
El Presidente.
   Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el martes 20 de junio de 2006.
El Presidente.
   Diez años después del caso Dutroux, Bélgica se ve de nuevo inmersa en un drama cruel. Dos niñas, Stacy Lemmens y Nathalie Mahy, han sido asesinadas. Sus nombres se añaden a los de Julie y Mélissa, a los de An y Eefje, y al de Leyla. En nombre del Parlamento Europeo quiero unirme al dolor de sus familias.
Alguien puede pensar que se trata de un , de un hecho individual aislado que solo afecta a las víctimas, pero ¿cuándo un se convierte en un asunto de sociedad? Creo que estamos ante un asunto de sociedad y que, sea en Bélgica o en cualquier otro país donde se puedan producir tamañas tragedias, no podemos quedarnos indiferentes cuando es la inocencia misma la que es asesinada.
Tenemos la obligación de reflexionar profundamente sobre por qué y cómo en nuestras sociedades desarrolladas y civilizadas continúan produciéndose este tipo de comportamientos. Para eso también debería servir la política: para prevenirlos, para evitarlos, para ayudar a las familias de las víctimas y para evitar también que el olvido permita que, un tiempo después, el mismo dramático acontecimiento se vuelva a producir.
Por eso creo que no estamos cediendo al momento dramático que vive la opinión pública cuando nos levantamos y recordamos a estas víctimas: porque no estamos ante un hecho singular, aislado, ante un acontecimiento que no merece más que un lugar en la página de sucesos; no, estamos ante un verdadero problema de nuestra sociedad que tiene mucho que ver con la profundidad negra del alma del ser humano.
Mientras estaba preparando estas palabras, me llega también la noticia de que un trágico accidente ferroviario ha causado, probablemente, 40 muertos y centenares de heridos en Valencia. 
Por eso creo que es una buena ocasión para que nos sumemos todos con un minuto de silencio al dolor de todas estas víctimas.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 29 de junio de 2006. Se ha propuesto la siguiente modificación:
Ha recibido una solicitud de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior para devolver a comisión, de conformidad con el artículo 168, el informe de la señora Roure sobre la protección de datos personales (cooperación policial y judicial), cuya votación estaba prevista para mañana martes.
Señora Roure, ¿desea explicar la propuesta de la comisión?
Martine Roure (PSE ),
   . – Señor Presidente, quisiera que mi informe sobre la Decisión marco relativa a la protección de datos sea remitido a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Les recuerdo que en el último Pleno pedimos al Consejo que expresara una posición y un compromiso claro sobre las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo. Todavía no hemos obtenido ninguna respuesta del Consejo. 
Sé que la Presidencia finlandesa tiene intención de colaborar muy estrechamente con nosotros sobre este tema. Por esta razón, necesitamos un plazo adicional y pedimos que el informe se remita a la comisión y que la votación prevista para mañana se aplace al periodo parcial de sesiones de septiembre.

El Presidente.
   El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.
Manolis Mavrommatis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, ahora que se está celebrando la Copa del mundo en Alemania, no puedo dejar de aprovechar la oportunidad para felicitar a los organizadores y al Gobierno alemán por las medidas de seguridad adoptadas –que están funcionando a la perfección– y, lo que es más importante, por la hospitalidad brindada a los ciudadanos extranjeros que visitan Alemania.
Quisiera aprovechar asimismo la ocasión para destacar que los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo en relación con la resolución sobre el racismo en el fútbol y con las medidas para combatir la prostitución forzada durante la Copa del Mundo, que denuncié en el pleno, han dado sus frutos.
Miles de millones de telespectadores de todo el mundo están viendo y oyendo nuestro mensaje durante la retransmisión de los resultados futbolísticos. Se trata sin duda de un éxito excepcional para el Parlamento Europeo.
He visitado Alemania durante la Copa del Mundo y he observado que las autoridades alemanas, en cooperación con la FIFA, han incorporado nuestras sugerencias y las medidas están dando resultados positivos. Muchos se encuentran ahora en Alemania experimentando el entusiasmo y la preocupación por sus equipos, y celebrando juntos sus victorias. Luego volverán a sus países de origen donde les esperan, tras la tregua de la Copa del mundo, la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Que esta feliz tregua nos sirva de ejemplo, ya que nos ha demostrado que Europa y el mundo entero pueden comprender las diferencias en un clima de igualdad, armonía y respeto mutuos. 
Pál Schmitt (PPE-DE ). –
   La sublevación en la ciudad polaca de Poznan, la primera revuelta contra la negra dictadura que envolvía a Europa Central, se inició hace cincuenta años, en junio de 1956. En mi calidad de diputado húngaro al Parlamento Europeo, considero que es especialmente importante recordar a los héroes del movimiento democrático de Poznan, porque la revolución húngara de otoño de 1956 se basó en parte y se inspiró en la solidaridad con dicho movimiento.
Aunque tuvieron que transcurrir un par de décadas más antes de que el régimen comunista dictatorial se derrumbara en Europa Oriental, en 1989, está claro que el sacrificio heroico de varios miles de polacos y húngaros constituyó el primer paso hacia la libertad. Esos movimientos democráticos de lucha por los derechos civiles demostraron al mundo que el amor por la libertad de las naciones polaca y húngara no se puede sofocar y ni siquiera los tanques soviéticos y sus colaboradores comunistas pudieron acallarlo.
Aquí en Europa, en el Parlamento Europeo, estamos construyendo la Europa del futuro, pero para tener éxito debemos conocer bien nuestra historia. No deberíamos olvidar que hace cincuenta años valores fundamentales como la democracia, la libertad, la independencia y los derechos humanos ya eran tan valiosos que miles de personas estaban dispuestas a sacrificar sus vidas por ellos. Solo si conocemos estos hechos seremos capaces de apreciar los resultados que hemos alcanzado juntos. 
Antolín Sánchez Presedo (PSE ). –
   Señor Presidente, el Consejo, la Comisión y el Comité de las Regiones han suscrito acuerdos con el Gobierno español para un uso de las lenguas cooficiales de España en sus actividades.
El rechazo de la Mesa a un acuerdo similar en el Parlamento Europeo ha provocado una reacción clamorosa a favor de su reconsideración. El Presidente de la Xunta y la Presidenta del Parlamento de Galicia han pedido mediante sendos mensajes una decisión favorable. 
La Mesa va a tratar nuevamente el tema en su reunión de hoy. El Parlamento, como institución comunitaria que representa directamente a los ciudadanos europeos, no puede cerrar su puerta a una cooperación institucional que le proporcione medios para intensificar sus relaciones con los ciudadanos y para dar una dimensión europea a los derechos lingüísticos de los mismos.
La diversidad, fuente de riqueza y de apertura mutua, es el auténtico sentido de la unidad europea y un auténtico contrapeso para vencer las tendencias homogeneizadoras de la globalización. 
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la semana pasada, la prensa turca informó de que el Ministerio de Asuntos Interiores turco estaba investigando la actuación del alcalde de Diyarbakir quien, según el Gobierno turco, supuestamente apoyó a los manifestantes durante los episodios acontecidos hace poco en dicha población.
Asimismo, las autoridades turcas han impedido la salida de Estambul a 41 visitantes kurdos porque sus pasaportes iraquíes están escritos en árabe y en kurdo.
¿Cómo podemos negociar con un país donde no existen instituciones democráticas fundamentales y que también nos desdeña como institución, dado que el Ministro de Asuntos Exteriores turco, señor Gul, ha rehusado comparecer la semana próxima ante la Comisión de Asuntos Exteriores?
Adoptemos decisiones que garanticen que no tengamos sorpresas dentro de unos años. Aunque quizás ya no estemos aquí, debemos estar atentos a lo que dejamos para quienes nos sigan. 
Urszula Krupa (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, la aprobación en el último Pleno de una resolución que calumnia a polacos destacados y a la emisora de radio , con acusaciones infundadas de homofobia, antisemitismo, xenofobia y racismo, es un escándalo contra el que he recibido millares de protestas, incluidas algunas que preguntan si alguno de los 301 diputados que han sancionado esa mentira maquiavélica ha escuchado alguna vez 
Esa resolución ya se ha citado con el propósito de incitar a la violencia contra mi país y contra la emisora de radio en cuestión, que también cuenta con oyentes no católicos. En consecuencia, quisiera preguntar si así se entiende la tolerancia en la Unión Europea; una Unión Europea en la que una minoría impone sus opiniones a millones de ciudadanos y no solo intenta imponer un superestado, con un Gobierno, un ejército y una moneda, sino también una única ideología legítima, algo que los polacos conocen muy bien por su experiencia con anteriores sistemas totalitarios.
También quisiera aprovechar la oportunidad para pedirle al joven diputado finlandés que manifieste un poco de respeto por la verdad y las mujeres, una exigencia mínima incluso en una cultura menos refinada. 
El Presidente.
   Muchas gracias señora Krupa, debo comentarle que no solo le escriben a usted. También el Presidente del Parlamento ha recibido una carta del Presidente del Parlamento de Polonia manifestando su preocupación y rechazo por la resolución aprobada por el Parlamento Europeo. Esta carta ha sido transmitida a los miembros de la Conferencia de Presidentes y será objeto de análisis político en su próxima reunión.
Georgios Karatzaferis (IND/DEM ).
   – Señor Presidente, todos los países de Europa cuentan con una capital y una gran ciudad: Madrid y Barcelona, París y Lyon, Roma y Milán. En Grecia no faltan ciudades que compitan con la capital en cuanto a calidad de vida.
Nuestra segunda ciudad es Salónica, el símbolo de todos los Balcanes, una ciudad con dos mil quinientos años de historia, que lleva el nombre de la hermana de Alejandro Magno –a esa época se remonta su origen–, una ciudad que fue la capital cultural de Europa hace diez años y que se encuentra en un estado horrible. Su nivel de contaminación triplica el de cualquier otra ciudad de Europa. No tiene ni 100 metros de intersecciones. No dispone de tranvía, ni de metro, ni siquiera de un paso elevado. La gente se agobia: se necesitan dos horas para recorrer un trayecto de cinco kilómetros.
Es decir, que tenemos que hacer algo. La señora Hübner ha tenido la amabilidad de decirme que la actitud del alcalde es infructuosa; en otras palabras, que no ha pedido nada. Sin embargo, eso no significa que la población de Salónica deba conformarse con la calidad de vida que tiene. Tenemos que hacer algo. 
Zsolt László Becsey (PPE-DE ). –
   En estos momentos estamos celebrando el 550 aniversario de una victoria de importancia mundial. Celebramos el hecho de que diez mil soldados destacados en una fortaleza de la frontera húngara llamada entonces Nándorfehérvár y hoy en día Belgrado, consiguieron detener a un ejército turco de cien mil hombres.
Fue una victoria formidable porque, tres años después de la caída de Constantinopla, no solo los Balcanes, sino también la Cristiandad occidental se vieron en extremo peligro cuando el Sultán empezó a avanzar siguiendo el curso del Danubio. El Papa se sintió tan aliviado y satisfecho que ordenó que las campanas tocaran a diario al mediodía en todas las iglesias. Por esto las campanas de las iglesias han estado sonando a mediodía en toda la Cristiandad durante más de quinientos años.
Tras la victoria de Nándorfehérvár, los turcos no se atrevieron a amenazar al mundo occidental durante setenta años y el enorme auge social y económico resultante permitió que arraigara el capitalismo. La victoria también demostró que la Cristiandad era capaz de defender sus valores cuando actuaba unida, ya que mercenarios de Europa occidental también participaron en la victoria contra el enemigo numéricamente superior, aunque también hubo algunos que lucharon en el bando turco. Se constituyó una alianza estratégica entre el reino católico de Hungría y las naciones de los Balcanes, en especial la serbia y la albanesa, que más tarde también incluiría a Valaquia. 
Lamentablemente, los cruzados voluntarios solo procedían de Hungría y de nuestra región europea oriental, a pesar de que la solidaridad tendría que haber sido recíproca en aquel entonces, igual que debería serlo en la actualidad. 
Georgios Papastamkos (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera denunciar ante el Parlamento Europeo la inaceptable decisión adoptada hoy por la FIFA de suspender a la Federación Helénica de Fútbol y prohibir la organización de partidos internacionales en Grecia, el país que organizó unos Juegos Olímpicos espectaculares y cuna del ideal deportivo.
En su respuesta a una pregunta sobre el marco jurídico del fútbol profesional, el Comisario competente, señor Figel, me contestó que la responsabilidad fundamental de aclarar el marco jurídico relativo a la organización de actividades deportiva a escala de los Estados miembros recae las en autoridades nacionales. La Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, debe garantizar el pleno respeto y aplicación del Derecho comunitario.
La FIFA ha aprobado una decisión que socava esta relación vertical entre la Unión Europea y los Estados miembros y que es inaceptable. El Comisario dijo, y cito sus palabras, que la FIFA y la UEFA, en la medida en que desarrollen actividades económicas, deben asegurarse de cumplir la normativa de la Comunidad Europea. Disponemos de jurisprudencia.
Catherine Guy-Quint (PSE ).
   – Señor Presidente, hace tres semanas se reabrió el juicio contra el médico palestino y las enfermeras búlgaras en Libia. El procedimiento elegido es muy complejo y dificultará la ayuda de las organizaciones internacionales en defensa de los derechos de esas personas, que han sido injustamente encarceladas. En efecto, el procedimiento solo incluye una vista oral por semana. Por tanto, la defensa tendrá dificultades para organizarse. Además, todo el mundo sabe que, de hecho, los delitos que se les imputan son inverosímiles y que estos ciudadanos sufren la cárcel y la tortura desde hace siete años.
Por consiguiente, podríamos decir juntos a Libia que nuestro único deseo, hoy y en el futuro, es ayudar a los jóvenes libios que fueron contaminados por el sida. Pero en ningún caso queremos que tome como rehenes a ciudadanos de Europa o del mundo. Hay que decir a las autoridades, en nombre de los derechos humanos y en nombre del respeto a Libia: «pónganlos en libertad».
András Gyürk (PPE-DE ). –
   La semana pasada se firmó en Viena el Memorando de acuerdo relativo a la ejecución del proyecto del gasoducto de Nabucco. Se trata sin duda de una buena noticia, en unos momentos en los que continuamos recibiendo sobre todo malas noticias del mercado del gas natural.
Tras los problemas de suministro experimentados a principios de año, se prevén problemas adicionales para el invierno, y los precios siguen subiendo; asimismo –y no es casual– Rusia utiliza de manera cada vez más evidente su posición de proveedora de gas como uno de sus instrumentos políticos. En consecuencia, la vulnerabilidad de Europa y de los consumidores europeos aumenta constantemente.
En esta situación, la capacidad de veinte a treinta mil millones de metros cúbicos del gasoducto de Nabucco incrementaría perceptiblemente la seguridad del abastecimiento de gas de la Unión Europea en el plazo de una década. Esto se explicaría porque Nabucco aporta simultáneamente una diversificación, tanto en lo que respecta a la ruta de tránsito, como a la fuente de obtención, en contraste con otras propuestas que solo facilitarían una ruta de transporte alternativa para la infraestructura existente.
Por lo tanto, tendríamos que acoger con satisfacción el Memorando de acuerdo firmado la semana pasada, y podemos afirmar que en estos momentos Nabucco no cuenta con ningún competidor real por lo que respecta al incremento de los recursos de abastecimiento de gas natural de la Unión Europea. 
Jules Maaten (ALDE ).
   - Señor Presidente, desearía llamar su atención sobre un asunto. El 10 de julio de 2003, Sibel Yalvac, una mujer de 21 años de Rotterdam, con retraso mental, fue detenida en el aeropuerto de Yakarta, la capital de Indonesia. El 6 de abril de 2004 fue sentenciada en ese país a diez años de cárcel por contrabando de drogas. Dos expertos neerlandeses independientes, un psicólogo y un funcionario encargado de vigilar a las personas en libertad condicional, han examinado a Sibel y han declarado que no está en la plenitud de sus facultades mentales. Tiene dificultades para distinguir entre causa y efecto, es crédula, tiene una gran fantasía y no puede contar hasta doce. Delincuentes despiadados se han aprovechado de ella para llevar a cabo su tráfico de drogas y ahora se enfrenta a varios años de infierno.
En Indonesia, cada año, alrededor del Día de la Independencia, que se celebra el 17 de agosto, existe la posibilidad de obtener amnistía. Junto con mi compatriota, el señor van Bommel, diputado a la Cámara Baja neerlandesa, he iniciado una campaña para solicitar indulgencia al Gobierno indonesio y pedirle que conceda la amnistía a Sibel, dadas sus circunstancias especiales. En nombre de Sibel y de su desesperada familia, la campaña «Help Sibel» solicita su apoyo en relación con este asunto. 
Mieczysław Edmund Janowski (UEN ). –
   Señor Presidente, hace unos días, el 29 de junio, se celebró el 120º aniversario del nacimiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de una Europa unida. Es una pena que dicho aniversario pasara tan inadvertido; es una pena porque no sé cómo se sentiría ese honorable hombre de estado si se encontrase hoy aquí y pudiera ser testigo de cómo el Parlamento Europeo vuelve a derribar otra de las barreras que protegen a la especie humana de experimentos biomédicos destructivos.
Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. La financiación de la investigación con embriones humanos y células madre embrionarias bajo el Séptimo Programa Marco –un Programa necesario en otros aspectos– crea un terreno de experimentación peligroso en relación con el . Los embriones humanos no son objetos, son el inicio de un ser humano como ustedes y como yo, como todos nosotros. ¿Cómo casa esto con el respeto a la Carta de los Derechos Fundamentales, por ejemplo, que en su artículo 1 declara: «La dignidad humana es inviolable. Debe ser respetada y protegida»? ¿Cómo casa esto con el respeto a la legislación que es vinculante en muchos Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Polonia? ¿Cómo casa esto con el respeto a las creencias religiosas de muchos europeos? Por eso pido que reflexionemos y que se frene esa decisión. 
Marta Vincenzi (PSE ). –
   Señor Presidente, Señorías, quisiera llamar su atención sobre una tendencia preocupante: el deterioro que, a mi parecer, se está registrando en las relaciones entre las instituciones europeas y el sector de la sociedad civil representado por las asociaciones de consumidores. El último suceso que quisiera destacar específicamente (aunque ha habido otros) es el ocurrido recientemente en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
De conformidad con el artículo 25 del Reglamento (CE) n° 178/2002, entre los 14 miembros que componen su Junta Directiva deben figurar cuatro miembros que deberían contar –y cito literalmente– con un «historial en organizaciones representativas de los consumidores y otras partes interesadas en la cadena alimentaria». El artículo dice «y» y no «o» pero, de hecho, solo se han designado a miembros que representan a partes interesadas. 
Tunne Kelam (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, yo también quiero rendir homenaje a los ciudadanos polacos que, hace cincuenta años, defendieron en Poznań su libertad, su dignidad y la justicia social contra un dictador comunista impuesto por la Unión Soviética. Este otoño se cumplirán también 50 años de la revolución húngara. Esos aniversarios nos recuerdan que todavía nos queda una tarea por cumplir: la integración de nuestro patrimonio histórico para unificar la percepción que los ciudadanos tienen de la historia en todas las partes de Europa.
Señor Presidente, esperaba que mencionara el alzamiento de Poznań en su introducción de hoy. Mañana me gustará saber más sobre la dictadura de Franco en su tierra natal. Pero espero que muestre el mismo interés por la historia de Europa Central y Oriental.
Koenraad Dillen (NI ). –
   Señor Presidente, Señorías, el mes pasado mantuvimos aquí un debate en respuesta a las trágicas muertes en Amberes de una niña de dos años y su niñera malí a manos de un loco de 18 años. Hace diez días, la violencia brutal y racista volvió a sobresaltar a mi ciudad, Amberes, cuando a pleno día y en el mismo centro de la ciudad seis jóvenes inmigrantes mataron a patadas a un conductor de tren de 53 años en un autobús de la red de transporte público porque tuvo la osadía de pedirles que no hicieran tanto ruido. Esto me recuerda a esos dos hombres franceses, Jean-Claude Irvoas y Jean-Jacques Le Chenadec, linchados durante los disturbios del año pasado en los suburbios franceses por razones similares.
También se trata de incidentes racistas, de racismo antiblanco, antiflamenco y antifrancés. En consecuencia, me atrevo a expresar aquí la esperanza de que esta Cámara, tan preocupada por cualquier tipo de xenofobia e intolerancia, organice un nuevo debate sobre una cuestión de actualidad y de urgente importancia, a saber, la explosiva situación en la que están inmersos los inmigrantes en los barrios de algunas grandes ciudades europeas. De este modo, el gesto de gran valentía de mi compatriota asesinado por lo menos no habrá sido en vano. 
Ryszard Czarnecki (NI ). –
   Señor Presidente, hace 18 años fui uno de los signatarios de la petición, firmada por más de 50 diputados, por la que se instaba al Parlamento a apoyar el inicio de las negociaciones de adhesión con Turquía. También vote en nuestro Parlamento a favor de que se le abriera la puerta a Ankara. En consecuencia, es especialmente lamentable que la prensa mundial informe hoy de otro atentado contra la vida de un sacerdote católico en Turquía. Este está herido, pero ha sobrevivido al ataque. Desgraciadamente, no se trata del primer atentado contra un clérigo, contra un no musulmán, en dicho país. El atentado anterior tuvo un desenlace trágico, ya que el sacerdote fue asesinado. Personalmente, me preocupa que Turquía no respete la libertad religiosa. No soy el único a quien le preocupa. Ello alarga el camino de Turquía hacia la adhesión a la Unión Europea. Incluso quienes, como yo, la apoyamos y somos partidarios de ampliar las estructuras de la Unión Europea para incluir a dicho país, así lo entendemos. 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quisiera expresar mi profunda preocupación por la situación en Oriente Próximo y mi apoyo al pueblo palestino.
Los acontecimientos posteriores al secuestro de un soldado israelí y las represalias israelíes perjudican, por un lado, a los palestinos como entidad política, con el secuestro de sus representantes, ya sean ministros o diputados, y la retirada pasaportes y derechos de residencia a los ciudadanos, y empobrecen, por el otro lado, a la nación entera, puesto que se están bombardeando e incendiando puentes, escuelas y estaciones de bombeo y de electricidad.
Aparte de la ayuda humanitaria directa y del llamamiento a ambos bandos para que actúen de forma madura y responsable, también debemos marcarnos otros objetivos y analizar la situación, las causas, los objetivos de cada parte y los medios que emplean para alcanzarlos, y también debemos analizar nuestra propia conducta política.
Los ciudadanos europeos nos piden que defendamos los principios de la legalidad, el Derecho internacional y la solidaridad. También nos piden que defendamos los recursos nacionales y comunitarios de Europa empleados para financiar las obras de infraestructura de la Autoridad Palestina, que los ataques israelíes destruyen luego. 
Maria Badia i Cutchet (PSE ). –
   Señor Presidente, esta tarde se decide si, finalmente, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, el País Vasco y Galicia podrán dirigirse en sus respectivas lenguas maternas al Parlamento Europeo.
Espero que las cartas de los Presidentes de los Parlamentos de Cataluña y Galicia que se han dirigido a esta Presidencia contribuyan a obtener el respeto y apoyo de aquellos que se han opuesto a lo que representará un gran paso adelante para acercar a más de 11 millones de hablantes a la Unión Europea.
Es tan solo un paso, el primero, a partir del cual habrá que avanzar para conseguir un pleno reconocimiento de los derechos de estos ciudadanos, que han hecho de su tradición y vocación europeístas uno de los pilares de sus sociedades democráticas.
Quisiera también, señoras y señores diputados, aclarar que, cuando defendemos el uso de estas lenguas cooficiales del Estado español por parte de sus ciudadanos en sus relaciones con la Unión, también estamos defendiendo los derechos lingüísticos de todas y todos aquellos hablantes de los Estados hoy miembros de la Unión Europea que aún no los han visto plenamente cumplidos en el funcionamiento habitual de este Parlamento; ellos tienen todo nuestro apoyo.
El Presidente.
   Gracias señora Badia. Le agradezco que me alerte sobre la existencia de cartas de los Presidentes de los Parlamentos de Cataluña y de Galicia que, a día de hoy, no constan en el expediente que va a ser sometido a la consideración de la Mesa. Los servicios de la Cámara averiguarán si dichas cartas han llegado o están todavía de camino.
Pedro Guerreiro (GUE/NGL ).
   – Quero dar la bienvenida a esta sesión plenaria a los trabajadores de Opel General Motors de la región portuguesa de Azambuja, que en estos momentos están luchando por sus puestos de trabajo y por el futuro de la empresa, tras la amenaza de que la producción se traslade al extranjero. Si dicha amenaza se cumple, se perderán millares de puestos de trabajo y las repercusiones sociales y económicas serán devastadoras.
El Parlamento ha aprobado varias resoluciones que presentan una serie de recomendaciones sobre la deslocalización de empresas. Por lo tanto, considero de vital importancia que el Parlamento examine qué iniciativas ha adoptado la Comisión con vistas a aplicar las siguientes medidas: condicionar la ayuda comunitaria a acuerdos sobre empleo y desarrollo local a largo plazo, tal y como ha propuesto el Parlamento; establecer un registro de empresas en proceso de deslocalización que se benefician directa o indirectamente de incentivos públicos y, por lo tanto, incumplen sus obligaciones contractuales; negarse a conceder fondos comunitarios a empresas que no cumplan plenamente sus obligaciones contractuales o exigir su devolución, una disposición que me pregunto cuántas veces se habrá aplicado; medidas prácticas adoptadas por la Comisión para apoyar a los trabajadores y promover la recuperación económica de las regiones afectadas por las deslocalizaciones; redacción de un Código de Conducta para impedir la deslocalización de empresas. 
Csaba Sándor Tabajdi (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera indicarles un nuevo caso de discriminación acaecido recientemente. Un colega mío alquiló un coche a la empresa Europcar de Bruselas para viajar a Estrasburgo. El agente de la empresa de alquiler le explicó que no podría utilizar el coche en los países del Este y le dibujó las zonas prohibidas. Me pareció muy curioso, ya que Europcar funciona en todos los nuevos Estados miembros. ¿Cómo es posible esto? 
Personalmente he alquilado vehículos durante dos años en Budapest y he podido viajar de Budapest a Bruselas. Pero de Bruselas a Budapest no he viajado con un coche de la misma empresa. La explicación fue que se trataba de una zona muy peligrosa. Ahora bien, las estadísticas demuestran que en Eslovenia y Hungría se roban menos coches que en algunos de los antiguos Estados miembros. Sin duda es un detalle, pero recuerda el caso del fontanero polaco.
El Presidente.
   Vamos a averiguar qué ha pasado, para evitar todo tipo de discriminación y porque no podemos seguir añadiendo casos. Después del fontanero polaco no podemos entrar ahora en el caso del coche belga.
El señor McCreevy seguro que habrá tomado buena nota.
Giusto Catania (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, Señorías, quisiera referirme a un grave incidente que ha tenido lugar hace apenas unas horas: 18 inmigrantes se han ahogado mientras se dirigían a las Islas Canarias y otros dos inmigrantes han sido encontrados muertos esta mañana en la valla de Melilla, entre Marruecos y España.
Según declaraciones realizadas por un representante del Gobierno melillense, al parecer ambas personas murieron de un disparo. En esta Cámara, ya hemos denunciado con anterioridad el uso de armas de fuego contra inmigrantes por parte de la guardia civil española. El periódico español afirma que se han usado pistolas de modo intimidatorio para disuadir a inmigrantes que querían cruzar la frontera de Melilla.
Señor Presidente, consideramos que todo esto es muy grave y quisiéramos preguntarle si sería posible que la Mesa compruebe la veracidad de esas afirmaciones, con el fin de establecer si es cierto que la guardia civil española ha empleado armas de fuego para impedir que los inmigrantes escalen la valla de Melilla.
Todo esto nos parece muy grave y creemos que el Parlamento Europeo debería intervenir con urgencia en este asunto cuestión, con el fin de evitar nuevas muertes en la frontera entre Marruecos y España. 
Bogdan Golik (PSE ). –
   Señor Presidente, quisiera llamar su atención sobre un problema que se dio hace unas semanas y que es la repetición de otro que ya ocurrió el año pasado. Se trata de los ataques contra empresas de construcción polacas en Alemania y su destrucción. Muchas empresas tienen miedo de hablar de ello y algunas han informado sobre incidentes ocurridos durantes inspecciones realizadas por funcionarios de hacienda o de aduanas, que me recuerdan escenas de la Segunda Guerra Mundial.
Voy a citarles solo un ejemplo. Durante las últimas semanas, la empresa , que ha operado en el mercado alemán durante 16 años, recibió la visita de unos 250 inspectores. El periódico alemán publicó en portada una fotografía de un trabajador polaco de pie contra una pared con las manos en alto, mientras inspectores de aduanas y de hacienda le registraban. Dicha empresa ha estado en funcionamiento durante 16 años. Sus ordenadores de la empresa fueron confiscados, así como la suma de 1,2 millones de euros. ¿Cómo se espera que esas empresas puedan operar en la Unión Europea? 
Bairbre de Brún (GUE/NGL ). –
El proceso de paz irlandés se encuentra en una coyuntura crítica. Los Gobiernos irlandés y británico han fijado el 24 de noviembre de 2006 como fecha para llegar a un acuerdo entre los diversos partidos políticos. Sin embargo, el Partido Unionista Democrático de Ian Paisley no ha mostrado interés alguno en el reparto del poder o en el progreso, y los dos Gobiernos han permitido que se impida progresar.
El Gobierno irlandés y el británico deben hacer algo para que se llegue a ejecutar del todo el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, que es un tratado internacional. Insto a la Presidencia finlandesa a que anime a todas las partes implicadas a avanzar y quiero pedir al Parlamento y a la Presidencia que se unan a ese llamamiento. Sin ese avance, el proceso de paz corre el peligro de deshilacharse aún más. 
Siiri Oviir (ALDE ). –
   Señor Presidente, en su declaración escrita, el comunista Daniel Strož acusa a los estonios de la ejecución masiva de ciudadanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una pura mentira que no se basa en los hechos. Al contrario, los ciudadanos judíos han convivido con los estonios como una familia durante siglos. Ya en 1925, Estonia adoptó una ley de autonomía cultural para las minorías étnicas. Fue un acontecimiento extraordinario en todo el mundo en aquella época, y los ciudadanos judíos incluyeron a nuestro Estado en su libro de oro.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los estonios ayudaron y rescataron a los judíos, y en recuerdo de ello, se ha plantado un árbol de gratitud en el Parque Yad Vashem de Jerusalén. Estonia fue el único país ocupado donde los programas de provocación no tuvieron éxito. No sé qué fue lo que hizo que Daniel Stroz publicara esto. ¿Fue la estupidez o alguna otra cosa? No tiene importancia. 
Dariusz Maciej Grabowski (IND/DEM ). –
   Señor Presidente, la planta de producción de automóviles de Varsovia, que hasta 2000 fue propiedad de la empresa coreana Daewoo, consiguió evitar la quiebra, saldó el 92 % de sus deudas y redujo en dos tercios sus puestos de trabajo gracias a la determinación de su dirección y su plantilla. La planta solicitó un préstamo al Gobierno polaco de acuerdo con su plan de reestructuración. Para recibir dicho préstamo se requiere una recomendación de la Comisaria de Competencia de la UE. La planta cuenta con valiosos contratos a largo plazo, es decir, que no debería tener dificultades para conseguir que se apruebe el préstamo. Sin embargo, tras una reunión con el Ministro de Economía polaco en Bruselas, los medios de comunicación han informado de que la Comisaria de Competencia está considerando la posibilidad de rehusar la recomendación del préstamo. Ello perjudicará a la fábrica y equivaldría a un intento de empujarla a la quiebra y, lo que es más importante, redundará en detrimento de una competencia equitativa en la Unión Europea.
Semejante negativa por parte de los funcionarios de Bruselas significaría que no actúan a favor del bien común, sino en interés de un número selecta de grupos de capital y grandes empresas automovilísticas. Es algo que no podemos apoyar. 
El Presidente.
   Con esto se cierra este punto.
El Presidente.
   El siguiente punto es el informe provisional de Diana Wallis, en nombre de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable Life Assurance Society, sobre la crisis de Equitable Life Assurance Society [2006/2026(INI)] (A6-0221/2006).
Diana Wallis (ALDE ),
   . Señor Presidente, es para mí un gran placer presentar nuestro informe provisional y me gustaría dar las gracias a nuestra secretaría, a la presidenta de nuestra Comisión y a sus miembros por su apoyo y su trabajo. El punto de partida de este informe ha sido un acontecimiento personal desastroso para miles de ciudadanos de la UE: la pérdida de lo que habían invertido para la jubilación. Ahora nos corresponde a nosotros, como Parlamento Europeo, el reto de ejercer nuestro poder de supervisión de la legislación de la UE. Tenemos quizás una sola oportunidad en cada generación de estudiar en detalle el proceso de puesta en práctica de la legislación europea tomando como ejemplo una directiva concreta. ¿Lo hemos hecho bien las instituciones? ¿Lo han hecho bien los Estados miembros? ¿Cómo podemos hacerlo mejor en el futuro? Encaja bien en nuestra agenda más amplia para una mejor legislación.
Al presentar nuestro informe provisional, primero permítanme abordar dos elementos relacionados con el proceso: uno es general y otro particular. Esta es la primera comisión de investigación de este tipo en diez años. Cada vez tenemos la oportunidad de aprender cómo hacerlo mejor en el futuro, de crear nuestro propio conocimiento institucional.
Como siempre, se nos ha pedido que presentemos un informe provisional pero, para informar correctamente, necesitamos disponer de todas las pruebas, todos los estudios, todas las respuestas a nuestras indagaciones. Tener que presentar un informe provisional por puro formulismo es algo así como una distracción, aunque, por supuesto, queremos mantener a nuestros colegas informados respecto al punto en el que nos encontramos. Quizás podamos pensar en este tema de cara al futuro.
Y eso me lleva al aspecto particular. Estamos investigando los aspectos de este caso relacionados con la UE. Otros ya han realizado una amplia investigación en el Reino Unido y, en noviembre de 2006 el Defensor del Pueblo parlamentario británico finalizará otra investigación aún más profunda. Sería una insensatez por nuestra parte publicar un informe antes de disponer de la información que probablemente contendrá este otro informe. El Defensor del Pueblo británico ha tenido acceso a muchos de los protagonistas británicos de este drama. No tiene sentido que repitamos el ejercicio, pero tampoco tendría sentido que no tuviéramos en cuenta esos resultados. Por eso necesitaremos un poco más de tiempo. Así se prevé en el informe y pediremos a la Cámara que apoye nuestra petición de más o menos dos meses adicionales para presentar nuestro informe final.
Paso ahora a explicarles lo que hemos hecho. Todo se detalla principalmente en el anexo al informe. Hemos establecido nuestro método de trabajo, que implica varios estudios comparativos; esos estudios se han encargado. Ya hemos escuchado una gran parte de las pruebas, la mayoría procedentes de muchas de las víctimas. Sus historias han sido estremecedoras. Me han disgustado; disgustado porque se han visto defraudados por su experiencia con nuestro mercado interior de servicios financieros. Para ellos no ha supuesto ninguna opción adicional, sino la pérdida de los ahorros de su vida sin que puedan recurrir a ningún mecanismo de compensación.
Hemos sabido más cosas sobre el control de la ejecución por parte de la Comisión, o quizás debería decir sobre la lista de control. Quizás deberíamos buscar más controles en el futuro. Hemos comprobado lo difícil que es introducir legislación comunitaria en el tejido existente de los sistemas reguladores y jurídicos de los Estados miembros. No siempre encaja. Hemos visto que podemos ofrecer expectativas indebidas con lo que se escribe en la legislación europea concretamente, en este caso, sobre la disponibilidad de mecanismos de compensación. Quizás se pierde algo en la traducción cuando llega a escala del Estado miembro.
Y además nos falta una pieza del puzzle muy importante: el acceso a la justicia. ¿Dónde está en un régimen de país de origen? Dejemos que sea una verdadera lección para todos nosotros. En esta investigación hemos escuchado a víctimas que han sido enviadas de la ceca a la Meca. La Comisión ha admitido ahora, en una nota que nos ha remitido sobre las autoridades de origen y de destino, que eso no funciona. Permítanme que les lea: «La Directiva solo puede funcionar sin problemas si existe una buena cooperación entre las autoridades del Estado de origen y de destino. No es una situación satisfactoria aquella en la que la autoridad del Estado de destino remite a los asegurados afectados a la autoridad del Estado de origen, y la autoridad de origen los remite a la autoridad de destino, de modo que es imposible que nadie examine su caso. La Comisión tiene previsto un nuevo debate al respecto con los Estados miembros.» ¡Realmente espero que así sea! Si con esta investigación no se consigue nada más, espero que al menos hayamos resuelto esta injusticia.
Es una idea de lo que hemos conseguido hasta el momento; habrá mucho más en un futuro próximo. 

Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, quiero ensalzar el excelente trabajo llevado a cabo por la Comisión de Investigación sobre el asunto de Equitable Life bajo la dirección de la señora McGuinness y de la ponente, la señora Wallis.
El informe provisional que debatimos hoy ofrece un resumen útil del mandato y el programa de trabajo de la comisión. Como dice el informe, es demasiado pronto para extraer conclusiones. La comisión sigue recogiendo pruebas. Todos esperamos con interés el segundo informe del Defensor del Pueblo parlamentario del Reino Unido.
Ya desde el principio, la Comisión ha declarado que está dispuesta a cooperar plenamente con la Comisión de Investigación. Hemos suministrado toda la documentación e información que nos ha solicitado la comisión y seguiremos dando todo el apoyo que podamos. Seré más que feliz de poder comparecer ante la comisión en noviembre.
El tema de Equitable Life ha causado mucha angustia y pérdidas financieras a muchos ciudadanos y debemos aprender la lección para el futuro. En ese contexto, el proyecto que tenemos en curso para el sector de los seguros, Solvencia II, pretende contribuir a la consolidación financiera de todas las compañías de seguros de la UE. Solvencia II pretende mejorar la protección del asegurado y revisar y profundizar la reglamentación y la supervisión de la UE en el área de los seguros. Habría que introducir unos cálculos de los requisitos de solvencia de las compañías de seguros orientados al riesgo. Con Solvencia II el cálculo de las responsabilidades de los seguros quedará armonizado y se fomentará la convergencia de las prácticas supervisoras.
Confío en que esos esfuerzos crearán un marco que ayude a impedir que vuelvan a ocurrir de nuevo crisis financieras de este tipo. 
Robert Atkins,
   . Señor Presidente, me siento algo así como una espina entre dos rosas: la señora Wallis, que tan bien ha hablado hoy como ponente, y la competente y encantadora señora McGuinnes, la presidenta de nuestra comisión. Esto significa que muchas veces me siento prisionero entre las dos, pero el trabajo que han hecho es excelente y lo que ha dicho hoy la señora Wallis al respecto así lo demuestra.
Hemos celebrado varias reuniones en las que muchas organizaciones y personas han presentado pruebas que me confirman en mi opinión de que esta comisión especial era muy necesaria. Hemos quedado muy impresionados, disgustados e incluso conmovidos por quienes nos han hablado y por las pérdidas financieras y emocionales que están experimentando. También hemos escuchado a algunas de las personas responsables de la reglamentación. Hasta el momento, no creo que haya pruebas de negligencia o de actividad delictiva, sino que calificaría su comportamiento hasta la fecha como de complacencia benigna.
Todavía no hay conclusiones en firme, pero ha quedado en evidencia una laguna jurídica. Si un alemán o un irlandés suscribe una póliza con una compañía británica, será la autoridad reguladora británica la responsable de la probidad financiera de dicha compañía. No parece que las autoridades reguladoras alemanas o irlandesas tengan nada que ver, pero eso no ayuda al ciudadano europeo, para quien resulta poco práctico, inconveniente y costoso resolver sus problemas con la autoridad reguladora británica, aun en el supuesto de que esta estuviera interesada.
La Comisión debe resolver esto. Seguimos con nuestra investigación, pero no tenemos una varita mágica para recuperar las fortunas de los asegurados afectados. Como ha dicho la señora Wallis, debemos llenar las lagunas, aprender de lo que ha pasado hasta el momento y mejorar la situación para la próxima vez, sobre todo si se refiere a actividades de la Comisión. 
Proinsias de Rossa,
   . Señor Presidente, acojo con satisfacción el debate que celebramos esta noche sobre el informe provisional de la señora Wallis, que en general ha sido aprobado por consenso en la Comisión de Investigación.
Uno de los aspectos extraordinarios de este tema es el hecho de que aquellas personas de fuera del Reino Unido que compraron pólizas de Equitable Life lo hicieron creyendo que tenían la protección de la Unión Europea y que las autoridades de su propio país les protegerían. Después descubrieron hace unos años que, en realidad, no tenían ningún tipo de protección. Cuando los 8 300 inversores de Irlanda, que reservaban dinero para sus pensiones, y los aproximadamente 4 000 inversores de Alemania acudieron a sus respectivas autoridades, les dijeron que tenían que hablar con la autoridad reguladora británica. Ese no es el trato que esperaban recibir los ciudadanos.
Este informe subraya otro aspecto importante: la forma cómo el tema ha llegado a esta Cámara a través de la Comisión de Peticiones. Esa comisión es una de las formas más eficaces de acercar Europa a los ciudadanos.
El Comisario y otros han dicho que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Sin embargo, una de las conclusiones que yo he sacado es que debemos estudiar con más detalle la forma en que se regulan los servicios financieros, porque da la sensación de que esperamos que el responsable de reglamentación asuma dos funciones que son muy distintas. Una es proteger la estabilidad del mercado de los servicios financieros, y otra es proteger los intereses del inversor. En cierto sentido quizás sería posible, porque evidentemente quien invierte en fondos de pensiones está interesado en tener un mercado estable. Pero, cuando llega la hora de la verdad, cuando un tesoro se enfrenta con graves reclamaciones, el responsable de reglamentación ¿debe proteger el mercado o debe proteger al inversor? En este caso en concreto, el Tesoro británico era directamente responsable de regular Equitable Life y se habría enfrentado con reclamaciones de miles de millones de libras esterlinas si hubiera decidido que Equitable Life tenía que cerrar. No decidió hacerlo. Yo diría que en Solvencia II debemos estudiar más a fondo lo que se espera que hagan las autoridades reguladoras y separar esas dos funciones. 
Paul van Buitenen,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la señora Wallis por su informe. Estoy de acuerdo en que es demasiado pronto para sacar conclusiones; pero quiero realizar algunos comentarios.
El primero es sobre la solvencia. La consideración de si la compañía ha sido solvente o no durante el tiempo anterior a la crisis tiene varias consecuencias. Influye en las posibilidades de los asegurados de defender sus derechos y sus intereses, pero también influye en la responsabilidad de las autoridades británicas y, seguramente, de la Comisión.
Las autoridades británicas han dicho claramente que Equitable Life nunca había tenido problemas de solvencia y siempre había cumplido la legislación comunitaria. También han dicho que hay varias formas distintas de valorar a las compañías de seguros Si hay varias formas de calcular la solvencia, ¿cómo es posible realizar un análisis adecuado?
Es evidente que la Directiva pretende garantizar que una compañía de seguros no se gestione de tal manera que se perjudique la solvencia de la compañía a largo plazo. También es evidente que la Directiva obliga a los Estados miembros a tomar, en relación con la empresa, sus directores o administradores, o las personas que la controlan, todas las medidas que se consideren adecuadas o necesarias para impedir o remediar las irregularidades que puedan ser perjudiciales para los intereses de las personas aseguradas.
Dudo que eso haya ocurrido. El hecho de que las autoridades británicas siempre hayan considerado que Equitable Life era solvente también ha tenido repercusiones en los clientes y las autoridades de otros Estados miembros. Parece que el estallido de las crisis cogió por sorpresa tanto a los clientes como a las autoridades de Irlanda y Alemania.
Otro tema que quiero comentar, referente al principio del país de origen, es la cuestión del seguimiento y la proporción de información. Las autoridades británicas, que también eran responsables de realizar el seguimiento de las actividades de la empresa en otros Estados miembros, nunca informaron a dichos Estados miembros de que había un problema. Quizás sea porque no querían reconocerlo. Francamente, visto en retrospectiva, no parece que la supervisión haya funcionado.
El segundo problema con la norma del país de origen es la falta de compensación para los clientes, a quienes las autoridades nacionales han enviado de acá para allá. Los consumidores que confiaron en que si compraban seguros en el mercado interior la Unión Europea les garantizaría la misma situación y salvaguardias que si los compraban en el mercado nacional se encontraron con que nadie aceptaba la responsabilidad en sus esfuerzos por obtener una compensación por daños y perjuicios.
Desde el punto de vista del consumidor, el principio del país de origen se convirtió en una verdadera mesa de ping-pong. Parece que existe un gran vacío en este aspecto de la legislación europea. La UE debería tomar más medidas para proteger a los ciudadanos. 
Marcin Libicki,
   Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Wallis, una abogada con mucha experiencia y una excelente ponente. Hemos escuchado una serie de informes elaborados por la señora Wallis, que se han caracterizado por un lenguaje jurídico sumamente preciso y una descripción de los hechos extraordinariamente clara. La señora Wallis también forma parte de la Comisión de Peticiones. Tengo el honor y el placer de colaborar con ella en dicha comisión y su trabajo me ha merecido siempre un gran respeto. Lo mismo puedo decir del informe que hoy se debate.
El asunto Equitable Life se remitió inicialmente a la Comisión de Peticiones. Esta está muy satisfecha de que el caso se debata en un Pleno del Parlamento Europeo.
Los asuntos relacionados con los seguros son cuestiones sumamente delicadas. Todos recordamos perfectamente el caso Lloyds, que consideramos hace poco. Se trata de asuntos que perjudican a un gran número de personas, en este caso a los varios miles de clientes que confiaron su futuro a la empresa aseguradora Equitable Life. Justo cuando están llegando a la vejez, se encuentran con que se les abandona sin medios y se comete una gran injusticia contra ellos. Debemos investigar detenidamente el asunto, pero además existe otra cuestión relacionada con este caso, a saber, la eficacia de nuestras acciones. La señora Wallis ha dicho con mucho acierto que no se trata simplemente de aplicar o adoptar la Directiva, sino de aplicarla y a la vez promover la participación de todas las personas a quienes afecta.
En ello radica el problema con el que nos enfrentamos a menudo, en concreto, que las decisiones del Parlamento Europeo, así como las de otros organismos europeos, a veces no son tan eficaces como deberían. Cuando el Parlamento adopta una posición determinada, tendría que preocuparnos que la posición sobre ese asunto (pienso ahora en el caso de los seguros y de Equitable Life, en particular) se ejecute plenamente, de forma que el asunto no se acabe con la mera adopción de una decisión o una resolución del Parlamento. Debe concluir con la reparación del daño causado a una grandísima cantidad de personas y la eficacia de nuestro trabajo es de suma importancia en este contexto.
En su informe, la señora Wallis propone que nuestra Asamblea se ocupe de esta cuestión y adopte una posición que facilite la labor de la comisión parlamentaria en el futuro. Insto encarecidamente a la Asamblea a que apoye todas las sugerencias que propone la señora Wallis en su informe, en nombre de la Comisión de Investigación.
Felicito a la señora Wallis y espero que se encuentre una solución satisfactoria para este problema, así como para las personas que han sufrido los perjuicios derivados del caso Equitable Life. 
Ashley Mote (NI ). –
   Señor Presidente, esta es una ocasión excepcional para mí: ¡Tengo más de un minuto para hablar y por una vez no voy a estar en desacuerdo con nadie!
Quiero resaltar una o dos cosas de las que se han dicho y estudiarlas desde una perspectiva ligeramente distinta. La señora Wallis, y también Sir Robert Atkins, han abordado varios aspectos prácticos. La realidad es que hemos tenido muchos testigos potenciales en nuestra lista; hemos escuchado a unos cuantos; y quedan muchos más que deberíamos escuchar si podemos. Eso incluye a muchos de los testigos más importantes.
Otro problema práctico es que demasiados de esos testigos han aparecido en la misma reunión, por lo que ha habido muy poco tiempo para interrogarlos. No ha habido una verdadera confrontación; no están bajo juramento; no hemos podido citarlos; y existe el problema práctico que ocasiona la inevitable necesidad de interpretación. Juntos, esos problemas constituyen un grave inconveniente, aunque la comisión, en general, está haciendo todo lo posible por superarlos.
Para ponerles un ejemplo de lo que les estoy contando, el Gobierno británico apareció en masa. Un portavoz de la Hacienda pública, la Autoridad de Servicios Financieros y el representante de los Servicios Actuariales llegaron juntos, y era evidente que habían ensayado su papel infinitas veces. Iban en paquete, estuvieron juntos y no pudimos interrogarles por separado para comprobar los hechos porque no habían venido a admitir nada ni a conceder nada. Incluso sus respuestas a determinadas preguntas fueron evasivas. Para ponerles un ejemplo ilustrativo, negaron que el Gobierno o el departamento competente tuviera conocimiento de los problemas de Equitable Life diez años antes de que nosotros los conociéramos, y tenemos pruebas de que ellos sí lo sabían.
En cuanto al tema de la gestión compartida, que han planteado otros oradores, a mí me parece que en este caso la gestión compartida se está convirtiendo en una ausencia total de gestión. Los irlandeses pensaban que el Gobierno británico controlaba Equitable Life. Si lo hacían, no decían nada. Por lo que los irlandeses seguían en la ignorancia.
Si hoy, por ejemplo, una empresa de servicios financieros letona empezara a realizar negocios en toda la Unión Europea, es de suponer que cada Estado miembro daría por supuesto que el Gobierno letón estaría convencido, pero no tendría por qué ser necesariamente así. No es un reflejo de la situación de Letonia, solo un ejemplo. Sin embargo, si esa compañía no fuera de la Unión Europea, todos los Estados miembros realizarían controles a fondo. Eso es un problema. 
Mairead McGuinness (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, como persona que preside la Comisión de Investigación, puedo tranquilizar al señor Mote y decirle que esos testigos que no respondieron , ¡tenemos garantías! Quiero pedir a los miembros de la comisión que agudicen sus habilidades de interrogación y que podamos obtener respuestas, porque eso es una prioridad. Yo diría a mi elocuente amigo, Sir Robert Atkins, que, aunque nos ha calificado de rosas a mí y a la ponente, más bien intentamos ser espinas clavadas en el sistema, porque hay alguna cosa podrida en él. Algunas personas han sido estafadas miserablemente y el sistema les ha fallado.
Hemos escuchado de todos los peticionarios los desastres que han sufrido las personas. Estoy de acuerdo con la ponente en que ese informe provisional es más bien una distracción, pero al mismo tiempo es importante, porque hará que los diputados a esta Cámara se den cuenta de la importancia de los pormenores. Votamos, nos vamos a casa y olvidamos que al cabo de un par de años los resultados de las votaciones que hacemos aquí se aplicarán en los Estados miembros. A veces lo hacemos mal como legisladores y creo que Equitable Life podría ser una prueba de ello.
No hemos llegado aún a ninguna conclusión, pero hemos dejado clara una cosa y es que las autoridades reguladoras han estado jugando a ping-pong con los asegurados. Es importante desmenuzar los derechos del país de destino y las obligaciones del país de origen.
En mi opinión, hay que responder una cuestión elemental. Algunos dicen que conocen la respuesta, pero yo no he llegado a ninguna conclusión. ¿Quién conocía las dificultades de Equitable Life y cuándo? ¿Se notificó a alguien? En otras palabras, ¿las autoridades reguladoras de los Estados miembros en otros países fueron informadas lo antes posible? ¿No resulta que las directivas, tal como se ejecutan, no permitirían que una autoridad reguladora revelara información confidencial que podría disuadir a un asegurado de invertir en empresas con problemas como Equitable? Es una pregunta muy importante.
Más allá del trabajo que estamos haciendo hoy, no hay duda de que Equitable ha dejado mal sabor de boca a los perdedores y a quienes observan cómo se desarrollan los acontecimientos, y no ayuda en nada a los que intentamos animar a los ciudadanos a invertir en pensiones. Lo que descubramos en nuestra investigación será clave para el futuro. Todo el mundo nos dice que con Solvencia II la vida será maravillosa en el futuro, pero no lo será a menos que la reglamentación sea correcta.
En resumen, podemos tener toda la legislación del mundo, pero si no hay una persona comprometida que observe y guíe a todos los Estados miembros, no servirá para nada. Finalmente, ¿quién regula a los reguladores? ¿La Comisión? 
Harald Ettl (PSE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que acojo con satisfacción el informe de la señora Wallis. Las investigaciones sobre la aseguradora Equitable Life Assurance Society son cada vez más minuciosas y cuanto más hurgamos, más obligados nos sentimos a admitir que los hechos que estamos examinando constituyen una red muy enmarañada red y a reconocer que ha habido muchos fallos en muy diversos ámbitos.
Con la resolución de hoy reafirmaremos que los Gobiernos, los Parlamentos y las autoridades responsables de los Estados miembros y del Reino Unido, en particular, deben colaborar más con la Comisión de Investigación y ayudarla a cumplir su mandato, ya que es preciso que se respete el principio de cooperación de buena fe enraizado en los Tratados.
La Comisión de Investigación cuenta con poderes explícitos para solicitar documentos y convocar e interrogar a testigos, como también tiene derecho que se responda a sus preguntas. Sin embargo, las respuestas ofrecidas en las audiencias de la comisión por personas con cargos de responsabilidad han distado mucho de ser satisfactorias. Concretamente, así ha ocurrido con las respuestas ofrecidas tanto por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido como por la Comisión. Lo cierto es que, en el caso de la Equitable Life Assurance Society, nadie se considera responsable ni quiere aceptar la responsabilidad, y los asegurados han quedado abandonados a su suerte.
Imagínense la situación de los asegurados de Colonia o de Galway que intentan obtener información en vano. Se les van dando largas un mes tras otro. Si se ha llegado al extremo de que incluso una comisión de investigación parlamentaria está siendo engatusada con respuestas políticamente correctas e inocuas desde el punto de vista jurídico, cómo debe sentirse la mujer de Colonia o el hombre de Galway que, en su calidad de asegurados, se sienten personalmente afectados, cuyo dinero está en riesgo y que tal vez están cerca de la edad de jubilación y ahora tienen que luchar por su pensión.
Por nuestra parte, podemos y debemos hacer dos cosas: en primer lugar, debemos hacer el mejor uso posible del mandato que se ha otorgado a la Comisión de Investigación para aclarar la situación, de forma que finalmente se pueda indicar a los asegurados dónde radican los errores y las deficiencias. En segundo lugar, todos nosotros y especialmente la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, debemos procurar garantizar que el proyecto Solvencia II aporte en el futuro mayor seguridad para todos los afectados, de forma que ya no sea necesario que una comisión de investigación se ocupe de averiguar si el error radica en la legislación europea, en la forma en que la ha transpuesto un Estado miembro o en una mala gestión empresarial. 
Seán Ó Neachtain (UEN ). –
   Señor Presidente, el informe que debatimos hoy es un informe provisional sobre la quiebra de Equitable Life Assurance Society en Gran Bretaña. Debido a la naturaleza tan técnica de las investigaciones del Parlamento Europeo en este tema, esta Comisión de Investigación va a tardar mucho tiempo en completar su trabajo. Es un asunto muy grave para el Parlamento Europeo. Deberíamos recordar que, solamente desde la perspectiva irlandesa, más de 6 500 ciudadanos irlandeses han perdido sus inversiones para la jubilación, en su totalidad o en parte, como resultado de la quiebra de Equitable Life Assurance Society.
Hoy en día, cuando existe tanta reglamentación comunitaria referente a la gobernanza de las inversiones financieras, esta situación es simplemente intolerable e inaceptable. Y no es, como ha dicho el señor Mote, que los irlandeses se mantuvieran en la ignorancia: es que fueron tratados de otra manera. Digo que es intolerable e inaceptable que una compañía, ya sea financiera o de otro tipo, trate a sus asegurados de formas distintas. Todos deben recibir el mismo trato, ya sean británicos, irlandeses o alemanes.
La comisión ya ha invitado a algunos de los principales testigos al Parlamento Europeo, incluyendo personas de las siguientes categorías: grupos de pensionistas, el Grupo de acción de miembros de Equitable Life; asegurados británicos e irlandeses, representantes de la compañía Equitable Life Assurance; y representantes de la Dirección General de Asuntos Financieros de la Comisión Europea. La comisión va a tener que invitar a más testigos si quiere llegar a las cuestiones prácticas de cómo ha operado en los últimos años el mercado de los seguros de vida en el Reino Unido. La comisión también va a necesitar más tiempo para realizar un análisis comparativo y exhaustivo del funcionamiento de los mercados de seguros de vida similares en Alemania e Irlanda.
El Parlamento Europeo está realizando una investigación muy seria y la Comisión de Investigación va a necesitar más tiempo para completar su trabajo. Insto a los diputados a esta Cámara a que le den más tiempo y pongan a su disposición todos los medios de que dispone este Parlamento para completar su trabajo. 
Neil Parish (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, la señora Wallis, por su excelente informe provisional, y también a la presidenta, la señora McGuinness, que, estoy seguro, será una espina para las autoridades reguladoras y se asegurará de que podamos llegar al fondo de lo que realmente ocurrió con Equitable Life.
Equitable Life es la compañía de seguros más antigua del mundo; ya casi a finales de 1999, incluso los fondos de pensiones de los diputados de Westminster estaban invertidos en esa compañía. Miles de inversores han perdido dinero debido al coste de la sobrevaloración de las pólizas de seguro de vida «con beneficio». Muchas compañías de seguros ofrecen pólizas con beneficios, yo mismo tengo varias de esas pólizas, pero si la compañía no paga más dividendos de los que se puede permitir, el sistema funciona perfectamente bien. En mi opinión, desde mediados de los noventa hasta el año 2000 Equitable Life Assurance Society pagó en exceso sus pólizas con beneficio, con lo que, al menos sobre el papel, Equitable Life tuvo los mejores resultados de todas las principales compañías de seguros, lo que a su vez animó a la gente a retirar sus pólizas de Equitable Life.
El problema es que, en términos reales, el coste de sobrevalorar las pólizas significó que Equitable Life pagó casi 6 000 millones de libras esterlinas más de las que había ganado entre 1997 y 2000. Ninguna compañía de seguros, por grande que sea, puede permitirse esas cifras.
Por la información y las pruebas recogidas por la comisión, en general parece muy oportuno que tantas de las personas que tenían en sus manos los mecanismos de control de la compañía llegaran tarde a la fiesta: es decir, el actual consejo de administración llegó al poder en el 2000 después de que la compañía casi hubiera dejado de aceptar nuevos negocios; la Autoridad de Servicios Financieros no se creó hasta finales de 1999, por lo que no es responsable de lo que había ocurrido antes de su existencia; los actuarios financieros que asesoraban al Gobierno británico antes de que se creara la ASF sostienen que Equitable Life siempre fue solvente, aunque un actuario que declaró en nuestra investigación admitió que hay hasta seis formas distintas de valorar a una compañía de seguros.
La comisión ha escuchado a muchas de las personas que invirtieron en Equitable Life y que han perdido una gran cantidad de dinero, lo que les ha ocasionado graves problemas. La comisión llevará a cabo su trabajo y estamos decididos a averiguar qué es lo que funcionó mal en Equitable Life para que nada de esto vuelva a ocurrir en el futuro. Intentaremos hacer todo lo que podamos para los que tienen pólizas en Equitable Life. 
Manuel Medina Ortega (PSE ). –
   Señor Presidente, el informe de la señora Wallis es un informe provisional, ya que la Comisión de Investigación tiene todavía mucho trabajo por hacer.
En todo caso, una comisión de investigación parlamentaria no es un tribunal de justicia, es decir, esta comisión no va a poder decidir si ha habido un comportamiento correcto o incorrecto de las autoridades británicas en la regulación de la materia; eso les correspondería a los tribunales de justicia.
Lo que sí se está revelando en este momento son insuficiencias en la normativa de la Unión Europea, ya que esta está hecha para que se puedan efectuar actividades de este tipo a través de las fronteras nacionales. Lo que estamos detectando en este momento es que no hay ningún mecanismo de control en los casos de actuación a través de las fronteras nacionales.
Teóricamente —como nos decía el representante de la Comisión— cada una de las autoridades nacionales es responsable de la supervisión, pero, cuando se produjo la caída de la compañía, ni las autoridades irlandesas ni las autoridades alemanas pudieron hacer nada, porque las filiales o dependencias de la compañía en sus países respectivos fueron cerradas en ese momento. Por ello, los 6 500 pensionistas de los que hablaba el señor Ó Neachtain, en Irlanda, y los miles de pensionistas en Alemania se encontraron sin ninguna posibilidad de control.
Una comisión parlamentaria —lo he dicho antes— no es un tribunal de justicia, pero sí puede sacar conclusiones desde el punto de vista legislativo. Creo que la lección que ya podemos sacar desde ese punto de vista es que, en este momento, el principio del reconocimiento mutuo, el llamado «pasaporte comunitario», no basta.
Al dar una normativa comunitaria tiene que establecerse también un mecanismo de control eficaz que, eliminando ese principio del país de origen o país de procedencia, permita efectivamente que instituciones de la Unión Europea puedan supervisar el funcionamiento de instituciones que funcionan a través de las fronteras nacionales.
Yo creo que esta es la conclusión más importante que podemos obtener hasta este momento.
Jean-Paul Gauzès (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la señora Wallis por el trabajo que ha realizado con este informe provisional y por la claridad de sus propuestas; quisiera decirle también hasta qué punto apruebo el método que nos propone. Además, estoy de acuerdo con ella en los puntos que considera que deben examinarse en las semanas y meses que vienen. 
El ejercicio que acomete la Comisión de Investigación no es fácil. En primer lugar, debe buscar las causas de la situación en que se encuentran los asegurados de Equitable Life. A este respecto, es preciso que aprobemos todo lo que pide y exige la propuesta de resolución sometida al Parlamento.
El reto es importante y los límites del ejercicio deben ser tanto más claros. Como ha dicho el orador anterior, no debemos perder de vista que se trata de una comisión de investigación parlamentaria, no de una instancia judicial capaz de emitir decisiones de sanción o indemnización. Todo lo más, los elementos reunidos pueden resultar útiles para defender los intereses de las personas perjudicadas, al aportarles elementos de prueba en los procedimientos que puedan entablar. 
En contrapartida, los resultados de las investigaciones pueden contribuir de forma decisiva a la evolución de la reglamentación europea. Permitirán, en su caso, detectar insuficiencias en las normas dictadas o carencias en la forma de aplicarlas. Sin duda, el propio Parlamento, los Estados miembros y la Comisión tendrán enseñanzas más generales que sacar en el acto de reglamentación y control de las decisiones que se toman. 
El trabajo emprendido debe proseguirse, pues, con precisión, determinación y serenidad, y sin ambigüedades sobre las consecuencias esperadas, a fin de no crear nuevas ilusiones a las personas que han resultado perjudicadas.
Michael Cashman (PSE ). –
   Señor Presidente, casi todo lo que había que decir ya se ha dicho. Elogio el informe de la señora Wallis. Es un informe provisional muy profundo. En particular, agradezco la petición de que esperemos tres meses. Es vital que no nos precipitemos al expresar nuestra opinión y que esperemos los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo en el Reino Unido. Por supuesto, debemos estudiar las causas de esta situación y de la crisis que se ha vivido, y en concreto la aplicación de la legislación comunitaria. En este sentido, me complace hablar ante el Comisario McCreevy. Tengo mucho interés en oír lo que tiene que decir.
Es vital, como he dicho, que no nos precipitemos a emitir un juicio. Los testigos han estado sumamente comunicativos y han cooperado mucho con la Comisión de Investigación. Lo más prioritario para nosotros, como ha dicho el anterior orador, es que podamos recurrir a la justicia, pero debemos asegurarnos de que no vuelva a ocurrir jamás otra crisis como la de Equitable Life. Esas personas hicieron lo que, posiblemente, pedimos que hagan todos los buenos ciudadanos: asegurarse una jubilación, su futuro. Lo hicieron en lo que debía ser uno de los fondos de inversión más seguros del sector de las inversiones. Y no fue así, por las pruebas que tenemos ante nosotros.
Elogio el informe y el trabajo de la comisión temporal. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, como ya se ha dicho, sería prematuro sacar conclusiones en esta fase.
La Comisión espera seguir trabajando con la Comisión de Investigación. El objetivo es ver cómo podemos garantizar que la legislación comunitaria y la nacional se apliquen correctamente. El mercado único ofrece ventajas a los consumidores. Los asegurados deberían poder confiar en sus instituciones financieras y en sus garantías de solvencia. Debemos asegurarnos de que los consumidores tengan medios viables de compensación. Espero con interés las recomendaciones de la comisión sobre los problemas experimentados por los asegurados en varios Estados miembros y en cómo se podían haber evitado.
Pero no aceptaré que al asunto de Equitable Life ponga en duda la base del mercado interior en el sector de los seguros. Como decía Lord Penrose en su informe sobre el tema, los orígenes de la crisis se remontan a muchos años atrás. La supervisión nacional se desarrolla y mejora constantemente, mientras que a escala europea el proyecto Solvencia II proporcionará un sistema más coordinado y basado en el riesgo. Pero ningún sistema puede garantizar que desaparezcan todos los problemas del mercado.
Creo que deberíamos evitar un debate más o menos inútil sobre si es mejor el control en el país de origen o el control en el país de destino. El control en el país de destino no habría marcado ninguna diferencia en este caso. En un mercado interior, los supervisores deberían cooperar. Ambos supervisores tienen sus funciones. Sin embargo, realmente estoy de acuerdo en que no debemos y no podemos aceptar esa actitud de «pasarse la pelota». Categóricamente, es algo que debemos resolver. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas.
Kathy Sinnott (IND/DEM ). –
   Como compañía, Equitable Life tenía problemas financieros desde hacía mucho tiempo. Pero esa crisis, que iba en aumento, se ocultó a los asegurados. Y lo que es peor, se buscaban nuevos asegurados y se les presentaba una imagen falsa de una compañía con un futuro seguro en la que sus fondos iban a prosperar. Las autoridades reguladoras fallaron.
En 2001, Equitable Life perdió un pleito en el Reino Unido, lo que la obligó a imponer penalizaciones de salida a los asegurados británicos, aunque se suponía que el dinero de los asegurados irlandeses estaba protegido y seguro. A pesar de ello, al cabo de dos años, en 2003, se impusieron a los asegurados irlandeses unas penalizaciones de salida de aproximadamente un 20 % del valor de las pólizas de Equitable Life. Las autoridades reguladoras fallaron.
Desde entonces los asegurados irlandeses de Equitable Life han perdido sus inversiones, lo que en muchos casos equivale a los ahorros de toda su vida. Las autoridades británicas, irlandesas y comunitarias les han negado el acceso a la justicia aunque tienen derecho a compensaciones y protección cuando las autoridades reguladoras fallan.
Hace un año y medio que su caso está ante la Comisión de Peticiones de este Parlamento. Ya es hora de que este Parlamento se ponga de parte de las víctimas de los mecanismos reguladores que fallaron e insista en que se establezca definitivamente una liquidación justa para los asegurados de Equitable Life. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
- el informe A6-0170/2006 del señor Muscat, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre una mayor consolidación del sector de los servicios financieros (2006/2081(INI));
- la pregunta oral (O-0069/2006 B6-0317/2006) de la señora Berès, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el fenómeno de fusiones y adquisiciones en las bolsas de valores europeas. 
Joseph Muscat (PSE )
   , . El debate que vamos a iniciar plantea muchas cuestiones importantes y delicadas. Por esto he decidido empezar por centrar de inmediato la atención en el aspecto más destacado del informe, en relación con el cual se ha alcanzado una amplia convergencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Queremos transmitir cuatro mensajes.
En primer lugar, reconocemos que el proceso de consolidación en el ámbito de los servicios financieros ha tenido hasta la fecha efectos económicos positivos. En segundo lugar, el nivel de consolidación lo determina el mercado, regulado de manera equitativa y transparente, libre de obstáculos injustificados. En tercer lugar, nuestra función como legisladores es garantizar que el proceso, en particular la adquisición y la fusión de bancos, redunde en una mayor competencia y no en la creación de nuevos monopolios. En cuarto lugar, competencia debería ser sinónimo de una auténtica y mayor posibilidad de elección entre productos y servicios de calidad, que abarque la diversidad más amplia posible de consumidores.
En mi opinión, los consumidores deberían ser los beneficiarios de las posibles ventajas de este proceso. Me preocupa que las instituciones financieras se beneficien de la consolidación, pero me interesa mucho más interesado que el máximo beneficiario sea el consumidor, gracias a una mayor oferta, mejores productos, servicios más eficientes y precios más competitivos. Por consumidores entendemos sobre todo a las personas individuales y familias, en especial a las más vulnerables. Sin embargo, deberíamos añadir también a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que constituyen el núcleo central de nuestra economía y que deben recibir los servicios que se merecen.
Llegados a punto, puede que quienes compartan mi ideal social se sientan desconcertados. Sí, es bueno que los consumidores obtengan mayores ventajas gracias a la consolidación, ¿pero deben ser los trabajadores de las organizaciones financieras quienes paguen el precio? No podemos esconder la cabeza bajo el ala y fingir que este problema no existe. Las noticias sobre la adquisición y la fusión de empresas no suelen entusiasmar a los trabajadores, a causa de las nuevas perspectivas que esto puede suponer para ellos. Al contrario, les creamos la preocupación de que las citadas operaciones destinadas a ahorrar dinero y otras que todavía no se han mencionado se lleven a cabo a expensas de sus condiciones laborales o, peor aún, de sus puestos de trabajo. ¿No existe ninguna solución? No me cabe la menor duda de que las instituciones serias buscan otros métodos para mejorar la eficiencia antes de considerar la posibilidad de dirigir la atención a su personal, pero hay algunas que no dan un buen ejemplo de responsabilidad social hacia la comunidad.
Lo que realmente debemos apoyar es lo plantearon, junto conmigo, representantes de los trabajadores de toda Europa, esto es, la necesidad de que se les informe y se les permita participar lo antes posible en el proceso. Esto enlaza con otra cuestión. Las economías de los países, especialmente aquellos que se encuentran en transición o en proceso de desarrollo, no son simplemente una vaca que solo hay que ordeñar. Las grandes sociedades anónimas tienen el deber de invertir de verdad en esos países, con la creación de nuevas y mejores oportunidades de trabajo que faciliten el acceso a una mayor calidad de servicio. El nuevo entorno que se está creando en el ámbito de los servicios financieros nos va a obligar a plantearnos, en nuestra calidad de legisladores, cuestiones vitales, entre ellas el tema de la supervisión.
Muchas de las autoridades nacionales están realizando un trabajo excelente, pero el problema es mucho más amplio. Dada la configuración que está adoptando el mercado, ¿el ámbito de la supervisión sigue siendo adecuado para proteger intereses delicados, tales como los de la economía y de los consumidores? Existen respuestas muy diversas a esta pregunta, incluso entre nosotros. No obstante, tenemos que empezar a discutirlas y no dejarlas aparcadas. Si no empezamos a tratar estas cuestiones, corremos el peligro de que en un futuro no muy lejano, cuando puede que se produzca una crisis, no contemos con instrumentos para hacerle frente, cualesquiera que sean estos. También por este motivo, la principal recomendación del informe es que se constituya un comité de expertos independientes, que en un plazo de seis meses a partir del inicio del mandato nos ofrezca propuestas alternativas que puedan tomarse en consideración antes de adoptar decisiones en este ámbito.
Sería una desatención por mi parte no terminar mi intervención dando las gracias a todas las personas que han colaborado en la redacción del informe. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a mis colegas del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y a los representantes de los demás Grupos por la capacidad de iniciativa que hemos demostrado en nuestro trabajo. También quisiera dar las gracias al Comisario Charlie McCreevy y a su gabinete por estar abierto en todo momento a la discusión. Asimismo doy las gracias a quienes se han tomado la molestia de presentar sus opiniones sobre el informe, la secretaría del Grupo Socialista y la secretaría de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero que tenemos sobre la mesa un informe concreto, equilibrado y positivo, que puede transmitir un mensaje muy claro de que el Parlamento Europeo cuenta con un planteamiento claro sobre este sector tan importante para nuestras economías y para nuestros ciudadanos. 
Pervenche Berès (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha considerado necesario formular en esta fase una pregunta oral sobre el estado actual de las conversaciones relativas a las fusiones y adquisiciones en relación con las bolsas europeas.
He dicho bien «las bolsas europeas», porque después de trabajar tantos años en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de este Parlamento a favor de la creación, la consolidación y la integración de un mercado financiero europeo, pienso que lo que se plantea hoy es sin duda la posibilidad de crear o no bolsas europeas. En efecto, los legisladores no podemos interesarnos por todos los segmentos del mercado financiero, pues esta cuestión, sin duda la más fundamental, no es más que un asunto de estrategia de los agentes del mercado. La cuestión va mucho más lejos: es una cuestión de interés público de la que debe hacerse cargo el legislador y ante la cual la Comisión, como titular de la iniciativa legislativa, no puede permanecer indiferente.
La situación actual de las bolsas me hace pensar en la historia del euro, y quiero recordar aquí algo que todos debemos tener presente: sin una intervención política, es decir, si se hubiera dejado todo al albur de las fuerzas del mercado, el euro no existiría, o en todo caso sería muy diferente de lo que es hoy, una moneda que inspira confianza, compartida por tantos Estados miembros y que tantos Estados miembros aspiran a adoptar.
Lo que necesitamos en las bolsas es una solución concebida con el mismo espíritu que el euro: es decir, una solución concebida más allá de las simples fuerzas del mercado y su lógica. Desde este punto de vista, señor Comisario, usted que detenta la iniciativa legislativa, tiene una inmensa responsabilidad, que comparte con la señora Kroes, que tiene sus propias responsabilidades en materia de competencia.
Pero lo que preocupa hoy a los observadores y muchos diputados es el hecho de que la Comisión, a pesar de su poder de iniciativa, se contenta con desempeñar un papel de árbitro entre los intereses en juego, analizando las situaciones del mercado y evaluando las posibilidades de que se apruebe o no un texto en el Consejo, en vez de situarse por encima de todo esto y adoptar una perspectiva europea.
Desde este punto de vista, creo que hay que seguir con atención las negociaciones relativas a las reestructuraciones de las bolsas, porque hay un punto, señor Comisario, y usted lo sabe igual que yo, que determina en gran medida la marcha de esas negociaciones: no es lo que pasa en el mercado de valores, sino lo que pasa en las oficinas de gestión de los bancos, una cuestión que la Comisión tiene sobre el tapete desde hace años.
En el Parlamento, algunos diputados pensábamos que debíamos abordar la oficina de gestión al mismo tiempo que hablábamos del mercado. Otros querían, en función de su estrategia de mercado, mantener ambos aspectos separados. Ahora tienen el texto sobre el mercado y piensan que la competencia debe ser dueña y señora de la oficina de gestión. Pero algunas de las cuestiones planteadas no podrán resolverse solo con las fuerzas del mercado, porque el mercado no puede tener en cuenta los intereses de todos.
Este Parlamento indicó, la última vez que se pronunció al respecto, que esperaba un estudio de impacto para decidir si era necesaria o no una iniciativa legislativa. Ese estudio de impacto está en sus manos, señor Comisario, pero todavía no nos ha dejado verla. Circulan los rumores más descabellados de que podría usted llegar incluso a modificar el texto del estudio de impacto antes de informarnos sobre él. Pienso, señor Comisario, que este debate le ofrece la ocasión de ilustrarnos con respecto a todos estos puntos.
Mis colegas abordarán otros temas. No obstante, hay dos puntos sobre los cuales quisiera, para concluir, llamar de nuevo su atención. En primer lugar, las consecuencias no previstas o no anticipadas, a escala europea, de las siguientes decisiones: uno, la cotización de las bolsas; dos, la retirada de los inversores institucionales –los grandes bancos y las grandes compañías de seguros–, que habrán sido los primeros en realizar beneficios para dejar la puerta abierta a los llamados fondos de cobertura como protagonistas de las bolsas europeas.
Además llamaré su atención sobre las cuestiones de supervisión y gobernanza empresarial. En efecto, podemos ver que una fusión entre la Bolsa de Nueva York y Euronext podría ir en detrimento de toda gobernanza europea.
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, en los pocos minutos que tengo esta tarde, voy a seguir el curso de las actuales tendencias financieras y consolidar mis comentarios de inicio al abarcar tanto el informe del señor Muscat como la pregunta oral de la señora Berès en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
Como ya resalté en la audiencia organizada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en enero, el verdadero debate no puede centrarse en una mayor o menor consolidación transfronteriza. Son los agentes del mercado quienes deben decidir, no los políticos. En cambio, el núcleo del debate es cómo crear un marco regulador óptimo y prudencial para que el sector financiero europeo pueda prosperar, ofreciendo unas ventajas concretas y considerables a los consumidores y fomentando el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.
Por ese motivo quiero felicitar sinceramente al ponente, así como a los ponentes alternativos y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por su trabajo. Con unos temas tan complejos, no siempre es fácil identificar las verdaderas cuestiones, tener en cuenta todos los puntos de vista y conseguir un equilibrio correcto para marcar el camino a seguir. Gracias al planteamiento inclusivo, transparente y abierto del ponente, el informe lo consigue. Es una aportación importante al debate.
Creo que existe un amplio consenso respecto a los principales obstáculos identificados, compartidos por las conclusiones del Consejo adoptadas por el Consejo Ecofin en mayo.
Debemos mejorar la rentabilidad de la supervisión de las actividades transfronterizas. En este sentido, como se dice en el informe, es esencial una mayor convergencia de las normas y las prácticas de supervisión. Para conseguir este objetivo, no necesitamos un «big bang» supervisor, sino más bien optimizar el funcionamiento de la estructura Lamfalussy. Existen unos proyectos concretos que se pueden poner en práctica bastante pronto. El papel de los comités de nivel 3 es esencial, por ejemplo para poner en práctica unas normas comunes de presentación de informes y evitar así requisitos costosos que se duplican de forma innecesaria. Varias de esas mejoras concretas fueron identificadas y apoyadas por el Consejo Ecofin el mes de mayo pasado.
Quiero hacer un esfuerzo para acelerar el trabajo en este ámbito. No podemos tener un mercado interior si las compañías van a tener bloqueado un capital infrautilizado porque no tenemos en marcha la suficiente cooperación entre supervisores. Tengo intención de recuperar este tema dentro de poco. Hay un coste de regulación y supervisión que se tendría que evaluar.
El informe destaca, con razón, las implicaciones de una mayor integración para la supervisión. Algunas cuestiones complejas, como los programas de garantía de depósitos o la cuestión de la entidad prestamista de última instancia, deben examinarse en este contexto. El Libro Blanco de la Comisión sobre la política de servicios financieros ha identificado estas cuestiones. Seguramente será uno de los debates políticos más interesantes de los próximos meses y años.
Además de la supervisión, hay que abordar también la fragmentación de los mercados minoristas. Las actuales dificultades que experimenta la venta de productos minoristas similares en diversos países es uno de los principales obstáculos para explotar las sinergias de escala.
Estoy completamente de acuerdo con el informe en que una mayor integración, sobre todo en los segmentos del mercado minorista, no tendría que ocurrir en detrimento de los consumidores. Tenemos medios para evitar que esto ocurra, y los utilizaremos. Las investigaciones sectoriales que se están realizando, bajo la supervisión de mi colega la Comisaria Kroes, son un buen ejemplo.
Un tercer aspecto que exige nuestra atención es el relacionado con los impedimentos para la reorganización corporativa a escala paneuropea. En la actualidad estamos estudiando las futuras prioridades para el derecho de sociedades y la gobernanza corporativa con el fin de saber cómo podemos seguir progresando.
Quiero dar las gracias de nuevo al ponente por su trabajo. Ahora disponemos de un análisis compartido sobre cuáles son los principales obstáculos. Nuestro reto para los próximos años será eliminarlos.
Volviendo a la pregunta oral de la señora Berès, permítanme que sea claro: la Comisión cree firmemente que las fuerzas de mercado y las decisiones de los accionistas deberían determinar la forma óptima de consolidación del cambio, no los burócratas ni los políticos. No deberíamos entrar en el juego de «captar ganadores» o intentar modelar los mercados según una visión burócrata de lo que es mejor para los accionistas, los inversores y los emisores europeos.
A largo plazo, los inversores europeos y las corporaciones europeas que pretenden aumentar el capital tendrán un mejor servicio con instituciones de talla mundial que hagan negocios en un marco regulador de escala mundial, desplieguen tecnología punta y les puedan proporcionar la amplitud y la gama de servicios que desean. Esos servicios podrían incluir la capacidad de comerciar en una multitud de divisas, zonas horarias e instrumentos. Existe una fuerte presión comercial que lleva a la consolidación. Si un negocio tiene sentido comercial, y si se pueden abordar de forma adecuada la ley de la competencia y los aspectos reguladores, nosotros no intervendremos.
Sin embargo, y esa es la cuestión principal, la Comisión cree que es esencial que la actividad del mercado financiero en la jurisdicción de la Unión Europea sea regulada por unas normas europeas y de los Estados miembros, y por nuestras autoridades reguladoras. Por supuesto, permaneceremos alerta para asegurar que se mantengan los actuales niveles de protección del inversor y la integridad del mercado. Creemos en una regulación fuerte y efectiva de los mercados europeos. De lo contrario, no habríamos realizado todos tantos esfuerzos por conseguir la directiva MiFID, así como los demás aspectos del Plan de Acción para los Servicios Financieros que hemos elaborado entre todos durante tanto tiempo.
Observamos la valoración preliminar de algunos reguladores de Europa y de los Estados Unidos de que las fusiones que se discuten no implicarán cambios significativos en la responsabilidad reguladora. Pero si hay efectos indirectos, los reguladores deberían trabajar juntos de forma constructiva para decidir cuáles van a ser las normas y la forma de cooperar.
Mantendré un estrecho contacto con el consejo de supervisores de Euronext en los próximos días para asegurar que existe un pleno entendimiento sobre cómo van a evolucionar todas esas cuestiones.
De modo que no tiene sentido imponer nuevas cargas extraterritoriales sobre las empresas europeas, que nos pondrían en desventaja y perjudicarían nuestros mercados financieros con buen funcionamiento internacional y en desarrollo. Sabemos que los usuarios y accionistas europeos tampoco están a favor de esa medida.
En cuanto a las cuestiones sobre la competencia, las competencias de la Comisión en la valoración de fusiones se establecen en el Reglamento de la CE nº 139/2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas. Según este marco, está en manos de las partes en primera instancia informar a la Comisión sobre si, desde su punto de vista, se cumplen los umbrales de volumen correspondientes para que sean de competencia comunitaria. La Bolsa de Nueva York y Euronext nos han informado de que esta transacción no cumple esos umbrales.
En cuanto a los temas de compensación y liquidación, en el curso de nuestro trabajo hemos intentado determinar la mejor gama de medidas, legislativas o no, que ofrecerían una mejor competitividad en esas áreas. En cuanto a los pasos necesarios para conseguir esas ventajas, la Comisión aún no ha tomado una decisión. Todas las opciones están sobre la mesa; seguramente la decisión se tomará en breve. 
Karsten Friedrich Hoppenstedt,
   Señor Presidente, casi parece innecesario decir que acojo con gran satisfacción el informe sobre una mayor consolidación del sector de los servicios financieros, aprobado por amplia mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y también quisiera manifestar mi sincero agradecimiento al ponente por su constructiva cooperación.
En la mayoría de Estados miembros de la UE, la consolidación del sector bancario no está tan avanzada como en algunos de ellos. De conformidad con la Estrategia de Lisboa, el sector de los servicios financieros debe tomar la delantera en este contexto; este es consciente de ello y está dispuesto a desempeñar su función.
¿Cómo se estructura el sector bancario europeo? ¿Dónde radican sus puntos fuertes y por qué motivos ha sido tan escasa la consolidación en Europa? Acojo con satisfacción los estudios iniciales que ha realizado la Comisión sobre estas cuestiones. Tanto si se trata del sector de los servicios financieros como de los sistemas educativos, del panorama lingüístico o de las diferencias regionales, la fuerza de Europa siempre ha residido en su diversidad.
En el ámbito de los servicios financieros, esto tiene tres implicaciones principales: en primer lugar, un sector de servicios financieros que trabaje para las empresas europeas deberá constar necesariamente de diferentes operadores, en concreto aquellos con unas dimensiones que les permitan hacer frente a los retos internacionales y aquellos dedicados sobre todo a los mercados regionales. Las pequeñas y medianas empresas actúan justamente en esos mercados regionales, donde representan la mayor parte del potencial económico europeo. Esta diversidad se debe conservar en la Unión Europea y me satisface que hayamos abordado claramente esta cuestión en nuestro informe a través de la enmienda presentada por la señora Berès y otros.
En segundo lugar, ¿qué significa en la Unión Europea una estructura bancaria pluralista? Solo significa nada más que las instituciones de Francia, España, Hungría, etc. puedan aplicar modelos empresariales diferentes con distintos objetivos comerciales. Las fuerzas del mercado decidirán qué modelo o qué objetivo tendrá éxito. Tal vez se trate solo de otro de esos ámbitos en los que los Estados miembros pueden adoptar planteamientos distintos en lugar de buscar la forma ideal.
En tercer lugar, los consumidores europeos se diferencian en sus culturas y estilos de vida y, en consecuencia, también pedirán distintos servicios financieros. Solo una variedad de productos puede garantizar unos servicios financieros eficaces y eficientes en Europa, que se adecuen a las necesidades de los consumidores y a la economía.
En el informe también se menciona la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. El informe respalda al sector europeo de los servicios financieros en sus esfuerzos por eliminar los obstáculos reales a la consolidación transfronteriza. El Banco Central Europeo también se ha pronunciado de forma positiva al respecto. 
Ieke van den Burg
   , . Señor Presidente, el informe Muscat y la pregunta oral reflejan con exactitud mis preocupaciones sobre la evolución de la situación. Sin embargo, de todas las preguntas que se han formulado con respecto a la evolución de los mercados bursátiles, el Comisario McCreevy en realidad solo ha respondido a la primera parte de la segunda pregunta, en concreto, si del silencio que rodea esta evolución debemos deducir que en realidad considera que es un asunto que solo incumbe a los accionistas. Por lo visto, esta es su opinión y quisiera destacar que no la comparto.
Pienso que sin duda no se puede decir que sea una cuestión que solo incumbe a los accionistas. Existen muchas otras partes con importantes intereses, incluidos los usuarios de las bolsas de valores, las empresas que cotizan en ellas, los inversores privados e institucionales, así como los fondos de pensiones que invierten a través de los mercados bursátiles, pero también las instituciones financieras que ofrecen vías de inversión alternativas tienen sus propios intereses, y ahora me refiero a los bancos de inversión con representaciones internas, que ofrecen plataformas alternativas, y a los fondos de alto riesgo.
No sé si conoce el libro del señor Seifert, antiguo presidente de la Bolsa alemana En él describe de forma muy detallada cómo los fondos de alto riesgo, basados en otros intereses, también ejercieron sus derechos de accionistas en la batalla en torno a las propuestas que hizo en su momento la Bolsa alemana en un intento de absorber la Bolsa de Londres. No sé si lee el alemán o si ahora existe alguna traducción, pero sería bueno que tuviera en cuenta el consejo de alguien con experiencia de primera mano en la conversión de una bolsa, propiedad de los usuarios, en una empresa que cotice en bolsa y que ahora también puede comprobar los inconvenientes de esta mentalidad meramente accionarial.
Considero que debería dedicar mayor atención al interés general que está en juego. En nuestra calidad de políticos, nos corresponde considerar que se trata de una cuestión de interés público y esa es claramente una tarea de ámbito europeo y no solo nacional. Desde luego, no es mi intención conseguir que nos revele la combinación que funcionaría mejor ni si tendría que ser una bolsa europea o transatlántica. No obstante, pienso que corresponde a la Comisión establecer las condiciones y los requisitos sobre la base de los intereses de las demás partes interesadas, de los usuarios y de la economía europea.
Por lo que respecta a dicha dimensión transatlántica, usted ya ha afirmado que no deberíamos adoptar las normas de Estados Unidos. También en este contexto hay varios expertos, entre ellos Harvey Pitt y Callum McCarthy, que indican que la cuestión desde luego no está tan clara. En consecuencia, esperamos de la Comisión respuestas claras respecto de las consecuencias y de cómo podemos evitar que esa influencia estadounidense se extienda a posibles combinaciones en Europa.
Como comentario final, volviendo al Informe Muscat, quisiera hacer hincapié en nuestra propuesta de que se constituya un comité de sabios. Considero que es urgentemente necesario implantar una supervisión a escala europea. Las bolsas de valores son un ejemplo de un sector en el que esto es sumamente necesario. Asimismo, la consolidación de las instituciones financieras en otros lugares demuestra que no podemos dejar que este asunto se aborde únicamente a escala nacional, ya que entonces entrarían en juego otros intereses. Está claro que en esta economía en proceso de globalización necesitamos con urgencia una perspectiva europea y una supervisión europea, y sería magnífico que un comité de sabios le asesorase al respecto. 
Wolf Klinz,
   Señor Presidente, Comisario, Señorías, por mucho que se diga lo contrario, el mercado único todavía no se ha completado. El sector de los servicios financieros es uno de los ámbitos principales donde son posibles y necesarias mejoras adicionales. Usted, está intentando cambiar esta situación, señor Comisario McCreevy. El Parlamento Europeo le apoyará gustoso en esa empresa. El informe Muscat ofrece a la Asamblea una oportunidad de apoyar firmemente la supresión inmediata de los obstáculos injustificados a las fusiones y adquisiciones. Quisiera felicitar sinceramente al señor Muscat por un informe muy equilibrado y agradecerle su cooperación tan abierta y constructiva.
La frontera política entre dos Estados miembros de la Unión Europea no debe suponer una barrera para las fusiones o adquisiciones transfronterizas. La decisión de fusionarse con una empresa o adquirirla no debería ser un asunto político, sino que solo debería depender de si la fusión o la adquisición va a beneficiar a los accionistas, a los trabajadores y también a los clientes y socios comerciales en Europa o en todo el mundo y si, por ende, va a mejorar la competitividad de las empresas en cuestión. Sin embargo, una fusión o una adquisición no deben infringir bajo ninguna circunstancia la legislación de la UE en materia de competencia. En pocas palabras, la tarea de los políticos, como ha dicho el Comisario McCreevy, no puede ser decidir si van a tener lugar más o menos fusiones, sino solo garantizar que no se desequilibre todo el sistema.
Respecto a la posible fusión entre la Bolsa de Nueva York y Euronext, a diferencia de la oradora anterior, opino que los políticos no deberían desempeñar ningún papel activo en este contexto. Solo deben marcar un límite si se evidencia que las actitudes estadounidenses con respecto a la supervisión se están implantando de repente en Europa a través de esa fusión. Esa posibilidad no se puede descartar por completo si se tiene en cuenta que incluso las transacciones del mercado monetario entre socios europeos se están desarrollando cada vez con más frecuencia, a todos los efectos, de conformidad con la legislación estadounidense.
Se deben eliminar los obstáculos injustificados de carácter fiscal o asociados a la supervisión. A petición del Consejo ECOFIN, la Comisión ha estado trabajando para identificar la naturaleza exacta de estos obstáculos. Como resultado concreto de esos esfuerzos, permítanme que mencione la próxima publicación de la modificación del artículo 16 de la Directiva de coordinación bancaria. Sin duda, las autoridades de supervisión deben tener poder. Sin embargo, en el artículo 16, los motivos por los que la autoridad de supervisión competente puede rechazar una fusión o adquisición transfronteriza son demasiado imprecisos. La evaluación basada en la prueba de lo «apto y apropiado» proporciona a la autoridad de supervisión un gran margen para interpretar los criterios y, por lo tanto, está expuesta a los abusos. Los casos recientes han ilustrado claramente este defecto.
La transparencia, las decisiones lógicas y, por consiguiente, la previsibilidad para las empresas son aspectos que deberemos discutir durante los próximos meses. En mi calidad de ponente parlamentario para estos temas, espero con particular interés las propuestas de la Comisión.
Por ultimo, permítanme que añada algunos comentarios sobre las enmiendas presentadas. Apoyo la propuesta del señor Muscat de que se designe un comité de sabios encargado de examinar los efectos de la consolidación y de estudiar los temas de la supervisión y la normativa sobre esta materia, de la estabilidad financiera y de la gestión de las crisis. También considero adecuado que dicho comité disponga de seis meses para elaborar un informe autorizado con propuestas concretas sobre los problemas que se han destacado.
Mis enmiendas están pensadas para contribuir a una mayor imparcialidad de la propuesta. Están relacionadas con el mercado único europeo y la supresión de obstáculos injustificados. En otras palabras, el Parlamento no debe intentar definir de manera permanente la situación concreta de un Estado miembro ni tampoco intentar modificar dicha situación a toda costa.
Desprendámonos de nuestras gafas nacionales y procuremos ofrecer a la industria y a los consumidores el mercado único que necesitan con urgencia. Es el único camino que conduce al éxito en el mercado mundial. 
John Whittaker,
   . Señor Presidente, el informe Muscat aplaude la actividad de consolidación, fusión y adquisición que ha tenido lugar para conseguir esas escurridizas economías de escala y alcance. Sin embargo, que yo sepa no existe ninguna garantía de que los consumidores se sientan más satisfechos, de que se hayan reducido los riesgos o de que se haya reducido el coste del capital. Al contrario, los principales efectos del Plan de Acción para los Servicios Financieros hasta la fecha parecen ser que los servicios financieros a todos los niveles –banca minorista, correduría, banca de inversión– se están viendo gravemente perjudicados por unos requisitos de presentación de informes onerosos y en general innecesarios.
Sin embargo, el tema que quiero resaltar, y que se reconoce en el informe, es la gestión de las crisis, o, por decirlo más claramente, quién nos sacará de apuros. Antes o después algún gran banco multinacional va a tener problemas, no necesariamente por una mala gestión, sino simplemente porque los bancos, como las demás empresas, pueden quebrar. La banca, como todas las empresas, es arriesgada. Habrá petición de avales y garantías para prevenir contagios, y para impedir la caída del sistema de pagos. Llegados a este punto, la cooperación entre autoridades nacionales se convierte en no cooperación, porque cada autoridad nacional quiere limitar su propia responsabilidad financiera.
Nadie ha pensado en ello. El informe menciona a la entidad prestamista de última instancia sin decirnos qué es o cómo va a funcionar. Por eso, en vez de intentar conseguir a ciegas un mercado interior de los servicios financieros, creo que sería prudente no fomentar de momento una mayor actividad de consolidación o fusión transfronteriza, hasta que la Unión Europa tenga una sola autoridad fiscal para asumir la posible gran responsabilidad financiera cuando las cosas vayan mal. Afortunadamente, creo que este momento está todavía muy lejos. 
Gunnar Hökmark (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, permítame que me sume a las opiniones de mi compañero de partido, el señor Hoppenstedt y, en especial, a sus comentarios apreciativos sobre el trabajo realizado por el ponente. Pienso que en este contexto se deben decir tres cosas importantes. En primer lugar, la experiencia de consolidación en los mercados financieros ha sido positiva. En todo caso, cabría decir que la consolidación transfronteriza ha sido demasiado escasa. Cuando ha tenido lugar, ha sido la manifestación de una verdadera integración transfronteriza y ha dado como resultado unas condiciones saneadas para consumidores y clientes.
También es importante añadir en este contexto que, cuando debatimos la situación en Europa, deberíamos hacerlo pensando en el mercado financiero mundial. Si queremos tener acceso rápido al capital, en particular para fines de inversión, y una dinámica financiera potente, no solo necesitamos actores europeos fuertes, sino también la presencia de actores fuertes en Europa. En este contexto, para las grandes empresas es importante poder crecer en Europa y, por consiguiente, también es importante aceptar la consolidación que tenga lugar.
En este sentido, quisiera destacar que es importante que la economía europea desarrolle el mercado transatlántico. Independientemente de cómo se desarrolle el asunto transatlántico de las bolsas de valores europeas y estadounidenses o solamente europeas, es importante aprovechar la oportunidad que ahora se nos ofrece. Nos interesa mantener, en la medida de lo posible, las normas europeas en los ámbitos de la información, la gestión empresarial responsable y las normativas comunes que regular la competencia. Quisiera instar a la Comisión a que no intervenga en las discusiones sobre las fusiones transatlánticas entre bolsas de valores y a que no las encauce en una dirección en particular. Al contrario, debería aprovechar esas conversaciones para hacer hincapié en la reglamentación europea, cuya aplicación podría otorgar a los mercados financieros europeos una posición ventajosa dentro de la economía mundial. Es una oportunidad que debemos aprovechar ya. 
Antolín Sánchez Presedo (PSE ). –
   Señor Presidente, en primer lugar, quisiera sumarme a todos los que han felicitado al señor Muscat por su informe sobre la consolidación de los servicios financieros y, en particular, por su propuesta de crear un comité de expertos independientes.
Me voy a referir fundamentalmente a los fenómenos de fusiones y adquisiciones en las bolsas europeas. Durante los últimos treinta años, el desarrollo tecnológico, la libre circulación de capitales a nivel internacional y la innovación financiera han provocado profundas transformaciones en los mercados de capitales y han incrementado la participación de los ahorradores domésticos en los mercados financieros, en general, y de valores, en particular. En algunos países europeos su participación equivale aproximadamente al tercio de sus ahorros y en otros a la quinta parte.
La desmutualización de las bolsas, que se inició en Asia a mediados de los 90 y se extendió posteriormente a principios de la presente década por las principales plazas europeas de Londres, París y Francfort, y que se sigue realizando, como está ocurriendo actualmente en España con el proceso de salida a cotización, ha provocado reestructuraciones, ha generado concentraciones en el mercado interno, como es el caso de Euronex o el mercado escandinavo, y todas ellas son positivas, en la medida en que tiendan a la reducción de costes y a la extensión de las transacciones y los mercados de cotización.
A mi juicio, los recientes anuncios de fusiones y adquisiciones transatlánticos suponen un cambio cualitativo. Toda vez que, pese a la creciente convergencia que va existiendo a uno y otro lado del Atlántico, persisten sustanciales diferencias entre ambos mercados, que han sido identificadas tanto en el modelo de mercado de valores como en la propia estructura de mercado o en los elementos de la posnegociación.
Además, se produce en un momento en que la Unión Europea, después de haber aprobado la Directiva MIF y cuando se va a tratar de su aplicación en el futuro, pretende completar el mercado europeo financiero. Al mismo tiempo, se ha iniciado un importante debate sobre la actualización de los mercados de valores. Un debate que se refiere a su papel en el futuro, a la organización, a las estructuras, a la transparencia, a los aspectos económicos, a la competencia, a la gobernanza y a las infraestructuras.
Nos encontramos en un momento de cambios muy importantes. Por ello, existen muchos interrogantes por despejar y, por lo tanto, no se trata simplemente de actuar caso por caso, sino que es necesario formular los intereses generales de la Unión Europea, evaluar el impacto de las operaciones anunciadas sobre los mismos, prever las consecuencias de las operaciones desde el punto de vista político, reglamentario y económico y, desde luego, buscar la mejor respuesta necesaria, sabiendo que la política financiera y de mercado de valores tiene importantes efectos en la política monetaria de la Unión Europea. Y, a mi juicio, es necesario, también, valorar cuál es el mejor método para asegurar transparencia, estabilidad y equilibrio por parte de la Unión Europea para el buen funcionamiento global de los mercados financieros. Esta es la tarea que debemos realizar.
Sharon Bowles (ALDE ). –
   Señor Presidente, yo también quiero hablar de las fusiones transatlánticas de las bolsas de valores. Hemos visto varias veces en la primera página del y hemos oído decir al director de la Bolsa de Nueva York que es posible que las normas estadounidenses de gobernanza corporativa Sarbanes-Oxley puedan aplicarse a la bolsa fusionada, con jurisdicción en los tribunales de los Estados Unidos.
Por supuesto no todo el mundo está de acuerdo con este análisis. De hecho, en la segunda conferencia anual sobre valores de la Bolsa de Nueva York, celebrada hace un par de semanas, la Comisaria Annette Nazareth, de la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos, dijo que la fusión parecía exigir una estrategia de tecnología común pero no una plataforma de cambio común. Por eso habrá una sociedad instrumental común bajo jurisdicción estadounidense, pero Euronext no se registrará como Bolsa de los Estados Unidos y no ofrecerá sus productos en el mercado de los Estados Unidos. Por ese motivo, en su opinión, la ley Sarbanes-Oxley no debe aplicarse a Euronext.
Sin embargo, a mí me parece que tampoco se aplicarán los beneficios de un mercado fusionado, al menos por parte de Euronext. En realidad ella dijo que una simple adscripción a una bolsa estadounidense no somete a una bolsa no estadounidense a la ley estadounidense.
Pero, con todo ese entusiasmo e interés por las adquisiciones transatlánticas, parece probable que se estuviera tramando algo más trascendental que una simple adscripción, al menos en la mente de algunos. ¿Es posible que pueda haber algún tipo de proceso asimétrico, cono que las partes con sede en Estados unidos se registren en Europa pero no al revés? ¿Cuáles serían las consecuencias para el mercado europeo?
La Comisaria Nazareth midió mucho sus palabras al referirse a la plataforma tecnológica. ¿Es práctico en realidad que haya plataformas de TI independientes a largo plazo? Lo dudo. Habría un deseo de integración y en esta fase parece que lo más probable sería que la ley Sarbanes-Oxley entrara en juego, motivo por el que ella fue tan prudente con sus palabras.
Por lo tanto, a menos que se tomen medidas para llegar a un estándar internacional cuanto antes mejor, podríamos tener problemas a la vista. Yo diría que aquí existe un papel tanto para los burócratas como para los accionistas. En Europa tenemos experiencia en equilibrar diferentes tradiciones y prácticas jurídicas y es un motivo por el que deberíamos tomar la iniciativa en el futuro de la regulación. 
Zsolt László Becsey (PPE-DE ). –
   Quiero felicitar el señor Muscat y a todos aquellos que han participado en la elaboración del informe, que ha exigido un trabajo arduo y exhaustivo, y han presentado un documento equilibrado.
Creo que hay dos factores que influyen de manera significativa en la consolidación de los procesos financieros. Uno de ellos es, con referencia al proceso de Lisboa, la creación del mercado interior y el aumento de la competitividad. El otro, con referencia a la ampliación y en la línea de las ventajas de la expansión del mercado, es la implementación de la cohesión, al igual que la igualdad y la unidad entre Estados miembros. 
Lamentablemente, respecto a este último, el equilibrio ha quedado trastocado. Esto se debe al hecho de que mientras que en los procesos financieros la sensibilidad de los Estados miembros queda relegada a un segundo plano con la declaración de una apertura creciente, el factor determinante en el caso de los servicios de gran intensidad de mano de obra es la sensibilidad de los antiguos Estados miembros, en lugar de la liberalización interna. Esto rompe el equilibrio del sector de los servicios. Dicho sea de paso, ese es el motivo por el que no puedo aceptar que se consideren aspectos de protección social o ambiental en la consolidación de los servicios financieros o del sector financiero.
Además, creo que es importante que avancemos sin perder de vista la solidaridad. No debemos permitir que se desarrolle una situación en la que las autoridades de supervisión del mercado en los Estados beneficiarios –y los nuevos Estados miembros son básicamente Estados beneficiarios– estén indefensas con respecto a las autoridades de supervisión dominantes del mercado de los antiguos Estados miembros. Solo podremos avanzar en el ámbito de liberalización si imponemos requisitos estrictos para la cooperación y, en especial, para la transparencia. Al mismo tiempo, estoy de acuerdo en que para favorecer la concentración debemos ayudar a cambiar los sistemas fiscales, especialmente el régimen de IVA.
También quiero subrayar que la concentración excesiva derivada de las fusiones y adquisiciones debe analizarse tanto desde la perspectiva del mercado interior emergente y en aras del avance de la cohesión de los Estados miembros que tratan de recuperar terreno. Este factor es necesario, puesto que puede ocurrir que en determinadas situaciones no exista una concentración excesiva a escala comunitaria, pero sí prevalezca en el ámbito de un Estado miembro, lo cual perjudica la competencia en ese Estado miembro concreto. Por lo tanto, las evaluaciones de impacto de la política de competencia deben prestar especial atención a este factor, como ha quedado patente en los últimos ejemplos. Esta difícil situación podrá resolverse mediante procedimientos adecuados, que también podrán garantizar que se excluyan las condiciones de oligopolio sin permitir que se vean sustituidas por un proteccionismo unilateral. 
Margarita Starkevičiūtė (ALDE ).
   – Señor Comisario, lamento mucho que hoy no haya entendido el motivo por el que hemos formulado esta y le hemos invitado a esta Cámara. Sin duda, no ha sido porque queramos más reglas de mercado, sino porque carecemos de un liderazgo político respaldado por las directrices estratégicas de la Unión Europea para el desarrollo del mercado financiero. Todos sabemos muy bien que la Unión Europea tiene una larga tradición de reglamentos financieros basados en principios. Estos principios deben proclamarse. Nos falta la declaración de estos principios y por ello nos sentimos confusos en el mercado, lo cual ocasiona diversos rumores y diversas opiniones. Esperemos que ahora que contamos con un modelo europeo excelente, que también siguen los mercados en desarrollo, seamos capaces de protegerlo; no obstante, de momento parece que las dudas de la Comisión, con perdón, están permitiendo que se suprima dicho modelo. Veamos, por ejemplo, las enmiendas a la Directiva sobre folletos que se están debatiendo actualmente. Parece que estamos esperando un resultado intermedio, una media trasatlántica que no significará nada bueno ni para Europa ni para los Estados Unidos. En realidad, deberíamos decir honradamente que tenemos puntos de vista distintos y quizás entonces podamos intentar respetar y reconocer nuestras posturas respectivas. En cuanto al Reglamento del mercado de compensación y liquidación, debemos reconocer que se trata de una cuestión complicada que quizás haya que resolver de manera gradual. Nosotros también deberíamos tener nuestra propia opinión europea y no sumarnos a decisiones tomadas por grandes conglomerados. Porque no hacer nada no es una postura liberal. Cuando las autoridades reguladoras no hacen nada, entonces se impone la ley de la jungla en el mercado y este se va a pique, y sobre todo se van a pique las innovaciones, cosa que no queremos. 
Piia-Noora Kauppi (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, muchos colegas ya han preguntado qué hacemos hoy aquí discutiendo las fusiones de las bolsas de valores en Europa. Evidentemente, no está en manos del Parlamento Europeo decidir sobre los tipos de fusiones que pueden ocurrir y el tipo de actividad en el mercado. También está en manos de la Comisión emitir opiniones sobre si la fusión Euronext-Frankfurt-Börse es mejor que la fusión transatlántica. Necesitamos saber los tipos de oportunidades que la fusión transatlántica nos puede aportar, sobre todo en términos de diálogo sobre servicios financieros transatlánticos que, en mi opinión, ha sido el ejemplo más fructífero de lo que podemos hacer juntos si realmente queremos colaborar con la SCC estadounidense.
Quiero felicitar al Comisario por el progreso conseguido. Creo que si el mercado obliga a decidir que tendremos una bolsa de valores transatlántica, será una gran oportunidad para la convergencia reguladora. No se trata de si las normas extraterritoriales Sarbanes Oxley llegan a Europa; la cuestión también es que podemos presentar nuestros modelos estratégicos, nuestras excelentes plataformas tecnológicas, y darles un uso muy eficiente en los Estados Unidos.
Hemos estado negociando, por ejemplo, sobre la cuestión de las pantallas de transacción electrónica en las negociaciones del GATS. Hemos intentado llevar nuestras pantallas de transacción a las bolsas de valores de los Estados Unidos y viceversa, pero no ha ocurrido. Este tipo de fusión transatlántica de bolsas de valores sería una gran oportunidad para la convergencia reguladora y permitiría que este trabajo que tan bien se ha realizado siga en el futuro. 
John Purvis (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, solo quiero plantear dos cuestiones. La primera es: ¿Hay algo en el texto de los apartados 9 y 26 que de alguna forma asegure a las cajas de ahorros de Berlín y al sistema de cajas de ahorro de Alemania que no quedarán anquilosadas para el futuro? Es una pregunta para el señor McCreevy.
La segunda es si realmente pensamos que es necesario que un nuevo comité de «sabios» estudie este tema, como se pide en el último apartado. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, esta tarde se han planteado una gran variedad de temas. Creo que la mayoría han sido abordados en mis observaciones iniciales, pero permítanme resaltar algunos puntos.
Se ha realizado un gran esfuerzo por crear un marco jurídico armonizado para los mercados financieros de la UE. En realidad, todavía se está trabajando arduamente en este sentido. Con este marco se pretende establecer la igualdad de condiciones, promover mercados más líquidos y más profundos y asegurar que se salvaguarden los intereses de los consumidores y los inversores. Dentro de este marco deberíamos permitir que el mercado tenga su papel. Los reguladores deberían evitar intervenir en las decisiones tomadas por los agentes del mercado. El hecho de que las empresas europeas sean codiciadas por operadores de otros países es una señal de la confianza que tienen en nosotros y en nuestro modelo regulador. Lo que necesitamos es contar con instituciones financieras sólidas capaces de ser autónomas en la economía mundial. Necesitamos intercambios innovadores y una política de competencia que impida la concentración indebida y los abusos de posición dominante. Pero aparte de eso, creo que deberíamos permitir que el mercado desempeñe su función.
La señora Van den Burg ha planteado varias cuestiones. Ha dicho que en su opinión no era solo una decisión de los accionistas, refiriéndose a las bolsas de valores. Bien, yo creo que sí. No estoy de acuerdo con ella. Coincido con ella en que los usuarios de las bolsas tienen un interés, pero no he notado ningún grado de consenso entre ellos en cuanto a lo que consideran que sería la mejor combinación de bolsas y la más deseable.
También ha planteado la cuestión de las consecuencias de las posibles fusiones. Es demasiado pronto para decirlo, pero tengo claro que la consolidación de las bolsas no debe implicar lo que yo denomino «efectos indirectos reguladores». También otros oradores han sacado este tema, como el señor Klinz y otros.
Como he dicho en mi introducción, en respuesta a la pregunta de la señora Berès en nombre de la comisión, se trata de dos temas distintos. En mi opinión corresponde a las partes interesadas y a los accionistas decidir qué quieren hacer con sus bolsas de valores. Es un asunto absolutamente suyo. El mercado debe decidir al respecto.
Por otro lado, la cuestión de nuestra regulación es de gran interés para nosotros. Queremos asegurar que los reguladores europeos regulen las bolsas europeas y, tal como yo lo veo, la propuesta presentada a la Bolsa de Nueva York y Euronext asegurará un sistema que lo permitirá. Estoy de acuerdo en que será importante asegurar que la situación siga siendo esa en el futuro, no solo este año o el siguiente, sino dentro de cuatro o cinco años, y que sean cuales sean los procedimientos que se pongan en práctica, deberán seguirse. Como he dicho en mi introducción, sí, estamos interesados en ello y nos implicaremos en esta cuestión.
La señora Van den Burg ha preguntado si he leído el libro del señor Seifert. No lo he leído, pero he leído varios comentarios al respecto. Conocí al señor Seifert en mi época de Comisario europeo, poco después de que lanzara la tentativa de absorción por parte de Frankfurt de la Bolsa de Londres. He leído lo que él ha dicho de su libro. Aunque es un libro interesante, es tan solo una perspectiva más sobre el tema.
Me gustaría decir a los diputados a esta Cámara y a otras personas de fuera, que siempre parecen preocupados por si las influencias exteriores contaminan la experiencia europea, que creo que algunas de las propuestas que tenemos sobre la mesa en la actualidad me sugieren que parece que los agentes del mercado de todo el mundo quieren participar en la experiencia europea y la ven en cierto modo al revés. Parece que las pruebas sugieren que se han hecho ya muchos negocios en Europa que antes solían hacerse al otro lado del Atlántico. Hay una razón para ello. Algunas personas quieren participar en el modo de hacer europeo. No deberíamos estar siempre a la defensiva.
El señor Hökmark y otros han mencionado el tema de la regulación. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Deberíamos dejar que las normas y reglamentos europeos se apliquen a las empresas europeas. Ese va a ser nuestro interés. La cuestión de si debería haber absorciones o fusiones de bolsas de valores en las diferentes partes del mundo depende totalmente de los agentes del mercado y es una cuestión sobre la que soy totalmente agnóstico. 
Pervenche Berès (PSE ).
   – Señor Presidente, la respuesta del Comisario me ha dejado perpleja. Se le han formulado preguntas muy concretas. No le pedimos que intervenga en la realidad de los mercados, le pedimos que desempeñe su papel de iniciativa en la labor legislativa. El hecho de no decidir repercute en los mercados. El hecho de no tomar decisiones sobre la desvinculación o la aplicación de las normas de la competencia en un determinado mercado tiene una repercusión en la definición del marco.
Además, le hemos formulado preguntas concretas sobre la evaluación de impacto. ¿Cuándo podrá disponer el Parlamento de esa evaluación de impacto, antes de que haya sido totalmente reescrita por sus servicios, señor Comisario?
John Purvis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, creo que no se ha contestado a mi pregunta sobre la consolidación del sector bancario y sobre si hay algo en el informe Muscat capaz de remediar la absurda estructura de las cajas de ahorros en Alemania. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0217/2006) de la señora Wortmann-Kool, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 4056/86, se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los transportes marítimos y se modifica el Reglamento (CE) nº 1/2003 ampliando su alcance con objeto de incluir el cabotaje y los servicios internacionales de tramp (COM(2005)0651 C6-0046/2006 2005/0264(CNS)). 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, es un placer participar hoy en este debate sobre el informe de la señora Wortmann-Kool acerca de la propuesta de la Comisión de derogar el Reglamento (CE) nº 4056/86.
La Comisión celebra que el informe reconozca que, en las actuales condiciones del mercado, ya no están justificadas, ni jurídica ni económicamente, las conferencias marítimas de fijación de precios.
El propósito principal de nuestra propuesta es aumentar la competitividad de la UE, de acuerdo con la Agenda de Lisboa. En torno al 18 % de las importaciones y al 21 % de las exportaciones de la UE están afectadas por la capacidad de los transportistas de fijar los precios gracias a la exención por categoría de que gozan las conferencias marítimas. La supresión de esta exención derivará en precios más bajos del transporte, lo cual beneficiará a toda la economía comunitaria.
Dicho esto, la Comisión también se ha preocupado por preservar la competitividad del sector marítimo de la UE. Por eso estamos preparando unas directrices para explicar cómo se aplicará la ley de la competencia al sector naval una vez derogado el Reglamento (CE) nº 4056/86. La Comisión se compromete a publicar esas directrices a finales de 2007. Visto el período transitorio previsto de dos años, las directrices estarán disponibles antes de que entre en vigor la derogación de la exención, lo que dará tiempo suficiente al sector para adaptarse al nuevo entorno competitivo sabiendo que actúa dentro de la legalidad. 
La Comisión ha mantenido sendos debates con los proveedores (transportistas) y los usuarios del transporte (cargadores) acerca del contenido de las directrices. Con ellas se tratará sobre todo de asegurar la competitividad del sector. Creo que todos estamos de acuerdo en que asegurar la competitividad no es lo mismo que librar al sector de la competencia. Es legítimo intercambiar información y es práctica común en la mayoría de las industrias, pues permiten a las empresas tomar mejores decisiones, pero esto no debe llegar hasta el punto de impedirles que decidan cómo actuar en el mercado de forma independiente unas de otras.
El proceso que llevará a la aprobación de las directrices por la Comisión incluye conversaciones tanto con los usuarios como con los proveedores de transporte, así como con los Estados miembros en el subgrupo de transporte marítimo de la Red Europea de Competencia. Se publicarán los borradores de las directrices para que todas las partes interesadas puedan añadir sus comentarios, y otras instituciones podrán también aportar los suyos durante el proceso.
En otros casos, sobre todo en el ámbito de las ayudas estatales, el Parlamento Europeo ha hecho uso de esta posibilidad para expresar su parecer. Esperamos que siga interesado en esta importante iniciativa.
Comprendo la inquietud que despiertan los asuntos internacionales. Quiero asegurar a sus Señorías que nuestros socios comerciales están al tanto de la iniciativa y que les explicamos los motivos económicos y jurídicos en que se basa. Hasta ahora, los contactos han sido positivos. Hay un reconocimiento general de que la derogación de la exención por categoría de la conferencia marítima en la UE no causará conflictos legales con terceros países y de que este proceso obedece a las actuales condiciones del mercado.
En principio, la Comisión asumirá la mayoría de las enmiendas presentadas, pero no lo hará en forma de considerandos de un texto legislativo. Creo que podría quedar en una simple y clara derogación del Reglamento (CE) nº 4056/86. Sin embargo, sus sugerencias quedarán reflejadas en las medidas de seguimiento, lo que incluye las directrices, la actualización de la información y la reevaluación de otros textos legales como el Reglamento (CE) nº 954/79, relativo a la adhesión al Convenio de las Naciones Unidas sobre el código de conducta para las conferencias marítimas, sobre el que el Parlamento Europeo ha llamado la atención de la Comisión. 
Corien Wortmann-Kool (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, la importancia económica del sector marítimo es considerable y su potencial de crecimiento es enorme. Justo en un momento en el que la globalización se está desarrollando a un ritmo cada vez más rápido, estos flujos de transporte mundiales y su gestión efectiva tienen una importancia crucial. El sector europeo tiene una función destacada y primordial que cumplir en este sentido. Se trata de un sector cada vez más competitivo y de hecho es el único que sigue estando exento de la aplicación de las reglas de la competencia del Tratado. Por lo tanto, ya es hora de que eliminemos esta exención.
Por consiguiente, esta Asamblea promete su apoyo a la propuesta del Comisario McCreevy de derogar el actual Reglamento 4056/86. No obstante, queremos evitar la inseguridad jurídica relativa a la interpretación de las reglas de la competencia y me complace que el Comisario reconozca este punto, porque la Comisión tendrá que seguir teniendo en cuenta, sobre todo en el futuro, las características específicas de este sector que opera internacionalmente. Por ese motivo, las reglas deben aclararse en el futuro.
Ese también es el motivo por el que esta Asamblea quiere que se redacten directrices claras para el sector antes de que se anule el reglamento. Me complace que el Comisario haya expresado la intención de hacerlo antes de finales de 2007 con respecto al transporte marítimo de línea. No obstante, esta Asamblea cree que este criterio debe mencionarse de manera explícita en el texto legislativo, puesto que es un pilar esencial de esta propuesta. Hay que garantizar al sector la seguridad jurídica sobre lo que está y no está permitido en el reglamento actual.
Me complace escuchar que han comenzado a celebrarse debates intensivos con el sector. No obstante, esta Asamblea también le pide, y lo hará mañana de manera explícita, que se le consulte el contenido de las directrices. ¿Puede dar su palabra de que esta cuestión se consultará a esta Asamblea? Al fin y al cabo, se trata de una buena práctica que también se observa en otros ámbitos. Me complace decir que, tal y como están las cosas, podremos enviar este mensaje enérgico, respaldado por una gran mayoría, a la Comisión.
Esta Asamblea concede gran importancia al hecho de que la Comisión explique detalladamente que se seguirían aplicando otras formas de cooperación a este sector del transporte marítimo de línea en contenedor, incluida la exención por categoría de los consorcios, porque pueden concluirse importantes acuerdos operativos a este respecto, por ejemplo, en términos de capacidad. Mientras que se trata de una necesidad para este sector, siempre debe estar sujeto, por supuesto, al artículo 81 del Tratado. Es vital garantizar que esta cooperación se desarrolle sin problemas.
Con respecto al cabotaje y a los servicios de tramp, la Comisión sugiere atribuir el cumplimiento de las reglas de la competencia al ámbito europeo. Se trata de una medida lógica, porque el Tratado ya lo aplica en ese ámbito. Puesto que esta aplicación también pertenece al ámbito europeo, puede contar con nuestro apoyo a este respecto. Algunos diputados a esta Cámara han propuesto la exención del cabotaje, pero no voy a apoyar esa postura. Al Parlamento le gustaría que se elaborasen directrices también en el sector de tramp, porque dicho sector, al igual que los demás, también tiene derecho a saber en qué punto se encuentra. Por lo tanto, de acuerdo con el Parlamento, las directrices también deberían conocerse en ese ámbito antes de que la legislación entre en vigor.
La claridad desde un principio evita todo tipo de costosos procedimientos judiciales innecesarios para el sector. Ya hay ejemplos de casos similares en el sector del tramp con respecto a acuerdos consorciales. Ha habido quejas en ese sector y este no tiene claro cómo va a proceder la Comisión a partir de este punto. Así que, una vez más, esta falta de claridad debería paliarse con directrices aplicables también a este sector.
Sin duda, la dimensión internacional tiene una importancia vital para este sector que opera internacionalmente. Por ello le pedimos –y afortunadamente usted ya lo sabe– que tenga muy en cuenta esta posición competitiva internacional cuando se sigan desarrollando las propuestas. Eso también se aplica al rechazo del código de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y esperamos recibir un informe sobre el desarrollo de esos acontecimientos internacionales para que podamos seguirlos de cerca. Una vez más, prometemos nuestro apoyo, pero las condiciones son muy estrictas por lo que respecta a esta Asamblea. 
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,
   – Señor Presidente, señor Comisario, no es la primera vez que hemos debatido el asunto que estamos debatiendo esta tarde. Hemos intercambiado opiniones con la Comisión Europea en el marco del Libro Blanco y, en una resolución aprobada por amplia mayoría, el Parlamento Europeo sostuvo que nuestra flota mercante necesita un claro margen de maniobra que garantice una competencia justa y sana en el escenario internacional competitivo que se desarrolla rápidamente.
Nuestra economía y nuestro plan de desarrollo se basan en la competencia. No obstante, nos corresponde a nosotros predecir las condiciones y los posibles efectos secundarios, así como crear un marco político adecuado. Por ese motivo hemos solicitado a las pequeñas y medianas empresas de transporte que no desperdicien oportunidades y que no sacrifiquen sus intereses y sus planes de negocios a las fusiones y los gigantes que se forman en el sector, especialmente en las líneas regulares.
Pedimos que se tenga cuidado para garantizar que el mercado no se colapse a causa de las propuestas de la Comisión Europea y que se adapte gradual y creativamente a las nuevas circunstancias. Queremos que la Comisión Europea se tome en serio nuestras preocupaciones con respecto a todos los casos.
Doy las gracias a la ponente, la señora Wortmann-Kool, y a la Comisión de Transportes y Turismo, cuya opinión propone soluciones a la cuestión que espero que sean aprobadas y la Comisión Europea las acepte. Permítanme reiterar las cuestiones que nos preocupan: son el período transitorio para una adaptación adecuada a las nuevas circunstancias y unas directrices claras. Estoy de acuerdo con la ponente en que el cabotaje no debería estar exento de la libre competencia.
Por último, quiero subrayar la falta de atención por parte de la Comisión Europea con respecto a la dimensión internacional de la cuestión, tanto con respecto a si se aplicará el código de la UNCTAD y el modo en que los Estados miembros podrán cambiar de régimen, como a la falta de información detallada sobre el diálogo con nuestros socios, China, Japón, Singapur y la India, en lo que respecta a su reacción ante un posible cambio de régimen. Quiero señalar, a modo de ejemplo, que Singapur ya ha anunciado que seguirá manteniendo el sistema de conferencias.
Por lo tanto, se trata de un punto sobre el que espero una respuesta de la Comisión Europea con respecto a cómo actuará la Unión Europea. 
Robert Navarro,
   . – Señor Presidente, Señorías, señoras y señores, en primer lugar quiero dar las gracias por su trabajo a la ponente, la señora Wortmann-Kool, tanto en mi nombre como en el de mi amigo el señor Savary, que no puede estar presente esta tarde para participar en el debate y me ha pedido que les transmita sus excusas.
Es un informe equilibrado que si bien no recoge todas las posiciones expresadas por mi Grupo, es aceptable, pues insiste en lo esencial. Pide más seguridad jurídica para los profesionales de los servicios internacionales de tramp y de cabotaje marítimo mediante la publicación rápida de directrices por parte de la Comisión.
Recuerda asimismo que los intercambios de información son importantes y pueden tener efectos positivos sobre la estabilidad y la eficacia de estos sectores. Aporta precisiones útiles y, por último, concede especial importancia a los pequeños operadores.
Como miembro de la Comisión de Transportes de este Parlamento, me permitiré no obstante expresar algunas quejas, insistiendo en un punto especial. Junto con mis colegas, el señor Savary y el señor Sifunakis, presenté una enmienda relativa al fundamento jurídico del texto sobre el cual se pronunciará el Parlamento mañana por la mañana. Esta enmienda fue rechazada por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Por consiguiente, no pudo someterse a votación en el Pleno. Lo lamento. El Reglamento (CEE) n° 4056/86, cuya derogación propone este Reglamento, se había adoptado sobre la base de dos fundamentos jurídicos: los artículos 84 (política de transportes) y 87 (competencia) del Tratado, ahora artículos 80 y 83. La propuesta de derogación solo contempla parte el artículo 83 (competencia).
Se trata de una decisión política de graves consecuencias. En efecto, determina el procedimiento aplicable y limita las prerrogativas del Parlamento, puesto que el simple fundamento jurídico relativo a la competencia implica un procedimiento de consulta. El fundamento jurídico relativo a los transportes habría conducido, por su parte, a un procedimiento de codecisión. A mi entender habría sido preferible. En efecto, si soy de los que piensan que la competencia puede tener efectos estimulantes y beneficiosos para la economía, no soy de los que ven en ella una panacea y reclaman su aplicación ciega e indiscriminada a todos los sectores de la economía, sin tener en cuenta ni sus características específicas, ni siquiera el estado en que se encuentran.
Esta es, por desgracia, la Dirección General de Competencia de la Comisión nos ha dado a veces la impresión de defender esta perspectiva bastante dogmática contra viento y marea y, en particular, contra la opinión de otros servicios de la Comisión.
Aunque se trate de un documento consultivo, espero que este informe permita al menos a la Comisión formarse una idea mejor de las preocupaciones de los operadores, que no se oponen a la idea de una reforma, sino que desean obtener algunas garantías y orientaciones sobre los cambios que deberán afrontar. Se trata de preocupaciones legítimas, tanto más cuanto que el sector reviste una importancia fundamental para el futuro de Europa y su desarrollo.
Georgios Toussas,
   . – Señor Presidente, en el marco de la política común de transporte de la Unión Europea, las conferencias marítimas se han establecido como una especie de sindicato de compañías marítimas de líneas regulares con el fin de controlar el rentable y estratégico sector del transporte marítimo.
Son formalmente similares, pero menos avanzadas que los consorcios de empresas de transporte de productos químicos que se crearon posteriormente. Las conferencias marítimas regulan las líneas de viajes de ida y vuelta de los barcos, los puertos en los que atracan, el número de barcos disponible para cada línea y el flete que se cobra.
El argumento de que las conferencias marítimas han creado supuestamente unos servicios mejores y más baratos para los trabajadores no se ha sustanciado. La inflación, la pobreza, el desempleo, unos servicios más deficientes y más comercializados son la cruda realidad que tienen que soportar los trabajadores.
Las conferencias marítimas se desarrollaron para el transporte de materias primas y para el comercio internacional en general, especialmente entre la costa del norte de Europa y los monopolios de transporte marítimo, y aseguraron unos beneficios astronómicos para el capital unificador de Europa. Hoy, los mismos grupos empresariales solicitan la eliminación de las conferencias marítimas y la Comisión Europea está de acuerdo.
El objetivo de la nueva iniciativa legislativa es, sin duda, reforzar la competitividad, expandir los insultantes privilegios de los monopolios unificadores del transporte marítimo y darles carta blanca para aumentar sus beneficios.
Hoy la concentración de capital en este sector específico ha aumentado hasta tal punto que son básicamente unas cuantas empresas, que se pueden contar con los dedos de una mano, las que controlan el transporte en las líneas regulares. Normalmente, una compañía europea de contenedores opera 550 barcos, mientras que, por el contrario, una compañía asiática similar opera 112. Hablar de competencia en estas circunstancias es pura hipocresía. No estamos de acuerdo en que el cabotaje deba incluirse en las reglas de la competencia, y tampoco estamos de acuerdo con el Reglamento nº 4050/86 ni con el Reglamento nº 3577/92.
El marco institucional reaccionario para el transporte marítimo y la política antipopular de la Unión Europea refuerzan la naturaleza implacable y la lujuria insaciable de los armadores por los beneficios, y está creando graves problemas políticos y sociales en Grecia, Francia, Finlandia e Irlanda. Sin duda, el Consejo y la Comisión Europea, en connivencia con los empresarios, están empujándolos al Tribunal de Justicia Europeo. La cuestión es que tendrán que enfrentarse a ellos, porque los trabajadores no están dispuestos a vender sus derechos.
Un salario desigual por un trabajo igual, una carga de trabajo más pesada para los trabajadores marítimos, el hecho de que los precios de los billetes y el flete se hayan disparado, la reducción de las frecuencias del horario y el sistema de mantener barcos antiquísimos y con bajo mantenimiento en transportes costeros son típicos del transporte marítimo interior. La aplicación del antipopular Reglamento nº 3577/92 ya ha asestado un duro golpe al transporte marítimo y ha causado graves problemas a los trabajadores, pasajeros y residentes, especialmente en regiones aisladas de algunas islas.
Mantener la exención del transporte marítimo realizado únicamente entre puertos del mismo Estado miembro desde la aplicación de las normas de la competencia reviste una importancia estratégica para el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa nacional de estos países.
Por consiguiente, es vital mantener la exención incluida en el apartado b) del artículo 32 del Reglamento nº 1/2003. Por ese motivo proponemos las enmiendas 15, 16, 17, 18 y 19 a este efecto. Además, el antipopular Reglamento nº 3577/92 tiene que eliminarse urgentemente para el transporte costero. El transporte marítimo es una necesidad social que no puede satisfacerse en el marco de una política de competencia antipopular. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, la Comisión está muy agradecida por el arduo trabajo realizado en la elaboración de este informe y por la excelente colaboración con nuestros servicios. Creo que nos hemos esforzado por sacar adelante una iniciativa que repercutirá durante años incluso en otras jurisdicciones.
El transporte marítimo se ha organizado como un cártel, aunque legal, desde la década de 1870, no solo en Europa, sino en la mayoría de países industrializados. Al examinar con detenimiento las condiciones del mercado, todos nos hemos dado cuenta de que el transporte marítimo es un sector altamente competitivo que no necesita ser protegido de la competencia. Confiamos en que nuestra iniciativa anime a nuestros principales socios comerciales a plantearse si su modelo para este sector es correcto y económicamente viable y, sobre todo, si nuestra perseverancia ha convencido al sector de que no necesita fijar los precios. Actualmente está planteándose seriamente cómo adaptarse a un entorno muy competitivo, impulsado por la globalización.
La contribución del Parlamento a este proceso ha sido muy valiosa. En primer lugar, la Comisión de Transporte y Turismo elaboró un informe de propia iniciativa en diciembre de 2005, en respuesta al Libro Blanco de la Comisión, llamando nuestra atención sobre ciertas materias que no habíamos tenido en cuenta. Esas materias fueron incorporadas durante nuestro proceso de revisión. Más tarde, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios expuso sus puntos de vista tras largos debates con mis servicios.
Estamos muy agradecidos por su trabajo y por la confianza demostrada al encarar estos complejos asuntos. Responderemos a sus sugerencias a lo largo de los próximos meses mediante distintas iniciativas; por ejemplo, con las actualizaciones de la información sobre la aplicación de las reglas de la competencia al transporte marítimo en terceros países; con las directrices de la Comisión sobre la aplicación de la legislación comunitaria de competencia a los servicios de transporte marítimos, y con una reevaluación de otros textos legislativos cuya validez actual les suscita dudas. Haremos amplias consultas y estaremos atentos a la opinión del Parlamento sobre las directrices. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0196/2006) del señor Alvaro, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (COM(2005)0343 C6-0246/2005 2005/0138(COD)). 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al señor Álvaro, ponente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y al señor Bullmann, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, por su magnífico esfuerzo y su disposición a alcanzar un acuerdo sobre este expediente de carácter técnico y complejo.
La propuesta de reglamento relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos es un paso fundamental hacia nuestro objetivo de cercenar la financiación del terrorismo. Muestra la firme voluntad de la UE de participar plenamente en los esfuerzos internacionales por combatir esa lacra.
No se puede negar que la lucha contra el terrorismo hoy es una absoluta prioridad política en todo el mundo. En Europa está claro el compromiso de combatir todas las formas de terrorismo. El plan de la UE al respecto da prioridad a la cooperación con el Grupo de Acción Financiera Internacional y la adaptación del marco legal europeo a las nueve recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo aprobadas por ese organismo.
El reglamento propuesto traslada a la legislación comunitaria la VII Recomendación especial del GAFI, que exige que las transferencias de dinero vayan acompañadas de la identidad del ordenante con nombre, dirección y número de cuenta.
Esto aseguraría la trazabilidad de las transferencias a través de una serie de obligaciones, que se aplicarían a los proveedores de servicios de pago, sobre todo bancos, pero también a los remitentes de dichos pagos Estos estarían obligados a aportar la información del ordenante a lo largo de toda la cadena de pago y a guardar los correspondientes registros. Tal información estaría a disposición de las autoridades nacionales para asistirles en el ejercicio de sus funciones, ayudando a combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
El plazo acordado para la puesta en marcha de esta recomendación especial termina el 1 de enero de 2007. La acción descoordinada de los Estados miembros en las transferencias internacionales de fondos podría tener un impacto muy negativo en el sencillo funcionamiento del sistema de pagos comunitarios, y también perjudicaría al mercado interior de servicios financieros. De ahí la importancia de respetar el plazo.
El Parlamento, el Consejo y la Comisión han trabajado arduamente durante todo el último año para llegar a un acuerdo sobre el texto. Hemos hecho todo lo posible por encontrar soluciones a los complejos problemas y creo que lo hemos conseguido.
Uno de los principales temas de discusión en nuestras negociaciones ha sido el umbral de mil euros, por debajo del cual los bancos comunitarios que reciban dinero no están obligados a rechazar una transferencia ni a pedir al banco remitente que complete la información del ordenante. La Comisión celebra que esta opción finalmente no se haya mantenido. La idea también ha sido rechazada por todos los Estados miembros en el Consejo. Los terroristas se pueden financiar mediante series de pequeños pagos por debajo del umbral. Creo que este es un punto de vista válido si queremos afrontar con eficacia el terrorismo.
En cuanto a la obligación de los bancos beneficiarios de dejar de operar con los bancos extranjeros que no envíen la información necesaria y la obligación de devolver los pagos de menor cuantía, también se ha llegado a una solución. He tomado nota de las preocupaciones del Parlamento al respecto. Las circunstancias en las cuales se aplican estas obligaciones han sido restringidas considerablemente, convirtiéndolas en un último recurso.
Celebro también que hayamos conseguido alcanzar un acuerdo sobre los aspectos técnicos, como el uso de sistemas con limitaciones técnicas para la recepción de fondos por intermediarios desde fuera de la UE.
Ahora que se ha alcanzado un acuerdo general sobre la comitología entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, la aprobación de este reglamento es una gran oportunidad de poner en práctica tal acuerdo. Por eso, insto a los diputados a esta Cámara a que insistan en la inclusión de cláusulas de suspensión específicas sobre los poderes legislativos de la Comisión garantizadas por este reglamento.
Al fin y al cabo, creo que esta propuesta está madura para su aprobación en primera lectura y espero recibir todo su apoyo.
Este reglamento nos dará los medios para combatir la financiación del terrorismo de forma coherente para toda la Unión Europea. Quedo a la espera de sus comentarios. 
Alexander Alvaro (ALDE ),
   Señor Presidente, he ejercido el derecho a sentarme más cerca para que no tenga usted que estar mirando continuamente a las filas de atrás, y si nos juntáramos más puede que los debates en esta Cámara fueran más vivos. Después de todo, queremos que haya la debida deliberación parlamentaria.
No creo que tenga que detenerme más en este punto técnico. El Comisario McCreevy ha explicado muy bien lo que está en juego esencialmente. Ha subrayado que tenemos la obligación internacional de cumplir la Recomendación Especial VII del Grupo de Acción Financiera Internacional. Ha tratado los detalles técnicos y por ello apenas necesito reiterarlos.
Como muy bien ha dicho, hemos logrado un compromiso equilibrado y razonable con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios en colaboración con la Comisión y el Consejo, compromiso que, en mi opinión y en la de mi comisión, tiene en cuenta todos los intereses de la protección de datos y de la seguridad de dichos datos, al mismo tiempo que recoge las preocupaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. No obstante, en el caso de dichos informes, incluso los procedentes de organismos internacionales, debemos preguntarnos mucho más a menudo si en realidad logran algo.
Puesto que este documento lleva sobre la mesa desde el año pasado y su existencia se conoce desde aproximadamente noviembre de 2005, me tomé la libertad de llevármelo de viaje a Israel, donde conversé con un experto de una universidad que está especializada en el estudio de contramedidas para congelar los fondos a los terroristas. Este experto había sido agente y teniente de las fuerzas armadas israelíes y había trabajado para el Mossad. Estudió este documento, y sinceramente, realmente no apreció su utilidad. Y comprendo su reacción.
Mi formación es la siguiente: he trabajado en un banco y he estudiado Derecho. Sé que la financiación terrorista no implica que el terrorista A vaya a un banco de primera línea, deposite su dinero y espere que alguien lo saque en un banco de Damasco. Hay maneras muy distintas de canalizar fondos a los terroristas. Quizás estemos cerrando una ventana de oportunidades, y sin duda atraparemos a algunos terroristas de poca monta –por lo menos eso parece seguro–, pero no es el instrumento adecuado que necesitamos para combatir el terrorismo. Estoy realmente convencido de ello.
Por supuesto, creo que es correcto y razonable intentar frenar el flujo de financiación de los terroristas. Esta es una obligación imperiosa. Puede que haya otros modos de lograr ese objetivo. No obstante, la realidad es que en lugar de estar aquí probablemente estaría de camino a recoger el Premio Nobel si supiera exactamente cómo lograrlo. Tal y como están las cosas, creo que al menos contamos con un buen punto de partida.
Por todo eso, hemos mantenido largos debates. Hemos hablado de este informe con muchas instituciones distintas, incluido el Banco Central Europeo. Con respecto a nuestras conversaciones con el BCE, ha sido una gran decepción constatar en la prensa que el BCE ya conocía desde hacía tiempo el sistema para el que ahora estamos creando un fundamento jurídico y que se ha publicado en los medios de comunicación, y que el BCE sabía lo que SWIFT estaba haciendo con los Estados Unidos. No pretendo vincular dos cuestiones, pero sin duda es obvio que lo que estamos haciendo es autorizar un hecho consumado creando un sistema y dotándolo de un fundamento jurídico.
Habría sido de gran ayuda –y este comentario no va dirigido a la Comisión, porque no es culpa suya– si una institución como el BCE hubiera dicho: «Sabemos que están ocurriendo estas cosas y queremos colaborar con vosotros para desarrollar un sólido fundamento jurídico sobre el que adoptar disposiciones que protejan los derechos fundamentales de nuestra población, especialmente en relación con los Estados Unidos».
Sin duda, los Estados Unidos son uno de nuestros socios trasatlánticos. Nunca lo cuestionaría, especialmente siendo alemán. Pero estamos empezando a reconsiderar las cosas. No se trata únicamente de la reciente revelación de los hechos relacionados con SWIFT. También se trata de la cuestión de almacenar los datos personales de los pasajeros aéreos, sospechábamos de la existencia de cárceles secretas, había vuelos secretos y celebramos un debate sobre la retención de los datos. Estas cosas están escalando rápidamente.
Precisamente por este motivo yo personalmente habría incluido una cláusula de suspensión –al margen del hecho de que se trate de un instrumento internacional– para que pudiéramos comprobar cada cinco años si todo ese sistema había logrado algo, si había demostrado su utilidad y si habíamos adoptado una legislación innecesaria, puesto que esa no puede ser la función del Parlamento.
Si llamo a un pintor, quiero que pinte la pared bien cuando venga. No quiero que venga otras dos veces a pintar los huecos que se dejó. El público tiene exactamente las mismas expectativas con respecto a nuestra actividad legislativa. A este respecto, quisiera que se mantuviera la cláusula de suspensión –y soy consciente de que ha habido un acuerdo sobre el procedimiento en comisión– para que en el Parlamento tengamos la obligación de revisar lo que realmente hacemos. No obstante, mantendré conversaciones con mis colegas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo para determinar nuestro enfoque general sobre el asunto SWIFT en el contexto de las transferencias de fondos.
No obstante, a fin de cuentas quiero dar las gracias a la Comisión por colaborar en un espíritu de confianza mutua, y quisiera preguntar si también podría ejercer algún tipo de influencia sobre el Banco Central Europeo para fomentar su cooperación en el mismo espíritu de la Comisión. 

Udo Bullmann (PSE ),
   Señor Presidente, Señorías, las reservas expresadas por el ponente, el señor Alvaro, se explicaron y debatieron en detalle por parte de las dos comisiones a las que fue remitido este asunto.
Lo que tenemos ante nosotros es un pequeño instrumento legislativo, la implementación de la Recomendación Especial VII que define la información que debe acompañar a las transferencias monetarias. Precisamente porque se trata de un instrumento legislativo menor, aunque muy político y con potencial para influir en gran medida en la vida privada de los ciudadanos y en los asuntos empresariales, este Parlamento ha decidido sabia y correctamente preguntar sinceramente qué es lo que hay que regular, qué merece la pena regular y cuál es la respuesta apropiada. No nos sometimos simplemente al hecho de que ya existía un entendimiento previo entre la Comisión y el Consejo. Ambas comisiones hicieron todo lo posible por encontrar respuestas adecuadas.
Esto se aplica a la cuestión del umbral de los fondos entrantes, que seguirán siendo trazables, mientras que dicho umbral impedirá una reacción jurídica excesiva contra los bancos participantes en torno a la cuestión de posibles valores umbral internacionales.
También se aplica a las donaciones anónimas, que se realizan en varios países como Austria, el país de la Presidencia saliente del Consejo. No están prohibidas si un Estado miembro quiere mantener esa opción abierta. No obstante, se ha establecido un umbral de 500 euros, y cualquier donación anónima mayor solo se permite si se realiza a organizaciones absolutamente de buena fe.
Además, lo mismo se aplica a la cuestión técnica de un banco intermediario implicado en la transferencia de fondos. También a este respecto hemos logrado buenas soluciones. En los Estados miembros en los que no se puede transmitir información completa por motivos técnicos, seguirá siendo posible, actuando conjuntamente y con el consentimiento del banco de destino final, responsabilizar también a los bancos intermediarios.
Por último, también se aplica a la cuestión de los pagos salientes de la Unión Europea. No cometimos el error de crear demasiada burocracia o imponer demasiados requisitos; al contrario, realizamos una distinción consciente entre pagos con riesgo de vínculo terrorista y pagos que simplemente pueden ser realizados por trabajadores inmigrantes que no tienen la más mínima conexión con el terrorismo. Esta distinción fue importante, porque apoyamos a la Comisión en su deseo de ampliar el sistema de licencia a los proveedores más informales de servicios de pago que operan en zonas grises y los sacan a la superficie para obtener el máximo conocimiento posible, evitando así la burocracia innecesaria y garantizando que no se produzca una restricción indebida de los derechos civiles.
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, doy las gracias al ponente y a los ponentes alternativos de los Grupos políticos por su excelente colaboración. Creo que los problemas que quedan pueden resolverse de aquí a la votación del jueves, porque la comitología, en la que todavía no estábamos de acuerdo con el Consejo, en realidad se refiere únicamente a una pequeña parte del texto, que es la cuestión de una comisión a la que tienen que ser admitidos los territorios asociados. No tiene que ver con la sensible cuestión de los umbrales o las disposiciones políticamente sensibles.
Permítanme realizar otra observación más. Estamos creando una legislación transparente que los ciudadanos de Europa puedan entender con claridad, disposiciones jurídicas fiables, no declaraciones unilaterales de Estados individuales de este mundo que pretenden inducir a las empresas privadas –incluso a las organizaciones internacionales con derechos de propiedad cooperativos– a tomar medidas que puede que sean compatibles o no con la legislación nacional. Estamos haciendo las mismas preguntas que el Gobierno belga, y les ayudaremos en su búsqueda de respuestas a estas preguntas, porque dichas respuestas han de encontrarse.
Justamente por esta razón debemos seguir legislando y construyendo los cimientos de acuerdos internacionales sobre la base del Estado de Derecho y no dejar que se instale la ley de la jungla. Junto con el ponente, encontraremos modos adecuados de proseguir con este enfoque. 
Mihael Brejc,
   . Señor Presidente, este reglamento es uno de una serie de esfuerzos realizados por las instituciones europeas por mejorar nuestra eficacia en la lucha contra el terrorismo y el blanqueo de dinero. El análisis de los ataques terroristas en Europa ha demostrado que los grupos terroristas utilizan distintos métodos para recaudar fondos para sus actividades. Uno de estos métodos es el uso de órdenes de pago por distintas cantidades de dinero realizadas dentro y fuera de las fronteras de la Unión Europea.
Este reglamento significa que las transferencias monetarias serán objeto de una mayor supervisión, y los bancos tendrán que garantizar la disponibilidad de toda la información relativa al ordenante para cada transferencia de un importe dinerario preceptivo. Incluso si este resultado supone un pequeño aumento en la carga de trabajo de los bancos, no debería permitirse que este reglamento redujera la eficacia de las transacciones de pagos.
Aunque inicialmente parecía que este era uno de muchos reglamentos –y si me permiten mencionar de pasada que hay cerca de 60 reglamentos de este tipo encaminados a combatir el terrorismo–, se trata de uno de una serie de reglamentos que inicialmente pensamos que se concluirían rápidamente y no ha sido así. Se han propuesto una serie de enmiendas y muy a menudo el tema de nuestros debates ha sido el importe dinerario que debería ser objeto de supervisión de las transferencias.
Tras un largo proceso de coordinación con el ponente, la Comisión y el Consejo, finalmente tenemos 15 enmiendas propuestas que cuentan con el apoyo del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos. También apoyamos las enmiendas propuestas que se refieren a la llamada «cláusula de revisión» y el establecimiento de un umbral para las órdenes de pago.
Al final de los debates surgió otra cuestión, la recogida de información por parte de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, que obtendría datos sobre transferencias bancarias utilizando el código SWIFT y el tipo de consecuencias que esto podría tener para la protección de datos. En el Grupo del Partido Popular Europeo creemos que este no es un tema del reglamento, por lo que no apoyamos un debate en el contexto de este informe.
Además, aunque desde 2001 se han elaborado muchos reglamentos, directivas, etc., referidos a la lucha contra el terrorismo, en nuestro Grupo político creemos que este reglamento hará su propia contribución al logro de una identificación más fácil de...  
Andrzej Jan Szejna,
   . Señor Presidente, los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido a implementar la VII Recomendación especial del GAFI relativa a las transferencias de dinero en el ámbito europeo, con el objetivo de impedir la financiación de actividades terroristas. Por lo tanto, con el fin de garantizar el intercambio de información relativa a la persona ordenante en cada fase del proceso de transferencia, tenemos que introducir un sistema que obligue a los proveedores de servicios financieros a incluir información concreta y precisa sobre la persona que realiza la transferencia en los documentos bancarios.
Debemos luchar contra el terrorismo y adoptar medidas para impedir la financiación del terrorismo. No obstante, también es importante garantizar que los organismos responsables de la lucha contra el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo actúen de acuerdo con el Derecho penal nacional y respeten los derechos fundamentales. El período de cinco años propuesto por la Comisión para guardar la información merece nuestro apoyo. No obstante, por lo que respecta a la implementación del reglamento, hay que incluirse algunas excepciones, como las que propone el ponente. También deben especificarse y completarse más ciertas definiciones.
Debemos limitar el uso de la información almacenada y transmitida al ámbito de aplicación definido con el fin de impedir el almacenamiento general de información de los ciudadanos y minimizar las violaciones de los derechos fundamentales sobre la base de este reglamento. También debemos impedir que se utilicen los poderes ejecutivos para introducir cambios y el procedimiento de comitología.
Los cambios legislativos que eran objeto del procedimiento de codecisión también deben tener lugar en el marco del proceso de codecisión. Los Estados miembros deben garantizar la creación de listas de organizaciones en sus países a las que se aplique el reglamento y asegurar que estas listas se actualicen y estén a disposición del Estado miembro que quiera acceder a ellas. Además, tres años después de que el reglamento entre en vigor debemos introducir una cláusula de revisión relativa a las transferencias monetarias y a los pagos móviles, al igual que una cláusula de suspensión de cinco años después de que entre en vigor el reglamento.
Por último, quisiera felicitar al ponente por un excelente informe sobre un asunto importante y muy complejo para la Unión Europea. 
Sophia in 't Veld,
   Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tengo que decir que estoy empezando a preocuparme de verdad. Desde la perspectiva de las libertades civiles, me pregunto a dónde nos dirigimos si vamos a proceder a una supervisión permanente y exhaustiva de todos los ciudadanos. De ese modo echamos por la ventana todo el principio de presunción de inocencia.
Como miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, me preocupa la carga que supone para el sector. Considero realmente extraordinario que el Comisario de Mercado Interior presente una introducción que únicamente abarca la lucha contra el terrorismo, porque también deberíamos debatir sobre el sector.
Al fin y al cabo, las empresas comerciales que simplemente llevan a cabo sus actividades comerciales han de asumir una carga cada vez mayor debido a la recogida de datos para la policía y para fines judiciales. A modo de ejemplo, quiero llamar su atención también sobre la Directiva relativa al almacenamiento de datos y nombres de pasajeros. La eficacia de todas estas medidas es cuestionable. Parece que tenemos cierto tipo de fe ciega en la tecnología y que mientras recojamos la mayor cantidad de datos posible sobre los ciudadanos, antes o después atraparemos a un terrorista. No obstante, un informe reciente en los Estados Unidos sostiene con la misma firmeza el hecho de que en realidad los terroristas no utilizan domiciliaciones bancarias para recaudar sus fondos criminales, sino que utilizan todo tipo de canales diferentes para ello. Si adoptamos medidas de este tipo, entonces me pregunto sinceramente si podemos estar empujando estos flujos monetarios a la clandestinidad.
En cualquier caso, espero que hayamos hecho la propuesta algo más factible para las empresas que tienen que usarla. Por ejemplo, me complace que se incluyan las cláusulas sobre los umbrales de 1 000 euros y 1 000 dólares. Me pregunto si el umbral de 150 euros para donaciones a organizaciones caritativas no es demasiado bajo, después de todo. En este contexto, quisiera subrayar una vez más la importancia de lo que llamamos limitación de propósito, que es que esos datos se utilicen únicamente para el propósito para el que se recogen.
Por último, me gustaría sumarme a los que ya han expresado su preocupación en términos claros por el escándalo «SWIFT», que ha salido a la luz recientemente, y creo que ya es hora de que celebremos un debate mucho más fundamental sobre el modo en el que en Europa queremos combatir el terrorismo de manera eficaz sin que afecte a los derechos humanos. 
Hubert Pirker (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como ya saben, la Unión Europea ya ha tomado una serie de medidas relativas a la guerra contra el terrorismo. Una de las medidas más eficaces necesita más mejoras, y por eso estamos considerando este medio de controlar el flujo de fondos.
En la guerra contra el terrorismo no solo debemos ayudar a las autoridades competentes a luchar contra el blanqueo de dinero, sino que debemos ir más allá promulgando medidas para mejorar la vigilancia de transacciones de pagos electrónicos cuando se utilicen para financiar el terrorismo. Por este motivo, las autoridades deben poder trazar las transacciones de pago electrónicas de principio a fin. No obstante, necesitamos una solución práctica, o dicho de otro modo, una solución que ayude a las autoridades sin imponer exigencias poco razonables a los proveedores de servicios de pago. En las propuestas presentadas hemos conseguido un buen equilibrio entre estos requisitos.
Uno de los problemas lo plantean las donaciones. Mi país, Austria, es uno de los que está en el candelero en este aspecto. Sabemos que se está abusando del sistema de donaciones para financiar el terrorismo. Por otra parte, no podemos poner fin a la realización de donaciones a organizaciones caritativas o por motivos académicos o de investigación. Por esa razón estoy a favor de que se implementen estas propuestas viables para organizaciones no lucrativas, incluidas las que llevan a cabo actividades educativas y científicas.
Asimismo me complace la solución viable de la reducción de los umbrales. Este es otro avance que surgió de las negociaciones. En general, estoy convencido de que nos proporcionará un instrumento adicional menor pero importante para frenar la financiación terrorista y para aumentar todavía más los niveles de seguridad en la Unión Europea. 
Wiesław Stefan Kuc (PSE ). –
   Señor Presidente, el reglamento propuesto es otro instrumento legislativo que perjudica, es decir, limita los derechos fundamentales. Los reglamentos anteriores trataban de registros de población, la introducción de microchips, etc. Esta medida está destinada a limitar la libertad financiera. Es la continuación de las medidas iniciadas en 1978 por la OLAF (entonces llamada UKLAF) para luchar contra el fraude fiscal a gran escala, que perjudicaba a las finanzas comunitarias, una práctica vinculada estrechamente al crimen organizado.
¿Cómo se supone que el reglamento propuesto va a impedir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo? ¿Controlando los miles de millones de transacciones realizadas por nuestros ciudadanos y almacenándolas durante un período de cinco años? Estoy seguro de que no servirá. Es bueno que tanto el ponente como los órganos que han aportado sus opiniones, es decir, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Comité Económico y Social y el Banco Central Europeo, hayan señalado las graves deficiencias del reglamento propuesto. Para terminar, leamos el documento una vez más y evitemos crear un reglamento que beneficie a los servicios financieros y secretos. Esperemos que no nos convirtamos en sus colaboradores o víctimas en el futuro, cosa que está ocurriendo actualmente en Polonia. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, quiero que conste que la Comisión acepta todas las enmiendas que reflejan el acuerdo de aprobar esta propuesta en una sola lectura. He pedido que se entregue a la secretaría una lista con la posición de la Comisión sobre cada una de las enmiendas para que conste en el Acta(1).
Algunos diputados han aludido esta tarde a aspectos que se reflejan en ciertas enmiendas que la Comisión no puede aceptar, y se refieren a lo siguiente: un umbral de mil euros o dólares en las transferencias recibidas privaría de un medio eficaz para realizar su labor a las autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Se pretende que por debajo de ese umbral no sea necesario obtener ni registrar la información de los ordenantes, con lo que correríamos el riesgo de que esos fondos se usaran para cometer nuevos atentados.
Es posible organizar un atentado con poco dinero. Se calcula que los ataques de Madrid tan solo costaron unos ocho mil euros, y es posible burlar el umbral dividiendo el dinero en distintos pagos inferiores a ese límite.
La cláusula de suspensión general limitaría la aplicabilidad a tiempo este reglamento, y esto tampoco ha sido aceptado por el Consejo. Tal cláusula puede ser útil en ciertos casos en el contexto de la mejora de la legislación, pero la Comisión no ve un valor añadido en incluirla aquí. Con ello se privaría de la necesaria seguridad jurídica a los usuarios y proveedores de servicios de pago.
Sin duda, en este reglamento tendría mejor encaje una amplia cláusula de revisión. Si a la luz de la revisión se comprueba la necesidad de hacer algún cambio, la Comisión no tendrá reparos en hacerlo, por lo que conmino a esta Cámara a que acepte esta prudente solución.
El procedimiento de comitología regulado por este reglamento incluye un trámite especial de autorización por la Comisión para que los Estados miembros negocien acuerdos bilaterales con territorios y países extracomunitarios. Los Estados miembros autorizados a negociar tales acuerdos quedarían exentos de ciertas obligaciones previstas en el reglamento, si bien esto permitiría a los Estados miembros tratar como transferencias internas los movimientos de fondos entre ellos y los territorios o países con que hayan pactado esos acuerdos.
La enmienda 103 limita temporalmente, hasta el 1 de abril de 2008, la posibilidad de que la Comisión conceda esas autorizaciones. Una cláusula de suspensión así no se corresponde en absoluto con el reciente acuerdo sobre el procedimiento revisado de comitología. Como partes de ese pacto, tanto el Consejo como el Parlamento se comprometieron a no limitar en el tiempo los poderes conferidos a la Comisión. Las enmiendas 20, 22 y 24 no se aceptan por idénticos motivos.
Algunas de sus Señorías han mencionado la crisis de SWIFT, de que los medios de comunicación se han hecho eco en las últimas semanas. Saben sus Señorías que este asunto está en el orden del día del Parlamento para esta misma semana y que mi colega, el señor Frattini, hará una declaración en nombre de la Comisión. Nos aseguraremos de conocer todos los extremos de este problema antes de decidir sobre las medidas necesarias.
La Comisión cree que este reglamento prevé los niveles adecuados de protección de datos y el necesario acceso de las autoridades competentes a esos datos. Su ponente ha tenido la perspicacia de someter la propuesta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, y no se han detectado problemas al respecto.
Quiero recalcar una vez más que si el 1 de enero de 2007 no cumplimos los pactos internacionales para garantizar una lucha eficaz contra la financiación del terrorismo, no solo estaremos enviando un mensaje negativo a la comunidad financiera sobre el compromiso europeo en la lucha contra el terrorismo, sino que también habrá graves consecuencias económicas a causa de las trabas a la entrada y salida de dinero de la Unión Europea.
La Comisión ha demostrado su disposición a hacer suyas las preocupaciones del Parlamento y hemos llegado a un buen compromiso. Con esto haremos de Europa un lugar más seguro y demostraremos que Europa asume sus responsabilidades en el mundo. Cuento con su apoyo para ultimar este expediente ahora, en primera lectura, lo que evitaría prolijos debates y, seguramente, daría resultados menos satisfactorios en segunda lectura. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. 

Anexo – Posición de la Comisión
La Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas en su totalidad: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75, 77, 80, 86, 90, 91, 94, 96, 98, 99, 101, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 117, 119 y 121, así como las enmiendas 126 a 140, ambas inclusive.
La Comisión no puede aceptar ninguna de las demás enmiendas. 

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe presentado por el señor Szejna, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades [2006/2051 (INI)] (A6-0229/2006). 
Andrzej Jan Szejna (PSE ),
   . Señor Presidente, este informe de propia iniciativa sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades tiene por objeto responder a las medidas tomadas por la Comisión y elaborar un plan estratégico para el Parlamento con respecto a medidas futuras en el ámbito del Derecho de sociedades. Se ha progresado de manera significativa en la implementación del Plan de Acción 2003. No obstante, se precisan medidas adicionales destinadas a lograr los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa modificada, a comprometernos a incrementar el crecimiento y el empleo, a reforzar e incrementar la competitividad de la industria y a mejorar las condiciones de la actividad empresarial, así como apoyar el proyecto «Europa Social».
El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que garantice que las medidas adoptadas para modernizar el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial estén en consonancia con la legislación de los sectores asociados. También subraya la importancia de tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el principio de libertad empresarial.
El Parlamento insta a la Comisión a que tome una decisión sobre medidas adicionales encaminadas a desarrollar el Derecho de sociedades, y que al hacerlo tenga en cuenta el modelo social europeo, especialmente la participación del personal. Legislar mejor y simplificar la legislación son tareas muy importantes con el fin de incrementar la cohesión y la claridad de la legislación comunitaria, especialmente en el ámbito del Derecho de sociedades. Sin embargo, este no debería ser el único objetivo. En primer lugar, deberíamos definir los ámbitos en los que se precisan iniciativas adicionales a escala de la Unión Europea para lograr los objetivos antes mencionados. Debemos investigar si es necesario consolidar todo el Derecho de sociedades en un único documento jurídico o si la primera fase del proceso de consolidación debe abarcar únicamente ciertos ámbitos.
La decisión de la Comisión de eliminar ciertas propuestas legislativas en ámbitos en los que ya debería haber notado el interés expresado por las empresas en cuestión no puede justificarse por la necesidad de legislar mejor. El Parlamento Europeo debe participar constantemente en la elaboración, la definición y la adopción de medidas destinadas a simplificar la legislación. El marco europeo de gobernanza empresarial debe crear las condiciones institucionales propicias para apoyar la viabilidad a largo plazo de las empresas y las perspectivas de empleo, definir los mecanismos que impiden una mala gestión y garantizar la transparencia y la responsabilidad desde el punto de vista de las inversiones y los ingresos. Tampoco debemos olvidar que los trabajadores representan el capital humano de una empresa. Los empleados no solo son importantes desde el punto de vista de los contratos, sino que también son inversores y ciudadanos de la Unión Europea. Los empleados deberían ser considerados del mismo modo que los accionistas, como personas implicadas en la empresa en el sentido de que también soportan un riesgo relacionado con las decisiones que se toman con respecto a la empresa.
El Parlamento Europeo también insta a la Comisión a que tenga más en cuenta las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en futuros proyectos legislativos y revisiones de la legislación vigente y a que recuerde que crean empleo y son motor del crecimiento económico.
En el ámbito del Derecho de sociedades, el Parlamento acoge con agrado la propuesta de la Comisión relativa a la Directiva del Parlamento y del Consejo sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado. El Parlamento Europeo también acoge con agrado los acuerdos relativos a los asuntos que incluyen la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se modifica la Directiva relativa a la constitución de sociedades de responsabilidad limitada y al mantenimiento y modificación de su capital y la propuesta relativa a la Directiva del Parlamento y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre la contabilidad anual de ciertos tipos de sociedades y sobre informes financieros consolidados.
El Parlamento Europeo siempre debe participar en el debate sobre el establecimiento de prioridades adicionales en materia de Derecho de sociedades y gobernanza empresarial. Esto significa, entre otras cosas, que el Parlamento debería recibir información regular sobre los debates de los grupos de expertos. En el ámbito del Derecho de sociedades, el Parlamento espera que, en primer lugar, la Comisión garantice a las empresas una panoplia de distintos sistemas de gestión, incluida la posibilidad de elegir entre un sistema unicista y otro dualista sin necesidad de aprobar una legislación que defina los derechos y obligaciones de la gestión empresarial. En segundo lugar, el Parlamento espera que la Comisión analice las oportunidades de modificar los principios del estatuto de la sociedad europea relativos a la formación de dichas sociedades, con el fin de simplificarlos y adaptarlos a las necesidades del mercado. En tercer lugar, espera que la Comisión presente una propuesta sobre la sociedad privada europea para que cumpla los requisitos de las pequeñas y medianas empresas.
El Parlamento Europeo deplora que la Comisión ya haya tomado la decisión de abandonar dos propuestas: la propuesta de reglamento sobre el estatuto de la asociación europea y la propuesta de reglamento sobre el estatuto de la mutualidad europea, al igual que dos propuestas de directivas que complementan estos estatutos con respecto a la participación de los trabajadores. No obstante, somos conscientes de que en el Plan de Acción de la Comisión de 2003, la Comisión anunció su intención de prestar apoyo activo al proceso legislativo en relación con estos estatutos.
Instamos a la Comisión a que elabore nueva legislación sobre el estatuto de la mutualidad europea y sobre el estatuto de la asociación europea. El Parlamento Europeo también insta a la Comisión a que presente, en un futuro próximo, una propuesta relativa a la Decimocuarta Directiva relativa al traslado trasfronterizo de las sedes de las sociedades de responsabilidad limitada. El Parlamento Europeo espera que la Comisión únicamente presente, si procede, proyectos legislativos sobre el principio de «una acción, un voto» tras la revisión de la Directiva del Parlamento y del Consejo sobre ofertas públicas de adquisición.
Por último, quiero dar las gracias al ponente de opinión, el señor Lehne, cuyos excelentes comentarios han mejorado mucho este informe. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, acojo con plena satisfacción el informe del señor Szejna y el debate de hoy sobre los recientes progresos y perspectivas del derecho de sociedades. Se trata de un informe oportuno, pues acabamos de finalizar nuestra consulta sobre futuras prioridades para el Plan de Acción sobre Derecho de Sociedades y Gobernanza Empresarial. Próximamente estará disponible en Internet un detallado informe sobre esa consulta.
Quiero dar las gracias al señor Szejna y sus colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y al señor Lehne y sus colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por el esfuerzo realizado en esta tarea.
Nuestra consulta ha sido un éxito: hemos recibido más de doscientas cincuenta respuestas y unas trescientas personas participaron en la audiencia pública del 3 de mayo, en la que se confirmaron los puntos de vista expresados en las respuestas a la consulta.
¿Cuáles son las principales lecciones que podemos extraer? En primer lugar, el impresionante respaldo entre los interesados a la aplicación de los principios de «legislar mejor». Los participantes han elogiado el ejercicio de consulta, han expresado su apoyo al compromiso con la estricta aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y han acogido positivamente la promesa de la Comisión de realizar evaluaciones sistemáticas de las consecuencias antes de plantear cualquier iniciativa legislativa. La mayoría de los participantes han respaldado también el objetivo de la simplificación. Sin embargo, la mayor parte de los interesados consideran inadecuado el ejercicio de refundición. No quieren que nos arriesguemos a abrir la caja de Pandora. Consideran, pues, más adecuado un ejercicio de codificación o consolidación.
En segundo lugar, en cuanto a la relevancia continua del Plan de Acción y las medidas propuestas, los participantes han expresado su apoyo general a la labor realizada desde 2003. Sin embargo, las opiniones estaban divididas acerca de los detalles de las medidas propuestas a medio y largo plazo. Unos cuantos participantes han expresado «fatiga legislativa».
Pero la opinión general es que hay que seguir trabajando para permitir que la legislación favorezca la movilidad de las empresas en la Unión Europea y facilite la reestructuración de las sociedades. La gran mayoría de los participantes han reclamado la aprobación de una decimocuarta directiva sobre el derecho de sociedades relativa al traslado del domicilio social. Un gran número de participantes también han pedido a la Comisión que presente una propuesta de ley europea de sociedades de responsabilidad limitada. Por su parte, otro gran número de participantes desea que se centre la atención en las pequeñas empresas.
En tercer lugar, cuando se ha tratado del detalle de las medidas propuestas en el Plan de Acción acerca de la gobernanza empresarial, ha habido división de opiniones. En general se ha respaldado la exploración de ciertos aspectos en el plano comunitario, como el de «una acción, un voto», al menos mediante la realización de un estudio de investigación, o el de los derechos de los accionistas. Más reservas ha habido en cuanto a la revelación de las políticas de voto de los inversores institucionales, y se ha registrado una clara oposición a la aprobación de una normativa comunitaria de comercio ilegal, así como a la potencial armonización de la legislación sobre inhabilitación de directivos.
El informe del Parlamento aporta a la Comisión una contribución muy útil de cara al desarrollo de una perspectiva estratégica de acción futura. Han subrayado sus Señorías las tendencias observadas durante el ejercicio de consulta, en cuanto a la necesidad de atender más a los intereses de las pequeñas empresas, a la reclamación de una Decimocuarta directiva sobre el derecho de sociedades relativa a los traslados del domicilio fiscal, y a la aprobación de una iniciativa europea en el campo de una normativa de comercio injusto.
Es demasiado pronto para que podamos responder con detalle a todas las cuestiones planteadas en este ejercicio. He escuchado las opiniones. A partir del resultado de la consulta y del informe que hoy se ha debatido, intentaremos publicar lo antes posible una declaración en que expongamos nuestras prioridades para el futuro inmediato.
Nuestros puntos de vista coinciden en casi todo, y lo celebro. La Comisión y el Parlamento deben colaborar muy estrechamente si queremos desarrollar un marco normativo capaz de fortalecer la competitividad de la economía europea. 
Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE ),
   Señor Presidente, Señorías, permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento al señor Szenja, el ponente de la comisión principal, por nuestra estrecha y fructífera colaboración. Se trata de un informe muy significativo porque aclara desde la perspectiva parlamentaria las prioridades que queremos mantener al implementar el plan de acción sobre Derecho de sociedades en esta legislatura y muestra hasta dónde pretendemos presionar a la Comisión para que presente propuestas concretas en el curso de la legislatura actual.
En el debate político no me ha sorprendido ver que había un amplio acuerdo, no solo entre los grandes Grupos políticos, sino también entre los Grupos más pequeños, sobre el fondo de los informes, aprobados por amplia mayoría tanto en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios como, posteriormente, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En opinión de mi Grupo, esta también es una razón que nos obliga a rechazar todas las enmiendas que se han presentado en el período intermedio hasta la lectura en el Pleno. El informe es bueno tal y como está y no debe diluirse con enmiendas que también podrían desbaratar compromisos anteriores. Por ese motivo, en el Grupo del PPE-DE no podemos apoyar las enmiendas que están ahora sobre la mesa.
Permítanme que añada un comentario sobre el tema de «una acción, un voto». Había diferencias con respecto a este punto, no solo en el debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos, sino también en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Cuando negociamos la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición, descubrimos estas diferencias. Incluso entonces conseguimos lograr un consenso razonable. La opinión compartida es que en primer lugar debemos esperar todos los estudios que se han encargado y después esperar la evaluación de la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición en 2012/2013. Al final de la próxima legislatura se tomará una decisión con respecto a la necesidad de propuestas adicionales. Este constituye un buen ejemplo de un compromiso sólido.
En conclusión, permítanme reiterar mi agradecimiento a todos los implicados. Se trata de un buen informe que merece una amplia mayoría parlamentaria. 
Andreas Schwab,
   Señor Presidente, Señorías, quisiera hacerme eco de las palabras de agradecimiento al ponente por parte del señor Lehne.
El informe, que realmente no encaja en la serie de informes sobre Derecho de sociedades que se han aprobado previamente en esta Asamblea, especialmente porque disfruta de un estatuto especial por haber sido redactado por iniciativa de una comisión parlamentaria, ayuda a colmar un vacío genuino, y ahora la Comisión debe acabar de llenar este vacío en los próximos años mediante sus propias iniciativas. Esperamos ansiosamente la declaración del Comisario sobre las próximas medidas en el terreno del Derecho de sociedades, porque como todos sabemos, el Derecho de sociedades europeo constituye un elemento importante del mercado único europeo y un instrumento importante de la continua integración de las sociedades, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Esto significa que la política que perseguimos con esto es la que crea empleo directamente. Los empleos solo pueden crearse en gran número si las PYME reciben un apoyo especial. Y las PYME pueden beneficiarse particularmente de esta forma de Derecho de sociedades porque reduce sus costes de consultoría y porque una forma jurídica armonizada facilitaría la creación de empresas, que también queremos fomentar sobre una base transfronteriza –como usted ha dicho, Comisario– mejorando la movilidad.
Por este motivo, creo que es correcto que la Comisión adopte iniciativas para simplificar la constitución de sociedades privadas europeas en el futuro. Sin duda ya contamos con el proyecto del señor Lehne para que el Parlamento fomente las actividades de la Comisión mediante una propuesta de resolución legislativa.
También acojo con agrado que vaya a resucitarse la propuesta de introducción de una sociedad privada europea, incluida en el plan de acción de 2003. En mi opinión, las enmiendas incluidas en este informe, que se centran especialmente en normas contables, son muy importantes, y por ello le pido, señor Comisario, que considere debidamente dichas enmiendas. 
Pervenche Berès,
   . – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias y felicitar al ponente del Parlamento.
Señor Comisario, en este ámbito se encuentra usted realmente en una situación bastante paradójica. Desde mayo de 2003 dispone usted de un plan de acción que le permitiría influir en este debate, que tiene lugar en todos los Estados miembros. Pero la realidad es que el ritmo de producción de la Comisión es tal que, durante todo este tiempo, cada Estado miembro ha estado preparándose para la negociación europea. Ahora bien, en vez de iniciar un proceso europeo sobre temas nuevos, deja usted a los Estados miembros tiempo para que adopten sus propias propuestas, lo que después complica la elaboración de la gobernanza europea. Más aún cuando se trata de un tema en el que no debe subestimarse la dimensión transatlántica y que Europa estaría mejor preparada si hubiera avanzado más en el desarrollo de la gobernanza europea.
Me extraña un poco la reacción de mi colega, el señor Lehne, a las propuestas de enmienda que se han presentado –pero no me escucha, así que tendré que decírselo después–, cuando afirma que adoptar tal o cual enmienda propuesta por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo diluiría un poco más este informe. Creo que añadir tal o cual referencia útil para la gobernanza empresarial en los 47 apartados que contiene el proyecto de resolución merece reconsiderarse.
Por lo que respecta al doble derecho de voto, estimo, por mi parte, que el equilibrio que alcanzamos con la Directiva relativa a las ofertas públicas de adquisición era satisfactorio. No propongo, contrariamente al Comisario, reabrir este debate, menos aún cuando la cuestión no es saber si tal o cual modelo nacional es condenable, sino más bien cómo crear un cuerpo de accionistas ciudadanos que permita evitar la volatilidad y el carácter apátrida del accionista actual de las mayores empresas cotizadas. Deberíamos favorecer un la tenencia de acciones a largo plazo, un accionariado compuesto de empleados y la transparencia de las remuneraciones de los directivos.
Debería usted dirigir su energía en este sentido, señor Comisario.
Marek Aleksander Czarnecki (NI ). –
   Señor Presidente, me complace enormemente saber que va a continuar el trabajo sobre la actualización del Derecho de sociedades y el refuerzo de la gobernanza empresarial en la Unión Europea. En mi trabajo como abogado, con frecuencia me he encontrado con problemas derivados de la no adaptación del Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial a la realidad. Creo que las directrices de la Estrategia de Lisboa han contribuido de manera significativa al progreso realizado en el trabajo sobre este asunto. No podemos quitar importancia al papel de las pequeñas y medianas empresas, que son el mejor motor de las economías. Por ello reconforta ver que la Comisión también se ha dado cuenta de la necesidad de crear el entorno óptimo precisamente para este tipo de actividad.
Tenemos que prestar especial atención a un análisis apropiado de estos entornos. Deberían eliminarse todas las barreras, incluidas las administrativas, lo antes posible. Estoy de acuerdo en que el informe que estamos debatiendo debe establecer un plan de medidas adicionales por parte del Parlamento Europeo con respecto a las actividades en el ámbito del Derecho de sociedades. No hubo ninguna dificultad especial en la implementación del Plan de Acción 2003. Sus objetivos principales, como el aumento de la efectividad o la competitividad de las empresas y el refuerzo de los derechos de los accionistas, siguen siendo relevantes actualmente.
No obstante, debemos tomar medidas adicionales encaminadas a lograr los objetivos de la Estrategia de Lisboa, mostrando nuestro compromiso de aumentar el empleo, la competitividad de la industria y mejorar las condiciones del espíritu empresarial, al igual que –y esto es particularmente importante– nuestro compromiso de apoyar la denominada «Europa social». La Comisión no debería retrasar la presentación de la Decimocuarta Directiva de Derecho de Sociedades sobre el traslado al extranjero de las sedes de sociedades de responsabilidad limitada. 
Charlotte Cederschiöld (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, la mayoría de los ciudadanos apoyan la idea de legislar mejor y simplificar la legislación, así como medidas para impedir el abuso. La transparencia y la fiscalización pública son a menudo buenas herramientas para lograr estos objetivos. Los políticos suelen tender a creer que las empresas son instituciones públicas que les pertenecen, pero no es así. Las empresas son propiedades, y pertenecen a sus dueños, no a los políticos. La propiedad es la base misma de la economía de mercado. No permitamos que se eliminen las fuerzas de mercado. Si se cambian las normas básicas, las empresas sufren, como todos. Las empresas necesitan normas básicas fijas a largo plazo.
Mi preocupación por el asunto del orden del día de hoy tiene que ver con las normas que rigen los derechos de voto. Los Estados miembros tienen modelos distintos para atender el interés de las empresas por el desarrollo de su negocio, es decir, los intereses de los empresarios. Suecia tiene garantizado un modelo en el compromiso que alcanzamos en abril de 2004. Agradecería que el señor Lehne también escuchara lo que se dice.
Por consiguiente, no me complace tanto el estudio externo que va a revisar las normas que rigen los derechos de voto, porque la experiencia demuestra que dichos estudios tienden a ser más bien parciales. El hecho de que la objetividad se haya incluido en las peticiones formuladas al grupo de trabajo refleja una falta de confianza desde el principio. No es posible garantizar la objetividad. Por lo tanto, sería apropiado tener representantes del sistema nórdico en este grupo de trabajo para que cualquier resultado obtenido pueda inspirar confianza en los ciudadanos de los países nórdicos. Se trata de una cuestión a la que me gustaría que el señor Lehne prestara atención.
Es cierto que se trata de un informe de iniciativa propia, pero no debe utilizarse de modo que obstaculice el desarrollo después de 2012. Si los países grandes retienen su propiedad cruzada y sus normas sobre derechos de voto, los países pequeños también deberían poder hacerlo. Tenemos un trato y hay que cumplirlo. No hay nada que indique que deba abandonarse en 2012. De hecho, puede renovarse. «Pacta sunt servanda». 
Ieke van den Burg (PSE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero felicitar al señor Szejna por su informe. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nuestro Grupo podría haber añadido alegremente muchas cosas, pero las hemos reducido a algunos puntos, que son los que también ha indicado el señor Lehne, a quien quisiera agradecer su voluntad de compromiso. Al igual que la señora Berès, creo que lo que hemos añadido a las enmiendas para el Pleno no entra en conflicto con dicho compromiso. Volveré sobre este punto concreto más tarde.
En su informe, el señor Szejna ha optado por un enfoque amplio, lo cual me atrae. A diferencia de la señora Cederschiöld, considero importante –y esto también ha sido objeto de debate esta misma tarde– que las empresas no sean simplemente propiedad de los accionistas. Los accionistas tienen acciones, pero las empresas son algo más que meros trozos de papel u objetos de inversión. Las empresas funcionan en la economía real, en la que están en juego otros intereses, distintos de los de los accionistas.
Por ese motivo quiero subrayar de manera especial el considerando F y el punto general 3, la sección relativa a la participación del `personal en la toma de decisiones empresarial y la tesis expresada en este informe al efecto de que esto también debe formar parte de la gobernanza empresarial y del Derecho de sociedades. Espero que el señor McCreevy pueda coincidir en este punto con el Parlamento y garantizar que esto también desempeñe una función importante en futuros expedientes.
A la luz del hecho de que es muy importante que esto no pueda eludirse, por ejemplo, mediante la sociedad europea y un cambio de sede, hemos presentado una serie de enmiendas a este efecto. Espero que el señor Lehne vuelva a examinar esta cuestión –aunque no parece estar escuchando en este momento– para ver si puede apoyarlas. 
Donata Gottardi (PSE ). –
   Señor Presidente, Señorías, yo también quiero subrayar una serie de puntos destacados del informe. Entre ellos figura el reconocimiento explícito del modelo social europeo, a pesar de los distintos enfoques nacionales con respecto al Derecho de sociedades y la conexión entre el Derecho de sociedades y la gobernanza empresarial por una parte y la política social, incluida la responsabilidad social de las empresas por otra.
El Parlamento Europeo da prioridad a la relación con los accionistas, arraigando así la responsabilidad social de las empresas en procesos de gobernanza empresarial, con lo cual está aprovechando la oportunidad más genuina a este respecto.
También quisiera mencionar el reconocimiento explícito de la necesidad de que los administradores tengan una relación de dependencia y de que la transparencia también incluya la remuneración, junto con la garantía de los derechos de los trabajadores y de sus representantes a participar en la toma de decisiones de la empresa.
Quisiera reafirmar la necesidad de contemplar la posibilidad de coordinación con los mercados financieros para que tengan en cuenta la evolución de la economía real, y espero que estas sugerencias se implementen de manera adecuada y correcta en la legislación nacional lo antes posible. 
Charlie McCreevy,
   . Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a sus Señorías sus comentarios y observaciones.
Tuvimos ocasión de recorrer parte del terreno hace dos semanas, cuando me reuní con la Comisión de Asuntos Jurídicos para discutir la estrategia política anual. Repito que celebro el informe como contribución del Parlamento al establecimiento de prioridades y al desarrollo de una perspectiva estratégica de acción futura. Como he dicho, próximamente haremos pública la forma en que llevaremos a cabo estas prioridades.
Se han mencionado ciertos problemas y, en especial, he percibido la discrepancia en torno a aspectos como el relativo al principio «una acción, un voto». Soy consciente del debate que tuvo lugar sobre esta materia antes de que yo llegara a ser Comisario, y seguramente lo mejor sea seguir el consejo del señor Lehne de que esperemos a la publicación del estudio.
A la vista de lo que se ha dicho aquí y del amplio debate anterior sobre este asunto, creo que se ha puesto de relieve que a lo largo y ancho de Europa existen diferentes culturas y diferentes costumbres en materia de derecho de sociedades y gobernanza empresarial. Este es un hecho que debemos tener en cuenta, y yo sin duda lo haré en todas mis recomendaciones sobre este ámbito concreto. Lo han puesto de manifiesto también las intervenciones de otros oradores, como la señora Berès, quien ha hablado de avanzar hacia un cierto grado de armonización en algunos de estos aspectos. Sería muy difícil armonizar las medidas de derecho de sociedades en la Unión Europea, debido a las diferentes culturas y tradiciones y a las distintas formas desarrolladas en muchos de los Estados miembros. La situación no es la misma en todos ellos, y esto lo tendré muy en cuenta en todas las propuestas que presente y siempre que decida cuál es la manera mejor y más eficaz de hacer las cosas en el plano europeo.
Es necesario recordar los diferentes ámbitos de conflicto que hemos tenido en el pasado y los tendré también en cuenta en todas mis recomendaciones. 

 – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0201/2006) de la señora Lucas, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático [2005/2249(INI)].
Caroline Lucas (Verts/ALE ),
   . – Señor Presidente, comenzaré diciendo que celebro la Comunicación de la Comisión sobre la reducción del impacto del tráfico aéreo en el clima, y que mi informe respalda firmemente la postura de la Comisión acerca de la necesidad de un amplio paquete de medidas para afrontar este problema. También quisiera agradecer a los ponentes alternativos de los demás Grupos su excelente trabajo y colaboración.
El punto de partida de mi informe es que, aunque la aviación ha aportado un gran beneficio a la sociedad, su actual tasa de crecimiento es totalmente insostenible. Entre 1990 y 2003, las emisiones de la aviación internacional en la UE se incrementaron un 73 %, lo que supone más del 4 % anual. A este ritmo, el aumento de las emisiones del tráfico aéreo neutralizará más de un cuarto de las reducciones impuestas por el objetivo de Kyoto para la UE en 2012. Además, se calcula que el impacto total de la aviación en el clima es entre dos y cuatro veces superior al del CO2, incluso sin considerar los potenciales efectos del aumento de los cirros en el cielo.
Por supuesto, todo esfuerzo del sector por reducir sus emisiones es bienvenido. No obstante, tal como predice Eurocontrol, el tráfico aéreo en la UE se duplicará con creces en 2020 respecto a 2003. Está claro que el ritmo del avance tecnológico (históricamente cifrado en un 1 ó 2 % anual) será insuficiente para compensar este enorme crecimiento.
Por lo tanto, es preciso actuar con urgencia. La aviación internacional no es materia de Kyoto ni de ningún otro compromiso. El apartado 2 del artículo 2 del Protocolo de Kyoto insta a los Estados a que reduzcan los gases con efecto invernadero desde su origen por medio de la Organización de la Aviación Civil Internacional (ICAO), pero actualmente no existen planes de solución mundial al respecto. Por este motivo, es fundamental que la UE muestre su liderazgo y explote las ventajas de sentar un precedente con una actuación regional temprana. Las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2005 lo reafirman, al reclamar «medidas específicas que reduzcan la emisión de gases con efecto invernadero por la aviación si no se acuerdan medidas en el seno de ICAO para 2002».
Por eso me complace que la comunicación reconozca la necesidad de ese paquete de medidas, que incluye instrumentos legislativos, económicos, tecnológicos y operativos. Es de particular importancia el plan para introducir los impuestos sobre el queroseno, dado el desequilibrio existente entre el tratamiento de la aviación y el de otros medios de transporte. Esto podría comenzar ya con un impuesto sobre todos los vuelos nacionales e intracomunitarios, con la posibilidad de exención para todas las compañías en las rutas compartidas con operadores no comunitarios. Las actuales renegociaciones de los acuerdos sobre los servicios aéreos deben proseguir, de forma que las compañías de terceros países se vayan incorporando a la tributación en un plano de igualdad con las compañías de la UE.
La supresión de la exención del IVA contribuiría también a la igualdad de oportunidades y produciría beneficios tanto fiscales como en el medio ambiente. Sus Señorías comprobarán que he recuperado una enmienda dirigida a tal fin.
Las mejoras en la gestión del tráfico aéreo podrían reducir la combustión media de fuel entre un 8 % y un 18 %, con la consiguiente disminución de todas las emisiones.
Todas estas medidas son necesarias, pero el punto central de la propuesta de la Comisión y, por tanto, de mi informe es el comercio de las emisiones. Estoy de acuerdo en que tiene un gran potencial, pero solo si se diseñan adecuadamente todos los programas. En primer lugar, es obvio que, además de un sistema de comercio con las emisiones, deben introducirse otros instrumentos políticos para afrontar todo el impacto climático. Instrumentos directamente vinculados a tal impacto, como un gravamen sobre los NOx, serían probablemente los más indicados para inducir a conductas más eficientes, aunque una alternativa provisional podían ser los multiplicadores de las emisiones de CO2. Esto es algo fundamental, porque si no hay un gravamen paralelo sobre las emisiones o una fórmula multiplicadora que se aplique a las emisiones aéreas no de CO2, el efecto de comprar el derecho a emitir una tonelada de CO2 a otro sector con impacto no de CO2 mucho más bajo derivaría en un perjuicio neto para el medio ambiente.
En segundo lugar, es crucial un sistema cerrado aparte para la aviación, al menos como programa piloto, pues, además de las dificultades administrativas de incluir la aviación en el régimen general de comercio de emisiones de la UE, muchos sectores que ya figuran en este régimen están preocupados por los posibles efectos de introducir la aviación en los precios del carbón, ya que, como sector protegido, la aviación podría soportar precios más altos. Existe un riesgo cierto de que una excesiva presión en las industrias más vulnerables y dependientes de la energía conduzca a una relajación del límite general.
También sería poco práctico que la aviación se incorporase al régimen general de comercio de emisiones antes de 2012. No creo que podamos permitirnos esperar otros seis años antes de actuar, de modo que debemos aprovechar el período de 2008 a 2012, al menos poniendo en marcha un programa piloto. Todo acuerdo en que la aviación finalmente quede incorporada a un régimen de comercio de emisiones más amplio también necesitará un límite en el número de derechos de emisión que pueda comprar el sector aéreo, para garantizar que la aviación misma comience a hacer algún recorte.
Por último, si hay diputados con dudas sobre la importancia de un programa aparte, deben considerar las palabras de un economista jefe de British Airways, quien admitió la semana pasada que si las compañías aéreas se unen al sistema de comercio con emisiones, estas seguirán creciendo igualmente de forma alarmante: las compañías simplemente comprarían el derecho a seguir emitiendo como siempre, pero no reducirían sus emisiones, y la aviación continuaría teniendo un fuerte impacto en el cambio climático.
En consecuencia, insto a sus Señorías a que voten a favor de este informe, pues con ello enviaríamos un claro mensaje a la Comisión y al Consejo de que el Parlamento busca propuestas ambiciosas pero realistas en este terreno.
Stavros Dimas,
   Señor Presidente, quisiera felicitar a la señora Lucas y darle las gracias por su informe. Quisiera también agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria la aprobación unánime del informe correspondiente, a la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo y a su ponente de opinión, la señora Hennis-Plasschaert, que haya estado de acuerdo en incluir la aviación en el sistema de la Unión Europea de comercio de gases de efecto invernadero.
El sector de la aviación contribuye aproximadamente con un 3 % a la producción de dióxido de carbono en la Unión Europea, pero esta tasa aumenta rápidamente. Como ha dicho con anterioridad la señora Lucas, dentro de algunos años, en 2012, habrá aumentado un 150 % en comparación con los niveles de 1990, algo menos de un 5 % anual.
Esta tasa de aumento del dióxido de carbono sin duda está ayudando a exacerbar el efecto invernadero y cabe observar que no es únicamente dióxido de carbono lo que emiten los aviones; existen otros efectos secundarios, como las emisiones que ayudan a crear otros gases de efecto invernadero, y como tal, la contribución de la aviación al efecto invernadero es mucho mayor que el 3 % señalado con respecto al dióxido de carbono.
Como ha dicho también la señora Lucas, el Protocolo de Kyoto no llega a limitar las emisiones de dióxido de carbono de los aviones, aunque sin duda hay una referencia en el apartado 2 del artículo 2. Este es precisamente el motivo por el que la Comisión Europea continuará sus esfuerzos actuales y los intensificará en el futuro con el fin de incluir la aviación y el transporte marítimo en cualquier sistema que se acuerde para después de 2012.
No obstante, todavía quedan varios años para llegar a este período, y siendo así, el sistema de comercio de emisiones tiene que incluir ahora, conforme al procedimiento de codecisión del Consejo y el Parlamento Europeo, los gases para que podamos limitar el efecto invernadero y la aviación pueda ayudar a limitarlo y este sector no adquiera una ventaja comparativa con los demás sectores que contribuyen a limitar el efecto invernadero. Dicho de otro modo, no queremos que los demás sectores salgan peor parados que la aviación.
Por ese motivo es especialmente alentador tanto que los informes relevantes fueran presentados por las comisiones parlamentarias como que el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea y los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea también acordaran en el Consejo Europeo el pasado mes de diciembre incluir la aviación en el sistema de comercio y solicitaran que la Comisión Europea presentara la legislación relevante de acuerdo con el procedimiento de codecisión.
Quiero hacer tres comentarios sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Medio Ambiente y las cuestiones planteadas antes por la señora Lucas:
En primer lugar, ¿sería mejor disponer de un sistema cerrado o abierto para la aviación? El informe de comisión del Parlamento Europeo quiere un sistema cerrado, un sistema separado para la aviación, bien como sistema permanente o como fase piloto hasta 2012. La Comisión ha adoptado un enfoque distinto: considera que cuanto más amplio sea el ámbito del sistema de comercio, tanto menor será el coste de reducir las emisiones de dióxido de carbono, y por ello la aviación tendrá costes más bajos sin reducir el beneficio para el medio ambiente.
Del mismo modo, quiero continuar con la idea de la señora Lucas de un impuesto sobre el queroseno, el combustible que se utiliza en los aviones. Como ha dicho antes, es un hecho que existen acuerdos bilaterales que eximen básicamente a la aviación del pago de impuestos. Sin duda, la Comisión Europea viene aprobando instrumentos legislativos comunitarios desde 2003 que permiten a los Estados miembros establecer impuestos sobre el combustible en sus vuelos nacionales y, previo acuerdo con otro país, impuestos sobre los vuelos entre los dos países.
La Comisión sigue y seguirá esforzándose con respectos a terceros países, de acuerdo con lo que también ha dicho usted antes, con el fin de eliminar esta exención del impuesto del queroseno, que claramente no tiene resultados positivos para el medio ambiente.
Por otra parte, quiero realizar un comentario sobre el ámbito geográfico del sistema de comercio: la Comisión ha propuesto incluir todos los vuelos desde los aeropuertos de la Unión Europea y la comisión parlamentaria ha propuesto incluir todos los vuelos con destino a aeropuertos de la Unión Europea o que salgan de ellos y los vuelos que crucen el espacio aéreo de la Unión Europea. Consideramos que el enfoque de la Comisión es más sencillo y más efectivo, y podría favorecer la extensión del sistema a otros países.
No obstante, sin duda, puesto que el Parlamento, las propias líneas aéreas y las organizaciones no gubernamentales han propuesto la inclusión de todos los vuelos que entran y salen de los aeropuertos de la Unión Europea, la Comisión examinará este enfoque durante el curso del estudio detallado del impacto que tendrá antes de presentar su propuesta durante el procedimiento de codecisión que esperamos tener acabada antes de finales de año.
Por último, quisiera decir que, sin duda, además de incluir la aviación en el sistema de comercio, hay otras medidas, como las que usted menciona: la mejora del tráfico aéreo, la inversión en investigación con vistas a desarrollar, mejorar y utilizar tecnologías más favorables para el medio ambiente, el posible uso de los biocombustibles en las líneas aéreas –aunque esta última opción todavía está en fase de investigación– y una serie de otras medidas que pueden aplicarse paralelamente para mitigar el impacto de la aviación en el cambio climático. 
Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE ),
   Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias al Comisario Dimas por la intervención realista que ha realizado hace un momento. Apoyo firmemente las observaciones que ha hecho a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. En efecto, en una Comunicación de la Comisión se examinan distintas opciones y también se considera una aplicación más coherente de los impuestos sobre la energía. Al mismo tiempo, la Comisión reconoce que esto último no puede considerarse una piedra angular de una estrategia de lucha efectiva contra el cambio climático.
Al final, la Comisión concluía en su Comunicación que los instrumentos basados en el mercado son de lejos los más eficaces. Apostaba por el comercio de derechos de emisión, y esa es una conclusión que apoyo plenamente. Es efectivo para el medio ambiente y para la economía. En los últimos meses, como todavía ocurre hoy, se ha trabajado arduamente por seguir desarrollando esta iniciativa, incluido su ámbito de aplicación, y yo he intentado, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, elaborar una opinión realista. Después de todo, el objetivo es desarrollar lo antes posible un modelo que sean lo más factible posible y que pueda extenderse al mundo entero.
A pesar de todo el aprecio que tengo por la señora Lucas, me he quedado bastante asombrada cuando he leído la versión final de su informe, que está totalmente desprovisto de realismo y de soluciones factibles. La resolución se ha decorado con los proverbiales adornos navideños. Uno de estos adornos navideños es, por ejemplo, el multiplicador de CO2, mientras que el estudio del CE demuestra que la inclusión de efectos ajenos al CO2 es muy difícil de medir. También habla constantemente del impuesto sobre el queroseno como la panacea para todos los problemas ambientales y muchas otras cosas. Con el debido respeto, mientras que un impuesto de este tipo es bueno para las arcas, su eficacia ambiental no se ha demostrado de ninguna manera.
No me malinterpreten, yo también preferiría que todas las modalidades de transporte recibieran el mismo trato, pero les insto a que consideren todos los aspectos, incluido, por ejemplo, el modo en el que se financia la infraestructura. Además, este debate distrae la atención de lo que realmente es la cuestión, y es una rápida integración de la aviación en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU-ETS), y como ha señalado muy bien el Comisario Dimas hace un momento, ya existe una directiva que permite a los Estados miembros aplicar el impuesto sobre el combustible a los vuelos nacionales, cosa que hasta ahora solo ha sido aplicada por los Países Bajos. Por lo tanto, le agradecería que centrara su atención en este punto.
Me he tomado la libertad de solicitar una lista de votaciones por separado y por secciones, con la esperanza de eliminar todos los adornos navideños de la resolución. Si resulta imposible durante la votación, entonces pediré que se retire mi nombre de esta resolución. 
Peter Liese,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero dar las gracias a las dos ponentes por su trabajo.
Los efectos adversos del transporte aéreo sobre el clima son considerables y se acentúan rápidamente. Por este motivo, la Comisión no debe perder tiempo en presentarnos propuestas legislativas sobre cómo remediar este problema. No podemos utilizar el argumento de que el transporte aéreo solo contribuye con un porcentaje reducido de todas las emisiones mundiales. Seguimos escuchando lo siguiente en los debates sobre el clima: que el emisor individual solo es responsable de un porcentaje de las emisiones. No obstante, si todos los emisores individuales hablan de este modo, arguyendo que solo son responsables de un porcentaje reducido, nunca habrá una lucha activa contra el cambio climático.
Además, la Unión Europea ya impone tributos, cargas y requisitos ambientales muy fuertes sobre otros medios de transporte como los autocares, los ferrocarriles e incluso los coches. Los operadores de empresas de autobuses o ferrocarriles, por ejemplo, no pueden entender por qué se les impone fuertes cargas –a los medios de transporte relativamente favorables para el medio ambiente– y en cambio se impone unas cargas tan reducidas al avión, que es relativamente perjudicial para el medio ambiente. Esto distorsiona la competencia no solo entre los distintos medios de transporte, sino también –y este es un punto que quiero comentar en vista del período de vacaciones en Europa– entre zonas de vacaciones.
Existen zonas de vacaciones europeas a las que los europeos se desplazan normalmente en autobús, tren o coche, y hay otras a las que se llega principalmente por avión. En la región de la que procedo, los representantes de hoteles, otros establecimientos que ofrecen comida y bebida y otras empresas turísticas se quejan abiertamente de que, por poner un ejemplo, los impuestos que un neerlandés tendría que pagar si volara de Amsterdam a Turquía son mucho menores que los que pagaría si cogiera el autobús para ir a una zona montañosa de Alemania o Francia. Se trata de una distorsión de la competencia que tenemos que remediar.
No obstante, debemos tener cuidado al elegir los instrumentos para llevar a cabo este objetivo, con el fin de no crear nuevas distorsiones de la competencia. Por ejemplo, es importante que vigilemos que los instrumentos elegidos generen la mínima distorsión posible de la competencia entre las líneas aéreas europeas y sus competidores no europeos. En nuestra opinión, el proyecto original elaborado por la señora Lucas tenía varias deficiencias a este respecto. Por este motivo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha elaborado algunas enmiendas y también ha apoyado otras en la misma línea de la Comisión de Transportes y Turismo.
El hecho de centrar nuestro debate exclusiva o principalmente en el queroseno no va a resolver el problema. Debemos concentrarnos en otros instrumentos: un régimen de comercio de derechos de emisión revisado a fondo que remedie las deficiencias del régimen actual, más una combinación de otros instrumentos. Lo que es importante es que el comercio de derechos de emisión no abarque simplemente los vuelos europeos, sino también el tráfico intercontinental, o al menos el que despega y aterriza en Europa. Ni que decir tiene que queremos un sistema mundial lo antes posible.
Es preciso subsanar las deficiencias del régimen actual de comercio de derechos de emisión: eso significa menos burocracia, un método de asignación uniforme en toda Europa y un mayor reconocimiento de los logros del pasado. Esta es una de las razones de mi petición, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, de establecer un régimen separado, dado que esto implicará una solución más rápida de las deficiencias, a diferencia de la adopción del régimen deficiente.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos quiere una evaluación de impacto, y me imagino que la Comisión la presentará en breve. Además, en el contexto de todo el énfasis en el comercio de los derechos de emisión, queremos que se conceda la misma prioridad a otras medidas, como la gestión del tráfico aéreo.
También creo que deberíamos reflexionar sobre el hecho de que un modo de remediar las distorsiones de la competencia es reducir los impuestos sobre los medios de transporte favorables para el medio ambiente. 
Karin Scheele,
   . – Señor Presidente, quiero felicitar a la ponente, la señora Lucas, por su equilibrado informe. De hecho, en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo la apoyamos en muchos puntos, a excepción del que habla de la creación de un régimen distinto para el comercio de derechos de emisión para el transporte aéreo.
Desde 1990 hasta 2002, las emisiones de CO2 del tráfico aéreo internacional generadas por los 25 Estados miembros aumentaron un 60 %. Además, la altitud a la que el tráfico aéreo produce las emisiones implica un mayor impacto sobre el clima de lo que sugiere su cantidad.
La fuerte carga impositiva sobre los combustibles es una práctica común en Europa, aunque casi en ninguna parte el combustible de aviación está sujeto a impuestos. Esto tiene un impacto considerable en la competitividad de los demás modos de transporte. El transporte ferroviario de larga distancia está estancándose. El Parlamento debería dar su rotundo apoyo a la intención de la Comisión de seguir tratando de introducir los impuestos sobre el queroseno y de implementarlos lo antes posible. La Unión Europea debe encabezar esta iniciativa y dar ejemplo tomando las medidas oportunas a escala regional.
No obstante, este informe no solo debate el impuesto sobre el queroseno, sino también la distorsión masiva de la competencia causada por las exenciones fiscales del transporte aéreo. El transporte ferroviario está sujeto a impuestos y al régimen de comercio de derechos de emisión, que implica un aumento considerable de los costes para este modo de transporte favorable al medio ambiente. El comercio de derechos de emisión no es un sustituto de las medidas necesarias para reducir el impacto del cambio climático, pero tiene potencial para serlo, siempre que se organice correctamente.
Como ya he subrayado, apoyamos la propuesta de la Comisión de integrar el transporte aéreo en el régimen de comercio de derechos de emisión, pero también apoyamos el apartado 24, que solicita una fase piloto de un régimen separado que abarque el período 2008-2012. 
Chris Davies,
   . – Señor Presidente, nos gusta proclamar el crecimiento del transporte aéreo barato como un éxito de Europa. Gracias a la ruptura de los monopolios nacionales, ahora existen muchísimas posibilidades de disfrutar de unas vacaciones en otro país, sobre todo para las clases medias. Mi propio asistente ha hecho un viaje relámpago a Estocolmo este fin de semana para una fiesta de compromiso: no una boda, solo una fiesta de compromiso. A todos nos gusta esto, pero debemos recordar que los más desfavorecidos de la sociedad, por no hablar de los más pobres del mundo, carecen de estas oportunidades. Cualquiera que sea el precio del billete, no pueden costearse unas vacaciones en el destino. Sin embargo, para los que disfrutamos de una posición privilegiada, es fantástico.
Lo malo es que el crecimiento previsto es tan grande que podría echar por tierra todo lo ganado con las reducciones de dióxido de carbono en otros sectores. Un responsable de una gran compañía aérea británica me ha dicho que se espera un incremento del 60 % en el uso de sus aviones solo en los próximos seis años. Es una tasa de crecimiento sensacional y terrible. Lo que dicen todas las cartas con que intenta presionar el sector de la aviación, poniendo todas las excusas imaginables, es en realidad esto: «A nosotros no nos toque, que somos especiales. Es necesario proteger nuestro crecimiento y nuestros beneficios. No tomen medidas contra nosotros. El futuro del mundo nos da lo mismo, sinceramente, mientras estemos a salvo».
Quieren que se les incluya en el régimen de comercio de emisiones de la Comisión, y ustedes se preguntarán por qué. Porque saben que no repercutirá en sus beneficios. Ahora los socialistas dicen que sí, que respaldan a los capitalistas en esto. Creo que deberían meditarlo otra vez. Lo que sucede es que el sector aeronáutico dice que un programa cerrado sería un impuesto, y sí, en efecto, sería un impuesto. Pero un impuesto flexible que recompensaría a los que tomasen medidas para introducir la mejor tecnología y haciendo el máximo uso de sus aviones.
El desarrollo tecnológico es lo que realmente debemos promover. Nuestro mensaje al sector de la aviación debería ser este: «Expándanse a su gusto, pero encuentren la forma de hacerlo sin incrementar las emisiones de CO2». No queremos frenar el transporte aéreo, simplemente queremos asegurarnos de que su crecimiento no sea a costa de nuestros hijos y de nuestro futuro. 
Satu Hassi,
   . Señor Presidente, Señorías, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea quiere expresar su más sincero agradecimiento a la ponente, la señora Lucas, por su excelente informe cuyas propuestas están muy bien justificadas.
Las emisiones del tráfico aéreo están creciendo más rápidamente que cualquier otra fuente de emisiones de dióxido de carbono, y las demás emisiones y el impacto de la aviación superan el doble de su efecto sobre el calentamiento global. Desde 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero del tráfico aéreo dentro de la Unión Europea han aumentado un 85 %, lo cual supone un 4 % anual. Esto amenaza con anular un cuarto de las reducciones de emisiones logrado en otros sectores durante el período de prohibición. No puede permitirse que esto siga ocurriendo.
Las emisiones del tráfico aéreo son, de lejos, las mayores por kilómetro viajado. Por ejemplo, el impacto es quince veces mayor que el de los trenes. No obstante, todos los aspectos de los desplazamientos aéreos están subvencionados, incluido el combustible, que no está sujeto a impuestos. Por otra parte, el tráfico ferroviario está sujeto a una serie de impuestos y también está afectado por el comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono.
El principio de «quien contamina paga» debe extenderse a la aviación, de modo que no ocasione una distorsión de la competencia, aunque las exenciones fiscales actuales de la aviación y otros tratos preferenciales representan una distorsión de la competencia por sí mismos. El próximo acuerdo sobre el clima mundial debe abarcar el tráfico aéreo, pero hay buenas razones para ampliar el comercio de derechos de emisión a todos los vuelos que llegan y salen de la Unión Europea, preferiblemente sobre la base de un sistema separado de comercio de derechos de emisión, para que el incentivo de reducción de las emisiones sea eficaz.
Señorías, todos nosotros volamos, y lo hacemos con bastante frecuencia. También nosotros podemos hacer algo al respecto. Podemos compensar las emisiones desde nuestros viajes aéreos de manera voluntaria. Existen organizaciones que calculan las emisiones de los vuelos por pasajero, y a través de ellas se puede financiar un importe equivalente para invertir en la reducción de las emisiones en los países en desarrollo. Yo misma empecé a compensar las emisiones de mis propios vuelos el año pasado, y ahora ya he pagado una compensación por todos los vuelos que he tomado desde que fui elegida al Parlamento Europeo. Insto a todas sus Señorías a que hagan lo mismo; nos lo podemos permitir. 
Kartika Tamara Liotard,
   . Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la señora Lucas por su lúcido informe. Apoyo la esencia de la propuesta de la Comisión de controlar el creciente porcentaje de la aviación en el cambio climático. El informe de la señora Lucas es un buen complemento de la propuesta, y compartimos su visión de que la inclusión del sector de la aviación en el comercio de derechos de emisión no debería ser el único instrumento, sino formar parte de un paquete de medidas como la introducción del impuesto sobre el queroseno, el IVA sobre los billetes de avión y el impuesto de congestión para los aeropuertos. Al igual que la ponente, en mi opinión los derechos de emisión deben subastarse para evitar que las grandes empresas barran para dentro con derechos gratuitos, sin que el medio ambiente se beneficie de ninguna manera.
Aunque mi Grupo considera que la propuesta de la Comisión es un paso en la buena dirección, no deberíamos sobrevalorar la importancia del comercio de derechos de emisión, cuyos beneficios ambientales no se han demostrado con certeza. Además, el CO2 no es el único problema al que se enfrenta la aviación. La emisión de óxido de nitrógeno (NOx) también es muy importante, no solo desde el punto de vista del clima, sino también de la calidad del aire. Por ese motivo estamos a favor de incluir el NOx en el comercio de derechos de emisión, que es lo que está ocurriendo ya en los Países Bajos, siempre y cuando se cree un sistema separado para la aviación.
Un sistema que aborde únicamente el CO2 no surtirá el máximo efecto. Sería preferible tratar el NOx al mismo tiempo. Estamos de acuerdo con la ponente en que se necesita una investigación sobre motores más limpios, pero eso no significa que deban dejarse a un lado las medidas específicas contra dichas emisiones. Si el NOx no se incluye en el comercio de derechos de emisión –y ahora parece poco probable que así sea–, hay que animar a los aeropuertos a imponer cargas fiscales sobre las emisiones en el marco del paquete de medidas descrito por la ponente.
Mi partido apoya la intención de la Comisión de poner fin a los beneficios fiscales de los que disfruta el sector de la aviación a escala internacional. Esto ha ocasionado una competencia desleal entre los distintos medios de transporte desde tiempos inmemoriales. Por ello apoyamos la propuesta de la ponente, que indica que la Unión Europea debe tomar la iniciativa de introducir un impuesto sobre el queroseno en todos los vuelos nacionales. Esto podría ser un freno efectivo para el enorme crecimiento del número de vuelos baratos contra los que el ferrocarril apenas está preparado para competir.
Las líneas aéreas de bajo coste ya abarcan un cuarto del tráfico aéreo europeo, que ha ocasionado, sobre todo, el crecimiento de aeropuertos regionales. Es importante que los Estados miembros nos comuniquen las subvenciones canalizadas a dichos aeropuertos con la intención de atraer a las compañías aéreas. Debemos desechar la idea de que el aumento del tráfico aéreo en la Unión Europea es el motor del crecimiento regional. Para muchas de estas distancias medias y largas, las conexiones ferroviarias constituyen una alternativa mucho más favorable para el medio ambiente, siempre operen en igualdad de condiciones.
Desde la introducción del comercio de derechos de emisión, el transporte ferroviario paga un precio mucho más alto por la electricidad, pero las compañías aéreas siguen sin pagar ni un céntimo de impuestos a pesar de sus constantes quejas sobre los elevados precios del combustible. 
Johannes Blokland,
   Señor Presidente, cada año somos más conscientes de los efectos del cambio climático. El invierno tarda más en imponerse y cuando lo hace es cada vez más suave, mientras que el verano empieza antes y es cada vez más cálido. ¿Se trata de un proceso inevitable? Espero que no. No obstante, debemos apretar todos los frenos para resistir a esta tendencia. Por este motivo estoy de acuerdo con la Comunicación de la Comisión. Si queremos luchar contra el cambio climático de manera efectiva, todos los sectores deben poner de su parte, y sin duda el sector de la aviación, que origina emisiones a gran altitud que tienen, como tales, un impacto extraordinario.
Puedo apoyar el plan de crear un régimen de comercio de derechos de emisión también para la aviación, siempre que cumpla una serie de condiciones. En primer lugar, puesto que debe abarcar el mayor número de compañías y rutas posible para luchar contra la competencia injusta, debería aplicarse a todos los vuelos que entran y salen de los aeropuertos de la Unión Europea. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta los esfuerzos que las compañías ya han realizado para limitar sus emisiones. También preferiría que las asignaciones se distribuyeran por medio de subastas. En tercer lugar, debería ser posible incluir sustancias distintas del CO2 si esto puede demostrarse con pruebas científicas.
También hay que anular la exención del IVA para el queroseno y los billetes de avión, siempre que se haga mediante un plan general en el que también se revisen las exenciones de IVA para otros medios de transporte. En el marco de la discusión sobre la Euroviñeta, la Comisión ha prometido realizar un estudio sobre la internalización de los costes externos de todos los medios de transporte. Quisiera pedir que este estudio se ultime pronto para que los resultados estén disponibles lo antes posible y podamos aprobar una legislación que tenga en cuenta estos resultados. 
Péter Olajos (PPE-DE ). –
   Debido a la evolución tecnológica y la globalización del turismo y de la economía en las últimas décadas, el número de pasajeros que viajan en avión ha aumentado de manera radical. Lamentablemente, el número y el alcance de los problemas ambientales causados por el transporte aéreo también han aumentado en la misma proporción.
De momento, los aviones representan únicamente el 3 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea, pero el rápido aumento anual de casi un 5 % implica que es hora de actuar. Europa ha asumido un papel pionero en la adopción de medidas en este terreno, de conformidad con los principios de Kyoto.
No obstante, las medidas pioneras siempre encierran riesgos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que las medidas adoptadas no coloquen a las compañías aéreas europeas en situación de desventaja competitiva. Al mismo tiempo, debemos encontrar una solución que favorezca efectivamente la reducción de la contaminación atmosférica por parte del sector. Personalmente creo en los instrumentos de mercado, motivo por el cual apoyo la introducción de un régimen de comercio de derechos de emisión suficientemente desarrollado también en este ámbito.
Es importante que aprovechemos al máximo las reservas que todavía quedan en el actual sistema imperfecto. Pienso principalmente en las mejoras de la organización del transporte aéreo. Este aspecto es importante tanto en relación con la contaminación atmosférica como con la contaminación acústica causada por los aviones. Tenemos que reconsiderar la lógica de dar rodeos para evitar instalaciones militares y debemos hacer todo lo posible por evitar los vuelos sobre zonas habitadas, porque el incremento del tráfico aéreo afecta a las vidas de un número cada vez mayor de ciudadanos europeos, lo cual genera protestas cada vez más frecuentes por parte de la población.
El principio y el objetivo están claros. Nuestra movilidad no debería tener efectos perjudiciales sobre nuestra salud o sobre las condiciones de nuestro medio ambiente. Espero que podamos lograrlo y felicito a la ponente por un informe que refleja una gran iniciativa. 
Dorette Corbey (PSE ). –
   Señor Presidente, ante todo desearía felicitar a la señora Lucas. Ha elaborado un informe excelente que incluye los problemas de la aviación y los dilemas asociados a los mismos.
¿Qué representan estos problemas de la aviación? En primer lugar, la aviación contribuye enormemente al cambio climático: por pasajero y por kilómetro, la emisión de CO2 en la aviación es mucho mayor que la del transporte ferroviario o incluso en automóvil. Sin duda, la carga ambiental es alta en las distancias cortas, y es precisamente para las distancias cortas donde hay alternativas que actualmente se utilizan muy poco.
El segundo problema es que muy pocas personas son conscientes de la importante carga ambiental que presenta la aviación. Por ese motivo sería bueno que los billetes y los coches mostraran la emisión de CO2 por kilómetro. Señor Comisario, yo acogería con agrado iniciativas en este sentido. A nosotros en esta Asamblea nos sería útil conocer las emisiones exactas de CO2 cuando viajamos a Bruselas y Estrasburgo en coche, tren o avión.
El tercer problema es que el impuesto ambiental no se refleja de modo alguno en los costes. Volar es increíblemente barato. Es desconcertante que el sector de la aviación siga estando exento del IVA. Este hecho coloca en desventaja a los modos de transporte más favorables para el medio ambiente, como el ferrocarril o el autocar. Este fenómeno puede y debe detenerse sin dilación. En cualquier caso, es sumamente importante que la aviación se incluya lo antes posible en un régimen de derechos de emisión comercializables. Esto pondría un precio al CO2 y fomentaría la innovación, especialmente con motores más eficientes y un uso mejor y más económico del combustible. En mi opinión, es normal que se utilice como base el régimen existente de comercio de derechos de emisión, siempre que evitemos los errores cometidos en dicho sistema. En lugar de una asignación gratuita prefiero la subasta. Ni que decir tiene que el queroseno debería estar sujeto a impuestos.
El cuarto problema es que no es fácil abordar el sector de la aviación. La aviación es una fuente de empleo y disfrute para consumidores y turistas. Por ese motivo es importante operar a escala europea y al mismo tiempo invertir en conexiones cómodas a alta velocidad entre las ciudades europeas. Esta sería una política ambiciosa que sin duda contaría con el apoyo del público. 
Holger Krahmer (ALDE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la aviación es un importante sector de transporte y como tal tiene un peso fundamental en el desarrollo económico en Europa. En todo el mundo y también en la Unión Europea, la aviación es un sector que está creciendo y que proporciona empleo a más de cuatro millones de europeos.
Aunque la aviación representa únicamente cerca del 3 % de las emisiones mundiales de CO2, esta proporción crece constantemente. El objetivo de nuestra política debe ser la reducción del impacto en el cambio climático sin reducir el crecimiento de este sector clave. El crecimiento y la competitividad de nuestras líneas aéreas no debe entrar en conflicto con la reducción de los gases de efecto invernadero. El surtido de instrumentos es vital para lograr este objetivo. La introducción de un impuesto sobre el queroseno y sobre el despegue o los billetes de avión solo amortiguaría la demanda. Encarecer el vuelo reduciría los gases de efecto invernadero, pero exclusivamente a expensas del crecimiento, lo cual no es absolutamente necesario.
La incorporación de la aviación al régimen de comercio de derechos de emisión, tal y como ha propuesto la Comisión, es una alternativa mejor desde el punto de vista ambiental y económico. El comercio de derechos de emisión limitado a la Unión Europea debe ofrecer garantías de que las líneas aéreas europeas no estén en desventaja frente a otras compañías aéreas. Además, el comercio de derechos de emisión no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino crear incentivos para la inversión en mejores tecnologías. El fomento de la tecnología tiene la llave de la armonización de los objetivos del crecimiento y la reducción de las emisiones de CO2. La industria aeronáutica y espacial europea, en particular, ha contribuido de manera significativa al desarrollo de motores con un consumo de combustible más eficiente y, por tanto, de aviones más limpios.
Además de fomentar la tecnología, hay que tener en cuenta otros dos aspectos que se han dejado de lado en el debate sobre la reducción de las emisiones. En primer lugar, la creación de un espacio aéreo único europeo y una zona de control del tráfico aéreo –el proyecto «Cielo Único Europeo»– y en segundo lugar la ampliación de los aeropuertos. Incluso sin entusiasmo regulador podemos lograr una reducción notable de los gases de efecto invernadero acortando las distancias de vuelo y evitando el apelotonamiento. 
Carl Schlyter (Verts/ALE ). –
   Señor Presidente, gracias, señora Lucas, por este informe claro y constructivo. La acción en forma de cuotas es preferible a una asignación gratuita y complicada. Es importante que tomemos una decisión clara sobre sistemas de comercio separados para la aviación. Nada más lógico, porque el efecto de la aviación sobre el cambio climático es de dos a cuatro veces mayor que el efecto del dióxido de carbono por sí solo. Por lo tanto, la aviación tendría una ventaja indebida si formara parte del régimen general, y la lucha contra el cambio climático resultaría menos eficiente.
La aviación se está expandiendo rápidamente. Es una especie de paraíso fiscal celeste, exento de IVA y cuyo aspecto más grave es el impuesto sobre el combustible. Todo esto redunda en beneficio de los ciudadanos más ricos de la sociedad, que son los que vuelan con mayor frecuencia. Paradójicamente, serían las personas con menos ingresos las que se beneficiarían del aumento de los impuestos sobre las emisiones, porque reducirían el volumen de ingresos necesarios del Estado en otros ámbitos como el transporte ferroviario, en el que los ciudadanos con menores ingresos representan una parte mayor del mercado. Me complace mucho el apoyo a sistemas separados que ha expresado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y espero que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo también rompa lanzas por los más desfavorecidos. 
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ).
   – Señorías, no es fácil establecer la igualdad de condiciones para los distintos modos de transporte. Los requisitos de cualificación de la tripulación, la infraestructura de cada uno de los modos de transporte, el combustible o la energía que precisan para que todo funcione, unas normas de funcionamiento unificadas para un modo de transporte dado, el impacto ambiental y la manera de evaluarlo; hay muchos aspectos que es preciso considerar, desde la investigación y el desarrollo hasta la investigación de accidentes. Por ese motivo el informe que se está debatiendo atrae tanto interés de los expertos en este ámbito.
Un requisito básico a la hora de introducir cualquier medida es garantizar una competencia leal. Por ello, es necesario exigir que el establecimiento de permisos de emisión de dióxido de carbono para la aviación cumpla el apartado 32 de la propuesta de resolución en el sentido del Protocolo de Kyoto, o dicho de otro modo, sin ningún aumento de las emisiones en comparación con el año de referencia, y que esto se aplique a todas las organizaciones. En la era moderna, la aviación siempre se halla en primera línea cuando se trata de implantar nuevas soluciones técnicas. Por ello, siempre proporciona un ejemplo para la reducción de otras emisiones, aunque la fijación de límites es un asunto que hay que seguir negociando. A pesar de ello, es necesario establecer normas para los hidrocarburos volátiles –especialmente los aromáticos– y partículas sólidas, óxidos de nitrógeno y otros factores, como el ruido, en igualdad de condiciones para todos los usuarios del espacio aéreo de la Unión Europea, de modo que las empresas de transporte de la UE no sufran discriminación a través de la aplicación selectiva de límites.
Del mismo modo, es deseable que se apoye el uso de biocombustibles. No debemos permitir la competencia desleal de empresas de transporte extranjeras mediante la introducción del IVA y es esencial que tal medida se coordine en todo el sector aeronáutico y no solo dentro de la UE. La operación en su conjunto será, sin duda, compleja, pero es factible, siempre que se cumplan las condiciones definidas en el informe. Por lo tanto, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, insto a todos los diputados a que apoyen el informe sobre la reducción del impacto de la aviación en el cambio climático, incluida nuestra enmienda.
Quisiera concluir con el comentario de que los vuelos de aviones y helicópteros militares utilizados con fines de espionaje y vigilancia constituyen una fuente significativa de emisiones. Intentemos reducirlas, señor Comisario. 
Avril Doyle (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, tanto si se acepta la cifra de la señora Lucas de 4,1 millones como la de la asociación de compañías aéreas europeas de 7,5 millones de puestos de trabajo directamente dependientes del transporte aéreo, debemos estar de acuerdo en que este sector contribuye muy significativamente al empleo y al crecimiento en Europa.
El transporte aéreo es fundamental para la economía de la UE, pues supone el 8 % del PIB, impulsa la productividad, atrae la inversión y fomenta el turismo. El transporte aéreo se ha convertido en parte integrante de la sociedad, permite recorrer largas distancias rápidamente y fortalece la integración, la prosperidad y la importancia política de Europa. La aviación facilita la cohesión social y el intercambio cultural. Y estratégicamente es de vital importancia, sobre todo para regiones periféricas e islas como Irlanda.
Es fácil exagerar la contribución de la aviación al actual problema del cambio climático, y las emisiones de todos los sectores del transporte son objeto del debate sobre la calidad del aire y el cambio climático, que encabeza toda agenda sobre el medio ambiente. No debemos centrarnos solo en la aviación y olvidar el transporte marítimo ni el mucho mayor impacto procedente del creciente transporte por carretera y del uso del coche.
En 2003, las emisiones totales de los vuelos con origen o destino en los 25 Estados miembros de la UE supusieron el 3,4 % de las emisiones de CO2, el equivalente al 0,5 % de las emisiones mundiales en este campo. El transporte aéreo tiene un trato diferenciado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en cuanto a la contabilización de sus emisiones de gases con efecto invernadero. Y tampoco está directamente incluido en el Protocolo de Kyoto.
Aunque debemos reconocer los progresos hechos por la industria europea de la aviación en su iniciativa voluntaria (la Política de Contención de Emisiones), ante la duplicación del tráfico aéreo en la UE entre 2003 y 2020 la cuestión es si esta iniciativa voluntaria es la adecuada para contrarrestar las crecientes emisiones del transporte por aire basándose en el principio de que el que contamina paga. ¿Es necesaria una legislación?
Un interesante y reciente informe de la Cámara de los Lores sobre la contribución de la aviación al cambio climático afirmaba que es insignificante y que lo seguirá siendo los próximos treinta años. La industria misma reivindica que la eficiencia de los combustibles, las rutas directas y las nuevas tecnologías han conseguido reducir ya un 70 % de las emisiones de la aviación en los últimos treinta años, y que la gestión del tráfico aéreo, la mejora de los circuitos aéreos sobre los aeropuertos y la renovación de la flota sustituyendo los aviones más viejos por otros de tecnología punta podrían reducir el impacto sobre el clima aun con el incremento anual de los vuelos.
Vale la pena investigar sobre un programa de comercio con las emisiones y sobre el derecho a subastar, pero quisiera preguntar al señor Comisario si tiene algún futuro un régimen de comercio de emisiones independiente o cerrado para la aviación, dado que todos los participantes serían compradores netos, con lo que no habría mercado. Una posible solución, tras una amplia evaluación del impacto, podría ser incorporar la aviación al régimen de comercio de emisiones existente y revisado, a condición de que se incluyan todos los vuelos que despeguen y aterricen en Europa. Esto sería idealmente parte de una solución global, con la industria y los Gobiernos reunidos con la Organización de la Aviación Civil Internacional, tal como sugiere el aparado 2 del artículo 2 del Protocolo de Kyoto. Pero no contengan la respiración.
Todos los instrumentos económicos deben tener claros objetivos ecológicos, antes que fiscales, y deben ser parte de un paquete general dirigido a mejoras tecnológicas, operativas y en las infraestructuras. Un acuerdo de cielos abiertos, con reducción de los tiempos de espera gracias a una mejor gestión del control aéreo, y unas mejores gestión de los horarios y coordinación dentro de una política europea del aire deben ser parte de una amplia política mixta. 
Justas Vincas Paleckis (PSE ). –
   Quisiera recordar a la autora del informe que el Parlamento Europeo a menudo recibe el nombre del Parlamento volador. Volando, como hacemos, todas las semanas a una de las capitales de la UE, debería preocuparnos especialmente que la aviación fuera un modo de transporte favorable al medio ambiente. En las políticas relativas al efecto de la aviación en el cambio climático hay que mantener el principio de que «quien contamina paga». Es lamentable que el transporte aéreo no incluya el coste externo generado a resultas de su efecto climático. Lo lógico sería incluir la aviación en el sistema de comercio de la Unión Europea para las asignaciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Los fondos recogidos con tales impuestos podrían invertirse en nuevas tecnologías dedicadas a la producción de aviones más «limpios». La expansión del transporte ferroviario y en autocar podría reducir la presión sobre aeropuertos sobrecargados y la contaminación emitida por la aviación. Lamentablemente, las redes ferroviarias y de carreteras en Lituania y el resto de países bálticos no se encuentran integradas en la infraestructura de la Unión Europea. Están anticuadas y sobrecargadas. Si la UE no presta atención especial a los proyectos «Via Baltica» y, más importante todavía, «Rail Baltica», pasará mucho tiempo antes de que el transporte ferroviario y por carretera puedan ayudar a la aviación en esta región. 
Marios Matsakis (ALDE ).
   – Señor Presidente, quiero unirme a otros diputados y felicitar a la señora Lucas por su excelente trabajo. Estoy de acuerdo con su informe en su mayor parte, y de ahí que me limite a hacer algunos comentarios generales sobre la materia del debate.
Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de revisar la peligrosa tendencia expansiva de las emisiones de la aviación. En mi opinión, las opciones más sencillas y sensatas para lograr esa reducción son las siguientes.
En primer lugar, la disminución del transporte aéreo incentivando el uso de otros medios menos contaminantes, como el ferroviario. Para lograrlo, simplemente debe haber una auténtica competencia, algo que históricamente no se ha dado nunca. Se escapa a toda explicación racional por qué aún hoy la aviación no está sujeta al impuesto sobre hidrocarburos ni al IVA; es un anacronismo que debe terminarse. El consiguiente aumento de las tarifas aéreas no solo haría a las personas buscar, en lo posible, otros medios alternativos y menos contaminantes, sino que también las haría limitar sus viajes en general, lo cual no es nada negativo.
La segunda opción es la mejora de la eficiencia de consumo en los motores de las aeronaves. A tal fin, debe promoverse con mayor intensidad la investigación y el desarrollo de tecnología innovadora. También es necesario animar a los Estados a que apoyen estas actividades.
La tercera opción es la introducción y promoción de combustibles de aviación menos nocivos para el medio ambiente. A este respecto, ha de incentivarse la investigación en nuevos carburantes y biocarburantes.
La cuarta opción sería el relevo de las viejas e ineficientes aeronaves, algunas de las cuales causan dos o tres veces más daño al medio ambiente que los aviones más modernos. A tal fin, habría que dar incentivos a las compañías para que pusieran al día sus flotas gradualmente.
En quinto lugar está la opción de mejorar la eficiencia del servicio. Ya se han mencionado los circuitos de espera y los vuelos medio vacíos. No hay duda de que queda margen para el progreso en este campo. 
Eva Lichtenberger (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, por fin tenemos un informe que adopta una línea suficientemente crítica con el impacto de la aviación sobre el cambio climático. Mi más sincero agradecimiento a la ponente.
Todos los oradores anteriores han mencionado las enormes tasas de crecimiento que registra la aviación. Las tasas son tan altas que un crecimiento adicional podría anular todos los ahorros que los demás sectores económicos han logrado con tanto esfuerzo.
Por este motivo, también la aviación debe tenerse en cuenta en los objetivos de Kyoto si no queremos que siga siendo privilegiada de esa manera tan abominable. Puesto que hemos esperado tanto, ahora necesitamos todo un paquete de medidas para controlar el efecto negativo, ya que el comercio de derechos de emisión por sí solo no será suficiente. Como ya ha dicho mi colega, el turismo en Europa también se beneficiará con ello.
En este momento esto no es posible a escala mundial, pero debemos tomar medidas antes de que las emisiones de la aviación anulen todos los ahorros que hemos realizado en otros sectores económicos. No podemos esperar más. 
Bogusław Sonik (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, la información facilitada por la Organización de la Aviación Civil Internacional demuestra que el sector aeronáutico en Europa transporta más de 320 millones de pasajeros al año. Esto significa que unos 110 000 aviones producen emisiones que contaminan el aire de manera irreversible todos los días. Se estima que para 2050 la cantidad de dióxido de carbono emitido en la atmósfera por parte del sector aeronáutico alcanzará el 5 % (en 2000, la cifra era del 2 %). De acuerdo con las previsiones de Eurocontrol, en 2020 el número de vuelos en la Unión Europea duplicará con creces la cifra registrada en 2003.
Estos datos demuestran que los efectos negativos del crecimiento del sector aeronáutico pesan más que los beneficios para la sociedad desde el punto de vista del progreso tecnológico. Tenemos que intentar limitar estos efectos perjudiciales para el medio ambiente y mantener al mismo tiempo el principio de competitividad dentro del mercado creciente de las compañías aéreas de bajo coste, puesto que estas compañías aéreas se han hecho increíblemente populares en Europa. También debemos recordar que el sector del transporte aéreo genera cerca de cuatro millones de empleos, y por ese motivo es vital realizar una investigación detallada de la influencia del sector aeronáutico en la contaminación del aire y el aumento de los niveles de ruido.
No obstante, la presión principal debe ejercerse con los permisos de comercio de derechos de emisión y con la creación de un sistema apropiado para hacer cumplir este método. El sistema de permisos de comercio debe abarcar todos los vuelos que entran y salen de todos los aeropuertos situados en el territorio de la Unión Europea, independientemente del país de origen de la compañía aérea. Si es posible también debe abarcar los vuelos de tránsito intercontinentales que cruzan el espacio aéreo de la Unión Europea. 
Ulrich Stockmann (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, lo primero que necesitamos es un procedimiento europeo normalizado para contener el efecto ambiental del transporte aéreo. Las medidas unilaterales en el ámbito nacional, como son los impuestos sobre el billete aéreo y sobre el queroseno no funcionarán. El comercio de derechos de emisiones es el modo correcto, pero desde el punto de vista de la política de transporte –o desde el mío propio–, los principales instrumentos que contiene el informe Lucas son erróneos.
En primer lugar necesitamos que la aviación se incluya en el sistema vigente de comercio de derechos de emisiones de la UE. Un sistema separado sería contraproducente y detendría el crecimiento del transporte aéreo. Esto es contrario a nuestra Estrategia de Lisboa. ¿Por qué? No hay mercado si no hay proveedores y, al principio, el transporte aéreo comprará solamente en función de su tasa de crecimiento y de las innovaciones técnicas a largo plazo.
Por otra parte, un sistema separado requeriría una nueva estructura administrativa y sería contrario a nuestro esfuerzo por legislar mejor. ¿Qué haríamos entonces con otros modos de transporte? ¿Necesitaríamos nuevos sistemas? Esto no tiene sentido.
En segundo lugar, rechazo la inclusión del efecto en el cambio climático no generado por el CO2 a través de multiplicadores. Miremos hacia Suiza, Suecia y el Reino Unido, países en los que el problema del NOx se regula mediante impuestos sobre los aterrizajes. Tiene sentido hacerlo así. 
Eija-Riitta Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, cuando hace tiempo elaboramos la directiva sobre el comercio de emisiones, era difícil pensar en ningún otro informe que tuviera una influencia tan grande sobre la situación en Europa y del que las personas encargadas de la toma de decisiones supiesen tan poco. Entonces Europa se adentraba en terreno desconocido, ya que era escasa la investigación teórica que había sobre los efectos del comercio de emisiones. Sin embargo, en la actualidad dichos efectos son de sobra conocidos, especialmente los que obstaculizan la competitividad europea, además de los efectos que, paradójicamente, dañan el medio ambiente global.
Dado que estamos ampliando el frente en el que tiene lugar la lucha contra el cambio climático, ya no podemos permitirnos cometer los mismos errores. En el contexto actual, la petición de este informe de que la UE demuestre su liderazgo en la lucha contra el cambio climático a base de medidas regionales y tempranas me recuerda demasiado a una actitud por la que hoy en día estamos pagando un precio bastante elevado. No puede considerarse liderazgo cuando actuamos por nuestra cuenta, mientras otros muestran su respaldo sin intervenir.
Es obvio que tenemos que tratar el problema de las emisiones de la aviación, pero el éxito del propio proyecto se decidirá a través de las soluciones elegidas para conseguir el objetivo. Dado que conocemos bien el mecanismo actual de comercio de emisiones, sabemos que tenemos que seguir un camino común a escala global, de forma que se obtenga el mejor beneficio para el medio ambiente. Por lo tanto, si se pretenden realizar las acciones propuestas, será necesario examinarlas en mayor profundidad y tratarlas con cautela, ya que ahora necesitamos prácticas viables y no ideología.
Basándome en mi iniciativa y en nombre de nuestro Grupo, hemos presentado una enmienda en la que insistimos en una evaluación clara de los efectos que se producen, la definición de límites de emisiones y una explicación de qué agencia será responsable en la práctica de la acción para conseguir reducciones conforme a lo solicitado y, concretamente, cómo garantizaremos que las líneas aéreas de fuera de la UE también se impliquen en el comercio de emisiones. Si no contamos con esta base de conocimiento, una vez más construiremos un castillo de naipes.
También convendría estudiar otras opciones para el comercio de emisiones. Las soluciones prioritarias son, por ejemplo, el desarrollo de tecnología y un flujo continuo del propio tráfico aéreo, ya que gran parte de las emisiones son consecuencia del uso de flotas obsoletas y de la congestión de los aeropuertos.
Por ello fue lamentable que con la directiva sobre emisiones hiciésemos un avance tan poco satisfactorio en un ámbito tan importante. Dado que la Comisión se encuentra actualmente elaborando su propia propuesta sobre el comercio de emisiones en la aviación, sin duda es hora de que vuelva a escena. 
Philip Bradbourn (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, cuando se trata del medio ambiente, la aviación siempre parece ser el blanco más fácil de las culpas por las emisiones. Sin embargo, hay pruebas suficientes en el dominio público que parecen contradecir lo que en este informe se presenta como una solución necesaria.
Tal como ha dicho la señora Doyle, la Cámara de los Lores británica ha concluido recientemente un informe sobre los efectos de la aviación en el cambio climático. En él se manifiesta que el efecto es insignificante y que, según parece, lo seguirá siendo durante treinta años. Señor Comisario, señor Lucas, tengo aquí una copia de ese informe. Me gustaría que me dieran su parecer sobre él.
Como también ha mencionado la señora Doyle, las cifras publicadas por la IATA demuestran que durante los últimos cuarenta años, gracias al desarrollo tecnológico, los aviones consumen un 70 % menos. No tengo ninguna duda de que esos avances tecnológicos seguirán produciéndose para mejorar la situación. Podemos verlo ya en la última generación de aeronaves: el Airbus 380 y el Boeing 787. Dados esos dos factores, me temo que la autora del informe se ha dejado llevar por sus deseos más que por los conocimientos científicos.
Una de mis grandes preocupaciones sobre este asunto es que Europa intenta actuar por su cuenta, tomando decisiones que podrían poner en desventaja competitiva a las compañías aéreas europeas. Existen organizaciones internacionales (como la Organización de la Aviación Civil Internacional) que regulan el sector en el plano mundial. Creo que toda medida necesaria debe tomarse en ese ámbito. Desde mi punto de vista, es preciso partir de las pruebas científicas incontestables, no de especulaciones. Por eso estoy a favor de que se realice una evaluación integral del impacto antes de sacar adelante ninguna propuesta.
Hemos de ser cautelosos con los mensajes que enviamos, no solo a la industria de la aviación, que tanto contribuye a la economía de todos nuestros países, sino también a nuestros ciudadanos, quienes tienen derecho a seguir disfrutando de un transporte aéreo asequible, ya sea por negocio o por placer. 
Stavros Dimas,
   Señor Presidente, quiero dar las gracias a los diputados al Parlamento Europeo por sus importantísimas intervenciones y por su contribución al debate de esta tarde. Para cerrarlo quisiera decir que la iniciativa de la Comunidad en el sector en cuestión sumamente importante.
Como ha dicho el señor Bradbourn, la aviación es un sector mundial y, como tal, las responsabilidades de los aspectos en cuestión recaen en la Organización de la Aviación Civil Internacional y deben tenerse en cuenta los resultados científicos y las pruebas científicas, así como el importante estudio elaborado por la comisión del Parlamento británico, que también he tenido oportunidad de ver. No cabe duda de que debemos contar con un estudio completo de sus efectos que respalde nuestra propuesta legislativa.
También me gustaría decir que existe una excelente colaboración entre la Unión Europea y la Organización de la Aviación Civil Internacional. Concretamente, respecto a la cuestión del cambio climático, debemos tomar medidas en el ámbito de la Unión Europea, incluso por el simple hecho de que esta acordó en el Sexto programa de acción comunitario que establecería, propondría y tomaría medidas si la Organización de la Aviación Civil Internacional no proponía las medidas correspondientes para 2002. Hace ya mucho tiempo que ese plazo venció. Por lo tanto, debemos tomar medidas y, como ya he dicho, el Consejo Europeo solicitó el pasado diciembre a la Comisión que presentase la correspondiente propuesta legislativa conforme al procedimiento de codecisión.
En cualquier caso, la acción que estamos examinando no quebrantará los compromisos de la Unión Europea con la Organización de la Aviación Civil Internacional, dado que esta está a favor de un sistema abierto de comercio de derechos de emisiones; es decir, ha aceptado que las emisiones de la aviación internacional se incluirán en los actuales sistemas nacionales de comercio de emisiones.
Nuestra propuesta va precisamente en este sentido. Como saben, el año pasado se puso en práctica el sistema de comercio de derechos de emisión de la Comunidad. Se trata del primer y mayor sistema de comercio y por supuesto ahora es el mejor momento de ampliarlo para incluir a la aviación de forma que sea compatible con la Organización de la Aviación Civil Internacional.
La Unión Europea produce aproximadamente el 50 % del total de emisiones de dióxido de carbono generado por la aviación internacional, en comparación con los países del Anexo I, es decir, los países que tienen restricciones conforme al Protocolo de Kyoto. Por lo tanto, la medida recomendada por la Comisión tendrá sin duda importantes repercusiones. Esperamos que otros países sigan este ejemplo.
Por último, también quisiera referirme a las preocupaciones expresadas en el sentido de que nuestra propuesta pondrá a las empresas europeas en situación de desventaja, en comparación con las de terceros países. No es así; no existe dicho riesgo, ya que, conforme a la propuesta de la Comisión, el sistema de comercio incluirá a todas las líneas aéreas que operan vuelos en la zona geográfica dentro del ámbito geográfico del sistema, independientemente de su nacionalidad.
Por lo tanto, esto significa que las líneas aéreas de la Unión Europea recibirán un trato exactamente igual al de sus competidores extranjeros. Espero que la moción se apruebe en el pleno y que este respalde las propuestas de la Comisión. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Antonio López-Istúriz White (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, acojo con satisfacción un informe de opinión de esta Cámara con el fin de buscar alternativas y medidas para paliar los efectos negativos de la aviación en el medio ambiente y su impacto en el cambio climático. 
Advierto del peligro de proponer medidas encaminadas a incrementar los precios del queroseno, las tasas de despegue y aterrizaje o los precios de los billetes de avión, ya que estas medidas incidirán directamente en los usuarios, que soportarán un aumento de precios por parte de las compañías. 
Este aumento supondría un perjuicio para las zonas turísticas, como las islas, y un sobrecoste en los productos importados, lo que repercutiría en los consumidores que residen en regiones insulares. Además, supondría una pérdida de competitividad de las islas, una ralentización de la accesibilidad a los mercados continentales y de la plena integración de las regiones insulares en las llamadas «autopistas del mar». 
Pido a la Comisión y al Parlamento Europeo que, antes de tomar las medidas que proponen, realicen un estudio de su impacto económico en todas las regiones y presten especial atención a las regiones con desventajas estructurales debidas a las condiciones naturales, geográficas y permanentes, como es el caso de las islas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0230/2006) de la señora Korhola, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente [PE-CONS 3614/2006 – C6-0156/2006 – 2003/0242COD)].
Eija-Riitta Korhola (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, el reglamento relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones de la Convención de Aarhus, cuya aprobación se votará en la sesión plenaria de mañana, completará un proceso cuyo principal beneficiario será el ciudadano europeo.
Esta cuestión tiene que ver con la importante legislación ambiental que se aplica al acceso a la información sobre el medio ambiente y la participación del público en la toma de decisiones. Junto con el Comité de Conciliación hemos conseguido un resultado en el que refrendamos ambos aspectos, también a escala comunitaria.
Considero que el resultado final es equilibrado, y me satisface especialmente que nuestro Comité de Conciliación lo adoptase unánimemente. Al mismo tiempo me gustaría dar las gracias a mis colegas diputados. Tras algunos problemas iniciales de interpretación, hemos encontrado una política común, que hemos mantenido con éxito.
He sido ponente sobre la Convención de Aarhus durante todo el proceso, destacando constantemente la importancia de los derechos de los ciudadanos en cuestiones ambientales. La apertura y la transparencia constituyen el espíritu de la democracia, además de un elemento fundamental de nuestra propia seguridad. Por este motivo me complace especialmente que pudiésemos mejorar la transparencia de las instituciones al tiempo que mantuvimos los poderes, y la responsabilidad, de las instituciones a las que se aplican. Esto afecta a instituciones democráticamente elegidas como el Parlamento Europeo, sin olvidar por supuesto al Consejo. En una democracia, los ciudadanos son la máxima autoridad y las personas encargadas de tomar decisiones, que ellos eligen, realizan su voluntad. Por ello considero que no conviene seguir un camino en el que los políticos delegarían el poder en agencias menos abiertas y transparentes.
La Convención de Aarhus, ratificada por la UE y los Estados miembros de la Comunidad Europea, se aplicará mediante tres directivas, las dos primeras denominadas pilares que ya han superado el procedimiento de codecisión, con conciliación. Estos pilares tienen que ver con la transparencia de la información ambiental y el derecho del público a participar. El destino del tercer pilar, la directiva sobre el acceso a la justicia, lamentablemente, todavía se desconoce. Dado que estos tres pilares de Aarhus se extendían ahora a las propias instituciones de la UE, esto trajo consigo varios problemas legales que hicieron que este reglamento se diferenciase de los primeros, que estaban destinados a los Estados miembros. 
Un ámbito que resultó ser problemático durante la conciliación fue el de las propuestas relativas al acceso a la información ambiental. Las enmiendas del Parlamento contenían errores técnicos y legales, que fueron un factor que motivó que nuestro Comité de Conciliación se acercara más al punto de vista de la Comisión y al Consejo que lo que todavía saltaba a la vista tras la segunda lectura. Las excepciones a la divulgación de información ambiental fueron un ejemplo de ello. Tras la segunda lectura, al Parlamento le habría gustado poder basarse en la directiva 2003/4/CE, destinada a los Estados miembros, en lo que respecta a las excepciones al acceso a la información ambiental de la CE. Sin embargo, legalmente habría sido imposible, ya que la directiva solamente está destinada a los Estados miembros. La solución final fue aplicar el Reglamento (CE) 1049/2001/CE, relativo al escrutinio público de documentos que mantienen las instituciones de la CE y que está adaptado específicamente a este fin. De este modo, el planteamiento es coherente para todo tipo de información.
El otro ámbito difícil en el que abandonamos el punto de vista alcanzado durante la segunda lectura fue el derecho del público a participar en la redacción de los programas y planes de acción financiados por las instituciones europeas. Al principio hubo cierta confusión respecto a los conceptos asociados a esta enmienda. Algunos entendieron que las enmiendas tenían que ver con el acceso a la información, aunque la cuestión trataba sobre el derecho a participar. Sin embargo, negociamos un buen compromiso.
Con estos compromisos conseguimos preservar el espíritu de los cambios durante la segunda lectura del Parlamento, aunque también abandonamos finalmente algunos. Otros logros importantes en consonancia con la política del Parlamento fueron el aumento del periodo de tiempo de que disponen los ciudadanos para que se escuche su voz y la ampliación del ámbito de aplicación de la obligación de las instituciones de la CE de abrir sus archivos. Por otra parte, con respecto al acceso a la justicia, el Parlamento consiguió aumentar de cuatro a seis semanas el periodo durante el que las ONG pueden beneficiarse del acceso a la justicia.
En el propio reglamento se concede un papel especial a las ONG: solicitar una revisión interna con respecto a las decisiones por parte de las instituciones. Este papel, creado ahora para ellas a través del reglamento, es importante para la Unión. Quisiera dar las gracias a las organizaciones ecológicas por su implicación y su contribución durante el proceso de legislación de Aarhus. Pese a que quizás no siempre estuvimos de acuerdo, por ejemplo sobre el ámbito de aplicación de los derechos entonces otorgados, valoro y respeto su deseo de implicarse realmente en la elaboración de una mejor legislación ambiental en la UE.
El futuro demostrará el éxito de nuestra labor. Si el reglamento funciona en la práctica igual de bien que las dos directivas anteriores, generará transparencia en la UE hasta un nivel que servirá a nuestros deseos comunes y al público del mejor modo posible.
Por último, quisiera agradecer especialmente a Austria el excelente trabajo realizado mientras ejercía la Presidencia del Consejo. Esta es la tercera forma de conciliación que he dirigido como ponente. Mi experiencia respecto a la preparación, la familiaridad con el tema y la capacidad de negociación de los representantes austriacos ha sido increíble, y por lo tanto tengo motivos para calificar con nota a Austria por su Presidencia. También quisiera dar las gracias a los representantes de la Comisión por su excelente cooperación, que he disfrutado durante todo el proceso de Aarhus desde que comenzó en 2000. 
Stavros Dimas,
   Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la señora Korhola, ponente sobre el Convenio de Aarhus, así como al Vicepresidente Vidal-Quadras, que presidió el Comité de Conciliación con el Consejo, por los excelentes resultados conseguidos durante la conciliación.
Los debates mantenidos fueron constructivos y consiguieron resultados positivos y soluciones viables. Los escasos temas pendientes se han solucionado satisfactoriamente, por lo que la Comisión respalda el texto de conciliación.
Por lo tanto, los ciudadanos europeos contarán con un marco legislativo que les garantizará el acceso a la información ambiental y la participación en la toma de decisiones sobre aspectos ambientales. Por consiguiente, la Comisión recomienda que el Parlamento ratifique los excelentes resultados conseguidos por su equipo negociador. 
Horst Schnellhardt,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este resultado de la conciliación pretende conseguir una mayor transparencia en las cuestiones ambientales y una mayor participación del público en la toma de decisiones respecto a las mismas.
El informe de la señora Korhola deja muy claro que se ha producido una gran variedad de acontecimientos en el procedimiento legislativo y también algunos documentos que realmente no habrían obtenido nuestra aprobación. Desde este punto de vista, el compromiso alcanzado es sin duda aceptable.
Sin embargo, la evaluación de este texto conforme a los objetivos es otro tema. Estos dejan bastante claro que mediante la participación pública todo ciudadano o ciudadana debería poder vivir en el entorno que considera agradable, pero este objetivo no puede conseguirse en la práctica, ya que cada persona tiene una forma distinta de ver su entorno. El hecho es que se trata de un objetivo noble y, si lo tomamos como base nuestros logros no están a su altura. También quisiera hacer el comentario básico de que este compromiso concretamente no satisface la demanda generalizada de menos burocracia, más transparencia y más democracia, sino que se aleja por completo de estos objetivos. La burocracia adicional que implica esta propuesta es difícilmente aceptable.
Por otra parte, desde mi punto de vista, es inaceptable otorgar derechos especiales a las organizaciones no gubernamentales en el terreno ambiental. Después de todo, numerosas propuestas y enmiendas permitirían a las ONG bloquear o modificar textos legislativos de esta Cámara y del Consejo sin más. Aprecio la labor de las ONG, concretamente en el terreno ambiental, pero también las veo como grupos de presión y representantes de cierto movimiento, como a los representantes de empresas o asociaciones.
En este sentido, debemos controlar de cerca los avances conseguidos con el texto legislativo, cuál es su efecto en la legislación en general y qué objetivos se alcanzan, además de que también considero que esto puede provocar una competencia dañina entre empresas y, posiblemente, distorsiones de la competencia. Debemos seguir de cerca esta situación.
María Sornosa Martínez,
   . Señor Presidente, colegas, señor Comisario, en primer lugar, quiero mostrar mi satisfacción por el acuerdo logrado. En este momento lo más importante es que esta legislación se aplique lo antes posible. De este modo incrementaremos nuestro objetivo de transparencia de las medidas medioambientales adoptadas a nivel comunitario.
Me gustaría destacar algunos aspectos positivos, como el trabajo realizado por el trílogo, con la participación de la Comisión, de la Presidencia austriaca y del grupo de diputados que intervenimos en el mismo. Creo que con todo este trabajo conseguimos que se reforzara el acceso a la información relativa a las cuestiones que atañen al medio ambiente, haciendo más restrictivas las excepciones, así como su interpretación.
También me gustaría destacar, respecto a la participación pública para la adopción de decisiones, que es muy importante que se haya ampliado dicha participación en la preparación, modificación o revisión de los planes y programas medioambientales financiados por el Banco Europeo de Inversiones. 
También es un logro para la ciudadanía que, a la hora de adoptar decisiones sobre planes o programas medioambientales, la institución u órgano comunitario pertinente deba informar, y no solamente hacer esfuerzos razonables –como antes decía el texto– por informar, al público en todas las decisiones, ya que de este modo incrementamos la transparencia en este tipo de procesos.
Respecto al acceso a la información, quizá lo más importante es el acuerdo alcanzado en virtud del Reglamento 1049. Como este Reglamento está en vigor y es relativo al acceso del público a los documentos en poder de las instituciones de la Comunidad Europea, habrá un régimen para el acceso a toda clase de información en poder de las instituciones y órganos de la Unión Europea.
Por último, además de reiterar mi deseo de que mañana se apruebe este acuerdo y se implante sin más dilación, espero que las instituciones y órganos comunitarios reconozcan que su aplicación efectiva redundará en beneficio de todos y actúen bajo esta premisa. Es una herramienta jurídica que nos puede facilitar en muchos casos la preservación del medio ambiente. 
Marian Harkin,
   . – Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente y a todos los que han contribuido a llegar a un acuerdo que ha dado lugar a un texto conjunto sobre este importante reglamento relativo a la Convención de Aarhus.
En el Parlamento y en muchos otros sitios se habla continuamente de acercar Europa a sus ciudadanos. Pues bien, Aarhus traduce nuestras palabras en obras. Creo que este reglamento contribuye sin duda a llenar de contenido la Convención de Aarhus. Demasiadas veces los Gobiernos y otros organismos públicos dicen aprobar las consultas y la participación pública, sin hacerlo de verdad. Se ve como un mal necesario del que librarse lo antes posible, un inconveniente que los verdaderos responsables políticos deben soportar. Muchas veces, la participación pública se archiva en el fondo de algún cajón y se olvida totalmente.
Ese ha sido y, en muchos casos, sigue siendo el sistema. En su sabiduría, el sistema ha decidido que el público (los ciudadanos de a pie), cuyas vidas se verán inmediata y permanentemente afectadas por ciertas decisiones sobre el medio ambiente, no merecen la confianza para participar e influir en tan importantes decisiones. Es hora de dar la vuelta al sistema, y este reglamento contribuirá significativamente a ese proceso.
La Comisaria Wallström habla del Plan D: de diálogo, debate y democracia. Pues bien, el Plan A, que es el de Aarhus, es sin duda el marco que asegura que existan ese diálogo, ese debate y esa democracia en asuntos de medio ambiente.
Por desgracia, en mi país, la República de Irlanda, aún no hemos ratificado la Convención de Aarhus, a diferencia de la mayor parte de nuestros vecinos de la UE. Así, los ciudadanos irlandeses siguen en desventaja, pues Aarhus es el tratado más ambicioso del mundo en cuanto a derechos ecológicos y garantiza los derechos públicos a acceder a la información y a la participación pública en la toma de decisiones sobre el medio ambiente.
Este reglamento, estoy convencida, será bien recibido por quienes tengan interés en la incineradora que se ha propuesto en Ringsend (barrio de Dublín), y también será sin duda de gran aceptación entre los interesados en el yacimiento de gas de Corrib, en el oeste de Irlanda. Sin embargo, celebro que, al menos en esta Cámara, vayamos en la dirección correcta, aunque países como el mío propio se hagan los remolones. 
Margrete Auken,
   . – Señor Presidente, la UE tiene problemas con su imagen. Hay muy poca transparencia y para los ciudadanos comprometidos es muy difícil participar en el proceso de toma de decisiones, como ha descrito tan elocuentemente la oradora que me ha precedido. La Convención de Aarhus, que rige las condiciones de participación de las ONG en el proceso legislativo sobre asuntos ambientales, trata esta cuestión. Esta excelente Convención ha sido ratificada por todos los Estados miembros, pero está claro que no se ha aplicado como es debido. Ahora es la UE la que debe garantizar la aplicación de esta legislación. Ha habido muchos problemas para llegar a este estado de cosas sobre una simple base más o menos coherente, pero también han sido numerosas las mejoras introducidas a resultas de la segunda lectura, por lo que nosotros, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, respaldaremos la propuesta, pese a que está lejos de ser todo lo buena que podría haber sido si la UE hubiese estado a la altura de sus bonitas palabras sobre la defensa de los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, es una pena que Consejo y el Parlamento hayan diluido el texto inequívoco de la Comisión sobre el acceso de las ONG al Tribunal Europeo de Justicia. Actualmente no está nada claro si dicho acceso existe realmente. Sin embargo, esperamos que los casos futuros se resuelvan a favor de las ONG y por lo tanto de la UE. 
Kathy Sinnott,
   . – Señor Presidente, en mi circunscripción irlandesa se está librando una batalla. Hombres, mujeres y niños montan guardia cada día en Pallaskenry, en el condado de Limerick, para impedir que el consejo del condado les corte las tuberías que les suministran el agua del lago, limpia y de manantial que ellos y sus antepasados han venido utilizando desde hace miles de años, y para impedir que les sustituyan ese suministro por el del río Deal, uno de los más contaminados del país.
Por otro lado, en Bantry (condado de Cork), los ciudadanos acampan en lugares estratégicos para impedir que los operarios planten innecesarias líneas de alto voltaje sobre sus granjas. Son grupos que no solo actúan en los bloqueos, sino que han acudido al Tribunal Supremo, a su propia costa, y están siendo amenazados con la prisión por nuestro sistema judicial.
Con Aarhus, estas situaciones no se estarían dando en Irlanda. ¿Hay algo que puedan hacer para ayudarnos? Nuestro Gobierno ha suscrito la Convención de Aarhus para quedar bien entre sus homólogos de otras naciones, pero es uno de los pocos signatarios que rehúsan ratificarla y hacerla efectiva. La Convención de Aarhus exige que la población pueda dar información y tener acceso a ella, que la sociedad pueda participar en todas las decisiones sobre el medio ambiente y que tengamos acceso efectivo a la justicia cuando sea necesario para proteger el medio ambiente y a las familias afectadas.
Al no ratificar Aarhus, el Gobierno irlandés cree que puede seguir con su práctica de abusar de su pueblo, mientras se inclina ante cualquier inversor poderoso, sin importarle el daño que cause en la vida, la salud y el medio ambiente. Este informe pretende que se aplique mejor la Convención de Aarhus, pero en Irlanda no hay aplicación que mejorar. Les ruego que presionen al Gobierno irlandés para que ratifique de una vez Aarhus, aunque sea tarde, y para que vea a su pueblo como un aliado y no como un enemigo en la protección del medio ambiente. 
Péter Olajos (PPE-DE ).
   – Durante los últimos años hemos oído hablar en distintos foros europeos de lo importante que es para la Unión Europea estar cerca de sus ciudadanos y hacer que el funcionamiento de sus instituciones sea más transparente.
La adopción de la Convención de Aarhus por parte de esta constituye un paso significativo en este sentido. La protección ambiental es el ámbito en el que probablemente el público muestra el mayor nivel de interés en el desempeño de nuestras instituciones, y además de tener acceso a la información, también quiere participar en la toma de decisiones. Encontrar el equilibrio entre el constante aumento de la publicidad y el mantenimiento de la capacidad de funcionamiento de las instituciones no es tarea fácil. No sería bueno crear una situación que provocase la proliferación de procesos judiciales. 
Creo que podemos esperar que las organizaciones civiles que desean ejercer sus derechos operen de una forma respetuosa con la ley y, a cambio, no deberíamos infringir sus derechos con excepciones injustificadas. Por ese motivo me decepciona que la versión final de la propuesta no incluya derechos de acceso a proyectos financiados por las instituciones europeas. Difícilmente podemos esperar que los ciudadanos se identifiquen con una Europa que acepta determinados principios fundamentales pero al mismo tiempo está dispuesta a prestar ayuda financiera a objetivos a los que se oponen. Por otra parte, Europa también debería dar un ejemplo a los Estados miembros en este sentido, como ya hemos oído antes.
En general, estoy convencido de las ventajas del control social. Soy consciente de que las entidades afectadas pueden considerar a menudo que el control social es un inconveniente y puede que les parezca innecesariamente complicado. Sin embargo, en el conjunto de la sociedad lleva a tomar decisiones mejores que las que se adoptan sin la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. Después de todo, esta es la base de la democracia ¿no? Muchas gracias y felicidades a mi colega, la señora corola, por su excelente trabajo. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0231/2006) del señor Blokland, en nombre de la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las pilas y acumuladores y a las pilas y acumuladores usados y por la que se deroga la Directiva 91/157/CE [PE-CONS 3615/2006 – C6–0154/2006 – 2003/0282(COD)].
Johannes Blokland (IND/DEM ),
   . – Señor Presidente, por fin había llegado el momento. El 3 de mayo de 2006, más de dos años y medio después de que la Comisión hubiese presentado una propuesta de revisión de la Directiva relativa a las pilas y acumuladores, el Consejo y el Parlamento llegaron por la vía de la conciliación a un acuerdo sobre el texto definitivo.
En primer lugar, quisiera dar las gracias a la Presidencia austriaca por el modo constructivo en que este expediente se ha llevado a buen puerto. Con las 23 enmiendas que se adoptaron en segunda lectura, la Presidencia, y por extensión también el Consejo, hizo algo más que acercar posiciones con esta Asamblea. Asimismo quisiera dar las gracias a todos los diputados a esta Cámara, especialmente a los miembros de la delegación y a la secretaría de conciliación por su dedicación y apoyo. En parte gracias a ellos hemos conseguido un buen resultado.
Por otra parte, estoy en deuda con la Comisión por sus aportaciones a los compromisos y a la redacción de nuevas propuestas de texto. Esto ha demostrado tener un valor incalculable desde el punto de vista del proceso por el que se ha alcanzado un acuerdo. ¿Qué hemos conseguido ahora? Me gustaría subrayar algunos puntos clave.
En primer lugar, la directiva permite a los consumidores elegir más fácilmente una batería con una buena relación entre coste y eficacia. Después de todo, la batería más barata no siempre es la que tiene la mejor relación. Dado que la directiva obliga a los fabricantes a especificar la capacidad de las baterías, los consumidores pueden valorar por sí mismos la relación entre calidad y precio y elegir la batería más conveniente para cada fin.
En segundo lugar, el acuerdo también estipula que debe ser sencillo retirar las baterías de los aparatos. Al sustituir la batería podemos impedir que los consumidores tengan que deshacerse de aparatos en perfecto estado debido a que esta se ha agotado.
En tercer lugar, el fabricante debe recoger las baterías usadas y encargarse de reciclarlas. Esto también se aplica a las suministradas en el pasado.
En cuarto lugar, la directiva obliga a todos los Estados miembros a establecer un sistema de recogida efectivo. Esta es una mejora considerable, ya que en la actualidad solamente seis Estados miembros cuentan con un sistema nacional de recogida de baterías. Por otra parte, las diferencias de porcentajes de recogida siguen siendo muy elevadas, oscilando entre el 59 % de Bélgica y el 16 % de Francia.
En quinto lugar, todos los fabricantes de baterías de la Unión Europea deberán registrarse, de forma que todos se responsabilicen de financiar la recogida y el procesado de las baterías gastadas.
Por último, quisiera mencionar la piedra angular de la directiva, sobre la que ya habíamos llegado a un acuerdo en primera lectura: la prohibición del cadmio en las baterías portátiles, que entrará en vigor en 2008. Gracias a ello, este nocivo metal desaparecerá con el tiempo de los residuos domésticos, con el consecuente beneficio para el medio ambiente y la salud pública. Por otra parte, las alternativas a las baterías de níquel-cadmio parecen ser muy superiores.
Dado el resultado positivo de la negociación, recomiendo encarecidamente a esta Asamblea que vote mañana a favor de la nueva Directiva sobre pilas y acumuladores, y quisiera pedir al Consejo que hiciese lo mismo lo antes posible, de forma que se pueda proceder a publicar la nueva legislación. Por otra parte, no debería subestimarse la importancia de lo que deben hacer los Estados miembros en la aplicación de la Directiva sobre pilas y acumuladores. Quisiera expresar el deseo y la esperanza de que se pongan en marcha de inmediato, de manera que no sea necesario hacer lo imposible en las fases finales.
Desde mi punto de vista, en el futuro habrá que revisar las aplicaciones exentas de la prohibición del cadmio. Doy por hecho que la Comisión prestará atención a este aspecto y presentará oportunamente una propuesta al Parlamento. 
Stavros Dimas,
   Señor Presidente, quisiera felicitar a los representantes del Parlamento Europeo por el debate mantenido en el Comité de Conciliación el pasado mayo. Concretamente quisiera dar las gracias a la Vicepresidenta Roth-Behrendt, que presidió el Comité de Conciliación, y al ponente del Parlamento, el señor Blokland, que realmente hizo una importantísima contribución a los buenos resultados conseguidos.
Los debates en el Comité de Conciliación fueron constructivos y apuntaban en la buena dirección, también gracias a los esfuerzos de la Presidencia austriaca, y se llegó a un acuerdo en torno a numerosas cuestiones importantes, como ha dicho el señor Blokland: la posibilidad de retirar los acumuladores de los aparatos, la exención de los fabricantes de pilas muy pequeñas, la indicación de la capacidad de las baterías y otras cuestiones importantes a las que se dieron soluciones positivas.
La Comisión Europea respalda el resultado del procedimiento y recomendamos que el Parlamento vote a favor de los excelentes resultados conseguidos por su equipo negociador. 
Peter Liese,
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Blokland, por su desinteresada labor. Por supuesto, sus propuestas originales eran ligeramente más ambiciosas que el resultado obtenido en el Comité de Conciliación, por lo que podría decirse que no se trata de un éxito rotundo para el medio ambiente. Sin embargo, lo que se ha decidido constituye una clara mejora de la protección de los seres humanos y del medio ambiente frente a las peligrosas sustancias químicas que pueden escapar de las baterías. Por ello, una gran mayoría de la Cámara debería respaldar mañana este resultado.
He estado de acuerdo con el señor Blokland sobre la mayoría de los aspectos, pero incluso desde el comienzo del procedimiento discrepo de la extensión de la prohibición del cadmio a las baterías industriales. Me complace que hayamos podido encontrar una solución en comisión en segunda lectura. Una prohibición del cadmio en las baterías industriales –a diferencia de las baterías portátiles– habría significado una presión excesiva sobre la industria, al tiempo que tendría un escaso efecto en el medio ambiente, ya que contamos con un sistema efectivo de reciclado de baterías industriales.
La Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania me ha informado de que incluso los operadores de determinadas plantas del desierto de Libia están buscando la forma de eliminar sus baterías industriales, ya que son tan grandes que no pueden verterse junto con los residuos domésticos. Por lo tanto, incluso en el desierto de Libia el reciclaje es un planteamiento real, por lo que he abogado por una derogación desde el principio, que de hecho se ha establecido en la resolución final.
Sin embargo, estoy de acuerdo con las demás propuestas que ha presentado el señor Blokland y me complace que se haya llegado a un acuerdo entre las tres instituciones. 
Dan Jørgensen,
   – Señor Presidente, también yo quisiera comenzar dando las gracias al señor Blokland. Ha sido un proceso largo y usted ha trabajado duramente. Usted ha estado en gran parte de acuerdo con el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. También por ese motivo podemos respaldar el compromiso, pese a que, al igual que el anterior orador, no estemos plenamente satisfechos. Existen determinadas áreas en las que este instrumento legislativo podría haber sido mejor. No estamos de acuerdo en que concretamente se haga una excepción con las herramientas eléctricas sin cable. Estas utilizan gran parte de las baterías de cadmio que se usan en la actualidad. Existen alternativas, que pueden ser reutilizables. También podría ser posible no dejar que algunas de estas baterías se cuelen a través del sistema y que por lo tanto el daño ambiental no sea tan grande, es decir, si el sistema funciona. Sin embargo, simplemente debemos señalar que existen alternativas y dado que existen ¿por qué no las utilizamos? ¿Por qué no prohibimos entonces estas peligrosas baterías?
Por supuesto, es el progreso alcanzado, realmente loable, el que garantiza nuestro respaldo a esta legislación a pesar de todo. El etiquetado con indicación de la capacidad es positivo, en particular para los consumidores. Por supuesto somos conscientes de toda la publicidad sobre baterías –no quisiera especificar ninguna marca, pero definitivamente es algo que tiene que ver con un conejo– y sin duda los fabricantes quieren dar la impresión de que estas baterías duran mucho más que las de sus competidores. También es posible que sea así, pero ahora tendremos prueba de ello, ya que en el envase se indicará cuánta energía contiene dicha batería. Esto es claramente positivo.
Otro aspecto positivo es que estamos obligando a los fabricantes a garantizar que si un aparato lleva batería, esta debe ser fácil de extraer. También es positivo el hecho de que en Europa contaremos con un elevado porcentaje general de reciclado. Reitero que nos hubiese gustado que las cifras fuesen mejores, pero nos complace contar con normas comunitarias en este terreno. De todas formas debemos decir que se trata de una materia importante que estamos legislando ahora a escala comunitaria. Nuestras ambiciones no se han colmado, pero respaldamos la legislación en general, basándonos en las mejoras que se han conseguido. 
Anne Laperrouze,
   . – Señor Presidente, Señorías, apoyo los objetivos de esta directiva, que constituye uno de los elementos de la política ambiental europea.
Como miembro de la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, he defendido cierta flexibilidad, en especial para los acumuladores que permiten cumplir requisitos de seguridad.
La redacción que nos propone el Comité de Conciliación permite no solo mantener unas normas y objetivos ambiciosos –en particular en términos de recogida y reciclaje−, sino también tener en cuenta la realidad y los esfuerzos de los productores de acumuladores, en especial para uso industrial.
En efecto, el método de recogida por los distribuidores se considera el método por defecto, pero se admite el mantenimiento de los sistemas que ya funcionan, siempre que en una evaluación, que deberá hacerse pública, se acredite que estos últimos son al menos tan efectivos como la recogida por los distribuidores.
Esta garantía de efectividad equivalente en términos de recogida me parece decisiva para disponer de un sistema flexible y no permisivo. Por otra parte, los aparatos deberán diseñarse de tal modo que las pilas y los acumuladores usados puedan retirarse fácilmente e ir acompañados de instrucciones que incluyan información para los consumidores.
No obstante, estas disposiciones no se aplicarán en los casos en los que, por razones de seguridad, rendimiento, integridad médica o de los datos, sea necesario disponer de un suministro de energía constante y de una conexión permanente entre el aparato y la pila. Una vez más, la flexibilidad aparece estrictamente delimitada.
No obstante, soy escéptica en cuanto a la indicación de la capacidad en las pilas y acumuladores portátiles o de automoción; y si bien entiendo este deseo de información a los consumidores, pienso que sobre la duración de estas pilas y acumuladores influyen demasiadas variables, como las condiciones de uso y desgaste.
En conclusión, el proyecto común que se somete a votación me parece que aporta respuestas equilibradas a las peticiones de las distintas instituciones. Les pido, pues, que se pronuncien a favor de este texto, y doy las gracias al ponente por la calidad de su trabajo.
Carl Schlyter,
   – Señor Presidente, gracias, señor Blokland, por una prolongada lucha que finalmente ha tenido un resultado aceptable. El Consejo se ha visto empujado de un lado a otro por los grupos de presión de la industria y ha batallado en contra del interés de los consumidores y del medio ambiente. Me pregunto qué dirían los ciudadanos de la UE si supiesen que la mayoría de sus Gobiernos han luchado en contra del derecho de los consumidores a conocer la capacidad de las baterías que compran. El Consejo quiere darnos gato por liebre.
¿Qué dirían los votantes si supiesen que el Consejo no quería que las baterías pudiesen extraerse fácilmente de forma que pudiesen reciclarse sin problemas o ampliar su duración? ¿Qué dirían los votantes si supiesen que sus Gobiernos han luchado con uñas y dientes por fijar el menor nivel posible de responsabilidad con respecto a los metales pesados extremadamente venenosos? La suerte ha querido que el Parlamento haya conseguido solucionar la mayoría de estos aspectos, pero es bastante escandaloso que se sigan permitiendo las baterías de cadmio en las herramientas. En este aspecto lamentablemente ha ganado la presión de la industria tanto en el Consejo como en el Parlamento. Gracias, señor Blokland. Ha hecho usted un buen trabajo y yo votaré a favor del informe. 
El Presidente.
   – El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

