Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?.

Watts
Señor Presidente, me refiero a un punto del Acta relativo a mi informe sobre la seguridad de los transbordadores. El Acta indica que el Sr. Papoutsis contestó a mi pregunta en respuesta a su declaración a esta Asamblea. En realidad, debería decir que el Sr. Papoutsis se comprometió a contestar a mi pregunta por escrito. Agradecería que se corrija el Acta para que recoja esa garantía concreta que dio a la Asamblea.

Presidente
Señor Watts, tomo nota para su corrección.

Schierhuber
Señor Presidente, no se trata directamente de una cuestión de orden pero tengo que llamar hoy de nuevo la atención sobre una situación muy desagradable en Bruselas. Hace dos semanas un colaborador mío fue golpeado a las 19, 30 horas muy cerca del Parlamento Europeo. Creo que debe ser posible que se acabe por fin con tales hechos, también en interés de Bruselas y de Bélgica.
También quiero que se recapacite sobre el hecho de que Nueva York fue un día una de las ciudades más inseguras del mundo y en un plazo brevísimo se ha convertido en una de las más seguras. Creo que todos los que trabajamos en las instituciones tenemos un derecho a vivir y trabajar en un entorno seguro.
(Aplausos)
El Presidente
Señora Schierhuber, debo reconocer que los problemas en dicho sector de la seguridad son bastante graves y han ocupado a menudo a la Presidencia. Ayer mismo, la Sra. Schleicher planteaba algunos de dichos problemas. Confieso que aún somos débiles para hacerlos frente y veremos cuál será la mejor forma de abordarlos.

Wijsenbeek
Presidente, si los austriacos empiezan a defender ahora Estrasburgo y atacar Bruselas y si la Oficina se mete en este asunto, y los Cuestores también se mezclan en esto, entonces sabemos con seguridad que no va a ocurrir nunca nada. Pero permítanos llamar su atención acerca de que entretanto uno de los tres vuelos de los Países Bajos a Estrasburgo se ha suspendido y que, por lo tanto, será aún más imposible que antes llegar a esta ciudad, Estrasburgo, y que va siendo hora de que nos reunamos más tiempo y con más frecuencia en Bruselas.

El Presidente
Señor Wijsenbeek, es usted bastante veterano en esta Asamblea y estamos acostumbrados a escuchar observaciones en ese sentido por su parte como, por supuesto, por parte de otros compañeros que comparten dicha apreciación. No vamos a abrir ahora dicho debate.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, en relación con lo que se acaba de decir, me gustaría señalar que no hay un solo vuelo directo de Finlandia a Estrasburgo, por lo que deberíamos reunirnos únicamente en Bruselas.
(El Acta queda aprobada)

Conferencia Europea/Malta
El Presidente
La orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la Conferencia Europea celebrada el 6 de octubre de 1998 en Luxemburgo, así como sobre la situación actual en Malta en el marco de la ampliación.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, Señorías, ayer se reunió la Conferencia Europea por primera vez a nivel de Ministros de Asuntos Exteriores. En la Conferencia, junto a los 15 Estados miembros de la UE y la Comisión, participaron también los 10 países de la Europa central y oriental, Chipre y el Ministro de Asuntos Exteriores suizo Cotti como member elect . Turquía ya indicó antes que no iba a participar en la Conferencia.
En una primera reunión de trabajo, la Conferencia se ocupó de problemas relacionados con el crimen transfronterizo organizado así como de la cooperación regional en cuestiones de medio ambiente y ofreció la ocasión para realizar una foto familiar con nuestros interlocutores. En el marco del almuerzo de trabajo se trató sobre la situación en los Balcanes occidentales, en especial, Kosovo y Albania. De este modo, la Presidencia ha intentado cubrir un amplio campo de tareas y, exceptuando el sector de las competitive economies , contribuir algo a todos los temas sobre los que se han puesto de acuerdo los Jefes de Estado y de Gobierno en Londres para el futuro trabajo de la Conferencia.
Pero me voy a referir a los temas en concreto. Entre el conjunto de temas relativos al crimen organizado transfronterizo, la Presidencia informó sobre el trabajo realizado hasta ahora por el Grupo de expertos de Drogas y Crimen Organizado. Este grupo de expertos, el llamado grupo COLD, fue creado en Londres en marzo de este año por la Conferencia Europea y tuvo su primera reunión el 10 de junio en Bruselas. Los participantes en la reunión expresaron su apoyo a las propuestas de la Presidencia sobre las tareas marcadas por el Grupo. Los participantes de los Estados no pertenecientes a la Unión Europea dieron detalles sobre la situación en sus países en lo que se refiere al crimen organizado y al tráfico de drogas.
Informaron al Grupo sobre los pasos con los que combaten este problema en sus países. Todos los participantes estuvieron de acuerdo en que se debe garantizar una cooperación internacional eficaz y que esta cooperación debe ser lo más amplia posible incluyendo a las autoridades de policía, aduaneras y penales. Hay que hacer también todo lo posible para que el intercambio de informaciones entre los participantes sea lo más rápida y eficaz posible.
En este contexto, se ha tratado también sobre si se deben ampliar las estructuras de cooperación, los llamados networks, que ya existen dentro de la Unión Europea. Los participantes en la reunión del grupo de expertos propusieron además una amplia lista de temas para sus posteriores actividades. Al final del debate se estuvo de acuerdo en llevar con rapidez a la práctica algunas propuestas como, por ejemplo, el acuerdo de puntos de contacto así como la invitación a seminarios. Otras ideas como, por ejemplo, las medidas de persecución judicial o la lucha contra el blanqueo de capitales, se deben examinar aún en otros encuentros. El grupo de expertos se reunirá otra vez bajo la Presidencia austríaca.
Al introducir los diferentes temas centrales de debate de la Conferencia, la Presidencia llamó la atención sobre la importancia que la Unión Europea da a la lucha contra el crimen organizado. No se puede infravalorar el peligro que emana de las redes internacionales del crimen para nuestra sociedad, pues entretanto han llegado a los aspectos más diversos de la vida del hombre, la política, la economía y la justicia.
La Unión Europea cree que dos campos del crimen organizado son especialmente detestables pues tienen como objeto los elementos más débiles de nuestra sociedad, los niños y los emigrantes. En el debate sobre la evitación y lucha contra la explotación sexual de los niños, que son los miembros más débiles de la sociedad y, al mismo tiempo, los portadores de nuestras esperanzas de futuro, los participantes en la Conferencia coincidieron en que su protección tiene que ser una prioridad especial de la comunidad de Estados, pues junto a su explotación económica y la persecución en la guerra, hay una forma de violencia contra los niños especialmente detestable, los abusos sexuales que, por lo general, tienen lugar tras puertas cerradas. Estos fenómenos se pueden observar en todo el mundo.
Desde que las relaciones económicas, el intercambio de informaciones y el turismo han alcanzado unas dimensiones globales, todos los Estados se ven afectados por la explotación sexual de los niños. Los participantes en la Conferencia coincidieron por ello en que unas medidas de lucha adecuadas presuponen también una cooperación internacional eficaz en los diversos gremios.
Todos recordamos con horror los informes sobre el descubrimiento de redes pedófilas transfronterizas. La lucha contra la pedofilia y los fenómenos derivados de ello, el turismo sexual y la prostitución infantil, así como medidas contra el abuso de niños dentro del ámbito de la familia y la producción y difusión de material pornográfico infantil, sobre todo en Internet, representan un desafío muy especial no sólo para los Estados miembros de la Unión Europea sino para todos los Estados. Los participantes en la Conferencia subrayaron que estos desafíos se deben enfrentar con un trabajo transfronterizo.
La Presidencia llamó la atención sobre el intenso compromiso de la Unión Europea en este campo durante las últimas semanas y meses y proporcionó en este contexto una visión de conjunto sobre las diversas actividades e informó también sobre el estado de los debates en el Consejo de Asuntos Generales. Entre las actividades de la UE, la Presidencia destacó sobre todo la medida común relativa a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños que el Consejo aprobó en febrero de 1997. Esta medida común contiene propuestas para la mejora de la cooperación judicial en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños.
Una serie de Estados participantes en la Conferencia informó sobre sus experiencias y trabajos en este campo y al final del debate los participantes se pusieron de acuerdo en invitar al Grupo de expertos de la Conferencia europea sobre Drogas y Crimen Organizado para que examine en detalle a qué instrumentos jurídicos de la Unión Europea se pueden adherir los países participantes en la Conferencia Europea. Finalmente, los participantes en la Conferencia mostraron su acuerdo en coordinar más intensamente sus actividades en el marco de las Naciones Unidas para enfrentarse conjuntamente a los abusos sexuales de los niños.
Por lo demás, en el marco del tema del crimen organizado, los participantes en la Conferencia se ocuparon de las bandas dedicadas al tráfico ilegal de emigrantes. Precisamente en los últimos tiempos se producen repetidamente noticias sobre casos espectaculares de emigrantes ilegales que intentan llegar a los países más ricos de Europa y del Norte de América. Esta nueva ola migratoria que crece año tras año ha movido a un buen número de países a recrudecer sus normas sobre inmigración.
Finalmente, en el marco de la primera reunión de trabajo se trató sobre la cooperación regional en cuestiones de medio ambiente. En este contexto, los diferentes representantes informaron sobre sus actividades en este campo, en concreto, en las organizaciones regionales europeas, la Iniciativa de Europa central, la Cooperación para el Mar Negro, el Consejo de los Estados del Mar Báltico y el Consejo de las zonas europeo-árticas del Mar de Barent. Los participantes en la Conferencia subrayaron que las medidas de medio ambiente se deberían coordinar entre si. Los participantes en la Conferencia acordaron para el futuro que en un primer paso la Presidencia solicite a los diversos gremios competentes para la cooperación regional, la Comisión Europea y la Agencia de Medio Ambiente, que presenten aportaciones y solucionen las dificultades surgidas.
Durante el almuerzo tratamos aún sobre dos temas más, los acontecimientos en Kosovo y la situación en Albania, sobre lo que no voy a hablar ahora pues tenemos a continuación un debate al respecto.

Van den Broek
Señor Presidente, con respecto a la Conferencia Europea que se celebró ayer en Luxemburgo solamente quisiera expresar mi gran respeto por la iniciativa que ha tomado la Presidencia para poner en el orden del día de esta segunda Conferencia Europea estos importantes temas que la Sra. Ferrero acaba de plantear. La cuestión de la lucha contra el crimen organizado, la cuestión de la explotación sexual de los niños, la inmigración ilegal, todas estas cuestiones son de primer orden en nuestra agenda política actual. Por lo tanto, nos parece de la mayor importancia posible que en un foro en el que nuestros futuros Estados miembros están reunidos con los miembros de la Unión Europea, se pongan estos temas sobre el tapete.
Ayer fue especialmente interesante que nos pudiéramos enterar de lo que nuestros futuros Estados miembros hacen o piensan hacer con respecto a este punto y cómo podemos reforzar más la cooperación mutua al respecto. Creo que después de la ratificación del Tratado de Amsterdam dispondremos de una serie de nuevos instrumentos para actuar con más eficacia en el ámbito transnacional, también en el círculo de los futuros Estados miembros. Pienso especialmente en lo previsto en el Tratado de Amsterdam sobre el traspaso de una serie de actividades del tercer pilar de Maastricht al primero. Esta Presidencia y las próximas pueden contar con el claro apoyo de la Comisión para dotarlo también de significado real. Si se trata de acercar Europa a los ciudadanos, entonces estos son los temas que están directamente relacionados con ello y de los que los ciudadanos, me parece, con razón se preocupan extraordinariamente.
Presidente, estoy mirando a la pantalla que tengo delante de mi y veo que allí pone: «Conference» y allí pone Malta. No sé si el propósito es que se diga ahora también algo sobre Malta. Todos hemos podido constatar que el gobierno maltés entretanto ha vuelto a activar la solicitud, que no fue retirada hace dos años, sino que había quedado aplazada - naturalmente estoy hablando de la solicitud de ingreso en la Unión Europea - y que de hecho ha renovado la solicitud ante la Presidencia, lo que ha desembocado en el procedimiento normal por el que la Presidencia y el Consejo piden a la Comisión que dé su opinión. En este caso significa que se ha pedido a la Comisión que averigüe qué han significado los dos años de interrupción de la preparación para el ingreso para la actual situación política y económica de Malta. O sea, hemos comunicado al Consejo que trabajaremos en la actualización, la puesta al día, del «avis» que entonces, en 1993, se emitió sobre Malta, y que lo presentaremos al Consejo con una recomendación sobre la mejor manera de incorporar e integrar de nuevo a Malta en el proceso de adhesión.
Es un poco difícil dar un plazo muy concreto. El Consejo aprecia que se le informe exhaustivamente sobre ello. Dicho de otra forma, esto significa que se vuelve a estudiar a fondo la opinión que emitimos en 1993, y se comparará con la situación actual en Malta.
Por último, y es casi innecesario decirlo: yo mismo tuve la ocasión en Nueva York de tener una conversación con el nuevo, y al mismo tiempo, anterior ministro de Asuntos Exteriores de Malta, Guido di Marco, y le dije que nos alegramos de la renovada aspiración de Malta. Le dije también que el Consejo cuenta realmente con que Malta intentará hacer de esta solicitud una cuestión «by partisan» y que todo el mundo es consciente de que la solicitud que hace dos años se suspendió, cuando el actual partido de la oposición llegó al gobierno, tiene ahora nueva vida y que, por supuesto, en nuestros Estados miembros nos gustaría ver que se trata de un deseo ampliamente compartido por la población de Malta de integrarse realmente en la Unión Europea. El ministro me dijo entonces que esa es la firme intención de este gobierno y que éste tiene la sensación de que a medida que avance el proceso de integración será también más fácil convencer a las capas más amplias de la población de la utilidad y de la necesidad de este importante paso político.
El segundo punto, la cuestión de la introducción del sistema fiscal del IVA en Malta, jugó entonces un papel muy importante. Incluso fue bastante determinante para la pérdida de las elecciones anteriores de la coalición que actualmente está gobernando de nuevo. También en esa cuestión se nos proporcionará más claridad. Esto es lo que puedo decir en este momento con respecto a la solicitud de Malta para ingresar en la Unión Europea.

Swoboda
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que los aspectos centrales que ha tocado la Conferencia europea son totalmente correctos y que se deben apoyar plenamente. Me adhiero también a lo dicho por el señor Comisario en el sentido de que es importante enfrentarse a los temas que interesan de modo especial a las personas, que provocan miedos entre ellas, justificada o injustificadamente, y que exigen una respuesta a nivel europeo. En lo que se refiere a Malta, va a ser sobre todo la colega Malone la que va a exponer la posición por lo que no quiero entrar aquí en detalles.
Sin embargo, quiero hacer algunas observaciones básicas y plantear preguntas. Primera: creo que la vía que hemos elegido respecto a los países candidatos -con algunos negociamos en esta Conferencia europea que es como una especie de techo- es correcta y que debemos ser conscientes de ello en esta Asamblea. Las elecciones en Letonia, el referéndum sobre la integración de la población ruso-parlante y las elecciones en Eslovaquia, han mostrado que fue acertado incluir a esos países como candidatos a la adhesión. Sin embargo, debemos darles tiempo y proporcionar ciertos estímulos para que inicien las correspondientes acciones. Me alegra mucho que esto haya demostrado que hemos procedido acertadamente aunque en esta Asamblea alguna que otra parte lo haya cuestionado. Se ha demostrado que la vía de los incentives , de la ayuda en pro de mejoras en la cuestión de la democracia, del Estado de derecho y de las minorías, ha sido correcta.
Hemos fracasado -desgraciadamente, también en esta Conferencia europea- en la participación de Turquía. Me pregunto cómo temas como el crimen internacional, el tráfico de drogas, etc., se pueden tratar realmente con eficacia sin la participación de Turquía. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profunda preocupación por la tensa situación existente entre Turquía y su vecino, Siria. Nadie debe apoyar grupos terroristas para que actúen en otro país. Pero si Turquía no es capaz de solucionar ella misma el problema por medios pacíficos, tampoco tiene la legitimidad ni el derecho a poner en marcha acciones y actividades en otro país.
Quiero preguntar a la Presidencia hasta qué punto fue este un tema, qué posición defiende la Presidencia en esta cuestión y si quizás existe también junto con los americanos una clara posición frente a Turquía en lo que a la relación con Siria se refiere.
Para finalizar, quiero preguntar a la Presidencia si en la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores de Salzburgo se ha planteado alguna iniciativa para incluir a otros países más allá de la Conferencia europea. Tanto el sudeste de Europa como los países del proceso de Barcelona se ven intensamente afectados en lo que al crimen, el tráfico de drogas y la inmigración se refiere. Me pregunto cómo se debe tratar esto en el futuro. La iniciativa no ha despertado precisamente aprobación o buena voluntad. En principio, la considero correcta si bien quizás no se había preparado óptimamente y habría que hablar sobre los detalles. Pero los temas sobre los que ha hablado con razón la Conferencia Europea, afectan a problemas que a la postre solamente se pueden solucionar si al menos se incluye también a los países del Sureste de Europa y los del proceso de Barcelona. Señora Presidenta, le quiero preguntar si puede decir algo sobre cómo se imagina que debe ser en el futuro.
Por lo demás, quiero repetir que los temas planteados son los temas centrales de nuestro continente. Deseo a la Unión Europea mucha suerte en la Conferencia europea para que podamos solucionar estos problemas.

Günther
Señor Presidente, Señorías, tengo la sensación de que no solamente usted, señor Comisario van den Broek, sino también la Presidenta del Consejo, se han visto algo sorprendidos por el asunto de Malta, pues esperaba que dijesen brevemente algo al respecto en su Statement .
Como vicepresidente de la delegación para Malta estoy muy agradecido de que podamos debatir aquí sobre esta cuestión. No obstante, esperaba una señal algo más clara por parte del Consejo, esperanza que se sustentaba también en las declaraciones realizadas por la Comisión en la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, y que apuntaban en la misma dirección que las realizadas hoy.
El Consejo declara ahora que está esperando a una comunicación de la Comisión para conocer primero su valoración de la situación. Este procedimiento sorprende ya que en otras cuestiones relativas a la ampliación siempre ha sido el Consejo quien ha tomado la iniciativa. Quizás el Consejo haya contribuido también a esta algo confusa situación pues en su día se consoló a Malta diciendo que tras la ampliación previa le tocaría a ella. De este modo, por así decirlo, se incluyó a Malta entre los países que tienen muchas más dificultades para prepararse a una pertenencia a la Unión Europea.
En los dos años que entretanto han transcurrido, Malta no ha cerrado las puertas. El Gobierno ha hecho entretanto también todo lo posible para que el siguiente Gobierno, del color que sea, tenga la posibilidad de reactivar esta solicitud. Además, la Comisión, mediante los informes permanentes de su delegación, ha podido tomar nota sin duda también de estas señales provenientes de Malta.
Con nuestra propuesta de resolución, queremos instar al Consejo para que envíe una señal clara a Malta de que es bienvenida y que se la incluye de nuevo en la Conferencia europea. Pues Malta, ya solamente por el trabajo realizado en el proceso de Barcelona, pertenece a esta ronda.

Cox
Señor Presidente, acojo con satisfacción el informe que hemos oído en la Conferencia; el enfoque inteligente con que se abordan capítulos como la criminalidad, la explotación sexual y la inmigración ilegal será de gran utilidad cuando llegue el momento de iniciar negociaciones serias y de aplicar las nuevas competencias del Tratado de Amsterdam.
Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda este debate para ampliar ligeramente el enfoque, porque también esta semana hemos conocido la importante noticia de que el próximo 10 de noviembre se celebrará la conferencia de adhesión, que es parte integral de la Conferencia General sobre la que hoy debatimos y que marca un principio psicológico y político importante.
En ese sentido, en presencia del Consejo y de la Comisión, deseo hacer varias observaciones políticas. Mi Grupo, el ELDR, cree firmemente en una Unión política más amplia y profunda. Ahora que hemos traspasado el umbral con los cinco Estados más uno para noviembre, debemos reiniciar urgentemente con renovado vigor la búsqueda de la reforma de nuestras instituciones antes de la ampliación, no sea que más tarde se convierta en un obstáculo; nadie de nosotros desea que eso ocurra, pero podría ocurrir.
En segundo lugar, políticamente, acogemos con gran satisfacción que esta semana se haya dado luz verde Chipre, como parte de ese proceso. Pero también esto debe añadir una nueva urgencia para que, en cumplimiento de la iniciativa política encabezada por la UE, el Consejo y la Comisión resuelvan el problema de Chipre bajo los auspicios de Naciones Unidas, no sea que, una vez más, institucionalicemos en el seno de la Unión el problema de difícil solución de la isla dividida.
En este sentido, deseo decir al Consejo que mi Grupo lamenta los reiterados fracasos del Consejo en su intento de alcanzar un acuerdo sobre un fundamente jurídico para un protocolo financiero con Turquía. No es demasiado sorprendente que Turquía no participe. Necesitamos realmente ultimar nuestro acto jurídico a nivel del Consejo y manifestar la capacidad de unas relaciones maduras de la UE con todos los Estados de esa región.
Mi último comentario político, en términos generales, de cara a la próxima Cumbre de Viena, es que ésta ofrecerá la oportunidad de revisar las exigencias de otros Estados aspirantes. Mi Grupo cree, especialmente en el contexto de la crisis política y económica rusa, que debemos revisar nuestra posición con respecto a los Estados bálticos. Éstos han demostrado una fuerte apuesta por la reforma y han realizado avances loables. Aspecto que debe ser reconocido en Viena al igual que el renovado interés en Malta.

Collins, Gerard
Señor Presidente, la elección del Sr. Adami como nuevo Primer Ministro de Malta tendrá como efecto la renovación de la solicitud de ingreso de Malta en la Unión Europea. El Sr. Adami declaró recientemente que su nuevo gobierno se fijará dos objetivos: el primero, la petición de ingreso de Malta en la Unión Europea; y el segundo, el saneamiento de las finanzas públicas de Malta.
Ambos asuntos están, en cierta medida, relacionados entre sí, especialmente en el contexto de los criterios económicos establecidos en el Tratado de Maastricht, que los países aspirantes a la Unión Europea deberán cumplir en el marco del sistema de la moneda única. La renovación de la solicitud maltesa de incorporarse a la Unión Europea garantiza que será tratada en el contexto de la próxima ronda de negociaciones de cara a la ampliación, de conformidad con los compromisos asumidos por los Jefes de Gobierno de la UE en Corfú.
El asunto de la incorporación de Malta a la Unión Europea será debatido en la cumbre de noviembre, y las ventajas de la incorporación a la Unión para los 370.000 habitantes de Malta serán reales y tangibles. Tendrán acceso a un bloque comercial sin fronteras que abarca a más de 20 países europeos, a condición de que las negociaciones de adhesión con los países de la Europa central y oriental sean fructíferos.
La Unión Europea, con su mercado interior y la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, es una perspectiva económica positiva para un país que busca nuevos mercados para su productos de fabricación nacional. Malta tiene mucho que ganar si consigue acercarse más a los requisitos para convertirse en miembro de la UE.
Las muestras de las estrechas relaciones de Malta con la UE son evidentes en la isla. Uno de los más sólidos argumentos de Malta para el ingreso descansa en las estrechas afinidades que existen entre las economías de la isla y de la Unión Europea. Muchas empresas de Malta que exportan una amplia variedad de productos semimanufacturados son propiedad de compañías británicas, francesas, alemanas e italianas. Esto tiene como resultado que el 66 % del negocio visible de importación y exportación maltés se realice con Estados de la UE.
Otra importante fuente de ingresos de Malta es el turismo, que también depende para su supervivencia de los mercados de la UE. Muchas de las estructuras administrativas, jurídicas y fiscales ya han sido adaptadas a las normas de la Unión Europea. Las negociaciones de ingreso deberán superar aún otros temas espinosos, como la ayuda estatal a las empresas y las tasas sobre las importaciones, pero creo que podrán superarse.

Schroedter
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un objetivo de este Parlamento ha sido no permitir que esta Conferencia europea se convierta en una especie de coartada sino en revaluarla y llenarla de contenidos. Es un paso en la dirección correcta, si bien aún falta una estrategia coherente para un desarrollo paneuropeo que corresponda a las necesidades ecológicas y sociales y que haga justicia a las esperanzas de estabilidad y de paz que tiene este continente.
Una política de migración errónea y muy cuestionada a nivel internacional que, en especial bajo la Presidencia austríaca ha adoptado unas sorprendentes formas, no se puede reducir al problema de las bandas dedicadas a la introducción de inmigrantes ilegales y, permítame que lo diga así, señora Presidenta, es falaz. En cambio, la cooperación regional es un paso importante en la dirección correcta. Espero que el Consejo logre desarrollar también programas comunes y que a la hora de la distribución no se limite de nuevo a diferenciar qué dinero debe fluir en tal o cuál dirección, sino a desarrollar coherente y conjuntamente las regiones. Espero, señor van den Broek, que su Dirección General dé por fin también un paso en la dirección correcta e incluya a PHARE y a INTERREG en un fondo común.

Saint-Pierre
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, intervendré sobre el tema de Malta, ya que se trata de un día importante para Europa y, estoy convencido, para Malta.
Me alegra que este Parlamento haya aceptado la solicitud de mi grupo, la Coalición Radical Europea, orientada a inscribir en el orden del día de este período parcial de sesiones, en presencia del Consejo y de la Comisión, el punto sobre la reactivación de la candidatura de Malta a la adhesión a la Unión Europea.
Como presidente de la delegación en la comisión parlamentaria mixta Unión Europea-Malta, he sido un observador privilegiado y atento de la vida política maltesa desde hace dos años. Ni que decir tiene que nuestra delegación siempre ha manifestado el mayor respeto con respecto a las posiciones expresadas por los diferentes gobiernos, ya que la voluntad popular ha de prevalecer siempre por encima de los intereses partidarios.
No les ocultaré sin embargo que siempre he sentido que en lo más profundo del pueblo maltés existía una aspiración real de compartir con los demás pueblos europeos un mismo destino común que pasaba, en vísperas de la reunificación del continente, por la integración total en la Unión Europea.
Estoy convencido de que después de haber procedido a algunas adaptaciones técnicas necesarias, Malta será integrada inmediatamente en el proceso de ampliación. Personalmente considero que, de conformidad con los acuerdos alcanzados ya en 1995 según los cuales las negociaciones de adhesión con Malta y Chipre comenzarían seis meses después de la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, las negociaciones con Malta deberían poder comenzar a partir de enero de 1999. Deseo encarecidamente que el Consejo Europeo de Viena del mes de diciembre adopte una decisión en este sentido.
Hay una razón suplementaria para alegrarse por la reactivación de la solicitud de adhesión de Malta. En el plano institucional, la vuelta de Malta implicará una aceleración del proceso de reforma institucional, condición indispensable para una ampliación con éxito a los ojos, en todo caso, del Parlamento. Debo recordar que, en virtud del artículo 2 del protocolo sobre las instituciones del Tratado de Amsterdam, el proceso de la reforma institucional se desencadena automáticamente en la perspectiva de una Unión de más de veinte miembros, lo que sería el caso.
Sin Malta, la Unión, Europa, siempre quedaría un poco huérfana. La coexistencia mutua contribuirá de manera inexorable a un enriquecimiento recíproco de las dos partes, la europea y la maltesa, pero también será una baza importante en las relaciones entre la Unión y los Estados del Mediterráneo afectados por el proceso de Barcelona.

Linser
Señor Presidente, en el marco del debate sobre la solicitud de adhesión de Malta, sobre lo que el señor Comisario ha constatado que se ha vuelto a activar, creo que la Unión debe prestar especial atención a los siguientes puntos: hay que recapacitar si Malta en lo que se refiere a la infraestructura está en situación de hacerse cargo de una Presidencia del Consejo. Un país equiparablemente pequeño como Luxemburgo, coopera a este respecto con Bélgica pero Malta no dispone de una posibilidad similar.
En segundo lugar, considero que es absolutamente necesario volver a introducir en Malta el IVA que fue suprimido. Mientras que otros Estados miembros están obligados a una tasa mínima del 15 %, una cláusula de excepción en este punto supondría una inaceptable ventaja competitiva para este país. Para finalizar, permítame que diga unas palabras sobre la evaluación general de la Conferencia europea. Este instrumento se creó ante todo para tratar sobre las relaciones UE/Turquía. La nueva no participación de este Estado debería impulsar a los estrategas de la UE a reconsiderar su política al respecto.

Malone
Señor Presidente, yo también deseo felicitar a la Presidencia y a la Comisión por los informes que nos han presentado aquí hoy. Me alegra mucho que ayer se hayan debatido temas tan importantes como las drogas y la prostitución infantil, además de todos los demás temas de los que esta semana nos ocupamos en el Parlamento. Nosotros también debatimos sobre la cuestión de la armonización de la industria farmacéutica.
Como ponente del Parlamento sobre la adhesión de Malta, estoy encantada de que Malta asistiera ayer a la Conferencia Europea y que se haya acogido tan satisfactoriamente su nueva solicitud de ingreso en la Unión Europea.
En nombre de mi Grupo, que también acoge con satisfacción esta nueva petición de ingreso, deseo decir que también celebramos la decisión del Gobierno maltés, y que la oposición esté a favor, de celebrar un referéndum sobre la conclusión de las negociaciones. Es fundamental. Nuestro Grupo también considera importante, naturalmente, que esta renovada petición sea atendida prontamente y en fiel cumplimiento de los procedimientos adecuados establecidos en el Tratado.
Por ello, mi Grupo ha tomado la iniciativa de hacer un llamamiento a la Comisión para que presente una opinión actualizada de la nueva solicitud de Malta y, como decía el Comisario Van Den Broek, que estudie si es posible y cómo pueden recuperar los dos últimos años en los que la solicitud se ha mantenido congelada. Mi Grupo defenderá asimismo, mediante enmienda, el derecho absoluto del Parlamento de expresar nuestra opinión sobre la opinión actualizada de la Comisión relativa a la renovación de la solicitud. Consideramos que Malta tiene una vocación natural, tanto en términos de sus instituciones democráticas, como del respeto de los derechos humanos, para formar parte integral de la Unión Europea. Esperamos con interés la presentación del análisis de la Comisión de los avances económicos y políticos desde que se congelara la anterior petición en 1996.
Me han parecido interesantes las palabras del Comisario Van Den Broek sobre la situación del IVA, que es mucho más clara que aquí, pero, como el Comisario sabe, quedan otros problemas relativos a algunas pequeñas empresas y demás. También está la cuestión de la neutralidad, que aún no se ha tocado. Sé que es un tema muy delicado y polémico para Malta, al igual que lo es para otros Estados miembros, como Irlanda.
Por último, cuando recibamos el informe actualizado de la Comisión, espero que podamos resolver con rapidez cualquier problema pendiente, para que la población maltesa decida por sí misma de una vez por todas sobre su futuro lugar en la Unión Europea.

Azzolini
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, deseo antes que nada volver a felicitar a mi amigo el Presidente, Eddy Fenech Adami, por el reciente éxito electoral conseguido en Malta. Es un éxito que adquiere un mayor significado, si cabe, habida cuenta de que el electorado se ha manifestado asimismo a favor de la adhesión de Malta a la Unión Europea confirmando así la línea seguida en su momento por el anterior Gobierno del Sr. Fenech Adami y que en el año 1995 obtuvo el apoyo de nuestras Instituciones. La determinación y la rapidez con que el Presidente Adami ha vuelto a confirmar la candidatura de Malta para su adhesión a la Unión Europea, como uno de los primeros actos del nuevo Gobierno, no solo nos debe animar, sino también alegrar, de cara a la posibilidad de incluir a Malta en la primera ronda de negociaciones para la ampliación, .
Efectivamente, Malta cumple mucho más que los demás países candidatos los criterios de adhesión a la Unión y confiamos en que la rápida recuperación y el restablecimiento de los criterios de Maastricht, por otra parte ya cumplidos en el reciente pasado, pueda premiar la legítima aspiración de este país a convertirse también en miembro de la Unión monetaria. Baste recordar que en 1995 alcanzó un déficit del 3, 9 % del PIB y una inflación del 2, 9 % y que desde hace 11 años la lira maltesa está vinculada al ecu. Integrada de pleno derecho en la Unión Europea, Malta será, a mi juicio, una importante cabeza de puente en la cuenca del Mediterráneo y se convertirá en el nexo natural entre las culturas y las economías de los terceros países y de la Unión Europea. En mi calidad de ex vicepresidente de la delegación de relaciones UE/Malta, sobre la base del convencimiento al que he llegado gracias a desempeñar dicha función y por lo que acabo de decir, ratifico la necesidad de incluir a Malta en la primera ronda de negociaciones para la adhesión a la Unión Europea en el año 2002.
A este propósito, a mí también me gustaría conocer el punto de vista de la Presidencia en ejercicio del Consejo.

Aelvoet
Presidente, Señora Presidenta del Consejo, Señor Comisario, estimados colegas, por lo visto ha habido un problema de comunicación entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, dado que en última instancia el Comisario ha retomado el hilo gracias a las imágenes de la pantalla. Del Consejo no hemos podido oír nada, pero se recogerá en la respuesta a posteriori, supongo. En lo que respecta a la reactivación de la solicitud de Malta, todo el mundo se alegra de ello en el Parlamento y creo que es políticamente importante para el refuerzo del proceso de Barcelona que aumente de nuevo la presencia mediterránea dentro de la Unión Europea. El proceso de Barcelona necesita, en efecto, un poco de refuerzo. Además, es una buena ilustración de que la ampliación de Europa no sólo va en dirección de Europa del Este, sino hacia el continente europeo entero.
En segundo lugar, creo que es muy importante que la población tenga la posibilidad de pronunciarse y de hacer la distinción entre elegir un partido y elegir el ingreso. Respecto a esto, apoyamos por supuesto la convocatoria de un referéndum. Por último, no creo necesario adoptar una actitud paternalista con respecto a Malta. Malta es lo suficientemente fuerte como para defender sus propios intereses y creo que puede ser la ilustración perfecta de la teoría que Europa siempre ha apoyado en relación con el primer grupo y el segundo grupo, es decir, que se puede cambiar fácilmente del segundo grupo al primero. Ese es nuestro deseo.

Titley
Señor Presidente, sentí una gran satisfacción al escuchar el informe del Consejo sobre las actividades de la Conferencia Europea. Es evidente que la conferencia ha sido minuciosa. Es importante saber que la conferencia está dispuesta a tratar de asuntos de gran importancia para el electorado de la Unión Europea, como son las drogas y la lucha contra el crimen. Es importante saber que, actualmente, los gobiernos se toman muy en serio el hecho de que la criminalidad debilita los fundamentos de una sociedad democrática.
Me complace que la conferencia haya sabido encontrar un mecanismo para atajar estos problemas ahora, en vez de esperar a que hayamos negociado la incorporación de pleno derecho en la Unión Europea. Creo que supone un avance para la seguridad en el continente.
Me complace en particular oír que la atención se está centrando en un colectivo que a menudo es ignorado por los políticos, a saber, los niños. La situación en Europa es francamente una afrenta a la sociedad civilizada; la explotación sexual de niños es una afrenta a la civilización, al igual que el regreso de Europa a la esclavitud.
Evidentemente debilitaría la legitimidad democrática de la Unión Europea que el electorado comenzara a tener la impresión de que los más beneficiados de la libre circulación en el seno del mercado único son los asesinos, chantajistas, criminales, heroinómanos y pederastas. Debemos dejar claro que no estamos dispuestos a permitirles que abusen de lo que nosotros deseábamos que fueran unas ventajas económicas.
Me gustaría que el Consejo manifestara cómo ve el futuro de la Conferencia Europea. El Sr. Swoboda ya se ha referido a algunos países que, en su opinión, deberían participar en la conferencia. Yo añadiría Ucrania a esa lista. Creo que es importante, porque Ucrania está muy ligada a occidente. Me gustaría que la Presidencia nos comunicara sus observaciones sobre hacia dónde nos dirigimos en la conferencia, porque puede ser una fuerza muy importante.
Respecto a Malta, al igual que todo el mundo, acojo con satisfacción la decisión del Gobierno maltés de solicitar la adhesión a la Unión Europea. Pero no debemos dejarnos llevar por el entusiasmo. No se trata del regreso del hijo pródigo. No hay motivo para matar unos terneros bien cebados y celebrar una fiesta. No es más que un gobierno democrático que expresa el deseo de su pueblo. Nuestro entusiasmo no debe cegarnos e impedirnos ver los numerosos problemas que llegan con Malta. La integración a la UE sigue siendo un fútbol político, y no es la mejor forma de prepararse para convertirse en miembro de pleno derecho de la Unión Europea.
En segundo lugar, la Comisión identifica en su avis algunas deficiencias, especialmente en relación con la estructura económica. Lo que ahora debemos hacer es volver a estudiar la situación de Malta y juzgarla sobre la misma base que a cualquier otro país. Los comentarios -que he podido oír en el Parlamento- de que Malta se ha saltado la cola, carecen de sentido. Malta debe ser juzgada del mismo modo que cualquier otro país. Pero estamos encantados de que vuelva a formar parte de nuestra familia.

Bianco
Quiero expresarle todo mi aprecio, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por haber puesto en el centro del orden del día de la Conferencia temas que, sin duda, son prioritarios como la droga, la pedofilia, la nueva esclavitud, temas que naturalmente merecen una profundización que esperamos poder llevar a cabo en otras ocasiones. Sin embargo, señora Presidenta, no puedo dejar de mostrar cierta decepción -que confío que desaparecerá tras su réplica- por el silencio guardado sobre la cuestión de la adhesión de Malta a la Unión Europea.
También el señor Comisario que he escuchado en numerosas ocasiones en las reuniones de la comisión mixta, esta vez me ha parecido un poco más frío que las demás veces, a pesar de que non encontramos ante una concreta solicitud de adhesión por parte del nuevo Gobierno maltés. Nos gustaría sentir mayor calor, un entusiasmo con respecto a Malta igual al que despiertan los demás países para los cuales está prevista la ampliación.
Malta no pide descuentos, señor Titley. A través de su premier , Malta ha manifestado que quiere cumplir todos los criterios de Maastricht. En estos dos años, es cierto, se ha constatado un distanciamiento debido al Gobierno laborista de Malta, respecto a hace dos años cuando Malta cumplía plenamente los criterios de Maastricht y ahora se trata de recuperar la situación anterior. La cuestión de la neutralidad que aquí se ha suscitado, ha sido puntualizada por el premier quien a dicho que la cuestión puede solucionarse. Malta, por lo tanto, tiene todos los papeles en regla.
No creo que se pueda realizar un seria política para el Mediterráneo sin incluir a Malta en la Unión Europea. Las ventajas serían considerables, ya que la política del Mediterráneo es una de las grandes políticas que debe ser definida en los próximos años. Es la segunda gran frontera y no haremos frente a los problemas de las grandes migraciones si no realizamos una política seria que se perfiló en Barcelona. Malta es una protagonista necesaria de todo esto. Por eso apoyamos con vehemencia la adhesión de Malta a la Unión Europea.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, Señorías, antes no mencioné a Malta pues no pensaba que se iba a debatir aquí pero quiero decir que hemos aprovechado la primera ocasión. Sus Señorías saben que Guido De Marco ha sido el vencedor de las elecciones del 10 de septiembre y hemos aprovechado inmediatamente el primer Consejo para hablar del tema. Creo que ayer se dio una señal muy positiva. Como saben, se ha pedido a la Comisión que presente lo antes posible una redacción actualizada de su posición, el «avis» de julio de 1993, que naturalmente se tiene que revisar de nuevo. Además, se ha autorizado al Presidente del Consejo a transmitir al Ministro de Asuntos Exteriores de Malta un escrito de respuesta en el que se llame la atención sobre el procedimiento necesario, la actualización del «avis». Creo que hemos respondido de la forma más rápida y no quiero que se interprete bajo ningún concepto que tenemos algún tipo de resentimiento contra Malta. Quiero que quede totalmente claro. Por el contrario, nos alegramos de que Malta esté de nuevo a bordo, si me permiten que lo diga así.
En segundo lugar, me voy a referir muy brevemente a Siria y Turquía. Naturalmente, la Unión Europea y el Consejo están preocupados por las tensiones en la región y, actualmente estamos apoyando los esfuerzos de los egipcios por tranquilizar la situación. En lo que se refiere a la cooperación con Europa, sus Señorías saben que en el Consejo informal de Salzburgo la Presidencia austríaca del Consejo defendió la idea de encontrar algún tipo de plataforma para incluir a los Estados que hasta el momento no han presentado ninguna candidatura y no tienen posibilidad de adhesión. Lamentablemente, esto fue rechazado provisionalmente en Salzburgo por muchos Estados como una idea demasiado temprana, quizás porque no se había preparado con suficiente precisión. Sin embargo, creo que para estos Estados -Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, etc., - en el futuro se tienen que crear posibilidades para tener una perspectiva de al menos cooperar con Europa.
En lo que se refiere a las reformas institucionales, sobre las que asimismo se ha hablado, quiero decir que pronto vamos a tener la reunión de Portschach. Aunque esta cuestión no se va a encontrar en primer plano, quizás alguna que otra delegación se refiera a la cuestión de las reformas institucionales que, naturalmente, va a estar de nuevo en el orden del día tras la ratificación del Tratado de Amsterdam. Pero, por supuesto, sabemos que la reforma institucional es una de las condiciones previas para poder acoger realmente a nuevos candidatos a la adhesión.
En lo tocante a Chipre, quiero subrayar de nuevo que la Presidencia austríaca está muy contenta de que hayamos logrado iniciar el 10 de noviembre las negociaciones de adhesión con todos los Estados de la primera ronda -es decir, cinco más uno más Chipre. Esto no era algo evidente y hemos discutido hasta al final. Tanto más nos alegramos de que se haya conseguido. Naturalmente, apoyamos y esperamos que el comienzo de las negociaciones de adhesión influya positivamente sobre el proceso de negociaciones políticas y para ello estamos en muy estrecho contacto con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan.
En lo que se refiere a Turquía, quiero indicar que la Presidencia del Consejo se sigue esforzando por llevar a buen término este tratado de asociación con Turquía y, por supuesto, están en marcha también conversaciones con unas y otras partes, si bien no hemos logrado aún ningún progreso decisivo. Tendremos que seguir esforzándonos al menos hasta el final de nuestra Presidencia.
En lo tocante a la migración, quiero añadir algo. Aunque a continuación tenemos un debate sobre cuestiones de migración, no quiero que quede sin responder la afirmación de que hemos actuado falazmente. La Presidencia austríaca ha presentado un documento de trabajo. Han surgido algunos malentendidos pues, naturalmente, no queremos suprimir el Convenio sobre los Refugiados de Ginebra y sus instrumentos, sino que aquí hemos tratado de medidas de protección complementarias.
Por lo demás, el tema de la migración y del asilo no es tampoco tan nuevo en la cooperación en la Unión Europea. Pero me voy a referir a ello en el próximo debate.

El Presidente
El debate queda cerrado.
He recibido siete propuestas de resolución sobre dicho tema, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
La votación sobre las mismas se celebrará mañana, jueves, a las 12 del mediodía.

Situación en Kosovo
El Presidente
La orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión relativas a la situación en Kosovo.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, Señorías, hace exactamente tres semanas que hablé con ustedes sobre el tema de Kosovo. Desde entonces, la situación ha empeorado dramáticamente. La alta Comisaria para los refugiados, Sadako Ogata, ha visitado la última semana Kosovo, Montenegro y Albania. Ha informado sobre unos 200.000 refugiados y desplazados. Aproximadamente 50.000 de entre ellos pasan las noches en los bosques y colinas al aire libre y prácticamente cada día vienen a sumarse más.
Los repetidos anuncios de Belgrado de cese de las luchas y de retirada de las fuerzas armadas serbias han resultado ser falsas o una maniobra táctica del Presidente Milosevic. En las conversaciones mantenidas con Ogata, Milosevic incluso cuestionó la existencia de una crisis humanitaria en Kosovo y aseguró que el Gobierno yugoslavo se está esforzando por paliar las necesidades de los expulsados y hacerles posible un retorno rápido. A ello se opone la realidad, tal como ha sido registrada por la señora Ogata y como informa permanentemente el KDOM. A ello se opone también lo que el Secretario General de las Naciones Unidas indicó al Consejo de Seguridad en el informe presentado anteayer, en el sentido de que las fuerzas de seguridad serbias realizan actos de terror y de violencia contra la población civil en Kosovo.
Es algo más que evidente que si la situación no cambia con rapidez, abocaremos a una catástrofe humanitaria ante el invierno que se avecina. Los kosovares albaneses que están refugiados en los bosques no disponen de agua fresca, de artículos higiénicos ni de medicamentos y apenas de alimentos. Por ello, la situación es especialmente dramática para los niños, ancianos y enfermos.
Tengo que repetir que la responsabilidad principal de este gran número de refugiados y desplazados radica sin ningún género de dudas en el Gobierno de Serbia y de Yugoslavia, es decir, en Milosevic.
Por parte de las autoridades serbias y yugoslavas se alega continuamente que se defienden solamente contra terroristas y separatistas, que la ofensiva militar es sólo una respuesta a los atentados y ataques del ELK. Por supuesto, el ELK tiene también responsabilidad en la cada vez peor situación de seguridad, pero no hay que perder de vista las proporciones.
Para la Unión sigue siendo válido lo que dije hace tres semanas: exigimos el cese inmediato de los actos de violencia y prontas negociaciones para llegar a una solución política de la crisis. Desde un punto de vista político, la Unión apoya la propuesta elaborada por los EE.UU y apoyada expresamente por el grupo de contacto de un acuerdo interino como el punto de partida más importante para una solución negociada.
La Unión está realizando esfuerzos muy especiales en el campo humanitario. Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE se pusieron de acuerdo en nombrar al embajador austríaco en Belgrado, Wolfgang Petrisch, como enviado especial de la UE para Kosovo. Anteayer, el Consejo adoptó también las resoluciones formales correspondientes.
La tarea del nuevo enviado especial consiste sobre todo en coordinar las actividades humanitarias de la UE con las que realizan las organizaciones internacionales de tipo humanitario y, al mismo tiempo, en actuar como persona de contacto tanto para el Gobierno de Belgrado como entre éste y la dirección política kosovar.
Volviendo a una iniciativa de los Ministros de Asuntos Exteriores Kinkel y Védrine, la Presidencia ha creado además en Belgrado y en Ginebra grupos de trabajo compuestos por los Estados interesados de la UE, los EE.UU, Rusia, el ACNUR, el IKRK y las misiones de observadores ECMM y KDOM. El objetivo es, mediante una actuación coordinada y decidida in situ, identificar localidades y pueblos a los que puedan retornar los desplazados que actualmente viven al aire libre, además con seguridad y dignidad.
La Presidencia ha presentado además durante los últimos días a los interlocutores de la UE el Project Home . Esta iniciativa pretende facilitar el retorno de los refugiados que viven al aire libre en las regiones de Komorane y Lapusnik y prevé además una serie de medidas de acompañamiento generadoras de confianza.
Todos estos esfuerzos se han visto naturalmente cuestionados por las nuevas luchas y por el miedo ante nuevas persecuciones, destrucciones y masacres. En este contexto, me remito a acontecimientos como los de Gornie Obrinje y localidades similares, en las que se ha torturado y asesinado a docenas de inocentes, en especial, ancianos, niños y mujeres embarazadas.
En su reunión de ayer, el Consejo ha condenado estos actos de terror y a sus autores con la máxima energía y exigido a las autoridades de Belgrado que investiguen sin demora estos bárbaros actos y que castiguen a los responsables. Ha pedido además a todos los participantes que en la investigación de estos crímenes cooperen con El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Además, ante las imputaciones que se repiten continuamente de que se cometen crímenes de guerra masivos, la Presidencia se viene pronunciando desde hace meses a favor del envío de un equipo de expertos forenses.
La invitación realizada el 2 de octubre por la Universidad de Belgrado a un equipo forense de la Universidad de Helsinki representa un primer éxito, si bien modesto, de estos esfuerzos. Finalmente, desde el punto de vista de la Unión quiero recordar también las resoluciones sobre sanciones adoptadas por la UE. Estas incluyen como se sabe una prohibición de entrada para los responsables de seguridad, una congelación de los fondos en el extranjero del Gobierno serbio y yugoslavo, una prohibición de nuevas inversiones en Serbia así como una prohibición de vuelo y aterrizaje para las líneas aéreas yugoslavas.
Unas medidas más incisivas solamente se podrán aplicar si una mayoría cualificada de los Estados de la UE está a favor de ellas. Independientemente de ello, existe un consenso a nivel de la UE en que las sanciones no deben afectar a la población civil ni a los Estados vecinos de Yugoslavia, que sufrirían graves dificultades en caso de un embargo a Belgrado. Asimismo, existe acuerdo en que se excluya a Montenegro de las sanciones acordadas allí donde sea posible. Sin embargo, en la última reunión del Consejo en Luxemburgo se acordó analizar las puertas de escape al régimen actual de sanciones y en presentar propuestas para cerrarlas.
En las deliberaciones celebradas en el Consejo y en otros muchos acontecimientos de los últimos días se ha visto otra tendencia. En lo que a la crisis de Kosovo se refiere, se puede observar dentro de la comunidad internacional de Estados un cierto cambio de opinión. Cada vez se apoya más una actuación más dura por parte de la comunidad internacional. La resolución 1199 aprobada el 23 de septiembre por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sido la primera señal al respecto.
La actual misión del enviado especial norteamericano Holbrooke, los debates en el Consejo de Seguridad sobre el informe del Secretario General de las naciones Unidas, los preparativos de la OTAN para un posible ataque aéreo y las próximas reuniones del grupo de contacto y del Consejo de la OTAN han debido mostrar entretanto con total claridad a Belgrado que la paciencia de la comunidad internacional se está agotando. No hay ninguna duda de que las próximas decisiones van a ser de enorme importancia también para la Unión Europea pues, a la postre, afectan a la seguridad y estabilidad de todo el continente.
La Presidencia, que participa en los trabajos del grupo de contacto, no quiere adelantarse a estas decisiones. En cualquier caso, para mí es evidente que Europa y la comunidad internacional no pueden seguir mirando de brazos cruzados cómo en Kosovo se llevan a cabo actos de violencia y masacres. Precisamente por ello, porque cientos de miles de personas están amenazadas por una catástrofe humanitaria, creo que es hora de dar respuestas claras si no se cumplen plenamente y sin demora las resoluciones del Consejo de Seguridad.

Van den Broek
Presidente, permítame suscribir enérgicamente las palabras de la Sra. Presidenta del Consejo, es decir que sólo una respuesta de fuerza puede producir algún cambio en la horrible situación de los centenares de miles de personas refugiadas y desplazadas. Una respuesta de fuerza hacia Milosevic, para entendernos. Pero ¿para qué sirven todas estas manifestaciones enérgicas? Por lo visto, estamos condenados a una cierta impotencia. En el ámbito en el que la Unión Europea tiene competencias y posibilidades, en el ámbito de la presión política y diplomática, en el ámbito de las sanciones económicas, poco a poco se ha hecho lo máximo. Aunque esté muy de acuerdo con la Sra. Presidenta de que es algo preocupante ver que por lo visto no solamente cuesta algo de esfuerzo que se adopten las medidas sancionatorias, sino que se adopten de tal forma en todos los Estados miembros que se trate también de medidas enérgicas sin toda clase de posibilidades de eludirlas; pienso en particular en la prohibición de los vuelos que, que yo sepa, todavía no se respeta íntegramente en todos los Estados miembros. En ese punto, me parece, se han tomado ahora las iniciativas necesarias. Nos quedamos atrapados, y caemos en repeticiones interminables, en la cuestión de si está permitida o no una intervención humanitaria con medios militares. Naturalmente, no es una respuesta que con seguridad tenga que dar en primer lugar la Comisión. Esta puede tener una opinión al respecto, pero esa opinión no será de mucho peso. En este caso son los países grandes los que tienen que determinar entre ellos si se ponen de acuerdo sobre esto. Si no se ponen de acuerdo, y este es el caso, entonces se plantea la cuestión de si finalmente se hace basándonos en una «coalition of the willing».
Presidente, lo que me llama la atención en toda esta discusión es que se vuelve a sembrar permanentemente una especie de confusión entre los que dicen: queremos una solución política del conflicto y con ello descartan implícitamente cualquier intervención extranjera, y los que dicen: queremos una solución política del conflicto pero esa solución no se producirá mientras que al Sr. Milosevic, que busca una solución militar, no se le haga desistir, eventualmente con la fuerza y el poder de los medios militares. Hemos discutido aquí tantas veces sobre las lecciones de Bosnia. La historia se repite, se vuelve a producir un desastre humanitario. Volveremos a constatar a posteriori que se debería haber intervenido antes. En Bosnia sólo se hizo posible después de 300.000 muertos. ¿Después de cuántos muertos se hará en Kosovo?
Desde la resolución 1199 se han sumado de 15 a 20.000 nuevos refugiados y desplazados: una resolución del Consejo de Seguridad del 23 de septiembre con una referencia al capítulo 7, que hacía un llamamiento a los partidos para un inmediato cese de las hostilidades. Ahora estamos a 7 de octubre y las sucias prácticas de limpieza étnica han continuado hasta el día y la hora de hoy.
Habrá nuevas invitaciones desde Belgrado a los representantes de las Naciones Unidas, a los representantes de la OSCE, tal vez a los representantes de la Unión Europea, tal vez a los representantes del Consejo de Europa. Hablar, hablar, hablar, y mientras tanto siguen disparando, disparando, disparando.
Presidente, es una expresión de frustración, pero me parece que no podemos dejar pasar ninguna ocasión para expresar nuestra disconformidad con este proceso. Comprendo las objeciones que Rusia tiene para intervenir militarmente. Comprensión en el sentido de: hay algo como una solidaridad eslava, hay algo como un parlamento ruso donde existe mucha oposición y eso en una situación y en un país que se encuentra en una profunda crisis financiera, económica y política.
Pero, Presidente, esto no puede ser nunca una excusa para dejar que se produzca un desastre humanitario, a lo que se suma que cuando haya nuevos flujos de refugiados y desplazados no van a buscar refugio en Moscú. Sino que los que van a soportar la carga, aparte de los afectados mismos, las víctimas, son los países de la región o los países de Europa Occidental. Por lo tanto, también están en juego unos intereses muy claros para procurar que la desestabilización y el desastre humanitario, de hecho, no sigan produciéndose.
Presidente, no tengo nada que añadir a lo que la Presidencia ha expresado en un lenguaje muy claro. Podemos seguir planteando preguntas, pero la única respuesta del todo determinante, es decir en qué manera aquí y ahora se va a poner fin a la violencia, sigue abierta a los que tienen el poder de decidir, de dar una respuesta clara y firme a esto.

Titley
Señor Presidente, hace nueve años que formo parte de esta Asamblea y he escuchado muchos argumentos a favor de una política exterior y de seguridad común. Tengo la sospecha de que todo este tiempo no hemos hablado más que de la armonización de un proceso -unos cuantos adornos a una política que encaje en una casilla institucional. No hablaban de una política eficaz ni tampoco les preocupaba la eficacia de sus resultados.
Esta semana se ha demostrado que todas mis sospechas eran absolutamente ciertas. Un mes tras otro hemos oído a los diputados a este Parlamento Europeo exigir medidas cada vez más severas en Kosovo, y sin embargo descubrimos en el Consejo de Asuntos Generales que los países que representan dichos diputados no están dispuestos a emprender una acción en Kosovo. Cuando las cosas se ponen feas, los que hablaban más alto, permanecen de brazos cruzados. Es inadmisible. La política exterior y de seguridad común es vista como una farsa. A la población europea le resulta inadmisible tener que ver todos los días en sus pantallas de televisión escenas de atrocidades y masacres; contemplar los problemas de los refugiados; asistir a la desestabilización de una región de Europa, mientras crece el número de refugiados que entran en Albania y sube la presión en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, hasta el punto de que toda la región podría explotar; y la Unión Europea y el Consejo de Ministros simplemente no están dispuestos a hacer nada.
No soy una persona que de forma instintiva hable de acción militar: soy cauto por naturaleza. Desde la reciente incorporación de mi hijo a las Fuerzas Aéreas británicas, la intervención militar ha dejado de ser un debate intelectual y se ha convertido en un asunto personal para mí. Pero no puedo aceptar que sigamos tolerando que se siga degollando a niños, mientras permanecemos sentados debatiendo con argumentos bizantinos sobre los fundamentos jurídicos.
La resolución 1199 basta para justificar la acción militar. Milosevic no respeta la resolución 1199. ¿Cuántos obstáculos más queremos inventar para excusar la inacción? Quiero decir al Consejo: ¿cuántas personas tienen que morir para que haga algo en Kosovo? ¡Pasemos a la acción! ¡Basta de palabras, basta de obstáculos, basta de debates intelectuales sobre cuántas leyes caben en la punta de un alfiler! ¡Basta ya! ¡Hagan algo!

Pack
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, aplaudo las palabras pronunciadas por el señor Titley. Así pues, podríamos aprobar de nuevo todas las resoluciones que hemos aprobado, en esta ocasión junto con los socialistas, para que podamos acabar con lo que él ha criticado aquí de tal modo. Muchas gracias, señor Titley, espero que hoy aprobemos una resolución que haga justicia.
Todo lo que ha podido lograr la diplomacia con Milosevic ha sido una sonrisa cínica sobre tanta estupidez occidental. Toma nuestras debilidades como una patente de corso para proseguir el genocidio tanto en Bosnia como en Kosovo. Lamentablemente, la situación es aún mucho peor. Occidente ha permitido tácitamente que Milosevic asesinase al principio en Kosovo pues debía destruir el llamado ejército de liberación ELK que había sacudido con su sublevación la paz de los cementerios de Kosovo y había dirigido las miradas del mundo por fin a este régimen serbio del «apartheid».
De repente, Rugova es el hombre más importante. ¿Porqué no le ayudó nadie cuando organizó durante ocho años la resistencia pacífica de su pueblo esperando nuestro apoyo? Las lágrimas de cocodrilo que ahora vierte Occidente por Rugova, las sanciones eludidas y las amenazas vacías son señales de una chapucería política sin par. Y ahora está en marcha el countdown . Está en marcha, pero se puede preguntar ¿hacia dónde? ¿Qué va a venir incluso después de un ataque militar que vengo exigiendo aquí desde hace tiempo? Sólo una administración internacional de Kosovo limitada temporalmente y que garantice a los albanos el derecho a vivir en Kosovo, les quite el miedo a ser erradicados y les conceda el derecho de administrar sus asuntos, podría crear las condiciones para unas negociaciones concretas bajo mediación occidental.
Sin embargo, me temo que Milosevic va a retrasar las negociaciones, que el gato va a jugar con el ratón un juego terrible y que occidente al final va a acusar al ratón de no dejarse comer voluntariamente y que los pobres observadores van a tener que mirar compasivamente. Este va a ser el fin de este asunto, lo que lamento profundamente. Espero que el Consejo, la Comisión y la comunidad internacional comprendan la situación y acudan en ayuda de las personas que mueren a diario en Kosovo.

Cars
Señor Presidente, hemos presenciado en Kosovo muchas torturas, pueblos calcinados y violentos atropellos contra hombres, mujeres y niños. Hemos hablado mucho, tanto en este foro como en las Naciones Unidas, pero no hemos hecho nada al respecto. Esta circunstancia me llena de tristeza. No puedo decir que me produzca una menor tristeza el hecho de que algunos de los que se han pronunciado acerca de esta cuestión demuestran una cierta comprensión, puede que incluso alberguen un deseo, para que, a pesar de todo, las fuerzas serbias puedan despedazar antes al ejército de liberación kosovar con el objeto de conseguir un Kosovo más dócil y, por lo tanto, más susceptible de seguir aceptando una unión con Serbia. A pesar de todas las resoluciones, tengo la impresión de que se ha preferido permitir que continuara la violencia que ha tenido lugar en Kosovo para poder, posteriormente, forzar una solución al conflicto.
Puede que el Sr. Titley, que acaba de intervenir hace un momento, sea uno de los que han contribuido con su actuación a que la situación en Kosovo sea la que es hoy en día. Ahora recibe aplausos cuando dice que se debería intervenir, ¡pero cuando él pudo intervenir, cuando pudo haber exigido medidas, no hizo absolutamente nada!
He leído en el periódico de hoy que, según el Presidente Clinton, «es hora de poner fin a la violencia en Kosovo». Creo que hubiera sido hora de hacerlo hace mucho tiempo. Exijo que el Parlamento se atreva a hablar sin ambages y que diga con firmeza que éste es el momento de actuar, que debería haber sido antes, pero que de una vez por todas es ahora el momento de proteger al humanismo y a la humanidad, de demostrar que aún le queda algo de fuerza a la democracia.

Van Bladel
Presidente, sobre todo tengo preguntas. ¿Por qué no se ha llevado todavía al criminal de guerra Milosevic al tribunal de La Haya? Entonces esto ya lo hubiéramos solucionado parcialmente. Anoche tuve contactos con la oposición en Belgrado a través de diferentes personas. El Sr. Draskovic me hizo saber que luchará y defenderá su país si llega a haber un ataque. El Sr. Gingic me dijo lo siguiente y lo cito: si llega a haber un ataque a Serbia, el camino hacia Europa se nos cierra, nos caeremos en un agujero negro y la oposición lo va a tener difícil.
Los ciudadanos de Europa ven a los refugiados en el frío glacial y quieren una iniciativa de la comunidad internacional. Un ataque aéreo tal vez, pero ¿cuál es la estrategia de la UE para el periodo de después? ¿El Consejo es consciente de la división dentro del UCK? ¿En qué clase de mediador se convertirá? Un ataque aéreo instará a todos estos grupos a emprender acciones. Por parte serbia, vista la mentalidad partisana, se opondrá resistencia. ¿Está el Consejo dispuesto por esa razón a atender una iniciativa de mandar tropas de infantería para romper esta resistencia serbia y proteger a los kosovares? ¿Opina el Consejo que una investigación forense del asesinato aberrante también tiene que jugar un papel en la decisión de un ataque aéreo? ¿Se sabe algo de las conversaciones entre Rugova y Holbrooke?
Si todas las acciones diplomáticas no tienen éxito, entonces nos queda exclusivamente un ataque aéreo. Yo también lo apoyo. Pero sigo pensando que el guión después de ese ataque aéreo está insuficientemente claro y poco estructurado. Presidente, vuelvo a mi primera frase elemental: Milosevic tiene que comparecer ante el tribunal y entonces el problema se habrá solucionado parcialmente.

Carnero González
Señor Presidente, la verdad es que yo creo que, a estas alturas, lo que sobran son arengas y mítines. Yo creo que hay que decir cosas muy concretas y, sobre todo, peticiones bastante exactas al Consejo. Todos sabemos que la situación en Kosovo empeora por momentos, todos somos conscientes de que Milosevic está a punto de conseguir sus objetivos y completar la limpieza étnica. También estamos seguros de que va a hacer caso omiso de la Resolución 1.199 del Consejo de Seguridad, como ha hecho caso omiso de las anteriores.
Pero, ante esto, ¿cuál es la pregunta fundamental? La pregunta fundamental es si Milosevic cree realmente que la comunidad internacional está dispuesta a poner en marcha las acciones que anuncia con carácter cíclico cada dos o tres semanas.
Y yo creo que la Unión Europea tiene cosas muy sencillas que hacer. Por ejemplo, el Consejo debería promover que las Naciones Unidas adopten una resolución de aplicación de la Resolución 1.199, de las acciones militares, de la intervención humanitaria.
Y en ese sentido, creo que la Unión Europea debería llevar a cabo un debate sincero entre sus Estados miembros para que la opinión pública supiera qué gobiernos están dispuestos realmente a aplicar o no las resoluciones de las Naciones Unidas. Porque, además, pienso también que la mayoría de la opinión pública necesita que se le dé una señal clara en ese sentido.
También creo que el Consejo debería ser consciente de lo que el enviado especial, Felipe González, ha repetido insistentemente: la solución en Kosovo depende, como tantas otras cosas, de que Serbia sea un país democrático. Y en ese sentido, yo le preguntaría a la Presidenta en ejercicio del Consejo si éste está realmente dispuesto a apoyar al Sr. González y a seguir sus recomendaciones. Lo que sí espero es que hoy, a diferencia de hace algunas semanas, por fin este Parlamento no haga el ridículo de quedarse sin resolución sobre Kosovo, como pasó durante el mes de septiembre.

Cohn-Bendit
Señor Presidente, es surrealista lo que aquí está pasando. Naturalmente que estamos de acuerdo en que se realice un ataque aéreo en Kosovo o contra los serbios. Sólo que os pregunto ¿quién debe decidirlo? Esto solamente puede hacerse a propuesta de la ONU, por resolución del Consejo de Seguridad a propuesta de Annan. Pero vosotros decís: si ellos no están en situación de hacerlo, entonces...!
Entonces os digo que si somos tan fuertes como afirmamos ¿por qué el señor Ruhe, el aún Ministro de Defensa en funciones de la República Federal, que está a favor de un ataque aéreo, no ha mandado a sus tropas en Bosnia que capturen a Karadzic? Hay 50.000 soldados. Se le puede coger pero no lo hemos hecho y de repente somos totalmente realistas y queremos amenazar al señor Milosevic con ataques aéreos. Todo el mundo sabe que esto es un ataque de los impotentes. Aquí tiene razón la señora van Bladel. Cuando se dice que se quiere poder codecidir en Kosovo, entonces hay que estar dispuesto a dejar allí durante un tiempo 30.000 soldados. Doris Pack, en eso tienes razón. Pero entonces hay que cumplirlo. Entonces hablaremos no sobre un ataque aéreo que no solucionará nada en absoluto sino realmente sobre el fondo del asunto y lo que tenemos que hacer.
Os pregunto ¿por qué no lo hemos hecho en Bosnia? ¿Por qué no hacemos que todos los que tienen que ir a La Haya vayan realmente a La Haya? Hemos hablado de Karadzic. Por eso, no os creo a nadie de vosotros cuando decís que queréis la solución. Sabéis que en Kosovo la situación es inaguantable. Pero tú, Titley, tienes no se qué acciones con Blair. Todos tienen acciones en Gobiernos que no podemos cobrar. Y de repente, nos damos aquí importancia.
Os digo que la solución es dramática y la situación es dramática, pero no se va a solucionar por un Parlamento que es tan mojigato, que ante una situación dramática siempre huye hacia delante y nunca está en situación de llevar a cabo lo que podemos realizar. Por ello, os pido una resolución fuerte pero también una política fuerte en vuestros países para que vuestro Gobierno no se deje chantajear por Rusia. Señor van den Broek, si usted habla con tanta claridad con nosotros, entonces hablará también con igual claridad con el señor Primakov. La solución está también en Moscú. No money if there is no change in Kosovo , en el idioma que quiera. Tiene que decir esto a los rusos. Dígalo muy claramente y esto lo tienen que decir también Trittin, Fischer y todos. Entonces cambiará algo en Kosovo.

Dupuis
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, creo que nos encontramos en pleno delirio. Durante seis meses, sólo hemos hecho la política del avestruz. Hoy, nos hacemos los valientes. Enseñamos los músculos. ¿Para hacer qué? Vamos a bombardear para reforzar al Sr. Milosevic, para reforzar su régimen. Ésa es la política de Poncio Pilatos. Es, una vez más, negarse a ver el problema fundamental, a saber: en tanto no haya democracia en Belgrado, no habrá solución para Kosovo, como no habrá solución para toda la población de Yugoslavia. Habría que comprenderlo de una vez. Habría que comenzar a adoptar medidas, a elaborar una política.
El Sr. Milosevic tiene la suya, que no creo que sea ocioso recordar: en Bosnia, el Sr. Milosevic lo hizo todo, día por día, para poder llegar a los acuerdos de Dayton, a una división de Bosnia; hoy, después de tres años de aplicación de este acuerdo, nadie puede pretender que dé resultados. Menos del 20 % de los desplazados han regresado a su país. Se nos habla de hermosos programas, HOME, etc., que deberían permitir a los 300.000 refugiados kosovares volver a su región. Milosevic no lo permitirá. Milosevic está haciendo en Kosovo una política de partición. Está dispuesto a ceder la parte no utilizable de Kosovo a cambio del 40 ó 50 % de los territorios, los que se encuentran a lo largo de la frontera de Montenegro, los que incluyen las ricas minas de Kosovo, los que, por casualidad, albergan los escasos monasterios ortodoxos, y los que, siempre por casualidad, le permitirían reforzar su control sobre un aliado siempre más reticente: Montenegro. Ésa es la política de Milosevic. Está clara.
Frente a eso, la Unión Europea no tiene ninguna política. Nos comportamos de forma racista: consideramos que los serbios no tienen derecho a la democracia y seguimos, día tras día, condenándolos a ser gobernados por un régimen nacional comunista; ahora bien, lo que deberíamos hacer es derribar ese régimen. Mucho mejor que los misiles Exocet , mucho mejor que los misiles americanos Tomahawk , existe un misil que puede funcionar sin que se derrame una sola gota de sangre: se llama «orden de busca y captura», traducido en la presentación de Milosevic, directamente de Belgrado a La Haya, ante el Tribunal Penal Internacional. Ello no requiere financiación especial. Se trata de una medida política que la Unión Europea puede adoptar mañana por la mañana enviando las señales adecuadas.

Parigi
Señor Presidente, lamentablemente, estamos asistiendo a una enésima tragedia en los Balcanes, la de Kosovo, pero como siempre nos limitamos a pronunciar palabras inútiles y vacías. En efecto, a pesar de que en este Pleno desde hace años nos empeñamos en lanzar anatemas y en confiar en esperanzas de paz, la realidad sigue siendo la misma. Europa no ha sabido o no ha querido desempeñar su papel político a la hora de prevenir las matanzas que siguen perpetrándose desde hace muchos meses. La decisión de quienes cuentan en este Parlamento, así como en las Instituciones europeas ha sido la de ralentizar, aunque sería más correcto decir paralizar, el proceso de unificación política europea, así que, hoy por hoy, sin una política exterior común Europa es un cero a la izquierda.
Somos capaces de elaborar aburridas y repetidas resoluciones sobre los derechos humanos y de saludar con énfasis la Unión monetaria, sin embargo, lo cierto es que, sin una política concreta, nuestra moneda única no creará durante mucho tiempo ningún puesto de trabajo, del mismo modo seguiremos asistiendo vilmente durante años a atrocidades y masacres cuyas raíces se pierden en la oscuridad de la historia de los Balcanes. Quiero recordar que en el siglo XIV los musulmanes pasaron por el filo de la espada a todos los serbios de Kosovo y acogieron a los albaneses.
Europa sigue siendo la Europa de cada uno de los ministros de Asuntos Exteriores, de la políticas personalizadas, de los intereses de los Estados que se consideran los más fuertes. Si quisiéramos realmente cumplir con nuestro deber, hoy todos nosotros deberíamos pedir que el mandato conferido al representante de la Unión Europea en Yugoslavia se cumpla sin trabas ni condiciones y que, al mismo tiempo, los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros se abstengan de mantener relaciones bilaterales con éste o aquel contendiente.
Milosevic, de hecho, ha podido actuar tranquilamente y se ha hecho fuerte gracias a la desidia europea; la masacre de esta gente europea debe terminar de una vez, pero sólo con la intervención de una fuerza de paz de la Unión Europea, porque ya es hora de dejar sólo en manos de los Estados Unidos intervenciones que permiten a este país afirmarse continuamente como la nación dominante con respecto a los demás Estados.

Wiersma
Presidente, creo que va siendo hora de trazar una línea con motivo de la situación en Kosovo. Nos aproximamos al momento de la acción. Creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. A pesar de toda la presión internacional, no se ha puesto fin a la represión sangrienta en Kosovo. El informe del Secretario General Kofi Annan confirma que Belgrado hace caso omiso de las exigencias de las Naciones Unidas y la condena en ese informe no es suave. Se señala claramente al culpable y eso era lo que habíamos solicitado.
La misión del enviado americano Holbrooke no ha producido nada todavía. Parece que Milosevic está buscando un conflicto duro, para el cual cuenta, por lo visto con el apoyo de Rusia. O está jugando al ratón y al gato como ya ha hecho anteriormente para hacer cualquier concesión en el último instante. Pero en todo caso, dejemos de participar en este tipo de juegos y tracemos, como ya he dicho, una línea clara.
Nos alegramos de que la OTAN esté preparada para hacer cumplir eventualmente las exigencias de la ONU y para facilitar la ayuda a los desplazados, porque la necesidad en Kosovo, ya lo han dicho muchos, ha aumentado hasta niveles alarmantes y ya no podemos esperar mucho más tiempo para ayudar a los desplazados con las acciones humanitarias. Se aproxima el invierno, como ya ha dicho todo el mundo. Esto es lo que digo sobre esa eventual acción militar de la OTAN, reconociendo también que una solución política, por muy deseable que sea, se hace cada vez más improbable. Belgrado no mueve ficha y espera por lo visto que aceptemos la situación actual. Eso es inaceptable. El Consejo de Seguridad tiene que llegar a la conclusión en los próximos días: una intervención militar ¿sí o no? Si Milosevic no cede, entonces esa acción se hace inevitable por lo que a mí respecta. Hacemos un llamamiento al Consejo para que participe activamente en este proceso. Esperar más no es justificable. También la Unión Europea debe definirse claramente. Aspiramos a una solución en el marco de la ONU. Lo hemos dicho ya más de una vez, pero la suerte de la población de Kosovo no puede estar sujeta a unos detalles del derecho internacional público. Eso no lo entiende la gente de Kosovo pero tampoco lo entienden nuestros ciudadanos. Es de esperar que Rusia no nos obligue a elegir entre nuestros principios y el entendimiento con este país. En ese caso, optaría por nuestros principios.
No hemos solicitado una intervención militar. Milosevic nos la impone, que se enfrente a las consecuencias entonces.

Stenzel
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, lo que estamos viendo en Kosovo es una vergonzosa demostración de impotencia, tanto de la Unión Europea como de la comunidad internacional, representada por el grupo internacional de contacto así como por la ONU. En el Tratado de Amsterdam, que no ha sido ratificado aún por todos los miembros de la UE, en teoría disponemos en la misión de Petersberg de la posibilidad de poner en marcha acciones dirigidas a crear y mantener la paz así como humanitarias; la UE tiene la opción de encargar tales acciones a la Unión Europea Occidental que, a su vez, tendría que recurrir a los contingentes de la OTAN. Pero mientras no se ratifique este tratado, todo esto serán historias por venir.
El dilema al que se enfrenta la Unión Europea es que no dispone de instrumentos de seguridad eficaces, del necesario respaldo militar, para proporcionar credibilidad a su exigencia de una solución política a la crisis de Kosovo. Pero la crisis de credibilidad -y esto es lo trágico- no afecta solamente a la Unión Europea sino también a la OTAN, quien hasta ahora está esperando la luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU, pero que tiene que ser consciente de que dicha luz verde para una acción militar no se va a producir debido a la resistencia de Rusia y China.
Mi pregunta al Consejo es -y aprecio la política de la Presidencia austríaca del Consejo para la solución política y para contribuir a superar la catástrofe humanitaria- la siguiente: ¿qué actitud va a adoptar la Presidencia del Consejo si la OTAN, para eludir esta crisis de credibilidad, interviene militarmente cuando ni siquiera en el Gobierno austríaco existe un consenso sobre nuestras opciones de seguridad?

Caccavale
Señor Presidente, esta mañana hemos asistido a otra farsa, a otra comedia que ha comenzado con las noticias de televisión; hemos visto unos autocares llenos de militares -o que fingían estar llenos de militares- que, según se decía, volvían de Kosovo para regresar a Belgrado, una especie de teoría de los carromatos del circo Barnum. Esto es al menos lo que nos cuenta Milosevic, una de las muchas mentiras que nos dedica, habida cuenta de que cada semana nos dice que se retira. Después, aquí, hemos visto algunos convertidos por el camino de Damasco, ya que aquellos que hasta hace diez días seguían pensando que se podía tratar y negociar con Milosevic y que incluso han negociado con Milosevic considerándolo un estadista fundamental para los equilibrios de paz -subrayo, de paz- en los Balcanes, esta mañana los he visto convertidos en militaristas convencidos, intervencionistas acérrimos, partidarios de los bombardeos.
Yo que, por el contrario, hace tiempo que denuncié la posición de impotencia y de inanidad de Europa con respecto a Kosovo y dado que este Parlamento advirtió en, reiteradas ocasiones el gran peligro que se corría, ahora les pregunto a todos ustedes qué vamos a hacer con Milosevic, antes y después de la intervención militar. ¿Creen ustedes que con un bombardeo de Kosovo se resolverá el problema? Yo creo que con respecto a Milosevic hay que actuar inmediatamente para restablecer ese mínimo de credibilidad democrática. Milosevic debe ser acusado ante el Tribunal Penal Internacional; no debe ser apoyado de ningún modo ni por nadie, ni siquiera por esos ministros como el ministro de Asuntos Exteriores italiano que siguen creyendo que Milosevic puede ser un interlocutor fiable.

Theonas
Señor Presidente, los monjes de la Edad Media llamaban a la carne pescado y así tenían la conciencia tranquila cuando comían. Hoy, aquí dentro, hacemos casi lo mismo. Llamamos a los bombardeos de la OTAN empresa humanitaria y misión pacificadora. La hipocresía en todo su esplendor.
Los pueblos, señor Presidente, no son animales de laboratorio para probar sobre sus espaldas la capacidad de la Unión Europea de ejercer una política exterior de guardián internacional. En lugar de criticar a la Unión Europea y a los Estados miembros por la ausencia de una voluntad esencial, de una voluntad política esencial para una solución pacífica del problema de Kosovo, denunciamos a los organismos de la Unión Europea porque aún no han intervenido militarmente. ¿Desde cuándo las intervenciones militares han constituido una solución a los problemas en beneficio de los pueblos para que así se considere a dicho ataque?. Si queremos respetar los derechos de las personas de la provincia de Kosovo y de toda Yugoslavia, se necesita debatir, de forma inmediata, una intervención básica para una solución política.

Antony
Señor Presidente, Señorías, una vez más oímos hoy, al igual que para los conflictos anteriores, las mismas banalidades, las mismas fantasías por la paz, pero también las mismas amenazas contra los recalcitrantes al nuevo orden mundial.
En 1990, fue el pueblo iraquí, aún sometido por cierto a un bloqueo responsable de la muerte de cientos de miles de niños. En 1991, fueron los croatas, culpables entonces de un doble crimen, el de liberarse del yugo federal y comunista de Yugoslavia. Nuestros dirigentes europeos, en especial Jacques Delors, los amenazaban. El señor Santer, presidente del Consejo y Jefe de Gobierno de Luxemburgo, llevó el ridículo hasta afirmar que Croacia no tenía dimensiones suficientes para convertirse en Estado. Todos apoyaban al camarada comunista Milosevic cuyo ejército bombardeaba las poblaciones civiles, arrasaba Vukovar, masacraba heridos en los hospitales y se entregaba a todas las atrocidades a que los ejércitos comunistas están acostumbrados.
En aquellos momentos fuimos los únicos en denunciar esta complicidad, en afirmar que nuestros gobiernos tendrían una grave responsabilidad en el arrasamiento de los Balcanes. Igualmente, advertimos a los jefes nacionalistas serbios de que cometían un error fatal aliándose con el camarada Milosevic. Los serbios, en lugar de agotarse en una guerra odiosa, hubieran debido, por una parte, derribar el régimen comunista, y por otra centrar su atención en su frontera sur. El peligro no era Croacia, sino el despertar del Islam fundamentalista.
Hoy, Serbia corre el riesgo de perder todo, o parte, de su provincia de Kosovo, en la cual, en menos de dos generaciones, ha tenido lugar una revolución demográfica. Los musulmanes, en otro tiempo minoritarios, representan ahora el 90 % de la población gracias a una demografía galopante, a una inmigración continua y al hundimiento de la natalidad serbia.
Nuestros Gobiernos, que están entregándose a una verdadera política antinatalista y que abren nuestras fronteras a una inmigración procedente de todo el mundo, harían bien aprendiendo la lección. En el futuro, si Francia quisiera conservar su soberanía sobre Provenza, poblada entonces por una mayoría de musulmanes, ¿no se vería amenazada de bombardeos por parte de la aviación de la OTAN? Porque hoy es el pueblo serbio el que, arrastrado a este callejón por sus dirigentes comunistas, al que los mundialistas han sentado en el banquillo de los acusados.La OTAN se dispone a bombardear Serbia. Eso no resolverá nada y exaltará aún más los Balcanes. Curiosa organización por cierto la OTAN, concebida en 1949 para proteger a Europa del comunismo, ésta nunca ha auxiliado al pueblo europeo invadido por el ejército rojo. ¿Qué hizo, en 1953, por el pueblo de Berlín? Nada. En 1956, cuando los carros de combate soviéticos violaban la soberanía de Hungría entraban en Budapest? Nada. ¿En 1968, en Praga? Nada. Nada después de 70 años de horror comunista, después de los cien millones de muertos. ¿Fue por pusilanimidad para con la URSS o por complacencia?
Y si bien hoy no tengo ninguna simpatía por los métodos de represión serbios, no puedo menos que encontrar incongruentes algunos varoniles acentos guerreros, ya que en el pasado, cuando morían los cristianos de Líbano por decenas de miles, cuando se arrasaba los pueblos cristianos caldeos, cuando se masacra Sudán, nada, nada, nada. Pero los cristianos son seres infrahumanos a quienes se puede masacrar ciertamente con agrado, ya que no forman parte del nuevo orden mundial.

Barón Crespo
Señor Presidente, además de expresar nuestras frustraciones, convendría que enviáramos algunos mensajes porque tratamos de plantear la acción militar como alternativa a la política. Quiero recordar que el arma más efectiva de los parlamentos es la palabra y podemos enviar, en mi opinión, tres mensajes. Uno de ellos -fundamental- al pueblo serbio, que es la primera víctima de ese apparátchik reconvertido al nacionalismo que es Milosevic, que va sembrando sistemáticamente la destrucción -empezó en Eslovenia, siguió en Bosnia y ahora le toca a Kosovo. Hay que recordar que en algún momento le hemos hecho vacilar -fue en diciembre de 1996 cuando nuestro enviado especial en aquel momento, Felipe González, consiguió que Milosevic reconociera que las elecciones estaban trucadas- con el apoyo fundamental y el levantamiento del pueblo serbio contra él. Ahora bien, Milosevic es un apparátchik experimentado y en cuatro meses recuperó el terreno. Y, fundamentalmente, es un especialista de la supervivencia.
Yo creo que, en primer lugar, hay que decir al pueblo serbio que no puede haber una solución separada en Kosovo de una real democratización de la antigua Yugoslavia, y que son ellos, precisamente, los que tienen que ser capaces de cambiar la situación. Yo no soy partidario de una intervención de comando que, a través de una especie de aventura de tipo James Bond, trate de llevar al Sr. Milosevic a La Haya. No porque me parezca mal en sí sino porque eso supondría una reacción nacionalista que le podría apoyar. Y yo creo que ese es el mensaje que hay que dar al pueblo serbio porque realmente se ha convertido en un paria en la comunidad internacional.
En segundo lugar, en relación con Rusia, nosotros tenemos una relación importante con Rusia. El Comisario van den Broek la ha mencionado. Yo creo que, en este momento, en nuestra relación con Rusia también hay que plantear esta cuestión de una manera seria.
Y, por fin, yo creo que hay otro mensaje importante de cara al Consejo y a la Comisión. Lo que no se puede hacer es nombrar a un enviado especial que durante tres años está vetado por el Sr. Milosevic al mismo tiempo que hay una auténtica romería, una peregrinación de responsables políticos comunitarios, a Belgrado, lo cual le permite a Milosevic explotar las divisiones que pueda haber entre nosotros y, además, le coloca en una situación de poder. Yo creo que en eso hay que ser coherentes. Si nosotros designamos enviados, son éstos los que tienen que tener la interlocución, en su caso, con Milosevic. Y, por fin, al Consejo hay que pedirle de una manera firme que apoye la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas -y ese es un lenguaje que entiende perfectamente Milosevic- no solamente para parar esta situación sino para conseguir una solución de modo que no tengamos que volver a quejarnos dentro de cinco meses de la próxima aventura destructiva y asesina de este señor.

Oostlander
Señor Presidente, la Sra. Presidenta del Consejo ha hablado un lenguaje muy claro, especialmente sobre la pseudo-retirada de policías y de tropas como un típico espectáculo táctico de Milosevic para proporcionar a los estados del Oeste de Europa, pero también a Rusia los pretextos para no hacer nada. Me alegro muchísimo de que la Señora Presidenta del Consejo lo haya subrayado tan claramente y en su discurso casi mencionó la intervención de la OTAN. Creo al respecto que estaría muy bien que Austria solicitara en esta ocasión el ingreso en la OTAN para subrayar su grado de reconocimiento de la utilidad de la OTAN para la paz y seguridad internacional.
En lo que respecta al Consejo, en general no nos parece que el Consejo haya actuado con mucha eficacia. También tenemos la impresión, el Comisario ya lo indicaba, que el miedo a los flujos de refugiados domina en el fondo la toma de decisiones y la actitud, por encima de la compasión por el enorme número de víctimas. Si a continuación se lee también el informe del Consejo JAI del 5 de octubre, entonces nos topamos con ese tipo de frías observaciones de que hay que mandar a unos expertos en migración a la región y que tenemos que llevar a cabo un estudio más detallado de las causas del problema de los refugiados. Me suena bastante absurdo, vista la gravedad de la situación. Esto pone un poco de manifiesto que la postura del Consejo quizás no esté basada en las razones adecuadas. Esto se desprende también del incumplimiento de las sanciones: la prohibición de los vuelos, las compañías aéreas Yugoslavas ganan dinero con ella; las inversiones, hay caminos secretos de sobra; la limitación de los visados, no se sabe cómo funciona. Tal vez todo esto ocurre porque los parlamentos, no solamente el nuestro, sino los parlamentos en general, tienen a menudo demasiada poca influencia en lo que realmente sucede. Y porque la indignación y las preguntas morales de los ciudadanos no tienen suficiente influencia en la política. Esto se desprende por ejemplo de las actas del Parlamento francés en las que se hace referencia a cómo participó el Parlamento francés, o mejor dicho, a la nula participación en la intervención de los franceses en Ruanda, por ejemplo.
Me gustaría decir lo siguiente al Comisario: ha expresado su comprensión por la solidaridad eslava. Me parece que es peligroso decir algo así a los rusos. Porque los neerlandeses por ejemplo tampoco tenían ninguna solidaridad étnica con los sudafricanos blancos durante el apartheid. El derecho ha de vencer y no cualquier solidaridad étnica. Creo que no debemos hacer creer a los rusos que vamos a tragar eso.
Me parece que no podemos obligar a nadie a vivir bajo una dictadura criminal y que por eso el régimen de Belgrado debe cambiar finalmente, porque antes de ese momento, realmente, no va a ocurrir nada.

Blot
Señor Presidente, Señorías, la política exterior europea no puede consistir en demonizar sucesivamente a los países en función de los intereses americanos y de su nuevo orden mundial. Podemos preguntarnos además qué hacen los Estados Unidos militarmente con la cumbre de la OTAN en Europa, cincuenta años después del final de la segunda guerra mundial, y diez años después de la guerra fría. Que se permita por fin a los europeos gestionar los conflictos intraeuropeos y edificar ellos mismos su propio sistema de seguridad. ¿Por qué esta eterna tutela americana?
Por otra parte, la actual campaña mediática mundial contra Yugoslavia es sencillamente escandalosa. Lo que ocurre es, con toda evidencia, deplorable en el plano humano. Todos estamos de acuerdo en este punto. Pero, la responsabilidad, ¿no corresponde también en gran medida a los terroristas kosovares que pretenden alterar las fronteras y separar Kosovo de Serbia? ¿Por qué no se ha hablado nunca de las vejaciones infligidas a la minoría serbia de Kosovo desde hace muchos años? La indignación va en un solo sentido y la paz sólo puede venir si se respeta la integridad territorial serbia. Humillar a esta nación con sanciones no traerá ninguna solución, ni viable ni humana.

Swoboda
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, he escuchado el debate y he oído muchas críticas y también palabras fuertes. Creo que todos debemos tener claro lo que queremos y cómo lo queremos lograr.
Queremos ayudar a un pueblo que es oprimido masivamente por su Gobierno y, en parte, matado y destruidas todas sus pertenencias. Debemos tener claro que esto solamente lo podremos lograr si enviamos a Kosovo ayuda que sea acompañada y protegida por tropas de tierra si Milosevic no cede. Esta ayuda debe tener dos objetivos. Primero: proporcionar directamente in situ y en gran escala ayuda humanitaria y segundo: crear las bases para que Milosevic esté dispuesto a negociar con los albanos de Kosovo sobre una reconstrucción de Yugoslavia.
Puede que esto haga necesario un ataque aéreo por parte de la OTAN. Pero una cosa debe estar clara que quizás en el debate no se ha planteado con demasiada nitidez: dos o tres ataques militares de la aviación no van a cambiar por sí mismos la grave y catastrófica situación. Debemos tener claro que si estamos dispuestos a actuar como comunidad internacional, como potencia protectora, de modo similar a como ocurrió en Bosnia, tendrá que hacerse durante muchos, muchos años. Creer que con un manotazo o una breve intervención se puede lograr algo contra sistemas estratégicos en Yugoslavia es en mi opinión un gran error. No sé si la Unión Europea es consciente de ello, si tiene claro que sólo puede proceder de este modo, que la OTAN y en el ámbito civil la Unión Europea, deben estar allí durante mucho tiempo. Al colega Oostlander sólo quiero decirle que precisamente Austria en otras intervenciones de la OTAN -por ejemplo, Bosnia- ha participado activamente. Por eso, no veo aquí ningún obstáculo. A este respecto, la Unión Europea debe tenerlo claro.
Naturalmente, es bueno y apoyo todos los esfuerzos para convencer a Rusia y China. Pero si se hace todo lo que uno se puede imaginar y a pesar de ello no se logra un acuerdo, creo que hay que acudir en ayuda del pueblo albanés en Kosovo. Ya he dicho en una ocasión que no puede ser que Europa mire cómo un pueblo es degollado; esto no es compatible con mi conciencia como europeo.
Naturalmente, también debe estar claro que esto no supone una patente de corso para las acciones del ELK aprovechando la intervención de las tropas de la OTAN o del modo que sea, sino que debe estar claro que el ELK debe mantener una actitud reservada en este sentido.
Señora Presidenta, quizás pueda decir brevemente si está claro que si se produce una intervención militar esto no va a ser una acción a corto plazo sino que en un futuro próximo van a ser necesarias las correspondientes intervenciones también por tierra para proporcionar ayuda humanitaria y lograr a la postre una solución política en Kosovo.

Sarlis
Señor Presidente, debo decir y recordar a los compañeros, al Consejo y a la Comisión que tres estados balcánicos, uno miembro de la Comunidad -Grecia- y dos estados que aspiran a formar parte de la Unión Europea -Bulgaria y Rumanía- han concluido y acordado una acción común en el asunto denominado Kosovo. Por consiguiente, debo subrayar la necesidad de una comunicación continua y permanente del Consejo y de la Comisión con dichos tres Estados miembros que, muy recientemente, hace diez días, formaron una fuerza militar trilateral precisamente para que dichos países, que se ven directamente afectados por los acontecimientos de Kosovo, hagan frente a cualquier tipo de repercusiones derivadas de dicha situación.
Nuestra principal preocupación es la protección de Albania y, por supuesto, la protección de nuestras fronteras. Estaré de acuerdo y diré que todo lo que aquí han oído los compañeros es correcto desde el punto de vista desde el que ha sido expuesto. Pero la solución del problema de la región de Kosovo es por excelencia política y si se utiliza una intervención militar, cualquiera que esta sea, -no voy a entrar en detalles porque no soy militar, mi única experiencia militar es cuando realicé el servicio militar, y eso se lo dejo al Consejo y a la Comisión- deberá ser complementaria a otra actuación política que haya sido predeterminada. No es posible que avancemos in vacuum hacia intervenciones militares, salvo si dichas intervenciones militares se realizan en el marco de una solución política. Y lo más importante, me atrevería a decir, lo que debe salir de una resolución firme que habremos de votar mañana sobre el asunto de Kosovo es el mensaje al pueblo serbio. Dicho pueblo, que en este momento es el que rige una camarilla con sede en Belgrado, un régimen político militar, debe ver que hay una esperanza y que estamos a su lado para apoyarlo si desea encontrar soluciones que, sin embargo, deberá asumir en solitario.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, Señorías, si la situación en Kosovo no fuese tan trágica y tan terrible como es, el debate que mantenemos en este Pleno sonaría en cierto modo divertido. Si recordamos el debate que mantuvimos hace un mes aquí sobre el tema de Kosovo, en realidad uno no se puede imaginar que entonces los grandes pensadores de política exterior del Grupo de los Socialistas Europeos -Titley, Wiersma, Swoboda- no pudiesen prever lo que ocurre realmente en este país.
En aquella ocasión, pudimos ver ya con exactitud qué es lo que iba a pasar. ¿Qué ha ocurrido en el curso del último mes? ¿Qué ha cambiado? Todo ha empeorado extremadamente, lo que se anunció y observamos ya del mismo modo en los países en los que Milosevic hizo antes exactamente lo mismo. Cuando hoy se ve o ayer se vio como todas las personas esperan que una posible resolución de las Naciones Unidas surta no se qué efectos milagrosos, entonces tengo que decir que me sorprende mucho. Las Naciones Unidas me recuerdan en este contexto cada vez más el dicho de mucho ruido y pocas nueces. No podemos esperar que países como Rusia o China de repente cambien su posición y su opinión sobre una situación que reina en parte en sus mismos países y ante la que actúan exactamente como ocurre en Serbia y en Kosovo.
Recuerdo, por ejemplo, lo que hemos visto en Rusia con motivo de la guerra de Chechenia. Era una situación muy similar. Y también en China con sus colonias, vemos que este país procede de un modo y forma muy parecidos. No podemos esperar que estos países de repente cambien su opinión y, en consecuencia, a un milagro en el marco de las Naciones Unidas.
Señora Presidenta del Consejo, usted ha dicho muy acertadamente que nuestra paciencia se está agotando. Creo que se debería decir que la paciencia se ha acabado ya hace mucho tiempo. Vemos lo que viene, vemos lo que pasa y no se puede aceptar. Hay sólo algunas posibilidades de solución -tengo que reconocérselo al señor Swoboda, que ha hablado muy exactamente de la posibilidad militar y de sus repercusiones. Pero creo que muy en primer lugar hay que mencionar siempre que una de las soluciones políticas que debe figurar en primer lugar es que el señor Milosevic venga a La Haya, no a negociar allí con él sino a decidir sobre él.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, Señorías, voy a informar extensamente al Consejo del claro estado de ánimo que se ha reflejado en el debate de hoy. Por supuesto, yo también soy de la opinión de que el mero uso de la fuerza militar no puede suponer automáticamente la solución de los problemas políticos. La experiencia de Bosnia ha mostrado en cualquier caso que hay situaciones en las que los medios militares y los ataques aéreos pueden ser necesarios para llevar a la mesa de negociaciones a las partes contendientes. También hay que decir esto con claridad.
De Rusia espero precisamente una aportación constructiva para superar la crisis de Kosovo ante la influencia que puede ejercer Moscú sobre Belgrado y sus responsable papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Lo digo además porque Moscú debe ser consciente que Milosevic tampoco ha cumplido en modo alguno las promesas que hizo a Yeltsin.
Respecto a la cuestión planteada por varios oradores sobre el fundamento jurídico de las sanciones militares contra la República Federal de Yugoslavia, hasta la fecha hay opiniones diferentes en la Unión Europea. Ya he mencionado que actualmente en las Naciones Unidas y en la OTAN están en marcha intensos debates. En los debates en el marco de la Alianza participan 11 de los 15 Estados, por lo que no espero que en esta cuestión se produzca una divergencia de opiniones entre las posiciones de la UE y las de la comunidad trasatlántica.
Ante el hecho de que la situación evoluciona continuamente, en esta cuestión tan compleja me parecería erróneo que la Presidencia de la UE realizase hoy afirmaciones definitivas en una u otra dirección. Sin embargo, quiero subrayar que al igual que el señor Swoboda y otros conocidos representantes del Parlamento Europeo, soy de la opinión de que la comunidad de Estados no puede ver de brazos cruzados cómo en Kosovo se produce una cadena interminable de masacres y de actos de violencia amenazando allí una catástrofe humanitaria.
Finalmente, quiero referirme aún a una cuestión que asimismo se ha planteado. Creo que está perfectamente justificada la pregunta de si en la aplicación de una solución negociada podría ser adecuado el envío de una tropa de paz multinacional siguiendo el ejemplo del modelo bosnio. Se están realizando consideraciones de este tipo pero es muy pronto para dar más detalles al respecto.

Van den Broek
Presidente, con mucho gusto me sumo a las palabras de la Presidencia, también a las últimas pronunciadas. También me gustaría decir a los que aquí han hablado del papel de Rusia, que cuando yo dije al principio: comprendo la situación rusa, no solamente a partir de la solidaridad paneslava por parte rusa sino también considerando las tradicionales alianzas que existen entre Rusia y Yugoslavia, la posición de la Duma, el efecto de precedente de una acción militar por miedo a que se repita en su propio país etcétera, que con ello sin embargo no he querido decir que se debería conceder a Rusia un derecho de veto sobre las acciones que tienen como finalidad poner fin a una situación de emergencia humanitaria, poner fin a los crímenes que se cometen contra la humanidad. Entonces esperamos de un país como Rusia, que consideramos un aliado, como mínimo una abstención. No estamos pidiendo una colaboración activa, pero nos debemos oponer a un veto de Rusia. De eso se trata realmente aquí.
Mis últimas palabras, Presidente, son que creo que la comunidad internacional y también la Unión Europea, de cara a los cientos de miles de refugiados y desplazados, están obligadas a seguir señalando más los problemas y las repercusiones de una eventual intervención militar, sino a dejar claro que se trata ahora de hechos y ya no de palabras. Para quienes se preocupan de si ha de haber una presencia militar después: se está debatiendo de pleno. La OTAN no es un órgano ingenuo. La mayoría de los países de la Unión Europea está representada en la OTAN. Todo el mundo entiende que cuando hayan terminado los actos de violencia y se haya producido un efecto de choque, eso no será suficiente y que la solución política no es automática. Por cierto, hay modelos de sobra para esa solución política, pero no hay un clima para llegar a las negociaciones porque hay por lo menos un partido que es dominante y que ha apostado por una solución militar y no política. Es preciso cambiar esto. Pero, repito otra vez, ya no sirven más palabras, ahora se trata de hechos.

Titley
Señor Presidente, en el acaloramiento del debate, el Sr. Cars ha hecho algunas observaciones sobre mí que quizá exceden las normas habituales del debate en esta Asamblea, aunque no serían nada excepcional en la Cámara de los Comunes británica. Por ello, pienso que debo responder dejando claro -como hice en mi intervención- que siempre he apoyado las soluciones diplomáticas a este problema. Eso no es incongruente con la defensa de la opinión de que ya hemos llegado al final del camino en este sentido. Quiero dejar esta posición absolutamente clara.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 11.15 horas, se reanuda a las 11.30 horas)

Votaciones
El Presidente
Les señalo que las enmiendas 1 y 2 son inadmisibles. Ésa es la decisión adoptada por su presidente.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, en nombre del Grupo del PPE, deseo proponer que el informe Miranda sea devuelto a comisión. Deseo hacer hincapié en que no se trata de un reproche a la labor del Sr. Miranda y la Comisión de Control Presupuestario. De hecho, ayer califiqué su informe de valiente.
Como usted decía, hay problemas con dos enmiendas. En cuanto a la primera enmienda, que yo presenté de conformidad con el Reglamento que exige reunir 29 firmas, obtuve 43 de cuatro grupos políticos sin ninguna dificultad. Me pregunto cuántas firmas y grupos políticos serían necesarios para que la enmienda sea aceptable.
La segunda enmienda fue exactamente igual, como enmienda de grupo. Esta medida dará a la Comisión de Control Presupuestario la oportunidad de estudiar el texto de la enmienda y, en caso necesario, consultar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, y modificar el texto como corresponda, en cuyo caso, podría presentarse el informe con el apoyo general.

El Presidente
Se nos somete una solicitud de devolución a comisión, artículo 129 de nuestro Reglamento. Voy a preguntar si hay un orador a favor, uno en contra y, eventualmente, oiremos la opinión del ponente.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, me permitirá que dé mi apoyo a una solicitud del Grupo del PPE. Creo, en efecto, que el informe Miranda, que ha sido objeto de un largo trabajo en la Comisión de Control Presupuestario, ha de profundizarse en la parte que afecta a este Parlamento. Nos negamos sin reservas a la aprobación de la gestión del Comité Económico y Social. Pero, sin embargo, somos más indulgentes en lo que respecta a nuestra propia institución.
En cuanto al problema que ha planteado el Sr. Kellett-Bowman, debo decir que no es nuevo. Desde hace algunos días, algunas semanas, estamos asistiendo a enmiendas inadmitidas, cuando no estoy seguro de que las disposiciones de nuestro Reglamento den poder para examinar, en el fondo, las enmiendas. Cuando se pretende declarar inadmisible algo se plantea una moción de inadmisibilidad. No se declara así como así que una enmienda es inadmisible. Por consiguiente, por todas estas razones, doy mi apoyo a la solicitud presentada, en nombre del Grupo del PPE, por el señor Kellett-Bowman.

Aelvoet
Me pronuncio en contra del reenvío a la Comisión porque este es un informe muy sólido que en la comisión respectiva fue estudiado a fondo y en cuya votación votaron 23 miembros de la Comisión a favor y una única persona en contra. Esa es una prueba inequívoca de que este informe está apoyado por una mayoría muy amplia. Por lo que se refiere al tema de las enmiendas, efectivamente es verdad que dos han sido declaradas improcedentes. No tengo ningún problema fundamental con eso, y creo que sería una auténtica pérdida de tiempo para la Asamblea que por la improcedencia de esas dos enmiendas se reenvíe todo de nuevo a la Comisión. No es necesario en nuestra opinión. El informe es suficientemente bueno y sí se recogen en él los elementos de crítica al funcionamiento de nuestra propia Asamblea.

Miranda
Señor Presidente, quisiera decir también, muy brevemente, que me manifiesto contra esta petición de devolución a comisión. De hecho, puedo comprender las razones de procedimiento aducidas por el Sr. Kellet-Bowman, pero considero que no hay razones de fondo, substanciales, que determinen dicha devolución. En efecto, el informe fue debatido larga y profundamente en la comisión hace algunos meses. Tuvo una votación prácticamente unánime, ayer mismo tuvo un debate normal y hoy merece sólo una enmienda. No cabe duda de que existen esas cuestiones relacionadas con las dos enmiendas. De cualquier modo, incluso en relación con ese aspecto, he de subrayar que una de ellas fue rechazada incluso en la propia comisión. Por eso, no me parece que haya justificación alguna para que aplacemos este informe, lo que afecta, evidentemente, al normal funcionamiento de las instituciones interesadas. Por eso, creo que deberíamos votar a favor de examinar y votar ya este informe.

El Presidente
Para una buena comprensión de la votación que va a tener lugar, quisiera señalar simplemente que la inadmisibilidad de las dos enmiendas ha sido pronunciada por el Presidente del Parlamento Europeo, tras el examen profundo de estas dos enmiendas por los servicios, y no solamente en razón de la mención nominal. Para su comprensión pues, la inadmisibilidad no se debe solamente al hecho de que un antiguo funcionario sea citado por su nombre.
Vamos a proceder a la votación de la moción de devolución.
(El Parlamento rechaza la solicitud de devolución a la comisión)
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las dos decisiones y la resolución)

Wibe
Este reglamento del Consejo demuestra muy claramente lo complicadas que se han vuelto las ayudas en el ámbito de la política agrícola. El presente reglamento tiene como trasfondo una legislación comunitaria de 1984 que, entonces, no tomó en consideración la situación especial en que se encontraban los productores que no habían suministrado o vendido leche durante los años de referencia, al haber participado en otro sistema, establecido previamente por un reglamento del Consejo de 1977, cuyo objetivo era poner fin a la orientación de precios y lograr la reestructuración del sector. Con el paso de los años, este problema ha salido continuamente a la palestra en sentencias judiciales y reglamentos del Consejo.
Durante el poco tiempo que lleva Suecia como miembro de la Unión Europea, también en este país se han dado casos de productores de leche que han perdido cientos de miles de coronas en concepto de ayudas por haber rellenado formularios de solicitud de un color equivocado.
Estos ejemplos son una clara muestra de lo irracional del sistema de ayudas actual y de la gran necesidad que existe de reformar en su totalidad la política agrícola común.
Informe Linkohr (A4-0350/98)
Rovsing
El acuerdo relativo a una amplia colaboración científica y tecnológica entre los EE.UU. y la UE, cuya negociación concluyó a últimos de 1997, crea la base para avances tecnológicos históricos en las dos partes del acuerdo. Las enormes tareas sin solucionar existentes dentro del campo biotecnológico, entre otros, son imposibles de acometer en solitario por un país o por un continente. Por lo tanto resulta fundamental que se establezca una colaboración cada vez más estrecha entre continentes de modo que resulte posible coordinar la investigación entre los investigadores de mayor talento y las instituciones científicas. En consecuencia, representa un motivo de alegría ver que el Parlamento y su ponente, Sr. Linkohr, recomiendan una rápida implementación del acuerdo EE.UU./UE.
Recomendación para la segunda lectura Le Rachinel (A4-0349/98)
Deprez
Observo con satisfacción cómo se concluye este procedimiento de armonización de los signos distintivos del Estado miembro en la matriculación de los vehículos de motor y sus remolques. Por mínima que pueda parecer, esta medida puede facilitar la vida de los millones de automovilistas ciudadanos de la Unión Europea que cruzan cada año las fronteras interiores y exteriores.
Al mismo tiempo, la generalización de la identificación comunitaria contribuirá a desarrollar la conciencia de pertenencia común para los 375 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Y ello, tanto para cada uno de ellos como para todas y todos los que, allí donde el trabajo o el turismo conducen a nuestros ciudadanos fuera de esas fronteras, vean pasar vehículos matriculados con los colores de la Unión. También podemos alegrarnos por ello.
Una queja, no obstante: la propuesta de reglamento deja a cada Estado miembro la decisión entre las placas «nacionales» y las placas «comunitarias». Por más que una libertad así sea una aplicación del principio de subsidiariedad, hubiera preferido un poco más de voluntarismo en este tema.
Informe Watts (A4-0310/98)
Ewing
El objetivo de la propuesta es excelente y apoyo los fines siguientes:
(1) Alcanzar una mayor armonización de las disposiciones en materia de seguridad de los transbordadores que operan en la UE.(2) Garantizar una aplicación eficaz de dichas disposiciones.(3) Garantizar la transparencia de los requisitos de funcionamiento de los servicios regulares de transbordador (incluidas las naves de pasaje de gran velocidad) en el seno de la UE, con independencia del pabellón del buque. Asimismo apoyo las siguientes propuestas específicas de la Comisión:
enumerar todas los requisitos de seguridad que deberán cumplir las compañías y los Estados del pabellón; -establecer un régimen para verificar e inspeccionar el cumplimiento de todos los requisitos, antes de subir a bordo, así como posteriormente a intervalos regulares; -garantizar la participación de los Estados de acogida en cualquier accidente marítimo, incluida la utilización de los registradores de datos de navegación (la caja negra); -evitar trámites innecesarios permitiendo la excepción de las inspecciones ampliadas del Estado rector del puerto cuando se cumplan las normas; -facilitar el servicio de los buques y las naves en determinadas rutas regulares que cumplan las normas, así como la transferencia de dichos buques y naves a otros servicios regulares.El ponente acoge con satisfacción la iniciativa que forma parte de una serie de medidas encaminadas a mejorar la seguridad marítima -requisitos del Estado rector del puerto, registro de pasajeros, transposición de los códigos marítimos internacionales en materia de seguridad a la legislación comunitaria y armonización de los requisitos mínimos para los buques de pasajeros.
Las aguas escocesas figuran entre las más peligrosas de la Comunidad y sin embargo, para gran parte de la población de las islas no existe ninguna alternativa viable. La seguridad de los transbordadores es, por consiguiente, de primerísima importancia.
El informe y la propuesta merecen ser aprobados. A raíz de las catástrofes marítimas de gran relevancia en los últimos años, debe hacerse todo lo posible para evitar más Titanics .

Rovsing
Dentro de la pronto larga serie de iniciativas por parte de la Comisión relativas a normas comunes en la UE para la seguridad en el mar, esta propuesta de directiva resulta tanto necesaria como especialmente pertinente. El interés creciente por la navegación en rutas dentro de la Comunidad entre compañías que operan con transbordadores bajo bandera de terceros países hace indispensable la elaboración de normas de seguridad idénticas para todos. Me alegra por ello poder dar mi apoyo al informe.

Schlechter
Para hacer su informe, nuestro colega Francis Watts organizó una audición sobre la propuesta de directiva relativa a las condiciones de explotación en la Comunidad de servicios regulares de transbordadores de pasaje de carga rodada y naves de pasaje de gran velocidad.
Es lamentable que esta audición no haya suscitado demasiado interés entre nuestros colegas. Se han equivocado. Efectivamente, la audición que tuvo lugar sobre esta propuesta de directiva, ha hecho que se señalen problemas de seguridad que permiten soñar...
Por tanto, hay que dar las gracias a nuestro amigo Francis Watts por haber tomado la iniciativa de solicitar y organizar esta audición, en la que más de uno de los expertos presentes ha señalado, a pesar de que las reglamentaciones de la OMI prevén ya un amplio abanico de medidas de seguridad, una falta de seguridad increíble.
En el transcurso de la audición, algunos expertos alemanes nos demostraron, con un soporte de imágenes, que de 30 transbordadores europeos destinados al transporte de pasajeros y automóviles, 8 estaban clasificados como «deficientes» o incuso «muy deficientes» en materia de dispositivos de seguridad, y que solamente a 5 de los 30 transbordadores se les consideraba en buen estado.
Es comprensible que los armadores apenas vean con buenos ojos el informe de un diputado valiente que se compromete a fondo por una mayor seguridad para los cientos de pasajeros transportados anualmente en esos barcos.
Pero, ¿no es función de un diputado señalar a la opinión pública unos problemas que pueden afectar a la seguridad de las personas o la de sus familias? Creo sinceramente que nuestro colega Francis Watts, que ha sido ya ponente de los informes sobre la gestión de la seguridad de los transbordadores de carga rodada de pasajeros y sobre el registro de las personas que viajan a bordo de naves de pasaje que operan con destino o llegada a puertos de Estados miembros de la Comunidad, ha tenido razón al proponer enmiendas que van más lejos que las propuestas de la Comisión.
Las 2000 vidas humanas que se han perdido en las tragedias del Herald of free Enterprise , del Scandinavian Star y del Estonia , deberían bastar para movilizar a todas las instituciones europeas y empresas de transporte con el fin de hacer todo lo posible para incrementar la seguridad en esos buques, inevitables para muchos viajeros.
En todo caso, estoy contento de que el Gran Ducado de Luxemburgo, que agrupa bajo su pabellón marítimo a unos 84 buques con una edad media de 7 años y un tonelaje bruto de 970.000 toneladas, no haya matriculado uno de esos buques y naves de pasaje de gran velocidad que transportan pasajeros. Porque, si ése fuera el caso, no tendría yo la conciencia tan tranquila como la tengo en este momento.
Por todas estas razones, he votado a favor del informe del Sr. Watts esperando sin embargo que los armadores tomen en serio la advertencia que les hace el Parlamento Europeo.

Titley
Respaldo el presente informe y el llamamiento de mi colega Laborista, Sr. Watts, para el establecimiento de normas para el funcionamiento seguro de los numerosos transbordadores que operan en aguas de la UE.
Al igual que muchos británicos, recuerdo la trágica pérdida de vidas humanas en la catástrofe del transbordador Herald of Free Enterprise acaecido en Zeebrugge. Como siempre, los servicios de rescate realizaron una valerosa labor en sus intentos de salvar al mayor número posible de personas. No obstante, no deberíamos ponernos en el lugar de los pasajeros ni de nuestros servicios de emergencia en este tipo de situaciones.
El establecimiento de unas normas de seguridad lo más estrictas posible es en interés de todos nosotros -pasajeros, tripulación y, sin olvidar, los operadores del transbordador que necesitan garantizar a sus pasajeros las mejores normas posibles de seguridad a bordo, si queremos que la población siga utilizando los transbordadores en sus desplazamientos por la UE. Espero que el sector coopere plenamente con nuestros gobiernos y la UE para seguir avanzando en la búsqueda de los más altos niveles posibles de seguridad.
Informe Teverson (A4-0331/98)
Novo
Como hemos dicho a lo largo del debate, la propuesta de la Comisión, en su forma modificada por algunas de las enmiendas introducidas en el informe, constituye una base de trabajo creíble para intentar establecer consensos en torno a lo que podría ser un régimen de control más fiable, transparente y eficaz.
Objetivar criterios para determinar, de una vez por todas, la potencia y el arqueo es fundamental para comparar capacidades y productividades y apreciar el (in)cumplimiento de las obligaciones en los ámbitos de los POP. Pasos igualmente positivos son los de intentar uniformizar los procesos de inspección y la tipificación de las infracciones, al mismo tiempo que se procura avanzar hacia a la determinación de sanciones equiparables.
Ahora bien, carece de claridad el intento de transferir a los Estados miembros la competencia del control de los buques en aguas no comunitarias, en particular en aguas que son objeto de convenios internacionales, intento que no va acompañado, por ejemplo, de la atribución de medios financieros suplementarios y puede tropezar con problemas de operatividad; como también están por aclarar las ambigüedades en las atribuciones y el ámbito de control de buques de terceros países, que parecen conservar una situación privilegiada que podría seguir ocasionando una competencia desleal y, naturalmente, desconfianza y oposición al régimen de control por parte de pescadores y armadores comunitarios.
También sería útil que la posible ampliación de las posibilidades de intervención de los inspectores comunitarios fuera siempre acompañada de inspectores nacionales y que la cooperación de observadores de otros Estados miembros se hiciera sólo en inspecciones, previo aviso. De igual modo, el acceso on line a las bases de datos, por cuestiones de confidencialidad, debería ir precedida de solicitud previa.
De modo que siguen existiendo desequilibrios incluso en la propuesta de la Comisión, aun modificada por las enmiendas del presente informe. Por eso, nos hemos abstenido en la votación. Esperamos, si acaso, que sea posible alcanzar consensos en el ámbito del debate que se celebre en el Consejo.

Rovsing
El desarrollo de la industria pesquera en los últimos años ha hecho indispensable una modernización de los regímenes de control. Es algo tanto lógico como acertado. Desgraciadamente, la propuesta de la Comisión también debe ser vista a la luz de los problemas existentes en el funcionamiento de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito del control pesquero. Es lógico que la Comisión desee ver un mayor esfuerzo controlador tras el desembarque de las capturas. Es también una iniciativa necesaria dentro de los esfuerzos por restablecer la confianza en los regímenes de control comunitarios. Un mayor control sobre las embarcaciones de pesca de terceros países también es una iniciativa loable y necesaria.
Informe Bösch (A4-0297/98)
Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, el informe del Sr. Bösch es continuación, como sabemos, del informe especial nº 8/98 del Tribunal de Cuentas relativo a los servicios de la Comisión encargados de la lucha contra el fraude.
Las conclusiones del Tribunal de Cuentas son abrumadoras pero no nuevas. La Comisión de Control Presupuestario tuvo ocasión de hacerlas suyas, sin que realmente reaccionara. Ya en una resolución de 22 de octubre de 1997, el Parlamento Europeo señaló las insuficiencias detectadas en la puesta evidencia de las irregularidades y de los fraudes así como en las investigaciones correspondientes y la falta de diligencias eficaces y coherentes a escala de la Unión Europea.
La política de la Comisión en los casos de corrupción en sus propias filas no siempre es clara ni competente, lo que crea una tendencia a enterrar estos asuntos tanto como sea posible. Aprobamos esta constatación: figura todo en el texto. Aprobamos también la voluntad de reforzar los efectivos de la UCLAF, en especial los asignados a los trabajos de investigación, la propuesta de crear una Oficina de lucha contra el fraude, encargada de asumir - en nombre de todas las instituciones - la lucha contra el fraude así como los elementos técnicos propuestos para garantizar la indispensable independencia de este nuevo organismo.
Lamentamos sin embargo que la Comisión de Control Presupuestario no haya aprobado nuestra propuesta de que el director de esta OLAF fuese nombrado conjuntamente por el Consejo y por el Parlamento Europeo y lamentamos también que se confirme la necesidad de un ministerio público europeo. Una vez más, ha de quedar claro que la eficacia de la lucha contra el fraude no reside en soluciones de naturaleza ideológica, y se nos ha dicho con frecuencia aquí, que la única solución era la creación de un nuevo organismo comunitario integrado, la de un ministerio público europeo. La solución es que el Parlamento - que desarrolla la función esencial - lleve un control riguroso de los servicios de la Comisión y, en especial, un control financiero, como es su vocación.
El informe Bösch va un poco en ese sentido y por ello lo hemos votado.

Kjer Hansen
Señor Presidente, en representación del Grupo Liberal me gustaría comunicar su explicación de voto. Me parece importante que dispongamos de una oferta concreta sobre cómo reforzar la unidad de investigación UCLAF. El Parlamento ha tomado una vez más la iniciativa presentando una propuesta concreta. Ahora está en manos de la Comisión reaccionar ante la propuesta y presentar su oferta sobre cómo reforzar la UCLAF. Bien pudiera ser que el modelo actual no sea completo y que hubiera también algunas cosas que modificar. Al igual que otros, también hemos mantenido una discusión en el Grupo Liberal sobre cuál es el modelo correcto. Ha habido diversas opiniones sobre cómo hacer la estructura perfecta, lo que también ha quedado reflejado durante la votación.
Lo que es fundamental en nuestra opinión es que se produzcan acontecimientos, que se refuerce la unidad de investigación y así podamos combatir mejor la corrupción y el fraude internos. Es importante subrayar que no podemos aceptar un modelo que exigiría una modificación del Tratado, pues retrasaría el proceso mucho tiempo y sería algo totalmente inaudito. Lo fundamental es que se produzca este fortalecimiento de la unidad y así podamos combatir mejor el fraude y la corrupción.

Andersson, Hulthén y Lööw
En primer lugar, desearíamos felicitar al ponente por la calidad de un informe en el que da muestras tanto de una gran competencia como de un serio compromiso. Creemos que la denuncia que ha tenido lugar en los últimos meses de irregularidades y casos de corrupción en la Comisión Europea pone de manifiesto la necesidad de ejercer un control considerablemente más estricto sobre las actividades que se financian con fondos comunitarios, tanto en el seno de la Comisión como en los Estados miembros.
Al mismo tiempo que la Comisión ve mermada su credibilidad, se justifican ahora las críticas acerca de su incapacidad para gestionar el dinero de los contribuyentes. La descripción que se hace en el informe de lo que nosotros consideramos que puede ser únicamente la punta del iceberg deja aún más claramente de manifiesto la gravedad de la situación y la obligación incondicional de la Comisión de actuar con firmeza para evitar la aparición de irregularidades y de exigir responsabilidades penales y políticas cuando se produzca este tipo de hechos.
Tanto el informe Bösch como el informe Bontempi, sometido previamente a debate en el transcurso de este período parcial de sesiones, resaltan el importante papel que desempeña el Parlamento Europeo a la hora de lograr una mayor transparencia y de obligar a realizar esfuerzos nuevos y más eficaces para evitar que se produzcan nuevas irregularidades. Creemos que no se debe nunca subestimar la posición de fuerza que ocupa el Parlamento Europeo para actuar contra el fraude y para presionar la adopción de medidas por parte de la Comisión. La Comisión corre el riesgo de tirar piedras sobre su propio tejado si plantea obstáculos a un diálogo fluido con el Parlamento y dificulta, por lo tanto, el objetivo de la transparencia.
En nuestra opinión, la propuesta que se recoge en el informe para crear una nueva estructura, denominada OLAF, no es, desde todos los puntos de vista, la vía correcta para abordar la cuestión de la lucha contra las irregularidades que se cometen con fondos comunitarios. Este tipo de soluciones carece de fundamento en los tratados y puede ser objeto de justificadas críticas al ocasionar deficiencias en el control democrático. Sin embargo, las principales objeciones son de carácter técnico. Resulta imprescindible reforzar los controles coordinando distintas soluciones, algunas de las cuales, muy interesantes, se recogen ya en varias enmiendas. Habida cuenta de la extrema gravedad de la situación, creemos que no se debe rechazar completamente la propuesta del informe Bösch, sino que se debería considerar como un medio para obligar a la Comisión a adoptar más medidas. Las acciones que ha comunicado la propia Comisión son necesarias y favorables, pero va a resultar indispensable la adopción de medidas ulteriores. En este contexto reviste una gran importancia el papel del Parlamento Europeo y, también en este contexto, la propuesta del informe Bösch puede desempeñar una importante labor de cara a la Comisión.

Berthu
El informe Bösch, que es continuación del informe especial del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento de la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión (UCLAF), presenta conclusiones abrumadoras: desde hace diez años que existe, esta unidad no ha conseguido fijar reglas de trabajo, ni obtener la independencia y seguridad en el tratamiento de la información necesaria para un control financiero serio. Así, se repiten constantemente fraudes, derroches o irregularidades administrativas, tres categorías distintas que no se deben confundir - la Comisión tiene razón en señalarlo -, pero que están muy presentes las tres y dan una imagen deplorable de la construcción europea.
El informe Bösch propone conceder un mejor estatuto de independencia a la UCLAF mediante su transformación en OLAF (Oficina de Lucha contra el Fraude). ¿Por qué no? Esta reforma no será suficiente sin embargo, ya que el mal es más profundo.
En este sentido, tengo la impresión con frecuencia en este debate, de que el Parlamento Europeo intentaba tranquilizar su conciencia denunciando entre los demás sus propios pecados. Es importante ver cómo algunas políticas europeas, con las que nuestra Asamblea es solidaria, en lo que respecta principalmente a las devoluciones agrícolas o a los fondos estructurales, producen fraude del mismo modo que la nube arrastra a la tormenta. Y sobre todo la eurolatría, que ha impregnado las acciones de la Comisión hasta ahora, ha suscitado un clima poco propicio para el control financiero. Cuando un tercero hace una crítica, se le responde: «Trabajamos por Europa; si nos critica es porque es usted un antieuropeo.» Mi grupo está bien situado para saberlo. El resultado es que Bruselas se pierde en el desorden, como todas las instituciones no controladas que se creen por encima de las leyes.
Europa podrá considerarse adulta cuando acepte verdaderos controles exteriores, ejercidos sobre todo por las naciones. Pero mientras tanto, no dudo en decir, que los incondicionales del federalismo que predominan aquí, y que pretenden matar la crítica a cualquier precio, son los cómplices objetivos del fraude.

Deprez
En los últimos tiempos, por encima de los artículos tradicionalmente dedicados a los fraudes perpetrados a costa del presupuesto comunitario, la prensa se ha hecho también eco de la eventualidad de que funcionarios de la Comisión hayan podido cometer actos sancionables. La posibilidad de tales actuaciones explica la actualidad del informe sobre el que nos pronunciamos en el día de hoy.
Nuestro ponente señala que la eficacia de la Unidad de coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) sufre de un marco jurídico y organizativo estrecho que perjudica a su independencia. Por otra parte, no cuenta en su seno más que con apenas una treintena de funcionarios que pueden dedicarse a investigaciones. No resulta sorprendente decir que la UCLAF, por el momento, tiene una capacidad de acción limitada.
La credibilidad de las instituciones y de la construcción europea hace necesaria una lucha creciente contra los fraudes en perjuicio del presupuesto comunitario y los actos delictivos cometidos por los funcionarios europeos en el ejercicio de sus funciones.
Estoy de acuerdo con los miembros de la Comisión de Control Presupuestario que han votado el informe en que es importante mejorar con rapidez los medios de que disponen las instituciones para luchar contra el fraude y que la mejor forma de hacerlo es poner en marcha una Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) que disponga no sólo de independencia, sino también de los recursos humanos y presupuestarios necesarios.
Por consiguiente, doy mi apoyo total al informe que se nos ha sometido.

Fitzsimons
La unidad antifraude de la UE, conocida como la UCLAF, tiene como principal función proteger los intereses financieros de la Unión Europea. Es una tarea poco envidiable, especialmente si uno lee el informe anual de 1997 sobre la lucha contra el fraude en la Unión Europea, aparecido recientemente. Según dicho informe, el fraude con los cigarrillos en la Unión Europea superó los 1.280 millones de libras sólo en 1997.
Trescientos treinta millones de libras de dicha suma corresponden a la pérdida de ingresos de la UE, y el resto a la pérdida en impuestos indirectos, como aranceles e impuestos sobre el consumo y el IVA dentro de los territorios nacionales de los 15 Estados miembros de la UE.
Este único ejemplo permite hacerse una idea de la magnitud del problema al que se enfrenta la Unión Europea, si queremos derrotar a los grupos del crimen organizado que se proponen falsificar los billetes en euros a partir del 2002. En esa fecha, el euro inundará los territorios de 11 Estados miembros de la UE, que abarcan una población de más de 291 millones. Las autoridades competentes de la UE deberán estar muy bien preparadas si queremos luchar de frente contra los falsificadores del euro.
Apoyo que se dé a la UCLAF, la Unidad Antifraude de la UE, una función coordinadora, así como que Europol, la Oficina Europea de Policía, supervise esta importantísima operación de contraespionaje.
Deben tomarse medidas para proteger la credibilidad y la autenticidad de la moneda euro cuando sea lanzada y sustituya a las monedas nacionales.
Habida cuenta de que los Estados miembros de la UE cuentan actualmente con diferentes estructuras para prevenir y combatir la falsificación, harán falta estructuras que intercambien la información entre todas las autoridades competentes de la UE.
También hará falta una definición común de falsificación de moneda y deberán establecerse medidas para combatirla de una manera concertada y estructurada.
Las disposiciones del Tratado de Amsterdam otorgan mayores poderes a Europol a través de la creación de estructuras coordinadas entre los cuerpos de policía de la Unión Europea y las autoridades competentes, al objeto de garantizar la erradicación eficaz del crimen organizado a nivel europeo. Estos nuevos poderes sólo son acertados y adecuados a la luz del hecho de que vivimos en un mercado internacional en el que opera la libre circulación mercancías, personas, servicios y capitales.
No obstante, estas disposiciones pueden y deben utilizarse al máximo para garantizar la erradicación del mal que supone la presunta falsificación de la moneda del euro.

Lis Jensen y Krarup
El informe sobre la independencia, papel y estatuto de la UCLAF tiene por objeto fortalecer la lucha contra el fraude en el presupuesto comunitario. Naturalmente consideramos este punto de partida positivo, sobre todo teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuentas señala una serie de irregularidades en la actual organización y función de la UCLAF. Sin embargo, no podemos apoyar el informe porque propone que la lucha contra el fraude, la corrupción y las irregularidades se lleve a cabo mediante la implantación de un ámbito penal europeo y la creación de un Ministerio Fiscal público para la UE. Nuestra opinión es que esta iniciativa supone por principio la posibilidad de una armonización de los códigos penales y de las normas de enjuiciamiento de cada país. El diseño jurídico de las leyes penales y de enjuiciamiento de los países miembros bajo ninguna circunstancia debe ser cuestión de la Unión.
El traspaso adicional de competencias a la UCLAF y la asignación de más medios económicos para la contratación de funcionarios deben producirse en el marco de la lucha contra el fraude en las propias instituciones comunitarias y no ser un paso hacia un Ministerio Fiscal europeo. En lugar de esto, los numerosos casos de fraude y corrupción dentro del sistema comunitario deben ser motivo para que: 1) se inicie un debate con la vista puesta en suprimir una larga serie de regímenes de ayuda en los que se da este fraude, 2) se aumente la transparencia del sistema y así los contribuyentes y electores puedan ver en que se emplea el dinero.
En el informe se hace referencia al artículo 280 del Tratado de Amsterdam, el cual abre nuevas posibilidades a la lucha contra el fraude en el plano comunitario. El artículo señala en su párrafo cuarto que las medidas con relación a la lucha contra el fraude «no afectarán a la aplicación de los códigos penales o las normas de enjuiciamiento de los Estados miembros». Este subrayado nos parece importante porque aquí queda señalado que la UE no debe inmiscuirse en las políticas nacionales en este terreno. La lucha del fraude en el plano comunitario no debe, sin embargo, producirse sobre la base de convenios o protocolos de iniciativa no ratificados, tal y como queda esbozado con relación a las observaciones del informe al artículo 280. La UE naturalmente no puede adjudicarse competencias legislativas en terrenos que no han sido ratificados por todos los Estados miembros.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Para los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo la lucha contra el fraude, el engaño y la corrupción es un asunto de vital importancia. No debe existir ninguna duda de que la lucha contra el fraude de fondos comunitarios ha de tener siempre la máxima prioridad. En consecuencia, la coordinación de la lucha contra el fraude - tal y como es dirigida por la UCLAF - también ha de disponer de las mejores condiciones. En el informe se propone la creación de una nueva unidad para investigar el fraude interno en las instituciones comunitarias. No nos parece una solución óptima. Este trabajo debería ser resuelto por la UCLAF, sin embargo, disponiendo ésta de un estatuto más independiente con respecto a la Comisión.
En la decisión de Edimburgo de 1992 se dice que «Dinamarca participará plenamente en la cooperación sobre cuestiones judiciales y de política interior sobre la base de las disposiciones del párrafo IV en el Tratado de la Unión Europea». Esto significa en la práctica que Dinamarca participa en esta cooperación mientras que ésta sea intergubernamental. Por ello los socialdemócratas daneses no pueden apoyar las ideas relativas a la creación de un ministerio fiscal común y a que con el tiempo se implante un código penal común. Sin embargo, tal y como queda reflejado en la reserva de Dinamarca en este terreno, tampoco queremos impedir que otros puedan reforzar la cooperación en el terreno judicial. Los socialdemócratas daneses han elegido por ello abstenerse en la votación de los artículos K, L y M. Sin embargo, esto no modifica que el principal objetivo del informe sea reforzar la lucha contra el fraude tanto en los países miembros como dentro del sistema comunitario. Por ello los socialdemócratas daneses han optado por apoyar el informe en su conjunto.

Kellett-Bowman
Apoyo el informe Bösch, porque sus propuestas representan una posible vía para el avance de la UCLAF. En 1980, propuse que la Comunidad creara una unidad de intervención rápida. Por ello sentí una gran satisfacción cuando, por iniciativa de este Parlamento, se creó la UCLAF. Con el paso de los años, el Parlamento ha ido aumentando los recursos para el funcionamiento de dicha unidad. No obstante, hemos descubierto que las investigaciones de la UCLAF eran reprimidas cuando se trataba de trabajar en el seno de la propia Comisión.
La propuesta del Sr. Bösch relativa a una OLAF independiente ofrece la solución a este problema. Todas las instituciones pueden ser investigadas, incluido este Parlamento, lo cual acojo con satisfacción. La respuesta del Sr. Santer ha sido útil y constructiva. La Asamblea, sabiamente, en mi opinión, se ha resistido a los intentos de emascular esta propuesta a través de enmiendas. Felicito al Sr. Bösch.

Lindqvist (ELDR), Holm, Lindholm y Schörling (V), Bonde y Sandbæk (I-EDN)
Es preciso adoptar duras medidas contra la corrupción, el engaño y el fraude con recursos de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Así lo muestran las recientes acusaciones de fraude y así se pone claramente de manifiesto en el informe del Tribunal de Cuentas. En este sentido, y de acuerdo con la propuesta recogida en el informe, podría ser favorable la creación de un órgano especial (OLAF) dotado de mayores competencias y recursos para llevar a cabo también investigaciones de carácter interno.
A fin de garantizar verdaderamente la independencia de OLAF, la Comisión no podrá asumir las responsabilidades en materia de designación ni adoptar decisiones relativas a nombramientos, medidas disciplinarias, etc. No se deberá excluir ningún ámbito penal europeo. La OLAF tampoco deberá cumplir funciones de fiscalía.
El mero hecho de que se haya entablado un debate sobre la corrupción, el engaño y el fraude con fondos de la UE es ya de por sí un síntoma de que hay algo en la UE que no funciona bien. La UE es demasiado grande y complicada para hacerse una idea de conjunto de la misma, por lo que resulta casi imposible de controlar. La medida más importante contra la corrupción, el engaño y el fraude es el establecimiento de un principio de transparencia, siguiendo el modelo nórdico, que proteja a los medios de información. Si se aplicara el principio fundamental de transparencia al conjunto de actividades de la UE y se protegiera el derecho de los medios de comunicación a informar, se lograría descubrir un mayor número de casos de corrupción y fraude, con lo que se aliviaría el problema.

Müller
La Comisión vive en una torre de marfil. La ausencia de diálogo entre el Parlamento y la Comisión se debe sobre todo a que nuestras demandas de información y control se entienden per se como desconfianza. La causa de ello es que en la Comisión el principio de que una buena administración debe ser siempre (con pocas excepciones) accesible al público, se ha convertido en lo contrario, al menos en los sectores en los que se realizan críticas y el Parlamento quiere hacer uso de sus derechos de control. Todo es entonces secreto, cerrado, interno o confidencial. Señor Santer, le pregunto ¿qué es lo que se debe mantener en secreto frente al Parlamento en un informe interno del control financiero? ¿Por qué no podemos saber con rapidez y sin tapujos dónde se encuentran los puntos sensibles en la entrega de los fondos? ¿Quién tiene que ocultarnos algo?
La cultura de la desconfianza de su Comisión ha socavado incluso los derechos que nos concede el Tratado. El artículo 206 prevé que la Comisión tiene que presentar al Parlamento todas las informaciones necesarias para la aprobación de la gestión. ¿Con qué justificación no recibe el Parlamento el informe de la UCLAF o sólo cuando amenazamos con la artillería pesada del bloqueo total de los créditos para la ayuda humanitaria? ¡Lástima que solamente parezca comprender este idioma!
No existe sólo un problema sino una profunda crisis entre la Comisión y el Parlamento. Donde faltan reglas transparentes y fiables, donde no se puede detectar el coraje civil de los Comisarios para proceder contra los compadreos y las viejas cargas de los diversos departamentos de la Comisión y donde se dan largas al Parlamento durante meses, no puede existir confianza en una buena administración.
En Alemania, la población acaba de decidir qué es lo que pasa con aquellos que sólo quieren ver pasivamente cómo pasan las crisis. Si la Comisión no tiene sensibilidad para ello y no reacciona del modo adecuado, deberá tener claro que en diciembre le tendremos que negar la aprobación de la gestión.

Rovsing
El fraude en el presupuesto comunitario es uno de los problemas más graves en los cincuenta años de historia de la cooperación europea. Tanto por los perjuicios financieros que implica como - especialmente - por el enorme efecto negativo que tiene sobre la imagen de la UE entre los ciudadanos. Los servicios centrales de la Comisión de lucha contra el fraude, la UCLAF, son por ello un órgano comunitario de excepcional importancia para toda la Unión. La UCLAF ya ha resuelto tareas importantes desde la creación del servicio, sin embargo, resulta evidente que la falta de cooperación judicial entre los Estados miembros ha dificultado considerablemente el trabajo de la UCLAF. Y por el momento no hay perspectivas de avances esenciales. De ahí que otorgar a la unidad un mayor grado de independencia quizá sea uno de los pocos pasos que puedan darse por el momento para hacer ésta más operativa en sus esfuerzos frente al fraude presupuestario en la UE. Apoyo esta iniciativa de todo corazón.

Sjöstedt
Respaldo la mayor parte del informe. Sin embargo, no comparto los objetivos de hacer de la UE un territorio penal ni de que se cree una autoridad judicial europea. Tampoco quiero otorgar más competencias a Europol. Por consiguiente, he votado en contra del informe.

Souchet
Hemos dado nuestro apoyo al informe Bösch porque en primer lugar escapa al lenguaje hueco y procede a un análisis riguroso de la corrupción interna de la Comisión.
El ponente no intenta enmascarar la importancia del fraude y la corrupción en el seno de los servicios de la Comisión. En efecto, es incontable el número de programas gestionados por la Comisión, a propósito de los cuales en los últimos meses se han identificado malversaciones y desfalcos por cuantías importantes. El propio ponente precisa además que «los casos revelados no son sin duda más que la punta del iceberg».
Por consiguiente, resulta totalmente inadmisible oír como el Presidente de la Comisión, señor Santer, da prueba de un humor siniestro calificando esas prácticas tan graves como «acrobacias administrativas».
Los trabajos dirigidos en estos últimos años tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Comisión de Control Presupuestario de este Parlamento muestran un mundo hecho de opacidad, de favoritismo, de connivencia y de «omertà», de irresponsabilidad y de impunidad; un mundo de contratos falsificados, de informes inventados, de documentos desaparecidos, de informes turbios con algunos gabinetes de consultores privilegiados.
El informe Bösch señala que en la mayoría de las ocasiones, cuando se detecta un asunto delictivo, ni siquiera se inician los procedimientos disciplinarios y no se les someten a las autoridades judiciales competentes más que de forma excepcional. «La elucidación se retrasa casi sistemáticamente (...) Podemos preguntarnos si la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) no sirve en ocasiones para enmascarar determinadas artimañas». Un diario regional resumía esta mañana el debate de ayer titulando: «Improbables sanciones para todo tipo de asuntos»
Como engranaje de la Comisión entre otros, esta unidad antifraude carece de independencia. Tiene la tendencia a proteger de forma sistemática a los funcionarios. Las propuestas del Sr. Bösch para reforzar esta unidad y concederle el máximo de independencia van por tanto en la buena dirección. La oficina cuya creación se propone habrá de trabajar en estrecha relación con el Parlamento Europeo, una de cuyas principales misiones es la del control de las actividades de la Comisión, principalmente en el plano financiero. Se ha visto, mediante las comisiones de investigación nombradas por esta Asamblea, cómo podríamos ser eficaces en este ámbito, por ejemplo a propósito de la forma que ha tenido la Comisión de tratar la cuestión de la EEB.
Pero para intentar cortar esta propensión de las instituciones europeas a producir fraude a gran escala, es importante también aplicar estrictamente, y en el sentido correcto, el principio de subsidiariedad. Para limitar la masa de créditos incontrolados, que se reduzca al máximo la cuantía de los que han de pasar por Bruselas. Los controles más eficaces son aquellos que se efectúan a niveles cercanos a los contribuyentes.
El ponente señala también la existencia de una «zona gris» que puede ocultar riesgos considerables de fraude en la legislación «técnica» y sus innumerables reglamentos y disposiciones aplicables, al igual que en el marco de la comitología, surtida por una gran cantidad de comités y otros órganos consultivos. A veces se toman decisiones que tienen incidencias financieras considerables. En este sentido, es característico que, con mucha frecuencia, sólo un pequeño número de funcionarios de las instituciones que participan en el proceso de toma de decisiones poseen una visión completa del expediente y del avance del procedimiento. En esas condiciones, los grupos de interés pueden presionar con bastante facilidad y salirse con la suya.
Este excelente análisis muestra que las concentraciones abusivas de competencias y los fundamentos burocráticos a los que dan origen constituyen una fuente muy importante de fraude y de corrupción. En ese caso también, la respuesta adecuada es la de la subsidiariedad verdadera. Pero el Tratado de Amsterdam propone, por desgracia, el camino inverso.

Theorin y Wibe
El mejor remedio contra el fraude y la corrupción en el seno de la Comisión consistiría en permitir la plena aplicación del principio de transparencia. Si la opinión pública y el periodismo de investigación tuvieran también acceso a la contabilidad de la Comisión, se desvelarían con mayor eficacia los casos fraudulentos. No resulta aceptable el secretismo con el que se maneja actualmente el dinero de los contribuyentes. Por todo ello, la solución lógica sería simple y llanamente poner punto final a las actividades de la Comisión en aquellos ámbitos donde predominan los problemas de esta gravedad.
Informe Sisó Cruellas (A4-0241/98)
Van Dam
Una red europea de transporte ofrece muchas ventajas en diferentes campos. Es importante fomentar ese desarrollo, sobre todo por el hecho de que la infraestructura no es operativa entre sí.
Los temas de atención del ponente en este sentido son de gran importancia. Sobre todo apoyamos enérgicamente el desarrollo de una red de transporte duradera y el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas. Por ello, hemos expresado nuestro voto a favor de este informe.
Sin embargo, esto no quita que tengamos nuestras dudas de si los proyectos, en el marco de esta red europea de transportes, son realizables desde el punto de vista financiero. Requieren unas grandes inversiones tanto de los Estados miembros como de sus países vecinos. Si esto lo tiene que costear el sector público, entonces significa una fuerte carga para los presupuestos del estado. Por lo tanto, el empleo de capital particular se hace indispensable.
Para ello es necesario que se desarrolle en la Unión un clima, en el que al particular le resulte atractivo invertir en dichos proyectos. La influencia del sector privado no puede limitarse a la parte financiera. En este sector hay un gran potencial de conocimiento disponible, que hay que aprovechar al máximo para alcanzar un máximo rendimiento social.
Resumiendo, hemos de emplear el conocimiento y los medios disponibles para conseguir una red de transportes duradera y equilibrada. El informe da un buen impulso para ello.

Lis Jensen y Krarup
Los objetivos del informe del Sr. Sisó Cruellas toman como base la idea de que la UE debe colaborar en la mejora de las infraestructuras de la Europa Central y sobre todo Oriental con la mira puesta en el intercambio comercial entre la UE y la Europa del Este. El programa TEN, ampliado para cubrir también la Europa Central y Oriental, ha de ser visto, sin embargo, teniendo en cuenta la presión política y económica a la que la UE ha sometido a los países de la Europa del Este a raíz de la petición de determinadas inversiones en infraestructuras. Esta crítica no niega la necesidad de realizar inversiones cuantiosas en infraestructuras para la Europa del Este. En cambio, sí critica la política de transportes comunitaria.
Los proyectos de infraestructuras, para los que la UE, por ejemplo, ha concedido ayudas a la Europa del Este a través de PHARE o del Banco Europeo de Inversiones (BEI), velan por el interés de las grandes industrias comunitarias en abrir los mercados de la Europa Central y Oriental a sus productos a través del desarrollo de las comunicaciones este-oeste. La cuestión es simplemente qué repercusión tendrán estas importantes apuestas para el comercio y la industria de la Europa del Este. El mismo Banco Mundial ha llegado poco a poco a la conclusión de que los grandes programas de infraestructuras que deben unir áreas céntricas con áreas periféricas no aumentan de por sí el desarrollo económico de las áreas periféricas. Se ha visto al contrario una mayor recesión económica en las áreas periféricas al estar más abiertos los mercados locales de estas áreas a la competencia de las áreas céntricas. Al mismo tiempo, el BEI ha mostrado una casi total cerrazón en sus relaciones con organizaciones medioambientales de la Europa del Este como «Bankwatch» y ante la opinión pública de la Europa del Este en general a la hora de dar a conocer las consideraciones ambientales que afirma realizar antes de conceder préstamos para una serie de programas de infraestructuras en la Europa del Este.
Por estos motivos no podemos votar a favor del informe del Sr. Sisó Cruellas.

Schlechter
Por motivos históricos, las redes de carreteras, las ferroviarias y las de navegación fluvial del continente europeo, así como los puertos y aeropuertos, fueron concebidas, salvo raras excepciones, por razones nacionales.
Hasta los años 80 no se inició una verdadera política paneuropea de transportes.
Gracias a los esfuerzos incansables de nuestro colega Günter Lüttge, el Parlamento Europeo ha podido, con la ayuda de la Comisión, organizar conferencias paneuropeas sobre los transportes en Praga, en Creta y en Helsinki. Fue un gran éxito. Por primera vez, representantes de los pueblos del Oeste y del Este discutían y adoptaban en conjunto resoluciones políticas sobre los problemas del transporte.
Hoy, nos enfrentamos a una nueva propuesta de la Comisión sobre la conexión de nuestra red de infraestructuras de transporte con la de nuestros vecinos del Este.
La coordinación del proceso de evaluación de las necesidades de infraestructuras se efectúa por medio del grupo TINA, compuesto por altos funcionarios de los Estados miembros y de los países candidatos, con una secretaría en Viena.
Todo esto está muy bien, pero yo hubiera deseado que se nos dijera en primer lugar dónde están los 14 proyectos aprobados en la posición común.
Según creo, de los 14 puntos aprobados en el Consejo Europeo de Essen, únicamente la conexión entre Dinamarca y Suecia (Oresund) está terminada y el aeropuerto de Milán-Malpensa está terminándose, pero sin la lanzadera ferroviaria y la construcción de una conexión rápida por carretera, que no obstante exigían la Comisión, el BEI y el Parlamento Europeo.
Pero, ¿dónde están los demás proyectos? Parece que se han gastado importantes sumas en estudios, y muchas planificaciones. Pero por lo demás, silencio absoluto. Silencio incomprensible cuando Willi Piecyk nos escribe en su informe que «la conclusión de la red europea de transporte necesita inversiones de al menos 400 millardos de ecus en los próximos 15 años. Las medidas más urgentes a realizar de aquí al año 2000 movilizarán por sí mismas cerca de 220 millardos de ecus.»
Aún oigo a Jacques Delors defender esas redes europeas de transportes, según él, grandes creadoras de empleos y aún recuerdo las decisiones de la Cumbre sobre el empleo de Luxemburgo, pero ahora espero resultados concretos.
Sé que hasta el momento las grandes infraestructuras nacionales han sido financiadas en gran parte a partir de fondos públicos. Las inversiones nacionales hubieran podido ser más importantes aún si todos impuestos y tasas que se han cargado a los transportes se hubieran destinado a inversiones en infraestructuras, pero no ha sido el caso.
Ahora bien, todos somos conscientes de que, para realizar las redes transeuropeas, necesitamos medios financieros ingentes, medios financieros que los Estados miembros no pueden poner a disposición a corto plazo. Por tanto, es preciso buscar otros medios de financiación.
Partiendo de la idea de que el Banco Europeo de Inversiones hará sin duda todo lo que esté en su mano para financiar y hacer que avance al menos una parte de los diferentes expedientes y esperando que se pongan a disposición los medios financieros de los diversos Fondos Estructurales para comenzar por fin la construcción de las redes de infraestructuras y, por ahí, crear empleos, no creo que tengamos suficientes medios financieros para sufragar los 14 proyectos necesarios y prioritarios.
A mi juicio será necesario intentarlo todo para que los capitales privados contribuyan también a los proyectos, sin lo cual los programas corren el riesgo de prolongarse durante decenas de años, si no una eternidad, hasta llegar a satisfacer todas las necesidades y deseos bienintencionados.
¿Es necesario prever la posibilidad de la introducción general de un derecho de peaje verdaderamente europeo si no se consigue la financiación por los medios convencionales? No sé nada, pero creo sinceramente que en casi todos los países es muy difícil plantear un incremento de los ingresos o gastos públicos y que es necesario buscar otras posibilidades de cofinanciación para algunos proyectos en materia de infraestructura.
Digo todo esto porque los problemas a los que nos hemos enfrentado para hacer que avance la construcción de nuestra casa común, que es la Unión Europea, son importantes, pero resolubles, si no ocurre ningún imprevisto.
Ahora bien, a mi juicio, el imprevisto lo tenemos delante. Las primeras estimaciones del Grupo TINA dejan entrever gastos suplementarios de un orden de importancia de 45 a 150 millardos de ecus. ¿Dónde buscar esas cantidades suplementarias?¿Podemos vincular las ayudas a algunas condiciones, por ejemplo, que el 40 % de las inversiones en infraestructuras de transporte, consideradas prioritarias, estén dedicadas al ferrocarril, el 25 % a la carretera y el 15 % al transporte combinado? Son preguntas que no tienen respuesta en el informe del Sr. Sisó Cruellas.
Sin pretender oponerme a ayudas a los demás países vecinos de la Unión Europea, me pregunto si la velocidad a la que llevamos las negociaciones no es exagerada, incluso arriesgada.
Por todas estas razones, he votado contra el informe del Sr. Sisó Cruellas.
Informe Baldarelli (A4-0246/98)
Deprez
El continuo crecimiento del tráfico por carretera en sus diferentes componentes hace necesaria una gestión integrada de ese tráfico a todos los niveles: local, regional, nacional y europeo. Los progresos continuos de la informática permiten considerar de forma seria esta hipótesis. De ahí se desprende todo el interés de la comunicación de la Comisión y del informe que votamos en el día de hoy.
Los desarrollos previsibles de la telemática aplicada a la red de carreteras son importantes, y sus consecuencias positivas, capaces de influir favorablemente en la calidad de vida de todos los usuarios de ésta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y del ahorro de tiempo. Las ventajas posibles en los ámbitos económicos y medioambientales son también evidentes: mejor gestión temporal y espacial del tráfico, transporte multimodal, ...
Con nuestro ponente, comparto la convicción de que el carácter positivo o negativo del saldo entre los empleos suprimidos en los sectores de producción y comercialización ya obsoletos por la aplicación de nuevas tecnologías a la red y al tráfico por carretera y los puestos de trabajo creados en este nuevo sector de actividad dependerá, en lo esencial, de la capacidad que nuestras empresas tengan para ponerse o no a la cabeza del movimiento que hoy se encuentra en estado de gestación.
En consecuencia, suscribo íntegramente la idea de que necesitamos ayudar a aquellas y asignar con este objetivo recursos sustanciales comunitarios al desarrollo y a la puesta en funcionamiento de la telemática en el sector del transporte, en una perspectiva de creación de empleo y de desarrollo duradero.
Informe Novo Belenguer (A4-0247/98)
Díez de Rivera Icaza
El informe del Sr. Novo es serio y riguroso en tema de tanta importancia, por lo que le felicitamos.
Yo lamento, y no me cansaré de repetirlo, la desaparición de la mínima referencia al turismo en el Tratado de Amsterdam, porque ésta, a mi entender, resultaba necesaria para poder articular una adecuada protección de los turistas, del sector y, por supuesto, de la calidad y seguridad ambiental del lugar elegido para su descanso. Esta es la razón por la que, además, propuse la creación de una Agencia Europea de Turismo.
El Sr. Méndez de Vigo y yo misma logramos introducir, no sin esfuerzo, y me importa subrayarlo, una enmienda conjunta en este sentido en el informe Bourlanges-Martin, ya que entendíamos, a diferencia de ciertos sectores turísticos y de otros diputados, que el turismo es mucho más que números cuantificables. Y que su desaparición del tratado revisado traería a la larga más problemas que beneficios incluso al propio sector turístico.
Dicho esto, para que nadie se llame a engaño o a lamentos, celebro la elaboración de este nuevo informe, que intenta paliar, de algún modo, este vacío legal, aunque quede, desgraciadamente, fuera del Tratado de Amsterdam.

Gallagher
Me complace que el Parlamento Europeo debata un informe relativo a la adopción de medidas comunitarias para el sector del turismo. Es de gran importancia desde la perspectiva irlandesa, si consideramos que la industria del turismo tiene un papel muy considerable en la creación de puestos de trabajo en la economía irlandesa.
Según la evaluación provisional de la utilización de fondos comunitarios en Irlanda, llevada a cabo por el Instituto de Investigación Económica y Social, se habrían creado más de 30.000 puestos de trabajo en Irlanda durante el actual Programa Marco Comunitario de Apoyo 1994-1999.
El actual programa operativo de turismo tiene una dotación de 369 millones de libras, que representa el 8 % del total del programa de Fondos estructurales que actualmente se destina a Irlanda.
Confío en que el sector del turismo irlandés se desarrolle y prospere en los próximos años.
La introducción de la moneda única europea debería tener un efecto positivo en este sentido. La desaparición de los costes de transacción en once Estados miembros de la Unión Europea, que abarcan una población de más de 291 millones de habitantes, significará que el coste de los traslados y las vacaciones se reducirán aún más posiblemente.
La moneda única europea trae consigo una zona sin fronteras para el capital, en la que dejarán de existir las agencias de cambio y se reducirán los costes.
La moneda única europea traerá consigo un aumento del número de turistas, lo que significará un incremento del número de puestos de trabajo en la industria del turismo de Irlanda durante los próximos años.
El Gobierno irlandés deberá velar por que la industria del turismo irlandesa se desarrolle al máximo de su potencial. En breve se celebrarán negociaciones entre el Gobierno irlandés y la Comisión Europea sobre la próxima distribución de los Fondos estructurales de la UE para el período 2000-2006. El Gobierno irlandés deberá formular un Plan Nacional de Desarrollo que exponga nuestras prioridades sociales y de inversión económica para el período de siete años a partir de 1999.
A la luz del hecho de que se habrán creado más de 30.000 puestos de trabajo entre los años 1994-1999 en la industria del turismo de Irlanda, resulta evidente que deberán incluirse disposiciones sustanciales en el Plan Nacional de Desarrollo con respecto a la futura financiación comunitaria y nacional de la industria del turismo de Irlanda.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Belenguer sobre las medidas comunitarias que afectan al turismo. Pensamos que no se debe empezar a armonizar las políticas turísticas de los países miembros tal y como se plantea en esta propuesta. La planificación de una política racional ha de quedar en manos de cada país con arreglo al principio de subsidiariedad. Por ello no hace falta un departamento ampliado para el turismo en la Comisión ni tampoco son precisas ampliaciones presupuestarias en este terreno.

Lindqvist (ELDR), Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk (I-EDN)
El informe del Sr. Novo Belenguer propone de un modo que resulta preocupante una política turística comunitaria. Pensamos que resulta difícil, por no decir imposible, promover quince países tan diferentes en una misma campaña. El Sr. Novo escribe, eso sí, en su informe que las campañas de promoción de destinos especiales nacionales o regionales en Europa (leáse UE) deben dejarse en manos de los Estados miembros y de sus oficinas de turismo nacionales y regionales. No podemos estar más de acuerdo y por ello precisamente pensamos que los intentos de este informe por convertir el turismo en una política comunitaria común mediante, entre otras cosas, la creación de una Dirección de turismo están completamente fuera de lugar.

Novo
El informe de la Comisión sobre las acciones comunitarias y llevadas a cabo en el período 1995-96 con repercusiones en el turismo confirma hasta la saciedad dos aspectos esenciales.
Por un lado, la utilidad de estas medidas, que, de forma directa o indirecta, procuran satisfacer las necesidades de un sector que, a pesar de la reducción global de la demanda de casi 10 % entre 1975 y 1995, sigue siendo determinante en la economía y en el empleo de la UE (casi el 6 % del PIB comunitario, más de nueve millones de puestos de trabajo). La utilidad de tales medidas permite concluir asimismo, como hemos sostenido, que se puede asegurar la cooperación en materia de intereses comunes sin que se modifique el marco jurídico vigente y demuestra el irrealismo de algunos intentos de comunitarizar la política relativa a ese sector.
Por otro lado, resulta patente la necesidad de dar continuidad a esas acciones comunitarias, sin modificar el marco jurídico, asignando dotaciones presupuestarias propias que permitan capacidades mayores de acción directa y, simultáneamente, aumentar las sinergias con otras políticas comunitarias o nacionales o ambas a la vez (planificación, medio ambiente, cultura, artesanado, patrimonio, políticas de empleo, acciones estructurales, nuevas tecnologías).
El informe es positivo y quisiera subrayar un aspecto, para nosotros esencial. De hecho, no basta con hacer constar que el sector turístico es fundamental desde el punto de vista del empleo. Igualmente fundamental es garantizar la calidad de dicho empleo. Por eso, subscribimos la conclusión que advierte de la necesidad de proyectar políticas y asignar medios financieros (para formación, entre otros aspectos) que permitan garantizar el máximo de empleo estable y reducir al mínimo los efectos de la estacionalidad e impidan la competitividad a costa de salarios bajos.

Wibe
Es cierto que el turismo genera empleo y, por lo tanto, bienestar en numerosas regiones, a pesar de lo cual me muestro muy escéptico ante la idea de crear una Dirección de turismo en el seno de la DG XXIII y de desarrollar una política turística común en la UE. Esta medida supondría un aumento de la burocracia y un mayor número de documentos. Desgraciadamente, no creo que, en la práctica, esta medida vaya a tener ningún efecto positivo en las actividades del sector turístico.
Informe Miranda (A4-0289/98)
Kellett-Bowman
Señor Presidente, como consta en Acta, cuando se produjo la huelga en esta Asamblea, afirmé que la institución estaba compuesta por sus diputados y los funcionarios. No todos estaban de acuerdo conmigo, pero lo sigo creyendo. Esta Asamblea está bien atendida por los numerosos funcionarios, a quienes saludo por ello.
No obstante, en esta ocasión, quiero decir que existen muchos casos que revelan la burda incompetencia durante muchos años, que era moneda corriente en la DG VI (Administración). Esa larga letanía de negligencias y errores ha dañado la imagen de esta institución. El anterior Director General de Administración, Jean Feidt debería asumir la responsabilidad de dicha lamentable situación.
Debo hacer hincapié en que hago estas observaciones sin ninguna consideración por motivos de nacionalidad ni persuasión política ni asociación a clubes o sociedades secretas, sino porque durante años -y podría enumerar los casos si dispusiera de más tiempo- esta Asamblea ha sido descuidada debido a una administración deficiente en la DG VI, y el Sr. Jean Feidt debería asumir dicha responsabilidad.

Fabre-Aubrespy
Nuestro Grupo ha votado contra el informe Miranda, por razón de su elemento esencial, que es la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo para el ejercicio 1996.
Al tratarse más especialmente de la famosa prórroga de los créditos del ejercicio 1996 a 1997, el ponente toma una vez más partido por defender al ordenador abrumando al servicio jurídico y al interventor: éste sin embargo, hizo bien su trabajo al sugerir, para poner remedio a la falta de firma del Presidente del Parlamento en los plazos previstos, seguir el procedimiento de la prórroga no automática. Esta sugerencia no fue sin embargo seguida por la administración.
Fue necesario esperar a finales del mes de enero de 1997 para que la administración conociera que el acta adicional nunca había sido firmada por el Presidente. Se solicitó entonces al antiguo presidente del Parlamento que lo firmase con carácter retroactivo, más de un mes más tarde de la fecha límite, algo a lo que éste se negó, evidentemente. Lo que no impidió que el Secretario General hiciera la misma propuesta, de nuevo sin éxito, a su sucesor.
Más sorprendente aún: según las situaciones contables que circulaban entre los servicios del ordenador y del interventor, los 30, 76 millones de ecus en cuestión formaban parte sin embargo de los créditos prorrogados de acuerdo con la ley al ejercicio 1997; figuraban además como prorrogados legalmente en un documento de fecha 20 de enero de 1997 y firmado por el ordenador competente. Un documento que certificaba además al interventor y al Secretario General que los procedimientos requeridos habían sido concluidos, mientras que su autor, entretanto, había intentado conseguir que el Presidente del Parlamento Europeo firmase el acta adicional con carácter retroactivo, algo de lo que el Secretario General estaba al corriente...
El ponente nos pide hoy que aprobemos la gestión de la administración del Parlamento, aunque este episodio haya demostrado la preocupante ineficacia del procedimiento de cierre de cuentas que, a pesar de la falta de firma del Presidente del Parlamento en el acta adicional, ha retenido los 30, 76 millones de ecus en las listas de créditos efectivamente prorrogados al ejercicio 1997. Más aún, la Comisión de Control Presupuestario, en su reunión del 25 de febrero de 1997, aprobó el cierre de cuentas de 1996, incluida la prórroga automática de los créditos en cuestión.
Hoy, se intenta minimizar este asunto adelantando que no hay pérdida de fondos propiamente dicha, y que los Estados miembros harán lo necesario para que el presupuesto del Parlamento pueda financiar la adquisición del D3 en los plazos previstos. Ahora bien, la administración del Parlamento, al no someter primero el acta adicional a la firma del Presidente, no teniendo después recurso al procedimiento de prórroga no automática, intentando más tarde antedatar el acta adicional y finalmente dando por definitiva la prórroga de los créditos al ejercicio de 1997, ha faltado íntegramente a su responsabilidad que era la de prorrogar efectivamente los 30, 76 millones de ecus, respetando el reglamento financiero.
Esta increíble sucesión de infracciones e incumplimientos graves debería sancionarse hoy rechazando la aprobación de la gestión para evitar que se reproduzcan.
Por otro lado, felicitándose por la decisión de no dar su acuerdo a la gestión al Comité Económico y Social, mi grupo se sorprende de que el informe Miranda, deplorando la abundante presencia de lagunas en las informaciones que contiene la cuenta de gestión y el balance financiero del Comité de las Regiones y la falta de una política coherente de personal, no haya decidido hacer lo mismo para esta institución: el informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 1996 había sin embargo puesto en evidencia una serie de irregularidades en el funcionamiento de esta institución.

Holm
He votado a favor del informe Miranda de la Comisión de Control Presupuestario sobre la aprobación de la gestión de 1996.
Es correcto pedir responsabilidades al Comité Económico y Social puesto que se han registrado graves deficiencias e irregularidades. Hay que esclarecer estas irregularidades no sólo a nivel interno de la UE por medio del Tribunal de Cuentas y la UCLAF, sino, como todo parece indicar que es necesario, también a nivel externo, recurriendo a las autoridades nacionales competentes. No se puede dar el visto bueno a la aprobación de la gestión sin actuar antes en este sentido.
Creo que en el Parlamento Europeo también hay problemas, por ejemplo, por lo que respecta a la gestión, al uso de consultorías y a las deficiencias que se han registrado con el personal cualificado en los servicios de contabilidad o en los servicios jurídicos. La diferencia que separa al Parlamento del Comité Económico y Social es que en el primero no existen indicios de fraude, sino fallos de carácter estructural. Por consiguiente, creo que se debería asignar al Tribunal de Cuentas el cometido de estudiar este caso más a fondo. A pesar de que ya se ha emprendido la labor en el seno del Parlamento, creo que sería positivo permitir alguna ayuda «exterior» en estos trabajos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 12.55 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

El Presidente
Colegas, lamentablemente no podemos iniciar la sesión, porque el primer orador será el Sr. Santer, Presidente de la Comisión, y estamos esperando a que regrese del almuerzo con el Rey de España. Viene de camino y no creo que tarde más de dos o tres minutos. Quería comunicarles el motivo de este retraso.
(La sesión, interrumpida a las 15.05 horas, se reanuda a las 15.10 horas)

Recursos propios
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los recursos propios y el procedimiento presupuestario.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, la Comisión acaba de aprobar su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. Se trata de un informe importante. Importante por su contenido - volveré sobre ello - pero también por la coyuntura en la que tiene lugar.
Pero según el artículo 10 de la decisión «Recursos propios», el texto debería presentarse en 1999. Hemos decidido adelantar su presentación por una razón simple: el sistema de financiación del presupuesto de la Unión constituye una de las piezas maestras de la negociación de la Agenda 2000. Sin ese informe no tendríamos ninguna posibilidad de concluir esta negociación, como estaba acordado, en marzo de 1999. En el momento actual, al estar sobre la mesa todos los datos del problema, hago un llamamiento para lanzar un nuevo impulso en la dirección del expediente de la Agenda 2000.
Señor Presidente, el texto aprobado en el día de hoy por la Comisión es exhaustivo, transparente, objetivo y abierto. Exhaustivo, ya que explora todas las pistas posibles e imaginables para una futura financiación equitativa, y diría también, una financiación suficiente de la Unión. Transparente, ya que no oculta ni las dificultades ni las ventajas de cada potencial decisión. Objetivo, ya que se basa en elementos considerados incuestionables. Y abierto, ya que no adelanta, en esta fase, más que opciones.
Con este informe, la Comisión espera desapasionar y objetivar un debate difícil y políticamente delicado. No oculto que abordando abiertamente la problemática de los saldos netos, la Comisión produce innovaciones. Pienso que es necesario, ya que deseo que el debate, inevitable, se produzca sobre bases claras y objetivas. Debo añadir que se trata de un concepto a manejar con prudencia, y nuestro informe lo muestra claramente.
Señor Presidente, después de algunas observaciones introductorias, permítame que le presente los grandes ejes de nuestro documento. Éste se articula en torno a dos temas. En primer lugar, el funcionamiento del sistema actual y su posible evolución. En segundo lugar, la problemática de los desequilibrios presupuestarios.
La evolución del sistema actual, durante los últimos años, refleja las innovaciones introducidas por las decisiones de 1988 y de 1994 sobre los recursos propios. Las contribuciones son ahora más equitativas, ya que están más en línea con la capacidad contributiva de los Estados miembros, expresada por su producto nacional bruto. Por otro lado, las disposiciones actuales han provisto a la Unión de recursos suficientes para financiar los gastos evitando las crisis financieras que la Unión ha sufrido en el pasado.
En ciertos aspectos, sin embargo, el sistema actual presenta algunas debilidades, de las cuales una ha sido señalada por el propio Parlamento en varias ocasiones. La autonomía financiera, que está en la base del concepto mismo de recursos propios, se ha difuminado de acuerdo con el incremento de la parte del presupuesto de la Unión financiada por contribuciones nacionales. Por otro lado, el sistema actual carece de transparencia, lo que en parte se debe a la complejidad vinculada a la corrección concedida al Reino Unido, pero también a la desnaturalización del recurso IVA que, en razón de la nivelación de la base imponible, entronca de hecho con una contribución nacional basada en el producto nacional bruto. El sistema presenta también dificultades de gestión, vinculadas a la percepción de los derechos arancelarios y agrícolas, que constituyen lo que se llama recursos propios tradicionales.
Señor Presidente, si deseamos que el sistema evolucione hacia una mayor transparencia y lógica, se plantean dos opciones radicalmente diferentes. Una primera posibilidad sería simplificar el sistema actual. Ello podía adoptar la forma de un refuerzo del papel del recurso PNB, del producto nacional bruto, en el sistema de contribuciones, aunque esto vaya en contra del propio concepto de recursos propios. Un incremento del papel del producto nacional bruto haría sin duda más sencillo y equitativo el sistema actual, pero no contribuiría al fortalecimiento de la autonomía financiera de la Unión.
En este contexto, al término del Consejo europeo de Cardiff, la Comisión examinó la propuesta reciente de España, apoyada por Grecia y Portugal, de introducir un elemento de progresividad en el sistema de contribuciones. Sin embargo, esta propuesta plantea problemas. Por ejemplo, el objetivo de solidaridad se persigue actualmente con los gastos del presupuesto de la Unión. Un planteamiento así garantiza una mayor eficacia del esfuerzo de convergencia real que una simple transferencia presupuestaria hacia los países menos prósperos.
Una segunda opción consistiría en introducir uno varios nuevos recursos propios para ampliar la base fiscal del sistema de recursos propios. Se trata de una solución que este Parlamento ha planteado en varias ocasiones. Además de la autonomía financiera que sería mayor, las principales ventajas de la introducción de nuevos recursos propios en el sistema serían un fortalecimiento de la responsabilidad política y de la percepción por los ciudadanos.
La lista de posibles recursos propios, propuestos o sugeridos, es larga y está enumerada en nuestro informe. Si se evalúa esta lista a la luz de una serie de criterios incuestionables, como la equidad entre los Estados miembros o la eficacia de la percepción, es obligado constatar que apenas hay opciones que satisfagan todos los criterios. Únicamente el IVA efectivo, tal como fue propuesto por el Parlamento en 1994, parece una solución a considerar a medio plazo.
Señor Presidente, me referiré ahora a la cuestión sensible de los desequilibrios presupuestarios. En primer lugar, quisiera repetir de entrada, y la Comisión siempre lo ha dicho, que el concepto mismo de saldo presupuestario es difícil de delimitar y de manejar. No se pueden reducir los costes y beneficios de la pertenencia a la Unión Europea a un simple cálculo aritmético. Sin embargo, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia han mencionado el compromiso de Fontainebleau que afirmaba: «la política de gastos es, a la postre, el medio esencial para resolver la cuestión de los desequilibrios presupuestarios. No obstante, se ha decidido que todo Estado miembro que soporte una carga presupuestaria excesiva con respecto a su prosperidad relativa, podrá proceder, llegado el momento, a una corrección».
Si adoptamos una óptica puramente presupuestaria, estos cuatro Estados miembros han sufrido efectivamente, por razones diversas además, una degradación de sus saldos presupuestarios, que son actualmente del mismo orden de importancia o incluso mayor que el del Reino Unido antes de la corrección. En efecto, el Reino Unido ya no está, y lo estará probablemente menos en el futuro, tras la ampliación, en una posición singular desde el punto de vista de su saldo presupuestario y de su prosperidad relativa. Su caso, único al principio de los años 80, está haciéndose común.
Por lo que respecta a la evolución futura de los saldos netos de los cuatro países mencionados, salvo el coste de la ampliación Agenda 2000 podría no tener más que efectos marginales y no necesariamente negativos sobre sus saldos. Sin duda, es aún pronto para poder decir con certeza lo que pasará en este ámbito, habida cuenta de que mucho depende del acuerdo final sobre las reformas de la Política Agrícola Común y de los Fondos Estructurales.
A pesar de sus reservas relativas al propio concepto de saldos netos, la Comisión ha decidido no sortear la cuestión. Ha examinado algunas opciones que podrían responder a las preocupaciones expresadas. Sin embargo, quisiera ponerlas en su contexto.
En primer lugar, la fuente de los desequilibrios presupuestarios se encuentra del lado de los gastos presupuestarios, como se reconoció en Fontainebleau. En segundo lugar, si no se hubiera realizado el esfuerzo serio de control del gasto de la Unión - al que ustedes mismos han contribuido - los desequilibrios se habrían incrementado. Finalmente, el coste de la ampliación habrá de repartirse equitativamente en función de la capacidad contributiva de los actuales Estados miembros. En el caso de que hubiera un consenso para llegar a una respuesta a la cuestión de los desequilibrios presupuestarios, la Comisión ha planteado tres opciones fundamentales, que por otra parte no se excluyen mutuamente.
Una primera opción sería la vuelta a un sistema de financiación unificado y simplificado. Podría haber una simplificación del sistema de financiaciones en favor de un mecanismo que estaría más fundamentado, incluso totalmente, en el recurso del producto nacional bruto. Una simplificación así podía englobar la supresión gradual del mecanismo de correcciones existentes. Segunda opción, sería posible efectuar una corrección en los gastos. Como ya he mencionado, el acuerdo de Fontainebleau hace hincapié en el papel que deberían jugar los gastos comunitarios en la corrección de los desequilibrios presupuestarios. Una parte importante del presupuesto, destinada a gastos estructurales, contribuye por supuesto a esos desequilibrios, pero de forma deliberada, habida cuenta de que se trata explícitamente de los gastos orientados a reforzar la cohesión económica y social de los Estados miembros menos prósperos.
El otro componente máximo de los gastos se encuentra en la política agrícola común que no tiene una vocación redistributiva entre Estados miembros. En la medida en que la política agrícola común se encuentra en el origen de algunos desequilibrios presupuestarios, se podría considerar la reducción de la contribución comunitaria a las ayudas directas a los agricultores. Una opción así no significaría evidentemente una renacionalización de la Política Agrícola Común desde el momento en que los derechos de los agricultores seguirán sin alterarse y las decisiones seguirán tomándose en Bruselas.
Una tercera opción sería la introducción de un mecanismo de corrección generalizado. Un mecanismo así sería de aplicación para todos los Estados miembros que cumplieran las condiciones necesarias. Para evitar que el monto de los recursos brutos, que deberían redistribuirse entre los Estados miembros, no explote, sería preciso proponer, bajo esta opción, un sistema de reembolso parcial de los saldos presupuestarios negativos, por encima de un cierto umbral de nivelación.
Señor Presidente, señoras, señores, si la Comisión presenta en el día de hoy su informe sobre los recursos propios, es porque desea - repito - que todas las cartas estén sobre la mesa para la fase final de las negociaciones sobre la Agenda 2000. Dicho esto, la Comisión sigue siendo de la opinión de que el debate sobre los saldos presupuestarios no ha de oscurecer la reflexión sobre un sistema de financiación eficaz y justo. En este sentido, quisiera señalar una vez más que la Comisión presenta en su informe diferentes opciones sin expresar preferencias entre ellas.
Finalmente, será necesario, nolens volens , tener en cuenta diferencias de procedimientos de decisión entre los gastos de la Unión y el sistema de financiación. En ese contexto, les recuerdo que, según la Comisión, la puesta en práctica de la Agenda 2000 no exige recursos financieros por encima del tope actual de los recursos propios, y de los que todos conocen la complejidad y lentitud institucional.
Eso quiere decir quizá que disponemos de un margen suficiente, eventualmente hasta la próxima ampliación, para reflexionar sobre las cuestiones mencionadas en el informe y adoptar las decisiones necesarias con la seriedad y la serenidad que precisan.

Haug
Señor Presidente, señor Presidente Santer, muchas gracias por su informe a la Comisión. Largo tiempo esperado, deseado con anhelo. Sin embargo, usted ha dicho que ha redactado el informe sin pasión. Habría deseado que lo hubiese redactado con pasión pues entonces quizás tendríamos ahora un documento apto para adoptar una resolución. En vez de ello, tenemos un abanico lleno de opciones, un abanico cualificado, pero no más.
En el Parlamento hemos debatido teniendo muy en cuenta la finalidad y hemos constatado alguna que otra cosa en nuestra Comisión de Presupuestos. Nuestra posición de partida es la siguiente: hay normas contractuales que nos obligan. Así, el artículo 130 a dice que la Comunidad está obligada a solidaridad entre los Estados más pobres y más ricos y determina como uno de sus objetivos reducir las diferencias de desarrollo de las diversas regiones impulsando a las regiones menos favorecidas.
Este es un aspecto. Otro aspecto es la capacidad de las economías de los Estados miembros, tal como usted lo ha descrito, incluso con el sistema del IVA como factor esencial para la determinación de sus participaciones en la financiación del Presupuesto de la UE. Si analizamos atentamente, constatamos que de hecho es así para todos los Estados miembros excepto para Gran Bretaña. El producto social bruto de Gran Bretaña representa el 15, 9 % del de la Comunidad pero solamente participa en la financiación del presupuesto con un 9, 9 %. Usted ha indicado que la causa de ello es la llamada rebaja británica. Aunque en el presupuesto se paga más o menos según la capacidad, hay Estados miembros que reclaman pagar menos. Como contramedida se propone un sistema de ingresos progresivo o una ampliación del Presupuesto por encima del límite actual del 1, 27 % del producto social bruto. Todo esto ha quedado reflejado en el acta de la cumbre de Cardiff.
Los Estados miembros que piden con mayor o menor intensidad la reducción de sus aportaciones fundamentan su argumentación en el llamado concepto de contribuyentes netos. Usted ha dicho algo al respecto y yo no tengo que decir nada más sobre esta apreciación basada en la equivalencia y que desde un punto de vista metódico descansa sobre unos pies de barro. Pero una cosa está clara. Si se analiza con más detalle, se pueden ver claros desequilibrios entre los Estados miembros más ricos. Por ejemplo, Dinamarca, la segunda fuerza económica dentro de la Comunidad recibe considerablemente más del presupuesto que lo que aporta a su financiación. Al mismo tiempo, países como Suecia y los Países Bajos, con un producto social bruto menor, soportan unas cargas financieras claramente mayores que la parte que perciben del presupuesto comunitario.
Pero si, como acabo de decir, la causa de los desequilibrios existentes no se encuentra en el lado del Debe, se tiene que encontrar necesariamente en el lado del Haber. Y aquí creo que en la Comisión de Presupuestos ya hemos hablado y debatido de un modo más preciso de lo que usted propone en este informe. Vemos que los Estados miembros tienen una participación muy diferente en las políticas comunes. Especialmente clara se ve esta diferencia en la política agrícola común.
Estados miembros con una elevada proporción agrícola y una elevada proporción de estructuras agrícolas aptas para ser desarrolladas como, por ejemplo, Dinamarca o Francia, perciben independientemente de su capacidad económica unas devoluciones superiores que Estados miembros con una proporción agrícola menor. Así, la participación en la financiación de Suecia y Alemania en el presupuesto comunitario es el doble que su participación en la política agrícola. Pero como el 45 % del presupuesto va a parar a la política agrícola, es evidente que es aquí donde debe buscarse la causa de los desequilibrios existentes.
Por ello, nos alegra que en su informe se haya ocupado también de este enfoque nuestro para reducir los desequilibrios, es decir, la cofinanciación de la política agrícola. En este contexto, como condición previa es importante que la tendencia en la política agrícola vaya de las garantías de precios a las ayudas directas a los ingresos y al fomento de medidas dirigidas a cuidar el paisaje y ecológicas. Esta tendencia se va a intensificar aún más con la Agenda 2000. Ya hoy, entre el 50 y el 60 % de los gastos agrícolas son de carácter estructural. Como estas medidas se aplican directamente in situ en los países miembros, es razonable que éstos participen en la financiación tal como es el caso en las restantes políticas estructurales. No se produciría pues ninguna quiebra del sistema, aspecto sobre el que usted ha llamado la atención.
Por ello, se propone esta cofinanciación nacional de la política agrícola. Sería un paso correcto no sólo para la lógica del desarrollo sino que también conduciría a una considerable distensión en lo que a la problemática de los contribuyentes netos se refiere. A todo lo que aquí se puede decir sobre nuestra propuesta sobre la que debatimos aquí por primera vez, por ejemplo, que va a impulsar también la dinámica en la política agrícola común, viene además a sumarse una ventaja indiscutible frente a todas las demás opciones que usted ha mencionado, a saber, que se puede aplicar. No necesita de unanimidad en el Consejo sino sólo una mayoría cualificada.

Garriga Polledo
Señor Presidente, Señorías, señor Santer, va a oír usted hoy muchas opiniones, pero hay un dato incontestable: si el producto interior bruto de la Unión crece por debajo del 2, 5 % anual, el actual techo del 1, 27 % de recursos propios va a ser insuficiente para profundizar las políticas comunitarias, mantener la política de cohesión y financiar la ampliación al este simultáneamente.
Serán ustedes conscientes -y ahora ya hablo para el Colegio de Comisarios porque no está el Sr. Santer- de que aquí van a encontrar una fuerte corriente de opinión que les va a decir que un sistema de financiación que no contempla la progresividad fiscal y la prosperidad relativa como principios fundamentales es un sistema de financiación que, de partida, es injusto e insolidario.
Señor Liikanen, la Comisión, donde usted está, se ha contaminado del virus de la teoría de los saldos netos y del justo retorno y, por ello, han tomado ustedes la decisión política de recomendar una redistribución de gastos para compensar los saldos netos, en vez de recomendar una redistribución de los ingresos que consagrara la progresividad fiscal.
Pues bien, la propuesta que hoy nos presenta la Comisión no va a solucionar nada. No va a introducir ni un solo euro más en el presupuesto comunitario y va a condenar la acción de la Comisión a la carestía financiera y a la inacción. En segundo lugar, la propuesta que nos hace la Comisión es, desde cualquier punto de vista, regresiva, sea cual sea la alternativa que al final se escoja.
La propuesta va también contra la solidaridad financiera y contra la cohesión y es injusta, como se lo van a decir en el trámite parlamentario las comisiones y los agricultores europeos. Es parcial, como también se lo van a decir a ustedes en el Consejo Europeo, y, además, es una propuesta bastante indigna de una institución europea que debería estar defendiendo el interés general, como me imagino que se lo dirá este Parlamento.

Miranda
Señor Presidente, no dudamos de la importancia de un debate profundo sobre el sistema de recursos propios comunitarios y vamos a analizar este documento con cierta atención. Ahora bien, obliga a la aclaración de algunas cuestiones previas. Las cuestiones financieras no se pueden desligar de la correspondiente contextualización económica. Y así es, si se quiere razonar con una base de justicia redistributiva y de solidaridad. Y éstas deberán funcionar de forma equilibrada, en cuanto a los ingresos y en cuanto a los gastos. Segunda cuestión: o formulamos objetivos y encontramos los medios y las formas adecuadas para hacerlos realidad, y ésa es nuestra posición, o determinamos en el punto de partida los medios y trazamos después los objetivos que se pueden alcanzar con ellos, solución que parece ser la de la Comisión, con una base extraordinariamente restrictiva, que es, como sabemos, la del 1, 27 %.
Siguiendo la primera orientación, es posible y deseable, de hecho, un debate sobre el sistema de recursos propios, en particular con vistas a resolver las distorsiones derivadas del sistema actual, las anunciadas y también otras que se conocen. Con la base actual es muy difícil funcionar.
Ahora bien, la Comisión distorsiona en cierto modo el debate, porque, antes incluso de iniciarlo, opta ya por uno de los dos caminos que propone. Y porque su principal preocupación parece ser la de resolver, no el problema de los recursos propios, sino los desequilibrios existentes. Sabe que es inviable acabar con el paquete financiero británico, sabe que el sistema del justo retorno representaría el fin del propio concepto de Comunidad y representaría el fin del principio de solidaridad, no cree, como se ha visto, en la perspectiva del sistema basado en una base progresiva y en función del PNB. Sólo le queda una opción: no la de los recursos propios, sino la de la reducción de los gastos, resolver este problema mediante la reducción de los gastos. Eso es lo que aquí nos ha traído la Comisión, lo que es lo mismo que decir nada, porque nada nuevo nos ha traído a este debate.

Müller
Señor Presidente, señor Comisario, me alegra que la Comisión considere una cofinanciación de la política agrícola, pues la considero la vía adecuada. Esta propuesta afecta al meollo del problema ya que se aplica al lado del Haber del presupuesto. Además, tal como se ha dicho, esta opción se puede acordar con mayoría cualificada en el Consejo y no precisa de ninguna revisión unánime de la resolución sobre recursos propios. De este modo, el debate sobre los contribuyentes netos, tal como fue practicado por el antiguo Ministro de Hacienda, Waigel, se puede ir tranquilamente junto con él al asilo de ancianos.
Si los Estados miembros financiasen la mitad de las ayudas directas al presupuesto agrícola de su propio bolsillo, significaría para Alemania una desgravación neta de 2.400 millones de marcos. Gran Bretaña se beneficiaría también considerablemente de tal reforma, unos 2.000 millones de marcos. En consecuencia, la rebaja británica quedaría obsoleta. Si se transfieren financiaciones de la Unión a los Estados miembros, entonces el presupuesto de la UE se tiene que reducir también en el correspondiente importe. Cualquier otra cosa supondría un aumento del presupuesto de la UE y chocaría también en Alemania con la resistencia de aquellos que tendrían que pagar la cofinanciación de su propio bolsillo.
Por ello, no entra en consideración financiar con los créditos que quedarían libres las redes transeuropeas y la política de investigación. La política de empleo a gran escala debe seguir siendo como hasta ahora de la incumbencia de los Estados miembros y no pude ser financiada a nivel europeo.

Samland
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por el documento que ha presentado. Por primera vez tenemos un documento en la Comunidad que presenta cifras detalladas y que muestra claramente qué es realista o no en este debate. Al igual que la señora Müller, podemos decir que la rebaja de Waigel desde el primer momento en que se inventó fue irreal. Quien crea que el Parlamento portugués va a aceptar los costes que los alemanes quieren ahorrar mediante una resolución de ratificación, no pertenece a este mundo. Por ello, es bueno que se archive.
También es bueno que se archive la propuesta del Gobierno español que pretende que los contribuyentes netos en el futuro paguen aún más y que la injusticia o la laguna de justicia que existe se siga ampliando aún más. Esto es también un sin sentido y significa solamente abrir trincheras para la base de negociación de marzo del próximo año.
Quiero subrayar también aquí que la Unión Europea no es una Caja de Ahorros en la que todos pagan sus cuotas para recuperarlas a continuación con el máximo interés posible. Como la señora Haug ha dicho, somos una comunidad de solidaridad y el sistema de recursos propios tiene que hacer también justicia a esta exigencia.
Por otro lado, hay que constatar que la laguna de justicia se ve aquí con una claridad y nitidez como en pocos casos. Afecta también a aquellos que gritan más alto -no me refiero siquiera a los de mi propio país sino de los Países Bajos que gritan junto con nosotros, pues si se deduce el efecto Rotterdam, entonces el balance del contribuyente neto Países Bajos es muy diferente a como siempre afirma el Gobierno de ese país. Por ello, estas cifras son también de gran ayuda.
Por lo demás, habría dicho esto también aunque el señor Santer hubiese estado aquí y los luxemburgueses tienen también que escucharlo: si se calculan los costes de personal que se queden muy calladitos. Coincido con usted en que tienen que salirnos al encuentro cuado se trata de hacernos cargo de edificios en Luxemburgo y de que además los paguemos nosotros...
(Aplausos) ... deben quedarse muy calladitos pues nosotros somos el Fondo estructural vivo!
Pero me voy a referir a la línea política en si: de lo que se trata es de equilibrar las descompensaciones -en Bruselas exactamente igual que aquí- que existen entre los Estados miembros de la Comunidad. No puede ser que un país como Dinamarca, que según el producto social bruto per cápita, es el país más rico de la Comunidad, sea un receptor neto y un país como Suecia sea un contribuyente neto. Algo está mal en el sistema.
¿Dónde se encuentra el fallo? Precisamente allí donde se señala claramente en una de las tres opciones: en la parte agrícola. Se encuentra allí donde hay devoluciones. El 47 % de los gastos van a la política agrícola. Un país con una elevada proporción agrícola tiene unas devoluciones mayores por lo que es un país receptor neto. Los daneses no pagan injustamente pero reciben más debido a nuestra política de gastos, de modo que son receptores netos. Por ello, creo que esta propuesta que se ha realizado aquí de un mecanismo de corrección y que pretende no racionalizar sino cofinanciar, hacer posible la cofinanciación como ocurre con los Fondos estructurales, los créditos de investigación y con todos los créditos, señala en la dirección correcta. Como ha dicho la señora Haug, tiene el gran defecto de que se puede hacer realidad con una mayoría cualificada. Es decir, aquellos que quieran refugiarse tras el veto se van a encontrar en una posición muy mala.
Hay que sacar a relucir un segundo tema, la rebaja británica. Quiero decir muy claramente que tenía su validez cuando en 1984 el 71 % de los créditos presupuestarios fluían al sector agrícola, ¡el 71 %! Entonces tenía su validez porque en ese tiempo la devolución de los británicos del sector agrícola se encontraba en un volumen de aproximadamente el 8-10 %. Hoy, los británicos, aparte de esa rebaja obtienen otra por las políticas que se han convertido en determinantes para la Comunidad después de 1984. Esta es por ejemplo, la política regional y estructural. En el futuro va a ser la ampliación al Este y, estimado Terry, digo que a mi amigo social-demócrata Tony Blair le va a ser difícil justificar porqué los británicos que exigen en voz alta la ampliación hacia el Este, tienen que recibir de los demás por ello una rebaja. Le va a ser muy difícil justificarlo.
(Aplausos) Sé que este es un campo mucho más difícil pues aquí se trata de resoluciones unánimes, por lo que digo muy claramente que esta Comunidad siempre se ha caracterizado por no presentar exigencias radicales. Pero a lo que tenemos que adaptarnos tanto nosotros como nuestros colegas británicos es que tenemos que encontrar un modo inteligente de cómo podemos contribuir a lograr un out-phasen de la rebaja de la aportación para las partes que no son «agrícolas», es decir, para las partes que pertenecen a la política regional y estructural y, en consecuencia, a la solidaridad de la Comunidad, y para las partes que pertenecen a la futura ampliación hacia el Este.
Unas últimas palabras: creo que el paquete que se ha puesto aquí sobre la mesa es un buen paquete que complementa el de la Agenda 2000 y que puede contribuir a encontrar en marzo del próximo año un compromiso: cohesión para la cofinanciación por un lado y soluciones interesantes e inteligentes para la rebaja británica para una reforma de la política agrícola, por el otro. Creo que encontraremos una buena solución.
(Aplausos)
Tillich
Señor Presidente, querido Detlev Samland, ha sido el Gobierno federal actual y a su cabeza Helmut Kohl y Theo Waigel quienes han exigido la corrección del actual sistema de recursos propios. Otros Estados miembros se han adherido a esta exigencia y es de saludar que la Comisión presente ahora esta propuesta de reordenación y que reconozca que existe un desequilibrio. Hay que tener en cuenta dos aspectos para el futuro: ¿de cuántos recursos financieros dispone el presupuesto de la Unión Europea y con cuánto contribuye cada Estado miembro?
Sólo en base a eso va a ser posible un debate a fondo sobre la parte de gastos, es decir, la Agenda 2000. Nadie cuestiona el principio de solidaridad, tal como está regulado en los Tratados europeos pero todavía resuenan en mis oídos las palabras pronunciadas por el colega español esta mañana. Constató que la UE se ha modificado y que todos en esta Asamblea hemos acordado en varias ocasiones que la UE se modifique aún más.
Por ello, no se puede creer que este sistema pueda funcionar en el futuro tal como funciona hoy. Hay algunos países miembros en los que el producto social bruto ha crecido continuamente durante los últimos años pero las devoluciones a dichos países han permanecido en principio invariables. El sistema actual de rebaja relacionado con un Estado miembro ha perdido su justificación. Los ingresos tradicionales han perdido su importancia y no han contribuido a aportar transparencia sino más bien confusión.
Señor Samland, Theo Waigel propuso por ello limitar la aportación de cada Estado miembro a un determinado importe máximo del producto social bruto de los Estados miembros. Este límite, señor Samland, no es una simple rebaja sino que tiene que verse sobre todo en relación con las reformas en el sector de los gastos y esto no sólo en el sector agrícola sino también en el de la política de cohesión y estructural. Esta es la base de partida para una Unión mayor. Y ahora viene: la cofinanciación en el sector agrícola es una idea de nuestro colega Böge, pero tal como es usual cuando existen perspectivas de éxito para una idea, ésta tiene naturalmente muchos padres.
(Agitación) No estoy de acuerdo con el resumen de la Comisión, en que ésta constata que actualmente no existe ninguna necesidad de reformar el sistema de recursos propios; en caso de una ampliación, esto sería practicable. Considero que no está justificado en el resumen de la Comisión.

Seppänen
Señor Presidente, estamos hablando de quién va a pagar la ampliación de la UE. Si se recortan los recursos de la cohesión, los contribuyentes de la ampliación serán los países beneficiarios de esta cohesión. Si se recortan los Fondos estructurales, los contribuyentes serán las propias regiones en desarrollo de la UE. Si se recorta la financiación de la política agrícola de la UE, el gasto correrá a cargo de los agricultores de la Unión Europea. Si se transfiere la financiación de la política agrícola común a los presupuestos nacionales de los Estados miembros, serán los contribuyentes de los países de la Unión Europea quienes paguen la ampliación. Si Alemania contribuye en menor medida al presupuesto de la UE, el resto de los países pagará mas por la ampliación. Si se decide devolver una menor contribución al Reino Unido, los contribuyentes de este país pagarán más por la ampliación. Si se suprimen los ingresos aduaneros calculados como parte de la cuota de los Países Bajos, este país no será el contribuyente neto que dice ser en la actualidad. Por mi cuenta, afirmo que, si se tienen en cuenta los ingresos aduaneros, también mi país, Finlandia, es contribuyente neto.
Agradezco la declaración de la Comisión. Hay que llamar a las cosas por su nombre. No podremos llevar a cabo una ampliación justificada políticamente sin una transferencia de ingresos económicos de todos los países de la actual Unión Europea en beneficio de los futuros Estados miembros. Es imposible aceptar que algún país que respalde la ampliación no contribuya a costearla. Con arreglo a esta declaración, debemos comenzar a esclarecer quién pagara la ampliación.

Colom i Naval
Señor Presidente, me siento profundamente decepcionado. He escuchado con atención la presentación del asunto por la Comisión y quiero decir, clara y llanamente, que esperaba más. ¿En quién pensaban ustedes, señores de la Comisión? ¿En Europa o en los Estados miembros?
La Comisión formula tres propuestas que, si bien se mira, son cuatro, como los mosqueteros, y ninguna de ellas es brillante. De hecho, en esta ocasión y de una manera todavía más palpable que para el conjunto de la Agenda 2000, la Comisión hace unas propuestas excesivamente tímidas con miedo a irritar al Consejo y, especialmente, a algunos miembros del Consejo Europeo. Todos los Estados son iguales pero, obviamente, hay algunos Estados que son más iguales que otros en opinión de la Comisión. No cabe confundir el realismo político o el pragmatismo con rehuir responsabilidades y, a mi juicio, esto es lo que en definitiva hace la Comisión en su propuesta.
Europa está viviendo en estos momentos una situación muy importante. Hemos aprobado Amsterdam. Está en curso la ratificación del Tratado. En cien días estaremos utilizando el euro, al menos financieramente. Planea aquí delante el ambicioso proyecto de la ampliación europea, de la Unión. Y, francamente, el debate que se hace en Europa no está, a mi juicio, a la altura de los retos. Y, a veces, se propende a centrarlo demasiado en torno al saldo presupuestario Estado miembro/Comunidad, que es una forma más o menos maquillada de reivindicar el principio de justo retorno que todos formalmente y con la boca pequeña condenamos.
En muchos parlamentos nacionales y medios de comunicación se habla de contribuciones nacionales olvidando que no sólo no se usan desde hace años sino que el propio Tratado de Maastricht -hace ya unos cuantos años- derogó el artículo 200 que es donde estaban previstas. Se hace demagogia electoral en los parlamentos nacionales sobre la base de algo que no existe ni legal ni prácticamente.
Aparte, recordemos que nadie está en la Unión Europea por motivos presupuestarios. Si alguien lo estuviera sería bastante pobre. Si hablamos de saldos, ¿por qué no hablar de otros saldos?; ¿por qué no hablar del saldo comercial?; ¿por qué no hablar del saldo financiero? Aquí el balance es mucho más complejo que cualquiera de las distintas interpretaciones que se pueden dar al saldo presupuestario. ¿Cómo se valoran los beneficios políticos o económicos de pertenecer al proyecto de Unión Europea? A mi juicio, la Comisión debería haber tenido el coraje político de hacer propuestas que permitieran un avance político. No sé si es miopía o cobardía política. No han osado romper esa dinámica nacionalista que está realmente estropeando el ambiente europeo y deberían haber hecho, a mi juicio, una propuesta europeísta. Se habla de déficit democrático pero ninguna de las propuestas lo resuelve. Son meras contribuciones nacionales disimuladas. Hay que hacer un presupuesto europeo transparente y perceptible para los ciudadanos. Ninguna de ellas contribuye a ello. Es absolutamente injusto que la contribución de cada ciudadano al presupuesto europeo dependa del país europeo en que se resida y no de su renta o su riqueza. Estamos todos de acuerdo con este principio, teóricamente. ¿Por qué no proponer un miniimpuesto europeo sobre la renta? No estoy hablando de un gran impuesto. Estoy hablando de un impuesto que tiene que financiar un presupuesto europeo y que, traducido en una unidad de medida, representa una taza de café al día a lo largo del año en el bar de la Universidad. Esto es lo que cuesta el presupuesto comunitario, 240 ecus por ciudadano. Y no se financiaría todo con ese impuesto que les estoy diciendo. Basta un impuesto muy sencillo. ¿Por qué no separar en factura la parte comunitaria del IVA? Una parte, IVA nacional; otra parte, IVA europeo. Haríamos más transparentes y más responsables democráticamente a las instituciones europeas. Y si no se tiene el valor político de hacerlo, respetemos en Europa el principio de la capacidad de pago, que en los Estados europeos reemplazó al principio del beneficio como base de los impuestos en el siglo XIX -ni tan siquiera en el siglo XX, hace más de un siglo que no lo aplicamos en nuestros Estados miembros.
Quisiera como mínimo subrayar que la Comisión no tiene más voluntad de avanzar que los propios Estados miembros y, si no podemos ir más allá y el debate debe limitarse al análisis de estas propuestas, avanzo que la mayoría de las propuestas que hace no me parecen ni tan siquiera un buen documento de análisis sino un retroceso político.

Alavanos
Señor Presidente, si no me equivoco, la economía mundial se dirige hacia una situación de recesión. Al mismo tiempo, en dichas condiciones económicas, la Unión Europea se encuentra ante la difícil empresa del Euro y ante el reto de la ampliación. ¿En dichas condiciones, qué cabría esperar de la Unión Europea y, en especial, de los países más fuertes?. Cabría esperar muestras de solidaridad, muestras de generosidad. Y aquí, en el debate que celebramos aquí dentro, vemos una lamentable imagen de ruin interés y nacionalismo. ¿Y por qué cosa vemos interesarse a Dinamarca, a Alemania, al Reino Unido y a Holanda, que representan a algunos de los países más poderosos de la Unión? ¿Por enviar qué mensaje? ¿Cómo nos quedará en el bolsillo más dinero del que destinamos al presupuesto de la Unión Europea?
Creo que es una situación inadmisible, que no se corresponde ni con el clima ni con los grandes retos ante los que se encuentra la Unión Europea. Desde esta tribuna, desearía, simplemente, hacer un llamamiento al Gobierno griego, al Primer Ministro griego, en especial ante los peligros de una nacionalización de la política agrícola y del agravamiento de los presupuestos nacionales con los gastos de la política agrícola, para que afronten con seriedad los desafíos en vez de anunciar los inexistentes paquetes Santer que van a venir.

Fantuzzi
Señor Presidente, evidentemente, el virus de los saldos netos financieros puede transmitir, yo también lo creo, enfermedades mortales a la Unión Europea, habida cuenta de que todos debemos recordar el saldo neto que Europa ha dado a todo el mundo y, en particular, a los más fuertes. Sin embargo, hay morosidades en curso y no creo que sea justo que el miedo de evocar un virus mortal nos haga ignorar este problema totalmente. Señor Comisario, estoy convencido, en cambio, que quizás este debate debía abrirse antes, porque ha permanecido latente demasiado tiempo.
Ahora veo algunos riesgos y es evidente que se hablará de esta opción nº 2, la que afecta a la agricultura, porque al menos presenta la ventaja de no requerir una decisión unánime ya desde ahora. El riesgo está entonces en que todo el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común de la Agenda 2000 se aparte totalmente de esta propuesta. También en el Parlamento, estamos en un punto muy avanzado del debate sobre la propuesta de reforma de la OCM, y me pregunto si habrá alguien que aprovechará esta ocasión para decir: «Tiremos la toalla, volvamos a partir de cero, no se puede hacer nada». Esto podría conducir a aplazar una vez más las decisiones sobre la Política Agrícola Común que, en mi opinión, son siempre muy urgentes.
Los desequilibrios de la Política Agrícola Común no se han inventado ahora, existen desde hace tiempo, no nos los ha recetado el médico y son el fruto de decisiones políticas. Recuerdo al señor Comisario Mc Sharry que, cuando en 1992, propuso la reforma, dijo: « Tenemos que redistribuir los efectos del presupuesto agrícola entre los países, los productores y las regiones». Se tomaron decisiones precisas en el Consejo de ministros de Agricultura -donde, con frecuencia, los ministros tienen el virus de la calculadora a la hora de tomar sus decisiones- que han impedido cumplir los objetivos originarios.
Ahora, si al abordar este debate, el camino llevará a un salto de calidad en el contexto de todo el debate para devolver solidaridad a la Política Agrícola Común, yo digo: «Bienvenido sea el debate de hoy». Si, por el contrario, todo se resuelve renacionalizando el dinero, sólo al objeto de ayudar a alguien desde el punto de vista de los saldos netos, tengo que poner serias objeciones. Creo, en cambio, que lo que hay que hacer es volver a debatir todo el planteamiento de la Política Agrícola Común. Existen asimismo otras posibles alternativas para dar más espacio a la política de calidad, a las políticas estructurales que son el segundo pilar inexistente de la política agrícola nacional, sin traer a la memoria siempre y en todo caso el peligro de la renacionalización.
Es evidente, lo sabemos, que existe el reto de la renacionalización, sin embargo, también hoy se tiende implícitamente hacia la renacionalización y, a mi juicio, una solidaridad al revés, es la peor de las renacionalizaciones posibles. Esto es lo que hay que debatir.

Bourlanges
Señor Presidente, decididamente intervengo siempre antes que el señor Liikanen con la sensación de que no me corresponde a mí. Creo que es de mal augurio para el informe general sobre el presupuesto del año próximo. Quisiera decir simplemente dos palabras sobre las propuestas de la Comisión que acabamos de conocer. Creo que la Comisión hace un trabajo muy interesante para resolver un problema absolutamente irresoluble, el de la cuadratura del círculo.
Cómo satisfacer a todos los contribuyentes al presupuesto de la Unión Europea con un presupuesto que, por una parte y con razón es un presupuesto de distribución vertical que beneficia a los menos desarrollados pero que se vive como una penalización por parte de los más desarrollados y que, por otra parte y también con razón, es un presupuesto de transferencia intersectorial del 97 % de la población hacia el 3 % de la población agrícola de la Comunidad. Cuando se tiene un presupuesto de este orden, es evidente que todo el mundo, o al menos una gran mayoría, ha de estar necesariamente insatisfecho. Las soluciones consideradas por la Comisión se basan en una paradoja digna de Lewis Carroll: el impuesto que cada cual ha de aportar a la Comunidad está en función de lo que recibe de la Comunidad. El principio fundamental, y de la nivelación de los saldos y de la cofinanciación agrícola es: yo te doy lo que tú necesitas, a condición de que pagues lo que te doy.
Este planteamiento es evidentemente insatisfactorio, pero la Comisión está condenada a este ejercicio. La única solución verdadera consiste en salir de la contradicción en la que nos sumen los Estados, a saber, el bloqueo del gasto comunitario. En tanto no tengamos una verdadera política comunitaria, que interese a los quince Estados miembros sobre objetivos como la protección del medio ambiente, las redes de transporte, la ordenación del territorio, los contribuyentes de la Unión Europea no se reconocerán plenamente en el presupuesto de la Unión, pero eso no puede hacerlo usted en lugar de los Estados miembros.

Brinkhorst
Señor Presidente, solo quiero decir una cosa. Es muy importante que la Comisión presente en estos momentos concretos una comunicación sobre los recursos. Como ha dicho el Presidente Santer, es el requisito para debatir debidamente la ampliación.
Mi Grupo opina que es muy importante que fundamentalmente ataquemos el concepto del juste retour . Un justo retorno basado únicamente en las contribuciones netas no puede ser la solución. Evidentemente, deberíamos aspirar a alcanzar una solución más equitativa, pero para ello es necesario un equilibrio norte-sur, además de un aumento escalonado de las contribuciones al presupuesto por parte de todos los Estados miembros. Es el enfoque que adoptaremos.
El asunto es competencia de los Estados miembros, pero deseamos felicitar a la Comisión por haber adoptado ya una posición. Probablemente es acertado que la Comisión se haya limitado a exponer las diferentes alternativas, pero son esas mismas alternativas las que ahora deberán debatirse políticamente.

Liikanen
Señor Presidente, quizá convenga recordar que el presente informe obedece a una obligación, que, en buena medida, ya le fue encomendada a la Comisión en Edimburgo. La Cumbre de Edimburgo decidió que la Comisión debe, en primer lugar, presentar un informe sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre el sistema de los recursos propios. Es una de las partes de todo este informe. En segundo lugar, tenemos la obligación de presentar un informe sobre el sistema de descuento británico, que también forma parte del presente informe. En tercer lugar, la Comisión recibió la orden de presentar un informe sobre unos posibles recursos propios nuevos. El informe contiene un extenso anexo sobre el tema. Espero que tengamos tiempo de ocuparnos de eso; tiene una extensión de aproximadamente 30 páginas. Ustedes han recibido el documento con mucho retraso. La Comisión no tomó la decisión hasta poco antes de las 12 horas. Por tanto, tómense su tiempo y estúdienlo en su totalidad.
En cuanto a la cuestión del justo retorno y la transparencia, tenemos dos objetivos que no siempre son fáciles de compaginar. En primer lugar, estamos en contra del concepto del justo retorno. No existe ningún concepto en virtud del cual, cada país deba recuperar lo que aporta. Naturalmente nos oponemos a ello. Europa y la Unión Europea generan mucho valor añadido que es compartido por todos los países. No se puede convertir sencillamente en un ejercicio contable. Ése es un aspecto y está claro.
En segundo lugar, estamos a favor de la transparencia. No podemos jugar al escondite con las cifras. Ahora hemos hecho públicas todas las cifras y además hay un anexo al respecto, en el que se explica lo difícil que resulta la cuestión de definir las diferentes posiciones netas. No existe ninguna solución sencilla a este problema; en el informe presentamos todas las cifras.
Respecto al carácter del informe, quiero hacer hincapié en que hemos propuesto tres opciones con múltiples variaciones. Hoy, la Comisión ha decidido que las opciones presentadas en el informe son intercambiables, pueden acumularse y escalonarse en el tiempo. Por tanto, si hay nuevas opciones que tengan un fundamento sólido y obtienen el apoyo de la sociedad europea y de los Estados miembros, el debate está abierto.
Haré sólo una observación sobre los elementos de algunas propuestas. En nuestra decisión de hoy y en nuestro informe, declaramos que las modificaciones de la carga de financiación a las que apuntan algunas de estas opiniones presentan elementos regresivos que quizá deban ser corregidos en el contexto de nuestra solución. Eso está claro y, antes de aplicar ninguna otra solución, debe solucionarse este elemento de ciertas características regresivas. No podremos hacerlo hasta que alcancemos un consenso razonable para seguir avanzando.
La Comisión ha abierto el debate. Es el primer debate público sobre la cuestión. Estoy seguro de que proseguirá en los Estados miembros y, en su momento, podremos sacar conclusiones sobre la posibilidad de presentar una propuesta. Esto no es una propuesta: es una presentación del informe y de las opciones.

El Presidente
El debate queda cerrado.

Inmigrantes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales:
B4-0484/98 de la Sra. d'Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, al Consejo, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la UE; -B4-0485/98 de la Sra. d'Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, a la Comisión, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la UE; -B4-0486/98 de la Sra. Schaffner, en nombre del Grupo Unión por Europa, al Consejo, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la Unión Europea; -B4-0487/98 de la Sra. Schaffner, en nombre del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre los inmigrantes procedentes de países mediterráneos que entran en la Unión Europea; -B4-0488/98 de la Sra. Roth. y los Sres. Orlando y Voggenhuber, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, a la Comisión, sobre la inmigración procedente de la zona mediterránea.
d'Ancona
Señor Presidente, las preguntas orales en relación con la entrada incontrolada de inmigrantes procedentes de los países del Mediterráneo tienen que ver, en primer lugar, con nuestra preocupación por esta gente. Gente en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de una guerra civil o de una catástrofe natural, ahuyentada por la violencia y la represión. De esta manera, a menudo no consiguen la libertad porque en el camino se mueren de forma espeluznante, son víctimas del tráfico ilegal o no son bien recibidos en la denominada tierra prometida. Señor Presidente, esto es un drama humano. Un drama, sin embargo, que no puede ni debe ser solucionado por nuestros colegas en los Estados miembros que más se ven enfrentados con esta forma de inmigración. También es nuestra preocupación y responsabilidad y necesitamos, ya lo hemos dicho tantas veces, para ello unas soluciones europeas, un política europea de inmigración.
La lentitud del Consejo en este aspecto es desconcertante. Contrasta violentamente con el pánico que caracteriza la política en materia de refugiados en casi todos los Estados miembros. Es bueno que la Presidencia austriaca haya tenido el valor de poner esta cuestión en la agenda, pero es hipócrita que los ministros de justicia no quisieran tratarla por estar reñida con la Convención de Refugiados de Ginebra. Eso sí que es verdad y las reacciones críticas de «Amnesty», ECRE y UNCHR estaban muy justificadas pero la postura de los Estados miembros, Señor Presidente, oculta que su propia política de asilo ya no está de acuerdo con la Convención de Ginebra desde hace mucho. Ha surgido una gran discrepancia entre los principios y la realidad. El enfoque europeo en este momento consiste en que nos volvemos cada vez más restrictivos, que las cargas no se comparten sino que se echan al vecino, que se encierra y se extradita a los solicitantes de asilo de una manera inhumana. Señor Presidente, no podemos seguir así. Hemos de poner en marcha una política europea de asilo e inmigración única. El documento estratégico austriaco revisado debe ser el impulso para unos planes más concretos. También se podría debatir si no podríamos llevar a cabo una política de acogida y de procedimiento de asilo conjunta en las fronteras europeas o justo fuera de ellas, a partir de la cual se podría repartir directamente a los refugiados por los Estados miembros. Este plan, presentado en esta semana por un diputado neerlandés, forzará en cualquier caso un enfoque europeo porque, Señor Presidente, de nuevo y por último, el problema mediterráneo requiere una solución europea.

Orlando
Señor Presidente, Señorías, llegará el día en que por fin podrá ser reconocido como derecho fundamental de la persona el derecho de decidir el lugar donde vivir. A la espera de ese día, debemos hacer algunas consideraciones acerca de los textos que nos ocupan esta tarde. En particular, consideramos -el Grupo de los Verdes y yo- que no se puede aceptar la propuesta de resolución por los siguientes motivos: ante todo la migración no es sólo un problema que afecta al Mediterráneo. En el texto presentado por el Grupo Socialista se hace referencia a un problema que parece que procede del sur, como si la migración no pudiera proceder también del este, del oeste o del norte.
La segunda consideración se refiere a Europol. No nos convence la referencia a Europol y a su empeño, porque falta aún una verdadera protección de los datos, así como un contexto jurídico claro en el que se inserta la actividad de Europol en este ámbito.
La tercera consideración que me parece oportuno recalcar, se refiere, por el contrario, a la necesidad de intensificar la lucha contra la explotación de los inmigrantes y contra la delincuencia organizada que se aprovechan del derecho de migrar. Por último, la migración no puede considerarse un problema de policía o de fronteras, sino un problema global, cultural y económico que, sin duda, compromete a Europa a realizar una política de desarrollo en los países de origen de los emigrados.
Espero, por último, que se haya desvelado el misterio del documento estratégico de la Presidencia austriaca que, según se anunció, tenía que llevar la fecha de 1 de julio y que al parecer ahora se ha sustituido por otro documento que no se ha remitido todavía a este Parlamento, lo cual no nos tranquiliza en absoluto respecto a las intenciones de la Presidencia austriaca en esta materia.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, Señorías, como se ha hablado aquí en primera línea sobre el documento estratégico austríaco, quiero decir algunas palabras al respecto antes de referirme a la cuestión de las relaciones con los países del Mediterráneo.
Como ha habido algunos malentendidos, quiero decir desde el principio que con el documento estratégico austríaco no se quiere suprimir en absoluto el Convenio sobre los Refugiados de Ginebra y sus instrumentos. Por el contrario, se trata entre otras cosas de sistemas complementarios de protección para los desplazados por las guerras, casos humanitarios excepcionales y otros campos no contemplados por el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados. También quiero indicar que el tema de las migraciones y del asilo en la cooperación en la UE no es algo tan nuevo pues ya en 1991 la Comisión Europea, en dos comunicados sobre el derecho de asilo y la inmigración, se ocupó de la determinación de una estrategia migratoria a nivel europeo.
No me voy a referir aquí a aquella iniciativa histórica sino a presentar brevemente algunos detalles esenciales del documento estratégico. Existe una declaración de principios del año 1922 sobre la política migratoria. En esta declaración de principios se incluyeron algunos puntos estratégicos concretos que pretenden servir ahora también de orientación para la futura política europea de migraciones. Entre ellos, se encuentra la voluntad común de reducir las causas de la emigración en las regiones de origen mediante medidas adecuadas, desarrollar una política común para la protección provisional de los desplazados, combatir la migración ilegal, concluir acuerdos con Estados de procedencia y de tránsito, ratificar el Convenio de Dublín y aprobar el Convenio sobre fronteras exteriores.
La declaración de principios no tuvo en aquella ocasión ningún efecto duradero sobre la política de migración y de asilo de la Comunidad Europea. Las declaraciones concretas de intenciones apenas se aplicaron. En el año 1994, la Comisión Europea desarrolló una nueva iniciativa para desarrollar un concepto político sobre las migraciones, presentando al Consejo y al Parlamento Europeo un comunicado muy amplio y sustancial sobre la política de inmigración y de asilo. El objetivo de aquel concepto de migración en si cerrado fue encontrar una respuesta integrada y coherente a los acontecimientos reales, determinar los elementos clave para un control efectivo de las migraciones y trazar un nuevo marco de actuación para la Unión.
La Comisión Europea definió los elementos clave como actividades contra la presión migratoria, un control eficaz de la inmigración y fortalecimiento de la posición de los inmigrantes legales. Sobre el grado de aplicación de este concepto, al cabo de cuatro años se puede constatar que sólo en tres campos se han logrado unos éxitos visibles y mensurables. Con ello, no se quiere ignorar el resultado del trabajo en el tercer pilar, a saber, aproximadamente 70 actos jurídicos del Consejo en el sector migratorio. Se ha creado una obra respetable. Pero la Unión Europea no ha logrado realmente determinar de un modo empíricamente constatable la realidad de la migración.
Nos parece necesario ocuparnos de nuevo de este tema y de ahí el documento estratégico austríaco. Se presentará al Parlamento lo antes posible tras una primera ronda en el grupo K4.
Me voy a referir ahora brevemente a los países del Mediterráneo. En los últimos años, el Consejo ha aprobado una serie de actos jurídicos en relación a la inmigración ilegal, que son válidos también para las relaciones con los países del Mediterráneo. Una especial atención se dio aquí a las cuestiones relacionadas con la devolución de inmigrantes ilegales a su país y a los países de tránsito y se aprobaron los siguientes actos jurídicos: un documento de viaje estándar para la devolución de nacionales de terceros países, un borrador de acuerdo bilateral de devolución entre un Estado miembro y un tercer Estado y cláusulas estándar que se deberían incluir en el futuro acuerdo mixto.
Quiero añadir que el Consejo, de conformidad con su resolución del 16 de diciembre de 1996, observa regularmente el cumplimiento real de los actos jurídicos aprobados por el Consejo en el campo de la inmigración ilegal, de la devolución, del empleo ilegal de nacionales de terceros países y de la ejecución de órdenes de expulsión.
El Consejo sabe que el documento de viaje estándar de la UE es empleado con éxito por algunos Estados miembros en sus relaciones con terceros países. Además, las cláusulas estándar para la devolución sirven actualmente como base para las negociaciones sobre el Convenio de Asociación Europa-Mediterráneo con Egipto, el Líbano y Siria.
Quiero dirigir ahora unas palabras al señor diputado Orlando sobre la Europol y los problemas planteados. El Consejo y su Presidencia conocen dichos problemas y se trabaja para encontrar soluciones. En lo que se refiere a la cooperación para el desarrollo con los países del Mediterráneo, se contempla en el llamado programa MEDA. Por supuesto, tenemos que realizar aquí nuestra aportación, pero este es uno de los elementos principales del llamado proceso de Barcelona y también aquí se está haciendo mucho.

Brittan, Sir Leon
Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión comparte la inquietud del Parlamento por la afluencia de inmigrantes procedentes de países mediterráneos que intentan entrar ilegalmente en territorio de los Estados miembros. Como puso de manifiesto la Presidencia, este fenómeno no afecta únicamente a los Estados miembros del sur; las presiones migratorias constituyen un reto real y complejo para toda la Unión Europea.
Detrás de este fenómeno está, en muchos casos, el crimen organizado. Los inmigrantes ilegales en potencia son reclutados entre aquellos que buscan desesperadamente mejores condiciones de vida y que a menudo se convierten en víctimas del tráfico de personas. La lucha contra este vergonzoso crimen merece atención urgente y concreta.
Estoy totalmente de acuerdo con que la única solución viable pasa por adoptar una estrategia integral y a largo plazo, como se declara en la Comunicación de la Comisión de 1994 sobre la inmigración y la política de asilo, a la que se ha hecho referencia. Dicho documento identifica tres tipos de medidas: acciones encaminadas a combatir las causas de la inmigración forzosa, acciones para controlar la afluencia de inmigrantes y acciones para integrar a los nacionales de terceros países que residen legalmente en la Unión Europea. Está claro que necesitamos adoptar un enfoque que abarque todos los aspectos e incluya a todos los interlocutores de importancia. Las acciones de las autoridades competentes son fundamentales, pero no bastan. Debemos combinar las acciones coordinadas en el ámbito de la cooperación judicial y policial, la política de extranjería, la política de comercio y la ayuda al desarrollo.
Ya se han desarrollado algunas actividades a nivel de la Unión Europea. En 1996 se amplió el mandato de la Unidad europea de lucha contra la droga para que incluya la lucha contra el tráfico de personas. Cuando Europol sea plenamente operativa, tenemos la esperanza de que dichas actividades se verán reforzadas. En noviembre de 1996, el Consejo aprobó el programa STOP, un programa específico sobre formación e intercambio de las personas responsables de la lucha contra el tráfico de personas.
La Comisión ha presentado asimismo dos propuestas relativas a la protección temporal y la solidaridad entre los Estados miembros en los casos en que se produce la afluencia masiva de personas desplazadas. Dichas propuestas permitirán a los Estados miembros hacer frente con mayor eficacia a situaciones como a la que nos enfrentamos actualmente en Kosovo. La necesidad de ofrecer protección internacional a las personas que huyen de las zonas en guerra es, naturalmente, un tema distinto del de la inmigración ilegal, y el propio Parlamento tomó la iniciativa de abrir dos nuevas líneas presupuestarias destinadas a la recepción y la repatriación de dichas personas. Ya se ha presentado al Parlamento el primer informe provisional sobre la utilización de estas líneas presupuestarias.
Para atajar esta afluencia de inmigrantes es fundamental mejorar la cooperación con los países terceros afectados. El marco para esta cooperación destinada a esa parte del globo es la Asociación euro-mediterránea. Uno de los objetivos básicos del programa MEDA es apoyar la transición económica y el desarrollo socioeconómico en la región mediterránea. Con ello, contribuimos a una mayor prosperidad en la región y esperamos reducir las presiones que empujan a la inmigración. Además, el MEDA puede apoyar medidas específicas en virtud de la Declaración de Barcelona, para ayudar a hacer frente a la inmigración ilegal. Por ejemplo, financiaremos un seminario en España destinado a la formación de la policía en este aspecto. También estamos respaldando una reunión en los Países Bajos sobre toda una serie de temas relacionados con la inmigración. Debe quedar claro que, de acuerdo con su reglamento, el MEDA no puede utilizarse para financiar medidas en los Estados miembros destinadas a la lucha contra la inmigración ilegal. Eso iría en contra del reglamento y, lo que es más grave, enviaría una señal política equivocada a nuestros socios mediterráneos.
La Comisión comparte la opinión de que una mejor cooperación a nivel europeo es crucial para controlar la afluencia de inmigrantes. La entrada en vigor del Tratado de Amsterdam proporcionará una buena oportunidad para incrementar nuestros esfuerzos y desarrollar nuevas y eficaces herramientas en todos estos ámbitos.
Puedo asegurarles que la Comisión aprovechará al máximo estas nuevas disposiciones con el fin de ayudar a controlar la afluencia de inmigrantes, mejorar la lucha contra el tráfico de personas y también para mejorar la situación de las víctimas.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, me ha gustado oír la respuesta del Consejo y de la Comisión antes de esta intervención. Yo estoy de acuerdo en que hay que tomar medidas a medio plazo y medidas globales. Pero eso no nos puede impedir tomar medidas, hoy, sobre los problemas que tenemos y a los que nos enfrentamos.
En algunos puntos la Unión Europea está a poco más de una decena de kilómetros del Norte de África. Y este estrecho margen de agua se está convirtiendo en una gigantesca fosa común para algunas de las personas que intentan cruzarla. Algunos mueren en el intento, no sin antes haber pagado generosamente a sus sepultureros.
Hay centenares de seres humanos que han sufrido esta tragedia. No llegan a nuestros televisores si no pasa algo muy, muy grave, como lo que sucedió en las costas italianas. El desastre cotidiano, el desastre de cada día, apenas nos llega, apenas nos enteramos de él, es silencioso.
Otros son detenidos y están en campos más o menos habilitados para acogerles. Los argelinos, por ejemplo, cuya situación no es tan distante de la que mencionaba el Sr. Comisario en relación con Kosovo, salen de su país, que se ha convertido en un polvorín, y en la Unión Europea o no vemos o no queremos ver que eso existe. Están agolpados, amontonados en Ceuta y en Melilla, por ejemplo, ciudades no muy lejanas de su país.
Yo creo que la Unión Europea tiene medios para hacer frente a esta situación, más de los que algunas veces utilizamos. Estoy hablando -como hablaba el Sr. Comisario y como hablaba el Presidente en ejercicio del Consejo- de los mecanismos previstos en el tercer pilar para el control de tráfico de fronteras. Estoy hablando, evidentemente, de cooperación policial, y estoy hablando del diálogo con los terceros países para intentar luchar juntos contra este tráfico de seres humanos, para intentar luchar juntos contra todo aquello que contribuye a este desastre.
Pero también, señor Presidente, debemos tomar medidas ya para hacer frente a la situación de las víctimas, para hacer frente a la situación de aquellos que, a través de las mafias o por propia voluntad, buscando una vida mejor, salen de sus países e intentan llegar a nuestras costas para vivir no en los países del sur de Europa, muchas veces, sino para seguir su viaje hacia el norte. Algunos de ellos han sido detenidos cerca de mi casa -en Cataluña, que está al norte de España-, intentando entrar en Francia, intentando llegar a los países del Norte. Hay que atenderlos, hay que tener centros para hacerlo, hay que tener medidas de control en el Estrecho de Gibraltar, en el Estrecho de Mesina, en los puntos más calientes y, sobre todo, no hay que mirar hacia otro lado esperando que otra vez salga en los periódicos alguna pequeña o gran cifra de cadáveres recogidos en nuestras costas, esperando que otra vez tengamos que lamentar este hecho.

De Esteban Martín
Señor Presidente, el problema de la inmigración ilegal merece una atención especial por su carácter dramático a nivel humano. No sólo por la pérdida de vidas sino porque numerosas personas son víctimas de bandas de traficantes organizadas, con auténticos negocios delictivos, que juegan con la desesperación y la vida de las personas. Ante esto es necesaria la cooperación en el seno de la Unión Europea reforzando, como se ha dicho, un intercambio de información regular sobre la cuestión de las redes criminales que organizan la inmigración ilegal. Lo que ocurre es que la inmigración ilegal realizada a través de bandas criminales es fundamentalmente -insisto- un delito y habrá que atacar, fundamentalmente, la organización de estas redes. Pero las sanciones deberán ser eficaces y para ello necesitamos la colaboración entre las Administraciones.
El trabajo legislativo que están llevando a cabo los Estados miembros y las propias Administraciones significa un gran cambio. Sin embargo, para poder llegar a solucionar este problema es necesario que aceleremos la construcción de un espacio judicial y policial común y una política de inmigración y asilo en la Unión coherente y homogénea. Este problema es un problema de todos y, como hemos defendido en esta Asamblea en numerosas ocasiones, la cooperación podrá ayudarnos a resolverlo eficazmente. La cooperación debe extenderse a las Administraciones de los terceros Estados condicionando, si es necesario, las ayudas europeas a que exista en estos países una verdadera lucha a nivel gubernamental contra la inmigración ilegal. El Consejo y la Comisión deberán advertir a los países miembros del Magreb y del Mediterráneo que o bien toman medidas para evitar la inmigración ilegal o la Unión Europea, lamentablemente, se verá obligada a reestudiar, en la renovación del programa MEDA que tendrá lugar en 1999, la aportación comunitaria a estos países. Ahora bien, aquellos países que demuestren un mayor interés en regular este fenómeno, naturalmente, se verán beneficiados con un trato más favorable por parte de la Unión Europea.
Lo mismo ocurre con los acuerdos comerciales o de asociación. La Unión Europea -ya se ha mencionado algo por parte de la Presidencia austríaca- no debería firmar más acuerdos en la región sin la cláusula de readmisión de inmigrantes ilegales que ayudará -en mi opinión-, notablemente, a resolver este problema.
La solución es el control y la colaboración, y sin esta colaboración entre Administraciones esta cuestión no podrá ser resuelta y mucho me temo que, si no adoptamos medidas adecuadas, seguiremos lamentando en el futuro situaciones humanamente trágicas.

Caccavale
Señor Presidente, Señorías, en primer término, quiero felicitar a los autores de esta iniciativa que me parece muy importante y loable, así como perfectamente en línea con la que es la actualidad de los problemas que figuran en el orden del día de las próximas semanas y de los próximos meses.
La migración de los pueblos forma parte de la historia del mundo. No existe ningún momento en la historia de este Continente en el cual no hubieran pueblos que se desplazaran de un lugar a otro por el hambre, las guerras, las hambrunas, la miseria, las persecuciones. Por tanto, creer que se pueden parar los fenómenos migratorios construyendo fortalezas o barreras que esta vez tendrán que pasar por el centro del Mediterráneo, me parece algo totalmente ilusorio, veleidoso y estúpido.
Es evidente que debemos hacer frente al problema como si ya no se tratara de un problema, sino de una oportunidad, habida cuenta de que la migración será el futuro del próximo siglo. Sería bueno que la opinión pública de nuestros países comenzara a entenderlo. Por tanto, cualquier campaña xenófoba o basada en la veleidades de control me parece una enorme culpa que recae sobre nosotros. Señor Presidente, tenemos que realizar un gran esfuerzo y decir que, hoy por hoy, existen muchos trabajos que ya no se realizan en nuestro Continente y que nuestros conciudadanos no quieren hacer. En consecuencia, la inmigración puede ser una gran oportunidad incluso económica. Por lo tanto, ya no hay que considerarla como una oferta salvaje, por eso el control es importante bajo este aspecto, sino como una inmigración de demanda debida a las que serán las futuras exigencias de nuestras economías. Ahora bien, si logramos dar este salto de calidad, ofreceremos un futuro de esperanza no solo a los ciudadanos de la otra orilla del Mediterráneo, sino a nuestros propios conciudadanos.

Mohamed Alí
Señor Presidente, a pesar de la tristeza que producen algunas de las intervenciones precedentes, no obstante, quiero decirles lo siguiente: la inmigración desde los países del sur del Mediterráneo hacia Europa se está convirtiendo en un problema de amplias dimensiones y consecuencias nefastas para los que intentan llegar a Europa, que tiene mucho que ver con la concepción de las políticas de cooperación norte-sur que tiene actualmente la Unión Europea.
Mientras la inmigración aumenta debido al empeoramiento de las dificultades económicas, sociales y políticas en los países del sur del Mediterráneo y se desarrollan organizaciones criminales internacionales que trafican con inmigrantes, éstos se mueren en pateras intentando alcanzar las costas de Europa, y los Estados miembros protegen cada vez más sus fronteras con medidas represivas y, en muchos casos, tratamientos inhumanos a los refugiados.
Es este el panorama ante el que nos encontramos. Pienso que ha llegado el momento en que las autoridades europeas deben actuar rápida y eficazmente para solucionar este problema. Ante todo, la Unión Europea debe plantearse, de una vez por todas, una verdadera política de cooperación con estos Estados del Mediterráneo. Una cooperación honesta y justa, no basada exclusivamente en intereses económicos, sino que trate de subsanar las causas estructurales y coyunturales de los flujos migratorios.
En este contexto de una política de cooperación norte-sur, con una filosofía totalmente diferente de la actual, la Unión Europea debe luchar eficazmente contra la inmigración clandestina, sus redes y traficantes e implantar una política común de inmigración inspirada en los principios de cooperación y solidaridad con estos Estados y no en principios con trasfondo económico, represivo y de protección de la fortaleza europea.
Para terminar, señor Presidente, quisiera citar aquí unas palabras pronunciadas ayer en Madrid en la presentación del último libro de Sami Nair titulado «Mediterráneo hoy, entre el diálogo y el rechazo». Decía Joaquín Estefanía en el acto de presentación que «es falso el principio de que la economía es autónoma para tratar estos asuntos. Europa debe volver a la política para resolver los asuntos del Mediterráneo». Fin de la cita.
Ojalá, señor Presidente, así sea y ojalá no lleguemos tarde, una vez más, a la cita histórica que tenemos en coherencia con nuestras propias responsabilidades.

Pradier
Señor Presidente, ya desde hace varios años, miles de ciudadanos de los países de África del Norte intentan, con los riesgos que sabemos, cruzar el Mediterráneo y llegar a nuestro continente. Son solicitantes de asilo, solicitantes de empleo, solicitantes de vida para ellos y sus familias.
Todas nuestras instituciones han observado hasta el momento una actitud detestable: se les expulsa, se les devuelve, se les intenta contener, se hacen chapuzas, se improvisa en cada caso textos de circunstancia, se hacen vaticinios sobre los convenios de Ginebra... Aquí mismo, están en boga tartufos nacionalistas, envueltos en su pertenencia a un cristianismo de pacotilla... Eso está bien, los sepulcros blanqueados no están ahí, hoy. Pero mientras tanto, hacen fortuna los delincuentes que se dedican a pasar inmigrantes y se recoge a los ahogados por decenas entre Tánger y Algeciras. Hombres y mujeres, ya víctimas de esos gángsteres, son después aparcados, expulsados, humillados y asesinados por policías en aviones, ante la mirada estupefacta de los pasajeros, que no imaginaban ni siquiera que cosas como ésas pudieran suceder en nuestros países.
Se trata de una cuestión de supervivencia. Se trata de comer todos los días, de trabajar, de existir, de poder enviar a sus hijos a la escuela. Que Europa, presa de sus propias dificultades, no se conforme con construir murallas, a riesgo de convertirse en una fortaleza. La civilización del beneficio y de los miopes pusilánimes bien podría enviarnos un día a todos al precipicio.

Berthu
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo comienza a preocuparse por la afluencia de inmigrantes ilegales procedentes del sur del Mediterráneo, y tiene razón. Pero en el proyecto de resolución común propone como remedio la reforma de la política de inmigración prevista por el Tratado de Amsterdam, y en ese caso, se equivoca.
Esta reforma, que aún no se ha discutido en Francia, presenta en efecto, tres principales aspectos negativos.
En primer lugar, la supresión de todos los controles de personas en las fronteras interiores en un plazo de cinco años, incluidos los nacionales de países terceros. Una medida como ésa facilitaría enormemente la inmigración ilegal procedente del sur, que sólo tendría que buscar en alguna parte un punto débil para entrar y poder repartirse después por el resto de Europa.
En segundo lugar, el monopolio de iniciativa de la Comisión, que sería automático, también, al término de un plazo de cinco años. Esta medida sería peligrosa e incluso dictatorial, ya que es impensable que los gobiernos y los parlamentos nacionales no tengan en el futuro ningún derecho de propuesta en materia de inmigración.
En tercer lugar, el paso a la mayoría cualificada por simple decisión del Consejo, que constituiría también un contrasentido. En efecto, la abolición de las soberanías y de las fronteras nacionales liberaría de responsabilidad a los Estados miembros. Nadie ganaría con ello. Al contrario, es preciso apoyarse en los Estados existentes para negociar una política de inmigración común, para restablecer un espacio de seguridad, pero en el respeto por la voluntad de cada pueblo y, si es preciso, por medio de cooperaciones diferenciadas entre los países interesados.

Vanhecke
Señora Presidenta, con un minuto y medio de tiempo para hablar, evidentemente me tendré que limitar a tres principios.
En primer lugar, los países europeos no son países de inmigración, ya se ven enfrentados a unos problemas enormes con los extranjeros y simplemente no pueden soportar más presión inmigratoria. Este debe ser, en mi opinión, el punto de partida incuestionable, el principio, de nuestra política en esta materia.
En segundo lugar, los países europeos, en efecto, tienen todo el interés en mantener las mejores relaciones con los países del otro lado del Mediterráneo, donde, efectivamente, las circunstancias políticas y económicas pueden dar motivo a una nueva ola migratoria en cualquier momento. En efecto, tenemos que concentrar nuestra ayuda al desarrollo lo más posible en estos países y llegar a acuerdos que no solamente excluyan una nueva inmigración, sino que incluso posibiliten, por lo menos, una política de regreso de los actuales inmigrantes legales e ilegales de Europa.
Y en tercer lugar, sigo opinando que, en cuanto al asilo político, se debe introducir un principio de territorialidad, por el que los auténticos refugiados políticos - y eso es sólo una pequeñísima parte del total - no se acojan en Europa, sino por ejemplo en los países vecinos en el mismo continente, preferiblemente en países con una cultura en esencia igual que la del país de procedencia. Para tal política humana se encontrará fácilmente una amplia aprobación en todos los países europeos y en todas las capas de la población. Para la denominada política de «fronteras abiertas» seguramente no se encuentra.

Ford
Señora Presidenta, el problema de los inmigrantes que entran en la UE procedentes del otro lado del Mediterráneo nos afecta a todos. La mayoría llega por mar, pero algunos lo hacen por tierra. Me imagino que pocos diputados, salvo los diputados españoles, sabían que la Unión Europea tiene una frontera terrestre con Marruecos, y recientemente tuve la oportunidad de visitar las dos ciudades españolas en Marruecos, Ceuta y Melilla, con mi colega Terrón i Cusí.
Cientos de inmigrantes procedentes del África subsahariana así como de Argelia entran en estas dos ciudades españolas. Los primeros son refugiados económicos y los segundos son solicitantes de asilo. Los grupos de inmigrantes se concentran en dos campos, Calamocarro en Ceuta, que tiene unos niveles muy deficientes, y La Granja Agrícola en Melilla, que cuenta con mejores instalaciones y ha sido financiado en parte por la UE. Ocasionalmente, los refugiados económicos, la mayoría de los cuales habla francés o inglés, son trasladados a la Península donde se les proporciona documentación provisional, y no tardan en desaparecer con rumbo norte. Es algo que debe preocuparnos.
Asi mismo, tenemos el problema de los que buscan asilo. Algunos de ellos, en mi opinión, tienen motivos reales para solicitar el asilo, porque son víctimas de la represiónpor parte de las autoridades y de otros colectivos en Argelia, y naturalmente no se les permite la entrada. Son devueltos a Argelia, donde sufren la opresión, la tortura e incluso, en ocasiones, la muerte.
Necesitamos una política común europea sobre estos temas, como ha dicho Sir Leon. Es un problema europeo; no es sólo un problema mediterráneo. Debemos garantizar que Europol contribuye a detener a las organizaciones criminales que se dedican a este vil comercio. Debemos garantizar que disponemos de una legislación en materia de asilo que funcione realmente, y que aquellos que temen la tortura o la muerte puedan entran en la Unión Europea y recibir nuestra protección. Debemos asimismo presionar sobre los países de origen y los países de tránsito, para asegurarnos de que cumplen con su parte para ayudar a frenar esta afluencia.
Por último, como han dicho varios oradores, debemos ayudar a eliminar las causas. Debemos ayudar a garantizar el desarrollo económico en los países de origen. Debemos garantizar que la situación política en dichos países permite a la población permanecer en él, en vez de tener que huir, abandonando sus hogares y, en muchos casos, a sus familias. Son problemas difíciles. En el clima de xenofobia que reina en Europa, resultan cada vez más difíciles; pero no desaparecerán a menos que nosotros los atajemos.

Viola
Señora Presidenta, Señorías, el Grupo del Partido Liberal Europeo augura e insta a la Comisión y, en particular al Consejo, en el ámbito del capítulo III de la Declaración de Barcelona y, más en general, en el ámbito del tercer pilar a que encuentren cuanto antes el espacio político y práctico para hacer frente a este problema mediante la adopción de acciones específicas de control y de asistencia a los inmigrantes ilegales y a través de amplias negociaciones, y establezcan medidas específicas en materia de readmisión.
Lo que quiero subrayar es la prioridad de coordinar a escala europea un problema que, si bien ahora afecta a los países ribereños mediterráneos de la Unión, en realidad afecta también a Europa continental que en la mayoría de los casos es la última meta de muchos de ellos.
No tiene sentido dejar a las iniciativas de cada uno de los Estados miembros la gestión de una crisis que no ha sido nunca bilateral, esto es, apta para ser solucionada por los Estados miembros de la Unión considerados separadamente, sino global y europea. Sería, por tanto, oportuno poner en práctica una forma de cooperación multilateral basada en una cooperación con los terceros países, dirigida por el Consejo de Ministros, y en la adopción de una legislación comunitaria marco capaz de hacer frente de forma uniforme a la repatriación de todos los inmigrados ilegales protegiendo, siempre y en todo caso, sus derechos fundamentales y contribuyendo al mismo tiempo a la consolidación en los países de origen de un desarrollo socioeconómico basado en la democracia.
Sólo a través de este enfoque que debería retomarse tanto en el programa MEDA como en los acuerdos de Schengen, podrán ser tutelados los derechos de los inmigrantes en el futuro, que deberán dejar de ser ilegales, sino llamados por Europa sobre la base de una nueva política laboral y una nueva legislación social, transparente, que permita integrarlos en el contexto socioeconómico europeo y valore todo su potencial.

Amadeo
Señora Presidenta, las preguntas formuladas por sus Señorías, en particular la de la Sra. Schaffner, vuelven a plantear una cuestión de fondo: ¿Cómo es posible solucionar humana y civilizadamente un flujo migratorio procedente de los países desfavorecidos y, en algunos casos, destrozados por guerras étnicas, sin que exista una política común en la Unión Europea?
La política común impediría que los Estados miembro se atribuyeran recíprocamente responsabilidades o realizaran políticas diferentes y discordantes tanto en lo referente a la acogida o la expulsión y la inserción en el mundo laboral con las consiguientes prerrogativas sociales como en lo referente a la concomitante y necesaria política de desarrollo de las actividades económicas y productivas en esos países en que todavía hoy la gente muere víctima del hambre y de la guerra.
Hoy, no nos sirve la enésima enunciación de datos por parte de la Comisión, sino que nos sirve una firme toma de posición que implique la inmediata realización de una política común, al menos en lo que a inmigración se refiere. Necesitamos proyectos de cooperación y luchar contra las redes criminales que organizan verdaderos éxodos de desesperados destinados a convertirse en mano de obra barata para la delincuencia organizada y los explotadores de la prostitución.

Bontempi
Señora Presidenta, creo que, hoy por hoy, no se puede hablar de la política de inmigración en general, sino que, como decía el Sr. Caccavale, hay que tomar en consideración nuevos enfoques. Sin embargo, es necesario, especialmente hoy, centrar nuestra atención sobre lo que está sucediendo en el sur de Europa que es la región, por un lado, más expuesta a los flujos de inmigración incluso ilegales y, por otro lado, más afectada por las reiteradas negativas a acoger a muchos inmigrantes, negativas que pueden causar, como se ha recordado, grandes tragedias en el mar. Y ello sobre la base de una acción no coordinada con los países del norte de África y el estímulo de la delincuencia organizada. El año pasado visité los campamentos kurdos del sur de Italia y todos aquellos a quienes me acerqué -kurdos de Ceilán, de Paquistán- me hablaron de los millones que habían pagado a los intermediarios para llegar a Italia y luego ir a Alemania o Holanda.
Tenemos que pensar también en todo esto -la máxima explotación de los sueños, las esperanzas, las necesidades- como que no sólo se trata de una política de números, de una política de controles: debe ser de controles, es cierto, pero debe ser también de cooperación y, aun así, no debe implicar solamente a los países que están vigilando el sur de Europa. Si es justo que se nos pida -a Italia, España y Grecia, cuando esta última entre a formar parte de la zona Schengen- una atenta vigilancia de las costas, es justo también permitir a estos países, a nuestros países, estar en condiciones de cumplir correctamente una misión que es ciertamente de control, pero también de cooperación y humanitaria.
En lo que respecta, por ejemplo, a los centros de acogida, hay que pensar realmente que, en el futuro, para conseguir acoger dignamente a los inmigrados garantizando el respeto de los derechos humanos, serán necesarios muchos centros y mucho mejores que los que existen en mi país y en otros. Hay que garantizar que las grandes inversiones que vamos a promover en esa zona se destinarán a mejorar las posibilidades de cooperación.
Por último, quiero hacer hincapié en otro aspecto: los acuerdos con los países de la otra orilla. En este ámbito los ejemplos de acuerdos celebrados, por ejemplo, por nuestro Gobierno, son interesantes. Pedimos a la Presidencia austriaca o, cuando más, a la Presidencia alemana que se tomen todas las medidas que pediremos en este debate tanto a nivel de protección humanitaria y control común como para las intervenciones financieras de cooperación, antes del próximo verano -que llega pronto y para todos-, porque en esa ocasión los muertos en el Estrecho de Gibraltar o los riesgos y las condiciones inhumanas que hemos constatado en el Estrecho de Sicilia pueden deteriorar aún más, si cabe, las futuras posibilidades de cooperación humanitaria.

Pirker
Señora Presidenta, Señorías, estamos de acuerdo en que la presión migratoria del Norte de África o que pasa por el Norte de África en dirección a Europa crece dramáticamente. También estamos de acuerdo en que precisamente los Estados miembros meridionales son los que se ven más intensamente afectados. Los motivos de esta presión migratoria son conocidos desde hace mucho tiempo; no los quiero exponer aquí pues todos los conocemos.
Afectados no se ven solamente estos Estados miembros del sur sino toda Europa, pues los países de destino se encuentran por lo general más al norte. En primera línea se ven afectados Alemania y Austria y la capacidad de integración y de acogida de estos países es limitada. Pero ¿qué hace la Unión? Actualmente no disponemos aún de instrumentos unitarios y suficientes para enfrentarnos de modo global a estos nuevos desafíos.
Tenemos el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados, pero sabemos que este Convenio no es suficiente pues sólo el 10 % de los que vienen a nuestros países son tratados como asilados por el mencionado Convenio. Para el resto necesitamos otros conceptos, otros instrumentos para que se les pueda ayudar tanto a ellos como a nosotros. Felicito muy especialmente a la Presidencia del Consejo por haber presentado un concepto desarrollado con plena responsabilidad y que es muy completo. Me alegra que haya dicho que es necesario reducir la presión migratoria también mediante intervenciones en las regiones de crisis, que es necesario combatir el tráfico ilegal de inmigrantes y controlar la inmigración.
No somos un recinto amurallado, pero en interés de una posible integración es necesaria una inmigración limitada y controlada. Se ha hablado de un control jurídico de entrada como un concepto global de la Unión y se ha hablado de una nueva protección de los refugiados pues necesitamos sobre todo una distribución de las cargas para que la integración y la acogida en Europa sean posibles. Resumiendo, un concepto global que aporte estas soluciones. Confío en que esto sea el inicio de un debate que concluya positivamente para toda Europa.

Izquierdo Rojo
Señora Presidenta, la aportación a la política euromediterránea es conjunta de todos los miembros de la Unión Europea y también tiene que ser conjunta de todos los miembros de la Unión Europea la aportación que se haga a los Estados miembros que tienen que afrontar estos problemas. Pero lo que no puede considerarse es que los cadáveres ilegales de las pateras son sólo de un Estado miembro. Porque afrontar ese problema es un problema de todos. El origen de este problema -lo sabemos- son inmorales desigualdades de renta entre el Norte y el Sur del Mediterráneo. Desigualdades que van de 1 a 10. Y los países del Sur del Mediterráneo nos están pidiendo que aportemos soluciones con intensidad y con celeridad. Pero el equilibrio -si queremos equilibrar- hay que hacerlo favoreciendo a esos países del Sur, dándoles ventajas, facilitándoles las tareas. Y no basta con que hagamos sólo promesas financieras. Tenemos que ser capaces de materializarlas.
Utilicemos esas cadenas de televisión en las que hemos fabricado esa Europa de las «mil maravillas» con la que estamos engañando con un sueño europeo a los jóvenes magrebíes. Utilicemos esas mismas cadenas de televisión para hacer campañas informativas de disuasión, que les digan a los jóvenes magrebíes el peligro real que corren, que les hablen de la condición de esclavitud a la que condenamos en Europa a los jóvenes sin papeles.
Causa irrisión y estupor que toda una Unión Europea se declare impotente para combatir esas mafias que explotan a los humanos que son jóvenes pobres. Abramos posibilidades de emigración temporal, con ofertas de trabajo y formación. Señora Presidenta, ¿sabe usted que estamos cerrando a los jóvenes magrebíes lo que estamos abriendo para los jóvenes de los PECO? Mejoremos el trato de acogida dándoles más dignidad, como seres humanos que somos. Esos cadáveres ilegales de jóvenes son, en gran medida, víctimas de un sueño europeo que estamos fabricando aquí, en este Parlamento Europeo, con palabras que son falsas, palabras de una Europa de las «mil maravillas» que no existe.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, la Unión Europea es hoy un destino codiciado por numerosos ciudadanos que, procedentes de países del Este, de Iberoamérica, del norte y del centro de África, quieren atravesar sus fronteras para buscar soluciones a sus problemas vitales más inmediatos. Pero hoy estamos aquí hablando y examinando un fenómeno migratorio que afecta al flanco sur europeo. España e Italia son receptores de una emigración de carácter estructural que presiona sobre sus fronteras y que, desde el continente africano, utiliza procedimientos tan arriesgados como los que aquí se han mencionado -las pateras- que ya han ocasionado, efectivamente, miles de muertos en las costas del sur de España o del norte de África, y que da lugar a un vergonzoso tráfico humano ante el que, desde luego, no podemos permanecer indiferentes.
Este problemas no se resuelve, Señorías, con un debate sobre si las fronteras de la Unión deben ser abiertas o cerradas ni con medidas policiales o represivas, ni se resuelve tampoco con la Convención de Ginebra o la regulación del derecho de asilo. El problema hay que afrontarlo desde la solidaridad humana, desde el desarrollo económico y social de los países productores de emigración y desde la estabilidad política de estos países, que deben aprovechar sus recursos humanos y naturales para hacer de la zona euromediterránea una zona equilibrada y estable.
Los acuerdos de asociación -demasiado lentos en su negociación y ratificación-, la Conferencia de Barcelona -bienintencionada pero con pocos resultados prácticos- y los programas MEDA deben ser instrumentos válidos para esa expresión de solidaridad en el desarrollo de los pueblos mediterráneos. Países como Marruecos, Argelia o Túnez deben tener un tratamiento específico y prioritario en la política exterior de la Unión y en la política de cooperación.
La Comisión y el Consejo deben incluir en sus agendas de trabajo reuniones y estudios permanentes sobre los fenómenos migratorios. Puedo constatar personalmente, porque vivo en una ciudad fronteriza de la Unión Europea con Marruecos como es Melilla, que el Gobierno español está haciendo un esfuerzo riguroso y serio para normalizar estos problemas, y la propia Comisión lo ha podido constatar en las visitas que ha realizado tanto a la ciudad de Melilla como a Ceuta. Pero se necesitan recursos. Y en esto también se debe hacer un esfuerzo para ayudar a los países europeos que tienen la responsabilidad de vigilar y controlar nuestras fronteras, labor, desde luego, a veces, nada grata.
Y una última consideración para terminar, Señorías, sobre la inmigración ilegal. No hablemos más de lucha contra la inmigración ilegal. Hablemos de lucha contra los traficantes de seres humanos, hablemos de lucha contra los narcotraficantes. Nosotros no podemos ni debemos dar la impresión de considerar a los emigrantes como invasores o delincuentes porque no lo son.

Goerens
Agradezco a la señora Presidenta que me conceda la palabra al término de este debate. No desconoce que el Grupo Liberal ha firmado el proyecto de resolución común. No hemos tenido dificultad para hacerlo pero quisiera no obstante señalar algunos puntos que me interesan especialmente en lo que respecta al debate sobre los inmigrantes procedentes del sur de la cuenca del Mediterráneo.
Hay que insistir en que es absolutamente necesario detener este flujo migratorio y que es cierto que la miseria que acaba de describirse nos preocupa a todos. Es preciso encontrar una solución. Es preciso también tomar en consideración el hecho de que el fenómeno de la inmigración tiene unas causas profundas y van más allá del aspecto puramente técnico de la cuestión del cruce de las fronteras exteriores que se ha mencionado en el día de hoy.
Creo que se puede señalar, en este orden de ideas, la desesperación de los inmigrantes que, sin perspectiva de futuro en su propio país, no ven otra solución a su triste destino que la huida hacia los países situados al otro lado del Mediterráneo. Hay que esperar que las autoridades de los países del sur del Mediterráneo cooperen plenamente con los Estados miembros de la Unión Europea en el refuerzo de las medidas de control de la inmigración ilegal. Nosotros consideramos que el tratamiento policial y las disposiciones jurídicas aplicables a los inmigrantes ilegales no son suficientes. Es preciso que la política comunitaria gire más en torno a la mejora de las condiciones de desarrollo de los países mediterráneos y por consiguiente de las perspectivas de futuro para sus ciudadanos.
Permítame que añada, para concluir, que al estar esas políticas en competencia directa con otras, para las cuales se pretende el concurso presupuestario de la Unión Europea, es preciso insistir en la importancia de una evaluación sistemática de la política de la Unión Europea con respecto a la cuenca mediterránea con el fin de hacer que esta política no sea inútil sino más eficaz.

Ferrero-Waldner
Señora Presidenta, Señorías, he seguido este debate con gran atención. He visto que muchos diputados del área mediterránea han hablado y que, por ello, la cuestión de la cooperación euromediterránea es parte esencial de este debate. Quiero indicar que esta cooperación euromediterránea abarca tres sectores: un diálogo político, la cuestión de la economía, que naturalmente incluye también elementos socioeconómicos, y la cuestión de la cultura y otros elementos relacionados.
En la Unión Europea nos esforzamos mucho por proporcionar ayuda a los Estados situados al sur del Mediterráneo, es decir, los Estados del norte de África. También intentamos concertar con ellos acuerdos de libre comercio. Quiero que conste también este dato. Sin embargo, muchos Acuerdos de librecomercio fracasan debido a ciertas cuotas. No quiero entrar en detalles pero creo que todos saben a qué me refiero.
Segundo: naturalmente, tienen razón en que la mejora de la situación económica es de importancia esencial para poder atacar de raíz la cuestión de la migración. Todos somos conscientes y trabajamos en ello. En el programa MEDA hay mucho dinero para ello. Quiero destacar que hay suficientes créditos para ello.
En tercer lugar, creo que en la cuestión de la migración tenemos que andar por otra vía, lo que ya he dicho al comienzo de mi exposición. Los fondos que nos proporciona para ello el Convenio de Ginebra para los Refugiados hoy ya no son suficientes. Tenemos que encontrar una vía intermedia entre la defensa frente a los delincuentes, sobre todo los que se dedican a la introducción de inmigrantes ilegales, aspecto al que aún me voy a referir, y la acogida de refugiados con una justificación humanitaria. Pero también tenemos que mostrar solidaridad. La pido precisamente como Presidenta del Consejo proveniente de un país que ha hecho mucho por los refugiados y que no siempre ha podido contar con la solidaridad de todos los Estados miembros.
Permítanme que diga brevemente -la pregunta la ha planteado aquí un diputado sólo en relación con el área del Mediterráneo-que, por ejemplo, en el caso de los bosnios, como saben hemos acogido entre 85.000 y 90.000 refugiados, lo que representa aproximadamente entre un 8 y un 9 % de la población austríaca. Per cápita, es la máxima proporción. Por ello, hay que exigir más solidaridad de los demás Estados. Esta es la idea básica de nuestro documento estratégico que, naturalmente, tiene que ser aún debatido muy a fondo y revisado hasta que encontremos por fin un consenso al respecto.
También es cierto que hay que decir a los Estados que aquí no sólo van a encontrar un paraíso, que entre nosotros también hay paro y que no es evidente que se pueda acoger a estos Estados. Exactamente lo mismo es aplicable a los países de la Europa central y oriental. Precisamente en mi país imperan los mismos miedos que probablemente imperan en España frente a los países del Magreb.
Finalmente, me voy a referir a la cuestión del tráfico ilegal de inmigrantes. La Presidencia austríaca -en parte, en cooperación con Italia en el marco de la Asamblea General de la ONU- ha presentado un proyecto de convenio sobre este tema. También en el marco de la Unión Europea se trabaja muy estrechamente sobre esta cuestión pues lo consideramos importante no sólo frente a los Estados mediterráneos sino para toda el área del centro de Europa. Esta cuestión no fue casualmente también objeto de la Conferencia europea a la que me he referido en detalle esta mañana, de modo que no quisiera repetirme de nuevo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Secretaria de Estado.
De conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, he recibido seis propuestas de resolución.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

UE/Hong Kong
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0312/98) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo «La Unión Europea y Hong-Kong: el tiempo tras 1997» (COM(97)0171 - C4-0214/97) .

Cushnahan
Señora Presidenta, cuando tuvo lugar la entrega de Hong Kong el 1 de julio de 1997, se manifestaron muchos temores respecto a cómo evolucionaría la situación. La opinión generalizada era que un fracaso de la transición tendría repercusiones de gran alcance sobre la estabilidad política y económica de la región y sobre las relaciones entre las grandes potencias.
Tras haber hecho un seguimiento de la situación durante 15 meses, incluida una visita a Hong Kong para conocer y escuchar a una amplia muestra representativa de las opiniones, creo que el éxito de la transición ha sido mayor de lo que muchos de nosotros nos habíamos atrevido a esperar.
No obstante, me preocupa una serie de aspectos como la implantación de la democracia, el funcionamiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como recojo en mi informe y que el Parlamento Europeo debe seguir observando de cerca. La celebración de elecciones el 24 de mayo del presente año marcó un importante hito en el avance de la democracia. La participación relativamente alta fue una respuesta contundente a aquellos que sostienen que los residentes de Hong Kong no están interesados en la democracia.
No obstante, dicha satisfacción se ve atenuada por el hecho de que el sistema electoral no es del todo democrático y por el poder excesivo que ostentan las elitistas circunscripciones funcionales. Basta con decir que los 140.000 electores de las circunscripciones funcionales eligieron a la mitad de los miembros del Consejo Legislativo, que está compuesto de 60 miembros, mientras que 2, 8 millones de electores solo pudieron votar a los 20 miembros que representan a las circunscripciones geográficas.
Es inadmisible que a pesar de obtener una clara mayoría de los votos del pueblo, los partidos defensores de la democracia hayan logrado solamente un tercio de los escaños del Consejo Legislativo. Sería tranquilizador para los diputados a este Parlamento, y de otros de todo el mundo, incluido el del propio Hong Kong, que se sienten comprometidos con los principios democráticos, que se estableciera un calendario fijo y claro para que todas las elecciones se celebren por sufragio universal.
Asimismo, una sociedad libre y democrática sólo puede existir si opera en su territorio, sin obstáculo alguno, el Estado de derecho. El Estado de derecho exige que todas las leyes se apliquen a todos los ciudadanos por igual, que se ejecuten de manera imparcial y que estén sometidas al control de tribunales independientes y accesibles a todos los ciudadanos. La aplicación del Estado de derecho exige que los poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, estén separados y sean independientes entre sí, de modo que se puedan controlar mutuamente para garantizar que ninguno de ellos abusa de su poder.
En los acuerdos constitucionales de la RAE de Hong Kong, atípicos y hasta únicos, en los que la autonomía está amenazada por la injerencia de otros poderes, la independencia del poder judicial reviste una importancia especial al cumplir su papel de defender el Estado de derecho y llamar la atención, en caso necesario, sobre cualquier tipo de déficit democrático o constitucional que impida la aplicación del Estado de derecho a los habitantes de Hong Kong.
Cualquier observador objetivo debería preocuparse por el hecho de que una serie de casos recientes, principalmente el asunto Xinhua, el asunto Hong Kong Standard , el asunto Ma Wai Kwan y el asunto del derecho de residencia pongan en duda la eficacia del Estado de derecho en la RAE de Hong Kong. Esta preocupación ha aumentado con la aprobación del proyecto de ley de adaptación de leyes.
En lo que respecta a la protección de los derechos humanos, hay una serie de temas que me preocupan. La introducción del concepto de seguridad nacional es una evolución preocupante. Debemos garantizar que no es utilizada para reprimir la disidencia política, como se ha hecho en la República Popular China. La suspensión de las leyes laborales, los intentos de socavar la libertad de prensa y las implicaciones de la introducción de leyes en virtud del artículo 23 de la Ley fundamental son todas ellas señales de alerta que confirman la necesidad de vigilar la situación y asegurarnos de que no se merman los derechos humanos ni las libertades fundamentales.
La Unión Europea debe desempeñar un papel muy importante en la evolución de Hong Kong. La UE debe apoyar plenamente con hechos y acciones el mantenimiento de la autonomía internacional de Hong Kong en asuntos económicos y comerciales. Debemos proseguir la cooperación a todos los niveles internacionales, especialmente como miembro de la OMC. Debemos fortalecer los actuales vínculos y establecer otros nuevos, y es de importancia fundamental y simbólica que todos los Estados miembros garanticen la libre entrada a los titulares de pasaportes de la RAE de Hong Kong y a los titulares de pasaportes BN(O).
Nuestra estrategia debe apuntalar en todo momento de una manera coherente y continua el concepto de «un país, dos sistemas». Espero que el Comisario, a quien me complace ver aquí para asistir a este debate, tome en consideración las recomendaciones incluidas en el presente informe cuando elabore su propio informe anual. Espero con interés poder leer dicho informe y nuestra comisión responderá en su momento.
Por último, quisiera dar las gracias a todos los que han contribuido en la elaboración de este informe. Acojo con satisfacción la cooperación de todo el espectro político en la comisión. Las opiniones recibidas del propio Hong Kong fueron de la máxima importancia. Espero que hayamos impulsado el debate. Creo que éste es un informe equilibrado y espero que marque el camino a seguir.

Titley
Señora Presidenta, en estas ocasiones es habitual felicitar al ponente por su trabajo. Lo que quizá no es tan habitual es felicitarle con total sinceridad. Es un informe bueno, meditado y exhaustivo. Quisiera expresar mi especial agradecimiento al ponente por el modo en que ha elaborado su informe y colaborado con otros miembros de la comisión. El informe incluye muchas de las observaciones que hicimos en comisión. Ello ha permitido reducir las enmiendas a un mínimo, manteniendo así la coherencia del informe. Creo que eso es importante. Quisiera darle las gracias por ello.
El presente informe hace hincapié en la importancia de Hong Kong para la Unión Europea e incluso para el sistema económico mundial, como hemos podido ver en las pasadas semanas. Pero nuestro principal mensaje tiene que ser, con toda franqueza, que reconocemos que el traspaso del poder ha sido un éxito. No se han confirmado los peores temores que muchos expresaron en esta Asamblea. La idea de «un país, dos sistemas» parece funcionar. Se han respetado las libertades política, de prensa y religiosa. No ha habido corrupción generalizada como temíamos. En realidad, sigue resplandeciendo el excelente servicio público de Hong Kong. Naturalmente hay aspectos preocupantes y el Sr. Cushnahan ha indicado algunos de ellos.
Se ha hablado del uso de influencia política en el nombramiento de miembros de organismos consultivos estatutarios, como el negociado de viviendas. Es un ámbito que debe ser vigilado. Ha habido rumores de que en el Consejo Ejecutivo se instalarían asesores chinos en materia de seguridad. Me alegra saber que el Gobierno lo ha desmentido. Luego vino el ataque a la cadena pública de radio y televisión RTHK por un miembro de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. A pesar de que el Administrador principal, Tung Chee-hwa fue poco preciso en su respuesta, el Presidente Jiang Zemin fue tajante en la condena del tráfico de influencias en los asuntos de Hong Kong. Me alegra comprobar que las nuevas directrices que serán introducidas en la RTHK estarán basadas en aquellas que se aplican a la BBC y otras cadenas internacionales, lo que contribuirá a garantizar su neutralidad.
Nuestra principal preocupación ha sido siempre la existencia de la legislatura provisional. Debemos reconocer los avances positivos que reflejan las elecciones al Consejo Legislativo. Cabe celebrar la alta participación en dichas elecciones y el normal desarrollo de las mismas, aunque aún debemos hacer constar nuestra preocupación por la grave reducción del sufragio en las circunscripciones funcionales y las posibilidades de cometer abusos en la votación por estamentos de las circunscripciones funcionales mediante la inscripción de agrupaciones ficticias. Por ello, esperamos con interés la instauración plena de la democracia en Hong Kong lo antes posible.
Ha habido preocupación por algunas de las decisiones adoptadas en los tribunales de Hong Kong, que el Sr. Cushnahan describe detalladamente en su informe. Un caso concreto es la cuestión de la inmunidad de los organismos estatales y si dicha inmunidad es aplicable a la New China News Agency . Esta preocupación se ha visto agravada por el caso de Emily Lau, que se ha visto involucrada en un litigio que ha durado casi 12 meses con la New China News Agency .
Debe esclarecerse con carácter de urgencia el estatuto exacto de la New China News Agency . El estado de Derecho, como ha dicho el Sr. Cushnahan, es crucial para el futuro de Hong Kong. Otro ámbito que necesitará un seguimiento atento es la necesidad de un nuevo Consejo Legislativo que apruebe leyes sobre asuntos como subversión y traición en virtud del artículo 23 de la Ley fundamental. El modo en que Hong Kong resuelva este aspecto será decisivo para conservar el éxito del modelo «un país, dos sistemas».
La mejor prueba del éxito de «un país, dos sistemas» ha sido que Hong Kong haya podido, hasta ahora, resistir a la crisis asiática, y ello sin interferencia de China, sino con su apoyo. Me interesaría oír las observaciones del Comisario Brittan al respecto. Es evidente que Hong Kong debe tener autonomía en sus asuntos económicos, pero también debe recibir el apoyo de China.
Por último, deseo respaldar las observaciones del Sr. Cushnahan acerca de permitir la entrada sin visado en la Unión Europea a los residentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. Creo que sería un importante paso adelante en el desarrollo de unas relaciones comerciales más estrechas entre la Unión Europea y Hong Kong.
Para terminar, deseo decir que hasta ahora, todo bien; de hecho, mejor de lo que esperábamos. Esperamos poder seguir trabajando estrechamente con las autoridades de Hong Kong para desarrollar un futuro mejor para los residentes de Hong Kong y desarrollar el importante estatuto de Hong Kong como piedra angular de la economía asiática.

Burenstam Linder
Señora Presidenta, el Sr. Cushnahan ha elaborado un informe que, por su calidad, contribuye a mejorar la reputación del Parlamento Europeo. La parte B del informe nos ofrece un instructivo contexto, a la vez que proporciona un excelente apoyo para la propuesta de resolución.
Hong Kong logró registrar un rapidísimo crecimiento económico gracias a la libertad económica a largo plazo de la que ha gozado la empresa privada, un enorme ahorro privado y el libre comercio. El producto nacional per cápita de Hong Kong es incluso más elevado que el de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea. El éxito de Hong Kong ha desempeñado una importante labor al mostrar desde un primer momento en qué medida se podía llegar más lejos dentro de un sistema de economía de mercado que con el viejo modelo de planificación socialista.
Hong Kong continúa siendo un modelo para un número cada vez mayor de países subdesarrollados en sus esfuerzos por salir de la pobreza. Esta circunstancia ha contribuido sin lugar a dudas a potenciar también las inquietudes reformistas en China. Antes de la cesión de Hong Kong, había muchos que pensaban que, más bien, era Hong Kong la que pasaba a hacerse cargo de China. Por lo que respecta a la situación actual, hemos de admitir que, al menos hasta ahora, China ha respetado esencialmente lo acordado sobre Hong Kong y su sistema económico, lo cual incluye también las libertades económicas en las que se sustenta la libertad en su sentido más amplio.
Sin embargo, como también señala el Sr. Cushnahan, hay algunos irregularidades que son motivo de preocupación. Se han desvirtuado algunos elementos del sistema democrático que se había instaurado. La Unión Europea y el Parlamento Europeo han de realizar un férreo seguimiento de la evolución. Apoyando la propuesta de resolución, podremos colaborar en esta tarea. Igualmente, debemos esforzarnos por aliviar la situación mediante medidas en nuestros propios países, por ejemplo, aplicando una normativa generosa a la hora de conceder visados o renunciando a aplicar determinadas restricciones comerciales.
Hong Kong ha sido durante mucho tiempo un refugio para quien llegaba a ella huyendo de la opresión y las dictaduras. Esta circunstancia nos obliga a continuar ejerciendo nuestra influencia en Hong Kong para que siga siendo en el futuro un bastión de libertad.

Watson
Señora Presidenta, la comunicación de la Comisión se llama «Más allá de 1997». Pues bien, ya hemos dejado atrás 1997 y no se ha caído el cielo. Organicé una visita de diputados al PE a Hong Kong durante las elecciones al nuevo Consejo Legislativo en mayo de este año. Era la cuarta visita de estas características en cuatro años. Llegamos a la conclusión de que las elecciones fueron libres y justas, que no se ha producido ningún cambio tangible en Hong Kong y que la amplia mayoría de los ciudadanos siguen disfrutando de las libertades a las que estaban acostumbrados en los últimos años.
Hong Kong conserva también su autonomía económica: su sólida economía ha soportado la presión de los disturbios financieros procedentes de la Tailandia de los tifones. Las acciones de la autoridad monetaria de Hong Kong puede que no hayan gustado a los economistas clásicos, pero su respuesta llevaba el distintivo «made in Hong Kong » y no «made in China ».
Sin embargo, como demuestra este excelente informe, es importante no pecar de ingenuos. Un parlamento elegido democráticamente ha sido abolido y sustituido por un nuevo Consejo Legislativo manipulado en favor de Pekín y en contra de la libre voluntad de la población de Hong Kong. Un poder judicial a veces indolente y las sospechas de autocensura son motivo de preocupación. Ha habido una rescisión gradual pero constante de las leyes sobre derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones necesarias para su protección. Las nuevas orientaciones de la policía respecto a las manifestaciones, publicadas la semana pasada, son sólo el último ejemplo de ello.
La población de Hong Kong debe denunciar claramente todo posible abuso y debemos apoyarla en esta tarea, no sólo concediéndole la libertad para entrar sin visado en la Unión Europea, sino apoyando la formación en democracia en Hong Kong.
Existe una prisa impropia en el nuevo enfoque que Europa ha adoptado respecto a China. Tony Blair, como Primer Ministro de un Estado miembro, visita China esta semana y eludirá prácticamente el asunto de los derechos humanos. El Presidente Santer no debe demostrar la misma miopía cuando el mes próximo visite Hong Kong en representación de la Comisión.
Vivimos en una época repleta de posibilidades políticas. Si queremos avanzar cautelosamente hacia nuevas relaciones con China, debemos acoger con satisfacción que China haya suscrito el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos el pasado lunes; pero por sus obras los conoceremos. Nuestra consigna debe ser mantener la vigilancia.

Van Bladel
Presidenta, lo que más nos ha sorprendido a todos realmente es que, después del traspaso de los británicos, Hong Kong haya seguido siendo uno de los mercados más libres y abiertos. La semana pasada, uno de los hombres más poderosos de Hong Kong, Sir Donald Chang, visitó mi país. Estuvo en La Haya y dio allí de nuevo una ilustración de la manera en que Hong Kong, como región especial administrativa dentro de China, quiere respetar la transparencia y la aplicación estricta de las leyes económicas.
Bien es verdad que el mes pasado las autoridades procedieron a intervenir momentáneamente en el mercado de valores para impedir las especulaciones - por otra parte esto funcionó positivamente, según he leído - pero a mi juicio ha sido una acción incidental. Sir Donald Chang tenía una gran preocupación, que era la manera extremadamente lenta e insuficiente con que Japón está poniendo orden en el conjunto de la crisis asiática y en su propio país.
Por último, Presidenta, es muy útil enterarnos de qué manera las actividades de la oficina de UE se han visto reforzadas y tal vez extendidas y sobre todo recibir un informe de las actividades de observación en relación con los derechos humanos. He oído a colegas que conocen mejor Hong Kong y están extremadamente preocupados. Querríamos tener lo antes posible un informe. En último lugar, señor Cushnahan, nuestra felicitación por su informe. Mi grupo parlamentario lo respalda.

Ephremidis
Señora Presidenta, el hecho histórico decisivo sobre el asunto que debatimos es que Hong Kong, tras 100 años de fuerte colonialismo británico, se ha vuelto a unir y es parte integrante de la gigantesca China.
Lo que sucede desde aquel momento en esta provincia de china está, de una u otra forma, influenciado por este acontecimiento histórico. Estando así las cosas, me temo que el informe del Sr. Cushnahan, en los diez considerandos y en los 19 puntos de la parte de provisión, está regido e impregnado de sospecha, de desconfianza, de, diría, no buena fe sobre lo que sucede. Todo tiene algo, todo tiene que afrontarlo con extremismos y discusión. Basta decir: elecciones para el cuerpo legislativo, pero sospechosas, no democráticas, porque no es democrático el sistema electoral. Señor Cushnahan, ¿qué sistema electoral hay en su país? ¿En el mío? ¿Estamos contentos con dichos sistemas? ¿Son completamente democráticos o antidemocráticos?.
Pero voy más allá, señora Presidenta, me temo que este informe quiere convertir al Parlamento Europeo, a la Unión Europea en un detective. Qué sucede y qué debe ocurrir en Hong Kong, como si estuviese habitada por belgas, alemanes, ingleses, griegos y otros europeos. Está habitada por chinos y a ellos les concierne de forma principal, si no exclusiva. Y peca de ingenuidad al decir que lo que sucede en Hong Kong puede también, de una u otra forma, ser el motor de cambios en la gigantesca China. Es una ingenuidad sospechosa porque muestra que todo el interés por lo que sucede en Hong Kong es acerca de cómo se utilizará como motor de cambios, como instrumento para la intromisión en los asuntos internos de China y para la realización de cambios que sean de nuestro agrado. Eso no se sostiene, no ayudan las relaciones de la Unión Europea con China.
(El ponente es interrumpido por la Presidenta)

Gahrton
Señora Presidenta, lo más importante del extraordinario informe del Sr. Cushnahan es que nos muestra cómo China ha respetado esencialmente los acuerdos relativos a Hong Kong, y que esta antigua colonia británica, de hecho, goza en la actualidad de un mayor grado de democracia que durante la mayor parte del tiempo que estuvo bajo la soberanía británica. De esta manera se consolida la impresión que yo mismo extraje con motivo de la visita que realicé el pasado junio a Hong Kong con la delegación para las relaciones con China.
Todo esto no quiere decir que no existan problemas. Se ha mencionado aquí el artículo 23 de la Ley Fundamental. Se podría hacer un uso abusivo de este artículo para atacar las libertades democráticas, aspecto éste que deberá ser objeto de una estrecha vigilancia. Los derechos sindicales constituyen un problema que está siendo sometido actualmente a examen por la OIT. Creo que se trata de un tema extremadamente importante en el que deberá hacerse hincapié.
Finalmente, no podemos olvidar que Hong Kong es parte de China y, por lo tanto, depende aún en mayor medida que antes de la evolución de los acontecimientos. Por este motivo es importante que la ayuda de la UE no sirva para impulsar una reforma en China que cause un desempleo masivo, que acabe en un modelo de caos social al estilo ruso. Esta tendencia sería catastrófica y detendría toda forma de democracia en China, convirtiéndose de esta manera también en una amenaza para la situación relativamente positiva que se vive en Hong Kong.

Pradier
Señora Presidenta, hasta el momento, y conviene alegrarse por ello, China había respetado, al menos formalmente, los compromisos que ella misma había adquirido con respecto a Hong Kong. Sin embargo, la creación de una representación parlamentaria tal como existe en los países democráticos no es previsible antes del año 2008. El sufragio universal que permitirá elegir a todos los representantes de los ciudadanos durará aún diez años antes de ser efectivo. A lo largo de esos diez años, hemos de dar prueba de una vigilancia extrema y de una gran solidaridad con las fuerzas democráticas que trabajan en ese país.
Hasta el momento, la administración pública ha mantenido la reputación de Hong Kong como centro de negocios transparente y no corrompido, como ha señalado muy justamente el señor Cushnahan. Pero esta actitud casi ejemplar, esta apertura al mundo ha de mantenerse y estimularse, en un entorno que no es realmente favorable.
Señalemos también que es importante recibir, sin exigir visado, a los titulares de un pasaporte de la región autónoma especial de Hong Kong, al igual que los ciudadanos de la Unión Europea tienen acceso sin visado a este territorio.
La intensidad de los intercambios, de la circulación de personas, de ideas, de capitales y de mercancías es un desafío vital para Hong Kong. Hemos de estar presentes, ser activos y solidarios. En ello va no solamente la salvación de este punto avanzado de China, sino también nuestra salvación.

Linser
Señor Presidente, el área económica asiática y, en especial, la china, esconden un enorme potencial para la Unión Europea. Hong-Kong desempeña sin duda un papel político y económico clave de cara a la relación con esta región. Por ello, para la economía europea es de gran importancia mantener unas buenas relaciones con el Gobierno de la zona de administración especial de Hong-Kong. La UE tiene que realizar todos los esfuerzos necesarios para cuidar los correspondientes contactos y sobre todo actuar contra las tendencias antidemocráticas y deficiencias de Estado de derecho que se critican con razón en el informe. Pues sólo un orden democrático puede ser el garante de una economía independiente en Hong-Kong.
En la cuestión relativa al acceso sin visado al espacio de Schengen no puedo apoyar al ponente, quien exige éste para todos los titulares de pasaportes HKSAR así como de pasaportes BN de Hong-Kong. Creo que esta cuestión se debería tratar por separado, tal como propone la Comisión.

Porto
Señora Presidenta, todos tenemos buenas razones para seguir con el mayor empeño la evolución de Hong Kong -vista detalladamente por el ponente, por lo que lo felicito- por sí misma, por sus habitantes y por lo que puede significar para un país de la importancia de China.
En mi caso, como portugués, hay un interés mayor, dado el relieve que esa evolución tendrá necesariamente en el proceso de integración de Macau. Su materialización, un cuarto de siglo después del 25 de abril de 1974, se dará en condiciones mucho más favorables desde todos los puntos de vista.
Por un lado, en estos años ha sido posible dotar el territorio de infraestructuras y servicios con el mayor relieve para su desarrollo y para la calidad de vida de su población, incluido el aeropuerto, la universidad, el nuevo puente, la estación de tratamiento de basuras, etc.
Por otro lado, y con significado muy especial, la Asamblea Legislativa ha venido aprobando la legislación propia del territorio, con toda la libertad y de acuerdo con los valores universales, que son también los de su población. Al tener ya una identidad propia en nuestros días -Macau es miembro de la Organización Mundial del Comercio y tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea-, nos interesa absolutamente que se mantenga en el futuro. Pero, además de nuestro interés y del de Macau, consideramos que el interés es también para China, que tiene en Macau un espacio de apertura y desarrollo del que podrá enorgullecerse.
Por eso, conviene que la Comisión -y, por tanto, me dirijo al Comisario- pase a dar un relieve mayor a Macau mediante su representación en Hong Kong o, preferentemente, mediante una representación en el propio territorio, cuya administración no dejaría de darle -estamos seguros- todo el apoyo que fuera necesario.

Brinkhorst
Señora Presidenta, soy uno de los que han visitado Hong Kong después del traspaso. La situación ha evolucionado de modo muy diferente de lo que esperábamos hace poco más de un año. Entonces se pensaba que en términos económicos quizá todo iría bien en Hong Kong, pero que en términos políticos las cosas irían muy mal. Como han dicho mi colega Sr. Watson y muchos otros, debemos mantenernos muy atentos. Ésa es la utilidad de este informe sobre el aspecto político.
En la práctica, hay que reconocer que en Hong Kong, en términos generales, se ha respetado escrupulosamente el desarrollo de la democracia -aunque limitada. Ahora, la preocupación es más bien por los acontecimientos económicos que se están sucediendo en esa parte del mundo. Si las cosas van mal económicamente, ello repercutirá negativamente sin duda sobre el plano político.
Quisiera formular una pregunta concreta a la Comisión relativa también al tema del visado. Está claro que no debe preocuparnos únicamente el tema de los visados. Eso es cierto. No obstante, es una de las pocas cosas concretas en las que Europa, como conjunto, puede hacer algo más. Es un aspecto que me sigue preocupando, especialmente cuando oigo decir a algunos oradores que no nos tomamos en serio la cuestión del visado y que ocho países sólo permiten la entrada en Europa a los titulares de visado. La Comisión puede intervenir, porque Schengen será incorporado en el Tratado de la Unión Europea. Espero que la Comisión diga que presentará una iniciativa al respecto. Es la clase de solidaridad concreta que debemos mantener. Espero que en el informe del próximo año podamos decir que las cosas van mejor de lo que van en la actualidad.

Brittan, Sir Leon
Señora Presidenta, señoras y señores, permítanme acoger también con satisfacción el admirable informe del Sr. Cushnahan y la propuesta de resolución. Quisiera comentar algunos de los puntos clave.
En primer lugar, varios oradores, uno de los cuales ha sido el Sr. Titley, otro el Sr. Watson, también el Sr. Gahrton y el más reciente el Sr. Brinkhorst, han hecho comentarios generales sobre la naturaleza de la entrega y sobre el amplio cumplimiento por parte de las autoridades chinas de sus compromisos políticos. Deseo mostrar mi satisfacción por dichas declaraciones y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Quiero hacer hincapié en la notable naturaleza de lo que ha ocurrido, porque es cierto que la introducción del concepto «un país, dos sistemas» es algo único, e implantarlo con tanto éxito, como se ha hecho, supone un logro extraordinario; debemos rendir homenaje a Hong Kong y a China por ello.
No obstante, se han hecho varias críticas y el Sr. Brinkhorst las ha resumido diciendo que debemos mantenernos muy atentos. Y eso haremos. La resolución aboga por la aceleración de la introducción del sufragio universal. En su visita a Bruselas del pasado mes de febrero, el Administrador principal, Tung Chee-hwa, dijo: «Depende de nosotros, el pueblo de Hong Kong, decidir por nosotros mismos seguir avanzando en el proceso democrático hacia el objetivo final del sufragio universal».
Puedo asegurarles que la Comisión seguirá vigilando de cerca la evolución de la democracia en Hong Kong. Durante mi último viaje, declaré públicamente que Hong Kong podía ganar puntos sin grandes esfuerzos, si anunciaba cuanto antes su intención de instaurar el sufragio universal en un plazo razonable y estipulado. No obstante, hay que reconocer, como ha hecho el Sr. Cushnahan, los esfuerzos realizados por Hong Kong hasta ahora, mientras seguimos presionando para que presente un calendario para la plena instauración de la democracia, como nos propone el ponente y también el Sr. Pradier.
Existen indicios de que la crisis financiera a la que se ha referido el Sr. Brinkhorst ya está animando a los que reclaman más democracia en Hong Kong. Puedo asegurarles que es algo sobre lo que el Presidente Santer y yo no guardaremos silencio cuando visitemos Hong Kong a principios de noviembre.
Respecto a la cuestión del visado, la resolución del Parlamento Europeo insta a los Estados miembros a permitir la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte de la RAE, y el Sr. Burenstam Linder ha llamado la atención al respecto. A pesar de que la Comisión no tiene competencia en la política de visados de la UE, que sigue siendo intergubernamental hasta que se presente una lista común sobre visados en virtud del Tratado de Amsterdam, apoyamos firmemente los esfuerzos de Hong Kong para garantizar la entrada sin visado. Es una manera clave para la Unión Europea de respaldar la autonomía económica de Hong Kong y reforzar el concepto de «un país, dos sistemas».
De hecho -y puede que el Sr. Brinkhorst se haya mostrado ligeramente demasiado generoso con los Estados miembros en su declaración de la situación-, lo cierto es que los ocho países a los que se ha hecho referencia permiten la entrada sin visado únicamente a los titulares de un pasaporte BN(O), y sólo hay dos Estados miembros que permiten la entrada sin visado a los titulares de un pasaporte de la RAE, que naturalmente son mayoría.
Es igualmente importante que Hong Kong convenza a los países europeos de que sus procedimientos de inmigración, de vigilancia y de aduana son eficientes y fiables. Les hemos instado a organizar programas especiales para la visita de funcionarios nacionales europeos con esta idea en mente. Dichos programas ya existen y espero que ayuden a persuadir a los Estados miembros que aún necesitan ser convencidos de las ventajas de la entrada sin visado para los titulares de pasaportes de la RAE.
Respecto a la OMC, la resolución del PE propone una cooperación estrecha entre la Unión Europea y Hong Kong dentro de la OMC, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Porto sobre hacerla extensiva también a Macao. La Comisión está convencida de que la economía liberal de Hong Kong, y no en menor medida su régimen comercial abierto, reforzado por su pertenencia a la OMC, servirá de ejemplo y de estímulo para seguir adelante con la reforma económica en China, a pesar de los actuales problemas relativos a la crisis financiera asiática.
En el seno de la OMC existe una buena cooperación entre la Unión Europea y Hong Kong. Hong Kong es uno de los más firmes defensores de nuestra iniciativa de lanzar una ronda en el nuevo milenio, y la Comisión trata regularmente con Hong Kong sobre la invitación para que Pekín se integre en la OMC. Naturalmente, Hong Kong la apoya y proporciona a China un ejemplo único de las ventajas de pertenecer a la OMC.
La resolución aboga asimismo por una mayor cooperación de cara a fortalecer las relaciones entre la UE y Hong Kong y reforzar la autonomía de Hong Kong. Creemos que unos nexos bilaterales más fuertes son imprescindibles para cimentar el concepto «un país, dos sistemas». Estamos a punto de celebrar un acuerdo de cooperación aduanera con Hong Kong, que espero que el Presidente Santer pueda suscribir en su visita a Hong Kong, al tiempo que exploramos también la posibilidad de acuerdos más ambiciosos.
En el ámbito de las relaciones exteriores, debemos tener en consideración la sutil división de competencias entre Hong Kong y Pekín a la hora de explorar hasta dónde puede llegar Hong Kong. La Unión Europea sigue intentando profundizar sus relaciones bilaterales en otros ámbitos, especialmente fomentando las relaciones entre las empresas; la primera sesión plenaria de la Comisión comercial UE-Hong Kong tuvo lugar el pasado año en Bruselas, y la segunda se celebrará en Hong Kong durante nuestra visita a comienzos de noviembre.
La propuesta insta a la Comisión a hacer un seguimiento de la autonomía y la estabilidad financiera del mercado de Hong Kong. La Comisión sigue de cerca la situación financiera y económica desde nuestra oficina en Hong Kong, pero también a través de las frecuentes visitas de funcionarios a la RAE y a través de las visitas de altos funcionarios públicos a Bruselas. Dicho seguimiento quedará reflejado en nuestro primer informe anual sobre Hong Kong, que aparecerá en breve.
El Sr. Titley tiene razón, en mi opinión, al decir que los problemas de Hong Kong han sido enormes y que a pesar de ello, se ha sorteado la crisis mucho mejor que en muchos otros países de la región, y estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Burenstam Linder sobre el hecho de que han sido las políticas económicas liberales las responsables de esta situación, a pesar de todas las dificultades a las que actualmente se enfrenta Hong Kong.
Durante este año, Hong Kong ha tomado medidas encaminadas a incrementar la liquidez, por ejemplo, reduciendo los impuestos sobre el ahorro y ampliando su mercado oficial de repos. Recientemente ha recurrido a la adopción de medidas más drásticas para frenar la acción de los especuladores que intentan hacer bajar la moneda para hacer subir los tipos de interés y beneficiarse de la resultante caída de los precios de las acciones.
Las medidas a las que se refería la Sra. van Bladel son de una triple naturaleza: la decisión de comprar acciones en el mercado de valores, lo que elevó el índice bursátil en un 19 % en dos semanas; medidas adicionales para fortalecer la moneda, aumentar la liquidez y calmar la volatilidad de los tipos de interés interbancarios; y tercero, medidas encaminadas a mejorar la transparencia e imponer más disciplina en el mercado de valores. Estamos analizando detenidamente estas medidas y las comentaremos en nuestro primer informe anual.
La resolución del Parlamento declara que la oficina de la CE en Hong Kong debe desempeñar un papel importante en el desarrollo de las relaciones entre la UE y China, y propone que se incremente la dotación de personal. Estoy completamente de acuerdo con la Sra. van Bladel en que es fundamental que la Oficina de la UE en Hong Kong sea eficiente y disponga de una buena plantilla, y recientemente se ha aumentado el personal para reforzar los recursos de la oficina.
Por último, la resolución del PE acoge favorablemente nuestra intención de elaborar informes anuales; en estos momentos estamos ultimando el primero de ellos y esperamos presentarlo al Consejo y al Parlamento antes de finales de octubre. Como he dicho, el Presidente Santer y yo viajaremos a Hong Kong a principios de noviembre, por lo que la publicación de nuestro informe será muy oportuna. El informe analizará de cerca toda una serie de temas importantes de carácter económico, político y judicial, así como otros ámbitos que han caracterizado la vida en Hong Kong durante el primer año de la RAE. No es necesario decir que tendremos en consideración y que nos serán de gran utilidad las observaciones y recomendaciones que se han hecho en los informes y resoluciones del Parlamento, y en particular, el excelente informe del Sr. Cushnahan y los comentarios que se han hecho durante el debate.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Leon Brittan. Gracias por su satisfactoria respuesta.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar el turno de preguntas (B4-0483/98) dirigidas al Consejo. Damos la bienvenida a la Sra. Presidenta del Consejo, Sra. Ferrero-Waldner.
Pregunta nº 1 formulada por Patricia McKenna (H-0832/98):
Asunto: Malos tratos a periodistas en el Reino Unido
¿Está el Consejo al corriente de que la policía del Reino Unido está maltratando a los miembros de la Unión Nacional de Periodistas, especialmente a los miembros freelance, no reconociendo sus credenciales, deteniéndoles por intrusión u obstrucción e incluso aplicando la ley sobre el acoso (cuya finalidad es evitar el «acecho»), atacándoles, reteniéndoles hasta que sus plazos han pasado, impidiéndoles tomar fotografías, confiscando sus fotografías con mandatos judiciales, borrando sus grabaciones de video y restringiendo su acceso público durante las manifestaciones? ¿Sabe asimismo el Consejo que, aunque existen directrices escritas de la policía concernientes a sus relaciones con la prensa, no se ha permitido a los periodistas que las vean? ¿Infringen estas actuaciones los Tratados, incluyendo el Tratado de Amsterdam, en particular los artículos concernientes a Justicia y Asuntos Interiores, de los que es responsable el Consejo? Si desea ser tomado en serio fuera de la Unión en relación con estos asuntos, ¿encargará el Consejo a la Comisión que garantice que los periodistas puedan operar libremente dentro de la Unión Europea antes de intentar resolver este problema en otros lugares?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, me permito responder a la pregunta de la Sra. Diputada lo siguiente: respecto al trato inconsiderado y a las continuas trabas a las que se ven sometidos los periodistas que trabajan allí como corresponsales libres y a las que se refiere la señora diputada en su pregunta, tengo que constatar que se trata de un asunto que, lamentablemente, sale fuera del ámbito de competencias del Consejo.
Por ello, puedo decir a la señora diputada que el Consejo en ningún momento se ha tenido que ocupar de este asunto. Para el mantenimiento del orden público en el territorio de soberanía de un Estado miembro, son exclusivamente competentes las autoridades de policía del Estado en cuestión. Por otro lado, tengo que subrayar que el respeto a los derechos humanos y a las libertades democráticas y, naturalmente, también el respeto a la libertad de prensa conforman sin duda la piedra angular de la totalidad de la obra de construcción comunitaria.
Aunque el Consejo no puede excluir que a nivel local se puedan producir ciertos deslices casuales, sin embargo está profundamente convencido de que los Gobiernos de los Estados miembros se dejan guiar siempre por los principios fundamentales mencionados, sin los que la Comunidad no tendría ningún futuro.

McKenna
Sólo deseo señalar a la Presidenta en ejercicio del Consejo que existe evidencia escrita y en vídeo de dichos malos tratos. Cuando usted dice que no puede impedir déficits ocasionales en lo que respecta a la libertad de prensa, debería garantizar que se toman medidas para impedirlo, porque el artículo F del Tratado de Maastricht declara que la Unión Europea respetará el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Se trata de una violación de dicho Convenio. Los periodistas cubrían noticias relativas a la justicia social y el medio ambiente. Recibieron malos tratos de la policía, sus despachos y viviendas fueron allanados, se les confiscaron los equipos y las fotografías que tomaron de las protestas han sido utilizadas como prueba contra los manifestantes. Es una grave violación de la libertad de prensa y de la libertad a informar sobre la actualidad.
Si permitimos que estas acciones ocurran en un Estado miembro, ello puede desencadenar algo peor: cundirá el ejemplo en otros Estados miembros. La Unión Europea tiene el deber de hacer algo, si quiere respetar los Tratados de la UE y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
No basta con decir, como ha dicho la Presidenta en ejercicio del Consejo, que a veces el Consejo no puede impedir déficits ocasionales. Quizá usted no pueda impedir lo que ha sucedido, pero puede garantizar que no vuelva a suceder y que esto no sea una invitación para que otros Estados miembros sigan el ejemplo, porque la libertad de prensa es un aspecto de la de la democracia de suma importancia.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, las competencias están muy claramente determinadas y acabo de exponer -lo subrayo de nuevo- que el Consejo no está autorizado a expresarse sobre el comportamiento de las fuerzas de policía en acciones dirigidas a mantener el orden público en el territorio de soberanía de un determinado Estado miembro. Subrayo de nuevo que solamente las autoridades nacionales competentes están autorizadas a enjuiciar el comportamiento de las fuerzas de policía en un determinado país miembro.
La pregunta de la señora diputada encontraría por ello un mayor eco si se plantease en la Cámara de los Comunes británica. Sin embargo, puedo añadir algo: existe el Consejo de Europa y el Convenio de Derechos Humanos y en el marco de la Comisión de Derechos Humanos existe naturalmente también la posibilidad de presentar una queja al respecto.

Ephremidis
Señor Presidente, he escuchado la respuesta inicial de la Presidenta y la que ha dado ahora. Me impresiona porque está regida por la táctica de Poncio Pilatos, auque se recordó a la Presidenta que hasta los Tratados prevén un tipo de intervención del Consejo. Pero yo desearía hacerle una pregunta complementaria. ¿Respondería del mismo modo si dichos acontecimientos de violación flagrante de la libertad de prensa sucedieran, por ejemplo, en Hong Kong, sobre el que debatíamos hace unos instantes?. El informe hace referencia a dichos problemas y hemos considerado que somos muy competentes para intervenir, para debatir y aprobar y el Comisario alabó dichos puntos. ¿Cómo, entonces, en un caso somos Poncio Pilatos y en el otro entramos «airosos», como suele decirse, en los asuntos internos de un país?. Deseo que la Sra. Presidenta aclare su punto de vista y que me perdone, quizás, por mi tono, pero son exasperantes dichos fenómenos y respuestas.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, tengo que decirle de nuevo que existen determinadas competencias. El Consejo es competente para las relaciones exteriores, por lo que puede hablar, por ejemplo, de la falta de libertad de prensa en un tercer Estado. Pero no es competente para los asuntos internos, por ejemplo, el comportamiento de las fuerzas de policía en un Estado miembro. Sólo puedo repetir mi respuesta tal como se la he dado antes a la señora diputada.

El Presidente
Pregunta nº 2 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0836/98):
Asunto: Financiación del gasoducto Almendralejo-Oviedo
¿Qué financiación han aportado las instituciones de la Unión Europea para la construcción del gasoducto que en España irá de Almendralejo (Extremadura) hasta Oviedo, dentro del programa para la distribución de gas natural en ese Estado miembro?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, el gaseoducto al que se refiere el señor diputado se incluye en el proyecto E4 que se expone en la decisión CE 1254/96 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 1996 sobre una serie de directrices relativas a las redes transeuropeas en el sector de la energía. En el marco del capítulo «Introducción de gas natural en nuevas regiones», el proyecto E4 se ocupa de la ampliación de las redes de gas en las regiones de Galicia, Extremadura, Andalucía, el sur de Valencia y Murcia, inclusive una terminal de gas líquido en Galicia.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de esta decisión, la Comisión ha determinado en su decisión del 11 de julio de 1998 los proyectos de interés común tras conocer la opinión de la comisión, de conformidad con el artículo 9. Dichos proyectos se exponen en la decisión CE 1254/96 para que se pueda prever una financiación.
En el marco del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional, el FEDER, la Comisión, por resolución del 14 de mayo de 1998 ha puesto a disposición un importe de 103, 16 millones de ecus para apoyar el proyecto de gaseoductos occidentales entre los que se incluye este gaseoducto.

Camisón Asensio
En este caso, la Sra. Presidenta del Consejo no ha utilizado la táctica de Pilatos. Ha sido escueta y ha contestado, efectivamente, y yo le agradezco mucho los datos que me da. Estamos ante un gasoducto de la máxima transcendencia socioeconómica. No olvidemos que es un corredor, que todo es objetivo nº 1 en los Fondos estructurales y tiene un potencial de desarrollo dormido que es necesario movilizar. Pero tengo algunas preguntas complementarias al respecto. ¿Este programa que nos ha detallado es complementario de la iniciativa comunitaria INTERREG IIB referida a las redes transeuropeas de la energía? Y, por otra parte, ¿es complementario asimismo del gasoducto Estrecho de Gibraltar - Córdoba, a través del cuál llega a España el gas natural procedente del Magreb? Y, por último, ¿en estas programaciones se ha tenido en cuenta la tendencia actual hacia la disminución del consumo de gas natural que se aprecia en muchos Estados miembros de la Unión Europea? O, en otras palabras, ¿había previsto el Consejo tal tendencia a la disminución?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, se han dirigido al Consejo una serie de preguntas de detalle. Teniendo en cuenta lo ya expuesto, remito al señor diputado a la Comisión, quien puede proporcionar datos más precisos sobre los importes mencionados y sus preguntas, sobre todo la relativa a si esto cae también bajo INTEREG. Lamentablemente, no puedo darle informaciones orales al respecto, pero si lo desea responderé gustosamente por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 3 formulada por Roy Perry (H-0838/98), de la que se hace cargo la Sra. De Esteban Martín:
Asunto: Peticiones
¿Puede indicar el Consejo cuántas veces han asistido representantes del Consejo a las reuniones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (bien desde el comienzo del año o desde el comienzo de la Presidencia austriaca) y de qué otros procedimientos dispone el Consejo para hacer el seguimiento de las peticiones al Parlamento, teniendo en cuenta especialmente las frecuentes alegaciones de que los Estados miembros no cumplen las disposiciones del Tratado?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, en lo tocante a esta muy interesante pregunta sobre las peticiones del señor diputado, tengo que subrayar que el Consejo toma nota con regularidad de las decisiones del Parlamento Europeo, inclusive aquellas que se refieren al derecho de peticiones. En lo que se refiere a los eventuales fallos de los Estados miembros en la observancia de las normas jurídicas de la Comunidad, hay que indicar que según el artículo 155 del Tratado es tarea del Comisario, cito: «velar por la aplicación de este Tratado así como de las normas adoptadas por los órganos en base a este Tratado».

De Esteban Martín
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, agradezco su respuesta pero lamento no quedar satisfecha con la misma. En la pregunta hablábamos de qué medidas son las que va a adoptar el Consejo y, en concreto, si hay alguna medida por parte de la Presidencia austríaca para que, efectivamente, el Consejo esté presente en las reuniones de la Comisión de Peticiones. Como usted sabe, el derecho de petición es un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea y en múltiples ocasiones se da el desgraciado caso de que los Estados miembros incumplen muchas de las normas comunitarias y no hay mecanismos reales para que, efectivamente, los Estados miembros den debida respuesta a estas justas peticiones de los ciudadanos comunitarios. Por lo tanto, señora Presidenta, me gustaría, por favor, que pudiese decirme cuándo y si tienen estudiada alguna fórmula para que el Consejo esté presente en las reuniones de la Comisión de Peticiones.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, a esta nueva pregunta no puedo responder sustancialmente otra cosa que el Consejo toma nota formalmente de todas las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo. Además, puedo decir que el Consejo, en caso de que se tratase de sus propias competencias, lo que, repito, es algo meramente hipotético, realizaría un análisis muy cuidadoso de todos los elementos del documento en cuestión y, si fuese necesario, adoptaría las medidas adecuadas.
Naturalmente, el Consejo tiene un gran interés en la aplicación de las disposiciones del Tratado y del derecho de él derivado. Hay que indicar sin embargo a la señora diputada en este contexto que ante la división de competencias entre los órganos que se determinan en el Tratado, en primera línea es asunto de la Comisión y asimismo del Tribunal de Justicia, ocuparse de que todos los Estados miembros apliquen correctamente el derecho comunitario, a lo que se ha accedido en el presente caso.

Newman
Soy un miembro activo y con amplia experiencia de la Comisión de Peticiones. En el pasado, hace algunos años, una funcionaria del Consejo asistía regularmente a las reuniones de la comisión. Aquella señora se limitaba a tomar apuntes, lo cual no era muy satisfactorio, pero era mejor que nada. En los últimos años, lo único que hemos tenido ha sido una visita ocasional de un representante del Consejo, a veces cuando el Defensor del Pueblo estaba presente, para entregar un informe a la comisión -algo que acogemos con satisfacción-, pero muy rara vez cuando se trataba de algún tema que preocupaba en particular a uno de los Estados miembro.
La mayoría de las comisiones del Parlamento cuentan regularmente con la presencia de un representante del Consejo. No estamos hablando de ministros, sino de un funcionario de la representación del Gobierno que ostenta la Presidencia en ese momento.
¿Podría esta práctica hacerse extensiva a la Comisión de Peticiones, para que podamos mantener un diálogo entre el Consejo y los miembros de la comisión, como sucede en otras comisiones del Parlamento? Ello ayudará a nuestros peticionarios y estará en conformidad con el Tratado de la Unión Europea y los derechos del ciudadano en virtud de dicho Tratado.

Ferrero-Waldner
Señor diputado, muchas gracias por esta observación. Encargaremos a la Secretaría del Consejo que se ocupe del tema. Voy a hablar al respecto con el Secretario General Trumpf y si es así como usted dice se encontrará sin duda una solución.

El Presidente
Gracias por mostrarse tan complaciente.
Pregunta nº 4 formulada por Olivier Dupuis (H-0849/98):
Asunto: Balance de los Acuerdos de Dayton
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el momento de la firma de los acuerdos de Dayton, en diciembre de 1995, más de un millón de bosnios estaban desplazados en el interior del territorio de la República de Bosnia y Herzegovina, y cerca de un millón de bosnios se habían refugiado en terceros países. Por otra parte, también según el ACNUR, hasta la fecha, de esos 2 millones de refugiados y desplazados, sólo 400.000 han regresado a sus lugares de origen.
¿Acaso no considera el Consejo que el hecho de que, casi tres años después de la firma de los Acuerdos de Dayton, sólo el 20 % del conjunto de refugiados y de personas desplazadas haya podido regresar a su lugar de origen equivale ya a un fracaso sustancial de los Acuerdos de Dayton? ¿Acaso no se ratifica de facto el proyecto de partición sobre una base étnica concebido, deseado, planificado y ejecutado por el régimen de Belgrado, proyecto que, recordémoslo, ha conllevado crímenes de guerra, contra la humanidad y de genocidio, que ahora ya conoce la comunidad internacional en su conjunto?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, el Consejo coincide con el Sr. diputado en que han regresado muchos menos refugiados de lo que esperaba la comunidad internacional para 1998. Es cierto. El retorno de los refugiados representa uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional en la ejecución del Acuerdo de paz de Dayton/París. El retorno de los refugiados nunca estuvo exento de problemas y el hecho de que la mayoría de los refugiados cuyo retorno aún no se ha realizado tienen que regresar a zonas de minorías, es decir, a regiones en las que van a constituir una minoría, complica la situación aún más.
Muchos refugiados no quieren regresar a Bosnia o al menos a sus domicilios y localidades anteriores, incluso aunque se trate de regiones en que representan la mayoría. Junto a las evidentes coacciones políticas, determinante para esta actitud es la sensación de ausencia de seguridad personal y la falta de puestos de trabajo y de alojamientos.
En consecuencia, la estrategia de la comunidad internacional está diseñada a largo plazo, si bien la tarea más importante es la mejora de la situación de seguridad in situ, por ejemplo, mediante una mejora de los servicios de policía y de las perspectivas económicas, con lo que se podría animar a los refugiados a retornar y permanecer en el país.
El Consejo nunca va a aceptar la división étnica de Bosnia y Herzegovina. El Consejo apoya plenamente los ideales de pluralismo y de sociedad multiétnica contenidos en el convenio de paz, como elemento clave de una democratización total y una paz duradera. El Consejo quiere subrayar el derecho fundamental de todos los refugiados a regresar libremente a su región de origen que se incluye en el tratado de paz. Sigue apoyando ilimitadamente que se haga uso del poder del que está investido el alto representante para quitar de sus cargos a los funcionarios que violen este derecho o intenten impedir un retorno.
El nivel de los avances en Bosnia se verá en octubre cuando la Comisión de la UE lleve a cabo su revisión semestral regular sobre la observancia de los criterios que prevé el enfoque regional de la UE y que se determinó en abril de 1997 para todos los países de los Balcanes Occidentales. En la última revisión realizada en abril, la Comisión ha excluído la conclusión de acuerdos de cooperación con Bosnia, Croacia y la República Federal de Yugoslavia, lo que ha justificado con una preocupación general respecto a las reformas democráticas, el respeto de los derechos humanos y de las minorías y también con las vacilaciones en la ayuda a los retornados.

Dupuis
Señora Presidenta del Consejo, ha afirmado usted que el Consejo no reconocería nunca la partición de Bosnia. Hemos visto tantos perjurios, tantas negaciones por parte del Consejo que quizá es un poco aventurado decir una cosa así.
Pero quisiera mencionar la cuestión de los refugiados y decir que sus palabras se parecen más a un deseo bienintencionado que a una política. En efecto, una vez transcurridos tres años desde los acuerdos de Dayton creo que es necesario extraer las primeras lecciones.
Sería necesario preguntarse sobre lo que es hoy ese Estado. ¿No es solamente una ficción?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, creo que una cosa se puede decir precisamente sobre Bosnia-Herzegovina: si la comunidad internacional hubiese querido quebrar su palabra tal como usted lo afirma de nosotros, entonces no habría enviado allí las tropas multinacionales ni tendría allí hoy aún un gran compromiso. Precisamente porque queremos llevar a la práctica Dayton, nos hemos declarado dispuestos a proseguir nuestro compromiso.
Por primera vez desde la firma del acuerdo de Dayton, partes moderadas, orientadas por Dayton, tienen la posibilidad de controlar el ámbito legislativo en ambas unidades territoriales y a nivel nacional a todos los niveles gubernamentales. Por primera vez, la Presidencia colegiada del Estado ha podido apoyar conjuntamente el acuerdo de paz. Aunque el resultado de las elecciones a la Presidencia en la República de Srpska representa una derrota simbólica, sin embargo se ve compensado por ganancias sustanciales de las partes que apoyan Dayton a todos los niveles gubernamentales. Durante las próximas semanas, en la República de Srpska se va a tratar de si la coalición Sloga va a poder mantener el control sobre el Parlamento y nombrar al Jefe de Gobierno.
Por parte de Croacia, el nuevo miembro de la Presidencia colegiada del Estado, Antejelavic, va a organizar ya en octubre un encuentro para reformar el HDZ. Ante estos acontecimientos, la UE realiza las siguientes consideraciones: en primer lugar, hay que aplicar medidas para garantizar la coherencia de la coalición Sloga. En segundo lugar, la República de Srpska debe ser mantenida al margen de las repercusiones de la crisis de Kosovo. En tercer lugar, en la Conferencia del partido HDZ se deben acordar reformas más concretas. En cuarto lugar, se deben iniciar preparativos para las elecciones municipales en el año 1999 y, finalmente, se debe garantizar la integridad y transparencia de la gestión financiera de los órganos elegidos. Con estas consideraciones, debería ser posible ir preparado la siguiente Peace Implementation Conference que se va a celebrar en diciembre en Madrid para seguir trabajando en favor de una Bosnia multiétnica y pluralista.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, tengo que reconocer sinceramente que tengo un cierto problema con todo este acuerdo de Dayton, sencillamente porque uno de las partes contratantes del mismo es el señor Milosevic. En el curso de los últimos años, hemos visto que no tiene la menor intención de respetar partes del acuerdo.
Se han producido avances mínimos en algunos sectores. Los mayores avances -quizás no suficientes pero al fin y al cabo avances-los han realizado con gran diferencia los croatas, creando un consulado en Banja Luca y modificando leyes antes de tiempo, en especial en lo que se refiere al derecho de residencia de determinadas personas en la Krajina y en Eslavonia Occidental. Aquí se han logrado grandes avances por parte croata pero mientras una parte contratante se llame Milosevic -pues vemos en la crisis de Kosovo cómo sigue el asunto- entonces tengo que decir sinceramente que el acuerdo de Dayton en el fondo, aparte de un valor simbólico, no tiene un valor real. Por ello, habría que considerar suspender bajo determinadas circunstancias ciertos elementos del Acuerdo de Dayton mientras él sea una de las partes contratantes.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor Diputado, hay suficientes campos en los que el Acuerdo de Dayton ha aportado ventajas. La más importante ha sido que, gracias a este acuerdo, se ha logrado afianzar el armisticio y proporcionar a las partes la oportunidad de convivir de nuevo. Que no todo se desarrolla del modo ideal, sobre todo por parte de Milosevic, es evidente y lo sabemos, pero creo que bajo las circunstancias actuales apenas había otra alternativa. Es decir, suspender ahora el Acuerdo de Dayton no es en mi opinión una buena alternativa.
Hay que fortalecer la sociedad civil y la democracia. Para ello es necesaria una reforma de los medios así como del sistema electoral y a este respecto hay -como usted sabe- toda una serie de proyectos que apuntan exactamente en esta dirección. La prosecución de las reformas económicas es otra condición para que Bosnia y Herzegovina sigan recibiendo ayuda de la comunidad internacional. En lo tocante al stado de Derecho, la creación de una justicia multiétnica independiente, de un aparato de policía profesional multiétnico así como la lucha contra todas las estructuras paralelas, son también condiciones previas para una Bosnia y Herzegovina democrática y aquí creo que la comunidad internacional ha logrado algunas cosas durante los últimos años. No digo todo, no digo que la situación no pueda mejorar mucho allí en algunos años, pero creo que hay que seguir luchando por un fortalecimiento de las instituciones comunes, también por la reforma del Consejo de Ministros y por la creación de una autoridad de control para los ingresos del Estado y de las unidades territoriales.

Flemming
Señor Presidente, quiero preguntar a la señora Presidenta si no coincide conmigo en que la reducida cifra de refugiados retornados se debe también a que los estados que les han proporcionado acogida han ofrecido a los refugiados una nueva patria de un modo realmente asombros y humanamente único. Sé de Austria que muchos refugiados bosnios han encontrado vivienda, trabajo e integración en la sociedad, por lo que no quieren regresas a sus casas.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, naturalmente, es cierto que algunos Estados, como por ejemplo, Austria, han proporcionado a los bosnios así como a otros refugiados acogida, además una generosa acogida. En el debate sobre la migración de hoy he dicho que entre 85.000 y 90.000 ha sido acogidos en Austria. Esto supone entre un 8 y un 9 % de la población austríaca. Sin embargo, nuestro objetivo debe seguir siendo el de que retorne el máximo número de refugiados posible. Es su patria y tienen que reconstruir su propio estado. Naturalmente, el retorno depende de la rapidez con que se logre restablecer la economía para que encuentren puestos de trabajo y de que se cree seguridad para que tengan garantías cuando retornen a su país.

El Presidente
Pregunta nº 5 formulada por José Salafranca Sánchez-Neyra (H-0853/98):
Asunto: Relaciones Estados Unidos-Cuba
¿Ha tenido conocimiento el Consejo de la carta dirigida por la Sra. Albright, Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos, de fecha 3 de agosto y publicada en diversos medios de comunicación al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos Sr. Helms?
¿Piensa el Consejo reaccionar o tomar posición alguna en relación con lo mismo?
¿Piensa el Consejo que la interpretación que la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos hace de los términos de las Declaraciones de 18 de mayo, se corresponde con el espíritu y con las Manifestaciones hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por el Comisario Responsable en el mes de mayo?
¿Coincide el Consejo en la apreciación de que este Acuerdo constituye una extraordinaria reafirmación de los principios que inspiran la Libertad Act?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, el Consejo ha tomado naturalmente nota del escrito que la Ministra de Asuntos Exteriores Albright ha dirigido al Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Jesse Helms, en lo tocante a los acuerdos sobre las normas para la mejora de la protección de las inversiones y que es parte del importante abanico de medidas acordado en la cumbre UE/EE.UU del 18 de mayo celebrado en Londres. Pero el escrito no iba dirigido al Consejo, por lo que no sería adecuado que el Consejo respondiese. La Unión ha expuesto su posición sobre esta cuestión en la declaración unilateral de la UE, que es asimismo parte del abanico de medidas de Londres y que fue confirmado por el Consejo el 25 de mayo.
En consecuencia, el Consejo espera que los Estados Unidos den los pasos necesarios que se derivan del abanico de medidas acordado en la cumbre de Londres. La UE cumplirá del mismo modo sus compromisos políticos.
La Unión no puede aceptar que cualquier parte del paquete de medidas acordado en la cumbre de Londres justifique de modo alguno los principios del Liberty Act ni mucho menos la imposición de un boicot indirecto y de normas jurídicas con efectos extraterritoriales, que tienen efectos retroactivos. Esta es la posición de la Comisión y de los Estados miembros.
En lo tocante a la expropiación, Sir Leon Brittan en su escrito del 18 de mayo, que es asimismo parte del abanico de medidas de Londres, dirigido a la señora Albright, ha reconocido que según informaciones de los Estados Unidos, las expropiaciones han violado en una serie de casos el Derecho internacional en lo tocante a disposiciones discriminatorias de la ley cubana 851.

Salafranca Sánchez-Neyra
Muchas gracias, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, por su respuesta. Evidentemente, yo no tenía la pretensión de que el Consejo contestase a esta carta. Es una carta dirigida al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos por la Secretaria de Estado.
El problema está en que en la interpretación que en esa carta se hace de los acuerdos entre la Unión Europea y los Estados Unidos se señala que esa interpretación constituye un fundamento a la filosofía y a los objetivos generales de la legislación estadounidense. Y me gustaría saber si la Presidencia del Consejo comparte esa interpretación. Yo sé que, por lo menos en la declaración unilateral que se hizo en el mes de mayo, la Unión Europea no la comparte. Por lo tanto, la primera pregunta que quiero formularle es la siguiente: ¿cuál es el sentimiento que los términos de esa carta produce en el Consejo?
Y segunda pregunta: ¿cuál es el periodo de tiempo que considera necesario el Consejo para que los términos del acuerdo se cumplan y, en concreto, para que la modificación del título IV de la ley, que tiene que aprobar el Congreso de los Estados Unidos, se cumpla? ¿Y qué piensa el Consejo si ese acuerdo y ese compromiso no se cumplen? Y a mí me da la impresión, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, de que, tal y como se encuentran las cosas en este momento en los Estados Unidos, el Presidente Clinton no va a ser capaz de movilizar la mayoría necesaria para obtener esa modificación del título IV de la ley.
Por lo tanto -y para resumir-, quisiera saber, en primer lugar, si el Consejo comparte la filosofía de la carta y, en segundo lugar, cuál es el plazo de tiempo que el Consejo consideraría razonable para tomar algún tipo de medida, puesto que si los Estados Unidos no cumplen la parte que les corresponde mediante la modificación del título IV por el Congreso, ¿qué va a hacer la Unión Europea ante ese supuesto? Porque está muy bien buscar una solución amistosa, pero entiendo que la filosofía y el carácter ilegítimo e ilegal de esta ley no deberían cambiar por la búsqueda de una solución por vía amistosa.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, permítame que diga por adelantado que yo misma me encontré en Nueva York con el Ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, tanto en mi calidad como Presidenta en ejercicio del Consejo como Secretaria de Estado de Austria. Con tal ocasión, se vio que la parte cubana parece tener una cierta disposición -digo conscientemente lo de parece , pues primero hay que comprobarlo- para aceptar una especie de diálogo similar al diálogo sobre derechos humanos que tiene lugar entre la UE y China. Estamos examinándolo. Creo que este nuevo tipo de diálogo tendría también repercusiones positivas tanto para la relación UE/Cuba como para la relación triangular UE/Cuba/EE.UU.
En lo que a sus preguntas en concreto se refiere, quiero decirle que actualmente no se ha previsto ninguna modificación de la posición que he expuesto. Pero como he dicho, si lo he interpretado bien, para el futuro veo posibilidades que apuntan en una dirección relativamente positiva.

Newens
Quisiera preguntar a la Presidenta en ejercicio del Consejo si, en el supuesto de que entre en vigor el acuerdo de 18 de mayo -lo que en estos momentos parece improbable- puede garantizar la Sra. Ministra a la Asamblea que ello no dará lugar a la creación de serios obstáculos para los empresarios europeos que intenten continuar con sus actividades comerciales en Cuba, me refiero a los obstáculos implícitos en la carta de la Sra. Albright. ¿Puede asegurarnos que se cumplirán las declaraciones que se han hecho en varias ocasiones ante esta Asamblea, al menos por Sir Leon Brittan?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, la Unión Europea tiene un gran interés en la mejora de las relaciones trasatlánticas y, sobre todo, de la Foreign Policy Cooperation , cuya efectividad se puede ver menoscabada por diferencias de opiniones en lo tocante a Cuba. La línea política al respecto de la Unión Europea se basa en dos aspectos. Primero: convencer a los EE.UU para que no internacionalice los problemas bilaterales, es decir, entre ellos y Cuba, aplicando una legislación extraterritorial y segundo: convencer a los EE.UU de que un diálogo crítico-cooperativo de la UE con Cuba a largo plazo va a tener más éxito para las relaciones de Cuba con la comunidad internacional que el enfoque norteamericano de emplear presiones y amenazas. Esto es lo que puedo responder a su pregunta.

González Álvarez
En realidad ya hay varias preguntas planteadas a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo. Quizás hay poco más que contestar, pero yo comparto la preocupación del Sr. Salafranca en el sentido de que la Comisión y el Consejo deben contestar a una carta que la Sra. Albright ha escrito al Sr. Helms. Realmente esta carta es, cuando menos, sorprendente. Dice que la Unión Europea se ha comprometido a no conceder préstamos, ni subvenciones, ni subsidios, ni ventajas fiscales, ni garantías, ni seguros de riesgo político, ni participación equitativa, a todos aquellos empresarios europeos que quieran hacer inversiones en Cuba.
Estuvimos en una audiencia de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores y en ella los empresarios europeos nos dijeron que están realmente preocupados y que, precisamente ese acuerdo que no está tan claro, ha distraído las inversiones en Cuba.
Después dice otra cosa aún más sorprendente, que la Unión Europea deberá acudir a la información que tienen los Estados Unidos sobre los bienes expropiados antes de ayudar a ninguna empresa que quiera invertir en Cuba. A nosotros esto nos sigue pareciendo muy grave, y comprendo la respuesta que nos da la Presidenta en ejercicio del Consejo, pero, realmente, aunque sea sólo por el interés -y ya no vamos a hablar de otra cosa- de los empresarios, tantos -muchos españoles y europeos que tienen intereses en Cuba-, a nosotros nos gustaría aclarar la situación.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, permítame que exponga de nuevo mi opinión. A finales de mayo de 1998 se decía en Cuba que la Unión Europea, mediante los acuerdos de la cumbre, había aceptado el principio de la extraterritorialidad siempre criticada por ella. Que sobre todo seguían en vigor las disposiciones de la ley Helms-Burton que suponen numerosas limitaciones al comercio y al tráfico y, en consecuencia, seguía con plena vigencia el carácter extraterritorial del embargo de los EE.UU. La única contraprestación por parte de los EE.UU es, según La Habana, la vaga promesa de la Administración norteamericana a la UE de esforzarse por suspender el título 3 y 4 de la Ley Helms-Burton.
Además, a comienzos de junio de 1998 Cuba advirtió a la UE frespecto de a una ayuda a los grupos de oposición y activistas pro derechos humanos; tales actividades subversivas no serían aceptadas por la administración cubana y podrían acarrear las correspondientes medidas. Pero precisamente los EE.UU exigen un compromiso de este tipo para demostrar al Congreso y a la opinión pública de su país que la UE no se aleja de las declaraciones centrales de la common position .
Naturalmente, la UE no va a aceptar que una parte cualquiera del paquete de medidas acordadas en la cumbre de Londres justifique del modo que sea los principios del Liberty Act y mucho menos la imposición de boicots indirectos y normas con efectos extraterritoriales y retroactivos. Esta es la posición de la Comisión y de los Estados miembros.
En la cuestión de las expropiaciones -ya lo he mencionado- Sir Leon Brittan ha tomado postura.

El Presidente
Pregunta nº 6 formulada por Gerhard Hager (H-0854/98):
Asunto: Documento estratégico sobre las políticas de migración y de asilo de la UE
La Presidencia austriaca presentó el 1 de julio de 1998 un documento estratégico sobre las políticas de migración y asilo de la UE.
¿En qué punto se encuentran los debates sobre el documento estratégico presentado por la Presidencia austriaca? ¿Qué delegaciones han presentado ya su dictamen en el Comité K4 y cuál es su contenido? ¿Ha abandonado la actual Presidencia alguna de las propuestas? En caso afirmativo, ¿cuáles y por qué motivo?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, permítame indicar primero que el documento de la Presidencia -lo que ya he dicho en el debate sobre las migraciones- es un documento de debate que pretende que se piense y recapacite más sobre cómo se pueden solucionar los problemas en el campo de la migración y del asilo. No pretende proporcionar una visión de conjunto sobre la futura política de la UE en estos campos sino que, de modo similar a iniciativas anteriores, como por ejemplo, la comunicación de la Comisión de 1994 -sobre la que también se ha hablado hoy aquí-, se intenta garantizar que las personas que adoptan las decisiones, a la hora de determinar esta política puedan hacerlo sobre la base más amplia posible.
Tal como se prevé en el documento, la Presidencia ha solicitado a las delegaciones que presenten hasta septiembre sus observaciones por escrito. Hasta ahora ha recibido aportaciones de las delegaciones alemana, griega, sueca y británica así como de la Comisión. La Presidencia ha revisado el documento a la luz de estas observaciones y en septiembre se celebró una reunión de la comisión K4. Esta versión revisada se presentará oficialmente lo antes posible al Parlamento Europeo. Esta es la primera versión posible que se puede entregar pues antes no se había introducido la opinión de los catorce restantes.
Repito: quiero prevenir frente a todos los malentendidos que han surgido por falsas informaciones, sobre todo por parte de la prensa, pero también en parte, de los medios restantes.

Hager
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, lamento que mi pregunta relativa al plazo de presentación haya perdido algo de actualidad pues, entretanto, es de conocimiento general. He seguido el debate de esta tarde y me alegro de obtener de parte autorizada una confirmación del estado actual de las informaciones.
Sin embargo, me permito plantear la pregunta adicional de si a la inversa de lo que usted ha dicho y ha precisado también por la tarde en lo tocante a la retirada de partes de este documento, puedo suponer que las fórmulas empleadas en los artículos 41 y 132 -en el campo del asilo, se podría pensar también en una forma de transición hacia unos conceptos de protección menos orientados al Estado de derecho y más políticos- siguen teniendo validez y, en caso afirmativo, me gustaría saber cuál es la posición del Consejo.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, no puedo responderle con detalles a cada formulación pues no tengo el texto ante mí. Solamente puedo decirle que se ha dado a la prensa un documento de debate y en la prensa se ha debatido sobre un documento que ni siquiera era oficial. En consecuencia, han surgido algunos malentendidos. Un documento que se debata oficialmente en los diversos gremios, no contendrá naturalmente formulaciones que puedan ser chocantes de alguna forma. Ya he expuesto hoy que ha existido un cierto malentendido: naturalmente, no se quería suprimir el Convenio sobre los Refugiados sino complementarlo allí donde es necesario. Esto lo he dicho también en el debate de hoy.
En segundo lugar, el tema no es nuevo. Se recogió por primera vez en 1991 y fue proseguido por la Comisión en 1992 y 1994. Tal como ha mostrado el debate de hoy, esta cuestión es hoy tan compleja que tenemos que encontrar un medio para combatir estas actividades delictivas del tráfico ilegal de inmigrantes que, sin duda, existen. Pero, al mismo tiempo, debemos también proporcionar posibilidades humanitarias a los refugiados y acoger en el país a las personas que debemos necesariamente acoger.

Sjöstedt
Tengo ante mí el documento sobre el que estamos debatiendo. No puedo evitar la gran sorpresa y decepción que me ha producido la lectura de la propuesta austríaca, una propuesta caracterizada por una excesiva represión y muy poca humanidad. Va a empeorar una política que ya de por sí es muy brutal en las fronteras de la UE, que da pie a la inmigración ilegal y que ocasiona también cada año la muerte de cientos de personas que intentan traspasar nuestras fronteras de manera ilegal. Si se aplicara el tipo de política que se defiende en este detallado documento, ello afectaría también a los refugiados que tienen verdaderos motivos para solicitar asilo, los cuales no podrían ya hacerlo al endurecerse la normativa en materia de concesión de visados o empeorar las condiciones de transporte. Asimismo, esta política plantearía a los países vecinos de la UE unas exigencias completamente desmesuradas para que aplicaran una política restrictiva sin precedentes, corriéndose el riesgo de que se produjera un empeoramiento de las relaciones entre los distintos países de la Europa Oriental al obligárseles a cerrar sus fronteras.
Tengo una pregunta. En este documento se menciona el registro SIS con el que se controla en la actualidad a los solicitantes de asilo. No obstante, este registro ha puesto de manifiesto sus gravísimas deficiencias en materia de protección jurídica. Los solicitantes de asilo no tienen derecho a ver sus propios datos, por lo que no pueden controlar si son correctos. ¿Podría plantearse la Presidencia la adopción de algunas medidas para reforzar la protección jurídica de los refugiados mediante un mejor control del registro SIS?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, creo que no es muy razonable entrar a debatir sobre un documento que ni siquiera existe oficialmente y en el que se acaban de introducir las opiniones de los demás Estados miembros. Hay que esperar hasta que el documento se presente oficialmente al Parlamento Europeo y entonces se podrá mantener un debate al respecto.

Elliott
Me doy cuenta de que quizá se ha producido una cierta confusión en torno a este informe, y que sólo se trata de un documento de debate. No obstante, existe una enorme inquietud en el Parlamento, especialmente en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, porque el Parlamento parece no haber participado desde la fase inicial, como nosotros hubiéramos deseado. Espero recibir garantías de que el documento revisado será presentado con tiempo para que el Parlamento lo estudie y emita su dictamen antes de la próxima reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.
Asimismo quiero decir que estoy seguro de que la Presidenta en ejercicio del Consejo tiene conocimiento de que han sido numerosas las muestras de inquietud ante algunas sugerencias -aunque reconozco que no son más que sugerencias- que contiene este documento de opinión, en el sentido de que debemos modificar considerablemente el actual Convenio de Ginebra y posiblemente eliminar el derecho individual de solicitar asilo. Naturalmente, muchos de los refugiados que hoy llegan a Europa occidental lo hacen de un modo diferente al que se percibía hace 50 años, en tiempos del Convenio de Ginebra. No obstante, me parece que sus apuros y los problemas que padecen son los mismos, ya sean perseguidos por un gobierno o huyan simplemente de revueltas, de una guerra civil o del caos de la sociedad de los que las autoridades de su país no pueden protegerlos. Muchos de nosotros pensamos que el derecho individual debe mantenerse.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, respecto al primer punto: no se quiere tocar en absoluto el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados. Si en el primer borrador, sobre todo en el que ido a parar a la prensa, existe una formulación que provoque malentendidos, la versión revisada no contiene ningún pasaje del que se pueda deducir sinceramente una intención de este tipo.
Segundo: el modo de proceder diseñado por nosotros, está en absoluta consonancia con la práctica general usual de no ocupar al Parlamento Europeo ya con una primera propuesta, ya que una propuesta así aún no puede tener en cuenta la actitud general de todos los Estados miembros, sino hacerlo tras un primer trato a nivel de un grupo de trabajo del Consejo. Este es exactamente nuestro modo de proceder. Tras la primera revisión, se presentará este texto al Parlamento lo antes posible.

El Presidente
Pregunta nº 7 formulada por John McCartin (H-0860/98):
Asunto: Coste de los vehículos de motor y de los seguros de vehículos en Irlanda
¿Está informado el Consejo de la gran disparidad de los precios de los vehículos de motor y de los seguros de vehículos en la UE y no considera que esto constituye un elemento de distorsión de la competencia en el mercado único? ¿Ha previsto el Consejo adoptar alguna iniciativa para remediar esta situación?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, el señor diputado indica con razón que la creación de un mercado interior para seguros de vehículos representa una prioridad desde hace muchos años. La tercera directiva de coordinación sobre seguros contra daños, es decir, la directiva 92/49/CEE del Consejo, ha culminado totalmente el mercado interior en el campo de los seguros. Excepto las directivas sobre seguros contra daños, con las que se quiere garantizar tanto el derecho de establecimiento como el libre tráfico de servicios, el Consejo ha aprobado adicionalmente normas jurídicas sobre el seguro obligatorio de automóviles.
Con las normas jurídicas generales y específicas, se quiere garantizar que todos los ciudadanos de la Comunidad dispongan de un abanico lo más amplio posible de seguros. Esto aumenta la competencia en este campo y con el tiempo hará que los costes de los seguros desciendan. En lo tocante a los costes para vehículos, me remito al Reglamento 1475/95/CEE, un reglamento de la Comisión en el que se determinan ciertas normas sobre contratos de distribución en el sector del automóvil. Con ello, se quiere garantizar un mayor equilibrio en las relaciones contractuales entre los fabricantes, los comerciantes y los consumidores finales.
En lo que se refiere a una posible distorsión de la competencia en el mercado interior en lo tocante a los costes de los seguros de vehículos y/o de los vehículos mismos, es asunto de la Comisión adoptar todas las medidas que considere necesarias para que se pueda garantizar un funcionamiento sin trabas del mercado interior en general y de un sector en particular.

McCartin
Agradezco a la Presidenta en ejercicio del Consejo su respuesta tan detallada. Quizá cometí un error al dirigir esta pregunta al Consejo, en vez de a la Comisión, porque existe una gran frustración en Irlanda, especialmente entre los jóvenes. En el caso de los jóvenes que buscan su primer empleo, si dicho empleo requiere conducir un automóvil en Irlanda, deberán pagar aproximadamente el equivalente a 50 ecus a la semana por el seguro. Si estuvieran en Bruselas o una ciudad del Reino Unido, probablemente sólo pagarían una cuarta parte de esa cantidad. Por lo tanto, se tiene la sensación de que la Unión Europea ha fracasado en la realización del mercado único en el ámbito de los seguros. El hecho de que hayamos fracasado y que el Consejo haya fracasado en la armonización del régimen fiscal, crea una situación en la que, para empezar, los vehículos de motor son mucho más caros, lo cual repercute en el sector de los seguros, pero con explicarlo no basta. El hecho de que las compañías de seguros del Reino Unido, Bélgica y Alemania no compitan en el mercado irlandés se debe, en mi opinión, a que la Unión Europea no ha aplicado el derecho al libre establecimiento ni el derecho a la igualdad de acceso al mercado.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, tal como he expuesto en mi anterior respuesta en lo tocante al sector del automóvil, la Comisión ha aprobado una serie de normas que pretenden garantizar la transparencia de los precios de los automóviles a nivel europeo. En este contexto, es razonable indicar que según el capítulo 5 del Tratado, en especial las normas de competencia comunitarias caen bajo el ámbito de competencias de la Comisión, tal como usted intuye. Por ello, está en una situación mucho mejor que el Consejo para responder a las preguntas del señor diputado.
En el campo de los seguros, remito al señor diputado a la Directiva 92/49/CEE con la que se quiere regular la actividad de este sector y garantizar una mayor competencia. Si, a pesar de ello, en el mercado del automóvil se constatasen obstáculos, naturalmente el Consejo dedicará toda su atención a las propuestas cuya difusión considere como útil la Comisión, para aportar la correspondiente ayuda.

Rübig
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, ¿cree que la introducción del euro va a proporcionar más transparencia a los costes de los vehículos y de sus seguros?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, por supuesto que sí, es lo único que puedo decir. Creo que esto elevará la competitividad al aumentar la competencia. También descenderán los precios pues al poder comparar mejor, el consumidor podrá decidir con mayor conocimiento de causa dónde quiere comprar realmente. Creo que la introducción del euro va a tener a la larga unas repercusiones positivas para los consumidores.

Alavanos
Señor Presidente, la distorsión ocasionada por los diferentes precios es tan grande que tenemos los siguientes fenómenos: Por ejemplo, trabajadores de Alemania en Grecia, trabajadores jóvenes que llevan a Grecia un coche que han comprado sus padres y que están finalmente obligados a entregarlo al Estado porque pueden pagar los enormes impuestos que prevé la legislación griega. Y existen tales ejemplos, que son dramáticos en cuanto a cifras se refiere. Estoy de acuerdo con el Sr. McCartin.
Por consiguiente, desearía preguntar: ¿Puede hacerse algo por esa categoría especial?. Y, en cualquier caso, ¿Existe una fecha en la que también nosotros podamos decir que los precios de los coches son similares en toda la Unión Europea?. Porque llevamos décadas debatiendo este asunto en el Parlamento Europeo.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, tengo una gran comprensión por el problema que plantea al igual que el colega anterior. Me permito indicar de nuevo que no es tarea del Consejo sino de la Comisión, encargarse de que el mercado interior funcione sin trabas y vigilar la observancia de las normas de competencia. Me permito también recordar que la determinación de las primas de seguros cae dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros. En lo que se refiere a la realización de mercado interior de los seguros, ruego de nuevo al señor diputado que se ponga en contacto con la Comisión, pues ésta es precisamente competente para la observancia de las normas de competencia. Por lo demás, pasaré gustosamente su pregunta.

El Presidente
El Sr. Posselt tiene la palabra con relación al reglamento.

Posselt
Señor Presidente, sólo tengo una pregunta. Ha mantenido usted ahora una actitud política muy equilibrada. Sólo quiero preguntar por qué precisamente en la muy delicada cuestión del documento estratégico austríaco solamente ha concedido la palabra a dos representantes del Grupo de los Socialistas Europeos, a pesar de que yo fuí el primero que la pedí en el mismo segundo en que se preguntó. De este modo, quizás la Presidenta del Consejo tenga la errónea sensación de que aquí sólo hay críticos del documento. Pero hay también diputados que apoyan el documento y esto no se ha reflejado.

El Presidente
Lo lamento, señor Posselt, pero he dado la palabra a los primeros en apuntarse. Lamento que usted no tuviera la palabra, sin embargo, según el reglamento sólo puedo dar la palabra a dos personas.
Pregunta nº 8 formulada por Anna Karamanou (H-0862/98):
Asunto: Contribución de los medios de comunicación al aumento de la explotación sexual de la mujer
Según una reciente comunicación del Consejo de Europa, las mujeres constituyen las víctimas principales de la explotación sexual a través de los medios de comunicación, algo que constituye una violación importante de los derechos humanos. La forma en que los medios de comunicación presentan la imagen de la mujer contribuye al aumento de la explotación sexual de las mujeres en Europa; por otra parte, la trata de blancas recurre cada vez más a los medios modernos de comunicación de masas y a la utilización de las nuevas tecnologías. ¿Puede indicar el Consejo cómo va a intervenir y qué medidas va a adoptar para solucionar este grave problema?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, primero quiero subrayar que el Consejo es plenamente consciente de que en esta cuestión y en el comportamiento aquí mencionado, se trata de problemas gravísimos. El Consejo es de la opinión de que hay que hacer todo para impedir que el crimen organizado relacionado con la prostitución se sirva de modo creciente de las tecnologías de información y comunicación más modernas.
La Presidencia austríaca se va a esforzar por ello para que puedan concluir pronto los debates que actualmente tienen lugar sobre temas como la medida común para la lucha contra la pornografía infantil en Internet, el plan de acción de la Comunidad para impulsar el uso seguro de Internet mediante la lucha contra contenidos ilegales y perjudiciales y el programa de acción de la Comunidad para medidas destinadas a combatir la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres, DAPHNE.
La Presidencia confía en que los Estados miembros impulsen y encuentren una base común para la aprobación de estos instrumentos.
La señora diputada sabe lo grande que es el ámbito de influencia de las asociaciones criminales que se sirven de la prostitución. Pues estos reprobables negocios con los que se pisotea la libertad de sus víctimas, se realizan a nivel internacional.
Por ello, a causa de la internacionalidad de Internet, el Consejo cree que la lucha contra la prostitución organizada debe realizarse a nivel internacional, para lo que naturalmente también se ofrecen las Naciones Unidas. Por ello, estoy segura de que la Comunidad y sus Estados miembros van a dedicar toda su atención a las iniciativas que se adopten bajo el patrocinio de las Naciones Unidas.
En especial, se trata del proyecto de prohibición del crimen organizado a nivel transnacional así como un protocolo sobre el comercio con niños y mujeres y el proyecto de un protocolo facultativo para un convenio sobre los derechos del niño en lo que se refiere a la venta de niños y su explotación sexual, la prostitución y la pornografía con niños.

Karamanou
Quiero dar las gracias a la Presidenta por su respuesta que, sin embargo, considero que dista mucho de satisfacer no sólo a mi, sino a ella misma, puesto que por un problema tan enorme se ha hecho tan poco por parte de la Unión. Trágicamente poco. El Parlamento Europeo ha hecho reiterados llamamientos al Consejo y la Comisión para que se adopten medidas drásticas y eficaces para hacer frente a las redes internacionales de proxenetas modernos, de los modernos negreros. Desearía preguntar a la Presidencia qué hizo el Consejo en relación con la creación de nuevas instituciones europeas apropiadas, eficaces y capaces de desarrollar una acción común a nivel internacional y europeo y de imponer sanciones y penas en función de la gravedad del delito. Es seguro que a las redes internacionales de delincuentes hay que hacerlas frente a nivel internacional y multidimensional, como la misma Sra. ministra reconoció. En otras palabras, desearía preguntar, ¿Va a aplicar el Consejo una legislación comunitaria y medidas más allá de las fronteras nacionales para que se erradique el fenómeno, que adquiere cada vez dimensiones más explosivas y que ataca a nuestra propia civilización?. Y también, señora Presidenta, desearía que me informara sobre el punto en el que se encuentra la sanción del Acuerdo de Europol por parte de los Estados miembros y de qué recursos se dispone para que dicho servicio lleve adelante las numerosas obligaciones que ha de asumir.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, permítame que indique de nuevo que precisamente también para la Presidencia austríaca del Consejo el punto mencionado por usted es especialmente importante y que hemos adoptado también una serie de iniciativas. Pero antes de referirme a ello, quiero decir que en la Conferencia Europea que se celebró ayer en Luxemburgo y sobre la que ya he informado esta mañana, se debatió muy especialmente sobre esta cuestión.
No comenzamos a hablar sobre esta problemática tan importante y a buscar soluciones sólo en el marco de la Unión Europea sino también con todos los países candidatos. Además, esta es también una cuestión que cae ahora bajo la competencia de Europol, lo que es de gran importancia. Por lo demás, quiero decir que no solamente se debería crear más burocracia sino que deberíamos intentar combatir conjuntamente y con eficiencia este cáncer al que se ha referido usted muy acertadamente. Permítame pues que indique que el Consejo ha aprobado en los dos últimos años numerosas resoluciones que se aplican ahora.
Me limito a mencionar brevemente las siguientes: dos acciones conjuntas del 29 de noviembre de 1996 y del 24 de febrero de 1997 para un programa de intercambio y una medida para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual de niños; la ampliación del mandato de Europol a la evitación y lucha contra el tráfico de personas al que acabo de referirme; el plan de acción del 28 de abril de 1997 para la lucha contra el crimen organizado; la iniciativa conjunta de la Unión Europea y de los Estados Unidos contra la trata de mujeres - nos parece importante que precisamente en el marco del diálogo trasatlántico se haya recogido esta cuestión-; y finalmente, las conclusiones del Consejo del 19 de marzo de 1998 sobre 10 principios básicos para un plan de acción propuesto por el G8 para la lucha contra la criminalidad en los sectores tecnológicos punteros.

Thors
Permítanme que les muestre el recorte de una revista finlandesa de la semana pasada. Aquí se nos hace una detallada descripción de cómo se transforma la identidad de las mujeres, de cómo se les tiñe el pelo o de cómo se las tatúa antes de traerlas, tal como ya se ha descrito en anteriores intervenciones. Resulta esencial que la Presidencia austríaca preste atención a este punto. Estoy satisfecha por los esfuerzos que hemos realizado, a pesar de lo cual me temo que tenemos a nuestra disposición muchísimas decisiones y poquísimas medidas de apoyo.
Usted ha mencionado el programa Daphne. Me pregunto cuándo piensa el Consejo adoptar este programa. Por lo demás, también me pregunto si el Consejo y la Presidencia austríaca respaldan también las medidas destinadas a la rehabilitación de las jóvenes, por ejemplo, mediante el programa La Strada en Bulgaria. En tercer lugar, me pregunto si es cierto el dato que a veces oímos en este Parlamento acerca de los cientos de miles de chicas o niñas que son trídos a los Estados miembros de la Unión Europea procedentes de los países candidatos a la adhesión. Creo que tenemos que prestar todavía una mayor importancia a este punto. Ningún país que no haya abordado antes este tema de la manera adecuada podrá ser miembro de la Unión Europea.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, creo que he intentado exponer lo mucho que precisamente la Presidencia austríaca se está enfrentando a este problema en relación con la problemática general de la lucha contra el crimen organizado.
Objetivo de la Conferencia Este-Oeste organizada por la Presidencia austríaca sobre la trata de mujeres y que acaba de celebrarse en Viena del 1 al 3 de octubre de 1998 y en la que, por cierto, participó la Comisaria de la UE para Asuntos Interiores y Justicia, la señora Anita Gradin, era informar a la opinión pública sobre mecanismos básicos y específicos de los países en lo referente a la trata de mujeres y proporcionar también a representantes de las ONGs, y de instituciones estatales e internacionales la posibilidad de intercambiar sus experiencias en el campo de la prevención e intervención así como desarrollar más estrategias para combatir la trata de mujeres en la Europa occidental y oriental.
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen prevista para el próximo año una campaña contra la violencia contra las mujeres. La Conferencia sobre el tema «trabajo policial contra la violencia ejercida contra las mujeres» organizada asimismo bajo la Presidencia austríaca y que tendrá lugar del 30 de noviembre al 4 de diciembre de este año en Baden, quiere realizar una aportación a la preparación de actividades de los Estados miembros en el año 1999.
La Conferencia quiere que, a la luz de las experiencias internacionales, se hable sobre los estándares actuales y modelos de medidas para reprimir los actos de violencia que los hombres ejercen contra las mujeres. Se quiere tratar, en especial, sobre la situación procesal a la que se ven expuestas las mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica así como los aspectos especiales de la violencia contra las inmigrantes y su necesidad especial de protección debido a su situación económica y jurídica extraña, también de cara al trabajo policial.
Antes he indicado que esto es un tema esencial de la Conferencia Europea, para que los Estados que se van a convertir en el futuro en miembros de la Unión Europea, presenten conjuntamente soluciones a esta problemática.

Pirker
Señor Presidente, como saben, muchos de los actos delictivos se cometen entretanto a través de Internet. Esto es también aplicable a la prostitución infantil y la trata de mujeres así como al tráfico de órganos que con frecuencia está relacionado con lo anterior. Ahora sabemos que el programa DAPHNE tiene un período de vigencia más largo hasta el año 2004, y que se quiere dotar relativamente con bastantes fondos. Ya que muchas cosas ocurren a través de Internet, ¿hasta qué punto se puede pensar en crear una especie de cyber police que controle el tráfico en Internet y aplique las correspondientes contramedidas para contribuir a combatir estos delitos?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, ha tocado ciertamente un problema muy actual al que la Presidencia austríaca del Consejo le dedica también una gran atención. Como Internet es un medio totalmente nuevo, tenemos que examinar exactamente todas las medidas que son posibles. Tenemos que ver qué se puede hacer en Internet. Quizás se trate también de una especie de code of conduct del usuario, pues va a ser difícil desarrollar unas determinadas normas jurídicas. En estos momentos estamos examinándolo muy detalladamente con expertos y esperamos elaborar aún durante la Presidencia o poco después un catálogo al respecto que presentaremos también a continuación.

El Presidente
Pregunta nº 9 formulada por Astrid Thors (H-0867/98):
Asunto: Reducción del IVA en actividades que requieren numerosa mano de obra
El Comisario Monti propuso una vez que los Estados miembros de la UE redujeran el IVA que se aplica a las actividades que requieren numerosa mano de obra con el fin de fomentar la creación de puestos de trabajo.
La Comisión ha realizado recientemente un análisis del impacto del IVA en el mercado interior, incluyendo los aspectos relativos al empleo. ¿Cuándo se propone la Presidencia austriaca presentar este asunto para debate en el Consejo Ecofin?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, la problemática contemplada en la pregunta de la Sra. diputada es estudiada actualmente en los gremios del Consejo. En base a los resultados de dicho estudio, el Consejo podrá apreciar si se debe encargar a la Comisión que elabore una propuesta sobre el sector mencionado en la pregunta de la señora diputada. Lamento que actualmente no pueda proporcionar informaciones más detalladas.

Thors
Yo también lamento que el Consejo no pueda ofrecer mayores explicaciones. Por el contrario, en los últimos días hemos podido leer en los periódicos que los Estados miembros sí han ofrecido respuestas al grupo de trabajo del Consejo.
En primer lugar, me pregunto por qué se ha tardado tanto tiempo en solicitar la reacción de los Estados miembros a esta propuesta. Desearíamos señalar, sin embargo, que la Comisión presentó su comunicación el 13 de noviembre del pasado año. Estamos a octubre de 1998, es decir, ha pasado ya un año, a pesar de lo cual no se ha recibido ninguna noticia sobre un posible calendario. ¿Por qué se tarda tanto?
Además, corre el rumor de que, a pesar de los 18 millones de desempleados que hay en Europa, el grupo de trabajo del Consejo ni siquiera tiene previsto extraer conclusiones antes de que acabe el presente año. Somos muchos los que estamos convencidos de que ésta sería una manera de reducir el fraude fiscal y crear empleo, de pasar de una sociedad de autoservicio a una cierta sociedad de servicios.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señora diputada, en primer lugar comparto naturalmente su preocupación por el nivel de empleo y la posibilidad de combatir el paro en todos los lugares donde sea posible. De esto no cabe la menor duda. Precisamente en unos tiempos de globalización de la economía, el Consejo es consciente de la necesidad de que hay que hacer todo lo posible para mantener el nivel de empleo y elevarlo donde sea posible.
El Consejo es de la opinión de que la cuestión del empleo es el gran desafío para la Unión Europea en el cambio de milenio. Yo misma estoy profundamente convencida de que las futuras generaciones de europeos medirán la política de la Comunidad con el éxito que logre en su lucha contra el azote del paro. Por ello, sólo puedo indicar de nuevo que aquí se trata de un problema extraordinariamente complejo e intrincado que debe ser analizado muy a fondo con todas las implicaciones que van unidas a esta cuestión, lo que está ocurriendo actualmente. Se encuentra pues en una fase de estudio y en su momento se realizará una propuesta en la forma debida. Pero debido a la complejidad de la situación, actualmente es demasiado pronto para poder hacer declaraciones precisas sobre contenidos.

Lindqvist
Los impuestos constituyen sin lugar a dudas un instrumento para intentar mejorar la desesperada situación del desempleo y de crear más puestos de trabajo. Sin embargo, la responsabilidad de la política fiscal recae primordialmente en los Gobiernos nacionales, y sabemos que es difícil ir con la varita de la Unión Europea a enseñarles lo que hay que hacer en materia de impuestos.
Querría referirme a la segunda parte de la respuesta que nos ha ofrecido la representante del Consejo. Me pregunto qué medidas generales tiene previsto aplicar el Consejo durante el resto de su Presidencia para ocuparse de una vez por todas de la cuestión que usted misma ha descrito como el gran reto ante el siglo XXI, el que plantean la reducción del desempleo y la creación de un mayor número de puestos de trabajo para la generación venidera. Así pues, ¿qué planes tiene la Presidencia para presentar, durante el tiempo que le queda, propuestas de este tipo?

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, sabe que precisamente la Presidencia austríaca concede la máxima importancia a la cuestión de la lucha contra el paro y que tenemos previsto elaborar determinadas directivas para que sean aprobadas en el Consejo Europeo de Viena. Estas se basan -no las tengo ahora todas detalladamente ante mi- en primera línea en las llamadas best practices de los diferentes Estados, es decir, que unos van a aprender de otros. Actualmente se está examinando con gran detalle qué es lo que ha creado puestos de trabajo adicionales en los diversos países. Pienso en la gran flexibilidad y movilidad como se practica, por ejemplo, en Holanda, o pienso en el modelo austríaco de la llamada formación dual, donde existe un modelo de aprendizaje y al mismo tiempo la escuela profesional, es decir, la teoría y la práctica simultáneamente, lo que nos ha llevado al primer puesto en el empleo juvenil.
Cosas similares van a ser estudiadas con todo detalle por los expertos, para que podamos recoger esos modelos con los que otros han tenido experiencias positivas. En este sentido apunta la directiva de la Presidencia austríaca para combatir el paro.

McCartin
Señor Presidente, en relación con las empresas de mano de obra intensiva, el problema es la competencia procedente de terceros países, países con mano de obra barata. Reduciendo el IVA, no mejoramos la competitividad, puesto que el IVA se aplica tanto a los productos importados, como a los de fabricación nacional. Por lo que lo único que haremos será ampliar un poco el mercado y ofrecer mayores oportunidades a las zonas donde la mano de obra es más barata.
En mi circunscripción tenemos este problema. Una gran multinacional -Fruit on the Loom- está en trámites de liquidar una empresa de mano de obra intensiva con miles de puestos de trabajo, porque quiere trasladar la producción a Marruecos. Quisiera sugerir -y agradecería algún comentario de la Presidenta en ejercicio del Consejo- que la solución pasa por una reducción de nuestros impuestos sobre la renta y de las cargas sociales, que son demasiado elevados, de cara a mejorar la competitividad de la empresa europea.
¿Es ésta una cuestión que compete a los Estados miembros o es la Unión Europea la que debe tomar una iniciativa? ¿Iría en contra de nuestras obligaciones con respecto al GATT? Hay que hacer algo o de lo contrario nos quedaremos sin empresas de confección, calzado y sin otras de mano de obra intensiva.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señor diputado, muchas gracias por la observación. Naturalmente, usted tiene razón en que precisamente estas medidas sobre las que se debate actualmente van a tener repercusiones en el marco de la globalización general. ¿Cómo va a poder proseguir la cuestión de la reducción de los costes laborales? Estas cuestiones son especialmente importantes también en el marco de las negociaciones de Lomé que acabamos de comenzar. Naturalmente, no puedo referirme ahora en detalle a ello -tampoco soy la experta para estas negociaciones financieras-, pero puedo decirle que usted ha realizado con razón la observación de que todas las cuestiones que se traten como los impuestos, van a tener por supuesto grandes repercusiones sobre la economía global del mundo.

El Presidente
Muchas gracias, señora Presidenta del Consejo. Son las siete y desgraciadamente me veo obligado a interrumpir el turno de preguntas. Lo siento por los señores miembros que han esperado pacientemente, pero así son las cosas en el Parlamento. Le debemos a la Presidenta del Consejo detenernos ahora para que así pueda coger su avión de regreso. Muchas gracias, señora Presidenta del Consejo.
Las preguntas nº 10-29 serán contestadas por escrito. Las encontrarán en los casilleros de los señores miembros en el transcurso de esta noche.
El turno de preguntas queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Enfermedades relacionadas con la contaminación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0333/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (1999-2001)(C4-0340/98-97/0153(COD)) con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en el marco de la acción en el ámbito de la salud pública (Ponente: Sr. Cabrol)

Cabrol
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, hemos de examinar la posición común, aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de un programa de acción comunitaria relativo a las enfermedades relacionadas con la contaminación. Para comprender en qué marco concreto pueden y han de ser votadas las enmiendas, resulta esencial saber que este programa no plantea luchar directamente contra la emisión de contaminantes, ni contra las enfermedades relacionadas con la contaminación, algo que ya es objeto de otras directivas.
El presente programa tiene como objetivo inventariar los conocimientos sobre los contaminantes, reunir todos los datos relativos a las enfermedades relacionadas con los contaminantes e inventariar dichos contaminantes para informar a los Estados miembros, que están encargados de recoger los datos, y también para informar a los ciudadanos de la Unión Europea, con el fin de que éstos, que conocen los contaminantes, puedan protegerse lo mejor posible contra ellos. Se trata por tanto de un programa, de alguna manera, de un inventario de los contaminantes y enfermedades que provocan. Se trata también de un programa de información al público sobre los contaminantes y las enfermedades que de ellos se derivan. Eso es lo que queremos reafirmar en las enmiendas presentadas: la primera parte de la enmienda 5, las enmiendas 10, 12, 13 y 14. Pero este programa no contiene nada más, y por ello, para seguir en esa línea y no invadir la lucha directa contra los contaminantes o las enfermedades relacionadas con los contaminantes, no apoyaré, a título personal, las enmiendas 5, último párrafo, 9 y 16, que van más allá del presente programa.
Por otra parte, este programa pretende poner en común las experiencias de los Estados miembros, de las organizaciones internacionales y de algunos países terceros. Evidentemente, un programa así habrá de ser evaluado en el transcurso de su aplicación, y su seguimiento habrá de ser controlado. En conjunto, la posición común nos parece satisfactoria. Nos felicitamos en especial de que contemple enfermedades relacionadas con todo tipo de contaminaciones, tal como habíamos solicitado en primera lectura.
Sin embargo, este texto nos parece discutible en algunos puntos. Hemos observado en el artículo 1, párrafo 2a, que la información sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación comporta informaciones claras relativas a estas enfermedades, algo que no se ha adoptado en el texto de la posición común. Por otra parte, la duración del programa se ha establecido en tres años, cuando en el texto inicial eran cinco. Por ello, la financiación tal como está prevista, de 1, 3 millones de ecus por año, está globalmente limitada a 3, 9 millones. Podríamos aceptar esos cambios en la duración y la financiación si el proyecto no constituyera, verdaderamente, como dice la Comisión, más que un paso en este ámbito. Pero en el supuesto de que no fuera ése el caso, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor solicita, en las enmiendas 2 y 4, la fijación de la duración de este programa en cinco años, al igual que la determinación de una dotación financiera total de 7 millones de ecus. Es la enmienda 7.
Con un programa fijado de nuevo así en su duración y su financiación, es preciso llegar más lejos, es decir, iniciar estudios epidemiológicos coordinados sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. Ése es el objetivo de la enmienda 11. Es preciso también promover el conocimiento de comportamientos, formas de vida, hábitos alimentarios que permitan limitar los riesgos de algunas contaminaciones, como indicamos en la enmienda 15. Señalemos por otra parte que la Comisión considera inapropiada la referencia al artículo 228 que aparece en el texto del artículo 6 sobre la cooperación internacional, ya que se trata de una cooperación técnica y no de acuerdos internacionales propiamente dichos.
Finalmente, quisiera insistir más especialmente en la evaluación del programa y en su seguimiento. La Comisión considera que la redacción de un informe en el tercer año de aplicación del programa supone un plazo demasiado corto. En la enmienda 8 solicitamos que este informe se redacte al término de la realización del programa. En cuanto al seguimiento, solicitamos a la Comisión que nos comunique, dentro de los seis meses posteriores a la aprobación de este proyecto, las medidas adoptadas para asegurar la coherencia y la complementariedad de este programa con los demás programas: salud pública, medio ambiente, investigación. Ése es el objetivo de la enmienda 6. Eventualmente también para poder proceder a los ajustes necesarios, como solicitamos en la enmienda 1.
Esperamos así completar de forma útil el programa previsto e incrementar su eficacia, insistiendo de nuevo, para concluir, en el hecho de que nos parece esencial que este programa se vea seguido por otros proyectos más ambiciosos, que definan las medidas a adoptar para luchar de forma eficaz contra las temibles consecuencias de la contaminación.

Hulthén
Señora Presidenta, quiero comenzar señalando que la oradora propiamente dicha de esta tarde debía ser la Sra. Kirsten Jensen, que está enferma. Esperemos que su enfermedad no tenga nada que ver con esta contaminación que podemos constatar también aquí, en Estrasburgo.
Nos enfrentamos con un dilema clásico en relación con la UE y con la política sanitaria. En realidad, el ejercicio de la política sanitaria entra dentro de las competencias de los Estados miembros, no de la Unión Europea. Son los Estados miembros los que definen los impuestos y las disposiciones en materia de seguros aplicables en este ámbito. Además, sabemos que gran parte de la política sanitaria es objeto de una descentralización aún más amplia. Así las cosas, nos servimos con un programa como éste para despertar expectativas acerca de una intervención activa por parte de la UE contra la contaminación y su problemática. Sin embargo, no se trata de ninguna manera de una tarea que deba resolver la Unión Europea.
Es obvio que, en cualquier caso, la Unión Europea tiene un papel que desempeñar, garantizando que se destinen fondos a la investigación, llevando a cabo intercambios de experiencias en el ámbito sanitario o, lo que sin duda es más importante, velando por la buena salud de su propia política mediante la integración de los aspectos sanitarios tanto en la política de transportes como en la política industrial. El Tratado de Amsterdam nos ofrece esta posibilidad.
Con el programa que sometemos ahora a debate podemos hacer dos cosas: o bien dejarlo morir, que parecería ser el objetivo cuando se lee la propuesta presupuestaria de la Comisión, o bien potenciarlo lo suficiente para que, por lo menos, pueda responder a las expectativas que ha despertado. Nuestra alternativa es la segunda, de ahí las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente para lograr un incremento del presupuesto. Por mi parte, esta opción se pone de manifiesto también en el hecho de que las asociaciones de pacientes que trabajan con enfermedades relacionadas con la contaminación opinan que se trata de un programa verdaderamente útil. Por todo ello, proponemos que se aumente en siete millones de ecus el presupuesto de este programa.
Como ha señalado el Sr. Cabrol con toda razón, el programa no evita de por sí la contaminación, pero hace hincapié en que existe una relación entre la contaminación y las enfermedades. Ojalá permita este programa lograr una política integrada más eficaz de las políticas medioambiental y sanitaria. Es distinto explicar a la población que no debe salir cuando hay smog que evitar este fenómeno. Es distinto suministrar a los niños pequeños pomadas ante la aparición de alergias que intentar encontrar una conexión entre las erupciones y la contaminación para evitar así la exposición a los elementos causantes de estas enfermedades.
Además, es necesario comprender mejor enfermedades como el síndrome químico múltiple, o los daños que ocasionan las sustancias con efectos de trastornos hormonales. Estas enfermedades y su relación con la sociedad moderna representan un punto problemático. Por este motivo me produce también satisfacción la audiencia que mantendrá en otoño la Comisión de Medio Ambiente acerca de la evaluación del impacto en la salud.
Somos conscientes de la utilidad de la integración de las políticas medioambiental y sanitaria. Deseamos erradicar en una medida cada vez mayor las emisiones de plomo y azufre que se producen en nuestras ciudades. Cabe esperar que esta erradicación tenga una repercusión en las enfermedades relacionadas con estas sustancias. En otras palabras, no se pierde nada con la integración de los aspectos sanitarios.

Valverde López
Señora Presidenta, como siempre, estos programas que están perfeccionando la dimensión europea de la sanidad reciben el apoyo del Parlamento y, muy concretamente, del Grupo del Partido Popular Europeo. Y, al mismo tiempo, hay que recordar a la Comisión que, aunque damos este apoyo pleno, también necesitamos recibir más documentación. Es decir, tenemos que aprovechar en este Parlamento -sobre todo de cara a la próxima fase en la que este Parlamento tendrá más poder legislativo- los documentos de base de que dispone la Comisión para la preparación de sus propuestas y así, quizás, también se podrían evitar algunas interpretaciones o intervenciones que no vengan muy al caso.
Todos sabemos que en las políticas sanitarias la competencia de la Unión Europea es complementaria -y así lo dice el Tratado de Maastricht e insiste el Tratado de Amsterdam-, pero tenemos que transmitir a todos los ciudadanos que la Unión Europea se preocupa de estos temas y que lanza vías de trabajo de organización y de complementariedad. No pretendemos con estos programas, bajo ningún concepto, resolver todo el problema, pero sí poner a trabajar a todos los entes afectados, sean las clases sanitarias, sean las regiones, sean los Estados, para que todas su políticas sean concordantes y convergentes. Por eso, yo creo que el mensaje y el apoyo a este programa tienen que ser positivos.
Pero también, al mismo tiempo, tenemos que dar datos y justificar ante los ciudadanos por qué se inician los programas. Y, entonces, da la impresión de que las acciones que vamos a emprender están en una primera fase cuando en realidad se dispone de bastante datos y se dispone de premisas para actuar concretamente. Porque puede dar la sensación de que si las contaminaciones atmosféricas y de todo tipo que estamos padeciendo están haciendo que edificios como las catedrales, que llevan siglos construidas, en los últimos veinte años hayan sufrido desgastes mucho mayores que durante los siglos anteriores, algo está pasando. Si nuestros bosques están deteriorados en un 30 % es porque algo está pasando. En definitiva, no debemos pensar que el ser humano soporta más que las catedrales y los bosques. Por lo tanto, aquí hay una razón para actuar y -yo diría- una razón urgente.
Y, por supuesto, todo lo que está relacionado con las enfermedades respiratorias y las alergias es alarmante. El crecimiento de las alergias en los últimos diez años se ha multiplicado por 120.
En definitiva, apoyamos las propuestas complementarias y la enmienda del profesor Cabrol y apoyamos la propuesta general de la Comisión.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, el Grupo parlamentario Liberal apoya el Informe Cabrol. Sin embargo tenemos dos observaciones. En primer lugar, en una primera lectura propuse que se fomentara el registro de las enfermedades relacionadas con la contaminación a nivel de los Estados miembros. Las enfermedades medioambientales son un fenómeno que preocupa cada vez más a la población. La existencia de un registro central de estas enfermedades daría la confianza a los ciudadanos de que pueden acudir a algún sitio con sus sospechas sobre el origen de las enfermedades o alergias. Los Países Bajos, por ejemplo, ya cuentan con un registro central y también en mi país, en Flandes, están en ello. Lamento que ni el Consejo, ni la Comisión estén por la labor y me sorprende que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se resigne a esto.
Si hablamos en mi país de las enfermedades relacionadas con el medio ambiente pensamos en primer lugar en la contaminación del aire, por ejemplo en los alrededores de las incineradoras. La incidencia inquietante de niños con defectos genéticos y con casos de cáncer nos debe hacer entender que aquí se trata de enfermedades graves que incluso constituyen un riesgo para la vida. Este programa de acción debe hacer entender a las administraciones, a la industria y a los ciudadanos cómo determinados productos contaminantes pueden afectar a la salud humana. Esto debe servirnos de lección para el futuro, por ejemplo para que no se pongan incineradoras en medio del casco urbano como ha ocurrido en Drogenbos, en el extremo de Bruselas.
Por concluir, damos la bienvenida a este programa de acción y esperamos que conduzca a una mayor comprensión y también a una mayor prevención.

Marset Campos
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, nuestro Grupo está de acuerdo con el informe del Sr. Cabrol, al que agradece su excelente trabajo.
Poco a poco se van cubriendo las lagunas existentes en el establecimiento de una correcta y completa política de salud para la Unión Europea. Precisamente, este es el camino que consideramos más adecuado puesto que, efectivamente, los programas de acción van satisfaciendo esta necesidad sentida por la población y por los ciudadanos.
Concretamente, en el caso que nos ocupa, se puede considerar que este conjunto de enfermedades constituye una especie de señal de alerta, una especie de punto de referencia para poder comprender lo que pasa con el modelo de desarrollo industrial que tenemos en la Unión Europea. Por ello, pensamos que es muy acertada la propuesta que se hace, así como el conjunto de enmiendas que presenta el Sr. Cabrol.
En concreto, apoyamos las enmiendas que hacen referencia a la prolongación de la acción a cinco años y a su financiación complementaria, a la adquisición de mayor conocimiento global y, también, a la necesaria tarea de la epidemiología, a mejorar la conciencia pública y la percepción -porque así las conductas individuales y colectivas van adecuándose poco a poco-, y, por último, el Parlamento Europeo debe realizar el seguimiento necesario para que esto sea eficaz.
Sin embargo, estamos preocupados. Actuamos, pero nuestro modelo de crecimiento es la causa de estas enfermedades, y habría que poner el dedo en la llaga en esta causa.

McKenna
Señora Presidenta, en primer lugar me sorprende bastante que nuestro ponente, el Sr. Cabrol, haya dicho que no va a apoyar las enmiendas núms 5, 9 y 16, pues fueron aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y representan la posición de la comisión. Además, se trata de aspectos extraordinariamente importantes, porque una de las enmiendas se refiere a las acciones para prevenir las enfermedades relacionadas con la contaminación; otra, a la lucha contra las enfermedades relacionadas con la contaminación; y, por último, otra, a toda la cuestión de las alergias.
Quisiera señalar señor Comisario que en la propuesta original de la Comisión iban incluidas todas ellas. Después de que el Consejo se reuniera, se decidió excluir esos requisitos extraordinariamente importantes. Espero que la Comisión haga suya la posición del Parlamento, que es la posición de la Comisión de Medio Ambiente. Carece de sentido llevar a cabo investigaciones para descubrir qué contaminación está relacionada con las enfermedades relacionadas con la contaminación y cuál es su causa, si vamos a limitarnos a dejar esas conclusiones en un estante y no vamos a hacer nada al respecto. Es extraordinariamente importante que se adopten medidas para velar por la reducción de la cantidad de enfermedades relacionadas con la contaminación.
En cualquier ciudad de Europa se puede ver la cantidad de problemas respiratorios y alergias causados por la contaminación en nuestras ciudades. Debemos restituir la posición original del Parlamento y la propuesta original de la Comisión. No está bien llevar a cabo estudios que no vamos a aplicar. Corresponde a la Unión Europea abordar la contaminación que está causando problemas de salud y que se podría evitar. Es algo que hay que abordar; si no velamos por que se adopten medidas, no será eficaz.
Además, hay que incluir un calendario. Tres años no son suficientes. Necesitamos al menos cinco años. Además, la financiación es extraordinariamente importante. Tenemos que aumentar la cantidad de financiación.

Nicholson
Señora Presidenta, al acoger con beneplácito este informe, quisiera rendir homenaje al ponente. El Sr. Cabrol se ha granjeado sin duda alguna el respeto de este Parlamento por su compromiso con la protección de nuestros ciudadanos frente a los efectos de la contaminación.
Reconozco que la posición común adoptada por el Consejo es un avance en esa esfera, pero, como muchos otros diputados, no me parece suficiente. Al reducir la duración del programa de cinco a tres años, se ha reducido en la práctica su financiación. En consecuencia, debemos poner en tela de juicio la sinceridad del Consejo a la hora de intentar abordar un sector gravemente preocupante en toda la Unión Europea.
Necesitamos un programa más ambicioso. Yo he trabajado en la propuesta de que compartan los recursos los Estados miembros, las organizaciones internacionales y terceros países. Creo firmemente que se deben incluir también las opiniones de las organizaciones de enfermos. Muchas de dichas organizaciones están haciendo una valiosa labor recopilando información sobre los efectos de la contaminación y las enfermedades conexas. Una de las organizaciones de mi zona ha señalado la utilización de desinfectantes organofosforados. Se debe tener en cuenta la información que sólo esas organizaciones pueden facilitar.
Cuanta más información haya de todas las procedencias, más contribuirá a la consecución del objetivo del programa para permitir a los ciudadanos de la Unión Europea protegerse lo más posible de la contaminación. El objetivo primordial del programa debe ser las medidas preventivas, pero éstas deben ir acompañadas del reconocimiento de las necesidades de quienes contraen las enfermedades demasiado pronto para disfrutar de la protección ahora proyectada. En el pasado se han cometido errores. Ahora debemos aprovechar la oportunidad que tenemos. Existe la posibilidad de corregir esos errores.

Pinel
Un número importante de enfermedades, y en especial de cánceres, tienen su origen en la presencia de contaminantes en el aire, en el agua e incluso en la alimentación, sin que las relaciones de causa efecto estén claramente determinadas y menos aún cuantificadas. Ello impide, por ejemplo, que la justicia actúe con eficacia. Mueren personas pero no hay responsables ni culpables.
No debemos detenernos en un único concepto de contaminación. Algunos medios tecnológicos se utilizan sin que se haya verificado verdaderamente su impacto sobre la salud. Es el caso de los campos electromagnéticos, el de las microondas que utilizan los teléfonos móviles, el del glutamato en la alimentación, y también el de los fertilizantes agrícolas que han provocado el descenso de la fertilidad humana durante los últimos treinta años en los países occidentales.
Es escandaloso oír a un Comisario europeo decir, aquí mismo, que será el mercado el que determine si un producto es bueno o malo. Eso es negar el carácter indispensable de la investigación y de la prevención, y sobre todo confesar que se toma a las personas por cobayas. Muchas gracias al profesor Cabrol por aportar un poco de luz en este mundo pálido. Muchas gracias al señor McKenna por querer hacer aún más eficaz este informe.

Trakatellis
Señora Presidenta, el presente programa constituye una prueba real del apoyo a los esfuerzos asumidos hoy en relación a la investigación y prevención de enfermedades relacionadas con la contaminación, es decir, de condiciones medio ambientales y peligros.
Los efectos de la contaminación no contribuyen sólo a la aparición de problemas respiratorios, sino que afectan también a enfermedades de otros sistemas que pueden manifestarse tras una exposición de muchos años y después de las posibles combinaciones entre diferentes sustancias contaminantes. Dichos efectos pueden ser tóxicos, infecciosos, alérgicos, cancerosos e incluso pueden ser agudos o crónicos, reversibles o no, locales o sistemáticos. La exposición a dichos efectos puede producirse mediante la respiración, la ingestión de comida, por absorción cutánea o directamente, como ocurre con las radiaciones. Debemos señalar que durante la gestación, pueden pasar sustancias nocivas, procedentes del medio ambiente, de la madre al embrión y dañarlo. Por consiguiente, se requiere un seguimiento epidemiológico de todos los riesgos que afectan negativamente la salud de los hombres con la manifestación de enfermedades.
Si pensamos que no corremos el riesgo de un sólo elemento nocivo, sino de muchos al mismo tiempo, podremos suponer que su efecto acumulativo puede tener repercusiones hasta en la resistencia, en el envejecimiento, en la duración del organismo humano. Por tanto, se impone la investigación del fenómeno de las actuaciones patógenas entre dos o más sustancias contaminantes del medio ambiente, según se hace referencia en las enmiendas 12 y 13. Incluso la calidad de la alimentación está estrechamente ligada al contenido de los alimentos en diversas uniones químicas y se requiere el estudio sistemático de las consecuencias de la contaminación de los alimentos para que disminuyan dichos riesgos para la salud del ciudadano europeo, tal y como se prevé en la enmienda 15.
Teniendo como base el intercambio de informaciones y experiencias que va a realizarse entre los Estados miembros, estoy seguro de que se hallarán nuevos datos útiles y que se sacarán conclusiones para hacer frente de forma eficaz a las enfermedades ocasionadas o relacionadas con la contaminación del medio ambiente. Con posterioridad, se desarrollarán acciones que comprendan tanto la difusión de las informaciones, como la información al público y a los consumidores, según se hace referencia en las enmiendas 10, 14 y 16.
Para terminar, señora Presidenta, creo que el Parlamento Europeo debe votar en favor del programa porque contribuye directamente a la mejora de la salud del ciudadano europeo.

Ojala
Señora Presidenta, como ya sabrá el Sr. Comisario, la cuestión de las enfermedades relacionadas con la contaminación reviste mucha importancia y es de gran actualidad. Las enfermedades ocasionadas por la contaminación están aumentando en todos los países industrializados. Sin embargo, la lucha contra estas enfermedades no puede ser únicamente una cuestión de política sanitaria, sino que su prevención requiere acciones en todos los ámbitos de la política social.
Me gustaría hablarles, a modo de ejemplo, del éxito que se ha cosechado en Finlandia en la reducción de la concentración de plomo en el ambiente. Es sabido que el plomo es uno de los metales pesados más peligrosos, causante, entre otras secuelas, de retrasos en el desarrollo psíquico de los niños. En Finlandia hemos logrado, en el transcurso de una década, un descenso espectacular de la concentración de plomo en el ambiente mediante una reducción de los impuestos sobre la gasolina sin plomo, es decir, utilizando como medio la política fiscal.
El importante objetivo de este programa que sometemos ahora a debate es precisamente el de intercambiar experiencias acertadas. Respaldo firmemente la opinión del ponente para que se mantenga la duración original del programa de cinco años. Apoyo igualmente que se aumente la dotación financiera de este programa a siete millones de ecus.

Poggiolini
Señora Presidenta, después de la decisión sobre la vigilancia sanitaria, de la yo mismo fui ponente, y la relativa a la red de control epidemiológico en las enfermedades transmisibles, presentada por el profesor Cabrol personalmente, esta decisión, que adopta un programa de acción comunitario sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación, se propone poner a disposición de los Estados miembros un inventario de los datos referidos a las patologías que se derivan de agentes contaminantes, y esto con independencia de la lucha dirigida contra los agentes contaminantes, atmosféricos, hídricos y del suelo, que forma parte de otros programas.
En el escaso tiempo de que dispongo, sólo puedo decir que apruebo por entero el excelente informe del Sr. Cabrol y que espero que las dieciséis enmiendas, destinadas a mejorar la propuesta de decisión aprobada con el consenso de todos los grupos políticos en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, también sean aprobadas en esta Asamblea. Se trata de un primer paso hacia esos programas más ambiciosos que se han de adoptar en la lucha cada vez más difícil y dura contra la contaminación creciente en nuestro mundo, que tantas consecuencias provoca en el nivel de salud de los ciudadanos de la Unión Europea.

Flynn
Permítame agradecerle, señor Cabrol, su labor sobre la propuesta y, de hecho, su apoyo a la posición común.
La propuesta es un elemento fundamental del planteamiento global de la Comunidad en materia de prevención de las enfermedades relacionadas con la contaminación. Los contaminantes permanecen en nuestro medio ambiente porque no siempre es viable su reducción o limitación por razones técnicas o económicas. Así, pues, es necesario complementar nuestras acciones en materia de controles de las emisiones y las limitaciones de la exportación con actividades en el sector de la salud pública encaminadas a reducir el riesgo para la salud causado por las diversas formas de contaminación. La prevención de las enfermedades relacionadas con la contaminación mediante una mejor comprensión de cómo las causan o las agravan los contaminantes es uno de los objetivos del programa propuesto. También se hace hincapié en la mejora de los conocimientos. Ésa es una observación fundamental del Sr. Cabrol: la forma como se perciben, evalúan y controlan los riesgos para la salud. Las enfermedades respiratorias y las alergias, que son un motivo de preocupación cada vez mayor en toda Europa, son un sector al que se debe prestar -según la Comisión- atención muy especial. Convengo con la Sra. Ojala al respecto.
Proponemos que se comparta la experiencia existente en toda la Unión, se examine la eficacia de las medidas preventivas adoptadas y se fortalezcan y fomenten las medidas que den resultados positivos. Tomo nota de que el Parlamento apoya en particular esa actividad.
En la primera lectura, la Comisión aceptó cuatro de las enmiendas del Parlamento. Posteriormente, el Consejo adoptó una posición común y, para evitar toda ambigüedad, diré inmediatamente que la Comisión ha aceptado la posición común. Pero no voy a ocultar a la Asamblea que la Comisión no considera perfecta la posición común. Eso lo digo para la Sra. McKenna.
La reducción del alcance y de la duración del programa es particularmente lamentable para mí, por no decir algo peor. Se hizo constar en acta una declaración en ese sentido. Sin embargo, la Comisión consideró que la transacción política en el Consejo era lo máximo que se podía conseguir en aquel momento.
En consecuencia, la Comisión sólo puede aceptar dos enmiendas hoy: las núms. 1 y 15, que no tienen consecuencias jurídicas ni presupuestarias para el texto de la posición común.
La Comisión no puede aceptar las otras enmiendas por las principales razones siguientes. Las enmiendas núms. 2 y 8 entrañan una duración para el programa superior a los tres años fijados en la posición común. Las enmiendas núms. 5, 10, 14 y 16 amplían el alcance de la posición común a otras esferas, además de la de la formulación de políticas. Con el calendario previsto no se considera viable la enmienda nº 6; en términos generales, su objetivo queda abarcado en la obligación por parte de la Comisión de velar por la complementaridad y la coherencia. No se puede aceptar la enmienda nº 11 porque la duración y, de hecho, los recursos financieros y el alcance del programa no permiten apoyar estudios epidemiológicos útiles y en gran escala. Las enmiendas núms. 3, 12 y 13 ocasionarían omisiones o incoherencias en el texto.
Quisiera subrayar que la Comisión considera necesario que se aplique lo antes posible este importantísimo programa sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación. Así podremos esperar que se lleve a cabo una labor extraordinariamente útil sobre un tema que preocupa cada vez más al público.
Lo que estamos intentando hacer en este caso es prepararnos para el nuevo programa marco. El objetivo de este programa es el de ver cómo podemos influir en la política relativa a ese marco de la salud pública. Quisiera decírselo a la Sra. Kestelijn-Sierens y a la Sra. McKenna, ya que han insistido mucho en ello. Lo que ahora estamos intentando hacer es formular iniciativas normativas para que, tres años después, podamos entrar de lleno en el nuevo marco y actuar mejor. También convengo con la Sra. Hulthén en que necesitamos mejores vínculos con la investigación. Eso se va a aceptar.
En resumidas cuentas, tengo que expresar mi agradecimiento a todos los que han intervenido. Ahora vamos a hacer la mejor utilización de este programa y reunir todos los resultados positivos de la investigación para que podamos entrar de lleno en el nuevo marco.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Enfermedades poco comunes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0336/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueba un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes dentro del marco de actuación en el ámbito de la salud pública (1999-2003) (Ponente: Guido Viceconte)

Poggiolini
Señora Presidenta, varios miles de europeos sufren enfermedades poco comunes, algunas de carácter genético, muy graves e incluso gravísimas. Son millares de ciudadanos europeos que, en ciertos aspectos, parecen estar abandonados a su suerte. La propia investigación de la industria farmacéutica resulta totalmente inadecuada: es evidente, sin duda, que en estos casos el interés que suscitan las ganancias es menor para la industria farmacéutica, pues el mercado de estos fármacos es reducido, a causa del número escaso de enfermos. De aquí, desde el punto de vista humanitario y sanitario, se deriva la importancia del programa de acción comunitario sobre enfermedades poco comunes, encuadrado en las propuestas destinadas al sector de la sanidad pública europea para el cuatrienio 1999-2003.
El Parlamento Europeo ha considerado que, ciertamente, este programa de acción es útil y lo ha mejorado notablemente en primera lectura con 28 enmiendas que, entre otras cosas, preveían la participación de las personas afectadas -los propios enfermos- y sus familiares en el programa. Esta puede ser una buena oportunidad para concretar una efectiva cooperación comunitaria en la elaboración de un programa sobre enfermedades poco comunes, en la optimización de las intervenciones pertinentes, después de haber compartido los conocimientos. Es preciso evitar la duplicación de las acciones que hacen perder tiempo y dinero y van en detrimento de la eficacia. De estas sugerencias, contenidas en las enmiendas presentadas en primera lectura, el Consejo ha aceptado muy pocas: de las veintiocho aprobadas por el Parlamento Europeo, el Consejo ha aceptado sólo dos en su integridad y cuatro parcialmente. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, a propuesta del ponente, para la recomendación de segunda lectura ha aprobado veinte enmiendas, que de este modo están representadas y constituirán la estructura básica de la discusión en procedimiento de codecisión.
La situación europea difiere de un país a otro. En algunos Estados se recogen datos y las intervenciones están más o menos organizadas, pero en otros esto no ocurre. También en éste, como en otros sectores, es preciso centralizar la recogida de datos actualizados y de todas las informaciones necesarias para el desarrollo, el número y la dislocación de los casos relativos a las patologías poco comunes de las que nos estamos ocupando. Estos datos, después de ser reunidos en una central europea, un banco de datos, tendrán que estar a disposición de todos.
De todos modos, nos alegramos de que el Consejo haya decidido dotar al programa de una financiación para todo el quinquenio, si se tiene en cuenta que la propuesta originaria preveía una financiación sólo para el primer año. No obstante, el ponente ha señalado y señala el carácter inadecuado de la financiación. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha pedido un importe de 14 millones de ecus, frente a los 6, 5 propuestos para los cinco años de aplicación del programa. Es previsible que también sobre este punto, en el procedimiento de conciliación, se susciten las habituales diferencias con el Consejo. Es inútil la pretensión de tranquilizar la conciencia presentando un programa de gran valor sanitario y humanitario sin dotarlo después de una financiación adecuada. De este modo no se salvan las apariencias ni la conciencia y, sobre todo, no se responde a las expectativas de los enfermos y de sus familiares.
Incluso en el tema de la comitología no hay acuerdo con el Consejo por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que prefiere un comité consultivo antes que un comité mixto de gestión y consultivo que terminaría por entorpecer la actividad de la Comisión. Aunque es verdad que un comité de esta índole mixta se ha previsto en otros programas de salud pública, en este programa específico, si se considera el tipo de intervención prevista, nos parece inoportuna y redundante por entero la posición asumida por el Consejo pues, entre otras cosas, al parece también la Comisión ejecutiva tiene reservas al respecto.
Por consiguiente, volvemos a presentar la enmienda que prevé que un Estado miembro designe a un componente del comité como representante de un grupo de apoyo para los pacientes o a otra organización no gubernamental interesada. Por lo tanto, es muy valioso el compromiso de los médicos especialistas y de los de medicina general; el aporte de estos médicos es, sin duda, insustituible, pues los médicos de cabecera son los primeros a los que acuden las familias y los primeros responsables de un diagnóstico correcto y precoz.
De otra parte, también en la propuesta de regulación de los medicamentos huérfanos, la Comisión recomienda recurrir a estos médicos, que son los primeros en intervenir.
Por lo tanto, el ponente invita a esta Asamblea a sustentar sustancialmente la posición expresada en la primera lectura, para lo cual es preciso aprobar todas las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, que fueron aprobadas por todas las fuerzas políticas.

Marinucci
Señora Presidenta, muy probablemente no hay nadie entre nosotros que, al menos una vez, no haya tenido que escuchar con gran amargura y cierta vergüenza la denuncia de la situación humana de soledad en que caen los pacientes y también las familias de todos los que se ven afectados por estas dolencias, cuyo carácter de poco comunes implica dificultades, retrasos, incluso errores iniciales de diagnóstico algunas veces y, siempre, gastos, viajes e incomodidades por las terapias.
La índole poco común de estas enfermedades ha dificultado, hasta hoy, en cada uno de los Estados miembros la posibilidad de reunir datos e informaciones y, naturalmente, también la de llevar adelante las tareas de prevención y de curación. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya tenido la iniciativa de presentar la propuesta de un programa de acción comunitaria sobre las enfermedades poco comunes, Señor Comisario, ha tenido una acogida muy favorable en el Parlamento Europeo, que por otra parte la había pedido varias veces, sobre todo porque la Comisión también había anunciado -y ahora la presenta- una propuesta sobre medicamentos huérfanos. Por esta causa, basado en el óptimo informe y las óptimas enmiendas presentadas por el Sr. Viceconte, el Parlamento Europeo sólo ha querido reforzar la propuesta de la Comisión en algunos puntos: en particular, la recogida de datos centralizada, la formación y la información del personal sanitario y de las familias de los pacientes, la financiación del programa, la inserción de las familias de los pacientes, de sus asociaciones y, en términos más generales, de las organizaciones no gubernamentales que en los distintos países trabajan, prestan asistencia y financian investigaciones sobre las distintas formas de estas dolencias y de todos los organismos que tendrán que adherirse a este programa. Quisiera detenerme sólo un momento en la financiación. Siempre resulta muy doloroso, Señor Comisario, Señora Presidenta, Señorías, que la Unión Europea elija el ahorro cuando se trata de la salud de sus ciudadanos, pero si esto siempre es verdad, lo es mucho más en este caso. El carácter poco común de estas enfermedades no permite un enfoque correcto y completo en el ámbito de ninguno de nuestros Estados miembros. Es indiscutible que el grave problema representado por las enfermedades poco comunes se puede afrontar sólo en la dimensión europea, que es la que puede crear el necesario conjunto de datos.
Revela muy cortas miras por parte de los Estados miembros la negativa a financiar del modo adecuado este programa europeo que, como tal, puede obtener resultados imposibles de obtener en cada Estado aislado. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, en cuyo nombre tengo el honor de hablar, apoya plenamente el informe del Sr. Viceconte y todas las enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, y sostiene la necesidad de que este programa tenga mejor financiación. Para Europa es una gran ocasión que no debería desecharse. El modelo social europeo ofrece oportunidades que no ofrece el modelo de Estados Unidos, pero nuestra divisiones dividen también nuestras fuerzas culturales y económicas. Al menos en lo que respecta a nuestros conciudadanos más infortunados, los Estados miembros deberían aceptar las propuestas del Parlamento, que espero y deseo que la Comisión quiera apoyar.

Valverde López
Señora Presidenta, apoyamos completamente las propuestas del informe del Sr. Viceconte así como los comentarios que ha realizado el profesor Poggiolini. Y, por nuestra parte, creo que la Comisión es consciente de que en una propuesta de este tipo, que intenta afrontar una problemática muy dispersa -y precisamente por eso no tiene padrinos-, es muy importante la coordinación a todos los niveles y aquí será muy necesario profundizar en estos ámbitos.
Asimismo, yo creo que la flexibilidad de ejecución de estos programas permitirá a la Comisión en sus tres grandes bloques de acción, tanto de información como de ayuda a los grupos de apoyo a los pacientes y a las acciones para hacer frente a las agrupaciones de enfermedades poco comunes, intentar actuar sobre dos puntos que me parecen fundamentales: acciones para especializar a médicos y acciones para potenciar centros hospitalarios de referencia de alto nivel. Y aquí en este ámbito no podemos permitir que se extiendan absolutamente a todos los países, a todas las regiones sino que habrá que concentrar a los enfermos, habrá que concentrar esos esfuerzos sobre estos dos puntos -que a mí me parecen esenciales- aparte del resto de propuestas y acciones que están previstos en el programa

González Álvarez
Señora Presidenta, creo que todos los oradores estamos de acuerdo en apoyar el informe del Sr. Viceconte sobre el programa de enfermedades poco comunes. Y estamos dispuestos a apoyarlo porque él, en el debate y discusión de su proyecto de informe, fue muy flexible y aceptó todas las enmiendas presentadas por los Grupos. Enmiendas muy interesantes que no fueron al final aceptadas por el Consejo. Como bien dice el Sr. Poggiolini, de 28 sólo se aceptaron 2 completas y 4 parcialmente. Y el ponente hace muy bien -y en eso está apoyado por la Comisión de Medio Ambiente- en recuperar en esta segunda lectura las enmiendas que le parecían muy importantes.
En el poco tiempo que tengo, voy a hacer hincapié en cuatro de ellas, que le parecen especialmente importantes al ponente y a la Comisión de Medio Ambiente:
Primero, naturalmente, la financiación. Siempre sabemos que el dinero es escaso, pero si hay un programa para la atención a estas enfermedades poco comunes y no hay suficiente financiación, este programa no será efectivo. Y por lo tanto, el ponente propone, y la Comisión de Medio Ambiente así lo aprobó, pasar de 6, 5 millones de ecus a 14.
Segundo, una base de datos central es muy importante. Hay datos en los países, pero es necesaria una base de datos central con intercambio de información.
Tercero, proponemos un comité consultivo. Siempre tenemos un contencioso en este Parlamento con la Comisión sobre la comitología.
Y cuarto, participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familiares, que son las que realmente viven al lado del enfermo la gravedad de su enfermedad y las dificultades que tiene para afrontarla.

Tamino
Señora Presidenta, como los oradores que me han precedido, también yo quiero dar las gracias al ponente y expresar, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, nuestra opinión favorable a este informe sobre el programa de acción comunitario relativo a las enfermedades poco comunes. Al expresar esta opinión favorable -favorable a que se vuelvan a presentar todas las enmiendas ya aprobadas en primera lectura por el Parlamento-, quiero recordar, como ya se ha dicho en el informe, que a veces las dolencias poco comunes pueden pasar a ser muy comunes, como ha ocurrido por ejemplo con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y por lo tanto es importante invertir hoy para estar en condiciones de afrontar futuros problemas y recordar que las enfermedades poco comunes requieren esfuerzos públicos colectivos, porque sólo a gran escala es posible obtener un marco estadísticamente aceptable, y sólo un compromiso público puede dar unos resultados fiables, en vista de la falta de interés de las empresas privadas en el mercado restringido que se deriva de estas enfermedades.
Por estas razones es necesario establecer un banco de datos europeo, y es importante adecuar la financiación prevista por la Comisión. También compartimos con el ponente y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor la propuesta de incluir en el programa a las asociaciones de pacientes y a sus familias.

Trakatellis
Señora Presidenta, el programa de acción sobre las enfermedades poco comunes que se debate viene a completar los esfuerzos realizados para mejorar la salud en la Unión Europea.
La región en la que se centra constituye en si misma un lugar importante para asumir la acción comunitaria. Ello no sólo porque no conocemos los datos exactos sobre el número de personas que padecen enfermedades poco comunes sino, sobre todo, porque los medios apropiados son inexistentes, es decir, recursos, redes y organizaciones para la localización, el seguimiento y la lucha eficaz contra dichas enfermedades. Los objetivos del programa son, en primer lugar, la mejora de los datos, de las informaciones y de los conocimientos relacionados con las enfermedades infrecuentes; en segundo lugar, el apoyo a los grupos de prestación de ayuda; en tercer lugar, la creación de un grupo de acción inmediata en caso de aparición de casos de enfermedades poco comunes por confluencia, como sucede por ejemplo con la enfermedad Creutzfeld-Jakob y la nueva variante de la EEB CJD.
El programa concierne a las enfermedades poco comunes, es decir, a aquellas con menos de cinco brotes por cada 10.000 personas. Debido a que dichas enfermedades deben combatirse con esfuerzos coordinados, se impone la aprobación del programa que se somete a votación.
Las enfermedades poco comunes constituyen una clase muy delicada porque cada una afecta a un determinado número de personas y, debido a las repercusiones y a las consecuencias sociales que provocan, se crea la necesidad de apoyar acciones de colaboración con aquellos que las padecen y con sus familias, así como con las organizaciones que actúan en el sector de dichas enfermedades. Todavía es imprescindible el apoyo a medidas que estimulen e impulsen la información de los médicos y de los científicos profesionales de la salud para que mejore el diagnóstico a tiempo, el reconocimiento, la asistencia y la prevención de enfermedades poco comunes.
Un elemento imprescindible para la coordinación de los esfuerzos es la creación de una red de seguimiento y control de las enfermedades poco comunes que proporcione datos e información al público al tiempo que debe incluir la posibilidad de prestación de ayuda inmediata. Para lograr los objetivos del programa, consideramos que debe fijarse el presupuesto para el período 1999-2003 en 14 millones de ECU y no, como propuso el Consejo, en 6, 5 millones de ECU.
Para terminar, señora Presidenta, desearía pedir que el pleno votara en favor de este programa, tal y como fue elaborado en la Comisión de Medio ambiente.

Flynn
Señora Presidenta, quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Viceconte por sus gestiones y al Sr. Poggiolini por substituirlo esta noche y también a todos los miembros de la comisión que contribuyeron a la preparación del informe. La aportación de las medidas de la Unión Europea resulta particularmente evidente en este sector. La baja prevalencia de estas enfermedades y los limitados medios para investigarlas científicamente no permiten prever que se logren avances rápidos para su diagnóstico, tratamiento y cura. En conjunto, tienen repercusiones limitadas en la opinión pública.
Sin embargo, en modo alguno son insignificantes desde el punto de vista humano o económico y la formulación de asesoramiento y diagnóstico eficaces para la intervención sanitaria suele tener un coste desproporcionadamente mayor que en el caso de afecciones más comunes. De modo que resulta claramente útil que los Estados miembros se unan mediante un mecanismo comunitario para coordinar medidas que, de lo contrario, se adoptarían aisladamente. A este respecto convenimos totalmente con el punto de vista del Sr. Valverde López.
La Comisión ha propuesto que el programa tenga tres objetivos a lo largo de los cinco años, a saber, aportar conocimientos sobre enfermedades poco comunes, en particular a los pacientes y a sus familiares, y a los profesionales e investigadores del sector de la salud. Ésa es la observación hecha por el Sr. Traketellis y yo apoyo su punto de vista. Es una de las principales ideas en que se basa el programa.
También queremos fomentar medidas encaminadas a fortalecer las organizaciones de voluntarios que participan en la prestación de apoyo a las personas directa e indirectamente afectadas por enfermedades poco comunes, lo que coincide exactamente con lo que la Sra. Marinucci considera importante y convenimos con ella al respecto. Tenemos en funcionamiento un sistema eficaz de vigilancia para garantizar la identificación, evaluación y tratamiento rápidos de enfermedades y grupos de enfermedades poco comunes, cosa importante también.
Ello guarda coherencia con las actividades en curso en materia de investigación biomédica y con la reciente propuesta de un reglamento sobre los medicamentos «huérfanos» utilizados para el tratamiento, la prevención o el diagnóstico de esas enfermedades poco comunes, cuyo rendimiento comercial es insuficiente. Sus Señorías vieron por primera vez esa propuesta el pasado mes de marzo durante la primera lectura. En aquel momento aprobaron 28 enmiendas, de las cuales 16 fueron aceptadas total o parcialmente por la posterior propuesta modificada de la comisión.
Desde entonces el Consejo ha aprobado una posición común sobre el programa que refleja totalmente sólo algunas de las enmiendas de la primera lectura, pero la Comisión ha introducido una reserva en la posición común con referencia concreta al trato dado por el Consejo a dichas enmiendas de la primera lectura. Respecto de las 20 enmiendas en examen hoy, la Comisión puede aceptar 11 de ellas totalmente -las núms. 3, 12 y 16- o parcialmente: las núms. 1, 6, 7, 9, 11, 15, 17 y 19. De las nueve enmiendas restantes, las núms. 4, 8 y 13 no son aceptables por razones jurídicas; las núms. 5 y 20 no son aceptables por razones de coherencia interna; las núms. 2 y 10 son inaceptablemente limitadas; la nº 18 está ya recogida en otra parte y la nº 14 es inaceptable por razones presupuestarias.
Voy a referirme un poco más en detalle a las dos enmiendas principales: la nº 14 (el presupuesto) y la nº 15 (el comité). Sé que la del presupuesto es una cuestión que importa mucho al Parlamento. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha votado de nuevo un presupuesto de 14 millones de ecus para el período 1999-2003. Las perspectivas financieras, en su estado actual, no permiten, sencillamente, asignar esa suma.
Desde la primera lectura se han logrado algunos avances. La posición común ha introducido un plan financiero de 6, 5 millones de ecus para el período de cinco años, lo que brinda al programa al menos una situación presupuestaria clara y, desde luego, se extiende más allá de 1999. De modo que la enmienda sobre el comité para el programa es parcialmente aceptable. La Comisión conviene con el Parlamento en la preferencia por un comité consultivo, en lugar de un comité mixto consultivo y de gestión, como prefería el Consejo. Eso forma parte de la reserva de la Comisión sobre la posición común.
La experiencia lograda a partir de la ejecución del programa vigente revela que un comité mixto consultivo y de gestión es inapropiado y excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta la limitada asignación presupuestaria. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar que uno de los dos representantes de cada uno de los Estados Miembros proceda de organizaciones de voluntarios. Lo decimos desde un punto de vista jurídico. No está en consonancia con la decisión en materia de comitología y afectaría al derecho de los Estados miembros a designar la delegación.
Quisiera concluir diciendo que espero que el Parlamento vote a favor del programa. Compartimos el deseo de aplicar medidas comunitarias para ese sector preterido y con frecuencia olvidado de sufrimiento humano real. Respecto de la observación formulada por el Sr. Poggiolini, la Sra. Marinucci y la Sra. González Álvarez sobre la base de datos, la redacción de la posición común no excluye la posibilidad de crear una base de datos europea de enfermedades poco comunes. Durante la fase de ejecución se abordará ese problema.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario, por esta intervención y por haber contestado a todos nuestros colegas.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Actividades comunitarias en favor de los consumidores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0334/98) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(97)0684 - C4-0077/98-98/0028(COD)) por la que se establece un marco general de las actividades comunitarias en favor de los consumidores (Ponente: Sr. Whitehead)

Whitehead
Señora Presidenta, todos damos la bienvenida al Comisario Monti en la Asamblea para que responda a este debate.
Cuando los historiadores examinen el cuarto Parlamento democráticamente elegido y sus relaciones con la Comisión entre 1994 y 1999, creo que habrá un importante capítulo sobre la protección de los consumidores. Es un capítulo que comenzará con la creación de la DG XXIV y la llegada de la extraordinaria Sra. Bonino. Recogerá la espantosa tragedia de la crisis de la EEB, que hizo que el Parlamento estuviera a punto de votar la denegación de la confianza a la Comisión en materia de salud y seguridad públicas. Recogerá también la reacción del Presidente Santer en enero de 1996 ante dicha crisis y los posteriores compromisos formulados en el Tratado de Amsterdam. Examinará el establecimiento de un fundamento jurídico firme como marco para la protección de los consumidores y como necesario afianzamiento en un sector en el que, como todos sabemos, la Comunidad se beneficiará de la acción común para todos sus ciudadanos.
He de decir al Comisario Monti que un sano poder compensatorio es algo que, más que nada, hará que Mercado Único represente un mercado y una comunidad no sólo eficientes, sino también informados y sanos.
Al instar la aprobación de mi informe, yo mismo debo declarar oportunamente un interés no financiero, como miembro elegido que soy de la Asociación de Consumidores de Gran Bretaña. También quiero expresar mi agradecimiento a algunos aliados incondicionales, algunos de los cuales están presentes hoy aquí, en el Parlamento: el representante en la Comisión de Presupuestos de nuestra comisión, Sr. Eisma, y, muy en particular -y me alegro de que esté presente hoy-, el Sr. Pimenta. El Sr. Pimenta revolotea entre los partidos, pero su corazón está siempre donde debe estar, como lo está en este debate de esta noche. Quisiera expresar mi agradecimiento especial a mi ayudante, para quien este informe ha sido la culminación de cuatro años de labor especializada en este sector. Constituye para ella una apropiada introducción a su nueva vida en la Comisión.
No tenemos tiempo que perder al debatir las propuestas de la Comisión. Deben ser aceptadas por el Parlamento y por el Consejo antes del fin de este año civil. Muchas cosas han peligrado ya por falta de un fundamento jurídico después de que el Tribunal Europeo de Justicia emitiera su fallo, incluidas las medidas especiales respecto de la seguridad de los alimentos, que atinadamente se aprobaron después del desastre de la EEB.
Como se declara en mi informe, en este caso tratamos sólo de una cuarta parte del uno por ciento del gasto comunitario y, sin embargo, a diferencia de otros gastos comunitarios, éste beneficia directamente a los 375 millones de ciudadanos de nuestra Unión.
Se me puede decir que no puedo dar por sentada la ratificación del Tratado de Amsterdam y, por tanto, del proyecto de artículo 153. Puede ser. Pero creo que sería una gravísima irresponsabilidad que este Parlamento y sus socios de la Unión se plantearan el presupuesto para los cinco próximos años sin comprender al menos que esos cometidos -lo esencial de lo acordado en Amsterdam: tener en cuenta el interés de los consumidores en todas las políticas y actividades, ampliar la vigilancia, promover la información al consumidor y su formación- pasarán al Consejo. De hecho, la última de ellas es lo esencial de lo que la Comisión está haciendo ahora, en alianza con ONG de los consumidores veteranas y embrionarias de toda la Unión. La llegada del euro intensifica esa necesidad de una mayor sensibilización de los consumidores.
Un rasgo común de la opinión del Sr. Pimenta y de mi informe es la de que observamos que el papel tradicional de la Comisión al apoyar las actividades en los Estados miembros -en particular, las de la Europa meridional, donde los movimientos de consumidores no se han desarrollado ampliamente- ha resultado menoscabado por la transferencia de recursos necesarios para una Comisión que se ha visto imposibilitada para hacer lo necesario por la falta de dinero.
La EEB ha impuesto a la DG XXIV y a la Comisión en conjunto una gran carga con el aumento del cuerpo de inspectores y las campañas de información que ha tenido que lanzar. Tenemos que destinar los medios proporcionados para esos encomiables fines. De lo contrario, este Parlamento será un simple recinto vacío. Tenemos que poder decir lo que es necesario. Por eso, en mis enmiendas propongo un aumento a lo largo del próximo período de cinco años para prevenir un deterioro real de la protección del consumidor. La cantidad sería de 130 millones de ecus en cinco años, frente a los 114 millones de ecus a partir de 1999 fijados en las propuestas originales. No es para hacer gastos imponentes ni para ganar influencia política, sino simplemente para mantener el más que demostrado apoyo de la Comisión a los movimientos de consumidores y los nuevos cometidos en materia de protección de la salud, vigilancia de los materiales y productos peligrosos, información sobre el euro y acceso a la justicia.
Recomiendo en particular a la Asamblea la enmienda nº 16 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en la que se ha añadido que el acceso a la justicia para los ciudadanos de Europa es una disposición necesaria y que no se tiene suficientemente en cuenta en las propuestas originales que nos presentó la Comisión. Tengo algunas razones para creer que el Consejo aceptaría una enmienda en ese sentido. Esperamos con interés sus propuestas, tal vez la semana que viene.
Espero que el Consejo pueda aceptar también la opinión firmemente abrigada por el Parlamento de que un presupuesto inicial de 24 millones de ecus en 1999, que aumentara en las proporciones establecidas en la Agenda 2000, produciría un plan financiero para el fundamento jurídico de entre 120 millones y 130 millones de ecus.
No estamos diciendo aquí que sea cuestión de aumentar incesantemente. En mi informe he dicho que hay elementos en el presupuesto actual para los consumidores, como la financiación de EHLASS, que sobran en él. Corresponden a otra sección del presupuesto comunitario. Si se transfirieran a él, habría un ahorro en la asignación para los consumidores de más de siete millones de ecus a lo largo del período de cinco años.
La Presidencia británica ha actuado rápidamente para deshacer los nudos causados por el fallo del Tribunal Europeo de Justicia por ella solicitado, junto con otros Estados miembros. Quisiera elogiar a la Presidencia austríaca, que ha demostrado extraordinaria celeridad para avanzar hacia un fundamento jurídico viable y suficiente. Merece nuestra felicitación por ello.
Quisiera decir no sólo al Comisario Monti, sino también a los Estados miembros y al Consejo -a todos ellos, incluido el mío-: no traicionen a los consumidores y a los ciudadanos de Europa. Permitan que salga adelante esta modesta propuesta. Por encima de todo, no se presenten como adalides de los consumidores, con folletos lustrosos y clamor público, a no ser que tengan el valor cívico para mantener en privado lo que elogian en público. El único Mercado Único digno es aquel en que todos podamos seguir opciones con conocimiento de causa sobre lo que compramos y lo que comemos y cómo vivimos.
El propósito de este informe es el de dar un pequeño paso hacia ese fin.

Pimenta
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Philipp Whitehead no sólo como ponente, sino también como presidente del Intergrupo para la defensa de los consumidores. Su trabajo ha sido notable y este informe, que apruebo íntegramente, lo demuestra perfectamente.
Este informe era muy necesario. Es necesario un fundamento jurídico y ha sido positivo que la Comisión lo haya presentado. Ahora bien, hay aspectos que se deben mejorar. En particular: el acceso a la justicia, que mi colega Philipp Whitehead ha mencionado. Las enmiendas núms. 16 y 33 son fundamentales. Cuando yo estuve a cargo de ese cometido en Portugal, comprobé que el acceso a la justicia era una de las cuestiones decisivas para la defensa de los consumidores. Sobre todo un acceso rápido y eficaz.
En segundo lugar: ¿cómo acabar con la crisis de confianza que los consumidores europeos manifestaron en relación con las instituciones europeas, en particular con el Consejo y la Comisión, causada por la crisis de las vacas locas, pero conocida como EEB? Las enmiendas núms 4, 6 y 22 procuran avanzar hacia una solución para ese problema.
Tercero: la insuficiencia de la propuesta de la Comisión en cuanto a las repercusiones del euro y de la unificación real de los mercados, sobre todo en el nivel de los servicios financieros. Ya existe hoy una vasta experiencia con los innumerables casos de contratos en que los consumidores han sido víctimas de publicidad engañosa o de malos contratos. Apoyo las enmiendas núms. 24 y 26.
Cuarto: la aplicación efectiva de la legislación europea y su correcta aplicación en el nivel de los Estados miembros. Es necesario avanzar y mejorar lo que está hecho, pero la propuesta de la Comisión es defectuosa.
Quinto: la garantía de revisión del presente programa de acción después de la ratificación del Tratado de Amsterdam, enmienda nº 21. Es fundamental que la Comisión presente la corrección después de la ratificación.
Por último, el reconocimiento del decisivo papel de las organizaciones no gubernamentales y la aclaración de las reglas según las cuales se les concede el apoyo o se les atribuyen los contratos. Enmiendas núms. 17 y 20.
Quisiera terminar apoyando la reflexión del ponente sobre el presupuesto. Creo que el marco presupuestario que la Comisión presenta para la ejecución de tan ambicioso programa no es adecuado y, por tanto, a ese respecto la Comisión tiene obligatoriamente que examinar, en el ámbito de la Agenda 2000 y de la preparación de las políticas hasta el año 2006, si quiere una política de consumidores apoyada por 320 millones de personas, que de ese modo apoyarán también la construcción europea.

Baldi
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, considero fundamental la aplicación de una correcta política de protección del consumidor. Es verdad, los consumidores bien pueden sentirse perplejos ante la suspensión de las financiaciones, como lo pide la reciente sentencia del Tribunal de Justicia, y seguramente los programas destinados a fortalecer las organizaciones de consumidores en España, Italia, Portugal y República Irlandesa perderían eficacia, si el reciente dictamen del Tribunal de Justicia continuara cuestionando cierto número de categorías de gastos discrecionales.
El artículo 129 A del Tratado de Maastricht y el posterior artículo 153 del Tratado de Amsterdam definen algunas acciones, insuficientes si no se valora y establece un programa de intervenciones prioritarias para llevar adelante el presente cuadro general y, por último, con el presente cuadro general es posible establecer una base jurídica favorable a los consumidores, que permitirá disponer de una cantidad presupuestaria de 114 millones de ecus para los próximos cinco años.
Con este apoyo financiero, las acciones posibles se vertebran en cuatro actividades, de gran importancia para los consumidores en sus respectivos campos: la salud y la seguridad, la protección de los intereses económicos en cuanto a productos y servicios, la educación y la sensibilización, la promoción y la representación de los intereses de los consumidores. Pero también es importante mantener a los grupos científicos y sostener la experimentación, para llevar adelante una campaña de información correcta y necesaria, en cuanto al acceso y la participación de los propios consumidores.
Con gran frecuencia olvidamos que el quinquenio 1999-2003 será un período particularmente importante y difícil para el consumidor, que se encontrará con retos como la implantación de la moneda única, el desarrollo creciente de la sociedad de la información, la ampliación de la Unión Europea a los países que hoy son sólo candidatos, la información sobre la seguridad y la calidad de los alimentos.
En conclusión, será necesario ofrecer al consumidor los instrumentos adecuados que le permitirán valorar los riesgos y, en caso necesario, apelar a la justicia: para ello, se deben agilizar las inspecciones y los controles precisos.

Paisley
Señora Presidenta, una mayor protección del consumidor para los ciudadanos comunes y corrientes es urgentemente necesaria. Apoyo la recomendación de este informe de aumentar el gasto para la protección del consumidor en un 15 % para el período 1999-2003. La cantidad de trabajo que hay que hacer con ese presupuesto es enorme, pues abarca desde la investigación hasta los estudios para velar por que esté a disposición de los consumidores la adecuada reparación jurídica, cuando sea necesaria. En vista de los millones de libras gastados por los consumidores todos los años en una inmensa gama de productos y servicios, los 130 millones de ecus que se proponen en este informe son una cantidad muy pequeña en términos relativos. Muchas personas del Reino Unido están muy preocupadas por lo que será de los consumidores con la llegada del euro. ¿Va a ser como el cambio al sistema decimal... una estafa?
La cooperación internacional entre los diferentes grupos de intereses de los consumidores es importante también, en vista de que ahora el mercado mundial funciona prácticamente en todos los sectores.
Por último, este Parlamento tiene el deber de velar por que los consumidores reciban la información, la formación y la protección adecuadas. La aplicación de este informe contribuirá a ello, por lo que felicito al Sr. Whitehead por presentarlo.

Breyer
Señora Presidenta, nosotros en tanto Grupo de los Verdes, estábamos muy preocupados sobre la sentencia de congelar la linea presupuestaria para la actividad de los consumidores. A nosotros nos hubiera interesado ampliar las actividades y dedicar más recursos para ello. Ese es para nosotros el punto fundamental.
Apoyamos la propuesta de la Comisión. No obstante, para nosotros es muy importante que no se le concedan recursos solo a las clásicas asociaciones de consumidores sino también a las ONG. Les recuerdo que, por ejemplo, en la República Federal muchos recursos van a parar a la campaña «la carne es una porción de fuerza vital». Sin embargo se trata sociedades de marketing, que no pueden ser confundidas con asociaciones de consumidores. De modo que se debe procurar que de verdad se fortalezcan las asociaciones de consumidores, y eso también significa que organizaciones claves de protección del consumidor reciban dinero de esta linea presupuestaria. De igual modo no puede ocurrir que, por ejemplo, se retiren recursos tanto al plan de acción relativo a las enfermedades causadas por el medio ambiente como al ámbito de los consumidores.
Por lo tanto para nosotros es de gran relevancia que también las asociaciones de consumidores críticas disfruten de esos recursos. El dinero debe realmente emplearse en la información de los consumidores y no en el marketing de determinados productos de la Unión europea, lo que favorece a la industria. Los consumidores necesitan los recursos ya que existe una muy alta demanda de información.

Blokland
Señora Presidenta, me acuerdo todavía del informe sobre las prioridades para la política del consumidor de 1996 hasta 1998. El ponente instó entonces a la Comisión a que no corriera demasiado de prisa. Sin embargo, el mismo ponente ahora sí lo hace. No solamente pide una ampliación de los medios financieros, sino también del número de ámbitos políticos en que tienen lugar las actividades en favor del consumidor. Soy de la opinión, que en el aspecto cuantitativo, el documento de la Comisión toma mejor en cuenta las posibilidades limitadas que hay para la política del consumidor a nivel europeo.
La propuesta de ampliar las actividades en favor del consumidor a todos los ámbitos políticos no me parece muy realista. La elección de la Comisión de los ámbitos políticos del transporte y la salud pública es buena, porque está basada en la experiencia de los últimos años y conecta también con el programa de acción para los próximos años.
La ampliación propuesta por el ponente de 114 millones de ecu a 130, en la enmienda 14, es demasiado escasa para poder abarcar todos los ámbitos políticos. Además, debe quedar un margen para los problemas inesperados de los consumidores. Una parte de este margen se debe dedicar a la representación de los intereses del consumidor con la entrada del euro. En este aspecto comparto la opinión del ponente. La mejor manera de dar cuerpo al apoyo de estos intereses es apoyando las iniciativas de las organizaciones nacionales de los consumidores en este campo.
Esto me lleva a mi último punto. Aprecio el cambio en la política del consumidor por la introducción de este marco general. Ya no nos ocupamos del diseño de toda clase de regulaciones legales, sino del refuerzo real de la posición de los consumidores. La protección de los consumidores después de todo empieza con el consumidor mismo. Una representación más fuerte de los consumidores mejora el funcionamiento del mercado, mientras que las regulaciones legales más bien lo perturban.
Como conclusión, quiero decir que no se debe fomentar la cantidad de actividades en favor del consumidor sino la calidad.

Virgin
Señora Presidenta, el informe Whitehead aborda la manera en que los consumidores europeos deberán protegerse cuando se adopte el euro, y cómo deberá enfrentarse la Unión con la desconfianza relacionada con la seguridad y la calidad de los productos alimenticios. Creo que se trata de un buen informe que ahonda en cuestiones de gran importancia.
En mi opinión, la crisis de la EEB nos ha enseñado que, cuando se trata productos alimenticios, debemos seguir un principio de precaución, es decir, adoptar medidas incluso cuando solamente haya sospechas de que nuestros alimentos puedan influir en la salud humana. Deberíamos ahora establecer normas para reducir el uso de antibióticos en la alimentación de animales. Creo que unas normas estables y fijas aumentan la credibilidad de los ciudadanos, como ocurre también con el etiquetado que proporciona una información adecuada a los consumidores. Por el contrario, me opongo, por una cuestión de principio, al aumento del marco presupuestario quinquenal de 114 millones a 130 millones de ecus, como se recoge en la propuesta y plantea también el ponente. Creo que la Comisión ha hecho la valoración necesaria y adecuada en este caso. Además, considero que hay medidas de otro tipo que son tan efectivas en este ámbito como un aumento de la dotación presupuestaria.
Creo que se corre un riesgo cuando los políticos se lanzan a decidir sobre medidas que no son completamente necesarias. En mi opinión, los políticos no debemos infravalorar la capacidad de la sociedad civil. Los propios consumidores desempeñan una gran responsabilidad. Existe un riesgo cuando los políticos no cesamos de insistir en resolver sus problemas. En estos casos, es posible que los consumidores alimenten una falsa sensación de seguridad.
Resulta evidente que tenemos que fijarnos criterios rigurosos en materia de seguridad, pero hemos de respetar el amplio poder de que disponen actualmente los consumidores para adoptar las decisiones que consideren necesarias. Esta medida se traducirá en una mayor sensibilidad de los productores de cara a las exigencias del consumidor.

Sandbæk
Señora Presidenta, debemos trabajar en favor de los consumidores, no porque de otro modo algunos pudieran pensar que el Parlamento Europeo carece de confianza en sí mismo, sino porque los intereses de los consumidores tienen derecho a que se les preste atención. La Comisión aduce como fundamento de la propuesta legislativa que el marco general debe ayudar a que los intereses de los consumidores sean tenidos en cuenta en mayor medida con relación a las demás políticas y actividades comunitarias. Me extraña que la Comisión sólo indique la salud pública, la investigación y el transporte como ejemplos y no mencione, por ejemplo, una integración de la atención a los consumidores en la política agraria, la competencia, los servicios financieros y por último, pero no menos importante, en la política alimentaria comunitaria.
Además, pienso que resulta sumamente lamentable que en la propuesta de la comisión se establezca la norma sobre el 50 % de ayuda. Esta norma hace imposible para muchas pequeñas organizaciones de consumidores participar en proyectos simplemente por no poder permitirse pagar ellas mismas la parte restante. También las organizaciones de consumidores de los pequeños países, entre ellas, el Consejo de Consumidores de Dinamarca, tendrán problemas con esta forma de financiación. La UE debe ocuparse de la política de consumidores de un modo tal que para las pequeñas organizaciones de consumidores sea también posible financieramente participar en los proyectos. Las organizaciones tienen sus recursos financieros unidos a soluciones y a otras partidas administrativas. Y también no ha de olvidarse que a menudo es la UE, más que las propias organizaciones de consumidores, la que desea iniciar campañas diferentes y que en este caso la UE necesita organizaciones de consumidores serias, como precisamente el Consejo de Consumidores danés, para dirigir estas campañas. Por ello no es lógico pedir a las organizaciones que cubran ellas mismas hasta el 50 %, no cuando las campañas son una prioridad comunitaria, y no necesariamente prioridad de las organizaciones de consumidores.
Tampoco podemos consentir que la parte administrativa de las campañas de consumidores comunitarias sea a menudo tal desbarajuste que exija de los trabajadores de las organizaciones una paciencia infinita para participar en estos proyectos comunitarios. También se tiende a olvidar que las campañas comunitarias se sirven de la credibilidad y seriedad de las organizaciones de consumidores nacionales y europeas y que la UE en la actualidad sólo paga la mitad del precio de esta credibilidad.
Y por último y para acabar, me gustaría dar las gracias a Phillip Whitehead porque una vez más y - como de costumbre - de modo excelente con un informe ha trabajado en favor de los intereses de los consumidores. Apoyo el informe completamente.

Garosci
Señora Presidenta, me complace particularmente que esta tarde esté escuchándonos el Comisario Monti que, como sabemos, es el responsable del mercado único, del mercado interior, como es mejor llamarlo pues nos dirigimos a los consumidores. A este mercado único, que incluye a 370 millones de ciudadanos en su condición de consumidores, todos nosotros, todas las Instituciones comunitarias, debemos darle una respuesta cada vez más adecuada a sus exigencias, y siempre en la dirección de los cambios hacia los que se encamina el mundo del consumismo.
Estamos muy de acuerdo con las peticiones de aumentos en la financiación, expresadas por el ponente y sostenidas con empeño por el Sr. Pimenta: estas mejoras son, simplemente, el reconocimiento de una nueva condición del consumidor. Es el reconocimiento de una condición que debe llegar a ser el lema diario de todas las actividades públicas y privadas. ¡El consumidor ante todo! Es igual que le llamemos cliente o usuario, de todos modos sigue siendo el rey: el consumidor como objetivo de la evolución de un mercado, público o privado, pues siempre pide productos nuevos o renovados y envases más sencillos, menos peligrosos, pide más información sobre lo que consume, pide etiquetas más claras, pide materiales reciclables y menos contaminantes y, por fin, pide modernidad y eficacia en los servicios: es decir, en términos globales, mayores seguridades. Es un consumidor que se mueve cada día más, que quiere aumentar su cultura y desea hacer mejor uso de su tiempo. Tal vez los hijos se dediquen a una actividad distinta de la que tuvieron sus padres y quizá no la ejerzan en su propio país, incluso en un escenario que ya no será sólo nacional sino, al menos, comunitario, la suma de los países de la Unión Europea.
En todo este escenario, la gran novedad es la llegada del euro. El 1 de enero de 1999 es el primer día del euro, la nueva moneda única que cambiará por completo el modo de comprar y de practicar el consumo. Tenemos el deber de dar al consumidor una información exhaustiva acerca de la implantación de la moneda única, de formar a las empresas, por un lado, y de informar a los ciudadanos, por otro. Ayer, precisamente, en la discusión sobre el euro, pedí un aplazamiento de un año en la emisión de los billetes de 500 euros, porque podrían crear, dentro del nuevo sistema monetario, grandes dificultades para los consumidores. A ellos van destinados todos nuestros esfuerzos cotidianos.

Monti
Señora Presidenta, durante el decenio pasado, la Unión Europea reforzó considerablemente su propia política respecto a los consumidores, sobre todo en vista de la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea. En el Tratado de Amsterdam están previstos nuevos desarrollos en materia de política de los consumidores y de protección de su salud. Estoy particularmente de acuerdo con todas las intervenciones de esta tarde que han señalado, con distintas palabras, que el consumidor es la figura central del mercado único europeo.
La propuesta presente delimita el marco jurídico de las actividades que pueden optar a una financiación comunitaria en el ámbito de la política relativa a los consumidores y a la tutela de su salud. Desde hace varios decenios, las acciones emprendidas a título y en favor de la política de los consumidores de la Unión se financian a través del presupuesto comunitario. En el curso de este período no ha habido ninguna disposición jurídica de base destinada a financiar esas acciones ni una descripción formal de las actividades admisibles para la financiación, exceptuadas tan sólo las referencias que a ellas se hace en el artículo 129 A del Tratado de la CE de 1992.
Ante los continuos progresos en la integración europea, se hace evidente la necesidad de garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea, en su calidad de consumidores, que en el nuevo mercado único ampliado sus derechos e intereses tendrán una protección adecuada y que el nuevo mercado único ampliado gana en profundidad con la moneda única. Los intereses de los consumidores deben estar tan presentes como los de los otros sectores económicos.
No se debe confundir este cuadro general con un programa de acción de varios años. Respecto de la protección de los consumidores, sin duda sería imposible anticipar con precisión sobre una base quinquenal la totalidad de los problemas que requerirán una intervención comunitaria.
Antes de fin de año, la Comisión presentará su propio programa relativo a las prioridades para el período 1999-2001. Este programa ilustrará las acciones que la Comisión se dispone a emprender en los próximos tres años. La presente decisión constituye la base jurídica para la financiación de las actividades previstas en el programa relacionado con las prioridades.
A consecuencia de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el mes de mayo pasado, se ha hecho necesaria una rápida adopción de la presente propuesta, pues en vista de la carencia de un fundamento jurídico para los gastos, la mayor parte de las actividades del sector de la política de los consumidores y del cuidado de la salud tuvieron que suspenderse. Quiero dar las gracias en particular al ponente, Sr. Whitehead, por su excelente informe, por su trabajo constructivo y por la forma en que ha sabido acelerar el procedimiento interno del Parlamento, lo que hace posible que se llegue a una decisión antes de fin de año.
En su casi totalidad, las enmiendas propuestas por el Parlamento pueden ser aceptadas por la Comisión y, al pasar, también doy las gracias al Sr. Whitehead por haber completado la lista de las actividades, en particular en lo que concierne al respeto de los derechos de los consumidores. No obstante, las enmiendas 12 y 16, relativas a la adaptación de esta decisión al Tratado de Amsterdam después de su entrada en vigor -enmiendas que, por otra parte, comprendo plenamente y comparto en gran medida-, son demasiado genéricas y globales desde el punto de vista de la Comisión; por consiguiente, la Comisión no puede aceptarlas en su forma actual. Sin embargo, nos comprometemeos en esta Asamblea a que la Comisión, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, presente una propuesta que tome en cuenta las implicaciones del Tratado en la política de los consumidores.
En lo que respecta a la enmienda nº 13, relativa a la asignación presupuestaria, la Comisión dará al Parlamento y al Consejo toda la asistencia técnica necesaria para que lleguen rápidamente a un acuerdo sobre este punto. Sólo quiero subrayar -y este énfasis está dirigido en especial al Consejo, más que al Parlamento Europeo- que, una vez fijada la asignación presupuestaria, su adaptación a las implicaciones del Tratado de Amsterdam parece poco probable; por lo tanto, la asignación presupuestaria tendrá que tener en cuenta, desde ahora mismo, las nuevas actividades derivadas de la puesta en vigor del Tratado de Amsterdam. Actualmente nos encontramos en la etapa de la primera lectura, y el Consejo comunicará su propia posición sobre esta propuesta el próximo 3 de noviembre. Como ya he dicho, el Parlamento y el Consejo están empeñados en acelerar el procedimiento de decisión para la adopción de las propuestas que constituyen la base jurídica que permite una financiación comunitaria. La Comisión hará lo posible para que el Parlamento y el Consejo puedan tomar su decisión en la segunda lectura, antes de fin del presente año.
Por último, quiero dar en especial las gracias a todos los que han intervenido: sus observaciones serán tenidas muy en cuenta en la elaboración del nuevo plan de acción trienal, ya citado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la recomendación para la segunda lectura (A4-0325/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0421/98-97/0198(COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (Ponente: Sr. Anastassopoulos)

Anastassopoulos
Señora Presidenta, con la recomendación para la segunda lectura de la directiva sobre la defensa legal de los servicios criptográficos que hoy examinamos, damos el penúltimo paso para que, mediante la admisión de las dos enmiendas por el Consejo, sea finalmente posible que la directiva quede aprobada, en breve.
De esta forma, podremos hacer frente de forma más eficaz y coordinada dentro de la Unión Europea a una actividad de piratería que constituye una amenaza real. Los aparatos decodificadores ilegales que produce la industria pirata se calcula que representan un 20 % del total. La pérdida de ingresos de los servicios criptográficos supera los 200 millones de ECUs al año y la repercusión en la industria cinematográfica europea es realmente grave, ya que el 34 % de sus ingresos procede de esta fuente. Asimismo, para formarnos una imagen de las actividades ilegales en dicho sector bastaría recordar que, en tan solo cuatro meses, se han producido a través de Internet más de un millón de anuncios de aparatos piratas ilegales.
Son actividades que vician el buen funcionamiento de nuestro mercado interior uniforme, impiden el mayor desarrollo de industrias especializadas en nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevas formas de comunicación para facilitar los intercambios comerciales. Crean problemas para la protección de los consumidores y merman la protección de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.
La construcción de decodificadores más perfectos, con más medios de protección para hacer frente a la piratería, se ha demostrado costosa y, en última instancia, ineficaz. Porque la piratería siempre lograba adaptarse con la velocidad de la luz y neutralizar, incluso con tecnologías más avanzadas, todos los sistemas de protección. Por consiguiente, no quedaba sino hacer frente al problema a nivel comunitario mediante la armonización de normas de protección de los servicios constituidos y basados en el suministro de acceso condicional.
La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en primer lugar, pero también el Consejo, en segundo lugar, parecían haberse concienciado sobre la urgente necesidad de dicha regulación al ver que la piratería no paraba de florecer. Desde el Libro Verde de la Comisión hasta la segunda lectura del proyecto de directiva, que el Parlamento ha debatido con mi primer informe de mayo de 1997, apenas han transcurrido dos años, período que puede considerarse rápido para los hechos comunitarios.
Mi segundo informe sobre el proyecto de directiva, aprobado por amplia mayoría el 30 de abril de 1998 por este Pleno, contenía 24 enmiendas. La Comisión, en su propuesta modificada, admitió, total o parcialmente, 18 de estas y fue básicamente secundada por el Consejo. El resultado fue la presentación de una postura común del Consejo mediante un texto en el que aparecen mejoras importantes en comparación con el inicial. Se reformularon las definiciones y adquirieron mayor claridad. Un nuevo artículo 1 aclaraba el ámbito de aplicación de la directiva. El alquiler y distribución de los aparatos ilegales se añadieron a las actividades ilegales y los datos del propósito los fijó el Consejo en su nuevo considerando 21.
Esos valiosos datos, señora Presidenta, por mucho que hayan satisfecho a su ponente, no podían en modo alguno contrapesar la negativa de la Comisión y del Consejo a ampliar el ámbito de aplicación de la directiva. El Parlamento había puesto a debate por medio de sus enmiendas la protección del acceso condicional con vistas a proteger de forma general el valor económico de los servicios y no sólo garantizar el pago por su suministro. Sin embargo, la Comisión y el Consejo insistieron en limitarse a ese último punto. El desacuerdo podría agudizarse y prolongarse si el Comisario Sr. Monti no se comprometiera a encargar un estudio que verifique la viabilidad de una posible ampliación de la protección legal también a los servicios que utilizan el acceso condicional por razones diferentes a las de asegurar sus ingresos.
Una vez realizado dicho compromiso, que anula la posibilidad de una protección más extensa en el futuro, su ponente consideró que no era necesario volver a presentar las enmiendas presentadas por el Parlamento en la primera lectura. Prefirió, con la enmienda 2 sobre el artículo 7, mantener abierta la puerta a una próxima etapa y, de forma más general, facilitar al Consejo, con el requisito de la admisión de sólo las dos propuestas redactadas junto con la recomendación para una segunda lectura, la aprobación en breve el proyecto final de directiva.
Nuestra esperanza, señora Presidente, es que por mucho que la Comisión y el Consejo hayan limitado su ámbito de aplicación, la directiva ayudará a afrontar de forma más eficaz la piratería de los decodificadores. Y con tal propósito, tengo el honor de presentar la recomendación de una segunda lectura para que sea valorada por el Cuerpo.

Medina Ortega
Señora Presidenta, como ha dicho el ponente, Sr. Anastassopoulos, la preocupación de este Parlamento ha sido llenar un vacío jurídico y hay que recordar que las tres instituciones han trabajado de forma muy eficaz porque, en solamente un año y dos semanas, se ha aprobado esta directiva que pretende, como ha dicho el ponente, luchar contra la piratería en materia de comunicaciones, televisión, audiovisual, etc.
La directiva es una verdadera directiva porque no es una directiva que contenga disposiciones de carácter reglamentario -deja un amplio margen a los Estados para desarrollar la legislación, ya que los Estados pueden recurrir a la vía penal o, simplemente, a la vía de la responsabilidad civil, lo cual me parece bastante razonable.
La directiva tiene también la peculiaridad de cubrir la materia. Como ha dicho el Sr. Anastassopoulos, hemos preferido, en este caso, cerrar la materia en este momento, pero dejar abierta la posibilidad, con la enmienda 2, de una revisión a corto plazo en caso de que se detectaran insuficiencias. Y en la Comisión de Asuntos Jurídicos, aparte de esa enmienda 2, que es una enmienda dirigida a permitir una rápida adaptación de los defectos que se denoten, hay otra enmienda, la enmienda 1, que se refiere a la consideración general de la necesidad de que el Estado proteja los servicios de carácter remunerado.
Yo creo que es un buen trabajo el que están haciendo las tres instituciones. Como siempre -el Comisario Monti lo sabe-, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha mostrado siempre el mayor espíritu de colaboración. Creo que el Parlamento podrá aprobar mañana el texto con las enmiendas que nos propone el ponente y que, por tanto, va a suponer un paso adelante.
Desde luego, hay que recordar que estamos en el área de la protección de ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la información, compatible, por otro lado, con el ejercicio de actividades privadas que permitan efectivamente que esa información tenga lugar. Yo creo que el Derecho comunitario podrá ser desarrollado pronto por los Estados miembros y con esto este aspecto quedará cubierto sin muchas dificultades.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, permítame -y no es retórica- empezar felicitando en nombre de mi grupo, el Partido Popular Europeo, al ponente. Creo que, con la aceptación de las enmiendas razonables y razonadas que nos ha propuesto, esta directiva llega a buen puerto en una materia muy complicada y en muy poco tiempo. Y, sin duda, el rigor y la habilidad negociadora del ponente -las dos cualidades conjuntadas- han sido la razón de este éxito.
Entrando ya en materia, la propuesta de directiva cubre una amplia gama de servicios de radiodifusión interactivos independientemente de cuál sea el medio de transmisión. Este mercado de servicios basados en el acceso condicional está creciendo rápidamente como resultado de la tecnología digital pero este crecimiento podría verse amenazado por el desarrollo, igualmente rápido, de la piratería, industria paralela -hoy floreciente, como nos ha señalado el ponente- que fabrica y comercializa los dispositivos que facilitan el acceso no autorizado a tales servicios. Además de la industria, y parafraseando al ponente, esta piratería tiene varias consecuencias adversas, no sólo la pérdida de ingresos procedentes de los abonos para los proveedores de servicios, sino también perjuicios económicos para el proveedor de acceso condicional y también para el proveedor de contenidos. Además, supone precios más elevados y menores posibilidades de elección para el consumidor a quien, a menudo se defrauda pues muchas veces no se le indica cuál es el origen del dispositivo pirateado que compra y se le hace creer que lo que adquiere es un dispositivo autorizado.
Partíamos de una situación de discrepancias entre nuestros ordenamientos jurídicos que tenía gravísimas repercusiones negativas en el desarrollo de estos servicios y también -lo ha dicho el ponente- en el mercado interior. Así pues, en el lenguaje de la calle, la presente propuesta de directiva es un instrumento tan necesario como útil para luchar contra una, pero muy importante, de las múltiples facetas de la piratería tecnológica, aquella que, mediante ingenios técnicos, facilita el acceso a servicios codificados sin que medie el pago legalmente establecido.
Esto caracteriza el ámbito de aplicación de la directiva, su propia estructura y su fin. Esta directiva no tiene por objeto proteger el acceso a cualquier servicio codificado a distancia sino que su ambición se limita a aquellos que dependen de una autorización previa cuyo propósito es garantizar la remuneración del servicio y que incluye todos los servicios suministrados sobre la base de este acceso condicional. Esta limitación del ámbito de aplicación -lo ha resaltado el ponente- ha originado una fecunda reflexión, una reflexión interactiva -si se me permite el juego de palabras-, entre la Comisión y el Parlamento. Como resultado de esta interacción, el Parlamento acepta los razonamientos expuestos por la Comisión, que desaconsejan incorporar como interés jurídico protegido el concepto más amplio del valor económico frente al actual de remuneración. Mañana votaremos aceptando el planteamiento del Consejo y la Comisión, y suscribiremos que, en este caso, se perdería efectividad en el instrumento jurídico al desdibujarse los contornos imperativos de los preceptos por tener que responder a realidades muy diversas.
Esta Asamblea, al aceptarlo así, entiende que la Comisión se ha comprometido a iniciar sin demora la reflexión necesaria para que en el plazo más breve posible también encuentren protección en la normativa europea esos otros servicios en los que no existe prestación frente a pago, pero en los que, indudablemente, las actividades delictivas suponen también el quebranto a un interés jurídicamente protegible que se traduce en última instancia en términos económicos.
Resuelta en estos términos una de las controversias que tanto nos ha ocupado a lo largo de la tramitación, y que justifica en gran medida la enmienda nº 2 de la Comisión de Asuntos Jurídicos -votada por unanimidad a propuesta del ponente en tanto que plasma la preocupación de seguimiento tan eficazmente encabezada por él- el texto de la posición común aporta claras mejoras y no sólo porque sigue las indicaciones del informe de primera lectura de este Parlamento en su función colegisladora sino porque objetivamente, técnicamente, aporta importantes mejoras. El ponente ha mencionado la mayor precisión del artículo 1, pero también, en términos de claridad, podríamos pasar revista a las reforzadas definiciones del artículo 2. Se han colmado asimismo lagunas, como incluir la actividad de alquiler y distribución de dispositivos ilícitos entre las actividades perseguidas y perseguibles, y las sanciones se adaptan mejor en su especificación actual a los distintos regímenes jurídicos nacionales. No podemos sino congratularnos, por ejemplo, por la sustitución de expresiones duras, concretas, demasiado técnicas, como decomiso de dispositivos ilícitos, que en algunos ordenamientos -por ejemplo, el español- sería complicado instrumentar desde la transposición de la directiva, por la más genérica de eliminación de los dispositivos ilícitos de los circuitos comerciales, que es la que figura ahora y que se erige en obligación de resultado que cada Estado miembro cumplirá en coherencia con la estructura propia de su Derecho nacional.
Por último, el nuevo considerando incorpora el elemento de intencionalidad, que permite a las legislaciones nacionales orientar la actividad censora hacia los autores de actividades ilícitas que manifiesten una intención defraudatoria. Esta innovación no debe, en ningún caso, afectar a la responsabilidad civil, que en todos nuestros ordenamientos jurídicos es de carácter objetivo, es decir, independiente de cualquier tinte de subjetividad.
En resumen, esta directiva colma de forma importante -si bien parcialmente- una laguna. Se trata para nosotros de una etapa en la instrumentación de una protección jurídica más amplia. Ahí tiene la Comisión ahora la pelota en su terreno. Esperamos que juegue pronto.

Thors
Señora Presidenta, señor Comisario, se podría decir que tenemos en la Asamblea unos amigos «crípticos», en el sentido de que se han consagrado a la criptografía. No sé cómo podría serles de ayuda a los intérpretes en estos momentos.
En primer lugar, desearía decir que me parece lamentable que no hayamos retomado las enmiendas presentes en el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Mediante esta propuesta lo que queríamos era penalizar los intentos deliberados de eludir esta protección. Lamento que no se haya tratado dicha cuestión.
En segundo lugar, querría plantear la grave cuestión que plantean los recientes datos de acuerdo con los cuales al Estado francés se le ha unido el español a la hora de dividir el mercado con productos crípticos. Ya he planteado anteriormente esta cuestión al Comisario Monti. Lamento profundamente que no hayamos logrado ningún progreso a este respecto, sino que, por el contrario, estamos retrocediendo e incorporando estos códigos crípticos en otros ámbitos. Espero vehementemente que este punto forme parte del debate sobre paz, seguridad y libertad que se entablará tras la adopción del Tratado de Amsterdam.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, ante todo, quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, en particular al Sr. Anastassopoulos, por la rapidez con que han examinado esta propuesta importante y difícil. También quiero felicitar personalmente al ponente, que ha demostrado un conocimiento profundo del tema, además de dar prueba, una vez más, de un alto sentido político. Como resultado, espero que se adopte y aplique prontamente la directiva. Me refiero en particular al retiro de la enmienda principal introducida en la primera lectura, que proponía se extendiera el campo de aplicación de la propuesta.
Como se afirma en el informe que ilustra los motivos de la recomendación, la Comisión se ha comprometido a examinar, en un estudio específico, la utilización de los sistemas de acceso condicional para fines que no sean el de garantizar el pago de los abonos correspondientes, y a considerar las implicaciones jurídicas y económicas para el mercado único y la necesidad de introducir una específica protección legal. El anuncio de licitación de este estudio se ha publicado en la Gaceta Oficial el 10 de julio de 1998, y tengo el gusto de anunciar que el proyecto administrativo del correspondiente contrato está, en estos momentos, en su fase final.
Por lo tanto, la Comisión recibe favorablemente la segunda enmienda del Parlamento, destinada a crear la base jurídica que permita una adecuación periódica de la directiva y, en particular, del importante artículo 2, dedicado a las definiciones, de acuerdo con los desarrollos técnicos y económicos.
La primera enmienda introduce un nuevo considerando que contribuye a poner en claro los objetivos de la directiva; retoma el contenido de la enmienda nº 10 de la primera lectura, que se incorporó en la propuesta modificada de la Comisión, pero fue rechazada por el Consejo. Veo con satisfacción que esta enmienda ha sido sujeta a una nueva formulación y puedo anunciar que la Comisión la acogerá favorablemente. En el Consejo, la Comisión defenderá la nueva propuesta modificada según las enmiendas del Parlamento Europeo, y lo hará con el objetivo de convencer al Consejo para que extraiga las conclusiones debidas y adopte, a su vez, el texto así revisado.
Doy las gracias nuevamente al Sr. Anastassopoulos y a todos los que han trabajado en lo que de verdad podemos considerar, Señora Presidenta, como un ejemplo adicional de una feliz y rápida colaboración interactiva entre nuestras Instituciones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Reconocimiento de diplomas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0319/98), en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0422/98-96/0031 (COD)) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos (Ponente: Sra. Gebhardt)

Gebhardt
Señora Presidenta, estimados colegas, estimado señor Comisario Monti, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los colegas que me han apoyado en la elaboración del presente informe.
Que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos del Ciudadano hay votado a favor unánimemente ha facilitado las cosas para que se llegase al final. Esto otorga la mejor base para la modificación de la posición común. Se trata del procedimiento del reconocimiento de diplomas en los ámbitos del comercio, de la artesanía y de la industria. El Consejo quiere que según el artículo 3 párrafo 1, la verificación en los casos de duda se deje a elección de los Estados miembros optando entre un curso de adaptación o una prueba de idoneidad. Creo que esto no es más que esto es una especie de tutela burocrática.
La Comisión de Asuntos Jurídicos coincide conmigo en que la elección del procedimiento para la evaluación de los conocimientos y cualificaciones suficientes debería dejarse al solicitante. Para ello hay buenos argumentos. Quien desea establecerse y trabajar en otro país sabe evaluar por sí mismo como puede comprobar su cualificación profesional respecto de las exigencias del país receptor. Por ello el mismo debe poder decidir si se somete a una prueba de idoneidad o si prefiere asistir a un curso de adaptación. Y en la medida de los posible tampoco debe ser perjudicado por la voluntad de una burocracia que le es absolutamente ajena. En definitiva de lo que se trata es de remover obstáculos y no de crearlos.
En las primeras dos directivas horizontales sobre el reconocimiento de diplomas se otorgaba a los solicitantes esa libertad de elección. En aras de la coherencia y de la transparencia de la legislación europea es necesario e importante elegir una normativa correspondiente para la tercera directiva horizontal, que estamos debatiendo aquí. Consecuentemente debemos modificar la posición común y creo que no va a suponer un coste muy alto.
Supongo que en este momento no habrá muchos más monitores encendidos en los despachos de los diputados que colegas aquí presentes en el Pleno. Pensar que estamos matando el tiempo con una cuestión secundaria sería erróneo. La directiva de reconocimiento para el sector del comercio, de la artesanía y de la industria tiene una importancia mucho mayor. De 35 directivas de liberalización y de transición, que a lo largo de los años han ido devaluandose, vamos a hacer una sola. Cuando entre en vigor, las 35 normas van a ser derogadas de un golpe. Esta es la forma en la que yo entiendo la consolidación del derecho europeo. Así se consigue una mayor transparencia, aun cuando al profano probablemente le parezca que se hace de forma vertiginosa al darle en mano el presente texto. Aunque este no debería ser obligatoriamente el caso. Para cumplir verdaderamente con los ciudadanos deberíamos esforzarnos en el futuro por conseguir formulaciones legibles. De otro modo una parte de las leyes siempre ejercen un efecto amedrentador.
Como un mal ejemplo cito la enmienda que yo misma he presentado. Consta de cuatro proposiciones y corrige la posición común en un solo lugar. Esto exige en la presentación unas 36 lineas, y solo la primera frase se convierte en alemán en un ciempiés de 82 palabras. La segunda llega a unas orgullosas 50 y la tercera tan solo a 30 palabras. Como comparación: cuando los periodistas aun medían sus despachos por palabras, uno de 500 constituía un amplio reportaje de un corresponsal sobre un evento importante acaecido muy lejos. O echen un vistazo a los diez mandamientos: en ellos se dice mucho con muy pocas palabras. Eso no se puede achacar a la pereza de Moisés, que no disponía de un procesador de textos y que con mucho esfuerzo tenía que grabar todo en piedra, simplemente el texto estaba bien formulado.
Todo esto respecto del feo atuendo de la directiva de reconocimiento, cuyo fin es limpiar 35 antiguas normas de la mesa y con ello conseguir más claridad y una mayor seguridad jurídica. Considero que esto es de gran importancia. Otros pueden decir que la directiva es un trabajo diligentemente realizado, una reparación técnico-jurídica exitosa y nada más. Pero es algo más. Esta directiva de reconocimiento es incluso mucho más - si se encuadra correctamente. Ayuda a la realización de un derecho civil de la Unión Europea, la libertad de establecimiento.
Hay que recordar que solo desde Maastricht los derechos civiles forman parte del tratado sobre el que se asienta nuestra Unión Europea. Tienen el carácter de derechos fundamentales pero no están lo que se dice profusamente formulados. Sobre la libertad de establecimiento el artículo 8a dispone: todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros - naturalmente con sujeción a ciertas limitaciones y condiciones. Sobre el papel se podría calificar a esta libertad de establecimiento como condicionada.
La presente directiva conquista una poco más de verdadera libertad de establecimiento que es exigible jurídicamente. Esto es así: sólo se puede mover con libertad aquel que puede establecerse en el lugar de su elección y desarrollar su profesión. Con dos directivas hemos empezado a hacer el camino, ahora damos luz verde a las profesiones del sector del comercio, la artesanía y la industria. Se han eliminado las zanjas burocráticas y la enmienda introducida propicia una justicia adecuada.
Así es el camino de los derechos civiles plasmados en papel hacia la realidad cotidiana. El reconocimiento de diplomas es un paso necesario en ese camino. No solo rompe las cadenas que impiden en ocasiones a los jóvenes ejercer su profesión sino que además es importante en la lucha contra la epidemia del paro en Europa. ¿Por qué? Porque al garantizar una libertad de circulación profesional podemos intervenir en la en ocasiones perniciosa distribución del trabajo.
Todos conocemos las viejas quejas de sectores enteros que en determinadas regiones ofrecerían trabajo suficiente, pero que no encuentran los trabajadores apropiados. En otra región un joven no decide aprender la profesión de sus sueños, porque al final sabe que allí no va a ser requerido. La libertad de establecimiento garantizada a través de la directiva que vamos a votar mañana propicia la necesaria movilidad de las fuerzas laborales. No se trata sólo de una necesidad económica, sino que para muchos que dependen de su profesión, supone una porción de su felicidad.
No puedo imaginar un servicio más hermoso de la política a los ciudadanos que contribuir a la realización de sus deseos y sueños. Después de que con el Euro hemos completado la Unión Económica y Monetaria la mirada sobre los ciudadanos de Europa y sus derechos está despejada. Depende de nosotros dar vida a los derechos fundamentales. Creo que es desde esta perspectiva que la directiva de reconocimiento adquiere su verdadero significado. Pero no puede permanecer aislada. Hay muchas posibilidades de hacer que los derechos fundamentales europeos sean útiles a sus ciudadanos. Solo desde hace pocos meses, con el informe De Clerq, hemos configurado un catálogo completo. ¡Hágamoslo realidad!
Para finalizar debo hacer aclarar una incorrección terminológica de la enmienda. En algunas versiones se ha introducido en lugar del término «solicitante» el de «beneficiario». Solo el término solicitante cobra sentido y corresponde al demandeur que elegí en la versión original en francés. Pido que esto sea corregido en las versiones correspondientes.

Florio
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, incluso los operadores del comercio, de la industria y del artesanado pronto podrán ver reconocidas por el Estado miembro en el que deseen establecerse las cualificaciones obtenidas en el Estado miembro de origen. Es un sistema general de reconocimiento, propiamente dicho, lo que estamos a punto de aprobar en segunda lectura, de acuerdo con el mecanismo de reconocimiento indicado por el Tribunal de Justicia en la sentencia «Glassopoulo». Este sistema se suma a las directivas 89/48CEE y 92/51CEE, que respectivamente tratan de los diplomas de escuelas superiores y de la formación profesional, de las que se está haciendo una puesta al día, para que reflejen la jurisprudencia sentada en el caso «Glassopoulo» y para llevar adelante una útil simplificación.
La Comisión y el Consejo han aceptado las enmiendas del Parlamento aprobadas en primera lectura. Además, el Consejo ha introducido alguna modificación, ampliamente aceptable, como por ejemplo la flexibilización de los criterios requeridos en materia de duración de la formación, privilegiando la experiencia práctica. El Estado miembro, antes de autorizar el ejercicio de una actividad en los sectores de la industria, del comercio y del artesanado, tendrá que hacer tomar un examen comparativo entre los conocimientos y las competencias certificados por los diplomas y por las cualificaciones profesionales adquiridos en otros Estados miembros y las competencias requeridas por las propias normas nacionales. Si existe una equivalencia, el Estado tendrá que conceder el reconocimiento. El procedimiento debe ser llevado a cabo por el Estado miembro de destino en el plazo de cuatro meses desde la presentación de la instancia. En caso de rechazo, está previsto el recurso jurídico. Si hay diferencias entre la formación prevista por el Estado miembro de origen y la prevista por el Estado miembro de destino, el profesional interesado podrá demostrar que ha adquirido los conocimientos que faltan en un curso de equiparación o con una prueba de aptitud.
La titularidad de la elección entre curso de equiparación y prueba de aptitud es la única diferencia que aún existe entre el Parlamento y el Consejo de Ministros. El Consejo, en su posición común, quiere que la elección corresponda al Estado de destino, aunque tomando en cuenta las preferencias del emigrante, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, por el contrario, ha considerado por unanimidad que la elección debe corresponder al profesional, y por dos razones: las dificultades administrativas con las que se enfrenta quien quiere que le reconozcan sus méritos en otro Estado miembro, que de otra manera se harían más pesadas aún, y la necesidad de mantener también en este caso la coherencia entre esta directiva y el sistema general de reconocimiento de los diplomas, ya llevado a cabo a través de las directivas 89/48 y 92/51, que dan al profesional emigrante la posibilidad de elegir entre stage y prueba de aptitud.
Un último aspecto importante se refiere al procedimiento para modificar el anexo A de la directiva. Creo que la elección de mantener el procedimiento de codecisión ya previsto por el cuerpo de la directiva es acertado, porque a menudo en los anexos se insinúan aspectos de naturaleza legislativa que merecen un procedimiento legislativo.
Por fin, al dar las gracias a la Sra. Gebhardt por el trabajo que ha realizado, expreso mi deseo de que el Consejo de Ministros acepte las observaciones del Parlamento Europeo y la directiva pueda ser aprobada definitivamente en un breve lapso.

Ryynänen
Señora Presidenta, señor Comisario, es verdaderamente necesario perfeccionar el sistema de reconocimiento de diplomas para impulsar la libre circulación y mejorar la igualdad y la protección jurídica de los ciudadanos. Sin embargo, el solicitante de este reconocimiento ha de poder elegir el procedimiento para demostrar su competencia, ya sea mediante un período de adaptación, ya mediante una prueba de aptitud. Al igual que los oradores precedentes, yo también espero que el Consejo termine por aprobar esta enmienda de la ponente. De este modo, el resultado final se correspondería con el carácter horizontal de la directiva.
La reciprocidad en el reconocimiento de los diplomas y las aptitudes constituye un aspecto fundamental del desarrollo de la cooperación europea en el plano práctico. Se trata no sólo de la movilidad profesional, sino también de la participación de los estudiantes y de los jóvenes en los programas de formación e intercambio, así como de su voluntad de adquirir, junto con sus estudios, otras experiencias y conocimientos con vistas a la cooperación europea. Por ejemplo, los programas Sócrates y Leonardo, actualmente en fase de renovación, constituyen buenos instrumentos para promover la comprensión mutua y la conciencia europea. Sin embargo, al mismo tiempo que se cursan los estudios, es necesario también tener la seguridad de que los títulos y las aptitudes adquiridas serán reconocidos en otros países miembros.
El problema continúa siendo la falta de información acerca del funcionamiento y de las posibilidades de un sistema de reconocimiento común. Se debe hacer uso de la red Eures para divulgar la información relativa a las condiciones de trabajo y a los puestos de trabajo vacantes. Además, la Fundación Europea para la Formación realiza una buena labor a favor del reconocimiento recíproco de las aptitudes profesionales.
A la Comisión le conviene ahora seguir muy de cerca las experiencias y los posibles problemas prácticos que se planteen en la adaptación del sistema de reconocimiento de diplomas, y emprender las medidas adicionales que sean necesarias comparando los resultados de la investigación y los avances que se registren en este ámbito.

Monti
Comparto ampliamente una observación que ha hecho la ponente, Sra. Gebhardt. A esta hora quizá los escaños del Parlamento no están ocupados, y sin embargo esta directiva, en su simplicidad y por su simplicidad, tiene una gran importancia. La tiene por tres razones: es una simplificación extraordinaria, concierne directamente a la Europa de los ciudadanos, y atañe en particular a la movilidad del trabajo, tan importante para potenciar las libertades del ciudadano corriente y, sobre todo, es de enorme importancia en una unión económica y monetaria. En una unión económica y monetaria, es importante que el trabajo tenga un alto grado de movilidad; en Europa, como bien sabemos, tenemos -y no queremos perderlo-el factor de las diversidades lingüísticas, a diferencia de Estados Unidos, pero al menos podemos y debemos reducir los obstáculos puestos por los hombres, así como todas las dificultades que esta directiva procura superar.
Me alegra que el Parlamento esté dispuesto a aprobar la casi totalidad de la posición común adoptada por el Consejo. Doy las gracias a la ponente, Sra. Gebhardt, y a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos por su actitud constructiva. La enmienda que confiere al emigrante el derecho de elección entre una prueba de aptitud y un curso de equiparación es aceptable para la Comisión. Se trata, sin duda, de una disposición capaz de facilitar la libre circulación de los profesionales. Esta directiva es importante porque, además de simplificar el derecho comunitario a través de la fusión de 35 directivas en un único texto, amplía el reconocimiento a los diplomas de algunas actividades profesionales hasta ahora no contempladas por el régimen general.
También quiero recordar que, con mucha coherencia -creo-, esta propuesta ha recibido el apoyo de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo como contribución a la lucha contra el desempleo, un asunto en el que es tan difícil encontrar formas efectivas e incisivas de intervención: ¡ésta lo es!

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Tribunal de primera instancia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0290/98) de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el proyecto de decisión del Consejo (6290/97 - C4-0218/97-97/0908(CNS)) por la que se modifica la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, y que tiene por objeto permitir al Tribunal de Primera Instancia dictar resoluciones actuando como órgano unipersonal (Ponente: Sr. D. Martin)

Martin, David
Señora Presidenta, el Tribunal de Primera Instancia fue creado en 1988 y celebró vistas por primera vez en 1989. La razón para su creación fue la de que el propio Tribunal de Justicia ya no podía dar abasto con su acumulación de casos.
La realidad es que el Tribunal de Primera Instancia tuvo que abordar sólo 55 casos en 1989 y en 1997 tenía 624. Aunque 624 casos es un número considerable, el Tribunal de Primera Instancia habría podido abordarlos eficazmente. Por desgracia, la acumulación al final de 1997 era de 1.106 casos.
Así, pues, tenemos una crisis. Es evidente que el Tribunal de Primera Instancia no puede abordar ese volumen de trabajo y el retraso de la justicia con frecuencia afecta a su calidad. Se prevé un aumento del volumen de trabajo acumulado del Tribunal de Primera Instancia, cuando los recursos contra las decisiones sobre marcas empiecen a entrar en el sistema.
Como es natural y correcto, el Tribunal está buscando formas de acelerar el ritmo al que despacha los casos. En esencia, la propuesta que tenemos hoy ante nosotros es la de que ciertos tipos de casos, primordialmente los que no planteen cuestiones jurídicas complejas, sean vistos por un solo juez, en lugar de por salas de tres o cinco jueces. Ese aspecto fue muy polémico y el resultado de la votación fue un empate la primera vez que votamos al respecto, pues ocho miembros votaron a favor y ocho en contra y cuatro se abstuvieron. Más adelante volvimos a votar y la comisión acordó apoyar la propuesta.
Dicho brevemente, los argumentos contra la propuesta eran los de que, al pasar al sistema de un solo juez, socavaríamos el carácter multinacional del tribunal. Muchos miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos consideraron que era importante que en todo fallo se expresaran diferentes sistemas y concepciones jurídicos. También existía el peligro de que se identificara un fallo con una nacionalidad. Por ejemplo, un juez italiano que emitiera sentencias sistemáticamente con una orientación determinada en contra de sus colegas podría verse en entredicho injustificadamente por tener un interés nacional en su decisión. Así, pues, se consideró que, si se podía identificar la nacionalidad de un juez, podría empezar a debilitarse la confianza del público en general en el Tribunal.
Otros miembros consideraron que se trataba de un argumento falso, que formábamos parte de una organización a escala europea y debíamos tener confianza en cualquier juez, independientemente de su nacionalidad.
Al final, la comisión votó a favor de esa propuesta, porque no teníamos otras propuestas concretas ante nosotros para mejorar la rapidez con que el Tribunal de Primera Instancia aborda los casos. Aunque no se ganaría tanto tiempo como afirmaba el tribunal, consideramos que la intervención de un solo juez permitiría ganar algún tiempo. Tal vez se podría abordar el 10 % más de casos al año. No obstante, seguimos teniendo un problema importante y nadie en la comisión -ni los que estaban a favor ni los que estaban en contra- consideró que ésa fuera la solución definitiva para los problemas que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia afrontan desde el punto de vista del volumen de trabajo acumulado.
La comisión ha propuesto que en el futuro examinemos la posibilidad de aumentar el número de jueces en el Tribunal de Primera Instancia, mejorar las estructuras del Tribunal, avanzar hacia la utilización de Salas especializadas para acelerar los casos e incluso reconsiderar en una futura CIG las competencias del Tribunal de Primera Instancia. Por ejemplo, ¿deberían ser los casos relativos al personal un asunto para el Tribunal? ¿No sería mejor que hubiera un tribunal para abordar los casos relativos al personal? Esos casos representan una proporción considerable de la labor del Tribunal.
Así, pues, aunque al final hemos decidido pronunciarnos a favor de esta propuesta, lo hacemos con ciertas reservas y con la opinión de que no será la solución a largo plazo para los problemas del Tribunal de Primera Instancia. Probablemente en la Conferencia Intergubernamental -pero, desde luego, en algún tipo de foro en el futuro- vamos a tener que volver a examinar esta cuestión.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, la ausencia de la Sra. Mosiek-Urbahn me impone esta noche la honrosa pero difícil tarea de exponer la postura mayoritaria en el seno del Grupo del Partido Popular Europeo, favorable a la propuesta de decisión del Consejo tendente a permitir que el Tribunal de Primera Instancia se constituya en juez único aun cuando, personalmente, albergo reservas frente a esta propuesta, reservas sobre las que luego volveré.
Insistiendo en la excelente exposición que ha hecho el ponente y que, además, no es más que el colofón de la forma en la que ha llevado este complicado y controvertido informe, quiero destacar, en primer lugar, que el voto favorable del Grupo del Partido Popular Europeo, y no dudo que el de la mayoría de la Asamblea mañana, es en una manifestación de confianza frente al Tribunal y quienes lo integran, puesto que nuestra competencia sólo alcanza a emitir informe sobre la modificación del apartado cuarto del artículo 2 de la decisión del Consejo. Es decir, ni el Parlamento ni, por cierto, la Comisión tienen competencia institucional alguna para opinar sobre la modificación del reglamento de procedimiento.
Sin embargo, es muy difícil evaluar la propuesta legislativa haciendo abstracción de las modificaciones del reglamento de procedimiento que lleva aparejadas e incluso las que podrá llevar aparejadas en el futuro. Son estas las que determinarán las circunstancias en que el citado órgano puede verse llamado a dictar una resolución en un caso determinado.
El Parlamento, insisto, mañana firma un cheque en blanco cuyo contenido y eventuales vencimientos correrán a cargo, exclusivamente, del Tribunal y del Consejo. Señorías, mayor confianza no cabe.
Retomemos ahora alguno de los argumentos esgrimidos por el ponente. El Grupo del Partido Popular Europeo saluda, comparte y alienta la preocupación de eficiencia presupuestaria que esta medida entraña puesto que, según las mejores estimaciones, se aumentará el 10 % de trabajo efectivo, sin aumento de coste alguno. Conseguir el máximo rendimiento de cada ecu comunitario es una preocupación constante de este Parlamento y no podemos dejar de felicitar, en este sentido, la propuesta.
También es relevante el argumento esgrimido por los ilustres magistrados de que la mayor amenaza para la legitimidad del Tribunal es la lentitud que el funcionamiento colegial implica. Y ya lo ha dicho el ponente: la justicia tardía no es justicia. La legitimidad del Tribunal se verá reforzada al acortarse el tiempo del proceso. Y es cierto. Pero la justicia ha de serlo merecerlo.
Por último, el voto favorable de mañana dejará constancia de que la Asamblea no guarda ninguna reserva frente a la capacidad y ecuanimidad del Tribunal constituido en juez único. Y pruebas no le han faltado, bien es cierto, a lo largo de su historia, de la oportunidad que hacen gala los Presidentes de Sala al cumplir la función de distribuir los asuntos.
Así pues, el grueso del Grupo del Partido Popular Europeo votará a favor de la propuesta.
Permítaseme ahora, señora Presidenta, alzar la voz de quienes albergan reservas, que mañana expresaremos en una constructiva discrepancia con la mayoría. Tratar de compensar con un 5 o 10 % de mayor eficacia una situación de colapso -que se prevé grave con la inminente llegada de los conflictos de marca- es una solución de mal parcheo. Retrasará por la misma naturaleza del funcionamiento institucional que en un futuro próximo aborde este problema de frente y por derecho. En la carga de agenda de las Instituciones, no olvidemos, será difícil «volver» sobre el tema.
Según los propios magistrados citados, 150 recursos a fin de año provenientes de Alicante provocarían una grave crisis. Pues bien, no quiero ser Casandra, Señorías, pero con esta solución la crisis está servida.
Pero las reticencias de quienes como yo opinamos no son sólo de orden práctico y coyuntural sino también de sustancia. Ha hablado el ponente de pluralismo. Es verdad, el pluralismo cultural y de herencia jurídica es uno de los cimientos de la construcción europea del Derecho. Y esto es particularmente cierto respecto del Tribunal de Justicia. No se trata de desconfianzas frente a nadie y menos frente a la Institución. Pero, que me rebata alguien que una sentencia colegiada plural tendrá, al menos en el estado actual de la construcción europea, mejor aceptación pública. Y, señora Presidenta, si la justicia emana del pueblo, el pueblo debe percibirla como tal. Y que alguien me rebata igualmente que desde la Grecia clásica una de las funciones del colegio no es sino la integración en un órgano que, en última instancia, debe hablar siempre con una voz, con la misma voz, con la voz coherente de aquellos que vienen de horizontes distintos y con muy distintas, diversas y dispares experiencias.
Y por último, ¿no sería entendible, no es incluso predecible que, ante una situación de colapso y sin soluciones, el Tribunal y el Consejo -puesto que, como ya hemos dicho, ni el Parlamento ni la Comisión serían más que testigos impotentes- procedieran a aumentar las materias en las que puede constituirse el juez único? Esto sería indudablemente un ahorro, pero un ahorro a cortísimo plazo y no tendría en cuenta el coste social, además del económico, que en términos agregados ello llevaría, sin lugar a dudas, aparejado.
Bien, señora Presidencia, creo que hay que abordar esto a fondo. Además de las soluciones que ha propuesto el ponente yo añadiría la revisión de determinados privilegios respecto de los funcionarios en relación a las costas.
Y por fin, señora Presidenta, parafraseando a Churchill, la justicia es cara, pero si la Unión Europea debe batallar por algo es, precisamente, por esta construcción de la Europa del Derecho. Porque la Europa o será en Derecho o no será.

Thors
Señora Presidenta, la verdad es que nos encontramos ante una curiosa situación: las tres personas que hemos intervenido hasta el momento, incluida yo misma, estamos en contra de la propuesta. Nos encontramos también ante una situación en la que los servicios jurídicos de las tres instituciones coinciden, por distintos motivos, en que no se trata de una propuesta deseable. Yo entiendo que el punto central de su motivación estriba, en primer lugar, en la credibilidad de la legislación comunitaria y, en segundo lugar, en que no se solucionan los problemas de efectividad. Y a esta falta de soluciones de cara a los problemas de efectividad ya se han referido los anteriores oradores.
Para mí, lo importante es la defensa de una toma de decisiones colegiada, necesaria en el caso de decisiones complicadas. Creo que debemos abordar seriamente la cuestión de la defensa del Derecho comunitario.
En estos días se ha celebrado aquí en Francia un congreso, un congreso político, en el que se ha atacado virulentamente el sistema legislativo comunitario, por ejemplo, por el hecho de que no se quiere aceptar que éste tiene un impacto directo en los ciudadanos. A pesar de los diversos ataques que sufre, el Derecho comunitario es el elemento que mantiene unidos nuestro sistema jurídico y nuestra Unión Europea.
Sin embargo, debemos velar firmemente por el buen funcionamiento de los tribunales con el fin de lograr que los ciudadanos puedan depositar su confianza en los mismos. Señor Comisario, la esencia de este objetivo reside en el sistema colegiado. Por este motivo, y al igual que el Sr. David Martin, espero verdaderamente que podamos abordar esta cuestión sobre la función de los tribunales en la próxima CIG, preferentemente ya en Viena, o, al menos, cuando dé comienzo la mini CIG. Por mi parte, haré lo posible para que se alcance este objetivo durante la Presidencia finlandesa, ya que es importante con objeto de preservar una comunidad jurídica como es la UE.
Para finalizar, querría comunicarles que una gran parte del Grupo Liberal tiene previsto votar en contra de la propuesta.

Ullmann
Señora Presidenta, señor Comisario, también como alguien que conoce bien los argumentos en contra de la introducción del juez único en el Tribunal de Primera Instancia por el debate de la Comisión de Asuntos Jurídicos, aunque puede que ahora los vuelva a escuchar, quisiera abogar en nombre de mi Grupo por la adopción del Informe Martin, toda vez que la Comisión de Asuntos Institucionales también ha votado en ese sentido.
Estas son mis razones: la iniciativa de la nueva regulación proviene del mismo Tribunal, que ha explicado sus planteamientos de forma profusa ante la Comisión de Asuntos Jurídicos. La nueva regulación solo puede ser acometida a través de una resolución de la Cámara. El ámbito de su actividad está tan delimitado que es imposible temer por la seguridad jurídica.
Esta nueva regulación sobre el juez único no puede ser sustituida por ninguna de las otras propuestas presentadas en relación con la dotación personal del Tribunal. Creo que mi último argumento es el más importante de todos y quizá no estaría de más recordar antes de medianoche que también en el ámbito de la capacidad para juzgar, y teniendo en cuenta la próxima adhesión de los países del centro y este de Europa, la Unión Europea debería empezar a prepararse para tareas de una dimensión muy diferente.

Florio
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el Tribunal de Primera Instancia se enfrenta a una enorme cantidad de trabajo. La profundización de la integración europea y la toma de conciencia paralela, por parte del ciudadano, de los derechos que le atribuye el derecho comunitario están incrementando esa cantidad de trabajo. Es inevitable que esto repercuta sobre la duración media de los procedimientos judiciales, que ya ha llegado a los 29, 3 meses. Esto es preocupante y lo es aún más si pensamos en el contencioso que resultará de la aplicación del Reglamento nº 4094 del 20 de diciembre de 1993, sobre la marcha comunitaria.
Por consiguiente, es necesario modificar los procedimientos y las estructuras para terminar con los retrasos y poner al Tribunal en condiciones de hacer frente al aumento del contencioso. Una de las propuestas es atribuir a un juez único determinadas causas de alcance limitado y reiteradas, como es el caso de los recursos de carácter personal. En cambio, se mantendrían sin cambios los principios por los que el Tribunal se organiza en secciones de tres o cinco jueces. La atribución al juez instructor, como juez único, seguiría siendo una opción limitada a las situaciones previstas por el reglamento de procedimiento adoptado en cada caso por salas compuestas por tres jueces.
Las modificaciones al Reglamento de Procedimiento sometidas al Consejo de Ministros prevén una serie importante de límites y de barreras. El cuadro jurídico resultante permite predecir una mejora en cuanto a la duración de los procedimientos, sin que por esto se ponga en juego la autoridad de la jurisdicción comunitaria.
En todo caso, el impacto de esta medida, como propone la Sra. Mosiek-Urbahn en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, se verificará tres años después de su entrada en vigor. Al dar las gracias al Sr. Martin por el buen trabajo realizado, expreso mi juicio favorable a la propuesta, que no excluye, e incluso anticipa, otras iniciativas más orgánicas y completas, las cuales necesariamente requieren un estudio más profundo y plazos más prolongados.

Monti
Señora Presidenta, Señorías, como saben ustedes, la Comisión se ha pronunciado sobre el problema del juez único en la opinión que se ha hecho llegar a ustedes el pasado mes de junio. Al leer la introducción del proyecto de resolución del Parlamento, por la que felicito en particular al Sr. Martin, puedo comprobar que nuestras reacciones en lo que se refiere a la propuesta del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia son en gran medida similares.
Y así es: ¿cómo no mostrar sensibilidad ante las preocupaciones expresadas por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia? En una comunidad basada en el Derecho es fundamental que el juez pueda desarrollar su tarea en plazos razonables, si no se quiere dañar la adhesión de los ciudadanos a la tarea constructiva de todos. Por lo tanto, es indispensable proporcionar al juez los instrumentos para que pueda trabajar de manera eficaz. Sin embargo, el dilema que se plantea es el siguiente: ¿el juez único constituye el instrumento más adecuado? Si he de atenerme a la motivación principal del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, es decir, al aumento masivo del número de contenciosos sobre marcas, tengo serias dudas sobre el tema.
En efecto, habida cuenta de los criterios propuestos, el juez único no podrá intervenir en el tema hasta dentro de cierta cantidad de años, es decir, hasta que se haya impuesto una jurisprudencia constante. Por consiguiente, no hay motivo para establecer desde ahora el tipo de composición del órgano jurisdiccional para contenciosos cuyo real alcance nadie conoce aún, y más porque en 1997 no se verificó -y esto hay que recalcarlo- el aumento masivo anunciado, o sea que nadie conoce todavía su complejidad.
Quizá sea el caso de pensar más bien en una audiencia especializada en todos los campos de la propiedad intelectual, además del sistema de juez único. Si considero las estadísticas presentadas por el Tribunal de Primera Instancia y el tiempo que demoran sus sentencias, tengo la convicción de que la urgencia es de otro tipo. Como reconoce el propio Tribunal, la eficacia del juez único podrá tener sólo un valor marginal. Este juez no podrá intervenir sino en causas consideradas menores, previo examen del dossier por parte de la sala. Sin duda, y la Comisión lo ha tenido en cuenta, cuando se leen estas estadísticas, se piensa que cualquier petición de ayuda, por modesta que sea, no debe descuidarse, pero al mismo tiempo, ¿se puede considerar razonable un alivio tan tangencial de las cargas de trabajo del Tribunal de Primera Instancia, introduciendo sin mayor reflexión una reforma tan sustantiva como la institución del juez único en el sistema jurídico comunitario?
La Comisión ha expresado sus muchas dudas al respecto, pues piensa que hay cierto riesgo en transferir a la jurisdicción comunitaria ciertas soluciones adoptadas en los Estados miembros, es decir, en contextos perfectamente homogéneos, para poner remedio al aumento de los litigios. Es obvio que se trata de causas menores, como las relativas a cualificaciones de funcionarios, o bien ciertos tipos de controversias como las que se refieren a la cuota láctea o a los agentes aduaneros, mencionadas por el Tribunal de Primera Instancia, que en esencia requieren la aplicación de los principios de esas sentencias llamadas «piloto». Estas causas, sin duda, se podrían librar a la decisión de un juez único, pero los textos propuestos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia van mucho más allá. Se refieren a los litigios sobre las marcas y sobre los productos vegetales experimentales que, por las razones ya mencionadas, incluso desde ahora no pueden considerarse como competencia del juez único. También abarcan el contencioso de la función pública en general, y este contencioso, que incluye las soluciones a las diversas reglamentaciones y principios generales del ordenamiento jurídico comunitario, no se puede considerar menor, en su conjunto, según el criterio de la Comisión.
También están incluidos los recursos en causas concernientes a la responsabilidad extracontractual de las Comunidades, además de cualquier otra causa que, sobre la base de criterios un tanto vagos y poco objetivos, la sala y el juez instructor no consideraran demasiado compleja.
Para la Comisión, el sistema propuesto en ningún caso debería ser aprobado en la forma actual. De cualquier modo, e independientemente de cualquier modificación que se aporte a la propuesta del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, la Comisión considera prematura, sin una reflexión posterior, la adopción del principio del juez único como modalidad de funcionamiento ordinario del Tribunal de Primera Instancia en el futuro. Y de esto, precisamente, se trata, pues una vez adoptado el principio del juez único y si no se hace ninguna otra reforma del Tribunal de Primera Instancia, este último, para hacer frente a la enorme cantidad de trabajo, inevitablemente tendrá que ampliar las competencias del juez único mediante una simple modificación de la reglamentación de procedimiento.
La Comisión considera que, en estas condiciones, el problema más urgente no es el del juez único sino, más bien, el de la definición de una reforma profunda de la jurisdicción comunitaria en su conjunto. Y así es, porque no hay que olvidar que el Tribunal de Justicia también se enfrenta con algunas dificultades y que pronto deberá hacerse cargo de las competencias derivadas del Tratado de Amsterdam, en especial en los campos del asilo y de la inmigración, campos que por su naturaleza se prestan a muchas controversias. Por lo tanto, la Comisión ha considerado de fundamental importancia proponer la designación de un grupo de estudio que, cuanto antes, ponga en marcha la reflexión que tendremos que realizar el Tribunal de Justicia y nosotros, para definir las reformas necesarias antes de la próxima ampliación.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.30 horas)

