
El Presidente.
   Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 25 de septiembre de 2003.
El Presidente.
   Celebro tener la oportunidad esta tarde de dar una cálida bienvenida al Dr. Jong-Wook Lee, recientemente nombrado Director General de la Organización Mundial de la Salud, y a sus colegas, que ocupan esta tarde la tribuna oficial. Es la primera vez que el Dr. Lee visita el Parlamento Europeo. Quiero agradecerle su presencia aquí, Dr. Lee, y espero colaborar con usted en el futuro en nuestros respectivos mandatos.
En nombre del Parlamento Europeo, quiero dar también la bienvenida a nuestra tribuna oficial a la Comisión Constitucional del Riksdag sueco, a su Presidente, el Sr. Gunnar Hökmark, y a su Vicepresidente, el Sr. Göran Magnusson.
Nuestros colegas del Riksdag sueco son muy bienvenidos en este Parlamento. Sé que han tenido ya esta mañana una apretada agenda de reuniones que continuarán esta tarde y mañana por la mañana. Quiero recordarles que es la décima delegación de una comisión del Riksdag que visita este año el Parlamento Europeo. Es para nosotros un gran placer darles la bienvenida, y quiero recordarles que nuestras puertas están siempre abiertas a la colaboración con colegas parlamentarios.
El Presidente.
   Se ha distribuido una rectificación del orden del día de las sesiones de los días 8 y 9 de octubre de 2003. ¿Hay alguna observación? 
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el punto siguiente del orden del día es la pregunta oral sobre las profesiones liberales. En la Conferencia de Presidentes no se pudo alcanzar un acuerdo respecto a una propuesta de resolución que acompañara a esta pregunta oral. Desde entonces ha habido nuevas discusiones y creo que ahora existe una mayoría en esta Cámara que apoya una resolución complementaria. Por lo tanto, quiero proponer la votación de una resolución en la próxima semana de Estrasburgo y sugiero que establezcamos el plazo límite de las 12 del mediodía del jueves de la semana que viene para la presentación de propuestas de resolución. 

Howitt (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera que encomiara conmigo la semana del «Consumo responsable» que se está celebrando en Bruselas y que se ha anunciado en todos los edificios del Parlamento Europeo. Consumo responsable significa que los consumidores son capaces de elegir productos fabricados en buena ética o de comercio justo, que se respetan los derechos de los trabajadores y se paga una prima social para ayudar a los agricultores pobres y a otros productores de los países en desarrollo de los que proceden esos productos. 
Este Parlamento ha desempeñado un papel importante en la incorporación en la agenda europea de la cuestión de la responsabilidad social de las empresas, y el comercio justo constituye una parte muy importante de ella. Señor Presidente, le ruego que dé las gracias a los Cuestores por su aceptación de que esto sea así esta semana en el Parlamento, a Oxfam World por organizar los puestos alrededor del Parlamento y también a otras organizaciones como Fairtrade Foundation y Tradecraft Exchange de mi país, que apoyan esta iniciativa. 
Le pido que anime conmigo a los diputados a este Parlamento a adquirir café y otros alimentos y productos comercializados de forma justa que nos tentarán durante toda la semana en los bares y restaurantes de este Parlamento. 
El Presidente.
   Señor Howitt, transmitiré su agradecimiento a todos los que ha mencionado. 
Hudghton (Verts/ALE ).
   –Señor Presidente, me remito al artículo 2 del Reglamento de esta Cámara y quiero llamarle la atención sobre una declaración hecha recientemente en el Parlamento escocés, donde un diputado conservador dijo, refiriéndose al presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, que le correspondía representar las opiniones del Gobierno británico en lo que respecta a la Constitución y a la posibilidad de que se recoja en ella la Política Pesquera Común. Eso lo dijo refiriéndose al proyecto de Constitución y la función del Sr. Stevenson como ponente de un informe sobre el tema.
¿Puede usted confirmarnos quizá, señor Presidente, que en virtud del artículo 2 ningún diputado puede recibir un mandato vinculante y que, desde luego, no le corresponde al presidente de ninguna Comisión recibir un mandato de ningún Gobierno, ya sea de Edimburgo, Londres, Madrid o cualquier otro? ¿Puede usted confirmarnos también que el Sr. Stevenson es realmente libre de defender los intereses de Escocia si ese es su deseo? 
El Presidente.
   Desde luego, puedo confirmarle que el artículo 2 se refiere a la independencia del mandato de los diputados a esta Cámara, y que estos ejercen su mandato de una manera independiente, como sé que suele hacer nuestro colega el Sr. Stevenson. 
Korakas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, como ya he señalado en esta Cámara, las actividades del Partido Comunista, la propaganda comunista y el uso de símbolos comunistas están prohibidos en Letonia. Quinientos mil residentes rusoparlantes, o el 40% de la población, que no tienen la ciudadanía, están excluidos de la vida política. Cualquier persona que no abandonara el Partido Comunista de Letonia ocho meses antes del desmembramiento de la Unión Soviética no tiene derecho a presentarse candidato a las elecciones o a trabajar en el sector público. Así, por ejemplo, al líder comunista Alfreds Rubiksx, que es hoy presidente del Partido Socialista, tiene prohibido presentarse a las elecciones, a pesar de que su partido está representado en el parlamento.
Por último, se están erigiendo monumentos a las SS con ayuda y apoyo público en un momento en el que a los veteranos de la guerra antifascista se les prohíbe llevar puestas las condecoraciones que ganaron en la guerra, y algunos de ellos están siendo encarcelados precisamente porque tomaron parte en la guerra antifascista.
Quería aprovechar la presencia en la Cámara mañana de la Presidenta de la República de Letonia y su discurso solemne para denunciar este estado de cosas inaceptable, que tuve la ocasión de comprobar por mí mismo, y para pedirle que se refiera usted a dicho estado de cosas durante las conversaciones que va a mantener con ella. 
Lisi (PPE-DE ).
   Señor Presidente, como sabrá, hace dos días una misionera italiana, Annalena Tonelli, fue asesinada horriblemente en Somalia, África. Esta mujer había dedicado 30 años de su vida a ayudar a los enfermos, por lo cual recibió elogios y apoyo por parte de toda la población y de la comunidad islámica.
Este horrible asesinato ha tenido un impacto enorme en mi país, especialmente por el extraordinario trabajo humanitario realizado por la víctima. Quiero pedirle, señor Presidente, que transmita el pésame de esta Cámara tanto a la familia como a las instituciones italianas por esta muerte repentina y trágica. 
El Presidente.
   Hoy, en nombre del Parlamento, he emitido una declaración sobre este tema. Le entregaré una copia y me complacerá también ponerme en contacto con la familia de la Sra. Tonelli. 
Ahern (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, me sorprende que no podamos discutir en esta sesión plenaria sobre el grave apagón ocurrido recientemente en Italia. Los ciudadanos de la Unión, y en especial los afectados por dicho incidente, esperan que este asunto se aborde con carácter urgente.
Hemos pedido a la Sra. De Palacio que venga y lo discuta con nosotros en comisión, pero esto no puede sustituir a una declaración por parte de la Comisión o, por supuesto, vista la naturaleza transfronteriza de lo que ha ocurrido, del Consejo. Tenemos que abordar la cuestión de la seguridad del suministro eléctrico y del mercado único con carácter urgente.
Solo quería hacer constar mi gran sorpresa de que no podamos discutir el asunto en esta sesión plenaria. Debido a ello, no estamos sirviendo a los ciudadanos de la Unión. 
El Presidente.
   Nadie ha planteado esta cuestión al discutir sobre el orden de los trabajos de hoy, lo que nos habría permitido comprobar la voluntad de la Cámara al respecto. Sin embargo, quizá podamos discutir sus implicaciones más amplias durante el debate sobre la preparación del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre, porque es obvio que se trata de un asunto transfronterizo. De este modo, quien lo desee podrá hacer algún comentario sobre esta cuestión durante dicho debate. 
McAvan (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero presentar a la Cámara a Kanga, un invitado muy especial procedente de Australia. Es un canguro de juguete muy mono, pero hoy ha venido al Parlamento Europeo con un mensaje muy serio: llamar su atención sobre el tema de la muerte súbita inexplicada en niños mayores de un año y en adultos. Muchos de ustedes habrán oído hablar de la muerte súbita infantil, cuando un bebé muere de forma inesperada, pero quizá no estén tan informados sobre el hecho de que muchas otras personas mayores de un año mueren, y a menudo las familias no reciben ninguna explicación de su muerte.
Solo en mi país, ocho personas mueren cada semana de esta manera. La familia se pregunta por qué ha muerto esa persona y qué deberían hacer al respecto. Se les dan muy pocas respuestas.
Lo que podemos hacer en el Parlamento Europeo es pedir que la Organización Mundial de la Salud –y me complace que el Director General esté hoy aquí en Bruselas– dé a este síndrome un nombre y un código reconocido para que se pueda llevar a cabo más investigación transfronteriza. Averiguaríamos el número de personas que mueren de esta manera y quizá podamos descubrir las causas.
Voy a enviar a los diputados copias de esta carta, dirigida a la Organización Mundial de la Salud, pidiendo este código. Espero que la firmen. Ello significará que muchas familias de toda Europa reciben un poco de consuelo al saber que se va a investigar esta trágica enfermedad.
Después, Kanga se marcha al Parlamento escocés y a parlamentos y asambleas democráticas de todo el mundo con su mensaje de que tenemos que hacer algo más para averiguar por qué hay personas que mueren de esta manera. 
Zorba (PSE ).
   – Señor Presidente, le pido que intervenga para poner fin a las amenazas contra las vidas de los periodistas Sener Levent y Ali Osman, del periódico turcochipriota por parte de miembros de la organización extremista Lobos Grises en el norte de Chipre.
 y su editor están siendo amenazados con el amordazamiento, y esto es un duro golpe para la libertad de prensa y de expresión en la comunidad turcochipriota. Existen temores bastante fundados de que en el período previo a las elecciones de diciembre en la parte ocupada de Chipre, este tipo de ataque se intensificará y el terrorismo y el miedo impedirán que las voces democráticas y proeuropeas de la comunidad turcochipriota puedan oírse.
Solicito su intervención, con la sensibilidad especial que usted, como periodista veterano, también tiene en cuestiones de libertad de prensa, y de la misma manera solicito que el Parlamento sea informado de modo sistemático por la Comisión Europea y su representación en Chipre sobre cuestiones similares.
El Presidente.
   Señora Zorba, lo investigaré con mucho gusto. Gracias por plantear la cuestión. 
Lage (PSE ).
   – Quisiera llamar la atención de esta Cámara sobre el hecho de que recientemente tuvo lugar un golpe de Estado en la República de Guinea-Bissau. Este golpe se llevó a cabo en contra de un presidente elegido. Cualquier golpe o movimiento en contra de un representante político elegido democráticamente siempre debe ser condenado de forma inequívoca. Hay que reconocer que la situación en Guinea-Bissau ya era anormal, puesto que la Asamblea Nacional del Pueblo se había disuelto y el proceso de elección de una nueva asamblea resultaba cada vez más difícil. Sin embargo, se había fijado una carta transitoria, así como un compromiso para restaurar la democracia en Guinea-Bissau, ese pequeño y casi desconocido país del golfo de Guinea.
Señor Presidente, quiero pedirle a usted y a las instituciones comunitarias que no dejen a un lado a este pequeño país y que proporcionen un paquete de ayuda sustancial a fin de restaurar la democracia y de que se celebren elecciones democráticas. Guinea-Bissau necesita ayuda para celebrar estas elecciones, porque allí hay escasez de todo, incluso de dinero para financiar el proceso electoral. No obstante, y más que eso, esta pequeña nación también necesita ayuda para el desarrollo, la paz, el progreso y para asegurar que su gente no sufra más violencia e inseguridad acerca del futuro. 
Ferrández Lezaun (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, el pasado domingo se celebró en Zaragoza una manifestación en contra del Plan Hidrológico Nacional, una de las muchas que llevamos organizando en Aragón. Casi cien mil personas acudieron a ella. Es la primera manifestación en la que más de un tercio de la población -casi el 35% de los habitantes de Aragón, incluidos personas mayores de noventa años y niños menores de un año- estuvo presente para manifestar su rechazo al Plan Hidrológico Nacional.
Como aragonés, le pido que transmita a la Comisaria Wallström nuestro agradecimiento por la actitud de diálogo y de permanente trabajo que ha manifestado. Sin embargo, esta no es la actitud que hemos encontrado en el Presidente del Gobierno español. Le pido que transmita al Presidente del Gobierno español, el Sr. Aznar, nuestro deseo de que modifique esta postura, intransigente y autoritaria, y se siente a dialogar con el legítimo representante de todos los aragoneses, que es el Gobierno de Aragón.
Señor Presidente, la abrumadora mayoría de los aragoneses no queremos que nos expolien. Por eso defendemos, y defenderemos donde haga falta, nuestra posición de "trasvase, no".
El Presidente.
   Este punto del orden del día queda cerrado. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la plena integración de la cooperación con los estados ACP en el presupuesto de la Unión Europea. 
Schreyer,
    Señor Presidente, Señorías, el tema del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), que proporciona ayuda a los países de África, de la región del Caribe y el Pacífico, y su integración en los presupuestos comunitarios europeos, no es nuevo para esta Cámara. El Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones que el Fondo se integrara, y siempre ha apoyado las propuestas en este sentido. Por ello, tengo el gran placer de poder informarles de que hoy la Comisión ha aprobado una comunicación que propone la transferencia completa del Fondo Europeo de Desarrollo al presupuesto comunitario con efecto desde la próxima perspectiva financiera.
La Comisión propone esta decisión porque estamos convencidos de que esta inclusión en los presupuestos ayudará a aumentar la efectividad de la ayuda suministrada a los países ACP, acelerará y mejorará la aplicación de esa ayuda y proporcionará ganancias efectivas para todas las partes incluidas en el proceso. Esta propuesta se ajusta plenamente a las promesas realizadas por la Unión Europea en varias cumbres el año pasado. Por ejemplo, en Monterrey, la Unión Europea se comprometió a aumentar la ayuda total para los países en desarrollo y a mejorar el proceso y la coordinación, aumentando así la efectividad.
El Parlamento está muy familiarizado con el tema de la integración del Fondo Europeo de Desarrollo en los presupuestos comunitarios, y se ha pronunciado repetidamente a favor de tal decisión, decisión que la Comisión también ha favorecido desde hace tiempo. La primera propuesta en torno al asunto se presentó en 1973 –hace 30 años– y la idea se ha planteado varias veces desde entonces, más recientemente en 1993.
Sin embargo, los Estados miembros nunca pudieron ponerse de acuerdo en la manera de transferir este instrumento especial, que lleva establecido desde 1958, a los presupuestos. El Fondo de Desarrollo es especial porque lo financian directamente los Estados miembros de acuerdo con una fórmula específica.
Sin embargo, es la Comisión la responsable de la administración del Fondo. No obstante, aquí también se aplican reglas distintas a las que se utilizan para otros instrumentos de política exterior. Mientras el Parlamento tiene el derecho y la obligación de dar su aprobación al Fondo de Desarrollo, no está implicado en la determinación de las cantidades en cuestión o para qué se utiliza la ayuda.
¿Por qué estamos proponiendo de nuevo integrar esta estructura de fondo no presupuestaria en los presupuestos comunitarios ahora, en 2003? Hay dos razones principales. En primer lugar, la propuesta beneficiará a todas las partes, en especial a los países receptores. En segundo lugar, la Comisión está convencida de que es el momento adecuado, la oportunidad adecuada para que esta propuesta aparezca de nuevo en el orden del día.
Quiero tratar la segunda razón primero: el momento y las circunstancias adecuadas. Se han unido tres factores. En primer lugar está la propuesta para reformar los Tratados; el trabajo preparatorio realizado por la Convención apoyaba de modo específico la inclusión en los presupuestos del FED, y la constitución que proponía permitiría que esto se llevara a cabo. El segundo factor importante es la ampliación de la Unión Europea. En las negociaciones de adhesión se acordó que los Estados miembros nuevos todavía no contribuirían al Fondo existente pero que participarían en las negociaciones de su sucesor. El tercer elemento es el nuevo marco financiero de la Unión Europea propuesto para el período posterior a 2006, que se está debatiendo actualmente. Por lo tanto, la comunicación acordada hoy es un aspecto práctico del nuevo paquete financiero que propone la Comisión.
Sin embargo, tan importantes como este abanico de oportunidades son las consideraciones que voy a exponer ahora. La inclusión del FED en los presupuestos beneficiaría a los países ACP; favorecería la efectividad política de la ayuda de la Unión Europea y ayudaría a mejorar la eficacia de la administración de la ayuda. El sistema actual de las negociaciones cada cinco años fuera del sistema presupuestario comporta cada vez más el riesgo de que los Estados ACP queden algo marginados políticamente. La ventaja para los países ACP es que con la integración en los presupuestos, la ayuda estaría repetidamente en el orden del día.
Los programas de desarrollo incluidos en los presupuestos con sus revisiones anuales de rendimiento –incluidas las realizadas por el Parlamento– favorecen un tratamiento más eficaz de la ayuda. También sería más fácil representar al personal existente en los presupuestos comunitarios que bajo el sistema del Fondo actual.
¿Cómo haría esto más efectiva la ayuda de la Unión Europea? En el marco del FED se ha desarrollado un enfoque de asociación sólida, que debería mantenerse definitivamente, como también el principio de la propiedad y el principio de centrarse en la erradicación de la pobreza, pero sería mucho mejor crear sinergias entre los distintos programas que financia el presupuesto de la Unión Europea y que también beneficia a los países ACP. Además, la financiación de programas de ayuda mundial como el Fondo Mundial para la Salud podrían usarse mejor si el Fondo se incluyera en el presupuesto.
Los procesos administrativos se simplificarían, puesto que ya no habría dos sistemas separados coexistiendo en paralelo, con dos reglamentos financieros diferentes, dos conjuntos de reglas de aplicación y dos normas contables distintas. En cambio, al armonizar los sistemas, aumentaríamos la eficiencia, no solo dentro de los servicios de la Comisión, sino también para las autoridades de los países beneficiarios y para todos aquellos que están involucrados en la aplicación de la ayuda. Como pueden apreciar, hemos de tener en cuenta que las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, tienen que contar con dos sistemas distintos, lo cual por supuesto genera mucho papeleo e ineficacia.
¿Qué argumentos pueden proponerse en contra de la propuesta? A los países ACP podría preocuparles que sus inquietudes especiales quedaran relegadas a un segundo plano por otras prioridades de política exterior, como las situaciones de crisis. Tenemos que disipar estos temores, y la Comisión lo ha hecho, en efecto, en su comunicación. Por una parte, el programa de ayuda estará garantizado por un reglamento, que se promulgará por el procedimiento de codecisión, que incluiría detalles de los recursos que se proporcionarían en un período concreto. Nuestra experiencia con los programas presupuestarios también ha demostrado que es preciso conciliar el enfoque plurianual de la ayuda y el principio de anualidad.
La Comisión no ha realizado hoy ninguna propuesta en firme sobre cifras presupuestarias para los próximos años. Estas deberán establecerse durante los próximos debates sobre las próximas perspectivas financieras. No obstante, la Comisión ha propuesto una serie de medidas importantes para proteger los niveles futuros de financiación. Por ejemplo, el nivel actual de ayuda establecerá el mínimo para el futuro, a la vez que el resultado económico futuro deberá determinar el desarrollo ulterior.
Ni que decir tiene que los coeficientes financieros también aparecerán en futuros debates, especialmente en el Consejo, por supuesto. Los coeficientes financieros tienen que renegociarse para cada nuevo Fondo. Por consiguiente, los coeficientes actuales no representan garantía alguna del gasto futuro del FED. Un importante beneficio que la Comisión prevé con la integración del FED en los presupuestos europeos es que ya no habría negociaciones separadas en torno a los coeficientes de financiación para cada nuevo Fondo.
La Unión Europea proporciona la mitad de toda la ayuda pública al desarrollo mundial. El año pasado la Unión Europea proporcionó 31 millardos de euros de un total de 60 millardos de ayuda al desarrollo, cifra que incluye la ayuda de los Estados miembros junto con la financiación comunitaria. Actualmente existen tres fuentes de ayuda comunitaria: el presupuesto comunitario, los instrumentos del Banco Europeo de Inversiones y, sin duda, el Fondo Europeo de Desarrollo. Al incluir el Fondo Europeo de Desarrollo en el presupuesto comunitario, la ayuda europea se haría más visible y se podría presentar de manera más coherente; esto representaría otro paso importante en el proceso de refuerzo del papel internacional de la Unión Europea.
A fin de dar este paso, es necesaria la presentación y aprobación en los próximos meses de una serie de propuestas para la aplicación jurídica y política necesaria. La Comisión confía en el apoyo del Parlamento a estas propuestas. Muchas gracias.
Kinnock, Glenys (PSE ).
   – Señor Presidente, como sabe la Comisaria, el Parlamento Europeo acoge muy favorablemente el análisis que ha hecho hoy aquí. Sin embargo, señora Comisaria, creo que falta asegurar o garantizar de forma clara la protección de los fondos del FED en el presupuesto de la Comunidad. Otra cosa que también falta en sus comentarios es una referencia a la necesidad de que los países ACP estén de acuerdo con esta medida. No creo que los países ACP acepten una situación que les haga perder influencia en la toma de decisiones respecto de los fondos FED.
Quisiera saber cómo pretenden ustedes proteger los fondos. Usted ha dicho que todavía no están preparados para hacerlo, pero la desviación de dinero del FED hacia otras prioridades europeas es algo que ya nos ha ocurrido en el pasado. Lo hemos experimentado y no queremos que vuelva a ocurrir.
Señora Comisaria, ¿estaría dispuesta a considerar una nueva rúbrica adicional para el desarrollo en las perspectivas financieras? Asimismo, ¿estaría dispuesta a sugerirlo en la propuesta de las próximas perspectivas financieras para finales de 2003? 
Schreyer,
    Sin duda, es esencial que esta propuesta se debata en detalle con los países ACP, y ese debate también debería incluir muchos puntos del FED que establece el Acuerdo de Cotonú, como por ejemplo el enfoque de asociación y también el principio de concentración en la erradicación de la pobreza. También comparto su opinión de que a los Estados ACP solo se les podrá convencer de que accedan a este tipo de propuesta, que esperemos que mejore la eficiencia, si podemos darles garantías suficientes de que no es una simple excusa para reducir los recursos disponibles de la ayuda al desarrollo. ¿Cómo podemos dar ese tipo de garantía? La Comisión ha abordado esta cuestión de modo específico en su comunicación, afirmando que la cifra actual debería establecer el mínimo para el futuro.
¿Cómo se puede garantizar esto dentro del presupuesto? Podría hacerse incluyendo detalles del apoyo financiero en la base jurídica para un programa multianual. La Comisión no sugiere que se deba incluir una nueva rúbrica en la perspectiva financiera. En cambio, pensamos que sería ventajoso que se aclarara en las estructuras de las perspectivas financieras que hay distintos instrumentos disponibles para la política exterior y también para la ayuda al desarrollo. Al mismo tiempo, al garantizar la cobertura financiera en el fundamento jurídico, protegeríamos la financiación, impidiendo que las ventajas de la sinergia dieran lugar a una reducción de los recursos disponibles.
En la comunicación publicada hoy, la Comisión ha llegado a proponer que la evolución futura de la ayuda del FED debería venir determinada por la evolución económica general. Esto representa una afirmación positiva, que también debe considerarse en el contexto de los compromisos realizados en Monterrey. La parte de la ayuda al desarrollo que se financia desde el presupuesto, o que lo hará en el futuro, es desde luego tan solo una pequeña fracción del 0,39% del PNB anual prometido, pero creo que esa fracción debería estar garantizada. Sin duda, no puedo predecir si esa cifra aumentará a raíz de las negociaciones financieras. 
El Presidente.
   Este punto del orden del día queda cerrado.
Puesto que el Consejo no está presente, suspendemos la sesión durante unos minutos.
El Presidente.
   – Puesto que el Consejo aún no puede asistir, propongo modificar ligeramente el orden del día y proceder a la pregunta oral (B5-0278/2003) de Klaus-Heiner Lehne y otros en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre las disposiciones en materia de mercado y las normas de competencia para las profesiones liberales. 
Lehne (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, quiero empezar dando las gracias al Comisario Monti por responder en tan breve plazo. Esto tiene la ventaja de permitirnos tratar las preguntas orales en una parte del orden del día algo más «prominente» que los debates a horas intempestivas. Estoy satisfecho de que las cosas hayan salido así. De hecho, esta pregunta oral está relacionada con un asunto muy importante, que es el hecho de que durante muchos siglos los Estados miembros de la Unión Europea han desarrollado profesiones liberales, que se espera que desempeñen ciertas funciones específicas. Por ejemplo, los abogados deben administrar justicia, y entre las obligaciones de un notario se encuentra la de redactar instrumentos públicos, mientras que algunas profesiones tienen que cumplir normas profesionales muy específicas, como es el caso de los profesionales médicos, farmacéuticos y muchas otras profesiones liberales en que existen reglas similares y estructuras especiales.
Permítanme decir que en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior hemos estado algo preocupados por ciertos desarrollos en la política de la Comisión sobre las profesiones liberales durante años. Por ejemplo, pienso en el debate que celebramos hace algunos años sobre la Directiva sobre blanqueo de dinero. Siempre tenemos la impresión de que la Comisión incluye a los que quieren aplicar a las profesiones liberales todas las reglas que valen, por ejemplo, para los supermercados. Sin embargo, eso no funcionará, precisamente porque las estructuras profesionales tienen sus propias particularidades y estas profesiones también tienen obligaciones públicas especiales. Por ello requieren un tratamiento diferente de los participantes normales del mercado que compran o venden un producto dado.
En vista de los últimos acontecimientos –como, por ejemplo, el estudio del Instituto de Estudios Avanzados de Viena, que salió hace unos meses– queremos saber el modo en que la Comisión piensa abordar este asunto en el futuro. En realidad, hemos oído que la Comisión pretende realizar una amplia consulta a todos los sectores implicados en la cuestión, y naturalmente a nosotros también nos interesaría saber los pasos que va a dar la Comisión después del ejercicio de consulta. Las preguntas que hemos presentado se centran en este aspecto, y creo que sería de gran ayuda si el Comisario Monti también pudiera adoptar una postura clara con respecto a este tema hoy en sus respuestas a estas preguntas orales. Esto podría poner fin a buena parte de la inseguridad existente entre las profesiones liberales y proporcionar claridad.
En nuestros debates sobre el orden del día, señor Comisario, ya hemos acordado que en el próximo período parcial de sesiones de Estrasburgo también queremos que el Parlamento haga lo que ya hicimos hace unos años, y que apruebe una resolución a este efecto. Eso debería darle una especie de vara de medir para juzgar las opiniones de esta Cámara sobre la delicada cuestión de las profesiones liberales. 
Monti,
   Señor Presidente, Señorías, la Comisión reconoce plenamente el papel que pueden desempeñar las profesiones liberales haciendo la economía de la Unión Europea más competitiva, y ayudando así a alcanzar los objetivos establecidos por el Consejo Europeo de Lisboa.
La Comisión cree firmemente que la indudable competencia de las profesiones y su capacidad para establecer relaciones de confianza mutua con sus clientes son factores vitales del éxito de los miembros de las profesiones liberales y generan un alto nivel de satisfacción entre sus clientes en Europa. Partiendo de esta base, la Comisión ha aprobado una serie de iniciativas concebidas, como ya se ha dicho, para garantizar la plena protección del interés general y especialmente para garantizar un alto nivel de independencia y de ética profesional en este sector. La reciente sentencia Wouters, de 19 de febrero de 2003, y la cuestión de la salvaguardia de los derechos de los clientes también son relevantes en este contexto.
En marzo de 2003 iniciamos un proceso de evaluación a fin de formar una visión general de la reglamentación de las profesiones liberales y sus efectos en los países de la Unión Europea. Este ejercicio tiene en cuenta dos aspectos: en primer lugar, precisamente porque las profesiones liberales tienen un impacto clave en la competitividad de otros sectores, es importante considerar las consecuencias económicas que la reglamentación puede tener en la producción y en la eficiencia, los niveles de precios y el empleo; en segundo lugar, como han dejado implícito los autores de la pregunta, es vital tener en cuenta los aspectos no económicos y en consecuencia evaluar apropiadamente la justificación de varios tipos de reglamentación. Si el resultado es que algunas de estas reglamentaciones van más allá de lo que se puede justificar objetivamente a fin de garantizar servicios de calidad, por una parte, y proteger los intereses del consumidor, por otra, la Comisión, y estoy seguro de que también los miembros de las profesiones liberales propiamente dichos, tendrán que hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse de que se revisen estas formas de reglamentación. Estamos analizando la contribución de las profesiones liberales y de los consumidores a este ejercicio de evaluación.
Señor Lehne, el 28 de octubre de 2003 se celebrará una audiencia de partes interesadas –la audiencia a la que usted mismo se ha referido– y confiamos en poder reunir en esa ocasión una amplia gama de opiniones de todos los sectores. Por supuesto que si cualquier diputado al Parlamento Europeo quiere participar, será más que bienvenido. Estoy seguro de que los debates serán de gran calidad, y que nos permitirán alcanzar una mayor comprensión de la forma de operar de las profesiones. Si desean participar, sus opiniones mejorarán sin duda la calidad del debate.
Por último, señor Presidente, quiero recordarle a la Cámara que, a propuesta de mi colega, el Comisario Bolkestein, la Comisión aprobó el 7 de marzo de 2002 una propuesta de directiva sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, cuyo objetivo principal, en vista de las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, es consolidar las 15 directivas existentes en este ámbito e incrementar la movilidad de las cualificaciones. Esta propuesta está actualmente en la primera lectura de esta Cámara. Sin abordar la cuestión de las cualificaciones profesionales, que sigue siendo un ámbito en el que la competencia primordial corresponde a los Estados miembros, la propuesta tiene por objeto facilitar el suministro de servicios a clientes en cualquier otro Estado miembro por parte de miembros de profesiones liberales con una cualificación de un Estado miembro dado. Al mismo tiempo, la Comisión está explorando –en un contexto más amplio y en línea con la estrategia del mercado interior de servicios financieros– un enfoque coherente para superar los obstáculos persistentes a la prestación de servicios transfronterizos, con la excepción de los relacionados meramente con el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Sin duda, si la Comisión presentara una nueva propuesta en este ámbito que también incluyera los servicios transfronterizos prestados por miembros de profesiones liberales, tendría en cuenta los objetivos de interés general que están en juego, y especialmente la especial importancia de la independencia y de la ética profesional para estas profesiones.
A modo de conclusión, reiterando su compromiso de respetar los reglamentos y la propia reglamentación restrictiva que se aplica a las profesiones liberales, y que puede justificarse por motivos de interés general, la Comisión cree que tiene el deber de redoblar sus esfuerzos por crear unas condiciones equitativas para los profesionales cualificados, a fin de incrementar la movilidad transfronteriza y promover la competencia saludable, en interés tanto de las profesiones propiamente dichas como de los consumidores. Si me permite usar su propia expresión, señor Lehne, todos sabemos que las reglas de los supermercados no son ni apropiadas ni suficientes en este terreno. Sin embargo, este es un sector muy especial que pensamos que podría beneficiarse de una revisión importante de su marco reglamentario existente. 
Gargani (PPE-DE ).
   Señor Presidente, la relación entre el mercado libre y las profesiones liberales no es directa, como ha dejado claro el Comisario Monti. Como sabe, el Sr. Lehne, el Sr. Zappalà y otros diputados han estado trabajando en mi comisión durante más de un año sobre una directiva relativa a las cualificaciones profesionales, y por ello estamos muy familiarizados con la naturaleza específica y excepcional de las profesiones liberales.
Los miembros de las profesiones liberales prestan un servicio independiente basado en un nivel altísimo de conocimientos que es difícil valorar. Por esta razón, las actividades profesionales están reguladas por un código ético que incluye las relaciones entre profesionales, entre los profesionales y sus clientes y entre los profesionales y la sociedad en su conjunto. El comportamiento de los profesionales está regido por un marco ético que incluye sus obligaciones precisas y las exigencias del servicio determinado por los propios profesionales, y este marco ético representa, por consiguiente, el primer paso hacia un reglamento en lo que a interpretación y aplicación se refiere.
Un sociólogo de los Estados Unidos, Fredson, demuestra en su trabajo que el sistema de las profesiones corresponde a la ética del trabajo, que tiene que alcanzar un equilibrio justo –y en esto estoy de acuerdo con el Comisario Monti– entre los beneficios y la aplicación de las reglas, que son la impronta particular del mercado y de la burocracia. Esto es en sí mismo excepcional. Los miembros de las profesiones liberales necesitan que se les otorgue un estatuto especial a fin de mantener este equilibrio tan delicado y difícil, no solo en su propio interés, sino también en interés de la sociedad en su conjunto. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales, en su artículo 15, sobre la libertad de elegir un empleo, estipula que todos tienen derecho a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada, y la libertad de elección de un empleo es diferente de la libertad de empresa. 
Como se afirma en el Tratado, Comisario Monti, la misión de interés general de las profesiones liberales también puede justificar ciertas limitaciones de las reglas de la competencia. Por esta razón, la legislación y el marco ético reglamentario pueden prever las excepciones de la ley de la competencia en casos específicos: en relación con los honorarios profesionales, que pueden ser obligatorios, ya que es el Estado el que los establece; en cuanto a un enfoque integrado del ejercicio de la profesión; en relación con la publicidad, donde puede que los códigos éticos descarten la posibilidad de que los profesionales juzguen a otros; en cuanto a la pertenencia a los regímenes de la seguridad social; en cuanto a la pertenencia obligatoria a fondos de pensiones, que se acepta; y en cuanto a los derechos exclusivos para ciertas profesiones reglamentadas.
Cuando se ha dicho y hecho todo, señor Presidente, las reglas necesarias para cada profesión específica a fin de garantizar la imparcialidad de esta profesión, la competencia, la integridad y la responsabilidad sobre los fondos no se consideran un obstáculo a la competencia. Por lo tanto, las actividades de las profesiones liberales deberían garantizar que los profesionales y los servicios que prestan ayuden a ofrecer soluciones positivas a los retos a los que nos enfrentamos, protegiendo así el interés general de la sociedad. Las normas redactadas por las asociaciones profesionales bajo su propia responsabilidad, a fin de mantener la calidad del servicio prestado, garantizan el cumplimiento de dichas normas de acuerdo con las convenciones de profesionalidad y ética profesional.
En consecuencia, pienso –y esto refleja la afirmación del Comisario Monti– que de esta manera, y únicamente en virtud del delicado equilibrio que tenemos que encontrar entre beneficio y ética, puede establecerse una relación justa entre el mercado libre, la competencia, la reglamentación y la ética en general. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, los oradores que me han precedido han puesto de relieve las especialidades de las profesiones liberales y la necesidad de una reglamentación diferenciada. Ahora bien, como ha puesto de relieve el Comisario Monti, esta reglamentación diferenciada tiene que hacerse en un mercado libre, en el que normalmente los clientes tienen la posibilidad de escoger a sus profesionales y pueden, además, esperar ciertas normas de comportamiento.
Habría que evitar un peligro: el de mantener las organizaciones profesionales en materia de profesiones liberales como una especie de entidades medievales, en las que sea muy difícil entrar, y sobre todo que ese tipo de organizaciones profesionales impida que exista la libre circulación de personas dentro de la Unión Europea. Es decir, los dos objetivos, el de libre acceso de los clientes o de los usuarios a los profesionales liberales de cualquier país de la Unión, con derecho, además, a tener un régimen de carácter general, y el derecho de acceso de los profesionales de un país a otro de la Unión Europea tienen que garantizarse. Y dentro de esto, las reglamentaciones específicas de las profesiones liberales deberían ir dirigidas, en primer lugar, a garantizar la propia disciplina de las profesiones. En muchos casos, esto no es así. Y sería un poco gratuito por parte de la Comisión suponer que el funcionamiento de las profesiones está garantizado por las organizaciones profesionales, y luego nos encontráramos con que, en muchos casos, los niveles éticos de las profesiones en cuestión no están realmente regulados dentro de esa profesión. Y muchos conocemos ejemplos en todas las profesiones liberales.
Por tanto, yo creo que el Comisario ha hecho un análisis muy equilibrado, y además tengo que felicitarle por su iniciativa de realizar una audiencia con participación de personas de diferentes sectores, que espero que no sólo sean los propios miembros de las profesiones, sino también representantes de otros sectores -sectores industriales, usuarios, consumidores-, al objeto de que todos los aspectos se tengan en cuenta.
En definitiva, yo creo que hará falta una nueva reglamentación, una reglamentación algo especializada, de las profesiones liberales, pero esa reglamentación no debe ir en contra de las normas generales de la Unión Europea. Como ha dicho el Comisario Monti, no se trata de un supermercado -uno no puede ir a un supermercado a comprar los servicios de un médico-, pero, dentro de la situación de mercado, también los clientes tienen derecho a beneficiarse de la posibilidad, por ejemplo, de competencia en un sector donde haya más oferta de profesionales que demanda de profesionales. El mecanismo de oferta y demanda puede actuar incluso como elemento de selección, en el sentido de que normalmente los clientes irán a aquellos profesionales liberales que les ofrezcan las mejores condiciones, incluyendo las condiciones de remuneración. Pero si se establece una reglamentación demasiado cerrada, si las condiciones de acceso de los clientes son demasiado estrictas, el cliente se va a encontrar realmente prisionero de la existencia de esas organizaciones y de los precios que estas fijen, y ni siquiera tendrá la posibilidad de recurrir contra ellas.
Por lo tanto, yo creo que el Comisario ha planteado muy bien el problema: hay que buscar un equilibrio para que las exigencias especiales de estas profesiones -para las que todos queremos unos niveles éticos muy altos, que los primeros que deben preocuparse de mantener son probablemente los propios profesionales liberales a través de sus organizaciones-, no redunden en perjuicio del cliente, en perjuicio del consumidor, en perjuicio del usuario. Éste debe tener derecho a acceder a las normas jurídicas y a las instancias jurisdiccionales y administrativas, al objeto de garantizar que los servicios tengan la máxima protección y que, dentro de esas exigencias que han señalado el señor Gargani y el señor Lehne, se pueda garantizar una libre competencia, tanto dentro de cada uno de los países de la Unión como a través de las fronteras de la Unión.
Della Vedova (NI ).
   Señor Presidente, señor Comisario, cada vez que alguien reclama la liberalización y habla de la necesidad de impulsarla, sus oponentes plantean la cuestión de la especificidad. Cuando se discute la liberalización de un sector que proporciona un servicio público, la gente dice que el sector en cuestión tiene una naturaleza específica que ha de tenerse en cuenta y que significa que las reglas del mercado que se aplican a otros sectores económicos e industriales no pueden aplicarse a este sector en particular. Esto también se puede decir de las profesiones liberales: todas las profesiones tienen sus propias características específicas. Pero el distintivo de las profesiones liberales en Europa, y especialmente en países como Italia, es que son las menos liberalizadas de todas.
Como ve, señor Comisario, cuando la gente dice que es necesario alcanzar un equilibrio, estoy plenamente de acuerdo, siempre que reconozcamos que actualmente no existe equilibrio alguno, que hoy en Europa las llamadas profesiones liberales están basadas de hecho en colegios profesionales cerrados que ejercen un monopolio colectivo defendiendo el beneficio y creando obstáculos para los jóvenes que quieren entrar en estas profesiones. A modo de ejemplo, permítanme mencionar la asociación de periodistas. No hace mucho, un periodista francés bastante conocido y con gran experiencia profesional vino a Italia cuando su editorial compró varios periódicos italianos y fue nombrado editor de uno de esos periódicos. La asociación de periodistas italianos se rebeló y se aseguró de que esta persona, un francés, no pudiera ejercer la misma labor en Italia.
La liberalización de los servicios profesionales, tal y como exigen las autoridades antimonopolio, es necesaria para ayudar a hacer más competitivos muchos de los sectores industriales de Europa, los sectores que dependen más de la necesidad de tener una base de capacitación y de ser competitivos en los mercados internacionales.
Acojo con satisfacción la audiencia de octubre, siempre que, y permítanme repetirlo, esté claro que hoy por hoy el equilibrio solo puede alcanzarse en Europa si conseguimos aflojar la cerrazón y el yugo monopolista que representan los colegios profesionales. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, este debate me recuerda un poco al debate que celebramos en torno a los llamados servicios de interés general y leyes de la competencia. Aunque las profesiones liberales sin duda no son un supermercado –y aunque un supermercado como mercado no es un servicio de interés general en este sentido–, ambos sectores tienen cosas en común. En el caso de los servicios de interés general, acordamos que la ley de competencia, las normas de subsidio y el mercado interior implicaban que había espacio para las excepciones, a las cuales se aplicaría la subsidiariedad sobre la base de que puede demostrarse que poseen características de diferentes identidades y culturas y pueden definirse en función de las mismas. Creo que el principio básico de subsidiariedad –mirando a las distintas culturas e identidades y al trasfondo histórico de una situación dada– pueden aplicarse también en este contexto.
Como partidarios de la ley de la competencia, y no solo del Comisario Monti, también nosotros tenemos que ser coherentes. Por ello pienso que la aplicación de las normas de competencia de la Unión Europea para las profesiones liberales es razonable y debería ser apoyada, siempre que se tengan en cuenta las particularidades de este sector del mercado. Por ello me complace ver que la Comisión no cuestiona la existencia de las organizaciones profesionales.
Sin embargo, esto nos lleva al núcleo de la cuestión. Las profesiones liberales –abogados, notarios, ingenieros, arquitectos, médicos y censores de cuentas– tienen un carácter muy específico y han tenido un desarrollo histórico muy específico. Requieren altos niveles de cualificación y una relación especial de confianza con los clientes. No obstante, también se les distingue por el hecho de que el consumidor no tiene acceso a la misma información que los proveedores del servicio propiamente dichos. Estas características hay que tenerlas en cuenta.
Por lo tanto, creo que no se le puede permitir a la Comisión cometer el error de interpretar códigos de conducta profesionales como barreras a la libertad de circulación de los servicios. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con la Comisión en que la autorreglamentación no puede usarse como escudo contra el mercado y no debería situar a los consumidores en condiciones de desventaja. No obstante, no debemos simplificar excesivamente las cuestiones. El objetivo primordial de la autorreglamentación es garantizar la calidad del servicio por medio de normas éticas profesionales y evitar conflictos de intereses y publicidad engañosa.
Los grupos profesionales aceptan la responsabilidad de redactar códigos de conducta con el fin de garantizar la calidad del servicio, y dichos códigos de conducta establecen ciertas normas para asegurarse de que los profesionales se atienen a las normas y garantizan la ética profesional. Entiendo que los códigos de conducta profesionales son esenciales para garantizar la imparcialidad, la competencia, la integridad y la responsabilidad de los miembros de cada organización profesional y para la protección de los consumidores. El Parlamento y mi Grupo apoyan a las profesiones liberales por sus altas normas éticas, la seguridad que proporcionan a los consumidores, su competencia, imparcialidad e integridad, y pediríamos que este estatuto especial se tenga en cuenta debidamente al discutir la ley de la competencia para crear seguridad para todos.
Zappalà (PPE-DE ).
   Señor Presidente, hay dos cosas que debo decir a modo de introducción. En primer lugar, yo fui el ponente del informe del Parlamento sobre la propuesta de directiva a la que se ha referido el Comisario Monti. En segundo lugar, las distintas iniciativas del Comisario relativas a una serie de estudios de investigación, de datos estadísticos sobre estructuras de facturación y metodologías de comportamiento han despertado una gran alarma en Europa, y de modo especial en mi propio país.
Hablemos, pues, de las profesiones. Creo que todos necesitamos considerar lo que en realidad significa la palabra «profesión» y su impacto en el público. En términos generales, los profesionales –de los que hay varios millones en Europa– tienen contacto diario con casi todo el mundo. De alguna manera, velan por la seguridad, la salud y la libertad. Hay mucha confusión en general entre los distintos tipos de profesionales: los profesionales intelectuales son harina de otro costal en relación con los profesionales en general.
En cuanto a la competencia –y me temo que no tengo tiempo para entrar en detalles, tal como me gustaría hacer en ciertos aspectos–, en general significa discutir sobre un precio. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones como seguridad, libertad y salud, los servicios profesionales han de tener cualificaciones y niveles de educación fuera de lo normal, y en cualquier caso, que no están al alcance de todos. Sin duda, cuando hablamos de la competencia no podemos hablar en términos de precios, sino que deberíamos hablar en términos de calidad. La calidad es algo totalmente diferente, porque es la calidad la que asegura la salud, la libertad y la seguridad. Tal y como yo lo veo, esto no significa que podamos ignorar la cuestión de la competencia, simplemente necesitamos considerar la clase de competencia de la que estamos hablando. Por ejemplo, no se pueden comparar de ninguna manera dos piezas distintas de artesanía con dos operaciones distintas de cirujanos torácicos.
A modo de conclusión, señor Presidente, no creo que se deban hacer generalizaciones excluyentes. Los colegios profesionales no son de ninguna manera asociaciones cerradas; desempeñan una función en el terreno de la formación y el aprendizaje durante toda la vida, que proporciona seguridad a los consumidores. La legislación deficiente y que funciona mal que a menudo obliga a los colegios profesionales a actuar de manera no deseada no debería servir de excusa para abolir los propios colegios. 
Monti,
    Señor Presidente, quiero agradecer a todos los diputados este debate, en el que creo que se han concretado una serie de puntos muy valiosos.
Todos los ponentes han señalado, haciendo hincapié en diferentes aspectos, que las profesiones liberales están muy arraigadas en la historia –el Sr. Gargani ha hablado elocuentemente de esto– y que necesitamos alcanzar un equilibrio entre conceptos contrapuestos: autorreglamentación y reglamentación pública; consideraciones de mercado y ajenas al mercado; especificidad y, sin embargo, esfuerzos por generar una mayor movilidad en Europa. Se ha señalado, como he dicho, que necesitamos un equilibrio: este puede que sea el punto en que los intereses difieren, porque algunos –como el Sr. Medina Ortega y, en mayor medida, el Sr. Della Vedova– creen que el equilibrio actual no es el apropiado y que es necesario progresar mucho más; otros, más cautos, piden que se tenga más en cuenta la naturaleza específica de las profesiones liberales, y por tanto, que los equilibrios actuales no deben considerarse tan insatisfactorios.
Otro aspecto que parece haber surgido del debate es que necesitamos saber más, necesitamos aumentar nuestros conocimientos. Esta fue precisamente la razón del ejercicio de evaluación, basado en el estudio encomendado por la Comisión al Instituto de Estudios Superiores de Viena, que creo que complementa nuestros conocimientos en la medida en que examina los sistemas actuales de los 15 Estados miembros en cinco categorías diferentes de profesiones liberales e intenta realizar comparaciones. Sobre esta base, creemos que la audiencia, la Conferencia del 28 de octubre, en la que, como ha señalado el Sr. Medina Ortega, especialmente, participarán representantes de clientes y de las profesiones, puede ser útil. A este respecto, no debemos olvidar que los clientes de las profesiones se componen tanto de personas privadas como de empresas: sin duda, el impacto de la calidad, de las normas de conducta y también de los precios es, por tanto, significativo en términos de niveles reales de ingresos, del nivel de vida de los ciudadanos y de los costes de producción de las empresas.
Las situaciones en los Estados miembros difieren, como se deduce de este estudio. A este respecto, señor Karas, creo que la comparación que ha realizado entre la cuestión de las profesiones liberales y el tema de los servicios de interés económico general –, por decirlo más sucintamente– es muy interesante. De hecho, en ambos casos, tenemos que reconocer demandas que van más allá de meras consideraciones de mercado, y en ambos casos, creo que hay espacio, con la debida consideración de estas demandas, para intentar incrementar la competencia y la eficiencia.
Creo que la Comisión adopta un enfoque muy equilibrado de esta tarea. Observo, como ha hecho usted, señor Zappalà, que se ha disparado la alarma en una serie de Estados miembros. Me gustaría, si me lo permiten, aprovechar esta oportunidad para subrayar que esa alarma es infundada, por dos razones: en primer lugar porque –utilizando su expresión– nadie está intentando agruparlos a todos juntos; al contrario, el estudio en que se basa nuestro ejercicio de evaluación distingue, como he dicho, entre cinco categorías profesionales y 15 Estados miembros, precisamente a fin de evitar agruparlos a todos juntos bajo el mismo paraguas. En un debate preliminar en la prensa de una serie de Estados miembros se ha dicho que la Comisión Europea tenía la intención de optar por la liberalización incontrolada. Independientemente del hecho de que la Comisión tiene una tradición de cierta prudencia en sus iniciativas, creemos que, especialmente en este campo, sería necio partir del planteamiento de que no necesita cambiarse nada, aunque ninguno de nosotros plantea la liberalización incontrolada como una opción.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.(1)

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con la preparación del Consejo Europeo de los días 16 y 17 de octubre en Bruselas.
Quiero decir al Sr. Antonione que nos hacemos cargo de las enormes presiones a las que hoy ha estado sometido. A veces resulta muy difícil ajustarse a programas ambiciosos, incluso poniendo nuestra mejor voluntad y siendo lo más flexibles posible. Sin embargo, quiero hacer un llamamiento general al Sr. Antonione –y le ruego que lo transmita a sus colegas– a que dé la prioridad adecuada a la relación interinstitucional con esta Cámara. Les ruego que pongamos todo nuestro empeño en evitar que se repitan problemas desafortunados pero –en el caso de esta tarde– inevitables. 
Antonione,
    Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, antes de empezar quiero pedir disculpas por el retraso. Me han retenido obligaciones que tenía que llevar a cabo en nombre de la Presidencia italiana, a resultas de lo cual he llegado más tarde de lo previsto para el debate previsto en el orden del día. También quiero darle las gracias a usted, señor Presidente, y a los demás diputados al Parlamento, y también a la Comisión, por cambiar el orden de los debates y darme así la oportunidad de hablar ahora. Le puedo asegurar, señor Presidente, que haré todo lo que esté en mi mano para evitar que esto vuelva a suceder. Daremos, sin duda, prioridad absoluta a la relación entre las instituciones, como tiene que ser.
Agradezco al Parlamento Europeo la oportunidad de presentar a la Cámara los temas principales del orden del día del próximo Consejo Europeo, que se celebrará aquí en Bruselas los días 16 y 17 de octubre. En la mañana del 16 de octubre, antes de que se inaugure el Consejo Europeo, la Conferencia Intergubernamental celebrará su segunda reunión, a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, asistidos por sus Ministros de Asuntos Exteriores. La reunión del Consejo Europeo propiamente dicho comenzará a las cuatro de la tarde con la cumbre habitual de Jefes de Estado o de Gobierno y el Presidente del Parlamento Europeo.
Antes de presentarles los temas del orden del día del próximo Consejo Europeo, quiero decir algunas palabras sobre la cumbre especial de Jefes de Estado o de Gobierno que, como saben, tuvo lugar en Roma a principios de mes marcando la apertura oficial del trabajo de la Conferencia Intergubernamental.
Así, nos hemos embarcado en el segundo tramo del proceso constitucional que empezó con el trabajo de la Convención y el proyecto de Tratado Constitucional que ha redactado. Presidente Cox, permítame empezar mencionando su propia asistencia a la sesión inaugural, algo a lo que, como sabe, la Presidencia italiana concedió una importancia especial. Sus colegas diputados, el Sr. Hänsch y el Sr. Méndez de Vigo, participaron también en la primera reunión ministerial de la Conferencia Intergubernamental, que se celebró en la tarde del mismo día.
La cumbre de Roma confirmó básicamente nuestro entendimiento compartido de la naturaleza histórica de esta fase en el proceso de integración europea y la necesidad de proporcionar a la Unión ampliada unos cimientos constitucionales cohesivos y acordados mutuamente; estamos convencidos de que eso es esencial si queremos reforzar la cohesión interna de Europa e incrementar la credibilidad y la autoridad de su papel internacional.
La atmósfera de la primera reunión de la Conferencia Intergubernamental, a la que asistieron el Presidente y el Vicepresidente de la Comisión, como he mencionado anteriormente, el Presidente del Parlamento Europeo, además de los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, los Estados que van a acceder a la Unión Europea y los países candidatos, fue constructiva. Hubo un amplio consenso sobre el hecho de que los Estados miembros fueran responsables colectivamente ante la opinión pública de Europa de asegurar el éxito de la CIG en interés de la Unión ampliada y de sus Estados miembros. El hecho de que los Jefes de Estado o de Gobierno adoptaran la Declaración de Roma sin dificultades es la confirmación clara de que la adopción de un proyecto de Tratado Constitucional es un objetivo compartido y un paso vital para Europa.
Sin duda, hubo diferencias nacionales persistentes sobre aspectos específicos del proyecto de Tratado, aunque se confirmó la intención colectiva de adherirse a los plazos que establecimos en Tesalónica. La primera reunión ministerial de la CIG dio lugar a una mayor clarificación del calendario, la metodología y la organización del trabajo que la Presidencia italiana se propone realizar a fin de proporcionar a los Jefes de Estado o de Gobierno todos los elementos necesarios para que alcancen un acuerdo amplio en su reunión de los días 12 y 13 de diciembre de 2003.
Señor Presidente, Señorías, el próximo Consejo Europeo de Bruselas se centrará principalmente en resucitar la economía y la competitividad en aumento y en ciertos aspectos de la política de asilo y de inmigración europea, especialmente el tema de la gestión conjunta de las fronteras exteriores de la Unión y el control de los flujos migratorios.
El Consejo de Asuntos Generales celebró una discusión inicial sobre el proyecto de agenda anotada en su reunión del 29 de septiembre de 2003 y retomará el tema en su próxima reunión, el 13 de octubre, sobre la base de una versión actualizada del orden del día, que también reflejará las conclusiones de las reuniones de los Consejos de Justicia y Asuntos Interiores y Ecofin a principios de este mes y la reunión del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía el 9 de octubre.
Como es habitual en las cumbres, el Consejo Europeo de Bruselas también tratará temas internacionales de actualidad. El orden del día todavía se está ultimando, pero puedo decirles que tal y como están las cosas, la Cumbre abordará el tema de la situación en Oriente Próximo, tras los recientes y preocupantes hechos que se están sucediendo, la situación en el Iraq con vistas a la inminente Conferencia de Donantes y la situación en Irán, en el contexto de nuestros esfuerzos para poner fin a la proliferación de armas nucleares.
Como ya he mencionado, la Presidencia italiana tiene la intención de celebrar debates en la próxima reunión del Consejo Europeo para centrarse en la urgente necesidad de revitalizar la economía europea. No obstante, permítanme decir, acto seguido, que la Presidencia italiana no pretende solaparse con el Consejo Europeo de primavera. De hecho, en marzo de 2004, como está previsto, tendremos nuestra cita anual para revisar la aplicación general de la estrategia de Lisboa sobre la base del informe de la Comisión y las contribuciones de las distintas configuraciones del Consejo.
No obstante, la Presidencia italiana considera que el próximo Consejo Europeo de mediados de octubre se presentará como una oportunidad útil para el intercambio de opiniones y el debate político sobre un tema urgente y muy actual que representa un motivo de preocupación para todos nosotros y sobre el que convergen nuestras opiniones. En otras palabras, esperamos que la cumbre de octubre proporcione un ámbito para un debate sobre el crecimiento y el resurgimiento económico y sobre los instrumentos para aumentar la competitividad en un clima económico en el que la economía de Europa todavía está luchando por alcanzar las oportunidades de recuperación que son visibles en otras partes del mundo. También esperamos que las conclusiones del Consejo Europeo proporcionen sugerencias y compromisos para guiar el trabajo de las distintas configuraciones del Consejo en los próximos meses. De hecho, estamos convencidos de la necesidad de continuar con políticas macroeconómicas sólidas a la vez que se agilizan las reformas estructurales necesarias, se impulsa la inversión en infraestructuras y capital humano y se adoptan políticas económicas orientadas al crecimiento, la creación de empleo y la integración genuina de los nuevos Estados miembros en el gran mercado único. El Consejo Europeo debería sentar las bases de un programa que apoyara el crecimiento basado en una inversión incrementada significativamente en redes de infraestructura importantes y en proyectos de investigación y desarrollo, con una aportación más sustancial del sector privado.
Acogemos con satisfacción la reciente comunicación de la Comisión y las decisiones del Consejo Ecofin sobre la Iniciativa Europea para el Crecimiento. Pedimos al Consejo Europeo que impulse la economía de modo decisivo. El desarrollo de los proyectos de la red de transporte transeuropeo y la garantía de su puesta en marcha son cuestiones de cierta urgencia, no solo en respuesta a la ampliación y en interés de la integración entre los antiguos y nuevos Estados miembros, sino también a fin de eliminar los obstáculos y cuellos de botella que distorsionan actualmente el funcionamiento del mercado interior. 
Sobre este telón de fondo, el próximo Consejo Europeo va evaluar el nuevo plan propuesto por la Comisión para los proyectos RTE prioritarios y debería poder recomendar de manera clara y contundente que las propuestas se aprueben sin dilación. De hecho, pensamos que es esencial establecer unos plazos fiables para aplicar los proyectos a fin de estimular el crecimiento económico basado en el estímulo de la inversión e impulsar las expectativas de mercado y la confianza de las empresas.
El reciente corte de electricidad en Italia nos ha hecho a todos más conscientes de la urgente necesidad de completar la creación de un mercado de energía europeo totalmente integrado y de reforzar la seguridad de los suministros de energía, teniendo en cuenta también la fuerte independencia de los Estados miembros de la energía importada. El Consejo Europeo necesitará proporcionar directrices sobre una mejor integración de las redes europeas y el desarrollo de nuevas formas de cooperación energética con terceros países, especialmente con los socios mediterráneos, con vistas a la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Energía en Roma a principios de diciembre.
El refuerzo de la competitividad sigue siendo la clave para alcanzar los objetivos del crecimiento y la creación de empleo. La Presidencia italiana entiende la necesidad de utilizar los instrumentos adecuados, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para organizar un mercado genuinamente abierto y competitivo basado en el conocimiento, en el desarrollo industrial y en un sector de servicios diversificado y en continua expansión.
La inversión en investigación, las tecnologías avanzadas y el capital humano son vitales si queremos alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. Al Consejo Europeo se le pedirá que proporcione el impulso necesario, estimulando a los Estados miembros a que adopten medidas coordinadas para garantizar un progreso tangible hacia la inversión objetivo del 3% del PNB en investigación e instando a la industria y a todas las partes implicadas a que contribuyan a crear plataformas tecnológicas europeas en sectores competitivos clave de la economía de la Unión.
Por último, el Consejo Europeo también abordará la dimensión social en su trabajo y el papel vital que desempeñan los sistemas de protección social reforzando la competitividad de las economías de Europa. Sin embargo, los sistemas de protección social en Europa tienen que responder al reto de una población que envejece, así que mientras será necesario, por una parte, garantizar que la dimensión social se refuerza y se integra plenamente en las políticas económicas y de empleo de la Unión, por otra, es igualmente esencial diseñar políticas para reformar el mercado del empleo y abordar la cuestión de la población europea que envejece continuamente reformando los sistemas de pensión y beneficios para hacerlos sostenibles financieramente mientras, al mismo tiempo, se mantiene un alto nivel de protección social.
En pocas palabras, en la próxima reunión del Consejo Europeo, la Presidencia confirmará que el momento del lanzamiento de la iniciativa de crecimiento pretende emitir una señal fuerte de gobernanza económica sólida y confianza renovada en el potencial económico de Europa. Dada la presión económica actual, esa señal necesita oírse fuerte y clara si pensamos mantener el ritmo de aplicación de la reforma estructural de acuerdo con la agenda de Lisboa.
Antes de terminar, añadiría que –como he empezado diciendo– la Presidencia considera que puede que el Consejo Europeo también observe cierta evolución reciente con respecto a las directrices del Consejo Europeo de Salónica sobre las políticas de asilo e inmigración y, sobre todo, que puede que allane el camino a nuevas iniciativas conjuntas a escala europea. Por tanto, la próxima cumbre europea tendrá que confirmar que el control de los flujos migratorios es una prioridad y reafirmar el compromiso de la Unión de promover un equilibrio entre la gestión adecuada de la inmigración legal y los esfuerzos renovados por combatirla. Por ello esperamos que el Consejo Europeo solicite a la Comisión, al Consejo y a todos los Estados miembros que hagan todo lo que esté en su mano para facilitar y acelerar la conclusión de los acuerdos de readmisión, especialmente con los países de origen o tránsito de grandes flujos migratorios a la vez que confirma la importancia de una acción comunitaria efectiva en torno a la repatriación, a fin de dar credibilidad a la política europea relativa al combate de la inmigración ilegal.
Con la inminente ampliación de la Unión y la necesidad de realizar todos los esfuerzos para aumentar la seguridad de los ciudadanos de Europa, los Jefes de Estado o de Gobierno tendrán que subrayar una vez más que todos los Estados miembros –antiguos y nuevos– tienen un interés común en disponer de mecanismos efectivos para la gestión conjunta de las fronteras de la Unión, especialmente las fronteras marítimas. La importancia de la plena aplicación del plan de gestión de las fronteras exteriores de la Unión debería confirmarse de nuevo y debería invitarse a la Comisión a que presentara lo antes posible una propuesta de establecimiento de una agencia de gestión de fronteras.
Por último, el Consejo Europeo solicitará al Consejo que complete su trabajo sobre la propuesta de directiva en materia de asilo lo antes posible y acogerá con satisfacción el estudio emprendido por la Comisión sobre el establecimiento de cuotas nacionales, instando a los Estados miembros presentes y futuros a que cooperen plenamente con la Comisión a ese efecto.
Prodi,
   .  Señor Presidente, señor Antonione, Señorías, los días 16 y 17 de octubre el Consejo Europeo va a abordar las cuestiones del refuerzo de la zona de libertad, seguridad y justicia y la revitalización de nuestra economía. Hoy me gustaría centrarme en estos dos ámbitos clave.
La inmigración dejó de ser una cuestión puramente nacional hace algún tiempo. Se transformó drásticamente en una cuestión europea cuando los crecientes flujos de inmigrantes y el aumento del crimen asociado hizo sonar la alarma en todos los Estados miembros. La gestión de nuestras fronteras debe, por tanto, convertirse en una tarea compartida que abordemos juntos en interés de todos. La inminente ampliación extenderá las fronteras de la Unión y los nuevos Estados miembros serán casi totalmente responsables de ellas.
Solos, los nuevos países no están en condiciones de gestionar esta ardua tarea, que incluye no solo la vigilancia sino también –y quizás, sobre todo– la planificación política y social. Nuestra conciencia social humana nos dice que el tráfico ilegal de seres humanos y los viajes esperanzadores realizados en condiciones infrahumanas no pueden tolerarse. Al mismo tiempo debemos abordar la cuestión de los flujos migratorios resueltamente y coordinar la gestión de nuestras fronteras comunes. El Consejo Europeo de Salónica mostró el camino, subrayando la necesidad de intensificar la aplicación del programa de Tampere, especialmente en relación con una política común europea de asilo y migración. En el próximo Consejo, la Comisión cumplirá el mandato que le asignó el Consejo Europeo presentando una serie de medidas con vistas a completar la política común.
Como movimiento inicial, la idea de establecer una agencia para la gestión y la coordinación operativa de los controles de fronteras está actualmente siendo considerada y el Consejo tomará una decisión sobre ello a finales de año. La agencia no sustituirá a los guardias fronterizos nacionales. Sus tareas incluirán la organización de operaciones horizontales como análisis de riesgos, formación, investigación y la adquisición de equipos para prestarlos a los Estados miembros. Se ha llevado a cabo un estudio especial sobre las fronteras marítimas a fin de incorporarlas a la organización general de las fronteras exteriores de la Unión. La Comisión también propondrá la introducción de métodos de identificación biométrica para visados y permisos de residencia que se incorporarán posteriormente a los sistemas informáticos más importantes, particularmente la segunda generación del Sistema de Información de Schengen. También estamos preparando iniciativas con el fin de hacer los pasaportes más seguros. Sin embargo, al abordar esta cuestión tan sensible, siempre tendremos en cuenta que la necesidad de seguridad y de control no debe poner en peligro el derecho de nuestros ciudadanos a la privacidad.
La cuestión más apremiante es sin duda la cuestión de los flujos migratorios. Los inmigrantes legales son una fuente humana, cultural y económica que debemos acoger e integrar en nuestras sociedades de la mejor manera posible, con el debido respeto de su dignidad. Una política activa en materia de inmigración económica e integración ha de tener en cuenta la situación del país de procedencia del inmigrante, nuestras necesidades económicas y sociales y nuestra capacidad efectiva de integrar a los recién llegados.
Sin embargo, también es nuestro deber combatir la inmigración ilegal. En los próximos meses tendremos que centrarnos en dos instrumentos: acuerdos de readmisión y políticas de regreso. Tal y como solicitó el Consejo, la Comisión ha entablado negociaciones con terceros países para establecer procedimientos de readmisión para ciudadanos que han entrado ilegalmente en la Unión Europea. Aunque se han realizado grandes esfuerzos, estas son negociaciones difíciles porque la Comisión tiene que convencer a terceros países no solo de que readmitan a sus propios ciudadanos, sino también de que permitan a estos ciudadanos pasar a través de estos países en el camino de vuelta a otros Estados.
Nuestra experiencia nos enseña que las negociaciones solo tendrán éxito si se llevan a cabo en un marco más amplio y si podemos poner sobre la mesa una serie de incentivos. Por ejemplo, en el acuerdo de Estatuto de Destino Autorizado que concluimos tan solo la semana pasada con China, que incluye una cláusula de readmisión, las consideraciones económicas tenían un papel significativo. Algunos dirán que no debería haber sido así, pero así es como están las cosas.
El otro punto importante es la necesidad de ofrecer a nuestros países socios cuotas de inmigración garantizadas, preferiblemente en el contexto de negociaciones que incluyan la cooperación económica, la ayuda al desarrollo y el acceso a los mercados. De hecho, es esencial que los Estados miembros faciliten nuestra posición negociadora para que podamos alcanzar acuerdos justos que ayuden a crear el clima necesario de cooperación y confianza con los países socios.
Todas las fases de cualquier política de regreso deben estar financiadas adecuadamente. Para asegurar que las operaciones son eficaces y que están siendo dirigidas con total respeto por la dignidad de las personas en cuestión, en otoño la Comisión propondrá la creación de un instrumento financiero especial para financiar los regresos durante el período 2004-2006. Sobre la base de esta experiencia, estaremos en condiciones de incluir un auténtico Fondo Europeo de Repatriación en la nueva Perspectiva Financiera que entrará en vigor en el año 2007.
Hoy nos encontramos con que tenemos que enfrentarnos a flujos migratorios en los que es difícil distinguir entre refugiados en busca de asilo y emigrantes económicos: los dos se confunden muy a menudo. Por lo tanto, debemos ofrecer protección a los que la necesitan al mismo tiempo que regulamos el acceso de los demás de manera organizada. Sin embargo, antes que nada necesitamos reforzar la institución del asilo, que es parte integral de nuestra tradición humanitaria, pero que parece estar recibiendo multitud de críticas por parte de la opinión pública en muchos países. Para aplicar las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica de aquí a finales de año, la Comisión completará la primera fase del desarrollo del sistema común de asilo acordado en Tampere adoptando las dos directivas que todavía no están en vigor: una sobre procedimientos y otra –un documento complejo pero importante– sobre la definición de refugiado.
Señor Presidente, Señorías, a continuación pasaré al otro tema importante que va a abordar el Consejo de Bruselas: como ayudar a reavivar la economía de Europa. Ni que decir tiene que los dos últimos años no han producido señales alentadoras de nuestra economía. El panorama actual es de un crecimiento débil, falta de confianza por parte de particulares y empresas y bajos niveles de inversión. No obstante, algunos indicadores recientes sugieren que estamos a punto de doblar la esquina –esperemos que así sea– y que el actual período de depresión puede que esté, por fin, prohibiendo las tensiones en la política internacional.
Las condiciones económicas subyacentes (los fundamentos) son buenas porque los Estados miembros se han aferrado a las normas y se han comportado de modos menos divergentes, especialmente tras la introducción del euro, y gracias a un incremento de la conciencia de la necesidad de aplicar las reformas estructurales acordadas en Lisboa. Por ello, debemos dar a nuestra economía un nuevo impulso. A este efecto, la semana pasada la Comisión adoptó la Iniciativa Europea para el Crecimiento, que se va a presentar al Consejo para su aprobación. La Iniciativa está basada, sin duda, en la estrategia de Lisboa sobre inversión en redes y conocimientos. Sin embargo, su objetivo es movilizar fondos públicos adicionales y, sobre todo, nuevos fondos privados a corto plazo para financiar proyectos de infraestructura a escala europea e impulsar la investigación y la innovación.
El mensaje para los ciudadanos es, por tanto, que estamos sentando las bases prácticas para las mejoras estructurales a largo plazo para nuestra competitividad. Una red europea de transportes y comunicaciones es esencial para integrar mejor nuestras economías y para aumentar la cohesión. Demostrando nuestra determinación, enviaremos una clara señal de que la Unión por fin es capaz de tomar decisiones económicas que ya no pueden posponerse.
Las nuevas oportunidades de mercado garantizadas por el compromiso financiero de los Estados miembros y el sector privado animarán, a su vez, las aportaciones directas por parte de empresas europeas. Los efectos directos de las inversiones en los proyectos se verán tan pronto como se comience el trabajo en la obra, que en la mayoría de los casos podría ser muy pronto.
La Iniciativa que presentamos hoy se ha beneficiado de la experiencia adquirida en iniciativas anteriores e intentos de resolver problemas que han causado retrasos en el pasado. El marco de esta estrategia, la semana pasada la Comisión aprobó un paquete que incluye 29 proyectos transeuropeos de envergadura que conllevan una inversión total de unos 220 millardos de euros de aquí al año 2020.
Este es el panorama general de lo que debe alcanzarse si vamos a dotar al mercado único de una infraestructura eficaz para hacer nuestra economía más competitiva. Sin embargo, queda claro que solo ciertos proyectos estarán listos para ser aplicados en un futuro próximo. La Comisión dará al Consejo Europeo indicaciones sobre el plazo para completar los trabajos enumerados a fin de que los Jefes de Estado o de Gobierno puedan centrar todos sus esfuerzos en el impulso de la economía a corto plazo y contribuyan a ello al máximo posible.
Aunque la Iniciativa busca una inversión mayor del sector privado, todavía existe claramente un papel clave para la financiación pública. Esto hace que el equilibrio, y sobre todo la calidad del gasto público sean totalmente cruciales. Debemos dirigir la inversión hacia el crecimiento. Para aumentar el efecto y acelerar de este modo la finalización de los trabajos, proponemos un incremento de la contribución del presupuesto comunitario de un 10% a un 30% para los aspectos transfronterizos de los proyectos de máxima prioridad. Esto permitirá movilizar más recursos del sector privado.
Sin embargo, también tenemos que darle un papel mayor al Banco Europeo de Inversiones. A este efecto, la Iniciativa propone darle un papel mayor aligerando la carga y compartiendo los riesgos financieros. También instaremos a los Estados miembros a que intensifiquen su inversión en investigación, desarrollo y conocimientos para alentar el desarrollo del capital físico y humano. Estas son las únicas recetas para mantener el empleo sostenible a largo plazo.
No puedo repetir bastante –retomando lo que ha dicho el Sr. Antonione sobre el nivel de investigación insuficiente– que la supremacía en la competencia internacional se alcanza mediante la innovación, los centros de excelencia y el desarrollo y transmisión de información y conocimientos. También necesitamos hacer más en términos de aprendizaje y la formación durante toda la vida de nuestros ciudadanos. Además de los grandes esfuerzos que están realizando en el ámbito de la reforma estructural, los Estados miembros también tendrán que acelerar su labor en estos campos, aprovechando los recursos comunitarios como el Sexto Programa Marco, la reserva de rendimiento y la revisión intermedia de los Fondos Estructurales en el año 2004.
Señor Presidente, Señorías, debemos conectar los centros de investigación más importantes de Europa, apoyar sus actividades y hacerlos atractivos para los académicos y científicos de todo el mundo. No hay nada a este efecto: tenemos que tomar la decisión de proporcionar a Europa los mejores centros de excelencia del mundo, de otra manera nuestros hijos perderán el entusiasmo por la investigación y la innovación. Debemos centrarnos en la innovación técnica y científica y en los modos de ayudar a los fabricantes a convertir la innovación en nuevos procesos y productos.
Estos son escenarios en los que ganaremos o perderemos nuestra prosperidad futura, nuestra influencia en la escena internacional y nuestra capacidad de defender los intereses de Europa y plantear sus valores en el mundo. Por lo tanto, debemos encontrar la voluntad política de alcanzar este reto y avanzar resueltamente hacia el objetivo que sé que ustedes también están luchando por alcanzar.
Poettering (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, este debate ha empezado mucho más tarde de lo previsto, y quiero disculparme porque en cuanto termine de hablar tendré que marcharme para asistir a otro compromiso importante. Esto hasta ahora no lo he hecho nunca. Sé que todos tenemos otros compromisos, y me comprometí a estar en otro sitio a las cinco de la tarde. Espero que no se repitan los retrasos de hoy.
La cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de la primavera de 2002 se propuso expresamente un objetivo muy ambicioso: crear la economía más competitiva del mundo. Esta afirmación siempre me recuerda a Nikita Khrushchev en las décadas de 1950 y 1960 cuando la Unión Soviética quería superar a los Estados Unidos. Sabemos cómo terminó aquello. Un lenguaje un poco más moderado nos facilitaría algo la situación actual, caracterizada por la falta de progreso.
Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos de que la economía de Europa se hace más competitiva. Para que esto suceda, hay que cumplir primero dos condiciones clave. Una es la reforma de nuestro sistema social, y la otra es una mayor flexibilidad de los mercados de trabajo. Afortunadamente, la gente está viviendo más, pero esto también representa un reto masivo para nuestro sistema social. Nuestro grupo piensa firmemente que tenemos que introducir más independencia y autosuficiencia en nuestros sistemas sociales. Tenemos que hacer el mercado de trabajo más flexible, porque si se queda como está, si mantenemos el , la gente sin trabajo se verá especialmente perjudicada, y esta es la gente que queremos que vuelva al trabajo.
Por lo tanto, nuestro Grupo quiere animar a los Gobiernos que están realizando un proceso de reforma profunda para abordar esta cuestión a que sigan, con el fin de proporcionarnos respuestas para el futuro que ofrezcan soluciones viables, genuinas para la generación más joven de hoy.
El mejor enfoque político del empleo para las empresas, y especialmente las empresas medianas, es una política tributaria moderada. Cuanto menos impuestos tengan que pagar las empresas, más querrán invertir en Europa. Hoy sabemos que nuestras empresas invierten fuera de la Unión Europea porque nuestro sistema económico actual es muy burocrático y a menudo tiene una fiscalidad muy alta. Por ello, solo nos queda animar las políticas que ofrecen lo mejor para las medianas empresas, con una transparencia máxima en los impuestos, a que demuestren que la inversión dentro de la Unión Europea merece la pena, más que forzar a las empresas, como ocurre cada vez más a menudo, a que inviertan fuera de la Unión Europea.
Mi colega el Sr. Karas, nuestro coordinador de política económica, a quien veo aquí, habló de Basilea II hace unas semanas. También tenemos que garantizar que Basilea II no dificulte la inversión de las medianas empresas. En cambio, tenemos que concluir acuerdos mundiales y organizar Basilea II de manera que sea posible que las medianas empresas se acojan a préstamos y los devuelvan con unas condiciones razonables.
Después está la cuestión de la burocracia europea y de sus complejidades autoinfligidas. Ahora me dirijo al Presidente de la Comisión. Esperamos con ansia las propuestas de la Comisión para la legislación sobre productos químicos. Pero si esta legislación sobre productos químicos implica que las empresas europeas vuelvan a invertir fuera de la Unión Europea debido a los miles de reglamentos existentes y abandonen el mercado europeo, entonces esto dará lugar a una mayor pérdida del empleo y, por consiguiente, a una Europa menos competitiva. Por ello, tengamos cuidado de no atar a la economía europea con más burocracia a través de la legislación nacional o europea.
Permítanme comentar brevemente la cuestión de la estabilidad del euro. Hay gente que cree que deberíamos ir mucho más allá del 3% establecido en Maastricht para nuevos préstamos. Yo sólo puedo desaconsejar ese paso. Si ahora entramos en préstamos nuevos, tendrán que ser devueltos, y el dinero utilizado para devolver los préstamos no estará disponible para las inversiones. Es la inversión la que crea empleo. Por esta razón el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos reconoce la necesidad de defender los criterios de estabilidad, aunque naturalmente reconocemos las dificultades a las que se enfrentan los Gobiernos nacionales.
El Presidente de la Comisión, y creo que el Presidente en ejercicio del Consejo han hablado de la importancia de hacer algo por la educación y la investigación. No podemos seguir permitiendo que más científicos jóvenes se vayan a los Estados Unidos y los perdamos nosotros. Esto representa una pérdida no solo de potencial humano sino también de potencial futuro para Europa. La cuestión debe abordarse de modo más directo.
Para concluir, quiero hacer un par de observaciones breves sobre las fronteras de Europa y la protección de las mismas. Es un tema muy importante, pero me pregunto si es necesario crear una agencia nueva de gestión fronteriza, como se afirma en el documento del Consejo Europeo. ¿No podemos solucionar los problemas utilizando las estructuras existentes? Solo estoy planteando la cuestión ahora. Permítanme también animar a la Presidencia a que no limite los debates de la conferencia sobre el diálogo mediterráneo de diciembre a la importante cuestión de las fronteras. Más bien, le pediría al Presidente en ejercicio del Consejo que considere también cómo podemos ayudar a los países a que se ayuden a sí mismos, especialmente esos países mediterráneos que no son miembros de la Unión Europea con el fin de impedir que la gente se meta en barcos para alcanzar las fronteras de la Unión Europea, que tienen como resultado las tragedias que seguimos viendo en el Mediterráneo.
Mis últimas palabras son una petición al Presidente en ejercicio del Consejo, que creo que accederá a ello. Me gustaría animar al Presidente en ejercicio a que haga todo lo posible por asegurar que la Conferencia Intergubernamental llegue a un acuerdo a finales de año. Por favor, no permita que se renegocien por completo todas las páginas de las propuestas de la Convención. Concéntrese en los tres o cuatro puntos clave. Le apoyaremos en sus esfuerzos por alcanzar un resultado, porque necesitamos una constitución europea. Una constitución europea es la base sobre la que esta Unión Europea, que pronto contará con 25 Estados miembros y 450 millones de personas, podrá tomar las decisiones que tiene que tomar, podrá actuar, ser democrática y podrá defender los principios parlamentarios. Así que permítame animarle a que centre sus esfuerzos durante la presidencia en la constitución. Es la máxima prioridad de este semestre.

Barón Crespo (PSE ).
    Señor Presidente, ante todo señor Presidente en ejercicio del Consejo, entiendo que la primera parte de su intervención es el cumplimiento del compromiso contraído por la Presidencia italiana de informar en cada sesión del Parlamento de lo ocurrido.
Yo quiero decir que las voces, especialmente la mía, que pedían que se diera un adecuado lugar a la representación del Parlamento, parece que han sido escuchadas, y se lo agradezco a la Presidencia italiana.
En relación con la primera sesión de la Conferencia Intergubernamental le tengo que decir, señor Presidente en ejercicio del Consejo - y usted me entenderá por su experiencia profesional -, que nos han tocado ustedes el trigémino, que es el nervio más sensible del cuerpo, como usted sabe muy bien. ¿Por qué? Porque lo primero que ha hecho la Conferencia Intergubernamental ha sido cargarse el Consejo legislativo, con alguna resistencia por parte de Alemania y Portugal, y eso es muy grave. Es muy grave porque se parte de un poder legislativo compartido y lo primero que hace el Consejo es liquidar algo absolutamente necesario que es fundamental en una democracia: legislar con luz y taquígrafos, públicamente. Parece que es un apéndice del Consejo y yo, desde luego, apoyo a nuestros dos representantes en la Conferencia Intergubernamental que se opusieron vivamente a esa tropelía. Además, le digo que el problema no lo tienen ustedes sólo con nosotros, lo tienen también con los Parlamentos nacionales, porque el desprecio mayor es a los Parlamentos de los Estados miembros.
Reitero mi petición de que la Comisión de Asuntos Constitucionales invite a todos los miembros de la Convención de los Parlamentos nacionales y les plantee este problema: cómo se puede liquidar en la primera sesión de la Conferencia Intergubernamental el Consejo legislativo.
Y dicho esto, me permitirá que concentre mis observaciones sobre el tema económico. Dejaré a mi compañera, Ana Terrón, el encargo de que se ocupe del tema de las fronteras. 
Parto de un hecho: de que la estabilidad es un bien público; nadie, ni las personas, ni las familias ni los Estados pueden vivir por encima de sus medios, y la política de estabilidad basada en la lucha contra la inflación es una política en defensa de la mayoría de la sociedad. Solamente los propietarios, y cuanto más grandes mejor, pueden sobrevivir e incluso beneficiarse de la inflación.
La estabilidad es una protección de los más humildes y el pacto de estabilidad es un objetivo imperioso, pero no hay estabilidad sin crecimiento. En estos momentos, el mayor peligro para la economía europea no es tanto la inflación como la deflación y, por ello, después de vivir tres años de una recesión blanda, todos los Estados miembros tienen que hacer frente a una situación en la que hay menos recursos, por lo que se ven en el círculo infernal de tener que endeudarse crecientemente o reducir gastos de inversión y, algunas veces, las dos cosas al mismo tiempo.
Parece que Europa ha escogido este último camino, que es el peor. Desde el final de la última década las inversiones públicas han caído en la Unión Europea alrededor de un 1% (los Estados Unidos están en un 3%). Según los datos de la Comisión, un 1% de inversión significa un crecimiento suplementario del 0,6%.
Hay que reconocer que los Estados europeos no han aprovechado los años de buena coyuntura. No han hecho la política de la hormiga: han hecho la política de la cigarra y no han reducido su endeudamiento, pero no es menos verdad que los Estados miembros no recuperarán el ciclo del crecimiento virtuoso si se limitan a inversiones de supervivencia, de mantenimiento, y van amputando el poder de compra de los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es una reforma inteligente del pacto para no caer en la denuncia de estupidez que se hizo. Sí, señor Presidente, yo recojo su expresión; ya sabe usted que es la única que no necesita ser traducida a ninguna lengua europea: la estupidez. 
Tenemos que ser más rigurosos en períodos de crecimiento fuerte: por ejemplo, la obligación de un presupuesto equilibrado a partir de un crecimiento del 3% o más, la obligación de utilizar todo lo que supere el 3% de crecimiento para proceder al desendeudamiento y dejar a los Estados de la zona euro una mayor flexibilidad para los gastos de inversión en una fase recesiva. Lo que no tiene sentido es mantener una talla única que no corresponde a la realidad económica de la Unión. Concretamente en este momento Alemania y Francia, con un endeudamiento de alrededor del 60% de su PIB, tienen mayor margen de maniobra que Italia o Bélgica que lo superan, que superan el 100% con mucho. Es decir, hay que tener en eso también, flexibilidad.
Y si fuéramos capaces de reacondicionar - algo que tendría que debatirse en el Consejo Europeo - el pacto de estabilidad y crecimiento, entonces vendría la segunda parte a la que todos hemos hecho referencia: esa fórmula de volver a una gran red de inversiones en redes transeuropeas completada también con inversiones en tecnología e investigación.
Esto ya se dijo en el Consejo Europeo de Essen hace 10 años. Con la ampliación nos encontramos con que de los 400.000 millones de euros pasamos a 600.000 millones de euros que ha identificado el grupo Van Miert en el horizonte de 2020. Ahora bien, no se hace nada. Vamos a paso de carreta. Se hace el diagnóstico y ¿qué es lo que se puede hacer? El Presidente de la Comisión ha propuesto - si he entendido bien - que haya una financiación que pase del 10% al 30% de los proyectos. Esto es un paso. El otro, ¿cuál puede ser? Puede ser un gran empréstito europeo, ¿por qué no?
Tenemos una capacidad de endeudamiento intacta, tenemos una zona euro en la que el 90% de los intercambios se hacen entre los países miembros. ¿Por qué no atrevernos a una política de relanzamiento, que no puede hacer ningún país individualmente, para que produzca resultados en todo el continente?
Nuestro presupuesto representa aproximadamente un miserable 1% del PIB comunitario. El déficit de los Estados Unidos para este año fiscal en curso equivale a 6 presupuestos de la Unión Europea. Yo no propongo que vayamos tan lejos como los Estados Unidos en el déficit pero, por lo menos, podríamos hacer un esfuerzo. Tenemos los medios, nos falta la voluntad.
Watson (ELDR ).
   – Señor Presidente, al acercarnos al primer Consejo Europeo de la Presidencia italiana y evaluar el progreso realizado hasta la fecha, el vaso de prosecco que la Presidencia ofrecerá la semana que viene ¿está medio lleno o medio vacío?
Si nos atenemos a la reunión inaugural de la Conferencia Intergubernamental en Roma me temo que esté medio vacío. Cuando los Estados miembros vuelvan a reunirse para discutir el proyecto de constitución de Europa, deberían recordar la caótica Cumbre de Niza y meditar sobre los costes del fracaso. Polonia y España deberían recordar que su intransigencia respecto de la reforma del sistema de votos ponderados en el Consejo constituye una política peligrosa, así como un error de cálculo.
Si las medidas de Niza hubieran sido satisfactorias, el Consejo no habría convocado una Convención. El sistema de voto por mayoría acordado en Niza es torpe e injusto. La Convención rechazó los inestables compromisos de Niza y propuso un sistema de votos más justo y transparente. La última vez que lo comprobé, los representantes de los Gobiernos español y polaco habían firmado el resultado de la Convención: ahora tienen que respetar su labor.
Asimismo, en otras cuestiones se han llevado a cabo duras negociaciones. El consenso impulsado por la Convención no se mejorará en Roma. Si destruimos la esencia del proyecto de Tratado, la CIG se prolongará hasta el 2004 y caerá en la farsa diplomática. Entonces Roma será realmente la ciudad eterna.
Respecto de la reforma económica y el Pacto de Estabilidad, las burbujas del prosecco se han evaporado hace mucho tiempo. Francia aún nos tiene que convencer de que se toma en serio sus responsabilidades. Si bien entendemos la reticencia de algunos Gobiernos de enfrentarse a Francia, un Pacto de Estabilidad sin dientes es como un dragón de papel echando llamas de oropel. Los ocho Gobiernos que han trabajado arduamente para seguir las normas –pagando a menudo un precio político considerable– tienen todo el derecho a estar consternados al ver que sus vecinos más grandes se toman la negligencia fiscal tan a la ligera.
La tendencia de la Presidencia italiana a reforzar la competitividad de Europa en el Consejo Europeo es positiva. Pero necesitamos ir más allá de las declaraciones audaces. Para mejorar y simplificar la legislación necesitamos una consulta adecuada y evaluaciones del impacto empresarial. Resulta frustrante que aún estemos tan lejos de alcanzar unas reglas del juego equitativas en materia de adquisiciones de empresas, y nos queda mucho por hacer para acordar un marco viable con objeto de alcanzar un mercado integrado de servicios de inversión antes de las elecciones europeas.
Mi Grupo acoge favorablemente la decisión que los Ministros de Hacienda han tomado esta semana de alejar la iniciativa de crecimiento de los proyectos de ferrocarril y carreteras y reorientarla hacia la inversión en innovación, lo que ayudará a cerrar el déficit de investigación europeo.
En el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores, la agenda del Consejo es más ambiciosa. El equilibrio que el Grupo Liberal intenta asegurar entre la lucha contra la inmigración ilegal y la creación de un sistema de inmigración legal gestionada parece estar esencialmente ahí. Apoyaremos a la Comisión en sus esfuerzos por crear una Agencia de Gestión de Fronteras. La nueva frontera europea del este será una de las más largas del mundo: es crucial que aunemos nuestra experiencia para vigilarla adecuadamente.
Por desgracia, la agenda exterior de la Unión no da pie a la celebración. El fracaso de Cancún tiene que redoblar nuestra determinación de asegurar la reforma de la OMC y alcanzar acuerdos comerciales que ayuden a los países más pobres. Europa tiene que insistir en que las Naciones Unidas desempeñen un papel principal a cambio de la internacionalización de la situación en el Iraq. Y los trágicos acontecimientos de la semana pasada en Oriente Próximo confirman la necesidad de que Europa y América permanezcan implicadas. Mi Grupo condena sin reservas los atentados suicidas en Haifa, pero insta a Israel a que acate la legislación internacional y responda proporcionalmente.
Una nueva Constitución, un Pacto de Estabilidad creíble, una economía revitalizada, una Europa segura y justa en un mundo más estable: estos serían los sabores de una añada verdaderamente excelente: .
Asimismo, pido disculpas al Consejo y a la Comisión por tener que marcharme antes del final de este debate. La reprogramación de este debate me ha colocado en este aprieto.
Wurtz (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, el Consejo Europeo se va a celebrar en un momento en el que Alemania, Italia y Portugal están sufriendo una recesión y Francia se dispone a seguirlos. Además de estos países, toda la zona euro está experimentando un descenso económico y, de muchos modos, también un descenso en protección social. Ahora hay tal abismo entre los supuestos beneficios de la realización del mercado interior y la introducción del euro y las realidades de todos los días de nuestros ciudadanos, que tenemos derecho a pedir una evaluación pública y pluralista genuina de las directrices que se han seguido y de los instrumentos de los que se ha servido la Unión para aplicar estas directrices.
No hace falta decir que la línea de acción que he recomendado no guarda relación alguna con la demagogia antieuropea de algunos líderes políticos –empezando por los de mi propio país, señor Watson– que utilizan la palabra para cubrirse a los ojos de sus electores. Estos líderes acusan a Bruselas con el fin de hacer olvidar a la gente que su propio Jefe de Estado negoció personalmente los Tratados y firmó el Pacto de Estabilidad. Solo se quejan de la severidad de los procedimientos en vigor cuando ellos mismos se enfrentan a un movimiento de resistencia poderoso y totalmente legítimo compuesto de trabajadores en sus propios países. Sobre todo, no cuestionan la mentalidad del Pacto de Estabilidad y todavía menos la de la institución Phare, cuyo pacto es, en última instancia, su guardaespaldas: el Banco Central Europeo. Su mandato y sus estatutos hacen que los del Banco Central parezcan los más liberales e intocables del mundo. Esto es precisamente por lo que creo que la evaluación que acabo de mencionar es tan necesaria.
Es verdad que cuando las economías son tan interdependientes, debe haber reglas comunes que deben cumplirse. Pero ¿qué reglas y con qué objetivos? Este es el quid de la cuestión. ¿Qué hemos sacado de este enfoque de atracción de capital en rivalidad con los Estados Unidos, a costa de una búsqueda permanente y casi obsesiva por reducir los costes salariales y revisar el gasto social? ¿Qué hemos sacado de este culto a la estabilidad de precios, en un momento en el que nuestras economías están sufriendo, no a causa de la inflación, sino de la deflación? ¿Se dan cuenta de lo que significa cada uno de estos delicados pasos adelante alabados por el Comisario Solbes para la vida de la gente? Hoy en Francia no son más que una buena marca, otorgada por la congelación del gasto público hasta 2007 e incluso su reducción –y esto incluye los presupuestos para los jóvenes, la educación, el trabajo, el alojamiento, el transporte, la investigación– a la mitad del gasto sanitario actual. Este es un futuro inaceptable para los franceses, y para los ciudadanos de Alemania, Italia, Portugal y cualquier sitio, y en mi opinión es francamente irresponsable haber obligado a los Estados miembros futuros a pasar de antemano por la terapia de choque –que consiste en realidad en choques sin terapia– en nombre de un acervo comunitario cuerpo aceptado de legislación comunitaria que resulta que no es aceptado de ninguna manera por millones de europeos.
Es verdad que existe una gran necesidad de transformación social, y por tanto, de cambio de políticas europeas. Sería maravilloso si el Consejo Europeo no estableciera un punto muerto sobre este claro estado de crisis y en cambio nos ofreciera diagnósticos y soluciones, seguidas de un debate real con nuestros ciudadanos. Un enfoque alternativo es que abordemos el tema de la política monetaria y por tanto el papel y los trabajos del Banco Central Europeo. La prioridad de la política monetaria y del BCE debe ser, en nuestra opinión, promover las capacidades humanas y por consiguiente, antes de nada, hacer el empleo y la formación más seguras para todos. Su tarea sería entonces hacer nuestros países mucho menos dependientes de los mercados financieros. La política debe controlar el mercado y no al revés. Por consiguiente, la idea de una política de crédito selectiva, que sería muy favorable para las inversiones que apoyan nuestras nuevas prioridades políticas pero una medida disuasoria para aquellas que no las apoyan, se enfrentaría a una genuina confrontación de opiniones. Este, en cualquier caso, es el tipo de debate que necesita celebrarse para permitir a los ciudadanos de Europa expresar sus opiniones sobre el proyecto de Constitución con pleno conocimiento de causa.
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, varios de mis colegas ya han llamado la atención sobre la precaria situación económica y también han solicitado que se preparen remedios estructurales. No obstante, estamos siendo bombardeados con informes conflictivos todos los días. Aquí en Bélgica, la gente ha sufrido un duro golpe debido al informe de esta semana que afirma que 3 000 trabajadores de Ford Genk van a perder su empleo. El hecho de que una reducción de las ventas de un modelo de coche específico pueda tener tal impacto que las inversiones potentes y prometidas hayan sido retiradas y que todo este empleo desaparezca de un plumazo, puede tener también implicaciones importantes para el resto de Europa. Hoy, el artículo principal de un importante periódico llevaba el siguiente título: ¿Va a desaparecer Ford de toda Europa? No quiero profundizar más en esto, pero todavía quiero pedirles que ofrezcan soluciones realistas que no creen la impresión de que el empleo es algo con lo que los capitalistas pueden jugar. La gente tiene la impresión de que se está abusando de ella.
La segunda preocupación expresada ha sido la de la paz. Saben que nuestra preocupación en torno a Oriente Próximo crece por días. Desde la guerra en el Iraq, la paz no se ha establecido. Queremos que Naciones Unidas y la Unión Europea desempeñen su papel allí, pero vemos con dolor cómo toda la región cree cada vez más que puede ofrecer soluciones militares. El hecho de que se esté erigiendo un muro, en parte en territorios ocupados, para aislar Israel de los palestinos, es una burla del propósito del plan escalonado. El hecho de que se estén planeando nuevas ocupaciones es una burla del plan escalonado. ¿Adónde lleva el plan escalonado? Es un camino que no lleva a ninguna parte. Debemos actuar. Debemos hacer un seguimiento de este plan sobre el terreno, y debemos asegurarnos de que no prosiga la escalada. Lo ocurrido tras el trágico ataque de Haifa, un ataque en el interior Siria, que lamentamos y denunciamos, simplemente invita a una nueva escalada militar.
La decisión del parlamento turco de enviar tropas al Iraq desde Turquía va en contra de los deseos de la población turca, pero ha sido adoptada bajo por presión norteamericana; también es contraria al deseo del Gobierno provisional y de los kurdos iraquíes, y supone claramente una amenaza para el PKK. La población turca teme, y con razón, que esto sea el comienzo de otra espiral de violencia. También el régimen iraní, a la vez que se encuentra con fuertes críticas de la opinión pública interna, se beneficia de la situación en el Iraq. Ellos son los ganadores. Están ganando más influencia sobre los creyentes chiítas, no solo en la sociedad, sino incluso en el Gobierno, y ahora presionan para destruir a los Muyaidines. Este es otro intento de forzar una solución militar, una solución falsa, en otras palabras, mientras seguimos hablando de una hoja de ruta hacia la paz. Pido a los países europeos, a la Comisión, a la Presidencia del Consejo, que ofrezcan respuestas a estas preguntas apremiantes. En estas circunstancias, ¿podemos seguir cooperando con Israel sin imponer condiciones? ¿Podemos seguir manteniendo el Acuerdo de Asociación operativo? ¿Podemos seguir haciendo la vista gorda ante la obvia presencia de armas nucleares en Israel, guardada en reserva como palanca política, pero también como coartada para poder declarar guerras convencionales más fácilmente? ¿No es allí donde deberíamos estar buscando las armas de destrucción masiva? ¿No debería intervenir el Organismo Internacional de la Energía Atómica y hacer su trabajo?
Por tanto, pido una postura menos resignada y más activa por parte del Cuarteto, y espero que todavía podamos frenar la expansión de la guerra y podamos de nuevo volver al camino de la paz. 
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, la próxima cumbre de los líderes de la Unión Europea se centrará principalmente en la economía. Al celebrarse inmediatamente después de la reunión del Consejo de Roma, es en sí misma una indicación clara de que nuestros líderes intentan tomar medidas para revitalizar la economía europea. La economía europea necesita que la revitalicen. Este año el crecimiento ha sido inferior al 1%, lo que supone a todas luces un resultado excepcionalmente malo.
Mientras que los fundamentos económicos siguen siendo básicamente sólidos, el crecimiento en el seno de la Unión Europea es sin duda lento y la confianza del inversor y del consumidor es muy baja. Realmente tenemos que responder a la pregunta sobre qué tenemos que hacer para dar un vuelco a la situación económica. Lo principal es, como han dicho algunos colegas esta tarde, que ha llegado el momento de actuar de forma decisiva. La Estrategia de Lisboa tiene que aplicarse en su totalidad en todas sus vertientes. La Unión Europea tiene que convertirse en la economía basada en el conocimiento más fuerte del mundo. Esto es imprescindible si queremos seguir siendo competitivos y atraer inversión extranjera directa a nuestra comunidad. Esto significa que tenemos que beneficiarnos plenamente de las nuevas tecnologías de la información que se están desarrollando. Asimismo, el beneficio de las nuevas tecnologías tiene que extenderse a todas las regiones de Europa y tanto a zonas urbanas como rurales.
Los líderes de la Unión Europea tienen que completar todos los componentes pendientes del plan de acción de los servicios financieros de la UE, así como crear unas reglas del juego equitativas para las fusiones y las adquisiciones de empresas.
La consecución de un mercado interior totalmente eficaz requiere la creación progresiva de un mercado integrado para el gas y la electricidad con objeto de reforzar la seguridad de suministro en Europa. Los líderes europeos tienen que promover iniciativas para garantizar que en el futuro se puedan pagar pensiones a una población que está envejeciendo.
A pesar de la naturaleza económica de esta cumbre, los líderes de la Unión Europea no pueden ni deben ignorar la escalada de violencia en Oriente Próximo. Creo que la Unión Europea puede intervenir en la negociación de un alto al fuego entre las diferentes facciones en Oriente Próximo y quisiera pedir encarecidamente al Gobierno italiano, al Comisario Patten y al Alto Representante, Sr. Solana, que continúen implicándose activamente en Oriente Próximo en este momento crítico.
Finalmente, sin duda habrá discusiones al margen de la cumbre respecto de las disposiciones del nuevo Tratado de la Unión Europea. Parece que las negociaciones a este respecto han empezado bastante bien durante el fin de semana y deseamos que la Presidencia italiana consiga presentarnos un paquete que beneficie a los ciudadanos de Europa. 
Bonde (EDD ).
    Señor Presidente, una nueva encuesta de opinión revela que, en la actualidad, solo la mitad de la población danesa ha oído hablar del proyecto de Constitución europea. El 78% quiere que siga habiendo un Comisario de cada país. Solo el 12% está dispuesto a renunciar a su representante. Por consiguiente, el Gobierno danés ha terminado por unirse al coro de los que demandan un Comisario de cada país. He recogido 123 firmas a favor de ello en la Convención. Porque no se trata de algo contemplado en el texto de la Convención, y demuestra el mal uso que puede hacerse de la palabra «consenso» cuando se abandonan los procedimientos democráticos normales, con sus propuestas, enmiendas y votaciones. Pero más vale tarde que nunca. ¿Nos confirmará ahora el Presidente del Consejo que es partidario de una Comisión formada por un representante de cada país con plenos derechos?
La siguiente demanda es que los propios votantes o los parlamentos nacionales sean los que elijan a sus Comisarios. Los representantes electos, que rinden cuentas a sus parlamentos nacionales, podrían informar –en el caso del representante danés, todos los viernes al Comité de Europa– de lo que hubieran hecho la semana anterior y lo que pensaran someter a votación la semana siguiente. Podrían informar a los ciudadanos y actuar como representantes electos de los votantes en el órgano que disfruta de un monopolio en la presentación de propuestas legislativas. Podrían ser representantes de sus electores en Bruselas, más que representantes de Bruselas ante sus electores. Su elección por los parlamentos nacionales no sería obstáculo para que los Comisarios rindieran también cuentas, como responsables de sus carteras, al Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros. Respecto a este punto, el futuro Tratado debe contener una clara definición de las responsabilidades de los Comisarios, que se corresponda con la responsabilidad ministerial habitual en las democracias civilizadas.
Un ministro o un Comisario tiene que ser también responsable de las cosas que escapen a su conocimiento. No podemos tener a un Solbes, que se niega a aceptar responsabilidad alguna porque ignoraba lo que estaba sucediendo en Eurostat. El Sr. Solbes es responsable de su gestión, tenga o no la culpa. Tiene que asumir la responsabilidad y, en el curso del proceso, asegurar que se pida cuentas a los culpables. Antes de la aprobación final de la Constitución en la Conferencia Intergubernamental, los ciudadanos deberían debatir todos los temas en ella tratados. ¿Cómo garantizará la Presidencia que el resultado no sea una sorpresa desagradable para la mayoría de los electores de nuestros países? 
Della Vedova (NI ).
    Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, dentro de unos días en Bruselas se debatirá el relanzamiento de la economía, y me preocupa que se termine reabriendo el debate sobre el Pacto de Estabilidad, sobre si ha tomado la dirección adecuada, para acabar siendo un debate entre los Estados que quieren aumentar el gasto y el déficit por encima de los compromisos adquiridos en dicho Pacto. Me temo que –lamento que sea una vez más– no habrá ningún debate sobre lo que la Unión Europea y las instituciones europeas podrían hacer para fomentar y contribuir al crecimiento económico de la Unión Europea.
Señor Prodi, hace poco más de un año, usted encargó a un grupo de expertos de alto nivel que realizara un estudio sobre una agenda para una Europa con una economía en expansión. En dicho estudio se hicieron algunas recomendaciones muy específicas, cabales e importantes sobre lo que la Unión Europea podría hacer para contribuir al crecimiento, en primer y principal lugar reorientando su propio presupuesto interno, el de las instituciones europeas: de hecho, tenemos que cuestionarnos también el uso que hacemos del presupuesto europeo y preguntarnos en qué medida contribuye al crecimiento económico. Este grupo de expertos –con la comisión presidida por André Sapir– hizo una propuesta muy clara: reorientar el presupuesto de las instituciones europeas, el 1,25% del PIB europeo, que es una cantidad pequeña, pero que está recibiendo un uso muy pobre y no sirve para contribuir al crecimiento europeo.
La recomendación era muy clara: hay que tomar una importante decisión política, y esa decisión implica liberar a Europa de la carga que supone la política agraria común, que consume y representa casi la mitad de nuestros fondos, del presupuesto europeo. Esos fondos que se liberarían simplemente replanteando la política agraria y la protección agrícola, cuyo efecto para la imagen de Europa en el extranjero es pésimo, podrían –gracias, sobre todo, al efecto de impulso– ayudar a dar un empuje enorme a la investigación económica y a la innovación tecnológica, que requieren una financiación a gran escala que solo Bruselas puede proporcionar. Esos mismos recursos podrían utilizarse también para impulsar la implantación de las infames redes europeas de manera que conecten mejor con los mercados.
Podría hacerse todo eso, pero no se está haciendo. Creo que, a escala europea, necesitamos en primer y principal lugar reconsiderar nuestro presupuesto y nuestra política agraria; de lo contrario, cada vez tendrá menos sentido pontificar sobre los objetivos de Lisboa.
Una última reflexión, señor Presidente: la inmigración será otro tema de debate. Es una buena cosa y espero que se envíe una clara señal a los ciudadanos europeos de que los inmigrantes son y pueden ser un activo para el crecimiento económico, más que un problema. 
Tajani (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar y sobre todo, la próxima reunión tiene que basarse en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental que quedó inaugurada el pasado sábado en Roma. 
En mi opinión, el resultado es favorable en su conjunto: el texto aprobado nos da un buen motivo para albergar esperanzas después de tantas previsiones pesimistas. Yo, personalmente, soy optimista, tras haber experimentado los titubeos, los problemas y las dificultades de la Convención; estoy absolutamente convencido de que nadie querrá asumir la responsabilidad de dejar que dos años de trabajo no sirvan para nada, nadie querrá asumir la responsabilidad política de no dotar a Europa de la Constitución que 450 millones de ciudadanos están esperando.
Por supuesto, el texto de la Constitución no debe modificarse radicalmente; desde luego que tendrán que hacerse pequeños ajustes, pero el equilibrio de la Constitución debe quedar como está. ¿Qué ajustes pueden hacerse? Creo firmemente en la necesidad de ampliar los ámbitos en los que se utiliza la votación por mayoría: la unanimidad es un obstáculo; es un pilar de hormigón que bloquea el progreso de la UE. Creo también firmemente que puede llegarse a un compromiso sobre el número de Comisarios: en mi opinión, los países que formarán parte de la UE a partir de 2004 deben estar representados desde el principio; más tarde podríamos ver si conseguimos solucionar el problema utilizando Comisarios sin cartera, pero creo que, para empezar, tiene que haber un Comisario por cada uno de los países que serán miembros de la UE.
Creo también firmemente, por supuesto, que debe hacerse referencia explícita a las raíces judeocristianas de Europa en el preámbulo de la Constitución.
Quisiera detenerme un momento para elogiar a la Presidencia italiana, como acaba de hacer el Sr. Barón Crespo. En la Cámara de Estrasburgo nos comprometimos a asegurar que el Parlamento Europeo estuviera representado en la Conferencia Intergubernamental: así ha sido y puede considerarse un éxito de esta Cámara. Estoy seguro de que el Parlamento podrá seguir haciendo una contribución útil al debate.
La segunda cuestión, Señor Presidente, es el relanzamiento económico. Ayer –y no podemos más que celebrarlo– el Consejo Ecofin dio el pistoletazo de salida a la primera fase de la implantación de las redes transeuropeas: estos importantes planes servirán para crear nuevos puestos de trabajo, además de hacer a nuestras regiones y nuestros países más competitivos. A la hora de establecer prioridades, señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que tenemos que centrarnos claramente en una Europa que está desplazándose del oeste al este, pero también en una Europa que mira de norte a sur.
Solo podremos relanzar la economía si proseguimos con el proceso de Lisboa: retrasar la edad de jubilación es una reforma necesaria; tenemos que dar una respuesta a nuestros hijos para que haya un sistema que garantice su futuro dentro de 10, 20, 30 ó 40 años. Estoy también de acuerdo con el Sr. Prodi en la cuestión de la investigación: ese ha sido uno de los compromisos del actual Presidente en ejercicio del Consejo en su intervención en Estrasburgo, y creo firmemente que el futuro de nuestra economía depende de que fomentemos también las inversiones en investigación.
Pasando ahora al último tema, la inmigración no puede ser una cuestión de ámbito nacional. Italia tiene 700 km de costa, que no solo es la frontera italiana, sino también la frontera meridional de Europa. Por eso no hay absolutamente ninguna duda sobre la obligación que tiene la UE no solo de asumir parte de la responsabilidad organizativa, en términos de medidas de vigilancia, sino también de compartir la responsabilidad económica en este ámbito. 
Swoboda (PSE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, no debemos subestimar de ningún modo la importancia de la próxima cumbre de Bruselas, o el efecto que tendrá. Los ciudadanos se formarán una idea escéptica de esta Europa si piensan que no está haciendo nada, o casi nada, por crear más puestos de trabajo. Y tendrán también una visión escéptica de la Unión Europea si no ven que se hagan inversiones en infraestructura, suficientes para modernizar y hacer más competitivo nuestro continente.
Además de los factores meramente económicos, existen otros factores psicológicos en juego para devolver a Europa el coraje y la determinación que necesitará para ser un continente líder. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha dicho que se está invirtiendo más en infraestructuras y en investigación y desarrollo. En el Consejo Ecofin, los ministros de economía se han acobardado de nuevo. Es posible que el Sr. Watson esté satisfecho, pero yo no lo estoy, y espero que los primeros ministros consigan lo mejor de sus ministros de economía para hacer inversiones reales en la modernización de la infraestructura.
Se ha referido usted al mercado de la electricidad. ¿No plantea un problema la liberalización del mercado eléctrico sin asegurar una inversión suficiente, especialmente en la red? Ahora tendremos el mismo problema con la red ferroviaria. Hemos decidido desregularla, y estamos preparando un segundo paquete sobre el transporte ferroviario, que supondrá una reducción de las tarifas y los precios. Pero si al mismo tiempo no exigimos al sector público –y, en su caso, al sector privado– que invierta en la red ferroviaria, sucederá lo mismo que ha sucedido en Gran Bretaña, donde la escasez de inversiones ha hecho también que se invierta demasiado poco en seguridad humana y que se produzcan más accidentes, para descrédito del sector público.
Al final, creo que debe quedar suficientemente claro que no se trata de poner en peligro el Pacto de Estabilidad. Si hay algo que ponga hoy en peligro el Pacto de Estabilidad es su interpretación rígida y dogmática, que lleva a los ciudadanos a pensar que es una mala cosa. Si se aplica con inteligencia, sensibilidad y flexibilidad, como el Presidente de la Comisión ha pedido en numerosas ocasiones, sin que ello suponga volver a un déficit presupuestario generalizado, esa será la salvación del Pacto de Estabilidad, puesto que los presupuestos que están actualmente en peligro no lo están por una inversión excesiva en los países afectados, sino por un excesivo gasto del consumidor. La inversión puede contribuir a impulsar el crecimiento.
Permítanme que haga un breve comentario sobre la política exterior. Se ha hecho referencia a la situación en Oriente Próximo, un tema que volverá a debatirse mañana. Creo que el Consejo, y la Unión Europea en su conjunto, tienen que repudiar el terrorismo sin ambigüedades y dejar eso claro a todos los países que flirtean con él, lo que no significa siempre que lo financien, sino que lo toleren. Debe decirse también con la misma claridad a Israel que no puede perpetuar la espiral de violencia ni poner en marcha una nueva. Los últimos meses han sido testigos de numerosos actos de violencia en Oriente Próximo, con el pretexto de que se escondían armas peligrosas, armas de destrucción masiva y terroristas, todo lo cual ha resultado no ser cierto al final. Tenemos que dejar perfectamente claro a Israel que, si bien apoyamos su firme compromiso con la autodeterminación y la lucha contra el terrorismo, tiene que hacer también una contribución al proceso de paz.
Si me permiten un último comentario, no se ha dicho nada sobre Rusia y Chechenia. Chechenia acaba de celebrar unas elecciones que han sido una farsa, y creo que tenemos que hablar con un lenguaje claro también a Rusia, que es un importante socio de la Unión Europea. Su primer ministro, el Sr. Berlusconi, tiene en gran estima al Sr. Putin, a quien tacha de amigo y le da bienvenidas muy calurosas. Pero al mismo tiempo, el Sr. Berlusconi no suele tener pelos en la lengua. Creo que el Sr. Berlusconi debería decirle al Sr. Putin de modo categórico que no podemos tolerar lo que está sucediendo en Chechenia. Es hora de que también Rusia adopte una política capaz de llevar la paz a Chechenia. 

Duff (ELDR ).
   –Señor Presidente, agradecemos que el Secretario de Estado haya realizado un informe sobre la primera sesión de la CIG. Debo decir, al igual que el Sr. Barón Crespo, que lamento enormemente la supresión de la noción del Consejo Legislativo, decisión que no fomentará la separación de poderes dentro de la Unión Europea.
Parece que el problema más grave lo causan España y Polonia, debido a que van a perder la minoría de bloqueo que poseen conforme al Tratado de Niza. Debo decir que son motivos de queja espurios. El caso es que España y Polonia necesitan que se les unan más socios para alcanzar el 38% de la población que se precisa para bloquear una decisión. La Convención propone rebajar el umbral de votos por mayoría cualificada del 62% al 60%: nada más que unos 9 millones de personas. Esto es, a lo sumo, una cuestión marginal de autoestima herida para España y Polonia. Confío en que el jueves los verdaderos amigos de España y Polonia expliquen al Sr. Aznar y al Sr. Miller que deben olvidar su queja y ayudar a la CIG a alcanzar un acuerdo político rápido que respete la primera y la segunda parte de la Constitución. Entonces la CIG podrá proceder libremente a la remodelación y modernización de la Parte III, que es su responsabilidad propiamente dicha. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la grave crisis económica, el estancamiento, la recesión, el aumento del desempleo y la pobreza son algunas de las manifestaciones más visibles del fracaso de la rígida política monetaria del Banco Central Europeo y del procedimiento de consolidación presupuestaria ciegamente impuesto por los criterios de convergencia nominal. 
Así pues, no basta con modificar el espíritu del Pacto de Estabilidad. Tampoco basta con dotarlo de una mayor flexibilidad. Cada vez se hace más evidente la necesidad de una revisión en profundidad de los objetivos y los criterios del pacto para que las políticas monetarias y presupuestarias puedan contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo. Por consiguiente, quiero formular a la Comisión y al Consejo la siguiente pregunta: cuando calculan un 3% de déficit presupuestario, ¿están dispuestos a descontar, con efecto inmediato, el gasto público y los costes incurridos como resultado de circunstancias excepcionales, como los incendios que han asolado Portugal este verano? Se necesita urgentemente alguna medida de ese tipo. 
Voggenhuber (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, cuando el 10 de julio una clamorosa ovación celebró la aprobación del proyecto de Constitución por parte de la Convención en esta Cámara, el regocijo de una parte y la decepción de otra no pudieron ocultar el hecho de que habíamos encontrado el máximo común denominador para el futuro de Europa. Y aquí tenemos de nuevo la Conferencia Intergubernamental. El bazar está abierto para los que comercian con intereses nacionales. Los gobiernos han vuelto a apoderarse del control del proceso constitucional europeo y ejercen su poder con esplendor y pompa en un escenario feudal, sobre el que pronuncian grandes afirmaciones de fe en Europa, mientras que detrás del escenario, los ciudadanos están clamando a gritos las disparidades de sus intereses nacionales. Aunque la Convención tiene que permanecer en silencio, ahora es el momento de que este Parlamento hable claro como promotor y defensor del mayor grado posible de consenso europeo.
No podemos quedarnos parados y observar mientras esta repetición de Amsterdam y Niza, posiblemente con el resultado de Niza II o Niza III, nos hace descender por una resbaladiza pendiente de vuelta al mínimo común denominador europeo. Lejos de ser un o un grupo de preparación compuesto por diferentes expertos, esta Convención ha sido un foro único de todos los parlamentos nacionales, incluidos los de los países candidatos, incluidos los de España y Polonia, de todos los gobiernos nacionales, incluidos los de Finlandia y Austria, y también ha sido un foro para las instituciones europeas, el Parlamento y la Comisión.
Después de dieciocho meses de negociaciones, se ha logrado un consenso histórico. Presionada por los gobiernos, la Convención tuvo que recortar una gran parte. Los parlamentos estuvieron debidamente representados; son ellos, más que los gobiernos, los dueños de los Tratados, y los que han querido ir mucho más lejos de nuestra mano. Presionados por los gobiernos, hicimos grandes concesiones. Ahora ha llegado el momento de que, en esta Cámara, recordemos a los Gobiernos que las negociaciones implican una cosa que se llama buena fe y que, al final de los dieciocho meses de negociaciones, uno no puede comportarse como si no hubiera estado allí y hablar de un combate imaginario que enfrenta a los grandes contra los pequeños, al Este contra el Oeste, sin relación alguna con la realidad. 
Me ha sorprendido mucho que el Presidente de la Comisión no haya dicho nada sobre este histórico curso de los acontecimientos, pero el enfrentamiento de los grandes contra los pequeños no es el juego de Europa. La rotación de las presidencias de la Comisión y del Consejo sería suficiente para representar la igualdad de todos los países. Pero lo que hay que combatir es el ataque de los gobiernos nacionales a la vida parlamentaria europea, y serán los ciudadanos los que paguen el precio. 
La idea de un Consejo Legislativo fue fundamental para la separación de los poderes en la democracia europea, fundamental para el control parlamentario del Consejo, fundamental para el carácter público del Derecho europeo y la idea de su proximidad al ciudadano, ¡pese a lo cual se prescindió de ella en la primera sesión! ¡Se descartó por consenso en la primera sesión, sin consultar a ningún parlamento ni a las instituciones europeas, todos los cuales lo habían pedido! Eso es un ataque contra las decisiones por mayoría que tanto han costado para dotar a Europa de capacidad de actuación. El Fiscal Europeo, la naturaleza pública del proceso legislador, eso no es un combate imaginario; es un ataque en toda regla a la propia idea de la nueva arquitectura de Europa como una democracia europea y un gran paso hacia delante en la unificación política. Somos nosotros, los diputados del Parlamento Europeo y también delegados en la Convención, los que tenemos que denunciar públicamente este tira y afloja nacional, y hacerlo con toda la determinación posible y con la voz más alta que podamos, para que no sea solo el nacionalismo el que haga oír su voz en Europa, sino también el ideal de la unidad política.
Abitbol (EDD ).
    Señor Presidente, habría sido estupendo que los anteriores oradores no hubieran duplicado su tiempo de uso de la palabra, porque todos tenemos otros compromisos después de este debate. Pero la cortesía no es el rasgo que más caracteriza a este Parlamento.
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, uno de sus ilustres predecesores, Jacques Delors, dijo en una reciente entrevista que el Parlamento Europeo haría mejor en centrarse en los asuntos que preocupan a los ciudadanos, en lugar de ocuparse de los derechos humanos en Guatemala o los derechos de la mujer en Guinea Ecuatorial. Esas son cuestiones de indudable interés pero, en este momento, lo que más le preocupa a los europeos –y, si no me equivoco, un asunto que se tratará en la cumbre de Cumbre de Bruselas– es el increíble déficit de crecimiento que está amenazando con bloquear la economía europea y, dentro de la economía europea, en particular la de los países que han decidido poner su destino en manos del euro y del Banco Central Europeo. Con independencia de los criterios elegidos, ya sean deuda, déficit, crecimiento, desempleo o inflación, los tres Estados miembros que no optaron por el euro y mantuvieron su moneda nacional son los que están en mejor situación, también –véase el informe de la Comisión sobre esta cuestión– en el ámbito de la competencia y la estrategia de Lisboa. Los tres países que deberían subir al podio para recibir sus medallas son el Reino Unido, Dinamarca y Suecia, la cual, además, acaba de dar una respuesta inequívoca a la política monetaria europea.
Puesto que la cumbre de Bruselas debe supervisar el cambio entre el Sr. Duisenberg y el Sr Trichet, ¿no podría considerar la política que ha venido aplicándose desde que se introdujo el euro en 1999? A propósito, Comisario Prodi, ese hecho es algo por lo que su mandato será recordado, ya que usted asumió su cargo antes de la introducción del euro y lo abandonará después de ella. Un aspecto increíble de esta moneda es que ha impulsado el dólar a sus máximas cotas – no por voluntad propia, sino como un tapón de corcho zarandeado por la fuerza de las olas – mientras que todo el mundo sabe que miles de puestos de trabajo son destruidos todos los años como resultado de una política maltusiana y ahora por la negligente actitud hacia el mercado monetario que convierte al euro en el principal lastre de la economía europea, sobre todo para los países de la zona del euro.
Señor Presidente, Comisario Prodi, respecto a esta cuestión, que es una de las que más preocupan a los ciudadanos europeos, ¿va a recordar alguien al Banco Central Europeo su trabajo, que consiste en asegurar el crecimiento, o cuanto menos asegurar que tengamos una moneda que beneficie a la economía europea? 
Borghezio (NI ).
    Señor Presidente, después de muchos años de haber subestimado en gran medida el problema que plantea los peligros de la inmigración ilegal, hoy, por fin, aunque con algo de retraso, las instituciones europeas parece que han tomado una dirección esperanzadora al empezar a formular las políticas dirigidas a afrontar y combatir en la práctica el problema de la inmigración ilegal con más justicia y eficacia. 
El Consejo tiene que tomar cartas en el asunto, –eso es lo que está pidiendo – espoleado, sobre todo, por el eficaz impulso de la Presidencia italiana. Es precisamente respecto a estas cuestiones sobre lo que hemos celebrado el informe claro y preciso que nos ha presentado el Sr. Antonione, representante de la Presidencia italiana, sobre las líneas que están surgiendo del trabajo y los debates del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior: una importante propuesta para crear una agencia para el control de las fronteras, sobre todo de las fronteras marítimas. El Sr. Tajani ha señalado con acierto la importancia de tener 700 km de fronteras en nuestro país, la frontera meridional de Europa.
Luego está la política de cupos, y por tanto la integración, que tienen que abordarse con relación al empleo y no con propuestas demagógicas que ceden demasiado terreno, como la propuesta del Sr. Fini de conceder derecho de voto a los ciudadanos de terceros países. Eso sería un paso en la dirección equivocada, una propuesta inapropiada y fuera de lugar que se contradice con el compromiso responsable y específico de tratar de combatir la ilegalidad, que es la dirección que han tomado las instituciones europeas. 
Sudre (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, la inauguración la semana pasada en Roma de la Conferencia Intergubernamental, cuya tarea consiste en redactar el texto definitivo de la Constitución europea, estuvo marcada por el llamamiento a la buena voluntad hecho por el Presidente en ejercicio del Consejo y por el optimismo voluntarioso de algunos Estados miembros, como Francia y Alemania. El Presidente en ejercicio del Consejo italiano insistió en que esta Conferencia es la Conferencia de la voluntad europea, de la voluntad europea de ser Europa y la voluntad política será la palabra clave de esta Conferencia Intergubernamental. La Convención Europa, presidida por Valéry Giscard d´Estaing, ha hecho ya el trabajo básico, y ahora les toca a los ministros demostrar que tienen esa voluntad, por supuesto con la posibilidad adicional de mejorar el proyecto de Constitución que ahora tenemos.
Algunos Estados miembros de la Unión están amenazando claramente con oponerse a cualquier resultado que pueda cuestionar lo que ellos llaman el «acervo de Niza». Deploro su actitud, porque la estabilidad no tiene que confundirse con lo estático. ¿No fue, después de todo, el Consejo Europeo de Laeken el que quiso fervientemente que se revisaran los Tratados para garantizar una mayor democracia, una mayor simplicidad y una mayor transparencia? Además, tras el éxito, unánimemente reconocido, del método de la Comunidad, ilustrado de forma tan brillante por las convenciones europeas sobre la Carta de los Derechos Fundamentales y sobre la Constitución, nuestros socios no pueden actuar como si la Unión fuera simplemente una organización intergubernamental. Tenemos que encabezar la marcha para asegurar que la ampliación tenga éxito.
El próximo Consejo Europeo tiene que plantearse también el relanzamiento económico, como han dicho varios oradores. Sobre este tema, celebro la creciente concienciación sobre el hecho de que el capítulo relativo a la estabilidad de la economía europea no debe relegar a un segundo plano al capítulo relativo al crecimiento, la creación de empresas y el empleo. Nuestros ciudadanos esperan de sus dirigentes que sean capaces de crear las condiciones que permitan una Europa dinámica, próspera y más solidaria. Solo si liberamos a nuestras economías de la carga de una excesiva fiscalidad y una excesiva burocracia podremos crear una riqueza duradera y permitir que la mayoría de la sociedad pueda beneficiarse de esa riqueza. Esto requiere también la voluntad política de emprender reformas de largo alcance y en ocasiones poco populares a corto plazo. Algunos países de la Unión, como Francia, se han mostrado decididos a emprender esas reformas y espero que sus esfuerzos reciban no solo el reconocimiento que merecen, sino también el apoyo de Europa.
Por último, en el campo de las relaciones exteriores, quiero decirle a la Presidencia de la Unión lo importante que nos parece el Estado de Derecho y la protección de la dignidad humana para controlar las fronteras externas de una Europa ampliada, así como el respeto a la legitimidad internacional de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo internacional. Tanto en la Unión Europea como en el resto del mundo, es el momento del multilateralismo y la acción conjunta, no de las actuaciones en solitario. 
Terrón i Cusí (PSE ).
    Señor Presidente, hay una afirmación del Presidente en ejercicio del Consejo que podría parecer positiva pero que a mí me preocupa muchísimo. Ha hablado usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, de nuevas iniciativas comunes a nivel europeo en materia de inmigración. ¿Sabe por qué me preocupa? Porque todavía no hemos llegado a ningún acuerdo en ninguna de las viejas iniciativas comunes europeas en materia de inmigración.
Me preocupa tremendamente que vayamos aumentando el volumen del papel que ya tenemos en la Comisión de Libertades Públicas sobre iniciativas europeas en este terreno sin llegar a ningún resultado.
Hay una sola Directiva (de las propuestas por la Comisión), una sola, en la que se ha llegado a un acuerdo: la de reagrupación familiar. Y es un compendio de excepciones -hay más excepciones que Estados miembros- y una Directiva tan débil, que vamos a ver qué hace este Parlamento con ella. Porque, en realidad, lo que ha generado fuera y dentro de este Parlamento ha sido una enorme frustración.
Necesitamos acuerdos sobre lo que ya ha propuesto la Comisión en materia de marco legal para la gestión de la inmigración legal. No necesitamos muchas más ideas: están todas sobre la mesa.
Estoy preocupada además porque cuando hablamos de nuevas iniciativas, hablamos de saltos mortales. Saltos mortales como el que nos ha comunicado el Presidente de la Comisión y que se titula "Fondo europeo para el retorno de los inmigrantes". A mí me ha llenado de perplejidad. ¿Me pueden decir qué valor añadido tiene una gestión para el retorno de los inmigrantes? ¿Me pueden decir qué va a aportar un fondo europeo que no pueda ser hecho hoy mismo por los Estados miembros, que son los que tienen competencias absolutas en materia de retorno? ¿Me están diciendo que no pueden ejercer esas competencias porque no tienen suficiente dinero para hacerlo y que por ello necesitamos un fondo europeo para llevar a buen término esa competencia nacional que es la de expulsar a los ciudadanos que están aquí ilegalmente? Sinceramente, no lo comprendo.
Estoy en cambio de acuerdo, y me parece una buena idea, con la gestión común de las fronteras. Efectivamente, ahí tenemos necesidad de hacer algo, y yo sería partidaria de apoyar la propuesta de la Comisión.
Déjenme terminar diciendo que hay una parte del control de fronteras que tiene que ver con la inmigración y otro que tiene que ver con la criminalidad, como ustedes han dicho. Estamos muy de acuerdo en la lucha contra la criminalidad organizada y quisiera preguntarle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en este terreno y siempre dentro del ámbito de justicia e interior, ¿cree usted que podrán llevar a buen puerto, antes del término de la fecha establecida, la orden de búsqueda y captura europea, tal como se ha previsto en esta sede y en la sede del Consejo?
Ludford (ELDR ).
   – Señor Presidente, me complace que los líderes de la Unión Europea vayan a abordar por fin el caso de la migración legal, aunque hemos de tener claro que han de ser las naciones y no Bruselas las que establezcan los números o cuotas. El Consejo sigue centrándose principalmente en mantener a la gente fuera de la Fortaleza Europa. Seguimos sin llegar a un acuerdo sobre la integración de inmigrantes legales, o sobre los aspectos centrales de un sistema común de asilo; seguimos sin llegar a un acuerdo sobre la ilegalización del racismo en el derecho penal, y seguimos sin llegar un acuerdo sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos mediante la protección de las víctimas y animándolas a que testifiquen. Por toda la retórica, ¿cuántos traficantes de personas han sido puestos entre rejas?
La cumbre examinará todas las propuestas de desarrollo de bases de datos sobre ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros, incluidos los identificadores biométricos. Todo esto plantea importantes cuestiones de privacidad y de libertades civiles, pero se ha hecho en secreto y sin control democrático.
Por último, espero que los líderes rectifiquen su vergonzosa pasividad mostrada hasta la fecha y actúen conjuntamente para asegurar la puesta en libertad o un juicio justo ante un tribunal civil para los 25 europeos de la Bahía de Guantánamo. Se supone que debemos tener una política exterior común y una política de derechos humanos. Hasta la fecha es muy poco lo que podemos enseñar con respecto a estos ciudadanos en la Bahía de Guantánamo. Espero que eso cambie en la cumbre. 
Berthu (NI ).
    Señor Presidente, el Consejo Europeo de Bruselas debe examinar, en línea con la propuesta italiana, la idea de un programa de grandes obras para estimular el crecimiento. En principio, estamos a favor de esos proyectos, que deben centrarse no solo en el transporte, sino también en el medio ambiente, las telecomunicaciones y la investigación y desarrollo, como se propone en la iniciativa franco-alemana. De hecho, creemos que esos proyectos tendrían –en principio– que mejorar la productividad en el mercado interior. Tendrían –también en principio– que obtener financiación parcial a base de créditos por su beneficio para las generaciones futuras, pero con la condición de que no permitamos que la deuda se dispare. Pero ahí es donde está el problema. Tenemos serias dudas sobre la capacidad atribuida a estos proyectos de estimular el crecimiento.
En primer lugar, por supuesto, se producirán retrasos en la ejecución de los proyectos, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que sus beneficios se verán afectados, o incluso contrarrestados, por los problemas que frenan el crecimiento en Europa y que la han llevado a tener un crecimiento prácticamente cero. En primer lugar están todas las restricciones estructurales, como la reducción de la semana laboral en Francia, que no se están corrigiendo con la celeridad que debieran. Luego tenemos el fenómeno de la reubicación industrial y agraria que está causando problemas a Europa, un fenómeno que hemos condenado desde la Ronda de Uruguay y que se está agravando ahora, con terribles consecuencias para el crecimiento y el empleo.
El tercer factor que nos está empujando a una situación de crecimiento cero es la inflexibilidad de la unión monetaria, que hay que admitir que ofrece algunas ventajas, como la eliminación de las fluctuaciones de las monedas nacionales, pero que también tiene sus desventajas, como la supresión de un modelo de gestión descentralizado y flexible solo para sustituirlo por un sistema centralizado y uniforme. Incluso en el contexto del sistema actual, debemos tratar por lo menos de adoptar una política monetaria más activa que penalice menos a nuestra economía. En cualquier caso, señor Presidente, salvo que se eliminen estos tres serios obstáculos al crecimiento, los grandes proyectos no estimularán el crecimiento y, lo que es peor, nos endeudarán sin una buena razón. 
Oostlander (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el próximo Consejo Europeo será un paso más hacia el Tratado Constitucional. Es curioso que los medios de comunicación incidan siempre en las diferencias de opinión entre los gobiernos, una cuestión que no tiene ninguna relación con el verdadero significado de ese tratado para los propios ciudadanos de la Unión Europea. Sería mucho mejor –como son conscientes muchos– que se explicara a los ciudadanos que el objeto de esta iniciativa es garantizar el mismo nivel de protección legal a todos los ciudadanos de la UE, un objetivo que se consigue particularmente con la incorporación de la Carta al Tratado. Es un logro muy importante y conviene dejarlo muy claro en el Tratado.
Todo el mundo se muestra de acuerdo con el 90% del texto que tenemos actualmente ante nosotros, pero, en realidad, se está prestando demasiada atención al otro 10%, que posiblemente no sea muy importante, sobre todo desde que el Consejo está diciendo ahora claramente que existe consenso respecto a las ideas básicas. Precisamente en eso debería centrarse la información divulgada sobre los resultados de la Convención. En cuanto a nuestras relaciones con el mundo exterior, la redacción de la Constitución es también muy importante, porque ningún tercer país debe tener dudas respecto al hecho de que la Unión Europea es una alianza de Estados democráticos constitucionales. Este hecho no puede ser alterado y, en lo que se refiere a él, no debe pasarse nada por alto. Debemos insistir en esto a algunos países balcánicos, como hacemos con Turquía. Ni que decir tiene que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos espera que las propias reformas estructurales se evalúen desde una amplia perspectiva europea, teniendo en consideración los intereses de todos y la necesidad de claridad para el bien de los ciudadanos.
Permítanme un breve comentario sobre la designación de los Comisarios. Habrán escuchado con frecuencia que todos los países deben tener su propio Comisario. Me parece de extrema importancia que en esta Cámara advirtamos en voz alta al resto del mundo que, tan pronto como descubramos que un Comisario antepone sus intereses nacionales, actuaremos de inmediato y le cesaremos de su cargo. Karel van Miert, de Bélgica, decía en sus memorias que desde el preciso momento que un Comisario jura su cargo, pierde su nacionalidad. Con independencia de lo que decidamos sobre el nombramiento de los Comisarios, no debemos olvidarnos nunca de eso: nunca y en ninguna ocasión debemos dar la impresión de que ese nombramiento pueda tener un carácter nacional.
Quiero decir algo respecto a una cuestión de política exterior. Algunas cosas están yendo muy bien, como por ejemplo las misiones policiales en Bosnia Herzegovina y en Macedonia, o la acción militar bajo el mandato de uno de nuestros Estados miembros en el Congo.
Pero sabemos también que siguen existiendo graves problemas en otros lugares, como los graves conflictos en África occidental. Nosotros, como superpotencia civil, podemos realizar una labor preventiva en los países en los que todavía no ha estallado la violencia. Nuestro papel es, por tanto, apagar fuegos en las regiones vecinas.
En este sentido, quiero mencionar Guinea-Bissau, que necesita ayuda urgente en el período previo a las elecciones generales que ahora quiere celebrar, y la ayuda de Europa será a todas luces necesaria. Por consiguiente, invito al Consejo y a la Comisión a que consideren la posibilidad de una intervención de paz para mantener la paz en ese país.
Espero que el Consejo se caracterice por la responsabilidad y la solidaridad, y pueda contribuir con ello a aumentar la confianza de los ciudadanos en Europa. 
Antonione,
    Señor Presidente, he vuelto a pedir el uso de la palabra, muy brevemente, para dar las gracias a todos los diputados que han intervenido en este debate por su importante contribución, en ocasiones crítica, pero, al menos para mí, no por ello menos valiosa, con sus propuestas y directrices para las tareas que nos esperan, tanto con relación a las cuestiones que abordaremos en el Consejo Europeo la semana que viene para tratar de encontrar soluciones a las cuestiones que hemos debatido, como también con relación a la Conferencia Intergubernamental. 
Me complace afirmar también que el informe del Sr. Prodi y el informe que hemos redactado como Presidentes en ejercicio del Consejo Europeo coinciden plenamente. Espero que eso sea presagio de un trabajo excelente y de unos buenos resultados.
Me gustaría concluir mi breve intervención reiterando el compromiso de la Presidencia italiana con el Parlamento Europeo de mantenerlo puntualmente informado sobre la Conferencia Intergubernamental y nuestro deseo de participar en debates conjuntos de la Presidencia del Consejo y el Parlamento, siendo esa también una forma de asegurar el logro de los mejores resultados posibles.
El Presidente.
   – Gracias, señor Ministro.
El debate queda cerrado.
Alyssandrakis (GUE/NGL ),
     El apoyo demagógico a la recuperación económica en la cumbre de Bruselas se limita a unos medios utilizados centenares de veces antes: los métodos neo-keynesianos y los mini programas de tipo «Nuevo pacto» que ahora han demostrado ser incapaces de conseguir resultados positivos para los trabajadores y que aumentan la explotación, el desempleo y la pobreza. Lo único que hacen estas medidas es garantizar contratos a las grandes empresas y contribuir a la concentración de capital, sobre todo cuando van acompañadas de medidas que recortan los derechos sociales y laborales de los trabajadores. El derecho a una pensión y los fondos de pensiones han vuelto a situarse en la línea de fuego, y se está proponiendo que se generalice la «flexibilidad» en el empleo y la congelación salarial para aumentar la competitividad y reducir los costes de mano de obra. 
La inmigración y el respeto a los derechos humanos están también en la línea de fuego. Se están adoptando medidas coordinadas para deportar, extraditar o impedir la entrada a los inmigrantes, vigilar las fronteras por tierra y mar y otras medidas que ofenden a la dignidad humana y garantizan una explotación todavía mayor de los inmigrantes. Y todo ello solo unos días después de la inauguración de la Conferencia Intergubernamental que se ha convocado para dotar al capitalismo de un marco constitucional, redistribuir el poder entre los poderosos y ceder todavía más soberanía nacional al centro eurounificador.
Es cierto que los ciudadanos no permanecerán impasibles ante esta nueva intensificación del ataque y lucharán con fuerza renovada para resistir y contraatacar. 
El Presidente.
   - De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de:
- el informe (Α5-0313/2003) de la Sra. Frassoni sobre la conclusión del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y 
- el segundo informe (Α5-0235/2003) del Sr. Medina Ortega sobre la simplificación y mejora del marco regulador. 
Frassoni (Verts/ALE ),
    Señor Presidente, he pedido dividir mi intervención en dos partes: una ahora, que durará tres minutos, y otra, que durará dos minutos, después del debate.
Quiero hablar ahora sobre el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor». Este acuerdo ha sido el resultado de unas negociaciones largas y difíciles, en las que todos nos hemos preguntado –el Parlamento, la Comisión y el Consejo, pero sobre todo nosotros, tengo que decir– si no sería mejor renunciar tranquilamente, ante la dificultad de tratar de encontrar alguna ventaja real respecto a la situación actual. 
En primer lugar, quiero darle las gracias al Sr. Gargani, al Sr. Swoboda y al Sr. Clegg, con los que hemos mantenido una buena relación de trabajo, así como al grupo técnico que ha negociado con nosotros, por haber conseguido al final, en cualquier caso, un resultado positivo. Por consiguiente, si estamos aquí para pedir al Parlamento que apoye este acuerdo, es porque creemos que se han hecho algunos progresos, aunque menores y provisionales.
Quiero centrarme, sobre todo, en dos cuestiones que me parecen de especial importancia: la corregulación y la autorregulación. No tanto porque los resultados conseguidos hayan sido pioneros, sino porque creo que, si hacemos un buen uso de este acuerdo –sobre todo nosotros en esta Cámara–, será más fácil de combatir una tendencia muy preocupante, y lamento decirlo, que la Comisión y el Consejo parecen apoyar: la tendencia hacia métodos alternativos de regulación de la legislación, y con eso me refiero, en particular, a lo que se conoce como acuerdos voluntarios. La experiencia reciente en el campo de la seguridad vial y las emisiones de CO2 de los vehículos ha demostrado que los riesgos de no conseguir los objetivos de eficacia y aplicación general, que se podrían conseguir con una ley normal, son muy reales cuando se recurre a estos acuerdos voluntarios. Es precisamente en respuesta a ese peligro potencial por lo que nos hemos implicado tanto en este difícil debate, en el que se han tocado muchos otros temas también –como podrán ver sus Señorías si leen el texto, hay también mucha paja-, pero al menos en las cuestiones de la autorregulación y la corregulación se ha progresado un poco.
Eso no quita para que tengamos que reconocer de pleno el fracaso en un área: no hemos conseguido de la Comisión el derecho de revocación: el derecho a suspender el uso de un acuerdo voluntario si no lo aprobamos. Estamos tremendamente decepcionados por eso, porque fue la Comisión –y esto tiene que decirse– la que no quiso ceder en esta cuestión. Lo único que hemos obtenido de la Comisión es una declaración de su voluntad política de tener en cuenta la oposición clara y sin ambigüedades del Parlamento. Por lo tanto, cuando lo considere necesario, el Parlamento tendrá que manifestar su oposición a un acuerdo voluntario para obligar a la Comisión a revocarlo ella misma. 
Una última cosa, señor Presidente: la dificultad que la Comisión y el Consejo tienen para avanzar en este terreno parece ser exactamente la misma que nos hemos encontrado en las negociaciones sobre comitología, que espero que se hayan superado de una vez por todas gracias a los acuerdos alcanzados por la Convención. 
Medina Ortega (PSE ),
   . Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos lleva ocupándose de este tema desde comienzos del año 2002. Respondíamos a unas comunicaciones de la Comisión, en las que ésta planteaba el problema de las deficiencias de la reglamentación comunitaria.
Recuerdo que, hablando con un legislador nacional español -de mucha experiencia, por cierto-, éste me decía que las directivas comunitarias no había quien las entendiera. Trabajamos tanto en ellas, intervienen tantos en su elaboración: el Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo y otros tantos, que al final nos sale un texto que se puede definir como un "camello", es decir, el caballo elaborado por un comité. Y ésta es la situación real.
Si bien hay que reconocer que el reglamento tiene un poco más de precisión, la directiva, por el contrario, es una verdadera catástrofe. La Comisión tenía, como es lógico, la preocupación natural de mejorar esta situación, preocupación que compartimos tanto el Consejo como el Parlamento. Sobre todo, en una fase en la que el Parlamento va a incrementar sus poderes legislativos, no tiene sentido que sigamos con este procedimiento de elaboración de normas jurídicas.
Pero, al mismo tiempo, en la propia Comisión de Asuntos Jurídicos nos dimos cuenta de que, para que pudieran salir adelante las propuestas de la Comisión, sería necesario dar un marco constitucional adecuado a este tema. Esto lo planteamos en las primeras cuestiones del informe, y luego la Comisión de Asuntos Constitucionales, que había decidido elaborar una serie de informes después de debatir el asunto con la Comisión de Asuntos Jurídicos, se dio cuenta de la importancia que tenía el tema para el papel institucional del Parlamento y, con muy buen criterio, acogió el informe.
Al mismo tiempo, nosotros insistimos en nuestra convicción -y la de la Comisión de Asuntos Constitucionales también- de la necesidad de llegar a un Acuerdo Interinstitucional entre las tres instituciones al objeto de que las respectivas instituciones no fueran privadas de sus poderes.
Yo creo que el resultado de este ejercicio -en el que dos comisiones distintas del Parlamento, la de Asuntos Jurídicos y la de Asuntos Constitucionales se han ocupado del tema- ha sido positivo. Creo que el Acuerdo Interinstitucional alcanzado es un buen acuerdo y quiero felicitar a mi colega, la Sra. Frassoni, por el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, por el que ella misma ha hecho y también por el buen trabajo que han hecho el Presidente Gargani y bastantes miembros de ese grupo de trabajo interinstitucional -el Sr. Swoboda y el Sr. Clegg- y, desde el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos, nos congratulamos del resultado.
Este informe del que soy ponente fue aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos antes de que se hubiera llegado al Acuerdo Interinstitucional. En consecuencia, proponíamos en él una serie de recomendaciones al grupo interinstitucional. Como el acuerdo ya se ha alcanzado -y creo que en gran parte se han conseguido nuestros objetivos-, creo que lo más conveniente será devolver el informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos para reelaborarlo desde el punto de vista de nuestra comisión, teniendo en cuenta las realizaciones incluidas en el Acuerdo Interinstitucional y, a partir de ahí, seguir adelante.
Desde luego, insisto -y coincido con la Sra. Frassoni- en la atención que tenemos que prestar a los problemas de la autorreglamentación y de la correglamentación. Porque se habla con demasiada alegría de la sociedad civil y, cuando se habla de la sociedad civil, aquí, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea, se invita a representantes de unas cuantas organizaciones, que alguien dice que son representativas. Pero, en realidad, en los regímenes democráticos, la sociedad civil se expresa a través del proceso electoral. El proceso electoral protocoliza la expresión de la sociedad civil, y el resultado de ese proceso electoral son los órganos legislativos, que son los que tienen que adaptar las normas generales.
Los problemas que tienen la autorregulación y la corregulación es que suponen un retroceso; suponen volver a la Edad Media, en la que sectores particulares daban normas que obligaban a todos. En las sociedades modernas esas normas tienen que venir de la sociedad en su conjunto, a través de órganos electivos, elegidos en procesos perfectamente protocolizados y con garantías, que en este caso son el Parlamento Europeo, el propio Consejo -en cuanto que el Consejo está integrado por Gobiernos elegidos por responsables ante sus Parlamentos nacionales- y también la propia Comisión, en cuanto elegida por el Consejo y por el Parlamento Europeo.
Por tanto, me da la impresión de que el Acuerdo Interinstitucional ha puesto algún límite, pero desde este Parlamento tenemos que seguir insistiendo para, por un lado, mejorar la calidad técnica de la reglamentación comunitaria y, por otro lado, no tirar el niño con el agua de la bañera y no renunciar al progreso realizado en nuestra Europa con el desarrollo del Estado liberal y democrático, que hace que las decisiones las tomen órganos legislativos elegidos por la voluntad popular.
Antonione,
    Señor Presidente, Señorías, el debate y la votación del Parlamento Europeo esta semana representa una importante fase en el capítulo final de las negociaciones entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, que han culminado en el acuerdo interinstitucional «Legislar mejor». 
La iniciativa que ha llevado a la adopción de este acuerdo comenzó con la comunicación de la Comisión sobre la necesidad de legislar mejor y su plan de acción para simplificar y mejorar el marco regulador, pero fue el entusiasmo del Parlamento Europeo y de su Presidente lo que llevó al Consejo Europeo, reunido en Sevilla en junio de 2002, a pedir a las tres instituciones que adoptaran un acuerdo interinstitucional para tratar de mejorar la calidad del Derecho comunitario y las condiciones y los plazos para su incorporación a la legislación nacional.
Nuestras tres instituciones respondieron de inmediato a ese llamamiento e iniciaron las negociaciones. El Grupo Técnico de Alto Nivel fue quien realizó todo el trabajo al principio, aunque en las últimas etapas se trasladó al nivel político. El grupo de representantes europeos realizó gran parte del trabajo preliminar. En nombre del Consejo, quiero expresar mi agradecimiento a los que han contribuido a la conclusión positiva del acuerdo: en particular, a la Sra. Frassoni, su colega, el Sr. Medina Ortega, y el Sr. Gargani, el Sr. Swoboda y el Sr. Clegg, representantes del Parlamento, así como a la Comisaria de Palacio, que representó a la Comisión en la preparación de este trabajo. En cuanto al Consejo, tengo que darle las gracias a mis predecesores de las Presidencias griega y danesa.
El acuerdo tiene como finalidad, según se establece en el apartado 1, «mejorar la calidad de la legislación mediante una serie de iniciativas y procedimientos definidos en el presente Acuerdo Interinstitucional». Quiero decir, señor Presidente, que en este acuerdo, nuestras tres instituciones se comprometen a mejorar la coordinación, la comunicación y la cooperación en la asunción de sus responsabilidades legislativas. En él reconocemos la importancia de una mayor transparencia y accesibilidad y nos planteamos la posibilidad de recurrir a la corregulación y la autorregulación. Hemos renovado el compromiso de mejorar la calidad de la legislación y de establecer procedimientos de consulta prelegislativa y análisis de impacto. Reiteramos la necesidad de mejorar la transposición del Derecho comunitario a la legislación nacional. Por último, reiteramos nuestro compromiso de simplificar y reducir el volumen de la legislación.
Señor Presidente, mañana, el Parlamento Europeo votará la adopción del acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» y la Comisión formalizará su aprobación dentro de unos días. Para concluir el procedimiento de aprobación, el Consejo de Asuntos Generales adoptará la decisión de aprobar el acuerdo en la sesión del próximo lunes. Nuestra tarea será vigilar la fiel aplicación del acuerdo y su pleno cumplimiento. 
Busquin,
   . – Señor Presidente, Señorías, quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a la Comisión de Asuntos Constitucionales su contribución al debate de nuestras iniciativas para «legislar mejor». Quiero darle las gracias en particular a la Sra. Frassoni y al Sr. Medina Ortega.
La Comisión celebra el hecho de que las tres instituciones hayan alcanzado un acuerdo interinstitucional para «legislar mejor». Este acuerdo es un compromiso claro y general de las tres instituciones a mejorar sus metodologías de trabajo y la calidad de la legislación por medio de una serie de iniciativas y procedimientos que se detallan en él. En consecuencia, el acuerdo interinstitucional establece una sólida base para mejorar la cultura de la claridad y la coherencia en la redacción de los textos legislativos y para mejorar la programación y la transparencia del proceso legislador, respetando en todo momento los poderes y procedimientos establecidos en los Tratados, y los principios generales de la legitimidad democrática, la subsidiariedad y la proporcionalidad y la certidumbre jurídica.
La Comisión considera el acuerdo extremadamente satisfactorio. En primer lugar, es coherente con las propuestas que hicimos en el «Plan de acción para una legislación de mayor calidad» en junio de 2002. Las líneas que entonces definimos han quedado ahora confirmadas. Además, se trata de un acuerdo equilibrado: hace referencia frecuente a los propios compromisos de la Comisión, pero sin olvidarse de los compromisos del Parlamento y del Consejo de mejorar la calidad de los reglamentos. En particular, contiene disposiciones que complementan las propuestas contenidas en el plan de acción para la programación y la transparencia del trabajo legislativo. El acuerdo define también un marco estable para la utilización de los llamados instrumentos alternativos, o , que son la corregulación y la autorregulación. El acuerdo permitirá la utilización de estos instrumentos y evitará la multitud de problemas encontrados hasta ahora cuando se examina este tipo de medida caso por caso.
Por último, debemos reconocer el progreso que se ha hecho y los compromisos que se han adquirido con relación a los análisis de impacto, la simplificación del acervo comunitario, la transposición del Derecho comunitario y la vigilancia de su aplicación. Ahora, por supuesto, tenemos que vigilar de cerca la aplicación del acuerdo. 
Gargani (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, Señorías, el acuerdo interinstitucional que hoy nos ocupa es el resultado de las negociaciones realizadas por el grupo de trabajo de alto nivel formado por representantes del Parlamento, la Comisión y la Presidencia del Consejo. 
Conjuntamente con el Sr. Swoboda, el Sr. Clegg y la Sra. Frassoni, creo que tenemos que darle las gracias al Grupo Técnico de Alto Nivel que nos ha ayudado en nuestro trabajo, pero también quiero mencionar, por supuesto, la contribución de los políticos al resultado conseguido: un acuerdo que –como acaba de reconocer la Sra. Frassoni–, no satisface a todos los diputados de este Parlamento, pero que me parece un compromiso de extrema importancia que merece hoy el reconocimiento de esta Cámara. Hemos trabajado sobre la base del mandato que nos confirió la Conferencia de Presidentes el 4 de julio, y creo poder afirmar que nos hemos ajustado fielmente a ese mandato y a esa voluntad que, junto con el Presidente del Parlamento Europeo, hemos comprobado con frecuencia en reuniones personales y de las delegaciones.
El mandato establecía tres objetivos: unas garantías adecuadas en cuanto a los derechos del Parlamento como autoridad legislativa, completa transparencia en el curso del procedimiento legislativo y elección de soluciones innovadoras para mejorar la eficacia y la responsabilidad del proceso legislativo. En síntesis, el objetivo del Parlamento era reforzar la legitimidad democrática y la calidad de la legislación comunitaria.
De forma paralela a las negociaciones, la Comisión Europea adoptó una serie de documentos sobre la simplificación y la mejora de la legislación comunitaria, sobre los cuales se ha manifestado la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior con la aprobación del informe de Manuel Medina Ortega, que les acaban de presentar. El proyecto de acuerdo interinstitucional representa la mejor respuesta posible tanto al mandato de la Conferencia de Presidentes como a las orientaciones expresadas en el informe Medina Ortega. Además, aunque utilizamos el Tratado como referencia –nuestra referencia fue, como no, el Tratado–, el acuerdo está en consonancia con el proyecto de Tratado constitucional aprobado por la Convención sobre el Futuro de la Unión Europea que se debatirá en la CIG.
Quiero mencionar brevemente que hemos resuelto algunos problemas de extrema importancia: la planificación legislativa, la coordinación del trabajo legislativo entre las instituciones, el compromiso del Consejo de informar al Parlamento sobre el proyecto del programa estratégico anual y plurianual, la presencia del Consejo en las comisiones –en las comisiones y también en esta Cámara, por supuesto– que me parece importante para el intercambio de opiniones que precisa la actividad parlamentaria, el compromiso de la Comisión de participar periódicamente en el trabajo de las comisiones, preferiblemente a nivel ministerial, pero, en cualquier caso, al nivel más alto que se estime apropiado. En cuanto a la transparencia, se reitera la importancia de informar a los ciudadanos sobre el progreso del trabajo legislativo, como ya reconoció la Convención en cierta medida; en cuanto a la elección de la forma de los actos legislativos, que la Convención incluye también en el principio de proporcionalidad, aunque el derecho de iniciativa sea monopolio de la Comisión –quiero dejar esto claro al Parlamento– no puede darle responsabilidad exclusiva en la elección de la forma de los actos legislativos. El artículo 12 establece que la Comisión tiene que tener en cuenta las recomendaciones de las otras instituciones; con respecto a la corregulación y el asunto más espinoso de la revocación –al que la Sra. Frassoni concede gran importancia– quiero decir que el Parlamento ha aprobado ya el informe Wallis. Creo que hemos hecho un gran progreso en este ámbito, así como en términos de la autorregulación, el control y la posibilidad que tienen ahora los agentes económicos y los interlocutores sociales de aprobar directrices en esta materia; el asunto de la comitología, los análisis de impacto, y los plazos de tiempo para la aplicación y la transposición.
No puedo profundizar más en ello, pero quiero decir, para terminar, que nos hemos asegurado de que el acuerdo no menoscabe el futuro papel del Parlamento, como el Sr. Cox nos ha pedido reiteradamente. No solo no hemos debilitado el papel del Parlamento Europeo, sino que creo que lo hemos reforzado, y este es un logro importante de este mandato, como órgano legislativo en el equilibrio interinstitucional de poderes y en el acuerdo interinstitucional. 

Doorn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la mejora de la legislación ocupa un lugar importante en la agenda europea. La legislación tiene que mejorar y hacerse más transparente, y esa es una tarea que compete a la Comisión, al Parlamento y también a los Estados miembros. Creo que el acuerdo interinstitucional adoptado en junio es una señal de que la Comisión, el Parlamento y el Consejo son conscientes de esta responsabilidad. Mejorar la legislación es fundamental para el funcionamiento óptimo del mercado interior. Solo si los ciudadanos y las empresas conocen todos sus derechos y obligaciones podrá funcionar bien el mercado interior. La legislación europea tiene que ser legible y no crear una burocracia innecesaria. Si queremos convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo, tenemos, por lo menos, que liberarnos de toda burocracia innecesaria. Es muy gratificante que en 2002 la Comisión publicara toda una serie de documentos en los que estudiaba las posibilidades de mejorar la legislación, pero es importante que tanto el Consejo como el Parlamento sigan participando de lleno en este proceso.
La mejora de la legislación exige medidas muy concretas, y por eso lamento las declaraciones un tanto vagas con que la Comisión ha postulado su política de mejorar la legislación europea. Si la Unión Europea no quiere enfrentarse constantemente a la necesidad de mejorar su legislación, es importante que a partir de ahora el Derecho comunitario se someta a una revisión en profundidad, para garantizar la adopción de una legislación de calidad. Un elemento fundamental para mejorar la legislación es el análisis de su repercusión económica y administrativa por medio de una evaluación del impacto. Los ciudadanos y las empresas siguen soportando una carga administrativa demasiado pesada. Nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, llevamos mucho tiempo proponiendo que se introduzcan los análisis de impacto económico. Pero es importante que sea un órgano independiente el que realice los análisis de impacto. Los análisis de impacto propuestos por la Comisión, que serían realizados por los mismos funcionarios que redactan la legislación, me recuerdan al Baron von Münchhausen, empeñado en tirarse del pelo para salir de la ciénaga en la que había caído. Como ponente para el análisis de impacto europeo, desde luego que optaré también por un enfoque orientado al análisis independiente.
Además de mejorar la legislación, es igualmente importante determinar los instrumentos legislativos alternativos. El objetivo de reducir la carga administrativa supone también un mayor hincapié en el uso de instrumentos no legislativos, como los acuerdos con los interlocutores sociales y los mecanismos de autorregulación. Estoy convencido de que estos instrumentos de regulación tienen un importante carácter complementario en lo que respecta a la legislación comunitaria vigente. Aparte de analizar detenidamente las alternativas para la legislación europea, es también importante que la transposición de la legislación comunitaria y la aplicación de la propia legislación nacional de los Estados miembros se realice con más eficacia y se vigile más de cerca.
Un comentario para terminar: después de este debate del pleno, el informe de Medina-Ortega será remitido de nuevo a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, donde se adaptará al acuerdo interinstitucional. Apoyo sin reservas este curso de acción. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el deseo de todas y cada una de las partes de defender sus respectivas posiciones significa que no es fácil para el Parlamento, el Consejo y la Comisión replantear la relación que mantienen entre sí. Tampoco es fácil para un parlamento expresar su renuncia a parte de sus competencias legislativas. Es relativamente fácil si el que renuncia tiene poder de revocación, es decir, si tiene derecho de revocación cuando se haga evidente que las normas de aplicación o la legislación secundaria no reflejan los objetivos y las intenciones del legislador, es decir, del Parlamento.
Por eso nos hemos centrado en esta cuestión y la ponente, la Sra. Frassoni, es una más de los muchos que han destacado su importancia; el Sr. Medina Ortega también ha recordado, al final del día, que los diputados de esta Cámara son elegidos para aprobar leyes. No se les elige para que sean meros espectadores u observadores en un juicio, sino para que sean legisladores, y eso es lo que los ciudadanos esperan de ellos. Ahora bien, tenemos que reconocer que no poseemos los conocimientos especializados que tienen algunas instituciones o grupos, unos conocimientos que tienen que utilizarse, y con esto me refiero no solo a la labor de asesoramiento, sino también a la oportunidad de participar en la redacción de las normas de aplicación sobre la base de leyes aprobadas por esta Cámara. Pero me gustaría reiterar la importancia del derecho de revocación, y eso es algo que hemos conseguido. Como ocurrió con la autorregulación, teníamos claro desde el principio que no queríamos ni podíamos impedirlo. Pero tiene que dejarse claro que la autorregulación no puede anular la competencia legislativa de esta Cámara, sino, como ha dicho muy claramente la Sra. Frassoni, tenemos que mostrarnos firmes y adoptar medidas para hacer frente a cualquier amenaza que trate de recortar nuestras competencias legislativas. Al final del día, la Comisión, como guardiana de los tratados, estará obligada a tomar las medidas oportunas.
Hay muchas otras cuestiones importantes, como la mejora de los requisitos de información mutua, y de la información proporcionada a los ciudadanos europeos. Ahora son la Comisión y el Consejo los que oponen una gran resistencia a las demandas del Parlamento en este ámbito, sobre todo en lo que respecta al derecho de revocación, pero al final conseguimos nuestros propósitos. La Comisión y el Consejo probablemente no han contado con lo que yo llamaría el equipo invencible que trabaja en esta cuestión, encabezado por el Sr. Gargani, con su serenidad inquebrantable, el Sr. Clegg, con su característica flema británica, pero no por ello menos eficaz, y la Sra. Frassoni, cuya combinación de inflexibilidad y encanto fue fundamental para ablandar a los Vicepresidentes de la Comisión, algo que sabemos que no es precisamente fácil. Estando así las cosas, creo que hemos encontrado una solución muy buena. Recomiendo a la Cámara que tenga esto en cuenta y apruebe el informe Frassoni. 
Clegg (ELDR ).
   – Señor Presidente, como se ha dicho antes, este es sin duda un acuerdo satisfactorio. He disfrutado mucho trabajando con mis colegas, el Sr. Gargani, la Sra. Frassoni, el Sr. Swoboda y otros colegas del Consejo y del Parlamento, aunque haya sido un proceso excesivamente prolongado. Hemos llegado a un acuerdo que es mucho mejor de lo que muchos de nosotros esperábamos al principio.
Como han dicho varios oradores, no es un acuerdo perfecto. Ningún acuerdo es perfecto. Es una especie de paquete mixto. Como ha dicho Mónica Frassoni, hay algo de «bla, bla, bla»; hay algunos pasajes ligeramente vacuos, pero también hay algunos avances de procedimiento muy importantes.
Durante uno o dos minutos voy centrarme, si me lo permiten, en lo que va a pasar a continuación. No tiene sentido alcanzar este acuerdo sobre el papel después de todos estos meses de conversaciones prolongadas si no transformamos las ventajas que hemos acordado en efectos prácticos tan pronto como sea posible. Me gustaría subrayar dos aspectos de los que pienso que necesitamos realizar un seguimiento lo antes posible. En primer lugar, el apartado 36 del acuerdo dice que «dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo, a quienes corresponde como autoridad legislativa la aprobación final de las propuestas de actos simplificados, deberán, por su parte, modificar sus métodos de trabajo, instaurando, por ejemplo, estructuras ad hoc específicamente encargadas de la simplificación legislativa». Ese es un objetivo muy importante y será difícil de alcanzar. Insto tanto al Parlamento como a nuestros colegas del Consejo a que se aseguren de que la fecha límite del proceso de simplificación se respete en el plazo de seis meses especificado en dicho apartado.
También quiero remitirles al apartado 30, que trata de algo que todos saben que me importa mucho, que es el avance que espero que hagamos con la ejecución de evaluaciones de impacto en estas tres instituciones. El texto dice «Después de la aprobación del presente Acuerdo y con la mayor brevedad, las tres Instituciones realizarán un balance de sus respectivas experiencias y examinarán la posibilidad de definir una metodología común.».
El comentario de Mónica Frassoni sobre este acuerdo destaca totalmente por su claridad y su justicia excepto en un aspecto, donde creo que se muestra un poco negativa acerca del potencial de alcanzar un acuerdo sobre evaluaciones de impacto. Mi opinión personal es que no hay manera de que alcancemos los principios generales a los que se refieren los objetivos comunes del acuerdo –a saber, seguridad jurídica, la promoción de la simplicidad, la claridad y la consistencia en la redacción de las leyes– si no avanzamos rápidamente, tal como se pide en el apartado 25, en el establecimiento de una metodología común para realizar evaluaciones de impacto medioambiental, social y económico, no solo con respecto a las propuestas de la Comisión, sino también a enmiendas significativas presentadas por nosotros mismos y por el Consejo de Ministros.
Espero que haya cierta urgencia en los próximos meses para alcanzar un progreso real y práctico tras el acuerdo, y especialmente en estos dos importantes objetivos de simplificación y evaluaciones de impacto. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, quiero felicitar a los cuatro oradores que me han precedido, que participaron en las negociaciones sobre este Acuerdo Interinstitucional, y resaltar especialmente, como ha hecho Nick Clegg, el informe de Mónica Frassoni y su exposición de motivos ante la Cámara.
Sin embargo, estoy ligeramente en desacuerdo con algunos de los puntos que se acaban de subrayar. Cuando hablamos de legislar mejor, me parece que, de repente, en este Parlamento del siglo XXI cunde la sensación de que el Beccaria y el Bentham de finales del siglo XVIII salen a escena con nosotros.
La legislación es una ciencia que puede mejorarse, puesto que todos sabemos lo bueno que tiene la condición humana, y lo único que tenemos que hacer es dotarnos de los medios técnicos para realizarlo. Sabemos, como el Sr. Medina Ortega acaba de decir, que de hecho este no es el caso. El deber de los diputados de una legislatura democrática no es buscar una única opinión institucional. Los jueces de los diputados de una legislatura democrática tienen que abordar la dialéctica de la política contemporánea, para expresar los puntos en los que estamos en desacuerdo y no los puntos en los que estamos de acuerdo.
Quizás del desacuerdo o del debate surja, al final, la sabiduría y la decisión, pero no partimos de la premisa de que solo hay una respuesta correcta y de que el modo de alcanzarla es una cuestión técnica. Ni tampoco podemos partir razonablemente de la premisa de que la evaluación de impacto es fácil. Tenemos «misiles legislativos» que impactan cuando aterrizan, y a partir de ahí podemos establecer cuál ha sido el impacto.
Cualquiera que haya estudiado sociología del derecho es muy consciente de que esto no es verdad. Lo que la legislación ha producido realmente sigue siendo objeto de controversia años después de haberse aprobado. Hay muchas vertientes en los efectos de la legislación. Ni siquiera estamos siempre de acuerdo en torno al impacto jurídico, y todavía menos en torno al impacto económico de la legislación.
Hace más o menos una semana tuvimos una gran discusión en relación con la Directiva sobre derechos de autor porque la gente no estaba segura, no con respecto al coste, sino a sus implicaciones ante los tribunales. La seguridad jurídica es un mito y una ilusión. Lo más que pueden hacer los buenos legisladores es limitar la inseguridad jurídica, y a este respecto deberíamos abordar nuestra tarea con la debida modestia.
Esto me remite al punto sobre la subsidiariedad que nos importa a todos bastante. La evaluación de impacto a gran escala parece suponer que todas las leyes impactan del mismo modo en todas las partes de esta extensa y diversa Unión. Qué opinión más absurda. No es verdad. Cada vez que se examina un caso real, resulta que impacta de modo diferente en lugares diferentes. Eso es lo que hace que la subsidiariedad sea tan importante. Recomiendo encarecidamente el informe de Mónica Frassoni y su exposición de motivos. Voy a votar a favor del mismo, pero tengo mis dudas sobre las hipótesis que subyacen a este debate. 
Schleicher (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, uno de los temas del debate conjunto de hoy tiene mucha importancia: la calidad de la legislación europea. La mejora de la legislación pasa por aprobar un acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones; en cuanto a lo demás, la Comisión, empezando con el Libro blanco sobre la gobernanza europea publicado a finales de 2001, ha elaborado hasta la fecha dieciséis documentos completos en forma de comunicaciones e informes sobre «La gobernanza europea y la mejora de la legislación».
Algunos de esos documentos reflejan un cierto compromiso por parte de la Comisión con respecto a su propio trabajo, y eso es digno de elogio. Otros atañen directamente a los derechos del Parlamento según se establecen en los Tratados, como, por ejemplo, el ejercicio de los poderes ejecutivos conferido a la Comisión, los procedimientos de comitología, o las declaraciones sobre la creación de nuevos instrumentos legislativos como, por ejemplo, la coordinación abierta, la autorregulación, la corregulación y similares. El nuevo acuerdo interinstitucional pretende reflejar un cierto compromiso de las tres instituciones para definir la utilización de esos instrumentos, que ninguno de los Tratados especifica.
Pese al importante trabajo que han hecho nuestros hómologos y a mi gratitud por ese trabajo y por haberse ocupado realmente a fondo de estas cuestiones, tengo que decir que me complace menos la perspectiva de contraer otra obligación, ya que cualquiera que lea el texto de este acuerdo interinstitucional no dejará de preguntarse qué valor añadido puede ofrecer al Parlamento, además de los derechos que ya le otorgan los Tratados. No creo que sea mucho; pero lo peor es que, al firmar este acuerdo solo unos días después de la ceremonia de inauguración de la CIG, que también se ocupará de esta cuestión, y sin que nadie nos obligara a ello, nos estamos atando de manos a nosotros mismos en este Parlamento y, de hecho, ya hemos renunciado al pleno uso de la prerrogativas parlamentarias que tanto nos costó conseguir durante dos laboriosas décadas.
Solo a través del pleno ejercicio de los derechos que le otorgan los Tratados ha podido el Parlamento ampliar progresivamente su ámbito de influencia entre la Comisión y el Consejo. Con este tipo de acuerdos interinstitucionales y otros acuerdos con la Comisión, como el del procedimiento de Lamfalussy, estamos volviendo a recortar nosotros mismos nuestros derechos y, en mi opinión, enfocando las cosas de una forma totalmente equivocada.
La calidad de la legislación europea es una cuestión tan importante que no debemos tratarla a la ligera. Los destinatarios de la legislación, y con eso me refiero a los ciudadanos a los que se aplican las leyes, los Estados miembros encargados de su transposición y todos los implicados en su aplicación a todos los niveles, sufren cuando las leyes son malas. Por eso tenemos que dejar de producir la profusión de documentos que circulan entre todas las instituciones y en su lugar dedicarnos a presentar y aprobar leyes que sean realmente mejores. Eso está en nuestras manos como diputados de esta Cámara.
Hoy, 8 de octubre, esta Cámara, con el informe de Medina Ortega, hace un segundo intento de manifestar su posición ante una comunicación de la Comisión sobre la simplificación y mejora de marco regulador que se remonta a diciembre de 2001, fecha desde la cual esta cuestión ha sido tratada en tres cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, sin que el Parlamento haya podido responder y hacer sentir su influencia. La producción de más documentos de este tipo constituye un mal ejemplo, cuando tendríamos que estar ayudando a la Comisión a reducir la voluminosa legislación comunitaria, que ahora ocupa 97.000 páginas, y simplificarla de una vez por todas. Eso también contribuiría a mejorar la legislación europea. 
Van den Berg (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero darle las gracias al Sr. Medina Ortega. Para mí, una mejor legislación significa una gobernanza europea que sea más democrática, que consiga más para sus ciudadanos y que sea más comprensible para todo el mundo: una Europa más eficiente, más democrática, más transparente. Ese fue el principal objetivo de la Convención cuando redactó el texto de la Constitución. Algunos Jefes de Gobierno han corrido el riesgo este fin de semana de volver a caer en sus antiguas rencillas de poder y dinero, olvidándose de lo que realmente quieren los ciudadanos europeos.
Por fortuna, los Tratados europeos nos dejan mucho margen de actuación, otro tema de debate aquí. En su Libro blanco «La Gobernanza europea», la Comisión presenta un gran número de propuestas para mejorar la gobernanza, constituyendo una parte importante de ellas las mejoras del proceso legislador. Se trata de un ámbito en el que hemos hecho un verdadero progreso. Al mismo tiempo, la Comisión ha presentado varias propuestas dentro de ese mismo marco, como el programa para la consolidación, codificación y simplificación de la legislación, que reducirá el volumen de la legislación en al menos 35.000 páginas. Esto, para variar, debería mencionarse en los periódicos.
Pero en el ámbito de la legislación, los colegisladores –el Parlamento y el Consejo– tienen que asumir un papel central. La Comisión tuvo un comienzo poco afortunado, pero después alcanzó un acuerdo con el Parlamento y el Consejo, que culminó con el acuerdo interinstitucional. Ofrece grandes posibilidades para un enfoque europeo más rápido y simple en ámbitos como el medio ambiente y la política social. Pero si los resultados no son satisfactorios, el Parlamento podrá intervenir exigiendo, y de hecho ejerciendo, su derecho como colegislador. En mi opinión, la Comisión y el Consejo han tardado mucho en reconocerle este derecho, y todavía siguen demostrado poca generosidad. Después de todo, no puede existir una verdadera democracia sin un Parlamento. Nadie necesita un poder tecnocrático que gobierne por encima y al margen de los ciudadanos europeos. Lo que necesitamos es un planteamiento drástico para acabar con unos procedimientos excesivamente largos, la ausencia de resultados y el déficit general de transparencia.
En esta Cámara, el Sr. Van Doorn ha presentado una propuesta para introducir algún tipo de prueba burocrática, una evaluación independiente. Me gusta esa idea, siempre que la información que obtengamos termine en nuestras manos, como colegisladores. En el análisis final, somos todos nosotros al unísono, junto con el Consejo, los que tenemos que tomar las decisiones y eso, como no podía ser menos, ocupa un lugar central en la lucha que estamos librando, así que espero que la Comisión esté dispuesta a cumplir los acuerdos. 
Lynne (ELDR ).
   – Señor Presidente, estoy muy satisfecha de que estemos avanzando en esto de legislar mejor. Como europeísta, me parece extremadamente frustrante que en este lugar aprobemos actos legislativos que no se han sopesado bien y que no solo perjudican a este Parlamento: también dañan nuestra credibilidad.
Asimismo tenemos que contemplar la legislación vigente para ver si se está aplicando en cada Estado miembro. Si no se está aplicando, ¿es porque no es viable? Si no es viable, ¿por qué no revocamos esa legislación, en lugar de simplemente proponer nuevos actos legislativos en el mismo ámbito, como parecemos estar haciendo en este momento?
También tenemos que considerar si verdaderamente es necesario legislar a escala europea en todos los casos. Si es necesario, entonces tenemos que optar por una evaluación de impacto exhaustiva, basada en pruebas científicas y médicas actualizadas en los ámbitos donde sea aplicable, como la legislación sobre seguridad y salud en el ámbito del empleo y los asuntos sociales.
Asimismo hemos de tener en cuenta la situación en cada Estado miembro. La precisión de las evaluaciones de impacto tiene que mejorar, y he de decir que no creo que sean muy buenas actualmente. También deben estar disponibles en una fase temprana para que podamos realizar una consulta de verdad. Esa consulta debería incluir el instrumento más apropiado para este ámbito específico.
Todos los resultados y todas las contribuciones deberían ser de dominio público. Me complace que el Sr. Medina Ortega haya accedido a devolver su propuesta a la comisión. Es lo que tiene que hacer. Le felicito por todo el trabajo que ha hecho, pero su propuesta ha quedado, sin duda, superada por el Acuerdo Interinstitucional. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en gran parte apoyo los informes que tenemos ante nosotros sobre una mejor reglamentación y el Acuerdo Interinstitucional, y también sus objetivos: asegurar un corpus jurídico fiable, actualizado y sencillo de comprender para el usuario que beneficie a todos nuestros ciudadanos, trabajadores y empresas. Esto incluye eliminar la «madera muerta» –los textos obsoletos y desfasados–, lo que debería comportar la disminución del volumen de «acervo comunitario» sin que afecte a su condición jurídica. Existe la necesidad de mejorar la presentación y simplificar el acceso al corpus jurídico comunitario; la modernización y la simplificación de la legislación y las políticas vigentes tienen que introducirse paulatinamente.
Sin embargo, la tarea no debe infravalorarse. El Mercado Único es una de nuestras grandes historias de éxito, pero el gran volumen de legislación generado por el Mercado Único para garantizar la armonía de los procedimientos de los Estados miembros es desalentador. Las enmiendas, que se originan en cualquiera de las lenguas oficiales y después se traducen a todas las demás, a menudo dejan un producto final –cuando se vuelve a traducir a todos los idiomas oficiales– indigesto, pedante y por lo general pesado e incómodo para el ojo nativo. Sí, la condición jurídica queda intacta, pero el texto no es fácil de entender.
Nuestra adicción a los acrónimos ha generado un nuevo idioma: la eurohabla. Tras seis meses en cualquiera de las Instituciones, todos la usamos, aislando todavía más a nosotros mismos y a nuestro trabajo de los ciudadanos. Cocobu, PESC –¿o acaso es CFSP?–, Coreper, y el último es el CAGRE, que creo que significa Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. En una palabra, nuestros textos necesitan desintoxicarse de esta adicción.
La evaluación de impacto es un ámbito particular de gran interés actual para mi país, Irlanda. Nuestro interés específico radica en el desarrollo de un medio de probar la competitividad de las medidas legislativas de la Unión Europea, para garantizar que la estrategia de la Unión Europea estimula el crecimiento económico a fin de cumplir los objetivos de Lisboa 2010. Queremos alcanzar un progreso real en el desarrollo y uso de la evaluación de impacto para consolidar la competitividad. El texto del apartado 30 del Acuerdo Interinstitucional se inspira en la propuesta contenida en el informe del Sr. Medina Ortega para que exista la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto de la legislación emanada de la codecisión, antes de adoptar cualquier enmienda sustancial, bien en primera lectura, bien en la fase de conciliación sobre la base de criterios y procedimientos definidos conjuntamente. No voy a contener la respiración, señor Presidente.
Para que conste, el proceso de la evaluación de impacto integrada de la propia Comisión está aún en pañales. En 2003, la Comisión identificó 44 propuestas para las llamadas evaluaciones de impacto ampliadas. No obstante, parece que solo cuatro han concluido. Me gustaría que la Comisión comentara este punto, por favor.
Las esperadas propuestas legislativas sobre productos químicos, que no estaban incluidas en las 44 identificadas originalmente, pero que han sido evaluadas ahora en respuesta a la presión política y de otro tipo, serán las primeras evaluaciones de impacto extensivas efectivas realizadas sobre una propuesta. Solo entonces quizás se vea su utilidad.
En conclusión, y utilizando las propias palabras del señor Comisario, existe una base sólida, pero quizás sea una carta a los Reyes Magos. Esperemos que sea lo primero.
Koukiadis (PSE ).
    Señor Presidente, como todos sabemos, a la Comisión le preocupa la cuestión de mejorar la gobernanza de este modelo de Comunidad que desde hace años llamamos Unión Europea.
Parte de esta estrategia consiste en simplificar y mejorar la legislación. El ponente, Sr. Medina Ortega, lleva mucho tiempo siguiendo de cerca todas estas cuestiones y eso ha permitido que su rica experiencia de las lagunas, deficiencias y puntos flacos de la legislación quede reflejada en este informe. Sus propuestas abarcan todas las etapas del proceso legislador, desde el trabajo de preparación de la legislación, los procedimientos de redacción y la forma de redactar el contenido, hasta la fase de aplicación de la legislación por los Estados miembros. Dispongo de poco tiempo, de manera que comentaré tres de los problemas básicos generales que se plantean.
El primero de ellos es de índole estrictamente política y se refiere al conflicto permanente entre la burocracia de cada mecanismo administrativo y, en consecuencia, entre el correspondiente mecanismo de la Comisión Europea, que considera la eficiencia como una cuestión técnica, debilitando con ello el principio de legitimidad democrática, que es el único principio que puede dotar de credibilidad a un texto legislativo. Si, por consiguiente, queremos una verdadera reforma del proceso legislador, la Comisión tendrá que emprender iniciativas adecuadas y dar un ejemplo que concederá prioridad absoluta a la legitimidad democrática y a la salvaguarda del equilibrio entre las instituciones.
En segundo lugar, desde el momento en que se otorga especial importancia, y yo pienso que con toda razón, a la calidad y la transparencia de las numerosas consultas necesarias para promover una propuesta legislativa, los requisitos mínimos de consulta propuestos deben incluir la representatividad de los interlocutores sociales consultados estableciendo unos criterios estrictos de representatividad y el procedimiento para la revisión periódica de la lista de organizaciones representativas. La representatividad no es un derecho adquirido de ningún interlocutor, sino que tiene que confirmarse gradualmente.
Y, por último, la comunicación de la Comisión contiene propuestas acertadas para mejorar la transposición de los textos legislativos en los Estados miembros, además de las propuestas contenidas en los informes sobre la aplicación de la ley, pero no se tienen en cuenta esas propuestas. Si por lo menos se respetara la legitimidad democrática, tendría que explicar al Parlamento el motivo de que no se tengan en cuenta esas propuestas.
Inglewood (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tal y como ya han comentado algunos colegas esta tarde, estos son informes muy importantes, porque la legislación es la parte más importante del gobierno y define de muchas maneras el carácter fundamental de cualquier sistema de gobernanza. He estado entrando y saliendo de este Parlamento durante casi 15 años, y en ese período ha habido más informes sobre el asunto que estamos discutiendo esta tarde. De lo que no estoy seguro es de si, durante ese período, la legislación ha mejorado o empeorado. Pero estoy seguro de que hay mucho más interés político y debate sobre este tema del que había en mis primeros días. Estoy seguro de que eso es un paso en la dirección adecuada.
No obstante, la prueba de que el pastel existe está en comérselo, como decimos en Gran Bretaña. Lo que cuenta no es lo que la Comisión, el Consejo o el Parlamento : lo que cuenta es lo que . ¿Cuáles son, por tanto, los puntos cruciales?
El primero es, sin duda, la democracia. Todos los procedimientos gubernamentales, ya sean administrativos o legislativos, deben estar basados en la urna. Los que toman decisiones en estos ámbitos deben responder de lo que hacen. En última instancia, los sistemas en los que trabajan deben ser transparentes.
En segundo lugar, todo esto debe producirse en el marco de un Estado de derecho. Donde haya abusos, debe haber reparación jurídica administrada por autoridades judiciales independientes. Esto puede ocurrir en una gran variedad de ámbitos: bien porque haya un error al trasponer o bien porque algo se produzca a raíz de un procedimiento inadecuado. Retomando un comentario del Sr. Medina Ortega, los ámbitos en los que está establecida la autorregulación deben operar conforme al Estado de derecho.
En tercer lugar está esa palabra de la que tanto se habla: «subsidiariedad». No deberíamos hacer a nivel europeo lo que en realidad debería hacerse a nivel nacional, cualquiera que sea la precisión con que se defina esto.
En cuarto lugar está la proporcionalidad. Cualquier legislación que redactemos debe ser proporcionada con respecto al abuso o daño que se supone que va a tratar. En este contexto, al mismo tiempo que recomiendo las propuestas del informe Mandelkern, debemos tener cuidado de que las evaluaciones de impacto no se conviertan en un obstáculo burocrático en el proceso legislativo.
Por último, sin duda, existe una necesidad de claridad. Lo único que puedo decir es, como inglés, que buena parte del inglés producido en Bruselas no es reconocido como tal por mis paisanos. Debemos predicar con el ejemplo. ¿Mejoramos en realidad la legislación cuando pasa por esta Cámara? Creo que la respuesta verdadera es que «a veces lo hacemos», cuando debería ser «siempre». Deberíamos empezar por poner nuestra propia casa en orden. 
Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, este debate tiene muchas facetas: mejor redacción, consulta más amplia, etc., y estamos progresando en varios de estos aspectos. Sin embargo, la cuestión que quiero abordar es lo que yo llamaría «subsidiariedad horizontal», no la subsidiariedad vertical que Lord Inglewood acaba de mencionar en sus comentarios sobre el nivel del gobierno: europeo, nacional o regional. Se trata de si conviene legislar, si es mejor dejarlo en manos de la autorregulación, de la corregulación o de la no regulación. En este terreno también necesitamos una jerarquía; necesitamos una carga de la prueba para demostrar la necesidad de intervenir. Puede ser que ciertos asuntos o temas no necesiten regulación alguna. Si lo necesitan, puede que la autorregulación sea suficiente, y si no lo es, quizá lo sea la corregulación. Sin embargo, cuando no es suficiente –y solo cuando no es suficiente– entonces deberíamos intervenir y legislar.
La pregunta es la misma que en el caso de la subsidiariedad vertical: ¿quién decide? Es justo que decida la autoridad legislativa. Los que son responsables ante el conjunto de la población, y no ante ciertos intereses sectoriales, deberían tomar la decisión en primer lugar. Por eso acojo con satisfacción el Acuerdo Interinstitucional y el informe Frassoni, y felicito a la Sra. Frassoni por su informe.
Este Acuerdo Interinstitucional no tiene un contenido muy amplio, pero contiene el reconocimiento de que para corregular primero se necesita el permiso de la autoridad legislativa. Este es un principio muy importante y es algo que hemos alcanzado en este Acuerdo Interinstitucional.
Me gustaría añadir unas palabras sobre acuerdos interinstitucionales en general. Ahora tenemos muchos, gran parte de los cuales se solapan, y algunos repiten los mismos temas utilizando distintas palabras. Pronto tendremos que volver y codificar y simplificar los distintos acuerdos interinstitucionales existentes en un texto único, claro y conciso. Es una de las primeras cosas sobre las que deberíamos volver una vez que hayamos terminado con el asunto, esperemos que pronto, de la adopción de nuestra nueva Constitución Europea.
McCarthy (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción el hecho de que hayamos alcanzado un punto, con este Acuerdo Interinstitucional, desde el que podamos comenzar a cumplir nuestro compromiso de ofrecer una legislación mejor y más simplificada. Quiero felicitar también al grupo de negociadores y, por supuesto, a nuestros ponentes.
Si lo hacemos bien, una legislación buena, clara y simple podría traducirse en menos casos de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia Europeo y también podría facilitar la ejecución de la legislación en nuestros Estados miembros. En mi opinión, los consumidores y ciudadanos necesitan saber qué remedio legal pueden esperar de la legislación europea y las empresas necesitan tener claras las normas y prácticas a las que deben aspirar a fin de cumplir la legislación europea. Sí, las evaluaciones de impacto reglamentarias pueden ser una herramienta técnica, pero son una herramienta fundamental tanto para implicar a más partes interesadas, como para realizar comprobaciones y balances sobre el ejecutivo, que mejoren no solo la calidad del debate en esta Cámara, sino también nuestra capacidad para pedir cuentas al ejecutivo.
También podemos utilizar las evaluaciones de impacto para analizar los beneficios de la legislación propuesta, y al mismo tiempo comprobar en qué ámbitos la corregulación, la autorregulación o la pueden ser herramientas válidas. Sé que a algunos de mis colegas les preocupa que las opciones de la puedan deteriorar o anular la prerrogativa de los Parlamentos como legisladores. Acepto que existen diferencias culturales entre los Estados miembros en este ámbito, pero también tenemos que aceptar que, en ocasiones, la legislación puede ser inflexible y difícil de modificar, mientras que los códigos de conducta pueden surtir efecto más rápidamente, especialmente por lo que respecta a las prácticas desleales de las empresas.
Por supuesto, el Sr. MacCormick tiene razón cuando dice que la legislación trata de política. No es tan solo un ejercicio científico de evaluaciones de impacto. Por ese motivo, este Parlamento y sus políticos electos siempre serán una parte esencial del proceso legislativo. También estoy de acuerdo en que la revocación es una parte esencial de este derecho de escrutinio. Debemos dar nuestro apoyo a la agenda del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», pero el Parlamento necesitará más recursos y poderes para poder responder a las evaluaciones de impacto y enjuiciarlas y utilizar estos procedimientos reglamentarios para pedir cuentas a la Comisión y al Consejo.
La agenda de «Legislar mejor» exigirá un cambio de cultura, de poder y responsabilidad de todas nuestras instituciones. No deberá ir en detrimento del Parlamento, sino que, de hecho, deberá reforzar su derecho de escrutinio de la futura legislación. 
Frassoni (Verts/ALE ),
    Señor Presidente, he pedido hacer uso de la palabra de nuevo después del debate porque tenía mucho interés en escuchar lo que el Consejo y la Comisión tenían que decir. Ahora ya les he escuchado, y sus intervenciones me han confirmado que, si queremos que este acuerdo no siga siendo una visión vacía de contenido, dependerá exclusivamente de la capacidad del Parlamento Europeo para garantizar que se respete y que se convierta en una práctica común de nuestra institución. En ese debate, exactamente igual que durante las negociaciones, nos hemos encontrado con una cierta inflexibilidad respecto a la necesidad de asegurar que, cuando se utilicen métodos alternativos a la legislación, exista un legislador y que el Parlamento Europeo, en particular, tenga la posibilidad de evaluar su funcionamiento y, si lo considera necesario, pueda rechazarlos.
Señora McCarthy, el problema no es la diferencia cultural, que desde luego puede existir entre nosotros respecto a los acuerdos voluntarios; el problema está en que, cuando los acuerdos voluntarios no funcionan, nos corresponde el derecho, como autoridad legislativa, a revocarlos y ese derecho, lamento tener que decirlo, solo lo podemos ejercer si nos peleamos mucho y duro.
Señor Presidente, quiero referirme brevemente a la cuestión de los análisis de impacto. El Sr. Clegg, que formó parte de nuestro equipo negociador, tiene razón: llegó un momento en que dejamos de insistir en el tema, sobre todo porque posiblemente el Parlamento no esté todavía preparado para actuar unido en esta cuestión. Los análisis de impacto siguen siendo, yo diría, una cuestión política, por la que nos hemos arriesgado incluso a perder algunas de nuestras prerrogativas durante las negociaciones, imponiéndonos con demasiada rigidez la obligación de realizar unos análisis del impacto cuando, en realidad, no estamos todavía preparados técnicamente para ello.
Además, creo que la Comisión enfoca esta cuestión de una manera totalmente variable. Para algunas cuestiones sí se realizan estos análisis y se consideran importantes, mientras que para otras se han abandonado totalmente. En relación con esto, me gustaría poner como ejemplo la famosa lista de Van Miert sobre las redes transeuropeas, habiendo abandonado totalmente la Comisión la idea de realizar algún tipo de análisis de impacto para esta importante medida. Repito: el análisis de impacto sigue siendo una cuestión que este acuerdo interinstitucional no ha conseguido resolver, y creo que debemos ser conscientes de ello y actuar de una manera responsable de cara al futuro. 
Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, me gustaría decir que el procedimiento por el que el ponente retoma la palabra y contesta al final del debate supone una excelente innovación. Le felicito a usted y a la Sra. Frassoni por haber organizado el debate anterior de esta forma. 
El Presidente.
   Yo me he encontrado el orden del día ya preparado, por lo que traslado la felicitación a quien se la merezca. Muchas gracias, señor Corbett.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a partir de las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe (A5-0294/2003) del Sr. Bodrato, elaborado en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la política espacial europea - Libro Verde (COM(2003) 17 - C5-0209/2003 - 2003/2092(INI)).
Bodrato (PPE-DE ),
    Señor Presidente, el Libro verde presentado por el Comisario Busquin, que el Parlamento ha acogido con especial satisfacción, reitera la importancia estratégica de la política espacial para la independencia, la seguridad y el crecimiento económico de una Europa que quiere mantenerse a la cabeza de la investigación científica y la innovación tecnológica. 
En los últimos meses, se ha llegado a un punto decisivo con la Convención constitucional, que otorga a la política espacial un papel específico, creando así una base jurídica para los programas de la Comunidad y consolidando la estrategia iniciada con el extraordinario éxito del programa Galileo. Pero no podemos ignorar el hecho de que la Comisión ha dado también una respuesta específica a la crisis sin precedentes que ha golpeado al sector espacial, en especial a los lanzadores, afectando a la actividad de muchas industrias y acentuando las distorsiones del mercado mundial.
El activo espacial es crucial para la concentración de profesionalidad, investigación y tecnología, una característica del desarrollo de la economía basada en el conocimiento. Es un recurso que no puede desperdiciarse y tanto la Comisión como el Consejo de la Agencia Espacial Europea han demostrado que son plenamente conscientes de ello. El informe del Parlamento destaca el papel de la ESA y las agencias nacionales, y expresa su satisfacción con el acuerdo marco, que la Comunidad Europa y la ESA han apoyado y el Parlamento ha solicitado con insistencia. Este acuerdo marco confirma el papel único de la ESA en la organización de la investigación y el desarrollo tecnológico e industrial. Este papel tiene que especificarse en un programa espacial europeo que redefina las responsabilidades de la Comisión a la vista de la demanda de los ciudadanos y las nuevas iniciativas que exigen representatividad política y una competencia institucional específica.
El deseo de que Europa asuma una posición de liderazgo en la escena internacional, con la participación de todos los países de la UE, no es incompatible con una firme creencia en la necesidad de cooperación internacional: la cooperación, en primer lugar, con los Estados Unidos –pensemos en la estación Espacial Internacional– pero también con otros países, como Rusia, Japón y la propia China. Tenemos que ser también conscientes de que la calidad de los acuerdos internacionales –en particular los relativos al espacio– depende de la calidad del apoyo científico, industrial y económico. Los objetivos de Europa tienen que contar con el apoyo de los recursos públicos, como ocurre en todo el mundo, y de una organización más activa de políticas comunes en los ámbitos de la agricultura, las telecomunicaciones, el medio ambiente y el transporte. Tenemos que promover la iniciativa privada, como se ha hecho con Galileo, pero sin olvidar que el objetivo de duplicar el presupuesto espacial en diez años contribuirá solo en parte a salvar las distancias con los Estados Unidos.
La ciencia espacial ha desempeñado un papel pionero. Pero la calidad de los recursos humanos y la investigación básica merece una mayor atención. El futuro de la política espacial europea depende de ello. Por tal motivo creemos que el próximo programa marco de investigación debe dedicar más recursos al sector espacial y promover la participación de las pequeñas y medianas empresas, que están convirtiéndose en un apoyo indispensable para las nuevas empresas innovadoras.
Mi último comentario se refiere a la directriz de la Convención relativa a la creación de una agencia de armamento abierta a todos los Estados miembros, de acuerdo con el método de la cooperación estructurada. Esta directriz puede ayudar a desarrollar el activo industrial y tecnológico. No se trata –y tenemos que dejar eso claro– de militarizar el espacio, sino de reconocer que se trata de una actividad con una doble vertiente, militar y civil, así como una estrategia para la seguridad europea que no puede abandonarse por las tentaciones del unilateralismo estadounidense. Para evitar malas interpretaciones, el informe se refiere a la resolución de las Naciones Unidas sobre la prevención de una carrera armamentística en el espacio exterior y a la propia Convención, que propone promover la paz y contribuir a la seguridad y al desarrollo sostenible de nuestro planeta.
Después de haber debatido el Libro verde, ahora tenemos que centrar nuestra atención en el Libro blanco. Nuestras expectativas se basan en las opiniones positivas que hemos expresado hasta la fecha y que también son, según creemos, las expectativas del mundo científico y del mundo industrial europeo. 
Busquin,
   . – Señor Presidente, señor Bodrato, Señorías, en primer lugar quiero darle las gracias al Sr. Bodrato y a los miembros de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía por la calidad de su informe y sus constructivas propuestas. Eso demuestra una vez más el compromiso del Parlamento y su apoyo al sector espacial. La consulta sobre el Libro verde ha ofrecido la oportunidad de celebrar un debate muy abierto sobre el futuro de la exploración del espacio en Europa y de examinar numerosas contribuciones de todos los sectores. Partiendo de esa base, nos hemos comprometido ahora a elaborar el Libro blanco sobre los objetivos a medio y largo plazo de la política espacial europea, como pidió el Parlamento a la Comisión en enero de 2002.
Se han constatado algunos puntos de convergencia. El primero de ellos es que Europa necesita una política espacial de alto nivel que sea independiente y de gran alcance. El segundo es el reconocimiento de que nuestro sector espacial es vulnerable desde el punto de vista estructural. Como ya se ha dicho, hemos tenido problemas con los lanzadores, y una decisión del Consejo de la ESA nos ayudó a encontrar una solución, aunque solo fuera a corto y medio plazo. Ahora tenemos que encontrar una solución más estructural. Por último, es fundamental que prestemos más atención al sector de las telecomunicaciones espaciales para aumentar la demanda y mantener competencias en nuestra industria.
Mi tercer y último comentario se refiere a las nuevas responsabilidades de la Unión Europea en materia espacial. En el nuevo contexto político de la Unión, los enfoques de la Agencia Espacial Europea y de las agencias espaciales nacionales tienen que combinarse en una visión conjunta capaz de crear una verdadera política espacial de ámbito europeo. En este sentido, celebro el acuerdo alcanzado entre la ESA y la UE en el Consejo del 22 de septiembre: se trata de un paso crucial.
En justa correspondencia, la política espacial tiene que ser una política horizontal de la Unión, que sirva también a otras políticas. Tendría que formular una estrategia y contener las directrices que ayudarían a asegurar una actividad espacial europea coherente. Tendría que abarcar no solo el dominio civil, sino también otros aspectos de seguridad y defensa. La formulación de una política como esa exigiría, por supuesto, un fundamento jurídico claro en el futuro Tratado y esa es la intención de la propuesta de la Convención, que trata de dotar a la Unión de unas competencias en el ámbito espacial que compartiría con los Estados miembros. La Comisión, como el Parlamento, espera que esta propuesta sea aceptada sin modificación alguna en la Conferencia Intergubernamental. 
Langenhagen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero darle las gracias al Sr. Busquin, quien sabe que desde hace años tengo un especial interés en Galileo, un proyecto que ha llegado a ser muy querido para mí. Pero constantemente se me pregunta qué busca realmente Europa en el espacio, y por qué Europa debe gastarse dinero en el espacio cuando hay otros problemas en la Tierra tan acuciantes y que tanta financiación necesitan. Así que, aunque no espero que esta cuestión reciba una aprobación alegre y sin reservas, estoy firmemente convencida, como sé que también lo están muchos de mis colegas diputados, de que el espacio tiene una importancia estratégica para Europa y para la economía europea. Gracias a las nuevas tecnologías, ofrece nuevas oportunidades. Crea empleo para nuestros ingenieros y ofrece perspectivas de futuro. Europa no tiene que contentarse con unos logros tecnológicos que no sean de primera clase, porque Europa es capaz de alcanzar logros de primera clase.
No es ningún secreto que la política espacial constituye una de las cuestiones prioritarias de cara al siglo XXI. Nuestras vidas cotidianas están ya condicionadas por las más variadas aplicaciones que han sido posibles gracias al espacio y a los satélites que hemos colocado en él, detrás de los cuales están unos conocimientos tecnológicos que tienen que alimentarse. Nosotros, en Europa, tenemos unos valiosos recursos, y con ello me refiero no solo a los ingenieros y técnicos, sino también a los centros de investigación y a las empresas. Ellos son los autores de las innovaciones pero, como siempre se me dice y como he escuchado aquí esta tarde, los investigadores y los talentos intelectuales van allí donde más les ofrecen, no solo en términos económicos, sino también tecnológicos. Por eso, Comisario Busquin, creo que es urgentemente necesario que se haga un verdadero esfuerzo para tener una política espacial europea coherente, como lo ha explicado usted tan acertadamente. Europa tiene que ser consciente de cuál es su posición y de qué oportunidades tiene. Ya no podemos hacer más declaraciones; ahora es el momento de actuar por fin. Europa tiene que estar también dispuesta a invertir y, aunque eso pueda resultar indudablemente doloroso a veces, el sector espacial no solo es muy intensivo en costes, sino también muy competitivo. ¡Aceptemos este reto!
Sin decisión y sin compromiso, Europa perderá un acceso independiente al espacio, y perderá también las aplicaciones que se deriven de él. Comisario Busquin, comparto su opinión sobre el peligro de depender de otros y por eso he acogido con satisfacción el Libro verde sobre la política espacial europea y el detallado e interesante informe del Sr. Bodrato. Europa necesita una señal política para iniciar una nueva etapa en su viaje espacial, y espero que podamos darle el ímpetu que necesita con una clara resolución mañana. 
Savary (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, quiero en primer lugar agradecer al ponente, el Sr. Guido Bodrato, el excelente trabajo que ha realizado y la capacidad que ha demostrado de escuchar opiniones divergentes y reconciliarlas. Creo que este informe es un documento excelente en términos generales.
Me parece especialmente interesante porque llega al final de lo que ha sido un período histórico para el espacio, gracias en particular al empuje crucial que ha recibido del Sr. Philippe Busquin y su equipo. De hecho, por primera vez Europa está preparando algo diferente a una política para regular la competencia y el mercado interior. Está redactando una política industrial y tecnológica realmente proactiva con la que espero que se queden convencidos todos aquellos que dudan a veces de si Europa puede obtener de ella algún beneficio real.
Europa ha conseguido estos resultado en primer lugar a través de Galileo, que nos ha dado la oportunidad de crear la primera empresa de inversión mixta europea; en otras palabras, una empresa conjunta que financiará un proyecto industrial y tecnológico. Los ha conseguido también, con la ayuda del Libro verde, sentando las bases de una política espacial que reconoce que el espacio es una tecnología importante por la importancia de sus aplicaciones en todas las esferas, incluida la civil; una política que reconoce la necesidad de un apoyo político proactivo; una política que reconoce la necesidad de mantener nuestra independencia respecto a las nuevas potencias. Este es un punto que el Comisario Busquin nos ha recordado y que nos parece de extrema importancia. Al mismo tiempo, tenemos que mantenernos abiertos al mundo porque como telón de fondo tenemos una fructífera cooperación con Estados Unidos, con Rusia respecto al sistema Soyuz en Kourou y con China respecto a Galileo. En otras palabras, el espacio está entrando en una nueva era: una era de creciente influencia de la Unión Europea como una potencia espacial capaz de actuar con total independencia de las superpotenciales mundiales y con una crisis como telón de fondo, en particular la crisis que acosa a los presupuestos públicos.
Ahora tenemos que seguir la dirección que nos marca el Libro blanco. Personalmente, espero que las relaciones entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Unión mejoren. Necesitamos a la ESA y sus competencias, pero también necesitamos a la Unión y su apoyo político si queremos hablar con una sola voz en la primera división. Me gustaría también que se produjera una consolidación institucional en el seno de la Comisión. Puesto que el Tratado establece que el espacio debe ser una competencia compartida a escala europea, la Comisión tendrá que velar por el pleno uso de esa competencia. En este sentido, quiero expresar mi apoyo a los programas marco de investigación y desarrollo y a la línea presupuestaria «Aeronáutica y espacio» que aparece por primera vez en el sexto PMID. Reitero mi compromiso con el desarrollo de una cultura de programas y la capacidad de lanzar programas europeos sectoriales a través de otros servicios de la Comisión. Con esto me refiero en particular al sistema de vigilancia de la seguridad medioambiental (GMES) y al seguimiento de los objetivos de Lisboa en materia de educación.
En otras palabras, quiero felicitar al Comisario Busquin y al Sr. Bodrato y decir que se trata de un ejemplo estupendo de un expediente en el que Europa puede hacer mucho más cuando demuestra voluntad política. Ofrezco mis mejores deseos de éxito y continuidad para lo que hemos conseguido juntos en los cinco años de nuestro mandato. 
Ainardi (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, acojo con satisfacción la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre política espacial europea, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). En mi opinión, este Libro Verde demuestra que se es consciente de la importancia para Europa del desarrollo del sector espacial en términos industriales, estratégicos y también políticos. El pasado mes de mayo celebramos un debate sobre el futuro de este sector, a la luz de la grave crisis a la que se enfrentaba a causa de la intensa competencia mundial y de problemas de financiación. El Libro Verde, el informe Bodrato y el recientemente anunciado Libro Blanco contienen propuestas prácticas que podrían ayudarnos finalmente a superar esta crisis y a dotar de una verdadera ambición a una política espacial europea independiente. En este sentido, acojo con satisfacción el resultado del programa Galileo y comparto el deseo expresado de desarrollar la integración comunitaria. Sin embargo, espero que esta integración no cuestione las competencias independientes de la agencia espacial en su función de coordinadora y organizadora de programas.
Me gustaría abordar dos problemas. El informe insiste en la necesidad de crear sinergias entre actividades civiles y militares –he escuchado las palabras del Sr. Bodrato con claridad–, al tiempo que aboga por el uso del espacio con fines pacíficos, con lo que estoy de acuerdo. El ponente espera que los sistemas de satélites no beneficien solo al transporte y al medio ambiente, sino también a la seguridad, de forma que Europa tenga su propia estrategia, su propio cuerpo administrativo y sus propios recursos. Eso está bien, pero estoy convencido de que se debería dar prioridad al uso del espacio con fines pacíficos: las necesidades son enormes, tanto por lo que respecta al medio ambiente como a la gestión de riesgos. Europa no debe seguir la línea del modelo norteamericano, que da prioridad a la investigación y al desarrollo en el ámbito militar por encima de cualquier posible aplicación civil.
Finalmente, un aspecto crucial de una política espacial europea ambiciosa es el de la financiación. El informe subraya que la provisión de fondos públicos es fundamental para el desarrollo de programas espaciales. Existe una contradicción importante entre los objetivos establecidos por la Unión y la realidad. No se ha producido ningún incremento de los presupuestos destinados a las agencias espaciales europeas, mientras que los Estados Unidos dedican seis veces más fondos públicos al espacio que todos los países europeos juntos. La Unión debe aportar, con carácter de urgencia, una financiación adecuada a sus ambiciones. Esto también es un requisito para la integración comunitaria y, en mi opinión, solo los fondos públicos pueden garantizar una inversión a largo plazo, que resulta fundamental en la industria espacial, al igual que el mantenimiento de competencias de alto nivel. Esta es una condición esencial para una política espacial europea independiente y dinámica, que utilice la tecnología más avanzada y que genere empleo de alta calidad. 
Piétrasanta (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, Señorías, la política espacial europea se está convirtiendo en la punta de lanza de la política europea en general, debido a las esperanzas que genera para la investigación avanzada, para las nuevas tecnologías, la economía y el desarrollo. Debe ser realista; en otras palabras, debe tener sentido en el contexto de la política espacial estadounidense y rusa, y actuar como motor de impulso para la Unión Europea.
Felicito al Sr. Bodrato por su informe, que tiene el mérito de expresar este deseo. Sin embargo, creo que se concentra demasiado en aplicaciones militares, que no son el objetivo perseguido por esta política. Este es el motivo por el que proponemos Galileo, que será una organización totalmente civil, por oposición al sistema GPS norteamericano o al Glonass ruso, que están bajo control militar. Nosotros proponemos que se apoye el artículo 150 de la Convención que se está debatiendo, con el fin de que el espacio forme parte de la política europea en general. Es necesario establecer una organización conjunta en el plano europeo y la Agencia Espacial Europea (ESA) deberá ser más una herramienta de esta política integrada que un organismo intergubernamental. El trabajo en el sector espacial debe formar parte del contexto del espacio europeo de la investigación y los principales recursos consagrados a este ámbito deberían ser compartidos por los Estados miembros de la Unión. Todos los agentes implicados en la política espacial y, en particular, el Parlamento Europeo, que apoya nuestra política espacial, deben sentarse en torno a la misma mesa. Nuestro Grupo concede mucha importancia a estas propuestas y prestará mucha atención cuando se apruebe el Libro Blanco sobre el espacio, que se nos presentará antes de que finalice el año. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Piétrasanta.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0294/2003) del Sr. Guido Bodrato, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la política espacial europea. 
Linkohr (PSE ).
   – Señor Presidente, hemos hablado mucho de vuelos espaciales anteriormente y me satisface que ahora se conceda al tema mucha más importancia en el debate europeo de la que se concedía hace diez años. Debo añadir, con toda modestia, que esta Cámara puede atribuirse ese mérito. Hemos comprendido la importancia estratégica del espacio, pero también el hecho de que este aporta muy escasos beneficios económicos, lo que significa que los vuelos espaciales tienen que financiarse con fondos públicos. Sin embargo, lo que sin duda supondrá un beneficio en los próximos años son las actividades derivadas de los vuelos espaciales, en el ámbito de las telecomunicaciones, las técnicas de medición, etc. de las que hemos hablado con frecuencia. No obstante, los vuelos espaciales no tienen futuro sin vehículos en forma de satélites, si –permítanme añadir– no hay ningún vuelo espacial tripulado.
En Colonia ya hay un centro de formación para astronautas. De hecho, nuestras discrepancias no tienen tanto que ver con el propósito de los vuelos espaciales –con respecto a los que, en mi opinión, existe un amplio consenso–, como con sus aspectos militares, que son un factor nuevo. Permítanme decir que no creo que este tema deba asustarnos, dado que –en contra de lo que sucedía hace diez o veinte años– Europa ya cuenta con su política de exterior y de seguridad. No podemos separar un aspecto del otro. Confieso que aprender me parece bastante difícil, aunque uno nunca es demasiado viejo para continuar aprendiendo, por lo que recomiendo encarecidamente que se preste especial atención a este aspecto. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, escasas aunque honorables Señorías, sea cual sea la importancia del desarrollo de la política espacial de la Unión Europea, su orientación resulta igualmente importante. A pesar de las declaraciones iniciales sobre el uso del espacio con fines pacíficos en aras del desarrollo, el conocimiento y las aplicaciones, las referencias directas o indirectas al uso militar se han multiplicado recientemente, hasta el punto de que está claro que es este uso el que interesa a la Unión Europea.
Esta orientación también se pone de manifiesto en el Libro Verde de la Comisión Europea, en el informe STAR 21 y en la reunión organizada por la Presidencia griega en Atenas, los días 8 y 9 de mayo, sobre aspectos de seguridad y defensa del espacio. La militarización está siendo promovida, tanto con el fin de servir a lo que consideramos la agresiva política de seguridad y defensa común, como con el pretexto de que esta es la única manera de reforzar la industria aeroespacial con fondos públicos.
Indudablemente esta industria está sometida a una intensa presión de sus competidores. Sin embargo, ¿es posible que sus problemas tengan su origen en la promoción de los beneficios empresariales como fuerza impulsora, en el liberalismo, la competitividad y el mercado libre que prohíbe la ayuda pública no militar?
A pesar de que el informe de la Comisión de Industria que estamos examinando contiene una serie de propuestas y hallazgos correctos, como el reconocimiento del papel de la Agencia Espacial Europea, la referencia a la necesidad de promover la investigación y la cooperación internacional aprueba, sin embargo, el uso militar del espacio y va demasiado lejos. Así pues, no solo apoya la propuesta de crear una Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares, sino que va más allá al subrayar «la importancia del uso militar de los sistemas de satélites para la realización de operaciones de mantenimiento de la paz» 
¿A qué operaciones de mantenimiento de la paz se refiere? ¿Quizás los constantes ataques homicidas contra Yugoslavia, Afganistán y el Iraq? La implicación de la Unión Europea en la nueva militarización del espacio supone un duro golpe para la paz, porque la sitúa al mismo nivel de responsabilidades que los Estados Unidos en la carrera por la competencia militar.
Finalmente, sería un avance muy negativo para la ciencia y los pueblos que la Agencia Espacial Europea, que como organización transnacional a nivel del continente europeo realiza una gran contribución al desarrollo de la investigación y la ciencia espacial, se convirtiera en la agencia de quienes persiguen objetivos militares.
Por estas razones, Señorías, realizo un llamamiento para que no apoyen esta iniciativa. 
Ortuondo Larrea (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a ninguno se nos escapa que en el acelerado proceso de globalización que vive la humanidad -proceso que empequeñece incluso el horizonte de nuestro mundo buscando la dimensión interplanetaria y del cosmos universal-, resulta estratégicamente importante que nuestra Unión se dote de una política espacial avanzada.
En este sentido, yo apoyo totalmente las decisiones que, al respecto, han sido tomadas por el Consejo Europeo de Lisboa, las reflexiones y propuestas de la Comisión desde 1999 y las decisiones paralelas de la intergubernamental Agencia Espacial Europea. Igualmente, respaldo la propuesta de artículo 50 que ha efectuado la Convención para dar base jurídica a las actuaciones espaciales comunitarias.
Ahora bien, y al igual que en otros sectores, Europa debe tener la ambición y el impulso necesario, reflejado en sus presupuestos, para poder desempeñar un papel protagonista en la escena internacional. Debe poder acceder al espacio de manera independiente y desarrollar las tecnologías adecuadas. Y debe hacerlo en un régimen de cooperación internacional, especialmente con los Estados Unidos y con Rusia, pioneros en materia espacial, y también con otros como el Japón, China, etc. Pero esa cooperación no puede ser subalterna. En ningún caso debe ser subalterna.
A este respecto, me felicito de los avances habidos en una rama de nuestra política espacial, como es el proyecto Galileo, y de los acuerdos que permiten su interoperabilidad con el sistema GPS norteamericano, y espero que, en breve, se alcancen acuerdos también con el sistema Glonass ruso.
Ahora bien, confío en que dichos acuerdos no supediten el uso civil de nuestro Galileo a prioridades militares de ensombrecimiento puntual de la señal que escapen al control y, en todo caso, a la aquiescencia de los responsables de seguridad europeos. Colaboración mutua, sí, pero subordinación, no.
Quiero terminar felicitando al Sr. Bodrato por el buen informe que nos ha presentado en relación con la política espacial europea.
Paasilinna (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el espacio es esencial para la competitividad europea. Resulta fundamental que nuestro continente también sea capaz de desarrollar y producir nuevas tecnologías. Los diferentes componentes y las innovaciones europeas no pueden quedar fuera del mercado en cualquier posible situación competitiva, debido al comercio y a otras barreras.
El rápido desarrollo de las telecomunicaciones significa que Europa debe tener la capacidad adecuada bajo su propio control por medio de satélites. Dado que los niveles de inversión necesarios en este sector son enormes, deberíamos apoyar las iniciativas europeas destinadas a desarrollar la tecnología espacial a través de la organización paraguas de la industria. Para ello no necesitamos obligatoriamente astronautas europeos que se asemejen a los héroes de las películas. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea controlará la importante cuestión del estado del medio ambiente, ayudará en los problemas de transporte y organizará el espacio interior de la Tierra. Es necesario permitir finalmente la difusión de la información al respecto a mayor escala en Europa.
El objetivo de la Unión Europea es una economía basada en el conocimiento. Eso no puede funcionar de forma armoniosa sin la implicación del factor espacial. De hecho, es importante que Europa también se integre en el ámbito espacial y que sea capaz de funcionar adecuadamente desde la perspectiva del espacio. Muchos de los problemas que tenemos actualmente se podrían solucionar en parte si contásemos con una tecnología viable y efectiva en el espacio. 
Martin, Hans-Peter (PSE ).
   – Señor Presidente, el modo en que se ha organizado el debate de hoy produciría risa si no se tratase de una cuestión tan cara. Primero fue retrasado. Después, con todos nosotros presentes, fue retrasado para otra hora sin ningún tipo de explicación y los intérpretes vendrán más tarde. Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Linkohr, que ha intervenido antes que yo, en que uno aprende cosas cuando se hace mayor. Puede que no haya tenido mucho que decir a favor de Friedrich von Hayek en mis libros y otros trabajos, pero lo que veo en este lugar cada día es un gasto de dinero tal –no de su dinero, ni del dinero del Parlamento, sino del de los contribuyentes– que he llegado a considerar todo esto como una hipócrita farsa. Sin embargo, ¡me gustaría saber si organizaríamos los debates del mismo modo si se tratase de su dinero!
Eso también significa –lo que me lleva al tema del que quería hablar– que originalmente yo solo iba a tener un minuto, pero, según están organizadas las cosas, todavía tengo uno, así que les ruego que no consideren que este minuto nos aleja del tema. Ahora haré uso de mi minuto sobre vuelos espaciales.
¿No estaremos cayendo en la trampa de decir que cuando algo tiene sentido en principio –sea esta Cámara o el uso pacífico de los vuelos espaciales– significa que funciona realmente? En realidad no funciona así. Si miramos el informe, la segunda parte del apartado 17 y el apartado 18, ¿qué quiere decir este uso dual? ¿Como se mantienen separados los dos? ¿Cómo puedo, como ciudadano, saber lo que estoy obteniendo realmente a cambio de mis impuestos y en qué sentido? ¿No nos damos cuenta de que, sin apoyo militar, puede que no consiguiésemos muchas de las cosas que tendrían sentido en términos civiles? Entonces, ¿cómo se van a mantener separados los dos? ¿No es aquí donde nosotros mismos nos estamos implicando sin querer en un nuevo tipo de complejo militar-industrial? ¿No somos precisamente los diputados de esta Cámara los que ponemos el grito en el cielo cuando un populista como Haider o Schwarzenegger gana repentinamente las elecciones?
Lo que necesitamos urgentemente, en mi opinión, es transparencia, en el ámbito de los vuelos espaciales y en esta Cámara. Gracias por darme la oportunidad de hablar durante dos minutos. 
Busquin,
   . – Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero repetir mi anterior agradecimiento al Sr. Bodrato y también a todos los diputados a este Parlamento que han hablado a favor de la idea de una política espacial de la Unión Europea. De hecho, creo que estamos en un momento crítico en Europa para determinar si vamos a tener nuestra propia política espacial activa e independiente, que nos permita avanzar tanto en términos de tecnología como de desarrollo científico. En este sentido, creo que el apoyo de este Parlamento es fundamental. Ese es el motivo por el que quiero responder brevemente a algunos puntos.
En primer lugar, en respuesta a algunos oradores, debo decir que la relación entre la Agencia Espacial Europea y la Unión Europea está claramente establecida en un acuerdo de cooperación y que mantenemos una excelente relación, en un clima de respeto mutuo. El Libro Blanco se elaborará también al amparo de un acuerdo común. También quiero decirles que necesitamos dar un nuevo impulso a todos los aspectos del sector de las telecomunicaciones: el sistema de vigilancia de la seguridad medioambiental (GMES), la protección medioambiental, el programa Galileo y la seguridad. Como algunos diputados, incluido el Sr. Linkohr, han señalado, esto resulta crucial para el desarrollo científico y tecnológico.
Todos estos elementos estarán incluidos en el Libro Blanco que estamos elaborando y el Parlamento participará indudablemente en debates, porque esto se hará antes de que finalice el año. Del mismo modo, se ejecutará el programa de GMES. Solo quiero añadir que el debate sobre si la tecnología utilizada debería estar en manos militares o civiles es, en ocasiones, un poco teórico, porque si atendemos a la transmisión de información, por ejemplo, se aplica a muchos sectores. Por supuesto, el objetivo no es militar, sino aprovechar al máximo posible nuestra investigación. Sin embargo, el hecho de perseguir este objetivo no significa que tengamos que reaccionar de forma esquizofrénica, creyendo que existe una diferencia entre investigación civil y militar. Se trata solo de investigación y punto.
Este es crucial y agradezco al Sr. Bodrato que lo haya señalado. Lo que tenemos que hacer hoy es llegar a un buen acuerdo en la Conferencia Internacional para garantizar que la política espacial sea verdaderamente una política comunitaria y, por supuesto, encontrar la financiación apropiada, sin la que nunca alcanzaremos nuestros objetivos. 
El Presidente.
   Muchas gracias, Comisario Busquin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0257/2003) del Sr. Della Vedova, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas: «Reglamento comunitario de concentraciones» [COM(2002) 711 - C5-0005/2003 - 2002/0296(CNS)]. 
Monti,
    Señor Presidente, Señorías, el pasado mes de diciembre, la Comisión aprobó un plan para llevar a cabo una importante reforma del sistema de control de las concentraciones.
La reforma es el resultado de un proceso de revisión que se puso en marcha en 2000 y que sienta las bases para el nuevo proyecto de Reglamento que espero que sea aprobado por el Consejo en breve, para que pueda entrar en vigor a tiempo para la ampliación inminente. La reforma no pretende comprometer las ventajas del sistema actual; lo que proponemos es una serie de mejoras importantes del sistema actual, destinadas sobre todo a perfeccionar el sistema en términos de transparencia y coherencia del control de las concentraciones. Al mismo tiempo, además del Reglamento, mejoraremos el proceso de toma de decisiones de la Comisión, garantizando que nuestras investigaciones sobre las fusiones propuestas sean más precisas, mejor enfocadas y más respaldadas en análisis económicos sólidos, así como que tengan particularmente en cuenta los derechos de las partes implicadas en la concentración y de terceros. Asimismo, somos conscientes del hecho de que el Tribunal de Primera Instancia solicita a la Comisión un alto nivel de prueba. Esto tiene consecuencias claras para la forma en que trabajamos.
El paquete de reforma del control de las concentraciones se compone de la propuesta de un nuevo Reglamento comunitario y de un proyecto de comunicación que contiene pautas para la valoración de las fusiones horizontales. En los últimos meses, además de la preparación de estos documentos, se han adoptado muchas medidas relativas al personal y a la organización interna de la Dirección General de Competencia, en particular la introducción de una nueva figura –el economista jefe de competencia– y procesos tales como el panel de revisión horizontal, con el fin de garantizar una mayor claridad del control durante el análisis.
La propuesta de un nuevo Reglamento sobre las fusiones se caracteriza por tres elementos principales: en primer lugar, una mayor claridad del criterio sustantivo de evaluación de los posibles efectos de las concentraciones sobre la competencia; en segundo lugar, los aspectos jurisdiccionales, con respecto a los que proponemos la racionalización del sistema de consulta entre la Comisión y los Estados miembros; en tercer y último lugar, se proponen numerosos cambios de procedimiento para dar un poco más de flexibilidad en los plazos para las inspecciones y para la notificación de una concentración, así como la armonización de los poderes de inspección previstos en el Reglamento sobre fusiones con los establecidos en el Reglamento nº 1/2003 que, como bien saben, hace referencia a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. 
Della Vedova (NI ),
   Señor Presidente, señor Comisario, en los últimos tres años la Comisión ha llevado a cabo una profunda revisión del sistema antimonopolístico comunitario. Como ha mencionado, señor Comisario, la propuesta de un nuevo Reglamento sobre las concentraciones entre empresas que tenemos ante nosotros representa una de las fases clave de ese proceso de revisión.
El Reglamento anterior era cada vez más importante para la política de competencia de la Unión Europea. Tenía notables ventajas, ofreciendo a las empresas implicadas en las fusiones una «ventanilla única» y plazos prefijados. Sin embargo, la creciente integración de los mercados y el posterior incremento del número y de la importancia de los casos de fusiones examinados por la Comisión han situado al Reglamento existente en un punto crítico, tal y como ponen de manifiesto las recientes sentencias del Tribunal de Justicia rechazando ciertas decisiones de la Comisión, algo que usted mismo, señor Comisario, ha mencionado. De ahí la necesidad de reformar el Reglamento vigente. La Comisión merece ser felicitada por haber respondido rápidamente a esta necesidad.
Los tres puntos fundamentales, tanto de la propuesta de la Comisión como del informe del Parlamento, puntos que usted mismo ha destacado, señor Comisario, son el criterio sustantivo, la jurisdicción y las cuestiones de procedimiento. Con respecto a la jurisdicción, es decir, al ámbito de aplicación del Reglamento y, por lo tanto, a la asignación de los casos entre las diferentes autoridades nacionales, existe la necesidad de solucionar el problema de las notificaciones múltiples, que se agravará para las empresas afectadas tras la ampliación. Estas solicitudes múltiples van totalmente en contra del principio del procedimiento de ventanilla única que todos hemos mencionado.
En su propuesta, la Comisión ha omitido tanto la posibilidad de cambiar los umbrales, presumiblemente debido a las complicaciones que implica, como el principio «3+», también incluido en el Libro Verde, que fue defendido por el Parlamento en el informe Berenguer Fuster. Esta opinión positiva fue confirmada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que definió un criterio automático que permitiese también la consulta a la Comisión durante la fase previa a la notificación, cuando un caso tuviese que ser notificado a varias autoridades nacionales. Por consiguiente, el Parlamento desea recalcar la línea ya adoptada en el debate sobre el Libro Verde.
Sin embargo, con respecto al principio, el criterio sustantivo ha resultado efectivo hasta ahora, aunque haya sido constantemente discutido. Algunas personas han propuesto sustituirlo por un criterio SLC («»), un principio utilizado en los Estados Unidos y en algunos Estados miembros. En este sentido, este ponente intervino en la propuesta de la Comisión para añadir un apartado al artículo 2, que definiría más claramente el concepto de posición dominante. Yo personalmente sugerí un cambio de la redacción, pero la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios decidió en este punto hacer un llamamiento a la Comisión para que no introdujese cambios, respaldando así el valor y la efectividad del criterio demostrados hasta ahora.
Con respecto a las cuestiones de procedimiento, me gustaría decir unas palabras sobre los poderes de inspección. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha propuesto moderar algunas de las disposiciones de la propuesta de Reglamento, dado que en nuestra opinión, basándonos en la proporcionalidad, es absolutamente innecesario armonizar los poderes de inspección de la Comisión con respecto a las fusiones con los poderes previstos para las concentraciones, dado que los ámbitos implicados son completamente diferentes. Una fusión representa fundamentalmente una operación habitual y no creemos, por lo tanto, que se deba presumir que se ha incumplido el Reglamento. Esto da a esta Cámara más razones para pensar que deberíamos mantenernos firmes con respecto a esta cuestión, dados los poderes que la Comisión propone otorgarse a sí misma, aunque de manera bastante legítima. En nuestra opinión, el Parlamento debería aprobar una posición que ofreciese una mayor garantía en este sentido.
Para terminar, quisiera hacer dos observaciones. En primer lugar, sobre la posición de los trabajadores. Durante el debate, algunos diputados –en particular los socialistas– han expresado su preocupación y una propuesta para tener en cuenta el posible impacto sobre el empleo de las fusiones, e incluso han propuesto que la aceptación de una fusión debería depender de la conservación de los puestos de trabajo. Creemos que este no es el lugar adecuado para introducir una cláusula de este tipo, porque existe el peligro de que vaya en contra de la lógica general del Reglamento, consistente en garantizar un mercado único competitivo precisamente para aumentar el empleo.
Con respecto a la información y participación de los trabajadores, el Reglamento también contiene algunas disposiciones en este sentido; hay otras disposiciones relativas a este ámbito previstas en otra legislación europea. No creo que sea necesario incluir estas disposiciones aquí y, por este motivo, quiero pedir a la Cámara y, en particular, al Sr. Berenguer Fuster y a la Sra. Van den Burg que reconsideren su postura. No permitamos que el rechazo de estas enmiendas perjudique a la votación sobre la propuesta legislativa completa. No obstante, me complace apoyar la enmienda del Sr. Schmidt. 
Doorn (PPE-DE ),
   .  Tengo el privilegio de poder dirigirme al Parlamento por dos veces consecutivas. Solo lo haré una vez, aunque espero –si no les importa– poder unir los tiempos de uso de la palabra. Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que aprecio enormemente las propuestas de la Comisión para la revisión del Reglamento sobre el control de las concentraciones, así como el excelente informe del Sr. Della Vedova. Apoyamos el objetivo de obtener mayor claridad, seguridad jurídica y procedimientos más rápidos. En este sentido, quisiera hacer algunas observaciones. En primer lugar, el Parlamento acogió con satisfacción las propuestas del Libro Verde a favor de un sistema de «ventanilla única» en Bruselas para notificaciones múltiples en más de dos Estados miembros. Como acaba de decir el Sr. Della Vedova, este es el motivo por el que lamentamos que la Comisión no haya incluido este principio en la propuesta actual. Con la futura ampliación, el número de notificaciones múltiples se incrementará sustancialmente, suponiendo siempre que la política sea la misma. La falta de coordinación mutua entre Estados miembros ha llevado a procedimientos burocráticos, largos y costosos. La coordinación y armonización de los procedimientos nacionales es lo que se pretende conseguir, por lo que deberíamos pedir a la Comisión que haga todo lo posible para promover esta idea. Sé que no es el cometido de la Comisión, pero puede, sin duda, hablar con los Estados miembros para pedir una mayor armonización y coordinación mutua. Un procedimiento único en Bruselas no solo sería menos costoso, sino que también mejoraría notablemente la seguridad jurídica para las empresas y garantizaría que el procedimiento pudiese concluir más rápidamente. La Comisión abre alguna posibilidad de promover la tramitación central en Bruselas mediante el procedimiento de remisión, pero no creemos que esto sea suficiente. Cuando una fusión tenga claramente un impacto transfronterizo, debe ser examinada por la Comisión siempre que sea posible. Debería ser posible remitir casos a la Comisión a la luz de criterios objetivos y a petición de las partes implicadas en la fusión. Hemos desarrollado propuestas concretas en este sentido. Por las mismas razones, la idea de remitir las concentraciones a los Estados miembros debe ser tratada con cautela. Las concentraciones que cumplan los requisitos de un procedimiento simplificado no deberían, en principio, ser remitidas a los Estados miembros.
Uno de los propósitos de esta revisión del Reglamento es el de incrementar la seguridad jurídica. Sin embargo, en nuestra opinión, si el concepto de la posición económica dominante se amplía de la manera propuesta por la Comisión, tiene más posibilidades de provocar el efecto contrario. Cualquier fusión que conceda una cierta ventaja sobre la competencia estaría incluida en la nueva definición. Todas las partes implicadas están acostumbradas a aplicar la definición existente, sobre la que ya existe mucha jurisprudencia. Un cambio de la definición enturbiaría la situación y provocaría una inseguridad jurídica innecesaria. Por otra parte, en nuestra opinión existe el riesgo de que el mercado pierda su dinamismo si se interfiere en los procesos de concentración a mayor escala de lo que se hace actualmente. Por eso creo que sería mejor no ampliar la definición. Estamos de acuerdo con la propuesta de mantener sin cambios el apartado 1 del artículo 2. Sin embargo, los requisitos aplicables a las pruebas de la existencia de eficiencias no deben resultar excesivos. Son las ventajas futuras las que tendrían que demostrarse y esas probablemente no pueden garantizarse al cien por cien. Es necesario aclarar exactamente cuándo es necesario aportar información sobre eficiencias. La Comisión pide una ampliación importante de sus poderes de inspección, en línea con los relativos a los procedimientos de concentración previstos en el Reglamento nº 1/2003. Sin embargo, en nuestra opinión, existe una diferencia fundamental entre el objetivo del control de las fusiones y la lucha contra las violaciones de las normas sobre concentración. Cuando se investiga una concentración, a diferencia de lo que ocurre cuando se incumple una norma de concentración, no se presume un incumplimiento de la ley. Por lo tanto, consideramos que la propuesta de la Comisión de aumentar sus recursos de inspección en virtud de este Reglamento es excesiva, particularmente teniendo en cuenta las enormes sanciones que la Comisión puede imponer por el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento.
No se puede obligar a nadie a aportar pruebas en su contra. Se trata de un importante principio básico del derecho penal y también debería aplicarse aquí. Así pues, es conveniente establecer en el Reglamento que, cuando realice una inspección, la Comisión deberá respetar los derechos de las partes implicadas. Esto resulta especialmente aplicable al derecho a no declarar de los abogados de la empresa y también de otros empleados a los que la Comisión pueda interrogar.
Por otra parte, me gustaría subrayar la falta de control interno y externo de la toma de decisiones de la Comisión. Según están las cosas, no existe separación entre la autoridad de inspección y la autoridad que toma la decisión. Es difícil reconciliar esto con el requisito de independencia y seguridad jurídica. La legitimidad de la toma de decisiones se puede promover en mayor medida mediante la creación de un organismo especializado en competencia en el Tribunal de Primera Instancia. Esto también aceleraría el procedimiento y mejoraría la calidad de la administración de justicia. 
Berenguer Fuster (PSE ).
    Señor Presidente, como acaba de indicar el ponente, el Derecho comunitario de la competencia ha sufrido en los últimos años una sustancial reforma que ahora culmina con la reforma del Reglamento (CEE) n° 4064/89 referido a las concertaciones.
Es cierto que, si nos atenemos a las declaraciones del Sr. Monti, es preciso aún realizar propuestas en el campo de las ayudas públicas propuestas, a las que deseo el mayor éxito, aun cuando no se pueda ocultar que se trata de un camino evidentemente lleno de peligros y de dificultades.
En materia de concertaciones, ciertamente, la reforma del Reglamento (CEE) n° 4064/89 no ha supuesto un cambio tan radical como el habido, por ejemplo, en materia de conductas anticompetitivas. Ello se debe, en primer término, a que el Reglamento (CEE) n° 4064/89 era un buen Reglamento, era un buen texto legislativo que ha permitido llevar a cabo una adecuada política comunitaria de la competencia en materia de concertaciones.
En septiembre de 2000, la Comisión convocó, con ocasión del décimo aniversario de la vigencia de este Reglamento, un seminario para reflexionar sobre él y las opiniones que allí vertieron los especialistas y los sectores implicados fueron positivas, con independencia de algunas críticas a algunos aspectos muy puntuales y concretos. Con posterioridad, la Comisión elaboró un Libro Verde realizando propuestas de reforma, también parciales y concretas, que mereció el apoyo claro de este Parlamento.
Ahora llega a debate el informe sobre la propuesta de la reforma; el señor Della Vedova ha realizado un magnífico informe por el que le felicito. El informe tiene aspectos muy destacados, y tal vez entre esos aspectos destacados, cabe señalar que se separa de la propuesta de la Comisión en un punto en el que, al mismo tiempo, la Comisión se separa de la propuesta contenida en su Libro Verde. Se trata del problema de las notificaciones múltiples.
Estas notificaciones múltiples encarecen los costes a los notificantes e inciden en la seguridad jurídica ya que, en la medida en que diversas autoridades deben decidir sobre una misma concentración, siempre cabe la posibilidad de resoluciones contradictorias. Y si en algo se producía una total coincidencia es en afirmar que la compleja y alambicada regla del artículo 1.3, introducida en la reforma de 1997, no había contribuido a resolver el problema.
Por ello, en el Libro Verde se proponía la regla de los 3 países y, sin embargo, ahora se olvida esa regla para introducir un sistema, que bienvenido sea, de las remisiones en el doble sentido, sea de las autoridades nacionales a la Comisión, sea de la Comisión a las autoridades nacionales. Pero manteniendo el texto del artículo 1.3.
La verdad es que, como digo, la mejora de esos mecanismos de reenvío merecen nuestro aplauso, pero no entendemos las razones de haber olvidado la regla de los 3 países a no ser que se haya detectado, como ocurrió ya en 1997, que la mayor parte de los países quieren mantener en sus manos una importante competencia para realizar políticas de contenido industrial, lo cual no siempre es necesario.
El Sr. Della Vedova ha hecho mención de la insistencia del Grupo Socialista respecto a la participación de los trabajadores y dice que no es este el lugar de tratarlo. No puedo estar de acuerdo con esa opinión.
Hay que tener en cuenta que, con independencia de que se reforme el precepto relativo a las eficiencias, cualquier autoridad de la competencia, al aprobar una concentración, tiene en cuenta determinadas eficiencias y, no cabe ninguna duda de que entre esas eficiencias una de las más importantes es el mantenimiento o la creación de empleo, y si es así, es necesaria la información que los representantes de los trabajadores puedan aportar.
Schmidt, Olle (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, quiero empezar dando las gracias al Sr. Della Vedova por su excelente informe, que cuenta con todo el apoyo del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. 
Si tuviese que clasificar por orden de importancia las diferentes áreas de responsabilidad dentro de la Unión Europea, las cuestiones de competencia estarían entre las primeras. El trabajo que usted hace, señor Monti, reviste una enorme importancia, si queremos que la economía de mercado funcione, que Europa pueda crecer, que exista una Unión Europea orientada a la empresa y que todos los consumidores europeos puedan elegir con respecto a precios bajos y alta calidad. Conseguir un equilibrio entre los intereses de las empresas y los del consumidor no siempre resulta sencillo, pero le respeto por su trabajo. Es necesario que las normas sobre concentración sean revisadas y modernizadas sin demora. El mercado está cambiando. La competencia está aumentando y la internacionalización y mundialización dan lugar a diferentes condiciones básicas. Tenemos derecho a exigir que las normas sobre concentración de la Unión Europea sean jurídicamente seguras y predecibles, que las inspecciones y evaluaciones sean auténticas y rápidas, y que las normas de la Comisión y de las autoridades nacionales sean claras. Estas son las cosas que tenemos derecho a exigir, señor Presidente.
El informe del Sr. Della Vedova refuerza aún más las propuestas de la Comisión en este sentido. En nuestra opinión, sería un error ampliar lo que se denomina el concepto de dominio. 
Permítanme hablar de las enmiendas del Grupo ELDR. La Comisión debería ser capaz de tener una perspectiva más dinámica y a largo plazo a la hora de evaluar la base del mercado en el caso de las concentraciones y poder ver el mercado común en un contexto global. Esto se aplica en términos puramente generales, pero, en particular, es importante que las principales empresas de pequeños países puedan fortalecerse, dentro de sus propios países también, y que puedan hacerlo con la intención de ofrecer más puestos de trabajo en toda la Unión Europea y de incrementar la competitividad fuera de ella también. 
Apoyamos las enmiendas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Indudablemente, los puntos de vista de los empleados son importantes, pero creemos que las concentraciones de ese tipo no deberían regularse en este contexto.
Ilgenfritz (NI ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, indudablemente la defensa por parte de la Comisión del mantenimiento de la libre competencia en Europa debe acogerse con satisfacción. No cabe duda de que estamos a favor de que se tomen medidas rigurosas para tratar los acuerdos de concentración, pero las medidas de control, ya sean nacionales o europeas, no deberán estar diseñadas de tal forma que obstaculicen la libre competencia. Esto significa que el Reglamento que se va a promulgar deberá incrementar la seguridad jurídica y no reducirla. Teniendo esto en cuenta, aprobaremos las enmiendas que han presentado nuestros colegas. 
Van den Burg (PSE ).
   – Señor Presidente, quienes están implicados en esta cuestión habrán advertido que los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que pertenecen también al Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han votado en contra del informe final. Creo que esto es muy lamentable, porque, como ya se ha mencionado aquí anteriormente, se trata de un excelente informe y el ponente ha hecho un gran trabajo. Sin embargo, el caso es que las enmiendas presentadas por nuestro Grupo sencillamente no han recibido ningún apoyo de los demás Grupos. Ese es el motivo por el que nos resultaba difícil votar a favor. Hemos vuelto a presentar algunas de esas enmiendas en este Pleno, para lo que las hemos reducido a lo que considerábamos realmente esencial y necesario. Espero sinceramente que otros grupos, en particular el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, que ha compartido nuestra opinión sobre asuntos de este tipo en el pasado, esté dispuesto a reconsiderarlo detenidamente, para que podamos votar a favor de este informe incondicionalmente y sin ninguna reserva.
Explicaré el tipo de enmiendas que son y quiero demostrar por qué, en nuestra opinión, son perfectamente acordes con la agenda de Lisboa. El principio rector que se deriva de la agenda de Lisboa es que la política debe ser más coherente para promover una mayor competencia, crecimiento sostenible, empleo y cohesión social. Esto significa que tenemos que abandonar la estructura de tres pilares y garantizar que la política aprobada en las diversas Direcciones Generales y en los distintos Consejos de Ministros también esté en línea con nuestros demás objetivos. En este sentido, también debería tenerse en cuenta la necesaria cohesión de la política.
Por consiguiente, con respecto al Reglamento sobre concentraciones, nos gustaría especialmente llamar su atención sobre dos aspectos.
En primer lugar, la evaluación debería tener en cuenta otros aspectos además de la competencia en el sentido estricto de la palabra. En nuestra enmienda, pedimos explícitamente que se tenga en cuenta la contribución que las concentraciones pueden suponer para mejorar la producción y los sistemas de comercialización, para la competencia internacional, los intereses del consumidor, la creación de empleo y la situación del empleo en general. Así pues, esta es una definición razonablemente amplia, capaz de ofrecer la flexibilidad y el margen de maniobra necesarios. La enmienda 37 contiene palabras en este sentido.
El segundo aspecto es una consulta seria y de pleno derecho a los representantes de los empleados dentro de los procedimientos. Particularmente las enmiendas 40 y 41 hacen referencia a este asunto. En la práctica actual, los comités de empresa o representantes sindicales son escuchados únicamente cuando así lo solicitan explícitamente, es decir, si disponen de información que les diga que está teniendo lugar una concentración o fusión. Después está la cuestión de si sus argumentos serán tomados en serio si son consultados acerca del empleo y las implicaciones sociales de la fusión propuesta. Esto está relacionado con la otra enmienda que he mencionado.
Deberán ser escuchados por las autoridades no solo para tener una percepción de las posiciones del mercado y de los riesgos para la competencia, sino que también deberá ser posible discutir con seriedad sobre esos otros efectos. Este debería ser un componente estándar del procedimiento y eso es lo que esperamos que consigan nuestras enmiendas. Realmente espero que los demás Grupos reconsideren este asunto. Quiero agradecer al Sr. Olle Schmitt su apoyo a parte de estas enmiendas. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Sra. Van den Burg tiene razón al subrayar que el Grupo de los Demócrata-Cristianos se ha unido a menudo a otros Grupos a la hora de tener en cuenta los intereses de los trabajadores cuando se debate la política de competencia y modelos de política económica. Lo hemos hecho porque nuestro Grupo defiende la economía de mercado social, porque respaldamos los objetivos de Lisboa y porque la cohesión social no es incompatible con el éxito económico; al contrario, depende del mismo. Sin embargo, no apoyaremos las enmiendas de los Socialdemócratas, ni en comisión ni en el Pleno, dado que estas cosas deben tratarse en el contexto al que pertenecen. La mayoría de los diputados que han hablado antes que yo han subrayado que este rechazo no va en contra de los intereses de los ciudadanos, sino que debemos encontrar un lugar para nuestras preocupaciones cuando el tema en cuestión lo exija y cuando se pueda obtener el máximo beneficio.
El control de las fusiones tiene por objeto garantizar que se les aplique la legislación comunitaria y debido a que el Reglamento sobre fusiones funciona como un instrumento de la legislación europea en materia de competencia, todos apelamos a la Comisión. Sería un error que las enmiendas, aunque necesarias, de un instrumento fundamentalmente positivo y útil, lo tornasen más burocrático, más costoso y largo de lo que es en la forma actual, en la que ha resistido el paso del tiempo.
Por lo tanto, aprobamos los objetivos del Reglamento. Hay que decir, en beneficio de quienes están escuchando este debate, que el Parlamento no tiene poder de codecisión sobre este asunto, sino que simplemente se le consulta. Queremos mayor claridad, mayor seguridad jurídica y la introducción de procedimientos más rápidos. Ese es el motivo por el que también aprobamos la propuesta de unos plazos más flexibles, que aportarán grandes ventajas a las empresas. Se ha puesto de manifiesto en todas las intervenciones que hay tres puntos que hemos criticado y continuaremos haciéndolo con la esperanza de que la Comisión recapacite. El primero de ellos es que, según yo lo veo, el Parlamento defiende el principio de la ventanilla única. Esto significa que, cuando una fusión cruce más de dos fronteras entre Estados miembros, tendrá que ser comunicado directamente a la Comisión. Esto garantiza la claridad, la seguridad jurídica y es la forma más sencilla de hacer las cosas, en vista de la ampliación de la Unión Europea. Considero lamentable el abandono de este principio en el Libro Verde y les insto a que lo incluyan de nuevo. De este modo, ayudarían a reducir costes y burocracia, incrementando la seguridad jurídica.
Un segundo punto es la definición del mercado. En nuestra opinión, su definición de la «posición económicamente dominante» es demasiado amplia y la definición antigua es potencialmente más clara. El tercer punto se refiere a un asunto al que habrá que hacer frente: la cuestión de la forma en que las disposiciones sobre fusiones se están acercando a las del Reglamento sobre cárteles. En este sentido, están mezclando churras con merinas. Lo que es necesario dejar claro es que las fusiones son legales, mientras que los cárteles no. Hay que mantener la distinción y no se debe confundir unas con otros. 
Santos (PSE ).
   – Señor Presidente, la Comisión ha propuesto un nuevo Reglamento sobre concentraciones entre empresas, en el marco de un proyecto más amplio de actualización de la legislación de violaciones de las normas de competencia y de los efectos que tales violaciones podrían tener sobre el buen funcionamiento del mercado único. Se trata de un ámbito extremadamente delicado, en el que se debería mejorar la seguridad jurídica y flexibilizar los procedimientos administrativos. La transparencia y el control de las decisiones, así como las apelaciones en su contra, también deberán mejorarse, al igual que la participación activa, dinámica y oportuna de todas las partes implicadas en las empresas.
Las concentraciones o fusiones entre empresas son un proceso jurídico y económico fundamental. Aportan dinamismo a los mercados, ayudan a las empresas a reestructurarse y fomentan el crecimiento de las economía. Este proceso no puede y no debe considerarse que vaya a llevar inevitablemente al abuso de una posición dominante. Debe hacerse una distinción muy clara entre, por una parte, toda la actividad de inspección de las violaciones de las normas de competencia tras supuestos comportamientos irregulares y, por la otra, el proceso normal de control de una fusión, que debería, por principio, ser aceptado como legal de acuerdo con las normas que rigen el mercado.
Ese es el motivo por el que las enmiendas ya aprobadas por la comisión parlamentaria y las que se presentarán en el Pleno, en particular por parte del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, tienen gran importancia. En la legislación comunitaria y su filosofía política subyacente, la competencia no es un fin en sí misma. Es más bien un instrumento con el que conseguir y alcanzar los principales objetivos de la Unión.
Por lo tanto, hay que proceder con extrema cautela a la hora de aprobar una legislación comunitaria con el fin de reducir sustancialmente la competencia (este tipo de leyes existen en otros sistemas legislativos, particularmente en los Estados Unidos). Es totalmente correcto que las posiciones finales de la comisión parlamentaria y del ponente reflejen esta cautela. Por otra parte, no hay que olvidar que la mayoría de las personas consultadas en círculos empresariales expresaron reservas y preocupaciones acerca de la adopción de un nuevo Reglamento, especialmente en vista del hecho de que la legislación sobre el abuso de posición dominante ha funcionado bien hasta ahora.
Los esfuerzos realizados por la Comisión para presentar esta propuesta de Reglamento, tras el Libro Verde de diciembre de 2001, deben ser reconocidos y merecen también el apoyo general del Parlamento. Sin embargo, resulta fundamental que se introduzcan algunas enmiendas para mejorar el texto de este informe, subrayando la seguridad jurídica y, sobre todo, el papel que deberían desempeñar los trabajadores en las empresas que realizan procesos de fusión. Los trabajadores deberían supervisar todo el proceso y ofrecer no solo información pertinente, sino también garantías de que la operación en cuestión será un éxito económico y social. 
Mann, Thomas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es sorprendente que las fusiones de empresas, que son una respuesta al desafío de la mundialización, sean a menudo gestionadas bajo el título de «legislación sobre concentraciones», que no tiene nada que ver con ellas. La cooperación se realiza de forma bastante legal, con el objetivo de maximizar oportunidades en los mercados mundiales; es un elemento importante en el mercado interior libre y dinámico. Por lo tanto, se deduce que todavía tienen sus problemas, la mayoría de los cuales surgen cuando se unen culturas empresariales ampliamente divergentes. Las nuevas estructuras resultantes provocan más conflictos. A menudo se somete a las empresas a un drástico recorte del empleo. Si queremos un mercado único interior europeo, es necesario establecer claramente en qué casos deben notificarse las fusiones. En su Libro Verde, la Comisión ya ha subrayado que las fusiones son siempre de su competencia cuando hayan sido comunicadas a las autoridades de, al menos, tres Estados miembros, y esa es también la línea que yo defiendo.
No me cabe duda de que es así como se pueden evitar definitivamente los costosos y largos procedimientos de los Estados miembros. En lugar de perpetuar la fragmentación, que ya está extendida, puede producirse probablemente –como mis colegas ya han señalado– una simplificación y restricción, por no hablar de la mejora de la seguridad jurídica. Mientras esto continúe, las normas de competencia nacionales deben continuar aplicándose íntegramente, aunque no deben ser contrarias a las normas comunitarias.
En mi opinión, la inminente ampliación de nuestra Unión Europea hará que el sistema de ventanilla única resulte incluso más importante. Quiero añadir un comentario sobre el valor límite: nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios propone que la Comisión debe vigilar la fusión de las empresas cuando su facturación conjunta en, al menos, tres Estados miembros sea superior al 10% de su facturación total en la Unión Europea. Este es otro punto, Comisario Monti, en el que no puedo apoyar de la posición de la Comisión. Pretenden ampliar la definición de «posición económicamente dominante de las empresas» para cubrir mercados que sean oligopolios, independientemente de cuándo se produzca la fusión. Permítanme citar: «tiene una influencia apreciable y prolongada sobre los parámetros de la competencia». Es muy lógico que las fusiones estén destinadas a generar ventajas sobre los competidores. Les advierto ante un exceso de regulación. Los mercados perderían gran parte del dinamismo que necesitan.
El informe del Sr. Della Vedova es sólido y mi Grupo, el del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, está totalmente de acuerdo con él. Los socialistas han presentado varias enmiendas nuevas sobre las que, señora Van den Burg, votaremos mañana. Gran parte del contenido de esas enmiendas es realmente aceptable, pero no en este informe ni en este contexto. Somos el partido de la economía de mercado social y nada cambiará eso, como el Sr. Karas ha subrayado con acierto, pero la introducción de pequeñas enmiendas en estas posiciones es como aplicar pequeñas cantidades de cosméticos. Eso es algo que debemos formular en otra parte; de hecho, debe articularse claramente y creo que alcanzaremos un consenso si lo hacemos en otra parte. Espero que sea posible que se abandone alguna que otra enmienda; quizás consigamos alcanzar un amplio consenso para mañana a la hora del almuerzo. No me cabe duda de que este informe del Sr. Della Vedova merece el consenso, y no que acabemos todos repentinamente desunidos. Quizás los Socialistas cambien de idea para mañana. Eso es muy deseable. 
Monti,
    Señor Presidente, quiero dar las gracias a todos los que han participado en el debate por sus valiosas contribuciones y me gustaría particularmente dar las gracias al Sr. Della Vedova, el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y al Sr. Doorn, ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
Me satisface comprobar que, en gran medida, el informe apoya la propuesta de la Comisión y que compartimos los mismos objetivos generales con respecto a la necesidad de reforma. Sin embargo, me temo que la Comisión no puede aceptar las diversas enmiendas presentadas. Me gustaría explicar el motivo, aunque por razones de tiempo tendré que ser breve, comenzando por el criterio sustantivo del Reglamento sobre concentraciones.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que debería aclararse el criterio sustantivo, añadiendo unas cuantas palabras al texto actual, palabras que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios desea eliminar. ¿Por qué pensamos que este cambio es necesario? Muchos observadores creen que el actual criterio puede no ser adecuado para hacer frente a las concentraciones que provocan problemas de competencia en los casos de lo que se conoce como «oligopolio no colusorio». Si esto es cierto, optar por mantener el criterio de la posición dominante como está significaría no aprovechar una oportunidad para dejar claro que el criterio sustantivo para evaluar las concentraciones se aplicará sin excepción a todas las concentraciones perjudiciales para los intereses de los consumidores. También me gustaría señalar que la opinión más extendida en la literatura económica internacional es que las situaciones de oligopolio derivadas de concentraciones pueden tener efectos anticompetitivos a largo plazo, perjudicando así a los intereses de los consumidores.
La Comisión presentó su propuesta porque advirtió la necesidad de garantizar la máxima seguridad jurídica, un objetivo que me parece que comparten ampliamente varios oradores, incluido el Sr. Olle Schmidt, el Sr. Ilgenfritz y el Sr. Santos entre otros. La mayor seguridad jurídica que se puede tener en este ámbito es un instrumento genuinamente efectivo para el control de las concentraciones. Estamos convencidos de que la redacción propuesta permitiría la máxima seguridad jurídica posible.
Con respecto a la jurisdicción, un tema tratado en profundidad en los informes del Sr. Della Vedova y del Sr. Doorn, y del que han hablado varios oradores, incluido el Sr. Berenguer Fuster y el Sr. Karas, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario conseguir una división del trabajo razonable entre la Comisión y los Estados miembros, minimizando así las cargas sobre las empresas y las autoridades reguladoras públicas. Esto significa tener unos umbrales de asignación que, en la medida de lo posible, reflejen una división óptima, y aplicar un sistema de remisión que permita, por decirlo de algún modo, rectificar las asignaciones incorrectas en la medida de lo posible. Por eso proponemos simplificar y flexibilizar las disposiciones para los casos de remisión de la Comisión a los Estados miembros y viceversa, creando así también la posibilidad, como han indicado varias empresas que sería conveniente, de que la remisión se produzca incluso antes de la notificación.
¿En qué se basa nuestra posición con respecto a las enmiendas propuestas en relación con la jurisdicción? Su informe, señor Della Vedova, propone una norma «2+» combinada con nuevos umbrales de facturación. Aprecio totalmente las intenciones que subyacen a la enmienda propuesta, pero creo que introduciría una complicación adicional, dado que las empresas tendrían que averiguar primero dónde notificar una operación. Esa es la razón, señor Berenguar Fuster, por la que nosotros mismos desechamos la idea, defendiendo el actual sistema de «3+», dado que contrarrestaría el caso de una legislación nacional no armonizada en materia de concentraciones, al menos por el momento. Este podría ser un objetivo a más largo plazo, pero no para hoy.
Con respecto a las consultas parciales a Estados miembros, estoy de acuerdo en que deberían ser las mínimas, pero también creo que no sería recomendable abandonar totalmente tales consultas, porque pueden ser apropiadas en algunos casos.
Ahora quiero pasar a un tema que ha merecido mucha atención y es objeto de gran preocupación. La Comisión también ha propuesto que sus propios poderes de ejecución, tal y como están establecidos en el Reglamento sobre concentraciones, deberían armonizarse en gran medida con el nuevo Reglamento, el Reglamento nº 1/2003. Hay, en particular, dos excepciones, concretamente el poder para registrar domicilios particulares y el poder para realizar inspecciones en sectores de la economía, que nosotros tampoco consideramos necesarios para controlar las concentraciones. Por lo tanto, no proponemos introducir tales poderes.
Puedo asegurarles que, al igual que ustedes, creemos que no debería presumirse que la legislación va a ser incumplida en las fusiones y que son, por lo tanto, efectivamente diferentes de las concentraciones, por ejemplo. Eso está claro. Me gustaría tranquilizar al ponente, el Sr. Della Vedova, el ponente de opinión, el Sr. Doorn, y también al Sr. Karas, al Sr. Mann y a otros diputados acerca de este principio básico. Por lo tanto, es oportuno que nuestros poderes de ejecución no sean más amplios de lo necesario. No obstante, nuestro objetivo prioritario es garantizar que estos poderes sean suficientemente efectivos para permitir a la Comisión cumplir sus obligaciones y proteger a los consumidores frente al riesgo de que les perjudiquen las concentraciones anticompetitivas, y creo que los poderes que hemos propuesto son necesarios para este fin. Por supuesto, podrían argumentar que, dado que el control de las fusiones es un ámbito diferente de otros aspectos de la competencia, se necesitan menos poderes rigurosos aquí que los necesarios, por ejemplo, para combatir las concentraciones. Aunque he señalado que se trata de dos ámbitos diferentes, discúlpenme si llego a una conclusión diferente con respecto a los poderes de ejecución. ¿Por qué? Porque las concentraciones tienen un único impacto estructural sobre el mercado, que es irreversible. Por esta razón, hay un argumento que es incluso más fundamental para que la Comisión tenga poderes efectivos para recopilar información, dado que de lo contrario podríamos adoptar una decisión cuyas consecuencias para la competencia serían irreparables.
Para terminar, señor Presidente, hablaré de las preocupaciones relativas a los derechos de los trabajadores, una cuestión planteada por el Sr. Berenguer Fuster, la Sra. Van den Burg y el Sr. Santos, y una cuestión en la que otros diputados no estaban de acuerdo con ellos. Creo –al igual que esas voces en contra– que estamos todos trabajando dentro de la economía de mercado social y consideramos que los derechos de los trabajadores revisten la máxima importancia. De hecho, como ya se ha mencionado, existen instrumentos apropiados a nivel comunitario, pero pensamos que es necesaria una asignación adecuada de los diversos instrumentos a una serie de objetivos diferentes. El Reglamento sobre concentraciones está principalmente relacionado con los componentes de la economía de mercado social y, por lo tanto, no debemos creer que sería necesario plagarlo de medidas para estimular o salvaguardar el empleo: Hay otros instrumentos para eso. En cualquier caso, las notificaciones son de dominio público, de forma que las partes interesadas, incluidos los representantes sindicales, se mantienen totalmente informados de cualquier operación de fusión en progreso. De cualquier modo, hemos acogido con satisfacción e incluso en ocasiones hemos apreciado la contribución que los representantes de los trabajadores pueden realizar al procedimiento.
Quiero dar las gracias a todos los oradores una vez más por sus contribuciones y, en particular, al Sr. Della Vedova y al Sr. Doorn. 
El Presidente.
   Muchas gracias, Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0311/2002) del Sr. Rack, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras [COM(2002) 769 – C5-0635/2002 – 2002/0309(COD)]. 
Monti,
   – Señor Presidente, Señorías, estoy seguro de que todos ustedes recuerdan los terribles incendios que se produjeron en túneles de las carreteras francesas, italianas, austriacas y suizas en 1999 y 2001. Con el fin de evitar que estos desastres se repitan, o al menos para garantizar que en caso de repetirse las consecuencias no sean tan trágicas, la Comisión presentó a comienzos de año una propuesta de Directiva con el fin de establecer los requisitos mínimos de seguridad para los túneles. La Comisión también reforzó su planteamiento a través de varias resoluciones aprobadas por su Parlamento, concretamente tras el incendio del túnel de San Gotardo, en octubre de 2001.
La propuesta de la Comisión abarca todos los túneles de carretera que superen los 500 metros de longitud y que formen parte de la red transeuropea, que suman alrededor de 500 túneles. Los túneles de la red transeuropea son utilizados realmente por conductores de todas las nacionalidades y parece que las consecuencias de los incendios se pueden reducir notablemente si las personas que se encuentran en tales situaciones tienen acceso a un equipo de seguridad estándar y a información homogénea sobre la actitud que conviene adoptar para protegerse.
La propuesta contiene requisitos tanto técnicos como organizativos. Sin mencionar todas las medidas, las más importantes se pueden resumir en estos términos: los túneles extremadamente largos deben tener un equipamiento totalmente operativo, en particular salidas de emergencia y mejores sistemas de ventilación. Los detectores automáticos de incendios deben poder informar a los usuarios del túnel de cualquier peligro potencial. La Comisión también propone que se instalen señales de emergencia con un nivel de seguridad uniforme, que deberán resultar fáciles de comprender para todos los usuarios. En nuestra opinión, todas las medidas técnicas propuestas son necesarias. Algunas personas se han mostrado sorprendidas por la naturaleza altamente técnica de la propuesta, pero si comparan las medidas previstas con los reglamentos técnicos establecidos por tribunales internacionales o a escala nacional, verán que son necesarias para cubrir los aspectos esenciales.
En el plano organizativo, a partir de ahora las funciones y responsabilidades quedarán claramente repartidas entre los principales actores implicados, a saber: la autoridad administrativa, el usuario del túnel y la persona u organismo responsable de la seguridad. Estas medidas serán aplicables a los túneles nuevos, así como a los ya existentes, que deberán adaptarse a la norma en de acuerdo con un calendario que se extiende por un periodo de diez a quince años. Los Estados miembros que superen la media de túneles comunitaria en su territorio tendrán un plazo mayor para adaptar los viejos túneles a la Directiva. Los técnicos responsables de la seguridad de estos túneles en los Estados miembros se enfrentan a una tarea prolongada, por lo que la Directiva deberá adoptarse lo antes posible. A resultas de las reuniones que ya hemos celebrado con algunos de ustedes, sé que podemos contar con ustedes para alcanzar un rápido acuerdo con el Consejo en torno a este expediente. 
Rack (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de que los túneles figuran entre los elementos más seguros de la red de carreteras europeas, los accidentes en túneles suelen acarrear graves consecuencias, entre las que cabe destacar los efectos psicológicos. En los túneles, la gente se siente atrapada. Los tres principales accidentes de los túneles de Tauern, Mont Blanc y San Gotardo –a los que el Comisario ha hecho referencia– pusieron trágicamente de manifiesto las peculiares características de los accidentes en túneles.
A raíz de estos accidentes, el Parlamento presionó a la Comisión para que adoptara medidas relativas a la seguridad en los túneles. Pasó algún tiempo hasta que la Comisión, a comienzos de año, presentó su propuesta de Directiva sobre los requisitos mínimos para la seguridad de los túneles de la red de carreteras transeuropea. Quiero subrayar desde el principio que esta propuesta de la Comisión es positiva. Nuestras enmiendas eran un intento de mejorarla aún más y creo que lo conseguimos mediante la cooperación con la Comisión y un fructífero diálogo con el Consejo, que, trabajando paralelamente con nosotros, aprobó hace unos días el contenido de su Posición Común, que desea completar mañana según he oído. Cabe esperar que en segunda lectura se alcance muy rápidamente un acuerdo en torno a una Directiva común, destinada a hacer que el transporte por carretera en Europa sea más seguro, y que lo consigamos lo antes posible. 
Sin embargo, a más largo plazo no podemos estar satisfechos con este resultado. Nuestra propuesta conjunta –como me gustaría llamarla– todavía tiene un montón de defectos estéticos y reales. Permítanme comenzar señalándolos. Nuestro texto se centra en un aspecto parcial del asunto de la seguridad en los túneles. Fundamentalmente exigimos que se cumplan normas estrictas en las obras de construcción y otros aspectos, pero es igualmente importante mejorar la forma en que se utilizan los túneles. Es necesaria una mejor formación general de los conductores y particularmente de los conductores de vehículos de pasajeros y de transporte de mercancías. Tampoco podemos limitarnos a mejorar la seguridad de los túneles que forman parte de la red transeuropea sin tener en cuenta otros túneles de carretera. Debemos actuar lo más rápido posible para incorporar en nuestro sistema a los países candidatos y a los demás que tienen previsto unirse a nosotros y, dado que se trata más de Europa que de la Unión Europea, a países como Suiza, Noruega y otros.
La Comisión nos ha expresado su intención de hacer ciertas cosas en respuesta a estos puntos. Sin embargo, en cierta medida, es la situación de la jurisdicción la que nos impide utilizar la legislación para avanzar hacia nuestro objetivo, por lo que, juntos, tenemos que realizar una importante labor de persuasión. Los países candidatos y los europeos que todavía no pertenecen a la Unión Europea ya han participado muy activamente en nuestro trabajo y esperamos que continúen haciéndolo. Daré por hecho que los puntos positivos de nuestra propuesta apenas necesitan comentario, pero hay una serie de detalles que me gustaría mencionar en particular. Hemos intentado con todas nuestras fuerzas establecer unas líneas claras de responsabilidad. Nos hemos esforzado en conseguir flexibilidad, de forma que los usuarios de los túneles puedan disfrutar de un nivel convenientemente alto de seguridad sin demora, particularmente cuando los túneles son viejos y necesitan reparaciones. También hemos concedido especial importancia a la viabilidad de lo que proponemos en muchísimos casos individuales, de los que los problemas particulares de los túneles en las ciudades pueden ser representativos.
Una cuestión cuya importancia me han subrayado particularmente a mi regreso a casa tiene que ver con la seguridad de las personas discapacitadas. Espero que hayamos llegado a la conclusión adecuada con respecto a lo que necesitan y hemos realizado esfuerzos constructivos para garantizar que ellas también, en caso de catástrofe, puedan esperar un grado de seguridad mínimo.
Mi tarea final como ponente es de agradecimiento. Quisiera dar las gracias a las múltiples personas que me han ayudado a conseguir este resultado, al que hemos contribuido todos: la Comisión y su personal, los diversos interlocutores con los que he dialogado de los Estados miembros, pero también –aunque me esté repitiendo– de Suiza y Noruega, y finamente a los diputados de todos los grupos de esta Cámara y sus ayudantes. Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al miembro de la secretaría de la Comisión, el Sr. Haug, por sus numerosas horas de trabajo dedicadas a esta cuestión. Espero que, en segunda lectura, nos apoye con tanta eficacia como lo ha hecho hasta la fecha, y que las cosas vayan bien para que podamos tener lo antes posible mejores leyes en materia de seguridad en los túneles europeos.
Jarzembowski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las enmiendas del ponente a la propuesta de la Comisión son excelentes y el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos las aprueba. La mayoría de las enmiendas presentadas por el Sr. Rack están destinadas, por una parte, a fijar normas de seguridad realistas para los túneles y, por otra, a evitar que el sistema de responsabilidades en la ejecución de las normas de seguridad comunes resulte demasiado complicado y burocrático. Creo que merece un especial reconocimiento por ello.
Dado que los proyectos de normas de seguridad en los túneles suelen elaborarse pensando en los túneles de los Alpes y zonas similares, pero que provocarían importantes problemas para el flujo de tráfico en los túneles de la red de carreteras transeuropea que transcurren por pueblos y ciudades, aprobamos la propuesta del ponente de que las autoridades administrativas estén capacitadas para conceder excepciones con respecto a los reglamentos generales en el caso de los túneles especiales en zonas urbanas, dado que las distancias mínimas –de 100 metros entre camiones, por ejemplo– provocarían importantes retenciones y, por tanto, un mayor daño para el medio ambiente en los túneles de las ciudades. El túnel bajo el Elba de Hamburgo sería un ejemplo. Algo similar se puede aplicar en el caso del examen obligatorio de los camiones equipados con tanques adicionales antes de que entren en el túnel, lo que, gracias a Dios, se va a omitir a raíz del voto del ponente.
Permítanme concluir diciendo que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos aprueba la petición de que las obras de construcción, con el fin de mejorar la seguridad de los túneles, puedan recibir ayuda financiera general con cargo al presupuesto de la red de carreteras transeuropea, dado que tales medidas podrían reforzar los recursos financieros de los Estados miembros individuales y que una mayor seguridad de los túneles que pertenecen a la red de carreteras transeuropea beneficia a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Hablando en términos más concretos, señor Comisario, la mayoría de los túneles se encuentran en ese hermoso país que es Italia. Si Italia tuviese que soportar por sí sola los costes de hacer que el transporte sea seguro, supondría un problema para todos nosotros. Así las cosas, creo que es importante que la Comunidad –el Sr. Swoboda me está llamando ya la atención– utilice los fondos de la RTE para cubrir parte de las obras de mejora de los túneles en aquellos países en los que haya túneles largos, dado que la razón por la que queremos mejorar los túneles que tienen esos países –ya hablemos de Austria, de Italia o incluso de Suiza o Francia– es la seguridad de quienes pasan por ellos, que no son solo italianos y austriacos, sino también daneses, alemanes o neerlandeses. Esto significa que deberíamos tener especialmente en cuenta este aspecto de la financiación. Muchas gracias de nuevo, señor Rack, por su excelente informe. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero comenzar dando las gracias al Sr. Jarzembowski por la forma en que reconoce el gran valor de las zonas de tránsito para los usuarios de las carreteras europeas en general, en vista de lo cual no dudo de que participará muy activamente en el Comité de Conciliación cuando analice la cuestión del tránsito. ¡Se lo agradezco! También quiero, por supuesto, dar las gracias al Sr. Rack por su informe y por el trabajo que ha realizado. De hecho, no ha sido una tarea fácil, pero sí técnica, que tiene mucho que ver con la seguridad de nuestros conciudadanos y con la protección de sus vidas y sus cuerpos.
El Sr. Jarzembowski ya ha subrayado lo difícil que resulta encontrar el equilibrio entre la máxima seguridad, por una parte, y los costes –que han de ser razonables– por otra. Si analizamos esto únicamente desde el punto de vista de la seguridad de los seres humanos, sería necesario exigir una inmediata reconstrucción, con túneles bidireccionales, etc. Sin embargo, si se tienen en cuenta los costes, cosa que también es necesaria, hay que encontrar una solución intermedia.
Estoy de acuerdo con el ponente en que la normativa estricta que propuso la Comisión representaba una buena base. Sin embargo, en el transcurso de los debates de la comisión parlamentaria, así como en las discusiones con el Consejo y, finalmente, con la Comisión, se puso de manifiesto que ciertos puntos podrían precisar un planteamiento menos severo, de forma que alcanzamos un compromiso, pero un compromiso que tiene en cuenta los aspectos esenciales de la seguridad. El Sr. Jarzembowski ya ha hecho referencia a las condiciones especiales de las ciudades.
Siempre hemos concedido gran importancia a la demarcación clara de las responsabilidades, de forma que no debería existir una falta de claridad con respecto a quién es el responsable de cada cosa, en los asuntos relativos a la seguridad de los túneles. Este es el motivo por el que el establecimiento de organismos supervisores y el nombramiento de un coordinador de seguridad para cada túnel es tan importante, dado que hemos comprobado que el principal problema de las medidas de seguridad de este tipo es que nadie se siente realmente responsable. También es importante que las normas a este respecto sean establecidas por la Unión Europea y que los miembros de la comisión aceptemos las propuestas de la Comisión solo con modificaciones mínimas.
Por supuesto, comparto la opinión de que no deberíamos limitarnos a las obras de construcción, sino que también deberíamos tomar medidas para organizar el tráfico. En ese sentido, me gustaría que se hubieran tenido más en cuenta varias enmiendas, pero hemos de tener claro desde el principio que los desvíos, las restricciones de velocidad y las normas sobre las distancias mínimas entre vehículos son necesarias en los lugares en los que tienen sentido y en los que no provocarán graves problemas de tráfico, al igual que la formación profesional para conductores de vehículos de mercancías pesadas, dado que están particularmente relacionados con el transporte de cargas peligrosas que han provocado accidentes especialmente graves.
Tal y como se afirma en la propuesta, opino que los Estados miembros tendrán que cumplir estas normas no solo en las redes transeuropeas, sino también, en un grado adecuado, en los demás túneles y en otros lugares de la red de carreteras. Así pues, permítanme repetir que creo que este es un informe positivo con un planteamiento realista y decir que estoy de acuerdo con el Comisario en que nosotros y el Consejo tenemos que encontrar una solución común sin demora. Una vez más, muchas gracias al ponente por su trabajo. 
Markov (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, habiendo sido testigos de una gran variedad de accidentes graves en túneles de la red de carreteras de la Unión Europea, el debate sobre la manera de garantizar un alto nivel de seguridad plantea, una vez más, la cuestión crucial de hasta qué punto la Unión Europea debería establecer normas técnicas específicas y detalladas o, por decirlo de otro modo, qué margen de libertad tiene que haber para diversas formas de adaptarse al cambio. La solución de compromiso del Sr. Rack es la correcta, por lo que merece nuestra gratitud.
Sin embargo, tengo que hacer cinco comentarios. En primer lugar, y aparte de toda la flexibilidad implicada en la asignación de los túneles a categorías de seguridad, habría sido recomendable establecer indicadores normalizados para evaluar la seguridad de los túneles, que podrían haberse utilizado para analizar todos los túneles de la Unión Europea, en lugar de solo aquellos que forman parte de las redes transeuropeas; esto habría aportado mayor valor añadido en términos de mejora de la seguridad. Tales indicadores también habrían permitido realizar un análisis del riesgo o una evaluación de situaciones peligrosas y accidentes, basándose en referencias comunes. Por lo tanto, me parece lamentable que el texto ya no contenga la propuesta de la Comisión relativa a la aplicación estandarizada de normas armonizadas para los métodos de trabajo en organismos de evaluación de la conformidad.
En segundo lugar, está la cuestión estrechamente relacionada de si es correcto que la dirección del túnel, como organización con sus propias funciones, también pueda ser la encargada de investigar los accidentes. Yo no lo creo, puesto que no se puede excluir la posibilidad de conflictos de intereses, que serían perjudiciales para el mantenimiento de la seguridad.
En tercer lugar, apoyo totalmente la nueva normativa que establece que cuando los túneles abarquen el territorio de dos Estados miembros, será necesario crear organismos de investigación conjuntos para que ejerzan las funciones necesarias.
En cuarto lugar, me parece que, aparte de las medidas previstas en este informe para imponer unos requisitos mínimos de seguridad de los túneles, hay muchas otras acciones que podrían ayudar a mejorar la seguridad, de forma más simple y probablemente menos costosa. Entre ellas incluyo lo que ya ha mencionado el Sr. Swoboda sobre normas adicionales sobre la velocidad de los usuarios del túnel, la distancia entre los vehículos, la utilización de señales particulares, marcas, etc.
Mi quinta observación es que todas las medidas técnicas propuestas pueden tener escaso efecto cuando un conductor está excesivamente cansado. Además de la tecnología moderna, que es definitivamente crucial para el transporte por carretera y en muchos otros ámbitos de la sociedad, está el factor humano. Así pues, me gustaría hacer un llamamiento al Consejo –aunque no esté representado aquí– para que alcance una posición final sobre el Reglamento relativo a la armonización de cierta legislación social relacionada con el transporte por carretera.
Van Dam (EDD ).
   – Señor Presidente, pagamos un alto precio por el tráfico por carretera. Y con esto no me refiero al francés ni al alemán, sino a la muerte y mutilación de personas con un valor como seres humanos que no se puede cuantificar en términos monetarios. Cada año mueren unos 40 000 hombres y mujeres en nuestras carreteras, el equivalente a dos aviones jumbo llenos estrellándose cada semana en los quince Estados miembros de la Unión Europea. Anualmente, más de 200 000 personas quedan afectadas de por vida con lesiones o una minusvalía. Nunca tomamos nota de estas estadísticas. La semana pasada, una delegación de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo que tuve el placer de presidir, visitó dos largos túneles con tráfico en ambos sentidos en los Alpes. Uno de ellos fue el túnel del Mont Blanc, de 11,6 kilómetros de largo, en el que, en marzo de 1999, un camión ardiendo provocó una catástrofe, que se cobró la vida de 39 personas. Nuestra visita comenzó con una breve parada ante el monumento que se levantó en memoria de estas víctimas. Durante los tres años que este túnel estuvo cerrado, se realizaron importantes inversiones en muchas instalaciones, que se han debatido en este informe. Sin embargo, ver a los camiones adelantándose unos a otros en ambas direcciones, con una anchura total no superior a siete metros, sigue dando miedo.
El Sr. Rack ha hecho que la propuesta sea más eficaz, sin subestimar la gravedad de los riesgos. Por lo tanto, esperamos que la Comisión esté dispuesta a reconocerlo. 
Meijer (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, las cadenas montañosas son un obstáculo para el tráfico, por lo que los túneles suponen la única solución para ofrecer la ruta de conexión más corta posible. Es una solución cara; la construcción de estos túneles se cobró inicialmente muchas vidas y hasta hace poco solo se utilizaban en circunstancias excepcionales. En el siglo XIX comenzaron a verse los túneles de ferrocarril, a los que se sumaron, en el siglo XX, los túneles de carretera. Mientras tanto, la ingeniería nos permite cada vez más construir túneles bajo las ciudades, bajo zonas protegidas de especial belleza natural y bajo los estrechos. Actualmente se insertan conductos de túneles incluso bajo terrenos planos de suelo blando, anegado y turboso, como sucede en los Países Bajos. Los túneles no solo se utilizan a una escala mucho mayor que en el pasado, sino que también se utilizan con mucha más frecuencia. Debido a ello, existe un riesgo considerablemente mayor de explosiones, incendios y asfixia de las personas. Hasta los incendios recientes, comenzando con el del túnel del Mont Blanc, se había prestado escasa atención a estos riesgos. Sin embargo, los intereses económicos hacen que el tráfico de camiones en ambos sentidos por carreteras concurridas y en un solo túnel siga estando permitido. Cuando se interrumpe este tráfico temporalmente, se producen las protestas de quienes viven en los alrededores cuando se reanuda. Basándome en la experiencia adquirida hasta la fecha, he llegado a la conclusión de que los túneles sin carriles separados y sin galerías de escape paralelas no son apropiados para ser utilizados por un gran número de vehículos ni para el tráfico de mercancías pesadas.
Las carreteras ofrecen a los conductores individuales demasiada libertad para adoptar comportamientos peligrosos e inapropiados. Los túneles ofrecen más opciones para el tráfico por carretera, pero aquí también son necesarias las vías de escape. Por otra parte, es probable que los dos túneles extremadamente largos que pasan bajo Suiza y el túnel de base del Brenero, diseñado para llegar de Alemania hasta Italia por debajo de Austria, sean apropiados únicamente para el tráfico de mercancías.
Mi colega, el Sr. Markov, ya ha tratado las cuestiones de la supervisión y de los túneles transfronterizos. A pesar de que apoyo sin reservas las propuestas para mejorar las salidas de emergencia y para adaptarlas a los usuarios de sillas de ruedas, así como otras medidas para aumentar los requisitos de seguridad, no considero que sean adecuadas. 
Koch (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a pesar de la falta de dinero en las arcas públicas, casi nadie puede realmente oponerse a la mejora de las normas de seguridad en las carreteras europeas en vista de las estadísticas anuales sobre accidentes, que arrojan una cifra de más de 40.000 víctimas mortales y 1,6 millones de heridos, algunos de ellos graves. Hace unas semanas se abrió el túnel de autopista más largo de Alemania en Turingia, la provincia de la que provengo. Aunque también es el más seguro –como se predijo de antemano–, muchos conductores aún lo consideran muy estresante.
Cuando la Comisión inició su proyecto de Directiva sobre la mejora de la seguridad en los túneles, por una parte yo me alegré de que, en términos generales, fuera coherente con el tercer programa de acción para la mejora de la seguridad en las carreteras, que hemos acogido favorablemente, pero también me preocupaba y disgustaba la posibilidad de un aumento enorme de la burocracia y los elevados costes derivados, que aparentemente iban a corresponder a los Estados miembros. Después de todo, las rutas de los túneles se encuentran entre los tramos de carretera más peligrosos o propensos a los accidentes de nuestra Comunidad.
Hoy se han disipado mis temores, porque el ponente –al que quiero expresar mi particular agradecimiento– ha conseguido endurecer el proyecto de Directiva, desarrollarlo y reestructurarlo, hacerlo menos burocrático y flexibilizar sus disposiciones técnicas. En este proceso no se han ignorado aspectos de seguridad muy significativos; al contrario, se han podido ampliar, por ejemplo, teniendo en cuenta las necesidades de seguridad de las personas con discapacidad, lo que tiene sentido y me parece positivamente necesario, puesto que este año es el Año Europeo de las Personas con Discapacidad. Solo me queda pedir una rápida transposición a la legislación nacional y expresar la esperanza de que tenga un efecto tangible y positivo en los usuarios de las carreteras, tanto en términos psicológicos como reales.
Monti,
   – Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias al ponente, Sr. Rack, y a la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo, por adherirse sin reservas a esta propuesta altamente técnica y por ocuparse de ella de forma pragmática y constructiva.
En primer lugar, me complace decir que existe un amplio consenso entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre las medidas que deben adoptarse. Las diferencias de opinión, cuando existen, se refieren solo a aspectos relativamente secundarios en comparación con los objetivos que queremos alcanzar y que son: conseguir, en un plazo de diez años, una mejora sustancial en el nivel de protección ofrecido a los usuarios de los grandes túneles de la red transeuropea de carreteras.
Señor Presidente y señor Rack, no mencionaré cada una de las 78 enmiendas del informe del Sr. Rack, sino que las dividiré en grupos. Si no me equivoco, el Parlamento tiene ante sí un conjunto de enmiendas muy técnicas destinadas a adecuar la propuesta de la Comisión al texto procedente del trabajo del Consejo, que por su parte ha celebrado numerosas reuniones con expertos en esta cuestión. En principio, la Comisión no pone ninguna objeción importante a estas enmiendas porque nos hemos esforzado en impedir que el Consejo se desvíe de las intenciones originales de la propuesta.
Asimismo, la Comisión desea hacer hincapié en algunas enmiendas que prestan especial atención a las personas con discapacidad, a fin de garantizar que puedan salvarse en caso de incendio. En principio, estamos a favor de que la Directiva haga referencia explícita a las personas con discapacidad. Los expertos nos han dicho que, en caso de grandes incendios que no se pueden sofocare, los usuarios solo disponen de aproximadamente diez minutos para ponerse a salvo. Por desgracia, las personas que van en silla de ruedas, que se mueven más lentamente, sufren un riesgo mayor que las personas sanas. Creemos que las disposiciones de la Directiva comportarán mejoras considerables en la protección de las personas con discapacidad.
Algunas enmiendas están encaminadas a modificar la terminología empleada para designar los diferentes niveles para los que se busca clarificación de responsabilidades. La Comisión no desea aceptar estas enmiendas, porque alejarse de la terminología que ahora parece recibir aceptación universal no nos ayudaría a alcanzar nuestro objetivo de clarificación. Algunas enmiendas se refieren a aspectos no contemplados en la Directiva pero que son importantes para la seguridad de los túneles o para la aplicación de las medidas. Me refiero en particular a las enmiendas relativas a la formación de los conductores o a la financiación de las obras de reparación de los túneles. Si bien se trata de simples considerandos, quedan fuera del ámbito de la Directiva y no podemos aceptarlos.
De hecho, al hacer el recuento, la Comisión puede aceptar totalmente o en principio 52 enmiendas; puede aceptar otra en parte y hay 25 que no puede aceptar. Estas escuetas cifras no reflejan de forma adecuada la situación real, porque entre la Comisión y el Parlamento, y creo poder decir que entre el Parlamento y el Consejo, existe un mayor acuerdo sobre las partes esenciales del informe de lo que reflejan las cifras.
Por lo tanto, quiero expresar el deseo de que las tres instituciones tomen una decisión para que la Directiva se apruebe rápidamente. Como he dicho, los ingenieros se enfrentan a un trabajo de larga duración para adecuar los túneles con las disposiciones de la Directiva y este trabajo tiene que comenzar lo antes posible. 

 Muchas gracias, señor Comisario.El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, procedemos al debate sobre el informe (A5-0303/2003) del Sr. Cunha, elaborado en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el marco integrado para la celebración de acuerdos de asociación pesqueros con terceros países (COM(2002) 637 - C5-0070/2003 - 2003/2034(INI)).
Tiene la palabra el Sr. Varela Suanzes-Carpegna en sustitución del ponente, Sr. Cunha, que ha sido llamado a otros altos destinos.
Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE ),
    Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy en este hemiciclo hay un gran ausente, nuestro ponente. El Sr. Cunha, como ha dicho nuestro Presidente, ha sido llamado a otros destinos políticos en su tierra, en el norte de Portugal, y para allá se ha ido. Vayan, en primer lugar, mis felicitaciones, y creo que las de toda esta Cámara, por el buen recuerdo que nos ha dejado a todos y nuestro deseo de grandes éxitos en su nuevo cometido.
Hoy debatimos su informe, y me cabe a mí el honor, en tanto que coordinador del Grupo del Partido Popular Europeo, de presentarlo ante ustedes.
Estamos ante un informe muy completo y muy positivo, enriquecido con las enmiendas aprobadas en nuestra Comisión de Pesca. En él se recogen todas las enormes posibilidades de los acuerdos internacionales de pesca, tanto para la Unión Europea como para los terceros países. Aún queda en este Parlamento algún miembro recalcitrante que duda de los acuerdos internacionales de pesca, pero son muchísimos menos, afortunadamente, de los que había en 1994, cuando discutíamos en este Parlamento esta materia. La gran mayoría reconoce ya sus enormes ventajas.
Recientemente, veinticuatro países en vías de desarrollo, reunidos en Galicia los días 16 y 17 de septiembre en el ámbito de la , aprobaron las conclusiones de la cuarta Conferencia de Ministros de Pesca, abogando todos ellos por el mantenimiento y el incremento de los acuerdos internacionales de pesca como instrumento comercial y de cooperación al desarrollo.
Que los beneficios son mutuos, ya nadie lo duda. Y que son imprescindibles para unos y para otros, tampoco. Y que no debe haber discriminaciones ni tratamiento diferenciados entre unos, sean estos del Norte, y otros, ya sean del Sur, tampoco. La cooperación al desarrollo pesquero que suponen los acuerdos internacionales de pesca, es evidente; y que, desde la Unión Europea, se está consiguiendo con ellos una pesca responsables en esos caladeros de los terceros Estados y el desarrollo de un sector pesquero sostenible, también es evidente.
Los países en vías de desarrollo, en la cuarta Conferencia Mundial a la que acabo de referirme, reclamaban todos más cooperación, más inversiones en sus países, más científicos, más empresas conjuntas, y esa es, sin duda, la línea del futuro. Namibia, por poner un ejemplo, es hoy en día una potencia pesquera mundial, celosa, fiel guardiana de sus recursos pesqueros y de su pesca sostenible, y todo ello gracias a las inversiones europeas.
Y ello sin perder de vista también la necesaria óptica comercial que tienen estos acuerdos internacionales para la propia Unión Europea, en la que generan ocupación para nuestras flotas, empleo para nuestros pescadores y trabajo para nuestras industrias de transformación.
Europa tiene presente el ejemplo de la adversidad que generó la no renovación de ciertos acuerdos de pesca, como es el caso de Marruecos, que todavía colea en este Parlamento. Y conoce ahora también la necesidad imperiosa de reubicación en otros caladeros, al abrigo de estos acuerdos, y de fórmulas, como las empresas mixtas y las asociaciones temporales de empresas, cuando se aprueban planes de recuperación en función de informes científicos, que la Unión Europea es la primera en respetar, como los que tienen lugar actualmente en aguas comunitarias y no comunitarias, en aguas externas, como es el caso del fletán en la NAFO.
En fin, que los acuerdos internacionales de pesca suponen un mecanismo imprescindible para la Unión Europea y para los terceros países, ya que ambas partes se benefician mutuamente de los mismos, lo que el informe Cunha señala con meridiana claridad. Espero por ello el apoyo de esta Cámara mañana en su votación.
Fischler,
   .  Señor Presidente, Señorías, el Sr. Varela Suanzes-Carpegna estaba en lo cierto al señalar al principio que la única persona que hoy no está presente es el ponente, Sr. Cunha, al que por tanto no puedo dar personalmente las gracias por su informe sobre nuestra comunicación sobre los acuerdos de asociación pesqueros. Desde que fue nombrado diputado del Parlamento Europeo, el Sr. Cunha ha desarrollado un espléndido trabajo en la redacción de toda una serie de informes sobre asuntos pesqueros, por los que tenemos que estarle enormemente agradecidos.
Tras leer el informe, me ha alegrado observar que la Comisión y el Parlamento persiguen los mismos objetivos a través de acuerdos pesqueros futuros. La Comisión siempre ha opinado que hay que garantizar la sostenibilidad pesquera no solo en aguas comunitarias, sino también fuera de ellas. Por lo tanto, este acuerdo está encaminado a hacer mayor hincapié que en el pasado en el medio ambiente, pero sin descuidar los objetivos económicos y sociales. La pesca de alta mar es vital para las economías de muchas regiones costeras de la Comunidad, por lo que hay que continuar apoyándola.
El informe insta a la Comisión a que elabore un capítulo financiero sólido, y a que considere la contribución financiera como parte de un acuerdo comercial y como ayuda al desarrollo. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, permítanme decir, para evitar malentendidos, que por una parte la contribución financiera se pagará en concepto de derechos pesqueros concedidos y, por otra, tiene que ayudar al país tercero a gestionar sus reservas de forma sostenible. Se abonará al presupuesto del país tercero. Posteriormente, la Comisión prestará un apoyo activo en forma de conocimientos al país con el que haya firmado el acuerdo permitiéndole, por ejemplo, aumentar la eficacia de los controles pesqueros o mejorar la investigación en torno a la situación de las poblaciones de peces. Estoy convencido de que los nuevos acuerdos de asociación de este tipo serán muy beneficiosos tanto para los países en desarrollo como para la Comunidad. 
Stevenson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, me he enterado de que el Sr. Hudghton ha planteado una cuestión de observancia del Reglamento en esta Cámara esta misma mañana, en virtud del artículo 2 del Reglamento. Se ha referido a un debate del Parlamento escocés y a una declaración de un diputado conservador de ese Parlamento en la que afirma que es mi responsabilidad, como Presidente de la Comisión de Pesca, representar el punto de vista del Gobierno del Reino Unido.
En primer lugar debo decir que no puedo responder por las declaraciones realizadas por diputados de otros parlamentos, sean quienes sean o de dondequiera que sean. En segundo lugar, teniendo en cuenta que el Gobierno del Reino Unido es un Gobierno laborista y yo soy conservador, sería bastante extraño, por no decir otra cosa, que me sintiese obligado a representar sus puntos de vista en calidad de Presidente de la Comisión de Pesca o en cualquier otra función que desempeñase.
El Sr. Hudghton parece especialmente preocupado por mi labor como Presidente de la Comisión de Pesca estos días. Es una lástima que haya optado por gastar sus energías en un intento de sacar tajada política a base de demagogia, en lugar de defender a la asediada industria pesquera escocesa. Sin embargo, puede estar seguro de que cumpliré mi función de Presidente de la Comisión de Pesca, de forma imparcial y democrática.
En cuanto al informe del Sr. Cunha, quiero hacer constar en primer lugar, como ya han hecho el Sr. Fischler y el Sr. Varela Suanzes-Carpegna anteriormente, que los miembros de la Comisión de Pesca –y, de hecho, la mayoría de los diputados de esta Cámara, sino todos– aprecian profundamente el trabajo realizado por el Sr. Cunha durante su mandato como diputado al Parlamento Europeo en representación de Portugal. Ahora ha regresado a Portugal, como es lógico, para asumir un cargo muy importante y todos le deseamos lo mejor en el futuro. Estoy seguro de que veremos más ejemplos de su trabajo en los próximos días.
La gran calidad del trabajo realizado por el Sr. Cunha ha quedado reflejada, de hecho, en este informe sobre un marco integrado para la celebración de acuerdos de asociación pesqueros con terceros países.
Muchas personas expresan actualmente su preocupación por los acuerdos pesqueros internacionales celebrados entre la Unión Europea y esos terceros países. Algunos productores de documentales e incluso algunas ONG internacionales han apoyado a países como Senegal y Mauritania, en África Occidental, en su intento de mostrar los estragos provocados por codiciosos pescadores europeos. En este contexto de agotamiento de los recursos pesqueros en aguas de la Unión Europea, debido, supuestamente, a una sobreexplotación masiva, estos críticos afirman que Europa está ahora totalmente decidida a exportar sus problemas a estos países en desarrollo. Otros críticos señalan con el dedo a las omnipresentes flotas española y francesa, afirmando que tales acuerdos con terceros países, aunque financiados por la Unión Europea, solo benefician a España y Francia.
Es el momento de dejar las cosas claras y esta es la intención del informe del Sr. Cunha. En primer lugar, deberíamos analizar por qué la Unión Europea considera necesario celebrar tales acuerdos sobre derechos de pesca internacionales. Cuando España se unió a la Unión Europea trajo consigo una flota de altura de arrastreros pesados, que había surcado los océanos de todo el mundo durante siglos. Al tener solo una estrecha plataforma continental y con unos recursos pesqueros propios limitados, pescadores vascos y gallegos ya capturaban bacalao frente a las costas de Terranova y Labrador cinco siglos antes de que Cristóbal Colón «descubriese» América. Francia tiene una tradición similar.
Sin embargo, con la misma rapidez con la que se están agotando los recursos pesqueros, las poblaciones de especies migratorias están disminuyendo drásticamente a causa de los nuevos reglamentos que se están imponiendo a través de la política pesquera común. Al mismo tiempo, la demanda de pescado de los consumidores europeos está aumentando. Actualmente solo somos autosuficientes para satisfacer el 60% de esa demanda. Los consumidores reniegan de las carnes rojas por temor a la encefalopatía espongiforme, la fiebre aftosa y otras historias alarmantes, y optan por el pescado como una alternativa saludable. Para satisfacer esta repentina demanda, la Unión Europea tiene dos alternativas. Puede importar pescado de países extracomunitarios, incrementando nuestro déficit de la balanza comercial y exportando valiosos puestos de trabajo en el sector pesquero, o bien podemos aprovechar los conocimientos técnicos de la flota de altura comunitaria, que podría ser en su mayor parte española y francesa, manteniendo así los puestos de trabajo de este sector en la Unión Europea y garantizando, al mismo tiempo, los niveles de seguridad e higiene de los alimentos de la Unión. La elección no es difícil.
Sin embargo, aunque los acuerdos celebrados con terceros países han permitido que los arrastreros comunitarios de España, Portugal, Francia, Irlanda y, en menor medida, Grecia y el Reino Unido, hayan surcado las aguas de todo el mundo, desde los mares del sur hasta el Polo Norte, existe una creciente preocupación por la naturaleza explotadora de algunos de estos acuerdos. Se ha informado de que en Mauritania, frente a las costas occidentales de África, los arrastreros españoles estaban arrasando miles de toneladas de pescado, agotando los recursos locales, dejando a los pescadores nativos sin trabajo y provocando hambruna entre las comunidades costeras.
Este es el motivo por el que la Unión Europea tenía que desarrollar un nuevo sistema para la elaboración de estos acuerdos. En el futuro, los acuerdos con terceros países deberán ser una asociación entre la Unión Europea y el país contratante, que incluyan un constante proceso de control para garantizar una pesca sostenible. Queremos que una parte importante del precio contractual se destine a la compra de derechos de pesca. Sin embargo, y esto es igualmente importante, también queremos que se destine una contribución importante a los objetivos de conservación y desarrollo, dando prioridad al control y a la vigilancia. La Unión Europea ha reconocido su responsabilidad frente a los países con los que celebramos estos acuerdos, conservando al mismo tiempo su larga tradición de pesca de altura para mantener un suministro constante de pescado sano y de buena calidad en las mesas de los hogares europeos.
Lage (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también comenzaré destacando las excelentes cualidades del Sr. Cunha como diputado de esta Cámara y como ciudadano europeo. Asimismo, quiero subrayar que se le echará mucho de menos en este Parlamento, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y en la Comisión de Pesca. Le deseo lo mejor en su importante cargo al frente del gobierno de una gran región portuguesa, el norte de Portugal. Si bien soy diputado de un partido político diferente al del Sr. Cunha, yo no tengo el problema del que se ha quejado el Presidente de la Comisión de Pesca, Sr. Struan Stevenson. Puesto que no es diputado del Partido Laborista británico, el propio Sr. Stevenson se ha distanciado de la política del gobierno británico. Yo no tengo el mismo problema, pero solo se trata de una cuestión de estilo: el estilo británico por una parte, y el portugués o ibérico por otra.
Además, señor Presidente, quiero comenzar subrayando que tanto el informe del Sr. Cunha como la comunicación de la Comisión me parecen correctos y equilibrados. Quisiera ser tan reservado como el Comisario Fischler, quien prácticamente se ha limitado a expresar su acuerdo con el informe porque apoya el contenido de la comunicación de la Comisión. Eso es un hecho. No parece existir ninguna discrepancia importante entre nosotros sobre esta cuestión. Yo diría que la Unión Europea ha desarrollado un tipo de diplomacia muy interesante en el ámbito de la pesca. Como también ha dicho el Sr. Stevenson, esta diplomacia nos ha llevado a un modelo de acuerdos pesqueros muy interesante y muy original, que incluso podemos considerar ejemplar y que perfectamente podría servir de modelo a otros países para sus negociaciones en materia de pesca de altura.
Esta diplomacia tiene que seguir desarrollándose libremente, para defender los intereses de la flota de altura de la Unión Europea. Dicha flota no puede considerarse como perteneciente a Portugal, España o Francia: al contrario, tiene que entenderse como una flota de la Unión Europea, porque la Comisión es nuestra única portavoz, nuestra única representante en estas relaciones internacionales. Señor Presidente, apoyo el informe del Sr. Cunha, así como el contenido del texto de la Comisión. Espero que la pesca de altura en la Unión Europea continúe desarrollándose en las tres vertientes de conservación de los recursos, de apoyo a las comunidades más pobres y de igualdad de trato para los trabajadores de la industria pesquera. En conclusión, tenemos que luchar contra la pesca ilegal y contra los pabellones de conveniencia que, en ocasiones, son los peores enemigos de la pesca y de los pescadores auténticos. 
Attwooll (ELDR ).
   – Señor Presidente, yo también quiero comenzar dando las gracias al Sr. Cunha por haber elaborado un informe tan valioso y desearle lo mejor en su nuevo cargo.
Nuestro debate tiene lugar en un contexto en el que, en primer lugar, algunos recursos pesqueros en ciertas aguas del norte están en crisis y otros en peligro. En segundo lugar, en general muchos otros están siendo sobreexplotados. Por otra parte, un informe publicado la semana pasada por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias indica que, si incluimos a China, los países en desarrollo representan ya más del 70% de la producción pesquera destinada a la alimentación, tanto en el ámbito de la pesca como de la acuicultura. Las consecuencias son que la Unión Europea depende de las importaciones de pescado y que muchos pescadores comunitarios llevan a cabo sus actividades en otras aguas.
El Grupo ELDR acepta, por lo tanto, que tiene sus ventajas negociar acuerdos de asociación pesqueros con terceros países, en lugar de dejar estas cuestiones en manos de los acuerdos bilaterales, que pueden carecer de coherencia entre ellos, y ayudar a cumplir los requisitos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, tenemos opiniones muy firmes sobre la naturaleza de cualquier acuerdo celebrado por la Unión Europea. En primer lugar, los acuerdos alcanzados deberán ser verdaderos acuerdos de asociación y para el beneficio mutuo. En nuestra opinión, nuestra enmienda al apartado 7 deja más clara esta idea que el apartado original. En segundo lugar, el acuerdo deberá ser tanto responsable como transparente en términos presupuestarios, por lo que hemos redactado enmiendas solicitando que la renovación de los acuerdos dependa de las pruebas que confirmen que las dotaciones anteriores se emplearon según lo previsto. También solicitamos una repartición equitativa –es decir, justa– de los pagos por parte de los armadores comunitarios implicados.
En el apartado 11, aunque pueda resultar acertado prever un incremento del número de acuerdos alcanzados, no podemos estar seguros de ello y preferiríamos sustituir mediante una enmienda oral las palabras «el aumento» por «un aumento».
En tercer lugar, el acuerdo debería promover la sostenibilidad. Nos complace que el informe haga referencia ampliamente a los principios implicados y esperamos que los detalles de cualquier futuro acuerdo se basen en ellos, especialmente mediante la introducción de disposiciones específicas para proteger el medio ambiente.
Por consiguiente, insto a la Cámara a que apoye tanto el informe como sus enmiendas al mismo. Como ya ha dicho el Sr. Stevenson, debemos asegurarnos de que no intentamos solucionar nuestros problemas internos exportándolos a los países en desarrollo. La experiencia nos dice lo contraproducente que puede ser semejante planteamiento. De hecho, cualquiera que sea el país comunitario de que procedemos, nos interesa mucho garantizar la sostenibilidad de la pesca, no solo en nuestras propias aguas, sino también fuera de ellas. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones dirigidas al Sr. Cunha y a los cumplidos por su trabajo en la Comisión de Pesca y en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. En cuanto a este informe, quiero decir que los acuerdos internacionales de pesca constituyen sin duda un aspecto muy importante de la política pesquera común, porque aseguran el mantenimiento de la actividad pesquera en muchas regiones de la Unión Europea, y porque dan empleo directo a 30.000 personas. Contribuyen a reducir el déficit comercial comunitario en productos de pesca y representan más del 20% del total de las capturas comunitarias. Por todas esas razones, tenemos que apoyar sin reservas este informe. Los estudios realizados indican que cada euro invertido en estos acuerdos pesqueros genera actividad económica por valor de tres euros, lo que significa que los beneficios superan claramente a los costes. Por lo tanto, es importante mejorar y promover este sector, incluso teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo de Pesca de octubre de 1997, que ya se ha mencionado aquí. Y es aún más importante porque hay quien quiere cuestionar estos acuerdos.
Ahora bien, quiero recordarles que la Comisión debe tener en cuenta algunos aspectos importantes de estos acuerdos. Una de estas cuestiones centrales es la financiación adecuada. Si bien es cierto que necesitamos coherencia entre la política de pesca común y la política de desarrollo, no podemos olvidarnos que la naturaleza de estos acuerdos es esencialmente comercial: aunque deben tener en cuenta el punto de vista del desarrollo, la financiación para estos acuerdos pesqueros tiene que proceder del sector pesquero, mientras que la financiación de las políticas de desarrollo tiene que proceder de algún otro lugar del presupuesto comunitario: de una mayor asignación para cooperación y desarrollo, para ser más precisos. Por lo tanto, tenemos que desarrollar más acuerdos de asociación, equilibrando los intereses de los diferentes países y de los respectivos segmentos de la flota de manera equitativa.
Quiero concluir haciéndome eco de la declaración del ponente, a quien le parece increíble que se apliquen acuerdos con condiciones diferentes en el seno de la Unión Europea: en algunos acuerdos, los armadores pagan licencias de pesca, mientras que en otros no pagan nada. Por lo tanto, este problema tiene que resolverse urgentemente, así como el asunto de las cuotas teóricas y la posibilidad de transferencia temporal de los derechos pesqueros no utilizados. Espero que nuestro apoyo al informe del Sr. Cunha convenza también a la Comisión para que tenga en cuenta las propuestas que presente en el transcurso de su trabajo. 
McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado cómo la Comisión ha cambiado finalmente su postura relativa al desarrollo de un nuevo sistema de acuerdos pesqueros. Está muy bien cambiar el nombre de «acuerdos pesqueros» por «acuerdos de asociación», que suena fenomenal. «Asociación» suena a algo justo y equitativo, pero, a fin de cuentas, lo que necesitamos saber es si esto es lo que ocurre realmente.
Por el momento solo estamos hablando de documentos de debate de la Comisión, y cuando escucho a algunos de los demás oradores hablar de diplomacia comercial, tenemos que tener mucho cuidado de que no se trate de coacción. Cuando hablamos de acuerdos pesqueros, atendiendo al informe del Sr. Cunha y comparándolo con uno que podríamos haber visto hace cinco o seis años en este Parlamento, hemos mejorado. Sin embargo, si atendemos a la opinión subyacente de la mayoría de la Comisión de Pesca y, de hecho, de este Parlamento, el propósito de los acuerdos es suministrar pescado a los consumidores europeos y conservar los puestos de trabajo de los pescadores europeos. Cualquier otra consideración es secundaria. Esto no es admisible. No podemos hablar de sostenibilidad y desarrollo como si fueran dos cuestiones separadas.
Con respecto a la exportación de nuestro problema de exceso de capacidad en la Unión Europea, esta ha sido la tradición hasta ahora: los acuerdos pesqueros se han utilizado para exportar nuestro exceso de capacidad a otras partes del mundo. Cuando hablamos de los países que se están beneficiando, sé que cuando yo llegué a este Parlamento, Irlanda no era uno de ellos. Sin duda, ahora sí lo es. Independientemente de los países que se estén beneficiando dentro de la Unión Europea, lo que tenemos que analizar es cómo se están beneficiando realmente los países en desarrollo. Todavía no veo nada que demuestre que la Unión Europea no tiene simplemente un planteamiento sostenible con respecto a los acuerdos pesqueros, sino también un planteamiento que tenga en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo.
En estos momentos tenemos un acuerdo de que exista una separación en relación con los pagos. Esto diferenciará el aspecto del desarrollo de los demás aspectos de los acuerdos pesqueros. Pero esto no basta. La Comisión debe facilitarnos pruebas de que esto es lo que sucederá, porque es completamente injusto hablar de comercio justo, un enfoque equitativo de los países en desarrollo, y utilizarlos al mismo tiempo mediante la exportación de nuestra capacidad a dichos países. Hemos de tener esto en cuenta.
Finalmente, hemos de tener en cuenta lo que ha sucedido con Marruecos. ¿Se va a utilizar el dinero de los contribuyentes europeos, en el futuro, para pagar el fracaso de otros acuerdos pesqueros? Estoy hablando concretamente de Mauritania. Esto es algo que hay que tener presente. Los países en desarrollo no van a dar por sentada la situación que se les ha planteado como la única opción que tienen. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades y recortar nuestro propio exceso de capacidad. 
Farage (EDD ).
   – Señor Presidente, me sorprende escuchar al Sr. Stevenson utilizar el argumento de que necesitamos estos acuerdos para mantener la histórica piratería pesquera de España y Francia. El mundo cambió en 1976, como demuestran los puertos vacíos de Hull y Grimsby. Ni siquiera estaríamos celebrando este debate si no fuera por el total y absoluto fracaso de la PPC y por la necesidad de más y más aguas. Ya en 1994, todos pudimos escuchar las alarmas procedentes de Senegal, al menos todos los que quisimos escucharlas.
Estos acuerdos han provocado estragos y destrucción, tanto en el plano medioambiental como social, en algunas de las partes más pobres del mundo. ¿Cuál es la respuesta de la Comisión? Es el uso de esta fantástica palabra «asociación», que, hasta ahora, no significa nada. Pero el giro de la Comisión va todavía más allá. Afirma que, si no lo hiciera la Unión Europea, lo haría la empresa privada, y habría alguien ahí fuera «peor que nosotros».
He visto Kenia, donde las empresas privadas han provocado problemas, pero en mi opinión no se subsana un error cometiendo otro. Quizás la única buena noticia es que un creciente número de diputados de esta Cámara están empezando a darse cuenta de lo que realmente significan estos acuerdos y ya son más de 100 los que han expresado su oposición.
En Inglaterra, el hecho de que Nelson hiciese la vista gorda en el ámbito marítimo lo consideramos un acto de valentía y honor. Sin embargo, este no es el caso del Comisario Fischler, que continúa haciendo la vista gorda. 
Souchet (NI ).
   – ) Señor Presidente, Comisario, el informe Cunha hace hincapié en la enorme importancia económica que tienen, tanto para los Estados miembros de la Unión como para los Estados asociados, los veintiún acuerdos internacionales de pesca alcanzados por la Comunidad. Mientras la Unión Europea se enfrenta a un gran déficit y tiene que importar casi la mitad del pescado que consume, un consumo en aumento, solo los acuerdos de pesca proporcionan la quinta parte del total de capturas comunitarias, lo que representa aproximadamente mil millones de euros y constituyen una fuente de empleo particularmente importante tanto para los países europeos con tradición de pesca de altura como para sus socios de ultramar.
Esta producción tiene lugar bajo condiciones controladas, supervisadas y responsables, que ofrecen a los consumidores europeos garantías sólidas de trazabilidad y de métodos pesqueros muy superiores a los que proporcionan las importaciones de países terceros. Los acuerdos de pesca, con su vocación comercial, constituyen una buena inversión para la Unión y los que cuestionan su conveniencia y quieren frenar su progreso harían bien en leer atentamente el estudio realizado por el Instituto Ifremer, que demuestra que cada euro que invertimos en este marco genera una actividad económica tres veces mayor. El balance económico también es muy positivo para los países asociados. Por lo tanto, hay que seguir invirtiendo, en particular en el marco de nuestra red de acuerdos sobre el atún.
Como ponente del acuerdo UE-Mauricio, he podido evaluar la importancia de los intereses económicos mutuos que están en juego en este sector clave que los que trabajan en este ámbito en Europa han desarrollado junto con una serie de socios ACP en el Océano Índico y con socios latinoamericanos. Estos acuerdos constituyen una fuente de suministro y de actividad transformadora para los países europeos y una fuente de empleo y desarrollo para los países asociados, razón por la cual tienen que recibir apoyo y ampliarse. Cuando la Comisión habla de la coherencia necesaria entre las diferentes políticas comunitarias, tiene que garantizar en particular la coherencia entre la política pesquera común y la política comercial. Por esta razón, la inoportuna concesión hecha en la OMC sobre las importaciones de atún en lata en el contexto de una eliminación general de los aranceles, podría socavar años de esfuerzo e inversión, destruir un sector mutuamente beneficioso y conducir a relocalizaciones que primero castigarían a nuestros socios y después a nosotros.
Por lo tanto, señor Presidente, deseo llamar la atención de la Comisión sobre esta cuestión, tal como hizo nuestra Cámara cuando aprobó la enmienda que presenté durante la votación de mi informe sobre el acuerdo con Mauricio. 
Langenhagen (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Comisario Fischler, Señorías, permítanme comenzar expresando mis mejores deseos al Sr. Cunha; que le acompañen en su nueva carrera política. Continuaré con un viejo refrán –por no decir una vieja verdad– que dice que Europa tiene muy pocos peces; las aguas que rodean a los Estados miembros no pueden satisfacer nuestras necesidades. Tenemos que enfrentarnos a este hecho. Permítanme esta oportunidad para incidir en una cuestión fundamental: no hemos empezado por vaciar de peces las aguas europeas para después buscar nuevos caladeros en los que hacer lo mismo. Lo que ocurre es que hemos perdido los caladeros europeos tradicionales como resultado de la ampliación de las zonas económicas exclusivas a 200 millas náuticas, que se remonta al decenio de 1970. Para tratar de compensar esta pérdida, la UE ha firmado acuerdos pesqueros con países terceros.
Actualmente tenemos veintiún acuerdos con países tanto del Norte como del Sur. La contribución que hacen a la economía europea es importante; incluso diría que irremplazable. Nosotros, por nuestra parte, obtenemos el pescado fresco que necesitamos urgentemente, al tiempo que se conservan puestos de trabajo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras en las industrias pesqueras y de transformación. Pero en el caso de los peces, un recurso finito y sensible a factores medioambientales adversos, las consideraciones económicas no pueden eclipsar a las medioambientales o impedirnos ver las condiciones de los países terceros.
Por esta razón, acojo con satisfacción el nuevo enfoque conjunto de la Comisión. Asimismo, creo que tiene que ponerse en práctica y hacerse más compatible con nuestro objetivo de una pesca sostenible. Pero el acuerdo está relacionado con una actividad comercial, es decir, con la pesca en aguas extranjeras y con el rendimiento económico derivado de ella. Creo que la financiación debe reflejar el valor real de los derechos pesqueros. La política de pesca no debe utilizarse para encubrir los objetivos de la política de desarrollo. Por esta razón disponemos de partidas presupuestarias específicas, y por esta razón no soy el único que opina así.
Yo también quiero que en el futuro haya acuerdos pesqueros –modernos y sostenibles, basados en la asociación– pero los beneficios y las cargas tienen que compartirse de manera equitativa entre todas las partes. Además, no podemos examinar estos argumentos desde la perspectiva de utilizar los fondos europeos para otorgar subvenciones permanentes si solo unos pocos Estados miembros recogen los frutos. Tampoco podemos olvidar el aspecto decisivo de que el Parlamento tiene que estar mejor informado en vista de las grandes sumas que se han invertido del presupuesto europeo. De hecho, creo –y sin duda no soy el único– que el Parlamento tiene que desempeñar un papel en las negociaciones, no mañana, sino hoy. ¡Ahí es donde tenemos, por fin, que hacer algo!
Stihler (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al ponente, el Sr. Cunha, en su ausencia y desearle lo mejor en su nuevo puesto.
Los acuerdos pesqueros con terceras partes han estado en el ojo del huracán recientemente, con titulares como «Las flotas pesqueras de la Unión Europea devastan el Tercer Mundo» y «Los países de África Occidental impondrán una prohibición sobre las flotas de la Unión Europea». Un reciente informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, en el que se subrayan los problemas de Angola, resulta muy revelador. Por una parte, la Unión Europea ofrece ayuda de emergencia a Angola, pero, por otra, ha firmado un acuerdo pesquero por el que se explotarían en aguas angoleñas recursos pesqueros vitales destinados a algunas de las poblaciones más pobres del mundo.
Según el PNUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se centraba en Mauritania, Argentina y Senegal, todos los países han advertido una reducción de sus recursos tras la firma de acuerdos pesqueros con terceros. En Mauritania, las capturas de pulpo se han reducido a la mitad en los últimos cuatro años, y en Senegal dos tercios de los ingresos de la exportación dependen del pescado exportado a Europa. Más de la mitad del pescado que consumimos en la Unión Europea procede ya de países extracomunitarios, y la mitad de estas importaciones se basan en acuerdos pesqueros con terceros.
La reducción resultante de los recursos pesqueros, la dependencia de las comunidades locales de los países en desarrollo con respecto a estos recursos para su propia alimentación, la falta de cumplimiento de las normas y de los límites de captura y las claras contradicciones que parecen existir entre la política pesquera de la Unión Europea y su política de desarrollo son temas prioritarios. Todos estos asuntos preocupan a muchos diputados al Parlamento Europeo.
La necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental en los acuerdos pesqueros con terceros es fundamental. Apruebo el hecho de que el ponente haya subrayado la importancia que reviste la pesca sostenible y que este enfoque debería aplicarse a todos los buques en las aguas afectadas.
Sin embargo, lamento que, por ejemplo, en Angola, donde se supone que el 35% de los 15,5 millones de euros pagados se destina a proyectos pesqueros de pequeña escala, no esté realmente claro si este dinero se emplea con este fin o no. Estas preocupaciones son reales y por este motivo apoyo la enmienda 2 del grupo ELDR. Esta enmienda permitiría que los nuevos acuerdos pesqueros dependiesen de la presentación de pruebas suficientes de que el dinero pagado en virtud de acuerdos anteriores para las medidas pretendidas se haya gastado según lo previsto.
No deberíamos renovar acuerdos cuando el tercero no haya cumplido su parte del trato. No obstante, los acuerdos pesqueros no deberían firmarse cuando sean perjudiciales para los intereses socioeconómicos a largo plazo del país implicado. Los acuerdos pesqueros con terceros desempeñan un importante papel para el abastecimiento de pescado en la Unión Europea. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer cuando sus recursos pesqueros se agoten? No deberíamos destruir la viabilidad de países ni recursos cruciales para el futuro, con el fin de beneficiarnos a corto plazo. Los acuerdos pesqueros con terceros deben tener en cuenta la futura viabilidad de los recursos. 
Fischler,
   .  Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar dando las gracias a todos los que han hablado en este debate por sus constructivas contribuciones. Mis observaciones finales serán relativamente breves. En particular, también quiero dar las gracias por el gran apoyo que ha recibido nuestro informe. Tiene que quedar claro que no podemos aplicar normas dobles. Los principios que aplicamos en la Comunidad a nuestras aguas comunitarias también tienen que aplicarse en los acuerdos con países terceros. Esto ocurre en particular cuando se necesita una política de conservación sensata y eficaz, pero también cuando se intenta asegurar que cualquier decisión que se tome esté basada en los mejores conocimientos actuales. Estos son los principios que nos tienen que guiar en el futuro.
¿Qué significa un acuerdo de asociación? Una asociación existe cuando, para acuñar una frase, las partes pueden situarse al mismo nivel, sin que una domine a la otra. Eso es lo que intentamos garantizar en el futuro. Se trata de cooperar no solo cuando queremos pescar en aguas de países terceros; se trata, además, de asumir nuestra parte y trabajar con esos países para permitirles –si están interesados en ello– que construyan sus propias industrias pesqueras, no solo en lo que respecta a las capturas de peces, sino también a su transformación. Este es un aspecto vital del desarrollo que queremos y debemos fomentar. Por supuesto, todo esto funcionará solo si esos países están realmente interesados y colaboran de pleno, pero en la práctica estamos descubriendo que eso es así cada vez con más frecuencia, por lo que creo que la celebración de estos acuerdos se desarrollará de manera muy positiva.
Solo puedo decir que estos principios tienen que ponerse a prueba en negociaciones concretas, en las que el Parlamento tenga la oportunidad de determinar si estos acuerdos recién concluidos están o no a la altura de lo que se espera de ellos.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas(1).

