Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Kellett-Bowman
Señor Presidente, en el Acta de ayer se dice que me abstuve de votar sobre la enmienda 22 relativa al informe Oostlander. Mi intención era votar a favor de la enmienda. Lo sucedido no fue culpa de ninguna máquina defectuosa, fue culpa mía y le ruego que se corrija el Acta.

El Presidente
Se corregirá el Acta.

Wynn
Señor Presidente, ayer llegué a esta sala justo cuando se estaba aprobando el Acta, pues había estado asistiendo a otra reunión. Si hubiera estado aquí, hubiera hecho una corrección. El Acta de ayer dice que aprobamos el Acta del martes, pero lo cierto es que el Acta del martes no estaba bien: en ella se había omitido la referencia a que yo había presentado el informe de aprobación de la gestión del presupuesto general y el FED. Mi presentación duró trece minutos, y aunque yo no sea el mejor orador del mundo he de decir que olvidarse de mencionar una intervención de trece minutos representa sin duda alguna una omisión digna de mejor causa. Le agradeceré que se corrija el Acta del martes para tener en cuenta lo que acabo de decir.

El Presidente
Tomamos nota de lo que acaba de decir.
(El Acta queda aprobada)

Cooperación monetaria
El Presidente
De conformidad con el orden día, se procede al debate del informe (A4-0053/96) del Sr. Garriga Polledo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el fortalecimiento de la cooperación monetaria mundial para una mejor regulación de los mercados monetarios y financieros.

Garriga Polledo
, ponente . Señor Presidente, lamento la ausencia del Sr. Comisario de Silguy, que amablemente me ha comunicado que no podrá estar presente y, por ello, quiero dar la bienvenida a la Sra. Comisaria Wulf-Mathies.
En segundo lugar, quiero resaltar que creo haber realizado un informe de consenso. He aceptado un número bastante importante de enmiendas en comisión porque considero que una toma de posición del Parlamento Europeo sobre un tema tan importante debería contar en la votación con una mayoría significativa de la Asamblea. Yendo a lo concreto, señor Presidente, quisiera resaltar el hecho de que el objetivo prioritario del informe es aportar una propuesta común, desde la Unión Europea, para fortalecer la cooperación monetaria a escala global y no tanto el introducir propuestas de regulación de los mercados -motivo por el cual ya anuncio que no aceptaré las enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes.
Partimos, Señorías, del hecho evidente de que la globalización de la economía y el asombroso crecimiento de los mercados han disminuido la eficacia de las políticas económicas tradicionales y han debilitado también la autonomía de los gobiernos nacionales a la hora de fijar sus propios objetivos macroeconómicos. Por ejemplo, en 1995, el valor diario de las transacciones en el mercado internacional de cambios superó la cifra de un billón trescientos mil millones de dólares, lo cual supone más del doble de las reservas de los países industrializados. En doce años el valor diario de las transacciones se ha multiplicado por veinte.
En líneas generales, es la opinión del informe que esta fortaleza de los mercados internacionales es buena y beneficiosa para las economías nacionales y para el conjunto de los sistemas económicos, siempre que se mejoren, se perfeccionen y se fortalezcan los mecanismos internacionales de cooperación económica y monetaria.
El mercado internacional de capitales permite que países con escasa capacidad de generación de ahorro interno puedan acceder instantáneamente al ahorro exterior, muchas veces en unas condiciones financieras excepcionalmente interesantes. Esto permite financiar políticas de desarrollo económico que, de otra manera, estos países no podrían financiar. Y precisamente las condiciones que los mercados piden para esta asignación de ahorro externo son, en general, las condiciones que figuran en letras de oro en cualquier manual de política económica, es decir, que las economías nacionales mantengan tasas bajas de inflación y que controlen cuidadosamente sus déficit públicos.
Cuando los gobiernos nacionales abandonan la ortodoxia, los mercados hacen los ajustes que los gobiernos no se han atrevido a hacer y, normalmente, los ajustes realizados por los mercados suelen tener un coste social inaceptable, además de producir una reacción desproporcionada que empeora incluso la situación económica del país -recordemos el «efecto tequila» o la propia crisis del Sistema Monetario Europeo-.
Aceptando por ello que los mercados internacionales han alcanzado una autonomía existencial muy por encima de la capacidad de los gobiernos de influir individualmente en dichos mercados, la alternativa que hoy sugiero a este Parlamento es reforzar la cooperación internacional, a través del marco institucional existente, incorporando la prometedora experiencia de la Unión Económica y Monetaria. Así, pedimos que el actual sistema monetario internacional, basado en la predominancia del dólar, evolucione e incorpore otras monedas, por supuesto incluyendo el futuro euro, lo que servirá para minimizar los riesgos de las fluctuaciones del dólar y expresará mucho mejor la composición de los flujos internacionales de comercio. Pedimos también que los Gobiernos busquen la estabilidad de los tipos de cambio, en base a sanas políticas monetarias y fiscales, que mantengan bajos los tipos de interés, las tasas de inflación y los niveles de déficit público. Instamos expresamente a que se refuercen, en el seno del Fondo Monetario Internacional, los procedimientos de vigilancia multilateral, prevención de crisis financieras y la plena transmisión de información a todos los agentes participantes en el mercado. Pedimos, también, que la imprescindible colaboración entre los Gobernadores de los Bancos Centrales se haga a través del Banco de Pagos Internacionales.
En el fondo, señor Presidente, este informe trata de sugerir que la experiencia de la Unión Europea de avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria, a través de la cooperación económica y la aplicación de criterios de convergencia, podría servir de ejemplo a nivel mundial de cómo reforzar la cooperación monetaria para conseguir condiciones generales de crecimiento económico sostenido, no inflacionario y creador de empleo.
Señor Presidente, termino agradeciendo a mis compañeros sus aportaciones y enmiendas, particularmente a la Sra. Randzio-Plath y al Sr. Katiforis, y recuerdo a la Comisaria Wulf-Mathies que hacemos una petición formal desde este Parlamento a la Comisión para que elabore un Libro Blanco sobre el futuro papel de la Unión Económica y Monetaria -al terminar la tercera fase- dentro del concierto económico mundial.

Harrison
Señor Presidente, este informe sobre el fortalecimiento de la cooperación monetaria mundial para conseguir que haya una mejor reglamentación de los mercados monetarios y financieros llega en un momento sumamente oportuno. Al fin y al cabo en Europa sabemos muy bien que ese tipo de actividad desarrollada en una parte del mundo puede tener profundos efectos en otros lugares, Europa inclusive. No me refiero exclusivamente al hundimiento del Banco Barings de Londres, a raíz de las transacciones efectuadas en el mercado de Singapur, sino también a las consecuencias que produjo la institución de tipos de interés más bajos en los Estados Unidos en 1995. El tipo de interés del marco siguió siendo alto, lo que tuvo gravísimas repercusiones para la economía de Europa y para su capacidad de salir de la pausa económica, si me permiten ustedes que utilice una frase que parece gustarle mucho a la Comisión.
Si lo que digo es cierto en la Europa de nuestros días, imagínense la situación que se planteará una vez que el Euro ingrese en los mercados monetarios. ¿Qué vamos a hacer en este nuevo entorno que pronto nos rodeará? Necesitaremos una firme cooperación internacional, y el Banco Central Europeo de reciente cuño tendrá que aprender rápidamente su papel mundial y su papel local. Me parece que parte de sus obligaciones y de las obligaciones de la Comisión en este nuevo entorno consistirán en mejorar no solamente la cooperación monetaria en el mundo, sino también en promover una mayor sinergia en las esferas fiscal y económica.
Aunque el informe Garriga Polledo quizá subestima la intensidad del peligro provocado por la liberación de los mercados financieros, me parece que podemos apoyar los remedios que ha sugerido el ponente. El ponente destaca la necesidad de instituir un sistema eficaz de vigilancia y aviso con antelación, promueve las respuestas políticas a tiempo y apropiadas, coincide con el G-7 en que se pida al FMI que establezca un nuevo procedimiento que ofrezca un mecanismo de financiación, y, naturalmente, preconiza de nuevo, por conducto del G-7, que se profundice la cooperación internacional. A esas sugerencias me gustaría añadir que el G-3 o el G-7 no deberían descartar la intervención de otros importantes interlocutores mundiales, con inclusión de Asia y de la ASEAN, cuyos representantes parlamentarios se hallan esta mañana en cónclave con diputados del Parlamento Europeo aquí en Estrasburgo.
No podemos olvidarnos tampoco de recordar a la comunidad financiera cuáles son sus propias responsabilidades. Cuanto mejor puedan ocuparsen de la labor de regulación y vigilancia por su propia cuenta, más satisfechos estaremos los políticos. La triste historia de la catástrofe del Banco Barings revela con excesiva crudeza lo frágil que es la naturaleza humana en estas esferas. Por ciertos que sean todos los demás aspectos, es evidente que los controles y medidas de carácter interno no funcionaban lo debidamente bien entre Londres y Singapur.
Esto me retrotrae al principio de mi intervención. La editorial del Financial Times de hoy expone la exhortación en términos de perspectivas económicas mundiales del FMI a Alemania para que reduzca sus tipos de interés y, de esa manera, promueva su recuperación económica. No cabe duda de que vivimos ahora en un mundo interdependiente y de que tenemos que hacer los cambios necesarios para podernos adaptar a las nuevas circunstancias.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, al tomar nota de las ventajas y de los inconvenientes de la liberalización generalizada de los movimientos de capital y de la globalización de la economía, el informe del Sr. García Polledo recomienda a la Comisión y al Instituto Monetario Europeo un conjunto de medidas o consejos que se vertebran en torno a tres temas, que suscribimos. Yo propongo sobre todo un fortalecimiento de la cooperación en el campo de la política económica entre los «grandes», es decir, Estados Unidos, Japón y Alemania, una cooperación más estrecha en materia de tipos de cambio, en especial entre los países industrializados y, finalmente, una acción encaminada a reforzar la estabilidad financiera internacional en el contexto de una economía globalizada. Este fortalecimiento se llevaría a cabo por medio de un sistema de aviso con antelación apoyándose en mecanismos financieros apropiados y en un refuerzo de la cooperación internacional.
El informe participa también de la opinión del G7 en el sentido de que la mejor manera de conseguir la estabilidad de los tipos de cambio es aplicar políticas monetarias y presupuestarias compatibles con los parámetros económicos fundamentales, lo que resulta positivo si deseamos evitar los efectos devastadores e inmediatos de los movimientos especulativos de capital, que buscan el mayor rendimiento a corto plazo. Claro que la reacción de los mercados es, en muchas ocasiones, el resultado lógico de la ligereza e insuficiencia de las políticas económicas, monetarias, es decir presupuestarias, que llevan a cabo algunos países. De ello resulta una devaluación que penaliza muy directa y gravemente, sobre todo en materia de empleo, la gestión más prudente y rigurosa de otros Estados.
Es necesario, por tanto, felicitarse por los resultados de la reunión que tuvo lugar en Verona el fin de semana pasado, al término de la cual los Ministros de Finanzas de los quince países de la Unión encargaron a la Comisión el estudio de la aplicación de un mecanismo destinado a contrarrestar las tentativas de algunos países que practican devaluaciones artificialmente competitivas. Para llevarlo a cabo se pueden plantear tres ejes de reflexión: un refuerzo del sistema actual de vigilancia multilateral, la sujeción del desembolso de los fondos estructurales a determinadas condiciones, para el caso en que un país no se comprometa suficientemente en la vía de la convergencia económica y, finalmente la puesta en marcha de un sistema complejo que prive al Estado infractor de una prima a la permisividad, garantizando que no obtendrá más dinero de Bruselas, desde el momento en que esta ayuda, concedida en ecus (y en el futuro en euros) represente más en la moneda nacional, después de la devaluación.
Deseamos hacerle dos observaciones al dispositivo de la resolución del informe del Sr. Garriga Polledo, al que apoyamos en sus grandes líneas. En primer lugar, y por lo que respecta al considerando nº 1, no es posible decir que la actual debilidad del dólar estaría en el origen de la apreciación del marco, y ello por una razón simple, desde hace un año la divisa americana no ha dejado de apreciarse con relación al marco alemán. En segundo lugar, la redacción del párrafo 19 de la resolución no es aceptable para nuestro grupo, pues solicita que la Unión Europea, a través de la Comisión y del futuro Banco Central Europeo, sea miembro de pleno derecho de todas las instituciones internacionales citadas, y que participe, como tal, en la elaboración y adopción de decisiones.
Quisiera recordar el contenido de los párrafos 4º y 5º del artículo 109 del Tratado: »el Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al BCE, decidirá sobre la posición de la Comunidad a nivel internacional respecto a temas de especial relevancia para la Unión Económica y Monetaria, y, por unanimidad, decidirá sobre su representación de acuerdo con la atribución de competencias prevista en los artículos 103 y 105».
La Comisión ha sido invitada a la reunión del G7 que tendrá lugar en Lyon en el mes de junio, pero, que yo sepa, no participa en las reuniones del G7 que llevan a cabo los Ministros de Finanzas. Así, es necesario que seamos razonables y no precipitemos los hechos ni apremiemos a los Estados. Si en algún momento se plantea la posibilidad de saber si las disposiciones del párrafo 19 deben ser propuestas y transcritas a la realidad internacional, volveremos a hablar sobre ello, pero en el momento actual, y por lo que respecta al Tratado de la Unión, esta situación es hipotética y no podemos tomarla en consideración.

Hautala
Señor Presidente, da ligeramente la impresión de que el ponente confía demasiado en el óptimo funcionamiento de los movimientos de capital en el marco de los sistemas internacionales de financiación de hoy en día. Tampoco estoy tan segura por lo que respecta a la propuesta de los socialdemócratas en el sentido de que bastaría con la creación de un consejo económico internacional para controlar la especulación. Se necesita una transformación mucho más radical de las estructuras financieras de ámbito mundial. Hoy en día, en el mundo las sumas de dinero que cambian de propietario equivalen diariamente al triple de las reservas de divisas de numerosos países industrializados. Y ningún banco nacional, ni siquiera ningún organismo internacional equivalente, es suficiente para luchar contra una especulación de este orden. Naturalmente, los Verdes también apoyamos la creación de este tipo de sistema de «Early-Warning», así como el reforzamiento de la cooperación internacional en materia de política financiera. Todo lo que ahora presenta el ponente, que ya figuraba en las propuestas de la cumbre de Halifax celebrada el pasado año, no basta en absoluto. Se precisan medidas que impidan de forma automática la especulación, y todo esto ha de llevarse a cabo a expensas de los especuladores.
Una propuesta que se presenta imprescindible es la entrada en vigor de un impuesto internacional sobre el capital especulativo. Así lo propuso ya en 1978 James Tobin, quien a la postre obtendría el premio Nobel. Incluso un impuesto mínimo, aunque fuera el 0, 5 por ciento del valor de las transacciones de capital, podría tener un efecto considerable para lograr la reducción precisamente de las inversiones a corto plazo, es decir, se reduciría notablemente la especulación propiamente dicha. Gracias a este impuesto, cuya aplicación, naturalmente, no resultará nada fácil, se debería intentar impulsar una lógica completamente nueva en materia de control de movimiento de capitales a nivel mundial.

Hory
Señor Presidente, Señorías, me parece razonable decir que el sistema nacido en Bretton-Woods hace ya más de cincuenta años carece de toda legitimidad en los momentos actuales, y ello a pesar de las actualizaciones de los acuerdos de Plaza y Louvre, o las declaraciones de intenciones de Halifax. Sin embargo continúa produciendo numerosos efectos muy desestabilizadores para la mayoría de los Estados del mundo y para su población.
Cualquiera que sea el juicio que hagamos sobre los acuerdos de Bretton-Woods, resulta obligado decir que la superioridad del dólar como moneda de referencia de todo el sistema monetario internacional se veía justificada por tres razones. La primera era de orden político, pues los Estados Unidos acababan de ganar y de ayudar a los europeos a ganar la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de una razón importante por las circunstancias del momento, que no se dan en la actualidad. La segunda era de orden económico, pues los Estados Unidos, por medio del Plan Marshal, estaban financiando la reconstrucción europea, aunque creo que también eran los principales beneficiarios, pero esta razón ya no existe.
Por lo que respecta a la tercera razón que permitiría afirmar la superioridad del dólar, era de índole técnica y monetaria, y se basaba en el nivel de compromiso de los Estados Unidos de garantizar permanentemente la convertibilidad de su moneda en una cantidad fija de oro. Los Estados Unidos abandonaron esta garantía el 15 de agosto de 1971. Incluso se pudo oír a los responsables del Tesoro americanos, en sus giras por Europa, declarar a los dirigentes europeos: »El dólar es nuestra moneda y vuestro problema.» Lo cierto es que desde entonces disfrutan de una posición de supremacía porque en realidad son otros, con los europeos a la cabeza, los que pagan los déficits públicos y privados acumulados por los Estados Unidos de América. Más claro aún, si yo facturo mi deuda en mi propia moneda y si las transacciones internacionales se realizan en mi propia moneda, sé que, simplemente, no pagaré mi deuda.
En la actualidad, estos desequilibrios han llegado a ser tan graves que me veo en la imposibilidad de suscribir, aun reconociendo el mérito de su trabajo, algunas de las conclusiones del ponente, ni tampoco muchas de sus premisas. En la propuesta de resolución podemos leer: »Reconociendo que la liberalización de los movimientos de capital proporciona enormes beneficios pues un mercado libre de capitales garantiza que el ahorro se asigna a las inversiones más productivas.» Ahora bien, cualquiera puede constatar lo contrario, es decir, que la desregulación de los mercados domésticos y la liberalización de los movimientos internacionales de capital orientan a los capitales a rendimientos inmediatos que ya no tienen ninguna relación con la producción, y estamos instalados en una economía de tipo «Casino» en la que los flujos financieros ya no son en absoluto la contrapartida a intercambios de bienes o servicios.
Por tanto, creo que necesitamos pensar en ello. Como se acaba de decir, un mecanismo de valoración universal de los capitales tiene vocación especulativa. También necesitaremos pensar en lo que significa en la actualidad la justificación del crédito, y sobre todo el crédito a corto plazo, y necesitaremos pensar en un nuevo acuerdo monetario. Precisamente por ello el Grupo de Coalición Radical Europea está decididamente a favor de la moneda única, e incluso diría más, sin detenernos en su coste social inmediato, que no lo consideramos menos importante. Pero, más allá de ese coste social, sabemos que la entrada en la moneda única es, para la Unión Europea, el único medio de forzar la adopción de un nuevo acuerdo monetario internacional, que debe ser para nosotros la condición previa a la transformación de la actual Organización Mundial del Comercio en una Organización Mundial de la Economía y del Comercio. Subordinar esta condición previa permitiría la aplicación de una cláusula social, de una cláusula de colocación en el mercado interior para los productos de exportación, de una cláusula relativa al medio ambiente y de una marca democrática.

Berthu
Señor Presidente, el informe Garriga Polledo ha realizado un excelente análisis de los mercados monetarios internacionales y de sus posibilidades en materia de regulación, pero reserva también una sorpresa importante. Apenas menciona las pretendidas virtudes estabilizadoras de la moneda única a nivel mundial. Sin embargo los argumentos de la Comisión incluyen siempre, en un lugar relevante, un párrafo que destaca que «la moneda única va a contribuir a una mayor estabilidad monetaria mundial». Aunque resulta difícil entender el significado de esta afirmación no será, sin embargo, el informe Garriga Polledo quien nos lo aclare.
La exposición de motivos no dice nada sobre el tema, y la misma resolución hace sólo una breve alusión, que parece más un deseo que una argumentación. En realidad, como destaca el informe con toda justicia, la mejor manera de conseguir la estabilidad de los tipos de cambio consiste para un país, en poner en práctica políticas económicas sanas, y no permisivas. Para alcanzar este objetivo no hay necesidad, en principio, del apoyo de la moneda única, basta con el rigor.
Por el contrario, el informe presenta a sensu contrario, un inconveniente a la unificación monetaria. Al abolir los tipos de cambio internos en la zona del euro, ésta hará que desaparezca un indicador y una disciplina para la calidad de las gestiones nacionales. Este indicador deberá ser sustituido por los mandatos, circunstancialmente respaldados por sanciones del Consejo de Ministros, o por consejo de la estabilidad, que plantearán problemas de aplicación mucho más difíciles y conflictivos que las advertencias impersonales del mercado.
Sin embargo, puede suceder que algunas monedas se encuentren infravaloradas o sobrevaloradas de forma duradera con relación a las paridades reales de los poderes de compra. En ese caso debería ser factible una cooperación monetaria internacional, para dirigir los cambios a una zona aceptable que podría ser coordinada por el FMI, como señala el informe con toda razón.
Pero todo el mundo sabe perfectamente que el éxito de este método no está garantizado, pues los países poderosos no siempre están dispuestos a subordinar sus políticas económicas nacionales al mantenimiento de sus paridades y, de todas formas, los flujos de capitales suelen ser más fuertes que las voluntades que pueden expresarse.
En estas condiciones lamentamos, una vez más, que los países víctimas del dumping monetario no puedan, en última instancia, protegerse mediante montantes compensatorios monetarios. No cambia nada el hecho de que ese dumping sea el resultado de la voluntad deliberada de un tercero o del juego mecánico de las fuerzas del mercado en un momento dado. Los montantes compensatorios restablecerían la equidad de la competencia e incluso la eventualidad de su aplicación sería suficiente, sin duda, para producir un efecto disuasorio importante. Podrían además resultar útiles en las relaciones entre los países europeos y países terceros, pero también en el seno de un sistema monetario europeo renovado, como última disuasión destinada a reforzar la disciplina.
Lamentamos que las últimas negociaciones del GATT no incluyeran un apartado monetario y deseamos, señor Presidente, la apertura de una nueva discusión sobre el tema lo más rápidamente posible.

Schreiner
Señor Presidente, quiero felicitar también al ponente por este informe, muy bien expuesto y eficaz. Quisiera realizar algunas interesantes observaciones iniciales. El informe contiene algunas constataciones preliminares que proporcionan información sobre la desregulación de los mercados financieros internos, la consecuente globalización de los mercados financieros y de capitales y también sobre la cuestión de la libre circulación de capitales. Se indica también que, debido a la existencia de esta libertad de movimientos de capitales, los ahorros van a parar allí dónde se pueden colocar del modo más productivo.
Algunas observaciones muy interesantes se refieren a la sobrevaloración del dólar USA en la economía mundial. El 60 % de las reservas de divisas mundiales y la mitad de la riqueza financiera privada están representadas en dólares, a pesar de que la proporción de los EE.UU. en la producción total es del 20 % y en el comercio mundial incluso sólo del 14 %. Esto nos indica que en Europa hay que actuar. Pero no creo en absoluto que esta actuación deba consistir en introducir un impuesto a la especulación, tal como han propuesto hoy los Verdes de nuevo, pues los beneficios de estas transacciones financieras deben gravarse impositivamente en los propios países donde radican los institutos financieros. Lo contrario, supondría una doble imposición.
Me parecen importantes tres exigencias de este informe. La primera consiste en crear un sistema financiero que evite la inflación y la deflación, que logre una balanza por cuenta corriente sana, que mantenga bajos los tipos de interés y que posibilite un crecimiento económico cualitativo permanente.
La segunda exigencia, consistente en hacer retroceder el predominio del dólar está sin duda justificada. A este respecto, la moneda única podría sin duda ser de ayuda. Si todos los Estados participan, se respetan los criterios de convergencia y esta moneda gana la confianza de los ciudadanos europeos, con el euro se podría quizás introducir una tercera «moneda mundial» fuerte.
También me parece importante prestar atención al endeudamiento exterior y a los países en vías de desarrollo. No creo que sea oportuno reflejar como deudas partidas financieras que no se van a devolver nunca más. Considero que el informe es positivo en su totalidad. Ofrece un buen enfoque de debate para otras consideraciones en las instancias europeas.

Randzio-Plath
Señor Presidente, justo a tiempo antes de que se celebre en abril la reunión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, este informe plantea la exigencia de una mejor cooperación internacional en materia monetaria. Los primeros pasos de reforma en las instituciones financieras internacionales no son suficientes para establecer realmente un sistema de alerta eficaz y garantizar una mejor coordinación de los Gobiernos así como para vincular también en la cooperación institucional a otros países diferentes a los que ya participan en el grupo G7. Por ello, estas exigencias están justificadas en los tiempos actuales, que se caracterizan por la globalización de los mercados, por la débil cooperación en este campo entre los Gobiernos de las naciones industrializadas más importantes, por el creciente carácter tecnológico de la comunicación y por el gigantesco crecimiento del flujo de capitales, de los cuales solamente el 4 % se utiliza en la economía o en el comercio real. Por ello, se podría decir que hoy necesitamos más urgentemente que cuando se creó un nuevo sistema de Bretton Woods .
Todos sabemos que hoy no es posible repetir un sistema igual, pero también tenemos unas posiciones de partida diferentes. Al igual que mis colegas y el ponente, creo que la Unión Monetaria Europea nos permitiría establecer una especie de zonas «objetivo» o incluso mejorar la cooperación monetaria en este sentido si queremos que el euro sea la segunda moneda más importante en las reservas mundiales, pues entonces será más fácil conceder la debida importancia a la moneda. A la postre, tal como se indica acertadamente en el informe, la proporción del 60 % del dólar en las reservas mundiales no se justifica en absoluto con su fuerza económica.
El Parlamento Europeo ha exigido justificadamente en varias ocasiones a la Comisión que presente un Libro Blanco sobre las repercusiones monetarias. Hoy añadimos la exigencia de que se deben analizar también las repercusiones de la Unión Monetaria sobre la estabilidad del sistema monetario internacional. Esto es de gran importancia, pues en este mercado encontramos nuevos instrumentos financieros que pueden tener influencia sobre los conceptos monetarios, por ejemplo, sobre el concepto monetario del futuro Banco Central Europeo, porque el volumen de dinero no se puede estimar ni controlar con estos nuevos productos financieros de igual modo como se ha hecho hasta ahora. Por ello, pienso también que en este contexto debemos instar a la Comisión para que realice nuevos análisis.
Pero ante todo, es importante crear en la ONU un Consejo Mundial Económico equiparable al ya existente Consejo Mundial de Seguridad, para que la cooperación monetaria se institucionalice. De lo contrario, no se podrán hacer coincidir los diferentes intereses económicos y financieros de los grandes Estados industriales con los de los países emergentes. Y esto es necesario para que se pueda llevar a efecto realmente una orientación monetaria que repercuta positivamente sobre las necesidades de los países, de las personas y de la población así como de la necesaria disciplina financiera.

Rönnholm
Señor Presidente, creo que el Parlamento ha procedido con gran responsabilidad al conceder a la Comisión de Asuntos Económicos la oportunidad de elaborar este informe. La cooperación económica que ha venido desarrollándose ha reportado beneficios tanto a las naciones como a los ciudadanos. La materia prima, la información sobre los productos y el intercambio de la misma han impulsado este desarrollo. La utilización de la energía representa un buen ejemplo de todo ello. El aprovechamiento eficaz de la energía, el transporte de las materias primas y su comercio nos han beneficiado en gran medida. Únicamente el uso excesivo de energía y algunas modalidades de producción energética nos han ocasionado diversos problemas.
Por analogía, se podría afirmar que la liberalización de capitales es, de por sí, un hecho positivo; sin embargo, la ampliación del mercado de divisas presenta aspectos que escapan a todo control. Cuando los mercados registran aumentos veinte veces mayores en el espacio de diez años, y cuando las transacciones de divisas equivalen diariamente al doble de las reservas, podemos entonces adivinar cuales son los problemas y riesgos que pueden derivarse de tales circunstancias. Si al hecho de que la tecnología actual permite llevar a cabo transacciones a la velocidad de la luz añadimos el problema de la especulación, estamos poniendo en verdadero peligro las condiciones de actuación del libre comercio internacional.
El sentido común dicta que hay que acometer una transformación. Igualmente obvio resulta el hecho de que una moneda única europea facilitaría la debida cooperación con Japón y los Estados Unidos para lograr establecer unas reglas del juego al mercado de divisas. A menudo se habla de la confianza entre los ciudadanos. Ésta constituye un requisito indispensable para toda democracia y economía de mercado. Por este motivo, los Estados democráticos de todo el mundo deben estar en condiciones de mantener el control de los mercados de divisas. No hay tiempo que perder en este sector; es necesaria una reglamentación, ante todo, para proteger tanto a los ciudadanos como su trabajo.
Éste depende de la economía real, no de la especulación. Las pequeñas empresas de los países más pequeños sufren especialmente las consecuencias derivadas de un mercado de divisas inestable, al no tener capacidad ni posibilidades para protegerse. Los países pequeños se ven obligados igualmente a incrementar sus reservas de divisas en una medida mucho mayor que los países grandes. También en este sentido la UEM actuaría en favor de un desarrollo saludable, ya que, a pesar de reducir la necesidad de estas reservas, a la vez sería posible que aumentara la credibilidad.
Es completamente cierto que se precisa una armonización en la reglamentación y en el régimen impositivo sobre el capital. Si existe una libre circulación de capitales, entonces debería ser obligatoria la presión fiscal. El capital no puede viajar por libre, sino que debe asumir una responsabilidad social mediante el pago de un impuesto. Sin embargo, para lograr progresar en este terreno, deberemos también apoyar una moneda única europea. Este será el único modo de registrar avances al respecto también en este campo.

Hendrick
Señor Presidente, empezaré por felicitar al Sr. Garriga Polledo por el informe sumamente completo y técnico que nos ha presentado. Los mercados financieros internacionales desempeñan en la actualidad un papel importantísimo en la economía mundial. La desregulación de los mercados financieros en muchos Estados miembros significa que billones de libras y de dólares pueden cruzar ahora las fronteras internacionales en busca de un buen rendimiento.
Felicito al Sr. Garriga Polledo por haber individualizado algunas de las dificultades principales que influyen en el éxito o en el fracaso de esos mercados en la actualidad, en particular su referencia a las medidas anticíclicas respecto de las subidas y bajadas que durante tantos años ha podido presenciar la economía mundial. Es evidente que lo que necesitamos es que haya posiciones sostenibles en nuestro mundo, tanto si es en los Estados Unidos como si es en Europa, en Japón o incluso en el mundo en desarrollo. Es evidente asimismo que la evolución del mercado a largo plazo llevará a tipos de interés más bajos que abaratarán el capital que se necesite para efectuar inversiones y que, a su vez, ayudarán a crear puestos de trabajo.
Acepto también algunos de los análisis del Sr. Garriga Polledo, basados en el hecho de que el sistema monetario internacional necesita reglamentación. Secundo las palabras del Sr. Rönnholm sobre esa cuestión. Para poder instituir esa reglamentación es necesario contar con un marco institucional. En la actualidad, por lo que vemos en Europa, el Bundesbank obra en interés de la economía alemana. Estamos procurando establecer un sistema en el que tengamos un banco central europeo que obre en interés de la economía europea. Algo parecido sucede con los mercados de los Estados Unidos, el Japón y Europa, que hasta cierto punto actúan por su propia cuenta. Lo que necesitamos es un sistema que actúe en términos del interés mundial y de objetivos internacionales. La única manera de conseguirlo es instituir normas e instituir una cooperación internacional.
Acepto también algunas de las afirmaciones del Sr. Garriga Polledo acerca de los daños que pueden causar los tipos de cambio flotantes. Pueden causar una sobrevaloración de las monedas. Me parece que los mercados monetarios no son necesariamente el mejor patrón para medir el verdadero rendimiento económico, como hemos podido ver con el mecanismo de tipo de cambio aquí en Europa.
No hay que creer tampoco necesariamente que la intervención sea la respuesta. Lo que necesitamos es una nueva dirección. Esta nueva dirección es la cooperación. Necesitamos un marco para ponerlo en funcionamiento después de la tercera fase de la unión monetaria. No hay por qué creer necesariamente, como lo sugiere el ponente, que el FMI y el Banco Mundial sean las mejores instituciones para hacerlo, pero convengo en que no basta con el G-7. Lo que necesitamos es incluir en ese proceso a las economías en rápida expansión de Asia y, al mismo tiempo, ver la manera de involucrar en el proceso al mundo en desarrollo.
Necesitamos nuevos procedimientos multilaterales, necesitamos la cooperación porque el éxito de la economía mundial y de las condiciones de vida de muchas personas de todo el mundo dependen de ella.

Metten
Señor Presidente, aceptamos que, a escala nacional, los mercados no pueden funcionar si las autoridades nacionales no fijan unas normas. Éstas eran suficientes mientras los mercados funcionaban, en su mayor parte, a escala nacional. Sin embargo, la creación del mercado interior europeo debilitó la capacidad de las autoridades nacionales para seguir imponiendo, de modo independiente, normas para los mercados. De este modo, buena parte del programa del mercado interior se centra en el restablecimiento de la capacidad de las autoridades nacionales para dictar las reglas del juego a escala europea.
No obstante, los Estados miembros se han comportado con bastante frivolidad en un aspecto: al liberalizarse los movimientos internacionales de capitales, no han creado, en contra del dictamen del Parlamento Europeo, los instrumentos europeos necesarios para prevenir las posibles evoluciones inadecuadas.
La globalización de los movimientos internacionales de capital, propiciada por la combinación de unos principios predominantemente liberales con los avances tecnológicos, ha creado un mercado de capitales de ámbito mundial que sigue sólo sus propias normas. En circunstancias normales, este funcionamiento parece razonable, pero cuando el espíritu especulativo invade el mercado, resulta que el sistema carece de frenos. Las oleadas que ello provoca perjudican gravemente a la economía, pero ni las autoridades ni los Bancos centrales, actuando a escala mundial, pueden hacer nada al respecto. Se plantea la cuestión de si la política y los sectores no financieros deben o no resignarse a ello y considerar las oleadas especulativas como fenómenos naturales.
La opinión clara de mi Grupo es que debemos hacer un intento para imponer al mercado financiero unas reglas del juego y crear los instrumentos necesarios para prevenir o frenar las oleadas especulativas. En este sentido es esencial, por una parte, intensificar la cooperación entre las autoridades, especialmente las de los tres principales bloques económicos, y los Bancos centrales y, por otra parte, estudiar la introducción de un impuesto sobre las transacciones de capital. Por complicada que la implantación de tal impuesto pueda resultar, depende sobre todo de que exista la voluntad política necesaria. Con ello se realizaría la ilusión de abaratar la mano de obra reduciendo los impuestos que la gravan. En cualquier caso, sería mucho más viable e infinitamente más útil que poner un hombre en la Luna.

Katiforis
Señor Presidente, el Sr. Garriga Polledo ha realizado una labor muy concienzuda sobre un tema tanto política como técnicamente difícil; por lo tanto, se merece la felicitación de sus Señorías, sobre todo por la apertura que ha mostrado al colaborar con la Subcomisión Monetaria.
No se puede decir lo mismo del objeto de su informe, los mercados monetarios y financieros internacionales. Está de moda decir, sobre todo entre muchos de los diputados del otro lado de la sala -afortunadamente, el Sr. Garriga Polledo es una excepción- que debemos estar agradecidos a los mercados monetarios y financieros internacionales por salvarnos de las tonterías que cometen los gobiernos en la gestión de la economía. Se supone que los mercados monetarios internacionales logran esta hazaña castigando con altos intereses, con la desvaloración de la moneda o con la fuga del capital a los gobiernos que practican una política equivocada, es decir, una política que, a juicio de los mercados, es inflacionista o, ahora que casi todos aplicamos políticas antiinflacionistas, una política no suficientemente antiinflacionista. Los mercados, después de arreglar los déficit de los presupuestos, se dedican a temas de mayor trascendencia, como el déficit que previsiblemente producirá en el próximo siglo el Estado social, el cual hay que limitar, o mejor incluso abolir, para que dejen de castigarnos con intereses tan altos como injustificados.
La racionalidad de los mercados ha llegado a un verdadero apogeo. Hace unas semanas se empezó a registrar una caída en Wall Street, no porque haya aumentado, sino porque ha disminuido el desempleo en Estados Unidos. ¡Imagínense lo que nos espera si comienza a bajar el desempleo en Europa! Afortunadamente, nuestros gobiernos conservadores, con su política de empleo, nos ponen a salvo de tan inoportuno desenlace.
Señorías, deberíamos dar la vuelta a la hoja radicalmente y pararnos a medir todas las desgracias acumuladas para la economía mundial que ha provocado la liberalización, como se dice elegantemente, o el desenfreno, como yo diría, de los mercados. Han creado la catastrófica deuda del Tercer Mundo. ¿Se ha medido alguna vez con cuánta hambre, cuánto retraso, cuántas enfermedades y cuánto aumento de la mortalidad infantil han tenido que pagar los países del Tercer Mundo el «pequeño error» de los grandes bancos? La liberalización de los mercados monetarios provocó el escándalo de los SLM en Estados Unidos, un escándalo de centenares de miles de millones de dólares que tuvieron que pagar los contribuyentes con sus impuestos. Similar fue hace un año la crisis de México, cuando México había cumplido todas las medidas que le habían impuesto. En este caso también se le exigió al contribuyente europeo que pagara el coste.
En las condiciones políticas actuales, señor Presidente, los grandes gobiernos conservadores no aceptan ninguna cooperación sobre asuntos monetarios.
Desde este punto de vista, es oportuno que el informe del Sr. Garriga Polledo mantenga abierto este tema y, al igual que los otros diputados, quiero expresar el deseo de que volvamos sobre el tema del control de los mercados monetarios internacionales de forma más decidida.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, la Comisión saluda el informe del Sr. Garriga Polledo, en el que se recomienda el fortalecimiento de la cooperación internacional en cuestiones económicas y monetarias. Este informe llega en el momento oportuno para apoyar a la Comisión en sus esfuerzos por mejorar la cooperación internacional en cuestiones monetarias. Como destaca el ponente, una política nacional económica estable es una condición necesaria pero no suficiente para la estabilidad del sistema monetario internacional. Independientemente de ello, los mercados, aunque tengan una útil función de disciplina, pueden provocar efectos desestabilizadores que se tendrán que suavizar mediante la cooperación internacional.
Por ello, la Comisión apoya la propuesta de fortalecer los procedimientos de control y es de la opinión de que la experiencia de la Unión Europea, por ejemplo, en lo tocante a los procedimientos multilaterales de control de los presupuestos públicos, puede ser de utilidad en este contexto. Tal como han subrayado el Presidente Santer y el Comisario Silguy en los gremios internacionales del FMI y del grupo G7, una intensificación de la cooperación en la política macroeconómica exige que todos los afectados se pongan de acuerdo sobre los objetivos y que se comprometan a emplear los instrumentos con los que se pueden lograr aquellos. A corto plazo, ante todo se trata de mejorar el control y de crear mecanismos para evitar crisis. A la larga, son necesarias reformas institucionales para facilitar una cooperación internacional más intensa y alcanzar una coordinación macroeconómica más fuerte.
La Comisión apuesta por una cooperación más intensa entre las instituciones internacionales. Uno de los mayores desafíos que se van a plantear en el futuro a la cooperación internacional va a consistir en tener más en cuenta no sólo la interdependencia entre los países sino también entre sus políticas. El Parlamento exige también que la Unión Europea desempeñe un mayor papel en el marco de la cooperación internacional y que se convierta en un miembro de pleno derecho de las instituciones internacionales a través de la Comisión y del Banco Central Europeo. La Comisión está dispuesta a hacerse cargo de este papel.
La cuestión de la cooperación internacional en cuestiones monetarias tiene que verse también en relación con la Unión Monetaria, que va a tener unas consecuencias de gran calado sobre el sistema monetario internacional. En este contexto, hay que subrayar que la mencionada cooperación internacional podría mejorar mucho mediante la creación de la Unión Económica y Monetaria. En primer lugar, el papel del euro se podría fortalecer como moneda internacional, lo que contribuiría al equilibrio del sistema monetario internacional y, en segundo lugar, mediante la Unión Monetaria, la Unión Europea tendría el peso e influencia que corresponde a su importancia económica. De este modo, la Unión Europea estaría también en situación de influir más, con sus interlocutores internacionales, sobre una mejor coordinación de las relaciones monetarias internacionales y sobre una reforma del sistema monetario internacional.
Pero, para ello, la Unión Europea debe tener una actitud más fundamentada y sólida frente a sus interlocutores. Actualmente, se está examinando el cumplimiento práctico del marco jurídico para las competencias exteriores de la Unión Monetaria. Por ejemplo, hay que aclarar las competencias de la Unión Monetaria hacia el exterior en el campo de la política económica, monetaria y cambiaria y determinar las responsabilidades de las instituciones en tales campos. También hay que decidir el modo de representación de la Unión Monetaria en las instituciones internacionales. Los servicios de la Comisión están examinando actualmente estas cuestiones y el Sr. de Silguy, quien lamentablemente hoy no puede estar presente, les informará permanentemente sobre los correspondientes progresos, al igual que ha hecho en el pasado.
Pero antes de que se trace el nuevo marco de coordinación internacional en las cuestiones económicas y monetarias, me parece precipitado hablar de un mecanismo de apoyo financiero que pudiese reducir las oscilaciones de los tipos de cambio. Finalmente, en lo que se refiere a la vigilancia financiera, la Comisión seguirá haciéndose cargo de sus tareas en los campos para los que es competente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Unión Económica y Monetaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0073/96) del Sr. Walter, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social.

Walter
Señor Presidente, señora Comisaria, el desarrollo de la Unión Europea se ha basado hasta ahora claramente por un avance en cuestiones de política económica. Los progresos logrados en lo tocante a la Unión Económica y Monetaria representan otro importante hito. Pero si Europa quiere convivir pacíficamente de un modo permanente tendrá que sustentarse en más cosas. Se debe producir también un acercamiento más intenso de la Unión en lo referente a las condiciones de vida y oportunidades de todas las regiones. El desnivel regional en los ingresos, en las infraestructuras y en el nivel de empleo es aún muy grande a pesar de todos los esfuerzos realizados. En las diez regiones más pobres de Europa, el desempleo es seis veces superior al de las diez regiones más ricas y los ingresos medios per cápita son tres veces y media más bajos.
La Unión Económica y Monetaria es para nosotros una parte irrenunciable del futuro de Europa. Tras la culminación, las ventajas recaerán tanto sobre las regiones más ricas como sobre las regiones periféricas menos favorecidas. Servirá también para mejorar la eficacia de los créditos de los fondos estructurales que representan el medio más importante de la Unión para mejorar la cohesión económica y social. Pero tanto en el camino hacia la UEM como después, es importante prestar atención al elevado objetivo de la cohesión y tomar las medidas adecuadas para que la Unión Económica y Monetaria y la política de cohesión se complementen en sus efectos y no sean perjudiciales. Para ello, es necesario diseñar una estrategia de cohesión que delimite los pasos concretos a dar de modo similar a los progresos en la Unión Económica y Monetaria. En concreto, esto significa que nuestro objetivo debe consistir en hacer todo lo posible después de la puesta en marcha de la UEM para garantizar una sólida base sobre la que establecer una Unión Económica y Monetaria. Para ello, exigiremos la solidez de los países participantes pero también la de los países «pre in».
También hay que apoyar solidariamente a aquellos que avanzan fiablemente en su no siempre fácil camino hacia el cumplimiento de los criterios. Sería imaginable hacerlo con un instrumento de solidaridad más desarrollado que los actuales fondos de cohesión. No se ha pensado expresamente en una compensación financiera. Los compromisos de solidaridad tienen que ser iguales para los ins y para los outs .
Si se desea hacer avanzar la cohesión económica y social, tendremos que definir de un modo más claro que hasta ahora y de modo comprensible para todos qué es lo que entendemos en la Unión bajo cohesión y aproximación de las condiciones de vida. Esto no debe basarse como hasta ahora solamente en unos indicadores fijos, como el producto interior bruto. Se deben incluir las tasas de desempleo. Debido a las fuertes tendencias migratorias, en especial en las regiones rurales, al realizar el inventario económico, se debería incluir como criterio el número real de puestos de trabajo en las regiones, es decir, la tasa de empleo.
Factores esenciales de la cohesión son también un crecimiento sostenible, la dinámica de los desarrollos económicos, la lucha contra la exclusión y el nivel de las infraestructuras, inclusive la social y la cultural. Estos indicadores deben aplicarse también al desarrollo y concentración del instrumento de cohesión más importante de la Unión, los fondos estructurales, así como a los desafíos que se les van a presentar. Por ello, es necesaria una reforma de los fondos estructurales que apoye los esfuerzos de cohesión, es decir, que posibilite el proceso de acercamiento de las regiones menos favorecidas también en caso de una ampliación de la Unión Europea y que, a pesar de ello, sea financiable.
Deberíamos ser lo suficientemente valientes para afrontar calendarios determinados para lograr progresos concretos. La autoconfianza que teníamos a la hora de aplicar la UEM no debe considerarse como inalcanzable en el caso de la cohesión. Una auténtica política de cohesión que esté en consonancia con la Unión Económica y Monetaria y que amortigüe las potenciales consecuencias negativas, deberá completarse con una coordinación más intensa de todos los sectores políticos que contribuyan a la cohesión económica y social.
Con 17 millones de desempleados en la Unión Europea, la política de empleo debe gozar de la máxima prioridad. Exigimos, por ello, que se incluya en el Tratado de Maastricht un artículo especial sobre el empleo. La política de medio ambiente tiene que configurarse también de modo activo y sostenible. Un medio ambiente sano es esencial para la calidad de vida y, en consecuencia, para la atractividad y el futuro de las regiones. En el campo de la política social, hay que impedir mediante una actuación conjunta de todos las distorsiones derivadas del dumping social. Digo «todos», para incluir también muy en especial al país que quería excluirse o se ha excluido hasta ahora.
Complementado lo anteriormente expuesto mediante una planificación territorial por encima de las fronteras, una política industrial y de investigación consecuente así como el necesario aseguramiento de los servicios públicos, accesibles para todos, se obtendría una política de cohesión que merezca tal nombre. Europa tiene un brillante futuro si se unen la solidaridad y la solidez. La política de cohesión económica y social es el test necesario para una Europa unida en paz.

Spindelegger
Señor Presidente, señoras y señores, el objetivo a largo plazo de la Unión Monetaria solamente puede ser que todos los Estados participen en ella. Por ello, no está en contradicción con los objetivos de una cohesión económica y social más intensas. En una perspectiva a corto o medio plazo, los problemas surgen cuando uno se da cuenta de que posiblemente en los países que no participen desde el principio en la Unión Monetaria, se van a producir efectos negativos para el empleo. Por otro lado, en esta perspectiva a corto y medio plazo quizás se produzcan fallos y distorsiones del mercado interior.
Respecto al tema de los efectos negativos sobre el empleo, hay que decir que no se trata de una cuestión que vaya en sólo una dirección. Los austriacos hemos tenido experiencias con ello. En 1995 en nuestro país vecino, Italia, se produjo una devaluación de la lira. Pero las consecuencias no fueron que se produjesen inmediatamente en Italia unos efectos negativos para el empleo. Por el contrario, fue en Austria, el país de la moneda fuerte, donde sufrimos los mencionados efectos negativos y una pérdida de capacidad de compra de más de 10.000 millones de chelines. Con esto sólo quiero decir que no se trata de una vía de dirección única ni de un automatismo sino que los efectos son múltiples y los debemos tener a todos ellos en cuenta.
Pienso, por ello, que la consecuencia no puede ser que discutamos ahora sobre las bases de la Unión Monetaria, que preguntemos si los criterios de convergencia son los adecuados y si no necesitamos quizás, tal como han indicado, una nueva política industrial y que incluyamos el empleo en el Tratado. Todo esto es para mí muy poco. Importante es que recojamos como primer punto que vamos a crear un nuevo sistema monetario europeo para el caso de que se produzcan distorsiones en el mercado interior, un SME II en el que se intente mantener los tipos de cambio reales en una anchura de banda determinada.
En segundo lugar, me parece importante que en la nueva organización de los fondos estructurales nos concentremos en aquellos proyectos que necesitamos, para que se cumplan los criterios de convergencia en los países que no participan aún en la Unión Monetaria. En tercer lugar, hay que impulsar las inversiones privadas que necesitamos, pues solamente ellas crearán realmente puestos de trabajo sanos.

McCarthy
Señor Presidente, me agrada sobremanera que hayamos podido sostener hoy este debate después de que mi grupo político resolviera presentar un informe por propia iniciativa sobre la UEM y la cohesión económica social. La razón de nuestra iniciativa es que en todas las discusiones que hemos sostenido acerca de la UEM y de la moneda única, los Estados miembros y los expertos sencillamente no se han ocupado de las cuestiones regionales. Sólo se han ocupado de las cuestiones macroeconómicas en el plano de la economía nacional, y han pasado por alto las repercusiones regionales de la UEM, o bien han ignorado la relación entre la UEM y la política de cohesión.
La gente de nuestras regiones industriales, periféricas, rurales y en declive tiene que saber que la UEM les ofrecerá algún beneficio. La cohesión es el objetivo primordial de nuestro Tratado, es más importante que la UEM y por eso estimamos que la UEM y sus procesos y fases requieren análisis para ver de qué forma contribuyen a la política de cohesión. En este informe mi grupo promete su apoyo a la UEM. Reconocemos los beneficios que se pueden extraer de la disminución de los costos de las transacciones, gracias a la armonización de los tipos de interés y al crecimiento del potencial de empleo de la UEM, pero hemos de decir también que no creemos necesariamente que la UEM y la cohesión social se refuercen mutuamente. Cierto es que no se excluyen mutuamente, como ha dicho el Sr. Walter en su informe, pero estimamos que ha de ser una convergencia nominal y real lo que promueva la competitividad de la Unión Europea ante los nuevos tigres de Asia, el Japón y los Estados Unidos.
Por eso la UEM necesita demostrar que puede apoyar, dar más firmeza a la cohesión y promoverla. Permítanme que insista de nuevo en lo que ha dicho el Sr. Walter en su informe. El Sr. Walter pide que haya una estrategia integrada de cohesión, lo que significa que hemos de incluir a la UEM, a las políticas regionales y a todas las políticas pertinentes en los procesos de cohesión. El Sr. Walter pide que implantemos medidas estratégicas para conseguir que la UEM y la cohesión se desarrollen juntas, y nosotros pedimos también un mecanismo solidario para proteger a los mercados financieros contra la especulación, con inclusión de los países que deseen ingresar. Este es un debate muy oportuno. El Presidente Lamfalussy, del FMI, tomó la palabra el lunes ante la subcomisión de asuntos monetarios del Parlamento y presentó el informe anual. No le oímos ni una sola vez la palabra «cohesión». Es lamentable que estas cuestiones no se traten en el marco de una estrategia completa y coherente.
Si nos fijamos en los países que ingresarán en la UEM desde el principio veremos que los países periféricos pueden ser víctimas de acciones punitivas. Por eso el informe Walter es un informe excelente, porque preconiza políticas constructivas sobre la forma de ayudar a que esos países ingresen más rápidamente en la UEM y en la tercera fase.
Por último, tenemos que dar más envergadura a la acción que desarrollamos en las regiones. Necesitamos reafirmar lo que se convino en el Consejo Europeo de Madrid. Necesitamos ocuparnos de iniciativas locales, de educación, de capacitación, de la organización del tiempo de trabajo, de la promoción de empresas pequeñas y medianas, pero sobre todo necesitamos que tengan éxito los argumentos en favor de la UEM en nuestras regiones. Por eso necesitamos una política de cohesión activa orientada hacia el empleo y el crecimiento. Sé que el Comisario se ocupará más adelante de esta cuestión y le agradeceré que lo haga durante la próxima presidencia irlandesa y también durante las demás presidencias futuras, para que el informe Walter no acabe en un cajón, cubierto de polvo y telas de araña.

Berend
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, la exigencia de cohesión económica y social es, junto con la culminación del mercado interior y la realización de la Unión Económica y Monetaria, una de las tres prioridades políticas de la Unión Europea. La convergencia nominal y real no son dos objetivos contradictorios. Unas finanzas estatales sanas, unos precios estables, unos intereses bajos y un tipo de cambio estable son condiciones previas para el crecimiento y el empleo. La Unión Económica y Monetaria, con todas sus ventajas, inclusive para la cohesión social y económica, es imposible sin convergencia nominal.
Por ello, está claro que una reducción del endeudamiento del Estado desempeña un papel importante para las inversiones y, en consecuencia, para los puestos de trabajo. La práctica de los últimos años ha mostrado que la lucha contra el desempleo mediante el endeudamiento del Estado y la elevación de los impuestos no ha tenido un éxito duradero. Sólo una economía sólida, que es condición previa imprescindible para la participación en la Unión Monetaria, crea confianza en los mercados, impulsa el comercio y la disposición a invertir y alienta a la postre el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.
Independientemente del objetivo a largo plazo de que todos los países miembros puedan participar en esta Unión Económica y Monetaria, van a surgir problemas en una fase transitoria en la que unos participen y otros no, a lo que se ha referido ya el Sr. Spindelegger. Por ello, al inicio de la realización de la Unión Económica y Monetaria, va a suponer un desafío esencial definir la relación de la moneda de los Estados que participan con la de los que no participan.
El informe Walter entra en esta problemática. Gracias a las numerosas enmiendas de mi grupo político, se han podido lograr unos buenos compromisos, aunque no se hayan cumplido todos nuestros sueños. Permítanme, por ello, que llame en especial la atención sobre dos puntos que son de gran importancia para mi grupo político. Se trata de la enmienda nº 9 al apartado 22; no creemos que las disposiciones actuales del Tratado sean insuficientes o incompletas, sino que solamente se tienen que fortalecer y aplicar concretamente. Tampoco podemos estar de acuerdo con una instancia de dirección económica, como contrapeso al BCE.
Un segundo punto es la enmienda nº 11 al apartado 41; nos remitimos al respecto al informe Ciampi, en el que importantes sindicatos europeos y representantes de la industria constatan una relación directa entre los servicios públicos y la competitividad y ven en una mayor competencia, inclusive en los suministros públicos, ventajas para el Estado, la economía y el consumidor. Por ello, los servicios públicos -por cierto, el Tratado habla de servicios de interés económico general y creo que habría que servirse correctamente de esta terminologíano deberían ser un tabú para la libre competencia del mercado de la UE. No podemos ni queremos modificar el Tratado. De lo contrario, la competencia quedaría fuera de juego, el mercado se dislocaría parcialmente y el consumidor sufriría daños. Esto no debe ni puede radicar en interés nuestro. Les ruego, por ello, que den su aprobación a esta enmienda que sí lo tiene en cuenta.

Costa Neves
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, todos sabemos que la cohesión económica y social es uno de los principios del Tratado. Debe estar, por tanto, presente en todas las medidas adoptadas por la Unión, aunque la cara más visible de dicha cohesión sean muchas veces los Fondos estructurales. Debemos tener en cuenta que no se limita a los Fondos estructurales, abarca todas las medidas de la Unión Europea y, por tanto, también la Unión Económica y Monetaria.
La cohesión no interesa al país A o B, no interesa, por ejemplo, a los países más alejados de las medias comunitarias, interesa a todos. Sólo por eso figura en el Tratado con el relieve que se le atribuyó. Y, llegado a este punto, quisiera distinguir dos aspectos: primero, que el nivel de cohesión no se puede medir sólo entre países, tiene que medirse también entre regiones; segundo, que el fortalecimiento de dicha cohesión tampoco puede verse sólo como corresponsabilidad de cada uno de los Estados miembros o sólo como responsabilidad de la Unión Europea, tiene que verse como responsabilidad compartida de los dos.
Por otro lado, tenemos que reconocer que la Unión Económica y Monetaria es uno de los proyectos más ambiciosos y el que tal vez tendrá mayores repercusiones para la Unión Europea y para su futuro. En mi opinión, repercusiones positivas. Repercusiones positivas que nos hacen considerar que valen la pena los sacrificios que hagamos para cumplir, por ejemplo, los criterios de convergencia nominal, que imponen una disciplina, que imponen sacrificios, que imponen, naturalmente, sacrificios más duros a los Estados que están más alejados, por ejemplo, de la renta media de la Comunidad.
Ya hemos debatido esos dos asuntos muchas veces por separado. La cohesión económica y social, por un lado, la Unión Económica y Monetaria, por otro. pero no queda más remedio que reconocer su interdependencia. Y ése es el gran mérito de este informe. Tenemos que ser capaces de conjuntar y conciliar esos dos designios de la Unión Europea. En estas situaciones, cuando lo que está encima de la mesa son estos dos aspectos, no podemos plantear alternativas, no podemos elegir entre la cohesión económica y social y la Unión Económica y Monetaria. Tenemos que conciliar el fortalecimiento de la cohesión económica y social con la realización de la Unión Económica y Monetaria. Y eso es lo que nos impone el Tratado de la Unión Europea.
El informe Walter nos demuestra que nuestro objetivo no es fácil, pero es posible. Por lo demás, si no se logra hacer esa conciliación, los efectos serán desastrosos para la Unión Europea. Felicito, por tanto, al Sr. Walter por su informe, entre otras cosas porque creo que ha llevado muy bien el debate, que ha estado abierto a todas las colaboraciones. Los resultados son de un equilibrio visible, en mi opinión. Y esencialmente -y tal vez sea lo más importante de todo- se demuestra que es posible conciliar los dos designios: cohesión económica y social y Unión Económica y Monetaria. Con una condición: la de que nos esforcemos por conseguirlo y para ello es necesario tener una estrategia concertada.

Sornosa Martínez
Señor Presidente, Señorías, señores Comisarios, el desarrollo de la cohesión económica y social constituye una prioridad de la Unión Europea para garantizar a las regiones menos desarrolladas que, en el tránsito a la Unión Económica y Monetaria, las desigualdades no se incrementen. Pero, como nos recuerda el Sr. Walter en su magnífico informe, a pesar de los esfuerzos y progresos realizados, las discrepancias regionales en la Unión sobre ingresos, infraestructuras y nivel de ocupación siguen siendo muy grandes.
Apoyamos de esta resolución las propuestas solidarias, que van en el sentido de amortiguar o evitar los riesgos negativos de la Unión Económica y Monetaria, y, sobre todo, para combatir el desempleo: la cohesión y el desempleo son incompatibles. También es incompatible la cohesión con una degradación del medio ambiente. Y para un adecuado desarrollo regional cohesionado han de crearse redes transeuropeas de infraestructuras de transportes, telecomunicaciones y energía, y una industria europea horizontal en todas las regiones, defendiendo y fomentando los servicios públicos, los derechos sociales, aquello que es europeo.
Desde el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea manifestamos nuestra discrepancia con relación a la Unión Económica y Monetaria por los riesgos que conlleva para la cohesión. La aplicación de los actuales criterios de convergencia, establecidos en el Tratado, no son compatibles con el principio de cohesión, y tampoco son suficientes. Deberían considerarse otros. Converger en costes salariales unitarios, la relación salario/productividad, etc. Si no -y ello es lo grave-, el ajuste se efectuará, y ya se está efectuando, a costa del empleo. Y la Cumbre de Madrid y otras iniciativas podrían quedarse sólo en palabras si no se llevan a la práctica de verdad estas iniciativas, tal como indica el informe del Sr. Walter.

Schroedter
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señora Comisaria, este informe es importante pues destaca claramente el peligro que existe de que se olvide el principio de cohesión económica y social en el contexto de la Unión Económica y Monetaria. Lamentablemente, no es consecuente. Aunque apela a la Conferencia Intergubernamental para que conserve la cohesión económica y social como una política autónoma, sin embargo tiende más que en el primer proyecto a utilizar la política estructural como el palo y la zanahoria para consolidar los presupuestos nacionales. Es cierto que en el informe desempeña un papel importante la idea de solidaridad frente a los países que no puedan o deban participar en la Unión Monetaria, pero también aquí es inconsecuente el informe, pues ya solamente la división de los países en dos categorías supone un rechazo a la idea de solidaridad. Precisamente en las repercusiones sobre el desarrollo regional se muestra el lado negativo de la Unión Monetaria proyectada. Como Parlamento deberíamos intervenir de modo corrector, pero incluso el Parlamento tiende paulatinamente a cuestionar el principio originario de cohesión económica y social.
Ya ayer indiqué con motivo de la ampliación hacia el este que es urgentemente necesario reformar la Unión Europea. Una reforma social y ecológica supondría una gran oportunidad para controlar la crisis económica.

Schreiner
Señor Presidente, naturalmente, en este informe se habla de cohesión económica y social en Europa y creo que en la observación sobre el mantenimiento de los criterios de convergencia se parte claramente del hecho de que la Comisión se ha dejado en el Tratado de Maastricht un margen de actuación en lo que se refiere a la estricta observancia de los criterios de convergencia. No es que en el endeudamiento del Estado y en el déficit neto -se trata de los dos puntos sobre los que siempre se discute- se deban cumplir los criterios con puntos y comas, sino que se emplean fórmulas como «considerable y continuamente» o que este objetivo se logrará paulatinamente. Creo que en la observancia de los criterios de convergencia, en el endeudamiento del Estado y en el déficit neto, se debería prestar atención a tres puntos. Primero: los Estados miembros deben tener claro que solamente llegarán a esta meta con un rumbo de ahorro inteligente. Es sencillamente perjudicial para el empleo reducir los gastos de inversión de un presupuesto y no realizar ninguna privatización en la estructura de los gastos en los sectores más improductivos, no intentar lograr un Estado más ágil, no luchar contra el derroche y desbordar la soberanía de la administración con cada vez más burocracia y más leyes.
Segundo: el endeudamiento del Estado y el déficit neto son campos que, naturalmente, también deben tenerse en cuenta ya que, de lo contrario, la Unión Económica y Monetaria supondría unir algo desigual conformando una Unión Monetaria común que, a la larga, sería muy perjudicial para el mercado financiero de Europa. Tercero: hay que garantizar que esta moneda unitaria no se imponga en contra de la voluntad del ciudadano europeo. Por ello, estoy plenamente convencido de que los Estados que tienen esta posibilidad deberían plantear esta cuestión a los ciudadanos mediante un referéndum, para que esta Unión Monetaria tenga así la aceptación de los ciudadanos de Europa.

Frutos Gama
Señor Presidente, Señorías, mi intervención no tiene otro objeto que felicitar calurosamente al Sr. Walter por el magnífico informe que ha realizado y por el intenso trabajo preliminar que ha permitido llegar a estas conclusiones.
Las audiencias de expertos, las aportaciones de los sindicatos, la comparecencia ante la Comisión de la Comisaria Wulf-Mathies y del Comisario De Silguy, nos han permitido ampliar nuestros conocimientos sobre una cuestión de trascendental importancia: la relación entre la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social, elementos complementarios y de similar importancia política, tal y como consagra el Tratado de Maastricht.
La cohesión siempre ha sido un objetivo de la Comunidad, pero los Tratados no nos ofrecen un concepto claro de lo que debe entenderse por cohesión, tal y como indica el Sr. Walter. Por eso me parece importantísima la solicitud que se formula a la Comisión, en el sentido de incluir en el primer informe trienal una formulación clara y comprensible de este concepto y una mejora y ampliación de los indicadores utilizados para medirla.
Hay otro punto en este informe en el que me gustaría detenerme: las consecuencias de la futura adhesión sobre la política regional comunitaria. La futura ampliación demandará de la Unión un esfuerzo presupuestario importante si se quieren consolidar los resultados de la política de cohesión, porque, si se mantuviera el nivel de gasto actual, los fondos que destinamos a la política regional deberían desviarse hacia los futuros Estados miembros y, en ese caso, Señorías, los costes de la ampliación recaerían íntegramente sobre los países y las regiones más desfavorecidos de la Unión, tal y como ocurre en la actualidad.
El Sr. Walter ha sido tajante en este punto: la futura ampliación no deberá, en ningún caso, realizarse en detrimento de los «países de la cohesión». En conclusión, Señorías, mi más cordial felicitación al Sr. Walter por el contenido de su informe, por el método de trabajo elegido para realizarlo y por el magnífico grado de consenso alcanzado.

Fernández Martín
Señor Presidente, en la Comisión de Política Regional hemos debatido a lo largo de un año esta cuestión que tanto nos preocupa y que, sin duda, es decisiva para el futuro de la construcción europea. Hemos escuchado numerosas y autorizadas opiniones, expresadas en el curso de una audiencia pública y, finalmente, hemos aprobado, casi unánimemente, el documento elaborado inicialmente por Ralf Walter. Casi todas las intervenciones que aquí escuchamos coinciden en lo fundamental, como prueba de ello.
El artículo 2 del Tratado estipula claramente que el establecimiento de un mercado único y de una Unión Económica y Monetaria deberá promover la cohesión económica y social. No podía ser de otra manera, por cuanto los textos fundacionales y numerosos artículos que posteriormente han venido desarrollándolos a lo largo de los años remiten una y otra vez a esta cuestión. Este Parlamento, en su resolución aprobada el pasado mes a propósito del informe de las Sras. Dury y Maij-Weggen, introdujo un capítulo específico referido a la cohesión económica y social como elemento integrante del acervo comunitario de cara a los debates de la Conferencia Intergubernamental. Recuerdo, por cierto, y lo lamento, que la Comisión Europea había omitido cualquier referencia al respecto en su informe.
Quiere todo ello decir que la unión económica y la moneda única es un objetivo, si no de todos, sí de una amplísima mayoría de este Parlamento. Pero ese objetivo -prioritario, irrenunciable y todos los adjetivos que se puedan añadirno puede ser afrontado con unos criterios estrictamente económicos y monetarios, sino que debe hacerse evaluando sus efectos sociales, tratando de paliarlos, sobre todo en materia de empleo y de prestaciones sociales, y no sólo en los países del núcleo duro de la convergencia, sino en aquellos otros para los cuales la cohesión económica y social no es un argumento retórico sino un reto a superar cada día.
Sabemos hoy muy bien cuál es el coste social de la convergencia. Pero, en cambio, no hemos escuchado claramente cuáles son las medidas a adoptar para corregirlo. A tal efecto, quiero señalar casi telegráficamente lo siguiente: uno, que sin avances en la cohesión no puede garantizarse el éxito final de la Unión Económica y Monetaria; dos, que deben mantenerse los criterios de la convergencia; tres, que deben incrementarse los esfuerzos para una mejor coordinación de las políticas económicas a los distintos niveles y reforzar la subsidiariedad, pero también la condicionalidad; y cuatro, deben fortalecerse los instrumentos al servicio de la política regional.
El reto no es sencillo y superarlo está lleno de dificultades, pero nadie ha dicho que la construcción europea sea algo fácil.

Lindqvist
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe presentado por el Sr. Walter es esencial. Yo formo parte de la Comisión de Política Regional y de la de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, donde se ha debatido el informe. Las propuestas que contiene de lucha contra el dumping social, fortalecimiento de la política regional y de la política en favor de la creación de empleo para equilibrar con ello la UEM, son naturalmente excelentes. Pero yo represento, señor Presidente, la opinión crítica respecto de la UEM que existe en el norte. Estoy en contra de la UEM -mi grupo tiene sin embargo otra concepción.
El motivo de mi postura crítica es que los riesgos que se corren son demasiado grandes. La UEM es un proyecto que entraña un alto riesgo, lo cual deja bien claro el informe Water. Suecia y el norte en general son grandes en cuando a extensión, y ya tienen en la actualidad unos graves problemas regionales. Nos preocupa que dichos problemas se agraven si se lleva a cabo la UEM. Es interesante ver las repercusiones que se destacan en el informe, pero creo que le falta profundidad en los análisis que se hacen de las repercusiones que tendrá sobre el paro, el equilibrio regional y el ambiente. Antes de llevar a la práctica la UEM deberían efectuarse dichos análisis de las consecuencias sobre los ámbitos mencionados, a breve y largo plazo.
¿Cuáles serán los cambios que experimentarán los países miembros cuando entren - si lo hacen- en la UEM? ¿Qué instrumentos de regulación nacional quedarán para hacer frente por ejemplo a las caídas de la coyuntura económica? Unas fluctuaciones repentinas en la industria forestal a causa de una caída de precios podrían motivar rápidamente una crisis en Suecia y Finlandia. ¿Podrán los países seguir teniendo una política económica, de tipos de interés y monetaria, regional y de mercado de trabajo, etc, a nivel nacional? ¿O, como nos indican los propósitos que se tiene con la UEM, la UEM y las acciones que realicen la UE y el Banco Central Europeo compensarán estas desventajas para los Estados nacionales, de modo que la UE adoptará las necesarias decisiones estabilizadoras para con ello, impedir por ejemplo una aguda modificación de la coyuntura en un sector como, pongamos el caso, el de la industria forestal? ¡Tengo mis dudas al respecto!
Lo mejor sería que el proyecto de la UEM -si se lleva a cabo de acuerdo con el calendario fijado- incluyera una descripción del proceso de toma de decisiones. ¿Se van a adoptar a nivel de la UE, aquí, por los políticos elegidos democráticamente -lo cual no parece ser el caso según el Tratado de Maastrichto es el Banco Central Europeo el que va a adoptar las decisiones esenciales?
Una última observación sobre el tema: Debe reforzarse el proceso democrático con anterioridad, y cara a una posible realización de la UEM en todos los países miembros. Estoy a favor de unos referenda, como modalidad concreta, y de unas iniciativas informativas mejores relativas a las ventajas y desventajas que conlleva la UEM. Debemos contemplar este informe como una primera medida para informar sobre sus repercusiones.

Ainardi
Señor Presidente, el informe de la Comisión de Política Regional afirma que las regiones desfavorecidas disfrutarán de los beneficios de la moneda única, pero es obligado reconocer que la aplicación de los criterios de convergencia puede reducir el crecimiento, incrementar el paro y reducir los gastos sociales.
No pone en duda los criterios, y le basta con proponer la adopción de medidas de acompañamiento con el fin de que la Unión Económica y Monetaria y la cohesión económica y social no se obstaculicen recíprocamente. Esta pretensión es ilusoria. La atribución de fondos estructurales no ha evitado hasta el momento que las disparidades regionales en materia de ingresos, de infraestructuras y de nivel de empleo, sigan siendo muy fuertes en la Unión Europea, como reconoce la propia Comisión de Política Regional.
Por su parte, la Comisión no está dispuesta a hacer regalos presupuestarios de compensación, puesto que pretende sancionar a los países llamados «de la cohesión» que no respetan los criterios de convergencia.
El informe del Sr. Walter tropieza con un obstáculo importante que le resulta casi imposible de superar, como es la incompatibilidad entre la moneda única y la cohesión económica y social. La experiencia nos enseña que la aplicación de los criterios de convergencia nominal, para preparar la moneda única, constituye una verdadera máquina de guerra contra el empleo, los salarios, la protección social y la economía de las regiones ya desfavorecidas.
Por otra parte, el Observatorio Social Europeo acaba de reconocer que el modelo de la Unión Económica y Monetaria es intrínsecamente portador de desregulación social. Por su parte, el Sr. Otto Pöhl, ex-presidente del Bundesbank, ha declarado recientemente que el respeto por los criterios de convergencia no es compatible con la voluntad de lucha contra el paro.
El único medio para crear empleo y garantizar una verdadera cohesión económica y social es poner en duda la moneda única, que somete las políticas económicas y los presupuestos nacionales al poder de los mercados financieros. Las protestas sociales que tuvieron lugar en noviembre y diciembre en Francia abrieron una vía, al mostrar el rechazo de los trabajadores a un modelo de sociedad basado en el ultraliberalismo, en los mercados financieros. Basándonos en este movimiento social, ampliándolo, podemos contribuir a sentar las bases de un nuevo tipo de desarrollo de nuestras sociedades en Europa y, posiblemente también, en todo el mundo.

Lage
Señor Presidente, señores diputados, este asunto es decisivo. Y lamento profundamente que este Parlamento no pueda celebrar un debate contradictorio, en el que yo pudiera, por ejemplo, refutar las opiniones de la oradora anterior, con las que no estoy de acuerdo. Este debate es un conjunto de declaraciones aisladas sin verdadera reflexión. Pero el informe del Sr. Walter es un informe notable, de una enorme lucidez, con el que estoy enteramente de acuerdo.
La moneda única representará uno de los cambios más profundos que Europa haya conocido en los últimos decenios. Habrá un «antes» y un «después» de la moneda única. Se va a iniciar un nuevo juego. Y en la esfera de la moneda única se plantea un problema muy grave para las regiones más pobres. La moneda única va a ser un importante elemento de identificación de los ciudadanos europeos con la Unión Europea. Y, además de su carga simbólica, de los efectos psicológicos y culturales, encierra y engendra una poderosa lógica integradora que va a cambiar todo: políticas monetarias, políticas económicas y también -¿por qué no decirlo?- políticas presupuestarias.
Muy pronto la Unión necesitará un presupuesto de carácter federal. El presupuesto actual será insuficiente, será limitado y reducido respecto de las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria. Sin ese presupuesto de carácter federal los desequilibrios en el espacio territorial de la Unión podrían agravarse, en particular cuando se produzcan, por ejemplo, los llamados choques asimétricos que afecten más a algunos países y a algunas regiones que a otros. Por eso, la cohesión territorial exige la continuación de las políticas estructurales; exige incluso el recrudecimiento y no la atenuación de dichas políticas estructurales.
La cohesión de la Unión, en el sentido más lato, va a depender de la moneda única, va a depender de la Unión Económica y Monetaria, va a depender de la solidaridad y de la generosidad, va a exigir la continuación de la transferencia de recursos de los países más ricos a los más pobres, va a exigir también una mayor responsabilidad y una mejor utilización de esos recursos por parte de las regiones y de los países más pobres.

Hatzidakis
Señor Presidente, creo que los resultados positivos de la introducción de la moneda única se notan cada vez más: la reducción del coste de las transacciones, la unificación de los tipos de interés, la posibilidad de contener una inflación provocada por crisis de los mercados monetarios, el fortalecimiento de la competitividad de la economía europea y, por último, el desarrollo y la creación de nuevos puestos de trabajo.
Con vistas al objetivo de la moneda única, creo que hay que insistir en el cumplimiento de los criterios de convergencia establecidos por Maastricht, no sólo porque la convergencia nominal es una condición para la moneda única, sino también porque es, en gran medida, condición necesaria para la convergencia real. El saneamiento de las economías más débiles ayudará a éstas, a largo plazo, a acercarse a las más fuertes. Con todo, por muy importantes que sean los criterios para alcanzar la convergencia nominal, no son suficientes para alcanzar la convergencia real. Los Estados miembros más débiles se ven obligados a realizar recortes en el gasto público y en la inversión pública con el objetivo de limitar su déficit, unos recortes que pueden sanear la economía a corto plazo, pero pueden también frenar el desarrollo al ampliar la diferencia entre los fuertes y los débiles.
Por lo tanto, es necesario que la Unión ejerza una política valiente mediante los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, garantizando a los débiles la financiación que les permita invertir en la formación, en la formación profesional y en las infraestructuras básica, así como en la actualización de su estructura económica.
Señor Presidente, hay un peligro que amenaza la ampliación respecto al cual coincidimos en principio. Los países candidatos a la adhesión tienen un bajo nivel de desarrollo y absorberán grandes cantidades, cantidades que no deben restarse a los Estados miembros actualmente más débiles, porque así socavaríamos todo lo propuesto sobre la cohesión económica y social.
En la Conferencia Intergubernamental, como sabemos, no se trata este tema. En mi opinión, se está aplicando la táctica del avestruz, ya que el problema de los recursos propios y los recursos suficientes para llevar a cabo las políticas que anunciamos es un tema de gran trascendencia. No sólo hace falta una Europa institucionalmente preparada para la ampliación, sino una Europa que esté preparada además para tratar los problemas económicos que la propia ampliación plantea. La aplicación de una política regional integral es, por lo tanto, absolutamente prioritaria y en esa área debería incluirse, en mi opinión, una política de ordenación del territorio europeo, que permita afrontar los problemas de desarrollo de manera global, y una política integral de las regiones insulares apartadas, cuya adopción en la Conferencia Intergubernamental se solicita en el informe, creo que por primera vez en la historia del Parlamento Europeo.

Porto
Señor Presidente, tal como han revelado estudios de la Comisión y ha expuesto el ponente, el Sr. Walter, es de esperar que la introducción de la moneda única, si bien interesa a toda la Unión, sea particularmente ventajosa para los países menos desarrollados: con empresarios que sufren en mayor medida con los costos microeconómicos de incertidumbre y cálculo y con los costos macroeconómicos de la inestabilidad monetaria de la situación actual. Podría esperarse también que un mayor crecimiento del conjunto de las economías tuviera efectos particularmente apreciables en esos países, tal como se ha comprobado con la evolución de los valores medios nacionales en la Unión Europea, hasta el punto de que con mayor crecimiento ha habido mayor aproximación entre los países.
No obstante, al no ser seguro que esos efectos se verifiquen de inmediato, hay que tener en cuenta también que las dificultades de convergencia real podrían ser particularmente grandes en algunas regiones más desfavorecidas de los países, como ya ha dicho el Sr. Costa Neves, que no se han recuperado ni siquiera en los períodos más prósperos por los que hemos pasado.
En cualquier caso, la distancia, incluso nacional, es de tal dimensión, que serán necesarios decenios hasta que los países de la cohesión lleguen a una anhelada aproximación a la media comunitaria indispensable para que se eviten los riesgos y se recojan los beneficios proporcionados por la Unión Monetaria Europea.
Por todo eso, no puede haber suavización; por el contrario, con la aproximación a la moneda única es necesario un esfuerzo de las políticas de cohesión, como sostiene correctamente el ponente en su magnífico informe. No obstante, al tener los países menos favorecidos necesidad de hacer un esfuerzo mayor de convergencia nominal para cumplir los criterios de Maastricht, conviene también que haya, sin demora, un alivio en las exigencias de adicionalidad para que se pueda conseguir una indispensable convergencia real sin que se agraven el déficit presupuestario y la deuda pública.
Eso es lo que yo quería indicar a la Comisaria: que, sin un aumento de dotaciones de la Unión Europea, pero con una menor exigencia de la adicionalidad de los países, fuera posible, por tanto, la recuperación de los países sin que resultara más difícil el cumplimiento de los criterios.

Theonas
Señor Presidente, la realidad que viven hoy en día los ciudadanos europeos, y también los de las regiones más atrasadas, confirma que la cohesión económica y social es incompatible con la UEM y con los criterios impuestos por Maastricht.
Se ha comprobado que el intento de cumplir los criterios de la convergencia nominal repercute negativamente en el desarrollo, conduce a una reducción del PIB y ocasiona una drástica pérdida de puestos de trabajo. Una situación semejante es políticamente insostenible y económicamente destructiva, sobre todo para los países de segunda velocidad, como el mío, Grecia.
Con todo, el cuadro de las consecuencias negativas no se ha completado todavía. Un estudio de las consecuencias de la moneda única y del Acuerdo de Estabilidad para la situación económica y social, tanto de los países que se incorporen a la UEM como de los que queden fuera, aportaría nuevos datos reveladores. ¿No sería oportuno que la Comisión, y también el Parlamento Europeo, procedieren a la elaboración de un estudio de este tipo?

McCartin
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Walter por su informe. Contiene muchas ideas y propuestas útiles. Me parece que brinda buenos comentarios sobre la política regional y sobre su importancia en el marco de la Unión Europea. La cohesión económica y social es lo que estamos tratando de conseguir con la política regional, la política regional es algo que siempre necesitaremos. La cifra del informe que indica que el 0, 4 % del PNB está dedicado en la Unión Europea a la política regional, pone de relieve el hecho de que los recursos asignados son muy pequeños. Si los comparamos con los recursos de los Estados Unidos de América, hemos de convenir en que son muy pequeños. Tenemos que reconocer que, si pensamos ampliar la Unión y si tenemos en cuenta que la discrepancia es aún mayor que lo que indica el informe -mi idea es que los países candidatos sólo poseen por término medio el 30 % del PIB de los países del Fondo de Cohesión-, evidentemente vamos a tener que fortalecer considerablemente la política europea. Sabemos por experiencia histórica que la actividad económica está sujeta a pleamares y bajamares, y que lo que hoy es rico quizás sea pobre dentro de 50 años. Si vamos a tener una Unión Europea, me parece que un componente importantísimo de las políticas que desarrollamos en el plano europeo será la existencia de una política regional fuerte e importante.
Quisiera destacar el hecho de que el informe nos da las cifras correspondientes a la cuantía de los recursos de fondos estructurales prometidos a varios países. En el caso de Irlanda me parece que la cifra es un poco exagerada: en el informe se dice 3, 3, mientras que el sexto informe de la Comisión sobre los fondos estructurales dice que la cifra es del 2, 1. Si tenemos en cuenta el PIB de Irlanda en su valor actual, me parece que la cifra es por término medio del 2, 5 a lo largo de los seis años del programa. Ahora bien, incluso esa cantidad de dinero ha tenido importantes consecuencias.
Nunca he aceptado que la Unión Económica y Monetaria sea una amenaza para las regiones periféricas, como tampoco he aceptado nunca que la finalización del mercado interior fuera una amenaza para los países periféricos más pobres. La experiencia indica que el mercado interior ha ayudado a crecer a los Estados más pobres y periféricos. La diferencia entre Irlanda y los Estados miembros europeos ha disminuido en 21 puntos; en el caso de España, en 7 puntos; y en el caso de Portugal, en 9 puntos. Grecia es la excepción. Nuestros colegas de Grecia deberían explicarnos por qué es la excepción. Sicilia también es una excepción, pero el caso de Sicilia es un problema.
Por lo que se refiere al futuro, habrá que revisar a la vaca sagrada de la adicionalidad a la luz de los nuevos programas. Lo único que hace es complicar toda la cuestión. En los fondos estructurales decimos que necesitamos la adicionalidad. Esto significa que la mayor parte de los Estados miembros -los Estados pobres- aumentarán sus desembolsos, pero por lo que se refiere a la unión monetaria decimos que tienen que reducir los gastos. Cuando instituimos un nuevo programa tenemos que tener en cuenta la planificación económica de los Estados menos prósperos. Tiene que haber una asociación entre ellos y la Comisión. Tenemos que sentarnos y elaborar nuestros planes económicos apropiados y aplicar a sus políticas los recursos que podamos destinarles.
Ahora bien, el elemento de adicionalidad no se puede probar si las cantidades de dinero son tan pequeñas y están distribuidas entre tan numerosas políticas. Lo que se ha conseguido no ha sido más que el desperdicio del tiempo de los oficiales de la Comisión y una obstrucción de todas las actividades encaminadas a evaluar lo que se ha conseguido.

Izquierdo Collado
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención con la calurosa felicitación que se merece un trabajo bien hecho como el que ha presentado el Sr. Walter. Y quisiera hacer una referencia inicial comparando nuestra situación con la de Estados Unidos, en un aspecto. La región de mayor renta per cápita de Estados Unidos, Connecticut, y la región de menor renta, Mississipi, tienen una relación de dos a uno. La región de Turingia, como región con menor renta per cápita europea, y la de Hamburgo tienen una diferencia de uno a seis. Quizás sean estas realidades, entre otras, las que llevan a que la cohesión en la Unión Europea no sea un accidente, sino algo sustancial y nuclear en los Tratados.
El Parlamento insta a la Conferencia Intergubernamental a que vigile y cuide la cohesión como factor clave de la Unión Europea. Y tenemos que decir con claridad, con neta claridad, que nos tememos que los efectos de la Unión Monetaria puedan tener graves riesgos para la cohesión si no se toman las necesarias medidas complementarias.
No vamos a desmitificar los ingredientes numéricos de la convergencia. Recordemos sólo que, en estos momentos, los tres países que cumplen los criterios de convergencia son Argentina, Taiwán y Singapur. Me gustaría saber cuántas interpretaciones del Tratado se harían en caso de que Francia o Alemania no cumplieran los criterios de convergencia. Es bueno dar una imagen de rigor presupuestario -estoy de acuerdo con ello-, pero subrayo que es mejor aún no cometer errores en materia de convergencia. Ningún país que haya hecho un esfuerzo real de aproximación de convergencia debe quedar fuera de la moneda única. Esta es mi posición personal.

Malone
Señor Presidente, también a mí me alegra que se haya presentado este informe y se lo agradezco al ponente.
Todos sabemos que la disminución de las disparidades regionales es una de las metas fundamentales de la Unión Europea. De hecho, Irlanda insistió en que el artículo 130 B se insertara en el Tratado de Maastricht. La economía irlandesa es una economía muy abierta y que depende mucho del comercio exterior. Así lo hemos podido comprobar recientemente con la crisis del ganado bovino, que ha repercutido en nuestras exportaciones y ha demostrado el grado de dependencia que tenemos. Estimo que la UEM será particularmente beneficiosa para Irlanda y otras regiones periféricas. Tiene que haber una relación equilibrada entre la UEM y la cohesión. Después del año 2000 hay que fortalecer cualitativa y cuantitativamente la tercera fase de los fondos estructurales. Hay que encontrar el debido equilibrio entre las continuas necesidades de los actuales Estados miembros y las demandas de los nuevos Estados miembros que ingresen en la Unión después de la próxima fase de ampliación.
Por lo que se refiere al desempleo, me hago cargo de que haya dificultades para designarlo como criterio de convergencia, pero estimo que en el nuevo Tratado debería haber un capítulo que trate del desempleo o del empleo.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señoras y señores, saludo la iniciativa política del Parlamento Europeo de poner en el orden del día de la política europea la cohesión económica y social, precisamente poco antes de que se celebre la Conferencia Intergubernamental y de que tenga lugar la transición a la Unión Monetaria. Mediante los hearings sobre las consecuencias sociales de la Unión Económica y Monetaria y con el excelente informe del Sr. Walter, el Parlamento ha proporcionado unos importantes impulsos para profundizar la dimensión social de la Unión Europea.
La posición de la Comisión sobre la Conferencia Integubernamental del 28 de febrero, en la que se reconoce claramente un modelo de sociedad europea responsable socialmente, muestra que tienen en la Comisión un claro aliado a este respecto.
Por lo demás, los debates de los países G7 en Lille muestran también que, tras un decenio de modelos neoliberales, crece el convencimiento no sólo en Europa sino también en el mundo, de que la competitividad y el progreso social van unidos. Creo que este es el sentido esencial de su propuesta de resolución que puedo apoyar plenamente en este punto.
La moneda única europea y la culminación del mercado interior europeo son necesarias para asegurar nuestra competitividad, pero tienen que completarse mediante la tercera prioridad de la Unión Europea, la cohesión económica y social.
Los criterios de convergencia, sobre los que se ha discutido en parte muy controvertidamente en la opinión pública, corresponden a una política económica sólida y son beneficiosos para la cohesión. Por lo general, precisamente los Estados miembros más débiles tienen que soportar pagar una prima de riesgo en los tipos de interés. Gracias al efecto estabilizador que tiene sobre los cambios una sólida política presupuestaria y financiera, los intereses descenderán precisamente claramente en estos países, más que en los Estados miembros ricos, y favorecerán de este modo las inversiones.
El logro de un elevado grado de estabilidad de precios y de unas finanzas públicas sanas, es decir, la convergencia nominal, es una condición necesaria de crecimiento, pero que no basta por si sola para asegurar la convergencia real de los ingresos entre los Estados miembros y las regiones. Una convergencia real exige una política nacional y europea activa para impulsar el crecimiento en las regiones más pobres. La experiencia de los dos últimos decenios ha mostrado que los países europeos no han logrado mejorar a largo plazo la competitividad de un país mediante la devaluación. Los mercados internacionales de capitales imponen unos límites cada vez más estrechos a la actuación nacional. Las oscilaciones en los tipos de cambio condicionadas por la especulación, gravan el crecimiento económico tanto en los países de moneda fuerte como débil. Por ello, es necesario crear, junto a la Unión Monetaria, un mecanismo de cambios que estabilice las monedas también de aquellos países que no puedan ingresar en la primera ronda en la Unión Monetaria.
La Comisión comparte el deseo del Parlamento de que, mediante un acuerdo sobre los cambios, se fomente la estabilidad e impulsen los preparativos para que los países pre-ins participen lo antes posible en la moneda única.
También hay que recapacitar en este contexto sobre el posterior desarrollo de los fondos de cohesión para lograr los criterios de convergencia.
La Comisión apoya un gran número de las exigencias que plantean a la Conferencia Intergubernamental, por ejemplo, la parte relativa a la política de empleo. La iniciativa del Presidente Santer muestra claramente nuestra intención de impulsar muy intensamente este tema. Pero quiero subrayar que ya hoy una tercera parte de la totalidad del presupuesto de la Comunidad va a parar, por ejemplo, a la lucha contra el desempleo a través de los fondos estructurales. Compartimos también su opinión en lo referente a la vinculación entre política medioambiental y regional. No estoy segura de si en la cuestión de los servicios públicos no existe una cierta confusión, pues la Comisión ha mostrado claramente en su dictamen que el acceso con igualdad de derechos de todos los ciudadanos a las prestaciones y servicios que sirven al bienestar común, debe considerarse como un valor básico del modelo europeo de sociedad. Pero esto no excluye la competencia tanto dentro del servicio público como entre el servicio público y el privado, así como también entre las cooperaciones públicas y privadas. Creo que en este punto todos coincidimos.
Respecto a las futuras necesidades financieras, tema que no se quiere incluir en la Conferencia Intergubernamental, soy algo más realista y optimista que la mayoría de los que han hablado hasta ahora. Si nos tomamos en serio las exigencias de fondo, la voluntad de elevar la eficiencia y los efectos positivos de la política de cohesión, me parece perfectamente posible lograr nuestros objetivos sin unas cargas financieras adicionales. Pienso, por ello, que es importante seguir impulsando conjuntamente sus exigencias fundamentales para la futura configuración de la política de cohesión, en especial, la concentración, el aumento de la eficiencia, el fortalecimiento de la cooperación y la ampliación de las iniciativas locales de empleo.
Para finalizar, quiero indicar de nuevo que apoyo plenamente su constatación de que la política estructural comunitaria es una política autónoma que persigue unos objetivos políticos propios que van mucho más allá del objetivo de la Unión Económica y Monetaria. Para fortalecer la cohesión económica y social, hay que nivelar las condiciones de vida en la Unión y fomentar un desarrollo económico general en la misma dirección. Esto es más que alcanzar los criterios de convergencia. Aquí se incluye la creación de puestos de trabajo, en especial en regiones de débiles estructuras y para grupos problemáticos en el mercado de trabajo. Se incluye también un desarrollo sostenible de las regiones menos favorecidas. Me parece importante que el Parlamento subraye siempre estas relaciones también en los posteriores debates, pues el modelo de sociedad europeo parte de una consonancia entre la eficacia económica y la cohesión social y así debe seguir siendo también en el futuro.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Fondo de Cohesión 1994
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0069/96) del Sr. Costa Neves, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el Informe complementario de la Comisión (COM(95)0222 - C40237/95) relativo al Fondo de Cohesión 1994.

Costa Neves
Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, el Fondo de Cohesión es una de las muchas formas que reviste la solidaridad dentro de la Unión Europea, por lo que constituye una interesante contribución al fortalecimiento de la cohesión económica y social, uno de los principios básicos del Tratado, al que se debe dar -nunca lo subrayaremos bastanteexpresión efectiva en todas las medidas adoptadas por la Unión.
Concretamente, en cuanto al Fondo de Cohesión, hay que tener en cuenta que, si bien resulta clara su contribución a la cohesión económica y social, conviene también distinguir el objetivo de facilitar la realización de la Unión Económica y Monetaria con la adopción de la moneda única.
En cuanto al informe que estamos examinando, quisiera subrayar cuatro de los aspectos en él abordados. Primero, el objetivo principal del Fondo de Cohesión es el de fortalecer la cohesión económica y social dentro de la Unión, por lo que, aunque su ámbito de atribución sea nacional, ha de contribuir a la lucha contra las disparidades regionales. Y, en ese marco, permítanme que señale que es muy reducido el número de proyectos financiados, por ejemplo, en regiones ultraperiféricas, situación que hay que revisar, no sólo porque éstas figuran entre las que, de conformidad con el artículo 129 B del Tratado de la Unión Europea, constituyen una prioridad de la política de las redes transeuropeas, sino también porque, dada su naturaleza, su equilibrio es particularmente frágil.
En segundo lugar, quisiera subrayar que resulta claramente insuficiente que, en el período objeto de nuestro análisis, sólo se haya reunido un comité de acompañamiento. Se considera ese hecho un síntoma del escaso dinamismo de ese mecanismo, que es un mecanismo esencial de acompañamiento de la actividad del Fondo. Conviene, pues, que los Estados miembros no sólo refuercen la actividad de esos comités, sino que, además, los abran a la participación efectiva de las autoridades regionales y locales, que deben, por lo demás, contar con mayores competencias en la selección de proyectos, en el establecimiento de sus prioridades y en el ámbito de la gestión de las financiaciones. Dicho comportamiento ha de aumentar por fuerza la eficacia de la utilización de las asignaciones con cargo al Fondo de Cohesión.
En tercer lugar, quisiera subrayar que, aunque se verifique una mejora del equilibrio global entre la financiación de proyectos de medio ambiente y de infraestructuras de transporte, hay desequilibrios que persisten en cada uno de los Estados miembros, por lo que se debe procurar, aunque con la adecuada flexibilidad, lograr el necesario reequilibrio.
Quisiera subrayar, por último, que es indispensable que el Parlamento Europeo, entre otras razones, por las funciones de Autoridad Presupuestaria que ejerce, sea informado con antelación de cualquier decisión que la Comisión se proponga adoptar basada en la aplicación de las disposiciones del artículo 6 del Reglamento del Fondo de Cohesión. Recuérdese que en dicho artículo se establece la condicionalidad de la financiación de acciones por dicho Fondo al cumplimiento de los criterios de convergencia nominal establecidos con vistas a la Unión Económica y Monetaria.
La participación del Parlamento está tanto más justificada cuanto que, además de ser claras las repercusiones presupuestarias de semejante medida -suspensión de la financiación-, ésta tendrá una repercusión negativa en el propio esfuerzo en pro de la convergencia. Así, resulta necesaria, naturalmente, una extrema prudencia en su aplicación.
Todo eso justifica que la Comisión nos transmita cuanto antes, como solicitó el Parlamento, las normas que ha aprobado respecto del proceso de aplicación del citado principio de condicionalidad del Fondo de Cohesión. Sólo así estaremos en condiciones de acompañar también esa parte de la ejecución del Fondo de Cohesión.
Termino destacando, en nombre del más elemental principio de justicia, la excelente colaboración de varios diputados a este Parlamento y de otros interesados en este asunto que, con sus opiniones, han contribuido a que este informe exponga efectivamente la posición -de momento- de la Comisión de Política Regional y -espero- a partir de hoy la de este Parlamento sobre el asunto que estamos examinando.

Theonas
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al Sr. Costa Neves por su informe.
En nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, quisiera hacer constar que el Fondo de Cohesión, conforme a sus principios de funcionamiento, está destinado al fomento de las actividades de los Estados miembros menos desarrollados. Por consiguiente, es su objetivo explícito fomentar la cohesión económica y social. A través de la ayuda financiera para la realización de obras infraestructurales se intenta combatir el desempleo y los problemas estructurales de la economía de los Estados miembros más débiles, con la intención de que se convierta en un factor importante de desarrollo. Por lo tanto, constituye un importante instrumento de política económica y contribuye a la reducción de desequilibrios regionales y a la distribución más justa de los ingresos dentro de la Unión Europea.
Por otro lado, el hecho de vincular una financiación fluida y sin obstáculos o la autorización de nuevas obras a la ausencia de un excesivo déficit público, según se prevé en la Directiva correspondiente, puede tener resultados negativos y socavar el objetivo explícito del Fondo, que se creó para fomentar la cohesión y no para convertirse en un instrumento de imposición de un determinado comportamiento financiero. La concesión y el pago de los créditos tiene que acompañarse del cumplimiento de determinadas condiciones, como la compatibilidad de la obra con los principios declarados del Fondo, su utilidad para el desarrollo y su vinculación con el progreso de la obra, así como una gestión correcta y transparente. Sin embargo, su vinculación al déficit público global del Estado beneficiario podría socavar los esfuerzos de convergencia, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran la mayoría de esos Estados. Además, se puede caer en un círculo vicioso: la no concesión de créditos empeora la recesión, la cual provoca nuevos gastos contraproducentes que a su vez agravan el problema del déficit público.
Por consiguiente, la evaluación de las obras y su financiación debe realizarse en función de la contribución que estas aporten a los esfuerzos de desarrollo del Estado miembro, y con datos ajustados a sus características específicas.

El Presidente
El debate sobre este punto del orden del día se reanudará hoy a las 18.00 horas.

El Presidente
Antes de proceder al turno de votaciones, quisiera comunicarles que, según las noticias emitidas por las agencias de información, esta mañana a las 7.00 horas, a las 5.00 horas de Greenwich se ha perpretado un atentado terrorista en el Hotel Europa, cerca de la Pirámide de Giza, a 5 km de El Cairo. Un grupo de terroristas agredió a unos turistas inocentes, causando la muerte de 17 o 18 personas, en su mayoría griegos, y 14 o 15 heridos, de los cuales 7 se encuentran en estado grave. Se ha informado de que 14 de las víctimas mortales eran mujeres. Quisiera expresar con todo el énfasis posible la condena del Parlamento a esta agresión terrorista y nuestro absoluto rechazo al terrorismo, dondequiera que se produzca y cualquiera que sea el destinatario del mismo.
Además, creo expresar el sentimiento común de esta Asamblea al transmitir nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos y nuestra simpatía a las familias de los heridos.

Alavanos
Señor Presidente, ha expresado lo que todos sentimos. También he sido informado hace poco de este suceso por su Señoría, el Sr. Dimitrakopoulos.
Simplemente quisiera añadir a sus palabras que quizás la Comisión y el Comisario competente en materia de turismo deberían reflexionar sobre la necesidad de informar a los ciudadanos de la Unión Europea de los peligros específicos a los que pueden estar expuestos en determinados países. Tal información podría adoptar la forma de una directiva sobre viajeros u otra más adecuada, no lo sé, pero creo que la Unión Europea debe contribuir en lo posible a la protección de los ciudadanos.

Lambraki
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los socialistas, quisiera expresar la repulsa y la tristeza que sentimos ante este acto de terrorismo, así como nuestra solidaridad con las familias de las víctimas.

Christodoulou
Señor Presidente, quisiera expresar también, en nombre de nuestro Grupo político, que nos sumamos a este duelo, y rogamos que no se dé ninguna dimensión política o de otro tipo a este tipo de acciones. El terrorismo es condenable en cualquier lugar del mundo y el asunto debería acabar ahí.

McCarthy
Señor Presidente, he de plantear una cuestión de orden muy grave. Seré muy breve. Anoche, durante el cambio de impresiones con el Comisario Fischler, el Presidente de mi grupo pidió al Vicepresidente Fontana que hubiera una votación a fin de que pudiéramos tener una reunión a base de preguntas y respuestas directas. He descubierto que, aunque protestamos ante la persona que ocupaba la Presidencia, se sirvió de la lista de oradores que le habían facilitado los demás grupos políticos. Es inaceptable que, de 14 oradores, 11 figurasen en la lista. Por lo menos había 70 personas en la sala. Desde el punto de vista de la responsabilidad política de este Parlamento, lo sucedido es inaceptable.

El Presidente
Señora McCarthy, no estuve aquí anoche, pero he preguntado a la Presidencia, que tiene un punto de vista diferente sobre el tema. En todo caso, procuraremos poner los datos a su disposición para examinarlo más detenidamente.

Votaciones
Pasty
Señor Presidente, ¿es normal que sea el Pleno quien redacte el texto en lugar de la comisión competente, cuando hemos votado cerca de cien enmiendas?

El Presidente
Señor Pasty, creo que este es un tema que deberían tratar la Conferencia de Presidentes de los Grupos políticos y la Presidencia. No quisiera abrir un debate al respecto en el Pleno. Es uno de esos eternos problemas del Parlamento y hemos hecho muchísimos esfuerzos sin llegar aún a ningún resultado. Que lo vuelvan a examinar nuestros Presidentes y volveremos a examinarlo nosotros: quizás un nuevo intento tenga mejores resultados.

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, como Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo hemos votado en contra de este informe que hoy se ha aprobado, pues contiene una serie de escondrijos que representan un gran problema para la autorización. Lamentamos, en especial, que no se hayan aprobado nuestras enmiendas, según las cuales, por ejemplo, en la valoración comparativa se habría aprobado la propuesta sueca, por la que no se concede la autorización si la valoración arroja el resultado de que hay un biocida que es menos perjudicial. En el informe se dice ahora que se puede excluir y retirar. Puede no significa debe, con lo que hemos perdido toda posibilidad de control y la hemos colocado en manos de la Comisión en lugar de insistir aquí en que se imponga una regulación que impida que lleguen al mercado biocidas, con sus dañinas repercusiones sobre la salud humana y el medio ambiente.
Lamentamos también que se haya aprobado una enmienda que autoriza durante 10 años los productos «antifouling», a pesar de que sabemos que habría posibilidades mecánicas que haría innecesaria la utilización de estos productos. Esto es aún más lamentable, pues sabemos que estos productos son los principales causantes de la contaminación de los lagos y mares. Es totalmente incomprensible porqué el Parlamento Europeo ha defendido en la votación de hoy ante todo los intereses de la industria y no se ha esforzado en aprobar un informe que previese que accediesen al mercado el menor número posible de biocidas.
Nos parece también lamentable que se haya acordado una autorización para tanto tiempo y que no se haya aceptado nuestra enmienda que sigue la propuesta danesa, consistente en autorizar solamente durante cuatro años los productos altamente tóxicos.

Amadeo
No se puede dejar de destacar que existen diferencias de temperatura y de clima entre el norte y el sur de Europa que determinan condiciones de vida diferentes para la microflora y los parásitos, y, por consiguiente, demandas de productos, como por ejemplo los biocidas, para resolver este problema.
La armonización debe tener en cuenta eso, y ello supone cierta flexibilidad en la lista que hay que preparar y una evaluación serena y correcta de todo el problema en su amplitud y complejidad.
Nuestra posición va en el sentido de maximizar los beneficios, minimizar los riesgos y corregir la convicción de que los productos biocidas son necesariamente siempre nocivos para el medio ambiente y peligrosos para la salud humana.
La directiva que se está debatiendo no se refiere a un sector nuevo, sino que se inserta en un esquema legal ya existente que regula las substancias químicas y los preparados en general.
Rechazando las enmiendas núms. 4 y 42 sobre la imposición de ecotasas, así como las núms. 7, 38, 43, 87 y 89, y aceptando, en cambio, las enmiendas núms. 96, 97, 100 y 101 expresamos nuestra opinión favorable.

Díez de Rivera Icaza
El incremento de biocidas es alarmante. Nuestra dependencia de la «química» es cada vez más preocupante. De los casi cien mil productos químicos que se utilizan en el mercado, sólo una pequeña parte de ellos han sido autorizados. Alrededor de 400 millones de ecus se gastan en biocidas y más de 11.000 millones en pesticidas. Por todo ello, esta directiva relativa a la comercialización de biocidas era necesaria para establecer así en el mercado interior una lista homologada de las sustancias activas y un sistema de reconocimiento mutuo de productos biocidas.
La comprensión e interpretación de esta directiva no resulta sencilla ante la complejidad e interdependencia de las casi 20 directivas actuales sobre productos químicos. La simplificación de los textos legales proclamada en el Tratado de la Unión es urgente en este sector, y de ahí mi felicitación a la Sra. Jensen por su trabajo.
Termino mostrando mi conformidad ante el acuerdo alcanzado personalmente con la ponente sobre los necesarios métodos alternativos de evaluación, que a pesar de ser un paso muy positivo, sin esta enmienda de compromiso, podrían haber fomentado inadmisibles situaciones de monopolio y de privilegio en el futuro.
Dada la importancia de este asunto, y la opinión positiva de la Comisión y del Parlamento sobre la enmienda nº 95, el voto de la delegación socialista española será positivo.

Ben Fayot
Los llamados productos «biocidas», como desinfectantes, productos para el tratamiento de la madera, repelentes antipájaros o anti-babosas, insecticidas, etc. no son inocuos desde el punto de vista ecológico, aunque este sector químico presente un enorme interés desde el punto de vista económico. Precisamente porque se encuentra en el límite entre la economía y la ecología, este informe provoca fuertes pasiones.
Para comenzar, quisiera decir que suscribo totalmente las reservas de la Sra. Kirsten Jensen con respecto al principio de automaticidad introducido en la directiva. Según este principio, un producto biocida autorizado por los servicios competentes de un Estado debería serlo de oficio para los servicios de los demás Estados en un plazo no superior a sesenta días; esto supone un problema para aquellos países cuyas normas en materia de ecología son más estrictas, lo que requiere también la existencia de unos servicios con capacidad de criterio.
Según el ponente, en la actualidad hay unos cien mil productos químicos en el mercado, de los cuales muy pocos han sido autorizados en aplicación del procedimiento sugerido en la presente Directiva, lo que puede ayudar a comprender la importancia que supone el hecho de disponer de procedimientos de control eficaces. No sólo es necesario ayudar a los consumidores a que se protejan contra aquellos productos químicos cuyos efectos secundarios son poco o mal conocidos, sino también a que defiendan a la naturaleza y a los animales contra unos productos químicos que los están invadiendo. Conviene por tanto que los Estados miembros tengan la posibilidad de proceder a una nueva evaluación y rechazar la homologación de una sustancia si ya existiera otra semejante y presentara menos riesgos para la salud o para el medio ambiente.
El respeto por este principio, combinado con la exigencia de una información verdaderamente exhaustiva en beneficio de los Estados miembros, puede limitar los daños que los productos biocidas pueden provocar al medio ambiente y a la salud.
Por todo ello apoyo decididamente el informe de la Sra. Jensen.
Informe Oomen-Ruijten
Carlsson, Cederschiöld, Stenmarck y Virgin
Uno de los principios fundamentales de la Unión Europea es el de la subsidiariedad. Para que la Unión funcione de un modo eficaz, y para que los ciudadanos de Europa tengan confianza con respecto a esta cooperación, la legislación comunitaria debe concentrarse en las cuestiones en que los Estados nacionales solamente puedan resolver los problemas conjuntamente.
El tema del etiquetado comparativo de precios es un ejemplo claro de desviación respecto a dicho principio. Estas desviaciones de la subsidiariedad motivarán las críticas de los países miembros relativas a la burocracia innecesaria de la UE.
Por principio consideramos que este tipo de legislación no debe ser objeto de una directiva comunitaria. La normativa propuesta no es necesaria para el funcionamiento del mercado interno. Vemos pocas repercusiones negativas por el hecho de que existan divergencias entre los países miembros en este sector. En caso de que sea necesaria una normativa impuesta, ésta debe ser asunto interno de cada país.

Gahrton, Holm y Lindholm
Nuestro punto de partida es que la UE no tiene nada que ver con esta cuestión, sino que puede administrarse mejor a nivel nacional. No obstante, hemos decidido dar nuestro apoyo a aquello que beneficia los intereses del consumidor, y por ello votamos positivamente.
Apoyamos la iniciativa de facilitar al consumidor la labor de la compra, entre otras cosas efectuado cuando sea pertinente una comparación de precios, la cual en conexión con la publicidad donde se informa del precio, incluya además un precio comparativo y elimine la indicación del precio por cantidad estándar, puesto que es molesta para el consumidor.
No respaldamos las enmiendas respecto de la moneda única, dado que no defendemos esta idea, y tampoco creemos que se convierta en realidad. Desde el punto de vista del consumidor, tampoco creemos que resulte fácil llevar un control de los diversos precios que eventualmente habría que explicitar.

Klaß
La protección y la información del consumidor son dos elementos importantísimos del mercado interior. Como consumidor quiero estar informado sobre las cosas que compro. Informado sobre el contenido y sobre el precio. Quiero poder comparar objetivamente. Objetivamente, señoras y señores. Es decir, tenemos que proceder de un modo diferenciado.
Hemos logrado que para muchos de nuestros productos lleguen al mercado tamaños normalizados, lo que es positivo para el consumidor, quien así puede comparar mejor.
En el sector del vino, a finales de los años 80 prohibimos en toda Europa las botellas de 0, 7 y 0, 73 litros, sustituyéndolas obligatoriamente por la botella de 0, 75 litros.
Con esta armonización de la CE, se perseguía al mismo tiempo fortalecer el uso de las botellas retornables como consecuencia de una reducción de la variedad de botellas. En aquella ocasión, esto representaba para la industria del vino un elevado factor de costes.
Una indicación del precio base por litro sin tener en cuenta la diferencia de calidad del vino regulada legalmente -en Alemania alcanza desde el sencillo vino de mesa hasta las especialidades de alta calidad, como el vino de uvas escogidas secas o el vino de hielo- no haría justicia en modo alguno a la exigencia de transparencia de precios, es decir, permitir al consumidor una comparación de precios entre las diversas ofertas de vinos.
Vino no es igual a vino. Lo que sale al mercado en la botella de 0, 75 litros no se llena en botellas de 1 litro y comparar una cosecha tardía con vino corriente, sería como comparar manzanas con peras.
Por ello, es necesaria la objetividad. Hagamos con todo lo que prescribimos un análisis de costes-utilidades. La conversión supone elevados costes.
Pero ¿dónde está el beneficio para el consumidor? Creo que debemos contemplar las cosas diferenciadamente. Para los tamaños introducidos y normalizados tiene que ser suficiente la indicación del precio por esta unidad.
Una indicación doble del precio solamente debe producirse en los casos en los que es posible realizar una comparación objetiva de los precios y sean, en consecuencia, de utilidad para el consumidor.

Lulling
Talleyrand dijo que todo lo exagerado es insignificante. Precisamente he pensado en esta verdad al analizar el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor para una nueva directiva comunitaria en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores, con el objetivo de proteger al consumidor mediante una información precisa de los precios, para que éste tenga la posibilidad de comparar.
Debo decir que hubiera sido suficiente la propuesta de la Comisión pues creo que responde al objetivo que se persigue, que no es otro que la protección del consumidor.
Por lo que respecta a la nueva obligación que el comercio al por menor tiene de indicar el precio de venta y el precio por unidad de medida, es decir, por metro, por kilo o por litro, resulta evidente que no se trata de obligar al minorista a indicar, por ejemplo, el precio por litro en una botella de vino gran reserva, que se presenta en una botella standard de 0, 75 litros.
En este caso no serviría de nada la indicación del precio por litro, pues este vino no se envasa en botellas de litro. Una indicación así no sólo no aportaría nada a los consumidores, sino que añadiría confusión y sería una sinrazón.
Espero que la enmienda que se nos ha propuesto, en caso de ser aprobada, se entienda en este sentido.
Demasiada información es contraproducente, sobre todo si no es pertinente. Me pregunto si, una vez introducida la moneda única, llegará a ser necesario que los comerciantes indiquen tres precios por producto durante el período transitorio, es decir, el precio en moneda nacional, el precio en moneda europea, el precio por unidad de medida en moneda única y, ¿Por qué no también en moneda nacional, lo que sumaría, a fin de cuentas, cuatro indicaciones de precio?
Los autores de estas enmiendas parecen, sin embargo, haber tenido miedo a su propia osadía porque proponen un desglose concreto del coste de estas obligaciones para el comercio minorista e incluso una solución a los problemas de los pequeños comerciantes, solución que podría, según ellos, residir en una ayuda de la Comisión a este colectivo, por supuesto, sin precisar cómo podría aplicarse una propuesta así, sin duda bien intencionada, a los millones de pequeños comerciantes al por menor en toda la Comunidad.
No entiendo tampoco la razón por la cual se nos propone suprimir la propuesta de la Comisión de permitir a los Estados miembros que eximan de la obligación de indicar el precio por unidad de medida a aquellos productos para los que las disposiciones dictadas a nivel nacional no exijan la indicación de longitud, masa o volumen. Esta facultad engloba principalmente a los productos comercializados por pieza o por unidad. ¿Por qué suprimir esta disposición si es razonable?¿Por qué imponer plazos excesivamente cortos para la aplicación de todas estas nuevas medidas?
Creo que las propuestas de la Comisión son mucho más razonables, y por todas estas razones me he abstenido.
Informe Walter
Lindqvist
He votado a favor del informe. Lo veo como un primer esfuerzo para informar de las repercusiones sociales que tendrá la UEM. Esto no quiere decir que la defienda. Por el contrario, estoy en contra precisamente porque considero que el riesgo de que aumente el paro es considerable, que el desequilibrio regional se incrementará como consecuencia de una mayor concentración en la vida empresarial, y que aumentarán los problemas ambientales, puesto que no existen criterios ambientales para regular el «crecimiento».
El informe debería haberse ocupado de los cambios que se registrarán en los instrumentos nacionales de regulación con el fin de controlar las caídas de la coyuntura económica, por ejemplo, en la industria forestal. ¿Los países miembros van a poder tener en el futuro su propia política económica, de tipos de interés, monetaria, regional y de mercado laboral, con objeto de controlar dichas fluctuaciones de la coyuntura, o se adoptarán estas decisiones a nivel de la UE y será el nuevo Banco Central quien las adopte? ¿Van a tomarse también a nivel de la UE las decisiones relativas a la política financiera y fiscal?
Es importante hacer hincapié en el proceso democrático, cara a la decisión sobre la conveniencia de la UEM. Se facilitará esta decisión si se informa mejor sobre las ventajas y desventajas de la UEM. La necesidad de unos referenda debería ser evidente con el fin de asegurarnos de que la UEM goza del apoyo de los ciudadanos.

Novo
Este informe encierra en sí mismo una gran contradicción. Tanto en la exposición de motivos como en la parte substancial de las conclusiones, se reconocen muchos de los rasgos negativos de la actual fase económica y social de la Unión.
En realidad, la necesidad de recordar que -cosa para nosotros evidente desde hace mucho- la cohesión económica y social y la reducción de las disparidades de desarrollo son objetivos fundamentales de la Unión y al mismo tiempo que la UEM no es sino un mero instrumento -uno entre otros posibles, hemos de añadirconstituye una sencilla pero ruda acusación contra todos aquellos -incluidos los Gobiernos de los Quince- que convierten el paso a la moneda única en objetivo fundamental (que ni siquiera debería ser un objetivo, por tanto), por encima incluso de cualquier debate sobre la revisión de los Tratados.
Recordar que el aumento del desempleo (1, 5 millones de puestos de trabajo menos hasta el año 2000), la reducción de los crecimientos económicos, el aumento de impuestos o la reducción de los gastos públicos sociales (o ambas) son consecuencias del cumplimiento de los criterios de convergencia nominal, o recordar que una Unión con varias velocidades es en sí misma contradictoria, no nos asusta, porque hace mucho que lo afirmamos.
La contradicción de este informe radica en que algunas de las conclusiones insisten, pese a todo esto, que se reconoce, en el mantenimiento de los criterios actuales con vistas a la moneda única, en la propuesta de su endurecimiento después de 1999 (con regulaciones disciplinadoras y sancionadoras de los «ins» y de los «outs», olvidando lo afirmado sobre la aceptabilidad de varias velocidades), en la inconcebible reafirmación del principio de que la UEM puede fomentar la cohesión social por no ser contradictoria con ella, en la renovada propuesta de condicionalidad para el Fondo de Cohesión o en la aceptación implícita de la creación de idéntica regulación para los Fondos estructurales a partir de 1999.
Intentamos resolver esta contradicción devolviendo la palabra a los pueblos y proponiendo la realización de referendos constitucionales sobre el paso a la moneda única, pero esa enmienda fue rechazada.
Por eso, y sin perjuicio del reconocimiento público de lo que sostuvimos hace mucho y que una parte substancial de este informe viene a corroborar, no nos quedaba otra opción que la abstención en la votación de este documento.
Catástrofe de Chernóbil
Boogerd-Quaak
Señor Presidente, he votado con muchísimo gusto a favor de este informe. Permítame recordar a sus Señorías que tuvimos aquí una delegación de Ucrania. Yo me entrevisté con esa delegación. En el diálogo que tuvimos la oportunidad de mantener, se confirmó una vez más que la situación de Ucrania es sumamente complicada. Por otra parte, me gustaría insistir en una cuestión que varios diputados han mencionado ya, a saber, que es necesario desmantelar las dos nuevas centrales nucleares. La central antigua atiende tan sólo el 6 % de las necesidades energéticas de Ucrania, y en nuestro diálogo ha quedado de manifiesto que pueden encontrarse otras alternativas. Por otra parte, Ucrania desea, con toda justicia, que pasemos de las palabras a los hechos. Quisiera, pues, instar a la Comisión Europea a que empiece a trabajar firmemente con Ucrania en tales alternativas. A mi juicio, este país se lo merece y nosotros, como europeos occientales, también nos lo merecemos, con todos los riesgos que pueda conllevar.

Breyer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, he votado en contra de la resolución, pues en ningún sitio encuentro tanta hipocresía como en el Parlamento Europeo. A los responsables políticos no les preocupa que no sobrevivamos un segundo Chernóbil sino solamente que la industria atómica de Europa occidental no sobreviva un segundo Chernóbil.
La Unión Europea ha fracasado miserablemente. Ha dejado en manos de la industria nuclear las consecuencias a extraer de la catástrofe de Chernóbil. No puede ser que empleemos fondos fiscales para estudios destinados a crear a la industria nuclear europea un nuevo mercado de ventas en el Este. Sabemos que las centrales nucleares de Europa occidental tampoco son seguras. Por ello, habría sido esencial haber comenzado en nuestros países y cerrar centrales nucleares.
Incluso el Banco Mundial ha reconocido que la vía más rápida y mejor para ayudar a los países de la Europa oriental es modernizar el suministro de gas y petróleo y no apostar por una energía nuclear totalmente antieconómica y peligrosa.

Antony
Señor Presidente, Señorías, la URSS, cuyo régimen fue presentado durante más de sesenta años como el modelo de sociedad resultante de la aplicación de un socialismo que se pretendía científico y necesario, esa URSS cuyos compañeros de ruta, verdes o rojos, y espías pagados por ella, pululaban incluso por aquí mismo, presenta hoy el espectáculo pavoroso de una devastación planetaria sin precedentes, pues sin duda el comunismo se ha servido del Gulag y las masacres para exterminar seres humanos, pero las consecuencias de su locura ya no las sufre sólo el heroico pueblo checheno, sino toda la humanidad.
La central nuclear de Chernóbil, en la que aún no se ha controlado la fusión de uno de los dos reactores, no es la única que sigue amenazando a Europa con una nueva catástrofe, sino que hay otras veinte que pueden hacer explosión en cualquier momento. A ellas hay que añadir el mar de Barents, convertido en un gigantesco vertedero radiactivo al que se han vertido 30.000 barras de combustible, y donde 52 submarinos atómicos abandonados constituyen otros tantos inquietantes peligros. Lo mismo ocurre, por desgracia, con el Gran Norte Siberiano, con sus vertederos nucleares procedentes de la descarga de los submarinos. La tarea más urgente de todos los países de Europa es tomar en consideración esta inmensa y trágica realidad. Por esta razón hemos votado a favor del texto que se nos ha presentado, a pesar de sus deficiencias.

Weber
Señor Presidente, he votado contra esta resolución porque el texto permite que la industria nuclear occidental lleve a cabo con total libertad trabajos de pura cosmética en los países de la antigua URSS. En este mismo sentido quisiera mencionar el ejemplo de la central nuclear, de agua presurizada, de Cattenom, situada en mi propia región. Cuando se comprobó que la probabilidad de un accidente era mucho más elevada de lo que se había admitido en un primer momento, después de haber solicitado el dictamen de la Comisión Europea, se instalaron filtros de yodo destinados a impedir, en la hipótesis de una fusión del núcleo, que escapase el yodo radiactivo. Ahora bien, esos filtros no se han probado en ningún momento, ni siquiera en laboratorio, por lo que ahora mismo podemos hablar de medidas «cosméticas» en la medida en que no sirven para nada. Por mi parte hubiera preferido que los fondos públicos se hubieran invertido en la cogeneración antes que en una pretendida mejora de las antiguas centrales.

Gahrton
La catástrofe de Chernóbil fue descubierta en Suecia, y Suecia fue y es actualmente el país que se ha visto más afectado por las consecuencias, exceptuando a Ucrania y la Rusia Blanca. Aún después de 10 años se ha tenido que sacrificar el 7-8 por ciento de los renos de los lapones de la zona norte del Golfo de Botnia a causa de su elevado contenido de cesio 137. Una gran cantidad de productos procedentes de la naturaleza, como la caza, pesca, setas y bayas siguen sin poderse consumir por su contenido de cesio. Del total de los alces se ha sacrificado el 25 % y de los corzos practicamente la totalidad en los lugares más afectados. Es normal hallar 30.000 becquerel en los corzos de la comarca de Gävle -¡a pesar de que las autoridades prometieron hace diez años que la radiactividad desaparecería rápidamente y por completo!
Al mismo tiempo, Suecia es uno de los países que más depende de la energía nuclear para el consumo eléctrico. No obstante, aunque la industria nuclear ha destinado grandes sumas de dinero a campañas de difusión para que se renuncie a su eliminación, el nuevo presidente de Suecia, Göran Persson, ha realizado unas declaraciones que han llevado al periódico Aftonbladet a nombrarle «enemigo de la energía nuclear». Persson ha manifestado que la eliminación de la energía nuclear es compatible con el desarrollo económico. Su Ministro de Industria, Anders Sundström, dijo ayer que: »La energía nuclear como fuente energética se ha acabado. Más tarde o más temprano debe eliminarse en todas partes. Es bueno empezar ya». La UE debería escuchar estos consejos del Estado sueco!
La supresión de la energía nuclear -para así evitar futuras catástrofes del tipo Chernóbil- es posible y necesaria, y puede además resultar una ventaja en el ámbito de la competencia, puesto que aquellos que antes se hayan alejado de unas fuentes de energía condenadas a la extinción habrán dejado atrás los problemas de adaptación, cuando sus competidores se enfrenten a ellos.
En el Parlamento de la UE hay varias comisiones que se han manifestado positivamente con respecto a la supresión de la energía nuclear, y en favor de que Euratom se convierta en un órgano que promocione las fuentes energéticas alternativas. Si el Parlamento Europeo desea verdaderamente proteger el futuro de la Unión, el plan común de supresión de la energía nuclear debería ser uno de los primeros puntos de su programa de trabajo.

Lindqvist
He votado a favor de la resolución, pero si yo hubiera tenido la ocasión de redactarla, habría incluido un apartado sobre la conveniencia de la eliminación de la energía nuclear como fuente energética en la UE y el resto de Europa, y de su substitución por unas fuentes renovables y duraderas basadas en la idea del circuito cerrado.
La UE debería en consecuencia modificar el Tratado Euratom para que se derogara la redacción actual de apoyo a la «energía nuclear de naturaleza civil» y se cambiara el Tratado para que de este modo se estimulase la investigación en torno a las fuentes de energía renovables y sostenibles a largo plazo.
Cumbre de Visby
Kristoffersen
La próxima Cumbre del Mar Báltico, que contará con la participación de los Jefes de Gobierno de los países de la región báltica, de la Presidencia de la Unión y del Presidente de la Comisión Europea, marcará en muchos sentidos un hito en la cooperación europea. El Consejo de los Estados del Báltico se creó hace cuatro años por iniciativa de Dinamarca y Alemania (abril 1992). Hoy, este Consejo constituye el marco de una cooperación «triangular» cada vez más estrecha entre la Unión, los países nórdicos y los países de la Europa central y oriental de la región, y esta nueva Cooperación del Mar Báltico se parece cada vez más a la Cooperación del Mar Mediterráneo .
En primer lugar, el grupo de países de la región del Báltico consta también de Estados miembros de la Unión actuales y futuros y de países para los cuales la asociación con la Unión Europea no se plantea actualmente por distintos motivos.
En segundo lugar, se parece a la Cooperación del Mar Mediterráneo porque hay muchas coincidencias entre los problemas que se intentan solucionar en ambos contextos. Tanto en el Norte como en el Sur, el objetivo es garantizar un desarrollo democrático y una estabilidad política duradera mediante una cooperación transfronteriza en materia de comercio y medio ambiente y mediante la mejora de las infraestructuras de transporte y la lucha contra la delincuencia a escala internacional.
La cooperación incluye una ampliación de los acuerdos de asociación entre la UE y los terceros países europeos de la región, y la UE presta ayuda para fomentar el crecimiento económico y solucionar determinados problemas medioambientales especialmente acuciantes.
La creación del Consejo de los Estados Bálticos ha contribuido a reforzar la independencia y la libertad de acción en el ámbito de la política exterior, en el marco de una cooperación europea más amplia, un proceso que por motivos geográficos, históricos y culturales los países nórdicos están especialmente obligados a fomentar y reforzar.
Situación en Oriente Próximo
Antony
Señor Presidente, Señorías, no hemos votado a favor de los textos presentados, que reflejan la negativa de este Parlamento a denunciar la connivencia de Israel y Siria en perjuicio del Líbano. Estos textos no proponen tampoco una paz verdadera, y la de 1993 ha resultado un fracaso. ¿Por qué? Porque refuerza el apartheid entre judíos y palestinos, un apartheid tan poco viable como el que en otro tiempo sufría Sudáfrica, entre las poblaciones bantúes y las zonas de dominio europeo.
Así pues, sobre la base de las mismas ideas generosas de paz, democracia y progreso que invoca todo el mundo, ¿por qué no inspirarse en el ejemplo de Sudáfrica? Por mi parte, propongo la creación de una República Federal de Oriente Próximo, basada en los principios de igualdad y de rechazo a cualquier exclusión. En dos palabras, un hombre, un voto. Esta república estaría constituida por los territorios del antiguo mandato británico, es decir, Jordania, Israel y Palestina. Su presidente, al igual que Nelson Mandela, sería Yasir Arafat, representante de la mayoría árabe, auxiliado por un vicepresidente, al igual que Frederik De Klerk en Sudáfrica, que sería Simon Peres, y su ministro del Interior, al igual que el jefe zulú Buthelezi, sería el rey de Jordania. No dudo que los dirigentes judíos anti-racistas aceptarían esta solución de ciudadanía para todos, como lo han hecho los blancos en África del Sur.
Señores ujieres, señores de la tribuna, muchas gracias por su atención.

Gahrton
El grupo de los Verdes ha votado positivamente sobre la resolución común relativa a la Conferencia del Báltico, aunque en muchos aspectos la consideramos excesivamente débil.
La situación ambiental del Báltico es alarmante, sobre todo en términos de contaminación por emisiones del tráfico rodado y riesgos procedentes de las centrales nucleares. En consecuencia, la UE debería tomar más en serio sus propias normas de control ambiental en lo referente al proyecto TEN, sobre todo en el proyecto del puente sobre el Oresund, y adoptar una clara línea política en favor del cierre de las centrales peligrosas de la región, en lugar de protegerlas y así prolongar su existencia. No se ha utilizado en absoluto el potencial que representan las fuentes alternativas de energía.
No se han tenido en consideración suficientemente los riesgos de que la adhesión a la UE y el Acuerdo de Schengen, que ciertamente impulsan la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE dentro de su territorio, conduzca a que se levanten nuevos muros entre los pueblos de la región del Báltico.
Por último, no se ha analizado seriamente la situación de la seguridad en la región. Varios antiguos estados comunistas solicitan la entrada a las alianzas militares occidentales (OTAN y/o UEO). Al mismo tiempo, parece haber un reducido interés por parte de estas alianzas en una ampliación que puede darles una extensa frontera común con un bloque oriental de orientación rusa. Los Verdes son contrarios a los bloques militares, y deseamos evitar una nueva división de Europa. Por ello es sorprendente que la mayoría del Parlamento Europeo parezca tener tan poco interés en aprovechar las experiencias de Suecia y Finlandia en materia de neutralidad, como punto de partida para una nueva seguridad común en la región. Independientemente de que se sea defensor o enemigo de la ampliación de la OTAN y/o la UEO, deberían prepararse unas alternativas. La política actual, donde se crea la impresión de que estos países pronto van a entrar en la llamada seguridad militar occidental, puede llevarlos a un sentimiento de frustración y tener precisamente el efecto contrario, si esto no se realiza con prontitud y alimenta con ello las tendencias nacionalistas. Por consiguiente, debería efectuarse un análisis serio de las posibilidades de crear una zona de seguridad neutral en la región del Báltico para las partes que no se encuadren dentro de la Federación Rusa o la OTAN, y que por tanto no van a depender de ninguno de estos bloques militares. Los países de la UE, Suecia y Finlandia, deberían desempeñar un papel activo en este asunto. La decisión de Ucrania de seguir siendo neutral es un paso positivo en esta dirección.

Ullmann
Hay que acabar enseguida con dos cosas. La primera son todos los intentos que realiza el terrorismo internacional para acabar con el proceso de paz en Oriente Próximo. La segunda es que la población no participante no puede seguir siendo tomada como rehén de la escalada militar.
La primera se puede finalizar y, en consecuencia, proporcionar también ayuda a la población no participante. Pues el grupo cuyo nombre es ya una blasfemia ha dicho públicamente que es apoyado por el Irán, que el Irak proporciona ayuda en el transporte y Siria armas.
La comunidad internacional debería decir claramente por fin que lo que esos países apoyan es un crimen contra la paz, tiene que enjuiciarlo como delito internacional y tratarlo en consecuencia. Los cohetes «katiuska» tienen que suministrarse y transportarse. Quien haga una de estas dos cosas es un colaborador del crimen en contra de la paz. La comunidad internacional tiene que exigir responsabilidades a los actores y cómplices y hacer todo lo que esté en su mano para ayudar a los afectados inocentes.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.

Apolinário
Señora Presidenta, treinta segundos para referirme aquí a una situación triste. La opinión pública portuguesa ha afrontado, ayer y hoy, imágenes de rara violencia resultantes del salvaje y bárbaro apaleamiento de ocho timorenses que buscaron refugio en la embajada de Alemania.
Hoy mismo, otros tres timorenses han intentado refugiarse en la embajada de Holanda. Al mencionar aquí la lucha del pueblo timorense, quisiera pedir a la Presidencia que haga gestiones y mantenga contactos para mantenerse al corriente de los acontecimientos que se están produciendo hoy en Yakarta con vistas a salvaguardar los derechos del pueblo timorense.

Costa Neves
Señora Presidenta, efectivamente, una vez más ha habido una erupción de la situación en Timor Oriental y en relación con Indonesia. Quisiera desde aquí subrayar, por un lado, una reacción de las fuerzas policiales y del régimen indonesio que supera aquello a lo que nos tenía acostumbrados y aquello a lo que nos tenía acostumbrados era malo. Por otro lado, es indispensable que se nos dé una explicación sobre la forma como se ha desarrollado ese suceso, ya que ha ocurrido frente a la embajada de un país de la Unión Europea en Yakarta, más concretamente de la embajada alemana. Estaría bien que obtuviéramos todas las informaciones necesarias, en particular de cómo se ha desarrollado esa situación, para que el Parlamento Europeo pueda adoptar una posición común sobre ese asunto, como, por lo demás, viene siendo habitual.

El Presidente
Gracias, señor Costa Neves. Al igual que el Sr. Apolinário, es usted muy consciente de que no se trataba realmente de cuestiones de orden pero, teniendo en cuenta la gravedad de los incidentes que usted mismo ha relatado, tomo nota con mucho gusto.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0501/96 del Sr. Imbeni y la Sra. d'Ancona, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el ultraje a la memoria de las víctimas del campo de exterminio de Auschwitz; -B4-0509/96 de la Sra. Lalumière, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el ultraje a la memoria de las víctimas de Auschwitz; -B4-0511/96 del Sr. Nordmann y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre el respeto a la memoria de las víctimas de Auschwitz; -B4-0517/96 de la Sra. Roth y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el desfile de extrema derecha en el recinto del antiguo campo de concentración de Auschwitz; -B4-0529/96 de la Sra. Seillier y otros, en nombre del Grupo Europa de las Naciones, sobre la profanación del lugar de Auschwitz-Birkenau; -B4-0533/96 de los Sres. Pasty y Ligabue, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el respeto por el lugar de Auschwitz; -B4-0534/96 de los Sres. Provan y van Velzen, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las ofensas a la memoria de las víctimas del campo de Auschwitz; -B4-0540/96 del Sr. Piquet y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre la profanación del campo de concentración de Auschwitz.
Vecchi
Señora Presidenta, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quiero expresar mi más enérgica indignación por el ultraje producido a la memoria de millones de víctimas del Holocausto, representado por la manifestación, organizada hace algunas semanas, de algunos centenares de militantes neonazis en el interior del campo de concentración de Auschwitz.
Se trata de la última, y más grave, de una serie de provocaciones que en el transcurso de los años han intentado relativizar e incluso negar la existencia misma del exterminio de los judíos, perpetrado por el régimen nazi y sus aliados, antes y durante la segunda guerra mundial. La elección de Auschwitz no es casual, ya que se trata del símbolo mismo del Holocausto y allí fueron masacrados más de un millón de judíos.
Es significativo e importante que hoy todos los grupos políticos democráticos del Parlamento Europeo expresen conjuntamente su firme condena contra esa infame manifestación, así como contra todo acto de antisemitismo, de racismo y de xenofobia. Así pensamos insistir en que la memoria de los horrores del pasado no puede borrarse, en que la civilización y la democracia europea se han afirmado realmente a través de la victoria contra el nazifascismo y en que la lucha contra todo acto y toda ideología de discriminación y de aniquilación debe seguir estando en la base de la Europa de hoy y de mañana.
Queremos expresar nuestra solidaridad no sólo con la memoria de aquéllos que perdieron la vida a causa de la barbarie nazi, sino también con la comunidad judía, que, una vez más, ha sido ultrajada. De Polonia nos llega hoy una grave advertencia. Pedimos a las autoridades polacas que no toleren el resurgimiento del antisemitismo, que impidan estas actividades criminales, que actúen para preservar los testimonios de un pasado trágico, pero que debe servir de enseñanza para el futuro. Por estas razones debe abandonarse definitivamente el proyecto de construir un centro comercial en las inmediaciones del campo de concentración de Auschwitz.
Auschwitz, que ha sido y es el símbolo del límite extremo de la aberración nazifascista, debe convertirse en un lugar de transmisión de la memoria histórica y de construcción de una conciencia más fuerte y extendida, sobre todo para las jóvenes generaciones, de los valores democráticos y de la tolerancia.
La Unión Europea tiene una gran tarea en este sentido y, por lo tanto, instamos a que se refuercen las acciones específicas de información y de formación dirigidas a los jóvenes y a que se intensifiquen las intervenciones para preservar la integridad de los lugares de la memoria del Holocausto y de los crímenes cometidos contra los pueblos por el nazifascismo.
En las próximas semanas se celebrará en Europa el 51º aniversario de la derrota del nazifascismo. Esta deberá ser una nueva ocasión no sólo para honrar la memoria de las víctimas del pasado, sino también para comprometerse en la construcción de un futuro común en el que se eliminen para siempre los monstruos del racismo y del antisemitismo.

Hory
Señora Presidenta, cuando, por invitación del Congreso Judío, viajé a Auschwitz con motivo del aniversario de la liberación del campo, me impresionó comprobar cómo se podía vivir en Auschwitz como si nada hubiera ocurrido. Me impresionó comprobar cómo las mismas autoridades polacas trivializaban en cierto modo este pasado trágico como si nadie tuviera ya ninguna responsabilidad.
Y hoy mismo nos enteramos de que se va a construir un supermercado en las inmediaciones del campo de concentración. Nos enteramos de que el prefecto de la región de Auschwitz ha autorizado, posiblemente, una manifestación de extrema derecha con símbolos nazis, y no sabemos qué es peor, si la negación con métodos violentos o la trivialización mercantil. De todos modos, ambas resultan totalmente reprobables.
El Grupo de Coalición Radical Europea, al que represento, considera que debemos incluir el deber de protección y preservación de lugares como Auschwitz (por desgracia hay otros en Polonia) en todas las conversaciones, numerosas por otra parte, que la Unión Europea mantenga con Polonia. Consideramos también que la Unión Europea debe estudiar rápidamente la posibilidad de financiar un programa de conservación de esos lugares para el recuerdo en los que el humanismo europeo ha sido golpeado con más violencia y en los que, al final, ha conseguido la más hermosa de las victorias.

Nordmann
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas no tiene, por supuesto, ningún inconveniente en suscribir las palabras que acaban de pronunciar el Sr. Vecchi y el Sr. Hory, y hacemos nuestra la motivación de sus resoluciones y de su actitud.
Quisiera añadir simplemente que nos hemos sentido enormemente impresionados por la justificación que ha hecho el líder neonazi polaco Techkowski, quien ha asegurado que Auschwitz era ante todo un lugar de sufrimiento polaco y que nadie más que los propios polacos debería considerarlo propio. Ahora tenemos ocasión de verificar la negación de la dimensión fundamentalmente antisemita del exterminio en Auschwitz, y también la negación del hecho de que algunos lugares pertenecen no sólo a los Estados que detentan la soberanía sobre ellos, sino a toda la humanidad. Evidentemente, éste es el caso de Auschwitz; y estamos viendo hasta dónde pueden llegar las aberraciones ultranacionalistas como muestra la actitud del Sr. Techkowski.
Permítame añadir una reflexión más. Por supuesto, estamos preocupados por la actitud de las autoridades polacas, y será necesario que la Unión Europea ejerza las presiones necesarias. Pero, tras el asunto de Carmel, también nos sentimos preocupados por la actitud de algunas autoridades religiosas polacas, que, sin duda, están dispuestas a denunciar el antisemitismo en términos generales, pero se niegan a denunciar el antisemitismo polaco, incluido el que reina entre el propio clero polaco. Por desgracia, hay razones para hacerse preguntas y para preocuparse. Estas preguntas y preocupaciones sustentan también nuestra resolución y nuestro voto en favor de la resolución común.

Ullmann
Señora Presidenta, queridas y queridos colegas, Auschwitz, este nombre va a significar para siempre el fin de toda normalidad porque en Auschwitz se administró y ejecutó el fin de la humanidad. Quién proclame en Auschwitz la vuelta a la normalidad de los supermercados y del griterío antisemita, es que quiere retornar a la normalidad de la barbarie y de la inhumanidad. Pero no existe ningún derecho a destruir el derecho ni ninguna libertad de opinión y de reunión para aquellos que quieren reprimir la libertad. Por ello, el Parlamento Europeo saluda que el Presidente polaco así como el gobierno de dicho país hayan condenado la construcción de un supermercado y la marcha neonazi en Auschwitz. Es en primer lugar asunto de las autoridades polacas comprobar cómo se debe proceder en contra de las provocaciones del 6 de abril y a quién se debe pedir responsabilidades de ello. Pero, señoras y señores, independientemente de ello, los pueblos europeos se encuentran ante la cuestión de si se puede seguir permitiendo la existencia de grupos económicos y políticos que anuncian públicamente que quieren socavar los fundamentos políticos y morales del orden de la posguerra. La respuesta a esta cuestión no debería dejar ningún género de dudas.

Blokland
Señora Presidenta, han transcurrido más de cincuenta años desde que se acabó con el régimen nazi. El enfrentamiento con los horrores del holocausto y la impotencia de muchos para actuar contra aquellas atrocidades dejaron una Europa dividida y aturdida. ¿Cómo se explica que nuestros países, cuya civilización y cultura están basadas en valores y tradiciones judeocristianas, fueran escenario de tal exterminio masivo, precisamente del pueblo judío?
El campo de concentración de Auschwitz, última morada de millones de judíos, es a la vez un monumento conmemorativo y una advertencia. Puede mostrar a la juventud lo que han sido en nuestra historia las consecuencias del racismo, del antisemitismo y de la xenofobia. En ese lugar pueden ser recordadas con respeto y consideración las innumerables víctimas del régimen totalitario nazi.
Hablo también en nombre de los demás diputados de mi Grupo cuando digo que nos han consternado los acontecimientos que se han producido últimamente en las inmediaciones de Auschwitz. Condenamos con toda energía los absurdos planes de las autoridades locales de construir un supermercado en el emplazamiento del antiguo campo de concentración y el agravio que supone la manifestación de un grupo neonazi en el propio recinto.
El Gobierno polaco no se opuso a los planes comerciales de las autoridades locales hasta escuchar la protesta del Presidente del país y de diversas organizaciones. ¿Puede el Comisario confirmar la noticia de que el Gobierno polaco ha decidido paralizar definitivamente la construcción de un centro comercial en el emplazamiento del antiguo campo de concentración? La policía no intervino durante la manifestación del grupo neonazi liderado por Tejkowski, y el Gobierno, presionado por las protestas, tardó tres días en dar una respuesta. En toda Polonia fueron pocas las reacciones a dicha manifestación. Tan sólo un periódico liberal publicó una noticia directa, en la que se señalaba el horror causado por la acción de este insignificante grupo neonazi, aunque apenas constituya una amenaza para la democracia polaca. En cambio, en opinión de dicho periódico, sí es preocupante que los demócratas no salgan a la calle para protestar contra el antisemitismo y el racismo. Según el mismo diario, el grupo neonazi de Tejkowski manifiesta su presencia, mientras que nosotros, ¿dónde estamos nosotros?
Compartimos esta preocupación por la actitud del Gobierno polaco y quisiéramos extender la pregunta a nuestros países. Es una pregunta que debemos plantearnos todos y que hemos de plantear al Gobierno polaco. La horrible verdad de nuestra historia así lo exige. El racismo, el antisemitismo y la xenofobia están presentes en todo el mundo y hemos de actuar. Ahora bien, ¿dónde estamos?

Provan
Señora Presidenta, este Parlamento tiene un profundo sentimiento de ultraje moral por lo que ha sucedido en Auschwitz. Solamente en abril del año pasado conmemoramos -no sé si es esta la palabra adecuada- el 50º aniversario de la clausura de ese campo de concentración y su liberación. Hoy nos hallamos en una situación totalmente diferente: fanáticos de la extrema derecha hacen gala públicamente de su antisemitismo para tratar de demostrar al mundo que son ellos los que tienen el poder en sus manos y que están en condiciones de negar la historia.
Es moralmente imposible negar la historia. Tenemos una legítima oportunidad de recordar la historia de Europa y algunas de las verdaderas vicisitudes y tribulaciones por que han pasado los seres humanos, y la muerte de muchos millones de personas durante las guerras mundiales. Desde el punto de vista jurídico se puede comprender la actitud de la autoridad local, pero desde el punto de vista moral, lo que está tratando de hacer es un ultraje.
Nos consuela que el Presidente de Polonia y su Gobierno parezcan estar en conflicto con la autoridad local. Espero que nuestro Comisario, que todos respetamos y que todos sabemos que puede ejercer una influencia considerable, utilice su influencia en este caso para asegurarse de que podemos rendir homenaje a los sufrimientos humanos que ha habido, edificando un centro europeo que nos brinde a todos la posibilidad de aprender de la historia.

Piquet
Señora Presidenta, ante todo, deseo suscribir las palabras que aquí mismo han expresado mis colegas. Hace cincuenta años, los nazis intentaron destruir el campo de Auschwitz con el fin de borrar las huellas de sus atrocidades. Y cincuenta años más tarde, es decir, ahora mismo, unos jóvenes neonazis, que se declaran de la misma ideología, se manifiestan en el propio recinto del campo para intentar, una vez más, borrar el recuerdo de esas masacres.
Por supuesto, el grupo al que pertenezco, al igual que yo mismo, deseamos expresar nuestra más rotunda condena a esta manifestación neonazi, del mismo modo que deseamos también condenar cualquier iniciativa que atente contra el carácter simbólico de Auschwitz, y, por supuesto, condenamos igualmente el proyecto de construcción de un centro comercial.
Pensamos, señora Presidenta, que es inaceptable la autorización de esta manifestación por parte de las autoridades polacas. Y creo que es más preocupante porque se ve acompañada por un resurgimiento del racismo y del antisemitismo en Polonia.
Precisamente por ello me alegro de que nuestro Parlamento considere que es necesario mantener viva la memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi. Y creo que para contribuir a ello, los gobiernos de todos los países de Europa deberían reforzar de nuevo su legislación contra el racismo y el antisemitismo, de la misma forma que la organización del Año Europeo contra el racismo, en 1997, debería llevarnos a fomentar nuevas acciones.
Para concluir, quisiera exhortar a las instituciones europeas, y principalmente a la Comisión, a continuar su acción encaminada a contribuir al desarrollo de iniciativas comunitarias y nacionales que garantice la protección de los campos de concentración nazis como monumentos históricos, tal como recomendaba nuestra resolución votada el 11 de febrero de 1992 por una gran mayoría.

Vieira
Señora Presidenta, intervengo en nombre del Sr. Donnay que se encuentra ausente.
Y lo hago con cierta emoción, pero también con cierta indignación. No podemos ni debemos olvidar, tan sólo unos lustros más tarde, las atrocidades que acarreó la Segunda Guerra Mundial. Y ocurre que en el momento actual está prevista la construcción de un supermercado en Auschwitz, en el mismo lugar donde se encontraba situado el tristemente célebre campo de exterminio. Sin duda es un ultraje a la memoria de un millón de hombres, mujeres y niños que fueron masacrados en este lugar en nombre de la locura ideológica de unos pocos.
Pero lo que más me indigna, señora Presidenta, es la manifestación organizada por jóvenes ultras neonazis en este lugar, que debería estar dedicado a la memoria y a la meditación por el millón de víctimas exterminadas allí mismo.
No puedo aceptar la trivialización de este tipo de actos, pues nos incumbe a todos mantener la memoria colectiva para que acontecimientos como éstos no vuelvan a repetirse jamás. Por tanto apoyaremos el texto de la resolución presentada por todos los grupos.

Amadeo
Señora Presidenta, el Grupo de Alianza Nacional se suma a la indignación provocada por la violación del antiguo campo de concentración de Auschwitz por parte de fanáticos que propugnan el odio racial y los impresentables revisionismos históricos.
Nos preguntamos cómo ha sido posible que las autoridades polacas hayan podido autorizar tales manifestaciones desconcertantes y consideramos que la Unión Europea debe hacer cuanto esté en su mano para que no vuelvan a repetirse episodios de ese tipo.
En el momento en que las contraposiciones entre las religiones se van desvaneciendo y el Pontífice romano lanza de nuevo el diálogo y la comprensión entre las distintas fes religiosas, es mucho más necesario bloquear de raíz todo aquello que pueda hacer retroceder el reloj de la historia.
El Grupo de Alianza Nacional comparte el contenido de la resolución común y, por lo tanto, la votará; desea también que esos lugares, que fueron testigos de horrores, se mantengan en su integridad, para el respeto de los muertos y como advertencia para los europeos de mañana.
Deseamos asimismo que también los lugares donde se manifestó la barbarie estalinista y donde fueron aniquilados, física y moralmente, los opositores del marxismo-leninismo entren en la memoria colectiva de los pueblos europeos.

Schreiner
Señora Presidenta, hoy se ha mencionado en varias ocasiones que los disturbios y manifestaciones de cientos de radicales de derechas y skinheads en Auschwitz, han tenido lugar con el consentimiento de las autoridades regionales polacas. Para mí es incomprensible y condenable. La declaración del jefe de la administración competente de que se eligió el mal menor, ya que en caso de prohibirse la manifestación de los radicales de derechas habría que temer unos desórdenes aún mayores, no es realmente una justificación suficiente. Esto es aún más alarmante, ya que Polonia es gobernada actualmente por un Presidente poscomunista, el Sr. Kwasniewski. Precisamente en este país y con este Gobierno no me esperaba esto.
Hay que exigir que en los alrededores de todos los campos de concentración y lugares conmemorativos que recuerdan la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y también en las tumbas de los caídos se introduzca una zona en la que esté prohibido manifestarse. El respeto por los muertos y el recuerdo de esta barbarie son bienes morales de mayor valor que el derecho democrático a manifestarse. Todos los órganos de la Unión Europea deben intervenir ante los Gobiernos de los Estados miembros para que se aplique una prohibición de manifestación de este tipo. Esto es aplicable, ante todo, a los países de la Europa central y oriental que desean ingresar, en los que se encuentran situados muchos de esos lugares conmemorativos. Manifestaciones de este tipo ante un monumento de la humanidad deben condenarse del modo más decidido.

Van den Broek
Señora Presidenta, las manifestaciones racistas son censurables: debemos referirnos a ellas con espanto y, a ser posible, prevenirlas. Pero si además se desarrollan en las inmediaciones del más importante campo de exterminio nazi, son ya una ostentación flagrante de insensibilidad y, peor aún, demuestran el desconocimiento de un hecho que debe ser lamentado y condenado por toda persona con capacidad de raciocinio.
La oposición a las manifestaciones neonazis, como la que se celebró en Auschwitz recientemente, forma parte del esfuerzo constante necesario para sensibilizar a los jóvenes respecto a los horrores del holocausto, resultado de una ideología nazi racista. Aunque no se trate de una tarea fácil, debemos comprometernos a ella.
Señora Presidenta, su Parlamento sabe que el año 1997 ha sido designado año europeo contra el racismo y la xenofobia, y que durante ese año se aprovecharán todas las ocasiones para dar a conocer nuestra preocupación y nuestros objetivos comunes en este ámbito, sobre todo en Polonia.
Señora Presidenta, acaban de entregarme una carta dirigida al Centro de Información y Documentación de Israel en La Haya, que responde a una nota que dicho centro remitió al Gobierno polaco y en la que manifestó su protesta contra la situación de Auschwitz. No he tenido ocasión de ponerme en contacto con el CIDI pero, teniendo en cuenta que se trata de una carta remitida en nombre del Gobierno polaco, supongo que podré mencionar aquí su contenido.
En una carta fechada el 11 de abril, el embajador polaco escribe al CIDI: »Tal y como usted sabe, la manifestación racista de Auschwitz ha provocado una gran conmoción en Polonia. Mi Gobierno -escribe el embajador- la ha condenado enérgicamente y ha anunciado la adopción de medidas para prevenir en el futuro esta clase de actos, así como el allanamiento del antiguo campo de concentración de Auschwitz. Paralelamente, se ha puesto en marcha una investigación para determinar el alcance de los acontecimientos y la responsabilidad de las autoridades regionales. Estoy de acuerdo con Usted -continúa el embajador- en que este tipo de terribles acontecimientos no deberían suceder en mi país ni en ningún otro lugar del mundo. Estoy plenamente convencido de que mi Gobierno hará verdaderos esfuerzos para tomar medidas oportunas y eficaces con el fin de prevenir tales expresiones de antisemitismo y cualquier otra forma de racismo en el futuro. Además, aprovecho la oportunidad para confirmar que la decisión del Gobierno polaco de paralizar la construcción de un centro comercial en el emplazamiento del antiguo campo de concentración de Auschwitz es definitiva».
Para finalizar, el Sr. embajador expresa la esperanza de que la marcha por la vida que tendrá lugar el próximo 16 de abril en Polonia contribuya a conservar para siempre el recuerdo de lo sucedido en el gueto de Varsovia, en Treblinka y en Auschwitz, y para que nunca se olvide su significado.
Señora Presidenta, espero que el Gobierno polaco, cuyas ideas y proyectos, a mi entender, se expresan en las palabras del Sr. embajador, logre evitar, en efecto, que esta clase de manifestaciones vuelvan a producirse, y que estos monumentos de miseria, sufrimiento y tragedia humana sean siempre un signo para la juventud y una advertencia de las consecuencias que puede tener una ideología nazi y racista.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0498/96 del Sr. Fassa y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, sobre la situación en Liberia; -B4-0510/96 del Sr. Pradier, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la situación en Liberia; -B4-0523/96 de la Sra. Aelvoet y el Sr. Teklkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la situación en Liberia; -B4-0527/96 del Sr. Newens y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los derechos humanos y la situación en Liberia; -B4-0530/96 del Sr. Schwaiger y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la situación en Liberia; -B4-0532/96 del Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la situación en Liberia; -B4-0541/96 del Sr. Pettinari y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre la situación en Liberia.
Fassa
Señora Presidenta, una vez más nos encontramos ante la necesidad de una toma de posición por parte del Parlamento Europeo con respecto a los gravísimos episodios que afligen a un país africano. La presente situación se agrava por el hecho de que los desórdenes públicos afectan a Liberia, uno de los más antiguos Estados africanos independientes, al menos si pensamos en sus orígenes históricos.
Me parece que de todos los puntos de la resolución que, con esta intervención mía, vengo a apoyar en nombre del Grupo de los Liberales, al menos dos son dignos de la máxima atención por parte del Parlamento Europeo y de los demás organismos comunitarios. El primero se refiere a los miles de niños soldados liberianos, que necesitan reintegrarse en la sociedad civil a través de la escuela, la formación profesional y, en caso necesario, la asistencia psiquiátrica. El segundo concierne a los cientos de miles de refugiados liberianos en Côte d'Ivoire, Guinea-Conakry y Sierra Leona, que, a la espera de que se aclare la situación, lo que desgraciadamente parece que tardará todavía, necesitan ayudas humanitarias de todos, pero en particular de la Unión Europea.

Pradier
Señora Presidenta, Señorías, es verdaderamente lamentable la situación de permanente zozobra en la que se ve sumido este país desde hace varios años, encontrándose desgarrado por más de media docena de facciones, que se disputan las ruinas, después del naufragio del Estado, destrozado por la pérdida de vidas humanas y bienes materiales. Por todas partes reina el caos y se puede ver cómo grupos de jóvenes adolescentes, borrachos de droga y alcohol, reclutados por los jefes de los distintos clanes, se entregan a las masacres y al saqueo.
Es seguro que el Estado ya no podrá ayudarnos en esta situación. Sólo podrá hacerlo una fuerza armada, equipada adecuadamente, dirigida y entrenada convenientemente y que realice labores de interposición o de mantenimiento del orden. No podemos huir de esta situación y debemos tener la valentía de decirlo abiertamente.

Aelvoet
Señora Presidenta, lo que está sucediendo en Liberia es, en el fondo, un ejemplo de lo que ocurre cuando un país desaparece y los pueblos quedan abandonados a su suerte, a merced de facciones que rivalizan por el poder.
Obviamente, salta a la vista que los esfuerzos internacionales desplegados, en mayor o menor medida, no han logrado llevar por ahora a una situación sostenible: las treguas son violadas sistemáticamente y continúan los secuestros. Ya se ha incumplido el último alto el fuego del 12 de abril.
En todo caso, la comunidad internacional tampoco está libre de culpa. Los esfuerzos se relajan cuando lo que está en juego son vidas humanas y no intereses económicos.
Por lo tanto, queremos defender el reforzamiento de la fuerza de interposición africana y un control más riguroso sobre el suministro de armas, ya que su libre circulación provoca estas horribles guerras que al final nadie puede controlar.

Newens
Señora Presidenta, el reciente resurgimiento de las intensas luchas en Monrovia, capital de Liberia, puede conducir a una nueva catástrofe humana de enormes proporciones, a no ser que se les ponga término rápidamente. En el curso de una cruel guerra civil que ha durado seis años, unas 150.000 personas han perdido la vida y la mayoría de la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. En esas circunstancias, en las que gran número de refugiados no han podido alejarse de las zonas de combate y carecen de medios independientes de ayuda, el número de víctimas potenciales de las luchas es enorme. Muchas de esas personas sufren ya de desnutrición y padecen enfermedades, y es indispensable que ejerzamos toda la presión posible sobre las partes en el conflicto para que cese la lucha y se reinstaure el acuerdo de paz de Abuja.
Condenamos sin reservas los crueles crímenes cometidos y la toma de rehenes en esta nueva fase de hostilidades. La necesidad de ayuda humanitaria es inmensa y no solamente existe en Liberia, sino en muchos países vecinos en los que se han refugiado millares de ciudadanos de Liberia que han huido de su país temiendo por su vida. La Unión Europea, con los organismos de las Naciones Unidas y otros donantes internacionales, tiene que hacer todo lo que pueda para ayudar a proporcionar y entregar los suministros necesarios.
Hay que desplegar también nuevos esfuerzos para evitar el suministro de armas y para instaurar el embargo aprobado por las Naciones Unidas. Es una verdadera pena que un país concebido como hogar para los esclavos liberados se haya convertido en un verdadero infierno. Tenemos que insistir en que haya no solamente paz seguida por elecciones y por la institución de un gobierno estable, sino para que continúe la ayuda y se ponga término a las políticas de ajuste estratégico que han producido crisis y el colapso en varios Estados africanos.

Maij-Weggen
Señora Presidenta, es la enésima vez que se reanuda la guerra civil en Liberia. Las diferentes facciones son responsables nada menos que de 150.000 víctimas desde que en 1989, hace siete años, se inició el conflicto. Soldados de las milicias y un número aún mayor de civiles han perdido la vida. En agosto del año pasado, las siete facciones rivales firmaron el alto el fuego y se comprometieron a desarmar sus milicias y a preparar la celebración de elecciones democráticas, a más tardar, en agosto de 1996. No se han interrumpido los combates, y las facciones parecen estar cada vez más divididas. El pasado 6 de abril se reanudaron las hostilidades cuando la policía pretendía detener a uno de los jefes militares, Roosvelt Johnson, por su feo papel en todo el conflicto. De hecho, uno se pregunta si no sería conveniente encarcelar a todos los líderes que promueven, una y otra vez, la reanudación de esta guerra.
Desde que se inició el conflicto, la situación del país no ha cesado de deteriorarse. Hay hambre, el número de refugiados asciende a 100.000, la situación sanitaria y educativa ha empeorado notablemente y el país se sume en una espiral dañina y nefasta. La cuestión es qué se debe hacer. A mi juicio, en primer lugar, debemos dar nuestro apoyo a la fuerza interafricana de interposición en Liberia, la ECOMOG, la cual, por otra parte, debería disponer de un margen para desarmar, encarcelar y, si procede, rehabilitar y reeducar cuanto antes a los niños soldados que deambulan como adolescentes drogados y se dedican a disparar, robar y saquear.
Todo el mundo es consciente de que hay que hacer algo en este país y de que Europa no puede quedarse al margen. La pregunta que dirijo al Comisario es: ¿qué debe hacer Europa al respecto? Tal y como uno de sus Señorías ha planteado muy oportunamente, no se trata de Kuwait. No tenemos grandes intereses económicos en Liberia, pero, eso sí, se está fraguando una tragedia. Una tragedia más en Africa.

Pettinari
La dramática situación que está viviendo Liberia exige a Europa que lance una iniciativa política inmediata para inducir a las partes en conflicto a deponer las armas y a reactivar el proceso de reconstrucción material y económica del país. En efecto, aquí la paz pasa ante todo por un apoyo convencido a las instituciones creadas por los acuerdos de paz de Abuja, de 20 de agosto de 1995, que siguen siendo el único marco legal nacional e internacional que puede permitir a Liberia recuperar la vía del desarrollo.
Por eso es necesario que la Unión Europea apoye al Consejo de Estado y al Gobierno provisional, surgidos precisamente de aquellos acuerdos, que reactive la cooperación económica y el desarrollo, a través de esos nuevos organismos representativos, para que puedan organizarse elecciones nuevas y libres y para que la población civil pueda volver a sus pueblos.
Mi Grupo está convencido de que la comunidad internacional debe asignar a ECOMOG la tarea de desarmar a las facciones, de desplegar sus tropas en la capital Monrovia y en todo el país.
En efecto, creemos que la Unión Europea debería pedir a la Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental que refuerce la presencia internacional en Liberia, ya que se trata también de controlar que se respete el embargo sobre las armas, decretado en 1992 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque parece que en Liberia falta de todo, pero desde luego las armas no faltan. No podemos permanecer indiferentes ante la agonía de todo un país y de un pueblo.
La Unión Europea es la única institución internacional que hoy puede contribuir a la creación de las condiciones de estabilidad y de paz en ese país. Ahora que han sido evacuados muchos residentes europeos y americanos, se corre el riesgo de no hablar más de la guerra en Liberia, cuando permanece intacta la urgencia de una intervención política y diplomática. Por lo tanto, deseo que la Presidencia italiana del Consejo, en consulta con las Naciones Unidas y ECOMOG, produzca iniciativas políticas, para que se llegue a un serio y respetado alto el fuego y a un programa de cooperación económica con las nuevas y débiles autoridades de Liberia.

Cabezón Alonso
Señora Presidenta, de nuevo la violencia, la guerra civil y la muerte en un país africano; y de nuevo miles de refugiados, de desplazados y de rehenes. Liberia es noticia en la prensa internacional porque su tragedia, su proceso de autodestrucción, ha vuelto a ser actualidad. La población africana no se merece tanto sufrimiento, tanta muerte acumulada y sin sentido. África no se merece la condena del olvido, la condena de la falta de esperanza, la condena del hambre y de la miseria. África y sus habitantes no se merecen gobiernos corruptos que organizan farsas electorales para perpetuarse en el poder, no se merecen dictadores asesinos enriquecidos a base de empobrecer a sus pueblos. Y África y sus ciudadanos no se merecen que nuestro mundo desarrollado asista, entre impasible y asustado, a la agonía de un continente que, con algunas excepciones, se hunde cada vez más en el subdesarrollo y en la injusticia.
Liberia es la imagen última de una tragedia colectiva que no parece tener fin, y no podemos ser ajenos a todo ello. No podemos asistir pasivos a la destrucción, no de un país, casi de un continente, porque también nosotros pagaremos las consecuencias de tanto horror. Si no se actúa, a los nombres de Ruanda, de Burundi, hoy de Liberia, habrá que añadir algunos más. El Convenio de Lomé debe actuar, y con rigor. Pienso que el Convenio de Lomé es mucho más que un observatorio; debe ser también un instrumento activo, de prevención y de acción. Sólo en ese marco del Convenio de Lomé, reiterando la Resolución de las Naciones Unidas, exigiendo el respeto al embargo de armas a Liberia, reafirmando los acuerdos de paz de Abuja -en agosto de 1995- y con una decisiva, responsable y rigurosa acción de la Organización para la Unidad Africana, se puede pensar en comenzar a reconstruir lo que fue un país llamado Liberia.

Günther
Señora Presidenta, en algunas intervenciones de los colegas ya se ha indicado que nos impresiona de modo especial que precisamente la democracia más antigua de Africa, que a pesar de unas condiciones de partida muy desfavorables en el siglo pasado, logró ser, por así decirlo, un ejemplo de desarrollo, se encuentre inmersa en tales dificultades. Vemos que esta larga tradición democrática no ha reducido necesariamente el umbral de inhibición para cometer actos violentos. Algunos colegas han llamado ya la atención sobre la problemática de los jóvenes dentro de organizaciones militares. Lo que casi asusta aún más es el hecho de que de estos grupos se han formado bandas independientes de jóvenes que actúan violentamente sin ninguna consideración y que nadie puede meter en cintura. Especialmente grave en este contexto es la información que se puede ver en la prensa de hoy de que la televisión -y aquí se menciona una cadena americana que opera en todo el mundo-, mediante ejemplos para transformar vehículos auxiliares en vehículos de combate, en cierto modo, ha dado lecciones de cómo se puede actuar con tales medios al margen de todo derecho y toda ley.
Exigimos que se mantenga el embargo de armas pero, por otro lado, tenemos también que ver que existe un animado mercado negro al que le importa un bledo si aprobamos la enésima resolución, por la que exigimos dicho embargo. La resolución que defendemos conjuntamente constata que es urgentemente necesaria ayuda para la población, pero también indica lo difícil que es concederla por el momento. Ante este trasfondo, deberíamos recapacitar cómo podemos lograr que los equipos de ayuda estén en situación de defenderse a si mismos y a sus instalaciones, para que no caigan además ellos mismos víctimas del populacho.

André-Léonard
Señora Presidenta, una semana después del repentino estallido de violencia en Monrovia, la capital ofrece un espectáculo desolador que aumenta de día en día. Es absolutamente necesario condenar actos de violencia como los que se están cometiendo, máxime cuando sus autores son, en muchos casos, adolescentes armados. La triste realidad está compuesta por una larga lista de coacciones, matanzas, violaciones, pillajes y saqueos de viviendas urbanas. Sin embargo, Monrovia vivía en una relativa calma desde 1993, y no había conocido una destrucción semejante en seis años de guerra civil. ¿Qué ha pasado entonces?
Excluido del poder al haber sido acusado de asesinato, Roosevelt Jhonson, jefe de la etnia Khran, provocó una reacción que inmediatamente se convirtió en guerrilla urbana. Los rebeldes Khran han retenido secuestrados a unos seiscientos civiles, utilizándolos como escudos humanos.
Los Estados Unidos, que mantienen lazos históricos tradicionales con Liberia, han organizado la evacuación de los extranjeros a golpe de millones de dólares. La respuesta americana ha constituido un verdadero derroche de medios, con cinco mil soldados americanos en el país.
Como consecuencia de la extrema violencia de los últimos días y en ausencia de una autoridad real, todas las ONG, incluidas la Cruz Roja Internacional y MSF se han visto obligadas a abandonar su puesto. Han comprendido que no podían hacer nada más y que los rebeldes no respetaban a nadie. La situación actual es desastrosa y nosotros solicitamos insistentemente a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen una ayuda humanitaria eficaz, pues la población está padeciendo con mucha crudeza el hambre y las efermedades, sobre todo el cólera.
Es absolutamente urgente que el Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que el Consejo de la Unión Europea, tomen la decisión de emprender una acción en favor de la reconciliación del país con el fin de favorecer la paz.

Van den Broek
Señora Presidenta, el deterioro acelerado de la crisis de Liberia tiene, como sabemos, consecuencias trágicas para la población civil. Por tanto, la Comisión Europea comparte íntegramente la preocupación y el temor de esta Asamblea, sobre todo por lo que respecta a la situación humanitaria en el país. Habíamos puesto grandes esperanzas en el acuerdo de paz de Abuja, firmado en agosto de 1995 por los líderes de las principales facciones. Dicho acuerdo preveía el establecimiento de un gobierno de transición integrado por representantes de todas las facciones. Sin embargo, la exclusión de la Ulimo, dirigida por Roosvelt Johnson, de importantes cargos de gobierno y el incumplimiento de las disposiciones de desarme y desmovilización previstas en el acuerdo han ido activando progresivamente una nueva bomba de relojería. Miles de combatientes armados han entrado, junto con los líderes de las facciones, en Monrovia.
En este contexto, el intento de detener a Johnson el pasado 5 de abril tuvo más que ver con la política de las facciones que con la justicia. Sus combatientes se opusieron a la detención y, en pocas horas, la situación se había desbordado por completo. Centenares de miles de ciudadanos emprendieron la huida a causa de los combates y la mayor parte de las empresas y viviendas de Monrovia fueron desvalijadas. Si no se restablece pronto la paz en la ciudad, cabe temer que la situación, ya de por sí preocupante, desemboque en una catástrofe mucho mayor.
Uno de los muchos aspectos críticos de la despiadada violencia de los últimos seis días han sido los ataques dirigidos contra las organizaciones humanitarias. Numerosas personas relacionadas con estas organizaciones han sido gravemente hostigadas y sus oficinas y viviendas, desvalijadas. La oficina de las Naciones Unidas ha sido totalmente saqueada. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales han perdido sus equipos y vehículos. La mayor parte del personal extranjero ha sido evacuado.
Ejerciendo una presión constante sobre todas las partes, se ha evitado, por el momento, el saqueo de la oficina de coordinación de la ayuda de la Comisión Europea en Monrovia, en la que sigue trabajando un pequeño grupo de personas imprescindibles. Es sumamente importante que esta oficina siga funcionando, ya que son muchos los que dependen del suministro de agua procedente de un proyecto hidráulico de la Unión Europea. Si la situación no mejora en los próximos días, también la Comisión se verá obligada a proceder a la evacuación.
La Comisión se ha puesto en contacto con sus interlocutores de las ONG y de las Naciones Unidas para estudiar un posible programa de emergencia. Ha convocado para el 23 de abril, en Bruselas, una reunión con los representantes de las principales organizaciones que realizan o realizaban actividades en Liberia.
La Comisión insiste una vez más en que está dispuesta a dar una respuesta adecuada a las peticiones de ayuda humanitaria y en que seguirá de cerca la situación. Por otra parte, la Comisión llama la atención del Parlamento sobre la declaración de la Presidencia, del pasado día 11 de abril, relativa a Liberia, en la que se condena enérgicamente el estallido de la violencia y se hace un llamamiento a los miembros de las distintas facciones para que mantengan bajo control a sus partidarios. En la declaración se subraya asimismo que el acuerdo de Abuja sigue ofreciendo la mejor esperanza de paz. Huelga decir que el Consejo y la Comisión apoyan firme y sinceramente los posteriores esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para que se vuelva a respetar el acuerdo firmado.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
China-Tíbet
B4-0514/96 de la Sra. Larive y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la necesidad de diálogo entre China y el Tíbet; -B4-0520/96 de la Sra. Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, acerca de la resolución sobre China (Tíbet) en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sobre la posición de los países de la UE; -B4-0525/96 del Sr. Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la resolución China/Tíbet en la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sobre la posición de los países de la UE.Malasia
B4-0496/96 del Sr. Eisma y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la presa de Bakun; -B4-0500/96 de la Sra. Pollack, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre los derechos de los pueblos indígenas y la presa de Bakun; -B4-0522/96 del Sr. Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la central hidroeléctrica de Bakun; -B4-0551/96 de la Sra. González Álvarez en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos de los pueblos indígenas y la presa de Bakun.Colombia
B4-0546/96 del Sr. Carnero y otros en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Colombia.Marruecos
B4-0542/96 del Sr. Elmalan y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica, sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.Patrick Kelly
B4-0497/96 del Sr. Cox, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la solicitud de traslado del prisionero republicano, Patrick Kelly, de la prisión de Maghaberry, en Irlanda del Norte, a una prisión de la República de Irlanda; -B4-0503/96 de la Sra. Malone, en nombre del Grupo de los Socialistas Europeos, sobre Patrick Kelly, detenido en la prisión de Maghaberry, en Irlanda del Norte, y gravemente enfermo; -B4-0508/96 de la Sra. Ewing y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre el destino del Sr. Kelly, prisionero político en Irlanda del Norte y gravemente enfermo; -B4-0515/96 del Sr. Collins y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre el mantenimiento de Patrick Kelly en prisión en Irlanda del Norte; -B4-0521/96 del Sr. McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre Patrick Kelly, un prisionero político, gravemente enfermo, prisionero en Irlanda del Norte; -B4-0538/96 de la Sra. Banotti y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el traslado del Sr. Kelly a la prisión de Portlaoise.
Larive
Señora Presidenta, me alegra que, pese a la oposición de los demócratas cristianos europeos, se haya incluido el Tíbet en el orden del día de hoy. Precisamente hoy, día en que la delegación china del Parlamento Europeo se reúne con el Asian European Parliamentary Partnership, es muy conveniente que demos una señal política e insistamos ante los delegados chinos en que el diálogo y la cooperación constructivos con el pueblo tibetano son una necesidad urgente.
Todo esto es necesario porque recientes informes señalan que la situación del pueblo tibetano sigue empeorando y que hay ahora más presos políticos que en los últimos seis años. Es más, la constante negativa de China a iniciar un diálogo con el Tíbet perjudica también a las relaciones entre la Unión Europea y la República Popular de China.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas se congratula por la decisión de la Unión Europea de presentar a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una resolución sobre la situación en China y en el Tíbet. Por otra parte, pedimos encarecidamente a nuestros Estados Miembros que reúnan el máximo apoyo posible; por ejemplo, contamos con Rusia, Ucrania, Brasil y Chile y debemos seguir el mismo rumbo que los Estados Unidos de América. Les pedimos asimismo que organicen un debate profundo y exhaustivo previo a la votación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No debe asustarnos plantear cuestiones tales como el encarcelamiento de Wei Jinseng, la desaparición del Panchen Lama, la situación en los orfanatos chinos, la pena de muerte, la continua política demográfica en el Tíbet que continúa aplicando la China continental y la deplorable situación del pueblo tibetano en general.
Señora Presidenta, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas solicitará más adelante una votación nominal, y confiamos en que en ella se deje oír la voz de la conciencia y no la del oportunismo y la autocensura. Espero y confío en que mañana, en La Haya, el ministro de Asuntos Exteriores holandés esté dispuesto a entregar nuestra resolución en presencia del ministro de Asuntos Exteriores chino, Quin Quichen.

Hautala
Señora Presidenta, desgraciadamente parece que la avaricia gana terreno en las relaciones entre los Estados de la Unión Europea y China. Por ejemplo, el Presidente de Finlandia se encuentra actualmente en China acompañado por una delegación comercial compuesta por 80 miembros. Desde mi punto de vista, esta visita resulta absolutamente inaceptable habida cuenta de que la situación de los derechos humanos en China no ha registrado el mínimo progreso.
Por lo que respecta a las relaciones entre China y el Tíbet, no solamente no parece que se haya registrado mejora alguna sino todo lo contrario. El genocidio que viene teniendo lugar desde hace 40 años continúa a todo ritmo, y representa un deber del Parlamento Europeo recordar permanentemente a los Estados miembros, al Consejo y a la Comisión esta horrible tragedia. Me congratulo por el hecho de que haya miembros en el Parlamento y en la Delegación para las relaciones con la República Popular de China que piensan abordar con determinación no sólo la situación general de los derechos humanos en China, sino también la tragedia del Tíbet. Debemos tener siempre bien presente este asunto. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe aprobar una declaración en la que se defiendan los derechos humanos en China y, también, la situación en el Tíbet.

Dupuis
Señora Presidenta, Señorías, señor Comisario, el texto de la resolución que finalmente ha presentado la Unión Europea a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra es tan suave que apenas sí condena a las autoridades chinas y tan sólo llega a esbozar la trágica cuestión del Tíbet.
Probablemente el texto se debe a un ataque de mala conciencia por parte de la Unión ante la visita del Sr. Li Peng a Francia. Este débil sobresalto de dignidad no sería, sin embargo, más que una coartada si la Unión no se compromete con determinación a convencer al mayor número de Estados a votar afirmativamente con ella esta resolución, aunque todo parece indicar lo contrario. Por ello es importante que la votación sea mayoritariamente a favor, con el fin de recordar a la Unión y a los Gobiernos de los Estados miembros que los principios en los que basan su legitimidad les obligan a mostrar firmeza en todo lo que afecte a los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

Eisma
Señora Presidenta, permítame hacer algunas observaciones sobre la central hidroeléctrica de Bakun, en Malasia Oriental. Parece ser que algo va mal en la tan controvertida presa, y eso nos preocupa. Nos preocupa que, por efecto de su construcción, se destruya la selva tropical y se violen los derechos de las comunidades autóctonas. No es la primera vez que debatimos esta cuestión. En 1988 y 1993 ya adoptamos algunas resoluciones, aunque desde entonces han surgido otras cuestiones. La pérdida de biodiversidad derivada de la roturación de grandes superficies de selva tropical es una realidad y las evaluaciones del impacto ambiental no cuadran. Por esa razón, pedimos a la Comisión que vigile muy de cerca este asunto y que continúe investigando el enorme impacto ambiental de la presa. No voy a referirme a todas las peticiones que hemos presentado. Espero que el Comisario Van den Broek comparta nuestra actitud crítica respecto a la central hidroeléctrica y que tome las medidas adecuadas.

Pollack
Señora Presidenta, el pantano de Bakunes es una catástrofe ecológica y social: es un enorme proyecto hidroeléctrico que inundará 70.000 hectáreas de bosques tropicales de Sarawak y que obligará a abandonar sus hogares a 7.000 agricultores locales que viven en un nivel de subsistencia. Se ha previsto el tendido de cables submarinos para llevar la energía eléctrica a Malasia peninsular y nadie tiene la seguridad de que todo esto sea realmente necesario.
En vista de las extensas protestas que hubo en el decenio de 1980, el proyecto fue abandonado en 1990 y el propio Primer Ministro de Malasia dijo al mundo que esa decisión era una prueba de que Malasia se preocupa del medio ambiente. Ahora bien, en 1992 se desenterró el proyecto, lo que pone seriamente en duda la voluntad de Malasia de administrar sus selvas de forma sostenible.
Afortunadamente Malasia no utiliza fondos de la Unión Europea. La finalidad de la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros es insistir para que los inversionistas europeos, las empresas de construcción y los organismos mundiales se retiren del proyecto. La resolución es mucho más detallada de lo que podríamos tratar en el breve tiempo de palabra de que disponemos, pero la recomiendo sin reservas al Parlamento.

Telkämper
Señora Presidenta, cuando hace veinte años trabajé en Malasia durante algún tiempo, existían graves temores de que se construyese la presa de Bakun. Entretanto, se han confirmado, se están realizando los desmontes y el proyecto de obra está en marcha, a pesar de que el Gobierno declaró en 1990 que quería renunciar a dicha presa por motivos medioambientales. Esta resolución la suspendió en 1993 y tenemos grandes temores de que se destruyan partes considerables de los bosques tropicales. Se trata de una superficie comparable al tamaño de Singapur. Tras los enfrentamientos que se han producido, tenemos grandes temores de que se produzcan violaciones de los derechos humanos. Nos preguntamos cuál es la situación de los derechos de las personas que viven en esta región. ¿Cómo se van a proteger sus derechos tradicionales que, en parte no están documentados por escrito? ¿Qué medidas de traslado de población y de protección existen allí?
Oímos que en Malasia existen considerables carencias en todos los lugares. Existen deficiencias en el procedimiento jurídico del control medioambiental. Se han determinado cuatro fases, no se han ejecutado aún todas y, a pesar de ello, se comienza a construir. Desde un punto de vista jrídico, esto es un procedimiento inaceptable. No se satisfacen en parte los derechos que asisten a las personas que viven en el territorio. Creo que la Comisión debe llamar la atención sobre este problema en las negociaciones con Malasia. No podemos aceptarlo así sin más.
Para finalizar, quiero indicar que tenemos que presionar a las empresas europeas y preguntarles qué ética tienen si trabajan en esta región, importan maderas tropicales y no respetan la biodiversidad ni los derechos humanos, como por ejemplo, la empresa Lahmeyer de Alemania. También las demás empresas europeas deben cesar en sus actividades allí.

González Álvarez
Señora Presidenta, debemos hablar del Sáhara de nuevo, de la defensa de los saharauis y de la defensa de su autodeterminación, de la necesidad de ese referéndum que tanto se va retrasando.
En la resolución que nosotros presentamos esta semana hablamos indirectamente de eso. Pero el apresamiento de una mujer de 24 años por manifestarse pacíficamente en favor de la autodeterminación de su pueblo, una mujer -tengo que leer su nombre, es Keltoum El Ouanat- que está condenada por un tribunal militar a 20 años sólo por manifestarse en defensa de su pueblo, nos trae a colación el reiterado retraso en el referéndum que debe hacerse ya en el Sáhara y que está bloqueado.
Las Resoluciones de las Naciones Unidas decían que, a finales de 1992, este referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui debía haberse terminado y aún estamos hoy discutiendo de ese tema.
Por lo tanto, las dos cosas están unidas: la defensa de la libertad de esta mujer de 24 años y el impulso que debe darse de una vez por todas, desde las instituciones, desde el Parlamento Europeo, a ese proceso que está bloqueado.
Por lo que respecta a Colombia también, desgraciadamente, tenemos que hablar de nuevo de los derechos humanos. En la última intervención que hicimos sobre Colombia, utilizamos una palabra que se repite hoy por todas aquellas personas que trabajan en favor de los derechos humanos en Latinoamérica: la impunidad. No sólo en Colombia, sino también en Bolivia y en otras regiones, desgraciadamente, de Latinoamérica, la impunidad es la palabra que se repite por los defensores de los derechos humanos.
En la resolución que hoy defendemos aquí se habla de nueve asesinatos más que nos tememos quedarán impunes, como los 94 que ha habido en estos últimos años. Y a Colombia no la asola solamente el narcotráfico y los asesinatos, sino también la situación de injusticia y pobreza que se mantiene y que da lugar a esto mismo.
Por lo tanto, nosotros decimos al Presidente Samper que no caiga en la tentación de aprobar la pena de muerte. Esta situación no debe llevarnos a aprobar una pena de muerte que sólo contribuiría a agravar la situación en este país, sino que le pedimos que se tomen medidas contra la impunidad, esa palabra que tantas veces, desgraciadamente, volveremos a repetir aquí.

Bertens
Señora Presidenta, la situación en Colombia empeora de día en día. No es nada nuevo: cualquiera puede leerlo en los periódicos, verlo en la televisión y escucharlo en la radio.
La polémica en torno al Presidente Samper está minando la autoridad del Gobierno, que se enfrenta a continuar matanzas. El Gobierno de Colombia debe utilizar todos los medios a su alcance para frenar la espiral de violencia, de violación de los derechos humanos y de debilitamiento del Estado de Derecho. Su máxima prioridad debe ser precisamente el restablecimiento del Estado de Derecho; la reinstauración de la pena de muerte y la declaración del estado de alerta se utilizan para cometer violaciones de los derechos humanos y no son una respuesta adecuada. Por el contrario, sólo estimularán una escalada aún mayor. En su lugar, el Gobierno debe poner a los responsables de estas matanzas en manos de la justicia y observar que las fuerzas de orden público respeten los derechos humanos.
Sólo mostrando su respeto por el Estado de Derecho, el Gobierno podrá convencer a los demás de que hagan lo mismo. Por último, señora Presidenta, a fin de apoyar los intentos de frenar la espiral de la violencia, es necesario que las Naciones Unidas designen un Relator Especial para Colombia. Hago un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea para que apoyen este nombramiento en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, naturalmente, ése es también el mensaje que deseo transmitir a nuestro estimado Comisario.

Malone
Señora Presidenta, me referiré a la propuesta de resolución sobre Patrick Kelly, que se nos ha presentado en el marco de las cuestiones de derechos humanos. Patrick Kelly es un ciudadano irlandés que está preso en Irlanda del Norte y que está gravemente enfermo de cáncer.
La propuesta de resolución pide que se le traslade por razones humanitarias a la cárcel de Portlaoise, donde estará más cerca de su familia. El Sr. Kelly sólo ha visto a su hija de tres años unas cuantas veces desde que nació. A su familia le lleva once horas el viaje de ida y vuelta desde su casa hasta la prisión en la que se halla encarcelado actualmente. En virtud del Convenio sobre el traslado de personas condenadas, que todos los países europeos han ratificado, el Sr. Kelly tiene perfecto derecho a solicitar que se le traslade a una cárcel situada en la República de Irlanda. Ya ha presentado la solicitud, para poder pasar cerca de su familia el tiempo que le quede.
En vista de las disposiciones del Convenio y de que la salud del Sr. Kelly está empeorando rápidamente, pido en nombre del Grupo Socialista que se le traslade inmediatamente por razones de justicia y de decencia. Se suman a nuestra petición políticos de Irlanda del Norte y de la República de Irlanda, con inclusión de colegas del Partido Laborista Irlandés que han visitado al Sr. Kelly en numerosas ocasiones. La solicitud de traslado ha sido firmada por un 85 % de los diputados del Parlamento irlandés, entre ellos Dick Spring, Tanaísta y Ministro de Asuntos Exteriores.
Destacaré, para acabar, que no hay razones lógicas ni jurídicas que se opongan al traslado del Sr. Kelly a la cárcel de Portlaoise. Pido a todos los diputados de este Parlamento que apoyen la propuesta de resolución.

Hyland
Señora Presidenta, quisiera sumarme a lo que han dicho mis colegas irlandeses para solicitar que se traslade pronto a Patrick Kelly de la cárcel de Irlanda del Norte a una cárcel de la República de Irlanda. Me parece que hay fuertes razones humanitarias y de misericordia para la solicitud; razones que seguramente convencerán a las autoridades británicas de que le dejen trasladar a una cárcel cerca de su familia.
Patrick Kelly está gravemente enfermo y su salud sigue empeorando. Esta situación ha causado enormes penas y dificultades a su familia, que al visitarle no puede sino percatarse de su precario estado de salud.
El traslado del Sr. Kelly a una cárcel que pertenezca a la jurisdicción de la República de Irlanda sería sin duda alguna de gran beneficio para él y aliviaría mucho la congoja de su familia. Teniendo en cuenta todo lo antedicho, insto a las autoridades británicas a que, en un espíritu de compasión y humanitario, accedan a la solicitud del traslado del Sr. Kelly. El apoyo en favor de dicho traslado es cada vez mayor. Los partidos políticos de la República de Irlanda y de Irlanda del Norte no cejan en su apoyo. Espero que mis colegas británicos del Parlamento reconozcan la importancia de esta cuestión y presten también su apoyo.
Quisiera insistir también ante las autoridades británicas en que el Convenio sobre el traslado de personas condenadas ha sido ratificado por todos los países europeos, y que el Convenio permite el traslado en los casos en que la justificación sea de carácter humanitario. Me parece que es clarísimo que el caso de Patrick Kelly cumple los requisitos humanitarios exigidos.

McKenna
Señora Presidenta, me alegra muchísimo que esta propuesta de resolución esté hoy en nuestro orden del día. Gran Bretaña ha pasado por alto todos los llamamientos que se le han hecho, desde el norte y desde el sur, acerca del caso Kelly. Kelly es un preso de 44 años de edad que está gravemente enfermo. No me parece que sea buena cosa para el proceso de paz en Irlanda del Norte que se insista en la presente situación. El Secretario del Interior, Michael Howard, obraría ignominiosamente si se negase a trasladar a alguien que está gravemente enfermo.
Comparemos el duro trato que se le ha infligido a Patrick Kelly con el trato de que ha sido objeto el soldado Lee Clegg, paracaidista británico, a quien se le condenó por haber matado a una persona que le había quitado el coche para pasearse con él: después de cumplir dos años de su condena, se le puso en libertad. Es verdaderamente indignante que se trate a una persona de una manera y a otra persona de otra manera, particularmente si se tiene en cuenta que a Patrick Kelly se le condenó a 25 años por conspiración. No olvidemos que la conspiración no es un delito de por sí, sino solamente cuando se conspira para cometer un delito. Hay gente que tiene serias dudas acerca de este tipo de condena.
Además, durante más de un año se le negó tratamiento médico. Las autoridades británicas sabían muy bien que el cáncer de la piel que tenía Kelly podía manifestarse de nuevo. Solamente después de un año, y solamente después de los llamamientos hechos por el Gobierno irlandés, le pusieron en contacto con un cancerólogo. No debía habérsele tratado de esa manera: el coeficiente de curación en el caso de los melanomas es muy elevado. Es importantísimo que esto no vuelva a suceder en el futuro. Por eso hemos presentado dos enmiendas de la propuesta de resolución. Estimamos que su redacción no es suficientemente firme. Quisiéramos que se reconociera el hecho de que no se le dio el tratamiento médico que necesitaba, y que semejante cosa no debería suceder a ningún otro preso.
En segundo lugar, quisiéramos también que el Parlamento Europeo actuase con mucha más fuerza en relación con los delitos contra los derechos humanos en la Unión Europea. Hay mucho apoyo en favor de que el Parlamento Europeo envíe una delegación que englobe a todos los partidos para que visite a los reclusos de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte, y para que vea sobre el terreno las condiciones que imperan en las cárceles. Esta propuesta ha obtenido también el apoyo de muchos juristas que se ocupan de los derechos humanos y que trabajan en este tipo de casos.
No me parece que Gran Bretaña esté respetando sus responsabilidades en virtud del Convenio europeo sobre el traslado de personas condenadas, porque ese Convenio estipula el traslado de los presos por razones humanitarias. Patrick Kelly es un ejemplo único de lo que debe entenderse por razones humanitarias. Insto también al Parlamento a que vote en favor de nuestras dos enmiendas encaminadas a fortalecer el texto de la propuesta de resolución y a que, de una vez para siempre, se ocupe también de las violaciones de los derechos humanos en la Comunidad y no solamente en China, Tíbet y diferentes partes del mundo, sino aquí, en Europa, donde nuestra responsabilidad es primordial.

Banotti
Señora Presidenta, el Convenio sobre el traslado de personas condenadas está en vigor en toda Europa y se aplica extensamente. A todas las solicitudes entre Irlanda y el Reino Unido se las considera desde el punto de vista humanitario. Esta es una de las principales razones de que se presenten solicitudes de traslado.
Hay que tratar a los reclusos como lo que son, reclusos, y en poder de Patrick Kelly se encontró una cantidad considerable de explosivos. Ahora bien, también hay que permitirles que pasen sus condenas lo más cerca posible de sus familias. Si se confirman los temores que circulan acerca de la salud del Sr. Kelly, debería permitirse que este recluso pasara en adelante todo el tiempo que fuera posible cerca de su familia en County Laois. Esto se podría conseguir sea mediante un traslado a la jurisdicción irlandesa, que el Gobierno irlandés ha pedido repetidamente, sea por decisión de las autoridades británicas de ponerle en libertad por motivos de misericordia.
Cada caso de este tipo es un caso especial. La relación de Patrick Kelly con los sucesos de Irlanda del Norte hace que su posible traslado sea una cuestión más delicada que otras. Todo lo que puedo decir es que la consideración de este caso con ánimo favorable reviste enorme importancia en el contexto de nuestros continuos esfuerzos por mantener el proceso de paz en Irlanda del Norte. Incluso creo que la cuestión del traslado de reclusos es de importancia fundamental para el desarrollo de dicho proceso. El senador Michael también puso de relieve este aspecto de la cuestión en su informe.
Si queremos que las negociaciones previstas para el 10 de junio acaben con éxito, creo que el traslado del Sr. Kelly desempeñará un papel fundamental en el éxito y resultado de las conversaciones. Creo que es preciso ocuparse urgentemente del caso del Sr. Kelly tanto por sus posibles efectos perjudiciales para la confianza como por motivos fundamentalmente humanitarios.
Quisiera dar las gracias a todos los grupos políticos del Parlamento que han apoyado esta propuesta de resolución. Ahora bien, quisiera hacer una breve observación acerca de las dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes. Ya he indicado que estoy dispuesto a visitar a los reclusos en Inglaterra y que tengo mucho interés en hacerlo. No me parece que muchos diputados de este Parlamento puedan apoyar esas enmiendas, debido a la redacción que se les ha dado. Desgraciadamente, mi grupo no podrá apoyarlas, pero votará a favor de la resolución.

Van Bladel
Señora Presidenta, permítame volver por un instante a China. El mundo entero tiene la atención puesta en ese gran país y, sobre todo, en sus perspectivas de mercado. En el empeño por sacar el máximo provecho de las mismas, se cierran con gusto los ojos ante situaciones degradantes que a menudo han sido objeto de nuestros debates.
Tras la reciente agresión contra Taiwán, más de un país asiático ha cambiado de opinión sobre China. En este Parlamento se critica a menudo la falta de observancia de los derechos humanos en los países asiáticos y, en ocasiones, incluso se pide, mediante las resoluciones correspondientes, que se paralicen las inversiones. No tengo noticia de que se haya propuesto algo semejante con respecto a China, lo cual no deja de ser un tanto ambiguo.
Señora Presidenta, los inversores pueden mejorar las condiciones de trabajo, pero no toda la política de derechos humanos de un país. No obstante, si estos inversores están apoyados por la actitud crítica de los quince Estados miembros, tarde o temprano el país tendrá que tenerlo en cuenta.
Así que esta resolución es un llamamiento que se formula desde este Parlamento para transmitir una señal a China a través de la Unión Europea y las Naciones Unidas. Este Parlamento, señora Presidenta, no alberga ningún interés en poner a China constantemente en la picota, pero sí tiene la responsabilidad de fomentar la estabilidad de las economías, cada vez más interdependientes a escala mundial y en las que China ocupa un lugar importante.

McMillan-Scott
Señora Presidenta, tomo la palabra también como ponente del Parlamento Europeo para relaciones entre la Unión Europea y China, cuestión que ha suscitado mucha atención en Europa y en Asia, debido a que entre nuestros dos continentes el comercio es enormemente importante, y porque quisiéramos desarrollarlo aún más a partir de las bases acordadas en la reciente Cumbre de Bangkok.
Recientemente fui a China y fui también al Tíbet. Me reuní con muchos ministros y funcionarios gubernamentales y les hablé de las cuestiones de las que desde hace tanto tiempo se viene ocupando el Parlamento Europeo, entre ellas la cuestión de los derechos humanos, la libertad de religión, los problemas del Tíbet, el Panchen Lama, los orfanatos y también otros aspectos más positivos referentes a la nueva política económica de China. También asistí a la inauguración del curso académico de la Escuela de Estudios Empresariales ChinaEuropa, en Shanghai.
Por lo que se refiere a la propuesta de resolución diré que, si queremos obrar con lógica y apoyar a los gobiernos de nuestros Estados miembros en la elaboración de una política exterior y de seguridad común, tenemos que manifestarnos en favor de la propuesta de resolución que tenemos ante nosotros, que trata concretamente de la reunión de Ginebra. Esta resolución se presenta en un momento que también es oportuno para las Naciones Unidas. Sé que una delegación de China que está visitando hoy el Parlamento está muy preocupada por esta cuestión, y por eso lo único que hago es poner al corriente a este Parlamento. El jefe de dicha delegación, Sr. Zhu Qizhen, dijo esta mañana que la asociación parlamentaria entre Asia y Europa equivale a un diálogo. Se trata de un diálogo que necesitamos. El Parlamento Europeo no debe limitarse a tratar de negocios como de costumbre, sino que debe tratar también de política como de costumbre.

De Luca
Señora Presidenta, queridos colegas, intervengo como presidente de la delegación interparlamentaria para las relaciones de amistad con China. He abandonado unos minutos una importantísima conferencia que se celebra aquí, en nuestro Palacio, a iniciativa de nuestro Presidente, de nuestro Parlamento, una iniciativa que responde a la de los gobiernos para dar un papel también a los parlamentos en la relación Europa-Asia.
No cabe duda de que la iniciativa de hoy de una enésima resolución que suena a condena con respecto al gobierno chino, independientemente -quiero subrayarlo, independientemente- del significado, del contenido de esta resolución, en cuyo fondo no quiero entrar, es inoportuna. Hace unos minutos, en el curso de nuestra reunión, el presidente de la delegación china ha amenazado con retirarse y se ha ido de la sala, porque considera que esta votación de hoy es una provocación con respecto a su gobierno y a su país.
Creo que los deberes de hospitalidad le dan de algún modo la razón y que nosotros no podemos no tenerlo en cuenta. Esta es la razón por la que, sumisamente, quisiera permitirme proponer a los autores de estas resoluciones la oportunidad -autónoma, libre, como es lícito, como en todo parlamento librede que retiren hoy estos documentos y de que no los sometan a votación, como muestra de respeto y de consideración hacia los invitados, pero sobre todo por el resultado, por la importancia que reviste la conferencia que estamos celebrando; una conferencia que mañana, si se retirara la delegación china, aparecerá en los periódicos sólo y exclusivamente por el hecho de esta retirada y no por su importancia, por el papel y prestigio que los parlamentos quieren tener.
Esta es la razón por la que mi Grupo, ayer, se manifestó en contra de esta urgencia, sin entrar en el fondo; esta es la razón por la que mi Grupo, al apoyar esta oportunidad, votará en contra en caso de que no se acepte mi invitación de retirada. Pero espero que la prudencia, la fuerza y la riqueza, aunque en el contraste y en la diversidad de las opiniones de todo parlamento, harán que los autores acepten esta calurosa, afectuosa, amistosa y fraternal invitación mía de retirada.

Bertens
Señora Presidenta, me gustaría hacer un comentario sobre la situación del Sr. Patrick Kelly. Es evidente que el Parlamento Europeo debe ocuparse de la suerte de este preso político que, como usted sabe, se encuentra gravemente enfermo en una prisión de Irlanda del Norte.
El Parlamento Europeo desea hacer un esfuerzo especial en las regiones en las que, a consecuencia de problemas políticos, están amenazados los derechos humanos. Es intolerable que un enfermo de cáncer de piel sea víctima de los continuos obstáculos al proceso de paz irlandés. La situación de este hombre debe ser examinada con independencia de la controversia -por decirlo de una manera suave- relativa al proceso de paz. Espero que el Gobierno británico escuche el llamamiento humanitario y demuestre la suficiente flexibilidad y sensibilidad política con respecto al Convenio europeo sobre el traslado de presos. Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha de mantener su prestigio en el ámbito de los derechos humanos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, no debemos cruzarnos de brazos ante este caso.

Aelvoet
Señora Presidenta, Señorías, desde un punto de vista formal, Colombia es una democracia, pero todo el mundo sabe que el Estado de Derecho no funciona allí con normalidad y que se violan con regularidad los derechos humanos. Estos hechos han sido suficientemente documentados en los diversos informes de las Naciones Unidas y, durante una conferencia convocada en el propio Parlamento, se planteó la reivindicación de que las Naciones Unidas designaran a un Relator Especial para continuar las investigaciones relativas a la violación de derechos humanos. A mi juicio, ésta es también la reivindicación central de la resolución que debatimos ahora.
Sin embargo, Señorías, debo señalar que algunos miembros de la delegación española se han esforzado denodadamente por debilitar el significado y el alcance de esta resolución y, por así decirlo, limar sus aristas. En mi opinión, sería sumamente lamentable que aprobáramos toda una serie de enmiendas para moderarla porque, de ese modo, la resolución perdería su significado. En este contexto, me gustaría observar que sería lamentable que las relaciones personales, es decir, las que mantienen la delegación con el embajador de Colombia, tuvieran más importancia que la defensa de los derechos humanos, sobre todo sabiendo que el embajador Marie Landa es responsable de que los paramilitares expulsaran de su latifundio a 450 familias sin tierra. Y no estoy desvariando; dispongo de documentación que lo demuestra.

Vanhecke
Señor Presidente, parece que China se está convirtiendo en un punto fijo del orden del día en este debate de actualidad. Les recuerdo las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometen en China, la situación en los orfanatos, el terror político contra Taiwán y, muy lamentablemente, y por enésima vez, la ocupación del Tíbet.
En efecto, la cuestión del Tíbet ha sido objeto de otros debates en el Parlamento, e incluso tuvimos una visita del Dalai Lama en persona. ¿Ha impresionado esto alguna vez a China? Todo lo contrario: la política genocida con respecto al Tíbet continúa con la misma fuerza y brutalidad. En vista de la manifiesta mala voluntad de Pekín, este Parlamento y la Unión Europea en general deberían, pues, tomar medidas de mayor alcance, tales como el establecimiento de verdaderas relaciones diplomáticas y parlamentarias con Taiwán y con la representación del pueblo tibetano en el exilio. Esto a modo de ejemplo. Me pregunto también porqué los fondos europeos que se destinaron en su día a financiar la resistencia contra el régimen de apartheid de Sudáfrica no están disponibles ahora, cuando se trata de apoyar la justa resistencia tibetana.
Sin embargo, todos sabemos que ocurre lo contrario y que, aun en el día de hoy, el Parlamento recibe a los comunistas chinos, tanto si viene a cuento como si no, con todos los honores.
Concluyo, señor Presidente. Aprobaré la propuesta de resolución aunque, en mi opinión, no va lo suficientemente lejos.

D'Ancona
Señor Presidente, en la próxima Conferencia de Vicepresidentes propondré un orden más lógico en el debate de los derechos humanos, porque estamos saltando de una prisión irlandesa a China y de China a Colombia. Con respecto a este último país, me gustaría hacer un comentario. Todo me parece sumamente confuso.
Después de todo lo oído sobre Colombia, me queda muy poco que añadir. En mi opinión, el núcleo de la resolución es que instemos conjuntamente a las Naciones Unidos a designar un Relator para los derechos humanos en Colombia; dicha designación reviste una gran importancia, no porque los informes puedan mejorar o modificar la situación en sí, sino porque las horribles violaciones de los derechos humanos que se cometen en ese país demuestran que hace falta una atención continua, una atención que, con toda probabilidad, constituirá la mejor base para frenar la espiral de violencia.

El Presidente
Señora d'Ancona, tomo buena nota de sus palabras y yo mismo voy a plantear en la Mesa si existen posibilidades en la ordenación de nuestro trabajo para que las cuestiones de derechos humanos se examinen por bloques, de forma que el discurso pueda ser más coherente.

Lenz
Señor Presidente, apoyo plenamente el deseo expresado por la Sra. d'Ancona. Se trata de un antiguo deseo de esta Asamblea. De nuevo preguntamos hoy por las prioridades de la Unión Europea en la reunión de Ginebra y, en especial, sobre el tema de China. Yo mismo tuve ocasión la última semana en Ginebra de tocar estas cuestiones en la Comisión de Derechos Humanos. Entre las críticas resoluciones que allí se presentaron, se encuentra también la situación de los derechos humanos en China y en el Tíbet, tal como nosotros hemos censurado con frecuencia. Con nuestra resolución estamos en la misma línea que nuestros Estados miembros y la Unión Europea en Ginebra. Quizás habría sido más cortés, y este era el deseo de mi grupo político, plantear en mayo esta cuestión al examinar el resultado de Ginebra, ya que una gran delegación de diputados de Asia se encuentra presente en esta Asamblea. Pero esto no habría cambiado nada en nuestros argumentos y respuestas. Se nos achaca que predicamos moral a otros países. En esta Asamblea hemos aprendido de amargas experiencias a luchar conjuntamente por los derechos humanos y queremos enviar también este mensaje a nuestros colegas asiáticos.

Telkämper
Señor Presidente, me refiero a la resolución sobre el Sáhara Occidental. Hemos aprobado muchas resoluciones al respecto, que siempre han tenido en el fondo el mismo tenor: reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Se trata de un antiguo conflicto colonial y nosotros, no sólo la antigua potencia colonial, sino también la Unión Europea como sucesora, somos responsables de la aplicación del derecho de autodeterminación.
En la resolución que hoy se ha presentado se trata de un caso muy concreto, de la Sra. Keltoum El Quanat. Tiene 24 años, ha nacido en el Sáhara Occidental, es decir, en el territorio que está ocupado por Marruecos y desde 1993 se encuentra en la cárcel marroquí de Ben Sergaou, cerca de Agadir. Fue detenida el 10 de octubre de 1992 porque participó en un acto pacífico en Smana, en el que se exigió el derecho de autodeterminación. Lo que nosotros podemos hacer aquí sin problemas, allí supone encarcelamiento. En julio de 1993 fue condenada por un tribunal militar a 20 años de cárcel.
Creo que esto es una inaceptable violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. La ONU debería intervenir también. Hay que apoyar el proceso de paz. Este tema se incluye en la 52ª Conferencia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se está celebrando actualmente. Al leer el informe de «Amnesty» sobre Marruecos, que acaba de salir de imprenta, constato que se producen numerosas violaciones de los derechos humanos. Respecto a su política frente a Marruecos, un país con el que se han concluido muchos tratados en el sector del turismo y de pesca, la Comisión debe tener claro cómo desea aplicar políticamente este derecho de autodeterminación y qué presión podemos ejercer.

Hume
Señor Presidente, uno de los principales motivos para concertar el Convenio Europeo sobre el traslado de personas condenadas era, sin duda alguna, su aspecto humanitario.
La razón principal de la resolución sobre el Sr. Patrick Kelly se centra total y absolutamente en los aspectos humanitarios: el Sr. Kelly padece una enfermedad gravísima -una enfermedad que puede ser mortal- y por razones humanitarias conviene que se halle en una cárcel o en un hospital que esté lo más cerca posible de su familia. Esa es la parte central y la parte verdaderamente importante de la resolución, y me alegra muchísimo que haya obtenido el apoyo de todos los grupos de este Parlamento.
Las demás cuestiones relacionadas con la situación de la paz en Irlanda del Norte no tienen nada que ver con el presente debate. La propuesta de resolución es una solicitud de carácter principal y directamente humanitario, que pide que un ser humano, que está gravemente enfermo con una enfermedad que puede ser mortal, se halle lo más cerca posible de su familia.

Fernández-Albor
Señor Presidente, la violencia en Colombia es producida principalmente por tres causas: en primer lugar, la confrontación entre facciones armadas que operan en Colombia desde hace más de 30 años, como las FAR y el llamado Ejército de Liberación Nacional. Los diferentes Gobiernos han ofrecido la posibilidad de diálogo y de reinserción política a los grupos armados. Cuando parte de los guerrilleros se reincorporan a la vida civil, son a menudo asesinados por los elementos más radicales de estas facciones. En segundo lugar, la guerrilla hace estragos entre los militares colombianos, y éstos se ven obligados, en ocasiones, a responder a estos ataques. En tercer lugar, no podemos abordar el tema de Colombia sin hablar de los carteles de la droga. A menudo se produce una simbiosis entre la guerrilla y las bandas de traficantes y también se producen enfrentamientos entre las diferentes facciones mafiosas. En cualquier caso, no debemos olvidar que la situación política de Colombia se encuentra en un momento especialmente delicado. Por ello, hoy más que nunca, debemos ser conscientes de la necesidad de defender y de apoyar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.
No quisiera terminar sin recordar que en Colombia, desde hace más de 80 años, fue abolida la pena de muerte mediante reforma constitucional, y quisiera recordarlo hoy aquí para que no se confundan en ocasiones los ajustes de cuentas entre bandas armadas con los medios legales con los que cuenta la jurisdicción de la República de Colombia para combatir la violencia.

von Habsburg
Señor Presidente, se acaba de decir de nuevo que en el caso del Sáhara Occidental se trata de una guerra colonial y del derecho de autodeterminación. Quiero subrayar que el primer país que propuso la autodeterminación en el Sáhara Occidental fue Marruecos. Desde entonces, el Polisario practicó ininterrumpidamente una política obstruccionista y hace todo lo posible para excluir del derecho de autodeterminación a los nuevos habitantes de la región. En los últimos 25 años han cambiado muchas cosas, entre otras la estructura de la población. No existe ningún motivo para excluir a estas personas e insitir en retornar a unos tiempos de hace ya 20 años. Creo que es erróneo hacerlo. Estoy a favor de la liberación de la joven dama, siempre que se trate de una cuestión de derechos humanos, pero no estoy a favor de que esto se una a falsedades políticas.

Van den Broek
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría hacer un comentario sobre la situación en China, a la que muchas intervenciones se han referido esta tarde.
El Parlamento sabe que la Unión Europea aprovecha y ha aprovechado todas las oportunidades para manifestar su preocupación con respecto a China, ya sea en el marco del diálogo sobre los derechos humanos, cuya última sesión se celebró en Pekín la tercera semana de enero, ya sea con motivo de las cuestiones específicas que se plantean entre la Unión Europea y China. Con respecto al Tíbet, la Unión Europea ha intentado siempre promover un diálogo directo entre las autoridades chinas y los representantes del pueblo tibetano.
Todo ello ilustra el punto de partida de la Unión Europea, la cual está plenamente convencida de que un acercamiento positivo que siente las bases para una relación constructiva es, con toda certeza, la forma más adecuada de lograr algún progreso. Un enfrentamiento no sólo sería infructuoso, sino incluso contraproducente.
Durante las últimas semanas y meses, la Unión Europea se ha esforzado constantemente por iniciar un diálogo eficaz con China basado en una cooperación constructiva. Pero en vista de que China no se ha mostrado dispuesta a hacer concesiones significativas, la Unión no ha tenido más alternativa que volver a presentar una resolución a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de modo que quede abierta la vía del diálogo. En este contexto, hemos actuado en estrecha colaboración con Estados Unidos, sobre todo en un intento de iniciar negociaciones con numerosos Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Señor Presidente, espero que esta actitud demuestre que no rehuimos de ningún modo la discusión sobre los derechos humanos ni la crítica dirigida a China en esta materia, sino que consideramos en cada momento cuál es el instrumento más apropiado para lograr algún progreso. Es cierto que en la actualidad el resultado no es muy esperanzador, pero no debemos rendirnos.
Señor Presidente, varios diputados se han referido a la presa de Bakun. La Comisión sabe que el Gobierno de Malasia ha decidido, en fecha reciente, continuar la construcción de la presa de Sarawak, en Malasia Oriental. En sus actividades de cooperación con Malasia, la Comisión siempre ha tenido en cuenta de un modo coherente las resoluciones del Parlamento sobre Sarawak, que datan del año 1988. Dichas resoluciones hacen referencia a los efectos negativos de una deforestación a gran escala. El Sr. Eisma acaba de hacer un comentario al respecto. Por otra parte, la Comisión ha indicado -y lo seguirá haciendo-que es necesario garantizar un trato justo a las familias y a todas las personas perjudicadas por la construcción de esa central hidroeléctrica. Algunas resoluciones mencionan que ya en el año 1988 se realizaron nada menos que 17 estudios sobre la viabilidad técnica del proyecto, los cuales, conforme a The Official Secret Act, han sido clasificados como secretos y, por lo tanto, no pueden ser consultados. Por otra parte, el Gobierno de Malasia está esperando los resultados de la evaluación del impacto ambiental del proyecto; según tengo entendido, la evaluación se ha dividido en tres partes. La Comisión Europea no sabe por el momento si se hará pública tal investigación. A falta de tales documentos oficiales, la Comisión no puede emitir aún un juicio sobre el que será probablemente el proyecto de infraestructuras más importante del sudeste asiático, valorado en 18.000 millones de ecus, ni, en concreto, acerca de los efectos a largo plazo sobre las inmediaciones y las consecuencias para los grupos demográficos que puedan resultar perjudicados por dicha construcción.
Con todo, la Comisión solicitará a sus delegaciones en el sudeste asiático que sigan de cerca los acontecimientos y que estudien el efecto de este proyecto, financiado por la Unión Europea, sobre la conservación y la gestión sostenible de la selva de Sarawak.
Señor Presidente, hace tiempo que la Comisión observa de cerca la situación de los derechos humanos en Colombia. Utiliza todos los medios a su alcance para apoyar los esfuerzos encaminados a promover y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia. La Comisión suscribe plenamente la resolución del Parlamento Europeo, en la que expresa su seria preocupación por la violencia en Colombia. Comparte asimismo la preocupación del Parlamento ante el anuncio hecho por el Presidente de Colombia de instaurar la pena de muerte. En este contexto, la Comisión Europea ha financiado, con cargo a la línea presupuestaria «Ayuda para la democratización y para los derechos humanos en América Latina», diversas iniciativas encaminadas a desarrollar y consolidar el Estado de Derecho. La Comisión seguirá denunciando sistemáticamente las violaciones mencionadas en el proyecto de resolución que ahora debatimos.
Señor Presidente, me referiré a continuación al Sáhara Occidental. La Comisión Europea sigue de cerca, desde hace mucho tiempo, los esfuerzos que el Secretario General de las Naciones Unidas ha realizado, por encargo del Consejo de Seguridad, para encontrar una solución pacífica, a través de un referéndum, al conflicto del Sáhara Occidental. En nuestra opinión, es evidente que los conflictos regionales exigen una solución pacífica para que la región mediterránea se convierta en una zona de paz y estabilidad. A tal fin, la Comisión negocia acuerdos de asociación con la mayoría de los países de esta región. A finales de febrero de 1996 se firmó el texto del Acuerdo de Asociación con Marruecos. En el marco de las disposiciones de dicho acuerdo relativas al diálogo político, cada una de las partes podrá sacar a colación los asuntos de interés mutuo.
En el curso de este año, y cuando el Consejo apruebe el mandato de la Comisión, iniciaremos las negociaciones con Argelia para alcanzar un acuerdo de asociación. Con todo esto pretendo indicar que se ha creado una plataforma institucional orientado hacia los países implicados en el conflicto del Sáhara Occidental, de forma que la Unión Europea pueda seguir planteando este tipo de cuestiones.
Señor Presidente, en opinión de la Comisión, la Conferencia Euromediterránea ha iniciado un proceso de diálogo multilateral que contribuirá a establecer una coexistencia armoniosa entre las zonas norte y sur del Mediterráneo.
Señor Presidente, éstas han sido las cuestiones abordadas en el presente debate. Usted comprenderá que la Comisión, según la costumbre de esta Asamblea, no se pronuncie sobre la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Unión Europea ni sobre cuestiones relacionados con los mismos.

El Presidente
Muchas gracias, señor van den Broek.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar esta tarde a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0502/96 de la Sra. D'Ancona y el Sr. Meier, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el control de las armas nucleares estratégicas, el desarme, la prohibición de pruebas nucleares y la cumbre del G7 + 1 que se celebrará en Moscú del 18 al 20 de abril de 1996; -B4-0506/96 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la cumbre del G7+1 de Moscú los días 19 y 20 de abril de 1996 y el control de las armas nucleares estratégicas; -B4-0507/96 de la Sra. Ainardi y otros, sobre las armas nucleares y el derecho internacional; -B4-0512/96 del Sr. Bertens, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la cumbre del G7 + 1 de Moscú y el tratado sobre la prohibición total de pruebas nucleares (CTBT); -B4-0524/96 de la Sra. McKenna y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el control de las armas nucleares estratégicas, el desarme, la prohibición de pruebas nucleares y la cumbre G7 + 1 del 18 al 20 de abril de 1996; -B4-0535/96 del Sr. van Velzen y la Sra. Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la cumbre de Moscú sobre la seguridad nuclear; -B4-0547/96 del Sr. Puerta y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la cumbre del G7 en Moscú sobre el desarme nuclear.
D'Ancona
Señor Presidente, hoy se celebra en Moscú la cumbre del G7+1 para debatir cuestiones de desarme. De modo que la presente resolución no puede ser más actual. Sin embargo, quisiera destacar el esfuerzo que este Parlamento realiza desde hace años para acabar con la carrera de armamentos, para defender la reducción de los depósitos de armas nucleares y para detener las pruebas nucleares. Por esta razón, señor Presidente, hoy vuelvo a hacer un llamamiento urgente a la Federación Rusa para que ratifique el Tratado sobre el control de armas nucleares estratégicas START II, a China para que ponga fin a sus programas de prueba y a todos los países interesados, entre ellos los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y la Federación Rusa, para que vuelvan a la mesa de negociaciones de Ginebra con el objetivo de firmar la prohibición total de las pruebas nucleares.
La Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores de este Parlamento ya se ha ocupado anteriormente del comercio de materiales nucleares en el mercado negro. En un mundo dividido por el terrorismo, no hace falta tener mucha fantasía para imaginar las catástrofes mundiales que tal comercio podría desencadenar. Por tanto, abrigamos la profunda esperanza de que en la cumbre del G7+1 de Moscú se llegue a compromisos al respecto.

Hory
Señor Presidente, generalmente tenemos muy pocos motivos de satisfacción en esta Asamblea como para desperdiciar los que se nos presentan. El año 1996 podría representar un hito importante en el retroceso del uso, reprobable, de la energía nuclear con fines militares. Sin duda, existen aún razones para la preocupación, como la actitud de China, el actual silencio de los países que forman parte del Tratado umbral, la diseminación de medios nucleares en la antigua URSS o el tráfico mafioso de materiales nucleares.
Sin embargo este año se verá marcado por la interrupción definitiva de las pruebas nucleares francesas, por la confirmación de la moratoria por parte de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia y por la ratificación americana del Tratado Start II (a la espera, creemos, de la firma del Tratado sobre la interrupción total de las pruebas). Creo que la humanidad habrá dado así un paso considerable por la vía de la razón, pues no sólo es ilegal la utilización de armas nucleares o la amenaza, sino que constituye el reconocimiento terrible de que aquel que amenaza con armas nucleares especula con la superioridad moral del otro. «Somos capaces de haceros lo que vosotros no os atreveríais a hacernos». No hace mucho tiempo, reclamábamos humanismo de esta manera.
Para terminar, desearía decir una última palabra sobre la propuesta tan explícita que el Sr. Chirac hizo hace algunos meses de poner el potencial nuclear francés al servicio de la defensa europea. Nos agradaría que concretara su propuesta e indicara, sobre todo, bajo qué forma institucional de la Unión se inscribiría.

Bertens
Señor Presidente, debemos aprovechar todas las oportunidades para sacar a la luz las negociaciones sobre la prohibición total de las pruebas nucleares. Se trata de unas negociaciones sumamente complicadas y en absoluto carentes de importancia. Tras las concesiones de Francia, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, es fundamental que conservemos lo logrado.
Nuestro objetivo sigue siendo una opción cero sin cláusula de seguridad y con una verificación adecuada de su aplicación. Las explosiones nucleares pacíficas que China pretende llevar a cabo no son deseables. Debe seguir cerrada la puerta para las pruebas nucleares. Por otra parte, es necesario presionar con firmeza a China para que abandone su postura aislada; de lo contrario, nos arriesgamos a no conseguir un Tratado de prohibición total de las pruebas antes de finales de 1996.
Por lo demás, debemos seguir luchando por un mayor desarme, teniendo especial cuidado de no vincular ese tratado al desarme nuclear. De lo contrario nos arriesgamos a no obtener resultado alguno. Por tanto, es acertado que la resolución común que hoy debatimos insista en que la Duma ratifique el Tratado START II.
Observamos numerosas señales alentadoras, como los acuerdos relativos a las «nuclear-free-zones», así que debemos jugarnos el todo por el todo para concluir un Tratado de prohibición total de las pruebas.

Gahrton
Señor Presidente, uno de los puntos centrales en lo relativo al cese de la dispersión de material radiactivo es naturalmente controlar los enormes problemas existentes en la antigua Unión Soviética. La resolución común señala en varios de sus apartados que es necesario crear una insfraestructura que permita un control escrupuloso de la corriente de material nuclear procedente de la antigua Unión Soviética, y combatir el comercio ilegal de material nuclear que también tiene su lugar de origen en dicho país. Una de las personas que ha trabajado más para que se supiera lo que estaba sucediendo es el ex-inspector de centrales Alexandr Nikitin. Desgraciadamente, el sr. Nikitin, activista de la Fundación Bellona, se encuentra encarcelado en San Petersburgo. El Parlamento Europeo se ha manifestado el 15 de febrero en favor de su puesta en libertad. Se han remitido numerosas peticiones y resoluciones para que esto sea posible, firmadas entre otros por el ex-presidente de la Comisión, Jacques Delors.
Con ocasión de este debate debo dejar constancia de este hecho, e instar encarecidamente a los representantes de la Unión Europea que asistirán a la reunión de Moscú, a que aborden esta cuestión con el Presidente Jeltsin y que procuren que el Gobierno ruso demuestre verdaderamente que toma en serio sus promesas de que reinaría la democracia en el país y de que habría libertad de prensa y medios de comunicación, lo cual haría posible controlar el tratamiento que se da al material radiactivo. Sabemos que en Rusia hay actualmente mafia, inseguridad ciudadana y tendencias caóticas. En medio de todo esto, una persona como Alexandr Nikitin debe ser considerada como un gran luchador por la paz, que debería recibir el apoyo incondicional de la Unión Europea.

Meier
Señor Presidente, señoras y señores, el control de las armas nucleares estratégicas, la prohibición de realizar ensayos con armas nucleares y el desarme en este campo son asuntos de urgencia permanente hasta que se puedan lograr otros éxitos. La Cumbre G7+1 que se celebra en Moscú es una ocasión directa para llamar la atención sobre la trascendencia mundial de esta cuestión tan importante para la totalidad de la humanidad, tal como ha hecho ya el Parlamento en muchas resoluciones. Junto a las necesidades cotidianas importantes que tienen las personas de libertad, trabajo y de un nivel de vida digno, la seguridad de la propia vida es una de las exigencias fundamentales de la humanidad ante los ilimitados peligros de la amenaza nuclear. En todos los lugares se encontraría una mayoría abrumadora de personas que están en contra de las armas atómicas y a favor del desarme.
Es, por ello, una obligación de la política mundial y, naturalmente, también de la política europea y de los políticos responsables, oponerse decididamente a los aniquiladores y mortales peligros de las armas nucleares -incluiría también otras armas- con medidas concretas, como el desarme controlado y la prohibición de ensayos. Los fondos dedicados a estas armas se deberían destinar a otras finalidades económicas, en el sentido de una política de empleo pacífica, para medidas sociales y un medio ambiente menos deteriorado.
Este es un nuevo llamamiento que debe dirigir este Parlamento, como representación de las ciudadanas y ciudadanos europeos, a los participantes de la Conferencia G7+1 y a todos los políticos.
Apoyo por ello todas las exigencias de la presente propuesta de resolución, consistentes en ratificar el Acuerdo START II y mover a todos los Estados afectados a adherirse a respetar el Tratado ABM, prohibir definitivamente los ensayos nucleares y lograr otros progresos en el desarme. Naturalmente, los europeos tenemos que dar ejemplo y demostrar al mundo que Europa ama la paz. En este sentido, el Parlamento Europeo envía una apelación a esta Conferencia de desarme.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0495/96 de la Sra. Spaak y otros, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación cada vez más explosiva en Kosovo; -B4-0499/96 de los Sres. Cars y Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la situación en la antigua Yugoslavia.
Cars
Señor Presidente, el acuerdo de Dayton, las fuerzas de acción bajo el mando de la OTAN y el programa de ayuda para la reconstrucción, bajo la dirección de Carl Bildt, son la contribución común de los Estados Unidos y la UE al proceso de paz en la antigua Yugoslavia. Deben cumplirse el acuerdo y las medidas. De esto no le cabe duda a este Parlamento. Ninguno de nosotros se atreve a pensar en las consecuencias de que todo se fuera al agua. Pero parece que hay cosas que no preocupan a nadie: La libertad de circulación de las personas sigue estando limitada, los procesos judiciales contra sospechosos de crímenes de guerra encuentran obstáculos, las negociaciones entre croatas y musulmanes avanzan lentamente, la ciudad de Mostar no está integrada, y los trabajos de reconstrucción no progresan.
Pero, señor Presidente, siguen habiendo esperanzas -esperanzas de que las acciones que se están realizando den como resultado una paz duradera en Bosnia, también después de que se retire la Ifor. No obstante, es grande nuestra preocupación por la situación en Kosovo. En esta zona, todo va por el mal camino. Werwoerdt, Malan y otros líderes estilo «apartheid» han ganado seguidores entre los serbios de Kosovo, entre la minoría que, gracias a la violencia policial y la discriminación, tiene en su garfio de hierro a la mayoría de la población albana. ¿Cuánto tiempo esperamos que los albanos acepten la represión y la humillación? ¿Qué va a pasar cuando explote esta bomba?
Las recomendaciones del Parlamento al Consejo de Ministros con respecto a Yugoslavia pueden resumirse en dos puntos. No hay que dudar en aplicar sanciones indiscriminadamente contra los que atenten contra el acuerdo contraído en Dayton, o contra los que lo saboteen de otro modo. No hay que esperar a actuar en Kosovo hasta que la violencia dé como resultado una contraviolencia que haga que se encienda de nuevo la llama de la guerra en Yugoslavia. Hay que presionar a Serbia ahora y convocar lo antes posible una conferencia internacional sobre el futuro de Kosovo.

Van Bladel
Señor Presidente, en noviembre del año pasado, durante una reunión de la OSCE en Varsovia, se me acercó un habitante de Kosovo de origen albano. Me describió una imagen realmente trágica de la situación en la que se encuentra la minoría albana en esa región, que se quedado marginada en un período muy corto. Y todos sabemos que, entre tanto, la situación de los derechos humanos, en general, ha empeorado.
Kosovo es un elemento vital de la República Federal de Yugoslavia que, en caso de que no evolucione de modo adecuado, puede ejercer un efecto peligroso y negativo sobre su entorno. Por tanto, es crucial para el desarrollo de la región que Belgrado inicie negociaciones con los representantes electos de Kosovo. En opinión de mi Grupo, se trata de una condición importante a tener en cuenta antes de que la Unión Europea restablezca sus relaciones diplomáticas con Yugoslavia y retire las sanciones económicas aún vigentes. En tal contexto, es lamentable que algunos Estados miembros de la Unión Europea consideren que el momento es propicio para el reconocimiento de Yugoslavia.
En términos generales, la vía del restablecimiento en Yugoslavia continúa plagada de impedimentos. El Presidente Tudjman no contribuye precisamente a la reunificación de Mostar, todavía no se ha constituido una fuerza de policía civil internacional, sigue habiendo controles y no existe ayuda financiera para el Tribunal. En una palabra, las cosas han tomado mal cariz. Por tanto, es necesario que el Consejo y la Comisión presten atención a la futura evolución.
Volviendo a Kosovo, mi Grupo apoya la propuesta de organizar una conferencia internacional sobre esta región, y sería también adecuado instalar allí una oficina de la Unión Europea.

Pack
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, el número de debates sobre este tema en esta Asamblea hace casi legión. Pero continuamente se presentan nuevos aspectos que podemos analizar de nuevo.
Aunque el Tratado de Dayton finalizó la guerra, sin embargo la paz aún no se ha establecido. En primer lugar, porque este tratado prevé en Bosnia dos Estados, de los cuales, la parte serbia sigue rechazando a Bosnia como unidad y la parte croato-musulmana aún no funciona. En segundo lugar, porque la libertad de movimientos sigue estando obstaculizada, la expulsión étnica sigue practicándose en muchas partes de Bosnia, los refugiados y expulsados raramente pueden volver y se les expropia además contra todo derecho. Y en tercer lugar, porque criminales de guerra, como Karadzic, practican el esquí en las montañas de Sarajevo en lugar de responder en La Haya. Tenemos que ejercer presión y todos los que no se atengan a las exigencias de Dayton no deben recibir ayuda finaciera de la UE.
Un segundo aspecto de la resolución se refiere al hecho de que cada vez más Gobiernos occidentales, excepto los EE.UU, reconocen a Serbia-Montenegro. Me parece negligente o al menos miope. ¿Qué presión podemos ejercer aún para mover a Belgrado a encontrar por fin una solución a la cuestión de Kosovo?. En 1989, Serbia, al suspender inconstitucionalmente el estatuto de autonomía de Kosovo, inició el proceso de desintegración de Yugoslavia y su comportamiento inhumano frente a la mayoría albana del 90 %, no minoría, estimada colega, no ha conducido aún a la guerra gracias al comportamiento pacífico de los albanos bajo su dirigente Rugova. Pero esto puede cambiar muy rápidamente si esta cuestión no despierta pronto la necesaria atención europea e internacional.

Alavanos
Señor Presidente, aprovecharé el comienzo de mi tiempo de uso de la palabra para felicitar a la Sra. Pack por la condecoración que ha recibido junto con el Sr. Habsburg del Sr. Tudjman, y para expresar la esperanza de que todas las partes de esta guerra reconozcan el papel equilibrado y objetivo que tiene que desempeñar el Parlamento Europeo y, en concreto, nuestra delegación en esa región, presidida por la Sra. Pack.
Quisiera referirme a la propuesta de resolución para señalar, como miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, que esta comisión, así como la de Relaciones Económicas Exteriores, la de Desarrollo y Cooperación y la de Presupuestos, están desarrollando un trabajo excelente en cuanto a la elaboración de un informe común sobre la reconstrucción y la ayuda en la antigua Yugoslavia.
Algunos aspectos quedan reflejados en esta propuesta de resolución. No obstante, quiero expresar ciertas reservas en relación con la postura manifestada en la propuesta de resolución común, que algunos Grupos han adoptado respecto al problema de Kosovo. Es cierto que los derechos humanos se vulneran brutalmente en Kosovo, es cierto que Kosovo ha perdido el estatuto federal constitucional que tenía en la antigua República de Yugoslavia. Por otro lado, no debemos olvidar que la guerra civil en la antigua Yugoslavia se originó en Kosovo, y tenemos que ser prudentes al elegir los métodos que aplicaremos para hacer frente a una situación extremamente delicada y difícil.
Desde este punto de vista, el fácil recurso a sanciones y a medios de intervención internacional y el intento de impedir el reconocimiento de la República Federal de Yugoslavia, la nueva Yugoslavia, por la Unión Europea, en mi opinión tendrán como resultado la polarización y tendencias contrarias a las que deseamos. Creo que la Unión Europea tiene que mostrar más discernimiento, si realmente queremos defender los derechos de la población albanesa de Kosovo.

Pack
No deseo responder al Sr. Alavanos, no merece la pena. Sin embargo, quiero pedirle que todos los colegas sean tratados como yo, es decir, que no se les permita ni una palabra más de las que les corresponden. El colega ha tenido un minuto y ha hablado dos. Perdone, pero esto no debe volver a ocurrir.

El Presidente
Señora Pack, esta Presidencia no ha retirado jamás la palabra a ningún miembro de la Asamblea. Se limita simplemente a avisar -con una cierta vehemencia, cierto es- cuando llega el momento debido.
El Sr. Alavanos inicialmente tenía un minuto, pero él me ha advertido que eran dos porque uno de los miembros de su Grupo le ha cedido este minuto. El Presidente ha esperado que se agotaran los dos minutos y, entonces, ha advertido al Sr. Alavanos. No le ha cortado, como tampoco le hubiera cortado a usted la palabra, señora Pack, por dos motivos: en primer lugar, porque no lo hago nunca y, en segundo lugar, porque usted no me lo hubiera permitido, señora Pack.

Hory
Señor Presidente, Señorías, quisiera expresar, a título personal, mis reservas más explícitas a los proyectos de resolución que se nos han sometido sobre la región de Kosovo.
A lo largo de esta legislatura y de la precedente he aprendido, a propósito de la antigua Yugoslavia, que era difícil ir contra las ideas dominantes, aunque ello no ha conseguido desanimarme.
En este caso, la idea dominante es muy sencilla, y consistiría en estimular todos los intentos de desintegración de los antiguos sistemas más o menos totalitarios, ya sea en la ex-URSS o en la antigua Yugoslavia, con respecto a los cuales los occidentales han sido muy permisivos y durante mucho tiempo. Tomando como base esta idea previa, me veo en la obligación de reconocer que el Parlamento Europeo no ha mantenido una actitud responsable en la crisis yugoslava, más bien creo que ha contribuido a agravarla notablemente.
En su momento fue prematuro reconocer la independencia de Eslovenia, Croacia, Bosnia e incluso Macedonia. Un paso así debería haberse dado tomando una serie de precauciones que hubieran permitido reunir a los pueblos y reconstituir una confederación yugoslava asociada a la Unión Europea. No hemos solucionado estas cuestiones previas y, en los inevitables conflictos que provocaron los procesos de independencia, nos hemos visto obligados a tomar partido, condenando permanentemente a Serbia, haciéndola culpable de todos los males. Y así hemos provocado exactamente lo contrario de aquello que supuestamente temíamos. Hemos reafirmado en Bosnia los principios de independencia e integridad territorial de un conjunto multiétnico y pluricultural. Y los hemos reafirmado con tanta intransigencia que muchos bosnios han creído que podían tomar nuestro discurso al pie de la letra pagando con su vida la pusilanimidad europea.
Deseo pedirles con toda severidad, Señorías, que no repitamos la misma actitud. Ahora, cuando apenas se ha apagado el fuego en Bosnia, no arrojemos gasolina a las brasas que se están atizando en Kosovo. Sabemos que el infierno está lleno de buenas intenciones. Sin duda, hay que defender los derechos de los albaneses de la región de Kosovo. Por supuesto, los excesos cometidos en la práctica de la autonomía hasta 1989 han provocado una vuelta al centralismo, dando origen a excesos igualmente lamentables. Sin embargo no se repara una injusticia cometiendo otra. No se puede pretender ayudar a la región de Kosovo ignorando la posición de Serbia, de la que forma parte y de la que incluso constituye el corazón histórico. Ninguno de nosotros admitiría semejantes ingerencias en nuestro país. No podemos trasladar al expediente de Kosovo sanciones diplomáticas y económicas que, justas o injustas, se habían decidido para poner fin a la crisis bosnia.
La solución duradera y equilibrada a los problemas de esta región pasa por un diálogo abierto, positivo y constructivo entre la Unión Europea y la República de Yugoslavia. Es necesario que abandonemos el maniqueísmo contra Belgrado, que no debe arrastrarnos a una nueva guerra.

Mohamed Alí
Señor Presidente, en esta mi primera intervención como diputado europeo del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, deseo expresar nuestra preocupación por la grave situación de deterioro de los derechos humanos en Kosovo. Desde la pérdida del estatuto de autonomía por parte de Kosovo y, posteriormente, del derecho a independizarse, decidido en referéndum, la situación se ha ido degradando, en especial la situación de la minoría albanesa en esta zona. Este hecho puede abrir un nuevo foco de conflictos en la zona, por lo que considero imprescindible que desde la Unión Europea continuemos los esfuerzos para que los acuerdos del plan de paz se cumplan.
Asimismo, en la línea de la última Conferencia de donantes del pasado abril en Bruselas, desde la Unión Europea debemos redoblar los esfuerzos para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia. Solamente desde estas posiciones será posible avanzar en el proceso de democratización y defensa de los derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia.

El Presidente
Muchas gracias, señor Mohamed Alí. Como usted ha dicho en sus primeras palabras, ésta es su primera intervención en este Pleno. Permítame, por lo tanto, que, como ya hizo nuestro Presidente el lunes al iniciar el período de sesiones, le dé la bienvenida y, al expresarle las gracias, le diga también que esta Asamblea está convencida de que su presencia aquí será una aportación positiva dentro del clima de libertad pero también de convivencia y respeto democrático, que son los hábitos de esta aula. Muchas gracias, señor Mohamed Alí.

Van den Broek
Señor Presidente, por lo que respecta a Yugoslavia, se han logrado progresos, aunque el proceso de paz todavía no se ha consolidado, ni está asegurada la estabilidad. Para encauzar adecuadamente el proceso, es necesario que sigamos insistiendo, ejerciendo presión política e incluso imponiendo condiciones a las partes.
En cuanto a la IFOR, no tengo nada que observar. Su intervención es plenamente operativa y, en mi opinión, acertada. Nuestra atención se centra ahora íntegramente en el aspecto civil de los acuerdos de Dayton, cuya coordinación corresponde al Alto Representante, Carl Bildt.
La reconstrucción empieza a tomar forma. Desde el pasado mes de enero, tanto el Banco Mundial como la Comisión cuentan con una importante representación en Sarajevo, con lo cual disponen de una estructura de coordinación más adecuada y pueden organizar el diálogo con las instituciones beneficiarias.
Como ustedes saben, el fin de semana pasado se celebró en Bruselas la segunda Conferencia Internacional de Donantes, en la que participó una representación del Parlamento Europeo. Pudieron comprobar que se han logrado plenamente los objetivos de dicha Conferencia, es decir, reunir los fondos necesarios para garantizar las actividades de reconstrucción previstas para este año; en efecto, la comunidad internacional de donantes ha reunido las cantidades necesarias.
Se confirmaron una vez más las prioridades. Se plantearon cuestiones tales como la energía, el transporte, las telecomunicaciones, la vivienda, el empleo o las operaciones de limpieza de minas, y es conveniente que la comunidad internacional de donantes coordine estas prioridades.
Una sombra que planeó sobre la conferencia fue la ausencia de los serbios de Bosnia. En realidad se han excluido ellos mismos, aunque nuestras actividades de ayuda están dirigidas, en principio, a toda Bosnia-Herzegovina y, por tanto, también a la República de Srpska. La ausencia de los serbios de Bosnia demuestra de un modo inequívoco la enorme influencia que siguen ejerciendo personas sospechosas de crímenes de guerra, como los Sres. Karadzic y Mladic. Demuestra también que es sumamente importante que esas personas sean detenidas y llevadas ante el Tribunal internacional. Su presencia seguirá siendo un obstáculo inaceptable para la estabilidad y un impedimento para la realización de nuestras actividades de reconstrucción en la República de Srpska. Por tanto, espero -y así lo manifesté también durante la Conferencia- que Carl Bilt y el Tribunal internacional de crímenes de guerra reciban toda la ayuda posible para dar una solución a esta cuestión, ya que, repito, es inaceptable que personas como Karadzic y Mladic, no sólo sigan en libertad, sino que, con sus actividades, constituyan una amenaza para la estabilidad de Bosnia.
Todas las partes son responsables del logro del proceso de paz: deben demostrar una voluntad política sincera, en especial por lo que respecta a la supervivencia de la Federación croatomusulmana en Bosnia. La consolidación de la Federación es fundamental para la unidad de Bosnia-Herzegovina y, en este sentido, el Presidente Tudjman de Croacia y el Presidente Izetbegovic de BosniaHerzegovina comparten una responsabilidad decisiva.
Para los días 13 y 14 del próximo mes de junio está prevista la celebración de una segunda gran conferencia con objeto de evaluar el proceso de paz. No se trata de una conferencia para formular promesas, sino de una conferencia en la que se hará un balance de la aplicación de los acuerdos de Dayton.
Por tanto, creo que sería un acierto que, en la resolución que ahora se debate, esta Asamblea manifestara su total apoyo a la dificilísima tarea de Carl Bildt, quien debe contar con plena confianza para iniciar el proceso de aplicación civil, que implica problemas sumamente complejos.
Por último, me referiré brevemente a la relación con Serbia-Montenegro, mencionada esta tarde por varios oradores. Tal vez sea acertado indicar aquí que la Unión Europea debe aplicar una política coherente, estable y clara con respecto al reconocimiento de las Repúblicas de la antigua Yugoslavia. El pasado mes de octubre ya se acordó que el reconocimiento, entre otras, de SerbiaMontenegro estaría supeditado a la condición de que ésta reconociera, a su vez, a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y que, una vez cumplida esa condición, la Unión Europea procedería al reconocimiento. Y así se hizo, si bien fue lamentable que algunos Estados miembros consideraran que no era necesario esperar al reconocimiento de Skopje por parte de Belgrado y procedieran unilateralmente a dicho reconocimiento. Se acordó asimismo que la normalización de las posteriores relaciones con Serbia-Montenegro, es decir, de las relaciones estructurales y contractuales, se ajustaría a las condiciones políticas que la Unión Europea impone normalmente a todas las partes que han sido beligerantes de la antigua Yugoslavia. Entre esas condiciones políticas figuran el cumplimiento íntegro y la observancia de las disposiciones de los acuerdos de Dayton, esto es, la colaboración con las actividades del Tribunal de crímenes de guerra y el total respeto de los derechos humanos, en particular los de las minorías; en cuanto a Serbia, las condiciones se refieren al logro de una solución efectiva y justa con respecto a Kosovo. Por lo que respecta a Kosovo, se afirmó explícitamente que la Unión Europea no puede apoyar su lucha por la independencia, pues no existe motivo para ello, si bien se preocupa seriamente por la situación de los derechos humanos en ese lugar y, sobre todo, por la falta de respeto en Serbia a los derechos de esta minoría, que constituye a su vez una mayoría en Kosovo. La Unión Europea afirma asimismo expresamente que defiende, apoya y pide a Belgrado que devuelva a Kosovo la autonomía que le fue arrebatada. Esta es la postura que la Unión Europea mantiene desde hace meses y, en mi opinión, no hay motivo para modificarla.
Para concluir, quisiera referirme al párrafo nº 11 de la resolución, cuyo texto inicial dice: »Pide al Consejo que instruya a la Comisión la apertura de una oficina en Kosovo». Permítanme indicarles que, desde un punto de vista institucional, esa frase me inquieta, ya que no corresponde al Consejo instruir a la Comisión para que abra o no una oficina en Kosovo. En todo caso, y dejando aparte esta observación, les comunico con toda seriedad que, en la actualidad, nos enfrentamos con enormes problemas y restricciones presupuestarias para abrir delegaciones en varios países importantes. Ni siquiera disponemos de una delegación oficial en Sarajevo. Si a ustedes les parece bien, quisiera dar prioridad a esta última ciudad; por lo demás, comparto muchos de sus comentarios sobre Kosovo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

El Presidente
El debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia queda cerrado.
(Se interrumpe la sesión hasta las 17.30 horas)

El Presidente
Tiene la palabra el Sr. Pasty para una cuestión de orden.

Pasty
Señor Presidente, quisiera sólo hacer un comentario. Me alegro de la votación que acaba de producirse, pero me doy cuenta de que, desde el inicio de las votaciones, no se ha alcanzado el quórum. No he solicitado su verificación pero, por medio del sistema electrónico de votos, he comprobado que no hay 207 diputados presentes en el hemiciclo, y lo lamento.

El Presidente
Señor Pasty, ¿solicita usted que se verifique el quórum?

Pasty
No lo solicito, pero me doy cuenta de que no se ha alcanzado.

El Presidente
En todo caso, señor Pasty, permítame que, desde esta Presidencia, le agradezcamos su capacidad de observación. Pero le digo al mismo tiempo que esto no tiene absolutamente ningún efecto sobre la votación.
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, el Sr. Falconer.

Falconer
Señor Presidente, quisiera decir únicamente que si el Sr. Pasty tiene dificultades con el número de personas presentes, lo mejor sería que fuéramos a Bruselas, donde podríamos tener el quórum necesario.

El Presidente
Señor Falconer, esta Presidencia no toma en consideración que esto sea una cuestión de orden, y no permitiríamos de ninguna manera que ahora empezáramos un debate que no es el que corresponde a este momento. Si en algún momento quiere abrir ese debate, hay métodos en esta Asamblea para hacerlo.

Bertens
Señor Presidente, por una cuestión de orden. Se ha cometido una equivocación lamentable en el párrafo nº 11. Mea culpa . Una equivocación muy embarazosa para el Comisario aquí presente, Sr. Van den Broek, que nos ha dedicado toda la tarde. El mismo ha advertido sobre este punto. El texto inicial dice: »Pide al Consejo que instruya a la Comisión», lo cual es evidentemente imposible desde el punto de vista técnico del Tratado. Por tanto, ruego que se redacte como sigue: »Pide a la Comisión la apertura de una oficina en Kosovo». En todo caso no será de gran utilidad, pues el Comisario nos ha comunicado ya que no hay dinero para dicha apertura.

El Presidente
Muchas gracias por la aclaración, señor Bertens.

Fondo de Cohesión 1994 (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A4-0069/96) del Sr. Costa Neves, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre el informe complementario de la Comisión (COM(95)0222 - C4-0237/95) relativo al Fondo de cohesión 1994.

Izquierdo Collado
Señora Presidenta, en primer lugar tengo que lamentar que no haya habido continuidad en el debate entre la exposición del ponente, Sr. Costa Neves, y las intervenciones que ahora se van a producir porque, en gran medida, ello distorsiona la comunicación y, por tanto, he de retrotraerme a la intervención del Sr. Costa Neves y a su informe.
Quiero empezar felicitándole porque estimo que ha hecho una información ponderada, objetiva y neutral sobre un tema tan importante como la aplicación de los Fondos estructurales en 1994.
Estimo que, ante algunos comentarios que se efectúan sobre el control de los Fondos estructurales, es lógico y necesario que el Parlamento tome constancia de la incidencia sustancial que, para los países que están recibiendo los Fondos estructurales, tienen en la evolución de sus economías, de su cohesión social, del bienestar general que están contribuyendo a crear precisamente en aquellos países europeos, que estaban -y que ojalá un día dejen de estar- a la zaga del resto de los países que tienen mayores niveles de producto interior bruto, de renta per cápita y de otra serie de factores.
Yo he de decir, concretamente, que en el caso español estamos orgullosos no solamente de la ejecución de los Fondos estructurales -porque los niveles de aplicación y de ejecución son niveles altísimos, por no decir exhaustivos-, sino también del hecho de que estos Fondos estructurales hayan contribuido de una manera eficiente y clara a transformar la sociedad española. En estos momentos, la economía española se encuentra en unas condiciones realmente positivas. Podría incluso decir que, comparativamente, en estos momentos la economía española está en mejor situación que no pocas economías de países europeos que, evidentemente, tienen un nivel mayor de equipamiento y un mayor nivel de economía y de tecnología. Sin duda ninguna, el mensaje que yo he de transmitir a la opinión pública y al Parlamento es que los Fondos estructurales son un mecanismo fundamental, una palanca fundamental para remover obstáculos y para transformar y modernizar los países europeos que están recibiendo esos fondos. Fondos cuantiosos -hay que reconocerlo ante el Parlamento-, que deben ser controlados, y estamos absolutamente de acuerdo con los intentos de control y de racionalización de esos fondos, con las evaluaciones que se estimen necesarias. Pero fondos también que están sirviendo para que nuestras infraestructuras se pongan en un nivel necesario para favorecer no solamente la competitividad sino la cohesión social. Agradezco al Sr. Costa Neves su informe, y creo que deben seguir presentándose con eficacia los informes sobre las distintas evaluaciones anuales de los Fondos estructurales porque es una garantía para el Parlamento y para los países que reciben esos fondos.

Novo
Señora Presidenta, señores diputados, queridos colegas, el informe relativo a la aplicación del Fondo de Cohesión en 1994, que merece nuestro entero acuerdo -y aprovecho para felicitar al ponente- recoge algunas enmiendas presentadas por nosotros, aceptadas por el ponente y aprobadas en el debate de la Comisión de Política Regional.
De entre ellas destacan las que exigen una adecuada evaluación previa de las repercusiones medioambientales de los proyectos y la necesidad de que las autoridades regionales y locales elegidas participen con mayores competencias en los comités de acompañamiento.
En un marco político en el que ciertos sectores insisten en la suspensión de las financiaciones a los países que no cumplan los criterios de convergencia nominal impuestos por Maastricht, es justo sobre todo subrayar la aprobación de las enmiendas que también presentamos y que abogan por que no se interpreten los aspectos reglamentarios del Fondo de Cohesión de forma inflexible, y acentuando al mismo tiempo su carácter protocolario, exterior al Tratado de la Unión, que, por eso mismo, no les confiere igual fuerza jurídica.
En ese marco es adecuado recordar que el Fondo de Cohesión no favorece sólo a los países beneficiarios de él, sino que, además, aumenta la demanda de bienes y servicios en toda la Unión, luego beneficia también a todos los Estados miembros. Por lo demás, es de sobra sabido que, por cada cien ecus concedidos con cargo al Fondo de Cohesión, cuarenta y cinco revierten a favor de los países más desarrollados de la Unión.
Por eso, y para que quede desde ahora bien claro, contará con nuestra firme oposición y denuncia quien pretenda y tal vez acepte imponer condiciones de convergencia monetaria aún más rigurosos a los países que después de 1999 sigan necesitando el Fondo de Cohesión y que, no contento con eso, pretenda hacer extensiva la misma condición a la atribución futura de los Fondos estructurales. Como tampoco aceptaremos que los países abarcados por el Fondo de Cohesión resulten, por esa razón, marginados en la atribución de incentivos financieros diversos, en particular como sucedió recientemente con los previstos para la construcción de las redes transeuropeas.

Schroedter
Señora Presidenta, en alemán la cohesión significa cohesión social y económica. Pero en los proyectos que son financiados con el Fondo de cohesión, hay que buscar la parte social con lupa. No solamente es conocido públicamente sino que se puede leer en el documento «Europa 2000+» que las inversiones en el tráfico fomentan el desarrollo de aquellas regiones en las que ya se registra un crecimiento más fuerte. El Director General español para asuntos de medio ambiente confirmó en una audiencia en la Comisión de Política Regional que, como consecuencia de ello, se está produciendo una fuerte polarización de las fuerzas económicas en algunos territorios centrales.
Lo que pasa es que los proyectos de medio ambiente no siempre protegen al medio ambiente. Por ejemplo, en Alemania se introdujo el llamado «punto verde». Con él se eliminan basuras cambiando sencillamente el nombre de las mismas y calificándolas como material de valor. De este modo, se evitan basuras. Este sistema trae consigo escándalo medioambiental tras escándalo medioambiental y ahora se está financiando un estudio para ensayar lo mismo en Portugal. Aquí se encuentran las reservas de la nueva política estructural. Este informe anual va a ser el último en el que se van a pagar fondos de cohesión sin respetar los criterios de convergencia. En el futuro va a cambiar.
En el futuro, las regiones desfavorecidas van a estar aún más desfavorecidas. Las posibilidades de reformar la política estructural se encuentran ante todo en el Fondo de cohesión. Creo que deberíamos pronunciarnos claramente en contra de mantener los criterios de convergencia en el campo de la política estructural, pues no es de provecho en absoluto para el asunto que la cohesión social y económica sea boicoteada por los criterios de convergencia.

Berend
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero expresar mi reconocimiento al ponente, Sr. Costa Neves, por su muy buen informe. Según los principios en los que se basa el Fondo de cohesión, el objetivo del mismo es apoyar en sus esfuerzos a los Estados miembros menos desarrollados cuyo producto interior bruto se encuentra por debajo del 90 % de la media de la Comunidad y reducir de este modo la distancia con los demás Estados miembros, es decir, fortalecer la cohesión económica y social.
El Fondo es un valioso instrumento de política económica y puede desempeñar un papel importante en la reducción de las desigualdades regionales en la Unión Europea, ante todo en el campo del medio ambiente y de las medidas de infraestructura de las redes de transporte transeuropeas. Si hoy se debate en este contexto sobre el año 1994 y, según el Tribunal de Cuentas, en los pagos apenas se ha sobrepasado el límite del 50 %, es prueba de que la forma elegida por la Comisión para aquel año no era adecuada ya que se limitó meramente a un complemento.
Pero a esto se opone una administración adecuada de los créditos del Fondo así como una ejecución dentro del plazo de las medidas. Son prueba de la voluntad del Estado favorecido para hacer uso de las oportunidades que le ofrece el Fondo de cohesión y acercarse al objetivo de la convergencia. Aunque haya mejorado sensiblemente el equilibrio a la hora de financiar proyectos de medio ambiente y de infraestructura de tráfico, hay que constatar que se sigue dando una preferencia exagerada a la construcción de carreteras. No obstante, es de saludar que se dedique más atención a proyectos de protección medioambiental en el campo del suministro de agua y del tratamiento de aguas residuales y de basuras. Sin embargo, hay que exigir un control más adecuado de la compatibilidad medioambiental como condición previa para la aprobación de proyectos.
Para finalizar, un diputado que no proviene de un país que se beneficia del Fondo de cohesión quiere subrayar que este Fondo, como instrumento de las iniciativas comunitarias, no sólo es de utilidad para los países necesitados sino que además ha impulsado el comercio y ha reactivado la demanda de bienes y servicios en toda la Unión Europea.

Gradin
Señora Presidenta, a pesar de que se me había prometido solemnemente, no he recibido la traducción sueca. Lo cual lamento y me veo obligada por ello a leer el texto que mi colega Wulf-Mathies había preparado en alemán. Espero que los distinguidos diputados disculpen mi acento. Esto es lo que mi colega había preparado para su intervención oral:
Me alegra poder tratar con ustedes la resolución preparada por el Sr. Costa Neves sobre el informe complementario relativo al Fondo de cohesión 1994. Al igual que en el año anterior, tomo nota con satisfacción de las numerosas observaciones positivas y de la crítica constructiva que el Parlamento Europeo hace sobre aspectos especiales de la política y gestión del Fondo de cohesión. Permítanme que exponga algunos puntos. Primero: debido a la crítica expuesta el año pasado por el Parlamento Europeo, la Comisión ha acordado con los Estados miembros que los comités de seguimiento se reúnan tres veces al año y que se intensifique el intercambio de informaciones entre las reuniones.
Segundo: el principio de «quien contamina paga» representa la base para la intervención en el sector del medio ambiente. Por ello, hemos comenzado a recapacitar sobre el modo mejor de aplicar este principio en la práctica y, en especial, qué tipo de valoración -por ejemplo, sistemas de repercusión- son los más adecuados para las diferentes situaciones in situ. En la importante cuestión del medio ambiente/transporte me remito de nuevo a la posición de la Comisión quien, en su comunicación aprobada el 22 de noviembre sobre la política de cohesión y medio ambiente, no solamente ha subrayado su objetivo de alcanzar una proporción del 50 a 50 en los sectores del transporte y del medio ambiente durante la totalidad del período de aplicación del Fondo de cohesión, sino que además ha acordado incluir de modo sistemático en el futuro la dimensión medioambiental en la política estructural, sensibilizar más intensamente a los comités de seguimiento sobre los problemas de medio ambiente, vigilar mejor la observancia de las normas de protección medioambiental e informar continuamente al Parlamento.
Me alegran sus observaciones sobre los resultados que hemos logrado en interés de un mejor equilibrio entre el medio ambiente y el transporte, con el fomento del ferrocarril. Tomo muy en serio su preocupación por el reducido número de proyectos en regiones ultraperiféricas y deliberaré con los Estados miembros sobre la intensificación de las posibilidades de ayuda, precisamente en sector del medio ambiente. He llamado la atención de los Estados miembros sobre los debates posteriores con el Parlamento Europeo. Comparto su opinión de que las corporaciones regionales y locales así como los interlocutores sociales deben participar en los comités de seguimiento en todos los asuntos posibles. Su apoyo o colaboración es una condición esencial para la aceptación por parte de los ciudadanos y para el éxito de los proyectos a fomentar. Pero la Comisión debe respetar al mismo tiempo sus límites jurídicos.
Según las normas jurídicas en vigor, las corporaciones locales y regionales así como los interlocutores sociales no están autorizados a intervenir en la selección de los proyectos. Pero es un importante paso en la dirección correcta que las corporaciones locales participen en las reuniones de los comités de seguimiento cuando se trate de proyectos que se refieren a iniciativas locales.
Me voy a referir ahora al principio de condicionalidad. A finales del año pasado, el 20 de diciembre, la Comisión determinó en una comunicación confidencial interna las modalidades para el examen del principio de condicionalidad. Tanto en la propuesta como en los preparativos de nuestro antiguo debate, hemos realizado una interpretación integral que muestra claramente que la condicionalidad representa un estímulo para la disciplina presupuestaria. Esto se refleja en especial en tres elementos. Dos veces al año se examina el cumplimiento de los objetivos marcados para la reducción del déficit presupuestario. De este modo, existe la posibilidad de suspender de nuevo la financiación dentro del mismo año.
Esto supone un estímulo directo para el Estado miembro afectado para adaptar del modo correspondiente su decisión presupuestaria. La suspensión de la financiación se realiza tras un amplio examen. Se tienen en consideración tanto las desviaciones absolutas mínimas de los objetivos como los acontecimientos extraordinarios que se escapan al control del Estado miembro. Basar decisiones en condiciones previas va unido necesariamente a un factor de inseguridad. Debemos tener esto muy en cuenta y valorarlo antes de adoptar la decisión definitiva.
El 25 de enero de 1996, la Comisión de Política Regional fue informada extensamente por el Director General de la DG XVI sobre la decisión de la Comisión respecto a la aplicación de los compromisos jurídicos derivados del principio de condicionalidad.
Pero sobre el tema en si, el Consejo constató en septiembre de 1994 que España, Portugal y Grecia tenían un déficit presupuestario desproporcionado al contrario que Irlanda. Por ello, en la recomendación del Consejo se establecieron unos objetivos específicos para estos tres países para el año 1995. En julio de 1995, el Consejo confirmó dichos objetivos para 1995 y estableció otros para 1996. Una investigación en esta primavera mostrará si los Estados miembros han alcanzado estos objetivos cuando se presenten las cifras de 1995. Si uno de los países no cumpliese el objetivo marcado para 1995, la Comisión acordará no financiar para este país ningún nuevo proyecto de planes con varias fases ni ninguna nueva fase de un proyecto con el Fondo de cohesión.
Si se suspende la financiación en la primavera de 1996, se podrá reiniciar en el otoño del mismo año siempre que exista la certeza de que el Estado miembro alcanzará el objetivo de 1996 en base a las condiciones previas. En cualquier caso, la Comisión informará sin demora al Parlamento sobre una eventual decisión suspensoria.
Señora Presidenta, para finalizar permítame que felicite en nombre de la Comisión al Parlamento y de nuevo al ponente, Sr. Costa Neves, por su positiva y constructiva resolución sobre la ejecución del Fondo de cohesión 1994.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Cooperación Norte-Sur y lucha contra las drogas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0070/96) del Sr. Liese, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(95)0296 - C4-0380/95-95/0167(SYN)) relativa a la cooperación Norte-Sur en el ámbito de la lucha contra las drogas y la toxicomanía (línea presupuestaria B7-5080).

Liese
Entre 40 y 50 millones de personas en todo el mundo son adictas a drogas ilegales. Cada destino individual es ya lo suficientemente terrible como para exigir que se adopten medidas. La Comisión de Desarrollo y Cooperación ha presentado un informe que ha aprobado unánimemente, para contribuir a atacar el problema. Las plantas con las que se producen drogas se cultivan ante todo en tres regiones: en los países andinos, en la zona del llamado «Creciente dorado» y en la del «triángulo dorado» en Asia. Motivo de esta concentración es, entre otros, la extrema pobreza de las personas que viven en estos países. Si la alternativa es muerte y pobreza o cultivar drogas, la mafia lo tiene fácil. Por ello, la cooperación para el desarrollo es necesaria en este campo, tanto por propio interés de la Unión Europea como por solidaridad con las personas afectadas. No se puede uno cansar de subrayar que el problema de las drogas es también un problema político de desarrollo.
Europa ha reconocido demasiado tarde que son necesarias medidas comunes para combatir el problema de la droga y además seguimos actuando con demasiadas vacilaciones. Me opongo a cualquier tipo de nacionalismo en este campo. Tenemos que hacer algo conjuntamente, no sólo en Europa sino trabajar también con las Naciones Unidas, tener en cuenta los Acuerdos internacionales y hacer por fin algo para que se apliquen de un modo mucho más efectivo.
El tema más delicado en este Parlamento es con frecuencia la pregunta de si se deben legalizar o no las drogas. Ya dije hace mucho tiempo que no existe ninguna posibilidad de lograr una liberalización de este tipo dentro de la Unión Europea ni fuera de ella y debemos tener claro que dependemos a este respecto de la cooperación internacional. También en lo que atañe al fondo, me opuse muy pronto a la mencionada liberalización, pues creo que esta vía no nos haría avanzar en absoluto. Expreso mi agradecimiento a la comisión por haber rechazado todas las enmiendas que no estaban claramente opuestas a la liberalización, de modo que nos pudimos concentrar más intensamente en el problema de fondo de este informe, es decir, la cuestión de cómo se puede controlar el problema de las drogas con medidas políticas de desarrollo. Esto ha sido muy beneficioso para el trabajo en la comisión y quiero expresar mi agradecimiento a todos los colegas que han participado.
¿Cómo hay que gastar el dinero de esta línea presupuestaria? En 1987, el Parlamento Europeo creó la línea presupuestaria «Cooperación Norte-Sur en la lucha contra las drogas y las toxicomanías». En total se gastaron 75.680.000 ecus hasta finales de 1995. Naturalmente, con este dinero no se puede resolver el problema, pues la mafia de la droga emplea un múltiplo muy superior de esta suma. Pero podemos contribuir a que la Unión Europea envíe una señal haciendo que se empleen también otras fuentes financieras de la Unión Europea, como los Fondos Europeos para el Desarrollo y los créditos del programa ALA, para que otros países sigan el ejemplo al abrir nosotros el camino. La Comisión propone en especial financiar medidas en el marco del programa PNUCID de las Naciones Unidas, consistente, por ejemplo, en ayudas a la vigilancia y a la lucha contra el tráfico de drogas. La comisión apoya decididamente estas medidas así como que la prevención y la terapia representen asimismo un aspecto central, pues es importante y cierto y, lamentablemente, poco conocido, que también en los países en vías de desarrollo hay muchos drogodependientes.
En un punto somos decididamente de la opinión de que hay que mejorar la propuesta de la Comisión: la Comisión propone que una parte esencial de la línea presupuestaria se gaste en estudios, para comprobar si el sistema de preferencias especiales garantizadas funciona bien. Creo que deberíamos ahorrar este dinero y la comisión comparte esta opinión. Preferiblemente, deberíamos dedicarlo a proyectos concretos, pues incluso un cuestionamiento parcial del SPG sería una señal fatal para los países en vías de desarrollo. Estas preferencias tienen que mantenerse e incluso ampliarse. No se puede demostrar siempre que la importación de una coliflor por parte de la Unión Europea sustituye una planta de coca sino que el problema es mucho más complejo. Tiene algo que ver con una señal política y con la formación de voluntad en estos países.
Concedemos una importancia central al desarrollo alternativo. Desarrollo alternativo significa mostrar alternativas a los productores para que no dependan ya del cultivo de drogas. No es suficiente con sustituir las plantas. Se necesita el know-how técnico, la infraestructura. Se necesitan vías de comercialización. Se tiene que garantizar todo esto. Hay muy buenos proyectos en este campo que funcionan de modo ejemplar. Lamentablemente, la Unión Europea -el Consejo y la Comisión- no se han declarado aún dispuestos claramente a reconocer este concepto, de modo que, como Parlamento, deberíamos exponer nuestra opinión claramente y mandar este mensaje al Consejo y a la Comisión. La comisión lo ha hecho unánimemente y expreso mi agradecimiento a todos los colegas que han cooperado, en especial al diputado Schmid, quien, desgraciadamente, hoy no puede estar presente por motivos personales, pero que me ha dado muy buenos consejos. Expreso mi agradecimiento también a todos los demás diputados.
Finalizo llamando la atención sobre un aspecto especial: el Consejo tiene dudas sobre el fundamento jurídico de este programa. El Consejo dice que todo lo que tiene que ver con la lucha contra la droga es automáticamente tercer pilar. Quiero decir claramente en nombre de la comisión y de la Comisión de Presupuestos que lo consideramos una desvergüenza. Si hacemos política de desarrollo y gastamos dinero para ayudar a países en vías de desarrollo, se trata de cooperación para el desarrollo y aquí tiene el Parlamento un poder de codecisión o una competencia en el marco de la cooperación y no vamos a permitir que se nos discuta esta competencia. Si el Consejo es de otra opinión al respecto, en el procedimiento presupuestario encontraremos vías para imponer nuestros derechos. Muchas gracias por su atención y les ruego que apoyen este informe de la Comisión de Desarrollo.

Leperre-Verrier
Señora Presidenta, el infierno está lleno de buenas intenciones. Y al decir el infierno, me refiero al de la droga, evidentemente. En cuanto a las buenas intenciones, la propuesta de Reglamento del Consejo que se nos ha sometido hoy es una ilustración perfecta, pues no hay nada más loable que pretender la financiación de proyectos de cooperación NorteSur en el campo de la lucha contra las drogas y la toxicomanía, para contribuir a sensibilizar en el problema a los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, si deseamos ayudar a estos países, debo decir que el proyecto que se nos ha propuesto nos deja escépticos, en primer lugar por su falta de coherencia. En varias ocasiones el Parlamento ha emitido su dictamen sobre la forma como habría de llevarse la lucha contra la droga, sobre todo a nivel internacional. Lamentamos que esta propuesta no lo tenga suficientemente en cuenta y que únicamente haga referencia al programa de las Naciones Unidas para el control internacional de las drogas. Por otra parte, la partida presupuestaria dedicada al proyecto es demasiado limitada para que éste último sea realmente eficaz. En este sentido nos gustaría tener una idea más concreta de las acciones a financiar.
Por otra parte, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, de la que soy ponente para emitir opinión, hubiera deseado un planteamiento más orientado a la prevención, y que tuviera en cuenta las necesidades de las comunidades locales en materia de educación para la salud, en especial para los grupos de riesgo. La misma Comisión ha subrayado además la necesidad de luchar globalmente contra las consecuencias de la pobreza y promover un verdadero programa de educación entre los países en vías de desarrollo.
Como conclusión, y de una manera más general, quisiera recordar que, tanto en los países en vías de desarrollo como en Europa, el planteamiento prohibicionista no ha permitido hasta hoy luchar de manera eficaz contra el aumento de la oferta y la demanda de drogas. No debemos, por tanto, equivocarnos de objetivo y señalar precipitadamente con el dedo a los países en vías de desarrollo. Y la mejor prueba son las drogas sintéticas que han aparecido en los países occidentales. El éxtasis que toma el joven europeo en Amsterdam o en París es tan nocivo como la cola que esnifa el niño de las calles de Río o de México. De hecho, sólo una verdadera política de co-desarrollo permitirá luchar en cualquier parte de manera eficaz contra esta lacra.

D'Ancona
Señora Presidenta, el principal tema a resaltar en el presente debate -y por este motivo aprecio mucho el informe del Sr. Liese- es, en mi opinión, que la política no debe centrarse sólo en el mantenimiento de la ley y en la destrucción de los cultivos. Los efectos de tal política son, a menudo, catastróficos ya que, en primer lugar, aumentan la oferta en vez de reducirla y, en segundo lugar -el Sr. Liese también lo sabe- porque una estrategia tan unilateral genera pobreza y violaciones de los derechos humanos y perjudica, con frecuencia, al medio ambiente. Afortunadamente, la Unión Europea reconoce este hecho.
A principios de esta semana, los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina se reunieron en Bolivia con sus homólogos de la Unión Europea. En la Declaración de Cochaconda se subrayó la necesidad de tomar medidas comunes y concretas para combatir el problema de la droga a escala mundial. Durante la reunión, el Comisario Marín confirmó que la Unión Europea no comparte el punto de vista de Estados Unidos en lo que concierne a la lucha contra el tráfico de drogas. Al Comisario Marín no le convence la política estadounidense que obliga a la destrucción de los cultivos, opinión también destacada en el informe, es decir, en la propuesta de la Comisión a que se refiere el informe Liese.
La Comisión afirma que, hasta la fecha, las acciones de lucha contra la droga han fracasado, fracaso que atribuye a determinadas pautas económicas que también son aplicables al ámbito de la droga. En otras palabras, donde existe una demanda se produce una oferta y donde aumenta el libre comercio como efecto de la desaparición de las fronteras, aumentan también las oportunidades para el tráfico de drogas.
Afortunadamente, la Comisión Europea es cada vez más consciente de la necesidad de relacionar la lucha contra la droga con el desarrollo socioeconómico general de los países productores de droga. Sería positivo que la Unión Europea se diera cuenta de que la cooperación en la lucha contra la droga debe basarse en una cooperación más amplia encaminada a promover un buen funcionamiento de la sociedad civil en los países implicados. Naturalmente, este es un asunto de largo alcance.
En resumidas cuentas, señora Presidenta, la cooperación Norte-Sur y la lucha contra la droga demuestran una vez más que la «guerra contra la droga» por sí sola lleva al fracaso. El resultado de esta guerra es doblemente negativo: no alcanza los objetivos propuestos, y los efectos secundarios de una política de mano dura son desastrosos.
La propuesta de reglamento de la Comisión constituye, en mi opinión, un impulso adecuado. Además, el Sr. Liese la ha mejorado y confío en que, adoptando algunas de las enmiendas presentadas en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, el conjunto adquiera un tono todavía un poco más humano. No obstante, opino que el informe es excelente y felicito al Sr. Liese por su contribución.

Cederschiöld
Señora Presidenta, queridos colegas, millones de personas dependen de los estupefacientes. Ocurren crueles tragedias en el mundo real de que se ocupa esta propuesta, así como el informe y las enmiendas. Las víctimas son los narcodependientes. Pero no sólo ellos, sino también sus familias y muy a menudo niños y jóvenes; son ellos los que más sufren en el círculo social en que se mueven las drogas. Una política liberal es tan irresponsable como una de signo pasivo. Debe aumentar la cooperación, no sólo transfronteriza, sino global. Debe aumentar a nivel nacional entre las autoridades sociales, policía, escuelas y organismos de información. Se ha iniciado un diálogo americano-europeo, y es evidente que Europa debe incrementar sus esfuerzos si queremos responder a las llamadas americanas.
La comisión pertinente ha recibido en este tema un cierto número de opiniones de otras comisiones, lo cual ha tenido unos resultados relativamente confusos. Me satisface comprobar que la Comisión de Desarrollo y Cooperación haya conseguido eliminar todas las tomas de posición contradictorias y haya llegado a una línea consecuente y constructiva.
Sería ingenuo creer que la UE puede sustituir las cosechas de narcóticos por otras y así comprar la solución al problema. Esto no es realista. Podemos aportar ayuda al desarrollo, dar un buen ejemplo y contribuir al tipo de desarrollo que cree una mejor infraestructura. Es esto lo que constituye el fundamento para el progreso en este ámbito. Si queremos resolver el problema de la cuestión financiera en conexión con estas acciones, es necesario que llevemos a cabo una labor de investigación minuciosa, de evaluación, de rendición de cuentas y de control, así como de información cara a los ciudadanos. Se trata de un problema gigantesco al que no podemos enfrentarnos abandonando la lucha, sino con unos esfuerzos y unas acciones más amplias. Por ello esperamos que la Conferencia Intergubernamental consiga unos métodos mucho más eficaces para adoptar decisiones en lo referente al tratamiento que debe dársele a la cuestión de la industria de la droga. En esta ocasión no deben darse pasos atrás.
No podemos abandonar a las víctimas de esta industria. Es una responsabilidad que tenemos todos, y no en menor medida aquellos miembros del Consejo que no quieren asumir las medidas sugeridas, pero que tampoco tienen unas propuestas alternativas. Celebro el punto de vista humanista que caracteriza la propuesta y este informe. Nos muestra el camino hacia un desarrollo alternativo que puede llevarnos a reducir la demanda.

Donnay
Señora Presidenta, Señorías, la lucha contra la drogadicción es un tema que provoca polémicas y desata pasiones, pues por desgracia no existen soluciones milagrosas para erradicar esta lacra que invade nuestra sociedad, haciendo cada vez más estragos y provocando delincuencia y prostitución.
Me considero un hombre pegado a la tierra. La región Nord-Pas-de-Calais, por la que soy diputado, ha visto cómo crecía este fenómeno de forma considerable en los últimos años. Las incautaciones de droga han aumentado en 1995 un 272 % con respecto al año anterior. El número de drogadictos en la región se estima en 15.000, es decir, el 10 % de los drogadictos registrados en Francia; si tenemos en cuenta que la población de la región representa el 2, 5 % de la población francesa, la región de Nord-Pas-de-Calais cuenta con cuatro veces más de drogadictos que la media de Francia.
La proporción de heroinómanos en la región es creciente, superando el 15 % de la media nacional y se confirma la multidrogadicción. La población afectada es joven, el 90 % de los menores de 30 años y la mitad de los menores de 21 años; ésta es mayoritariamente masculina y cuenta con un 65 % de personas en busca de empleo. Los drogadictos no son solamente intelectuales soñadores que, de cuando en cuando, intentan evadirse de la realidad cotidiana; también son jóvenes, víctimas de la crisis, desarraigados, sin valores ni referentes.
Lejos de resolver el problema suprimiendo el atractivo de lo prohibido, la legalización de la venta de drogas blandas, que algunos de nuestros colegas reclaman de manera insistente, no haría más que agravar la situación desarrollando la oferta y facilitando la compra de estupefacientes. Todos los países o regiones que han ensayado esta experiencia han constatado su fracaso y están dando marcha atrás. Los holandeses reconocen también que, aunque los efectos de su política han sido satisfactorios durante bastante tiempo, sus planteamientos liberales empiezan a ser controlados por traficantes internacionales. Allí se está desarrollando un verdadero narcoturismo que ellos son los primeros en sufrir. En 1991, el 61 % de la heroína vendida en Francia procedía de los Países Bajos. En los dos últimos años, han muerto por sobredosis más de 40 «nordistas» en los propios Países Bajos. Los policías franceses y holandeses estiman en 200 el número de viajes diarios que los jóvenes franceses realizan a este país para procurarse droga. Una asociación de Lille creada en 1995 en Rotterdam, ha puesto en marcha una unidad de acogida que repatría a estos jóvenes sumidos en una angustia desesperante.
En estos momentos es indispensable desarrollar un plan de acción global. En primer lugar, es necesaria una mayor concertación entre los Estados miembros, para una mejor comprensión de los problemas recíprocos y una armonización de las políticas. No podemos obligar a que coexistan modelos tan diferentes como los ya existentes. En segundo lugar, es necesario consolidar los programas sanitarios y las acciones en materia de información. Esto es lo que hemos elaborado con el informe Burtone. Finalmente es indispensable reforzar la cooperación internacional para luchar contra el crimen organizado y reducir la oferta.
Como nuestro ponente subraya con toda justicia, mientras la alternativa sea el cultivo de coca, por una parte, o la extrema pobreza por la otra, la mafia lo tendrá muy fácil. Por tanto es importante promover estrategias de desarrollo de sustitución para ofrecer a algunos países en vías de desarrollo otras posibilidades que no pasen por la producción de estupefacientes.
Las propuestas de la Comisión y las del ponente son satisfactorias. Ahora es necesario dedicarles medios importantes. Por ello apoyaremos este informe, que va en la dirección correcta.

Bertens
Señora Presidenta, con todos mis respetos por la muy justificada preocupación del orador precedente, he temido por un momento que estuviese hablando de la cooperación Norte-Sur, los Países Bajos y Francia. En mi opinión, el tema del informe no es exactamente el comentado por el Sr. Donnay, aunque sí comparto su preocupación.
Señora Presidenta, por experiencia propia -y no me interprete mal- sé que el tráfico de drogas y las prácticas mafiosas se extienden entre los países del Tercer Mundo y que aumenta la corrupción y la absoluta dependencia de esos países respecto al tráfico de esta basura. Los consiguientes daños para la estabilidad y el desarrollo económico de esas regiones no sólo son motivo de gran preocupación, sino también razón para estudiar lo que ha fallado en nuestra cooperación en materia de desarrollo. Muchos ciudadanos de los países del Tercer Mundo están absolutamente atados de pies y manos al tráfico, la industria y el cultivo de drogas.
Debido a sus precarias condiciones de vida, consecuencia del fracaso de muchos aspectos de nuestra cooperación en materia de desarrollo, a menudo no tienen otra alternativa. Por tanto, en el marco de un plan de acción coherente y global sobre la droga, no basta con estudiar la situación en Europa, sino que nos interesa mucho ofrecer una alternativa viable a las regiones afectadas y el Sr. Liese ha puesto acertadamente el dedo en la llaga.
Por lo tanto, uno de los elementos principales de nuestra política global contra la droga debe ser la cooperación Norte-Sur. Se trata de un instrumento útil, que fortalece la capacidad institucional de los países implicados para acceder a los medios que permiten atajar el blanqueo de dinero procedente de la droga y combatir las mafias de la droga.
Por otra parte, nuestra cooperación Norte-Sur debe estar encaminada principalmente a fomentar la producción de cultivos alternativos. No se trata de una política ad hoc. El fomento de cultivos alternativos sólo dará buen resultado si abrimos efectivamente nuestros mercados, por ejemplo, a los productos agrícolas del Tercer Mundo.
Señora Presidenta, los fondos destinados a la cooperación Norte-Sur no son suficientes: es evidente que diez millones de ecus no son nada, una minucia. Es conveniente ampliarlos si lo que Europa desea es contribuir eficazmente al problema que ahora nos ocupa. Si deseamos aumentar la eficacia, debemos cooperar con las Naciones Unidas y con los Estados miembros. Es más, debemos encuadrar la cooperación Norte-Sur en nuestra política de cooperación para el desarrollo en general, y sería conveniente considerar además cuestiones relativas a los derechos humanos, el medio ambiente y el papel de la mujer, si bien ratifico que la concienciación y la lucha contra la dependencia del tráfico, la industria y la producción de droga sigue siendo el objetivo prioritario. Independientemente de lo que hagamos en Europa, de que echemos la culpa de la adicción a las drogas a los Países Bajos, a Bélgica o a cualquier otro país, nuestra atención debe centrarse en la raíz, en el lugar en el que crece esta basura. Este es un mensaje importante que debemos transmitir y me alegro de que el Sr. Liese, que habla con conocimiento, lo haya hecho. Le felicito por ello.

González Álvarez
Señora Presidenta, señora Comisaria, existe el convencimiento generalizado de que, en la lucha contra el comercio internacional de drogas, la clave del éxito reside -y así se confirmó en el Consejo Europeo de Madrid- en la formulación de medidas dirigidas a reducir la demanda, combatir el comercio ilegal y alcanzar la cooperación internacional. Pero no hay acuerdo sobre cómo conseguir reducir la demanda; y sin la reducción de la misma, las demás medidas devienen ineficaces, al menos parcialmente. Conviene tener presente este aspecto de la cuestión aunque estemos hablando de cooperación internacional, porque ¿de qué serviría llegar a acuerdos con determinados países para que erradiquen unos cultivos que las organizaciones criminales pueden desplazar hacia otros? De hecho, la erradicación de unos cultivos en determinadas áreas geográficas -o, al menos, la tentativa de erradicación- no ha conducido a un descenso de los mismos. La cuestión no es tan simple, ojalá lo fuera. Por ello pienso que es preciso continuar esforzándose en aumentar el presupuesto para alcanzar un desarrollo agrícola alternativo en esos países, para que sea factible la sustitución de los cultivos tradicionales de plantas narcóticas, pero también pienso que es preciso abordar con amplitud de miras el grave problema de las toxicomanías, apartándose de esquemas preconcebidos.

Schroedter
Señora Presidenta, no sirve de nada diseñar planes sobre la mesa. El resultado es tal que, por ejemplo, en el «triángulo dorado» se han arrancado plantas, con lo que se han provocado erosiones que han arrastrado pueblos, se han perdido puestos de trabajo y viviendas en el área rural y se han desplazado a las personas a los anillos de miseria de las grandes ciudades; allí han caído en la pobreza y han comenzado ellas mismas a consumir drogas. Una solución consistiría en incluir desde un principio a la población en los planes de reestructuración para los que está pensada la ayuda, pero apenas existen ejemplos realmente positivos. Con frecuencia, ocurre que la Unión Europea pierde el control frente las instituciones internacionales que reciben dinero de ella. Si se tiene en cuenta cómo se lleva a cabo hoy en realidad la lucha contra la droga, se trata de una especie de llamada de ayuda para que cubra los flancos frente al fuego enemigo en el sentido literal de la palabra. Es decir, las drogas se combaten con la policía a pesar de que de este modo no se combaten en absoluto las causas.
En total, podemos dar nuestro voto afirmativo al informe del Sr. Liese. Pero no entendemos cómo de repente le parecen tan excelentes las preferencias comerciales. En el fondo, solamente las grandes explotaciones se benefician de ello y los pequeños agricultores no obtienen nada. En Colombia, por ejemplo, en estas grandes explotaciones se producen graves violaciones de los derechos humanos en las plantaciones de flores, en especial en contra de las mujeres que allí trabajan. Los perjuicios contra la salud que allí se originan son irresponsables y aún se fomenta esto. ¿Es esto lo que queremos? Desde hace años, el Parlamento Europeo exige estudios pertinentes y la Comisión no hace nada.

Dupuis
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, no todos los miembros de mi grupo comparten el punto de vista que voy a exponer, por lo que hablaré a título personal.
El ponente nos propone el desarrollo de cultivos alternativos con el fin de exhortar a los campesinos del tercer mundo a renunciar a la producción ilegal de plantas alucinógenas. La estratagema, sencilla, consiste en ofrecer exenciones aduaneras a la exportación de productos agrícolas legales. Es decir, el ponente propone a los campesinos del tercer mundo comprarles sus patatas por unos céntimos de más y que, a cambio, renuncien a unos ingresos cien veces superiores que obtienen dedicándose a cultivos ilegales.
Esta política, que ha recibido el nombre altisonante de «política de cultivos alternativos», no es, de hecho, más que la política caduca de la Drugs Enforcement Administration, la DEA americana, que se viene aplicando desde hace veinte años con los resultados que todos conocemos y que creo necesario recordar al distinguido ponente.
A lo largo de estos veinte años, la DEA ha invertido cientos de millones de dólares anuales para financiar la destrucción de miles y miles de hectáreas de cultivos ilegales. Paralelamente, la producción y el consumo de drogas ilegales ha aumentado en proporciones sin precedentes en la historia de los hábitos de consumo de la especie humana.
A pesar del evidente fracaso de la política americana, de la que lo menos que se puede decir es que no le han faltado medios, Europa propone de nuevo la misma política, asignándole diez millones de ecus. Todo esto provocaría risa, señora Presidenta, si la cuestión de la droga no fuera tan trágica. Trágica para muchas democracias del tercer mundo que se ven desestabilizadas por poderes ocultos que las aplastan; trágica para nuestras democracias, que se ven invadidas lenta pero firmemente por el dinero sucio; trágica para los cientos de miles de ciudadanos europeos víctimas de consumidores de sustancias ilegales a los que literalmente se empuja al crimen; trágica, finalmente, para los millones de consumidores a los que se arroja irremisiblemente a la marginalidad.
Después de más veinte años de errores, de tragedias y de efectos perversos en todos los órdenes, no podemos perder un minuto más. Es preciso que los Estados y la comunidad internacional retomen el control sobre la producción y distribución de todas las sustancias ilegales. Es preciso reglamentar y legalizar todas las drogas inmediatamente. Y hay que dejar de decir a los antiprohibicionistas que un debate sobre la legalización de las drogas sería una pérdida de tiempo. Después de una catástrofe como ésta, sobre los prohibicionistas recae la carga de la prueba.

Blokland
Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría felicitar al ponente por su excelente informe, redactado en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación. A diferencia de lo que sucede con la opinión de otras comisiones, se trata de un informe equilibrado en su planteamiento y que no se ha dejado tentar por declaraciones poco matizadas sobre la liberalización y la legalización. Porque ésa no es la cuestión. Con su propuesta, la Comisión pretende capacitar a los países en vías de desarrollo para que luchen de un modo eficaz contra la adicción a las drogas, e involucrarlos en la cooperación internacional ya operativa en este ámbito. Se nos ha pedido ahora que consideremos esa propuesta desde el punto de vista de la política de desarrollo.
Esto es precisamente lo que debemos hacer. Las personas de los países en vías de desarrollo no cultivan coca y adormidera porque estén convencidos, por principio, de que las drogas deban comercializarse libremente; en la mayoría de los casos, las cultivan puramente para sobrevivir. Y ese cultivo y comercio originan en sus propios países, a menudo ya suficientemente asolados, numerosos problemas económicos y sociales. Es penoso comprobar que, hasta la fecha, Europa apenas haya aportado nada bueno a los países en vías de desarrollo. Además, a mi juicio, es igualmente doloroso que se intente orientar una vez más el debate hacia la liberalización, en perjuicio del verdadero objetivo de este informe.
No debemos olvidar que el cultivo de drogas es, a menudo, consecuencia de un problema latente más profundo: la pobreza. La aplicación de una política internacional de cooperación con los países en vías de desarrollo para luchar contra el problema de la droga es una necesidad. No obstante, no servirá de nada si en Europa no somos capaces de ofrecer a esos países la perspectiva real de un futuro mejor. Las investigaciones demuestran que la evolución de Europa con respecto a los países en vías de desarrollo se ha caracterizado por un cierre de los mercados más que por su apertura. Mientras no nos tomemos en serio nuestra política de desarrollo y no la reflejemos en nuestra política económica, no podemos esperar que programas como éste aporten nada bueno. Así que apoyaré sinceramente la enmienda nº 2 del informe del Sr. Liese, en la que se destaca este aspecto. Recibirán asimismo mi apoyo las demás enmiendas encaminadas a aplicar la ayuda lo más directa y concretamente posible.

Blot
Señora Presidenta, Señorías, realmente se trata de un interesante informe sobre la ayuda que se ha de conceder a los países menos desarrollados con el fin de que puedan abandonar la producción de drogas en beneficio de otros cultivos alternativos, lo cual, sin duda, es una idea útil. Sin embargo, en el informe se insiste mucho en los aspectos económicos y menos en las relaciones de poder inherentes a esta cuestión. Ahora bien, en muchas ocasiones ocurre que poblaciones enteras se ven forzadas por los traficantes a producir droga, y el problema entonces ya no es económico sino de soberanía política real, y, en definitiva, casi militar.
Como el ponente ha señalado con toda justicia, los créditos destinados por la Unión Europea en este terreno son, cuando menos, demasiado modestos en relación a las dimensiones del problema que plantea el mercado de la droga en el momento actual.
Pero no sólo los créditos son modestos; temo que también lo sean las intenciones reales. En la situación actual, para combatir la droga es necesario recurrir a medidas excepcionales. En nuestra opinión, esto debe hacerse mediante el restablecimiento y la aplicación real de la pena de muerte para los grandes traficantes, como se está haciendo ya en algunos países como Singapur, con bastante éxito.
Por razones ideológicas conocidas no se quiere plantear abiertamente esta vía y se prefiere tratar los problemas provocados por el tráfico de drogas desde un punto de vista económico, incluso desarrollando créditos de estudio, aunque su eficacia no esté verdaderamente comprobada. Se olvida que los traficantes no son simples comerciantes defraudadores sino verdaderos asesinos, y que, por consiguiente, el problema no es solamente de orden económico sino político e, incluso diría, militar, habida cuenta de las dimensiones actuales del tráfico de drogas.
Hasta el momento, nada demuestra que sea ésta la intención por parte de la Unión Europea, ni tampoco la de los Estados miembros. Por ello el informe es bueno, pero, creemos que de nuevo se ha obviado el núcleo de la cuestión.

De Luca
Señora Presidenta, queridos colegas, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores está en una posición crítica con respecto al informe del Sr. Liese, porque dicho informe se basa en una propuesta de la Comisión en la que la acción de la Unión Europea, prevista para la lucha contra la droga en los países en vías de desarrollo, se fundamenta en una estrategia absolutamente ineficaz. Por otra parte, el propio documento de la Comisión expresa cierta desconfianza cuando afirma que la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, debe tomar nota del fracaso evidente de las acciones de lucha contra la droga. Este fracaso es el resultado de algunas leyes económicas que se aplican también en el sector de los estupefacientes.
En la propuesta que se está examinando se insiste en la importancia del sistema de las preferencias generalizadas. Sin embargo, no es en absoluto cierto que éste vaya realmente en beneficio de los pequeños agricultores que han cultivado productos de base en vez de drogas o que haya contribuido de algún modo a la reducción de las superficies cultivadas para la producción de drogas.
La producción, la comercialización y el uso de drogas han aumentado desmesuradamente en los últimos años y dicha tendencia queda confirmada con los datos de Interpol, según los cuales, por ejemplo, en el transcurso de trece años la cantidad de cocaína incautada en Europa ha aumentado doscientas veces. Está ya claro que, dado el valor financiero del fenómeno, el tráfico y las actividades ilegales colaterales generan corrupción a todos los niveles y la infiltración de las organizaciones criminales en la gestión del poder público y en la organización de la economía.
El problema de la droga es un problema político precisamente en los países productores, ya que se sabe que los carteles utilizan los recursos acumulados para interferir en los procesos democráticos y económicos de sus países, condicionando su política y asumiendo el control de sectores clave del mundo empresarial y de los servicios financieros. El problema tiene dimensiones mundiales y es justamente en el marco de la política de cooperación y de ayuda al desarrollo donde Europa puede y debe analizar la situación para precisar todos los aspectos del fenómeno, evaluar la eficacia de las políticas aplicadas hasta ahora y preparar nuevas formas de intervención que puedan estimular la cooperación entre los Estados productores y los Estados importadores, así como entre las autoridades públicas de todos los niveles, y también evaluar la oportunidad de modificar radicalmente el enfoque y elaborar políticas específicas de intervención. La política de destrucción de las plantaciones y la de financiación de los productos alternativos han fracasado, según reconocen todos los estudios y análisis realizados.
Por lo que respecta a la concesión de las asignaciones, se nota que, en la propuesta objeto de examen, cuando hasta ahora se habían reservado cuotas relevantes para medidas encaminadas a reducir la demanda, la Comisión parece querer casi reducir a la mitad las asignaciones disponibles para la lucha contra la demanda. Esto cuando se ha reconocido siempre que sólo a través de la reducción de la demanda será posible resolver el problema de la droga y eso, además, la Comisión lo ha reconocido cuando se refiere al creciente consumo de drogas.
Es necesario, pues, que la Comisión vuelva a examinar la distribución de las asignaciones de fondos. Además, es conveniente prever normas relativas a la cofinanciación.
Por último, el respeto de los derechos humanos en el ámbito de la lucha contra la droga debería ser un objetivo de la Unión, y ello no sólo en el marco de las medidas de prevención, tratamiento y reinserción de los toxicómanos. De hecho, la legislación contra las drogas y su aplicación por parte de las fuerzas policiales o militares pueden comportar riesgos de violación de los derechos humanos que la Comunidad no puede avalar en modo alguno.

Amadeo
Señora Presidenta, la producción, la comercialización y el consumo de drogas han aumentado desmesuradamente en los últimos años. Los datos de Interpol relativos a la droga incautada demuestran claramente la tendencia de los últimos años: de los 1.366 kilogramos de heroína incautados en Europa en 1989 a los 6.100 de 1990; de los 59 kilos incautados en Europa en 1977 a los 1.291 de 1993. Por lo que respecta a las anfetaminas, la cantidad total incautada ha sido de 380 kilogramos en 1990 frente a los 184 de 1989. El tráfico ilegal de hachís y marihuana está creciendo en todo el mundo: en 1990 se incautaron 211 toneladas respecto de las 160 de 1989 y de las 242 de 1992. Está ya claro que el tráfico y las actividades ilegales colaterales, dado el valor financiero del fenómeno, generan corrupción a todos los niveles y la infiltración de las organizaciones criminales en la gestión del poder público y en la organización de la economía.
El problema de la droga se ha convertido en una cuestión mundial. Los carteles internacionales de la droga están adoptando una estrategia cada vez más agresiva y expansionista, invadiendo nuevos mercados con nuevas drogas, con planes de distribución que evolucionan continuamente y una habilidad cada vez mayor para ocultar y transferir los beneficios del tráfico. Se trata de un problema eminentemente político precisamente en los países productores, ya que se sabe que los carteles utilizan los recursos acumulados para interferir en los procesos democráticos y económicos de los países, condicionando la política y asumiendo el control de sectores clave del mundo empresarial y de los servicios financieros.
El crimen organizado puede contratar a los mejores cerebros, puede utilizar las tecnologías más avanzadas, los expertos más influyentes para el blanqueo, dispone de muchas formas y lugares para gozar de impunidad. Señorías, hay que entrar en guerra contra la droga en todos los ámbitos. Es un compromiso ético, absoluto, que nos debe distinguir para que nuestros hijos puedan vivir un futuro en el que la química de la droga no debe comprometer los valores y las alegrías de la vida. Se trata de un verdadero compromiso que requiere respuestas serias, no se puede combatir contra un ejército de delincuentes organizados con las charlas de los demagogos. El camino será largo, difícil y todavía no del todo seguro, pero los hombres libres que creen en la vida tienen el deber de recorrerlo. Si el problema tiene dimensiones mundiales, es justamente en el marco de la política de cooperación y de ayuda al desarrollo donde Europa puede y debe hacer un examen general de la situación para precisar todos los aspectos del fenómeno, evaluar lo que ha hecho, determinar nuevas formas de intervención capaces de estimular la cooperación entre Estados productores y Estados importadores, entre autoridades de todos los niveles. El enfoque debe ser global y es necesario volver a examinar a fondo en el seno de la ONU los resultados de las políticas aplicadas hasta ahora en materia de drogas, fomentando, en su caso, una revisión de los Convenios de la ONU que regulan la materia.
Nos damos perfectamente cuenta de que los poderes de la Unión son muy escasos, pero vale la pena recorrer el camino, en un marco de financiación Norte-Sur en el sector de la droga.

McGowan
Señora Presidenta, antes de que la Comisaria responda al excelente informe del Sr. Liese y exponga las opiniones de la Comisión sobre las diversas enmiendas, me gustaría que se confirmara que la Comisión ha sido informada debidamente de que las enmiendas 31, 32, 34 y 35, presentadas en nombre del Sr. De Coene y de la Sra. d'Ancona y el Grupo Socialista, han sido retiradas.

Gradin
Señora Presidenta, la lucha contra los estupefacientes es una cuestión primordial para la Comisión. El uso de narcóticos es preocupante en todo el mundo. Entre 40 y 50 millones de personas dependen de las drogas ilegales. En los últimos años, el número de narcómanos ha aumentado dramáticamente también en los países desarrollados. En la UE hay cientos de miles de personas que son drogodependientes. Esta situación es muy grave.
La Comisión sigue una política clara en este ámbito. Se incide en las acciones para reducir el acceso y la demanda, acciones para luchar contra el comercio ilegal y acciones en el marco de la cooperación internacional. Es esencial para la UE colaborar estrechamente con los países en desarrollo en su lucha contra el uso de drogas. Se trata de dar ayuda de modo que las personas no se vean obligadas a participar en la producción de drogas a causa de su pobreza. Deben recibir ingresos de otras clases de cosechas. Se trata, juntamente con otros organismos internacionales, de dar apoyo a las acciones que lleven a cabo los propios países. Para enfrentarse al problema de modo eficaz deben iniciarse unas acciones en varios ámbitos.
Esto significa en concreto que las medidas que se aprueben deben tener como objetivo la reducción de la oferta y la demanda, así como la lucha contra el comercio ilegal y el blanqueo de dinero.
La Comisión acoge con satisfacción el informe del diputado Liese y el excelente trabajo realizado por las comisiones correspondientes. Todas ellas se adhieren en gran medida al análisis y las directrices propuestas por la Comisión. Se han presentado un gran número de enmiendas. Lamentablemente, no se nos ha informado de cuáles han sido retiradas. De las enmiendas que han sido presentadas, la Comisión ha aceptado las siguientes: núms. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 28, 30 y 33. Por lo que respecta a las enmiendas núms. 5, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 y 36 son en el fondo problemáticas y por tanto la Comisión no puede aceptarlas.
La enmienda nº 5 propone que los países asociados tengan la posibilidad de rechazar los criterios de evaluación. La Comisión es la única instancia responsable de la evaluación y es por ello justo que también sea la Comisión la que pueda decidir en materia de criterios.
La enmienda nº 8 gira en torno al Fondo Europeo de Desarrollo. Éste no es un órgano financiero que pertenezca a la Comunidad y por tanto no es posible hacer referencia a otros órganos financieros en un acto jurídico que trata de un título presupuestario.
La enmienda nº 10 se refiere a la prioridad de unas acciones directas para la lucha contra los estupefacientes. Dichas acciones menoscabarían en medida excesiva el poder de acción de la Comisión en lo relativo a la cooperación con los países en desarrollo.
La enmienda nº 15 propone una limitación del 10 % para, entre otras cosas, la evaluación de proyectos. La Comisión considera que esto puede frenar la elaboración de proyectos y que reduciría las posibilidades de evaluación de un modo poco correcto.
La enmienda nº 18 propone una referencia al artículo 205. Puesto que se trata de un acto jurídico que está incluido en el Derecho comunitario, debe respetarse el conjunto del Tratado. No es necesario ni relevante limitarse a un solo artículo.
La enmienda nº 20 propone una modificación del sistema del presupuesto general de la Comunidad Europea, lo cual no puede aceptar la Comisión.
La enmienda nº 22 se centra en el procedimiento seguido por los comités y la decisión del Consejo de julio de 1987. Esta cuestión sólo puede regularse dentro del marco de la Conferencia Intergubernamental de 1996.
Las enmiendas núms. 23 y 25 tratan de los informes al Parlamento, proponiendo dos informes al año. La propuesta de La Comisión tiene previsto un informe anual. La Comisión considera que, a través del artículo 10 de su propuesta, cumple con los dos requisitos legítimos de que la actividad de la Comisión debe estar abierta a la opinión pública y que debe concentrarse en la gestión de proyectos.
La enmienda nº 27 se centra en las acciones contra el comercio ilegal. La Comisión no desea rebajar sus acciones contra la importación y la fabricación de drogas ilegales, y por ello no puede aprobar la enmienda.
La enmienda nº 29 se ocupa en parte de la misma cuestión que la nº 10. Es decir, la de una limitación del 10 %, y hace referencia además a análisis y colaboración con organismos especiales. Ya me he referido a la cuestión del límite del 10 % y añadiré además que los análisis de la Comisión los realizan generalmente expertos en la materia.
La enmienda nº 36 se centra en el control del uso a que se destinan las hojas de coca. Ha resultado muy difícil controlar su utilización hasta la fecha.
Las enmiendas núms. 2, 8 y 12 constituyen un grupo que la Comisión puede aceptar tras algunas modificaciones en su redacción que no cambiarán su contenido. La Comisión puede aceptar partes de las enmiendas núms. 26 y 31.
La enmienda nº 2 propone que se incluya que la Unión no adoptará ninguna medida que tenga como resultado unas pérdidas de ingresos y el aumento de la pobreza en el sur. En principio la Comisión comparte la opinión de que la Comunidad Europea no debe adoptar medidas que tengan unas repercusiones negativas para los países en desarrollo. No obstante, considera que la Comunidad Europea no puede comprometerse a no adoptar este tipo de medidas. La Comisión propone que se tenga en cuenta la necesidad de erradicar la pobreza en los países en desarrollo.
La enmienda nº 8 menciona entre otras cosas la definición del Grupo de Dublín. Para aumentar la transparencia, la Comisión propone que, en un anexo al informe, se agregue la definición del Grupo de Dublín de la idea de desarrollo alternativo.
La enmienda nº 12 trata de la protección ante las represalias. La Comisión, considerando la naturaleza del resto de medidas que acostumbra a apoyar, no puede comprometerse a proteger a los campesinos contra posibles represalias de los narcotraficantes.
Finalmente, me permitiré subrayar la gran importancia que la Comisión confiere a la cooperación con los países en desarrollo en lo referente a la lucha contra el abuso de estupefacientes. Acogemos con agrado el entusiasmo del Parlamento Europeo en esta cuestión.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Programa de acciones en favor de la protección civil
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0100/96) de la Sra. González Álvarez, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(95)0155 - C4-0221/96-95/0098(CNS)) para la creación de un programa de acciones comunitarias en favor de la protección civil.

González Álvarez
Señora Presidenta, señora Comisaria, estimados colegas, estamos en la década internacional para la prevención de las catástrofes naturales, que concluirá en el año 2000. En 1994 se han producido 580 catástrofes naturales, que han causado más de 16.000 muertos y más de 65.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Por ello, la creación de un programa de acciones comunitarias en favor de la protección civil es de suma importancia, no sólo para prever las catástrofes naturales, sino también las que se producen por la acción más directa del hombre, esto es, las de carácter tecnológico e industrial.
En este Pleno hemos tenido un debate, esta misma semana, con ocasión del 10º aniversario de la catástrofe de Chernóbil, paradigma de catástrofe causada por la irresponsabilidad y la imprudencia de los hombres. Creo que la catástrofe de Chernóbil muestra bien a las claras la imprescindible necesidad de medidas de protección civil en toda Europa.
En 1985, un primer encuentro ministerial sentó las bases de la cooperación comunitaria en el ámbito de protección civil. Y desde 1984, el Parlamento Europeo se ha pronunciado, en varias ocasiones, en favor de medidas que sean más eficaces, sobre todo en el campo de la prevención.
La resolución que se adoptó en octubre de 1994 recuerda una declaración anexa al acta final del Tratado de la Unión, que establece que la Comisión presentará al Consejo un informe, a más tardar en 1996, para examinar la introducción en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de un capítulo sobre protección civil. Por ello, nosotros hemos recuperado la enmienda presentada por la Sra. Díez de Rivera en la Comisión de Medio Ambiente, que allí no fue aprobada y que se refiere a la necesidad de que la Conferencia Intergubernamental de 1996 establezca un fundamento jurídico para la protección civil.
Previsión, prevención, formación e información, autoprotección, conocimiento y solidaridad entre ciudadanos, cooperación y coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales son fundamentales en esta propuesta. Por ello nuestras enmiendas han intentado profundizar en estos aspectos y en la necesidad de atender de forma especial a las regiones aisladas y ultraperiféricas, que tienen enormes dificultades y que, frecuentemente, se ven asoladas por situaciones de emergencia (tifones, incendios, huracanes, etc.).
El papel de las organizaciones no gubernamentales y la necesidad de suficiente financiación han sido también objeto de otras enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente. Respetamos mucho las propuestas y enmiendas presentadas por el Sr. Schnellhardt, con el que hemos estado hablando, pero nos tuvimos que oponer a algunas de ellas, sobre todo en lo que se refiere al Comité que nosotros llamamos consultivo, y que el Sr. Schnellhardt propone que sea de carácter potestativo y gestione al alimón con la Comisión las medidas de protección civil. Nosotros no estamos de acuerdo con ello porque nos parece que es renacionalizar las medidas y, desde luego, porque las catástrofes no suelen respetar las fronteras y, por lo tanto, las medidas de la Comisión han de ser comunes, naturalmente con la consulta al Comité, donde están representados los Estados miembros. Ese Comité está previsto muy claramente en el artículo 4 de la propuesta, y a nosotros nos parece suficiente esa consulta y la necesaria consideración que la Comisión ha de tener del mismo.
Por último, en la exposición de motivos expresamos un ferviente deseo: que se instaure un fondo finalista, un fondo económico que intervenga forma inmediata y eficaz tras las catástrofes. Nosotros creemos que eso no sería gastar más dinero. Simplemente día a día, mes a mes, la Comisión y las instituciones, cuando hay una catástrofe, envían dinero a los diferentes países para ayudarles a superarla. Tener un fondo finalista sería importante en la medida en que haría más rápida y eficaz la respuesta.
Yo querría finalizar dando las gracias a los colegas que en la Comisión de Medio Ambiente han contribuido a mejorar el informe, a los representantes de la Comisión, que también nos han ayudado, y a la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública que también han colaborado con este informe que, quizás, por la presencia en la Asamblea pueda parecer que es poco importante, pero a mí me parece, de verdad, muy importante.

Díez de Rivera Icaza
Señora Presidenta, la propuesta de decisión que tenemos entre manos en tema de tanta transcendencia como es la protección civil resulta pobre e inconcreta, a pesar de los denodados esfuerzos de la ponente por mejorarla. Desde hace años, la ineficacia intracomunitaria en esta materia, debida también, entre otras cuestiones, a la falta de personal, ha ido retrasando una política coherente y eficaz en la materia, a pesar de que, desde hace más de diez años, este Parlamento viene solicitando el establecimiento de mecanismos de prevención, de asistencia mutua, de formación, de incorporación de nuevos instrumentos técnicos, de coordinación y de campañas de educación e información ciudadanas.
También, señora Presidenta, el quinto programa de acción en materia de medio ambiente le dedicaba un capítulo específico, precisamente tras el relativo a la seguridad nuclear y protección contra las radiaciones, las consecuencias de Chernóbil estaban y están, como recordábamos ayer, en la memoria de todos.
Pero si la protección civil es un tema clave -y lo es- para los ciudadanos de la Unión, como también lo es para el Comité Económico y Social y para el Comité de las Regiones a pesar de que, incomprensiblemente, se debate este tema vencida ya la sesión, pero, como decía, ¿cómo es posible que el Tratado de la Unión sólo la recoja en la declaración primera cuando la trasnacionalidad y la cooperación interestatal son claves para su eficacia? La vaguedad y, si me lo permiten, la casi promiscuidad del artículo 3 c) y una base jurídica evanescente es con cuanto cuentan las catástrofes ecológicas graves, tales como derrames de petróleo, posibles accidentes en transporte de sustancias peligrosas, fugas nucleares, incendios por rayo, etc. Por ello, personalmente abogo que la Conferencia intergubernamental preste atención a este asunto, y agradezco a la Sra. González Álvarez cuanto ha dicho relativo a la enmienda por mí presentada.
Dicho esto, es cierto que algo es más que nada. También es cierto que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha enmendado ampliamente el texto de la Comisión, insistiendo sobre todo en la prevención, en la formación, en la cooperación y en la responsabilidad compartida, sin olvidar los problemas específicos de las islas menores y la valiosísima colaboración de las organizaciones no gubernamentales en multitud de catástrofes.
Termino, señora Presidenta, felicitando de nuevo a la Sra. González Álvarez, aunque mucho me temo que los ciudadanos de la Unión hubieran preferido un texto más ambicioso y concreto.

Schnellhardt
Señora Presidenta, señoras y señores, la protección civil es un campo que hasta ahora estaba, por así decirlo, en el borde más alejado de las competencias comunitarias. Los Estados miembros han actuado en el marco de la cooperación interestatal. La propuesta de la Comisión que se nos ha presentado ahora realiza un enfoque correcto. Completa las actividades comunitarias actuales en el sector de la protección civil mediante un programa de acción unitario.
¿De qué se trata? El proyecto parte de que la protección civil cae dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros, pues determinante para una ayuda rápida y eficaz en caso de catástrofe es la actuación efectiva de los actores a nivel local y regional. Por ello, las actividades europeas deben limitarse a intervenir de modo complementario allí donde exista una necesidad de actuar por encima de las fronteras. Dicho brevemente, se trata de la transferencia de conocimientos especializados así como de ayuda recíproca y de intercambio de experiencias.
En esta idea se han basado hasta ahora las actividades y creo que deberíamos seguir ateniéndonos a la misma. En el pasado, siempre se ha revelado que existía un gran interés, en especial, en la transferencia de know how . Pero saludo también las nuevas medidas propuestas que se refieren a la capacidad de autoprotección de los ciudadanos europeos. Una capacidad de autoprotección superior puede contribuir considerablemente a limitar o reducir los daños producidos por las catástrofes.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, se realizaron algunas propuestas complementarias al contenido del futuro programa de acción que mi grupo político puede apoyar en su mayor parte. Sin embargo, hay diferentes enfoques en la cuestión de cómo se debe ejecutar el futuro programa de acción, en especial, en la cuestión de quién decide a la postre sobre las medidas a ejecutar. Hasta ahora existía la llamada red de corresponsales para la protección civil formada por representantes de los Estados miembros. Esta red era responsable de la ejecución de las actividades europeas. La Comisión propone tener ella misma la última palabra. Señora González Alvarez, la cosa no es tan simple que la comisión exponga su opinión y que ésta se aplique luego, sino que el caso es exactamente al revés.
Al nuevo Comité de Protección Civil, formado asimismo por representantes de los Estados miembros, se le asignaría así solamente una especie de función consultiva. Solamente pueden saber si la Comisión sigue o no sus recomendaciones. Creo que esto no puede ser. Ruego encarecidamente a la Asamblea que adopte aquí otra posición. Estoy a favor de conceder al Consejo el derecho a decir la última palabra para el caso y, sólo para el caso, de que la Comisión y la comisión sean de opiniones diferentes. Soy plenamente consciente de que el Parlamento Europeo tiene una actitud diferenciada y crítica en la cuestión de la comitología y creo que con razón en muchos aspectos.
Pero para mí no se trata de dejar sin más en manos del Consejo la competencia decisoria y liberar de su responsabilidad a la Comisión y el Parlamento. Por el contrario, nuestra tarea es la de encontrar una forma adecuada de actuar común para una actividad que se encuentra al borde de las competencias comunitarias. Solamente me parecería razonable una solución en el sentido que propone la Comisión si se recogiese en el Tratado un título propio sobre la protección civil. Pero, señora González, tengo que contradecirle pues ni la Comisión ni el grupo de reflexión han solicitado esto. En la Conferencia Intergubernamental no se va a hablar en absoluto al respecto. No se va a introducir este apartado en el Tratado, por lo que tenemos que someternos a nuevas formas. Permanezcamos consecuentes y atengámonos al marco de lo que nos hemos marcado nosotros mismos como baremo y apliquemos al menos la comitología.

Pollack
Señora Presidenta, me satisface que se haya propuesto un programa de acciones comunitarias en favor de la protección civil. Ha tardado mucho en llegar hasta nosotros, probablemente porque el Tratado, como se nos ha dicho, no da facultades concretas para pasar a la acción en esta esfera. El programa se tiene que preparar y presentar en el marco general del artículo 235. Esperemos que no tenga el mismo destino negativo que el programa sobre la pobreza y el programa de acción en favor de las personas de edad, que tenían esta misma base jurídica.
Hay buenas razones para que se modifique el Tratado en esta esfera a su debido tiempo, no porque la Unión Europea desee dictar a los Estados miembros lo que tienen que hacer en materia de políticas de protección civil, sino porque el intercambio de medidas de solidaridad y de ayuda recíproca para evitar desastres transfronterizos como las inundaciones, los incendios y los actos de terrorismo, tiene que quedar coordinado en el plano europeo cuando así convenga.
Me enorgullece poder tomar la palabra en apoyo del Servicio de Bomberos de Londres, que es el mayor y probablemente el mejor del mundo. Es un Servicio que ha sufrido en los últimos años graves restricciones y reveses financieros bajo el actual Gobierno conservador de Gran Bretaña, y es resuelto partidario de estos intercambios transfronterizos para poder proseguir su campaña en favor del sistema Hazchem y para poder intercambiar sus conocimientos técnicos en materia de gestión de desastres con otros países de la Unión Europea y quizá con otros países que están más al este de nuestra Unión. Confío en que el Parlamento apruebe la necesaria asignación de fondos en el presupuesto de 1997 una vez que este importante programa de acción haya sido aprobado por el Consejo, y espero que el Consejo escuche nuestros argumentos en favor del programa y lo apruebe lo antes posible.

Gradin
Señora Presidenta, la Comisión desea agradecer a la Comisión de Medio Ambiente y a la de Presupuesto, y especialmente a las diputadas González Alvarez y Gredler, el trabajo y entusiasmo que refleja el informe. Todos los ciudadanos europeos se ven expuestos a una serie de riesgos diversos. Puede tratarse de temblores de tierra, incendios de superficies forestales y erupciones de volcanes en la zona sur de la Unión, y de inundaciones, tormentas y riesgos técnicos en la totalidad del territorio.
La cooperación comunitaria dentro del sector de la protección civil tiene el objetivo de aumentar el nivel de seguridad. Este es el caso en relación con las catástrofes naturales o de carácter técnico para los ciudadanos, el ambiente y la propiedad. Los aspectos más importantes de esta cooperación son compartir las experiencias recíprocas, aprender de incidentes anteriores y coordinar las iniciativas de los Estados miembros, que son los responsables de los servicios de protección civil. La propuesta incluye además un fundamento jurídico para la línea presupuestaria B4-3300 para los servicios de protección civil y catástrofes ambientales.
Permítame, señora Presidenta, que pase a las enmiendas que han sido presentadas. La Comisión manifiesta su acuerdo con muchas de las propuestas. Las enmiendas núms. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15 y 19 mejoran el texto y clarifican y desarrollan la propuesta de la Comisión. La Comisión las aprueba en su totalidad o en parte. Ciertas enmiendas deberían clarificarse. Se trata de las núms. 2, 4, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 23, 24 y 31, que por tanto se aprueban parcialmente.
Sin embargo, la Comisión no puede aprobar ciertas enmiendas. Pensamos que la propuesta de la Comisión sobre comitología producirá un equilibrio óptimo entre las instituciones, por lo que no pueden aprobarse las enmiendas núms. 16, 17, 18, 27, 28 y 30. La Comisión propone un procedimiento comitológico del tipo 1. Cambiarlo por otro tipo significaría que el proceso decisorio perdería en eficacia.
La enmienda nº 25 significa en la práctica que las organizaciones de voluntarios deberían tener la posibilidad de recibir ayuda comunitaria para su labor. La resolución sobre la ayuda recíproca aprobada en julio de 1991 por el Consejo y representantes de los gobiernos de los países miembros establece, no obstante, que sólo las autoridades competentes pueden solicitar y recibir ayuda dentro de la Unión. Las organizaciones de voluntarios, al no formar parte de las autoridades, no pueden ser tenidas en cuenta. Pero hay que recordar que las organizaciones de base altruista desempeñan un importante papel en los servicios de protección civil de nuestros países. En consecuencia, tenemos motivos para animarlas a mantenerse activas.
En la enmienda nº 16 se propone que la Conferencia Intergubernamental de 1996 confiera a los servicios de protección civil un fundamento jurídico propio. Un programa de acción no es, no obstante, el contexto adecuado para presentar puntos de vista sobre los resultados que debería obtener la Conferencia Intergubernamental y por ello no podemos aprobar esta enmienda.
Mediante las enmiendas presentadas, pienso que la propuesta sobre la protección civil ha mejorado notablemente. Asimismo les recuerdo que no existe ningún crédito dentro de la línea presupuestaria para la protección civil, es decir la B-3300 para 1996, a pesar del excelente informe de la Comisión de Medio Ambiente. Es una situación que va a causarnos graves problemas. Por ello la Comisión no puede destinar ayuda a las actividades del tipo de los tres ejercicios de simulación que se llevarán a cabo este año en Italia, Suecia y la frontera alemano-holandesa. El caso será el mismo con ocasión del curso de verano sobre incendios y asistencia de la escuela de bomberos. No obstante, podría mejorarse si el Parlamento aprobara con rapidez la solicitud de transferencia de créditos a la línea presupuestaria para la protección civil, que la Comisión piensa presentar próximamente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.45 horas)

