Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Vecchi
Señor Presidente, por lo que respecta al Acta de la sesión de ayer, que se nos ha distribuido esta mañana, quisiera indicar que en la lista de los presentes en el hemiciclo no figura mi nombre. Eso se debe seguramente a un olvido mío -sin duda se me habrá olvidado firmar la lista- no obstante, ya que estaba presente, como podrán comprobar fácilmente los servicios de esta casa, pido que se incluya mi nombre en el Acta entre los presentes del día de ayer.

Evans
Señor Presidente, se trata de la misma cuestión que ha planteado el Sr. Vecchi: a pesar de que ayer estuve aquí, mi nombre no figura en el Acta.

Hallam
Señor Presidente, tomo la palabra para aclarar lo que se dice en el Acta. Recordará usted que ayer planteé una cuestión con arreglo al artículo 3 acerca de las inmunidades y prerrogativas de este Parlamento. Ahora bien, en el Acta se dice que el Presidente sugirió al Sr. Hallam que escribiera al Presidente de la Cámara de Representantes de Bélgica para que aclarase esta cuestión. Si mal no recuerdo y según lo que dice este documento que ha sido preparado por los Servicios del período de sesiones, el Presidente dijo que iba a ocuparse de la cuestión que yo había planteado. No hace falta decir que me gustaría que el Presidente se ocupara de la cuestión en nombre del Parlamento y en mi propio nombre como diputado, y no en mi nombre a título personal.

El Presidente
Tomo nota de su observación, señor Hallam.
(El Acta queda aprobada)

Colom i Naval
Señor Presidente, quisiera hacer una observación sobre el orden del día de hoy.
En el punto del orden del día de hoy sobre preguntas a la Comisión, figura una pregunta mía sobre la conformidad de una ley de un Estado miembro con la normativa comunitaria sobre la competencia. Sin embargo, y a pesar de que esta tarde uno de los Comisarios que responderán en el turno de preguntas es el Sr. Van Miert, responsable para la competencia, mi pregunta figura extrañamente en el apartado «Otras preguntas», mientras que preguntas que llevan fecha posterior a la mía sí han sido atribuidas al Sr. Van Miert. Quisiera saber cómo se ha producido esta situación tan extraña.

El Presidente
Señor Colom i Naval, tomo nota de este asunto. Nos reuniremos con la Comisión y posteriormente en el turno de votaciones tendremos oportunidad de aclararlo.

Ephremidis
Señor Presidente, se trata de un tema general reglamentario, pero me veo obligado a plantearlo. Cuando los diputados planteamos determinadas cuestiones a la Mesa, ésta tiene obligación, sea de forma positiva, sea negativa, de dar una respuesta.
Esto no ocurre en el siguiente caso: Soy miembro de la Delegación en Kzsajstán y las otras Repúblicas de Asia Central, y en concreto vicepresidente de la misma. La sección europea de la Delegación se reunió antes del primero de mayo y decidió hacer un viaje del 2 al 9 de mayo. Al ser informado de que no iba a haber traducción al griego, advertí que sería muy difícil y que no iría para estar como sordomudo. El presidente de la Delegación afirmó que se ocuparía del tema y que me contestaría. Después de una semana me contestó que no había conseguido que se dispusiera un traductor. Entonces dirigí una carta al Presidente del Parlamento explicando que no participaría en una delegación de este tipo sin poder comunicarme. Me dijeron que a lo sumo podría hablar en griego, pero que las deliberaciones se mantendrían en ruso y en inglés, de modo que yo no entendería nada, porque no hablo como ustedes todos estos idiomas. Por lo tanto, dije que tampoco sería posible así. Espero todavía recibir una respuesta del Presidente del Parlamento si mi demanda ha sido aprobada, y si no, por qué razón. Entretanto, el viaje se ha realizado, naturalmente.
Quisiera pedirle, por tanto, que informe al Presidente para que me conteste. Creo que el tema es personal, pero también general, porque afecta a todos.

El Presidente
Señor Ephremidis, por parte de la Presidencia existe tanto la disposición como la tradición de no escatimar esfuerzos para dar respuestas a todos los diputados sobre todos los problemas que aborden. Naturalmente, me ocuparé de que también sea así en su caso.

Decisión sobre la urgencia
von Wogau
Señor Presidente, como usted acaba de decir la Comisión ha cerrado ya el debate sobre este informe y podemos dar, como Parlamento, nuestra conformidad a la urgencia.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)

Bienvenida
El Presidente
Deseo dar la bienvenida a 23 ganadores de un concurso de redacción interescolar «Europa contra el racismo», que acaban de llegar a la tribuna de invitados. Provienen de 15 países de la Unión y el concurso se realizó bajo los auspicios del Parlamento Europeo y fue organizado por el Centro de Información y Documentación en el marco del Año Europeo contra el Racismo.
Doy la bienvenida a las jóvenes y los jóvenes ganadores y les deseo una buena estancia en Estrasburgo.

Producción ecológica de productos agrarios
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0156/97) de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(96)0366 - C4-0481/96-96/0205(CNS)) que complementa, para las producciones animales, el Reglamento (CEE nº 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la agricultura biológica se practica en la Unión Europea en alrededor de un millón de hectáreas y representa el 1 % del total de la producción agrícola. En diez años, las superficies cultivadas se han multiplicado por diez. La agricultura biológica constituye una alternativa realista y en la actualidad fiable a la agricultura intensiva. No tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y su producción, ligada al suelo, evita las superproducciones que se dan en superficies cultivadas equivalentes. Esta doble ventaja deberá ser motivo suficiente para que la agricultura biológica reciba un fuerte apoyo.
El Reglamento nº 2092 de 1991 regula el modo de producción y de comercialización de los productos biológicos vegetales, brutos o transformados. El informe que estamos debatiendo hoy tiene por objeto hacer extensivo dicho Reglamento a las producciones biológicas animales.
Remitámonos al contexto: el texto propuesto por la Comisión en 1996 apareció en plena crisis de la EEB. Si la alimentación de los herbívoros hubiese sido natural, es decir, únicamente a base de plantas forrajeras y de vegetales, no se habría producido esta crisis. De ese modo, se habría realizado un gran ahorro en el presupuesto agrícola, que se podría haber dedicado, por ejemplo, a apoyar la renta de las pequeñas explotaciones, a medidas agromediomambientales, a la investigación, a la instalación de jóvenes agricultores, a la jubilación de agricultores o incluso a la promoción de productos de calidad para la exportación. Desgraciadamente, el daño ya está hecho.
Volvamos más bien al carácter específico de la producción biológica. La producción biológica presenta varias características; se las voy a recordar. Se trata de un tipo de producción totalmente libre y voluntario por parte del agricultor. Es el signo de calidad más elaborado, más poderoso y más controlado del productor respecto al consumidor, aunque todavía haya que hacer algunos progresos. Este tipo de producción se distingue de las demás indicaciones de calidad, como la procedencia geográfica, la denominación de origen protegida y el certificado de especificidad, y al mismo tiempo las complementa. Cada vez más los consumidores piden este tipo de producción, y, en definitiva, es un modo de producción duradero.
Para hacer extensiva la normativa a la producción biológica animal, hemos tenido la suerte de disponer de un buen texto de base de la Comisión. Sin embargo, a veces ha hecho falta precisarlo para hacerlo aplicable y, a veces, ha habido que mejorarlo para ampliar su alcance y su prospección. Esto es lo que ocurre, según creo, con la acuicultura, con las nuevas crías como la de los caracoles, las ranas, las avestruces, los búfalos, la caza, que deberán ser objeto de la extensión del campo de aplicación de la normativa.
He deseado que esta normativa sea lo suficientemente genérica para no convertirse en un obstáculo para su aplicación, definiendo los principios de la cría biológica sin entrar en el pormenor de las especificaciones.
También he deseado que el reglamento sea lo suficientemente flexible para limitar algunas restricciones de la conversión o los excesos de un puritanismo biológico. Sin embargo, para que el Reglamento siguiese manteniendo una coherencia y para permanecer fiel a la tendencia de la mayoría de mis colegas de la Comisión de Agricultura, con ocasión de los intercambios de opiniones, he mantenido el rigor en los modos de producción y, sobre todo, en los controles. De este modo se propone una mejor definición de los controles y la controlabilidad de las producciones, el reforzamiento de la protección de los consumidores, la prohibición de los organismos genéticamente modificados, de las manipulaciones genéticas y de las vacunas con virus activos. Se trata de prohibiciones que los consumidores esperan en este campo específico y que se adaptan perfectamente a los principios de base de la agricultura biológica. Pero en este informe también se tiene en cuenta la necesidad de proteger las producciones tradicionales, como el cerdo, el buey, los capones, las ocas y el engorde de palmípedos.
En resumen, el reglamento modificado por las enmiendas es a la vez más riguroso en lo que se refiere a controles y modos de producción y más flexible, para facilitar las conversiones. Pero refuerza el carácter común de la normativa y previene contra las distorsiones de la competencia entre los Estados miembros, así como entre las regiones. El consenso obtenido en este informe dentro de la Comisión de Agricultura ha permitido reducir a 100 las 314 enmiendas iniciales.
Sin embargo, queda por resolver un problema. Se necesita una dotación presupuestaria suficiente para que la Comisión Europea pueda realmente llevar a cabo su misión de control en los países miembros y encargarse de la vigilancia del sistema de equivalencia en los países terceros. La Comisión sólo cuenta en la actualidad con dos funcionarios para ocuparse de estos cometidos. No deberían repetirse en el ámbito de la agricultura biológica las carencias constatadas en el marco de la comisión de investigación de la EEB. Sin un dispositivo presupuestario, la aplicación del reglamento no se controlará correctamente y se dejara la puerta abierta a los fraudes en la importación.
Para terminar, me gustaría decir, como ponente, que hay dos enmiendas que lamento, pues introducen cierta incoherencia dentro de un conjunto equilibrado. Le pediré, por tanto, que rechace tajantemente la enmienda nº 25, en la que se suprime la mención de los productos de desinfección, y la enmienda nº 85, en la que se suprimen las normas comunes en cuanto al grado de concentración del gallinero en la cría de aves de corral. Le invito, por el contrario, a apoyar mis enmiendas nº 101 sobre el presupuesto, nº 102 sobre la restauración de las normas «aves de corral», núms. 103 y, sobre todo, 104 sobre el presupuesto, que he mencionado antes.
Señor Comisario, recientemente, al visitar Austria como invitada de mi colega, la Sra. Schierhuber, he podido evaluar el trabajo que se ha realizado allí en materia de agricultura biológica; usted no es ajeno a ello. Me atrevo a esperar, señor Comisario, que le permita a toda Europa seguir el ejemplo de su país.

Tamino
Señor Presidente, como ya ha expuesto la ponente, y sobre todo después del caso de la EEB, en toda Europa el consumidor se interesa, mucho más que en el pasado, además de por los costes, también por la calidad de los productos y, en particular, por los métodos de producción utilizados. Por ese motivo, para dar confianza a los consumidores es necesario ofrecerles productos garantizados y certificados. Una nueva normativa europea que permita certificar de forma clara y uniforme en todo el territorio de la Unión Europea los productos de origen animal obtenidos según los criterios de la producción ecológica representa un paso importante en este sentido.
Por eso tenemos que decir que hemos visto con disgusto el retraso con el que la Comisión ha presentado una disposición que completaba la de la agricultura ecológica para incluir también la producción animal. En efecto, este documento se tendría que haber presentado ya el 1 de julio de 1992, luego la presentación se prorrogó hasta el 30 de junio de 1995, y finalmente no lo hemos tenido hasta el 26 de julio de 1996. En cualquier caso, ahora el documento existe y lo consideramos un documento importante, aunque requiere modificaciones que van en el sentido que ya ha expuesto la ponente: en efecto, también en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos presentado enmiendas que en gran parte luego ha aceptado la Comisión de Agricultura, quiero recordar sobre todo las enmiendas en cuyos preliminares se hace referencia al hecho de que la agricultura tradicional ha tenido un gran impacto negativo en el medio ambiente y también en la salud de los consumidores y que hoy es necesario -esta enmienda es importantísima- comprender que toda la política agrícola común deberá progresivamente reorientarse hacia una producción vegetal y animal más ecológica. Por lo tanto, pensamos que la agricultura ecológica indica la dirección hacia la que toda la agricultura debe ir.
Además, tenemos que poner de manifiesto las enmiendas contra la presencia de organismos genéticamente modificados, que no pueden formar parte ni de la agricultura ni de la cría ecológica, y todas las enmiendas que defienden los derechos de los animales, con especial atención a los aspectos inherentes a su existencia, es decir, espacio, alimentación, transporte y sacrificio. Espero que el hemiciclo acepte todos estos aspectos y que, por consiguiente, se pueda tener una excelente disposición a favor de los animales y de los consumidores.

Fantuzzi
Señor Presidente, la Sra. Barthet-Mayer ha hecho su trabajo con mucha seriedad y competencia. Creo que el resultado ha sido un informe que refuerza y mejora la propuesta de la Comisión y que ofrece una contribución real del Parlamento Europeo a la valorización de estos productos. Por lo tanto, la ponente tiene todo el apoyo y las felicitaciones del Grupo Socialista. Ya hacía tiempo que la Comisión tenía que presentar estas propuestas. El Reglamento 2092/91 establecía, quizás de manera algo ingenua y optimista, la fecha del 1 de julio de 1992 para completar la parte originaria del propio reglamento con las producciones de origen animal y desde el 1 de julio de 1992 -como ya han recordado los colegas- hemos llegado a 1997, es decir, cinco años para llenar una laguna jurídica y para dar un marco armonizado de protección, de reconocimiento y de valorización a las experiencias concretas que durante estos años diversos agricultores y operadores han realizado en este ámbito.
Espero, señor Comisario, que este retraso de la Comisión se deba sólo a dificultades técnicas objetivas y no a una infravaloración crónica de la importancia de las producciones ecológicas y de calidad. En este hemiciclo hemos podido evidenciar varias veces que, a pesar de las declaraciones de principio, toda la PAC está aún poco orientada hacia la política de calidad, que sigue habiendo una masiva orientación cuantitativa que todavía empuja a la intensificación de las producciones y a rendimientos cada vez más altos, comportando distorsiones en las financiaciones y consecuencias negativas para el medio ambiente y para el consumidor.
Hay que oponerse fuertemente a esas orientaciones, sin remitirlo todo una vez más, como se hizo en 1992, a las obligaciones internacionales que se nos imponen y que se nos impondrán. La agricultura ecológica es un punto avanzado y significativo de una inversión de tendencia. Desde luego no hay que hacerse ilusiones, es y seguirá siendo una porción menor, secundaria, de la agricultura europea; es y debe seguir siendo una opción voluntaria y responsable del productor, del ganadero; ninguno de nosotros puede pensar que se puede desarrollar por decreto. Pero hay que alentar las tendencias actuales que ven un desarrollo considerable de la producción ecológica. A partir de ahora, como ha recordado aquí la ponente, ya no estamos sólo ante experiencias de valor local, que conciernen, por ejemplo, a mercados de barrio, sino que estamos ante una experiencia de sector, global, general, en la que la propia gran distribución organizada es muchas veces protagonista.
El alcance de este reglamento es tal que da impulso a este mercado, que orienta una producción en la que ya no son los precios garantizados o las subvenciones los que mandan, sino la libre elección del consumidor dispuesto a pagar más a cambio de una garantía total por lo que respecta a su salud y seguridad y al respeto del medio ambiente y del espacio rural.
Nuestro Grupo está de acuerdo con este informe y, por lo tanto, lo apoyará en la votación de hoy.

Ebner
Señor Presidente, distinguidos colegas, también en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo apoyo este complemento que propone la Comisión al reglamento ya existente y la mayoría de las enmiendas que han sido presentadas por la Comisión de Agricultura y por la ponente. El mercado de productos cárnicos ha caído en graves dificultades, sobre todo, por la inseguridad de los consumidores debida a la crisis de la EEB, por las discusiones habidas sobre la situación de la cría de ganado y por la superproducción. El rápido empeoramiento del mercado se manifiesta sobre todo en una fuerte caída del consumo. Puesto que los consumidores muestran un creciente interés por los productos biológicas -en lo que se refiere tanto a la calidad como a la oferta- la producción animal debería adaptarse mejor al nivel de consumo. Esto requiere una reconversión básica de los sistemas de control de calidad y una nueva política sobre la protección de los consumidores.
En una consideración a largo plazo, creo que el deseo de los consumidores de alimentos producidos respetando el medio ambiente abre enormes posibilidades al sector agrario, sobre todo, en las zonas desfavorecidas del sur. Sin embargo, es una ilusión, lamentablemente, creer que toda la agricultura de Europa pueda convertirse en biológica. El mercado para productos biológicos está limitado actualmente en su conjunto y una ampliación de tales producciones debería ser fomentada a través de programas, financiados públicamente, a través de los cuales los agricultores se vieran remunerados por prestaciones de política de medio ambiente, definidas con exactitud.
La transición hacia una explotación ecológica debe ser una decisión libre del agricultor y debe hacerse por etapas, es decir, como una transición fluida y escalonada, de lo contrario corremos el peligro de que no tenga lugar una aceptación positiva y se produzca una desmotivación. En cualquier caso el listón está situado ya muy alto, cosa que no cabe menos que valorar positivamente.
También es absolutamente necesaria e importante una definición del cultivo integrado a fin de dar más impulso a este ámbito. A este respecto hay que dar las gracias al Comisario por su sensibilidad. En los cargos que ha tenido aneriormente en su país, Austria, ha hecho ya cosas excelentes en este ámbito.
Considero absolutamente necesario que abramos vías de comercialización para productos biológicos y fomentemos su financiación, en especial en las zonas desfavorecidas, sobre todo en el sur. Creo también que debe haber campañas publicitarias para productos biológicos, financiadas por la UE, en favor de la salud pública, ciertamente, pero también para poner en marcha medidas que favorezcan la calidad y neutralicen la sobreproducción.

Santini
Señor Presidente, entre las 50.000 explotaciones agrícolas aproximadamente que en Europa se pueden definir como «ecológicas», 15.500 se encuentran en Italia. Y en efecto, los cuatro oradores que hasta ahora han hablado son todos italianos, incluido el colega Ebner, que, aunque ha hablado en su lengua materna, en cualquier caso forma parte del Estado italiano. Este es, pues, un testimonio de la gran sensibilidad que existe en nuestro país hacia este tipo de agricultura. Pero ya hemos superado ampliamente -esto es justo decirlo- el momento de la novedad, de la curiosidad y de la experimentación; de las especies vegetales se ha pasado a los sistemas de cría ecológica persiguiendo la misma filosofía, que tiene dos caras: en primer lugar, el respeto de las cualidades organolépticas y, por otro lado, la mayor renta que esta práctica agrícola garantiza.
La agricultura ecológica ya tiene sus parámetros económicos autóctonos: garantiza que se produzca también en un medio sensible y difícil como los parques y las zonas inaccesibles de montaña, permite la recuperación de cultivos y de tradiciones dejados de lado por la agricultura intensiva y científica, limita los costes debido a que no hay tratamientos y a que se necesita menos mano de obra.
Pero la agricultura ecológica no es sólo una vuelta al pasado, no es una no agricultura que hay que contraponer a la del set aside : es simplemente un nuevo modelo de desarrollo, que parte de la investigación, pasa por una práctica de cultura más que de cultivo y logra una relación limpia y transparente con el consumidor. El resultado notable es el de conseguir y armonizar el reglamento para las producciones vegetables con los criterios más delicados de las producciones animales. Yo diría que éste es el mayor mérito del informe de la colega BarthetMayer -a la que mi Grupo también felicita- y notables son sobre todo los principios en los que se basa.
Por último, podemos realmente concluir con el deseo de que esta propuesta de reglamento pueda constituir una respuesta clara, llena de esperanza, a las amarguras y a las sombras echadas sobre el mundo agrícola por el oscuro y dramático asunto de la EEB, que ha puesto de rodillas a la zootecnia de toda Europa, pero que, sobre todo, ha resquebrajado, de manera tal vez irreversible, la delicada relación de confianza entre productor y consumidor.

Anttila
Señor Presidente, estimados colegas, deseo felicitar a la señora Christine Barthet-Mayer, ponente del informe. Cada vez son más los consumidores que quieren una mayor producción biológica de productos agrarios y alimenticios. Este aumento de la demanda está efectivamente suponiendo la creación de un mercado completamente nuevo, con costes de producción más elevados, para los productos agrarios. De todos es sabido que la UE lleva años tratando de conseguir un mejor equilibrio entre la producción y el consumo, lo cual constituyó el objetivo de, entre otras iniciativas, la reforma de la PAC de 1992. De menor rendimiento, la modalidad de producción biológica de tierras, plantas y animales fomenta la consecución de un mejor equilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrarios.
Las indiscutibles ventajas de la producción biológica se basan en el limitado uso que hace de fertilizantes e insecticidas, que son perjudiciales para el medio ambiente y que llegan a dejar restos en los productos agrícolas. Resulta igualmente necesario establecer una reglamentación común lo suficientemente estricta y exhaustiva por lo que respecta a la producción biológica de productos agrarios, vinculante para todos los productores, los transformadores y los comercios que opten por este método de producción. Se debe exigir a todos los partes implicadas en la cadena de producción que respeten estrictas normas de transparencia, moral y ética empresarial. La crisis de la EEB puso claramente de manifiesto lo que ocurre cuando se incumplen el control y la ética empresarial, además de demostrar la importancia que reviste el control del cumplimiento de la legislación.
El Grupo liberal considera extremadamente importante la producción biológica de productos agrarios respetuosa con el medio ambiente, con la cual podremos responder a la creciente demanda de los consumidores. Creemos que es indispensable dotar a estos productos de un etiquetado de calidad lo más claro posible. Los consumidores han de disponer de la suficiente información a la hora de elegir por sí mismos. En todo momento se debe informar al consumidor acerca del origen, el modo de producción y el tratamiento de los productos.
A causa de las numerosas votaciones a que se ha visto sometido en comisión, el presente informe es contradictorio e ilógico. En verdad, habría deseado que hubiéramos podido disponer de más tiempo para desplegar una cooperación que nos habría permitido dotar al informe de una mayor coherencia. En algunas partes, el informe recoge disposiciones de carácter particular, mientras que en otras partes no se incluyen disposiciones concretas. En parte, este informe presta demasiada atención a métodos supranaturales como la homeopatía y la fitoterapia. En opinión de nuestro grupo, el informe recoge demasiadas disposiciones derogativas, las cuales merman más de lo necesario el respeto ecológico y el carácter natural de la producción, dañando de esta manera la confianza depositada en la producción biológica. Por ejemplo, en un país como Finlandia, que reúne excepcionales condiciones para este tipo de producción, se exige un periodo transitorio de tres años a aquellos productores que opten por la producción biológica, mientras que, de acuerdo con el informe, bastaría con un periodo de transición de doce meses de duración. En algunos casos se podría utilizar forraje de origen artificial. Yo no aceptaría este tipo de excepciones en una producción auténticamente biológica, ya que, en tal caso, la producción de forraje también debería tener lugar en las granjas, puesto que el forraje que pasa por manos de intermediarios implica la aparición de un nuevo peligro.
Para finalizar desearía hacer una pequeña aclaración acerca de un error de traducción. En la versión finesa se hacen bastantes referencias a los términos agua residual y residuo, cuando debería figurar estiércol y orina de ganado.

El Presidente
Señora Anttila, es una de sus primeras intervenciones en el Parlamento, por lo que no he querido interrumpirla. Sin embargo, le ruego que en el futuro adapte sus intervenciones al tiempo que le corresponde: de lo contrario, pone a la Presidencia en una situación difícil.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, espero que usted sea indulgente con los que hablan mucho, pues cuando se tiene mucho que decir se necesita también mucho tiempo. Es importante que, por fin, hablemos hoy sobre la producción agrícola ecológica en relación con la producción animal. Afortunadamente, en la práctica se está más adelantado que en la política. Aquí no se fijan objetivos, sino que se adoptan tendencias en marcha. Señor Fischler, cabe felicitarle a usted y a su país pues en éste se han reconvertido ya el 10 % de las explotaciones agrícolas a la producción agrícola ecológica y muchas tienen esta intención. En su país se puede decir ya que la producción agrícola ecológica ya no es un nicho reducido, sino que se está convirtiendo en la «agricultura normal». En esto se observa hacia dónde puede conducir con el apoyo político una tendencia que todos deseamos.
Las organizaciones ecologistas lo han comprobado, pues hasta ahora no se ha procedido sin una comprobación, y en la práctica ha habido una tendencia entre los consumidores y consumidoras, los cuales están claramente muy interesados en estos productos, e incluso la conducta de compra se está orientando -aunque de manera vacilante- hacia estos productos. Esta es la forma más consecuente de protección del medio ambiente y también la forma más consecuente de protección del consumidor. Por esta razón hemos presentado la solicitud de que se escoja el artículo 101 como fundamento jurídico, cosa que no es más que consecuente y que ojalá acepten ustedes. Mañana estudiaremos el asunto en la Comisión de Asuntos Jurídicos y luego votaremos. Si este fundamento jurídico no se logra, entonces tendremos que hablar sobre las enmiendas.
Como todos sabemos, se rechaza la tecnología genética. Que yo sepa, la Comisión no se ha puesto de acuerdo acerca de una postura. Por consiguiente, presentaremos la solicitud de devolución a la Comisión si se mantiene el artículo 43 como fundamento jurídico, para que ustedes no tengan la posibilidad de decidir que no se acepte nuestro proyecto progresista. En tal caso aceptaríamos una controversia sobre este punto. Lo considero extraordinariamente importante y espero que la Alta Asamblea acepte nuestra solicitud.

Nicholson
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar a la ponente por su informe. Esta mañana tenemos la oportunidad de examinar una cuestión que nos atañe a todos, y de expresar nuestra opinión acerca de la agricultura ecológica. Sea cual fuera nuestro origen o nuestra procedencia, me parece que todos estamos de acuerdo en que el desarrollo de la agricultura ecológica será de beneficio general.
Quisiera decir asimismo que, ahora que examinamos esta cuestión, tenemos que esforzarnos por enfocar con realismo el desarrollo de la agricultura ecológica, teniendo presente el costo de produccíón. No será de ninguna ayuda para el futuro de la agricultura ecológica que fijemos normas tan rigurosas que el consumidor no tenga la posibilidad de adquirir lo que se esté produciendo. Aquí hay que llegar a un equilibrio: el costo de producción no debe ser excesivo porque, en mi opinión, con ello perjudicaríamos la finalidad de nuestras actividades.
Las normas tienen que ser uniformes en todos los Estados miembros, y los Estados miembros tienen que esforzarse más por estimular el desarrollo, especialmente ayudando a los agricultores jóvenes que desean ocuparse de la agricultura ecológica. Los agricultores jóvenes que empiezan a ocuparse de la agricultura ecológica serán los que tengan que hacer frente a tan tremendo desafío, así que los Estados miembros tienen que ofrecerles su ayuda.
Espero que el Sr. Fischler y la Comisión velen por que todos los Estados miembros traten al desarrollo de la agricultura ecológica con cierto grado de igualdad. No es eso lo que ha sucedido hasta la fecha, porque en los diversos Estados miembros hay estructuras de apoyo diferentes. He recibido quejas en mi propia región de Irlanda del Norte, pues las personas que desean ocuparse de la agricultura ecológica no han conseguido -ni han podido- obtener el grado de apoyo que necesitan. Nos incumbe a todos el lograr que podamos alcanzar lo que, en mi opinión, son objetivos de tremenda importancia. No sería realista afirmar que los métodos de agricultura ecológica pueden brindarnos todos los alimentos que necesitamos en la Unión Europea, pero hemos de esforzarnos por aumentar el porcentaje que podemos obtener. Tenemos que conseguir que esta alternativa esté a disposición de las amas de casa, para que puedan elegir libremente los alimentos que deseen adquirir para sus familias.
Me place sobremanera dar mi apoyo a este informe y no hace falta decir que apruebo la actitud realista de la ponente. Pueden estar seguros de que no apoyaré nada que imponga una presión excesiva a todos los que desean practicar la agricultura ecológica y tropiecen con dificultades para hacerlo.

Raschhofer
Señor Presidente, estimados colegas, para las personas hay dos ámbitos importantes para la existencia, en último término, para la supervivencia: su medio ambiente y su alimentación. En nuestro mundo actual, altamente tecnificado, estamos llamados a tender un puente entre estos dos ámbitos. Por consiguiente, se requiere un tratamiento global y no una consideración momentánea de uno u otro ámbito. Esta propuesta de reglamento es un intento que marca una dirección, pues busca en la producción agrícola ecológica una compensación entre la productividad, por un lado, y el equilibrio ecológico por otro.
En especial, la crisis de la EEB nos ha puesto ante los ojos a dónde conduce una agricultura orientada puramente a lo masivo con todas sus deformidades como, por ejemplo, el transporte de animales vivos. En consecuencia, la reconversión del sistema hacia la cría ecológica de animales y hacia el control de calidad constituye un paso importante no sólo para los campesinos sino, sobre todo, para los consumidores. No obstante, alguna buena voluntad ignora la realidad.
Si se aplica por ejemplo la propuesta a la apicultura, entonces está claro que casi en ningún sitio de la Europa central habrá una apicultura biológica, pues nadie podrá satisfacer los criterios. Por el contrario, si se considera el relajado tratamiento de algunos países en vías de desarrollo con los etiquetados en el caso de la miel, este sistema cae rápidamente en el absurdo. No obstante, un etiquetado sólo tiene sentido realmente cuando se prevén también controles estrictos, para que el consumidor pueda confiar también en que dentro hay lo que figura fuera.
Es dudoso que en el caso de la utilización de organismos modificados por tecnología genética quepa hablar de agricultura ecológica. Después de que cerca de 1.200.000 austriacos -casi una cuarta parte de los ciudadanos con derecho a voto- han apoyado la petición popular contra la tecnología genética, difícilmente va a compartir esta opinión el consumidor austriaco.

Needle
Señor Presidente, señoras y señores, una de las intenciones explícitas del actual examen de los tratados es acercar más Europa a sus pueblos. Si queremos que esto no quede en mera retórica y que sea un esfuerzo práctico encaminado a ofrecer a los europeos la mejor calidad posible de vida, la esfera de la demanda pública de alimentos sanos y seguros a un precio asequible es una de las esferas en las que convendría que las instituciones de la Unión Europea actúen de forma visible. Por lo tanto, como ya se ha dicho, es una triste ironía que, a pesar de que ha promovido hace ya varios años las normas relativas a los cultivos ecológicos, la Comisión no haya conseguido hasta ahora, en lo que se refiere a la producción pecuaria, más que una serie de desastres para la salud relacionados con la carne. Por eso es mucho mejor que sostengamos este debate tarde que nunca, y el texto resultante representa un valioso esfuerzo en favor de determinar, reglamentar y promover formas sostenibles de agricultura que puedan resultar beneficiosas para nuestro medio ambiente, los consumidores y los productores, sin olvidar a los animales.
Conviene indicar que las normas anteriores sobre cultivos han sido objeto de numerosas modificaciones. Como ha quedado demostrado por la complejidad de los comentarios formulados en el Parlamento, una continuación de la evolución es conveniente y, en este caso, es necesaria. Con frecuencia cada vez mayor los consumidores piden informaciones sencillas acerca de la carne, los huevos y la miel que consumen, y es natural que puedan recabar asesoramiento y protección internacionales en los que puedan confiar. En una importante cadena de supermercados me dijeron recientemente que la cuarta parte de las ventas de huevos proceden en la actualidad de gallinas cluecas que no están instaladas en batería. La demanda existe, pero ¿cuál es la definición adecuada de los huevos puestos por gallinas criadas al aire libre, de gallinas criadas en el interior de la granja, y de gallinas conservadas en percha o en batería? Hay etiquetas en la carne de bovino u ovino que indican que los animales se alimentaban de hierba, pero ¿quiere eso decir que se han alimentado de hierba toda su vida, o solamente una parte de ella? ¿Y qué productos químicos se les ha dado?
Este informe ha procurado ocuparse de una extensa gama de difíciles cuestiones técnicas. No hay duda de que ha mejorado el texto de la Comisión y procede felicitar a la Sra. Barthet-Mayer por lo mucho que ha trabajado, pero si queremos esforzarnos seriamente por hacer competitivos a todos esos procesos ecológicos, hemos de reconocer que aún queda mucho por hacer. Podemos animar a los productores para que dejen de considerar a los animales como sencillas unidades de producción, y podemos fijar normas rigurosas de bienestar animal y cuidados veterinarios en las granjas y durante el transporte. Por eso les pido que apoyen las enmiendas 107, 108 y 109. Podemos pedir que se concedan incentivos financieros. Podemos reducir el costo de la producción disminuyendo los insumos y los tratamientos, y, cosa de importancia capital, podemos aumentar el número de personas que trabajan en este sector. Todo esto requiere que haya voluntad política y que se obre en favor del bien común, y por eso espero que la Comisión nos indique hoy que considera a todas estas medidas como un principio y no como una conclusión, y que se dirigirá también a los Estados miembros para que adopten medidas urgentes.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, la agricultura de la UE no tiene futuro si hablamos solamente de la producción agrícola ecológica y si consideramos la agricultura tradicional como un modelo superado. También me enoja y es engañoso que muchos pinten constantemente la EEB como el fantasma de la agricultura intensiva; en mi país el último caso de EEB se ha descubierto en una explotación ecológica.
Quiero felicitar a la ponente, la Sra. Barthet-Mayer. Con la propuesta de introducción del ámbito de los productos animales en el actual reglamento de la UE la Comisión ha dado un paso importante hacia la regulación global de la producción ecológica. En el marco de esta producción los productos animales, es decir, básicamente la leche y la carne, tienen una importancia extraordinaria ya que aquí se alcanza generalmente la máxima generación de valor en la producción agrícola. Por esta razón, para un desarrollo sostenible de la producción ecológica en la UE es de una importancia capital crear una regulación legal para este ámbito. Pero, a este respecto hemos de tener claro que esta rama de la producción se encuentra solamente en sus inicios y es preciso, por ello, encontrar regulaciones que posibiliten a las explotaciones agrícolas, a las empresas de transformación y al comercio de productos alimentarios constituir rápidamente y sin una excesiva carga de costes este segmento del mercado.
El gran número de enmiendas que se han presentado a la propuesta en las discusiones parlamentarias muestra que aquí no sólo nos enfrentamos a una materia muy compleja sino también a un texto jurídico muy complicado. Por consiguiente, desde el punto de vista de mi grupo sería de celebrar que lográsemos simplificar de manera sustancial la propuesta y la configurásemos también de forma comprensible para los agricultores de las explotaciones. Cada incremento de regulación de los detalles significa siempre un incremento de control que genera costes.
Un criterio esencial de la producción ecológica es, sin duda, la utilización más exclusiva posible de piensos procedentes de cultivos ecológicos. Por consiguiente, el objetivo debería ser garantizar en el marco de unos períodos adecuados la utilización realmente exclusiva de piensos ecológicos. En este contexto no concedo mucho valor a la idea de la Comisión de prescribir a las explotaciones ecológicas una economía que de facto es autárquica. El reglamento sobre la ecología de la UE no debe ser un campo de juego para concepciones ideológicas maximalistas, sino que debe constituir un marco jurídico razonable. Si alguien desea ir más allá con ayudas especiales, puede hacerlo. Pero esto no se le debe imponer obligatoriamente a los demás.
Naturalmente, dada la brevedad del tiempo de que dispongo, sólo puedo comentar algunos puntos particularmente importantes. A estos pertenece la pregunta de si en el marco de producción ecológica se necesita realmente una nueva tasa adicional de conversión en unidad de ganado. El punto decisivo es, ciertamente, garantizar una ocupación ganadera por hectárea que sea compatible con el medio ambiente. Esto está garantizado por las actuales tasas de conversión en unidad de ganado o por los límites de la directiva sobre el nitrato. Por consiguiente, soy partidario de imponer la limitación del nitrato de acuerdo con la directiva sobre el nitrato o un límite global superior de 2 cabezas de ganado mayor por hectárea. Seguramente, una deficiencia esencial es todavía la falta de precisión en muchos pasajes. En este texto jurídico no deberían tener lugar las descripciones generales o las concepciones ideales. En el reglamento ecológico de la UE sólo deberíamos adoptar regulaciones precisas que también sean justiciables. De lo contrario contribuiremos a la inseguridad de los productores y de los consumidores. Me opongo también contra las regulaciones que no son realizables en la práctica como sucede, por ejemplo, en el caso de la miel.
Se ha acabado mi turno de palabra, pero me imagino difícilmente, señor Comisario, que elaboremos una regulación de transporte para la miel con señalizaciones que indiquen a las abejas hacia dónde deben volar y hacia donde no. Esto sería algo muy apetecible para la prensa alemana.

Guinebertière
Señor Presidente, el lugar que ocupa en la actualidad la agricultura biológica y su potencial desarrollo están expuestos en el informe de la Sra. Barthet-Mayer de forma precisa y detallada y la felicito enormemente por ello.
El potencial desarrollo de la agricultura biológica está ligado a las necesidades de seguridad, de calidad y de confianza en la alimentación de los consumidores, a sus inquietudes respecto al medio ambiente, al respeto por las condiciones de vida de los animales, al rechazo de la utilización de organismos genéticamente modificados, así como a la utilización de productos químicos de síntesis.
La agricultura biológica constituye una alternativa para los agricultores, preocupados por su calidad de vida y su trabajo, y que desean una producción agrícola más respetuosa con el medio natural. Dicha agricultura permitirá conservar un tejido socioeconómico denso en zonas rurales deprimidas, manteniendo una fuerte conciencia del papel y de las responsabilidades del agricultor en la conservación del ecosistema y de la biodiversidad a la hora de obtener productos sanos y de calidad.
El informe, completado con enmiendas de compromiso, constituye un conjunto coherente que votaremos y el Reglamento así modificado se aplicará inmediatamente en todos los Estados miembros, sin distorsión de la competencia. Los operadores franceses de la agricultura biológica son partidarios de tener umbrales cifrados en cuanto al rendimiento por hectárea, la densidad en las naves, el respeto de vacío sanitario, los índices de alimentación procedentes de la agricultura biológica, la limitación de los tratamientos de los productos alopáticos de síntesis y las edades mínimas de sacrificio.
El desarrollo de la agricultura biológica sólo será posible si los consumidores tienen también una total confianza en los sistemas de control y certificado de productos. Por lo tanto, cada Estado deberá desempeñar su función para proporcionar esta seguridad, y ello en connivencia, claro está, con la Comisión. Pero hay que tener cuidado porque un desarrollo demasiado rápido de la agricultura biológica podría debilitarla, hemos de tenerlo muy en cuenta. El riguroso trabajo de la Sra. Barthet-Mayer nos ayudará a ello y nosotros votaremos a favor de su informe.

Mulder
Señor Presidente, yo también quiero expresar mi aprecio por el trabajo entusiasta de la Sra. Barthet-Mayer. Sólo lamento que haya todavía tantas enmiendas. La agricultura, señor Presidente, ha de satisfacer la demanda de clientes. Está claro que hay una creciente demanda de productos ecológicos y por ello es lógico que la Comisión haya propuesto una normativa para evitar la competencia desleal. Nos parece esencial en esta normativa. Hemos de establecer reglas para que estas se apliquen de la forma más igualitaria posible en la Unión Europea.
Sin embargo, las regiones no son iguales y por tanto quisiera abogar -y ello se ha expresado ya en diversas enmiendas- por una cierta flexibilidad en determinadas regiones. Pienso que también es necesaria cierta flexibilidad en el período transitorio. Este período no puede ser igual en todas partes y ha de ser lo más breve posible para incitar a los agricultores a cambiar a la producción ecológica.
Estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Keppelhoff en que no es lógico que todos los productos tengan que proceder de la propia empresa. Habrá que estimular los acuerdos de cooperación con otros agricultores siempre que sea posible. La autarquía es realmente mala.
Por último, señor Presidente, es esencial que se cree un logotipo europeo para los productos ecológicos que sea reconocido en toda la Unión Europea. Lo mismo tendrá que aplicarse, como ya ha señalado el Sr. Ettl, a los productos de la agricultura integrada. Más adelante, este mismo año, espero publicar un informe de iniciativa al respecto.

Iversen
Señor Presidente, celebro que hoy debatamos una propuesta en materia agrícola que por una vez va en la dirección correcta. La propuesta de la Comisión de incluir a los animales en la Directiva sobre la producción ecológica de productos agrarios es, obviamente, una reacción ante las exigencias de los consumidores, reforzada tras la enfermedad de las vacas locas. Con esta propuesta tenemos la posibilidad de dar a un número considerable de agricultores y ganaderos el impulso necesario para que adopten la producción ecológica, al mismo tiempo que beneficiamos el medio ambiente. Por eso es importante que las normas para la producción ecológica hagan referencia a un equilibrio apropiado entre el tiempo de adaptación y la valoración de la calidad. Con esto quiero decir que no sirve de nada exigir tres años para la adaptación, durante los cuales el productor no pueda vender sus productos como ecológicos ni utilizar su propia cosecha como forraje ecológico. No me parece que las normas deban convertir prácticamente en una utopía ser agricultor; todo lo contrario, deben facilitar a muchos agricultores la posibilidad de vivir de la agricultura ecológica.
Entre los consumidores hay una gran demanda de productos alimenticios no modificados genéticamente. Los agricultores ecológicos europeos no desean organismos modificados genéticamente en sus productos, y la prohibición ya ha sido incluida en el Código Alimentario. En mi opinión, debemos apoyar tal deseo, ya que estos productos serán los únicos acerca de los cuales sabremos con seguridad que no contienen organismos modificados genéticamente. Me parece importante que estemos atentos ante las exigencias en este sentido.
Quiero añadir que los consumidores han de tener la seguridad de que los productos alimenticios que compran como ecológicos lo son realmente. Por eso, queremos un control de los productos ecológicos que funcione, y es una ventaja contar con una marca UE común que permita a los consumidores reconocer los productos que a escala comunitaria han sido aprobados como ecológicos. Me parece algo sumamente importante si queremos que se tenga confianza en ella. Unicamente así se tendrá la seguridad de que los consumidores saben lo que obtienen a cambio de su dinero.
Para finalizar, quiero decir que la propuesta de la ponente me parece excelente y, como tantos otros lo han hecho, le damos una vez más las gracias.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con esta propuesta se pretende alcanzar los mismos objetivos que con el Reglamento 2092/91, que solamente afectaba a las producciones vegetales, extendiendo el ámbito de aplicación a las producciones animales para establecer unas condiciones de competencia equitativas entre los productos de la Unión Europea del sector de la agricultura ecológica y para garantizar la libre circulación de los productos ecológicos dentro de la Unión Europea. Asimismo, se pretende mejorar la confianza de los consumidores de dichos productos y fomentar una actividad agraria que responde a una demanda creciente de los consumidores y que aporte como valor añadido un impacto favorable en el medio ambiente.
El contenido de la propuesta define los propósitos básicos de la producción animal ecológica, tales como su vínculo con el suelo, las reglas específicas de los principales parámetros que condicionan la actividad de cría, como son el origen de los animales, las modalidades de reconversión de un centro de producción hacia la agricultura ecológica, la alimentación de los animales, la profilaxis y los cuidados veterinarios, así como las condiciones de alojamiento y mantenimiento de los animales. Sin embargo, tengo que señalar que en algún caso estas normas son poco concretas, ya que en muchas especies no pasan de ser una mera declaración de principios que no se traducen en datos objetivos a cumplir por los operadores y a controlar por las autoridades y organismos de control.
Por otro lado, el nivel de exigencia y de detalle establecido en las normas no es homogéneo para las diferentes especies animales ya que en el caso de las aves, por ejemplo, está desarrollado al máximo mientras que para las demás especies apenas se ha concretado nada, dejando en el aire criterios importantes o especies enteras de animales que son susceptibles de actividad ganadera como, por ejemplo, los conejos. De todas formas, la propuesta era esperada hace tiempo, pues aunque ya existen a nivel nacional normas que regulan la producción ecológica, se considera que son necesarias reglas que armonicen a nivel de la Unión Europea este tipo de producciones con flexibilidad suficiente para garantizar las diversidades regionales.
Por otra parte, quiero destacar que en mi país se reúnen las condiciones que favorecen el desarrollo de la producción animal ecológica, dado que se conserva un importante patrimonio genético de razas autóctonas -de bovino, ovino, caprino y porcino-, de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio ambiente, lo que favorece su crianza y su explotación en régimen extensivo. Se han alcanzado objetivos en este sentido ecológico en el campo de las aves de corral, y tiene tradición y se ha desarrollado la apicultura, obteniéndose productos de gran calidad por la abundancia y variedad de la flora melífera que allí existe.
La aprobación de este reglamento se considera positiva para el sector productor ecológico, así como beneficiosa para los consumidores, siendo previsible una demanda creciente de estos productos procedentes de la agricultura ecológica y favoreciendo a su vez la implantación de sistemas agrícolas mixtos ganaderos que representen ventajas en este tipo de explotaciones. Pero Señorías, no debemos caer en la ley del péndulo. Como han dicho nuestros colegas, el Sr. Fantuzzi y la Sra. Keppelhoff-Wiechert, es una actividad secundaria, complementaria de la agricultura tradicional, que comienza a abrirse paso y que nosotros, desde nuestro Grupo, apoyamos decididamente. Felicidades Sra. Barthet-Mayer.

Poisson
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Christine Barthet-Mayer por su informe, muy completo y sagaz en cuanto a un sector con futuro como el de la agricultura biológica.
Tras la crisis de la vaca loca, hemos visto que entre los consumidores europeos cundía la preocupación por la procedencia de los productos alimentarios. Casi en los albores del siglo XXI, cuando se habla tanto de la ampliación hacia el Este, de la reforma de la política agrícola común, de la Conferencia de Cork y de una agricultura duradera, la agricultura biológica es una alternativa nada desdeñable para los agricultores que desean conservar o recuperar una calidad de vida y cierta forma de trabajar basada en una producción menos intensa y más respetuosa con los ciclos naturales.
La agricultura biológica permite asimismo mantener y revalorizar zonas deprimidas e incluso abandonadas. Desde hace unos años, la agricultura biológica ha conquistado un rancio abolengo. Se han quedado atrás los tiempos en que se consideraba a los agricultores «bio» unos iluminados. En la actualidad, la agricultura biológica se desarrolla con regularidad y armonía, dado que el mercado de la alimentación «biológica» progresa a razón de un 15 % cada año. Por esta razón, como responsables elegidos, debemos fijar normas y controles muy concretos, así como certificados fiables para los productos, con el fin de garantizar a nuestros consumidores el modo de producción y el origen de estos productos.
A escala mundial la agricultura biológica está aún poco desarrollada y la europea sigue siendo la más avanzada. Por ello estaré a favor de este informe muy técnico, pero en gran medida necesario para la agricultura en general y para Europa en particular.

Olsson
Señor Presidente, en primer lugar felicito a la Sra. Barthet-Mayer por un informe excelente. A continuación, me gustaría detenerme un momento y reflexionar sobre el valor de las palabras, puesto que utilizamos la noción de agricultura ecológica para un sector que sólo representa un porcentaje de la producción agrícola. Esto demuestra ciertamente que nuestra sociedad se halla en un estado de gran sintetización y que confiamos demasiado en métodos de producción no sostenibles. En este sentido la agricultura ecológica representa naturalmente una aportación esencial, una punta de lanza en la evolución.
Me permito decir que, a pesar de que en Suecia no hemos tenido el mismo éxito obtenido en la Austria del Comisario Fischler, acordamos en el pasado establecer un objetivo del 10 por ciento para los cultivos ecológicos para fin de siglo. Vamos a pasos forzados en esta dirección, lo cual considero muy satisfactorio.
Se trata de crear una normativa muy sencilla. Yo tengo un punto de vista especial por lo que respecta a las tecnologías de manipulación genética, porque creo en ellas. Pero, dado que actualmente no es posible discernir entre las buenas y las malas tecnologías de manipulación genética, hay que contentarse con prohibir todo tipo de organismos genéticamente manipulados en los cultivos ecológicos. No es evidente que esto tenga que ser así en el futuro, puesto que las tecnologías genéticas pueden ayudarnos a evitar que se apliquen métodos antinaturales en otros terrenos.
Me permito finalizar diciendo que es importante que no seamos demasiado quisquillosos, demasiado ambiciosos. Existe en ocasiones una coincidencia desafortunada entre los mayores defensores de los cultivos ecológicos y sus más fuertes detractores; todos quieren hacer que la normativa resulte intrincada y complicada. Yo estoy a favor de unas normas duras, pero sencillas, y de una agricultura cada vez más ecológica.

Hardstaff
Señor Presidente, también yo quisiera sumarme a las felicitaciones dirigidas a la Sra. Barthet-Mayer por su excelente informe y en particular por lo que se ha esforzado para redactar enmiendas de transacción que tengan en cuenta las numerosas enmiendas adicionales presentadas a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
Desde hace más de 25 años está agudizándose en Europa la preocupación por la forma en que producimos nuestros alimentos, en nuestro afán de conseguir niveles de producción cada vez mayores. Se plantea con inquietud la posibilidad de que lo que debería ser la base de una buena salud humana -nuestra alimentación- esté contribuyendo actualmente a la mala salud debido al empleo excesivo de plaguicidas, herbicidas, abonos artificiales, hormonas artificiales, utilización indiscriminada de antibióticos y de forrajes inadecuados. Como resultado de ello, muchos de los animales que forman parte de nuestra dieta tienen también mala salud, sin contar con las crueles condiciones en que suelen vivir. Todo esto ha suscitado el interés por la agricultura ecológica, como medio de conseguir que se produzcan alimentos totalmente sanos.
Las propuestas que tenemos ante nosotros preconizan principalmente que haya normas para lograr que el consumidor que adquiere productos animales ecológicos compra realmente alimentos que se han producido de forma natural y que provienen de animales alimentados con forrajes sanos y naturales y criados en condiciones humanas y no intensivas. El informe no se ocupa directamente del bienestar animal propiamente dicho, pero estimula la buena cría de animales y es partidario de que se evite todo sufrimiento innecesario para ellos. Para muchos consumidores es sumamente importante la forma en que se crían los animales y la forma en que son transportados. Por eso pido al Parlamento que apoye las enmiendas 107, 108 y 109 sobre el transporte de animales y sobre el espacio para la cría de pollos y de terneras.
Es evidente que no toda la agricultura europea va a ser absolutamente ecológica, pero los agricultores que elijan ese camino y críen a los animales de forma sana y les traten de buena manera dan a los demás agricultores un ejemplo de lo que se puede hacer. Ya hay casos en que las formas de arar se orientan hacia la gestión integrada de los cultivos siguiendo procedimientos de amplia base ecológica aunque no sean enteramente ecológicos. En mi circunscripción de Lincolnshire hay dos granjas de demostración. Espero que, en forma similar, las medidas que este Parlamento tiene hoy ante sí alienten a promover no solamente la cría enteramente ecológica de animales, sino también una ganadería mejorada en general para los casos de agricultores no ecológicos, en particular por lo que se refiere a la cría de pollos y de terneras en consonancia con la demanda de los consumidores.

Cunha
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, como sabemos, la presente propuesta de reglamento va encaminada a aplicar al sector animal el reglamento ya existente, de 1991, para los productos vegetales. La lástima es que surja con bastantes años de retraso, pero, como dice nuestro refrán, »más vale tarde que nunca».
Como ya han dicho varios oradores, la definición y la promoción de la producción biológica o incluso de la producción extensiva de los productos agrícolas no constituye, en sí misma, una solución milagrosa para resolver los problemas de nuestra agricultura europea. Hay que tener conciencia incluso de que, por razones meramente técnicas, no es viable en múltiples circunstancias, principalmente en las zonas de pequeñas y muy pequeñas explotaciones agrarias.
Y también hay que tener conciencia de que la agricultura biológica entraña, por regla general, costos de producción más elevados, al menos en una primera fase, por lo que va destinada esencialmente a una minoría de consumidores con mayor poder de compra. Pero, a pesar de eso, la producción biológica constituye sin duda una dimensión prometedora de la agricultura europea, por tres razones principales: en primer lugar, porque puede captar más fácilmente la confianza de los consumidores, pese a que la producción biológica no es la única forma segura de producción; en segundo lugar, porque constituye una forma de valorizar los recursos productivos, los sistemas de explotación o regiones, que, de otro modo, tendrían dificultades para competir, sobre todo después del Acuerdo del GATT; en tercer lugar, porque entraña en sí misma un respeto por las condiciones agroecológicas, por lo que es una importante forma de volver a reconciliar la agricultura con el medio ambiente y con la naturaleza.
Como antes he dicho, ninguna política aislada podrá, por sí sola, resolver los problemas de una agricultura europea tan heterogénea como la nuestra. Ni la agricultura biológica ni la política de calidad ni la política de precios y mercados ni la política de estructuras podrán, por sí solas, resolver esos problemas. Todas esas políticas son necesarias, pero deben ser equilibradas entre sí y actuar de forma articulada. Para eso es necesario que la Política Agraria Común, la PAC, evolucione hacia un mayor equilibrio entre esos diferentes componentes, ya que en el pasado y aún actualmente se encuentra profundamente desequilibrada, como lo demuestra el 90 % del presupuesto dedicado al componente de precios y mercados, el apenas 10 % dedicado a las estructuras y la insignificancia presupuestaria asignada a la política de calidad y a la producción biológica.
Y también hemos de desarrollar la política de desarrollo rural, que constituye otra importante dimensión de una futura PAC equilibrada y apta para atender a todos los sistemas agrarios europeos y no sólo a algunos. Por último, quiero recordar que es fundamental que también se trabaje para exigir una certificación creíble por parte de las organizaciones de productores y que se vele por que, en la próxima ronda del GATT, las normas de producción biológica sean iguales para todos los socios comerciales a fin de evitar la distorsión de la competencia por partes de terceros países.
Sólo para terminar, quisiera felicitar a nuestra colega la Sra. Barthet-Mayer, por el muy serio, profundo y profesional trabajo que ha hecho en este informe suyo.

Piha
Señor Presidente, la producción de alimentos saludables que se lleva a cabo a la vista del ciudadano tiene un valor intrínseco de gran importancia para los europeos. Por este motivo, la UE debería alentar la producción biológica u orgánica de los productos agrarios e intentar activamente la búsqueda de medios que fomenten este tipo de producción. Cabe expresar, por todo ello, nuestro agradecimiento a la autora del presente informe.
Sin embargo, la elaboración del informe de la señora Barthet-Mayer se ha llevado a cabo apresuradamente, lo cual se deja quizás entrever en su resultado, por ejemplo en la cantidad de enmiendas presentadas. Sin profundizar en detalles pequeños, el informe presta demasiada atención a la argumentación de la cuestión. Por ejemplo, no se ha prestado la suficiente atención a la perspectiva septentrional de la Unión Europea.
De cara al ciudadano particular de la Unión Europea, ésta recuerda ya más un gran proyecto agrícola que un gran proyecto global de cooperación europea. En la actualidad, el 60 % del presupuesto comunitario se destina a la agricultura, y no existen motivos para aumentar este porcentaje. Sin embargo, sería posible encontrar medios para apoyar también a nivel comunitario la producción biológica de productos agrarios mediante una reorientación de las ayudas agrícolas comunitarias ya existentes en la actualidad. No obstante, las iniciativas encaminadas a lograr la armonización fiscal llegan demasiado lejos. El Parlamento Europeo debería acordarse de vez en cuando de «parar el carro»: la imposición fiscal debería, con arreglo al principio de subsidiariedad, continuar siendo todavía un asunto de carácter nacional.
Para poder apoyar los cultivos biológicos, éstos deberán basarse en la utilización de métodos naturales. Así pues, hay que prohibir el uso alimenticio de vegetales provenientes de organismos sometidos a manipulaciones genéticas, así como su aprovechamiento en productos de transformación, ya que hasta el momento no se dispone de información suficiente acerca de sus efectos.
En el informe se hace igualmente referencia al transporte de animales. Al menos por lo que respecta al consumidor finlandés, es importante contar con la seguridad de que el transporte se realiza de un modo adecuado desde el punto de vista moral, intentando reducir al mínimo el estrés de los animales. A pesar de las dificultades que entraña la armonización de las cuestiones relativas al etiquetado original, por lo menos el consumidor finlandés exige estar informado acerca del modo en que se realiza el transporte y del origen geográfico de los productos de cultivo, a lo cual, desde mi punto de vista, tiene también derecho.
Los finlandeses están acostumbrados a mantener unos niveles elevados en lo relativo a su producción animal, también por lo que respecta a los animales. Por esta razón, creo que el presente informe da muestras de una cierta mojigatería. Da cierta impresión de que, si para un gastrónomo francés el hígado de oca constituye un placer exquisito para el paladar, en definitiva no nos paramos a pensar seriamente en el interés de los animales. En nuestro afán armonizador, nos olvidamos a menudo de que la normalización europea no conlleva ningún cambio, sino que es el cambio en las actitudes del ciudadano europeo el que produce resultados.

Fischler
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, permítanme en primer lugar que también yo dé las gracias a la ponente, la Sra. Barthet-Mayer y a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural así como también a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública Y Protección del Consumidor por su excelente trabajo. Las comisiones se han esforzado por mejorar realmente la propuesta no sólo en aspectos fundamentales, sino también en muchas cuestiones técnicas particulares. Desde que en 1991 se introdujera la regulación básica relativa al cultivo ecológico con el Reglamento 2092, éste ha ido cobrado constantemente importancia en la Comunidad Europea. Junto a esto el Reglamento 2078, del año 1992, sobre modalidades de producción en la agricultura, compatibles con el medio ambiente y con el paisaje, ha contribuido también enormemente a este desarrollo. Sin embargo, la actual regulación sobre productos vegetales debe ser complementada de manera urgente con reglas relativas a la cría ecológica de animales, a fin de que todos los alimentos ecológicos se produzcan en un clima de competencia abierta y se ofrezca al consumidor un alto grado de confianza.
En el informe se hace un fuerte hincapié en la prohibición de utilizar organismos genéticamente modificados y productos obtenidos a partir de los mismos, en los cultivos ecológicos y en la elaboración de productos ecológicos. Esta opinión es compartida por las organizaciones de productores ecológicos y por la mayoría de los Estados miembros. Por esta razón, la Comisión acepta que la utilización de organismos genéticamente modificados y de los productos derivados de los mismos no responde a lo que el consumidor espera actualmente de los productos agrícolas y de los productos alimentarios obtenidos ecológicamente.
Por consiguiente, la Comisión, de acuerdo con las enmiendas 8, 26 y 24, así como con la 28, último párrafo, está dispuesta a recoger esta prohibición en un considerando del reglamento y en los artículos 5 y 6, que tienen una de importancia básica. No obstante, es preciso definir de manera precisa el concepto de organismos genéticamente modificados y para ello es preciso referirse en el texto del reglamento a la definición de la Directiva 220/90 sobre la liberación intencionada de organismos genéticamente modificados. Haciendo esto se volverían superfluas las enmiendas 13, 14, 35, 36, 41, 52, 63, 73, y 112, pues esta prohibición sólo sería repetida en diversos pasajes de los considerandos y en los anexos técnicos.
No obstante, cabe aceptar la repetición de esta prohibición en algunos pasajes fundamentales del Anexo I a tenor de la enmienda 64. Lo mismo sea dicho también, básicamente, para las enmiendas 97 y 99, en la medida que éstas adaptan las disposiciones del Anexo IV a la prohibición general que se contiene en los artículos del reglamento.
Señoras y señores, la Comisión considera adecuado el artículo 43 como fundamento jurídico. Por un lado, efectivamente, esta medida atañe ante todo a la regulación y al fomento de la modalidad ecológica de producción y, por consiguiente, no contiene objetivos de política sanitaria. Por otro lado, se trata de integrar el aspecto de la producción animal en un marco jurídico existente, en concreto, en el relativo a la producción agrícola ecológica. Por consiguiente, desde nuestro punto de vista, los fundamentos jurídicos deberían ser también coherentes. Por esta razón, me resulta inaceptable la enmienda 110.
Considero inaceptables las enmiendas 21 y 87 en la medida que unas reglas de etiquetado y unas disposiciones de control, contenidas en el reglamento, se amplían también sin más dilación a productos animales de especies para las que se van a elaborar normas precisas de producción en un momento posterior. Por el contrario, me parece que es necesario un análisis más detallado acerca de la enmienda 20, relativa a la ampliación de la regulación al etiquetado y a la comercialización de piensos ecológicos de origen animal, y acerca de las enmiendas 23 y 29 sobre medidas específicas sobre infracciones y baremos de sanciones.
Por lo demás, temo que mediante cargas adicionales debidas a estas modificaciones se vaya a lastrar toda la ejecución del reglamento, ya que la Comisión y los Estados miembros disponen para esto solamente de recursos y posibilidades limitados. No obstante, la Comisión está dispuesta a poner en discusión una vez más estos puntos en el marco de una futura modificación del reglamento.
No puedo menos que celebrar la enmienda 22 sobre el mejoramiento de la protección de determinadas expresiones que se utilizan frecuentemente para designar productos ecológicos. Considero aceptable la primera parte de las enmiendas 24 y 113 sobre la eliminación de las indicaciones relativas a la conversión en el etiquetado de los productos animales, así como también la enmienda 30 relativa a la indicación de origen para los productos animales en todo el proceso de producción y comercialización.
Para la introducción del correspondiente logo de la UE les puedo asegurar que la Comisión comenzará con los preparativos tan pronto como sea posible. Sin embargo, la fecha de 1 de enero de 1998 que se indica en la enmienda 31 me parece poco realista y, por consiguiente, no aceptable. Con la propuesta de la enmienda 32 de utilizar también el logo oficial para los productos de terceros países la Comisión tampoco puede estar conforme ya que ni ésta ni los Estados miembros tienen un control permanente y directo sobre la exactitud de la aplicación de las disposiciones y de su vigilancia en terceros países.
He tomado nota con interés de las enmiendas sobre la habilitación de los recursos presupuestarios necesarios para la puesta en práctica del Reglamento 2092. Aunque sin una estimación precisa de los recursos en cuestión no puedo aceptar formalmente estas enmiendas, voy a procurar que se propongan recursos adecuados en el marco del procedimiento presupuestario ordinario y espero también entonces el apoyo de esta Alta Asamblea a fin de que puedan disponerse realmente los recursos necesarios para este sector.
Finalmente, permítanme que muestre al Parlamento mi pleno reconocimiento porque no ha escatimado esfuerzos en comprobar en detalle las numerosas exigencias técnicas para la cría ecológica de animales. Para la Comisión las enmiendas 5, 6, 9, 10, 11, 16, 19, 22, 27, 34, 47, 48, 49, 55, 56, 60, 62, 66, 67, 69 a 72, 74, 75, 82, 88, 93, 94, 111, 116, 119, 124 y 125 aportan mejoras técnicas o redaccionales a la propuesta originaria, que aquella asume de buen grado sea sin modificar sea en su idea básica y, llegado el caso, con una formulación más adecuada.
Por el contrario, la Comisión no puede aprobar las mejoras técnicas o redaccionales de las enmiendas 1, 4, 12, 15, 17, 18, 25, 33, 38, 40, 41, 46, 51, 54, 57, 61, 65, 77 a 80, 85, 90, 95, 96, 98, 100, 102, 105 a 109, 114, 115, 118 y 120 a 122.
Son aceptables en parte por nosotros las enmiendas 2, 3, 7, 37, 42 a 45, 50, 52, 53, 58, 59, 63, 68, 76, 81 a 84, 86, 87, 89, 91, 92, 103, 117 y 123, pero también aquí, llegado el caso, con formulaciones más adecuadas.
Señoras y señores, la Comisión está convencida de que este reglamento, tras su aprobación, contribuirá a un ulterior desarrollo de la producción agrícola ecológica en la Comunidad y que así responde al creciente interés de los consumidores en estos productos.
Para terminar, permítame, señora Barthet-Mayer, que le dé una vez más cordialmente las gracias por su dedicación a la hora de elaborar este excelente informe, y al Parlamento por su contribución extraordinariamente positiva a este debate.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Fishler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar, en principio, mañana, ya que es necesario esperar a la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre una enmienda relativa al fundamento jurídico de este informe.

Agricultura y las agrupaciones de productores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0132/97) de la Sra. Redondo Jiménez, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre las propuestas de reglamento del Consejo
I. relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (COM(96)0058 - C4-0234/96-96/0044(CNS)) II. relativo a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios (COM(96)0058 - C4-0235/96-96/0045(CNS)) y III. referente a las agrupaciones de productores y a sus uniones (COM(96)0058 - C4-2036/96-96/0046(CNS)).
Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con ocasión de la aprobación del Reglamento nº 2843 en el año 1994, el Consejo contrajo el compromiso de codificar los reglamentos relativos al objetivo 5 A dado que, al haber sido modificados más de una docena de veces desde su adopción, los textos vigentes resultan ahora de difícil lectura y poco comprensibles para los no especialistas en política de estructuras agrarias. El Consejo propone modificar el Reglamento nº 2328 de 1991 sobre la eficacia de las estructuras agrarias, el Reglamento nº 866 de 1990 sobre las condiciones de transformación y comercialización de los productos agrarios y el Reglamento nº 1360 de 1978 relativo a agrupaciones de productores.
Por otra parte, por lo que se refiere al Reglamento nº 2328 de 1991 que regula las indemnizaciones compensatorias en zonas desfavorecidas, cuyos criterios de delimitación figuran en el Reglamento nº 268 de 1975 del Consejo, parece oportuno introducir este Reglamento en la nueva redacción del Reglamento nº 2328. Así, se han introducido las modificaciones que simplifican el texto y facilitan la comprensión del articulado, intentando mantener incluso la numeración para evitar esfuerzos de memorización a los usuarios habituales de los textos, y se desplazan a un anexo los importes de las ayudas del Reglamento nº 2328 para facilitar su actualización periódica.
Este esfuerzo de reagrupación de textos y mejora de su legibilidad sobrepasa una mera codificación, tanto por su alcance como por la nueva versión del Reglamento, por lo que esta codificación constituye una refundición, debido a lo cual se propone una enmienda a las tres propuestas de Reglamento. Asimismo, se proponen enmiendas a ciertas cuestiones que, sin incidir en aspectos fundamentales, aclaran y mejoran el contenido de los textos y facilitan su aplicación.
Me gustaría señalar las que afectan a la mejora de la eficacia de las estructuras agrícolas, que se refieren a los puntos siguientes: en primer lugar, mejorar la definición de venta directa de productos de la explotación, puesto que hay explotaciones de difícil acceso a las que se les debe permitir un punto de venta en sitios accesibles, siempre y cuando vendan productos única y exclusivamente producidos en dicha explotación. En segundo lugar, con respecto al ahorro energético, consideramos como elemento elegible el de las ayudas a las inversiones para disminuir el consumo de agua en las explotaciones. Todo el mundo es consciente de los problemas estructurales que plantea la sequía, y todo aquello que favorezca el ahorro de agua, que reduzca su consumo, debe ser favorecido por este texto, y debe quedar recogido y señalado. En tercer lugar, y con respecto a la exclusión de ayudas al sector porcino, proponemos una excepción: el porcino tipo montanera, que afecta en mi país al cerdo ibérico, ya que favorece el ecosistema típico, no es contaminante y basa su explotación en el pastoreo extensivo. En cuarto lugar, debería completarse la definición del sector «huevos y aves de corral» en el sentido del Reglamento nº 277/75. Y en quinto lugar, la reposición de elementos estructurales destruidos o deteriorados por catástrofes naturales debería estar contemplada en los supuestos excepcionales excluidos de las limitaciones a las que afecta el apartado 3 del artículo 12.
De todas formas, quiero felicitar a la Comisión por proceder a esta refundición de legislación en materia de estructuras agrarias, porque afecta a la consolidación de la política estructural agraria y porque sienta las bases para hacer frente a dos retos importantes que se plantean ahora: la reforma de los Fondos estructurales y la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental. La política estructural debe ser el eje vertebrador del mundo rural, y este eje vertebrador no será nunca sólo el turismo o sólo la artesanía, sino que debe basarse en las actividades agrícolas y ganaderas que garanticen, con un mínimo de eficacia, el mantenimiento de recursos suficientes para cumplir los objetivos asignados.
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, estamos ante un texto que constituye una mera refundición legal de los textos vigentes con objeto de mejorar su comprensión y lectura y no estamos ante una modificación sustancial de estos textos. Se trata, simplemente, de una refundición. Por ello nos hemos permitido algunas aclaraciones relativas a su mejora y puesta en funcionamiento, y yo pido a la Comisión, y al señor Comisario aquí presente, que sean tenidas en cuenta y aclaradas hasta que estemos en el momento procesal oportuno... Aclaradas, no, -veo que el señor Comisario mueve la cara-, sino entendidas y aceptadas por la Comisión hasta que nos encontremos en el momento procesal oportuno para realizar la verdadera reforma en profundidad de estos textos legales, algunos de los cuales ya se han quedado un poco anticuados.

Fantuzzi
Señor Presidente, la colega Redondo ha hecho un buen trabajo. Naturalmente se trata de una propuesta de codificación de tres reglamentos y, por lo tanto, de un hecho muy técnico. Quisiera aprovechar la ocasión de la presencia del Comisario para exponerle dos cuestiones: la primera es, en mi opinión, la de una reflexión de fondo sobre las medidas del 5 a). En mi opinión, esta codificación no hace sino registrar un cierto retraso: nos ponemos en orden desde un punto de vista formal, pero desde un punto de vista sustancial, los reglamentos del 5 a) empiezan a mostrar un poco los signos del tiempo. Sería necesario iniciar una reflexión en todos los ámbitos sobre cómo se han utilizado y sobre las exigencias de innovación que existen: una reflexión, por ejemplo, sobre el 2328 -las medidas para los jóvenes, en parte utilizadas, en parte no utilizadas- o sobre el 866: a partir de ahora las intervenciones para la adaptación de las estructuras de transformación y comercialización ya no se refieren a la inversión en nuevas estructuras materiales; existe a menudo una necesidad de adquirir inversiones inmateriales, en marcas, en estructuras ya existentes, cosas que están excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento y que no afectan a su eficacia.
Esta es, pues, la primera cosa, dirigida al pasado. La segunda cuestión se refiere al futuro, señor Comisario. No quisiera salirme del tema, ni quisiera titular mi intervención con la expresión, por ejemplo, »olvidar Cork», pero, efectivamente, después de este foro sobre la cohesión parece que el 5 a) no tenga ya futuro. Por consiguiente, quisiera pedirle un poco de claridad porque por lo que se ha entendido, las dos grandes orientaciones, temáticas o geográficas, excluirán, en suma, una representación de medidas horizontales como las del 5 a).
Incluso parece que hay quien quiere hacer desaparecer el concepto mismo de ruralidad como categoría aparte de las medidas estructurales. Yo estoy un poco sorprendido por todo esto y entonces me pregunto: ¿en suma, Cork ha sido una exhibición para pasar el fin de semana o es realmente un eje estratégico para el futuro de los Fondos estructurales? Me parece, efectivamente, que existe una incógnita muy seria. Por lo tanto, desde este punto de vista le pido, señor Comisario, que aproveche la ocasión de hoy para darnos aclaraciones que puedan sernos de alguna utilidad.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario, el reglamento sobre la mejora de la eficacia de la estructura agraria constituye el reglamento central para la adaptación de las estructuras agrarias. Este fomento de las inversiones de las explotaciones individuales es muy importante y las medidas en caminadas al fomento del asentamiento de jóvenes agricultores son una gran ayuda. A mi juicio es imprescindible la subvención de partida para la introducción de una contabilidad de la explotación, si es que en realidad no existe todavía, o para jóvenes agricultores.
En las zonas desfavorecidas y en las regiones de montaña deberían intensificarse las medidas que favorecen las rentas agrícolas, pues, en definitiva, su planteamiento político, señor Comisario, es también el de dar en la UE la mayor oportunidad posible a una explotación de la tierra que abarque las superficies cultivables. Desde mi punto de vista cada vez cobran más importancia las agrupaciones de explotaciones, es decir la cooperación: por un lado, la creciente presión de la competencia, luego, frecuentemente, la insuficiencia de personal en las situaciones laborales punta y el aumento de los costes de las máquinas por hectárea.
La Comisión aborda esta necesidad en la propuesta de reglamento, cosa que celebro expresamente. Respecto del apartado 4 del artículo 6 quisiera referirme especialmente a una enmienda. Deseamos ayudas a la inversión para explotaciones que están situadas en regiones en las que el número global de plazas de porcino haya descendido de forma demostrable. Las ayudas a la inversión no deberían conducir a que se sobrepase el número originario de plazas de porcino. Sin embargo, si preferimos una y otra vez la producción regional, si queremos eliminar los largos itinerarios de transporte, si es razonable la plena explotación de los mataderos actuales, entonces habría que admitir esta enmienda.
En las medidas relativas a la formación profesional - lo pueden imaginar ustedes fácilmente- desearía que hubiera una especial consideración de nuestras mujeres campesinas, pues la comercialización directa es predominantemente su trabajo. Con este objetivo ustedes desean fortalecer la posición de los productores en el mercado y apoyarlos frente al creciente predominio del mercado. Este documento de la Sra. Redondo es indiscutible en su conjunto. Tan sólo se han realizado pequeños retoques. y deberíamos darle las gracias de manera muy especial por su trabajo.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, es evidente que cualquier agricultor, cuando contempla tantas normas, tantos reglamentos, tantas directivas, se queda casi sin ganas de invertir, de reestructurar, de agruparse con otros. Hay que habituarse a Kork - de que ha hablado mi colega Fantussi-, algo así como un Vaticano II. Hay que habituarse a varias referencias que, de hecho, casi son clericales. La verdad es que, en las intervenciones que hemos oído aquí, las preocupaciones de los países son todas diferentes: unos están más al frente, otros más en el medio, otros más atrás.
Ahora bien, para un país como el mío, este documento es de la mayor importancia. Representa la consecución de una reestructuración agraria, conseguir organismos de transformación y de comercialización, conseguir agrupaciones de productores -y, por tanto, la concentración de la oferta-, enseñar al agricultor a ser menos individualista y a conseguir comercializar lo que produce, hacerle comprender realmente que es necesario trabajar en conjunto y en comunidad para tener éxito en la lucha que va a reñir contra las grandes potencias industriales y comerciales del mundo, en un mundo que se globaliza.
Por tanto, considero que se debería simplificar todo esto y que debería contar con un balance al final de cada año para saber la forma como los Estados miembros ponen en ejecución esas directivas, estos documentos, para ver cuál ha sido el grado de ejecución, como hace el Tribunal de Cuentas con el fraude. Sería conveniente que este Parlamento conociese la forma como los Estados miembros hacen la aplicación práctica, sobre el terreno, de estas medidas que han de contribuir por fuerza a la racionalización y a la modernización de las agriculturas. Convengo con las enmiendas de la Sra. Redondo Jiménez, a favor de las cuales votaré.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, el informe que estamos tratando es, en esencia, una compensación técnica, pero desde el punto de vista del contenido es decisivo para el desarrollo de la racionalización en el ámbito de la agricultura. De esto estamos discutiendo hoy y yo quisiera puntualizar, señor Fischler, que sería importante pasar del fomento unilateral de la racionalización al fomento de la innovación en el cultivo biológico que hemos mencionado antes en el informe. Sería bueno ampliar esto al acceso al mercado para las explotaciones individuales pues esto crea puestos de trabajo, mientras que la racionalización destruye puestos de trabajo.
También en el ámbito de medio ambiente y puestos de trabajo se está emprendiendo en la práctica una ampliación. Cuando se analiza la práctica cada uno tiene luego 80 o 100 plazas más. Por consiguiente, habría que echar el freno también aquí y, en consecuencia, no puedo aceptar la enmienda de la Sra. Redondo, en la que se pide que se fomente de nuevo una ampliación de la capacidad allí donde las plazas de porcino no hayan aumentado en conjunto sino que hayan disminuido, pues esto conduce una vez más a un desplazamiento en favor de la producción racionalizada agroindustrial. Puede que esto sea diferente en su país. Entonces habrá que tener en cuenta, además, las condiciones regionales. De lo contrario, se llegará entre nosotros al desplazamiento de las plazas de porcino hacia la producción agroindustrial con todas las circunstancias que ahora podemos observar de nuevo en relación con la peste.

Raschhofer
Señor Presidente, la propuesta de reglamento que se ha presentado constituye un paso adelante hacia el mejoramiento de la estructura agraria. Se reconoce la urgencia de esta medida cuando se considera la precisión y la eficacia del actual sistema. La vigencia de la premisa «masa en vez de clase» no ha perdido nada de su brillo. La EEB no ha sido una casualidad, sino una consecuencia inmanente al sistema.
Sin embargo, con esto se ha introducido un proceso de cambio de mentalidad que también va a resultar más difícil de parar para el poderoso lobby agrario. En consecuencia, importante y positivo en este proyecto es, sobre todo, que las ayudas a la inversión se van a destinar no sólo al aumento de la producción sino también al aumento de la calidad. Las ayudas destinadas a la diversificación de las fuentes de rentas en el turismo y en la artesanía fortalecen la independencia y la capacidad de supervivencia de las pequeñas explotaciones campesinas. Las agrupaciones de productores y de comercialización quizá constituyen también respuestas a la gran muerte del campesinado y a las presiones, relacionadas con esto, en el mercado de trabajo.
En el ámbito del medio ambiente se reconoce también la necesidad de emprender nuevas vías que son absolutamente necesarias para un desarrollo sostenible. Medidas encaminadas al ahorro de energía y de agua así como a la mejora del suelo deben ser dotadas convenientemente y adquieren así interés no sólo para el ciudadano sino también para la agricultura. La consolidación de las estructuras agrarias constituye un objetivo de ámbito europeo que tiene relevancia más allá del círculo profesional en cuestión y que, como base, asegura también en el futuro la supervivencia del campesinado.

Santini
) Señor Presidente, tres reglamentos reformados con un único informe: mejora de la eficacia de las estructuras agrarias, mejora de las condiciones de transformación y comercialización de los productos, vida y vitalidad, diría, de las agrupaciones de productores. Verdaderamente ¡todo un éxito! El objetivo era ambicioso, y la ponente -esto hay que decirlo- ha logrado conseguirlo por la vía de la claridad y del sentido práctico -y también esto es justo señalarlo- gracias también a un anterior trabajo de simplificación de los Servicios Jurídicos de la Comisión. A este apreciable esfuerzo para hacer más fácil la comprensión de las normas por parte del ciudadano se añaden las enmiendas, que descienden hasta el nivel de la ejemplificación técnica: por ejemplo, cuando se precisan los criterios de venta directa de los productos para hacer la vida más fácil tanto al productor como al consumidor, pero con normas que vinculan estrechamente a la explotación cualquier actividad de comercialización. Importante es el incentivo, que incita al ahorro energético también mediante una forma, si queremos, un poco banal como es la distribución racional y el ahorro de los recursos hídricos.
Apreciable es el principio que da prioridad al porcino de montaña, menos apreciable el que tiende a conceder las ayudas sólo a las explotaciones que presentan superficies ciertamente excesivas para una agricultura considerada de montaña.
Mi Grupo votará en contra de esas enmiendas porque el tipo de actividad que se determina en los tres reglamentos de que se trata pertenece más a pequeñas explotaciones que a la agricultura extensiva.
Apreciables son las conclusiones del informe cuando se invita a tener en cuenta, en cada innovación, los dos grandes retos que esperan a la reforma inminente de la PAC, es decir, la apertura a los PECO y las reformas de los Fondos estructurales.
Por último, es justa la referencia al modelo multifuncional de la explotación agrícola, sobre todo de montaña, donde se suman varias formas de actividad económica, pero entre las que debe siempre resultar prioritaria y característica la vinculada estrechamente al trabajo en el campo: en suma, turismo, turismo rural y artesanía son sólo apéndices; la etiqueta principal debe seguir siendo la agrícola.

Novo
Señor Presidente, señores diputados, independientemente de las razones que las motivan, lo que es cierto es que muchas de las orientaciones que figuran en el presente reglamento se aproximan a las propuestas que desde hace mucho venimos propugnando al respecto.
De hecho, para promover una profunda modificación del injusto reparto de los apoyos que actualmente se practica es fundamental concretar ayudas preferenciales a las rentas inferiores y a las explotaciones agrarias familiares limitando, o incluso impidiendo, los apoyos destinados a rentas superiores a determinados límites.
Por otro lado, hay que profundizar y llevar a la práctica la tendencia ya expresada de hacer claras modulaciones, en los apoyos destinados a la agricultura de las zonas más desfavorecidas, ya se caractericen por una estructura agraria de minifundio acentuado o por procesos acelerados de desertización o por ambas cosas a la vez.
Consideramos positivas las enmiendas introducidas por la ponente, a la que felicitamos por su excelente trabajo, y entre las cuales figuran el apoyo a la construcción de infraestructuras destinadas a permitir el ahorro de agua en la agricultura, las enmiendas que se refieren a ciertas excepciones para explotaciones agrarias no intensivas, como las dedicadas a la cría de cerdos, así como las que se refieren a los apoyos destinados al restablecimiento de elementos estructurales destruidos o deteriorados por catástrofes naturales.
Ahora bien, por lo que se refiere a las indemnizaciones compensatorias destinadas a zonas agrícolas desfavorecidas, consideramos que el valor propuesto para la superficie mínima elegible en países y regiones meridionales, entre los cuales se sitúa mi país, y que es de dos hectáreas, si se aprueba, será profundamente injusto y volverá a comprometer lo esencial de las orientaciones positivas de la nueva reglamentación y sus enmiendas, ya que dejará fuera una parte substancial de las explotaciones agrarias en ellas situadas.
Por eso, intentamos sensibilizar aquí a la ponente para que tome la iniciativa de presentar con nosotros una enmienda oral encaminada a eliminar esa condición mínima de la superficie.
Por último, es importante que subraye y reafirme que, sin perjuicio de la deseable y posible diversificación de actividades, lo esencial del futuro del mundo rural va a seguir requiriendo el desarrollo directo y permanente de la agricultura y la correspondiente voluntad de garantizar en el futuro los recursos destinados a la mejora sociocultural de la producción agraria, que permita promover condiciones de vida dignas para todos los agricultores y de forma especial para los que llevan a cabo sus actividades en regiones periféricas y poco desarrolladas.

Fischler
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, ante todo quisiera dar las gracias en nombre de la Comisión a usted, señora Redondo Jiménez, y a sus colegas de la Comisión de Agricultura por el informe sobre la presente propuesta de la Comisión. Me alegro de que la Comisión de Agricultura celebre la iniciativa de la Comisión de redactar nuevamente tres reglamentos sobre la estructura agraria.
Esto implica algunas pequeñas modificaciones de naturaleza meramente lingüística y formal. El objetivo de la Comisión es configurar de manera más comprensible y transparente los reglamentos, sin modificar el contenido. Por esta razón, se rechazan también consecuentemente las enmiendas sustanciales de contenido a los reglamentos. Un debate sobre modificaciones de contenido tendría que celebrarse por separado de la actual propuesta. Permítanme que en este punto enlace con lo que ha dicho nuestro colega, el Sr. Fantuzzi. Seguramente no es cierto que lo que se ha discutido en Cork no haya sido más que un mero ejercicio de oratoria, sino que sigo defendiendo exactamente las conclusiones que se sacaron en Cork, en concreto, que en principio vamos a necesitar también en el futuro un desarrollo rural allí donde haya zonas rurales. Ruego al Parlamento que me siga apoyando en este esfuerzo.
En vista del argumento de que aquí se trata de una nueva versión, se rechazan las enmiendas 3 a 9 y 15. Por la misma razón no es adecuada la referencia a nuevas enmiendas en la enmienda 1. Todo esto va más allá de una nueva versión de las disposiciones más importantes. En cambio, agradecemos las aclaraciones y rectificaciones existentes en las enmiendas 2 y 10 a 14, las cuales mejoran claramente el tenor actual. Estas enmiendas están orientadas en la dirección de una nueva versión de las disposiciones decisivas.
Si queremos permanecer fieles a la idea de una nueva versión, se ofrece aquí a la Comisión y al Parlamento una excelente ocasión de contribuir a la clarificación y a la simplificación de la política agroestructural.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Anteproyecto de presupuesto general para el 
ejercicio 1998 (presentación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación por la Comisión del anteproyecto de presupuesto general para el ejercicio 1998.

Liikanen
Señor Presidente, las administraciones públicas de toda la Unión están esforzándose seriamente por conseguir y mantener un entorno financiero estable. El presupuesto de la Comunidad tiene que ser compatible con esos esfuerzos. Al mismo tiempo, hay que respetar los compromisos existentes, y hay que mejorar también el valor agregado europeo del presupuesto comunitario.
Los preparativos para la ampliación tienen que comenzar con el presupuesto comunitario para 1998. Hay que instituir gradualmente márgenes que faciliten la ampliación con recursos limitados, pero la esencia de los programas comunitarios tiene que empezar también a tener en cuenta las necesidades de la ampliación. Hay que preparar programas que se puedan ejecutar efectivamente en toda la Unión ampliada.
Al final de 1997, siguiendo el nuevo procedimiento establecido en el contexto de SEM 2000, la Comisión adoptó una posición rigurosa acerca de los preparativos para el anteproyecto de presupuesto. Decidió limitar el anteproyecto de presupuesto para 1998 a un porcentaje lo más próximo posible al 3 %. Como en Edimburgo se acordó que las medidas estructurales contaran con el presupuesto necesario, lo antedicho quiere decir que para las demás categorías el aumento es del 0, 5 % como máximo.
La Comisión convino también en la plena integración de las asignaciones de recursos financieros y humanos. En el caso de los recursos humanos, decidió concretamente que durante un segundo año se congelara el número total de personas -excepción hecha de algunos aumentos pequeños debidos a la ampliación- y que se iniciara obligatoriamente un ejercicio de redespliegue de recursos humanos. Permítanme que insista en lo que acabo de decir: esta vez la Comisión está redesplegando realmente los recursos humanos a fin de responder mejor a las prioridades políticas fijadas por la Comisión y la autoridad presupuestaria.
El 13 de marzo de 1997 el Parlamento Europeo aprobó sus directrices para el procedimiento presupuestario de 1998. Sobre la base de una propuesta de su ponente, el Sr. Tillich, el Parlamento indicó que estaba dispuesto a acordar con el Consejo una tasa global de aumento de presupuesto, pero para dicho aumento, como ustedes saben, hay que aceptar una serie de condiciones. En particular, el Parlamento ha subrayado la importancia de efectuar verdaderas economías en los gastos agrícolas de carácter obligatorio.
A principios de abril los Ministros de Finanzas decidieron en la reunión oficiosa de Ecofin que iban a participar más activamente en las decisiones relativas al presupuesto comunitario. A esa decisión siguieron las deliberaciones sostenidas ayer en Bruselas en el seno de Ecofin. Esta mayor participación de los Ministros de Finanzas está en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para 1997.
Un aspecto importante acordado en la reunión oficiosa de Ecofin es que hay que aplicar una rigurosa disciplina presupuestaria a todas las categorías de la perspectiva financiera. También se reconoció que había que respetar el Acuerdo interinstitucional. Justo antes de que acabar el mes de abril, la Comisión, el Consejo y el Parlamento convinieron en transferir 500 millones de ecus en consignaciones de fondos para medidas estructurales de 1998 a 1999; como indicó la Comisión, esta medida no pondrá en peligro la buena ejecución de los programas.
Teniendo en cuenta los mencionados elementos, el 30 de abril de 1997 la Comisión pudo aprobar un anteproyecto de presupuesto que estaba en plena consonancia con los objetivos indicados en enero. Las consignaciones de gastos van a aumentar en 2, 4 %; los pagos, en menos de 2, 9 % en comparación con el presupuesto de 1997. Sobre la base del Acuerdo interinstitucional y de los ajustes convenidos antes del final de abril, las consignaciones de gastos para fondos estructurales aumentarán en un 6, 5 %.
Por lo que se refiere a las asignaciones para pagos, la Comisión estima que un 8 % de aumento será el mínimo que permita hacer frente a los compromisos. Es evidente que la verdadera necesidad de créditos para pagos dependerá de las facturas presentadas por la Comisión. En el caso de las categorías 1, Agricultura; 3, Políticas internas; y 4, Políticas externas, los preparativos efectuados cuidadosamente indican que se puede limitar el aumento al 0.5 %.
Después de la reunión de ayer de Ecofin, ha habido una serie de artículos en la prensa de hoy pidiendo que el crecimiento del presupuesto sea nulo. Lo único que quiero decir es que, si estamos hablando de reducciones en los créditos para pagos, lo que no supone cambio alguno de las normas y los compromisos actuales, no nos estaremos refiriendo a verdaderas economías sino muy frecuentemente a un sencillo cambio de previsiones. Para efectuar verdaderas economías por lo general es preciso modificar las normas.
La propuesta presupuestaria de gastos administrativos, la Categoría 5, ha de tener en cuenta el elevado coeficiente de aumento de las obligaciones en materia de pensiones para todas las instituciones comunitarias. El coeficiente de aumento para el año próximo será superior al 11 %. El Parlamento ha formulado observaciones sobre el particular y la Comisión va a contestar sobre la base del informe del Parlamento acerca del presupuesto para 1997.
A título de contrapeso parcial, todas las demás partidas de gastos han quedado congeladas al nivel de 1997. Si las demás instituciones hacen lo mismo, el crecimiento total de la Categoría 5 podría quedar limitado al 1, 1 %. En términos generales, la propuesta de la Comisión está en plena consonancia con las tendencias de los gastos públicos nacionales.
Me referiré a continuación a algunas cuestiones concretas del presupuesto. En la agricultura, el incremento de los gastos sólo se puede limitar al 0, 5 % si se adopta la propuesta de la Comisión encaminada a reducir la ayuda por hectárea a los productores de cereales. Semejante decisión es importante por motivos de política agrícola, pero también porque constituiría una señal fundamental para el presupuesto de 1998. Es importante empezar a conseguir verdaderas economías en este sector. Como ya he dicho, para conseguir verdaderas economías hay que basarse en la modificación de las normas vigentes, no solamente en modificaciones de las previsiones.
En las Categorías 3 y 4 el anteproyecto de presupuesto de la Comisión sigue perfilando con rigor los gastos. Como se preveía, en la Categoría 3 se tiene la intención de concertar un cuarto programa marco de investigación y de movilizar fondos adicionales para las redes transeuropeas y para las empresas pequeñas y medianas. También se refuerzan la educación y la capacitación, o sea el tercer pilar, así como la protección de los consumidores y el medio ambiente. En mi opinión, el Parlamento tiene la misma posición respecto de la mayoría de las prioridades citadas. Es posible que haya interpretaciones ligeramente diferentes por lo que se refiere a algunas cuestiones de detalle.
En la Categoría 4, las actividades de cooperación exterior de la Unión seguirán desarrollándose según las líneas fijadas por el Consejo Europeo de Cannes. Un elemento importante en esta esfera es la reorientación del programa PHARE a fin de preparar la adhesión. Sé que se ha deliberado mucho acerca de esta cuestión en la Comisión de Presupuestos. Esa reorientación es de suma importancia este año y para la ejecución del presupuesto del año próximo.
El resultado de todo el ejercicio presupuestario dependerá de la cooperación de las dos ramas de la autoridad presupuestaria. Cada una de ellas ha de asumir responsabilidades para aprobar un presupuesto comunitario para 1998 que contribuya a instituir un entorno financiero estable y que, al mismo tiempo, fortalecezca las políticas fundamentales para Europa. La Comisión espera que las deliberaciones entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria ayuden a conseguir esa finalidad.

Tillich
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, de corazón, al Comisario Liikanen por su presentación del anteproyecto presupuestario y por su discurso aquí, precisamente, ante el Pleno.
Tras el primer estudio de los documentos existentes quisiera emitir, como ponente general, una primera opinión sobre el anteproyecto presupuestario de la Comisión para el presupuesto de 1998. La Comisión es coherente con su decisión sobre las guidelines de enero de 1997. Ha previsto un aumento del 0, 5 % en todas las categorías del presupuesto excepto la categoría 2, en la que se atiene a los acuerdos de Edimburgo y toma en cuenta, pertinentemente, los Fondos estructurales. Esto tiene como consecuencia un crecimiento del 3 % en el presupuesto de 1998, lo que en realidad, una vez deducido el crecimiento del producto social bruto, equivale a un crecimiento cero del presupuesto.
El Parlamento Europeo ha subrayado en sus guidelines que está interesado en el presupuesto europeo con valor añadido y que seguirá a la Comisión y al Consejo en un incremento moderado del presupuesto sólo si el Consejo elige en todas las categorías un planteamiento presupuestario moderado y esto no sólo en los pagos -esto lo he oído también de ustedes y se lo agradezco- sino también en los compromisos. Por lo demás, tenemos aún una serie de problemas abiertos, a los que quisiéramos dar solución conjuntamente con el Consejo antes de que terminen las deliberaciones presupuestarias para 1998. El Consejo ya lo sabe. Estas son cuestiones de los problemas, que están abiertos aún, de los fundamentos jurídicos, de la clasificación de los gastos y de los aspectos interinstitucionales en las líneas presupuestarias del segundo y del tercer pilar. En este punto quisiéramos encontrar una solución con el Consejo.
El Comisario ha indicado que el anteproyecto de la Comisión se acerca a los objetivos del Parlamento que figuran en las guidelines . Con el presupuesto de la Unión Europea para 1998 el Parlamento quisiera hacer también una contribución decisiva a la lucha contra el desempleo y aprovechar los potenciales de las pequeñas y medianas empresas para crear puestos de trabajo duraderos.
También somos coherentes en la cuestión de la puesta en marcha del proceso de preparación de la ampliación de la Unión Europea, lo cual va a alegrar seguramente a muchos colegas de la Asamblea y también, naturalmente, a los afectados de la Unión Europea. También se ha contemplado en el anteproyecto presupuestario el fomento de programas de juventud, de formación y de cultura.
Quiero hacer algunas puntualizaciones fundamentales dirigidas también a los representantes del Consejo que no están presentes: el presupuesto de la Unión Europea para 1998 tiene una tasa de crecimiento que es más baja que la mayoría de los presupuestos nacionales de la Unión Europea, y los Estados miembros no deberían considerar el presupuesto de la Unión Europea como la única hucha de ahorro, sino que, a pesar de todo, deberían hacer sus deberes en los presupuestos nacionales. Ciertamente, con el presupuesto europeo no se afecta directamente al ciudadano, pero si se piensa secar financieramente a la Unión Europea, ello conducirá también a un deficiente apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea.
Paso ahora a una puntualizaciones acerca de cada uno de los ámbitos de gastos, es decir, sobre cada una de las categorías: mi enhorabuena, señor Comisario, porque se ha impuesto usted y porque ha impuesto usted la misma severidad presupuestaria en la categoría 1 que en los demás ámbitos de gastos. Ahora corresponde de hecho al Consejo decidir los 1.350 millones de ecus como ahorro, y ello sería realmente un auténtico ahorro. Con el gentlemen's agreement con el Consejo acerca de la propuesta de ustedes hemos abierto también una posibilidad real de presentar en otoño de 1997 sobre la base de los actuales datos un auténtico planteamiento presupuestario real en el ámbito agrario para la previsión de 1998.
Como ya se ha dicho, usted se ha atenido a los acuerdos de Edimburgo y ha emprendido un incremento de los Fondos estructurales, tal como fue aprobado. Ya le dije a usted ayer tarde en la deliberación de la Comisión de Presupuestos que la propuesta de la Comisión de introducir ya ahora en la categoría 3 la reserva negativa para el aseguramiento de la iniciativa de paz en Irlanda es una medida inusual. Está prevista, ciertamente, en los Tratados, pero usted sabe que esto va a conducir, naturalmente, a conflictos en el seno del Parlamento y también en el seno del Consejo. Creo que este instrumento es inadecuado y que debemos hablar todavía al respecto.
Por lo que respecta a la categoría 3, es interesante también un tratamiento un tanto diferente del de usted.
Si se ve cada una de las líneas presupuestarias bajo el aspecto de qué líneas presupuestarias están afectadas por la codecisión , entonces constatamos un incremento del 2, 6 %. Si analizamos los programas plurianuales entonces tiene usted un ahorro del 1 %. Si examinamos las líneas presupuestarias que tienen carácter anual y que han encontrado entrada en el presupuesto de la Unión Europea a propuesta de los diputados al Parlamento Europeo, entonces usted hn propuesto un recorte del 16 %, pero en las propuestas propias, es decir, en las líneas presupuestarias han surgido por iniciativa de la Comisión, ha previsto usted para el anteproyecto de 1998 un incremento del 40 %. Naturalmente, esto no es del todo lógico, señor Comisario.
Paso ahora a la cuestión de la Agencia Veterinaria. Analizando el anteproyecto de 1998 he observado que en principio usted no ha reservado aquí nada para ella. No puedo imaginar que ustedes necesiten solamente personal, pues esto nos lo ha dado a conocer ya con el presupuesto adicional. Pero la Agencia tendrá que lograr también condiciones técnicas para su trabajo. En este punto nos debe usted todavía una respuesta acerca de por qué no se ha previsto nada al respecto.
En la categoría 3 ha efectuado usted en las redes transeuropeas un incremento que va más allá del resultado que se logró en el Comité de intermediación entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Esto es tanto más comprensible, cuanto que sabemos que, naturalmente, en las redes transeuropeas se discute mucho sobre su sentido y, en consecuencia, un incremento de 123 millones, es decir de un 34 o 35 %, necesita, naturalmente, una explicación.
En el ámbito de la política social la Comisión ha propuesto ya recortes notables. Nosotros conocemos ya el jueguecito del Consejo, que lo va a practicar más veces. Ello no va a resultar tolerable para el Parlamento Europeo.
Permítaseme todavía una puntualización sobre la política de información. Creo que aquí la Comisión con su anteproyecto va como en un ascensor. En principio ustedes van 3 millones hacia abajo y en la política general de la información van 1, 5 millones hacia arriba. Pero ustedes saben que precisamente en el ámbito de la política general de la información siguen teniendo todavía 11 millones en la reserva. Su colega como comisario, el Sr. Oreja, está pendiente de presentar desde febrero un informe de la Comisión acerca de cómo ésta desea aplicar estos recursos, para trasladarlos finalmente desde la reserva a la línea presupuestaria. Por esta razón, le pido a usted, señor Comisario, que transmita a su colega, el Sr. Oreja, que seguimos esperando aquí y que tampoco nos vamos a mover en este sentido en el caso de que la Comisión no haga sus deberes.
Un comentario solamente, señor Presidente, sobre la categoría 4. Es preciso decir que en las redes transeuropeas, es decir a la iniciativa del Parlamento, la Comisión responde realizando en principio un recorte en este punto, mientras nosotros hemos aportado en el pasado año los 100 millones destinados a la cooperación transfronteriza para tener una conexión de las redes transeuropeas hacia la Europa oriental. Aquí no está dicha aún la última palabra. Creo que en este punto la Comisión debe presentar todavía una propuesta apropiada procedente también de cada uno de sus servicios. Esta solución que ustedes han presentado ahora, según la cual esto se asienta de manera general en PHARE, no es una solución inteligente. El Parlamento dedicará a este punto una atención especial.
En lo que respecta a la cuestión de la subvención destinada a apoyar las instalaciones europeas, creo, señor Comisario, que usted ha procedido aquí de una manera poco diferenciada, por no decir que con la guadaña. Usted ha recortado sin más determinadas líneas presupuestarias, ha aumentado otras y sobre esto hay seguramente mucho que decir. En enero nos pusimos de acuerdo en que usted nos presentaría un informe y usted me ha dicho ayer noche que usted querría hacerlo el año que viene. Este procedimiento se repite cada año. Quisiera invitarle y pedirle que presente realmente este informe este año en el procedimiento presupuestario para 1998. Entonces tendremos ambos una base general acerca de cómo abordar estas líneas presupuestarias. Naturalmente, también podemos discutir esto con cada uno de los colegas y con cada una de las comisiones.
Reciba nuestra enhorabuena por SAM 2000 y MEP 2000. Este es el camino correcto. Aquí veremos los resultados sólo a medio y largo plazo. Hoy no puedo decir aún nada al respecto. Probablemente tampoco llegaremos a conocimientos fundamentales en el procedimiento presupuestario de 1998. El anteproyecto que se ha presentado constituye un primer paso. Espero que en interés del contribuyente europeo tengamos éxito conjuntamente a finales de año. El Parlamento Europeo se ha comprometido, y nosotros estamos dispuestos, a contribuir de manera realista al presupuesto para 1998.

Liikanen
Quisiera hacer dos o tres observaciones acerca de la intervención del Sr. Tillich.
Por lo que se refiere a la Oficina de Inspección Veterinaria, las necesidades están cubiertas con el presupuesto rectificativo adicional que ha propuesto la Comisión. Si se acepta dicho presupuesto, tendremos que enviar una carta rectificativa para el presupuesto del año próximo. Ése es el procedimiento que hay que seguir. En cuanto al presupuesto de 1998, nuestra planificación indicativa incluye también parte de los recursos humanos para la Oficina de Inspección Veterinaria. Por lo tanto, si se acepta nuestra planificación indicativa, se concederá alta prioridad a la Oficina por lo que atañe a los recursos humanos.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los subsidios, quizá ayer no me expresé con toda la claridad necesaria. Nuestra intención no es aplazar toda la cuestión hasta el año próximo: estamos en condiciones de facilitar este año la información a la Comisión de Presupuestos. Me referí a la necesidad de contar con un sistema más claro y más transparente cuando nos pronunciemos acerca de los subsidios. Tenemos demasiadas fuentes que conceden subsidios con arreglo a criterios diferentes; para que una administración presupuestaria funcione bien, es preciso que las normas sean claras, iguales para todos y transparentes, de forma que cualquier organización que solicite fondos sepa cuáles son las normas aplicables. En cuanto al control público, también será esencialmente más sencillo. Estamos dispuestos a tratar de nuevo de esta cuestión más adelante.
En relación con las acciones sociales, he de decir que en la Categoría II el aumento de recursos para el Fondo Social es de aproximadamente 1.000 millones de ecus para el año que viene, de forma que se trata de una cuestión importante. En cuanto a la Categoría III, nuestro problema es el caso que tenemos pendiente ante el Tribunal. Por eso no hemos podido proponer más fondos hasta ahora respecto de las acciones que guardan relación con dicho caso. Por lo que se refiere a la política de información, me pondré en contacto con el Sr. Oreja, pues estoy seguro de que tendremos mucho que discutir acerca de estas cuestiones durante el año en curso.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado.

Emisiones de motores en máquinas móviles no de
carretera
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0136/97), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0072/97-95/0209(COD)) sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas contra la emisión de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se instalen en las máquinas móviles no de carretera (Ponente: Sr. K. Collins).

Collins, Kenneth
Señor Presidente, es para mí un gran honor poder dirigirme al Parlamento en relación con una cuestión tan interesante. Uno sólo tiene una vez en la vida la oportunidad de pronunciar una declaración acerca de las medidas que hay que adoptar contra las emisiones de gases y partículas contaminantes procedentes de los motores de combustión interna que se van a instalar en máquinas móviles no de carretera.
Estoy convencido de que si Tolstoi hubiera pensado en poner semejante título a una de sus obras, entonces la historia literaria de Europa hubiera seguido un curso muy diferente. En realidad, se trata del tema de un texto legislativo en consonancia con el deseo del Parlamento de reducir las emisiones de vehículos de motor que causan enormes daños al medio ambiente natural y a la salud humana. La legislación tiende a reducir los contaminantes gaseosos procedentes de motores de combustión, especialmente las partículas y los óxidos nitrogenados, sin ocuparse demasiado de la maquinaria móvil no de carretera. Para los que se interesan por esta cuestión diré que se trata de los tractores y de las máquinas segadoras trilladoras, aunque no comprendo por qué la Comisión no lo dijo claramente. Estas máquinas no están concebidas para su uso en carretera, pero eso no quiere decir que no sean una fuente de daños y que, por lo tanto, no se precise reglamentación en esta esfera que, hasta ahora, ha quedado al margen de nuestras normas.
La reglamentación propuesta es buena, no plantea problemas, y todos estamos de acuerdo, con una sola excepción. Estamos hablando de una cuestión que tiene un título que nadie puede entender o de la que nadie se preocupa, pero también estamos hablando de comitología. Se trata, pues, de una cuestión que, aunque no ha influido decisivamente en el resultado de las elecciones británicas, ni decidirá el resultado de las elecciones francesas ni decidirá el resultado de otras cuestiones de la misma importancia, no por eso deja de merecer nuestra atención. La comitología es la forma de adoptar decisiones técnicas acerca de cuestiones políticas o de adoptar decisiones políticas acerca de cuestiones técnicas. Trata de esa dificilísima esfera.
En primera lectura el Parlamento aprobó esta propuesta sin presentar enmiendas, pues se estimó que no suscitaba objeciones y ningún grupo político se preocupaba sobremanera de ella. Estimamos que era una propuesta que valía la pena aprobar, y la DG 11 y la Sra. Bjerregaard nos presentaron una propuesta que obtuvo la aprobación de todos nosotros. Sin embargo, la propuesta fue a continuación al Consejo, que examinó los procedimientos de comitología y los modificó. Cuando la propuesta nos fue presentada de nuevo, el Parlamento descubrió que el comité de comitología no era ya un comité de tipo 1, es decir, un comité asesor, sino un comité de tipo 2b, es decir, un comité de gestión. Para el hombre de la calle la cuestión no revestía gran importancia: se trataba únicamente de esos grandes burócratas anónimos de Bruselas, que habían vuelto a hacer una de las suyas. En realidad, esta cuestión es importante porque el cambio hace que todo el procedimiento de adopción de decisiones de la Unión resulte más opaco y que la obligación de rendir cuentas resulte menos clara, razones por las cuales no podemos aprobar el texto modificado. Estamos resueltos a volver a la posición original, y nuestras enmiendas tienen por finalidad conseguirlo.
Hay otra cuestión a la que me gustaría referirme. Una enmienda presentada por el Sr. Lannoye, del Grupo de los Verdes, relativa a instrumentos económicos, define las condiciones para los posibles instrumentos económicos e incentivos fiscales. Cuando se hizo la propuesta en la comisión parlamentaria yo la apoyé, y la decisión de la comisión parlamentaria lo refleja. Subsiguientemente se me ha indicado que la propuesta plantea algunos problemas para los Estados miembros por ser demasiado restrictiva, ya que restrinje la posibilidad de que los Estados miembros mejoren la situación en su propio entorno. Por eso puede muy bien suceder que los diputados, cuando llegue el momento de votar sobre esta cuestión -y puedo ver que todos están escuchando muy cuidadosamente en toda la sala lo que estoy diciendo- quieran reconsiderar su opinión. Es posible incluso que resuelvan no apoyar la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente acerca de esa enmienda concreta.

Dybkjær
Señor Presidente, no me centraré en la primera enmienda, que ha sido explicada excelentemente por el ponente, sino que me referiré a los gastos y la transparencia. Es posible que, en el caso de la enmienda nº 2, la redacción no sea la correcta, pero sentiría mucho que fuese rechazada, ya que, en mi opinión, es importante intentar introducir unos instrumentos económicos. Sabemos todos, y la Comisaria mejor que nadie, que es casi imposible que algo sea aprobado por unanimidad, y lo único que cabe esperar es que cada país tenga la oportunidad de aplicar algunos incentivos económicos que nos permitan obtener experiencia.
La enmienda nº 3 trata de la transparencia. Me parece esencial subrayar que en este momento, más que en ningún otro, necesitamos transparencia en los procesos de toma de decisiones, por lo que ruego a la Comisaria que mire esta enmienda con buenos ojos.

Bjerregaard
Señor Presidente, la Comisión quiere aprovechar la ocasión para dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y al ponente, Ken Collins, por el esmero demostrado durante el examen de esta propuesta, que es muy técnica. Incluye diferentes tipos de máquinas, bulldozers, excavadoras y cosechadoras. Es absolutamente necesario reducir la contaminación atmosférica en este sector, que todavía no está regulado. Ya en 1990 la contaminación producida por este tipo de máquinas era considerable y, según los pronósticos, en 2010 será casi tan importante como la del transporte por carretera, en la medida en que esta última se va reduciendo. El nivel de partículas emitidas se acercará al correspondiente a la totalidad de los vehículos de carretera, aun considerando que la propuesta se adopte y que se produzca una reducción considerable de las emisiones de los motores de las máquinas nuevas, incluidos los tractores. La emisión de óxidos de nitrógeno supondrá aproximadamente 2/3 de la del transporte por carretera. La propuesta de directiva prevé la introducción de requisitos estrictos sobre emisiones en dos fases. La primera fase entrará en vigor en septiembre de 1998 y la segunda gradualmente entre enero de 2001 y 2003.
El objetivo de la posición común es reducir las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas para lograr reducciones en estas tres últimas sustancias el 50 %, el 29 % y del 67 %, respectivamente. En los controles más recientes de la calidad del aire en Europa realizado en el marco de la elaboración del programa Auto Oil, la reducción de las emisiones de dichas sustancias ha recibido prioridad.
Los objetivos de la posición común son ambiciosos y, cuando la Directiva se apruebe definitivamente, se convertirá en el primer ejemplo de una legislación sobre limitación de emisiones procedentes de fuentes móviles ajustada a los mismos principios en ambos lados del Atlántico. Si la aprobación se consigue con rapidez, será la primera vez en que, en el ámbito de la legislación sobre contaminación atmosférica procedente de fuentes móviles, Europa -por lo menos durante un tiempo- se adelante a los Estados Unidos y al resto del mundo. Se demuestra así que la nueva legislación no sólo tendrá ventajas para el medio ambiente, sino que también armonizará el mercado interior y mejorará las posibilidades de intercambio comercial de la UE.
La Comisión querría que la propuesta fuese aprobada definitivamente en junio de este año. Debido a los retrasos anteriores, los Estados miembros tendrán tan sólo seis meses para transponer la Directiva a su legislación nacional. La industria tendrá sólo nueve meses para la certificación de la categoría de motor más importante y quedarán únicamente tres años y tres meses del período de estabilización entre la primera y la segunda fase en cuanto a los requisitos sobre emisiones para la categoría de motor más importante. No nos ha sido posible reducir este calendario más, por lo que una prolongación del procedimiento legislativo en curso significaría una modificación posiblemente radical de la propuesta.
Por eso -y éste es el motivo de que haya dedicado algún tiempo a la introducción-, la Comisión ha considerado razonable adoptar una actitud flexible ante algunas de las modificaciones del Consejo y aprobar las modificaciones de la posición común, dando prioridad a una rápida aprobación del texto. Espero, pues, que el debate de las enmiendas del Parlamento contribuya a evitar retrasos.
Mis comentarios a la enmienda nº 1 son muy breves. Obviamente, la Comisión aprueba la introducción de una nueva observación sobre el modus vivendi. La enmienda nº 2 reintroduce el artículo original de la propuesta de la Comisión. Se trata del artículo que define el marco para los incentivos fiscales en los Estados miembros, a fin de favorecer una rápida introducción de motores que cumplan los nuevos requisitos sobre emisiones. La eliminación de este artículo ha de ser valorada a partir de la declaración, por parte del Consejo, de que la aprobación de la Directiva no debe sentar precedente para futuras decisiones sobre incentivos fiscales. La cuestión me parece muy importante, ya que comparto el deseo del Sr. Collins y de la Sra. Dybkjær de que se apliquen incentivos fiscales. En relación con este tema se está manteniendo un debate de principio en el marco del programa Auto Oil, y quiero aprovechar la oportunidad para decir que las enmiendas que estamos tratando hoy no concuerdan con la línea marcada por el Parlamento durante el debate del citado programa, tal como el ponente, Sr. Collins, ha subrayado. El hecho de que el artículo marco haya sido suprimido no impide a los Estados miembros introducir incentivos fiscales conforme al Tratado. La disponibilidad de un marco es principalmente deseable debido al mercado interior, pero la carencia del mismo no es un problema desde el punto de vista medioambiental.
Por lo expuesto, la Comisión considera que no debe aceptar la enmienda nº 2 tal como ha sido presentada, si bien, como se deduce de mis comentarios, estoy de acuerdo en la intención política de la misma.
En cuanto a la enmienda nº 3, quiero subrayar que personalmente apoyo la transparencia y el acceso público al procedimiento administrativo. No obstante, la apertura al público de las reuniones de comisiones y de comités y la publicación de las órdenes del día y de las actas no son compatibles con las normas en vigor sobre el régimen jurídico de las reuniones de las comisiones. Por tanto, no puedo aceptarla. Su aceptación supondría una modificación de la legislación vigente, y este problema ha de ser solucionado en relación con otros temas transversales. Por eso lamento decir que, en este momento, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 3.
La enmienda nº 4 se refiere al procedimiento normal aplicable al Comité para la adaptación al desarrollo técnico. En principio, la Comisión no se opone a la propuesta del Parlamento relativa a un comité consultivo. No obstante, y debido una vez más a nuestro deseo de una rápida aprobación, nos parece que un comité del tipo 2B, tal como figura en la posición común, no presenta dificultades fundamentales para la gestión y la adaptación de la Directiva. Esto es, ante todo, lo que sucede en la situación actual, ya que en esta Directiva el Comité está fuertemente ligado al comité de características parecidas creado en relación con la Directiva marco sobre homologación de los vehículos de motor. Por eso, la Comisión se ve obligada a atenerse a la posición común y, lamentablemente, no puede aceptar la enmienda nº 4.
Espero que estos comentarios bastante extensos hayan contribuido a que el Parlamento comprenda los motivos de las decisiones adoptadas por la Comisión y, finalmente, espero que la Directiva sea aprobada lo antes posible y, sobre todo, que entre en vigor en breve.

El Presidente
Muchas gracias, Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Productos biocidas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0137/96), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la posición común del Consejo (C4-0006/97-00/0465(COD)) acerca de la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (Ponente: Sra. K. Jensen).

Jensen, Kirsten
Señor Presidente, es fundamental dejar claro qué productos químicos pueden utilizarse en la UE, y dónde y cómo. Se ha dicho que, aunque se comercializan centenares de miles de productos químicos, pocos han pasado por un sistema de aprobación con valoración del riesgo, y vemos una y otra vez las terribles consecuencias que esto puede tener para la naturaleza. Recordemos el debate sobre la baja calidad del semen del hombre debido a los productos químicos que se comportan como hormonas. La Comisión de Medio Ambiente está preocupada por las modificaciones del Anexo VI sobre agua. El agua es un tema muy sensible. Recibimos continuamente información estremecedora sobre la contaminación causada por fuentes que no nos imaginábamos, por lo que debemos insistir en la mejor protección posible de nuestros recursos hidrológicos.
Con la propuesta de directiva relativa a biocidas, tendrán que pasar por un sistema de aprobación un mayor número de productos químicos, lo cual en sí es positivo. Ahora bien, la alegría por el objetivo general de la Directiva se ha visto ensombrecida por su tramitación en la Comisión y en el Consejo. Al aprobar la posición común, el Consejo de Ministros y la Comisión pensaron que parte de la Directiva podría sustraerse al Parlamento, que es colegislador. En el acta de la reunión hicieron constar 14 declaraciones que no fueron incluidas en la propuesta legislativa que ha pasado a la segunda lectura en el Parlamento. La Comisión me ha remitido oficialmente tres de las 14 declaraciones cuya iniciativa le correspondió, con la singular petición de que sean tratadas como confidenciales. Esto no es posible. El Parlamento Europeo adopta disposiciones transparentes. Otras instituciones comunitarias y los parlamentos y gobiernos nacionales podrían aprender mucho de nosotros. Han de saber ustedes que no se trata de declaraciones secretas, sino únicamente de declaraciones que todavía no han sido publicadas. Se pide, por lo tanto, al Parlamento Europeo que siga trabajando en la propuesta legislativa sin conocer por completo las intenciones de la Comisión y del Consejo de Ministros, a pesar de que, en calidad de colegislador y como órgano directamente elegido por los ciudadanos, tiene una responsabilidad directa para con éstos. Es inadmisible que el Consejo y la Comisión intenten legislar de esta forma, tanto más cuanto que, en diciembre de 1996, el Presidente del Consejo abogó porque en el futuro se enviasen todas las declaraciones al Parlamento junto con las posiciones comunes. La Comisión y el Consejo deberían aceptar, por lo tanto, que al Parlamento debe presentársele toda la documentación existente para la toma de decisiones junto con la posición común; en la práctica, sin embargo, no actúan así.
Las declaraciones deben, como regla general, evitarse. La ley debe expresar lo que los Estados miembros han acordado. Lo peor de las declaraciones es que los ciudadanos europeos que han de cumplir las normas y leyes que aprobamos no tienen la menor posibilidad de saber lo que dicen éstas realmente, ya que las declaraciones permiten una interpretación diferente en cada Estado miembro. Las declaraciones crean burocracia y falta de claridad y deben quedar fuera de una legislación moderna.
Han pasado otras cosas raras durante la segunda lectura del Consejo. Se han añadido dos nuevos anexos a la posición común, pero es difícil saber lo que se pretende con ellos.
Como sabrán ustedes, el Parlamento propuso las condiciones indispensables para conseguir el grado de flexibilidad que muchos gobiernos desean. Estos podrían centrarse en el trabajo relacionado con las sustancias más tóxicas y dedicar menos tiempo a las menos peligrosas. Los dos nuevos anexos obligan a aclarar el siguiente tema: ¿Qué se entiende por riesgo? El riesgo tiene que ver con la sustancia, pero también con el modo de aplicación de ésta. Al igual que ocurre con los medicamentos, la dosis es decisiva. La denominación de bajo riesgo indica que se garantiza la inocuidad del producto, pero supongo que precisamente el peligro para el medio ambiente está supeditado a las condiciones de aprobación que la Comisión tuvo en cuenta en su propuesta inicial.
También el segundo anexo suscita dudas. En primer lugar, parece que no es posible ni siquiera ponerse de acuerdo sobre su nombre. Lo que en danés se llama almindelige handelsprodukter se denomina en inglés commodity products . En alemán aparece con un nombre muy diferente, bestimmte Wirkstoffe . Lo que tienen en común estas denominaciones tan diferentes es que todas permiten interpretaciones individuales muy amplias. Esta falta de claridad ha impulsado a la Comisión de Medio Ambiente a proponer que se supriman los anexos.

Bowe
Señor Presidente, quisiera manifestar mi apoyo a las propuestas de la ponente para esta directiva que se nos presenta en segunda lectura. Esta directiva procura introducir controles en toda la Unión Europea para la comercialización y utilización de productos biocidas, que son una amplia diversidad de sustancias químicas utilizadas para la lucha contra las enfermedades, las plagas y otras calamidades.
Queremos que el libre comercio de esas sustancias exista y se tolere, pero, al mismo tiempo, queremos que se mantenga un alto nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente.
Soy resueltamente partidario de que se introduzca un sistema de evaluación comparativa para conseguir que algunos de los productos biocidas más antiguos queden sustituidos por sustancias que no planteen riesgos y que sean ecológicamente más innocuas, y que las nuevas sustancias no planteen nuevos riesgos. En el marco de la directiva, los fabricantes de esas sustancias estarán en condiciones de comercializar diferentes productos y de competir de forma libre y equitativa, pero también en condiciones de seguridad y de respeto para el medio ambiente.
Ahora bien, como mi colega la ponente, me preocupa la forma en que el Consejo ha formulado la posición común y, en particular, ha enunciado muchas de las declaraciones acerca de la manera en que interpretará las disposiciones de esta propuesta en sus Actas privadas. No ha resultado fácil para el Parlamento obtener esas Actas y examinar esas declaraciones secretas . Cabe preguntarse: ¿qué quería ocultar el Consejo? ¿De qué tenía vergüenza?
Algunas de las disposiciones de la directiva se caracterizan por una lógica estricta -por ejemplo el procedimiento simplificado para ocuparse de algunas sustancias menos peligrosas que son mejor conocidas, menos tóxicas y que no plantean riesgos graves-, pero uno tiene que estar seguro de que esos procedimientos no son objeto de abusos en detrimento del medio ambiente y de la salud pública. Mientras no pueda estar seguro de ello, lo único que puedo hacer es sumarme a la opinión de la ponente de que esos procedimientos no deben ser tolerados mientras no contemos con controles claros y transparentes de su forma de aplicación.
La directiva posee el potencial necesario para satisfacer las necesidades de todos, proteger el medio ambiente y la salud pública, ofrecer a los consumidores una gama de productos que les permita elegir el que deseen, y dar a la industria la posibilidad de vender libre y equitativamente en el mercado. Personalmente, quiero que la directiva satisfaga esas necesidades y me esforzaré por ayudar a la ponente a lograr que, en el proceso de conciliación, lo consiga.

Schleicher
Señor Presidente, la directiva sobre biocidas que estamos discutiendo hoy en segunda lectura constituye un ejemplo convincente del necesario trabajo legislativo europeo. Para los biocidas no existe una regulación sistemática y única en el plano europeo ni en el de los Estados miembros. Por consiguiente, esta directiva llena una laguna jurídica que no sólo es irrenunciable para la protección del medio ambiente y del consumidor, sino que ha de asegurar también el libre comercio en Europa.
Los biocidas son sustancias que se encuentran en productos como, por ejemplo, los desinfectantes y los parasiticidas, y también en los conservantes y en los productos protectores de material. Hasta ahora hay en circulación en la Unión Europea alrededor de 500 de estas sustancias y se están fabricando cerca de 5.000 productos con estas sustancias activas predominantemente por empresas pequeñas y medianas. Una vez que el Parlamento Europeo en primera lectura ha documentado también con numerosas enmiendas algunos puntos fundamentales de crítica a la propuesta presentada por la Comisión, considero ahora, también en nombre de mi grupo, la Posición Común como un acertado acto de equilibrio que atiende de manera ponderada a los intereses de todas las partes y al que apoya plenamente nuestro grupo.
Las enmiendas que se han presentado de nuevo nos parecen contraproducentes en su totalidad y no las vamos a apoyar. Pero una cosa nos suscita una gran preocupación, nos tiene susceptibles y también desconfiados, y ha sido indicada ya por la ponente y también por el Sr. Bowe. Son los problemas que la Sra. Jensen ha citado como la llamada declaración protocolaria de la Comisión Europea en el Consejo de Ministros. Quizá pueda tolerarse esto en la medida que estas declaraciones protocolarias se extiendan a las introducciones técnicas que han de elaborarse aún y a la inclusión de sustancias activas en el Anexo. Dichas declaraciones protocolarias no pueden tolerarse si tienen por contenido, por así decirlo, una interpretación de cada uno de los artículos de la directiva. Estas declaraciones protocolarias no tienen ningún estatus jurídico en cuanto legislación pues no son partes de la ley como tal; sin embargo están destinadas a interpretar determinados estados de cosas y por ello tienen efectos jurídicos sobre el texto legal. Esta es una forma de la legislación que no está prevista en ningún procedimiento legislativo apoyado en los Tratados y que el Parlamento Europeo no puede tolerar.
De ahí el esfuerzo, también de mi grupo, por procurar en el procedimiento de intermediación que estas declaraciones protocolarias desaparezcan o se integren como contenidos en el actual texto legal. Por esta razón mi grupo apoya algunas enmiendas para conservar la posibilidad de la declaración en el Comité de Intermediación. Señora Comisaria Bjerregard, le ruego de corazón que nos explique una vez más aquí en el Pleno qué se persigue con este tipo de declaración protocolaria. Por consiguiente, si ahora se produce un aplazamiento de la entrada en vigor de esta solución, que es importante por sí sola y también es buena en su forma actual, habrá que atribuirla al comportamiento de la Comisión y del Consejo y no al Parlamento. Este procedimiento de intermediación podría ser superfluo si nos preocupamos previamente por la claridad. Por esta razón estamos muy interesados, señora Comisaria, en lo que usted va a decir al respecto.

Baldi
Señor Presidente, señores diputados, se trata del examen de la Posición Común del Consejo del pasado 20 de diciembre acerca de la propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas. Se recuerda que por biocidas se entiende una serie de productos muy diversos, entre los cuales figuran los desinfectantes, los insecticidas, los fungicidas, las sustancias conservantes, los protectores para maderas y para el tratamiento de los textiles y de las estructuras murales. Contienen todos un principio activo, que es el verdadero elemento que hay que controlar, dado el uso cotidiano y la difusión de los productos que contienen tales principios activos. Se comprende, pues, el alcance de la directiva.
Se calcula que los productos biocidas son, efectivamente, más de 14.000 y que están comercializados, además de por algunas multinacionales, por una gran multitud de pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Italia, donde representan el 70 % de la producción. La directiva tiene esencialmente dos finalidades: 1) la armonización del mercado interior de los biocidas, 2) un alto nivel de protección de los seres humanos y del medio ambiente.
La Posición Común, adoptada por unanimidad, ha sido aceptada por la Comisión puesto que las modificaciones introducidas, sustancialmente, no varían ni el contenido ni el funcionamiento de la directiva. Además, los cambios propuestos por los Estados miembros clarifican o simplifican algunos aspectos de los procedimientos de autorización.
El texto final de la Posición Común resulta más comprensible y práctico y pone de relieve las finalidades principales de la propuesta, es decir, la protección de los seres humanos y del medio ambiente, permitiendo al mismo tiempo el libre intercambio de los biocidas.
El Grupo Unión por Europa está de acuerdo con la Posición Común y con algunas enmiendas presentadas hoy en el hemiciclo, pero es absolutamente contrario a las enmiendas núms. 17, 18 y 19: a la nº 17 porque pretende reducir en seis meses el plazo de incorporación -la directiva es muy compleja, y aunque se aprobara un plazo de 18 meses para la incorporación, ningún país miembro lo respetaría- y a las enmiendas núms. 18 y 19 porque éstas modificarían sustancialmente el equilibrio de la directiva, y será difícil que el Consejo las acepte.

Dybkjær
Señor Presidente, el Grupo Liberal votará a favor de las enmiendas de la Comisión. Espero que se consiga el número necesario de votos a favor de ellas y en contra del Grupo de los Verdes, no por un desacuerdo fundamental sobre este tema, sino porque en este momento se requiere una concentración. Por otra parte, al igual que otros diputados, quiero centrarme en las declaraciones. Antiguamente, las relaciones internacionales eran defendidas por una élite de diplomáticos. La diplomacia era el arte de navegar entre amigos y enemigos. El secretismo era el pan de todos los días y nadie pensaba en la posibilidad de consultar a la gente corriente. Esto mismo ha ocurrido también durante la mayor parte de la historia de la Unión, y una y otra vez vemos qué difícil es modificar tal situación. Lo hemos visto recientemente en relación con esta Directiva, lo bastante larga y complicada en sí para que en ella quepa de todo.
El gran número de declaraciones secretas del Consejo demuestra que éste sigue creyendo que la cooperación europea es defendida por una pequeña élite. Los muchos sondeos de opinión que demuestran la falta de apoyo popular deberían haberle convencido de lo contrario, pero no es así. Es increíble que tengamos que recordar al Consejo que el desarrollo democrático, y sobre todo el desarrollo de la UE, exige transparencia y la participación de la población como condición necesaria, aunque obviamente no la única, para la legitimación de las decisiones adoptadas.
El hecho de que el Parlamento Europeo -la única institución de la UE directamente elegida por los ciudadanosse vea obligado a tramitar posiciones comunes procedentes del Consejo que no incluyen lo que se ha decidido demuestra una falta total de respeto por él. El argumento del Consejo es que las declaraciones tienen tan sólo el valor de explicaciones del texto legal, pero, si es así, ¿por qué son secretas? ¿Por qué hemos de aceptarlas? Tendrían sentido si estuviesen incluidas en la exposición de motivos o en cualquier otro sitio y, en ese caso, quizás las habríamos comprendido mejor. No es de extrañar que exista un escepticismo extendido en contra de la Unión Europea entre los ciudadanos cuando parte de los textos legales son secretos. El procedimiento del Consejo socava directamente toda la legitimidad de la UE.

Lannoye
Señor Presidente, me gustaría en primer lugar unirme a aquellos de mis colegas que lamentan la total ausencia de transparencia con que se ha tratado un asunto de tanta importancia como éste. En efecto, los biocidas afectan a cientos de productos que, cada uno en diferente grado, presenta riesgos para los seres vivos. Algunos de estos riesgos son aceptables, pero otros no lo son. Me refiero en especial a las sustancias que son bioacumulables y persistentes y que tienen efectos cancerígenos mutágenos, es decir, que perturban el sistema hormonal de los mamíferos y, en particular, del hombre.
Estos productos deberían desaparecer lo antes posible del mercado. Ahora bien, ¿qué hace la posición común después de la propuesta inicial de la Comisión? Organiza la libre circulación de sustancias y, sobre todo, de estas sustancias cancerígenas, pero no se propone de ningún modo como objetivo reorientar la producción hacia sustancias con escasos riesgos para el hombre y el medio ambiente. La Comisión de Medio Ambiente sólo ha corregido el tiro parcialmente.
Por supuesto apoyaremos las enmiendas propuestas por la Comisión de Medio Ambiente, pero consideramos que algunas de las enmiendas suplementarias, que hemos vuelto a presentar, deben imperativamente tenerse en cuenta. Me he quedado estupefacto al oír la postura del PPE que, a priori, considera que no va a apoyar las enmiendas, ni tan siquiera las de la Comisión de Medio Ambiente. Tratándose de un asunto como éste, me parece una actitud incalificable.
Quisiera llamar la atención sobre las tres principales enmiendas que hemos presentado. Me refiero a la enmienda nº 32, especialmente razonable, que precisa que la inscripción en la lista de productos autorizados se denegará o se retirará en caso de que exista en el mercado otro producto que presente menos riesgos, es decir, otro método que permita lograr el mismo objetivo. Parece lógico.
Las enmiendas núms. 34 y 37 introducen el principio de no conceder autorización a cualquier sustancia reconocida como cancerígena y para la que no exista umbral de inocuidad.
Por último, las enmiendas núms. 38 y 39 exigen que el expediente que acompaña la solicitud de autorización proporcione los datos relativos no sólo a la materia activa estudiada, sino también a los productos de degradación. Sabemos que muchos productos de degradación son a veces más peligrosos que el producto inicial. Por lo tanto, es incoherente que esto no figure en el expediente relativo a la solicitud de autorización.
Aquí tienen algunas propuestas que están lejos de ser puristas o extremadas y que deseamos que el conjunto de este Parlamento apruebe.

Breyer
Señor Presidente, como ha afirmado ya el Sr. Paul Lannoye, la directiva no responde a los criterios de política de medio ambiente. Puede que sea muy importante, pero no proporciona ninguna iniciativa para limitar la utilización de biocidas. En el mercado interior existen ya en circulación 450 sustancias químicas y 10.000 productos con biocidas, de los cuales los menos son autorizados con arreglo al método que se propone en la directiva.
La UE se limita principalmente a la armonización de las posibilidades de competencia para la industria en vez de asegurar un grado máximo de protección del medio ambiente y de la salud en el caso de estas sustancias y a la hora de la utilización de las mismas. Es preciso implantar aquí el principio de sustitución, es decir, que los productos nocivos sean sustituidos por productos menos nocivos. Como Paul Lannoye ha dicho ya, éste es uno de los criterios más importantes. Gracias a esto también sería posible, por fin, una competencia a la hora de la autorización. Por consiguiente, se trata de adoptar para la Unión Europea esta legislación sueca que prevé precisamente esta autorización con un principio de competencia.
Los criterios de autorización sobre biocidas contienen muchas lagunas, pero lo más importante para nosotros es que en el caso de algunos biocidas no hay ningún valor mínimo para materias cancerígenas. Estas sustancias son cancerígenas ya en pequeñas concentraciones y habría que expulsar del mercado los biocidas que contengan sustancias cancerígenas, pues precisamente porque los biocidas se emplean en tan alto grado nuestro objetivo debe ser eliminar de los biocidas las sustancias cancerígenas y, por ende, eliminarlas del mercado.
Por lo demás, nosotros estaríamos a favor de una obligación de etiquetar los biocidas. Por consiguiente, de lo que ha de tratarse es de proteger a los consumidores y de garantizar la protección del medio ambiente y no de dar un pasaje gratis a la industria biológica.

Bjerregaard
La Comisión quiere dar las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente a su ponente, Kirsten Jensen, por el ingente trabajo realizado en relación con esta propuesta. Es el último eslabón en la legislación comunitaria sobre sustancias químicas, por lo que se trata de una propuesta muy importante, y por ese motivo me veo obligada a hacer algunos comentarios, primero sobre la propuesta en general y sus perspectivas, y al final volveré al debate político de hoy en esta Asamblea acerca de las declaraciones secretas.
El objetivo de la propuesta es armonizar el mercado interior de los biocidas y de las sustancias activas de los mismos para alcanzar un alto nivel de protección para el ser humano y el medio ambiente. La propuesta incluye productos, tales como desinfectantes, productos para la protección de la madera o insecticidas. Tan sólo las sustancias activas que figuren en la lista del Anexo de la Directiva podrán ser utilizadas legalmente. La decisión de incluir un producto concreto en el anexo será adoptada a escala comunitaria y se basará en una valoración completa del riesgo según información procedente de la industria.
Una vez aprobada la Directiva, las sustancias activas existentes serán examinadas para valorar su posible inclusión en la lista del Anexo I. A tal fin se requiere que el sector presente la información necesaria y que ésta sea asimismo evaluada en los Estados miembros. Más tarde habrá que aprobar un Reglamento de la Comisión relativo a este procedimiento. La Directiva ha de ser asimismo compatible con los regímenes nacionales sobre aprobación de biocidas, ya que establece normas comunes para la evaluación. Posteriormente, los Estados miembros reconocerán con carácter mutuo esas aprobaciones. Durante la primera lectura, el Parlamento apoyó los principios fundamentales de la propuesta y presentó una serie de enmiendas para mejorarla. Un total de 64 enmiendas fueron aprobadas. La mayor parte han sido incluidas en la posición común y la mayoría de ellas por iniciativa de la Comisión.
Ahora expondré la actitud de la Comisión ante las enmiendas presentadas por el Parlamento en la segunda lectura. Se han presentado 41 enmiendas, de las cuales la Comisión puede aceptar 21 en su totalidad, en parte o en sus principios. Las enmiendas núms. 18 y 19 pretenden suprimir los llamados procedimientos simplificados para los biocidas de bajo riesgo y los productos comunes, es decir, los incluidos en los nuevos Anexos IA y IB. La introducción de estos dos procedimientos es una de las contribuciones más importantes del Consejo a la posición común. Han sido aceptados por la Comisión porque, en su opinión, contribuirán en conjunto a hacer la Directiva más eficaz sin reducir el nivel de protección para el ser humano, los animales y el medio ambiente. La ventaja es que se consideran los productos más peligrosos, que se establece un procedimiento más sencillo para los productos de bajo riesgo y que las sustancias activas que tienen poco uso como biocidas pueden ser incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva y, por lo tanto, controladas. A este respecto, quiero subrayar que las sustancias activas serán sometidas al mismo procedimiento de evaluación para su admisión en los Anexos IA y IB que para su inclusión en el Anexo I. Por eso no se pueden aceptar las enmiendas núms. 18 y 19.
La Comisión no puede aceptar la eliminación de los procedimientos simplificados, pero sí las enmiendas núms. 2 y 10, que refuerzan el control de esos procedimientos.
El siguiente punto corresponde a las enmiendas relativas a los biocidas basados en microorganismos. Antes que nada, quiero tranquilizarles a todos ustedes. Los biocidas basados en microorganismos están incluidos en la Directiva. La definición del artículo 2 de los biocidas y sustancias activas, respectivamente, es inequívoca en este sentido. Varias de las enmiendas núms. 4, 5, 6, 7, 9, 10 parcialmente, 11 y 31 parcialmente, introducen en distintos artículos referencias específicas a los Anexos IVA y IVB que incluyen exigencias de información sobre sustancias activas y productos basados en microorganismos. La Comisión encuentra todas estas enmiendas útiles y aceptables, menos la enmienda nº 31, que sólo se acepta parcialmente.
Llego ahora a las enmiendas relativas a la comitología y a las iniciativas de la Comisión. El objetivo de las enmiendas núms. 15 y 16 es sustituir los procedimientos 2B y 3B por los procedimientos 1 y 3A, respectivamente, lo que supone un retorno casi total a la propuesta original de la Comisión. Esta defendió su actitud ante el Consejo, pero fue rechazada por mayoría absoluta. La Comisión opina que es posible aplicar la Directiva con el texto propuesto por el Consejo, pero que se aplicará con mayor facilidad y eficacia con las enmiendas del Parlamento. Podemos aceptar estas enmiendas, si bien su redacción habrá de ser adaptada escrupulosamente a la Decisión 87/373/CEE del Consejo, y las referencias a los artículos 29 y 33 no podrán ser suprimidas.
Las enmiendas núms. 25 y 31 suponen que la Comisión deberá tomar más adelante la iniciativa de una revisión y una ampliación del Anexo VI, sobre todo para la introducción de las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). Se propone, asimismo, que se utilice el artículo 189B del Tratado como fundamento jurídico para las iniciativas. La Comisión está de acuerdo en los objetivos de estas enmiendas, pero, tal como están redactadas, le parece que limitan su derecho a tomar iniciativas. Por eso sólo acepta el principio en que se inspiran.
Todas las demás enmiendas son de carácter técnico. Su objetivo es aclarar y mejorar las normas de la propuesta o facilitar la gestión diaria de la Directiva. En este momento, justo antes de la votación, no las comentaré detalladamente, sino que me limitaré a exponer la actitud de la Comisión. Puede aceptar las enmiendas núms. 3, 13, 14, 20, 23, 24 y 26, excepto la parte que requiere la eliminación de los Anexos I, IA y IB. Acepta también el principio de las enmiendas núms. 8 y 12; en cambio, no puede aceptar las enmiendas núms. 1, 17, 21, 22, 2730 y 32-41.
Eso era lo que quería decir sobre las enmiendas y sobre el contenido de la propuesta en sí, pero haré ahora algunos comentarios sobre las declaraciones incluidas en el acta de la reunión del Consejo, que han ocupado gran parte del debate. La Comisión comprende perfectamente las dificultades del Parlamento para aceptar estas declaraciones. El problema no se da tan sólo en relación con las propuestas sobre medio ambiente, sino que es horizontal, por lo que ha de ser solucionado de forma horizontal. Como ha quedado claro durante el debate, el Consejo está seriamente implicado, y por eso es mejor solucionar el problema en relación con el trílogo. La política de la Comisión es limitar el número de declaraciones que figuran en las actas del Consejo. Han de ser incluidas en el texto o en los considerandos, tal como ha sido subrayado hoy en el Parlamento.
La ponente, Kirsten Jensen, ha hecho referencia al trílogo de diciembre de 1996, sonde la Comisión repitió su deseo de que el Consejo informara al Parlamento acerca de las declaraciones incluidas, en su caso, en las actas relativas a las posiciones comunes. El 25 de marzo de 1997, el Consejo aprobó normas de procedimiento para la presentación de las declaraciones. Quiero añadir que la Comisión sigue dispuesta a cumplir con su obligación de informar al Parlamento, independientemente de lo que haga el Consejo, enviando sus propias declaraciones, tal como hemos hecho en este caso.
Lamentablemente, la propuesta sobre biocidas que estamos debatiendo hoy fue presentada en un período transitorio, en el que no existían normas claras. Había que encontrar un procedimiento ad-hoc, y éste fue el motivo de que la Comisión tardase un tiempo en remitir las declaraciones. En relación con este tema, quiero dar las gracias al Parlamento y sobre todo a la Comisión de Medio Ambiente por haber decidido no posponer la segunda lectura de esta propuesta. En lugar de ello se han incluido las declaraciones en el texto. La Comisión está totalmente a favor de la transparencia y opina que las declaraciones no deben ser confidenciales. No obstante, la Comisión ha de respetar la confidencialidad que rodea los debates del Consejo y sus actas conforme al código de conducta aprobado el 2 de octubre de 1995. Con este espíritu, la Comisión rogó al Parlamento que no permitiese al público acceder a las declaraciones en este momento del procedimiento. En el caso concreto de la propuesta sobre biocidas, la Comisión sustenta una actitud positiva ante el procedimiento pragmático propuesto por el Parlamento, es decir, incluir el contenido de las declaraciones en las enmiendas, que, como ya he dicho, todas han sido todas aceptadas, aunque unas pocas sólo en parte o en su principio.
Como conclusión, quiero repetir que la Comisión apoya la posición común. Estoy convencida de que se ha encontrado el equilibrio entre los dos objetivos de la Directiva, a saber, el mercado interior y un nivel de protección elevada. La Comisión puede aceptar las enmiendas que contribuyan a mejorar tanto el texto como ciertos aspectos de la aplicación de la Directiva. En cambio, no podemos aceptar las que, en opinión de la Comisión, perturbarían el equilibrio alcanzado durante la primera lectura en el Parlamento y en la posición común del Consejo. Finalmente, quiero dar las gracias una vez más a todos los que han contribuido a elaborar las enmiendas y a los que han estado presentes durante la última parte del debate.

El Presidente
Muchas gracias, Comisaria Bjerregaard.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Votaciones
Green
Señora Presidenta, la enmienda 1 ha suscitado extensas discusiones. Quisiera que la posición de mi grupo fuera totalmente clara. Este informe trata de grupos de presión. Esta enmienda trata de los ayudantes de los diputados. Como todos sabemos, el informe Lehne, que trata concretamente de los ayudantes de los diputados, se halla ante la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. Quiero que se sepa con claridad que mi grupo ha insistido en que el informe trate de esta cuestión, pero tengo entendido que otros grupos preferían que no fuera así. Si otros grupos, en particular el Grupo del Partido Popular Europeo, se comprometen claramente a tratar de esta cuestión en el Informe Lehne, entonces estamos dispuesto a abstenernos de votar sobre este informe. Quisiera saber qué opina el Sr. Martens acerca de la enmienda 1.

Martens
Señora Presidenta, en respuesta a lo que ha dicho la Sra. Green, consideramos en efecto que esta cuestión se regula mejor en el informe de nuestro colega Lehne. Por ello estamos dispuestos a abstenernos sobre la enmienda nº 1. Pensamos que es preferible que la cuestión de los colaboradores de los asistentes se regule en el informe del Sr. Lehne; nuestro Grupo se abstendrá en la votación de la enmienda nº 1.

Pasty
Señora Presidenta, quería simplemente indicar que hay nueve Grupos en esta Asamblea y no solamente dos. En lo que respecta a nuestro Grupo, votaremos la enmienda nº 1, aunque sabemos que no hay ninguna posibilidad de que se apruebe ya que los otros dos Grupos han decidido abstenerse. Pero en el futuro, creo que cualquier concertación debería englobar al conjunto de los presidentes de Grupo.
Enmienda nº 15
El Presidente
Se me ha pedido que aísle los términos «donativo» y «funcionarios de la institución». Así pues, someto a votación el resto del apartado.
(El Parlamento rechaza el resto del apartado) Al ser rechazado el resto del apartado, no veo de qué manera se podrían votar los términos aislados.

Ford
Señora Presidenta, me parece que reina cierta confusión a este respecto. No creo que todo mundo estuviera seguro de que estábamos votando sobre el párrafo menos las dos exclusiones, y no lo contrario. No sé si podemos votar de nuevo, pero sigo pensando que ha habido cierta confusión.

El Presidente
¿Todo el mundo cree que ha podido haber confusión? Sin embargo, yo había dejado bien claro que suprimía los términos «donativo» y «funcionarios de la institución» y que sometía a votación el resto del apartado. Así se han expresado las opiniones de manera muy sencilla, me parece a mí. Si desean que haya verificación, repito que votamos todo el apartado sin los términos «donativo» y «funcionarios de la institución».
(El Parlamento rechaza el apartado)

Aelvoet
Señora Presidenta, guardaba relación con los dos documentos que había que omitir. Uno de ellos trataba de los funcionarios. Esto es evidente, porque está prohibido, según el Estatuto de funcionarios, mientras que el otro, de todos los donativos, es otra cuestión. A mi gusto tendría que haberse votado por separado. Primero sobre los donativos y luego sobre los funcionarios. Pero, dado que entre tanto no se ha logrado una mayoría para el documento básico, el comentario es superfluo.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Donnelly, Brendan
El acuerdo a que llegamos ayer es que continuaríamos el debate pero que mi grupo pediría que se devolviera el informe a la comisión parlamentaria para que siguiera ocupándose de él a la luz del debate. Propongo oficialmente que se devuelva el informe.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Novo
Señora Presidenta, el artículo 18 de la propuesta de reglamento relativo a la mejora de las estructuras agrarias, documento 96/0044(CNS), establece unas condiciones muy restrictivas para la concesión de indemnizaciones compensatorias. Sólo las recoge para explotaciones mayores de tres hectáreas de forma general y mayores de dos hectáreas para ciertas regiones de Italia, Francia, España, Grecia y Portugal.
De conformidad con ello, pretendo presentar una enmienda oral al apartado 1 del artículo 18 en la que propongo la supresión, en el primer párrafo, de la expresión «como mínimo, tres hectáreas de superficie agraria útil» y también la supresión de todo el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 18.

El Presidente
Todos ustedes han podido oír la enmienda oral propuesta por el Sr. Novo. ¿Se oponen a ella al menos doce diputados?
(El Parlamento acepta la presentación de la enmienda oral)

Redondo Jiménez
Señora Presidenta, yo ya había pedido la palabra cuando el señor Novo presentó la enmienda oral para decir que la ponente está de acuerdo con la supresión de las limitaciones a que hace referencia en su enmienda oral sobre el artículo 18.
(En sucesivas votaciones el Parlamento aprueba las tres resoluciones legislativas)

Ahlqvist, Theorin y Wibe
Pensamos que las normas acordadas para los representantes de intereses que aquí se han presentado son de gran calidad. Habría sido mucho mejor aún que también se hubiese incluido la propuesta presentada en comisión para establecer el orden del día de los trabajos de la que era autor nuestro camarada de partido, el Sr. Metten, de los Países Bajos. La propuesta giraba en torno al contenido del informe que los representantes tienen que presentar cada año para que se les prorrogue su tarjeta de acceso, lo cual afecta a su posible influencia sobre la toma de decisiones del Parlamento. La enmienda del Sr. Metten tenía el objeto de establecer que dicho informe contuviera información sobre las cuestiones en que hubiesen intentado ejercer presión, las personas contactadas a este fin (diputados, asistentes y funcionarios) y los medios económicos o de otro carácter que hubiesen utilizado para cada cuestión en particular.
Se debería haber incluido esta redacción en el orden del día de los trabajos del Parlamento.

Blak y Kirsten Jensen
Es para nosotros una alegría que, como consecuencia de la aprobación del código de conducta del verano pasado, por fin exista una mayoría política entre nosotros a favor de una modificación del Reglamento del Parlamento, de forma que tengamos normas claras para el trabajo de los representantes de los distintos intereses. Esperamos que el nuevo Reglamento no sea considerado un ataque a los representantes de intereses ni a los asistentes, sino que nos permita cooperar en condiciones reguladas. Esto ha hecho falta durante muchos años.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en favor del informe del Sr. Ford. Pensamos que es un paso en la dirección correcta con miras a eliminar la presión indebida que ejercen los acaudalados grupos de presión sobre la actividad del Parlamento Europeo. Un Parlamento digno de dicho nombre debe tener en cuenta la realidad política y no dejarse manipular por los intereses de unas cuantas organizaciones financieras.
Además, hemos votado en favor de la enmienda número 15. Es verdaderamente absurdo que esté prohibido dar regalos y privilegios a diputados, asistentes y funcionarios del Parlamento; esto menoscaba la credibilidad y la integridad de la institución. Pero partiendo de la actual, aunque absurda, realidad de la UE, una norma mínima es la de que se dé cuenta del total de presentes y regalos, y que todo ello se haga público.

Fayot
El informe Ford trata del Código de conducta de los representantes de intereses en el Parlamento Europeo.
Si consideramos que los grupos de intereses nos pueden aportar numerosa información útil para el ejercicio de nuestra función de diputados, tenemos la obligación de ofrecer el máximo de transparencia en cuanto al procedimiento de toma de decisiones y, por lo tanto, en cuanto a la manera en que los grupos de intereses intentan modificar nuestras decisiones. En otras palabras, cualquier intento de influir en este procedimiento, todo lo que vaya más allá de la información, debe quedar patente.
Así pues, pedimos a los miles de representantes de intereses que gravitan en torno al Parlamento Europeo que adopten una ética profesional y se atengan a ella. Este código de conducta no tiene ningún valor si no va unido a la buena fe de todos los que han de utilizarlo. Si se me permite, recordaré que la Comisión de Reglamento está realizando un enorme trabajo que tiene como objetivo establecer las condiciones para que se dé el máximo de transparencia en nuestras relaciones con el mundo exterior.
Una de las disposiciones fundamentales consiste en solicitar que los propios diputados declaren cualquier donativo o aportación suplementaria, lo cual debería, en principio, cubrir toda intervención exterior, sea cual sea su naturaleza. Esta obligación se desprende del informe del Sr. Nordmann, que aprobamos en 1996. Me permitiré también recordar que trabajamos en lo que se refiere a los asistentes y a los intergrupos y que estas disposiciones completarán el contenido del Código de conducta.
De todos modos, este código de conducta sólo será útil si los cuestores controlan su aplicación. Pero la palabra clave es autodisciplina, ésta es la ética que todos deberán aceptar libremente para que la institución parlamentaria funcione con absoluta transparencia.

Hautala
Se debe apoyar la exigencia de que los representantes de intereses, que cuentan en muchos sentidos con un gran poder de influencia en el Parlamento, elaboren un informe anual de sus actividades. Sin embargo, las propuestas presentadas se quedan a mitad de camino, ya que es prácticamente imposible llevar un control de una parte de ellas, como, por ejemplo, en lo que se refiere al punto de que no se pueden ceder por dinero documentos del Parlamento a personas ajenas a éste.
Se debería haber completado el informe exigiendo a los representantes de intereses que informaran en un registro público del Parlamento acerca de todas las ayudas y obsequios que reparten entre los diputados y el personal de esta institución.
De todas maneras, no se puede responsabilizar completamente a los representantes de intereses de hacer o no posible la aprobación de una reglamentación a este respecto. Los diputados al Parlamento Europeo no podemos negar que la mayor parte de esta responsabilidad recae sobre nuestras espaldas.
El Parlamento ha aprobado ya con anterioridad el informe Nordmann, en el que se establece el deber de los miembros de este Parlamento de comunicar las ayudas recibidas. Se prohibió aceptar obsequios. Va siendo hora de hacer un seguimiento de la aplicación de estos requisitos. El vicio preferido del Parlamento es la elaboración de disposiciones cuya aplicación no tiene la más mínima intención de controlar.

Lindqvist
El informe va en la dirección correcta, y por eso he votado afirmativamente. La organización de la UE debe caracterizarse por la integridad y la transparencia. Hay que establecer unas normas estrictas para las actividades de los grupos de interés, de modo que no se distorsione el proceso democrático. Se precisa un fuerte control de cualquier intento de influir ilícitamente sobre las personas que adoptan decisiones dentro de la UE. Los organismos idealistas como los movimientos de defensa del medio ambiente, la paz y la solidaridad, también deben poder llevar a cabo una actividad informativa activa.
Deberían destinarse unas ayudas económicas especiales a las actividades de alcance europeo de dichas organizaciones. Debería utilizarse el procedimiento de debates preliminares para dar a las organizaciones que defienden ideales y las de defensa de los intereses del ciudadano la oportunidad de presentar sus ideas bajo una forma más organizada.
La condición previa para alcanzar la igualdad de oportunidades para todo tipo de representantes es que hay un principio de transparencia que es válido para todas las instituciones de la UE, y que hace posible conseguir la información solicitada sobre ellas.
Recomendación para la segunda lectura del informe Collins (A4-0136/97)
Fitzsimons
A raíz de la aprobación de las normas de la Unión Europea sobre el funcionamiento de vehículos de carretera, se ha deslizado una deficiencia legislativa en relación con la maquinaria móvil no de carretera.
Esta propuesta de la Comisión Europea en favor de una directiva sobre el particular tiene por finalidad solucionar dicha deficiencia.
Su finalidad es conseguir una reducción sustancial de la contaminación atmosférica provocada por contaminantes de los motores de combustión interna que se van a instalar en maquinaria móvil no de carretera.
La mencionada maquinaria se utiliza para fines industriales y agrícolas; por ejemplo, grúas móviles, máquinas niveladoras, carretillas de horquilla elevadora, equipo de mantenimiento, etc.
La propuesta de la Comisión Europea establece algunos requisitos y algunas normas referentes a emisiones, que han de cumplirse en dos fases.
Primera fase: de junio de 1997 a diciembre de 1998.
Segunda fase: de enero de 2001 a diciembre de 2003.
La finalidad de esta directiva es conseguir una reducción de un 42 % en el caso del óxido nítrico, y de un 29 % en el caso de los hidrocarbonos para el año 2003.
Estas disposiciones sólo se aplicarán a la nueva maquinaria comercializada después de las fechas antes mencionadas.
Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, apoyo enteramente esta directiva.
Recomendación para la segunda lectura del informe K. Jensen (A4-0137/97)
Jackson
Las enmiendas 18 y 19 de la recomendación para la segunda lectura de la propuesta de directiva sobre la comercialización de productos biocidas tienden a suprimir los anexos 1A y 1B de la directiva. Esos anexos permiten utilizar un procedimiento simplificado en el caso de los productos biocidas de bajo riesgo y en el caso de otras sustancias específicas. Los diputados británicos del Grupo PPE comparten las preocupaciones manifestadas por el hecho de que esos anexos aparezcan únicamente como títulos en la Posición Común. Sin embargo, estimamos que hay motivos para tolerar un procedimiento simplificado en determinados casos, siempre que se haya efectuado una evaluación minuciosa de los riesgos y no haya reducción del nivel de protección para seres humanos y medio ambiente . Consiguiendo que las medidas de control guarden proporción con el nivel determinado de riesgos permitiría concentrar los recursos donde más se necesitan, y ayudaría a reducir las cargas burocráticas para la industria.
Informe Anastassopoulos (A4-0119/97)
Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo han votado hoy a favor del informe sobre el Libro Verde de la Comisión acerca de la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior (consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria). Lamentablemente, las empresas privadas están en alza en el sector audiovisual, lo que significa que el número de infracciones de los derechos de autor aumenta. Por principio es inaceptable que los productos audiovisuales sean empleados de forma ilegal. La piratería incrementa además el precio de los programas codificados de televisión y de radio, por lo que los consumidores que los reciben legalmente pagan un precio más elevado.
La legislación de los Estados miembros en este ámbito varía mucho y es en numerosos casos insuficiente. El mercado de los productos audiovisuales se caracteriza además por ser transfronterizo. Por eso creemos que hace falta una solución comunitaria o internacional al tema de la protección jurídica de los servicios codificados. Dicho eso, es importante subrayar que la legislación en este ámbito debe tener en cuenta los intereses no sólo de los prestadores de los servicios, sino también de los consumidores. Esto significa, en primer lugar, que hay que fijar límites para el número y los tipos de servicios que se pueden codificar. En segundo lugar, hay que evitar que los prestadores de los servicios codificados obtengan un nivel tan elevado de protección jurídica que consigan prácticamente el monopolio en los diferentes mercados parciales.
Informe Palacio Vallelersundi (A4-0155/97)
Ahlqvist, Theorin y Wibe
La subsidiariedad se introdujo como principio político en el artículo 3b del Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas, y significa que las acciones sobre las cuales la Comunidad no tenga competencia exclusiva han de adoptarse al nivel más bajo posible. El principio no es un complemento del artículo 235 con el fin de darle más poder a la Comunidad en detrimento de los Estados miembros.
Nuestra posición de base es que Suecia ha ingresado en una cooperación interestatal y que no se deben incluir nuevos ámbitos en el Derecho comunitario. Por eso los apartados 2 y 12 del informe contienen afirmaciones en las que no estamos de acuerdo. Consideramos que la utilización del principio de subsidiariedad con objeto de impedir que entren dentro del ámbito de competencia del Derecho comunitario nuevos aspectos como la cultura, los medios de comunicación, la energía y la investigación está más en la línea política que seguimos.

Fitzsimons
Cuando el Tratado de Maastricht entró en vigor en el otoño de 1992, una de sus principales recomendaciones era que el principio de la subsidiariedad se incorporase a las políticas y los programas fundamentales de Europa.
Esto significa sencillamente que las autoridades locales y las comunidades locales tienen que desempeñar un papel más importante en el desembolso de fondos de la Unión Europea en sus zonas.
Soy un gran adalid de este concepto porque las comunidades locales pueden mancomunar su talento creativo para crear puestos de trabajo en sus localidades.
Europa necesita descentralizarse y hay que apoyar, renovar y ampliar programas como Leader 11 y el Sistema de juntas empresariales de Condado.
Entidades como la Comisión Europea o los departamentos centrales de la administración pública, como el Ministerio de Finanzas o el Ministerio de Medio Ambiente, tienen la oportunidad de gastar demasiado dinero de Europa.
Me molesta que la Dirección General XVI, que es el ala normativa regional de la Comisión Europea, esté estudiando minuciosamente la posibilidad de recortar el programa Leader cuando expire en 1999.
Esta sería una medida muy retrógrada, un bofetón en la cara de las comunidades rurales y un rechazo del principio de subsidiariedad de la UE, que procura involucrar a todas las secciones de la sociedad en la ejecución y administración de políticas europeas.
El Grupo Unión por Europa del Parlamento Europeo quisiera que se ampliasen las iniciativas comunitarias de la UE en el caso de los programas rurales y urbanos, y no que se restase importancia a esos programas de una u otra forma.
La Unión Europea sigue estando demasiado centralizada y es preciso que la acerquemos más a la población.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
El principio de subsidiariedad es un principio importante para la UE. Por eso nos sentimos muy sorprendidos y al mismo tiempo decepcionados ante el hecho de que el Tratado denote una posición muy negativa en torno a él. Por parte sueca se destaca el principio de subsidiariedad como una garantía de que las democracias nacionales y locales no se verán rebasadas por la UE.
Bajo nuestra perspectiva se trata éste de un principio fundamental que por tanto cabe aplicar con frecuencia. Queremos hacer hincapié en que la UE debe ocuparse exlusivamente de aquellas cuestiones que entren dentro de su ámbito de competencia, como lo han establecido los Gobiernos nacionales. El principio de subsidiariedad debe limitar las posibilidades que tiene la UE de abarcar nuevos ámbitos, lo cual por cierto se solicita a menudo en los Libros Blanco y Verde.
Según la ponente el principio ha resultado desventajoso para la UE pero para los Estados miembros, y especialmente para el ciudadano, estamos convencidos de que ha sido beneficioso. Los Estados miembros han de esforzarse por emplear sus instrumentos democráticos dentro de todos los ámbitos en los que la UE no tiene ninguna competencia. Evidentemente, los objetivos O y A se incluyen dentro de este procedimiento. En consecuencia, pensamos que hay que conferirle al principio de subsidiariedad un contenido y unos reglamentos concretos.

Kristoffersen
Me siento muy satisfecho de que, como consecuencia del Tratado de Maastricht, la Comisión se haya visto obligada a adoptar una postura concreta ante la configuración en la práctica del principio de subsidiaridad. Queda todavía mucho por hacer para garantizar que se siguen el espíritu y el texto del Tratado. Por eso quiero recalcar que esta obligación no corresponde únicamente a la Comisión. Todas las instituciones de la Unión Europea están obligadas a seguir el principio de subsidiaridad, y los 626 diputados al Parlamento Europeo no son una excepción. De nada vale hacer grandes discursos sobre el principio de subsidiaridad, si, en casos que nos preocupan, estamos dispuestos a pasarlo por alto. Espero que los tres informes de la Comisión contribuyan a que en el futuro tomemos el principio de subsidiaridad más en serio en esta Asamblea.

Lindqvist
El principio de subsidiariedad trata de cuáles son los temas a los que hay que dar curso a nivel de la Unión y a nivel nacional respectivamente. Dentro del ámbito de competencia de los Estados miembros, puede tratarse del plano nacional, regional o local. El principio de subsidiariedad tiene el objetivo de dar curso a la mayor parte de temas lo más cerca posible del ciudadano.
Evidentemente, la primera pregunta es si ésta es o no una cuestión que entre en el ámbito de competencia de la Unión. Es un error llamarlo un pretexto para «renacionalizar» o para tratar las cuestiones a un nivel puramente interestatal. Al contrario, éste ha de ser precisamente el objetivo de la subsidiariedad.

Souchet
Mi Grupo no ha votado a favor del informe de la Sra. Palacio Vallelersundi debido a las contradicciones que se dan en él: ofrece a la vez lo mejor y lo peor, como si lo hubiesen redactado dos personas distintas.
El informe presenta un excelente análisis de la naturaleza jurídica del principio de subsidiariedad. En sus considerandos A, B, y C recuerda atinadamente que la Comunidad se basa en la atribución explícita de competencias, que dichas competencias no se presuponen sino que mantienen un carácter de excepción, en relación con las competencias de los Estados miembros, lo que implica la no ingerencia de las instituciones comunitarias en los asuntos que son competencia de los Estados miembros.
Del mismo modo, el informe Palacio Vallelersundi pone de manifiesto la falta de rigor que muestra la Comisión en sus diferentes informes sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. La cuestión del respeto del principio de subsidiariedad y de proporcionalidad -principios en los que se inspira la Unión Europea- se confunde con cuestiones de técnica legislativa en lo referente a la claridad y la sencillez de los textos.
También con razón el ponente denuncia la propensión de la Comisión a presentarse como exclusivo legislador comunitario.
Es sorprendente constatar que partiendo de unos análisis tan acertados, el informe no recomiende en absoluto la adopción de medidas capaces de corregir eficazmente las faltas que denuncia.
Respecto a la cuestión capital del control de la subsidiariedad, el informe se contenta con la situación actual, cuando ésta implica numerosísimas violaciones de tal principio, puestas de relieve sobre todo en la contribución presentada el 2 de enero de 1995 por el Sr. Berthu, en calidad de vicepresidente de nuestra Comisión de Asuntos Institucionales. Ni la autodisciplina de las instituciones, ni el Tribunal de Justicia están en condiciones de hacer respetar de forma efectiva el principio de subsidiariedad. Para que sea eficaz y totalmente democrático, tal control deberá salirse del círculo institucional y pasar previamente por los parlamentos nacionales. Sin embargo, el informe sólo tiene de los parlamentos nacionales una visión muy restringida, subordinada y negativa, puesto que se limita a quejarse de que éstos a menudo omiten vigilar activamente la transposición de las directivas comunitarias en la legislación nacional.
Es asimismo lamentable que el informe incluya una interpretación fantasiosa del artículo 3 B del TUE, presentándolo como si atribuyese una superioridad de principio a la acción comunitaria respecto a la acción individual de los diferentes Estados miembros en términos de eficacia (exposición de motivos, apartado 2), en vez de recomendar la modificación, de manera que su aplicación sea de derecho común, sea cual fuere la naturaleza de las competencias ejercidas a nivel comunitario. Si bien el principio de subsidiariedad es un principio sobre el que se apoya la Unión, es completamente abusivo que el Tratado de Maastricht restrinja el campo de aplicación solamente a las competencias de competitividad, estableciendo así una especie de ámbito reservado, el de las competencias exclusivas, en las que la subsidiariedad ya no tendría validez. En interés del ciudadano de cada uno de nuestros Estados miembros, el conjunto de competencias debe poder pasar regularmente por la criba del principio de subsidiariedad, empezando por las que están más alejadas de los ciudadanos y peor controladas y que, por lo tanto, corren más fácilmente el riesgo de caer en la burocratización y la normativa excesiva. Ahora bien, lejos de hacer tales recomendaciones, el informe Palacio Vallelersundi adopta, por el contrario, en este punto, una postura pusilánime y de bloqueo, pidiendo que no se revise la redacción del artículo 3 B en la CIG,
Por último, la crítica del método intergubernamental, que es calificado de poco eficaz y poco democrático, está en absoluta contradicción con el enfoque global adoptado en la Cumbre de Edimburgo, donde se recomendó elegir preferentemente un tipo de acción comunitaria consistente en fomentar la cooperación entre Estados miembros, los procedimientos de unanimidad o las recomendaciones que puedan preservar mejor los derechos de los ciudadanos más que los procedimientos de mayoría que implican una imposición para la minoría.

El Presidente
El turno de votaciones queda así cerrado.
(La sesión, suspendida a las 12.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Bienvenida
El Presidente
Señorías, deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación del Parlamento de la República de Georgia, que se encuentra en la tribuna oficial, encabezada por el Sr. Giorgi Kobakhidze, Vicepresidente del Parlamento y Presidente de su delegación para las relaciones con la Unión Europea.
Quiero precisar que se trata de la cuarta reunión entre nuestras delegaciones, la del Parlamento Europeo y la del Parlamento de Georgia, y que es la primera reunión que celebramos desde la ratificación de nuestro acuerdo de cooperación y asociación.
Debo decirles que concedemos gran importancia a nuestras relaciones, que mantenemos con su delegación y, gracias a su delegación, con el pueblo georgiano.
No dudo ni por un momento de que las reuniones y los intercambios que les aguardan les serán especialmente fructíferos y les deseo una calurosa acogida en el Parlamento Europeo de Estrasburgo.

Legislación comunitaria en materia de medio ambiente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0109/97) del Sr. Kenneth Collins, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente (COM(96)0500 - C4-0591/96).

Collins, Kenneth
Señora Presidente, ésta es la segunda vez que tomo la palabra ante una sala realmente llena. En esta ocasión hablaré de la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental europea.
Antes que nada quiero decir que el historial de la aplicación en los Estados miembros es muy desigual. Según el 13º informe anual sobre la aplicación de la legislación comunitaria europea, la Comisión recibió notificación en 1995 de 265 casos de infracción de la ley, a pesar de que había más de 200 instrumentos jurídicos para proteger el medio ambiente de la Unión. Eso significa que hay un problema. Hace años que el Parlamento se interesa particularmente por la forma de mejorar el historial de la aplicación, en vista de su importancia para el medio ambiente y la actividad económica de las empresas en los Estados miembros.
Los principales problemas con que tropezamos son el secreto de que se rodea el Consejo, los textos de transacción que a veces carecen de firmeza y de coherencia, y algunas veces el hecho de que la legislación ambiental no esté debidamente codificada. Por lo que se refiere al secreto de que se rodea el Consejo, recientemente se me ha sugerido que esta intervención mía de hoy no será completa si no incluyo en ella una referencia a las declaraciones hechas en el Consejo. Eso es lo que hice esta mañana, pero muy recientemente se me ha vuelto a indicar que la cuestión reviste tanta importancia que debo mencionarla una vez más. Así lo acabo de hacer, y con ello he cumplido lo prometido.
La cuestión del cumplimiento puede ser muy compleja. Una directiva puede exigir la promulgación de varias leyes en los planos nacional y regional. Cuanto más compleja sea, más probable es que se use una cortina de humo para eludir la cuestión fundamental del cumplimiento. Tenemos que averiguar dónde se plantean los problemas y la aplicación de políticas es cuestión que incumbe a la Comisión. La Comisión tropieza con dificultades porque, a pesar de todos los rumores, cuenta con escasísimos recursos para desempeñar esa función. Tiene que confiar en las notificaciones provenientes de grupos de ciudadanos o de grupos de interés, porque no siempre recibe informaciones exactas o completas de los Estados miembros. A veces los Estados miembros no están al corriente de la situación, y a veces uno sospecha que quizá no quieran que todo el mundo sepa qué historial tienen sobre el particular. O sea que tenemos un problema.
La acción que sugerimos reviste diversas formas. Estimamos que, antes que nada, necesitamos mayor transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué leyes se han formulado, y tienen derecho a creer que toda la legislación pertinente se cumple debidamente. Por lo tanto necesitamos mejorar el acceso de los ciudadanos ordinarios a la justicia en toda la Unión Europea. Pedimos que toda la legislación ambiental quede sometida al procedimiento de codecisión y a la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Estimamos que de esta manera se promoverán la democracia y la transparencia, y se mejorará la disponibilidad de información. Queremos conseguir que la información producida sea de mejor calidad, y queremos que los Estados miembros informen sobre la situación actual en materia de ejecución y cumplimiento, en vez de limitarse a informar sobre el grado en que la legislación comunitaria se ha incorporado en la legislación de los Estados miembros.
Estimamos que es necesario codificar la legislación vigente para que pueda ser inteligible y coherente. Demasiado a menudo esa legislación sólo es coherente si uno tiene acceso a toda la colección de Diarios Oficiales. No hace falta decir que estimamos que los recursos necesarios para la aplicación tienen que ser suficientes. No tiene sentido que se obligue a la Comisión a hacer más de lo que está haciendo si el nivel de los recursos no es suficientemente elevado y si el presupuesto no incluye una asignación para la aplicación de la legislación ambiental. Estimamos que hay que mejorar el sistema de inspecciones y sanciones, y que todos los Estados miembros tienen que contar con un servicio de inspección -lo que no sucede en la actualidad- de cuya supervisión en el plano de la Unión Europea se ocupará la Comisión, junto con la Agencia Europea para el Medio Ambiente, por una parte, y la red IMPEL, por otra.
En relación con el plano local diré que, cuando esos servicios existen, los Estados miembros no deben imponerles dificultades financieras que limiten su capacidad de desempeñar eficazmente su cometido. En mi propio país, el Organismo Escocés de Protección del Medio Ambiente quedó establecido hace algo más de un año y apenas hace un mes se descubrió que tenía que pagar impuestos por valor del 10 % de su presupuesto porque los funcionarios no habían redactado con el debido cuidado la legislación. Ésta es una situación absurda y los Estados miembros deberían procurar que no se repita.
Este informe ha obtenido el apoyo de los diversos grupos en la comisión parlamentaria. Es importantísimo, y el hecho de que no se hayan presentado muchas enmiendas no significa que no haya suscitado interés. No hay más que dos enmiendas y propongo que se acepte la de la Sra. Roth-Behrendt. No me desagrada la enmienda presentada por el Sr. Florenz, pero no quiero aceptarla por estimar que restringe innecesariamente la libertad de maniobra de personas y organismos.

Gebhardt
, redactora de la opinión de la Comisión para opinión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. (DE) Señora Presidenta, señor Collins, el hecho de que se presenten tan pocas enmiendas quizá se deba también a que usted ha hecho un informe tan bueno y, por tanto, apenas queda algo por añadir, y lo que nosotros hemos hecho en la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo había hecho usted también en su informe, de suerte que no hemos tenido ningún problema con esto.
Usted ha dicho que hay problemas muy grandes con la ejecución y la traslación de la legislación en materia de medio ambiente en la Unión Europea. Al contrario que en otros ámbitos de la legislación, no hay ningún lobby realmente interesado económicamente, que se cuide de que esta legislación sobre medio ambiente sea objeto también de esta necesaria traslación en los Estados nacionales. Por esta razón, es necesario tener a mano instrumentos para que también podamos avanzar realmente, y entre estos instrumentos se cuentan también aquellos que, ante todo, contribuyen a la transparencia. El ponente también ha destacado esto ya. Por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha propuesto medidas encaminadas al mejoramiento de la transparencia como, por ejemplo, cuadros sinópticos de traslación, consultas más intensivas, claridad a la hora de formular las disposiciones jurídicas. Esto es especialmente importante en este ámbito.
Hay que tender a lograr el acceso público más amplio posible a la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros. Este es realmente uno de los puntos centrales que hemos de abordar. Es claro que no se puede publicar cualquier correspondencia, pero el Parlamento Europeo debe saber al menos cuándo se aplica el artículo 169. Debe saber que se aplica este artículo, cuándo y en qué forma. No queremos la correspondencia propiamente dicha pero sí las informaciones, y queremos que en este ámbito se haga también realmente algo.
Por lo demás, la realización de la legislación sobre medio ambiente implica también que en la legislación se habiliten recursos. Por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que la Comisión vele porque en sus propuestas legislativas se recojan disposiciones que obliguen a los Estados miembros a sanciones efectivas, adecuadas y ponderadas en el caso de una violación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. Esta es una segunda pata de apoyo de lo que necesitamos y de lo que debemos acometer.
Por último -esto también lo ha mencionado usted en su discurso, señor ponente- se trata de la Agencia de Medio Ambiente. La Comisión debe intensificar la cooperación con la Agencia de Medio Ambiente, pues la Agencia de Medio Ambiente es la que dispone de las informaciones que son necesarias para la legislación. Estas informaciones son de gran utilidad y pueden servir de ulterior ayuda a la Comisión.

White
Señora Presidenta, soy ciudadano de la Unión Europea y diputado de este Parlamento Europeo. Quisiera reseñar las normas que el ciudadano ordinario -como yo- puede seguir si desea formular una queja a la Comisión.
Es muy sencillo. Si uno quiere formular una queja, puede obtener un formulario en una oficina de la Comisión, la de Londres en mi caso. El formulario indica que se puede formular una queja «a reserva de las normas de confidencialidad». En ninguna parte se explica lo que eso significa. Pedí que se me explicara, y me dijeron que eran «las costumbres y las prácticas que solemos seguir». Me parece que esas costumbres y esas prácticas son malas si significan que el ciudadano no puede obtener información abiertamente y tiene que hacerlo de forma secreta.
He de admitir con pena que, como ciudadano que soy, he formulado una queja acerca de la situación que reinaba en el estuario del Severn, en el que se halla mi circunscripción, sin que haya recibido hasta ahora ninguna información satisfactoria acerca del curso dado a dicha queja. Incluso ahora sigo sin saber si el expediente sigue su curso o ha sido archivado. No sé qué tipo de correspondencia ha habido en el pasado entre el anterior gobierno de mi país y la Comisión, y ésta es una situación absurda porque tengo que informar a mis electores. No puedo hacerlo porque, aunque suprimí la referencia a la confidencialidad en la queja que había presentado a título personal, no se me ha dado ningún detalle acerca del curso dado a dicha queja.
Por lo tanto el punto 10 del informe del Sr. Collins, por lo demás excelente, no es suficiente. Como Parlamento, y como ciudadanos ordinarios que somos todos los que formamos parte del Parlamento, tenemos derecho a que la Comisión nos mantenga regularmente al corriente de lo que sucede. Al fin y al cabo hay un reglamento interior que exige que la Comisión mantenga informados a los ciudadanos. Mientras la Comisión no cumpla su propio reglamento, no se podrá decir que cumple debidamente su cometido. Vale la pena estudiar si el hecho de no cumplir su propio reglamento no constituye un caso que se podría remitir al Defensor del Pueblo Europeo. He aquí una cuestión de la que quizá debiéramos ocuparnos en otro momento.

Jackson
Señora Presidenta, el Grupo PPE estima que el informe Collins está bien como está, aunque tenemos algunas reservas acerca del apartado 11 con respecto al cual hemos presentado una enmienda que esperamos haga que el Sr. Collins reconsidere su texto.
Evidentemente nos encontramos ante un problema gravísimo: promulgamos legislación sobre el medio ambiente que pocos gobiernos cumplen. Instituimos obligaciones de presentación de informes que pocos gobiernos respetan. El Sr. White se queja por lo visto desde su circunscripción en Inglaterra, y su queja se pierde o se olvida y el Sr. White no sabe lo que ha sucedido con ella. Nadie puede decir realmente en Bruselas si se está cumpliendo la ley o de qué forma se está cumpliendo, ni siquiera en sectores fundamentales de política ambiental como la gestión de los desechos tóxicos, sector respecto del cual la Comisión Europea no ha recibido informes hasta ahora más que de seis de los 15 Estados miembros. En realidad podríamos decir, en presencia de la delegación de Georgia, que, lamentablemente, no somos un ejemplo verdaderamente bueno de la forma de aplicar la legislación ambiental en Europa.
Se ha instituido la imposición de multas con arreglo al artículo 171 del Tratado. Se ha introducido más bien trabajosamente, pero todavía no han empezado a imponerse. Espero que cuando la Comisaria encargada de las cuestiones ambientales nos responda, pueda darnos algunos detalles actuales acerca de lo que está sucediendo con las acciones que la Comisión anunció en enero en virtud del artículo 171 contra algunos Estados miembros que desde 1990 vienen ignorando sucesivamente los dictámenes del Tribunal de Justicia Europeo.
Por lo tanto coincido en general con las recomendaciones del Sr. Collins. Es particularmente interesante que el Sr. Collins haya propuesto que procuremos instituir una especie de servicio de inspección de los inspectores, una pequeña fuerza de inspección que pueda ir de un sitio para otro y examinar si los Estados miembros están dando efecto realmente a la legislación.
Me permitiré exponer tres cuestiones que pueden reforzar las disposiciones del informe. No podemos continuar dependiendo únicamente de quejas individuales, como las que se han mencionado, sobre las inspecciones o las autoinspecciones; quiero dar a entender que me refiero a la obligación de informar. Esas tres cuestiones son las siguientes: en primer lugar, una cuestión relacionada con el costo: una de las grandes deficiencias del método seguido por la Comisión en relación con la legislación ambiental es que, al parecer, está dispuesta a no parar mientes en el costo de la legislación. El verdadero problema es el siguiente: ¿dará resultado obligar a presentar una declaración acerca de los efectos en función del costo? No tendría que aplicarse a toda la legislación pero en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos podido comprobar que cuando hay que preparar una declaración sobre los efectos en función del costo, o bien es dificilísimo que la Comisión se pronuncie sobre ella, o bien carece por completo de valor, como sucedió con la declaración sobre los efectos de la directiva relativa al agua de las zonas de baños.
Por lo tanto sugiero a la Comisión que sería mejor, si vamos a aplicar la codecisión a toda la legislación ambiental -cosa sumamente probable-, que en una fase determinada, sea en la fase de proyecto preliminar, sea en la fase de posición común, la Comisión invite a los Estados miembros a declarar lo que calculan que costaría la aplicación de la legislación en su territorio. Esto constituiría una declaración publicada por cada Estado miembro. A continuación podría ser objeto de debate. Probablemente sería firmemente rechazada por las organizaciones no gubernamentales, pero por lo menos ayudaría a plantear esta cuestión en público, y espero que la idea sea aceptable para la Comisión.
En segundo lugar, la cuestión de la transparencia: la Comisión debería obrar con mayor franqueza respecto del Parlamento por lo que se refiere a los problemas con que tropieza en los Estados miembros. No veo la utilidad de preservar el carácter confidencial si lo único que se consigue con ello es dificultar más la posibilidad de velar por el cumplimiento de la legislación. Permítanme que les dé un ejemplo: el 19 de julio de 1996 el Primer Ministro de Francia hizo que su gabinete publicara un comunicado de prensa en el que se declaraba que se iba a suspender la aplicación de la directiva sobre el hábitat en Francia. Los diputados de este Parlamento quedamos reconocidos a mi colega neerlandés, Sr. Eisma, por haber hecho una pregunta escrita en el Diario Oficial que aireó toda esta cuestión en público. Lamento tener que decir que no sabía lo que había sucedido. Ninguno de mis colegas franceses pusieron esta cuestión en mi conocimiento y lo lógico hubiera sido que la Comisión se dirigiera al Parlamento y dijera: ¡cuidado! Los franceses han suspendido unilateralmente la aplicación en Francia de toda una directiva en cuya adopción había intervenido el Parlamento. Esto, por lo menos, hubiera puesto de relieve la actuación del Gobierno francés. Pero lo cierto es que la aplicación de esa directiva sigue estando suspendida en Francia, cosa que es absolutamente inaceptable.
En tercer y último lugar, la cuestión de la ampliación: ¿qué vamos a hacer con la ampliación? O vamos a vernos en la obligación de introducir una larga serie de derogaciones en relación con la legislación ambiental vigente, o vamos a encontrarnos en una situación en la que los nuevos Estados miembros aceptan el actual acervo de legislación -el denominado acquis communautaire - y luego no se preocupan para nada de la cuestión.
Mi sugerencia final es que, cuando la Comisión presente nuevas normas legislativas al Parlamento -cosa que realmente hubiera debido empezar a hacer el 1 de enero de 1997-, esas nuevas normas legislativas contengan una declaración acerca de sus consecuencias para la ampliación. ¿Va a ser posible, incluso para los Estados miembros mejor dispuestos, cumplir con los plazos límites que hemos fijado, por ejemplo en las directivas sobre aceites para vehículos de motor, o, más recientemente, en la directiva sobre depósitos de basura, de la que soy el ponente? Ni siquiera en Alemania oriental pueden cumplir con las disposiciones de esa directiva. Es sumamente improbable que alguno de los plazos límites que la Comisión está fijando en este caso se puedan cumplir en Polonia, Hungría, etc. Necesitamos una declaración sobre las consecuencias para la ampliación que se adjunte a toda la legislación ambiental que se presente de ahora en adelante a este Parlamento.

Baldi
Señora Presidenta, ante las carencias constatadas en la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente en los Estados miembros -más de una quinta parte de las violaciones del Derecho comunitario en 1995 afectaba al medio ambiente-, la Comisión propone esta Comunicación sobre la mejora de la aplicación de la legislación de la Unión Europea a este respecto. La idea es reflexionar sobre los medios para garantizar el respeto de la legislación comunitaria sin que la Comisión tenga que recurrir sistemáticamente a la acción judicial con respecto a los Estados miembros.
Aun subrayando la imposibilidad por parte de la Comisión de vigilar sobre el terreno la aplicación de las disposiciones comunitarias, sin embargo, la Comunicación presenta propuestas destinadas a racionalizar la aplicación de la legislación y a ofrecer a los ciudadanos europeos la información y las competencias necesarias para garantizar el respeto del Derecho en materia de medio ambiente.
La Comunicación prevé asimismo la organización de amplias consultas antes de la elaboración de la legislación en materia de medio ambiente, así como la publicación de un informe anual sobre la aplicación del Derecho comunitario relativo al medio ambiente en los Estados miembros.
En su resolución, el Sr. Collins, al que felicito por el excelente trabajo, pide a la Comisión que lleve a cabo varias iniciativas complementarias, que nosotros compartimos y que deseo enumerar: primero, la codificación del Derecho comunitario relativo al medio ambiente; segundo, la asignación anual de un porcentaje de los fondos del presupuesto comunitario a favor de la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente; tercero, la creación de un servicio de inspección; cuarto, la atención por parte de la Comisión, cuando elabore la legislación, al proceso de consulta, que debería ser amplio y sistemático; quinto, la aplicación del procedimiento de codecisión a toda la legislación referente al medio ambiente, a la que debería proceder la CIG; sexto, la estrecha cooperación entre la Agencia Europea del Medio Ambiente, que debe controlar la eficacia de las medidas aprobadas a lo largo del tiempo en cada uno de los países, con la Comisión y los Estados miembros, y, por último, la creación de la figura del Defensor del Medio Ambiente o de un tribunal para la gestión de los recursos medioambientales y territoriales.

Dybkjær
También yo quiero dar las gracias a la Comisión por su Comunicación y al ponente por el trabajo que ha realizado. Es muy importante que dediquemos tiempo a los procedimientos de aplicación. ¿Qué provecho sacamos en realidad de esa legislación que a veces resulta tan molesta? ¿Qué supone en la práctica? Me parece que sería agradable recibir alguna indicación de la Comisión acerca de lo que quiere que se aplique en este momento y, ante todo, del calendario que pretende seguir. La Sra. Jackson ha dicho que estamos preocupados por la legislación sobre el medio ambiente. La ampliación significa en realidad un retroceso en las posibilidades de aplicación de una nueva legislación en esta materia. Me gustaría además saber si existe realmente alguna posibilidad de que la legislación en vigor sea aplicada en los nuevos Estados miembros dentro de un plazo razonable.
Entiendo que la Comisión ha sido bastante concreta en su Comunicación acerca de lo que puede hacer por si misma, pero puede hacer, pero se expresa con bastante más modestia acerca de lo que puede hacer con respecto a los Estados miembros. Por eso me parece importante definir una línea algo más firme y contundente ante éstos. Según mi interpretación, el punto 4 del informe del Sr. Collins supone en realidad el cumplimiento de lo que la Comisión aborda en la página 19, es decir, el informe anual. Creo que es fundamental en todo este proceso saber si la legislación sobre el medio ambiente ha sido notificada, de forma que por lo menos la redacción sea correcta, pero también que es tan importante o más que se inicie el control de su aplicación.
Eso me lleva al punto 2, o sea, al tema del control. Aquí encontramos el punto más débil de la Unión. Por eso me parece importante lo que el Sr. Collins menciona en el punto 6, es decir, la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que incluyan normas mínimas para el control aplicables, a ser posible, en los Estados miembros, puesto que la legislación sobre el medio ambiente no lleva a ningún sitio si no se procede así.
El último punto que quiero mencionar es el relativo al derecho a formular quejas. Creo que es sumamente importante que reconozcamos amplias posibilidades en tal sentido, ya que este derecho resultará ser nuestro mejor aliado cuando haya que entender la legislación. Me parece muy importante apoyar plenamente el derecho a formular quejas, ya que las ONG y los particulares serán nuestros mejores aliados en los Estados miembros en el momento de evaluar cómo se aplica en la práctica la legislación sobre medio ambiente, lo que también ha sido dado a entender por la Comisión.

González Álvarez
Señora Presidenta, señora Comisaria, no nos queda más remedio que repetirnos, porque estamos de acuerdo con el informe del Sr. Collins. Estamos de acuerdo con el análisis que hace de los efectos que produce la no aplicación o la aplicación del Derecho comunitario en los diferentes Estados miembros y estamos de acuerdo, también, con las propuestas que hace para corregir esta situación.
La verdad es que hay que constatar que, si se vulneran las normas del mercado interior, enseguida hay un dedo acusador que señala al Estado miembro que las vulnera. Cuando en tantas ocasiones se vulnera el Derecho en medio ambiente, no hay tantos dedos acusadores que acusen a los Estados miembros que lo vulneran.
De ahí el análisis que hace el Sr. Collins en el sentido de que la unanimidad del Consejo, el secretismo del Consejo, perjudica las decisiones en materia de medio ambiente. Los procesos de denuncia son burocráticos y poco flexibles, muy largos. Los ciudadanos que se deciden a denunciar se sienten frustrados y hay que tener en cuenta que, según la Fundación para la Defensa de la Naturaleza, el 80 % de las quejas que llega a la Comisión parte de ciudadanos o asociaciones de ciudadanos.
El secretismo, también, de la correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros. Nos tememos muy mucho que a veces eso esconde la falta de interés, la falta de voluntad política de los Estados miembros a la hora de corregir las situaciones- por ejemplo, la falta de recursos de la DG XI, con quince funcionarios para hacer informes jurídicos, para hacer más de 600 informes. En definitiva, la imposibilidad de la Comisión para tener un cuerpo de inspectores que intervenga en los Estados y denuncie claramente lo que ocurre.
Por lo tanto, la coordinación de la Comisión con la Agencia de Medio Ambiente, la creación de un cuerpo de inspectores, el fin del secretismo, la denuncia de los métodos inflexibles, burocráticos y largos que suponen para las organizaciones no gubernamentales que trabajan en defensa del medio ambiente llegar a la Comisión o a la Comisión de Peticiones, constituyen, de hecho, trabas para que se cumpla el Derecho comunitario.
Este fin de semana, señora Comisaria, invitada por una plataforma de defensa del Parque de Doñana, reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad, estuve en Andalucía. Hay ni más ni menos tres urbanizaciones, una de lujo, que atentan contra la integridad del parque y un embalse en el río Guadalquivir acabará con el estuario.
Mientras tanto, los estudios de evaluación de impacto sobre el medio ambiente no son rigurosos y se engaña a la población con la creación de empleo. Porque es poco el empleo que se crea con estas urbanizaciones y sería mucho mejor, de más calidad y de más futuro, el empleo que se crea cuando se utilizan los recursos humanos y la riqueza del propio país. Si la Comisión no lo evita, o si el propio país no lo evita, se atentará contra un parque que no es sólo andaluz o español, sino europeo y patrimonio de la humanidad.
Cuando ocurren casos como éstos o cuando estuve en Grecia viendo el desvío del río Achelóos, es cuando uno se da cuenta de que es imprescindible tomar las medidas que propone el Sr. Collins en su informe para evitar atentados contra nuestros espacios naturales como ese que se propone en mi país -y me da pena tener que decirlo-.

Breyer
Señora Presidenta, distinguidos colegas, nuestro grupo felicita también al Sr. Collins por su informe. Creo que de lo que se trata es de hacer avances reales en la puesta en práctica de la legislación sobre medio ambiente. Sin embargo, al contrario de mi antecesora en el uso de la palabra, nosotros no somos de la opinión de que en este punto se trate solamente de una insuficiente dotación de personal en la Comisión, sino de que la Comisión carece también de voluntad política para poner en práctica la legislación sobre medio ambiente. A veces presiona por razones de mera oportunidad política.
¿Por qué no debe regir también en el seno de la Comisión la ejecución de la legislación sobre medio ambiente? ¿Cómo es posible que se creen redes transeuropeas, lo cual conduce a más autopistas asfaltadas, a pesar de que sabemos que de esa manera va a aumentar el contenido de CO2 ? ¿Por qué ha sido posible que en algunos Estados miembros, como la República Federal, se haya puesto en aplicación una ley de aceleración, una clara violación de la prueba de compatibilidad con el medio ambiente o, también, de la directiva sobre la protección de las aves? La Comisión tiene el deber de tener realmente en cuenta el medio ambiente y no dejar prevalecer a la oportunidad política. También es preciso que en el futuro se introduzcan en mayor número procedimientos que se rijan por el artículo 189. Sólo entonces merecerá también credibilidad la Comisión.
Se ha puesto también de manifiesto que ha sido muy acertado el procedimiento conforme al artículo 171 que la Comisión ha llevado a cabo por vez primera contra la República Federal. Necesitamos sanciones pecuniarias, porque surten efecto.
No puede ser que los Estados miembros anden trampeando con la legislación sobre medio ambiente, sino que es preciso que ésta se aplique realmente. Pero también es preciso dar más posibilidades a las organizaciones no gubernamentales y nos referimos a las organizaciones internacionales no gubernamentales y también a personas naturales.
El medio ambiente es un bien común nuestro y por ser nuestro bien común debería tener cada cual la posibilidad de plantear demandas en los casos de violación de la legislación sobre medio ambiente. El medio ambiente es vitalmente necesario para las generaciones venideras y, por ello, debe ser posible presentar demandas. Sólo entonces podremos velar porque se ejerza más presión en este ámbito.
En resumen: la Comisión debe mostrar más voluntad política de proceder más estricta y severamente en esta materia. La Comisión debe imponer el cumplimiento de la legislación sobre medio ambiente y debe mejorarse el derecho a presentar demandas, pues el medio ambiente nos pertenece a todos. Quien no ponga en práctica la legislación sobre medio ambiente, debe ser también susceptible de ser demandado.

Blokland
Señora Presidenta, Señorías, señora Comisaria, el mal cumplimiento de las directivas europeas nos persigue desde hace años. El informe anual sobre la aplicación del derecho comunitario nos demuestra que las directivas ambientales salen mal paradas.
Formalmente podríamos decir que es responsabilidad de la Comisión Europea, pero eso sería zafarse con demasiada facilidad. Aunque el artículo 155 diga que la Comisión Europea es la guardiana de los Tratados y la legislación derivada, no podemos tomarle a mal que no todo vaya bien en los Estados miembros. La responsabilidad de la Comisión Europea es grande cuando se trata de transponer el derecho europeo al derecho nacional, pero está claro que el procedimiento es un asunto de los Estados miembros.
En la transposición surgen problemas, pero estos no son tan graves si los comparamos con los problemas en la aplicación concreta de las reglas ambientales en la práctica, el control y el procedimiento. Pienso que para solucionar estos problemas necesitamos sobre todo una mejor inspección.
En toda Europa sucede en principio lo mismo. Se establecen reglas, pero estas no se cumplen. Aquí y allá se puede discutir sobre la calidad de las reglas, pero ese no es el principal problema. El problema radica en la manera deficiente y sobre todo desigual en que se controla el cumplimiento.
En el transcurso de los años, cada país ha ido formando sus propios servicios de inspección. En algunos, los servicios se regulan en gran medida por la política, en otros son totalmente independientes. Por otra parte, ello varía mucho según el tema concreto. En determinados casos, el control se deja en manos de las empresas o de una oficina asesora. Me refiero, por ejemplo, a la auditoría ambiental.
A mi entender, se puede ganar mucho en el ámbito de la puesta en práctica, si de otorga un estatuto realmente independiente a todos los servicios de inspección. Actualmente existe con demasiada frecuencia una relación de subordinación entre la política o la administración y los servicios de inspección. Si la inspección ambiental está atada de pies y manos a un órgano político a la hora de realizar sus tareas, podremos olvidarnos de un control eficaz. Ya no se formularán críticas fundamentales a la administración, y esto es funesto para la política ambiental. Ahora vemos con demasiada frecuencia que los resultados de la investigación son encubiertos o que incluso se impide la publicación. Quizás sea cómodo para los responsables políticos, pero no favorece al medio ambiente.
Por ello soy partidario de que la Comisión Europea compruebe los servicios de inspección en los Estados miembros sobre todo en base a su independencia. A mi entender es una tarea imposible para la Comisión Europea examinar a fondo las actividades de control concretas de todas las diferentes inspecciones ambientales, pero considero que el primer requisito es comprobar su independencia forma y real.
Una última observación tiene que ver con la enmienda del Sr. Florenz. Considero que es una clara mejora que conecta acertadamente con los desarrollos en la práctica, aunque para ello es preciso no interpretar de forma demasiado limitada el concepto «interesados», tal como al parecer teme el Sr. Collins. Si se desprendiera de la jurisprudencia que ello provoca demasiado a menudo una interpretación restringida, no apoyaría al Sr. Florenz. Quisiera que la Comisaria Bjerregaard me diera su opinión al respecto.

Van Putten
Señora Presidenta, Europa tiene más de 200 leyes ambientales. Y se le pueden añadir muchas más, pero la cuestión es si en estos momentos tiene sentido. ¿No valdría más ocuparse primero de una aplicación real de todo lo que tenemos? De eso trata exactamente el informe Collins. A mi entender, este es quizás uno de los temas más importantes que hemos tratado en esta Asamblea en los últimos ocho años.
La cuestión es si el trabajo de cientos de diputados, ministros, de miles de funcionarios, de organizaciones no gubernamentales que se encargan de prevenir, de los medios de comunicación que informan con regularidad sobre toda la legislación, nos lleva realmente a algún sitio. ¿Tiene lugar la aplicación? La respuesta del Sr. Collins es que eso todavía está por ver. Y nuevamente la cuestión es si no sería más útil examinar la aplicación. Es posible que tengamos que considerar la posibilidad de hacer más estrictas esas 200 reglas, pero ante todo hemos de concentrarnos en la aplicación y el cumplimiento. Pese al hecho de que la Comisión dispone del artículo 155 del Tratado, ese cumplimiento está sobre todo en manos de los Estados miembros. Diversos compañeros se han referido ya a ello. El Sr. Collins indica también claramente que hay numerosas deficiencias. Ello se achaca a veces a las diferencias en la interpretación de los conceptos, como en el caso de los residuos. Un Estado miembro puede considerar que algo es un residuo, mientras que otro lo clasifica en otra categoría. O se achaca a los procedimientos complicados. Pero la conclusión general es que por ahora no existe ningún sistema de control independiente e igualitario a nivel de Estados miembros. También mi compañero, el Sr. Blokland, lo ha señalado con razón. Y no es poco, sobre todo si al mismo tiempo constatamos que los problemas ambientales son por excelencia transfronterizos y con ello, por lo que a mí respecta, han de ser la prioridad número 1 de la política europea. Incluso si mañana decidiéramos seguir adelante como Estados miembros y olvidarnos de Europa, el medio ambiente seguiría siendo transfronterizo. Esto hace que la política ambiental sea precisamente una política europea tan importante.
En este marco pido que se preste una atención especial a esta cuestión para lograr un desarrollo positivo. A menudo hablamos de los desarrollos negativos en Europa, pero también hay uno positivo y es el trabajo de Impelnet, la red de implementation of environmental legislation que se inició de manera informal. Los funcionarios de diversos Estados miembros se reunieron y decidieron que debían trabajar juntos. Esta red es interesante en el sentido de que se ha visto que los grupos de trabajo creados han hablado entre ellos, y, por ejemplo, en el ámbito de los residuos han logrado denunciar casos de fraude real y prácticas ilícitas. Quisiera preguntar a la Comisión si tiene previsto mejorar, ampliar y apoyar esta red en el marco comunitario bajo la dirección del Inspectorate of the Inspectorates . Pienso que es un buen camino.

Florenz
Señora Presidenta, señora Comisaria, si es cierto que aquí lamentamos el hecho de que tenemos 200 directivas las cuales, aunque conducen hacia un objetivo, hemos de constatar que tenemos grandes problemas de traslación y, sobre todo, de ejecución a nivel nacional, entonces en algún momento habrá que plantear la pregunta: ¿qué es realmente lo que hacemos mal? Lamentar una y otra vez esta mala situación y escribir un informe sobre ella, al que doy mi aprobación en una parte considerable, esto sólo no nos hace avanzar.
En la política de medio ambiente de Europa tenemos el mismo problema que en mi propia familia. Cuando mis hijos, mi esposa y yo hablamos sobre política de medio ambiente, todos nos entusiasmamos por el tema. Pero si propongo introducir valores materiales, entonces el entusiasmo disminuye por doquier. Justamente esto, señoras y señores, ha pasado también en gran medida aquí, en Europa, en los últimos años. Hemos logrado un gran comienzo con la directiva IPPC, la cual tenía por finalidad, introducir en Europa procedimientos de autorización que comprendieran todos los medios. En definitiva, las empresas industriales no deberían tener más la posibilidad de purificar el aire y para ello verter los desechos en el agua, sino que debería haber un planteamiento global. Hemos hecho tan poca fuerza, que al final sólo nos hemos decidido por unas ridículas disposiciones administrativas y apenas hemos introducido un criterio material. Esto precisamente es lo que necesitamos, señora van Putten, cuando usted dice que el medio ambiente de Europa es una política transfronteriza.
Hemos de fijar criterios valores materiales y a este respecto se nos ha ocurrido un nuevo truco: ya no decimos más 0, 01, o lo que sea, sino que decimos BAT, mejor técnica disponible. Este es un bonito término de política de medio ambiente, sólo que nadie define qué significa en Europa y luego no debemos extrañarnos de que se utilicen los recovecos. Y si yo fuera un representante de una instalación industrial, entonces tendría el encargo de buscar un camino favorable. Por consiguiente, tenemos que definir qué significa BAT. Con toda seguridad BAT no es lo que se encuentra aún en fase de investigación en las universidades, pero también es más que lo que es usual en la práctica desde hace ya 20 años. En este punto, señora Comisaria, debe imponerse también frente a otros comisarios de más peso -todos saben en quién estoy pensando- y debe producir, por fin, objetivos cualitativos mediante parámetros para las emisiones y para el nivel de calidad. No necesitamos su disparatada propuesta de una gestión del agua y de los ríos, pero necesitamos una propuesta que establezca qué productos tóxicos no deben existir por más tiempo en esa agua. Nuestos países miembros son suficientemente inteligentes y conscientes de su responsabilidad para establecer por ellos mismos la gestión. Pero los criterios sobre lo que debe haber o no haber en el agua deben proceder ya de Europa.
No debemos extrañarnos, si abrimos tanto las puertas, de que la mentalidad de interpretación sea diferente a lo largo de los años. En la política hídrica tenemos 55 directivas. ¿Cuál es el pequeño empresario, entre los que me encuentro también yo, es capaz de manejarse en Europa con 55 normas? Yo apenas puedo manejar tres. Por consiguiente, es importante que tengamos la valentía de fijar los puntos cardinales mediante parámetros, pero que dejemos luego a los Estados miembros los objetivos y los caminos hacia tales objetivos.
Naturalmente, hay diferentes tiempos de traslación. No es ninguna obra de arte trasladar en Grecia a la legislación nacional una ley europea. En mi país, donde como es sabido tenemos varios estados miembros, 15 ó 16, esto dura un poco más. Sin embargo, para mí es decisivo el planteamiento general, y yo propondría que aparte de las organizaciones estatales de control que tenemos y que nosotros apoyamos, pensemos en si no existirá un nuevo camino.
Creo que en Europa tenemos demasiada legislación ordenadora de detalles y, por otro lado, demasiado pocos elementos motivadores. Yo invertiría esto. Yo fijaría de manera muy severa los objetivos, pero con la ayuda de instrumentos motivadores -los cuales pueden ser muy bien instrumentos fiscales- procuraría que lográsemos otro tipo de control. Como es sabido, los países miembros son competentes en esta materia y debemos interesar a los países miembros en llevar a cabo estos controles. Quien se vea siempre amenazado por el ministerio fiscal jamás podrá ser ganado para una política de medio ambiente, sino que sucederá precisamente lo contrario.
Yo propongo que pensemos en una ITV europea de medio ambiente, que -al igual que en mi país se revisan todos los automóviles cada 2 ó 3 años- esté organizada desde el sector privado y expida certificados para instrumentos económicos y fiscales. Una última frase: evidentemente, soy partidario de que el ciudadanos puedan plantear demandas. Pero no estoy a favor de que ciudadanos absolutamente no afectados, que residan a miles de kilómetros de un proyecto de obra, puedan presentar demandas. Aquellos que estén afectados, que residan en la región, son bienvenidos, de corazón, y deben agotar la legislación. Pero una autorización de obra en el norte de mi país no debe ser bloqueada por un derecho de demanda que se está desarrollando a 1.500 kilómetros de distancia en el lejano sur.

Riis-Jørgensen
Señora Presidenta, el Grupo Liberal concede gran importancia a tres puntos del informe del Sr. Collins. El primero es el punto 15, en el que se pide a la Comisión que presente propuestas para que el artículo 171 del Tratado CE se aplique íntegramente a las infracciones del Derecho medioambiental. Me gustaría conocer la reacción de la Comisión ante esta propuesta, ya que hasta ahora no ha habido una aplicación íntegra del artículo 171. Quiero asimismo preguntar a la Sra. Comisaria cuándo vamos a ver una aplicación del artículo 171. Sé que se ha llegado a calcular la posible cuantía de una multa, pero todavía no he visto -quizás porque estoy mal informada- ninguna propuesta o directrices para demandar a ningún país conforme al artículo 171, a fin de evitar que los delitos contra el medio ambiente valgan la pena.
El segundo punto se refiere a la enmienda presentada por la Sra. Roth-Behrendt, que es apoyada por el Grupo Liberal. Personalmente me gustaría que las declaraciones fuesen suprimidas, pero, mientras las tengamos, deben ser publicadas. He oído con agrado la intervención de la Sra. Comisaria esta mañana, antes de la votación, durante la cual ha dicho que apoya claramente nuestra actitud.
Para finalizar, el tercer aspecto. Hace referencia al punto 4 de la propuesta de resolución, relativo a la publicación de un informe anual sobre las infracciones en el ámbito medioambiental. Quizás el Sr. Monti nos haya dado algunas ideas en torno al mercado interior. Podría ser una idea hacer un especie de lista de «goles» -no sé cuantos de los presentes juegan al fútbol- de los países que cumplen las normas, para iniciar así un pequeño concurso entre los Estados miembros.

Ribeiro
Señora Presidenta, en la aplicación del derecho comunitario del medio ambiente van explícitas o implícitas cuestiones de la mayor importancia para la construcción europea en sus diversos niveles. El informe del Sr. Collins, al que felicito por su trabajo, contribuye a su ponderación.
Comencemos por el nivel comunitario. Después de directivas sueltas de alcance más o menos amplio, de programas de acción con buenos propósitos pero inconsecuentes, de un Fondo de Cohesión destinado sólo a cuatro países con la esfera medioambiental como objetivo, se pasó a la creación de un verdadero Derecho comunitario. Así resultará de la comprobación de situaciones de riesgo, en que la Comisión ha advertido centenares de infracciones de la legislación dispersa sobre el medio ambiente, a partir de denuncias, preguntas o peticiones, y en casos descubiertos directamente por la Comisión, que representan cerca del 20 % de las infracciones registradas en 1996.
Al final del año, existían más de 600 denuncias y procesos de infracción en materia medioambiental contra Estados miembros, frente a menos de 300 notificaciones en 1995. Ahora bien, el proceso de aplicación requiere la transposición en las legislaciones nacionales. Y es decepcionante, porque el retraso y la permisividad con la violación de los plazos establecidos en instancia comunitarias son mucho mayores a los de otras materias gravosas para el medio ambiente, en que la rapidez es la norma. Por otro lado, la mayoría de la legislación medioambiental emanada de la fuente comunitaria no es aplicable directamente a los Estados y requiere medidas nacionales de aplicación, adaptación y creación de medios por parte de la legislación nacional. Y, si los Estados no resultan eficaces en la aplicación de lo que ellos mismos producen en esa esfera, menos lo serán respecto de lo que son inducidos a introducir.
Portugal no es una excepción. Al contrario ilustra la situación. Algunos de los elementos de la legislación portuguesa sobre el medio ambiente están en vigor por obligación, es decir, que resultan de la obligación, vinculante para Portugal, de transponer directivas en la esfera del medio ambiente. Y resulta significativo que algunas de las directivas sobre las que recaen gran parte de las denuncias relativas a infracciones sean ejemplos de la omisión o de la no reglamentación en nuestro país: protección de los hábitat naturales, protección de aguas contra la contaminación causada por nitratos de origen agrícola, eliminación de residuos, basuras, tratamiento de emisiones procedentes de incineradoras, calidad de las aguas.
A eso se debe la importancia del nivel local, lo que revela la innegable ventaja de la asociación de los problemas medioambientales con las necesidades y características de las comunidades locales. La participación de los partidos políticos y de los órganos de poder local, de las asociaciones de defensa del medio ambiente y de otras ONG, de las poblaciones, es fundamental para la formulación de la política medioambiental y se debe reconocer como un elemento esencial para la adaptación real de las directivas. La verdad es que no se pueden enmarcar los problemas específicos de cada región en directivas comunes a quince Estados con situaciones muy diferentes.
Es indispensable que se dé preferencia a las infraestructuras, la descentralización de medios y una cooperación estrecha y determinada con las autoridades locales, pues sólo así tendrán realismo y serán la plasmación real de la legislación comunitaria y su aplicación. ¿Será ello posible o compatible con la obsesión de centralizar políticas y medios que no se oculta tras esta construcción a que da preferencia, incluida la exclusión de otras vías y caminos, todo lo que respecta a la UEM, a una moneda única, a un único banco central y a exclusivas políticas monetarias y presupuestarias?
La legislación comunitaria sobre el medio ambiente habrá de dejar de ser un pretexto y un argumento y sólo dejará de serlo cuando responda a las preocupaciones de rigor y aplicabilidad para adaptarse a las realidades.
El informe del Sr. Collins va orientado en ese sentido -por lo que lo felicito-, pero me parece que deberíamos ser más explícitos. ¡Ésa es la intención de esta intervención!

McKenna
Señora Presidenta, he estado escuchando a algunos de los oradores que han tomado hoy la palabra en esta sala y he llegado a la convicción de que una de las medidas más eficaces que la Unión Europea puede aplicar consiste en imponer multas a los Estados miembros que no cumplen las obligaciones que han asumido en virtud de la legislación de la Unión Europea. No cabe duda de que las multas darán resultados positivos y rápidos. Convendría recurrir a ellas cada vez más a menudo.
Vengo de un país cuyo historial es malísimo en lo que se refiere a las obligaciones que le impone la legislación ambiental de la Unión Europea. Nuestro Gobierno ha solicitado una y otras vez cantidades cada vez mayores de fondos estructurales y de cohesión sin percatarse de que la Unión Europea tiene derecho a verificar de qué forma se está desembolsando su dinero. Un ejemplo típico de lo que acabo de decir es lo que ocurrió el año pasado con el proyecto de planta de tratamiento de desechos en la bahía de Galway. El Ministro del Medio Ambiente empezó por recabar fondos de la Unión Europea para construir la planta, aunque iba a estar localizada en una zona de protección especial para aves silvestres. Cuando el Comisario regional de la UE se negó a conceder los fondos alegando razones ambientales, el Ministro contestó que la UE no tenía que injerirse en el proceso de planificación de Irlanda. Como consecuencia de la intensa presión pública, el Ministro convino en modificar el diseño de la planta.
Más recientemente la Comisión de la UE adoptó las primeras medidas para incoar una acción jurídica contra Irlanda por la supervisión y el control inadecuados de la contaminación del agua por fuentes agrícolas. La Comisión alegó que Irlanda no había incorporado en su legislación todas las disposiciones de la directiva de la UE sobre la contaminación causada por nitratos. Los desechos agrícolas han paralizado algunos de los lagos más importantes de Irlanda. Un estudio realizado por la Federación de Pesca Deportiva Corrib Lough indica que casi lo único que hacen los organismos estatales irlandeses es descuidar la supervisión normativa de los lagos de la parte occidental del país.
En la esfera de la evaluación de las consecuencias para el medio ambiente, Irlanda ha adoptado un enfoque minimalista. Las autoridades no recabaron ninguna evaluación de las consecuencias ambientales en el caso del enorme proyecto del hotel Hilton que se ha previsto construir en el centro de Dublín, aunque una directiva revisada de la UE adoptada en marzo por los Ministros de Medio Ambiente preconizaba que se preparasen esas evaluaciones cuando se realizasen proyectos de desarrollo urbano en gran escala.
La única forma de conseguir que los Gobiernos respeten la legislación de la UE consiste en imponerles multas si no lo hacen. Sé que muchas organizaciones de Irlanda que luchan en esta esfera acogerían con verdadera satisfacción esa medida.

De Clercq
Señora Presidenta, el estado de la puesta en práctica de la legislación ambiental comunitaria deja mucho que desear y la situación es quizás mucho peor de lo que refleja el informe. Así, la Comisión de Asuntos Jurídicos pide en su opinión que la atención no se centre tan sólo a controlar si las directivas se han traducido al derecho nacional, sino que es igualmente importante que se controle la aplicación de las directivas ya traducidas. En efecto, para la protección del medio ambiente, la conservación de nuestro medio ambiente y de un desarrollo sostenible sólo hay una alternativa. O lo hacemos a través del enfoque europeo o simplemente no lo conseguiremos.
La aplicación correcta de las normas ambientales tiene, por cierto, otras consecuencias. No es cuestión de que determinados Estados miembros no apliquen la legislación ambiental aprobada comunitariamente para mantener o conseguir de este modo una posición competitiva más favorable. No podemos permitir que la integración económica fracase a causa de divergencias nacionales en ámbitos que no viene al caso. De ahí la advertencia de que dentro de la Comunidad no hemos de provocar una inestabilidad económica debido a que los Estados miembros no transponen, o transponen o aplican mal la normativa comunitaria en materia de medio ambiente.

Bjerregaard
Señora Presidenta, quiero empezar dando las gracias al Parlamento por su informe sobre la Comunicación relativa a la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. D él se desprende que este tema no sólo me interesa a mí, sino también a la Comisión de Medio Ambiente y que ella, al igual que yo, le da prioridad. Por eso doy las gracias a la comisión y obviamente a su ponente por el constructivo trabajo que ha servido de base para la elaboración del informe. Me alegra asimismo comprobar que, después de examinar el informe, tanto el Comité de las Regiones como el Comité Económico y Social han llegado a una conclusión positiva sobre las recomendaciones de la Comisión.
Es obvio -y muchos diputados lo han mencionado- que la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente es una condición absoluta para la eficacia de la política comunitaria y para la garantía y protección del medio ambiente europeo. Me parece que ha sido la Sra. Van Putten quien ha dicho que esta propuesta es posiblemente la más importante de todas las que han sido examinadas por el Parlamento en los últimos años. Hay mucho en juego, ya que, en sus relaciones internacionales, la Comunidad ha de poder señalar resultados propios para contar como un aliado fiable en las negociaciones a escala mundial en materia de medio ambiente. Desgraciadamente, no siempre ha ocurrido lo mismo en cuanto a la aplicación de la legislación medioambiental en los Estados miembros, tal como también han mencionado varios diputados. El Parlamento conoce varios ejemplos de ello, así como el gran número de quejas dirigidas a la Comisión directamente de los Estados miembros a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento o de diputados al Parlamento.
Comparto la opinión del Sr. White de que hay que hacer algo con respecto a los problemas de información sobre las quejas durante la tramitación. La Comisión está examinando los procedimientos y la transparencia aplicables conforme al artículo 169, entre otras cosas, debido a las observaciones del Defensor del Pueblo. Como ustedes saben, no he pensado nunca que el número de casos sometidos al Tribunal en virtud del artículo 169 pueda ser considerado una indicación del éxito de nuestra política de aplicación y cumplimiento. La Comisión ha trabajado siempre activamente en este sentido, pero los casos denunciados ante el Tribunal son tan sólo la punta del iceberg, ya que los demás suelen ser retirados tras la amenaza de la Comisión de presentar una demanda ante el Tribunal.
Hemos visto algo parecido con la aplicación del artículo 171 por parte de la Comisión en lo que respecta a las multas. No comprendo del todo que haya escapado a la atención de la Sra. Riis-Jørgensen que hemos tratado un total de cinco casos. El 29 de enero de 1997, la Comisión adoptó la decisión de dirigirse al Tribunal en relación con cinco casos de multas contra Estados miembros. Parece que la amenaza de una nueva sentencia del Tribunal solucionará estos problemas, que llevan años. Bienvenida sea la solución, aunque a la larga resulta inaceptable que haya de pasar tanto tiempo.
Como el Parlamento sabe, los cinco casos mencionados están todos relacionados con el medio ambiente y, como también sabe, son los primeros que se han presentado al Tribunal conforme a la nueva disposición del Tratado, es decir, el artículo 171. La Comisión tiene la intención de utilizar, y de hecho estamos utilizando, las facultades que éste nos concede para garantizar la plena concordancia entre la legislación en materia de medio ambiente y las sentencias del Tribunal de Justicia. Estoy de acuerdo en la necesidad de que la Comisión desempeñe un papel activo.
La Sra. Jackson ha solicitado información más concreta sobre el tema, y como ya he dicho, la situación es que cinco casos han sido presentados ante el Tribunal. Contamos con que tres de ellos han sido prácticamente solucionados después de haberse hecho públicos, pero dos no, y parece que hay siete nuevos en camino. Cuanto más casos se solucionan sobre la marcha, obviamente mejor, y consideramos las multas como uno de los medios para obtener mejores resultados.
No obstante, la Comunicación de la Comisión habla también de cómo garantizar una aplicación positiva y activa en los Estados miembros. La Sra. Jackson nos ha dado un excelente ejemplo al mencionar la Directiva sobre hábitats. Quiero añadir que la Comisión, nada más conocer lo expuesto por el Primer Ministro francés, también reaccionó con transparencia y que abordammos el tema ante las autoridades francesas. Tuve ocasión de mencionarlo como ejemplo la última vez que visité la Comisión de Medio Ambiente. Al conocer tales declaraciones, las perseguimos, pero además estamos, obviamente, interesados en ayudar a los Estados miembros a solucionar los problemas que tienen. El motivo de elegir esta forma de abordar el tema es que cuanto antes garanticemos la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente, mejor para éste. Como todos sabemos, no sirve prácticamente de nada ganar pleitos después de años de negociaciones si el daño al medio ambiente ya está causado.
La Comunicación que estamos debatiendo hoy incluye, por lo tanto, tres propuestas nuevas para la adopción de normas de control y acceso a la justicia y la presentación de quejas, así como otras recomendaciones para mejorar los mecanismos vigentes a escala comunitaria. La reacción positiva del Parlamento ante estas tres nuevas propuestas supone un gran estímulo. Después de haber aprobado, por ejemplo, la Directiva sobre prevención y control integrado de la contaminación, la llamada Directiva IPPC, es importante que el Consejo garantice a sus miembros suficiente base para realizar las tareas de inspección necesarias. Por eso, tal como hoy han mencionado varios diputados, estamos fijando a través de la red IMPEL criterios mínimos para esas inspecciones. Esta red, integrada por representantes de las autoridades y organismos de aplicación en los Estados miembros, dispone de la experiencia necesaria para este trabajo preparatorio. Las directrices no se limitarán a las tareas requeridas para garantizar el cumplimiento de la Directiva IPPC, sino que se aplicarán a todas las disposiciones legales de la Comunidad, que, como ha dicho el Sr. Florenz, demandan una inspección de las emisiones como eslabón indispensable para la aplicación y el cumplimiento.
Como ya sabrán ustedes, en relación con estas tres propuestas la Comisión propone en su Comunicación una legislación no obligatoria. Este tema todavía no se ha debatido en el marco del examen preliminar del Consejo. La Comunicación sugiere empezar con una legislación blanda para ver cómo funcionan las nuevas ideas en la práctica. Si resulta adecuada, deberá ser transformada en normas obligatorias. El procedimiento me parece apropiado, aunque desde un punto de vista político estoy de acuerdo con el Parlamento en que será inevitable adoptar una legislación obligatoria. Por eso me felicito de la propuesta del Parlamento de que se adopten actos legislativos durante su legislatura actual. Obviamente, con ello se refuerza mi deseo de transformar estas propuestas en disposiciones legislativas obligatorias. Creo que con lo anterior he contestado a la primera enmienda del Sr. Florenz.
Además de los ámbitos respecto de los cuales ofrece nuevas iniciativas, la Comunicación de la Comisión presenta recomendaciones para una serie de ámbitos en el marco de las prácticas y el procedimiento vigentes. Celebro que se haya avanzado mucho en estos aspectos. En el informe del Parlamento se ruega a los Estados miembros que introduzcan, por ejemplo, regímenes de formación para los órganos nacionales de control y para los funcionarios a fin de que se vayan familiarizando con la legislación comunitaria en materia de medio ambiente. La Comisión ya ha iniciado tales cursos de formación a escala europea y rogamos a los Estados miembros que tomen iniciativas parecidas a nivel nacional y que las adapten a todas las administraciones y a todos los sistemas judiciales.
La Comunicación de la Comisión propone asimismo que, en su informe anual relativo a la aplicación de la legislación comunitaria, se incluya un capítulo extenso sobre medio ambiente en el que se exponga en detalle la aplicación por parte de los Estados miembros de la legislación sobre medio ambiente aplicable durante el año de que se trate. Se completará con un resumen anual de la legislación comunitaria medioambiental que incluye información adicional, por ejemplo, sobre las actividades IMPEL, como ha solicitado la Sra. Van Putten, sobre los resultados de los Estados miembros en cuanto a la obligación de notificación incluida en la legislación comunitaria, y sobre las relaciones con la Agencia Europea de Medio Ambiente, como ha dicho, entre otros, la Sra. Gebhardt. Espero que esta información satisfaga los deseos del Parlamento acerca de la publicación de los aspectos de aplicación a escala comunitaria.
Tanto la Sra. Dybkjær como la Sra. Jackson han preguntado por las relaciones con los nuevos países candidatos de la Europa central y oriental. Estoy de acuerdo con ellas en la importancia del tema. No lo hemos tratado a fondo en esta Comunicación, y me parece que debemos buscar una ocasión para debatirlo detenidamente.
Compartimos todos la responsabilidad de la aplicación y el cumplimiento del acervo comunitario en materia de medio ambiente. La responsabilidad es compartida por los Estados miembros, la Comisión y el Parlamento. Agradezco el entusiasmo y el interés mostrados por tantos diputados al Parlamento Europeo a lo largo de los años.
Finalmente, quiero subrayar que las ventajas de nuestra forma flexible de actuar con respecto a la aplicación de la legislación en materia de medio ambiente quedaron claramente de manifiesto en la audiencia pública organizada hace un año conjuntamente por el Parlamento y la Comisión. Esa audiencia contribuyó de forma considerable a aumentar la sensibilización de los políticos y de los ciudadanos al respecto. Me queda únicamente esperar que la Comunicación de la Comisión, junto con el excelente informe del Parlamento, puedan convencer al Consejo de que hacen falta importantes mejoras en la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente. Por eso elaboraré con mucha ilusión el informe sobre los progresos hechos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Riesgos derivados de las radiaciones ionizantes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0146/97), del Sr. Amadeo, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0465 - C4-0548/96-96/0230(CNS)) relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de la radiaciones ionizantes en exposiciones médicas, por la que se sustituye la Directiva 84/466/Euratom.

Amadeo
Señora Presidenta, señora Comisaria, colegas, desde 1959 se ha afrontado el problema de la protección sanitaria de la población y de los trabajadores contra los riesgos de las radiaciones ionizantes. Numerosas han sido las directivas en ese sentido, de las que la más reciente ha sido la 29/Euratom, adoptada por el Consejo en 1996. Dicha directiva, sin embargo, como las anteriores, no se ocupaba de la radioprotección en caso de exposición para fines médicos. La única tentativa en ese sentido fue una directiva de 1984, la 466, que pretendía completar la directiva sobre las normas fundamentales de seguridad y mejorar la protección radiológica de los pacientes sin perder de vista los posibles beneficios que se derivan del uso de tales radiaciones.
Esta premisa da sin duda el sentido de la importancia de la propuesta del Consejo, sobre la que tengo el honor de ser ponente. Por otra parte, con respecto a 1984 se ha registrado un enorme incremento de la incidencia de las exposiciones médicas en el curso de exámenes y tratamientos y, al mismo tiempo, en estos últimos diez años ha habido una explosión de los conocimientos científicos y tecnológicos. Además, no se puede dejar de subrayar que, en este mismo período de tiempo, en el Tratado de la Unión Europea, con arreglo al artículo 129, se han atribuido a la Comunidad competencias específicas en el sector de la salud pública.
Tengo también que resaltar que la propuesta de directiva del Consejo -aunque en este ámbito el progreso va a una velocidad vertiginosa y, por lo tanto, resulta difícil estar en consonancia con los tiempos- está bien hecha, y es oportuno aprobarla cuanto antes. Al mismo tiempo, tengo que agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor la seriedad, el empeño y la rapidez con que ha afrontado el tema; además, en nombre de todo el Parlamento y, sobre todo, en el mío propio, doy las gracias a todos los que han intervenido con extrema cortesía y competencia para aportar mejoras a la propuesta que se está examinando.
El aumento del nivel cultural en todos los países de la Comunidad constituye un desafío también en este sector, y la presión en favor de un mayor grado de información, educación y formación de cada ciudadano -profesional de la salud, agente técnico, profesional o comercial del sector, dirigente responsable de servicios o instituciones sanitarios, o autoridades de pequeñas y grandes comunidades- aumenta continuamente y exige un mayor nivel de responsabilidad.
El mensaje es de una evidencia clarísima: 1) reducir las radiaciones médicas necesarias recurriendo a métodos alternativos, de igual costo pero de mayor empeño desde el punto de vista de la utilización del tiempo, como, por ejemplo, la ecografía, o mucho más costosos, como la resonancia magnética nuclear; 2) prescindir de las radiaciones para comprobaciones que no sean necesarias; 3) justificar cada examen pedido con el prescriptor, que debe encargarse de las indicaciones específicas para cada propuesta; 4) uso mas cuidadoso de las radiaciones por parte del que practica el examen -en otros términos, el radiólogo-, por ejemplo con protección adecuada y rigurosa en las áreas críticas que no están sometidas a investigación, uso de material sensible adecuado y técnicas sustitutivas respecto de la radiología convencional, como, por ejemplo, la técnica digital, controles de calidad, fichas individuales de los exámenes efectuados. Aparte de eso, la participación correcta y sistemática de un físico médico, que tendrá que evaluar cualquier intervención sobre los instrumentos utilizados para la radioterapia. Además, el físico médico tendrá que verificar la adecuación de los aparatos sobre la base de la relación dosis suministrada/ beneficio diagnóstico con el establecimiento de criterios máximos y mínimos de referencia a los que atenerse.
Todo esto porque, en el umbral del tercer milenio, consideramos que la cultura de la calidad de la vida impone que se asuman todas las iniciativas de programación, organización, gestión y control para ofrecer garantías de plena seguridad a la persona frente a los riesgos de las radiaciones, en particular las que se derivan de exposiciones médicas.
Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente -hago observar con orgullo que todas las enmiendas han sido presentadas por la comisión- están encaminadas a una mayor clarificación y especificación de los distintos apartados de la directiva, y considero que están en sintonía con el espíritu que ha impulsado al Consejo a esta normativa. Mi opinión es, pues, favorable a las enmiendas mismas, con sólo una observación respecto de la enmienda relativa al examen radiológico en mujeres gestantes, porque considero que en esos casos es más conveniente orientarse hacia exámenes alternativos, como la ecografía y/o la resonancia magnética nuclear, y no prever ulteriores limitaciones y atenuaciones en el uso de las radiaciones.

Graenitz
Señora Presidenta, quisiera comenzar dando las gracias al ponente por su trabajo. Creo que es muy importante ocuparse con mucho cuidado de esta materia. Lamento enormemente que estemos discutiendo aquí un informe que ha sido elaborado sobre la base del capítulo 3 sobre protección de la salud del Tratado EURATOM y que a nosotros, como Parlamento, sólo nos dé la posibilidad de expresar una opinión y no la de poder tratar esta materia tan importante por medio de un procedimiento de codecisión.
En el ámbito de la medicina el trabajo con rayos X, con aparatos que funcionan con rayos ionizantes, ha crecido en los últimos años de manera explosiva, como ha dicho el Sr. ponente, y muchas personas se someten hoy a exploraciones - exploraciones en serie, exploraciones preventivas- que hace diez años no existían en absoluto.
Precisamente en el ámbito de las exploraciones preventivas es muy importante, por un lado, poder decir a las personas lo siguiente: dosificaremos estas exploraciones con aparatos de tal manera que ustedes estén expuestos solamente a las cargas de rayos estrictamente necesarias. Pero, por otro lado, hay que dejar muy claro que estas exploraciones pueden contribuir a descubrir tempranamente una enfermedad muy grave y eventualmente a poder aplicar un tratamiento que haga innecesaria una operación.
Por consiguiente, es muy importante que trabajemos con gran cuidado en este ámbito, pues exploraciones de las personas que están enfermas o también de las sanas que se someten a exploraciones por rayos, pueden conducir a daños muy graves si implican una alta radiación. Por la historia del desarrollo de estos aparatos médicos sabemos todos nosotros que ya ha habido toda una serie de casos.
También es muy importante decir en este contexto que tanto en el texto de la Comisión como también a través de las mejoras del Parlamento se otorga un valor especial a que en los correspondientes hospitales e instalaciones se garantice el control de calidad y que también el personal específico tenga la formación adecuada. A este respecto quisiera decir que considero muy importante que el texto contenga las palabras de «personal facultado», previstas en el texto de la propuesta de la Comisión. Estas son personas que según la legislación de cada uno de los Estados miembros han tenido que hacer, tras la prueba de madurez, una formación de tres años y, en consecuencia, están facultadas para manejar aparatos de rayos X y otros aparatos.
Creo que en el Parlamento nos debemos esforzar porque precisamente estas partes de la sanidad que están en relación con material radiaactivo, con rayos X, se desgajen pronto del Tratado EURATOM y sean recogidas en el Tratado general en el capítulo en que se trata la sanidad.

Flemming
Señora Presidenta, distinguida señora Comisaria, se trata de la directiva del Consejo sobre protección de la salud, un tema importante, y el Parlamento, lamentablemente, tiene exclusivamente un derecho de consulta. Digo esto, porque considero necesario insistir una y otra vez en que este Parlamento tiene demasiado pocas competencias. También es necesario decir esto, porque algunos medios, desconociendo las posibilidades reales de codecisión del Parlamento, suscitan con mucha frecuencia una gran intranquilidad entre los afectados. Así ha sucedido también en este caso: un gran desasosiego entre los asistentes diplomados en técnica radiológica que ya veían desaparecer su derecho a la existencia por culpa del Parlamento Europeo.
Ha sido necesario, por un lado, hacer aclaraciones a la opinión pública acerca de que es el Consejo, y no el Parlamento, quien en definitiva adopta las decisiones, y la tranquilidad se ha debido también a que yo he podido asegurar que, con toda seguridad, el Parlamento no quiere quitar a este grupo profesional su derecho a la existencia.
Ya que parece que en esta Asamblea existe la tradición de criticar encarnizadamente a la Comisión, es preciso tener también la gentileza de darle las gracias por un documento tan bueno. Considero realmente satisfactorio en hecho de que los colegas que han presentado enmiendas en este punto hayan logrado, a pesar de todo, mejorar aún este documento. También me parece muy importante hacer una aclaración: la responsabilidad de lo que ocurre sigue residiendo en el médico que hace la prescripción. Prescribe, exclusivamente él, sin que por ello se vea mermado de algún modo el ámbito de responsabilidad de las personas que llevan a cabo la prescripción. Se han mejorado la formación, el reciclaje, la formación continuada y también la protección de las embarazadas y de las que están en período de lactancia. Este es un documento muy bueno, un trabajo muy serio del Parlamento. No queda más que esperar - una señal dirigida a la señora Comisaria- que el buen trabajo del Parlamento sea también apreciado por el Consejo.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, como ya se ha dicho, la exposición por razones médicas es, después de la exposición a la radiación natural, la mayor fuente de radiación ionizante. Por ello, una revisión de la legislación en que se recalcan los principios de responsabilidad y optimización de la exposición por razones médicas merece nuestro pleno apoyo. Con razón, el ponente Amadeo considera que hemos de limitar las radiaciones. No obstante, confío en que la profesión médica como guardiana de la salud humana hace todo lo posible por evitar las exploraciones innecesarias o perniciosas. Ciertamente hemos de utilizar los mejores aparatos disponibles y sometidos a un mantenimiento adecuado. Los costes son considerables; sin embargo, los beneficios dejan claro que son costes necesarios. En este caso, no se trata de aumentar el lujo, sino de reducir los daños de la radiación. No se trata sólo del paciente, sino también del personal que maneja los aparatos y de las personas que asisten al paciente.
Señorías, es algo que los Estados miembros y los hospitales han de recordar cuando se ven acorralados por los actuales recortes en la sanidad pública.

Lannoye
Señora Presidenta, a modo de preámbulo quisiera insistir sobre el hecho de que la exposición médica a las radiaciones ionizantes no es distinta, en su naturaleza, a la exposición no médica. La diferencia radica únicamente en la justificación: en principio la exposición tiene una ventaja directa para el paciente, ventaja que se supone que compensa los daños provocados por la radiación.
Así pues, la Comisión ha tomado la iniciativa, con razón, de modificar la directiva de 1984 con una buena propuesta -quiero insistir en esto y comparto plenamente la opinión de la Sra. Flemming- aunque nos haya parecido útil modificarla de manera, por cierto, bastante marginal. ¿Qué razón explica esta modificación? En primer lugar, como ha dicho el Sr. Amadeo, las tecnologías en este campo han mejorado considerablemente y han conocido una amplia difusión. Luego, porque desde 1991 la Comisión internacional de protección radiológica ha modificado las normas en materia de radiación basándose en dos nuevos elementos importantes, que disfrutan del consenso en los medios científicos.
En primer lugar, no hay radiaciones inofensivas. Cualquier radiación, por débil que sea, entraña un daño. Así pues, es importante recordar que no hay un umbral. En segundo lugar, la Comisión internacional de protección radiológica considera que la radiación del feto in utero plantea problemas de salud para el feto. En concreto, sabemos actualmente que los fetos con más de tres semanas de edad que reciban radiaciones corren un riesgo de cáncer superior.
También se sabe que la radiación in utero para los fetos de entre ocho y quince semanas incrementa sensiblemente el riesgo de retrasos mentales graves. Todo esto lleva consigo las modificaciones que nos propone la Comisión, en particular para los artículos 4 y 11 en los que pide que se preste especial atención a las exposiciones sin ventajas médicas directas para la persona, o en caso de embarazos potenciales.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha considerado que había que endurecer un poco estos textos pidiendo que se evitara este tipo de exposiciones. Para todo lo demás, creo que la Comisión debería apoyar estas enmiendas y alcanzar de este modo un texto totalmente aceptable para el Consejo.

Belleré
Señora Presidenta, señora Comisaria, señores diputados, este informe sobre la protección de la salud de las personas frente a los riesgos de las radiaciones ionizantes relacionados con exposiciones médicas en ciertos aspectos podría considerarse un complemento de la directiva 80/836/Euratom, que generalmente se refería precisamente a las exposiciones médicas. Ha hecho bien el colega Amadeo, médico como yo, en modificar el texto de la Comisión con enmiendas, que luego la Comisión ha hecho suyas, más amplias y más pertinentes técnicamente, encaminadas a proteger la salud de aquéllos que están en contacto con quien ha absorbido radiaciones ionizantes, de la gestante, por lo tanto, futura madre, y, por lo tanto, del nasciturus .
Como por otra parte ha puesto de relieve la Comisión y ha reiterado el ponente, es indudable que el diagnóstico radiológico ha aportado ventajas de carácter preventivo destinadas todas al diagnóstico precoz, pero también es verdad que muchas veces se ha hecho un uso indiscriminado de métodos de diagnóstico radiológico, hasta el punto de producir consecuencias negativas.
Por consiguiente, hay que fomentar acciones específicas tanto de educación como de formación sanitaria a nivel de cada ciudadano, de cada profesional de la salud, de las instituciones sanitarias y de las autoridades responsables, ya sean médicas o políticas, y tender, pues, a reducir las radiaciones médicas necesarias recurriendo a métodos alternativos, como ha recordado el ponente; prescindir de las radiaciones para comprobaciones que no sean necesarias; proteger a los trabajadores y a la población contra las radiaciones con iniciativas apropiadas y amplias en el territorio y en los locales donde se efectúan el tratamiento y la investigación para la prevención, con la ayuda incluso de un físico médico que mida las dosis y las controle; pues bien, a mí me parece que tanto el Consejo como el ponente se proponen ese fin.

Malone
Señora Presidenta, quisiera felicitar al ponente por su excelente informe sobre esta cuestión de salud pública. Me sumo a la decisión de actualizar la directiva de 1964 que protegerá a la población contra las radiaciones ionizantes durante las exposiciones con fines médicos. Hay cuatro razones principales para hacerlo, y la mayor parte de ellas han sido mencionadas ya durante el debate. Sin embargo, vale la pena de repetirlas.
En primer lugar, en los 12 últimos años se ha registrado en la Unión Europea un enorme incremento de la utilización de rayos X para tratamientos y ensayos médicos; en segundo lugar, el importante progreso del conocimiento científico y la tecnología de los rayos X que ha tenido lugar durante ese período; en tercer lugar, el número de organizaciones internacionales que han formulado recomendaciones más actualizadas acerca de los rayos X, y en cuarto lugar, el artículo 129 del Tratado de Maastricht, que da a la Unión Europea nuevas facultades en materia de salud pública. Todo esto indica que la legislación de 1964 necesita actualización, y estoy de acuerdo con las propuestas.
Ahora bien, podemos ir aún más allá. Aunque el diagnóstico radiológico proporciona beneficios indudables para los pacientes, también entraña riesgos, y por esa razón tenemos que esforzarnos por reducir la utilización de las radiaciones con fines médicos en todo lo posible, mediante el empleo de métodos alternativos. Tenemos que prestar mayor atención a instituir el máximo nivel posible de seguridad para los pacientes, en particular, como muchos oradores han dicho ya, para las mujeres vulnerables.
Coincido con los que han dicho que el Parlamento tiene que participar más directamente por conducto del procedimiento de codecisión, en vez de limitarse a responder a las consultas que se le hagan sobre una cuestión que es de enorme importancia para nuestros ciudadanos. Espero que la Conferencia Intergubernamental sepa subsanar esta anomalía.

Trakatellis
Señor Presidente, está históricamente comprobado que tanto Röntgen que trabajó con rayos X, como Pièrre Curie, que junto a Marie Curie descubrió el radio, sufrieron los efectos perjudiciales de las radiaciones que descubrieron y estudiaron en favor del progreso científico y del bien de la humanidad. Desde entonces, los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes en forma de mutuaciones y cánceres han sido comprobados y, lamentablemente, los accidentes provocados han sido muchos. Estos accidentes se han producido también entre personas ocupadas en la aplicación médica de las radiaciones, es decir, en el radiodiagnóstico y en la radioterapia. Por supuesto, no hay que olvidar y debe insistirse en la gran contribución de los métodos radiodiagnósticos al progreso de la medicina. Sin embargo, hoy sabemos que hay que evitar la exposición del ser humano a la radiación ionizante sin motivo, porque provoca daños en las células.
En el pasado, y en concreto desde 1959, ha habido directivas comunitarias para la protección contra la radiación. La Directiva 84/466/EURATOM, que se refiere a la protección contra la radiación ionizante de las personas sometidas a exposiciones médicas, se aprobó en 1984. Esta directiva requiere una actualización por muchas razones. Las más importantes son: a) los importantes progresos científicos y tecnológicos en el campo de la radiación para fines médicos; b) el gran aumento de accidentes por exposiciones con motivo de exámenes o tratamientos médicos registrados en los doce años transcurridos desde 1984; c) las recomendaciones emitidas por organismos internacionales en relación con las exposiciones a radiaciones por razones médicas; d) la inclusión del artículo 129 en el Tratado de la Unión Europea de 1992, por el que se otorgan a la Comunidad determinadas competencias en materia de salud pública. De modo que la modificación por la que se sustituye la Directiva 84/466/EURATOM se hace más necesaria que nunca.
De lo que se expone en la directiva en examen, quisiera destacar los siguiente:
1) Para el radiodiagnóstico y la radioterapia son de suma importancia el papel y la presencia del profesional habilitado, no sólo con respecto a la dosimetría, sino también al tratamiento general de cada caso, con las peculiaridades que éste puede presentar.
2) En el caso del procedimiento de radiodiagnóstico, debe aplicarse el principio de que la obtención de información adecuada sea compatible con la mínima exposición posible para los pacientes. En el caso de la radioterapia, la exposición de los pacientes a la radiación debe estar bien dosificada, procurando que sea la mínima posible. Por supuesto, tanto en el caso del radiodiagnóstico como en el de la radioterapia, la protección de los trabajadores debe ser la máxima posible en todos los aspectos.
3) Es importante que los aparatos e instalaciones de radiodiagnóstico y radioterapia sean modernos y ofrezcan la máxima seguridad posible, tanto para el paciente examinado o tratado como para el personal empleado. Tienen una gran responsabilidad en este contexto los Estados miembros en lo que respecta al mantenimiento y control de las instalaciones de generación y aplicación de radiaciones ionizantes para exposiciones médicas.
4) El informe hace especial mención de los serios riesgos que acarrea la exposición a las radiaciones de mujeres gestantes, sobre todo en la zona abdominal. Afortunadamente, hoy disponemos de métodos alternativos para solucionar determinados problemas de diagnóstico. Debe recurrirse a esos métodos cuando las circunstancias lo impongan, aunque sean más costosos.
La directiva en examen viene a complementar de la mejor manera la frase hipocrática de «curar o no perjudicar». Para finalizar, quiero expresar mi agradecimiento al ponente y a todos los que en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública han contribuido a dar a la directiva la mejor forma posible.

Ephremidis
Señor Presidente, también en este tema de la protección contra la radiación, un método científico importante para la salud humana, hay algo podrido. Hay algo peligroso, y la primera prueba contundente es que, bajo la presión de los hechos, el Consejo intenta una y otra vez prevenir en cierto modo los hechos con directivas consecutivas. Temo que la nueva directiva tampoco trate el asunto de raíz y de manera eficaz. El informe del Sr. Amadeo es un intento bien intencionado y loable, que, no obstante, tiene sus puntos débiles.
¿De qué se trata, señor Presidente?
Sé que en mi país, al igual que en muchos otros países europeos, la creación de laboratorios radiológicos es frecuente y está basada meramente en criterios empresariales. Se exigen ciertos requisitos formales, como la existencia de un médico radiólogo responsable y la adopción de ciertas medidas de protección contra la radiación. Sin embargo, las empresas que crean estas unidades con criterios empresariales aspiran a aumentar cada vez más su clientela. Lo garantizan pagando comisiones a los médicos para que remitan a los pacientes para exámenes radiológicos consecutivos, en algunos casos incluso inútiles y peligrosos, acumulando por otro lado una carga aplastante para los seguros de enfermedad.
Lo mismo, señor Presidente, ocurre aun en los casos en que los médicos son leales y realizan los exámenes correctamente. Debido a la forma en la que estos exámenes se efectúan, es decir, sin que el médico que asiste al enfermo tenga acceso a ellos, es frecuente que haya que volver a pedir un examen, lo cual lleva a repetidas exposiciones, con la carga consiguiente sobre los seguros.
Por último, señor Presidente, no existe un control, al menos no un control eficaz, de cómo deben reponerse los equipos de estos laboratorios. En este punto también prevalece el criterio empresarial de tener equipos anticuados que permitan una amortización mas lenta y más fácil, garantizando así mayores ganancias. Por lo tanto, en primer lugar, esta reposición de los equipos debería efectuarse consultando a empresas científicas o entidades aseguradoras -que son las que se ven perjudicadas por la situación- e introduciendo todo tipo de nuevas tecnologías, como ha subrayado -con la especialidad que tiene además- el Sr. Trakatellis. En segundo lugar, debe llevarse para cada paciente una libreta del seguro en la que se registren los exámenes a los que se someta, para que el médico pueda conocerlo y con arreglo a ello, ordenar nuevos exámenes. Sin estos criterios, señor Presidente, temo que el informe, por lo demás en sus propuestas y enmiendas, no responda a las exigencias y que, al cabo de un cierto tiempo, venga otra directiva. Entre tanto, seguirán creciendo los riesgos para el paciente mientras se multiplican los beneficios de estas empresas lucrativas, que literalmente hacen negocios con la salud del ciudadano europeo.

Poggiolini
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar deseo dar las gracias al colega Amadeo por su excelente, completo y preciso informe. Le agradezco también su disponibilidad para aceptar enmiendas: ha aceptado varias que he presentado yo mismo y que la comisión ha debatido y aprobado. Si se tienen en cuenta estas enmiendas, creo que se mejorará notablemente la directiva. Es cierto que se trata de un procedimiento para un dictamen, y eso es una cosa seria. En todas mis intervenciones en este hemiciclo he repetido y seguiré repitiendo, hoy que estamos cerca del final del debate sobre la Conferencia Intergubernamental, la necesidad de ampliar las tareas previstas para el Parlamento en materia de sanidad, es decir, las tareas previstas en el artículo 129.
En realidad, todos saben desde hace tiempo que las radiaciones ionizantes constituyen la mayor fuente de exposición a radiaciones para los ciudadanos europeos. Se trata, pues, de un tema muy importante, y no ciertamente de una directiva secundaria, porque exposición a las radiaciones no quiere decir cosas de poca importancia: quiere decir cáncer, quiere decir tumores malignos. Ya en 1984, en el ámbito de los Tratados Euratom, se intentó regular esta materia. Se hizo entonces, pero han pasado muchos años. Luego, en 1996, otra directiva no se ocupó de problemas de sanidad, y, por lo tanto, la presente directiva es importante, porque amplía los requisitos para la justificación y la optimización de este tipo de investigaciones diagnósticas: justificación quiere decir que hay que proceder a tales investigaciones sólo cuando son estrictamente necesarias, sólo cuando es absolutamente seguro que no existen otras formas diagnósticas que permitan, con menor riesgo, llegar al diagnóstico. Lo mismo hay que decir de la optimización: optimar quiere decir que exista el menor riesgo posible para el agente, para el técnico de radiología, para el médico.
Ahora bien, ante tales cuestiones, creo que esta directiva ha examinado los aspectos más importantes: las enmiendas han aclarado, incluso pormenorizadamente, cuál debe ser la exposición mínima para los pacientes, pero sobre todo se hace especial hincapié en lo que es la tarea del médico en su doble condición de prescriptor -es decir, el que debe indicar un examen y no otro, y, por lo tanto, tendrá que elegir el menos peligroso- y de médico que efectúa el examen, y debe estar atento a que dicho examen no comporte riesgos para el paciente. Ciertamente, como decía el colega Trakatellis, el médico siempre ha tenido presente el criterio «primero, no perjudicar» y, por consiguiente, seguirá haciéndolo, pero es necesario que existan normas concretas por parte de los Estados miembros. No sólo por parte de ellos, pero los Estados miembros deberán también adoptar indicaciones concretas por lo que respecta a la retirada y a la sustitución de aparatos que son viejos, obsoletos y, por lo tanto, perjudiciales para el paciente.
En resumen, señor Presidente, se trata de una directiva importante, que ha sido mejorada por el Parlamento y que espero que la Comisión tendrá en cuenta. Dicha directiva merece, por lo tanto, nuestra plena adhesión y nuestro pleno consenso.

Bjerregaard
Señor Presidente, la Comisión agradece a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y, naturalmente, al ponente, Sr. Amadeo, el apoyo que han demostrado a la propuesta que estamos debatiendo hoy. Doy asimismo las gracias por los comentarios positivos hechos a lo largo del debate.
Cuando, en 1984, el Consejo aprobó por primera vez una Directiva sobre protección radiológica de las personas sometidas a exposiciones médicas, lo hizo en reconocimiento de que estas exposiciones constituyen, con mucho, la mayor fuente de radiación artificial a la que se expone el ser humano. El objetivo de la propuesta de modificación de esta Directiva es tener en cuenta, en primer lugar, el desarrollo científico y técnico producido en materia sanitaria; en segundo lugar, la modificación de la Directiva de 1996 sobre las normas básicas de seguridad y, en tercer lugar, la experiencia recogida como consecuencia de la aplicación de la Directiva de 1984.
La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1, 2, 3 y 10. Está también de acuerdo en el objetivo de una serie de enmiendas, aunque su redacción debe ser modificada o deben ser incluidas en otros artículos para garantizar la coherencia de la propuesta. Por eso podemos aceptar sólo parcialmente o en principio las enmiendas núms. 4, 5, 7, 8, 9 y 11. La Comisión no puede aprobar las otras dos enmiendas, por los siguientes motivos: la enmienda nº 6, que se refiere al requisito de consultar a un físico médico conforme al apartado 1 bis del artículo 4, se considera superflua, ya que este requisito queda claramente incluido en el apartado 5 del artículo 5.
La enmienda nº 12 referente al apartado 2 del artículo 13 puede causar malos entendidos. En toda la propuesta se utiliza el término profesional habilitado para denominar a la persona responsable de las exposiciones médicas. En este artículo se hace referencia a esa misma persona, por lo que debemos emplear la misma denominación.
Para garantizar que las personas sometidas a exposiciones médicas mantienen la mayor protección radiológica posible, la Comisión presentará una propuesta modificada basada en las útiles enmiendas presentadas hoy por el Parlamento Europeo, con miras a la aprobación de la Directiva por el Consejo en el mes de junio.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Redes transeuropeas de telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0166/97) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación (C4-0166/97-95/0124(COD)), de la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un conjunto de orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones.

Hoppenstedt
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, las redes transeuropeas de telecomunicación son las terceras redes transeuropeas que llevamos a cabo ahora después de las de transportes y energía. Quiero hacer, en primer lugar, una puntualización fundamental: el objetivo de las redes europeas de telecomunicación es el desarrollo de una infraestructura europea de telecomunicación; esto comprende, además de la red física de telecomunicación, servicios básicos y aplicaciones para los ciudadanos y las empresas, en especial, para las pequeñas y medianas empresas.
Hay que valorar como positivo el exitoso cierre de las negociaciones. En este punto es preciso destacar que hemos podido culminar con éxito un procedimiento de conciliación bajo la extraordinaria coordinación y dirección de Nicole Fontaine, en su calidad de representante del Parlamento y directora de las negociaciones, y también con la aceptación de nuestra posición en gran parte de la Presidencia neerlandesa bajo la Sra. Joritsma, así como también con el asesoramiento de la Comisión, asesoramiento muy importante por parte del Sr. comisario Bangemann.
Aunque el presupuesto total de las redes europeas de telecomunicación, 40 millones de ecus, no permite grandes saltos, no pueden ponerse en cuestión el sentido y el objetivo de los proyectos. Los recursos puestos a disposición cofinancian y sustentan proyectos europeos que sin dinero de la UE no tendrían lugar. De esta suerte, los proyectos financiados por la UE constituyen una contribución al desarrollo de la sociedad de la información. Los objetos de las negociaciones han sido aspectos sustanciales y técnicos, atribuciones del Parlamento Europeo, prioridades y la telecomunicación por satélite que pertenece a las listas de prioridades.
Sobre los aspectos técnicos hay que decir que la exigencia central del Parlamento Europeo ha consistido en hacer patente la importancia de una utilización amplia. Frente al texto originario de la Comisión se subrayan con más fuerza los servicios básicos, como el E-mail, y las aplicaciones. Los proyectos TEN no son proyectos de investigación, pues están encuadrados en el cuarto programa marco de investigación, y tienen por objeto mostrar a los ciudadanos y a las empresas la utilidad práctica y económica de las tecnologías de la información y de la comunicación.
El Parlamento Europeo se ha posicionado con éxito en favor de que se mantenga el criterio de la naturaleza transnacional de los proyectos y con ello se garantiza que los recursos de la UE no se utilicen para financiar proyectos nacionales que en el futuro seguirán siendo nacionales. El Parlamento Europeo ha apoyado con éxito que se valoren en esta directiva las demandas sociales. Es preciso tener en cuenta los efectos sociales de las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el caso del teletrabajo.
Naturalmente, un punto especialmente importante de las negociaciones han sido para nosotros las facultades del Parlamento Europeo y ha constituido al mismo tiempo el mayor obstáculo, en concreto, el mantenimiento de las facultades institucionales del Parlamento Europeo. Desde el inicio del procedimiento legislativo el Parlamento Europeo insistió en que se garantizaran los derechos que le corresponden con arreglo a los apartados c y d del artículo 129. Aquí se han conservado nuestras posibilidades de codecisión en el procedimiento de elaboración de las líneas directrices sobre proyectos de interés común.
En las negociaciones en el seno del Comité de Conciliación el Parlamento ha asumido por entero sus propias facultades en tanto que se ha fijado un modo igual que en las redes transeuropeas de la energía y en las redes transeuropeas de los transportes. Los proyectos de interés común se trasladan al Anexo I de la decisión. El Anexo, que se elabora conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo, proporciona de esta manera líneas directrices y la Comisión también ha puesto de manifiesto y presentado un texto en el que se compromete a rendir cuentas sobre la traslación de estas directrices y a presentar hasta mediados del año 2000 propuestas adecuadas para la revisión de la lista de los proyectos de interés común en el marco de la codecisión. Esta propuesta debe ser aceptada dentro de los 18 meses siguientes, es decir, antes del 31.12.2001, en que finaliza el plazo de validez de este Anexo. De esta manera se asegura el decurso ininterrumpido de la acción.
Paso a referirme ahora a las prioridades. Dentro del Anexo se han previsto prioridades que revisten una importancia especial para nosotros. Tales son los servicios básicos, las aplicaciones de interés colectivo relativas a la enseñanza a distancia, a la telemática al servicio del patrimonio cultural, a los servicios telemáticos para las PYMES, a la telemática de transportes así como a la telemática al servicio del medio ambiente y de la salud.
El proyecto presentado por la Comisión y, en especial, por el Sr. Bangemann, en concreto, la inclusión de los servicios a través de satélite en las redes transeuropeas de la telecomunicación, reviste una importancia especial para mí, personalmente, y también para el Parlamento, aunque el Consejo no quiso dar al principio su aprobación en este punto. Aquí se pone claramente de manifiesto que en el futuro hemos de introducir más que hasta ahora el tema de los satélites en nuestras reflexiones a fin de poder configurar con una eficacia aún mayor la conexión de las redes transeuropeas con las redes globales. Creo que los informes que vienen a continuación, es decir, el plan de acción Satellit o las discusiones previas y también los servicios personales de comunicación por satélite que se han decidido, la directiva o la propuesta de la Comisión sobre el tema Unión Europea y navegación espacial, hacen patente que nos hemos trazado como objetivo agotar de manera más intensa este tema para la opinión pública para poner de manifiesto que aquí nos aguarda un importante ámbito industrial europeo que debemos seguir impulsando hacia adelante.
Creo que precisamente en este punto hay tareas importantes para la Unión Europea, para la Comisión y para el Parlamento en el contexto mundial y creo que deberíamos hacer todo de forma conjunta. De forma conjunta significa con las personas que están actuando, entre otras mi amigo Glante, del Grupo Socialista, el cual nos ha ayudado también a culminar con éxito este tema. Muchas gracias por su atención. Nos hallamos en este camino y creo que el camino no puede ser sino lleno de éxito.

Glante
Señor Presidente, señoras y señores, señor Hoppenstedt, de vez en cuando se pueden utilizar en el negocio las palmadas en la espalda. Para mí ha sido la primera vez en que he tomado parte en un procedimiento de conciliación y debo decir lo siguiente: ha sido muy emocionante y a veces muy aleccionador para mí. No puedo menos que apoyar los comentarios de base que ha realizado el Sr. Hoppenstedt. Quiero añadir un par de puntualizaciones. En mi opinión, las redes transeuropeas de telecomunicaciones sólo son comparables de manera limitada con los otros ámbitos de redes transeuropeas, la energía y el transporte. En el caso de la energía y de los transportes se trata sobre todo de la infraestructura de redes, de su mejoramiento o de su construcción, es decir, se trata, por decirlo así, del hardware .
En las redes transeuropeas de telecomunicaciones tenemos menos que ver con el hardware que con el llamado software en el sentido amplio. Necesitamos aplicaciones adecuadas que aprovechen las infraestructuras existentes y las nuevas y que faciliten a los potenciales usuarios de estas aplicaciones el acceso a dicha técnica. Debemos acercar las personas en tanto usuarios, como patronos o como trabajadores, a esta técnica y quitarles el miedo a las nuevas tecnologías.
Pero debemos establecer también las condiciones para que también se pueda ganar dinero, pues de lo contrario no se producirán en este ámbito inversiones privadas que son absolutamente necesarias. La política es, en mi opinión, el arte de lograr compromisos, al menos en la mayoría de los casos. He podido constatar que a medida que ha transcurrido el tiempo ha crecido en todos los participantes la disposición al compromiso. En una de las reuniones dije, lo recordará la Sra. Fontaine, que un buen compromiso es el que duele un poco a ambas partes o que duele un poco a las tres partes. Creo que esto sucede en este resultado.
Quisiera celebrar expresamente la promesa de la Comisión de hacer ante esta Asamblea una declaración sobre el artículo 14 de la decisión. Este es un punto esencial del resultado de la conciliación y asegurará, en mi opinión, la exigencia de codecisión formulada por el Parlamento y la conformidad de mi grupo es segura. Espero que toda la Asamblea dé su conformidad a este resultado.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, es verdaderamente algo bueno que se llegue finalmente a la conclusión positiva de esta conciliación sobre las redes de telecomunicaciones, tanto porque este texto final refleja en buena parte las recomendaciones del Parlamento Europeo como porque es urgente que se confirmen estas orientaciones políticas europeas. Casi todas las semanas aparecen en el mercado nuevos componentes microelectrónicos y cada vez son más breves los plazos de vigencia de las tecnologías electrónicas digitales de acceso a las redes, de navegación, de compresión y almacenamiento de la información; si es verdad que entre los operadores de redes de telecomunicaciones, los fabricantes de satélites y los editores de material audiovisual los plazos son más largos, también es verdad que la desaparición de los monopolios y la mundialización de los mercados, junto con la participación de grandes capitales privados, aceleran enormemente este sector.
Los poderes públicos, por su parte, tienen poderes de control y de orientación y pueden ser también clientes importantes para aplicaciones como la información a los ciudadanos, la sanidad, la educación, la gestión del territorio, y lo pueden hacer a nivel local y a nivel de los Estados. En los Estados Unidos esta simbiosis se realiza sobre todo a nivel local, con las smart communities tipo Silicon Valley , creo, pero en Europa las redes de telecomunicaciones y la sociedad de la información pueden y deben ser instrumentos de la política para el mercado único, de la cohesión interregional y de la cooperación transfronteriza.
Por eso suscribo también la recomendación de que también los Fondos estructurales se utilicen de vez en cuando para aplicaciones de este tipo, y añadiría también los Fondos de Cohesión, para aumentar las oportunidades de financiación de nuevas empresas en el sector de la sociedad de la información.
Recuerdo también la función de puente entre realidades económicas y culturales diversas que las redes telemáticas pueden desempeñar respecto de nuestras políticas exteriores y me complace que también los servicios vía satélite hayan sido aceptados al menos por la Comisión en esta decisión.
Dentro de dos semanas habrá un simposio en El Cairo precisamente sobre la sociedad de la información transmediterránea y las aplicaciones mediante satélite, organizado por la Comisión y por el OEE, y espero mensajes significativos y concretos de los Gobiernos y de los operadores del sector.
Un comentario sobre el hecho de que las orientaciones de la decisión que se está examinando se refieren ahora a los tres niveles del sistema de red, las aplicaciones, los servicios, las infraestructuras: pienso que en el sector de las aplicaciones la Comisión debe desempeñar un papel federativo de los posibles usuarios, de cliente piloto y de apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, mientras en el sector servicios e infraestructuras la Unión debe sobre todo garantizar la interoperabilidad y el apoyo a la investigación tecnológica.
Por último, felicito al colega Hoppenstedt por el trabajo realizado y por el vigor con el que ha hecho crecer el papel del Parlamento Europeo en esta decisión.

Lindqvist
Señor Presidente, señor Comisario, la sociedad de la información brinda a las personas la oportunidad única de atender a sus necesidades más fundamentales en lo tocante a la comunicación, proximidad, necesidad de hablar y expresar sus deseos, comunicarse con otras personas y con el mundo que las rodea. Se está produciendo un desarrollo acelerado en los sectores de la televisión, radio, Internet, correo electrónico, etc., un desarrollo que va a continuar. Nuestra tarea como representantes democráticos es procurar que todos los ciudadanos participen en la sociedad de la información, y que las inversiones que se realicen beneficien a la mayoría y no perjudiquen su salud ni la naturaleza.
La Comisión presentó estas directrices en el año 1995. El Parlamento ha incidido durante todo el tiempo en que se han desarrollado sus trabajos en los aspectos sociales, el acceso de la mayoría, las repercusiones medioambientales, y la labor de precisar aquellos proyectos que eran de interés comunitario y se hallaban dentro de la esfera de influencia del Parlamento. Pienso que la propuesta del comité de conciliación, del que he formado parte en nombre del Grupo liberal, concuerda en lo esencial con el que ha sido el punto de partida del Parlamento en este contexto. Quiero resaltar especialmente los aspectos transnacionales y las cuestiones que afectan a las lenguas y las culturas de las regiones menos desarrolladas.
También es importante y conveniente que se establezca cuáles son los proyectos de interés comunitario, y que se dé prioridad a algunos de estos, por ejemplo, los de la enseñanza a distancia, las pequeñas y medianas empresas, el medio ambiente y la salud, y la comunicación por satélite. El Grupo liberal apoya las propuestas del comité de conciliación. Creemos que se trata de un paso adelante en una vía que nos llevará a una sociedad de la comunicación y una red telemática transeuropea para todos los ciudadanos.

Novo Belenguer
Señor Presidente, consideramos de vital importancia que el Parlamento Europeo apoye el resultado del acuerdo en el Comité de Conciliación con el fin de conseguir la aprobación definitiva, tras más de un año de duras negociaciones, del conjunto de orientaciones relativas a las redes transeuropeas de telecomunicaciones. El objetivo de esta decisión consiste en establecer las grandes líneas de acción propuestas e identificar los proyectos de interés común que se beneficiarán de las subvenciones comunitarias con arreglo al Reglamento por el que se establecen los principios generales para la concesión de las ayudas financieras de la Comunidad en el ámbito de las redes transeuropeas.
Efectivamente, tanto las 18 enmiendas técnicas como la decisión de identificación de los proyectos de interés común y sus prioridades -y la introducción de la comunicación por satélite en el Anexo I, incluida su cláusula de revisión, hacen que debamos aprobar en este Pleno el texto conjunto del acuerdo- por el bien del interés general de los ciudadanos de la Unión, quienes son, en definitiva, los beneficiarios finales del buen funcionamiento del programa sobre las redes transeuropeas de telecomunicaciones.
Para que ello ocurra, dicho programa debe orientarse no sólo hacia una red de telecomunicaciones dirigida a las grandes empresas del sector, sino hacia el fomento de la creación de empleo y la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en las regiones rurales menos favorecidas de la Unión, en donde, por sus propias características, la buena difusión del sector resultará más complicada -tal es el caso, por ejemplo, de las regiones ultraperiféricas.
Un primer paso consistiría en fomentar la creación de ayudas a las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones, como generadoras de un elevado porcentaje de creación de empleo en Europa, así como en mejorar las infraestructuras para que dichas empresas se instalen allá donde exista una deficiente red de telecomunicaciones, y no donde sea más cómodo.
Para conseguirlo, debería identificarse, como proyecto de interés común, aquel que mejore dichas deficiencias y que, a su vez, se aplique en campos tan importantes -como ya se ha dicho- para nuestra sociedad como las universidades, el transporte, los centros de salud o las pequeñas y medianas empresas, por citar algunos casos.
Teniendo en cuenta el fin social de las redes de telecomunicaciones, resulta imprescindible que dichos proyectos se aprueben teniendo en cuenta su naturaleza, su viabilidad económica, sus consecuencias medioambientales y, principalmente, como ya se ha dicho anteriormente, sus efectos socioeconómicos en la sociedad europea, concretamente, su incidencia en el empleo.
Finalmente, las divergencias aparecidas antaño pueden y deben quedar, tras el esfuerzo común de todas las partes implicadas, definitivamente solucionadas, pero para conseguirlo debemos apoyar unánimemente la valoración hecha por la Delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, que tan buen trabajo ha realizado.

Paasilinna
Señor Presidente, estimados colegas, es positivo que se haya llegado a un acuerdo. Las telecomunicaciones, o mejor dicho las redes de información, constituyen la base de la sociedad de la información: si bien su función equivale a la de las carreteras, son mucho más que eso. Se trata de una verdadera revolución, lo cual se explica si tenemos en cuenta que el sistema de redes puede sobrepasar el sistema democrático o dejar de estar a su alcance. La red es sinónimo también de poder, económico, cultural, político y social.
¿Se está distanciando el poder en la sociedad de las redes? Se distancia acercándose demasiado, a medio metro o incluso viniéndosenos encima. Además, se trata de un poder sin rostro, de difícil identificación y que puede estar situado en cualquier punto del planeta. No es fácil seguir el rastro del poder. No es posible someter el poder de la red a votación. Quien controle la red y su contenido podrá operar a través de ella, es decir, tendrá poder.
Nuestra primera exigencia se refiere al derecho de todos a hacer libre uso de la red, sin que su lugar de residencia ni su situación económica se conviertan en obstáculos para esta utilización. Pero esto no es suficiente. La utilización de la red se enfrenta con grandes obstáculos de orden económico, educativo y social. En la sociedad de la información de hoy en día, una persona con una información deficiente se encuentra más marginada que otra con una situación económica menos desahogada. Haciendo uso de las redes pueden estallar guerras en la sociedad de la información. En estas guerras modernas no se daña físicamente a las personas o los Estados, sino que resulta más favorable hacer del enemigo un cliente dependiente del vencedor. Por ejemplo, los piratas informáticos pueden ser los bandidos o los cazabombarderos de la red, donde, por otra parte, también existen virus.
La Comisión debería elaborar un informe sobre las repercusiones de las redes en la democracia, la sociedad civil y la seguridad. No basta con que dispongamos de redes europeas dotadas de un buen nivel técnico, sino que tiene que haber también democracia y participación de los ciudadanos. Así pues, necesitamos desarrollar la democracia, la política social y la política de seguridad de las redes.

Torres Marques
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, hoy concluye otro proceso de codecisión, esta vez sobre las orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones, en el que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel fundamental.
Estamos ante un sector que es esencial para el futuro de la sociedad y de la economía europeas y que constituye una condición previa para permitir a los ciudadanos y a las empresas de la Comunidad, en particular a las PYME, beneficiarse plenamente de las posibilidades ofrecidas por las telecomunicaciones con vistas al establecimiento de la «sociedad de la información».
En efecto, los servicios y las redes de telecomunicaciones son fundamentales para que cada ciudadano, empresa o autoridad pública puedan tener acceso a cualquier tipo y volumen de informaciones que necesiten, incluidas las regiones menos desarrolladas o periféricas.
Mediante este programa, la Comunidad apoyará la interconexión de las infraestructuras de telecomunicaciones, esencialmente en el sentido de mejorar la competitividad, en particular de las PYME, y reforzar el Mercado Interior, reforzar la cohesión económica y social, teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de vincular las regiones insulares, sin litoral y periféricas con las regiones centrales de la Comunidad y acelerar el desarrollo de las actividades creadoras de empleo en nuevos sectores de crecimiento.
Se ha previsto también un nuevo proyecto sobre la comunicación por satélite, que también pasa a ser considerada de interés común.
La decisión de que la Comisión tenga un plazo máximo de cuatro años para proponer la revisión del Anexo 1, relativo a los proyectos de interés común, so pena de que caduque, permitirá -así lo espero- que se eviten bloqueos políticos en el Consejo.
Desde mi punto de vista, como miembro del Comité de Conciliación, éste es un buen acuerdo y demuestra que la Comisión, el Consejo y el Parlamento pueden y deben trabajar para formular las políticas que más influencia tienen en el futuro de la sociedad europea.
Es también un buen acuerdo porque cada una de estas instituciones ha sabido desempeñar el papel que le compete: la Comisión, proponer; el Parlamento Europeo, formular la estrategia y definir los sectores fundamentales; y los Gobiernos, ejecutar los proyectos.
Por último, quisiera, señor Presidente, felicitar a nuestra vicepresidenta Nicole Fontaine y a nuestro ponente, Sr. Hoppensted, por el notable esfuerzo de conciliación que han hecho.

Bangemann
, miembro de la Comisión. (DE) Señor Presidente, si en primer lugar doy las gracias al ponente, Sr. Hoppenstedt, y sobre todo también a la jefa de la delegación del Parlamento, la Sra. Vicepresidenta Fontaine, no es realmente por cumplir una formalidad, pues los que hayan tomado parte en la negociaciones conocen la importante función que han desempeñado ambos para llegar a un resultado. También es cierto que la Comisión, naturalmente, ha hecho su contribución a esto, pero, a fin de cuentas, si se quiere hacer una comparación, viene a ser como en un barco de vapor: la Comisión alimenta de carbón la caldera, el rumbo es fijado por el capitán Fontaine y el timonel Hoppenstedt está de pie a prueba de tormentas en el puente y mantiene el rumbo, aunque el Consejo haga soplar vientos contrarios.
El resultado, en mi opinión, es muy bueno, sobre todo si se tiene en cuenta que no sólo estábamos muy alejados en lo sustancial, sino que ha aparecido una serie de cuestiones institucionales en las que el Parlamento, naturalmente, quería ver preservados sus derechos. El Consejo no quería que se irrumpiera en sus dominios e incluso la Comisión está obligada, evidentemente, a indicar que solamente se puede reaccionar de manera flexible y rápida si se ofrece una cierta confianza a la Comisión a la hora de ejecutar los acuerdos.
Al final ha sido posible resumir todo esto en un conjunto razonable y esto es muy satisfactorio. Ciertamente, en el debate nadie ha rechazado el resultado, todos se han alegrado del mismo y han instado a aceptarlo. A la hora de ejecutar estos acuerdos quizá no sea malo echar una breve mirada atrás al surgimiento de estas reflexiones europeas sobre las infraestructuras. Todo esto surgió de la problemática del mercado interior. Entonces creamos a tiempo los presupuestos jurídicos para que pudiera funcionar el mercado interior, pero constatamos entonces muy rápidamente que esto no basta sino que semejante mercado sólo puede surgir si, de hecho, crece al unísono. Y el crecimiento simultáneo de un mercado no puede darse sin una estructura eficaz. Esta fue la hora del nacimiento de esta idea.
Expusimos después esto y desarrollamos con mucha rapidez tres ámbitos parciales, es decir, el transporte en todas sus formas, luego la energía y la distribución de la energía y, finalmente, la telecomunicación. A partir de esta idea de la red de una infraestructura de telecomunicación se desarrolló más tarde la idea de la sociedad de la información, es decir, tenemos aquí una especie de árbol genealógico de estas ideas políticas, que ahora - como espero- va a dar sus frutos. Hoy me veo muy inclinado, evidentemente, a establecer comparaciones que a veces pueden parecer un tanto líricas. La primavera ha llegado, el Príncipe Elector del Palatinado ha aparecido y, en consecuencia, cabría ponerse un tanto lírico tranquilamente.
Pero lo que yo quisiera decir todavía al Sr. Glante es lo siguiente: naturalmente, hay una diferencia entre una carretera y un canal y un aeropuerto o también una conducción eléctrica y la infraestructura para la telecomunicación y la comunicación. Una infraestructura para la telecomunicación depende, naturalmente, mucho más de los contenidos y está también determinada por la difusión de los contenidos. Hasta aquí coincido con usted. Pero no se debe perder de vista -y algunos oradores lo han hecho ya claramente- que si no existe una infraestructura semejante o no es suficiente, no sirve de nada el mejor de los contenidos porque, precisamente, no llega a los interesados. Esto es especialmente cierto para las regiones rurales y periféricas; de ahí el gran interés en la comunicación mediante satélites que el Sr. Hoppenstedt ha puesto de relieve una vez más.
Si se quiere hacer algo en favor de las regiones apartadas, en favor de las regiones rurales, ello sólo es posible a través de la comunicación por satélite. Un cableado de estas zonas alejadas es sencillamente inimaginable. Visto desde este punto de vista, me alegro mucho de que con la ayuda conjunta de la delegación del Parlamento y de la Comisión se haya podido convencer al Consejo de que se incluya también este punto. No es, ciertamente, el único punto pues vamos a poder trabajar también, naturalmente, en los contenidos, sobre todo en los contenidos que son relevantes para los objetivos sociales, pero, en definitiva, considero muy importante que se haya añadido este punto.
Hemos presentado un plan de acción. El Parlamento va a elaborar próximamente un informe al respecto. Hemos realizado intensas conversaciones con la industria. Vamos a continuarlas para animar a la industria a formar, como en América, consorcios que luego puedan desarrollar a lo ancho del mundo tales redes móviles por satélite para la comunicación. Sería, efectivamente, muy lamentable que Europa, al final, fuera solamente el cliente de tales redes norteamericanas y que nosotros no pudiéramos jugar siquiera un papel en esta competencia. En efecto -y ésta es un puntualización muy importante- estos satélites van a hacer posible por vez primera una competencia plena incluso entre infraestructuras diversas. Esto no lo tenemos aún.
Tenemos una competencia completa en el hardware. Aquí no hay problema. Tenemos una competencia suficiente en los contenidos. Aquí hay un par de problemas y en el futuro tendremos que ocuparnos todavía de esto. Pero sólo tenemos una competencia imperfecta en la infraestructura. Tenemos monopolios parcialmente legales que desaparecerán el día 1 de enero del año próximo en la mayoría de los países miembros, pero esto no significa que desaparezcan los monopolios fácticos. Y también estamos viendo también en algunos países miembros que los propietarios de tales redes de cables están descubriendo qué tipo de poder de mercado tienen en las manos y se transforman, dejando de aparecer como un mero operator de una red de este tipo para ofrecer contenidos, pues saben exactamente que la oferta de contenidos es la oferta realmente rentable.
Esto conduce a su vez a que a través de la propiedad de su red de cables pueden influir en los competidores que ofrecen otros contenidos. Esto no es lo ideal, tan poco ideal como la solución que algunos proponen de separar simplemente las redes de cables de la oferta de contenidos, es decir, que se haga lo que ya hemos discutido una vez en el sector de la electricidad y en el sector del gas, en concreto, una división entre el soporte y la oferta de contenidos.
En mi opinión, ésta no es la solución ideal en la telecomunicación pues de esta forma separamos dos actividades que a nivel global hay que practicar en paralelo para ser competitivo a nivel global. No hay ninguna infraestructura global. La habrá posiblemente con los satélites móviles pero incluso en tal caso esta infraestructura será competitiva sólo si al mismo tiempo se pueden ofrecer también contenidos. Por consiguiente, no considero que sea una solución ideal separar las redes de cables de la oferta de contenidos.
Sobre esto hemos encargado una investigación, que estará lista próximamente e informaremos entonces al Parlamento sobre nuestra posición. Sin embargo, sería mejor que en el ámbito de la infraestructura nos preocupásemos también por la competencia, pues ésta es siempre la solución más fácil. Todas las demás soluciones son soluciones de regulación mediante procesos judiciales, es decir, programas de empleo para abogados. Aunque esto resulte muy agradable para los abogados -yo mismo lo soy- resulta muy fatigoso para los ciudadanos y, naturalmente, resulta también muy costoso contemplar el espectáculo en vez de recibir una oferta razonable.
Estos comentarios pretenden aclarar una vez más el trasfondo. Con el acuerdo común del Comité de Conciliación tenemos ahora un resultado que tiene en cuenta las modificaciones del Parlamento. La confección de una lista de proyectos especialmente significativos tiene por objeto permitir al Parlamento poder ejercer el influjo necesario. Los ámbitos temáticos enumerados aquí corresponden al interés que el Parlamento ha manifestado una vez más, en concreto, la educación, la cultura, la prevención sanitaria, los servicios para las pequeñas y medianas empresas, el transporte y el medio ambiente. Es importante también, sobre todo, que se haya reconocido el carácter supraeuropeo de estos proyectos pues, como ha dicho con razón el Sr. Hoppenstedt, si todo conduce a que financiemos, por decirlo así, a los huérfanos nacionales que ya no son financiados en su casa, esto no será más que un golpe en el vacío. La Unión no está para esto.
Creo que esta solución que hemos encontrado permite a ambos, al Parlamento y a la Comisión, valorar también las experiencias. A este respecto es muy importante que ordenemos ahora las cosas temporalmente en una auténtica serie sucesiva y celebro lo que ha dicho el Sr. Hoppenstedt. Quiero decir aquí oficialmente una vez más para que conste en el Acta lo que dije ya en la mediación: estamos dispuestos a informar acerca de la traslación de estas directrices y a hacer propuestas adecuadas a fin de que la lista de proyectos se pueda actualizar por el procedimiento de codecisión de aquí hasta mediados del año 2000. La propuesta debe ser aprobada en los 18 meses siguientes, es decir, antes del 31.12.2001, justamente cuando expire el actual Anexo, a fin de garantizar que la acción continúe sin interrupciones.
Creo que ahora podemos fijar de común acuerdo este calendario de fechas, sin que nos ocasione grandes problemas, pues 18 meses deberían bastar realmente para un procedimiento de codecisión si queremos aprovechar las experiencias razonables.
Permítanme otras dos puntualizaciones: que me perdonen el Presidente en ejercicio, que está detrás de mí, y la Sra. Vicepresidenta Fontaine, que está delante de mí, si me dirijo personalmente a ellos. La Comisión viene desde un edificio que está muy alejado, lo cual significa en sí un beneficioso ejercicio físico. Pero luego pasamos por esta galería y los cuadros que cuelgan en la misma constituyen un schock cultural. Al principio apenas era soportable, pero cada vez es peor. La Comisión está dispuesta a prescindir de un miembro para que constituya una comisión de arte que decida acerca de si una serie de cuadros merece gozar del patrocinio del Parlamento. El arte no consiste en que alguien se siente y pintarrajee un lienzo -cosa que, por lo demás, hago también en mi tiempo libre-, por esta razón me permito también una cierta valoración. Yo me comprometería a ser miembro de esa comisión. Quizá sea factible. Naturalmente, éste no es un comentario hecho en serio, pero he prometido al Presidente llenar el tiempo hasta las 17.30 horas para el turno de preguntas.
Mi segunda puntualización es algo más seria: sé que próximamente, en un seminario de tres días de duración en Bruselas, es decir, en un seminario de duración considerable, el Parlamento va a analizar la cuestión de qué experiencia se puede extraer del procedimiento de concertación. Ustedes han sido muy amables al invitarme. En consecuencia, voy a asistir también.
Pero ahora puedo expresar ya mi impresión provisional en relación con lo que ha sucedido aquí. Los procedimientos en los que he participado se han desarrollado siempre de tal manera -con excepción de este procedimiento- que se ha aprovechado siempre plenamente el tiempo, el plazo que se tenía. Al comienzo se expusieron posiciones de las que cada cual, tanto de parte del Parlamento como también de parte del Consejo, sabía que en último término no serían aceptables para una u otra parte. Esto es igual que en las negociaciones salariales colectivas. Aparece una parte y dice: queremos un aumento salarial del 5 % y la otra parte replica: podemos soportar, como mucho, el 2 % e incluso así algunas empresas irán a la ruina. Y luego se llega a un acuerdo en el 3, 5 %. Esto lo sabe todo el mundo al principio y aquí todo el mundo sabe también que las posiciones de salida son, por decirlo así, fortificaciones teatrales de carros que son abandonados en cuanto en algún sitio aparece la señal de humo de probables compromisos, y estas señales de humo proceden frecuentemente de la Comisión. Naturalmente, esto se puede hacer así y probablemente es inevitable. Sólo que si esto se prolonga a lo largo de todo el plazo y hay que reunirse tres veces -y dos reuniones son absolutamente innecesarias porque no se hace más que reprocharse mutuamente- entonces nuestro tiempo, el tiempo de ustedes, el tiempo de la Comisión y el del Consejo, es demasiado bueno para esto.
En este sentido, señora Fontaine, la sesión que usted dirigió fue una excepción muy loable. Ha durado, ciertamente, un día entero, pero yo prefiero que dure un día y se llegue a un resultado a que después de tres o cuatro horas se produzca la separación y cada uno se diga a sí mismo: les hemos zurrado una vez más. En realidad, en tal caso no se habrá logrado nada. Si se quiere hacer algo, entonces habría que estructurar este procedimiento de tal manera que en caso necesario tales posiciones formales fueran expuestas por personas individuales. Estas jugarían, por decirlo así, de emisarios, entregarían el documento, sonarían las fanfarrias, y se volverían a separar. Luego, cuando llegue la seriedad, vendrán los auténticos héroes, se sientan y procuran llegar a un resultado en un día. Esto sería, en mi opinión, lo mejor.
En el caso presente las cosas estaban muy difíciles. El asunto no estaba fácil en absoluto ni tampoco en cuanto al contenido. Lo confieso, al Consejo tampoco le resultó fácil aceptar esta nueva idea de las comunicaciones apoyadas por satélite. El Parlamento tuvo grandes problemas con cuestiones institucionales y la Comisión tuvo grandes problemas para conservar su flexibilidad, que es absolutamente necesaria precisamente en este ámbito que está experimentando un rapidísimo desarrollo técnico. Por consiguiente, ha sido complicado, como las negociaciones con Marruecos sobre tomates. También éste es un ámbito complicado y en este sentido hemos logrado un resultado muy bueno. Quisiera dar una vez más las gracias al Parlamento y espero, señor Presidente, haber desempeñado mi papel a su entera satisfacción.

Rübig
Tengo todavía una pregunta para el Comisario Bangemann: El ámbito Telecom se subdivide en hardware, software y manware. ¿Cómo va a marchar esto en el futuro? ¿Dónde van a colocar ustedes los acentos para poder seguir configurando en el futuro con tanto éxito este ámbito?

Bangemann
, miembro de la Comisión. (DE) Voy a ser breve: en el futuro vamos a ver que probablemente se nivelen todas estas diferenciaciones con las que hoy trabajamos, es decir, surgirán sistemas enteros en los que no se podrá distinguir más qué es hardware, qué es la infraestructura, qué es el contenido, qué es el software. Esto significa que partimos del supuesto de que en el futuro no vamos a poder trabajar con estas diferenciaciones con las que estamos trabajando ahora, sino que hemos de desarrollar métodos enteramente nuevos. Estamos trabajando en ello y próximamente les informaremos más bajo el término de convergencia.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al Turno de preguntas (B4-0165/97). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Antes de entrar en materia, me pide la palabra la Sra. García Arias para una cuestión de orden.

García Arias
Señor Presidente, quería hacer la pregunta por una cuestión de orden antes de que empezara la sesión.
Uno de los Comisarios que comparece hoy es el Sr. van Miert. Y tengo entendido que se da preferencia a las preguntas que tienen que ver con el Comisario, justamente. Entonces, lo que no acabo de entender es por qué el Parlamento ha entendido que las preguntas formuladas, la nº 77 y la nº 78, por el Sr. Joan Colom i Naval, y la primera a mi nombre, respecto a la adecuación de la normativa sobre descodificadores de televisión, no han sido incluidas en la batería de preguntas para el Sr. van Miert y se han colocado entre otras preguntas.
El Sr. van Miert está llevando este expediente al igual que el Sr. Bangemann.
Entonces, señor Presidente, yo creo que estas preguntas tienen que ser incluidas en el debate con el Sr. van Miert, porque el expediente de estas dos preguntas lo lleva también el Sr. van Miert.

El Presidente
Sra. García Arias, si usted lo desea, cuando se encuentre entre nosotros el Comisario, le daré la palabra a usted pero debo explicarle que la selección de preguntas atribuidas a los Comisarios no las hace el Parlamento, sino la Comisión. La Comisión ha entendido, no coincidiendo con su opinión, que su pregunta no correspondía al ámbito de las competencias del Sr. van Miert, sino del Sr. Bangemann. El Parlamento no tiene atribuciones para modificar aquello que es del ámbito de la competencia de la Comisión.

García Arias
Señor Presidente, hemos visto reiteradamente en la prensa española cómo este tema era tratado, de forma oficiosa o directa, ya sea por el Comisario Bangemann o por el Comisario van Miert.
Yo le rogaría, señor Presidente, aunque usted me está diciendo que es la Comisión la responsable de adjudicar las preguntas, que ampare a los dos diputados, porque cuando hicimos estas preguntas se las queríamos plantear al Sr. van Miert, independientemente de que deseemos hacer preguntas similares al Sr. Bangemann.

El Presidente
Sra. García Arias, hay un acuerdo entre las dos instituciones, según el cuál el orden de preguntas lo decide el Presidente del Parlamento, pero la atribución de quién va a responder corresponde a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 30 formulada por Laura González Álvarez (H-0339/97):
Asunto: Suspensión del proceso contra EE.UU. en la Organización Mundial del Comercio (OMC) provocado por la ley Helms-Burton
¿Puede informar la Comisión sobre los motivos de la suspensión del proceso abierto en la OMC contra EE.UU. por la aplicación de la ley Helms-Burton?
¿Ha tenido en cuenta la Comisión las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la ley Helms-Burton?
¿Conoce la Comisión la existencia de un empresario español detenido en EE.UU., en aplicación de la ley Helms-Burton?

Brittan, Sir Leon
En vista del entendimiento a que han llegado la Comisión y los Estados Unidos y de las obligaciones que han asumido los Estados Unidos con dicho entendimiento, el Consejo coincide en que se suspendan ahora las actuales actividades a nivel de grupo de expertos de la OMC respecto de la legislación Libertad de Helms-Burton, pero si se actúa contra personas o empresas de la Unión Europea en virtud de la ley Libertad o en virtud de la ley de sanciones contra el Irán y Libia, o si no se conceden o se retiran las exenciones descritas en dicho entendimiento, la Comisión pedirá a la OMC que vuelva a comenzar la labor del grupo de expertos o que lo restablezca, para que a continuación desempeñe su cometido normal. Al formular sus propuestas la Comisión tiene siempre en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo. La Comisión sabe que se ha detenido a un ciudadano español, por lo visto en virtud de la denominada Ley de Comercio con el Enemigo. Esa ley existía antes de la Ley Helms-Burton.

González Álvarez
Señor Comisario, efectivamente usted ya casi responde a las preguntas que le habíamos hecho, pero a mí me gustaría decirle dos cosas y hacerle una pregunta más.
En primer lugar, yo creo que una parte importante de este Parlamento -e incluso de la opinión pública- saludó la decisión de la Comisión Europea cuando, en un ejercicio saludable de independencia, presentó una denuncia en la Organización Mundial de Comercio.
Yo creo que lo saludamos muchos, porque nos parecía que, por primera vez, la Unión Europea presentaba cara a una decisión de los Estados Unidos que, claramente, vulneraba el Derecho internacional. La ley Helms-Burton no nos parece sólo que vulnera el Derecho internacional, sino que nos parece una ley inmoral.
Parece que este acuerdo con los Estados Unidos se hace sobre la base de una congelación del título tercero y sobre la base de una posible revisión por el congreso de Estados Unidos -recordemos que con mayoría republicana- del título cuarto.
¿Está usted seguro de que va a haber esa revisión? Y en todo caso ¿no merecería amparo un empresario español que está en prisión, precisamente apoyándose en la ley Helms-Burton?

Brittan, Sir Leon
Antes que nada quisiera recalcar lo mucho que aprecio el apoyo que han dado ustedes a la Comisión y el entendimiento a que se ha llegado. Coincido enteramente con Su Señoría acerca de la inaceptabilidad no solamente de la Ley Helms-Burton, sino también de la Ley D'Amato que se refiere al Irán y a Libia. Por eso hemos adoptado medidas sin precedentes no solamente en la OMC, sino también en la legislación de la Unión Europea. El entendimiento a que han llegado la Comisión y los Estados Unidos no es la solución final del asunto, sino solamente una medida preliminar. Si no hacemos los progresos que esperamos hacer, entonces tendremos pleno derecho a plantear de nuevo la cuestión en la OMC. No cabe duda de que así lo haremos si se toman medidas contra empresas europeas.
El caso concreto del Sr. Ferrero, que ha sido detenido, corresponde a una ley que formaba parte del acervo jurídico americano mucho antes de que se hablara de la Ley Helms-Burton. Ése no es el tema de la controversia entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Según tengo entendido, el Gobierno español está prestando asistencia consular al Sr. Ferrero y está en contacto con su abogado defensor.

García Arias
Señor Comisario, he entendido que, en referencia a la situación del empresario español, usted se está refiriendo a la aplicación de una legislación anterior, por parte de Estados Unidos, y al hecho de que su defensa, en todo caso, correspondía solamente al Gobierno español.
Mi pregunta es: ¿usted no cree que, en el ejercicio de las competencias europeas, ese ciudadano europeo -que está preso justamente por limitaciones al comercio internacional- no merecería también el apoyo de la Comisión Europea y, en todo caso, del Consejo Europeo, puesto que se trata de un ciudadano europeo?

Brittan, Sir Leon
Me hago cargo del punto de vista enunciado por Su Señoría, simpatizo con él y, naturalmente, siento suma simpatía por el ciudadano español que ha sido detenido. Ahora bien, la Comisión o el Consejo de Ministros no pueden intervenir cada vez que se formula una alegación de actividad ilegal en virtud de una legislación que no es la de la Unión Europea. Sólo tiene que actuar cuando ha habido una infracción de obligaciones en el marco de la OMC. En primer lugar lo lógico sería que la cuestión, si surgiera, la planteara el Gobierno del Estado miembro del ciudadano en cuestión. Hasta ahora no se ha sugerido que el caso actual represente una infracción de las obligaciones internacionales de los Estados Unidos que requeriría o exigiría la adopción de medidas por la Unión Europea. Sigo dispuesto a examinar dicha cuestión si se planteara.

El Presidente
Pregunta nº 31 formulada por Michael Elliott (H-0334/97):
Asunto: Aranceles sobre las importaciones
¿Podría confirmar la Comisión que, tras la introducción de la legislación europea que prohibe el uso de hormonas en la ganadería, los Estados Unidos aplicaron como medida compensatoria derechos adicionales a una serie de productos importados a los Estados Unidos desde la Unión Europea?
¿Podría indicar la Comisión de qué productos se trataba, qué importes representaba y si esta práctica ha sido impugnada a través de la OMC?

Marín
Señor Presidente, efectivamente el 1 de enero de 1989 los Estados Unidos impusieron unilateralmente una serie de medidas de retorsión, consistentes en la imposición de un gravamen del 100 % a las exportaciones de la Comunidad Europea a los Estados Unidos de carne de vacuno, jamón, tomates transformados o conservados, café, bebidas de baja graduación alcohólica, zumo de frutas y alimentos para animales de compañía.
Los Estados Unidos cuantificaron estas medidas en 97, 2 millones de dólares.
Los Estados Unidos llevaron a cabo dos pequeñas reducciones para el jamón y el zumo de tomate por un importe de 4, 5 millones de dólares, después de haberse alcanzado un acuerdo en 1989 por el que se permitía la exportación de carne de vacuno sin hormonas de los Estados Unidos a la CE.
El 17 de abril de 1996, la Comisión Europea solicitó que se llevaran a cabo consultas, en el marco de la OMC, sobre las medidas de retorsión de los Estados Unidos, basándose en que dichas medidas eran contrarias a sus obligaciones respecto a dicha organización.
Posteriormente, al no avanzarse en dichas consultas, la Comisión solicitó que se constituyese un grupo de expertos. Los Estados Unidos retiraron las medidas de retorsión de forma unilateral el 15 de julio de 1996.

Elliott
Quedo muy agradecido al Comisario por su respuesta, pero en estos últimos días nos hemos enterado de que el grupo de expertos de la OMC se pronunciará en contra de la Comisión acerca de la denuncia hecha por los Estados Unidos de América en relación con las importaciones de carne de la UE que contiene hormonas. Creo que la inmensa mayoría de los diputados de este Parlamento desearían que la Comisión recurriera contra una decisión tan absurda, y por eso pido a la Comisión que nos indique qué medidas va a tomar para recurrir en contra de esa decisión de la OMC. En segundo lugar, ¿puede asegurar la Comisión que en estos momentos en que se negocian cambios del GATT se podrán proteger debidamente la salud y el bienestar de los ciudadanos europeos y de sus animales agropecuarios, sin que sean suceptibles del tipo de presión comercial que parecen estar ejerciendo los Estados Unidos en el marco del GATT?

Marín
Señor Presidente, en lo que concierne a la segunda pregunta, la posición de la Comisión Europea es bien conocida.
Estamos a favor del desarrollo y fortalecimiento de la Organización Mundial de Comercio, como principio general, y, naturalmente, consideramos que los mecanismos previstos en esta organización son aquellos que nos pueden permitir encontrar una solución al problema que usted señala. Y, naturalmente, en este complejo mundo de las relaciones comerciales, la Unión Europea -señor Elliott- algunas veces ganará y otras perderá. Estas son las reglas del juego y espero que el nuestro no le sorprenda.
Dicho esto, qué duda cabe de que en la Organización Mundial de Comercio deberían tenerse en cuenta no solamente cuestiones relativas al libre comercio, sino naturalmente aquellas que puedan afectar, sobre todo, a unas materias con respecto a las cuales la opinión pública europea está muy sensibilizada y que, naturalmente, se refieren a cuestiones tan importantes como la salud de los consumidores.

El Presidente
Pregunta nº 32 formulada por Concepció Ferrer (H-0325/97):
Asunto: Libre circulación y transporte de productos agrícolas en la Unión Europea
Teniendo en cuenta los ataques producidos por grupos de agricultores franceses en los últimos años a camiones que transportaban productos hortofrutícolas españoles -especialmente fresas- en tránsito hacia países de la Unión Europea, ¿ha realizado la Comisión alguna acción para evitar que se produzcan nuevos ataques este año y de este modo garantizar que el Estado francés cumpla con los artículos 5 y 7 del Tratado de la UE, que aseguran la libre circulación de mercancías en territorio nacional y en la UE?

Marín
Señor Presidente, señora Ferrer, en virtud de los artículos 5 y 30 del Tratado, es responsabilidad de los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se produzcan actuaciones de particulares que puedan ir en perjuicio del buen funcionamiento del mercado interior y de la libre circulación de mercancías.
Respondiendo más precisamente y después de haber dejado claro el principio, a la pregunta que usted plantea sobre frutas y legumbres de España, fresas y transporte por Francia, la Comisión, en el ejercicio de sus competencias y precisamente porque las autoridades francesas se han abstenido de intervenir para poner fin a los repetidos excesos cometidos por un grupo de agricultores contra productos agrícolas de otros Estados miembros, en este caso, del vecino del sur, ha recurrido en procedimiento de infracción para que la República Francesa respete las obligaciones que le incumben.
En este momento, se está a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
La Comisión, pues, ha hecho uso del único instrumento jurídico que le permite el Tratado y, naturalmente, la Comisión tiene que esperar a que se dicte la sentencia. Y esta espera -créame- es obligada, pero no significa, en ningún caso, que sea pasiva ya que la Comisión, lógicamente, está prestando gran atención al desarrollo de la campaña de comercialización de frutas y hortalizas al objeto de, precisamente, sensibilizar a las autoridades francesas, con independencia de que el Tribunal de Justicia emita su fallo -lo cual va a implicar una serie de consecuencias jurídicas, también pecuniarias- en favor de los que han sufrido este tipo de ataques y esperamos, simplemente, dentro de esta cooperación, una actitud mucho más positiva por parte de las autoridades francesas.

Ferrer
Señor Comisario, es cierto que en este caso las competencias de la Comisión son limitadas. De hecho, ha hecho ya lo que debía hacer. Sin embargo, el tema lleva dos años en el Tribunal de Justicia. Entretanto se han seguido quemando camiones, han seguido siendo objeto de violencia los transportistas que llevan fruta, sobre todo fresas, a través de la frontera. Este año, desgraciadamente, los ataques han empezado de nuevo: un camión ha sido asaltado. Y, claro, realmente lo que sí le pediría, en nombre de aquellos que también se han dirigido a la Comisión pidiendo que preste atención a este tema, la Federación de los Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas, es que no sólo vele por esta cuestión, sino que además -se lo pido encarecidamenteintente que el Consejo ponga fin a esta serie de medidas que tan negativa imagen da de lo que es la construcción europea.

Marín
Le confirmo que, efectivamente, la Comisión fue informada de que, el pasado 24 de abril, un camión, cargado con 21.000 toneladas de tomates, fue detenido y atacado en la autopista, entre Aviñón y Marsella. La Comisión se puso inmediatamente en contacto con las autoridades francesas. No obstante, tengo que decir -en honor de la verdad y por equilibrar- que, en función de lo que resuelva el Tribunal de Justicia que, lógicamente, va a marcar jurisprudencia, señora Ferrer, la tradición, los precedentes que existen por parte del Tribunal -aquí tengo que ser lo más neutral posible, pero esto es una realidad-, en principio, en función del fallo, pueden permitir efectivamente a todos los afectados dirigirse al Estado, por así decirlo, responsable de los daños que se han sufrido en su territorio nacional para pedir la correspondiente indemnización.
De hecho, tengo que señalar que, independientemente de que los ataques no se deben producir nunca, lo cierto y la verdad es que el Estado nacional concernido por los ataques está satisfaciendo sistemáticamente todas las demandas de indemnización.

Watson
El Comisario dice que las personas pueden pedir indemnización, pero no sé si conoce la situación de los conductores de camiones británicos que quedaron interceptados por la huelga de conductores de camiones franceses. Se llegó a un acuerdo en materia de indemnización. Se convino en que las demandas inferiores a 250 libras diarias se podían aceptar sin dificultades. Se convino también en que los formularios de demanda se podían redactar en inglés y que los documentos de apoyo y las pruebas se podrían presentar también en inglés. Sin embargo, las autoridades francesas insisten ahora en que se desglosen las demandas de poca monta e insisten en que las demandas se presenten en francés.
Esto representa una discriminación en contra de los conductores de camiones del Reino Unido, y quisiera pedir al Comisario que nos dijera qué medidas va a adoptar la Comisión para cerciorarse de que el Gobierno francés no retrasará este proceso exigiendo complejos requisitos, y si el Comisario se comprometerá ante este Parlamento a interceder cerca de las autoridades francesas para conseguir que se haga justicia en el caso de los conductores de camiones británicos y también en el caso de sus colegas españoles.

Marín
Vuelvo a insistir en que el Tribunal de Justicia todavía no ha tomado una decisión. Ahora bien, existe una serie de sentencias del Tribunal de Justicia conforme a las cuales, si ha habido una infracción de la legislación comunitaria por un Estado miembro, se puede demandar a dicho Estado miembro ante un tribunal nacional y recibir la indemnización correspondiente. Además, con arreglo al Derecho francés, el Estado francés es responsable de los daños causados a las personas o a los bienes como resultado de la utilización de la fuerza o la violencia durante manifestaciones o concentraciones. En consecuencia, es posible ese tipo de demanda por parte de los camioneros británicos. Yo no considero que sea un acto de discriminación que las demandas en Francia se presenten en francés; se trata del Derecho nacional de Francia y me parece totalmente lógico que las peticiones de indemnización...
(Interrupción por motivos técnicos)

El Presidente
Un momento, señor Marín. Parece que hay un problema técnico en la cabina de interpretación inglesa. Y debemos esperar hasta que quede solucionado. No olvidemos que los ingleses tienen la enfermedad inglesa, que es no conocer otro idioma aparte del suyo.

(La sesión se interrumpe desde las 17.45 hasta las 18.00 horas)

El Presidente
Como veo que el Sr. Marín ha aprovechado la interrupción para responder directamente a algunos diputados, doy la palabra a la Sra. Hardstaff.

Hardstaff
En realidad lo que yo quería decir era muy parecido a lo que ha dicho el Sr. Watson y como el Comisario ha tenido la amabilidad de responder directa y detalladamente a los diputados, no necesito hacer uso de la palabra.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas nos 33 y 34 caducan.
Pregunta nº 35 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0303/97):
Asunto: Atención preferente al norte de Marruecos
La situación económica y social en el norte de Marruecos ha venido deteriorándose cada vez más sin que las promesas de inminente desarrollo regional e inversiones euromediterráneas consigan atenuar el escepticismo imperante.
¿Qué inversiones se han realizado en los últimos tres años? ¿Cuándo está prevista la realización de la carretera Tánger-Oujda tan esperada y necesaria para el desarrollo económico de la zona? ¿Sabe la Comisión que se están cerrando las pocas importantes empresas que existen en la zona? ¿Qué calendario concreta los proyectos con financiación de la UE? ¿Qué proyectos está previsto realizar en los próximos años?

Marín
La Comisión, a través de sus programas, está prestando gran atención al desarrollo económico y social de las provincias del norte de Marruecos, de conformidad con la prioridad concedida por las propias autoridades marroquíes a este tema. Entre 1993 y 1996 la Unión ha financiado proyectos por un valor de 118 millones de ecus. A ellos hay que añadir los préstamos del Banco Europeo de Inversiones, que han ascendido durante este mismo período a 267 millones, así como 471 millones de ecus procedentes de los Estados miembros. Es decir, se han totalizado, en los últimos tres años, proyectos y programas por un volumen de 857 millones de ecus, de los cuales un tercio son aproximadamente préstamos.
Por lo que se refiere a la realización de la carretera Tánger-Oujda, que podría constituir un factor importante para acabar con el aislamiento de las provincias del norte, todavía no se ha fijado una fecha concreta para el inicio de las obras.
La Comisión, por otro lado, es consciente de las dificultades a las que se enfrentan las empresas marroquíes en la región, como ha sido señalado por su Señoría en su pregunta. En cuanto al calendario de los proyectos que deben ser financiados en las provincias del norte de Marruecos, así como los programas cuya realización está prevista durante los próximos años, estos han quedado establecidos en el programa indicativo 1996-1998 que se ha establecido recientemente de común acuerdo entre la Comisión y las autoridades marroquíes. Este programa prevé, en particular, un proyecto de desarrollo rural integrado y un proyecto de creación de zonas industriales, lo que se llamaba anteriormente polos de desarrollo. Por otra parte, también se iniciarán en las provincias del norte de Marruecos varios proyectos de carácter nacional. Como verá la señora Izquierdo Rojo, la importancia de la inversión en los últimos tres años ha sido muy considerable y ya le digo que, dentro de la programación que se terminó hace un mes, se han incluido un proyecto de desarrollo rural integrado en esta zona y también la creación de una zona de desarrollo industrial.

Izquierdo Rojo
Muchas gracias, señor Comisario, por esta respuesta que concreta y marca algunas prioridades. No obstante, pienso que sigue existiendo un cierto problema entre las inversiones aprobadas y lo que se percibe como desarrollo regional. Esta pregunta recoge un gran sentir vivido en la zona y es cierto que existe ese escepticismo, esa duda terrible, entre los que tendrían que ser los beneficiarios, los ciudadanos, porque en realidad todavía no ha llegado ese desarrollo regional. Créame, señor Vicepresidente, nosotros podemos aprobar en los papeles proyectos tal cual, pero no es un hecho. Entonces, la pregunta, hecha en un plano completamente constructivo, busca una respuesta a ese gran problema de todo el desarrollo del Mediterráneo, que estamos iniciando pero a falta de poder contar con realidades. No ha precisado usted tanto como a mí me hubiera gustado los proyectos concretos, en cuanto a calendario. Esto es lo que nos hace falta. No obstante, veo que hay una confluencia de voluntades, según manifiesta usted, entre la Unión Europea y la administración marroquí y, por tanto, esto me llena de satisfacción. Lo que tenemos que hacer ahora es informar a los ciudadanos de las provincias del norte de Marruecos de que esto es así, para que participen con nuestra satisfacción, porque ellos todavía no ven nada de lo que les decimos. Este es el problema.

Marín
Tengo que decirle que, al menos los proyectos de 1993-1996 sobre sanidad y planificación familiar, creación de empleo, ecosistemas forestales, crédito y reconversión agrícola, lucha contra la droga, agua potable y saneamiento, carreteras y pistas rurales y una pequeña participación de las ONG, más luego la intervención del Fondo de Desarrollo Agrícola y la Caja Nacional de Crédito Agrícola, eso se ha facturado y se ha hecho.
Calendario para el futuro de 1996 en adelante: está en este momento en preparación, porque fue poquito antes de la reunión de Malta cuando se terminó la programación con las autoridades marroquíes. Es un partenariado y, naturalmente, hay que discutir y negociar con la parte marroquí. Se ha establecido un programa de 40 millones de ecus para un desarrollo rural integrado en la zona del norte de Marruecos y se ha establecido conjuntamente con la autoridad marroquí un programa de 24 millones de ecus para crear una zona de desarrollo industrial. Y esto, naturalmente, se va a hacer.
En cuanto a las carreteras, quiero decirle que hay un programa establecido ya por valor de 30 millones de ecus, que se va a firmar pronto, y su primera fase ya ha sido acordada por el Gobierno marroquí. En la medida en que el Gobierno marroquí pidiera ampliar el programa actual de carreteras e incluyera la carretera Tánger-Oujda, la Comisión, atendiendo a la petición marroquí podría incluir algunos de los tramos de la carretera, porque tampoco, señora Izquierdo Rojo, queremos gastar todo el dinero del programa MEDA en cemento, en infraestructura, y porque pensamos que en Marruecos hay un nivel de desarrollo suficiente como para que gran parte de las infraestructuras se empiecen a hacer, no por la vía de la donación, sino por la vía de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.
Creemos que éste es un problema de combinación y de equilibrio. Yo creo que naturalmente -y en la medida en que esto se ponga en marcha rápidamente, y es voluntad del Gobierno marroquí hacerlo- lo más que podemos hacer para garantizar la visibilidad es, a lo mejor, hacer la misma campaña que hicimos con los Fondos estructurales y los Fondos de cohesión: cada vez que se haga una carretera, llenar de carteles la carretera. Pero yo creo que es muy difícil pretender -no sólo en Marruecos sino en cualquier país del área mediterránea- hacerle ver a la opinión pública -escasamente dos, tres meses después de la programación- que tienen una rentabilidad inmediata en su modo de vida, en su montaña, en su pequeña granja. Esto es un proceso que se debe dar inevitablemente a largo plazo.

Posselt
Señor Presidente, aunque el Sr. Comisario no ha podido contestar la pregunta 34, quisiera enlazar yo también en relación con esta pregunta con lo que él acaba de decir: no se trata precisamente sólo de los recursos para infraestructuras sino también, sobre todo, de la cooperación cultural, de la cooperación educativa y de la formación. En la Europa central y oriental hemos cometido, ante todo, el error de transferir más dinero y de poner demasiado poca atención en la educación y en la formación de las personas.
Quisiera preguntarles por los componentes culturales de la cooperación con Marruecos y con el norte de Africa.

Marín
Me alegro mucho de su pregunta, porque justamente, teniendo en cuenta los errores que se habían cometido respecto a los países de la Europa Central y Oriental, el programa de «mise à niveau», en la terminología marroquí, el programa de adaptación a la zona de librecambio, supone casi el 80 % del total de los recursos del programa MEDA. Y precisamente, en la aplicación del programa MEDA hemos concentrado el máximo paquete financiero en las subvenciones que tienen que dedicarse a la «mise à niveau», a la formación profesional, a aumentar el nivel sobre todo del trabajador y de la trabajadora en los países del área, a garantizar la incorporación de nuevas tecnologías, a preparar mentalidades y a adaptar el aparato industrial. Y luego, lo que estamos intentando es que lo que sea infraestructura, o infraestructura de futuro, estos países lo vayan incorporando progresivamente al sistema de préstamos bonificados del Banco Europeo de Inversiones. Estamos precisamente siguiendo esa línea.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 36, 37 y 38 se contestarán conjuntamente.
Pregunta nº 36 formulada por Arthur Newens (H-0309/97):
Asunto: Relaciones comerciales con Cuba
¿Podría la Comisión hacer una declaración sobre el diálogo con Cuba y la posibilidad de reactivarlo e indicar la manera en la que sería posible avanzar rápidamente hacia la celebración de un acuerdo comercial y de cooperación con dicho país? Pregunta nº 37 formulada por Rinaldo Bontempi (H-0311/97):
Asunto: Comercio con Cuba
¿Puede la Comisión explicar cómo prevé dar impulso a las conversaciones, actualmente estancadas, que podrían dar lugar a un acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Cuba?Pregunta nº 38 formulada por David Morris (H-0312/97):
Asunto: Ayuda humanitaria a Cuba
En virtud de las iniciativas emprendidas por médicos europeos relacionados con la ONG «Medicuba» con base en Suiza, organización que consiguió recoger 100.000 dólares estadounidenses sólo en 1996, para financiar productos básicos destinados a la industria farmacéutica cubana, ¿puede explicar la Comisión qué medidas está tomando para garantizar que los servicios médicos y los suministros básicos, destinados a ciudadanos cubanos inocentes y pacíficos, no corren peligro a causa del embargo de los EE.UU. y la Ley Helms Burton?
Marín
, vicepresidente de la Comisión . Agradezco las preguntas al señor Newens y al señor Bontempi, e intentaré darles precisiones sobre un tema que es recurrente para situar exactamente lo que estamos haciendo y lo que pensamos que se puede hacer.
Ustedes conocen perfectamente cuál es la posición común de la Unión Europea respecto a Cuba, tal y como fue formulada por el Consejo de Ministros el 2 de diciembre de 1996. Allí se precisan y sistematizan los aspectos y modalidades de la relación con este país. La Comisión es partidaria, siempre lo ha sido, de proseguir su diálogo con las autoridades cubanas a la luz de esta posición común, y en este sentido, y en base a las informaciones últimas que se han producido -la elaboración del segundo informe de los embajadores europeos en La Habanaestamos considerando, ya que termina el plazo en el próximo mes de junio de los seis meses que tenía en vigor la posición común, y será el momento en el Consejo de Ministros -me imagino que también en el Parlamento Europeo- de hacer una evaluación de la situación, y en el mes de junio tomar iniciativas al respecto, digo que se está procediendo a una valoración de las ideas contenidas en el informe de los embajadores.
¿Cómo estamos? En este momento, la Comisión Europea está en condiciones, sin ningún problema, de demostrar que, siendo exigentes en ciertos puntos que nos parecen fundamentales en materia de derechos humanos, de apertura de la sociedad cubana, respetando naturalmente su integridad nacional, su forma de entender la revolución, su propio futuro, siendo exigente en algunas cosas, la Comisión, desde luego, no tiene nada que reprocharse porque hemos hecho un esfuerzo realmente importante en los últimos tres años.
Y es la primera vez que le voy a dar a este Parlamento lectura concreta de cómo se está realizando la cooperación de ayuda humanitaria concreta con Cuba: de 1993 a 1996, hemos gastado un total de 45 millones de ecus. Esta ayuda incluye alimentos, medicinas, material médico y productos de higiene. En este momento se está elaborando por parte de la Comisión el plan global para este año que va a alcanzar aproximadamente 8 millones de ecus, y se tratará de envíos, de medicamentos transformados, de materias primas para la fabricación de medicamentos, alimentos -sobre todo aceite de soja, carne y leche en polvo- y material de higiene para los hospitales. El programa de distribución está ya elaborado; se hará a través de centros hospitalarios y las farmacias y el objetivo será la zona más vulnerable de la población cubana, es decir, niños, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos crónicos. La distribución y el seguimiento se hará a cargo de once ONG europeas que velan por el buen funcionamiento de las operaciones y que no nos han señalado por el momento ningún problema de ejecución vinculado a la política de embargo que pueda estar desarrollando Estados Unidos.
En consecuencia, respecto a la primera y segunda preguntas, consideramos que en este momento es difícil verificar cuáles puedan ser los impactos en las relaciones con Cuba que tenga la Unión Europea. En segundo lugar, estamos en este momento evaluando el informe de los embajadores, reciente. En tercer lugar, habrá que encontrar un tipo de respuesta, ya que la posición común tiene una validez de seis meses y termina en el mes de julio -algo hay que hacer antes del mes de julio. Y en cuarto lugar, la ayuda humanitaria y los programas de cooperación que estamos desarrollando han adquirido ya un volumen bastante considerable en nuestra opinión, y por lo que respecta a la ejecución del plan global de este año, las decisiones han sido tomadas ya en el sentido que acabo de señalar.

Newens
Doy gracias al Comisario por toda la información que nos ha dado. En vista de que muchos países del mundo con los que la Unión Europea tiene acuerdos de cooperación y estrechas relaciones económicas poseen un historial de derechos humanos mucho peor que el de Cuba, ¿no le parece al Comisario que no hay razón para rechazar un acuerdo con Cuba por motivos de derechos humanos, aunque sigamos insistiendo en la necesidad de respetar dichos derechos?
Puesto que el Gobierno cubano desea concertar un acuerdo de cooperación y muchos Estados miembros de la Unión Europea tienen ya en vigor acuerdos comerciales con Cuba, ¿qué nos impide llegar a un acuerdo sobre esa base?

Bontempi
También yo tengo que decir que me doy cuenta de la posición de la Comisión; espero también con cierto interés ese vencimiento de la posición común, pero me parece que, precisamente por la presión de los Estados Unidos, puede faltarnos una estrategia unitaria en la acción hacia Cuba. Por un lado, el caso Helms-Burton y, por otro, el acuerdo alcanzado sobre el comercio y este stop dado a la posibilidad de tener una acción de cooperación me inducen a preguntarme si, con ocasión del vencimiento de la posición común, no es el momento de hacer un esfuerzo de fuerte autonomía para definir una estrategia unitaria con respecto a Cuba; si no, estaremos siempre a la merced del contingente.

Morris
 Quisiera dar gracias a la Comisión por su extensa respuesta. Podemos esperar hasta ver lo que sucede en el sector comercial, pero no creo que las enfermedades vayan a esperar a ver lo que hacemos. Tiene que haber una respuesta positiva. Como sabe la Comisión, los Estados Unidos de América saben cómo fabricar medicamentos y fármacos mucho más baratos que, posiblemente, cualquier otro país del mundo. Ahora bien, hay un embargo que impide que Cuba adquiera medicamentos en los Estados Unidos de América. En realidad, hoy en día se acepta la existencia de un acuerdo internacional basado en los derechos humanos que permite que los medicamentos puedan circular libremente, incluso en tiempos de guerra. Ésta es una posibilidad que se niega al pueblo de Cuba.
Quisiera preguntar al Comisario qué medidas ha adoptado para convencer a los Estados Unidos de que abandonen su embargo sobre la venta de medicamentos, que tan fáciles son de fabricar en los Estados Unidos.

Marín
Respecto a la primera pregunta, la Comisión entiende que la posición común es autónoma y específica de la Unión Europea. O yo lo interpreto así. Es un acto autónomo y específico de la Unión Europea, que no depende en ningún caso del conflicto comercial que podamos tener con los Estados Unidos, con la ley HelmsBurton. Y es, en nuestra propia decisión interna, señores Newens y Bontempi, que antes del mes de junio deberemos decidir cómo progresar en nuestro diálogo con las autoridades cubanas, con independencia de cuál vaya a ser la solución interna que den los Estados Unidos respecto a la Ley Helms-Burton. Nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y habrá ocasión de debatirlo, insisto, antes del mes de junio.
Naturalmente, la Comisión está dispuesta a asumir también sus responsabilidades. Pero, como estamos señalando permanentemente a las autoridades cubanas, y algunos de ustedes podrían ayudar, también es necesario que, por parte de las autoridades cubanas, se tengan algunas ideas claras de cómo poder responder de una manera positiva a algunos de los elementos que están consagrados en la posición común. Esto es el diálogo. Y estamos en este momento en esta tesitura.
En cuanto al problema del embargo comercial, señor Morris, no nos está afectando en absoluto el embargo comercial para que ECHO, nuestro departamento de ayuda humanitaria, esté desarrollando normalmente su programa. No estamos teniendo ningún tipo de inconveniente.

Oddy
¿Puedo dar por sentado que la Comisión nos da la seguridad de que pueden continuar las negociaciones comerciales, sea cual fuere la posición de los Estados Unidos respecto de la Ley Helms-Burton, y que tiene la intención de proteger a las empresas europeas?

Marín
Usted ha comprendido bien. Es que esto se encuentra en la posición común. Y en la posición común se dice claramente que, en la medida en que el diálogo con las autoridades cubanas avance, que se produzcan avances en términos de apertura de sociedad, apertura de la economía, será posible progresar como decisión autónoma y específica. Es posible.

González Álvarez
Quiero agradecerle muy brevemente al señor Marín sus explicaciones. Tiene razón el Presidente, siempre estamos encantados de escucharle. Sin embargo, hay una preocupación que late en las preguntas de los compañeros: ¿por qué con algunos países con los que sí hay acuerdo -no debería poner el ejemplo, pero es un ejemplo ilustrativo, léase Turquía, con el que tenemos un acuerdo aduanero- no se les exige antes que cumpla con los derechos humanos? Nuestro premio Sajarov, Leyla Zana, no pudo venir a recoger aquí su premio. Sin embargo, a Cuba sí se le exige antes. De todos modos, aunque ésa es la pregunta, yo agradezco al señor Marín su explicación, porque parece que puede haber una vía de diálogo, y eso sería lo que todos aplaudiríamos.

Marín
Sinceramente, no resultaría difícil para nadie -y ojalá esto se resuelva en la Conferencia Intergubernamental- demostrar que la Unión Europea no solamente aplica dobles, triples o cuádruples estándares después de lo que ocurrió en Ginebra en la votación sobre los derechos humanos en China. Después de este acto, francamente -lo digo con respeto al Parlamento Europeo- es muy complicado para un parlamentario europeo, un Comisario o un Estado miembro intentar decir que somos coherentes. Ciertamente, no lo somos. Es lo único que puedo decir.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado a esta parte del turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 39, 40 y 41 se contestarán por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Felipe Camisón Asensio (H-0299/97):
Asunto: Promoción de las fuentes de energías renovables y su utilización en el transporte ferroviario
¿Estima la Comisión que se están adoptando medidas oportunas por los Estados miembros de la UE tanto respecto a la promoción de las energías renovables, como a las posibilidades de utilización de tal tipo de energía para el transporte ferroviario?

Papoutsis
Señor Presidente, Señorías, la Comisión entiende que debe fomentarse el papel de las fuentes de energía renovables en los sistemas de abastecimiento de energía de la Unión Europea. De hecho, éste es uno de los mensajes centrales del Libro Verde «Energía para el futuro - fuentes de energía renovables» recientemente publicado por la Comisión Europea.
Hasta ahora, la Comisión ha afirmado que las energías renovables podían contribuir esencialmente a lograr los objetivos de la política energética de la Unión, es decir, la seguridad del abastecimiento, el aumento de la competitividad y la protección del medio ambiente. La ayuda financiera comunitaria destinada a estas fuentes de energía ha sido prestada principalmente a través de los programas ALTENER y JOULE-THERMIE. El uso de las energías renovables, en nuestra opinión, debe promocionarse en todos los sectores, incluido el del transporte. A éste corresponde aproximadamente la cuarta parte del total consumo de energía de la Unión Europea, al mismo tiempo que se trata del sector cuyas emisiones de dióxido de carbono aumentan con mayor rapidez.
Sin embargo, hay que admitir que ya se ha logrado cierto progreso en el uso directo de energías renovables para los transportes por carretera, como los biocombustibles. Con respecto al sector del transporte ferroviario, el potencial de las fuentes renovables de energía se halla en primer lugar en la generación de energía eléctrica y, por consiguiente, en el uso de trenes eléctricos en el transporte ferroviario. En determinados Estados miembros, hay que reconocer que la contribución de las energías renovables a la producción de energía eléctrica es significativa. Ahora bien, como se menciona en el Libro Verde, la Comisión considera que queda un margen considerable de ampliación de las energías renovables y nos movemos en esa dirección.
La Comisión Europea pretende presentar antes de finales de 1997 un libro blanco y una acción piloto sobre las fuentes de energía renovables. La acción piloto estará basada en el Libro Verde y en los resultados del diálogo que actualmente se mantiene sobre la base de éste. El libro blanco constará igualmente de una serie de medidas para la promoción de las fuentes de energía renovables. Les puedo asegurar que, en este contexto, la Comisión estudiará detenidamente todas las posibilidades de un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y, en este marco, examinará sin duda las perspectivas que el sector del transporte ferroviario ofrece al respecto.

Camisón Asensio
Señor Comisario, es un hecho que el transporte ferroviario es, hoy por hoy, el modo más flexible y que el 48 % de los trenes europeos circulan en base a energía eléctrica producida en plantas hidroeléctricas libres de emisiones del CO2.
Ante esta situación se vislumbra el importante papel que puede jugar el ferrocarril frente a la previsible demanda de energía, sin perturbar la protección medioambiental, en un intento de aminorar el efecto invernadero. Importancia que viene avalada por el dato real de que el sector del transporte, como usted ha dicho, es -usted ha dicho la cuarta parte- yo creo que es un poco más del consumo total de energía.
Por todo ello, parece razonable que si nuestro objetivo es el de reducir el 15 % las emisiones de CO2 antes del año 2010, adoptar una estrategia comunitaria coherente en favor de las energías renovables es ya fundamental, poniendo ya en marcha no sólo los programas que usted ha citado, sino también el Altaner o en la potenciación, de una vez por todas, de la estabilidad y transparencia en las medidas nacionales para promover las fuentes renovables de energía.

Papoutsis
Señor Presidente, no tengo mucho que agregar a las observaciones que acaba de hacer su Señoría. Únicamente, quisiera también confirmar a la Asamblea que el programa ALTANER será incluido en la serie de programas destinados a contribuir a la promoción de las fuentes de energía renovables.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Richard Howitt (H-0307/97):
Asunto: Libro Blanco sobre Organizaciones y Fundaciones de Voluntariado
¿Porqué no se ha publicado aún este Libro Blanco, cuatro años después de las primeras consultas y exactamente un año después de que la Comisión declarase que «probablemente la Comisión dé su acuerdo en un futuro próximo»? En concreto, cuando se examinó el proyecto en una reunión reciente de los Gabinetes de los Comisarios, ¿cuáles fueron exactamente las objeciones a transmitir el documento a la Junta de Comisarios para su acuerdo? ¿Querrá el Comisario dar ahora una fecha fija y definitiva en que presentará el proyecto de Libro Blanco ante una reunión de comisión, para prestar asistencia a todas aquellas personas en el sector del voluntariado que estiman que Europa no les hace ningún caso?

Papoutsis
Señor Presidente, el proyecto de Libro Blanco sobre organizaciones y fundaciones de voluntariado ha sido objeto de muchas consultas durante los últimos meses, tanto en la Comisión Europea como con los organismos interesados, que son las organizaciones y fundaciones.
Ha sido imprescindible comprobar la autenticidad de los datos incluidos en el Libro Blanco acerca de todos los Estados miembros, en concreto respecto a los nuevos países, Austria, Finlandia y Suecia, que no eran miembros de la Unión Europea durante la primera etapa de la investigación que sirvió de base para elaborar el proyecto que tenemos ante nosotros. Por lo tanto, la Comisión ha creado nuevas iniciativas en los últimos meses. Hemos mantenido muchos contactos políticos también en este ámbito, cosa que había que reflejar en el texto. Las nuevas consultas internas y externas con organizaciones y fundaciones de voluntariado han sido necesarias fundamentalmente por dos razones: primero, por la ampliación de la Unión Europea, y, segundo, por la necesidad de tomar en cuenta todas las iniciativas adoptadas por la Comisión en los dos últimos años - porque les recuerdo que la versión inicial de dicho texto se presentó hace cuatro años.
Todas estas modificaciones, por tanto, han sido integradas en el proyecto del documento que actualmente se encuentra en la última fase de presentación a la Comisión. Está previsto que el 29 de mayo, es decir, dentro de dos semanas exactamente, podamos examinarlo en la Comisión Europea, donde esperamos sea aprobado.

Howitt
Creía que el Comisario nos iba a defraudar y, precisamente cuando yo empezaba a hacer gestos de descontento, mencionó la fecha del 29 de mayo. Quisiera darle gracias calurosamente y decirle que, naturalmente, estamos pendientes de la publicación.
Hablando de una cuestión más seria, espero que el Comisario coincida conmigo en que es lamentable que nos acerquemos a otra Conferencia Intergubernamental sin que haya habido un diálogo civil y sistemático del tipo que estoy seguro que él, y este Parlamento, quisieran instituir, para que los ciudadanos ordinarios y las organizaciones voluntarias en que se hallan representados hayan tenido la oportunidad de intervenir directamente en el futuro desarrollo de la Unión Europea. Estoy seguro de que coincidirá conmigo en que un estatuto claro y sencillo para las asociaciones permitirá que las organizaciones voluntarias y las organizaciones benévolas sean reconocidas como plenos asociados sociales en nuestras deliberaciones, puedan participar en los debates acerca de la Unión Europea, puedan ser consultadas por la Comisión acerca de proyectos de normas legislativas, y puedan promover la legislación en el plano comunitario que tan tristemente echamos de menos en la actualidad.

Papoutsis
Señor Presidente, me alegro de no haberle decepcionado y espero que la fecha que le he indicado, el 29 de mayo, sea de verdad el día que la Comisión Europea adopte el Libro Blanco sobre las organizaciones y fundaciones. Comparto totalmente su opinión de que este tema necesita un nuevo impulso. Quizás ofrezca soluciones alternativas en una época en la que buscamos puestos de trabajo y creo que en este sentido tendremos un dictamen afirmativo por parte de la Comisión Europea. ¡Esperemos 15 días! Confío en que posteriormente, todos, el Parlamento Europeo y todas las organizaciones y fundaciones interesadas, participemos en un diálogo público a nivel europeo en el que podamos tratar y determinar los detalles futuros de la economía comunitaria y en concreto de las organizaciones y fundaciones.

Oddy
También me agrada sobremanera que tengamos una fecha fija para la publicación del Libro Blanco. Las organizaciones voluntarias son muy innovadoras y muy importantes, pero he de recordar al Comisario que hace aproximadamente diez años también se hizo una especie de promesa acerca de un código para el estatuto de los voluntarios. No ha sucedido nada tampoco en esa esfera, y ésta es una cuestión digna de estudio urgente.

Papoutsis
Señor Presidente, comparto las inquietudes de su Señoría, inquietudes que además expresé desde el otro ala de la Sala, sentado en el ala izquierda de los escaños del Parlamento durante la pasada década. Sin embargo, como sabe, para solucionar estos problemas han sido necesarios muchos debates dentro de la Comisión Europea, debates que, como se ha comprobado, no han llevado a ninguna conclusión, ni a ninguna propuesta concretas.
Espero que con la presentación del Libro Blanco podamos contestar de la mejor forma posible, que en mi opinión es la forma más actual, la solicitud expresada por su Señoría.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Alex Smith (H-0370/97):
Asunto: Cuestiones surgidas de las relaciones entre la Comisión y el OIEA
Los días 12 y 13 de diciembre del año pasado se celebró en Bruselas una reunión del Comité de Enlace de alto nivel de la Comisión y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para examinar la cooperación entre los inspectores de la Comisión y del OIEA en las instalaciones nucleares de la Unión Europea.
Según las informaciones facilitadas por el director general adjunto del OIEA, Bruno Pellaud, sobre el trascurso de la reunión, la Comisión no está de acuerdo con el OIEA en diferentes cuestiones de importancia, incluido el apoyo del OIEA al control permanente del enriquecimiento (CEMO) con objeto de detectar niveles no autorizados de uranio enriquecido en las instalaciones del consorcio URENCO. También indica que la Comisión apoya las objeciones alemanas a la verificación de las medidas de seguridad en lo relativo al combustible consistente en mezclas de óxidos de plutonio y uranio (MOX) procedente del Reino Unido y empleado en la Central Nuclear de Unterweser.
¿Podría indicar la Comisión qué medidas ha adoptado para resolver tales problemas?

Papoutsis
Señor Presidente, Señorías, permítanme que dé una respuesta extensa, porque esta pregunta se refiere a un tema muy concreto y diría que técnicamente difícil de explicar.
En primer lugar, la Comisión ha de aclarar que la pregunta del Sr. Smith está basada en un memorandum interno del Organismo Internacional de Energía Atómica que, lamentablemente, se dio a conocer con amplitud. Este memorandum interno también llegó al conocimiento de la Comisión. Sin embargo, la Comisión no suele comentar los memorandums internos de organismos con los que el EURATOM colabora estrechamente día a día.
En cuanto a las preguntas muy concretas del Sr. Smith, intentaré brindar algunos detalles concretos sobre la materia en cuestión, que, por otro lado, es, como decía, técnicamente compleja. Las preguntas formuladas se refieren a la metodología técnica. No cabe duda de que los dos organismos de control tienen algunas veces distintas opiniones con respecto a cuestiones relacionadas con las medidas de seguridad. Estas opiniones divergentes entre los técnicos son usuales y se consideran positivas, dado que su motivo es siempre el garantizar las medidas de seguridad más eficaces y eficientes.
Las mediciones del combustible consistente en mezclas de óxidos de plutonio y uranio, MOX, se pueden realizar con más exactitud y menos esfuerzo en las instalaciones de producción, es decir, en las instalaciones donde se producen los combustibles para reactores, que en los reactores de producción de energía nuclear, donde se van a emplear ésos combustibles.
En las plantas de producción, los aparatos de medición pueden instalarse permanentemente permitiendo una evaluación correcta, mientras que en los reactores se utilizan aparatos móviles con los que el combustible, que a veces se encuentra dentro del agua, se mide de manera insuficiente. El EURATOM realiza mediciones rutinarias de todos los elementos combustibles que se producen en la planta de demostración MOX de Sellafield. Por consiguiente, considera que no es necesario realizar mediciones en los mismos reactores, mientras se garantice que el destino del material sea conocido y que se siga su uso en todo momento.
Dado que la política del Organismo Internacional de Energía Atómica en materia de medidas de seguridad es concentrar sus actividades en los Estados que no disponen de armas nucleares, surgió el problema de verificación que llevó a las diferencias técnicas que estamos tratando ahora con la pregunta de su Señoría. Aunque el EURATOM sigue manteniendo que desde el punto de vista técnico tendría mucho más sentido aplicar su sistema de medición, se llegó a un compromiso, un compromiso que probablemente permita al OIEA realizar mediciones del combustible en el reactor. El OIEA, a cambio, ha aceptado contemplar seriamente la forma de medición del EURATOM para futuros casos.
Permítanme subrayar en este punto, señor Presidente, que la cuestión surgida no se refería a la negación del acceso del OIEA al reactor para la verificación, sino que se trata de una cuestión de metodología técnica.
La siguiente es igualmente una cuestión de complejo carácter técnico. El objetivo de las medidas de seguridad en las instalaciones de enriquecimiento es detectar posibles niveles no autorizados de uranio enriquecido. Este objetivo puede lograrse por diferentes métodos, uno de los cuales es el basado en el análisis de los oligoelementos de alto rendimiento y la toma de muestras medioambientales. Antes de disponer de la nueva metodología se desarrollaron numerosos métodos, como el control permanente del enriquecimiento, que según la opinión y la experiencia del EURATOM, parecen menos fiables, son relativamente caros de mantener y menos transparentes en cuanto a su graduación. En consecuencia, el EURATOM fue reticente en cuanto a la puesta en servicio normal de mecanismos de este tipo y prefirió continuar con el control de la planta de Capenhurst hasta acumular más experiencia.
El OIEA, sin embargo, trata esta cuestión de manera distinta. Por otro lado, me parece bastante plausible que el EURATOM tenga reparos en utilizar en las instalaciones nucleares aparatos y equipos de seguridad que no son absolutamente fiables, cuyo mantenimiento es muy costoso y que no son transparentes en cuanto a su instalación y graduación. No obstante, el Comité de Enlace de alto nivel admitió la necesidad de una amplia revisión de la realización de las medidas de seguridad en las instalaciones de enriquecimiento en todos sus aspectos. Estoy convencido de que esta revisión será especialmente fructífera y de que ejemplificará muy bien la naturaleza de la cooperación entre el EURATOM y el OIEA en materia de medidas de seguridad en la Comunidad.
Señor Presidente, para finalizar, quisiera recordar que las cuestiones abordadas en la pregunta oral se refieren a diferencias de opiniones entre dos organismos de control sobre una cuestión de procedimiento técnico. Quisiera, en cualquier caso, expresar mi preocupación por el hecho de que una información de carácter tan delicado no se haya protegido suficientemente por el OIEA.

Smith
Agradezco muy sinceramente al Comisario su extensísima respuesta. Me parece que recibir una respuesta de seis minutos en un Turno de preguntas constituye un récord. La razón de que haya planteado esta cuestión es que la fabricación y la utilización de mezclas de óxidos está aumentando sobremanera en toda la Europa occidental. El combustible a base de mezclas de óxidos contiene plutonio sin irradiar, elemento que es perfectamente adecuado para fabricar una arma nuclear, y como hace diez años se decidió en un informe del OIEA que esta cuestión tenía alta prioridad, me inquieta un poco que todavía no hayamos presentado una resolución sobre el particular.
¿De qué forma va a tener en cuenta el Comisario el hecho de que las centrales nucleares ordinarias se han convertido en lugares de almacenamiento de materiales para su uso directo? ¿Lo está teniendo en cuenta?

Papoutsis
Señor Presidente, quiero asegurar a su Señoría, el Sr. Smith, que la Comisión Europea y el EURATOM continuarán sus esfuerzos controlando todas las plantas, incluidas las nuevas, para que se incorporen y tengan en cuenta los nuevos desarrollos tecnológicos. Por supuesto, continuaremos la inspección de Sellafield. Es lo que hacemos, ya lo estamos haciendo, de manera consecuente además, y seguiremos haciéndolo.

McMahon
Agradezco al Comisario la seguridad de que supervisará todas las plantas. Le sugiero que se fije en la central nuclear de Hunterston, en la que hubo que poner fuera de servicio un reactor en marzo de este año. Hunterston forma parte de mi circunscripción. No sé si se ha enterado de la cuestión en su calidad de Comisario encargado de la energía, pero quizá pudiera indagar cerca de las autoridades del Reino Unido sobre lo que sucedió en Hunterston.

Papoutsis
Señor Presidente, quiero asegurar a la Asamblea y al Sr. McMahon que los servicios del EURATOM controlan permanente e ininterrumpidamente el funcionamiento de los reactores, incluidos los reactores que cierran. Seguimos continuamente el desarrollo de la tecnología y siempre controlamos el funcionamiento de los reactores a todos los niveles. Nuestro objetivo fundamental es proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos, así como asegurar la aplicación de la mejor tecnología posible existente en el ámbito de la energía nuclear.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Hugh McMahon (H-0287/97):
Asunto: Carta de los servicios públicos
¿Puede la Comisión informar al Parlamento sobre los motivos por los que no ha adoptado una Carta de los servicios públicos?
¿Está de acuerdo la Comisión en que el mantenimiento de los servicios públicos a unos precios asequibles, estipulado en una Carta comunitaria, es valioso para los ciudadanos de Europa y constituye un aspecto importante del mercado interior?

Van Miert
Los servicios de interés general constituyen un elemento importante del modelo europeo de sociedad. En su comunicación de septiembre del año pasado, relativa a los servicios de interés general en Europa, la Comisión enunció claramente los principios de sus políticas y fijó sus objetivos para el futuro. La comunicación indicaba en particular lo siguiente:
La prestación de servicios de interés económico general de alta calidad a precios asequibles representa un objetivo esencial que hay que garantizar en el contexto del mercado interior. El Tratado de la Comunidad Europea, y más precisamente su artículo 90, establece ya un equilibrio satisfactorio entre los objetivos de la integración del mercado y de la libre competencia, por una parte, y los objetivos de interés económico general, por otra.
La Comisión estima que el artículo 90 ha demostrado que vale para garantizar dicho equilibrio. La definición de los objetivos de interés económico general es, en principio, una competencia nacional que ha de ser ejercitada por los Estados miembros en relación con las normas del Tratado de la Comunidad Europea. Toda armonización de sus objetivos en el plano de la Unión Europea ha de tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector. Por consiguiente, las directivas sectoriales como las que se ha propuesto para los sectores postal y de telecomunicaciones, constituyen el instrumento apropiado para conseguir ese objetivo.
La Comisión apoya activamente, en el marco de las competencias existentes en esferas como el medio ambiente, la protección de los consumidores, la cohesión económica y social o las redes transeuropeas, una política positiva encaminada a conseguir objetivos de interés general. La Comisión considera además que una mención explícita de la obligación positiva de promover servicios de interés general debería añadirse en un nuevo párrafo del artículo 3 del nuevo Tratado de la Unión Europea que se está negociando en la actualidad.
En este contexto, la Comisión no prevé actualmente la adopción o la propuesta de ninguna otra medida de carácter general como, por ejemplo, una carta del servicio público. Somos partidarios de incluir esas medidas en el artículo 3 del actual Tratado mediante las actuales negociaciones intergubernamentales.
Una vez dicho lo que antecede, la comunicación de la Comisión de septiembre del año pasado a la que me he referido antes deja esta opción abierta. Si, por ejemplo, los Estados miembros se niegan a incluir dicha referencia en un artículo del Tratado, se podría estudiar la posibilidad de transformar la comunicación en una especie de carta, pero como al parecer se tiene la intención de examinar su inclusión en el tratado, diré que somos partidarios de dicha opción.

McMahon
Doy gracias al Comisario por su respuesta. ¿Puedo dar por supuesto que la Comisión está ocupándose activamente en la Conferencia Intergubernamental de la posibilidad de considerar a esta cuestión como parte del Tratado? Eso es lo único que quisiera que me confirmara. Si no lo conseguimos, ¿qué va a hacer la Comisión?

Van Miert
La respuesta es afirmativa, pero como ya he dicho somos partidarios de que se incluya una referencia en el artículo 3. Otros, en cambio, parecen preferir que se haga una referencia en el artículo 8. Esta cuestión está siendo objeto de debate actualmente. Lo más importante es que en el nuevo texto se incluya una referencia. No creo que necesitemos absolutamente una carta, pero lo cierto es que la comunicación de la Comisión obliga a la Comisión a seguir adelante con este tipo de política equilibrada.

Billingham
Doy gracias al Sr. McMahon por haber planteado esta cuestión. Me ha agradado sobremanera oír su respuesta optimista y muy positiva. Estoy seguro de que sabe usted que estoy ocupándome de un informe que se ha presentado al Parlamento y que trata de los servicios de interés general, y le voy a pedir que sea muy dinámico y muy cooperativo. Ésta es una esfera importantísima para el Parlamento Europeo. Quisiéramos que la Unión enviara un mensaje sumamente positivo de buenas noticias para todos nuestros ciudadanos, a fin de contrarrestar algunas de las malas noticias con que se les está inundando en estos momentos. Voy a pedirle que nos diga si la Comisión está dispuesta a ser muy clarividente y a ocuparse de algunas sugerencias realmente muy innovadoras que se van a plantear no solamente en la Conferencia Intergubernamental sino también en relación con la forma en que nos ocupamos de los servicios públicos en la Unión Europea; la forma en que los Comisarios se ocupan de ellas; y la forma en que nuestras comisiones parlamentarias se ocupan de ellas, a fin de lograr que haya cooperación entre el Parlamento y los Estados miembros. Todo eso significa que estamos trabajando cogidos de la mano. Lo que estamos haciendo es suplementar los esfuerzos de los Estados miembros.

Van Miert
Quisiera confirmar el espíritu positivo con que la Comisión está procurando ocuparse de este tipo de problemas. Aparte de lo que acabo de decir he de reconocer, como saben ustedes, que estamos en desacuerdo acerca de si el artículo 90 debe ser modificado o no. Aparentemente no hay más que unas cuantas delegaciones que son partidarias de hacerlo. La mayor parte de las delegaciones están dispuestas, al parecer, a hacer suya la opinión de la Comisión en favor de incluir una referencia en el artículo 3. Otras prefieren que la referencia figure en el artículo 8. Creo que lo mejor es que veamos qué dirección sigue el debate. No tenemos ninguna idea preconcebida. Si logramos que figure algo en el Tratado, habremos dado un paso adelante. Por lo demás, tengo la firme intención de seguir adoptando un enfoque equilibrado a base de ideas claras y objetivas, al mismo tiempo que procuro tener en cuenta a los servicios de interés general en toda política que se pueda elaborar.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nos 46 y 48 se contestarán conjuntamente.
Pregunta nº 46 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0297/97):
Asunto: Ayudas al transporte a Volvo
La Dirección General IV de la Comisión ha sometido a examen las ayudas al transporte destinadas a determinadas empresas con actividades industriales en el norte de Suecia. En un informe se propone que no se autoricen las ayudas a la fábrica de Volvo situada en Umeå. Las ayudas al transporte en beneficio de empresas del norte de Suecia representan una parte significativa de la política regional de este país y revisten una gran importancia con vistas a atraer inversiones industriales hacia esta región. No obstante, las ayudas representan solamente una parte de los costes suplementarios que implica la localización de la producción en las regiones septentrionales del país.
¿Qué motivos alega la Comisión para sostener que las ayudas suponen una distorsión de la competencia, máxime cuando estas ayudas ni siquiera cubren la totalidad de los gastos suplementarios derivados del transporte en el interior de Suecia?
¿Por qué considera la Comisión que la producción en Umeå corresponde a montaje final, cuando la fábrica produce exclusivamente componentes (cabinas)? Pregunta nº 48 formulada por Sören Wibe (H-0302/97):
Asunto: Ayudas al transporte para la fábrica Volvo de Umeå
Según informaciones aparecidas en la prensa sueca, la Comisión tiene la intención de prohibir las ayudas al transporte para la fábrica Volvo de Umeå. Esta prohibición constituye una amenaza para la existencia de la fábrica y, por consiguiente, para los casi mil puestos de trabajo en la región.
Esta actitud de la Comisión se basa, entre otras cosas, en un informe consultivo cuyo contenido se mantiene, sin embargo, en secreto, incluso para los representantes del Gobierno sueco. De conformidad con las informaciones de la prensa, otro argumento de la Comisión consiste en que la fábrica Volvo no se considera una fábrica proveedora, sino una fábrica de fabricación de productos acabados.
¿No considera la Comisión poco razonable el hecho de que un informe consultivo del que depende su decisión sobre esta cuestión se oculte a la opinión pública y, en especial, al Gobierno sueco?
¿Considera la Comisión que la fábrica Volvo, que fabrica cabinas para camiones para su posterior montaje en los camiones acabados, fabrica productos acabados o un componente para camiones?
Van Miert
Como Sus Señorías saben seguramente, en la Unión Europea hay un conjunto de normas especiales que rigen la ayuda estatal a la industria de los vehículos de motor. Esas normas están en vigor desde 1989 y su finalidad es controlar y limitar las aportaciones de ayuda estatal en este delicado sector. La Comisión y marco dispositivo correspondiente consideran muy rigurosamente todo tipo de ayuda operacional, ya que alivia a la empresa de que se trate de una parte de sus gastos generales normales y crea una ventaja operacional para dicha empresa. Esta situación puede ser muy nociva para los competidores en un sector como los vehículos de motor, ya que la producción en este sector se halla organizada típicamente en el plano europeo y aumenta cada vez más en el plano mundial. Por lo tanto en este sector no deberían tolerarse las ayudas para el transporte, ni siquiera en regiones desfavorecidas.
El marco antes mencionado dispone asimismo que toda ayuda operacional que exista debe desaparecer gradualmente. Por otra parte, dicho marco tiene una actitud generalmente positiva respecto de la ayuda concedida en forma de inversiones para superar deficiencias estructurales de las regiones desfavorecidas de la Unión Europea. Por consiguiente, esto representa un mercado mundial sumamente delicado en el cual una ayuda operacional como ésta puede provocar una importante distorsión de la competencia.
Su Señoría se ha referido también a la conclusión de la Comisión de que la producción en Umeå consiste realmente en el montaje final y no en la fabricación de componentes. En general, se puede considerar como operación de fabricación y/o montaje una operación en la que se fabriquen, pinten, monten o acaben carrocerías de vehículos de motor. Si esas operaciones se separan y llevan a cabo en plantas diferentes, en lugares geográficos diferentes, cada una de las actividades de esas plantas corresponderá a la definición de la fabricación de un vehículo.
En opinión de la Comisión, y en opinión asimismo de varios expertos de la industria de los vehículos de motor, la fabricación de cabinas de camión completamente acabadas corresponde a la fabricación de camiones. Como todas las demás plantas de vehículos integradas, la planta de Umeå desempeña operaciones de estampado, fabricación de la carrocería, pintura y una operación de montaje final que no se llevaría a cabo en una planta de componentes. Por lo tanto sus trabajos corresponden al campo del marco existente relativo a la industria de los vehículos de motor.

Sjöstedt
A decir verdad, no comprendo algunas partes de la respuesta. En la respuesta de la Comisión se menciona que estas ayudas representarían una ventaja en términos de costes. Al mismo tiempo, es un hecho que las ayudas al transporte que se conceden a la fábrica Volvo de Umeå sirven para contrarrestar una parte de los costes adicionales por su localización en el norte de Suecia. Verdaderamente, resulta más costoso establecerse en este lugar aunque se reciban ayudas al transporte. Por tanto, es completamente ilógico decir que esto es una distorsión de la competencia o una ventaja en cuanto a los costes. Lo único que yo veo en el material a mi disposición sobre este asunto que sí distorsiona la competencia es que la Comisión apruebe unas ayudas a Scania, otra fábrica de vehículos pesados de Luleå, ciudad cercana a Umeå.
También discuto el hecho de que se fabriquen productos acabados en Umeå. Me considero un experto en la cuestión, puesto que he trabajado en esta fábrica cinco años montando cabinas. Allí no se construyen vehículos pesados, sino solamente componentes.
También me sorprende que el informe consultivo siga siendo secreto. ¿No es justo que los representantes democráticamente elegidos tengamos acceso a lo que constituye la base para las decisiones y opiniones de la Comisión?

Van Miert
Antes que nada, hay que percatarse de que estamos hablando de un sector para el cual existe un marco concreto. Respecto de otras actividades, la Comisión aceptó la existencia de ayudas para el transporte, pero en este caso específico estamos hablando de una ayuda operacional en un sector que es sumamente delicado. ¿Cabe imaginar que todas las plantas de fabricación de vehículos reciban la posibilidad de percibir una indemnización porque se hallan situadas en regiones periféricas de la Unión Europea? Esto representaría una total distorsión de la competencia en un sector sumamente delicado en el que ya se registra un exceso de capacidad y en el que las empresas o lugares situados en regiones que pueden pedir ayuda, la recibirán, pero sólo en forma de ayuda para las inversiones. Ésta es exactamente la situación en esta esfera.
En cuanto a la cuestión de los componentes, la fabricación de cabinas, con todas las diversas fases de construcción que involucra, apenas se puede considerar como fabricación de componentes. No es eso, no, señores; se trata de una parte y un componente de las actividades normales de la industria de vehículos de motor. La Comisión ha seguido siempre las normas aplicables de esa manera, y en este caso tiene que atenerse a su posición coherente como ya lo ha hecho en el pasado.
Habiendo dicho lo que antecede, como se trata de una ayuda ya existente -en efecto, cuando Suecia ingresó en la Unión Europea esa ayuda existía ya- estamos dispuestos a discutir con las autoridades suecas la forma de suprimir dicha ayuda y estamos dispuestos a considerar un período de tiempo razonable para su supresión gradual. Esto es exactamente lo que procuramos conseguir en las discusiones que sostuvimos con las autoridades suecas. Ayer estuve en Estocolmo y hablé con el Ministro encargado de la industria para buscar la manera de resolver todas estas cuestiones de forma amistosa.

Wibe
Me pregunto si el Comisario puede aclararme dos puntos. La primera pregunta es: ¿En qué sectores se aprueba que se apliquen la ayudas suecas al transporte? ¿Existe algún sector de la industria automovilística en el cual se apruebe la continuación de las actuales ayudas al transporte en Suecia?
La otra cuestión gira en torno a la pregunta suplementaria de Jonas Sjöstedt, que no ha respondido el Comisario, y es el hecho de que la decisión del Comisario se basa claramente en este caso en un informe consultivo. El contenido de dicho informe se mantiene en secreto hasta para el Gobierno sueco. Deseo preguntarle al Comisario si esto no es complementamente injusto, es decir, que los Gobiernos, que son los órganos decisorios que han firmado el Tratado, no tengan acceso a los informes de base que pueden incidir en las condiciones de vida y las posibilidades de subsistencia de miles de ciudadanos de una región expuesta.

Van Miert
En primer lugar, en respuesta a la primera parte de la pregunta, diré que se puede conceder ayuda para el transporte y que, por lo tanto, esta región de Suecia obtiene una especie de trato particular. Este tipo de trato se puede dar a actividades que no corresponden a sectores sumamente delicados como las actividades siderúrgicas o relacionadas con vehículos de motor. Por ejemplo, en el caso de una planta siderúrgica, la Comisión no puede tolerar que haya ayuda de compensación en materia de transporte porque está sometida a una norma concreta de ayuda estatal. Lo mismo cabe decir de la industria de los vehículos de motor y, por lo tanto, aunque el régimen general tolere este tipo de indemnización por el transporte, no se permite cuando se trata de sectores como la industria siderúrgica o la industria de los vehículos de motor. Ésta es la razón de que hayamos tenido que negociar con el Gobierno para encontrar una solución que pueda ser aceptable para todos.
La pregunta se refiere a una opinión de un experto, preparada por consultores para la Comisión. Seamos francos: si el Gobierno sueco, o cualquier otro gobierno, necesita una opinión de experto, está en entera libertad de recabarla y de conservarla para sus propios fines. Nadie está obligado a dar publicidad a dicha opinión ni a enviársela a la Comisión. Esa opinión de experto, que se basaba en informaciones proporcionadas por la empresa y por el Gobierno sueco, entraña información sumamente delicada, que la empresa seguramente no querrá publicar. Por consiguiente, lo único que estamos haciendo es utilizar la opinión de experto para ayudar a la Comisión a ocuparse debidamente de estas cuestiones. Sobre la base de la mencionada opinión, mis funcionarios fueron a la región para ver directamente lo que sucedía y a continuación adoptamos la posición que he descrito en respuesta a la pregunta anterior. O sea que la opinión de experto sólo se utiliza para ayudar a la Comisión a resolver las cuestiones y a formular una evaluación.
La otra cuestión que cabe plantear ahora es la siguiente: ¿qué va a pasar a continuación? O bien encontramos una solución mediante una fórmula acordada mutuamente, fórmula que evidentemente es de nuestro agrado, o, si no podemos conseguirlo, entonces la Comisión Europea no tendrá más remedio que iniciar el procedimiento. Permítanme que les diga una vez más que quisiera evitar esa forma de proceder y que, por lo tanto, en las próximas semanas trataremos de encontrar una solución en virtud de la cual durante cierto tiempo se siga prestando ayuda que se vaya reduciendo y se suprima a su debido tiempo.

Lindholm
Con anterioridad al referéndum se prometió que la política regional sueca seguiría siendo la misma y que la adhesión no tendría consecuencias negativas. Las ayudas que incluye la política regional, inclusive las destinadas a las actividades de transporte de las empresas del norte de Suecia, son una parte importante de esta política.
¿Es consciente la Comisión de que la opinión pública del norte de Suecia es la más contraria a la UE de todo el país? ¿Es consciente además de que la interpretación que se hace, y que nos arriesga a que se impida la concesión de ayudas a Volvo dentro del ámbito de la política regional, hará que la opinión pública se vuelva más negativa aún, dado que representa un incumplimiento de lo que se prometió con anterioridad a la adhesión? ¿No está realmente dispuesta a someter a revisión la propuesta presentada por la DG IV?

Van Miert
En primer lugar, hay que eliminar todo malentendido acerca de lo que se convino en las negociaciones de adhesión. Yo me encargaba ya de esa cuestión y aunque en principio aceptamos que se prestara ayuda para el transporte en esas regiones periféricas, la aceptación se basaba en la condicion explícita de que no se ayudaría a sectores delicados como el sector de los vehículos de motor, el sector siderúrgico, o el sector de la construcción naval en que ya existían normas concretas. En este sector hay ya normas específicas y todo el mundo sabe que esas normas tienen prioridad sobre las normas de carácter general.
Así se nos dijo, a mí y a mis funcionarios, una y otra vez, y por eso me extraña que algunas personas se sorprendieran cuando dijimos que en el caso de la propia industria de vehículos de motor, pero no en el caso de los componentes para dicha industria, no se podría prestar ya ayuda operacional aunque sí que se podría prestar ayuda en forma de inversiones. Por alguna razón que no es de mi incumbencia juzgar, el Gobierno sueco se abstiene de prestar ayuda para las inversiones pero está dispuesto a prestar ayuda para los gastos operacionales. Esto es algo cuya decisión incumbe al Gobierno sueco. Hace algún tiempo la empresa interesada efectuó importantes inversiones adicionales y el Gobierno hubiera podido aportar alguna ayuda para esa finalidad, pero prefirieron seguir prestando ayuda operacional y supongo que tienen que saber que esa ayuda no es aceptable con arreglo a las normas que rigen la ayuda estatal en la Unión Europea.
Éste es el contexto de la cuestión. No estamos diciendo que no se pueda prestar ayuda a la planta, pero ese tipo de ayuda constante no es aceptable porque tampoco lo era en el pasado. Las normas se han aplicado de forma coherente y compatible en todos los países de la Unión Europea y, por lo tanto, tenemos que buscar una solución con las autoridades suecas para suprimir gradualmente esa ayuda. Si en el futuro se efectúan inversiones adicionales en Umeå, estarán en entera libertad de prestar ayuda en forma de inversiones.

Wibe
Comprendo que el señor Comisario se sorprenda de que manifestemos nuestra sorpresa. No obstante, debe usted comprender que el mensaje que ahora me transmite es para mí una completa novedad, dado que ya en el transcurso de las negociaciones para la adhesión se dijo que los sectores del acero, automovilístico y de astilleros no podían recibir ayudas al transporte. En lo concerniente a los informes clasificados como secretos, el señor Comisario dice que los Gobiernos también tienen informes secretos. Pero son precisamente los Gobiernos los que están por encima de la Comisión y no la Comisión la que está por encima de los Gobiernos. Los órganos decisorios son, por tanto, los Gobiernos.
El motivo de que saquemos a la luz este informe no es que deseemos revelar secretos industriales sobre Volvo -tampoco va a hacerlo el Gobierno sueco. La razón es que el Gobierno sueco tiene motivos para creer que este informe consultivo contiene graves imprecisiones. Son éstas las que se desea sacar a la luz y debatir. Creo que el señor Comisario debería entenderlo.
Una pequeña pregunta: ¿Si a usted, señor Comisario, le invita el Presidente en funciones del Consejo a que haga público este informe, al menos para el Gobierno sueco, lo hará?

Van Miert
Realmente no es culpa mía, pero en algunos de nuestros sectores de trabajo hay principios que hay que respetar y que, por lo visto, no todo el mundo conoce tan bien como debería conocerlos. En el sector siderúrgico hay principios concretos, como muchos de los aquí presentes saben. Uno de los principios es que no se puede prestar ayuda estatal. Se trata de la cuestión de la construcción naval. Hay una séptima Directiva que delimita el marco dentro del cual la ayuda estatal se puede prestar o no se puede prestar. Hace muchos años que venimos guiándonos por ese principio.
En lo que se refiere al informe, se trata de una opinión pericial para uso de mis servicios, y a raíz de su presentación pedí a mi personal que fuera a la planta y que estudiara la situación sobre el terreno. Mi personal recibió toda la información pertinente. Mi personal me ha tenido al corriente de la visita, y sobre esa base comuniqué a las autoridades suecas que seguíamos teniendo un problema que habíamos de resolver. Mientras se siga prestando ayuda operacional en este sector, estaremos socavando abiertamente uno de los principios básicos que se aplican en el sector de la industria automóvil.
Seremos flexibles para poder encontrar una solución encaminada a suprimir gradualmente la ayuda. Entre tanto, el gobierno puede ir pensando en otras formas y otros medios de ayudar a la región, pero eso es de la incumbencia del Gobierno y no de la Comisión. No nos corresponde a nosotros imponer ninguna conducta por lo que a este asunto se refiere. Por lo demás, no tenemos nada que ocultar. Puedo demostrarles que en este tipo de casos hemos actuado siempre de forma coherente y razonable.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por Hans Lindqvist (H-0301/97):
Asunto: Estudio realizado por la Comisión de las ayudas al transporte para las empresas del norte de Suecia
La DG4 de la Comisión ha realizado un estudio de las ayudas al transporte que se conceden a determinadas empresas del norte de Suecia. El informe propone la suspensión de las ayudas a la fábrica Volvo de Umeå.
Las ayudas al transporte para las empresas en el norte de Suecia constituyen una parte esencial de la política regional sueca y revisten una gran importancia para las inversiones en las industrias de la región. La ayuda corresponde únicamente a una parte de los costes suplementarios dado que la producción está localizada en el norte del país.
¿Por qué motivo no se ha publicado enseguida el documento base de la decisión? ¿Por qué aparece precisamente ahora la propuesta de suspender las

Van Miert
Seguimos ocupándonos de la misma cuestión. En la actualidad no hay ninguna decisión. Señalamos el problema cuando acordamos durante las negociaciones sobre la adhesión que debería existir la posibilidad de prestar ayuda para el transporte y de que, según se había convenido, quedarían excluidos los sectores delicados. Más adelante descubrimos que se seguía prestando ayuda para el transporte a la planta de Volvo en Umeå. Aquí hay un problema, dijimos, así que ocupémonos de esta cuestión y veamos qué es lo que se puede hacer para resolverla. No cabe deducir de lo que acabo de decir que la conclusión respecto de otras actividades desarrolladas en la región mencionada es que no cabe prestar ayuda para el transporte. Corroboro que ese tipo de ayuda se puede prestar, pero no cuando se trata de sectores delicados.
Esta cuestión nos llevó bastante tiempo porque queríamos resolver la investigación con toda seriedad y, como ya he dicho, recabamos una opinión de experto. Más adelante -cosa rara porque nuestros recursos de personal son limitados-, en vista del carácter delicado de este caso, pedí a mis empleados que fueran a la planta y que comprobaran directamente cuál era la situación. Eso es lo que sucedió. Solamente entonces descubrimos que seguía habiendo un problema y le indicamos al Gobierno que, o conveníamos en un acuerdo mutuo, o tendríamos que incoar el procedimiento y seguir adelante con el caso. Esto es todo lo que puedo decir.

Lindqvist
Agradezco la respuesta pormenorizada a mi pregunta. No obstante, mis preguntas siguen sin obtener respuesta, ya que solicito el motivo de que la base para la decisión no se hiciera pública inmediatamente después de su elaboración. Se ha dado respuesta en parte a una de las preguntas, pero no de forma completa.
La otra solicitaba una aclaración sobre el motivo de que se presente ahora la propuesta del cese de las ayudas a la fábrica. A mí y a mis colegas nos sorprende que esta decisión se adopte en el periodo en que Suecia ya es miembro, y que no existan motivos para que se haga precisamente ahora. Puede ser, se dice en el informe consultivo, pero dado que no tenemos acceso a este -se considera por alguna razón que contiene una información que no debemos conocer- me veo obligado a preguntar de nuevo: ¿Por qué no se nos permite ver el documento base? Esto facilitaría este debate y clarificaría las preguntas.
Además, solicito respuesta a la siguiente pregunta: ¿Es éste el comienzo de una retirada más amplia de las ayudas al transporte en lo concerniente a Suecia?

Van Miert
Tengo la impresión de que ya he contestado a esa pregunta varias veces. Durante las negociaciones quedó perfectamente claro -y he de decir que yo estaba presente- que se toleraría la ayuda para el transporte, pero no en el caso de los sectores delicados. No es culpa mía si después descubrimos que se seguía manteniendo la ayuda operacional en el sector del transporte a esa planta. Cuando lo descubrimos, dijimos que estaba en clara contradicción de lo que habíamos convenido y, en todo caso, en contradicción con el marco dispositivo. Por lo tanto, había que encontrar una solución. Ahora bien, como la ayuda se estaba prestando ya antes de la adhesión, dijimos que estábamos dispuestos a buscar una solución que permitiera suprimir gradualmente la ayuda. Eso sucedió hace ya bastante tiempo.
El año pasado pedimos a un experto que asesorase a la Comisión, por ejemplo acerca de la cuestión de los componentes. Por lo visto algunos de los componentes provienen de la parte meridional del país y van a la parte septentrional. Más adelante, como ya he mencionado, pedí a mis empleados que se personaran en la zona, lo que les llevó algún tiempo. A continuación hubo conversaciones con el Gobierno en las que les dijimos que tenían que brindar una solución. Han pasado varios meses desde entonces. Dije al Gobierno que no me quedaba más remedio que iniciar el procedimiento. Como seguíamos teniendo la esperanza de que se pudiera negociar una solución defendible, decidí esperar un poco antes de iniciar el procedimiento, confiando en que se pudiera encontrar una pronta solución.
Espero que se pueda encontrar una solución en las próximas semanas. De no ser así, no me quedará más remedio que expresarme con toda claridad: este caso está durando demasiado tiempo y tendré que proponer a la Comisión que inicie el procedimiento.

Sjöstedt
Pienso que la respuesta de la Comisión es incoherente en varios puntos decisivos. También se han concedido ayudas al transporte a uno de los competidores de Volvo situado muy cerca de la fábrica, en concreto a Scania, donde se fabrican ejes posteriores y chasis de vehículos pesados. Se está haciendo precisamente lo mismo que en Umeå, se subvenciona la fabricación de vehículos pesados. A Scania se le dice que sí, a Volvo en Umeå, que no. No se han dado explicaciones sobre esto.
La otra cuestión sobre la que no se han dado explicaciones es por qué las ayudas distorsionan la competencia. Estas ayudas contrarrestan una pequeña proporción del coste suplementario del transporte en Suecia.
La tercera cuestión es que sí se podría conceder acceso al informe al Gobierno sueco; no se va a publicar ningún secreto. Pero ni tan solo al Gobierno se le permite acceso al informe. Esto confirma la imagen de que la Comisión tiene algo que ocultar. Si eliminamos estas ayudas al transporte, echamos a perder una parte importante de la política regional sueca. Esto es muy, muy grave. Opino que la Comisión debería pensar en su responsabilidad social. ¡Recuerde usted Vilvoorde!

Van Miert
Precisamente piense en Vilvorde, porque en Vilvorde no se pueden conceder ayudas estatales, ni siquiera, querido amigo, las ayudas a la inversión.
Usted puede hacerlo, ¿y quiere darme ahora una lección sobre esto? Nosotros hemos aplicado las normas de manera coherente. Yo no tengo nada que ver con ello, si se han explicado una y otra vez las reglas del juego ¡y si todavía hoy las sigue usted ignorando! Estas ayudas existían antes de la adhesión de Suecia. Suecia las ha aceptado. Personalmente me siento obligado a aplicarlas del mismo modo, de manera coherente, en todas partes.
Así pues, si tiene usted críticas, llame a otra puerta. Yo hago mi trabajo, con seriedad, como siempre lo he hecho y, por lo tanto, no acepto su crítica. Quiero que esto quede claro.

Thors
Usted ha dicho, señor Comisario, que no se excluyen otros tipos de ayudas para esta región. Espero que esté al corriente de que existe el riesgo de que cese la venta libre de impuestos a partir del 1 de julio de 1999, y de que en esta fecha se va a imponer la necesidad clara de conceder unas ayudas al sector del tráfico entre Umeå en Suecia y Vasa en Finlandia. ¿He entendido bien al señor Comisario, es decir, que no se opondrá a que se destinen unas ayudas generales al transporte entre Umeå y Vasa, en caso de que el transporte basado en la venta libre de impuestos cese a partir del 1 de julio de 1999?

Van Miert
Vuelvo a confirmar que esta ayuda para el transporte puede continuar en el caso de las demás actividades que no tengan que ver con sectores delicados. Por lo tanto no se puede hacer lo que se ha sugerido. La ayuda no está permitida en el caso únicamente de sectores delicados como la industria de vehículos de motor, que se rije por normas concretas y en la que existe un marco dispositivo desde 1989. No puede hablarse a este respecto de sorpresa, pues el marco existía ya y se ha explicado que, después de la adhesión, ese tipo de ayuda no se podía seguir prestando para actividades como la fabricación de vehículos. Las inversiones constituyen una cuestión diferente, pero no se puede prestar ayuda operacional.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas nos 49 a la 87 se contestarán por escrito. El Turno de preguntas queda cerrado.
La sesión, suspendida a las 19.40, se reanuda a las 21.00 horas)

Contratos públicos de servicios, de suministros y de obras - Contratos en los sectores    del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos:
la recomendación para la segunda lectura (A4-0158/97) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0038/97-95/0079 (COD)) con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de los contratos públicos de suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente (Ponente: Sr. Langen); -la recomendación para la segunda lectura (A4-0159/97) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, respecto de la posición común del Consejo (C4-0039/97-95/0080 (COD)) con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (Ponente: Sr. Langen).
Langen
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, según veo, somos muy pocos los presentes a esta hora intempestiva. No obstante, aun así es una satisfacción para mí tener la oportunidad de defender estas dos directivas, que ya vienen debatiéndose desde hace largo tiempo en el Parlamento, en el marco de las comisiones competentes y a través del diálogo y el contraste de pareceres con la Comisión.
Hoy se debaten conjuntamente dos directivas, una relativa a las Directivas sobre los contratos públicos de obras, los contratos públicos de suministros y los contratos públicos de servicios, en general, y la otra relativa a la llamada Directiva sectorial, que abarca diversos ámbitos: los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones. El Acuerdo que ha motivado la adaptación de dicha Directiva es algo anterior. Se trata del Acuerdo de la OMC, ratificado por el Consejo, con el dictamen conforme del Parlamento, en marzo de 1994 y que entró en vigor el 1º de enero de 1996.
Los Estados firmantes se comprometieron entonces a abrir sus mercados a las empresas de terceros países. Se calcula que la liberalización de comercio acordada afectará a una contratación total del orden de 350.000 millones de ecus anuales. Habida cuenta de las normativas en materia de mercado interior ya existentes en Europa, las entidades adjudicadoras de la Unión Europea afectadas sólo han de asumir compromisos adicionales limitados como resultado del citado Acuerdo del GATT sobre contratación pública. Desde un primer momento, se planteó el problema de cómo podríamos garantizar la reciprocidad, sobre todo por lo que respecta a la Directiva sectorial.
Por un lado, las entidades adjudicadoras europeas estaban obligadas a abrir el acceso a la contratación pública a las empresas de terceros países, pero, por el otro lado, también se abría a las empresas europeas la oportunidad de acceder a contratos públicos en terceros países. Esta contrapartida no quedaba garantizada, a nuestro parecer, en la primera propuesta de directiva, puesto que la Comisión intentaba establecer regulaciones que trascendían en gran medida un contexto de por sí relativamente sencillo. Este hecho prolongó bastante las deliberaciones sobre esta cuestión en el Parlamento, que se dilataron incluso más de lo oportuno, habida cuenta de la importancia de las Directivas en el contexto de una problemática general en conjunto muy difícil.
Estos debates que se desarrollaron, y que era necesario que se desarrollasen, entre la Comisión y el Parlamento tuvieron su origen en el motivo ya citado, a saber, que la Comisión intentaba regular unos aspectos que no eran objeto del Acuerdo del GATT. Llegamos a un entendimiento con el Comisario Monti y yo quisiera agradecerle explícitamente desde aquí su voluntad de cooperación y de hacer suyos gran parte de los argumentos del Parlamento Europeo, una vez superada la primera fase de discusión. Alcanzamos el compromiso de que, aun cuando la Comisión ya no está en condiciones de poder presentar una propuesta de directiva totalmente nueva, sin embargo tomaría ampliamente en consideración los argumentos del Parlamento en su propuesta modificada.
La Comisión ha cumplido este compromiso y hoy, tras unas deliberaciones relativamente prolongadas -que han durado casi dos años-, podemos examinar, por consiguiente, en la segunda lectura una posición común que establece un fundamento razonable a partir de una propuesta modificada de la Comisión. Aun así, subsisten algunos puntos de desacuerdo que ahora quiero exponer y que también han sido objeto de diversas enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, si bien ya no son tan serios como para que el Parlamento no pueda aceptar globalmente la posición común, dado que la Comisión ya ha limado los aspectos controvertidos.
Valga esto como comentario previo, antes de pasar a exponer algunas consideraciones sobre las enmiendas y también sobre su diferente valoración desde la perspectiva de los distintos Grupos políticos. Un objetivo importante para el Parlamento era, entre otros, que las empresas de la Unión Europea no sufran ninguna desventaja frente a las empresas de terceros países. Por este motivo rechazamos las restricciones para las empresas de la Unión Europea que no afectan a las empresas de terceros países, puesto que esto causaría una distorsión de la competencia en detrimento de las empresas europeas. En este contexto, por lo que respecta a la Directiva sectorial, es preciso preguntarse, en suma, si ésta debe contemplar el equilibrio entre las entidades adjudicadoras públicas, por un lado, y los adjudicadores privados, por el otro, que anteriormente era preciso establecer en estos cuatro sectores, si este aspecto debe seguir contemplándose de manera general en la Directiva sectorial, tras la liberación de diversos mercados y cuando están privatizándose a ojos vistas las empresas estatales, en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo. Pero este es un tema que se está discutiendo en el contexto del debate sobre el Libro Verde. Entre las diferencias objeto de controversia que aún subsisten figura en primer término el diálogo técnico, el tema de si, cuando las soluciones técnicas sean complejas, las empresas están autorizadas, como norma general, a recabar asesoramiento técnico de ulteriores adjudicatarios y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones.
A nuestro parecer, el texto inicial de la Comisión no era adecuado en este sentido, puesto que habría dado lugar a una discriminación. La Comisión ha retirado esta disposición de su propuesta y ahora la contempla en los considerandos bajo una forma totalmente aceptable, pero cuyo contenido ya no es, de hecho, significativo. Por consiguiente, en mi calidad de ponente, yo era del parecer que podría suprimirse totalmente dicho considerando, que en la primera Directiva es el 10 y en la segunda, el 13. Con ello no se modificaría en absoluto el fundamento jurídico para las empresas ni la práctica acreditada.
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se negoció una enmienda del colega Tappin que contempla otra perspectiva y el interrogante que se plantea en este contexto es si es posible excluir la posibilidad de corrupción mediante una regulación del diálogo técnico. Yo tengo el convencimiento de que esto requiere otras medidas, como por ejemplo el tema de la aplicación de la ley a través de los tribunales de los Estados, los cuales pueden combatir eficazmente la corrupción. El diálogo técnico no es el ámbito adecuado para abordar esta cuestión, puesto que en este contexto sin duda existen posibles subterfugios. El colega Tappin también ha intentado encontrar junto conmigo, una solución que podamos promover conjuntamente en el marco del examen del Libro verde. En el contexto de la presente Directiva, llegamos a la conclusión de que nos limitaríamos a la solución mínima y mantendríamos el diálogo técnico en las presentes condiciones, sin ninguna disposición adicional, incluido el citado considerando.
Además de este importante punto básico que ha sido objeto de discrepancias, la Directiva sectorial impone algunas obligaciones a las empresas, obligaciones estadísticas, de presentar una memoria, y por lo que respecta a cuándo y en qué medida debe informarse a los candidatos rechazados. En mi opinión estrictamente personal, en el caso de la Directiva sectorial debe tomarse en consideración la posibilidad de que, con una normativa que va más allá de los imperativos que debemos cumplir en virtud de los Tratados, ofrezcamos posibles motivos de denuncia ante el panel de la OMC.
Por este motivo, señor Comisario, con los colegas de los restantes Grupos políticos hemos llegado a la conclusión de que no aceptaremos el punto central de la enmienda de compromiso del grupo del Partido Socialista Europeo, a saber, la declaración obligatoria en el marco de la licitación de las empresas que han ofrecido asesoramiento técnico. Puesto que se trata de la segunda lectura, todas las enmiendas deben obtener 314 votos favorables. Algunas de las enmiendas menos significativas en relación con las obligaciones estadísticas sin duda los alcanzarán. Por lo que respecta a los aspectos esenciales, yo creo que el resultado final será que el Parlamento aprobará la posición común del Consejo basada en la propuesta más reciente de la Comisión.
En este sentido, yo pienso que después de largos debates hemos alcanzado una solución común razonable y yo quisiera agradecerle una vez más, personal y explícitamente, al señor Comisario Monti que, gracias a la visión política de largo alcance del señor Comisario, la actitud inicial algo inflexible de sus funcionarios técnicos haya dado paso finalmente a una solución razonable. Usted ha recorrido este camino, a pesar de que el año pasado usted mismo no obtuvo en la Comisión la mayoría necesaria para retirar la totalidad de la propuesta. Yo se lo agradezco sinceramente y espero que sirva como muestra de que podemos alcanzar un compromiso razonable, aun en aquellos casos en que partimos de concepciones contrapuestas.

Tappin
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Sr. Langen por la presentación de sus informes.
Apenas hay desacuerdo entre el Grupo Socialista y el Grupo PPE. Ahora bien, nuestro Grupo se ha encontrado en una situación embarazosa a causa de la diferencia de opinión que hemos manifestado, como indica la votación en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial sobre las Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE, en relación con las cuales votamos a favor de la transparencia, y sobre la Directiva 93/38/CEE, respecto de la cual votamos en otro sentido. Esto nos ha colocado en una situación dificultosa. Como ha dicho el Sr. Langen, he procurado llegar a una fórmula de transacción con él. He presentado una enmienda que espero consiga lo apetecido, e insto a los colegas de este Parlamento a que la apoyen.
La razón de que haya presentado la enmienda es que, durante el primer debate sobre el informe Langen, el texto de la Comisión pedía que se prohibiera todo diálogo técnico entre una entidad contratante y cualquiera que tuviera la intención de licitar para obtener el contrato en una fase ulterior. Esto significaba que todas las empresas principales tenían que excluirse del proceso de revisión si tenían la intención de participar en la licitación. Esto era totalmente contrario a las buenas prácticas comerciales y hubiera asfixiado todas las posibilidades de innovar.
Sin embargo, hemos estado al corriente en todo momento de los problemas que podrían plantearse si se tolerase el diálogo. Giorgos Katiforis los recalcó claramente cuando habló del diálogo técnico que se estaba utilizando para fijar normas imposibles, así como de la imposibilidad de hacer algo sobre el particular debido a que todo parecía estar envuelto en un manto de secreto. Hay problemas de corrupción, y necesitamos instituir las salvaguardias indispensables.
Mi enmienda está destinada a ocuparse de los problemas del secreto y de la distorsión de la competencia sin dejar de prestar apoyo al principio de la innovación. Se ha presentado en relación con los informes de Langen y su parte expositiva. La enmienda se refiere concretamente al «asesoramiento que pueda ser utilizado para el establecimiento de las especificaciones correspondientes a un contrato determinado», es decir, fija claramente los parámetros para la licitación. Queremos que se publique el nombre de quien haya dado el asesoramiento, no el asesoramiento propiamente dicho. Todos pueden dar asesoramiento y, a pesar de ello, licitar para obtener el contrato, siempre que el asesoramiento que hayan dado no impida que otros puedan intervenir equitativamente en el concurso. Ese texto se parece lo más posible al de la Comisión, a fin de lograr que se utilice la misma interpretación de la forma de evitar la competencia. Si antes era posible pronunciar un dictamen jurídico que eludiese la competencia -y hay que partir del supuesto de que era posible, pues se trata de una posibilidad que ha formado parte de las directivas corrientes durante muchos años-, también tiene que seguir siendo posible ahora sin añadir tretas jurídicas a dichas directivas.
Quisiera recalcar que la segunda parte de mi enmienda menciona que las autoridades adjudicadoras publicarán, junto con la licitación, los nombres de las empresas o personas que hayan prestado asesoramiento para la determinación de las especificaciones. Esto no significa que el asesor tenga que revelar la naturaleza del asesoramiento, pues se puede mantener el secreto técnico; lo único que significa es que se ha prestado asesoramiento. De esta manera se podrá luchar hasta cierto punto contra el elemento de secreto. La publicación será efectuada por la autoridad que desea efectuar la adquisición en el momento en que publique la licitación, de forma que no se agravará el aspecto burocrático de la cuestión. Como son las autoridades contratantes las que han de efectuar la publicación, tampoco quedará afectada la competencia internacional; obsérvese que los Estados Unidos ya han establecido la obligación de transparencia, que los licitadores de la Unión Europea tienen que respetar.
Estos contratos públicos involucran al 11 % del PIB de la Unión Europea, o sea unos 720 millones de ecus abonados por los contribuyentes de la Unión Europea. Después de la primera lectura del informe Langen, el Financial Times de 31 de enero de 1996 acusó al Parlamento Europeo de que era el perrito faldero de los grupos de presión industriales. En aquellos momentos lo negué resueltamente. Ahora debo decir con tristeza que si los colegas votan en contra de esta enmienda, que está destinada a conseguir que haya honradez, apertura y transparencia, les va a resultar dificilísimo refutar aquellas alegaciones. En aras de la armonía, insto a todos los diputados del Parlamento Europeo a que apoyen mi enmienda de los dos informes.

Porto
Señor Presidente, comienzo felicitando al Sr. Langen por sus informes, que sitúan los problemas en la perspectiva correcta, y expresando mi concordancia con el sentido de las enmiendas propuestas, pues no se ha ido más allá de las adaptaciones indispensables a la satisfacción de los compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio. Por su importe, equivalente en la Unión Europea a 720.000 millones de ecus, cerca del 11, 5 % de las compras totales, lo que equivale al conjunto de los PIB de España, Bélgica y Dinamarca, las compras públicas justificaban perfectamente la preocupación y la intervención de nuestras autoridades, pues no se puede aceptar que hace aún poco tiempo se hicieran el 2 % de los contratos con empresas extranjeras.
Ya se pueden señalar los resultados conseguidos con las directivas entretanto aprobadas y en vigor, pues el número de concursos públicos anunciados en el «Diario Oficial» aumentó de 12.000 en 1995 a 95.000 en 1997. Y el porcentaje de compras en empresas extranjeras ascendió a más del doble, por lo que el abastecimiento de las entidades públicas ha pasado a hacerse en las condiciones más favorables, aunque en el extranjero, con lo que resultan beneficiadas, así, la calidad y el precio de los servicios prestados a nuestros ciudadanos.
En esa línea, es deseable, a su vez, que se extienda la ampliación del mercado a terceros países, como se acordó entre 22 de los países participantes en la reunión de Marraqués, por lo que ahora ha de hacerse la adaptación indispensable de las directivas comunitarias. Pero considero que en modo alguno es exigible que vaya más allá de una posición minimalista hasta que en terceros países se dé la misma apertura de los mercados y una garantía idéntica en el cumplimiento de las normas establecidas.
Incluso en un país como los Estados Unidos de América sigue siendo mayoría la compartimentación de los concursos sin un «Diario Oficial» que los publique en todo su espacio geográfico y no hay una instancia común, correspondiente a nuestra Comisión o a nuestros Tribunales de Luxemburgo, que vele uniformemente por el cumplimiento de las normas en los diversos escalones de intervención nacional, estatal o local.
Con una posición de exigencia legítima, defendemos, naturalmente, los intereses de nuestros agentes económicos. Pero defendemos simultáneamente los intereses de los ciudadanos de terceros países, que se beneficiarán sensiblemente de las compras de productos y servicios europeos, en muchos casos proporcionados en condiciones más favorables en calidad y precio, como se comprueba ya en el momento presente con el éxito mundial de tantas empresas de la Unión, pese a las dificultades que han de superar.

Giansily
Señor Presidente, en 1995/1996 el Parlamento ya expresó sus reservas en cuanto a las disposiciones relativas al diálogo sobre las especificaciones técnicas y las modificaciones que hay que aportar a los modelos de licitaciones -se trataba de los anexos núms. 12 a 15 de la directiva- al estimar, como numerosos expertos, que algunos aspectos de la propuesta de directiva tendrían por efecto frenar masivamente el progreso tecnológico y perjudicar considerablemente la competitividad de la industria europea. En noviembre de 1996, después de un rechazo del Parlamento, la Comisión presentaba una propuesta modificada de esta directiva 93/98.
En lo referente a los dos informes del Sr. Langen, nuestro Grupo es globalmente favorable a la posición defendida por el ponente. Sin embargo, expresamos dos reservas en el marco de la inminente votación. En el segundo informe del Sr. Langen nuestro Grupo no puede aceptar el nuevo considerando propuesto por el Sr. Tappin que, de aprobarse, sería muy peligroso para las empresas europeas. En efecto, la publicación de informaciones respecto a una idea innovadora de una empresa europea, pequeña o grande, que quisiera probarla en el marco de un diálogo técnico con una industria de redes, no es aceptable para esta empresa. Esto equivaldría a facilitar elementos a los competidores y a desanimar el dinamismo técnico; de este modo, competidores de países terceros entre otros, podrían recoger las ideas innovadoras de las PYME europeas. Sin embargo, en los Estados Unidos y en Japón, no está prevista ninguna publicación y las industrias de las redes dialogan libremente con sus suministradores nacionales para establecer especificaciones técnicas.
EL Parlamento Europeo con su postura no debe comprometer sus capacidades de innovación europeas y hacerle el juego a los países terceros y, sobre todo, a los Estados Unidos, en detrimento de la industria europea.
Por último, las enmiendas núms. 3, 4 y 5 de la Comisión Económica introducen una distinción entre empresas públicas y privadas; si bien es cierto que las primeras están sometidas a una obligación por ser las únicas afectadas por el acuerdo OMC-GATT, es igualmente cierto, en cambio, que el artículo 222 del Tratado prevé expresamente la igualdad de trato y que debe ser, a nuestro modo de ver, mantenida entre las empresas públicas y las empresas privadas.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, en primer lugar quisiera, en nombre de la Comisión y en el mío propio, dar las gracias al Sr. Langen por su informe y por su esfuerzo, verdaderamente digno de encomio, de aproximación de las posiciones. Como el Parlamento Europeo habrá observado, las propuestas modificadas presentadas por la Comisión y por el Consejo mediante la posición común, tienen en cuenta en gran medida las peticiones del Parlamento. Yo deseo a mi vez, señor Lange, expresar mi reconocimiento a usted y al Parlamento por el espíritu de colaboración que ha caracterizado esta fase.
Dicho esto, subsisten aún algunas divergencias entre la posición común y las enmiendas propuestas: algunas propuestas pueden aceptarse, otras, en cambio, cuestionan la estructura y la ratio de la normativa comunitaria y, por lo tanto, no pueden ser acogidas por la Comisión; otras propuestas, finalmente, parecen demasiado divergentes entre sí para que la Comisión pueda adherirse a ellas.
La Comisión se ha esforzado constantemente por conferir a la normativa comunitaria sobre los contratos públicos credibilidad y coherencia, requisitos indispensables para su correcta comprensión y aplicación. Por eso esperamos que el Parlamento Europeo vuelva a examinar, a la luz de las razones de fondo y de las ideas en las que se basa la posición de la Comisión, algunas de las enmiendas propuestas.
En líneas generales diré ahora lo que piensa la Comisión sobre varias enmiendas. La Comisión acoge la enmienda nº 3 a las llamadas directivas tradicionales sobre obras, suministros y servicios, relativa a la inclusión del Ministerio alemán de Transportes en la lista de las administraciones adjudicadoras. Asimismo, la Comisión podría acoger favorablemente la enmienda nº 2 de ambos informes, con la que el Parlamento, mediante la inclusión de un considerando en las directivas, se propone favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos poniendo a su disposición medios adecuados de formación y de información. No obstante, podríamos preguntarnos si un considerando, incluido en las directivas sobre contratos públicos y sacado del contexto normativo de las propias directivas, es el instrumento más apropiado y más eficaz para alcanzar el legítimo objetivo perseguido, objetivo que la Comisión ha explicado ampliamente en su Libro Verde sobre los contratos públicos, sugiriendo pistas de reflexión y propuestas concretas.
En materia de informaciones que se han de dar a las empresas, la Comisión no puede acoger las enmiendas núms. 3 y 4 a la directiva nº 93/38 sobre los «sectores especiales», enmiendas que consisten en limitar únicamente a las entidades adjudicadoras públicas la obligación de dar informaciones esenciales como las relativas a la decisión de adjudicación, a las razones del rechazo de una oferta, a las ventajas y a las características de la oferta seleccionada, etcétera.
Al adoptar la directiva «sectores especiales» y al ampliar su aplicación no sólo a las entidades adjudicadoras públicas sino también a las que, aun no siéndolo, operan en virtud de derechos especiales o exclusivos que les ha concedido la autoridad pública, el legislador comunitario, es decir, el Consejo, en cooperación con el Parlamento Europeo, ha querido tratar del mismo modo a estas dos categorías de entidades poniendo fin así a un debate que ha durado más de treinta años. Al instaurar tal igualdad de trato, el legislador comunitario ha evitado que se crearan, por una parte, discriminaciones entre Estados miembros, según que el mismo sector sea gestionado en algunos Estados por entidades públicas, en otros por entidades no públicas pero que operan sobre la base de derechos especiales o exclusivos, y, por otra, discriminaciones y las consiguientes distorsiones de competencia entre sectores sometidos a la directiva o entre entidades que operan dentro del mismo sector.
Las enmiendas de que se trata, que, repito, se refieren a una disposición fundamental, ciertamente no accesoria, rompen el equilibrio deseado por el legislador comunitario y violan el principio de la par conditio establecido por la directiva.
Lo mismo hay que decir por lo que respecta a la obligación de dar datos estadísticos a la Comisión, objeto de la enmienda nº 5 a la directiva «sectores especiales».
Consideraciones más pormenorizadas pero, sin embargo, breves deben hacerse sobre la cuestión del diálogo técnico, para el que tenemos dos propuestas de enmiendas, aparentemente opuestas entre sí: con la enmienda nº 1 se propone la supresión del considerando de la propuesta de directiva «sectores especiales», que recuerda que el diálogo técnico no puede, con arreglo a las directivas vigentes, obstaculizar la competencia; con la enmienda nº 6 a la misma directiva «sectores especiales» y en dos variantes muy similares -las enmiendas núms.1 y 4 a las directivas tradicionales- se propone, en cambio, la introducción de un nuevo considerando que establece los límites del recurso al diálogo técnico e introduce una norma de transparencia que ciertamente no está desprovista de efecto, es decir, la obligación de hacer público el interés comercial que las empresas que han dado un dictamen técnico tienen en el contrato de que se trata.
Se trata, repito, de propuestas de enmienda disonantes entre sí, disonancia que no puede explicarse por las también indiscutibles diferencias que existen entre las directivas vigentes por lo que se refiere a los sectores regulados.
Recordaré que el texto de la propuesta inicial de la Comisión era bastante similar al del considerando que ahora propone el Parlamento, con excepción de la norma de publicidad que el texto de la Comisión no establecía, limitándose a reproducir la disposición análoga del ACP.
Con el fin de tener en cuenta, entre otras cosas, las reservas expresadas por el Parlamento Europeo sobre la rigidez de la disposición de que se trata, la Comisión atenuaba la formulación y el alcance de dicha disposición transformándola en un considerando que se limita a recordar que la obligación impuesta en la materia se deriva directamente de las directivas y del Tratado y que, por lo tanto, no necesita una disposición específica.
He recordado brevemente cómo hemos llegado al considerando de la posición común. ¿Por qué lo he hecho? Para poner de relieve que este último representa un punto medio, equidistante de las dos propuestas de enmienda del Parlamento, una especie de anticipada y no buscada solución conciliadora de las mismas. En suma, si se me permite, diría que in medio stat virtus .
La solución propuesta por la posición común presenta, además, una ventaja más: la uniformidad del texto, igual para las cuatro directivas, de conformidad con el citado principio de coherencia que las diferencias existentes entre las directivas mismas no pueden menoscabar. Por eso pido al Parlamento Europeo que siga, por razones de equilibrio y de coherencia, la propuesta de la Comisión y del Consejo con respecto al diálogo técnico.
Quisiera hacer una última observación: dentro de la Comunidad, y aquí me refiero a las preocupaciones que me parece haber comprendido en la intervención del Sr. Porto, el ACP crea derechos a favor de los contratistas y prestadores de servicios establecidos en los terceros países adherentes al acuerdo -el Canadá, Corea del Sur, los Estados Unidos, Israel, el Japón, Noruega y Suiza-, derechos que encuentran su origen exclusivo en el ACP y no también en las directivas sobre los contratos públicos. Por eso, las directivas no conceden a las empresas de los terceros países ningún nuevo derecho, ni, por otra parte, las privan de aquéllos de los que ya disponen en virtud del ACP.
Por otro lado, las directivas sobre los contratos públicos se ocupan exclusivamente de regular las relaciones entre administraciones adjudicadoras y empresas de la Unión Europea. Obviamente, estas relaciones no son modificadas por el ACP. Se sostiene que algunos terceros países signatarios del ACP no garantizan su total y correcta aplicación. Así, se dice que el Canadá no tiene intención de cumplir con la obligación de someter al acuerdo a sus autoridades descentralizadas, mientras que los Estados Unidos, por su parte, han decidido no modificar su legislación. Estas acusaciones, en caso de que estén confirmadas por investigaciones o por recursos, deben ser afrontadas con los instrumentos de tutela previstos en el propio ACP y en la Organización Mundial del Comercio y no, en cambio, en el ámbito de los procedimientos de modificación de las directivas, que, lo reitero, no regulan las relaciones entre la Comunidad y los terceros países.
Concluyo, señor Presidente, después de que se ha hablado tanto de diálogo técnico, expresando una vez más mi aprecio al Sr. Langen, al Sr. Tappin y a todos sus colegas por la calidad del no siempre fácil diálogo político de colaboración que sobre este tema hemos tenido.

Langen
Señor Comisario, permítame añadir dos observaciones a propósito de nuestras propuestas relativas a la Directiva sectorial, en cuanto a las obligaciones estadísticas, a la obligación de comunicar a los licitadores si su oferta ha sido rechazada o aceptada y al cumplimiento de los plazos, que sólo deben aplicarse a los adjudicadores públicos. Esta enmienda fue aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial por una amplia mayoría porque tenemos el convencimiento de que esta parte -los contratos públicos- es la que contempla el Acuerdo de Contratación Pública (ACP). Este equilibrio artificial que se establece en la Directiva sectorial hace tiempo que ha quedado superado por las decisiones que de hecho han adoptado la Comisión y el Parlamento y también por el desarrollo de los acontecimientos en Europa, y nuestro propósito es limitarnos sólo a la parte reguladora, sin que por ello llegue a producirse la alteración del equilibrio que ustedes temen.
Yo creo que esto no puede ser un impedimento demasiado serio y, por consiguiente, yo pido una vez más a la Comisión que reconsidere de nuevo su propuesta antes de la votación de mañana.
La segundo observación se refiere al diálogo técnico. Tiene usted razón: el Parlamento adoptó en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial decisiones distintas en el caso de la Directiva general y de la Directiva sectorial, ambas por una estrecha mayoría. La propuesta del colega Tappis intenta buscar una solución intermedia entre estas dos posiciones contrapuestas. Mañana podremos comprobar si esta solución cuenta con un respaldo mayoritario. No obstante, es evidente que ambas posiciones no pueden obtener a la vez un voto mayoritario, puesto que son mutuamente excluyentes. En este sentido, usted ha señalado con razón que las enmiendas presentadas no son coherentes. Pero éstas son el resultado del proceso de formación de opinión en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y mañana obtendremos un resultado más claro.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Obstáculos para la movilidad transnacional
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0148/97) de la Sra. Todini, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, sobre el Libro Verde de la Comisión (COM(96)0462 - C4-0580/96) «Educación-Formación-Investigación: los obstáculos para la movilidad transnacional».

Todini
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, el informe que tengo el honor de presentar contiene el mensaje que deseamos transmitir a la Conferencia que a partir de mañana se celebrará en Maastricht precisamente sobre el tema que se está debatiendo esta noche. Dicha Conferencia sacará las conclusiones sobre la base de las reacciones manifestadas por todos los Estados miembros y por sus coordinadores nacionales nombrados expresamente por las instituciones y por todas las demás partes interesadas en la materia. Nuestro mensaje consiste, en primer lugar, en el apoyo total a la iniciativa de la Comisión, que, tengo que decirlo, ha proporcionado un excelente trabajo analítico al proponer nueve líneas de actuación, y en el estímulo a completar este trabajo proporcionando propuestas realmente concretas para eliminar los obstáculos que impiden la movilidad de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, de los voluntarios y de los trabajadores en formación.
Nuestra comisión -la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación- pone de relieve el papel esencial de la movilidad para la construcción de una verdadera Europa de los ciudadanos. Uno de los medios más brillantes de que disponen los jóvenes, precisamente para adaptarse al mercado laboral europeo, consiste en darles la posibilidad real de participar en los programas de estudio de la Unión Europea. Por consiguiente, nosotros insistimos para que se reduzcan los obstáculos socioeconómicos a la movilidad, de manera que estos programas comunitarios ya no se destinen sólo a una elite específica -que es lo que, desgraciadamente, ocurre hoy- sino que sean verdaderamente accesibles también y sobre todo a los menos favorecidos y a los que todavía no han empezado los estudios superiores.
Todos nosotros conocemos los éxitos de los programas comunitarios, como por ejemplo el programa SÓCRATES y el programa LEONARDO. Sabemos, además, que en el futuro el obstáculo más difícil que habrá de superarse será el de la insuficiencia de la dotación financiera -no sólo en el futuro, ya que es un obstáculo real y actual-, insuficiencia financiera debida al número creciente de las demandas -lo que es realmente esperanzador-, pero, sobre todo, porque la opción de algunos Estados miembros no prevé un incremento del presupuesto comunitario en los próximos años. Los programas comunitarios han suscitado un notable interés y una esperanza para muchos jóvenes y, en su caso, el Consejo deberá asumir el riesgo de decepcionarlos si les niega los medios para hacer realidad estas esperanzas suyas.
Próximamente apoyaremos el programa de acción «Servicio voluntario europeo para los jóvenes», que, además, nuestra colega Nicole Fontaine defenderá con gran entusiasmo próximamente ante la Asamblea. También en este caso serán ciertamente necesarias algunas garantías para asegurar a todos los participantes la seguridad jurídica con respecto al derecho de residencia, de seguridad social y de fiscalidad.
Pedimos además la simplificación de la gestión de estos programas y de los procedimientos de presentación de los proyectos, así como la aceleración de la asignación de los fondos, dado que, más allá del problema de la escasez de los fondos, hay una dificultad en la asignación de los propios fondos.
Otro punto que nuestra comisión subraya firmemente es la necesidad de progresar en la aplicación del sistema de reconocimiento mutuo de los títulos, de las cualificaciones profesionales y de los períodos de prácticas. Apoyamos las recomendaciones y las exhortaciones de la Comisión por lo que respecta a la realización concreta de un espacio europeo de las cualificaciones profesionales, generalizando el denominado «sistema de transferencia de créditos académicos», inspirándose en el sistema realizado precisamente en el ámbito del programa SÓCRATES y, por lo tanto, ya experimentado.
Tengo que decir que verdaderamente son pocos los progresos realizados para comparar las cualificaciones profesionales, en la validación y en la certificación de las cualificaciones y de las competencias, adquiridas en el marco de la formación inicial o de la formación ofrecida en las empresas. Quisiéramos, pues, que se hicieran todos los esfuerzos posibles para proceder en la vía del reconocimiento mutuo de los módulos de formación y de los períodos de prácticas, en su caso también, mejor dicho, sobre todo mediante convenios claros y precisos reconocidos por todos los Estados miembros.
Por lo que se refiere a las becas de estudio, invitamos a los Estados miembros a suprimir la práctica de la territorialidad de las propias becas y a garantizar, en cambio, la transferencia de un joven que decida efectuar un período de formación en otro Estado miembro. Y una vez más, insisto especialmente en la necesidad de mejorar la difusión de la información sobre los programas comunitarios a favor de los jóvenes. Considero que este tipo de información debe ser descentralizada, a nivel local y regional, mediante estructuras similares a las bibliotecas o a las asociaciones de vecinos.
Por último, quisiera pedir la opinión de la Comisión sobre la propuesta a la que hacemos referencia en el punto 36, en la que pedimos que se cree un Comité de Coordinación para poder desarrollar lo que se ha propuesto en mi informe, tal y como se estableció en la reunión del Consejo de mayo de 1996.
Como conclusión, diré que han llegado seis enmiendas, que se han de considerar durante la votación que tendrá lugar mañana. De esas seis enmiendas estoy dispuesta a aceptar la enmienda nº 1, de los Sres. Dupuis y dell'Alba en nombre del Grupo ARE, por cuanto desde un punto de vista general pero suficientemente determinado hace que se ponga de manifiesto el problema de la comunicación lingüística, y la enmienda nº 6, del Sr. Monfils del Grupo Liberal, por cuanto la considero absolutamente de acuerdo con lo previsto en el propio informe.

Hermange
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar efusivamente a Luisa Todini por su excelente trabajo sobre el Libro Verde.
Quisiera también lamentar que este informe pase en este horario tan tardío de la velada, lo que muestra el poco interés que se le presta a la Europa de los seres humanos, pero, qué le vamos a hacer, algunos de nosotros lo tienen especialmente a gala y debo congratularme por la iniciativa de la Comisión y por la voluntad de la Comisaria Cresson de hacer avanzar a Europa y acercarla así a todos los ciudadanos.
Diré además que si bien el Libro Verde analiza la situación actual y las dificultades que se les plantean a los candidatos a la movilidad, propone vías de actuación que me parecen todavía demasiado abstractas y lejanas. Esta es la razón por la cual sostengo fervientemente la propuesta de la ponente de fijar un calendario vinculante y un comité de coordinación para que esta vía de actuación se concrete de manera efectiva en medidas rápidamente aplicables.
En calidad de ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, trataré sobre todo de presentar los aspectos sociales y humanos de la movilidad. Todavía subsisten numerosas lagunas en esta materia. Es inconcebible que los estudiantes que se desplazan por Europa no puedan estar cubiertos por un sistema coordinado de protección social. Este es el motivo por el cual nos proponemos ampliar el beneficio del Reglamento 1408/71 sobre seguridad social de los trabajadores migrantes a los estudiantes afiliados a un régimen nacional específico.
Asimismo, de qué modo se puede comprender hoy en día que un parado que intente abrirse camino en otro país europeo pierda sus prestaciones al cabo de tres meses. Así pues pedimos insistentemente que se revise el reglamento con el fin de garantizar el mantenimiento, pasados los tres meses, de las prestaciones percibidas por los desempleados que se desplazan por Europa en búsqueda de un empleo, o para formarse.
Por último, en materia de formación profesional, es absolutamente necesario un amplio programa europeo para permitir la movilidad de los aprendices y de los estudiantes en prácticas, así como el reconocimiento de su estatuto y el apoyo a las empresas, sobre todo las PYME, que los acogen.
Estas son tres propuestas concretas, señor Presidente, que deberían permitirnos que avanzara la Europa de los seres humanos y la Europa Social, a la que tan apegados están nuestros ciudadanos.

Heinisch
Señor Presidente, señor Comisario, promover la movilidad transfronteriza es uno de los objetivos centrales de la cooperación en el ámbito de la política educativa y de investigación en la Unión Europea. La posibilidad de cursar en otro Estado miembro partes substanciales de la formación es uno de los aspectos más importantes de la libre circulación en el interior de la Unión y uno de los más interesantes para los ciudadanos comunitarios. La integración europea y la Europa de los ciudadanos, la libre circulación y la competitividad internacional requieren que pueda ejercerse sin trabas un amplio grado de movilidad.
La transmisión de competencias europeas constituye, por otra parte, un criterio cada vez más importante para juzgar la calidad y el atractivo de la formación profesional, de la educación y de la investigación. Es necesario seguir promoviendo y ampliando con mayor ahínco la adquisición de cualificaciones europeas, de competencias lingüísticas, de conocimientos sobre los diversos sistemas políticos, jurídicos, sociales y económicos europeos, de una comprensión del modo de vida de nuestros vecinos europeos. Se requiere una mayor orientación de los sistemas nacionales hacia los procesos europeos, sin que haya injerencias en materia de subsidiariedad.
Sin embargo, lamentablemente, hoy como ayer, siguen subsistiendo obstáculos administrativos y políticos de todo tipo, que aparecen reflejados regularmente tanto en los trabajos de la Comisión de Cultura como en los de la Comisión de Peticiones. Las peticiones hacen patente que existe un número creciente de ciudadanos comunitarios que, por las razones que sea, desean hacer uso de su derecho a la libre circulación. Lamentablemente, muchos de ellos siguen topando con grandes obstáculos. Yo saludo, por lo tanto, la iniciativa de la Comisión Europea de promover, con la presentación del Libro Verde, un amplio debate con vistas a la superación de los obstáculos a la movilidad en el plano nacional y europeo.
Como ustedes comprenderán, no puedo detenerme ahora en todos los aspectos y sólo quisiera destacar algunos de ellos. En los últimos años y en los meses pasados hemos debatido ampliamente sobre el procedimiento de reconocimiento de los diplomas y certificados de cualificación y yo creo que ya se han emprendido varias acciones satisfactorias en este ámbito. No obstante, las abundantes peticiones indican que, particularmente en este aspecto, todavía se requieren nuevas actuaciones y mejoras. La falta de flexibilidad en el reconocimiento de los períodos de aprendizaje constituye con mucha diferencia, según mi experiencia, el obstáculo más importante para la movilidad. Por ello yo coincido con la ponente en que los Estados miembros deben adoptar medidas para mejorar la equiparación de los períodos de aprendizaje, mediante una mayor transparencia de los diplomas y de los contenidos de la formación.
También acojo con interés la sugerencia de que se establezca un estatuto comunitario del aprendiz. Yo creo que, con una definición adecuada, éste podría suponer un nuevo paso adelante en nuestros esfuerzos para apoyar una formación profesional cercana a la práctica y a las exigencias de la demanda.
Los planteamientos concretos de la Comisión requieren, por otra parte, mayor clarificación y debate. El Libro Verde no ofrece mayores precisiones sobre el concepto de aprendiz ni tampoco sobre los contenidos previstos de un posible estatuto del aprendiz. El estatuto jurídico de los aprendices debe definirse de manera que el aprendizaje constituya una alternativa atractiva a la formación superior y debe promoverse como tal. Es preciso subrayar que el principal objetivo del citado estatuto debe ser promover la movilidad y que la definición de aprendiz debe tomar en consideración el nivel de la formación dual plenamente acreditada en todos los Estados miembros, en Alemania y Austria, por ejemplo.
Una regulación europea no puede poner en ningún caso en entredicho dicho sistema de formación cercana a la empresa. El citado estatuto tampoco debe limitar, por otra parte, la autonomía de los Estados miembros por lo que respecta a la organización de los contenidos de la enseñanza. El programa en favor de la movilidad de los aprendices merece ser apoyado por principio, sobre todo porque permitirá reducir los desequilibrios entre las medidas en favor de la movilidad en el ámbito de la formación superior y en el ámbito de la formación profesional no académica.
Un requisito previo que debería cumplir un programa de estas características sería, en cualquier caso, que respete el marco fundamental de la formación profesional en los Estados miembros. Yo saludo asimismo la propuesta de crear un estatuto comunitario de los jóvenes en prácticas. Debe garantizarse su acceso a la movilidad en las mismas condiciones que los restantes ciudades de la Unión. En cualquier caso, el concepto de joven en prácticas no debe definirse en términos demasiado restringidos, a mi parecer, de modo que también permita el acceso a los programas de aquellos ciudadanos que quizás no son profesionales en prácticas en el sentido tradicional. Este es un aspecto que yo considero sumamente importante, sobre todo habida cuenta de la necesidad de una formación permanente, y es una gran satisfacción para mí que la Comisión de Cultura haya aceptado mi enmienda en ese sentido.
Antes de acabar, yo quisiera señalar un último aspecto, que a mi parecer debería ir indisolublemente asociado al debate sobre la movilidad en la era de la información, me refiero al uso de las modernas tecnologías de comunicación que permiten una nueva forma -virtual- de movilidad aun en los casos en los cuales no es posible una movilidad física. El aprendizaje y la aplicación de las tecnologías informáticas debe promoverse, por lo tanto, a partir de una edad muy temprana y de manera intensiva, preferiblemente desde la infancia.
Finalmente, yo quiero manifestar que apruebo tanto el proyecto de la Comisión como también el informe de la Sra. Todini y quiero agradecer el excelente trabajo que han realizado todas las personas que han participado en su elaboración.

Evans
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar a la ponente por su informe. Como dice en su explicación de motivos, éste es el tipo de Libro Verde que debería publicarse más a menudo. He aquí una opinión con la que coincido. Estimo que la Unión Europea, y antes que ella la Comunidad Europea, se han concentrado demasiado durante demasiado tiempo en cuestiones de dinero y de negocios. El mercado libre sólo ha sido un mercado libre por lo que se refiere a las mercancías y a los capitales. Este informe, cuando quede aprobado y se empiece a aplicar, contribuirá sobremanera, espero, a dar a conocer Europa a un número mayor de habitantes de la Unión Europea, particularmente los jóvenes.
Como la ponente ha recalcado, el informe contiene una gama completa de propuestas positivas. Quisiera destacar algunas que, en mi opinión, revisten particular importancia: la propuesta de que se preste apoyo a las personas con hijos para que puedan aprovechar las oportunidades de capacitación que se prestan en otros países; la necesidad de ampliar el derecho a las prestaciones de desempleo, cosa que también es importantísima para los que más lo necesitan; la necesidad de que los Estados miembros no hagan discriminaciones entre la capacitación recibida en un centro de su propio país y la recibida en otro país; toda la cuestión de la protección social; y, más importante quizá que todo lo anterior, el llamamiento que se hace en el apartado 29 en favor de prestar una contribución más decidida a la europeización de la educación, a fin de que la comunicación en lengua extranjera se inicie en el plano escolar en una fase mucho más temprana que la que actualmente se practica en mi propio país.
Todos los que tenemos una formación docente estamos absolutamente convencidos de que la educación es indispensable para superar la ignorancia y, además, para enfrentarse con los reales problemas del racismo y el nacionalismo, que llegarán a constituir un grave problema para la Unión Europea si no se les somete a control.
No estoy seguro de que este informe hubiera ayudado a un grupo de jóvenes de mi propia circuscripción de Londres que querían visitar mañana este Parlamento. Aunque todos los componentes del grupo eran estudiantes que estaban debidamente matriculados en el College of Northwest London en Wembley, a algunos no se les concedió visado para viajar a Francia y todo el grupo tuvo que prescindir de la visita a este Parlamento. Estoy indagando para enterarme exactamente de lo que ha sucedido, y espero que, si este informe no abarca el caso planteado, esa lamentable situación pueda resolverse de alguna otra manera.
Mi grupo se opondrá a las enmiendas 2 a 5. La historia ha demostrado una y otra vez que los esfuerzos encaminados a suprimir idiomas alimentan el desprecio. Estimo que también los esfuerzos encaminados a imponer idiomas serán causa de resentimientos. No me parece que el Esperanto sea la solución. Si el Esperanto fuera la solución, entonces esta cuestión hubiera sido una cuestión muy particular desde el principio. Me parece que deberíamos esforzarnos por prestar apoyo a los principales idiomas y, en todo caso, a los idiomas menos utilizados y a los idiomas que tengan una tradición histórica. Diré a este respecto que la enmienda 1 queda cubierta por el párrafo 29, al que ya he hecho mención.
Sea como fuere, este informe demuestra que sigue existiendo la necesidad de disponer de mayores inversiones financieras para la educación y la capacitación. Esto se desprende de la lectura del informe. Mi Grupo y yo recomendamos que se acepte este excelente informe. Una vez más, doy gracias a la ponente.

Vaz da Silva
Señor Presidente, la movilidad es una condición esencial para la realización efectiva del proyecto europeo. Los ciudadanos de Europa deben poder elegir su lugar de residencia, de trabajo y de formación: no sólo por preferencia personal, sino también para ampliar sus oportunidades de estudio y de empleo. Por otro lado, sólo con el intercambio de conocimientos y experiencias entre organizaciones de países grandes y pequeños, más o menos ricos, del Norte y del Sur, del centro y de las periferias, es como se forma un espíritu europeo.
Lo que hoy son casos aislados y programas experimentales de intercambios de jóvenes, estudiantes o aprendices, de investigadores o docentes, debe pasar a ser la regla dentro del espacio europeo. Con la posible integración de Schengen en el acervo comunitario, cuya realziación está ahora inesperadamente más próxima, tendremos, por fin, la libre circulación de bienes y personas que caracteriza a un auténtico espacio europeo sin fronteras.
Para un país como Portugal, la adquisición de experiencias en centros, laboratorios, universidades y empresas extranjeras, así como la acogida de nacionales de otros países europeos y la dinamización que ello representa, son parte esencial de su proyecto de integración europea.
Si la integración y la cohesión son objetivos básicos de la Unión, la movilidad es uno de sus instrumentos preferentes. Hay tres grupos a los que el problema de la movilidad afecta con particular intensidad. El de los jóvenes: estudiantes, cursillistas o voluntarios; el de los investigadores y becarios universitarios y el de los desempleados. ¿Qué problemas afrontan esos grupos de ciudadanos? Dificultades de reconocimiento y de convalidación de títulos, problemas de seguridad social, problemas de fiscalidad y -last but not least - problemas de preparación lingüística.
Hace años se advirtieron todas esas dificultades, pero no hay medio de verlas resueltas. ¿Por qué? Por falta de voluntad política de los Estados. Nada justifica la prolongación de situaciones absurdas como la de los jóvenes voluntarios que tienen que pagar impuestos por su subsidio de manutención o la de los investigadores que desisten de un proyecto por razones de imposición fiscal o de los desempleados en busca de trabajo obligados a regresar al cabo de tres meses y tantas y tantas otras situaciones...
En diversas ocasiones abordó el Parlamento los obstáculos a la movilidad desde diferentes puntos de vista. Aún ahora, además de este excelente informe de la Sra. Todini acerca del Libro Verde sobre la educación, la formación y la investigación, hace poco votamos, en la Comisión de Cultura, el informe Fontaine sobre el reconocimiento de títulos de enseñanza superior. Pero sin una decidida voluntad política de los Estados miembros en conjunto de eliminar las dificultades, los documentos de la Comisión y del Parlamento seguirán siendo letra muerta. Las nuevas generaciones no dejarán de pedirnos responsabilidades, si así sucede.

Ryynänen
Señor Presidente, señor Comisario, tanto el Libro Verde de la Comisión como el informe de la señora Todini hacen un espléndido análisis de los obstáculos y los retos para la movilidad transnacional en los sectores de la educación y la investigación. Hoy en día disponemos ya de la suficiente información y conocimiento acerca de la situación. Las propuestas que se han presentado deberán finalmente llevarse a cabo con ayuda de un determinado calendario y del comité de coordinación de los Estados miembros, si bien aún quedan por corregir numerosos defectos.
Ante todo se debe establecer un estatuto jurídico claro y lo suficientemente amplio para los aprendices y los voluntarios. Se debe garantizar la seguridad social de todo participante en los programas de formación, lo cual implica que hay que proceder a armonizar los distintos regímenes a este respecto. La tutela de los niños o el trabajo de media jornada no deberían convertirse en obstáculos para la participación. Es igualmente importante fomentar las posibilidades de los participantes en programas de formación concertados para tomar parte en intercambios internacionales. Se deben simplificar los procedimientos de solicitud y agilizar los costes de inscripción. Además resulta indispensable proporcionar una mayor información. Se debe garantizar a los jóvenes, independientemente de su lugar de residencia, la igualdad de oportunidades a la hora de obtener información y acceder a los proyectos de la UE en materia de formación. Esto último requiere la regionalización de la información y la creación de una red global de servicios.
Sin embargo, la cuestión que precisa mejoras más acuciantes es el presupuesto de los programas de formación. Ni siquiera el resto de medidas juntas tendría repercusión alguna si no se incrementara la financiación de los programas para responder mejor a los objetivos que se han marcado. En la actualidad los programas son causa de numerosas decepciones puesto que, por ejemplo, el presupuesto actual del programa Sócrates es absolutamente insuficiente en relación con la cantidad de solicitudes y el nivel necesario de las ayudas. Ni el entorno social ni el económico deberían resultar decisivos de cara a la participación en los programas.
Los programas de educación y aprendizaje de la Unión Europea representan un instrumento excepcional para instituir el entendimiento mutuo, la tolerancia y, consiguientemente, la seguridad. Por tal motivo, los Estados miembros deberían comprometerse a promover estos programas también en las decisiones en materia presupuestaria del Consejo. La supresión de los obstáculos con que se enfrenta el intercambio de estudiantes e investigadores repercutirá en beneficio de todos.

Ripa di Meana
Señor Presidente, compartimos la apreciación del Libro Verde de la Comisión contenida en el excelente informe de la Sra. Todini, sobre todo por lo que respecta a la propuesta de la Comisión de crear un espacio europeo de las cualificaciones. La Sra. Todini quizás hubiera podido criticar con más fuerza, en su propuesta de resolución, la insuficiente acción de la Comisión por lo que se refiere a la elaboración comparativa de las cualificaciones profesionales, en la que se basan todas las hipótesis de movilidad. Se trata de un desafío que concierne a un número cada vez mayor de jóvenes: basta con observar el número de estudiantes que han recurrido al programa Erasmus para completar sus estudios en otro Estado miembro en los últimos años para comprender que este deseo de movilidad, este deseo de ser verdaderamente ciudadanos europeos, merece una especial atención por parte de los Estados miembros y de nuestras instituciones europeas.
Estamos de acuerdo con la ponente cuando centra la atención en la formación y la movilidad de los jóvenes procedentes de medios menos favorecidos, de los que no van a cursar estudios superiores, de las personas mayores, de los minusválidos y de las personas con hijos a su cargo. Pero tenemos que constatar que se interponen todavía problemas administrativos y políticos de todo tipo, como prueban los trabajos de la Comisión de Peticiones.
Pongo aquí el ejemplo de los lectores de lengua extranjera en las universidades de los Estados miembros, y en Italia en particular. La petición de la ponente de que se elabore un estudio comparativo sobre las condiciones de trabajo de esta categoría para eliminar posibles discriminaciones y garantizar una verdadera movilidad nos parece extremadamente urgente e importante.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, el Libro Verde propuesto por la Comisión es un elemento importante en la elaboración de una política europea de educación, tal como la ha definido el artículo 126 del Tratado. Y quisiera felicitar a nuestra ponente, Sra. Todini, por la calidad de su trabajo.
Este informe es una excelente síntesis de los obstáculos que hay que superar imperativamente si queremos progresar en la vía de la movilidad de los estudiantes, de sus profesores y de los investigadores. Hemos visto tantas veces cómo se denunciaban estos obstáculos, que a veces me pregunto si llegaremos un día a ser escuchados, pues siempre persisten las mismas dificultades.
La Comisión detecta nueve obstáculos principales. Por mi parte veo tres especialmente importantes. Sin duda, no desconozco los problemas de estatuto y de cobertura social de las personas que se desplazan, pero me gustaría volver al problema de los jóvenes desfavorecidos o sin cualificación. Creo que la movilidad también debe interesarles y que hay que encontrar la manera de vincularlos a todos los programas europeos relacionados con la educación y la juventud.
Es cierto que el problema de las cualificaciones es un asunto de máxima importancia y que hay que darles imperativamente un estatuto europeo a los aprendices. El modelo del sistema de aprendizaje gremial me parece, en este sentido, un ejemplo a seguir. Por otra parte, independientemente del mecanismo de reconocimiento de las formaciones, es importante favorecer la elaboración de módulos comunes de enseñanza. En definitiva, cuando la Unión Europea se está abriendo a otros horizontes conviene dotar de nuevas perspectivas a esta movilidad. Los países de la Europa central y oriental candidatos a la adhesión participarán muy pronto en los programas Sócrates, Juventud por Europa y Leonardo, abriendo así la vía a numerosas cooperaciones. Dicho esto, Señorías, más allá de las buenas intenciones conviene no obstante subrayar la debilidad de los medios presupuestarios de que disponemos. Ahora bien, en esta Unión Europea, que cuenta con cerca de 120 millones de jóvenes con menos de 18 años, apenas un millón de ellos podrán beneficiarse de alguno de estos programas. Desgraciadamente también tenemos que tener presente esta realidad.

Elchlepp
Yo quiero dar las gracias a la Sra. Todini por su fundamentado informe. La movilidad transfronteriza constituye, de hecho, un tema vital para continuar la construcción de una Europa unida, que en última instancia depende de la comprensión y el entendimiento entre sus ciudadanos y cada vez más -por lo que respecta al trabajo y la formación- de la disponibilidad a la movilidad de los jóvenes. En efecto, promover la movilidad también es una política de empleo. Este es un aspecto que debe recibir mayor reconocimiento y que no sólo es válido para las regiones fronterizas de Europa.
Desde luego resulta curioso tener que constatar en estos momentos que la circulación de mercancías y de capitales se desarrolla con menos problemas que la movilidad de las personas en Europa. Yo veo también en este ámbito el riesgo, que ya se ha manifestado, de que como resultado de una asignación unilateral de las oportunidades de intercambio, por ejemplo para los jóvenes en el ámbito de la formación profesional, resurja, precisamente a través de las actividades europeas, la desigualdad de oportunidades en la educación que habíamos desmantelado en buena parte en las últimas décadas. Cuando se constata que menos de un 1 % de los jóvenes que realizan estudios de formación profesional fuera de los centros de formación superior participan actualmente en programas de intercambio o que, como ya se ha señalado, algunos jóvenes estudiantes quedan excluidos, en la práctica, porque el importe de las becas ERASMUS exige una mayor disponibilidad de dinero para gastos personales o porque en algunos países las becas no pueden transferirse al extranjero.
Aunque abogamos por un mercado de trabajo europeo, sin embargo no ofrecemos a los parados la oportunidad de mejorar sus posibilidades de colocación completando su formación lingüística en el país vecino. Lo cierto es que necesitamos regulaciones comunitarias en materia de libre circulación y que se abandone el principio de territorialidad.
También es muy indignante que -más allá de estos obstáculos jurídicos- en muchos servicios administrativos europeos siga prevaleciendo una resistencia oculta contra la libre circulación. Como también es indignante que, como ha podido comprobarse hace poco, se impongan cortapisas a los estudiantes obligándoles a esperar para obtener el permiso de residencia, o que el reconocimiento mutuo de los períodos de aprendizaje con vistas al acceso a las profesiones reglamentadas en los Estados comunitarios se esté retrasando en parte o se rechace directamente por egoístas razones proteccionistas. Yo espero que lograremos avanzar y alcanzar algunas mejoras en este aspecto.
Sin embargo, también espero que los propios Estados miembros mejoren la orientación europea de sus sistemas educativos sin confiar más de la cuenta en las actividades de la Comisión para la europeización de los planes de estudio. Lo cual incluye, sobre todo, la mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras.
Para finalizar, yo quiero presentar la urgente petición de que en el Presupuesto comunitario se incrementen en el futuro los fondos disponibles para programas de intercambio. La cuestión que se plantea es si los intercambios que promovemos deben seguir siendo un proyecto piloto o si deben llegar a convertirse un día en una oferta regular más amplia. Sólo basta recordar que en estos momentos se destina menos dinero al programa SÓCRATES que a las ayudas al cultivo del tabaco en Europa, por exponerlo en términos muy crudos.
Yo pienso que es concebible que en el futuro también puedan emplearse los fondos estructurales, desde la perspectiva de la política de empleo, para financiar programas de intercambio, con objeto de ofrecer en la medida de lo posible una oportunidad equitativa a todos los estudiantes y jóvenes en formación que no pueden contar con la ayuda paterna para realizar un período de formación en el extranjero. Con este objeto, debería incrementarse el importe de las ayudas de los programas de formación de manera que cubran las necesidades.
Como última consideración, pero no por ello menos importante, yo les ruego que tengan presente que debemos mejorar considerablemente la información sobre las ayudas destinadas a promover la movilidad en Europa y establecer una estructura de intermediarios en el ámbito local bastante más adecuada, sobre todo en las empresas. Como se ha observado acertadamente, aunque los programas no pueden atender todas las peticiones, muchas personas en Europa los desconocen por completo.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, la eliminación de obstáculos en el camino de la libre circulación de las personas es uno de objetivos básicos de la construcción europea que ya se determinó en el Tratado de Roma. Sin embargo, en el camino de la libre circulación se presentan tantos obstáculos que me gustaría saber si en realidad existe esa libre circulación. No siempre se acepta a los estudiantes, investigadores y profesores que desean desarrollar su actividad en otro país de la UE en el marco de programas de intercambio. Por otro lado, tampoco hay personas dispuestas a ir a cualquier país.
Es imprescindible fomentar el aprendizaje de lenguas. La idea de hacer hincapié en el estudio de las lenguas minoritarias reviste gran importancia, ya que contribuirá, por ejemplo, a lograr que el intercambio se dirija a todos los países. Sin embargo, en la enseñanza de grado medio es imposible conseguir un nivel excelente de conocimiento de dos lenguas extranjeras. Deben tenerse en cuenta, por ejemplo, las diferencias individuales y las diferentes posibilidades de la enseñanza.
En mi opinión, también debe intentar solucionarse de manera permanente los problemas existentes en el sistema fiscal y en la protección social. En particular, la práctica fiscal en lo que se refiere a la imposición directa sobre los investigadores difiere considerablemente de unos países a otros y puede dar lugar a situaciones en las que el elevado nivel impositivo obstaculice directamente la movilidad hacia un determinado país. Difícilmente, tampoco la negativa a satisfacer la indemnización por desempleo en otro país europeo a una persona que realiza estudios por un periodo superior a tres meses contribuye a incrementar el interés por desplazarse al extranjero.
En este momento no se puede hablar en modo alguno de equivalencia o de reconocimiento de diplomas académicos o profesionales. Espero que la Comisión adopte medidas reales para solucionar este tema. Tampoco se reconoce en todos los países el trabajo voluntario, que está estrechamente ligado a estos programas de intercambio.
Desearía saber además si los recursos presupuestarios son suficientes. Los programas de intercambio, que aumentan constantemente y despiertan cada vez más interés, no tienen capacidad para cubrir los gastos de los participantes en los programas, lo cual ocasiona una desigualdad social. Por lo tanto, no todos los estudiantes tienen la posibilidad de participar en las actividades que contribuyen a aumentar la internacionalización. Por lo que respecta al incremento de los créditos, quiero señalar también que me gustaría ver a los países bálticos dentro del ámbito de los programas de intercambio. Dado que el capital humano es el gran recurso de la Comunidad Europea, hay que hacer todo lo posible por aumentar el aprovechamiento eficaz del mismo.

Dupuis
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, la colega Todini; creo que se trata de un buen informe, que afronta problemas muy importantes de los que se ha hablado mucho esta noche: las cualificaciones, los títulos, las lenguas extranjeras. Pero creo que existe un enorme rechazo psicológico que la ponente ha tratado de colmar aceptando una de las enmiendas presentadas, pero no creo que esto baste.
Este rechazo se refiere a la comunicación lingüística. En una Unión Europea que cuenta hoy con 15 miembros y 11 lenguas, y que mañana contará con 25 miembros y 20 lenguas, no creo que se pueda seguir fingiendo que no existe un problema lingüístico y de comunicación lingüística; sin embargo, todos los días en este Parlamento nos encontramos con problemas de traducción, como por ejemplo, esta tarde, con la cabina inglesa que ha «saltado». Nosotros formamos parte de un mundo reducido, que representa menos del 1 % de la Unión Europea, que habla una segunda lengua y que tiene la capacidad de comprender otra, pero es un pequeño mundo cerrado que no se da cuenta de que para el 99 % de la población de la Unión el problema de la comunicación lingüística -cuando se cambia de país y se va al extranjero, cuando se hace turismo o se busca trabajo o en tantas otras situaciones- constituye un problema fundamental.
Creo, pues, que ya no podemos cerrar los ojos ante este problema, sino que tenemos que afrontar la perspectiva de ofrecer a todos los ciudadanos, y no sólo a ese porcentaje que puede ir a Oxford o a Harvard a estudiar una lengua extranjera, la posibilidad de tener una misma lengua de comunicación. Se trata de un tabú que se ha de romper; digo tabú porque al concepto de lengua neutral de comunicación se asocia el nombre de esperanto, un viejo invento que no tiene buena prensa, pero que, sin embargo, probablemente constituye el único modo, para una Unión de 25 miembros con 20 lenguas distintas, de dar a todos y, por lo tanto, a los menos favorecidos, a los que no tienen los medios para irse a los Estados Unidos o a las mejores universidades extranjeras, la posibilidad de comunicar con los demás ciudadanos de la Unión.

Monti
Gracias, Presidente. Nos alegramos de la importancia concedida al Libro Verde por el Parlamento y deseo dar las gracias a las distintas comisiones por su contribución, especialmente a los ponentes, la Sra. Todini, el Sr. Desama y las Sras. Hermange y Heinisch. Durante la consulta se ha recogido un número considerable de reacciones y de contribuciones, cuya calidad permitirá a la Comisión definir mejor el objetivo y las orientaciones de acción elaboradas por el Libro Verde.
Dicho procedimiento sirve de contrapunto a la conferencia que se inaugura mañana en Maastricht y que tiene que desempeñar un papel clave en la confirmación de los resultados obtenidos hasta ahora. Quisiera, una vez más, poner de relieve la importancia de la libre circulación de personas, en particular de una población que hasta ahora no se ha tomado bastante en consideración: los jóvenes en formación, los docentes, los desempleados que se están formando, los investigadores. Además, acerca del tema de las personas y de la libre circulación, quisiera decir que estoy muy de acuerdo con lo que han señalado algunos parlamentarios, es decir, que hoy está mucho más avanzada la libre circulación de capitales, de mercancías y de servicios. Quiero asegurar que en primer lugar en este ámbito del que hablamos esta noche, la Comisaria Cresson, pero con ella toda la Comisión -puedo atestiguarlo como Comisario para el mercado único-, pretenden colmar esta laguna; el plan de acción para el mercado único que la Comisión somete al Consejo Europeo de Amsterdam da gran énfasis e importancia a la libre circulación de personas, y la iniciativa de comunicación apoyada por el Parlamento Europeo «Citizens First» tiene por objeto fomentar el conocimiento para el ejercicio de esas posibilidades de movilidad que hoy ya existen.
Por lo que respecta a la contribución del Parlamento, quisiera poner de relieve la reacción extremadamente positiva de la Sra. Todini al inicio de su informe, donde, con mucha sensibilidad, insiste en el carácter concreto y operativo del Libro Verde. Es una reacción de la que me alegro en nombre de la Comisión y que representa un eco fiel del vivo interés suscitado por el Libro Verde en la Unión.
Cuatro temas principales guían la acción de la Comisión: el primero, mejorar las informaciones disponibles. A iniciativa del Sr. Elchlepp, el Parlamento llama la atención sobre la necesidad de mejorar la difusión de las informaciones sobre las posibilidades que ofrecen los programas comunitarios a los jóvenes que desean pasar un período de formación en el extranjero. En ese sentido se propone establecer estructuras intermedias a nivel local y regional para crear puntos de contacto apropiados para el mayor número posible de personas. A este respecto, el informe del Grupo Veil sobre la libre circulación de personas contiene una serie de propuestas relativas a la red Eures que la Comisión comparte sustancialmente y entre las que figura la consolidación de los vínculos entre la red y las demás iniciativas y programas comunitarios.
Con el propósito de aprovecharse de las estructuras preexistentes en vez de crear otras nuevas, la Comisión se propone examinar los instrumentos que han de aplicarse para una mejor coordinación de todas las redes que ya funcionan. Una mayor utilización de las nuevas tecnologías permitiría hacer las redes todavía más accesibles al público.
Segundo objetivo: reducir los obstáculos lingüísticos. La Comisión se congratula de que este objetivo -que ya recomendó en el Libro Blanco «Enseñar y aprender: hacia la sociedad cognitiva»- obtenga, en líneas generales, la opinión favorable del Parlamento. Tomamos nota de las reservas expresadas por el informe de la Sra. Hermange con respecto al objetivo de dominar dos lenguas comunitarias además de la lengua materna. Por otra parte, tomamos nota con interés del apoyo a la idea, ya expresada con motivo de los debates que se han sucedido sobre el Libro Blanco, de la adquisición de conocimientos pasivos de una tercera lengua comunitaria.
No obstante, hay que recordar que, en la actual formulación de los artículos 126 y 127, las posibilidades de acción de la Comunidad en el ámbito lingüístico se limitan sustancialmente a los programas comunitarios de educación y formación SÓCRATES y LEONARDO. La acción emprendida en ese contexto presenta, no obstante, un notable interés. En el ámbito, citado por la Sra. Todini, del aprendizaje precoz de una lengua extranjera en la escuela, por ejemplo, actualmente se están realizando unos quince proyectos piloto europeos en el ámbito del programa SÓCRATES.
Tercer objetivo: el establecimiento de un dispositivo para los candidatos a la movilidad. Esto vale tanto para los investigadores como para los aprendices. Para los investigadores, la opinión elaborada por el Sr. Desama alienta a la Comisión a someter con celeridad al Parlamento proyectos de medidas capaces de eliminar los obstáculos descritos por el Libro Verde, y la Comisión tiene la intención de responder positivamente a la opinión elaborada por el Sr. Desama. Basándose en las informaciones que estamos recogiendo de los investigadores, los expertos en cuestiones fiscales, los expertos en seguridad social, la Comisión preparará un documento de síntesis destinado al público.
Por lo que respecta a los aprendices, a iniciativa de la Sra. Heinisch el informe pide que se adopten una definición comunitaria y un estatuto del aprendiz, así como el establecimiento de un programa específico de movilidad de los aprendices. Actualmente examinamos las modalidades de un mecanismo de formación que defina las condiciones óptimas de aprendizaje en alternancia en el plano europeo y los mecanismos que pueden crear las condiciones para su movilidad a escala comunitaria.
Por último, cuarto objetivo: el acceso a los programas comunitarios. El informe pone de relieve la necesidad de tener más en cuenta las exigencias de igualdad de oportunidades y de equilibrio de la política social por lo que respecta a los programas SÓCRATES y LEONARDO, de acceso a estos programas, y, por consiguiente, de revalorizar sensiblemente las asignaciones destinadas a ellos. En esa óptica se propone asimismo un cúmulo de subsidios nacionales y comunitarios. A este respecto, la Comisión se asocia plenamente al Parlamento.
Esperamos que no nos falte el apoyo del Parlamento para poder garantizar la realización de las propuestas futuras en este ámbito y que sea fructífero. La riqueza del informe del Parlamento permite confiar en una estrecha cooperación en esa perspectiva.
Finalmente, la Sra, Todini ha mencionado el punto 36. Por lo que respecta a este punto, relativo al Comité de Coordinación, la Comisión puede expresar su acuerdo con la idea de un dispositivo que facilite una cierta coordinación y un seguimiento, una ejecución práctica, de las líneas de acción propuestas en el Libro Verde. La Comisión reflexionará de manera profunda sobre la mejor manera de realizar ese pilotaje, al que, en cualquier caso, el Parlamento Europeo se asociará plenamente.
Sin embargo, por lo que se refiere al tipo de comité propuesto por el Parlamento, la Comisión no puede dar todavía una opinión definitiva. En efecto, compréndanlo, es delicado poder pronunciarse al respecto antes de saber si el tipo de comité propuesto es compatible con los procedimientos en vigor y los principios del Tratado.
Concluyo diciendo que la Comisión presentará posteriormente, durante la Presidencia luxemburguesa, un análisis pormenorizado, acompañado de una serie de propuestas de aplicación del Libro Verde. Como, por otra parte, ha propuesto el Parlamento, esta propuesta de aplicación del Libro Verde se articulará sobre la base de un calendario, y es inútil decir que el Parlamento -al que una vez más doy las gracias por su importantísima contribución- será regularmente informado de las siguientes etapas.

Todini
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a los colegas y, sobre todo, al Sr. Comisario por haber entendido muy puntualmente cuáles son los elementos fundamentales del informe. Esperaremos, pues, a saber luego, por lo que respecta al Comité de Coordinación, qué se podrá hacer concretamente.
Aprovecho la presencia del Comisario para decir que es verdad que todos nosotros hemos felicitado a la Comisión por haber publicado un Libro Verde extremadamente concreto. No la felicito lo mismo por el hecho de que muy a menudo los trabajos de las instituciones comunitarias no se coordinan. Un ejemplo concreto es que mañana se inaugura la Conferencia de Maastricht precisamente sobre este tema. Hoy nosotros debatimos el informe sobre la movilidad, mañana se vota y, por lo tanto, es difícil que la Conferencia de Maastricht pueda verdaderamente tener en cuenta el trabajo del Parlamento Europeo.
Si se hubiera entregado el Libro Verde para los trabajos de la Comisión de Cultura, con los plazos largos y técnicos que usted bien conoce, Comisario, con un poco más de antelación, quizás no nos hubiéramos encontrado con tan poco tiempo. Incluso hubiéramos podido concluir los trabajos y los debates un poco antes, y la Conferencia de Maastricht -que, repito, se inaugura mañana- hubiera podido tener más en cuenta los trabajos del propio Parlamento.
En cualquier caso, nosotros procuraremos que se tenga el documento final mañana, antes de las 14.00 horas si es posible, esperando, pues, que los trabajos, las intenciones y las propuestas del Parlamento Europeo puedan considerarse de la manera adecuada.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 22.28 horas)

