Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 4 de diciembre de 2002.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 17 de diciembre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, comprendo que no puedo solicitar un cambio. No obstante, ¿puedo protestar por un cambio hecho por la Conferencia de Presidentes? Hoy deberíamos estar debatiendo el informe Napolitano sobre el papel de las autoridades regionales y locales en la integración europea. Se trata de un asunto de vital importancia, y el Parlamento debería dar su opinión a la Convención antes de terminar el año. Por ejemplo, esta semana el Consejo de Pesca está debatiendo sobre las poblaciones de bacalao y la política común de pesca. Escocia, enormemente interesada por este asunto, desempeña hoy por hoy un mero papel de figurante. El papel de las regiones en Europa es muy importante para la gente de toda Europa y este Parlamento, mediante un acuerdo tácito entre los grandes partidos, se ha negado a debatirlo, si bien lo tenemos sobre la mesa desde julio. Es indignante que se haya eliminado del orden del día.

El Presidente.
La propuesta de la Conferencia de Presidentes es que este asunto se debata en el Parlamento en enero.
Martes
Por lo que se refiere a la comunicación de la Comisión de las 17 horas, a cargo de la Sra. Diamontopoulou, sobre el futuro de los sistemas de pensiones, la Comisión desea que la Sra. Schreyer haga una segunda comunicación sobre la modernización de la contabilidad.
Puesto que ambos asuntos son importantes, es posible de que el debate se alargue un poco más de lo previsto. Quizás la persona que presida la sesión pueda prolongarlo un poco más para que los diputados puedan formular preguntas sobre estas dos importantes comunicaciones.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, su sugerencia me parece aceptable. Sin embargo, existe el riesgo de mermar de nuevo la posibilidad de interrogar a la Comisión que tienen en general los diputados en el turno de preguntas. ¿Podría alargarse un poco el turno de preguntas, a modo de compensación?

El Presidente.
Señor MacCormick, no pretendemos que estos dos períodos compitan entre ellos, sino prolongar la sesión si es necesario.
Mañana a mediodía haremos la entrega del premio Sájarov. A las 17 horas, en la sala WIC 100, celebraremos su decimoquinto aniversario, y contaremos con la presencia de algunos galardonados anteriores. 
Tras la ceremonia, a las 18 30 horas, habrá una exposición especial sobre los quince años del premio en la zona adyacente a la sala WIC 100.
Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, ¿tiene noticias del Gobierno turco sobre la Sra. Leyla Zana?

El Presidente.
He planteado este asunto en la Conferencia de Presidentes cada vez que me he reunido con las autoridades turcas. No dispongo de más información que usted al respecto. Sin embargo, mañana por la tarde volveré a hablar de este asunto, si bien doy por sentado que nuestros deseos aún no se habrán cumplido.
Miércoles
Por lo que se refiere a las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a la seguridad marítima y a las medidas para paliar los efectos del desastre del Prestige, he recibido una petición del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos de que se presenten resoluciones para concluir este debate.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, me opongo a esta propuesta. Tan sólo el mes pasado elaboramos una resolución sobre este asunto de gran importancia y decidimos que se iba a incorporar una formulación sobre este terrible accidente en la declaración adoptada en Copenhague. No consideramos apropiada ninguna resolución suplementaria más sobre este tema; desde mi punto de vista, se le podría conceder aún más peso a toda esta cuestión, si se elaborara alguna medida en el marco de la declaración de Copenhague. Por este motivo, nos oponemos a la moción del Grupo Socialista.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, esta catástrofe, sin entrar en el fondo de la cuestión y ateniéndonos a los datos que se van conociendo, en este momento afecta, por lo menos, a cuatro países comunitarios: España, Francia, Portugal y Dinamarca. No se trata solamente de seguridad marítima, sino que es un tema transversal que afecta, por lo menos, a cuatro comisiones (Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, Pesca, Desarrollo y Cooperación y Asuntos Jurídicos y Mercado Interior). Por tanto, no solamente de cara a la situación dramática que se vive en Galicia, sino pensando en el conjunto de la Unión Europea, nosotros debemos dar una respuesta y plantear también algo que es importante y en lo que espero que haya acuerdo con el Grupo del Partido Popular Europeo, por lo menos lo había la semana pasada: la creación de una comisión de investigación.
Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero plantear otra cuestión en relación al miércoles: ¿por qué se ha vuelto a reducir en media hora el tiempo asignado a las preguntas al Consejo? Al mismo tiempo, me gustaría formalizar una protesta contra este hecho. Como bien saben, considero que la formulación de preguntas es un derecho parlamentario fundamental. Lamento el hecho de que esto ocurra cada vez con mayor frecuencia.

El Presidente.
Señor Posselt, la respuesta es que hemos fijado para el Consejo un orden del día muy ambicioso. Estarán aquí hasta las 19 horas. Este tiempo yo lo hemos reservado para otros asuntos, incluido el que acabamos de votar.
(El orden del día queda así establecido)

El Presidente.
En la cumbre de Copenhague se ha tomado una importante decisión histórica. Se han planteado una serie de cuestiones de interés institucional específico para el Parlamento. Paso a informarles. Los grupos podrán seguir estudiando estas cuestiones en el debate con la Presidencia danesa.
La primera es un acuerdo de principio de que para finales de enero habremos establecido los procedimientos para el nombramiento de los diez nuevos Comisarios de los Estados que se adhieren a la UE, y para el nombramiento de la nueva Comisión tras el cese de la Comisión Prodi. Ya se está trabajando en ello. Las comisiones y los grupos han presentado toda una serie de sugerencias, pero tenemos que concluir este proceso a finales de enero. Quisiera recordar a los grupos que para esta fecha tenemos que ultimar el calendario de 2004 con respecto al nombramiento de la Comisión, las fechas de la elección y nuestros propios procedimientos internos.
En segundo lugar, hay indicios de que se ha progresado de forma significativa, cosa que agradezco a los colegas, en la elaboración de un acuerdo interinstitucional para mejorar el proceso legislativo. Existe un compromiso de principio entre las instituciones de intentar cerrar este asunto antes de la cumbre de primavera en Bruselas. Disponemos de varios meses para ultimar las cuestiones pendientes antes de que finalice el plazo. Ya he informado de ello a los grupos y a las diferentes comisiones directamente relacionadas con este asunto.
En tercer lugar, se ha llegado a la conclusión de que la Convención Europea debería preparar su propio informe final a tiempo para la reunión del Consejo Europeo en Tesalónica. De nuevo, al prever nuestro trabajo para el próximo ejercicio, tenemos que presentar a tiempo las eventuales propuestas sobre los temas a tratar y sobre el calendario para intentar influir en lo que ocurra en ese momento y después.
Por lo que se refiere al Prestige, el Parlamento pretende que se dé la máxima prioridad a la cuestión de la solidaridad financiera, y urge a la Comisión a presentar propuestas concretas a la Cámara. Asimismo, he señalado que tramitaremos dichas propuestas con la debida urgencia en cuanto nos las presenten.
Finalmente, en materia de derechos humanos, he hecho especial hincapié en el diálogo con Rusia sobre la cuestión de los derechos humanos en Chechenia.
Mi discurso está a su disposición y quizá los grupos deseen discutir algunas de estas cuestiones durante nuestro debate con el Consejo, en particular las relativas a los aspectos institucionales.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, queridos colegas, ustedes saben que, en este momento, miles de marineros y de voluntarios están trabajando en Galicia con sus propias manos para resolver un problema que no les corresponde - una catástrofe que está provocada por la desidia de los poderes públicos - supliendo la ausencia de la Unión Europea y del propio Estado español.
En este momento yo quiero mostrar aquí, señor Presidente, la indignación del pueblo gallego y la decepción por las resoluciones de Copenhague, que fueron un auténtico fracaso, que ni siquiera hicieron caso de las demandas de la propia Comisión Europea, de manera que hay Estados en la Unión Europea - la mayor parte de los Gobiernos, con el concurso del Gobierno español, presidido por el Sr. Aznar - que prefieren atender los intereses de las grandes compañías petrolíferas - yo diría incluso, de las mafias del capitalismo delincuente - en lugar de proteger a los países y a los ciudadanos europeos.

Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, como una de las promotoras de la candidatura de Oswaldo Payá al Premio Sajarov, quiero agradecer sus gestiones y las de los colegas del Parlamento Europeo, gracias a las cuales el Gobierno de Castro ha dejado finalmente salir de Cuba y, sobre todo, regresar, a Oswaldo Payá que podrá así recoger el premio que este Parlamento le ha otorgado por su pacífica lucha en favor de la reconciliación del pueblo cubano y para ganar espacios de libertad.
Señor Presidente, la decisión del reciente Consejo Europeo de Copenhague supone la victoria de la libertad y la democracia frente a los dos totalitarismos que asolaron Europa. Un paso histórico que no debe hacernos olvidar a quienes todavía se ven privados, como dice Oswaldo Payá, del derecho a los derechos. Por ello, Sr. Presidente, y en razón del compromiso de la Unión Europea con la causa de la democracia y de los derechos humanos, le pido que, en nombre de esta Asamblea, inste a la Asamblea Nacional del Poder Popular a tramitar el proyecto Varela, convertido en proyecto de ley gracias a las más de 11 000 firmas que lo acompañaban, para que el pueblo de Cuba pueda finalmente recuperar su voz y decidir en libertad su propio destino.

El Presidente.
Creo que toda la Cámara comparte su reconocimiento y satisfacción por el hecho de que, finalmente, el Sr. Paya Sardiñas haya obtenido un visado para poder asistir a la ceremonia de mañana.

Mayol i Raynal (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, deseo informarles acerca de las inquietudes de todos los que en la República Francesa luchan por la supervivencia de las lenguas autóctonas. Como todos ustedes saben, por desgracia, Francia no ha ratificado todavía el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; además, las recientes decisiones adoptadas por el Consejo de Estado han condenado la enseñanza intensiva de lenguas autóctonas y la enseñanza lingüística equitativa en la educación pública, en la escuela pública.
Estas decisiones son extremadamente graves porque destruyen más de 20 años de trabajo dedicado a defender causas lingüísticas como el bretón y el alsaciano. Reitero que, en Alsacia por ejemplo, existen colegios bilingües llamados colegios asociativos (ABCM).
Espero que el Parlamento reconozca que se están violando los derechos de las minorías y apelo al sentido común de los diputados para que el experimento emprendido por estas escuelas pueda seguir su curso.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, la semana pasada vi en la televisión danesa al Presidente del Parlamento manteniendo una conversación con un miembro de su partido que ahora es el Presidente de turno del Consejo Europeo e imagino, sin saber leer en los labios, que estos dos colegas han debido de tratar dos asuntos relacionados. El primer asunto fue la adhesión turca a la UE y el segundo, el de los referendos. No entraré en detalles sobre el primer punto, salvo limitarme a hacer la observación de que en la actualidad, el Gobierno turco ha conseguido el apoyo de un lobby muy efectivo en la figura del belicoso presidente de los Estados Unidos de América, que es quien se encarga de organizarlo todo por ambas partes. Sin embargo, el problema del Primer Ministro y lo que surgió en nuestra reunión de Grupo en Copenhague fue el hecho de que en cada país, la gente pudiera confundir la adhesión de Turquía con el nuevo tratado. Además, como el Presidente del Parlamento es en cierto modo especialista en referendos, mi pregunta es la siguiente: de hecho, ¿de qué se ha hablado? ¿Qué tipo de consejo le dio el Presidente del Parlamento al miembro de su partido en Dinamarca?

El Presidente.
No tiene que recurrir necesariamente a la lectura de los labios. Basta con que lea el acta. Le proporcionaremos una copia de mi discurso.

van den Berg (PSE).
Señor Presidente, ahora resulta que el desastre del Titanic africano hundido frente a las costas senegalesas se ha cobrado probablemente la vida de 2 000 víctimas. El pasado sábado, los parientes y otros partidarios de la iniciativa, se manifestaron en Dakar y en París para exigir el rescate del barco y de sus víctimas. Su petición a los dirigentes europeos y al presidente senegalés, el Sr. Waden, era muy simple: «Exigimos el rescate inmediato». Este caso excepcional exige un liderazgo excepcional y una acción excepcional que sobrepasan las vías normales. Éste es un caso excepcional. Señor Presidente, sabe que ya he mencionado este asunto y no ha habido reacciones por parte de la Comisión en las últimas cuatro semanas. Me gustaría pedirle que al menos intente comunicarle al presidente de Senegal, el Sr. Waden, que desde el Parlamento Europeo nos complacería enormemente que, a pesar de las formalidades diplomáticas, decidiera rescatar el barco y que si así procede, nosotros desde Europa estamos dispuestos a ayudarle. Después de todo, lo que sería absolutamente inaceptable es escandalizarse, con razón, ante los desastres más importantes que se producen frente a nuestras costas y no echar una mano a la hora de rescatar los cuerpos de 2 000 personas en las costas de Senegal. Le pido que, en calidad de Presidente, transmita este mensaje al presidente Waden en nuestro nombre.

El Presidente.
Lo volveré a hacer gustosamente. Como usted ha dicho, no es la primera vez que me lo piden. La respuesta que dimos la última vez no ha provocado una reacción específica. Volveremos a tratar este asunto.

Scarbonchi (GUE/NGL).
Señor Presidente, mis comentarios se refieren a Côte d'Ivoire. Usted me dio permiso para enviar una misión parlamentaria el 9 de diciembre con motivo de una resolución adoptada el 10 de octubre. Me gustaría darle las gracias por ello. Sin embargo, esta misión no ha podido llevarse a cabo debido al hecho de que ninguno de los dos principales grupos parlamentarios, ni el Grupo del PPE-DE ni el Grupo del PSE, pudo reunir a dos diputados para ello. En mi opinión, es lamentable y, en particular, bastante perjudicial que el Parlamento, que de hecho está contribuyendo al programa de desarrollo, no sea capaz de intervenir en un país en guerra y que, por lo tanto, se contente con misiones de observación o investigaciones de las masacres y no participe en la prevención ni en la gestión de un conflicto que está teniendo unas consecuencias tan importantes como las que afectan a Côte d'Ivoire, uno de los países más estratégicos de todo el oeste de África.
Por ello le pido, señor Presidente, pues sé que este tema le interesa, que organice una misión del Parlamento Europeo para visitar Côte d'Ivoire antes de fin de año, puesto que esto es precisamente lo que han solicitado el Presidente Gbadgo, Francia y la Comunidad para el Desarrollo de África occidental. Es una cuestión de honor y de dignidad para esta Cámara.

El Presidente.
Señor Scarbonchi, como sabe ya se ha tomado la decisión de principio de asistir. Una de las principales preocupaciones de los líderes de los diferentes grupos es la seguridad de quienes viajen hasta allí. Se trata de una gran responsabilidad. Podemos volver a discutir este asunto y examinar la situación actual en nuestra Conferencia de Presidentes esta semana.
Los principios son claros, pero también es primordial proteger la seguridad de los diputados.

Malmström (ELDR).
Señor Presidente, yo también quiero agradecerle el esfuerzo que ha realizado personalmente para permitir que el Sr. Oswaldo José Payá Sardiñas salga de Cuba tras mil y una dificultades y un sinfín de obstáculos burocráticos.
Sin embargo, me gustaría comunicarle que, entre estos cubanos a los que no se les permite abandonar el país, existen docenas de personas que, tras haber firmado el proyecto Varela pidiendo un referéndum, han sido expulsados de sus respectivas universidades, detenidos, maltratados y encarcelados. El único crimen que han cometido es haber dado su apoyo a un referéndum por la democracia. Esto es sólo una muestra de la provocación que representa este premio y de su importancia. He pensado que querría estar al tanto de ello antes del debate y la entrega de premios que tendrán lugar mañana.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, para completar la información que usted ha dado sobre la posible misión a Costa de Marfil, en primer lugar está el asunto de la seguridad y luego, también, el realizar la misión en relación con la Asamblea ACP, porque, en este tipo de casos - y yo se lo había manifestado al Sr. Scarbonchi, por lo cual no comprendo la acusación que ha hecho a mi grupo, teniendo en cuenta que el Presidente de Costa de Marfil es un vicepresidente de la Internacional Socialista -, tenemos que tener un especial cuidado para no dar la impresión de que estamos haciendo neocolonialismo.

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Acabamos de recibir la noticia de que el Sr. Mokhart Yahiaoui, uno de los defensores de las libertades civiles más conocidos en Túnez, ha sido secuestrado esta mañana en Túnez capital. El pasado 11 de diciembre le asaltaron y le agredieron de forma violenta cuando se disponía a visitar a su abogado. Por tanto, insto al Presidente a que contacte con el Gobierno tunecino para averiguar por qué el Sr. Yahiaoui ha sido secuestrado, por quién y, si ha sido el Gobierno tunecino, determinar las razones del secuestro.

El Presidente.
Mi oficina se pondrá en contacto con usted para recabar más información con objeto de investigar este asunto.

Perry, Roy (PPE-DE).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento: si bien acojo con satisfacción la próxima ampliación de la Unión Europea, quisiera señalar que el 1 de enero de 2003 se celebra el trigésimo aniversario de la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, países que han aportado su propia impronta a esta Unión. En Gran Bretaña, el trigésimo aniversario es lo que se llama «bodas de perla». Hay quien opina que Gran Bretaña es el grano de arena dentro de la ostra que ha formado la perla. ¿Qué se hará el 1 de enero para celebrar el trigésimo aniversario de la adhesión de estos tres grandes países?

El Presidente.
Señor Perry, no tengo ni idea de lo que usted y sus colegas van a hacer. Yo voy a estar con mi familia.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, ayer, el tren nº 299 dejó de existir: el glorioso y legendario Orient Express de los pobres, que hacía el trayecto desde la estación de Bruselas-Midi, pasando por Luxemburgo, Francia y Suiza hasta Milán, en Italia, ha sido retirado de la circulación. Es un tren histórico, usado por infinidad de inmigrantes y también un modo de viajar alternativo y muy útil para nosotros los diputados, señor Presidente, para los que, por varias razones - salud, tiempo o, por qué no admitirlo, miedo - no querían y no quieren viajar en avión. Por decisión unilateral de la compañía estatal de ferrocarriles belga, este tren ha sido retirado de la circulación. No está clara la razón de este hecho, precisamente en el momento en el que Europa está promocionando el transporte ferroviario frente a los desplazamientos por carretera. Por esta razón, esta decisión debe impugnarse por dos razones distintas.
En lo que a Italia se refiere, nos encargamos de nuestra parte. El senador Giampaolo Bettamio, a quien muchos recordarán como un valioso miembro de la Mesa parlamentaria, ha planteado esta cuestión al Ministro de Transportes e Infraestructuras. Señor Presidente, le pido que eleve las protestas más firmes ante el Gobierno belga, instándole a que se retraiga de tal decisión. Es cruel tomar una decisión como ésta diez días antes de Navidad, puesto que este tren lo usaban con asiduidad los emigrantes que precisamente lo cogían para regresar a sus casas en las fiestas navideñas. Le agradezco de antemano su ayuda, señor Presidente.

Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, intervengo para proponer que este Parlamento exprese su condena y rechazo a la parodia de elecciones presidenciales que tuvo lugar ayer en la Guinea Ecuatorial. La falta de garantías democráticas y la obligación incluso de manifestar por parte de los votantes el sentido del voto llevó a todos los candidatos de la oposición a retirar sus candidaturas dos horas después de iniciado el falso proceso electoral.
Como saben, el actual Gobierno de Teodoro Obiang no permitió la presencia de observadores de este Parlamento ni de observadores internacionales en estas elecciones y, por lo tanto, creemos que hay sobrados motivos para manifestar una muy firme y categórica condena en relación a esta parodia electoral, reflejo y expresión de la dictadura que sufre el pueblo guineano. Por lo tanto, a la espera de que haya una manifestación en el Pleno del Parlamento, creemos que, a través de su Presidente o de los canales que considere oportunos, ha de expresarse ya una condena sobre esta lamentable parodia electoral que tuvo lugar ayer.
Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, disculpe mi insistencia: en esta Cámara hemos hablado de todo lo posible e imaginable pero aún seguimos sin un debate específico sobre el tema del hambre en el mundo. 
Si no hacemos nada ya, un millón de personas están condenadas a morir en pocos meses, pero si seguimos haciendo lo que hasta ahora ha hecho la comunidad internacional, estas hambrunas se van a repetir cíclicamente. No podemos seguir mandando excedentes agrícolas que están destrozando constantemente las frágiles economías agrícolas de estos países. Hemos hecho everything but arms; es loable, pero absolutamente insuficiente. Por eso necesitamos un debate específico, en profundidad, que produzca decisiones avanzadas y acordes con nuestras necesidades actuales.
Ford (PSE).
Señor Presidente, supongo que está al tanto de la serie de desgraciados disturbios que tuvieron lugar en Oldham el verano de 2000, provocados por miembros pertenecientes a grupos de extrema derecha, como el British National Party, el National Front y Combat 18. Las secuencias filmadas recogidas por la policía local han caído en manos del British National Party, que las está distribuyendo. Aparte de las comprensibles preocupaciones acerca de la seguridad de los implicados, la aparente connivencia que existe entre los miembros de la policía local y el British National Party sólo puede ser fuente de preocupación para aquellos que esperan que se juzgue a los autores de ambos bandos en un sistema de justicia ajeno a la política. Espero que plantee este tema a las autoridades británicas.

El Presidente.
Espero que usted también haya hecho lo mismo, señor Ford.

Di Lello Finuoli (GUE/NGL)
Señor Presidente, hace tres o cuatro días, la policía italiana entregó una familia iraquí al Gobierno demócrata liberal de Siria. El cabeza de familia había sido condenado a muerte hace 20 años por pertenecer a la organización llamada «Hermanos Musulmanes». Tememos que la sentencia ya puede haber sido ejecutada en Siria. Esta familia fue retenida en el aeropuerto de Malpensa durante 5 días; no les permitieron tener ningún contacto con ninguna otra persona y luego les enviaron de vuelta a Siria sin haberles informado sobre su derecho de asilo. Pido al Parlamento Europeo y a su Presidente que inste al Gobierno italiano a proporcionar más detalles al respecto.

Lage (PSE).
Señor Presidente, deseo llamar su atención, así como la de la Comisión y la de esta Cámara sobre unos hechos de extrema gravedad que se están produciendo en Timor Oriental; esta Cámara siempre ha apoyado el proceso de independencia y de paz en Timor Oriental, que es como un hijo o una hija para esta Cámara y para la Unión Europea, y un país con el que estamos comprometidos. Se han producido estallidos de violencia y revueltas extremadamente graves y un tanto misteriosas en Timor Oriental que merecen la atención de las autoridades europeas. Le pediría al Presidente que considerase contactar con el presidente Xanana Gusmão para averiguar qué ocurre en Timor Oriental, dada nuestra gran preocupación por este país que acaba de estrenar su independencia recientemente.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, me gustaría señalar una vez más a esta Cámara que, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Iraq y del hecho de que el régimen de Sadam Hussein haya respetado las fechas establecidas en la resolución 1441 y haya entregado un informe de doce mil folios sobre sus sistemas de armamento, el presidente Bush insiste en decir a quien quiera escucharle que las pruebas no son fiables y ha decidido bombardear Iraq. El otro día llegó incluso a decir que no dudaría en usar armas nucleares.
Al mismo tiempo, hemos podido saber que Estados Unidos está financiando a los partidos iraquíes que se oponen al régimen de Sadam, entre los que se encuentran el Conseil suprême de la Révolution islamique en Iraq, por una cantidad de 92 millones de dólares americanos. De hecho, los financian quienes aparentan luchar contra el Islam y las revoluciones islámicas. Tampoco nos sorprendería si las palabras de Bush padre se hicieran realidad. Dijo que, si redunda en interés de los Estados Unidos, apoyarán y crearán organizaciones terroristas.
Me gustaría escuchar sus comentarios o al menos, algún tipo de intervención para hacer que Bush se responsabilice de sus actos antes de que llene el planeta de humo.

El Presidente.
No es necesario que yo comente todo lo que se dice, pero quiero señalar que estos asuntos pueden plantearse en el orden del día y en las correspondientes comisiones de la Cámara.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0425/2002) presentado por el Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la tipología de los actos y la jerarquía de las normas en la Unión Europea (2002/2140(INI)).

Bourlanges (PPE-DE)
Señor Presidente, no creo que nadie pueda negar que el sistema de la Unión Europea de actos legislativos es increíblemente complicado, falto de transparencia, incomprensible al gran público y a veces difícil de entender incluso para nosotros.
En efecto, esta complejidad puede explicarse y justificarse. No es fácil tener un sistema jurídico que asuma la responsabilidad global del resto de los sistemas jurídicos (de momento, de 15 Estados, en el futuro, de los de 25) y cuyos fundamentos son tan diferentes. Sin lugar a dudas, la Unión Europea tiene que enfrentarse tanto a problemas convencionales relacionados con la jerarquía de las normas que proceden de cada uno de los Estados miembros - la Constitución, las leyes, los reglamentos de aplicación, las decisiones individuales - como a problemas específicos de la Unión, relativos a la siempre delicada relación entre los poderes de la Unión y los de los Estados miembros.
Por tanto, existe una complejidad justificable que nos impedirá disponer de un sistema completamente sencillo. Una vez dicho esto, hay que añadir que, por otra parte, existe una complejidad totalmente injustificable a este respecto. Sufrimos un caos legislativo, un caos de procedimiento y un caos lingüístico. El caos legislativo se produce cuando, dentro de un mismo marco, se adoptan decisiones que por naturaleza son completamente diferentes, como suele ocurrir en el marco constitucional. Existen disposiciones relativas a políticas y otras relativas a las instituciones. También disponemos de una decisión de naturaleza presupuestaria (sobre recursos) adoptada en un marco virtualmente constitucional. Por otro lado, como no existe una clara distinción entre el ámbito de medidas legislativas generales y el de las medidas reglamentarias, hay medidas de aplicación que se adoptan en el marco de la ley y hay medidas de naturaleza general que se adoptan en el marco de los reglamentos de aplicación.
Por último, sufrimos indudablemente un caos lingüístico desde el momento en que cada esfuerzo se destina a evitar dar un nombre a lo que estamos haciendo. Adoptamos leyes, pero procuramos no calificarlas de leyes. Usamos el término «decisión», como si fuera algo que procediera de las profundidades de la jerarquía, para describir las medidas individuales y las de naturaleza constitucional.
Así no hay quien se entienda. A ello hay que añadir el problema de los pilares de la UE y el hecho de que, de forma absurda (e intento entender por qué), hayamos decidido que era posible, que era incluso necesario debido a la delicada naturaleza de algunas de las decisiones, como por ejemplo las decisiones relacionadas con los derechos fundamentales en asuntos penales, recurrir a procedimientos que son menos democráticos - no implicar al Parlamento Europeo - menos efectivos y que podrían adoptarse por unanimidad. También resultarían menos ciertos desde el punto de vista jurídico si su adopción no dispone del respaldo del Tribunal de Justicia. Hagan con esto lo que mejor puedan.
¿Por qué algo que afecta directamente a los derechos fundamentales no se beneficia de las garantías y procedimientos que se aplican al resto de los actos legislativos?
El informe propone resolver todo esto y aplicar un principio muy simple: un acto, un procedimiento, una descripción, un nombre. Proponemos por lo tanto reagrupar el procedimiento en tres bloques principales: el bloque constitucional, que se dividirá en - creo que coincide con la opinión de la Convención - dos partes: Parte A, que incluye todo lo que es estrictamente constitucional, es decir, los valores, los principios, los objetivos, las instituciones y los procedimientos que permitan operar a la Unión Europea, y parte B, que incluye los principios políticos contenidos actualmente en el Tratado.
Con respecto a este bloque, la cuestión es si conviene desarrollar los procedimientos de ratificación o no. Este ponente ha planteado propuestas, de las que no todas han obtenido el apoyo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero está claro que debemos ampliarlas si queremos evitar que 25 Estados rechacen totalmente la posibilidad de desarrollar esta legislación.
En segundo lugar, un bloque legislativo. Un bloque legislativo es sencillo. Debemos llamar a una ley por su nombre y proponemos, desde luego, establecer una distinción entre leyes orgánicas, que serían más bien leyes formales sujetas a un procedimiento específico, leyes marco, que reemplazarían a las directivas, y leyes ordinarias, que reemplazarían a los reglamentos legislativos, y entonces, establecer una distinción entre leyes y temas financieros y presupuestarios que tratarían, lógicamente, los asuntos financieros y presupuestarios. Sin embargo, llamemos a todo esto «leyes», puesto que son leyes. Y por encima de todo, establezcamos muy claramente que lo que caracteriza a una ley es la codecisión y que la codecisión debe convertirse en el único procedimiento de toma de decisiones para todo el bloque legislativo. Por supuesto, existen aplicaciones específicas, en particular en los aspectos financieros, pero éste es el camino que debemos tomar.
El tercer y último elemento es el bloque reglamentario o, dicho de otro modo, los reglamentos de aplicación. A este respecto debemos aplicar tres sencillos principios. En primer lugar, debemos asimilar el hecho de que, a partir de ahora, la autoridad legislativa no será sólo el Consejo, sino que intervendrán el Consejo y el Parlamento de acuerdo con el procedimiento de codecisión. Los poderes que se otorgan actualmente al Consejo, en concreto de conformidad con el artículo 202, deben por tanto ser ejercidos por ambas ramas de la autoridad legislativa. Además, debemos admitir que no podemos regular a 25 Estados miembros del mismo modo en que lo hemos hecho hasta ahora. Tenemos que repartir más el trabajo entre una autoridad legislativa que autorice y supervise y una autoridad ejecutiva que adopte los reglamentos de aplicación que, en nuestra opinión, debe ser la Comisión. Ni que decir tiene que esto irá unido a un proceso de revocación que permita a ambas ramas de la autoridad legislativa determinar la conformidad de los reglamentos con estas disposiciones estatutarias sobre las que se basan dichos reglamentos.
Estos son, por tanto, los puntos principales. En efecto, quedan muchas otras cosas por decir sobre este informe, pero creemos que si introdujéramos esta importante distinción entre un bloque constitucional, un bloque legislativo regido por la codecisión y un bloque reglamentario que pusiera fin al procedimiento de comitología, al menos en cuanto a la consulta se refiere y a opción de la Comisión y que reemplazara a la comitología con un auténtico control ejercido por las dos ramas de la autoridad legislativa, entonces ganaríamos en transparencia, en democracia y en efectividad y quizás, algunas personas en Europa podrían comenzar, de una vez por todas, a entender lo que hacemos.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo felicito al Sr. Bourlanges por el admirable grado de consenso que ha logrado alcanzar en la comisión en torno a las principales propuestas de su informe.
Es un tema difícil. Como dijo el Sr. Amato, no hay nada tan complejo como la simplificación. Al intentar plantear la posibilidad de simplificar nuestra jerarquía de actos en la Unión Europea, el Sr. Bourlanges ha abordado un tema muy complicado y difícil, y ha intentando dotarlo de cierta racionalidad.
Por nuestra parte, apoyamos este doble enfoque, con el que se pretende, en primer lugar, racionalizar la jerarquía definiendo ampliamente tres categorías de actos: los actos constitucionales, los actos legislativos y los actos de aplicación. Como es natural, hay subcategorías - desafortunadamente, tampoco podemos simplificar demasiado - pero al menos existen estas tres grandes categorías. La otra cara de este enfoque afecta a la terminología o vocabulario; por ejemplo, los reglamentos deberían denominarse en un futuro «leyes», y las directivas, «leyes marco». Parece razonable y debería permitir que nuestros actos fueran más comprensibles para el público.
Con esto llegamos a un punto especialmente importante que el Sr. Bourlanges ha tocado al final de su intervención. Precisamente, esta categoría de acto reglamentario de aplicación es la que permite que deleguemos en la Comisión el derecho a adoptar algunos tipos de actos. Hay un problema de terminología sobre cómo denominar estos actos, pero no obstante, cuando nosotros, como Parlamento, y el Consejo, como autoridad legislativa, deleguemos en la Comisión las competencias de ejecución, actualmente ejercida en el contexto del sistema de comitología, necesitaremos algún cambio fundamental, necesitaremos avanzar aún más allá de lo que ya ha sido acordado.
El Sr. Bourlanges ha mencionado lo que acordamos en comisión, llegando incluso a enmendar su propio proyecto de informe original y estableciendo un texto que recibirá el apoyo de una amplia mayoría de este Parlamento. La posición acordada fue que sí, que nosotros como Parlamento estamos dispuestos - junto con el Consejo - a delegar dichas competencias de ejecución, siempre que tengamos la oportunidad de recuperarlas cuando sea necesario. No es que queramos entrar en todos los detalles técnicos de las medidas de aplicación, ni tampoco suplantar al ejecutivo, sino que queremos tener la garantía de que podemos recuperar las competencias si no nos gusta el modo en que las está ejerciendo la Comisión.
Hemos propuesto que si el Consejo, por mayoría cualificada, o el Parlamento, por mayoría de diputados - es decir, no una mayoría exigua típica de los jueves por la tarde, de 29 sobre 36 - deciden recuperar las medidas de aplicación, la Comisión debe retirar dicha medida o someter su medida original al procedimiento legislativo completo que implica la codecisión para confirmar, enmendar o revocar el acto en cuestión.
Es un sistema sencillo que nos permitirá delegar mucho más de lo que actualmente lo hacemos, pero que además garantizará democracia y transparencia, y por ello, recomiendo a la Cámara que vote a favor.

Duff (ELDR).
Señor Presidente, debo elogiar al Sr. Bourlanges por haber realizado un buen informe acerca de un conjunto de cuestiones extremadamente complejas. Es un informe que será de gran interés para la Convención, que está estudiando estas cuestiones.
Los principales logros son: en primer lugar, hacer una distinción más clara entre los actos legislativos y los actos ejecutivos; en segundo lugar, racionalizar la elección de los instrumentos disponibles para que la vigencia de la ley siga de forma más clara a la forma; en tercer lugar, introducir una clase de legislación subordinada más clara que contribuya a incrementar no sólo la calidad de la legislación primaria, sino también el control parlamentario de lo que se aprueba.
La enmienda principal que presento en nombre de mi Grupo pretende insistir en un procedimiento de enmienda separado para la segunda parte del Tratado constitucional. Es esencial que los capítulos de política sean sometidos a una forma más flexible de revisión que la unanimidad vigente, además de la ratificación nacional en todos los Estados miembros. Si no logramos introducir un procedimiento más flexible, nunca podremos modificar los capítulos políticos. Si la Unión Europea insiste en aplicar el mismo procedimiento para la primera y la segunda parte, ¿para qué dividir el Tratado?
Los Grupos PPE-DE y PSE tenían la intención de apoyar el procedimiento más ligero; creo que sus respectivos portavoces tendrán que explicarnos la razón por la que parecen haber cambiado de opinión.

Kaufmann (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, este informe pretende definir la posición del Parlamento y ayudar a la Convención en su trabajo, que ya se está implicando de forma muy importante en la simplificación del proceso legislativo europeo, en especial, en su Grupo de Trabajo IX. No hay duda de que se trata de una cuestión de gran urgencia porque, a fin de cuentas, el público quiere entender a Europa y lo que se pretende es que Europa sea más fácil de entender. Estoy segura de que, en el curso de sus conversaciones sobre el contenido real del Tratado Constitucional, la Convención dedicará mucha más atención al tema de la tipología de los actos y la jerarquía de las normas.
En cuanto a este informe, me gustaría hacer únicamente tres observaciones críticas. El informe describe una jerarquía de cinco tipos de actos en la Unión Europea: la constitución, las leyes orgánicas, los acuerdos de derecho internacional, las leyes, las leyes marco y sus reglamentos de aplicación. El apartado 1 establece estos cinco tipos de jerarquía basándose en tres principios, algo que encuentro un tanto confuso y que apenas simplifica el tema, pero espero que el público nos perdone por ello.
No obstante, no estarán tan dispuestos a perdonarnos si lo que les presentamos es una manifiesta potestad tributaria para la Unión Europea sin realmente denominarlo así. En el apartado 6, la decisión sobre recursos propios se califica de ley orgánica. El procedimiento de adopción de las leyes orgánicas está definido en el apartado 9, según el cual se estipula que la decisión sobre recursos propios ya no tendría que ser ratificada por los parlamentos nacionales.
Podríamos discutir largo y tendido acerca de la introducción de la potestad tributaria de la Unión Europea, pero no creo que sea aceptable, incluso con la mejor de las voluntades posibles de este mundo, que simplemente esto se decida, junto a muchas otras cosas, en el epígrafe de «tipología de los actos y jerarquía de las normas». Considero con bastante escepticismo el que las propuestas para cambiar de forma radical la naturaleza confederal de la Unión Europea tengan que presentarse con este epígrafe y en este informe.
El apartado 5 abandona el que hasta ahora ha sido un principio válido por el que los Estados miembros podían controlar los Tratados; el objetivo que persigue esta formulación establece que no se requerirá su consentimiento cuando se transfieran poderes en el futuro. En lugar de esto, bastaría con una mayoría cualificada de Estados miembros. No obstante, por su propia naturaleza, esto sería un apoderamiento con el fin de acaparar el poder en el ámbito europeo y tengo serias dudas de si es eso lo que se pretende. Quiero dejar bien claro que la ley constitucional alemana impediría dar el consentimiento a un tratado de estas características.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, como siempre, cada vez que el Sr. Bourlanges plantea alguna propuesta, hace que todo el Parlamento Europeo y todos los que siguen este tipo de temas realice un esfuerzo intelectual extremadamente interesante y estimulante. Me gustaría darle las gracias por ello y por el hecho de que sus propuestas contengan una serie de puntos que mi Grupo considera importantes y positivos. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de todas sus propuestas y por ello me centraré en lo que creemos son las más problemáticas.
La Convención se enfrenta al tema que las Conferencias Intergubernamentales de Maastricht, Ámsterdam y Niza no fueron capaces de resolver con anterioridad, es decir, a la cuestión de la jerarquía de las normas y la distinción entre la función legislativa y los reglamentos de aplicación, que tiene que expresarse de forma más clara. Tal como se pretendía, éste es el alcance del informe del Sr. Bourlanges, pero creemos que el informe se ha excedido en sus competencias al incluir más cuestiones problemáticas que, en nuestra opinión, deberían haber sido discutidas con más detenimiento por el Parlamento y que no podemos aceptar bajo ningún concepto como la última palabra en este asunto. En especial, me gustaría mencionar las propuestas que formula el Sr. Bourlanges con respecto al procedimiento de revisión constitucional que, como Grupo, no podemos refrendar. De hecho, abogamos por la subdivisión (descrita por el ponente) del sistema normativo de la Unión Europea en tres partes: el bloque constitucional, el bloque legislativo y el reglamentario. Sin embargo, creemos que no podemos apoyar las propuestas que plantea acerca del procedimiento de revisión constitucional, porque son contradictorias. Creemos que es inaceptable estipular la necesidad de obtener un acuerdo unánime por parte del Consejo y de los representantes de los Estados miembros y luego decir: «Pues muy bien, no tendrá que firmar todo el mundo». No podemos estar en misa y repicando: o aceptamos el principio por el cual es posible revisar los Tratados incluso sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros, o no lo aceptamos. Está claro que nosotros o al menos la mayoría del Grupo estamos firmemente a favor de la primera opción.
Otro aspecto que creemos importante destacar es el bloque legislativo. Creemos que el artículo 308 debería corregirse porque, tal como está formulado - con la adopción de una decisión unánime sólo por parte del Consejo - no puede satisfacer la necesidad de flexibilidad que exige la definición de las competencias de una Unión Europea de 25 Estados miembros. Además, en lo que respecta a los elementos ejecutivos más específicos, nos oponemos a la idea de que un órgano especial o unas agencias especializadas controlen la aplicación técnica de la ley comunitaria. Nuestra experiencia en este ámbito ha sido casi siempre negativa.
Por último, en lo que respecta al asunto específico de la comitología, me gustaría destacar un punto concreto: el hecho de que se haya concedido un plazo de tres meses al Parlamento Europeo y al Consejo para adoptar una decisión. Creemos que es un plazo demasiado largo que ampliaría el procedimiento de aplicación innecesariamente. En cualquier caso, presenta dificultades para aplicarlo de forma efectiva. Es una cuestión que tenemos que destacar y analizar más detenidamente y espero que no sea la última palabra del Parlamento en este asunto.

Berthu (NI).
Señor Presidente, el informe del Sr. Bourlanges es a la vez excepcional y técnico, dos cualidades que son, cada vez con más frecuencia, virtualmente imposibles de combinar en un único documento. Éste es el primer logro por el que creo que hay que felicitar al orador. El Sr. Bourlanges consigue un segundo objetivo - pero por éste ya no va a recibir felicitaciones tan entusiastas - que consiste en despistarnos haciendo un repaso muy superficial de los principales aspectos de sus intenciones. En última instancia, este informe está basado completamente en un supuesto implícito, a saber, en la concepción de una estructura piramidal de Europa en la que las naciones formarían la base de la pirámide. Es la misma estructura piramidal que fue condenada tan firmemente por el informe del Sr. Napolitano, y donde existe el riesgo de que el modelo se aplique a las regiones y a las autoridades locales. 
En la parte superior de la pirámide se encuentra la Constitución Europea, sobre la que el informe, hábilmente, dice en pocas palabras que todas las naciones estarían subordinadas a ella. De hecho, ocurre todo lo contrario. El apartado 4 llega a especificar que la Constitución sería un acto gobernado por el Derecho internacional firmado por los Estados miembros, pero no aclara el punto clave: de este modo, los Estados prácticamente aceptarían renunciar a su soberanía, puesto que la Constitución Europea prevalecería sobre las constituciones nacionales y porque impondría, por ejemplo, decisiones adoptadas por mayoría sobre todos los llamados actos legislativos. 
Este desarrollo, favorecido por el informe, apunta a un problema crucial. ¿Qué ocurre cuando una decisión adoptada por la mayoría en el ámbito europeo contradiga a una constitución nacional o a un principio fundamental al que una nación esté particularmente vinculada? El informe no dice nada sobre este aspecto, porque, si lo mencionara, estaría obligado a reconocer que lo que está proponiendo en estos momentos es la renuncia a la soberanía, sin ningún tipo de mecanismo de seguridad. 
Creemos que este modelo de Europa es inaceptable; además, en una Europa ampliada y cada vez más diversa, simplemente no podría ser operativo. En este tipo de Europa, la cuestión de ampliar las decisiones por mayoría sólo podría funcionar si, a cambio, se reconociera el derecho de veto a los parlamentos nacionales, tal como explico en la opinión minoritaria que he adjuntado al informe del Sr. Bourlanges. 
Hablando en términos más generales, el informe se sirve de la simplificación como un pretexto para realizar una propuesta a favor de una unificación supranacional. Éste es el método probado y comprobado, que usa la Convención y que constantemente nos dice que unificar los tratados es más sencillo, que definir la personalidad jurídica única es más sencillo, que fusionar los pilares de la UE es más sencillo, que ampliar el uso del procedimiento de codecisión es más sencillo, que abolir la unanimidad, inclusive en la revisión de los tratados, es más sencillo. Todo podría simplificarse en un único eslogan, que en sí mismo es único: el superestado es más sencillo. 
De hecho, esta solución parece más sencilla, pero tampoco se debe ocultar su principal inconveniente: debilita la democracia considerablemente. El apartado 1 del informe del Sr. Bourlanges afirma abiertamente que las propuestas están basadas en un principio de «democratización». Al leer la descripción aportada, nos damos cuenta, sin embargo, de que esto es lo que el Presidente Prodi denomina, en sus discursos y en su propuesta de constitución, democracia supranacional. En resumidas cuentas, esto significa retirar los poderes de los parlamentos nacionales y otorgárselos al Parlamento Europeo, que forma el núcleo del procedimiento de codecisión junto con las decisiones por mayoría del Consejo. Por desgracia, señor Presidente, esta democracia supranacional parece altamente artificial, puesto que en la actualidad, las naciones conceden la principal legitimidad a sus democracias nacionales. Por tanto, no es más que una trampa que permite retirar el poder de las naciones con objeto de aprovecharse más de él. 
Por último, nuestra respuesta al informe del Sr. Bourlanges y a la Convención es que resulta inaceptable proponer consideraciones técnicas en nombre de la simplificación con objeto de eludir el debate sobre las cuestiones políticas esenciales. En la actualidad, la cuestión política esencial es que las naciones fundamentalmente piden una Europa más unida, pero no conseguiremos una Europa más unida por medio de ciertos procedimientos de simplificación que, por su naturaleza, terminan por ser eliminados de las naciones, negándoles, de este modo, sus derechos. Conseguiremos una Europa más unida de forma bastante sencilla ofreciendo a los parlamentos nacionales el derecho de intervenir directamente en la toma de decisiones europeas. El resto sólo son detalles.

Inglewood (PPE-DE).
Señor Presidente, debo comenzar disculpándome por haber llegado con retraso por culpa de las vicisitudes del sistema de transporte europeo. El informe del Sr. Bourlanges es, en mi opinión, una obra de arte sumamente virtuosa y, desde el punto de vista personal, he de decir que lo admiro mucho. Sin embargo, refleja una tradición de pensamiento político muy diferente de la de mi país. Después de todo, lo que ha hecho es crear un modelo teórico en que encajaría el funcionamiento de las instituciones europeas y, en concreto, algunos aspectos de la relación entre el Parlamento Europeo y otras instituciones.
Creo que esto es justo lo que no hay que hacer. La mejor solución para las cuestiones y problemas que el Sr. Bourlanges plantea es, más bien, decidir sobre los procedimientos, los procesos y los mecanismos específicos necesarios para poder tratar de forma más efectiva las cuestiones concretas y entonces, definir y describir el funcionamiento de la Unión Europea de este modo.
Independientemente de la cuestión que nos ocupa, aunque algunos de nosotros, como miembros del Partido Conservador, estemos de acuerdo y otros no, debemos votar en contra del informe porque creemos que trata esta cuestión de una forma errónea que consideramos inadecuada para Europa.

van den Berg (PSE).
Ha sido fascinante haber escuchado a la oposición hace un momento. Señor Presidente, entré en este Parlamento hace tres años y medio con el firme propósito de conseguir una legislación europea más inteligible, más eficiente y más democrática para nuestros ciudadanos y con la convicción de ayudar a derribar las catedrales burocráticas y simplificar la administración. He de decir que, tras estos tres años y medio, en este Parlamento hemos discutido toda una serie de propuestas. Recordaré las reformas del Sr. Kinnock y al informe del Sr. Lamassoure sobre el claro reparto de papeles entre los cuatro niveles administrativos de nuestra casa europea, a saber, los niveles europeo, nacional, regional y local. Actualmente estamos discutiendo el informe del Sr. Napolitano e intentamos aprobarlo con la intención de afianzar los cimientos de nuestra casa europea en la constitución europea tanto en el ámbito local como en el regional.
Hoy discutimos el informe del Sr. Bourlanges que oficialmente aborda la jerarquía de las normas. En principio, este informe era un tanto complejo y bastante teórico, de hecho, demasiado teórico. Sin embargo, hemos conseguido sentarnos y mantener una conversación como es debido y podemos estar contentos con el resultado: hemos logrado reducir de forma considerable a una propuesta más clara más de 30 tipos de decisiones de ámbito europeo que en complejidad podrían rivalizar fácilmente con la Sagrada Familia de Gaudí. Finalmente, nos hemos quedado con tres bloques legislativos: un bloque constitucional con principios, un bloque legislativo y un bloque reglamentario de medidas de aplicación. Me gustaría decir una cosa. A pesar de dar nuestro apoyo incondicional al Sr. Bourlanges, no coincidimos en un punto en particular. No queremos que una serie de Estados se vean privados de su derecho de veto cuando se trate de revisar el Tratado. No podemos decirle a ciertos países - Países Bajos, Luxemburgo, Francia o cualquier otro - que no pueden participar en la revisión del Tratado. Con respecto a esto estoy de acuerdo con las opiniones de la Sra. Kaufmann y la Sra. Frassoni. Por lo tanto, votaremos en contra de este punto en particular. Permanecemos firmes ante el hecho de que el Tratado debería ser unánime y debería cambiarse por unanimidad. Sin embargo, esto pertenece al bloque constitucional; en cuanto a lo relativo a los otros bloques, como es natural, opinamos que éstos deberían simplificarse. No obstante, esto no podría aplicarse a la parte constitucional, porque entonces terminaríamos haciendo las cosas sobre una base muy desigual.

Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, quiero expresar mi opinión diciendo que las hábiles reflexiones del Sr. Bourlanges sólo podrán poner fin al caos reglamentario si estamos dispuestos realmente a dejarnos guiar por esta transparencia y claridad de la jerarquía de las normas, y eso no es siempre muy fácil, especialmente para los que nos dedicamos al proceso legislativo en las comisiones especializadas de este Parlamento, ya que existe la tentación en las leyes actuales de establecer una distinción entre cuestiones técnicas y cuestiones políticas. Además, como el proceso legislativo se ha convertido no sólo en un procedimiento más comprometido, sino más complicado también, se da por hecho que los diputados de esta Cámara son incapaces de controlar los problemas de dificultad técnica. Por lo tanto, el ejecutivo, queriendo ayudar, introduce sus normas en apéndices o en actos de otro tipo, a pesar del hecho de que en algunos casos existen asuntos políticos realmente intrincados de importancia decisiva que acechan en la oscuridad.
Creo que por tanto es correcto y conveniente proponer una jerarquía de normas para crear formas de cooperación fiables. Aparte de la legislación primaria, necesitamos legislación secundaria; sólo al hablar de legislación secundaria resulta necesario, incluso más que en los parlamentos nacionales - que ya lo tienen actualmente - lo que se denomina un procedimiento de revocación (call-back), puesto que esta Cámara no tiene derecho de iniciativa para revocar las iniciativas de la Comisión. Creo que honra a la comisión el hecho de que coincida ahora con la opinión de que ambas instituciones, implicadas en un equilibrio institucional, deben disponer cada una de su propia oportunidad de retirar una propuesta. En realidad, creo que redunda en interés de un proceso legislativo democrático y transparente.

Bérès (PSE).
Señor Presidente, me gustaría decirle al Sr. Bourlanges «¡buen trabajo!» Buen trabajo porque creo que, gracias a su labor ha destacado lo que se convertirá en uno de los aspectos importantes de la Convención. Buen trabajo también por haber logrado incorporar en su informe las cuestiones de terminología. Creo que cuando los europeos intentan explicar a sus ciudadanos lo que hace el Parlamento Europeo, es mejor usar palabras simples. Usted nos está pidiendo insistentemente que lo hagamos. Creo que la Convención brindará su apoyo a este plan, dando así un paso adelante.
Nos ha dicho usted que pretende simplificar. En lo que respecta a Europa, no me gusta la idea de la simplificación porque he aprendido que la complejidad no es necesariamente sinónimo de complicación y que, a veces, hacemos las cosas más complejas al intentar simplificarlas.
Sin embargo, hay un punto en el que su informe es absolutamente esencial en relación con los poderes de la Unión Europea: se trata de la cuestión de las consecuencias que tiene la codecisión con respecto a la comitología. Usted pide que se reforme el artículo 202. Las dos dimensiones del artículo 202 son absolutamente esenciales: definir competencias y controlar su ejecución. Con respecto a los poderes, es importante que los poderes del Consejo y los del Parlamento Europeo sean paralelos. Si el Consejo renuncia a una parte de sus poderes, nosotros también podríamos renunciar a algunos de ellos y viceversa. Dicho esto, debemos tener en cuenta lo que ocurre realmente y me temo que el trabajo que hemos realizado en relación con su informe no nos sitúa exactamente en la misma línea de lo que realmente ocurre en materia de cambios en la legislación europea. Se ha referido correctamente a los mecanismos que se han establecido en relación con el procedimiento Lamfalussy, que dudamos que el Consejo y la Comisión quieran ampliar a otras áreas, de ahí la importancia de que el Parlamento obtenga un auténtico procedimiento de revocación. Además, también ha mencionado la cuestión de las políticas de coordinación.
Me gustaría tratar un último aspecto, que es la autorregulación de los operadores del mercado y llamar la atención de los diputados sobre un riesgo importante al que nos enfrentamos sobre todo al centrar nuestro trabajo y nuestras deliberaciones en el procedimiento legislativo, mientras que en realidad, la legislación en Europa, en el futuro, vendrá determinada por la autorregulación, la coordinación y la comitología.

Marinho (PSE).
Señor Presidente, apoyo, en el plano intelectual, el proceso de racionalización y simplificación tan bien defendido por el Sr. Bourlanges. Estoy a favor porque tiene en cuenta el gran trabajo teórico que se ha venido desarrollando en este Parlamento desde el Tratado de Maastricht, porque es un acervo parlamentario que debe incluirse en el texto de la Convención y por último, porque de este trabajo han surgido la claridad de los instrumentos y la eficacia de los procedimientos de la toma de decisiones que son cruciales para el buen funcionamiento de la futura Unión.
Por desgracia, el Sr. Bourlanges, en el subconsciente filosófico y teórico del texto - por ejemplo, en el apartado 5, segundo inciso - llegamos a discernir un terrible recelo hacia los Estados pequeños y medianos que me lleva a no querer aprobar este informe por una serie de razones bastante claras. Las diferencias entre los grandes Estados acerca de las cuestiones más importantes son las que han dificultado el progreso de la Unión Europea. ¡No es por falta de voluntad por parte de los Estados pequeños que el Reino Unido no se haya adherido al euro o al espacio de Schengen! Como tampoco los Estados pequeños pueden ser responsables de la ausencia de una Europa social, de la nimiedad del presupuesto, de la falta de reforma en la PAC, de la crisis de la política estructural o de las limitaciones de los instrumentos judiciales en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
Por tanto, en lo que hace al tamaño de los Estados, no podemos repetir la respuesta perenne de aquel inolvidable agente de policía de Casablanca: «¡detengan a los sospechosos habituales!» No son los kilómetros cuadrados, las longitudes, las latitudes y el PIB per cápita lo que determina el grado de importancia que tienen los países para el interés común, para el interés europeo. Por esta misma razón, no pueden usarse estos criterios para imponer soluciones constitucionales acabadas, dejando a los que no estén de acuerdo esperando en el vestíbulo o, dicho de otro modo, a un paso de la puerta de salida.
Quizás el Sr. Bourlanges, con su inteligencia, con su conocimiento y con su inquebrantable actitud proeuropea, debería haber analizado con más detenimiento este punto y haber luchado más para llegar a una solución razonable y consensuada. Así lo espero, al menos para mañana.

Thorning-Schmidt (PSE).
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente su infatigable entusiasmo en favor del desarrollo europeo y su espléndido y tan detallado informe. No obstante, voy a centrarme en dos puntos en los que discrepo. El primer punto trata del procedimiento de revisión de los tratados. Estoy completamente de acuerdo en que, vista la labor de la Convención, queda claro que en el futuro deberemos usar el método de la Convención para enmendar los tratados. En todo caso, es una lección que hemos aprendido de este proceso. No obstante, debo declarar que estoy en total desacuerdo con la propuesta del ponente en lo que se refiere al cambio del propio procedimiento de ratificación. Considero que privar a los Estados miembros del control del desarrollo de la UE es una medida que no contribuye a mantener el espíritu que prevalece en nuestra Unión. En realidad, tengo miedo de que tal procedimiento se interponga en el camino del desarrollo de esta Europa, puesto que la ciudadanía no confiaría en el hecho de conceder a Europa más competencias si, por ejemplo, no tuviera la impresión de poseer el control de lo que ocurre. Por tanto, creo que tenemos que reconocer que Europa se basa en su ciudadanía y en sus naciones, pero que las unidades que la sustentan y la constituyen son los Estados miembros y esto debe quedar, como es natural, reflejado en nuestro procedimiento de ratificación. Sólo tenemos que ceñirnos al procedimiento que ya tenemos ahora. El segundo punto trata del lugar que ocupa el diálogo social en la Unión. El ponente intenta introducir un procedimiento de aprobación ejercido por el Consejo y el Parlamento Europeo siempre que las dos partes hayan consensuado a una propuesta. Creo que este procedimiento daría pie a la participación de una tercera parte que no tendría ninguna relación con el diálogo social. Como es obvio, la idea del diálogo social consiste precisamente en que los interlocutores sociales deberían establecer acuerdos vinculantes entre ambos y en que no debería haber terceras partes ajenas, en este caso los legisladores, implicados en tales acuerdos. Si queremos seriedad para comenzar el diálogo social, y quizás para alcanzar acuerdos europeos oportunos, deberíamos reconocer que los propios interlocutores sociales son los que deben negociar y que los legisladores deben permanecer al margen.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, parece que en este momento nos estamos congratulando de la ampliación de la Unión Europea, a partir del año 2004, de 15 a 25 miembros, y posiblemente, un par de años después, a 27, y posiblemente a 28, 30, etc.
Si esa ampliación no va acompañada de un profundo cambio constitucional, probablemente lo que estamos celebrando es la muerte de la Unión Europea. Es decir, el actual procedimiento de decisión, basado en que las modificaciones constitucionales se hacen por unanimidad, es un procedimiento que no se presta a la evolución de una institución como nuestra Comunidad, que por lo menos hasta ahora ha sido eficaz. El peligro es que transformemos nuestra Unión Europea en una especie de Consejo de Europa, foro parlamentario ineficaz - lo único que funciona es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos - en una especie de gran ONU, con la diferencia de que en la ONU solamente hay cinco Estados que tienen el veto, mientras que en la Unión Europea tendrían derecho de veto 27 o 28 Estados.
Por lo tanto, en primer lugar, con respecto a las propuestas del Sr. Bourlanges, creo que es esencial que sustituyamos la actual unanimidad por un sistema de mayorías, pero, desde luego, cuanto más amplia sea la posibilidad de adopción de decisiones por mayoría más cerca estaremos de la auténtica comunidad política a la que aspiramos.
En segundo lugar, estoy de acuerdo con la Sra. Frassoni en que la escapatoria de la regla de la mayoría a través de la geometría variable nos puede llevar - como señalaba el Sr. Marinho - a que algunos Estados como, por ejemplo, el Reino Unido se escapen por la puerta falsa de la geometría variable. Es decir, renunciando mediante las opciones - como en materia de Schengen o en materia del euro - a participar en la contribución europea. Esa es, quizás, la mayor debilidad de la propuesta del Sr. Bourlanges.
Pero, en definitiva, quiero manifestar aquí mi conformidad con las propuestas en general y creo que, en todo caso, aunque no esté conforme con alguna propuesta del Sr. Bourlanges, la aprobación de su informe constituiría un gran progreso para el reforzamiento de las instituciones europeas.

Leinen (PSE).
Señor Presidente, la jerarquía de las normas es un tema que en circunstancias normales podría llevarlo cualquier persona normal sin dificultad, pero creo que es evidente la importancia que tiene el informe del Sr. Bourlanges en lo que se refiere a la capacidad jurídica de la UE y, por supuesto, también en lo que se refiere a la ampliación y - como veremos - a la democratización del procedimiento de toma de decisiones. En mi país, nuestros actos se clasifican en tres niveles: la constitución, las leyes y las disposiciones de aplicación subordinadas a las leyes. En la UE disponemos de treinta instrumentos diferentes. Debido a ello, la caja de instrumentos de la UE es demasiado grande y demasiado confusa; nadie es capaz de encontrar el modo de abordarla y la terminología, también, es muy amplia. Por tanto, tenemos un sistema absolutamente carente de transparencia que también es, hasta cierto punto, poco democrático.
Lo que hace que el reportaje del Sr. Bourlanges sea tan meritorio es el gran paso adelante que representa en este ámbito. Se trata de un gran avance en términos de claridad y democratización. A base de mucho esfuerzo, hemos intentado establecer los tres niveles también en la UE: el nivel constitucional, el nivel legislativo y los actos subordinados. En lo que respecta al ámbito constitucional, opino que debería haber un procedimiento de revisión menos engorroso para la segunda parte de la constitución. Si pretendemos exigir unanimidad a los 25 ó más Estados a la hora de corregir cualquier disposición de la segunda parte, sabemos perfectamente bien que lo que tendremos es un bloqueo. No obstante, se trata, en efecto, de un tema muy delicado, porque en las decisiones por mayoría siempre hay alguien que acaba perdiendo. Pero hay que dar este paso y esta voluntad interior debe estar presente, o si no nos estaríamos vetando mutuamente y eso es lo que el público no quiere.
En cuanto al proceso legislativo, el primer paso que debemos dar es llamar a las leyes «leyes» y no (como hacemos en la actualidad) «reglamentos», una expresión que en alemán se refiere a un acto administrativo y no a una ley. Yo preferiría más que se usaran los términos «ley de la Unión» y «ley marco de la Unión» y que la codecisión fuera la norma, que debe estar presente en cada tipo de proceso legislativo. En cuanto a la legislación presupuestaria - las decisiones sobre el presupuesto son otra prerrogativa muy importante del Parlamento - precisamos un procedimiento especial, pero el principio de codecisión debería ser el mismo.
La tercera cuestión, que consiste en separar el proceso legislativo normal llevado a cabo por el Parlamento y por el Consejo de las disposiciones de aplicación adoptadas por la Comisión, es muy significativa. Tenemos que tener claro en nuestra mente lo que es legislativo y lo que es ejecutivo. Podríamos hacer que las cosas fueran más fáciles si el Parlamento no tuviera que aprobar los reglamentos técnicos, sino los actos subyacentes a ellos. Señor Presidente, creo que estamos ante un gran éxito; muchas gracias, señor Bourlanges, por haber realizado un esfuerzo de tal envergadura y haber presentado un informe realmente bueno.

Bourlanges (PPE-DE)
Señor Presidente, no voy a hablar sobre el contenido, pero sí me gustaría aclarar dos o tres datos. Por un lado, me gustaría decir a la Sra. Frassoni y a la Sra. Kaufmann que no deben malinterpretar este informe: el artículo 308, mencionado en este informe, daría lugar a decisiones tomadas en régimen de codecisión y por mayoría cualificada; por lo tanto, dejaríamos atrás la unanimidad del Consejo para dar paso a la codecisión, tal como procedemos con los recursos propios. No es cierto que propongamos sobrepasar los poderes del Parlamento Europeo; estamos - puesto que la Sra. Kaufmann se ha referido a ello - completamente en línea con la interpretación del Tribunal Constitucional alemán que, según el informe del Sr. Herzog en la época del Tratado de Maastricht, señaló que siempre que se transfieran competencias de un área a otra ha de intervenir el poder parlamentario europeo. Por lo tanto, no realicemos acusaciones infundadas sobre este punto: estamos a favor de la codecisión.
También comprendo perfectamente que pueda haber cierta hostilidad hacia la propuesta de que la ratificación de la Constitución no debería realizarse por unanimidad, aunque éste no es el punto principal del informe y por lo tanto, no me gustaría extenderme al respecto. Entiendo perfectamente que pueda haber hostilidad en este aspecto y entiendo lo que la Sra. van den Berg ha dicho al respecto.
No obstante, no me gustaría que se realizaran acusaciones infundadas. No es cierto afirmar - y creo que el Sr. Marinho debería repasar este punto - que la propuesta suponga en cierto modo un insulto o desprecio por los Estados menores. La propuesta permitiría a los Estados que representan un 2,4% de la población de la Unión emitir su veto ante la adopción o ratificación de un Tratado que hubiera podido ser aprobado por los Estados que representan un 97,6% de la población comunitaria. Por tanto, ¡no hagamos acusaciones infundadas! Si estamos a favor de la soberanía de un Estado miembro, puedo entender que no es deseable que la ratificación de un tratado esté en manos de algunos Estados solamente. Sin embargo, mi propuesta no discrimina en ningún caso a los pequeños y medianos Estados.
Me gustaría decir unas cuantas palabras sobre el Sr. Duff, que presentó la enmienda 14. Estoy de acuerdo con el contenido de su enmienda, puesto que establece la necesidad de revisar las partes A y B de la futura Constitución por separado. Formulé una propuesta en este sentido, pero no he recibido ningún apoyo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y por ello no puedo aprobar esta enmienda personalmente. No obstante, creo que el argumento avanzado por el Sr. Duff da totalmente en el clavo y, a título personal, apruebo plenamente su gesto, incluso si, como ponente, mis manos están atadas.

Barnier
Señor Presidente, Señorías, puesto que soy el último en hablar, seré el último en felicitar al Sr. Bourlanges por este informe, aunque no soy el único en hacerlo. El informe es ciertamente destacable en muchos aspectos. En primer lugar, porque examina a fondo uno de los aspectos fundamentales de las cuestiones planteadas en Laeken. En segundo lugar, por su rigor, su efectividad y la concisión de las propuestas que el Parlamento formula en el informe, que conducen a una auténtica simplificación de nuestro sistema legislativo, que en palabras del propio ponente, el Sr. Bourlanges, es bastante caótico. Por último, por la rica, astuta y hábil pluma de su ponente, cuyo talento contradice cada día lo que solía decir un gran diplomático francés. Este diplomático, el Sr. Talleyrand, a quien el Sr. Bourlanges conoce muy bien, solía decir, sin razón, que el espíritu puede ser muy útil, pero no lleva a ninguna parte. Por el contrario, señor Bourlanges, su inspirado informe nos conduce a una resolución muy bien argumentada. Quiero gustaría manifestar el pleno apoyo de la Comisión a la mayoría de las conclusiones de esta resolución, que coincide además con nuestra propia comunicación que preparé junto con el Presidente Prodi y mi colega el Sr. Vitorino el pasado 5 de diciembre, con motivo del marco institucional.
Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en tres puntos. El primero trata los principios reales de la organización de la estructura jurídica de la Unión en tres bloques - constitucional, legislativo y reglamentario - que aportaría a la operación de la Unión la claridad de la que hoy en día está tan desprovista. Esta reorganización es indispensable si pretendemos definir claramente el papel legislativo de cada institución: la responsabilidad del Parlamento Europeo y del Consejo de establecer los actos legislativos y la responsabilidad primaria de la Comisión de asegurar que los actos legislativos se aplican y de adoptar los actos de aplicación. Como es natural, los procedimientos de adopción y revisión de los futuros tratados constitucionales también son importantes. A la Comisión, como al Parlamento, le gustaría que la Convención sirviera de modelo para estos procedimientos con más frecuencia a partir de ahora.
Por encima de las cuestiones reglamentarias, el Parlamento y la Comisión comparten el mismo punto de vista sobre la necesidad de incluir las políticas sectoriales en el Tratado Constitucional. De nuevo, debo reiterar que no podemos tener instituciones fuertes con políticas débiles.
Mi segundo punto, Señorías, fundamental para este informe, afecta a la creación de un auténtico bloque legislativo. Es hora de llamar al pan, pan y al vino, vino, tal como usted mismo ha dicho, y hablar de las leyes europeas. Estas leyes serán adoptadas por una autoridad legislativa dividida en dos ramas iguales; serán adoptadas mediante un procedimiento único, el procedimiento equitativo de codecisión al que el Sr. Leinen acaba de referirse muy apropiadamente. Aquí tenemos por fin una opción que nos proporcionaría a todos los ciudadanos un plan claro, transparente, aunque es cierto que habría que racionalizar algunos aspectos del procedimiento de codecisión.
Además, habría que realizar los ajustes específicos necesarios en el ámbito de las leyes orgánicas o de las normas presupuestarias, y su informe, señor Bourlanges, prepara el terreno para que esto ocurra.
Mi tercer punto trata del papel que les gustaría que la Comisión Europea desempeñara en la aplicación de la legislación. No me refiero a las funciones gubernamentales reales, a pesar de que, de paso, comente que también deberíamos aclarar el ejercicio de estas funciones, que deberían compartirse entre la Comisión, que propon, y el Consejo, que decide, facilitando la información adecuada al Parlamento Europeo. Esto se aplica a los ámbitos de la política y de la justicia y al ámbito de la política exterior y de seguridad común. Sin embargo, con respecto a la competencia comunitaria en materia de aplicación de la legislación europea, nos gustaría, como a ustedes, que dicha aplicación estuviera en manos de la Comisión y que el control fuera ejercido tanto por el Parlamento como por el Consejo, en otras palabras, por las dos ramas de la autoridad legislativa y presupuestaria. Además, la Sra. Randzio Plath ha insistido en este punto. Necesitamos llevar a cabo una racionalización fundamental para saber quién hace qué en la Unión Europea e introducir mayor transparencia y responsabilidad en el ejercicio de estas competencias de aplicación.
Desde este punto de vista, Señorías, debo decir que a la Comisión le preocupan dos puntos del informe. El primer punto ya ha sido planteado por la Sra. Frassoni. Se trata de la posibilidad de conceder al menos una parte de estas competencias ejecutivas a una autoridad diferente de la Comisión. Señorías, debemos evitar promover o facilitar lo que podría considerarse un desmantelamiento del poder reglamentario de la Unión Europea. El segundo punto que nos preocupa - el Sr. Corbett y la Sra. Bérès, entre otros, ya lo han planteado - es el de la concesión de un derecho generalizado de veto al Parlamento y al Consejo en relación con las medidas de aplicación. De hecho, estoy hablando de las medidas de aplicación. Este punto es objeto actualmente - a pesar de que algunos detalles puedan ser diferentes - de una discusión razonable en el contexto de la preparación de la propuesta de acuerdo interinstitucional para la mejora de la legislación y mi colega, la Sra. De Palacio, hablará de ello mañana.
No repetiré la posición de la Comisión, pues ya es de sobras conocida. Permítanme simplemente decir que, en lo que respecta a las medidas de aplicación, cada institución debe poder ejercer sus prerrogativas de forma autónoma, en armonía con el resto de las instituciones y debe evitar trasladar el riesgo de la inseguridad jurídica a los ciudadanos y a las entidades económicas.
Señor Presidente, para concluir me gustaría felicitar a los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y a su ponente por el trabajo realizado en relación con este informe. Tendremos que luchar por imponer las ambiciosas conclusiones que plantea este informe. Señor Bourlanges, Señorías, existe cierta distancia entre el informe del Sr. Bourlanges, tal como lo van a adoptar, y las conclusiones del grupo de trabajo de la Convención, dirigido por el Sr. Amato. Con objeto de limar estas diferencias cuando se elabore el Tratado Constitucional, es esencial que la Comisión y el Parlamento sigan adoptando el mismo punto de vista en la Convención. Pueden contar con el Sr. Vitorino y conmigo para ello. Éste es un punto que la Sra. Kaufmann y el Sr. Duff han planteado antes, que hace aún más útil e importante el informe del Sr. Bourlanges.
El Presidente.
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11 30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0436/2002) del Sr. Coelho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre las iniciativas del Reino de España con vistas a la adopción de:
1. una Decisión del Consejo relativa a la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, en particular en materia de la lucha contra el terrorismo,
2. un Reglamento del Consejo relativo a la introducción de nuevas funciones en el Sistema de Información de Schengen, en particular en materia de lucha contra el terrorismo.

Coelho (PPE-DE)
. (PT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el Sistema de Información de Schengen (SIS) es un sistema de red informatizado en el que se almacena la información aportada por los Estados de Schengen, pudiendo ser consultada por la policía y por las autoridades aduaneras de otros Estados de Schengen. El SIS es la mayor base de datos de Europa y tiene una función doble: en primer lugar, mantener la seguridad y el orden público y, en segundo lugar, gestionar la inmigración, proporcionando el apoyo necesario para las medidas encaminadas a compensar la libre circulación de personas.
En este contexto, se han presentado dos iniciativas españolas con objeto de atribuir al SIS nuevas funciones entre las que se encuentra, principalmente, la de la lucha contra el terrorismo. Debo lamentar que este informe, por razones internas del Parlamento Europeo, se limita a las dos iniciativas españolas y no abarca además, como en un principio se pretendía, una resolución sobre la comunicación de la Comisión relativa al desarrollo del futuro SIS II, que contiene propuestas destinadas a aumentar la capacidad del sistema e introducir nuevas posibilidades técnicas y de investigación. Lo lamento sobre todo porque las dos iniciativas españolas pretenden introducir en la versión actual del SIS mejoras que deben reflejar necesariamente los objetivos a largo plazo del SIS II y, en consecuencia, deben considerarse parte integrante del proceso de transición del SIS I al SIS II.
Tras un riguroso examen de las iniciativas españolas, llegamos a la conclusión de que, a pesar de no poder suscribirlas en su totalidad, podrán ser aceptadas si se introducen algunas enmiendas que aseguren que no se pongan en entredicho las garantías de protección de los derechos de los ciudadanos, respondiendo así a la principal preocupación del Parlamento Europeo en todo este proceso.
Algunas de las propuestas contenidas en las iniciativas españolas son aceptables, como el acceso de Europol o de Eurojust, siempre y cuando se ofrezcan garantías que aseguren debidamente la legitimidad y la legalidad de cualquier uso que se haga de los datos. En tal caso, para tener acceso deberán cumplirse las condiciones previstas en mi enmienda 7, acerca de Europol, y en mi enmienda 10, acerca de Eurojust. Una vez este acceso está abierto a los nuevos usuarios, siempre deberá respetarse la finalidad para la cual se les ha concedido el acceso, limitándose únicamente a consultar la información solicitada y asegurándose de que existe un nivel igual o superior de protección de nuestros derechos ciudadanos. También es importante que se examinen y justifiquen de forma más rigurosa las necesidades de Europol y Eurojust de acceder a los datos del SIS .
Se aceptarán las propuestas de elaborar un registro completo de todas las búsquedas, pero parece oportuno especificar en el artículo qué información debe registrarse. También es preciso establecer un fundamento legal que regule las funciones de las oficinas de SIRENE, una idea que ya había sugerido en el informe que elaboré en junio de 2001 y que obliga a estas oficinas a suprimir datos siempre que sea necesario.
Por otro lado, estas dos iniciativas contienen otras propuestas que, en nuestra opinión deben esperar a que se desarrolle el SIS II, cuando se establezcan las garantías adecuadas. Esto se aplica a la propuesta de ampliar el acceso a los datos sobre documentos de identidad desaparecidos, robados o perdidos. A pesar de que en principio no tengo objeciones, creo que ante la falta de medidas adicionales para proteger los derechos de las personas a las que les han robado los documentos, cuya identidad se utiliza de forma ilegal o simplemente cuyos datos figuran de forma incorrecta en el SIS, el Parlamento Europeo no puede, en este punto, aprobar esta propuesta, porque probablemente agravará los problemas de los ciudadanos a los que han usurpado la identidad. Esto mismo se podría aplicar a la propuesta de incluir datos adicionales relativos a las personas buscadas e incorporar material para la identificación de las personas, en particular fotografías y huellas dactilares, para las que en primer lugar hay que ofrecer las garantías debidas.
La Comisión ha encomendado un estudio de viabilidad en relación con el desarrollo del SIS II, que debería estar disponible en marzo de 2003. Espero que para entonces el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de emitir una opinión sobre estas conclusiones. De nuevo quiero expresar mi malestar por el hecho de que este estudio de viabilidad no considere la posibilidad de combinar las bases de datos de Schengen, de Europol, de las aduanas y probablemente de Eurojust en una única base de datos con objeto de eliminar duplicaciones, racionalizar recursos y mejorar la precisión; dicha base de datos combinada permitiría el acceso de diferentes usuarios en distintas modalidades, garantizando un acceso restringido y específico a las distintas partes de las bases de datos.
Parece que ya existe un acuerdo político en torno a la necesidad de crear un nuevo SIS; es una decisión del Consejo con base legal para el desarrollo del SIS II y con el presupuesto necesario. El modo en que esté gestionado vendrá definido en un documento futuro. Quiero recordar que ésta ha sido la posición inequívoca de este Parlamento: esta gestión debe ser asumida por la Comisión y debe estar sujeta al control parlamentario y judicial. Se espera que el SIS II concluya su desarrollo en 2006. Sin embargo, dado el riesgo de que este desarrollo se demore más de lo previsto, creo que es necesario y oportuno que introduzcamos algunas mejoras - al menos las que son posibles en este nivel - en el SIS actual.
Por último, señor Presidente, me gustaría dar las gracias a mis colegas de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, cuyas enmiendas han contribuido a mejorar este informe. También quiero agradecer a los ponentes alternativos su cooperación y, sobre todo, al ponente alternativo socialista, el Sr. Sousa Pinto.

Vitorino
. (PT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al ponente, el Sr. Coelho, por este excelente informe que, en términos claros y concisos, contribuye a mejorar los proyectos de iniciativa del Consejo relativos a las nuevas funciones del Sistema de Información de Schengen.
De hecho, podría incluso añadir que algunas de las enmiendas propuestas por el ponente ya están incluidas en los textos del grupo de trabajo del Consejo que estudia estas iniciativas. Los proyectos de iniciativa en cuestión se tratarán por primera vez en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores el 19 de diciembre, en la Comisión Mixta con Islandia y Noruega; la Comisión está dispuesta a apoyar varias de las preocupaciones expresadas por el ponente y, estoy seguro, también recibirá el apoyo del pleno del Parlamento.
En particular, estoy de acuerdo con la opinión relativa a la necesidad de limitar el acceso de Europol a las categorías de datos registrados con arreglo a los artículos 95, 99 y 100 del Convenio de Schengen y de asegurar que los datos en cuestión no serán copiados ni descargados. Este acceso no debe transformar el SIS en un instrumento de investigación ni debe ser, bajo ninguna circunstancia, desproporcionado con respecto a las razones por las que se ha concedido el acceso. En mi opinión, este tipo de acceso puede ser particularmente útil para dar a Europol la oportunidad de pedir información adicional a los Estados miembros en casos específicos que estén investigando, como por ejemplo en el contexto de la lucha contra el terrorismo. De hecho, ésta es la información que Europol ya está autorizada a solicitar y obtener directamente de los Estados miembros.
Con respecto a la protección de datos, la Comisión cree que las nuevas disposiciones sobre el SIS, que en parte son de competencia comunitaria, sobre todo con respecto al artículo 96, deben analizarse a la luz de su compatibilidad no sólo con el Convenio del Consejo de Europa de 1981 sobre protección de datos, sino también con el contenido de la Directiva 45/96/CE. Del mismo modo, el estudio de la proporcionalidad de algunas medidas puede obtenerse mediante consulta a las autoridades competentes, tanto si actúan bajo el tercer pilar como bajo el primero.
A este respecto apreciamos en particular la opinión emitida por la Autoridad Común de Control sobre estas propuestas de iniciativa, con las que estamos muy de acuerdo, incluida la referencia al hecho de que el acceso ampliado debe concederse a las autoridades responsables para emitir permisos de residencia, para acceder a los datos del artículo 100 del sistema de seguridad de la información que trata los documentos de identidad. No obstante, es preciso establecer garantías para asegurar que tal acceso no infringirá los derechos de los ciudadanos a los que hayan robado los documentos de identidad. Creo que este tema, planteado por el ponente y que es muy significativo, no puede ser resuelto únicamente mediante el desarrollo de soluciones técnicas o mediante la introducción de nuevas funciones, tal como el Sr. Coelho ha dicho, puesto que el SIS II, en principio, comenzará a ser operativo en el año 2006. Este tema debe plantearse desde ya y sobre todo debe venir acompañado de toda la información necesaria destinada a la ciudadanía sobre la existencia del Sistema de Información de Schengen y sobre las condiciones que regulan su uso, incluida la necesidad de suprimir algunos datos en el caso de documentos robados o perdidos.
En cuanto al Sistema de Información de Schengen II, tal como ha dicho el ponente, a la Comisión se le confió la misión de desarrollar una nueva generación SIS para enero de 2003 y hemos anticipado un enfoque global de sus funciones en la comunicación que presentamos al Consejo y al Parlamento el 18 de diciembre de 2001. De forma sucinta, me gustaría comunicar a la Cámara que, por el momento, hemos conseguido cumplir el calendario de preparación del SIS II y que está previsto que el estudio de viabilidad se concluya en marzo de 2003, lo que nos permitirá ayudar a los países candidatos a prepararse para la futura desaparición de las fronteras interiores, que sólo podrá tener lugar cuando SIS II esté operativo. Se está ultimando un informe de los servicios de la Comisión en los que se describe detalladamente el estado actual del estudio, que será entregado al Parlamento Europeo y al Consejo a principios del año que viene.

von Boetticher (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la iniciativa española y el informe del Sr. Coelho representan la satisfacción de una antigua reivindicación parlamentaria. Por fin se va a conceder a Europol y a Eurojust el derecho a acceder al Sistema de Información de Schengen, un logro que ya urgía a la luz de las nuevas amenazas del crimen organizado y del terrorismo. Poder cotejar los concursos de licitaciones también supone un verdadero paso adelante. En este informe, el Sr. Coelho plantea las cuestiones y problemas relacionados con la protección de datos y presenta unas propuestas bien razonadas para resolverlos. Por tanto, su informe merece un apoyo incondicional.
Como antiguo ponente de esta Cámara sobre el desarrollo de la segunda generación del Sistema de Información de Schengen, me gustaría aprovechar la oportunidad para instar de nuevo a la Comisión y al Consejo a actuar con urgencia. El Sr. Coelho ya ha indicado que el acceso a algunas personas u organismos sólo se podría ampliar en combinación con esta nueva generación. Este desarrollo debe concluir en el año 2006 como muy tarde y, en realidad, esto ya supondrá un retraso de dos años porque, como todos sabemos, la ampliación al Este se realizará en 2004.
En todo caso, tenemos que pensar con vistas al futuro. Hay indicios de la Convención prescindirá del modelo vigente de los tres pilares de la Unión Europea y creo que hará bien, puesto que el pilar intergubernamental «justicia y asuntos de interior» fue el que originó el problema de la protección de datos que estamos tratando ahora. La aplicación de quince diferentes series de normas relativas a la protección de datos nacionales en Europol y en Eurojust nos está llevando al caos. Además, una ausencia de perspectiva parlamentaria y judicial ha dado como resultado un déficit democrático de tal envergadura que haría revolverse en su tumba a Montesquieu. Ahora el Grupo de Trabajo X de la Convención propone correctamente la incorporación de Europol a la esfera comunitaria, pero, señor Comisario, eso no será suficiente. Lo que realmente se necesita es la plena incorporación de los Acuerdos de Schengen, así como de Europol y Eurojust, en la esfera comunitaria, y el establecimiento de lo que podría ser un organismo europeo de coordinación adicional para las fronteras exteriores. Bajo este techo común necesitamos un sistema unitario, combinando el Sistema de Información de Schengen, el sistema de información de aduanas y la base de datos de Europol, que esté sometido al sistema europeo de protección de datos y controlado por un Comisario europeo de Protección de datos, por el Parlamento y por el Tribunal de Justicia Europeo.
Permítanme decir algo a los diputados de izquierdas de esta Cámara. Veo que el Sr. Krarup está presente. Seño Krarup, usted se opone al Sistema de Información de Schengen y le gustaría que lo abolieran. Esto es todo lo que tengo que decir a este respecto: cualquiera que se preocupe por el destino de los refugiados y defienda su causa, mientras que al mismo tiempo ignora el hecho de que existen criminales y transgresores de la ley fuera de Europa, tiene la desgracia de vivir en un mundo de ensueño y adopta una actitud muy irresponsable, por no decir sin escrúpulos hacia nuestros ciudadanos. ¡Así no conseguirán la mayoría en esta Cámara!
El informe del Sr. Coelho que estamos adoptando hoy es un paso en la dirección correcta, pero es la Convención quien tiene que dar los grandes pasos. Por ello, señor Comisario, le deseamos mucho éxito y quizás un poco más de valor que el que ya ha demostrado hasta ahora.

Sousa Pinto (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, señor Coelho, me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente por su trabajo. El informe realiza una evaluación equilibrada de las dos iniciativas españolas acerca de la introducción de nuevas funciones para el Sistema de Información de Schengen, que reviste especial importancia en la lucha antiterrorista.
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, el Consejo, junto a la Comisión, elaboró un conjunto de medidas destinadas a incrementar el nivel de seguridad en Europa y a garantizar el mayor grado de efectividad en la lucha contra el terrorismo. Algunas de estas medidas tienen un efecto directo en el Sistema de Información de Schengen. Como el SIS II no estará operativo hasta 2006, mejorar el sistema actual se convierte en una necesidad urgente que debe considerarse parte del proceso de transición hacia el nuevo sistema.
Por lo tanto, estas nuevas funciones tendrán que ser adoptadas respetando escrupulosamente los derechos individuales, las libertades y las garantías de la ciudadanía y preservando un estricto control del uso de los datos personales disponibles en el SIS. Todos entendemos la necesidad de disponer de sistemas de información eficientes, que estén a la altura de los desafíos que plantea el crimen internacional, pero esto no puede servirnos de excusa para despreciar los principios fundamentales en que se basa la Unión como Comunidad de derecho.
Por lo tanto, intentamos corregir algunos artículos del Convenio de Schengen con el fin de introducir nuevas funciones. Conceder a Europol y a los miembros nacionales de Eurojust la oportunidad de acceder a ciertos datos del SIS es una de las propuestas prácticas más importantes de esta iniciativa. La necesidad de mejorar la cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior y, en particular, la asociación y el cruce de información de las bases de datos es uno de los objetivos que deben perseguir la Unión Europea y los Estados miembros.
Sobre este telón de fondo, el hecho de que el SIS fuera creado para apoyar a los Estados miembros en los ámbitos relacionados con la seguridad nacional y el orden público, ámbitos incluidos en la esfera de acción de Europol y Eurojust, nos lleva a aprobar el principio de intercambio de información que subyace en la propuesta contenida en la iniciativa española. Sin embargo, tal como ha subrayado la Autoridad Común de Control de Schengen, órgano responsable de controlar el SIS, el acceso de Europol y de los miembros nacionales de Eurojust a las bases de datos levanta serias dudas en materia de protección de datos y únicamente podrá hacerse realidad si se respeta el principio básico de legitimidad y legalidad de acceso a la base de datos y el uso de dicha información.
En este contexto de cierta reserva ante las propuestas iniciales españolas, acogemos favorablemente la introducción de enmiendas por parte del ponente, que creemos que pueden responder a las inquietudes expresadas por la Autoridad Común de Control y por varios miembros de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. El Servicio Europeo de Policía (Europol) sólo tendrá derecho a consultar y estudiar los datos del SIS para la finalidad para la que le han sido facilitados. En cuanto al acceso de los miembros nacionales de Eurojust, tendrán derecho a consultar los datos del SIS si tal derecho es compatible con la finalidad para la que se ha facilitado la información. Los miembros nacionales de Eurojust tendrán que registrar todas las búsquedas y no podrán suministrar ningún dato a terceros países o a otros organismos.
La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha rechazado otras propuestas contenidas en la iniciativa que planteó el ponente, en mi opinión correctamente, porque no aportan suficientes garantías y sería preferible esperar a la aplicación del SIS II. Esto se refiere principalmente a la propuesta que pretende conceder a los organismos responsables de la emisión y análisis de permisos la oportunidad de acceder a los datos contenidos en el SIS. Por estas razones, el informe que ha presentado el Sr. Coelho merece un aplauso y el apoyo del Grupo Socialista.
Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, tras el amable comentario dirigido hacia mi persona por parte del Sr. von Boetticher, me gustaría decir que no tengo ninguna duda de que existen criminales fuera de Europa, pero que sin embargo estos criminales son de poca monta, comparados con los que hay en el interior de las mismísimas instituciones de la Unión Europea. Me basta con pronunciar el nombre, que comienza por «B», del futuro Presidente del Consejo Europeo, que asumirá este cargo dentro de tan sólo seis meses. Por supuesto, hay un tipo de criminales junto a los cuales los pillos de poca monta que existen fuera de la UE no inspiran temor alguno. Esto por un lado. Mi principal crítica y mi actitud ante las propuestas planteadas están expresadas en una opinión minoritaria incluida en el informe. Están basadas en la fascinación que siempre he sentido por la habilidad que tiene la Unión Europea y sus instituciones para vaciar el lenguaje de significado y, en algunos casos, para hacer que el lenguaje signifique justo lo contrario de lo que se pretendía. La oposición a las propuestas planteadas se basa en el hecho de que se refuerza la tecnología de vigilancia, pero no se le dedica la suficiente atención al Estado de derecho, a pesar de las protestas para que así sea. Me basta citar a título de ejemplo el artículo 101 a) de la propuesta relativa al acceso de Europol al Sistema de Información de Schengen. Se exigen a Europol una serie de requisitos, pero no existe ninguna garantía razonable de que Europol respetará dichos requisitos. Existe la Autoridad de Control contemplada en el artículo 24 del Convenio de Europol, pero todo lo que se puede decir con certeza sobre este cuerpo de control es que no tiene ningún poder en relación con la cantidad de abusos que se podrían cometer en todo el sistema. Además, debo añadir que lo que hace que las cosas sean más alarmantes desde el punto de vista del Estado de derecho es que los poderes en cuestión tienen un concepto extremadamente poco claro del terrorismo. Puedo decir ante esta Asamblea que en este caso viene a cuento el antiguo proverbio danés de «vender goma elástica al metro» y, como mis paisanos bien saben, eso es algo que sólo pueden hacer las personas dignas de confianza. No hay ninguna posibilidad razonable de que las instituciones implicadas tengan un carácter suficientemente digno de confianza. El Estado de derecho sufrirá daños irreparables.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0404/2002) de la Sra. Damião, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo.

Hughes (PSE).
Señor Presidente, me ha concedido usted la palabra como ponente, pero de hecho, el nombre que figura en el informe es el de la Sra. Damião. Me gustaría empezar por agradecerle de todo corazón el duro trabajo que ha realizado en la elaboración de este expediente. Desgraciadamente está enferma, pero ya se está recuperando, aunque con lentitud. Me consta que hablo en nombre de todos cuando digo que le deseamos que se reponga del todo lo antes posible.
Me gustaría también agradecer al Consejo la adopción de una posición común que refuerza la propuesta original de la Comisión y que además incorpora algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo aprobadas en primera lectura. El Parlamento acoge favorablemente la inclusión de un nuevo punto en la Directiva propuesta con miras a prohibir todas las actividades que supongan la exposición de los trabajadores a las fibras de amianto, excepto los trabajos de demolición y de eliminación de los desechos resultantes. La tendencia general de la propuesta consiste en proteger a los trabajadores contratados en este tipo de actividades y trabajos de reparación que les pone en contacto con el amianto que ha estado contenido en los edificios durante mucho tiempo.
Teniendo esto en mente, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos adoptado tres enmiendas en segunda lectura, destinadas a reforzar aún más la posición común. Mencionaré brevemente cada una de estas enmiendas: el apartado 3 del artículo 3 de la propuesta deroga importantes elementos de la Directiva que atañe a los trabajadores sometidos a una exposición esporádica o de baja intensidad. Este aspecto no ha quedado claramente definido para la Comisión de Empleo, y por lo tanto queremos precisar todavía más la definición de exposición esporádica o de baja intensidad.
La enmienda 1 lo hace especificando que los Estados miembros, con arreglo a sus tradiciones y prácticas habituales, consultarán a los interlocutores sociales y establecerán las orientaciones prácticas para determinar el trabajo de estas características. Creemos que éste es un paso importante en la dirección adecuada.
La enmienda 2 contempla las pausas de los trabajadores obligados a llevar un equipo respiratorio de protección individual debido a su potencial exposición. De nuevo, creemos que es un paso importante porque es muy incómodo trabajar durante largos períodos con un equipo respiratorio de protección individual.
En un principio, el Consejo se mostró algo reacio con respecto a la enmienda 3, pero pensamos que era importante mencionar de forma específica las sanciones y, al final, hemos incluido un texto que ha servido en bastantes ocasiones para otros expedientes sociales sobre empleo en el pasado. También estamos bastante satisfechos con este punto.
En general, hemos mantenido una relación de colaboración muy satisfactoria con la Presidencia danesa en este expediente, hasta tal punto que creemos que podemos llegar a un acuerdo en segunda lectura con la garantía que nos ofrece ahora el COREPER de que el Consejo está dispuesto a aceptar estas tres enmiendas adoptadas en la Comisión de Empleo. Tengo la esperanza de que cuando mañana estas enmiendas se sometan a votación, los daneses tramiten este expediente como un punto «A» el 20 de diciembre y se adopte lo antes posible.
Digo que espero que así sea, porque el plazo de presentación de enmiendas para este expediente ha finalizado hace tan sólo unos minutos. Espero que ningún Grupo haya aprovechado este plazo para presentar enmiendas. Si así es, les puedo decir con absoluta certeza que esas enmiendas no saldrán adelante en la Cámara (lo sabemos por los márgenes en la Comisión de Empleo). Sin embargo, esto retrasaría la adopción de este expediente más allá de la Presidencia danesa, durante la primavera; la fecha más temprana podría ser marzo, bajo la Presidencia griega.
Esto nos llevaría a un nuevo aplazamiento de semanas, si no meses, antes de llegar a un acuerdo en torno a esta Directiva, lo que volvería a retrasar la adopción y la aplicación final de la Directiva en el ámbito de la Unión Europea, y durante este plazo adicional los trabajadores seguirían estando expuestos inevitablemente a las fibras de amianto y podrían morir a causa de esta exposición. Dicho esto, espero que ningún grupo haya aprovechado este plazo, y si alguno lo ha hecho, espero que, auque sea a estas alturas, retire las enmiendas.
Por lo tanto, espero que podamos incluir este expediente en la lista de votaciones de mañana. Cada uno ha podido disponer de las enmiendas aprobadas en comisión ya traducidas desde hace un par de semanas, lo que permitiría a la Comisión tratar este expediente en la reunión de mañana al mediodía, y a su vez, a los daneses tramitarlo el 20 de diciembre. Si resulta que no hay enmiendas adicionales o si éstas se retiran, le pediría, señor Presidente, que se sirva de sus buenas artes para añadir este punto a la lista de votación de mañana a la hora de comer.

Vitorino
Señor Presidente, me gustaría expresar a la ponente, la Sra. Damião, mis mejores deseos de que se recupere lo antes posible y felicitar tanto a ella como al Sr. Hugues por su excelente trabajo en este expediente tan delicado y de tanta dificultad técnica como es el amianto. También me gustaría expresar mi satisfacción por la unánime convicción de que debemos mejorar la protección de los trabajadores ante los riesgos que genera la exposición al amianto.
La Comisión concede la máxima importancia a todas las medidas encaminadas a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Hemos destacado este interés en la agenda social y así lo hemos confirmado en la comunicación de la Comisión sobre una nueva estrategia comunitaria de seguridad y salud en el trabajo. Con gran satisfacción les comunico que la Comisión acepta plenamente las tres enmiendas que el Parlamento propone en esta segunda lectura.
Quiero felicitar a la Cámara por la calidad de las enmiendas presentadas, que expresan la preocupación del Parlamento Europeo por los riesgos y los efectos producidos por la exposición al amianto y la necesidad de incrementar los niveles de protección de los trabajadores europeos que todavía trabajan expuestos al amianto. La Comisión está convencida de que las tres enmiendas propuestas mejoran el texto y contribuyen a una mejor aplicación de la Directiva.
Todos ustedes son conscientes del gran paso que supuso la posición común del Consejo: la prohibición de todas las actividades que exponen a los trabajadores a las fibras de amianto durante la extracción del amianto o la fabricación y procesamiento de los productos derivados del amianto o la fabricación y procesamiento de productos que contienen amianto añadido de forma intencionada, con algunas excepciones inevitables y muy limitadas.
Por último, quiero agradecer al Parlamento, así como a la Presidencia danesa y al Consejo, los esfuerzos invertidos hasta la fecha en este tema. No olvidemos que los efectos de la exposición al amianto tienen repercusiones dramáticas para la salud de los trabajadores e incluso para sus familias. Si adoptamos esta importante Directiva cuanto antes, demostraremos que la salud y la seguridad de nuestra población activa son para nosotros una prioridad.

Pérez Álvarez (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mis primeras palabras deben ser de felicitación para la Sra. Damião. Asimismo, y no sólo por la proximidad de siempre del pueblo gallego con el pueblo portugués, sino también por el afecto personal, le deseo que recupere pronto su salud.
Como el trabajo es riesgo, probablemente la cuestión de los riesgos en la actividad laboral pudiera simplificarse con una sencilla fórmula: ¿qué porcentaje de riesgo se ha de admitir? Pero ocurre, además, que algunos agentes de riesgo se caracterizan por su actuación casi imperceptible, larvada, silenciosa y, por lo tanto, más peligrosa.
La exposición al amianto puede causar graves enfermedades, como la fibrosis pulmonar y pleural, el cáncer de pulmón, de pleura, de peritoneo. Puede también producir otro tipo de tumores como el cáncer de laringe, de recto, o del aparato urogenital. Y ello independientemente del tipo de amianto: anfibólico o crisótilo.
Los períodos de incubación varían, al decir de los estudiosos, entre los 20 y los 50 años. Además, persisten dudas e incertidumbres sobre el efecto de pequeñas dosis de inhalación y el límite y porcentaje de riesgo por debajo del cual se tenga la certeza de no contraer cáncer, y sobre la diferencia de riesgo entre el amianto crisótilo - parece que menos dañino - y el amianto anfibólico, así como la preocupación por que se prohíba el empleo de amianto en las tareas de reparación, remodelación o recuperación de edificios. En los casos de demolición los trabajadores pueden y tienen que estar en contacto con el amianto aunque éste estuviese prohibido globalmente.
Pienso que, ante la ampliación inminente ya acordada de la Unión Europea cobra, además, una importancia extraordinaria la modificación de la Directiva 83/477 sobre protección contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el trabajo debido a la utilización de productos o materiales con amianto en los futuros Estados miembros. Principalmente empleado en actividades vinculadas con la construcción, no es exclusiva su utilización en esta actividad económica. De hecho, la construcción naval, aeronáutica y de equipos industriales lo han utilizado y pueden, por lo tanto, ser consideradas actividades de riesgo.
Con este escenario, reorientar las medidas de protección para las personas más expuestas, estudiar los diferentes riesgos derivados de aquellas actividades en las que la exposición resulta necesaria, intensificar las medidas para prevenir o reducir al mínimo la exposición y revisar los niveles de exposición, son objetivos que justifican la modificación de la Directiva. 
Apoyo las tres enmiendas de la ponente. Pedir orientaciones prácticas desde el diálogo social para prevenir consecuencias de la exposición esporádica y de poca intensidad. Pedir previsión de pausas pertinentes en situaciones derivadas de la carga física y climatológica, que también deberán fijarse desde la concertación social. Pedir que los Estados miembros prevean sanciones eficaces, proporcionales - creo que en la traducción española debería de decir proporcionada, no se trata de establecer una proporción a), sino una ponderación con respecto a la entidad de la infracción, tiempo de exposición, riesgo, etc. y disuasorias. Las tres peticiones expresan la voluntad de cumplir la estrategia de Lisboa. Ésta hablaba de mejores empleos y mejor empleo quiere decir, sin duda, empleos más seguros. Por eso, me alegra especialmente escuchar que las palabras del Sr. Comisario son favorables a estas enmiendas.
Señor Presidente, para ser eficaces, toda esta normativa, esta modificación, este perfeccionamiento de la normativa exigen otras medidas. Como pone de manifiesto la estrategia de salud laboral 2002-2006, es preciso fomentar la cultura de la prevención. Dicha prevención se contempla en las enmiendas a que me refiero. Desde luego, la utilización del diálogo social será el mejor método de difusión de la cultura de prevención frente a los riesgos del trabajo, en general, y frente a los riesgos derivados de la utilización del amianto, en particular. Será, por lo tanto, el mejor método de horizontalización de las políticas, método de investigación, de cumplimiento de la legalidad, de fijación de condiciones de salud y de seguridad o, lo que es lo mismo, de respeto a la dignidad humana. 
Para terminar, animo a que se cumpla el calendario, porque con el cumplimiento del calendario al que se refería el Sr. Hughes estaremos mejorando de modo inmediato la protección de los trabajadores afectados. Estaremos, por tanto, cumpliendo lo que dispone el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, yo también querría desear a la Sra. Damião una recuperación rápida y completa y agradecerle todo su trabajo en torno a este informe. También me gustaría dar las gracias al Sr. Hughes por su esfuerzo. En ausencia de la Sra. Damião ha realizado un excelente trabajo, logrando alcanzar los acuerdos que teníamos ante nosotros en este debate.
El amianto es un asesino invisible y silencioso. En Europa, América del Norte, Japón y Australia mueren unas 30 000 personas al año por exposición al amianto. Según un estudio belga presentado el año pasado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, se estima que uno de cada siete ciudadanos presentará daños en el pulmón por causa del amianto.
Aunque los niveles de exposición alcanzaron su cota máxima en la década de 1970, el proceso de aparición de los cánceres relacionados con el amianto tarda muchos años. Debido a ello, los médicos especializados en este ámbito predicen que se producirá un incremento continuo en la incidencia de cánceres relacionados con el amianto hasta el año 2020.
En el futuro habrá que demoler algunos edificios, mientras que en la actualidad ya se están derribando otros, por lo que es esencial reforzar la protección de los trabajadores que trabajen en la demolición de estos edificios.
Acojo favorablemente las enmiendas aprobadas. No suponen ninguna carga añadida grave ni onerosa para los empresarios que contratan a los trabajadores afectados ni para los Gobiernos. Sin embargo, insisto en que se prevean sanciones para asegurar que la Directiva, una vez adoptada, se aplique de forma efectiva.

Lynne (ELDR).
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Sra. Damião por todo su trabajo y espero que se recupere pronto.
Cada año, en el Reino Unido mueren unas 4 500 personas únicamente de enfermedades relacionadas con el amianto. Se prevé que, en los próximos 35 años, en la Unión Europea morirán 250 000 personas a causa de estas enfermedades. Las pruebas médicas y científicas demuestran que realmente se necesita una Directiva de este tipo. Estoy muy satisfecha con la prohibición de la producción y venta de amianto en toda la UE a partir de 2005. Afortunadamente, ya están prohibidas en el Reino Unido.
Sin embargo, existen todavía millones de toneladas de amianto en los edificios de toda la Unión Europea. En algún momento habrá que pensar en demoler estos edificios, eliminando, reparando o manteniendo el amianto, con los consiguientes efectos para la salud y la seguridad de todos los trabajadores del sector.
Acojo favorablemente el hecho de que esta Directiva reduzca los valores límite de exposición al amianto. Brindo todo mi apoyo a las tres enmiendas de las que ha hablado el Sr. Hughes. Sin embargo, me ha decepcionado enormemente que la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales cambiara de parecer tras la primera lectura; mis enmiendas, que no han sido aceptadas, podrían haber reducido a la mitad el valor límite de exposición. Las razones de la comisión, tal como yo las he comprendido, eran que, como el Consejo no había aceptado mis enmiendas, no había motivo alguno para proceder a la conciliación, puesto que no las habrían aceptado en el futuro. No obstante, sabemos por experiencia que el Consejo cambia bastante a menudo de parecer durante el procedimiento de conciliación y me parece vergonzoso que no hayamos luchado por esas enmiendas. Si hubieran salvado la vida de al menos un trabajador del amianto, ya habrían merecido la pena.
De todas formas, he decidido no volver a presentar las enmiendas porque no contaba con el apoyo de la Comisión de Empleo ni tampoco de los demás Grupos de esta Cámara.
Incluso a pesar de que me hubiera gustado que la Directiva llegara más lejos, considero que es una Directiva muy buena que salvará la vida de muchos trabajadores del amianto en toda la UE. Por esta razón, aconsejaré a mi Grupo que vote a favor de esta Directiva, porque es muy necesaria.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, los optimistas que opinan que la política y la estructura de la UE se está desarrollando correctamente, también suelen afirmar que en la UE, la economía y las finanzas ya no son las cuestiones más importantes (y no lo son ya desde hace tiempo) y que nos hemos transformado en una comunidad que persigue valores como la paz, la solidaridad y la protección del medio ambiente. Por desgracia, la discusión sobre las directivas relativas a la protección de los trabajadores contra el amianto ilustra una vez más que la UE es más propensa a la economía que a cuestiones como la salud pública, y que el Consejo y la Comisión quieren mantener esta misma tendencia.
El 10 de abril, en la primera lectura, insistí en que había que ir mucho más allá de lo propuesto por la Comisión con respecto al amianto. Es necesario, porque esta sustancia tóxica se ha usado durante demasiado tiempo como solución para todo, porque las viviendas y los edificios industriales de Europa del Este contienen grandes cantidades de amianto ruso y porque, aparte de los trabajadores que manipulan el amianto, podrían resultar afectadas otras personas. Entre las personas de riesgo están los familiares de los trabajadores del amianto, los residentes en viviendas que contienen amianto y las personas asociadas a las actividades de eliminación del amianto.
Como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, he intentado ampliar el alcance de la directiva para incluir a otras víctimas y para incrementar el acceso público a la información de las empresas. En principio, obtuve un amplio apoyo a favor de estas propuestas, hasta que la Comisión señaló los escollos legales. Con este fundamento, propuse invitar a la Comisión antes de que finalizara el año 2003 e independientemente de esta directiva, formular realizar propuestas adicionales en materia de indemnizaciones y de protección de todas las víctimas distintas de las que están expuestas al amianto en el curso de su trabajo. La Comisión está en contra de esta ampliación y el Consejo es todavía más crítico con ella. Por supuesto, supondría un paso adelante si ahora se adoptara una directiva más estricta, pero es bastante decepcionante ver cuáles son las medidas que no van a estar incluidas durante este tiempo debido a las objeciones planteadas. El compromiso se ha quebrado y las tres enmiendas correspondientes son, en mi opinión, insuficientes.

Bouwman (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, en primer lugar la Comisión de empleo y Asuntos Sociales desea sumarse a todos los demás y expresar sus mejores deseos de pronta recuperación a la Sra. Damião, la ponente original, y felicitar asimismo al Sr. Hughes por su labor en su calidad de sustituto y otras muchas cosas.
Creo que estamos hablando de añadir todo lo esencial, retocando los detalles de una directiva que principalmente trata la situación de los empleados. En realidad, pienso del mismo modo que el Sr. Meijer, pero me gustaría repetir que es importante para todos los tipos de categorías de afectados y debemos hacer algo con respecto a esta situación. Estos son mis comentarios sobre la Directiva 83/477/CE. Al igual que el Sr. Hughes, me complace que se haya podido evitar el inminente punto muerto, motivado por el hecho de que las enmiendas del Parlamento no se hubieran aprobado, gracias a la excelente contribución del Consejo en forma de posición común y a las enmiendas adicionales que tienen un mayor alcance.
Esto significa que hemos hecho un gran progreso y que el amianto de cualquier tipo, no en el caso de los productos derivados, por fin ha sido prohibido tras 25 años. Con esto concluyo diciendo que, como el período de incubación es de unos 25 años o más, debemos aplicar el principio de cautela de forma más enérgica. Me referiré a unos pocos ámbitos en los que no hemos hecho absolutamente nada, como las ondas electromagnéticas, la radiación óptica, los organofosfatos, las descalcificadoras y su uso. No sólo deberíamos experimentar estos productos, sino que también deberíamos considerar el uso que tienen en los procesos de producción. Esto conduce automáticamente a la necesidad de promulgar leyes y directivas en aquellos países, pero también sanciones, y de ahí también una enmienda. Además, conviene que se impliquen los interlocutores sociales; todo esto me parece tener un sentido perfecto. Sin embargo, ¿quién mantiene la ley y el orden en la práctica? Sin duda, los dirigentes de los sindicatos, trabajadores miembros de los comités de empresa, a veces servicios de especialistas en las empresas importantes, y todos ellos necesitan tener algo a lo que agarrarse. Ésta es la razón que nos obliga a centrarnos precisamente en este aspecto en nuestro próximo programa de Salud y Seguridad.
Por último, me gustaría comprobar que se crea un registro de los edificios afectados, y en este sentido apoyaré al Sr. Meijer. De hecho, se trata de lo que hemos pedido, pero el Consejo, debido a una serie de dificultades, no lo aceptó de inmediato. Debemos estar en contacto con el Consejo e intentar alcanzar una solución con respecto a los registros nacionales o bien una solución diferente, de tal modo que tengamos un seguimiento de los edificios de que estamos hablando. Conozco uno de ellos: el edificio de la Comisión, pero lo han echado abajo.

Thorning-Schmidt (PSE).
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y a los que han planificado esta Asamblea, porque es la primera vez en mucho tiempo que esta Cámara debate un asunto tan importante relacionado con el entorno laboral a una hora razonable. Normalmente nos reunirnos cerca de medianoche, por lo que es estupendo encontrarse hoy ante ustedes y verles a todos tan despiertos y despejados.
Todos sabemos que el amianto es una de las peores amenazas para la salud de los trabajadores de la UE. Se calcula que en los próximos 35 años, cerca de 500 000 muertes estarán relacionadas con las graves enfermedades provocadas por el amianto. Creo que la experiencia del amianto y el debate en el Parlamento y en cualquier otro lugar, muestran con claridad la importancia de tomarnos en serio el principio de cautela. Durante muchos años, este principio no se aplicó con la seriedad requerida y hoy sufrimos las consecuencias. Por lo tanto, me complace que todos los grupos del Parlamento hayan decidido apoyar esta directiva. No puedo evitar decir hoy que también me gustaría ver a los liberales brindando su apoyo a otros problemas relacionados con el entorno laboral y mostrando su deseo, que no siempre han manifestado, de tomarse con la misma seriedad con que asumen los problemas generados por el amianto, otros problemas de esta misma área. En líneas generales, esta propuesta aporta a los trabajadores una protección mejor y estoy satisfecha por el hecho de que el Consejo haya aprobado muchas de las propuestas del Parlamento. Ahora se propone que los empresarios ofrezcan programas de educación para que los trabajadores sepan cómo protegerse y es un gran progreso que se reconozca claramente la responsabilidad del empresario en este aspecto. Quisiera pedir a los Estados miembros que vayan aún más allá de la directiva y creo que las tres enmiendas adoptadas por la comisión implicada mejoran aún más la directiva. También sería estupendo si el Consejo pudiera mostrar hoy una actitud positiva, puesto que eso significaría que, rápidamente y en la próxima semana, podremos finalizar nuestra lectura de la directiva, algo que les pediría encarecidamente que realizáramos. Hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, pero si concluimos el proceso ahora, muchos trabajadores se podrían salvar de esta grave enfermedad. Por lo tanto, espero que el Consejo apruebe las enmiendas y que podamos conseguir una directiva lo antes posible.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, sobre la serie de recomendaciones que pretenden prohibir el amianto en la Unión Europea se podría decir «más vale tarde que nunca». Sin embargo, esto significaría olvidar las generaciones de trabajadores que han muerto debido al trabajo con el amianto, incluso cuando ya se conocía su naturaleza dañina. Significaría olvidar a los miles de personas que morirán, incluso una vez que se haya prohibido, en unos pocos meses o en unos años. También significaría olvidar a todos los propietarios de fábricas y accionistas que se han lucrado con el amianto sabiendo que era letal, que han sido capaces de invertir sus infectas ganancias en otros sectores y cuya riqueza continúa incrementándose incluso cuando sus víctimas siguen muriendo.
Estos explotadores de seres humanos enfermos ni siquiera sufren pérdidas financieras, puesto que ninguno de los Estados miembros les obliga a pagar indemnizaciones a todas las víctimas actuales y futuras ni a sus familiares.
En efecto, debemos votar por estas enmiendas, pero con un sentimiento de náusea y rabia provocado por el comportamiento servil tanto de las instituciones europeas como de las nacionales, hacia los empresarios implicados. Este servilismo es el causante del retraso durante tanto tiempo de una medida tan básica como la prohibición del amianto.

Moraes (PSE).
Señor Presidente, al igual que mi colega, la Sra. Thorning-Schmidt, no esperaba que me permitieran intervenir antes de medianoche para hablar de algo tan importante como la salud y la seguridad... Es bastante simbólico que estemos hablando de este tema a una hora razonable, porque abarca muchos más aspectos que la cuestión de la salud y la seguridad.
Esta mañana, en el Reino Unido, en el programa estrella de noticias, the Today Programme, se planteó inusitadamente la cuestión del amianto a otra hora también muy razonable. Se planteó debido a la cuestión suscitada por la Sra. Thorning-Schmidt, a saber, la aplicación de esta Directiva. El trabajo en torno a esta Directiva, y en particular a esta cuestión, ha sido tan efectivo, al igual que lo han sido la forma de llevar el debate y el acuerdo alcanzado entre los Grupos políticos, que los Estados miembros están valorando atentamente la forma de aplicar la Directiva.
Esta mañana, la Ejecutiva de Salud y Seguridad ha determinado cómo se aplicará esta Directiva en el Reino Unido, y la manera en que incluso las PYME podrán adaptarse a esta legislación en materia de salud y seguridad. Es importante; suscita un gran acuerdo, pero debemos entender también los peligros reales. Los Estados miembros comenzarán a aplicar dicha Directiva (que debemos controlar cuidadosamente), mientras que los países candidatos usan amianto en unas cantidades que, aunque sólo sean estimativas, se consideran bastante peligrosas. Debemos marcar el tono por medio de la aplicación de esta Directiva, rendir homenaje al modo en el que el Parlamento lo ha planteado y asegurar que nosotros, desde los Estados miembros de la UE, y los países candidatos hacemos lo posible por que esta Directiva refleje el nivel de debate en esta Cámara.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, a pesar de que 13 países hayan prohibido el amianto y, en su mayoría, se hayan desecho de él porque se haya probado que es carcinógeno, Grecia aplica todavía la legislación comunitaria que permite el uso de amianto hasta el año 2005, poniendo, por lo tanto, en peligro las vidas y la salud de los trabajadores del sector y de la sociedad en general.
La protección del medio ambiente y la protección de la salud pública no son de ningún modo las prioridades de la Unión Europea, a pesar de lo que se diga. Su prioridad es conseguir el máximo beneficio para las grandes empresas. El escándalo del amianto es un ejemplo muy obvio de la crueldad del sistema capitalista y ya va siendo hora de que se actúe para prohibir la extracción, el procesamiento y el uso de los productos del amianto. Al mismo tiempo, hay que adoptar medidas para proteger la salud pública del amianto e indemnizar a los trabajadores del sector por los daños y perjuicios sufridos durante estos años.

El Presidente.
- Muchas gracias.
El debate queda cerrado.
Se procederá a la votación de este informe, si no estoy mal informado, el miércoles, a partir de las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe (A5-0384/2002) de la Sra. Breyer, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los alimentos e ingredientes alimentarios autorizados para el tratamiento con radiación ionizante en la Comunidad (COM(2001) 472 - C5-0010/2002 - 2002/2008(COS)).

Vitorino
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, la Sra. Breyer, por elaborar un informe que responde a la cuestión formulada por la Comisión. La cuestión era la siguiente: ¿para qué alimentos se permite la radiación en la Unión Europea?
La Comisión formuló esta cuestión al Parlamento y al Consejo tras consultar a las organizaciones del sector y de consumidores y a otras partes interesadas. La consulta suscitó una respuesta polarizada. Las partes interesadas estaban o completamente en contra de esta tecnología o totalmente a favor de ella. No parece haber un punto medio entre ambos extremos.
En la actualidad, la lista positiva de productos irradiados autorizados en toda la Unión Europea sólo incluye hierbas aromáticas deshidratadas, especias y condimentos vegetales. Para completar esta lista, la Comisión ha sometido tres opciones a debate. La primera opción proponía permitir la radiación de camarones y ancas de rana, ya que dichos alimentos suelen importarse de países tropicales o subtropicales y siempre contienen cierta cantidad de microbios.
La segunda opción proponía permitir la radiación de una serie de alimentos, además de los camarones y las ancas de rana, que vienen irradiándose ya en grandes cantidades en los Estados miembros. Entre estos alimentos se encuentran los frutos secos, los cereales, el pollo, los despojos cárnicos, la clara de huevo y la goma arábiga. La tercera opción proponía que la lista positiva actual debería estar cerrada, lo que significaría que sólo las hierbas aromáticas deshidratadas, las especias y los condimentos vegetales podrían someterse a radiación en la Unión Europea.
El informe adoptado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ofrece la posibilidad de añadir más productos a la lista positiva actual si se puede demostrar la seguridad de dichos productos. La adopción de las enmiendas 2 y 3, presentadas por la ponente y otros diputados del Parlamento, darían lugar sin embargo a la tercera opción, que es la más restrictiva. La Comisión tendrá en cuenta las conclusiones del Parlamento, pero debe esperar a la reacción del Consejo antes de plantear cualquier propuesta formal.
Sin embargo, me gustaría, en nombre de mi colega, el Sr. Byrne, aprovechar esta oportunidad para aclarar unos cuantos puntos. En primer lugar, quiero reiterar que el Comité Científico de Alimentación Humana ha concluido que la radiación de alimentos es segura. Esta opinión se basa en muchos estudios científicos y la comparte la Organización Mundial de la Salud y otros organismos científicos. Por tanto, no se requieren estudios toxicológicos adicionales, puesto que la opinión de la comunidad científica es muy clara a este respecto.
Hay muchas ideas falsas en torno a esta técnica. He de destacar que no todos los alimentos pueden ni deben ser irradiados. Es la misma situación que para la cocción y la congelación: ni todos los alimentos se cocinan ni todos se congelan. La radiación es sólo un método para conservar los alimentos. Para algunos alimentos esta técnica es la mejor, mientras que para otros, no. La Unión Europea tiene unas normas de etiquetado muy estrictas para los alimentos irradiados. Incluso si un alimento contiene pequeñas cantidades de ingredientes irradiados, este hecho quedará claramente indicado.
También disponemos de las herramientas técnicas para controlar el etiquetado correcto. La Comisión ha financiado el desarrollo y la normalización de los métodos de detección de alimentos irradiados. Estos métodos están siendo utilizados por las autoridades del control alimentario para supervisar los alimentos del mercado. El primer informe de la Comisión sobre la radiación de alimentos, de reciente publicación, demuestra que la gran mayoría de alimentos del mercado están etiquetados correctamente. Esto significa que los consumidores podrán elegir libremente entre los productos irradiados y no irradiados. Me gustaría repetir que la legislación vigente exige a los Estados miembros que informen de los resultados de los controles efectuados en sus instalaciones de radiación y en los productos alimenticios. Si las autoridades de control alimentario detectan productos que no cumplen los requisitos legales, estos productos tendrán que ser retirados del mercado.
Por último, creo que el informe estigmatiza a terceros países, especialmente a Estados Unidos y a Brasil, por usar esta técnica y lo considero improcedente, ya que nuestro Comité Científico considera que la radiación de alimentos es segura.

Breyer (Verts/ALE)
Señor Presidente, Señorías, antes que nada les pido disculpas por mi voz, afectada por un resfriado.
Este informe nos hace retomar el debate sobre la medida en que se irradian los alimentos en la Comunidad y la manera en que esto debería regularse. A finales de los noventa se adoptó una Directiva, tras un prolongado debate, que permite que solamente las especias y las hierbas aromáticas secas pueden ser irradiadas en la UE. La UE se enfrenta de nuevo ahora a la decisión de si debería continuar el permiso de irradiar solamente especias y hierbas, si debería ampliarse esta lista para incluir algunos alimentos con condiciones higiénicas problemáticas, como las ancas de rana y los langostinos, o si la lista debería incluir alimentos que se permite irradiar conforme a los acuerdos de transición en cada uno de los Estados, como las patatas, las aves de corral, los vegetales, los langostinos, el marisco, las ancas de rana o la proteína.
La Comisión - tal y como acaba de aclarar el Comisario - enumera estas tres opciones en su comunicación y por lo tanto más o menos nos deja decidir al Parlamento cuáles aprobar. En su informe, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha tomado de hecho una decisión contradictoria sobre el tema que creo que ha mencionado el Comisario brevemente. Por una parte, en el apartado 3 se pide que tomemos nota de la propuesta de la Comisión y consideremos la lista actual como completa, y se expresa la opinión de que sólo debería permitirse irradiar más hierbas, especias y condimentos obtenidos de plantas en la UE si se reconoce científicamente que ello es inocuo y eficaz. Al mismo tiempo, en el apartado 4, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor propone que los productos irradiados, que son numerosos en algunos Estados miembros, se añadan a la lista positiva en la medida en que esta tecnología puede hacer que algunos productos alimenticios sean más seguros.
Lo que hace esto en realidad es dejar clara nuestra falta de una posición inequívoca, dado que, por una parte, en el apartado 3 afirmamos que queremos una decisión muy restrictiva, mientras que por el contrario, en el apartado 4 dejamos claro que estamos a favor de una decisión que vaya más allá. Sin embargo, el Parlamento es bastante claro con respecto a su posición, expresada en el apartado 5 del informe, que consiste en que cada producto alimenticio debe ser sometido a un análisis detallado antes de que se presente cualquier propuesta de añadirlo a la lista positiva, con objeto de demostrar que se cumple cada una de las condiciones para autorizar la irradiación de los alimentos de acuerdo con el Anexo I de la Directiva de 1999.
La comunicación de la Comisión deja claro, al igual que lo ha hecho el Comisario, que en realidad no existe demanda por parte de los consumidores de la irradiación de los alimentos, que de hecho la mayor parte de la industria alimentaria la rechaza y la declara superflua. Incluso Eurotoc, una asociación independiente de consumidores que promocionan la alimentación sana - cuyos cocineros nos son familiares a todos - ha dejado claro que la irradiación de alimentos es incompatible con la concepción de su propósito y ha obtenido en pocos días una amplia aprobación de su resolución que rechaza la irradiación de los alimentos.
Creo que esto demuestra que la Directiva sobre irradiación merece una fuerte crítica y sus presupuestos deben ser refutados. Hay algo que debemos tener claro, y es que la irradiación solamente tiene sentido si se utiliza para disimular y correr un velo sobre las condiciones higiénicas que son inaceptables para nuestra forma de pensar y quizás se simula en beneficio de los consumidores una calidad de la que de hecho carecen. Solamente entonces tendría sentido tratar los alimentos con radiación, ya que, si las condiciones higiénicas fuesen buenas, no habría dudas sobre los productos y estos no necesitarían ser irradiados.
Mi segundo argumento es que la irradiación sirve principalmente para mantener los alimentos frescos durante largos trayectos. Los langostinos son un ejemplo destacado de ello, en el sentido en que se transportan desde el norte de Alemania hasta Marruecos para ser pelados. Esto también - como hemos oído de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo - debería considerarse por supuesto de forma muy crítica en lo que respecta a una política de transporte buena para el medio ambiente y nuestra comisión ha hecho frecuentes llamamientos a la integración de la política medioambiental en las demás políticas.
Para concluir, no puedo por más que reiterar que en los apartados 3 y 5 la comisión ha adoptado posturas muy distintas, y la votación de mañana demostrará si mantendremos nuestra postura a favor de los consumidores y de su protección, o si haremos concesiones a la industria, que en las últimas semanas ha estado presionando enérgicamente. Creo que todos deberíamos ser conscientes de que la irradiación debería considerarse de forma muy crítica, ya que también puede implicar ciertos riesgos, de los cuales puede que no seamos conscientes en la actualidad, y de que los consumidores la rechazan. Espero que nuestra decisión de mañana sea a favor de la protección de los consumidores, permitiendo a la Comisión y al Consejo seguir con su trabajo, que también aclaremos de algún modo el informe ligeramente contradictorio de la Comisión de Medio Ambiente y seamos capaces de llegar a una posición inequívoca, que sirva de base para futuros trabajos del Consejo y de la Comisión.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, siempre he creído que la protección de la salud y de los consumidores debería estar por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, el cumplimiento del principio de cautela no significa impedir que se realicen avances tecnológicos en el campo del procesado de los alimentos.
Por lo tanto, con respecto a la ionización de alimentos, la comunicación de la Comisión Europea - porque debo especificar que realmente se trata de una comunicación y no de un texto legislativo - hace hincapié en que la comunidad científica considera que irradiar los alimentos no representa riesgo alguno para la salud de los consumidores si se aplican buenas prácticas de fabricación. Por supuesto, la ionización no debe ser utilizada para compensar la negligencia en materia de higiene.
Considero bastante decepcionante el proyecto de informe que nos presentó la Sra. Breyer en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor el pasado mes de septiembre. Es esencial que evitemos la confusión ocasionada por algunos diputados. Lo que estamos debatiendo aquí es el contenido del informe de la Sra. Breyer, no la comunicación de la Comisión. Sin embargo, quiero decirle a la Sra. Breyer que no he estado sometida a ninguna presión.
Este informe, tras la adopción de la mayoría de mis enmiendas y las del Sr. Bowis, fue aprobado por unanimidad en la comisión parlamentaria. Mi grupo consideró que se había alcanzado un equilibrio y que este informe podría aceptarse como estaba, incluso aunque se mantengan determinados párrafos particularmente complacientes para la galería. Por ejemplo, el apartado 14 no aporta nada al informe. La diputada del Partido Verde considera que debería ser obligatorio para los fabricantes de alimentos prevenir los riesgos para los trabajadores, la salud humana y el medio ambiente. ¿Cómo podemos mantener nuestra credibilidad a los ojos de los consumidores si nos limitamos a este tipo de declaraciones?
Debemos centrarnos en tomar decisiones prácticas que aumenten de forma eficaz la seguridad de los consumidores. Con este fin presenté las enmiendas adoptadas en comisión con ánimo aumentar los controles para impedir que se comercialicen productos ionizados ilegalmente. Por otra parte, dado que la ionización ha demostrado ser extremadamente útil para destruir los microorganismos o insectos presentes en cierto tipo de alimentos, creo que es razonable no cerrar la puerta a esta clase de tratamientos.
Por otra parte, no estoy de acuerdo con el punto de vista de la ponente sobre el transporte de mercancías. Creo que es beneficioso que hoy se puedan importar y exportar productos que no podrían haberse transportado en el pasado. Por ejemplo, las especias pueden transportarse entre puntos muy distantes. No veo cómo conservar los alimentos durante más tiempo compromete el objetivo del desarrollo sostenible que todos queremos alcanzar.
Por último, señor Presidente, Señorías, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer un comentario general. Creo que es muy lamentable que el Parlamento esté dispuesto a discutir y elaborar informes sobre todas y cada una de las comunicaciones de la Comisión Europea. Este tipo de procedimiento era útil cuando solamente se nos consultaba. Sin embargo, en la actualidad, sería más útil y lógico que nos concentrásemos en nuestro trabajo legislativo. Ganaríamos mayor respeto, racionalizaríamos nuestra sobrecargada agenda y podríamos dedicar más tiempo a los procedimientos legislativos, y por último, evitaríamos hacer el trabajo de la Comisión al establecer nuestra postura sobre un expediente incluso antes de haber recibido una propuesta de la Comisión. No diré nada más sobre este tema, que, en mi opinión realmente no necesita más enmiendas ni debates en el pleno. No me parece que dedicar mucho tiempo a un informe sobre una comunicación de la Comisión, por solamente tres enmiendas presentadas en el pleno, no creo que sea un comportamiento digno de los debates que deberíamos celebrar aquí en el Parlamento.

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, la postura de mi Grupo es bastante diferente de la de la última oradora. Nosotros pensamos que es correcto que se consulte al Parlamento. Creemos que en una serie de ámbitos contenciosos (por ejemplo, los peligros derivados de la radiación no ionizante) no se sabe lo suficiente en términos científicos como para dejarlo pasar sin más.
Mi Grupo también apoyará la enmienda que otros colegas y yo hemos firmado en nombre del Grupo Socialista, para eliminar el apartado 4. ¿Por qué lo hacemos? No porque necesariamente discrepemos con el Comité Científico sobre si la radiación es segura para los alimentos o no, sino porque ahí no se acaba toda la historia. La cuestión es ¿por qué se realiza la radiación? ¿Se hace realmente en beneficio del consumidor? ¿Es una técnica para la que existe una demanda por parte del consumidor? Si así fuera, no existirían tantos casos de radiación ilegal y clandestina como existen, al menos en mi país. Se lleva a cabo de esta manera porque no quieren que los consumidores lo sepan. No quieren que la gente lo sepa y reflexione sobre el comercio, que está más preocupado por las reducciones de costes que por el producto final en términos de satisfacción del consumidor. La Sra. Breyer se ha referido a los camarones que se llevan de un mercado a otro, pelados en un continente y luego devueltos a otro. Esto no responde a preocupaciones sobre la seguridad o el atractivo del producto: se trata de las ganancias que acarrea este negocio.
A la luz de las opciones presentadas por la Comisión, nosotros, al igual que la ponente, somos de la opinión de que la lista no debe ampliarse más. El peso de la prueba continúa recayendo sobre los que quieren hacer este tipo de cosas, pero la prueba todavía está por aportar.

Paulsen (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, tengo edad suficiente como para recordar el enérgico debate sobre los alimentos irradiados que hubo en toda Europa hace 15 ó 20 años. Fue muy similar al debate sobre alimentos modificados genéticamente que tenemos en la actualidad. Es un hecho que la opinión científica unificada, la OMS y la FAO, afirman que la irradiación por sí misma no es peligrosa en absoluto. Por ello podemos afirmar que los considerandos I y J de este informe son bastante engañosos. La tecnología es supuestamente buena para aquellas partes del mundo en que la seguridad alimentaria significa simplemente tener algo que comer. 
Sin embargo, una vez dicho esto, quiero insistir en que no existen motivos de ningún tipo en la Europa actual para irradiar nada que no sean, concretamente, las especias. Para ello existen buenas razones, ya que otros métodos de esterilización de las especias son todavía menos apropiados desde el punto de vista sanitario y medioambiental. En otros casos es innecesario utilizar esta tecnología en una parte del mundo y en un sistema en el que hacemos lo imposible por crear un alto nivel de seguridad en toda la cadena alimentaria. Si mantenemos un nivel de higiene suficientemente alto, aplicamos buenas prácticas de producción y garantizamos que la cadena de refrigeración y congelación no se rompe, no tendremos necesidad de una tecnología que puede - y no digo que esto suceda siempre - utilizarse mal para ocultar una falta de higiene o deficiencias en la cadena de refrigeración, etc. Es un pelín demasiado difícil controlar esto. Por supuesto, podemos decir que este tratamiento está bien si se indica claramente en el etiquetado, pero creo que los riesgos de que se abuse de esta tecnología son demasiado elevados. No creo que sea peligroso, pero creo que es del todo impropio para nosotros mismos.

Sjöstedt (GUE/NGL).
Señor Presidente, al igual que la oradora anterior, creo que no existen argumentos sostenibles para permitir la irradiación de alimentos que no sean especias. En su lugar, varios Estados miembros deberían ejercer controles más estrictos sobre la irradiación de alimentos que no deberían ser irradiados.
Queremos que el informe resulte más restrictivo mediante la adopción de las enmiendas nº 2 y 3, de modo que éstas reflejen la posición del Parlamento.
Existe un riesgo obvio de que la irradiación se utilice para disimular la escasa higiene o el hecho de que los alimentos son demasiado viejos para ser comercializados. No hay razón para aprobar métodos que lo permitan. También es un hecho que, si son irradiados de forma que se mantengan durante más tiempo, los alimentos corren el peligro de perder algunos de sus valores nutricionales y por lo tanto ser menos buenos para los consumidores. Creo que de este modo se engaña a los consumidores en cierto modo para que compren cosas que no son de la misma calidad.
También tiene que ver en parte con la cuestión de qué tipo de política agrícola y alimentaria hemos a tener. ¿Vamos a tener una producción a muy gran escala de mercancías transportadas a grandes distancias y con prolongados tiempos de almacenamiento, o vamos a desarrollar una política agrícola y alimentaria basada en que se produzcan más alimentos localmente y se suministren y consuman en plazos razonables? Recomendamos esta última alternativa.

Blokland (EDD).
Parece ser que los alimentos frescos y los alimentos seguros no siempre son lo mismo.
Por ejemplo, cada año mueren muchas personas debido al envenenamiento por Salmonella y Campylobacter de los pollos. Estas bacterias pueden controlarse mediante productos químicos, como el bromuro de metileno, que es tóxico. Una importante desventaja del uso de este método es que se pueden encontrar restos de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La irradiación de los alimentos constituye una buena alternativa para matar los microorganismos y evita el posterior envenenamiento de los alimentos.
Si queremos consumir productos frescos, entonces es imposible tratarlos térmicamente. Sin embargo, para evitar que las verduras, la fruta y los cereales se estropeen, podemos irradiarlos. Por lo tanto, este es un modo estupendo de mantenerlos frescos después de todo. Sin embargo, sería injusto decir que los alimentos son irradiados por motivos equivocados, para darles un mejor aspecto o para disimular cualquier imperfección. Cualquier sustancia nociva producida por los microorganismos no puede eliminarse mediante irradiación. Por ello es necesario que se sigan aplicando las normas higiénicas y sanitarias durante la producción y los procesos agrícolas.
Entonces ¿cómo sabemos que estos productos frescos también son seguros? En primer lugar, la experiencia nos ha enseñado que la irradiación de alimentos es común en países de la Unión Europea y países terceros. Por otra parte, la seguridad de los alimentos irradiados queda confirmada por el historial de cincuenta años de investigación por parte de la Organización Mundial de la Salud y el Organismo Internacional de Energía Atómica, entre otros. Sin embargo, la irradiación de los alimentos no comporta la formación de nuevas sustancias, como sucede también cuando se cocinan los alimentos. Solamente en el caso de las grasas no está totalmente claro si la irradiación podría tener implicaciones adversas para la salud. Esto exige proseguir con la investigación.
De lo anterior deduzco que existe una necesidad técnica de irradiación de los alimentos, que no existe peligro para la salud pública, que es útil para el consumidor y que no es una alternativa a las normas de higiene. Por lo tanto, se cumplen las cuatro condiciones establecidas en la Directiva marco de 1999. Por ello, quisiera que se dé luz verde a la inclusión de las verduras, las frutas y los cereales, entre otros, en la lista positiva.
En la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se ha mejorado la resolución mediante la incorporación de enmiendas. Sin embargo, quisiera hacer un comentario sobre el etiquetado. El etiquetado no debería funcionar como una señal de aviso. Una vez que se ha demostrado que el producto es seguro, ya no tiene interés que haya un aviso. Esto transmitiría al consumidor la idea errónea de que después de todo hay algún problema con el producto. Para evitar cualquier confusión, la designación de que este producto ha sido irradiado por motivos de higiene puede ser suficiente, al igual que se indica en un cartón de leche que ha sido pasteurizada.
Permítanme concluir diciendo que la irradiación de los alimentos es necesaria en algunos casos con el fin de permitir que alimentos frescos sea equivalente a alimentos sanos. Por lo tanto, no deberíamos rechazar la irradiación de los alimentos de forma desmesurada, sino respetarla por lo que es.

de Roo (Verts/ALE).
Hace cinco años, la Sra. Bloch von Blottnitz era la ponente sobre la irradiación de los alimentos. En aquel momento, la Comisión quería tomar medidas rápidas e irradiar muchos más alimentos que simplemente las hierbas y las especias. Por lo menos ahora lo estamos debatiendo antes, lo cual ya es un avance. Existen disposiciones distintas en los quince Estados miembros. En mi país, los Países Bajos, se irradian las patatas, pero nunca he visto que la etiqueta así lo indique. La legislación europea no se aplica como es debido en este ámbito. La irradiación no es necesaria. Hay muchas alternativas. Si el etiquetado dijera la verdad, los consumidores no comprarían los productos. Este es el motivo por el que también existe el etiquetado fraudulento. El ciclobutadieno es una sustancia siempre detectable cuando se irradian los alimentos. Por lo tanto, es perfectamente posible etiquetar como es debido, dado que la sustancia puede detectarse siempre. Este es el talón de Aquiles de la industria de la irradiación, ya que los consumidores no la quieren. Si la sustancia se etiquetase explícitamente, esta industria sufriría una muerte lenta.

Bowis (PPE-DE).
Señor Presidente, me ha gustado bastante la presentación del Comisario sobre este tema. Creía que todo se entendía bien, con una excepción: había malinterpretado el apartado 3; no es tan negativo como él sugiere. El texto original de la Sra. Breyer, que aplaude la sugerencia de la Comisión de que se pueda considerar completa la lista actual, se ha convertido en «toma nota de la sugerencia de la Comisión de que se pueda considerar completa la lista actual». Esto se ha cambiado de forma bastante significativa. Hay que observar todos los cambios introducidos en comisión. Después de todo, los alimentos llevan recibiendo tratamiento con radiación ionizante desde hace 50 años, tal como ha dicho acertadamente la ponente. En mi país, el Reino Unido, se someten a este tratamiento productos como verduras, frutas, cereales, aves, pescado, mariscos, pero no muchas ancas de rana... Toda esta gama de alimentos, hasta cierto grado, reciben este tratamiento. Cada país tiene listas diferentes. El punto común entre todos nosotros es que el alimento no plantee riesgos para la salud, que sea beneficioso para los consumidores y que esté etiquetado. Si se necesita y es seguro, entonces ¿por qué no aplicarlo? Esa es la opinión general de la comisión.
De acuerdo, es una técnica segura. La OMS así lo afirma. El Comité Científico de Alimentación Humana de la UE dice lo mismo y por lo tanto, se convierte en un elemento de protección del consumidor en sí mismo. Se necesita, por ejemplo, en hospitales para proteger los alimentos destinados a pacientes muy vulnerables a las bacterias peligrosas. Protege los alimentos de la contaminación. Lo que de ninguna forma hace es contaminar o pudrir la comida.
La Comisión nos brindó una comunicación perfectamente acertada - un documento de discusión - con sus opciones para la lista actual de la UE, además de los camarones y las ancas de rana, para la lista actual más amplia de los Estados miembros o simplemente para la lista actual de la UE. Me temo que la respuesta está en algún punto entre la primera y la segunda opción, pero no estamos aquí para tratar la propuesta legislativa. La Comisión está en actitud de escucha. Necesitábamos realizar una reflexión fría y sosegada sobre este asunto. La realidad está a años luz de esa amenaza apocalíptica que pudimos percibir en el informe original, con sombras de peligros como los viajes de larga distancia que, en realidad, benefician a los países en desarrollo a la hora de exportar sus productos. La comisión ha desterrado esa imagen de fuentes radioactivas que plantean riesgos potenciales para la seguridad, motivados por la adquisición de material radioactivo por parte de terroristas para fabricar bombas sucias. Estamos buscando algo más proporcionado.
El informe en su forma original era como si describiéramos la dinastía merovingia como el despotismo temperado por el asesinato. La realidad es que tenemos un proceso que es seguro si se usa adecuadamente. Puede aportar beneficios y debería ser considerado cautelosamente con las evaluaciones de riesgos y con una gestión de riesgos adecuadas, pero sin alarmismos.
Las enmiendas que la Sra. Grossetête y yo proponemos, y que la comisión ha apoyado, devuelven este informe al punto en el que la Comisión preferiría que esté.

Schnellhardt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, quiero dar las gracias a la Comisión por la claridad con la que ha presentado la situación en lo que respecta al tratamiento de los comestibles con radiaciones ionizantes en la Unión Europea. También agradezco al Comisario la claridad en lo que ha tenido que decir sobre este asunto problemático.
En 1999, cuando estábamos discutiendo sobre la Directiva, nuestro temor era que la Comisión no lograra elaborar una lista positiva antes del 31 de diciembre de 2000. ¿Y qué ha sucedido? Pronto será 31 de diciembre de 2002 y, en lugar de debatir sobre la adopción o no de la lista, volvemos a los debates que tuvimos en los días previos a que se elaborase la Directiva.
Creo que las cosas no pueden dejarse como están y la situación es inaceptable. La Comisión, en su comunicación, indica que tanto la FAO como la OMS consideran científicamente probado que la irradiación es bastante segura para los consumidores. De hecho, la OMS insta a que se use más, dado que el procedimiento reduce los riesgos para el consumidor. El Comité Científico sobre la Alimentación Humana indica, con referencia a 17 categorías de productos, que el tratamiento con radiaciones ionizantes es inocua, y estas categorías incluyen todos los productos tratados hasta la fecha en los países de la Unión Europea. Señala que no se ha producido ningún caso en el que se haya superado una dosis crítica en la Unión Europea.
En la comunicación de la Comisión se indica que las condiciones básicas para el tratamiento con radiaciones ionizantes - obtención de licencias, etiquetado y control - se cumplen y que los métodos para detectar la irradiación han sido validados, es decir, también cumplen los requisitos. Poco a poco empiezo a considerar intolerable que se nos diga constantemente en este contexto que existe la posibilidad de engañar, que da cabida al fraude y demás. Existen métodos de detección. Podemos determinar si los productos han sido tratados, sea ello legal o no. Entonces ¿por qué volvemos una y otra vez sobre este debate?
Por ello consideramos que se reúnen todas las condiciones para elaborar una lista positiva y para que la Comisión se ocupe de ella. Sin embargo, la Comisión está cogiendo miedo. Esto se deriva del estudio que ha realizado, que, a modo de ejemplo, ha descubierto que los fabricantes de alimentos no quieren este tratamiento. ¿Por qué no lo quieren? Como aclara la comunicación, temen un boicot a sus productos, dado que la Unión Europea y este debate se han impregnado de una ideología que da la espalda a todos los hallazgos científicos y simplemente se niega a aceptar todo lo que se ha descubierto y establecido hasta la fecha. Así que volvemos a nuestros debates y a lamentar esta lamentable situación.
Entonces es cuando se introduce el argumento de la higiene. Yo ayudé a elaborar la Directiva sobre las condiciones de higiene en la manipulación de la carne fresca. Sería la última persona que querría eliminar nada en este caso, pero hemos debatido sobre el APPCC cuando trabajamos en la versión actual de la Directiva sobre higiene alimentaria. Para nosotros está muy claro que esto no es aceptable en todos los casos y que también debemos utilizar otros métodos con el fin de hacer que los productos sean más seguros para los consumidores. Para eso sirve este procedimiento. El único planteamiento aceptable es que la Comisión elabore la lista positiva muy rápidamente, y además, no en la forma que ha propuesto ahora. La necesidad real es cambiar la situación en la Unión Europea. No podemos permitirnos vernos abrumados por este lastre ideológico.

El Presidente.
- Muchas gracias, Sr. Schnellhardt.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, procedemos al debate del informe (A5-0386/2002) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe especial n° 2/2002 del Tribunal de Cuentas sobre los programas de acción comunitarios «Sócrates» y «La juventud con Europa» (RCC0002/2002 - C5-0257/2002 - 2002/2125(COS)).

Langenhagen (PPE-DE)
Señor Presidente, no ha sido una decisión automática por la que esta Asamblea debate hoy aquí sobre los programas de acción comunitarios Sócrates y «La juventud con Europa».
Se da el caso de que nuestro nuevo Reglamento establece que un tema adoptado de forma unánime por una comisión no necesita ser debatido en el pleno, y la Comisión de Control Presupuestario celebró mi informe y lo adoptó de forma unánime. Sin embargo, consideré que, siendo los programas Sócrates y «La juventud con Europa» temas de relevancia general para muchos ámbitos de la política europea, deberían presentarse ante un público más amplio, dado que este público ha manifestado malestar y quejas sobre el modo en que se han gestionado. Estas quejas han sido retomadas por el Tribunal de Cuentas europeo, que detalla en su Informe especial varios puntos débiles importantes que ha descubierto.
El Tribunal de Cuentas confirma que algunos recursos no han sido utilizados de acuerdo con los objetivos del programa y que, en algunos casos, las metas no se han definido claramente. La financiación anticipada necesaria no existió en determinados proyectos, y esto ha hecho que el trabajo de los jefes de proyecto y los participantes fuese mucho más difícil, si no imposible.
Un número cada vez mayor de escuelas, universidades y otras instituciones están dando la espalda a estos programas, y puedo entender que no les faltan motivos para ello. Por otra parte, el coste administrativo desproporcionado y los pesados procedimientos administrativos no guardan relación con su utilidad. No se puede permitir que los recursos que se aportan simplemente se queden retenidos en la maquinaria administrativa en lugar de llegar a las personas a las que están destinados en primer lugar.
Otros defectos encontrados incluyen retrasos en el pago de las becas, deficiencias en la coordinación general y la ausencia de estructuras reales para llevar a cabo un seguimiento y una evaluación, principalmente debido a la complejidad de los programas.
Es realmente incomprensible que la Comisión haya retrasado la presentación de su informe de evaluación. Esto es lo que ocasionó el consiguiente retraso en el informe posterior del Tribunal de Cuentas, lo cual es realmente inexcusable, dado que implicaba una evaluación de un informe que comprende el período de 1995 a 1999 y pronto será 2003, casi cuatro años después.
En 1999 estábamos dispuestos a continuar el primer programa con el lanzamiento de un segundo programa, para un período de seis años entre 2000 y 2006, sin dar tiempo suficiente para evaluar los problemas que he mencionado. A pesar de esto, mi informe sobre el Informe Especial y sobre los programas Sócrates y «La juventud con Europa» tiene algo muy positivo que decir. No me cabe duda de que estos programas son importantes para la cooperación transnacional en la Europa unida, y de hecho necesarios para ésta, y de que complementan al sistema educativo.
Pero esto no es todo: estos programas, en definitiva, engloban a ciudadanos europeos, ya sean estudiantes o jóvenes trabajadores, y éstos se acercan, mediante intercambios de puntos vista, lo que se denomina diálogo activo, y una formación dirigida sobre asuntos europeos, promueven el entendimiento mutuo en asuntos sociales, política europea y economía, y profundizan la integración europea.
En el programa quinquenal de 1995 a 1999 se destinaron a Sócrates fondos que ascendieron a 920 millones de euros, y 126 millones de euros en el caso de «La juventud con Europa», sumas bastante considerables. Esta suma se duplicó en el programa siguiente para los años de 2000 a 2006, lo cual es notable. En lugar de reducir su importancia, el hecho de que nos encontremos en el umbral de la ampliación hace que nuestra labor en relación con los jóvenes europeos y su educación, adquiera aún mayor importancia.
Por ello hago un llamamiento a que las denominadas oficinas de asistencia técnica sean sustituidas ahora, por fin, por organizaciones públicas y para que se garantice una delimitación clara de las competencias entre la Comisión y las oficinas nacionales, con el fin de eliminar las diferencias entre los distintos Estados miembros. Las oficinas nacionales deben estar equipadas con recursos humanos, materiales y financieros suficientes con el fin de realizar de forma eficaz las tareas que les han sido confiadas.
Después de todo, estamos de acuerdo en que una buena educación es la base del éxito económico futuro y de la capacidad de Europa para competir en el mundo. El informe enumera medidas específicas para tratar los problemas. Estas representan un paso en el buen camino y tienen la intención de garantizar que, en el futuro, las características predominantes de los programas Sócrates y «La juventud con Europa» serán: mayor eficacia, transparencia y entusiasmo.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, señora ponente, el informe elaborado por la Sra. Lagenhagen, que se adoptó de forma unánime en la última reunión de la Comisión de Control Presupuestario, reitera sobre todo las principales críticas incluidas en el informe especial del Tribunal de Cuentas europeo sobre determinadas deficiencias en el diseño o la gestión de los programas. Se refiere, en concreto, a la utilización de una Oficina de Asistencia Técnica y, aunque esto no está claramente definido, a organismos nacionales, así como a una aplicación incompleta y retrasada.
Como la Comisión indica en su respuesta al Tribunal, ya ha introducido mejoras con respecto a la aplicación de los nuevos programas Sócrates y «La juventud con Europa», que sustituyeron a los programas examinados por el Tribunal en el año 2000. Este es el caso concreto en lo que respecta a las relaciones con las agencias nacionales en la gestión de las partes descentralizadas de los programas, o su intención de realizar avances, lo antes posible, en la dirección indicada por el Tribunal, desmantelando en otras palabras la Oficina de Asistencia Técnica dado que la Comisión puede utilizar una agencia encargada de la aplicación del programa educativo.
En lo que respecta a la mejora de la gestión de las partes descentralizadas de los programas, las decisiones de la Comisión adoptadas en 2000 establecen, con los cambios necesarios, para cada programa las responsabilidades de la Comisión y las responsabilidades de las autoridades nacionales con respecto a los beneficiarios y organismos nacionales. Estas decisiones también especifican en sus anexos las tareas que deben realizar las agencias. Por otra parte, las cláusulas de los contratos entre la Comisión y las agencias nacionales se han aclarado y simplificado.
Con respecto al control de las agencias nacionales, las decisiones de la Comisión adoptadas en 2000 estipulan que los Ministerios deberán establecer sistemas para controlar y auditar el funcionamiento de aquellas, incluida la gestión de sus acciones descentralizadas. La Comisión, dentro del ámbito de las relaciones contractuales con las agencias nacionales, realiza controles y audita tanto su funcionamiento como sus proyectos financiados. El control realizado por la Comisión sobre las agencias nacionales y el intercambio regular de información entre las autoridades nacionales y la Comisión permiten un mayor seguimiento de la aplicación de las acciones descentralizadas por parte de las agencias. Antes de remitirse a la Comisión, la contabilidad financiera de las agencias debe ser certificada por entidades autorizadas.
También se han realizado avances en lo que respecta a la gestión de las acciones centralizadas. Se han internalizado determinadas tareas, algunas de las cuales son de competencia pública, que han sido confiadas previamente a la Oficina de Asistencia Técnica, hasta que la Comisión pueda recurrir a una agencia encargada de la aplicación. El trabajo preparatorio para el establecimiento de la agencia ha comenzado, y ésta debería estar en funcionamiento en 2004 con la idea de que asuma tareas que en la actualizad realiza la Oficina de Asistencia Técnica temporal, así como determinadas labores de gestión que en la actualidad desempeña la Comisión. A petición suya, se entregaron a la Sra. Langenhagen varios documentos que dan fe de este avance, una vez elaborado su proyecto de informe.
A pesar de varios inconvenientes en el diseño o la gestión de los programas durante el período 1995-1999, debería destacarse que el Tribunal reconoce el valor europeo añadido de estos programas dado que también indica, a modo de introducción, que estos dos programas han contribuido a aumentar la cooperación entre las universidades de la Unión y en otros países participantes, y han permitido a los jóvenes participar en intercambios multiculturales y, en conclusión, han tenido un efecto innegable sobre los jóvenes y los estudiantes.
Por último, la Comisión tendrá muy en cuenta la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que destaca la importancia que otorga a la evaluación provisional de estos dos nuevos programas para el período 2000-2006 y a la simplificación de la nueva generación tras 2006, con el fin de garantizar la aplicación de una gestión más eficaz, además de procedimientos simplificados, en concreto en el caso de la concesión de pequeñas ayudas.

Bösch (PSE).
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista me gustaría felicitar a la ponente, sobre todo por los comentarios tan críticos que ha realizado. Con el fin de cortar de raíz cualquier historia sobre la aplicación posterior al año 2000, me gustaría también recordar al Comisario - y sé que esta no es exactamente su ámbito de competencia - que el 6 de diciembre de este año teníamos 500 millones de euros que quedaron en la línea presupuestaria B31, que comprende la educación y los programas de juventud. Quinientos millones de euros, Señor Comisario; y quisiera decirle qué significa cuando el dinero se paga en este terreno con una lentitud que no es de recibo. Significa que se está librando una guerra de clases. En estas circunstancias, los primeros a los que se impide participar en programas de gran valor para Europa son los estudiantes de las clases más pobres. Como representante del Grupo Socialista, mi comentario al respecto es que no se trata de dificultades burocráticas que simplemente parecen haber surgido; en realidad se impide que la gente reciba nada y eso es algo que no toleraremos de ninguna manera.
Cuando llegue la hora de conceder la aprobación de la gestión para el próximo año, señor Comisario, estaremos observando qué sucede con los pagos se realicen en el futuro y qué se hará con respecto a las demoras en este programa, y también espero que nuestra ponente lo examine con gran atención. De no ser así, saldrán perdiendo los más débiles: en este caso, aquellos cuyos padres tienen ingresos más bien modestos, para con los que creemos que tenemos obligaciones especiales.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, también a mi me gustaría asociarme a las palabras de mi colega el Sr. Herbert Bösch felicitando a la Sra. Langenhagen por el contenido de su informe y decir que la cuestión de la simplificación y la transparencia de estos programas - cuestión que está siendo debatida en el Tribunal de Cuentas - es con diferencia la cuestión más importante y decisiva para su éxito. Creo que cuando nos embarcamos en un proceso de creación de nuevas agencias - y creo que en este momento se está pensando en varias docenas de agencias para crear programas a una escala similar - considero que antes de embarcarnos en este proceso deberíamos pensar detenidamente sobre los problemas que queremos resolver, si en realidad una agencia será distinta y resolverá los problemas que estas oficinas técnicas y científicas no han podido resolver.
Opino que más importante que pensar en las agencias es reflexionar sobre cómo hacer que toda esta cuestión sea más clara, accesible y uniforme en todos los Estados miembros, de forma que todo pueda procesarse con mayor rapidez, tanto en materia de pagos, como ha expuesto el Sr. Bösh, como en la cuestión de la concepción del propio programa. Esta invitación a reflexionar sobre esta cuestión es lo que quería transmitir a la Comisión.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.20 horas)

