Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Nogueira Román
Señor Presidente, en el Acta de ayer se habrán recogido, como es natural, intervenciones que se refieren a una llamada "declaración de Estrasburgo" que pretende implicar a este Parlamento Europeo en unas consideraciones que, al pie de la letra, llevarían a concluir que este diputado europeo es un nazi. La declaración -que, como digo, implica al Parlamento Europeo, aunque no hubo tal declaración ante el Parlamento Europeo- es una manipulación absolutamente inadmisible. Yo le agradezco a la Presidenta, Sra. Fontaine, que ayer mismo manifestara su postura, desmintiendo la implicación de esta Asamblea. En esa declaración, señor Presidente, además de descalificar llamando nazis al PNV, a Eusko Alkartasuna y al Gobierno democrático del País Vasco, que tienen una actitud que en otro caso, Irlanda, mereció incluso el Premio Nobel, se insulta a representantes de ciudadanos europeos -como es mi caso: represento a una parte de la sociedad gallega­, diciendo que somos más peligrosos que el nazismo y se insulta a formaciones inequívocamente democráticas, con decenas de años de historia, en una locura inadmisible que yo me permito en este momento condenar. Solicito, en todo caso, que se oigan nuestras palabras, porque no se puede implicar de tal forma al Parlamento Europeo en una locura que califico claramente de inadmisible.

El Presidente
Gracias, señor Nogueira, por su aclaración. Recuerdo que las cuestiones sobre el Acta deben referirse al Acta. En todo caso, para los colegas que no tengan conocimiento de la posición de la Presidenta, leeré el comunicado oficial y así constará también en el Acta de hoy:
"El 17 de febrero, la Sra. Nicole Fontaine, Presidenta del Parlamento Europeo ha recibido, a petición de los mismos, a los representantes del Foro de Ermua. Los vicepresidentes españoles del Parlamento Europeo estaban representados. Al final de esta reunión, los representantes de dicho Foro le han transmitido un documento intitulado "Declaración de Estrasburgo", cuyos términos la Presidenta en modo alguno puede avalar.
Estrasburgo, 17 de febrero".
Por lo tanto, creo que queda totalmente zanjada la cuestión.

Esclopé
Señor Presidente, solicito una rectificación en el Acta sobre la votación de la enmienda 5 del Informe Swoboda. Le ruego tome nota de que los Sres. Michel Raymond, Jean Saint-Josse y yo mismo votamos en contra de dicha enmienda.

El Presidente
Se toma nota y así constará en el Acta.

Bösch
Señor Presidente, no para que conste directamente en Acta, sino para una comunicación que hoy tenemos sobre la mesa, a saber, que la Conferencia de Presidentes que estaba prevista para el 23 de febrero ha sido anulada. Debemos reflexionar sobre si este tipo de actos han de seguir celebrándose en esta forma. Tengo la sensación de que no es más que una parte mecánica del cumplimiento del deber. Lo que ahí escuchamos podríamos tranquilamente leerlo al día siguiente en los periódicos. Y cuando surge algo más, no me parece bien que el Orden del Día de las distintas comisiones, ya de por sí excesivamente cargado, sea siempre acortado a causa del show que organizamos. Por tanto, hagamos el favor de reflexionar si no deberíamos eliminar estas conferencias de una vez para siempre.

El Presidente
Señor Bösch, tomo nota de su observación pero, evidentemente, la celebración de ese tipo de Conferencias de Presidentes abiertas a todos los diputados tiene su origen en una solicitud de los diputados, a fin de poder participar en algunas de ellas. Deberíamos ser más selectivos seguramente. En todo caso, la Mesa considerará su sugerencia.
(El Acta queda aprobada)

VOTACIONES
Fava
Señor Presidente, pedimos que la última frase de la enmienda 2 que reza: "Invita asimismo a los Estados miembros a que promuevan el turismo en la tercera edad" se anteponga y se incluya en el apartado 25, específicamente dirigido al turismo social, al final de la frase "el turismo para los grupos sociales organizados" . Esta colocación nos parece más justa y más útil.

El Presidente
De acuerdo con nuestro Reglamento, 12 diputados pueden oponerse.
(Más de 12 diputados se oponen a la tramitación de la enmienda oral) No ha lugar a la tramitación de la enmienda oral.
(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO

Posselt
Señor Presidente, durante la exposición del excelente informe del Sr. Viceconte no he tomado la palabra, a pesar de que contiene ideas magníficas y de que Baviera, el land que yo aquí represento, es una de las regiones más atractivas para el turismo de toda la Unión Europea. Le invito encarecidamente a que vaya allí de vacaciones tantas veces como pueda, así como a la vecina Austria.
Pero independientemente de eso quisiera decir que me disgusta el planteamiento centralista de la comunicación de la Comisión. Creo que, precisamente en la política turística, necesitamos más descentralización, más regionalismo y menos paternalismo centralista y burocrático. Por ello no debemos deslizarnos hacia una política turística europea de carácter centralista.

Sacrédeus
Señor Presidente, uno de los principios esenciales de la colaboración en la Unión Europea es el principio de la subsidiariedad. Ha llegado la hora de que se valore este principio y de que se estudie un sistema que aclare la esfera de competencias de la Unión Europea. A menudo se critica a la UE, hasta cierto punto con razón, por dedicarse a demasiadas materias.
El turismo es una de estas materias cuyo carácter es nacional por naturaleza. En la medida que se haga política en materia de turismo, ella deberá ser, esencialmente, nacional, regional y local. El Turismo es un factor de empleo importante y por esta razón son importantes las ayudas de la UE a las regiones económicamente más débiles. No obstante, también en relación con esto, la cooperación debe ajustarse al principio de la subsidiariedad.
El turismo también puede tener un efecto nocivo en el medio ambiente. Por este motivo hay que estudiar una estrategia para disminuir estos efectos. Sin embargo, esto debe hacerse dentro del marco de la política medioambiental. En el informe se lamenta la carencia de un fundamento jurídico para la política de turismo. Los democristianos suecos opinamos que tal fundamente no debe existir, puesto que creemos que este es un asunto en el que la UE tiene muy poco que decir.

Okking
 - (DA) El turismo es una fuente esencial para el entendimiento entre los pueblos y parte importante del mercado laboral que debe ser promovido y fomentado. Es de una importancia incalculable que tanto la población europea como el resto del mundo tengan la posibilidad de conocer de qué forma organiza cada uno su vida y su sociedad. La política turística no es, sin embargo, algo que deba ser planificado y decidido por el Parlamento Europeo o por la UE en su conjunto. Por ello voto en contra de la propuesta

Tajani
Señor Presidente, antes de que comience el debate, como diputado italiano -y creo que hablo en nombre de todos los diputados italianos- tan sólo deseo estigmatizar la posición asumida ayer por el Canciller alemán que ha intervenido en los asuntos internos italianos y ha amenazado con una intervención de Europa en el caso de que en el Gobierno italiano participen organizaciones neofascistas.
Por fortuna el Gobierno italiano y el Presidente de la República han intervenido -y hoy lo hará también el Embajador de Italia en Alemania- para invitar al Canciller alemán a que no se inmiscuya en los asuntos internos italianos, ya que no se han presentado como candidatos al Gobierno partidos neofascistas.
Damos las gracias al Presidente de la República, al Gobierno y a todas las fuerzas políticas que han intervenido e invitamos, también desde este Pleno, al Canciller alemán a que no intervenga en los asuntos internos italianos.

El Presidente
El Sr. Tajani me concederá que es un tanto difícil entender la relación de su intervención con las cuestiones de orden pero comprendo su sentido político.
Pasamos al debate propiamente dicho y concedo directamente la palabra al Sr. Monti, en nombre de la Comisión.

Servicios postales europeos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0010/2000) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, a la Comisión, sobre los servicios postales europeos.

Monti
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión relativa a una mayor apertura, controlada y gradual, del mercado postal a la competencia llega con retraso fundamentalmente a causa de la reorganización de los servicios y de la reasignación de las competencias de la Comisión, así como por la necesidad de que el nuevo Colegio reexamine estas cuestiones.
En lo que respecta a las diferentes resoluciones del Parlamento concernientes al sector postal, mi colega, el Comisario Sr. Bolkestein, ya contestó a las principales observaciones durante las audiencias organizadas el año pasado por el Parlamento.
Asimismo, en lo que se refiere a la consulta del Parlamento, el próximo lunes el Comisario Sr. Bolkestein se reunirá con la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento. Los estudios se remitieron a dicha comisión en el mes de septiembre de 1999, así como a los diputados que los solicitaron y, en cualquier caso, están a disposición de quien los pida. Dichos estudios pueden consultarse asimismo en el sitio de Internet de la Comisión. Estoy seguro de que el Comisario Sr. Bolkestein prestará la debida atención a todas las observaciones del Parlamento.
Señor Presidente, la Comisión está firmemente convencida de la necesidad de una nueva propuesta con vistas a un mayor desarrollo y evolución del sector postal. Además, la presentación de una propuesta es una obligación jurídica. Estoy en disposición de confirmar que el Comisario Sr. Bolkestein tiene la firme intención de presentar una propuesta en este sentido a la Comisión, al objeto de remitirla al Parlamento y al Consejo en el primer semestre del año, a más tardar. La fecha establecida para la culminación de la próxima fase, el 1 de enero de 2003, continúa siendo la aspiración de la Comisión.
La propuesta tendrá en cuenta los estudios realizados y en particular la necesidad de garantizar la universalidad del servicio, el desarrollo de protecciones eficaces para los consumidores, la creación de un clima favorable a nuevos puestos de trabajo y la solución a los problemas relativos a la competencia.
Asimismo, con miras a modernizar y mejorar ulteriormente los servicios postales de toda la Unión con las nuevas tecnologías, se examinará el papel de la apertura del mercado a la vista de los potenciales beneficios para la industria en su conjunto.
La propuesta, cuando se presente, tendrá en cuenta los puntos de vista expresados por los Estados miembros, el Parlamento, los usuarios, los prestadores de servicios universales y sus competidores, así como por las demás partes interesadas, con las cuales se han llevado a cabo consultas exhaustivas. El objetivo es garantizar el buen funcionamiento del mercado interior de los servicios postales en beneficio de los consumidores y de las empresas de toda la Unión.

Stenmarck
Señor Presidente, el sector postal es todavía un sector en el que se permite actuar a los viejos y anticuados monopolios, sin competencia. Esto ha sido así durante demasiado tiempo, por la ausencia de una Comisión enérgica en este sector. En todos los demás sectores han intervenido las autoridades comunitarias que velan por la competencia, pero aquí no. Hemos esperado en vano propuestas de la Comisión durante dieciocho meses. Quisiera que la Comisión me contestara hoy esta pregunta: ¿cuándo tendremos unos servicios postales nuevos y modernos, que puedan funcionar en toda la UE?
Uno de los principios comunitarios más importantes es el mercado interior. Estamos trabajando intensamente para ampliarlo, de manera que comprenda a más países miembros. Esto exige eficiencia, y la eficiencia supone competencia.
Hoy se demanda la liberalización y desregulación de todos los sectores. A menudo, la UE va a la vanguardia en este proceso. La Comisión impulsa este desarrollo de manera ejemplar. La Comisión lo hace porque tenemos muchas experiencias de viejos monopolios incapaces de dar un buen servicio, como el que exige una sociedad moderna. También lo hace para poder seguir el desarrollo tecnológico. Además, la Comisión lo hace para poder bajar los precios, en el convencimiento de que esto es más fácil de lograr en un mercado libre y sujeto a las normas de la competencia. Así es en una serie de sectores; desgraciadamente, hasta ahora, con la gran excepción de los servicios postales. No creo que sea precisamente porque los clientes estén satisfechos. Todos sabemos que las críticas por las subidas de los precios y por los retrasos en la distribución de las cartas son un constante tema de discusión. Si realmente nos interesa tener un mercado interior que funcione, no podemos seguir haciendo excepciones con las actividades de los servicios postales.
Algunos países han avanzado más rápidamente y han creado las condiciones para la existencia de una competencia más libre en el sector postal. Los Países Bajos, Finlandia y Suecia son los que han ido más lejos. Esos países han demostrado durante la década pasada que se pueden conseguir algunos beneficios. En Suecia, además, este desarrollo se ha ido produciendo paulatinamente, en un ambiente de gran coincidencia política. Es importante que este proceso pueda continuar y que se le den los estímulos necesarios. La experiencia indica que los viejos monopolios no son capaces de proporcionar servicios que funcionen tal como todos nosotros, los clientes, tenemos derecho a exigir.
Ante la proximidad de este debate, los partidarios de la continuación del monopolio han enviado una carta. En ella se refieren a Suecia como escarmiento. Posiblemente se podrían hacer estas críticas en una serie de situaciones, pero no justamente en esta materia. Se ha afirmado en una carta circular que el precio de los sellos ha subido un 59 por ciento desde la liberalización en 1993. Es verdad, si sólo vemos esto con la condición de que únicamente se ha tomado en cuenta el 20 por ciento del total del mercado postal, en el que todavía, en la práctica, existe el monopolio, es decir, en el que el estado es el único actor. En el 80 por ciento del mercado sujeto a la libre competencia ha bajado el precio. Esto demuestra que la competencia realmente funciona. Mi conclusión es: ¡consigan que haya competencia en el otro 20 por ciento! A la luz de estos hechos, cada vez más demandan...
(El orador es interrumpido por Markov) Creía que era yo el que tenía la palabra. Posiblemente podamos debatir esto un poco más tarde. Sin embargo, constato que es precisamente como lo he manifestado, es decir, que el precio ha bajado en los sectores donde hay competencia y ha subido donde hay monopolio. Así funciona casi siempre. Por eso, recomiendo la formación de una comisión que tome las iniciativas necesarias y se ocupe de que exista competencia en el sector postal.

El Presidente
Señor Markov, tendrá usted unos minutos dentro de cinco o seis minutos. Le agradecería que no interrumpiera a sus colegas.

Miller
Señor Presidente, aquí hay un misterio. ¿Qué sucedió con la Directiva sobre Servicios Postales que fue aprobada el 15 de diciembre de 1997? La Comisión ha mantenido un silencio abrumador durante el tiempo transcurrido desde entonces hasta el momento actual. Siento que sea el Comisario Monti quien esté hoy aquí. Le tengo en mucha estima. Es uno de los comisarios más diligentes y trabajadores. Lamento no poder decir lo mismo de algunos de sus colegas.
No ha habido, durante este tiempo, verdaderos progresos en la Directiva sobre Servicios Postales. El Comisario Monti afirmó que se debe en parte a la organización y redistribución de las funciones. Esto no se hecho hasta hace poco. Durante más de un año la antigua Comisión podía haber trabajado algo en el tema. La verdad es que no hemos avanzado mucho.
Sin embargo, y puesto que el Comisario Monti está aquí, quisiera que transmitiera un mensaje al Comisario Bolkestein diciéndole de qué trataba la Directiva sobre Servicios Postales. Trataba de una liberalización paulatina; trataba de un servicio universal garantizado a un precio asequible; trataba de que el correo directo y el correo transfronterizo permanecieran en el sector reservado. Estas cuestiones eran fundamentales en aquel informe y debieran seguir siéndolo en cualquier directiva futura.
El servicio postal no es sólo para Navidades. Es para toda la vida. En la zona de Escocia de la que procedo, es mucho más que un simple servicio postal. Es un medio de mantener unidas a las comunidades. El servicio postal es también el servicio de autobuses. El servicio postal es también el servicio social. El servicio postal es también el médico. Si dejamos que los servicios postales deriven hacia una completa privatización, entonces perderemos todo eso y muchas de nuestras comunidades locales -antes votamos sobre el turismo- perderán su actividad turística. Las aislaremos.
Los servicios postales son importantes. Este mensaje debe salir hoy de aquí. Y la Comisión debe escucharlo.

Sterckx
 Señor Presidente, somos partidarios de la liberalización de los servicios postales de la Unión. Esto significa ante todo que los clientes tendrán un servicio mejor. Esto es lo que se pretende y este debe ser el objetivo final.
La liberalización ha comenzado porque se tenían dudas sobre la estructura de los servicios postales, sobre el valor de un monopolio. ¿Son los monopolios lo suficientemente flexibles en un mercado en el que la demanda de los clientes puede cambiar con suma rapidez y donde también con suma rapidez pueden generarse otras condiciones de mercado, por ejemplo, por el uso creciente de los medios de información electrónicos? La pregunta es la siguiente: ¿qué requisitos debemos imponer eventualmente a un servicio gestionado por un monopolio?
En esta cuestión, la mayoría de los Estados miembros han echado el freno. Me alegra comprobar que, en mi país, el nuevo gobierno finalmente ha hecho lo que tenía que hacer, algo que tenía que haber hecho mucho antes: los servicios postales y el gobierno belga están tomando medidas para garantizar que, para el año 2003, los servicios postales, al menos en parte, estarán preparados para afrontar la competencia.
Como nuevo parlamentario que soy intento familiarizarme con el expediente y he de decirles francamente que tengo muchas dificultades para ello. He encontrado una serie de estudios que en su momento fueron encargados por la Comisión Europea, pero he encontrado también unos documentos sobre los servicios postales en Europa que aseguran que esos estudios no cuadran y que la base sobre la que se han llevado a cabo está equivocada. Pienso que en este extremo la Comisión podía haber sido más activa, podía habernos facilitado más información y pienso que podría habernos proporcionado los estudios que nos había prometido y que le habíamos pedido. Por lo que tengo entendido, todavía no lo ha hecho. Así pues, señor Comisario, le pido que ayude en su tarea a un nuevo miembro como yo. Al igual que el Sr. Miller, me gustaría que en los próximos meses o semanas, o si pudiera ser incluso días, nos explicara cuál es la situación con respecto a la aplicación de la directiva de 1997.
Segundo punto: ¿cuál es la situación de la prestación de servicios universal y qué propuestas plantea usted? Me gustaría disponer de información más concreta al respecto. Con toda seguridad el de correos es un grupo de presión muy fuerte y es lógico que así sea. Hay cientos de miles de personas que se ganan la vida en este sector. Además -el Sr. Miller también ha hecho referencia a ello-, en mi país, por muy densamente poblado que esté, no se acabará el mundo si deja de pasar el cartero. Pero en mi país también hay muchas personas, personas mayores, por ejemplo, que durante el día ven a una sola persona, a saber, el cartero. Así que, tengámoslo en cuenta: el correo consiste en algo más que traer y llevar cartas y paquetes.
También para las empresas es muy importante el correo. Un estudio pone de relieve que el 90% del tráfico postal tiene lugar entre empresas y sólo el 10% entre particulares. ¿Qué se quiere liberalizar realmente? Me gustaría tener más información, porque la pregunta más esencial es cómo se puede ofrecer un mejor servicio a los clientes con los servicios existentes. Hay empresas postales que tienen un monopolio y que no obstante tienen buenos resultados. Debemos proteger este tipo de cosas y las otras debemos rechazarlas.

Isler Béguin
Señor Presidente, señor Comisario, esta mañana he oído en radio nacional de Francia que la liberalización de los servicios postales sería prácticamente una cuestión de horas o de días y que era irremediable, a semejanza de lo que ocurrió con nuestros amigos suecos, neerlandeses y alemanes. Esto nos preocupa vivamente, y por esta razón hemos pedido el debate de hoy.
La Comisión se ha decidido por un servicio postal universal, y el Parlamento Europeo ha señalado en varias ocasiones, como ya lo han expresado algunos colegas, que los servicios postales constituyen un factor esencial de cohesión social y territorial. Desearía, en este sentido, dirigirme quizá a nuestro colega sueco para preguntarle lo que piensa sobre el estudio que fue realizado, y que demuestra que en los sectores más apartados de Suecia los servicios postales serían más bien inadecuados desde el punto de vista de la distribución. Por lo tanto, nosotros no deseamos este tipo de servicios postales.
El Tratado de Amsterdam reconoció el interés económico de los servicios postales, y consideramos que van mucho más allá de la distribución. Es el servicio más cercano a los ciudadanos, y que denominamos "servicio público", el que permite que cada habitante del territorio europeo pueda estar comunicado, y este logro debe seguir siendo un logro comunitario.
El reconocimiento por la Unión Europea de unos servicios postales de alta calidad, y para todos, sigue siendo de recibo, y estamos cada vez más preocupados al respecto. Por eso pedimos hoy que, en la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, el lunes no tengamos una mala sorpresa. Hacemos hincapié en que las posiciones del Parlamento fueron claramente definidas y que el Grupo Verts las apoyó. Dicha resolución del 14 de enero de 1999 pedía que antes de continuar con la liberalización de este sector clave - que, con todo, atañe a 1,7 millones de empleados -, la Comisión facilitara los estudios sobre los efectos de esta liberalización. Ahora bien, no estamos convencidos de que los estudios disponibles puedan hoy realizar esta liberalización, y estamos preocupados porque se sabe muy bien que dicha liberalización, a falta de un estudio sobre los efectos, supondría miles de supresiones de empleos, lo cual no deseamos en absoluto.
A nosotros nos interesa nuestro servicio público, nuestro servicio universal de los servicios postales, puesto que sabemos, y aquí nosotros representamos también a los ciudadanos, que éstos desean este servicio, y la Comunidad se comprometió, con ocasión de la audición del Sr. Bolkestein, a defender este servicio universal en la Unión Europea. No insistiré en las diferentes consideraciones que efectuó durante su audición; creo que aún todos las recordamos.
Nosotros mantenemos asimismo que esperamos que se realice esta verdadera evaluación antes de tomar cualquier decisión definitiva, como lo establecen la directiva y la revisión de la directiva de 1997. No aceptaremos fijar ninguna fecha para la liberalización del conjunto de las actividades postales mientras la Comisión no nos haya garantizado que el servicio universal se integrará en dicha directiva y que los servicios públicos postales se mantendrán en aquellos Estados que consideren indispensable prestar este servicio a los ciudadanos.

Markov
Señor Presidente, me adhiero a la opinión de que desde la perspectiva de la eficiencia y del análisis de los servicios ofrecidos en relación a sus costes, deben lograrse nuevos avances.
Pero por qué éstos sólo han de venir de la mano de "privatizaciones" y "liberalizaciones" es algo que incluso yo, que soy empresario, no alcanzo a entender. A no ser que uno no se preocupe de lograr una igualdad de condiciones de acceso a los servicios postales para todos y sólo piense en la rentabilidad para las empresas en grandes centros de población. Los diputados, sin embargo, deberíamos ser representantes de todos los ciudadanos, lo que significa que estamos obligados a cuidar la economía del país, no la de las empresas.
Para los servicios postales, en la práctica, esto significa: primero, que la cuestión del empleo debe ser prioritaria. No tengo nada en contra de privatizaciones y liberalizaciones, pero las premisas han de estar claras.
Segundo: se debe garantizar que no se produzcan recortes en los servicios al ciudadano. Hay ejemplos en Alemania y Suecia que muestran que existe ese peligro. Señor Stenmarck, Suecia es el único país en el que los precios han aumentado después de la liberalización notablemente más que en el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Éste es uno de los efectos que pueden producirse con la privatización. Por ello debemos procurar que no ocurra.
Tercero: sigue siendo indispensable, primero, el servicio universal de correos a un precio asequible y en todo lugar; segundo, que se mantenga un precio uniforme para todos los Estados miembros; y, tercero, una distribución y recogida diarias de correo en días laborables. En el tema de la relación precio/servicio respecto de las distintas clases de paquetería según peso hay que ir pensando en sucesivas reducciones de precios. Esto lo dice el propio servicio de correos. No se debe permanecer en los 300 grs., aunque las pruebas dicen que una unidad mínima de 150 grs. ha de ser garantizada para que pueda calcularse una variación del precio.
Creo que el debate de hoy ha sido adecuado e importante para que el Sr. Bolkestein sepa cuál es la postura de esta Asamblea, para que pueda tomar algunas cosas en consideración desde el principio.

Berthu
Señor Presidente, la directiva de 1997, publicada el 21 de enero de 1998, que iniciaba una liberalización parcial de los servicios postales en Europa, establecía una revisión posterior, cuyo procedimiento era, por otra parte, complicado, porque debía ser objeto de una propuesta de la Comisión, antes de finales de 1998. Luego tenía que decidirse antes del 1 de enero del 2000, para entrar por fin en vigor antes del 1 de enero del 2003. Ahora bien, de momento, la revisión se encuentra en el punto cero. Las dos primeras etapas no han sido respetadas, lo que, lógicamente, debería comprometer la tercera.
Primera pregunta: en cualquier caso, ¿los plazos previstos no eran demasiado breves? Es evidente que sí. No se entiende realmente cómo la Comisión habría podido evaluar, antes de finales de 1998, como establecía el artículo 7 de la directiva, los efectos de un texto que entró en vigor en febrero del mismo año. Por otro lado, la Comisión tampoco pudo proporcionar el informe sobre su aplicación, que ésta debía presentar antes del 31 de diciembre del 2000, en virtud del artículo 23.
¿Debemos lamentar este retraso? Creemos que no. Si la Comisión dispusiera de elementos convincentes que demostraran, basándose en la experiencia, que es necesario ir más lejos en la liberalización, nadie duda que los presentaría de inmediato. El Parlamento Europeo, por su parte, que había luchado mucho porque la directiva de 1997 fuese equilibrada y respetase las exigencias del servicio público universal, está más bien satisfecho al ver que el compromiso que había obtenido en aquel momento resulta defendible. En estas condiciones, es normal que hoy nuestra Asamblea se preocupe y formule una pregunta oral para que la Comisión presente los estudios de viabilidad definitivos e indiscutibles, que hasta ahora nadie ha visto.
¿Cuáles son, en efecto, las hipótesis de evolución y los posibles riesgos? El riesgo principal consiste en que la Comisión, sin una justificación satisfactoria, perturbe el equilibrio existente, al proponer avanzar rápidamente hacia una segunda etapa de liberalización, que desequilibraría, en algunos países, la financiación de los servicios postales universales, impidiendo su gestión. Hoy, al final del compromiso de 1997, los países miembros pueden confiar a monopolios públicos los servicios postales que atañen a correspondencias y objetos cuyo coste de distribución es inferior a la quinta parte la tarifa de base o cuyo peso no sobrepasa los 350 gramos. Se supone, por ejemplo, como el comisario Bolkestein lo sugirió en su audición del 6 de setiembre pasado, que la Comisión podría proponer reducir estos límites a 50 gramos y dos veces y media la tarifa de base. Esta solución, en nuestra opinión, no sería justa; además, la Comisión no dispondría de ninguna cifra irrefutable para apoyarla. Pero, desgraciadamente, después de Seattle, sabemos que la Comisión no necesita un balance serio de la etapa anterior, para proponer pasar de inmediato a la etapa siguiente.
Segunda hipótesis, que es la que preferimos: el aplazamiento de la revisión y el mantenimiento de la situación actual hasta que dispongamos de un estudio serio, pormenorizado y objetivo sobre los efectos de la directiva de 1997. Al decir esto, no intentamos proteger monopolios, cuyos efectos perversos bien conocemos, pero queremos estar seguros de poder combinar la evolución progresiva de las organizaciones con el mantenimiento de los principios esenciales de servicio público.
Finalmente, el Grupo Europa de las Naciones se pregunta si la idea de imponer normas de gestión unificadas a los servicios postales de los quince países miembros no estaría viciada en sí misma. En Francia, por ejemplo, la desigual repartición de la población en un vasto espacio territorial requiere la existencia de obligaciones de servicio público respecto a la distribución de la correspondencia, si se quiere mantener la igualdad de los ciudadanos y la cohesión social. Pero otros países, en otras situaciones, pueden hacer análisis diferentes. En nuestra opinión, cada uno debe estar en condiciones de elegir su propia organización.
En efecto, el artículo 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el antiguo artículo 90, establece que los servicios de interés económico general están sometidos a las reglas sobre la libre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas reglas no impida el cumplimiento de la misión a ellos confiada. Pero ¿quién define esta misión? ¿Quién traza el límite a partir del cual se compromete esta misión de servicio público? Nuestra respuesta es clara: no es la Comisión, no es siquiera el Consejo o el Parlamento Europeo, es el pueblo de cada país miembro, a través de un debate democrático. El hecho de querer proceder de manera diferente sería desvirtuar el espíritu de nuestras instituciones.

Esclopé
Señor Presidente, nos encontramos en la primera fase de adaptación de la Directiva 97/67/CE en materia de servicios postales, y temo que una nueva etapa de la liberalización se traduzca por una importante disminución de la prestación del servicio público. Con ocasión de la audición del Sr. Bolkestein, mi colega Véronique Mathieu había expresado "que toda nueva propuesta, una vez conocida, sea objeto de estudios sobre los efectos, para que las consecuencias de la programación de dicha liberalización se conozcan antes de adoptarse las disposiciones". ¿En qué punto estamos hoy? ¿Tenemos el resultado de este estudio sobre los efectos? Como ustedes saben, nosotros, diputados del Grupo EDD, defendemos, junto con otros diputados, la vida rural, el mantenimiento del empleo, la cohesión social en el medio rural, cohesión que debe fortalecerse por un servicio público y universal de calidad.
Desearía poder decir, evidentemente, que los ejemplos que he podido comprobar diariamente en mi país, en mi región, profundamente rural, permiten iniciar sin temor una nueva etapa de liberalización. Desgraciadamente, eso no es así. Y actualmente, al mezclar el comienzo de la entrada en vigor de la directiva europea con la ley de las 35 horas, que es muy francesa, pero, además, al modificar los criterios del tiempo de trabajo -por ejemplo 1.700 objetos/hora que deben gestionarse por puesto de trabajo frente a los 1.400 de antes-, puede comprobarse en nuestras zonas rurales bien una reducción del horario de apertura al público, o bien un posible cierre de algunas oficinas de correos. Se trata de un retroceso intolerable del servicio público. Tengo aquí el diario municipal de mi localidad, donde puedo leer: "El jefe de Correos comunica a la población que a partir del 3 de enero del 2000 -por tanto, es muy reciente- la última recogida se efectuará a las 15.45 horas en lugar de efectuarse a las 16.30 horas, como era habitual hasta la fecha".
Pueden ustedes comprender, pues, por qué temo a una fase de liberalización más amplia y a su paquete de medidas, lo que supondrá una nueva oleada de desertización. Como ustedes saben, en nuestro país cada localidad posee su oficina de correos o al menos su buzón, donde el correo se recoge diariamente. El cartero no es un simple distribuidor de correspondencia, es también el único vínculo social con los habitantes. Éste entrega también dinero e incluso a veces medicamentos, y hace posible, de este modo, que puedan seguir viviendo en su localidad personas de edad avanzada y geográficamente aisladas. Con una liberalización mal controlada de los servicios postales, se cerrarán más oficinas de correos, invocándose esa demasiado famosa rentabilidad, que a menudo es causa del retroceso rural.
Una vez más, Europa se alejará de sus habitantes más modestos, más vulnerables. Se les dirá que cuestan caro, sin establecer una comparación con otros servicios, sociales, policiales, sanitarios, pero también lúdicos y culturales, cuyos déficits apenas se reconocen en los medios urbanos. Cada uno elige su vida. Siempre que pueda hacerse con cierta igualdad de oportunidades y de trato. En los medios deportivos se dice que un equipo que gana no se cambia. ¿Por qué se quiere modificar algo que resulta gratificante? El servicio universal no podrá cumplir sus cometidos sociales si no se reserva un ámbito de monopolio que le permita equilibrar su presupuesto.
Nosotros no podemos asumir la responsabilidad de equivocarnos, ya que sabemos a ciencia cierta que no daremos marcha atrás, y que en caso de desequilibrio, la empresa sabe actuar: se suprimen empleos, se reduce el servicio, se corta la rama enferma, y ya sabemos cuál será la rama enferma. Se nos dice: pasemos de 350 gramos a 150 gramos. Bien. Pero los 200 gramos de diferencia, serán codiciados por numerosos organismos privados y, por tanto, rentables. Entonces, ¿por qué no dejar, una vez más, las cosas como están, y permitir que el servicio público se autofinancie y garantice el coste suplementario anual de sus misiones de interés general, que en Francia se calculan, según el senador Larcher en este caso, en 8 millardos de francos?
Si los ingresos disminuyen, las misiones de interés general se revisarán hacia abajo, y será en los medios rurales donde nuevamente los recortes resultarán más dramáticos. Creo, pues, que debemos esperar, y sobre todo conocer los efectos económicos y sociales de una fase de liberalización, antes de correr el riesgo de desestabilizar un sector completo de nuestro servicio público universal, al que muchos de nuestros conciudadanos están habituados.

McCartin
Señor Presidente, soy uno de los que están de acuerdo en que es conveniente que este servicio concreto esté regulado a nivel europeo. Si se va a tener la libertad para prestar servicios a través de las fronteras, no es sino justo y razonable que haya reglamentos europeos que lo regulen. En Irlanda algunos servicios son prestados por empresas de fuera de Irlanda, por ejemplo, es seguro que operan allí empresas inglesas. Pero esta directiva nunca se ha transpuesto a la legislación nacional.
Es tarea de la Comisión garantizar que los gobiernos nacionales tengan en cuenta sus obligaciones jurídicas en virtud del Derecho europeo y traspongan las directivas europeas. Esto no se ha hecho en Irlanda, aunque sí se ha producido una cierta liberalización que no ha sido impedida por el Gobierno nacional. Un pequeño segmento de nuestro mercado ha sido ocupado por operadores privados. Pero la necesidad de una legislación común viene subrayada por el hecho de que en los Países Bajos se ha producido la liberalización, en Alemania no, y sin embargo las empresas alemanas que gozan de la protección de la legislación nacional intentan hacerse con una cuota de mercado en los Países Bajos. Éste es otro ejemplo de la importancia de avanzar en la legislación común y garantizar que se ponga en vigor en toda la Unión Europea.
Yo procedo de una zona rural. Apoyo el principio de la liberalización y el derecho de todos a competir y reconozco los beneficios que han reportado la regulación común y la liberalización a lo largo de los años. Por ejemplo, nos ha permitido volar desde regiones periféricas de la Unión Europea hasta su centro por una pequeña porción de lo que costaba hace 20 años. Recuerdo cuando venía gente a esta Cámara presionándonos en nombre de los intereses nacionales para que no permitiéramos la liberalización. Sí la permitimos y el resultado es que nuestros jóvenes pueden viajar y ampliar su formación. Nuestros mayores, aunque vivan de las prestaciones sociales, pueden gozar del beneficio de viajar. Por lo tanto, la liberalización nos ha quitado muchos parásitos de encima en muchas zonas y ha permitido a mucha gente disfrutar de un nivel de vida más elevado.
Por otra parte, éste no es un libre mercado sin limitaciones y quien proceda de una zona rural reconocerá que algunos servicios no se pueden prestar ni se prestarán en una situación de libre mercado. Por ello la Comisión, al presentar sus nuevas propuestas, debe acordarse de esas zonas rurales poco pobladas y no poner nada en su legislación que las prive de la oportunidad de disponer de esos servicios. En las zonas rurales, durante muchos años, incluso antes de que naciera el Estado Libre irlandés, ya contábamos a veces con este servicio de una oficina de correos. En la actualidad, es probablemente el único servicio público en muchas regiones apartadas y a la gente le preocupa que la legislación europea termine haciendo difícil que se mantenga.
Quiero subrayar el hecho de que la legislación existente protege más que amenaza el derecho de cada ciudadano de cualquier área remota a contar con este servicio. Pero hay quejas de particulares sobre el pago de prestaciones sociales en las oficinas de correos de Irlanda. Quiero que la Comisión reconozca que éste es un servicio social necesario. Debe ir estrechamente unido a nuestros servicios de correos en las áreas rurales. Debemos llevar a la práctica aquello en lo que insiste la directiva: que los servicios postales estén disponibles para todos.

Mastorakis
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, los servicios postales además de desempeñar, sin duda, un papel muy importante por lo que respecta al empleo, contribuyen en alto grado al esfuerzo por lograr la tan ansiada cohesión, que constituye una de las razones fundamentales de existencia de la Unión Europea.
Como es bien sabido, la Comisión Europea debería haber presentado, ya antes de finales de 1998, nuevas propuestas para la revisión de la directiva postal 97/67/CE, que garantizaran el mantenimiento de la prestación del servicio universal, aseguraran su viabilidad económica y dispusieran la liberalización gradual del mercado de los servicios postales, con la correspondiente previsión de las consecuencias derivadas para los diferentes sectores implicados, trabajadores y clientes incluidos. Con este objetivo, la Comisión había encargado estudios sobre el coste de los servicios universales, la repercusión de la liberalización del correo transfronterizo y publicitario, la repercusión de la reducción de los límites de peso y precio del sector reservado, la repercusión de la liberalización del resto de las fases del proceso postal, excepto la distribución, así como la valoración global de los resultados de los estudios.
Y nos preguntamos ahora, señor Presidente, y le preguntamos al Sr. Comisario -no está con nosotros, claro, el Sr. Bolkestein, pero el Sr. Monti no carece de visión global y creo que puede tener opinión-: ¿no deberían esos estudios examinar las consecuencias económicas y sociales de los diferentes supuestos previstos de liberalización, para cada uno de los países? Repito, para el caso particular de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Porque, claro, una cosa es el servicio postal en Grecia o en Gran Bretaña y otra cosa es en Holanda o en Bélgica. ¿Cómo puede, con la liberalización, financiarse y funcionar correctamente el servicio postal universal en un país como, por ejemplo, el mío, Grecia, con sus particularidades en cuanto a la conformación del territorio, con tantas islas pequeñas habitadas? ¿Cómo sobrevivirá en mi país la entidad responsable del servicio universal cuando se libere un correo transfronterizo que supone el 25%, cuando en otros países la proporción no llega al 5%? ¿Cómo se hará frente al trapaso del objeto del correo nacional al exterior? Acaban de escuchar al Sr. McCartin al respecto. Es más que una posibilidad, dados los avances tecnológicos que hacen más sencillo, y, por consiguiente, más rentable, dicho traspaso. Habrá, pues, que decidir los pasos sucesivos de una liberalización gradual y controlada, definiendo los límites de peso y precio. ¿Cuáles serán, sin embargo, esos límites? ¿Se concederá, ingenuamente, a las empresas "francotiradoras" de la explotación selectiva el derecho a burlar con gran facilidad el límite de peso, desde el momento en que el contenido de las cartas no puede, lógicamente, controlarse?
En definitiva, señor Presidente, señor Comisario, nosotros le pedimos a la Comisión que muestre sus cartas y que haga sus propuestas, examinando hasta el final la evolución previsible del asunto, en todos sus aspectos y para cada uno de los países miembros.
Es evidente que la liberalización no constituye un fin en sí misma, sino un medio para la mejora de los servicios.

Beysen
 Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, la liberalización prevista de los servicios postales nacionales tradicionales suscita ineludiblemente la pregunta de qué es lo que estos servicios considerarán en el futuro como su core business, su actividad central, en otras palabras, qué es lo que querrán hacer los propios servicios postales, qué es lo que querrán hacer en cooperación con sus homólogos a nivel internacional y qué es lo que no harán. Esta pregunta hay que responderla partiendo del hecho de que el monopolio tradicional de hecho está siendo socavado por toda suerte de empresas de mensajería y por los avances tecnológicos como el fax y el correo electrónico.
Por otra parte, una cuestión fundamental para la liberalización de los servicios postales es el empleo. Las experiencias del pasado han demostrado con suficiente claridad que las medidas de reducción de plantilla lineales y los incentivos al despido voluntario a menudo han producido efectos no deseados. Si mal no recuerdo, la compañía telefónica belga tuvo que volver a contratar a trabajadores que había despedido para evitar que la empresa perdiera demasiados recursos de conocimientos prácticos y experiencia.
El punto de debate en la liberalización de los servicios postales será también sin duda alguna la reducción de plantilla. Para ello hay que estar atentos a que los incentivos al despido voluntario hagan que se vayan sobre todo personas que ya trabajan bajo presión o que podrían encontrar trabajo con facilidad en otra parte, dicho de otro modo, personas que la empresa en cuestión a menudo necesita. A mi modo de ver, la Comisión daría muestras de una gestión de recursos humanos equilibrada si despejara algunas de estas inquietudes, con el fin de que la liberalización de un sector sensible como el de los servicios postales se llevara a cabo en unas condiciones sociales los más calmadas que sea posible.

Hudghton
Señor Presidente, parece que los servicios postales y las oficinas de correos son un tema muy de moda en el Parlamento en este momento, y con razón, dada su importancia. La semana pasada sin ir más lejos, en el Parlamento del Reino Unido en Westminster, el diputado recién elegido de nuestros socios de la Alianza Libre Europea, Plaid Cymru, el partido de Gales, hizo su discurso inaugural sobre ese tema.
También en el Parlamento escocés se mantuvo hace poco un debate en el que se hacía especial referencia a la función que desempeñan las oficinas de correos, sobre todo en las áreas rurales, en lo relativo a la prestación de servicios y la continuidad de las comunidades rurales. La liberalización no es la única amenaza potencial para los servicios postales. Las oficinas postales en Escocia, tal como hemos oído, se ocupan de mucho más que meramente despachar el correo. Los gobiernos y algunas administraciones locales las vienen utilizando tradicionalmente como agencias para el pago de las pensiones y otras prestaciones, además de como centros para el cobro de alquileres de viviendas, la recaudación de impuestos locales, etc. Pero a medida que la modernización de los sistemas financieros públicos hace que cada vez se efectúen más transacciones electrónicas dinerarias directas desde y hacia las cuentas bancarias, la viabilidad de las oficinas postales rurales se ve amenazada.
Si cierra una oficina de correos rural, normalmente ligada a la única tienda local, puede derivarse una grave amenaza para la continuidad de la comunidad y para la inclusión social. En vez de permitir que las oficinas postales resulten menoscabadas por la liberalización o por la modernización de los sistemas, los gobiernos, y también la Comisión, debieran estar fomentando y apoyando la extensa red de oficinas postales y considerarlas como un bien que se puede aprovechar, para prestar información y servicios públicos desde un lugar accesible para los habitantes.

Meijer
Señor Presidente, el servicio de correos tiene la tarea de garantizar que en todas partes, tanto en la ciudad como en las zonas rurales más recónditas, se reparta el correo todos los días con una misma tarifa para todo el mundo. Hace ciento cincuenta años los servicios de correos eran un asunto público y, por tanto, al igual que el transporte público y el abastecimiento de energía, constituían una tarea fundamental de las administraciones públicas. Estas tareas, de gran utilidad y reconocimiento, daban a los ciudadanos una razón para ir a votar. Actualmente muestran un interés mucho menor por una administración que ya no se ocupa de estas tareas.
He oído decir a un político democristiano en un pueblo de los Países Bajos: "el correo es de todos y, si nos lo quitan, nos estarán robando". Mientras tanto, los servicios de correos existentes fueron perdiendo control democrático y cada vez se dio más paso a la competencia. Las empresas recién llegadas sólo están interesadas en aquellos aspectos del trabajo donde pueden sacar los máximos beneficios con los costes más bajos y a bajo precio. La única manera que tienen de ser las más baratas durante algún tiempo es a base de pérdida de calidad para los clientes y el personal.
Estas empresas han existido siempre, pero antes estaban prohibidas y ahora se las alaba como signo de progreso. Al final, el resultado es que las empresas existentes también se ven obligados a imponer peores condiciones de trabajo. Hacen que su personal trabaje más por menos salario. Hacen menos repartos a domicilio, cobran más dinero por guardar el correo en vacaciones, cierran una gran parte de las oficinas de correos y, por último, aumentan considerablemente las tarifas de los clientes particulares, con lo cual sólo tienen beneficios las empresas que suscriben contratos colectivos a bajo precio.
Ya es hora de que acabemos con esta situación. Más vale estar centrado a medias que estar equivocado del todo. Es mejor la existencia de un monopolio democráticamente controlado que la dispersión y el caos de una competencia descontrolada.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, antes se convocaban manifestaciones mediante cartas y telegramas, hoy se hace por medio del correo electrónico y de las páginas web. Gracias, por cierto, al representante de los socialistas europeos, el Sr. Scharping, por haber quitado de su página web el llamamiento a acudir a la manifestación en Austria porque así no se estimula a las bandas de jóvenes anarquistas urbanos siempre listos para la violencia a emprender viaje a Austria mañana.
Estamos viendo que el correo electrónico, el negocio electrónico en general adquirirá una gran importancia en el futuro. Y aquí veo yo un punto fuerte del servicio actual de correos. Sabemos que en el ámbito del correo electrónico no habrá hasta el año 2002 más o menos 1,2 millones de puestos de trabajo, porque no disponemos de la mano de obra cualificada necesaria para ese mercado. Creo que aquí hay, justamente para el servicio de correos, un amplio campo laboral, preparando a su personal mediante cursos de formación y especialización para afrontar este interesante reto.
Las oficinas de correos del territorio nacional ofrecen también una ventaja estratégica, porque Correos tiene una red de distribución muy densa y estrechamente conectada por toda Europa. En cualquier pueblito hay una oficina de correos, y el servicio de correos será en un futuro muy utilizado en el comercio electrónico, porque mucha gente comprará vía e-mail y página web, por lo que las compras, las facturas, etc., habrán de ser enviadas por correo. El desarrollo físico de esos negocios tendrá una importancia creciente. Reunir, clasificar, transportar y servir a domicilio adquieren un significado totalmente nuevo. Creo que, en un futuro, hay que aprovechar esta oportunidad.
Nuestro deber como políticos es defender con especial celo los intereses de los consumidores. Queremos que reciban lo máximo posible a cambio de sus ingresos. Por ello el abaratamiento del servicio de correos un reto muy importante. Debemos considerar - también con el benchmarking -, lo que ahora está pagando el usuario por un servicio en el ámbito del actual correo postal y lo que paga en el ámbito privado. Esta transparencia es también muy importante para los sindicatos, porque sino habría fricciones en un sindicato para defender a sus sindicados en el ámbito privado y a los del público. Creo que también para los sindicatos es importante que se establezcan unas condiciones marco tanto sociales como económicas comunes para todo el sector, de modo que se pueda lograr lo mejor para los trabajadores de un modo solidario, limpio y justo.
Pero creo también que en un futuro será necesario configurar un servicio universal adecuadamente atractivo. Hemos de definirlo de un modo preciso, dotarlo de un catálogo de servicios y llevarlo a licitación pública. En el interior del país, donde albergamos razonables sospechas de que el servicio no será rentable ni para cubrir costes, se deberían, a mi parecer, establecer los servicios mediante una regulación que garantice unas condiciones de licitación justas y apropiadas, de manera que todas las fuerzas del mercado y también, naturalmente, el servicio de correos existente puedan concurrir a ella siguiendo la estrategia de ofrecer al usuario una gama variada de servicios de calidad.
Creo que debemos impedir que halla más subvenciones y, en cambio, concentrarnos en que tanto el ofertante privado como el usuario se vean favorecidos por el nuevo sistema.

Gillig
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los servicios postales, como todo servicio público europeo, contribuyen a la cohesión social del territorio comunitario, según los términos del artículo 16 del Tratado de Amsterdam. Al garantizar un reparto equitativo de las tarifas, es decir, una estricta igualdad de los ciudadanos y de los actores económicos frente al coste del servicio, al asumir las obligaciones del servicio universal y al adecuarse a una exigencia de calidad de los servicios, los servicios postales forman parte de nuestra preocupación de fomentar la igualdad de los territorios y de las personas que viven en ellos.
Los servicios postales constituyen asimismo un potente elemento, nada desdeñable, de vínculos cívicos. En efecto, como se ha recordado muchas veces en esta Asamblea, el empleado de correos ¿no es acaso el último contacto en las zonas territoriales que se denominan "desertizadas" o "fracturadas", bien se trate de zonas geográficas aisladas, o bien de extrarradios sensibles de nuestras ciudades? Citaré como ejemplo la iniciativa de la administración de servicios postales francesa, que se dispone a garantizar, entre otros servicios, la presencia de intérpretes y de notarios públicos en las oficinas de correos de las zonas urbanas sensibles.
Sin mencionar los empleos que ello representa, las administraciones de servicios postales públicos europeas emplean hoy a un millón y medio de agentes, que pueden verse claramente amenazados por el espectro de una liberalización brutal y no controlada.
El Parlamento Europeo se ha comprometido a conciliar apertura a la competencia con obligación de servicio universal respetuoso del empleo. Podemos felicitarnos por ello, pero procuraremos que se continúe por este camino, y por esta razón no podemos por menos que deplorar que al Parlamento Europeo se le mantenga hoy al margen del proceso de toma de decisiones que preside el futuro del sector postal en Europa. Es lamentable, en efecto, que hasta ahora -como lo subraya la presente resolución- la Comisión no haya tenido en cuenta la resolución del 14 de enero de 1999. Ésta exigía, como hay que recordar, que el Parlamento Europeo fuera asociado a la elaboración de las medidas previstas y que se afianzara la fiabilidad de los estudios de los efectos en materia de liberalización. Estos estudios sobre los efectos son necesarios para evaluar las consecuencias que cualquier liberalización salvaje tendría no sólo para la organización económica del mercado, sino también para su dimensión humana y social. Los retrasos de la Comisión deben reflejarse en el calendario propuesto, por lo que la fecha del 2003 debe necesariamente revisarse.
Al mismo tiempo que define un sector reservado a los operadores públicos postales, sobre la base de límites de peso y de precio, la directiva sobre los servicios postales permitiría una liberalización por etapas y controlada. La reducción brutal de estos límites pone en entredicho el equilibrio entre obligación de servicio público y viabilidad económica para los servicios postales.
En un contexto de globalización, donde la lógica de la rentabilidad y del beneficio se opone cada vez más al interés de equilibrio de los territorios y de la cohesión social, es urgente recordar aquí nuestra adhesión al servicio público europeo bien ataña hoy al sector postal, mañana al ferroviario o pasado mañana al sector de la salud.

McCormick
Señor Presidente, tomo la palabra al igual que otros miembros escoceses de esta Asamblea, representantes de Escocia, para protestar contra cualquier cosa que dé lugar a una disminución de la calidad de la vida rural en zonas apartadas.
El servicio y las oficinas de correos son un elemento esencial de la vida de las comunidades rurales en toda Europa, por no hablar de Escocia. Sería un desastre que, intencionadamente o incluso sin saberlo, se tomaran medidas cuyo efecto fuera perjudicarlos. No creo que sea la intención de nadie hacer algo así. Ni creo que la Comisión se haya propuesto declarar la guerra a las islas de Escocia o de Grecia. Pero sí podrían ocasionar accidentalmente un gran daño. La cuestión es determinar a qué velocidad y con qué métodos se tendría que llevar a cabo la liberalización paulatina de los servicios postales. Si se fijara un límite demasiado bajo para continuar el derecho de monopolio del servicio postal, se haría antieconómico mantener la universalidad del servicio en áreas remotas con un precio que siguiera siendo asequible. La cuestión crucial es hallar un equilibrio entre la universalidad y el precio asequible.
El mensaje que hoy se transmite muy claramente desde todas partes de la Asamblea a la Comisión es que ésta debe andar con pies de plomo. No debiera, por ejemplo, dar un salto desde los 350 gramos hasta, como alguien ha sugerido, los 50 gramos. Por el contrario, debiera ir con cuidado. Imagino que cualquier cosa inferior a 150 gramos sería sumamente imprudente en estas circunstancias.
La solidaridad y la cohesión de los pueblos de toda Europa depende de pensar que se puede enviar una carta en cualquier sitio y que va a entregar en cualquier otro sitio, todo ello con un sello de precio razonable. ¡Defendamos la universalidad y el precio asequible!

Figueiredo
Señor Presidente, para garantizar un servicio postal universal de calidad es esencial que se mantenga su carácter público. El servicio universal, que entraña una oferta de servicios postales de calidad a precios asequibles y prestados en todos los puntos del territorio, constituye la base de todo el funcionamiento del sistema postal y debe propiciar una tarifa uniforme en todo el territorio nacional.
Ahora bien, para que así sea, es fundamental que se mantenga como servicio público. Sólo así es posible dar garantías de que la red, desde la recogida hasta la distribución, sea una red integral que no podrá ser fragmentada ni utilizada sólo en parte de acuerdo con las conveniencias de los operadores del servicio postal.
Pero, entretanto, sabemos que la Comisión, en el seguimiento de la directiva relativa a las normas comunes para los servicios postales comunitarios, ha encargado estudios que no ha dado a conocer al Parlamento Europeo, por lo que se desconocen las repercusiones de su aplicación, en el nivel de la atención a los ciudadanos o de los actuales operadores postales europeos, en los aspectos económicos o de empleo.
Así, en nuestra opinión, se debe tratar todo el proceso de aplicación de la citada directiva, incluido su calendario. Y cualquier modificación de la situación actual debe ir precedida de un estudio riguroso de sus diversas consecuencias, teniendo siempre como objetivo el de garantizar un servicio público de calidad y el mantenimiento de las actuales operaciones públicas y los puestos de trabajo existentes.

Radwan
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera apoyar de lleno esta enmienda y plantear sin más la cuestión de si lo que ha dicho mi antecesora en el uso de la palabra no encierra una contradicción, a saber: que nosotros, por un lado, necesitamos un servicio de alto rendimiento innovador y competitivo, pero que, por el otro lado, ese servicio debe ser público.

Ahí tenemos un planteamiento distinto. La política europea ha liberalizado los monopolios -energía, telecomunicaciones, compañías aéreas- y siempre pensando en el consumidor. El objetivo ha sido siempre ofrecer mejores servicios. En la liberalización del servicio postal se deberá pensar también preferentemente en el usuario. Pienso que el usuario puede decidir por sí mismo y definir lo que necesita. Para ello no precisa gobiernos, ni Parlamentos, ni necesita a la Comisión.
El mercado de los envíos postales camina renqueante, y, desgraciadamente, estamos perdiendo aquí un tiempo precioso. Creo que debemos dejar que el servicio postal inicie nuevas andaduras. Me remito a la excelente intervención de mi colega el Sr. Rübig, que se ha referido incluso al e-commerce. Éste se desarrollará pronto y planteará nuevos retos a las diversas empresas de nuestra sociedad, por lo que hay que afrontarlos con rapidez y flexibilidad.
Creo que un mercado liberalizado acelera este proceso en mayor medida que un mercado menos liberalizado. Además se da la posibilidad de hacer política europea positivamente. Deberíamos aprovechar esta oportunidad, porque el ciudadano se pregunta siempre: ¿para qué Europa? En estos ámbitos es donde el ciudadano ve y entiende la utilidad de Europa.

Me alegro también de que el Comisario de la Competencia, el Sr. Monti, esté hoy presente, porque está desarrollando una política excelente. Además quisiera referirme a un ámbito respecto del cual, creo, el Parlamento y la Comisión, como se ha puesto de manifiesto en el debate, deben plantearse la cuestión de dónde poner límites a la libre competencia. Para nosotros es un elemento capital de la economía social de mercado, un elemento imprescindible para que nuestro sistema económico dé lo mejor de sí.
Pero creo que hay ámbitos donde es necesario -como hemos visto en el debate- discutir sobre esos límites. Por ello le pido que, conjuntamente con el Parlamento, tome la palabra para iniciar ese debate. Ya he mencionado el ejemplo de los beneficios sociales: hoy en día todo es reductible a una relación ofertante/cliente, incluso las residencias para ancianos, por lo que la pregunta es si queremos someter a la libre competencia este nuevo ámbito del correo postal, si éste es el camino correcto. Creo que deberíamos aprovechar este período legislativo para clarificar los límites de la libre competencia y lo positivo que aporta. La libre competencia no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio de los ciudadanos, de los consumidores, por lo que deberíamos reflexionar sobre dónde queremos que funcione y dónde no.

Myller
Señor Presidente, la liberalización de los servicios postales puede incrementar la competencia en el sector de correos, puede garantizar a los ciudadanos servicios más baratos y flexibles y puede responder también a los retos que trae consigo la tecnología moderna. Subrayo el verbo puede, pues la liberalización tiene que realizarse bien y de forma meticulosa. Si se hace incorrectamente, seguro que se hará realidad el escenario de amenazas que se ha dibujado aquí. Los problemas sociales aumentarán, las diferencias regionales crecerán y la competencia surgirá sólo en las zonas de mayor actividad económica, en las zonas con mayor densidad de población y, en particular, en el ámbito empresarial. En cambio, los perdedores serán las zonas más apartadas y sus habitantes, así como los ciudadanos que no puedan beneficiarse de las nuevas modalidades de servicios.
Antes de tomar decisiones sobre la liberalización de los servicios postales, creo que deberíamos mantener un amplio debate sobre las formas de desarrollar los servicios existentes para que sean más flexibles y atiendan mejor al público, así como sobre cómo gestionar los sistemas de financiación para que se puedan llevar a cabo las inversiones que requiere la nueva tecnología. A mi juicio, en Finlandia se ha tenido un éxito apreciable siguiendo esta línea, la de desarrollar el actual sistema postal público. Sin embargo, pienso que hay que encontrar reglas del juego comunes para el sector, con el fin de evitar que nos encontremos eventualmente en pleno salvaje oeste o salvaje este, unas normas comunes que se basen en los principios de los servicios públicos y en la igualdad.

Krivine
Señor Presidente, lo menos que se puede pedir cuando se aborda el futuro del servicio público postal es un balance preciso sobre los efectos de la primera directiva. Sería indecente querer organizar de prisa y corriendo el futuro de cientos de miles de empleados de correos y de millones de usuarios.
Pero, a pesar de la opinión desfavorable de diez administraciones de servicios postales europeas, una privatización, que no se presenta como tal, se trama en los pasillos de la Comisión. Bajando el límite precio/peso reservado a los servicios postales públicos y liberalizando la publicidad directa o el correo transfronterizo, la segunda directiva puede ofrecer a la competencia los sectores más rentables. Las administraciones de servicios postales se quedarán, a su vez, lo que no interesa a la ambición de los operadores privados.
Total o parcial, la privatización no hará sino agravar una situación que ya es poco floreciente. Sólo el ejemplo de la privatización de los ferrocarriles británicos debería bastar para demostrar hasta qué punto la opción del beneficio máximo está en contradicción con el mantenimiento de un servicio de utilidad social.
Más que declararse la guerra, las administraciones de servicios postales públicas deberían cooperar, contratar y garantizar unas condiciones de trabajo decentes y estables, respondiendo, al mismo tiempo, a las necesidades de los usuarios, tanto con respecto a la correspondencia como al ahorro popular.

Posselt
Señor Presidente, el debate de hoy se presenta bajo el signo del caracol, no porque ayer haya comido excelentes caracoles en Estrasburgo, sino porque es un símbolo de la lentitud. Lentitud en el procedimiento de la Comisión. El estudio está durando demasiado. Somos de la opinión de que es importante imprimir aquí un poco más de ritmo. Estoy muy agradecido al Comisario por haber realizado unas precisiones tan claras, y pido a la Comisión que potencien esto a partir de ahora. Del debate de hoy se desprende claramente que el Parlamento debe presionar más en el tema del ritmo, no de un ritmo que perjudique la calidad, pero la lentitud por sí misma no es garantía de calidad alguna.
Con ello llegamos al segundo punto: el caracol como símbolo de nuestro servicio postal. En los últimos 200 años ha habido un desarrollo y, sin embargo, poco a poco, el tiempo de llegada de una carta de Munich a Bruselas se ha quintuplicado. A Estrasburgo llega algo más rápido, pero aún así demasiado despacio. Esto es, desde los tiempos de la "Thurn und Taxis " hemos sufrido un permanente descenso de la calidad del servicio postal. Es correcto lo que se ha dicho aquí de que hoy en día tenemos nuevas posibilidades como el e-mail, la electrónica en general, pero por otro lado tenemos que reconocer, sin embargo, que la simple carta sigue teniendo una gran importancia, y que las familias jóvenes, las personas mayores y otros muchos siguen necesitando del correo convencional.
Por eso soy de la opinión de que debemos hacer con el correo convencional lo que ha expresado brillantemente el Sr. Radwan, esto es, estimular, por un lado, la libre competencia y, por otro, definir sus límites. Pero lo que hemos hecho en los últimos años ha sido todo lo contrario. Por medio de pseudoprivatizaciones y privatizaciones parciales, como se ha hecho hasta ahora incluida Alemania, se ha producido una combinación de las desventajas del monopolio estatal con las desventajas de las privatizaciones, y, ciertamente, éste no es el sentido de la cuestión.

Se ha hablado aquí de la importancia social del cartero, y quisiera añadir: de las oficinas también. Se ha hablado del territorio nacional, de las zonas poco pobladas. Yo soy de Munich, un núcleo con gran densidad de población, pero también ahí se da ese problema. En los distintos distritos de la ciudad se están cerrando oficinas de correos una tras otra. En las grandes ciudades hay una población demasiado envejecida, y las personas mayores se ven cada vez más solas en las grandes ciudades a medida que disminuye el pequeño comercio. Por ello es necesario establecer algunos estándares mínimos y reconocer que es necesario garantizar un debido abastecimiento de la población. Pero si en el centro de Munich sólo hay un único buzón que se recoge sólo una vez por las tardes mientras siguen subiendo los precios del correo, eso significa que estamos ante una veloz caída de la calidad, lo cual es algo que también debemos constatar.
Por tanto: sí a la liberalización, pero también sí a la reflexión sobre los límites de la misma, a la creación rápida de unas condiciones razonables para ella en Europa occidental y al correspondiente estudio de la Comisión. Desearía que, en un futuro, el caracol no fuese el símbolo de la política europea de comunicaciones convencionales, sino que, como decimos en Alemania, finalmente el correo salga bien. Esta es una expresión de una época en que el correo era símbolo de la rapidez.

Medina Ortega
Al igual que el Sr. Radwan, estoy contento de que hoy no esté aquí el Comisario Bolkestein sino el Comisario Monti porque creo que nos puede ilustrar sobre algunos aspectos relativos a la competencia.
No sé si el Sr. Monti conoce la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la semana pasada, de 10 de febrero, en la que aprecia la posibilidad de una posición dominante por parte del servicio postal alemán como consecuencia de la existencia del monopolio postal.
Antes de que se haga la próxima liberalización, antes del 1 de enero del año 2003, sin duda la competencia tendrá que intervenir en este sector porque en este momento se está planteando el desvío del comercio postal a través de países con tarifas más bajas. Esto tiene consecuencias en la libre competencia entre las diferentes administraciones postales.
Suponiendo que se llegara a una liberalización en toda la Unión Europea, ¿qué consecuencias tendría en la libre competencia? Por lo pronto, por lo que sabemos, en el único país donde se ha llevado a cabo, Suecia, la liberalización se ha traducido en un incremento del precio de los servicios postales en un 59%. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir en cada uno de los países donde se vaya a producir la liberalización. Es previsible que la liberalización postal dé lugar a mayores diferencias de coste de los servicios postales entre los países con consecuencias, sin duda, en el tema de la competencia, pero no solamente en el coste del servicio postal sino en el establecimiento de instalaciones. Hoy, por ejemplo, hay empresas que se establecen en Holanda porque las tarifas postales son más bajas que en Alemania y puede ocurrir lo mismo en el futuro.
A este respecto, la pregunta que me haría es, si en el paquete que va a presentar la Comisión con respecto a la liberalización postal se ha previsto la inclusión de disposiciones sobre el mantenimiento de la libre competencia, porque sería muy posible que, al producirse la liberalización postal en este sector -como ha ocurrido en la generalidad de los sectores en la Comunidad actual- se produzcan unas concentraciones de grandes sociedades que acaben eliminando los beneficios de la teórica liberalización. En este momento, en servicios teóricamente no libres -como son los servicios postales nacionales- hay una liberalización fundamental, que se concierta a través del sistema de la Unión Postal Universal permitiendo unas tarifas bajas. En un servicio teóricamente liberalizado, puede ser que la libre competencia desaparezca como consecuencia de la concentración del servicio en grandes entidades a través del abuso de posición dominante, de los acuerdos entre empresas y otras cosas parecidas.
Por tanto, aconsejaría al Comisario Monti que siga el expediente de la liberalización postal desde el punto de vista estricto de la libre competencia porque creo que en el futuro ésta va a ser probablemente una cuestión bastante preocupante. Mi predicción es que, probablemente, los servicios postales liberalizados serán mucho menos competitivos que los actuales servicios postales de carácter público.

Seppänen
Señor Presidente, Correos no es ningún proveedor normal de servicios como una peluquería o un gimnasio. En un país de escasa población como el mío, Finlandia, ir a Correos es un acontecimiento social. En un mundo integrado en redes, el servicio de Correos es la red más democrática, ya que crea y mantiene relaciones humanas. El mercado común en el sector postal se realizará de acuerdo con las condiciones de las fuerzas del mercado. Para nosotros, en el norte, esto significa que la UE va a destruir la infraestructura social. Señor Monti, el principio de competencia no encaja en el ámbito de las relaciones humanas, y, por lo tanto, hay que desarrollar los servicios postales, y no acabar con ellos. Si queremos que todo el mundo tenga acceso a la informática y se sirva de ella, la única forma de garantizar esta aspiración en la sociedad es a través de un servicio postal público. El servicio de Correos es democracia y puede llevar a cabo essas funciones mejor que las empresas de telecomunicaciones. En el marco de las telecomunicaciones, los precios han subido debido a la continua compraventa de empresas y a que más del 50% del volumen de negocios de estas empresas se destina a publicidad. Tenemos que hacer inversiones democráticas para conservar unos servicios postales democráticos.

Purvis
Resulta particularmente conveniente que sea el Sr. Monti el que está respondiendo a este debate, ya que el gran dilema que se plantea con los servicios postales es cómo cuadrar un mercado abierto y una competencia libre y leal, por un lado, y la prestación de un servicio que sea universalmente disponible, aún en la región más remota y deshabitada de la Unión Europea.
En las colinas y valles de Escocia, en la zona rural fronteriza con Inglaterra y el cinturón central, en las bellas pero frágiles islas Hébridas, Orkney y Shetland, existe una preocupación real por la posible pérdida de este servicio esencial. Sin embargo todos sabemos que la calidad del servicio sólo puede mejorar si a los servicios postales, al igual que a todas las actividades de servicios, se les da la libertad financiera y de gestión del sector privado y el acicate de una competencia abierta, incluso internacional.
Voy a sugerir una posible solución, que ya se utiliza ampliamente en el sector del transporte. Las rutas aéreas, de transbordador, de tren o de autobús que operan dentro de las áreas más apartadas y hacia ellas se someten a licitación. El postor que ofrezca prestar el servicio específico con un nivel fijado de calidad y con el menor grado de subvención se lleva el contrato. Llamémoslo una "franquicia de licitación negativa" . Esto permite que haya una competencia deseable en la prestación de estos servicios con arreglo a un sistema de franquicia apoyado con fondos públicos pero totalmente transparente. ¿Por qué no se podría someter a una licitación negativa de este tipo la recogida y el envío postal en una determinada región? La menor subvención obtendría la franquicia durante un período determinado de tiempo. ¿Por qué no se podría someter también a este tipo de licitación negativa la suboficina de correos de un pueblo apartado? Le correspondería en ese caso al órgano gubernativo democráticamente responsable, local, regional o nacional -probablemente bajo la supervisión general de la UE-, el establecer los criterios del servicio y los recursos financieros para atender a este objetivo social concreto. De otro modo, los servicios postales pueden quedar supeditados a todas las exigencias e imposiciones del mercado.

Attwooll
Señor Presidente, Comisario, no es casualidad que yo sea el quinto diputado escocés de esta Asamblea que toma la palabra en el presente debate. Esta da la medida de la importancia que revisten para nosotros nuestros servicios postales.
Escocia como país es mayor que algunos Estados miembros. Tiene en la isla principal muchas comunidades apartadas a las que sólo se puede acceder por carretera, a veces mal conectadas por transporte público, a veces por ninguno en absoluto. Dichas comunidades dependen para su supervivencia de tener instalaciones locales, como una escuela, una oficina de correos y una tienda. De éstas dos últimas dependen, en particular, las personas de edad avanzada. Con frecuencia se localizan en el mismo punto, haciéndose más viable cada servicio por la existencia del otro.
Escocia tiene asimismo numerosas comunidades insulares, a algunas de las cuales se puede llegar por aire, pero que dependen en su mayoría de transbordadores marítimos. Se ha calculado que el coste real de llevar una carta de Edimburgo a las Highlands centrales equivale a aproximadamente diez veces el de llevar la misma carta de un lado a otro de Londres. Y equivale aproximadamente a cuatro veces lo que se cobra en realidad por gastos de envío. Cuanto más alejada esté la comunidad, mayor es la diferencia. Esto da la medida del problema.
No es oponerse a la liberalización el pedir que se haga de manera que se tengan en cuenta estos factores y se permita la continuación de un servicio postal universal y asequible. Es por todas nuestras comunidades remotas e insulares, sin importar en qué lugar de la Unión Europea estén situadas, y no sólo por la población de Escocia, por lo que les pido que preserven la tabla de salvación que ofrecen sus servicios postales.

Monti
Señor Presidente, considero un privilegio el sustituir a mi colega, el Comisario Bolkestein, con ocasión de un debate de tan alta calidad sobre los servicios postales. Intentaré responder al debate con arreglo a la información proporcionada por el Comisario Bolkestein. Quiero reiterar que el lunes estará a disposición de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento.
Algunos diputados, como el Sr. Stenmarck, se quejan de ha habido retrasos con la nueva propuesta. Otros creen que al fin y al cabo no es tan malo que haya una breve pausa después del primer paso hacia la liberalización. Ésta es, por ejemplo, la postura expresada por el Sr. Berthu. La postura de la Comisión es que la nueva propuesta se retrasó fundamentalmente a causa de problemas internos de la Comisión, que estoy seguro el Parlamento no desconoce totalmente. Pero creemos que hay una obligación jurídica de que se presente una propuesta. Es la intención del Comisario Bolkenstein presentar dicha propuesta ante la Comisión para su aprobación en la primera mitad del presente año. La fecha de 1 de enero de 2003 programada para poner en práctica los siguientes pasos sigue siendo factible. La propuesta tendrá en cuenta los estudios realizados y se fijará en particular en aspectos como la universalidad del servicio, al que volveré dentro de un segundo.
Por lo que se refiere a la directiva existente y su aplicación, casi todos los Estados miembros han adoptado las medidas jurídicas necesarias para trasponer la directiva. Existen algunos problemas relativos a la estructura de la autoridad reguladora y su independencia. El plazo de aplicación para los Estados miembros es enero de 2003. Después se producirá una mayor liberalización. En algunas áreas ya está habiendo competencia, como por ejemplo en el sector de la paquetería y de los servicios urgentes. La calidad de los servicios, en general, ha mejorado, en concreto en lo que respecta a la actividad transfronteriza. La calidad de los servicios, que tan importante es para los consumidores, ha sido una de las grandes preocupaciones de todos los intervinientes, algunos de los cuales, como el Sr. Rübig, fueron muy claros al respecto.
Las experiencias en países donde la liberalización va más avanzada, como Suecia, Finlandia y los Países Bajos, demuestran que cuando la liberalización se realiza de manera ordenada, la calidad del servicio se puede elevar como resultado de las obligaciones de un servicio de mayor calidad impuestas por los reglamentos nacionales y normas de continuación. Por lo tanto, esto no supone hacer una liquidación del servicio y de su calidad. Con frecuencia la liberalización favorece unos niveles garantizados y también contribuye la normalización que hay en marcha de la medición de la calidad del servicio, ya que estas normas reflejarán mejor los resultados reales. Esto permitirá comparaciones de resultados significativas y una mejor orientación de los clientes por parte de los operadores titulares, debido a la presión conjunta de las autoridades reguladoras, la competencia y los clientes. Se puede observar en los operadores titulares, en las oficinas de correos, un cambio de cultura que creo nadie puede considerar negativo si continúa la actual tendencia a concentrarse en las necesidades de los clientes.
Las preocupaciones expresadas esta mañana en este Parlamento por Sus Señorías integrarán el núcleo de la actividad de mi colega y de la Comisión en su conjunto durante la preparación de la próxima propuesta. Dicha propuesta tendrá plenamente en cuenta la necesidad de garantizar la universalidad del servicio, el desarrollo de medidas eficaces de protección de los consumidores y la creación de un clima que sea favorable a la creación de nuevos puestos de trabajo -no a su destrucción- en el marco de una evolución paulatina, gradual.
El tema de la universalidad del servicio fue mencionado por la Sra. Isler Béguin, por el Sr. Miller, a quien agradezco su mensaje personal, y por muchos otros. Todos somos conscientes de lo sumamente importante del aspecto de la cohesión social y estructural, en especial en las zonas rurales poco pobladas, una de las cuales ha estado representada de forma particularmente enérgica y aplastante en el debate de esta mañana. Creemos que la universalidad del servicio constituye un pilar y estoy seguro de que mi colega podrá dar noticias tranquilizadoras ante la comisión parlamentaria pertinente.
La Sra. Gilling y otras personas como los Sres. Markov y Éscople manifestaron preocupaciones acerca del empleo. La experiencia vivida en otros sectores sigue una especie de patrón en U: justo antes de que se produzca la liberalización comienza una fase de reducción del empleo, puesto que desde luego el titular se prepara para ser competitivo; sigue después una segunda fase de estabilidad en el empleo, ya que los nuevos puestos de trabajo creados por los nuevos operadores equilibran otras posibles reducciones de empleo; se da, finalmente, una tercera fase de creación neta de puestos de trabajo, tanto en el titular como en los nuevos operadores, mientras los beneficios de la liberalización alcanzan a los usuarios y el mercado se desarrolla más rápidamente.
En el sector postal está ya en marcha la primera fase, ya que los prestadores del servicio universal se han embarcado en un proceso de modernización. Los factores que más influyen en el empleo son las nuevas tecnologías y la logística, y no el proceso de liberalización postal.
En lo que se refiere a la disponibilidad de los estudios -un punto al que se han referido la Sra. Staes y otros-, se entregaron copias de cada uno de ellos al Parlamento en septiembre de 1999. Todos han estado disponibles en la página de Internet de la Comisión desde agosto de 1999 y la Comisión facilitará copias gustosamente a cualquiera que esté interesado.
Los estudios han sido objeto de algunas críticas, sobre todo por parte de los servicios postales públicos. Soy consciente de que en todos los estudios emprendidos se tuvieron dificultades para recopilar datos suficientes. Esto no fue una sorpresa, ya que los operadores del servicio universal no siempre cuentan con sistemas de recogida pormenorizada de cartas. ¿No dice esto mucho acerca de la capacidad de gestión? No hay una metodología única para conocer los costes y la financiación del servicio universal que sea aceptada por todas las partes. Sin embargo, el Sr. Bolkestein está convencido de que los estudios realizados aportan suficiente claridad y precisión como para servir de base al proceso de toma de decisiones.
Me referiré finalmente a las tres intervenciones sobre un tema que se supone conozco mejor que los servicios postales, que es el de la competencia. Señor Purvis, me parece interesante su comentario metodológicamente provocador sobre la licitación y desde luego digno de examinar. Señor Medina Ortega, estoy tan convencido como usted de que debemos mantenernos incluso más vigilantes después de la liberalización, porque no deseamos que la desaparición de los monopolios públicos dé paso, mediante una concentración incontrolada, a operadores privados. Esto es válido tanto para el sector postal como para otros sectores. Si se me permite dar un ejemplo de este tipo de vigilancia, es el caso de Deutsche Post, en el que, a raíz de denuncias y de una acción judicial, la Comisión inició un procedimiento oficial en materia de ayudas públicas en julio. Acabamos de recibir la respuesta del Gobierno alemán a las observaciones formuladas. El procedimiento de ayudas públicas contempla la cuestión de las subvenciones cruzadas entre los servicios de correspondencia monopolísticos y las actividades comerciales de paquetería para empresas, así como la financiación de las numerosas recientes adquisiciones de Deutsche Post. No voy a entrar en detalles por falta de tiempo, pero esto quizá sirva de ilustración de que la Comisión no detiene su trabajo según va avanzando la liberalización. En cierto sentido su trabajo comienza aquí.
Finalmente, señor Radwan, por supuesto que tiene que haber límites a la competencia y esos límites existen. En concreto, si cogemos el tema de la competencia y de los servicios de interés general, cuando un Estado miembro define una misión de servicio público, es importante contabilizar los costes de cumplir dicha misión y las ayudas estatales que compensen esos costes desde luego no constituyen una violación de la competencia.
Quisiera mostrar mi ligero desacuerdo con la terminología que ha empleado, Sr. Radwan, al decir que ya es hora de que se tengan en cuenta las necesidades de los ciudadanos en vez de exclusivamente las necesidad de competencia. Rechazo firmemente esa idea, ya que la competitividad está ahí para los ciudadanos, y sólo para ellos. Casi todas las empresas detestan la competencia. Ésta se dirige y gestiona en beneficio de los ciudadanos, de sus intereses económicos y de su libertad. Los ejemplos de liberalización y competencia en el transporte aéreo y en los servicios de telefonía en Europa demuestran que los ciudadanos se han beneficiado de ellas.
Sólo puedo volver a decir que el Comisario Bolkestein podrá abordar todas las preocupaciones el lunes, ante la comisión pertinente, con más competencia y mucho más detenidamente.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar el presente debate.
El debate queda cerrado.
Se procede a la votación.
(El Parlamento aprueba la resolución) EXPLICACIONES DE VOTO

Laguiller
Hemos votado a favor de la resolución porque así nos lo había pedido un sindicato de los de servicios postales franceses, que esperaba obtener, en caso de que la votación fuese positiva, un plazo suplementario para poder defender a los asalariados.
Eso no significa que aprobamos todo el contenido, que es demasiado vago y que no se ocupa del fondo. La política aplicada por las instituciones europeas y por los gobiernos nacionales, sobre todo el francés, es una política retrógrada que contradice tanto los intereses de los usuarios, es decir, los de la mayor parte de la población, como los de los trabajadores de correos. Los servicios postales deben seguir siendo servicios públicos. Todas las personas, en el sitio en que se encuentren y más allá de su situación social, deben tener acceso a los mismos en un plano de igualdad y en las mismas condiciones. Cuando se trata de organizar el servicio público debe excluirse toda idea de rentabilidad y no debe autorizarse a las empresas privadas a acumular beneficios privados, acaparando las actividades que más se benefician del servicio público. De ello se deduce que tanto los servicios postales como sus equivalentes en los diferentes países de Europa deberían conservar el monopolio de dicho servicio.
Para garantizar a escala de la Unión Europea unos servicios postales decentes, es indispensable frenar la política consistente en suprimir oficinas de correos de proximidad, en reducir el número de rondas y en sobrecargar al personal. Por el contrario, es necesario que los servicios postales y, en general, todos los servicios públicos contraten personal suplementario. La utilidad de estos empleos es indudable, y el hecho de crear un número suficiente de ellos haría disminuir el desempleo en Europa.

Roure
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución, ya que es absolutamente necesario debatir en el Parlamento Europeo sobre los servicios postales, y superar la ambigüedad actual.
Será muy grave abolir el servicio público, y deseamos conocer las intenciones de la Comisión. Cuando se nos dice que se atenderá mejor al cliente y que costará menos, eso es, naturalmente, falso. Es evidente que las personas que viven lejos de los núcleos urbanos no serán atendidas, o bien las tarifas serán muy elevadas, y algunos no dispondrán de los medios necesarios.
Los servicios postales no representan únicamente un servicio de correspondencia, sino también un servicio social. El cartero es a veces, para algunos, la única persona que ven en todo el día. Podemos felicitar a esos carteros, que, a pesar del tiempo que haga, caminan a menudo varios kilómetros para ofrecer este servicio a todos.
Abolir los servicios postales -servicios de comunicación de proximidad- sería un grave error, y no podríamos proteger la igualdad de todos los ciudadanos. La rentabilidad a toda costa significa ir en contra de la fraternidad y en contra de la cohesión social.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución y deseo explicar los motivos que me han impulsado a hacerlo.
Numeroso oradores han recordado que, especialmente en los ayuntamientos de montaña, la única persona con la cual los mayores tienen algún contacto es el cartero. Estoy de acuerdo con esta consideración. Sin embargo, considero que las pensiones de muchas personas mayores se reducen en función del presupuesto estatal. En Italia, mi país de origen, los funcionarios de correos son alrededor de 200.000 y cuestan al Estado unos 50 millones de liras per cápita, o sea, 25.000 euros. Por lo tanto, el coste total asciende a unos 5 millones de euros. Al liberalizar este servicio, el presupuesto del Estado desbloquearía, es decir, tendría un superávit de unos 10 millones de liras anuales por cada pensionista que se podría destinar a un millón de pensionistas, los cuales verían duplicada su pensión. Esto compensaría ampliamente el sacrificio de no tener contactos con el cartero.

Lulling
Señor Presidente, he votado con satisfacción a favor de la resolución sobre los servicios postales europeos, sobre todo porque vuelve a reiterar la posición que siempre he defendido aquí, a saber: la necesidad de un servicio universal de alta calidad, en particular para garantizar dicho servicio en las regiones menos pobladas, en las regiones rurales, que existen incluso en mi pequeño país, el Gran Ducado de Luxemburgo.
Las oficinas de correos, los carteros, desempeñan en estas regiones, y también en algunos barrios de las grandes ciudades, como muy bien lo ha explicado mi colega Posselt, un papel, diría yo, casi sociocultural, que va más allá de la simple distribución de la correspondencia. Sé que este servicio es deficitario. Quizá sería menos costoso poner un telefax o incluso el correo electrónico a disposición de las viviendas aisladas o de las localidades pequeñas.
En principio, soy partidario de la abolición de los monopolios del sector público, ya se trate de agua, gas, electricidad, teléfono, antenas, cables, etcétera. Sin embargo, la liberalización, que ha aportado mucho al consumidor en materia de precios y de calidad del servicio, sobre todo en el sector de la telefonía, debe detenerse ahí donde la oferta de servicio es insuficiente o desaparece, ahí donde las firmas que se benefician de la liberalización no ganan dinero. Si no se les puede obligar a garantizar lo que el monopolio del Estado ha garantizado, sobre todo por su obligación de servicio universal, entonces hay que salvar dicho servicio público.
Creo que aún nos podemos permitir seguir manteniendo un servicio postal, incluso si ahora nuestras PTT funcionan como empresas. Evidentemente, deben realizar un esfuerzo para que no se las califique de snail mail, aun cuando no puedan alcanzar la velocidad del correo electrónico.

Caudron
. (FR) He aquí un sector en el que la liberalización ha mostrado sus límites y sus graves lagunas. No soy, personalmente, un militante obtuso del monopolio, sea público o privado... ¡pero cuando veo los resultados de las empresas privadas en este sector, ello me confirma y me apoya en mi posición de defensor del servicio público!
Si la liberalización continúa, también en este sector se corre el grave riesgo de que un día regiones completas se queden sin servicios postales. Quién podría creer por un instante que las empresas privadas, cuyo único motor es la rentabilidad, continuarían atendiendo zonas que generarían costes elevados, salvo que hicieran pagar dichos costes a unos habitantes, que ya se encuentran desfavorecidos, y que por este motivo no podrían acceder a dicho servicio.
Añado que hoy, en el momento en que Europa se muestra y se consolida como incapaz de oponerse a la presencia de fascistas en un gobierno de la Unión Europea, ya no es posible aceptar que se nos imponga un ultraliberalismo destructor de servicios públicos, en nombre de esa misma Europa.
Soy europeo e incluso federalista. Para lograrlo yo estaba dispuesto, y estoy dispuesto, a hacer sacrificios... ¡pero no a cualquier precio! Y sobre todo, ya no estoy dispuesto a aceptar la construcción de un mercado único liberal, ¡si Europa no está al mismo tiempo en condiciones de defender los valores que le han servido de fundamento y que me han convertido, desde la década de los años sesenta, en un europeo convencido!
El Presidente. El Parlamento ha agotado su orden del día. El Acta de esta sesión será sometida a la aprobación del Parlamento al comienzo del próximo periodo parcial de sesiones.

Interrupción del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 11.10 horas)

