiencias negativas afrontadas en estos momentos por los alemanes no contribuyen a la aceptación de este principio. Precisamente por este motivo la Sra. Sommer, quien debería haberse mostrado más favorable a un sistema de este tipo, no ha podido defender su causa. Siempre ha tenido presentes las noticias de prensa de Alemania y no ha podido avanzar más en este terreno.
Dirigiré mis últimos comentarios a la Comisión, que quizás informará acerca de la situación en torno al programa Galileo y el sistema de navegación por satélite en una de las próximas reuniones de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Al principio de mi intervención he calificado la propuesta de la Comisión de atrevida, aunque bastante arriesgada: esto último en la medida en que dependemos de un sistema de navegación por satélite, Galileo en particular. Tengo la impresión de que el uso de este tipo de sistemas en Europa originará importantes problemas. Al parecer, los norteamericanos están tratando de presionar –mantenemos conversaciones independientes y específicas con ellos– en lo que respecta a la influencia de su país en el sistema, el cual resulta cada vez menos preciso y puede incluso, llegado el caso, ser desconectado. No sé si la Comisaria tendrá algo que decir sobre este tema al final del debate o si podrá, cuando surja la oportunidad, informar a la comisión parlamentaria sobre la situación real en este ámbito. 
Bouwman (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo doy las gracias a la Sra. Sommer por el importante trabajo llevado a cabo.
Quisiera incidir en el objetivo de esta directiva, que no es otro, claro está, que el de la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de cobro de peajes. No obstante, no hay duda de que el objetivo real va más allá para tratar de conseguir la internalización de los costes medioambientales externos. Varias han sido las enmiendas presentadas con esta intención.
Después de todo, aún persisten los problemas principales relacionados con el tráfico. En este momento, transcurridos más de cuatro años desde que entré a formar parte de esta Cámara, se sigue debatiendo sobre la misma cuestión. Los problemas son evidentes: el medio ambiente, el ruido, las emisiones, la congestión, la falta de seguridad; podría mencionar unos cuantos más. Estos problemas se encuentran vinculados de forma inextricable al crecimiento económico.
Casi todos los economistas del transporte coinciden en que la imposición de sistemas de peaje es el único modo de limitar el tráfico y solucionar el problema. En los titulares de la prensa de hoy de los Países Bajos se hace alusión a la reducción de los atascos gracias al cobro de peajes en diferentes niveles. Aunque en teoría esto es cierto, es indudable que el origen del problema se encuentra en cierto modo en la actitud del Consejo de Ministros. A principios de este mes se nos ha informado desde el Consejo de Ministros de que los Ministros en general y los Ministros de Transportes, en todos los niveles, se muestran totalmente indecisos acerca de la tarificación por kilometraje. Tras escuchar las propuestas de la Sra. Peijs, ex diputada y actual Ministra de Transportes en los Países Bajos, podría afirmar que equivalen a imponer una «tarifa plana».
Es preciso implantar un sistema de cobro basado en el precio, la ubicación, el tipo de vehículo y un sinfín de aspectos adicionales, lo cual requiere el uso de tecnología moderna. A pesar de esto, compartimos la opinión de la ponente de que, por el momento, conviene evitar deshacerse sin más, de pasada, de otras técnicas como la comunicación por microondas. Eso sería ir demasiado lejos. Asimismo, creo que nos estamos precipitando al utilizar la denominada tecnología Galileo. ¿Por qué nos empeñamos en seguir adelante con ella? Ya existen las tecnologías GSM y GPS, y la GPS2 está a la vuelta de la esquina. El debate en torno a Galileo es de sobra conocido; también en esta Cámara se ha discutido al respecto. Lo que estamos a punto de poner en marcha ahora es una especie de sistema para camiones, que yo no considero estrictamente necesario.
Al observar los ejemplos de Suiza, las , etc., se puede llegar a la conclusión de que es conveniente disponer de diferentes tecnologías innovadoras. En mi opinión, deberíamos contar con otra tecnología aparte de Galileo, quizás GSM. Con otra tecnología que sea al mismo tiempo compatible, según lo acordado anteriormente, para así poder registrar avances destacados en este terreno. Esperamos poder resolver este problema futuro. En cualquier caso, insto a los Ministros de Transportes a que se expresen acerca del modo en que se utiliza el dinero, si las cantidades recaudadas se destinan o no a finalidades como, por ejemplo, la mejora de los sistemas ferroviarios, entre otras, es decir, la llamada «tarificación cruzada». 
Cocilovo (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, señora Sommer, a quien doy las gracias por su trabajo, opino que en ocasiones nuestros debates serían más sencillos si estuviéramos un poco más informados del orden del día. Estoy de acuerdo con la idea de que esta propuesta de directiva permitirá simplificar y, en consecuencia, fomentar en cierto modo el uso generalizado de los sistemas de cobro a través de peajes, derechos de uso y otros medios, si bien la directiva no versa tanto sobre la tarificación como sobre la cuestión de la interoperabilidad de los diferentes sistemas. Para nosotros, este objetivo resulta completamente indispensable, ya que las barreras comerciales y las distorsiones potenciales del mercado interior solo se podrán eliminar si se garantiza la interoperabilidad.
En este sentido, lo que hacemos no es apoyar los monopolios de explotación o tecnológicos, sino manifestar que resulta imprescindible lograr la interoperabilidad. No tengo nada en contra de la inversión en tecnologías innovadoras o en el sector de la navegación por satélite según lo expuesto por la ponente. En diversas ocasiones he podido escuchar distintas objeciones que aluden al riesgo denominado «gran hermano». No soy defensor del «gran hermano», y con total sinceridad les diré que no me agradaría que se diese esa situación, independientemente del país de procedencia. No sería correcto que permaneciéramos completamente indiferentes ante el «gran hermano» del Sr. Bush y que solo nos preocupara el «gran hermano» europeo. Aunque, sin lugar a dudas, si tuviera que elegir entre los dos, me quedaría con la rama europea de la familia.
Un último comentario: el compromiso de la interoperabilidad debe aplicarse también a las normas contractuales, simplificando las cosas también para los usuarios y los contribuyentes. Es preciso establecer normas claras para que las normas y las relaciones contractuales aplicables a cada operador sean flexibles y se encuentren disponibles para el uso común por parte de todos los operadores. Las barreras jurídicas, fiscales y de otro tipo dificultan la referencia obligada a un sistema de contrato único. 
Watts (PSE ).
   – Señor Presidente, los diputados laboristas británicos al PE apoyan plenamente el principio de quien contamina paga y, teniendo esto en cuenta, creo que el coste del transporte por carretera debería reflejar más fielmente los costes reales para la sociedad y, sobre todo, para el medio ambiente. La mejor manera de hacerlo es introduciendo sistemas de pago, en los casos adecuados y donde exista apoyo local.
El cobro de peajes desempeña un papel destacado en la lucha contra los atascos, la contaminación y el calentamiento del planeta. El acertado y popular sistema de peaje que se aplica en el centro de Londres constituye un ejemplo de este planteamiento y representa el sistema de peaje urbano más ambicioso de Europa. Otros centros urbanos británicos están llevando a cabo iniciativas similares. Para los camiones, el Partido Laborista británico propone la introducción de una tasa por el uso de camiones que se implantará en 2006 y que, por cierto, cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de transportistas. Por ello, aunque apoyamos plenamente la interoperabilidad de los sistemas de peaje, es indispensable que estas iniciativas pioneras británicas no se vean perjudicadas de modo alguno. Por esa razón apoyamos que la UE adopte normas técnicas mínimas para permitir la interoperabilidad de las tecnologías usadas por los sistemas de peaje a fin de evitar que los propietarios de vehículos tengan que instalar varias unidades distintas, lo que implica mayores costes e incomodidades.
Sin embargo, no sería correcto imponer un tipo determinado de tecnología. Por ello acogemos con agrado el informe Sommer y queremos dar las gracias a la ponente por su labor, que aborda plenamente estas cuestiones, buscando la compatibilidad en lugar de prescribir rígidamente el tipo de tecnología que debe usarse, dejando esta decisión al mercado, o, con arreglo al principio de subsidiariedad, a los Estados miembros.
Un ámbito en el que podrían ofrecerse clarificaciones es el papel de las autoridades regionales y locales, e instamos a sus Señorías a que apoyen la enmienda 45, que deja claro que este es el nivel en que deben tomarse las decisiones en determinados casos. También pedimos apoyo para la enmienda 44, que pretende dejar claro que el equipo de a bordo no es obligatorio.
Por último, todos debemos tener claro que si mañana adoptamos este informe no obligaremos a Estado miembro o autoridad local a cobrar peajes a los automovilistas o transportistas. Pretendemos asegurar de forma cabal y razonable la compatibilidad entre sistemas. 
Marques (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, ante todo quiero felicitar a la Sra. Sommer por el excelente informe presentado, que cuenta con todo mi apoyo. Al igual que la ponente, considero que la propuesta de la Comisión ha de contribuir a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Así, desde el punto de vista de los usuarios, la directiva facilitaría el cobro de peajes en los diferentes Estados miembros, se eliminarían los tiempos de espera y, a raíz de ello, aumentaría la capacidad de uso de las infraestructuras.
El sistema actual carece de sentido, en particular en lo que respecta a los transportistas internacionales de mercancías, que se pueden ver obligados a adquirir aparatos diferentes, cada uno con su propio contrato, para instalarlos en sus vehículos. No obstante, quiero comentar algunos puntos que considero relevantes y a los que, en mi opinión, convendría que la Cámara prestara especial atención.
El primero de ellos está relacionado con la necesidad de dejar absolutamente claro que la directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros para decidir sobre su propio régimen de tarificación del uso de las infraestructuras viarias. En la directiva solo se contempla el sistema de cobro, sin incluir ninguna política de tarificación como tal. Además, en lo que respecta al calendario para la interoperabilidad, comparto la opinión de la ponente de que habría que fijar la fecha de inicio para el día 1 de enero de 2007. De este modo, la industria y los gestores de infraestructuras dispondrán del tiempo necesario y suficiente para determinar e instalar equipos que cumplan las nuevas normas.
Por último, quiero resaltar que la directiva ha de tener en cuenta los elementos esenciales de los que depende el éxito. A saber: el desarrollo de actividades de sensibilización de los usuarios en relación con los avances tecnológicos, la implementación de procedimientos legales para el control y la prevención del fraude, y el análisis de distintos tipos de compensaciones por las inversiones realizadas por los operadores en procesos tecnológicos, financieros o comerciales paralelos cuya viabilidad se ve amenazada ante la obligación de cambiar al nuevo sistema. 
Stockmann (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, una vez subsanado el defecto estructural de la propuesta de la Comisión, es decir, la exigencia de que los sistemas sean interoperables antes de que se supriman, el informe marca unas directrices con las que todos podemos estar de acuerdo. Por este motivo hemos de dar las gracias a la ponente. Nuestra necesidad básica pasa por el establecimiento de un sistema de telepeaje que sea compatible en toda Europa y cuyo diseño según las normas garantice su durabilidad. Desde los años noventa, Europa ha sido testigo de la introducción de infinidad de sistemas de telepeaje diferentes, como retales cosidos en una misma colcha. Y si no fuera por esta directiva, el número de retales sería mayor. El propósito de la directiva es el de lograr, en el futuro, la implantación en toda Europa de un único equipamiento tecnológico y un solo contrato, lo que significa que los sistemas deberán ser compatibles de aquí al año 2007.
Mirando más allá, recomienda la introducción de un sistema de peaje basado en la tecnología de satélite, al tiempo que insta a la Comisión a que presente, para el año 2009, una estrategia para la conversión de los servicios. Este ha sido el planteamiento exigido siempre por nuestro Grupo, por lo que me complace saber que contamos con el respaldo de la ponente en este sentido. La razón por la que recomendamos un sistema de peaje basado en este tipo de tecnología es que tiene el potencial necesario para añadir valor a nuestra política de transportes. Tratando de utilizar una analogía más elaborada, diré que no es cuestión de comprar una máquina de escribir y luego un ordenador si lo que se pretende es publicar documentos en Internet.
Asimismo, los sistemas de peaje basados en la tecnología de satélite prometen más ventajas de cara al futuro. En primer lugar, porque pueden –siempre que exista la voluntad política necesaria– proporcionar una cobertura transfronteriza y exhaustiva de los vehículos. En segundo lugar, porque –tal y como ha señalado mi colega el Sr. Swoboda– ofrecen una base sobre la que podrán canalizarse los flujos de tráfico futuros e interrelacionar de forma logística los diferentes medios de transporte. Y en tercer lugar, porque se podrán utilizar en combinación con la tecnología de comunicaciones móviles a fin de introducir otros servicios, como por ejemplo la asistencia rápida en caso de accidentes, la advertencia de riesgos locales y el seguimiento de mercancías peligrosas, por citar algunos. Puede que la Comisión tenga que hacer más hincapié en estos aspectos técnicos. Me complacería que se completara esta directiva durante esta legislatura, preferiblemente tras la primera lectura. 
Rack (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, llevamos unos veinte años hablando en Europa en términos de lo que denominamos el nuevo enfoque. Ahora contamos con otra palabra de moda: la Unión Europea va a dejar de regular cada detalle de cada aspecto para concentrarse principalmente en la interoperabilidad de los sistemas. Lamentablemente, no siempre se respeta este principio, lo cual supone un problema en este caso, si bien este no afecta a la propia directiva, que ya ha sido blanco de numerosas críticas.
La Comisión ha propuesto un sistema para el futuro, cuya fecha de implantación se sitúa sin duda en un punto bastante lejano en el tiempo. Tal y como ha afirmado la Comisaria, lo más probable es que no funcione, y esto no es lo que queremos. Necesitamos sistemas viables –obsérvese el uso del plural– que se instalen, funcionen y sean interoperables. Aunque no tengo nada en contra de la tecnología de satélite, sobre la que cabe resaltar diversos factores positivos, no estoy a favor del modo en que se pretende introducir. ¿No tenemos suficiente con el fracaso experimentado en Alemania? Lo que necesitamos en este momento es neutralidad tecnológica, necesidad que se mantendrá durante unos años más. Visto de ese modo, hemos de dar las gracias sinceramente a nuestra ponente, la Sra. Sommer, por guiar los debates de la comisión, desde una fase temprana –la más apropiada–, en la dirección acertada, centrándose en la necesidad de garantizar la interoperabilidad, y sobre todo, además, en la simplificación de las cosas para el usuario y en el buen funcionamiento del sistema.
Esto me lleva a darle las gracias también al Sr. Turmes, quien nos ha advertido acerca del riesgo de perder el contacto con la realidad al abordar el tema de los peajes y los sistemas de cobro. Al inicio de su intervención, parecía que ya estuviéramos discutiendo sobre los ecopuntos, el siguiente punto del orden del día. Puedo decir que estoy de acuerdo con él en esa cuestión y también en sus comentarios sobre este punto del debate: debemos mantener los pies en tierra en este sentido. Es preciso garantizar la implantación de sistemas viables para la totalidad del sector del transporte. De lo contrario, aunque puede que acabemos organizando mejor algunos aspectos, está claro que arruinaremos muchos más. 
Honeyball (PSE ).
   – Señor Presidente, como ha señalado mi colega, el Sr. Watts, apoyamos decididamente el principio de interoperabilidad de los sistemas de peajes en toda Europa, pero voy a hablar en particular de Londres.
En mi calidad de diputado al Parlamento Europeo en representación de Londres, obviamente me preocupan los efectos que este informe pueda tener sobre el sistema de peaje en horas punta que funciona en Londres desde hace más o menos un año. No deseamos poner en peligro de modo alguno ese sistema, y la Comisión nos ha garantizado que nuestras preocupaciones serán tenidas en cuenta.
Sin embargo, me gustaría mencionar otras dos cosas. La primera es que, en este momento, el sistema londinense no utiliza tecnología de microondas, pero es posible que avance en esa dirección, lo que requeriría la instalaciones de unidades a bordo y haría que este sistema quedase dentro del ámbito de aplicación de esta Directiva. Si a continuación se nos exige que utilicemos algún tipo de sistema de satélite, eso realmente provocaría problemas enormes, ya que los sistemas de satélite no han sido diseñados para entornos urbanos y plantearía dificultades de visibilidad, es decir, de observación efectiva del tráfico en la forma requerida. Y tenemos también la cuestión de las barreras, pues evidentemente una ciudad necesita un entorno sin barreras. Así pues, si adoptamos la tecnología de satélite, su explotación plantearía problemas técnicos muy reales, no solo en Londres, sino en cualquier otro entorno urbano que decida introducir sistemas similares.
Por ello nos preocupa sobremanera este aspecto y los efectos que esta Directiva podría tener sobre lo que es un sistema nuevo en Londres, pero que ha tenido un gran éxito. El peaje londinense en horas punta ha reducido de forma importante la circulación en el centro, con los evidentes beneficios para el medio ambiente, etc. Por eso esperamos obtener las garantías que pedimos. 
Vatanen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, seóra Comisaria, Señorías, los sistemas de telepeaje de las carreteras nunca han tenido aceptación, en especial si uno debe sufragar todos los gastos por su cuenta. Sin embargo, de todos modos son una realidad vigente hoy día en Europa. Son necesarios. Se trata simplemente de hallar el modo de minimizar los problemas que originan y los costes derivados.
Aunque ya se han implantado diferentes sistemas en el ámbito local y nacional, estos no son compatibles. Es evidente que, para evitar los problemas, debemos lograr su armonización. El excelente objetivo de esta propuesta de la Comisión consiste en que cada usuario disponga de un único contrato y cada vehículo de una sola caja, para así asegurar el correcto funcionamiento del mercado interior. Esto es del todo razonable. Estoy de acuerdo con la Sra. Sommer en que el objetivo es lograr la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje, y no los medios que se utilicen para este fin.
He de discrepar con la Comisión en una cuestión: en mi opinión, debemos ser más flexibles en lo que respecta a las entidades locales, ya que de este modo no será necesario abandonar los planes viables y útiles que ya se encuentran en funcionamiento debido simplemente a la adopción precipitada de los sistemas de satélite. El objetivo se basa en conseguir el funcionamiento compatible de los diferentes sistemas, y no en el hecho de que estos utilicen microondas u ondas de cualquier otro tipo. Por este motivo, basta con determinar los requisitos generales para alcanzar el propósito esencial de la directiva, que no es otro que la interoperabilidad de los sistemas. Esto es esencial.
Una Europa dinámica no puede existir sin el transporte por carretera. Una Europa cada vez más próspera no puede prescindir de la movilidad. Aunque quizás resulte conveniente estandarizar estos sistemas, debemos asegurarnos de que los costes se mantengan en un nivel razonable y evitar ponernos límites de forma voluntaria. 
Grosch (PPE-DE ).
   – Gracias, señor Presidente; señora Comisaria, Señorías, también doy las gracias a la ponente por el trabajo realizado y por la voluntad de diálogo que ha demostrado en todo momento a la hora de abordar un expediente nada fácil. Resulta sin duda tentador tratar el tema de los peajes como si todo estuviera bastante claro, ya que en él confluyen numerosos aspectos diferentes. La regulación que comportan puede beneficiar al medio ambiente, aumentar la seguridad y, al mismo tiempo, generar ingresos, sobre cuyo empleo es cierto que también se podrían entablar apasionantes debates. No obstante, opino que no sería aconsejable mezclar los dos asuntos. Tendremos la oportunidad de discutir el primero de ellos más adelante, así que concentrémonos en la cuestión de la tecnología. La experiencia pasada nos ha enseñado que el debate sobre este tema resulta sumamente útil. Hemos presenciado el caos que se puede producir cuando un país se empeña en usar su propia tecnología, tal y como demuestra la política de peajes aplicada en Alemania. No creo que los monopolios ofrezcan la solución acertada en este ámbito; simplemente tenemos que tratar de implantar una tecnología viable. Considero que la propuesta de la Comisión y el planteamiento sugerido por la ponente marcan el camino apropiado para conseguir este objetivo.
Desde mi punto de vista, es conveniente, y seguirá siéndolo con el paso del tiempo, adoptar el principio del «contracto único por usuario». A diferencia de la Sra. Honeyball y el Sr. Watts, yo no resido en Londres, sino en un punto situado a tan solo siete kilómetros de distancia de dos países, y puedo asegurarles que para los conductores de vehículos de tráfico pesado sería una auténtica pesadilla tener que instalar un equipo de control diferente para cada país. Esta idea no es viable, por lo que convendría descartarla en el futuro.
En segundo lugar, no hay que especificar con demasiada precisión la tecnología que se debe implantar, sino indicar tan solo que ha de ser una tecnología fiable, eficiente y compatible; es decir, es preciso garantizar la interoperabilidad de la misma. Las experiencias anteriores nos han demostrado las consecuencias derivadas del incumplimiento de estos criterios.
Por lo tanto, diré para concluir que espero que, sea cual sea el sistema implantado, no se repita el fracaso vivido hace poco. Los operadores del transporte han perdido cientos de horas de trabajo en la instalación de sistemas, para que luego un país y una región decidan sin más no utilizarlos. No tiene sentido ni justificación llevar a cabo algo parecido, ya que, en mi opinión, no contribuye en absoluto a alcanzar un objetivo realmente deseable. 
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la propuesta de la Comisión merece el apoyo del Parlamento. Nuestra misión debería ser la de alentar la adopción de medidas aún más ambiciosas, pero el informe de la comisión parlamentaria resulta decepcionante en este sentido.
En primer lugar, aunque la comisión plantea el problema desde diferentes puntos de vista, no cuestiona el hecho de que el sistema solo se aplica al transporte comercial. En segundo lugar, parece que la comisión sigue pensando que los peajes por el uso de las infraestructuras de carretera deberían cubrir los costes del mantenimiento de las carreteras. En tercer lugar, con el enfoque propuesto por la comisión, la Unión Europea no logrará el suficiente impulso en lo que respecta al desarrollo sostenible. A continuación pasaré a analizar la cuestión con más detenimiento en relación con estos tres puntos.
A la hora de adoptar sistemas de telepeaje, no conviene fiarse de una situación en la que un aumento del transporte privado anula por completo las ventajas derivadas de una reducción del transporte comercial. La única solución sostenible radica en asegurar que, desde el principio, el sistema se aplique del mismo modo a todos los transportes por carretera. Esta solución no es injusta para con los conductores particulares, ya que cada vez más coches incluyen equipos de localización por satélite. Para el año 2008, cuando ya esté en funcionamiento el sistema europeo Galileo, habrá un porcentaje significativo de vehículos con este tipo de equipos.
Es fundamental tener en cuenta los costes externos del tráfico para que con cada peaje percibido el coste marginal equivalga a la cantidad máxima cobrada. De este modo, el tráfico no tendría que pagar el coste externo actual, sino un gravamen equilibrado que refleje el volumen de tráfico. Por consiguiente, el principal objetivo ha de ser el de mantener en todo momento el volumen de tráfico de una ruta o zona en la que se aplique el pago de este tipo de cánones en un nivel óptimo, determinado por mecanismos de mercado. En mi opinión, los sistemas de localización por satélite permiten cumplir estas condiciones de forma más sencilla y, por este motivo, tendríamos que atrevernos a adoptar sin más demora esta tecnología como base para un sistema europeo, de acuerdo con la propuesta de la Comisión. Así, la incorporación de la tecnología al mercado reportará además una serie de ventajas a gran escala, ventajas que se traducirán en una reducción de los costes para las empresas de transporte.
Imagino que la gente debe andar murmurando acerca de la incompetencia de los poderes legislativos. Les recordaré, no obstante, que el tráfico es responsable en gran medida de las emisiones de dióxido de carbono. Aunque la industria automovilística, con el apoyo de la Unión Europea, ha dedicado y dedica considerables esfuerzos al desarrollo de vehículos de baja emisión, hay una razón de peso para imponer sistemas de cobro de peajes con el fin específico de reducir las emisiones. Me remito al artículo 174 del Tratado de la Unión Europea. 

Langenhagen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, estoy de acuerdo con la ponente en que no corresponde al legislador imponer al mercado una tecnología concreta en detrimento de las demás, pero, a fin de cuentas, a todos nos interesa poder utilizar en el futuro los mejores sistemas de tarificación disponibles en Europa. La tecnología de microondas compite con las comunicaciones móviles y la localización por satélite. Actualmente hay importantes enmiendas que destacan sus ventajas en comparación con otros sistemas. Sistemas que, por cierto, se utilizan de forma paralela en determinados tramos de carretera, y quizás no sea solo durante un período de transición. El hecho es que la progresiva conversión a la tecnología de comunicaciones móviles y de localización por satélite ofrece una posibilidad más realista de alcanzar la interoperabilidad y garantizar, por tanto, la ausencia de problemas relativos al tráfico por carretera a través de un sistema viable de cobro de peajes, y sin necesidad de realizar inversiones demasiado cuantiosas en infraestructuras. Ya se ha explicado el modo en que, en el ámbito de la localización por satélite, el sistema europeo de navegación Galileo, aún en desarrollo, proporcionará a partir del año 2008 información de calidad superior a la que ofrecen los actuales sistemas GPS y se adecuará a la perfección a los servicios telemáticos del tráfico por carretera. Se trata simplemente de aprovechar las oportunidades que nos brinda Galileo en relación con el cobro de peajes.
No se trata en absoluto de presentar la tecnología de telepeaje como argumento para justificar el alcance de Galileo. No cometamos el error de utilizar el fracaso ocurrido en Alemania con la aplicación de peajes sobre el tráfico pesado como excusa para negar una oportunidad a la tarificación basada en la tecnología de satélite. Debemos evitar actuar con exceso de celo. Esto no implica que se vayan a repetir los errores financieros, la mala suerte y los accidentes que han acompañado a la implantación de los peajes en Alemania, así que no perdamos la calma. Tal y como he dicho, no apoyo la imposición obligatoria de sistemas de telepeaje basados en la tecnología de satélite, pero confío en que, finalmente, prevalezca en el mercado el sistema más apropiado, de acuerdo con los intereses implicados en este asunto. 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer el magnífico trabajo realizado por la ponente, Sra. Sommer, y las discusiones y los avances que han resultado del trabajo conjunto de las tres instituciones para conseguir una aprobación en primera lectura, porque entiendo que las objeciones que teníamos en relación con algunos de los puntos que se habían adoptado en el primer informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo se ven totalmente adaptadas en unas enmiendas de transacción que pueden ser aceptables para la Comisión y que creo que también serán aceptables en su momento para el Consejo.
Quiero señalar que mañana, con la ratificación en este Pleno de lo planteado por la ponente, podremos asistir a una aprobación por parte del Consejo de la propuesta del Parlamento, que -insisto- la Comisión podría aceptar en esos términos.
Asimismo, quiero contestar brevemente a algunas de las preocupaciones que han manifestado sus Señorías.
En primer lugar, respecto al asunto de la subsidiariedad, Señorías, les diré que está garantizado. Lo que estamos planteando fundamentalmente es un contrato jurídico único que permite un cobro del uso de esa infraestructura, dondequiera que se haga ese uso, en el lugar de origen, en la cuenta corriente del usuario. Es decir, por ejemplo, al igual que los cargos por la utilización de un teléfono móvil o de una tarjeta de crédito en cualquier lugar de la Unión Europea son repercutidos posteriormente en nuestra cuenta bancaria, tratamos de conseguir una situación similar con los peajes: que la utilización de una infraestructura en un país tercero nos sea cargada en nuestra cuenta bancaria.
Eso habrá de hacerse con contratos y con las garantías suficientes, como sucede en los sectores de los ejemplos citados.
Para poder hacer eso no solo necesitamos tener un contrato único sino también avanzar para aprovechar plenamente esas condiciones en la interoperabilidad, en la compatibilidad de los sistemas.
Tengo que decir que, a pesar de que la Sra. Sommer y algunos otros oradores decían que comprometerse ahora con un sistema -como el sistema de satélite, que no está totalmente probado- es prematuro, y de que creo que quizás podríamos haber avanzado más, el resultado final del debate mantenido es positivo. Creo también que una fuerte recomendación de cara al futuro por el sistema Galileo envía la señal adecuada a todo el sector que va a invertir, que está invirtiendo o piensa en poner en marcha el sistema Galileo y, por lo tanto, compatibilizamos el apoyo al sistema Galileo -que es un sistema europeo- con la necesaria flexibilidad para que cada país pueda, sin embargo, tomar las medidas correspondientes, siempre y cuando sean unos sistemas compatibles e interoperativos, aunque eventualmente pueda haber otras soluciones en caso de darse, por ejemplo, problemas de inversiones, de amortización de inversiones, etc.
Contestando muy brevemente a la pregunta que ha formulado el Sr. Swoboda sobre las negociaciones con los Estados Unidos, aprovecho para decir que éstas han avanzado muy positivamente. En los últimos tiempos, en lo relativo al problema del solapamiento de frecuencias hemos resuelto ya plenamente -de manera satisfactoria para ambas partes- el solapamiento del código M del GPS norteamericano -que es el código de máxima seguridad- con nuestra propia señal -señal cerrada, de seguridad, reservada a las autoridades públicas en el sistema Galileo-, y hemos encontrado fórmulas que no dañan en absoluto la calidad del sistema Galileo y que a la vez dan las garantías de seguridad que reclaman los Estados Unidos.
Nos queda por resolver el solapamiento que se produce -según dicen los norteamericanos- entre nuestra señal abierta y una de sus señales. Ahí hemos dicho muy claramente que lo que no podemos aceptar es la propuesta inicial de los Estados Unidos -consistente en pasar del 1 5 1 5 (lo que nosotros querríamos) al 1 1 (pretensión de los norteamericanos)- porque entendemos que perderíamos mucha calidad en el servicio. Además, entendemos que en el 1 5 no generamos dificultades de seguridad para el sistema de seguridad norteamericano. De todas formas, estamos terminando estas discusiones pero espero, Señorías, que no se presenten mayores dificultades y que tengamos una solución total, ya que casi todas las cuestiones están prácticamente resueltas, de lo cual me alegro muchísimo. A ello hay que añadir el interés mostrado por países como la China, la India, el Brasil u otros terceros países en participar en este proyecto.
El siguiente asunto que quiero señalar muy brevemente es el caso de Londres, aunque puede pensarse en otras ciudades. Señorías, el ámbito donde exigimos la interoperabilidad y la compatibilidad no se aplica al peaje londinense, entre otras razones, primero, porque es un ámbito local, que no incide en nuestras competencias y, sobre todo, porque en Londres no hay equipo instalado. Además, se señala que en aquellos casos en los que supusiera un coste desorbitado y desequilibrado para el objetivo perseguido no se aplicaría.
Señor Presidente, concluyo diciendo que, por motivos de concisión y para velar por la precisión en un ámbito que tiene un componente técnico muy fuerte, entendemos que convendría revisar parcialmente la redacción -no el fondo- de las enmiendas 2, 14, 18 y 32. Por lo demás, señor Presidente, solo me queda agradecer a la Sra. Sommer su magnífico trabajo, a sus Señorías su colaboración y concluir que éste es el sistema tecnológico que más tarde nos permitirá aplicar adecuadamente la Directiva de la "euroviñeta". Hoy no hablamos de los peajes en sí, sino de los métodos para poder cobrar los peajes de una forma más sencilla, que creen menos problemas a los usuarios y que faciliten el funcionamiento del mercado interior.
El Presidente.
   Gracias, señora Comisaria y Vicepresidenta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0475/2003) del Sr. Costa, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se instaura un sistema provisional de puntos aplicable a los camiones que transiten por Austria para 2004 en el marco de una política de transportes sostenible (PE-CONS 3689/2003 – C5-0562/2003 – 2001/0310(COD)). 
Hatzidakis (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, el ponente, el Sr. Paolo Costa, me ha pedido que intervenga en su lugar porque, debido al cambio del orden del día de la sesión, no podía asistir al tener asuntos que atender en Italia.
El procedimiento de conciliación del informe Costa sobre los camiones que transitan por Austria resultó sumamente complicado y desalentador, por así decirlo, para todos los implicados, al tratarse de un acuerdo que afecta a un Estado miembro específico, Austria. Algunos diputados, diputados austriacos, manifestaron una gran sensibilidad –lo cual es bastante comprensible, en mi opinión– ante los problemas sometidos a debate. Los ciudadanos austriacos han tenido, y tienen, una sensibilidad especial sobre este asunto concreto, razón por la cual, además, se redactó el protocolo pertinente cuando Austria se unió a la Unión Europea en 1995. Sin embargo, dado que estas disposiciones ya no están vigentes, el Parlamento Europeo decidió, en primera lectura, fijar 2006 como el último año durante el que se podrían establecer acuerdos específicos para Austria, sobre todo porque se ha registrado una mejora en lo que respecta a la protección medioambiental, información que también aparece reflejada en las estadísticas facilitadas por la Comisión.
Como saben, hubo diferencias de opinión entre el Parlamento y el Consejo. Por un lado, el Parlamento sostenía que las medidas que otorgaban a Austria un trato de favor se tendrían que limitar exclusivamente a la región alpina, mientras que, por otro, el Consejo defendía la aplicación de dichas medidas a toda Austria. Acerca de la cuestión sobre qué camiones podrían circular, el Parlamento resolvió de nuevo permitir el paso de un mayor número de vehículos.
Las posturas de las dos instituciones se fueron aproximando en el transcurso del procedimiento de conciliación. Nosotros aceptamos la opinión del Consejo de que había que aplicar las medidas especiales a todo el Estado austriaco y, por su parte, el Consejo aprobó la idea del Parlamento de permitir el libre tránsito a algunos de los camiones a los que proponía vetar el paso o imponerles cuotas; esta era la lógica subyacente a las propuestas del Parlamento, que no afecta a todos los tipos de camiones, sino solo a algunos.
Por último, quedaba un problema: el número de camiones sujetos a las cuotas era limitado, y había que decidir la cantidad de ecopuntos disponible. A este respecto, el Parlamento, haciendo alarde de solidaridad con Austria y nuestros colegas austriacos, solicitó reducir el número total de ecopuntos en un porcentaje considerable. Esta posición del Parlamento fue finalmente aceptada por el Consejo y, de este modo, se llegó al resultado de la conciliación. Nuestros colegas austriacos votaron en contra porque consideraban que las medidas eran demasiado estrictas para Austria, mientras que otros diputados, como el Sr. Ferber, de Baviera, también votaron en contra por creer que el resultado de la conciliación era muy indulgente con este país.
He de decir, como miembro del Comité de Conciliación y como representante del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que el resultado es equilibrado, el acuerdo alcanzado es, en última instancia, un acuerdo positivo, y prueba de ello es, si lo prefieren, el hecho de que las partes con intereses directos votaron en contra, algunas por considerar las medidas poco rigurosas y otras por juzgarlas estrictas.
En cualquier caso, tras unas negociaciones tan complicadas y prolongadas, me veo hoy obligado a recomendar a todos los diputados, señor Presidente, que voten a favor del resultado obtenido en el procedimiento de conciliación, porque es preciso aplicar estas medidas hasta la fecha límite fijada para el año 2006. Si, mientras tanto, se consigue avanzar en el tema de la euroviñeta, el acuerdo pertinente también tendrá que aplicarse a Austria. De todos modos, a partir de 2006 se impondrán en Austria las mismas medidas que en el resto de los países europeos, sobre la base de que, al menos según las estadísticas, se han producido mejoras de los indicadores medioambientales, a las que han contribuido de forma decisiva las modificaciones de la flota de camiones. Ha habido avances, por lo tanto, en lo que respecta al rendimiento medioambiental de los camiones que transitan por Austria.
Señor Presidente, el Grupo del Partido Popular Europeo votará por amplia mayoría a favor del resultado del procedimiento de conciliación. Naturalmente, soy consciente de que algunos diputados no están contentos. A nuestros colegas austriacos en particular les diré que hemos tomado debida cuenta de sus comentarios y de las observaciones del Gobierno austriaco, el cual libró una dura batalla para respaldar las posturas austriacas. Sin embargo, no pudimos hacer nada más. La misma respuesta vale para los diputados de los demás Grupos políticos. Ha sido imposible aproximarse más a las posturas austriacas, porque esto habría ocasionado problemas con los miembros de otras representaciones. Se trata de un resultado positivo, todo lo positivo que podía ser, y por esta razón creo que será aprobado por la amplia mayoría de los diputados en la votación. 

(Desde el inicio del debate, el Sr. Hans-Peter Martin ha mostrado una pancarta en señal de protesta contra el tráfico de vehículos de mercancías en los Alpes.)
Señor Martin, me veo obligado a llamarle al orden en virtud del artículo 123 del Reglamento. Asimismo, he de advertirle que si se vuelve a repetir esta actitud y tengo que llamarle la atención de nuevo, se hará constar una nota al respecto en las actas de la sesión. Si esta amonestación no surte efecto, entonces, a mi pesar, tendré que pedirle que abandone la Cámara. Por lo tanto, le ruego que desista de su comportamiento alborotador. 
Martin, Hans-Peter (PSE ).
   – Señor Presidente, mi comportamiento se debe a que, hasta esta mañana, estaba incluido en la lista de oradores y, posteriormente, el director de asuntos parlamentarios del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos ha cancelado mi intervención, privándome del derecho a expresar mi postura. Durante el tiempo que habría durado mi intervención, pretendía demostrar, al menos de forma simbólica, lo que significa ser independiente en esta Cámara, incluso cuando alguien de tu propio Grupo impide que participes. No obstante, le agradezco su comprensión, señor Presidente. 
El Presidente.
   Señor Martin, se trata sin duda de un asunto que afecta solo a su Grupo, y nada tiene que ver con esta Cámara. En este sentido, deberá usted llamar al orden a la dirección de su Grupo. 
De Palacio, Loyola,
    Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento al Parlamento y al Comité de Conciliación por el trabajo efectuado con la propuesta de prórroga del sistema de ecupuntos. Quiero dar las gracias en particular al Sr. Imbeni y al ponente, Sr. Costa, así como al Consejo, por los esfuerzos realizados durante todo este tiempo para encontrar una solución al problema, discutiendo con el Consejo para lograr un acuerdo.
Quiero decir muy claramente, y para que no haya dudas, que la Comisión apoya este compromiso. Sé que las autoridades y los diputados austríacos lo consideran insuficiente, y entiendo que pueden tener una sensibilidad muy especial, por cuanto es verdad que estamos hablando del tránsito a través de Austria. Pero quiero declarar una vez más, Señorías, que este compromiso mejora las condiciones del tráfico a través de Austria, por la sencilla razón de que el protocolo nº 9 del Acta de Adhesión de Austria a la Unión Europea prevé, en el apartado 5 del artículo 11, que, al final de una serie de prórrogas -que ya se han cumplido todas-, será de aplicación la totalidad del acervo comunitario.
La última de esas prórrogas ya se ha adoptado y vence el día 31 de este mismo mes. Por tanto, si no se aprobara este compromiso, los principios de libre circulación dirían que por Austria circularían todos los camiones que lo hacen por el resto de la Unión Europea. Todos somos conscientes de la especial sensibilidad que plantea esta cuestión y por eso hemos hecho todos un esfuerzo para conseguirlo.
Insisto una vez más en que entiendo que las autoridades y los parlamentarios, incluso, muy posiblemente, los ciudadanos austríacos -al tratarse de un asunto ante el que toda Austria se muestra muy sensible- hubieran deseado una protección aún mayor, pero creo que con este régimen transitorio se consigue mantener, a pesar de todo, una situación de privilegio -digámoslo claramente- en aras a la protección del medio ambiente de Austria. En efecto, estamos prohibiendo el tránsito de los camiones más contaminantes a través de dicho país; camiones que, sin embargo, pueden circular -y van a seguir circulando- por el resto de la Unión Europea. Es decir, estamos desviando los camiones más contaminantes a otras rutas y dejando que únicamente los camiones más limpios atraviesen Austria.
Creo que es un elemento de solidaridad europea que, aunque les puede parecer insuficiente, insisto en que es un paso importantísimo, porque seguimos manteniendo el sistema de puntos, que, además de suprimir el tráfico de los camiones más contaminantes, limita el de los camiones con un nivel de contaminación intermedio, de manera que únicamente pueden circular libremente por Austria los camiones más modernos y más eficientes. Y, por tanto, insisto, todos los camiones más contaminantes o menos eficientes, estarán circulando por el resto de la Unión Europea.
Resulta crucial que el Parlamento vote hoy, ya que el sistema actual expira el 31 de diciembre próximo. Sin embargo, los operadores dejarán de tener ecopuntos a partir del 1 de enero de 2004 y, por consiguiente, procede adoptar una decisión en cuanto a la aplicación inmediata del futuro sistema provisional de puntos y permitir la circulación de los camiones en tránsito a través de Austria de modo claro y decidido, con esas limitaciones que, una vez más, señalo. Sé muy bien que ésta no es la solución; que la solución hay que buscarla a través de una adopción urgentísima del sistema de euroviñeta.
Hoy hemos adoptado el sistema de telepeajes, que comprende los elementos técnicos que facilitarán la implantación de un sistema de euroviñeta y, si conseguimos ponernos todos de acuerdo y mostrar flexibilidad, podríamos adoptar el sistema de euroviñeta en los próximos tres o cuatro meses, con este mismo Parlamento y esta misma Comisión, durante la Presidencia irlandesa.
Por parte de la Comisión, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir este objetivo, y espero que el Sr. Cocilovo y este Parlamento continúen trabajando como hasta ahora para lograrlo.
Lisi (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, opino que los comentarios del Sr. Hatzidakis, en nombre del ponente, explican con absoluta claridad el contenido técnico de esta complicada conciliación. Asimismo, las palabras de la Comisaria, con las que estoy de acuerdo, ponen de manifiesto el contenido político de esta decisión realmente compleja y difícil, que cuesta describir en otros términos.
Asumiendo los problemas del pueblo austriaco –que comprendemos a pesar de que no podamos justificar sus demandas–, hemos decidido conceder otro privilegio –porque según la Comisaria se trata de esto precisamente– y hacerlo extensivo a una zona especialmente sensible como la región alpina y a la totalidad del territorio austriaco, duplicando por tanto dicho privilegio. Además, en lugar de fijar el límite en el año 2004 y plantearnos después qué medidas adoptar para el período 2005-2006, lo hemos prorrogado automáticamente hasta el año 2006.
Este es el asunto en torno al que gira el acuerdo que vamos a apoyar, plenamente conscientes de que nuestra actuación va más allá de la llamada del deber. No obstante, creemos que, por el bien y la conservación del auténtico espíritu de la Comunidad Europea, hacemos lo correcto con este sacrificio y que, por tanto, está fuera de lugar plantear cualquier otra objeción. En términos generales, cabe decir que se ha alcanzado un compromiso excelente, el mejor compromiso posible, ya que establece el equilibrio justo entre el derecho a la movilidad y el respeto del medio ambiente: adopta un enfoque gradual, sanciona lo que se podría llamar el comportamiento incorrecto de los que no renuevan sus flotas de camiones y premia a aquellos que actúan de forma apropiada, manteniendo el debido respeto a la sensibilidad y las condiciones específicas de una región.
Si alguien desea prescindir de este compromiso, es libre de hacerlo, pero estará cometiendo un error: esta es la mejor decisión que se podría haber conseguido y, por consiguiente, merece nuestro apoyo. 
Fava (PSE ).
    Señor Presidente, creo que el comentario del Sr. Hatzidakis acerca del carácter laborioso de la tarea correspondiente a todos los diputados constituye la mejor y más concisa descripción del trabajo llevado a cabo. Ha sido una tarea complicada porque trabajábamos de forma temporal con un Consejo que se mostraba con frecuencia despreocupado, inconsciente y propenso a retrasar el tratamiento o la resolución de los problemas hasta el último minuto. En la conciliación se logró un resultado equilibrado, con el que todas las instituciones se mostraron conformes. Un resultado que establece el equilibrio entre las dos necesidades siguientes: por un lado, la necesidad de garantizar la libre circulación de mercancías y el cumplimiento del Tratado, y, por otro –un aspecto al que el Parlamento, al igual que Austria, concede gran importancia–, la necesidad de proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos. Esto significa luchar a favor de una situación de desarrollo sostenible, que, si pretendemos abordar el problema más tempranamente en el proceso de contaminación, deberemos alcanzar a través de la intermodalidad, el desarrollo de túneles ferroviarios y el fomento del transporte por tren en detrimento del transporte por carretera.
Con gran prudencia, el Parlamento evitó la adopción de una serie de soluciones simplistas apoyadas en el debate por determinados elementos con opiniones extremas: aquellos que defendían a los transportistas, por una parte, y los que protegían el medio ambiente y la salud, por otra. Las cosas no funcionan de este modo, tal y como ha dicho también el Sr. Lisi. Según parece, en las conclusiones del procedimiento de conciliación se resaltan varios puntos en los que se tienen muy en cuenta las necesidades de Austria. Cabe mencionar sobre todo el hecho de que la última ampliación, cuya fecha definitiva se había fijado para el 31 de diciembre de 2003, se haya prorrogado con una nueva ampliación, cuyo límite se establece a finales del año 2006.
La Comisaria ha señalado que dado que los camiones más contaminantes podrán seguir circulando por el resto de Europa, solo Austria se verá protegida frente a una situación de hecho que otros países deberán soportar. De acuerdo con la petición de Austria, la aplicación de este reglamento y del sistema de ecopuntos se ha ampliado a todo el territorio del país, no solo a los pasos alpinos; por encima de todo, el sistema de cuotas, establecido en la propuesta de la Comisión, que ha hecho un excelente trabajo, constituye la opción que más se acerca a las demandas de Austria.
La Comisión merece ser elogiada por su esfuerzo y el Parlamento, por su parte, por el equilibrio mostrado en la ejecución de esta complicada tarea. Se dice que Austria ya no desea beneficiarse más de la excepción realizada hasta ahora a su favor. Esperamos que esto no suceda y que se tenga en cuenta debidamente la excelente calidad de la labor del Parlamento. Por los motivos expuestos, tras dos años de trabajo, puedo comunicarles que nuestro Grupo votará a favor de las conclusiones alcanzadas en el procedimiento de conciliación. 
Sterckx (ELDR ).
   – Señor Presidente, no ha sido fácil llegar a un acuerdo en el tema de los ecopuntos. Quiero dar las gracias a mi colega diputado, el Sr. Costa, por los esfuerzos realizados al respecto, y a su predecesor, el Sr. Caveri, Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quien también ha trabajado arduamente en este asunto. En efecto, se dedicaron muchas energías a la búsqueda de un compromiso y al cambio del régimen transitorio puesto en marcha con la adhesión de Austria a favor de un sistema más general. A pesar de que comprendo perfectamente los problemas específicos de Austria y el modo en que este país intenta hallar una respuesta a los mismos, opino que no se puede permitir que ningún Estado miembro disfrute de una derogación permanente en este ámbito. Es evidente, no obstante, que hay que establecer un equilibrio entre los problemas medioambientales generales y la situación geográfica de Austria, por un lado, y la libre circulación de mercancías, por otro. No creo que sea tarea fácil conseguir un equilibrio entre estos dos aspectos. Aunque podríamos establecer una serie de teorías muy afinadas sobre la materia, en la práctica es preciso tomar a veces decisiones firmes. Asimismo, pienso que es fundamental adoptar un enfoque a largo plazo y tratar de elaborar un reglamento para el tráfico a través de los Alpes en general. Convendría además que estudiáramos este problema en el contexto del informe Cocilovo sobre la euroviñeta. En cualquier caso, consideramos que el acuerdo alcanzado en el procedimiento de conciliación es aceptable y, en consecuencia, contará con el apoyo de mi Grupo. Sin embargo, me preocupan un poco las declaraciones emitidas por el Ministro austriaco tras la conciliación. A mi juicio, es más probable que unas declaraciones de ese tipo compliquen la situación en lugar de contribuir a mejorarla. 
Blak (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, ya contamos con el resultado del Comité de Conciliación en lo que respecta al tránsito a través de Austria. Aunque intervengo en nombre de mi Grupo, el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, que se opone a este compromiso porque supondría el deterioro general del medio ambiente, puedo afirmar, tras analizar la propuesta por mi cuenta, que se trata de un compromiso útil en el que el Parlamento ha visto cumplidos gran parte de sus deseos. Se ha encontrado un equilibrio aceptable entre el respeto del medio ambiente y de la libre circulación de mercancías. La propuesta defiende la persistencia del sistema de ecopuntos a lo largo del año 2004, con la opción de prorrogarlo hasta 2005 y 2006. Para esa fecha se espera que hayamos alcanzado por fin un sistema general de peaje para las redes de carreteras de toda la Unión Europea. Antes de llegar a esa situación, no obstante, existen todavía diversos problemas en relación con Austria que deberían ser tenidos en cuenta tanto por los opositores como por los partidarios de este compromiso. Si pretendemos acabar de una vez por todas con el problema de la contaminación, tendremos que plantearnos la cuestión desde puntos de vista nuevos y diferentes. Es preciso traspasar el transporte de mercancías de las carreteras a los ferrocarriles. Dadas las circunstancias actuales, no parece que haya voluntad suficiente de aumentar la capacidad de esta infraestructura. Pero hemos de tener presente que, como sucede con todo en esta vida, no conseguiremos nada sin dar algo a cambio. Esto quiere decir que los austriacos deberán dedicar sus esfuerzos a aumentar la capacidad ferroviaria en todo el territorio del país. Como he dicho, aunque el Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica se opone a la propuesta del Comité de Conciliación, pero yo personalmente votaré a su favor.
Asimismo, quiero decir al colega diputado que se ha manifestado en esta Cámara que me parece estupendo que ya haya iniciado su campaña electoral, pero que sería más aconsejable que, en lugar de manifestarse aquí en el Parlamento, lo hiciera en su país, en Austria, en cuyo caso está claro que, sin embargo, ni él ni su insustancial protesta serían fotografiados. 
Voggenhuber (Verts/ALE ).
    Gracias, señor Presidente, Señorías, la decisión del Comité de Conciliación ha provocado en Austria el enfado y la consternación del Gobierno, el Parlamento, el conjunto de la población, los partidos y los medios de comunicación. No cabe hablar de campañas electorales en este sentido. Las sillas vacías de esta sala podrían haber sido ocupadas hoy por miles de personas deseosas de mostrar su enojo y consternación. Es la primera vez en la historia jurídica de la Unión que se le otorga semejante trato a los intereses vitales de un Estado miembro. Muchos de ustedes hablan de indulgencia; piensen en la palabra: Austria es tratada con indulgencia, se le conceden privilegios, se amplían las prerrogativas. Muchos de aquellos que hablan en estos términos parecen creer que hemos llenado de rencor la región de los Alpes y que hemos sembrado en nuestros campos las plantas más delicadas del continente con la intención de despertar la histeria nacional.
Lo que la gente de Austria piensa es que el peligro que existe es enorme, y que no afecta solo a los intereses austriacos. Se corre el riesgo de que el derecho a la libre circulación de mercancías, con el que todos estamos de acuerdo, se convierta en un derecho religioso que acabe violando el derecho humano a la salud y la protección del medio ambiente, y de que solo apliquemos medidas complementarias sin garantizar a la gente este derecho básico.
No añadiré ningún comentario más sobre esta historia interminable y su lamentable resultado. Sin embargo diré, señor Presidente, que con la postura de hoy se está planteando una cuestión de política jurídica. Se está transformando un problema medioambiental, un desastre ecológico, en un conflicto jurídico sin precedentes. Austria no quiere esta solución. Nadie la quiere. ¿Pretenden de veras imponer el reglamento contra la voluntad de este país, un reglamento que es una cortina de humo y que Austria se negará a aplicar? ¿Es esta realmente su intención?
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, tras este inspirado esfuerzo de uno de nuestros diputados austriacos al Parlamento Europeo, he de devolver el debate a la realidad, aunque soy consciente de los sentimientos que hay en juego. El próximo 31 de diciembre caduca el acuerdo excepcional sobre el sistema de ecopuntos. Este año hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a decidir si sería conveniente continuar con este sistema y a determinar, en tal caso, el modo de hacerlo.
En el informe presentado en primera y segunda lectura se abordaba el asunto de forma clara. Lo único que pretendía el Parlamento era establecer un régimen transitorio que permitiera pasar del sistema actual de ecopuntos a una situación en la que los camiones extranjeros también disfrutarían del libre tránsito a través de Austria. Sin embargo, parece que esto no es lo que esperaba Austria. En un principio, el Consejo decidió secundar esta idea.
En este momento, llegados al final de la conciliación, el Consejo y el Parlamento parecen, después de todo, estar de acuerdo en lo esencial. El compromiso instaura un régimen en el que se impide el acceso a los vehículos más contaminantes y se favorece a los «ecológicos», al tiempo que se reduce cada año el número de puntos disponibles. Se trata de un equilibrio realista en vista del conflicto existente entre la necesidad de proteger la región alpina –cuya naturaleza es sin duda vulnerable– y el principio de la libre circulación de mercancías, que es, después de todo, una realidad en la Unión Europea. Por este motivo, nos sentimos tremendamente decepcionados cuando Austria comunicó su deseo de abolir el sistema de ecopuntos a partir del 1 de enero de 2004.
En este debate, quisiera realizar tres llamamientos. En primer lugar, a Austria, para que comprenda las interminables hostilidades mutuas que podría conllevar su actitud. La indignación interna innecesaria no resulta en absoluto constructiva.
En segundo lugar, insto a la Comisión a que estudie con atención la admisibilidad de potenciales acciones austriacas que podrían poner en peligro la libre circulación de mercancías.
En tercer lugar, ruego a mis colegas diputados que revisen sin demora la directiva relativa a la euroviñeta. Con su nueva redacción, es posible que ofrezca una respuesta al punto muerto en el que nos encontramos. Estoy satisfecho con el compromiso acordado con el Consejo y, por lo tanto, lo respaldamos con firmeza. 
Kronberger (NI ).
    Señor Presidente, mañana tendrá lugar la votación sobre un informe en el que ya no se aborda el problema original, a saber, la reducción de los agentes contaminantes atmosféricos a través de la restricción cuantitativa y cualitativa del tráfico que transita por Austria.
El resultado del Comité de Conciliación consiste en poner a disposición de aquellos vehículos que siguen en el sistema de ecopuntos bastantes más puntos de los que realmente son necesarios. La consecuencia final es que el sistema vigente ya no impone límites sobre el tráfico que transita por Austria, y deja de tener sentido alguno. Además, se exige a Austria que implante un costoso sistema de cómputo, el cual, aparte de resultar prácticamente imposible desde el punto de vista técnico, tan solo reportaría gastos, sin conllevar ninguna ventaja ecológica. En vista de lo anterior, el hecho de que el acuerdo se aplique durante tres años y a la totalidad del territorio austriaco, en lugar de solo a los pasos alpinos, es del todo irrelevante.
Apoyar este compromiso sería un auténtico y completo disparate, y empañaría en última instancia el prestigio de esta Cámara. En consecuencia, les pido que mañana rechacen este informe, que irá a parar a la lista de decisiones sin sentido, una lista que ya es bastante larga. Con cada voto emitido a favor del informe, nosotros, el Parlamento Europeo, nos estaremos poniendo en ridículo seis meses antes de las elecciones. 
Rack (PPE-DE ).
    La fecha de debate y resolución del informe Costa representa un día negro para un Estado miembro, Austria. Pese a quien pese, no se tiene la menor consideración con nuestro país y sus ciudadanos. Pero no constituye un día negro solo para Austria; en relación con este asunto, el Parlamento Europeo pone en juego su reputación como representante de los ciudadanos y de los intereses medioambientales, poniéndola en manos del grupo de presión de los gases y el ruido. Después de todo, fue el Parlamento Europeo el que modificó la propuesta legislativa original de la Comisión por amplia mayoría y el que logró imponer su postura.
El resultado del procedimiento de conciliación consiste en eliminar los controles sobre el tráfico que circula por Austria. No se imponen límites al impacto medioambiental y se anula la protección de la población de la zona. La orden del día es «Carreteras despejadas para la libre circulación de camiones». Si, tal y como han mencionado algunos, esto supone un privilegio para Austria, tan solo puedo pedir que Dios nos libre de amigos de este tipo. En estas circunstancias, no hay duda de que los austriacos rechazarán el reglamento propuesto. Rogamos a aquellos diputados preocupados por la reputación del Parlamento Europeo como institución próxima a los ciudadanos y respetuosa con el medio ambiente que secunden nuestra postura.
Sea cual sea el resultado de la votación, no se solucionarán los problemas. La República de Austria prevé que será bastante complicado implementar las medidas que debe aplicar en el futuro y que para los ciudadanos será difícil convivir con las nuevas normas.
Hay un aspecto positivo en este avance: el año que viene debatiremos en esta Cámara la directiva sobre tarificación por el uso de las infraestructuras, que se aplicaría en toda Austria. Y ya no se trataría de favores especiales para un país y sus ciudadanos. Veremos entonces cómo se comportan este Parlamento y sus diputados en la votación: como amigos de los ciudadanos y del medio ambiente, o según los deseos del grupo de presión de los gases y el ruido. Los votantes europeos expresarán su gratitud el próximo 13 de junio. 
Swoboda (PSE ).
    Señor Presidente, Señorías, intervengo como diputado austriaco pero, sobre todo, como alguien que siempre ha defendido el medio ambiente y como concejal de la ciudad de Viena responsable del transporte, quien creía que el crecimiento del tráfico y de la economía no se debía producir a costa del medio ambiente y de la salud.
Quizás en ocasiones hayamos presentado las normas de tránsito como un privilegio o un acuerdo especial para Austria. Puede que en realidad se tratara de un acuerdo especial, pero con una función particular y pionera para el conjunto de Europa. Esta norma sobre el tránsito ha supuesto la introducción de mejoras en la flota de camiones de toda la Unión, que se ha modernizado. Se podría decir, si lo prefieren, que se ha hecho más ecológica, más respetuosa con el medio ambiente. Y ahora se pretende poner fin antes de tiempo a una función tan positiva. El ponente, quien por desgracia no se encuentra presente –es interesante que esta sea la segunda vez que se debate el sistema de ecopuntos en esta Cámara sin que el ponente nos acompañe; y su predecesor tampoco ha podido asistir, lo que demuestra la seriedad con la que se aborda este asunto–, presentó al menos en una ocasión una propuesta que todavía incentivaba el cambio. Sin embargo, liego volvió a desaparecer. El «régimen transitorio» con el que contamos en la actualidad no incluye ningún incentivo que estimule el cambio de camiones más peligrosos para el medio ambiente a camiones más respetuosos. Y este es el mayor inconveniente, el mayor problema que origina este régimen en Austria.
Se hacen continuas referencias a la directiva sobre tarificación por el uso de infraestructuras. Sin embargo, ya puedo predecir la polémica en torno a dicha directiva. Si observamos la propuesta del Sr. Cocilovo, queda claro que él no acepta de ningún modo lo que propone la Comisión. No hacemos más que aplazar las cuestiones de una propuesta a otra. En lugar de eso, tendríamos que redactar una norma general. Aunque me complace este reglamento, creo que no es suficiente. En mi opinión, deja de tener sentido desde el momento en que este Parlamento y determinados Grupos y diputados lo recortan más y ni siquiera quieren aceptar la propuesta de la Comisión de realizar una mínima desviación del transporte por carretera a la red ferroviaria. Esta es mi postura.
Para terminar, pediré a mis colegas diputados que rechacen este informe mañana porque no es más que una farsa. Pediré a mis colegas diputados que recapaciten seriamente y digan «no» a una propuesta que se quiere hacer pasar por solución. Austria necesita una solución real, y eso no es lo que tenemos hoy ante nosotros. Espero que consigamos más apoyo cuando se debata la directiva sobre la tarificación por el uso de infraestructuras.
Bouwman (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, aunque se ha registrado algún avance en las negociaciones, no hay duda de que este no es suficiente. Solicitamos protección para la totalidad del territorio austriaco y esta petición sí que se ha concedido. Sin embargo, es preciso aprobar la enmienda relativa a los camiones más contaminantes, ya que no existen camiones respetuosos con el medio ambiente Esta es una condición imprescindible. No se han tenido en cuenta los factores relativos al ruido. En pocas palabras, seguimos haciendo frente a una gran cantidad de problemas. Tal y como he manifestado en anteriores ocasiones, en el transcurso de este procedimiento –primera lectura, segunda lectura, debates previos–, nos encontramos ante un problema de naturaleza democrática, cosa que también ha comentado mi vecino.
Por este motivo, Austria considera que el reglamento es inaceptable. Austria ha señalado que, en los próximos dos años, en parte debido a la adhesión de más países, el transporte a través de su territorio se duplicará, o puede incluso que se cuadruplique. En última instancia, decidió de forma unilateral abolir el sistema de ecopuntos el 31 de diciembre. Puesto que esta decisión nos obliga a plantearnos qué medidas se adoptarán en el futuro, quisiera que la Comisaria nos explicara el modo en que cree que se desarrollará esta cuestión en el Consejo del 22 de diciembre. Después de todo, si Austria se mantiene firme en su postura, no sé cómo habrá que actuar ante esta decisión. 
Vatanen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, aunque los puntos suelen representar elementos positivos en la vida, por desgracia este tipo de puntos son inapropiados. Nuestro apreciado colega diputado, el Sr. Swoboda, acaba de afirmar que Austria quiere más. Comprendo perfectamente la postura de los austriacos, pero, Señorías, no estamos en Viena, en el parlamento austriaco: nos encontramos en el Parlamento Europeo.
Por lo tanto, ¿cabría la posibilidad de preguntarnos si Europa quiere más? Por supuesto que sí. Si hubiera nacido en un valle en Austria, podría considerar el problema desde su punto de vista. Pero si analizamos la situación desde la perspectiva europea, debemos tener en cuenta que las mercancías se seguirán transportando de todas maneras entre el sur y el norte del continente. Y si no toman una ruta directa, si no siguen el camino más barato posible, buscarán cualquier otro camino para llegar a su destino. En consecuencia, los viajes llevarán más tiempo, las carreteras se desgastarán más y aumentará la contaminación.
Hemos de aceptar que en el seno de la Unión Europea debemos cumplir las normas comunes, aunque esté de moda –cosa que entiendo perfectamente– tratar de ocultar una política proteccionista tras un sistema de ecopuntos. Tenemos que ver el bosque, no solo los árboles. Es preciso contemplar la situación desde una perspectiva más amplia, como suele decirse, ya que si las mercancías se transportasen en Europa del modo más caro y se incrementaran los niveles de contaminación, ¿quién se haría responsable de estos gastos? Como siempre, el consumidor final, el ciudadano europeo que ingresa solo 1 000 euros al mes, acabaría pagando estos costes.
¿Cuál podría ser la solución? Utilizar camiones que contaminen lo menos posible y, por supuesto, siempre que sea viable, aumentar el uso de los ferrocarriles. Aunque en la práctica sabemos que este tipo de transporte no dispone de la capacidad suficiente, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para incentivar su uso. Si bien deberíamos introducir desgravaciones fiscales para fomentar el cambio a los camiones más modernos, no es aconsejable que cada uno aplique su propio sistema cuando de lo que se trata es de construir una Europa común. Tenemos que tener presente que para que un beneficio sea global, ha de favorecer también al ciudadano europeo particular. 
Ferber (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ¿por qué ha costado tanto llegar a un acuerdo? Porque teníamos que encontrar una solución para un país que nunca ha participado de forma constructiva en el proceso. Sabemos qué es lo que Austria no quiere desde la primera lectura aquí en el Parlamento de las decisiones del Consejo. A decir verdad, a día de hoy todavía desconozco cuáles son los deseos de Austria. Solo sé que no están de acuerdo con este compromiso. Por lo tanto, les pido que me comprendan cuando digo que es preciso abordar este asunto con más seriedad. ¿Cómo lograremos determinar un modo de prorrogar el sistema de ecopuntos que favorezca los intereses legítimos de Austria si este país no interviene en el proceso decisorio? Simplemente puedo manifestar que tanto mi Grupo como yo estamos de acuerdo con este compromiso, a pesar de que los periódicos, las actas del Parlamento y los comunicados de prensa sostengan que yo voté en su contra: tan solo voté en contra del número de puntos propuesto por considerar que la cifra de 6,9 millones era demasiado baja. Aunque la Comisión también había presentado otros cálculos, no logré salirme con la mía en la delegación parlamentaria. No obstante, y sin lugar a dudas, apoyo el compromiso alcanzado.
El Sr. Swoboda está en lo cierto al afirmar que logramos introducir con éxito la tecnología moderna en Europa, tien razón salvo en lo que respecta a un país. Quiero insistir en este punto: debido al sistema de ecopuntos, los camiones que circulan por las carreteras del sur de Alemania y del norte de Italia son más modernos que los que la Republica de Austria ha autorizado en su propio país, donde no se aplica este sistema de ecopuntos. Austria podría haber dado un buen ejemplo al respecto en sus normas nacionales. En la directiva sobre la introducción de las fases Euro 3 y Euro 4 se incluían disposiciones en este sentido, relativas a la atribución de desgravaciones fiscales para motivar la modernización de la flota de vehículos de transporte pesado. Si estas se hubieran aplicado, gran parte de los emotivos comentarios emitidos hoy aquí habrían sido más fáciles de creer. Confío en que mañana se apruebe este compromiso por una amplia mayoría. 
Santini (PPE-DE ).
    Tras ocho años de acalorado debate, tenemos al fin en perspectiva una solución al problema de los ecopuntos. En efecto, hay que celebrar las conclusiones del procedimiento de conciliación, ya que con ellas se logra restaurar el equilibrio en una situación compleja, según la cual en Austria se aplica un instrumento que disuade a los vehículos de transporte pesado y, sin embargo, luego se permite que estos se desplacen sin obstáculos a cualquier parte, incluidas las regiones alpinas de Francia e Italia, sin tener que afrontar el pago de peajes medioambientales. Repito: incluidas las regiones alpinas. Y en este sentido me dirijo al diputado austriaco que hablaba como si la cuestión de los Alpes solo afectara a Austria.
Nos enfrentamos a los mismos problemas que denuncia Austria y el impacto medioambiental es idéntico. Todos estamos a favor de proteger nuestras montañas y nuestros países de un flujo excesivo de tráfico de camiones. Pero la solución no consiste en desplazar el origen de la contaminación a cualquier otra parte. Tampoco sirve de consuelo que el daño medioambiental se subsane con el pago de peajes muy elevados, ya que esto llevaría al borde de la quiebra a las empresas de transporte, en especial a las más pequeñas y débiles. Y, de todas maneras, independientemente del precio de los peajes, la naturaleza del daño sigue siendo la misma. Estoy de acuerdo con el Sr. Lisi: esta solución constituye el mejor compromiso posible y Austria también debería estar satisfecha. Puede que este país se haya acostumbrado demasiado a la situación o quizás, según el modo en que se mire, puede que no se haya adaptado lo suficiente.
¿Qué tenemos que hacer entonces en este momento? Debemos empezar a trabajar con decisión en la cuestión de las redes transeuropeas, sobre todo en lo que respecta al túnel del Brennero y a la puesta al día de las cuatro líneas de alta velocidad del corredor ferroviario Munich-Verona, para que así el transporte por ferrocarril se convierta en una alternativa viable al transporte por carretera. Sin embargo, es preciso dejar las cosas claras a las empresas responsables de la intermodalidad. Si bien es cierto que la intermodalidad se implementa en la actualidad de forma bastante satisfactoria, es necesario que los precios, horarios y servicios ofrecidos resulten realmente competitivos y atractivos –o mejor dicho, convincentes– con el propósito de desviar todo el tráfico de las carreteras a los ferrocarriles. 
Pex (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, aunque comprendo perfectamente la postura de Austria y de los diputados austriacos, opino que la libre circulación de personas y mercancías representa uno de los logros más importantes de la Unión Europea.
Al aceptar la adhesión, Austria obtuvo una derogación cuyo vencimiento estaba fijado para el 31 de diciembre de este año. A modo de excepción de la derogación, el Consejo y el Parlamento decidieron ampliar el acuerdo hasta finales de 2006 durante el procedimiento de conciliación.
Si se analiza en el contexto del principio de la libre circulación, esta decisión no resulta acertada. Sin embargo, dadas las circunstancias imperantes en Austria, considero que se trata de un compromiso aceptable entre el principio de la libre circulación y la protección de los intereses medioambientales.
Sin lugar a dudas, apoyo la idea de que siempre se debe dar cabida al transporte sostenible. En la última reunión del Comité de Conciliación, el Ministro de Transportes austriaco echó a perder la alegría por el acuerdo. Considero equivocado oponerse a que se cumpla una decisión democrática recién adoptada. Mientras tanto, a juzgar por los reportajes de prensa que se hacen eco del Consejo Europeo del fin de semana pasado, parece que esta emotiva declaración se ha convertido en la postura del Gobierno austriaco. Aunque insisto en que se acepte el compromiso, me pregunto cuáles serán las consecuencias de esta decisión, que habrá de tomarse democráticamente.
Quisiera que la Comisión explicara el modo en que las disposiciones contempladas en el acuerdo alcanzado en el compromiso sobre contaminación medioambiental permitirán garantizar el libre tránsito a través de Austria si el Gobierno de este país decide hacer caso omiso del acuerdo pensando que puede regular el asunto a su antojo. ¿Acaso la Comisión cree que actualmente hay posibilidades de convencer al Gobierno austriaco de las ventajas de este acuerdo, un acuerdo que, en cualquier caso, fomenta el uso de vehículos menos contaminantes? 
Jarzembowski (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, quiero aclarar algo que se ha comentado en esta Cámara. Señorías, al mirar al diputado austriaco que ha hecho alusión a un derecho básico a la salud, que supuestamente todos pisoteamos, me gustaría pedir que se detuvieran todos los desplazamientos nocturnos de los trenes de mercancías, ya que la salud de las personas se resiente cada vez que los trenes atraviesan las ciudades y pueblos durante la noche debido al enorme ruido que producen. O quizás debería solicitar a los austriacos que cerrasen todas sus pistas de esquí, porque les aseguro que hay expertos capaces de demostrar que las consecuencias del turismo en esas zonas son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Hay que procurar no exagerar lo que se dice.
A menudo debemos hacer frente a situaciones en las que confluyen dos factores de naturaleza jurídica entre los que es preciso encontrar un equilibrio. Opino que este compromiso, alcanzado tras una serie de largos debates, constituye una solución equilibrada, ya que prohíbe el tránsito de los camiones más contaminantes. Si no se aprueba, entonces podrán circular a través de Austria no solo los camiones griegos, que casualmente se pretende autorizar a pesar de ser los más sucios de la carretera, sino todos los camiones sucios.
Esto no es más que un ejemplo para afirmar, primero, que su postura no es tan maravillosa como parece, y segundo, que este compromiso tiene sus ventajas.
Para terminar diré que conviene tener cuidado en todo momento con lo que se pontifica. Recuerde que en 1994 los Jefes de Estado y de Gobierno solicitaron que la construcción del túnel del Brennero se convirtiera en uno de los catorce proyectos prioritarios. Hasta hace un año, el propio plan austriaco preveía que este túnel estaría terminado para el año 2021. Y en respuesta a la presión de este Parlamento y otros elementos, Austria ha decidido ahora adelantar la construcción del túnel del Brennero al año 2012. Aquellos que aseguran que la justicia está de su parte tendrían que actuar con prudencia y pensar si de veras son tan santos como creen.
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, en primer lugar, tiene razón el Sr. Swoboda, el sistema de ecopuntos va a beneficiar a todo el mundo, pues acelerará la modernización de la flota de camiones; en segundo lugar, se sigue manteniendo, aunque no como querría su Señoría. Por eso, porque se sigue manteniendo un sistema de ecopuntos, que supone una protección especial para todo el territorio austríaco -lo cual ya es mucho decir-, pido a todas sus Señorías el apoyo a esta propuesta, recordando que en el procedimiento de codecisión no es la Comisión la que negocia ni la que hace, sino que son este Parlamento y el Consejo. La Comisión no tiene más capacidad que la de intentar facilitar un acuerdo.
El Presidente.
   – Gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A5-0464/2003) del Sr. Lisi, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto aprobado por el Comité de Conciliación de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarques y anulación o gran retraso de los vuelos y se deroga el Reglamento nº 295/91 (PE-CONS 3676/2003 – C5-0518/2003 – 2001/0305(COD)). 
Lisi (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, al fin, esperemos, esta propuesta de la Comisión sobre compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarques y anulación o gran retraso de los vuelos ha llegado al final de su viaje. Antes de proseguir, he de decir que en mi opinión la conciliación ha obtenido el mejor resultado posible, dado que el proceso ha sido tan difícil y complejo como el que acabamos de tratar. 
Ahora resumiré los aspectos básicos de esta conciliación, que se ha centrado en los elementos que no se resolvieron en la primera y la segunda lectura, pero también quisiera hacer hincapié en el concepto esencial y bastante sencillo que sustenta este compromiso: en otras palabras, hemos de considerar que los derechos de los pasajeros aéreos forman parte de un contexto más general, de todo el sistema de transporte aéreo. Un sistema donde todos los protagonistas, incluidas las autoridades de control, las autoridades de gestión, las compañías aéreas y los propios pasajeros, son interdependientes. Por tanto, la mejor forma de garantizar que los derechos de los pasajeros son eficaces consiste en garantizar el buen funcionamiento de este sistema: asegurar que ninguna de las normas que queremos introducir obstaculizan este mecanismo a gran escala y extremadamente delicado.
Tal y como recordarán los Diputados, la propuesta inicial de la Comisión generó muchas preocupaciones. El Parlamento intentó abordarlas con la aprobación de 40 enmiendas. Después llegó una posición común del Consejo, y enseguida nos dimos cuenta de que había mejorado el texto, en particular en lo que se refiere a la espinosa cuestión del importe de las compensaciones, aunque no se había hecho un seguimiento de otras cuestiones planteadas por el Parlamento.
¿Cuáles de estas eran las cuestiones más importantes? Aquellas referentes a procedimientos de aplicación de varios niveles de asistencia a los pasajeros en caso de anulación o grandes retrasos de los vuelos. Ahora, en lo que respecta a estas dos cuestiones, los grandes retrasos y la anulación de vuelos, me parece que el resultado que hemos logrado refleja en gran medida lo que las mejores compañías aéreas ya ofrecen a los pasajeros con carácter voluntario, y solo introduce un nuevo elemento, a saber, la certeza de estos derechos de los pasajeros, certeza ilimitada, a pesar de que no se excluyan las circunstancias extraordinarias.
De hecho, hemos convencido al Consejo, lo que satisface al Parlamento, de que solo hay un mensaje posible: «Estimado pasajero, no podemos garantizarle muchos derechos, solo unos pocos, pero los que le garantizamos son seguros, no están sujetos a ninguna condición». En realidad, sería un error y contraproducente crear esperanzas para después comprobar que se niegan esos derechos y que las esperanzas quedan aplastadas bajo el comportamiento de las compañías aéreas. Hablo de los derechos más básicos, como por ejemplo, el derecho a poder tomar una bebida, a poder hacer una llamada telefónica, a poder establecer contacto con amigos o familiares.
Por lo tanto, hemos creado un mecanismo que introduce un sistema de niveles para los servicios que deben prestarse a pasajeros y, lo que es más importante, una gama completa: desde servicios mínimos, asistencia in situ en aeropuertos en caso de anulación de vuelos o retrasos excesivos de más de cinco horas, hasta algún tipo de compensación por daños, especialmente compensación económica, que es el mayor nivel de protección que hemos establecido.
Me parece importante mencionar el acuerdo sobre el derecho mutuo de compensación: este es un aspecto importante del texto de conciliación porque permite, por ejemplo, a los operadores turísticos que deben cumplir estos reglamentos reclamar compensaciones a la compañía aérea que presta el servicio cuando la prestación de un mal servicio es responsabilidad de la compañía aérea. Como ya saben ustedes, los otros aspectos son menos importantes, por ejemplo, la coherencia con todo lo que habíamos introducido en la primera lectura.
Señor Presidente, terminaré dando las gracias a todos quienes han contribuido a lograr este resultado, que en mi opinión ha de apoyarse, a pesar de la presión que han ejercido en las últimas horas una serie de grupos interesados que hacen lo posible por detener la aprobación del texto. 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación y, en particular, a su presidenta, la Sra. Cederschiöld, así como al ponente, Sr. Lisi, por el magnífico trabajo realizado en un asunto tan complicado.
Este Reglamento pretende disminuir la frecuencia con que se producen, en el ámbito del transporte aéreo, dos prácticas totalmente censurables y que causan graves perjuicios a los pasajeros, que a veces se sienten -nos sentimos- tratados como maletas, no como personas, ni como ciudadanos, ni como consumidores con derechos. Una de estas prácticas consiste en el hecho de que, teniendo un billete perfectamente conformado, con todas sus condiciones reunidas, se nos deniega el embarque cuando llega el momento de utilizarlo. La otra práctica consiste en que, teniendo el billete perfectamente conformado, es decir, un contrato con una compañía aérea, ésta suspende el vuelo, no por razones ajenas y extraordinarias que impiden volar -como puede ser una situación de niebla-, sino por razones comerciales como, por ejemplo -supongo que no solo me ha ocurrido a mí y que alguna de sus Señorías también se habrá visto en la misma situación-, que había pocos pasajeros para ese vuelo.
Las disposiciones que aquí se plantean tratan de establecer unas compensaciones que supondrán para las compañías aéreas una falta de incentivo o un elemento disuasorio para llevar a cabo estas prácticas y, además, de limitar al mínimo los inconvenientes y los problemas causados a los pasajeros y a los ciudadanos que se encuentren en estas situaciones.
No voy a entrar en los detalles, porque el ponente, Sr. Lisi, los ha explicado muy bien. Espero que, con la entrada en vigor del Reglamento, se produzca un descenso drástico del número de pasajeros a los que se deniega el embarque y que, si esto sucede, que gracias a la utilización del sistema de subasta o de voluntariado -que se pone en marcha con este sistema-, se ocasione el menor número de dificultades y problemas a los ciudadanos.
Sé que algunas de sus Señorías están preocupadas, y también que con algunas de sus Señorías han hablado largamente representantes de algunas compañías aéreas, defendiendo sus legítimos intereses. Entiendo esta preocupación, pero quiero decirles que las compañías aéreas están saliendo ya claramente de los baches sufridos durante estos últimos años. La primera responsable y la primera preocupada por el éxito económico de nuestras compañías aéreas es la Comisión. En este sentido, hemos llevado a cabo, a lo largo de todos estos años, una serie de medidas cuyo objetivo ha sido respaldar, apoyar, sostener y defender a nuestras compañías aéreas en Europa y fuera de ella.
Les recuerdo alguna de estas medidas: la iniciativa "cielo único", que va a suponer reducción de gastos y mejor rotación de la flota, la autorización de las alianzas, la lucha contra las distorsiones de las condiciones de competencia -concretamente, la cuestión del apoyo a nuestras compañías aéreas frente a prácticas anticompetitivas o predatorias por parte de terceros países- y el respaldo que les dimos con cuestiones como los seguros cuando ha habido dificultades en los tiempos pasados.
Señorías, es evidente que nos ocupamos de las compañías aéreas europeas y de defender sus intereses, que es lo que tenemos que hacer: ahora estamos negociando concretamente los acuerdos con los Estados Unidos, para que haya una zona transatlántica común de aviación Estados Unidos-Unión Europea. 
Pero no se trata solamente de esto, porque también debemos ocuparnos de defender los derechos de los pasajeros, de los ciudadanos. Y eso es lo que vamos a apoyar y reforzar con estas medidas. Quiero decir también que las compañías serias y responsables ya están aplicando la mayor parte de estas medidas de manera voluntaria.
Señor Presidente, espero que este Parlamento respalde mañana el resultado de esta conciliación, y quiero repetir mi agradecimiento a la presidenta, Sra. Cederschiöld, y al ponente, Sr. Lisi.
Hatzidakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que el pasajero, y por pasajero entiendo la persona que ha decidido viajar en avión y que va al aeropuerto solo para que le digan que no puede volar o que su vuelo viene con un gran retraso, de modo que su viaje no tiene sentido, debe contar con una protección básica. Es por este motivo por lo que, todos nosotros, desde el principio, al centrarnos en los intereses de los usuarios, decíamos que había que apoyar esta opinión.
Por otro lado, también nos hemos fijado en los intereses de las compañías aéreas, especialmente en este período crítico que sufre el sector del transporte aéreo, y por este motivo el Parlamento Europeo ha estado a favor, desde el principio, de adoptar medidas equilibradas que, por un lado, sirvan al consumidor sin que, por el otro lado, perjudiquen a las compañías aéreas y a su competitividad. Nuestro ponente, el Sr. Giorgio Lisi, quien ha hecho un trabajo excelente, que durante el procedimiento de conciliación se ha visto finalmente coronado por el éxito, también ha adoptado personalmente esta actitud.
Personalmente he estado a favor, incluso durante el procedimiento de conciliación, y mañana también votaré a favor del resultado del acuerdo con el Consejo, porque creo que, sin perjudicar a las compañías aéreas, proporciona un buen marco donde trabajar para proteger al consumidor, al pasajero. Ya sé que ciertas compañías aéreas siguen poniendo objeciones. Las he tenido en cuenta, pero no estoy de acuerdo con ellas. Me parece que exageran, creo que el acuerdo que tenemos es un buen acuerdo y que deberíamos aceptarlo tal y como está. 
Stockmann (PSE ).
   – Todos los años se niega el embarque a mil cincuenta pasajeros en Europa a pesar de contar con un billete válido. Las anulaciones y los retrasos de vuelos también van en aumento, especialmente en la temporada más turística. Esto no redunda en interés de los consumidores. Por tanto, mi grupo acoge con satisfacción el reglamento. Nos proporcionará un marco jurídico europeo uniforme, probablemente a partir de 2005. Estoy seguro de que hemos conseguido un equilibro justo entre los intereses de los consumidores y los transportistas. Se ha recortado el nivel excesivo de compensación que busca la Comisión a un importe realista. La referencia a las circunstancias extraordinarias reduce la responsabilidad de los transportistas a un nivel razonable. Por tanto, preveo que el Consejo estará de acuerdo con el Parlamento en cuanto al resultado de la conciliación.
Esto representa un adelanto con respecto a los acuerdos existentes porque ahora tenemos una lista de beneficios a los que tienen derecho legalmente los pasajeros, no solo en casos de sobrecontratación como antes, sino también cuando los vuelos se anulan o retrasan. El núcleo de la mejora son los pagos compensatorios, que son el doble de los que hasta ahora eran la norma en Europa al amparo de acuerdos voluntarios. Por ejemplo, si llego a Tegel antes de saber que mi vuelo de Berlín a Mallorca ha sido anulado, no solo me dan un billete nuevo, sino que me dan una compensación de 400 euros. Y me dan lo mismo si he de quedarme en tierra por motivos de sobrecontratación. Esta también es una medida de presión sobre las compañías aéreas para que sean más razonables a la hora de utilizar el sistema de sobrecontratación, a pesar de que es necesario. Por supuesto, también esperamos que se hagan más esfuerzos por reducir los retrasos y la abusiva anulación ocasional de los vuelos cuando no van lo suficientemente llenos.
Un efecto colateral del reglamento será la reducción de la diferencia en cuanto a la competencia entre el compañías aéreas económicas y tradicionales. En estos momentos estamos estableciendo las normas para los derechos de los pasajeros aéreos que tarde o temprano también deberían aplicarse a otras modalidades de transporte. 
Blak (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, finalmente hemos obtenido una propuesta de compromiso relativa a la compensación a pasajeros aéreos, y en el Parlamento Europeo en especial nos ha de satisfacer esta propuesta. De las asambleas de Europa, la nuestra probablemente sea la asamblea cuyos Diputados viajan más como parte de nuestro trabajo diario. Por tanto, somos demasiado conscientes de los vuelos sobrecontratados, retrasados y malos servicios, así como de la frustración resultante. Por consiguiente, creo que la propuesta, que impone límites a los retrasos y compensación en caso de anulaciones, presionará a las compañías aéreas, lo que servirá de incentivo para que se ajusten al número de salidas y que los aviones salgan puntuales, en beneficio de los pasajeros. Esperemos que también promueva horarios de salida más razonables y una compensación evidente para los pasajeros siempre que los vuelos no salgan puntuales. Sin embargo, es preciso publicar las compensaciones que deben pagar las compañías aéreas para poder ver claramente en qué consisten.
No obstante, puede surgir un problema que temo. En relación con la legislación, se ha introducido el principio, que también ha de aplicarse a los viajes organizados, de rembolsar los billetes de avión. Yo solo puedo aplaudir esto, pues coloca a los consumidores europeos en una mejor posición. El problema es que a menudo puede ser difícil descubrir el precio correcto de un billete de avión que forma parte de un viaje organizado. Sin embargo, estoy seguro de que esto puede resolverse sobre la marcha, cuando surja el problema. En general, estoy satisfecho con la propuesta del Comité de Conciliación y espero que se apruebe. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, mi Grupo acoge muy favorablemente este informe. La propuesta es importante, porque debemos acoger con satisfacción la mejora de las condiciones y criterios en que los pasajeros tendrán derecho a reembolso y recibirán asistencia en caso de que no puedan abordar su vuelo o este se cancele o sufra un retraso prolongado.
Asimismo debemos tener en cuenta los casos de cancelación o retraso prolongado debido a razones técnicas válidas en aras de la seguridad. No deseamos crear una situación en que las compañías aéreas decidan volar sin saber el resultado. Sin embargo, se han producido numerosos casos en los que no se ha permitido a algunos pasajeros subir a bordo debido al overbooking –como muchos de los diputados a este Parlamento han experimentado con algunas compañías aéreas en Europa– y se han quedado en la estacada, ya sea en Bruselas o en algún otro lugar.
Un habitante de mi circunscripción compró un billete en Internet de la conocida compañía Ryanair, pero cuando fueron a recoger el billete no se les permitió el acceso porque tenían un carné internacional de estudiante y no se les permitió subir a bordo porque dicho carné había caducado. Así que presentaron un carné nacional de estudiante válido, pero éste no fue aceptado. Así que existe un verdadero problema para saber qué es un documento de identidad aceptable. Esta persona pagó mucho dinero por el billete, pues no era uno de esos billetes que cuestan unos cuantos euros, sino que era bastante caro. ¿Cuánto ganan las compañías aéreas con estas prácticas?
Otro habitante de mi circunscripción viajó hasta Londres, donde no se le permitió subir a bordo de un vuelo de conexión entre Londres y Europa. Las compañías aéreas deben asumir responsabilidades ante sus pasajeros. No se puede seguir permitiendo que traten a los pasajeros de esta manera. 
Esclopé (EDD ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera felicitar al Comité de Conciliación y al Sr. Lisi por el acuerdo que hemos alcanzado.
Este Reglamento, espero, alentará a los operadores aéreos y a los organizadores de viajes a reducir sus prácticas habituales. Celebro asimismo la referencia en el Reglamento a las sanciones, que deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. En tal concepto, los pasajeros aéreos deberán recibir una compensación, un vuelo alternativo y ayuda acorde con los inconvenientes sufridos, y ello en el plazo más breve posible, lo que no siempre sucede. La extensión de los derechos de los pasajeros aéreos a todos los tipos de vuelos es una buena noticia: así, los pasajeros de los vuelos regulares –que solamente representan la mitad del mercado– y de los no regulares –en particular los viajes que forman parte de un paquete turístico– podrán hacer valer sus derechos del mismo modo.
Como se indica en el Libro Blanco sobre «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», el objetivo de la Comisión es recentrar dicha política en las exigencias y las necesidades de los ciudadanos. Contamos con ello. Los trastornos ocasionados por la denegación de embarque –estrés, fatiga, humillación– pueden tener muchas consecuencias para las personas afectadas: perder un negocio, imposibilidad de asistir a unos funerales, etc. Los miembros de este Parlamento que tienen que utilizar a menudo el transporte aéreo para sus desplazamientos entre Bruselas, Estrasburgo y su región, son especialmente conscientes de estos trastornos y de las pérdidas de tiempo ocasionadas.
Por otra parte, como vicepresidente del Intergrupo de Personas Discapacitadas, celebro que en el artículo 11 se mencione la prioridad de la atención a las personas con movilidad reducida. No obstante, la lista podría ampliarse a las personas que viajen con niños de corta edad.
En cuanto a las exenciones por causa de huelga, los preavisos prescritos deberían permitir a las compañías reaccionar con anterioridad y atenerse a las exigencias de este Reglamento. Por otra parte, acojo con satisfacción la disposición relativa a la obligación de informar a los pasajeros de sus derechos mediante un anuncio en caracteres bien legibles colgado en la zona de facturación, prestando una atención especial, más explícita que la definida en el Reglamento, a la información por medios adecuados de las personas con problemas visuales o invidentes. Un sistema de protección de los pasajeros como este debería extenderse a otros modos de transporte.
Por último, parece fundamentalmente necesario que las líneas aéreas traten de asegurar de antemano la prestación de un servicio de calidad a los pasajeros para que estos no tengan que sufrir más tales inconvenientes. Espero que los diputados a este Parlamento apoyen este acuerdo, que quiere ser respetuoso con los derechos de los usuarios para que este tipo de prácticas sean lo más raras posible.
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, como el ponente Sr. Lisi ya nos ha dado una excelente explicación del compromiso, en mi intervención solo quiero tratar unos pocos rumores o argumentos. Hace poco algunos Estados miembros han tenido dudas sobre el compromiso, porque creen que impone una carga demasiado pesada a las compañías aéreas. Pero esto no es así en absoluto. El Parlamento Europeo ha reducido claramente los tipos de compensación a favor de las compañías aéreas. El Parlamento Europeo ha introducido normas evidentes para los casos de fuerza mayor, de modo que las compañías aéreas no tienen que actuar si no son responsables de las circunstancias que conducen a una anulación o a una sobrecontratación. El Parlamento incluso ha atrasado la entrada en vigor durante 12 meses porque nos tomamos en serio la difícil y particular situación económica de las compañías aéreas. Así, estos acuerdos no entrarán en vigor en su totalidad hasta 2005.
Si la industria del transporte, ya sea el sector turístico u otro, ahora plantea dudas sobre este compromiso, entonces he de decir que esto es muy injusto y en absoluto aceptable. Muchos gobiernos deben pensar si quieren arriesgarse a que, como Parlamento, aparezcamos claramente hostiles al consumidor si adoptan esta actitud en el Consejo. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina, en caso de que el Consejo quiera retomar este asunto.
¿Puedo hacer otra observación para concluir? Las compañías aéreas económicas, que al principio no se tomaron nada de esto en serio, ahora vienen diciendo que estos niveles de compensación son demasiado altos. Si una compañía aérea económica ofrece un vuelo por 50 euros, sigue estando obligada a hacer el vuelo, a pesar del bajo precio. Porque los derechos del ciudadano que quiere ir a algún sitio en un momento concreto, ya sea por negocios o turismo, se han violado y ha de ser compensado si se le obliga a quedarse en tierra o solo puede volar un día más tarde. Incluso las compañías aéreas económicas deben compensar a sus pasajeros. 
Watts (PSE ).
   – Señor Presidente, comenzaré esta intervención felicitando al Comisario por presentar esta propuesta, y a nuestro ponente, Sr. Liese, por su informe. Podría asimismo dar las gracias al Sr. Jarzembowski por decir muchas de las cosas que iba a decir yo, cosa que, de hecho, sucede rara vez. Estoy completamente de acuerdo con él, por ejemplo, en que no tiene sentido decir que las compañías aéreas no podrán hacer frente a sus responsabilidades. Seamos honestos, el transporte aéreo se duplicará en Europa en los próximos 30 años, de modo que no se trata de que las compañías aéreas no puedan permitirse ofrecer un vaso de agua y una galleta si se produce un retraso. Este es el tipo de norma básica que debemos esperar en el futuro, si se aprueba.
Acojo con agrado muchos de los aspectos. Por ejemplo, demasiados pasajeros han sufrido inconvenientes cuando las compañías aéreas han cancelado o retrasado vuelos por motivos exclusivamente comerciales. Espero que esto se acabe. Por fin se obligará a las compañías aéreas a ofrecer a los pasajeros la comida y bebida que merecen, con la dignidad y respeto que merecen. Espero que todo esto signifique que se habrán acabado para siempre las cancelaciones por motivos comerciales y los largos retrasos. Este es un gran paso adelante para todos los pasajeros de líneas aéreas y también para las compañías aéreas, pues no afectará a las buenas compañías aéreas que cuidan de sus pasajeros.
En conclusión, diré que este acuerdo habría resultado aún mejor si los diputados del otro lado de la Cámara se hubieran mantenido más firmes en el procedimiento de conciliación. Pero no ha sido posible. Parafraseando a Neil Armstrong, diré que quizá no sea un gran salto para la humanidad, pero es un primer paso importante.
Por último, quiero recordar al Comisario que quedamos a la espera de recibir pronto normas similares para el transporte internacional de pasajeros por ferrocarril, transbordador y autocar. 
Vatanen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Watts: nos merecemos más que una galleta y un vaso de agua. En los últimos 30 años he volado por todo el mundo con una frecuencia media de dos veces por semana, que quizá sea más de lo que vuelan muchos de los aquí presentes. En general, no estoy de acuerdo con la declaración de muchos de mis colegas Diputados de que se trata mal a los pasajeros aéreos. Nos merecemos más derechos, pero ¿deberíamos meter a presión el mayor número posible de regalos navideños en este paquete?
Porque, Señorías, ¿qué hacen las compañías aéreas por dinero? Operan con el dinero que reciben de nosotros, los pasajeros. ¿No sería mejor resolver estas situaciones problemáticas mediante una mayor competencia, la eliminación de los monopolios y una menor regulación? No podemos prestar a los pasajeros mejores servicios aumentando la legislación y presionando a las compañías aéreas, porque incluso el sistema actual funciona perfectamente en los países donde se aplica. Vivimos en un mundo de libre competencia y esto solo significa que los países terceros disfrutarán de la ventaja competitiva. El consumidor europeo se merece tantas opciones como sea posible y unos billetes lo más baratos posible. Más burocracia de este tipo no ayudará.
En cuanto a la intercalación, me parece que si un vuelo de British Airways sale de Tokio y llega a Helsinki y Finnair sale de allí hasta Oulu y el vuelo que sale de allí se anula debido al mal tiempo, es injusto que Finnair deba pagar todo el coste del billete.
Sinceramente creo que es preciso proteger los derechos de un pasajero aéreo, pero los pasajeros aéreos y las compañías aéreas van de la mano y, al final, sus intereses no pueden separarse. Es fácil que al final de la pista nos esperen tarifas más elevadas. 

Izquierdo Collado (PSE ).
    Señor Presidente, quiero empezar felicitando a la Comisión por esta iniciativa y el excelente trabajo que el Sr. Lisi ha llevado a cabo a través del distinto proceso parlamentario al que hemos asistido.
Creo que la importancia del sector aéreo no es discutida por nadie pero yo pertenezco a un país para el que el sector aéreo es absolutamente estratégico. Creo que aquellos países que tienen un alto nivel de turismo están más interesados que nadie en que el sector aéreo tenga la mayor solvencia y la mayor capacidad, puesto que de ello dependen elementos de desarrollo vitales para no pocos países europeos. Pero es verdad que ello es compatible perfectamente con que los perjuicios de los pasajeros sean compensados. ¿Cuál es el perjuicio que recibe un pasajero cuando tiene un retraso? ¿Es sencillamente que se le hace esperar dos, tres o cuatro horas en el punto de salida? Cuando hay un , ¿cuál es el perjuicio que recibe el pasajero? Sería muy difícil evaluar ese perjuicio, pero tengo la absoluta seguridad de que es un perjuicio que va muy por encima de las indemnizaciones que estamos estableciendo aquí, algunas veces sin comparación posible. Por tanto, tenemos que atenderlo.
Estimo que este Parlamento ha hecho un ejercicio muy importante e interesante con este informe. Por ello, le agradezco al Sr. Lisi, precisamente, la atención que ha tenido. El Parlamento ha mesurado -incluso reducido, en algunas ocasiones- las propuestas que nos llegaban de la Comisión y el Consejo. Hemos tenido en cuenta, precisamente, los intereses objetivos y de supervivencia de las compañías, lo que honra a este Parlamento y, desde luego, me parece absolutamente fundamental que dejemos de contabilizar como circunstancias extraordinarias muchos argumentos sofistas que ponen las compañías, en no pocas ocasiones, a los pasajeros.
Creo que hemos iniciado un proceso interesante. Ojalá se extienda al resto de los modos de transporte y profundicemos en esta dirección.
Foster (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al ponente, el Sr. Lisi. Huelga decir que yo, al igual que mis colegas, espero que los pasajeros que viajan con compañías aéreas europeas sean tratados de forma justa y respetuosa. Asimismo creo firmemente que si no se cumplen los planes de vuelo y ello es imputable a la compañía aérea, esta debe asumir toda la responsabilidad. Desgraciadamente, este Reglamento, en su estado actual, causará graves daños a las compañías aéreas y, en particular, a las compañías regionales y de bajo precio, poniendo así en peligro puestos de trabajo y reduciendo las oportunidades que el consumidor espera en términos de libertad de elección y tarifas aéreas competitivas.
Por ello lamento no poder votar a favor de este Reglamento, por las siguientes razones.
En primer lugar, en el proyecto final, el artículo 6, que hace referencia a los retrasos, presenta graves defectos. La exclusión de circunstancias extraordinarias hace caer un peso económico inaceptable sobre la compañía aérea. Ninguna compañía aérea puede prever situaciones como huelgas, retrasos en el tráfico aéreo, condiciones meteorológicas adversas y posibles amenazas terroristas. Por ello resulta totalmente inadmisible contemplar el reembolso completo, así como un vuelo de regreso al primer punto de partida. Sugerir que las compañías aéreas podrán obtener compensación de proveedores terceros no es más que un mito. Quizá apelen al cielo si se presenta un problema meteorológico.
En segundo lugar, quiero repetir mis argumentos anteriores en relación con el artículo 5 sobre las cancelaciones. El impacto de este Reglamento no ha tenido en cuenta el apoyo del Parlamento al fortalecimiento de nuestros aeropuertos regionales. Y la Comisión no ha considerado plenamente el efecto que tendrá sobre los operadores de vuelos chárter, que a menudo solo tienen uno o dos vuelos por semana a determinados destinos.
En conclusión, diré que al principio de este proceso critiqué a la Comisión por esta propuesta mal redactada y presentada en un momento poco oportuno. Ignora el nuevo compromiso voluntario y no ofrece una evaluación de su impacto económico. Un coste adicional de 1 000 millones de libras esterlinas para las compañías aéreas no beneficiará a los pasajeros, sino que los penalizará a través del aumento del precio de los billetes y la reducción de opciones.
La ironía está en que ninguna de estas normas se aplicaría a las compañías de países terceros que vuelan hacia la UE. Si la intención de la Comisión era ceder este negocio al resto del mundo, realmente ha hecho una excelente labor. 
Savary (PSE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, votaremos naturalmente a favor de este Reglamento. Consideramos que hemos llegado a un texto más o menos equilibrado con respecto a la propuesta inicial, que a nuestro juicio encerraba una serie de peligros. 
Está claro que los derechos de los pasajeros son sagrados. Sin embargo, las compañías aéreas los tratan, muy a menudo, con gran ligereza, tanto en materia de asistencia como de información a los pasajeros. Está claro también que la práctica de la sobreventa ha demostrado en muchos casos sus limitaciones y se ha utilizado como herramienta comercial. Se ha visto incluso aviones que no partían porque no estaban llenos, lo que es absolutamente inadmisible para alguien que ha firmado un contrato de compraventa en el marco de la adquisición de un billete.
Pienso que el texto a que hemos llegado es globalmente equilibrado. Por un lado, se esfuerza por garantizar que la práctica de la sobreventa no sea una práctica puramente comercial, limitándose a ser una práctica de flexibilidad. Sabemos muy bien que la sobreventa nunca se reducirá a cero en las compañías aéreas, porque de ese modo se gestionan los imponderables. En esta Cámara somos unos cuantos los que tomamos a menudo el avión. No obstante, también somos muchos los que nos beneficiamos de las prácticas de sobreventa cuando llegamos tarde o cuando las cosas no salen bien y hay atascos para acceder al aeropuerto. Por tanto, creo que no deberíamos dar demasiada importancia a este tema.
Por otro lado, es necesario que el régimen de indemnización sea justo y equitativo, que no sea demasiado complejo para evitar contenciosos sin fin y, sobre todo, que no constituya un incentivo para que las compañías aéreas asuman riesgos en materia de seguridad. No hay que ir demasiado lejos, para que las compañías no digan: salimos a cualquier precio, incluso si tenemos un incidente técnico, porque nos va a costar demasiado indemnizar a los pasajeros. 
Espero que hayamos llegado a este equilibrio en el marco de este informe. Lo deseo, pero no estoy totalmente seguro. No obstante, la daremos nuestro apoyo.
Simpson (PSE ).
   – Señor Presidente, quizá valga la pena reflexionar durante un momento en por qué se consideró necesario adoptar una legislación que haga de la indemnización un derecho legal para aquellos pasajeros aéreos que sufren cancelaciones y retrasos sin tener la culpa de ello. Se consideró necesario porque algunas compañías aéreas tienen la mala costumbre de cancelar vuelos en el último momento, de practicar el overbooking, de imponer retrasos debido a prácticas poco eficientes, y luego, para colmo de males, tratan a sus víctimas –sus pasajeros– con total desdén y muy poca o ninguna condescendencia.
Sus Señorías deben recordar que ya existía un código de conducta voluntario con las compañías aéreas de mayor fiabilidad. Sin embargo, la negativa de las denominadas compañías aéreas de bajo precio a firmar este acuerdo voluntario y las bajas indemnizaciones que ofrecen a sus víctimas significaba que era necesario adoptar medidas más formales. El péndulo ha oscilado a favor del consumidor, adoptando así una posición más razonable y equilibrada.
La propuesta que tenemos ante nosotros constituye un primer paso para proteger a los viajeros cuando los transportistas no cumplen sus promesas y obligaciones. Espero que se introduzcan regímenes similares para otros modalidades de transporte, en particular para los transbordadores y los denominados buques de alta velocidad.
Lo que hoy tenemos ante nosotros no es perfecto. Lamento que el Consejo de Ministros haya insistido en incluir los vuelos chárter. Lamento igualmente que se hayan suprimido las circunstancias extraordinarias en el artículo consagrado a los retrasos, pero me complace la exención para los operadores de aviones de hélice, el nivel acordado para las indemnizaciones y la inclusión de los transportistas de bajo precio.
Esta propuesta no es ideal, pues plantea muchas preguntas en relación con la legislación vigente y destaca ámbitos en los que dicha legislación no es suficiente. Mencionaré, a modo de ejemplo, la Directiva sobre paquetes de viaje. Sin embargo, debemos reconocer que por fin se concede a los consumidores y viajeros los derechos que merecen, acompañados de indemnizaciones cuando las compañías aéreas no cumplan sus promesas.
En los últimos meses, algunas compañías aéreas e incluso algunos diputados a este Parlamento me han abrumado con escenarios catastróficos. Pero hay que recordar que si las compañías aéreas no cancelan vuelos ni practican el , si operan los servicios que anuncian a tiempo y se atienen a su contrato con los viajeros, esta propuesta no les costará ni un solo euro. Los gastos para las compañías aéreas surgirán cuando no cumplan lo prometido, ¿y qué hay de malo en eso?
De Rossa (PSE ).
   – Señor Presidente, acojo con agrado este Reglamento. Como otros ya han mencionado, no es una solución ideal, pero es necesaria en este momento. No tendríamos necesidad de un Reglamento como este de no ser por que cada año en Europa más de 500 000 pasajeros se ven afectados por cancelaciones y la imposibilidad de emprender su vuelo. Es importante que se vea que el Parlamento Europeo y la Comisión sirven al público europeo. Este Reglamento demuestra el valor añadido que la Unión Europea puede brindar a los derechos de los ciudadanos europeos.
Probablemente es cierto que todos los diputados a esta Cámara han experimentado algunos de los problemas a los que tienen que hacer frente los pasajeros ordinarios, y es positivo que ahora abordemos este problema. 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, efectivamente, la perfección no es de este mundo, pero creo que es un paso adelante en la protección de los derechos de los pasajeros y espero que mañana el Parlamento pueda respaldar esta iniciativa. Muchas gracias a todos los parlamentarios que han trabajado en ella, muy especialmente al ponente, Sr. Lisi, y a la Sra. Cederschiöld.
El Presidente.
   Muchas gracias Sra. de Palacio.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 11.30 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0416/2003). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
El Presidente.
¿Qué acciones ha emprendido la Comisión para convencer al Gobierno turco de que, para poder soñar con adherirse a la Unión, tiene que cortar el enorme flujo de heroína afgana que barones de la droga turcos introducen de contrabando en la Unión utilizando la tecnología y las técnicas más recientes con el fin de ganar dinero y arruinar la vida de jóvenes europeos?
Verheugen,
   . – Señor Presidente, Señoría, la Comisión Europea comparte su preocupación por las drogas que llegan a través de Turquía. El Acuerdo de Asociación con Turquía dispone que las instituciones permiten a la Comisión supervisar muy de cerca si Turquía adopta y aplica medidas comunitarias en relación con el crimen organizado y las drogas y cómo lo hace. En estos momentos también se están celebrando negociaciones relativas a la categoría de observador para Turquía en el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Creo que Turquía disfrutará de la categoría de observador el próximo año.
El 1 de enero de 2004 empezará a trabajar al amparo de un acuerdo de cooperación para establecer un punto de contacto nacional para la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías y para promover el desarrollo y la aplicación de una estrategia nacional sobre drogas. La Comisión también cree conveniente que se establezca lo antes posible en Ankara un pequeño Grupo de Dublín. Me alegro de pode decirles que Turquía ha hecho y está haciendo grandes esfuerzos por impedir el tráfico de drogas. Turquía participa activamente en medidas internacionales para impedir la canalización de heroína procedente de Afganistán a la Unión Europea. Precisamente por el carácter de este asunto, Señoría, no puedo decirle nada sobre la naturaleza de estas medidas, porque algunas conllevan operaciones por parte de los servicios secretos. Solo puedo decirle que la información de que dispone la Comisión demuestra que Turquía está cooperando totalmente y que el tono que subyace a su pregunta está injustificado.
En 2002, las autoridades turcas se incautaron de 2 124 kg de heroína; menos que en años anteriores. El motivo es que los traficantes internacionales de drogas han cambiado sus rutas a raíz de los estrictos controles aplicados en Turquía. En 2003, las aduanas turcas introdujeron los sistemas más modernos en tres pasos fronterizos, que permitían examinar mediante escáner los coches que pasaban por estos tres pasos. El resultado ha sido el descubrimiento de grandes cantidades de drogas de contrabando.
Cuando se trata de la cooperación internacional, las autoridades aduaneras turcas celebran reuniones mensuales con agentes de enlace asociados a la cuestión de las drogas que se envían a Turquía. No hace falta decir que en su cooperación con Turquía, la Comisión presiona para que se cumplan en su totalidad todos los acuerdos y las disposiciones relativas a la lucha contra las drogas. 
Newton Dunn (ELDR ).
   – Su respuesta ha sido muy completa y útil, señor Comisario. Respecto a su comentario en el sentido de que no podía deducir necesariamente las cuestiones que se plantean en mi pregunta, me gustaría señalar que citaba directamente al jefe de un servicio de inteligencia policial de Londres al comentar los efectos que tiene la heroína turca en el Reino Unido.
A título complementario, me gustaría preguntar acerca del «pequeño grupo de Dublín» que se creará en Ankara. ¿Podría definir este término con sus propias palabras? 
Verheugen,
   . – Señoría, hice esta misma pregunta cuando me puse a trabajar con su asunto. Por lo tanto, estoy en situación de poderle dar una respuesta precisa.
Primero, ha de saber usted lo que es un Grupo de Dublín. El Grupo de Dublín es la agrupación de países industrializados, es decir, todos los Estados miembros de la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá y Australia, que coordina iniciativas para combatir las drogas y el tráfico de drogas. En cooperación con terceros países que no pertenecen a este Grupo de Dublín, este grupo despliega «mini Grupos de Dublín» con una cobertura regional, por tanto, un mini Grupo de Dublín en Ankara significa que los miembros del Grupo de Dublín y Turquía cooperan en estos asuntos en la propia Turquía. 
El Presidente.
La Comisión ha adoptado en los últimos años una serie de decisiones relativas al deporte en materia de política y competencia. La mayor parte de dichas decisiones, teniendo en cuenta las características específicas de la competición deportiva, llegan a soluciones satisfactorias para el Derecho comunitario. Dado el interés de dichas decisiones y la doctrina que han ido creando,
¿No juzga la Comisión oportuno preparar, antes del fin de su mandato, una comunicación sobre la manera en que las normas de competencia se aplican al deporte, de forma que puedan servir de guía en casos futuros y para que las organizaciones deportivas sepan a qué atenerse en sus reglamentos?
Verheugen,
   . – Señoría, en estos momentos la Comisión no tiene previsto una comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia en el deporte. La Comisión cree que la práctica establecida de acción sobre una base de caso por caso, que ahora se remonta a siete años, proporciona orientaciones sólidas sobre cuándo y en qué medida se aplican las normas de competencia. En cualquier caso, los órganos deportivos internacionales que son principalmente responsables de regular el deporte conocen en general estas normas.
Las normas de competencia del Tratado de la CE solo se aplican a actividades económicas en relación con el deporte; por supuesto, no se aplican a actividades genuinamente deportivas. Hay casos ambiguos y también puede haberlos cuando es difícil distinguir entre actividades económicas y no económicas. Pero estos problemas se tratan mejor sobre una base de caso por caso porque puede tenerse en cuenta el carácter particular del deporte en cuestión. 
Zabell (PPE-DE ).
    Señor Comisario, gracias por su respuesta. Quisiera preguntarle si no cree usted que el hecho de que la Comisión haya tenido que adoptar en los últimos años esta serie de decisiones relativas al deporte en materia de política y competencia viene a resaltar con más fuerza todavía -si cabe- la necesidad de que se incluya en el futuro Tratado de la Unión Europea un artículo relativo al deporte.
Verheugen,
   . – Esta, Señoría, es una interesante referencia al debate actual sobre la constitución De hecho, la Comisión puede muy bien imaginar que en la constitución propuesta se preste especial atención al deporte. Sin embargo, si he entendido bien la discusión que ha habido al respecto en la Convención y entre el público, no se trata tanto de la aplicación de normas de competencia, sino más bien de si las instituciones europeas también pueden tener una competencia «blanda» en materia deportiva.
Retomando la cuestión de la política sobre competencia, la Comisión no descarta de cara al futuro una definición que entonces se plasmaría en una comunicación. Pero por el momento solo puedo repetir nuestra posición de que nos parece mejor para todos los afectados que los casos dudosos se decidan a medida que se plantean a la luz de las decisiones ya tomadas. 
El Presidente.
   Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 27 decae.
El Presidente.
¿Ha mantenido la Comisión, durante los preparativos para la adhesión de los países candidatos, contactos personales con los representantes de las etnias y las minorías residentes en dichos países? ¿Piensa reunirse de nuevo con ellos durante los últimos meses de la fase previa a la adhesión? 
Verheugen,
   . – Señoría, le agradezco enormemente que haya hecho esta pregunta porque de hecho afecta a un aspecto muy importante de todo el proceso de adhesión. Y puedo informarle de que la cuestión de los derechos humanos y, por tanto, el respeto y la protección de las minorías han sido elementos básicos para iniciar negociaciones en torno a la adhesión desde la introducción del proceso de adhesión por parte del Consejo Europeo de Copenhague hace más de 10 años.
Quiero decir aquí otra vez y expresamente que el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague es un requisito previo para comenzar y concluir las negociaciones con los países candidatos, y por ello entendemos que los candidatos deben ser democracias plenamente desarrolladas, donde el estado de derecho esté plenamente desarrollado, donde los derechos humanos se respeten totalmente, y que es preciso proteger a las minorías de acuerdo con la norma europea relativa a las minorías.
La Comisión siempre ha seguido de cerca los desarrollos que afectan a las minorías en todos los países candidatos para las estrategias de preadhesión y los acuerdos europeos. Todos los años, los informes periódicos de situación de los países candidatos han tratado esta cuestión al detalle, y no solo han informado de mejoras y adelantos, sino que, tal y como usted sabe, también han sido muy claros en cuanto a las deficiencias se refiere. Todo esto ha sido posible porque hemos estado y estamos en contacto permanente con las partes implicadas en el proceso, incluyendo a representantes de grupos étnicos y minorías. Aparte de los contactos periódicos de los servicios de la Comisión a través de delegaciones de la Unión Europea que visitan un país o un centro administrativo, la Comisión ha patrocinado o participado en muchos comités y seminarios sobre diferentes cuestiones que afectan a las minorías. Se seguirán cultivando estos contactos en los próximos meses incluso después de la adhesión. Quiero asegurarle que la Comisión siempre ha cultivado estrechos contactos con minorías y sus representantes o con las organizaciones no gubernamentales pertinentes de Europa y, naturalmente, seguirá haciéndolo. 
Posselt (PPE-DE ).
   – Solo quiero hacer una pregunta relativa al grupo de países que se adhesionarán el 1 de mayo. ¿Hasta el 1 de mayo seguirá siendo usted el punto de contacto para cualquier representante de una minoría de estos países candidatos que quiera expresar alguna preocupación antes de esa fecha? ¿Sigue siendo de su competencia? Esta es una pregunta, y la segunda es, ¿quién será el punto de contacto de la Comisión después de la adhesión? 
Verheugen,
   . – Esta pregunta me brinda la oportunidad de aclarar esta cuestión porque es obvio que no todo el mundo la ha entendido aún. Mi competencia para las relaciones con los países en vías de adhesión es completa e íntegra hasta el 1 de mayo de 2004. Por tanto, esto significa que todo lo que haya que hablar con estos países pasará por mí y si los representantes de minorías quieren hablar o si hay algo que aún deba plantearse con los gobiernos en este ámbito, por supuesto lo haré. Hace unos días, bastante casualmente, me reuní con los representantes de la minoría alemana que viven en Polonia en Wroclaw. Así, si hubiera alguna preocupación estoy preparado para ello. Después del 1 de mayo, después de la adhesión, los comisarios se encargarán de los ámbitos del acervo que recaigan en sus carteras. Por tanto, en cuanto a la protección de las minorías, me parece que será mi colega el Sr. Vitorino quién se encargará de este asunto a partir del 1 de mayo de 2004, y, si le conozco bien, seguro que se compromete firmemente a controlar que los derechos de las minorías se protejan en todas partes. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Comisario, ya sabe usted que nuestro partido, el Partido Comunista de Grecia, ha planteado en numerosas ocasiones el problema de los derechos de la minoría que habla en ruso en los Estados Bálticos. La situación es inaceptable. Un tercio de la población de dos de estos tres Estados no tiene derecho a ser ciudadano o, por supuesto, a participar en el referendo sobre la adhesión de estos países a la Unión Europea, y no tiene ninguna oportunidad de estudiar en la universidad en su idioma y otra serie de cosas.
No hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria de usted o de la Unión Europea en general, y realmente no puedo entender cómo pueden demostrar tanta sensibilidad, por ejemplo, con respecto a los derechos de las personas que hablan albanés en Kosovo y al mismo tiempo bombardear Kosovo y bombardear Serbia; cómo pueden ustedes hablar de los derechos de unos pocos oponentes al Gobierno de Cuba y no tener el más mínimo interés en las políticas, que no dudo en llamar políticas neofascistas, de los gobiernos de los Estados bálticos. En mi opinión, es un ejemplo de grave hipocresía. 
Verheugen,
   . – La Comisión no está de acuerdo con usted, Señoría. Al igual que el Consejo de Europa y la OSCE, la Comisión opina que los Estados bálticos cumplen totalmente las normas sobre derechos humanos y que el tratamiento de las minorías en estos países también se ajusta del todo a las normas europeas. 
El Presidente.
Los trabajadores sociales y las organizaciones que observan la situación en la República Checa han llamado la atención sobre el importante comercio sexual en la zona fronteriza entre la República Checa y Alemania. Entre otras cosas, se han recibido noticias alarmantes sobre venta de niños para su utilización sexual.
En vista de esto, ¿ha examinado la Comisión este problema o ha impuesto determinadas condiciones a la República Checa en la ronda final de las negociaciones de adhesión? ¿Existe algún proyecto específico de la UE para ayudar a las víctimas del comercio sexual en la República Checa?
Verheugen,
   . – Señoría, este es un asunto especialmente grave y doloroso, y, como usted sabe, durante años ha sido motivo de gran preocupación para la Comisión. Primero quiero hacer una observación. A este respecto mi estrategia personal siempre ha sido tener mucho cuidado con las insinuaciones dramáticas o las acusaciones dramáticas. Y he de señalar con horror, debo decir que estoy realmente horrorizado, que las publicaciones de algunas organizaciones no gubernamentales, que se han hecho con las mejores intenciones y que llaman la atención sobre problemas graves, han propiciado la aparición de información dramática y sensacionalista en los medios de comunicación, especialmente en los países limítrofes con la República Checa, lo que ha tenido consecuencias nefastas. Han acarreado un flujo de turistas del sexo que ahora van a esas áreas fronterizas porque han visto por televisión que se dice que allí hay niños que se prostituyen y ahora piden niños. Y me preocupa mucho que esta información sensacionalista esté creando una demanda que, al final, generará una oferta, aunque al principio no haya existido tal oferta. Por tanto, hemos de ser muy cautos y sensibles al tratar este asunto. Estoy seguro de que está usted de acuerdo conmigo.
No es un asunto que es exclusivamente competencia de las autoridades checas y que no tiene nada que ver con nosotros; es un problema que pertenece al ámbito de la cooperación policial y judicial y, estoy firmemente convencido, que también al ámbito del respeto por los derechos humanos. En vista de todo esto, la Comisión ha instado repetidamente a las autoridades checas a que adopten las medidas necesarias.
En el informe de situación de 2002 la Comisión señala que el Gobierno checo ha adoptado medidas importantes para luchar contra el comercio de seres humanos. Entre ellas se incluye en particular la mejora del marco jurídico con una enmienda al código penal en 2002. Este cambio legislativo amplió la definición de comercio y también se hizo extensivo a los niños. Una enmienda acelerada al código de procedimientos penales también garantiza que los procedimientos por casos de abuso infantil se simplifiquen y aceleren. En el año 2000 el Gobierno checo aprobó un plan nacional para luchar contra el abuso sexual comercial de niños y en 2003 un plan nacional de gran alcance para luchar contra el comercio de seres humanos para su explotación sexual. La ejecución de este plan se examina constantemente.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que la situación en la República Checa, especialmente a lo largo de las fronteras entre la República Checa y Alemania y entre la República Checa y Austria, sigue siendo motivo de preocupación. A la luz de los informes más recientes de organizaciones no gubernamentales, la Comisión va a exhortar a las autoridades checas a adoptar más medidas. Las autoridades checas tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para impedir el comercio de seres humanos y la prostitución infantil.
En mi opinión, lo más importante en estos momentos es utilizar una vigilancia eficaz para obtener una visión general de la verdadera situación. Esto también permitiría seguir la pista y procesar a los delincuentes. Para ello se necesitará una cooperación bastante estrecha entre las fuerzas policiales competentes, tanto en el interior como entre fronteras. He de hacer especial hincapié en el aspecto transfronterizo porque, estoy seguro, Señoría, los clientes no proceden de la República Checa. Los clientes proceden de países vecinos que son miembros de la Unión Europea desde hace mucho tiempo.
La Comisión mantiene estrechos contactos tanto con las autoridades Checas como con las alemanas y austríacas para obtener información precisa sobre la situación in situ y para poder responder a nuevos desarrollos. Lamentablemente, las normas financieras por las que debemos regirnos no permiten dar ayuda directa a las víctimas del tráfico humano para su explotación sexual. Pero la Comisión dedica sustanciales cantidades de dinero a la lucha contra el crimen organizado y el comercio de seres humanos a través del programa PHARE. En los últimos cuatro años, la República Checa ha recibido 5,5 millones de euros con este fin. Tras la adhesión se concederá más ayuda con este objetivo mediante el instrumento de ayuda económica conocido como «servicio de transición». Además, desde el año 2000 organizaciones no gubernamentales checas han participado en cinco proyectos en el marco del programa Daphne con objeto de prevenir la violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres, incluyendo la violencia en forma de explotación sexual. Las organizaciones no gubernamentales de la República Checa también podrán solicitar fondos similares del programa Daphne para los años 2004 – 2008.
Hedkvist Petersen (PSE ).
   Señor Presidente, gracias, señor Comisario, por su respuesta. Como dicen las organizaciones voluntarias, hay muchos motivos para sentirse preocupados por el comercio de mujeres y niños en la región fronteriza entre Alemania y la República Checa, pero también en otras partes de Europa. Es un problema grave y común que también existe en las regiones fronterizas con los otros países que comparten frontera con la Unión Europea actual y ampliada, pero que no son miembros de la Unión Europea. Yo vivo en el norte de Suecia y tenemos este mismo problema en la región del Mar de Barents.
A diferencia del Comisario, no creo que los informes de los medios de comunicación sean motivo del aumento del comercio. Creo, más bien, que se trata de una cuestión de pobreza y de subordinación de las mujeres. Esto promueve el comercio de mujeres y niños. Debemos trabajar en un frente amplísimo. También creo que la prostitución legal promueve el comercio de mujeres y niños. Por lo tanto, quiero ver que se procesa a quienes compran sexo. Creo que sería un proceder firme.
He oído que la Comisión y el Comisario se toman este asunto muy en serio, y creo que esto es importante. También quiero llamar la atención sobre el programa Daphne. ¿Cree el Comisario que la policía de los países de la Unión Europea y los países candidatos cooperan suficientemente bien para abordar este enorme problema? ¿Se avanza cuando se trata de cooperación policial? 
Verheugen,
   . – Dos comentarios breves, Señoría. Creo que no deberíamos malinterpretarnos mutuamente. No he dicho que los medios de comunicación estén exagerando. He dicho que en el caso concreto de la información sobre la situación de las áreas fronterizas checas, la información sensacionalista ha propiciado que la demanda de prostitución infantil salga realmente a la luz. Y con esto hago una llamada a los medios de comunicación para que sean un poco comedidos en sus informes. Estoy del todo de acuerdo con usted en que es básicamente un problema de pobreza que es consecuencia de la transición, y que este problema en modo alguno se limita a la República Checa, sino que hay incluso situaciones mucho peores en Europa. Hace unos días estuve en Moldova y allí el problema es mucho más espeluznante por su magnitud y con bastante claridad se debe a la amarga pobreza en que vive la gente, por lo que la estrategia de aumentar las posibilidades de prosperidad económica para los países en transición en Europa es bastante acertada. La otra es cooperar más en el ámbito de la policía y la justicia.
Entonces, en cuanto al problema específico de la República Checa se refiere, puedo decirle, por mis contactos con los Gobiernos alemán y austríaco y también por mis contactos directos in situ, con comisarías de policía de Bavaria, por ejemplo, que según nuestra evaluación la cooperación con la policía checa y la judicatura checa ahora cumple los requisitos. Hubo una época en que esta cooperación no estaba suficientemente desarrollada. 
Martin, David (PSE ).
   – Mi pregunta nº 54, prevista para más tarde, pero que sospecho no llegaremos a tratar, está estrechamente relacionada con esta cuestión. En el Reino Unido, la National Society for the Prevention of Cruelty to Children (Sociedad nacional para la prevención de la crueldad contra los niños) ha presentado pruebas convincentes que demuestran que los pedófilos se trasladan de un Estado miembro de la Unión Europea a otro para aprovechar las diferencias entre legislaciones. Por ejemplo, en el Reino Unido existe un registro de delincuentes pedófilos. Hemos observado que las personas que no pueden trabajar con menores en el Reino Unido se trasladan a otro Estado de la Unión para aprovechar la inexistencia de dicho registro.
En vista de lo manifestado por el Comisario sobre la necesidad de una mayor cooperación judicial y policial, ¿piensa la Comisión adoptar una iniciativa para crear un registro europeo de delincuentes sexuales, a fin de que pueda hacerse un seguimiento de estas personas? 
Verheugen,
   . – No lo sé, Señoría. No lo sé porque este asunto no es de mi competencia y no quiero anticiparme a quien competa esta cuestión, uno de mis colegas que se habrá preparado para responder a esta cuestión más tarde en este turno de preguntas. Le ruego que comprenda que no me corresponde a mí responder a su pregunta. 
El Presidente.
¿Está al corriente la Comisión de que en cuatro países adherentes, a saber, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia, se siguen usando camas-jaula? Esta práctica consiste en encerrar en camas-jaula a los ancianos que padecen demencia y a otras personas de todas las edades con problemas de salud mental o desórdenes de comportamiento. Tanto a escala internacional como en los países interesados, esto se considera una violación de los derechos humanos y un método arcaico de represión y de reclusión. No se emplea en ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea ni en ningún otro Estado adherente.
¿Va a acoger la Comisión favorablemente las iniciativas que puedan adoptar estos cuatro países con vistas a revisar y reducir la utilización de estas camas-jaula? ¿Está dispuesta a colaborar con ellos para acordar un calendario para la desaparición de las mismas? 
Verheugen,
   . – ¿Puedo a este respecto también hacer un breve comentario político preliminar? A veces me sorprende un poco que las preguntas que se dirigen a la Comisión dan la impresión de que somos responsables de todas las posibles circunstancias de los futuros Estados miembros, como si tuviéramos competencias en ámbitos donde la Comunidad no tiene en absoluto competencia alguna.
Con respecto a esta cuestión ni siquiera conocemos la situación en los Estados miembros. De todas maneras, algo hemos podido hacer, porque los criterios de Copenhague se aplican a los futuros Estados miembros y los criterios de Copenhague nos ayudan a actuar en estos asuntos. Pero después siempre hemos de tratarlos como asuntos de derechos humanos. Primero tenía que decir esto.
En cuanto al problema de las camas-jaula, que ha planteado usted en su pregunta, el 17 de junio el , una organización internacional para la promoción y la protección de los derechos de personas con discapacidades mentales, presentó un informe al Parlamento Europeo. Ya lo sabe usted, por supuesto. Este informe señala que las camas-jaula siguen utilizándose para sujetar a personas con discapacidades en cuatro países en proceso de adhesión, en concreto, la República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia. Por la gravedad de las conclusiones del informe, la Comisión se puso inmediatamente en contacto con los países afectados para investigar con precisión la situación actual y exhortó a las autoridades de los países en cuestión a informar a la Comisión de la situación existente.
Entonces la Comisión recibió la información solicitada y parece que la situación ya ha mejorado en comparación con el informe simplemente a raíz de las preguntas de la Comisión. Las autoridades eslovenas nos informaron de que en Eslovenia ya no se utilizan más camas-jaula. En Eslovaquia, la República Checa y Hungría siguen utilizándose en casos muy excepcionales y deben seguir directrices muy estrictas. Sin embargo, los países en cuestión han reconocido que en estos momentos la falta de recursos de personal puede obstaculizar los esfuerzos por introducir métodos más modernos de la asistencia psiquiátrica.
La Comisión dispone de información de que el Gobierno eslovaco ha adoptado medidas pertinentes y en estos momentos trabaja en torno a un plan para eliminar gradualmente las camas-jaula. El Gobierno checo ha asegurado a la Comisión que está investigando más a fondo este asunto para facilitarnos información más precisa sobre el uso ocasional de las camas-jaula. En Hungría el número de camas-jaula ha ido disminuyendo constantemente. Los escasos establecimientos donde se utilizan estas camas se supervisan regularmente y se buscan métodos que permitan la eliminación de estas terribles camas.
Si se me permite una breve valoración, creo que aquí tenemos un fenómeno que nos deja entrever el pasado a veces horripilante de la psiquiatría y que realmente debemos horrorizamos ante lo que vemos. Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que estos métodos no tienen cabida en la psiquiatría moderna. Por tanto, la Comisión empleará todos los medios a su alcance para seguir investigando sobre este asunto y no cejaremos hasta que haya desaparecido la última cama-jaula de cada uno de estos países. 
Bowis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, acojo con sumo agrado la última declaración del Comisario, que tiene toda la razón. En un servicio psiquiátrico moderno no hay lugar para camas con rejas ni nada parecido.
Su declaración política inicial me dejo atónito. Si no lo sabe, puedo asegurarle que no hay camas con rejas en ninguno de los actuales Estados miembros. No existen camas con rejas en ninguno de los demás países candidatos, aparte de estos cuatro. Estas son un legado del Imperio Austrohúngaro y, por ello, el único otro país que podría haberlas tenido anteriormente era Austria, y esto ya no es así.
Hace poco hablé en una conferencia del Senado en Praga, en la que se debatía este tema. Uno de los oradores era un joven llamado Michael, de 29 años, que había sido encerrado en una de esas camas con rejas durante una semana y sin posibilidad de salir. No resulta sorprendente que su salud se haya visto afectada. Estas camas tienen barras de hierro o redes y representan un riesgo para la seguridad, pues algunas personas han muerto en ellas. Como señala el Sr. Comisario, se trata de una cuestión de derechos humanos. Por ello es una cuestión que tiene que ver con la adhesión. Por ello, cuando examinamos el caso de Eslovenia, en nuestro informe de hace dos años incluimos una pregunta acerca de su nueva legislación en materia de salud mental. Y por ello acojo con sumo agrado la presión que ejerce la Comisión sobre estos países. Hungría ya ha respondido; Eslovenia responde ahora; la República Checa aún no lo ha hecho, y en el caso de Eslovaquia estamos a la espera de ver qué pasa. 
Verheugen,
   . – Señor Dunn, me complace reconocer que la Comisión no puede saberlo todo. Por desgracia, no hay ningún acervo que nos permita reunir suficiente información de los actuales Estados miembros No obstante, es un placer escuchar sus comentarios. Aún más, creo que nuestras valoraciones coinciden. Si recibe usted información sobre personas o casos recurrentes de este tipo, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente y en persona. En estos casos, no tengo ningún problema en coger el teléfono y ponerme en contacto con el jefe de Gobierno correspondiente para explicarle lo que esperamos de él y de su país.
En cuanto a la República Checa, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con los miembros correspondientes del Gobierno durante una visita a Praga. Espero una respuesta de Praga para muy pronto, y esta nos indicará qué camino seguir. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Estoy de acuerdo con el Sr. Bowis. Esta es una cuestión de derechos humanos y la Unión Europea cuenta con algunas posibilidades para abordarla. El Tratado de Niza contiene disposiciones que contemplan que una vez que estos países sean Estados miembros de pleno derecho, no podrán ser sancionados. Austria, por ejemplo, fue sancionada por la Unión Europea a pesar de no violar realmente los derechos humanos, sino por la elección de un partido político con el que la mayoría de nosotros no podíamos estar de acuerdo.
Así pues, es necesario advertir a los países candidatos que pueden ser sancionados si continúan violando los derechos humanos. Esto permitirá acelerar el proceso para poner fin a esta situación inaceptable. 
El Presidente.
   Quiero recordar a los señores diputados que esto es un turno de preguntas, no de opiniones y de aclaraciones. Lo digo a todos, para que lo tengan en cuenta, naturalmente.
Verheugen,
   . – Tal y como yo lo veo, la declaración política de la Sra. McKenna incluye la pregunta de cuál es mi opinión al respecto. Me complace responder a esta pregunta. Estoy de acuerdo con usted, señora McKenna. Estoy de acuerdo con usted excepto en un aspecto: la Unión Europea nunca ha aplicado sanciones contra Austria. Estoy hay que dejarlo claro. Fueron los Estados miembros, en calidad de Estados soberanos, los que introdujeron restricciones a las relaciones bilaterales. La Unión Europea como tal nunca ha impuesto ninguna sanción a Austria. Como usted, creo que no podemos permitir dobles normas sobre derechos humanos en la Unión Europea. Esto significa que si abordamos un asunto como un asunto de derechos humanos, así será tratado en todas partes. Por consiguiente, si encontramos abusos de los derechos humanos relacionados con el tratamiento psiquiátrico, tenemos que abordar la cuestión en todos los Estados miembros, tanto nuevos como antiguos. Por supuesto, esto todavía puede hacerse después de la adhesión, ya que las disposiciones del Tratado pertinente –las disposiciones que se refieren a la necesidad de obedecer y respetar los valores fundamentales sobre los que se basa la Unión Europea– seguirán vigentes. Es indudable que estos valores incluyen el respeto de los derechos humanos. 
El Presidente.
De todos es sabido que la Comisión sigue atentamente la evolución de Chipre, en particular lo relativo a las "elecciones" que se celebrarán en la parte norte de la isla el 14 de diciembre. A principios de este mes, la Comisión indicaba que, si bien es cierto que la solución al problema de Chipre no es una condición formal para la apertura de negociaciones con Turquía, constituye, sin embargo, un grave obstáculo.
¿Cómo evalúa la Comisión los resultados de las "elecciones" de la parte norte de Chipre? ¿Cuáles son las próximas medidas que la Comisión tiene previsto adoptar para favorecer la solución al problema de Chipre en las actuales circunstancias? ¿De qué modo van a influir los últimos acontecimientos de Chipre en la cuestión de Turquía?
Verheugen,
   . – Señora Zorba, permítame empezar diciendo que ningún país del mundo excepto Turquía reconoce la República turca del norte de Chipre, y no tengo previsto cambiar esta situación. Por tanto, las elecciones celebradas el pasado domingo se han visto como una maniobra política que tendrá repercusiones que ciertamente serán significativas para nosotros. La respuesta inicial de la Comisión es que, tres día después de las elecciones, sigue habiendo posibilidades de lograr una solución justa, duradera y viable al conflicto en Chipre para el 1 de mayo de 2004. La Comisión sigue instando a todas las partes a que utilicen el Plan Annan como base para buscar una solución de amplio alcance al problema chipriota.
En cuanto a su relación con la solicitud de adhesión por parte de Turquía, la Comisión ha dejado claro en el documento de estrategia publicado a principios de noviembre que sí ve una correlación política. La Comisión también ha advertido de que el fracaso en la búsqueda de una solución podría obstaculizar gravemente los esfuerzos de Turquía por unirse a la Unión Europea.
El pasado fin de semana el Consejo Europeo respondió afirmativamente a la propuesta de la Comisión de vincularlos políticamente. Sin embargo, a diferencia de la Comisión, el Consejo no eligió la forma de un aviso, sino más bien de un premio, indicando que una solución a la cuestión de Chipre supondría notablemente contribuir a los esfuerzos de Turquía por entrar en la Unión Europea. Por supuesto, el mensaje subyacente sigue siendo el mismo y demuestra al Gobierno turco que no solo la Comisión, sino también los 15 Estados miembros con los 10 países entrantes consideran que ambas cuestiones están políticamente relacionadas, sin querer crear nuevas situaciones o un nuevo requisito.
Con la vista puesta en las futuras medidas, la Comisión desea contribuir a todo lo que ayude a alcanzar una solución rápida y a preparar las medidas necesarias para acelerar la adopción del derecho comunitario en la parte norte de la isla.
Permítame recordarle que, en caso de encontrar una solución, la Comisión se ha ofrecido a organizar una conferencia de donantes internacionales para encontrar fondos internacionales dirigidos a corregir los desequilibrios económicos y sociales de la parte norte de la isla.
Además, quiero hacer hincapié en que la Unión Europea está dispuesta a acoger en el derecho comunitario los términos de una solución y la Unión ya ha asignado 206 millones de euros para el norte de Chipre, que se entregarán una vez acordada una resolución.
Para concluir, permítame decir que espero fervientemente que el Gobierno turco de Ankara comprenda que apoyar la iniciativa actual de reanudar las conversaciones sobre Chipre y aprovechar la oportunidad mientras exista redundará en su propio interés y beneficio. Esta oportunidad es limitada, pero sigue estando ahí. Independientemente de cómo se mire, sería mejor si la adhesión de Chipre el 1 de mayo se acordara sobre la base de una solución política al conflicto. 
Zorba (PSE ).
   – Señor Comisario, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con usted en que estos son procesos políticos y quiero preguntarle por la última declaración del Sr. Giul, que dijo que Turquía y la parte de los chipriotas turcos están preparando un compromiso sobre la isla que se publicará la semana que viene. Estas son declaraciones recientes, de ayer u hoy. Por tanto, quiero preguntarle si sabe usted algo más sobre este compromiso y, asimismo, quiero preguntarle sobre la declaración del Sr. Erdogan, quien dijo que nadie puede hacer la vista gorda ante la voluntad del pueblo y que los votantes querían pasar página. Así es como interpreta él los resultados. En su opinión, ¿constituye esto el reconocimiento de la victoria de la oposición en el norte de Chipre y considera usted que esto marca un cambio en la posición de Ankara?
Por último, quiero plantear otra cuestión: había un grupo de observadores de la facultad de derecho de la Universidad de Oslo, que ha enviado hoy un comunicado diciendo que lo que vieron fue la producción de votantes para aumentar el apoyo a los partidos del gobierno durante las últimas elecciones. Quiero pedirle que comente esta cuestión. 
Verheugen,
   . – Señora Zorba, el Ministro turco de Exterior ha estado en Bruselas hace unos días. Mantuve una larga charla con él. No me dijo lo que podría contener el compromiso que su Gobierno busca actualmente con los chipriotas turcos. Sin embargo, después de haber hablado con él tenía la impresión, y posteriormente lo declaró públicamente, al igual que el Primer Ministro Erdogan, de que después de las elecciones del norte de Chipre puede ser un buen momento para relanzar las conversaciones sobre la base del Plan Annan. Espero que sigan pensando así.
Considero que la declaración del Primer Ministro Erdogan, que también ha citado usted, es una señal positiva. Apoyo esta declaración y me parece que estas elecciones han demostrado clara e inequívocamente la voluntad de los verdaderos chipriotas turcos, a saber, aquellos que viven en Chipre. Demuestra que quieren, por un lado, una solución al conflicto que se base en el plan de las Naciones Unidas y, por el otro, acceder a la Unión Europea. Lo inteligente y apropiado sería respetar la clara voluntad de la mayoría de la población.
Tercero, en cuanto a la cuestión de los observadores de las elecciones y sus conclusiones, puedo decirle que incluso antes de las elecciones yo ya había recibido informes periódicos suyos en relación con lo que allí observaban. En varias ocasiones antes de las elecciones subrayé públicamente la manipulación de los censos electorales y también pedí al Gobierno turco que se asegurara de que esto se rectificaba. No tengo ninguna duda de que el número de votantes en estas elecciones de hecho se infló artificialmente, con la intención de manipular los resultados. 
El Presidente.
   Muchas gracias Sr. Verhaugen por su cooperación esta tarde.
Hay una cuestión de orden. Le ruego, Sr. Posselt, que sea una cuestión de orden porque no podemos debatir temas políticos en el turno de preguntas.
Posselt (PPE-DE ).
   – Ayer ocurrió algo que no pertenece a las Actas, allí simplemente estaría fuera de lugar, sino más bien al informe completo de la sesión. Debo aprovechar que está usted presente otra vez. Ayer dirigí una pregunta al Presidente en funciones del Consejo italiano y recibí una respuesta. A continuación hice otra pregunta relacionada. En el informe completo de la sesión, lo recordará usted, pregunté si decía sí o no, y su respuesta fue que no. Este «no» no aparece en el informe completo de la sesión, aunque lo grabé en una cinta. Y aún hay más, el informe completo de la sesión repite la segunda parte de sus respuesta escrita, lo que distorsiona todo el sentido del turno de preguntas. Por lo tanto, quiero pedir, ya que estoy seguro de que todavía recuerda usted todo este asunto del sí y del no de ayer, que se corrijan los informes. 
El Presidente.
   Tiene usted toda la razón, Sr. Posselt. 
Recuerdo perfectamente su pregunta y la contestación contundente con el "no". 
Tomaré todas las medidas oportunas para que así conste, porque el Acta debe reflejar lo que ocurre en la sala, y no tratar de otras contestaciones que se hubieran dado si no se hubiera realizado esto. De acuerdo con usted tomaré todas las medidas oportunas.
El Presidente.
Teniendo en cuenta el debate y la controversia en curso sobre si es adecuado o no que, en el ámbito del Programa Marco comunitario, se autorice la financiación de trabajos de investigación sobre las células madre embrionarias, ¿qué tipo de presupuesto prevé la Comisión para estos trabajos?
¿Cuántos embriones podrían destruirse en este proceso y en qué Estados miembros?
¿Por qué apoya la Comisión la investigación sobre células madre embrionarias cuando está demostrado que las células madre adultas constituyen una alternativa científicamente válida? 
Liikanen,
    Las decisiones relativas al quinto y sexto Programas Marco para la investigación comunitaria y a sus respectivos programas concretos no prevén la asignación de un presupuesto específico para la investigación sobre células madre embrionarias. 
Por lo que se refiere al quinto Programa Marco, dos proyectos de investigación incluyen actividades que contemplan la utilización de líneas de células madre embrionarias humanas. En cuanto al sexto Programa Marco, por un lado, a día de hoy ningún proyecto ha recibido financiación para este tipo de investigación y, por otro, solo un proyecto que comprende un capítulo de investigación sobre una línea de células madre embrionarias humanas podría ser seleccionado a raíz de la primera convocatoria de propuestas. Todas las líneas consideradas son líneas existentes, creadas sin la utilización de fondos comunitarios y fuera de la Unión Europea. 
La Comisión no dispone de más información, en particular sobre la cantidad de embriones humanos que podrían ser utilizados en los Estados miembros para la obtención de células madre. Los Estados miembros que autorizan o regulan la utilización de embriones humanos para la obtención de células madre son, a día de hoy: Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Suecia y el Reino Unido. 
Las decisiones relativas al quinto y sexto Programas Marco para la investigación comunitaria y sus respectivos programas específicos autorizan la financiación de la investigación sobre células madre de todas las procedencias. 
El Parlamento Europeo, en su Resolución del pasado 19 de noviembre, se pronunció a favor de la financiación comunitaria de actividades de investigación sobre células madre embrionarias y sobre células madre adultas.
McKenna (Verts/ALE ).
   – Una vez decidida esta financiación, sería conveniente contar con un desglose como el que solicité, pues es muy importante, teniendo en cuenta que en algunos Estados miembros está prohibida la investigación con células madre embrionarias y, sin embargo, algunos de esos Estados miembros –como por ejemplo, Alemania– serán los principales financiadores de este tipo de investigación. En aras de la apertura y la transparencia se podría presentar un desglose claro y una descripción clara del destino de los fondos y de los resultados. 
Liikanen,
   . Estoy seguro de que el Sr. Busquin podrá responder con más detalle, pero me gustaría hacer una observación de carácter general sobre la manera en que funciona el presupuesto de investigación comunitario. No determinamos los temas de ese tipo de antemano, sino que se publican licitaciones, se establecen prioridades temáticas y se reciben evaluaciones de expertos independientes. Y los proyectos se seleccionan en función de esta evaluación. En los proyectos de investigación comunitarios no se elaboran desgloses como los que menciona su Señoría, pero puedo trasladar sus observaciones al Comisario Busquin. 
El Presidente.
   Hay varios diputados que han pedido la palabra para preguntas complementarias, y además están todos sentados juntos.
Los dos primeros que han pedido la palabra son el Sr. Purvis y el Sr. Rübig, también la había pedido el Sr. Posselt, pero saben que solamente pueden hablar dos.
Voy a utilizar el orden cronológico, no tengo otro criterio; si alguno de ustedes desiste de hacer la pregunta, pues quedan los dos restantes.
Purvis (PPE-DE ).
   –Me gustaría preguntar al Sr. Comisario si podría confirmar que está a punto de levantarse la moratoria de la investigación con células madre embrionarias, y que la Comisión está dispuesta a considerar y, posiblemente, a financiar proyectos de investigación con células madre embrionarias sobre la base de la Resolución del Parlamento de 19 de noviembre de 2003, que ha mencionado. 
Liikanen,
   . –Se trata de un expediente sumamente delicado, que el Comisario Busquin ha tratado con mucho sentido común y conocimiento de causa, por lo que seré muy cauto con mis respuestas. Según las respuestas preparadas, hay dos partes. Continuaré en francés. 
Liikanen,
   . Según esta moratoria, solo está permitida la investigación sobre células madre embrionarias humanas reservadas en bancos o aisladas en cultivos. Esta moratoria obedece a un acuerdo político entre el Consejo y la Comisión y carece de valor jurídico. Concluye el 31 de diciembre de 2003 y, después, a falta de un nuevo texto legislativo, la Comisión está legalmente obligada a aplicar el sexto Programa Marco, que autoriza esta investigación. Lo hará, tanto más cuanto que ha recibido una señal política muy fuerte del Parlamento, que es favorable a este tipo de investigación. 
Posselt (PPE-DE ).
   – Señor Comisario, no solo el Parlamento está dividido en torno a esta cuestión, sino también el Consejo. Hay incluso divergencias en las disposiciones del derecho penal en los diferentes Estados miembros. Así, permítame preguntar una vez más: dado que el Consejo no puede estar de acuerdo en este asunto de extrema importancia, y dado que existe una minoría que hace bloqueo, ¿no puede la Comisión decidir aparcar el asunto hasta que el Consejo haya alcanzado un acuerdo? Ésa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es si sabe usted por qué el Comisario Busquin nunca participa en los debates del turno de preguntas sobre esta cuestión. No es la primera vez que ocurre. 
El Presidente.
   Quizá esta segunda pregunta, Sr. Posselt, habría que trasladársela al Sr. Busquin en todo caso.
Liikanen,
   . – El Sr. Busquin acude con mucha frecuencia al Parlamento Europeo y a todas las instituciones comunitarias. Personalmente he sido testigo de un gran número de debates sobre esta cuestión a los que ha dedicado un gran esfuerzo personal. Me comprometo a dar a su Señoría una respuesta sobre esta tema en esta semana. Quiero asegurarle que hablamos con precisión cuando decimos que se trata de cuestiones jurídicas delicadas. 
El Presidente.
   Muchas gracias Sr. Liikanen por su cooperación.
El Presidente.
A comienzos de noviembre de 2003, el Ministro federal belga de movilidad abogó en favor de una prohibición de los vuelos nocturnos a escala europea. No considera conveniente una prohibición belga unilateral de los vuelos nocturnos, puesto que ello -debido a las posibles deslocalizaciones- podría tener unas consecuencias graves para el empleo en Bélgica. Estas consecuencias serían menos graves en caso de una prohibición europea de los vuelos nocturnos.
¿Está dispuesta la Comisión a elaborar una propuesta de reglamento o directiva que persiga una prohibición total de los vuelos nocturnos dentro de la Unión, preservando así el descanso nocturno de centenares de miles de europeos, y a someterla al Consejo y al Parlamento? En caso negativo, ¿sobre la base de qué argumentos decide no hacerlo?
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, Señorías, la Comisión no tiene previsto presentar una propuesta de prohibición a escala comunitaria de los vuelos nocturnos, por varias razones.
En primer lugar, la situación en cuanto a la contaminación acústica no es la misma en todos los aeropuertos europeos. Algunos deben hacer frente a impactos negativos de emisiones de ruido -al estar situados en áreas residenciales, y por la densidad del tráfico-, circunstancias que en otros aeropuertos no se dan, o se dan en menor medida.
Teniendo en cuenta que la introducción de una prohibición de los vuelos nocturnos tiene repercusiones en la economía y en el empleo, debe considerarse atentamente el equilibrio entre los diversos elementos, lo que obliga a realizar un estudio de costes y beneficios caso por caso para cada aeropuerto, antes de imponer tal prohibición.
En segundo lugar, las medidas unilaterales pueden aislar a Europa de la red internacional de aviación; el cierre nocturno de todos los aeropuertos de la Unión Europea puede obstaculizar seriamente el funcionamiento normal de dicha red internacional. En muchos casos, resulta inevitable que las operaciones de vuelo tengan lugar por la noche, especialmente los vuelos intercontinentales, debido a la existencia de diversas zonas horarias internacionales y tipos de carga.
No obstante, la Comisión está supervisando los problemas del ruido y su impacto en los ciudadanos que residen en las proximidades de los aeropuertos. Por ello, la Comisión insistió sistemáticamente, en el contexto internacional de la OACI, para que se adoptaran decisiones que permitieran acomodar soluciones para abordar las necesidades específicas de la Unión en el ámbito del ruido de los aeropuertos.
Partiendo de las decisiones adoptadas con ocasión de la trigésimo tercera asamblea de la OACI en 2001, en las que se establece el marco para introducir restricciones, incluidas las de los vuelos nocturnos, la Comisión presentó una propuesta de Directiva, que se adoptó en marzo de 2002. Esta Directiva permite, mediante un procedimiento preliminar de análisis y consulta, imponer prohibiciones de vuelos nocturnos en los aeropuertos comunitarios en que esté justificado según criterios objetivos.
Staes (Verts/ALE ).
   – Señora Comisaria, me pregunto dónde vive usted cuando está en Bruselas; probablemente no resida en la parte norte de la ciudad. Me imagino que vive usted en un lugar donde los vuelos nocturnos son pocos y espaciados, porque de lo contrario su respuesta sería diferente. ¿Se da usted cuenta de que la falta de una prohibición europea general de los vuelos nocturnos comportará la competencia entre aeropuertos y la competencia con un efecto descendente, donde el ruido se cambiará por puestos de trabajo. ¿Se da usted cuenta de que de esta forma contribuye usted a una economía donde el volumen y el ritmo de trabajo aumentan constantemente, en detrimento de la calidad de vida? Las normas de la Organización Mundial de la Salud son claras como el agua: el ruido nocturno produce más irritabilidad y depresión. ¿Podría pedirle, señor Comisario, que revise su intervención, y podría invitarle a pasar una tarde o una noche conmigo en la parte norte de Bruselas, para que pueda ver por usted mismo lo que estas personas tienen que soportar día y noche? 
De Palacio, Loyola,
   . Señoría, yo vivo en un barrio de Bruselas muy agradable -como todo Bruselas-, muy bonito, cerca de un parque estupendo y tengo una vía férrea que pasa al lado de mi casa y con ello una serie de trenes que pasa cada noche. Con ello le quiero preguntar, ¿vamos a prohibir que pasen los trenes porque hacen ruido y me despiertan? En mi caso, ya que le interesa, he de decirle que oigo de vez en cuando el tren y alguna vez me he despertado, por no dormir siempre con un sueño suficientemente profundo. Señoría, también he de decirle que cuando compré la casa estaba ya la vía del tren.
En segundo lugar, como he dicho, somos conscientes del problema de los ruidos y por ello se ha acordado en el ámbito de la Aviación Civil Internacional reglas internacionales para hacer unos análisis y unos estudios, ver qué soluciones hay para mitigar el impacto acústico en las zonas habitadas próximas a los aeropuertos y resolverlos. Es verdad que una de las posibilidades es suspender los vuelos nocturnos. Esa posibilidad existe y hay varios aeropuertos en Europa que lo están haciendo.
En tercer lugar, lo que me pide usted, Señoría, es que, además de suspender los vuelos y para seguir gozando de esa tranquilidad, los aeropuertos cierren. Pero hay aeropuertos que no tienen esos problemas, porque no tienen esos vecindarios, porque están más aislados, porque tienen unos trazados diferentes. Usted pide que, por ejemplo, cierren en el norte de Finlandia para no crearles problemas a los trabajadores en Bruselas.
Señoría, yo eso no lo voy a proponer. Entre otras cosas porque, de ser así, se trataría de una ventaja comparativa. Y la competencia en Europa se hace sobre una serie de valores y uno de ellos es éste. Y eso no es competencia desleal. Se trata, sencillamente, de situaciones diferentes. Y si Bruselas tiene problemas, hay que ajustarse y adaptarse a las situaciones y, quizá, suprimir los vuelos de noche, pero lo que no puede usted pedir es que se suspendan los vuelos de noche en Atenas porque hay problemas en Bruselas. Quizá UPS vuele a Atenas. Si es así, ¿qué le voy a hacer?
Le puedo mostrar varias situaciones de ventajas comparativas de otro tipo. Y ahí es donde juega la competencia. Lo siento, Señoría, pero desde luego no seré yo quien presente esa propuesta.
El Presidente.
   Tengo que comunicarles que han pedido la palabra varios diputados.
Los dos primeros que han pedido la palabra son, sin duda, el Sr. Alavanos y el Sr. Rübig. Además el Reglamento aconseja dar la palabra a diputados de diferente Grupo político y nacionalidad que el interpelante.
Alavanos (GUE/NGL ).
   – Señora Comisaria, evidentemente se ha adelantado a mi pregunta y ha mencionado el aeropuerto de Atenas. He escuchado su opinión en general sobre los vuelos nocturnos y estoy de acuerdo, y su opinión sobre las vías férreas, que de hecho no pueden moverse.
Sin embargo, ¿qué pasa cuando los aviones, para ahorrar unos pocos minutos de vuelo o unos pocos litros de combustible, vuelan sobre áreas residenciales en lugar entrar a tierra por mar, que es exactamente lo que ocurre en el aeropuerto internacional de Atenas, molestando así a áreas residenciales donde viven cientos de miles de residentes?
Que yo sepa la Comisión Europea ya tendría que haber recibido una queja en torno a esta cuestión sobre el aeropuerto internacional de Atenas y quiero preguntarle qué pasa en este caso. 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Alavanos, tiene toda la razón en lo que acaba de decir.
Pero eso es otra historia. Se trata de buscar rutas que reduzcan el impacto y, eventualmente, imponer obligaciones a las compañías aéreas para reducir el impacto. Eso tiene que ir, si es necesario, hasta el punto de prohibir los vuelos; yo no digo que no haya que prohibir los vuelos. Y no sé si también en Atenas será necesario prohibir los vuelos nocturnos.
Las condiciones de población, de posibles soluciones, de sonoridad, y de otra serie de cuestiones son las que indican que haya que prohibir o no los vuelos nocturnos, pero no el hecho de que haya que prohibirlos en Bruselas. Es decir, no se puede prohibir en Atenas porque hay que prohibir en Bruselas. Eso es lo que la Comisión no está dispuesta a apoyar.
Pero tiene toda la razón en lo que ha dicho. Las rutas y las huellas de vuelo son importantísimas, así como la forma de hacer los despegues y, como bien dice usted, es cierto que a veces, al tratar de ahorrar algo de combustible, se produce mucho más ruido del necesario en condiciones normales. Esa gestión corresponde a los aeropuertos.
Rübig (PPE-DE ).
   – Señora Comisaria, permítame empezar diciendo que yo duermo especialmente bien en Bruselas, no estoy seguro de por qué. Pero quiero hablar en calidad de miembro de la delegación para las relaciones entre la Unión Europea y Suiza, y tenemos un problema con las limitaciones de vuelos nocturnos y el aeropuerto de Zúrich. ¿Qué opina usted de cómo se han desarrollado los vuelos entre el sur de Alemania y Zúrich, y cómo evolucionará la situación jurídica en los próximos años? Lo cierto es que hay numerosas quejas, que, por un lado, se refieren a que los aviones no deberían acercarse a Zúrich, mientras que los alemanes tampoco las quieren. En consecuencia, en estos momentos se prohiben las rutas de acercamiento hacia el sur de Alemania, lo que a su vez ha propiciado el aumento del número vuelos que se aproximan a la ciudad de Zúrich. Por tanto, me gustaría saber cómo espera la Unión Europea, y en particular la Comisión, que evolucione este problema en el futuro. 
De Palacio, Loyola,
   . La semana pasada contestamos a esta petición que había formulado, precisamente, el Gobierno alemán, de llevar a cabo cierto tipo de limitaciones. Son unas limitaciones en los vuelos nocturnos hacia Zúrich y, sencillamente, conforme a los acuerdos existentes entre Suiza y la Unión Europea en el ámbito del transporte y del transporte aéreo, concretamente, y conforme a las reglas de la OACI y demás, son correctas y son compatibles. Eso es lo que le hemos contestado hace unos pocos días.
El Presidente.
La puesta en marcha en 1998 del Plan del Carbón ha supuesto para Minero Siderúrgica de Ponferrada SA (MSP) ayudas millonarias que debían orientarse a la generación de empleo y la creación de industrias alternativas. Transcurridos cinco años, el empleo ha disminuido de forma alarmante (se han perdido en los últimos años más de 1 500 puestos de trabajo) y no se han creado industrias que pudieran compensar tal disminución. Las ayudas recibidas deberían permitir a MSP hacer frente a la competencia del mercado, en torno al año 2005, y diversificar la economía de la comarca. Sin embargo, lo que se ha hecho ha sido desviar estas ayudas hacia empresas que nada aportan a la economía local. Se han cerrado prácticamente todos los grupos de minería subterránea, por lo que una gran parte de la producción se está sacando de las explotaciones a cielo abierto de Fonfría y del Feixolín. Estas dos explotaciones, las terminadas y las que se pretenden realizar, suponen la destrucción del Valle de Laciana (reconocido como Reserva Mundial de la Biosfera, zona ZEPA y LIC). Si de lo que se trata es de mantener una Reserva Estratégica de Carbón ante una situación de emergencia, ¿no opina la Comisión que sería razonable dejar sin explotar los yacimientos fáciles y rápidos de extraer, que son precisamente la explotaciones a cielo abierto, y mantener en explotación la minería de interior, necesaria para las necesidades presentes y generadoras de puestos de trabajo?
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, la Comisión ha recibido un amplio respaldo a los planteamientos del Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético", en lo relacionado con el mantenimiento del acceso a las reservas comunitarias de hulla y el mantenimiento de un nivel básico de producción a tal efecto. De acuerdo con esta idea, la Comisión ha propuesto y el Consejo ha aprobado -con el dictamen previo del Parlamento Europeo- el Reglamento (CE) nº 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón.
Los objetivos contemplados en este Reglamento difieren de los mencionados por su Señoría en relación con la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA. Las empresas del carbón que reciben ayudas estatales siempre han tenido la obligación de tender a la viabilidad económica. Además, una novedad importante en el nuevo Reglamento del Consejo es que la contribución del carbón autóctono al objetivo de la seguridad energética debe realizarse en un marco de desarrollo duradero. La Comisión considera, pues, que tanto las explotaciones a cielo abierto como las explotaciones subterráneas pueden respetar los principios de desarrollo duradero en la medida en que cumplan la legislación comunitaria.
Turmes (Verts/ALE ).
   – Señora de Palacio, desde hace meses me resulta difícil a veces seguir su argumentación, y es lo que me ocurre con su respuesta sobre el carbón. Dice que debemos continuar la explotación a cielo abierto de carbón en Europa porque hay un problema de abastecimiento. En el mercado mundial del carbón no hay ninguna escasez. Desde hace decenios no hay fluctuaciones de precios, nunca ha habido presiones sobre Europa, que no tiene ninguna dificultad para comprar carbón. Esto demuestra que no tiene usted un criterio objetivo. El criterio del porcentaje de las importaciones no puede considerarse una amenaza para la seguridad del abastecimiento. De ser así, estaríamos mucho más seriamente amenazados por lo que se refiere a los virus informáticos, por ejemplo.
Volviendo al caso español considerado, tenemos la impresión de que, en la región afectada, el Sr. Victorino Alonso, que es el jefe de varias empresas, utiliza equivocadamente el dinero que Europa le da, porque lo emplea para mejorar la competitividad de sus empresas, cuando es dinero que debería servir para mantener los puestos de trabajo en la región.
El Presidente.
   Señor Turmes, les ruego que hagan preguntas complementarias. Ya se lo he dicho hoy. Las declaraciones y los debates tienen otro marco reglamentario.
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, Señorías, creo que el Sr. Turmes está hablando de una cosa diferente, porque si no, no entiendo. Las ayudas al carbón no son ayudas europeas, porque Europa no le da nada a la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, SA, sino que son ayudas que recibe del Gobierno nacional español, no de Europa.
La Comisión y la Unión Europea, a nivel comunitario, no financian las ayudas al sector del carbón. El Sr. Turmes debe estar hablando de las ayudas nacionales percibidas por la citada compañía, en el marco del plan de reestructuración del carbón presentado, en su momento, por España. También le digo, señor Turmes, que la Comisión no tiene constancia de las cosas de las que usted está hablando.
El Presidente.
¿Cuáles son las previsiones de ejecución de la línea de ferrocarril de alta velocidad que unirá Galicia y Portugal, de Ferrol a Lisboa? ¿Para qué año se prevé finalizar las obras? 
De Palacio, Loyola,
    Señor Presidente, Señorías, los tramos mencionados en la pregunta oral forman parte del proyecto prioritario nº 8, eje multimodal Portugal-España-resto de Europa, incluido en la Decisión de la Comisión de 1996 relativa a las directrices comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes.
La iniciativa de crecimiento también ha considerado que el tramo transfronterizo Vigo-Oporto reunía las condiciones para ser recogido dentro de la llamada "lista de inicio rápido" donde, como saben sus Señorías, además de formar parte de las redes transeuropeas, tiene que tener el componente transfronterizo y el de su inmediatez en cuanto al inicio de las obras, es decir, en los próximos tres años (2004-2006).
En el período 2000-2006 el Fondo de cohesión está financiando la línea del Miño, al norte de Oporto. Las decisiones relativas a la concesión de una ayuda total de 87 millones de euros para los tramos Nine-Braga-Lousada-Nine se adoptarán en los próximos días. Desde 1987, los estudios sobre la línea ferroviaria atlántica gallega Ferrol-frontera portuguesa se han beneficiado de una ayuda comunitaria, que ha alcanzado en el año 2003 un total de casi 6 millones de euros. Para el período 2004-2006 está previsto destinar otros 5 millones de euros para financiar estudios sobre este eje ferroviario, en respuesta a una nueva solicitud de las autoridades españolas. En lo que se refiere al tramo ferroviario español entre Ferrol y la frontera portuguesa, ya están terminados varios estudios técnicos y muchos están todavía en fase de realización.
Las obras ya han empezado al norte de Vigo. De acuerdo con la información recibida de las autoridades nacionales -portuguesas y españolas-, está previsto que el tramo Vigo-La Coruña entre en servicio en 2007 y el enlace Vigo-Oporto en 2009, y el tramo La Coruña-Ferrol, que completaría el tramo de línea en territorio español, estaría listo y en funcionamiento a partir del año 2010.
El Presidente.
La Comisión, en su recurso relativo a la aplicación por Grecia del Reglamento (CEE) 3577/92(1), en concreto del apartado 2 de su artículo 3, afirma que el derecho del Estado de acogida de regular las cuestiones relativas a la tripulación de los buques de cabotaje se limita al personal de cubierta y de la sala de máquinas. Sin embargo, en su respuesta a la pregunta Ρ-3616/97(2) de este diputado, la Comisión defendía una opinión totalmente diferente: "El artículo 3 del Reglamento (CEE) 3577/92 cubre todos los aspectos referentes a la tripulación. En el informe, al evaluar el número de puestos de trabajo necesarios para los servicios de pasaje y transbordadores y las actividades de crucero, se contó la tripulación de cabina y el personal de servicios de restauración entre la tripulación".
¿Puede indicar la Comisión por qué motivo y por qué procedimiento ha cambiado de opinión y excluye a la tripulación de cabina y el personal de servicios de restauración de la tripulación contemplada en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento? ¿Ignora los problemas de seguridad que originará la existencia de tripulaciones heterogéneas en los buques de pasaje y transbordadores de carga rodada, sobre todo tras los trágicos accidentes ocurridos en la Unión Europea? ¿Asume la Comisión la responsabilidad a este respecto? ¿Piensa apoyar la Comisión el principio del "host state", especialmente en relación con los buques de crucero?
De Palacio, Loyola,
   . La Comisión entiende que su Señoría se refiere a un asunto pendiente ante el Tribunal de Justicia referente, entre otras cosas, a las condiciones aplicables a la tripulación impuestas por la legislación griega a los buques que efectúan servicios de cabotaje.
En la petición relativa a este asunto la Comisión no hizo distinción entre las normas aplicables al personal de puente y las aplicables al personal del cuarto de máquinas. Las normas sobre tripulación son aplicables a la tripulación del buque en su conjunto.
Lo que la Comisión reprocha al Estado griego en este asunto es la aplicación de las normas del Estado de acogida a los buques de crucero para los que el Reglamento (CEE) nº 3577/92 prevé la aplicación de las normas del Estado de pabellón.
La aplicación de las normas sobre tripulación del Estado de acogida para el cabotaje insular está prevista únicamente para los servicios de línea. Por otra parte, incluso en este caso, las normativas nacionales aplicables no pueden ser contrarias al principio de libre prestación de servicios. Por lo tanto, toda exigencia impuesta por la legislación nacional en cuanto a la tripulación no puede introducir restricciones que no estén justificadas por razones imperiosas de interés general y las restricciones deben ser proporcionadas respecto al objetivo perseguido. En este contexto, la Comisión observa que los convenios SOLAS y STCW -ratificados por todos los Estados de la Unión- contienen normas en cuanto a las tripulaciones de los buques, cuyo objeto es, precisamente, la seguridad en la navegación.
Como destacó en su reciente comunicación sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 3577/92, la Comisión considera que, por lo que se refiere a las normas en materia de seguridad y formación, toda condición que vaya más allá de las normas contenidas en dichos convenios constituiría una restricción desproporcionada a la libre prestación de servicios.
Alavanos (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, creo que las posiciones de la Comisión son contradictorias y haré una pregunta para que la señora Comisaria pueda resolver mi duda: aparte de la cuestión de los buques de crucero, quiero preguntar a la señora Comisaria, en relación con los demás buques de pasajeros, si cree que el Estado de acogida puede regular la dotación de tripulación de los buques de cabotaje no solo en cuanto al personal de cubierta y de la sala de máquinas se refiere, sino también a la tripulación de cabina y al personal de servicios de restauración. En otras palabras, ¿los derechos del Estado de acogida son los mismos cuando se trata de la tripulación de cubierta y de la sala de máquinas que cuando se trata de la tripulación de cabina y del personal de servicios de restauración? 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, tenemos esta cuestión ante el Tribunal, y lo que sucede es que, a partir del 1 de enero, en Grecia también se termina el período transitorio especial, del que ha disfrutado este país, en aplicación de la Directiva en vigor, y, por lo tanto, no se podrá hacer discriminación alguna.
Además, señor Alavanos, estamos hablando de la tripulación en su conjunto. En cualquier caso, el Tribunal nos va a dar todos los elementos y nos va a sacar de dudas, si es que éstas existen.
El Presidente.
   Muchas gracias, Sra. de Palacio, por su cooperación con el Parlamento esta tarde.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 37 a 72 recibirán respuesta por escrito.(3)
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0457/2003), en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, relativa a la posición común del Consejo aprobada con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE (10345/2/2003 - C5-0444/2003 2002/0185(COD)) (Ponente: Norbert Glante). 
Glante (PSE ),
   – Señora Comisaria, le deseo muy buenas noches. He llegado a tiempo para el comienzo. El debate de esta noche, que celebramos en el acogedor círculo de personas con acceso a información privilegiada, gira en torno a una tecnología, la cogeneración, que es una herramienta ambiental reconocida. La cogeneración puede utilizarse de muy diversas formas, desde la calefacción urbana, principalmente en el norte de Europa, hasta plantas de producción, como en las industrias de cerámica y papel de otros países.
La cogeneración implica la producción simultánea de electricidad y calor en un proceso que suele ahorrar energía. Esta directiva se centra principalmente en la cogeneración de alta eficiencia, a saber, procesos que ofrecen ahorros energéticos del 10 % como mínimo. Este es uno de los motivos principales favorables al uso de la cogeneración como medio para aumentar la eficiencia de la energía y de por qué contribuye a una mayor seguridad en el suministro. Los apagones del mes pasado han demostrado que es preciso hacer algo para mejorar la seguridad del suministro.
Quiero empezar comentando la forma en que el Consejo trata con el Parlamento. Esta directiva es objeto de debate desde septiembre de 2002, casi 18 meses. La primera lectura en el Parlamento fue muy polémica. La segunda lectura buscaba mucho más el consenso. Por desgracia, la posición común del Consejo aceptó muy pocas de las enmiendas propuestas por esta Asamblea. Durante la segunda lectura, el Consejo mostró de nuevo poca flexibilidad y apertura a nuestras demandas. Tal y como yo lo veo, el Consejo adoptó una posición de «el ‘no’ funciona» desde el principio y nos decían repetidamente que no se podía ir más allá de la posición común. En mi opinión, a veces las negociaciones parecían más un procedimiento de consulta que de codecisión. Al final se aprobaron soluciones de compromiso, no porque como ponente estuviera totalmente satisfecho con el resultado, sino por que el Consejo presionó al Parlamento, porque no había tiempo suficiente para un procedimiento de conciliación si se quería que el Consejo cumpliera el programa. Se presionó más a través de las declaraciones de una serie de delegaciones en el Consejo que cuestionaban la necesidad de una directiva que promueva la cogeneración, y que dejaban claro que la directiva se bloquearía si el Parlamento solicitase algo más que este apoyo.
Permítanme decirles lo que creo merece elogiarse en esta directiva. El objetivo de la directiva consiste en promover las tecnologías de la cogeneración, que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de la energía y la seguridad del suministro. La cogeneración ocupa ahora un lugar en la agenda política de la Unión Europea. La directiva significa que ahora la Unión cuenta con una política de cogeneración. Europa tiene una definición armonizada de cogeneración, lo que significa que ahora hay un entendimiento común de lo que es la cogeneración. La clasificación como cogeneración de alta eficiencia se ha determinado mediante el uso de un proceso de dos fases, definidas en los Anexos II y III de la directiva.
En primer lugar, la electricidad cogenerada se calcula utilizando el método Prothermo descrito en el Anexo II. Basándose en este método y teniendo en cuenta los resultados de un taller CEN/CENELEC actualmente en curso, la Comisión va a diseñar un cálculo estándar para la electricidad cogenerada y las directrices necesarias para utilizarla.
En segundo lugar, para que se considere una cogeneración de alta eficiencia, el proceso debe arrojar ahorros energéticos del 10 % como mínimo, tal y como establece el Anexo III. La Comisión facilitará valores de referencia armonizados para calcular los ahorros energéticos. Este ha sido un paso adelante importante y una demanda importante por parte del Parlamento. No se ha armonizado el orden de aplicación de los Anexos II y III. Por tanto, los métodos de cálculo alternativo seguirán siendo válidos, y, en caso necesario, se armonizarán en un nuevo proyecto de directiva de la Comisión. Ya se ha facilitado un procedimiento estándar para emitir certificados de origen, lo cual es importante para el comercio transfronterizo y, por tanto, para el mercado único.
Se ha pedido a los Estados miembros que recopilen datos estadísticos sobre la generación nacional de electricidad y calor mediante el uso de la cogeneración. Los Estados miembros también deben evaluar el potencial para utilizar la cogeneración e informar a la Comisión de sus conclusiones. La Comisión debe evaluar estos informes y, en su caso, presentar un plan de acción para desarrollar la cogeneración en la Unión Europea. Los instrumentos nacionales y la ayuda económica deberían centrarse en los ahorros de energía primaria. Es preciso eliminar barreras jurídicas y de otro tipo. La directiva establece una definición y una categoría especial para la microgeneración. Al amparo de esta directiva, la microgeneración se refiere a las instalaciones con una capacidad máxima de 50kWe. Los operadores de la microgeneración pueden utilizar valores certificados para hacer cálculos, reduciendo así su carga administrativa. Los Estados miembros pueden facilitar el acceso a la red de pequeñas instalaciones y operadores de microgeneración. Evidentemente, nos habría gustado que se hubieran logrado más cosas a este respecto.
Entonces, ¿qué no aparece en la directiva que nos habría gustado que apareciera? No se han fijado objetivos para la Unión Europea o los Estados miembros individuales, ninguna asistencia especial y el apoyo a las instalaciones de microgeneración es insuficiente, lo que por desgracia significa que no hay ayudas para aumentar la penetración de mercado en los próximos años. No hay medidas prácticas dirigidas a aumentar la cogeneración como una parte de la generación total de electricidad en Europa, y el acceso a la red de distribución de electricidad cogenerada no está suficientemente regulado desde el punto de vista de las medidas de apoyo. En estos momentos los métodos de cálculo existentes no han sido armonizados –de hecho, los métodos alternativos son válidos hasta 2010–. No se ha excluido la cogeneración mediante energía nuclear del ámbito de la directiva. Sin duda alguna, al Parlamento Europeo le habría gustado una directiva más ambiciosa. Pero al menos esta directiva establece un entendimiento común de la cogeneración y sienta las bases para la promoción de la cogeneración en Europa. Se ha determinado el camino para armonizar los métodos de cálculo de la electricidad cogenerada y los ahorros en energía primaria. Los Estados miembros deberán tener en cuenta la tecnología, porque han de evaluar las capacidades y el potencial de generación nacionales, para después informar a la Comisión. Se ha pedido a la Comisión que presente un plan de acción para desarrollar la cogeneración si no aumenta su uso.
De esta forma la política de cogeneración se sitúa en la agenda de ámbito de la Unión Europea, lo que constituye un gran éxito para la Unión Europea. Permítanme termninar instando a los Estados miembros a informar sobre el potencial nacional para ampliar la cogeneración lo antes posible, a fin de aprovechar ese potencial, y a eliminar todas y cada una de las barreras al aumento de la cuota de la cogeneración. Además, quiero decir a la Comisión que necesitamos lo antes posible una nueva directiva sobre planes de ayuda europeos y la total armonización del mercado energético.
Para concluir, permítame agradecer a mis componentes, a los ponentes alternativos, a todos los colegas que han contribuido y también a la Comisión. Creo que hemos trabajado bien juntos. En nuestras conversaciones he hecho repetidamente hincapié en que por compromiso entiendo una solución que es ligeramente dolorosa para todas las partes. Espero que todos hayan sufrido lo mismo, y espero que cuando aprobemos mañana enmiendas de compromiso obtengamos una directiva razonable. 
De Palacio, Loyola,
   . Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero decir que es para mí una satisfacción el pensar que estamos a punto de culminar el trámite de adopción de la Directiva sobre el fomento de la cogeneración. En ese sentido, doy las gracias muy especialmente al ponente, Sr. Glante, y también a los otros ponentes alternativos y a los demás responsables del Parlamento, que han trabajado intensamente en esta Directiva tan importante para la política energética en Europa y, a la vez, tan compleja, en muchos casos, desde el punto de vista técnico.
La Directiva sobre el fomento de la cogeneración es un paso adelante, que pretende ayudar a resolver los problemas que tiene nuestro sector energético en Europa, como la necesidad de llevar a cabo un ahorro energético y de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La cogeneración de alta eficacia supone una mayor eficiencia, pues implica ahorros de energía y, por tanto, reducción de emisiones. También estamos contemplando la cogeneración con energías renovables, en un momento en que esto nos ayuda a aumentar la seguridad del abastecimiento y a reducir la vulnerabilidad que supone el transporte de la electricidad, a veces a través de largas distancias; en efecto, la cogeneración supone normalmente una mayor cercanía entre la producción eléctrica de la electricidad y la demanda de la misma y, por tanto, aproxima la generación al consumo. También supone una mayor flexibilidad en el abastecimiento energético, ya que -insisto- puede producirse la cogeneración a base de cualquier combustible, incluidas las energías renovables.
La industria europea demanda desde hace tiempo una regulación de este tipo; sigue muy de cerca nuestros trabajos y creo que todo el mundo aprecia como un buen acuerdo -antes decía el Sr. Glante que "hace un poco de daño a todo el mundo", quizá en parte por eso es un buen acuerdo- el que podemos obtener esta noche y mañana, en la votación.
Hay un punto importantísimo, que ha señalado el Sr. Glante, y es que en la cogeneración hay distintos conceptos, que se esconden dependiendo de los distintos países. Gracias a esta discusión hacemos converger esos distintos conceptos, llevándonos a algo que parece esencial: que la cogeneración sea auténtica cogeneración y suponga una mejora en el balance global energético real.
La fijación de objetivos de fomento de la cogeneración ha sido una de las cuestiones fundamentales en el debate entre el Consejo y el Parlamento, y el conseguir que los Estados miembros estén dispuestos a determinar y notificar sus potenciales, creo que es un paso adelante muy importante, y que es el adecuado. Estos informes deberán publicarse y someterse a examen por todas las partes interesadas, y no me cabe duda de que a los potenciales viables sucederán las medidas necesarias para poner en marcha y utilizar esos potenciales de cogeneración de mayor eficacia energética.
Señor Presidente, Señorías, las enmiendas del Parlamento han mejorado claramente no solo la Directiva inicial, que habíamos presentado al Parlamento y al Consejo, sino también la Posición Común y, muy especialmente, en este punto al que se refería el ponente, la microgeneración, una nueva y prometedora tecnología. Me alegro de la iniciativa de este Parlamento al insistir sobre esta cuestión y al aportar las modificaciones que permiten incorporarla directamente en nuestra Directiva.
El Parlamento también ha contribuido a otras mejoras de la Posición Común, tales como la autorización al comité encargado de los detalles técnicos complejos y de ajustar los umbrales del desarrollo técnico, y quiero expresarles mi agradecimiento una vez más, por la labor que han hecho, dando pruebas, de nuevo, de la seriedad y del buen hacer de este Parlamento, incluso cuando se están barajando, tratando y discutiendo asuntos enormemente técnicos, como en este caso. Les felicito por el magnífico nivel demostrado.
Agradezco, una vez más, al ponente, Sr. Glante, a todos los ponentes alternativos y a los demás participantes en estos debates, sus aportaciones.
Rübig (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, permítame empezar agradeciendo sus palabras de reconocimiento hacia los esfuerzos del Parlamento. Sabemos que no solo son los ingenieros que ocupan un asiento en el Parlamento, sino también los buenos políticos elegidos quienes intentan sacar lo mejor de cada una de las propuestas. En particular, quiero dar las gracias al Sr. Glante y también al Sr. Vidal-Quadras Roca, que han estado muy implicados en este debate. Me parece que hemos aprendido mucho en los últimos meses sobre esta tecnología, para concluir, al final, que en última instancia sigue siendo una decisión política. También quiero dar las gracias por la solución de compromiso, que ha recibido un apoyo sustancial de nuestros colegas. Creo que el trabajo de nuestros colegas representa un logro aún mayor dada la complejidad del asunto que han tenido que abordar.
La forma en que la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía ha votado indica que esta directiva se aprobará mañana. Me parece algo positivo que hayamos evitado un procedimiento de conciliación. Quizá podríamos haber incluido algunos elementos más, pero me parece que los aspectos principales de nuestro enfoque general ya están presentes. Queríamos ir sobre seguro y asegurarnos de que tenemos una directiva, ya que, sobre todo el próximo año, cuando el mercado interior se financie con el presupuesto, la directiva será claramente importante para establecer desde el principio un campo de acción para todos los protagonistas del mercado. Por este motivo las definiciones pertinentes son muy importantes. Nuestro objetivo es mejorar la seguridad de nuestro suministro energético. Evidentemente, para empezar podemos utilizar la microgeneración. Queremos que haya muchos agentes en el mercado, que mejorarán la seguridad del suministro energético, pero también aumentarán la eficiencia energética y, sobre todo, y creo que este es el factor realmente decisivo, mejorarán la seguridad de la red. Los apagones nos han enseñado a todos que a menudo existe una gran diferencia entre la electricidad comercializada y la que realmente se suministra, y, por consiguiente, que necesitamos muchos puntos en la red para tener una red estable. Así, los usuarios residenciales tienen la oportunidad de recuperar más tarde parte de su factura de energía como suministro de electricidad. La microgeneración brinda una oportunidad para los dueños de las viviendas de obtener energía más eficiente y barata, además de una mayor seguridad energética de la industria energética como usuarios domésticos. Todo esto beneficia tanto al sector público como a los consumidores domésticos, y aquí estamos para trabajar por el bien de nuestros ciudadanos. Me parece que la rebaja de las facturas energéticas redundará en un balance bancario más saludable para cada uno de los ciudadanos.
Es esencial una definición estándar de la cogeneración. Creo que el aspecto más importante es, en realidad, nuestra declaración de que aceptaremos distintos métodos de cálculo, especialmente la propuesta CEN, que esperamos con gran interés. Tenemos Prothermo como base, pero la Comisión también debería examinar con cuidado nuestras propuestas para calcular la electricidad neta. Esto sienta un precedente que, en el futuro, será muy importante para todos. Otro elemento especialmente importante es el mismo peso que se da al propio consumo, por parte de los productores, de electricidad producida por cogeneración y de electricidad que alimenta la red, y, por tanto, a plantas mecánicas y de otro tipo que no alimentan la red. La energía es muy importante en este sistema de apoyo.
Creo que hemos logrado el mejor resultado posible. Nadie consigue todo, pero me parece que esta solución óptima también nos permitirá demostrar lo importante que es Europa, también en nuestras elecciones del próximo año. 
Paasilinna (PSE ).
   – Señor Presidente, agradezco al ponente, el Sr. Glante, la notable tarea que ha realizado. Una mayor CHP es uno de los mejores métodos para mejorar la eficiencia de la economía energética y reducir los gases de efecto invernadero que se derivan de este tipo de generación. Luchemos contra las emisiones con ciencia, eficiencia y moderación.
En Finlandia podemos decir cosas muy buenas de la cogeneración. Somos pioneros en este campo. La cogeneración constituye actualmente un tercio de la electricidad producida en Finlandia. Apoyo la directiva, ya que impulsará la mayor generación de este tipo en toda Europa. Realmente, la Unión debe ser un ejemplo en este ámbito.
Esperemos que nuestros nuevos vecinos también aprueben iniciativas de este tipo lo más rápido posible, para que pueda aumentarse la producción de esta forma en las regiones vecinas de la Unión. En nuestra estrategia nacional casi se ha llegado al final de este camino y las plantas de calefacción urbana y las industrias en general ya han explotado la cogeneración. Nuestra economía energética es muy diversa, versátil y eficiente.
Habría que reducir el precio de la electricidad y a este respecto estoy de acuerdo con el orador anterior. Nos parece importante que sean los Estados miembros quienes decidan qué medios van a utilizarse para aumentar los objetivos comunes. A este respecto en la Unión no vamos al mismo paso.
Quiero mencionar un detalle. Estoy a favor del apoyo del Consejo a la enmienda del informe que establece que correspondería a la Comisión evaluar los efectos de un método de cálculo armonizado y proponer más medidas dirigidas a promover la armonización. Apoyo este enfoque porque armonizar las definiciones empleadas en los objetivos nacionales debe ser el objetivo a largo plazo. 
Pohjamo (ELDR ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, yo también quiero dar las gracias al Sr. Glante, en nombre de mi partido, por un informe tan encomiable. Ha trabajado mucho para promover esta idea, ha escuchado a los diferentes partidos y ha logrado un buen resultado final. Apoyo totalmente la cogeneración, que es un instrumento de la política ambiental y energética para aumentar la eficiencia energética y mejorar la seguridad de los suministros energéticos. Como acaba de decir el Sr. Paasilinna, en Finlandia podemos hablar muy bien de la cogeneración.
Hacer una directiva que se aplique al conjunto de la Unión es un proceso difícil, porque la directiva plantea muchos retos técnicos y las circunstancias y las prácticas varían mucho entre los Estados miembros. Nuestro grupo apoya los compromisos propuestos por el ponente y espera que la directiva siga adelante a un ritmo más acelerado. En mi opinión, es importante el hecho de se haya propuesto esta cuestión, aunque muy poco a poco.
La Unión Europea es muy dependiente de las importaciones de energía. Esto crea incertidumbre y el aumento de las cuotas de importación intensifica el riesgo que de se interrumpan los suministros. Es vital aumentar la proporción de cogeneración. Esta directiva puede crear el marco para una cogeneración mayor. Los Estados miembros deben aprobar conjuntamente los criterios definidos que permitirán conseguir los objetivos vinculantes. La experiencia ha demostrado que si los objetivos no son vinculantes para los Estados miembros los avances son lentos.
El potencial de la cogeneración puede optimizarse cuando los diferentes operadores conocen las oportunidades existentes para explotar la tecnología y encuentran sistemas compatibles. Por consiguiente, es especialmente importante que exista cooperación entre los diferentes operadores y que puedan intercambiar información sobre buenas prácticas. 
Vidal-Quadras Roca (PPE-DE ).
    Señor Presidente, queridos colegas, señora Comisaria, hemos añadido un piso más al edificio de la política energética de la Unión que la Comisión -y en particular la Vicepresidenta de Palacio- viene impulsando desde el principio de este período legislativo.
Esta política energética tiene como ejes conocidos la seguridad en el suministro, la disminución de nuestra factura energética y la preservación de la calidad del medio ambiente. La cogeneración es un instrumento muy valioso para cumplir estos propósitos y, por tanto, esta Directiva era oportuna y necesaria.
Se ha visto claro en la discusión y elaboración de esta importante iniciativa legislativa que hay veces en que se enfrentan claramente dos intereses, dos sectores. En este caso, los dos intereses a armonizar eran el de aquellos que producen calor y el de los que utilizan el calor en un proceso industrial. Estos dos intereses en pugna venían representados curiosamente por dos parámetros físicos: la eficiencia energética de la instalación y el ahorro de energía primaria. Lo que hemos hecho con nuestro trabajo en común ha sido procurar obtener al final un planteamiento equilibrado que sentara las bases para la promoción de la cogeneración, contemplando de manera objetiva todos los intereses que confluían en esta importante actividad.
Creo, señor Presidente, que lo hemos conseguido gracias al excelente trabajo del ponente, Sr. Glante, de los diversos colegas que han contribuido a este propósito y al final hemos demostrado que no siempre el consenso consigue estropear las cosas, sino que hay ocasiones en las que el consenso, al final, consigue un resultado que hoy podemos todos celebrar.
Por lo tanto, quisiera terminar, señor Presidente, expresando mi satisfacción por este logro. Sin duda alguna hemos dado un paso adelante en esa política energética que todos compartimos y esperemos que pronto esta Directiva se concrete en un método armonizado y en un esquema unificado de promoción de la cogeneración que nos permita conseguir los objetivos que todos estamos persiguiendo desde hace tiempo.
Glante (PSE ).
   – Señor Presidente, para completar la imagen, permítame decir que el Consejo envió ayer una carta al Secretariado y a mí, de modo que se han cumplido las formalidades. El Consejo ha reconocido nuestro compromiso. Ayer tuve la oportunidad de hablar sobre el informe del Sr. Chichester. Entonces todavía no habíamos recibido ninguna carta. Así pues, hemos avanzado algo. Ahora quiero asegurarme de que todos los interesados tienen claro lo que significa CHP. Significa «Christmas Holiday Package» (Paquete de Fiestas de Navidad). Creo que todos merecemos una palmadita en la espalda y les deseo feliz Navidad.
Matikainen-Kallström (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, esta cuestión se ha debatido en muchos foros y agradezco al ponente su notable aportación con respecto a este asunto, que está básicamente conectado con el funcionamiento del mercado interior y la cogeneración y que, esperemos, ahora se llevará a término.
De hecho, con las últimas propuestas de compromiso la directiva ha avanzado en la dirección correcta. Es bueno que no se hayan fijado objetivos nacionales: el enfoque es positivo y alentador. Habría que promover el CHP, puesto que es un modo eficiente y natural de producir electricidad y calor. También es importante no limitar la ayuda económica para el CHP a plantas de energía eléctrica que generan menos de 50 megawatios. Hemos de oponernos a la ayuda económica propuesta para la CHP a pequeña escala, por ejemplo, proporcionando una conexión gratuita a la red y garantizando los precios. Esto distorsionaría la competencia en el libre mercado de la electricidad que ahora mismo estamos intentando crear en la Unión Europea. La CHP a pequeña escala hay que apoyarlo de otras formas, con carácter voluntario, sin distorsionar la competencia y cuando la CHP sea una tecnología rentable.
La biomasa tendría que convertirse en una opción más frecuente como combustible para la cogeneración. Sería una forma de impulsar la consecución de objetivos relacionados con el uso de las renovables y de reducir las emisiones. Las conversaciones sobre el comercio de emisiones pueden contribuir a que la ayuda económica especial para la cogeneración resulte ser superflua. Se espera que, en cualquier caso, el comercio de emisiones propiciará el aumento de los precios energéticos, presionando, en consecuencia, a los consumidores del mercado.
Es importante promover la cogeneración, al igual que una buena solución desde el punto de vista tanto económico como ambiental. Las propuestas de compromiso acordadas constituyen ahora un paso adelante con respecto a esta cuestión. 
De Palacio, Loyola,
   . Señorías, quiero agradecer todas sus intervenciones. Quiero señalar que, como muy bien ha dicho Alejo Vidal-Quadras, con esta definición se ha conseguido combinar y acoger bajo el concepto de cogeneración los dos tipos de cogeneración que además suelen presentarse divididos en la geografía europea; el que persigue la eficiencia energética en un proceso industrial y el que la persigue en el ámbito de una producción de calor asociado fundamentalmente a la tarea de la calefacción, en colectividades.
Al final, se ha dado esa definición global, hay un balance energético positivo, que supone que, a través de la cogeneración, esos resultados se obtienen con menor consumo de energía de lo que reclamaría la producción de esas dos actividades por separado. Eso es lo que perseguimos: una mayor eficiencia energética global.
En esta ocasión el consenso -decía hace un momento su Señoría- da unos resultados positivos. Efectivamente, yo creo que cuando se logra un buen consenso se combina, se supera, no se agua ni se debilita, sino que, como en este caso, se forja, se construye y se refuerza el apoyo a esa serie de medidas que, sumadas, han configurado, a lo largo de este tiempo, una política energética europea.
Queda todavía, como posible asunto pendiente, el paquete de seguridad nuclear, sobre el que espero que en breve se pronuncie este Parlamento; vendrá luego el paquete que presentó el otro día el Consejo, el nuevo paquete energético, que será el tercer paquete después de los paquetes de gas y de electricidad, para garantizar una mayor seguridad en esos suministros en un mercado liberalizado y para acoger la realidad de la ampliación.
Éste es el último Pleno de este año, el último fin de año de esta legislatura. Habrá otra legislatura y deseo que en la próxima estén todas sus Señorías -si así lo desean- aquí sentadas, pero creo que es importante hacer el balance de lo que hemos hecho.
Hemos pasado de hacer declaraciones de eficiencia energética, de cogeneración, de utilización de energías renovables, -en muchas ocasiones magníficas y llenas de buena voluntad, pero meras declaraciones- a tomar medidas con objetivos concretos para impulsar la eficiencia energética, la cogeneración o la utilización de energías renovables en distintos terrenos y en distintas aplicaciones.
También hemos trabajado en otros ámbitos, como la seguridad de abastecimiento y el funcionamiento eficaz del mercado, cuestiones que plantean problemas en ese elemento vital que es la energía, por no hablar de cuestiones como la seguridad en el terreno nuclear al que me refería hace un momento. 
Aprovecho esta intervención para agradecerles a todas sus Señorías su trabajo y su colaboración a lo largo de todo este tiempo, especialmente, en esta Directiva, que es compleja, pero que creo que tendrá unos efectos muy positivos, y les deseo unas Felices Navidades y todo lo mejor para el Año 2004.
El Presidente. –
   Gracias, señor Comisario, y que pase una feliz Navidad.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0431/2003) del Sr. Zimmerling, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) nº 1659/98 relativo a la cooperación descentralizada (COM(2003) 413 - C5-0319/2003 2003/0156(COD)). 
Nielson,
   . – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Zimmerling, por la labor realizada en relación con este Reglamento, y en particular por los esfuerzos que ha llevado a cabo para concluir el proceso legislativo en primera lectura.
El objetivo de nuestra propuesta es primordialmente prorrogar la base jurídica de la línea presupuestaria destinada a la cooperación descentralizada durante un período adicional de tres años. Esta prórroga garantizará la continuidad de esta línea presupuestaria hasta el final de 2006, fecha en que se establecerán las nuevas perspectivas financieras. Asimismo dará tiempo para un debate más amplio con todas las partes interesadas sobre el papel de esta línea presupuestaria y su dotación financiera. El resultado de este debate deberá constituir la base para revisar las directrices estratégicas para el instrumento de la cooperación descentralizada a más largo plazo.
En la última evaluación de la ejecución de esta línea presupuestaria que se envió al Parlamento en el mes de julio se insistía en el gran valor añadido que tiene la cooperación descentralizada como instrumento complementario para efectuar acciones en el marco de los programas indicativos nacionales a favor de la sociedad civil local.
Las enmiendas que propuso la Comisión de Desarrollo tienen por principal intención clarificar la elegibilidad de algunos agentes de la cooperación descentralizada para lograr una mayor coherencia con la comitología empleada y para garantizar mejores informes sobre la ejecución de las acciones financiadas con cargo a esta línea presupuestaria.
La Comisión acepta con mucho gusto todas estas enmiendas, pues reflejan los fructíferos debates sostenidos entre el ponente, el Grupo de Trabajo del Consejo y los servicios de la Comisión. La única excepción sería la enmienda 5 relativa al aumento de la dotación financiera de 18 a 36 millones de euros. Entiendo que el Parlamento desee que se haga más hincapié en el refuerzo del papel de los agentes locales y, en particular, a la sociedad civil de los países del Sur, en la cooperación al desarrollo.
Ya estamos haciendo un esfuerzo considerable en este sentido. Sin embargo, como explicaba en la carta que envié al Parlamento hace dos semanas, no es necesario buscar fondos adicionales para la cooperación descentralizada en esta línea presupuestario, ya que en nuestra propuesta deja claro que la financiación prevista se utilizará sobre todo en situaciones de difícil cooperación. En otros ámbitos se podrán utilizar los instrumentos geográficos.
Tengo que confirmar aquí que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto. 
Zimmerling (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy vamos a estudiar un reglamento que expira a finales de este año. La función de este informe es proporcionar un sucesor. En el período 2004-06 queremos seguir con las valiosas disposiciones existentes y a fin de que el fundamento jurídico permita una transición perfecta queremos intentar tener éxito en la primera lectura, con el Consejo y la Comisión. Parece que hasta la fecha hemos tenido éxito, porque todas las enmiendas que se han propuesto hoy son, en general, merecedoras de apoyo. Hemos intentado hacer hincapié en las iniciativas y los grupos interesados de la cooperación descentralizada en los propios países en desarrollo en lugar de los de la Unión Europea.
El texto de la Enmienda nº 10 procede de un compromiso propuesto por el Sr. Sauquillo Pérez del Arco y yo mismo, y ahora establece, entre otras cosas, que también se incluya a las instituciones independientes. Hemos adoptado el texto utilizado en el Considerando 11 sobre el estatus de las iglesias y los grupos ideológicos del Anexo al Tratado de Ámsterdam para garantizar que los ministros puedan aceptarlo sin dificultades.
El Comisario ya ha dicho que la Enmienda nº 5 es el verdadero escollo. Todo lo demás también se ha acordado en la Comisión de Desarrollo y Cooperación. La Enmienda nº 5 establece un aumento de 18 millones de euros a 36 millones de euros. He de decir que, si bien, naturalmente, me complace un aumento así, dada la situación actual no creo que este informe y el nuevo reglamento sean los lugares apropiados para pedir uno. Sin duda alguna supondría, tal y como ha dejado claro el Consejo, que en la primera lectura no se acordaría ninguna solución. Por este motivo, prefiero los 18 millones de euros, conforme a la propuesta, y después fijar una cifra más alta en las nuevas negociaciones para el período de 2007 en adelante. 
Sauquillo Pérez del Arco (PSE ).
    Señor Presidente, felicito, en primer lugar, al ponente, Sr. Zimmerling, por su trabajo, que ha facilitado que consensuemos un buen reglamento de cooperación descentralizada, necesario en el proceso de modernización de la política comunitaria de desarrollo. Se trata de un consenso alcanzado no solo en el Parlamento, sino a nivel interinstitucional, lo que permitirá que contemos, a la mayor brevedad y para los próximos tres años, con una base jurídica renovada para llevar a cabo esta política.
La cooperación descentralizada, es decir, la participación de los agentes no estatales y de las entidades subestatales -tanto de los países europeos como de los receptores- es condición necesaria de un desarrollo participativo que responda a las necesidades e iniciativas de la población a la que, en definitiva, se dirige la cooperación. Es un factor añadido de democratización real de las sociedades en desarrollo, ya que a través de la cooperación descentralizada se refuerza el tejido social, y es también un elemento probado de eficacia de la ayuda y un vector para hacer efectivo el concepto de apropiación de los procesos de desarrollo.
La cooperación para el desarrollo dejó hace tiempo de ser únicamente bilateral o multilateral y gubernamental o no gubernamental. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo apoya con entusiasmo una cooperación descentralizada cada vez más perfeccionada. Consideremos, por tanto, que no tienen razón -desde la perspectiva del desarrollo local sostenible y participativo- ni quienes en Europa consideran que esta línea pudiera ser utilizada para alentar movimientos extraños ajenos a los Estados ni las autoridades de los países receptores que temen perder el control sobre una ayuda que consideran propia.
La cooperación descentralizada tiene su mira más en los actores que en los recursos económicos o que en los contenidos sectoriales de la cooperación.
En cuanto a los recursos económicos -citados por el ponente- hemos renunciado en aras del acuerdo interinstitucional a nuestra pretensión inicial de una mayor asignación de fondos, pero contamos con el compromiso de la Comisión de mantener una adecuada ejecución del programa y consideramos, sin embargo, que la línea de cooperación descentralizada debe ir aumentando progresivamente y no constituir una línea menor del presupuesto de la que se puedan sacar fondos para tapar otros agujeros.
De momento contamos con 9 millones de euros el primer año y 6 millones de euros los dos siguientes en la línea B7-6002, sin perjuicio de que recursos de las líneas geográficas puedan redundar en acciones de cooperación descentralizada. Ello no nos satisface -nos gustaría contar con más- pero, en razón del consenso, podemos llegar a ese acuerdo.
Como se trata de una línea transversal, no tiene límites sectoriales y desde el Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo hemos procurado abrir al máximo a los posibles beneficiarios de la misma, de manera que la articulación social se vea efectivamente favorecida. Se explicita que los poderes públicos locales también se consideran autoridades municipales y nos congratulamos por la prórroga del Reglamento y las modificaciones que se han introducido, teniendo en cuenta las referencias a los informes Gemelli, Carrilho y Howitt y esperamos que la Comisión cumpla de ahora en adelante con los plazos de evaluación y presentación de resultados establecidos por el Parlamento para que podamos analizar la eficacia de este instrumento en términos de desarrollo.
Rod (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, para los Verdes, la cooperación descentralizada es un elemento esencial de la política de cooperación y desarrollo. En efecto, es un de los pocos elementos que garantizan que los fondos sean realmente utilizados por las naciones del Sur. El informe del Sr. Zimmerling es un paso en la dirección acertada, en la medida en que ha creado un auténtico instrumento para garantizar la participación de los ciudadanos en los países en desarrollo. El informe Howitt había abierto algunas líneas de acción interesantes, y este nuevo informe tiende a mejorar aún más la colaboración con organizaciones no gubernamentales.
Acogemos con satisfacción la ampliación de la lista de socios potenciales. Es especialmente importante para nosotros que se tenga en cuenta a las organizaciones de las poblaciones indígenas. En efecto, suelen ser minoritarias y sufren la oposición de las autoridades públicas, que a menudo representan a fuerzas autoritarias. 
No obstante, en lo que se refiere a los realmente implicados, la cuestión de las iglesias plantea problemas. Si es evidente para todos que las asociaciones caritativas, incluidas las religiosas, deben poder beneficiarse de fondos para la cooperación descentralizada, me parece inconcebible en cambio que la Unión Europea financie en tal concepto a iglesias, cuyo fin es por definición el proselitismo. ¿Vamos a financiar iglesias católicas o templos protestantes en países musulmanes o la construcción de mezquitas en países cristianos? Esto ya lo habíamos discutido con el ponente, que parecía haber comprendido el problema planteado. El mantenimiento de este punto de vista antes de la votación en comisión podía parecer un olvido. Pero hoy, cuando la Comisión de Desarrollo rechazó mayoritariamente este término, su reintroducción a través de la Presidencia del Consejo, que ha utilizado un texto del Tratado de Ámsterdam –amputado de los elementos filosóficos–, me deja perplejo en cuanto al objetivo final de este texto. Sin aclaraciones sobre este punto, no podremos votar a favor de este informe. Pido por tanto firmemente a mis colegas que vuelvan a la enmienda votada en comisión, que se limita a las organizaciones caritativas.
Es esencial que el mayor número posible de representantes de la sociedad civil puedan dar a conocer su opinión y recurrir a una financiación independiente de las autoridades estatales, para reforzar más la independencia de los movimientos sociales que luchan por el desarrollo sostenible, por los derechos humanos y los derechos sociales, por la democratización o por el pluralismo cultural. Por ello, pedimos que la dotación financiera se eleve de 18 a 36 millones de euros. Nos parece capital para que todos los implicados participen en el debate. En efecto, no basta con hacer una buena política: todavía más importante es dotarse de medios financieros suficientes.
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, la mejor forma de facilitar ayuda al desarrollo es haciendo justicia al contexto local de los países en desarrollo. Es lógico que sea preciso consultar a los partidos locales. Sin embargo, el instrumento de la cooperación descentralizada ha suscitado algunas preguntas.
En primer lugar, la línea presupuestaria aparte; una línea para la cooperación descentralizada es un experimento de los últimos años. La evaluación que ha encargado la Comisión no da muestras de ejecución eficaz. Por tanto, no es razonable insistir en una línea presupuestaria aparte. Por desgracia, no puedo encontrar esta consideración en el informe. La selección de proyectos, en particular, es problemática.
Se precisa un marco transparente donde las delegaciones seleccionen los proyectos apropiados. Los criterios para esta selección han de ser sólidos y su aplicación perspicaz. No obstante, de acuerdo con la evaluación del informe, el proceso de selección no es del todo transparente. Además, el seguimiento y la evaluación son insuficientes; de hecho, de acuerdo con el informe de evaluación, no existen. Si bien las delegaciones de la Comisión reconocen la flexibilidad del instrumento, la falta de transparencia y de evaluación me llevan a concluir que su flexibilidad es excesiva.
Por último, la Comisión ha propuesto un aumento en el presupuesto; el informe Zimmerling va más allá y propone un gran aumento, pero ni el documento de la Comisión ni el informe aducen argumentos convincentes para este aumento. En pocas palabras, no hay motivos para tener una gran fe en la corrección del enfoque adoptado. 
Carrilho (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hay que ver la cooperación descentralizada como un elemento de desarrollo sostenible, que valora la función de los operadores locales, proporciona incentivos a la consolidación de la sociedad civil y promueve socios, no solo protegidos.
Debemos apoyar totalmente la propuesta de la Comisión examinada en el informe. Sin embargo, he de hacer hincapié en que la cuestión de la cooperación descentralizada ha de abordarse con mayor coherencia. Por ejemplo, esta propuesta debería haberse presentado hace tiempo. He de señalar que, en el momento de la primera ampliación, cuando me pidieron que elaborara un informe, la presentación ya era muy tardía.
Es preciso hacer hincapié en las cuestiones relativas al marco financiero: predecir un aumento transmite sin duda un mensaje positivo, quizá el único posible, pero sigue estando lejos de ser suficiente, principalmente porque no podemos limitarnos a hacer que los fondos estén disponibles. Además, hemos de hacer un esfuerzo más serio para que se conozca más este tipo de ayuda, para que no sean siempre los mismos los que se benefician de ella, como los que, porque tienen mejores contactos, están mejor situados para acceder a la información y a las explicaciones necesarias. Que se presenten o no más candidatos depende sobre todo de nosotros, de cómo divulgamos la información, de que hagamos que los procesos de solicitud sean menos burocráticos. Las delegaciones de la Comisión podrían prestar alguna ayuda en la fase de la presentación de solicitudes. Por último, quiero felicitar al Sr. Zimmerling por el trabajo que ha emprendido y por apoyar las enmiendas que se han presentado, en particular las referentes a la ampliación de la gama de posibles beneficiarios, y aquí destacaría todos los que he mencionado, y al fortalecimiento de redes que operan en el ámbito de los derechos humanos y los procesos de democratización. 
Nielson,
   . – Señor Presidente, permítame comenzar expresando mi aprecio por el mensaje político manifestado en las diversas intervenciones. Estoy de acuerdo con todos aquellos que han dicho que este es un ámbito de actividad importante e interesante. También aprecio la respuesta realista y constructiva a la necesidad de mantener el nivel presupuestario que es necesario para sacarlo adelante.
Me gustaría hacer otra observación, a saber, que si observamos el volumen y esta actividad, el principal problema es la financiación de los agentes no estatales de los países ACP a partir de ahora. En general, el dinero disponible se sitúa entre el 5% y el 10% de la dotación de cada país, si tomamos en cuenta a todo el grupo de países ACP. Este dinero se destina a la financiación de las ONG locales, los agentes no estatales y la sociedad civil en sentido amplio. La idea consiste en que la toma de decisiones en esta materia se encuentre en manos de los jefes de nuestras delegaciones en esos países. Esa es una auténtica cooperación descentralizada. Lo que tenemos aquí es una línea presupuestaria gestionada desde Bruselas a la que cooperación descentralizada, es decir, un enfoque un tanto burocrático que refleja una época en la que no contábamos con la nueva dimensión de financiación directa de los agentes de la sociedad civil en esos 78 países que contempla el Acuerdo de Cotonú. Esto no significa que esta línea presupuestaria y este instrumento estén perdiendo importancia, ya que abarcan toda la geografía y no solo la de los países ACP. Sin embargo, destaca que las actividades actuales son algo más de lo que estamos debatiendo aquí.
De este modo, considero que esta línea presupuestaria, el Reglamento y su tramitación por el Parlamento constituye una forma de clarificar intenciones. Sin embargo, al igual que un iceberg, hay algo más grande por debajo de la superficie de esta línea presupuestaria, y es importante tenerlo en cuenta.
Permítanme agradecerles una vez más la constructiva respuesta del Parlamento. 
El Presidente. –
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
Averoff (PPE-DE )
   ,. – La cooperación descentralizada es una forma de intervención que complementa la política de desarrollo de la Unión Europea. Su objetivo principal consiste en mejorar la calidad de la ayuda y crear condiciones para emprender más acciones y cooperar más. Por lo tanto, su característica principal no debería ser el importe de la financiación. Además, hasta ahora no parece que el desarrollo del marco legislativo haya propiciado una mayor demanda de créditos, aunque el importe de la referencia financiera de la propuesta de la Comisión Europea para 2004-2006 contempla una suma anual media que es superior a la del período anterior de aplicación de la acción y que, en mi opinión, corresponde al objetivo fijado. Estoy de acuerdo con los objetivos y la necesidad de seguir actuando. Además, el volumen de la ayuda y su carácter experimental imponen un procedimiento flexible para optimizar su eficiencia. Sin embargo, es comprensible que la transparencia y la gestión financiera honesta deban caracterizar la acción de estas agencias y la gestión de los fondos comunitarios por su parte. Por último, quiero decir que esta forma de cooperación tiene una naturaleza dinámica. En la evaluación anual de la acción es importante no limitarse a una presentación cuantitativa de las acciones financiadas, sino incluir también una evaluación cualitativa de la cooperación para identificar las tendencias que van tomando forma de cara a los años venideros. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al examen del informe (A5-0447/2003) de la Sra. Zrihen, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo (COM(2003) 465 - C5-0367/2003 2003/0176(COD)). 
Nielson,
   . – Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la ponente, la Sra. Zrihen, por su excelente cooperación y por todos los esfuerzos que ha hecho para asegurar la aprobación de este Reglamento en primera lectura. Espero sinceramente que aún pueda lograrse.
Nuestra propuesta de Reglamento relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo reviste una gran importancia, pues marca una clara meta política y pone de relieve que la consecución de la igualdad de hombres y mujeres es crucial para el desarrollo en general.
Desde la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995 se han realizado mejoras a escala mundial para fomentar la igualdad de género en los países en vías de desarrollo. Se han efectuado avances sobre todo al adoptar una amplia estrategia en materia de igualdad de hombres y mujeres en el marco general de la cooperación al desarrollo de la UE. Sin embargo, si bien este proceso va camino de fijar prioridades, aún queda mucho por hacer en lo referente a la obtención de resultados, como la mejora de las condiciones de la mujer en los países en vías de desarrollo en un plazo definido.
Por ello es necesario un enfoque estratégico más amplio para apoyar la actual estrategia de ejecución. En particular, este Reglamento presenta una orientación más firme que hará que este proceso sea más claro y visible, y que le permitirá impulsar con mayor facilidad los cambios necesarios para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en la cooperación al desarrollo, estableciendo un vínculo sólido con la consecución de los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas en materia de desarrollo.
Todos sabemos que la promoción de la igualdad de hombres y mujeres es un proceso a largo plazo. No cabe duda de que hemos tardado mucho tiempo en llegar a donde nos encontramos, con lo que la realidad nos demuestra, desgraciadamente, que hablamos de largo plazo. Por ello es vital reforzar el papel de catalizador y estratégico que desempeña el presente Reglamento. De hecho, es necesario que este Reglamento financie medidas innovadoras que sean rentables y puedan ser reproducidas en otros ámbitos o ampliadas mediante otras fuentes de financiación. Esa es la verdadera clave para comprender la finalidad de este Reglamento.
En un principio, el Parlamento propuso aumentar el presupuesto de este Reglamento, pero creo que esa no es la solución que buscamos. Como ya explicaba en mi carta a los Presidentes de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, así como al ponente, no podemos hacer frente a este aumento relativamente pequeño. Simplemente no disponemos de los recursos para ello. Este año ya hemos realizado grandes esfuerzos en la lucha contra las principales enfermedades relacionadas con la pobreza y en el fomento de la salud sexual y reproductiva. Simplemente resulta imposible encontrar más dinero. En todo caso, como deja claro una enmienda a los considerandos, es la totalidad de la financiación comunitaria destinada al desarrollo la que debe contribuir de forma general a la igualdad de hombres y mujeres.
Por ello tengo que confirmarles que la Comisión, con el pleno apoyo del Consejo, no puede aceptar la propuesta de aumento del presupuesto. Espero que también sea esta la respuesta que dé esta noche el Parlamento.
Estoy seguro de que con su apoyo a este Reglamento, el Parlamento nos permitirá financiar operaciones y organismos que trabajan para alcanzar los objetivos del desarrollo internacional a fin de fomentar la igualdad de hombres y mujeres, capacitar las mujeres y contribuir a la reducción de la pobreza.
La existencia de esta línea presupuestaria y de este Reglamento tiene mucho sentido, pues es en él donde encontramos la inspiración y el impulso para orientar el esfuerzo de integración de esta igualdad en nuestras políticas, pero nunca podremos hacer lo necesario en materia de igualdad de hombres y mujeres mediante una línea presupuestaria especial. Esta es la realidad y aprecio que se comprendan las proporciones y mecanismos para hacerlo. Espero que se reflejen en la forma en que reaccione el Parlamento. Y espero que podamos hacerlo en una lectura del Parlamento. Lamentaría mucho que no pudiéramos lograrlo. 
Zrihen (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera decirles que este informe me parece totalmente fundamental. Es fundamental porque uno de los objetivos primordiales de la política de desarrollo de la Unión Europea es favorecer la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo. Del mismo modo, pensamos que la consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, son metas que debemos aspirar a alcanzar. 
Ahora bien, sería ilusorio creer que podemos ganar la batalla contra la pobreza sin la ayuda de las mujeres. Las mujeres son los pilares de la sociedad, en particular en las sociedades de que estamos tratando. Al mismo tiempo, nos vemos obligados a constatar que, junto con los niños, se encuentran entre las personas más vulnerables ante la enfermedad, la pobreza, el analfabetismo y la guerra. Por tanto, todas las estrategias que pongamos en práctica y todas las acciones que queremos desarrollar deben contribuir a la emancipación y a la acción de las mujeres en todos los ámbitos y en todos los países. Las mujeres deben participar muy concretamente en el desarrollo de sus países, ya que cada mujer es una agente potencial de éxito, de cambio y de desarrollo.
El informe que debatimos hoy constituye precisamente, así lo espero, una de las etapas fundamentales en este enfoque de la cooperación, porque contempla muchas medidas para promover, desarrollar y apoyar proyectos prácticos en este terreno. Es importante que sean prácticos. Queremos que este Reglamento sea un catalizador, un motor de las iniciativas de igualdad de género, que rentabilice las iniciativas piloto, que defina buenas prácticas y las difunda. 
Abarca el periodo que va de 2004 a 2006. Por tanto, nos parece imperativo que el Reglamento pueda ser aplicable desde enero, y que a partir de esa fecha puedan lanzarse las convocatorias de ofertas para los proyectos. En efecto, pienso que cientos de personas están esperando, sobre el terreno, nuestra decisión y que, si titubeamos, las consecuencias serán perjudiciales para todos los implicados a escala local, que quieren participar y actuar, de forma práctica, a favor de la igualdad de oportunidades.
En este informe me ha parecido fundamental hablar ante todo del acceso de las mujeres de todas las edades a todos los recursos y servicios, como la salud, la educación, la formación, las infraestructuras. Señalemos así que las mujeres quedan excluidas de la participación, del acceso y del control en todos estos sectores. Como mujer, pero sobre todo como demócrata, espero poder alentar esta participación en todos los países afectados. Espero también que los principales beneficiarios de nuestra ayuda sean los agentes locales y las organizaciones de mujeres que trabajan incansablemente por un cambio de mentalidades favorable a la igualdad de género.
Pero he aquí que, en todo lo que decimos, y en todo lo que esperamos, siempre hay una vertiente presupuestaria. La Comisión Europea nos concede para este Reglamento nueve millones de euros. Quizás no sea mucho para nosotros, pero representa una verdadera fortuna para los implicados sobre el terreno para abordar proyectos concretos. Sea como fuere, queríamos pedir once millones de euros, porque nos parecía que dos millones de euros más no es gran cosa. No obstante, como acaba de explicar el Comisario Nielson, parece que será imposible. Acepté, por tanto, el informe en primera lectura, con el apoyo de mis compañeros, para favorecer la acción de forma pragmática, es decir, para que se adoptara este Reglamento lo antes posible, mañana en este caso, a fin de que estuviera en vigor desde enero de 2004. Parece que no es la opinión de los demás Grupos políticos. Parece que tendremos que reanudar la batalla, porque quizás podamos juntar aún algunos céntimos más, y eso cuenta sobre el terreno. 
No obstante, quisiera pedir a todos los que vayan a intervenir en el debate que tendremos mañana en el Parlamento que tengan muy en cuenta que al hacerlo asumimos una responsabilidad clara y neta de iniciar un proceso de segunda lectura cuyos plazos desconocemos. Pienso también que todas las organizaciones afectadas por nuestra incapacidad para llegar a un acuerdo tienen derecho a esperar de nosotros, y del Consejo y la Comisión, un comportamiento maduro y una señal concreta de nuestra voluntad de alcanzar estos objetivos. 
Por lo que a mí respecta, si tengo algún poder de decisión como ponente, abogaría de nuevo por que este texto entrase en vigor en enero de 2004. Sea como fuere, si las negociaciones que mantendremos esta noche y mañana nos obligan, en un momento dado, a reconsiderar nuestra posición, no podré sino lamentarlo, pero solicitaré de inmediato una reunión con el Consejo y la Comisión para poder llegar a un acuerdo lo antes posible.
Sanders-ten Holte (ELDR )
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Unión Europea da mucho valor a la igualdad de derechos para hombres y mujeres y también a la política de cooperación al desarrollo. Todos conocemos ejemplos dolorosos: la mujer nigeriana, Amina Lawal, que iba a ser lapidada mientras su amante había salido impune; mujeres que, simplemente por ser mujeres, no tienen acceso a préstamos para abrir pequeños negocios; chicas a las que se sigue negando la educación porque como mujeres de todos modos no la necesitarán y mientras tanto pueden ayudar en la casa. Todavía queda mucho por hacer.
Lo incorporamos en todos los reglamentos, pero el «papel es paciente» y es difícil aplicarlo. Especialmente en las delegaciones, se precisa experiencia en este ámbito. Me parece un poco decepcionante que la Comisión, durante la revisión del reglamento, que vence a finales de 2003, presentara una propuesta que solo pretende servir de catalizador. De hecho, de los informes de los resultados de acciones anteriores se deducía que estos no eran impresionantes, mientras que, además, el presupuesto planificado solo se utiliza parcialmente. No quiero entrar en los motivos, pero espero que este nuevo enfoque que apoya la Comisión sea más eficaz. Señor Comisario, el presupuesto de este reglamento es pequeño, demasiado pequeño de acuerdo con mi comisión, aunque la Comisión quiere que se logren los objetivos mediante la sinergia y otras acciones y programas.
Quiero destacar el hecho de que es esencial contar con expertos sobre el terreno. Eso cuesta dinero. Entonces, ¿deberíamos ser capaces de encontrar el dinero? Para ello se precisa formación y formación actualizada, según pude oír a la delegación de Perú la semana pasada. Sin embargo, también en otras partes se pide constantemente una regulación más eficaz de estas materias. Tres años no es mucho tiempo, pero estaría bien si pudiéramos decir: «Mira, se van haciendo progresos, hay más mujeres que tienen posibilidades de hablar en los ámbitos político, social y económico; hay más chicas que pueden ir a la escuela y más mujeres con derecho a una salud mejor». Señor Comisario, estoy haciéndole un llamamiento urgente. 
Martens (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, el artículo 3 del Tratado declara el deseo de la Comunidad Europea de prohibir todas las formas de desigualdad y de promover la igualdad entre hombres y mujeres. El Consejo ha señalado que la igualdad de género es la base para la cooperación al desarrollo. En Pekín se ha aprobado un programa de acción de 10 puntos sobre esta cuestión y todos los países lo han firmado. La situación sigue dejando mucho que desear, no solo en el ámbito de la cooperación al desarrollo. De los aproximadamente 1 500 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza, el 70 % son mujeres. No solo carecen de recursos financieros, sino también, en la mayoría de los casos, de derechos sociales, como el derecho a una alimentación adecuada, agua potable, educación, cuidados sanitarios y derechos humanos fundamentales. 
Resulta decepcionante que, desde que el Consejo ha definido la integración del género como el principio rector para la política de cooperación al desarrollo, han ocurrido muy pocas cosas. Por este motivo celebro el programa de acción. Este programa debería suponer para la igualdad de género en la política de cooperación al desarrollo un estímulo extra. En los debates y documentos de esta Asamblea ya se ha hecho referencia al vínculo entre la pobreza y la desigualdad de género. Los países donde existe una gran desigualdad entre hombres y mujeres son también los más pobres. Hay menos pobreza en los países donde la desigualdad entre hombres y mujeres no es tan pronunciada. El grado de éxito de los proyectos de desarrollo en los ámbitos de la asistencia sanitaria, los programas de alfabetización y la agricultura, por ejemplo, parece más alto si participan las mujeres. Invertir en las chicas parece reducir la mortalidad infantil y la mortalidad entre las mujeres, ofrecer mayor seguridad alimentaria y supone una mejora en la lucha contra la pobreza. Por desgracia, estas ideas no están muy extendidas y a mí también me complace la publicación de UNICEF del pasado 11 de diciembre, que subrayaba esto tajantemente. El informe, de hecho, establece que sin medidas para llevar a las chicas a los colegios será imposible lograr los objetivos del milenio. Es evidente que la asistencia de las chicas a los colegios no solo les beneficia a ellas, sino también a los chicos y a sus países. El informe describe que la discriminación de género frena los desarrollos por el camino. Además, el informe describe que, salvo unas pocas excepciones, los países industrializados y las instituciones financieras internacionales no han logrado cumplir sus propias promesas.
De ahí mi apoyo al programa de acción cuyo objetivo es promover el análisis y la integración del aspecto del género en los ámbitos prioritarios de la cooperación al desarrollo comunitario, la integración horizontal del aspecto del género en proyectos y programas, y el fomento de la capacidad de género en la propia Comunidad Europea. Estos tres puntos son importantes, en particular el último: se necesita un cambio de mentalidad, sobre todo en los órganos de la propia Unión Europea. A la luz del carácter urgente y de las oportunidades, apoyo la enmienda de aumentar el presupuesto de 9 a 11 millones de euros. Espero sinceramente que la Comisión sea capaz de estar de acuerdo con esto. 
Valenciano Martínez-Orozco (PSE ).
    Señor Presidente, ya es una costumbre que en este Parlamento hablemos de igualdad entre hombres y mujeres en las sesiones nocturnas. No importa, pero desde luego, es un dato de la realidad que no deja de ser, cuanto menos, pintoresco. A mí me gustaría que también alguna tarde pudiéramos hablar de la igualdad entre hombres y mujeres.
La política de igualdad entre hombres y mujeres es una de las mejores aliadas en el compromiso de la Unión Europea de lucha contra la pobreza. Lo hemos repetido hasta la saciedad en estas sesiones nocturnas, y casi todos y todas los que aquí nos sentamos estamos convencidos de ello. Se trata de hacer de ello una verdad también en el presupuesto.
Desde los años 90 hemos avanzado mucho en cuanto a estas políticas, pero todavía no hemos obtenido los resultados que serían deseables. Todos y todas lo sabemos también. Es necesario, como reza el documento de la Comisión, explorar nuevas pistas y, sobre todo, conseguir una aplicación efectiva de las medidas que aprobamos a escala nacional, que es donde encontramos mayores dificultades.
Si en 2001 destacábamos en el programa de acción la necesidad de integrar el factor de género, es decir, reflexionar, diseñar y evaluar los objetivos con la perspectiva incluyente de las mujeres, ahora hay que completar esta estrategia dotándonos de un fundamento sólido para esta política vinculado a la realización de los objetivos de desarrollo del milenio.
Como siempre repetimos, es necesario intensificar el mensaje político relativo al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, tanto dentro de la Unión como, sobre todo, en los países en desarrollo. Pobreza, analfabetismo, enfermedad, desempleo, falta de autonomía, dependencia, vulneración de sus derechos más fundamentales, son una realidad para la mayoría de las mujeres del mundo en desarrollo. Perspectiva de género, políticas específicas, sensibilización y respaldo a las capacidades públicas y privadas de los países en desarrollo, para que puedan asumir la iniciativa de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, son algunas de las medidas imprescindibles para avanzar en esta estrategia.
Cooperación transnacional y regional, fomento de una política y de programas complementarios relativos, por ejemplo, a la salud reproductiva y sexual, hoy gravemente atacados y en peligro por las políticas conservadoras de inspiración religiosa, son condiciones imprescindibles para el logro de nuestros objetivos.
El Reglamento que hoy debatimos contribuirá, sin duda, a mejorar nuestra acción. En su trámite parlamentario ha sido claramente mejorado, insistiéndose en cuestiones clave, como son la participación de las organizaciones de mujeres sobre el terreno, verdaderas protagonistas del avance de sus comunidades; también, el acceso y control, por parte de las mujeres, a los servicios de formación, salud y a los procesos de toma de decisiones. Es necesario destacar la necesidad de asistencia técnica, incluida la evaluación de impacto sobre la igualdad en ámbitos como la educación, la formación o los medios de comunicación.
La lucha contra el sida y contra la violencia de género, y el dar poder a las mujeres siguen siendo deudas pendientes. Es necesario y urgente adoptar este Reglamento sin alargar excesivamente los plazos. Por tanto, sería necesario alcanzar un compromiso para que fuera efectiva la aplicación de este Reglamento a partir de enero de 2004. Eso es lo que yo quiero reclamar en este momento.
Thors (ELDR ).
   – Señor Presidente, quiero aprovechar la oportunidad de hablar sobre la educación de las niñas, porque sin ella no hay igualdad para las mujeres. Nuestra colega la Diputada al Parlamento Europeo, la Sra. Martens, también ha mencionado que realmente da miedo leer el informe de UNICEF, «The State of the World's Children, 2004» (La situación de los niños del mundo, 2004), publicado la semana pasada.
Hacemos promesa tras promesa, por ejemplo en la declaración del milenio. A raíz de la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la Infancia nos propusimos reducir la diferencia entre niñas y niños cuando se trata de alfabetización y en mejorar el acceso a la educación para las niñas. En el seno del Comité de desarrollo del Banco Mundial hemos adoptado las iniciativas de la vía rápida, pero ¿qué está ocurriendo? Hoy día, sabemos que más de 120 millones de niños no están escolarizados. El quince por ciento de todos los niños y el 21 % de todas las niñas no van al colegio. En el sudeste de Asia y en los países subsaharianos la situación es especialmente dolorosa.
Al amparo de las iniciativas de vía rápida del Banco Mundial los países desarrollados aprobaron el año pasado un fondo de 326 millones de dólares USA, pero, hasta la fecha solo se han dado 207 millones de dólares USA en forma de créditos. Esto se traduce en un déficit financiero de casi 118 millones de dólares USA en año y medio. No hemos cumplido nuestras promesas. Nosotros los de los países desarrollados no hemos cumplido nuestra parte. Los países en desarrollo han presentado sus planes y han hecho lo que deberían haber hecho. Entre los países de la Unión Europea, Italia solo destina el 0,3 % y Alemania solo el 2,1 % de sus presupuestos de ayuda al desarrollo. Solo los Países Bajos han cumplido sus promesas para con los niños de todo el mundo.
¿Cuál será la situación tras todas las declaraciones y, en particular, a raíz de la Sesión especial sobre niños de Naciones Unidas, a la que asistieron los propios jóvenes para pedir el derecho a la educación? Después de todo, los importes que se manejan son pequeños, en comparación con los de otras muchas promesas. Creo que la Unión Europea y la Comisión podrían actuar juntas y cumplir las promesas hechas, por ejemplo, en el Banco Mundial. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, en relación con el fomento de la igualdad de hombres y mujeres en los países en vías de desarrollo resulta evidente que la pobreza es uno de los problemas que tenemos que resolver.
Las mujeres y los niños son los más afectados por la pobreza, pero son las mujeres que están en el tajo las que realmente pueden marcar la diferencia. Resulta increíble ver cómo la Comisión regatea aquí por dos míseros millones de euros. El Comisario nos dice que el Consejo y la Comisión –ambos dominadas por hombres– han decidido que consideran que los dos millones de euros adicionales no son aceptables. Esperan intimidar a este Parlamento para que acepte lo que han decidido dos instituciones dominadas por hombres. Y resulta increíble si consideramos que incluso los 11 millones de euros son auténticas migas en comparación con el presupuesto general, y aun así desean que este Parlamento renuncie a los dos millones suplementarios ya desde su primera lectura. Es totalmente inadmisible.
Espero que mañana el Parlamento vote a favor de este aumento, tal como hizo la comisión parlamentaria, de 9 a 11 millones de euros. Si deseamos fomentar la igualdad de hombres y mujeres, tenemos que estar dispuestos a hacer este esfuerzo adicional para garantizar nuestro auténtico compromiso con ella. Resulta totalmente inadmisible que nos diga que envidia tener esos dos millones de euros y que no puede encontrarlos en el presupuesto para incrementar esta línea presupuestaria, y espero que el Parlamento envíe un firme mensaje a la Comisión y al Consejo de que no lo aceptaremos.
En la Unión Europea hablamos de igualdad de hombres y mujeres, pero tenemos que demostrarlo aceptando pagar por su promoción en los países en vías de desarrollo, pagar para apoyar a las mujeres de los países en vías de desarrollo que, en muchos casos, han sido perseguidas y que son las que han presionado para hacer avanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y para paliar la pobreza. Ese dinero lo tienen bien merecido y no podemos regatear estos dos millones de euros. 
Claeys, (NI ).
   – Señor Presidente, la eficacia de la ayuda al desarrollo sigue siendo un problema.
Además, es un hecho que los equivocados sentimientos de culpabilidad por nuestro pasado colonial han convertido este problema en tabú, un tabú en el que, por fortuna, empiezan a salir grietas.
Un creciente número de observadores y los que están en primera línea ven con ojos críticos la forma en que se organiza en general la ayuda al desarrollo. Los recursos utilizados no suelen alcanzar su destino.
Además, la simple donación de dinero no siempre es la respuesta. Más bien al contrario, hay otros factores que contribuyen a determinar el éxito. Estoy pensando en, por ejemplo, la presencia de una economía de libre mercado y de libertad, y punto.
A este respecto, la igualdad de género, el tema de este informe, es un elemento muy importante. Se ha declarado, justificadamente, que la discriminación en contra de la mujer constituye una barrera al desarrollo sostenible y eficaz.
Por tanto, debemos concentrarnos en mejorar la educación, la formación y la participación, tanto en términos económicos como políticos. En este sentido, la Comisión presta, entre otras cosas, «apoyo desde el punto de vista del análisis y la mejora de las estadísticas de acuerdo con el género, la edad, el desarrollo y la distribución de métodos, directrices, informes sobre el impacto del género, estudios temáticos, indicadores y otros instrumentos operativos».
Todo esto es, sin duda alguna, útil y necesario, pero deberíamos asegurarnos de que no perdemos de vista una serie de hechos esenciales. Muchos países en desarrollo están infestados por una plaga de patrones culturales arcaicos a los que puede atribuirse directamente la posición desaventajada de las mujeres. A este respecto, es sorprendente que ni el informe Zrihen ni el de la propia Comisión hagan referencia alguna al Islam. En el mundo islámico las mujeres son, por así decirlo, estructuralmente inferiores, y no tiene sentido en absoluto pasar de puntillas por este hecho desagradable. Mientras la gente se niegue a aceptarlo, este reglamento será, en el mejor de los casos, una fuente de empleo para expertos en género y otros empleados del desarrollo de Europa, pero solo eso. 
Bastos (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como todo el mundo sabe, el objetivo principal de la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea consiste en combatir y, en última instancia, erradicar la pobreza. Por consiguiente, las medidas específicas dirigidas a promover la igualdad entre hombres y mujeres, la independencia de las mujeres y su papel en los ámbitos económico, social y medioambiental contribuyen notablemente, además de ser lo justo. Esto es así porque las víctimas de la pobreza más frecuentes suelen ser las mujeres y los niños.
Es preciso reconocer y destacar los progresos alcanzados a raíz de la aprobación de una estrategia mundial para integrar la perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, pero hay mucho por hacer. Hay aspectos cruciales para la igualdad de género y la independencia de la mujer y a ellos hay que prestar especial atención, haciendo hincapié en ámbitos como la salud, la educación, la formación, el acceso a actividades económicas y sociales, y también el acceso al empleo y a infraestructuras y la participación en procesos de toma de decisiones.
Los proyectos deben corresponderse con la realidad y para ello hemos de tener datos y estadísticas desglosadas por género, que nos permitirán evaluar las acciones antes de seleccionarlas y una vez emprendidas. Tenemos que destacar el papel crucial de las organizaciones que trabajan en este ámbito, teniendo en cuenta su conocimiento directo y más amplio de las verdaderas necesidades y de los medios necesarios para emprender acciones.
Otra cuestión que quiero destacar es la necesidad de crear cooperaciones. Los protagonistas principales, incluyendo las autoridades regionales, deben formar redes para intercambiar experiencias y buenas prácticas con objeto de definir mejor las acciones y lograr una mejor participación en su ejecución. Para concluir quiero recalcar que la promoción de la igualdad de género en la cooperación al desarrollo para el período 2004-2006 debe recibir un presupuesto que se corresponda con las necesidades. Entiendo los motivos que ha aducido la Comisión en este debate y de la ponente, a quien felicito, pero, teniendo en cuenta las medidas que sigue siendo necesario aplicar y los esfuerzos que todavía hay que hacer, la línea presupuestaria correspondiente debe aumentarse a 11 millones de euros. 
Schierhuber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, permítanme empezar agradeciendo a la ponente la preparación de este informe.
La Unión Europea ha declarado que la igualdad de género es uno de sus objetivos principales y creo que es muy importante incluir esta prioridad como factor en la cooperación al desarrollo. Siguen siendo predominantemente las mujeres y las niñas quienes no saben ni leer ni escribir y a quienes se discrimina en cuanto a la educación se refiere. Sin embargo, la educación es la clave para escapar del círculo vicioso de la pobreza y la enfermedad. Quienes no saben leer ni escribir no tienen ninguna oportunidad en nuestro mundo dominado por los ordenadores e Internet. Ocurra lo que ocurra, es esencial que a la hora de promover la igualdad de oportunidades, nos aseguremos de que todas las mujeres se benefician, independientemente de la edad.
El informe se centra principalmente en fortalecer las organizaciones locales ya existentes, porque ellas tienen a los expertos sobre el terreno, a los expertos sobre las estructuras subyacentes, quienes saben lo que es realmente necesario. Las mujeres son indispensables en todas las áreas rurales y esenciales para desarrollar más las regiones. Tal y como han indicado oradores anteriores, a las mujeres de los países en desarrollo suelen darles un papel pasivo en proyectos y procesos de planificación. Ello significa que no pueden aportar lo suficiente en proyectos y, por consiguiente, se presta menos atención a las necesidades de las mujeres. Por tanto, es preciso incluir a las mujeres como participantes activas en los procesos de planificación local, para que puedan configurar activamente su entorno y para que también puedan afrontar nuevos retos con un compromiso del 100 %.
Tal y como se ha dicho, el marco financiero para aplicar este reglamento debe contener 11 millones de euros, para introducir medidas eficaces que también tengan efectos cuando se aplican. Por lo tanto, quiero pedir al Parlamento que mañana apruebe estos 11 millones de euros. Es posible que el término de integración del género esté muy manido, y quizá parezca a veces hasta desgastado, pero sigue siendo un concepto fundamental que debe aplicarse en todas las áreas políticas. 
Nielson,
   . – Señor Presidente, comenzaré diciendo, no con placer, sino con cierto pesar, que el lenguaje elegido por la Sra. McKenna es decepcionante. No acepto que la Comisión esté dominada por hombres. Este aspecto no forma parte de la manera en que trabajamos profesionalmente en este ámbito. Afirmarlo no es agradable y, objetivamente, también es erróneo.
En este ámbito hacemos cosas que normalmente o no siempre se califican de actividad de género. Participamos en cuestiones relacionadas con la reforma agraria y en la modificación de la legislación de numerosos países sin decir que se trata de medidas de género. Sin embargo, es sumamente importante elaborar una legislación moderna que otorgue igualdad de derechos en materia de propiedad sobre la tierra y, en un país como Kenia, que ha decidido implantar la enseñanza primaria gratuita en un solo paso, ofrecer ayudas presupuestarias que permitan que las niñas se beneficien igualmente de esta oportunidad. La ayuda presupuestaria de 50 millones de euros destinada a Kenia no fue calificada de ayuda a la igualdad de género, sino que en realidad es una política básica y con una elevada dotación relacionada con dicha igualdad. En eso consiste la integración de la igualdad de género en las políticas.
Tengo que insistir en que es aquí donde se desarrolla la gran batalla. Podría entender este debate si se tratara de una diferencia entre 9 y 200 millones de euros, y no de una diferencia entre 9 y 11 millones de euros. Pues así vería algo de lógica en lo que se ha dicho aquí esta noche. Pero la línea presupuestaria para esta actividad concreta es un catalizador para hacer avanzar ideas buenas y novedosas, enfoques innovadores, etc. para inspirar la labor, de carácter más general, de integración de la igualdad de hombres y mujeres en las políticas comunitarias. Por ello es un error aumentar y disminuir de este modo el nivel de financiación. Lamentaría mucho que el Parlamento no permitiera adoptar de forma expeditiva una decisión sobre esta cuestión. Considerar que la actitud y la sinceridad de la lucha a favor de la igualdad de hombres y mujeres se refleja en la elección entre 9 u 11 millones de euros es un error. Debemos ser juzgados por nuestra labor en general y confiamos bastante en ese juicio. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, no pretendía ofender personalmente al Comisario, pues entre los actuales miembros de la Comisión, él es probablemente uno de los más progresistas en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero la realidad es que tanto la Comisión como el Consejo están dominados por hombres. Si observamos los números, están fundamentalmente dominados por hombres. Si existiera más igualdad tanto en la Comisión como en el Consejo en lo referente al número de mujeres, las cosas serían algo distintas.
No se trata de un ataque personal contra usted, señor Comisario. En materia de cuestiones relacionadas con la mujer, usted es mejor que algunos de nuestros Comisarios, incluido el Sr. Flynn, que estuvo aquí hace algunos años. Sin embargo, la realidad es que tanto la Comisión como el Consejo están dominados por hombres. 
El Presidente. –
   Lo consideraremos una rama de olivo.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente. –
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0465/2003) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la coexistencia entre las plantas cultivadas modificadas genéticamente y las plantas cultivadas convencionales y ecológicas (2003/2098(INI)). 
Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, este es un informe de iniciativa propia que ha presentado el Parlamento a instancias de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Por lo tanto, no es una respuesta a una propuesta legislativa de la Comisión. Más bien, nos parece que este asunto requiere acción y por esto nos hemos tomado la molestia de preparar este informe. El informe representa un compromiso logrado a través de la cooperación de todos los grupos y que ha aprobado por amplia mayoría la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahora quiero dar las gracias a cada uno de mis coponentes: La Sra. Schierhuber, la Sra. Scheele, el Sr. Olsson, y el Sr. Garot. Todos hemos intentado que la objetividad sea la norma mientras hemos trabajado en esta tarea parlamentaria.
Permítanme hacer hincapié una vez más en que este informe no pregunta si convendría o no permitir la modificación genética. Se centra en la coexistencia. Ya se ha decidido, previa consulta con esta Asamblea, que los organismos modificados genéticamente existirán y se liberarán. Nuestro objeto de estudio es la forma de que haya cooperación, coexistencia y libertad de elección tanto para agricultores como para consumidores, porque esta será la cuestión si liberamos organismos modificados genéticamente en plantas o animales. La naturaleza a menudo tiende al intercambio, y no va a hacer excepciones con los organismos modificados genéticamente. Por tanto, en lugar de centrarnos en el hecho de que muy pronto se liberarán plantas y animales modificados genéticamente, ahora tenemos que garantizar que existen plantas y animales sin OMG para que haya libertad de elección. Este es el tema del informe. Tenemos que asegurarnos de que se aclaran todos los procedimientos antes de ejecutarlos. La Comisión no ha presentado ninguna propuesta legislativa con este fin, en su lugar se han propuesto directrices. Ahora intentamos aplicar estas directrices, tal y como se señala en el informe.
Exhortamos a la Comisión a que investigue los requisitos técnicos, que consulte con expertos científicos y también que aborde la cuestión de la potencial responsabilidad. El hecho es que, si bien la industria tiene perfecto derecho a ganar dinero, no se le podrá permitir que lo haga si, al final de la cadena, los agricultores se acusan unos a otros. Es preciso que haya claridad. Las reacciones a esta legislación señalan que algunas regiones quieren declararse libres de OMG, porque les preocupa la posibilidad de contaminación entre pequeñas parcelas; esto está relacionado con el artículo 26 de la directiva de liberación, introducida gracias a los esfuerzos del Parlamento, que dispone que los agricultores deben tener derecho a establecer una región sin OMG a condición de que hayan dispuesto que los alimentos y los piensos con más del 0,9 % de contaminación se etiquetarán como modificados genéticamente.
Todos los que quieran operar en el mercado, no solo las tierras de cultivo ecológico, que legalmente deben estar libres de OMG, sino también las grandes parcelas de agricultura convencional, lo ven como parte de su mercado. Tienen todo el derecho a hacerlo. Todos tienen que tomar su propia decisión en torno a este asunto, y debemos asegurarnos de que pueden hacerlo.
Por este motivo ahora proponemos que se regule la responsabilidad. Espero que una gran mayoría de esta Asamblea apruebe este informe mañana, que la Comisión satisfaga entonces nuestras expectativas y que estas cuestiones sobre la coexistencia se traten empleando el procedimiento de codecisión, tal y como ocurrió con la legislación sobre modificación genética. Esto nos permitirá estar incluidos y utilizar nuestros conocimientos especializados, que son evidentes en este informe, para lograr una legislación razonable que no permita que la coexistencia sea un caballo de Troya. No queremos encontrarnos en un par de años para concluir con lamentos de que nuestro enfoque no ha funcionado. Tenemos que garantizar el carácter a largo plazo de la coexistencia y la libertad de elección para agricultores y consumidores.
Espero que la Comisión se tome en serio nuestro trabajo y que pronto tengamos una propuesta legislativa en torno a este asunto para someterlo a debate en esta Asamblea.
Una última reflexión: un factor básico en este ámbito es si las líneas de semillas no modificadas genéticamente siguen estando libres de organismos modificados genéticamente. Es indudable de que la semilla modificada genéticamente existirá. Tenemos legislación a este respecto. Sin embargo, también debemos garantizar que existen semillas no modificadas genéticamente. Por tanto, ese es el quid de la coexistencia. Nuestro informe hace mucho hincapié en esta cuestión.
Nielson,
   . – Señor Presidente, me gustaría comenzar pidiendo disculpas, pues veo que se me han asignado dos minutos y medio, pero he preparado una declaración algo más amplia. Al no saberlo de antemano, iré al grano sin preocuparme tanto del tiempo.
En primer lugar, quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf y a los diputados que han contribuido a este informe de iniciativa. La Comisión acoge con agrado este informe por considerarlo una contribución oportuna al debate sobre la coexistencia. Estoy plenamente de acuerdo con que la coexistencia es una cuestión de suma importancia que debe abordarse de forma transparente y con la mente abierta.
Con el nuevo procedimiento de autorización de los OMG y la legislación sobre rastreabilidad y etiquetado, la Unión Europea ha creado un marco normativo completo que debería abrir el camino para la introducción de los OMG en la agricultura. Al establecer las condiciones para la coexistencia debemos garantizar que los agricultores que deseen utilizar métodos agrícolas convencionales y biológicos puedan hacerlo.
Este informe aparece en un momento en el que varios Estados miembros están elaborando enfoques nacionales y regionales para la coexistencia. Asimismo llega en un momento en el que la Comisión intenta dilucidar la mejor manera de colaborar con los Estados miembros para apoyar este proceso, tras la publicación de la Recomendación de la Comisión sobre las directrices relativas a la coexistencia en el pasado mes de julio.
Si bien la Comisión considera que este informe de iniciativa constituye una valiosa contribución en general al debate debido a las declaraciones y recomendaciones que avanza, solo puede aceptar plenamente unas cuantas de ellas. Ahora haré unos breves comentarios sobre algunas de ellas.
En relación con el umbral para las simientes, estamos de acuerdo que la información sobre la presencia de OMG en las simientes es necesaria para aplicar correctamente la legislación sobre OMG, sobre todo en lo referente a su etiquetado y rastreabilidad. Sin embargo, estos umbrales se aplican únicamente a las trazas adventicias de OMG autorizados que han sido objeto de una amplia evaluación medioambiental y sanitaria. No pretenden ser una herramienta para la gestión de riesgos.
Asimismo reconocemos la importancia y urgencia de definir umbrales para la presencia adventicia de OMG en lotes de simientes de variedades no manipuladas genéticamente, y actualmente estamos redactando una propuesta al respecto. Para ello nos basamos en recomendaciones científicas comprobadas, basadas en los trabajos preparatorios que se han venido llevando a cabo en los últimos dos años.
Me complace que el informe haya sustituido un proyecto anterior en el que se recomendaba un umbral del 0,1% para las simientes por un nuevo texto que tiene en cuenta las evaluaciones científicas sobre su aplicabilidad en la práctica. La Comisión siempre ha considerado que los umbrales deben ser viables y practicables en un entorno de OMG. Siempre ha insistido en que se necesitan pruebas científicas sólidas para establecer dichos umbrales.
Por lo que se refiere a la solicitud de adoptar normas uniformes y vinculantes a escala comunitaria en materia de coexistencia, no estamos convencidos de que esta sea una solución viable. En vista de la diversidad que caracteriza a la agricultura europea, creemos que sería imposible adoptar normas uniformes de aplicación universal. Un enfoque universal no es el adecuado.
Los científicos han apoyado en numerosas ocasiones el planteamiento basado en la subsidiariedad, incluso en la audiencia preliminar sobre la coexistencia que tuvo lugar en septiembre de 2003. Asimismo, cada vez son más los Estados miembros que consideran que este es el camino a seguir. Además, al incluir un artículo sobre la coexistencia en la Directiva 2001/18/CE a petición del Parlamento Europeo, los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de adoptar medidas a favor de la coexistencia. Con esta cláusula para la adopción de medidas nacionales a favor de la coexistencia y las directrices de la Comisión, creemos que ya existe un marco suficiente para las soluciones de ámbito nacional para la coexistencia. La coexistencia no puede justificar un nuevo retraso para la autorización de los nuevos OMG.
No comparto la opinión expresada en el informe, según la cual debería obligarse a los Estados miembros a dictar leyes para garantizar la coexistencia. Al contrario, deberíamos permitirles que exploraran el uso de distintos instrumentos, como los acuerdos voluntarios y la legislación blanda, y que eligieran la combinación de instrumentos y el nivel de regulación que mejor se adapte a sus condiciones específicas.
En relación con la cuestión de quién debe encargarse de la aplicación de las medidas necesarias, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, las directrices de la Comisión establecen que los agricultores que introduzcan un nuevo tipo de producción deben asumir dicha responsabilidad. Este principio es recíproco, aunque en un principio corresponderá sobre todo a aquellos agricultores que deseen cultivar OMG.
En relación con la responsabilidad, no comprendo por qué serían necesarias normas de responsabilidad civil de ámbito comunitario. La cuestión de la responsabilidad no puede tratarse aisladamente. La responsabilidad está determinada por el planteamiento general sobre la coexistencia que adopten los Estados miembros. Por consiguiente, debe abordarse como parte integrante del paquete de medidas nacionales en materia de coexistencia.
Un gravamen de tipo general sobre las simientes y piensos modificados genéticamente para sufragar los gastos administrativos, así como el coste de las pruebas y seguimiento de la legislación sobre OMG, no sería compatible con el principio del mercado común. A modo de principio general, los Estados miembros no deben restringir ni impedir la comercialización de los productos que han sido autorizados con arreglo a la legislación comunitaria y se consideran seguros para la salud humana y el medio ambiente. Por supuesto, la fiscalidad en este ámbito ha llegado para quedarse: gravamos muchas cosas por ser actividades económicas en general, y por ende, yo diría que este debate no resulta tan extraño.
En el informe se pide a la Comisión que adopte definiciones jurídicamente vinculantes de los términos «adventicio» y «técnicamente inevitable». Nuestra legislación es muy clara al respecto: los operadores deben poder demostrar que han intentado evitar la presencia de OMG.
Por lo que respecta a los efectos transfronterizos, la Comisión podría aceptar un examen más detenido de esta cuestión. Reflexionaremos sobre cómo hacerlo y sobre la contribución que puede hacer la Comisión. Asimismo podríamos considerar si sería útil crear un registro público de estrategias y mejores prácticas nacionales que tienen efectos transfronterizos.
Por lo que se refiere a las zonas libres de OMG, tenemos una opinión diferente. Estamos firmemente convencidos que no es posible imponer una prohibición absoluta de todo tipo de OMG en una región, a menos que esta sea voluntaria. Las restricciones regionales de determinados tipos de OMG deben estar científicamente justificadas, cultivo por cultivo, y solo deberían ser un último recurso si las medidas de gestión a nivel de explotación resultan insuficientes. La Comisión está de acuerdo en que se necesitan más estudios sobre la coexistencia. Por ello apoya la realización de estudios científicos efectuados por el Centro de Investigación Común y dentro del Sexto Programa Marco Comunitario de Investigación. Estos estudios abarcarán el análisis de costes, las buenas prácticas agrícolas para la coexistencia y cuestiones relacionadas con la responsabilidad. Sin embargo, solo podrá elaborarse un informe exhaustivo que abarque todos los aspectos económicos de la existencia en las distintas condiciones de coste existentes en la UE una vez que los Estados miembros cuenten con más experiencia práctica.
La Comisión asumirá un papel de coordinación y facilitará el intercambio de información sobre mejores prácticas y experiencias concretas con la coexistencia entre los Estados miembros, incluyendo los aspectos transfronterizos. La Comisión presentará un informe, basado en los datos así reunidos, al Parlamento y el Consejo en un plazo de dos años. A continuación, la Comisión realizará en su caso una evaluación de las medidas posibles y necesarias que deban adoptarse.
Ha sido para mí un placer tener la oportunidad de ofrecer esta respuesta completa. 
Scheele (PSE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, han pasado casi seis meses desde que el asunto de la coexistencia tuvo por última vez un papel protagonista en esta Asamblea. Ya por entonces hablábamos del reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. Yo era la ponente y tuvimos que luchar con la Comisión y ciertos Estados miembros para asegurar la flexibilidad de acuerdo con la letra a) del artículo 26. Tuvimos éxito y felicitamos al Sr. Graefe zu Baringdorf, cuyo informe de propia iniciativa sobre esta cuestión constituye otra señal política importante de esta Asamblea.
Me parece muy importante que ahora exhortemos a los Estados miembros a utilizar esta flexibilidad, y a que le den forma, por la que en el Parlamento hemos luchado en su nombre. Sin embargo, también estoy de acuerdo con el Sr. Graefe zu Baringdorf en que será necesario establecer reglamentos europeos sobre la coexistencia. No entiendo cómo puede la Comisión decir que puede autorizar esto centralmente, y que tiene la competencia para ello, cuando no conoce las respuestas a las cuestiones planteadas por la coexistencia.
Otro motivo por el que creo que el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf de propia iniciativa es muy importante es que muy pronto se votará la Directiva sobre semillas en el marco del procedimiento de comitología, que, por desgracia, deja al Parlamento fuera. También creo que el capítulo donde establecemos que el valor de contaminación de las semillas está determinado por el valor de la proximidad es extremadamente importante. No deberíamos reprocharnos nada a nosotros mismos: el valor umbral que acordamos, el 0,9 %, es muy difícil de mantener, a pesar de que no exigimos la pureza absoluta de las semillas. Por consiguiente, espero que mañana esta Asamblea pueda enviar esta importante señal política. 
Schierhuber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, por la auténtica iniciativa de haber elaborado este informe de propia iniciativa sobre la coexistencia y por haber aunado con éxito todos los puntos de vista en un informe. El hecho es que las opiniones sobre la coexistencia varían entre los distintos países e incluso dentro de mi grupo no podemos ponernos de acuerdo sobre esta cuestión.
Seamos claros: hace ya mucho tiempo que la cuestión ha dejado de girar en torno a sí decimos «sí» o «no» a la ingeniería genética. Es lo que ha dicho el ponente. Hace tiempo que esta cuestión está decidida. Tenemos que mirar adelante y actualmente ya estamos hablando sobre cómo pueden coexistir los cultivos modificados genéticamente y los no modificados, y sobre cómo garantizar que todas las partes puedan operar paralelamente sin que haya nadie en desventaja. La coexistencia debería garantizar la libertad de elección para los agricultores y los consumidores, y es preciso crear normas más claras a favor de todos los agricultores europeos, para que cada uno haga una elección independiente sobre qué métodos agrícolas debe utilizar y para garantizar que estos métodos puedan coexistir sin generar problemas.
Tras unos intensos debates entre partidos e internos, la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales ha alcanzado un compromiso y ha aprobado un informe que contiene demandas específicas y claras. Nuestro informe de propia iniciativa solicita un reglamento exhaustivo de ámbito comunitario, ya que las directrices propuestas por la Comisión son una colección de recomendaciones no vinculantes. Por tanto, esperamos que la Comisión, cuando la política sea de ámbito comunitario, como en el caso de la política agrícola, aporte un marco reglamentario común.
Otro rasgo importante de nuestro informe es la reivindicación de la Comisión de presentar una propuesta sobre la responsabilidad y el seguro a escala comunitaria. Hay que establecer disposiciones por adelantado para abarcar la posibilidad de la contaminación adventicia, en lugar de simplemente dejar que los agricultores se las arreglen entre ellos y sálvase quien pueda. No existe ninguna posibilidad de dejar que los agricultores resuelvan la cuestión de la posibilidad. 
Además, la contaminación por OMG en las semillas debe establecerse utilizando valores umbral viables y precisos, a fin de asegurar que la producción agrícola cumple el umbral de etiquetado existente del 0,9 % para los alimentos. Este asunto ya lo ha abordado la Sra. Scheele.
Un informe de iniciativa propia permite al Parlamento enviar una clara señal política. Si ahora atenuamos las demandas y los comentarios de la Comisión de Agricultura y desenvolvemos el paquete existente, nuestras demandas dejarán de estar claras. En su lugar, tendremos una mezcolanza de declaraciones vagas sin ninguna forma clara. Como Diputados al Parlamento Europeo, hemos de preguntarnos si realmente queremos enviar una señal política sin contenido real.
Por tanto, me uno al ponente en la esperanza de que mañana se apruebe su informe de propia iniciativa con una mayoría auténticamente convincente, pues ya ha recibido un gran apoyo en la Comisión de Agricultura y Asuntos Rurales.
Olsson (ELDR ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, no nos preocupa la existencia continuada, o no, de los organismos modificados genéticamente. Me cuento entre los que creen que ni la humanidad en su conjunto ni su componente meramente europeo pueden pasar sin estos conocimientos y esta tecnología. Sin embargo, es muy importante que apliquemos los principios de precaución de «quien contamina paga» y que respetemos la preocupación de la gente cuando se enfrenta a algo nuevo. Por tanto, hemos de poder etiquetar los OMG y facilitar información adecuada sobre ellos.
Hemos tenido, y seguimos teniendo, diferentes opiniones sobre este asunto, pero, sin embargo, quiero felicitar al Sr. Graefe zu Baringdorf por su informe. Básicamente hemos podido estar de acuerdo en que el Parlamento Europeo adopte una actitud y espero que envíe una señal a la Comisión y al Consejo.
Creo que el informe está muy bien equilibrado, pero quiero hacer algunos comentarios. Me siento decepcionado cuando oigo al Comisario declararse tan categóricamente en contra del apartado 3 sobre las normas comunes. En realidad, el viento sopla a través de las fronteras nacionales. No es razonable que a un lado de una frontera nacional se aplique una norma y al otro lado otra norma. Aquí nos preocupa la vida y en qué consiste la vida. Si queremos conseguir algo con lo que hacemos, hemos de tener normas comunes. Piensen sobre ello en la Comisión antes de que tomen ustedes ninguna decisión demasiado precipitada.
No obstante, puedo estar de acuerdo con la Comisión cuando se trata del apartado 9. Creo que sería peligroso seguir con una moratoria si no conseguimos lo que queremos. En realidad, estoy de acuerdo con el apartado 9, pero creo que quizá va demasiado lejos. No estoy preparado para votar a favor de ese apartado. Es el único apartado del informe sobre el que tengo una opinión diferente.
Cuando se trata de la renuncia regional, el Comisario dice que solo puede convertirse en realidad si es voluntaria. En mi simplicidad me había imaginado que las decisiones democráticas siempre eran voluntarias. Entonces, ¿no significa esto que no puede haber motivos de preocupación? Creo que una región o un país tiene derecho a decir «no queremos esto». No podemos obligar a las personas a utilizar una tecnología si no quieren, a pesar de que la tecnología me parece sólida.
Es muy importante que enviemos esta señal y que mañana podamos llegar a un acuerdo relativo al adoptar una decisión. Es cierto que tenemos diferentes opiniones sobre la existencia continuada, o no, de organismos modificados genéticamente, pero queremos ser cautelosos. Ahora queremos presentar una propuesta sobre cómo lograr la coexistencia, y esto de forma que resultemos creíbles ante los ojos de quienes tienen que vivir de los alimentos producidos de una u otra forma. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la cuestión fundamental que abordamos aquí es si la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos convencionales y ecológicos es realmente posible. A menos que encontremos una respuesta práctica y precisa a esta cuestión no puede haber ninguna base para la tan cacareada libertad de elección. Los agricultores que producen cultivos convencionales y ecológicos no podrán elegir y los consumidores no podrán elegir si los cultivos modificados genéticamente afectan a los cultivos convencionales y ecológicos. No hemos de permitir dejarnos llevar por un poderoso grupo de interés formado por un conjunto cada vez más limitado de grandes multinacionales que comercializan cultivos modificados genéticamente y que quieren controlar la agricultura y la producción de alimentos en contra de los deseos de los agricultores y los consumidores europeos que, en incontables sondeos de opinión, ya han expresado sus reservas e incluso temen a los organismos modificados genéticamente.
Por tanto, celebro este informe de propia iniciativa del Parlamento, que es muy importante porque la propia Comisión estaba demorando este debate. El informe también prepara el camino para levantar la moratoria que ha existido desde 1998. De hecho, esta demanda la hice yo mismo en una resolución de iniciativa conjunta con miembros de mi grupo en marzo de 2003. Todos son conscientes de los riesgos inherentes de contaminación de la liberación de OMG al ambiente. Los estudios científicos sobre la polinización cruzada y la diseminación de OMG siguen siendo muy limitados para que tengamos una evaluación precisa y fiable de todas las consecuencias. Sin embargo, en todo este debate, teniendo en cuenta las opiniones presentadas en la audiencia parlamentaria, la conclusión a la que debemos llegar es que la contaminación no puede realmente evitarse en la presencia a gran escala de los cultivos modificados genéticamente, y las consecuencias oscilan entre la pérdida de biodiversidad y los daños económicos para la agricultura convencional y ecológica.
Por consiguiente, a pesar del riesgo de que la diseminación varíe en función del tipo de cultivo modificado genéticamente, su gestión no puede controlarse de forma eficiente y viable. Una explotación agrícola que opta por un cultivo modificado genéticamente no puede volver a la agricultura convencional o ecológica. Nuestras experiencias con enfermedades animales, específicamente la encefalopatía espongiforme y la fiebre aftosa, deberían advertir de los problemas de fiabilidad y del coste que afrontarán los sistemas de supervisión que se apliquen. Por lo tanto, tal y como establece el ponente en su informe, por el que le felicito, la forma más eficaz y económica de asegurar la coexistencia es la renuncia, voluntaria o limitada al ámbito regional, al cultivo de OMG.
Además, las disposiciones comunitarias establecidas no pueden poner en peligro el derecho de cada Estado miembro a prohibir los cultivos modificados genéticamente en todo su territorio o en áreas limitadas geográficamente. En todo este proceso lo que es evidente es que, si no es posible la coexistencia, la moratoria debería seguir existiendo para respetar el principio de precaución. Por consiguiente, tenemos que apoyar por lo menos el punto 9 de este informe, y personalmente espero que el Parlamento mañana apruebe el informe en su totalidad. 
Andersen (EDD ).
   – Señor Presidente, he añadido dos enmiendas al informe. Con ellas se ordenaría (apartado 7 a [nuevo]) o recomendaría (apartado 7 b [nuevo]) la introducción de una tasa sobre las semillas de OMG y los piensos de OMG. Los ingresos cubrirían la administración diaria y los análisis de la tierra agrícola cultivada ecológicamente y convencional sin OMG. Los ingresos también compensarían los daños causados por la contaminación de OMG que se produce a pesar de la práctica correcta por parte de agricultores de OMG. Quiero hacer hincapié en que los daños que se producen a pesar de unas prácticas correctas también debe cubrirlos el contaminante y no las autoridades públicas a través de impuestos pagados por ciudadanos inocentes. Sin embargo, un Estado miembro debe poder estar exento si se adopta una decisión a este respecto en una sesión pública del parlamento nacional del Estado miembro en cuestión y la presenta el jefe de Gobierno en una reunión del Consejo de la Unión Europea. De esta forma se garantizaría la soberanía de los Estados miembros y al mismo tiempo una campaña medioambiental de base podría lograr resultados transfronterizos. 
Souchet (NI ).
   – Señor Presidente, teniendo en cuenta la magnitud de los problemas que plantean los organismos modificados genéticamente (OMG), con respecto a los cuales no hay ninguna conclusión científica evidente, la cuestión de la coexistencia entre la producción a base de OMG y la producción no basada en OMG debe contemplarse de forma duradera, y no como una situación transitoria que gestionar en espera que la producción a base de OMG se imponga como método dominante, o incluso exclusivo, de producción agrícola.
La norma son la agricultura convencional y biológica, y la producción a base de OMG es la excepción sujeta a observación, y no la inversa. Hemos de preguntarnos, no por la viabilidad de la producción no basada en OMG, sino por las precauciones que hay que tomar con la producción a base de OMG para proteger esa producción de toda contaminación por OMG. El ponente tiene razón al resaltar la insuficiencia probada de nuestros conocimientos en una serie de ámbitos cruciales, lo que debe incitarnos desde luego a continuar las investigaciones, pero también a adoptar un comportamiento muy prudente. Se trata de la fertilización cruzada (alofecundación), de la hibernación de las semillas, de la concentración en los suelos, de la resistencia, de la difusión y de la diseminación. Debemos mantenernos muy atentos para evitar que las disposiciones que se adopten en materia de autorización, trazabilidad y etiquetado sean cortocircuitadas por unas disposiciones demasiado vagas, inciertas o poco claras en materia de coexistencia, creando así un hecho consumado que barrería con todos estas disposiciones cautelares.
Tengamos cuidado de no poner a nuestros agricultores en una situación de aprendices de brujo, a los que la opinión pública atribuiría infaliblemente las consecuencias negativas de una diseminación generalizada de los OMG. Ya han sacrificado mucho con las harinas animales y el Gaucho. Velemos, pues, por no complicar tanto el mantenimiento de los cultivos tradicionales que los agricultores se vean impelidos a abandonarlos en beneficio de los OMG. A quien introduce un cultivo de riesgo es a quien corresponde asumir todas las consecuencias de dicho riesgo. Quien corre el riesgo de contaminar es el que debe soportar los costes de prevención y gestión de dicho riesgo con respecto a los demás cultivos y sus usuarios, y asumir en exclusiva la responsabilidad por haber corrido el riesgo.
La cuestión de la gestión de la coexistencia de los diversos métodos de producción va a convertirse en una cuestión capital de ordenación del territorio. A escala nacional o regional, deben poder elegirse libremente orientaciones específicas. Si los representantes electos, los agricultores y otros implicados a escala regional en una determinada zona desean, por ejemplo, que dicha zona esté exenta de OMG, deben poder decidirlo con plena libertad, sin que la Comisión ponga trabas en nombre de no sé qué distorsión de la competencia que puede ser más o menos imaginaria. Votaremos pues, señor Presidente, a favor de este informe de iniciativa, que plantea las preguntas correctas sobre un tema que tiene una importancia vital para nuestra sociedad.
Maat (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por haber elaborado un excelente informe gracias a una buena cooperación, cuya necesidad urgente es evidente, según se desprende de la reacción del Comisario. De hecho, ha señalado que es un asunto de actualidad, pero que, al mismo tiempo, aleja cada vez más la responsabilidad de la Comisión. Se dice que esta responsabilidad reside en los Estados miembros y otros. Sin embargo, es una cuestión por excelencia para la acción de ámbito comunitario. Señor Comisario, el Parlamento está de su lado y, también en el debate sobre la constitución europea, sería muy beneficioso que la Comisión y el Parlamento pudieran alcanzar acuerdos sólidos a través de una buena cooperación.
Hay otra cosa que me ha chocado de la reacción del Comisario. Ha mencionado la agricultura ecológica. Pero, señor Comisario el propio centro de conocimientos de la Unión Europea ha calculado que en caso del uso incontrolado de esta tecnología genética, también en la agricultura tradicional, los costes aumentarían del 1 al 41 %, en función del cultivo, porque no tenemos ni idea de cómo reaccionará el consumidor. Es por esto también por lo que, antes de obtener más legislación, debemos examinar más detenidamente las implicaciones, no solo en la explotación agrícola, sino también en la venta de los productos. ¿Cómo reacciona el consumidor? Sabemos muy poco sobre esto. Antes de lanzarnos a utilizar esta tecnología en Europa es esencial saberlo. No solo necesitamos saber cuál es el impacto sobre la agricultura ecológica, sino también sobre la agricultura tradicional, y también cómo reaccionarán los consumidores. Después de todo, tenemos una Asamblea con una Política Agraria Común que presume de tener un número elevado de productos regionales y una gran diversidad en Europa, mayor que en cualquier otra parte del mundo. Esto significa que los riesgos que comporta el uso de esta tecnología también serán mayores que en cualquier otra parte del mundo. Esto significa que en este ámbito necesitamos más que nunca una política comunitaria. A la luz del informe de incalculable valor del Sr. Graefe zu Baringdorf, quiero pedir a la Comisión, en su calidad de institución europea importante, que acepte esta tarea con dinamismo renovado y presente propuestas sólidas tras una investigación a fondo, para lograr una legislación realmente sólida. 
Patakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el debate de hoy refleja claramente cómo va tomando cuerpo la presión ejercida por Bush el pasado verano. No solo por el movimiento de los organismos modificados genéticamente, sino también por su cultivo libre en la Unión Europea. Quiero declarar desde el principio nuestra categórica oposición al cultivo de productos modificados genéticamente y señalar por enésima vez la hipocresía de la Comisión que, a la vez que aplica la reforma de la Política Agraria Común, supuestamente con el principio básico de mejorar la calidad de los productos agrícolas para garantizar unos alimentos saludables y seguros, la protección medioambiental, etc., por otro lado, promueve el cultivo de productos modificados. El ejemplo más típico de su hipocresía es el tabaco, para el cual, con el pretexto de proteger la salud pública y el desarrollo sostenible, se están recortando drásticamente las subvenciones en un intento de abolir el cultivo definitivamente.
Hace poco, el Sr. Michael Meacher, el ministro de Medio Ambiente del primer Gobierno de Blair, hizo unas declaraciones, que se publicaron en el periódico británico , según las cuales no podía entender cómo el Gobierno Blair podía emitir licencias de forma responsable para cultivos modificados. Todas las pruebas de la investigación han resultado ser negativas y esta posición del Sr. Meacher es especialmente significativa porque en 1999, mientras era ministro, inició intensivos cultivos de prueba de plantas modificadas genéticamente. De los 210 campos cultivados, la mitad eran modificados y la mitad convencionales. Los resultados de la investigación revelan especialmente los posibles riesgos para el medio ambiente y la salud de los consumidores. Incluso el argumento básico de las empresas multinacionales que producen semillas modificadas genéticamente, sobre todo en los Estados Unidos, ha resultado ser una perogrullada. Durante la realización de las pruebas, que duraron varios años, no solo no disminuyó la necesidad de insecticidas, sino que también los insecticidas especiales requeridos para los cultivos modificados genéticamente resultaron ser más perjudiciales que los requeridos para cultivos convencionales.
La investigación ha demostrado que las plantas de colza, maíz y remolacha azucarera dañan la flora y la fauna más que los cultivos convencionales. Además, el premio Nobel Profesor Sherwood Rowland solía recalcar que, en cuanto se liberan organismos modificados al medio ambiente y se confirma que están perjudicando el medio ambiente, es imposible detener su efecto perjudicial. Los organismos modificados seguirán, multiplicándose constantemente, haciendo estragos como armas de destrucción ambiental masiva.
El objetivo del informe del Parlamento Europeo es básicamente transmitir la idea de que los organismos modificados genéticamente pueden coexistir con los productos convencionales y ecológicos, lo que plantea ciertas cuestiones relativas a las condiciones previas y a los acuerdos para la coexistencia, mientras que sabe muy bien que numerosos estudios señalan que es excepcionalmente difícil, imposible si se prefiere, protegerse de la contaminación cuando estos cultivos coexisten. En cuanto a la cita hipócrita del principio de «quien contamina paga», no entiendo, por un lado, qué cálculos pueden utilizarse para evaluar el posible coste medioambiental y los daños de la salud del consumidor, a la vez que temo, por el otro lado, que en última instancia echen las culpas indirectamente, si no lo hacen de forma clara, a los propios productores.
Por último, señor Presidente, el Parlamento Europeo solo tiene una obligación con respecto a los agricultores, a los consumidores y al medio ambiente de Europa: decir un «no» categórico y general al cultivo de cultivos modificados. Solo así puede cumplir su función, dejando que la presión de los Estados Unidos, cuyo objetivo es servir a los intereses de sus multinacionales para poder amasar beneficios a expensas de la salud de las personas y del medio ambiente, caiga en un pedregal. 
Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, queremos elogiarle por haber trabajado tan duro en torno a esta cuestión. Tal y como ha podido escuchar no estamos de acuerdo con usted, pero si hubiera usted compartido nuestras opiniones, no tendríamos que haber elaborado este informe. Este debate acaba de empezar, y espero que pueda darse un proceso auténticamente positivo entre la Comisión y el Parlamento. Le ruego que transmita esto a los colegas que se ocupan de este ámbito.
El Presidente. –
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, procede el debate del informe (A5-0459/2003) des Sr. Stevenson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas sobre la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Côte d'Ivoire sobre la pesca en aguas de Côte d'Ivoire para el período comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 (COM(2003) 556 - C5-0458/2003 2003/0219(CNS)). 
Nielson,
   . – Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a su Señoría por su informe sobre la prórroga durante un año del protocolo de pesca del Acuerdo entre la Comunidad y Côte d'Ivoire. Me complace observar su apoyo al espíritu de esta propuesta, ya que la Comisión ha tenido –por razones políticas y sociales– que proceder a la prórroga y no a la renovación de dicho Protocolo.
Desgraciadamente, debido a la difícil situación política reinante en el otoño de 2002 y la primavera de 2003, no fue posible proseguir con las negociaciones. Este protocolo es importante para la industria pesquera de la UE, que pesca y utiliza el puerto de Abiyán para desembarcar sus capturas de toda la región y no solo de las aguas de este país. Y este hecho es, a su vez, una ventaja para Côte d'Ivoire. Asimismo, el Protocolo concede ayudas a la investigación científica, que es indispensable para garantizar la sostenibilidad de los caladeros y para constituir capacidades para gestionar estos en el país.
Gracias al protocolo anterior, las empresas europeas han invertido en Côte d'Ivoire. Actualmente existen tres conserveras de atún en el puerto de Abiyán que procesan atún para el mercado europeo. Estas plantas generan más de 30 000 puestos de trabajo locales. La prórroga durante un año del protocolo contempla posibilidades de pesca para 71 buques atuneros, así como cierta pesca demersal. Las medidas adoptadas siguen siendo las mismas y representan un 71% de la contribución financiera, de una contribución total que se mantiene en el mismo nivel, a saber, 957 500 euros.
Habida cuenta del alto nivel de utilización de los caladeros de atún, por una parte, y del uso que hace el Ministerio de las medidas selectivas para garantizar la sostenibilidad de los caladeros, la Comisión considera esta prórroga ventajosa para ambas partes.
Está claro que no podemos estar totalmente satisfechos con que esta prórroga, que entró en vigor el 1 de julio de 2003, tan solo se haya presentado ante este Parlamento el 23 de septiembre. Uno de los motivos de este retraso es que el Ministro de Pesca de Côte d’Ivoire no firmó la carta de prórroga hasta el 16 de mayo de 2003. Sin embargo, quiero agregar, con toda honestidad y equidad, que estos retrasos nunca son imputables exclusivamente a una de las partes. Lamento este retraso. Si fuera diputado de esta Cámara, consideraría esta declaración con cierto escepticismo.
Sin embargo, me complace saber que el 24 de noviembre sus Señorías recibieron un informe de evaluación sobre la aplicación del Protocolo, que responde a algunas de sus exigencias para las futuras negociaciones sobre la renovación de dicho protocolo. El informe presentado es un estudio en el que se evalúan las poblaciones de peces y la aplicación del protocolo desde el mes de agosto de 2003.
En relación con las enmiendas 1 y 2, la Comisión comparte plenamente que se mantenga informado al Parlamento sobre los aspectos de la aplicación del protocolo. Sin embargo, la Comisión ya facilita esta clase de información, de conformidad con los acuerdos interinstitucionales vigentes y, en particular, con el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento de 5 de julio de 2000. Por consiguiente, la Comisión considera que estas dos enmiendas resultan superfluas.
Respecto a la enmienda 3, el Acuerdo, con arreglo a su artículo 13, será renovable por períodos adicionales de tres años, a menos que una de las partes notifique por escrito su intención de denunciarlo. Sin embargo, el protocolo por el que se fijan las oportunidades de pesca y la contribución financiera tan solo tiene una vigencia de tres años y tendrá que ser renovado una vez transcurrido dicho período. Si la enmienda se refiere a la renovación del protocolo y no a la del Acuerdo, esta enmienda va en contra de los principios relativos al carácter de los protocolos de los acuerdos de pesca. Puesto que los protocolos van anejos a los acuerdos marco, su renovación periódica no requiere una nueva directriz para la celebración de negociaciones.
En referencia a la enmienda 4 y considerando la importancia que tiene el Acuerdo de Pesca para Côte d'Ivoire –pues las conserveras de la UE sitas en Abiyán generan 30 000 puestos de trabajo y la contribución financiera va destinada sobre todo a la investigación científica, el control y la vigilancia– la falta de prórroga de este Acuerdo significaría un desastre para este país. También provocaría graves problemas a los pescadores de la UE y a las inversiones realizadas en Côte d'Ivoire. No prorrogar el Acuerdo implicaría el asilamiento de Côte d'Ivoire. Y esta no es la señal que la UE desea enviar a un país que lucha por encontrar un camino de retorno a la paz. 
Stevenson (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, quisiera dar las gracias al señor Comisario por su efusiva presentación. Uno de los grandes placeres de presidir la Comisión de Pesca reside en tener que venir aquí, a altas horas de la noche, para dirigirse a una Cámara vacía y hablar de acuerdos internacionales de pesca con países situados en todos los rincones del globo. Y esta no es una excepción.
Sin embargo, el debate de esta noche sobre Côte d'Ivoire ha sido provocado, no por las cuestiones habituales relacionadas con los acuerdos de pesca con terceros países, sino por los Grupos Verts/ALE y ELDR, los cuales han expresado su legítima preocupación por la guerra civil que tiene lugar actualmente en ese país, y sus temores de que la financiación comunitaria se envíe a una zona de conflicto, lo que equivale a echar gasolina al fuego.
Como sabe esta Cámara, el principal ejército rebelde en Côte d'Ivoire, que se denomina a sí mismo Nuevas Fuerzas, firmó un acuerdo de paz, alcanzado con mediación francesa, con el Primer Ministro Seydou Diarra el pasado mes de enero. Desgraciadamente, este pacto de paz se derrumbó en parte en el mes de septiembre, cuando Nuevas Fuerzas abandonaron el Gobierno, acusando al Presidente Laurent Gbagbo de acumular poder y de negarse a aplicar las condiciones del acuerdo de paz. Entretanto, el Presidente Gbagbo ha anunciado su intención de liberar las zonas que están en manos de los rebeldes en el Norte y el Oeste del país, en caso de que Nuevas Fuerzas se nieguen a desarmarse. Esa es la situación en la que se encuentra Côte d'Ivoire actualmente.
En vista de estos antecedentes más bien desfavorables, mi informe sobre la propuesta de la Comisión intenta prorrogar el Acuerdo de pesca vigente entre la Comunidad y Côte d'Ivoire durante un año más, si bien este período comenzó en realidad el pasado mes de julio –como ha señalado el Comisario Nielson–, antes incluso de que se consultase al Parlamento. El Comisario ha dicho que los diputados a este Parlamento considerarían desagradable este hecho y así es. Resulta sumamente desagradable que la Comisión nos ponga, una y otra vez, ante hechos consumados. Y en este caso, el pago a Côte d'Ivoire debe efectuarse el 31 de diciembre de 2003. Por consiguiente, debemos resolver esta cuestión con gran urgencia. Es lamentable que la Comisión de Pesca se vea una vez más en esta tesitura. No obstante, espero que la Comisión valore los esfuerzos que hemos realizado para acelerar el proceso a fin de que este contrato se cumpla a tiempo.
Este acuerdo será el sexto protocolo sucesivo entre la UE y Côte d’Ivoire. Celebramos nuestro primer acuerdo en materia de pesca en 1990 y hemos continuado haciéndolo de forma amistosa desde entonces. Sin embargo, resulta inevitable –como ha señalado el Comisario Nielson– que la inestabilidad política de la región no nos haya permitido aprovechar algunas de las oportunidades de pesca demersal que negociamos en 2002. Sin embargo, a medida que la situación se fue estabilizando se pudieron reanudar una vez más las capturas.
La pesca del atún, que es el otro gran recurso contemplado en este Acuerdo, nunca se ha visto afectado por la guerra civil y, por lo que hace al aprovechamiento de las oportunidades negociadas en el Acuerdo, hemos continuado en un nivel próximo al 85%. Como ha señalado el Comisario Nielson, existen 71 licencias disponibles para buques atuneros, aunque, como siempre sucede en estos acuerdos de cooperación, más del 70% de la compensación financiera está destinada a acciones selectivas para garantizar la continuidad de una pesca sostenible y apoyar las medidas de conservación, la investigación científica, el control y la vigilancia. La Comisión sigue de muy cerca el uso de estos fondos para asegurarse de que cumplen los objetivos del Protocolo. Sin este Acuerdo, no podríamos garantizar la sostenibilidad de la pesca. De hecho, podría producirse una pesca incontrolada, y la pesca ilegal, no reglamentada y no documentada saquearía completamente las poblaciones y provocaría el colapso de los caladeros.
Por ello, aquellos que se oponen a la renovación de este acuerdo deben comprender las consecuencias de su oposición. El Comisario Nielson ha destacado que existen tres grandes conserveras de atún en Abiyán, financiadas con inversiones de la UE. De hecho, Abiyán es el centro de gran parte de los desembarques de atún en África Occidental, y si como proponen los Grupos Verts/ALE y ELDR abandonamos este acuerdo, desaparecerían 5 000 empleos directos y hasta 30 000 empleos indirectos. Dicho resultado tendría consecuencias catastróficas para la situación social de Côte d'Ivoire y desestabilizaría gravemente ese país, hundiéndolo aún más en el conflicto. Por ello hago un llamamiento a los Grupos Verts/ALE y ELDR para que vuelvan a reflexionar y retiren sus enmiendas que solo agravarían una situación que ya es mala. 
Maat (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, al igual que el presidente de nuestra Comisión de Pesca, yo también tengo el privilegio de hablar tarde esta noche y tengo el privilegio especial de actuar en nombre de mi coordinador, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna. Coincido con las palabras del presidente de la Comisión de Pesca, también en relación con la difícil cuestión que se debate allí. Si se toma la situación de las franjas costeras con tanto malestar y guerras nacionales, todavía queda por ver hasta qué punto, una vez mejorada la situación, podemos también emplear la política de pesca para mejorar la situación en el propio país. Si el dinero que invertimos en los acuerdos de pesca se gasta bien, Europa podría desempeñar un papel mayor también en este campo.
En nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, me han decepcionado las enmiendas a este respecto presentadas por el Grupo Liberal. Habría preferido ver un componente social en ellas, y apoyo todo lo que pueda mejorar la situación de los países africanos en relación con los acuerdos de pesca. Sin embargo, es esencial discutir a fondo todos los aspectos. Pero, una vez, más coincido con las palabras del presidente de la Comisión de Pesca. Asimismo, he observado que cuentan con un gran apoyo, y quiero pedir a la Comisión, por un lado, un enorme esfuerzo por los países africanos, que incluyan un plan de gasto inteligente del dinero de los acuerdos de pesca, pero, por otro lado, nos parece esencial que también se tengan en cuenta los componentes sociales. Por tanto, estoy impaciente por conocer la reacción de la Comisión, así como la del Parlamento.
Miguélez Ramos (PSE ).
    Señor Presidente, hoy mismo hemos aprobado en este Parlamento una resolución sobre el papel de la Unión en la prevención de conflictos en África, y en particular, en la aplicación del Acuerdo de Linas-Marcoussis en Costa de Marfil. En este resolución, el Parlamento Europeo, pidió a todas las partes en conflicto, la aplicación escrupulosa del Acuerdo de Linas-Marcoussis.
La Unión Europea tiene una responsabilidad a la hora de prevenir conflictos, y sus diferentes políticas enfocadas a fomentar relaciones comerciales entre Europa y los países en vías de desarrollo, es una forma de prevenir este tipo de conflictos. Las relaciones comerciales y humanas acercan a los pueblos, contribuyen a su desarrollo y al desarrollo de sus diferentes sectores económicos. Por eso, mi Grupo apoya los acuerdos de pesca, porque los acuerdos y las relaciones comerciales entre los distintos pueblos fomentan la paz y, en el caso de los acuerdos de pesca, también el desarrollo del sector pesquero de los países en vías de desarrollo.
Apoyamos pues el informe del Sr. Stevenson, en favor de la prórroga de un año del actual protocolo con las enmiendas aprobadas por la Comisión de Pesca. 
Costa de Marfil es un país en guerra civil al que debemos ayudar para que alcance la paz y el progreso económico. Por ello, los socialistas entendemos que la señal que lanzamos para la prórroga de este acuerdo de pesca es una señal de positiva. 
La situación bélica no es motivo, desde luego, para poner fin a un acuerdo pesquero. De hacerlo así estaríamos ante un absurdo que nos llevaría también a aumentar el castigo a este país que sufre, y la misma lógica nos conduciría a suspender las importaciones de sus productos, como el café, el cacao o el aceite de palma y, también, a suspender las explotaciones incipientes de petróleo y a no comprar más sus diamantes, su manganeso, su hierro, cobalto, bauxita o cobre. 
¿Por qué existe este empeño en poner fin a los acuerdos comerciales pesqueros que unen a la Unión Europea con países en vías de desarrollo para, sin embargo, fomentar las exportaciones procedentes de esos países de productos agrícolas, por ejemplo, pero también de minerales, de petróleo o de gas? Pese a la situación bélica, la ejecución de las cuotas asignadas por el acuerdo, como en el caso de los túnidos, ha sido buena, y está mejorando el nivel de captura de las especies demersales.
Entendemos, dentro del Grupo socialista, que este acuerdo es de gran interés para el puerto de Abidjan, que es la primera base atunera del África Occidental, donde las descargas constituyen la materia prima de una numerosa industria de transformación local que constituye un polo de desarrollo básico para Costa de Marfil.
Yo creo que este es, precisamente, un buen acuerdo de como aún, ante un país que se enfrenta con graves dificultades los acuerdos de pesca pueden funcionar bien para ambas partes, la Unión Europea y el país en vías de desarrollo que lo firma con nosotros.
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, resulta interesante observar cómo ha cambiado el planteamiento de los diputados a este Parlamento y de la Comisión, en términos de lenguaje, desde que planteé por primera vez esta cuestión. La Comisión Europea acudió a la Comisión de Pesca para decir que no había forma de negociar un nuevo Acuerdo, por lo que debemos simplemente prorrogarlo durante un año más. Los diputados señalaron que la finalidad de dicha prórroga era permitir que los buques de la UE siguieran pescando a pesar del conflicto.
Y ahora intentan dar la impresión de que con ello se ayuda al pueblo de Côte d'Ivoire: Pero en realidad de lo que se trata es de ayudarnos a nosotros mismos. Se trata de un país que se encuentra virtualmente en guerra civil. El Gobierno no puede garantizar el control y la vigilancia; de hecho, estos nunca fueron satisfactorios, incluso en tiempo de paz.
Lo que sucede ahora es que las flotas de la UE pueden hacer lo que les plazca sin ninguna supervisión. La Comisión prometió un planteamiento diferente para los acuerdos con terceros países y eso no es una buena señal. En el caso de Côte d'Ivoire, la propia Comisión ha señalado que ese país se enfrenta a graves problemas de control y vigilancia en sus aguas. Se señala que el estado de la supervisión constituye una importante limitación.
Asimismo, la Comisión señalaba que no se ha recibido información sobre las capturas de los palangreros de superficie y buques arrastreros congeladores. La Comisión indicó igualmente que, con arreglo a las condiciones vigentes de sus acuerdos con terceros países, no es posible conocer si los fondos destinados a las denominadas acciones selectivas, como el control y las medidas de vigilancia, se gasta realmente de forma correcta.
Hemos pedido que estos fondos se sitúen en un presupuesto por separado. Y en relación con las conserveras de atún, basta con ver dónde van a parar los principales beneficios; se trata de una enorme hipocresía. Este país es víctima de un conflicto y, al parecer, el planteamiento de la UE consiste en permitir que nuestras flotas continúen trabajando sin molestias, a pesar de que se está desarrollando un conflicto en ese país.
Este es el peor ejemplo de acuerdo de pesca, y la Comisión debe cumplir sus compromisos y su promesa de adoptar un enfoque distinto para los acuerdos de pesca que redunde en interés del país tercero y no en interés de la sobrecapacidad pesquera de la Unión Europea. 
Nielson,
   . – Señor Presidente, no estoy de acuerdo con que este sea el peor acuerdo de pesca que hayamos celebrado. Lo cierto es que, desgraciadamente, hemos celebrado muchos acuerdos peores que este. Estamos renovando y modernizando estos acuerdos, haciéndolos más pertinentes y centrándolos en el desarrollo social. La generación anterior de estos acuerdos, no obstante, sí que merece una mala nota, y por ello es de suma importancia cambiar esta situación. Este cambio se está llevando a cabo país por país.
El conflicto que tiene lugar actualmente en Côte d'Ivoire no constituye un buen telón de fondo para poner fin a este acuerdo. Debemos tener mucho cuidado de no politizar esta cuestión y utilizar el acuerdo para presionar al Gobierno para que logre la paz y la reconciliación. Resulta muy difícil presionar a la oposición de esta manera.
Por lo que hace a la vigilancia y gestión de los recursos marinos, este conflicto no se desarrolla realmente en el mar, por lo que me parece bastante artificial vincular los problemas del país a la prórroga de este acuerdo. Estamos intentando hacer cosas positivas en Côte d'Ivoire, y al mismo tiempo presionamos a todas la partes para que lleguen a un compromiso.
Si comenzamos a politizar esta actividad, enviaremos la señal errónea a las partes implicadas. Por ello recomiendo al Parlamento que deje de hacerlo. No obstante, la Sra. McKenna ha mencionado elementos sumamente pertinentes. Actualmente se está llevando a cabo un proceso para que los acuerdos de pesca se centren aún más en el desarrollo. 
El Presidente. –
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
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