Orden de detención europea (debate) 
Presidenta
El siguiente punto son las preguntas orales planteadas al Consejo y a la Comisión sobre la orden de detención europea.
Jan Philipp Albrecht
autor. - (DE) Señora Presidenta, debatimos hoy aquí la cuestión de la orden de detención europea. Por fin se pone sobre la mesa tal discusión. Hemos presentado una pregunta a través de los Grupos que proponen el debate sobre la reforma de la orden de detención europea y su aplicación, y pedimos a la Comisión y al Consejo que respondan con propuestas.
La orden de detención europea se anunció como el ejemplo perfecto de reconocimiento mutuo en el ámbito de la justicia y la policía. Cuando se aprobó como decisión marco, el Parlamento Europeo siempre dejó muy claro que, por una parte, las condiciones para su aplicación tenían que ser relativamente estrictas, de forma que se emplee tan solo en el caso de delitos realmente graves, que se aplicase de forma proporcionada y que las normas procesales de la Unión Europea deberían armonizarse de manera simultánea. En realidad, ninguno de estos requisitos se ha cumplido plenamente. En muchos casos concretos, la orden de detención no se aplica de forma proporcionada, tal y como podemos ver en los informes que tenemos ahora a nuestra disposición. Debemos por tanto ajustar el procedimiento, tanto en la práctica como en la legislación. Gracias a la labor de la Vicepresidenta Reding, tras diez años, por fin avanzamos en la armonización de dichas normas procesales. Sin embargo, es esencial que avancemos mucho más, también con respecto a las condiciones de detención de los presos y la cuestión de las normas individuales de protección jurídica.
En el futuro, nuestra única inquietud no debería ser tan solo la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales con respecto al reconocimiento mutuo; tenemos que tener en cuenta también la puesta en marcha de normas procesales. No obstante, la orden de detención europea debe enmendarse hoy, puesto que su aplicación es obviamente incompatible con las normas que hemos solicitado, sobre todo en términos de verificación de la proporcionalidad en los casos individuales.
Simon Busuttil
Señora Presidenta, la orden de detención europea ha demostrado ser un instrumento muy útil en la búsqueda de la justicia más allá de las fronteras nacionales. Nos ha servido para abrir estas, al enviar un claro mensaje a los delincuentes de que ya no pueden escaparse a otro país a fin de evitar toda acción penal. Es por tanto importante que la orden de detención europea se considere como una herramienta eficaz que ha arrojado buenos resultados.
Tiene sin embargo sus inconvenientes, por ejemplo cuando se emite en caso de delitos que se consideran demasiado nimios como para justificarla. Mi expectativa no es que se recurra a la orden de detención europea cuando se descubre a alguien robando dos neumáticos de automóvil en otro país, como ya ha ocurrido en el pasado. El castigo no es acorde al delito y deriva en la falta de confianza en un instrumento importante y útil.
Por tanto, tenemos que fijarnos en cuáles son los defectos del sistema y de su aplicación, sin que por ello se eche por tierra la utilidad de esta orden.
Por tal motivo, planteamos esta cuestión parlamentaria a la Comisión, a fin de saber cuál ha sido el uso que se le ha dado a la orden en estos últimos años. Tal información nos ayudará a decidir si debemos actualizarla a fin de salvaguardiar su correcta aplicación.
Sarah Ludford
autora. - Señora Presidenta, el Grupo Liberal del Parlamento Europeo siempre ha dado su apoyo a la orden de detención europea por la importancia que tiene en el combate de graves delitos transfronterizos. Sin embargo, al mismo tiempo, mi Grupo siempre ha señalado que el sistema es incompleto si no se avanza en los derechos de defensa procesal en Europa. Hemos criticado de forma constante al Consejo por no avanzar en ese ámbito a partir de la propuesta cabal de la Comisión.
Ahora por fin estamos modificando la situación relativa al derecho de defensa, y aplaudo el compromiso de la Vicepresidenta Reding con este programa dentro del plan de trabajo. La cuestión es si esto va a ser suficiente para compensar los defectos de la orden de detención europea. Yo creo que no. Tenemos que hacer algo también en torno al modo en que opera el sistema.
En todo caso, debemos fijarnos en los éxitos: entre 2005 y 2009, la orden de detención garantizó la extradición de casi 12 000 traficantes de droga, culpables de delitos sexuales a menores, violadores y otros. Entre ellos, Hussain Osman, uno de los responsables de los atentados con bomba ocurridos en Londres en 2005. Ningún londinense puede no estarle agradecido a la orden de detención europea a la luz de este hecho: estaba de vuelta tras seis semanas, procedente de Italia.
En todo caso, al menos en el Reino Unido, y oiremos esto mismo más tarde, la orden de detención europea se ha convertido en la vara favorita con la que los euroescépticos fustigan la reputación de la UE. Su causa se ha visto apoyada por varios casos notorios de incumplimiento de los derechos humanos. De hecho, el Reino Unido es el segundo receptor de solicitudes de entrega tras Alemania.
Tanto la Comisión como las organizaciones pro derecho a la defensa, como Fair Trials International, sobre la que confieso mi interés, pues colaboro con ellos, y Justice, a cuyo consejo pertenezco, han señalado fracturas en la orden de detención. Se citan, y no sin razón, problemas tales como su uso en pequeños delitos, la carencia de representación letrada en el Estado emisor, largos períodos de detención previa a la celebración del juicio, inexistencia de fianza para los no nacionales del Estado emisor y malas condiciones de detención. La Comisión no considera que debamos refundir la orden de detención europea. Yo creo que debemos reconsiderar esa posibilidad.
En primer lugar, debemos afinar el requisito de verificación de la proporcionalidad, de forma que los delitos menores no estén contemplados. En segundo lugar, necesitamos una comprobación explícita en materia de derechos humanos en el Estado de ejecución, explícita, no implícitamente. En tercer lugar, han de reconocerse aquellos casos en que no es razonable aplicar una orden de detención europea, de forma que no se realice el seguimiento de nadie mediante alertas en el Sistema de Información de Schengen por toda Europa, aun cuando su entrega ya ha sido rechazada en una ocasión y motivada adecuadamente.
También tenemos que hacer algo con respecto a las fianzas, no solo mediante la aplicación de la decisión marco sobre órdenes de vigilancia.
Sí que hay que modificar la orden de detención europea, pero en términos generales ha sido un éxito. Quienes la cuestionan deben preguntarse a sí mismos si estarían satisfechos con que los delincuentes estuviesen durante años fuera del alcance de los tribunales y de la justicia, debido a la excesiva demora y proceso farragoso que implica la extradición tradicional.
Birgit Sippel
autora. - (DE) Señora Presidenta, en el debate sobre la Constitución húngara, se criticó en más de una ocasión que era un debate político, algo que me llama poderosamente la atención, puesto que celebrar debates políticos es una de las cosas para las que precisamente existe el Parlamento. Por tanto, quiero iniciar el debate sobre este tema con el establecimiento también de su marco político.
La delincuencia, y la delincuencia organizada en concreto, nunca se ha echado atrás a causa de las fronteras o los controles fronterizos. Por tanto, no tiene sentido que se restablezcan las fronteras de Europa ni que se restrinja el acercamiento entre nuestras poblaciones. Antes al contrario: lo que nos hace falta es estrechar aún más la cooperación entre nuestros Estados miembros y la colaboración transfronteriza de la policía y las autoridades judiciales.
En este ámbito, la orden de detención europea ha demostrado sobradamente que es un instrumento importante y exitoso. Al mismo tiempo, sin embargo, carecerá de crédito si se recurre a él para, por ejemplo, el robo de bicicletas, o simplemente para efectuar interrogatorios. Lamento decir que hemos detectado que también se emplea incluso tras haberse tomado la decisión de no ejecutar una orden de detención, ya que hay pruebas que demuestran que se emitió injustamente, y aun así el Estado miembro emisor no lo respeta. Esto da lugar a una situación poco afortunada en la que los ciudadanos afectados son detenidos una y otra vez en el momento en que cruzan una frontera, algo que no ayuda a la hora de mejorar la confianza en los sistemas jurídicos europeos.
¿Por qué ocurre esto? ¿El texto de la Directiva deja demasiado margen de maniobra? ¿se trata de una aplicación incorrecta por parte de los Estados miembros o de información inadecuada? Debemos aclarar estas cuestiones, los Estados miembros deben mejorar todo aquello que sea necesario y la Comisión debe tomar medidas a fin de que no se use inadecuadamente. Solo así se va a poder evitar que un instrumento exitoso se vapulee constantemente y que se pierda la confianza en estas medidas.
Además, todas estas experiencias demuestran lo importante que es que por fin avancemos con el plan de trabajo relativo a los derechos procesales. En interés de la seguridad jurídica de todos los implicados, los derechos de los acusados de delitos deben ser los mismos en toda Europa, y se debe proporcionar información obligatoriamente sobre dichos derechos.
Le pido a la Comisión que contrarreste con firmeza toda posible oposición a estas cuestiones. Estoy segura de que para ello puede contar con el apoyo del Parlamento.
(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
William
Señora Presidenta, la señora Sippel describió la orden de detención europea como un bebé. ¿No es en realidad más bien el monstruo Frankenstein? ¿no debería ella aceptar ese hecho?
Birgit Sippel
autor. - (DE) No sé si debería dar respuesta a su pregunta, se trata en realidad de un comentario polémico. En todo caso, las cifras demuestran que la orden de detención europea es el instrumento adecuado para combatir el crimen en el espacio unificado de Europa. Los delitos no son nacionales, son internacionales y cruzan las fronteras, de ahí que la cooperación transfronteriza nos resulte necesaria. Debemos abordar los problemas acuciantes que entraña la orden de detención europea y dejar de usarla incorrectamente. Como instrumento, no obstante, es indispensable.
Gerard Batten
autor. - Señora Presidenta, llevo desde 2004 advirtiendo de que la orden de detención europea (ODE) podría usarse como instrumento de opresión frente a los disidentes políticos, lo que ocurre en estos momentos en el caso de Julian Assange. El caso sueco iniciado en su contra presenta numerosas irregularidades: al señor Assange todavía no se le ha imputado ningún delito específico y la investigación previa efectuada sobre su persona, por lo que los suecos denominan "violación menor", la desestimó un fiscal jefe en Estocolmo casi cuatro meses antes de que se emitiese la ODE. La investigación que se reabrió y que desembocó en la ODE contiene un error del fiscal, ya que no interrogó a los testigos que podrían haber demostrado la inocencia del señor Assange.
Los dictámenes jurídicos independientes emitidos en Inglaterra indican que lo alegado en contra del señor Assange no constituye delito en virtud del Derecho inglés. El abogado del demandante en Suecia ha afirmado una y otra vez que ni las propias mujeres pueden confirmar que los actos en cuestión fuesen violaciones, ya que no son abogadas. Sin embargo, el apartado de la ODE relativo a la violación no contiene definición ni explicación alguna de qué se entiende por este delito.
El señor Assange permaneció en Suecia durante cinco semanas para responder a las alegaciones, pero no se le interrogó cuando la investigación se demoró indebidamente. Llegó a Suecia cuando no había transcurrido un mes desde que WikiLeaks hiciese públicos los cables de guerra relativos a Afganistán y anunciase que tenía muchas más revelaciones pendientes. Hay figuras prominentes en los EE.UU. que han pedido que se asesine o secuestre al señor Assange y que el Gobierno de los EE.UU. actúe como si estuviese en guerra con WikiLeaks, a la que describen como organización terrorista.
Todo ello coincide con la conveniente emisión de una orden de detención europea en su contra. Suecia tiene una estrecha relación con los Estados Unidos en términos de intercambio de inteligencia y cooperación, lo que cuestiona la supuesta neutralidad de Suecia. ¿Por qué quieren los EE.UU. que el señor Assange sea extraditado a Suecia? Los estadounidenses todavía se encuentran en plena elaboración de un caso en su contra y no saben de qué le pueden acusar, si es que pueden. Sin que se le imputen cargos, los EE.UU. no pueden extraditarlo desde el Reino Unido, pero les interesa que esté confinado en algún lugar mientras lo determinan, para evitar así que regrese a Australia.
La orden de detención europea es la solución perfecta. Tal y como he dicho en numerosas ocasiones en esta Cámara, con dicha orden, la extradición, o más bien la entrega judicial, por utilizar el término correcto, no es ahora más que una formalidad burocrática. Básicamente, no hay verdaderas salvaguardias. Dicho todo eso, mi pregunta al Consejo y a la Comisión no es: ¿por qué se abusa de la ODE con fines políticos? sino que es: ¿se puede abusar de ella? Si el Consejo y la Comisión son honrados, deberán admitir que sí se puede. ¿Tendrán la amabilidad de decirlo ahora? Creo que todo indica que en el caso de Julian Assange es evidente que se está haciendo.
Cornelis de Jong
Señora Presidenta, tal vez el contenido de las preguntas orales pueda parecer abstracto y teorético, pero la orden de detención europea afecta sin embargo al destino de las personas, a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
En los Países Bajos, se ha prestado mucha atención al devenir de Cor Disselkoen. En 1997, se acuso a este empresario neerlandés de incumplir la normativa fiscal polaca. A causa de ello, permaneció dos meses en la cárcel, en condiciones lamentables. Tras pagar una enorme cantidad de dinero como fianza, fue liberado y no volvió a oír nada más del asunto durante doce años. Sin embargo, el año pasado Polonia solicitó repentinamente la extradición de este empresario. En esta ocasión, Polonia recurrió a la orden de detención europea y hace diez días, se ejecutó su transferencia a Polonia. El abogado del señor Disselkoen dice que allí se le ingresó en una cárcel tan mugrienta y saturada como la de 1997. Contraviniendo todas las normas, las consultas que mantuvieron el señor Disselkoen y su abogado se grabaron con una cámara de vídeo. Además, a su expediente se añadieron repentinamente cuatro nuevos cargos y el juez insinuó incluso que eso podría derivar en una nueva orden de arresto. Disselkoen ha pagado de nuevo una importante cantidad de dinero como fianza y está de regreso en los Países Bajos, si bien su caso demuestra que la orden de detención europea puede dar lugar a situaciones degradantes.
En su informe, la Comisión demuestra que está al tanto de los problemas y de que le preocupan. Por ese motivo, mi Grupo ha depositado su esperanza en la Comisaria. Señora Comisaria, ¿puede usted personalmente ofrecernos alguna explicación de cómo se deberían interpretar los requisitos de proporcionalidad y lograr que este asunto sea considerado por el Consejo? ¿Puede usted garantizar que la gente sí va a poder rebatir una orden de detención tanto en el Estado miembro que la emite como en el que la ejecuta? ¿está usted de acuerdo en que debería ser posible rechazar sistemáticamente la ejecución de órdenes de detención en nombre de países donde las condiciones de las cárceles y los centros de detención siguen siendo inhumanas, que la ODE estará sujeta a una evaluación de derechos humanos y que Cor Disselkoen no tiene que temer más sufrimientos?
Timothy Kirkhope
autor. - Señora Presidenta, nadie puede negar que las repercusiones de la orden de detención europea sobre el crimen transfronterizo han sido positivas. Hasta el momento, ha favorecido la extradición de casi 12 000 traficantes de droga, culpables de delitos sexuales a menores, violadores y terroristas, además de evitar que se demore el proceso de extradición. La prontitud en el uso de esta herramienta es valiosísima, a tenor de la libertad para cruzar fronteras y el incremento de los delitos transfronterizos. No obstante, lo que jamás se pretendió fue que se empleara para investigar y castigar delitos menores tales como robar un cerdo, hurtar una chocolatina o superar el plazo establecido para un descubierto bancario.
Hoy nos encontramos ante un hecho insólito aquí: prácticamente todos los grupos políticos y todas las nacionalidades aquí representadas dicen que ha llegado el momento de revisar, reevaluar y, de ser necesario, enmendar. Para reformar esta herramienta es esencial la proporcionalidad, la protección y la reparación.
En la actualidad estamos trabajando sobre la orden de investigación europea, que complementa a la orden de detención europea. Es esencial que no volvamos a cometer los mismos errores. A la hora de redactar esta nueva normativa debemos tener muy presentes cuáles son los defectos y obstáculos que presenta la orden de detención europea.
Los casos en los que las condiciones vividas por los presos han sido pésimas y las órdenes no tenían razón de ser son demasiados y no se ha rehabilitado en absoluto a quienes fueron víctimas de los errores cometidos. Mi temor es que estamos siguiendo adelante con la ODE aun cuando su base, y la orden de detención europea de la que emana, es claramente frágil. Tenemos que recuperar la confianza en esta herramienta y realzar su valor, reservándola exclusivamente para los delitos de mayor gravedad, a la vez que se garantizan y mantienen las normas más exigentes en su utilización.
(El orador acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Gerard Batten
Señora Presidenta, quisiera plantearle al señor Kirkhope una pregunta, ya que él conviene en que la orden de detención europea debe revisarse y reevaluarse, yo iría mucho más lejos, pero no importa. Él hace mención de la orden de investigación europea y entiendo que afirma que eso sería ir demasiado lejos.
¿Pero es él consciente de que, en su propio Gobierno, una de las primeras medidas que tomó la Secretaria de Asuntos Internos, Theresa May, cuando asumió el cargo, fue participar en la orden de investigación europea, lo que implica que ya no podemos eludirla y que tendremos que resignarnos a lo que quiera que resulte de la máquina de hacer chorizos legislativa, ya que estará sujeta a la votación por mayoría cualificada y no podemos determinar cuál será el resultado final? ¿estamos una vez más ante el doble juego de los tories, cuando aquí se declaran en contra de las acciones de la Unión Europea pero en nuestro propio Parlamento sí las respaldan?
Timothy Kirkhope
Señora Presidenta, la postura que mantiene el Gobierno del Reino Unido con respecto a la orden de detención europea y la orden de investigación europea es claramente que consideran que están obligados, no sin razón, a hacer lo que más conviene al Reino Unido en lo que hace al crimen transfronterizo. Nosotros hemos sido víctimas de muchísimos delitos, del terrorismo en particular, como bien sabe Su Señoría. Estoy seguro de que él compartirá conmigo nuestra determinación para acabar con semejante delito, y la colaboración transfronteriza es la mejor fórmula para conseguirlo.
Por supuesto que la orden de investigación europea debe aplicarse con cautela. Pero simplemente tomar parte en ella y someterse al concepto, tal y como ha hecho el Gobierno, no es desde luego el último paso. Lo que debemos ver aquí es el contenido detallado de esta orden; tenemos que aplicarla efectivamente y hacer que funcione correctamente en consonancia con la orden de detención. Pero el hecho de que la hayamos aceptado da fe de nuestra determinación para combatir el crimen transfronterizo. Confío en que Su Señoría comparta nuestros deseos en ese sentido.
Enikő Győri
Presidenta en ejercicio del Consejo. - Señora Presidenta, la orden de detención europea se ha convertido en uno de los instrumentos más exitosos de reconocimiento mutuo que se haya adoptado en la Unión Europea. Por tanto, le agradezco mucho que haya iniciado este debate.
El Consejo le ha prestado mucha atención y ha dedicado mucha energía a esta cuestión, también mediante una evaluación mutua entre homólogos de la aplicación práctica de este instrumento, que se llevó a cabo en todos los Estados miembros durante un período de tres años. Las ventajas de la orden de detención europea superan con mucho todo posible inconveniente. Gracias a la ODE, la Unión ha conseguido reducir los tiempos de entrega de forma considerable, en muchos casos de uno a dos años a tan solo uno o dos meses. El sistema de extradición previo era confuso y ya no encajaba en el mundo moderno de fronteras abiertas y crimen transfronterizo organizado y de alta envergadura.
Con respecto a la proporcionalidad, si bien se han dado algunos casos de menor importancia en los que se emitió una orden de detención europea, es en última instancia una cuestión sobre la que corresponde a la autoridad emisora de cada Estado miembro decidir para qué tipo de delitos decide dar inicio al procedimiento. Ello debido a que, al contrario que la extradición, la orden de detención europea es un sistema judicial pleno, que siempre se basa en una decisión judicial tomada en el Estado emisor bajo responsabilidad de la autoridad judicial nacional. Si surge un problema de proporcionalidad, no se debe al instrumento o a la decisión marco sobre la ODE: es más bien el resultado de las políticas en materia de justicia penal que aplican los Estados miembros individualmente. El Consejo ha dejado bastante claro que en aquellos casos en que la detención preventiva no procede, no se debería recurrir a la orden de detención europea.
El Consejo ha pedido además a quienes aplican este instrumento que consideren la posibilidad de pedir consejo relativo al uso de alternativas a la orden de detención europea. Teniendo en cuenta la eficiencia que presentan en términos generales los procesos penales, dichas alternativas podrían referirse al uso en la medida de lo posible de los instrumentos menos coercitivos de asistencia letrada mutua, el empleo de la videoconferencia para los sospechosos, llevar a alguien ante el juez a través de una citación, recurrir al Sistema de Información de Schengen a fin de establecer el lugar de residencia de un sospechoso, o utilizar la decisión marco sobre el reconocimiento mutuo de sanciones pecunarias.
No obstante, la valoración siempre debería realizarla la autoridad emisora. Las órdenes de detención europea se cursan en el caso de acciones penales o condenas definitivas que se determinan en el Estado emisor. Estas decisiones judiciales responden al material que el juez o el fiscal tiene a su disposición en el Estado emisor.
Además, no deberíamos ignorar a las víctimas. En la mayoría de casos, la víctima de un delito se encuentra en el Estado emisor, no en el ejecutor, de ahí que si se retrasa el juicio y el examen del caso, sus derechos también se ven socavados. Demorar la justicia es denegar la justicia, no solo en el caso de los sospechosos sino también de las víctimas. También es de interés para las víctimas que se celebre un juicio rápido, de forma que se respeten sus derechos. El Consejo prevé adoptar un plan de trabajo, a propuesta de la Presidencia húngara, que refuerce dichos derechos. La solución al principio de proporcionalidad no puede consistir por tanto en el cambio de los aspectos fundamentales del buen funcionamiento del sistema de orden de detención europea, que ha mejorado radicalmente el anterior sistema de extradición.
En cuanto al derecho de defensa, quisiera señalar en primer lugar que, a diferencia de la extradición, la orden de detención europea es un sistema plenamente judicial que, en sí mismo, ya representa una importante garantía. Una orden de detención europea se basa siempre en una decisión judicial tomada en el Estado emisor y que puede aplicarse en el Estado ejecutor solo a través de dicha decisión. Una persona siempre va a poder ejercer plenamente su derecho de defensa en el Estado miembro emisor donde se juzgan los detalles del caso. Esto es así en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Esto no implica que la persona objeto de emisión de una orden de detención europea no pueda, ni deba, ejercer sus derechos en el Estado ejecutor. La Directiva 2010/64, de 20 de octubre de 2010, prevé el derecho a la interpretación y la traducción en los procesos penales, que también se aplica en los casos de ejecución de la orden de detención europea.
Aplaudimos además que en una propuesta reciente de la Comisión a favor de una Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo sobre el derecho a la información en los procesos penales, se contemple el derecho a recibir información escrita durante los procesos vinculados a una orden de detención europea.
Hay inquietudes con respecto a que una decisión negativa sobre una orden de detención europea no da lugar de manera automática a la supresión de la alerta correspondiente en el Sistema de Información de Schengen (SIS). En todo caso, la alerta del SIS es un método de transmisión de la orden de detención europea. En última instancia, solo la autoridad emisora que ha registrado una alerta tiene la capacidad de darla de baja.
En aquellos casos en que un Estado miembro se niega, tras un proceso judicial, a ejecutar una orden de detención europea, la persona afectada será puesta en libertad. Si la negativa a ejecutar la orden de detención europea es definitiva, es evidente que la persona no puede permanecer detenida en ese Estado miembro como resultado de este instrumento. No obstante, una negativa a ejecutar una orden de detención europea no implica su invalidación, sino que sigue siendo un título válido para la detención de la persona en cuestión en el Estado miembro emisor y desde luego en cualquier otro Estado miembro. Esto nada tiene que ver con el sistema que rige la orden de detención europea como tal, al igual que ocurre, por ejemplo, con el funcionamiento de la extradición.
Por último, con respecto a las condiciones en prisión, por supuesto que puede haber posibilidad de mejora en algunos casos, si bien no es este un tema que guarde relación específica con la aplicación de la orden de detención europea. Es responsabilidad de las autoridades de cada uno de los Estados miembros garantizar que el estado de las cárceles cumpla la normativa, ya sea en el caso de personas que han sido entregadas por otros Estados miembros o no.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señora Presidenta, tal vez estén ustedes al tanto de que la Comisión aprobó un informe sobre la aplicación de la orden de detención el 11 de abril de este año. Dicho informe hace hincapié en los aspectos fundamentales de su funcionamiento, destacando por vez primera desde que se puso en marcha en enero de 2004 no solo sus éxitos sino también sus carencias.
Se ha hablado mucho de sus éxitos. Quisiera subrayar simplemente que entre 2005 y 2009, se emitieron casi 55 000 órdenes de detención europea, se ejecutaron aproximadamente 12 000 y, durante ese período, en torno al 60 % de las personas solicitadas accedieron a su entrega, en un plazo medio de entre 14 y 17 días. El tiempo de entrega medio para quienes no aceptaron fue de 48 días, lo que contrasta muy favorablemente con la situación anterior a la existencia de la orden de detención europea, en la que la extradición de personas requeridas se demoraba de media un año, y que sin lugar a dudas ha reforzado la libertad de movimiento de las personas.
Ese es el motivo, y creo que los miembros de esta Cámara estarán de acuerdo, por el que la orden de detención es una herramienta importante para la captura de delincuentes y el aumento de la eficacia de nuestros sistemas de justicia penal. Ha sido clave en el desmantelamiento de redes pedófilas y la detención de asesinos y terroristas, y es para esos asuntos para lo que existe.
Sin embargo, y se trata de un movimiento reciente, vemos que el número de órdenes de detención emitidas ha aumentado considerablemente desde 2007. En algunos casos, se emplea de forma no precisamente proporcional con el fin de extraditar a sospechosos de delitos a menudo menores: robo de bicicletas o cerditos. Es algo innecesario que puede dañar la legitimidad de esta poderosa herramienta de reconocimiento mutuo de que dispone la UE. Ese es el motivo por el que la Comisión solicita que se tomen medidas.
En primer lugar, la Comisión pide a todos los Estados miembros de la UE que midan la proporcionalidad a la hora de solicitar una orden de detención y que colmen las lagunas en aquellos casos en que su legislación no logre cumplir plenamente con la decisión marco por la que se establece dicha orden. Solicitamos además a los Estados miembros que se aseguren de que los implicados en el proceso judicial, como por ejemplo los fiscales, no emiten órdenes de detención cuando se trata de delitos menores.
Por tanto, vamos a establecer en un Manual sobre la orden de detención las actuaciones que se deben llevar a cabo a ese nivel. Además, vamos a presentar propuestas antes del fin de 2011 para brindar formación a las autoridades policiales, judiciales y jurídicas sobre la orden judicial, de forma que se garantice la consistencia y la eficacia en su aplicación y se conciencie sobre las nuevas salvaguardias de la UE en materia de derechos procesales.
Hablando de salvaguardias en torno a los derechos procesales, el informe hace mención también de la importancia general que tienen los derechos fundamentales y la confianza mutua en los sistemas judiciales de los Estados miembros. Ese es el motivo por el que la Comisión ha comenzado a establecer derechos procesales para quienes se encuentran en prisión preventiva.
En primer lugar, una serie de reglas mínimas sobre el derecho a la interpretación y la traducción, que ya adoptamos en 2010. En segundo lugar, el derecho a obtener información sobre los derechos, la declaración de derechos, que va a ser objeto de un acuerdo en breve. En el mismo día de hoy, la Comisión ha aprobado la tercera propuesta sobre derechos procesales, la propuesta para garantizar la asistencia letrada y el derecho de notificación a una tercera persona en caso de verse privado de libertad. Se va a incluir una disposición sobre asistencia letrada tanto en el Estado emisor como ejecutor de las órdenes de detención europea.
Todos estos derechos procesales se aplican en el caso de las órdenes de detención. Se trata de medidas cuyo objetivo es eludir la posibilidad de que se hayan obtenido pruebas en incumplimiento de los derechos fundamentales de los sospechosos.
Quisiera además responder a la pregunta específica planteada por los autores. La Comisión no está al tanto de que haya pruebas de que la solicitud presentada por Suecia al Reino Unido para que entregue al señor Assange, por alegaciones de delito sexual, muestre que el sistema de la orden de detención europea se esté empleando para otros fines distintos al original.
La entrega, en virtud de la Decisión marco del Consejo por la que se crea la orden de detención europea, consiste en un procedimiento plenamente judicial en el que los Gobiernos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de interferir. En el caso específico que menciona el Parlamento, el procedimiento ha estado en manos de las autoridades judiciales británicas y suecas, sin intervención alguna de los Gobiernos.
En cuanto a la otra pregunta, relativa a la posible extradición a los Estados Unidos, quisiera subrayar que no nos consta que se haya presentado una solicitud por el momento con respecto a una posible extradición hacia ese país. Pero si así fuera, tan solo podría ejecutarse con el consentimiento del Estado miembro que efectúa la entrega, el Reino Unido en este caso. Ya que según el artículo 28 de la Decisión marco del Consejo, una persona que ha sido entregada en virtud de la orden de detención europea no se extraditará a un tercer Estado sin el consentimiento de la autoridad competente del Estado miembro que la entregó. Lo digo para subrayar la base jurídica del asunto pero, por supuesto, todo gira en torno a la pregunta de "y qué ocurre si", ya que sobre la mesa no hay nada concreto.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
en nombre del Grupo PPE. - (ES) Señor Presidente, para mí la orden de detención es un instrumento fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y otras formas de delincuencia. Es un instrumento acreditado: la piedra angular -se dice en la Decisión- de la cooperación y la primera concreción, en el ámbito del Derecho penal, del principio de reconocimiento mutuo.
Claro, es un instrumento muy útil, pero no hay que omitir que también tiene fragilidades. Las fragilidades están perfectamente señaladas, como también ha dicho la Comisaria Reding, no solamente en el informe de la Comisión de abril de 2011, sino también en los de 2005 y 2006. Esas fragilidades pueden y tienen que ser, naturalmente, corregidas, y derivan fundamentalmente de dos principios básicos y elementales. La orden tiene dos componentes, el componente de la emisión y el componente del rechazo o, en su caso, de la entrega. Que es un instrumento útil lo dicen las cifras: 54 000 y 12 000 ejecuciones.
¿Y qué es lo que hay que corregir? Lo que hay que corregir son mayores y mejores garantías procesales entre la emisión, el rechazo y la entrega. El tema de la proporción o la desproporción en la utilización de la orden es una cuestión esencial, es una cuestión angular. Por eso me complace tanto escuchar decir a la Comisaria Reding que se va a exigir a los Estados miembros la prueba de proporcionalidad y también que se tome en consideración la no utilización de la orden para los delitos menores.
Y, por cierto, señor Presidente, a lo largo de estas preguntas se ha colado un dato: se ha colado el dato de que cada orden cuesta al Tesoro Público veinticinco mil euros. Esto ha sido algo que ha dicho un juez irlandés. Yo digo a ese juez que no me lo creo, que demuestre cuáles son los componentes para llegar a semejante cálculo.
En consecuencia, señor Presidente, yo creo que la orden debe seguir en vigor y vitalizada, mejorando las garantías procesales.
("Tarjeta azul", apartado 8 del artículo 149 del Reglamento: el orador acepta responder a la pregunta)
William
Señor Presidente, ¿está al tanto el señor Díaz de Mera de que en 2003 se firmó un tratado de extradición expeditiva entre el Reino Unido y España, mucho antes de la orden de detención europea, y tendría a bien el orador considerar que se trata de una mejor fórmula para abordar los delitos graves en lugar de la orden, con todos los problemas que ahora vemos que tiene?
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(ES) No, querido colega; yo creo que la orden de detención europea es un instrumento más útil y más ágil para luchar contra todas estas formas de delincuencia a las que nos hemos referido.
Ya le ha dicho la Comisaria Reding -y yo lo subrayo- que una orden de extradición puede tener una incidencia temporal de un año, mientras que, por el contrario, una orden de detención europea tiene que sustanciarse en cuarenta días.
Así es que yo creo que este es un procedimiento mucho más ágil y mucho más útil para luchar contra el crimen, contra la delincuencia y contra el terrorismo.
Claude Moraes
en nombre del Grupo S&D. - Señor Presidente, para nuestro Grupo la situación es muy clara. Por una parte, el Consejo nos dice que si una orden de detención europea se ejecuta adecuada y efectivamente, y no en los numerosos casos triviales que hemos visto, tiene más ventajas que desventajas.
La señora Comisaria esbozó lo que resulta un informe creíble, y serio, que nos dice que si podemos afrontar esos casos triviales y la desproporcionalidad, todo ello con las debidas garantías procesales, entonces la orden europea de detención puede seguir siendo una fórmula valiosa de detener a miembros de la delincuencia peligrosa y organizada. No deberíamos olvidar la cifra de los 12 000, para mí es un hecho revelador que en el distrito electoral de Londres que represento se detuviese a los responsables de los ataques con bombas acaecidos en julio de 2005. Una vez entendemos cuál es el efecto grave y simbólico que suponen estos casos, la orden de detención europea puede y debe funcionar.
La pregunta oral que hoy tiene nuestro Grupo es muy sencilla. Nos encontramos en plena fase de transición de los informes a la práctica y hay dos cuestiones que complican la situación. Una es la falta de proporcionalidad, lo que no se va a resolver de la noche a la mañana, y elogio a la señora Comisaria (me refiero a la formación judicial) por garantizar una solución a los casos banales que predominan y crean un problema de credibilidad para la orden de detención europea. Pero eso exige también que el Consejo (no me refiero tan solo a Hungría, hablo de los Estados miembros) nos ayude a impulsar las garantías procesales, y también en la cuestión de los inaceptables períodos de detención previos a la celebración de juicio que sufren muchos ciudadanos de mi propio país.
Se trata de situaciones que suponen un problema para una herramienta que podría ser eficaz si se emplease adecuadamente. Pero lo más complicado va a ser lograr que las condiciones sean las mismas con respecto a los derechos de defensa procesal. Por ese motivo, en mi Grupo, que ha pedido una declaración de derechos, nos tomemos en serio tanto la calidad como la premura de la legislación que es necesaria para asegurarnos de que la orden de detención europea pueda ser la herramienta eficaz que hace falta para detener a delincuentes peligrosos y miembros del crimen organizado, y que su credibilidad no se vea disminuida por los muchos casos nimios y las desigualdades que vemos en la actualidad.
Esa es la postura que nuestro Grupo desea y creemos que hay compromiso para lograrlo. Pero debemos prestar mucha atención, sobre todo a los Estados miembros que piden una orden de detención europea eficaz pero que, por otra parte, no ponen en marcha las medidas necesarias que nos ayuden a contar con una legislación que garantice esa igualdad de condiciones.
(El orador acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Gerard Batten
en nombre del Grupo EFD. - Señor Presidente, Claude Moraes habla de la falta de proporcionalidad, etc. Podemos estar todos de acuerdo con eso, pero la cuestión verdaderamente controvertida que nadie ha mencionado esta tarde es el hecho de que un tribunal no puede considerar las pruebas prima facie con las que se acusa a alguien y ejercer su discreción en torno a si ha de ser extraditado o no. Son muchos los electores afectados por ello.
El caso de Andrew Simeou es el más claro: estuve presente en las audiencias del Tribunal de Apelación y escuché lo que dijeron los jueces. Por la expresión de sus caras era evidente que sabían que no había en realidad ninguna prueba contra ese chico, las que habían eran contradictorias, daba la sensación de que las declaraciones habían sido amañadas por la policía y bajo ningún concepto lo tendrían que haber extraditado. ¿Cómo abordarían ustedes ese problema y el hecho de que los tribunales no pueden tener en cuenta las pruebas prima facie, o la inexistencia de estas, que se han recopilado en contra del acusado?
Claude Moraes
Señor Presidente, en el caso de una orden de detención no son necesarias las pruebas prima facie. No es posible ejecutar una orden de detención sin que el sistema judicial entienda en qué consisten los hechos simples del caso.
En el caso de Andrew Symeou, los problemas subyacentes, se lo digo a Gerard Batten, fueron de índole procesal: los períodos de detención y el funcionamiento de los tribunales una vez ejecutada la orden de detención. Usted habla del procedimiento de apelación. Lo que fue problemático es el período transcurrido tras la ejecución de la orden de detención, que es lo que estamos tratando de solucionar en el debate de hoy.
Nathalie Griesbeck
Señor Presidente, el debate anterior fue apasionante, fascinante también, mientras que este es objeto de mayor consenso. Tengo la sensación de que nadie cuestiona la eficacia de la extradición, de la orden de detención europea, la reducción de la duración de los litigios y por tanto, en resumidas cuentas, la lucha contra el crimen.
Sin embargo, la manera en que se ha hecho uso del mandato ha dado lugar, tal y como todos nosotros hemos señalado, a abusos y a prácticas abusivas: prácticas abusivas cuando se emplea en el caso de delitos menores, y no me refiero a la multitud de ejemplos absurdos de robo de bicicletas, cerditos y cosas así, sino a prácticas abusivas más graves cuando la detención es desproporcionada, cuando se encarcela a personas inocentes y cuando se abusa del derecho de apelación.
Hace años, el Grupo al que yo pertenezco defendió la necesidad de incluir salvaguardias sobre el uso de la orden de detención europea y me satisface, señora Comisaria, que esta tarde mencionase usted una serie de mejoras del procedimiento, mediante la creación de guías para los Estados miembros y para los detenidos. Es algo que aprecio, ya que considero que la orden de detención europea es algo que entienden muy bien nuestros ciudadanos, y supone una prueba crucial a la hora de demostrar de qué es capaz Europa cuando se trata de consolidar la justicia en la región.
Zbigniew Ziobro
Señor Presidente, los Estados miembros de la Unión Europea necesitan herramientas eficaces para combatir el crimen, sobre todo el organizado, ya que es el más grave de todos. En ese sentido, debe decirse que la orden de detención europea responde a una necesidad, sobre todo a tenor del hecho de que no son solo los ciudadanos honrados los únicos que se benefician de la libertad de movimiento por toda la Unión Europea, sino también los delincuentes, que en absoluto ejercen su derecho para hacer turismo o negocios, sino para actividades delictivas o para evitar ser llevados ante la justicia en su propio país o en el país en que han cometido el delito.
La existencia y operatividad de este instrumento ha de ser por tanto aplaudida, pero también deberíamos apreciar el hecho de que sea objeto de supervisión. Al igual que méritos, toda nueva institución jurídica cuenta con algunos defectos que vale la pena detectar y para los que conviene además hallar soluciones. En este caso, creo que se debería pensar en si se deben incluir restricciones al uso de la ODE en los delitos más insignificantes, por ejemplo, aquellos que contemplan una pena de cárcel no superior a dos años.
(El orador acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Sarah Ludford
Señor Presidente, creo estar en lo cierto al decir que el señor Ziobro es de Polonia. Estoy de acuerdo con su último comentario, en la traducción que yo he escuchado. A menudo se dice que Polonia es un ejemplo de país en el que no hay límite alguno a la emisión de órdenes de detención, ya sean nacionales o europeas.
¿Han contemplado ustedes la reforma de su sistema de justicia penal de forma que los fiscales disfruten de discreción a la hora de emitir órdenes de detención y no estén obligados a tramitar todas y cada una de las denuncias? En ese sentido, los famosos delitos menores, tales como el robo de cerditos, no plantearían mayor problema.
Nosotros tenemos en alta estima a los polacos que se encuentran en el Reino Unido, especialmente en Londres, la mayoría de los cuales por supuesto no son delincuentes. Pero, puesto que hay muchísimos polacos en el Reino Unido, en su mayoría más que bienvenidos, recibimos un gran número de órdenes de detención procedentes de Polonia.
Zbigniew Ziobro
(PL) Señor Presidente, quisiera darle las gracias a la señora Ludford por su pregunta. Somos plenamente conscientes del problema que usted tan amablemente llama a mi atención. Los tribunales polacos son muy rigurosos con estos reglamentos, que también aplican a lo que en ocasiones puede parecer un asunto trivial. Teniendo en cuenta que muchos de nuestros compatriotas viven en Londres, por ejemplo, en ocasiones se emiten órdenes en casos cuestionables de ese tipo. En mi opinión, sería razonable por tanto que la Comisión considerase la posibilidad de establecer soluciones más genéricas, que pudiesen ser objeto de aplicación también en otros países, de forma que no sea en absoluto posible que se pueda emitir una orden cuando se trata de esos casos que son totalmente triviales, como las penas de cárcel de dos años, y que solo se pueda recurrir a ella para las penas de mayor duración para las que se creó.
Judith Sargentini
Señor Presidente, le estoy muy agradecida a la señora Ludford por haber formulado esa pregunta, ya que yo también la tenía en la punta de la lengua. La semana pasada, estuve presente en el proceso celebrado en Polonia contra el señor Cor Disselkoen, ya se ha mencionado su nombre aquí. Se trata de un nacional neerlandés extraditado a Polonia en función de la orden de detención europea, por un asunto que se remonta a mediados de la década de los noventa. En los pocos días en que estuvo en prisión, ya que al final los jueces neerlandeses y polacos llegaron a un acuerdo, en esos pocos días, el guardia allí presente le robó los medicamentos que toma para el corazón.
El problema no solo consiste en cómo se aplica la orden de detención europea, sino también en que las condiciones carcelarias de algunos países de Europa son tales que realmente ya no se puede seguir enviando a nadie allí. El juez del país al que se dirige la petición también debería tener la discreción de decir: "no voy a extraditar a nadie a un país en que las cárceles son inhumanas y, en mi calidad de juez, me remito al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos". Convengo con el Consejo en que los países deberían disponer de discreción con respecto a aquellos casos sobre los que emiten una petición así, pero al mismo tiempo los países deberían tener la libertad de decir: "se trata de un delito menor y por tanto no voy a extraditar a nadie por eso". De ahí que sea muy importante que Polonia cambie la forma en que administra la justicia.
(La oradora acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Dimitar Stoyanov
(BG) Entiendo que se refiere usted al mismo caso que se mencionó hace un rato. Su Señoría habló sobre ello y yo le quise formular en ese momento una pregunta, pero no me dieron la palabra. Cuando habla usted de casos tan específicos, ruego haga mención de los nombres de las personas cuyos derechos se vieron violados, de forma que podamos saberlos. Ese es el motivo por el que le voy a pedir ahora que nos diga el nombre de la persona de la que se está hablando, ya que debemos nombrar a las personas que han visto violados sus derechos.
Judith Sargentini
(NL) No es ningún secreto, señor Stoyanov. Su nombre ya se mencionó aquí antes, aunque tal vez su intérprete no lo transmitió. Se llama Cor Disselkoen. Tengo también el caso de otro nacional neerlandés, el señor Hörchner. Ahora he dicho el nombre del señor Disselkoen y a él no le avergüenza en absoluto, ya que está deseando que se modifique la orden de detención europea y estará encantado de hablar sobre ello en público.
Kyriacos Triantaphyllides
Señor Presidente, se podría hablar largo y tendido sobre la orden de detención europea y su aplicación en los Estados miembros, parte de lo cual ya han dicho mis colegas.
Quiero centrarme en un aspecto concreto e importante: el pleno respeto de los derechos humanos y procesales. Los sospechosos y los demandados disponen de derechos en tanto que personas y partes en el proceso. No obstante, a menudo se soslayan. La detención provisional y las condiciones de detención que mencionaba el señor De Jong son ejemplos típicos. El principal motivo es que se da por hecho que los derechos humanos son objeto de idéntico respeto en toda Europa. Sin embargo, es evidente que no es así, ya que hay derechos que se interpretan de forma distinta de un Estado miembro a otro, como el derecho a permanecer en silencio, o simplemente porque el procedimiento varía en parte, como el período de prisión preventiva.
¿Qué pretende hacer usted al respecto, señora Comisaria? ¿va a proponer medidas concretas, como la creación de una disposición especial sobre los derechos humanos que permita a los jueces examinar el contenido de los casos, como ocurre en el Reino Unido e Irlanda, o van a seguir limitándose a dar su visto bueno en asuntos que se dirimen en otros Estados miembros? ¿va a establecer las disposiciones necesarias para que el sospechoso o demandado sea escuchado, de forma que el juez pueda decidir si debería ser o no devuelto al país que lo requiere, para así evitar abusos, como la extradición motivada por opiniones políticas? ¿pretende usted proponer estos cambios en el marco del plan de trabajo sobre derechos procesales o mediante la enmienda de la legislación relativa a la orden de detención europea?
William
Señor Presidente, en el mundo angloamericano, el principal propósito de la ley consiste en proteger a las personas de detenciones al azar o encarcelamientos arbitrarios. El Derecho de la Europa Continental, en concreto del antiguo bloque oriental, simplemente no tiene esa prioridad y es ridículo pretender que sí la tiene.
Según la orden de detención europea, en Gran Bretaña cualquier persona puede ser extraditada, en virtud del derecho búlgaro, por ejemplo, y es poco lo que un juez británico puede hacer al respecto. Para empeorar aún más las cosas, el Gobierno británico ha hecho suya la orden de investigación europea, lo que supone un nuevo atentado a las libertades del pueblo británico. Los demócratas liberales, que han patrocinado todo este asunto, se autodenominan el partido de las libertades civiles. ¡Pero por favor! el compromiso de los demócratas liberales con las libertades civiles se acaba en Calais.
(El orador acepta responder a una pregunta con arreglo al procedimiento de la "tarjeta azul" de conformidad con el apartado 8 del artículo 149 del Reglamento)
Sarah Ludford
(Sin micrófono hasta casi el final de la primera frase) ... demócrata liberal. No sé si William (The Earl of) Dartmouth está al tanto de que fueron los demócrata-liberales, con el respaldo de los conservadores de la Cámara Alta del Parlamento Británico, los que lograron que la Ley de extradición de 2003, por la que se aplica la orden de detención europea, contemple la facultad del juez para denegar una entrega solicitada en virtud de dicha orden si existe la posibilidad de que los derechos fundamentales de la persona en cuestión se incumplan. Miro al señor Kirkhope, ya que su partido y el mío colaboraron en ello.
El UKIP se limita a gritar impotente y quedándose al margen, mientras nosotros proseguimos con la labor de garantizar la protección de los derechos fundamentales. Debería usted dedicar sus energías a persuadir a los tribunales para que invoquen el artículo 21 de la Ley de extradición de 2003. Por aquel entonces yo estaba en la Cámara de los Lores y ayudé a sacar adelante esa enmienda.
William
Nada de lo que usted dice invalida la crítica moderada de lo que nosotros y otros estamos diciendo ahora. Le diría además que se equivoca usted totalmente si piensa que contar con mejores derechos de traducción es una especie de cura para esta legislación defectuosa que lo que hace es arruinarle la vida a la gente.
Andrew Henry William Brons
Señor Presidente, los juicios sobre órdenes de detención tienen muy poco que ver con los juicios sobre extradición anteriores a la Ley de 2003. Incluso durante el juicio principal, el tribunal no tiene en cuenta las pruebas sino tan solo diez denominados impedimentos legales para la entrega. La ausencia de pruebas no excluye la extradición. Incluso los acusados de comportamientos que no son delito en el país de extradición pueden entregarse en virtud de la orden de detención europea en caso de que el delito se encuentre entre aquellos para los que no hay requisitos de doble tipificación.
Si bien en su mayoría se trata de graves delitos violentos, sexuales o fraudulentos, en la lista también se incluye el nebuloso delito de opinión, tan apreciado en muchos países continentales, de forma que la persona detenida puede ser objeto de un juicio, e incluso de prisión inmediata en uno de esos lugares espantosos.
El hecho de que estas órdenes se emitan con el fin de enjuiciar a una persona por motivo de su opinión política debería constituir un impedimento legal para efectuar la entrega, pero supongo que hay opiniones políticas que son menos iguales que otras. Se nos vendió la orden de detención europea con la promesa de que se iba a emplear para llevar a los terroristas ante la justicia, pero las injusticias cometidas en el caso de Garry Mann, Deborah Dark, Edmond Arapi, Andrew Symeou y muchos otros no tenían ningún componente terrorista en absoluto.
Lo peor de todo son los casos de personas que se extraditaron para interrogarlas sin que se les imputara ningún cargo. Debemos reinstaurar el requisito por el que un tribunal puede extraditar a una persona solo cuando hay pruebas convincentes de que se ha cometido un delito grave en virtud del Derecho del país que ejecuta la extradición.
Elena Oana Antonescu
(RO) Señor Presidente, la orden de detención europea es un instrumento eficaz para combatir y controla los delitos transfronterizos en toda la UE. Ha demostrado ser eficaz a la hora de agilizar la transferencia de sospechosos de haber cometido graves delitos, también los de terrorismo y los vinculados al crimen organizado, entre países de la UE. Sin embargo, con demasiada frecuencia, se han dado casos en los que se ha recurrido a este instrumento para tratar delitos menores, casos que eran extremadamente desiguales en gravedad y que recibieron el mismo trato. Se emitieron órdenes que resultaron ser tanto innecesarias como desproporcionadas. Esto no solo ha derivado en situaciones injustas para los demandados, sino que también ha supuesto una carga injustificada sobre los recursos con los que cuenta el Estado que ejecuta la orden.
El uso desproporcionado de este instrumento clave para combatir el crimen transfronterizo hace que se socave la confianza en él. Esto va a hacer que algunos Estados verifiquen la proporcionalidad en función de sus propias normas cuando decidan ejecutar una orden de detención europea, lo que tendrá como resultado un uso inconsistente y desigual y, por tanto, la falta de confianza en el concepto del reconocimiento mutuo.
Debe garantizarse el derecho a la asistencia letrada tanto en el Estado emisor de la orden como en el que la ejecuta, de forma que el derecho a la defensa se aplique de forma adecuada. Ese es el motivo por el que queríamos plantearle estas preguntas a la Comisión y al Consejo. Debemos tener la garantía de que las normas de la justicia criminal y las condiciones carcelarias que rigen en la Unión Europea no dan lugar a una falta de confianza entre los sistemas judiciales de los Estados miembros. Como conclusión, yo también quisiera darle las gracias a la Comisaria Reding por todas las medidas que ha tomado a fin de reforzar los derechos procesales que se aplican en todo procedimiento penal.
Carmen Romero López
- (ES) Señor Presidente, señora Reding, en realidad la violación de los derechos fundamentales es una de las fragilidades más importantes, como aquí hemos estado diciendo toda la tarde.
Pero ni siquiera la salvaguardia de estos derechos procesales, que hemos debatido ya y que vamos a empezar a debatir como parte del paquete de los derechos procesales, va a ser posible. No van a poder resolverse, por ejemplo, algunos problemas derivados de la situación de las cárceles o de los periodos de detención preventiva, porque eso no está en el paquete de los derechos procesales. Es evidente que eso compete a los Estados miembros.
Pero sobre la proporcionalidad y sobre los delitos menores sí quisiera decirle, señora Reding, que de todos los ejemplos de delito que he escuchado durante la tarde -el robo de las corbatas, el robo del cerdito, el robo de las bicicletas-, ninguno está contemplado en la orden de detención. Los 32 delitos que se contemplan se refieren a delitos relacionados con la criminalidad organizada, a no ser que el robo del cerdito o el robo de corbatas corra a cargo de una banda de delincuencia organizada y se haga a mano armada.
Es decir, se puede ridiculizar a base de ejemplos que, de momento, además, tampoco conocemos, porque el problema de fondo es que no existe un instrumento estadístico común para poder abordar el problema realmente.
(El Presidente interrumpe a la oradora)
Heidi Hautala
(FI) Señor Presidente, la representante húngara ha dicho aquí que el problema no lo plantea el instrumento, la orden de detención europea, en sí mismo, sino que va en función de la política en materia de justicia penal que tiene cada Estado miembro. Bueno, ahora se está poniendo ella los auriculares. Sí, y bien, en mi opinión, se trata en realidad de ser económicos con la verdad, ya que ahora debemos admitir que la orden de detención europea ya planteaba problemas desde el inicio, desde que actuamos como si todos los Estados miembros fuesen a aplicar ciertas normas jurídicas y de mínimos para los procedimientos penales. Lo cierto es, por supuesto, que solo ahora comenzamos a establecerlas, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
Quisiera señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha indicado que en los casos de asilo no se puede devolver a nadie a Grecia, por ejemplo, puesto que allí las condiciones en prisión son pésimas. Me pregunto si también llegará a suceder que no se pueda extraditar a alguien en función de la orden de detención europea debido a que el país que solicita la extradición cuenta con unas cárceles deplorables. Yo creo que la Comisión debería estar preparada para ello.
Rui Tavares
(PT) Señor Presidente, la Unión Europea es un experimento hecho a su vez con experimentos: la zona del euro, este mismo Parlamento en el que nos encontramos, el espacio Schengen y otros instrumentos son experimentos. El problema es que los políticos son con mucha frecuencia menos humildes que los científicos: estos son los primeros en reconocer que un experimento no ha salido tal y como ellos esperaban.
En el caso de la orden de detención europea (ODE), ahora sabemos que tiene problemas y que plantea dudas. A la Comisaria Reding debería reconocérsele su honradez al confirmar que esta orden ha planteado problemas y dudas y que hay pruebas de proporcionalidad, que deben efectuarse cuando se emite una orden y que no deberían aplicarse automáticamente sin que un juez las analice de forma atenta y mesurada.
Por tanto, la solución no debe pasar por la abolición de la ODE, que es claramente útil. Queremos que a un violador o a un asesino no le resulte posible atravesar una frontera y ser libre. En todo caso, la ODE debería verse complementada por instrumentos eficaces para la protección de los demandados, mediante la presencia de un abogado y el derecho a la traducción, que la baronesa Ludford ya ha abordado en su informe, pero también, y es algo crucial, por la evaluación de las condiciones de detención que hay en las cárceles europeas.
Además, no debemos ofuscarnos ni hacernos ilusiones: no es lo mismo estar detenido en una cárcel del país A o del país B que en Europa. Es de enorme importancia evaluar sus condiciones y que la Comisión Europea realice una labor de valoración de las condiciones de detención con total determinación, de forma que puedan armonizarse y que, de esa manera, la ODE pueda aplicarse con mayor confianza.
Dimitar Stoyanov
(BG) Señor Presidente, he escuchado antes los argumentos esgrimidos por los detractores de la orden de detención europea, también de boca de mis colegas pertenecientes a los movimientos nacionalistas. Sin embargo, nuestros argumentos se tildaron en su momento de euroescépticos, como si fuéramos una especie de enemigo del progreso. Como resultado de ello, esta orden entró en vigor.
No obstante, esta tarde le he escuchado decir a la señora Győri otra cosa horrible, cuando afirmó que la efectividad de la orden de detención justifica los casos de violación de derechos. Señora Győri, me suena un principio del Derecho penal que sostiene que "es preferible dejar en libertad a diez hombres culpables que condenar a un solo inocente". En todo caso, desde el punto de vista de la respuesta desproporcionada, es normal que el cuerpo de la policía recurra a todo aquello que se ha puesto a su disposición y aprovecharán para ello cualquier oportunidad que se les presente.
Solo hay una respuesta válida a la vieja pregunta de "¿y quién vigila a los vigilantes?": "el Derecho vigila a los vigilantes". Nosotros, en tanto que legisladores, y con la Comisión como iniciadora y el Parlamento y el Consejo como colegisladores, debemos hacer todo lo posible para garantizar que efectivamente el Derecho sí vigila a los vigilantes.
Salvatore Iacolino
(IT) Señor Presidente, la orden de detención europea es sin lugar a dudas una herramienta esencial para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Creo que todos los que han intervenido así lo entienden y convienen en ello, también la Presidencia y la Comisión.
Al mismo tiempo, da fe de cómo la cooperación policial y judicial en un contexto transfronterizo de lucha contra el crimen puede alcanzar objetivos importantes. Se han resuelto los plazos de espera y ahora se van a tener que comprobar los costes, algo que exige un análisis más detenido. En este proceso, sin lugar a dudas positivo, la confianza entre los Estados miembros es crucial. Entre tanto, no obstante, es importante garantizar la aplicación uniforme de este instrumento en todos los Estados miembros, con una verdadera distinción entre delitos graves, para los que se destina y aprueba, y delitos no graves.
Tal vez resulte útil, y aquí me dirijo a la Comisaria Reding, implicar a la Fiscalía Europea que, una vez entre en funcionamiento, podría verificar y evaluar de algún modo los juicios que formulan las autoridades judiciales de los Estados miembros, quienes sin lugar a dudas van a tener que recibir más formación. Es cierto que las condiciones de detención no son las mismas en todos los Estados miembros, pero confiamos en que la próxima semana la Comisión haga públicos la comunicación y el Libro Verde sobre las condiciones básicas de detención y que deberían recoger otras medidas adicionales.
Por tanto, con un uso adecuado de la orden de detención, proporcionalidad, aplicación estricta del instrumento, mejora en el intercambio de información y formación para los magistrados sobre cuestiones europeas, estamos convencidos de que es posible lograr una plena aplicación de este importante instrumento.
Françoise Castex
(FR) Señor Presidente, señora Comisaria, vemos que la aplicación de la orden de detención europea plantea el tema de la detención, cuyo uso difiere en gran medida de un Estado miembro a otro. Hay Estados cuya laxitud es evidente cuando se trata de respetar los derechos fundamentales en el entorno carcelario.
Además, entre los 600 000 presos que hay en la Unión Europea, cada vez son más los que se encuentran en un Estado miembro distinto al suyo, debido precisamente a la orden de detención europea. Por tanto, no disfrutan de los derechos fundamentales que garantiza su Estado de origen. Ante tales circunstancias, no tiene sentido que nos insultemos, sino que lo que hay que hacer es tomar medidas.
Ese es el motivo por el que, el pasado enero, mi colega, el señor Lambridinis, y yo presentamos una declaración por escrito en la que solicitábamos la armonización de las normas de detención en toda la Unión Europea, además de la puesta en marcha de mecanismos independientes de inspección nacional.
Espero, Comisaria, que en el Libro Verde que usted va a proponer tenga en cuenta esta cuestión, y que se cree en breve una plataforma común de derechos mínimos que rija para todos los Estados miembros.
Axel Voss
(DE) Señor Presidente, señora Győri, Comisaria Reding, como ya han dejado más que claro los oradores precedentes, en los últimos años la orden de detención europea ha demostrado ser un instrumento útil para la lucha contra el crimen. En Europa, los delincuentes ya no disfrutan de libertad para aprovecharse de la apertura de las fronteras en la forma en que podrían haberlo hecho si las condiciones fueran otras.
A pesar de los innumerables éxitos cosechados, los últimos siete años demuestran sin embargo que el sistema sigue sin ser perfecto y que no se está utilizando de la forma prevista inicialmente. En su informe, usted llama la atención sobre algunas de esas debilidades. Por ejemplo, no existe el derecho a disponer de un representante legal, las condiciones de las prisiones son, en algunos casos, lamentables, y muy a menudo las investigaciones se demoran demasiado. La cuestión fundamental, a la que ya se ha aludido en numerosas ocasiones, es la incapacidad que tienen los Estados emisores a la hora de considerar de forma consistente, o de considerar simplemente si la medida es proporcionada. Es algo que me interesa especialmente, puesto que la verdadera finalidad de la orden de detención europea se ve minada con frecuencia debido a la emisión sistemática de órdenes de detención, muchas veces vinculadas a delitos menores. En Polonia, por ejemplo, como ya se ha dicho antes, el país que ha emitido el mayor número de órdenes de detención europea, las autoridades judiciales simplemente no tienen la facultad de frenar un procedimiento nacional, ya que el sistema es ahora automático. No creo que fuera esa la intención. Antes de emitir una orden de detención europea, se debería prestar atención por tanto a la gravedad del delito, a cuál es la sanción prevista y a si hay una fórmula más sencilla de abordar el asunto. Por último, tal vez se debería llevar a cabo también un análisis de cuáles son los costes y los beneficios, de forma que no se persigan delitos menores a costa de un gasto excesivo.
Tal y como yo lo veo, la consistencia también pasa por la adaptación de las reglas existentes a la realidad. En ese sentido, me gustaría saber qué pasos piensa dar usted en ese ámbito.
Georgios Papanikolaou
(EL) Señor Presidente, he escuchado con suma atención los comentarios hechos por mis colegas. Voy a comenzar con nuestra asunción común de que combatir el crimen no es tan solo una cuestión nacional, sino también europea.
La orden de detención europea supuso un paso importante en la lucha contra el crimen, al ayudar a la creación de un ámbito europeo de la justicia y al combatir los delitos transfronterizos y el terrorismo. Refuerza además la libertad de movimiento de las personas en la Unión, algo que debatimos extensamente hace poco en relación con el Acuerdo Schengen, pues asegura que la apertura de las fronteras no va a acabar por ser beneficioso para aquellos que pretenden burlar la justicia.
Por supuesto, surgen voces que se manifiestan en contra, y también yo respaldo lo dicho por el señor Voss y otras Señorías, en cuanto a su aplicación a menudo insatisfactoria y desproporcionada a nivel nacional. Hemos debatido también sobre los costes y la proporcionalidad, y todo aquello que ha de tenerse en cuenta para robustecer la orden de detención. No obstante, quisiera recordarle a esta Cámara, y es algo que hemos afrontado en Grecia recientemente en casos importantes, que incluso en la actualidad hay procesos penales contra personas acusadas de graves delitos de fraude y corrupción en un Estado miembro de la Unión, que logran desaparecer o evadirse y eludir una orden recurriendo a las diversas disposiciones procesales y diferentes reglamentos existentes en los diversos Derechos nacionales. Por tanto, creo que no hay duda alguna con respecto al valor que tiene la orden de detención europea.
Para finalizar, quisiera recalcar que está usted en lo cierto, señora Comisaria, cuando dice que debemos hacer el mayor uso posible de Interpol y de la información disponible en el sistema Schengen. Necesitamos una armonización lo más sólida posible entre los Estados miembros de forma que, en última instancia, contemos con una policía concertada y moderna que esté a la altura de su trabajo, tal y como exigen los tiempos que corren.
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
(PL) Señor Presidente, el objetivo de la orden de detención europea es reforzar la ley y garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. La libertad de movimiento de las personas no debe facilitarles a los delincuentes la posibilidad de evitar su responsabilidad por actos delictivos perpetrados en el territorio de otro Estado miembro. Se han presentado, no obstante, informes alarmantes relativos al uso de la orden, como el reciente informe de la Comisión y la declaración de la Comisaria Reding, en la que dice que los Estados miembros deberían garantizar el uso correcto de la orden y que esta no debería emitirse mecánica o automáticamente en el caso de delitos menores. Esta declaración pone de manifiesto el potencial abuso de la orden de detención por parte del sistema judicial. Por tanto, aun cuando estoy totalmente a favor de que se haga todo lo posible para garantizar un nivel máximo de seguridad para los ciudadanos de la UE, sí le pediría a la Comisión que supervise el uso que se hace de la orden y que tome medidas cuyo objetivo sea evitar irregularidades cuando los tribunales recurran a este procedimiento.
Graham Watson
Señor Presidente, tuve el honor de ser el ponente en esta Cámara cuando se aprobó la orden de detención europea en 2001 y 2002. Los colegas que estaban aquí por aquel entonces recordarán que exhortamos a la Comisión y al Consejo a que estableciesen más salvaguardias relativas a las libertades civiles en la legislación, y que obtuvimos de la Comisión el compromiso de elaborar una Directiva sobre los derechos de los demandados ante un proceso penal.
No se llegaron a contemplar todas las salvaguardias que nosotros solicitamos y la propuesta de Directiva sobre los derechos de los demandados fue durante años un tema pendiente en el Consejo. La repercusión de esas omisiones motiva el debate de hoy. En 2002, el Parlamento no tenía capacidad de codecisión en estos asuntos. No obstante, consideramos que, en término medio, la orden de detención era lo correcto. Tal y como han dicho muchos oradores que han intervenido en este debate, la orden de detención es una herramienta de enorme utilidad en la lucha contra el crimen transfronterizo; con ella se ha hecho justicia para muchas de las víctimas. Los problemas que han surgido se deben a una mala aplicación en el Derecho nacional, a un uso frívolo de la orden en el caso de delitos menores y a la existencia de condiciones de detención inaceptables.
Charles Tannock
Señor Presidente, yo también soy de la opinión de que todo este debate necesita ahora una dosis de sentido común.
Sigo pensando que algún tipo de orden de detención europea sí es una herramienta necesaria para combatir el crimen y el terrorismo en la Unión, en especial teniendo en cuenta la enorme cantidad de personas que ahora se mueve libremente entre los Estados miembros, lamentablemente también los delincuentes. Creo además que el número de errores o fallos injustos es relativamente bajo, pero aun así son demasiados. Ahora lo que tenemos que hacer es separar el grano de la paja, a diferencia de lo que pretenden algunos colegas de esta Cámara.
Debemos revisar cabalmente el funcionamiento de la orden de detención a fin de que se contemple únicamente una lista restringida de delitos graves, que satisfagan en todo momento el requisito de la doble tipificación, de forma que sean los únicos que se puedan juzgar mediante la orden de detención europea. Además, es necesario que se respeten los derechos humanos fundamentales y se contemplen salvaguardias tales como el habeas corpus.
La gran mayoría de personas entregadas por el Reino Unido resultaron ser en realidad migrantes procedentes de otros Estados de la Unión Europea a los que se les imputaron delitos, normalmente graves y no menores. Resulta irónico que el UKIP, que se opuso inicialmente a que tuvieran derecho a entrar en el Reino Unido, trate ahora de que sea extremadamente complicado y costoso para el contribuyente británico devolverlos a sus países para que sean llevados ante la justicia.
Franz Obermayr
(DE) Señor Presidente, en los últimos años se han emitido órdenes de detención europea para delitos banales, tales como el robo de dos neumáticos o de un cerdito. Ya no se usa para combatir el terrorismo y los delitos graves, tal y como se pretendía en un principio.
En lo que a mí respecta, la orden de detención europea contradice claramente el principio de subsidiariedad. Desarticula la función más importante de la nacionalidad, esto es, la protección que esta brinda, y se obliga a los Estados miembros a entregar a sus propios ciudadanos. Puesto que los países de la Unión cuentan con sistemas jurídicos que difieren entre sí, se ven forzados a entregar a personas aun cuando el acto cometido no constituye delito en el país que efectúa la entrega.
Para mí, la orden europea de detención simboliza el concepto de Estado europeo y nacionalidad de la Unión Europea a expensas de la soberanía de los Estados miembros y de los derechos de los ciudadanos.
Sonia Alfano
(IT) Señor Presidente, señora Comisaria, la orden de detención europea (ODE) representa el primer instrumento activo en la Unión Europea que pone en práctica el principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales. Dicho instrumento es, y debería seguir siendo, de fundamental importancia en estos momentos, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado.
En el informe sobre delincuencia organizada, del cual soy ponente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, estamos preparando una serie de consideraciones y peticiones relativas a la orden de detención europea. Una de las principales peticiones es que se refuerce y se aplique mejor la ODE en los Estados miembros, teniendo en cuenta los requisitos y la naturaleza específica de la lucha contra el crimen organizado.
Por ello quisiera preguntarle a la Comisión cómo piensa proceder y si tiene intención de presentar una propuesta para suprimir el arbitrio de los Estados miembros en la transposición de los artículos 3 y 4 de la decisión marco relativos a los motivos para la no ejecución obligatoria y motivos de no ejecución facultativa. En cuanto a los motivos para la no ejecución facultativa, también quisiera preguntarle si no cree que sería más oportuno restringirlos en el caso de delitos típicamente atribuibles al crimen organizado, entre ellos el delito de asociación con una organización mafiosa, para el que en ningún modo debería aplicarse la doble tipicidad.
Viviane Reding
Vicepresidenta de la Comisión. - Señor Presidente, la opinión general del Parlamento es que la orden de detención europea es una herramienta positiva que ha servido bien a la Unión Europea y a su seguridad.
Los aspectos negativos se centran en su puesta en práctica. Debemos erradicar esos elementos negativos. Las propuestas que ha presentado la Comisión a tal efecto son la prueba de proporcionalidad, en la que se tendrá en cuenta la gravedad del delito, la duración de la detención para dicho delito y el coste o el beneficio que conllevaría dicha orden de detención.
Para facilitar la prueba de proporcionalidad, la Comisión presentará un manual modificado con orientaciones para la aplicación de la prueba de proporcionalidad. La formación, una de nuestras máximas prioridades para las próximas semanas, meses y años, será fundamental. Debemos formar a los jueces, fiscales y abogados en la aplicación de la legislación comunitaria. Los requisitos mínimos actuales para los sospechosos y los acusados son muy importantes porque también se refieren a la orden de detención europea.
Coincido con los parlamentarios que han puesto de manifiesto el problema de las condiciones de las prisiones de la UE. Les anuncio que la semana que viene la Comisión adoptará el Libro Verde sobre cuestiones de internamiento. Los gobiernos nacionales son los responsables de la gestión de las prisiones y de las cuestiones de internamiento, pero la Comisión tiene la labor de garantizar el correcto funcionamiento de la cooperación judicial y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos. Por eso el Libro Verde comenzará con una consulta pública que durará hasta el 30 de noviembre y que contribuirá a analizar de manera más detallada los vínculos existentes entre las cuestiones de internamiento y la confianza mutua en materia de justicia en Europa.
Todos los miembros de este Parlamento saben que las condiciones de reclusión repercuten directamente en el buen funcionamiento del sistema de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y que son la base de la colaboración de los jueces de la UE. Pero en ocasiones y con toda la razón, algunos jueces se niegan a extraditar a los acusados porque las condiciones de reclusión en el país solicitante no cumplen con los requisitos exigidos. Todos hemos oído hablar del hacinamiento de las prisiones y de alegaciones de maltrato a los reclusos. Estos factores socavan la confianza necesaria para la cooperación judicial. El tiempo que una persona puede pasar recluida antes de ser juzgado por un tribunal y durante el proceso judicial varía en gran medida en los diferentes Estados miembros.
Tenemos mucho trabajo por delante, pero sé que puedo contar con el Parlamento. Espero poder contar también con el apoyo de los Estados miembros.
Enikő Győri
Presidenta en ejercicio del Consejo. - Señor Presidente, gracias por la celebración de este debate. Ha quedado claro que la gran mayoría de este Parlamento considera que disponer de un sistema de cooperación de nuestros poderes judiciales es positivo, a saber, de la orden de detención europea. El sistema funciona, aunque no es perfecto. Aún necesita algunas mejoras. Naturalmente, estamos abiertos a un uso más eficiente y a una mejora de la aplicación. Estoy de acuerdo en que debemos evitar los errores, como por ejemplo la detención de ciudadanos inocentes. Por ello creo que la mejora de la aplicación sería beneficiosa para todo el mundo.
Quisiera ser más concreta en cuanto a dos asuntos de relevancia que se han mencionado en varias ocasiones durante el debate.
En primer lugar, la cuestión de la proporcionalidad. Las órdenes de detención europeas solo se pueden expedir para interponer acciones judiciales por delitos que se puedan castigar con al menos doce meses de prisión o para ejecutar una sentencia correspondiente a al menos cuatro meses de prisión. Así es como ha funcionado el proceso de extradición durante más de cincuenta años. Merece la pena mencionar el Convenio de Extradición celebrado bajo los auspicios del Consejo de Europa en 1957.
Con el informe final sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas de la puesta en práctica de la orden de detención europea, se descubrió que solo unos pocos países expedían órdenes de detención europeas para delitos relativamente menores. Parece ser que en dichos países se expedía una orden de detención europea siempre que se expedía una orden de detención nacional. Creo que en general solo se debería hacer uso de la orden de detención europea para delitos más graves, pues se trata de un sistema sumamente costoso. Coincido con quienes así lo han manifestado.
En cuanto a las condiciones de reclusión, los Estados miembros tienen la obligación general de garantizar que las condiciones de reclusión son acordes con la dignidad humana y no infringen la prohibición de cualquier uso de la tortura, incluidos los tratos inhumanos o degradantes que estipula el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si durante la detención se vulneran los derechos humanos básicos, la persona afectada podría emprender acciones legales en los tribunales nacionales y, más adelante, recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No está claro si el artículo 85 del Tratado aporta un fundamento jurídico para la interposición de acciones legales a nivel comunitario por las condiciones de reclusión en sí. Pero, naturalmente, estamos esperando con gran interés el Libro Verde que la Comisión acaba de mencionar.
Presidente
Se levanta la sesión.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Roberta Angelilli
Siete años después de la entrada en vigor (el 1 de enero de 2004) de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los Estados miembros, la Comisión ha publicado algunos datos estadísticos recogidos entre los años 2005 y 2009 en los Estados miembros. Antes de la introducción de la orden, se tardaba una media de un año en extraditar a una persona buscada. Sin embargo, durante estos cuatro años se ha demostrado que aproximadamente el 50 % las personas buscadas optaron por entregarse en unos quince días.
Ahora que se cuestiona si el Sistema de Información de Schengen está funcionando como debería o si sería recomendable su suspensión, debemos estudiar la situación en cuanto a la aplicación y el funcionamiento de la ODE. No debemos olvidar que la efectividad de la ODE en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, la delincuencia organizada y el terrorismo depende del principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, que constituye la base de un auténtico espacio judicial europeo y del buen funcionamiento de Schengen.
Estaríamos dando un paso en falso si pusiéramos en peligro esta situación. Por el contrario, debemos concentrarnos en mejorar la transposición de la decisión marco en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales.
Nuno Teixeira
La orden de detención europea (ODE) llegó con una decisión del año 2002 y, hasta la fecha, ha demostrado ser un instrumento eficaz para luchar contra la delincuencia transfronteriza, la delincuencia organizada y el terrorismo. Sin embargo, el funcionamiento del sistema presenta algunas deficiencias: Su reputación y su eficacia pueden resultar dañadas por las denuncias de que se usa para el interrogatorio de sospechosos, en vez de para el enjuiciamiento y la ejecución de sentencias, y para infracciones de poca gravedad. Por ello, parece pertinente y de carácter urgente que el Consejo tome medidas para garantizar que el uso desproporcionado de la orden de detención europea se limite en la práctica. Además, sería recomendable garantizar el respeto efectivo de los derechos procesales, es decir, que las personas buscadas sobre las que pese una orden de detención europea dispongan de un derecho efectivo de asistencia jurídica tanto en el Estado miembro de emisión como en el Estado miembro de ejecución. También se debe garantizar que ni la cuestión del nivel de la justicia penal ni la de las condiciones penitenciarias en la Unión Europea susciten la desconfianza entre los sistemas judiciales de los Estados miembros. Solo de ese modo podremos hablar de una auténtica efectividad y del auténtico éxito de este instrumento a nivel europeo.
