
El Presidente.
   Señorías, esta mañana tengo el triste deber de anunciarles que en Madrid, hoy por la mañana a la hora punta, se han producido al menos cinco explosiones de bomba en tres estaciones de tren, la peor en un tren que llegaba a la estación de Atocha. Han muerto decenas de personas; muchas personas han resultado heridas. En cada nuevo informe la lista de víctimas aumenta. En cuanto a sus consecuencias, este es el peor atentado terrorista de la historia de España, y podría ser el peor acto de terrorismo que recuerde ningún país de la Unión Europea. Es un ataque atroz, injustificado e injustificable contra el pueblo español y la democracia española.
En nombre de este Parlamento, quiero expresar nuestro más sentido, profundo y sincero pésame y nuestras condolencias a las familias que han sufrido pérdidas y heridos; a sus amigos y, a través de Su Majestad el Rey de España, a los ciudadanos de España y a las autoridades de la ciudad de Madrid que, en estos mismos momentos, han levantado hospitales de campaña en la estación de tren y en las calles.
El domingo van a celebrarse elecciones generales en España. Lo que ha ocurrido hoy es una declaración de guerra contra la democracia. Que el domingo se responda diciendo que la democracia española es fuerte; que el domingo se responda diciendo que la democracia española está decidida a vencer al terrorismo con todos los medios disponibles para ello.
En Madrid, en enero, intervine en la primera conferencia internacional para las víctimas del terrorismo. Repito hoy lo que dije allí: cumpliendo nuestro deber político para con el pueblo de España y los pueblos de la Unión Europea, tenemos la firme resolución de que en nuestra Unión Europea no habrá refugios ni para el terrorismo ni para los terroristas. 

En nombre del Parlamento Europeo expreso nuestro compromiso firme en favor de la democracia y de los derechos humanos. No más bombas. No más muertos. Entre todos acabaremos con los terroristas.

He dado instrucciones a los servicios de la Asamblea de que, en señal de respeto, hagan ondear las banderas de España y la de Europa a media asta. Les invito a ustedes a mostrar, a su manera, su solidaridad guardando un minuto de silencio.

La Presidenta.
   –De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0058/2004) de la Sra. Gillig, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71.
Tiene la palabra el Sr. Solbes Mira, en nombre de la Comisión.
Permítame, señor Comisario, que, por su nacionalidad, le exprese mis más profundas condolencias.
Solbes Mira,
   . Señora Presidenta, muchas gracias. Desgraciadamente, en estos momentos tenemos que volver a nuestro trabajo, pero quiero antes expresar mi solidaridad total con lo que el Presidente Cox acaba de decir.
Señora Presidenta, el objetivo de la propuesta de la Comisión, hoy, es actualizar los reglamentos comunitarios (CEE) nº 1408/71 y 574/72 para tener en cuenta la evolución de las legislaciones nacionales, aclarar la situación jurídica en relación con determinados artículos de estos reglamentos y tomar en consideración la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia.
La presente propuesta, que se basa en criterios refrendados por el Consejo, contiene una nueva lista de las prestaciones de carácter no contributivo que son objeto de una coordinación específica. Esta coordinación, basada en el principio de residencia, fue ratificada por el Tribunal de Justicia en el asunto . En su sentencia, el Tribunal estableció, por una parte, la no exportabilidad de las prestaciones en cuestión y, por otra, la obligación del nuevo Estado de residencia de conceder las prestaciones en su territorio.
A raíz de esta jurisprudencia fue indispensable reexaminar la lista del Anexo II bis para comprobar si todas las prestaciones responden a los criterios de especialidad y de no contributividad. Son especiales, en este sentido, aquellas que están a medio camino entre la seguridad especial y la asistencia social y tienen como objetivo principal garantizar, con carácter supletorio, complementario o accesorio, una prestación de seguridad social, una renta mínima de subsistencia cuyo importe se fija en función del entorno socioeconómico del Estado de residencia o aquellas que van destinadas a asegurar la protección específica de los minusválidos.
El examen del Anexo II bis ha puesto de manifiesto que muchas de las prestaciones, que actualmente figuran en él, no deben mantenerse. Se trata de aquellas que, a pesar de estar destinadas a personas con discapacidad, tienen como objetivo principal paliar la dependencia de estas personas, mejorando su estado de salud y sus condiciones de vida en cuanto personas necesitadas de cuidados especiales.
¿Cuál es la posición de la Comisión sobre las enmiendas? En primer lugar, querría felicitar a la Sra. Gillig por su excelente informe sobre un tema delicado y técnicamente complejo. La Comisión puede aceptar las enmiendas nº 1 a 3 del Parlamento, pues las prestaciones que en ellas se señalan corresponden a los criterios antes citados.
La Comisión, sin embargo, no puede aceptar las enmiendas nº 4 a 8, cuyo objetivo es excluir del Anexo II bis dos prestaciones holandesas: la de incapacidad laboral para los jóvenes minusválidos y las cantidades complementarias o los ingresos mínimos pertinentes a los beneficiarios de ayudas sociales. La Comisión recoge en su propuesta estas dos propuestas, la primera ya figura en el actual Anexo II bis, porque al examinar de nuevo sus características observa que son prestaciones especiales de carácter no contributivo.
Sin embargo, la Comisión tampoco puede aceptar las enmiendas nº 9 a 12, que pretenden no excluir, sino incluir en el Anexo II bis cuatro prestaciones contempladas en la legislación sueca, ya que son prestaciones familiares y, por tanto, exportables. El reglamento define las prestaciones familiares como aquellas destinadas a compensar las cargas familiares y esta definición fue interpretada en un sentido muy amplio por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados .
En relación con las enmiendas nº 4 a 12, que la Comisión no puede aceptar, la Comisión insiste en la importancia de conceder a todas las prestaciones, tanto a aquellas cuya inscripción en el Anexo II bis se acepta como a las que se excluyen, el mismo trato con lo que respecta al análisis de los criterios especial y no contributiva.
Este es el punto de vista que ha seguido la Comisión en las negociaciones de ese Anexo para los Estados candidatos a la adhesión y creemos que debe mantenerse por lo que se refiere a los Estados miembros.
Por lo tanto, eliminar del Anexo II bis las prestaciones holandesas e incluir las prestaciones suecas comprometería el equilibrio propuesto por la Comisión en relación con el Anexo. 
Por todos los motivos expuestos, la Comisión puede adoptar las enmiendas nº 1 a 3, como ya he indicado, pero no las restantes.
Gillig (PSE ),
   . – Señora Presidenta, permítame que también yo, al comenzar esta intervención, le exprese, señor Comisario, mis más sentidas condolencias por lo que sucede en su país.
Señorías, este informe, que se refiere a la actualización del Reglamento 1408/71 y del Reglamento que establece sus modalidades de aplicación, es hoy objeto de debate en este Parlamento. Como se acaba de señalar, las modificaciones que se nos proponen tienen por objeto, por una parte, integrar en el texto los cambios registrados en los distintos sistemas de seguridad social y, por otra, en lo esencial, integrar las decisiones adoptadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando ha tenido que pronunciarse sobre estos temas.
Es conveniente recordar que la cuestión de la actualización o la modernización general del Reglamento está actualmente en debate, pero también que en muchas ocasiones el Parlamento ha solicitado una refundición global de los reglamentos de coordinación de los regímenes de seguridad social. La propuesta que debemos examinar tiene por objeto esencialmente actualizar la lista de las denominadas prestaciones no exportables, consignadas en el Anexo II bis de dicho Reglamento.
Las sentencias del Tribunal de Justicia han permitido precisar dos características esenciales a las que deben responder dichas prestaciones para que se consideren no exportables y, por tanto, introducir una excepción al principio general de exportabilidad de las prestaciones sociales: su carácter especial en el Estado de que se trate y el hecho de que sean percibidas en una situación no contributiva por parte del prestatario, es decir, que sean pagadas gracias y sobre la base de la fiscalidad general del Estado en cuestión; por último, y como factor suplementario, que el importe sea acorde con la renta mínima necesaria para vivir en el entorno económico del país que las conceda.
Concretamente, cabe hablar de prestaciones no exportables en el caso de determinados complementos de recursos pagados a las personas de edad avanzada o destinados a compensar los gastos de transporte, o incluso en el caso de subsidios asociados a una situación de invalidez. Debemos observar que, de un modo general, todos estos subsidios, cuando no son exportables, se encuentran de forma similar en los demás Estados miembros y por tanto pueden percibirse en ese momento.
¿Cuál es el sentido de esta actualización? Nos parece que el sentido de la propuesta que se nos presenta es muy positivo. En efecto, en primer lugar, permite limitar las excepciones al principio general de exportabilidad mediante la aplicación rigurosa de los criterios «especial» y «no contributivo». Cuando dejamos atrás los sistemas de excepción, las condiciones son siempre más favorables para todas las personas afectadas.
En segundo lugar, esta propuesta pone fin a las interpretaciones divergentes de las distintas administraciones nacionales y aporta así una seguridad jurídica a los trabajadores que tengan que desplazarse dentro de la Unión Europea. Da más transparencia y claridad en un ámbito que, como sabemos, es muy complejo, pues está en la frontera de lo que son las prestaciones de seguridad social en sentido estricto, por una parte, y la acción social, que es un elemento no obligatorio establecido por los Estados, por otra. Este es el plano en que debe situarse el debate y en el que todas las interpretaciones son posibles.
En tercer lugar, esta propuesta debe adoptarse sin tardanza para evitar nuevos litigios en un ámbito tan sensible para los ciudadanos de la Unión Europea. En efecto, como sabemos, en el plano social, esta cuestión distancia a veces a los ciudadanos de la Unión Europea que, en su opinión, no parece responder tan rápido como sería necesario a la unificación de la situación de unos y otros. Por último, es un elemento que facilita y favorece los avances esperados en la revisión general actual del Reglamento 1408/71.
No obstante, debemos emitir una reserva sobre la situación concreta de uno de los países miembros, en el que no se ha retirado una prestación, sino que se ha reintroducido en la categoría de las prestaciones no exportables, cuando en el pasado podía exportarse. Creemos que esta situación debería dar lugar a un estudio más detallado de los ciudadanos afectados. Parecen poco numerosos, pero el mero hecho de que algunos puedan resultar perjudicados requeriría, a nuestro entender, contemplar la existencia de un período de transición y una serie de negociaciones bilaterales cuando se produzcan los casos.
Por esta razón, señora Presidenta, me veré obligada a introducir, dentro de poco, cuando procedamos a la votación, una enmienda oral a modo de considerando adicional acorde con las enmiendas que proponen mis colegas diputados al Parlamento Europeo, que la Comisión dice que no puede aceptar. Era asimismo la posición adoptada por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Esta enmienda oral debería permitirnos avanzar. Terminaré, señora Presidenta, señalando que en este caso concreto nos enfrentamos a equilibrios frágiles, asociados al procedimiento utilizado. El método abierto de coordinación es el que es frágil. Tenemos la absoluta necesidad de preservar los avances que genera, cuando los genera, como sucede en este caso. Por ello, espero que se apruebe este informe.
Smet (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y Demócratas Europeos, expresar mis condolencias al pueblo español y a su gobierno. La lucha contra el terrorismo es una cuestión realmente difícil.
Hoy estamos debatiendo una propuesta que representa un elemento fijo anual y que tiene que ver con todos los Estados miembros, porque todos los años debería hacerse una clara distinción entre los derechos sociales exportables y no exportables. Los primeros están relacionados con contribuciones y primas de la seguridad social. Europa siempre ha deseado poder exportar la seguridad social en lo que se refiere a las oficinas a las que se pagan contribuciones y primas. Por lo que respecta a los derechos sociales no exportables, nuestro objetivo es perfeccionar la definición continuamente. Incluso ahora en el informe sobre la propuesta de reglamento presentada por la Comisión, se ha intentado puntualizar aún más la definición de derechos no exportables. Es necesario hacerlo todos los años, porque los Estados miembros actualizan sus reglamentos cada año y el mercado está en constante evolución. Esa es la razón por la que la exportabilidad de los derechos implicados debería considerarse cada vez.
La Comisión ha escrito en su informe: «El primer elemento de una ‘prestación especial que no se base en el pago o en la contribución’ es, esencialmente, la naturaleza ‘especial’ que debe tener esta actuación». Esto se aplica a todas las secciones de la seguridad social a las que corresponde el rendimiento analizado. Las prestaciones «especiales» se sitúan a medio camino entre la seguridad social «tradicional» y las prestaciones de apoyo, y están relacionadas con la seguridad social «puesto que la necesidad constituye el criterio esencial para la indemnización». 
Creo que en cuanto a lo que se ha especificado en los anexos, la necesidad constituye, sin duda, el criterio esencial para la indemnización. Sobre esta base, mi grupo es de la opinión de que los países en los que los derechos que según Europa no son exportables no obstante lo son tendrán que adaptar su legislación social. A este respecto, como la Sra. Gillig ya ha mencionado, habrá que disponer un período de transición durante el cual se busque una solución con los países a los que se exporta la legislación social.
Los Países Bajos han formulado de forma clara una petición y han presentado bastantes enmiendas. En otros países, incluida Bélgica, probablemente la situación no difiera mucho de la de los Países Bajos. Por lo tanto, soy de la opinión de que la enmienda oral de la Sra. Gillig, que está en consonancia con la postura de algunos de mis compañeros de grupo, debería ser apoyada. Estamos dispuestos a aceptar el texto de la Sra. Gillig y a dar satisfacción a la petición que el Comisario ha realizado hace un momento. De esa manera, tendremos un acuerdo en esta Cámara. 
Weiler (PSE ).
   – Señora Presidenta, Señorías, señores Comisarios, habiendo guardado un minuto de silencio, es triste tener que hablar sobre un instrumento legislativo que en realidad está calculado para reunir a los europeos, para dotarles de derechos que sean respetados en Europa y para ofrecerles la oportunidad de considerar a Europa como proveedor de perspectivas de empleo y de un mercado de trabajo.
Esta legislación ha estado en vigor durante más de 30 años, y como ya se ha dicho, la reformamos cada año a fin de incorporar los últimos cambios realizados a las legislaciones nacionales, y también para tener en cuenta las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia Europeo. Creo que la propuesta de la Comisión tiene sentido, al igual que las sugerencias del Comisario Solbes relativas a las enmiendas. Considero lamentable que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos pretenda utilizar este informe como medio para diseñar cambios que pertenecen a la reforma principal y no a este ámbito.
De hecho, podría parecer algo confuso el hecho de que hoy deberíamos estar debatiendo la revisión del Reglamento nº 1408 puesto que, en los últimos meses, durante las últimas semanas, y en la última reunión de la Comisión, hemos debatido en profundidad la importante e inminente reforma, que se ha desarrollado paralelamente a este asunto, en el que también hemos realizado reformas definitivas en beneficio del público europeo y que está, prácticamente, a punto de concluirse. No obstante, todo esto ha de decirse con la pequeña reserva de que la gran reforma únicamente entrará en vigor en 2007, y por ese motivo los ajustes son necesarios en este momento.
Permítame extender las gracias de mi grupo a la ponente, la Sra. Gillig, que ha elaborado un informe encomiable y responsable; sin duda, podría haber sucumbido a la tentación de introducir muchas enmiendas buenas, pero o bien la Comisión o el Consejo habrían terminado por impedirnos llevarlas a cabo. Por esto resulta tan responsable el informe.
Sin duda, todavía existe un problema, que mis dos compañeras de los Países Bajos y Bélgica van a abordar, que es la situación de los desplazamientos transfronterizos; sin duda esto generará más dificultades importantes en todos los Estados miembros y probablemente lo siga haciendo después de la ampliación. Sin embargo, hemos conseguido alcanzar el equilibrio entre permitir a los ciudadanos que disfruten de las prestaciones de la seguridad social de un Estado en particular, por una parte, e impedir que los sistemas nacionales de seguridad social se sobrecarguen, por otra. Se trata de un informe equilibrado y realista, y lo que le diría a los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo es que no deberíamos lastrarlo con enmiendas que en realidad son poco acertadas en este momento. 
Boogerd-Quaak (ELDR ).
   – Señora Presidenta, yo también quisiera expresar mis condolencias a España. Tras un incidente de estas características, es difícil volver a la normalidad, pero de cualquier forma tenemos que hacerlo.
He escuchado a una serie de compañeros Diputados aquí, y asumen que la propuesta mejora la situación actual. Lo que es seguro es que esta es una cuestión muy compleja. También he escuchado con atención al Sr. Solbes, que prevé especialmente una mejora para las personas discapacitadas total o parcialmente. Comparto la opinión de la Sra. Smet de que habrá problemas que tendrán que superarse en más de un país. No estoy familiarizada con la situación en todos ellos, señor Comisario, pero por lo que respecta a los Países Bajos, puedo decirle que la situación se está deteriorando para las personas que no pueden participar en el mercado laboral, los que probablemente nunca han podido y nunca lo harán de nuevo. En su caso, es verdad que no tienen derecho a prestaciones basadas en contribuciones, pero no obstante, este derecho debería poder exportarse, en mi opinión.
A aquellas de Sus Señorías que son de la opinión de que el debate debería reducirse a derechos contributivos contra no contributivos, quisiera hacerles comprender el hecho de que existe la llamada justicia social. No veo la necesidad de que los costes relativos a la vivienda sean exportables a otro país, porque estos están relacionados con la duración de la vivienda. Sin embargo, este caso específico trata de personas, incluidos los neerlandeses, que probablemente nunca vuelvan a entrar en el mercado laboral. Les pido que consideren seriamente si no deberían aplicarse otras reglas en este asunto. Evocamos con lirismo la libre circulación de personas, mientras en este momento 1 300 personas de los Países Bajos viven en otra parte de Europa y van a perder la prestación que están generando actualmente. Por lo tanto, voy a examinar qué primas o propuestas va a recibir mi apoyo a fin de recoger todo lo que podamos, pero espero que me permitan que les pida a Sus Señorías y a la Comisión que consideren esto muy detenidamente.
Señor Comisario, estoy preocupada por el futuro del Reglamento nº 1408/71. ¿Es posible establecer una comisión para considerar detenidamente cuáles son las restricciones? La cuestión es que, gracias a la ampliación, se han anticipado debates importantes sobre la exportabilidad de la seguridad social por toda Europa. Les insto a que establezcan una comisión que realice un seguimiento de todos los problemas, que busque soluciones y que también consulte con los Estados miembros seriamente a fin de eliminar las injusticias de este tipo de un modo u otro. No digo que esta sea la respuesta a todos nuestros problemas, pero creo que la derogación solicitada por los Países Bajos afecta a los más débiles y menos protegidos. La prestación en cuestión se exportará a terceros países, pero sobre la base del Reglamento nº 1408/71 ya no se exportará dentro de Europa, y eso es una enorme injusticia. 
Lambert (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, yo también quiero expresar mis condolencias, que ya se han manifestado en esta Asamblea tras los incalificables sucesos ocurridos en España esta mañana.
Pasando al asunto de la sesión, quiero agradecerle mucho a la ponente el trabajo realizado en este informe y los cambios que ha estado dispuesta a hacer para encontrar una solución general a lo que puede ser un problema general, que, después de todo, forma parte de lo que se supone debe hacer el reglamento. Por tanto, en esta ocasión estamos dispuestos a apoyar su enmienda oral.
Una de las dificultades con este reglamento es que a lo largo de los años hemos visto que el Tribunal ha venido supliendo la falta de claridad del reglamento actual y, de hecho, los cambios de los sistema de seguridad social de los Estados miembros.
Uno de los elementos importantes que aporta esta actualización, en aras de la simplificación y la modernización del conjunto del reglamento, que en primera lectura ya hemos tenido en cuenta, es la serie de definiciones relacionadas con las prestaciones especiales en efectivo no contributivas. Una vez aprobada proporcionará un marco de referencia claro de lo que incluye y lo que excluye. En el pasado este asunto ha estado más determinado por la opinión de los Estados miembros y no ha habido criterios claros que la gente pueda entender. Esto significará que para algunos Estados miembros algunas cosas seguirán el patrón de la exportabilidad. Por tanto, beneficiará a algunas personas.
Me solidarizo con los colegas neerlandeses por su situación particular y, como ya he dicho, la enmienda oral presentada por la Sra. Gillig en cierto modo irá en esa dirección.
Uno de los argumentos subyacentes que hemos escuchado en este debate se refiere a las cuestiones de la paridad entre el tratamiento de nacionales de la UE y nacionales de terceros países. Esto no corresponde a este debate. Necesitamos criterios claros, y por esto apoyamos a la ponente. 
Hermange (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, también yo, en nombre de los diputados franceses, quiero presentar nuestras condolencias al Gobierno español, a nuestros colegas diputados y a usted, señor Comisario. 
Paso ahora al texto que se nos ha presentado. Permítanme felicitar, en primer lugar, a la ponente, que, en un tema tan delicado, ha conseguido redactar un texto equilibrado y, me parece, satisfactorio para los trabajadores por cuenta ajena, por cuenta propia y para los miembros de sus familias.
Este texto permite actualizar de forma muy positiva el sistema actual y pone fin –como ha dicho la ponente– a las interpretaciones divergentes a escala nacional, al mismo tiempo que facilita la circulación de nuestros conciudadanos. Por otra parte, se apoya en las sentencias del Tribunal de Justicia que definen el carácter no exportable de determinadas prestaciones, que tienen tres características: su carácter específico, su carácter no contributivo y el hecho de que dependan del nivel de renta de cada país. 
Comprendo la posición de nuestros colegas neerlandeses sobre algunas prestaciones. Pero hay que entender que un sistema de prestaciones sociales comprende, por una parte, las prestaciones denominadas legales, que son las de jubilación y enfermedad, y, por otra, otro tipo de prestaciones denominadas no contributivas, denominadas en Francia prestaciones de carácter facultativo. Todos los países tienen este tipo de prestaciones.
Cuando ejercía en Francia responsabilidades en materia social, creé una prestación: el subsidio de presencia parental. Para las familias que se encuentran de repente con un niño discapacitado, creamos en París una prestación de unos 500 euros al mes durante 12 meses. Hoy esta prestación es no contributiva y no cumple los criterios de exportabilidad, lo que significa que si esta familia con un niño discapacitado marcha mañana a Bélgica o España, donde no gozará de una prestación del mismo tipo, se va a ver duramente afectada. 
Por esta razón debemos apoyar el informe de la Sra. Gillig. También debemos encontrar soluciones bilaterales en cierto número de casos que no afectan exclusivamente a nuestros amigos neerlandeses, porque no es solo una cuestión de libre circulación, y por tanto de mejor comprensión, sino también una cuestión de justicia social. Por ello, debemos apoyar la enmienda de la ponente y, señor Comisario, debemos contar también con su apoyo. En efecto, entenderá usted perfectamente que, para nuestros conciudadanos, lo que está en juego hoy es una cuestión de justicia social.
Van Lancker (PSE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, yo también respaldo las palabras de simpatía dirigidas a la población española, y sobre todo, a los familiares de las víctimas. Creo que este Parlamento no puede condenar lo suficiente tales actos de violencia.
La actualización anual del reglamento de coordinación de este año es algo inusual, porque no solo estamos debatiendo cambios técnicos, sino también intentando formular una postura coherente relativa a las prestaciones no exportables. Me complace coincidir con la opinión de la Sra. Hermange, que observa que el Tribunal de Justicia siempre ha subrayado que las excepciones al principio de no exportabilidad deben interpretarse estrictamente. En otras palabras, estas pertenecen mucho más a las medidas de seguridad social pagaderas a todos los ciudadanos dentro del territorio. También la Comisión está a favor de una interpretación estricta, y por esa razón apoyo la propuesta que tenemos ante nosotros en el Anexo IIA.
No obstante, quisiera hacer dos observaciones cruciales. En primer lugar, se va a alcanzar en breve un acuerdo global acerca de la modernización del reglamento de coordinación, incluido un acuerdo sobre prestaciones no exportables. Ya me han llegado noticias de que en el Consejo se está intentando seriamente ampliar considerablemente la lista de prestaciones no exportables, minando así el reglamento de coordinación. Aprobando estos anexos hoy, tenemos que enviar un mensaje al Consejo, un mensaje que diga que el Parlamento no tolerará esto.
En segundo lugar, es interesante que se construya un sistema de manera lógica, pero también deberíamos darnos cuenta de que los cambios afectan a personas reales. Sin duda, si tienen que ver con reglamentos establecidos para garantizar a las personas unos ingresos mínimos, tenemos que considerar muy detenidamente la repercusión que los cambios producen en los ciudadanos de un país, y especialmente si no existen reglamentos análogos en vigor en otros países. Por lo tanto, creo, señor Comisario, que es terrible haber concluido que, una vez más, no ha tenido lugar tal verificación. Durante años, este Parlamento ha pedido que se verifique el efecto marginal, y lo que está ocurriendo ahora demuestra lo justa que es esta cuestión. Al añadir la Ley de Subsidios Extra neerlandesa, que se incluyó en la lista de modo apropiado en mi opinión, casi 200 trabajadores fronterizos belgas perderán su subsidio extra. Algunos se verán compensados mediante la Ley de seguridad social belga, pero otros perderán parte de sus ingresos y es por esa razón, señor Comisario, por la que le insto a que abra una investigación exhaustiva acerca de las repercusiones sobre aquellos implicados, mediante las redes EURES si es necesario.
Además, es necesario que los Estados miembros responsables, en este caso Bélgica y los Países Bajos, acuerden períodos transitorios y medidas de compensación, posiblemente mediante un acuerdo bilateral. Hay que apoyar la enmienda que se va a presentar en la reunión plenaria de hoy pase lo que pase. Junto con mis compañeros Diputados belgas y neerlandeses, quiero escribir a los ministros responsables a fin de encontrar soluciones para las personas que se arriesgan a perder parte de sus ingresos y, como consecuencia, a situarse por debajo de la línea de pobreza. 
Schmidt, Olle (ELDR ).
    Señora Presidenta, señor Comisario, quiero expresar mi simpatía para con su país y su gente en este momento tan difícil.
La fecha clave será el 1 de mayo de 2004. Será entonces cuando se construya la nueva Europa. Sin embargo, lamentablemente nuestras celebraciones están empezando con la construcción de muros por parte de todos los Estados miembros para dejar fuera a los que quieren venir desde los nuevos Estados miembros a los 15 Estados miembros actuales. Eso es extremadamente deprimente. Y creo que se puede evitar. Por lo tanto, no comparto la opinión del Comisario.
Las condiciones básicas difieren bastante de un Estado miembro a otro. Mientras no tengamos un sistema de bienestar social común, una financiación común y un sistema fiscal común, es sensato que en la nueva y ampliada UE tengamos en cuenta los distintos puntos de vista nacionales. Hacerlo no pondrá en peligro la libertad de circulación de los trabajadores de ninguna manera. Al contrario. Lo que importa es que reduzcamos la necesidad de reglas transitorias mediante estos cambios. Nadie será discriminado. La situación es la misma para polacos, alemanes y daneses.
Las dos prestaciones más generosas de Suecia –prestación parental y el subsidio infantil– las recibe todo aquel que tiene hijos en Suecia. No están relacionadas con las ganancias, sino que se financian mediante los impuestos. La mayoría del resto de países ya se han salvaguardado y han incluido muchas prestaciones entre las derogaciones del anexo. Por esta razón, solicito el pleno apoyo de la Cámara para las enmiendas 9 y 12.
Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señorías, habiendo estado la señora Boogerd-Quaak y yo solos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me alegra ver que una serie de compañeros Diputados han visto la luz hoy, en cualquier caso. Hoy estamos adaptando el reglamento de coordinación sobre seguridad social, lo cual hacemos casi todos los años porque algo cambia en los Estados miembros casi todos los años. También lo estamos adaptando para tener en cuenta las decisiones del Tribunal de Justicia.
El resultado no es necesariamente un gran regalo para las personas a las que se les aplica el reglamento. Algo por lo que he protestado, junto con algunos otros compañeros Diputados, es que los Países Bajos ha añadido a esta lista de derechos no exportables una prestación dirigida a las familias con una sola fuente de ingresos, en un intento de impedir que la familia se sitúe por debajo del mínimo social, es decir, una prestación de 200 euros al mes. Al incluir esta prestación en la lista, esta se revoca inmediatamente. Por lo tanto, los Países Bajos están ahorrando ese dinero. Esto no solo significa que 2 daneses, 193 belgas, 395 españoles, 94 italianos y 55 franceses vayan a perder esa prestación, sino también que la inclusión en la lista no es aceptable, en mi opinión, porque genera discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea que ya no reciben la prestación y los ciudadanos fuera de la Unión Europea que sí la reciben.
Es verdad que estoy haciendo campaña como candidato a las elecciones europeas, pero aparte de esto, creo que simplemente un diputado no puede justificar el hecho de que se trate peor a un ciudadano europeo que a los nacionales de terceros países. Les puedo dar los detalles: exportamos 1 061 prestaciones a Marruecos, y un total de 1 300 dentro de Europa. Exportamos a Bosnia, Indonesia, la República Checa, los Estados Unidos de América, Israel y otros países. Y es este tratamiento injusto el que me ha llevado a incluir en mi enmienda una serie de elementos de los que también se han hecho eco en el debate algunos compañeros Diputados, y a presentar esto como base de un compromiso. A lo que se reduce esta enmienda –y con esto, también estoy tratando las observaciones de la Sra. Van Lancker– es que la inclusión de la prestación en cuestión en la lista por parte de los Países Bajos debería aplicarse desde el momento en el que los países europeos y los terceros países sean tratados por igual. La segunda condición es que los acuerdos también deberían haberse tomado en relación con la supresión de estas prestaciones y las compensaciones relativas a las mismas.
Creo que existe una solución a nuestro alcance si estos dos elementos se añaden al compromiso. Respeto al Consejo, que ha conseguido movilizar a la gente respecto a esta cuestión creando la impresión de que está ocurriendo algo horrible, mientras que el Parlamento, sin duda, tiene derecho a aprobar el texto por mayoría cualificada ordinaria. La conclusión es que este expediente social requiere unanimidad en el Consejo, pero si observamos que ciertas cosas van por mal camino, tenemos derecho a denunciarlo. Todo mi grupo apoya la enmienda compromiso de la Sra. Gillig, y también va a apoyar los compromisos y la petición de la Sra. Van Lancker de un texto más preciso. Espero que esto nos permita alcanzar un acuerdo.
El trabajo transfronterizo es muy importante en mi región. La movilidad también es un tema clave dentro del marco de los objetivos de Lisboa. Si no regulamos la movilidad de modo efectivo, ya nos podemos olvidar de los objetivos de Lisboa. 
Van den Burg (PSE ).
   – Señora Presidenta, quisiera restarle importancia al problema neerlandés que tenemos ante nosotros. No nos encontramos en una campaña electoral. Hay una serie de cuestiones que necesitan críticas firmes, pero deberían hacerse de manera práctica.
En primer lugar, quisiera decir que apoyo sin reservas la postura de la Sra. Gillig y de la Sra. Lambert de seguir un sistema claro en este reglamento de coordinación y en los anexos correspondientes, y estoy a favor de tratar los anexos de manera muy restrictiva, porque es lo acertado en este caso. Por lo que se refiere al informe Lambert, ya hemos afirmado que lo que se eliminó del reglamento podría recuperarse a través de los anexos, y ese riesgo es el que corren las mejoras que hemos realizado en una serie de ámbitos.
El tercer punto es que, cuando una prestación ya no es exportable, deberían existir unas prestaciones y una protección equivalentes en otros países europeos. La culpa recae en el gobierno neerlandés, y en la Comisión hasta cierto punto, por no haberse cerciorado bien de si ese era el caso. La Sra. Van Lancker ya ha indicado que no existe un sistema comparable en Bélgica y que, sin duda, no podemos acelerar tal evaluación para los 15 Estados miembros, y aún menos para los 25 Estados miembros tras la ampliación. Claramente, eso es una omisión del informe. También es el punto que deberíamos abordar con mayor firmeza. Solo es posible una solución si hay reglamentos bilaterales de compensación entre los Estados miembros. Acojo con satisfacción la voluntad de la Sra. Gillig de incluir un considerando en el texto a modo de enmienda oral que se espera que sea aprobado por el Parlamento. Por consiguiente, los Estados miembros deberían ponerse a trabajar, y la Comisión debería cerciorarse de que se realiza un trabajo sólido. 
Doyle (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, en nombre de mis colegas irlandeses yo también condeno firmemente a los salvajes que esta mañana han cometido esta horrible atrocidad contra los ciudadanos de Madrid cuando iban al trabajo y al colegio. Mi más sentido pésame para el Comisario Solbes y para todos mis colegas españoles.
En cuanto al informe Gillig de esta mañana, todos los años examinamos el conjunto de la mayor clarificación de la exportabilidad de las prestaciones para intentar conseguir el objetivo de la libre circulación de cada vez más ciudadanos de la Unión Europea. Esto es necesario, ya que los Estados miembros en este ámbito van introduciendo añadidos o cambios a su propia legislación y ya que las sentencias del Tribunal Europeo señalan anomalías o aclaran ciertos artículos.
Acepto la necesidad de eliminar varios elementos que actualmente están en el Anexo IIa a la luz de la jurisprudencia reciente. En torno a la cuestión de la modificación del apartado 1, artículo 33, estoy impaciente por que se asegure de que un Estado miembro no podrá gravar más contribuciones a un pensionista que recibe pensiones de varios Estados miembros que si dicho pensionista recibiera todas sus pensiones del Estado miembro en cuestión. En particular celebro el añadido de la indemnización por movilidad del Anexo IIa en la Sección G «Irlanda», es decir, el nuevo punto (da).
Tengo una dificultad que no guarda mucha relación con esto, pero agradecería una respuesta del Comisario sobre lo que va a hacer la Comisión al respecto. En estos momentos existen diferentes criterios en cada uno de los Estados miembros con respecto a los candidatos para percibir ciertas prestaciones, como invalidez, discapacidad, ceguera, etc. Con el permiso de un elector voy a leer un par de párrafos de un caso concreto que es doloroso:
«En mayo de 1988 me vi implicado en un accidente de tráfico. A causa de los daños que sufrí en el cerebro me han registrado como ciego en el Consejo Nacional de Ciegos de Irlanda. Mediante un escáner se vio que tenía el cerebro dañado, a continuación los oftalmólogos de hospitales y del Consejo Nacional realizaron diferentes pruebas que demostraron que había sufrido daños permanentes en la vista. Esto me permitió optar a la pensión de las personas ciegas y a ser registrado como ciego en Irlanda. El problema que tengo, y seguro que también tienen otros como yo, es el siguiente: este registro se acepta aquí en Irlanda, pero al cruzar la frontera con el norte, el Reino Unido, se precisan diferentes criterios para ser considerado ciego, lo que me induce a pensar que ocurre lo mismo con cada uno de los demás países europeos. Esto parece querer decir que cuando entro en otro país europeo se produce una cura determinada y si fuera a vivir a otra parte de Europa tendría que pasar otra vez por el mismo proceso. Si soy un lisiado en Irlanda, soy un lisiado en Europa. Si soy sordo en Irlanda, soy sordo en Europa. Si soy ciego en Irlanda, soy ciego en Europa.»
Seguidamente, este elector de mi circunscripción dice que no es solo una cuestión transfronteriza, sino europea. Señor Comisario, ¿podría usted decirnos con qué rapidez podremos resolver esta cuestión de diferencia de criterios para poder optar a las diferentes prestaciones? Porque esto está causando grandes problemas a la movilidad de nuestros ciudadanos, en particular a los discapacitados y a los inválidos, en los ámbitos que he mencionado.
Otra cuestión menor que quiero plantear es que la palabra «benefit» en inglés, por lo menos en el sistema irlandés, tiene significados diferentes. Significa «pensión contributiva» en algunos países. En otros países solo significa una prestación social de cierta clase. Aquí la utilizamos bastante a la ligera, lo que puede causar confusión. 
Andersson (PSE ).
    Señora Presidenta, en nombre de los Diputados suecos, quiero transmitir nuestras condolencias a nuestros compañeros Diputados españoles y al Comisario Solbes Mira y condenar el terrible acto cometido en Madrid hoy.
Junto con nuestro debate sobre los cambios anuales, también se está produciendo la modernización del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que está relacionado con estos cambios anuales. Esto significa que probablemente tengamos que debatir este anexo de nuevo en otoño. Pero entonces se llamará Anexo X. Pienso que la Comisión debería haber sido cautelosa y no debería haber realizado cambios este año hasta que hubiéramos completado la modernización, en la que los principios están parcialmente cambiados y establecidos. Esa es mi opinión personal.
El Anexo IIA se basa en ciertos principios que rigen lo que pueden incluir los Estados miembros. Los Estados miembros no pueden incluir lo que crean apropiado en el Anexo IIA. Las prestaciones en cuestión no deben ser universales, pero requieren algún tipo de examen de medios. Las prestaciones familiares no tienen su sitio allí en absoluto. Quiero señalar al Sr. Schmidt y al Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas que el subsidio infantil sueco es universal. Eso también se aplica al suplemento para familias con más de un hijo, a las becas de estudio y a la cifra garantizada para la prestación parental. Esto significa que no tienen un sitio en el Anexo IIA. Puede que esto se considere positiva o negativamente, pero sin duda todos estaremos de acuerdo en que los anexos tienen que basarse en unos principios. Y probablemente tampoco debería cuestionarse el subsidio de vivienda para las familias con hijos, pero esa es la única prestación que podría debatirse.
Por lo tanto, rechazo la propuesta del Sr. Schmidt. Es inaceptable ignorar todos los principios que hemos acordado conjuntamente. El Sr. Schmidt dice que tenemos sistemas muy distintos –lo cual es cierto– pero también dice que podríamos vivir con estos sistemas distintos, que no afectan a la libertad de circulación y que no necesitamos estos reglamentos. En ese punto no estoy en absoluto de acuerdo con él. Por supuesto que necesitamos reglamentos que regulen a las personas que circulan a través de las fronteras y que van a recibir prestaciones sociales. Si cambiáramos drásticamente este sistema, por ejemplo, diciendo que no pudieran transferirse los subsidios familiares, tendría un efecto perjudicial sobre la libertad de circulación. 
Pérez Álvarez (PPE-DE ).
    Señora Presidenta, permítame como español, permítanme, en primer lugar, agradecer a todos los colegas que aquí se han expresado la solidaridad manifestada. Permítame también manifestar el mayor de los desprecios a esas alimañas con figura humana y, sobre todo, el cariño y la solidaridad a las familias que hoy sufren; la solidaridad y el cariño en su dolor y su sufrimiento. Como decía el Comisario, Sr. Solbes, hay que continuar, aunque no es fácil.
Debatimos la propuesta de la Comisión para actualizar el Reglamento (CEE) n° 1408/71 en lo referente a las prestaciones específicas y en efectivo de carácter no contributivo. La propuesta obedece principalmente a la incorporación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, precisando el carácter especial y no contributivo de determinadas prestaciones, y también obedece a cambios producidos en las distintas legislaciones nacionales. Creo que el meollo del debate es la inclusión o no en el Anexo II bis de prestaciones previstas por legislaciones nacionales y las consecuencias de esa inclusión en dicho anexo, es decir, su no exportabilidad o, en su caso, su exportabilidad.
De las distintas enmiendas presentadas, estoy de acuerdo con las números 1, 2 y 3, tanto por las características o por la naturaleza de la prestaciones de que se trata, y por las condiciones de disfrute, como por la dificultad o imposibilidad de su control.
Evidentemente, las enmiendas números 4, 5, 7 y 8, que se refieren a prestaciones cuyo carácter exportable se comenta hace algún tiempo, están contemplando prestaciones a veces con equivalente en los Estados miembros, adaptadas, además, a las condiciones de vida. En todo caso, creo que debería estudiarse.
Y, desde luego, no puedo estar de acuerdo con las enmiendas números 9 a 12; en primer lugar, porque se trata en todos los supuestos de prestaciones familiares. El criterio general del Reglamento es que las prestaciones familiares se exportan; lo contrario supondría una discriminación, así como dificultar y obstaculizar la libre circulación de las personas, y en esa libre circulación, que las familias viajen con la mochila de la protección social a cuestas.
Por último, señora Presidenta, quiero llamar la atención sobre el condicionamiento, presente o futuro, en algunos Estados miembros, del derecho a la asistencia sanitaria de los pensionistas al pago de unas cotizaciones sobre su pensión. Me refiero, lógicamente, al nuevo apartado 1 del artículo 33 del Reglamento. Ello implica que un número muy importante de pensionistas verían reducidos sus ingresos.
En el caso de los españoles residentes en otros Estados miembros, verían reducida su pensión mientras que, si vivieran en España, recibirían el 100% de la misma, por ser la asistencia sanitaria un derecho que podríamos calificar de automático. Nos encontraríamos, por lo tanto, ante un caso claro de discriminación y de obstaculización a la libre circulación de las personas.
Solbes Mira,
   . Señora Presidenta, en primer lugar, como español, excepcionalmente, en este hemiciclo, quiero agradecer a todos los que han intervenido sus palabras de solidaridad con las víctimas del terrorismo en España y con los terribles efectos de los atentados que se han producido en mi país.
Como decía anteriormente, tenemos que volver a nuestro trabajo y voy a intentar dar respuesta a sus preocupaciones.
En primer lugar, no debemos olvidar que el asunto que estamos tratando aquí es competencia de los Estados miembros: organizar sus propios sistemas de solidaridad social.
Es importante destacar el punto que plantea la Sra. Doyle. Es un problema cierto. Sin embargo, es verdad también que no hay una armonización de estos temas en el ámbito comunitario. Podemos avanzar a través de la coordinación de legislaciones nacionales –sin duda alguna–. Eso implica, evidentemente, que cada Estado miembro adopte una legislación nacional de acuerdo con las demás. En ese sentido, el método abierto de coordinación nos puede ayudar, pero no tenemos una solución única. Posiblemente haya una vía intermedia –en la que se está trabajando y se puede avanzar–, el reconocimiento mutuo, que nos conduciría a una situación de armonización total, pero sí a una situación de reconocimiento que podría permitirnos resolver parte de los problemas.
En segundo lugar, si partimos del hecho fundamental de que se trata de una decisión y una competencia de tipo nacional, es evidente que cualquier elemento de coordinación tiene que hacerse con criterios fijos preestablecidos. Esos criterios objetivos son los que hemos tratado de incluir y a los que he hecho referencia anteriormente en mi exposición. Por eso, en algunos casos aceptamos algunas de las soluciones que ustedes plantean y en otros pensamos que las soluciones que ustedes sugieren no resuelven todos los problemas.
La idea fundamental en el tema del que estamos hablando se basa en ventajas especiales basadas en el principio de la residencia. Por eso, en algunos casos, lo que se prevé es que, si se cambia de residencia, se sustituyan las ventajas de un país por las ventajas de otro. Dichas ventajas residen en condiciones objetivas, según las características y de los sistemas de seguridad social definidos en cada país. Comprendo que eso puede suponer, en algunos casos concretos, una pérdida de ventajas relativas respecto al país de partida, lo que refleja diferencias que existen entre los nacionales de los distintos Estados de la Unión.
Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay ningún agujero en la reglamentación, hay una coherencia en todo el sistema, lo que no implica que no pueda haber problemas específicos y que haya que intentar resolverlos. En mi opinión, lo que sucede es que el margen aquí se manifiesta mucho más a nivel nacional que a nivel comunitario. Y, en ese sentido sería el buen sistema para avanzar, la adopción de acciones nacionales que permitieran corregir este tipo de problemas o de acuerdos bilaterales entre países que permitieran la solución de alguna de estas dificultades. Si no, evidentemente, dentro del ámbito comunitario, podemos aplicar armonización donde es posible –en muchos de estos casos no lo es–, podemos avanzar en la coordinación a través del método abierto de coordinación, podemos avanzar en el tema de reconocimiento mutuo para evitar esos problemas de libre circulación de personas a las que muchos de ustedes han hecho referencia. Sobre esa base estamos trabajando y seguiremos haciéndolo en el futuro.

 – El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0098/2004), presentado por la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre asistencia sanitaria y atención a las personas mayores.
Jöns (PSE ),
   . – Señor Presidente, yo también quisiera unirme a los oradores anteriores al expresar mi más profundo apoyo a los españoles, las víctimas y sus familias. Aunque es difícil pasar al orden del día, nuestro tema es «la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores», y es un tema bastante importante.
Con toda probabilidad, este informe recibirá hoy un amplio apoyo en la Cámara, resultado de una excelente cooperación entre Diputados pertenecientes a todas las agrupaciones políticas, por la que quisiera extender mi más cálido agradecimiento a todos ellos, y de modo especial al Sr. Mantovani. Debo añadir que mi informe se deriva del suyo, que presentó hace un año, y lo que solicitábamos entonces sigue siendo tan relevante hoy como lo era en su momento; de hecho, los problemas se han hecho más apremiantes. Permítanme únicamente citar todo el tiempo que las personas tienen que esperar para recibir sus tratamientos, los embotellamientos de personal que van a peor y los alarmantes informes de condiciones de los centros de acogida, algunos de los cuáles son degradantes.
También los gobiernos se han dado cuenta de la importancia real de organizar un intercambio estructurado de información tanto en el sector sanitario como en el ámbito de la atención a las personas mayores. Mientras los resultados del proceso de reflexión a alto nivel hablan por si solos, ahora ya no nos queda tiempo que perder, por lo que instamos urgentemente al Consejo Europeo a que adopte por fin el principio de aplicación del método de coordinación abierta y un calendario detallado. Los objetivos e indicadores comunes deberían acordarse a principios de 2006. Después de todo, la Convención especificó, en su proyecto de tratado, una coordinación abierta para la política sanitaria, incluyendo, sin duda, la participación de esta Cámara.
Si los Estados miembros quieren garantizar la accesibilidad futura, la calidad y la viabilidad financiera de los sistemas sanitarios y la atención a las personas mayores, entonces se necesita más que nada una mayor prevención y transparencia. Tanto en el ámbito europeo como en el nacional, la prevención y la promoción de la sanidad deben recibir la misma atención que la medicina curativa. Si no lo hacen, pronto seremos incapaces de hacer frente a la carga creciente de pacientes.
Sin embargo, la transparencia es un requisito indispensable si se quiere mantener la calidad y si se va a hacer el mejor uso posible de los recursos de que disponen los sistemas sanitarios. La calidad de los servicios médicos debe demostrarse mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Ya no debemos gastar mucho dinero y recibir una calidad deficiente a cambio. Las organizaciones de pacientes tienen una función muy importante en este asunto y en el futuro deben implicarse más en todas las decisiones relativas a asuntos de política sanitaria.
Todos los Estados miembros también deberían adoptar una legislación de pacientes o una carta de pacientes, pero a fin de garantizar una mayor seguridad legal para las personas que enferman y han de recibir tratamiento en el extranjero, también necesitamos normas comunes europeas para los derechos de los pacientes. De hecho, representaría un gran avance si se adoptara una carta europea de pacientes, y por ello instamos a la Comisión y a los Estados miembros a que diseñen unos criterios compartidos para la misma. Sin embargo, todavía siguen abiertas un gran número de preguntas tras las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre el reembolso de los costes del tratamiento generados en otro Estado miembro, y, por tanto, lo que esperamos de la Comisión son propuestas, no solo relativas al modo de alcanzar una mayor seguridad jurídica por parte de los pacientes, sino también relativas a los modos de proteger los servicios sanitarios nacionales de los efectos potencialmente adversos de las reglas del mercado interior. Los efectos de las reglas europeas deberían ser objeto de seguimiento por parte de un comité permanente de expertos, que presentaría informes con regularidad. El problema es que la sanidad no es un producto económico; nuestros servicios de salud están fundados sobre la solidaridad, y eso hay que defenderlo.
También todos los Estados miembros se enfrentan a retos importantes en cuanto a atención a largo plazo y atención a las personas mayores. Deberíamos aunar esfuerzos en la búsqueda de estrategias para integrar la asistencia sanitaria y la atención conjuntamente y de modo más efectivo, para mejorar los cuidados en casa y para proporcionar suficientes centros de acogida. También se necesitan normas claras de atención, no solo en las propias casas de las personas sino también en instituciones, y sobre todo, controles de calidad frecuentes e independientes.
Así que hay mucho por hacer si queremos mantener a largo plazo nuestro modelo europeo de política sanitaria fundado sobre la solidaridad. 
Solbes Mira,
   . Señor Presidente, agradezco a la Sra. Jöns y a sus colegas, el excelente informe que nos han presentado y que contiene un número interesante de propuestas y de recomendaciones que merecen toda la atención de la Comisión.
Señora Jöns, valoramos especialmente en su informe su apuesta por la aplicación del método abierto de coordinación para mejorar la asistencia sanitaria del cuidado de los ancianos en los países de la Unión.
En breve, la Comisión tiene previsto adoptar una comunicación con una propuesta para aplicar este método abierto de coordinación en los temas de asistencia sanitaria. Para ello nos vamos a apoyar en experiencias anteriores, porque pensamos que es fundamental prestar asistencia en este tema, que es clave tanto para hacer frente a los problemas de envejecimiento demográfico en nuestros países como para mantener altos y adecuados niveles de protección social.
La primera condición para poner en marcha este método abierto de coordinación es que los Estados miembros adopten un conjunto de objetivos comunes que no permitan establecer un marco útil para el proceso de reforma de los temas relacionados con la sanidad.
De conformidad con las conclusiones del informe conjunto, que se presentó el año pasado al Consejo Europeo de primavera, nos centraremos en tres ámbitos: la asistencia sanitaria, la accesibilidad y la calidad y viabilidad financiera.
También tendremos que considerar un segundo aspecto al que usted ha hecho referencia: el seguimiento. Seguimiento que debe hacerse a través de indicadores comparables adecuados. Sin tales indicadores es muy difícil valorar cuál es la aplicación de las distintas medidas por los distintos Estados miembros y ver si ese proceso de aprendizaje, que estamos realizando en común, consigue los objetivos previstos.
Vamos a elaborar también unas propuestas detalladas de trabajo hasta el año 2006, cuando esperamos comenzar un nuevo proceso simplificado de coordinación de las políticas que abarque la asistencia sanitaria, las pensiones y la inclusión social. Si queremos establecer este plan de trabajo, es fundamental explotar las sinergias, las interrelaciones en la estrategia actual de salud pública y el programa de acción comunitaria que está vinculado a la misma.
Para obtener los mejores resultados, es imprescindible que los indicadores reciban un fuerte apoyo de este programa de trabajo. En otro caso no dispondremos de las referencias necesarias para conocer la situación en cada país.
Esperamos que el Consejo debata durante este año las propuestas de la Comisión y pensamos que, en ese sentido, el informe que usted nos presenta hoy es enormemente oportuno y útil, y que será una contribución fundamental para este debate.
La Comisión también ha examinado atentamente las conclusiones del proceso de reflexión de alto nivel sobre la movilidad de los pacientes y presentará en breve una comunicación para el seguimiento del mismo.
Su informe, señora Jöns, trata un amplio abanico de cuestiones relativas a protección social, salud pública, libre circulación de personas y servicios en el mercado interior. Todos ellos son importantes instrumentos para definir una política global en el marco de nuestras competencias del mercado interior de libre circulación en el programa de salud pública y el método abierto de coordinación aplicado a estos temas. La Comisión tiene que prestar especial atención a estos distintos instrumentos para que sean coherentes y consistentes entre sí. El hecho de que su naturaleza legal sea diferente no quiere decir que no tengamos que mantener una consistencia total entre todos ellos y la Comisión no escatimará ningún esfuerzo para avanzar en esta dirección.
Siempre recordaremos -y este es un punto fundamental- que la responsabilidad primaria en estos temas corresponde a los Estados miembros, especialmente cuando hablamos de salud y de asistencia a los enfermos crónicos. Nuestro trabajo en estos puntos concretos es apoyar al máximo el trabajo llevado a cabo por nuestros Estados miembros.
Muchas gracias por su aportación, que será, sin duda, de la máxima utilidad para la Comisión.
Santini (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, también en nombre del Sr. Mantovani, quisiera agradecerle a la ponente, la Sra. Jöns, el magnífico trabajo y la excelente cooperación que ha demostrado en este asunto tan sensible, que es ahora más que nunca una prioridad. Como ponente alternativo de nuestro grupo, el Sr. Mantovani –que en enero de 2003 fue autor del informe que inauguró el debate en el Parlamento Europeo sobre el futuro de los sistemas sanitarios y la atención a las personas mayores– ha confirmado la importancia clave de los retos fundamentales que están relacionados especialmente con la provisión, la calidad, el contenido y la cobertura en el ámbito del gasto relativo a cuidados sanitarios en Europa.
Como también ha confirmado el Comisario, el envejecimiento de la población, el progreso en la medicina, una mayor esperanza de vida y la creciente demanda de servicios sanitarios, unidos a una movilidad e información sin precedentes, contribuyen conjuntamente a un incremento sustancial y extendido de los costes del sistema sanitario, que en ocasiones ha demostrado ser insostenible para la situación económica actual y sobre todo para las administraciones públicas.
De acuerdo con las cifras incluidas en el último informe de la Comisión Europea sobre la situación de la sanidad, la cifra de personas mayores que sobrepasen la edad de 75 ascenderá al 27% en 2010. En los próximos 15 años, la cifra de las personas muy mayores, es decir, mayores de 80 años, se incrementará casi en un 50%. Al mismo tiempo, en este contexto, también se prevé que se incremente el nivel de dependencia de las personas mayores. Los cambios en el grupo de más de 80 años de edad serán mayores y se producirán más rápido que en ningún otro grupo de edad.
En general, esta tendencia será la misma para los diez nuevos países que pronto se unirán a los Estados miembros actuales. De hecho, a excepción de Polonia, la República Eslovaca y Chipre –donde la población activa sigue creciendo, aunque de forma algo lenta– el envejecimiento de la población en el resto de países es un fenómeno que ya ha echado raíces y tiende a aumentar. Mucho dependerá de la efectividad de las estrategias aplicadas en el ámbito sanitario y de las opciones políticas tomadas en el ámbito europeo, nacional y local. Los cambios en este ámbito no solo son necesarios, sino que son una prioridad como nunca lo han sido. Aunque la provisión de asistencia sanitaria y atención en general actualmente sigue siendo esencialmente competencia de los Estados miembros, somos conscientes de que una tendencia similar con implicaciones significativas y complejas no puede tratarse de forma efectiva y exhaustiva simplemente en el ámbito nacional.
En enero de 2003, cuando se adoptó el informe Mantovani sobre los sistemas sanitarios en Europa, había un amplio consenso en este Parlamento a favor del desarrollo de la cooperación comunitaria destinada a la mejora de los sistemas sanitarios que, en mi opinión, es la única manera de abordar el envejecimiento de la población en particular. Esta tendencia significa que la sociedad europea debe adaptarse, y los ciudadanos deben cambiar su comportamiento y costumbres. En las decisiones del Tribunal de Justicia, estas distintas cuestiones –que tienen que ver con políticas distintas que competen tanto a nivel internacional como a nivel nacional en cuanto a la subsidiariedad total, y pienso en la movilidad de los pacientes, la conclusión del mercado interior y la política del consumidor– deben considerarse cada vez más cruciales y debe haber un nuevo contexto en el cual la cooperación europea se incremente a fin de poder alcanzar resultados tangibles lo antes posible.
Existe un requisito de una cooperación más extensiva y de que se redacten unas normas comunes en cuanto a calidad y cantidad. El objetivo de la Unión Europea, establecido en Lisboa hace cuatro años, era convertirse en la economía más competitiva del mundo para 2010. Hoy, alcanzar este objetivo se ha hecho especialmente difícil como resultado de un crecimiento bajo y de unas condiciones económicas desfavorables, y por lo tanto no se alcanzará a menos que lo abordemos en serio y del mismo modo que el resto de retos que nos esperan. 
Ettl (PSE ).
   – Señor Presidente, se está hablando mucho sobre cómo las personas más mayores tendrán que trabajar en el futuro durante más tiempo y sobre su significado especial en cuanto a la economía, pero se ha dicho muy poco sobre el hecho de que necesitarán, con el paso de los años, más ayuda y más cuidados sociales y sanitarios.
El modo en el que respondemos a las necesidades y miedos de las personas mayores también es una cuestión cultural. En los centros de acogida, la dignidad humana y el derecho a la libertad personal son de la máxima importancia. Existe un deseo innato en todas las personas de vivir y de luchar por vivir, y hay que cultivar esta fuerza mental elemental. Sobre todo, es la fuerza de voluntad lo que hace la vida mucho más fácil para las propias personas mayores, y también para aquellos que las cuidan. Por ese motivo es tan importante que se desarrolle la formación en todas las profesiones relativas a la atención sanitaria, desde los cuidadores a los médicos. Los conocimientos psicológicos, la empatía y la sensibilidad son incluso más difíciles de adquirir, entender y desarrollar que la experiencia profesional y las cualificaciones prácticas.
Sin embargo, no es solo la formación la que debe tener más en cuenta el aumento de la esperanza de vida. También la investigación debe comprometerse más con la gerontología y con el apoyo a programas de cuidados médicos paliativos y desarrollar sus propias redes por Europa. Se necesita más investigación y, por tanto, una mayor seguridad para sustentar las medidas preventivas. Solo si existe una interacción entre estos dos ámbitos tendremos la garantía de poder vigilar los costes de la asistencia sanitaria.
Al presentarnos las cuestiones y problemas del envejecimiento, este informe de iniciativa propia subraya una de las cuestiones sociales importantes para Europa y nos llama al trabajo continuado en materia de política sanitaria. Quisiera expresar la gran consideración que tengo hacia la ponente y su trabajo. 
Lynne (ELDR ).
   – Señor Presidente, felicito a la ponente por su excelente informe. Correcto, nuestra salud es responsabilidad de los Estados miembros y no me gustaría que esto cambiara. Quisiera que hubiera un mayor intercambio de buenas prácticas en el ámbito europeo.
Me complace que se hayan aceptado todas mis enmiendas, excepto una, en comisión, pero quiero señalar que el texto del considerando K no es del todo correcto. En mi enmienda se habla de asistencia sanitaria a largo plazo, no de asistencia sanitaria intensiva a largo plazo. Lo he tratado con los servicios y dicen que el error podría rectificarse en la sesión plenaria. Espero que así sea, porque asistencia sanitaria a largo plazo no es lo mismo que asistencia sanitaria intensiva a largo plazo. Sigo pensando que hay un problema con la última frase, pero estoy seguro de que los servicios también pueden corregirlo.
Me complació especialmente que se aprobara también mi enmienda relativa al uso de camas jaula en instituciones psiquiátricas y centros de asistencia social, y que se reconociera que contraviene todas las normas internacionales relativas al cuidado de personas con problemas de salud mental o discapacidades intelectuales. Esperemos que a partir de ahora se elimine del todo esta práctica, en toda la Unión Europea y en los países en vías de adhesión. Desde el informe del año pasado del Mental Disability Advocacy Centre sobre esta cuestión se han logrado mejoras.
Otra de mis enmiendas que ha sido aceptada, de lo que me alegro, se refiere a la necesidad de emprender más proyectos de investigación a escala europea en torno a varias enfermedades que afectan a los ciudadanos europeos y, quizá esto sea más importante, de divulgar información en toda la Unión Europea.
Espero que la Comisión pueda ahora examinar la posibilidad de contribuir a este intercambio de información, especialmente si la investigación la financia la Unión Europea, en ámbitos como la degeneración macular asociada a la edad, por ejemplo, que es la principal causa de pérdida de visión en las personas mayores de la Unión Europea. Se está haciendo un buen trabajo, pero no se instaura un sistema claro para intercambiar información científica. Ya he hablado con la Comisión sobre la posibilidad de publicar los resultados en Internet, pero estoy seguro de que a la Comisión se le ocurrirán otras ideas.
Solo he mencionado un par de cuestiones que me preocupan por falta de tiempo; el informe de la Sra. Jöns examina muchas otras. En nombre del Grupo ELDR la felicito por su trabajo y recomiendo el informe a la Asamblea. 
El Presidente.
   Gracias, señora Lynne. Estoy seguro de que las correcciones que ha solicitado serán realizadas por los servicios. 
Schmid, Herman (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/ Izquierda Verde Nórdica, en primer lugar quisiera decir que, en nuestra opinión, el informe de la Sra. Jöns es constructivo en muchos aspectos. Sobre todo, acogemos con satisfacción el modo en el que aclara que la asistencia sanitaria debe proporcionarse cerca de los pacientes en sus ambientes locales, porque la familia, los amigos y los compañeros significan mucho en términos de rehabilitación y calidad de cuidados.
Sin embargo, ahora parece como si la tendencia fuera en la dirección contraria. La asistencia sanitaria va a formar parte del mercado interior. En este preciso día, mientras estamos celebrando este debate, el Consejo de la Competencia está reunido debatiendo cuestiones en Bruselas, donde el Sr. Bolkestein propondrá un paso radical hacia la comercialización de la asistencia y de otros servicios. El principio básico va a ser que todo productor que sea un operador aprobado en un Estado miembro debe poder operar libremente en cualquier otro Estado miembro.
Esto suprimirá rápidamente los sistemas públicos de asistencia sanitaria y preparará el camino para una privatización extensiva. En lugar de atención proporcionada cerca de los pacientes en ambientes locales, tendremos grandes compañías multinacionales de asistencia sanitaria, grupos industriales productores de medicinas y compañías aseguradoras de la salud como los grandes y poderosos actores en un mercado en el que son la producción a gran escala y los beneficios los que gobiernan las actividades. He llegado a leer un informe que trata el modo en el que los enfermos, o lo que se denominan pacientes móviles, van a moverse de un sitio a otro en este gran mercado.
Esta evolución es una amenaza para los derechos de los pacientes, y en el Parlamento Europeo debemos hacer todo lo posible para poner fin a la misma. Debemos hacer que la Comisión pare y nos proporcione más tiempo para un debate responsable. Existen muchos servicios que pueden operar muy bien en el mercado interior, pero también existen servicios –y la asistencia sanitaria es uno de ellos– que poseen unas características distintas y no están hechos para los principios del mercado.
También se requiere una cooperación transfronteriza cuando se trata de servicios de asistencia sanitaria. Sin embargo, esto puede y debería desarrollarse entre los Estados miembros y las regiones fronterizas sobre la base de necesidades más prácticas en lugar de desarrollarse de acuerdo con el abstracto principio de la organización del mercado interior.
Si la Comisión lleva a cabo su ofensiva con éxito en cuanto a someter lo que anteriormente eran servicios públicos a los principios del mercado interior, la resistencia popular al proyecto de la UE se levantará, en general, a niveles insospechados.
Por lo que se refiere al informe de la Sra. Jöns, la Cámara debe rechazar el párrafo 23, que habla de la asistencia sanitaria sometida a los principios del mercado interior. Si no lo rechaza, por lo menos el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica no podrá votar a favor del informe en la votación final. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, quisiera unirme en las condolencias a los amigos y parientes de las víctimas, a los españoles, al gobierno español y a los Diputados españoles de esta Cámara, y lamento profundamente este ataque brutal a la democracia.
La semana pasada me sorprendieron las declaraciones del Primer Ministro belga, el Sr. Verhofstadt, quien afirmó que hay que proporcionar más incentivos financieros a las familias para que cuiden de sus padres mayores en casa. Según él, esta idea debería ser tema de debate nacional en Bélgica.
Normalmente me gusta la idea de los debates nacionales, pero en este caso surge la cuestión de si la necesidad de este debate no resulta simplemente de la vergüenza con la cuestión de hacerse mayor. Intentamos abordar los problemas de las personas mayores en materia de asistencia sanitaria mediante propuestas políticas y retórica de elecciones. Sin embargo, eso no puede ocultar el hecho de que no sabemos lo que hacer cuando se trata de esta cuestión. Después de todo, nosotros mismos esperamos envejecer con buena salud y no tener que confiar en la asistencia durante el máximo tiempo posible, pero no podemos controlarlo.
Me acuerdo de que debatimos el informe del Sr. Mantovani aquí el año pasado, el 14 de enero para ser exactos. En ese momento afirmé expresamente que el debate sobre la atención a las personas mayores y la asistencia sanitaria no debía perderse entre buenas intenciones. Tiene que rendir para aquellos que trabajan en ese sector. Compartir prácticas de trabajo y métodos de tratamiento debería llevar a una mejora de la atención. Además, hay que aclarar que la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores no debería considerarse únicamente desde la perspectiva de los costes económicos. Las personas mayores y los pacientes son algo más que un elemento deudor. Por esa razón apoyo la enmienda presentada por la Sra. Lambert sobre el cambio al párrafo 23.
El propósito del mercado interior no es obtener beneficios financieros a costa de la angustia de los pacientes. Es deseable la igualdad de acceso a la atención en todos los Estados miembros, pero la movilidad de los pacientes no parece deseable, en mi opinión, a cuenta de los costes implicados. En mi opinión, el párrafo 37 no debería eliminarse. En cambio, me puedo identificar muy bien con la conclusión de que las reglas del mercado interior no repercuten únicamente de manera positiva en la asistencia sanitaria.
Quisiera volver brevemente a las declaraciones realizadas por el Sr. Verhofstadt. Las cosas todavía pueden empeorar. En mi país, un canal de televisión presentó recientemente un documental-drama sobre la recepción de personas mayores neerlandesas pobres en un país africano donde la atención es más eficiente porque los salarios en el sector de la asistencia son más bajos. Muchos telespectadores no se dieron cuenta hasta más tarde de que este programa lo hacían actores y que el ministro se preparaba para las preguntas en el parlamento, pero el hecho de que fuera únicamente ficción no quita la impresión de que hay poca cabida, si es que hay alguna, para la atención voluntaria de los familiares. Tanto las buenas intenciones políticas como la sátira burlona nos están intentando transmitir un mensaje. Esto nos da qué pensar. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Sra. Jöns, Señorías, con el informe de 14 de enero sobre servicios de interés general, dejamos muy claro que las cuestiones políticas sociales y sanitarias son cuestiones de interés general. El mercado interior no es el único punto de partida para el debate de hoy. Los cambios demográficos, que afectan a toda Europa y a todo nuestro continente, representan el mayor reto para nuestras políticas, ya se den en el mercado laboral, en la economía, en los asuntos sociales, en la sanidad o en el Presupuesto. Si queremos construir el mercado interior, crear movilidad y flexibilidad junto con la seguridad social, mientras al mismo tiempo nos enfrentamos juntos a los grandes retos de nuestras políticas en la sociedad civil, no podremos reducirlos a una cuestión de fronteras nacionales.
En calidad de Presidente de la Organización para la ayuda austriaca, me enfrento a estos retos diariamente. En mi opinión, lo que tenemos que hacer es revisar las funciones obligatorias del sector público y la consiguiente transferencia de tareas públicas realizadas por el sector no estatutario a proveedores de servicios privados no lucrativos a nivel nacional, regional y local. La persona a la que se cuida debe poder elegir dónde se queda para su cuidado si van a disfrutar del derecho a la autodeterminación. Incluso cuando necesitan atención, la mayoría de las personas quieren quedarse en sus propios hogares. A menudo pueden recibir un mejor cuidado por parte de los servicios móviles de atención, que se ajustan más flexiblemente a las necesidades reales del paciente, y esto también representa un uso mucho más rentable de los recursos disponibles. Sin embargo, lo que esto requiere es, en primer lugar, que la calidad del servicio de atención esté regulada no simplemente a nivel nacional, sino también a través de las fronteras, con la mayor normalización posible, y al menos de manera coordinada; que la formación de los asistentes se organice en la medida de lo posible con normas nacionales y se coordine por toda Europa; que los proveedores de servicios sean evaluados de manera transparente y objetiva; y que la financiación se garantice mediante contratos a largo plazo.
Los servicios móviles y los servicios auxiliares de los que dependen han de mejorarse y extenderse. Tienen que integrarse, con una mejor gestión de la interfaz entre clínicas de reposo y servicios móviles, y la promoción de una gestión de los casos general y orientada al paciente. Permítanme concluir diciendo que se necesitan más recursos al alcance de los familiares y más apoyo y asistencia para ellos; tanto el Estado como Europa deben crear el marco reglamentario necesario si queremos que esto ocurra. 
Van den Burg (PSE ).
   – Señor Presidente, quisiera hacerme eco de los muchos cumplidos que se han dirigido a la ponente. Ha elaborado un excelente informe, con una llamada pertinente a una mayor cooperación europea en materia de asistencia sanitaria y atención a las personas mayores. Esta cooperación no debería restringirse a la sanidad pública, a los aspectos cuantitativos y preventivos, sino que también debería pertenecer a la gestión efectiva y consciente del gasto de las disposiciones y el refuerzo de la base financiera para los costes sanitarios y los costes derivados de una población que envejece. La Dirección General de asuntos sociales y empleo debería tener una función activa en este asunto.
Me he centrado principalmente en los aspectos relativos a la financiación y al apoyo de los sistemas sanitarios nacionales, y he presentado una serie de enmiendas a ese efecto que están relacionadas con el mercado interior, entre otras una enmienda al párrafo 37 que, para mi disgusto, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos quiere eliminar. Las decisiones tomadas por el Tribunal de Justicia sobre el mercado interior ya afectan a los sistemas sanitarios nacionales. La financiación de la asistencia ya no es una cuestión puramente nacional. Muchos compañeros Diputados de distintos Estados miembros no comprenden por qué hago de esto una cuestión tan importante. Siguen subrayando que la asistencia sanitaria debe estar protegida de las fuerzas de mercado, que es de interés general y, por consiguiente, no tiene nada que ver con las reglas sobre la competencia y la libre circulación. Quisiera decirles –y especialmente al Sr. Herman Schmid– que este no ha sido el caso durante mucho tiempo. No podemos cerrar los ojos a los socios comerciales privados en el mercado sanitario que operan de acuerdo con la logística del mercado libre. Por eso debemos proporcionar un contrapeso sólido contra las fuerzas de mercado.
En los Países Bajos, actualmente existe un debate sobre la revisión del sistema de costes de la sanidad pública, respecto al cual se prevé entregar esto completamente a los aseguradores de la sanidad privada. Considero esto una estrategia arriesgada mientras no exista un marco al respecto. No tengo nada en contra de las compañías de seguros privadas, como el Sr. Karas puede afirmar, pero el gobierno debería poder establecer condiciones suficientes. Por ejemplo, no debería ser posible rechazar a enfermos, que las personas con un mayor riesgo de enfermedad tuvieran que pagar una prima más alta, o que el seguro fuera más caro para las mujeres porque pueden quedarse embarazadas.
El Gabinete neerlandés tiene poco en cuenta el hecho de que los acuerdos europeos sobre el mercado interior podrían frustrar sus planes. Si, con el tiempo, las compañías de seguros se encuentran demasiado restringidas por el gobierno, pueden acudir al Tribunal Europeo y referirse a las reglas europeas. Esto será a expensas de los grupos más débiles. Los gobiernos nacionales culparán entonces a Europa. Quisiera evitar que eso ocurriera, y por esa razón debemos intentar alcanzar una mejor coordinación a nivel europeo.
Una observación final: Me complace el anuncio del Sr. Solbes de que un informe de progreso seguirá al proceso de reflexión a alto nivel. Lo espero ansiosamente. 
Caudron (GUE/NGL ).
   – Señor Comisario, Señorías, yo también quisiera comenzar felicitando a mi colega, la Sra. Jöns, por su valioso trabajo y la calidad de su informe. Es un informe muy completo. Su descripción de la situación, de los problemas y de los retos es especialmente exhaustiva, y sus análisis, totalmente pertinentes.
Nos congratulamos de ello, en particular porque se pide a los Estados miembros que supriman las desigualdades en materia de sanidad, más especialmente las asociadas a los factores socioeconómicos, al sexo o a la edad. Apoyamos la crítica al hecho de que los pacientes tengan que soportar una parte cada vez más alta del coste de la sanidad, lo que penaliza a los ciudadanos de rentas bajas. Nos sumamos a la petición de una carta detallada de los derechos de los pacientes para un sistema sanitario de calidad, a corto, medio y largo plazo, basado en la solidaridad. Al igual que la ponente, pedimos medidas especiales para los nuevos Estados miembros, que en su mayoría registran situaciones más críticas que los Quince. Por último, al igual que los diputados del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica en Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, soy contrario a toda privatización ulterior de la sanidad.
En resumen, por mi parte quiero decir un par de cosas muy sencillas. En materia de sanidad, quizás sea necesario, en determinados sectores, gastar mejor gastando de otro modo, no lo niego. Pero si queremos tratar y curar las enfermedades graves en rápido aumento, en particular el cáncer, si queremos ocuparnos también mucho mejor de las enfermedades raras, llamadas huérfanas, si queremos afrontar las necesidades derivadas del envejecimiento de la población en nuestras sociedades, si queremos apoyar mejor desde del punto de vista psicológico y humano a los enfermos, si queremos desarrollar mejor todas las investigaciones públicas, incluida la investigación sobre las células embrionarias sobrantes, que suscitan nuevas esperanzas en especial para las enfermedades ligadas al envejecimiento: entonces sí, si queremos alcanzar todos estos objetivos, necesitaremos más recursos presupuestarios. Es una necesidad que se opone sin duda a otras prioridades estatales y europeas, y sobre todo al rigor de los criterios de estabilidad monetaria.
Una última palabra para recordar que no hay que olvidar nunca a los pobres de nuestras sociedades, demasiado a menudo excluidos de la asistencia, ni olvidar a los países pobres del mundo, que ni siquiera tienen lo mínimo en materia de sanidad, con la consecuencia de que en ellos la esperanza de vida es mucho más baja que en nuestros países. Terminaré con un refrán sin duda conocido pero que siempre es necesario recordar para que se ponga en práctica. Si la memoria no me falla, dice que a fin de cuentas lo que realmente cuenta es la calidad de la vida, y no su duración.
Stihler (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente. Este informe sobre la asistencia sanitaria y la atención a las personas mayores llega en un momento oportuno. De acuerdo con el censo de 2001, el 18,61% de la población de Escocia ha pasado la barrera de la edad de jubilación y, un dato aún más interesante, el 19,54%, casi el 20%, de los cuidadores ha pasado también esa barrera. El envejecimiento de la población nos plantea grandes desafíos, no solo en Escocia, sino en toda la Unión Europea. Es por este motivo que es tan vital compartir las buenas prácticas entre los países de toda la Unión Europea.
Tenemos que buscar soluciones sencillas dirigidas a personas concretas. Los adultos mayores pueden tener múltiples problemas médicos. Por ello un enfoque global, que implica a un equipo interdisciplinario de médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, dietistas y trabajadores sociales, además de la familia de la persona, es tan importante. Aunque cada vez hay más médicos que se forman en la atención geriátrica, que es un ámbito de interés creciente, sigue siendo necesaria más inversión en esta especialidad en expansión.
Para la persona mayor hay otras cuestiones que deben considerarse. Es un mito popular que una gran proporción de adultos mayores vive en algún centro de asistencia. De hecho, gran parte de los adultos mayores viven independientemente, con ayuda familiar o social. Mi tía abuela Agnes, a sus 91 años de edad, está en este caso. A veces, para un paciente mayor que está enfermo y recuperándose en un hospital, lo importante es poder volver a casa y arreglárselas en su casa. Para algunos pacientes mayores esto puede ser más importante que el tratamiento de su propia condición médica.
Ante el hecho de que la gente vive más y la creciente proporción de población de más de 65 años de edad, también llama la atención que muchas pruebas médicas no incluyan a pacientes mayores, aunque es un asunto que ahora está empezando a abordarse. Tenemos ciertas responsabilidades con respecto a la población mayor de la Unión Europea. Después de todo, algún día nosotros también formaremos parte de la población mayor, ya que ninguno de nosotros va a rejuvenecer. 
Figueiredo (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el aumento de la esperanza de vida surgido de los avances científicos y sociales del siglo XX no debe considerarse una carga para la sociedad en el siglo XXI. Las personas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, a tener acceso a la asistencia sanitaria y otras formas de atención, independientemente de su situación social o financiera. Esto está siendo cuestionado en una serie de países, como el mío, Portugal, por culpa de un neoliberalismo que está intentando imponerse en muchos ámbitos, incluido el sanitario, dando prioridad a la competencia y a la competitividad, y poniendo así en peligro los servicios públicos de calidad sin mostrar ningún respeto por las personas o por sus derechos.
El hecho de que la mayoría de personas mayores en la Unión Europea sean mujeres –más de un 63% de las personas con edades comprendidas entre 75 y 84 y el 72% de las personas con más de 85 años son mujeres– significa que precisamente ellas serán las más afectadas por los problemas en los sistemas de asistencia sanitaria y atención a largo plazo, bien como cuidadores o como receptores del cuidado.
La persistencia de las desigualdades en los salarios de las mujeres y su jubilación las hace especialmente vulnerables a las consecuencias del desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos y a la falta de atención para las personas mayores. Debería observarse que las mujeres componen la mayoría de los 55 millones de personas con riesgo de pobreza en los 15 miembros actuales de la Unión Europea y de los muchos millones en los países candidatos. Por ese motivo somos tan críticos con el hecho de que los Estados miembros estén aumentando la proporción de los costes sanitarios de la que se hacen cargo los pacientes, tanto para la prevención como para los tratamientos, los fármacos, los cuidados paliativos o de otra índole. Esta situación está poniendo en peligro el principio de solidaridad en los sistemas sanitarios y está contribuyendo al crecimiento de la exclusión social de los grupos menos favorecidos en la sociedad, que tienen cada vez más difícil el acceso a la asistencia sanitaria adecuada y de calidad.
Por lo tanto, aunque creo que el informe tiene aspectos positivos, no puedo estar de acuerdo con la insistencia en la creación de un mercado interior de servicios y productos sanitarios, puesto que esto beneficiará únicamente a las organizaciones privadas, especialmente a las compañías de seguros, y pondrá en peligro el servicio público universal de calidad. Lo que se necesita es una mayor inversión pública en instalaciones y equipos y en la formación de los trabajadores técnicos y especialistas necesarios, una mejor provisión de atención y asistencia de calidad para las personas mayores, específicamente en los servicios sanitarios, y el establecimiento de servicios de centros de acogida, garantizando el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios en todos los países de la Unión Europea. De ahí las propuestas que hemos presentado.
Lo que también se necesita es una mayor participación de las organizaciones de usuarios, de los propios servicios de asistencia y atención y de sus trabajadores en la preparación y aplicación de medidas, para garantizar una mayor democracia en el funcionamiento de estos servicios, que deben ser servicios de calidad. 
Bushill-Matthews (PPE-DE ).
   – Este es un informe importante sobre un asunto importante y felicito a la ponente por su meticulosidad y compromiso habituales.
El título es significativo: «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social». A todos nos gustaría ver un elevado nivel de protección social y aprender unos de otros a través del intercambio de buenas prácticas en el ámbito europeo pero, en última instancia, son las estrategias nacionales las que deben ocuparse de esto. Evidentemente, en el Reino Unido todavía hay mucho por hacer.
Hace dos semanas, Age Concern England celebró un importante debate en Londres titulado «Crear oportunidades: ¿trabaja Europa para los mayores?». Fue un privilegio estar en la mesa con otros tres colegas de esta Asamblea. Estábamos de acuerdo en varias cosas, en particular en la necesidad de que se preste más atención a estas cuestiones. Nos gusta pensar que el Reino Unido es un país rico, pero uno de cada cinco pensionistas vive en un hogar con bajos ingresos; los ingresos de las personas que tienen más de 75 años son aún más bajos. Las mujeres pensionistas son las que tienen la peor situación económica; actualmente, al menos el 25% de las mujeres pensionistas del Reino Unido viven en la pobreza. Sus necesidades sanitarias son proporcionalmente mayores y, por tanto, deben abordarse con mayor urgencia.
A medida que aumenta el número de personas mayores, también aumenta la necesidad de una buena asistencia sanitaria y de servicios de atención. Hace poco he sabido que hoy día en el Reino Unido hay unas 40 000 plazas disponibles menos en centros de asistencia que hace diez años. Si esto es cierto, no es una estadística de la que ningún país pueda sentirse orgulloso. Nos recuerda en cada uno de nuestros países que la regulación excesiva, que puede muy bien tener el objetivo de prestar mayor protección social, a menudo puede destrozar lo que desea promover. También es una lección para nuestra comisión con respecto a otros expedientes.
Por último, permítanme mencionar un breve mensaje enviado a la Comisaria Diamantopoulou, cuyo sucesor acaba de anunciar el Gobierno griego. La función del Comisario de Empleo y Asuntos Sociales nunca puede ser fácil, especialmente cuando implica tratar con Diputados al Parlamento Europeo del Reino Unido como el Sr. Hughes y yo mismo. Creo que se ha marchado sin haber dicho quién ha sido el más difícil, pero estoy seguro de que ambos, y todos en la comisión y en esta Asamblea le deseamos lo mejor en su nueva andadura en su país. Si sus Señorías están de acuerdo, quiero pedir al Comisario Solbes que transmita este mensaje. 
Meijer (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, en general se asume que todos los sistemas sanitarios de la UE se basan en los principios de solidaridad, justicia y universalidad. Estos conllevan que todas las personas, en caso de enfermedad o necesidad de cuidados, tienen derecho a la asistencia adecuada de gran calidad sin distinción por motivo de ingresos, medios o edad. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se elaboró en el año 2000 y va a formar parte de la Constitución Europea, garantiza a las personas mayores una vida digna e independiente, y para cada persona el derecho a tener acceso a la asistencia sanitaria y al tratamiento médico. Además, el proyecto de constitución incluye el ejercicio de una protección social de alto nivel. Por lo tanto, todos pueden estar seguros de que, en el papel, todo está regulado hasta el último detalle. Sin embargo, en la práctica, las economías de escala significan que existen cada vez más quejas sobre las inaceptables distancias que hay que viajar entre el hogar y el hospital, sobre las listas de espera para la admisión en el hospital, sobre la escasez de alojamiento para las personas mayores que necesitan atención, la escasez de personal médico y de atención, la reducción de medicinas disponibles y la necesidad de viajar al extranjero.
Para algunas personas, la escasez de cuidados lleva a la muerte prematura, y para otros, lleva a una vida de calidad tan pobre que escogen morir mediante eutanasia voluntaria mucho antes de alcanzar el estado natural de la muerte. No hace falta decir que existen todo tipo de excusas para estos agravios. Por término medio, las personas tienden a vivir más, tienen menos hijos que antes, y a estos hijos –hombres y mujeres– les absorbe totalmente la obligación cada vez más vinculante del trabajo. La ayuda de vecinos e hijos está cada vez menos disponible. En estas circunstancias, es irresponsable reducir los impuestos y las primas sobre la base del argumento de que necesitamos menos. Puesto que esto se hace de todas maneras, cada vez hay más dudas públicas sobre la asequibilidad de la asistencia sanitaria, la atención a las personas mayores y las pensiones en una sociedad que envejece. Asimismo, el personal de tareas de atención es cada vez más escaso, puesto que en tiempos de crecimiento económico, estas personas se ven trasladadas a sectores de producción que son más rentables y ofrecen un salario más alto. Tan pronto como pierden sus trabajos como resultado de una crisis económica, no están formados adecuadamente para poder realizar tareas de atención de modo efectivo. La procedencia de personal de países con un nivel de vida más bajo exacerba los problemas allí. En un Estado miembro candidato, Rumania, una gran parte de la población ya no está asegurada, con lo cual confían en la buena voluntad de los médicos. Si el seguro y las tareas de atención se confían a compañías privadas que buscan generar beneficios a pesar de cobrar menos, entonces la accesibilidad, la calidad y la igualdad de tratamiento se ven más minadas. La Unión Europea debería desalentar esta evolución en lugar de alentarla. Si queremos que se cumplan todas las buenas intenciones que se han plasmado en el papel, se necesitará un enfoque colectivo a una escala mayor que la que posibilita el trabajo voluntario por parte de miembros de la familia. En este caso, la financiación necesaria también debería estar disponible, lo cual significa que una proporción mayor de nuestra renta nacional debería gastarse en servicios públicos en el sector de atención. 
Pérez Álvarez (PPE-DE ).
    Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones para el ponente.
Vivimos en un mundo en proceso de envejecimiento. A primera vista, esta frase puede resultar negativa, pero también ofrece su lado positivo, que sería el alargamiento de la vida de las personas. Uno y otro aspectos deben ser contemplados con objetividad. Y objetivo es, desde luego, el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, como dispone el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Por cierto, este artículo está encuadrado sistemáticamente dentro del capítulo segundo, titulado "Igualdad" -quizá como una extensión o una especificación del principio de igualdad: "Todas las personas son iguales ante la ley", que proclama el artículo 20 y, al mismo tiempo, de la prohibición de toda discriminación, incluida la discriminación por razón de edad, que proclama el artículo 21- y no dentro del capítulo cuarto de la Carta, titulado "Solidaridad", como sería lógico pensar en una primera aproximación, sí se incluye en este capítulo cuarto el derecho a la prevención sanitaria y al beneficio de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales.
Evidentemente, los tres grandes objetivos que hay que alcanzar son: accesibilidad universal independientemente de la situación económica de cada uno, asistencia sanitaria de calidad y sostenibilidad financiera de los sistemas sanitarios a largo plazo. En una Europa que cuenta entre sus postulados y objetivos con la libre circulación de las personas, se impone a las estrategias nacionales el impulso de modernización y coordinación, tanto para evitar la posible exclusión social, como para facilitar la reversión a la sociedad de la experiencia, la sabiduría y el conocimiento de los mayores.
Merecen una reflexión aparte los muy mayores, como se califica en el informe a un sector de este segmento poblacional; dado que su atención va a exigir una gran cantidad de mano de obra, la atención de los mismos va a ser una fuente de empleo que, en todo caso, exigirá a los profesionales de este sector, el sector servicios, formación y especialización.
Quiero terminar hablando de la necesidad de tomar conciencia de los problemas. Muchas veces, la concienciación de la sociedad globalmente considerada evita que surjan problemas en el futuro. Un ejemplo típico es el de las normas de edificación o de eliminación de barreras arquitectónicas.
Solbes Mira,
    Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a todos los intervinientes su aportación a este debate. Creo que se han planteado temas de enorme interés que intentaremos considerar en la mayor medida posible.
Desearía hacer solo dos comentarios. En primer lugar, la utilización del método abierto de coordinación nos va a llevar a una nueva dinámica en lo que se refiere al campo específico de la salud. Evidentemente, la difusión de las mejores prácticas permitirá una mayor eficiencia que, sin duda alguna, favorecerá tanto a los sistemas nacionales de salud como a sus usuarios y a los proveedores de servicios. Esta utilización del método abierto de coordinación nos permitirá también reforzar los aspectos de política social de la estrategia de Lisboa.
En segundo lugar, he percibido una preocupación entre algunos de los intervinientes respecto a la interrelación entre mercado interior y salud. Sin embargo, creo que hay un amplio consenso sobre los tres objetivos fundamentales: accesibilidad, alta calidad y sostenibilidad. Esto muestra que no se trata de un enfoque centrado única y exclusivamente en el mercado interior, sino que es fundamental también la prestación de los servicios sanitarios adecuados. 
Eso queda reflejado también en la comunicación que en su día aprobó la Comisión, donde, además, de insistir en la necesidad de avanzar en el mercado interior, también se destaca la necesidad de una prestación de servicios adecuados a todos los pacientes y, evidentemente, la financiación pública necesaria para que estos servicios se presten.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas. 

Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, a pesar de que todos estamos mostrándonos impactados por el acto terrorista de España, hay un asunto sobre el que les pido que proporcionen a los Diputados de esta Asamblea toda la información.
Según los informes de los medios de comunicación, ha habido irregularidades y ejemplos de fraude en relación con los registros. A fin de que esto no se vea reflejado en todos los Diputados de esta Asamblea que se registran apropiadamente con frecuencia, solicito que la Oficina realice una investigación total de este asunto –y también de los casos individuales– y que informe a todos los Diputados de lo que está ocurriendo. En el período previo a las elecciones, lo peor sería si –como ya se está afirmando en los medios de comunicación– se descubriera que Diputados individuales de esta Asamblea están utilizando frecuentemente los registros de manera fraudulenta como medio para embolsarse dinero al que no tienen derecho.
Solicito que estos asuntos se investiguen plenamente y que se nos proporcione a todos información completa y verídica.
El Presidente.
   No quiero abrir un debate sobre esto. Sin embargo, permítanme tranquilizar a la Asamblea diciéndole que hemos pedido a los Cuestores que lleven a cabo una investigación completa. Sus conclusiones se darán a conocer, serán transparentes y todos conocerán los resultados de la investigación.
En estos momentos no tenemos pruebas para respaldar lo que se ha afirmado en la prensa alemana. 
Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, lo único que quería decir en respuesta a esto es que la Conferencia de Presidentes, que se ha reunido esta mañana, ya está debatiendo este tema y que va a haber una declaración oficial por parte del Parlamento. Tenemos que poner fin al modo en que los rumores están constantemente minando el duro trabajo que se realiza en esta Cámara. Permítannos sacar los nombres a la luz. Si tenemos los nombres, también debemos tomar medidas contra las personas implicadas.
El Presidente.
   Tiene usted toda la razón, señor Karas. Por ello no quiero abrir un debate sobre esto esta mañana. No es más que un rumor y alarmismo. 
Nassauer (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, ha anunciado que estos sucesos serán investigados. También quisiera pedir que esta investigación considerase el hecho de que periodistas de revistas alemanas afirman que tienen en su posesión todas las listas de los subsidios secretariales pagados por la Cámara en el año 2002.
Quisiera saber cómo listas relativas a los subsidios de ayuda secretarial pueden terminar en manos de periodistas y qué conclusiones se sacan de esto.
El Presidente.
   En estos momentos no voy a sacar conclusiones. Habrá una investigación exhaustiva. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
– Tengo entendido que la Sra. Read no va a presentarse candidata a esta Asamblea. En los últimos 15 años ha elaborado numerosos informes sobre temas relacionados con este. Quiero agradecerle, en nombre de la Asamblea, todo el trabajo que ha realizado.
Collins (UEN ).
   – Señor Presidente, quiero proponer una enmienda oral a la enmienda 22 para incluir las palabras «además del Mar del Norte y del Mar de Irlanda». He hablado con el Sr. Bradbourn, el ponente, y puede aceptar esta enmienda si la acepta la Asamblea. 

El Presidente.
   Quiero dar la bienvenida a la tribuna oficial a una delegación de Uzbekistán, que ha participado en la primera reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta con Uzbekistán en Estrasburgo. La delegación está presidida por el Sr. Erkin Vakhidov.
Nos complace darles la bienvenida aquí.
El Presidente.
   Ahora continuamos con la votación.
Gillig (PSE ),
   . – Señor Presidente, este informe ha sido objeto de negociaciones hasta el último minuto y le agradezco que tenga a bien considerar esta propuesta de enmienda oral, que quizás podría facilitar, tal como se la voy a leer, la aprobación en primera lectura. Leeré la enmienda, y le pido, señor Presidente, que después pregunte al representante de la Comisión cuál es su posición sobre esta propuesta. 
Este es el texto de la enmienda tal como se ha negociado finalmente: «La Comisión podría pedir a aquellos Estados miembros, en los que determinadas personas aseguradas podrían verse perjudicadas, que prevean soluciones bilaterales y propongan un período de transición». Esta enmienda, señor Presidente, podría añadirse como considerando.

Solbes Mira,
   . Señor Presidente, la Comisión está de acuerdo con la enmienda oral planteada.

Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, se va a presentar una enmienda oral sobre este asunto. Se presentó a los servicios del Parlamento ayer y también se ha incluido en la lista de votación. 

Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hemos aprobado una enmienda del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos fuera del texto. Lo que la Sra. Gillig está haciendo aquí con ayuda de sus amigos es inaceptable. Presentamos la enmienda anoche, habíamos alcanzado un compromiso entre nosotros y ahora me doy cuenta de que la Sra. Gillig está tomando la palabra. 
El Presidente.
   Lo lamento, señora Oomen-Ruijten. El Reglamento es muy claro: si 32 o más diputados se oponen a la presentación de una enmienda oral, entonces no puede aceptarse.
(1)
Hernández Mollar (PPE-DE ).
    Señor Presidente, vamos a votar una resolución en cuyo apartado 4 vamos a declarar nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares.
Una fatal y terrible casualidad ha hecho que el mismo día en el que pedimos la celebración de un día europeo en memoria y recuerdo de estas víctimas, la banda terrorista y asesina ETA haya causado una condenable masacre con más de 138 asesinados y centenares de heridos en varios puntos de Madrid.
En mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y en nombre también de todos los portavoces de los grupos que me han manifestado su apoyo, quisiera presentar una enmienda oral al apartado 4 de esta resolución que hace referencia a la fecha de la celebración del día europeo, para que sea el 11 de marzo en lugar del 11 de septiembre.
Ribeiro e Castro (UEN ).
   – Señor Presidente, Señorías, sin duda voy a comenzar ofreciendo mis condolencias a los españoles y especialmente a todos los Diputados de España y garantizándoles mi solidaridad.
En esta cuestión de aprobar una fecha para el día europeo que conmemore las víctimas del terrorismo, debemos tener en cuenta el hecho de que tendrá que ser una fecha que la Unión Europea pueda mantener más tarde como día mundial o día internacional, y este es el propósito del párrafo.
Debo decir que apoyo esta propuesta porque, cuando ha abierto esta sesión a las 10 en punto esta mañana, el Presidente de nuestro Parlamento Europeo, el Sr. Pat Cox, nos ha ofrecido un ejemplo a los que nos encontrábamos aquí y podíamos presentar nuestros respetos y nos ha dado pie en este asunto. Ha afirmado claramente que no se trata de un simple ataque a los españoles. Se trata de un ataque en medio de un proceso electoral; es un ataque directo a la democracia y a la libertad. También es el primer ataque de esta magnitud a un país de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que nadie entendería que –puesto que, por pura coincidencia, tenemos que votar este asunto hoy– no escogiéramos el 11 de marzo para presentar nuestros respetos a las víctimas presentes y futuras, y también a las pasadas, escogiendo un día europeo.
El Presidente.
   Propongo que aceptemos la enmienda oral del Sr. Hernández Mollar.
Cappato (NI ).
   – Señor Presidente, creo que reflexionar un momento sobre una cuestión tan importante no perjudicará a nadie. A pesar de nuestra genuinas y sinceras condolencias por la tragedia ocurrida, al dedicar un día al terrorismo y a las víctimas del terrorismo, una cosa es vincular explícitamente la fecha del 11 de marzo a la del 11 de septiembre, pero otra cosa es sustituir totalmente el 11 de septiembre por el 11 de marzo. Esta parece una decisión poco acertada, también en lo referente al intento de convertirlo en un día mundial. Los eventos del 11 de septiembre llevaron a una movilización política universal en todo el mundo, y creo que sería peligroso sustituir hoy esta fecha y controlar la trayectoria de la situación actual del terrorismo: esto podría ser un gesto poco acertado. No sé si podemos posponer esta decisión y si podemos añadir simbólicamente la fecha del 11 de marzo a la del 11 de septiembre. No obstante, sustituir esta última me parece una elección peligrosa. 
El Presidente.
   Respeto la forma en que ha presentado sus argumentos. Naturalmente, hoy las emociones están a flor de piel. Lo último que quiero es que la dignidad de esta Asamblea se vea mancillada de alguna manera por una discusión sobre fechas, cuando hay tantas personas que hoy se enfrentan a tantas pérdidas. No quiero abrir un debate a fondo sobre esto. 
Terrón i Cusí (PSE ).
    Señor Presidente, yo he sugerido que los grupos no tomaran la palabra. Me parece que esta sugerencia tiene sentido. Podemos reflexionar y trabajar sobre esto más delante. Se trata del peor ataque terrorista que ha vivido la Unión Europea hasta el día de hoy. Tenemos mucho tiempo por delante. Hoy simplemente hacemos una sugerencia y un gesto que me parecen apropiados. Por favor, votemos la enmienda y no convirtamos algo que era un gesto en una discusión absurda y fuera de lugar.
Ribeiro e Castro (UEN ).
   – Señor Presidente, como autor de esta propuesta de resolución pido a la Cámara que tenga paciencia. No voy a discutir, pero ahora que se ha abierto este debate, quisiera aclarar algunas dudas que se han planteado aquí y que yo mismo he contemplado, si soy sincero. Por esa razón me he referido al discurso del Presidente del Parlamento Europeo en la apertura de la sesión de hoy. Creo que es lo suficientemente objetivo e independiente para que nos identifiquemos con sus palabras. En segundo lugar, de nuevo como autor de la propuesta, quisiera recordar que, aunque el 11 de septiembre era la fecha preferida para la votación en comisión, no todos en la comisión votaron a favor de la misma. Ahora juega a nuestro favor si también existe un mayor consenso en esta Cámara sobre la elección de una fecha de conmemoración. Pido a la Cámara que encuentre un terreno común, al menos en cuanto a nuestra propuesta. Sin duda, después la decisión corresponderá al Consejo. 
El Presidente.
   Independientemente de lo que ha dicho el Sr. Cappato, y respeto la forma en que lo ha planteado, espero que la Asamblea acepte que lo que hoy hacemos es un gesto de solidaridad. Es solo una recomendación. Espero que podamos avanzar partiendo de esta base.
Nicholson of Winterbourne (ELDR ),
   . – Señor Presidente, quiero recomendar a la Asamblea que dividamos esta votación en dos y, con respecto a los deseos de la Asamblea, que eliminemos la primera mitad del apartado y después votemos la segunda mitad. Creo que esto responderá a las preocupaciones de todos los diputados. 
Leinen (PSE ).
   – Señor Presidente, como la Baronesa Nicholson ha anunciado que se va a eliminar la primera frase, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiere retirar la enmienda nº 2.
Podestà (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo preferiría mantener la enmienda nº 13.
El Presidente.
   La enmienda 2 ha sido retirada, pero, como acabamos de escuchar, la enmienda 13 se mantiene.
Manders (ELDR ).
   – Señor Presidente, anoche pedimos a los servicios del Parlamento que consideraran la enmienda nº 12, que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos presentó en un intento de conseguir igualdad de trato, como una adición. No nos oponemos a la igualdad de trato, excepto cuando prevalece sobre la reducción de las cargas administrativas para las compañías, puesto que las dos cuestiones no están relacionadas en absoluto. Sin duda, esto es una treta para eliminar esta reducción del texto. Espero escuchar si el Sr. Miller va a considerar esto una cuestión complementaria. Si esto no es posible, entonces lo considero una treta para eliminar del texto la reducción de cargas administrativas de las compañías, que posiblemente los Socialistas no quieran incluir. 
Miller (PSE ),
   . – Señor Presidente, no acostumbro echar una mano a los Liberales. El apartado 33 es deficiente. Aunque se le añadiera esto, no mejoraría lo suficiente para que fuera un buen apartado. Por consiguiente, más bien votaría en contra del apartado 33 y sobre la enmienda. 

– Con esto concluye la votación.
Oomen-Ruijten (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, lo que acabamos de ver en la votación es un ejemplo de conducta antisocial por parte del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Habíamos llegado a una serie de acuerdos con ellos en cuanto a la presentación de enmiendas orales, es muy importante observar que esto se realizó de modo recíproco. En cuanto sus enmiendas, que no proponían nada importante, fueron aprobadas, los diputados del grupo Socialista se levantaron y se fueron. A lo que me opongo es a que las personas pongan sus cerebros en punto muerto, que es lo que la Sra. Gillig, la ponente, ha hecho estando totalmente dispuesta a apoyar cosas que tendrían un efecto totalmente adverso sobre los trabajadores fronterizos, aunque es portavoz socialista, y además, el grupo Socialista se ha unido a ella al hacerlo. Estoy agradecida al Grupo Liberal y a la delegación D66 por el apoyo que ofrecieron a esta enmienda oral. No era posible nada más, quizás tengamos otra oportunidad. Quisiera añadir que lo que es verdad de los Socialistas también lo es de los Verdes. Dispondremos de otra oportunidad cuando tratemos el propio Reglamento. El juego no ha terminado todavía, pero quisiera denunciar esta conducta antisocial, estúpida y cobarde ante ustedes. Esto ha defraudado a personas que no deberían haberse visto defraudadas. 
El Presidente.
   Gracias, señora Oomen-Ruijten. Entiendo que no está usted muy contenta.

Figueiredo (GUE/NGL ),
   .–De acuerdo con el Artículo 23 del Acta de adhesión, la Unión Europea puede realizar cualquier enmienda que resulte necesaria a las disposiciones del Acta sobre la política agraria común como resultado de los cambios en los reglamentos comunitarios. En otras palabras, los Tratados de Adhesión, ratificados por los diez países que van a unirse a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004, pueden modificarse en el ámbito agrario mediante decisiones tomadas por los Quince.
El resultado de esta adaptación es que la situación, que ya discrimina a los países candidatos en materia agraria, empeora para ellos. Debería tenerse en cuenta que los pagos directos a agricultores en los países candidatos ya iban a eliminarse con el tiempo, empezando con solo un 25% de los pagos directos de los actuales Estados miembros en el primer año. Ahora también van a ser objeto de los mecanismos de disciplina financieros, lo cual significa que todavía puede que sufran más recortes relativos a pagos agrarios.
Además, los nuevos pagos directos para cultivos energéticos y frutos secos introducidos con las reformas de la PAC se verán afectados por los mismos acuerdos de eliminación gradual. Estos países ya no tendrán la oportunidad de la derogación en cuanto al pago único, lo cual implica una mayor discriminación y ya ha ocasionado objeciones por parte de la República Checa, Polonia, Eslovenia y Estonia. Esto es simplemente una cuestión más...
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– La Comisión ha propuesto adaptaciones al Acta de adhesión de los 10 nuevos Estados miembros a fin de tener en cuenta las reformas del año pasado de la política agraria común, especialmente la introducción del Pago Único. De hecho, como el ponente ha subrayado, en su forma actual, los textos de la reforma de la PAC no tienen en cuenta los resultados de las negociaciones de acceso o la propia ampliación.
Es bien sabido que los miembros observadores no están satisfechos con la propuesta porque a los agricultores de sus Estados miembros se les dará un tratamiento distinto al principio, con pagos directos para ciertos productos realizados únicamente y de forma gradual a lo largo de 10 años. Sin embargo, a pesar de la insatisfacción de los observadores sobre una serie de cuestiones, la propuesta de la Comisión fue aceptada sin enmiendas por parte del ponente, y su postura fue adoptada por unanimidad por parte de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta decisión también refleja el hecho de que el Consejo ya ha llegado a un acuerdo sobre este asunto. He votado a favor. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– Creo que tengo que apoyar este informe, que busca la aprobación de una propuesta cuyo objetivo es proporcionar a la Comunidad un instrumento válido que proteja los intereses de un sector vital de la economía europea, que es la provisión de servicios aéreos.
Las graves distorsiones de competencia internacional en este sector, causadas en parte por las sustanciales ayudas ofrecidas por varios Estados miembros a sus propias compañías aéreas, justifican plenamente la iniciativa de la Comisión de proporcionar a la Comunidad un instrumento para la reacción, basado en el modelo existente en el sector privado. Cuando hay pruebas de que una ayuda prestada está causando perjuicios indebidos a la industria comunitaria de aviación civil, es posible abrir una investigación y aclarar así la situación, para que pueda exigirse que las compañías extranjeras en cuestión paguen compensaciones.
El escepticismo de las compañías aéreas europeas en cuanto a la efectividad de este instrumento, debido a la dificultad para demostrar que compañías de otros países no comunitarios están operando de manera injusta estableciendo los precios de sus billetes demasiado bajos, dependerá únicamente de la capacidad de la Comisión de poner en práctica este instrumento. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– He apoyado este informe porque creo que la propuesta del Sr. Nicholson es muy equilibrada al sugerir muy pocos cambios, lo cual no debería impedir alcanzar una conclusión rápida para este importante expediente.
El objetivo de este proyecto de reglamento sobre requisitos de seguros para compañías y operadores aéreos es restaurar cierta estabilidad en el mercado del seguro de aviación en Europa tras los eventos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la decisión de la Comisión de no autorizar una extensión de los acuerdos sobre seguros financiados por el Estado en la Unión Europea.
Las medidas propuestas por la Comisión, es decir, la adopción de disposiciones legislativas vinculantes tanto para las compañías aéreas comunitarias como para las de terceros países, y el establecimiento de unos requisitos mínimos de seguro en cuando a responsabilidad hacia el pasajero, el equipaje, la mercancía, el correo y las terceras partes, se verán reforzados por la positiva contribución del ponente. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   .–Como he dicho en la votación en primera lectura, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión y el excelente trabajo del ponente.
Los intercambios electrónicos entre las autoridades nacionales y entre estas y las instituciones comunitarias son de una importancia vital a dos niveles. A nivel operativo son una preciosa fuente de información y cooperación para los agentes nacionales, locales y regionales de la administración pública, y por tanto producen una mayor efectividad, mientras que a nivel de garantía de los derechos de los ciudadanos, facilitan y hacen más transparentes las relaciones con las autoridades públicas nacionales y comunitarias.
Ahora que el Consejo ha aprobado por unanimidad la posición común (incluidas las enmiendas propuestas por el Parlamento en la primera lectura), espero que los buenos resultados alcanzados por el programa IDA (Intercambio de Datos entre Administraciones) garantizará, como propone la Comisión, la continuación del programa anterior (IDA II), de ahora en adelante conocido como IDABC –prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos.
Por último, debo subrayar la importancia de extender las prestaciones de este intercambio de información a compañías y ciudadanos, cumpliendo los objetivos de la estrategia de Lisboa y el Plan de Acción eEurope 2005 de administración electrónica aprobado en el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002.

Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   .– La evolución social y económica necesita la conclusión de importantes trabajos de infraestructura. Sin embargo, el programa de la Comisión sobre redes transeuropeas no responde a la necesidad real de desarrollo para beneficio de los trabajadores y del pueblo llano, a la necesidad de mejorar su nivel de vida o a la necesidad de una comunicación más fácil entre los pueblos. Al contrario, paraliza importantes recursos nacionales, en algunos países incluso casi toda la inversión pública, en trabajos seleccionados por grandes compañías mediante el único criterio de sus necesidades: aumentar su rentabilidad y consolidar su posición.
Se está dando prioridad a los sectores y los trabajos que garantizan la participación y su consiguiente explotación por parte del capital privado, mientras estas infraestructuras deberían pertenecer al pueblo y deberían estar diseñadas para satisfacer sus necesidades. Por tanto, hay trabajos que no están combinados con actividades productivas, trabajos que perjudican el medio ambiente y trabajos que ofrecen poco o nada a la sociedad local.
Nos oponemos a cualquier participación del capital privado, especialmente la explotación de trabajos por parte del mismo. Creemos que los trabajadores deben reclamar trabajos de infraestructura del sector público, definir sus prioridades y exigir inversiones totalmente públicas con participación comunitaria. 
Borghezio (NI ),
   . La cuestión de mejorar los medios de comunicación es un factor estratégico para el desarrollo de la economía de «Padania». Por esa razón la ha votado a favor de la conexión ferroviaria trans-«Padania» y el Corredor 5 que situarían a «Padania» en el centro de una ruta que se extendería desde Lisboa a Ucrania. 
Di Lello Finuoli (GUE/NGL ),
   . La votación en este Parlamento de las Redes Transeuropeas (RTE) para el transporte afortunadamente ha devuelto la estricta obligación de respetar las directivas comunitarias acerca de lo siguiente: evaluaciones de impacto medioambiental estratégicas, consulta a residentes, preservación de lugares de conservación y de asentamientos humanos protegidos. Esta es una obligación que las propuestas iniciales de la comisión y la Comisión ignoraron.
El puente sobre el Estrecho de Mesina, una adición a la ruta ferroviaria norte-sur –propuesta únicamente a petición del gobierno italiano, aunque nunca objeto de evaluaciones de impacto medioambientales, como el anterior Comisario, el Sr. Van Miert admitió a los Diputados de este Parlamento– ha sido tachado de la lista de proyectos de interés europeo. De hecho, este era un proyecto insostenible, que ya había despilfarrado 80 millones de euros en la elaboración de estudios incompletos sobre el impacto de más de 60 km de carretera y enlaces ferroviarios en una zona altamente urbanizada. Los paisajes de la Costa Viola y la región de Mesina terminarían devastados, y los recursos turísticos y los asentamientos urbanos serían destruidos.
Afortunadamente, tras la propuesta del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea / Izquierda Verde Nórdica, el Grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea y el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, este proyecto, que surgió únicamente de la megalomanía del Primer Ministro italiano y de la falta de respeto hacia el medio ambiente, no malgastará inútilmente fondos comunitarios. Todavía queda una batalla por luchar para garantizar que el proyecto también se tache de la lista de trabajos italianos proporcionada por la Ley sobre Objetivos, y que en su lugar el empleo y el desarrollo se revitalicen en el sur de Italia.
Gobbo (NI ),
   . El problema de mejorar los medios de comunicación, ya sea por carretera o por tren, es un elemento estratégico del desarrollo económico de Europa. En este contexto, la implementación de Corredor 5 y la línea ferroviaria de alta velocidad trans-«Padania» es una respuesta necesaria más que nunca y es muy útil en relación con el problema de la congestión y la poca eficiencia del transporte público y privado en el Veneto; la culpa de esta poca eficiencia debe recaer en la falta de interés que han acusado las autoridades de Roma durante años por un desarrollo equilibrado de nuestra región del Veneto y del noreste en general.
El gobierno Berlusconi, animado en este asunto por la , ha tomado correctamente medidas en Europa a fin de obtener la luz verde y la financiación necesaria para implementar Corredor 5, que situará a «Padania» en el centro de una ruta económica y comercial que se extenderá desde Lisboa hasta Ucrania; en especial será posible fomentar y desarrollar el comercio extranjero con los mercados del Este.
Todo esto va en detrimento de proyectos alternativos que proporcionaron el traslado de Corredor 5 más allá de los Alpes, separando así nuestras regiones y nuestros negocios de los mercados del Este.
Marques (PPE-DE ),
   .– Felicito al Sr. Bradbourn por el informe que nos ha presentado, el cual apoyo. Este trabajo revela unos conocimientos técnicos enormes en su enfoque de un tema de importancia vital: el desarrollo de una verdadera red de transporte transeuropea en el contexto de la ampliación. Sin embargo, quisiera subrayar los siguientes puntos:
- el acto de rechazar la clasificación de proyectos de interés europeo debería ser tarea del Consejo y del Parlamento.
- la necesidad de aceptar la lista de proyectos prioritarios en el Anexo III sin cambios;
- la importancia de desarrollar «autopistas marítimas», esenciales para eliminar la parálisis en la red de transporte transeuropea y de alcanzar un cambio modal real en esta red. 
Ribeiro (GUE/NGL ),
   .– La cuestión que se está planteando, en Portugal y en otros países, tiene que ver con la integración y la coherencia de las conexiones de alta velocidad con el resto de la red ferroviaria, formando una red coherente de acceso para las poblaciones, garantizando conexiones con las regiones del país y otros países y contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial. Por lo tanto, junto con el tren de alta velocidad, es esencial terminar el trabajo de la modernización de la red nacional, con incrementos sustanciales de velocidad, nueva señalización, electrificación, duplicación de secciones congestionadas, sistemas de control automáticos, mejoras sustanciales en la calidad y la funcionalidad de la estación y la adquisición de material rodante que pueda adaptarse a diferentes anchos.
La propuesta de la Comisión continúa la comunicación sobre la inversión en redes y conocimientos destinados al crecimiento y al empleo. Sin embargo, en Portugal, mientras se realizan inversiones en el tren de alta velocidad, incluido ahora en el paquete «Quick Start», han comenzado los preparativos para desmantelar , una compañía nacional altamente especializada que está lista para este reto.
Está previsto que muchos proyectos de trenes de alta velocidad incluidos en este paquete por el Consejo se concluyan más o menos en la fecha propuesta por la Comisión para la liberalización del transporte internacional de pasajeros. Esto sería extraño si no fuera un ejemplo de contradicciones, por las que lo que prevalece es siempre lo que es menos útil para las poblaciones, siempre en detrimento del servicio público.
En esta explicación de voto, debo insistir en la necesidad absoluta de que los proyectos y medidas se evalúen en términos del vínculo indispensable entre políticas nacionales y redes transeuropeas. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– He apoyado este informe sobre directrices comunitarias para el desarrollo de la red de transporte transeuropea. Se trata de una estrategia que tendrá un gran impacto sobre Europa en términos tanto de crecimiento como de empleo, y que debería garantizar un gran progreso en términos de la economía del continente.
Estoy de acuerdo con la posición de la comisión parlamentaria especialista cuando apoya la esencia del enfoque de la Comisión pero propone cambios importantes en cuanto a una mayor implicación por parte del Parlamento Europeo, específicamente en la evaluación de los proyectos con el tiempo, incluida la posible eliminación de la clasificación del «proyecto de interés europeo» y el nombramiento de un coordinador europeo para un proyecto transnacional. También considero muy apropiada la sugerencia de que la Comisión debería presentar los proyectos de las llamadas autopistas marítimas en el plazo de un año.
En vista de las muchas dudas planteadas recientemente en cuanto a la comunicación Quick Start, que selecciona los proyectos prioritarios que están en situación de que el trabajo se realice más rápidamente, la Comisión de Política Regional, Transporte y Turismo es prudente al subrayar el hecho de que esta comunicación no es vinculante. 

Ribeiro e Castro (UEN ),
   .– Estoy de acuerdo con este informe, que promueve la aprobación de una propuesta de excluir del Reglamento (CE) nº 2320/2002 las zonas de los aeropuertos reservados exclusivamente a aeronaves de pequeño tamaño.
Este reglamento, que entró en vigor en enero de 2003, fue aprobado tras los terribles acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y perseguía la adopción de medidas más estrictas de seguridad en la aviación civil, especialmente en los aeropuertos.
La enmienda se refiere en particular a los aeródromos para aeronaves de tamaño pequeño y a los vuelos recreativos que se encuentran junto a los aeropuertos y está motivada por el hecho de que resulta poco eficaz y caro aplicar a estas zonas las mismas normas de seguridad que se aplican a los aeropuertos.
Para los casos en que aeronaves pequeñas utilizan instalaciones que se encuentran junto a los aeropuertos, la Comisión propone introducir «zonas demarcadas», separadas de las otras zonas.
He votado a favor del informe. 

De Rossa (PSE ),
   . Apoyo totalmente este informe y celebro que este Parlamento lo haya aprobado. La aprobación de este informe es crucial para la aprobación de la revisión general y la simplificación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, pendientes desde hace tiempo. Apoyo a la ponente, que ha trabajado arduamente para llegar a una conclusión positiva de este expediente en su primera lectura con objeto de facilitar la coordinación de los regímenes de seguridad social.
Es importante que sigamos aumentando la transparencia y la claridad y fortaleciendo la protección jurídica de los ciudadanos. Es especialmente importante que sigamos eliminando barreras que afectan a la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión. Si queremos lograr alguna vez los objetivos proclamados de la Cumbre de Lisboa, es preciso facilitar la movilidad. 
Marques (PPE-DE ),
   . Felicito a la Sra. Gillig por su informe sencillo pero eficaz sobre la propuesta de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifique el Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el Reglamento (CEE) nº 574/72, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, que apoyo por la necesidad que sienten los ciudadanos de que entre los Estados miembros se coordinen mejor los regímenes de seguridad social. Es un intento de eliminar los obstáculos restantes a la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . El informe de la Sra. Gillig se refiere a la propuesta anual de modificar el Reglamento (CEE) nº 1408/71 y el Reglamento (CEE) nº 574/72 para tener en cuenta el desarrollo de los regímenes nacionales de seguridad social, incorporar cambios en las leyes nacionales y tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La propuesta actual de la Comisión pretende, esencialmente, actualizar aspectos del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativos a prestaciones en efectivo de carácter no contributivo tras una serie de decisiones del Tribunal de Justicia. El Tribunal opina que estas derogaciones del principio de exportabilidad de los beneficios deben interpretarse en sentido estricto.
En este contexto debemos hacer hincapié en la importancia, en un campo extraordinariamente técnico, de garantizar que se cumplen las leyes nacionales de los Estados miembros en el ámbito de la protección social, a la vez que se tiene presente que el objetivo fundamental de la coordinación deseada de estos sistemas es garantizar una doble dimensión: seguridad social y asistencia social, en todo el territorio de la Unión Europea. Esto es muy importante cuando se trata de personas con discapacidades o especialmente dependientes, como las que contemplan las enmiendas que ahora examinamos. El concepto de cohesión real e inclusión social lo hace necesario. Por consiguiente, he votado a favor. 

Esclopé (EDD ),
   . – Este informe vuelve a nosotros después de haber sido remitido a la comisión parlamentaria, lo que demuestra la falta de oportunidad de la propuesta de la Comisión. Los diputados de Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias mantienen su posición inicial sobre el sector postal; las características específicas de este sector, especialmente en Francia, por su contribución a la cohesión social y territorial, nos llevan a oponernos a cualquier liberalización europea. Las enmiendas propuestas son un mal menor, pues permiten cierta adaptación en cuanto a la fiscalización de las prestaciones postales. 
Dicho esto, no suscribimos la lógica consistente en suprimir la exención de IVA, porque no tenemos ninguna certeza sobre la evolución posterior: elevación de tipos, ampliación de la base, repercusión negativa sobre los consumidores, en particular. Apoyamos, pues, el rechazo de la propuesta de la Comisión, pero, a diferencia del ponente, seguimos sin apoyar el mercado interior europeo en el sector postal.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Esta propuesta de la Comisión pretende eliminar la exención del IVA concedida a los proveedores de servicios postales públicos. Su aprobación afectaría no solo a estos mismos proveedores, sino también a los consumidores, y, en particular, elevaría los precios de los servicios prestados. Además, esta propuesta tendría que examinarse en el contexto del panorama de liberalización de los servicios postales que está teniendo lugar en estos momentos en la Comunidad y que guarda relación con la creación de un sistema común de IVA. Es necesario recordar que, aunque el 18 de diciembre de 2003 el Parlamento rechazó esta propuesta de directiva, la Comisión ha insistido en mantener la propuesta.
El ponente presentó varias enmiendas de compromiso de la directiva pero, aunque iban dirigidas a suavizar su impacto, pretendían garantizar su aprobación sin poner en duda la lógica del sistema del IVA o de la directiva sobre liberalización. 
Meijer (GUE/NGL ),
   . En la primera lectura, el 15 de diciembre de 2003, en calidad de ponente de este informe, llegué a la conclusión de que la privatización de los servicios postales presenta grandes desventajas desde el punto de vista de la calidad, la puntualidad del servicio, los precios que se cobran a los consumidores y las condiciones de trabajo de los empleados. Además, ahora existen desventajas añadidas, porque las cartas postales van a tener que pagar otro nuevo impuesto y, por tanto, me he alegrado de que una mayoría de la Asamblea comparta mi preocupación y haya rechazado el informe. Lamentablemente, el servicio postal público de Francia ha puesto en peligro el anterior buen resultado al hacer presión sobre la izquierda francesa. cree que, acogiendo con agrado el impuesto, que podrá reclamar al Estado, logrará satisfacer sus intereses. Para mi sorpresa, mi colega Philippe Herzog defendió esta posición ayer por la tarde, y hoy, los Diputados al Parlamento Europeo franceses del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos han impedido que este informe sea nuevamente rechazado. Mañana, mi grupo, a pesar de su solidaridad con la situación especial de un país concreto, mantendrá su rechazo original que he defendido. Sin embargo, el daño ya está hecho. Pero una vez más, los ciudadanos europeos se ven cargados con un impuesto que no tiene relación con sus ingresos o su patrimonio. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Tras el rechazo el 16 de diciembre de 2003 por parte del Parlamento de la propuesta de la Comisión de eliminar la exención del IVA en los servicios postales públicos, la Comisión no retiró su propuesta. El informe se remitió a la comisión competente de acuerdo con el Reglamento y este es el nuevo informe que se ha sometido hoy a votación.
Debemos tener en cuenta que la propuesta de la Comisión pretende eliminar la exención del IVA para los proveedores de servicios postales públicos, a fin de crear un campo de juego equitativo con los servicios prestados por competidores privados que están sometidos a un IVA completo. En consecuencia, la Comisión propone que se aplique el tipo normal de IVA a todos los envíos que pesen más de 2 kilogramos, y que se dé libertad a los Estados miembros para decidir si aplican o no un tipo más bajo de IVA a envíos que pesen menos de 2 kilogramos. No obstante, el ponente propone que se tengan en cuenta las objeciones que han propiciado el rechazo inicial del informe y propone aumentar el peso límite de 2 kilogramos a 10 kilogramos para un tipo reducido aplicable a envíos normales y que la entrada en vigor de la directiva se posponga hasta 2007.
En mi opinión, la propuesta representa una mejora significativa con respecto a la anterior, y, por tanto, justifica mi voto. 

Caudron (GUE/NGL ),
   . – He votado a favor de este informe, como hice con el anterior. Y he votado a favor no porque apoye la política del Gobierno del Sr. Sharon, sino porque, para mí, un acuerdo como este promovería la paz ayudando a las fuerzas de la paz que están muy presentes en el mundo científico.
Además, estoy seguro de que todo lo que es favorable a la inteligencia va en contra de los integrismos y, por tanto, de la violencia.
En este jueves 11 de marzo de 2004, añadiré que el terrible atentado de Madrid que traumatiza a Europa debería permitirnos «comprender» mejor a la opinión pública civil israelí, permanentemente amenazada y víctima de atentados terroristas sanguinarios.
De Rossa (PSE ),
   . Quiero que conste en acta mi oposición a este informe. Es totalmente inapropiado que la Unión Europea participe en esta forma de cooperación con Israel, mientras ese país siga ignorando abiertamente el derecho internacional y violando los derechos humanos del pueblo palestino.
Hace poco fui a ver el llamado «muro de seguridad» y me quedé horrorizado al ver que se está cercando y vallando a los palestinos en enclaves, y su oportunidad de salir de esos enclaves depende totalmente de la voluntad de las fuerzas de seguridad israelíes.
Condeno sin reservas las atrocidades cometidas por ambas partes en este conflicto. La libertad de Palestina no se obtendrá asesinando a civiles: el terrorismo destruye la libertad. La seguridad israelí no se obtendrá construyendo un «muro de segregación», que tiene menos que ver con la seguridad que con el viejo plan de Ariel Sharon de anexionar el territorio palestino.
El Parlamento debería rechazar la propuesta de la Comisión para una decisión del Consejo y la conclusión del Acuerdo en señal de protesta contra el desprecio de Israel por la opinión mundial y el derecho internacional, y su incapacidad para implicarse constructivamente con líderes palestinos elegidos en un esfuerzo por traer la paz a la región. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . ¿Cómo encarar esta propuesta, ante la política colonialista y agresiva del Gobierno israelí en contra del pueblo palestino? ¿Cómo encarar esta propuesta cuando el ejército israelí ha perpetrado más ataques que han matado a tantas personas, incluso a niños? ¿Cómo encarar esta propuesta cuando las autoridades israelíes sigue construyendo un muro de ocupación y apartheid ilegal e inaceptable? ¿Cómo encarar este acuerdo tras escuchar el testimonio de palestinos a quienes se niegan los derechos más fundamentales, como la paz, la seguridad, los alimentos, la sanidad, la educación, la vivienda, el empleo, la libertad de movimiento, las condiciones de vida más básicas, la dignidad, un Estado independiente y soberano? ¿Cómo encarar este acuerdo tras escuchar el testimonio de israelíes que luchan en su propio país por la paz y en contra de la política de su gobierno, muchos de los cuales han corrido o corren el riesgo de ser encarcelados por negarse a servir en el ejército de ocupación israelí? ¿Cómo encarar esta propuesta, dada la inaceptable posición de la Unión Europea que afirma ser «imparcial» y al mismo tiempo insiste en equiparar al agresor y a la víctima, a la fuerza colonizadora y a la víctima de la colonización, al ejército israelí y al pueblo palestino? ¿Cómo encarar esta propuesta, cuando el ejército israelí ha destruido prácticamente todas las infraestructuras palestinas, muchas de las cuales se construyeron con fondos de la Unión Europea? 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . El informe de la Sra. Quisthoudt-Rowohl propone que aprobemos la decisión del Consejo y concluyamos el acuerdo de cooperación en materia científica y tecnológica, en particular investigación sobre biotecnología, optoelectrónica, investigación médica y viajes espaciales, tecnologías de la información, telecomunicaciones y desarrollo de software.
Desde el punto de vista de la política de investigación, estoy de acuerdo con la declaración de la ponente de que «no hay nada que se oponga a la prórroga del Acuerdo» y existen ventajas para mantener los vínculos económicos y políticos con Israel, lo que permitiría a la Unión Europea desempeñar un papel eficaz en la región. La Comunidad científica, que ve ventajas claras en el mantenimiento de la cooperación, también ha acogido con gran satisfacción el acuerdo.
Volviendo sobre la cuestión política fundamental, esta cooperación constructiva podría contribuir a facilitar el diálogo entre las partes que hoy están en conflicto o a iniciar un nuevo diálogo entre ellas, con la esperanza de que los investigadores y las instituciones palestinas también puedan cooperar con las instituciones israelíes y europeas. Además, hemos de tener presente que a quienes se han comprometido con la construcción les resultará duro apoyar la destrucción. He votado a favor. 

Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   . – El pánico ha aterrizado en Bruselas porque el objetivo que se fijaron en Bruselas hace 4 años de que la Unión Europea se convirtiera en la economía más competitiva del mundo, en beneficio de su monopolios, está muy lejos de conseguirse. Se ha hecho un llamamiento al Consejo, que se celebrará del 25 al 26 de marzo, para que adopte medidas aún más básicas, para ganar el terreno perdido gracias a reacciones y manifestaciones de las bases.
El conjunto de las propuestas de la Comisión y para cada país son relevantes. Nuestro país, por ejemplo, está acusado, entre otras cosas, de no haber puesto a su población mayor a trabajar, de no haber aplicado cambios importantes en el sistema de pensiones, de no haber reducido las contribuciones sociales y de seguridad de los empresarios, de no haber formalizado contratos de empleo lo suficientemente flexibles, de no haber promovido lo suficiente el empleo a tiempo parcial y de no haber completado las privatizaciones. Incluso el convenio colectivo nacional de empleo es objeto de críticas, porque pone obstáculos a los empresarios, que preferirían contratos de empleo locales o individuales.
Los gobiernos griego y otros han de contestar a estas demandas provocativas y no tenemos duda alguna de que quieren hacerlo, pues lo han hecho durante muchos años. Sin embargo, también está la otra parte, el movimiento de los trabajadores y de las bases, que tiene capacidad, mediante la congregación y la lucha, de arruinar estos planes. 
Berthu (NI ),
   . – En la resolución del Parlamento Europeo sobre el proceso constitucional y la preparación del Consejo de los días 25 y 26 de marzo de 2004 se hace el chantaje habitual, que se ha repetido con cada Tratado, consistente en proclamar que la falta de acuerdo tendrá consecuencias negativas para la integración y la ampliación, y traerá consigo «una pérdida devastadora de solidaridad y legitimidad». 
Pensamos, por el contrario, que cualquier cosa es preferible a un mal acuerdo que nos ate las manos por mucho tiempo. ¿Hay que recordar nuestras advertencias sobre el Tratado de Ámsterdam, que transfería a la Comunidad competencias esenciales en materia de inmigración y aumentaba los poderes de la Comisión? ¿Hay que recordar nuestras advertencias sobre el Tratado de Niza, que suprimía el segundo Comisario de Francia y reducía nuestra representación en el Parlamento Europeo de 87 miembros a 78 (y pronto a 72), mientras que Alemania se mantenía en 99? 
Ni estas advertencias, ni muchas otras, han sido tenidas en cuenta por los Gobiernos, y hoy todo el mundo se desespera por estar inmersos en procesos que debilitan a Francia. 
El actual proyecto de Constitución europea es inoportuno, como expliqué ayer aún en mi declaración adjunta al debate sobre la ampliación. Si la aprobáramos, nos arrepentiríamos pronto. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Desde el pasado diciembre las fuerzas dominantes en el Parlamento, de la derecha (incluyendo al PSD) y los socialdemócratas, que incluyen al PSE, han intensificado la presión por la (mal) invocada «Constitución Europea», si es posible antes del 1 de mayo. Podemos ver una iniciativa tras otra de los parlamentarios más eufóricos.
Tenemos la propuesta, que cuenta con el respaldo de Giscard D’Estaing, uno de los padrinos de la llamada constitución, de que el Parlamento Europeo apruebe simbólicamente el proyecto de la Convención, como efecto mediático, y la propuesta totalmente surrealista de que el Parlamento Europeo chantajee al Consejo negándose a aprobar al próximo Presidente de la Comisión. Se están creando escenarios donde la falta de aprobación de la «constitución» propiciará un desastre, teniendo quizá en mente los intereses de los empresarios de la Unión. No puedo dejar de mencionar al presidente del PSE, el Sr. Barón Crespo, quien prevé una victoria del partido socialista español en las elecciones españolas del 14 de marzo, con el consiguiente cambio de posición del gobierno de ese país. Además, las negociaciones en el Consejo han aumentado considerablemente con la presentación de una propuesta, al parecer por parte de Alemania, de desbloquear la falta de acuerdo en torno a «quién es el jefe»: ¿son solo tres países o unos pocos más?
Toda esta cuestión y todos los implicados quedan lejos de los verdaderos intereses y necesidades de los trabajadores y ciudadanos de los diferentes países que constituyen la Unión Europea. 

Berthu (NI ),
   . – La resolución que acaba de adoptar el Parlamento Europeo sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) se sitúa sin dificultad en la misma cota de irresponsabilidad a que nos tiene acostumbrados esta Asamblea en cuestiones de inmigración.
En materia de asilo, por ejemplo, llama a ratificar rápidamente las desafortunadas propuestas de la Comisión sobre los refugiados. El Parlamento Europeo añade ideas de su propia cosecha, como la creación de puntos de entrada protegidos para los solicitantes de asilo fuera del territorio de la Unión Europea, lo que se acompaña de un «sistema de reinstalación a escala comunitaria», que consistiría en transferir a los refugiados de un primer país de acogida a la Unión (apartado 13). 
Como podría suceder que los ciudadanos de los países de Europa no lo entendieran, el Parlamento Europeo sugiere a los Estados miembros que adopten «las medidas necesarias para convencer a la opinión pública de que la inmigración y la integración son factores positivos para la economía y el crecimiento económico, y fuentes de enriquecimiento cultural» (apartado 20).
La resolución pide continuamente al Consejo que adopte más rápido las propuestas de la Comisión. Nosotros le pedimos, por el contrario, que las frene y las rechace siempre que sean laxas. Lamentamos una vez más que el próximo 1 de mayo la Comisión vaya a adquirir el monopolio de la iniciativa en estas materias. 
Coelho (PPE-DE ),
   . Ya va siendo hora de evaluar los resultados y los avances logrados en relación con la aprobación y la aplicación del conjunto de medidas necesarias para conseguir los objetivos fijados en el Tratado de Ámsterdam y el Consejo Europeo de Tampere.
Hemos logrado elaborar un informe bastante equilibrado y consensuado desde el punto de vista del mensaje que el Parlamento desea transmitir, tanto al Consejo como a la Comisión.
Aunque se ha avanzado notablemente en la creación de algunas parcelas en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), parte de este progreso no se ha logrado en los plazos fijados en Tampere y, lo que es peor, todavía no se han conseguido otros objetivos previamente definidos.
El Consejo y la Comisión han de adoptar medidas prácticas, claramente indicadas en el informe, en varias parcelas del ELSJ. Espero que, de esta forma, para finales de 2004 ya se hayan adoptado todas estas medidas retrasadas y que forman parte de los objetivos y calendarios previstos.
Asimismo, quiero recordar que la iniciativa aprobada por algunos Estados miembros de emprender una reducción sustancial del presupuesto comunitario en la próxima perspectiva financiera de la Unión Europea (2207-2013) solo puede obstruir los objetivos que proponemos, porque impedirá a la Comisión completar su trabajo en los ámbitos de la Justicia y los Asuntos Interiores, entre otros. 
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Esta propuesta de resolución se ajusta al punto de vista federalista de ir llevando gradualmente el campo de la Justicia y los Asuntos Interiores, establecidos por el Tratado de Amsterdam, a la esfera comunitaria. La intención es ir eliminando gradualmente prerrogativas y competencias que residen en el verdadero centro de la soberanía de los Estados miembros.
El proceso se amplió en el Tratado de Niza, aprobado en 2000, y se aceleró con el pretexto de la llamada «lucha contra el terrorismo» tras el 11 de septiembre de 2001. Esto ha propiciado la aplicación de medidas represivas, específicamente junto con los Estados Unidos, lo que mina las libertades y los derechos y las garantías fundamentales que la propuesta ni critica ni condena.
A pesar que alguna crítica relevante y necesaria, la propuesta básicamente apoya las políticas actuales de la Unión Europea en este ámbito, por ejemplo: ampliar el Sistema de Información de Schengen, EUROPOL y EUROJUST, que gradualmente van garantizando la gestión común de las fronteras exteriores, una política de asilo restrictiva, una política de inmigración que criminaliza a los inmigrantes y que promueve su repatriación, el uso de datos biométricos, la orden de arresto y la definición de terrorismo de la Unión Europea.
Esta propuesta de resolución incluso defiende la llamada «Constitución Europea» y su uso como herramienta para lograr nuevos y peligrosos desarrollos. 
Souchet (NI ),
   . – El apartado 63 de la Resolución sobre los progresos realizados en 2003 en cuanto a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia ataca una decisión soberana del Parlamento francés: la legislación aprobada por este sobre el respeto del principio de laicismo en los centros escolares públicos franceses. Esta toma de postura constituye una injerencia inadmisible del Parlamento Europeo en un ámbito que es de la estricta competencia nacional. Hay que añadir a esta clara injerencia un error de juicio, pues la legislación considerada tiene por objeto proteger los derechos fundamentales, en particular los de las mujeres, y no lesionarlos. Esta actitud del Parlamento Europeo no augura un buen futuro, cuando la Carta de los Derechos Fundamentales esté en vigor: este instrumento jurídico puede actuar en detrimento de las naciones deseosas de proteger la libertad de sus ciudadanos.
Turco (NI ),
   . Esta resolución exhorta al Parlamento Europeo a hacer balance del desarrollo del «espacio de libertad, seguridad y justicia» en 2003. Los Diputados radicales de la opinan que el texto aprobado tendría que haber sido mucho más crítico con la Comisión, el Consejo y los Estados miembros, en particular, condenando la forma tendenciosa en que han actuado y actúan las instituciones que tiene la capacidad de iniciativa y de decisión en estos sectores. De hecho, la energía y el calendario que han propuesto estas instituciones y las medidas adoptadas dirigidas a fortalecer los instrumentos de medidas represoras en las áreas de lucha contra el terrorismo, de cooperación en materia penal, de armonizar sanciones y de luchar contra la inmigración legal no se han compensado con un fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos, de la Unión Europea u otros. A modo de ejemplo, basta con mencionar el hecho de que la Comisión todavía no ha aprobado la decisión marco anunciada sobre las protecciones de procedimiento. Además, con el congelamiento de la Constitución Europea, los problemas estructurales, que el Parlamento Europeo ha venido criticando durante años, siguen sin resolverse. Por ejemplo, el ausente o fallido control democrático y jurídico a escala europea y nacional de las medidas y las organizaciones creadas en la Unión Europea.

Alyssandrakis (GUE/NGL ),
   . – Una vez más, el Parlamento ha centrado su atención en el progreso de los países candidatos. La verdad es que este es un asunto referente a la adhesión de estos países a la Unión Europea, y por este motivo los Diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votarán en contra del informe, que tiene motivos para celebrar el «progreso» que al parecer han logrado estos países. Sus ciudadanos tienen motivos para estar preocupados. La venta de empresas públicas y su patrimonio a grandes corporaciones, la abolición de todos los éxitos y la titularidad socialistas, la restricción de sus derechos de soberanía, etcétera, son el precio que los ciudadanos de los países candidatos están pagando y seguirán pagando.
El informe rebosa hipocresía en cuanto a derechos humanos se refiere. No hay una sola referencia a la falta de derechos políticos de la minoría rusa de los Estados bálticos, a las persecuciones y prohibiciones de los partidos comunistas y sus líderes y símbolos, ninguna de las cuales, según la Unión Europea, puede considerarse un incumplimiento de los derechos humanos, tal y como han declarado repetida y provocativamente sus funcionarios.
En cuanto a Chipre en particular, nos preguntamos: źqué significa la referencia a la adhesión inminente de solamente los chipriotas griegos? Igualmente, ¿por qué, dado que todo el mundo reconoce que Denktas es responsable de la falta de avances en las negociaciones, presionan para que la parte griego-chipriota haga más concesiones? Estamos seguros de que el pueblo chipriota luchará por una solución justa y viable. 
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    En el referendo sueco de 1994 sobre la entrada en la Unión Europea, todos los partidos políticos que defendían la pertenencia de Suecia a la Unión Europea afirmaban que la legislación sobre matrimonio y los asuntos de cohabitación y aborto no eran competencia de la toma de decisiones de la Unión Europea. Todos los partidos prometieron trabajar en torno a estas cuestiones en ámbitos legislativos estrictamente nacionales, sin interferencias de la Unión Europea. Los Moderados seguimos manteniendo esta promesa al electorado sueco y creemos que en este campo la legislación nacional es mucho mejor que la legislación común de la Unión Europea.
Hemos observado que otros partidos políticos suecos han olvidado su promesa y ahora están dispuestos a transferir esas cuestiones al ámbito de la Unión Europea. A largo plazo esto perjudicará a los suecos y se corre el riesgo de entrar en conflicto con las tradiciones y las costumbres suecas. No hay una necesidad evidente de coordinación. La mejor legislación adaptada se obtiene si los diferentes parlamentos nacionales en la Unión Europea la elaboran por sí mismos.
Además, antes de la ampliación de la Unión Europea, hay que mostrar respeto por la legislación de los países candidatos a este respecto. Los Moderados suecos compartimos la opinión sueca sobre el derecho al aborto y las uniones homosexuales, pero, por respeto a otros países de la Unión Europa, hemos votado en contra de la sección del informe Brok que exige una nueva legislación sobre aborto y las uniones en Polonia. 
Berthu (NI ),
   . – Me he abstenido sobre el informe Brok aunque por supuesto apoyo plenamente la ampliación de la Unión Europea a los diez Estados miembros cuya adhesión se va a hacer efectiva el próximo 1 de mayo. 
Pero dos apartados de la resolución me plantean problemas. El apartado 63 declara que la falta de acuerdo sobre la reunificación de Chipre podría constituir un «serio obstáculo a las aspiraciones europeas de Turquía». Está muy bien. Pero habría que añadir que hay otros muchos problemas igualmente serios. Si no, Turquía dirá mañana que se le había prometido la adhesión si favorecía un acuerdo que pusiera fin a la secesión del norte de la isla. 
Por otra parte, el apartado 64 afirma que si Chipre se reunifica, la Unión Europea estaría dispuesta de inmediato a «aceptar el turco como lengua oficial». Es totalmente inoportuno. Los turcochipriotas son poco numerosos y su situación es comparable a la de los irlandeses que hablan gaélico, lengua que no ha sido declarada oficial. ¿Por qué hacer más por la minoría turca de Chipre? ¿Qué necesidad tenemos de sobrecargar los servicios de traducción en este momento? No hay ninguna razón para conceder por adelantado tales bazas a Turquía.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Antes de que el 1 de mayo entren en la Unión Europea diez países de Europa Oriental y del Mediterráneo, la Comisión y el Parlamento están una vez más exponiendo su larga lista de requisitos que deben cumplir estos países. Aunque la lista está más restringida que en años anteriores, sigue demostrando la falta absoluta de equilibrio que caracteriza al proceso de negociación, en otras palabras, las obligaciones impuestas por la Unión Europea a los países que han solicitado la adhesión.
El informe ejerce una presión implacable sobre los nuevos países para que adopten el peligroso proyecto de la llamada «Constitución Europea» antes del 1 de mayo y para asegurarse de que estos países han aplicado en su totalidad el acervo comunitario. El informe está obsesionado con garantizar el cumplimiento de las reglas del «mercado interior» capitalista y muestra su aprobación por que se apliquen «cláusulas de salvaguardia», que son herramientas para chantajear y presionar a estos países.
En cuanto a las inaceptables restricciones a la libertad de movimiento impuestas a estos países, simplemente quiero decir que deben eliminarse lo antes posible.
En cuanto a las consecuencias de las políticas neoliberales, el informe se limita a reconocer un «incremento significativo en el desempleo, la desigualdad, y la exclusión social».
Con respecto a una evaluación seria de las consecuencias y del impacto socioeconómicos de la ampliación y las medidas necesarias para afrontarlos, el informe no dice nada en absoluto. 
Meijer (GUE/NGL ),
   .  En dos meses la Unión Europea acogerá a diez nuevos Estados miembros. Aunque debido a las decisiones del año pasado la ampliación es una certeza, el informe Brok recoge una lista de 148 ámbitos de preocupación, y aún se añaden muchos más en forma de enmiendas, algunas de las cuales he presentado yo mismo. Por los textos parece que a algunos Estados miembros de esta Asamblea les preocupan mucho las privatizaciones fallidas, la lentitud con que se están eliminando todas las barreras al libre mercado y lo que consideran un nivel excesivamente alto de gasto público. No estoy en absoluto de acuerdo con ellos. En realidad, estos países ya han cedido ante muchas demandas irrazonables e imprudentes, lo que significa que sus problemas solo pueden empeorar en el futuro. El precio que han tenido que pagar por acceder a la Unión Europea les impedirá satisfacer las expectativas de sus ciudadanos, lo que constituirá una amenaza para la democracia. A otros les preocupa más la desesperada situación de los millones de romaníes, la marginación de la minoría rusa en los Estados bálticos, la continua discriminación contra los homosexuales, la introducción de leyes electorales destinadas a excluir movimientos políticos más pequeños y la falta grave de preocupación por el medio ambiente. Apoyo estas críticas y seguiré haciéndolo incluso cuando estos países ya estén dentro. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    El 1 de mayo diez nuevos Estados miembros se unirán a la Unión Europea, al amparo del Tratado de Adhesión, que se firmó el 16 de abril de 2003 en Atenas. Estos países han realizado vigorosos esfuerzos por cumplir las exigencias de la Unión Europea, en especial con respecto a cuestiones institucionales y económicas. Por tanto, votaré a favor.
Sin embargo, quiero plantear dos cuestiones. La primera se refiere a Chipre, un país que sigue sin reunificarse. La cuestión de Chipre sigue siendo el mayor asunto político que queda aún por resolver. Por tanto, me parece esencial centrar todos nuestros esfuerzos en apoyar las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre los griego-chipriotas y los turco-chipriotas. Mi segunda cuestión se refiere a las tendencias maximalistas del ponente hacia el federalismo, que todos los sondeos de opinión, incluso el Eurobarómetro, coinciden en rechazarlo por poco realista, ya que la mayoría de los ciudadanos de Europa no le ven sentido y no lo quieren. 
Saint-Josse (EDD ),
   . – No estamos satisfechos con este informe y con la evaluación que contiene del avance de los futuros Estados miembros. No queremos entrar en detalles sobre cada Estado, sino más bien pronunciarnos de forma general sobre el principio mismo de la ampliación. En efecto, los diputados de Caza, Pesca, Naturaleza y Tradiciones del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias se han expresado en contra de esta ampliación en varias ocasiones, en particular debido a la falta de preparación tanto de dichos Estados como de la Unión Europea. 
Es realmente sorprendente ver que, aunque todo el mundo está de acuerdo en que nadie está preparado en muchas cuestiones (reformas económicas necesarias, corrupción, derechos humanos, instituciones políticas, normas medioambientales y sociales, etc.), continuamos contra viento y marea la marcha forzada hacia esta ampliación decretada para 2004, después para 2007, después para..., sin ninguna consulta democrática previa. Rechazamos, pues, este informe por la misma razón que los anteriores, porque estimamos que vamos demasiado lejos y demasiado rápido, y acabaré diciendo que incluso vamos directos contra el muro.
Souchet (NI ),
   . – A diferencia de los episodios precedentes, en especial el último de ellos en noviembre de 2003, Turquía está extrañamente ausente de la ristra de informes dedicados a la evolución del proceso de ampliación que se examinan en la presente sesión. ¿Es que, al acercarse la cita electoral, parece preferible ocultar la persistencia de un debate muy vivo sobre la conveniencia de la adhesión turca? Esta cuestión divide apasionadamente a la opinión en Alemania y desgarra incluso a la Comisión, si damos crédito a la reciente toma de posición del Comisario Bolkestein en contra de la entrada de Turquía en la Unión.
En todo caso, es muy peligroso afirmar, como hace el informe Brok haciéndose eco de la Comisión, que la falta de acuerdo sobre Chipre constituiría un obstáculo a la entrada de Turquía en la Unión, porque es dar a entender a la inversa que dicho acuerdo le conferiría un derecho de entrada automático.
Del mismo modo, es totalmente prematuro proponer que el turco se convierta en lengua oficial de la Unión, cuando nadie sabe qué estatuto se reservaría a dicha lengua en el marco de una posible adhesión, ni la importancia de la población afectada, que debe tenerse en cuenta si se quiere evitar que el multilingüismo genere problemas ingobernables. En todo caso, hay aquí una precipitación sospechosa.

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Este informe «sobre los progresos realizados por Bulgaria en el camino de la adhesión» describe los objetivos económicos y políticos subyacentes de la ampliación actual de la Unión Europea.
El informe es especialmente esclarecedor en cuestiones económicas: «Felicita a Bulgaria por su economía de mercado viable», «anima al Gobierno a proseguir su programa de reforma económica», «se congratula de la creciente importancia del sector privado» y «teme que toda demora o cancelación de los procedimientos de privatización estratégica puedan dar lugar a una disminución de la inversión exterior directa». En otras palabras, se da la bienvenida al capitalismo y se critica toda reserva referente al proceso de privatización y todo obstáculo a la avaricia del capital a gran escala de los países actuales de la Unión Europea que se encuentra en sectores económicos estratégicos de Bulgaria.
Con gran cinismo, el informe «pide a Bulgaria que […] suprima el requisito de que los ciudadanos de la UE cuenten con un permiso permanente de residencia para llevar a cabo actividades económicas», mientras que no dice nada sobre las inaceptables restricciones impuestas a los búlgaros en relación con su libertad de movimiento y de residencia en los países de la Unión Europea, incluso después de la adhesión.
El informe también alude a la adhesión de Bulgaria a la OTAN, prevista para 2004, que sigue siendo un requisito previo implícito para entrar en la Unión Europea. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Como todos sabemos, Bulgaria presentó su petición de adhesión a la Unión Europea el 18 de diciembre de 1995. Sin embargo, la Comisión recomendó que Bulgaria no formara parte de la primera fase de ampliación. Por entonces el país iba por el buen camino, en cuanto a los asuntos estrictamente políticos. Sin embargo, con respecto a los criterios económicos se ha avanzado muy lentamente. Esto sucedió en 1997 y en 1998.
Una vez comprobado que esta situación había mejorado claramente, al fin se invitó a Bulgaria, en 1999, a Helsinki a iniciar negociaciones con vistas a una futura adhesión. Desde entonces, el país ha realizado grandes esfuerzos por cumplir las recomendaciones de la Unión Europea, especialmente en relación con la transposición de la legislación europea.
Ahora estos esfuerzos se han visto reconocidos y el ponente pide a la Unión Europea que consolide su apoyo con objeto de preparar la adhesión a la primera oportunidad. Comparto totalmente esta opinión y la observación de que Bulgaria cumple los criterios principales para entrar en la Unión Europea. Por consiguiente, he votado a favor. 

Figueiredo (GUE/NGL ),
   . Este informe parlamentario sobre «los progresos realizados por Rumania en el camino de la adhesión» es muy esclarecedor y característico del proceso actual de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Oriental y del Mediterráneo.
Quiero destacar la preocupación de la ponente cuando declara que «Rumania no ha obtenido todavía el aprobado en la asignatura de economía de mercado viable» y recomienda que el país «debe seguir aplicándose en la reforma económica en todos los ámbitos». El informe exhorta a Rumania a «que prosiga su programa de reforma estructural con renovado vigor» y a «completar la agenda de privatizaciones» para evitar lo que considera un «tardío inicio de la privatización y la reestructuración de empresas públicas». Con ello se pretende, tal y como explica el informe, generar negocios atractivos para la inversión exterior directa, en otras palabras, someter a los sectores estratégicos de la economía de Rumania al control de las grandes corporaciones de los países de la Unión Europea.
Para concluir debo decir que, al leer algunos de los apartados de este informe, es tentador preguntarse si, en lugar de «dar» lecciones a otros, el Parlamento haría mejor en ocuparse primero de lo que ocurre en los diferentes países de la Unión Europea. 
Meijer (GUE/NGL ),
   . La admisión de Rumania en la Unión Europea para 2007 está planteando de forma justificada recelos e inquietud, pero a veces por motivos equivocados. Ayer escuché al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos utilizar el argumento de que en Rumania en los últimos años se habían privatizado demasiadas pocas empresas. Ahora, con un gobierno que se llama a sí mismo de izquierdas, hay como mínimo tantos motivos para criticar seriamente a Rumania como cuando estaba bajo su anterior gobierno de derechas. Niños pidiendo y esnifando pegamento, gente pobre sin ningún derecho a asistencia sanitaria, edificios y servicios públicos en ruinas, déficit democrático, corrupción y el colapso de servicios públicos son un hecho ahora como lo fueron entonces. Hace poco he recibido la queja de un partido rumano, el Partido Socialista de los Trabajadores, que ahora debe llamarse el Partido de la Alianza Socialista para ser legal, que empezó obteniendo el 4,6% de los votos en las elecciones de la década de 1990, pero más tarde, en los resultados oficiales, se le asignó el 3,9%, por lo que quedó por debajo del umbral del 4% y fuera del parlamento. No se sabe bien si Rumania ha cumplido alguna vez los criterios de Copenhague para un Estado democrático donde prevalece el Estado de Derecho, o que lo vaya a hacer un un periodo razonable de tiempo. Este puede ser un buen motivo para no acelerar su adhesión más que la de Turquía, donde también queda mucho por hacer. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Recuerdo que fue el 22 de junio de 1995 cuando Rumania presentó su petición de entrar en la Unión Europea.
Una vez analizada su situación, de acuerdo con los criterios establecidos en Copenhague, Rumania fue asignada al segundo grupo. La situación de Rumania merece especial atención, y su camino a la adhesión parece largo, con algunos obstáculos difíciles que todavía ha de superar. El país tiene numerosos problemas por resolver, lo que debe hacer para que las negociaciones tengan éxito. No obstante, reconozco que se han dado pasos importantes para conseguir la adhesión: el más importante ha sido la modificación de la Constitución el pasado otoño. Por tanto, votaré a favor.
Sin embargo, me preocupan en especial ciertos campos que precisan soluciones urgentes. El Estado de Derecho todavía no existe. Los niveles de corrupción son alarmantemente altos. El poder judicial no actúa de forma independiente. No está garantizada la libertad de los medios de comunicación. Estos son solo algunos de los problemas que han de resolverse rápidamente.
Apruebo el informe, pero pido a Rumania que se esfuerce más para poder entrar en la Unión Europea en 2007, de lo contrario su adhesión se pospondrá con toda seguridad. 

Manders (ELDR ),
   . La delegación VVD está satisfecha con el informe y espera que transmita un poderoso mensaje a la Comisión y al Consejo de la necesidad de que Europa sea, para 2010, la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Para que esto sea posible, habrá que brindar a la economía europea las oportunidades suficientes. Estas oportunidades están recogidas en la enmienda al apartado 33 aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que hace hincapié en la necesidad de desregular y de reducir la carga administrativa de las empresas, así como la necesidad de crear un organismo consultivo independiente para que evalúe la viabilidad de la legislación de la Unión Europea y su impacto.
La legislación de la Unión Europea, cada vez más profusa y a veces intrusiva, genera un descontento creciente entre la comunidad empresarial y el público, lo que erosiona el apoyo a Europa y se ha demostrado que es uno de los motivos de la escasa participación en las elecciones europeas. La distorsión de la competencia causada por la profusión de las cargas administrativas sobre las empresas europeas significa que las regiones económicas como los Estados Unidos y China representan una amenaza económica para nuestros puestos de trabajo y nuestra prosperidad.
La delegación VVD, como parte del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, ha votado en contra de la enmienda nº 12 del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no por que los Liberales se opongan al principio de la igualdad de trato, sino porque la enmienda nº 12 sustituiría la versión del apartado 33 que queremos ver. 
Patakis (GUE/NGL ),
   . – La conclusión del mercado interior es el objetivo principal de las grandes empresas, para salvaguardar los mayores privilegios posibles, exprimir a las pequeñas y medianas empresas y explotar a la mano de obra con más eficacia. La ampliación del mercado va de la mano de la penetración del sector privado en los servicios públicos y de la venta del patrimonio de la gente. La privatización desconsiderada, que es el factor principal del mercado interior único, afecta a los sectores más vitales y convierte todas las posesiones sociales en mercancías.
El informe Miller celebra las propuestas de la Comisión de privatizar los servicios públicos. Hace ondear la bandera de la competencia y las cuatro libertades que rodean a las grandes empresas. La apertura del mercado de redes, con el pretexto de los supuestos «beneficios» para los consumidores, también incluye el abastecimiento de agua. En nombre del beneficio se ignora completamente el hecho de que el agua es un bien social por excelencia, del que no puede privarse a nadie. En otras palabras, en nombre del beneficio de las grandes empresas y de las multinacionales no quedará nada en pie. Lo único que nos queda por ver es la privatización del aire que respiramos.
Creemos que los trabajadores han de fijar sus prioridades y defenderse frente a las decisiones de las grandes empresas, y nosotros luchamos con los trabajadores y la clase trabajadora por derechos nuevos que respondan a necesidades modernas. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
    El informe que tenemos ante nosotros aborda la estrategia para el mercado interior, una cuestión de máxima importancia para la Unión Europea.
El informe expone las tareas que debe desempeñar la Unión Europea o, para ser precisos, los Estados miembros sobre una base individual. Los distintos ámbitos de acción contemplan cuestiones esenciales para la consecución del principal objetivo, que siempre ha sido el desarrollo continuado del mercado interior.
Celebramos las medidas diseñadas para reducir las contravenciones de las normas comunitarias y las que promueven la apertura a la competencia de los mercados de servicios de energía, transporte, telecomunicaciones y correos. Es igualmente importante que consigamos desarrollar la competitividad, con vistas a aumentar el crecimiento y el empleo. También quiero subrayar las propuestas que propiciarán una reducción de los obstáculos fiscales y una mayor transparencia en la adquisición pública.
Puesto que este informe contribuirá a lograr lo que esperamos sea un mercado interior perfecto, en sus diferentes facetas, por ejemplo personas, productos, servicios y capital, he votado a favor.
Además, a este respecto quiero indicar que la soberanía de los Estados es una condición previa que siempre ha sustentado la construcción del mercado interior. Así ha sido en todas las fases del desarrollo que ha experimentado. La soberanía ha de estar garantizada.
Por tanto, estoy a favor del informe Miller. 

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE ),
    Los Moderados creen que la organización y el contenido de la asistencia sanitaria y los servicios de atención, así como la atención a las personas mayores, son cuestiones nacionales que no deberían tratarse a escala supranacional. Debido a que el informe prescribe con gran detalle cómo deben los Estados miembros organizar su asistencia sanitaria y sus servicios de atención, así como la atención a las personas mayores, hemos votado en contra de él, y eso a pesar del hecho de que podemos, en principio, apoyar una serie de propuestas presentadas en el informe, por ejemplo, la relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a recibir asistencia sanitaria en toda la Unión Europea. 
Bastos (PPE-DE ),
   . Los sistemas de asistencia sanitaria en toda la Unión Europea afrontan los mismos desafíos: acceso a todos, altos niveles de calidad y sostenibilidad financiera. Los Estados miembros tienen la responsabilidad de organizar y financiar los sistemas sanitarios, pero es preciso aumentar la cooperación intercambiando información, experiencia y buenas prácticas.
Aprobamos la aplicación del método abierto de coordinación y un calendario detallado, pero los Estados miembros han de fijar objetivos e indicadores comunes como muy tarde para el Consejo Europeo de la Primavera de 2006.
Algunos Estados miembros están lidiando con largas listas de espera para ciertos tratamientos y con cifras cada vez más bajas de médicos, profesionales sanitarios y personal asistencial debidamente cualificados. Es preciso que los Estados miembros mejoren la calidad de los servicios y, mediante los Fondos Estructurales, inviertan en infraestructura y la formación y el desarrollo de profesionales en estos sectores. Hay que crear una red de centros de referencia europeos para enfermedades, para la que es preciso concentrar en particular recursos y conocimientos especializados, con vistas a mejorar el uso de la capacidad actual de la Unión Europea.
Debido al envejecimiento de la población, estos problemas aumentarán, y, por consiguiente, aumentará notablemente el número de enfermedades que exigen un tratamiento médico intensivo y una asistencia médica a largo plazo. Esto pondrá en peligro la sostenibilidad financiera de los sistemas de asistencia sanitaria. 
De Rossa (PSE ),
   . He votado a favor de este informe para mostrar mi apoyo a la cooperación entre los Estados miembros en materia de asistencia sanitaria y de atención a largo plazo. En particular, apoyo los principios contenidos en el informe relativos al acceso universal, independientemente de las rentas o el patrimonio, a una asistencia de calidad, y la sostenibilidad financiera de los sistemas de asistencia.
Creo que la creación de un marco integrado y una coordinación más estrecha en materia de seguridad social es una parte importante de nuestros progresos en la consecución de la dimensión social y la protección social incorporadas en el proceso de Lisboa.
Apoyo la invitación a la Comisión para que formule propuestas encaminadas a seguir avanzando en esta materia y al Consejo para que apruebe el principio de aplicación del método abierto de coordinación y un calendario detallado en el Consejo Europeo el próximo junio, y a los Estados miembros para que establezcan objetivos e indicadores comunes para el Consejo Europeo de 2006 a más tardar.
Malmström, Paulsen and Olle Schmidt (ELDR ),
    Como liberales, siempre colocamos al individuo en el centro de las decisiones políticas. En su informe, la Sra. Jöns aborda las cuestiones de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención que, de forma distinta, afectan considerablemente a las personas en sus vidas diarias. Aborda muchos aspectos importantes de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención, que a nosotros también, por supuesto, nos parecen muy importantes para la población de Europa. Sin embargo, creemos que la responsabilidad de la asistencia sanitaria y de los servicios de atención debe mantenerse lo más cerca posible del usuario. A fin de tener la asistencia sanitaria y los servicios de atención mejor adaptados, pensamos que la responsabilidad ha de residir en el ámbito nacional, y no en el comunitario. Por tanto, hemos votado en contra de este informe. 
Marques (PPE-DE ),
   . Quiero felicitar a la Sra. Jöns por su excelente informe sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Propuesta de un informe conjunto sobre «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores: apoyar las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social», que cuenta con todo mi apoyo. En particular, estoy de acuerdo con que es necesario presentar medidas dirigidas a cumplir los tres objetivos propuestos por la Unión Europea en este ámbito. accesibilidad, calidad y sostenibilidad financiera.
El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos a largo plazo que afronta la Unión Europea. Por tanto, todos los Estados miembros deben cooperar más estrechamente de forma más estructurada, incluso los que acceden en mayo, para definir buenas prácticas en el sector. 
Ribeiro e Castro (UEN ),
   . Este informe se basa en una comunicación de la Comisión relativa a la propuesta de un informe conjunto sobre «Asistencia sanitaria y atención a las personas mayores», apoyando las estrategias nacionales para garantizar un alto nivel de protección social.
Celebro que el informe defienda la cooperación en sistemas de asistencia sanitaria y de atención a largo plazo, y que los Estados miembros sigan siendo responsables de organizar y financiar sistemas de asistencia sanitaria. Esto facilitará el intercambio de ideas, experiencias y buenas prácticas.
También estoy de acuerdo con la ponente cuando afirma que los cuidados a domicilio por parte de un miembro de la familia u otra persona tiene ventajas y que es necesario ayudar a estas personas que prestan estos servicios. En el informe Bastos sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada, sobre el que hemos votado durante este período parcial de sesiones, se dieron pasos importantes a este respecto.
Tiene que haber una distribución territorialmente equilibrada de instalaciones adecuadas para la asistencia sanitaria y cuidados de larga duración entre las regiones urbanas y rurales, y es preciso utilizar los Fondos Estructurales con objeto de crear infraestructura para prestar asistencia sanitaria y cuidados a largo plazo. Si queremos conseguir nuestros objetivos es necesario adoptar estas medidas básicas. He votado a favor. 
El Presidente.
   Con esto concluyen las explicaciones de voto(2).

Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, en relación con la observancia del artículo 181 del Reglamento, he presentado una declaración por escrito al amparo del artículo 51 llamando al boicot en contra de Ferrero SpA. En un principio se distribuyó, pero el 9 de marzo recibí una carta del Presidente Cox declarando que en su opinión era inadmisible y que, por tanto, iba a retirarla de la circulación. He buscado todo lo que he podido en el Reglamento y no he encontrado ninguna norma que permita al Presidente actuar de forma tan arbitraria y en su carta no se cita ninguna norma.
Por tanto, pido que se remita el asunto a la comisión responsable. Existe una larga tradición de campañas políticas mediante actividades de boicot: Barclays con respecto a Sudáfrica, Nestlé en relación con sucedáneos de la leche materna y Shell respecto de Brent Spar y Kabinda. Me parece sorprendente que el Parlamento Europeo nos obligue a callarnos de esta forma, sin consultar a una comisión apropiada. Por ello le pido que remita el asunto a la comisión apropiada para que la estudie con carácter urgente. 
El Presidente.
   – Gracias, señor Ford. Su observación, por supuesto, será tenida en cuenta y constará en el Acta.(3)

El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre Haití.
Tiene la palabra el Comisario Solbes Mira, en nombre de la Comisión.
Solbes Mira,
   . Señor Presidente, la Comisión está extremadamente preocupada por la situación política, económica y social en Haití y pide a todos los grupos que se abstengan de recurrir a la violencia y respeten la Constitución. Esta idea del respeto del Derecho internacional, incluida la legislación humanitaria sobre derechos humanos y refugiados, es fundamental.
La Comisión apoya una solución pacífica y constitucional de la crisis y ello es necesario para poder celebrar elecciones libres y equitativas en el futuro en un clima que las haga posible.
La Unión ha apoyado la iniciativa del CARICOM y exhorta a todos los Estados miembros a que la acepten y la apoyen también. Esta iniciativa se basa en las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y debe contribuir a una solución sostenible de la crisis. La Comisión Europea ha concedido apoyo financiero a la misión de la Organización de Estados Americanos en Haití por valor de 1,25 millones de euros.
Tras la salida del Presidente Aristide la Comisión ha constatado algunos hechos positivos en el frente político y, en particular, en el proceso que ha llevado al nombramiento del Sr. Latortue, como Primer Ministro provisional. Su nombramiento constituye un hito importante en la iniciativa del CARICOM y debería abrir el camino a una solución constitucional de las actuales dificultades en la que se encuentra el país, siempre y cuando se adopten las medidas necesarias para romper el ciclo de violencia e implantar un clima de seguridad en Haití.
La semana pasada, la Comisión Europea destinó 1,8 millones de euros de ayuda humanitaria de urgencia destinada, fundamentalmente, a ayuda sanitaria para personas de las zonas afectadas por la rebelión y de Puerto Príncipe, y estamos dispuestos a analizar la posibilidad de ayuda adicional en función de las necesidades humanitarias. En este sentido, estamos trabajando en estrecha colaboración con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Haití para determinar las necesidades existentes. Este equipo está recibiendo apoyo y financiación de nuestra Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO).
Finalmente, quiero señalar que la Comisión está trabajando también en colaboración con otros donantes internacionales presentes en Haití, para coordinar estrategias de desarrollo y responder a las necesidades inmediatas del país, con objeto de acelerar la asistencia para el desarrollo tan pronto como las circunstancias lo permitan
Bowis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, hace 200 años hubo una revuelta de esclavos en San Domingo. Los esclavos derrocaron a sus dueños franceses y establecieron la primera república negra del mundo, que llamaron Haití. En una Proclamación de Independencia se prometía fraternidad a los antiguos amos que «han sido justos con nosotros» y que «en lo sucesivo su gobierno será justo».
Esto es prácticamente lo máximo que se logró en Haití, que a lo largo de nuestra vida ha ido hundiéndose en la pobreza y el terror. Se ha convertido en sinónimo de violencia y horror patrocinados por el Estado, con los Tonton Macoutes y los años de Papa Doc. Con Aristide llegó una luz de esperanza, que se apagó con un golpe militar, reinstaurado, pero entonces el país fue entrando paulatinamente en un declive económico, violaciones de los derechos humanos, milicias criminales y dudosas prácticas electorales.
Ahora ha implosionado de nuevo. Los cuerpos yacen en las calles, víctimas de todas las partes en conflicto, y los niños que son descubiertos robando ruegan que se les perdone la vida. Los niños corren peligro de morir de hambre y enfermedad. Las fábricas y los almacenes están destruidos, y con ellos los puestos de trabajo han desaparecido. Bandoleros armados, traficantes de drogas y líderes de escuadrones de la muerte están aprovechando el vacío de liderazgo. El mundo prestó atención demasiado tarde al creciente nerviosismo de Caricom, que tan elocuentemente expresó Louis Straker, Primer Ministro en funciones de San Vincente y las Granadinas, en la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los países ACP celebrada hace unas pocas semanas en Addis Abeba. Para entonces ya era demasiado tarde para reunir al Gobierno y a la oposición, y no es que la oposición colaborara especialmente cuando hubo que ceñirse a sus condiciones de cooperación.
¿Qué se puede hacer? Francia ha enviado tropas para que se unan a las de los Estados Unidos. Se supone que mantendrán a sus socios de la Unión Europea informados, les consultarán y les llamarán cuando sea necesario. Los demás, ¿debemos retorcernos las manos y dejárselo a ellos? ¿Seguimos la onda de las resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Nos preparamos y ponemos en marcha nuestra ayuda humanitaria y al desarrollo ulterior? ¿Contribuimos al coste del mantenimiento de la paz? ¿Respondemos a los llamamientos de las Naciones Unidas de desbloquear las carreteras para llevar alimentos y ayuda al norte? ¿Ayudamos a la policía local a volver a capturar a 3 500 prisioneros que se han escapado de 20 prisiones, lo que dificulta que se juzgue a los autores de los crímenes cometidos durante el régimen militar? Tenemos que hacer todas estas cosas. Tenemos que liberar el dinero congelado del FED. Tenemos que apoyar, cuando la fuerza provisional multinacional haya restablecido el orden, las iniciativas de CARICOM de una fuerza de estabilización. Hemos de apoyar al Primer Ministro Gérard Latortue, nombrado por el Consejo de los Sabios, y al Presidente provisional, Alexandre. Después, es preciso que colaboremos para llevar a los culpables ante la justicia y establecer una comisión de la verdad y la reconciliación.
En un día en que el terror ha golpeado en nuestro propio continente, en España, y nuestros corazones están con el pueblo de España, hemos de encontrar espacio en nuestros corazones también para los ciudadanos de Haití y darles nuestro apoyo y ayudarles a que tengan justicia. 
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, la profunda crisis estructural de Haití exige una participación a largo plazo de la comunidad internacional. Si esta falla, se corre el riesgo de que continúe el fracaso político y socioeconómico, con todas las terribles consecuencias para su pueblo.
Hace poco he leído informes de fuentes fiables de Haití de lo poco que ha cambiado allí la situación y lo grave que sigue siendo. Más que la restauración del orden público, la primera prioridad es la rehabilitación de la fuerza policial nacional de Haití, cuyo núcleo lo forman personas fiables que merecen todo el apoyo por parte de la fuerza de emergencia internacional provisional. Después de todo, solo así será posible proseguir con el desarme masivo de todos los grupos ilegales enfrentados. Sin embargo, hasta la fecha la fuerza de emergencia internacional sigue adoptando un enfoque demasiado pasivo; el resultado es vía libre para delincuentes y bandas armadas. Así que, de acuerdo con informantes sobre el terreno, la sangría en Haití continúa. Eso es bastante inaceptable, señor Comisario: Exhorto a la comunidad internacional a adoptar medidas firmes en Haití para estabilizar la situación. Si no, ¿qué pasará con la prestación de ayuda humanitaria?
Mientras tanto, los cooperantes extranjeros que siguen allí están bajo una enorme presión, ya que intentan aliviar la miseria. Permítanme que cite a uno de ellos: «Sin embargo, personalmente, sigo estando convencido de la utilidad de lo que hacemos aquí, de lo contrario hace tiempo que me habría marchado del país; mi familia está preocupada por mí y esto es lo que me han pedido que haga. Creo que, en estos momentos difíciles, es más vital que nunca no abandonar a los ciudadanos de Haití en su lucha por la autonomía y la democracia y apoyarlos sin controlarlos o coaccionarlos.»
Una voz así de valiente y firme ha de hablarnos y pedirnos que nos impliquemos en Haití. ¿Qué vamos a hacer con la dedicación incansable de estos valientes cooperantes? No quieren marcharse de Haití; ni, de todos modos, pueden hacerlo. Por tanto, pido a la Comisión, mientras esperamos que se cree un nuevo gobierno en Haití, que haga todo lo posible por reanudar lo antes posible las actividades continuas. De esta forma mantendremos viva la esperanza entre la población rural y dejaremos de malgastar el tiempo. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, la lectura del proyecto de resolución de esta Asamblea sobre la situación en Haití me deja totalmente desconcertado. Esperaba felicitaciones para Francia y los Estados Unidos –especialmente para Francia, país europeo– por haber puesto fin a una crisis insurreccional que a todas luces estaba degenerando en una guerra civil muy grave. Pero no veo esas felicitaciones en el proyecto de resolución, a pesar de que la Unión Europea, hace varias semanas, afirmaba estar muy preocupada por los estallidos de violencia en Haití y pedía a todos los agentes políticos sin excepción –cito el comunicado de la Presidencia de 18 de febrero– que se abstuvieran de cualquier forma de comportamiento violento. Estos llamamientos amistosos no dieron ningún resultado, mientras que Francia y los Estados Unidos han conseguido al menos algo.
Esperaba también felicitaciones para Francia por no haberse desinteresado, cobardemente, de un país con el que mantiene lazos culturales y afectivos antiguos, aunque ese país esté situado en la proximidad inmediata de los Estados Unidos. Francia ha querido demostrar que sigue siendo consciente de sus compromisos históricos, y el Parlamento Europeo habría podido apoyar este comportamiento responsable. Esperaba también felicitaciones para Francia por haber llevado a cabo una actuación de diplomacia preventiva, actuación que la Unión Europea, si hubiera sido deportiva, habría podido apoyar. 
En lugar de todo eso, la resolución que se nos propone parece lamentar sobre todo, sin decirlo claramente, que un país europeo haya tomado una iniciativa sin permanecer perpetuamente en las filas de los que lanzan llamamientos amistosos. Es una actitud negativa y totalmente lamentable, que conduce al proyecto de resolución a contorsiones sorprendentes. Por ejemplo, en el considerando F se critican de forma velada las condiciones de la marcha de Jean Bertrand Aristide, al que se califica de presidente democráticamente elegido, cuando todo el mundo sabe perfectamente, y la propia resolución lo recuerda en el considerando H, que la elección a su segundo mandato tuvo lugar sin la participación de la oposición, que protestaba por el recuento de votos en las elecciones legislativas precedentes, abriendo así una crisis que no hizo más que amplificarse y degenerar después.
Veo también, en el apartado 11, que el Parlamento Europeo pide que la fuerza multinacional provisional, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esté integrada no por militares franceses, norteamericanos y canadienses, sino por cascos azules de las Naciones Unidas, como si el Parlamento Europeo quisiera ante todo excluir de dicha fuerza a los países que tienen una presencia en la región, porque son los primeros interesados. 
Para concluir, lamento, señor Presidente, que el proyecto de resolución no reconozca que Francia ha actuado al servicio del Derecho y del interés general, que ha prestado ayuda a un pueblo en peligro –para evitar lo peor– , que defiende la soberanía del pueblo haitiano y que se ocupa de defender la legitimidad del proceso de restauración política. Este último va, lo subrayo, por buen camino, puesto que el Consejo de los siete sabios, representativo de la diversidad de la sociedad haitiana, acaba de designar Primer Ministro al Sr. Latortue, con la aprobación del Presidente provisional, Sr. Alexandre, lo que, de paso, hace que el considerando K del proyecto de resolución quede un tanto superado. Habría que celebrar esta decisión reciente, que se inscribe en una dinámica de reconciliación y abre la vía a la formación de un gobierno provisional de unidad nacional, encargado de preparar las próximas elecciones.
Solbes Mira,
   . Señor Presidente, agradezco a los intervinientes sus comentarios.
Únicamente quiero mencionar dos elementos adicionales. En primer lugar, el Consejo, en su declaración del día 1 de marzo, puso de relieve claramente su apoyo a la creación de una fuerza multinacional provisional que debería desplegarse en Haití, apoyando así al Consejo de Naciones Unidas.
En segundo lugar, en cuanto a la posibilidad de utilizar los fondos del octavo FED, la Unión ha condicionado la normalización de las relaciones al cumplimiento de las condiciones y medidas necesarias definidas por las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y en ese sentido seguimos trabajando. Mientras tanto, en colaboración CARICOM, estamos dispuestos no solo a aportar los fondos de ayuda humanitaria que estaban previstos, sino las cantidades adicionales que pudieran ser necesarias.
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario, en especial por su concisión.
Para concluir este debate he recibido seis propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.(1)
La votación tendrá lugar inmediatamente después del debate.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las consecuencias para el medio marino de los sonares activos de baja frecuencia.
Solbes Mira,
   . Señor Presidente, la Comisión es consciente de la actual preocupación acerca del impacto del sonar sobre los mamíferos marinos. Sus impulsos con frecuencias bajas y medias pueden perturbar a los cetáceos y también se dispone de la información de que estos sonidos pueden tener impacto sobre los otros tipos de peces y sus comportamientos.
La legislación europea –especialmente la Directiva Hábitats– exige que los Estados miembros de la Unión tomen las medidas necesarias para establecer un sistema de protección estricta de todos los cetáceos que están presentes en las aguas europeas. Sin embargo, ante la ausencia de un análisis exhaustivo y autorizado en el que se recoja toda la información disponible en relación con los efectos del sonar es extremadamente difícil adoptar una postura clara al respecto.
Esta cuestión fue planteada ya por la Comisión en la reunión del Comité de hábitats del 20 de noviembre de 2002 y la información obtenida posteriormente sobre este tema, de gran complejidad, procedente de Estados miembros y de organizaciones regionales de medio ambiente marino, deben completarse con estudios científicos adicionales.
El 25 de septiembre de 2003 la Comisión pidió a un organismo científico especializado e independiente –el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, en Dinamarca– que lleve a cabo un informe y una evaluación científica de toda la información pertinente en relación con el efecto del sonar sobre los cetáceos y los peces y ponga de relieve las lagunas de nuestros conocimientos actuales y formule recomendaciones respecto a la investigación futura.
La Comisión también está interesada en recibir los puntos de vista sobre otras posibles medidas que puedan reducir el efecto del sonar sobre este tipo de animales marinos.
Solamente basándose en información científica sólida será posible determinar de forma coherente y cooperativa a nivel comunitario las medidas necesarias para no perturbar a los cetáceos mediante actividades relacionadas con el sonar, garantizando el cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Directiva sobre hábitats.
Por otra parte, la Comisión es consciente de los posibles efectos de las actividades militares sobre el medio ambiente pero no es posible tomar más medidas comunitarias para reglamentar el desarrollo de nuevas tecnologías militares debido a la carencia de competencias de la Unión en este ámbito específico.
Korhola (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero decirle que me complace mucho que continúe el debate sobre el sistema de radar de sonar activo de baja frecuencia en el Parlamento Europeo, a pesar de que avance muy lentamente. En enero del año pasado se trató mi pregunta oral a la Comisión sobre el impacto medioambiental del sistema de radar LFAS. Comisario Solbes Mira, entonces prometió usted que la Comisión enviaría a todos los Estados miembros una comunicación sobre este asunto. Gracias por decir que los posibles efectos negativos en el medio ambiente de los equipos de radar contravienen la Directiva Hábitats sobre la protección de la naturaleza. La Comisión señaló la necesidad de adoptar medidas para examinar los efectos del LFAS. Es positivo que esta cuestión vaya avanzando.
El pasado octubre, como parte de una delegación parlamentaria, entregamos una petición sobre esta cuestión firmada por 85 000 personas y 68 organizaciones medioambientales en la sede central de la OTAN en Bruselas. Al comienzo de esta iniciativa también se obtuvieron más pruebas científicas sobre esta cuestión. Hace poco, la revista ha publicado un artículo sobre las 14 ballenas que quedaron encalladas en las Islas Canarias en septiembre del año pasado, todas las cuales murieron. Al mismo tiempo, en la zona se iniciaron ejercicios navales, y cuatro horas después las propias ballenas empezaron a encallar en la playa. Se descubrió que habían sufrido graves hematomas, que tenían el hígado y los órganos internos dañados y que mostraban síntomas de la enfermedad del buzo, como se la conoce.
Por tanto, sigo pidiendo a los Estados miembros de la OTAN que limiten el uso de sistemas de radar hasta que se hayan investigado del todo sus efectos ambientales y su relación con las recientes muertes de ballenas. Los sistemas de radar de baja frecuencia desarrollados por los Estados Unidos de América y los países de la OTAN podrían ser los causantes de que las ballenas se extravíen hasta las playas y de los daños en sus órganos internos, lo que les produce la muerte. El sonido alto en decibelios y de baja frecuencia del radar puede viajar miles de kilómetros en el mar. Los Estados Unidos llevan desarrollando el sistema LFAS desde la década de 1980 para observar los submarinos que utilizan nueva tecnología, que son difíciles de ver mediante los antiguos sistemas de radar pasivos. El control de las aguas territoriales es un objetivo legítimo, pero los efectos perjudiciales del sistema LFAS no parecen justificados. Por tanto, habría que desarrollar tecnologías alternativas.
Las muertes de ballenas se han producido en áreas donde los Estados Unidos han probado el sistema. En marzo de 2000, en las Bahamas, 17 ballenas quedaron encalladas y ocho de ellas murieron al mismo tiempo en que se estaba probando el sistema de radar en el mar. Las autopsias de los cuerpos de las ballenas revelaron hematomas en sus cerebros y oídos internos producidos por un ruido extremadamente alto. La marina de los Estados Unidos declaró en su informe sobre el caso de las Bahamas que la causa más probable de estas muertes era el sistema de radar. El ruido elevado condujo a las ballenas a la playa, donde murieron de un ataque al corazón y, finalmente, también, de hematomas internos. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, el tema que tratamos lleva ya años ocupando al Parlamento Europeo, aunque yo diría que con baja intensidad. Es decir, ya hay una Resolución del Parlamento Europeo del año 1999 sobre las consecuencias de la tecnología militar sobre el medio ambiente y hay también, con respecto a este tema específico, un par de preguntas escritas a la Comisión, la primera presentada por el Sr. Sturdy y contestada por el Sr. Busquin, que señalaba que no se había solicitado ninguna ayuda para una investigación del tema, y la segunda, posterior, de la Sra. Caroline Lucas, contestada por la Comisaria Wallström, sobre la incidencia del sonar de baja frecuencia.
La Comisaria Wallström ha coincidido -o, por lo menos, el Sr. Solbes coincide ahora con lo que ella nos dijo entonces- en que esta cuestión incide en el ámbito de la Directiva Hábitats. Es decir, que hay un principio de competencia comunitaria en la materia, aunque sea de carácter militar.
Hay que recordar que en este momento los tribunales federales norteamericanos han dado un interdicto contra la marina norteamericana para que no pueda utilizar sonares de gran potencia y baja frecuencia en el Océano Pacífico, para evitar los daños a la fauna marina.
Como señalaba mi predecesora, la Sra. Korhola, en el año 2002 se realizaron unas operaciones militares de la OTAN, con participación de buques de la Unión Europea, en aguas de Fuerteventura y Lanzarote y, como consecuencia de ellas, 14 ballenas quedaron varadas.
Se han realizado estudios por dos profesores, uno de la Universidad de Londres, el Sr. Paul Jepson y el otro, de la Universidad de Las Palmas, el Sr. Fernández, que se publicó en la revista "Nature" de noviembre de 2003, en el que se pone de relieve la incidencia de las operaciones del sonar sobre las ballenas. Al parecer, producen una desorientación en las ballenas que hace que estas emerjan súbitamente; se produce un fenómeno de descompresión, se acumula nitrógeno en la sangre de la ballenas y se origina el típico fenómeno del buzo. Es decir, desde el punto de vista científico, está ya probada la conexión.
Estamos hablando de una especie de ballenas pequeñas, parecidas a los delfines, los zifios, que está en una situación muy desesperada y, en este momento, la cuestión que nos planteamos es ¿para qué esta tecnología militar? Porque la razón por la cual los norteamericanos están desarrollando estos nuevos sonares de baja frecuencia es para detectar unos submarinos silenciosos que solo ellos fabrican. Es decir, si en este momento no hay ningún otro país en el mundo que tenga la tecnología suficiente para fabricar estos submarinos silenciosos, ¿qué sentido tiene que nuestros buques, que pertenecen a la OTAN y están vinculados a la marina de los Estados Unidos, desarrollen esa tecnología?
Se está produciendo un daño inmediato a esas especies. Creo que el Comisario ha contestado de modo correcto, pero, teniendo en cuenta los estudios científicos que ya tenemos y la existencia de esa Resolución del Parlamento Europeo de 1999 -cosa que el propio Comisario sabe, ya que él conoce perfectamente las aguas de las que estoy hablando- creo que ha llegado el momento de que la Comisión piense en la posibilidad de tomar iniciativas que, dentro del mantenimiento de las competencias de la Comisión, permitan a las instituciones comunitarias abordar esta cuestión.
Como sabe el Comisario, en este momento la Unión Europea se dirige hacia algún tipo de política de defensa y seguridad. Ya está, por lo menos, recogida en el Tratado de la Unión, y creo que en el ámbito de esa política de seguridad y defensa de la Unión hemos de considerar también los efectos negativos derivados de tal política.
Por tanto, espero que con esta primera declaración de la Comisión se inicie una nueva política comunitaria y que, al menos en la próxima legislatura, este Parlamento pueda recibir de la Comisión alguna indicación sobre el sentido en el que vamos. Me da la impresión de que, a raíz del estudio de la revista "Nature" de los profesores Jepson y Fernández, desde el punto de vista científico está clara la incidencia de esos sonares de baja frecuencia en la supervivencia de las especies de cetáceos.
Nos queda ahora empezar a recomendar medidas concretas, pidiendo a los Estados, al menos en el marco de la cooperación intergubernamental, que tengan en cuenta esas conclusiones científicas para contribuir al mantenimiento de nuestra ya muy castigada fauna marítima.
Duthu (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en relación con el uso de los sonares de baja frecuencia, plantearé en primer lugar tres preguntas y, después, haré una sugerencia a modo de conclusión.
Primero, como han recordado los dos diputados que me han precedido, esta cuestión se ha debatido aquí, en esta Cámara, en varias ocasiones y se nos dijo, en particular por parte del Comisario Solbes, que necesitábamos más información. Hoy sabemos que se ha encargado un estudio a un organismo danés, pero al final parecerá bastante extraño que la información adicional haya tardado tanto en llegar.
En realidad, si aplicamos el principio de cautela conforme a los Tratados, tenemos ya suficientes pruebas de la existencia de riesgos graves derivados del uso de estos sonares, en particular para las ballenas, lo que justificaría la adopción desde hoy de una moratoria sobre su uso, a fin de recoger la información necesaria para la obtención de pruebas científicas adicionales. ¿De verdad debemos seguir esperando a que se hagan realidad los peores escenarios antes de actuar?
En segundo lugar, somos muy conscientes del preocupante estado en que se encuentran hoy las poblaciones de peces, tanto en Europa como en el mundo entero. Hemos conocido –lo cual no es sorprendente– la existencia de elementos que indican que la señales enviadas por los sonares de baja frecuencia afectan a los movimientos de los bancos de peces, lo que puede llevarlos a zonas peligrosas amenazando su propia existencia. ¿Podemos permitirnos el lujo de desarrollar y utilizar una tecnología que, cuando se prueba en tiempo de paz, puede agravar la desaparición de las poblaciones de peces?
En tercer lugar, la UE ha dado los primeros pasos para una política de defensa común y una industria del armamento también común. Ello tendrá sin duda alguna una repercusión sobre la investigación europea, la política industrial y, en general, el desarrollo de la Unión. En un momento en que, en nuestras sociedades, se registra una demanda creciente de soluciones respetuosas con el medio ambiente, debemos demostrar que Europa, en pos de los objetivos de Lisboa, puede ser un líder mundial en materia de tecnologías sostenibles. ¿Podremos hacerlo si somos incapaces de reaccionar eficazmente contra el desarrollo y el uso de tecnologías tan sospechosas como los sonares de baja frecuencia?
En conclusión, en aras de un desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, es imperativo que utilicemos plenamente nuestras capacidades como diputados europeos para influir, por todos los medios a nuestra disposición, en las elecciones colectivas fundamentales que se están tomando en el ámbito de las industrias del armamento. Por ello, pido enérgicamente a sus Señorías que apoyen mi propuesta de concluir este debate con una resolución en nuestro próximo período parcial de sesiones, aquí mismo, en Estrasburgo. Solo así el Parlamento tendrá una posición pertinente que comunicar a los distintos agentes.
Solbes Mira,
    Señor Presidente, la Comisión es sensible a este problema. Somos conscientes de que la evidencia científica sobre los problemas planteados por este tipo de sonar son crecientes. Sin embargo, creemos que es imprescindible llevar a cabo un análisis más exhaustivo sobre el actual conocimiento científico, en el que sin duda alguna se incorporarán los avances que ya se han producido -como los que ha mencionado el Sr. Medina Ortega al referirse al artículo de los profesores Jepson y Fernández. 
Sin duda alguna, la Comisión a la hora de tomar decisiones tendrá que considerar los aspectos de su competencia, la responsabilidad nacional sobre las directivas de hábitats y el margen de maniobra que los Estados miembros tienen para aplicar el principio de precaución y, sin duda alguna, la reserva específica que hay sobre los temas militares que no deberá frenar nuestra insistencia ante la OTAN y ante las autoridades militares para que presten la debida atención a estos problemas, en especial en aquellos casos que no plantean problemas específicos a corto plazo.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados:
– las Sras. Isler Béguin y Schroedter, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Ucrania (B5-0129/2004); 
– el Sr. Belder, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Ucrania (B5-0132/2004); 
– el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Ucrania (B5-0135/2004); 
– la Sra. Caullery, en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, sobre Ucrania (B5-0137/2004); 
– los Sres. Wiersma y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Ucrania (B5-0139/2004); 
– el Sr. Posselt, la Sra. Stauner y el Sr. Tannock, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Ucrania (B5-0141/2004); 
– el Sr. Vinci, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Ucrania (B5-0143/2004). 
Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en una verdadera democracia la lucha por el poder político y las ideas es algo saludable y da a la gente la posibilidad de elegir Gobierno y líderes políticos. Sin embargo, los resultados de unas elecciones nunca pueden ser seguros antes de la votación, lo que impide a la gente destituir a un régimen poco popular. El tardío interés del Presidente Kuchma, poco antes de que finalice su mandato, por transformar el sistema de Ucrania, un sistema presidencial ejecutivo, en un sistema de mayoría parlamentaria, con un primer ministro ejecutivo designado, hace sospechar de que se trata de una maniobra política concebida para perpetuar el poder en sus manos, en un momento en que los sondeos señalan que va muy por detrás del líder de la oposición, el Sr. Ushanka.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa criticó duramente la votación de la primera enmienda constitucional en este sentido del 24 de diciembre, porque se empleó el método de votación a mano alzada. Incluso se fotografió a algunos diputados con las dos manos alzadas, lo que claramente contraviene las propias reglas del Parlamento ucranio y viola el artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa, con el que Ucrania ha contraído un compromiso vinculante y cuya violación podría poner en peligro la pertenencia de Ucrania.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también criticó el comportamiento de la oposición, que protestó bloqueando todo el trabajo del Parlamento. El 3 de febrero, y bajo presiones internacionales, se modificó el proyecto de ley constitucional, cosa que debemos celebrar como una mejora, para mantener a un presidente directamente elegido, si bien con una presidencia debilitada, e introducir la seguridad vitalicia del cargo de los jueces, para permitir el apoyo del bloque socialista del Sr. Maroz, que también ha declarado que solo apoyará la lectura final del proyecto de ley si se hacen reformas sustanciales para democratizar el Parlamento a través de un sistema de representación proporcional. Una vez más, el Gobierno invocó procedimientos parlamentarios de urgencia cuestionables para acelerar la votación y evitar el debate nacional o parlamentario.
También quiero recordar al Gobierno de Ucrania que de acuerdo con su constitución, para efectuar un cambio constitucional es preciso normalmente celebrar un referendo entre los ciudadanos.
Como al resto de esta Asamblea, a mí también me preocupan las medidas que pueden ahogar el debate abierto y libre en Ucrania. Está claro que las presiones ejercidas en contra de los medios de la oposición son algo habitual. El argumento citado en la resolución del periódico , es un mal argumento, en mi opinión, porque fue comprensible y correctamente procesado por publicar tres artículos radicalmente antisemitas. El Gobierno también afirma que el final de las emisiones de Radio Liberty se debió totalmente a consideraciones comerciales más que a motivos políticos de presión contra la oposición.
En defensa del Sr. Kuchma, no se han demostrado las alegaciones de los Estados Unidos de haber incumplido las sanciones impuestas el año pasado por las Naciones Unidas al exportar el sistema de radar Kolchuha al Iraq, ya que nunca se ha encontrado dicho sistema de radar en la búsqueda de armas de destrucción masiva en el Iraq.
Ucrania se encuentra ahora en una encrucijada entre un futuro democrático de corte occidental con aspiraciones a entrar en la Unión Europea, que en principio apoyamos en el Parlamento Europeo, y la vuelta a un tipo de sistema autoritario semidemocrático. Es Ucrania quien debe decidir. Creemos firmemente que la primera opción es preferible para la prosperidad y la libertad futuras de su pueblo y de ese maravilloso país. 
Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea se amplía reuniendo en torno a sus valores y normas a Estados de la Europa central y oriental emancipados de decenios de yugo comunista. Esta armonización por lo alto de los contextos políticos y económicos, armonización reivindicada y perseguida por los Estados candidatos, mantiene la estabilidad y la prosperidad del espacio europeo. 
Pero la ampliación ha puesto también de manifiesto y nos ha hecho comprender la existencia de una nueva vecindad a las orillas de Europa. Ucrania es uno de esos países europeos que tienen dificultades para sustraerse de los malos reflejos y prácticas forjados por el sovietismo del último siglo. El contraste con una Europa central y báltica que se normaliza y recupera sus derechos acentúa el déficit de democracia, las restricciones plurales y la precariedad económica, que se mantienen a lo largo de esta nueva vecindad. 
Por supuesto, esta fractura social, política y económica en dos polos de una misma Europa exige de la Unión Europea, en el contexto de su ampliación, la movilización de su acción, de sus medios e iniciativas y de su ayuda mutua solidaria. Pero este desenganche entre la Unión ampliada y su vecindad oriental plantea también y sobre todo la cuestión de los lazos históricos de la Unión Europea con sus primos del Este, que la Comunidad ha atendido con un interés demasiado limitado a hacer seguras sus fronteras y su parque nuclear. En vez de pedir hoy que se intensifiquen los programas Tacis en Ucrania para restablecer a bajo precio una estabilidad precaria en este país vecino, ¿por qué no haberle abierto más ampliamente nuestra solidaridad, nuestros programas y presupuestos desde 1991? Sin embargo, Ucrania participa plenamente en la identidad europea y su Gobierno mantiene, a pesar de la falta de voluntad de la Unión Europea, su reivindicación de ocupar en ella el lugar que legítimamente le corresponde. 
La Unión Europea tiene el deber moral y político para con los ciudadanos ucranios de movilizar desde ahora todos sus esfuerzos y medios para restablecer de forma efectiva las libertades fundamentales en su país: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación política y sindical. Es pues imperativa la vigilancia de la Unión Europea en Ucrania con respecto a los lugares de detención del país, o incluso su presencia en los próximos escrutinios. Pero, como acredita la ampliación en curso, no hay mejores cimientos para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos y medioambientales que estar dentro de la Unión Europea, y no al otro lado de la puerta. Será al precio de una nueva ampliación: la reunificación de nuestro continente tendrá ese precio.
Belder (EDD ).
   – Señor Presidente, anteayer entre 5 000 y 7 000 ciudadanos ucranianos se manifestaron en Kiev, la capital de su país, reclamando «libertad de expresión.» Esta manifestación fue la respuesta a la política cada vez más represiva contra los medios de comunicación que aplica el régimen del Presidente Kuchma. El sábado pasado, el tenía motivos para escribir en su primera página que los medios que se oponían al régimen en Ucrania temían por la continuidad de su existencia. La situación así lo refleja. Hace exactamente una semana, Nikola Tomenko, presidente de la comisión parlamentaria sobre la libertad de los medios de comunicación –fíjense en este nombre– emitió una acusación devastadora en el parlamento, la Verkhovna Rada; este año se celebran elecciones presidenciales y el Presidente Kuchma intenta utilizar todos los medios posibles para suprimir opiniones disidentes. En este sentido, actualmente existe una gran controversia en torno a la muerte, el pasado miércoles, de Yuri Chechyk, el director de la emisora privada de radio. Chechyk falleció en un accidente de tráfico de camino entre su casa en Poltava y Kiev, a donde iba para una reunión con Radio Svoboda, la sucursal ucraniana de Radio Liberty. Únicamente por este hecho se han levantado sospechas en torno a la repentina muerte de Chechyk. Solo unas pocas horas después de su muerte, los servicios de seguridad ucranios irrumpieron en la emisora de Kiev de Radio Continent y se incautaron de todo su equipo de emisión. Evidentemente, esta emisora había suscitado el descontento de las autoridades ucranias por la transmisión de programas de Radio Liberty. Mientras tanto, el director de Radio Continente ha abandonado inmediatamente el país, declarando que lo ha hecho por temor a su vida. También fue Radio Continente la que empleó al periodista Georgi Gongadze, que desapareció el año 2000 y más tarde fue hallado decapitado. La campaña que, en estos momentos, el Presidente Kuchma y sus socios están a todas luces lanzando, en contra de los medios de comunicación independientes, contradice la afirmación oficial de Kiev de estar promoviendo la democracia en Ucrania y de estar intentando acercarse más a Europa.
A principios de esta semana, la ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright ha llamado, en el , a la acción a ambos lados del Atlántico para defender la libertad política y personal en Ucrania. Espero que Washington y Bruselas cierren filas realmente, como dice Albright, para defender las fronteras de la libertad y ampliarlas.
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo de PSE, quiero decir que reconocemos la importancia de Ucrania como un país con lazos históricos, culturales y económicos con la Unión Europea y con aspiraciones a largo plazo de formar parte de la Unión Europea. Asimismo, celebramos la preparación del plan de acción, que debe estar listo en la primavera del presente año, por parte de la Comisión, que permitirá a Ucrania integrarse progresivamente en las políticas y programas de la Unión Europea.
Sin embargo, una auténtica asociación solo puede desarrollarse sobre la base de valores comunes compartidos, en particular la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y civiles. En estos momentos, estas condiciones no se cumplen en Ucrania y la situación va deteriorándose. En Ucrania, las condiciones de las cárceles, la detención arbitraria y períodos de detención previos al juicio excesivamente largos constituyen graves problemas. Como han mencionado más detalladamente algunos de mis colegas, la libertad de expresión está cada vez mas amenazada y ha habido una serie de violaciones graves de los derechos de los medios y periodistas independientes.
Por tanto, pedimos a las autoridades de Ucrania que mejoren las condiciones carcelarias y pongan fin a la detención arbitraria y a los períodos excesivamente largos de detención antes del juicio. Pedimos al Gobierno de Ucrania que respete la libertad de expresión y que emprenda medidas continuadas y eficaces para impedir y castigar las intervenciones contra medios libres e independientes. Solicitamos al Gobierno que aclare las acusaciones de que sus servicios secretos tenían la orden de espiar a periodistas y a políticos de Ucrania y extranjeros en sus respectivos países para desanimarles si fuera necesario a seguir encargándose de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Solicitamos a las autoridades ucranias que se comprometan formalmente a celebrar las próximas elecciones presidenciales de octubre en condiciones de máxima transparencia posible, y esperamos que la Comisión Europea estudie, junto con el Parlamento y otros órganos, si debería enviar una misión de observación electoral. 
Posselt (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Ucrania es sin duda alguna un país europeo, uno de los más grandes, y no debemos olvidar que durante décadas este país europeo fue oprimido y saqueado como colonia soviética. No hay sitio para el fariseísmo en nuestras críticas a Ucrania, porque, gracias a Dios, no hemos, al menos la mayoría de nosotros, sufrido ese destino. Por tanto, hay muchas cosas que debemos reconocer y comprender.
Ucrania necesita tiempo para desarrollarse. En los últimos años, en esta Asamblea hemos hecho muchas cosas por apoyar a Ucrania, e incluso antes de los grandes cambios acaecidos entre 1989 y 1991 hubo elementos de Europa Occidental que cooperaron con ese país. Estoy pensando en la universidad ucrania en el exilio que se encontraba en mi circunscripción en Munich, o de Radio Liberty, que solía emitir desde Munich, que quizá era una especie de metrópolis ucrania libre. Esto siempre nos ha despertado gran solidaridad y comprensión hacia el pueblo ucranio en sus aspiraciones a una vida propia.
Sin embargo, no sentimos ninguna consideración hacia políticos que no solo están corruptos, que no se limitan a arrastrar los pies cuando hay que llevar a su país adelante, sino que, todo lo contrario, intentan congelar hasta la muerte los tiernos brotes de democracia y de Estado de Derecho, que utilizan activamente métodos criminales para contrarrestar a la oposición, e intentan silenciar las críticas contra ellos en los medios de comunicación. Por ejemplo, es un escándalo terrible que un agente de la policía secreta de Ucrania haya seguido a una Diputada a este Parlamento Europeo, la Sra. Stauner, y seguramente no será la única, por traer a esta Asamblea a miembros de la oposición ucrania o por plantear cuestiones graves, como el comercio de órganos, el tráfico de niños y muchos otros problemas existentes, por desgracia, no solo en Ucrania sino también con Ucrania.
Por tanto, nuestra política debe ser una política completamente inequívoca. Al mismo tiempo que, en principio, hemos de ser solidarios con el pueblo ucranio como socio europeo importante, también tenemos que denunciar con voz alta y firme a todos los que, de una forma u otra, intentan socavar y destruir la democracia que empieza a tomar forma en su país, y actuar con rigor en contra de ellos. 
Sacrédeus (PPE-DE ).
    Señor Presidente, señor Comisario Solbes Mira, Sus Señorías, en 2002 viajé en Semana Santa a Ucrania como uno de los observadores electorales del Parlamento Europeo. Advertí con preocupación el considerable grado de temor e incomodidad entre la gente, y en particular entre los candidatos jóvenes, en cuanto a expresar libremente sus opiniones políticas. En el marco del programa para una gran Europa de la Comisión, he trabajado para crear una situación donde, tal y como ha ocurrido, el Parlamento Europeo pueda defender la adopción por parte de Ucrania de una perspectiva europea y, al igual que en una época fue una nación europea, pueda convertirse en miembro de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, quiero llamar la atención sobre el hecho de que Ucrania es una nación muy antigua. Sin embargo, desde el punto de vista de su categoría de Estado es joven, ya que ha estado sometido a Rusia y al control soviético. Con estos antecedentes es sumamente desafortunado que tantas personas del ámbito de los medios de comunicación y del periodismo tengan problemas, que se haya cerrado Radio Liberty, que se haya llevado a los tribunales al mayor periódico de la oposición, , que se haya silenciado a la emisora de radio de titularidad privada Radio Dovira y que no solo se amenace a los periodistas, si no que, en algunos casos, de hecho hayan sido asesinados. En realidad, todavía no se ha dado una explicación de la muerte de los periodistas Georgi Gongadze y Jurij Tjetjiks.
En el Parlamento Europeo hay muchas personas que sienten afecto por Ucrania. Por tanto, estamos muy preocupados por los sucesos, especialmente en los medios de comunicación, acaecidos en uno de los países más peligrosos para trabajar de periodista.
En junio de 2003 el Senado canadiense aprobó una resolución que abordaba el genocidio y la muerte masiva por inanición de millones de ucranios bajo el régimen de Stalin. Recordemos estos sucesos. Todos los años, el cuarto domingo de noviembre es un día para conmemorar este genocidio y esta muerte masiva por inanición. 
Pohjamo (ELDR ).
   – Señor Presidente, me parece importante que en toda política relativa a una Europa ampliada y a la cooperación recordemos la relevancia de Ucrania como país que ha tenido ciertamente vínculos históricos, culturales y también económicos con Europa. Al mismo tiempo hemos de tener presente, y recordárselo a la administración ucrania, que la verdadera cooperación solo puede crearse a través de la democracia, el Estado de Derecho y un respeto por los derechos civiles y humanos. A este respecto, realmente Ucrania todavía tiene mucho que hacer. Por ejemplo, en Ucrania la libertad de expresión y los medios de comunicación están continuamente amenazados y el Estado de Derecho no se aplica de forma satisfactoria. Las malas condiciones en las cárceles, las detenciones aleatorias y las detenciones durante largos períodos antes del juicio siguen siendo todavía graves problemas. La resolución incluye una lista de numerosos defectos concretos y violaciones de derechos humanos y civiles, que es preciso corregir para poder establecer una verdadera cooperación.
La Unión Europea ha de animar a Ucrania a luchar por un gobierno y una democracia mejores. Un instrumento para ello es el Programa Democracia de TACIS, que debería emplearse para fortalecer los medios de comunicación independientes, tan vitales para la creación de la sociedad civil y las instituciones democráticas. El Consejo y la Comisión tienen que supervisar con detenimiento los desarrollos que se produzcan en Ucrania y desempeñar un papel activo y transparente en la organización de las elecciones presidenciales en octubre, así como en otros asuntos. 
Solbes Mira,
   . Señor Presidente, quiero empezar señalando la importancia que la Unión Europea da a Ucrania como socio estratégico. Así lo refleja nuestra estrategia común acordada en 1999 y nuestra cooperación en el marco del Acuerdo de Asociación y Cooperación.
Con la ampliación de la Unión el 1 de mayo, la Unión y Ucrania se convertirán en zonas colindantes y, consecuentemente, los próximos años nos van a ofrecer una oportunidad todavía mayor para profundizar nuestras relaciones.
En este contexto –como ustedes saben–, hemos puesto en marcha nuestra iniciativa de vecindad que fija objetivos ambiciosos para intensificar la cooperación en un amplio número de ámbitos, basándose dicha cooperación en el compromiso inequívoco de los valores compartidos y la aplicación efectiva de las reformas políticas, económicas e institucionales.
La Comisión Europea aprecia, por tanto, la atención que hoy se presta al debate sobre el proceso de reforma política y constitucional en curso en Ucrania y especialmente a la libertad de medios de comunicación.
Estos son los temas que debemos continuar tratando en nuestros debates actuales. También me gustaría hacer alguna referencia o recordar la importancia de estos temas en el contexto de las próximas elecciones en octubre.
Respecto al fondo de las reformas constitucionales, me gustaría reiterar la declaración del pasado 29 de enero. Evidentemente, Ucrania es quien debe elegir su propia forma de gobierno y su Constitución, de conformidad con normas democráticas europeas, pero las circunstancias y la forma en que se está llevando a cabo el debate sobre esta reforma siguen suscitando inquietud.
Al mismo tiempo, hemos observado con satisfacción que el Parlamento ucraniano, a principios de febrero, adoptó las propuestas de reforma constitucional inicialmente previstas para tener en cuenta las críticas formuladas por la oposición nacional y los comentarios críticos del Consejo de Europa y de la Unión. Ello supone un paso adelante.
En el contexto de las próximas elecciones, el problema de la libertad de los medios de comunicación va a exigir especial atención. La Unión ha insistido en diversas ocasiones en la necesidad de una relación más transparente entre dichos medios y los poderes públicos basada en un Estado de Derecho inequívoco y en la protección efectiva de los derechos de los periodistas.
La reciente resolución judicial de cerrar un periódico de la oposición y la clausura de una emisora de radio han planteado nuevas cuestiones de gravedad. La Unión, por ello, continuará manifestando claramente sus inquietudes por lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación y seguirá instando a que se respete de forma adecuada el papel de dichos medios, como debe ser en un contexto libre, en un sistema democrático.
Haré una referencia a su solicitud de información sobre el envío de observadores a las elecciones. Las prioridades para las misiones formales de observación electoral en la Unión han sido definidas por la Comisión y el Parlamento en estrecha colaboración. Generalmente no se envían misiones, como tales, a los países que son Estados miembros de la OSCE –como es el caso de Ucrania–. Pero, como de costumbre, tenemos previsto llevar a cabo labores de coordinación y cooperación con la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE, que están preparando una misión de observación a largo plazo. Por otra parte, la Comisión espera que el Parlamento Europeo vuelva a enviar su propio equipo para que se una a esta misión de la OSCE, como hizo en las últimas elecciones parlamentarias en Ucrania.
Finalmente, quiero concluir garantizándoles que la Comisión está siguiendo muy de cerca todas las cuestiones planteadas por su Señorías en este debate en un ambiente constructivo con nuestros interlocutores ucranianos. Así, ahora mismo estamos elaborando y aplicando diversos proyectos específicos de ayuda y cooperación con Ucrania para avanzar en los aspectos institucionales.
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates.
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados:
– los Sres. Fernández Martín y Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Venezuela (B5-0123/2004); 
– los Sres. Linkohr, Medina Ortega, Pittella y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (B5-0126/2004); 
– la Sra. Boumediene-Thiery, la Sra. Frassoni, el Sr. Lipietz, el Sr. Mayol i Raynal, el Sr. Nogueira Román y el Sr. Ortuondo Larrea, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (B5-0128/2004); 
– la Sra. André-Léonard y el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Venezuela (B5-0136/2004); 
– el Sr. Bertinotti, la Sra. Figueiredo, el Sr. Marset Campos y el Sr. Wurtz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Venezuela (B5-0144/2004); 
– la Sra. Muscardini y el Sr. Queiró, en nombre del Grupo de la Unión por la Europa de las Naciones, sobre la situación en Venezuela (B5-0147/2004).
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Venezuela atraviesa en estos momentos una crisis que está llevando a una polarización social de imprevisibles consecuencias que se ha cobrado ya la vida de varias personas.
La posición de este Parlamento, en la ya larga crisis venezolana, ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de encontrar una solución pacífica, una solución dialogada, una solución constitucional y una solución que se presente en un horizonte fundamentalmente electoral. Esta solución se plasmó en un acuerdo entre los representantes del Gobierno y de la Coordinadora Democrática mediante la celebración de un referendo revocatorio, que es el mecanismo constitucional previsto por la Carta Magna de Venezuela que permite revalidar el apoyo popular al Presidente de la República.
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de no validar un número significativo de las firmas recogidas para convocar el referendo no respeta, en nuestra opinión, ni el espíritu ni la letra de esos acuerdos y ha sido el detonante de los últimos acontecimientos que se han producido en el país.
Es evidente, según nuestro punto de vista, señor Presidente, que no se puede privar a los ciudadanos del ejercicio legítimo de sus derechos y que el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de facilitar y de garantizar el ejercicio de la voluntad popular.
Por lo tanto, este Parlamento a través de esta Resolución de compromiso, que han firmado tres grupos políticos, debe hacer un llamamiento, en primer lugar, a la calma y a la moderación. Debe pedir al Gobierno que garantice los derechos de todos los ciudadanos, incluido el derecho de manifestación pacífica. Solicita al Consejo Nacional Electoral que acepte y adopte, sin dilación, las recomendaciones efectuadas por la misión del Centro Carter y por la misión de la Organización de Estados Americanos. Reitera su apoyo a los acuerdos celebrados entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática. Expresa su preocupación por su incumplimiento y pide al Gobierno que garantice su ejecución en los plazos más breves posibles.
Señor Presidente, es también necesario pedir un redoblamiento de los esfuerzos de la Unión Europea, con el objeto de que esos acuerdos entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática se cumplan. Creo que en el caso deseable, como fruto y efecto de esos acuerdos, que se produzca un referendo revocatorio en breve plazo, como es el deseo de la Unión Europea, manifestado a través de diversas declaraciones del Consejo de Ministros la Unión Europea a iniciativa de la Comisión, se nombre una misión de observación electoral de la Unión Europea que pueda acompañar ese proceso de ratificación y de celebración de ese referendo revocatorio, que es el mecanismo institucionalmente establecido.
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, como ha dicho mi predecesor, el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, esta propuesta de resolución cuenta con el apoyo de tres grupos políticos, que son lo tres grupos más numerosos de esta Cámara.
La propuesta de resolución está en línea con la declaración de la Presidencia del Consejo, del pasado mes de febrero, en la que se instaba al cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y la oposición. A este respecto nos encontramos con una cierta contradicción porque la actual Constitución venezolana ha sido redactada por el partido que gobierna en este momento y que tiene una amplia mayoría. Nadie obligaba al Gobierno a incluir en esa constitución el referendo revocatorio, pero fue incluido. Nadie obligaba al Gobierno a concluir un acuerdo con la oposición el 29 de mayo de 2003, pero se celebró. En este momento, además, ese proceso está realizándose con la colaboración de la Organización de Estados Americanos, del Centro Carter y también, en cierta medida, de la Unión Europea -porque estamos contribuyendo a la realización del proceso-.
El Parlamento que se ha pronunciado en otras ocasiones sobre Venezuela, en este momento, en la línea de la declaración de la Presidencia del Consejo y a la vista de los acontecimientos, quiere recordar que los derechos constitucionales pueden ser conculcados por violación de formas sustanciales y creemos que en este caso hay una violación de formas sustanciales, ya que alegando ciertas "coincidencias" en la caligrafía se han anulado cientos de miles de firmas. Podrían haberse utilizado otros procedimientos, si se consideraba que esas firmas no eran correctas podría haberse utilizado, por ejemplo, un procedimiento de muestreo, para comprobar si, en efecto, esos cientos de miles de firmas eran correctas. Pero lo que no se puede hacer es anularlas de esa manera sin tener en cuenta para nada el hecho de que se hubieran recogido un número superior a los millones de firmas que eran necesarios para el referendo revocatorio.
En este momento nos encontramos ante una decisión del Consejo Nacional Electoral, apoyada por el Gobierno, que pretende privar a los ciudadanos venezolanos de un derecho constitucional reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Creo que la resolución es muy clara. No tratamos de excitar los ánimos, todo lo contrario, llamamos a la calma. Pero tratamos de que ese proceso de restauración de la normalidad constitucional se haga respondiendo al espíritu del acuerdo de 29 de mayo de 2003. Es decir, no se trata de que una de las partes se imponga sobre la otra, pero tampoco se trata de imposibilitar el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a pedir la revocación de un Presidente. Y al hacerlo de la forma en la que lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, al anular masivamente las firmas, imposibilita ese ejercicio.
En este momento, está claro que el Centro Carter para la Democracia y la Organización de Estados Americanos están negociando con el Gobierno venezolano y con la oposición al objeto de buscar una salida al conflicto y nosotros esperamos que la Comisión, como siempre, colabore con el Parlamento y con el Consejo en la labor de tranquilizar a la población venezolana y hacer posible que el proceso constitucional venezolano vuelva por sus cauces democráticos electorales.
Meijer (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, antes Europa solo conocía a Venezuela como proveedor de crudo y mineral de hierro, y como centro para aventureros europeos. Ahora que un presidente testarudo se niega a aceptar la voluntad democrática del pueblo, ¿debe el país volver a lo que era antes? Quiero compartir con esta Asamblea mis propias experiencias a este respecto.
Hace medio siglo, yo era uno de los niños de Caracas, la capital de Venezuela, que no iba al colegio sino que, en su lugar, deambulaba entre alcantarillas y ciudades de chabolas construidas en las faldas de las montañas, cuyas casas estaban hechas con cajas de naranjas y los tejados con chapa de zinc. Una pequeña elite disfrutaba de los grandes coches, las casas lujosas y los campos de golf, mientras que, en la calle, cerca de las puertas de oficinas y tiendas elegantes, veía a mendigos enfermos, sin piernas. El hospital donde mi padre murió estaba mugriento y era caótico. Existía un limitado transporte público en manos de varias compañías, cada una con autobuses en sus propios colores, pero sin conexiones adecuadas. En otras partes del país, por ejemplo en la segunda ciudad, Maracaibo, había indígenas, empobrecidos y rehuidos por todos. La carretera que llevaba de la capital a la costa estaba cosida de cruces por personas que habían muerto, mientras que, en otras carreteras, las tormentas de polvo azotaban mientras conducías. El presidente era un dictador que ordenaba a su policía, reclutada entre inmigrantes italianos, que colgara a sus oponentes en las farolas.
Mi experiencia de aquella época hizo surgir en mí la esperanza y la expectativa de que la gente no siempre aceptaría esa combinación escandalosa de dictadura y extrema riqueza, de extrema pobreza y extremo abandono. Cuarenta años más tarde, dejaron de resignarse a su suerte y pudieron por fin tener la esperanza de una existencia estable, de crecimiento y solidaridad. Por gran mayoría eligieron democráticamente a un parlamento compuesto por diferentes tendencias, una nueva constitución y a una clase de presidente bastante diferente.
El hecho de que el Presidente Chávez depositara gran confianza en el ejército e hiciera poco por ayudar a las víctimas del gran desastre natural no justifica el golpe de Estado en el que fue secuestrado y sustituido temporalmente por el presidente de la federación de empresarios. Ni tampoco sus defectos justifican la falsificación de un elevado número de firmas con objeto de obtener apoyo suficiente para celebrar un referendo dirigido a derrocarle otra vez.
Mientras que los Estados Unidos reconocen como legítimo el presente Gobierno venezolano, los dos grupos principales de este Parlamento Europeo se dejan llevar por sus contactos con partidos que anteriormente formaron parte del gobierno, pero a quienes el electorado venezolano no ha votado. Las cosas pueden y deben mejorar en Venezuela, pero volver a la situación anterior no ayudará en nada. El apoyo de la Unión a la nueva Venezuela es la mejor forma de prevenir actos provocativos y violentos por parte del gobierno y de la oposición política, pero la nostalgia injustificada solo conduce al desastre.
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero dejar claro en nombre del Grupo del PSE que nos opondremos a todas las enmiendas del Grupo GUE/NGL y del Grupo Verts/ALE. Sin embargo, nos parece menos que creíble la tan demorada decisión del Consejo Electoral Nacional Venezolano de rechazar 1,2 de 3 millones de firmas a favor del referendo sobre la destitución; en realidad, dos de cada cinco firmas han sido declaradas nulas. Entendemos la ola de protestas y disturbios que ha producido en Venezuela esta decisión. No obstante, rechazamos sin condiciones el uso de la violencia y deploramos profundamente la pérdida de vidas humanas. Expresamos nuestras condolencias por las víctimas de esa violencia.
Pedimos a la Comisión Electoral Nacional que acepte y apruebe las recomendaciones de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter en relación con su informe preliminar. Aprobamos las declaraciones de la Presidencia irlandesa del 23 de febrero y del 2 de marzo y solicitamos a la Comisión que utilice su considerable influencia política en ese país para garantizar que los acuerdos formulados sobre la base de la coordinación democrática sigan manteniéndose efectivamente. 
Patakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el pueblo de Venezuela tomó el país en sus propias manos y eligió al Sr. Chávez presidente. Al parecer, este no era el gusto de los Estados Unidos, la plutocracia local o la Unión Europea, que mantiene un silencio indulgente. Incluso llegaron a organizar un golpe de Estado para derrocar al Presidente Chávez y su Gobierno, pero fracasaron gracias a la decisiva intervención del propio pueblo de Venezuela. Esta vez se está fraguando un nuevo ataque. La oposición ha hecho un gran esfuerzo por recoger firmas, pero me pregunto dónde presentó la petición, que fue un fiasco porque la mayoría de las firmas resultaron ser falsas. Y ahora la oposición se queja de que ha sido objeto de una discriminación.
La época en que los imperialistas imponían las dictaduras por todas partes ha pasado. Los habitantes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, de toda Latinoamérica están intensificando su lucha por la democracia y el cambio social. A todas estas personas expresamos nuestra solidaridad y apoyo unánime. 
Solbes Mira,
    Señor Presidente, la Comisión Europea ve con satisfacción que el Parlamento haya presentado una iniciativa sobre esta cuestión. La grave crisis política que atraviesa Venezuela y sus serias consecuencias económicas son motivo de preocupación para la Comisión, que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos.
La estabilidad política de Venezuela resulta fundamental no solo para el desarrollo de este país sino también para la seguridad en la región andina y en toda América Latina. Venezuela requiere el apoyo internacional para la consecución de una salida pacífica y democrática del conflicto interno sin que ello deba llevar a la injerencia en asuntos internos del país. Por ello, la Comisión dio la bienvenida al inicio del diálogo entre el Gobierno y la oposición y apoyó la facilitación de este diálogo por el grupo tripartito formado por la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Igualmente, apoyamos la firma de la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia en Venezuela, en febrero de 2003, y el acuerdo de 29 de mayo de ese mismo año. Este acuerdo brindaba posibilidades de obtener una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral por la que habían abogado tanto la Organización de Estados Americanos en su Resolución 833 del Consejo Permanente, como la Unión Europea, idea que seguimos apoyando.
Con este objetivo, el Consejo Nacional Electoral organizó una recogida de firmas para solicitar referendos revocatorios y la oposición se embarcó en la recolección de estas firmas. De forma paralela, partidarios del Gobierno también recogieron firmas para revocar a ciertos representantes de la Asamblea Nacional.
La Comisión comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter en su declaración del pasado 2 de marzo y teme las consecuencias que puede tener la decisión del Consejo Nacional Electoral de someter a validación 876 000 firmas, consideradas dudosas para el referendo presidencial.
La Comisión teme que ello pueda constituir un obstáculo insalvable a la salida electoral o condicionar los resultados del proceso. No obstante, alentamos a la oposición a que se someta a este proceso de validación y al Gobierno y al Consejo Nacional Electoral a que velen por la defensa de la voluntad popular de tal forma que pueda ser expresada en un proceso electoral.
La Comisión lamenta el clima de violencia que se ha desencadenado, la pérdida de vidas humanas y los numerosos heridos e insta a las partes a que prosigan en la aplicación de la Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia, que ellos mismos acordaron.
La Unión ha publicado diversas declaraciones sobre la necesidad de buscar una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral y hemos apoyado también económicamente a la Organización de Estados Americanos en sus esfuerzos en la aplicación del acuerdo de mayo y estamos dispuestos a examinar –si es necesario– cómo incrementar este apoyo si dicha organización así lo solicita.
Por otra parte, respondiendo a algunas preguntas que se han hecho, si el Consejo Nacional Electoral decidiera la celebración del referendo y las autoridades venezolanas invitan a la Unión Europea, la Comisión estaría dispuesta a enviar una misión exploratoria de observación electoral si esta resultara aconsejable, útil y factible.
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término de los debates.
Figueiredo (GUE/NGL ),
   . – Deploramos con la máxima firmeza el contenido de la propuesta de resolución que ha sido sometida a votación hoy en el Parlamento, que ha firmado conjuntamente la derecha, formada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Cristiano-Demócratas) y Demócratas Europeos y el Grupo Unión para la Europa de las Naciones, y los socialdemócratas, integrados en el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Esto equivale a una intromisión inaceptable en el Consejo Nacional Electoral Venezolano y una presión inaceptable sobre el mismo. No debemos olvidar el breve golpe del 11 y 12 de abril de 2002, que la presidencia española del Consejo Europeo se apresuró a apoyar, el fallido embargo contra la extracción de petróleo y los continuos intentos de desestabilizar económica y socialmente el país. Todo esto fue obra de los magnates de la industria y los sectores relacionados con la oligarquía que ha explotado al pueblo venezolano durante las últimas décadas, y que la administración de los Estados Unidos animó y apoyó activa y descaradamente.
El proceso democrático y patriótico está consagrado en la Constitución de la República de Venezuela bolivariana, que aprobó en un referendo una amplia mayoría del pueblo. En los últimos años, este proceso ha intentado abordar las raíces de la desigualdad en Venezuela, y ha respondido a las necesidades más acuciantes de la abrumadora mayoría de la población. Lo que Venezuela necesita es ayuda y solidaridad en este proceso. Siempre hemos mostrado y seguiremos mostrando esta solidaridad. 
El Presidente.
   – De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las propuestas de resolución presentadas por los siguientes diputados:
– la Sra. Sandbæk, en nombre del Grupo por la Europa de las Democracias y las Diferencias, sobre Birmania/Myanmar (renovación de las sanciones) (B5-0127/2004); 
– el Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre Birmania (B5-0134/2004); 
– los Sres. Kinnock y Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre Birmania (B5-0138/2004); 
– los Sres. Bushill-Matthews, Cushnahan, Deva, Mann, Posselt y Van Orden, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, sobre Birmania (B5-0140/2004); 
– las Sras. Boudjenah, Eriksson y Morgantini, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre Birmania (B5-0145/2004); 
– la Sra. McKenna, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, sobre Birmania/Myanmar (renovación de las sanciones) (B5-0146/2004).
Sandbæk (EDD ).
   – Señor Presidente, por cuarta vez en un año, Birmania se encuentra en la agenda del Parlamento Europeo, y nuestra resolución solicita sanciones renovadas y más duras. No obstante, según una evaluación reciente las sanciones previamente acordadas ni siquiera han sido aplicadas en su totalidad. Sabemos que el poder del régimen militar reside en gran parte en el comercio y la inversión exterior, y han optado por la expansión militar y el gasto de defensa en detrimento del pueblo birmano. Los indicadores sociales de Birmania son de los más bajos del mundo. La importancia de la inversión de la Unión Europea en Birmania ha aumentado durante la última década y los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran entre los mayores inversores y socios comerciales de Birmania. La gran mayoría del pueblo de Birmania trabaja en el sector informal, mientras que los dirigentes militares y sus socios principalmente son los dueños de la economía formal.
Las sanciones económicas, apoyadas por la Sra. Aung San Suu Kyi y el NLD, golpearían sobre todo al régimen y a sus defensores. No existe ninguna justificación para la inercia y la indecisión. Sería una desgracia que la Unión Europea y los Estados miembros mantuvieran una política que no debilita, sino, más bien al contrario, fortalece claramente el régimen militar.
La Sra. Aung San Suu Kyi sigue estando bajo arresto domiciliario. Hay líderes políticos en la cárcel y el pueblo de Birmania ha sido brutalmente oprimido. La Unión Europea tiene los medios y, por ende, la responsabilidad de marcar una diferencia. Ya es hora de traducir nuestras resoluciones en acciones. Es preciso emprender con resolución actividades diplomáticas internacionales, pero la Unión Europea ha de enfrentarse al régimen militar de Birmania a través de sanciones eficaces y aplicadas en su totalidad. 
Ford (PSE ).
   – Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista, pensamos que las sanciones seleccionadas de la Unión Europea en contra del régimen militar de Birmania, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, han de revisarse y renovarse antes del 29 de abril de 2004. Cuando el Consejo impuso inicialmente sanciones, acordó supervisar de cerca la evolución ulterior de la situación en Birmania y reafirmó su disposición a reaccionar proporcionalmente en futuras situaciones. En nuestra opinión, la situación no ha mejorado esencialmente. Aung San Suu Kyi, encarcelada hasta septiembre de 2003, se encuentra ahora bajo arresto domiciliario sin poder comunicarse por teléfono y sus visitas precisan un permiso del Gobierno para ir a verla. Hay 1 350 prisioneros, muchos miembros de la Liga Nacional por la Democracia están en la cárcel en Birmania. La semana pasada, la enviada especial de las Naciones Unidas a Birmania, Rosali Ishmael, se reunió con Aung San Suu Kyi y el General Kin-Yun, el líder autoritario de Birmania. A su regreso, declaró que la liberación de Aung San Suu Kyi y otros líderes detenidos del NLD es una condición previa esencial para poder mantener un diálogo coherente con el régimen.
El Ponente especial de las Naciones Unidas dijo que hoy día los requisitos más urgentes son el levantamiento de las restricciones permanentes contra la libertad de expresión, el libre movimiento, la recopilación de información y la asociación, la revocación de la legislación sobre seguridad y la apertura y reapertura de todas las oficinas de partidos políticos en todo el país.
En Birmania hay numerosas violaciones de los derechos humanos: trabajos forzados, persecución de disidentes, servicio militar obligatorio para niños, etc. Pedimos que se libere inmediata e incondicionalmente a Aung San Suu Kyi y a todos los que se encuentran detenidos o bajo arresto domiciliario, además de otros prisioneros políticos, y que se reabran las oficinas del NLD que cerraron en mayo de 2003. También insistimos en que el Gobierno autoritario deje el poder y se respeten los resultados de las últimas elecciones. Solicitamos que se endurezcan las sanciones si esto no se cumple. De la misma forma insistimos en que Birmania no asista a la reunión euroasiática (ASEM) prevista para abril de 2004 en la República de Irlanda, y que la Presidencia se niegue a emitir los visados correspondientes. 
Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero decir en nombre del Grupo del PPE-DE y los Conservadores británicos que el régimen militar de Birmania, que eufemísticamente se llama a sí mismo «consejo estatal de paz y desarrollo», es una narcodictadura financiada por la heroína que explota y aterroriza brutalmente a su propio pueblo. Esto significa trabajos forzados, persecución de disidentes, traslados forzosos, servicio militar obligatorio de niños soldados, así como la violación de mujeres y niños de minorías étnicas por parte de las tropas gubernamentales. Estos crímenes no los cometen rebeldes o fuerzas de guerrillas escondidas. ¡No! El pueblo birmano sufre a manos de los soldados de su propio Gobierno. Todavía hay 1 350 prisioneros políticos en Birmania, sometidos a condiciones inhumanas, mientras la esperanza política del país, Aung San Suu Kyi, sobrevive bajo arresto domiciliario. Es simplemente intolerable que los Estados miembros de la Unión Europea sean uno de los mayores inversores y socios comerciales de Birmania.
Es preciso fortalecer la posición común de la Unión Europea en torno a Birmania. Si el régimen no adopta medidas significativas para restaurar la democracia, es necesario aplicar sanciones. La posición común se revisará en 2004, pero el Consejo también tendría que asegurarse de que la situación de Birmania se vuelva a examinar en junio de 2004.
Si no se han dado estos pasos significativos, como la liberación de Aung San Suu Kyi y otros miembros detenidos del Partido de la Liga Nacional por la Democracia, así como el inicio el diálogo tripartito entre el NLD, los líderes de las minorías étnicas y las autoridades de Birmania, habrá que aplicar sanciones con carácter inmediato.
Entre las sanciones se incluirían las siguientes medidas: impedir que las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea inviertan en Birmania; prohibir los productos y servicios importados de las empresas que pertenezcan al ejército, el personal militar y sus socios; prohibir la importación de productos estratégicamente importantes de la economía monopolizada, como las gemas y la madera; y prohibir las transferencias financieras internacionales por parte de un ciudadano o una entidad de un Estado miembro de la Unión Europea.
Pido a otros países de la ASEAN que cooperen con la Unión Europea en torno a este asunto y que ejerzan una mayor presión en contra del régimen de Birmania para adoptar las medidas necesarias a favor de la democracia. 
Isler Béguin (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la junta militar que se hizo con el poder en Birmania ha arraigado en el país aprovechando el terreno desgraciadamente fértil para las dictaduras de esta región asiática, pero también la complacencia de Estados y empresas occidentales. Un nuevo pico de violencia y represión sobre la población martirizada y aplastada de Birmania trae de nuevo a este país a nuestro orden del día. Pero esta vez nos negamos a contentarnos con declaraciones de principio y condenas verbales hasta que todo comience de nuevo. El calendario nos es favorable y las herramientas de represión contra los opresores están a nuestro alcance: no utilizarlas sería denegación de ayuda a una persona en peligro.
Hay dos fechas importantes para forzar por fin a la razón y a la rendición al régimen totalitario birmano. El mes que viene, concretamente el 29 de abril de 2004, se revisará la posición común de la Unión Europea. Ese mismo mes, representantes de la junta birmana tienen previsto visitar Irlanda en el marco del encuentro Asia-Europa. La cita es tan próxima como decisiva para enviar una señal clara y definitiva a dicha junta. No debería haber ninguna excepción a la política de prohibición de visados comunitarios a los representantes y responsables birmanos. Qué provocación sería que Irlanda –que preside actualmente la Unión Europea– pudiera acoger en su suelo a ejemplos tan contrarios a nuestros valores fundadores. Es una pena que Irlanda, símbolo del éxito europeo, haya reanudado en febrero sus relaciones diplomáticas con Birmania. Ello demuestra claramente que, más allá de las declaraciones oficiales y asépticas de las democracias, complicidades interesadas procedentes de nuestros países colaboran con esas infames dictaduras, las mantienen y sacan provecho de ellas. ¿Cuántos años han sido necesarios para decidir la congelación de los haberes en el extranjero de los dignatarios birmanos? ¿Cuántos osarios y campos de trabajos forzados hay que encontrar en Birmania antes de negar por fin nuestros visados a los verdugos de este país?
En la resolución se pide el aumento de las sanciones y las restricciones contra este régimen, así como la liberación inmediata de los presos políticos, empezando por nuestro premio Sajarov, la Sra. Aung San Suu Kyi. Todo lo que hemos hecho durante mucho tiempos es prohibir todo comercio, toda inversión y toda cooperación que pudieran beneficiar a los dignatarios de esa junta. El pueblo birmano merece algo más que eso, y nuestra Unión Europea ampliada también. 
Solbes Mira,
    Señor Presidente, la Unión ha adoptado una Posición Común muy firme en relación con Birmania, que se traduce en el embargo de armamento, la suspensión de la cooperación en materia de defensa, la suspensión de toda ayuda bilateral distinta de la estrictamente humanitaria, la prohibición de la concesión de visados y la inmovilización de los activos de los miembros del régimen militar, de los miembros del Gobierno, de las personas con quienes se hallan en connivencia y de sus familiares. Y también se han suspendido las visitas gubernamentales a alto nivel.
El Grupo de trabajo del Consejo para Asia ha evaluado recientemente la eficacia de las medidas y ha pasado revista a las distintas opciones que se abren a la Unión Europea para dar respuesta a la situación actual. En este momento, la respuesta consiste, fundamentalmente, en la aplicación de sanciones económicas puntuales combinadas con una serie de estrategias constructivas, con objeto de determinar la forma de proseguir el diálogo político con Birmania y los Estados vecinos.
En la actualidad, los grupos del Consejo están debatiendo acerca de la renovación de la Posición Común en relación con Birmania, que deberá pronunciarse antes del 29 de abril próximo.
Aunque el Parlamento tiene que ser consciente de que la Comisión no puede conocer de antemano el resultado de las discusiones que están teniendo lugar en el Consejo, en este momento no puede excluirse la introducción de nuevas sanciones dirigidas específicamente contra el régimen y que pueden sumarse o constituir un complemento a las ya existentes.
La Comisión sigue a la espera de la liberación de Aung San Suu Kyi, medida que desde nuestro punto de vista constituye una condición indispensable para conferir auténtica credibilidad a los avances en el proceso de reconciliación. Por eso, la Comisión tiene previsto continuar brindando a la población ayuda humanitaria, e incluso incrementarla. En este momento la ayuda humanitaria que destinamos a la zona, al país y a los refugiados en países vecinos, asciende a 10 millones de euros anuales.
El 15 de diciembre pasado se celebró el Foro de apoyo internacional a la reconciliación nacional de Birmania. La Unión respalda el proceso abierto con el Foro de Birmania y considera que la Unión debe participar por sí misma en dicho proceso. Se trata, en efecto, de un avance muy positivo y la Comisión espera que la reunión de Bangkok pueda convertirse en un "Proceso de Bangkok", que sirva de instrumento para obtener un compromiso por parte de la comunidad internacional.
Resulta fundamental apoyar la labor desempeñada por Ismael Razali, enviado especial del Secretario General de Naciones Unidas, que debería facilitar el debate entre el Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo y los demás agentes políticos. La Comisión manifiesta su satisfacción por la visita de Razali, prevista para principios de marzo, que supone una última tentativa para avanzar en el proceso de reconciliación entre el gobierno militar y la oposición, encabezada por Aung San Suu Kyi.
Quiero hacer un último comentario sobre posibles sanciones adicionales. Como he dicho anteriormente, la Posición Común sigue pendiente de revisión. En el caso de que el Gobierno de Birmania no introduzca cambios políticos adicionales, habrá que considerar dicha posibilidad. Sin embargo, tenemos que ser muy prudentes, ya que la repercusión de esas sanciones al comercio y la inversión tienen que ser evaluadas en cuanto a su impacto sobre los sectores más pobres de la población. En estos momentos, algunas de las sanciones adoptadas por los Estados Unidos han provocado despidos importantes en el sector de la confección que han afectado principalmente a las mujeres trabajadoras, con un incremento significativo de impacto en términos de tráfico de personas y de prostitución.
Por lo tanto, hay que buscar el equilibrio adecuado entre la necesaria respuesta rápida a los cambios que se produzcan en la situación política y cualquier reacción, que debe ser proporcionada a la situación sobre el terreno y causar el menor perjuicio posible a los sectores más desfavorecidos de la población de Birmania.
El Presidente.
   – Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate conjunto queda cerrado.
Procederemos a votar sobre estas propuestas de resolución en el turno de votaciones.

(1)
(2)

El Presidente.
   – El Parlamento ha agotado su orden del día.(1)
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.

