Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Ephremidis
Señor Presidente, hay una inexactitud notoria y, si así lo quiere, también injusticia. El diputado Sr. Howitt señala que unos camioneros compatriotas suyos no pueden regresar a su país, a la vista del invierno, debido a los tractores de los agricultores, que en su lucha por la supervivencia han cerrado ciertos pasos. La verdad es que cuando esos conductores quieren pasar se les abre el camino y no sólo esto, sino que, a causa de la irregularidad y la dificultad de aprovisionamiento, se les proporcionan comidas especiales para que puedan partir lo más tranquilamente posible a sus países de origen.
Por lo tanto, pido por favor que se corriga y que no se mantenga esta injusticia en desfavor de los agricultores que luchan, literalmente, por su supervivencia desde hace diez días.

El Presidente
Este tema no forma parte del orden del día.

Spencer
Señor Presidente, el Acta hace referencia a la intervención algo excesiva que hizo el Sr. Niall Andrews ayer por la tarde en relación con el caso de la Srta. McAliskey, que espera su extradición a Alemania y que ha sido acusada de complicidad en un ataque con mortero en Osnabrück. La Srta. McAliskey se encuentra actualmente en una prisión exclusivamente de mujeres -Holloway. Está embarazada y se le han hecho todos los controles médicos necesarios. Estoy en condiciones de informar a la Asamblea que su estado ha sido calificado de excelente. Ha recibido las mejores atenciones, por lo que rechazo tajantemente los comentarios desproporcionados que hizo el Sr. Andrews en su intervención de ayer.

Blak
Señor Presidente, en relación con lo dicho ayer por el Sr. Howitt referente a Grecia, puedo confirmar que no sólo los conductores ingleses son rehenes en el juego de los griegos. También conductores daneses se encuentran «presos» y reciben un trato deplorable. Por eso, le ruego que en calidad de griego y como Presidente del Parlamento escriba una carta al Gobierno griego para rogarle que garantice un trato correcto a los ciudadanos de la Unión.

El Presidente
Señor Blak, no creo que se deba abrir un debate sobre las manifestaciones de los agricultores griegos, que, indudablemente, crean diversos problemas con repercusiones tanto para los conductores extranjeros como para los griegos.
(El Acta queda aprobada)

Decisión sobre la urgencia
Theato
Señor Presidente, este asunto de urgencia relativo al auxilio mutuo entre autoridades lo solicitó el Consejo ya en el período parcial de sesiones de noviembre. En aquella ocasión lo rechazamos. Entretanto no ha surgido ningún nuevo elemento ni tampoco hemos oído nada del Consejo. Por esta causa, la Comisión de Control Presupuestario ha decidido rechazar de nuevo la urgencia.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Arias Cañete
Señor Presidente, la Comisión de Pesca decidió aceptar la urgencia solicitada por el Consejo.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, como ponente quisiera señalar el siguiente punto de vista, que coincide también con el de la Comisión: en primer lugar, considero que una propuesta de reglamento de medidas técnicas exige unos requisitos básicos mínimos, una fundamentación científica amplia, un amplio acuerdo y aceptación, el diálogo con el sector y el reconocimiento y apoyo de los sectores interesados.
Por eso empecé a trabajar con este método, pero la respuesta a este método de trabajo, que era sin duda el correcto, fue, por parte del presidente de nuestra comisión, aplicarme el artículo 146.4 e imponer un plazo para presentar el informe.
Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estado urgiendo y presionando, presentando una primera solicitud de urgencia y ahora una segunda. Mi respuesta -para que no se me culpara del retraso- fue presentar un informe amplio y exhaustivo, y la respuesta de la Comisión de Pesca -también para que no se la responsabilizara de que el Consejo no pudiera adoptar una decisión- fue votar a favor del rechazo de la propuesta de la Comisión. Por tanto, la Asamblea debe saber que en estos momentos estamos de acuerdo con la urgencia; pero estamos de acuerdo con la urgencia para rechazar la propuesta de la Comisión. He aquí un método para trabajar mucho y deprisa en plan destructivo.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Jacob
Sí, señor Presidente, hemos rechazado esta solicitud de urgencia. La estudiaremos en el marco del procedimiento ordinario en el pleno de enero. Por tanto, la Comisión de Agricultura está en contra de esta solicitud de debate de urgencia.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

von Wogau
Señor Presidente, en primer lugar quiero dirigirme a la Comisión y al Consejo. Por lo demás, me alegro de que esté presente el Presidente de la Comisión. En los últimos tiempos siempre hemos trabajado bajo unas condiciones cada vez más difíciles y los tiempos de consulta por parte de la Comisión y del Consejo se han ido paulatinamente acortando. En los preparativos de la cumbre de Dublín se llegó incluso al extremo de que en el día en que se nos consultó teníamos que votar en la comisión. Estas son unas condiciones bajo las que normalmente no se puede trabajar. Lo mismo es aplicable al presente caso. Se nos ha consultado extraordinariamente tarde y ayer por la noche hemos emitido un dictamen con las mayores prisas. Quiero decir que en el futuro no vamos a trabajar así y que el próximo año no vamos a aceptar tales asuntos de urgencia. Pero como se trata del régimen del alcohol en los países escandinavos y esto es un asunto extraordinariamente importante en que se trata de cuestiones regionales y porque surgiría una laguna jurídica si no decidiésemos esta semana, estoy a favor de permitir esta urgencia.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Jacob
Señor Presidente, como ha dicho usted, el informe fue aprobado ayer por unanimidad. La Comisión de Agricultura está por tanto a favor de esta solicitud de debate de urgencia.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Programa de trabajo de la Comisión para 1997 y evaluación del
programa legislativo del año anterior
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el programa de trabajo de la Comisión para 1997 y la evaluación del programa legislativo del año anterior.

Fayot
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, después de nuestro primer debate en octubre nos encontramos al término de nuestro procedimiento con una resolución común apoyada por amplia mayoría en el seno de este Parlamento. Según nuestro nuevo artículo 49, esta resolución constituye la aportación del Parlamento Europeo al programa para 1997.
Este texto revela, por encima de las divergencias entre grupos, un amplio acuerdo político sobre aspectos esenciales de la política europea, ya sean el empleo y el crecimiento, la Europa de los ciudadanos, el medio ambiente o la política exterior. Frente a este amplio consenso, es importante que el Consejo se adhiera a esta programación que debería suponer un verdadero acuerdo de gobierno entre las tres principales instituciones.
En nombre de mi grupo, quisiera manifestar aquí nuestra aprobación a las nuevas propuestas legislativas previstas por la Comisión. Esperamos sin embargo que ésta las someta por fin a un ritmo normal. Sin ir más lejos, este año el Parlamento sólo había recibido a finales de noviembre cinco de las diecinueve propuestas anunciadas.
Aprobamos así lo más esencial de las consideraciones políticas presentadas por el Presidente de la Comisión en esta ocasión, y estamos decididos a apoyar a la Comisión cada vez que ésta trabaje para que Europa avance de manera concreta. En este sentido, nos gustaría que esta Comisión fuera en algunas ocasiones un poco más audaz frente a los Gobiernos nacionales, con frecuencia indecisos, incluso incoherentes.
No le sorprenderé, señor Presidente, si vuelvo a afirmar con firmeza que nuestra primera prioridad sin duda es la lucha contra el paro. En este punto, Europa tiene un papel que jugar en todas las políticas que emprendemos. El Parlamento aprueba el pacto de confianza por el empleo y apoya al Presidente de la Comisión frente a las reticencias del Consejo. Con él, denunciamos la incoherencia del Consejo que hace, en la cumbre que se celebra cada seis meses, hermosas declaraciones, que inmediatamente olvida, una vez que los Ministros de Finanzas se reúnen en los lunes grises de Bruselas. Esto no es creíble y es nefasto para Europa.
Frente al paro, los socialistas prefieren un planteamiento político voluntarista, respetando las leyes económicas y financieras del mercado y pronunciándose de manera clara en favor del modelo social europeo. Por lo que respecta al planteamiento macroeconómico necesario para esta lucha contra el paro, éste debe basarse en la política monetaria y presupuestaria. El objetivo esencial debe ser, por una parte, facilitar inversiones públicas importantes, capaces de impulsar la actividad económica, y por otra, financiar políticas de empleo eficaces.
Los socialistas pensamos que una política monetaria menos restrictiva, que deje un margen de apreciación al poder político frente a la urgencia del paro, debe formar parte del arsenal político moderno. El Grupo de los Socialistas ha introducido en este sentido una enmienda a la resolución común y nos gustaría alcanzar un amplio consenso sobre este punto.
Por otra parte, pedimos a la Comisión propuestas precisas sobre el conjunto de la fiscalidad. Existen demasiadas incoherencias entre los distintos países para que se facilite el desarrollo de un mercado interior. Sin embargo, ante la imposibilidad de llegar a una armonización de la fiscalidad directa o indirecta, la Comisión propone métodos más consensuados, como por ejemplo, un código de conducta entre países miembros, o también una coordinación antes que una armonización. Se trata de una vía interesante, más pragmática, que conviene explorar, pues ningún país tiene interés en ver cómo se desarrolla el dumping fiscal ni en ver cómo se grava excesivamente el trabajo con relación a la fiscalidad del entorno o la del capital.
Finalmente, será indispensable completar este esfuerzo de coordinación con la consideración de las cargas sociales. Los países que han puesto en práctica un sistema de protección social muy cualificado, garante de la cohesión social, no pueden admitir que éste se vea minado por el dumping social.
Señor Presidente, según nuestro reglamento, esta resolución se va a transmitir a los Parlamentos nacionales así como a todas las instituciones comprometidas en el proceso legislativo europeo. Hago una llamada al Consejo, a los Parlamentos nacionales, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones para que actúen ante los esfuerzos de previsión y clarificación realizados por la Comisión y el Parlamento Europeo. Sólo así Europa podrá dotarse de una política eficaz previsible y por tanto creíble, en interés de los ciudadanos.

D'Andrea
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, con ocasión del anterior debate del pasado mes de octubre sobre el programa anual de la Comisión para 1997, ya pusimos en evidencia algunos aspectos de procedimiento y calendario relativos a las formas y a los subsiguientes plazos de presentación al Parlamento del presupuesto anual, el programa de trabajo y el programa legislativo de la Comisión. En el ínterin, el Parlamento Europeo adoptó una modificación del Reglamento con miras a precisar mejor el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento de elaboración del programa legislativo, teniendo en cuenta asimismo que la Comisión se aprueba en virtud del voto de investidura del Parlamento Europeo.
Por consiguiente, consideramos extremadamente importante este debate tanto por lo que respecta a la ejecución del programa de 1996 como por lo que respecta a la aprobación de las líneas del programa legislativo de 1997. El debate es todavía más importante, si cabe, si se convierte en el instrumento para consolidar la estrecha coordinación entre el Parlamento y la Comisión -coordinación que debe parecerse cada vez más a la que existe entre el Parlamento y el Ejecutivo y, en consecuencia, exige como requisito previo una coincidencia en cuanto a la voluntad política, una inmediatez de la información, una puntualidad en la actuación, una transparencia y una facilidad de ejercicio, tal como prevé el código de conducta adoptado el 15 de marzo de 1995. El Parlamento está interesado en intensificar dicha relación.
A pesar de que cabe hacer una evaluación todavía no plenamente satisfactoria del programa de la Comisión para 1996, la misma debe centrarse sobre todo en este informe, en particular por lo que se refiere a algunas dificultades de calendario y de plazos que se encontraron a raíz del estudio del dossier que la Comisión envió al Parlamento.
A fin de que sirva como motivo de reflexión, también este debate debería someterse quizás a otra evaluación de carácter reglamentario, porque también el Parlamento debe elaborar mejor -y no sólo mediante el instrumento de la convergencia entre los Grupos políticos- su resolución sobre la aprobación del programa legislativo de la Comisión, si quiere que la misma sea más fuerte desde el punto de vista institucional.
En cuanto al fondo del programa, y en el tiempo que me queda a disposición, centraré mi atención sólo en un punto, habida cuenta de que los demás colegas van a profundizar otros aspectos. Se trata, como es obvio y natural, de la visibilidad exterior de la Unión, según palabras del Presidente Santer. Con el tiempo, este problema se convierte en cada vez más grave y de difícil solución. Los acontecimientos apremian y a medida que los mismos ocurren, el papel de Europa se convierte en más marginal.
A lo largo de este debate, nos vamos a ocupar asimismo de la situación de Serbia. A veces se tiene la impresión de que los acuerdos de Dayton se conviertan en una especie de coartada para Europa, ya que consideramos que un fuerte compromiso para la reconstrucción civil, en particular, de las democracias alrededor de Europa, a pesar de ser necesario, no es nuestra obligación prioritaria. También con respecto a esto último, pedimos a la Comisión que lleve a cabo una fuerte y enérgica iniciativa.

Moretti
Señor Presidente, en este Parlamento, a pesar de ser formalmente indiscutible, la declaración interinstitucional sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad se vuelve muy discutible en cuanto a su capacidad de plasmar las palabras en hechos. El programa de 1996 se ha actuado muy limitadamente si se considera que a finales de noviembre el Parlamento Europeo había recibido sólo cinco de las diecinueve propuestas legislativas anunciadas por la Comisión.
¿Cómo se puede pensar en construir la nueva Europa si, en la mayoría de los sectores, parece que la Comisión renuncia a desempeñar su papel institucional de motor de la acción de la Unión y el Consejo demuestra que no tiene a su alcance una estrategia política coherente y bloquea los varios sectores que dependen de la programación legislativa, el presupuesto y los fundamentos jurídicos? Hay que emplearse a fondo para actuar e integrar el programa legislativo de 1997. Hay que luchar contra el desempleo a través de una política seria, eficaz y capaz de fomentar la competitividad de la industria en la Unión, la política regional, de los transportes, el medio ambiente, el logro del mercado interior, así como una política de inversiones capaz de incentivar las actividades económicas. Es preciso luchar contra los fraudes. La incapacidad o los abusos de un Estado miembro deben ser contrarrestados por la Comisión mediante la suspensión de los pagos, el recobro de los importes obtenidos de forma ilegal y la imposición de las sanciones oportunas.
Es necesario tener el valor de volver a analizar los derroches, estudiar los acuerdos celebrados con los terceros países y que no contemplan reglas y garantías precisas de democracia y de respeto de los derechos humanos, apoyar una propuesta de directiva sobre los proyectos de gestión de los residuos, en especial los domésticos, incentivar la lucha contra la criminalidad organizada en aumento, consolidar la cooperación entre los Estados miembros, así como promover iniciativas de organización internacional.

Lannoye
Señor Presidente, creo que los grupos políticos están más o menos de acuerdo entre sí para emitir un juicio negativo sobre la forma cómo la Comisión ha realizado su programa de 1996. Desafortunadamente, este consenso no existe en relación con la valoración del futuro, y sobre todo con respecto al contenido del programa de 1997.
En lo que respecta al programa de 1996 es obligado constatar, frente al Consejo, una falta total de voluntarismo por parte de la Comisión. El bloqueo de toda una serie de decisiones en el seno del Consejo plantea un enorme problema al Parlamento: 168 expedientes a la espera de una decisión final son muchos; hay otros 83 en espera de una posición común y ninguna iniciativa de la Comisión en este sentido. Esto nos parece insoportable.
Con relación al programa de 1997, es importante constatar que se trata de un perfil bajo el que propone la Comisión para la Unión Europea, un perfil bajo con relación a los desafíos evidentes para todos los ciudadanos, ya se trate de la política de empleo, del medio ambiente, de la ciudadanía, pero también del papel que debe jugar la Unión Europea en el mundo. Ayer se ha iniciado en Singapur una conferencia internacional que reúne a los diferentes Estados signatarios de los estatutos de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión ha recibido un mandato ambicioso, pero tengo algunos temores sobre los resultados que consiga, pues no creo mucho en el voluntarismo de la propia Comisión en la materia.
Por todas estas razones, consideramos que la resolución común que han firmado varios grupos se inscribe en el signo de la debilidad. No se puede criticar al mismo tiempo lo que se ha hecho, lamentar lo que no se ha hecho y finalmente aprobar el programa de la Comisión. Esto es totalmente inaceptable, y por ello no hemos suscrito este texto y hemos presentado nuestra propia resolución mucho más firme.

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Presidente Santer, Señorías, en nombre de mi grupo sólo puedo suscribir lo que acaba de decir el Sr. Lannoye y otros Diputados. Constatamos muchas debilidades en la ejecución del programa de 1996 y, al igual que otros, no podemos apoyar una resolución valorada por los grandes grupos que se limita a aprobar las grandes líneas de su programa e, incluso, a apoyarles a ustedes en su papel motor. Señor Presidente Santer, precisamente sobre este punto deseo reclamar su atención.
Me parece que la Comisión, a través del programa que acaba usted de presentar, falta gravemente a su papel motor. La construcción europea no avanzará con seis o siete páginas de buenas intenciones, soslayando, sobre todo, aquello que no funciona, no diciendo con claridad que el Consejo, por ejemplo sobre el Pacto de Confianza, no le ha apoyado y que, sobre muchos otros puntos, nos encontramos en un verdadero callejón sin salida con respecto a la construcción europea; ésta no avanzará eludiendo estas cuestiones, no poniéndolas sobre la mesa para debatirlas, renunciando a su papel motor.
Nos dice usted con toda razón que es necesario que progresen los grandes trabajos. Pero es usted el que debe dar el impulso necesario. Si no lo hace, probablemente conseguirá una resolución que diga: »todo va bien, señora Marquesa», que no conseguirá que Europa avance, y las consecuencias serán muy graves para el futuro de esta Unión Europea en la que todos creemos.
Por todo esto no nos hemos adherido al texto que se va a votar en unos instantes, simplemente para darle la posibilidad de hacerlo mejor, de hacer más y de devolver a la Comisión el papel que debe ser el suyo. Esperamos verlo volver un día con un programa de trabajo distinto de éste que, en nuestra opinión, nos parece flojo y muy por debajo de nuestras expectativas.

Antony
Señor Presidente, Señorías, seguimos encontrando en el programa de trabajo de la Comisión las mismas generalidades sobre los objetivos de la Unión Europea: facilitar la creación de empleo, conservar el modelo europeo de sociedad, reforzar la presencia de Europa en la escena internacional, preparar los plazos del futuro, como si las palabras mágicas pudieran concretarse en esperanzas. Parece que estuviéramos en Francia, donde a una intervención de un Presidente de la República, con la única fuerza de sus palabras, se le atribuye capacidad para transformar un desastre económico en prosperidad, un gobierno impopular en un modelo de eficacia, un partido gangrenado por la corrupción de sus dirigentes en un movimiento de futuro que celebra su vigésimo aniversario.
Volvamos a los famosos objetivos. En 1992, cuando había que convencer a Francia para que votara sí a Maastricht, Jacques Delors pronosticaba que la Unión Europea crearía diez millones de empleos, al igual que se profetizaba que la creación del mercado único traería prosperidad. Por desgracia, la realidad se corresponde en pocas ocasiones con los deseos de los gobernantes. Actualmente hay 22 millones de parados en Europa, a causa del libre cambio desconectado del resto del mundo, a causa de la marcha forzada hacia la utopía monetaria. Efectivamente, usted ve en el euro la principal arma en la lucha contra el paro.
En Francia, afortunadamente, acaba de reabrirse el debate (una vez no hace hábito) gracias al Sr. Giscard d'Estaing. Muchos Diputados aplaudieron cuando criticó la política actual. Los medios de comunicación son cada vez más críticos con su proyecto. De pronto la opinión pública, que usted desprecia, sobre todo cuando se trata de intoxicarla, comienza a hacerse preguntas. El hecho de que el Sr. Chirac haya ido a toda prisa a renovar su juramento de fidelidad al canciller alemán y a reafirmarle que Francia no dejará el recto camino del euromarco no cambia en nada las cosas. La instauración de la moneda única no es una garantía ni de prosperidad, ni de empleos, ni siquiera de poder financiero. La riqueza puede crear una moneda fuerte, sin embargo la moneda no crea riqueza.
Y así es como cada día destruye usted el modelo de sociedad que afirma defender. Con el pretexto de la armonización, va usted a destruir la seguridad social. Con el pretexto de la competitividad, va usted a poner en duda la protección de los trabajadores y las leyes laborales de los diferentes países. Bajo el pretexto de que es necesaria la competencia, destruye usted los servicios públicos. De hecho, el dogma del librecambismo mundial le impone tercermundializar los salarios y los sistemas sociales, como lo demuestra de manera incansable Maurice Allais, el premio Nobel de economía de mi país. No queremos esta Europa que sacrifica a los hombres y al progreso social a la economía y a los apetitos financieros de algunas multinacionales.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el artículo 37 del Reglamento.

McCarthy
Señor Presidente, 1997 es una coyuntura determinante en términos de establecer las futuras orientaciones para la cohesión y la política regional de la UE. En nombre de mi Grupo, quisiera hacer algunas observaciones breves sobre este ámbito.
En primer lugar, me gustaría que la Comisión se empleara más a fondo en dar a conocer la mejor práctica - buenos modelos para la utilización eficaz de los fondos a la luz de todos los problemas que hemos padecido como consecuencia de una aplicación ineficaz. En términos del informe de cohesión, deseo señalar la necesidad de que se haga una evaluación permanente del modo en que otras políticas comunitarias apoyan el objetivo de cohesión económica y social. Es evidente que algunas de nuestras zonas y regiones más desfavorecidas, que dependen de los Fondos estructurales, corren el riesgo de verse privadas de dichos fondos debido, por ejemplo, a la PAC, que actúa como factor regresivo en dichas regiones. Creo que debemos comenzar a auditar dichas políticas para asegurarnos de que actuamos conforme a nuestros propios objetivos recogidos en el Tratado.
Ahora necesitamos emplearnos a fondo para poner en marcha el programa de reformas para 1999. Quiero agradecer a la Comisión sus esfuerzos para cumplir los plazos del informe de cohesión, pero lamento que aún no nos haya ofrecido la comunicación sobre la política urbana, prevista para 1996, y nos gustaría que lo hiciera a comienzos de 1997.
Lo que está haciendo falta, a mi entender, es una coordinación eficaz en la ejecución de las políticas de programas. Quisiera que las Direcciones Generales de la Comisión concertaran en mayor medida sus esfuerzos para trabajar más estrechamente a todos los niveles, no sólo a nivel de Comisarios, sino también a nivel de las Direcciones políticas, para poder hacer frente a los retos que representan la UEM, la ampliación y la futura reforma de los Fondos estructurales. A partir de 1997 debemos adoptar un enfoque coordinado a nivel interno. Las Direcciones de la Comisión no pueden rehuir que se haga una evaluación crítica de sus políticas y programas, porque sólo así podremos conseguir las políticas y los programas adecuados para restablecer la confianza de nuestros ciudadanos a largo plazo y después de la reforma de los fondos en 1999.
También creo que la Comisión no debe rehuir al desempeño de su papel como pleno interlocutor sólo porque los Estados miembros reclamen el monopolio en materia de subsidiaridad. La Comisión no es una cámara de compensación de políticas, y la Comisión debe llevar a cabo nuestros programas de los Fondos estructurales; también debe llevar a cabo los pactos de empleo territorial y local y marcar el camino a seguir en este ámbito a través de acciones concretas y actividades de coordinación. Creo asimismo que ahora se impone una comunicación exhaustiva sobre el impacto que tendrá la UEM sobre las políticas regionales, especialmente, a la luz de la decisión del Consejo relativa al presupuesto de recortar los pagos con cargo a los Fondos estructurales y de crear una falsa relación entre los Fondos estructurales, los criterios del déficit y la convergencia económica. Me gustaría que en 1997, la Comisión nos ofreciera una comunicación por la que se permita al Parlamento tomar decisiones en este ámbito fundamental de la política.

Fernández Martín
Señor Presidente, deseo expresar unas palabras para fijar nuestra posición en relación con la ejecución del programa legislativo para 1996 y sobre el programa de trabajo de la Comisión para el año 1997, y valoramos especialmente la importancia de la declaración institucional sobre la democracia, la transparencia y la subsidiariedad realizada por este Parlamento Europeo y que el Consejo y la Comisión han asumido como propia.
Nosotros consideramos, señor Presidente, que el programa legislativo constituye un instrumento interinstitucional indispensable para programar y coordinar las actividades de la Unión de manera transparente, y por eso, señor Santer, pedimos un esfuerzo en la dirección adecuada para conseguir estos objetivos.
Creemos que es indipensable que el Consejo se asocie de manera más estrecha al ejercicio de la programación legislativa. Sin una colaboración más estrecha de la Comisión y el Consejo, creemos que el resultado no sería satisfactorio. Esto es lo que ha ocurrido, en parte, en 1996, año en que el programa interinstitucional que hoy evaluamos presenta algunas lagunas que señalaré muy brevemente. Lamentamos de manera muy particular que, de las 19 propuestas legislativas anunciadas, sólo nos hayan llegado algunas de ellas.
En lo que concierne al programa de trabajo para 1997, nosotros estamos de acuerdo en las líneas generales para la ejecución de este programa; queremos destacar el papel institucional que la Comisión tiene atribuido como motor de la acción de la Unión; queremos llamar la atención especialmente sobre el papel de la Comisión, que debe presentar nuevas iniciativas legislativas presentadas al Parlamento conforme al artículo 138 B del Tratado; estimamos que el número de solicitudes de urgencia presentadas por el Consejo podrían disminuir significativamente si mejorase la programación que hoy debatimos. Esto permitiría al Parlamento estudiar las propuestas con una mayor atención.
En cuanto a las prioridades que el Parlamento propone, de acuerdo con la posición que hemos expresado desde nuestro Grupo, creemos que estas prioridades para 1997 deben ser fijadas en tres grandes capítulos: primero, empleo, crecimiento y fortalecimiento de la cohesión; segundo, la Europa de los ciudadanos y, tercero - especialmente notable en estos momentos-, el reforzamiento de la presencia de la Unión en el mundo.
Quisiera decir unas palabras sobre cada una de estas grandes líneas. En cuanto al empleo, crecimiento y reforzamiento de la cohesión, reafirmamos que la lucha contra el desempleo continúa siendo el principal objetivo del Parlamento. Creemos que es necesario incrementar las políticas estructurales para hacer más eficaz el esfuerzo que se viene realizando en términos de cohesión, tanto en lo que se refiere al desarrollo regional, como a la investigación, al transporte, al medio ambiente, a la industria y al mercado único. Pedimos expresamente a la Comisión la presentación de una comunicación sobre investigación y empleo, inicialmente prevista para 1996 y que no pudo realizarse. Por último, dentro de este capítulo, pedimos también a la Comisión que realice un informe, para ser discutido en este Parlamento, sobre la financiación de infraestructuras en Europa, particularmente en el contexto del «pacto de estabilidad».

Moorhouse
Señor Presidente, intentaré reflejar las opiniones de mi Grupo sobre la Europa de los Ciudadanos y, en particular, poner de relieve los elementos de la propuesta de resolución del PPE para 1996 y 1997.
El Presidente Santer sabe perfectamente que estamos más que dispuestos a apoyar la mayoría de los aspectos de su trabajo, y agradecemos los grandes esfuerzos que está realizando para poner orden en el trabajo de la Comisión.
Vivimos en una época en la que todos participamos en esta gran aventura, tanto a nivel europeo, como en los Estados miembros, y es necesario que apliquemos plenamente la legislación que ha sido aprobada aquí en esta Asamblea y por el Consejo.
Dicho esto y según los términos de nuestra propia resolución, consideramos que la Comisión se ha mostrado demasiado pasiva en el ámbito de Justicia y Asuntos de Interior, y lamentamos, en particular, que no haya presentado al Parlamento ninguna de las propuestas contenidas en el programa de trabajo de la Comisión para 1997.
Permítame destacar -aunque sin seguir ningún orden específico- algunos de los temas que hemos tratado en el Grupo del PPE durante los últimos meses. En primer lugar, está la política de asilo. Podemos darnos perfecta cuenta de que muchos Estados miembros desean seguir teniendo las riendas. Pero no se puede negar que en Europa resulta sumamente difícil diferenciar entre los refugiados políticos y los económicos. En un Estado miembro, por ejemplo, aproximadamente 60.000 personas de fuera de la Unión solicitan asilo cada año, cuyas solicitudes están aún pendientes y de las que -o al menos en el pasado- sólo son admitidos entre un 5 % y 10 %, o como máximo un 13 %.
Estemos o no de acuerdo con los criterios adoptados, lo cierto es que Europa es la meca de, como mínimo, decenas de miles de personas, y sus esperanzas y aspiraciones pueden perfectamente estar en conflicto con las necesidades de nuestra población.
Una vez más, volviendo a nuestra resolución, no hemos sabido promover la armonización en la utilización de las listas de los países terceros seguros, y es, cuando menos, cuestionable si los Estados miembros están actuando de acuerdo con sus intereses mutuos.
Quiero pasar ahora al tema de los abusos y secuestro de menores, cuestión a la que estamos dedicando mucha atención. Mi colega Mary Banotti -aunque no es la única- viene realizando una gran labor en este ámbito. La violación de menores es un tema que ha sido barrido debajo de la alfombra, como todos sabemos muy bien, quizá no sólo durante una década, sino durante todo un siglo; la situación es así de grave. No me estoy refiriendo, como ustedes comprenderán, a un solo Estado miembro; ni mucho menos. Pero, a pesar de que sea principalmente responsabilidad de los Estados miembros, ¿no hay ninguna aportación que podamos hacer aquí a nivel europeo? Los horrores de la situación hablan por sí solos y exigen una acción concertada.
Una vez más, en lo relativo al secuestro de niños, todos los que tenemos una circunscripción -como en el Reino Unido- es probable que debamos hacer frente a la angustia de algunos padres que intentan recuperar a sus hijos de otro país, teniendo que superar a veces barreras casi infranqueables. No cabe duda de que es un ámbito en el que se impone la estrecha cooperación.
Dejo ahí el problema. Existen tantos otros problemas de los que podríamos tratar, pero espero con interés poder oír la respuesta del Presidente.

van Welzen, Wim
Señor Presidente, en el plan de trabajo se mencionan cuatro prioridades, sobre las que no hay nada que discutir. La principal se menciona en realidad en la introducción de su plan de trabajo, y pretende demostrar que la Unión está al servicio de todos los ciudadanos y que es eficaz, y quiero dedicar parte de mi intervención a dicha prioridad. En esa política, la Comisión merece apoyo en su lucha por lograr un pacto de confianza europeo. Sería una fuerte señal al ciudadano europeo que todos los responsables, Consejo, Comisión, Parlamento e interlocutores sociales, se atuvieran a los puntos principales de dicho pacto, y responsabilizo sobre todo al Consejo de los escasos progresos logrados en este pacto, por lo que es culpable del desmoronamiento de la base de apoyo de la UEM y de la Unión como tal. El Consejo no parece darse cuenta suficientemente de que cada vez que bloquea las iniciativas comunitarias, como el pacto de confianza o los programas de estímulo, por razones financieras o razones nacionales de estrechas miras, socava al mismo tiempo el principal instrumento político, es decir, la Unión Europea. Espero que 1997 suponga una ruptura, sobre todo -aunque no sólo- en la CIG. Mil novecientos noventa y siete tendrá que ser también el año en que se cree por fin de diferentes formas un equilibrio, por un lado, entre la política macroeconómica que ha de dar estabilidad y crecimiento, y por otro una política de empleo que cree puestos de trabajo, y ya falta poco, pues de hecho empieza el próximo fin de semana. Los acuerdos para el pacto de estabilidad han de servir ya a esta aspiración y han de hacer posible que los Estados miembros inviertan en el empleo.
Los 18 millones, en realidad 30 millones, de desempleados exigen una atención especial. En estos momentos, demasiados instrumentos llegan tan sólo a la gente que ya tiene trabajo, y me temo que la Comisión se centra sobre todo en esto, y que no se presta suficiente atención al gran número de personas marginadas, me temo que piensa que ya encontrarán trabajo. En este sentido, los jóvenes merecen una atención especial, y hago un llamamiento a los interlocutores sociales a nivel nacional para que asuman la corresponsabilidad, garantizando que se creen puestos de aprendizaje para los jóvenes que hayan finalizado su formación.
En este contexto, pido una atención adicional para el no aprovechamiento por parte de los Estados miembros de los fondos con los que se puede pagar la instrucción y la formación. La negligencia con que los Estados miembros lo aceptan y quieren encauzar el dinero a los fondos generales merece nuestra desaprobación. A mi entender, la medida en que los Estados miembros invierten en instrucción y formación ha de ser uno de los principales indicadores para evaluar el modo en que se llevan a cabo los acuerdos de Essen. Además, debería de ser una de las prioridades con la que orientar los fondos estructurales de forma más concreta al empleo. Es ridículo que por un lado se dé cada vez más dinero a los Estados miembros para construir todo tipo de autopistas, y al mismo tiempo estos puedan permitirse no invertir en la formación.
Hago un llamamiento a la Comisión para que, en 1997, presente propuestas concretas, después del tratamiento del informe sobre el futuro de la protección social. Quiero respaldar sobre todo la prioridad que quiere dar la Comisión a la contribución que puede suponer la política social a las prioridades económicas. Esta será también una de las prioridades durante la Presidencia neerlandesa. Quiero apoyar firmemente a la Comisión, pero quiero señalar que el programa de trabajo en sí no contiene ninguna propuesta nueva. Sólo puede aceptarse a condición de que, después del informe, se presenten ideas concretas y buenas, y que la herencia que ya está sobre el tapete, procedente de anteriores años, se gestione activamente. Quiero señalar un problema: todo el mundo habla en estos momentos de la escasa movilidad, pero gran parte de los problemas estriban en el hecho de que la protección social de las personas que trabajan al otro lado de las fronteras es totalmente insuficiente y, por último, hago un llamamiento para que se progrese de forma activa con las propuestas que hará dentro de poco la Comisión.

van Welzen, W.G.
Señor Presidente, quisiera hacer cuatro observaciones sobre el programa de la Comisión. La vez anterior ya señalé que -por desgracia- lo consideraba poco ambicioso y que era necesario acelerarlo más. Quiero ilustrarlo a partir de cuatro ejemplos.
En primer lugar, las telecomunicaciones. Todos sabemos que se produce una convergencia de las telecomunicaciones, los medios de información y la tecnología de la información y la comunicación. Pienso que es sumamente importante que la Comisión intente equilibrar este expediente, porque ahora hablamos de la televisión sin fronteras, ahora nos hallamos ante la cuestión de dónde hemos de clasificar exactamente los nuevos servidores y la cuestión de las licencias, sin saber exactamente cómo actuar. Pienso asimismo que es necesario lograr un marco general para interrelacionar los diferentes temas que hay ahora en el ámbito de las telecomunicaciones. En la directiva de interconexión se regula la financiación de una prestación de servicios universal. Sin embargo, la definición de prestación de servicios universal se regula en la directiva ORA de telefonía vocal. Se trata simplemente de un ejemplo de que necesitamos un marco.
El segundo ejemplo es I+D. El Consejo pone muchas pegas a la financiación adicional del cuarto programa marco, y el Parlamento Europeo ya ha expresado en varias ocasiones su deseo de que se apruebe la financiación. Está claro que es uno de los principales instrumentos para el empleo a nivel de la Unión Europea. Por ello pienso que es de suma importancia que la Comisión haga pronto una comunicación sobre la relación entre empleo e I+D a nivel de la Unión Europea. Entonces creo que, en la preparación del quinto programa marco, también podremos convencer a los gobiernos de por qué es necesario este dinero.
La tercera cuestión es la fiscalidad. Se subestima por completo el expediente de la «fiscalidad». Me atrevo a afirmar que sin una mayor armonización, sobre todo en el ámbito fiscal, surgirán grandes problemas en relación con el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Esto se subestima por completo. Por ejemplo, los diferentes sistemas de determinación de beneficios que imperan actualmente en los Estados miembros implicarán grandes riesgos para la Unión Económica y Monetaria. La Presidencia neerlandesa intenta otorgar un lugar destacado a la fiscalidad en el calendario, y entre otras cosas examina el IVA, quiere presentar de nuevo una tasa sobre la energía y, por ejemplo, quiere regular adecuadamente la transferencia de royalties para las empresas. Pido a la Comisión que utilice expresamente el desarrollo del euro para otorgar un lugar destacado a la fiscalidad en el calendario político.
El último ejemplo es la energía. Todos nos enfrentamos a unas centrales nucleares todavía inseguras. Ha sido aprobado el Libro Blanco de la Comisión sobre política energética. Por ello, el Parlamento ha aceptado una resolución según la cual la Comisión ha de desempeñar un papel protagonista para ocuparse de que por fin llegue un programa de acción contra todas las centrales nucleares inseguras. Vuelvo a hacer un llamamiento urgente a la Comisión, y concretamente al Presidente Santer, para que aborde este problema con energía. Es muy conveniente que la Comisión desempeñe una función coordinadora en este terreno, pues los ciudadanos también necesitan seguridad en este ámbito.

Collins, Kenneth
Las prioridades políticas de la Comisión para 1997 se recogen en el documento con unas palabras impresionantes: crecimiento y empleo, el modelo de sociedad europeo basado en la solidaridad, etcétera. Se nos informa que la Comisión se mantendrá atenta a la calidad de vida, al papel de los consumidores, y que vigilará de cerca el sector de los productos alimenticios; son todas ellas palabras maravillosas. También en el ámbito de medio ambiente se utilizan términos igual de valientes: aquí la consigna es la integración. No se hace ninguna mención a la salud, y me gustaría saber por qué.
Pero los manifiestos políticos o los programas de trabajo sólo pueden medirse en términos de la trayectoria de aquellos que se encargan de ponerlos en marcha, y es aquí donde quiero garantías.
A veces se dice que la Comisión no es más que un conjunto de personas que representan sus intereses nacionales y no los intereses de la Comunidad, y me gustaría que el Presidente de la Comisión nos garantizara que la Comisión no avanza por el camino de la nacionalización, sino que, en realidad, se preocupa por los ciudadanos europeos, y no sólo por el país de origen de los Comisarios.
Me gustaría que la Comisión nos ofreciera garantías de que todas sus propuestas se medirán en relación con la salud y el bienestar de los consumidores de toda Europa y por el impacto que aquéllas tengan sobre el medio ambiente y la explotación de los recursos naturales, y que no sean sencillamente el reflejo de las actividades de los grupos de interés que actúan entre bastidores. Me gustaría que la Comisión prometiera que las propuestas que se presentan ahora en diciembre de 1996 así como aquellas otras que están sobre la mesa desde hace bastante tiempo no serán abandonadas, aplazadas, olvidadas, trastrocadas o pasadas por agua como consecuencia de la acción de los grupos de interés que actúan entre bastidores en Bruselas o Estrasburgo. Me gustaría que la Comisión se uniera al Parlamento Europeo en el deseo de que la Europa de los ciudadanos -con la que espero que sigamos comprometidos- signifique seguir avanzando en base al honroso legado de la época de Delors y a su aceptación de una Europa de los ciudadanos, y que no dé la impresión de que elude sus responsabilidades o incluso que, en ocasiones, parezca querer negar que haya existido alguna vez. Porque al leer el programa y estudiar la trayectoria, encuentro pruebas de que la Comisión se está retirando de la firme posición que le corresponde en la defensa de una Europa cada vez más integrada, y que está retrocediendo hasta convertirse en una organización intergubernamental. Quisiera que el Presidente de la Comisión nos garantice hoy que todo eso no es cierto, y que la Comisión sigue siendo el fiel guardián del Tratado en todos los sentidos.

Menrad
Señor Presidente, en la presentación del programa anual para 1997 durante la sesión plenaria de octubre, el Presidente de la Comisión, Sr. Santer, entre las cuatro prioridades esenciales mencionó como la número 1 la siguiente: »el crecimiento y el empleo tienen que ascender de nuevo». Sin duda, tiene razón, pues 18 millones de parados son un problema que amenaza a la cohesión social de cada Estado miembro y de toda la Unión. Es un desafío para toda la Unión aunque la responsabilidad principal en la política de empleo radique en los Estados miembros y ante todo en los interlocutores sociales. Los éxitos logrados hasta hoy por las estrategias de empleo europeas son pequeños. Los Estados miembros no apoyan suficientemente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento Europeo. En lo tocante a las redes transeuropeas, una propuesta de la Comisión de Presupuestos podría permitir dar los primeros pasos para su realización. Una parte del proyecto debe ser llevada de la categoría 3 del presupuesto a la categoría 4. Saludo que la Comisión quiera impulsar en 1997 las medidas previstas en el pacto de confianza, la reforma de los regímenes de empleo, la adaptación de la política estructural así como la conclusión de pactos territoriales de empleo. La Unión Monetaria es un medio para lograr más empleo. Para su realización, 1997 es un año clave en el que se verá claramente quién puede participar. El cumplimiento del calendario es tan importante como el de los criterios de una sólida política económica y financiera. Sólo ella crea puestos de trabajo duraderos.
La Comisión ha anunciado además para 1997 que va a desbloquear algunos proyectos legislativos europeos bloqueados por el Consejo. Menciono solamente el proyecto de sociedad anónima europea. Según los cálculos del Grupo Chiampi para la reactivación de la competitividad europea, la ausencia de un status de este tipo cuesta anualmente a la economía europea unos 30.000 millones de ecus. El Grupo del PPE indica en su propuesta de resolución que en este contexto los derechos de participación y codecisión de los trabajadores en todas las sociedades de derecho europeo deben ser regulados de mutuo acuerdo por los interlocutores sociales.
Espero que la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno aclare hasta mediados del próximo año la dimensión social de la Unión Europea, por ejemplo, recogiendo el pacto social en el Tratado de la UE así como un capítulo sobre el empleo, si bien no cuento con competencias adicionales para la Comunidad. Espero asimismo la inclusión de una prohibición general de discriminación y, en consecuencia, el equiparamiento de la mujer; también es este aspecto la Comisión puede realizar una importante aportación en 1997.

Speciale
Señor Presidente, el año 1997 será un año crucial para la Unión Europea. Hoy, toda la atención y el debate se centran en la moneda única. Si este objetivo, a pesar de su utilidad e importancia, seguirá siendo la única política o la política dominante, la Unión Europea nacerá mal. Nacerá con un desequilibrio de poderes en beneficio de los bancos centrales y de algunos Gobiernos y con un alejamiento de los ciudadanos de Europa, porque la moneda única, pese a su importancia, no calienta los corazones de los ciudadanos e incluso, en un primer momento, se considera como la causa de algunas restricciones.
Por ello, es preciso que con urgencia y firmeza volvamos a reequilibrar este proceso, dando fuerza, visibilidad e importancia a otro objetivo alrededor del cual debe construirse Europa: el desarrollo, el empleo, la cohesión económica y social, la solidaridad hacia los territorios y sectores sociales más desfavorecidos. Ésta debe ser la preocupación prioritaria del Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Hace falta otorgar a la misma una coherencia, pero no sólo a través de las palabras.
Digamos la verdad: el Pacto de confianza que usted propuso, señor Presidente, y respecto al cual estamos de acuerdo, los pactos territoriales pare el empleo basados en el Pacto de confianza corren el peligro de acabar como acabó el Libro Blanco de Jacques Delors. Hay que evitar que los mismos sólo se invoquen, citen como literatura y aparquen en las bibliotecas, así como que no sean aplicados y no se transformen en prioridades reales.
Es preciso aclarar este punto y debemos reflexionar sobre el hecho de que en estos años, a pesar de que en cierto modo las distancias entre los Estados se han reducido, no se han reducido, sino que se han reforzado, las diferencias y disparidades entre las regiones menos favorecidas y las más fuertes y ha aumentado la marginación. Esto significa que la cohesión debe seguir siendo la mayor preocupación para todos nosotros. No sólo los Fondos estructurales, sino todas las políticas de la Unión Europea -política agrícola, política de investigación, redes transeuropeas y transportes-, así como las políticas nacionales deben orientarse mayormente a este fin.
Debemos pretender esta elección y ser coherentes. También el Parlamento Europeo debe ser coherente, ya que cuando, por ejemplo, durante la primera lectura del presupuesto no encontró la mayoría necesaria para rechazar los recortes propuestos por el Consejo, empezando por los que afectan a los Fondos estructurales, cometió - según mi punto de vista- un error político, porque precisamente en materia de presupuesto se ató de pies y manos frente al Consejo y porque, de alguna forma, aceptó la señal negativa que provenía del Consejo y según la cual éste no es el momento del desarrollo, el empleo, la cohesión económica y social. Por el contrario, debemos hacer hincapié en que éste será el problema prioritario en 1997 y que es preciso reequilibrar las políticas.

Berend
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estimadas y estimados colegas, en lo tocante a la política estructural de la Comunidad, la Comisión concede una considerable importancia al año 1997. Considerable, pues por un lado, el próximo año se va a realizar una revisión intermedia de los programas del objetivo I y, por otro, en la planificación de los programas para el nuevo período de aplicación 1997-99 para los campos del objetivo II se quiere proponer una adaptación de estas políticas. Esperamos que se pueda utilizar y difundir la gran variedad de experiencias que tienen las regiones afectadas en lo tocante a los fondos estructurales que entretanto existen. Son experiencias positivas y negativas, por ejemplo, en lo tocante al flujo de créditos o a la eficacia. Los retrasos al respecto, tanto si son ocasionados in situ o por la Comisión, se pueden explicar muy difícilmente a los beneficiarios. Esto afecta tanto a la orientación del contenido de los programas de ayuda como a la simplificación de los procedimientos y modalidades de gestión.
No obstante, a pesar de que el debate al respecto está ya en plena marcha, echamos de menos un importante punto en el programa de trabajo de la Comisión, a saber, el anuncio de un informe para 1999 sobre la revisión de los fondos estructurales en el próximo período de planificación del año 2.000 al 2.005. Las asociaciones, las organizaciones y algunas regiones han tomado ya postura al respecto. Señor Presidente de la Comisión, aparte de las declaraciones orales realizadas hasta ahora por la Comisión, en 1997 esperamos también una clara exposición de las ideas de su gremio. Quiero decir que el presente informe de cohesión solamente cumple y puede cumplir a modo indicativo estas directrices.
Hay que recapacitar a tiempo y sin trabas ideológicas de ningún tipo sobre el futuro de los fondos estructurales. La participación del Parlamento Europeo debe ser diferente y más efectiva que en el último período para que no haya que aprobarlos otra vez a toda prisa, por así decirlo, mediante el procedimiento de urgencia, como ocurrió en 1993. La evaluación de los programas y la exposición de los criterios de autorización son importantes tareas también de este Parlamento y, en especial, de la Comisión de Política Regional. Al fin y al cabo, en este informe se trata nada más y nada menos que de una tercera parte de la totalidad del volumen presupuestario. Señor Presidente de la Comisión, incluya este importante punto en el programa de trabajo para 1997, para que podamos debatir sobre sus perspectivas e incluir a tiempo los resultados en la decisión común.

Schwoboda
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, no creo que haya alguien en esta Asamblea que no lamente el fracaso o la ausencia de respaldo de los esfuerzos que usted ha realizado para lograr que haya más empleo en Europa. Nosotros le apoyamos en este aspecto. Pero la política de empleo está sin duda también relacionada con la política de liberalización y la Comisión es la portaestandarte de la liberalización en Europa, lo que tiene también unos buenos motivos. Sin embargo, en todos los esfuerzos de liberalización, debemos tener también en cuenta qué consecuencias problemáticas o negativas pueden derivarse. Sin duda se van a crear puestos de trabajo adicionales, pero también se van a destruir. Vengo de un pequeño país, muy fuertemente integrado en Europa, en el que quizás se pueda ver esto con mayor claridad que en otro mayor.
Es fundamental que, en todas sus consideraciones, la Comisión mantenga un diálogo con los empleados, con los afectados y que haga de este diálogo un elemento esencial de la estrategia de liberalización y modernización. Lo hemos debatido hace poco con motivo del Libro Blanco sobre los ferrocarriles y estoy muy satisfecho de que el Comisario Kinnock haya prometido dicho diálogo. Algo similar va a ser necesario en el caso de los servicios postales aunque la decisión definitiva al respecto haya sido aplazada. Pero, naturalmente, existen muchos temores y es muy importante que tanto la Comisión como la Unión Europea en su globalidad digan que esta modernización se va a llevar a cabo lo más de acuerdo posible con los empleados y no contra ellos. El diálogo social debe ser un elemento esencial, además más que hasta ahora, del trabajo de la Comisión también en 1997.
Me voy a referir a un segundo tema muy diferente. La Comisión, al igual que el Parlamento Europeo, ha colocado más intensamente que hasta ahora a los derechos humanos en el punto central de sus consideraciones de política exterior y de política de comercio exterior. En este contexto, en 1997 el papel de los derechos humanos y la política relativa a la situación de los derechos humanos en Turquía va a representar un elemento esencial. A muchos de nosotros no nos parece muy satisfactorio el modo cómo la Comisión ha reaccionado ante los esfuerzos del Parlamento para que ejerza una mayor presión sobre Turquía. Señor Presidente, independientemente de cómo sea la regulación de detalle, le ruego que tome nota de que no nos vamos a dejar que se nos toree. Solamente podremos cumplir los justificados deseos de Turquía si sus gobernantes prestan más atención a los derechos humanos y los van imponiendo paulatinamente, no sólo mediante leyes sino también en la realidad.

Baldarelli
Señor Presidente, estoy convencido de que este tema, que a menudo se convierte en secundario a lo largo del debate, debería desarrollarse, porque representa uno de los motivos de mayor conflicto tanto entre los Estados miembros de la Unión Europea como entre estos últimos y los terceros países. La pesca es una cuestión tan peliaguda que, según algunos autorizados comentaristas internacionales, puede convertirse en la causa de conflictos internacionales, tal como lo demostró el conflicto entre Canadá y España. Por consiguiente, es necesaria una propuesta de la Comisión que sea adecuada a la gravedad de la situación.
Los planes implementados hasta el momento por la Unión Europea se han demostrado a veces inviables y burocráticos, así como de difícil aplicación. En consecuencia, se ha producido una quiebra en cuanto a la credibilidad de las Instituciones europeas en este sector. Asimismo, y en mi opinión, se aprecian fenómenos de ilegalidad manifiesta, no sólo en la pesca de grandes dimensiones, sino también en la de pequeñas dimensiones. La crisis del sector implica asimismo el aumento del uso ilícito de los barcos que se emplean también para otras prácticas. Tal vez, ustedes saben que los barcos de pesca se utilizan, por ejemplo, para el tráfico de estupefacientes y de armas, el transporte ilegal de personas y el vertido de residuos tóxicos y nocivos.
Por ello, es preciso un profundo cambio de rumbo y es necesario conservar el equilibrio biológico y medioambiental, encarando, al mismo tiempo, el mantenimiento de los stock y los problemas sociales, que son la causa de la crisis del sector. En los últimos años, el número de operadores en el sector pesquero ha ido disminuyendo de forma muy notable y ni siquiera su reconversión en actividades colaterales parece ser una solución adecuada.
Por lo tanto, hace falta promover su relanzamiento a través de una actividad de pesca sostenible. Señor Presidente, la reforma de la Política Común de Pesca es hoy por hoy una cuestión ineludible. No es suficiente incentivar la piscicultura y prever planes que, por otra parte, ya fueron objeto de debate en el seno del Parlamento, sino que hay que seguir una línea de conducta más firme y marcada. Hay que promover unos programas especiales que permitan la implicación real de las cofradías de pescadores al efecto de que se sientan responsables de la gestión de los recursos e implicar plenamente a las autoridades regionales. Muy a menudo, la Política Común de Pesca se considera como una política burocrática, no vinculada a las autoridades regionales y los pescadores locales.
En este sector es de fundamental importancia fomentar el principio de subsidiariedad, un principio que muy a menudo se proclama a los cuatro vientos, aunque en la práctica no se aplica, hecho que provoca una profunda desconfianza.
También hay que pensar en un concepto de desarrollo global de la actividad pesquera. De la misma forma que con respecto a la agricultura se ha pensado en el desarrollo rural, del mismo modo se debería concebir un desarrollo de la actividad marítima que incluya asimismo la actividad de pesca. Habría que incentivar formas de ayuda a la renta de los pescadores, al igual que consideramos oportuna una forma de set aside para la parada biológica, así como preciso lograr que los pescadores se conviertan en guardianes del mar.
Me he querido limitar solamente a formular algunas sugerencias a la Comisión y ofrecer una contribución al debate que la misma celebrará con el Parlamento.

Santer
Señor Presidente, asistimos hoy a la continuación del debate que tuvo lugar en el mes de octubre sobre el programa de acción de la Comisión Europea para el año 1997. Aprovechamos para volver un poco atrás, al año 1996.
En primer lugar, deseo dar las gracias a todos los oradores que han comentado el amplio consenso de los grupos políticos para con la acción emprendida por la Comisión. Quisiera también dar las gracias a todos aquellos cuyas observaciones con respecto al programa de acción de la Comisión eran mucho más críticas. Estas críticas se han formulado con un espíritu constructivo y la Comisión lo tendrá muy en cuenta en la medida en que éstas entren en el marco del proyecto de acción y de la política que ustedes mismos han aprobado.
Pero, después de haber leído de nuevo las intervenciones del mes de octubre pasado y haber escuchado a algunos y algunas de sus Señorías esta mañana, creo que quizá es útil volver sobre la acción emprendida por la Comisión para ver las líneas directrices, teniendo en cuenta, evidentemente, las decisiones del Consejo Europeo de Edimburgo y el acuerdo interinstitucional concluido entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, relativos a los procedimientos de aplicación del programa de acción, teniendo en cuenta igualmente el principio de subsidiariedad.
Es precisamente en este marco en el que hay que evaluar y apreciar el programa de acción tal como ha sido presentado por la Comisión ya en 1996 y, en el momento actual, para el año 1997. A propósito de esto, quisiera recordar a sus Señorías que las iniciativas de la Comisión se basan principalmente en dos líneas de acción. En primer, lugar las nuevas propuestas deben responder a criterios de rigor, claridad y transparencia. En segundo lugar, es necesario conservar el principio de la revisión de la legislación existente y el de una mejor comprensión de los textos. En este sentido, hemos desarrollado en el seno de la Comisión un nuevo método de simplificación que se ha puesto en práctica en el ámbito del mercado interior bajo el vocablo que ustedes conocen, SLIM.
El conjunto de todas estas acciones, sobre las que no me extenderé ahora, es la expresión de una nueva cultura legislativa que describimos en un documento titulado «Legislar mejor 1995». Así, no es ocioso recordarles que las propuestas legislativas de la Comisión responden esencialmente al principio de subsidiariedad. Por tanto, la Comisión evalúa la pertinencia de estas acciones, por una parte, sobre la base de criterios de necesidad (¿Pueden los Estados miembros alcanzar los objetivos de manera satisfactoria?), y por otra, sobre la base de criterios de eficacia (¿Se alcanzarían mejor los objetivos a nivel comunitario?).
Por otro lado, deseo reclamar la atención de ustedes sobre el hecho de que, tal como las percibimos, nuestras propuestas deben tener más en cuenta los objetivos a alcanzar. En otros términos, el principio de proporcionalidad sigue siendo un criterio esencial de la acción legislativa. Creemos llevar a cabo este principio de proporcionalidad a través de los programas de las directivas marco con el establecimiento de medidas mínimas comunes, como ha sido el caso del fondo de garantía de los bienes de consumo, los impuestos a los camiones de gran tonelaje, las ofertas públicas de adquisición, etc.
Un tercer elemento a tener en cuenta y que ha sido quizá demasiado criticado, no hoy, sino durante el debate anterior, es la utilización de los Libros Verdes y los Libros Blancos. Esos Libros Verdes no los hacemos porque sí. Están destinados a ampliar la consulta a todos los medios interesados, como los parlamentarios, por supuesto, pero también los medios afectados, los ciudadanos, para poder extraer las conclusiones que, más tarde, se verán traducidas en planes de acción, directivas, reglamentos y actos legislativos. Así, hemos publicado trece Libros Verdes, y deseo transmitirles cuál es su utilidad. Tomaré un solo ejemplo, porque me parece muy significativo en este sentido.
Fue gracias a la publicación del Libro Verde sobre la Unión Monetaria, sobre la moneda única, en mayo de 1995, como provocamos el gran debate sobre la Unión Monetaria. Si leen ustedes ese Libro Verde, las propuestas que conforman en el momento actual nuestra base para el debate, y que nos han presentado a partir del 16 de octubre, así como al Consejo, son precisamente las que figuran en este Libro Verde de mayo de 1995. Podía citarles también otros ejemplos de consultas a medios interesados, principalmente para el programa «auto-oil», que muestran la utilidad de los Libros Verdes y también su eficacia para la realización de un programa determinado.
Creo que hay que felicitarse por tanto en este espíritu por la amplia consulta planteada así a nivel de los ciudadanos y de los medios interesados por medio de los Libros Verdes. Creo que esto es esencial para la democracia tal como la entendemos aquí, a través de nuestras instituciones europeas, y que no debemos subestimar el impacto de los Libros Verdes y de los Libros Blancos entre nuestros conciudadanos.
Otro ejemplo (mencionado hace unos instantes por varios oradores) se encuentra en el informe sobre la fiscalidad de la Unión. Todo el mundo sabe que la fiscalidad y la armonización de la fiscalidad en general se encuentran bloqueadas en un momento dado a nivel del Consejo. Así, hemos pretendido lanzar el debate por medio de un informe elaborado bajo el impulso del Comisario Monti para examinar el problema de la fiscalidad en todo su conjunto y en toda su complejidad. No se trata sólo de fiscalidad directa, sino también de fiscalidad indirecta, de los problemas relacionados con el dumping fiscal.
Creo que los Libros Verdes ofrecen un buen medio para reclamar la atención del público informado sobre la complejidad de un ámbito dado y para llegar progresivamente a soluciones adecuadas. Sigo creyendo que con los Libros Verdes, con los informes, con una consulta más amplia al conjunto de nuestros ciudadanos, llegaremos a interesar a los medios implicados en la acción emprendida a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea.
Por otra parte, señor Presidente, estoy muy satisfecho de constatar que hay una serie de oradores que coinciden con las prioridades que hemos fijado, y se lo agradezco. Tal como se definen en nuestro programa de acción y sobre las que ya no volveré, las prioridades pueden resumirse de la manera siguiente: mantener el crecimiento y el empleo y prepararnos para el euro; promover en concreto el modelo europeo de sociedad; incrementar la presencia de Europa en la escena internacional y, finalmente, preparar el futuro por medio del Programa 2000. Éstas son, por tanto, las prioridades que, no sólo nos deben preocupar durante 1997, sino a lo largo de todo el mandato de esta Comisión, que concluye el 6 de enero del 2000. Dicho de otro modo, durante todo este mandato, estoy convencido de que nos encontraremos enfrentados a los problemas derivados de estas prioridades.
El mayor problema, repito, lo he dicho ya en numerosas ocasiones y se volverá a repetir mañana cuando se hable del Consejo Europeo de Dublín, es el del paro. A mi juicio es esencial. Por supuesto, soy el primero en reconocer que la política social y la política económica son competencia de los Estados miembros y soy el primero en reconocer también que todos nuestros Estados miembros están haciendo grandes esfuerzos para llegar a resolver los problemas vinculados al paro, para luchar contra esa lacra, para crear empleo para los jóvenes, etc.
Pero sigo creyendo, una vez más, que una Europa con quince Estados miembros, dotada de un gran mercado único de 370 millones de consumidores, no puede permanecer indiferente a las preocupaciones nacionales. Espero que, mediante una política convergente, con un compromiso a nivel de los Quince, produciremos un efecto multiplicador, un valor añadido a los esfuerzos realizados por los Estados miembros. Éste es el objetivo del Pacto de Confianza que yo planteé ante ustedes el 31 de enero de este mismo año. No pretende sustituir las competencias de los Estados miembros (los Estados miembros también deben hacer sus propios deberes), sino otorgar un valor añadido al esfuerzo de los Estados miembros y responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos, a todos los niveles y en todos los Estados miembros.
Si pretendemos construir una Europa cercana a los ciudadanos, éstos no comprenderían que no nos ocupáramos de los problemas inmediatos. Y, por encima incluso de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, es precisamente el problema del paro lo que está minando nuestras sociedades democráticas. Razón de más, por tanto, para enfrentarnos a esta lacra de la sociedad moderna. Sé muy bien que no se decretan empleos desde Estrasburgo o Bruselas, pero sé también que mediante una actuación colectiva y progresiva que movilice a todos los operadores (económicos e industriales) así como a los interlocutores sociales (empleadores y trabajadores), se llegará progresivamente a encontrar soluciones a este paro estructural.
Por ello tengo interés en el Pacto de Confianza, como algunos de ustedes, y no permito que se me desvíe de la acción emprendida porque creo que tenemos cosas que decir en este sentido. Debemos realizar una acción concreta, eficaz, determinada y voluntariosa. Igualmente (lo diré ante ustedes mañana, en presencia del Presidente en ejercicio del Consejo) cuento con que, después de Dublín, se lance un mensaje claro y decidido en favor de la lucha contra el paro. Todo lo demás que se diga sobre la Europa de los ciudadanos sería estéril, todas las declaraciones palos al agua si no se llevan a cabo acciones concretas con las que nuestros conciudadanos puedan identificarse. Por tanto, comparto la preocupación de todos aquellos y aquellas entre ustedes que han insistido en este aspecto prioritario de nuestra acción, que seguirá siendo prioritario a lo largo del mandato de esta Comisión y hasta el final de éste. Yo respondo de ello.
Por otro lado, se han planteado una serie de debates, sobre todo en relación con la Unión Monetaria. No soy de los que creen que la Unión Monetaria sea antinómica con respecto al empleo. Nunca la he considerado como un fin en sí misma, sino como el instrumento de una política de desarrollo económico y social. Sólo hay que ver algunos países que hacen recortes drásticos en sus presupuestos para cumplir con los criterios de Maastricht, pero que, al mismo tiempo, aumentan el empleo respetando los criterios de déficit público. Baste citar, por ejemplo, a Irlanda, a los Países Bajos o a Dinamarca, que son los ejemplos más notables, y que demuestran de manera concreta que no son precisamente unas finanzas sanas las que obstaculizan el empleo, antes al contrario. Sin duda, con la Unión Monetaria se llegará a estimular las inversiones creadoras de futuros empleos.
Ello demuestra que es necesario luchar en dos frentes: uno para la consecución de la Unión Monetaria y otro, diferente, para crear nuevos empleos, para dar valor a todas las potencialidades del mercado interior y desarrollar una estrategia macroeconómica. Me alegra enormemente constatar que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, los interlocutores sociales han dirigido un informe conjunto al Consejo Europeo de Dublín en el que se declaran de acuerdo con la estrategia tal como la hemos desarrollado para la consecución de la Unión Monetaria. Esto quiere decir que sindicatos y patronales están de acuerdo con la Unión Monetaria, con el euro. Pero también están de acuerdo con nuestro concepto de una acción en favor del empleo, que ha dado origen al Pacto de Confianza.
Es necesario igualmente estimular las pequeñas y medianas empresas. No hemos hablado de ello esta mañana, en el marco del mercado interior, pero me siento satisfecho de que las propuestas que hemos hecho en nuestro programa global para estimular las pequeñas y medianas empresas hayan producido el acuerdo a nivel del Consejo Europeo y se traduzcan, por una vez, a nivel del Consejo de Ministros, en una financiación específica, quizá no tan importante como hubiéramos deseado, pero al menos se ha aprobado en este sentido una acción concreta. Es importante darse cuenta de que son precisamente las pequeñas y medianas empresas, que suman dieciocho millones, las que crean los nuevos empleos. Por tanto, es necesario comprometerse en una nueva vía para impulsarlas.
Hay otros elementos a continuación a tener en cuenta. He hablado de la fiscalidad y sobre el tema han intervenido algunos Diputados. Es preciso ver la fiscalidad en toda su complejidad. Ya he dicho que no debe establecerse en el ámbito del mercado interior una zona de dumping fiscal. Sería tan perjudicial para el mercado interior como el dumping social. Personalmente, lucho al mismo tiempo contra los dos. Por ello encuentro dificultades en ocasiones con algunos dirigentes de nuestros Estados miembros.
Dicho esto, tienen ustedes razón al insistir en los elementos que deben guiarnos en el futuro si deseamos aprovechar el gran mercado interior en toda su amplitud, ese mercado del que no hemos explorado todas sus consecuencias, tanto económicas como políticas. Creo que hoy no vamos a resolver estos problemas, pero les concedo una gran importancia en el marco de la Conferencia Intergubernamental, dentro de la concepción de una política de asuntos exteriores y de seguridad común digna de ese nombre para que Europa pueda jugar su papel político en la escena internacional. Algunos oradores han insistido con razón en este punto.
En este marco es preciso igualmente tener en cuenta los derechos humanos. Creo que éste es uno de los principios esenciales de cualquiera de nuestras acciones, tanto en el interior como en el exterior de la Unión. Ningún tratado, comercial o de cualquier tipo, de cooperación o de asistencia, se concluye sin cláusula formal relativa a los derechos humanos. Tienen ustedes razón al insistir en la aplicación y evaluación de esta cláusula relativa a los derechos humanos en relación con algunos países, y soy el primero en constatarlo.
Existen otras deficiencias estructurales del Tratado a las que la Conferencia Intergubernamental debe poner remedio, sobre todo en lo que respecta al tercer pilar. Tienen ustedes razón al preocuparse por la insuficiencia de nuestras acciones con respecto al tercer pilar, principalmente, ya lo han dicho ustedes mismos, en lo que hace referencia a la explotación sexual de menores, a la lucha contra la criminalidad y a la libre circulación de personas. Es cierto que, en este sentido, Europa no transmite la mejor imagen de sí misma al exterior y a sus ciudadanos. Por otra parte, si pretendemos hacer una Europa cercana a los ciudadanos, son precisamente éstos los problemas a los que los propios ciudadanos se muestran más sensibles, porque se sienten inseguros ante el aumento del crimen organizado, por fenómenos que, en algunos países, llegan a socavar los propios cimientos de nuestras instituciones democráticas, como la ya citada explotación sexual de menores. En algunos de nuestros Estados miembros se producen verdaderos sobresaltos nacionales.
Debemos dar una respuesta adecuada, positiva y eficaz a estos problemas. Soy el primero en lamentar que todavía no tengamos los instrumentos eficaces y necesarios en nuestro Tratado. Creo que si, efectivamente, se pretende crear un espacio de libertad y seguridad en esta Europa, debemos disponer también de los medios necesarios. Me siento muy satisfecho de constatar, en el proyecto de tratado de la Presidencia irlandesa que, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, la inmensa mayoría de los Estados miembros ha percibido estos problemas. Han hecho propuestas adecuadas, precisamente para poner remedio a este estado de cosas. Me encontrarán siempre del lado de ustedes cuando se trate de emprender acciones en esos ámbitos, dentro de las competencias que los tratados nos atribuyen.
Por otro lado debemos preparar el futuro o, dicho de otro modo, el año 2000, y ese año no es un año mítico para nosotros. Ahora es un año hacia el que hay que avanzar, para el que hay que prepararse. En este sentido, a nivel de la Comisión, estamos comprometidos a responder al desafío de la ampliación en el plano político, a responder al desafío de la reorganización, de la reestructuración de algunas de nuestras políticas financieras y estructurales, en la perspectiva de esta ampliación. Dentro de la estrategia definida en Madrid en lo que respecta a la propia ampliación, nos hemos comprometido, y en estos momentos trabajamos en este sentido, a presentar al Consejo, después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, por tanto a mediados del año próximo, un paquete financiero, llamado «Programa 2000». Éste abarca todo el conjunto de problemas, al mismo tiempo los vinculados a la ampliación, a las perspectivas financieras después de 1999, teniendo en cuenta la política agrícola y las implicaciones financieras que exige la política agrícola común, por medio de la reorganización y reestructuración de los fondos estructurales y teniendo en cuenta también todos los demás problemas conexos. Este paquete global será presentado al Consejo de Ministros, pero no antes del jueves. No quisiera sobrecargar los trabajos de la Conferencia Intergubernamental en este momento, pero será después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental cuando la Comisión someta al Consejo y a este Parlamento este paquete global que prepare los plazos del Programa 2000.
Han mencionado ustedes una serie de problemas, sobre todo en relación con la protección de la salud. Por supuesto, las exigencias de la salud pública y las preocupaciones que conllevan son una de las mayores preocupaciones de la Comisión, y son subyacentes a una serie de políticas como la agrícola. En efecto, recordar el problema de las vacas locas, como el problema de los granos de maíz modificados genéticamente u otros como la lucha contra el tabaquismo, etc., significa mencionar preocupaciones que afectan a la política de salud.
Por supuesto, no podemos responder a todas las propuestas individuales, tal como las han examinado ustedes, pero por mi parte quisiera insistir en algo que en cierto modo me ha, no diría «ofendido» porque nunca me siento ofendido, sino cosquilleado, hace unos momentos cuando se ha puesto en tela de juicio el papel de la Comisión como guardián del Tratado. Señor Presidente, señoras y señores Diputados, creo que el papel esencial de la Comisión es el de guardián de los tratados. Lo he demostrado en múltiples ocasiones y ustedes pueden ser testigos.
Cada vez que un Estado miembro se ha creído excluido de la aplicación de los tratados, siempre he alzado mi voz y he respondido dentro de las prerrogativas que son las nuestras. En el marco de la Conferencia Intergubernamental, en el de las competencias de la Comisión, me batiré con energía para que las prerrogativas de la Comisión, tal como están concebidas en el equilibrio institucional que fue una de las fuerzas del genio creador de Jean Monnet, queden preservadas. Por tanto se trata de un reproche que no aceptaré nunca y me perdonarán ustedes si he respondido quizá de una manera más clara y más directa a este reproche y a esta crítica.
Éstos son, señor Presidente, algunos argumentos o respuestas a algunas intervenciones de sus Señorías que han apoyado sin duda el programa de acción de la Comisión, que ciertamente han querido también formular algunas críticas, pero en un espíritu constructivo. Pueden estar seguros de que tendremos muy en cuenta estas propuestas y juntos trataremos de hacer que Europa camine hacia el año 2000. Espero igualmente que después del Consejo de Dublín, al final de esta semana, se lance un mensaje claro en esta dirección, para decir que Europa se mueve a pesar de todo, que es dinámica y sabe defenderse.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Proyecto de presupuesto general de las Comunidades
para 1997
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-404/96 del Sr. Brinkhorst, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 Sección III - Comisión en su versión modificada por el Consejo (C4-0600/96)-A4-0403/96 del Sr. Fabra Vallés, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las modificaciones aportadas por el Consejo a las enmiendas del Parlamento a Sección I - Parlamento Europeo, Anexo Defensor del Pueblo Sección II - Consejo Sección IV - Tribunal de Justicia Sección V - Tribunal de Cuentas Sección VI - Comité Económico y Social - Comité de las Regiones del proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1997 (C4-0600/96)Tiene la palabra el Sr. Fabre-Aubrespy para una cuestión de no ha lugar a deliberar.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, quisiera presentar a mis colegas una cuestión de no ha lugar a deliberar, que tiene por objeto rechazar el debate sobre la segunda lectura del presupuesto por razón de inadmisibilidad.
Esta segunda lectura está presidida por la preocupación del Parlamento por no alinearse con las tesis del Consejo que, con toda razón, está guiado a su vez por la necesidad de hacer ahorros al presupuesto europeo. Con este fin la Comisión de Presupuestos nos propone una enmienda, que es el cuerpo mismo de esta segunda lectura, en este caso la enmienda 4521, que tiene por objeto principalmente financiar una parte de los fondos estructurales en la categoría 4 y no en la 3, hasta un importe de 100 millones de ecus. Ahora bien, esta enmienda no es admisible, señor Presidente, lo que vicia de inadmisibilidad todo el conjunto de esta segunda lectura; y esta enmienda no es admisible porque pretende modificar las bases jurídicas.
En su exposición de motivos figura, en lo que respecta al aspecto jurídico, que la línea citada está dotada de una base legal adecuada. Es importante recordar que esta línea opera ya un vínculo entre los fondos estructurales y los países del Este, unas bases legales que prevén que este vínculo pueda ampliarse a la red transeuropea. Esta afirmación es puramente gratuita, no es una motivación jurídica. La decisión a la que se ha hecho referencia ayer en la Comisión de Presupuestos, la nº 1692 del Consejo y del Parlamento Europeo de 23 de julio de 1996, no tuvo por objeto, y no hubiera tenido, el de modificar la base jurídica. Todo el mundo comprenderá, por otra parte, que cuando se habla de redes europeas, no se entiende evidentemente aquello que depende de la cooperación transfronteriza.
Si votamos el presupuesto con esta enmienda, la Comisión tendrá sin duda la posibilidad de no aplicar el presupuesto tal como lo hemos votado. Se trata por tanto de un efecto globo sonda, de un artificio. Por esta razón pido a sus Señorías que voten la cuestión de no ha lugar a deliberar.

Samland
Señor Presidente, la exposición que acaba de realizar el colega Fabre-Aubrespy no corresponde en absoluto a lo que ayer se votó en la Comisión de Presupuestos. En primer lugar, no se trata de créditos para los Fondos estructurales. Estuvo presente pero si hubiese escuchado sabría que no decidimos sobre créditos de Fondos estructurales que se van a distribuir entre otras categorías, sino que debatimos sobre los créditos ahorrados en la categoría 4 en la primera lectura del presupuesto de 1997, que se habían colocado allí en una reserva global, ayer se distribuyeron en una enmienda global del ponente.
Se puede discutir sobre si se desea esto políticamente, pero, por favor, que no se haga mediante formalismos que no son adecuados. Por ello, no existe ningún fundamento para esta intervención del colega Fabre-Aubrespy y les ruego que rechacen la propuesta que ha realizado y que comencemos con el debate sobre la segunda lectura del presupuesto.

El Presidente
Queridos colegas, considero no pertinente la cuestión planteada por el Sr. Fabre-Aubrespy. De hecho, invoca la inadmisibilidad del presupuesto a partir de una supuesta inadmisibilidad de una enmienda. Ahora bien, de conformidad con el apartado 3 del artículo 125, compete al Presidente decidir sobre la admisibilidad de las enmiendas. Dicha decisión se debe adoptar, en caso de recurso, en el momento de la votación y no ahora. Por tanto, desde el punto de vista de la Presidencia, estamos en perfectas condiciones para continuar con nuestro debate. Y sobre la cuestión planteada por el Sr. Fabre-Aubrespy no hay debate, de conformidad con el artículo 128, por lo que voy a conceder la palabra al primer orador inscrito, que es el Sr. Brinkhorst, ponente.

Brinkhorst
Señor Presidente, nos disponemos a iniciar el debate definitivo sobre el presupuesto para 1997 por lo que, en cierto modo, es hora de hacer balance. El presupuesto para 1997 se caracteriza por una serie de paradojas y contrastes en las esferas financiera, presupuestaria e institucional.
En primer lugar, desde un comienzo y como refleja su resolución sobre las orientaciones, el Parlamento Europeo ha sido consciente del carácter especial del presupuesto para el ejercicio de 1997 y de la necesidad de que sea riguroso. Hemos seguido esta línea. Hemos demostrado una enorme autodisciplina y me gustaría rendir homenaje aquí a todos mis colegas de las distintas comisiones que tanto han contribuido y que han hecho auténticos sacrificios, porque ha sido necesario sopesar entre sí las prioridades reales.
A pesar de todo, hemos presentado un proyecto de presupuesto que -en el supuesto de que se apruebe el juevesno tiene precedentes, porque será el primer presupuesto desde 1979 que se sitúa por debajo de las estimaciones preliminares de la Comisión. Lo más curioso es el contraste con el Consejo. Mientras que el Parlamento ha introducido auténticos recortes en sus prioridades, el Consejo ha realizado recortes que son sólo aparentes en los ámbitos de su competencia. Es evidente que los 1.000 millones de ecus destinados a la agricultura no representan ningún recorte. En ejercicios anteriores, las sobrestimaciones de la Comisión y del Consejo dieron lugar a devoluciones abultadas a los ministros de Economía, y los 1.000 millones de ecus en créditos al Fondo regional, en una situación en la que la infrautilización de fondos fue de aproximadamente de 25.000 millones de ecus, no pueden considerarse realmente un recorte. Es la primera paradoja.
La segunda es relativa a las prioridades. El Consejo y el Consejo Europeo han establecido reiteradamente sus prioridades, pero las palabras son siempre más fuertes que las obras. En lo relativo a investigación y desarrollo, las redes transeuropeas e Irlanda del Norte, el Consejo Europeo ha dicho en repetidas ocasiones que debemos incrementar las cantidades, pero cuando nos disponemos a hacerlo, no hay fondos. En cambio, el Parlamento ha financiado prioridades establecidas por el Consejo. Recuerdo un debate con nuestros colegas de Irlanda del Norte en el que si el Parlamento no restablece la financiación y recurre a su propio presupuesto, no habríamos podido financiar las tres prioridades mencionadas.
Existe una tercera paradoja importante -la institucional. Desde un comienzo, y porque estábamos a favor de un debate riguroso y de un presupuesto riguroso, el Parlamento tenía derecho a esperar un diálogo con el Consejo de Presupuestos. Pero no ha habido nada de eso durante este último año. El Consejo me recuerda a menudo a los tres monos; no oye nada, no dice nada y no ve nada. Al 19 de noviembre no se había podido avanzar realmente en ninguno de los puntos institucionales importantes que han caracterizado este presupuesto, a saber, el fundamento jurídico, el acuerdo de pesca y algunas pequeñas modificaciones de las categorías dentro de los distintos ámbitos financieros. Solamente tras ejercer una enorme presión pudimos, por fin, conseguir algo en materia de pesca.
El Consejo de Presupuestos no es un Consejo propiamente dicho, y en la propuesta de resolución pedimos al Presidente del Parlamento que, junto con el Presidente de la Comisión -y aprovecho para agradecer al Presidente Santer que se encuentre aquí presente- trataran sobre este punto con el Presidente de Ecofin. Si queremos avanzar, sobre todo, en lo relativo a la Conferencia Intergubernamental y a la necesidad de corregir el déficit democrático, necesitamos un interlocutor que no sea el actual. En este sentido, el apartado 14 de la propuesta de resolución dice que el Parlamento no puede considerar al Consejo de Presupuestos como un interlocutor fiable y eficaz. En cierto sentido, esto significa que hemos llegado al final del camino en lo que se refiere al Consejo de Presupuestos.
Volveré muy brevemente sobre algunos puntos específicos. Pido a la Comisión que aplique algunas líneas presupuestarias nuevas dentro del programa legislativo de 1997. He escuchado con interés al Presidente Santer cuando hablaba de la prioridad del tercer pilar, y espero que lea detenidamente el apartado 20 de la propuesta de resolución. Hemos utilizado la reserva en una serie de ámbitos. En lo relativo al programa MEDA, la hemos utilizado no para penalizar ni para perjudicar a los países MEDA, sino para dejar perfectamente claro que el Parlamento habla en serio en lo que se refiere a su resolución de 19 de septiembre sobre Turquía. La propuesta consiste en asignar a la reserva 100 millones de ecus para acciones específicas en Turquía. Lamentablemente, la respuesta del Presidente Santer al escrito del Presidente Hänsch no ha convencido en absoluto a la Comisión de Presupuestos de la justicia de todo ello. Lo sentimos, pero creemos que es así como debe hacerse.
Votaremos sobre la asignación de fondos adicionales para la investigación y el desarrollo, ámbito para el que existe una pequeña reserva. Necesitamos hablar con la Comisión sobre las prioridades de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía. Uno de los puntos importantes es la energía no nuclear.
Por último, debemos entablar un nuevo diálogo sobre agricultura para el próximo año. Hemos iniciado conversaciones en este sentido con nuestros colegas que trabajan en el ámbito de la agricultura, pero está muy claro que las reservas en ese ámbito suponen un paso adelante -no para destruir la agricultura, sino para situarla en el lugar que le corresponde dentro de las prioridades de la Comunidad. La política de la información es la última reserva, y en este sentido debo felicitar al Sr. Oreja, que ha hecho posible que avancemos considerablemente, aunque espero que en el transcurso del próximo año podamos seguir avanzando sobre la esencia dentro de nuestro distintos marcos institucionales.

Fabra Vallés
Señor Presidente, cuando en la sesión de octubre presentamos el presupuesto del 97 en primera lectura éramos conscientes de las limitaciones de las que éste adolecía. Limitaciones algunas de ellas generales, en cuanto al conjunto de las instituciones, y algunas muy concretas, como es el caso del Tribunal de Cuentas, que tenía una necesidad importante de más auditores, teniendo en cuenta la ampliación y el aumento de actividad de la Unión Europea, así como su ampliación geográfica, lo que exigía que se ampliase el número de personas. Por otro lado, había también un caso concreto, el Comité de las Regiones, en cuanto a los consejeros especiales.
A pesar de estas limitaciones, nos sentíamos satisfechos de haber cumplido las exigencias que nos marcaba el diálogo tripartito, celebrado el 3 de abril de este mismo año, en el que Consejo, Comisión y Parlamento llegamos a un acuerdo en cuanto al esfuerzo de homologación que había que hacer en materia de normativa financiera, en cuanto al rigor, la transparencia, el crecimiento cero del organigrama y, sobre todo, estábamos satisfechos del importanto ahorro que íbamos a conseguir en el presupuesto del 97 gracias a la cooperación interinstitucional.
La verdad es que llegamos a abrigar la esperanza de que iba a ser el primer presupuesto que se aprobase en primera lectura, pero esta esperanza no se ha cumplido. El Consejo ha rechazado una serie de enmiendas; pero después de revisar ese rechazo, después de ver que las enmiendas estaban de acuerdo con el diálogo tripartito, después de que el Consejo no diese argumento alguno para este rechazo, en la Comisión de Presupuestos llegamos a la conclusión -y por unanimidad- de que íbamos a presentar de nuevo esas enmiendas rechazadas.
Como enmienda nueva, señor Presidente, solamente va a haber un apoyo a los cursos de idiomas para asegurar su permanencia, ya que creemos que es necesario continuar facilitando la posibilidad de relación entre nosotros mismos. Tenemos una barrera importante que es el idioma, tenemos una gran ayuda que son los intérpretes, pero cada uno de nosotros no puede llevar consigo, en el bolsillo, un intérprete para que nos ayude en nuestras relaciones.
Yo no sé si habrá alguna más, ya que todavía no se ha cerrado el plazo de enmiendas y puede haber alguna nueva.
De todas formas, señor Presidente, quiero explicar aquí nuestra falta de comprensión, nuestra incapacidad de asimilar la razón del rechazo de ciertas enmiendas, cuando vemos -y lo digo con todo respeto- una cierta falta de coherencia. Esta falta de coherencia se manifiesta en el hecho de que una misma enmienda que ha sido aceptada en una institución, haya sido rechazada en otra.
Por otro lado, se rechaza la aceptación de enmiendas que no tienen ninguna incidencia financiera; se rechazan enmiendas cuyo único objetivo es una mayor transparencia. Se ha rechazado incluso una enmienda en contra de lo que establece el Reglamento financiero. Tenemos el caso del Tribunal de Justicia: pedíamos una mayor transparencia sobre los alquileres (el breve tiempo transcurrido, desde que esto se discutía hasta hoy, nos ha dado la razón: vemos cuál es la situación del Palacio del Tribunal de Justicia); se han negado 18 revalorizaciones: si estábamos en una situación de crecimiento cero, creo que no podemos negar a los funcionarios la posibilidad de seguir ascendiendo en su carrera y, por tanto, creo que eran importantes estas revalorizaciones, teniendo en cuenta por otro lado que en otras instituciones sí se han aceptado-.
En cuanto al Comité Económico y Social, se vuelven a presentar enmiendas que tienen que ver con sus reuniones, sus convocatorias y sus publicaciones. En cuanto a la estructura organizativa común del Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones se ha rechazado una enmienda que considero importante y que tiene que ver con la contabilidad analítica para homologar la contabilidad dentro de todas las instituciones.
Así pues, señor Presidente, acabo ya diciendo que, por unanimidad, la Comisión de Presupuestos ha decidido y pide el voto a favor de las enmiendas presentadas para mejorar la relación coste-eficacia, para mejorar el funcionamiento de las instituciones, para mejorar la transparencia y el control de las mismas, y todo ello, señor Presidente, de acuerdo con el diálogo tripartito del 16 de abril.

Ghilardotti
Señor Presidente, acabamos de escuchar en este Pleno como el Presidente Santer reiteraba la necesidad de desarrollar una Europa económica y social, y volvía a proponer el Pacto de confianza, a fin de que, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros, exista a nivel de la Unión Europea un trabajo coordinado de apoyo con respecto a los temas del empleo y la política social.
No cabe duda de que el Parlamento Europeo está de acuerdo respecto a todo esto y no ha dejado de pedirlo. Sin embargo, el Consejo al parecer no presta atención a estas demandas y en su segunda lectura del presupuesto rechazó todas las propuestas del Parlamento Europeo. Con una gran coherencia, el Parlamento vuelve a proponer sus elecciones y la Comisión de Presupuestos mañana pedirá al Pleno que vuelva a votar sus elecciones en favor del empleo y de las clases menos favorecidas -personas de edad avanzada y minusválidospara fomentar el diálogo social.
Proponemos asimismo una línea específica que desarrolle proyectos piloto respecto al tercer sector «empleos». De acuerdo con esto, deseo recordar otro punto que nos preocupa, es decir, la incomprensible posición del Consejo con relación a los fundamentos jurídicos. Señor Presidente de Consejo, permítame decir que ésta es una posición bastante miope del Consejo que convierte en todavía más difícil la relación entre los ciudadanos y Europa. No deja de ser una señal muy negativa para los ciudadanos europeos.
Considero que estamos asistiendo a un pulso absurdo con el Parlamento Europeo. El Parlamento propone una solución muy razonable que no trastoca la política de rigor y presupuestaria que, por el contrario, comparte. Pensamos asimismo que se trata de una respuesta aunque mínima a las necesidades de los ciudadanos europeos, una respuesta para acercar Europa a los ciudadanos. ¿Qué quiere demostrar el Consejo con esta posición -admitámoslo- incomprensible?
En consecuencia, ruego al Consejo que reconsidere su posición. Nunca es demasiado tarde para hacerlo. En la Cumbre de Dublín se hablará del Pacto de confianza y el acuerdo sobre las bases jurídicas ofrece una ocasión para demostrar coherencia.

McCarthy
Señor Presidente, acojo con satisfacción el hecho de que el Consejo haya estimado oportuno respetar la petición del Parlamento de asignar fondos adicionales a las iniciativas comunitarias para los sectores del carbón y el textil en nombre de la Comisión de Política Regional. Esto supondrá un alivio para aquellas regiones que esperaban con ansiedad informes del Consejo dando a conocer que se asignarían fondos adicionales a estas líneas presupuestarias.
Quisiera decir también, en nombre de la Comisión de Política Regional, que acogemos con satisfacción la solución a la que se ha llegado en el Programa para la paz y la reconciliación en Irlanda del Norte, pero quisiera reiterar la opinión de nuestro ponente de que, en realidad, ha sido el Parlamento el que ha dado con la solución en lo que respecta a encontrar los 100 millones de ecus adicionales. No obstante, la creación de una reserva negativa, tal y como el Parlamento lo entiende, se tomará cuando el rendimiento quede probado; la infrautilización de los créditos y otros programas serán los que realmente paguen el programa de paz para Irlanda del Norte. Lo que se está haciendo realmente es desnudar a un santo para vestir a otro.
Debemos tener muy claro que el Consejo no ha cumplido con sus obligaciones en este ámbito. Por ello quisiera decir que el Parlamento Europeo insiste en que se le consulte antes de que esos fondos sean asignados a fondos adicionales para el programa de paz. Sería una gran ironía si termináramos financiando el programa de paz con cargo a la infrautilización de los créditos para el programa de paz para Irlanda del Norte para 1997 y 1998.
Quisiera también hacer una observación relativa a la estrategia de crecimiento cero y a la decisión de recortar 1.000 millones de ecus de los créditos para los Fondos estructurales. El Sr. Brinkhorst tiene razón: no se trata de un ahorro. Técnicamente no es la forma de proceder, porque originará mayores retrasos. Algunas regiones y algunos proyectos no recibieron sus pagos en 1994/95, y terminaremos agravando la situación de una aplicación deficiente y de la posible infrautilización de los créditos.
Si el Consejo hubiera querido ser valiente, podría haber separado a aquellos Estados miembros que no tienen ningún compromiso con los programas regionales, y recortar sus créditos e, incluso, sus compromisos. Esa medida habría supuesto un ahorro general. Políticamente es indefendible que el Consejo condicione ahora el pago de los Fondos estructurales al cumplimiento de los criterios de convergencia de la UEM. En ese sentido, el Consejo no está siendo consecuente. Apenas la semana pasada obtuvimos bellas declaraciones del Consejo sobre la necesidad de mantener los esfuerzos de inversión a nivel nacional con objeto de promover el crecimiento, la competitiviad y la creación de empleo estable, y ahora descubrimos que está recortando fondos para que cumplan los criterios de convergencia de la UEM.
Por último, permítame decir que éste no es un presupuesto para una campaña de «Ciudadanos de Europa». Es un presupuesto para satisfacer a los ministros de Finanzas. Es un presupuesto para la disciplina y el rigor, y creo que tendrá una mala acogida en nuestras regiones.

Liikanen
Señor Presidente, el presupuesto de las Comunidades Europeas para 1997 que esta semana se dispone a aprobar el Parlamento es, en general, razonable y sólido; contiene ahorros, presenta un perfil más definido de las prioridades e incluye nuevos e interesantes proyectos.
La satisfacción general va acompañada, no obstante, de algunas decepciones: el procedimiento de presupuesto ha dejado entrever graves deficiencias. El resultado podría haber sido aún mejor; mejor para todas las instituciones interesadas.
El presupuesto comunitario para 1997 contiene elementos de rigor importantes. Algunos de ellos son auténticos como, por ejemplo, el «cero» para la contratación de nuevo personal en todas las instituciones -excepto por motivos de ampliación- es una muestra simbólica, aunque muy visible.
Algunos elementos de rigor tienen un carácter más provisorio: se han introducido recortes de 1.000 millones de ecus tanto en la Política Agrícola Común, como en los créditos de los Fondos estructurales. Pero el reglamento subyacente permanece intacto y necesitará una financiación plena. El verdadero rigor del presupuesto para 1997 sólo se establecerá, por tanto, durante su ejecución. En lo que respecta a la agricultura, en particular, las decisiones que se tomen en ese sector deberán ser compatibles con los mayores constreñimientos presupuestarios.
Ha habido un amplio nivel de acuerdo entre las instituciones a lo largo del procedimiento presupuestario sobre la necesidad de rigor. En 1997, año decisivo para el lanzamiento con éxito de la Unión Económica y Monetaria, el presupuesto de la Comisión debe estar en línea con los serios esfuerzos que se están realizando a nivel nacional.
A pesar de esta convergencia básica de opiniones, la concertación entre el Consejo y el Parlamento en materia de ejecución ha sido difícil. Se han desaprovechado oportunidades importantes, tanto para limitar los gastos, como para mejorar los procedimientos.
La aprobación de la revisión de las previsiones financieras para acelerar algunas inversiones clave en 1998 y 1999 podría haber creado un marco político para un presupuesto aún más restrictivo en 1997. Y habría transmitido un mensaje positivo de confianza en el futuro de la Unión.
Al final, no fue posible llegar a un acuerdo, ni siquiera sobre un pequeño margen de flexibilidad entre las categorías para 1997 -que no supone ningún gasto adicional. Nunca se pretendió que las previsiones financieras se grabaran a fuego para siete años. La redistribución entre categorías -que no supone ningún aumento de los gastos- debe ser agilizada para poder hacer frente a los cambios de circunstancias.
En lo relativo a los procedimientos, me complace que se haya llegado a un acuerdo sobre cómo informar mejor a las autoridades presupuestarias sobre los acuerdos de pesca. La disposición clave del acuerdo es: si resulta que hacen falta fondos adicionales, se celebrará un diálogo a tres bandas sobre las causa de dicha situación y las medidas a adoptar. Esta medida permitirá mayor transparencia y un mejor control de los costes presupuestarios de estos acuerdos.
La incapacidad de alcanzar un acuerdo entre las instituciones sobre la cuestión del fundamento jurídico es decepcionante. Una gestión financiera eficaz requiere normas claras en lo relativo a esta cuestión, y éstas sólo pueden derivar de un acuerdo entre las tres instituciones.
Hasta que se llegue a un acuerdo, la Comisión deberá asumir su responsabilidad. Para la aplicación del presupuesto para 1997 seguirá la línea que recoge su Comunicación de 4 de julio de 1994. Ésta incluirá acciones preliminares y programas piloto durante un tiempo limitado, incluso antes de que se proponga un fundamento jurídico. Esto será aplicable, por ejemplo, a los nuevos proyectos piloto para refugiados y solicitantes de asilo.
Las ocasiones desaprovechadas demuestran que el procedimiento de concertación no funciona como debiera. Será necesario reflexionar la forma de mejorarlo.
Junto con los elementos de rigor, el presupuesto comunitario para 1997 tendrá un perfil más claro. De hecho, en unos momentos en que los que los recursos son limitados, el gasto deberá enfocarse más hacia las prioridades de la Unión. Esto implica asimismo alejarse de aquellas actividades que producen un valor añadido europeo menor.
En este sentido, la Comisión propuso centrar el gasto comunitario más en la creación de empleo y el crecimiento, y ha identificado la investigación, las redes transeuropeas y las pequeñas y medianas empresas como especialmente valiosas en este respecto.
La Comisión habría preferido un reforzamiento significativo de estas actividades para 1998 y 1999 mediante una revisión de las previsiones financieras. La incontestable financiación de los 100 millones de ecus aún pendientes para el proceso de paz irlandés también formaba parte de esta propuesta.
Al no existir acuerdo sobre la revisión, ha resultado difícil encontrar financiación para dichas prioridades. En estas difíciles circunstancias, la Comisión acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de Presupuestos relativas a que la financiación del proceso de paz irlandés se incluya en la Categoría 2, para que se refuerce la investigación y desarrollo en la Categoría 3 y para que se incluyan inversiones adicionales en infraestructura en la Categoría 4.
El presupuesto comunitario para 1997, tal y como lo tienen ustedes delante, contiene una serie de proyectos nuevos. Ya he subrayado los nuevos proyectos piloto para los refugiados y los solicitantes de asilo.
Quisiera también manifestar mi firme apoyo a las iniciativas del Sr. Brinkhorst, para que se siga racionalizando la utilización de los fondos comunitarios. De hecho, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario, bajo la dirección de sus presidentes, Detlev Samland y Dietmut Theato, han recurrido desde un comienzo a la presión y al aliento en su intento de apoyar los esfuerzos de la Comisión para introducir una nueva cultura de gestión financiera.
Permítanme que concluya expresando mi agradecimiento a los ponentes Laurens Brinkhorst y Juan Fabra Vallés, así como al presidente de la Comisión de Presupuestos, Detlev Samland, junto con sus colegas, por los grandes esfuerzos que han realizado para concluir con éxito el procedimiento presupuestario de 1997.

Wynn
Señor Presidente, aunque hablo en nombre del Grupo Socialista, quisiera hacer un comentario a título personal. De los siete años que llevo participando en el proceso presupuestario, éste ha sido el menos satisfactorio de todos. Debo decir esto a título personal. Y ha sido así por varios motivos, de los que me gustaría destacar dos.
En primer lugar, las dos estrategias que recibieron el respaldo de nuestro Grupo no fueron aprobadas por el Parlamento en su conjunto, lo que nos sitúa en una posición muy débil a la hora de negociar con el Consejo. Acudimos a negociar con el Consejo con las manos vacías.
Y en segundo lugar, la actitud del Consejo no ha facilitado las cosas en absoluto. La mejor forma de resumirlo es a través de la enmienda a la resolución que el Sr. Colom i Naval presentó anoche en la Comisión de Presupuestos y que dice así: »el Parlamento lamenta que el Consejo se haya negado a una revisión menor de las previsiones financieras para dar cabida a las prioridades expresadas por la autoridad presupuestaria, en el marco de la concertación, al contrario de lo decidido de común acuerdo en varias ocasiones precedentes». Eso lo resume todo. Pero además, el Consejo se ha mostrado intransigente en temas como llegar a un acuerdo sobre el fundamento jurídico, lo que ha dejado a mucha gente con mal sabor de boca.
Actualmente existen tres prioridades para la Unión que nosotros hemos estado dispuestos a apoyar desde un comienzo. Supongo que tendremos que conformarnos con las soluciones de que disponemos. La Sra. McCarthy ha explicado muy bien la cuestión de la reserva negativa de la Categoría 2. Podría decirse que sí, que tenemos una solución para el proceso de paz irlandés, pero a la que se ha llegado por un camino que no es el que nosotros deseábamos. Parece ser que el último recurso es aquello que se hace cuando se ha agotado el debate racional, o cuando se ha perdido el debate racional.
En lo relativo a investigación y desarrollo, tenemos una reserva negativa en el Categoría 3, lo que significa que precisamente en la categoría en la que tenemos nuestras prioridades, sólo nos queda esperar que no se cumplan o se utilicen algunas de dichas prioridades para que podamos financiar la reserva negativa.
Después tenemos las redes transeuropeas en la Categoría 4, que esperamos que la Comisión transfiera a la Categoría 3 en algún momento. Como decía, no es la situación que estábamos dispuestos a apoyar en un comienzo.
A nuestro Grupo sólo le queda una elección: o lo tomamos o lo dejamos. Con objeto de conseguir esos 314 votos en el Parlamento, no pondremos en peligro los fondos adicionales para investigación y desarrollo, ni tampoco pondremos en peligro los fondos para las redes transnacionales si existe la posibilidad de que éstas sean transferidas a la Categoría 3. Por ello optamos por tomarlo, en vez de dejarlo. Pero como decía al comienzo, no ha sido un proceso satisfactorio. Es un pequeño desastre. Debemos aspirar a que el próximo año exista una concertación mucho mejor entre nosotros y el Consejo para asegurarnos de que no volvemos a pasar por este procedimiento. Sería de desear que en el futuro, el Parlamento se mantenga unido, algo que, sin duda, no ha ocurrido en esta ocasión.

Elles
Señor Presidente, deseo felicitar a los dos ponentes, los Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, por la excelente labor que han desarrollado durante este año. Como ha dicho el Sr. Wynn, no ha sido un año fácil; de hecho ha sido un año doloroso y difícil porque, básicamente, hemos tenido que elegir entre respetar los acuerdos contraídos por el Parlamento, incluido el acuerdo interinstitucional, que me complace ver confirmado como resultado de nuestro debate de hoy y nuestro procedimiento del jueves, o bien votar a favor de los fondos para las redes transeuropeas o la investigación y desarrollo, lo que nos haría sobrepasar los límites. Nuestro Grupo siempre ha sostenido que debemos respetar los acuerdos que hemos contraído.
Naturalmente que nuestro procedimiento presupuestario no podía ser satisfactorio porque, yo diría, señor Wynn, cuando se ha acordado en principio elaborar un presupuesto austero, hay muy poco que discutir, porque todos debemos mantenernos dentro de un margen de acción similar -tanto el Parlamento, como el Consejo. En este año, en particular, hay tres aspectos sobre los que me gustaría tratar, resumiendo así el punto de vista del Partido Popular Europeo.
En primer lugar, hemos comenzado a depurar el modo en que utilizamos la reserva para lograr los objetivos del Parlamento. Lo hemos hecho en términos de política de la información, ámbito en el que hemos presenciado un notable cambio de la Comisión, si se me permite decirlo, en cuanto a su voluntad de tomar algunas decisiones radicales sobre el modo en que debe desarrollarse la política de la información. Aún no hemos llegado al final de ese proceso. Estamos a favor de que el 25 % de los fondos se mantengan en la reserva para que en el grupo de trabajo institucional, que ya ha quedado bien establecido tanto por motivos generales, como específicos, podamos llegar a una decisión adecuada entre el Parlamento y la Comisión sobre cómo deben gestionarse los fondos.
Asimismo, en lo relativo a las pequeñas y medianas empresas, al turismo y a la DG XIII, también hemos observado un cierto cambio una vez que el Parlamento asignó los fondos a la reserva en la primera lectura y cuando iniciamos la segunda lectura. Puede que la Comisión piense que no es más que una coincidencia, pero en lo que al Parlamento se refiere, es probable que las decisiones no se habrían tomado con tanta rapidez, si el Parlamento no hubiera asignado los fondos a la reserva. Una vez más, estamos consiguiendo hacer un mejor uso de la reserva. Evidentemente, el tercer ejemplo, Turquía, es una cuestión mucho más delicada, y aún no hemos conseguido el equilibrio de confianza necesario entre las instituciones: por un lado, entre la opinión que tiene la Comisión del código de conducta y, por consiguiente, su deseo de tener libertad de acción y, por otro, aquélla del Parlamento, que aún no tiene la certeza de que la Comisión haga aquello que le pide el Parlamento.
Es el primer punto -que continuaremos utilizando este instrumento para asegurarnos de que las prioridades del Parlamento se hacen valer debidamente en el proceso presupuestario y legislativo. En segundo lugar, esto me lleva a la conexión que realmente no hemos podido establecer en este proceso presupuestario, y que está en la Conferencia Intergubernamental, en la que el Consejo puede ver que tiene un interlocutor responsable, racional y disciplinado en el proceso presupuestario con el que ejecutar las prioridades de la Unión Europea. Me gustaría que se avance en la eliminación de la distinción entre el gasto obligatorio y el no obligatorio, una vez que lleguemos a una conclusión, ya sea en Amsterdam o, un poco más tarde, el próximo año en la Conferencia Intergubernamental.
Por último, está la cuestión de que si el Consejo Europeo piensa continuar emitiendo declaraciones en el sentido de que desea incrementar los fondos para las redes transeuropeas, o que desea poder asignar más fondos a la investigación y desarrollo sin que luego facilite nuevos fondos, está claro que nos encontraremos una y otra vez en la misma situación por la que hemos atravesado durante este proceso presupuestario. Por ello, quiero apoyar firmemente el punto de la resolución del Sr. Brinkhorst -de hecho, se trata de una sugerencia del PPE- donde dice que debemos recibir una declaración financiera del Consejo Europeo que recoja cada una de las iniciativas en las que asigne fondos, con objeto de saber de dónde deben proceder los mismos. En caso contrario, creo que esta Asamblea adoptará la opinión de que cuando llegue el momento de la revisión de las perspectivas financieras, de la ampliación y todas esas grandes cuestiones que se nos avecinan, sólo habrá problemas en el futuro entre los dos brazos de la autoridad presupuestaria.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, nos encontramos en segunda lectura para examinar un presupuesto que, a pesar de sus lagunas, cuenta con la adhesión del grupo UPE, pues se inscribe finalmente en la misma dirección de lo que hemos preconizado, es decir, ninguna retención fiscal suplementaria sobre los presupuestos nacionales en 1997, en razón al Tratado de Maastricht.
Cualesquiera que sean los sentimientos que podamos tener con respecto a este Tratado, creo que nuestro Parlamento no debería hacer nada que pudiera poner trabas a la acción de aquellos gobiernos obligados a velar, en 1997, por que su presupuesto anual tenga un efecto positivo respecto de los criterios. La opción cero, ampliamente apoyada por este Parlamento en primera lectura, gozará, esperamos, de un apoyo decidido en la votación del jueves.
Efectivamente, creo que esta interrupción en el incremento de los créditos de pago constituye un esfuerzo excepcional para 1997, pero que el aumento significativo de las autorizaciones de programas preserva el futuro y respeta las perspectivas financieras. Creo también que la votación de este presupuesto permitirá preservar el acuerdo interinstitucional, incluso aunque tengamos que convenir en que la presidencia en ejercicio del Consejo no ha hecho nada (es lo menos que se puede decir) para que el diálogo, después el diálogo tripartito del 19 de noviembre, sea fructífero.
Debo añadir que la Comisión de Presupuestos ha dado prueba de una prudencia colectiva digna de elogio pues, mayoritariamente, ha triunfado la razón. Finalmente, deseo expresar a nuestros colegas Samland y Brinkhorst mi más sincero afecto por el trabajo que han realizado, incluso aunque éste pueda parecer un poco vano. En este sentido, repetiré las palabras de la antigüedad clásica, pronunciadas por nuestro ponente ayer hacia las doce de la noche: »dura lex, sed lex».
El mes que acaba de terminar podría titularse «batalla por 300 millones de ecus», que se dividían en tres partidas de 100 millones. E incluso si esta cantidad puede parecer modesta con respecto a los 88.000 millones de nuestro presupuesto, es necesario saber que ha sido duramente disputada y, por mi parte, me alegro de la conclusión positiva del debate sobre los 100 millones de ecus destinados al proceso de paz en Irlanda del Norte. Al ser insular yo mismo, creo que la paz no debe tener precio, con tal de que los fondos que atribuimos tengan un destino positivo y provoquen realmente el sentimiento de que Europa es para cada país un factor de paz. El hecho de asignar igualmente 100 millones a RECHAR Y RETEX permitirá en esos dos sectores desbloquear una situación que algunos consideran muy comprometida. Sólo cabe desear el éxito de estos dos programas.
Quedan 100 millones destinados a las redes. Muchos colegas piensan que su desbloqueo en virtud del título IV es un artificio que permite ayudar a las relaciones con los PECO, evitando al mismo tiempo la supresión del límite máximo en aplicación del título III. No lo creo así, pues como máximo, se puede lamentar que resultado final no parezca a muchos un truco de magia cuando lo esencial era salvar el acuerdo interinstitucional. Por tanto este Parlamento se pronunciará el jueves sobre un presupuesto cuya incertidumbre se debía más a cuestiones de principio que a sumas de créditos. Debemos estar satisfechos del arreglo satisfactorio de las cuestiones de principio.
Quisiera mencionar ahora las medidas positivas desde el punto de vista financiero. Al desbloquear inmediatamente el 50 % de los créditos no asignados en primera lectura para el canal Euronews y con el compromiso de volver a examinar a finales del mes de marzo el plan de financiación de este medio de comunicación, la Comisión de Presupuestos ha dado prueba de prudencia y comprensión. Esta misma comprensión ha posibilitado corregir los efectos en la opinión pública del asunto de las vacas locas. Así, 20 millones para la promoción de la carne de bovino de calidad, es lo menos que se puede hacer para recordar a los consumidores europeos que animales alimentados según métodos tradicionales y controlados no pueden confundirse con animales víctimas, antes que de la locura de las vacas, de la locura de los hombres.
Finalmente, desde mi punto de vista, hay una sombra en el cuadro y esta sombra afecta al programa MEDA. Quisiera, en este caso, recordar un viejo dicho: »dar y retener no puede ser». Al reservar 100 millones para el programa MEDA, con el pretexto de que estos créditos podrían ser destinados a Turquía, se prejuzga una asignación previa de los créditos no prevista en ningún documento y, en cierto modo, se tira al bebé con el agua del baño. Esta selección nocturna, evaluada de manera tosca, sin estudio financiero previo, se parece un poco a esos sacrificios expiatorios que proporcionan buena conciencia a cambio de unos gastos mínimos y nos permiten recordar que, como cualquier tribu primitiva, la Comisión de Presupuestos puede así navegar entre totems y tabúes, por retomar el título de un famoso trabajo de sociología.

Miranda
Señor Presidente, la profunda convergencia de las opciones del Consejo y las adoptadas por el Parlamento, en esferas esenciales y en primera lectura, casi dispensaría del penoso ejercicio que hemos llevado a cabo en las últimas semanas. De modo que me limito sólo a algunos aspectos.
Como es sabido, nos distanciamos de la opción restrictiva adoptada en primera lectura con vistas a la moneda única y, en particular, pensando ya en la ampliación. Por lo demás, por las mismas razones, no seguimos ahora las orientaciones que figuran en la carta rectificativa, relativa a los gastos agrarios. Entretanto, en cuanto a lo esencial, nos reafirmamos partidarios de la inscripción de 300 millones de ecus para las redes transeuropeas, para la investigación y para Irlanda.
No obstante, seguimos subrayando y criticando la ausencia del empleo entre las prioridades explicitadas para 1997.
En cuanto a la inscripción de las prioridades adoptadas, queremos destacar lo siguiente:
Antes que nada, tenían otro sentido en el marco de una revisión de las perspectivas financieras. Sin éstas, las soluciones encontradas resultan inevitablemente distorsionadas. En efecto, la inscripción en la categoría 2 de 1.000 millones de ecus para Irlanda, representa ahora, objetivamente, y por ir acompañada de una reserva negativa del mismo importe en esa categoría, un nuevo corte en las acciones estructurales, con el que, naturalmente, no podemos estar de acuerdo. Otro tanto podríamos decir de la reserva negativa en las políticas internas.
En cuanto a la inscripción de las redes en la categoría 4 (políticas externas), entendemos que no significa más que, por un lado, el abandono definitivo del desempleo como prioridad (con el abandono de las propias redes) y, por otro, una nueva forma de reforzar la financiación de la ampliación, ahora en forma más indirecta y a costa de los objetivos internos.
Por último, unas palabras para decir que estamos de acuerdo con las decisiones adoptadas ayer en otros ámbitos. Por ejemplo, en cuanto a Turquía, con la creación de una reserva de 100 millones de ecus, y también en cuanto al código de conducta relativo a los acuerdos de pesca.
Pero eso no es suficiente para modificar la apreciación global que nos merece este proceso presupuestario, que, para nosotros, es profundamente negativo, frustrante y particularmente denigrante para el Parlamento.

Müller
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, el procedimiento presupuestario de este año deja un regusto algo insípido entre todos los afectados, pues ¿qué puede significar este mensaje para las ciudadanas y ciudadanos? ¿Ahorrar para la Unión Monetaria? Todos sabemos muy bien que independientemente de la Unión Monetaria hay que reducir drásticamente las deudas de los presupuestos nacionales para poder tener en el futuro un margen de actuación. Pero echar las culpas de todos los fallos económicos al cumplimiento de los criterios de Maastricht no solamente es falaz sino además peligroso pues contribuye a crear un sentimiento antieuropeo cuyas consecuencias no se pueden aún prever.
Pero es que además la intención de ahorro tampoco es tan clara. Los recortes de 1.000 millones de ecus en los gastos agrícolas y estructurales son sencillamente préstamos para los años 1998 y 1999. Naturalmente, olvido que también existen prioridades positivas que deben ser financiadas con este presupuesto. Dicho sinceramente, este tira y afloja por los 300 millones de ecus solamente puede provocar vergüenza, pues ¿quién puede comprender esta pugna de cortas miras por la llamada revisión de las previsiones financieras o hacer creer que los 100 millones de ecus para las redes transeuropeas son la iniciativa de empleo por excelencia? Por cierto, esta suma se coloca en la categoría IV mediante un malabarismo financiero, por no decir un simple truco. Quisiera ver además cómo gastamos los 100 millones de ecus y para qué los gastamos.
Este presupuesto no puede convencer a los ciudadanos de la Unión Europea. Más bien es una gestión de un status quo que no llega siquiera a un mínimo denominador común. El único aspecto positivo es que en el paquete que se ha confeccionado al final, 100 millones de ecus se destinan al proceso de paz en Irlanda del Norte. Es lamentable que hayamos tenido que obligar a atender nuestras exigencias al Sr. Van den Broeck mediante una reserva de 100 millones de ecus para Turquía.
Finalmente, quiero rogar al Sr. Liikanen que tome las medidas necesarias para que nuestros esfuerzos dirigidos a garantizar las pensiones de los Comisarios y demás empleados de la Comisión en los próximos años, arrojen un resultado positivo el próximo año mediante una buena cooperación.

Le Gallou
Señor Presidente, el año pasado, los no inscritos franceses y flamencos protestaron contra el importante incremento del presupuesto comunitario. Este año, podríamos alegrarnos de un presupuesto que ahorra mucho al contribuyente. Sin embargo, la opción cero, de la que no deberíamos terminar demasiado alejados, no afecta más que a los créditos de pago y unas economías reales no permiten acercarse a dicha opción tanto como un ajuste de los créditos a los consumos realizados. A veces tenemos la impresión de que los ahorros inciden sobre unos gastos que, de cualquier manera, no se habrían hecho. En algún sentido lo que se nos hace votar no es más que una economía virtual.
Este presupuesto sólo es riguroso en apariencia pues en compromisos (y con el compromiso debemos quedarnos) los créditos van a continuar progresando en torno a un 2 %. Por tanto, siempre hay una dinámica de progresión de los gastos, pues éstos continúan progresando en créditos de compromiso. Así pues, para los gastos comparables, los gastos de intervención, los de inversiones, los presupuestos de los Estados y de los entes territoriales de la Unión no progresan sino que retroceden. Es decir, que hay más esfuerzos de rigor y economía en el presupuesto de los Estados incluso de los entes territoriales, que en el de la propia Unión Europea.
En otras palabras, aún queda mucho camino por recorrer en la defensa del contribuyente europeo y para pasar del rigor virtual que conocemos hoy a un rigor más real y a una mejor protección del contribuyente.

Samland
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, quiero comenzar con una cita de Albert Einstein que acabo de encontrar en mi agenda. Bien muy bien al caso: »Nunca pienso en el futuro, pues éste llega lo suficientemente pronto». Así se podría describir el presupuesto de este año. No responde en ningún punto a los futuros desafíos y ninguna institución, incluida la nuestra, se ha cubierto de gloria al dar estas respuestas. Realmente, Sra. Müller, es el resumen de 314 votos necesarios si no se quiere aceptar la resolución del Consejo en segunda lectura. No hemos tenido ni siquiera el valor de decir que las condiciones marco organizativas dirigidas a mejorar en su generalidad el procedimiento presupuestario son eso, solamente condiciones marco organizativas y solamente tienen sentido si mejoran realmente el procedimiento pero no si impiden que se pueda hacer una política de futuro para las personas en Europa.
El procedimiento político es un certificado de propia incapacidad de primer rango. El Consejo lo ha reconocido así entretanto. Saludo que la Presidencia del Consejo no plantee la segunda lectura pues no hay nada que debatir en ella. Lo mismo ocurrió en la primera lectura, en el período intermedio y también antes. Pero esto no se debe exclusivamente a los irlandeses; es igual quién esté allí, los holandeses, irlandeses o quién sea. Se debe a que el último Consejo de Ministros de Hacienda se encuentra en toda la Asamblea y a que no tiene nada que decir ni decidir, por lo que no se ha producido ningún debate político con el Consejo, todavía ni uno solo. Es un certificado de propia incapacidad que sea el brazo prolongado de los funcionarios quien dicte a los ministros el guión que les impide hacer lo que antes han prometido y que ni siquiera se encuentra en dicho guión. Esto no tiene nada que ver con política. Este es el auténtico certificado de propia incapacidad que la clase política se autoextiende en esta Unión Europea cuando se trata de contribuir a la solución de problemas en Europa de un modo imaginativo.
Quiero decirles aún otra cosa: solamente puedo sonreirme cuando oigo que se dice que todo va a mejorar cuando se celebre la Conferencia Intergubernamental -lamentablemente, el Sr. Elles no se encuentra en la Sala cuando se quiere debatir con él al respecto. Cuando veo lo que se dice en el anexo del documento irlandés que se va a tratar en el curso de este fin de semana, constato que no va a mejorar sino empeorar, pues la experiencia de que el procedimiento actual no funciona conduce a que éste no solamente se practique en la política agraria sino en el futuro además en los pilares II y III, es decir, la política interior y exterior. Se quiere establecer aquí también aspectos obligatorios, es decir, gastos obligatorios.
Estimadas damas y caballeros de la escribanía, de la clase técnica del Consejo: si creen que sus maestros se lo van a hacer creer a la opinión pública -la democracia por el momento no es suficiente pero en el futuro va a mejorar introduciendo otra vez dos grupos de gastos en los gastos obligatorios-, puedo decirles que nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos a montar tal debate aquí en el Parlamento sobre esta propuesta que ustedes preparan que no se les olvidará.
Señor Presidente, una última observación. Señor Elles, ahorrar no es igual a ahorrar. Nos hemos puesto de acuerdo en ahorrar, pero queremos hacerlo y al mismo tiempo servir a los objetivos de la Unión Europea y de los ciudadanos. Habría que recapacitar muy exactamente cuando se hace política desde el punto de vista de un político de la oposición o del Gobierno de su país de origen y no como diputado del Parlamento Europeo.

McCartin
Señor Presidente, con las solicitudes de contener el gasto, éste no podía ser nunca un procedimiento muy dichoso y, sin embargo, deseo felicitar a los ponentes, Sres. Brinkhorst y Fabra Vallés, y también a la Presidencia irlandesa por haber conseguido lo que parecía imposible, respetar nuestros antiguos compromisos y resolver los problemas inmediatos de hoy.
Deseo llamar la atención, en particular, sobre la cuestión de la crisis de la EEB, que ha provocado un aumento del 50 % del gasto, hasta situarlo en 7.000 millones de ecus para el sector. Creo que los agricultores, especialmente aquéllos de las zonas periféricas de Irlanda, Irlanda del Norte y Escocia, se sentirán agradecidos a la Comisión, al Parlamento y al Consejo por la rapidez con que se ha atendido este problema y por los recursos que se han destinado a solucionar la peor crisis a la que esas personas se han enfrentado en toda una generación.
Quiero reconocer también que, a pesar de la necesidad de contener el gasto, hemos respetado nuestros compromisos en el ámbito de la política regional y hemos incluso asumido compromisos para los Fondos estructurales que suponen un aumento del 8, 05 %. Una vez más, ello demuestra la voluntad de la Comunidad de hacer honor a sus compromisos con las regiones más pobres.
Quiero también referirme brevemente al desacuerdo sobre la pesca, y agradecer al Consejo irlandés sus sinceros esfuerzos para hacer posible, al menos, un cierto acercamiento de las posiciones del Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre el modo en que deben tomarse las decisiones. Los fondos que asignamos a esos acuerdos son cuantiosos, del orden de 300 millones anuales. Es importante que logremos un mejor entendimiento entre las instituciones, pero quiero subrayar que, en este caso, se trata apenas de un acuerdo provisional. Creo que en el caso de los acuerdos internacionales, en los que están en juego grandes sumas de dinero, el Parlamento tiene derecho a un procedimiento completo de dictamen conforme, en virtud del artículo 228 del Tratado de Maastricht.
El Parlamento se confunde respecto de lo que es obligatorio y lo que no lo es. Si el Tratado es ratificado como es debido, si el Parlamento es consultado como es debido y éste emite su dictamen conforme, entonces, naturalmente, tenemos la obligación de correr con los gastos. Pero desde el punto de vista del Parlamento, hay que hacer hincapié en que se respete la letra de la ley en lo que respecta a la conclusión de dichos acuerdos.
Por último, quiero decir que a pesar de todo lo que se ha hablado sobre la necesidad de introducir recortes, este presupuesto representa el 1, 22 % del PIB de la Unión Europea. Se trata de una suma muy pequeña, y el Sr. Samland así lo subraya. La importancia de contener el gasto y de mostrarse cautelosos no tiene nada que ver con negar las necesidades de la Comunidad en lo que a los recursos presupuestarios se refiere. Nos disponemos a incrementar nuestro presupuesto hasta llegar al 1, 27 % de aquí al año 1999. No debemos fingir que estos recursos bastarán para hacer frente a la ampliación de la Unión Europea y cubrir las necesidades de los Estados que aspiran a convertirse en miembros de pleno derecho. No obstante, la cantidad de fondos que utilicemos tendrá un impacto mínimo sobre la política monetaria o económica en el seno de esta Comunidad, mientras los gobiernos nacionales no recorten sus gastos. Pero lo que ellos están haciendo es reducir la tasa de crecimiento y debemos subrayarlo. Si contemplamos las cifras, incluso los presupuestos más rigurosos de la Comunidad lo único que están haciendo es frenar la tasa de crecimiento; no están reduciendo gastos. Este año lo hemos hecho, pero no podemos continuar haciéndolo eternamente.

Gallagher
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a los ponentes por la presentación de sus informes, y aprovechar la ocasión que me brinda este debate presupuestario para hacer referencia al creciente número de informes que apuntan a que los procedimientos necesarios para solicitar financiación comunitaria se hacen cada vez más difíciles, más burocráticos y más exigentes en lo relativo a la necesidad de rendir cuentas. Eso no quiere decir que considere que no debe existir un control financiero: el control financiero es necesario. No obstante, debe existir también un equilibrio entre el deseo de los solicitantes de participar en los programas de la UE y la cantidad de datos que se exigen actualmente. El papeleo, los trámites necesarios para solicitar una subvención de, digamos, 5.000 ecus, son totalmente desproporcionados en relación con el beneficio. Muchos de aquellos que tienen derecho solicitarían la subvención si los detalles y la burocracia fueran menos pesados, y me atrevería a decir que son muchos en la Unión los que cumplen los requisitos, pero es posible que los trámites resulten demasiado caros y que el esfuerzo necesario sea desproporcionado.
La Comisión debe distinguir entre, digamos, sumas de 5.000 ecus y aquellas otras de 50.000 ecus o más para subvenciones a pequeña escala a las PYME -y reconocemos la importancia de las PYME y el importante papel que pueden desempeñar en la creación de puestos de trabajo. A las empresas pequeñas no se les debe exigir el equivalente a un título universitario en gestión financiera para poder solicitar una subvención a la Comisión. Existe la necesidad urgente de establecer un equilibrio, la necesidad urgente de que se supervisen las solicitudes que recibe la UE. Creo que todos los aspectos a los que me he referido son un disuasivo para las pequeñas empresas. Me atrevería a decir que eso va totalmente en contra de las intenciones manifiestas de la UE.
Muy pronto obtendremos la comunicación sobre la moneda única, el ciudadano y la CIG. Debemos garantizar cuanto antes que dichos proyectos contarán con la financiación necesaria.
Para terminar, quiero mostrar mi satisfacción por el hecho de que el tema relativo al proceso de paz y reconciliación haya quedado resuelto. Creo que todos los compromisos serán atendidos antes de que finalice el año. El fondo se verá reducido, esperemos que el año próximo debatamos un aumento del mismo.

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, sólo quiero hacer dos observaciones. En este presupuesto, en este juego de ajedrez que es el procedimiento presupuestario, el Parlamento Europeo sacrificó sus mejores piezas ante el Consejo en la primera lectura, y nos encontramos ahora, en la segunda lectura, sin dama, ni torres, ni caballos, ni alfiles, y con un Consejo, enrocado en ese rigor y austeridad, con sus piezas intactas. En esa desigual posición sobre el tablero, resultan patéticos los esfuerzos por pedir tablas cuando el Consejo está a punto de darnos el «jaque mate».
Es el primer presupuesto de crecimiento cero. Hubiera sido deseable no haber recortado los fondos destinados a la creación de empleo, los objetivos 2, 3 y 4 de los Fondos estructurales y las políticas internas. Es una pésima señal política, puesto que el ahorro se produce justo en aquellas políticas en las que el ciudadano percibe con mayor intensidad la presencia de la Unión. Y otra mala señal política es la falta de garantía de que este crecimiento cero será un hecho excepcional y no la pauta hasta, por lo menos, 1999.
Segunda observación: la prevista reestructuración de las llamadas «líneas A», especialmente en el ámbito de la cultura, juventud y educación, debería volver a plantearse para 1998, pero -¡eso sí!- desde un punto de vista objetivo, valorando la eficacia y el efecto multiplicador de las acciones. En estas líneas se encuentran iniciativas muy positivas, como, por ejemplo, el movimiento europeo o la asociación interuniversitaria E.S.S.T. Sin embargo, hay una variedad de iniciativas que responden simplemente a un shopping list de los diputados, sin control de su eficacia ni de su necesidad.
Concluyo. Este presupuesto, en su conjunto, muestra una falta de ambición nada conveniente para la dificultad de los retos a los que debe enfrentarse la Unión Europea.

Wilson
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se felicita de haber podido colaborar más estrechamente con la Comisión de Presupuestos del Parlamento, con la Comisión y el Consejo. Hemos participado plenamente en el procedimiento ad hoc y deseamos felicitar, en particular, al ponente, Sr. Brinkhorst.
No obstante, nos sentimos profundamente decepcionados cuando la Comisión de Presupuestos se negó a estudiar las enmiendas a las líneas B1 del informe sobre el presupuesto que proponíamos en nuestra opinión. Entre dichas líneas se incluía la promoción de la carne de vacuno -la línea «coma más carne de vacuno». Más tarde fue presentada por la Comisión y aprobada en el diálogo a tres bandas, así como por el Consejo. Nosotros sostenemos que una promoción de la carne de vacuno por valor de 50 millones de ecus aumentará el consumo en un 1 %, lo que equivaldría a sacar de las cámaras frigoríficas 60.000 toneladas, lo cual nos aportaría unos beneficios del orden de los 70 millones de ecus. Creemos que es un negocio bueno e razonable, y esperamos sinceramente que el Parlamento le dé su voto favorable.
Lamentamos profundamente que el Consejo haya rechazado un línea presupuestaria para la miel. Producimos menos de la mitad de la miel que consumimos, a pesar de que tenemos un clima excelente para la apicultura y la producción de miel. Espero sinceramente que demos nuestra aprobación a la asignación de fondos para la investigación en apicultura y la producción de miel con cargo a la reserva que hemos aprobado. Quizá lo logremos con un poco de buena voluntad. Desde hace muchos años venimos defendiendo las ayudas al sector apícola y la producción de miel, pero no hemos asignado fondos a nuestras creencias.
Habríamos preferido que los fondos para corregir el problema de la superproducción apícola se hubieran sumado al presupuesto, en vez de que se tomen de los ahorros previstos. Pero como tenemos garantías de que se cumplirán todos los compromisos relativos a los precios y los costes de las políticas, creemos que nuestros intereses han sido protegidos.
En definitiva pensamos que se han cumplido nuestros deseos. Hemos hecho de enlace, creemos que hemos sido nobles en el debate sobre el presupuesto de este año, aunque, lamentablemente, no hemos establecido una relación de confianza con la Comisión de Presupuestos del Parlamento.

Garriga Polledo
Señor Presidente, en materia de Fondos estructurales este presupuesto ha significado una muestra de responsabilidad por parte de las diferentes instituciones y, especialmente, por parte del Parlamento Europeo.
Es cierto que las tasas de ejecución de los Fondos han sido muy diversas. El objetivo 1 demostró una tasa muy alta y los objetivos 2 y 5b han incrementado notablemente las suyas, si bien se observa aún una deficiente ejecución, especialmente en el seno de los países más prósperos, que son quienes no deberían tener estas dificultades presupuestarias.
El ligar la evolución de la categoría 2 a la evolución de las tasas de ejecución es apostar por una mayor eficacia en la gestión y un mayor rigor presupuestario en los Estados miembros. Por eso, y a pesar de que resulta difícil para un Parlamento aceptar un recorte -aunque sea contable- en los Fondos estructurales, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y trasladamos ahora a los Estados miembros la obligación de gastar bien, de ejecutar bien los Fondos estructurales, evitando así que en presupuestos venideros los recortes pudieran ser mayores.
Es preciso recordar a todos que el presupuesto de la Unión Europea es también un instrumento para asegurar la cohesión económica y social. Este principio debe inspirar el procedimiento presupuestario desde su comienzo. Por tanto, y a pesar de que el Parlamento Europeo haya aceptado este recorte contable en la categoría 2, no debe ser tomado como un abandono de la búsqueda de la cohesión económica y social. Si algún día -y esperamos que no llegue- alguien toma una iniciativa que signifique un recorte real en la categoría 2, sepa que el Parlamento Europeo estará en contra.

Dell'Alba
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre di mi Grupo, deseo ante todo felicitar a los dos ponentes por haber llevado a cabo esta difícilisima tarea, es decir, el presupuesto general para 1997.
Hasta este año nunca nos encontramos ante un presupuesto tan difícil, incluso en el ámbito de los recortes, a veces algo mezquinos, con vistas a 1999. Hasta este año nunca nos encontramos ante un interlocutor tan sordo como el Consejo a las justas, necesarias y obligadas reivindicaciones del Parlamento. En consecuencia, hasta este año nunca estuvimos a punto de emprender un camino que no sabemos muy bien hacia donde nos llevará.
El Consejo es incapaz de definir una política propia en materia de presupuesto; es incapaz de plasmar sus declaraciones, cuando en Florencia adquirió compromisos precisos que después y de forma deliberada no cumple tanto por lo que atañe al Pacto de confianza como con respecto a la refinanciación, al menos, de las prioridades que el mismo definió; es incapaz de llegar a un acuerdo con el Parlamento sobre la cuestión de los fundamentos jurídicos y, en consecuencia, de conferirles fuerza y de ofrecer también a la Comisión la posibilidad de ejecutar el presupuesto con conocimiento de causa. De hecho, por contra, el Consejo se somete al capricho de un Estado miembro que, precisamente en cuanto a los fundamentos jurídicos, está intentando en realidad impedir el correcto funcionamiento de las Instituciones; en materia de pesca, asimismo, da largas a un compromiso aceptado desde hace mucho tiempo; en definitiva, hace de todo para poner en duda la existencia misma de las Instituciones y su capacidad de trabajar. En consecuencia, el Parlamento hará muy bien en contestar con firmeza a todo esto a través del presupuesto que se someterá a votación el próximo jueves.

Kaklamanis
Señor Presidente, Señorías, el 19 de noviembre de 1996, el Consejo aprobó en la segunda lectura un presupuesto de crecimiento cero en relación con el presupuesto de 1996.
Quiero recordar que el Parlamento Europeo aceptó en la primera lectura la idea de un crecimiento cero, reduciendo los gastos de agricultura en mil millones de ecus y los importes destinados a los Fondos estructurales, igualmente, en mil millones de ecus. En la segunda lectura, el Consejo aprobó que se incluyera en el presupuesto para 1997 el programa de apoyo a los productores de carne de vacuno con mil millones de ecus, aprobando sólo lo que había aprobado en la primera lectura.
El Parlamento Europeo, Señorías, se ha desvestido solo y ahora descubre atónito que va por las calles totalmente desnudo. Este presupuesto es la personificación de la pobreza, es un presupuesto hecho para la minoría de los poderosos y no para la mayoría de los débiles. Es un presupuesto que hará más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Es un presupuesto contraproducente para el desarrollo y socialmente insensible. Los pueblos de Europa, Señorías, están despertando. Los trabajadores y la clase media-baja está echándose a la calle. La explosión social se acerca, mientras el Parlamento Europeo, lamentablemente, se pliega una vez más a las presiones del Consejo. Si no nos damos cuenta de esto y no transmitimos el mensaje de que detrás de los números hay personas, llegará la hora en que nosotros también despertemos, pero será muy tarde. Me complace dar mi voto desfavorable a este presupuesto de la pobreza y la austeridad.

Colom i Naval
Señor Presidente, el proyecto de presupuesto para 1997 no ha sido un procedimiento presupuestario satisfactorio. Para mí ha sido más bien frustrante. Voy, y creo que puedo decirlo en nombre de muchos de nosotros, a votar a favor de la propuesta de la Comisión de Presupuestos con un alto grado de resignación. También, sin duda, por sentido de la responsabilidad.
Pero no es éste el presupuesto que algunos hubiéramos deseado y que considerábamos posible en el respeto del Acuerdo interinstitucional, pero también conforme a las necesidades de la Unión para el año que viene.
Señorías, se ha dicho -se ha publicado incluso- que éste ha sido un procedimiento presupuestario innovador en muchos campos y que ésta será la primera ocasión en que el presupuesto será inferior al anteproyecto presentado en primavera por la Comisión. Cierto sin duda, pero también será la primera vez que el Parlamento vote el presupuesto soñado por el Consejo, y ello sin obtener nada a cambio.
No hemos avanzado en la resolución del sempiterno problema de la clasificación de gastos obligatorios y no obligatorios. Hemos hablado bastante, pero no hemos avanzado un palmo en materia de bases legales. Ni tan siquiera hemos logrado una revisión menor -menor, insisto- de las perspectivas financieras para cumplir las prioridades que hemos fijado el Consejo y el Parlamento. Y la prepotencia del Consejo ha llevado a algunos de nuestros colegas a proponer la ruptura del Acuerdo interinstitucional. Incluso el funcionamiento del programa MEDA estuvo en peligro hasta ayer noche. No es un balance satisfactorio, Señorías.
También, Señorías -y permítanme que les recuerde que será por primera vez-, el Parlamento se dividió casi por mitades en una cuestión estratégica en el curso de la primera lectura, y una minoría de bloqueo -pero sin duda minoría, al fin y al cabo- impuso su punto de vista a la mayoría en el recorte del millardo de ecus en los Fondos estructurales -en los créditos de pago, por supuesto- en los programas de reconversión industrial y de lucha contra el paro. Una minoría impuso esta política.
Es una cuestión que va mucho más allá de las cifras y los tecnicismos e incluso del apoyo a las políticas nacionales de austeridad. Detrás del recorte, yo veo el ánimo de respaldar ideológicamente los recortes nacionales de las políticas sociales y de bienestar social decididas en aras de Maastricht. Veo un intento de desprestigiar la política de cohesión, que ya es la segunda política de la Comunidad, y veo también -me atrevo a aventurar- el deseo de algunos de rebajar de antemano las bases de cálculo de los costes estructurales de la ampliación que deseamos al Este. Esto es lo que yo veo detrás de este presupuesto y de este recorte, no una política de austeridad y rigor.
Por lo tanto, malos mensajes para los ciudadanos europeos y unos malos mensajes y unos malos procedimientos de trabajo que nos han de hacer reflexionar sobre nuestra propia institución.

Pronk
Señor Presidente, quisiera decir que no debemos creer que hemos sufrido una derrota. Por otro lado, se ha dicho siempre que el Parlamento ha sufrido una derrota, y creo que decididamente no es cierto. Hemos logrado establecer nuestras prioridades en el actual presupuesto. Es un hecho. Teníamos 400 millones con los que no sabíamos qué hacer, y hemos podido colocar 375 de los 400 millones. Por consiguiente, todos aquellos que digan que hemos sufrido una derrota, se equivocan. Esta era la primera cuestión, señor Presidente.
La segunda cuestión que quisiera señalar al Sr. Samland es que hacemos un presupuesto para un año, no para diez. El año que viene, la situación será diferente, y por ello quiero avisar al Consejo. El Acuerdo Interinstitucional no está garantizado para un período 10 años, sino sólo para este año. Este año no había ninguna razón para cancelar el Acuerdo Interinstitucional. Hemos logrado dar a nuestras prioridades el lugar que se merecen y a fin de cuentas, de eso se trata.
Señor Presidente, se pueden reprochar muchas cosas al Consejo, pero no se puede reprochar al Consejo en sí, sobre todo no al Consejo de Presupuestos, de que no esté dispuesto a asumir esta perspectiva. Sabemos que a más alto nivel se han tomado decisiones en esa dirección, y entonces no se pueden hacer reproches al Consejo de Presupuestos. Lo que sí podemos reprochar al Consejo de Presupuestos es la manera, y debo decir, la manera bastante pueril, en que trata la categoría 3. Señor Presidente, es que parece un parvulario. Cada propuesta procedente del Parlamento y de la Comisión es rechazada, y al mismo tiempo hay ministros de Estados miembros que dicen al Parlamento: por favor, ocúpense de que se dé dinero para mi sector en la categoría 3. Y nosotros lo hacemos. Pero sería muy sensato que el Consejo de Presupuestos mantuviera más contactos con sus propios ministros, para que funcionaran como una autoridad presupuestaria real en el ámbito de la categoría 3.
Señor Presidente, la principal cuestión que queda todavía es la base legal. Si el Consejo sigue por este camino, pienso que en efecto está dinamitando el Acuerdo Interinstitucional. Que el Consejo se apresure a lograr un acuerdo sobre la base de las sensatas propuestas del Sr. Christodoulou y que trabaje más sensatamente en toda la categoría 3, y quizás entonces consigamos salir adelante.

Killilea
Señor Presidente, el Parlamento mantiene una red de oficinas de información en las capitales de cada uno de los Estados miembros. Los gastos considerables que supone la financiación de dichas oficinas y del personal asignado a las mismas corren a cargo del presupuesto anual del Parlamento. Su función, según tengo entendido, es difundir información y velar por los intereses de esta institución de forma imparcial en el país en que se encuentren.
Desde hace algún tiempo, esta institución ha sido el blanco de ataques hostiles en algunos Estados miembros -no en base a las políticas que persigue el Parlamento, sino mediante insinuaciones insidiosas sobre la administración interna del Parlamento.
Dichos ataques han culminado recientemente en el típico programa de descalificaciones realizado por una compañía de televisión inglesa que se ha emitido en tres o cuatro Estados miembros. ¿Qué han hecho las oficinas de información para rebatir los alegatos que hacía dicho programa de televisión? Por lo que he podido ver, los funcionarios destinados a dichas oficinas rara vez, si acaso, se esfuerzan realmente por defender los intereses del Parlamento y de sus diputados cuando se producen ataques de este tipo. Cuando alguna vez hacen algún esfuerzo, éste suele ser demasiado tímido y decididamente llega demasiado tarde.
La mayoría de las organizaciones que operan a nivel multinacional han desarrollado una política de rotación del personal ejecutivo. Lo que pido hoy, señor Presidente y Señorías, es que apliquemos un proceso de rotación en dichas oficinas para que cada cuatro años se produzca una rotación de los grados «A» en las oficinas con objeto de que se familiaricen unos con otros y con el trabajo de este Parlamento y de sus diputados.
Hay otro asunto que me gustaría plantear. Es relativo al apartado 8 del informe, al que hemos presentado propuestas relativas a las dietas, los gastos y las condiciones de trabajo de los diputados, incluido el estatuto único para los diputados al PE. Teniendo en cuenta que hemos nombrado una comisión, una subcomisión y una comisión ad hoc para que se ocupen de este asunto, creo que es un craso error que el Presidente y la Mesa salientes tengan las manos atadas, ahora y en el futuro, en lo relativo a este tema de máxima importancia. Estoy pidiendo, como enmienda, que se presente a la Mesa un informe lo antes posible, en vez de que ésta lo reciba cuando se inicia el examen de los proyectos de estimaciones para 1998. Para que dicha comisión funcione como es debido es fundamental que disponga de tiempo para realizar su trabajo correctamente.

El Presidente
Queda aplazado el presente debate para dar paso a la votación.
El debate se reanudará a las 15.00 horas.

Votaciones
Hautala
Señor Presidente, con la propuesta de la Comisión se intenta una vez más homogeneizar a nivel de la Unión Europea la homologación de los tractores agrícolas o forestales. El objetivo que se persigue es un mejor funcionamiento del mercado interior. La actualización de los requisitos se llevará a cabo aumentando la velocidad máxima permitida en la actualidad de 30 km/h a la de 40 km/h.
Como ponente, desearía señalar que me resulta muy difícil aceptar la enmienda nº 4, presentada por los grupos del PPE y del PSE. Los dos primeros párrafos de dicha enmienda se han tomado ya en consideración en las directivas modificadas por la presente directiva, y no puedo aceptar la segunda frase del tercer párrafo, ya que lo que no recae dentro de las competencias de esta directiva corresponde en cualquier caso a un ámbito de decisión de carácter nacional. Así pues, los Estados miembros podrán seguir decidiendo libremente en el futuro la concesión de una homologación nacional a aquellos tractores cuya velocidad máxima por construcción supere los 40 km/h.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Dell'Alba
Señor Presidente, solicité formular esta explicación de voto, habida cuenta de que voté en contra del informe del Sr. Burtone, después de las afirmaciones vertidas ayer por el ponente.
Deseo leerles las que el mismo recalcó como prioridades del informe: »tratamiento del toxicómano como enfermo y no como criminal; compromiso en cuanto a los aspectos sociales; alcance del programa para todos los tipos de droga; estudio del ambiente carcelario; acciones de formación; intervenciones in situ; diálogo con los jóvenes; papel de la familia; reducción de los riesgos; cooperación con las ONG; coherencia con los demás programas; interés especial hacia los grupos de riesgo». Esto es lo que escribe el Sr. Burtone. En este informe nunca se trata de un problema de legalización o no legalización. Por lo tanto, al presentar el informe, como hizo ayer, como si fuera un informe definitivo sobre el tema de la legalización o del fracaso del prohibicionismo, que todavía ha de ser debatido en su totalidad, el Sr. Burtone cometió un acto que yo considero grave, habida cuenta de que no respetó los que son los contenidos que figuran en el informe.
Por estos motivos, he manifestado mi voto en contra que he querido motivar a través de mi explicación de voto.

Díez de Rivera Icaza
Como ya manifesté en primera y segunda lectura, apoyo el serio trabajo del Sr. Burtone, en tema de tanta importancia -sobre todo para los jóvenes- como es este programa de acción comunitario relativo a la prevención de la toxicomanía.
La posición común del Consejo no ha seguido ni la propuesta original de la Comisión ni todas las modificaciones del Parlamento en campos tan necesarios como son la prevención, las terapias sustitutivas, las ayudas a familiares o tutores de toxicodependientes, la información en los ámbitos de jóvenes, etc...
Ello me lleva a apoyar, de nuevo, al ponente y a suscribir con él: »que los toxicómanos son, ante todo, personas que padecen un problema de salud»; a pesar del rechazo del Consejo en aceptar enmiendas que reforzaban con hechos esta postura.

Dillen
Todavía es preciso intensificar más la lucha contra uno de los crímenes más repugnantes: el tráfico y la distribución de drogas. Hay que aplaudir cada paso en la buena dirección. Sin embargo, en estos momentos hay que reconocer que no se castiga suficientemente, de forma suficientemente implacable a los criminales de la droga.
No obstante, hay que recalcar que la lucha política y jurídica contra los criminales de la droga seguirá siendo insuficiente, mientras no se emprendan intentos continuos y tenaces de desarrollar un nuevo espíritu comunitario en que sea posible que los valores éticos, que las normas morales resurjan, vuelvan a adquirir fuerza y se alcen con la victoria.
En la lucha contra el azote de las drogas, este espíritu comunitario con sus valores y normas será un arma más potente y eficaz que todas las penas pronunciadas, por muy necesaria y elogiable que sea la actuación de las fuerzas policiales y de los jueces. Por ello es preciso señalar moralmente con el dedo, condenar moralmente a todos aquellos que dicen que no hay para tanto, entre los cuales se encuentran -lo contrario sería extrañomuchos intelectuales.
Quienes dicen que no es tan grave, que se pueden legalizar las drogas blandas, quienes pregonan semejantes disparates, son y siguen siendo cómplices objetivos de los criminales de la droga. Los profetas de la permisividad ya han causado suficientes estragos. Son y seguirán siendo falsos profetas.

Donnay
La droga es una lacra que no solamente mata poco a poco a las personas, con frecuencia jóvenes, sino que destruye familias enteras, desestructurando así la sociedad. Por desgracia, ya no se trata de un fenómeno reservado a algunos medios sociales, a algunos intelectuales en busca de evasión, sino de un tráfico organizado a escala mundial. La venta libre de drogas, aun limitada a las llamadas blandas, no resolverá el problema sino que, antes al contrario, lo agravará. Un joven que no se vea tentado podrá evitar la trampa de la adicción. Por el contrario, si se vende este producto a la salida de los colegios, aun sin el atractivo de lo prohibido, su consumo aumentará de forma inevitable. Esto es lo que prueba la experiencia iniciada por algunos países, sobre todo Suecia, hace algunos años. Por otra parte, sabemos que, en este caso, se produce inevitablemente el paso de las drogas blandas a las duras. En mi región, por ejemplo, se percibe un repunte del éxtasis y de la heroína.
La lucha contra la toxicomanía sobrepasa los medios de cualquier Estado. Debe ser organizada como mínimo a nivel comunitario. Me alegro por tanto de que se haya alcanzado un acuerdo sobre este programa comunitario en materia de prevención de la toxicomanía. Las medidas previstas parecen ir por el buen camino.
Por tanto, la política de lucha contra la droga debe ser global. La represión es necesaria pero insuficiente. Es preciso que desarrollemos paralelamente otros tres aspectos capitales. El primero, la prevención; es indispensable informar y educar a todos los grupos sociales afectados. A continuación, el tratamiento a los enfermos para evitar que contraigan otras enfermedades y ayudarles a salir de la dependencia. Finalmente, la promoción de productos de sustitución para evitar principalmente la propagación del sida.
Juntos podremos combatir eficazmente el problema. Espero que este programa de acción tenga un gran éxito y sea el preludio de una mejor cooperación entre los Estados miembros.

Eriksson
Es necesario que la lucha contra los narcóticos se lleve a todos los niveles. Por eso es positivo que la UE dé primacía a esta cuestión, pero su programa invita a que se hagan diversas interpretaciones por lo que yo, que represento una alternativa de política restrictiva en torno a la droga, he decidido abstenerme de votar.

Holm, Lindholm y Schörling
Es necesario que la lucha contra los estupefacientes se lleve a todos los niveles, local, nacional e internacional. Por tanto, es positivo que también la UE dé primacía a esta cuestión. Hay muchos aspectos de gran calidad en el programa, por ejemplo, la inversión en trabajos de información, de intercambio de experiencias y de formación.
Los diputados suecos en favor del medio ambiente, que representamos una alternativa de política restrictiva en torno a la droga, no podemos, no obstante, votar a favor del programa de acción por los siguientes motivos:
No se dice explícitamente si el programa de acción apoya una política liberal o restrictiva en torno a la droga.-El objetivo es «coordinar las políticas de los Estados miembros» (artículo 1). La cuestión es qué política se prevé aplicar, el modelo restrictivo sueco o, lo que es más probable, el liberal holandés? Pensamos que la política en torno a la droga es de competencia nacional.-Se considera a las personas adictas como enfermas, o sea que se despenaliza el consumo personal. Esto va en contra de la opinión y la legislación suecas.-La ayuda económica se concederá también a proyectos drogoliberales, como ciudades piloto y organizaciones no gubernamentales, lo cual no aceptamos.-El programa induce a muchas y diversas interpretaciones y desviaciones, lo que se observó además en el debate celebrado en el Pleno. Varios oradores hicieron referencia al proyecto irlandés de revisión del Tratado de Maastricht, donde figura como artículo que la UE «llevará a cabo unas acciones uniformes en lo referente a ciertos aspectos del comercio ilegal de narcóticos», y han dicho que el informe Burtone constituye un paso importante en esta dirección. Es nuestra firme convicción que la legislación en torno a la droga no puede, bajo ninguna circunstancia, ser un asunto que se decida a nivel de la UE.
Lindqvist
La lucha contra la droga ha de llevarse a todos los niveles, local, nacional, europeo e internacional. Hay muchos elementos de calidad en el informe, como la inversión en trabajos de información y de educación.
Yo represento una alternativa de política restrictiva en torno a la droga, y no puedo, por tanto, votar en favor del informe en su totalidad por los siguientes motivos:
No es posible dilucidar si el programa de acción apoya una política restrictiva o liberal en torno a los estupefacientes.-El objetivo es «coordinar las políticas de los Estados miembros». No se especifica qué política se va a seguir, si será la restrictiva o la liberal.-La despenalización del consumo personal es la dirección equivocada, y contradice la legislación sueca.-No podemos aceptar que se destine ayuda económica a proyectos de signo liberal en cuanto al uso de drogas.-La política en torno a las drogas y los estupefacientes es una cuestión que, (SV)en mi opinión, debe decidirse a nivel nacional y en cada país miembro, pero con una amplia cooperación a nivel europeo e internacional.

Rovsing
Durante el debate ya cerrado sobre el programa de acción relativo a la prevención de la toxicomanía, el Parlamento Europeo ha contribuido activamente a garantizar que todos los aspectos importantes de esta cuestión y sus causas sean incluidos en el programa. Después, el Parlamento ha señalado la necesidad de adopción de una serie de medidas que van desde la información general a los ciudadanos hasta un esfuerzo especial dirigido a los grupos de riesgo. El programa permite, además, la aplicación de iniciativas en apoyo de los ex-toxicómanos (incluida la formación) y la adopción de medidas para limitar los daños y consecuencias sociales negativas para las personas que son o han sido toxicómanos.
Debido al alcance de la toxicomanía, es importante apoyar el programa de acción. Me parece muy positivo que la Comisión tenga la intención de presentar propuestas relativas a la participación en la aplicación concreta del programa de órganos públicos y privados, incluidas organizaciones no gubernamentales, organizaciones de ayuda voluntaria y comunidades de tratamiento y de convivencia.
Informe Schnellhardt (A4-0406/96)
Breyer
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo ha votado a favor del informe Schnellhardt a pesar de que tenemos graves objeciones ya que la Comisión ha suprimido sencillamente en la propuesta la parte relativa al etiquetado del alcohol. Nuestra posición sigue siendo muy débil. Dependemos de la benevolencia de la Comisión, quien ha declarado que va a realizar una propuesta. Creo que todos estábamos de acuerdo en esta Asamblea en que tiene que existir una propuesta sobre el etiquetado del alcohol, no solamente porque este es el deseo de las consumidoras y consumidores sino también porque existen otras consideraciones que así lo exigen. Por ejemplo, existen grupos de personas que necesitan un etiquetado pues no pueden tomar alcohol por motivos de salud. Por ello, no es en absoluto comprensible porqué se ha cedido a la presión del lobby del alcohol.
En el futuro deberemos estar muy atentos y comprobar si la Comisión cumple realmente su promesa. El Parlamento debe tomarlo muy en serio. No nos tomaríamos en serio a nosotros mismos si no instásemos la Comisión para que presente muy rápidamente una propuesta de etiquetado. Esto fue lo acordado en el Comité de Conciliación y la Comisión no puede eludir este compromiso. Es nuestra tarea como Parlamento vigilar que se realice esta propuesta, que sea aplicable en concreto y que no haya lagunas o posibilidades de eludir dicha obligación de etiquetado. Creo que basta con este Statements . Nuestro grupo político va a estar muy vigilante para que la Comisión presente muy pronto una propuesta sobre el etiquetado del alcohol. Este es el perentorio deseo de los consumidores y debemos tenerlo en cuenta.
Informe von Wogau (A4-0390/96)
Ahlqvist y Theorin
Precisamente como hicimos ya con ocasión de la segunda tramitación de este informe, presentamos esta declaración al tiempo que votamos en su favor:
Suponemos que el programa Aduana 2000 trata de llegar a un acuerdo a nivel comunitario sobre los criterios para la amplitud mínima de los controles que se realizarán.
Puesto que los Estados miembros se gobiernan hoy por hoy según legislaciones distintas dentro de, por poner un ejemplo, el ámbito del control del tráfico de armas y de estupefacientes, no creemos que pueda hacerse una interpretación común de las competencias de sus autoridades aduaneras.
En nuestra opinión, cada país miembro debe poder decidir sobre el alcance de los controles que desea realizar en sus fronteras con otros países de la UE.

Berthu
Por tercera vez vuelve al Parlamento Europeo el programa de acción «Aduana 2000», conforme al proceso ordinario del procedimiento de codecisión, después de que las divergencias entre el Consejo y este Parlamento se hayan reducido y de que el Comité de Conciliación haya aprobado un proyecto común.
Este programa, del que sólo se puede aprobar su principio mismo puesto que pretende perfeccionar la formación de los agentes de aduanas nacionales y facilitar la cooperación entre sus administraciones, ha experimentado por desgracia durante el debate varias transformaciones en sentido negativo. Vamos a examinar un ejemplo que dará nueva luz al funcionamiento concreto del procedimiento de codecisión. Muestra que tal procedimiento permite al Parlamento, con el pretexto de una «democracia europea» que no existe, hacer prevalecer los puntos de vista más integracionistas. Después de haber estudiado el ejemplo se comprende mejor por qué los federalistas alaban la codecisión y les gustaría, con ocasión de la CIG, ampliarla a todas las materias de «naturaleza legislativa».
En este expediente de hoy, el procedimiento de codecisión ha permitido al Parlamento Europeo inscribir el programa Aduana 2000 en la perspectiva de una unificación progresiva de las aduanas nacionales y de «la evolución del mercado interior hacia un auténtico mercado doméstico europeo», según los términos del segundo considerando de la decisión.
Esta noción de «mercado doméstico» de la que yo ya denuncié su aparición durante mi primera intervención sobre Aduana 2000, el 25 de octubre de 1995, se encuentra así legitimada por primera vez, con el aval del Consejo de Ministros, en una decisión oficial y común de las diferentes instituciones. Así, se encuentra aprobada al más alto nivel una deriva del mercado interior hacia la unificación integral de los países miembros, que la mayoría de los gobiernos que apoya este texto tendría muchas dificultades para defender de manera clara y transparente ante sus electores.
Efectivamente, la expresión «mercado doméstico» apareció por primera vez en la comunicación de la Comisión del 8 de mayo de 1992 relativa a la supresión de controles en las fronteras. En ella se decía que para que el mercado (interior) funcione en las condiciones de un mercado doméstico, es necesario llevar a cabo la supresión de las fronteras físicas, es decir, la supresión de todo tipo de controles... al igual que ocurre entre las regiones dentro de un mercado nacional. Este objetivo que, en aquellos momentos, el Consejo se había cuidado de ratificar directamente, se encuentra ahora confirmado oficialmente por el considerando 2, e incluso definido con precisión como la supresión de las diferencias entre el mercado interior y los mercados domésticos de los Estados miembros.
No es ocioso recordar que ha sido el propio Parlamento quien, en la primera lectura de codecisión, introdujo este objetivo en el texto presentado por el Consejo, que este último lo retiró posteriormente, que el Parlamento lo reintrodujo en segunda lectura y, finalmente, que el Comité de Conciliación permitió que el Parlamento obtuviera una victoria total. ¡Viva la codecisión!, gritan los federalistas y se comprende por qué.
Pero, en el fondo, no nos parece que esta profundización del mercado interior hasta su unificación total se corresponda con la voluntad de los pueblos afectados, que pretenden conservar su identidad y capacidad para diferenciarse. Además, sus ventajas económicas y sociales son dudosas, como yo mismo expuse aquí en mi intervención del pasado 26 de noviembre sobre el informe relativo al mercado único en 1995.
De hecho, esta carrera frenética hacia la unificación tiene como objetivo ante todo allanar las diferencias que pudieran constituir otras tantas dificultades para el funcionamiento de la moneda única. El engranaje a integrar (o más bien a desintegrar) está en marcha.

Cushnahan
Acojo con satisfacción el programa de acciones plurianuales en el ámbito de la aduana comunitaria. Creo que ayudará a fortalecer la eficacia operativa de nuestro sistema de aduanas en las fronteras exteriores de la Unión.
Los servicios de aduanas tienen que desempeñar una función determinante no sólo en lo relativo al buen funcionamiento del mercado interior, sino también en lo relativo a la lucha contra el narcotráfico, un problema especialmente importante en nuestras fronteras este-oeste.
Además, si queremos asegurarnos el éxito en la lucha contra los señores de la droga, cada Estado miembro debe tener un equipo mixto antidroga que esté formado por policías y aduaneros y que opere bajo una única dirección. Si dichos equipos operan bajo una Europol fuerte, habremos dado un gran paso en la lucha contra las drogas.
Gahrton (V), Holm (V), Schörling (V), Lindholm (V), Eriksson (GUE/NGL), Lindqvist (ELDR), Seppänen (GUE/NGL), Lis Jensen (NI), Bonde (NI) y Sandbæk (NI), por escrito. (DA) Hoy hemos votado en contra del programa de acción para las aduanas de la Comunidad (Aduana 2000), ya que, en nuestra opinión, en él no se respeta la soberanía de los Estados miembros. Cada Estado miembro debería seguir decidiendo cómo quiere controlar sus fronteras, formar su personal, etc.
La idea de que en adelante el personal de aduanas lleve una insignia de la Unión nos parece muy extraña. Es otro símbolo vacío de la Unión y un intento de llamar la atención sobre sí misma. Los aduaneros y los otros empleados no son responsables ante la Unión, sino ante las autoridades nacionales.
La legislación actual de los Estados miembros sobre la importación de diferentes tipos de mercancías, como las drogas y las armas, varía mucho de un país a otro, y así debe seguir en el futuro, por lo que no vemos ningún motivo para armonizar la legislación en este ámbito.
El programa alienta, además, la conversión de las aduanas nacionales en un asunto comunitario y fomenta el objetivo de un mercado aún más estandarizado que el actual mercado interior, que prácticamente despoja a los Estados miembros de cualquier forma de individualidad en su legislación. Estamos totalmente en contra de tal evolución.

Reding
En el Comité de Conciliación entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros Europeo se ha llegado por fin a un acuerdo en lo tocante al programa de acción para el sector aduanero de la Comunidad.
Saludo que en el programa «Aduana 2000» se haya incluido una serie de elementos a favor de los cuales se pronunció el Parlamento Europeo en diversas ocasiones.
Me parece importante en especial la medida «psicológica» de que en el futuro los funcionarios de aduanas deban llevar junto a sus distintivos nacionales el símbolo de las doce estrellas en su uniforme. Esto señaliza que los funcionarios de aduanas están también al servicio de Europa y que deben cumplir importantes tareas europeas.
Para poder cumplir óptimamente estas tareas, el Parlamento Europeo ha marcado otros objetivos centrales. En el programa «Aduana 2000» se quiere
mejorar la formación conjunta de los funcionarios de aduanas en el sentido de una cooperación a nivel europeo, además para todas las categorías de funcionarios, -mejorar la informatización de todas las administraciones de aduanas y la armonización de los datos y programas-y fomentar la movilidad de los funcionarios mediante un intercambio a largo plazo entre las administraciones nacionales.Pero estos positivos elementos solamente surtirán efectos si los Estados miembros están dispuestos a utilizar concretamente las posibilidades de cooperación a nivel europeo en el ámbito aduanero.
En cualquier caso, los diputados europeos no van a escatimar esfuerzos para que el programa «Aduana 2000» se aplique en la práctica en cooperación con la «Unión del personal financiero en Europa» así como con los sindicatos aduaneros nacionales. Sólo así será posible fortalecer la lucha contra la delincuencia fiscal, las infracciones de tránsito y el tráfico de drogas (sólo por mencionar estos ejemplos) en interés de los ciudadanos de Europa. En un gran mercado interior europeo, es absolutamente necesaria la cooperación de los funcionarios aduaneros a nivel europeo.

Rovsing
Para mí supone una gran alegría que, después de largos debates entre el Parlamento Europeo y el Consejo, se haya alcanzado un acuerdo sobre el programa de acción propuesto por la Comisión (Aduana 2000). Es conveniente recordar que este programa tiene por finalidad el desarrollo y la modernización de los sistemas aduaneros de los 15 Estados miembros con el objetivo de garantizar un control eficaz en las fronteras exteriores de la Unión y, por lo tanto, una mejor gestión del mercado interior.
Durante el examen de la propuesta, el Parlamento Europeo ha concedido especial importancia a la necesidad de un sistema de datos común y de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la Unión para luchar contra el fraude. En relación con ello, no hay que olvidar la promesa de la Comisión de investigar en estrecha cooperación con los Estados miembros, teniendo en cuenta el principio de subsidiaridad, la posibilidad de un intercambio a largo plazo de los funcionarios de aduana como parte de su formación profesional, y los esfuerzos generales para reforzar el intercambio de experiencias entre las administraciones nacionales de los Estados miembros.

Wolf
Un mercado interior con 15 administraciones de aduanas diferentes parece a primera vista una paradoja. Quizás se deba a que nuestro modo de pensar está aún muy vinculado a las estructuras del clásico Estado nacional tal como se formó en la Edad Moderna europea. No se trata aquí de símbolos del poder del Estado o de anticiparse a un «Estado nacional europeo unitario» sino de problemas muy prácticos de funcionamiento del mercado interior de la CE.
Una comunitarización del procedimiento de cooperación entre las autoridades aduaneras nos parecía la solución más elegante. Pero, por lo visto, esto no ha sido posible.
El compromiso incompleto que hoy se ha presentado quizás sea un buen enfoque para lograr una nueva creatividad que nos ayude a encontrar soluciones que hagan del mercado interior un auténtico «mercado patrio» que sea controlable y regulable democráticamente sin que quede sometido a un Estado unitario.
Informe Tsatsos (A4-0342/96)
Berthu
El informe del Parlamento Europeo sobre la situación constitucional de los partidos políticos europeos muestra implícitamente un peligro real de involución democrática.
La creación de tales partidos revelaría, como señalé ayer durante el debate, una confusión institucional que debilitaría las democracias nacionales en el objetivo de fortalecer un superestado europeo. Esta orientación sería desastrosa, pues el ámbito nacional de expresión sigue siendo el fundamento de la democracia en Europa.
Pero eso no es todo. Resulta preocupante constatar que el informe parece que pretende bloquear el derecho de libre expresión y monopolizar las finanzas, en favor de una pequeña camarilla de estados mayores federalistas. Constatamos así que el estatuto de partido político europeo separaría en primer lugar a aquellas organizaciones que sólo operaran en un Estado miembro (punto 3d de la resolución) lo que eliminaría de manera ilegítima a un gran número de electores deseosos de expresarse en la Unión a través de partidos, o diputados, que preservaran sus señas de identidad nacional. En segundo lugar, el estatuto que se pretende separaría también a aquellos partidos que no se expresaran sobre temas considerados «europeos» y no estuvieran organizados de manera que pudieran reflejar la «voluntad política de los ciudadanos de la Unión» (puntos 3a y 3b de la resolución). Se ve bien lo arbitrario (totalmente voluntario) de estas definiciones, destinadas principalmente a eliminar a los opositores. Para que el bloqueo sea más eficaz, los litigios relativos a la aplicación de estos criterios serían resueltos por un tribunal de arbitraje dependiente del sistema comunitario (punto 7 de la resolución).
Finalmente, el cuadro no estaría completo si no añadiéramos que está prevista una financiación pública con fondos comunitarios, en favor de los buenos alumnos. Se trataría de una «zanahoria» que tendría como objetivo incitar a los partidos a entrar en la rueda del estatuto europeo, con riesgo de desviarse de sus objetivos iniciales así como de la representación de sus pueblos, en beneficio de la promoción del superestado.
Por consiguiente, rechazamos el llamado «estatuto constitucional», que no tiene nada de constitucional e incluso nada de democrático.
Eriksson y Seppänen (GUE/NGL), Holm, Lindholm y Schörling (V), Lindqvist (ELDR), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (NI), por escrito. (SV) La propuesta griega para la Conferencia Intergubernamental es que se complete el artículo 138a para añadirle un reglamento marco sobre la situación jurídica de los Partidos Políticos Europeos, así como un reglamento sobre la situación económica de los mismos.
No vemos que exista ninguna razón lógica para modificar el Tratado CEE en este ámbito. Tampoco la Conferencia de Presidentes, que ha tratado la cuestión, ha considerado necesaria una modificación de la normativa vigente.
Si, en el futuro, los ciudadanos europeos consiguen tener una identidad, y se reconocen a sí mismos como un pueblo, también surgirá la exigencia democrática de unos Partidos Políticos Europeos. Los partidos políticos deben surgir de la base democrática -y de ningún otro modo. Esta situación no es el caso actualmente -pero sí la cooperación entre partidos de toda Europa, como por ejemplo, la Confederación de los Verdes.
La falta de interés del ciudadano por la política de la UE no puede compensarse inyectando ayuda económica a unos partidos nuevos. No deseamos crear ni adjudicarle al ciudadano europeo más ideas artificiales pseudodemocráticas. Creemos en la subsidiariedad y en las iniciativas que surgen desde abajo, no de las que vienen dictadas desde arriba. En base a lo anteriormente expuesto, no podemos votar en favor del informe.

Ewing
He votado a favor del informe Tsatsos.
En calidad de antigua presidenta de la Alianza Libre Europea (Partido Democrático Popular Europeo) que ha evolucionado de una humilde fundación en 1981 hasta convertirse en una asociación que aúna en la actualidad a más de 20 partidos regionales, nacionales y autonómicos de la Unión Europea, estoy convencida de los beneficios que aportan los esfuerzos para fomentar los contactos internacionales entre los partidos políticos.
Creo que, en su momento, deberán destinarse recursos con cargo al presupuesto europeo para dar el apoyo técnico y material que facilite este tipo de cooperación, y espero con interés el día en que la Alianza Libre Europea obtenga el mismo reconocimiento que otros movimientos políticos europeos.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses se han abstenido en la votación del informe del Sr. Tsatsos por los siguientes motivos:
En Dinamarca no existe ninguna legislación sobre la fundación de partidos políticos. No tenemos disposiciones que definan las asociaciones políticas de forma que puedan ser reconocidas como partidos. No obstante, existen en la Constitución danesa preceptos que permiten la prohibición de los partidos que hagan uso de la violencia, dado que son inaceptables.
Desde el punto de vista danés, es un problema la atribución al concepto de ciudadanía de la Unión de una función principal en el informe. Con los acuerdos de Edimburgo, Dinamarca dejó claro que la ciudadanía de la Unión no sustituye a la ciudadanía nacional.
Al mismo tiempo, nos vemos obligados a precisar que los partidos no representan la voluntad política de los ciudadanos , sino de sus miembros . Es obvio que cualquier representante elegido directamente por el pueblo ha sido elegido por su propia voluntad política. Así lo declara, por ejemplo, la Constitución danesa.
En el informe se preven normas sobre «ciertos derechos de los partidos políticos europeos», tales como el derecho a presentarse como candidato en las elecciones. No lo entendemos. No existe ninguna ley electoral común, por lo que los candidatos no se pueden presentar a nivel europeo.
Hoy las asociaciones políticas reciben ayudas financieras a través de una partida presupuestaria. Somos partidarios de que, en relación con el artículo 138A, los partidos políticos europeos puedan recibir ayudas a través de una partida presupuestaria en las mismas condiciones que estas asociaciones. Por eso, no estamos de acuerdo con el razonamiento de que las ayudas a los partidos políticos exijan un fundamento jurídico independiente para cumplir los criterios de transparencia y credibilidad. Hoy en día el presupuesto se controla de tal forma que no es posible cometer fraudes o estafas sin que sean descubiertos. Por eso, no vemos ningún motivo para aplicar el artículo 235 del Tratado de la Unión en relación con las ayudas financieras a los partidos políticos europeos y rechazamos la propuesta de aplicar el artículo 235 en relación con este tema.

Ojala
He votado en contra de la aprobación del informe Tsatsos ya que considero que la tarea de los partidos es ante todo unir a los ciudadanos a nivel nacional con el fin de influir en las cuestiones relativas a la sociedad, para lo cual el mejor canal que existe lo constituyen los parlamentos nacionales. La cooperación entre los partidos nacionales es positiva y merecedora de todo apoyo, y también aquí, en el Parlamento Europeo, tenemos buenas experiencias de este tipo de cooperación. En el marco de la cooperación entre distintos partidos nacionales también tienen cabida las opiniones de los representantes de países pequeños. Por el contrario, en los partidos a escala europea, sobre los que trata el informe Tsatsos de cara a la consolidación de su situación, se pierde la voz de los ciudadanos de estos países más pequeños.
La formación de partidos políticos debe ser resultado de iniciativas propias procedentes de los ciudadanos. Los partidos europeos gozarán de una implantación que inspire confianza únicamente cuando los propios ciudadanos europeos se manifiesten a favor de los mismos.
No puedo aceptar la financiación de los partidos europeos que se propone en el informe. En cambio, continúa siendo tarea del Parlamento Europeo ofrecer las condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de sus grupos políticos. La transparencia que se propone en el informe para dicha financiación constituye un punto excelente, si bien también es posible -si así se desea- lograr esta transparencia en el marco que ofrece el sistema actual.

Ribeiro
Esta explicación de voto es también, y sobre todo, una afirmación inequívocamente política de principios y valores políticos.
La «construcción europea» ha estado caracterizada, desde nuestro punto de vista, por la intención primordial de servir a intereses económicos a partir de presupuestos políticos que como mínimo se deben -consideramosdiscutir. En esa «construcción europea» aparecen ahora, como elementos integrados, los «partidos europeos». Así como impugnamos los presupuestos políticos que fundamentan la «construcción europea» al servicio de los intereses que sirve, con mayor razón tenemos toda clase de reservas sobre una construcción de órganos políticopartidarios, forjados en ese marco y resultantes de acuerdos entre cúpulas o creados en «laboratorio».
Nos parece significativo que el debate sobre este tema se haga al final de un año en que hay partidos políticos que conmemoran sus 75 años de existencia y, muy en particular, que coincida con el final del congreso del partido por el que nos presentamos candidatos, nacido en 1921 y fortalecido en un largo recorrido que le formó una identidad, confirmada una vez más en ese congreso.
De modo que rechazamos los acuerdos prefabricados, los modelos y las fórmulas notariales, todo el oportunismo compensado por grandes beneficios materiales, pero no nos excluimos de procesos de negociación política que adecuen las estructuras político-partidarias a las situaciones reales siempre en transformación y no nos oponemos a formas de cooperación y organización interpartidaria sin ningún tipo de concepción preconcebida, siempre que no pongan en entredicho identidades resultantes de vivencias colectivas que transcienden coyunturas y reflejan expresiones populares profundas.

Vanhecke
Del presente informe del diputado Sr. Tsatsos se desprende clarísimamente una cuestión: las dos familias numéricamente grandes de este Parlamento, los socialistas y los cristianodemócratas, vuelven a tener hambre de dinero, mucha hambre de dinero. ¿Cuál puede ser la causa? ¿Un control más rígido de la financiación de los partidos en los Estados nacionales? ¿El hecho de que en todos los países de Europa un número cada vez mayor de políticos sea acusado de corrupción y estafa?
El hecho es que en este Parlamento hay una unanimidad casi total para volver a hurgar en los bolsillos del contribuyente. Por lo visto, los políticos de los partidos poderosos no tienen nunca suficiente dinero. El ciudadano de a pie de cualquier país europeo tendrá que cargar con la megalomanía de una casta de políticos aprovechados.
En Flandes, uno de los parlamentarios de mi partido ha dicho en el parlamento que los políticos son parásitos casi por definición, que se enriquecen casi por definición a costa de la sociedad. Sé que no es el caso de todos los políticos. Pero también sé que es el caso de la política en este Parlamento Europeo, una política que incluso es casi sinónimo de abuso.
Aparte de estas consideraciones, no obstante fundamentales, ni que decir tiene que en sí también rechazo la idea de «partidos políticos europeos». Es el enésimo atentado contra la soberanía nacional, y el enésimo paso hacia una Europa inodora e incolora, donde desaparecen o se borran al máximo las diferencias nacionales. Naturalmente, es preciso que haya una cooperación transnacional entre los partidos políticos europeos. Pero estos partidos han de preservar su identidad nacional y su capacidad de decisión.
En realidad, el presente informe no es más que una oda al dinero como instrumento de poder contra el mantenimiento de la identidad política y nacional de los pueblos europeos.

Van der Waal
Lo que caracteriza a los sistemas políticos dentro de los Estados miembros es que los partidos políticos se han desarrollado como fenómenos sociales recientes en sentido amplio. No sólo en lo que respecta al modo en que surgieron y a su estructura organizativa, sino también a su base legal y las funciones sociales que desempeñan. Esto está estrechamente relacionado con los diferentes regímenes electorales que operan en los países de Europa. Además, los partidos políticos suelen estar profundamente arraigados en la historia y la cultura de un determinado país.
Lamentablemente, ello no se reconoce en el informe del ponente Tsatsos. Se parte demasiado de la existencia de un pueblo europeo y una amplia conciencia europea. Aunque no se puede negar la existencia de formaciones partidarias europeas, no es plausible que los partidos políticos europeos acerquen más la política europea al ciudadano, porque los ciudadanos se orientan ante todo hacia los partidos políticos nacionales. Ello se desprende también del hecho de que los diputados al Parlamento Europeo sean elegidos según los procedimientos electorales nacionales y sean reclutados a través de los partidos políticos nacionales en cada Estado miembro.
Además, impugnamos la tesis de que el Artículo 138 A del Tratado formula el mandato de crear partidos políticos europeos. El artículo no es más que una constatación de la existencia de formaciones políticas y su importancia para el proceso de integración y el desarrollo de una ciudadanía europea. Sea como fuere, el artículo 138 A no constituye ninguna base legal para una mayor elaboración jurídica de los partidos políticos europeos ni para ofrecer apoyo económico a sus organizaciones. En vista de ello, tampoco puede utilizarse el artículo 235 como base jurídica.
La creación de partidos políticos supranacionales es cosa de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el Estado ha de inmiscuirse lo menos posible en la formación de partidos en base al principio, reconocido en todos los Estados miembros, de la liberad de asociación. La injerencia de la administración europea en la formación de partidos puede suponer fácilmente una influencia indeseable. Así tenemos objeciones contra el resultado jurídico de la posición legal de los partidos políticos europeos en el informe Tsatsos.
Asimismo rechazamos las propuestas de subvención de los partidos políticos europeos. Con la subvención directa y general, los partidos políticos dependerían de la administración europea. En los Países Bajos, el Estado se limita por ello al apoyo indirecto por medio de la subvención de las instituciones científicas, las actividades de formación sociocultural y las actividades socioculturales para jóvenes de los partidos políticos. Esto conecta con el hecho de que en los Países Bajos se ha prescindido conscientemente de la regulación legal de la posición de los partidos políticos. Somos conscientes de que en algunos países de la Unión existen otras normas, pero una normativa europea supondría indirectamente un obstáculo para la situación neerlandesa.
El argumento de más peso contra la propuesta es que la formación de partidos europeos refleja de hecho la opción política por una Europa federal, y su apoyo financiero implica que se favorece esta idea frente a grupos que se distancian de ella y no abogan por la formación de partidos políticos europeos. En base a estas objeciones hemos votado en contra del informe Tsatsos.

Wolf
El problema central de legitimidad de la Unión Europea radica en la cuestión de la democracia. La democracia general, tal como es entendida en las sociedades modernas por la mayoría de la población, no es pensable sin un entramado de asociaciones en las que los partidos políticos desempeñen un papel central.
Sólo las aristocracias elitistas no necesitan estas formas de organización y de participación política colectiva. A nivel europeo, la tarea a realizar consiste en fortalecer y desarrollar la dimensión europea de los partidos existentes de modo que se libere de la dependencia de las concentraciones de poder económicas y de comunicaciones sin convertirse en una «correa de transmisión» de un poder del Estado centralizado en si mismo. Este es sin duda un largo y difícil camino pero, al mismo tiempo, un camino de transcendental importancia.
Informe Herzog (A4-0338/96)
Berthu
El informe Herzog sobre la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea anuncia la voluntad de instaurar la información veraz, la transparencia, el derecho a la evaluación, a la concertación, a la participación y a la consulta, todas ellas excelentes intenciones, pero cuyas aplicaciones concretas siguen siendo definidas de manera insuficiente, en nuestra opinión, para ser verdaderamente operativas. Peor aún, la imprecisión que rodea, en el informe, a la aplicación de estos principios correría el riesgo, si no se tiene cuidado, de enturbiar los procedimientos democráticos.
Por ejemplo, el informe nos propone proclamar a nivel europeo un derecho general de cualquier ciudadano y organización representativa a formular y hacer oír su opinión, así como a recibir respuesta directa o indirectamente. Pero, ¿cómo se ejercería este derecho (que podría provocar, en las instituciones europeas, un trabajo de respuesta de dimensiones titánicas) de forma concreta? No lo sabemos. Nos hubiera gustado en todo caso que se nos dijera cómo funcionan las consultas que ya existen en muchos comités de gestión o de reglamentación y en los numerosos grupos de trabajo que gravitan en torno a la Comisión. ¿Como se designan las organizaciones participantes?¿Cómo trabajan?¿De qué forma se tiene en cuenta su opinión? Hubiera sido necesario hacer un balance sobre estos puntos antes de poner en marcha nuevas iniciativas.
Además, tememos que la proclamación universal de un derecho de consulta sirva realmente para promover organizaciones insuficientemente representativas que distorsionarían los procedimientos en lugar de mejorarlos. También tememos que algunas conclusiones conseguidas a nivel nacional por cauces democráticos se vean puestas en tela de juicio a nivel europeo en la confusión de consultas generales en las que el grupo de presión más ágil y experimentado pudiera sin embargo hacer prevalecer opiniones totalmente minoritarias.
Por ello hemos presentado tres enmiendas, que tienen como objetivo mostrar en qué dirección desearíamos se orientara la reflexión: no deberían ejercerse las consultas más que en un nivel determinado por el principio de subsidiariedad; sería el Estado nacional el que se ocupara de determinar cuáles asociaciones son representativas y cuáles no; ninguna asociación podría ser definida como representativa a nivel de la Unión mientras no lo fuera a nivel de los Estados miembros; ninguna asociación debería ser consultada a nivel europeo, en un grupo de trabajo o una audición general si las subvenciones comunitarias fueran demasiado importantes en sus recursos, por ejemplo, si éstas sobrepasaran el 10 %.
Pero, en estas enmiendas sólo hay que ver indicaciones orientativas. En realidad, hubiéramos preferido que se hubiera realizado un estudio previo y profundo que mostrara cómo son designados actualmente los colaboradores externos que participan en los diferentes grupos de trabajo de la Unión, y cómo se podría mejorar el sistema respetando todas las etapas del procedimiento de decisión democrática.

Eriksson
He votado en favor del informe Herzog porque expresa críticas razonadas de las carencias democráticas del sistema institucional de la UE y de la débil posición de los ciudadanos en relación con la adopción de decisiones. No obstante, me decepcionan varios de los compromisos a que han llegado el Sr. Herzog y el grupo PPE/PSE, en especial el apartado sobre las consultas a nivel nacional que podrían influir sobre la toma de decisiones. También quiero hacer hincapié en que yo no he votado por que se refuerce la posición del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones, ni por que la Unión tenga un sistema impositivo. También estoy en contra de que se incluya el protocolo social en el Tratado; fortalece ante todo los órganos que funcionan a nivel federal, que son la Comisión y el Tribunal de Justicia.

Holm, Lindholm y Schörling
Simpatizamos en general con el informe del Sr. Herzog en lo referente a la participación de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión y en la Conferencia Intergubernamental. El trabajo efectuado por el Sr. Herzog es de calidad, ya que aborda el problema del déficit democrático y de la falta de apertura. No obstante, no se dan unas fórmulas claras y explícitas sobre cómo van a participar los ciudadanos, ni sobre cómo van a efectuarse las consultas sobre el «desarrollo» de la Unión, el paso al euro, Europol, etc. El mejor instrumento para que se dé una influencia real por parte del ciudadano es la celebración de unos referenda, precedida de un debate a fondo. No va a aumentar la participación democrática ampliando las competencias del Parlamento Europeo, como sugiere el Sr. Herzog.
No es necesaria ni deseable una amplia reglamentación comunitaria para que se produzca la participación del ciudadano.
No debería introducirse un mecanismo común de imposición fiscal, ni tampoco centros de inspección. Estamos directamente en contra de la propuesta de «mejorar» la información sobre la integración europea a través de acuerdos entre los medios de comunicación, la UE y los países miembros. Estos medios no deben verse atados por compromisos, convenios, acuerdos o cosas por el estilo, si quieren conservar su credibilidad.
La condición previa para una democracia real es además el acceso a la información, además de la apertura y la transparencia, en pocas palabras, el principio de la información.

Lindqvist
En el informe de la Comisión de Asuntos Institucionales para la adopción de una resolución se propone un número de acciones con el fin de reforzar la confianza del ciudadano y su participación en el funcionamiento de la Unión. El objetivo es, según el ponente Philippe Herzog, contribuir «al avance de la democracia en Europa». Se invita a la Comisión y a los Estados miembros a que presenten propuestas concretas con ocasión de la Conferencia Intergubernamental.
Es naturalmente central destacar la necesidad de que se pongan de relieve las cuestiones sociales y relativas al empleo, así como las de carácter económico, pero las decisiones en torno a estos importantes asuntos deben tomarse a nivel nacional. Naturalmente, los gobiernos de los países miembros tienen que cooperar en estos ámbitos.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 12.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Proyecto de presupuesto general de las Comunidades
para 1997 (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 1997.

Dankert
Señor Presidente, esta mañana ya hemos hablado extensamente de las dificultades del Parlamento con el Consejo en este procedimiento, sobre la falta de voluntad del Consejo como parte de la autoridad presupuestaria de llegar a una solución conjunta con el Parlamento. Casi tengo la impresión de que el Consejo se está olvidando de que la autoridad presupuestaria tiene dos brazos y que piensa que sólo tiene uno, a saber, el Consejo. A la larga, esto será pernicioso. Este año todavía no ha sido el caso, porque el Parlamento no ha sabido ofrecer suficiente contrapeso frente a la actitud del Consejo.
Sobre la base de las posibilidades que se presentaron en la primera lectura, habríamos podido mantener a flote el pacto de confianza de la Comisión, o por lo menos sus elementos financieros. No nos hemos atrevido. Habríamos podido mantener a flote una parte sustancial en la segunda lectura. También esto está a punto de no ocurrir. Por lo tanto, en el Parlamento hay un problema, en el sentido de que ya no se pueden movilizar 314 votos para una política que se atreva a enfrentarse al Consejo, para lograr un resultado aceptable, un resultado del procedimiento presupuestario como deseaba esta mañana en el debate el Comisario Liikanen. La cuestión es por consiguiente cómo hemos de organizarnos para el futuro. Pienso que es preciso realizar una intensa consulta interna para no repetir en 1997 y 1998 lo que sucedió de nuestro lado en 1996.
Un único rayo de luz. Si todo va tal como prevé la Comisión de Presupuestos, el jueves próximo se decidirá poner en reserva dinero en relación con Turquía y el programa MEDA. Esto es consecuencia de las decisiones aprobadas aquí por mayoría de votos, con 420 votos, en la primera lectura.
Me complace sobremanera que ello pueda lograrse. A quienes consideran injusto que se trate a Turquía de forma diferente que otros países MEDA, quisiera decirles que Turquía es un país diferente de los demás países MEDA, y que quiere serlo. Turquía es el único miembro del club MEDA que es miembro del Consejo de Europa, que se ha adherido al Convenio Europeo de derechos humanos. Turquía tiene con nosotros una Unión aduanera, sobre la cual votamos el año pasado. Turquía quiere adherirse a la Unión Europea y el Tratado de la Unión Europea incluye tal posibilidad. En resumidas cuentas, Turquía es un fenómeno especial en el grupo de los países MEDA y por ello, como fenómeno especial, es preciso tratar a Turquía como un país que está más cerca de Europa que los demás. Y a mi entender, dada la situación de los derechos humanos en Turquía, en estos momentos es posible y aceptable que optemos por este enfoque adoptado por la mayoría de la Comisión de Presupuestos.
Es todavía más aceptable porque en estos momentos estamos celebrando una consulta con los redactores jefe de los cinco principales periódicos turcos. Los redactores jefe han viajado hasta aquí para movilizarnos contra la amenaza de una limitación de la libertad de prensa en estos momentos en Turquía. Indicio suficiente de que existe una relación entre este Parlamento y lo que está sucediendo en Turquía.
Por último, una observación. Me congratulo de que en la resolución Fabre Vallés hayamos incluido una frase sobre la necesidad de que se complete a tiempo la investigación sobre nuestras remuneraciones, antes de que se inicie el procedimiento presupuestario de 1998. Me congratulo porque en lo referente a los Países Bajos, y pienso que también es válido para otros Estados miembros, me temo que si no ponemos orden en los asuntos, el tema de nuestra campaña electoral de 1999 no será Europa, sino el dinero que los diputados se meten en el bolsillo, y el Parlamento está aquí para ocuparse de que ello no suceda.

Theato
Señor Presidente, el cumplimiento de los criterios de Maastricht para la Unión Monetaria por parte de los Estados miembros tiene para nosotros la misma importancia que para los Estados miembros. No solamente por ello es necesario ahorrar en el presupuesto de la UE al igual que en los presupuestos nacionales. Pero ahorrar no significa únicamente recortar sino ante todo emplear razonablemente los créditos disponibles. Aunque el presupuesto de 1997 experimente un crecimiento cero, queremos mantener nuestras prioridades: un mayor apoyo a la pacificación en Irlanda del Norte, a la investigación y al desarrollo tecnológico así como unos 100 millones de ecus adicionales para las redes transeuropeas. Como, lamentablemente, la financiación de estos gastos adicionales no se puede realizar con el Consejo mediante una modificación del Acuerdo Interinstitucional, hay que encontrar nuevas soluciones, como una reserva negativa en la Categoría II. Esto es posible para Irlanda del Norte. Se puede aceptar un ligero aumento para la investigación más una reserva negativa. Mi grupo político rechaza una confrontación con el Consejo a causa del incumplimiento del Acuerdo Interinstitucional en lo tocante a las RTE. Se fomentan solamente proyectos pero no la construcción de los mismos. Por contra, en la Categoría IV se encuentran fondos para las RTE en los países PHARE y es allí donde necesitamos en cualquier caso la unión.
Muchas gracias al Comisario Liikanen por sus palabras al respecto. Señorías, el Consejo solamente ha aceptado una cuarta parte de las enmiendas de la primera lectura del Parlamento sobre los proyectos en detalle. Esto parece arbitrario y en parte incluso contradictorio, tal como se ve en especial en la cuestión de «ningún dinero para acciones sin fundamento jurídico». Es urgentemente necesario llegar a una declaración conjunta constructiva. Pero por de pronto, tenemos que reclamar los créditos de ayuda expuestos en la primera lectura, en especial en los campos del empleo y de la lucha contra el paro juvenil, la formación inicial y continuada, la igualdad de trato de hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y de la salud así como el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos. No obstante, antes del próximo presupuesto, el Parlamento debería realizar un trabajo de clareo de las partidas relevantes para evitar una disgregación de los créditos y alcanzar una mayor transparencia y control sobre su empleo. Lo mismo es aplicable a los órganos satélites.
Quiero expresar mis felicitaciones a los dos ponentes por su informe y también mi agradecimiento a la Secretaría de la Comisión de Presupuestos.

Tappin
Señor Presidente, como quizá espere la Comisión, limitaré mis comentarios exclusivamente a la cuestión de las agencias satélites.
Permítame, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a la Comisión por haber atendido a la solicitud que hicimos con ocasión del presupuesto para 1996, en la que pedíamos a la Comisión que presentara propuestas para que fueran estudiadas por la Comisión de Presupuestos y el Parlamento sobre la armonización y la modificación de los reglamentos financieros de las agencias; sobre la cuestión de consignar en el presupuesto los ingresos de las agencias, sobre la cuestión de una política inmobiliaria, sobre la cuestión de la situación fiscal de las agencias y, lo que es más importante, sobre la cuestión de la armonización de los procedimientos para la aprobación de la gestión. Permítame felicitar a la Comisión por haber hecho concesiones en estos ámbitos. Pero para el presupuesto para 1998 necesitamos abordar las cuestiones generales que quedan pendientes de resolver, que son: consignación en el presupuesto de los ingresos de recursos propios, la cuestión inmobiliaria, la cuestión fiscal y, la más importante, la cuestión de la aprobación de la gestión.
A continuación deseo referirme a los temas que quedan pendientes de resolver entre la primera y la segunda lectura. Me gustaría pensar que la Comisión de Presupuestos ha hecho algo más que concesiones para respetar el espíritu de los deseos de la Comisión.
En primer lugar, sobre la cuestión del CEDEFOP en la línea B3-1026, seguimos apoyando la asignación de 1, 72 millones de ecus a la reserva hasta que se inicien las obras en Salónica. No vemos ningún problema en ello, ya que el tercer pago no deberá hacerse efectivo hasta septiembre de 1997.
En segundo lugar, sobre la cuestión de Bilbao. En esa agencia continúa habiendo problemas, y la Comisión de Presupuestos recomienda que asignemos a la línea 3 millones de ecus, con 1 millón de ecus en la reserva. Ahora sabemos que la agencia tiene un director y un programa de trabajo, y he pedido al ponente, Sr. Brinkhorst, que considere la posibilidad de incluir una enmienda a las observaciones de la línea presupuestaria, en el sentido de que Bilbao podrá solicitar asignaciones adicionales en el marco de un PRS, siempre que esté justificado y que existan recursos disponibles, para permitir a la agencia llevar a cabo su programa.
En tercer lugar está la cuestión del Observatorio de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa. Veo que el Sr. Mingasson ha sido admitido como nuevo miembro del Consejo de Administración. ¿Para qué me necesitan a mí, si tienen al Sr. Mingasson? Esperamos que con la transferencia de fondos de la línea Reitox a esa agencia, con objeto de hacer operativa la línea Reitox, podamos satisfacer los deseos de la Comisión. Creo que es un buen modo de avanzar.
Por último, sobre la cuestión de la Fundación Europea para la Formación, solicitamos a la Comisión que tome los créditos de operaciones para esa línea del programa Tempus para cubrir la labor que realiza dicha agencia.
Permítame hacer una observación sobre los comentarios que hizo el Sr. Liikanen la semana pasada en la audición de la Comisión de Presupuestos. No estamos en contra de la creación de nuevas agencias, de hecho no tenemos nada en contra de ellas. Pero es necesario estandarizar y armonizar los procedimientos antes de crear nuevas agencias. Espero que la Comisión se muestre ahora dispuesta a aceptar nuestras recomendaciones.

Tomlinson
Señor Presidente, aunque adecuado en las actuales circunstancias, el presupuesto de este año ha revelado las numerosas deficiencias del procedimiento, no sólo en el seno de esta Asamblea, sino también en otras instituciones, sobre todo, naturalmente, en lo que se refiere a la conducta del Consejo como una de las ramas de la autoridad presupuestaria -un Consejo que se ha mostrado inflexible, irresponsable, contradictorio y, en ocasiones, ajeno a lo largo de todo este procedimiento presupuestario.
Quisiera expresar brevemente mi desacuerdo con el Sr. Samland cuando esta mañana criticó al Consejo por dejarse influenciar por los ministros. Es de sobra conocido que con demasiada frecuencia, los ministros se dejan influenciar por los funcionarios y que los políticos acatan órdenes de funcionarios nacionales que carecen de experiencia política y que no reaccionan ante los impulsos democráticos, sino que, en gran medida, son funcionarios que obedecen las órdenes de los ministros de Economía de recortar el gasto, incrementar las devoluciones a los Estados miembros y de arrodillarse ante los criterios de convergencia de Maastricht.
A pesar de que el presupuesto europeo necesita tener una base sólida, conviene recordar a veces que en un país como el Reino Unido, de cada 20 libras del gasto público -soy un hombre rico, les estoy mostrando un billete de 20 libras- el Gobierno británico continúa utilizando 19, 94 libras de esa suma. Seis peniques de cada 20 libras del gasto público neto van a parar al presupuesto europeo. El Reino Unido consume 1.000 millones de libras de los 300.000 millones de libras del gasto público, y pensar que ese presupuesto cubre las exigencias de los criterios de convergencia de Maastricht es absurdo.
Creo que nuestros ponentes han hecho un buen trabajo teniendo en cuenta las circunstancias, y merecen nuestro agradecimiento. No obstante, las cosas no pueden seguir así. Estamos llegando a una situación en la que la Unión Europea se enfrenta a una posible mordaza presupuestaria. Tenemos unos recursos propios que son fijos, pero las solicitudes con cargo a esos fondos aumentan constantemente. Nuestros comités de gastos presentan cada vez mayores solicitudes sobre dichos fondos, al igual que el Consejo, y la suma se ha quedado demasiado pequeña para las solicitudes que se presentan.
Eso significa que o bien conseguimos más fondos, o asumimos la realidad; o sea que si no podemos obtener más recursos -y no veo que eso vaya a ser posible- debemos hacer una mejor evaluación de los proyectos, una mejor utilización de la evaluación de los beneficios, una mejor utilización en la Comisión del presupuesto base cero y recurrir más a la Comisión para que elimine aquellos programas que en un comienzo se consideraron que tenían una vida útil finita o una duración limitada o aquellos otros que, en base a un análisis de la relación costebeneficios, se considere que han quedado desfasados. Creo que es a eso a lo que se refería el Comisario Liikanen esta mañana, cuando decía que el procedimiento presupuestario atraviesa por una crisis. Si es eso lo que quería decir, estoy completamente de acuerdo con él.

Liikanen
Señor Presidente, sólo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que han dicho el Sr. Tomlinson y la Sra. Theato sobre el riesgo de esparcir demasiado el gasto comunitario. Alabo a la Comisión de Presupuestos por su intento de reducir el número de acciones a las más importantes.
Si la Comunidad se propone seriamente acometer la ampliación -y el debate no ha hecho más que empezar-, debemos poder centrarnos en los grandes proyectos, aquellos que tengan una masa crítica y se extiendan durante un determinado período de tiempo. Aunque un programa haya tenido éxito, podemos ponerle fin y lanzar otro nuevo. La tradición comunitaria tiende a que una vez que se ha puesto en marcha algo, eso debe continuar para siempre. Es algo que estamos intentando cambiar.
Espero que cuando la Comisión discuta el presupuesto en enero, se lleve a cabo un debate a fondo sobre las prioridades, y cuando sabemos que existen unos límites máximos de gastos -y en ese sentido no se ha producido ningún cambio drástico-, hay que tener el valor político de eliminar las actividades que han perdido su utilidad.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 10.00 horas.

Financiación de la ampliación
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0353/96) del Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la financiación de la ampliación de la Unión Europea.

Christodoulou
Señor Presidente, antes de empezar, quisiera dar las gracias a los miembros de los distintos grupos de trabajo de la Comisión de Presupuestos que han ayudado y han redactado en su esencia este informe, a los Sres. Bösch, Di Prima y Miranda, a la Sra. Müller y a los Sres. Porto y Olli Rehn, que no está presente porque no fue elegido en las últimas elecciones; sin embargo, hizo un trabajo sobresaliente en el tema de la agricultura.
Señoras y señores diputados, señor Presidente, cabe señalar, en primer lugar, que el presente informe constituye un primer acercamiento al tema y no puede examinar todos los aspectos presupuestarios y económicos de la ampliación. Por lo tanto, no aspira a emitir juicios definitivos, sino que se limita a presentar datos relativos a la magnitud del coste en los principales sectores. Será posible establecer datos más detallados sobre los gastos cuando se disponga de información suficiente al respecto en virtud de estudios que tengan un carácter dinámico, es decir, que no sean estáticos, como ha sido el caso hasta la fecha, y que se basen en supuestos más realistas. Por esta misma razón, en nuestro informe solicitamos a la Comisión que proceda a un análisis y estudio con estas características, para que podamos saber cuál será, concretamente, el marco presupuestario y económico en el que nos moveremos. Por consiguiente, este informe tiene carácter provisional y sobre esta base quiero pedir al Parlamento que tome su decisión al respecto. Cabe señalar que el análisis del coste y de las repercusiones financieras de la ampliación no apunta a obstaculizar ni a dificultar ésta. Tiene como objetivo arrojar luz sobre la parte presupuestaria de la ampliación, que a menudo se olvida, permitiendo una toma de decisiones consecuentes para garantizar las mejores condiciones posibles de ingreso de los nuevos Estados miembros. Siempre bajo la influencia de cierto exceso de entusiasmo político, señor Presidente, se tiende a hacer declaraciones políticas que a posteriori se revocan, porque resulta que no se ha examinado suficientemente el aspecto económico. Es precisamente lo que intentamos hacer ahora, es decir, poner énfasis en los aspectos económicos del problema para que las decisiones políticas se apoyen en bases firmes evitando revocaciones, que, como todos comprendemos, perjudican enormemente la credibilidad de la Unión Europea.
Ante todo, conviene señalar que las razones geopolíticas generales que imponen la adhesión de los PECO a la UE y que constituyen un factor de seguridad para la región representan una decisión básica y fundamental de la Unión Europea. No se ponen en entredicho; existen y son las que son. Ahora bien, debemos tener en cuenta que un ingreso apresurado sin la preparación necesaria tendría consecuencias negativas, no sólo económicas, sino también políticas; es decir, por un lado, se correría el riesgo de que los nuevos países no participaran en las principales políticas de la Unión durante un largo período de tiempo (lo cual supondría muchas exclusiones y aplazamientos, que equivaldrían al ingreso de los nuevos miembros como socios de segunda categoría, no como plenos miembros con la posibilidad de participar en los sucesos comunitarios de Europa) y, por otro lado, se perjudicaría en gran medida el funcionamiento del mercado interior, ya que los que entrasen con divergencias tendrían como principal objetivo de su política eliminar tales divergencias. Por lo tanto, se exige que los requisitos que los países candidatos tengan que cumplir sean los mismos que se fijaron a partir del Consejo Europeo. Sobre éstos no hay nada que discutir; son requisitos que se refieren a la estructura social, económica y política de los Estados candidatos.
No obstante, cabe señalar que, desde el punto de vista puramente económico, las reformas estructurales en cada país candidato constituyen un factor determinante para el éxito de la ampliación. Por consiguiente, se subraya la necesidad de fomentar el carácter estructural de las intervenciones comunitarias europeas en los países candidatos y, por lo tanto, o el programa PHARE adquiera un carácter claramente estructural, o, aún mejor, se cree un nuevo medio financiero. Además, no hay que olvidar que la Unión Europea no la única fuente de financiación; hay otras entidades financieras, y, en consecuencia, la coordinación entre ellas es imprescindible para tratar de manera correcta los asuntos económicos. La correcta preparación, pues, requiere tiempo y ayudas económicas que implican un alto coste para la Unión Europea, que, paralelamente, debe continuar su esfuerzo de profundización, que no se puede abandonar. Por esta razón, la evaluación del coste, como ya he dicho, no es un asunto fácil. Además, más allá de las repercusiones presupuestarias directas, es decir, las de la financiación destinada a los países candidatos, sea en el marco de su preparación para el ingreso, sea después de su ingreso (por ejemplo, la participación en las políticas de la Unión o los gastos administrativos relativos a la remuneración del personal y a todo tipo de instalaciones), no debemos subestimar las repercusiones presupuestarias indirectas, es decir, los gastos para el fomento de la cohesión y la convergencia y las posibles adaptaciones a las políticas de la Unión: política común agraria, políticas estructurales, etc. Estas son inevitables, se llevarán a cabo de todos modos, pero a partir de ahora se tendrán que examinar bajo el aspecto del posible ingreso de los nuevos Estados miembros, de manera que sean realistas y tengan una lógica interna.
La ampliación, pues, será beneficiosa si todas las partes interesadas la preparan bien. Por esta misma razón, señor Presidente, aparte de los criterios, debemos considerar como un elemento básico de la estrategia la adopción de un período de preadhesión ajustado a las necesidades específicas de cada país candidato. El ingreso conjunto de distintos países con pocos elementos comunes entre ellos y que no entren en un marco económico general puede crear problemas, así como diferencias respecto a la cuestión de quién es el primero o el segundo en el rango. Un período de preadhesión largo o corto, según las características de cada país, que tenga como meta final, segura y legalmente establecida, la adhesión a la Unión Europea, con intervenciones financieras que fomenten el esfuerzo de desarrollo realizado, es la mejor solución y constituye, precisamente, el elemento político fundamental que este informe viene a apoyar.

El Presidente
No cabe duda de que el tema reviste una importancia histórico-estratégica, pero, por desgracia, disponemos de poco tiempo para abordarlo. En consecuencia, ruego a sus Señorías que respeten el tiempo que tienen a su disposición.

Oostlander
Durante la tramitación en la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Asuntos Exteriores ya presentó una serie de enmiendas que había aprobado unánimemente. No han quedado muchas en pie, tras la votación en la Comisión de Presupuestos, y a pesar de las conversaciones con el ponente, el Sr. Christodoulou, a quien respeto como un gran experto en este ámbito, no nos hemos puesto del todo de acuerdo, aunque por fortuna en algunas cuestiones sí.
En relación con el presente informe de la Comisión de Presupuestos nos llama la atención, y es algo que se ha repetido varias veces en los debates de la Comisión de Presupuestos, entre otros por el ponente, que en realidad no disponemos de suficientes datos para ofrecer un buena visión de los efectos presupuestarios de la ampliación. El Sr. Christodoulou lo ha repetido antes. Es decir, que en lo concerniente a esta cuestión importante no hemos progresado mucho en comparación con hace medio año. Yo, y la Comisión de Asuntos Exteriores, habríamos preferido esperar un poco con este informe hasta disponer de una base estadística fiable y comparable, para poder contar con un informe presupuestario de categoría. La Comisión de Presupuestos lo ha reconocido al proponer el título de informe interino, lo cual indica que la propia Comisión de Presupuestos no está satisfecha con este informe y abre las puertas a otros informes futuros en que se pueda decir más cosas en el ámbito presupuestario.
En vista de ello, lamento mucho que el presente informe, tal como se presenta, suponga un enfoque algo negativo hacia Europa Central. No es necesario. Aunque sí considero que hemos de ser cautelosos y hemos de especificar los problemas que ya vemos claramente, pero hemos de tratar de no preocupar innecesariamente a Europa Central con nuestra actitud, pues allí empiezan a cuestionar si realmente queremos la ampliación. Me parece una mala reacción que provocamos en Europa Central. Por supuesto, nunca se ha pretendido que la Comisión de Asuntos Exteriores fuera la única en hablar de esta cuestión. Siempre he esperado que llegara el turno a la Comisión de Agricultura, y también las comisiones que se ocupan de la política estructural, las libertades públicas, la Comisión REX y la de presupuestos. Es decir, que nunca se ha pretendido olvidarlas, aunque por desgracia en nuestro informe de hace medio año no recibiéramos un dictamen de la Comisión de Presupuestos, a pesar de haberlo pedido.
Por consiguiente, nunca hemos pretendido olvidar los aspectos presupuestarios, pero, tratándose de este tipo de cuestiones concretas, queremos tener cifras concretas que expliquen qué estamos haciendo realmente. Considero importante dejar bien claro a Europa Central que la ampliación no implica tan sólo cuestiones cuantitativas y pecunarias, sino sobre todo una cuestión cualitativa y estructural, como ya ha dicho el ponente. Por consiguiente, nada de hipótesis terroríficas en un informe como este, y hay que dejar claro que no es la última palabra y que todo lo que contiene no tiene un significado negativo y que también en este sentido se revisará sobre la base de datos fiables que esperamos poder ver en el futuro.

Schröder
Señor Presidente, el ponente, Sr. Christodoulou ha podido recoger relativamente poco de la opinión emitida por la Comisión de Política Regional, lo que puedo comprender. Ambos hemos hablado al respecto y llegado a la conclusión de que es oportuno que la Comisión de Política Regional presente un informe propio sobre este complicado tema.
Creo que cualquiera que se ocupe del tema tratado por el Sr. Christodoulou, lo va a tener muy difícil pues las cifras son irrefutables. Si se habla en cifras de este tema y el momento de hacerlo es algo pronto, puede ocasionar más bien fricciones que entusiasmo. No obstante, creo que no hay motivo para caer en el pánico o la desazón pues los aspectos financieros de la ampliación hacia el Este son solamente una parte. El Sr. Christodoulou se ha centrado muy conscientemente en este aspecto pues se trata de su campo. No creemos que el informe Christodoulou deba tratar la totalidad del tema de la ampliación hacia el Este. El pánico está además totalmente injustificado pues los Estados aspirantes con seguridad no van a entrar en bloc . No quiero establecer un orden pues no es mi tarea, pero si los polacos, checos, eslovenos, húngaros, estonios y otros van a ingresar, entre el ingreso de cada uno de ellos va a existir un determinado período de tiempo. Tras cada ingreso, la Unión Europea se modificará cualitativa y no sólo cuantitativamente. Probablemente, nos admiraremos -creo que en sentido positivo- de lo que resulta de la Unión Europea si estos dinámicos países, altamente motivados, ingresan. En lo que se refiere a los aspectos financieros, sólo puedo indicar que la Comisaria competente, la Sra. WulfMathies, es de la opinión de que es posible una ampliación hacia el Este sin elevar los recursos propios y sin ampliar la proporción del PIB de las ayudas estructurales.
Para finalizar, quiero seguir el hilo de lo expuesto por el Sr. Oostlander. Comparado con la ganancia que va a experimentar la Unión Europea con el ingreso de los países de la Europa Central y Oriental, todas las cifras, todas las cargas que se nos van a plantear -las cargas son siempre relativas- son realmente una magnitud despreciable. Las ganancias para Europa derivadas de una ampliación hacia el Este van a ser tan grandes que deseo que todos impulsemos con gran dinamismo y rapidez este proceso.

Berend
, ponente para opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. (DE) Señor Presidente, Señorías, yo también podría lamentar en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación la ausencia de cifras concretas. No podemos decir nada concreto que podamos tratar en este informe, si bien lo veo como un informe provisional al que tendrán que seguir otros, tal como ha dicho el Sr. Christodoulou.
En las diferentes cumbres siempre se ha confirmado el importante papel de la política cultural, de formación y de los medios de comunicación en lo tocante al desarrollo del Estado de derecho y de la democracia en los países de la Europa Central y Oriental aunque en la ampliación hacia el Este siempre se ha considerado como el punto central la adaptación de la economía y la equiparación de las normas jurídicas. No se debe infravalorar este importante aspecto de la formación y de la cultura. Una intensa ayuda financiera en el ámbito de la formación es importante pues, según la Comisión, en los países de la Europa Central y Oriental se puede notar un sensible retroceso.
No hay que tener dotes proféticas para predecir que esto va a conducir a medio plazo también a un estancamiento de la economía y a consecuencias negativas para la adhesión ya que las diferencias se van a ir agrandando. ¿Qué podemos hacer como Comunidad para que los créditos financieros se dediquen no solamente a la modernización de sectores económicos sino también a la formación, cultura y medios audiovisuales? Mientras los países que quieren ingresar sean considerados como extranjero, el Tratado de Maastricht no permite la ejecución de proyectos de formación inicial y continuada mediante los Fondos estructurales.
Según la Comisión, no existe ninguna posibilidad para ello por razones jurídicas. Sin embargo, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación es de la opinión de que los países de la Europa central y oriental deben tener la posibilidad de dedicar autónomamente el 10 % de los créditos PHARE que les corresponden a la cofinanciación de los correspondientes programas de la UE. Pero, como he dicho, esto sólo es posible si se responde a la cuestión de fondo: ¿consideramos jurídicamente a estos países candidatos a la adhesión como extranjero o no? La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación está a favor de proceder pragmáticamente en este contexto y de dedicar los créditos PHARE de un modo más flexible hasta la adhesión para que estos países tengan una mayor libertad de decisión al respecto.
La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación está asimismo a favor de elevar la parte de PHARE destinada a la cofinanciación -subrayo lo de la parte de PHARE-, como una vía factible para no desatender a la cultura y a la formación y que no se conviertan en un obstáculo para una pronta adhesión.

Wiersma
Señor Presidente, pienso que hoy el Parlamento vuelve a debatir una cuestión muy importante. Pienso que en sí era una idea ambiciosa por parte de la Comisión de Presupuestos querer tratar ya ahora esta cuestión. El carácter de la cuestión da pie a muchas conjeturas, lo cual confunde el debate sobre la deseada ampliación, repito: sobre la deseada ampliación. La ampliación es una opción política, y no financiera. La ampliación cuesta dinero, pero también produce ventajas, entre otras, financieras. Cuánto costará la ampliación depende de lo que haga la Unión interna y externamente en los próximos años. Cuando digo internamente me refiero a qué reformas estructurales y financieras se llevarán a cabo, y la cuestión primordial es por supuesto qué principios aplicaremos entonces. Para la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, uno de los principios importantes es mantener la solidaridad y la cohesión necesaria, inclusive en la Unión ampliada. Pero más importante aún es la cuestión de qué esfuerzos hace la Unión por ayudar en los próximos años a los países candidatos a realizar la adhesión. Por supuesto, a ello va vinculada la pregunta de qué harán estos países hasta el momento de convertirse en miembros de la Unión. Cuantos más frutos dé esta estrategia, menos costará la ampliación, y se trata de una estrategia de país por país, amén de una adhesión de país por país. También esto repercute en los costes finales.
En mi modesta opinión, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, recalco los esfuerzos previos a la adhesión. A través de PHARE y el BERD, por medio de la cooperación comercial, incluso en sectores sensibles, por medio de la reforma del mercado, y, en lo que a nosotros respecta, una prioridad también en el ámbito de la política social. Mediante las inversiones en la administración y en infraestructuras, fomentando la conexión con la UE en todos los ámbitos, sin olvidarse por supuesto de la moneda única. Los costes pueden ser muy elevados si esta estrategia fracasa, y no me refiero únicamente a los costes para el presupuesto de la UE. La preparación de la ampliación es un proceso dinámico y exige un enfoque dinámico. Por consiguiente, no hay que estar a la expectativa, sino que hay que ponerse enseguida manos a la obra para la ampliación. Esto determinará finalmente sobre todo el nivel de gastos y en realidad no deberíamos hablar de la financiación de la ampliación, sino de los costes de la adhesión.

Bösch
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su trabajo. No es fácil realizar un trabajo de este tipo en los momentos actuales y aquí vemos también las diferencias de opinión que puede provocar un informe de este tipo de la Comisión de Presupuestos.
Una cosa está clara: lo que ha presentado la Comisión de Presupuestos no es un documento diplomático. Naturalmente, aún no sabemos el cuándo, ni el quién ni qué requisitos presupuestarios se van va a exigir para lograr la adhesión a la Unión, pero cuando lo sepamos ya no serán necesarios unos grandes informes de nuestra Asamblea pues las cosas estarán ya decididas.
Queremos dejar una cosa clara: la Comisión de Presupuestos de esta Asamblea está a favor y quiere la ampliación. Pero también estamos en deuda con nuestras electoras y electores, con lo que me refiero también a los contribuyentes, así como con nuestros futuros interlocutores de la Europa oriental, por lo que debemos intentar colocar este debate sobre la ampliación sobre un fundamento presupuestario algo más sólido. No podemos seguir aceptando que destacados políticos de la Unión -entre los que incluyo al Canciller Federal alemán y al Jefe de Estado francés- hablen en Varsovia poniendo el año 2000 como fecha de adhesión para Polonia. Todos los presentes sabemos que no va a ser así. Las y los colegas del otro lado también saben que no va a ser así, por no decir que con frecuencia son esos Gobiernos los que defienden en esta Asamblea una política presupuestaria totalmente contraria.
Esta es la tarea central de este informe de la Comisión de Presupuestos. Debe estar claro que una ampliación de la Unión Europea solamente va a ser posible tras una reforma profunda y radical de las políticas estructurales y de la política agrícola común.
Por ello, es relativamente irrelevante si tomamos más bien precavidamente los costes de la ampliación -tal como hace la Comisión- o si lo consideramos como una prosecución de las actuales transferencias per cápita. Un ejemplo de la política estructural: la Comisión afirma que los costes adicionales podrían ser del orden de 9.000 millones de ecus anuales. Si proseguimos las actuales transferencias per cápita en favor de los Estados más pobres de la Unión, solamente con la adhesión de los cuatro Estados signatarios del Acuerdo de Visegrad se ocasionarán unos costes adicionales de 26.000 millones de ecus. Aunque no se mueva nada, algo se mueve. Quiero exponer otro ejemplo al respecto: una ampliación de los cuatro Estados signatarios del Acuerdo de Visegrad haría descender los ingresos medios per cápita de la Unión en aproximadamente un 7 %. Esto significaría que se suprimirían numerosas regiones actuales del Objetivo 1.
No era nuestro objetivo realizar un segundo informe Oostlander. En los últimos tiempos, como diputados, nos vemos confrontados continuamente al problema de tener que hacer concordar ante nuestras electoras y electores las grandilocuentes declaraciones realizadas por los Jefes de Gobierno en las cumbres con la realidad política cotidiana. Creo que lo que hoy ha presentado el colega Christodoulou es un intento serio en dicha dirección que debemos proseguir.

Porto
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Christodoulou por un informe en que ha conseguido encontrar un equilibrio correcto entre diferentes elementos dignos de consideración en la adhesión de los próximos países miembros. Suscita el mayor entusiasmo la adhesión de países en relación con los cuales, aún hace poco más de ocho años, los caminos de progreso democrático que hoy están recorriendo no serían más que un sueño. Pero, en pro de su interés y del conjunto comunitario, hay que adoptar con realismo medidas básicas en diferentes ámbitos.
Uno de ellos es el de la política agraria, que no se puede dejar de adaptar a un mayor funcionamiento del mercado, pues sólo así se evitarán precios demasiado gravosos para los consumidores de esos países y un peso insoportable en el presupuesto de la Unión. No podemos dejarnos «encantar» con previsiones optimistas, pero no realistas, que exigirían, de hecho, asignaciones insoportables para la aplicación de la PAC actual.
El presupuesto ha de estar preparado, fundamentalmente, para que apoyemos las políticas estructurales indispensables para la adaptación de las economías de los países candidatos a un mercado más abierto y mucho más exigente. Por otro lado, so pena de comprometer el propio proceso de integración, conviene mantener e incluso fortalecer las políticas estructurales en los actuales países miembros. No por que descienda la media de la Unión dejarán de necesitar muchas regiones de esos países apoyos de esa naturaleza. Por lo demás, una Europa fuerte es, indispensable para las economías de los candidatos a la adhesión, al crear nuevas demandas y proporcionar medios de inversión.
Por último, como subrayé en el informe que elaboré para la Comisión de Presupuestos, la adhesión de los países ahora candidatos vuelve aún más apremiante la adopción de medidas en la esfera presupuestaria en particular en lo que respecta a su dimensión y a los ingresos que deberán alimentarla.
Como no se puede cambiar la política agraria de un momento para otro (pues requiere, en cualquier caso, recursos importantes para su adaptación), como debe haber un nuevo fortalecimiento de las políticas estructurales y los demás gastos son mucho menos importantes y en gran medida irreducibles, no nos parece posible la integración de los nuevos miembros sin un refuerzo porcentual del presupuesto de la Unión (así lo espero) por encima del escaso 1, 27 % previsto para 1999, pues, de lo contrario, ante la realidad de las cifras, habrá que dudar de la «seriedad» de las manifestaciones de voluntad de aceptación de miembros nuevos.
Por otro lado, no se puede aceptar que la tributación del consumo siga teniendo un peso predominante en los recursos propios comunitarios. Una tributación directa, de acuerdo con la capacidad contributiva de los ciudadanos, sería un modo deseable, indispensable incluso, de identificarlos mejor con el proceso de integración y hacer que pasen a ser más exigentes en el control del uso de los recursos. Pero, además de eso, no se podría aceptar una situación de regresividad como la actual, agravada con los nuevos miembros, en que los ciudadanos más pobres pagan a la Unión porcentajes más elevados de sus rentas por habitante. Es una situación inaceptable en el plano interno, que no puede dejar de serlo también en una Europa que pretende ser justa y contar con la participación de sus ciudadanos.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el informe tan interesante de nuestro colega Christodoulou es un trabajo que ha movilizado muchas energías, como el propio ponente ha señalado, pero que no puede ser considerado como una contribución probatoria en el debate sobre la ampliación. Si todo el mundo en este hemiciclo está convencido de lo incuestionable de la ampliación, yo, por el contrario, no estoy seguro de que la financiación adecuada se vea de la misma manera desde el punto de vista del ponente o desde el de los contribuyentes. Debo señalar principalmente que la estrategia que consistiría en reducir los créditos de la política agrícola común es una visión de corto alcance que no considera el hecho de que la PAC es un sistema económico de mercado que no encuentra más que una traducción a nivel presupuestario en el presupuesto de la Unión Europea.
Ésta es la razón por la que soy de los que han considerado ayer que algunas semanas más hubieran sido útiles para plantear otras hipótesis. En efecto, creo que un examen de todas las consecuencias del paso a la moneda única, que va a necesitar una nivelación costosa de la adaptación entre los «in» y los «pre in», tendrá una incidencia muy importante en los recursos comunitarios. Así pues, hoy nada permite pensar que, más allá del año 2000, se pueda superar una retención sobre el producto interior bruto por encima del límite del 1, 27 % previsto en la actualidad por los tratados.
Además, no creo que el período tan delicado, entre el año 1999 y el 2000, y cuando toda la energía de los Quince se vea ampliamente absorbida por el paso del euro virtual al euro real, se revele como algo fácil para dar satisfacción a lo que desea el ponente, es decir, una refundición del sistema de los recursos propios que la CIG podía estudiar.
Por mi parte, no creo que la CIG, que debe hacer frente a un gran número de asuntos que la actualidad convertirá en apremiantes, esté en condiciones de estudiar un tema de este calado. Repito que ello no disminuye el valor del trabajo del ponente, pero su flagrante desfase con respecto a las obligaciones presupuestarias de los Estados despierta, al menos, el escepticismo del grupo UPE.

Brinkhorst
Señor Presidente, el debate hasta ahora refleja que estamos con el tiempo justo en lo que respecta a este informe provisional. Ni que decir tiene que la cuestión de la ampliación es una opción política, y el Grupo de los Liberales Demócratas la ha apoyado siempre. Pero, al mismo tiempo, también está claro que las palabras deben ir acompañadas de obras. Es el principal significado del debate sobre el presente informe que celebramos en estos momentos.
No se puede negar que la próxima ampliación tendrá implicaciones fundamentales, tanto institucionales como financieras, para la misma esencia de la Unión Europea. La magnitud de estos cambios es mayor que todo lo que hemos conocido hasta ahora. En esta ocasión no bastará con que nos concentremos simplemente en el objetivo político global, por muy deseable que éste pueda ser. Y precisamente por ese motivo debemos abordar el quid de la cuestión; aunque a veces sea contemplado como una mera cuestión técnica.
Como indica el ponente, Sr. Christodoulou, debemos tener una imagen precisa de lo que ello implica realmente con el fin de poder determinar cuál es la mejor estrategia a seguir para lograr dichos objetivos. En esta ocasión, las incógnitas son incluso mayores y, por ello, debemos prepararnos lo mejor que podamos. No será posible trazar una imagen precisa y completa de las implicaciones, pero deberemos tenerlas presente a cada paso del proceso.
Eso es lo que ha llevado a mi Grupo a presentar sus enmiendas. Deseamos que la resolución del Sr. Christodoulou ponga de relieve las implicaciones de las elecciones fundamentales que está tomando la Unión con objeto de ofrecer una imagen clara de qué es exactamente lo que está en juego y cuáles son las necesidades a las que hay que atender en términos concretos para llevar a buen puerto la próxima ampliación.
Existen tres puntos esenciales que mis colegas y yo desearíamos exponer en este sentido y que están reflejados en las enmiendas. Esta vez, la ampliación propiamente dicha deberá ir precedida de una profundización de la Unión. Sólo así podrán los candidatos tener una idea precisa de la Unión en la que se integran. No es posible, como demuestra todo el asunto de la CIG, reajustar el proceso de integración una vez que han dado el paso.
En segundo lugar tenemos la cuestión de las repercusiones económicas. O los Estados miembros incrementan el presupuesto y las asignaciones a los Fondos estructurales y demás políticas distributivas, o de lo contrario nuestra actual solidaridad financiera se verá afectada. No hay otra alternativa. Es una elección básica la que hay que hacer. Ya percibo de los colegas situados a mi derecha y a mi izquierda cómo emiten señales muy diferentes en este respecto.
En tercer lugar, la ampliación tiene implicaciones para el programa PHARE, que deberá someterse a una racionalización de sus objetivos. El informe Christodoulou recoge algunos puntos muy importantes sobre este aspecto. Si queremos que dicho programa se convierta en una herramienta cada vez más eficaz a disposición de los países candidatos -el Sr. Wiersma ha expuesto este aspecto con toda claridad-, es mucho lo que deberemos hacer en esta fase, y no podemos esperar hasta que se haya dado el paso.

Miranda
Señor Presidente, la complejidad y la delicadeza de la materia que estamos examinando requieren una ponderación seria. Por eso, nos congratulamos, en lo relativo específicamente a la financiación de la ampliación, de la enunciación exhaustiva de los sectores problemáticos y con la cautela adoptada en cuanto a las soluciones.
En particular, subrayaré, en este marco, la necesidad citada de períodos de transición considerables -e incluso la preferencia afirmada en un informe por un período extenso previo a la adhesión- o las consideraciones (no definitivas) hechas a propósito de esferas tan controvertidas como las de la agricultura y de las acciones estructurales, aunque nos alejemos de algunos caminos indicados en ese ámbito para la necesaria reforma de la PAC.
Para nosotros es esencial e inequívoco en este ámbito que nuevos objetivos requieren, efectivamente, nuevos recursos y también nuevas formas de obtenerlos.
Entretanto, resulta evidente también que el Parlamento Europeo no tiene condiciones para hacer cálculo serio y definitivo alguno de los costos financieros de la ampliación. Y sería conveniente, entre otras cosas por el desconocimiento de las condiciones en que se hará, que intentara hacerlo en el momento actual.
Aspecto diferente, que el informe no aborda, es el siguiente: el análisis de los costos financieros de la ampliación debería ir acompañado, o incluso precedido, en las diferentes opciones por un análisis de sus incidencias globales en los planos económico y social para la Unión y para cada uno de sus Estados miembros y para los países candidatos. La cuestión financiera es importante, pero no exclusiva ni preponderante.
Uno observación final para mencionar nuestra discordancia con el informe respecto de dos aspectos concretos: la asociación estricta que se establece entre la ampliación y la UEM -cuando es sabido que incluso miembros actuales no van a adoptarla, porque no quieren o porque no pueden- y la exigencia que se impone de la adopción por los países candidatos de modelos económicos y sociales ultraliberales, que chocan en particular, en vista de que en el informe ni una sola vez se hace referencia a las cuestiones sociales.
En cuanto a esos y otros aspectos, presentaremos algunas propuestas de enmienda.

Müller
Señor Presidente, Señorías, cuando en el año 2009, es decir, 20 años después de la caída del muro, nos sentemos en esta Asamblea con nuestros colegas polacos, húngaros, eslovenos, estonios y quizás otros más de la Europa oriental y nos rompamos conjuntamente la cabeza sobre Europa y el mundo, sólo entonces habrá finalizado realmente la guerra fría y tendremos una Europa unida y organizada pacíficamente. Recordaremos como en 1996 debatimos sobre el informe Christodoulou y lo enjuiciaremos como realista y previsor. Previsor porque el informe tiene en su punto de mira el horizonte de este cambio de milenio y no deja duda alguna de que la ampliación de la Unión Europea va a llegar y se podrá financiar. Realista porque muestra sin adornos la profundidad de las modificaciones que se exigen tanto a los países candidatos como a los Estados miembros. También muestra que el entramado de intereses establecidos en la antigua Unión deberá romperse y reordenarse en el marco de unas prioridades paneuropeas.
No se trata pues de una nueva variante de ahorro para Europa, en concreto para la Europa oriental, sino de transmitir a las ciudadanas y ciudadanos de Europa una nueva situación, la idea de un orden de paz institucional, y de mostrar vías para una participación activa. En este proceso se incluye una mayor participación democrática así como la ponderación de las prestaciones de transferencias. Para impulsar la ampliación hacia el Este y cumplir, por otro lado, con nuestra creciente responsabilidad en el Tercer Mundo, los créditos para las transferencias estructurales y agrícolas se van a reducir en algunos miles de millones de ecus a pesar de la ampliación del margen financiero global, por lo que deberán emplearse de un modo más dirigido. Aquí se incluye en primer lugar la expiración de los Fondos de cohesión hasta finales del milenio. La ampliación hacia el este es financiable. No atreverse a hacerla nos saldría más cara. Realizarla lo más sólida y rápidamente posible será una ganancia de inapreciable valor para todos.

Lalumière
Señor Presidente, como tuve ocasión de decir ayer cuando pedí que el informe del Sr. Christodoulou fuera retirado del orden del día, me parece que este informe llega en un momento inoportuno. En efecto, es prematuro evaluar el coste de la ampliación de la Unión Europea a los países de la Europa Central y Oriental pues nos encontramos en un proceso dinámico y evolutivo. Por otra parte, el propio ponente constata que las informaciones de que dispone no permiten ser preciso.
Por otra parte, el hecho de hacer hincapié hoy en el aspecto financiero de las consecuencias de la ampliación puede dar una imagen negativa de la Unión en los países implicados. La Unión corre el riesgo de parecer únicamente preocupada por asuntos presupuestarios y contables y, en definitiva, poco favorable a la llegada de nuevos miembros. Hubiera sido preferible presentar este informe con ocasión de un debate conjunto sobre la ampliación, en el que todos los aspectos políticos y financieros se hubieran presentado conjuntamente. Todo hubiera sido más equilibrado, y el mensaje político dirigido a los PECO más positivo y estimulante.
Votaremos aquellas enmiendas encaminadas a completar el informe dándole una orientación más política, más positiva y, naturalmente, reservaríamos nuestro voto si las principales enmiendas fueran rechazadas.

Muscardini
Señor Presidente, no cabe duda de que la ampliación de la Unión es, más que un problema de presupuesto que, de hecho, existe y tiene un alcance considerable, una cuestión fundamentalmente política, habida cuenta de que el proyecto de resolución que nos fue presentado se preocupa de instar a la Comisión a elaborar un estudio pormenorizado sobre la futura reforma de la PAC y de los Fondos estructurales, a fin de constituir una base fiable para la toma de decisiones con respecto a la ampliación. En otras palabras, esto significa que la cuestión política de la ampliación es prioritaria respecto a las consecuencias económicas que afectarán al sector agrícola y la gestión de los Fondos estructurales y de cohesión.
El alcance de la ampliación a doce nuevos miembros debe contemplarse en todos sus aspectos, incluido el de la modificación de una serie de políticas, una modificación que podría plantear grandes riesgos para la Unión y acabar por desvirtuarla.
Las estimaciones presupuestarias pueden llevarse a cabo como un ejercicio de prospección, sin embargo, las mismas serán válidas sólo si se conoce la política en los distintos sectores o si es posible partir -tal como afirma la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa- de determinadas previsiones políticas alternativas. De hecho, por lo que respecta al futuro de la Unión, las posibilidades de ampliación no dependerán de las barreras presupuestarias, sino de las institucionales, que se identifican en la composición de las distintas Instituciones, la naturaleza del proceso decisorio en el seno del Consejo, las competencias de la Comisión y los poderes de control del Parlamento. Sin la solución de dichas cuestiones, no podrá haber una ampliación que garantice la continuidad de la Unión y, sin el establecimiento del Estado de derecho y de la democracia plena en todos los PECO, la prioridad política de la ampliación se verá perjudicada.
El coste de esta ampliación, según una estimación algo benévola, girará en torno a unos tres millardos de ecus anuales. Con relación al sector agrícola, un sector que reviste una importancia prioritaria y no sólo para los PECO, la ampliación supondrá una serie de gastos complementarios de adaptación que superan los 12.020 mecus anuales, que equivalen a 12.200 millones de ecus desde el 2000 hasta el 2010, sin contar los gastos necesarios para adaptar y modernizar las producciones y, en el mejor de los casos, mejorar las infraestructuras existentes.
En consecuencia, la PAC que ya muy difícilmente se ajusta a los Quince en cuanto al principio de subsidiariedad, la solidaridad financiera, las preferencias comunitarias y la unicidad del mercado, se verá muy debilitada por la ampliación y este fenómeno no tendrá consecuencias en el sector agrícola comunitario, sino que conllevará repercusiones negativas sobre la mano de obra agrícola de los PECO que encontrará muy fácil su migración hacia un sector agrícola más rico.
Sólo después de una renovación radical de la Unión que no podrá confiarse únicamente a la Conferencia Intergubernamental, sino que va a depender de la voluntad política de unión efectiva, las nuevas adhesiones de los países PECO podrán llevarse a cabo con suficientes probabilidades de éxito para ambas partes.
La Unión política representa el único supuesto válido para debatir en torno a la ampliación: antes es preciso decidir las reglas para estar juntos, lo que significa reformar la estructura institucional y reequilibrar los poderes y, sólo entonces, se podrá hablar de ampliación y de su financiación. La prisa no es nunca una buena consejera.
Para evitar daños irreparables en contra el acervo y el progreso de la Unión, hay que confiar en que la Conferencia Intergubernamental concluya sus trabajos dando un nuevo impulso a la realización de la Unión política. Si esto no sucede, habrá que resignarse a prorrogar la duración de los acuerdos de asociación. Se tratará de un mal menor. El informe de la Comisión de Presupuestos parece prematuro, en particular, porque no pone el acento sobre la necesidad prioritaria de la actuación de la Unión política.
Deseo subrayar que en la mayoría de las intervenciones anteriores se ha puesto precisamente en evidencia la necesidad de una Unión política anterior a la ampliación, es decir, la necesidad de que la Unión política sea prioritaria respecto a la misma Unión económica y, por ello, que se demuestre la capacidad de esta Unión política, en cuanto se logre, de funcionar para poder después y sólo después, llevar a cabo una posible ampliación. De hecho, si no se profundiza y logra la Unión política, la ampliación conllevará para nuestros pueblos -los pueblos de los actuales quince Estados miembros de la Unión- un aumento del desempleo y la pobreza y, al mismo tiempo, condenará a los propios PECO a más pobreza e incapacidad de ingresar de forma efectiva en la Unión.
Nos hallamos ante una elección: Unión política o zona de libre cambio. Por lo que nos atañe, somos partidarios de la Unión política.

Colom i Naval
Señor Presidente, aparte de felicitar al ponente, permítame que inicie mi intervención con una reflexión desde un plano distinto del presupuestario.
Quisiera subrayar que aquellos que hemos vivido cuarenta años bajo una dictadura fascista, aquellos que recordamos todavía que la primera petición española de adhesión a la Comunidad Económica Europea, la de 1962, fue rechazada porque no se daban las condiciones democráticas exigidas, y sabemos, por tanto, lo que es vivir sin libertades y aislados, nosotros -digo- estamos, me parece, especialmente cualificados para comprender los anhelos de nuestros vecinos del Este europeo.
Quisiera también decir, en nombre de los socialistas españoles, que, igual que en su día apoyamos sin titubeos la unidad alemana, estaremos en su momento dispuestos a apoyar también sin titubeos la unión de Europa. Sólo deberán quedar fuera aquellos que se autoexcluyan.
Señor Presidente, estoy fundamentalmente de acuerdo con el informe del Sr. Christodoulou y quisiera hacer algunas observaciones.
En primer lugar, no es prematuro. Lo sería si, como algunos están confundiendo aquí, se tratara de un informe contable. Lo que estamos haciendo aquí es plantear los problemas financieros del futuro -y este planteamiento no es prematuro porque las cuestiones serán muy complejas-.
Segundo: la Unión no puede permitirse el lujo de no ampliarse, y deberá tener en cuenta, también en sus costes, los de la no ampliación, si queremos hacer un balance justo.
Tercero: la ampliación a los PECO es importante e interesante para los ciudadanos de la Unión, sus trabajadores, sus empresas, para los de los países candidatos e incluso, me atrevería a decir, para los de los terceros países, pero no será gratis.
Es ridículo, en mi opinión, pensar que la incorporación de una docena de países, cuya renta por habitante no alcanza el 50 % de la media comunitaria actual, pueda hacerse al amparo del 1, 27 % del producto interior bruto de una Comunidad cuyo producto interior bruto por habitante se verá rebajado por la propia ampliación. Por lo tanto, creo que aquí deberemos tener en cuenta nuevas necesidades.
Señor Presidente, quisiera señalar -y con esto acabo- que, en nuestras perspectivas financieras, deberemos considerar quizás la necesidad de contar con una categoría específica para la ampliación. Sólo con eso, creo, podremos contemplar debidamente todos los aspectos: desde la Unión Monetaria a las políticas estructurales, pasando por la reforma agrícola de todos, comunitarios y extracomunitarios, que deberemos llevar a cabo a comienzos del siglo que viene.

Stenzel
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones al ponente, Sr. Christodoulou, por este informe. Tiene un efecto catalizador en lo que se refiere al debate público en esta Asamblea sobre la ampliación hacia el Este, si bien debo advertir que surge la impresión de que la tarta es cada vez más pequeña y que estamos comenzando a pelearnos por el mejor trozo.
En segundo lugar, habría que impedir que con la próxima fusión Este-Oeste -y en esto consiste la ampliación hacia el Este de la Unión Europea- surja una división Note-Sur. Para mi país la ampliación hacia el Este es un tema de la mayor trascendencia, pues Austria limita con cuatro candidatos potenciales a la adhesión -Hungría, Eslovaquia, la República Checa y Eslovenia-, que conjuntamente con Polonia, serán muy probablemente los primeros en ser acogidos.
En segundo lugar, a lo largo de estas fronteras transcurría el telón de acero, la línea que dividía a Europa. Los austríacos comprendemos la ampliación hacia el Este como una oportunidad para superar esa ruptura y culminar la unificación europea, si bien la política va siempre a la zaga de la economía. Ya hoy el entrelazamiento económico de Austria con la Europa central es grande. El 13 % de nuestras exportaciones va a ese área. Una tercera parte de todas las inversiones se ha realizado allí y 56.000 puestos de trabajo son el resultado de esta relación con el Este.
Naturalmente, frente al Haber se encuentra también un Debe. El traslado de empresas a países del Este, donde los trabajadores perciben una décima parte de nuestro salario y las ansias por venir a países de altos salarios, hace que la ampliación hacia el Este sea para muchos de nuestros ciudadanos una pesadilla. Por ello, al contrario que el ponente, Sr. Christodoulou, estoy a favor de una integración diferenciada, con reglamentaciones de excepción y largos plazos de transición, sobre todo en lo que se refiere a la libre circulación de personas.
El segundo problema principal es la agricultura. En caso de una adhesión simultánea de todos los países de la Europa central, si bien no es de esperar que ocurra así, la superficie agrícola útil de Europa se elevaría en un 55 %. Estoy por ello a favor de una reforma de la PAC pero advierto frente a una adaptación precipitada de los precios agrícolas al nivel del mercado occidental. No lo soportarían nuestros agricultores.
Las estructuras económicas en el centro de Europa tienen que fomentarse en el marco de PHARE. Este programa debería revaluarse mediante una elevación de créditos.
Como austríaca, la ampliación hacia el Este debe ir vinculada para mí a condiciones, como el abandono a largo plazo de la energía nuclear en la Europa central y si esto no fuese posible, el aseguramiento de las centrales nucleares y la adaptación a nuestros estándares medioambientales. Solamente la adaptación a la directiva sobre el agua de la UE costaría en los PECO 702.000 millones de chelines. Elevar los estándares medioambientales radica en interés de una competencia leal para todos. Last not least en todos estos países se deben respetar los derechos humanos pues la UE es también una Comunidad de valores.
Todo esto tiene su precio. Insto a este Parlamento para que vea en este precio la inversión para el aseguramiento del futuro de Europa.

Ojala
Señor Presidente, al tratar sobre la ampliación de la Unión Europea, debemos tener presente que el principal objetivo de la misma es el reforzamiento de la paz y la seguridad en Europa. Por este motivo, dicho objetivo está relacionado también con una mayor cooperación con Rusia. Para nosotros, los finlandeses, reviste una especial importancia el desarrollo de la cooperación, tanto en la región del mar Báltico, como en la región ártica del mar de Barents.
Tal como ya ha señalado en este foro el señor Miranda, el defecto del informe que ahora se somete a debate, un informe de por sí minucioso y bastante meritorio, estriba en el hecho de que no presta la suficiente atención a las repercusiones económicas y sociales relacionadas con la ampliación. Cuando se abordan las posibilidades con que cuentan los actuales Estados miembros para financiar la ampliación, la situación del empleo reviste una importancia decisiva. Igualmente, se debería prestar atención a los niveles de desempleo de los países candidatos, los cuales son catastróficos en un gran número de ellos. El cumplimiento de una estricta disciplina económica y de los criterios de la UEM dificultan aún más las posibilidades de los países candidatos para mejorar su situación en materia de creación de empleo y de seguridad social. Señor Presidente, el informe que ahora nos ocupa es un informe provisional; espero que en el futuro se haga un mayor hincapié en estos aspectos sociales.

Ewing
Señor Presidente, ¿qué es nuestra Unión Europea? Seguramente es el mayor experimento internacional en democracia que jamás ha visto el mundo. Es además una reacción a los siglos de sangrientas guerras que ha padecido Europa.
Fui una niña de la guerra y en mi calidad de diputada más antigua a este Parlamento, he sido testigo de tres ampliaciones. Resulta muy conmovedor oír lo que han dicho el Sr. Colom i Nadal y la Sra. Stenzel. Grecia, España, Portugal, Suecia, Austria y Finlandia: cada ampliación ha enriquecido a esta Asamblea y ha intensificado las vidas de la población de nuestro continente. Hemos presenciado la caída del Muro de Berlín, hemos asistido a la desaparición del Telón de Acero. Y la gran pregunta que ahora se nos plantea es aquella que ha formulado el Sr. Christodoulou: ¿seremos capaces de extender nuestro paraguas para cubrir a esos nuevos países candidatos?
Existe diversidad de opiniones, naturalmente. Alemania -quizá, el mejor ciudadano de nuestra Comunidad- desea profundizar y ampliar; el Reino Unido -quizá, el peor Estado miembro- desea ampliar, pero no profundizar; Francia desea profundizar, pero no ampliar. Tenemos pues opiniones diferentes. El Sr. Christodoulou no ha sido simplista; ha expuesto detalladamente las dificultades financieras. Pero lo más importante es que la bienvenida consta en Acta. Con el presente informe y, espero, con esta votación, diremos: »queremos que se unan a nosotros».

Le Gallou
Señor Presidente, el informe que se nos ha presentado parte de un dogma, como es que ha de llevarse a cabo la ampliación cualesquiera que sean las consecuencias financieras o humanas. Ahora bien, éstas son considerables pues se trata de que coexistan, en el mismo conjunto económico y administrativo, Estados y pueblos con unas tradiciones y unos niveles de actividad y desarrollo radicalmente diferentes.
A partir de ahí, y para intentar atenuar por medios presupuestarios las consecuencias económicas y sociales de la ampliación, el informe plantea aumentar los gastos, al menos en un 30 %, en concepto de fondos estructurales. El mismo informe concluye que será necesario aumentar los recursos propios de la Unión, es decir, los impuestos que pagan los contribuyentes.
Este informe aparece así como una triple huida hacia adelante. Huida en la ampliación, sin ver que la competencia salvaje entre economías diferentes provoca alteraciones brutales, de consecuencias sociales y humanas que pueden llegar a ser insoportables, tanto para los 15 países de acogida como para los países que entrarían en la Unión Europea.
El informe concluye también que será necesario aumentar los recursos propios de la Unión, es decir, los impuestos que pagan los contribuyentes, como si éstos fueran extensibles hasta el infinito. Es por tanto una huida hacia adelante en los gastos y también en la fiscalidad, cuando el exceso de fiscalidad está cada vez menos aceptado. Tengan ustedes cuidado para que un exceso de precipitación en la realización de la utopía federalista no desencadene la cólera de los pueblos y la rebelión de los contribuyentes.

Samland
Señor Presidente, Señorías, creo que con este informe se ve muy claramente que en el tema de la ampliación hacia el Este no se trata del «si» sino exclusivamente del «cómo» y del «cuándo». En este debate se debe ser muy sincero. Señora Lalumière, me alegraría si me prestase atención. Lamentablemente, la Sra. Stenzel ha abandonado ya la sala. Repito, hay que ser muy sincero pero este debate sobre la ampliación hacia el Este se está manteniendo con una falta de sinceridad tal como apenas en ningún otro debate, además tanto aquí en la Asamblea como fuera de ella y en los Estados miembros.
Ya se ha dicho aquí que unos utilizan este debate para impedir el futuro desarrollo de la Unión Europea. Unos quieren profundizar y otros quieren impedir esta profundización. Para ello se utiliza el instrumento de la ampliación hacia el Este.
Otros quieren poner en peligro la Unión Europea porque descansa en las antiguas políticas del pasado que han sobrevivido desde hace mucho tiempo en la Unión existente, es decir, la política agraria y la actual política estructural. Como no quieren cambiarlas o porque quieren cambiarlas, por un lado argumentan en contra y luego de nuevo a favor de un cambio.
En tercer lugar, no son creíbles aquellos que cuentan a sus ciudadanos lo siguiente: queremos la ampliación hacia el Este, queremos las políticas a nivel comunitario pero para lograr eso que paguen otros. La Unión debe convertirse en una Caja de Ahorros en la que todos metan algo y todos obtengan más de lo que han metido.
Hay que acabar con esta falta de sinceridad y a ello contribuye un poco el informe Christodoulou si bien reconozco gustosamente que también en nuestra comisión ha sido difícil llevar la sinceridad a la plataforma. Pero contribuye a ello pues describe claramente una cosa: o bien somos lo suficientemente fuertes como Comunidad para determinar las nuevas políticas y, en consecuencia, para modificarlas, o bien no lo somos. Entonces existirá una ampliación hacia el Este pero será sensiblemente más cara y los actuales Estados miembros tendrán que pagarla.

Tillich
Señor Presidente, quiero felicitar encarecidamente al ponente, Sr. Christodoulou, por el informe presentado. Estimadas y estimados colegas, cualquier Estado de la Europa Central y Oriental que así lo desee, puede convertirse en miembro de la Unión Europea. Lo hemos acordado así en el Parlamento. Entretanto se han presentado diez solicitudes de adhesión de dichos Estados pero el grado de desarrollo de los diez candidatos para cumplir las condiciones de ingreso son muy diferentes, por lo que es muy improbable una adhesión en grupo.
La adhesión de los Estados de la Europa Central y Oriental finalizaría la división de Europa modificando muy profundamente a la Unión. La ampliación es una oportunidad y un desafío para la Unión pero también para los Estados solicitantes. El informe Christodoulou es un informe de propia iniciativa de este Parlamento y quiere dar una respuesta a las repercusiones financieras de una ampliación de la Unión. En el momento actual, solamente puede ser un intento, por lo que es también un informe provisional. Los debates y discusiones sobre este informe reflejan todas las tensiones que existen sobre este tema.
Este informe pretende ser una llamada de advertencia para todos -también para la Unión- y mostrar las consecuencias que tendría aferrarse a la actual política agraria y estructural. También pretende mostrar a los Estados solicitantes los esfuerzos que esperamos que hagan en su camino hacia la integración en la Unión Europea.
Nadie debe creer que este informe es un instrumento para impedir el ingreso de nuevos Estados miembros. Pero tampoco nadie debe creer que este informe es un instrumento para afianzar el sistema actual como un status quo para la eternidad. Por el contrario, de este informe sale el mensaje de que la ampliación es algo ya acordado. Ahora tenemos que buscar las vías y medios para ver cómo lo hacemos junto con los Estados de la Europa Central y Oriental.
Creo que no hay nadie que tenga interés en pertenecer a una Europa sin futuro. Nuestra responsabilidad como políticos del Parlamento Europeo es buscar vías para el futuro de una Unión ampliada. Este informe provisional intenta cumplir con esta tarea, no más pero tampoco menos.

Féret
Señor Presidente, permítame que felicite a nuestro colega Christodoulou por haber realizado un inventario exhaustivo y objetivo de las dificultades económicas y financieras que provocará la ampliación de la Unión Europea, en especial a los países de la Europa Central y Oriental. Soy de los que piensan (algo que no se discute en el informe) que la voluntad política de reunir a los pueblos de Europa en una casa común debe ganar cueste lo que cueste.
Ampliar Europa consolidando sus bases, éste es el proyecto ambicioso y magnífico a plantear a los jóvenes europeos hoy. Un proyecto realista, cuya puesta en práctica impone dos condiciones: la voluntad de hacerlo y el sentido común en su realización. La Europa que queremos sólo será viable económicamente si tenemos el valor y la fuerza para asegurar su autarquía e imponer, por fin, medidas proteccionistas con relación a países de fuera de Europa. Ésta es la buena dirección. Más claro, el futuro del pueblo eslovaco nos afecta más que los beneficios de los «trusts» americanos o el estado de salud de las grandes empresas de Extremo Oriente.

Hoff
Señor Presidente, el debate que mantenemos hoy sobre los costes de la ampliación constituye ya de por si una señal positiva. Señalizamos que nuestra Asamblea se va a ocupar también de la difícil cuestión de los costes derivados de la ampliación, por lo que expresamos nuestras felicitaciones al ponente. Sobre lo que sí se puede discutir es si ha sido inteligente comenzar con esta peliaguda cuestión de la financiación antes de que existan unos supuestos suficientemente seguros para apreciar los costes.
El informe de propia iniciativa de la Comisión de Presupuestos así como el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que está relacionado con el anterior y sobre el que se va a debatir a continuación, plantean más preguntas de las que responden. Existe, por ello, el peligro de que sea considerado como una actitud de rechazo por parte de nuestra Asamblea. Por ello, hay que decir con toda claridad -y yo lo hago aquí expresamente en nombre de mi grupo político- que queremos lo antes posible y del mejor modo posible el nuevo orden en Europa orientado hacia un nuevo desarrollo conjunto y una compensación de intereses en toda Europa. A las cuestiones abiertas encontraremos respuestas, espero junto con los países asociados.
Hay muchas diversas apreciaciones sobre los costes de la ampliación. Los escépticos realizan apreciaciones máximas y los partidarios apreciaciones mínimas. Hasta hoy no he visto apreciaciones sobre los costes de la no ampliación. Creo que la tendencia del informe Christodoulou va en la dirección primeramente indicada. Por ejemplo, en el informe se realiza una suposición de adhesión simultánea de diez países. Esto es tan irreal que solamente existen dos explicaciones: o se quiere influir negativamente sobre el debate o no se sabe de qué se trata realmente aquí. Los costes se pueden apreciar con alguna seguridad si se sabe qué países, en qué orden y en qué momento van a ingresar en la Unión.
Otro factor es el desarrollo económico en los países de la Europa central y oriental. Recomiendo encarecidamente que se estudien las estadísticas comerciales y los datos económicos. Respecto a la ampliación en si, se va a realizar gradualmente. Por lo tanto, no nos atrincheremos en la muralla de objeciones. Esto no es propio de nosotros, el único Parlamento internacional votado directamente. Encontraremos nuevos márgenes de financiación con el desarrollo económico en los países de la Europa central y oriental. Ninguna otra tarea debería ser más importante e interesante para nosotros, el Parlamento Europeo, que la de contribuir tras la guerra fría y el final de la confrontación de bloques, a que el siglo XXI sea un siglo europeo en el mejor sentido de la palabra.

Lukas
Señor Presidente, la Unión Europea se ha planteado para el próximo decenio dos grandes objetivos políticos y económicos: la creación de la Unión Económica y Monetaria así como preparar y llevar a cabo su ampliación. Ambos objetivos van unidos a unos gigantescos esfuerzos financieros para los Estados miembros. Las medidas que se están ejecutando actualmente en los diversos Estados para cumplir a tiempo los criterios de Maastricht están teniendo ya el efecto de reducir el nivel de vida de amplias capas de la población y de provocar en muchos ciudadanos una creciente irritación frente a la Unión Europea y, lamentablemente, también frente a la idea europea.
El presente informe realiza un trabajo muy ponderado si bien creo que parte de la ficción de que la profundización y ampliación pueden o incluso tienen que realizarse al mismo tiempo. Más bien parece ser que la realización de la Unión Monetaria hace irrealizable a largo plazo la ampliación hacia el Este. Algunos países miembros no se encuentran sencillamente en situación de soportar más cargas presupuestarias. Solamente el hecho de que los países de la Europa Central y Oriental con 106 millones de habitantes representan el 29 % de la población pero que su producto interior bruto actualmente representa solamente el 4 % del producto interior bruto de los 15 países de la UE, demuestra qué inimaginables esfuerzos son necesarios.
El objetivo fundamental de la Unión, la ampliación, es de saludar por motivos económicos y políticos, pero hay que hacer todo lo posible para llevar a cabo a tiempo las necesarias medidas de adaptación y de reforma, tanto en los países miembros como en los candidatos a la adhesión, debiéndose además tener muy en cuenta la compatibilidad social.
En lo que se refiere a la estrategia de la ampliación, es absolutamente necesario que sea muy flexible, dados los muy diferentes niveles de desarrollo. Para cada país hay que elaborar una fase propia de acercamiento, adaptada a su situación y necesidades.

Waidelich
Señor Presidente, con la ampliación nos encontramos ante una posibilidad única de reconciliar Europa. Esta es una oportunidad de asegurarnos la paz y la seguridad en el continente, pero también de enriquecer la cooperación europea con nuevos impulsos.
Sin embargo, una ampliación no se produce de un día para otro. Los países solicitantes deben convertirse en estados democráticos de derecho con economías de mercado eficaces, pero también la UE actual debe cambiar. Se está llevando a cabo, como sabemos, una revisión de los procedimientos de trabajo en la Conferencia Intergubernamental, pero es importante someter a debate los medios para la financiación de la ampliación. No propongo que escondamos la cabeza bajo el ala, sino que examinemos minuciosamente lo que va a costar la ampliación. El informe del Sr. Christodoulou es precisamente un eslabón que contribuye a ampliar el debate y a someter a discusión las cuestiones financieras. Esto es excelente.
Una conclusión importante, la idea de fondo del informe, es que hay que reformar la política agrícola de la UE. Actualmente ya constituye el 50 % del presupuesto. Si no se produce una reforma, este porcentaje aumentará marcadamente en una UE ampliada. Esto no va a encajar con el coste de la ampliación, ni tampoco con las necesidades que hay que cubrir con respecto a la cooperación dentro de la UE. Independientemente de la ampliación, existen además motivos de principio para reformar la política agrícola; es demasiado costosa y consta de un exceso de reglamentos minimalistas. Por eso deben acelerarse los trabajos con objeto de reformar esta política, no solamente para facilitar con ello el proceso de ampliación hacia el este, sino también para mejorar la cooperación actual dentro de la propia UE.

Van der Waal
Señor Presidente, por razones de solidaridad y de defensa de la estabilidad política en Europa, la ampliación de la Unión a los PECO tendrá que ser un objetivo prioritario. Naturalmente, los países candidatos tendrán que cumplir unas condiciones mínimas en el ámbito político y socioeconómico, y habrán de desarrollar en suficiente medida la democracia y el Estado de derecho. Pero no hemos de suscitar la idea, como hace el informe Christodoulou, de que la fecha de la adhesión haya de aplazarse hasta que ya no se necesiten plazos de transición ni medidas de excepción para estos países.
No cabe duda de que la ampliación de la Unión conllevará importantes costes. Para empezar, en la agricultura. Al margen de la ampliación, este sector tendrá que adaptarse en los próximos años a las exigencias ecológicas y de calidad, y asimismo habrá que tener en cuenta una nueva ronda comercial en la OMC. Pero no basta decir ahora que será preciso reducir fuertemente el apoyo financiero a la agricultura y que los precios tendrán que rebajarse hasta el nivel internacional, como hace el informe.
Otro importante factor de costes es la política estructural, que es preciso revisar, incluso sin la ampliación. La infrautilización de los recursos disponibles demuestra que se ha alcanzado desde hace tiempo la capacidad máxima de absorción de la Unión. Hemos de salir de una situación en que cerca del 50 % de la población de la Unión entra dentro de uno u otro objetivo de los fondos estructurales. La asignación de los fondos estructurales debe ir vinculada a su eficacia, y sólo debe aplicarse a las zonas realmente problemáticas, como serán los PECO.

Kranidiotis
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Christodoulou por el excelente trabajo que nos ha presentado. Con ocasión del debate quiero hacer algunas observaciones generales.
La ampliación quizá represente el mayor reto para la Unión Europea desde el comienzo del esfuerzo de la unificación europea. Si Europa, quiere desempeñar realmente un papel político a nivel internacional y constituir una potencia política esencial, debe aprovechar este reto y, a la vez, esta oportunidad.
La ampliación a los nuevos países candidatos no debe conducir, simplemente, a un gran mercado, sino que debe aspirar a la integración de los nuevos países con el objetivo de elevar su nivel de vida, modernizar sus estructuras y democratizar sus sistemas políticos, para conducirlos a la necesaria cohesión económica y social.
La ampliación se debe dirigir al ciudadano. Tiene un coste y este coste debe ser repartido entre todos nosotros de manera justa. Es casi seguro que los países económicamente más fuertes se lleven mayores beneficios que los países más débiles, cuyas economías posiblemente se vean perjudicadas por la competencia de los nuevos miembros. Habrá que realizar los estudios y las evaluaciones oportunas. No cabe duda de la necesidad de racionalizar y revisar tanto la PAC como las políticas estructurales. El objetivo, sin embargo, debe ser su modernización y no su abolición. Debemos tomar conciencia todos de que, si queremos que la ampliación se lleve a cabo, el presupuesto de la Unión Europea ha de aumentar.
La ampliación tiene consecuencias institucionales. Los cambios necesarios deben realizarse en la Conferencia Intergubernamental, para que no se socave la eficacia de la Unión, ni su mayor profundización. La ampliación, cuyas negociaciones deben dar comienzo inmediatamente después de la Conferencia Intergubernamental, afecta además a los países de Europa Oriental, incluyendo los países balcánicos, así como a Chipre, en el espacio mediterráneo.
La ampliación de la Unión Europea tiene una lógica y asociación internas. La ampliación hacia el Este y hacia el Sur.

Liikanen
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los que afirman que éste es uno de los mayores ejercicios en tiempos de paz de la historia de Europa. Por ello debemos abordarlo con la máxima seriedad. Felicito al Sr. Christodoulou por su informe, que presenta un análisis serio y exhaustivo de los problemas.
Deseo hacer cinco comentarios sobre el debate. En primer lugar, debemos tener siempre presente que la feliz conclusión de la Conferencia Intergubernamental es un requisito previo para la ampliación. Los países de la Europa Central y Oriental no desean integrarse en una Unión que sea considerablemente más débil de lo que es en la actualidad. Por ello, la conclusión con éxito es un requisito previo. Si los Estados miembros son incapaces de conseguirlo, no podrán hacer frente al colosal desafío de la ampliación.
En segundo lugar, es sumamente importante que cada país candidato sea juzgado por sus propios méritos, sin ningún prejuicio. Por ello, la Comisión se esforzará en juzgar a cada país candidato en base a las condiciones políticas y económicas que reúna y a su capacidad de asumir el acervo comunitario relativo al sistema administrativo y al sistema judicial, imprescindibles para el buen funcionamiento del mercado interior. Las opiniones se harán públicas una vez concluida la Conferencia Intergubernamental, el próximo otoño.
En tercer lugar, la Comisión está elaborando un documento -también para el próximo otoño- sobre el impacto que tendrá la ampliación sobre todas las políticas comunitarias. Como muchos oradores han dicho aquí hoy, el impacto de la ampliación sobre las políticas agrícola y estructural es importante.
En cuarto lugar, la Comisión ha prometido, para el próximo otoño, la primera comunicación sobre el marco financiero después del año 2000, incluida la ampliación. En política agrícola, el factor clave es que los precios subirán en los nuevos países miembros, lo que conllevará un incremento de los ingresos agrícolas. Por ello no existe ninguna justificación real para la compensación. Pero, al mismo tiempo, si seguimos adelante con la reforma de la PAC, puede que se endurezcan los requisitos para poder recibir compensaciones en la parte occidental. Puede decirse que podemos solucionar el problema durante el período de transición, pero necesitaremos también una solución una vez que haya transcurrido el período de transición, que haga posible una política agrícola coherente. Es un enorme reto.
En cuanto a los Fondos estructurales, si, como parece, no existe un gran entusiasmo por incrementar los antiguos límites máximos de los recursos -no he encontrado prácticamente a nadie fuera de esta Asamblea, que esté a favor del aumento-, deberemos intentar simulaciones de ampliación con el 1, 27 % del PIB, lo que significa que un 0, 46 % será para los Fondos estructurales. También es cierto que el crecimiento aportará nuevos recursos, pero no serán suficientes para atender a todo. Por tanto necesitaremos ajustes en los actuales Estados miembros. No será fácil. Pero, el próximo otoño presentaremos una comunicación sobre todo este marco financiero para que el Parlamento pueda estudiar los temas en base a tres documentos de la Comisión.
Por último, la ampliación será un ejercicio sumamente difícil pero, si se cumplen ciertas condiciones, puede que no resulte imposible en términos presupuestarios. Pero si la CIG no tiene éxito y la Unión no se profundiza, la ampliación no será posible. Éste es el motivo por el que debemos presionar fuertemente para que la CIG logre la profundización de la Unión y un sistema de toma de decisiones más eficiente.
Nos encontramos en un camino muy estrecho en estas negociaciones. Por un lado, debemos alentar a esos diez países en sus esfuerzos para fortalecer la democracia, establecer una economía de mercado y para aceptar la legislación comunitaria. Pero, al mismo tiempo, no podemos hacer falsas promesas de que el proceso será fácil: es una empresa ardua y difícil. Sin embargo, debemos alentar a dichos países a seguir avanzando, porque si logramos llevar a cabo con éxito la ampliación, la paz y la seguridad europeas se verán fortalecidas considerablemente, y el potencial económico será enorme. Pero que nadie piense que podremos hacerlo de la noche a la mañana.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Relaciones UE/países asociados
en el ámbito de la agricultura
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0384/96) del Sr. Rehder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre el estudio de la Comisión sobre estrategias alternativas para el establecimiento de relaciones en materia de agricultura entre la UE y los países asociados con vistas a la futura adhesión de estos últimos (documento estratégico de agricultura) (CSE(95)0607 -C4-0023/96)

Rehder
, ponente. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Parlamento no carece de cabeza pero nos falta un importante interlocutor: el Comisario competente. Pido esperar a que esté presente el Sr. Comisario pues, de lo contrario, hablaríamos inútilmente. Proseguiré cuando esté presente.

El Presidente
Nos dicen que está llegando. Esperaremos un momento la llegada del Comisario porque, al parecer, está a punto de llegar.

Rehder
, ponente. (DE) Señor Presidente, no quiero repetir el famoso dicho del llegar demasiado tarde y de la historia. No quiero que las y los colegas esperen más tiempo y me voy a imaginar que el Sr. Comisario Fischler está presente en espíritu.
Señoras y señores, estimadas y estimados colegas, el debate sobre el futuro del área rural en Europa y la prosecución de la reforma agraria no solamente es de importancia de cara a la integración acordada de los Estados de la Europa central y oriental. Este debate es más que necesario porque el barco de la política agraria de la Unión Europea que más o menos podía navegar desde 1992, entretanto está haciendo aguas por todos lados poniendo en peligro a toda la tripulación europea y sirviendo solamente a un pequeño porcentaje de los que trabajan en el área rural. El 80 % de las explotaciones agrícolas tienen que contemplar con creciente amargura que los principales beneficiarios son con frecuencia los grandes comerciantes, los exportadores, los almacenistas y last not least los defraudadores de subvenciones, que el campo se arruina en muchos lugares y que los cultivos practicados desde hace siglos en las regiones rurales de Europa, que representan el 80 % de la superficie, mueren lenta pero inexorablemente.
Quien hoy exija esperar aún más a una reforma en profundidad o asevere que solamente es necesario trazar unas líneas muy generales de reforma, está metiendo la cabeza en la arena para ignorar los escándalos cotidianos y las protestas de los consumidores o bien se expone a que se le achaque que su modo de actuar favorece al 20 % de los agricultores que son los que se llevan los trozos más importantes de la gran tarta de las subvenciones. También en la política para las áreas rurales tiene que aplicarse en el futuro de un modo más decidido que hasta ahora el principio de que con el dinero del contribuyente europeo no se puede hacer una política para millonarios sino una política para millones de personas en el área rural, quienes tienen derecho a una política social y democrática que les asegure la existencia.
Las ciudadanas y ciudadanos esperan menos palabras y más hechos. Quien afirme que ahora solamente se trata del marco de la ampliación hacia el Este no quiere darse cuenta de que la renovación de la Unión en este sector es una de las condiciones previas más importantes para la integración de esos Estados o bien asume tácitamente que se retrase la reforma agraria en la Unión para aplazar así este tema hasta el Día del Juicio Final.
No podemos ofrecer este viejo barco de la política agraria europea que hace aguas por todas partes como barco común para un futuro común a nuestros interlocutores en los países candidatos a la adhesión. Señor Comisario Fischler, le saludo efusivamente. Acabo de decir que usted está presente en espíritu y ahora voy a proseguir. Hay que decir a tiempo y con toda franqueza a nuestros interlocutores en los países candidatos a la adhesión que debido a las negativas experiencias del pasado, en el futuro vamos a apostar por un apolítica integrada para la totalidad del área rural y que solamente este modelo puede tener también futuro en la Europa oriental. La política agraria deberá vincularse necesariamente a una política estructural, medioambiental y social concentrada y regional que no sea dictada por una burocracia lejana sino que vincule a los afectados e interesados a todos los niveles.
En la Unión y en la Europa oriental han surgido algunas confusiones pues se han elaborado cálculos aproximativos que en el fondo no son más que elucubraciones sin sentido sobre los costes. Pues nadie sabe hasta ahora qué es lo que va a costar realmente esta ampliación, esta integración. Solamente cuando establezcamos las líneas maestras de una nueva política para el área rural, podremos preguntar qué costes van a surgir aquí.
Quiero pronunciarme también aquí en favor de aquellos que se ven asimismo afectados, a los que hemos maltratado con frecuencia. La disposición de muchas personas en Europa para aceptar una política común en el área rural y para poner a disposición los necesarios fondos fiscales no solamente depende de si configuramos una política social y compatible con el medio ambiente. En Europa se espera también de nosotros que no produzcamos animales, los consumamos o, en caso de que no los consumamos, los eliminemos, como si se tratase de una materia prima industrial. Esperan también que realicemos una nueva política en la que las subvenciones a la exportación no se empleen para transportar por todo el globo a los animales en unas condiciones indignas.
Tras los últimos escándalos, miles de personas han exigido espontáneamente con su firma que se acabe con estos transportes. Si ahora les presento 3.182 firmas, les pido que no lo consideren como un ruego sino como una clara e inequívoca exigencia de los ciudadanos para que se prohíba inmediatamente la tortura legalizada de los animales. También en este caso es válido lo dicho anteriormente: se ha hablado suficientemente, ahora hay que actuar por fin.

Novo
Señor Presidente, el desarrollo de las relaciones agrarias entre la UE y los PECO constituye sin duda una cuestión esencial para el futuro de la Comunidad. El documento de la Comisión sobre las estrategias alternativas para dichas relaciones es, en este marco, un trabajo insuficiente e insuficientemente justificado.
Por eso mismo, este Parlamento debería haber adoptado un conjunto de orientaciones coherentes para reformular dicho documento y permitir decisiones posteriores sobre estrategias y opciones. Tampoco es eso lo que va a suceder. A menos que adoptemos la decisión de devolver el informe Rehder a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, nos arriesgamos a aprobar un conjunto de conclusiones poco inteligibles y contradictorias, que en nada prestigian al PE.
Ésta es una posición que, naturalmente, no afecta al profundo y comprometido trabajo de su autor a este respecto.
Así, habría sido preferible perder menos tiempo con aspectos parciales, muchas veces personales y poco fundamentados, acerca de la reforma y del futuro de la PAC y detenernos en los aspectos fundamentales sobre los cuales es necesario hacer mucho trabajo serio.
A este respecto, las conclusiones de la opinión de la Comisión REX, aprobadas (insisto) por unanimidad, habrían sido suficientes. De hecho, ¿con qué fundamento se puede decidir sobre estrategias futuras, si aún no tenemos evaluaciones exhaustivas sobre las consecuencias de la reforma de la PAC de 1992, que debería haber sido un trabajo obligatorio de la Comisión Europea, ni han concluido aún la reformas de determinados sectores agrícolas? ¿Cómo es posible optar por estrategias, si no se evalúan, de forma -es de desear- independiente y participativa, las consecuencias económicas, sociales, regionales y sectoriales de las ampliaciones en los Estados miembros y en cada uno de los posibles candidatos a la adhesión? ¿Cómo es posible adoptar decisiones sin tener en cuenta mínimamente las consecuencias de los acuerdos del GATT en materia agraria ni procurar evaluar las previsibles evoluciones y consecuencias de la próxima ronda de negociaciones?
Por último, ¿cómo es posible optar sin salvaguardar principios fundamentales, ya sean los de la solidaridad financiera o los de la preferencia comunitaria y, en cambio, se da cobertura implícita y pasiva al posible desmantelamiento y renacionalización de los costos de la Política Agraria Común?

Fantuzzi
Señor Presidente, considero que el informe del Sr. Rehder hace algunas elecciones y, según mi opinión, lleva mucho más allá y a un grado de mayor perfeccionamiento las innovaciones del documento estratégico, aprobado por la Comisión en diciembre de 1995 en Madrid. Estimo que va a ser muy importante conseguir este apoyo del Parlamento, habida cuenta de que una y otra vez se vuelve a plantear de forma dramática y desmesurada el problema de los costes de la ampliación.
Creo que esta tesis induce a engaño. Hoy por hoy, es muy irresponsable plantear a los ciudadanos, los Estados miembros y los contribuyentes de la Unión Europea, evaluaciones respecto a los costes de la PAC después de la ampliación que, a mi juicio, carecen en absoluto de fundamento. Creo que ninguno de nosotros puede imaginar realmente que la PAC, tal como es en la actualidad, puede ampliarse a los PECO y permanecer inalterada. Por otra parte, estimo que el informe del Sr. Rehder tiene el mérito de demostrar que precisamente las necesidades más auténticas de los países que estaban detrás del muro de Berlín, no plantean ninguna contradicción respecto a la exigencia de reforzar, ya desde ahora y de forma prioritaria, la política de desarrollo rural de las estructuras en lugar de la de los mercados a través del tradicional sistema de apoyos y subvenciones.
Tras la Conferencia de Cork, considero que es preciso seguir avanzando con decisión y coraje por este camino. Señor Comisario, deseo pedir dos cosas: primero, que se ponga en marcha un mecanismo de seguimiento y control permanente de la situación de la agricultura en los PECO, a fin de seguir de cerca el impacto de la PAC con respecto a la evolución de los mismos; segundo, que se presente cuanto antes un documento orgánico de reforma de la Política Agrícola Común, así como que se deje de actuar de forma discontinua e irreflexiva y se evalúe orgánicamente la realidad y, sobre esta base, se plantee un debate en toda regla.

Funk
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Sr. Rehder ha presentado un amplio documento sobre la ampliación hacia el Este así como sobre la situación actual de la agricultura. En 1992 hicimos una reforma agraria que tiene validez hasta 1999 y en el período intermedio realizamos adaptaciones y mantenemos nuevos debates. No estoy de acuerdo es que en base al informe Rehder modifiquemos de repente la política agraria. Señor Comisario, esto no sería compatible con lo que dijo solemnemente en Cork y que apoyo totalmente en el sentido de que debemos volver al principio de la sostenibilidad. Siempre se lo recordaré pues este principio me parece muy positivo.
Quien quiera modificar hoy la política agraria debe tener claro que despierta tres necesidades. Los expertos en presupuestos piensan que si se modifica la política agraria se podrá ahorrar dinero. Los agricultores dicen: si se modifica la política agraria queremos mejores ingresos y los consumidores: queremos tener unos alimentos aún más baratos. Es así de sencillo. Por ello, hay que saber exactamente qué es lo que se quiere.
Los consumidores saben qué es lo que quieren y los agricultores también. Pero si hemos realizado una política o reforma agraria durante cinco o seis años, deberíamos extraer balance y analizar qué es lo que hemos logrado con ella.
Señor Comisario, después de que usted fue tan amable en comunicarme la evolución de los precios de la leche de los últimos años que yo le solicité, constato que los precios de la leche han retrocedido en los países de moneda fuerte, estimado colega Samland, y en los países de moneda débil se han producido considerables subidas. Esto no me parece correcto a largo plazo pues en los países de moneda fuerte los agricultores tienen en parte unos costes superiores que en los demás países. Tienen los mayores salarios, impuestos y gravámenes y deben trabajar bajo estas condiciones.
Señor Comisario, usted dijo en Cork que actualmente financiamos 62 programas en el objetivo 1, 82 en el objetivo 5 b -en mi campo ni uno solo- 101 programas Leader, 130 programas en el marco del reglamento sobre el medio ambiente agrícola, 36 programas en el objetivo 5 a y numerosos programas para repoblación forestal y jubilación anticipada. En aquella ocasión dijo que no se podía mantener todo esto. Coincido con usted.
Tenemos que realizar una operación de aclarado en el sentido más auténtico de la palabra y recapacitar adónde va a parar el dinero. Aún más claro es su Director General Legras quien ha dicho que tenemos que solucionar problemas de mercado, de precios y estructurales y que hay muchas cosas que no concuerdan. Ha dicho que se deberían reducir los precios agrícolas y las subvenciones a la exportación así como mejorar la competitividad de la agricultura sin que se produzca una renacionalización de la política agrícola.
Yo digo al respecto lo siguiente: creo que los agricultores no quieren docenas de programas. Los agricultores quieren una base sólida para unos ingresos seguros sobre el que se pueda desarrollar el nuevo enfoque de la sostenibilidad. Hay que hacerlo. La Comisión de Investigación muestra claramente que necesarias e importantes decisiones se quedan atascadas en su paso por las numerosas instancias y que no llevan a ningún resultado si no regulamos mejor las competencias para el futuro para que se sepa quién es competente y para qué. De este modo, hemos arrastrado importantes decisiones, por ejemplo, en el caso de la EEB y los transportes de animales. Creo que hay que mejorar en el futuro la cooperación entre la UE, los Estados y las regiones. Señor Comisario, usted lo ha anunciado así, por lo que le expreso mi agradecimiento, pero le estaría aún más agradecido si lo lograse, pues este es el objetivo.

Aldo
Señor Presidente, el primer proyecto de texto sometido a la Comisión de Agricultura preconizaba una revisión muy global de la PAC.
Las enmiendas presentadas por el Grupo UPE tienen como objetivo esencial poner de relieve los aspectos fundamentales de la PAC, a saber, las garantías que se dan a los agricultores europeos y la consideración de las estructuras y potenciales propios de cada uno de los países de la Europa Central y Oriental en el ámbito de la agricultura, y velar porque la ampliación en cuestión no ponga en crisis el actual nivel de ayudas concedidas al sector de la agricultura desde la firma de la Ronda Uruguay.
Señorías, saben ustedes que Francia apoya decididamente la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea, que debe permitir la construcción de un conjunto geográfico coherente de 470 millones de habitantes. La agricultura constituirá uno de los principales desafíos de esta nueva ampliación, habida cuenta de la importancia de este sector en la economía de los países de la Europa Central.
Es normal que el Parlamento Europeo se interese de forma especial por esta cuestión y sus consecuencias para la PAC. Sin embargo, la evolución de esta política, esencial a ojos de Francia, será progresiva y deberá integrar una serie de factores, y entre ellos la adhesión de los PECO.
Como conclusión, señor Presidente, estas adhesiones no pueden justificar una revisión global de la PAC que es, y debe seguir siendo, uno de los fundamentos de las políticas internas de la Unión Europea.

Mulder
Este es el primer debate que celebramos sobre la adhesión de los PECO y sus consecuencias en el ámbito agrícola. Pienso que, en función de las circunstancias, tampoco será el último. Asimismo pienso que el informe Rehder incluye importantes temas de reflexión.
Sin duda, la agricultura no es el aspecto principal, aunque sí uno de los más importantes. El principal aspecto de la adhesión de los PECO es garantizar la paz y la estabilidad en Europa. Y la agricultura es uno de los medios para lograrlo. Las consecuencias son conocidas. Cuando se adhieran los PECO, la población aumentará un tercio, pero la superficie de tierras cultivadas aumentará un 55 %. ¿Cuáles serán las consecuencias aproximadas para la actual política agrícola? En primer lugar, ¿podemos aplicar la política de precios? De diversos lados se ha dicho, y estoy de acuerdo con ello, que no es posible. Aquí, los precios son aproximadamente dos veces más altos que en los PECO, y si los aplicáramos a consumidores que destinan del 30 al 60 % de sus ingresos diarios a la alimentación, provocaría una agitación social a gran escala. Por consiguiente, no es posible. Tampoco es conveniente aplicar una política de ingresos. Es una compensación por los ingresos perdidos aquí, en Occidente, algo que en el Este no ha sucedido, y por tanto dicha compensación no es necesaria. Por ello pienso que hemos de lograr un acercamiento progresivo hacia estos países y a ello pueden contribuir los efectos de los actuales acuerdos del GATT.
¿Qué podemos hacer? A mi entender, podemos aplicar a gran escala el tercer componente de la actual política agrícola, a saber, la política estructural agraria, o si se quiere, la política rural. Generalmente se hace a través de los gobiernos, a través de cooperativas, a través de todo tipo de agrupaciones. Y yo quisiera añadir otro elemento: el apoyo de la iniciativa privada en todas las formas posibles. ¿No podemos considerar la posibilidad de otorgar ahora subvenciones a la inversión, subvenciones a los tipos de interés o algo por el estilo a través de los fondos PHARE? Generalmente, el comercio redunda en interés de ambas partes y hemos de estimularlo al máximo.

Jové Peres
Señor Presidente, agradeciendo al Sr. Rehder el trabajo realizado -y yo soy consciente de lo mucho que ha trabajado durante muchas horas-, hay que decir que el resultado final del documento, después de la votación en comisión, no responde, desde nuestro punto de vista, al rigor y responsabilidad que son exigibles a nuestros trabajos.
Sigo haciendo la diferencia entre los desvelos del Sr. Rehder y el resultado final de la votación en la Comisión de Agricultura. En este sentido, me parece que el resultado final no profundiza; ni siquiera tiene en cuenta muchas veces los debates mantenidos en la Comisión de Agricultura y creo que el resultado del informe final no trabaja lo suficientemente el informe de la Comisión ni desarrolla una visión crítica de este documento. Esto me parece muy importante ya que el documento de la Comisión se apunta como la alternativa elegida, como la profundización del enfoque de la reforma del 92. Esta reforma -y si la Comisión dice que no tiene todavía estudios serios sobre esta cuestión puede utilizarse el caso de Francia, donde sí hay buenos estudios- ha llevado a una enorme concentración del gasto agrario en determinadas producciones de cultivos herbáceos, a la desaparición del 10 % de las explotaciones agrarias y a la concentración, cada vez menor en manos de agricultores, de la mayoría de las ayudas.
Yo creo que eso es fundamental a la hora de empezar a hablar de los problemas de la ampliación. Pero, curiosa paradoja, la simplificación que nos propone el documento de la Comisión, si a ella se añade el análisis crítico que hace mi Grupo de la aplicación de la reforma del 92, no debería llevar al desmantelamiento de la Política Agrícola Común, cosa que está encima de la mesa y representa un enorme peligro.
Dicho esto, a mí me parece que sería necesario simplificar el documento, reorganizarlo, y creo que el informe de la Comisión REX, que presentó el Sr. Novo, da pistas sencillas de métodos para abordar estos temas. En este sentido, yo quiero recordar aquí lo siguiente: primero, hay que darse cuenta de que los PECO no son homogéneos; segundo, hay que analizar el impacto de la aplicación de la reforma de la PAC del 92, de los acuerdos de libre comercio y de los impactos sobre los PECO para adoptar medidas, en el período de preadhesión, que no causen distorsión en los mercados de los PECO.
Y, por último, señor Presidente, quiero señalar dos elementos, que hace falta profundizar: la simplificación de la PAC no puede llevar a la renacionalización y, como antes incluso el Sr. Likkanen reconocía, es necesario explorar pistas serias sobre la posible evolución de los recursos financieros.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, la política agrícola no es demasiado cara sino que el dinero fluye en la dirección errónea y en los instrumentos erróneos. Los precios de los productos agrícolas no son demasiado elevados sino demasiado bajos para una producción ecológica y de calidad de alimentos sanos. Apoyamos el informe Rehder, lo apoyamos en su totalidad. En la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural se le ha recortado. Señor Funk, no se trata de la determinación de una nueva política agrícola y de la superación de la PAC sino de una dirección que hay que tomar si no queremos que se produzca un desastre en la ampliación de los países de la Europa central y oriental. Se ha dicho acertadamente que el objetivo de nuestros esfuerzos no debe ser el mercado mundial sino el mercado interior y los mercados regionales. El mercado aportará lo que el Sr. Samland no quiere dar de los fondos públicos. Pues ambas cosas no pueden ser al mismo tiempo: recortar los fondos públicos y bajar los precios trae como consecuencia que el área rural muera. Estoy a favor de reducir las subvenciones donde sean erróneas pero que, en el marco de una política orientada a la calidad, exijamos a los consumidores a pagar unos precios dignos por unos alimentos sanos.

Van der Waal
 Señor Presidente, en vistas de las enormes diferencias existentes entre la Comunidad y los países candidatos de la Europa Central y Oriental, después de la fecha de adhesión serán necesarios unos plazos de transición bastante largos en el ámbito agrícola. Desde el punto de vista económico es importante que se mantenga el régimen de primas salariales en los países de la Unión, mientras que no es necesario ofrecerlas a los productores de los países candidatos. Por otra parte, el incremento de los precios de los alimentos sería socialmente inaceptable dada la elevada proporción que suponen los gastos de alimentación en el presupuesto familiar.
Por ello, el apoyo de la Unión tendrá que orientarse a la reestructuración y la modernización del sector agrícola en estos países. En relación con el tráfico comercial entre ambos, es preciso mantener un enfoque cauteloso que haga posible una ampliación controlada y diferenciada del acceso al mercado de la UE sin que las importaciones causen perturbaciones en el mercado interior.
En el debate sobre las reformas de la política agrícola común se suele partir de la premisa de que es inevitable una mayor liberalización del mercado agrícola. Con ello se satifacen los deseos de nuestros socios en las negociaciones de la OMC y se facilita la adhesión de los PECO. Pero a la vez tendrá que imponerse la condición de que estas reformas no vayan a costa de una política agrícola coherente y que la PAC mantenga sus funciones esenciales. Además, en relación con la adhesión de nuevos países habrá que analizar previamente a fondo las consecuencias de las medidas de reforma de 1992, y habrá que implicar también la acumulación de concesiones en los acuerdos de libre comercio con los países de la cuenca mediterránea, Mercosur y Sudáfrica.
A mi entender, el enfoque horizontal por el que opta la Comisión para fomentar una política rural integrada no es el adecuado. Las adaptaciones de la PAC tendrán que efectuarse por sector o por producto. Para algunos productos, un buen funcionamiento del mercado no supone ningún problema. Para otros productos, como los productos lácteos y el azúcar, será necesaria la intervención y medidas de apoyo. Para evitar las perturbaciones de la competencia, en el informe de la Comisión de Agricultura se rechaza con razón la renacionalización de la política. Lo mismo puede decirse en general de la política de precios y de la política salarial.
La cosa cambia cuando se trata de la conservación de la naturaleza y los valores paisajísticos, que son específicos de las regiones y resultan difíciles de administrar centralmente. Asimismo es impracticable vincular las subvenciones comunitarias a condiciones en este ámbito, tal y como propone la Comisión. Si se vinculan programas nacionales a directivas marco europeas, la financiación nacional de la política paisajística y de la naturaleza no tiene por qué perturbar la competencia. Con ello puede evitarse el continuo trasiego de dinero, como sucede actualmente en los fondos estructurales.

Thomas
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al Sr. Rehder por su informe, que acojo con satisfacción, y felicitarlo por el gran esfuerzo que ha dedicado a su elaboración. Es un informe muy gratificante.
El futuro de la política agrícola europea constituye una de las prioridades de nuestra agenda, no sólo porque su presupuesto continúa consumiendo una parte muy grande del presupuesto global de la Unión, aunque sin conseguir garantizar muchas de las condiciones ni colmar las necesidades que los ciudadanos de Europa merecen, sino también por los compromisos internacionales contraídos por la Unión Europea, como el que contrajo en la Cumbre de Copenhague en 1993; a saber, ampliar la Unión para dar cabida a los países de la Europa Central y Oriental. Es evidente que la Política Agrícola Común no puede mantenerse en su forma actual. Eso es así tanto si somos una comunidad de seis, quince o de veinticinco.
Durante los últimos 30 años, la agricultura ha cambiado en el contexto general europeo. El ponente apunta acertadamente a la necesidad de regionalizar la Política Agrícola Común para corregir dichas diferencias. También es evidente que el actual sistema de pagos compensatorios es caro y distorsiona el mercado. Las reformas de 1992 debían haber llegado antes y, como reconoce ahora la Comisión, hacen falta más reformas. En el sector de los cereales, por ejemplo, el éxito ha sido efímero. Actualmente hemos alcanzado los niveles de producción de antes de 1992, pero al doble de coste para el presupuesto de la UE.
Quizá el mayor fracaso de la Política Agrícola Común haya sido el limitado beneficio que aporta a las comunidades rurales en su conjunto y, en algunos casos, que haya dado lugar a prácticas agrícolas perjudiciales. Todos debemos reconocer que al cabo de 30 años, la economía rural necesita un nuevo enfoque, y que también hace falta desarrollar una política para mantener todas nuestras zonas rurales y no sólo un sector.
Sólo una política rural integrada puede garantizar la prosperidad de nuestras comunidades rurales. Las medidas complementarias de las reformas de 1992 deben ser ahora incorporadas plenamente en la política de la Unión. Recientes acontecimientos han demostrado que la salud pública y la protección de nuestro medio ambiente deben desempeñar una función central y no periférica.
En la Conferencia de Cork, la Comisión expuso su compromiso con el cambio. Debemos demostrar nuestro compromiso también, dando nuestro apoyo al ponente, cuyo trabajo allanará el camino para la agricultura europea y facilitará el acceso de los países de la Europa Central y Oriental.

Cunha
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea a los PECO constituye una evolución lógica en el recorrido de la construcción europea. Pero no se debe subestimar dicha ampliación. Su significado es particularmente relevante en la agricultura, cuyo peso en la economía y en la sociedad es de tres a cuatro veces superior a la media de la Unión Europea y cuyos precios agrícolas son substancialmente inferiores a los de la Unión Europea, lo que los hace muy competitivos.
El documento de la Comisión, sobre el que versa el informe del Sr. Rehder, se propone abordar, simultáneamente, la estrategia de la ampliación y la evolución futura de la PAC. Es cierto que las dos cuestiones están mutuamente relacionadas, como también es cierto que la evolución de la PAC debe ser decidida por los actuales 15 Estados miembros de la Unión a partir de una opción futura sobre lo que quieren para su sociedad, y no ir determinada por factores y presiones exteriores.
Lo que está sucediendo es que, después de la reforma de la PAC en 1992 y la aplicación de la ronda de negociaciones del GATT, existen situaciones nuevas a las que urge dar respuesta, en particular en las regiones que son más vulnerables al nuevo marco económico internacional. Lo que necesitamos para el futuro es una política agraria que asegure un equilibrio de fondo entre tres grandes dimensiones: una política moderada de apoyo a los precios y a los mercados, una política de ayudas a la renta, com carácter regional y no sectorial, y, en tercer lugar, una política de desarrollo rural que pueda diversificar la base económica de las zonas más dependientes de la agricultura.
Resulta que el nivel medio de renta de los agricultores de los PECO es inferior al de la Unión Europea. No obstante, también es cierto que algunas regiones rurales de la actual Unión Europea tienen situaciones aún más pobres que las de los PECO.
Por eso, no se puede precipitar la ampliación ni se puede hacer a costa del esfuerzo de cohesión y de convergencia que se está concretando en las actuales regiones más débiles de la Unión, principalmente en las del objetivo 1.
Así, es necesario hablar de una próxima reforma de la PAC, que no se puede hacer deprisa, pero que se debe hacer en serio y se debe concluir antes de 1999 o 2000, cuando comenzarán las nuevas negociaciones del GATT. En ellas la Unión Europea tiene que saber lo que quiere y lo que no quiere para no verse obligada a hacer negociaciones al albur de presiones internacionales.

Santini
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que todos ustedes se dan cuenta del momento que estamos viviendo, ya que se trata de uno de esos momentos a través del cual, probablemente, los historiadores del futuro juzgarán nuestra capacidad de clarividencia.
Tras las caída del muro de Berlín en 1989, hoy por hoy la adhesión a la Europa occidental de las antiguas Repúblicas Socialistas Soviéticas representa, sin duda, un momento histórico digno de ser tomado en cuenta y que, por esto mismo, ha de encararse con extrema prudencia.
De ahí, la sensación de que le falta algo a este informe, a pesar de que lo sustenta la gran voluntad demostrada por el ponente. Hubo tal vez demasiada prisa, se abarcaron demasiado temas a la vez, inclusive un intento de reforma de la PAC, que sin lugar a dudas es necesario, pero que ha de llevarse a cabo en otro foro, otra ocasión y otro momento. Esto se demuestra a través del gran número de enmiendas, 131 exactamente, muchas de las cuales se refieren a los puntos numerados del 8 al 35 del texto.
La PAC de 1992 está ajustando sus cuentas con su corto alcance programático y, ante todo, con la urgencia de una reforma que ya no puede aplazarse. Pues bien, ahora hay que imaginarla muy comprometida ante la novedad de una agricultura como la de los países del Este, tan desequilibrada y diferente de región a región y, sobre todo, con respecto a la agricultura occidental.
¿Qué se puede proponer desde el punto de vista de la competitividad, la calidad de los productos y la exigencia de incorporar un valor añadido a través de la transformación? ¿Cómo enlazar la propuesta de conceder mayor autonomía operativa a los Estados miembros, las regiones y las realidades regionales? Todo ha de ser reexaminado y evaluado y faltó tiempo para prever procedimientos y plazos para ello.
Todos sabemos que las vías para actuar esta reforma son tres: mantener el statu quo, emprender una reforma radical o profundizar la reforma de 1992. Pues bien, el informe opta por esta tercera vía, sin profundizar, no obstante, sus términos, sin indicar las pautas de conducta respecto a las obligaciones adquiridas a raíz de la Ronda Uruguay, los acuerdos bilaterales y las zonas de libre cambio, sin mencionar la necesidad de modificar el sistema de los precios de apoyo y la compensación de la renta, con los correspondientes riesgos de orden estructural y social.
Parece oportuna, aunque una vez más prematura, la referencia al procedimiento de codecisión en materia de agricultura, que se debe decidir y debatir en un momento más oportuno. En definitiva, y una vez más: ¿por qué tanta prisa? ¿A quién beneficia?

Anttila
Señor Presidente, señor Comisario, el informe Rehder es un buen reflejo de los problemas que acucian actualmente a la política agrícola y de la necesidad de desarrollo de la misma que se plantea de cara a la ampliación hacia el Este. Las condiciones de funcionamiento de la producción agrícola en el territorio de la Unión difieren mucho entre sí. Esta divergencia ha de tomarse en cuenta con motivo de la reforma de la política agrícola, atendiendo a las necesidades de las negociaciones en el ámbito del comercio mundial y a la ampliación de la Unión Europea hacia el Este. La existencia de la Unión se fundamenta en el principio de que, a la hora de adoptar conjuntamente las decisiones, se toman en consideración de la mejor y más justa manera posible las distintas necesidades de sus Estados miembros. El objetivo de la Unión no puede ser la destrucción de las condiciones necesarias para lograr la producción agrícola de alguno de sus Estados miembros. El informe Rehder hace el adecuado hincapié precisamente en la importancia que reviste la regionalización de la política agrícola y, de este modo, también en la aplicación práctica del principio de subsidiariedad. A la hora de reformar la política agrícola, se deberán concretar la regionalización y el principio de subsidiariedad.
Se está procediendo a reformar la política agrícola mediante la aproximación de los precios de producción a los precios del mercado mundial. Esta circunstancia implicaría que la producción agrícola de los países con peores condiciones de producción, como es el caso de Finlandia, presentaría una mayor necesidad de subvenciones, con lo cual se perdería completamente el carácter empresarial de este sector económico. Este aspecto habrá de tomarse seriamente en consideración a la hora de llevar a cabo reformas de la política agrícola, ya que se debe poder conservar el aspecto empresarial de la actividad económica.
La ampliación hacia el Este supondrá que la superficie de cultivo de la Unión crecerá en más de un 55 %. Hay que adaptar las condiciones para la ampliación de manera que se garantice a cada uno de los Estados miembros su derecho a conservar su propia producción agrícola independientemente de las distintas condiciones. En tal caso, los períodos de transición deberán ser lo suficientemente largos y se deberán establecer cuotas a la producción de los nuevos Estados miembros a niveles similares a los precedentes a su adhesión con el fin de evitar un desequilibrio del mercado. Cuando Finlandia se incorporó a la Unión Europea, se fijaron cuotas a su producción que correspondían a los niveles precedentes a su adhesión. En mi opinión, y por lo que respecta a este tema, se trata también de que todos los Estados miembros reciban un trato justo y equitativo.

Ephremidis
Señor Presidente, sinceramente, quisiera expresar mi asombro ante la provisionalidad y superficialidad -posiblemente encubran alguna finalidad deshonesta- con la que tratamos este importante tema. ¿De qué se trata?
Una Comunidad que, políticamente hablando, es un enano, tanto en el escenario internacional como en su propio campo -véase la crisis en Yugoslavia-, una Comunidad con una política agraria que va de una crisis a otra, adopta todas las semanas, todos los días, medidas para restringir la producción, reducir los precios, imponer multas a los agricultores, obligarles a abandonar sus cultivos y forzarles a desplazarse a las ciudades sin empleo, hasta tal punto que éstos llegan al extremo de organizar sublevaciones, como la que está teniendo lugar en Grecia desde hace ya 11 días mientras estamos deliberando, señor Presidente. Centenares de miles de agricultores han cerrado con miles de tractores todos los nudos de comunicaciones básicos, exigiendo recibir algo a cambio de su ímprobo trabajo para subsistir, y el gobierno les contesta: »Imposible, éstas son las órdenes de la Comisión, ésta es la PAC y éstos son los requisitos del GATT».
¡De modo que una Comunidad con esta política agraria, emprende ahora la aventura de ayudar y crear relaciones en el sector agrario con los PECO!
No cuento, señor Presidente, ni soy capaz de calcular cuántos ecus costará, pero sí cuento, como ya lo han mencionado el Sr. Christodoulou y todos los diputados, así como el Sr. Rehder, las terribles consecuencias socioeconómicas que se van a producir. La tierra cultivable de la Comunidad se incrementará con la adhesión en un 55 %. ¿Qué harán ustedes entonces? Habrá productos mucho más baratos que invadirán la Comunidad, mientras ustedes los seguirán restringiendo. ¿Cómo abordarán esta crisis? ¿Qué pasará? No se ha hecho ninguna reflexión al respecto. Señor Presidente, teniendo esto presente, cuando se deliberó sobre nuestro tema en la Comisión de Agricultura recordé un dicho popular: »El ratón no cabía en su ratonera, pero arrastraba calabacines.» Es lo que están haciendo. Retiren, pues, su informe, que se devuelva a la Comisión de Agricultura, y aporten un informe más serio proponiendo lo que quieran, siempre que sea realista y no aventurero, ni oculte toscos intereses sucios encaminados a una reorientación de influencias políticas, económicas y comerciales en los diez PECO.

Campos
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, comienzo felicitando al Sr. Rehder por su informe. Es el inventario exhaustivo de las consecuencias de la futura ampliación de la Unión en el ámbito de la PAC. Dicha ampliación va a obligar a hacer una modificación profunda de esa política, que nosotros acogemos con beneplácito.
La PAC actual es hoy el instrumento más arcaico, injusto y destructivo de empleo existente en la Unión. Casi la mitad del presupuesto de esta institución se derrocha en nombre de los agricultores, pues hay un 20 % de privilegiados que absorben cerca del 80 % de esa tajada presupuestaria. En mi país, el 10 % de los agricultores reciben cerca del 90 % de esos apoyos. Por otro lado, la PAC financia prioritariamente todas las producciones que más contribuyen a la desertización y al desempleo en el mundo rural. La producción de cereales, vinculada en gran parte a los grandes agricultores que viven en las ciudades y que menos empleo absorben, es la más apoyada, pues abarca el 43 % de todas las ayudas.
En mi país, el desempleo hoy existente es idéntico al número de personas que se vieron obligadas a abandonar el mundo rural después de la integración de Portugal en la CEE. Así, pues, la ampliación debe imponer una nueva política agraria basada en la solidaridad y en la lucha contra los privilegios; en el control de la calidad, al hacer frente al productivismo destructor de la salud pública, de la sanidad animal y del medio ambiente; en la creación de empleo vinculado con la ordenación del territorio, que contrarresta el desempleo y la desertización; en la vinculación del hombre a la tierra y a la naturaleza, en vez del fomento de su alejamiento y su destrucción. La ampliación de la Unión es una oportunidad única para transformar una PAC arcaica y digna de figurar en un museo en una política dinámica y dirigida hacia el futuro. Espero, señor Comisario Fischler, que tenga el valor suficiente para crear una nueva política dirigida hacia el futuro.

Virgin
Señor Presidente, una de las tareas más importantes y estimulantes de la Unión Europea es la realización de la ampliación con los nuevos Estados del este y centro de Europa. No obstante, también este tipo de trabajos ha de prepararse cuidadosamente. Por eso me satisface dar la bienvenida a los informes del los Sres. Christodoulou y Rehder. Ambos son, en mi opinión, positivos en general, pero señalan la existencia de una serie de problemas que hay que tener en cuenta.
Independientemente de la inmiente ampliación, va a resultar por fuerza necesario efectuar unas modificaciones en la política agrícola de la UE. El resultado de continuar obstinadamente con la actual PAC sería desolador. Por ejemplo, no podemos seguir con una producción láctica encadenada a un sistema permanente de cuotas. Tenemos todo tipo de motivos para continuar en la dirección actual de la PAC, adaptando sucesivamente los precios agrícolas, y hago hincapié en la palabra sucesivamente, a los del mercado mundial. La mayoría de los expertos en economía predicen que los precios aumentarán en el futuro. La enmienda dos del grupo PPE refleja precisamente esta circunstancia.
Este proceso de reforma debe iniciarse el año 1999, cuando comiencen las negociaciones del GATT. En mi opinión, Europa saldrá ganando con esta continuación lógica de la PAC. A largo plazo, cabría abandonar las subvenciones a la exportación y la protección fronteriza, y aumentar las compensaciones a los agricultores en concepto de acciones que los ciudadanos valorarán, en el ámbito de la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. Además, una reforma de este tipo facilitará la ampliación. Pero, al igual que la continuación de la reforma de la PAC requiere un plazo para su arraigo, es conveniente que en las negociaciones con los países solicitantes se consigan unos plazos correspondientes de adaptación y una normativa para la transición de dichos países. Con respecto a esto, pienso que se exageran las repercusiones presupuestarias de la ampliación. Además es evidente, en relación con el gran abismo existente en términos de producto nacional bruto entre los países de la UE y los solicitantes, que hay que ir con cuidado al transferir los programas estructurales a los nuevos países. Sencillamente, existen unos límites para sus posibilidades de absorber grandes programas, y esto se aplica también a la política agrícola.
Me satisface la propuesta de que se dote a las restituciones por superficie no cultivada, y a otras de tipo fijo de la PAC, de una nueva orientación. Pienso que dichas restituciones constituyen realmente una gran parte del ámbito que tradicionalmente se asocia a la política regional.
También es importante observar que las acciones realizadas por la UE en el este y centro de Europa durante el periodo 1990-1994 han ascendido aproximadamente a la cantidad de 8 mil millones de ecus anuales. Si se compara esta cifra con los cálculos de la Comisión de la PAC global para el total de los diez nuevos países miembros, llegamos a una cifra aproximada de 9 mil millones de ecus para el año 2000; con ello creo que podemos tener una perspectiva favorable de lo que nos supondrá la ampliación. Creo que la agricultura europea puede mirar hacia el futuro con plena confianza tras la ampliación. Con las acciones correctas, podemos lograr un buen poder competitivo y un mayor porcentaje del mercado mundial.

Hyland
Señor Presidente, en primer lugar querría expresar mi agradecimiento al Sr. Rehder por su trabajo. Me produce gran satisfacción escuchar aquí hoy tantas referencias a la Declaración de Cork. El Comisario es ciertamente un pionero en su enfoque práctico de la agricultura y el desarrollo rural. La futura ampliación de la Unión Europea para incorporar a los diez países de la Europa Central y Oriental es el acontecimiento más dramático jamás contemplado o emprendido por la Unión. Las dificultades por las que están atravesando los actuales Estados miembros para llegar a un acuerdo sobre la moneda única no son nada en comparación con la amplia gama de problemas que supone la futura ampliación hacia el Este, de los que el futuro de la Política Agrícola Común y la revisión de los Fondos estructurales son apenas dos de ellos.
Las implicaciones para cada uno de los Estados miembros actuales sólo en política agrícola son profundas, sobre todo para un país como Irlanda. El número de ideas y las propuestas que presenta el estudio de la Comisión tendrán serias repercusiones para los agricultores irlandeses y para el sector agrícola irlandés. La creación de una Comunidad de 25 países supondrá, en su momento, un aumento cercano al 30 % y afectará seriamente al presupuesto anual.
Cometer errores sería catastrófico no sólo para los actuales Estados miembros, sino también para los países que desean unirse a nosotros. La cuestión de la «renacionalización» de la Política Agrícola Común, por ejemplo, en base a que dicho desarrollo es consecuencia de un proceso de simplificación de la Política Agrícola Común, en realidad significa su desmantelamiento y, ciertamente, no sería aceptable.
La tercera opción presentada por la Comisión, desarrollando el enfoque de 1992, tiene elementos positivos ya que incluye el desarrollo de una política rural integrada. Incluso con un enfoque gradual de la ampliación y largos períodos de transición que reduzcan los costes generales, seguirá siendo necesario un aumento del volumen del presupuesto. La necesidad de un debate a fondo y de una revisión de las perspectivas financieras de la UE para el período posterior a 1999 es de vital importancia, y los recursos presupuestarios deberán incrementarse de manera espectacular.

Hardstaff
Señor Presidente, la ampliación de la Unión Europea -no si se lleva a cabo o no, sino cómo se llevará a cabo- es el mayor reto al que se enfrentará Europa en el próximo decenio. Es un gran cumplido para la UE el hecho de que su hazaña de evolucionar de un Mercado Común de seis países hasta una Unión de 15 Estados democráticos, haya llevado a los Estados de la Europa Central y Oriental, una vez que han conseguido la libertad de elección, a solicitar su integración en la UE. La respuesta de la Unión actual y su capacidad de adaptación para facilitar esta expansión, que permitirá a los Estados candidatos desarrollar y fortalecer sus instituciones democráticas recientemente establecidas o restablecidas, y su transformación económica, serán el baremo por el que se juzgue la historia de Europa en esta década y la siguiente.
Este proceso exige la reforma y la adaptación de la PAC para que ésta pueda atender a las futuras necesidades de una Europa más amplia en el siglo XXI. Actualmente la PAC sigue absorbiendo la mitad del presupuesto de la UE. Su antigua razón de ser, hacer frente a la gran escasez de alimentos tras la II Guerra Mundial, es cosa del pasado. Ahora se impone un cambio para afrontar los nuevos imperativos medioambientales y sociales en el campo, y distribuir mejor las enormes subvenciones públicas, apartándolas de los agricultores que ya gozan de una buena situación económica para destinarlas a las regiones europeas más marginales y a la producción de los alimentos que realmente necesitamos. Además, el GATT exige el desmantelamiento del sistema de impuestos a las importaciones y ayudas a las exportaciones.
Nuestro colega el Sr. Rehder ha elaborado un excelente informe en el que subraya los cambios necesarios para lograr una Política Agrícola Común apropiada para una Europa ampliada en el siglo XXI, y también para liberar las sumas necesarias para los programas de ámbito regional y social en dicha Europa ampliada.
Lamento que los colegas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no se hayan mostrado dispuestos a afrontar estas realidades, y que una mayoría, perteneciente a la derecha, haya votado a favor de suprimir algunos apartados fundamentales del informe Rehder. Hago un llamamiento a esta Asamblea para que en la votación de mañana restablezca su posición sobre el compromiso de que se acometerán las reformas adecuadas de la PAC; unas reformas que son imprescindibles, incluso sin la ampliación, y de las que depende el futuro de nuestra agricultura, nuestro medio ambiente y el proceso de lograr una Unión Europea estable, socialmente coherente y que abarque a todo el continente.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señor Comisario, en portugués se dice que adivinar está prohibido. Adivinar lo que va a suceder con la ampliación, que es una realidad política que todos deseamos, es, de hecho, difícil.
El Sr. Rehder se ha esforzado mucho para prever cuáles han de ser las modificaciones de la PAC. Yo habría preferido que hubiera previsto cuáles serán las modificaciones de la política agraria, de la especulación con los precios agrícolas y lo que nos van a costar los productos agrícolas en el nivel mundial. Porque de eso va a depender la futura PAC o el futuro éxito, o fracaso, de la ampliación. Eso es lo que yo sé.
Después, por mi experiencia personal sé otra cosa: la experiencia de adhesión de Portugal, país muy estatizado, que vivió una revolución, vivió el colectivismo, y que aún hoy no ha conseguido adaptarse a las reglas del mercado, ni siquiera a la PAC actual; por otro lado, el estudio que se hizo en Múnich sobre la adhesión y la reunificación de la llamada Alemania Oriental, los errores que se cometieron, pese a hablar la misma lengua, las consecuencias negativas que no se previeron: todo nos aconseja, por tanto, estudiar la situación con más cuidado y no ser como Alejandro Magno, que quiso conquistar el resto del mundo a toda prisa.

Van Bladel
Señor Presidente, desde el punto de vista político habría sido correcto tratar este informe después de la revisión del Tratado de Maastricht. A diferencia de lo que pretende el ponente, ahora, con las prisas, nos arriesgamos a lanzar una señal equivocada. Seamos sinceros, la reforma de la política agrícola dentro de la Unión no hace más que empezar. La relación norte-sur es difícil. Aún tienen que llegar los golpes duros. Antes de iniciar una ronda de conversaciones con nuevos interlocutores, considero necesario equilibrar en gran medida nuestra política agrícola. Se piden fondos adicionales al ciudadano. Quizás esté dispuesto a darlos si se determina y se garantiza el vínculo del agricultor europeo con el campo y su función en el desarrollo rural dentro de una política agrícola coherente y visible.
En los nuevos países, el número de personas que dependen de la agricultura es mayor, y por ello tenemos una mayor responsabilidad para apoyarlos material y democráticamente, una vez que hayamos completado nuestra revisión. Este informe supone el comienzo de una estrategia, pero es un comienzo muy pequeño.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quiero expresar mis felicitaciones a la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural y muy especialmente al Sr. Rehder por el amplio trabajo y el informe que nos ha presentado hoy.
Desde un principio he dicho que estoy en contra de experimentos radicales y también de un simple status quo . Sigo siendo de la opinión de que debemos seguir desarrollando permanentemente la PAC y estar armados para los desafíos del futuro, de los que va a haber suficientes en los próximos tiempos. Me permito recordárselos: la creación de la Unión Monetaria, las conclusiones de la Conferencia Intergubernamental, las nuevas previsiones financieras, la futura directriz agrícola, los preparativos de una nueva ronda de negociaciones multilaterales de comercio y finalmente, pero no en último lugar, la ampliación hacia el Este. Además, cada vez hay más peligro de que los diversos mercados agrícolas en la Unión Europea se desestabilicen a pesar de la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Finalmente, es un hecho que la opinión pública reacciona cada vez con mayor sensibilidad frente a las repercusiones negativas de la agricultura sobre el medio ambiente y que está creciendo el interés en las prestaciones medioambientales de la agricultura y la disposición a pagar por ello.
La Comisión ha tratado estos problemas en su documento estratégico sobre la agricultura que presentó al Consejo Europeo en Madrid. En los apartados 3 a 6 de la propuesta de resolución, el ponente dice que apoya a la Comisión en sus esfuerzos por proseguir la reforma de la PAC en base a los principios de 1992. Pero también hemos dicho muy claramente que tenemos que realizar esta reforma sector por sector y no, como el Sr. Fantuzzi opina, presentar una reforma general para todos los sectores.
Dentro de poco se va a debatir sobre sectores muy importantes. He prometido al Parlamento que en primavera voy a presentar al Parlamento mis consideraciones sobre el desarrollo de mercado lácteo. Necesitamos también -lo que he prometido a los Estados miembros- una reforma a largo plazo del sector del ganado vacuno y tenemos que avanzar además en la cuestión del aceite de oliva, del tabaco, etc. El Sr. Funk ha indicado con razón que tenemos que reducir los reembolsos. Este es un compromiso que contraímos en la ronda del GATT en Uruguay. Pero no es cierto que la política de la Comisión esté orientada exclusivamente a reducir los precios.
Lo que queremos es atender mercados, es decir, crear las condiciones para tener las mejores oportunidades en el mercado tanto dentro como fuera de la Unión Europea. En este sentido, coincido con lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha dicho en el sentido de que no se podrá lograr producir en la Unión Europea con los precios más bajos, cumplir al mismo tiempo las más elevadas imposiciones del mundo en lo tocante al medio ambiente y no gastarse dinero en ello. Tampoco el agricultor europeo puede cumplir todo esto al mismo tiempo.
Por ello, en el punto central de estas consideraciones y medidas va a tener que seguir figurando la mejora de la competitividad del sector agrícola y el mantenimiento simultáneo de unos ingresos agrícolas adecuados.
Me alegra poder constatar que la propuesta de resolución apoya las ideas de un enfoque integrado para el desarrollo rural, inclusive todos los aspectos de la vida en área rural.
Para las zonas rurales necesitamos un desarrollo sostenible e integrado. En opinión de los más de 500 especialistas responsables de la llamada declaración de Cork, esto debe garantizarse mediante una sola política y un enfoque sistemático. Creo que esta declaración de Cork recoge muchos problemas que se tratan en el presente informe, es una buena sugerencia para las futuras reformas y un enfoque integral para la solución de un gran número de problemas en el área rural mediante un único programa que se administre al mejor nivel posible.
En lo que se refiere a la ampliación hacia el Este, coincido con lo expuesto en la propuesta de resolución en el sentido de que debemos apoyar la reestructuración en curso en los países de la Europa central y oriental tanto financieramente como mediante la transferencia de know-how .
De cara a este objetivo, la Unión Europea ha desarrollado una amplia estrategia previa. Partes de esta estrategia son la apertura gradual y recíproca de los mercados agrícolas en el marco del Acuerdo Europeo, el diálogo estructurado, el programa PHARE y el Libro Blanco sobre la integración de los países de la Europa central y oriental en el Mercado Común.
El programa PHARE ha mostrado ser un importante instrumento auxiliar para el proceso de reestructuración en esos países y se ha proyectado ampliar esta forma de ayuda durante los próximos años. No obstante, va a ser necesaria más ayuda y coincido con ustedes en que hay que examinar los costes de la integración en el marco de las futuras previsiones financieras.
Conocemos pues los desafíos y somos conscientes también de las posibilidades. Es hora de atacar concretamente estos problemas y de cooperar para encontrar soluciones razonables a las tareas que se plantean ante nosotros.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-1226/96).

El Presidente
Pregunta nº 36 formulada por Lucio Manisco (H-0919/96):
Asunto: Situación de la infancia en el Iraq
El 28 de octubre, Carol Bellamy, directora ejecutiva de UNICEF, y Katherine Bertini, directora del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, denunciaron las catastróficas consecuencias, cada vez más graves, para los niños y otros grupos de población especialmente frágiles en el Iraq, del repetido aplazamiento del programa humanitario «petróleo a cambio de alimentos y medicinas», decidido en su momento por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las dos responsables han informado de que, cada mes, 4.500 niños iraquíes menores de cinco años mueren de enfermedades debido a la desnutrición y a la falta de medicamentos, y que 2.150.000 habitantes, de los cuales 180.000 niños y 900.000 viudas de guerra, viven por debajo del umbral de subsistencia. Además, se ha comprobado que la producción de alimentos en el Iraq ha disminuido en un 30 %.
¿No considera la Comisión que se ha de responder al llamamiento de la UNICEF de una asignación extraordinaria de 10 millones de dólares para la compra de medicinas y alimentos para los niños del Iraq?
¿No considera la Comisión que se han de destinar otros 19 millones de dólares para la ayuda alimentaria de urgencia a la población iraquí, como lo pide el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas?
¿Reconoce la Comisión que, al margen de consideraciones de carácter histórico y geopolítico, esta verdadera matanza de los inocentes que se está produciendo en el Iraq es responsabilidad, directa e indirecta, de los gobiernos occidentales que siguen dando su consentimiento a los repetidos aplazamientos del mencionado programa de ayuda humanitaria adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, respecto a la pregunta relativa a la situación de los niños en el Irak, la Comisión comparte en cualquier caso la preocupación del Parlamento Europeo sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en el Irak y, en especial, en lo tocante a las dificultades a las que se ve expuesta el grupo más vulnerable de la población, es decir, los niños. El 25 de septiembre de este año, la Comisión ha recibido del Department of Humanitarian Affairs (DHA), que asegura la coordinación de la ayuda humanitaria en el Irak, una llamada para un programa de ayuda humanitaria por un importe de 31, 7 millones de ecus. En un futuro próximo, la Comisión va a acordar un plan global para ayuda humanitaria por un importe de 20 millones de ecus. Con este programa, la Comisión va a poder cubrir de facto dos terceras partes del importe mencionado en esta llamada del DHA. Este plan global va a ser ejecutado por el World Food Program , la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, El Comisariado de las Naciones Unidas para la Ayuda a los Refugiados así como por el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras cinco ONG europeas.
Desde 1991 la Comisión proporciona a la población iraquí una importante ayuda humanitaria. Para el período 1991 a 1995, la suma global de esta ayuda ascendió a 185, 4 millones de ecus. En 1996, hasta el momento en que Turquía negó el paso por su territorio de la ayuda humanitaria y antes de la invasión del norte por parte del ejército iraquí el 31 de agosto de este año, la suma de las prestaciones fue de 9, 5 millones de ecus. Independientemente de ello, los aportaciones de la Comunidad para proyectos de rehabilitación en el norte del Irak ascendieron a 8 millones de ecus para el período 1994-1995. La ayuda humanitaria se realizó tanto en el norte como en el sur, de acuerdo con las correspondientes necesidades y sin realizar diferenciaciones conscientes. Se concedió preferencia al suministro de alimentos y medicamentos destinados en especial a niños menores de cinco años, a mujeres embarazadas, viudas y personas mayores.
Por lo demás, en nombre de la Comisión puedo constatar con satisfacción que ayer se llegó a un acuerdo entre el Gobierno iraquí y las Naciones Unidas que tiene por objeto el inicio de la venta de petróleo de acuerdo con la resolución 986 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto permite esperar que la aplicación del principio «petróleo por alimentos y medicinas» contribuya con rapidez y eficacia a mejorar la situación humanitaria de la población iraquí.

Manisco
Al no estar acostumbrados a recibir respuestas rápidas -y, a menudo, a no recibir ninguna sobre las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades de todo tipo cuando éstas son perpetradas por los Estados Unidos de América-, nos sentimos realmente aliviados por las declaraciones que acabamos de escuchar. Pero no podemos dejar de observar que dichas declaraciones llegan a esta Asamblea demasiado tarde, es decir, el mismo día en que han vuelto a abrirse los grifos para que Iraq venda una cantidad limitada de petróleo a cambio de alimentos y medicinas. Esperemos que la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Sr. Butros Gali dé los frutos deseados en los próximos meses. Esperemos que no se adopten nuevas medidas de intervención ni nuevas consideraciones de carácter geopolítico como pretexto para poner fin a esta mínima ayuda humanitaria.
Hemos oído muchas cifras del Sr. Comisario y nos preguntamos por qué los fondos facilitados por Europa no han dado hasta ahora los frutos deseados. El hecho se mantiene y pesará para siempre sobre nuestras conciencias que 4.500 niños iraquíes hayan muerto cada mes a causa de nuestra inacción, como ha declarado UNICEF. Más de 300.000 niños han sido asesinados durante cinco años por la desnutrición, las enfermedades, la falta de antibióticos y otras medicinas como consecuencia de las sanciones impuestas por las Naciones Unidas.
Se mantiene el hecho de que la Comisión ha tolerado durante demasiado tiempo la matanza de inocentes, y la culpa pesa sobre todos nosotros.

Fischler
En primer lugar, quiero indicar algo: sin duda, su Señoría puede decir que la ayuda llega tarde pero creo que es importante que llegue. Además he enumerado una serie de acciones de ayuda que se han realizado ya desde 1991 en favor del Irak, pues se comenzó tras la guerra del Golfo. En aquella ocasión se concedieron y se pusieron a disposición 100 millones de ecus pare el Irak.
Naturalmente, la Comisión no va a modificar su política solamente porque ayer se haya llegado al acuerdo mencionado. Vamos a seguir prestando la ayuda prometida, por lo que aquí no va a cambiar nada. Coincido con su Señoría en que actualmente solamente podemos esperar que estas medidas alcancen conjuntamente el efecto que todos deseamos. Pero también quiero dejar claro que lo que proporciona la Unión Europea es la mayor parte en comparación con lo que proporcionan otros. No debemos siempre autocriticarnos y decir que deberíamos hacer aún más, sino compararnos con los demás y reclamar también su ayuda.

El Presidente
Pregunta nº 37 formulada por Gerardo Galeote Quecedo (H-1027/96):
Asunto: Cuba
¿Podría la Comisión hacer una evaluación de la Posición Común sobre Cuba, aprobada por unanimidad por el Consejo de Asuntos Generales, sobre la base del artículo J.2 del TUE, en su reunión del pasado día 25 de noviembre de 1996?

Fischler
El señor diputado desea en su pregunta que la Comisión emita una opinión valorativa sobre la posición común relativa a Cuba. Quiero aclarar que la Comisión se identifica plenamente con la posición común. Esta se encuentra en la misma línea y prosigue posiciones anteriores de la Unión Europea, como por ejemplo, las declaraciones realizadas por el Consejo Europeo en Madrid y Florencia.
La posición común adopta una vía intermedia entre la vigilancia en el campo de los derechos humanos y el fomento del proceso de modernización en el sector de la economía y de la sociedad. Hay que llamar además la atención sobre el hecho de que la posición común es un instrumento muy útil ya que allí se exponen en detalle y sistemáticamente los campos de nuestra cooperación con Cuba. Se mencionan en detalle las condiciones previas bajo las que sería posible una intensificación de la cooperación con Cuba. Esta claridad en la exposición debería ser ventajosa tanto para la Unión Europea como para Cuba. Visto de un modo global, la posición común tiene la ventaja de subrayar el carácter específico de la línea política seguida por Europa frente a Cuba y de recordar expresamente que la UE rechaza provocar cambios en Cuba mediante represalias económicas y presiones sobre la población.

Galeote Quecedo
Señor Comisario, le agradezco su respuesta y me complace comprobar que la Comisión comparte la posición común del Consejo que, como usted menciona, es coherente con la evolución de los acontecimientos producidos entre los Consejos Europeos de Madrid y Florencia.
Hay que recordar que, en ese intervalo de tiempo, la Comisión, a través del Vicepresidente Sr. Marín, constató in situ el inmovilismo del régimen cubano y, consecuentemente, renunció a presentar el proyecto de mandato.
Y al ofrecer ahora el Consejo negociaciones -si se emprende el camino de las reformas para garantizar el respeto de los derechos humanos e iniciar la transición hacia la democracia- la Unión Europea abre las puertas a la esperanza, lo que a buen seguro le agradecerá el pueblo cubano.
Pero permítame, señor Comisario, que le felicite también por esta mención que ha hecho del carácter específico de la posición común sobre Cuba, porque este Parlamento, y ciertamente mi Grupo parlamentario, se ha opuesto a la política de embargo del Gobierno de los Estados Unidos y, en concreto, a la ley Helms-Burton. Y como consecuencia de esta pregunta y de su exposición, es obvio que yo le pregunte a usted qué acciones concretas piensa adoptar la Comisión para desarrollar las líneas directrices contenidas en esa posición común y, en concreto, cómo piensa asegurar que la ejecución de las ayudas se haga a través de Organizaciones No Gubernamentales no vinculadas al régimen, como establece la posición común.

Fischler
Señor diputado, la posición común representa claramente la continuidad que queremos tener y se basa en las declaraciones del Consejo Europeo de Florencia y Madrid. En la posición común se subraya también de modo inequívoco el rechazo de las represalias económicas. Pero la continuidad no es lineal ya que en la posición común se exige una mejora de la situación de los derechos humanos y una mayor libertad política. Este criterio de enjuiciamiento se aplica adicionalmente a nuestro modo de comportamiento. Naturalmente, se trata de tomar las medidas necesarias para que el dinero que pagamos llegue realmente allí adónde debe ir. Por así decirlo, la ayuda es llevada por ONG europeas al lugar de destino y dichas ONG tienen que ocuparse de que los productos lleguen a su destino.
En lo tocante a la ayuda humanitaria, quiero indicar que los terms of reference acordados por la Comisión y las autoridades cubanas exigen que las ONG sean propietarias de los productos hasta su entrega a los beneficiarios finales, por lo que tienen también su control. De este modo, queremos garantizar que funcione también realmente así.

Kerr
Señor Presidente, deseo rendirle homenaje por ejercer la Presidencia con tanta imparcialidad durante el turno de preguntas. Supongo que esta será la última vez que lo haga, y lamento verle partir. Espero que no descuente esto del minuto que me corresponde.
Apruebo la respuesta del Sr. Comisario sobre la cuestión de la Posición Común sobre Cuba, pero espero que no nos sintamos tan desconcertados por la cuestión de los derechos humanos que nos haga olvidar lo esencial de nuestra posición hacia Cuba, que es la de oponernos a la Ley Helms-Burton y al intento por parte de los Estados Unidos de chantajear al pueblo de Cuba y al pueblo del mundo, debido a unos compromisos ideológicos de los EE.UU.
Deseo decir que he visitado Cuba y los Estados Unidos en varias ocasiones, y que la situación de los derechos humanos en Cuba es, a menudo, mejor que en los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta a los derechos a una sanidad gratuita, una educación gratuita y a un sistema que intenta proteger a la población. De hecho, la tasa de mortandad infantil de Cuba es bastante más baja que la de la ciudad de Washington. Ésos son los derechos humanos que el pueblo de Cuba desea mantener, y aunque, naturalmente, nosotros exigimos y respetamos la democracia, la concepción más amplia de los derechos humanos es compartida por este Parlamento, y sé que es compartida también por el Sr. Comisario.

Fischler
Señor diputado, lo vemos tal como usted ha expuesto. Naturalmente, el modo de proceder o estrategia propuesta en lo tocante a las ayudas a Cuba no debe conducir a que no se reclame el respeto de los derechos humanos. Pero por otro lado, no debe conducir a que la población afectada, que es la que padece el que no se respeten plenamente los derechos humanos, no reciba la ayuda que necesita tan urgentemente. Precisamente por ello necesitamos el correspondiente contrapeso. En cualquier caso, estoy convencido de que la estrategia desarrollada conjuntamente con el Consejo puede tener los correspondientes efectos.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Comisario, efectivamente, estoy de acuerdo en que hay que llegar a una cierta posición de equilibrio, pero celebro que la Comisión piense que no hay dignidad individual sin la libertad de cada hombre y de cada mujer de poder elegir, que no se puede imponer a los individuos ni a los pueblos su porvenir sin contar con ellos y que ninguna generación puede, desde luego, hipotecar el futuro de las siguientes. La democracia consiste precisamente en otorgar a los ciudadanos la capacidad de determinar su futuro colectivo mediante el derecho de la libertad de expresión, mediante elecciones periódicas, mediante la desacralización de las personas y mediante la supresión de los dogmas políticos. Y ésta es la doctrina que establece la posición común, que vincula muy claramente todo progreso de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba con un respeto escrupuloso y una mejora de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Fischler
Señor diputado, le doy toda la razón en que esto es necesario y que es uno de los principios básicos cuando establecemos con otros Estados los correspondientes contactos. Coincido también con usted en que estos principios de dignidad humana, de libre expresión de pensamiento y los principios básicos de la democracia deben aplicarse. Pero también debemos tener claro y ser muy realistas al respecto en que todo esto no podemos imponerlo mediante la concesión o no concesión de tales ayudas. Podemos reclamarlo, exigirlo, pero no imponerlo automáticamente en cada caso. Esta es la realidad que conocemos también de otras muchas situaciones.

El Presidente
Pregunta nº 38 formulada por Freddy Blak (H-0960/96):
Asunto: Malos tratos a los animales durante el transporte
¿Puede la Comisión informar de la manera concreta en que se propone intervenir ante los Estados miembros que infringen las normas sobre transporte de animales para el sacrificio? Existen pruebas documentales de la infracción de estas normas, proporcionadas, por ejemplo, por las televisiones alemana e italiana.

Fischler
Señor Presidente, señor diputado, en base a la subsidiariedad y al Tratado, los Estados miembros son competentes y responsables de la aplicación práctica de la directiva sobre el transporte de animales en los Estados miembros así como de la vigilancia y control diarios de que los transportistas de animales respeten realmente las normas. La tarea de la Comisión es comprobar si todos los Estados miembros convierten las disposiciones comunitarias en derecho nacional y si cumplen estas tareas de vigilancia y control. Con esta finalidad, la Comisión puede controlar la aplicación práctica de la directiva mediante inspecciones aleatorias in situ.
En julio de 1995, el Consejo de Ministros acordó una modificación de la directiva sobre el transporte de animales con la que se mejoraron sensiblemente las condiciones bajo las que se puede realizar el transporte de animales. Para poder controlar en el futuro de un modo más eficiente el respeto de la directiva, el Consejo prometió a la Comisión 12 inspectores adicionales, si bien debo decirles que hasta ahora no ha recibido ninguno de ellos. Estas nuevas normas aprobadas en julio de 1995 entrarán en vigor el 1-1-1997, lo que supondrá una mejora. Pero también tengo que decirles que, sin estos inspectores adicionales, la Comisión difícilmente podrá comprobar si todos los Estados miembros controlan y aplican realmente las directivas.
En lo que se refiere a algunas emisiones de la televisión alemana sobre el transporte de animales desde la Unión a terceros países, le puedo confirmar que la Comisión no solamente está informada al respecto sino que además ha intervenido ante las autoridades de los Estados miembros afectados para obtener información adicional sobre estos hechos y para impedir que se repitan. Este es el procedimiento que tenemos que respetar siempre en tales casos. Si como consecuencia de propias investigaciones o en base a quejas suficientemente documentadas, la Comisión tiene noticia de que las autoridades de un Estado miembro no convierten adecuadamente en derecho nacional una directiva o de que no adoptan las medidas necesarias para su aplicación práctica, se interviene primero ante el Estado miembro en cuestión. Si las autoridades no adoptan entonces las medidas necesarias para evitar una repetición de las infracciones, normalmente la Comisión inicia el procedimiento de infracción del artículo 169.
Por ejemplo, en el caso del transporte de caballos de la Europa oriental a Italia, hace poco se han comenzado las pesquisas previas que pueden conducir a un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Justicia. También quiero indicar aquí claramente que nuestros medios para imponer el respeto del derecho comunitario son muy limitados pues, exceptuando el procedimiento de infracción del Tratado, actualmente no disponemos de ningún otro instrumento.
En lo que se refiere a la observancia de la directiva sobre el transporte de animales cuando se trata del transporte a terceros Estados, la Comisión está estudiando actualmente el modo de vincular los reembolsos por exportación de animales vivos al respeto de la directiva, también cuando se trata de transportes fuera de la Unión Europea. A este respecto debemos solucionar ante todo un problema de control; pero confío en que la Comisión apruebe próximamente una propuesta de este tipo.

Blak
Gracias, señor Comisario, por su respuesta. Contenía muchos aspectos buenos, pero negativos, según mi parecer. Está usted un poco a la defensiva. Se ha dicho que usted es el mejor Comisario, la persona más enérgica, y, por eso, su respuesta ha sido demasiado débil y defensiva. ¡Los países que no cumplen las normas deben ser llevados ante el Tribunal de Justicia para ser condenados! ¡Encárguese usted de que estos países no reciban subvenciones de restitución y ayudas de la UE! ¡Es inaceptable! Los ciudadanos se sienten realmente afectados e indignados por este tema. En su opinión, es un tontería tener una Comunidad que acepta algo así. ¡Señor Fischler, sé que lo puede hacer! ¡Sé que es usted una persona muy competente! Dé un escarmiento y encárguese de que no volvamos a ver este tipo de atrocidades. Si los Estados miembros no cumplen las normas, hay que llevarles ante el Tribunal de Justicia. Así debe ser. ¡Demuéstrenos que es capaz de llevarlo a cabo y le aplaudiré con entusiasmo, cuando lo haya hecho!

Fischler
Señor diputado, para que no surja ningún malentendido: puedo llevar a un Estado miembro ante el Tribunal Europeo de Justicia si éste no cumple sus obligaciones. Pero para castigar o llevar ante los Tribunales de un país miembro a un transportista individual que haya infringido las normas, es competente en exclusiva el Estado miembro. No puedo inmiscuirme en sus competencias. Subrayo de nuevo lo que le he dicho antes: si no se me entregan instrumentos adicionales para actuar contra tales infracciones, excepto el procedimiento normal de infracción, sólo podré aplicar éste. Si se quiere otra cosa, se me deberán proporcionar otros medios.

Spiers
Estoy completamente de acuerdo con el Sr. Comisario en que es deplorable que a la Comisión no se le hayan asignado los inspectores adicionales que necesita. Aunque, probablemente, esta carencia podría paliarse permitiendo a las ONG correspondientes que supervisen el cumplimiento de las normas por parte de los Estados miembros.
El tema fue abordado en el turno de preguntas del mes pasado por la Sra. Bonino, quien, creo recordar, dijo que los Estados miembros pueden delegar autoridad sobre las ONG, pero que la Comisión no puede exigirles que lo hagan. Si la Comisión está estudiando las denuncias que han hecho los programas televisivos, podría estudiar igualmente las denuncias de incumplimiento de las normas que hacen las ONG que operan en los Estados miembros. Si usted no puede conseguir los inspectores veterinarios adicionales que necesita -aunque son muchas las personas de toda Europa que están dispuestas a llevar a cabo las inspecciones, incluidos muchos organismos responsables-, probablemente la Comisión debería exigir a los Estados miembros que tomen nota de dichas inspecciones.

Fischler
Señor Presidente, señor diputado, la idea que ha expuesto no es totalmente nueva para mí. Estoy a favor de utilizar este medio si es posible jurídicamente. Sin embargo, primero debemos aclarar la cuestión jurídica pues no puede ser que una ONG tenga que procurarse, por así decirlo, de modo ilegal, el acceso para realizar in situ un control. Debemos proporcionar a una ONG de este tipo o a un representante la correspondiente autorización, pues no puede ser que una persona sea posiblemente castigada por trabajar en favor de la protección de los animales. Hay que aclarar jurídicamente esta cuestión. Si encontramos una solución, estoy muy a favor de utilizar también esta vía. Pero, por otro lado, creo que vamos a necesitar inspectores profesionales. Mantengo, por ello, mi petición de que se nos entreguen los inspectores prometidos o, al menos, una parte de ellos. Quizás pudiésemos compartirlo con las ONG.

El Presidente
Pregunta nº 39 formulada por Marie-Paule Kestelijn-Sierens (H-0949/96):
Asunto: Antidumping
La Comisión Europea se propone decretar medidas antidumping, en forma de tasas más elevadas, para la importación de calzado barato procedente de China, Indonesia y Tailandia.
Las medidas previstas tendrán graves consecuencias tanto para los importadores y distribuidores europeos de zapatos baratos procedentes de esos países como para los consumidores.
Con la excepción de los casos extremadamente urgentes, la Comisión consulta a los Estados miembros antes de decretar medidas protectoras provisionales.
¿Puede indicar la Comisión si ya ha adoptado una posición oficial al respecto? ¿Considera la Comisión que ha habido dumping de zapatos procedentes de China, Indonesia y Tailandia? ¿Es cierto que la importación de zapatos baratos procedentes de esos países perjudica de tal forma a la Comunidad que hace necesaria la adopción de medidas antidumping? ¿Ha consultado la Comisión a los Estados miembros a este respecto?

Gradin
Actualmente, la Comisión está examinando dos procedimientos antidumping en materia de calzado. Uno es relativo a un cierto tipo de calzado con palas de piel y de plástico, procedente de la República Popular China, Indonesia y Tailandia. El otro es relativo a un tipo de calzado con palas textiles procedente de la República Popular China e Indonesia. Los Estados miembros fueron consultados sobre los resultados de las deliberaciones de la Comisión durante la reunión del comité consultivo antidumping celebrada el 17 de septiembre de 1996. Los resultados son aún confidenciales. En lo relativo al caso de las palas de textil, se espera una decisión antes de finales de año. En cuanto al procedimiento de las palas de piel y de plástico continúa la investigación, y se prevé que la decisión tardará aún algún tiempo.
En virtud de las disposiciones del Reglamento básico antidumping, la Comisión sólo adoptará medidas provisionales en aquellos casos en que se demuestre que las importaciones han tenido un efecto de dumping en el mercado, y que dicho dumping ha ocasionado daños materiales a las empresas comunitarias del sector. Además, deberá adoptarse una decisión positiva en el sentido de que los intereses de la Comunidad hacen necesaria la intervención. En sus deliberaciones sobre si las medidas obedecen a los interés de la Comunidad, la Comisión no puede limitarse únicamente a los posibles efectos de las medidas para determinados grupos de interés, ni para un Estado miembro en particular. Deberá basar sus apreciaciones en todos los distintos intereses contemplados en su conjunto y sobre una base a nivel comunitario, de acuerdo con las disposiciones recogidas en el artículo 21 del Reglamento fundamental antidumping.

Kestelijn-Sierens
Quiero dar las gracias a la Comisaria por su respuesta, que contiene algunas novedades que todavía no he visto en la respuesta de la Comisión a la pregunta escrita de la Sra. Maij-Weggen, concretamente que están en marcha dos procedimientos antidumping . Habría querido que la Comisaria me dijera cuándo empezó la investigación, porque el procedimiento tiene un plazo. El plazo máximo es de un año, y en circunstancias especiales de 15 meses. Por consiguiente, quisiera saber cuándo se inició dicho procedimiento para saber cuándo tendrá que acabar.
Una segunda pregunta que quisiera formular es la siguiente: ¿ha sopesado la Comisión todos los intereses de los diferentes grupos o de las diferentes personas implicadas en esta cuestión, concretamente los consumidores, importadores y productores? Usted ha dicho que se ha celebrado una consulta con los diferentes Estados miembros. He sabido que 7 Estados miembros han dictaminado negativamente sobre esta cuestión y que sólo los Estados miembros del sur están de acuerdo con la medida, pero hay países, como los Países Bajos y Bélgica, que no tienen industria del calzado y tampoco se benefician de la protección de este sector.

Gradin
Este procedimiento se inició el 22 de febrero de 1995. Como he dicho, ha habido consultas en el seno del comité consultivo antidumping. Lamentablemente, los resultados se mantienen confidenciales en esta fase. Como también he dicho, en lo relativo al caso de las palas de material textil, se espera que la decisión se tomará antes de que finalice el año. Pero en el segundo caso, hará falta más tiempo para determinar si se han producido daños a nuestras industrias comunitarias o no.

Billingham
Quisiera felicitar a la autora de la pregunta. Es una pregunta muy acertada que, sin duda, afecta a mi circunscripción, Northamptonshire y, en particular, a Blady, donde tenemos un gran número de empresas de calzado.
Deseo ampliar el debate. Quiero saber si la Comisión acoge con satisfacción la postura que han adoptado las tres principales empresas de artículos deportivos de Europa -Adidas, Reebok y Nike- que se están preocupando de que se paguen salarios justos en los países de los que importan sus productos. Éste es, sin duda, el enfoque ético que nos gustaría que copiaran otras compañías importadoras, porque permite evitar algunos de los efectos más nocivos de las medidas antidumping, tal y como las que tenemos ante nosotros.

Gradin
Puedo comprender el interés de su Señoría por su circunscripción. Pero al mismo tiempo, debemos ser muy cuidadosos a la hora de analizar si en estos casos puede realmente hablarse de dumping. Por ello, espero que las decisiones se tomen en el mejor interés del comercio exterior y de nuestros trabajadores de Europa.

Smith
Gracias por su respuesta, señora Comisaria. Estoy interesado en ese criterio del daño material que se está ocasionando a la industria de la Unión Europea. Me gustaría que profundizara un poco más. Si, como supongo, el motivo por el que usted utiliza ese criterio es para determinar si una empresa se ha visto materialmente perjudicada, quizá mediante el cierre de fábricas o el despido del personal, ¿no es, en ese caso, un poco tarde para afirmar que se han ocasionado daños materiales, toda vez que el personal ya ha sido despedido y se han cerrado las fábricas?
¿Qué importancia atribuye a las necesidades y a los intereses de los trabajadores en situaciones semejantes?

Gradin
Como he dicho en mi respuesta, debemos examinarlo desde todos los ángulos. No podemos limitarnos a analizar el caso de un Estado miembro o de un grupo que pueda verse afectado por este asunto, debemos adoptar una visión general cuando estudiamos los casos de antidumping. Si realmente queremos hacer honor a nuestros ideales de libre comercio con países de todo el mundo, debemos ser imparciales a la hora de examinar este tipo de casos. Debemos tener presente los intereses de los trabajadores de la Unión Europea, pero también la situación de los países con los que mantenemos relaciones comerciales.

El Presidente
Pregunta nº 40 formulada por Rui Vieira (H-0822/96):
Asunto: Corrupción
Varias entidades responsables, especialmente las vinculadas al sector judicial, denuncian la extrema gravedad de la corrupción que se propaga por el mundo (paralelamente a otros males terribles como la droga, el terrorismo, las bandas armadas, el tráfico de menores y de mujeres y otras actividades más o menos mafiosas vinculadas a la delincuencia organizada, de la que no ha podido substraerse la Europa comunitaria) y hacen un llamamiento a las conciencias de los gobernantes para que establezcan una cooperación internacional más fuerte, más eficaz, más profunda, más lúcida y, asimismo, mucho más urgente.
Habida cuenta de la dificultad, la complejidad y el carácter transnacional y progresivamente «gangrenoso» de este problema, la investigación del mismo debe llevarse a cabo desde sus orígenes, próximos o remotos, y la UE debería atreverse, junto con los Estados miembros y también con países de otros continentes, a realizar un estudio meticuloso, con objeto de encontrar una solución adecuada que conduzca, quizá únicamente a largo plazo, a su desaparición.
¿Cuándo piensa la Comisión llevar a cabo este estudio y tomar medidas en el ámbito de la corrupción que le den credibilidad ante la opinión pública?

Gradin
Señor Presidente, la Comisión es consciente de la necesidad de que se produzcan unas acciones contra la corrupción dentro de la propia Comisión Europea y a nivel de la Unión. También se necesitan unas iniciativas a nivel global. La Comisión ya ha efectuado muchos trabajos en este sentido, por ejemplo en lo referente a las normas para las adquisiciones públicas y las ayudas a países terceros, para de este modo crear una mayor apertura y transparencia.
La respuesta de la Comisión a la resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 1995 sobre la corrupción da detallada cuenta de las acciones ya adoptadas. Se están llevando a cabo trabajos dentro del tercer pilar para penalizar la corrupción de funcionarios de las instituciones de la UE y de los países miembros. También hemos colaborado en la presentación de un proyecto de convenio sobre asistencia judicial.
Además, la Comisión realiza un seguimiento de los trabajos que se están llevando a cabo dentro de la OCDE y del Consejo de Europa en estas cuestiones. Estos dos organismos han adoptado unas acciones concretas con miras a combatir la corrupción en sus diversas modalidades. También participamos en los trabajos de la OMC con el fin de crear una mayor transparencia y apertura en lo relativo a las adquisiciones públicas. Actualmente estamos revisando nuestra actividad en este ámbito para ver cómo podemos hacer más eficaz la lucha contra la corrupción. Estos trabajos darán como resultado en el futuro un comunicado al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo en el transcurso de la primavera.
Ya existe material pormenorizado sobre la corrupción, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Por tanto, la Comisión no está convencida de que la propuesta del honorable miembro del Parlamento de llevar a término un nuevo estudio constituya el mejor modo de emplear nuestros recursos.

Vieira
Muchas gracias por sus respuestas, señora Comisaria, aunque, por lo que a mí respecta, no suficientemente concretadas, porque quisiera que entre la Comisión y los Estados miembros hubiera una cooperación eficaz, sobre todo al formular medidas y acciones, ya sea por parte de la Comisión o por parte de cada uno de los Estados miembros.
El problema, como sabe la Comisaria, se está extendiendo, no es común sólo a la Unión Europea, es transnacional, por lo que considero que toda la política de cooperación con otros Estados, además de la Unión, tendría el mayor sentido, ya que la corrupción tiene varios aspectos y cada vez se extiende más por toda Europa.
Por tanto, este aspecto de la cooperación internacional, como en otros asuntos que transcienden el ámbito de los Estados miembros y de la propia Unión, considero que se debería aplicar a fin de que tuviéramos, no digo resultados palpables, pero al menos esbozos y comienzos de resolución, porque eso daría un aspecto francamente más positivo a la actuación de la Comisión y a nosotros, los ciudadanos, nos daría un poco más de confianza en las instituciones comunitarias.

Gradin
Con su permiso, honorable diputado, pero yo opino que mi respuesta ha sido realmente concreta. Se trata de una colaboración profunda entre la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros. De eso se trata precisamente cuando me refiero a nuestros trabajos actuales para lograr un convenio que penalice globalmente la corrupción, ya sea la que nos afecte a nosotros, funcionarios de las instituciones de la UE, o a personas de los países miembros.
Además, también he mencionado que estamos cooperando intensamente con la OCDE y la OMC para establecer una normativa internacional en este ámbito y hacer frente a la corrupción, que se propaga a nivel global.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Bernd Posselt (H-0922/96):
Asunto: Política de asilo
Según EUROSTAT, sigue aumentando el porcentaje de Alemania dentro del conjunto de solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea, a lo que viene a sumarse un ingente flujo de refugiados que huyen de las guerras o las guerras civiles. ¿Qué propone la Comisión para conseguir un reparto más justo de esta carga entre todos los Estados miembros de la Unión Europea?

Gradin
Señor Presidente, es cierto que en el transcurso de los últimos diez años Alemania ha tramitado aproximadamente la mitad del total de solicitudes de asilo que se han recibido en la Unión Europea. En algunos años la cifra ha sido aún más elevada. Por ejemplo, durante 1992 Alemania se encargó de aproximadamente el 60 por ciento del total de personas que solicitaron asilo en la UE. Esta cifra corresponde a 438.191 solicitudes. Desde esta fecha, el número total de personas que solicitan asilo ha disminuido notablemente. En 1994, 127.210 personas solicitaron asilo en Alemania. La cifra corresponde al 41, 5 por ciento del total de solicitantes dentro de la Unión Europea. En 1995, la cifra se incrementó un poco y Alemania se encargó del 47 por ciento aproximado del total. En términos absolutos, Alemania ha sido sin punto de comparación el país que más refugiados ha aceptado. Alemania ha cargado con una gran responsabilidad, también cara a las personas que huían de la guerra procedentes de Bosnia. Teniendo en cuenta el número de solicitantes en relación con el PNB o la población, hay otros países que también han contribuido de un modo encomiable. Pienso, por ejemplo, en Austria y Suecia.
En lo referente a la distribución de la responsabilidad sobre el trámite de solicitudes, me permito recordar que el Consejo de Ministros ha adoptado dos acuerdos de importancia para esta cuestión. Uno es la resolución de septiembre de 1995 sobre la distribución de la responsabilidad en cuanto a los países receptores y los permisos de residencia temporales. El otro trata de una decisión de noviembre de 1995 relativa al procedimiento de declaración de estado de alarma y emergencia. Los Estados miembros tienen hoy por hoy la posibilidad de ofrecer protección temporal en caso de un éxodo masivo. Esto puede suceder. El sistema es parecido de un país a otro. Por eso he iniciado un debate en el Consejo de Ministros sobre la necesidad de que tengamos una normativa más uniforme para la concesión de asilo provisional.
Con ocasión de la reunión informal del Consejo de setiembre, presenté un documento de trabajo en el que planteaba una serie de cuestiones concretas. Entre otras, deseaba debatir las diferencias existentes entre nuestros sistemas institucionales por lo que respecta a los derechos y deberes que hay que aplicar en caso de concesión del permiso de residencia temporal. A modo de seguimiento de esta iniciativa, me propongo proseguir estos debates durante la Presidencia holandesa, presentando una propuesta de acción comunitaria en este ámbito.

Posselt
Señora Comisaria, muchas gracias por la muy precisa respuesta y por haber diferenciado entre solicitantes de asilo y refugiados de guerras civiles, que en Alemania vienen a sumarse a las cifras mencionadas por usted. Mi pregunta es doble: primera, ¿cree usted que en un tiempo previsible se va presentar una iniciativa formal para acordarlo y regularlo en el Consejo?
Segunda: ¿se ve usted en situación de presentar en un tiempo previsible al Parlamento documentos de los que se deduzca cómo está regulada la situación jurídica y material de los solicitantes de asilo en los diversos Estados miembros y en dónde radican las diferencias?

Gradin
En lo concerniente al permiso de residencia temporal, el documento de trabajo que presenté al Consejo de Ministros contiene una descripción de la situación actual en los quince países miembros. Con motivo de las deliberaciones mantenidas recientemente con la Presidencia holandesa, también hemos acordado presentar una propuesta de acción conjunta en este ámbito durante la primavera.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0935/96):
Asunto: Registro de Europol de personas que se buscan
En el contexto de la presentación de una propuesta sobre una serie de diaposiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 10 del Convenio sobre Europol, ¿podría señalar la Comisión si en el registro de Europol sobre personas que se buscan podrán registrarse también datos de personas que no son sospechosas de actos delíctivos o que no hayan sido condenadas por estos hechos?
¿Considera la Comisión que hay alguna justifición para introduccir en este registro datos relativos a la raza, la orientación sexual y la pertenencia a organizaciones políticas o religiosas?

Gradin
Señor Presidente, el Convenio Europol se firmó en julio de 1995 y deben ratificarlo ahora los Parlamentos de todos los Estados miembros para que pueda entrar en vigor. El punto de partida para lo establecido en el ámbito de la protección de datos del Convenio Europol es el Convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre tratamiento de datos personales, con su recomendación sobre el registro de datos personales en los archivos policiales. El Convenio Europol supone, no obstante, una protección más amplia de la integridad y la seguridad jurídica de las personas. Se trata, por ejemplo, de cómo han de efectuarse las correcciones, de cómo y cuándo hay que eliminar cierta información personal, de en qué circunstancias puede informarse a la persona de que se la ha registrado, etc. El Convenio también estipula que hay que establecer una autoridad de vigilancia comunitaria para que vele por que Europol utilice sus bases de datos del modo acordado.
Es cierto que Europol, una vez se haya ratificado el Convenio, podrá almacenar información sobre personas que no hayan sido juzgadas ni sean sospechosas de haber infringido la ley. El motivo es que en la práctica resulta normalmente imposible decidir de antemano qué papel juega una persona involucrada en una investigación policial. Sólo cuando se ha finalizado la investigación podemos pronunciarnos con seguridad sobre si se trata de un informador, un testigo, un cómplice pasivo o un infractor activo. Esto es especialmente problemático en lo relativo al comercio de drogas y la trata de personas. La norma más que la excepción acostumbra a ser que las personas que en un principio se creía eran testigos o informadores, en realidad resultan ser cómplices en la infracción objeto de la investigación.
La Comisión comparte, por tanto, la idea de los Estados miembros de que es necesario registrar también en las bases de datos de Europol a personas que no sean delincuentes. Por lo que respecta a qué tipo de información se puede almacenar, el Convenio contiene una serie de mecanismos de protección. Para poder registrar la información, se requiere que sea estrictamente necesaria y que los datos completen otro tipo de información. Está además explícitamente prohibido realizar investigaciones en las bases de datos con la única ayuda de información de este carácter.
También en este punto comparte la Comisión la opinión de los Estados miembros de que es necesario registrar información personal para así poder asistir a las autoridades judiciales nacionales en su trabajo. La Comisión se congratula de que también en estos aspectos se le haya dado al Convenio Europol una configuración que significa que avanza más que la normativa del Consejo de Europa en beneficio de la integridad y la seguridad jurídica del ciudadano.

Sjöstedt
Le agradezco a la Comisaria su respuesta, pero no comparto su opinión de que la seguridad jurídica sea satisfactoria. Para ello me baso en el documento de la propuesta sobre disposiciones de aplicación del artículo 10.1 del Convenio Europol. En él observo un fundamento muy mal definido para qué cosas hay que registrar y a quién. Según este documento, es posible registrar la afiliación política de personas que no sean sospechosas de haber cometido ningún acto delictivo.
También sucede que el manual que se utiliza según la normativa sobre el procedimiento para el registro de datos es confidencial, y no tenemos acceso a él. En general existe muy poco control democrático por parte de los Parlamentos nacionales sobre estos grandes registros que van a contener informes muy delicados sobre personas que ni siquiera son sospechosas de haber cometido actos delictivos. Por consiguiente, pienso que esto debería ponerse en conocimiento del ciudadano, y someterse a un debate abierto en los países miembros, antes de adoptar la decisión sobre el almacenamiento de información sobre los ciudadanos de la Unión.

Titley
De la respuesta de la Sra. Comisaria no ha quedado muy claro exactamente qué tipo de reparación legal tiene un ciudadano en el caso de que información sobre su persona vaya a parar, por error, a los archivos de Europol. La Sra. Comisaria ha hablado de un comité que examinará el convenio, pero no ha dicho qué facultades jurídicas tiene dicho comité. ¿Qué sucede si mi nombre es introducido por error, y soy acusado de un crimen que no he cometido? ¿A quién puedo apelar o de quién recibiré reparación?

Gradin
Si el nombre del honorable diputado fuese a parar por error al registro, puede dirigirse a la autoridad de inspección nacional que se establecerá para que garantice que Europol utiliza sus bases de datos del modo acordado.

Posselt
Señora Comisaria, este debate sobre el registro amenaza desplazar la urgencia de Europol en el debate público. Quisiera preguntarle en qué estado se encuentra el proceso de ratificación de Europol y cuál es el calendario para ponerla por fin en marcha. Es decir, no solamente es importante el debate sobre el registro sino también el calendario en general para Europol.

Gradin
Gracias por su pregunta. Me preocupa que el proceso de ratificación de Europol avance tan lentamente. Por eso se celebró un debate intenso sobre el tema con ocasión de la última reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior. El presidente del comité instó al conjunto de países miembros a que ratificase el Convenio en el transcurso de 1997, porque hasta la fecha ningún país lo ha hecho.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Maj Theorin (H-1000/96):
Asunto: Lucha contra la delincuencia en la UE
El ministro de Justicia sueco ha declarado que la lucha contra la delincuencia internacional puede hacerse más eficaz sin necesidad de modificar el Tratado de la Unión. Por el contrario, la Comisión considera que hay que reforzar el carácter superestatal, mediante la eliminación del derecho de veto de los Estados miembros, para luchar mejor contra la delincuencia.
¿No considera la Comisión que la iniciativa sueca de, por ejemplo, un programa plurianual de lucha contra la delincuencia, y la iniciativa de incluir nuevos ámbitos de acción, como el trabajo de prevención, son ejemplos claros de que estas cuestiones se pueden solucionar de forma eficaz mediante la colaboración interestatal entre Estados libres?
¿No considera la Comisión, al examinar la contribución de Suecia al programa de acción de la UE de lucha contra la droga, que Suecia tiene razón al oponerse al refuerzo del carácter superestatal de la colaboración? Este plan de acción incluye una disposición en el sentido de que la legalización de las drogas es contraria a la política europea sobre drogas, adoptada por iniciativa sueca

Gradin
Señor Presidente, la opinión de la Comisión es que la cooperación en el ámbito de justicia e interior debe someterse a una revisión radical. También debe mejorarse notablemente la cooperación en lo relativo a la lucha contra el crimen organizado a nivel internacional. Todos los estudios demuestran que los ciudadanos consideran la lucha contra el crimen como de absoluta prioridad. De esto se deduce que los esfuerzos de la UE en este ámbito vital deben ser lo más eficaces posibles. Deben producirse bajo control democrático y en modalidades que den a nuestros ciudadanos un nivel satisfactorio de protección jurídica. Este no es el caso actualmente, y por eso la Comisión ha presentado una serie de propuestas dentro de la Conferencia Intergubernamental que se está celebrando, y que tienen el propósito de mejorar la cooperación en estos aspectos.
La idea de la Comisión de establecer unos programas de trabajo plurianuales significa que ahora se puede poner en funcionamiento una cooperación en la práctica y en una serie de ámbitos diversos. La idea que ha inspirado estos programas es facilitar una conexión más estrecha entre la ejecución del presupuesto y las prioridades políticas que se encuentran dentro del ámbito del tercer pilar. Como ejemplo puedo mencionar que los ministros de Justicia e Interior decidieron, con ocasión de su reunión en Bruselas de hace dos semanas, reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra la explotación sexual de la infancia. Esto es altamente satisfactorio. En estos asuntos la UE puede y debe jugar un papel importante. Además, los ministros llegaron a un acuerdo sobre un programa plurianual llamado STOP, lo que significa que se pondrá en funcionamiento un intercambio concreto de experiencias.
La honorable diputada hace referencia a las iniciativas constructivas de Suecia en el campo de la cooperación para la prevención del crimen, y pregunta sobre la opinión de la Comisión sobre el valor de la colaboración interestatal entre estados independientes. Doy la bienvenida más entusiasta a los esfuerzos llevados a cabo en Suecia por situar las cuestiones relativas a la prevención del crimen en la agenda de la UE. La iniciativa adoptada por el ministro sueco de Justicia es muy valiosa. Al mismo tiempo, lamento que no haya entrado en vigor ninguno de los acuerdos jurídicamente vinculantes concluidos dentro del marco de la cooperación interestatal. Lo cierto es que ninguno de los convenios acordados en el seno del Consejo de Ministros ha sido ratificado. La honorable diputada sabrá seguramente que ciertos convenios concluidos datan de hace cinco años. La Comisión no puede calificar este procedimiento de trabajo de eficaz.

Theorin
Agradezco a la Comisaria su respuesta. El crimen organizado a nivel internacional está aumentando en Europa y hay que combatirlo. En esto estamos de acuerdo. No obstante, es evidente que tenemos distintos puntos de vista en cuanto a los métodos adecuados para hacerlo.
La decisión que se ha adoptado sobre el órgano de Europol, por medio del cual los Estados miembros promoverán el intercambio de información, representa un paso importante a nivel interestatal para combatir el crimen. Esta cooperación debe evaluarse, una vez entre en vigor, y si se demuestra que el intercambio de información no es suficiente, el próximo paso puede ser que se lleven a cabo unas acciones operativas comunitarias a nivel interestatal como ya ha sucedido entre la policía sueca y la danesa. Pero es un paso enorme ir de este tipo de cooperación interestatal a la creación de unas fuerzas policiales comunitarias, un FBI europeo, que significaría que fuerzas policíacas extranjeras podrían realizar acciones en otro país, algo que resulta completamente impensable desde el punto de vista de la legislación sueca. Lo que me pregunto, Comisaria Gradin, es hasta dónde está dispuesta a llegar la Comisión en su propuesta de unas fuerzas policiales operativas a nivel europeo.

Gradin
He sentido un profundo alivio cuando he leido hoy en el periódico que el Canciller Kohl y el Presidente Chirac, según un comunicado posterior a su reunión conjunta, han expresado su deseo de situar la cooperación entre las fuerzas policiales y en el ámbito de la justicia en un lugar destacado de la agenda política. No queremos un FBI europeo, sino una cooperación intensa que se convierta en una actividad dentro del marco del primer pilar. Creo que esto es necesario si queremos responder al reto que se nos presenta.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Luciano Vecchi (H-0878/96):
Asunto: Nuevas condiciones generales para la cofinanciación de las ONG de desarrollo
Hace muchos años que la colaboración entre la Unión Europea y las organizaciones no gubernamentales de Desarrollo se ha convertido e uno de los pilares de las políticas europeas de cooperación internacional.
En particular, el instrumento de cofinanciación de la acción de las ONG para el desarrollo ha adquirido una importancia cualitativa y cuantitativa cada vez mayor.
Sin embargo, el aumento de la carga de trabajo ha planteado problemas para la realización del examen adecuado de los proyectos y para el seguimiento de su gestión.
¿Qué medidas de organización piensa adoptar la Comisión para hacer frente a estas crecientes necesidades?
¿En qué fase se encuentra la elaboración de las nuevas condiciones generales de cofinanciación o, en cualquier caso, la experimentación de los nuevos métodos de trabajo?

Pinheiro
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, en lo inmediato la Comisión ha tomado una serie de medidas de organización interna para acelerar y mejorar la gestión del presupuesto de cofinanciación de las ONG.
Una de estas medidas, el refuerzo de la unidad que gestiona el presupuesto de cofinanciación de las ONG con algunos agentes auxiliares, ha tenido ya efectos este año. Ello se traduce, por una parte en el hecho de que la totalidad de los fondos disponibles habrá sido utilizada este año para las cofinanciaciones de las ONG y, por otra, por una recuperación del retraso en el seguimiento de los proyectos financiados.
Además, la Comisión acaba de poner en marcha una auditoría organizativa a través de un despacho externo y ha dirigido un análisis de los procedimientos de gestión existentes y unas propuestas de mejora de éstos con el fin de responder mejor a un volumen de trabajo creciente.
Está en proceso de examen, en el seno de la Comisión, un esquema de revisión de las condiciones generales de cofinanciación. En este marco se ha previsto un debate de fondo para 1997 sobre el refuerzo de los vínculos y del papel de las ONG y de la Comisión en el ámbito de la cofinanciación.

Vecchi
Señor Comisario, su respuesta, por una parte, me tranquiliza, habida cuenta de que demuestra que se está haciendo algo y está en curso un proceso de reflexión y, por otra, sin embargo, me lleva a manifestar que no difiere mucho de las respuestas que sus predecesores me ofrecieron durante los últimos siete años. A lo largo del tiempo, la línea de cofinanciación de las ONG, gracias sobre todo al apoyo del Parlamento Europeo, ha ido aumentando y en la actualidad asciende a casi cien veces más respecto a la de 1976. Los problemas de personal han surgido en repetidas ocasiones, y los mismos no son de calidad -todos los funcionarios que hemos visto trabajar en la unidad de «Cofinanciación» son excelentes- sino de cantidad, pues, los funcionarios son pocos y cada uno de ellos ha de estudiar centenares de proyectos cada año. Bajo mi punto de vista, se trata de un problema de procedimiento, ya que los procedimientos que se idearon cuando habían pocos proyectos o, de alguna forma, pocos recursos, han empeorando en los últimos años a causa del control financiero. Asimismo, considero que se trata de un problema que estriba en la dificultad para controlar y seguir los proyectos en concreto y su impacto en la realidad.
Ahora bien, a pesar de tener en cuenta que, en general, la opinión que se tiene respecto a los proyectos de cofinanciación de las ONG es una opinión positiva, sin embargo, considero necesario -y aquí me permito plantearle una pregunta complementaria- entender qué orientación se va a tomar con respecto a las nuevas condiciones de cofinanciación. En particular, ¿qué piensa la Comisión acerca de la posibilidad de proceder a la adopción de contratos marco, al menos con una parte de las ONG y para una parte de los recursos, que pueda permitir celebrar con algunas ONG contratos marco plurianuales y multiproyectos de apoyo?

Pinheiro
Señor Presidente, es totalmente cierto que gracias al apoyo del Parlamento Europeo hemos conseguido más que doblar los créditos disponibles para la cofinanciación de las ONG. Debo decir que el año pasado, ante una pregunta que se me planteó en este mismo hemiciclo, ya manifesté mis preocupaciones en lo que respecta a la cuestión del personal. Afortunadamente, este año puedo decirles que no solamente hemos agotado todos los créditos disponibles sino que también hemos recuperado un cierto retraso y hemos mejorado en mucho el seguimiento de los proyectos cofinanciados.
Pero no estamos satisfechos de ello y ésta es la razón por la que nos hemos comprometido en dos vías paralelas. Por un lado, auditorías externas, para ayudarnos a identificar mejor lo que se podría hacer en otra parte, desde el punto de vista mecánico, con el fin de liberar las energías para el seguimiento, y digamos el debate pedagógico con las ONG.
Por otro lado, nos hemos comprometido, con el comité de enlace de las ONG, a un debate en profundidad sobre las formas prácticas y pragmáticas, para aumentar nuestra eficacia mutua, tanto de la Comisión como de las ONG.
Entre las opciones de estudio, podría decir que hay que buscar un consenso para contratos de programa, sobre todo con las ONG que trabajan con la Comisión desde hace décadas y que han demostrado su capacidad de gestión y rigor en lo que respecta a los créditos disponibles.
Esto es todo lo que puedo decir en este sentido por el momento, pero les aseguro que el próximo año tendremos muchas más preguntas para discutir en este mismo sentido.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 45, 46, 47, 48, 49 y 50 se contestarán simultáneamente.
Pregunta nº 45 formulada por Gary Titley (H-0954/96):
Asunto: Propuesta de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica
¿Puede decir la Comisión qué avances se han realizado hacia la consecución de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Sudáfrica? Pregunta nº 46 formulada por Alex Smith (H-1007/96):
Asunto: Comercio con Sudáfrica
¿Cómo valora la Comisión los costes económicos que pueden suponer la exclusión de los productos agrícolas que figuran actualmente en las listas del mandato comunitario, con respecto a la plena liberalización del comercio de dichos productos?
¿Tiene intención la Comisión de presentar al Consejo nuevas propuestas para la revisión de dichas listas, en caso de que resultaran ser un obstáculo importante para el buen éxito de las negociaciones?Pregunta nº 47 formulada por Angela Billingham (H-1019/96):
Asunto: Estatuto de los terceros países durante las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica
¿Qué estatuto concederá la Comisión a los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, además de las consultas que ya se celebran con ellos como países ACP, en la próxima ronda de negociaciones sobre la propuesta comunitaria de establecer un Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica, habida cuenta de las importantes repercusiones que dicha cuestión tendrá en el comercio, los ingresos aduaneros y los controles fronterizos de dichos países?Pregunta nº 48 formulada por Shaun Spiers (H-1020/96):
Asunto: Repercusiones económicas del posible Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica
¿En cuánto calcula la Comisión el posible coste económico de la propuesta comunitaria de establecer una Zona de Libre Comercio UE/Sudáfrica para los demás países pertenecientes a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia?Pregunta nº 49 formulada por Patrick Cox (H-1021/96):
Asunto: Disposiciones del posible Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica
¿Tiene intención la Comisión de proponer la inclusión en el Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica de disposiciones específicas que garanticen que los países pertenecientes a la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, no sufran pérdidas económicas como resultado de la aplicación de dicho Acuerdo?Pregunta nº 50 formulada por Ria Oomen-Ruijten (H-1022/96):
Asunto: Compensaciones a los países pertenecientes a la SACU tras la propuesta de un Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica
¿Ha considerado la Comisión la posibilidad de tomar medidas para compensar a los países pertenecientes a la Unión Aduanera del África Austral (SACU), especialmente Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, por las pérdidas en ingresos aduaneros y por los costes que se deriven del establecimiento de controles fronterizos como consecuencia de la posible celebración del Acuerdo de Libre Comercio UE/Sudáfrica?
Pinheiro
El 22 de marzo de 1996, el Consejo aprobó las directivas complementarias que permiten a la Comisión iniciar negociaciones con Sudáfrica sobre comercio y cooperación. Desde entonces, la Comisión y sus interlocutores sudafricanos se han reunido en varias ocasiones. La Comisión presentó su posición negociadora y puso los requisitos para el acuerdo a petición de la parte sudafricana.
Al mismo tiempo, la Comisión ha venido preparando la base técnica necesaria para el buen desarrollo de las futuras negociaciones.
En cuanto a Sudáfrica, actualmente está elaborando su propio mandato de negociación, que deberá estar listo en las próximas semanas. Tan pronto como dicho mandato sea facilitado a la Comisión, se reanudarán las negociaciones entre ambas partes.
A pesar de los constreñimientos en el sector agrícola, las directivas del Consejo ofrecen una excelente posición de partida para las negociaciones comerciales. Entre las intenciones de la Comisión no figura la de evaluar los costes económicos que, hipotéticamente, deberá soportar Sudáfrica, ni volver a recurrir al Consejo antes de que comiencen las auténticas negociaciones.
En el transcurso de las negociaciones, la Comisión podrá volver a dirigirse al Consejo, en caso necesario, para pedir directivas adicionales que hagan posible concluir un acuerdo que satisfaga las aspiraciones y los intereses de ambas partes.
En lo que respecta a las repercusiones más amplias del acuerdo propuesto, la Comisión reconoce que los intereses de los países vecinos de Sudáfrica y del grupo de países ACP exigen especial consideración. La Comisión se esforzará en consultar a fondo a dichos interlocutores en el transcurso de las negociaciones.
Atendiendo a su solicitud, la Comisión está ofreciendo ayuda técnica y financiera a Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia (países BLNS) en la evaluación de los posibles efectos que tendrá el acuerdo propuesto con Sudáfrica sobre sus economías, y en la elaboración de recomendaciones a las partes negociadoras relativas a proyectos especialmente sensibles para los países BLNS, que tal vez deban quedar excluidos del Acuerdo de Libre Comercio. Se espera que los estudios que se están llevando a cabo sobre estos asuntos concluirán a comienzos del año próximo.
Las negociaciones para el acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Sudáfrica son entre esas dos partes, y no entre la Unión Europea y el África Austral. No hay intención de utilizar este acuerdo como modelo a imponer a otros países de la zona.
La cooperación de la Unión Europea con los países vecinos de Sudáfrica ya está teniendo lugar en virtud de las disposiciones del Convenio de Lomé. Las consecuencias finales para los países BLNS de un acuerdo con Sudáfrica deberán ser discutidas y abordadas, en caso necesario, en el marco de dicho convenio. No obstante, la Comisión ha descartado las denominadas medidas de compensación por las pérdidas en ingresos aduaneros.
Sólo deseo añadir que en la reunión que mantuve recientemente con el vicepresidente Thabo Mbeki en Bruselas, llegamos a un acuerdo sobre la conveniencia de ampliar, en su momento, el alcance de nuestras conversaciones para incluir la posibilidad de tener en cuenta algunas de las cuestiones que preocupan a los países de la zona en lo relativo a un posible equilibrio para el comercio con Sudáfrica a través de la inversión y otros aspectos complementarios.
Debo decir que a estas alturas no hay lugar para el pesimismo. Hay indicios esperanzadores, aunque debo reconocer la complejidad de las negociaciones y no excluyo en absoluto la posibilidad de que en un momento determinado debamos retroceder a lo elemental y estudiar si los objetivos políticos que nos hemos fijado -es decir, ayudar a la nueva Sudáfrica a obtener un mayor acceso al mercado europeo y a mejorar el comercio con Europa- no se pierden de vista entre los detalles de un exceso de aspectos sectoriales de las negociaciones. Es todo lo que puedo decir en estos momentos al Parlamento.

Titley
Agradezco al Sr. Comisario su extensa respuesta y, en particular, las observaciones ad hoc que ha hecho al final. Quisiera preguntarle si, a estas alturas, puede adelantarnos alguna información sobre el punto preciso en que se encuentran las negociaciones sobre el mandato de la parte sudafricana. ¿Podría asimismo darnos su parecer sobre los rumores de que las multinacionales europeas radicadas en Sudáfrica, que han gozado de la protección de su régimen industrial, se proponen restringir el alcance del libre comercio industrial en el contexto de este acuerdo?

Pinheiro
En lo que respecta a la actitud actual, la parte sudafricana siempre ha mostrado un gran interés por sus países vecinos. Desde un comienzo ha afirmado que no quiere convertirse en un país próspero rodeado de pobreza. Quiere tener en cuenta las preocupaciones y el afán de desarrollo de sus vecinos. Como ya saben, los países de la SADC (Comunidad para el Desarrollo del África Austral) firmaron hace dos o tres meses un acuerdo sobre una zona de libre comercio entre dichos países que entrará en vigor dentro de ocho años. No debemos ignorarlo. Es una realidad y debe ser tenida en cuenta en las negociaciones con Sudáfrica. El mandato de Sudáfrica ha sufrido retrasos y ha sido difícil ponerlo sobre la mesa. Sin embargo, por lo que he podido saber hace algunas semanas, es posible que tengamos el mandato en diciembre y que, por tanto, podamos iniciar una evaluación con nuestros interlocutores sudafricanos a comienzos de enero.
En lo relativo al proteccionismo de que gozaron algunas empresas de Sudáfrica durante el período del apartheid, es evidente que no se aceptarán medidas proteccionistas, a pesar del hecho de que existirá cierta asimetría en muchos casos. No obstante, de algo no hay duda. Habrá que proteger las empresas de nueva creación que se debaten por salir adelante tanto en Sudáfrica como en los países vecinos. De lo contrario no podrán hacer frente a la repentina competencia del exterior.
En estos momentos, las mayores dificultades aparecerán en el sector agrícola, en el que la Unión Europea ha solicitado muchas exenciones, y algunos productos para los que se ha solicitado la exclusión son de gran importancia para nuestros interlocutores sudafricanos. Pero por el momento, estamos esperando la señal de salida, el mandato sudafricano, y al igual que en cualquier otra negociación deberemos intentar salvar el vacío. Estoy bastante seguro de que con el apoyo del Parlamento Europeo podremos concluir un buen acuerdo para ambas partes.

Smith
Agradezco al Sr. Comisario su tono alentador. Observo también con interés que en su respuesta original utilizó un eufemismo. Dijo «constreñimientos en la agricultura» cuando quería decir «productos excluidos». Hace aproximadamente treinta minutos, señor Comisario, usted estaba sentado ahí, al igual que yo, escuchando a su colega, la Sra. Gradin, hablar sobre los ideales en materia de libre comercio de la Unión Europea. ¿No considera que es más bien hipócrita que nos apropiemos de forma exclusiva de una sesión negociadora imponiendo una lista de productos que deben excluirse? ¿Qué señal estamos enviando con eso a los otros países? ¿Deben ellos hacer lo propio? ¿No obedece esto realmente a que el Consejo ha dado instrucciones a la Comisión para que obtenga el libre comercio únicamente cuando convenga a la Unión Europea?

Pinheiro
El Consejo debe velar por los intereses de la Unión Europea y por ello intenta alcanzar las mejores condiciones posibles en todos sus acuerdos. Mi deber es intentar demostrar la importancia que Europa atribuye al mantenimiento de buenas relaciones con el mundo exterior, en este caso, con Sudáfrica y la SADC. A veces hablamos como si esto fuera sólo por el bien de dichos países, pero no es cierto. Si hay nuevas zonas emergentes en el tercer milenio, en mi opinión, éstas estarán en Sudáfrica y, posiblemente, en el África occidental. Por ello -aun dejando de lado nuestras responsabilidades históricas y demás- realmente nos interesa establecer relaciones sólidas con dichos países. He pasado nueve años al otro lado de la valla y sé que el mandato es siempre muy estricto. Quizá algunos de ustedes recuerden el mandato de mi anterior colega Sr. Andriessen cuando acudió a la Ronda Uruguay. En un momento dado le dijo al Consejo que prefería vestir la chaqueta de su hijo que le quedaba muy estrecha, que presentar el mandato que había recibido en las negociaciones; no tenía margen de acción. Al final se buscó algo de flexibilidad, tuvieron lugar algunas negociaciones, y creo que eso mismo es aplicable a Sudáfrica.
Debo repetir que el principal objetivo de proponer un Acuerdo de Libre Comercio con Sudáfrica es el de ayudar al nuevo Sudáfrica y a la región. Ése fue el principal motivo de nuestra propuesta, y no perderemos de vista el objetivo principal. En cada fase de las negociaciones debemos evaluar si lo que proponemos es justo, aunque eso dependerá también de la respuesta que nos den nuestros interlocutores sudafricanos. En estos momentos creo que los negociadores de ambas partes tienen gran confianza en la otra parte. No existe ninguna agenda secreta. Mantendremos unas conversaciones muy abiertas y transparentes y será un modelo de negociaciones europeas y de comercio mundial. Espero sinceramente que se concluyan lo antes posible, porque estamos perdiendo oportunidades.

Billingham
Quisiera, en primer lugar, agradecer al Sr. Comisario que nos haya ofrecido unas respuestas tan completas y francas. En septiembre visité Sudáfrica junto con algunos de los diputados que se encuentran aquí esta noche, y hace dos semanas tuve ocasión de reunirme en Londres con el vicepresidente sudafricano. El mensaje que transcendió de ambas reuniones fue de máxima preocupación. La preocupación de que, a menos que en la Unión Europea nos mostremos condescendientes con la ya frágil situación de la economía sudafricana, un marco comercial desfavorable infligiría enormes daños al país.
Es en ese contexto, señor Comisario, en el que sitúo mi pregunta, porque he podido saber que el principal negociador de la Unión Europea en las conversaciones comerciales con Sudáfrica abandonará su cargo en breve. Quiero preguntarle si ello es causa de preocupación, y puedo asegurarle que las negociaciones deben continuarse y concluirse de la forma más positiva y constructiva posible, de hecho, en sus propias palabras -las he anotado-, »para un acuerdo que satisfaga las aspiraciones y los intereses de ambas partes», y que refleje la opinión de que, ciertamente, Sudáfrica merece una consideración especial en este asunto.

Pinheiro
No podría estar más de acuerdo, y en lo que respecta al principal negociador, permítame asegurarle que será sustituido debidamente. Como ya he dicho, me mantendré en estrecho contacto durante las negociaciones no sólo con mi personal, sino también con el ministro Erwin y el vicepresidente Mbeki. Lo hemos acordado así con el fin de intentar eliminar malentendidos e intentar engrasar la maquinaria aquí y allá. Por ello espero que no se produzca ninguna interrupción. Estoy seguro de que ése no será el caso, a pesar de que Steffen Smidt será trasladado a otra DG.

Spiers
Me siento alentado por el tono del Sr. Comisario y, en particular, por su reconocimiento de que la complejidad del problema y del hecho de que el doble objetivo de alcanzar un acuerdo de libre comercio y ayudar a los países del África Austral puede resultar incompatible. El Sr. Comisario conocerá el estudio, financiado por la Comisión, sobre el impacto que tendrá la zona de libre comercio sobre Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia, y que indica que dichos países saldrán perdiendo si quedan fuera del acuerdo de libre comercio y que saldrán perdiendo igualmente si el acuerdo se lleva a cabo y se integran en el mismo. Saldrán perdiendo en cualquier caso.
Por ello me siento bastante insatisfecho con la respuesta del Sr. Comisario en el sentido de que la Comisión no se plantea ofrecer una compensación por la pérdida de ingresos aduaneros en caso de que el acuerdo de libre comercio siga adelante. Me pregunto si el Sr. Comisario aprueba las conclusiones del estudio financiado por la Comisión y, en su caso, si piensa reconsiderar el tema de la compensación para dichos países.

Pinheiro
Permítame que lo exponga como sigue: la revisión de la SACU que se está estudiando y que se avecina ha demostrado que los ingresos aduaneros no pueden constituir la base para el presupuesto de los países BLNS en el futuro. Existe pues una cierta preocupación en ese sentido, con o sin zonas de libre comercio.
Lo que hemos dicho siempre en el pasado es que no podemos hacer algo que sea considerado una compensación propiamente dicha. Lo que podemos hacer, y deberíamos hacer porque ya lo hemos hecho en otros casos, es intentar ayudar a dichos países en los períodos denominados de transición mediante medidas que correspondan al cambio radical que supone sustituir las fuentes de ingresos de las aduanas por otros medios más normales, tradicionales y desarrollados de obtener ingresos.
Lo hemos hecho en muchos otros países. Lo estamos haciendo en los países de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental), a los que hemos propuesto el sistema Pari, por lo que no existe ninguna razón por la que no debamos considerar esa posibilidad. Pero es algo que se sabrá al final de las negociaciones. Si llegamos a la conclusión de que dichos países se verán seriamente perjudicados, naturalmente estamos dispuestos a considerar dichas medidas. De ninguna manera cumpliremos nuestro mandato si al final de las negociaciones llegamos a la conclusión de que el acuerdo sería en detrimento de los países vecinos, porque el mandato dice claramente que debe beneficiar a Sudáfrica y a la región. Por tanto, en ese sentido no excluyo ninguna posibilidad, pero me gustaría estudiarlas de antemano antes de que entremos de lleno en las negociaciones de los diferentes sectores y productos.

Cox
Francamente, en lo relativo al asunto que nos ocupa, creo que el Sr. Comisario ha indicado cuál será, al menos en principio, la dirección de su respuesta. No sé si quiero presionarle en este asunto. Quisiera simplemente hacer hincapié en el objetivo de la pregunta; es decir, que se reconozca el anhelo de garantías de los pequeños Estados del África Austral, en los que se producirán costes económicos, y que los costes que se identifiquen sean abordados específica y expresamente en cualquier acuerdo que se concluya.

Pinheiro
Creo que he respondido ampliamente a su pregunta pero, como queda una pregunta más sobre este asunto, me reservaré mis comentarios para la última pregunta.

Pex
Yo también doy las gracias al Comisario por sus respuestas. Por tercera vez quisiera preguntar algo sobre la compensación, pues el Comisario ha dicho que el interés de los vecinos merece una atención especial. Quiere determinar la repercusión y otorga una ayuda especial para poder determinarla. En tal caso parece lógico pagar una indemnización si hay daños y hay que compensarlos. Se trata de una cuestión sumamente difícil. Esto se desprende también de las respuestas del Comisario a diferentes preguntas, y ello me lleva a la última pregunta: si se quiere ayudar a Sudáfrica y a los vecinos, ¿no sería más sensato ampliar el acuerdo de libre comercio con Sudáfrica a la South African Customs Union ?

Pinheiro
Señoría, ha formulado la pregunta del millón de dólares, en el sentido de que estamos intentando establecer una zona de libre comercio con Sudáfrica y Sudáfrica está intentando establecer una zona de libre comercio con sus países vecinos; por ello, el triángulo implica lógicamente que, de un modo u otro, deberemos ocuparnos de una zona de libre comercio en la región.
Comparto su planteamiento, porque sería estúpido por nuestra parte no tener en cuenta los hechos que se están produciendo en la región. Por ello, nuestro acuerdo con Sudáfrica, cualquiera que sea su formato definitivo, deberá incluir una cláusula sobre el avance de la marcha del propio acuerdo que tenga en cuenta una integración más estrecha en la región.
Una de las cosas en las que estamos de acuerdo el vicepresidente Mbeki y yo es en la necesidad de incluir una cláusula evolutiva, así como una cláusula de seguridad que contemple la posibilidad de que descarrile el tren. En portugués, mi nombre significa Dios, pero no es más que un nombre, no una capacidad, por lo que no podemos predecir con exactitud qué ocurrirá, y debemos asegurarnos de que si las cosas se apartan de nuestros objetivos, tenemos la capacidad de devolverlas a su camino.
En ese sentido, deseo asegurarles que es una de nuestras preocupaciones. Es una de las dificultades técnicas, pero somos conscientes de ella y la tendremos en cuenta en el acuerdo final que concluyamos con Sudáfrica.
Señor Presidente, mi último comentario es para rogarle que siga presionando sobre este asunto.

El Presidente
Pregunta nº 54 formulada por Arlene McCarthy (H-0912/96):
Asunto: Pactos territoriales de empleo a escala local y regional
Teniendo en cuenta que, a pesar de que el Reino Unido se unió a la estrategia de empleo en las cumbres de Essen, Madrid y Florencia, tanto el Primer Ministro, John Major, como el Ministro de Empleo, Gillian Shephard, se han dirigido al Presidente Santer y al Comisario Flynn respectivamente, con objeto de poner de manifiesto su reticencia a la hora de aplicar la iniciativa relativa a los pactos territoriales de empleo a escala local y regional, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión para persuadir al Reino Unido de que inicie uno de estos programas piloto? En caso de que el Reino Unido decida desvincularse, piensa la Comisión reembolsar al Gobierno de este país los Fondos estructurales a partir del deflactor proporcional? ¿Quiere decir esto que, en la cumbre de Dublín, el Reino Unido será el único Estado miembro que no disponga de programas piloto para los pactos territoriales de empleo a escala local y regional?

Flynn
La Comisión ha mantenido conversaciones con los Estados miembros sobre la naturaleza y la composición de los pactos territoriales de empleo y los tipos de apoyo que pueden recibir a nivel europeo.
El Gobierno del Reino Unido ha expresado sus reservas sobre la presentación de pactos propiamente dichos, aunque cree que la experiencia del Reino Unido será valiosa para los demás Estados miembros y está interesado en compartirla, especialmente a nivel europeo.
Tras la Cumbre de Dublín, la Comisión se mantendrá en contacto con todos los Estados miembros para establecer las condiciones para seleccionar los proyectos que podrán formar parte de la red europea de intercambio de experiencias. Tengo grandes esperanzas de que dichos contactos conducirán a un consenso con el Reino Unido sobre la utilidad de la red, y de que el Reino Unido participará en la misma.
No se plantea la cuestión de reembolsar parte de los Fondos estructurales a partir del deflactor anual en el caso de que los Estados miembros decidan desvincularse de la iniciativa. Los recursos adicionales generados por la indización no se verán condicionados por el cumplimiento de los pactos: los comités supervisores asignarán los recursos a las medidas contempladas en los programas actuales.

McCarthy
Señor Comisario, creo que ha respondido a mi pregunta. El problema es que existe la opción de exclusión y es perfectamente previsible que el Reino Unido tenga reservas, como usted decía en su escrito. De hecho, estoy segura de que se habrá dado cuenta de que el actual Gobierno está dedicando más tiempo a reorganizar las butacas de cubierta del Titanic que a desarrollar enfoques innovadores del empleo.
Deseo citar algo de lo que Gillian Shephard decía en la carta que le remitió a usted: »No deseamos seguir por el camino propuesto por la Comisión.» De dicha carta podemos deducir claramente que el Gobierno del Reino Unido no desea la participación de los interlocutores sociales ni plantearse el tema de la asociación social.
Señor Comisario, ¿qué valor tiene un pacto territorial sin interlocutores sociales, y vamos a aceptar proyectos reciclados que no se ajustan al espíritu del pacto de confianza? ¿Cómo puede la Comisión ayudar a los interlocutores sociales, a la patronal y a los sindicatos a integrarse y a llevar a cabo estos programas de acción piloto?

Flynn
Sólo quisiera decir que, en realidad, usted misma ha respondido a la pregunta, y que usted conoce exactamente la razón por la que el Reino Unido no desea participar en este área. Tiene un problema con la etiqueta cuando se trata de pactos. La cuestión suscita preguntas sobre el diálogo social y el Gobierno británico no desea verse envuelto por ese motivo.
El Gobierno del Reino Unido parece estar especialmente interesado en compartir la experiencia positiva que ha acumulado hasta ahora en lo relativo a este tipo de iniciativas de comunidades locales. Aún no he descartado la posibilidad de que se le pueda persuadir para que participe en estos asuntos. Pero comprenderá que no es la Comisión la que debe seleccionar los pactos. Eso corresponde a los Estados miembros. Los Estados miembros deben seleccionar los pactos e informar a la Comisión. Nosotros apoyaremos los pactos de la red en lo relativo a la asistencia técnica, y el número de pactos será considerable. Pero serán los Estados miembros los que decidan si desean participan o no. No podemos forzar a ningún Estado miembro a participar. Lamentablemente, la situación no es esperanzadora en estos momentos en lo que se refiere al Reino Unido, pero nadie puede prever qué sucederá.

Flemming
Señor Comisario, ¿qué medidas concretas contra el desempleo juvenil proyecta usted para un futuro próximo y qué apoyo espera del Parlamento?

Flynn
Su Señoría tiene razón. Creo que para la integración de Europa es muy importante que se comprenda la dimensión social. Me preocupa, en particular, el nivel que ha alcanzado el paro juvenil. En la actualidad hay aproximadamente cinco millones de personas menores de 25 años que no tienen el pasaporte que podría permitirles acceder al mercado laboral como es una buena cualificación o, incluso, el graduado escolar o una buena formación. Debemos recordar que aproximadamente el 30 % de la población total de jóvenes abandona el sistema de enseñanza, por lo que tenemos aquí un auténtico problema. Ése es el motivo por el que en Florencia y en todas las cumbres recientes hemos buscado el compromiso de que se establezcan tres grupos para que reciban una atención especial. También en la Cumbre de Essen se habló de dichos grupos, a saber: los jóvenes en paro, los desempleados de larga duración y la cuestión de la igualdad de oportunidades.
La aprobación del informe conjunto tiene una enorme importancia. Ecofin dio su visto bueno la semana pasada, al igual que hizo el Consejo de Asuntos Sociales. En el informe, que avanza hacia la Cumbre de Dublín, destacan dos aspectos específicos: las empresas deben invertir ahora, porque los indicadores económicos son muy fuertes en la Unión; y también hay que invertir en recursos humanos. Me gustaría que se hiciera una inversión mucho mayor en el desarrollo de los recursos humanos para los jóvenes.

El Presidente
Pregunta nº 55 formulada por Birgitta Ahlqvist (H-0915/96):
Asunto: Medidas destinadas a reducir el consumo de bebidas alcohólicas
La libre circulación de mercancías en el mercado interior afecta también, en cierta medida, a las bebidas alcohólicas. Como es sabido, el alcance de la libre circulación de las bebidas alcohólicas destinadas al consumo privado y sus repercusiones sobre el consumo son cuestiones que Suecia discute en la actualidad con la Comisión por razones de salud pública.
Resulta muy importante que los Estados miembros de la UE adopten una serie de medidas coordinadas a nivel nacional para reducir el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué medidas adopta la Comisión para instar a los Estados miembros a que actúen en este ámbito? ¿Qué medidas han adoptado la Comisión y los Estados miembros con vistas a la reducción del consumo de bebidas alcohólicas en un 25 % entre 1980 y el año 2000, de conformidad con los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

Flynn
A nivel de la Unión Europea se ha identificado el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y sus repercusiones sociales y sanitarias como un grave problema de salud pública. No obstante, de conformidad con la Resolución del Consejo de 29 de mayo de 1986 sobre el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la Comisión debe sopesar cuidadosamente los intereses relativos a la producción, distribución y promoción de bebidas alcohólicas con los intereses para la salud pública, y aplicar una política equilibrada en ese sentido.
Los programas europeos sobre la salud pública, especialmente el programa de acción sobre la promoción, información, educación y formación en materia de salud, identifica las bebidas alcohólicas como un problema para la salud, y permite la adopción de medidas en este sentido siempre que se estime oportuno. La coordinación con otras medidas ya adoptadas por la Organización Mundial de la Salud estará garantizada.
La Comisión, evidentemente, sigue con gran interés la aplicación de las campañas de la Organización Mundial de la Salud, como la de Salud para todos antes del año 2000 y el plan de acción europeo sobre el alcohol destinado a reducir el consumo general de bebidas alcohólicas. Tanto los Estados miembros como la Organización Mundial de la Salud tienen el deber de evaluar en qué medida se han alcanzado o se alcanzarán dichos objetivos.

Ahlqvist
Gracias por su respuesta, Comisario Flynn. No hace falta demostrar la relación que existe entre el nivel de consumo de alcohol y los daños que éste produce; ya se ha hecho en repetidas ocasiones y desde ángulos diversos. Reduciendo su consumo liberaríamos grandes medios económicos en la sociedad. Haciendo cálculos globales, existen grandes recursos latentes en la reducción del consumo de alcohol. Podríamos destinar estos medios a acciones que favoreciesen el empleo, y con ello ofrecer a los ciudadanos una mayor calidad de vida. La cuestión del alcohol es una cuestión de salud, lo cual ha apuntado también correctamente el Sr. Flynn en su respuesta. ¿No cree el Comisario Flynn que sería conveniente seguir una política como la que tenemos en Suecia de reducción del acceso a las bebidas alcohólicas? Esta política ha dado unos resultados excelentes.

Flynn
Sólo quisiera decir a su Señoría que, como señala muy acertadamente, existe una relación muy estrecha entre el consumo de bebidas alcohólicas y la salud pública, y que este aspecto se incluye en nuestro nuevo programa marco. He oído todo lo que su Señoría ha dicho en ese sentido, y observo que se refiere al caso de Suecia. Este asunto también se está estudiando en lo que respecta a la situación de la salud pública en general. Nos regimos por la resolución de 1986 que sigue vigente y que debe ser fuertemente apoyada.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, quiero apelar al Sr. Comisario ya que viene de un país en el que se produce una de las mejores bebidas alcohólicas, es decir, un excelente whisky, si bien debo ser un poco precavido pues mi mujer proviene de Escocia y no puedo hacer publicidad en favor del whisky irlandés. Pero en este contexto, quiero indicar lo mucho que ha contribuido a nuestra cultura europea la producción y el consumo de bebidas de alta calidad, ante todo, el vino, la cerveza o el whisky. Como el consumo de estas bebidas es con frecuencia un acontecimiento social o se consumen con motivo de acontecimientos sociales, protesto decididamente contra cualquier generalización en la que se hable de modo genérico de consumo de alcohol y lo antes mencionado no se diferencie de francachelas o borracheras destructivas. Creo que radica también en interés de la Comisión difundir la cultura y la diversidad. Quiero indicar que precisamente en Austria se produce una enorme variedad de vinos y cervezas que solamente se pueden hacer condicionalmente responsables de lo que se rechaza en las bebidas alcohólicas.
Me opongo por ello vehementemente a cualquier discriminación genérica, especialmente, del vino y de la cerveza, tal como es importada actualmente los EE.UU y es expuesta siempre por la OMS que está dominada ideológicamente.

Flynn
Su Señoría tiene toda la razón, es una cuestión de moderación. El problema surge cuando las bebidas alcohólicas se consumen en exceso. La falta de datos comparables en lo relativo a los problemas sociales y sanitarios derivados del consumo y del abuso de bebidas alcohólicas plantea un problema importante para la elaboración de una política coordinada. Por ello, el programa de vigilancia de la salud, al que me he referido anteriormente, se propone recopilar todos los datos y permitir un acceso más fácil a los mismos con el fin de obtener mejores conocimientos sobre cómo debemos abordar este asunto.

Lööw
Tengo una pregunta programada para más adelante, a la que seguramente no se va a dar respuesta. Por eso aprovecho ahora la ocasión. Pienso que las dos personas que hemos oido demuestran que existe un abismo cultural, reflejado en la cuestión del alcohol, dentro de la Unión Europea. Esta cuestión debe evidentemente seguir siendo de competencia nacional, pero existe también una responsabilidad y unos intereses comunes en que yo creo que deberíamos estar de acuerdo. Me gustaría que el Comisario me confirmase que el consumo de alcohol y la conducción de vehículos no son compatibles, que el consumo de alcohol y la gestancia no son compatibles, y que tampoco lo son el alcohol y los menores de veinte años. Esto no tiene nada que ver con las diferencias culturales. En esto tenemos una responsabilidad común, teniendo en consideración el aumento de movilidad de personas y productos que se registra actualmente en Europa.

Flynn
Su Señoría tiene razón, naturalmente. La cuestión de conducir tras haber consumido bebidas alcohólicas es un problema generalizado en toda la Unión, y en muchos Estados miembros se están adoptando medidas muy severas para atajar el problema. El límite permitido de alcohol en la sangre se ha reducido drásticamente en muchos Estados miembros. Naturalmente, como su Señoría dice muy acertadamente, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas durante el embarazo es un problema muy grave. Todos estos aspectos han sido contemplados en nuestro programa de salud, en el que he incluido el mensaje que sus Señorías están transmitiendo.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas núms. 56 y 57 se contestarán simultáneamente.
Pregunta nº 56 formulada por Sören Wibe (H-0916/96):
Asunto: La seguridad social de los trabajadores y la libre circulación de personas
El Fondo de subsidio de desempleo de los trabajadores del sector de los transportes de Suecia ha podido comprobar que no hay unas disposiciones claras en la UE en lo que se refiere a la aplicación de la normativa relativa a los subsidios de desempleo y a la pertenencia a los fondos de subsidio de desempleo. Continuamente surgen dudas con respecto a qué normativa debe aplicarse en el caso de los trabajadores contratados en un país, que trabajan para una empresa en otro país y que pueden ser trasladados por ésta a otro tercer país. Cuando una persona con un contrato laboral de estas características pierde su puesto de trabajo no es fácil señalar en qué país debe inscribirse para buscar empleo y, en ocasiones, en qué país tiene derecho a solicitar las prestaciones de desempleo. A preguntas formuladas sobre esta tema, la Administración Nacional del Mercado de Trabajo de Suecia (AMS) no ha podido dar una respuesta a este problema. El equivalente danés a la AMS sueca ha dado una respuesta distinta a la que ésta a dado en Suecia.
¿Podría señalar la Comisión si ha adoptado algún tipo de mediadas con vistas a coordinar la elaboración de una normativa aplicable en la totalidad de los Estados miembros? Pregunta nº 57 formulada por Jan Andersson (H-0917/96/rev. 1):
Asunto: La seguridad social de los trabajadores y la libre circulación de las personas
El Fondo de subsidio de desempleo de los trabajadores del sector de los transportes de Suecia ha presentado un ejemplo concreto de los problemas que surgen cuando pierde su empleo una persona que debe desplazarse por distintos Estados miembros como consecuencia de su trabajo.
Un chófer sueco empleado por una empresa danesa fue destinado a Travemunde, Alemania, desde donde debía desplazarse por distintos países europeos sin volver a Suecia más que de forma esporádica. Las preguntas que surgen al respecto son, entre otras, las siguientes: ¿En qué país deberá sindicarse este trabajador? ¿En qué país deberá buscar empleo cuando venza su contrato laboral? ¿En qué país deberá solicitar las prestaciones de desempleo? ¿Desempeña algún papel el país en el que se le pague el sueldo y en el que se pague la seguridad social? ¿La legislación que debe aplicarse se fija en función del lugar de residencia? ¿Qué ocurre en caso de modificación del lugar de residencia como consecuencia de la pérdida del puesto de trabajo?
Son muchas las dudas que surgen y muchas personas en paro reciben desgraciadamente información errónea? ¿De qué forma considera la Comisión que podría resolverse esta situación?
Flynn
Esta pregunta en particular es relativa al Reglamento 1408 para la coordinación de los planes de la seguridad social para trabajadores emigrantes, y contiene las normas por las que se determina en casos complejos, como a los que se refiere su Señoría, en qué Estado miembro debe estar afiliado a la seguridad social el trabajador, así como qué Estado miembro debe pagarle el subsidio de desempleo si se quedará en el paro.
Uno de los principios básicos del reglamento es que un trabajador estará afiliado en el Estado miembro en que ejerza su actividad profesional. Existen, sin embargo, normas especiales para determinar en qué país deberá afiliarse una persona que trabaje en dos o más Estados miembros para una empresa internacional de transportes, como es el caso de la empresa de transportes por carretera. En ese caso, el trabajador se afiliará, normalmente, en el Estado miembro en el que la empresa tenga registrada su sede. Pero si la empresa tiene una sucursal en otro Estado miembro, las personas que hayan sido contratadas por dicha sucursal estarán afiliadas en dicho Estado, de conformidad con el párrafo A del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 1408.
En base a los hechos expuestos en el caso presentado por el Sr. Anderson, y de conformidad con las normas mencionadas más arriba, el conductor estará sujeto al sistema de seguridad social alemán, ya que al parecer ha sido contratado por la oficina alemana de la empresa. Si, en realidad, el conductor ha sido contratado por la oficina de Dinamarca, aquél estará sujeto al sistema de la seguridad social danés. Normalmente, una persona desempleada tiene derecho a percibir el subsidio de la seguridad social en el país el que dicha persona ha estado asegurada por última vez. No obstante, pueden aplicarse normas especiales en el caso de una persona que durante su último empleo tuviera su residencia en un Estados distinto de aquel de su afiliación. En el que nos ocupa, si el conductor del camión continúa teniendo su residencia en Suecia, a pesar de que ejercía en Alemania, entonces se aplicarán las disposiciones especiales que recoge el párrafo B del artículo 71 del Reglamento 1408. En consecuencia y de conformidad con dichas disposiciones, en el caso que nos ocupa, el conductor desempleado que tiene su residencia en Suecia y que regresa a dicho país cuando se queda sin empleo tendrá derecho a recibir un subsidio de desempleo en Suecia, como si su último empleo hubiera sido en Suecia.

Wibe
Agradezco su respuesta. Parece que el Comisario Flynn conoce detalladamente la normativa vigente, al contrario que la Dirección General de Trabajo sueca, que no ha solucionado este caso. Por tanto, invito al Comisario a que, de modo puntual y sencillo, recopile esta normativa y remita la información a los Estados nacionales, puesto que es evidente, a pesar de lo dicho por el Comisario, que reina una gran confusión entre trabajadores y empresarios en cuanto a estas normas.

Flynn
Sí, podemos hacer eso si resultara de utilidad. No hemos recibido ninguna queja en este asunto del Estado miembro. Cuando recibimos quejas de esa naturaleza, se reúne una comisión consultiva formada por expertos de todos los Estados miembros, y realizan una interpretación. No es legalmente vinculante, pero siempre se ha acatado. Pero, en este caso en particular, no hemos recibido ninguna queja.

Andersson
Yo también deseo agradecer al Comisario Flynn su excelente y detallada respuesta. Estas preguntas nos han sido remitidas por un sindicato sueco, que no ha recibido una respuesta satisfactoria a estas preguntas algo complicadas. No es una labor sencilla la de armonizar los sistemas de seguridad social cuando existen personas que viven en un lugar, trabajan en otro y viajan de un país a otro. La respuesta del Comisario Flynn es, no obstante, la más clara que hemos recibido, y la remitiremos a Suecia para que les llegue a las personas que se encuentran en esta situación. Muchas gracias por su respuesta.

Flynn
He intentado exponer el caso de la forma más simple que me ha sido posible. Si puedo ser de mayor ayuda, mi oficina le proporcionará información más detallada si su Señoría así lo desea, y estará encantada en ayudarle en estas circunstancias en particular.

El Presidente
Pregunta nº 58 formulada por Anne McIntosh (H-0926/96):
Asunto: Acción de la Unión Europea contra la «tembladera» del ganado ovino
Teniendo en cuenta la reciente alarma sanitaria pública en relación con el ganado vacuno, ¿qué medidas ha tomado o se propone tomar la Comisión para estudiar las causas de la «tembladera» en el ganado ovino?
¿Puede indicar la Comisión si existen pruebas científicas de un nexo entre dicha enfermedad del ganado ovino y la enfermedad de Creutzfeld-Jacob en el ser humano?

Flynn
Desde 1990, la Unión Europea apoya financieramente actividades de investigación sobre encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) a través de sus programas específicos de I+DT que se incluyen en los programas marco tercero y cuarto -es decir, BIOMED, BIOTECH y FAIR- que abarcan la investigación sobre la enfermedad Creutzfeld-Jakob (ECJ) y la encefalopatía espongiforme bobina, además de la «tembladera». En vista del peligro que encierran las EET para la salud humana, la Comisión ha aprobado un plan de acción para la investigación sobre todas las EET, entre las que se incluye la «tembladera» en el ganado ovino.
Dicho plan de acción ha sido comunicado al Parlamento Europeo y al Consejo, y fue examinado en el marco de una reunión del Consejo de Investigación del día 5 de diciembre de 1996, en la que se llegó a un acuerdo. La «tembladera» es una EET que afecta al ganado ovino y caprino y que fue descrita por primera vez allá por 1732. Está ampliamente extendida por todo el mundo con una incidencia variada, y se han emprendido estudios a largo plazo en el pasado para estudiar la posible relación que existe entre la «tembladera» que se produce en el ganado ovino y la ECJ en los humanos. Tengo que decir que dichos estudios no han aportado ninguna prueba de que exista peligro de transmisión, incluso entre la población que consume material con un alto potencial de infección, como son los sesos y las asaduras de la oveja.

McIntosh
¿Podría comentar el Sr. Comisario si como resultado de alguno de los programas que ha apoyado la Unión Europea o de otros programas de los que haya tenido conocimiento la Comisión, nos encontramos más cerca de conocer las causas de la «tembladera» del ganado ovino? Es mi primera pregunta.
En segundo lugar, ¿está la Comisión en condiciones de declarar categóricamente, como han demostrado los estudios de Oxford en el Reino Unido, que aún no existe ninguna prueba concluyente del riesgo de transmisión del ganado a los humanos? Me inquieta que la conclusión sacada por el Sr. Comisario sea tan categórica en relación con el ganado ovino, y no lo sea tanto en lo relativo al ganado bovino.

Flynn
Ése es el motivo por el que quisiera decir a su Señoría que el Consejo de Investigación tomó una decisión, como he dicho, el pasado día cinco de este mes. Se ha aprobado el programa de investigación, al que se han asignado fondos por un valor muy considerable. El programa estudiará todas las EET, entre las que se incluye la «tembladera». También llevara a cabo estudios epidemiológicos para intentar determinar cuál es finalmente la situación.
No puedo afirmar categóricamente que conozcamos cómo se origina la «tembladera» en el ganado ovino. La enfermedad puede ser inducida artificialmente. Continuamente se están llevando a cabo experimentos sobre este asunto y precisamente hoy, la Comisión ha discutido sobre toda la cuestión relativa al material de riesgo y sobre la posibilidad de imponer una prohibición a nivel comunitario tanto para el ganado bovino, como para los ovino y caprino. Deberemos esperar a los resultados de investigaciones adicionales antes de poder determinar categóricamente, o así lo esperamos, la relación que existe entre dichas enfermedades.

El Presidente
Pregunta nº 59 formulada por Veronica Hardstaff (H-0927/96):
Asunto: Condiciones de trabajo de profesores en el Reino Unido
¿Tiene conocimiento la Comisión de que, desde que en abril de 1993 se arrebató a las administraciones locales el control de las Escuelas de Formación del Profesorado, se ha denegado a los miles de profesores que continuaron en ellas, con sus condiciones de trabajo transferidas, aumentos salariales, promociones y posibilidades de avance en sus carreras, con lo que se han vuelto por ello más vulnerables al despido y al paro?
¿No considera que es ésta una flagrante violación del Derecho comunitario? ¿Tiene intención de hacer un seguimiento de las peticiones oficiales que se le han formulado para que investigue esta destrucción de los derechos contractuales de los trabajadores?

Flynn
La pregunta que formula su Señoría trata sobre un problema relativo a la aplicación de la Directiva 77/187 sobre la transposición de las disposiciones a la legislación nacional en un caso específico, y no de una transposición incorrecta de la directiva en el Derecho nacional. Eso significa que serán los tribunales nacionales competentes los que deban emprender una acción en este asunto en particular.
El objetivo de la directiva es el de salvaguardar los derechos de los empleados en el caso de que cambie el patrón, y permitir que puedan continuar trabajando para el cesionario en las mismas condiciones que acordaron con el cesionista. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la directiva mencionada más arriba y según la interpretación que de ella hace el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -me estoy refiriendo al Caso 324/86 relativo al «Salón de baile Daddy's»-, los derechos y obligaciones según el contrato de trabajo o la relación laboral pueden, en el contexto de una transferencia, ser modificados con respecto al cesionario en la misma proporción en la que lo hayan podido ser con respecto al cesionista, a condición de que la transferencia de la empresa en sí no constituya el motivo de la modificación. Habida cuenta de que, según ha podido saber la Comisión, ya se ha emprendido acción legal sobre este asunto ante los tribunales del Reino Unido, la Comisión considera que debe esperar al resultado de la misma antes de llevar a cabo un examen minucioso de todas las implicaciones de la correcta aplicación del Derecho comunitario que pudieran resultar de este caso en particular.

Hardstaff
Me siento algo confundida por su respuesta en lo que se refiere a algunos aspectos. Los cambios obligatorios del contrato que muchos miles de profesores de enseñanza superior se han visto obligados a aceptar bajo coacción han tenido como resultado que dichos profesores deban impartir muchas más horas lectivas a unas clases mucho más llenas. En muchos casos, si se han mostrado reacios a aceptar dichos cambios o han apoyado a algún colega que se ha negado a aceptar la nueva situación, han descubierto que se les ha retenido la denominada paga relacionada con el rendimiento y que no les han pagado los aumentos normales que esperaban de acuerdo con las antiguas condiciones de trabajo.
Como telón de fondo está la amenaza de que el Gobierno retire las subvenciones a los colegios. Esta situación está obligando a los directores a seguir por este camino, a pesar de que en realidad preferirían concentrarse en satisfacer las necesidades lectivas de sus estudiantes.
¿Tiene la Comisión la voluntad política, una vez que el caso haya salido de los tribunales, de abordar realmente este asunto y de garantizar que este gran número de empleados no siga sufriendo el gravísimo deterioro de sus condiciones de trabajo?

Flynn
Sólo quisiera decir a su Señoría que la cuestión que se planteó en un principio fue la transposición de la directiva, y el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado en lo relativo a ese asunto. Dichos dictámenes vinieron a confirmar entonces que se trataba de un caso de transposición incorrecta de la Directiva 77/187 en el Derecho nacional. A raíz de ello, se aprobaron algunas leyes en el Reino Unido en un intento de adaptar la legislación al Derecho comunitario. Al parecer ya no existe ningún problema en lo que respecta a la cuestión que se plantea en la pregunta. Queda una cuestión pendiente sobre la interpretación en lo que respecta a la representación de los trabajadores, y en ese caso se ha añadido una letra al artículo 169, aunque ésta no hace referencia al aspecto que ha planteado su Señoría. Los conocimientos de que ahora dispongo apuntan a que la transposición en ese aspecto ha sido correcta.
Cuando estos asuntos sean estudiados en los tribunales nacionales y en función del dictamen que se emita, tengo intención de llevar a cabo un estudio del caso y del aspecto que usted ha planteado. Podremos volver a tratar sobre el asunto en un debate posterior.

El Presidente
El turno de preguntas queda cerrado. Las preguntas que no se han formulado por falta de tiempo recibirán respuesta por escrito.
(La sesión, interrumpida a las 19.35 horas, se reanuda a las 21 horas)

Mercado interior de la electricidad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0380/96) del Sr. Desama, elaborada en nombre de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0457/96-00/0384(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Desama
 Señora Presidenta, quisiera en primer lugar -y permítame utilizar algunos instantes de mi tiempo de uso de la palabra para ello- que se tome nota de mi protesta en calidad de ponente por el modo en que la burocracia del Parlamento Europeo ha organizado las cosas. Debatir a las 21 horas delante de unos escaños vacíos uno de los actos legislativos más importantes desde hace dos años es, francamente, indigno de un Parlamento y me gustaría que lo comunicara a nuestro Presidente.
Dicho esto, no voy a trazar aquí en unos pocos minutos la historia de la larga odisea de la Directiva sobre el mercado interno de la energía.
Simplemente quería decir que la posición común del Consejo es, en su forma actual, el resultado de una larga y fructífera, aunque a veces difícil y conflictiva cooperación entre el Parlamento, la Comisión y también, por último, el Consejo.
Las posturas al principio estaban muy encontradas. Actualmente examinamos una posición común que recoge no menos del 80 % de las enmiendas votadas en primera lectura por el Parlamento, además de una posición modificada de la Comisión entre las dos lecturas. Esto demuestra que hemos realizado entre todos una tarea legislativa muy seria y cuidada. En cualquier caso, quiero dar las gracias a mis colegas del Parlamento Europeo y, en particular, a los miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, a la Comisión Europea y a los distintos comisarios que se han ocupado del asunto, desde el Sr. Cardoso al Sr. Papoutsis. Por último, quisiera darle las gracias al Consejo que, en la recta final, ha sabido encontrar en sí mismo -y sabemos que esto no siempre es fácil para el Consejo- la fuerza necesaria para alcanzar un compromiso que ha costado mucho a numerosos países.
Así pues, tal como está, esta posición común le conviene ampliamente al Parlamento Europeo. En efecto, encontramos en ella cierto número de elementos esenciales sobre los cuales habíamos insistido en la primera lectura, y, entre éstos, me gustaría citar prioritariamente las obligaciones de servicio público. Esta directiva sobre el mercado interno va a ser, efectivamente, el primer acto de derecho derivado que plasme de manera eficaz las obligaciones de servicio público. En este ámbito podríamos decir que vamos más allá de lo que se ha hecho hasta la fecha. Creo que ésta es una buena vía, una buena manera de actuar. Considero que si cada uno de los socios se ciñese a este modo de proceder en lo tocante a las directivas que van a sucederse sobre el mercado interno, se podría llegar con bastante facilidad a puntos de equilibrio entre la voluntad de la Comisión y la del Parlamento.
El segundo motivo de satisfacción es que esta directiva va a abrir los mercados, sin que por ello los distintos Estados miembros liberalicen el sistema. La apertura de mercados es positiva y todos la deseamos. La liberalización, al menos durante el período transitorio, será evaluada por cada Estado miembro gracias a la aplicación de una subsidiariedad bien entendida.
Destaquemos también, de paso, algunos puntos que proceden directamente de las sugerencias del Parlamento Europeo. Me refiero a las licitaciones públicas, por ejemplo, en materia de nuevas capacidades productivas. Me refiero a la posibilidad de que se dé prioridad a las centrales que utilizan energías renovables para suministrar a la red. Podría citar más ejemplos, como la paulatina apertura de los mercados, que va totalmente en el sentido deseado por la Comisión de Energía y, por último, ese famoso «acceso negociado a la red», que es en realidad una especie de invento que han encontrado conjuntamente la Comisión y el Parlamento para evitar el acceso generalizado de terceros a la red. Podría citar otros ejemplos, como la transparencia de la cuentas y, en definitiva, toda una serie de puntos respecto a los cuales el Parlamento está, básicamente, satisfecho. Esta Directiva, esta posición común es una buena posición común.
Dicho esto, ¿por qué el Parlamento Europeo no se limita a aprobarla tal cual? Pues porque como diría Perogrullo, si el 80 % de las enmiendas se recogen en la posición común, esto quiere decir que hay un 20 % que, por definición, no están ahí. Sin duda no son las más importantes, pero hay dos puntos en los que confieso que sentimos, no obstante, cierta desazón. En primer lugar, no se ha generalizado la elegibilidad de los distribuidores, y lo comprendemos perfectamente. Generalizar la elegibilidad chocaba, efectivamente, con importantes dificultades políticas y, por consiguiente, era preferible que dependiera de la subsidiariedad y de la apreciación de los Estados miembros. Pero creo que deberemos volver a hablar de esto más tarde.
En segundo lugar, y aquí nuestra desazón es todavía mayor, la Directiva no incluye suficientes precisiones en lo relativo a la armonización. En este sentido quisiera hacer un llamamiento a la Comisión: si mañana según creo -por no decir, según temo-, la mayoría de las enmiendas, incluso todas las enmiendas, no obtienen la mayoría cualificada de esta Asamblea, desearía que la Comisión pudiera iniciar un diálogo con el Parlamento Europeo sobre la armonización, diálogo que podría concretarse en una comunicación en la que la Comisión definiese, de algún modo, las grandes líneas de lo que serán las futuras directivas sobre armonización que va a reclamar el Consejo en los próximos dos años.
En lo relativo al conjunto de las enmiendas, les diré que el ponente va a apoyar exclusivamente las que hayan sido aprobadas por la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, y más concretamente, y esto es algo que no les sorprenderá, la enmienda que se refiere a la armonización. Estando así las cosas, no apoyaré las demás enmiendas, que podría aprobar a título personal y al margen de la simpatía que me inspiran, en primer lugar, porque no las ha aprobado la Comisión de Energía, y, después, porque sin duda no obtendrán el voto mayoritario de la Asamblea.
Quisiera dar las gracias también a todos aquellos que han permitido elaborar esta Directiva, y creo que si mañana se aprueba una u otra enmienda, será ése entonces el momento de pedirle a la Comisión que se pronuncie sobre dichas enmiendas.

El Presidente
Lo pondré en conocimiento del Presidente, Sr. Hänsch. Sin embargo, debo decir que esta es la queja que siempre se repite los martes y miércoles por la tarde. Siempre tenemos cosas importantes en el orden del día; pero esto es asunto de los Presidentes de los grupos políticos, quienes debaten y acuerdan el orden del día. Por ello, ruego que cuando esto ocurra se llame a tiempo la atención al respecto en los grupos políticos. Pero siempre surge este fastidioso tema y comprendo que se plantee hoy de nuevo.

Adam
Señora Presidenta, cualquiera que sea el resultado de la votación de mañana sobre las enmiendas, debemos reconocer que la posición común, tal y como está actualmente, representa un considerable avance sobre el texto original, y deseamos mostrar nuestro reconocimiento a la labor del Sr. Desama en ese sentido. El debate dura desde hace unos seis años, aunque ello es debido a que trabajamos dentro de los extremos que marcan aquellos que desean una posición de monopolio pleno y aquellos otros que están a favor de la total liberalización. Es casi un milagro que hayamos conseguido acercar ambas posiciones a un punto próximo al centro, aunque no está tan al centro como algunos podrían desear.
Debemos recordar que la electricidad es un componente de vital importancia para nuestra economía. La demanda de electricidad aumenta actualmente más rápidamente que la demanda general de energía. El número de nuestros ciudadanos que están conectados al suministro eléctrico es mayor que el de aquéllos conectados al suministro de gas. Ésta es una razón más de su importancia. Debido a su conexión con el público, las necesidades de servicio público y los aspectos del impacto sobre el medio ambiente son una preocupación directa para todos los ciudadanos. El acuerdo de compromiso que ha surgido del Consejo, y que la mayor parte del sector eléctrico ha acogido favorablemente, representa unos beneficios algo restrictivos de la liberalización económica de los consumidores a gran escala. En este texto, el consumidor doméstico se ha visto desplazado hacia un extremo.
Además, el sector ha ejercido una gran presión a través de los grupos de interés y, hay que reconocer, con éxito en un intento de limitar sus obligaciones de servicio público y resistir a la armonización de las normas medioambientales, la protección social para los trabajadores del sector y los aspectos fiscales. Ha salido airoso en su intento de conservar, en la medida de lo posible, su posición de monopolio durante todo el tiempo que ha podido. No obstante, lamentamos que en la votación celebrada en el seno de nuestra comisión, el Grupo del PPE no haya apoyado la causa de los pequeños consumidores y haya hecho caso omiso de las muchas preocupaciones sociales y de servicio público.
En la industria del suministro eléctrico existen claros ejemplos de interés nacional. No todos los países disponen de abundantes suministros eléctricos. Algunos carecen por completo de fuentes de energía primaria, por lo que es comprensible que los gobiernos nacionales se reserven el poder de determinar el equilibrio del consumo de combustible primario. Esta práctica no es contraria a los principios del mercado interior a condición de que exista igualdad de trato para cada uno de los sectores de combustibles. Por todos estos motivos, el Grupo Socialista apoyará la enmienda 11. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Grupo Socialista continuará presionando sobre los temas que preocupan a la población haciendo uso de todos los medios a su alcance. Esperamos recibir el apoyo de la Comisión en esta empresa.

Mombaur
Señora Presidenta, Señorías, el lenguaje popular dice que lo que perdura mucho tiempo al final es bueno. Quizás pudiésemos decir lo mismo sobre este tema o quizás no. Lo veremos. ¿De qué se trata aquí? Se trata de entrelazar algo más estrechamente el suministro energético en Europa, hacer posible lentamente unas estructuras de mercado y que los consumidores tengan más derechos de los que ahora tienen. Ha durado mucho tiempo, nueve años, y aún tiene que pasar más, otros ocho años, inclusive la conversión en derecho nacional.
Voy a referirme a tres puntos. En primer lugar, quiero enviar un cumplido a los ponentes por el enorme trabajo realizado y por los considerables éxitos y también al Consejo por el artístico compromiso logrado. ¿Cómo que compromiso? Muy sencillo: había que coordinar posiciones de partida realmente diferentes en los 15 Estados miembros; una parte tiene una regulación muy liberal, una segunda es variada pero monopolística, como en mi país, y la tercera está estructurada de una manera totalmente diferente.
¿Cómo que artística? Porque cada uno da algo y toma algo. Este es el principio del compromiso. Se está moviendo algo en lo que se refiere a los derechos de los consumidores y a la apertura del mercado. Según los Tratados, ya existen, pero ahora, por así decirlo, se imponen de oficio en dosis homeopáticas que llegan de una cuarta hasta una tercera parte del mercado. Luego, se palican a los servicios de interés público general que se reconocen pero ahora son más transparentes y comprobables. Esto supone un progreso. Se deben limitar allí donde su cumplimiento es imposible mediante la competencia y en cualquier caso los Estados miembros tienen que alcanzar la cuota de apertura del mercado.
El tercer punto importante es al acceso a la red. Se ha realizado la sabia propuesta de elegir entre dos modelos. Se introduce el single buyer con el que se logra hacer concordar la propiedad y la obligación de competencia. Quiero mencionar que aquí se respeta, por ejemplo, la difícil situación del suministro en el Este de Alemania, donde se ha logrado realizar elevadas inversiones a corto plazo y mantener al mismo tiempo la concordancia con la directiva.
El cuarto punto es la libertad de los Estados miembros para avanzar en el aspecto de la liberalización. No se impide sino que se posibilita mediante una cláusula de protección, la llamada reciprocidad negativa. También se hace mucho en favor de la protección del medio ambiente. La directiva va a provocar una presión innovadora y fomentar en consecuencia unas instalaciones más eficientes. Fomenta además las energías renovables, la generación combinada de calor y electricidad y de residuos. En la concesión de autorizaciones, se trata con preferencia a los productores de energía de fuentes renovables. La directiva es también muy razonable en lo referente a la subsidiariedad, los dos sistemas de acceso a la red, los dos sistemas de adquisición de instalaciones generadoras y la compra.
En su conjunto, significa algo más de competencia, de consciencia de los costes, de sentido colectivo europeo, es decir, un paso en la dirección correcta. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de las enmiendas. Estas se pueden clasificar en cuatro grupos: las innecesarias, las que se basan en malentendidos, la destructivas y las que no pertenecen a este tema pues no tienen nada que ver con el proyecto legislativo.
Por motivos de tiempo, me voy a referir solamente al tercer grupo, las destructivas según mi definición, que muestran claramente las diferentes direcciones con las que se ha elaborado un compromiso. Esto es aplicable, por ejemplo, a la enmienda relativa a los distribuidores. La he apoyado y he batallado por ella durante años, pero no la apoyo en esta cuestión concreta pues destruye el compromiso. Lo mismo es aplicable a la enmienda que pretende permitir sólo parcialmente la apertura del mercado. Es inaceptable porque destruye el compromiso. Lo mismo es aplicable a la desmedida ampliación del concepto «servicio en interés público». También en este caso se produce la misma situación.
Por todos estos motivos, mi grupo político ha acordado no presentar enmiendas ni apoyar ninguna sino solamente el compromiso del Consejo.

Scapagnini
Señora Presidenta, la posición común que hoy examinamos en segunda lectura representa, a la vez, un éxito y un fracaso comunitario.
La fecha límite para el establecimiento del mercado único era el 1 de enero de 1993 y en el Tratado no se previeron excepciones con relación al sector económico de la energía. Tal como se ha manifestado, no debemos olvidar que, con respecto a la energía eléctrica, la posición común trajo consigo años de propuestas y dudas, así como arduas negociaciones, cuyo resultado fue una apertura paulatina y prudente del mercado por tramos, a lo largo de todo este laborioso proceso de negociación y equilibrios.
La urgencia de una política común fue puesta en evidencia a través de los debates celebrados acerca del Libro Verde y del Libro Blanco para la política de la Unión
Si no queremos que el futuro se presente difícil, es preciso tener en cuenta que, en definitiva, el Consejo llegó a un acuerdo y la existencia de dicho acuerdo es de cualquier modo mejor que seguir manteniendo las cosas como hasta ahora.
Por último, el conjunto de las disposiciones comunitarias relativas a la energía constituye de por sí una política energética comunitaria, a la que sólo haría falta darle un título. El Consejo ya se encuentra ante este conjunto de disposiciones y si a esto se añade la actual posición común, de hecho, ya no se podrá negar su existencia.
Ante esta oportunidad histórica y ante el éxito que representa el haber alcanzado una posición común, el Parlamento no ha de intentar perfeccionar los detalles, lo que haría correr el riesgo de destruir lo que hemos logrado. Poner en jaque mate la posición común, conscientes del coste político que representa el equilibrio alcanzado, sería como renegar de ella.
Nadie pone en duda que los elementos complementarios, en los que confía nuestra comisión, relativos a la armonización, la transparencia de las cuentas, la protección del sector laboral y la cogeneración -sólo para citar algunos de ellos- podrían aportar una mejora substancial del texto de la posición común, sin embargo, no hay que olvidar que la posición común deja un gran margen de maniobra a la subsidiariedad y, por consiguiente, será en la aplicación de la normativa por parte de los Estados miembros que se reflejarán mejor estos detalles.
Por ello, pedimos que se apruebe el texto de la posición común, a fin de que no haya más retrasos y de evitar que nos acusen de haberlos provocado nosotros en el momento de la entrada en funcionamiento del mercado interior de la energía que representa uno de los factores fundamentales de la política común.

Plooij-Van Gorsel
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, hoy debatimos en segunda lectura la directiva de la electricidad con objeto de crear un mercado interior para la electricidad. El Grupo de los Liberales se complace por este impulso para abrir el mercado. Sin embargo, es curioso que algunos gobiernos se empeñen en retrasar la creación de un mercado interior, no uno o dos años, sino nueve años. Asimismo es curioso que el Consejo pida al Parlamento que no utilice, repito, que no utilice su competencia legislativa, cuando el Parlamento y el Consejo siguen el procedimiento de codecisión en este expediente. Pero si no utilizamos nuestra competencia en una cuestión tan crucial para la empresa europea, ¿no seremos el tigre desdentado que tantas veces se nos reprocha ser? El Grupo de los Liberales ha decidido no dejarse manipular en esta posición. El Consejo niega las competencias del Parlamento, pero la historia nos enseña que hay que luchar por la democracia. Por consiguiente, el Grupo de los Liberales apoya las dos enmiendas que implican una mejora del contenido de la posición común del Consejo.
En primer lugar, la enmienda nº 12 presentada por mi Grupo, relacionada con la posición de los distribuidores en el mercado de la electricidad. Los distribuidores tienen que ser considerados por todos los Estados miembros una parte del mercado de pleno derecho. Para un buen funcionamiento del mercado interior es preciso que todos los actores tengan los mismos derechos. Son precisamente los distribuidores quienes pueden estimular iniciativas descentralizadas, por ejemplo la generación de electricidad con fuentes de energía renovables, la producción combinada de calor y electricidad. Todos mis compañeros, al margen de su color político, de izquierda a derecha de este Parlamento, han expresado recientemente su apoyo a la producción de energías renovables en el debate sobre el Libro Blanco de la Energía. Pero cuando se trata de votar y cuando se trata de legislar, todos los grandes Grupos se escabullen. Pasemos del dicho al hecho ahora que se trata de la legislación.
Luego la enmienda nº 5, de la Comisión de Energía, en que se propone que al producir electricidad se dé prioridad tanto a las fuentes alternativas como a la cogeneración. El Grupo de los Liberales apoyará esta enmienda. Las centrales de calefacción y electricidad contribuyen innegablemente a un uso más eficiente de la energía. Esto ahorra costos y mejora la competitividad de nuestra industria y, además, es ecológico.
Señora Presidenta, los que se oponen a la liberalización del mercado de la electricidad olvidan que sólo una buena competencia garantiza que los medios de producción se utilizarán de forma eficiente. Como factor de producción, y por tanto como capítulo de gastos, la energía desempeña un papel importante en la competitividad de las empresas. También en comparación con Estados Unidos. La energía no puede ser un factor perturbador para el funcionamiento del mercado. El Grupo de los Liberales destaca la importancia del consumo sostenible de las fuentes de energía existentes y la introducción de fuentes alternativas. Estamos convencidos de que, bajo la influencia de la disciplina del mercado, un mercado de protagonistas que operan en igualdad de condiciones en toda la Unión, se hará un consumo equilibrado de las diversas fuentes de energía y también se daría una oportunidad justa a la energía alternativa. El Sr. Van Velzen, del PPE, pidió en un periódico neerlandés que el Grupo de los Liberales acepte sin modificaciones la posición del Consejo. Me parece que esto no funciona muy bien como postillón del amor.

Marset Campos
Señora Presidenta, deseo alabar en primer lugar el excelente trabajo hecho por el Sr. Desama, pero, a continuación, hay que hacer constar que uno de los problemas que presenta la construcción del actual modelo económico europeo, bajo los auspicios del neoliberalismo de Maastricht, es la gran cantidad de contradicciones que alberga. De esta forma, la propuesta de armonización y liberalización del sector eléctrico puede ser bienintencionada pero, al no tener en cuenta los importantes aspectos sociales y políticos que implica, desencadena consecuencias graves. Las tres más significativas son las siguientes:
Primero, la amenaza a los puestos de trabajo y a la estructura productiva del sector en los países que contribuyen con un suministro elevado de energía autónoma -como pasa en España con la aportación de la minería del carbón de las cuencas leonesa, palentina, asturiana, gallega, andaluza, etc.-. De ahí nuestra enmienda para que ese porcentaje pase del 15 % propuesto al 30 %.
En segundo lugar, la amenaza a la consideración de servicio público que debe tener el suministro de electricidad al dejar su distribución, en un porcentaje importante, en manos de las fuerzas del mercado, con lo que sectores de población que están en peores condiciones pueden verse muy perjudicados.
Y en tercer lugar, la paradoja que se produce al propiciar que bajen los precios de la electricidad, puesto que automáticamente aumentará su consumo y, con ello, contribuiremos a la contaminación atmosférica en gran escala, en contra de lo suscrito en la Conferencia de Río, alejándonos así del modelo de desarrollo sostenible que tanto pregonamos.
Por estas razones, pensamos que lo más sensato sería proceder a una reconsideración global de esta propuesta.

Breyer
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señores Comisarios, la competencia es buena si conduce a una mayor eficiencia y no daña el medio ambiente. Nadie quiere el status quo , las estructuras monopolísticas en el suministro de energía. Los Verdes estamos a favor de la competencia entre los suministros de energías más compatibles con el medio ambiente. Pero el Parlamento Europeo no ha aprovechado hasta ahora las oportunidades de que dispone para iniciar la transformación ecológica del mercado interior de la energía. Lamentablemente, la directiva no va a quebrar las estructuras monopolísticas e iniciar una competencia compatible con el medio ambiente. Por el contrario. La directiva crea un monopolio light , un monopolio soft y los procesos de concentración en el suministro de energía van a seguir aumentando. Existe el grave peligro de que los proveedores regionales y locales de energía se queden en el camino y se conviertan en marionetas de los grandes monopolios.
En el camino se van a quedar también las consumidoras y las pequeñas y medianas empresas, pues la propuesta de directiva permite la subvención transversal y las consumidoras y las PYME van a tener que pagar unos elevados precios por la energía mientras que la gran industria se va a ver subvencionada con precios dumping.
Pero la competencia vive precisamente de la variedad. Esto es lo que intentamos expresar mediante nuestra enmienda sobre las empresas distribuidoras, como también han hecho muchos grupos políticos. El punto principal de nuestra crítica es la ausencia de unos criterios de protección ecológicos. Nuestro mensaje político debe ser el de crear unas condiciones marco ecológicas para la competencia en el mercado interior de la energía. La ausencia de estas condiciones marco conduce a un Waterloo ecológico.
La propuesta de directiva conducirá a unos precios dumping en la energía, lo que elevará la demanda y el derroche. Erraremos nuestro objetivo político y nos veremos abocados a un desastre. Para impedirlo, es urgentemente necesario introducir una compensación mediante un impuesto sobre la energía, tal como recomienda el Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo.
Saludamos que la propuesta de directiva conceda a los Estados miembros márgenes de actuación que deben llenarse en un sentido ecológico. Dinamarca nos ha mostrado de un modo ejemplar cómo se puede configurar en un sentido ecológico la directiva. La ley alemana sobre el suministro de corriente es apoyada también claramente por la propuesta de directiva pero no se han determinado con claridad estos márgenes de actuación ecológicos de modo que pueda aguantar la presión de la industria. El Parlamento Europeo debe marcar las pautas para una reforma ecológica de la energía. Por ello, es lamentable que no se conceda una clara preferencia a la generación combinada de calor y electricidad y a las energías renovables, pues estas formas de generación de energía son las que tienen futuro. Un estudio realizado por encargo del Gobierno de los Países Bajos demuestra que como consecuencia de la no utilización del potencial de ahorro de energía y de las energías renovables se pierden anualmente en la UE entre 45.000 y 80.000 millones de ecus. Por ello sería y es tan importante que establezcamos nuestro integrated ressource planning .
Estas cifras muestran claramente que necesitamos mandar un mensaje político: ningún monopolio light sino la transformación ecológica del mercado interior europeo, una competencia entre las formas de energía más compatibles con el medio ambiente y una política energética sostenible. El Parlamento Europeo debe hacer uso de estas oportunidades. Tenemos que mandar un claro mensaje. Un nuevo orden europeo de la competencia en el sector de los servicios de la energía debe perseguir tres objetivos: la protección del clima, un suministro ecológico de energía y una estrategia de eficacia energética.

Sainjon
Señora Presidenta, la posición común que hoy se nos presenta es el resultado de un difícil compromiso en el seno de la Unión Europea que, en éste como en otros ámbitos, refleja una enorme heterogeneidad.
Mi Grupo reconoce y aprecia el trabajo notable de nuestro colega Claude Desama que, en los últimos meses, se ha esforzado en aproximar los distintos puntos de vista en torno a la energía eléctrica. Es éste el resultado de una dura batalla llevada a cabo por el Parlamento Europeo, que como mínimo ha permitido alcanzar el menos malo de los compromisos, aunque en Francia a algunos les pueda resultar amargo. Nos preguntamos efectivamente si el frágil equilibrio que se nos propone no supone, a largo plazo, un auténtico peligro de poner en tela de juicio una concepción a la que nos sentimos profundamente vinculados, esto es, la de un verdadero servicio público europeo en el sector clave de la energía eléctrica.
Consideramos que hay sectores, especialmente el de la energía, en que la Unión debe apartarse de un enfoque ultraliberal. La energía es la base de todo desarrollo económico e industrial. Resulta esencial para los progresos de la vida social; es una fuente que no puede reducirse a la mera ley del mercado. En esta materia hemos alcanzado en Europa el nivel límite de lo que se puede soportar. La competencia en el sector eléctrico sólo puede concebirse en dosis homeopáticas, controladas y reguladas. No sería bueno, por ejemplo, que en los próximos meses el Gobierno francés, sobre la base de esta directiva, pusiera en entredicho e iniciara un desmantelamiento de Électricité de France , empresa pública que, a lo largo de cincuenta años de historia, ha dado amplias muestras de su dinamismo y competencia.
Mi país, señora Presidenta, se siente hoy inquieto. ¿Por qué, en nombre de qué, debido a qué capricho ideológico debe cambiarse un sistema que funciona y produce una de las electricidades menos caras de Europa? ¿Cómo vamos a explicarles a los asalariados europeos del sector que la liberalización es un valor añadido, cuando en todas partes está acarreando reducciones de personal, precariedad en el empleo y un descenso en la calidad de los servicios? Tales son las preguntas políticas que todos, por encima de nuestros Grupos, deberemos plantearnos en nuestros países, y éstas serán mis preocupaciones en Francia cuando se trate de incorporar la directiva que hoy examinamos.
Por consiguiente, estaré naturalmente pendiente de que el servicio público de electricidad pueda seguir siendo en Francia y en Europa un modelo de desarrollo económico y social.

Martinez
Señora Presidenta, el azar ha querido que esta semana, además de debatir el informe Desama también debatamos el informe del Sr. Herman relativo a las telecomunicaciones.
Al margen de esta casualidad -de hecho, podría haberse añadido el asunto de los fondos de pensión-, resulta que todos estos temas están relacionados entre sí, porque constituyen extraordinarias fuentes de beneficios y, evidentemente, las multinacionales de la industria, de los servicios y de los seguros quieren adueñarse de esta mina, amparándose en la desregulación, la eficacia, la privatización y otras cortinas de humo ideológicas.
En el sector eléctrico esto ha dado lugar a una guerra de ocho años para que en nueve años se abra el mercado entre un 30 y un 35 %. Sabemos que dos eran las tesis contrapuestas: o bien la banalización de la electricidad con un derecho de acceso para todos, o bien la electricidad se consideraba un producto específico -lo decía el Sr. Sainjon hace un momento- merecedor de reglas diferentes.
Señor Desama, se podría hablar de técnica, de comprador único, de apertura del mercado por tramos, de acceso a terceros, incluso de la elegibilidad de los suministradores, rechazada por dos votos en comisión, como también ocurrió, de hecho, con el conjunto del texto. Sólo debido a un golpe de mano del Presidente de la Comisión de Energía estamos debatiendo ahora este texto, puesto que había sido rechazado por 12 votos contra 12.
Dicho esto, la cuestión ha de abordarse en términos de política, de política energética y de política de independencia energética europea. ¿Queremos o no queremos que dentro de veinte años la energía eléctrica funcione integramente a base de gas, de gas argelino o de gas ruso, porque financieramente resulta más rentable? La duración de la amortización de una central nuclear es de 30 a 40 años, como el plazo de amortización de una central hidroeléctrica o de una central de carbón. Los costes portuarios de transporte son los mismos, mientras que una central de gas se amortiza, en cambio, con mucha mayor rapidez y supone unas inversiones mucho menos importantes. De ahí, evidentemente, la multiplicación de este tipo de centrales.
El mismo razonamiento es válido para la estructura de los costes: 100 ecus de electricidad a base de gas representan un 20 % de inversiones para un 80 % de combustible, mientras que para las otras formas la proporción es la inversa. Por último, las razones financieras harán que Europa se dote únicamente de centrales de gas, cosa que ya ocurre en Gran Bretaña. De este modo, Francia en especial perderá la independencia energética que ha conquistado tras numerosas dificultades. Y lo digo también por los ecologistas: habrá que renunciar a las electricidades tradicionales, mareomotrices, eólicas u otras.
Dicho de otro modo, la electricidad es un bien común y prácticamente un patrimonio común de la humanidad. Esto es lo que traduce la idea de servicio público, esto no es producto de la privatización. Ya lo he dicho en otra ocasión: no se privatiza a las hadas, las hadas son de todo el mundo.

Linkohr
Señora Presidenta, Señorías, al contrario que el orador anterior soy de la opinión de que esta directiva es más que necesaria pues si no encontramos un compromiso político, decidirá el Tribunal de Justicia y entonces muchos de los que se han pronunciado aquí en contra de ella quedarán en una situación bastante desairada. Quiero expresar en especial mis felicitaciones a Claude Desama, quien ha trabajado durante muchos años en este compromiso que es muy razonable, tal como él mismo ha dicho y otros muchos antes que él. Pero la directiva es sólo un primer paso. Creo que la transformación tecnológica va a acelerar la liberalización en el futuro. En cinco o diez años, cuando haya en el mercado pilas de combustibles, cuando el transporte de la energía eléctrica sufra menores pérdidas a lo largo de grandes distancias o quizás cuando una u otra fuente de energía renovable sea más competitiva, hablaremos sobre el acceso a la red de un modo muy diferente a como hoy lo hacemos. Posiblemente experimentemos una evolución como en las telecomunicaciones, donde la técnica ha impuesto realmente una modificación de las estructuras.
También hay que decir que la directiva va a tener considerables repercusiones de las que no vamos a alegrarnos tanto. La necesidad de reducir costes va a acelerar la concentración y las grandes empresas absorberán a las pequeñas. Estas deberán unirse para reducir los costes y el gas natural va a seguir penetrando en el mercado de la corriente eléctrica, tal como se ha dicho acertadamente. En algunos Estados miembros se va a tomar la directiva como motivo para ampliar la competencia aunque la misma directiva no lo exija, si bien deja a los Estados miembros un margen de actuación bastante amplio.
Para finalizar, vuelvo a la cuestión de los clientes autorizados. Por cierto, es muy extraño que haya que autorizar a un cliente. Creo que la filosofía de nuestro Tratado dice que un cliente siempre está autorizado. Pero en este asunto, la directiva es algo diferente. Solamente permite empresas distribuidoras si los Estados miembros así lo quieren. Hemos presentado una enmienda al respecto y les ruego que la apoyen. Los motivos ya se han indicado. Sólo quiero hacer una observación al Sr. Mombaur quien ha dicho que la enmienda es razonable pero quizás inadecuada por razones tácticas. Cree que es un compromiso destructivo. El compromiso no surge mediante una decisión individual del Consejo sino al final entre el Parlamento y el Consejo. Si aceptamos como norma los compromisos alcanzados en el Consejo tras unos difíciles debates, no necesitamos luchar por una ampliación del artículo 189b a otros campos. Por ello, les ruego que recapaciten si no deben votar en favor de esta enmienda, ya que estamos de acuerdo en el fondo del asunto.

Van Velzen, W.G.
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al ponente, el Sr. Desama. Después de la primera lectura, el Consejo ha aceptado muchas de las sugerencias del Parlamento Europeo, e incluso ha ido más lejos en algunas cuestiones importantes. El Sr. Desama puede congratularse del resultado. Además, su tarea en la segunda lectura no era nada fácil y sé cuánta energía ha dedicado a la preparación de este informe.
Una característica de los compromisos es que nadie está satisfecho con el resultado. También mi Grupo ha dudado mucho sobre si debía presentar enmiendas, y finalmente ha decidido que prefiere que se promulgue una directiva para lograr ordenar el mercado de la electricidad después de siete años, y por consiguiente acepta ahora el frágil compromiso con todos sus defectos. Más vale algo que nada. A fin de cuentas, ¿qué cabe esperar si mañana no se acepta la posición común del Consejo? En primer lugar, nos encontraremos en un procedimiento de mediación cuyo resultado es muy inseguro, con el riesgo de que finalmente sea rechazado por el Consejo. ¿Qué sucede entonces? Las tendencias liberalizadoras de diversos Estados miembros seguirán adelante. Los agentes que dominan el mercado tendrán demasiadas oportunidades. Los inversores privados, entre otros los bancos, desempeñarán un papel cada vez más importante en el mercado de la electricidad. Se crearán joint ventures transfronterizas. Además, el Tribunal Europeo dictará sentencias. A corto plazo no habrá ninguna forma de ordenación de mercado a nivel europeo. El riesgo para nuestros ciudadanos de que peligre la seguridad de suministro es considerable en esta hipótesis, por no hablar de nuestros bonitos y ambiciosos planes para prestar más atención a la energía renovable en el suministro de electricidad que actualmente es demasiado cara. Podemos despedirnos de todo esto. Esta noche quiero que el Comisario me diga claramente que sigue apoyando plenamente la posición común y mantiene alta la cabeza, y por consiguiente no dejará que se socave el frágil compromiso que hemos alcanzado.
No puedo por menos que decir, aunque siempre valoro mucho la iniciativa del Sr. Desama, que hay varias enmiendas que son prematuras. También las enmiendas núms. 3 y 8, relacionadas con la obligatoriedad del servicio universal, van demasiado lejos y no podemos apoyarlas. Sobre la enmienda nº 12, de la Sra. Plooij, parece estar muy sistematizada en el contexto neerlandés, pero el Grupo de los Liberales ha de saber que es una bomba de relojería en el marco del frágil compromiso. ¿Acaso se quiere cargar ya a la Presidencia holandesa con un enorme problema? En tal caso espero con interés las constructivas conversaciones entre su Grupo y el ministro de Asuntos Económicos. Con ello ya podemos olvidarnos de la directiva del gas, que es una prioridad de la Presidencia neerlandesa, pues se basa en gran medida en los mismos principios que la directiva de la electricidad.
Esta directiva es comparable al frasco de ketchup. Al principio se tarda mucho en sacar algo del contenido. Hay que sacudirla bien y tener paciencia. Lo hemos hecho durante siete años. Pero después todo sale de golpe.

Pompidou
 Señora Presidenta, Señorías, la directiva sobre el mercado interno de la electricidad marca el inicio de la liberalización del mercado, pero debe aplicarse respetando un principio fundamental, que es la obligación de servicio publico, es decir el suministro y la distribución de la electricidad para todos los ciudadanos, estén donde estén y a un mismo precio. Además, el sector de la electricidad constituye una importante fuente de empleo, cuyo mantenimiento es tomado en consideración por la posición común. En el acceso a la red, la posición común retoma, básicamente, los resultados obtenidos en el transcurso de la negociación entre el Parlamento y la Comisión, y el Parlamento sólo puede alegrarse por este éxito.
Para la liberalización por tramos y la elegibilidad de los distribuidores, la fórmula por la que se ha optado se basa en la progresividad y en la repercusión de las experiencias. En efecto, querer unificar de un solo golpe el conjunto del sistema representa unos riesgos que sólo podrá eludir el mercado de la electricidad gracias a una puesta en funcionamiento progresiva y controlada. Sea como sea, la actual posición da la posibilidad de apoyarse en una auténtica seguridad jurídica que permite elaborar la estrategia futura al tiempo que garantiza la perennidad de la política de inversiones.
Quisiera, pues, agradecer el trabajo especialmente equilibrado y el enfoque pragmático y cartesiano del ponente Claude Desama. Sin embargo, nuestro Grupo votará en contra de las enmiendas propuestas. Consideramos efectivamente inoportuno en esta fase volver a abrir un debate que, tras largas discusiones, ha permitido alcanzar un compromiso que toma en consideración la posición inicial del Parlamento. El hecho de no volver a abrir la conciliación no pone en entredicho el poder de codecisión del Parlamento, en la medida en que su contribución ya ha sido muy significativa.
De todos modos, más tarde será necesario proseguir con la reflexión y la acción respetando la subsidiariedad y, en particular, las distintas culturas de los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente, fiscalidad y política social. A falta de esto, la competencia se efectuaría en condiciones desiguales para los distintos Estados miembros y amenazaría la cohesión de la política energética de la Unión Europea así como el equilibrio que, necesariamente, debe alcanzarse entre estos diferentes actores.

Moreau
Señora Presidenta, hay que constatar que desde la instauración del mercado único, reforzado por el Tratado de Maastricht, las empresas públicas están en el punto de mira de la Comisión Europea y de los gobiernos de los Estados miembros. En efecto, éstas constituyen polos de resistencia incontestables frente a la liberalización y la desregulación, las cuales dependen de una opción social que prima a la competencia y la búsqueda del beneficio en detrimento del interés general y de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. Así pues, el sector eléctrico no se librará de ello con la aprobación de la posición común del Consejo sobre la directiva, que abrirá a la competencia el mercado eléctrico hasta un 32 % en el año 2003, lo que supondría en Francia el fin de Électricité de France , que ha dado muestras de su eficacia. Los únicos beneficiarios serían los grandes consumidores, sobre todo las grandes empresas industriales, y ello en detrimento de las pequeñas empresas y de los usuarios domésticos, siguiendo el ejemplo de lo que se ha hecho en Gran Bretaña.
Esta forma de competencia podría, además, acarrear despidos masivos, agravar las desigualdades regionales, comprometer la seguridad del suministro limitando la capacidad de los Estados a la hora de invertir a largo plazo y de intervenir en las opciones energéticas. Al privilegiar el corto plazo, las inversiones más rápidamente rentables saldrán beneficiadas, es decir, las centrales de gas en detrimento de otras fuentes de energía. Ahora bien, en el sector de la energía, una visión a corto plazo puede convertirse rápidamente en algo muy preocupante y plantear problemas graves en materia medioambiental y de agotamiento de las reservas existentes. La directiva menoscaba la voluntad de los Estados de garantizar su independencia energética e, incluso, puede limitar arbitrariamente las posibilidades de disponer de sus propios recursos energéticos. Asimismo abre la posibilidad de poner en tela de juicio algunas obligaciones de servicio público, sobre todo, la veracidad de los precios, la garantía de suministro, la igualdad de trato de los usuarios y la perecuación de las tarifas.
Todos estos elementos han hecho que nuestro Grupo propusiera el rechazo de la posición común del Consejo, un rechazo que se basa tanto en el artículo 92.2 del Tratado, que reconoce a cada Estado la posibilidad de organizar sus servicios de interés general con excepciones a las reglas de la competencia, como también en el principio de subsidiariedad. Éste debería, en efecto, permitir tomar en consideración la especificidad de la electricidad, que no es una mercancía como las demás sino un recurso que pertenece a toda la humanidad, y que por lo tanto no debe quedar expuesta a la libre competencia.
Nuestro Grupo, conjuntamente con las organizaciones sindicales, los asalariados y las asociaciones de usuarios tiene la voluntad de contribuir a que fracase este proyecto de directiva, así como de contribuir a la defensa y a la renovación de las empresas públicas para que puedan garantizar plenamente su misión de servicio público que responda a los intereses de los usuarios y del personal, que permita una ordenación territorial armoniosa y que favorezca las cooperaciones en el seno de la Unión Europea y en el plano internacional.

Bloch von Blottnitz
Señora Presidenta, puede que la liberalización del mercado interior de la electricidad suene estupendamente. Pero ¿cómo se puede hablar de competencia si se excluye de antemano y no se deja participar a una parte, en concreto, a los pequeños productores? ¿Cómo se puede hablar de competencia con igualdad de derechos con unos sistemas fiscales diferentes? Solamente quiero llamar la atención sobre Suecia, Finlandia y Dinamarca. En nuestra opinión, esto es un ataque frontal a las energías renovables y a la eficiencia energética. En el ámbito de las cargas reales -lo que no va a representar más que la guinda de la tarta- vamos a ser testigos de un comercio a precios dumping y esto es exactamente lo contrario de lo que deseamos, es decir, ahorrar energía. Va a existir una gran diferencia en el precio de la energía entre la ciudad y el campo, lo que va a suponer grandes pérdidas para las pequeñas y medianas empresas, a las que queremos ayudar. Esta propuesta, tal como está, sin conceder preferencia a las energías renovables ni a al ahorro de energía, es inaceptable. Tampoco veo cómo vamos a poder cumplir con esta directiva los objetivos que nos marcamos en torno a Río, Berlín y al empleo de energías renovables. Alcanzaremos exactamente lo contrario. En su redacción actual, la directiva es improductiva.

García Arias
Señora Presidenta, hay que felicitar al Sr. Comisario por el hecho de que esta posición común incluya finalmente garantías de cumplimiento del servicio público y de la cohesión social y territorial, como han venido exigiendo el Parlamento y su ponente, Claude Desama, a quien felicito sinceramente.
Sin embargo, muchos seguimos dudando de que estas medidas realmente contribuyan a reducciones de precios para todos y a la creación de empleo. Más bien nos tememos lo contrario.
Falta transparencia en los costes. En el caso español, al socaire del anuncio de esta directiva, el Gobierno está justificando la práctica desaparición del carbón nacional y, por lo tanto, la desertización, el aumento del desempleo y el empobrecimiento de las comarcas mineras españolas.
Con el pretexto de esta directiva y el argumento del coste de transición a un mercado competitivo, las compañías eléctricas han conseguido un acuerdo costosísimo para los consumidores que ha marginado al resto de los agentes del mercado y que les permite eliminar costes financieros y mantener los beneficios de inversiones ineficientes como si fueran realmente rentables, en un clarísimo caso de abuso de posición dominante y exclusiva reforzada por la actuación del Gobierno, ante lo cual la Comisión Europea debe preguntar qué sucede.
Se refuerza el oligopolio español -compañías y bancos- al que curiosamente le sobran beneficios para adquirir, con motivo de las privatizaciones que se anuncian, lo que queda en manos del Estado en el sector energético y en el de las telecomunicaciones. Pierden los consumidores, que tendrán que pagar la operación aunque les anuncien una pequeña reducción de tarifa como cortina de humo. Pierde el conjunto de los habitantes de las comarcas mineras.
Señor Comisario, señora Presidenta, en fechas de Navidad, debemos ser generosos también en el Parlamento Europeo. Por eso pido a todos los Grupos, especialmente al Partido Popular Europeo, que voten a favor de las enmiendas que piden elevar la utilización de fuentes energéticas autónomas, aunque sólo sea para dejar sin justificación al señor ministro de Industria de España, que se está amparando en esta directiva para aumentar el desempleo en muchas zonas de la geografía española. Así nos lo han solicitado los ayuntamientos, encabezados por cierto por el de Fuenteovejuna, y los señores diputados del Partido Popular español saben bien lo que Fuenteovejuna significa.

Soulier
Señora Presidenta, ¿acaso nuestro colega Claude Desama me permitirá que, de entrada, añada mi modesto homenaje a la magnífica corona de elogios que ya reposa a sus pies?
Considero que, efectivamente, se ha hecho un buen trabajo, y para empezar diré que el proyecto de directiva que se somete a nuestra aprobación es satisfactorio por varios motivos. En primer lugar, hay que situar este texto en una perspectiva histórica y metodológica. Se trataba de encontrar un compromiso entre intereses nacionales, comerciales y sociales particularmente complejos. Y resulta que se ha llegado a un texto aprobado por quince países, es decir, por la Unión en su totalidad. Así pues, harían falta motivos poderosos para que, mediante modificaciones, decidiéramos echar por tierra o desmantelar este edificio construido con paciencia durante tres años, y como decía hace un rato Rolf Linkohr, meternos en tribulaciones jurídicas o bien renunciar al texto. ¿Quién saldría ganando con ello? No lo sé, ¡pero imagino qué buen fermento de descomposición del mercado único sería!
¿Cómo concebir, en efecto, un mercado abierto al conjunto de los productos manufacturados y de los servicios que estuviera cerrado a uno de los factores más decisivos del crecimiento, es decir, a la energía? Tal como nos enseña la historia de las naciones y de los continentes, no se pueden convertir el repliegue y las restricciones en ley para que haya un crecimiento de las sociedades, ya que esto engendra desgracia y no prosperidad. Por el contrario, la supresión de las barreras aduaneras, la desaparición de las concesiones, la extensión del mercado físico han permitido que Europa haya progresado desde la declaración de Schuman de 1950.
Pero a los que sienten inquietudes, avivadas a veces por motivos partidistas, hay que decirles que esta nueva etapa en la edificación de una auténtica Unión Europea respeta los intereses colectivos y sociales invocados por varios Estados entre los que se encuentra Francia. Y nadie puede decirle con franqueza a la opinión pública que se trata de una liberalización desenfrenada o de un acceso incontrolado y desmesurado de los productores al conjunto del mercado, con el riesgo de que un torrente devastador acabe con sectores enteros de nuestra economía.
Se han tomado precauciones, y sobre todo dentro de nueve años se celebrará de nuevo un debate para hacer balance y juzgar de modo razonable los ajustes que conviene introducir aquí y allá, ampliando en tal o cual punto la directiva en el ámbito de la protección de los consumidores. No se trata pues de un cambio radical sino de una evolución. Tenemos aquí un deber, que es el de hacer todo lo posible para que Europa pueda seguir su marcha y velar para que no se produzca con ello un factor de trastorno en nuestro continente, y sin duda en el resto del mundo.
Al igual que mi Grupo, el Partido Popular Europeo, aprobaré esta directiva ne varietur .

Estevan Bolea
Señora Presidenta, yo también tengo que felicitar forzosamente al Sr. Desama, precisamente porque he sido testigo, testigo muy directo, de los esfuerzos que él ha hecho para que tengamos esta posición común. Y, como él ha dicho muy bien, esta posición común es buena. Y es buena por la labor de mucha gente en esta Asamblea.
Es verdad, señor Comisario, y es verdad, Señorías, que a todos nos gustaría seguramente otro contenido, pero es un primer paso, un primer paso muy importante que hace un año, Señorías, habríamos firmado porque no estábamos seguros de llegar a él.
Es verdad que nos gustaría que, poco a poco, se fuera integrando la protección del medio ambiente -ausente actualmente en el sector eléctrico- y mejorara la eficiencia energética, de la que hablamos constantemente sin que a las palabras sigan hechos. Pero yo estoy convencida de que, en próximos pasos, se llegará a ello.
He oído a la Sra. García Arias y me parece que se ha equivocado de Asamblea y de país, porque no he entendido nada de lo que ha dicho. Me ha parecido una fantasía -y no heroica precisamente- y lo siento porque la considero amiga mía y tiene una gran cabeza, pero no sé a qué se refería. Quizás a que ha sido el Gobierno socialista, a cuyo partido pertenece, el que ha hecho que en España se perdieran 25.000 empleos en la minería del carbón y que el ministro de Industria actual pretende salvar lo que se pueda de todo ese desastre que ha sido la política energética del Gobierno socialista.
Pero como aquí no estamos para hablar de las políticas nacionales sino en un proyecto ilusionante que es la Unión, el mercado de la Unión en el área eléctrica, quiero decir que mi Grupo no va a apoyar ninguna enmienda, salvo las que se refieren a la utilización del carbón.
La directiva señala que se le puede dar preferencia económica porque se puede usar todo el carbón que los Estados tengan y quieran en una cantidad del 15 % de la energía primaria.
En España, el carbón representa en estos momentos el 18 % de la energía primaria; de este porcentaje el 10 % es carbón nacional y el 8 % carbón de importación. Con lo cual, con el 15 % todavía hay un colchón del 50 % al que puede darse preferencia económica. Pero es que además hemos previsto que nos apoyen -por lo menos así lo pido- en que la cantidad sea del 25 %. ¿Con qué objeto? Simplemente con el de tranquilizar a personas a las que se ha excitado innecesariamente. Hemos añadido a una enmienda que habla del 25 % -que cubriría dos veces y media el carbón nacional que España utiliza en este momento- que los Estados miembros podrán llegar a aplicar, de acuerdo con un régimen transitorio, estas medidas en función de sus necesidades.
Señora Presidenta, Señorías, muchísimas gracias. Solamente apoyaremos esas enmiendas, el resto no, porque queremos que entre en funcionamiento rápidamente el mercado único eléctrico.

Secchi
Señora Presidenta, deseo comenzar haciendo hincapié en el hecho de que si, por un lado, la apertura y la parcial liberalización del mercado interior de la energía eléctrica representan un paso fundamental para el pleno establecimiento del mercado único, por el otro, sin embargo, es preciso ser muy conscientes del hecho de que la posición común aprobada por el Consejo, supone un punto de referencia que debe considerarse, según lo que acaban de subrayar los demás colegas, como punto de referencia para posteriores desarrollos más que una solución definitiva para este importantísimo sector.
Los demás colegas pertenecientes al Grupo del Partido Popular Europeo ya pusieron de manifiesto los motivos por los que estamos a favor de este texto sin ninguna modificación, a pesar de que en muchos ámbitos habríamos preferido progresos más consistentes. Esto atañe, por ejemplo, al papel de los distribuidores, como las compañías municipales, para citar el caso italiano; las modalidades específicas para el acceso al mercado liberalizado de los consorcios y las pequeñas y medianas empresas, que representa otro aspecto sumamente importante que no se tomó en cuenta; la evaluación del papel de los autoproductores y productores independientes y, por último, para mencionar otro aspecto muy significativo, la ulterior liberalización de los intercambios transfronterizos de electricidad.
A pesar de que en esta etapa la introducción de modificaciones en la directiva podría conllevar el riesgo de convertir en inútil el trabajo de ocho años, el Parlamento Europeo, en el próximo futuro, deberá trabajar con ahínco en esta materia e instar al Consejo y a la Comisión a fin de que, una vez aprobada la directiva, se proceda cuando antes a adoptar más medidas de liberalización del mercado, lo que supone evidentes ventajas para la competitividad del sistema productivo europeo y para los usuarios en general.
Por último, deseo recalcar que la rápida adopción de la directiva reviste asimismo una importancia especial para algunos Estados miembros como, por ejemplo, Italia, donde el mercado eléctrico, hasta ahora prácticamente inexistente como mercado propiamente dicho, está a punto de emprender una profunda reorganización. De hecho, sin un marco jurídico estable, aunque sea reducido como el que ofrece la directiva -que, así y todo, puede ser transpuesta en Italia con las mejoras a las que acabo de referirme- no será posible comenzar a implementar de forma satisfactoria la autoridad reguladora del sector, creada hace pocas fechas, ni mucho menos llevar a cabo una eficaz y satisfactoria privatización de ENEL, Ente Nacional de la Energía Eléctrica, medidas que son indispensables, al igual que el saneamiento financiero, para que Italia se sitúe a la par con el resto de la Unión Europea.

Papoutsis
Señora Presidenta, Señorías, la propuesta sobre la que deliberamos hoy en segunda lectura, relativa a la realización del mercado interior de la electricidad, concluye un proceso realmente largo.Tras ocho años de debates, tanto en Consejo como en el Parlamento, por fin parece posible encontrar una solución que cuente con la aprobación de todos los interesados.
Quisiera, pues, destacar, en primer lugar, el trabajo de peso que ha presentado el Sr. Desama, a quien quiero dar mis sinceras gracias por la excelente labor realizada, si bien recuerdo, durante seis años en el Parlamento Europeo. Creo, pues, que siguiendo sus orientaciones y su propio trabajo personal, y tras las decisiones de la Comisión de Energía del Parlamento Europeo, hemos podido llegar hoy a reunirnos en el Pleno para tratar en segunda lectura esta importantísima directiva.
Esta posición común del Consejo expresa el alto grado de consenso y compromiso obtenido entre los Estados miembros, como ha subrayado el Sr. van Velzen en su intervención, así como el compromiso logrado entre los órganos institucionales de la Unión Europea. Representa un acuerdo importante que abre nuevos caminos para la política energética en Europa, como hace unos instantes ha subrayado el Sr. Soulier con insistencia.
Además, como ustedes habrán comprobado, la posición común acoge la mayor parte de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en su primera lectura, como nos ha recordado el Sr. Desama, al afirmar que el 80 % de las enmiendas del Parlamento Europeo fueron aprobadas y figuran en la posición común.
La posición común se basa en el establecimiento de normas comunes, es decir, en principios fundamentales para el mercado interior de la electricidad, que todos los Estados miembros tendrán que incorporar y cumplir en sus respectivos sistemas nacionales. La directiva no impone un sistema homogéneo a la totalidad de los países europeos, sino que prevé cierto grado de subsidiaridad y flexiblidad en cuanto a la aplicación de las normas, evitando, al mismo tiempo, una normativa excesivamente reglamentarista. Esto se ve reflejado en la directiva en la posibilidad que concede a los Estados miembros de elegir entre diferentes modelos y varias soluciones alternativas.
Ahora, para contestar al Sr. Pompidou, quisiera subrayar que las diferencias nacionales en cuanto a las políticas ejercidas se harán menos importantes. La directiva, una vez aprobada y aplicada, establece un nivel mínimo, pero común, de liberalización y competencia en todos los sistemas de electricidad de la Unión Europea, que se deberá cumplir por todos los Estados miembros.
La directiva permitirá a las fuerzas del mercado actuar sobre la industria eléctrica. Personalmente, estoy convencido de que mejorará esencialmente la posición de la industria europea de cara a la competencia internacional, como el Sr. Scapagnini ha señalado en su intervención. Además, constituye un paso muy importante en esa dirección, como muchos diputados han destacado, y ante todos el Sr. Linkohr y la Sra. Estevan Bolea.
El mercado de la electricidad y todos los sectores relacionados, tal como se regulan en la directiva, pueden estar sujetos a obligaciones de servicio público que los Estados miembros pueden imponer a las compañías de electricidad en su mercado a favor del interés económico general. Estas obligaciones pueden ser determinadas por cada uno de los Estados miembros, en un marco comunitario.
Los Estados miembros deben definir las obligaciones de servicio público claramente. Estas deben ser objetivas, transparentes, no discriminatorias y controlables. Se establecerán haciendo referencia a uno de los cinco conceptos acordados a nivel comunitario, a saber: la seguridad del abastecimiento, la regularidad, calidad y el precio de los suministros de electricidad, así como la protección del medio ambiente. Serán comunicadas a la Comisión, que comprobará su compatibilidad con el derecho comunitario.
Este mecanismo permitirá a los Estados miembros equilibrar la competencia con el sector público, en los casos que se considere necesario para el interés general de la sociedad. Es a este equilibrio al que, como quisiera recordar, se refirió el Sr. Gordon Adam durante nuestro debate, destacando su necesidad. La versión presente, aprobada unánimamente por el Consejo, es resultado de las negociaciones del Consejo durante varios años. También quisiera recalcar que en la redacción de la posición común cada palabra elegida se ha medido con sumo cuidado. Finalmente, las decisiones se han adoptado al máximo nivel político posible. Llegar a acuerdos con respecto a este tema ha sido, realmente, un proceso muy difícil y, para contestar a la Sra. Ludivina García Arias y al Sr. Marset Campos, así como al Sr. Sainjon, quiero subrayar que el artículo 3 de la propuesta de directiva logra el justo equilibrio entre las exigencias de la competencia, por un lado, y las obligaciones derivadas del concepto de servicio público, por el otro. Por lo tanto, les quisiera pedir que no alteren el sutil equilibrio que hemos logrado.
Algunas de las enmiendas presentadas por el Parlamento Europeo pretenden reforzar la dimensión social. Todos ustedes saben que la Comisión fomenta activamente la dimensión social en la Unión Europea. En este asunto en concreto, sin embargo, necesitamos un enfoque amplio y no por sectores. No deberíamos aspirar a una armonización sectorial de las condiciones comunitarias de la industria eléctrica. En nuestra opinión, estas cuestiones exigen solución a un nivel más amplio. Quisiera señalar que se dará la oportunidad para el debate de los temas sociales y de otros relativos a la aplicación de la directiva en el Comité consultivo para la energía, convocado por la Comisión con los agentes del sector de la energía, incluidos, naturalmente, los sindicatos. No olvidemos que uno de los principales objetivos de la propuesta de directiva es mejorar la competitividad internacional de nuestra industria, de manera que se dé un nuevo y fuerte impulso a la creación de puestos de trabajo.
Otras enmiendas del Parlamento aspiran a destacar la dimensión medioambiental. Insistiendo en la eficiencia energética y en las fuentes de energía renovables, comparto la opinión de que debemos fomentar más las fuentes de energía renovables, como han señalado la Sra. Plooij-van Gorsel y la Sra. Breyer.
Contestando, también, a la Sra. Bloch von Blottnitz, quisiera comentar que, como saben, la Comisión aprobó recientemente el Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables, que, además, hemos presentado al Parlamento Europeo. Es esta iniciativa la que, en nuestra opinión, debe ofrecer el marco para establecer una estrategia adecuada respecto al fomento de las fuentes de energía renovables, y no la propuesta de directiva sobre el mercado interior de la electricidad. Les invito, por tanto, a que siga tal enfoque. En cualquier caso, la base de esa iniciativa nuestra fueron sus propias propuestas, del Parlamento Europeo, tal como las expuso el Sr. Mombaur en su excelente informe sobre las fuentes de energía renovables. Algunas otras enmiendas se refieren a propuestas de ampliación de la armonización al sector de la electricidad, que es necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior de ésta.
Señora Presidenta, la Comisión comparte la opinión de que posiblemente sea necesario ampliar la armonización, sobre todo en los ámbitos del medio ambiente y de los impuestos. Mis servicios ya han iniciado el trabajo al respecto y está avanzado un primer estudio para localizar las posibles necesidades de armonización.
Además, en contestación a la pregunta que me ha dirigido el Sr. Desama, quisiera asegurarles que sí existe la voluntad política de la Comisión de conseguir progresos en este tema, y la Comisión presentará con la mayor brevedad posible una comunicación correspondiente al Parlamento y al Consejo, como nos ha sido pedido. Por lo tanto, les pediría que esperáramos los resultados de este análisis y que no nos adelantáramos a las futuras propuestas, ya que podría perjudicarse el derecho de iniciativa de la Comisión. En vistas del gran debate que se está llevando a cabo en la actualidad en la Conferencia Intergubernamental, creo que el Parlamento tampoco desearía que se restringiera el derecho de iniciativa de la Comisión. Por este motivo, pues, quisiera pedirles de nuevo que no insistan.
Señora Presidenta, la Comisión ha aprobado la posición común del Consejo porque, primero, creemos que refleja los problemas expuestos por el Parlamento Europeo y, segundo, que el acuerdo obtenido salvaguarda los intereses de la Unión de la mejor manera posible. Por lo tanto, la Comisión desearía que el Parlamento adoptase la posición común tal como está, evitando que se perturbe el frágil equilibrio obtenido tras unas largas y difíciles negociaciones, y, además, porque creemos que es prioritario promover una rápida publicación final de la directiva, eliminando la inseguridad que pesa sobre nuestra industria y liberando los beneficios para los ciudadanos europeos, tal como esperan ansiosamente los sectores de la producción y del consumo de la electricidad.
En el caso de que el Parlamento Europeo -y aquí quisiera reafirmar una vez más nuestra voluntad política y nuestra disposición a ver la posición común aprobada tal y como está, sin enmiendas- finalmente adoptara algunas enmiendas, la Comisión las examinará detenidamente y, tras la votación de mañana, emitiremos nuestro dictamen. Asimismo, les quisiera confirmar que estaré presente durante la votación.
Señorías, su voto sobre la electricidad repercutirá sustancialmente en la evolución de la apertura del mercado interior, tanto en el ámbito de la electricidad como del gas natural. Espero, pues, que esta repercusión sea positiva y que, mañana, el Parlamento Europeo dé un mensaje positivo, que permita seguir avanzando con los debates sobre la directiva relativa al mercado interior del gas natural.
Para finalizar, quiero agradecer una vez más al Sr. Desama y a todos los diputados al Parlamento que se han dedicado a este tema la constructiva colaboración que hemos tenido durante todos estos meses y durante los años anteriores con mis antecesores responsables del sector de la energía. Si mañana se aprueba la posición común, pienso que será un gran éxito, tanto para el Parlamento Europeo como para la Comisión, porque juntos hemos llegado hasta aquí después de un esfuerzo común de varios, yo diría de muchos, años.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Competencia en el sector de las telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0402/96) del Sr. Herman, elaborada en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativa a la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y de Consejo por la que se modifican las Directivas 90/387/CEE y 92/44/CEE a efectos de su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones.

Herman
Señora Presidenta, Señorías, mi tarea ha sido mucho más fácil que la del Sr. Desama ya que el Parlamento y la Comisión se han puesto de acuerdo muy rápidamente sobre una orientación que, por lo demás, estaba ampliamente dictada por las evoluciones técnicas extraordinariamente rápidas que han debido arrostrar nuestros operadores nacionales. Han debido reconocer sin tardanza que el mantenimiento de los monopolios era insostenible. Esto no ocurre en el caso de Électricité de France u otros monopolios públicos. Aquí no existía otra vía si no queríamos quedar sencillamente marginados y desaparecer.
Me alegra constatar que en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial no haya habido disensiones cuando se trató de volver a presentar en la primera lectura una serie de enmiendas que fueron parcialmente rechazadas por la Comisión, aunque ésta las tuvo en cuenta en gran medida. Quisiera pasar revista rápidamente a los cinco puntos en los que todavía existen algunas mínimas divergencias.
El primero es la enmienda nº 5 sobre la definición de líneas alquiladas. Me parece que después de haber tenido en cuenta las objeciones de la Comisión en la primera lectura, hemos reformulado esta enmienda de modo tal que se suprimiera toda ambigüedad. El segundo punto es la transportabilidad de los números. Hemos podido experimentar que en dos países en donde se ha establecido la competencia, la función de portabilidad de los números constituye un problema fundamental, en el sentido de que aunque un competidor tenga tarifas inferiores o más atractivas, los consumidores dudan en cambiar porque ello supone cambiar de número, lo cual no plantea problemas excesivos a un particular, pero representa, en cambio, una operación costosa para empresas que distribuyen numerosos impresos, publican anuncios, y ya poseen toda una serie de documentos en los cuales está inscrito su número. Por ello la transportabilidad de los números es un elemento importante.
Nosotros insistimos mucho sobre un problema más político, que es el de la independencia de las autoridades respecto a reglamentaciones que han seguido siendo nacionales. Una vez que se ha optado por esta vía, más peligrosa y menos segura que la otra, hay que asegurarse al menos de que estas autoridades reglamentarias sean independientes y que no sean simplemente la hoja de parra colocada para apaciguar la mirada airada de los comisarios pero que, de hecho, constituye un mero disfraz del operador nacional. No daré ejemplos, pero todos -y veo por su sonrisa que usted misma también- han comprendido mi alusión.
Segundo problema que se plantea: la financiación del servicio universal. Todos estamos de acuerdo en que es preciso que exista un servicio universal. La Comisión ha realizado al respecto interesantes propuestas, que algunos de nuestros amigos consideran que no van lo bastante lejos. Por nuestra parte, nos parece que la propuesta que hacen ustedes es relativamente moderada y capaz de reunir un amplio consenso, pero no basta por supuesto con declarar que un servicio es «universal», sino que también hay que poder decir quién lo paga.
Vemos actualmente, como por casualidad, que una serie de países le dan al servicio universal un alcance máximo porque saben perfectamente que ello impedirá enfrentarse a la competencia, convencidos los unos de poder contar con el apoyo de su Estado, y los otros, sus competidores, teniendo que arreglárselas solos. Esto reduciría el alcance de la operación de liberalización y es imperativo, a mi modo de ver, que la Comisión elabore una directiva o quizá un reglamento sobre la financiación del servicio universal.
Por último, sin hacernos demasiadas ilusiones, ya que la Comisión no tiene la valentía de otros tiempos, pedimos que haya una autoridad supranacional europea que garantice una jurisprudencia reiterada de estas autoridades nacionales de reglamentación. Poco nos importa que sea la Comisión o una institución bajo la autoridad de la Comisión, pero si no se instaura una autoridad europea encargada de velar por que estas autoridades de reglamentación no actúen cada una a su manera, acabaremos cayendo en lo que queremos evitar, es decir, quince mercados separados. Por lo tanto, es necesaria una reglamentación uniforme, esto es algo que me parece evidente o, por lo menos, es precisa una supervisión uniforme de la reglamentación.

Read
Señora Presidenta, mis felicitaciones al ponente, Sr. Herman, por su informe que contará con el apoyo del Grupo Socialista. Quiero subrayar y reiterar algunos de los puntos del informe. La cuestión de la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación es un tema sobre el que este Parlamento se ha pronunciado en muchas ocasiones. Creo que el Sr. Comisario recordará probablemente que el anterior informe sobre telefonía vocal, que fue el primero que se sometió al procedimiento de conciliación post-Maastricht, planteó el tema de la independencia y de los recursos de que disponen dichas autoridades de reglamentación, y que las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo hicieron zozobrar. Parece evidente que a menos que los organismos sean independientes -y podría repetir la observación del Sr. Herman de que, en realidad, es más fácil encontrar casos de falta de independencia que de independencia, no nos engañemos-, y que a menos que dispongan de los recursos necesarios para realizar la tarea que la Comisión acertadamente les encomienda, crearemos una legislación que prácticamente está abocada a no funcionar.
Agradecería que el Sr. Comisario nos ofreciera sus comentarios sobre cuáles son las intenciones de la Comisión en lo relativo a la autoridad europea de reglamentación y cómo ve él la interconexión que existe entre la propuesta autoridad europea de reglamentación y los organismos nacionales de reglamentación. Es cierto que en el pasado no hemos conseguido crear la legislación correcta en este importante ámbito. Existen motivos comprensibles por los que no fue posible. Lo que se deduce con toda claridad de esta propuesta y de muchas otras es que cada vez disponemos de menos tiempo, no sólo por el plazo que nosotros mismos nos hemos fijado para la liberalización, sino porque además cada vez queda menos tiempo para que este sector europeo pueda sobrevivir y competir con los Estados Unidos de América y Japón. Antes de venir aquí he asistido a una reunión de representantes del sector de la tecnología de la información europeo. Puedo comprender sus sentimientos de aprensión y frustración.
Quisiera preguntar a la Comisión -aunque sé que quizá no esté en condiciones responder ahora, pero pienso enviarle una carta sobre esta cuestión, si me lo permite- si puede indicar al Parlamento qué proporción de la actual legislación en materia de telecomunicaciones ha sido transpuesta formalmente por los Estados miembros, y también cuántos son los Estados miembros que realmente aplican dicha legislación y qué medidas han tomado las autoridades nacionales de reglamentación. Si pudiera ofrecernos algún dato sobre las respuestas a esas preguntas, y los diputados que participan en este ámbito conocen algunas de las respuestas, nos permitiría dar un gran paso en la defensa de una autoridad europea de reglamentación.
Permítame decirle, señor Comisario, que no me parece acertado -es posible que otros diputados de esta Asamblea tengan una opinión diferente- que se cree una autoridad europea de reglamentación sólo porque la reglamentación nacional no funciona. Parece que existen unas tareas muy claras que deberían llevarse a cabo a nivel nacional y otras que deben llevarse a cabo a nivel europeo. Los comentarios del Sr. Comisario sobre este aspecto y sobre el excelente informe del Sr. Herman serán muy esclarecedores para esta Asamblea.

Lindqvist
Señora Presidenta, a partir del día 1 de enero de 1998, tendrá vigor la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Por parte del Grupo liberal ya se destacó, con ocasión del primer debate celebrado el 31 de mayo de este año, la importancia de que existan unas disposiciones y una legislación que hagan más fácil el funcionamiento óptimo del nuevo gran mercado. Esto ha sido posible también gracias a la Directiva marco de 1990. Pero para que el mercado funcione, es necesario que los distintos actores conserven sus papeles. Por consiguiente, la autoridad de reglamentación nacional debe ser en primer lugar competente, pero también libre e independiente. Tiene que ser independiente con respecto a todas las organizaciones y empresas que suministran redes, equipamiento y servicios dentro del sector de las telecomunicaciones.
Nuestro grupo apoya todo lo esencial que se incluye en el informe, y desea subrayar especialmente la propuesta de creación de un telecomité de consulta con representantes de las autoridades nacionales de reglamentación. Es importante que los usuarios, los consumidores, se vean bien representados en este comité. Partimos del supuesto de que las reuniones serán a puerta abierta. La Comisión y el comité consultivo deben realizar una labor de seguimiento, e informar de la evolución ante las autoridades nacionales de reglamentación y los actores del mercado. Si esto se hace correctamente, no creo que sea necesaria una autoridad especial de reglamentación a nivel europeo.
Con ocasión del debate anterior, el Parlamento adoptó la mayoría de las propuestas de la Comisión de Asuntos Económicos sobre modificaciones de la legislación, precisiones de requisitos para el servicio universal, etc. La Comisión aprobó también la mayoría de las modificaciones.
La información no es un asunto de carácter estrictamente técnico -se trata en igual medida de una cuestión de democracia y de que todos los grupos sociales tengan las mismas oportunidades. Para que así sea se necesita educación, pero también que las empresas de telecomunicaciones y las autoridades se ocupen de cubrir las regiones periféricas y las áreas más despobladas de los países miembros.

Bangemann
Señora Presidenta, el Sr. Maher tiene razón, tenemos que ocuparnos muy rápidamente de las modificaciones de las directivas que aprobamos hace pocos años. La directiva marco ONP se aprobó en 1990 y la directiva sobre la líneas arrendadas incluso en 1992. Pero esto es algo que nos va a acompañar probablemente durante los próximos años. El único consuelo que puedo extraer de esta situación es que con frecuencia tengo el placer de leer informes del Sr. Herman. Es cierto: el desarrollo tecnológico avanza a tal velocidad que una gran parte de lo que hemos aprobado durante los últimos años va a quedar obsoleto próximamente.
Voy a mencionar solamente un concepto que nos va a seguir ocupando durante los próximos meses, la convergencia, es decir, la unificación de las diversas prestaciones en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que se ve favorecido por las posibilidades técnicas. Las diferenciaciones que aceptamos aún como algo evidente, como entre servicios telefónicos, televisión o radio y otras aplicaciones, van a ir quedando paulatinamente obsoletas y las condiciones jurídicas que se han creado para tratar por separado estos servicios van a modificarse de modo muy sustancial. Por desgracia o gracias a Dios, dependiendo de cómo se quiera ver, en los próximos años nos vamos a tener que ocupar de modificaciones.
No existen aquí unas graves diferencias entre nosotros. De las siete enmiendas del Parlamento, la Comisión puede recoger cuatro y tres no. Voy a decir enseguida el porqué no, pero permítanme que antes diga algo sobre las enmiendas que aceptamos. Me refiero ante todo a las enmiendas nº 4 y 6, al menos partes de ellas, en las que se plantean exigencias a la autoridad de control. El Sr. Herman sabe que no nos falta valor sino que somos conscientes de la realidad que consiste en que hasta ahora ni un solo país miembro ha recogido esta idea. Aunque la Comisión puede mover algo, sin embargo no podemos sustituir plenamente al Consejo si no lo quiere. Todo el mundo lo comprenderá.
No obstante, hemos tomado las medidas necesarias para que no surja el caos en la situación actual. Hemos planteado principios que exigen la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación. Hemos planteado principios para sus decisiones, por un lado en un sentido general -transparencia, no discriminación, etc-, hasta normas concretas cuando se trata de problemas concretos, por ejemplo, concesión de licencias y similares. Esto significa que la situación actual en que están trabajando estas autoridades nacionales no va a ser sin un marco europeo. Señora Read, naturalmente lo vamos a vigilar, pues, cuando se aprueba una legislación europea, la Comisión tiene que controlar la aplicación de esas leyes e intervenir si fuese necesario.
Tenemos también una relación exacta sobre quién ha convertido algo en derecho nacional y qué se ha convertido. No puedo repetirlo de memoria, pues lo he visto por primera vez esta tarde, pero en general el porcentaje de conversión es bastante elevado. Como siempre, hay algunos que van a la zaga pero estoy seguro de que van a recuperar el terreno perdido. Pero si no lo recuperan, esto no supone una desventaja para los participantes. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, una directiva que se ha aprobado pero que no se ha convertido en derecho nacional es fundamento jurídico suficiente para reclamaciones de terceros. Por ejemplo, si alguien no obtiene una licencia porque en un país miembro determinado no se ha convertido aún en derecho nacional una determinada directiva, tiene un derecho que puede reclamar judicialmente si fuese necesario. Esto significa que incluso allí donde existe un cierto retraso en la conversión en derecho nacional, esto no supone una catástrofe para los afectados.
Con las experiencias que vamos a tener en los próximos años -lo que se puede predecir ya perfectamente-, a más tardar en el año 2000 vamos a tener una especie de Agencia europea, o como quieran llamarla, pues es totalmente cierto lo que han dicho aquí todos los oradores: hay algunas cosas que se pueden regular a nivel nacional y otras no, pues el alcance de una decisión de este tipo desborda las fronteras nacionales.
Cuantas más experiencias negativas experimenten los países miembros, tanto menos podrán achacar a la Comisión y al Parlamento que estamos otra vez a la caza de nuevas competencias. No es realmente nuestro problema. El problema consiste en que tenemos que elaborar unas soluciones objetivas.
Ya hemos tratado esta cuestión del servicio universal y de su cálculo así como la de su financiación. Hemos publicado una comunicación al respecto, por lo que no queremos tratar ahora este problema en el marco de esta modificación de las directivas sobre la ONP. Se trata de un problema general. Surge en la ONP, en la interconexión, etc., por lo que es mejor que tengamos una norma general para el servicio universal.
Ya conocen nuestra opinión al respecto: queremos abrir a los países miembros posibilidades de financiación si creen que la necesitan. Personalmente, estoy convencido de que algunos países miembros no tendrán que financiar el servicio universal con fondos públicos o extraordinarios. Podremos hablar enseguida en otro contexto sobre los detalles y les diré otras cosas al respecto, pues la comunicación se encuentra inmediatamente a continuación en el orden del día.
Veo con gran simpatía la idea de un único texto jurídico consolidado, a lo que se refieren partes de las enmiendas nº 4 y 6. He pensado con mis colaboradores si no podemos introducir el principio de la codificación en el sector de las telecomunicaciones, es decir, aprobar una recopilación de textos legales ya aprobados para que sólo lo que aparezca en esa recopilación sea texto jurídico válido. Para todos los usuarios sería de gran ayuda si pudiesen encontrar en la codificación el correspondiente texto jurídico en su forma en vigor. Hasta ahora, nuestros juristas no han logrado ponerse de acuerdo para recoger esta idea, pues, si así lo quieren, significa una doble decisión legislativa. Por un lado, se aprueba el texto y luego se decide que se recoja en la codificación, lo que significa un nuevo procedimiento. Debemos recapacitar cómo lo podemos hacer. Como alternativa, queremos publicar una especie de libro de la selva, es decir, sin fuerza normativa, incluyendo en una recopilación todo lo que está en vigor. Probablemente tendremos que hacerlo en cualquier caso cuando nos ocupemos de la problemática de la convergencia, pues nos va a obligar a revisar y posiblemente a modificar prácticamente todo lo que hemos aprobado hasta ahora sobre las telecomunicaciones.
Creo que estos son los problemas que debemos tratar aquí. Muchas gracias por la positiva cooperación mostrada, también en el caso de la enmienda. Creo que antes de mediados de 1997 podremos celebrar la aprobación definitiva con el enérgico impulso de la Presidencia holandesa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Servicio universal de las telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0389/96) de la Sra. Berès, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (COM(96)0073) - C4-0205/96), al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones: »El servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado».

Berès
Señora Presidenta, Señorías, dentro de la transición a la liberalización de las telecomunicaciones iniciada en el seno de la Unión Europea, el texto sobre el que hoy nos pronunciamos llega realmente tarde. LLega tarde y con un valor jurídico incierto. Se liberaliza rápidamente a través de directivas, y se regula tarde, -esperemos que no demasiado tarde- a través de comunicaciones.
Ahora bien, el servicio universal en el sector de las telecomunicaciones no puede considerarse como una prolongación de la liberalización. Es un elemento del equilibrio. Es el único elemento que permite tener en cuenta la ordenación territorial, la igualdad de acceso para todos, la cohesión económica y social, y el empleo.
Europa necesita, los ciudadanos de Europa necesitan servicios públicos, servicios de interés general. Esto debe estar recogido en el Tratado de Roma, esto deberá realizarse sector por sector, y en el sector de las telecomunicaciones el interés de los ciudadanos no se limita a la bajada de los costes que, en principio, ha de traer consigo la liberalización.
Más allá de las reglas de orden público que definen legítimamente las obligaciones en términos de libertades públicas o de conservación del medio ambiente, el mercado no tiene por qué tomar todo en consideración. Según la propia opinión de algunos operadores, no ha habido hasta la fecha ningún sistema de regulación, incluido el propio mercado, que haya dado muestras de eficacia. Por lo tanto, debemos fijar el marco jurídico de esta industria cada día más poderosa.
Sobre el alcance del servicio universal la Comisión nos propone una definición mínima, que no prohíba que los Estados miembros que lo deseen puedan ir más allá. Creemos que el interés de los ciudadanos y de los operadores consiste en tener la definición lo más amplía posible de servicio universal a nivel de la Unión Europea. Debemos tomar lo mejor de cada práctica nacional en aras de un enriquecimiento colectivo. Esto deberá ir acompañado de una definición en el plano comunitario de la noción de precio abordable. Ello coincide con el interés de los operadores que no son reacios a la definición de un marco europeo en la medida en que se les dé definido -no les compete a ellos hacerlo y no lo harán-, pero que temen tener que proceder a la relocalización de sus servicios en función de las diferentes legislaciones nacionales.
La distribuición geográfica, que ha de propiciar el equilibrio entre todas las zonas de los territorios de los Estados miembros deberá, asimismo, depender del servicio universal.
La comunicación de la Comisión es demasiado tímida, a nuestro entender, para que la liberalización de las telecomunicaciones tenga como consecuencia un acceso a la sociedad de la información igual para todos. Ésta es la cuestión central.
Desde hoy mismo, en la lista de base del servicio universal debe constar el acceso público para las escuelas, las bibliotecas y los hospitales. De manera sorprendente, sobre este punto la Comisión nos dice que no quiere seguir la legislación estadounidense, que sería contraria a un enfoque liberal.
Hemos iniciado la liberalización, pero antes que nada para poder ganar batallas internas en este sector de futuro.
En cuanto a la financiación, es preciso en primer lugar tener presente una cifra. El servicio universal representa un coste que se evalúa entre el 4 y el 8 % del volumen de negocios del sector en los años venideros, en función del alcance que se le dé a la noción de servicio universal. Nuestro deseo es que todos los operadores que se beneficien de la liberalización, dentro de unas condiciones sobre todo mínimas y que quedan por definir, contribuyan a la financiación de este mencionado servicio universal. Sólo daré un ejemplo. La actual situación hace que los nuevos operadores se beneficien de infraestructuras financiadas en el pasado por operadores públicos, y me estoy refiriendo a las instalaciones de cobre. Si el día de mañana deseamos pasar a la fibra óptica, ¿quién financiará estas instalaciones si el conjunto de los operadores beneficiados por la liberalización no financia el servicio universal?
La comunicación de la Comisión prevé que los Estados miembros que lo deseen puedan definir una noción más amplia del servicio universal que la elegida a nivel de la Unión Europea. Sin embargo, no podrán financiarlo con los mecanismos previstos por el fondo del servicio universal. Nosotros deseamos que la definición por la que se ha optado en el plano europeo sea hasta tal punto amplia que dicho mecanismo no se haga necesario, pero en caso contrario, entonces el servicio universal definido a nivel de Estado miembro deberá ser financieramente viable.
La idea del ponente -aunque debo confesar que todavía no ha convencido sobre este punto a la mayoría de sus propios colegas- consiste en que este mecanismo no es realista. ¿Cómo se financiarán estas acciones en el sistema propuesto por la Comisión? ¿A través de los operadores encargados de la misión de servicio universal? Esto es totalmente hipócrita en un entorno liberalizado. ¿Con el presupuesto de los Estados miembros? Esto es asimismo hipócrita cuando se conoce el estado de nuestras finanzas públicas. Debemos precavernos ante un mecanismo que hace que los operadores trabajen en favor de la liberalización. Esta liberalización conduce a modificar los equilibrios a la hora de hacerse cargo de algunas responsabilidades, por ejemplo en términos de formación y de ordenación territorial. Luego, estos operadores acuden a los Estados miembros para pedir que les financien operaciones que ellos no quieren llevar a cabo. Esto no puede funcionar.
Así pues, señor Comisario, le vamos a ir citando conforme pasen los años, y creo que desde este punto de vista debemos velar por la coherencia de los textos que aprobamos. Le damos cita para finales del año que viene, y le pedimos propuestas claras sobre el alcance del servicio universal puesto al servicio de una mejor sociedad de la información y sobre la contribución de los nuevos operadores a la financiación del servicio universal.
Sepamos impedir que un enorme éxito tecnológico se convierta en un fracaso humano. No queremos un servicio mínimo para indigentes. Queremos un servicio universal, si éste ha de ser su nombre, en el sector de las telecomunicaciones, en pro de la cohesión social y de la difusión del progreso al servicio de una sociedad democrática.

Cot
Señora Presidenta, señor Comisario, me temo que el espíritu de cooperación entre la Comisión y el Parlamento, que ha marcado la primera mitad de esta velada, acabe degradándose en el transcurso de su segunda mitad.
En nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y en dos minutos, abordaré sólo una cuestión: la subsidiariedad. Qué duda cabe de que se halla en el centro del razonamiento harto discutible que ustedes nos proponen.
Razonemos en tres fases. En un primer momento, ustedes proponen una definición mínima del servicio universal, minimum, minimorum . Lo admiten ustedes mismos, al comparar esta definición con aquella fijada en Estados Unidos, que incluye obligaciones relativas a los servicios públicos de la educación, a los servicios públicos sociales o a la ordenación territorial.
La segunda fase de su demostración consiste en que esta concepción de mínimos la justifican ustedes en nombre de la subsidiariedad, con unos Estados miembros que tienen la libertad de añadir a este servicio universal de base las obligaciones complementarias que consideren útiles. Hasta aquí, se puede aceptar la argumentación. Sin embargo, y ésta es la tercera fase, ustedes precisan que estas obligaciones complementarias, y cito «no podrán en ningún caso financiarse a través de mecanismos creados para asegurar el servicio universal» y que, por lo tanto, dependen de la solidaridad nacional, es decir del impuesto.
Es ésta una subsidiariedad de lo más singular, que traslada la definición de obligación complementaria a los Estados miembros, pero que rechaza la correspondiente financiación. La verdad, señor Comisario, es que usted pretende imponer una concepción ultraliberal del servicio universal y niega cualquier tipo de consistencia a la obligación de servicio público. Está en su derecho si quiere tener una concepción estrecha de la solidaridad y sacrificar alegremente la noción de servicio universal a la sacrosanta ley del mercado. Pero no se oculte detrás del argumento de la subsidiariedad. Este subterfugio jurídico no es digno de la Comisión.

Schiedermeier
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, en primer lugar quiero felicitar a la colega Berès, quien se ha esforzado mucho con este informe. Sin duda, es cierto que un servicio universal de telecomunicaciones ante la perspectiva de un entorno plenamente liberalizado representa uno de los pilares básicos de la sociedad de la información. Para ello, en toda la UE deben existir a nivel regional las mismas oportunidades para los clientes tanto en lo que al acceso como a los precios de las ofertas se refiere. La asequibilidad debe orientarse a los grupos y regiones de menores ingresos y los costes no cubiertos deben repartirse entre todos los operadores de las instalaciones de telecomunicaciones. Por todo ello, preferiría que enfrente se encontrase no el Comisario Bangemann sino el Comisario Flynn.
En nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, quiero llamar la atención sobre los siguientes aspectos. En primer lugar, el servicio universal no satisface las exigencias de los minusválidos y de los usuarios con necesidades especiales. Por esta causa, pido a la Comisión que incluya en el servicio universal servicios especiales para los grupos mencionados y que los procedimientos necesarios sean lo más simples posibles. En segundo lugar, la liberalización y la introducción de nuevas tecnologías de la información no sólo aporta nuevos puestos de trabajo sino que también destruye otros allí donde las mujeres representan un elevado porcentaje de los mismos, por lo que hay que prestar una atención particular a la compatibilidad social. En tercer lugar, hay que garantizar el acceso a las medidas de formación inicial y continuada en el ámbito de las tecnologías de la información a los trabajadores y, en especial, a las mujeres. En cuarto lugar, señor Comisario, las reducciones de los costes deben trasladarse a los usuarios finales y no tratarse como shareholder value . Por ello, la Comisión debe vigilar continuamente la evolución de los precios en el sector de las telecomunicaciones.

De Coene
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, no hablo en nombre de la Comisión de Cultura, según tengo entendido, sino en nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Protección del Consumidor. Y esta comisión quiere apoyar a la Sra. Peijs cuando aboga por una interpretación amplia del concepto de servicio universal. En nuestra opinión, así se evita una nueva dualización entre grupos de la población y regiones, y de este modo se logrará que un mayor número posible de europeos puedan gozar -a precios asequibles- de la infraestructura, la tecnología y los canales de información. Un acceso garantizado a escuelas, centros de salud, bibliotecas, etc. reducirá el umbral y contribuirá a que menos personas queden rezagadas en la autopista de la información. Nuestra comisión aboga por que todos los operadores del mercado de las telecomunicaciones contribuyan a la financiación del servicio universal, y en este sentido nos remitimos a la resolución de este Parlamento, votada en mayo de 1995, que dice: »Todos los explotadores de infraestructuras y servicios han de contribuir proporcionalmente, según su participación en el mercado y sus ganancias brutas, a la financiación de un fondo para el servicio universal».
Algunas de sus Señorías desean eximir a los proveedores de información de esta contribución porque supuestamente ello les perjudicaría frente a los proveedores de fuera de la Unión. Lo dudamos. Simplemente depende de la manera en que se determina esta contribución. Por cierto que un acceso amplio a las nuevas posibilidades de comunicación, a ser posible, y si es necesario con tarifas preferenciales para los grupos de riesgo, conllevará a la larga un mayor volumen de ventas para todos los operadores, porque un mayor número de personas utilizarán estas nuevas técnicas. Por consiguiente, apoyamos plenamente la enmienda a favor de una estrategia para el acceso público, pero queremos pedir a la Comisión que, en este marco, no se limite a fundar sus actividades en lo que dicen los operadores, sino que escuche también a las asociaciones de consumidores y asimismo al sindicato del sector.

van Velzen, W.G.
Señora Presidenta, el continuo descenso de los costes de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones, combinado con los enormes avances dinámicos de este sector, hace que no resulte sencillo adoptar una postura sobre el contenido del servicio universal a largo plazo. No hemos de olvidar que en algunos países ya liberalizados, el servicio universal se ha ampliado mucho como consecuencia de la liberalización. Por ello, bajo ningún concepto puede abusarse del servicio universal para proteger a los sectores dominantes del mercado. Se trata de encontrar un equilibrio adecuado entre, por un lado, la condición de que el mercado ha de poder desarrollarse de forma sana y sin demasiados reglamentos rígidos y costosos, y por otro lado, la garantía justa de que se ofrezca a cada ciudadano un paquete de servicios de telecomunicaciones a un precio asequible.
Este equilibrio es el motivo por el cual el Partido Popular Europeo ha decidido apoyar en estos momentos el nivel de servicio universal que propone la Comisión en la revisión de la directiva de telefonía vocal. Debemos ser conscientes de lo que implica este nivel en estos momentos. Implica mucho, pues cada ciudadano recibirá una línea telefónica y una línea de fax y la posibilidad de conectarse a Internet.
Asimismo nos complace que la Comisión preste atención a nuestros conciudadanos minusválidos, aunque le pedimos un sistema de revisión periódica de la lista base. A fin de cuentas, cabe esperar que en un momento dado las nuevas tecnologías estén tan ampliamente distribuidas en el mercado y sean tan baratas que sea justo que se las incorpore a la lista base. Pero se ha de seguir recalcando que cada nivel de servicio universal también tiene su precio. Desarrollando modelos de costes objetivos podremos mantener claro el debate, y pido al Comisario que preste atención a esta cuestión.
El equilibrio antes mencionado implica que el Grupo del PPE considera que en esta fase, los nuevos servidores y los proveedores de guías telefónicas no tienen por qué pagar el servicio universal. Pedimos a la Comisión que estudie cuándo parece justificado dar este paso, dado el desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Hacerles pagar ahora perjudicaría mucho a empresas jóvenes que se mueven en el mercado de las telecomunicaciones y en el mercado de los nuevos servicios electrónicos. Consideramos que actualmente los proveedores de servicios móviles no han de ser excluidos del pago del servicio universal, algo que también considera la Comisión.
La UE ha de ocuparse de que los ciudadanos tengan acceso a los nuevos servicios avanzados. Es responsabilidad de todos nosotros y afecta también a la política de enseñanza y la política social. Hacer que paguen ahora todas las empresas de telecomunicaciones por su conexión a los servicios avanzados en escuelas, bibliotecas, etc., supondría una gran desventaja para las empresas de telecomunicaciones europeas frente a la competencia norteamericana, que no se enfrenta a tales exigencias en su mercado nacional. A fin de cuentas, cada obligación conlleva un coste. Coste que sobre todo las empresas de telecomunicaciones pequeñas y nuevas, en Europa, y los nuevos servidores con mucho personal joven, no pueden afrontar en estos momentos. Es una responsabilidad que el Grupo Popular Europeo no puede asumir.

Lindqvist
Señora Presidenta, la tecnología no puede ser nunca mejor que el uso que quieran darle las personas. La sociedad de la información ofrece a las personas grandes posibilidades de cumplir sus deseos y sus más profundas necesidades de hablar, expresarse y comunicarse con otras personas y con el mundo que les rodea. La televisión, la radio, la telefonía móvil, el correo electrónico e Internet se han desarrollado a una velocidad y hasta unos límites increibles, y la evolución continua.
No obstante, existen riesgos, riesgos de división social entre los que tienen y los que no tienen, los que pueden y los que no pueden, los que pueden permitirse cosas y los que no, existe el riesgo de que las personas que viven en regiones periféricas o despobladas tengan unos servicios de peor calidad. Muchas de estas cuestiones son nacionales, pero las comunicaciones son internacionales, y en este sector son necesarias unas normas a nivel nacional, europeo e internacional, si queremos estar a la altura del objetivo esencial de dar a todos los seres humanos las mismas oportunidades de aprovechar las posibilidades que les ofrece la sociedad de la información. Los Estados miembros deben tener la mayor parte de la responsabilidad en cuanto al logro de estos objetivos, pero esto debe suceder en cooperación con los órganos de la UE, los organismos europeos, las empresas y organismos internacionales.
El grupo liberal apoya naturalmente el principio general de un servicio universal para todos a un coste asequible. Lo más importante es que se apliquen unas tarifas bajas a la comunicación diaria a base de llamadas locales.
Personalmente, soy escéptico en cuanto a la creación de nuevos órganos de control, modelos y fondos a nivel de la UE. Se puede llegar lejos a través de consultas y colaboración, y estos instrumentos constituyen, a mi modo de ver, un camino mejor. Si se necesita un sistema de fondos para cubrir los costes de los servicios sociales, esto debería decidirse y gestionarse a nivel nacional.

Hautala
Señora Presidenta, yo desearía también resaltar la importancia que revestirá a corto plazo la solución relativa a la prestación de servicios universales. Tal como se señala en el meritorio informe de la señora Berès, parece que, a largo plazo, dichos servicios se encaminarán hacia un abaratamiento de sus precios, por lo que también a los ciudadanos les resultará entonces más fácil acceder a los mismos.
No es posible extenderse mucho en una intervención tan breve, pero desearía hacer especial hincapié en el último apartado del informe de la señora Berès, en el que se propone que también las instituciones de la Unión Europea deberían aprovechar la posibilidad de hacer uso de las redes de información e incrementar de este modo la transparencia en sus actividades. Me gustaría saber si el señor Bangemann ha reflexionado en qué modo la utilización de las redes de información podría aumentar la transparencia de las instituciones de la Unión Europea. Aquí ya se ha señalado que, en principio, todos los ciudadanos deberían tener acceso gratuito a través de Internet a los documentos oficiales de las instituciones. Se trata de una excelente idea que, a su manera, se relaciona con el principio por el que se deben garantizar los servicios universales a todos.

Sichrovsky
Señora Presidenta, tal como ya han destacado otros oradores, la liberalización de las telecomunicaciones no es sólo un problema económico sino también un problema profundamente social y cultural. Lamentablemente, en Europa se ha dejado de lado este aspecto. Si se piensa que en los EE.UU más del 60 % de los escolares y más del 90 % de los estudiantes universitarios utilizan durante sus estudios las telecomunicaciones y que sin éstas probablemente no podrían preparar su trabajo, uno se puede imaginar qué significa para los escolares de Austria o de otros países europeos esta desigualdad en el uso de las telecomunicaciones.
La liberalización de las telecomunicaciones significa que de repente ya no exista el sistema de formación en Europa que hemos creado y configurado con esfuerzo para que sea igual para todos. Hay alumnos y estudiantes de familias acomodadas que tienen las máximas facilidades para el acceso y otros de otras familias que, debido a los elevados costes de teléfono, no tienen dichas facilidades. Si se prosigue por esta vía, se van a producir desigualdades que en la próxima generación nos van a arrojar cien años atrás en lo tocante a la formación.
Un problema especial lo representa el hecho de que sobre todo en Austria se han utilizado durante los últimos decenios los beneficios de las telecomunicaciones para tapar otros agujeros presupuestarios. La consecuencia es que hoy tenemos en Austria un sistema telefónico totalmente anticuado y que una empresa que tiene miles de millones de deudas se quede atrasada. Actualmente, en Austria es más fácil telefonear a través de una red internacional de comunicaciones que emplear la propia red estatal. Apelo por ello a todos los responsables para que se impulse y apoye lo antes posible la modernización y para que se facilite el acceso a las comunicaciones sobre todo a la próxima generación.

Hendrick
Señora Presidenta, deseo comenzar felicitando a la Sra. Berès por su informe, que es muy completo y el resultado de un excelente trabajo.
Deseo referirme brevemente a tres aspectos: en primer lugar, la agenda de la liberalización, que establece la necesidad de un servicio universal; en segundo lugar, el propio servicio universal; y en tercer lugar, deseo decir algo más sobre la definición y cómo ésta debe evolucionar.
Los motivos son obvios: el precio, la competencia y el deseo de reducir los costes para la industria para conseguir que Europa sea más competitiva en relación con nuestros competidores de Norteamérica y Asia. También está claro que los gobiernos no pueden encargarse de todo, por lo que hace falta una agenda para la liberalización que nos permita combinar el capital público y el privado con el fin de mejorar la sociedad de la información que estamos desarrollando aquí en Europa.
Está claro que donde existe competencia, los precios adquieren importancia. Pero, está igualmente claro que habrá servicios que no son rentables y la cuestión es cómo podemos garantizar que los niveles de los servicios se mantienen e, incluso, se mejoran.
La definición de servicio universal a la que ha llegado la Comisión es un buen punto de partida, pero no es el final de este asunto. Necesitamos los servicios básicos actuales, pero también necesitamos calidad, a la que también se hace referencia, y sobre todo necesitamos que dichos servicios sean asequibles, habida cuenta de los problemas a los que nos enfrentamos en la Unión Europea en materia de exclusión social. Coincido con la ponente en que necesitamos una definición europea del carácter asequible de las tarifas, y eso significa, en lo que a mí respecta, una fórmula que podamos aplicar a cada Estado miembro a la luz de su situación económica en un momento determinado.
También debemos tener en cuenta el avance tecnológico y cuál puede ser la norma en los diferentes Estados miembros: lo que constituye la norma en Suecia no coincide necesariamente con la situación de Grecia o Portugal. Por consiguiente, necesitamos adoptar un calendario -quizá un calendario distinto para cada Estado miembro- que se ajuste al nivel tecnológico del país, al nivel del servicio universal que pueden alcanzar.
A estas alturas deseo hacer una distinción entre el servicio universal y el acceso universal. Cuando apareció el teléfono, todo el mundo tenía la opción de salir a la calle y utilizar un teléfono público, y eso era todo de lo que se disponía hasta que el mercado se saturó y casi todo el mundo tuvo un teléfono en casa. Lo que tenemos en Europa en estos momentos son zonas que tienen acceso universal y servicio universal, sobre todo en los Estados más desarrollados, pero también existen zonas en la Unión en las que seguimos sin tener acceso universal. Por eso hay que establecer un calendario en cada Estado miembro, y la Comisión, previa consulta al Parlamento, debe elaborar uno.
Estoy de acuerdo con la ponente en que la definición debe ser amplia. También estoy de acuerdo con lo que dice sobre los lugares de interés colectivo; pero también debemos estudiar el caso de las instituciones privadas que se ocupan de las personas que padecen la exclusión social -como es el caso de las cárceles y de los centros de acogida privados- con objeto de garantizar también a esas personas el acceso universal.
Una vez más, estoy totalmente de acuerdo con la ponente en que necesitamos garantizar que las definiciones y las soluciones tecnológicas que adoptemos serán de utilidad para los usuarios desfavorecidos, aquellos que padecen la exclusión geográfica o social.
Estoy de acuerdo con la ponente sobre el tema de los ricos y los pobres. Queremos garantizar que éste sea un servicio universal para todos. Recomiendo a la Asamblea el informe de la Sra. Berès.

Ryynänen
Señora Presidenta, señor Comisario, la liberalización de la competencia en el sector de las telecomunicaciones constituye un elemento importante a la hora de fortalecer el desarrollo de la competitividad y la tecnología europeas. Al mismo tiempo, es imprescindible garantizar a todos las mismas oportunidades de obtener unos servicios fundamentales a precios razonables y con una calidad satisfactoria. La libre competencia no es suficiente por sí misma para garantizar los servicios universales en este sector. Por este motivo, se han de especificar por separado y con claridad cuáles son dichos servicios, que deberán ser costeados de forma conjunta. Sin embargo, es importante desde el punto de vista de la competencia que se provean estos servicios universales de una manera imparcial, sin distorsionar la competencia. No se pueden mantener las obligaciones de un modo parcial para que las asuman solamente unos pocos operadores, sino que necesitamos un sistema común que equilibre el mercado.
La cuestión de los servicios universales se examina frecuentemente sólo desde el punto de vista de algunos grupos específicos. Los poderosos monopolios del sector y el poco desarrollo que se registra en general en el mismo han propiciado un concepto demasiado rígido de los servicios universales. En este ámbito existen grandes diferencias entre los países de la Unión Europea.
Atendiendo al vertiginoso desarrollo del sector, se debe pensar también en los problemas que surgirán en el futuro. Los servicios universales no van a perder importancia, sino que la importancia de dichos servicios experimentará una muy rápida transformación. Un buen ejemplo de ello lo constituye el acceso a la información pública, así como a la información sobre la Unión Europea, a través de las bibliotecas y de las redes informáticas. Por este motivo, resulta imprescindible dotar a los servicios públicos de un sistema estable y flexible de financiación, lo cual representa una difícil tarea.

Mann
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la utilización de las vías de comunicación va a modificarse profundamente en el futuro. Hoy, más de mil millones de personas emplean el teléfono durante algunos minutos al día. Mañana, más de mil millones de personas van a emplear Internet durante una hora o más como entretenimiento, para adquirir conocimientos o realizar negocios. Esto exige una amplia y profunda adaptación de la política de comunicaciones y de la correspondiente política de precios a nivel de la Unión Europea; a pesar del modelo existente de servicio universal, los precios para la transmisión de datos en el ámbito de llamadas locales es aún demasiado elevado. Los ciudadanos y empresas de la Unión no pueden utilizar suficientemente las posibilidades de las nuevas telecomunicaciones.
Señor Bangemann, los precios tienen que caer dramáticamente. El concepto de asequibilidad es lo que más me preocupa en el presente proyecto sobre el servicio universal. No es en absoluto suficiente en la forma actual. Además, debemos reformar el concepto de telefonía vocal, es urgentemente necesario completarlo en el sentido de la transmisión de datos. El concepto provoca confusiones porque tenemos que explicar continuamente que aparte de la telefonía vocal también se incluye la transmisión de datos por fax y módem.
Mi colega Mark Hendrich ha llamado la atención sobre el hecho de que necesitamos un nuevo concepto como complemento al servicio universal, según el cual todos los ciudadanos puedan tener acceso a la red. Necesitamos una integración en las bibliotecas y en las administraciones públicas. Todas las escuelas deben estar conectadas a la red para que los alumnos puedan utilizar el potencial de la sociedad de la información.
El próximo año vamos a necesitar un nuevo concepto y un modelo de financiación a nivel europeo. Coincido con la Comisión en que el existente para el universal service no se puede ampliar en este aspecto. Por otro lado, deberemos crear un modelo a nivel europeo pues no podemos dejarlo exclusivamente en manos de los Estados.
Una observación: los norteamericanos se han marcado como objetivo conectar todas las escuelas a la red hasta el año 2000. Creo que este debería ser también el nuestro.

Read
Señora Presidenta, intervengo en apoyo del informe de la Sra. Berès y deseo referirme a dos o tres puntos del mismo. Pero para situar este debate en un contexto global, creo que es importante que recordemos que, a nivel mundial, la inmensa mayoría de los ciudadanos no han hecho jamás una llamada telefónica y no la harán en su vida, y es importante no olvidar las carencias de información que existen a esa escala.
La Sra. Berès tiene razón al incluir en su informe referencias a una modificación del Tratado en lo relativo al reconocimiento del servicio público. En unos momentos en que muchos ciudadanos están dando muestras de perder la fe en la Unión Europea, éste es un ejemplo muy claro de cómo podemos demostrar que realmente existe algo en Europa para cada hombre, mujer y niño que vive en ella. El servicio universal es asimismo importante, cada vez menos en términos de privación geográfica, pero cada vez más para aquellos ciudadanos que viven en las zonas más desfavorecidas de nuestras ciudades, donde las compañías telefónicas se muestran cada vez más reacias a proporcionar teléfonos y servicios telefónicos. Este asunto tiene muchas repercusiones, sobre todo porque en la sociedad moderna el poder utilizar y tener acceso al teléfono es una necesidad. Buscar trabajo, participar en la sociedad cívica, vivir en democracia; todo ello requiere tener acceso y hacer uso del teléfono.
El servicio universal también es importante porque es uno de los escasos medios de que disponen las instituciones de la Unión Europea para ejercer algo de control real sobre este sector de la industria tan enormemente rentable. Existe el acceso universal y la demanda universal. No debemos nunca perder de vista hasta qué punto los avances económicos de este sector se ven libres de la obligación de rendir cuentas sobre su política o sobre los controles a los que están sujetos.
Mi última observación: otros oradores se han referido a la importancia de que se revisen los derechos de los ciudadanos. La diferencia que existe entre las telecomunicaciones y el agua, el gas o la electricidad es que la tecnología permitirá ampliar muy considerablemente el abanico de posibilidades, y desconocemos el plazo en el que se producirá dicho aumento. Por ello creo que es muy importante, tanto para la Comisión como para el Parlamento, que reconozcamos la necesidad de incorporar no sólo al presente informe, sino a la legislación -soy ponente del informe sobre telefonía vocal y servicio universal- unas revisiones periódicas de los derechos que sean realistas y factibles.

Bangemann
Señora Presidenta, me voy a limitar a hablar sobre lo que diferencia a la Comisión de lo que se ha dicho aquí en el debate. Es decir, no voy a destacar todos los puntos de coincidencia y expresar mis felicitaciones a la ponente por ello sino que voy a intentar sencillamente explicar qué es lo que hemos pensado al realizar esta comunicación pues creo que es necesario ya que aquí se han presentado realmente dos conceptos diferentes.
En primer lugar, las telecomunicaciones hoy son algo más que el teléfono en el pasado. Las telecomunicaciones son un factor económico y de producción. Naturalmente, tiene importancia para los ciudadanos pero no debemos olvidar que la competitividad de la industria europea será la que decida la cuestión de en qué volumen y a qué costes se pueden utilizar. Por ejemplo, cuando comparamos nuestra situación con la de los EE.UU, el punto más negativo del que nos percatamos hace pocos años fue la enorme diferencia de costes, diez veces superior, en la transmisión de datos.
Hace poco, presentamos un informe sobre la competitividad de la industria europea. Debido al input , a las elevadas cargas del input en las telecomunicaciones -por cierto, también en la energía y en los servicios-, nos hemos ido quedando atrasados. Esto se debe a una interpretación demasiado clásica del concepto de política social. Lo digo de un modo muy precavido porque el Sr. Caudron ha criticado que la última vez me expresé con demasiada claridad. No excluyo que el Sr. Caudron pueda tener razón en alguna ocasión, por lo que lo voy a intentar decir ahora con mucho cuidado. El concepto clásico que se trasluce en la ponente, en Jean-Pierre Cot y en otros, incluyendo parte del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, es el siguiente: tenemos problemas sociales y estos problemas solamente los podemos financiar mediante prestaciones financieras del Estado, y para financiar esto hay que gravar a su vez un ramo de la economía. Esta es exactamente la concepción clásica.
La concepción moderna es muy diferente y voy a decir porqué. En primer lugar, comienza ya con el concepto de service public . La Comisión acaba de reconocer hace poco en una propuesta que existe service public , pero no todo lo que se ha aportado en el pasado y también hoy en el ámbito del service public tiene que coincidir con los requerimientos del servicio universal.
La ponente y otros hablan, como si se tratase de algo evidente, de una especie de coincidencia de estos dos conceptos: service public y servicio universal son lo mismo. Esto es totalmente erróneo. El acceso de cada ciudadano a las prestaciones de las telecomunicaciones se podría organizar en un caso extremo sin service public . Me sorprende que ministros suecos y finlandeses se alineen en el mismo bando pues ambos países son un ejemplo de que tales prestaciones y el universal acces pueden darse perfectamente en un sistema de competencia. Y ¿porqué «chèr» Jean-Pierre, es aún más factible en el presente caso? Voy a intentar mostrarlo en base a las leyes especiales que rigen en este ramo de la economía: el oferente de prestaciones vive de que sus prestaciones sean utilizadas por el mayor número posible de personas. Por ello, tiene un interés propio - totalmente egoísta pero que tiene repercusiones sociales- en que el mayor número posible de personas tenga acceso a las mismas. Lo pueden ver en todas partes.
Por cierto, queridas y queridos... -casi habría dicho hermanas y hermanos de este clásico grupo político- ¿cuándo han bajado los precios? La Sra. Mann me dice: ¡los precios tienen que caer! Solamente han caído cuando hemos liberalizado, cuando hemos suprimido los monopolios y cuando hemos introducido la competencia. No soy de aquellos que exigen todo del mercado. Lo que a mí me gusta no me lo proporciona el mercado, pero sé perfectamente una cosa: la competencia y el mercado son mucho mejor -también para el suministro de servicios universales- que un monopolio. Ese es exactamente el quid de la cuestión.
Por lo demás, hemos mantenido un amplio debate sobre esta comunicación con los sindicatos y grupos de consumidores produciéndose un consenso bastante amplio, por cierto, también en el Consejo. El consenso sobre nuestras propuestas es considerablemente mayor en el Consejo que aquí en el Parlamento. Esto no tiene porqué significar nada. También puede ser que coincidir con el Consejo sea una señal de que se está defendiendo una mala posición; lo reconozco, pero no es siempre así.
Me voy a referir ahora a la determinación del concepto del servicio universal. Si leen la comunicación verán que hemos reconocido la posición correcta de Parlamento en el sentido de que es un concepto que se va a mover. Es decir, lo que hoy quizás se define solamente bajo los aspectos de un simple acceso -Hendricks lo ha dicho así acertadamente-, quizás mañana o pasado mañana deba abarcar servicios completos. Lo reconocemos, es decir, esta definición del servicio universal deberá revisarse siempre. Se trata de un concepto dinámico que evoluciona.
Me voy a referir ahora a la asequibilidad y a la financiación. Podrán decir que se trata de una subsidiariedad exagerada, pero hemos elegido este enfoque por dos motivos. Primero, la situación en los diversos países miembros es realmente muy diferente e intentar imponer ahora una regulación europea general sería totalmente erróneo.
En segundo lugar, precisamente porque queremos evitar gravar en demasía a los proveedores de esta prestación, que es urgentemente necesaria, hemos propuesto un modelo de financiación con dos variantes. Pero al mismo tiempo, hemos limitado las prestaciones que pueden entrar en dicho modelo. No sé porqué una escuela que es equipada mediante los presupuestos públicos con pupitres y sillas y otras muchas más cosas, no debe poder obtener además una conexión y varios ordenadores. No lo puedo entender. Se puede exigir que una escuela moderna sea así. ¿Porqué hay que imponérselo a los operadores? Al fin y al cabo, es una prestación originaria que debería lograrse de un presupuesto.
Esta es nuestra posición y creo que si la seguimos veremos que este asunto del servicio universal se reduce a un pequeño problema. En lo que sí va a existir un problema en lo que se refiere a las posibilidades técnicas para los minusválidos. Este sí es un problema real. Tenemos que aclarar algunas cuestiones especiales, por ejemplo, relativas a los documentos públicos. No sé quién ha preguntado al respecto. La Comisión tiene ya en Internet una homepage . Nos gustaría crear junto con el Parlamento y el Consejo un servicio de información común. Pero siempre ha fracasado porque, lamentablemente, cada uno tiene sus propias ideas. Hay que decirlo. Estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con el Parlamento y el Consejo sobre un sistema aunque no sea el nuestro, pero hasta ahora no hemos logrado ningún avance en estos grupos de trabajo.
Resumiendo: esto supone hoy un importante problema. Estamos convencidos de que con nuestra definición se puede dominar el problema y que va a dejar de serlo en pocos años pues todos los oferentes tienen un gran interés en cubrir todo al 100 %. Pueden verlo en todos sitios, por ejemplo, en el asunto de los decodificadores que tanto nos ha perseguido -no tanto porque se trate de las telecomunicaciones sino porque se trata de los medios de comunicación- y que se ha disuelto en la nada cuando se ha ejercido presión. Todo el mundo sabe que cuando se quiere llegar a todos incluso se regala un decodificador al usuario, pues lo que aporta dinero es el uso de esos servicios y no el hardware .
¡Si recapacitasen al respecto! Siempre piden a la Comisión que recapacite. Lo hacemos continuamente y por ello estamos tan pálidos. No, yo les rogaría que recapacitasen un poco sobre sus llamadas posiciones clásicas. Ya veo que el Sr. Caudron empieza a recapacitar pues muestra una expresión mucho más abierta de lo normal. No debemos aplicar los conceptos del pasado a una moderna tecnología de este tipo y en los tiempos actuales. Si lo hiciésemos, sin duda fracasaríamos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Normas de competencia en el sector postal
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0388/96) del Sr. Brémond d'Ars, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el proyecto de comunicación de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de las normas de competencia al servicio postal y en particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales.

Wijsenbeek
Me gustaría saber porqué el Comisario competente para los servicios postales no se queda aquí.

Bangemann
No se trata de un menosprecio del Parlamento o de una infravaloración de la importancia de este tema, pero hoy se trata exclusivamente de la comunicación de la que es responsable el colega van Miert. He defendido en tres ocasiones dicha comunicación en este Parlamento. He sido yo quien la ha defendido. No lo ha hecho el colega van Miert y ahora quiero proporcionarle la alegría de ser él mismo quien explique cuál es su opinión.

de Brémond d'Ars
El Sr. Bangemann tiene razón, esta noche esto es competencia del Sr. van Miert. Señora Presidenta, señor Comisario, habrán tenido que transcurrir más o menos siete años desde las primeras solicitudes del Parlamento Europeo y del Consejo para que la Comisión formule, por fin, propuestas relativas al sector postal. Este hecho es revelador de la gran complejidad del tema. Se trata de uno de los servicios públicos más desarrollados en algunos Estados miembros y que, más allá de su vocación natural, cumple otras funciones, sobre todo en el ámbito social y en materia de ordenación territorial. Por ello escapa en gran parte a las leyes de la competencia, habida cuenta del carácter no rentable del suministro en las zonas de baja densidad de población.
Sin embargo, será necesaria una armonización, ya que se está desarrollando una competencia salvaje que convierte en deficitaria la actividad de algunos servicios postales amenazados, además, por la evolución técnica. En diciembre de 1995, el Parlamento se ocupó de dos textos: una propuesta de directiva sobre la que se pronunció el Parlamento en primera lectura el pasado mes de mayo, sobre la base de un informe del Sr. Simpson, en nombre de la Comisión de Transportes, y un proyecto de comunicación sobre la aplicación de las reglas de la competencia en el sector postal. El debate actual se refiere a este segundo texto.
Dos textos es algo que el Parlamento no esperaba. Durante tiempo reclamó una directiva para el sector postal, sobre la base del artículo 100 A, y eso le habría bastado ampliamente. La publicación simultánea de estos dos textos es, por lo demás, extraña y constituye un hecho sin precedentes. Lo lógico habría sido, en su caso, prever tal comunicación una vez aprobada la directiva. Por cierto, en el caso de las telecomunicaciones, la comunicación de la Comisión vino después de dos directivas previas. ¿Por qué no ha sido así en este caso?
En el asunto que nos ocupa, en repetidas ocasiones la Comisión amenazó con aprobar su proyecto de comunicación, al margen de lo avanzado que estuviese el procedimiento legislativo de la directiva. De persistir en esa vía, crearían un problema institucional con el legislador de la Unión, es decir con el Consejo y el Parlamento, Parlamento que desde 1988 ha reclamado, lo diré una vez más, una directiva sobre la base del artículo 100 A.
La opinión de la Comisión de Asuntos Económicos es, sin embargo, más matizada. De alguna manera es la síntesis de las opiniones del Sr. Jean-Pierre Cot en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Sr. Marcus Ferber en nombre de la Comisión de Transportes. La Comisión de Asuntos Económicos, al igual que las dos comisiones cuya opinión ha sido solicitada, no se pronuncia sobre las disposiciones recogidas en el proyecto de comunicación, sino sólo sobre su oportunidad y su naturaleza jurídica.
La Comisión de Asuntos Económicos le pide, señor Comisario, que retire provisionalmente su proyecto de comunicación. «Provisionalmente» significa que esta comisión le pide que espere al resultado del procedimiento legislativo en curso. Paralelamente, pide al Consejo que se pronuncie rápidamente -todavía han de celebrarse otras reuniones- y que fije su posición común sobre el proyecto de directiva.
Señor Comisario, desearía que la Comisión estuviera actualmente más atenta a los deseos del Parlamento Europeo de lo que lo ha estado hasta la fecha, sobre todo al no aceptar más que un número limitado de enmiendas del Parlamento sobre el proyecto de directiva. Esta actitud no facilitará, por su propia índole, el acuerdo en el seno del Consejo. Si han sido necesarios siete años para formular propuestas, la Comisión debería poder esperar el tiempo necesario para que el Consejo y el Parlamento legislen sobre una cuestión tan sensible y compleja.

Cot
Señora Presidenta, señor Comisario, estábamos frente a un problema de coordinación de una directiva y de una comunicación relativa al mismo tema: los servicios postales. Desde el fracaso del Consejo de ministros de telecomunicaciones del 28 de noviembre, nos hallamos frente a un problema institucional. ¿Acaso la Comisión tiene derecho a aprobar tal como está la comunicación que tenemos que debatir a falta de directiva?
Responderé con un «no» por razones jurídicas y políticas. Jurídicamente, la Comisión no puede dar una de cal y otra de arena. No puede a la vez considerar que procede armonizar las legislaciones a través de una directiva basada en el artículo 100 A y recurrir a la potestad que confiere el artículo 90.3 para alcanzar el mismo resultado. Existe un principio general común a nuestros derechos internos: »electa una via» . Si son posibles dos procedimientos, hay que escoger uno de ellos, pero no se puede pasar impunemente de un procedimiento al otro y todavía menos amenazar con uno para presionar al otro. Sería un caso flagrante de abuso de procedimiento. A partir del momento en que se ha considerado necesaria la directiva, hay que ceñirse a la vía que indica la directiva. La comunicación y las decisiones particulares tomadas en virtud del Tratado sólo pueden ser decisiones de aplicación, no una vía sustitutoria.
Cualquier otro modo de proceder sería políticamente inaceptable. Estamos en el ámbito de la política de la competencia. Cuando se habla de política, se habla de oportunidad en las decisiones, de poder de apreciación. Ustedes mismos necesitaron treinta años para decidir aplicar las reglas de la competencia al servicio público. Las modalidades, el calendario de aplicación del Tratado no tienen nada de automático. El Parlamento modificó por una gran mayoría la propuesta de directiva de la Comisión sobre estos puntos. La Comisión ha rechazado todas nuestras enmiendas, y ha contribuido de este modo a bloquear la situación en el Consejo de ministros. El Consejo está dividido, aunque una mayoría cualificada hubiera podido sin duda respaldar nuestras posturas.
¡Y hoy la Comisión querría aprovecharse de esta parálisis que ha organizado ella misma para hacer su voluntad! De este modo generarían un conflicto institucional cuyas consecuencias y oportunidad les pido que evalúen en vísperas de la Conferencia Intergubernamental. Al obstinarse sobre este tema delicado y sin apoyo político, dan ustedes argumentos a los que desean reducir las atribuciones de la Comisión. Por mi parte, no quisiera a mi pesar tener que darles la razón.

Ferber
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como ponente para opinión de la Comisión de Transportes y Turismo sobre este proyecto de comunicación tengo la importante y difícil tarea de combinar la perentoria necesidad de asegurar unos servicios postales eficaces y costeables y la cuestión anexa de en base a qué fundamento jurídico podemos asegurarlo permanentemente. En lo que se refiere al fundamento jurídico, la Comisión de Transportes y Turismo ha defendido siempre una clara línea consistente en que sólo se puede lograr una solución ponderada y duradera mediante el procedimiento de codecisión. Por ello, es importante que el Consejo de Ministros cumpla por fin su deber, tal como hemos hecho en el Parlamento, y formule una posición común.
Independientemente de ello -hay que reconocer también este derecho a la Comisión-, debemos establecer unas normas de competencia ya que se han iniciado varios procedimientos ante el Tribunal Europeo de Justicia que están pendientes de resolución. Sin embargo, señor Comisario, no podemos aceptar las normas de competencia que se nos han presentado y que usted ha formulado. Las razones son las siguientes: primera: no se ha demostrado la legalidad de la comunicación frente a la directiva. Se trata de un compromiso político de la Comisión que desborda sus competencias. La comunicación no es coherente con la propuesta de directiva. La Comisión ha realizado dos propuestas, un proyecto de directiva y una comunicación que no coinciden en absoluto.
En segundo lugar, no podemos entender la intención de la Comisión. En la primera lectura, hemos realizado algunas observaciones básicas en el Parlamento. Nuestro primer punto fue la modificación del calendario para la liberalización. Hemos suprimido el acceso abierto a la red porque no es factible en el sector de los Correos. Existe una diferencia entre Correos y telecomunicaciones y hemos exigido el aseguramiento de un servicio universal mediante la creación de un sector reservado. Todas estas cosas se eliminaron mediante una comunicación.
Incluso el aseguramiento de un servicio universal se cuestiona en la comunicación. De este modo, se abren las puertas de par en par en toda Europa a una liberalización no regulada. Me pregunto realmente si esta es la vía que podemos seguir como Parlamento Europeo.
Quiero pedir, por ello, a la Comisión que retire el presente proyecto y que presente otro nuevo que sea coherente con las propuestas del Parlamento Europeo. Tenemos que someter a presión al Consejo de Ministros. Tiene que moverse en este asunto y presentar una posición común. Pero el precio de ello no puede ser un caos absoluto debido a una liberalización no regulada.

Torres Marques
Señora Presidenta, uno de los principales problemas actuales de la Unión Europea tiene que ver con la aproximación de los ciudadanos a sus instituciones, hacerlos sentir que son el fulcro de nuestras preocupaciones, que trabajamos para ellos, que a ellos es a quienes representamos según los principios básicos de la democracia y de la transparencia.
En un momento en que tantos esfuerzos hacemos para que el ciudadano europeo se sienta parte integrante de esta Unión que estamos construyendo, en que se lanzan programas especiales -como CITIZENS FIRST- para ilustrar, aproximar y cautivar a los europeos, la Comisión Europea nos propone que, a espaldas de las instituciones representativas -el Parlamento y el Consejo-, se decida el proceso de liberalización de uno de los sectores que más cerca está de las poblaciones, que éstas más sienten como propio, como son los servicios postales.
Yo sé que, jurídicamente, la Comisión puede hacerlo. No obstante, resulta políticamente inaceptable esa actuación de avanzar sola hacia la liberalización del sector postal. Considero que hacerlo en el momento en que trabajamos en el proyecto de directiva es un acto de hostilidad, de arrogancia y de falta de respeto por la voluntad de los pueblos, que en nada contribuirá a fortalecer y a volver atrayente este nuevo modelo europeo, en el que el liberalismo y el tecnicismo prevalecen sobre la solidaridad y el espíritu de cohesión.
Tanto el Parlamento como el Consejo están a favor de la liberalización de los servicios postales, pero no aceptamos los términos de la comunicación que la Comisión presenta. Trabajemos en conjunto el proyecto de directiva que la Comisión ha elaborado y sobre el cual el Parlamento ha aprobado ya un informe excelente. No siga la Comisión procesos no transparentes, autoritarios y sin apoyo popular. Dialoguemos y encontremos las soluciones adecuadas. Si los principios del servicio universal y del control democrático que ahora estamos examinando llegan, en su versión final, a contener esos principios, merecerá, desde luego, nuestro apoyo.

van Welzen, W.G.
Señora Presidenta, señor Comisario, tengo en mi mano una carta que ha tardado cinco días en llegar de Bélgica a los Países Bajos. Esta sigue siendo una realidad de los servicios postales en algunas partes de Europa. Lo lamento, pero por desgracia el expediente postal en el Consejo está atascado. En el último Consejo de telecomunicaciones, del pasado 17 de noviembre, los Estados miembros no lograron ponerse de acuerdo en torno al proyecto de directiva. Esto significa que la liberalización del mercado postal vuelve a aplazarse por un tiempo y que nada se mueve en el principal sector de apoyo a la competitividad de la Unión Europea. Lo lamento, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que el clima social en determinados Estados miembros de la Unión, en estos momentos, es tenso, y que hemos de tener cuidado de no tensar excesivamente la cuerda en estos momentos. El sector postal desempeña una función especial en algunos Estados miembros de la Unión, por ejemplo en las zonas rurales, y no podemos ignorarlo así como así. También estoy plenamente de acuerdo con mi colega Bremond d'Ars de que se acepte sin más el proyecto de comunicación que examinamos hoy, en parte teniendo en cuenta la base jurídica.
Al fin y al cabo, una comunicación no es una decisión vinculante, sino que pretende únicamente exponer un derecho del Tratado. Por un lado hemos de reconocer que el Consejo y el Parlamento tienen juntos la legitimación democrática para tomar decisiones en el ámbito postal. Por otro lado, hemos de reconocer que la Comisión tiene su propia responsabilidad sobre la base de los artículos 85, 86 y 90 del Tratado de la CE. Es un hecho que en estos momentos algunas empresas postales abusan de su posición de poder y aplican condiciones innecesarias y calculan precios excesivos, como también se desprende de las numerosas reclamaciones que se presentan a la Comisión. El estancamiento del expediente postal obliga a algunas empresas postales de nuestro continente a centrar sus inversiones en otras zonas del mundo. Esto es malo para nuestra competitividad, para el clima de inversión en Europa y para el empleo. Por ello quisiera preguntar al Comisario qué tiene previsto hacer después del Consejo de telecomunicaciones del pasado noviembre. ¿Piensa presentar una nueva propuesta o utilizar el artículo 90 del Tratado? Considero que en estos momentos nos hemos colocado en una posición difícil, pero no obstante creo que no debemos perder de vista el objetivo final de todo el debate. Este es concretamente que hemos de crear un mercado postal armonizado y altamente liberalizado, garantizando un servicio asequible y cualitativamente alto para todos los ciudadanos. Los ciudadanos europeos merecen que la Unión lo haga.

Wijsenbeek
Esta es la nueva entrega de la never ending story sobre los servicios postales. ¿Qué queremos en este Parlamento? ¿Queremos que la Comisión incumpla su tarea? Señor Cot, conteste de una vez a esta pregunta. Lo que pide usted es totalmente imposible. Lo que usted quiere es que la Comisión incumpla su tarea. Cuando la Comisión tiene la delicadeza de decir que está dispuesta a hacerlo de acuerdo con nuestro mandato, lo que usted hace es decir: sí, pero no queremos saberlo. ¿Quiere usted realmente que la Comisión no cumpla su mandato conforme al Tratado? Yo quiero que sí cumpla.
Considero que los ciudadanos europeos tienen derecho a recibir unos servicios adecuados, como acaba de decir el Sr. Van Velzen. Considero que es totalmente inaceptable que haya seis reclamaciones, que ya haya una sentencia del Tribunal sobre La Poste en Francia que ha realizado una competencia totalmente desleal y que ha sido condenada; la Comisión tiene el derecho y el deber de realizar su tarea de acuerdo con el Tratado. Si el Parlamento y el Consejo dicen que no lo quieren, iremos por mal camino. Esto es lo que al parecer quiere usted. Para mí está clarísimo que la Comisión tiene que hacer lo que debe hacer según el Tratado. El Sr. Van Miert se lo ha dicho en Bruselas. El Sr. Van Miert está aquí esta noche para defender que la Comisión tiene un mandato. Si quiere usted hacer cambiar de opinión al Sr. Van Miert, tendrá que decirlo sinceramente, y no tiene que escribir usted en el informe: la Comisión ha de retirar su comunicación, pues este es el camino equivocado. Lo que tiene usted que decir entonces es que no quiere que la Comisión realice su tarea. Ninguno de nosotros se atrevería a decirlo. Estoy a favor de lo que hace la Comisión.

Moreau
Señora Presidenta, es importante señalar que el Consejo de telecomunicaciones del 28 de noviembre no ha llegado a un acuerdo sobre la directiva relativa a los servicios postales. Es indudable que la movilización de las organizaciones sindicales y del personal, de la que nuestro Grupo se ha hecho gustosamente portavoz ante las instancias gubernamentales y europeas, ha desempeñado una función importante en este hecho.
La liberalización ha fracasado de este modo una vez más, pero subsiste la amenaza ya que, en el fondo, los Estados miembros tienen más desacuerdos sobre las modalidades de aplicación que sobre la propia liberalización. El fracaso del 28 de noviembre no ha logrado calmar, sin embargo, el frenesí de la Comisión en materia de desregulación, y ésta sigue enarbolando su proyecto de comunicación como una espada de Damocles con la que amenaza atacar en caso de ausencia eventual de directiva.
Esta comunicación, basada en el apartado 3 del artículo 90 del Tratado permitiría imponer al servicio postal las reglas de la competencia sin consultar al Parlamento Europeo o al Consejo, lo que es inadmisible. Este procedimiento totalmente antidemocrático socavaría la autoridad del Parlamento Europeo y no haría más que aumentar el famoso déficit democrático de la actual construcción europea. Como ha subrayado el comunicado paritario de los servicios de correos de la Unión Europea, esta comunicación abre la vía a una desregulación perjudicial para los intereses de la mayoría de los ciudadanos europeos, y ello en beneficio de grupos de presión económica que quieren apropiarse de los segmentos más rentables del mercado postal.
Estos grupos ya ejercen presiones difícilmente admisibles. De este modo, la empresa postal estadounidense UPS concede al personal de la Comisión un descuento del 50 % en los envíos privados. Tengo aquí la nota que precisa cuáles son las modalidades de este trato de favor. Además, desde hace año y medio, los servicios de correos neerlandeses, KPM, han destacado ante la Comisión a su especialista en tráfico postal internacional. Durante tres años este especialista participará también en la legislación sobre la liberalización del mercado postal. Este es el tipo de experto que la Comisión consulta para elaborar su directiva.
Esto da pie a todo tipo de inquietudes, que sólo podrán aumentar cuando accedan a la Presidencia del Consejo los Países Bajos, ya que desde hace años son el paladín de la desregulación en el sector postal. Tengo aquí un recorte de prensa que habla de esto.
Al confirmar la votación mayoritaria del Parlamento Europeo en octubre de 1995, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial pide a la Comisión europea que retire su proyecto de comunicación, que está en total contradicción con las enmiendas aprobadas por nuestra Asamblea el pasado 9 de mayo para frenar seriamente el proceso de liberalización. Nuestro Grupo se felicita por esta postura de la Comisión Económica, pero lamenta que la aprobación de ciertas enmiendas haya reducido su alcance y activado el mecanismo de la liberalización. Por este motivo, nosotros presentaremos unas enmiendas para reforzar el texto y llegar a una condena firme de la postura de la Comisión europea.
Al mismo tiempo, se trata de estar atentos a los Estados miembros, con el fin de impedir que los gobiernos pongan en práctica medidas anticipatorias de la aplicación de la directiva. Estamos decididos a proseguir con nuestra acción conjuntamente con las organizaciones sindicales del sector, los asalariados y las asociaciones de usuarios con tal de alcanzar una armonización al alza de los servicios postales, que respete el estatuto del personal, asegure el mantenimiento y el desarrollo de un servicio de calidad, basado en la igualdad de trato de los usuarios, y que favorezca la cooperación entre los operadores nacionales.

Wolf
Estimados colegas, el camino correcto o el camino erróneo -el colega Wijsenbeek ya no se encuentra presente-, la política no consiste en reaccionar simplemente ante los imperativos. El papel de la Comisión no se puede debatir al margen de una concepción política básica. El objetivo tiene que ser tener unos servicios flexibles, modernos y efectivos para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos y no abrir nuevos campos para el capital donde algunas empresas privadas puedan obtener sus beneficios.
Ante ese trasfondo, comparto la posición del Sr. Bremond d'Ars. Necesitamos una directiva y no el proyecto de la Comisión que se nos ha presentado. Necesitamos un claro fundamento jurídico tal como ha exigido el Sr. Ferber, el artículo 100a y no el apartado 3 del artículo 90. Mañana tenemos que rechazar las inaceptables enmiendas, en especial la nº 1, pues transformaría el informe exactamente en lo contrario.

Dary
Señora Presidenta, al examinar el informe del Sr. de Brémond d'Ars nos enfretamos de nuevo a las dificultades del problema principal de los servicios postales.
Sin duda alguna y en lo relativo a estos servicios postales, la Comisión es de lo más coherente. Sería bueno si, una vez aplicadas, estas ideas no llegaran a desmantelar, por su naturaleza, el servicio público.
El Parlamento ha tenido que utilizar toda su relativa autoridad para obtener que la Comisión le presente una directiva sobre los servicios postales. El ponente nos ha recordado que han hecho falta cerca de siete años. La directiva fue aprobada por el Parlamento Europeo con algunas enmiendas, ninguna de las cuales fue aceptada por la Comisión.
Actualmente sabemos no sólo que la Comisión desestimó las enmiendas, sino que, además, propone una comunicación cuyo texto se aleja totalmente del de la directiva y, por si fuera poco, tiene como finalidad iniciar un proceso de liberalización irreversible e incontrolado del que no podrían recuperarse los usuarios y los asalariados del sector.
Por lo tanto, es esencial que este proyecto de comunicación se retire pura y simplemente. Y si no procede negarle a la Comisión la posibilidad de elaborar una comunicación, habría que recordarle, no obstante, que el texto ha de ser coherente con el de la directiva.
Estas incoherencias las atribuyo personalmente a la repentina precipitación con que la Comisión pretende ahora liberalizar los servicios postales. El ultraliberalismo campa actualmente por sus respetos y el servicio público está en peligro.

Schmidbauer
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Brémond d'Ars por su informe. Es una buena base para el posterior desarrollo de una política postal europea coherente. Todos queremos unos servicios postales para las ciudadanas y ciudadanos de Europa que funcione, a unos precios asequibles, con unas prestaciones cualitativamente elevadas y una garantía de servicio universal. En el debate y resolución del Parlamento sobre la propuesta de directiva -voy a citar fielmente el título- «sobre las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio en la Comunidad» hemos constatado que la comunicación dada a conocer paralelamente sobre las reglas de competencia no es aceptable y es totalmente superflua. No solamente contradice el título sino además en muchos puntos la misma propuesta de directiva proveniente de la Comisión. Nos reafirmamos en la exigencia de que se retire.
Una directiva significa ley y una comunicación sólo puede complementar pero no sustituir o introducir normas que contradigan la directiva. La comunicación no tiene en absoluto en cuenta la necesidad de un servicio universal. Parece como si la Comisión desease introducir una liberalización por mera ideología, una liberalización que ya no se puede volver a echar atrás y que no tiene en cuenta las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos europeos.
Desde agosto la Comisión tiene en sus manos el estudio exigido por el Parlamento sobre la situación de los puestos de trabajo en los servicios de correos. Se ha mantenido en secreto hasta hoy pues allí se dice con toda claridad que si entran en vigor las reglas de competencia, entre el 20 y el 40 %, es decir, entre 300.000 y 600.000 puestos de trabajo se perderán en toda Europa. ¡Bonitas perspectivas ante el paro ya imperante! Ya se ha dicho antes que la presión de tiempo que la Comisión ejerce sobre el Consejo y el Parlamento en lo tocante a la redacción de la resolución sobre la directiva es totalmente inaceptable. Se ha concedido a si misma siete años de tiempo hasta salir por fin a la luz pública con la propuesta de directiva. Sin duda, es irritante que el Consejo no se haya podido poner hasta hoy de acuerdo sobre una posición común, por lo que le instamos para que se ponga de acuerdo lo más rápidamente posible teniendo en cuenta la opinión del Parlamento. Exigimos además a la Comisión que retire la comunicación.

Caudron
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no es momento ahora de volver a plantear el debate institucional, y además Jean-Pierre Cot ya lo ha hecho con mucho brío. Sin embargo, quisiera insistir, por mi parte, en la gravedad de la situación, con un proyecto de directiva bloqueado por el Consejo, que da lugar a una comunicación de la Comisión muy alejada de las posturas expresadas por el Parlamento en relación con el sector postal.
Existen en mi opinión riesgos graves e irreversibles de desregulación, que muchos de los aquí presentes condenamos. Sobre todo, en dos minutos, quisiera hacer hincapié en tres puntos.
El primer punto es la ausencia de acuerdo en el Consejo, que es la ausencia de posibilidad de que haya un auténtico servicio universal; esto supone el riesgo intolerable de que deje de existir un servicio postal europeo, de que no haya servicio universal en toda la Unión, un servicio equivalente para todas las empresas sean de las regiones que fueran, un servicio universal para todos los consumidores cualquiera que sea su situación y nivel de riqueza, un servicio postal sencillamente correcto, intracomunitario.
El segundo punto es que no es normal, y se lo digo a usted, Sr. van Miert, que Europa se abra al resto del mundo, y especialmente a Estados Unidos sin que haya reciprocidad. No olvidemos que en los Estados Unidos existe un monopolio postal.
Por último y tercer punto, está el problema del empleo. Parece que la Comisión lanzó un estudio hace algún tiempo. Esperamos resultados concretos, fehacientes, argumentados, escritos. Por nuestra parte, nos tememos una pérdida de 300.000 a 600.000 puestos de trabajo. Me gustaría equivocarme, pero hoy las cosas están así.
Así pues, señor Comisario, Señorías, esta noche quisiera saludar el trabajo importante y coherente del Sr. de Brémond d'Ars, pero también quisiera expresar mi preocupación. Me gustaría que se me dieran motivos para estar tranquilo, pero sobre todo querría que el Consejo de Ministros escuchara muy pronto al Parlamento Europeo y adoptara una posición común que se ajustase a nuestros deseos.

Van miert
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera darle las gracias al ponente, que ha tenido la difícil tarea de intentar que converjan puntos de vista bastante conflictivos. Es ésta una situación que ya se conoce desde hace años, ya sea en el Parlamento, en el Consejo, o en el seno de las demás instituciones europeas, lo que explica, por cierto, por qué han tenido que pasar años antes de poderse elaborar propuestas. Por lo tanto, cuando insistían ustedes para que la Comisión hiciera propuestas ustedes sabían que se trataba de una tarea casi sobrehumana, vistas las contradicciones que ya existían en aquella época y que siguen existiendo en el seno de la Unión Europea. Por lo demás, hoy debatimos sobre un documento que no es una directiva, y buena parte de los argumentos no sólo denotan ambigüedad sino, todavía peor, cierto malentendido. Se trata en este caso, quiero precisarlo, de un texto que sólo pretende hacer transparente la aplicación de las reglas en materia de competencia en el sector postal y nada más que eso.
Ustedes reclaman sin cesar transparencia. Pues bien, por una vez, ¡que se aplique esta transparencia! Se nos critica y ustedes nos piden que retiremos el documento. Yo declaro que, desde el punto de vista institucional, esto es inaceptable porque se trata de un caso en el que la Comisión ejerce su responsabilidad en el sector en que esta responsabilidad está clara y confirmada por sentencias del Tribunal de Justicia. Si ustedes piden que se retire este documento y pretenden, entonces, que se cambie el Tratado -y esto es precisamente lo que ustedes quieren: que ya no se apliquen las reglas del juego en materia de competencia-, entonces ustedes están pidiendo algo imposible, y como el Sr. Wijsenbeek ha dicho, esto equivale en definitiva a pedirle a la Comisión que ya no haga su trabajo. ¡De esto es de lo que se trata!
Ahora bien, es efectivamente lamentable que el Consejo no haya podido ponerse de acuerdo sobre estas directivas, pero lamento tener que decirles, señoras y señores, que nadie de ustedes ha actuado de modo correcto respecto a la Comisión. ¿Acaso hemos propuesto nosotros una plena liberalización? ¿Verdad que no? Aunque esta situación se da en varios Estados miembros, hemos propuesto en nuestra directiva que los Estados miembros que lo deseen puedan mantener la actividad de base de correos bajo forma de monopolio. ¿Es esto cierto o no lo es? Sí que lo es, sin duda alguna, así que, Señora, no pretenda lo contrario y haga el favor de leer nuestra propuesta.
En el Consejo de ministros también se debate en torno a saber si se podrá efectivamente en los años venideros liberalizar algunas actividades como el mailing, en qué momento será conveniente hacerlo y quién lo realizará. De hecho, el conflicto del Consejo gira en torno a esto. ¡Así que les ruego que no digan que la Comisión propone que se privaticen los servicios de correos, y una plena liberalización para mañana mismo, porque no es cierto, no es correcto y no es digno que el Parlamento tergiverse tanto un debate!
Ahora bien, en lo referente a esta notificación, se trata, lo repetiré, de un esfuerzo de transparencia -y no, Sr. Cot, de recurrir al artículo 90; en esto se equivoca usted, esto es inexacto-. Se trata sencillamente de describir cómo actuará la Comisión sobre la base de casos concretos. Debo recordarles que en el sector postal ya hemos recibido numerosas quejas de este tipo, que la Comisión tiene la obligación de tramitar. ¡Entonces no me pidan que retire una notificación que trata de aclarar el debate y de precisar las modalidades de aplicación de las reglas del juego sobre la base de casos concretos!
Desgraciadamente, debido a que no hay acuerdo en el seno del Consejo, espero todavía más quejas, pues hay países que ya han liberalizado algunas actividades, como el mailing. En siete Estados miembros ya hay una liberalización completa o parcial, y no porque lo haya impuesto la Comisión sino porque estos gobiernos lo han decidido así. Ésta es la realidad.
En lo relativo a la notificación, claro está que tomaremos en consideración el debate del Consejo. Puesto que no se ha conseguido un acuerdo sobre los plazos de la liberalización del mailing y del correo entrante, ni por cierto, acerca de las modalidades y el calendario, vamos a retirar de la notificación todo lo relativo a los plazos, porque efectivamente, mientras no exista acuerdo sobre este punto tampoco podremos referirnos a ello a la hora de aplicar las reglas en materia de competencia. Así lo hicimos en su momento, puesto que armonizamos la notificación con la propuesta de la Comisión tal como estaba, pero la lógica pide que se retire de la notificación la cuestión de los plazos. Nos limitaremos pues a explicar en una serie de hipótesis y de casos individuales de qué modo entendemos que han de aplicarse las reglas en materia de competencia.
Aquí, Sr. Cot, no puedo descartar que lleguen quejas sobre la base del artículo 90. Esto actualmente ya se está produciendo y saben ustedes lo anacrónica que es, a veces, la situación en el sector postal. Los gastos finales son tan distintos que esto da pie a situaciones totalmente inverosímiles. Mandamos envíos postales a países terceros, los recibimos y todavía hay quien que hace negocio con ello. ¡Existen situaciones completamente aberrantes en el sector postal! ¡Acepten, por favor, esta situación y esta realidad! Vamos a tratar de corregir todo esto, pero vista la situación ya hay muchas quejas y habrá más.
Por lo tanto, la Comisión tiene que darles cauce porque de lo contrario los reclamantes pueden demandarnos ante el Tribunal de Justicia. Ya hemos perdido tiempo porque hasta ahora he aceptado que la Comisión aplazara la aprobación de esta notificación de mis servicios hasta finales de año para tratar de ver las cosas con mayor claridad en este debate. Las cosas se han aclarado un poco pero, desgraciadamente, no lo suficiente, aunque tomaremos en consideración algunos elementos surgidos en el curso del debate. Actualmente, mis servicios están preparando, ajustando o modificando el texto, reduciéndolo de alguna manera, pero explicando de qué modo tratará la Comisión los casos individuales desde el punto de vista de la política de la competencia en una serie de hipótesis.
Por ejemplo, en los subsidios cruzados. Ya hemos recibido quejas en Francia, Sr. Cot, como sabe usted perfectamente. Los aseguradores privados se han quejado ante la Comisión por el hecho de que Correos se haya lanzado al sector de los seguros, sector liberalizado desde hace muchísimo tiempo, gracias a una serie de ventajas que la autoridad pública le ha concedido a Correos , evidentemente. El Sr. Wijsenbeek ha recordado, en efecto, una sentencia reciente dictada por el Tribunal de Justicia en contra de una situación que beneficiaba a los servicios postales franceses. Así que seguimos estando en una comunidad de derecho en la que deben respetarse las reglas del juego tal como éstas se dan.
Por esta razón y aunque aceptemos toda una serie de modificaciones, señor ponente, y aunque aceptemos, por cierto, una serie de enmiendas suyas, vamos a volver a hacer nuestro trabajo pero no retiraremos la notificación. Tenemos que ser claros ante todos los operadores del sector en lo relativo a la aplicación de las reglas del juego en la materia.
Ésta es nuestra responsabilidad, y me alegra haber podido hablar de ello esta noche ante ustedes.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se cierra la sesión a las 00.04 horas)

