Aplicación de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia (debate) 
Presidente
El siguiente punto es la declaración de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia. Un tema importante que ha dado lugar a una serie de malentendidos y, sobre todo, a una serie de rumores y de preocupaciones en algunos de nuestros países y, por lo tanto, vamos a seguir este debate con enorme interés y con el mismo, en particular, la declaración que en nombre de la Comisión hace el señor Spidla.
Vladimír Špidla
Miembro de la Comisión. - (CS) Señor Presidente, Señorías, en su Comunicación de junio de 2007, titulada "Desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios - sacar el mayor partido posible de sus ventajas y potencial, al tiempo que se garantiza la protección de los trabajadores", la Comisión destacaba algunas deficiencias en la aplicación y el respeto transfronterizo de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
En aquel momento, llegamos a la conclusión de que esos problemas sólo podían resolverse si los Estados miembros intensificaban su cooperación mutua y, en particular, si cumplían sus obligaciones relativas a la cooperación administrativa y la accesibilidad de la información, como establecía la Directiva.
La aplicación y el respeto correctos y efectivos constituyen los elementos esenciales de la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, al tiempo que un cumplimiento insuficiente debilita la efectividad de las Directivas comunitarias en vigor en este ámbito.
En consecuencia, el 3 de abril de este año la Comisión adoptó una Recomendación sobre mejor cooperación para remediar las deficiencias de implementación, aplicación y ejecución de la Directiva actual. Dicho acto jurídico se centra, en particular, en la mejora del intercambio de información, el perfeccionamiento del acceso a la información y el intercambio de mejores prácticas.
Por tanto, la mejora de la cooperación administrativa debería ampliar la protección de las condiciones de trabajo actuales, reducir las cargas administrativas para las empresas, hacer más efectivo el control del cumplimiento de las obligaciones existentes de respetar las condiciones de trabajo, y el establecimiento de controles eficaces.
La Recomendación también propone la creación de un Comité de Alto Nivel que implique directamente a los interlocutores sociales, los más cercanos a los problemas sobre el terreno, y establezca las bases del reforzamiento de la cooperación entre las inspecciones de trabajo. Dicho Comité podría ser el foro apropiado para debatir una amplia gama de cuestiones derivadas de la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
La Comisión está convencida de que esta Recomendación pone las bases de una lucha más intensiva contra las infracciones de los derechos de los trabajadores y el trabajo no declarado, y mejora las condiciones laborales de los trabajadores migrantes en toda la Unión Europea.
Ahora son los Estados miembros los que deben tomar las medidas necesarias para mejorar la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Está previsto que el próximo Consejo de Empleo y Asuntos Sociales apruebe la Recomendación el 9 de junio.
La Comisión tiene la intención de evaluar entonces la aplicación de la Directiva a la luz de las últimas decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al tiempo que mantiene una estrecha colaboración con el Parlamento Europeo sobre la elaboración de su informe de propia iniciativa.
La Comisión está plenamente comprometida a garantizar la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y continuará luchando contra todas las formas de dumping social e incumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Cabe subrayar que no existe ningún conflicto entre el apoyo coherente a los derechos de los trabajadores y el apoyo a un mercado interior competitivo, que nos proporciona los medios necesarios para conservar el bienestar social de Europa. Si queremos que nuestra sociedad y nuestra economía continúen prosperando, tenemos que dar igual prioridad a los aspectos sociales que a la competitividad.
Gunnar Hökmark
(en nombre del Grupo del PPE-DE). - (SV) Señor Presidente, desearía dar las gracias al Comisario por su presentación, y me congratula que haya destacado la importancia de una mayor cooperación entre los Estados miembros y la responsabilidad de éstos en la correcta aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
Creo que en este debate puede estar justificado destacar una cosa, y es que desde 2004 hemos visto cambios rápidos en el mercado europeo de trabajo. Hemos experimentado un aumento de la movilidad. Es importante decir que varias hipótesis pesimistas que estaban muy extendidas en aquel momento en relación con las consecuencias del aumento de la movilidad han resultado falsas. Se hablaba de turismo del bienestar y de muchísimos otros problemas.
De hecho, aún hoy hay un millón de europeos desplazados en distintos países. Además, los Estados miembros con la mayor apertura también son los que han registrado la mejor evolución del mercado de trabajo y de fijación de salarios. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores ha contribuido a garantizar mejores oportunidades a las personas y además ha contribuido a la economía y el mercado de trabajo europeos. ¡Un millón de personas!
Debemos recordar este hecho cuando debatamos los tres distintos asuntos judiciales. El motivo es que, una vez el tribunal ha emitido su fallo, vemos que se trata de situaciones diferentes en distintos casos. Sin embargo, también es importante el que en ello no haya nada que nos diga que no existen barreras a distintos tipos de acción colectiva en los diversos Estados miembros. No hay nada en las sentencias judiciales que signifique que estén en conflicto con distintos tipos de convenios colectivos u otras decisiones de fijación de salarios. Por otro lado, los Estados miembros deben tener legislación y la sociedad debe funcionar para permitir e impulsar la movilidad. En este contexto, también estimo importante que desarrollemos mejor legislación y que los diversos Estados miembros garanticen que la aplican y evalúan a fin de combinar la movilidad con la seguridad social y la estabilidad para todos los ciudadanos europeos. No debemos culpar a la UE de los problemas existentes, sino asumir la responsabilidad en los diversos Estados miembros y congratularnos del aumento de la movilidad y del bienestar que puede considerarse como una oportunidad que nos brinda la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores.
Anne Van Lancker
en nombre del Grupo del PSE. - (NL) Señor Presidente, me gustaría agradecer al Comisario la Recomendación para la mejora de la cooperación administrativa y mejores opciones para las inspecciones de trabajo. No obstante, Comisario, ¿sabe usted que las sentencias Laval y Rüffert nos han negado nuestra satisfacción por este hecho? Esto ha causado una gran conmoción, no sólo en el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, sino también en los sindicatos no pertenecientes al Parlamento y en los países que están ratificando actualmente el Tratado de Lisboa.
Llevamos mucho tiempo pensando que la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores era una Directiva excelente con un principio claro. En vista de que no podemos garantizar que los salarios y las condiciones de trabajo sean iguales en toda Europa, es razonable que los trabajadores puedan esperar igualdad de trato en el puesto de trabajo independientemente de su nacionalidad. Es cierto que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no utiliza un principio amplio de Estado de empleo, sino que simplemente impone una serie de condiciones vinculantes. Sin embargo, la Directiva también permite a los Estados miembros margen para imponer disposiciones más generosas para la protección de los trabajadores, con arreglo a sus propias tradiciones sociales y de conformidad con los convenios colectivos o con los convenios colectivos de aplicación general.
Las sentencias echaron por tierra la igualdad de trato. La protección mínima que proporciona la Directiva está convirtiéndose gradualmente en la máxima. Hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser un problema de mala transposición en determinados Estados miembros. Cada vez somos más conscientes de que la filosofía básica de la Directiva es errónea y consiste en que: es necesario proteger a los trabajadores, pero con moderación. Los derechos sociales a la negociación y a la huelga existen, pero con la condición de que no interfieran con la libre circulación de servicios. No es una cuestión de comentarios xenófobos; al contrario. Los trabajadores extranjeros son absolutamente bienvenidos. De hecho, la libre circulación de trabajadores garantiza la igualdad de trato desde el primer día y eso es también lo que queremos conseguir en relación con la libre circulación de servicios.
Por tanto, mi grupo solicita una revisión de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores por tres motivos: en primer lugar, para asegurarnos de que se garantice la igualdad de trato de trabajadores autóctonos y extranjeros; en segundo lugar, para garantizar que los sistemas nacionales de diálogo social se respeten plenamente, y en tercer lugar, para asegurarnos de que los derechos sociales fundamentales queden salvaguardados para todos. Confiamos en su apoyo, Comisario.
Anne E. Jensen
en nombre del Grupo ALDE. - (DA) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Comisario por su discurso. Ciertamente, ha habido muchas reacciones encontradas a numerosas sentencias del Tribunal de Justicia en los últimos tiempos. Algunos observadores opinan que, habida cuenta la sentencia Laval, entre otras, ha de modificarse el Tratado de Lisboa y limitarse el Tribunal de Justicia. Me gustaría decir que esto es pasarse de la raya y se debe a que la gente de determinados bandos desearía echarlo todo a perder y hacer creer a los ciudadanos que el Tratado de Lisboa podría representar un problema para la seguridad jurídica de los trabajadores. Por el contrario, el Tratado de Lisboa supondrá más derechos para los trabajadores.
Otros observadores, como la señora Van Lancker, creen que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores debería modificarse. De nuevo, yo diría que no. No creo que deba hacerse en primera instancia. Creo, como el Miembro de la Comisión Europea que lo propuso, que primero deberíamos trabajar exhaustivamente para ver cómo se aplica la Directiva en la práctica, y evaluar las posibilidades de crear salvaguardas contra el dumping social en el marco de la legislación aplicable.
También opino que deberíamos esperar a la reacción de los Estados miembros. En este sentido, me refiero tal vez especialmente al asunto Laval. En Suecia todavía no se ha dictado sentencia firme en el asunto Laval, y hay muchos aspectos de ella, tanto la evidente discriminación a las empresas extranjeras, que no podemos defender, como la información poco clara dada a la empresa. En Dinamarca, el Gobierno ha constituido un comité de trabajo compuesto por expertos sociales -expertos juristas e interlocutores sociales- para evaluar cómo se armoniza la última sentencia con el modelo danés, que se basa en acuerdos y está muy poco regulado por la legislación. Creo que resultaría provechoso esperar al resultado del trabajo del comité, que está siendo muy rápido y finalizará su labor en junio.
Como suele suceder en política lo más difícil son los detalles y, por consiguiente, es importante que mantengamos una actitud equilibrada con respecto a estas cuestiones. Hace sólo un año y medio que debatimos exhaustivamente en el Parlamento la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores y llevamos a cabo un proceso de consulta con los interlocutores sociales. Todos dijeron que la Directiva era buena, pero difícil de aplicar en la práctica. Los trabajadores no conocen sus derechos y las empresas no conocen sus obligaciones lo suficiente. Por tanto, nuestra conclusión es que hay que mejorar la información y la cooperación; se trata de una medida que usted, Comisario, está proponiendo ahora. Por ejemplo, también hemos propuesto que se utilice la agencia de Dublín, que representa a gobiernos e interlocutores sociales, para desarrollar buenas prácticas en esta materia. Me encantaría saber qué se está haciendo en este ámbito. Puedo entender el temor al dumping social, pero creo que debemos abordar este asunto sabiamente. Modificar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores llevará mucho tiempo, por lo que es importante que estudiemos todas las posibilidades a fin de proteger los fundamentos de la base de mercados de trabajo flexibles, como el danés, en virtud de las normas aplicables. Se trata de garantizar que podamos llegar a tener mercados de trabajo flexibles.
El derecho a emprender acciones colectivas no quedará amenazado por la sentencia; no obstante, debe existir un equilibrio en relación con cuestiones vinculadas a conflictos. Creo que es importante destacar que el Tratado de Lisboa reforzará los derechos de los trabajadores y que tanto los interlocutores sociales como los gobiernos deben trabajar conjuntamente sin tener en cuenta las fronteras para mejorar el funcionamiento de la legislación y actuar sin fricciones. ¡Esa es la forma de avanzar!
Roberts Zīle
en nombre del Grupo UEN. - (LV) Gracias, señor Presidente, Comisario. El veredicto en este asunto da verdadero lugar la esperanza de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entienda las cuatro libertades básicas de la Unión en términos reales. En esta ocasión, el término "dumping social", tan utilizado también en este Parlamento, no funcionó en un asunto cuyo objeto era prohibir la prestación de servicios de una empresa de otro Estado miembro en el mercado interior de la UE. En este debate, me gustaría destacar un aspecto político: los Estados miembros de la UE y entre ellos, sobre todo, Estados como Suecia, han obtenido en los últimos años enormes beneficios en los países Bálticos a través de la prestación de servicios financieros "agresivos", particularmente préstamos inmobiliarios. Nunca hemos restringido el flujo de este capital, incluso cuando los beneficios eran excepcionalmente elevados y se obtenían en parte mediante el singular dumping social de exportaciones, es decir, los letones que trabajaban en estos bancos percibían sueldos en absoluto cercanos a los que percibían los suecos por realizar el mismo trabajo en Suecia. Ahora, durante la crisis financiera, muchas familias letonas pagarán un ojo de la cara durante mucho tiempo por el dinero que han pedido prestado, pero nuestros ciudadanos y nuestras empresas no podrán competir en el mercado de la UE y, por tanto, no serán capaces de restituir esas deudas. En consecuencia, en realidad serán los fondos de pensiones suecos y otras partes interesadas del ámbito bancario quienes saldrán perdiendo. Señoras y señores, todos estamos en el mismo barco europeo: permitamos que las libertades básicas de Europa sean realmente libres, ¡todos ganaremos! Gracias.
Elisabeth Schroedter
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señor Presidente, Señorías, todas las sentencias judiciales se refieren a asuntos en los que los sindicatos han adoptado medidas colectivas reconocidas internacionalmente para actuar contra el dumping social. En los tres fallos, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoció que los sindicatos tenían un derecho legítimo a tomar esas medidas. Sin embargo, cuestionó este derecho en relación con el mercado interior.
En los asuntos Laval y Rüffert, la norma jurídica mínima se interpretó como la única norma máxima válida en el mercado interior. Por tanto, el Tribunal interpretó la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores de una forma muy concreta. Sin embargo, ésta no era la intención del legislador. Al considerar la Directiva, debe promoverse el libre comercio de servicios en competencia leal y deben garantizarse los derechos de los trabajadores. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores también contiene una cláusula de nación más favorecida para los trabajadores, que no se tuvo en cuenta en las sentencias judiciales.
El Tribunal de Justicia está creando en la Unión Europea una situación en la que la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores ha pasado de ser una Directiva de mínimos a ser de máximos y en la que es legítimo hacer valer una ventaja competitiva por encima del dumping social. El Derecho social internacional debe subordinarse ahora a las cargas para las empresas en el mercado interior libre. Puede que con ello esté criticando las decisiones judiciales, pero una Unión sin elementos equivalentes de una Europa social, como convenios colectivos, medidas colectivas y lucha contra el dumping social, está destinada al fracaso y dejará de contar con el apoyo de los ciudadanos. Por tanto, la respuesta de nuestro grupo en este momento es: el principio de "el mismo salario por el mismo trabajo en el mismo establecimiento" debe ocupar una posición equivalente en el mercado interior con respecto a los criterios de libertad.
Francis Wurtz
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (FR) Señor Comisario, en primer lugar me gustaría hacer constar que todos mis colegas de la Conferencia de Presidentes, que decidieron fijar el debate a una hora tan tardía en contra de mi voluntad se han ausentado esta tarde. Si no hubiese sido por la hora de la sesión, me habría sentido satisfecho por haberse iniciado finalmente un debate de esta grave cuestión que es la legitimación por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del dumping salarial, asunto al que, señor Comisario, usted ha dedicado veinte segundos, con una singular desenvoltura.
Por tanto, recordaré brevemente las tres etapas de esta nueva dimensión del Derecho europeo. 11 de diciembre de 2007: el Tribunal condena una acción sindical que se oponía a que el armador finlandés Viking Line matriculase su transbordador en Estonia para reducir los sueldos de los tripulantes. 18 de diciembre de 2007: el Tribunal vuelve a condenar a los sindicatos, esta vez en Vaxholm, Suecia, por haber bloqueado el trabajo de una empresa letona que se negaba a aplicar el convenio colectivo en vigor en el sector de la construcción. 3 de abril de 2008: el Tribunal declara al Estado federado de la Baja Sajonia, Alemania, culpable de haber fijado un salario mínimo que se imponía a toda empresa de la construcción que hubiese resultado ganadora de algún concurso público. De este modo, el Tribunal daba la razón a una empresa polaca subcontratada por una sociedad alemana que pagaba a sus obreros menos de la mitad del salario mínimo en vigor. Era la sentencia Rüffert.
En los tres casos, la razón fundamental invocada por el Tribunal para justificar su decisión a favor del dumping salarial era que el Derecho comunitario prohíbe cualquier medida -escúchenme bien- susceptible de "hacer menos atractivas" las condiciones de una empresa de otro Estado miembro porque ello constituye -y cito textualmente- una "restricción injustificada a la libre prestación de servicios" o a la libertad de establecimiento, que son libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. Esto es, sencillamente, inaceptable. ¿Dónde está el aspecto social de este razonamiento liberal?
En efecto, cualquier avance social en un país restará atractivo al mercado -utilizando la expresión del Tribunal- para las empresas de la competencia. Añado que, en los tres casos, la famosa Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores no ha aportado la menor protección a los trabajadores en cuestión. De hecho, el Tribunal explicó que, y cito, "el objetivo de dicha Directiva consiste, en particular, en la consecución de la libre prestación de servicios". No menciona la protección de los trabajadores.
Finalmente, en los tres casos, el Tribunal ha tomado su decisión a la luz de los artículos precisos del Tratado y no solamente del texto de la Directiva. Se trata de los artículos 43, en el primer caso, y el artículo 49, en los otros dos; ambos se reproducen literalmente en el proyecto del Tratado de Lisboa, actualmente en proceso de ratificación.
Por tanto, mi conclusión es clara. No bastará con modificar una Directiva para solucionar el problema planteado por estas sentencias. Quien quiera reestablecer la primacía de los derechos sociales sobre el libre comercio debe insistir en una revisión de los Tratados y, concretamente, de los artículos invocados por el Tribunal para justificar sus recientes decisiones. Es difícil, pero creo que es necesario porque de lo contrario podemos esperar una verdadera crisis de legitimidad del actual modelo económico y social europeo.
Kathy Sinnott
en nombre del Grupo IND/DEM. - Señor Presidente, recientemente, en el asunto Rüffert, una empresa polaca pagó a 53 trabajadores sólo el 46 % del salario acordado para el negocio en Alemania. Se persiguió al contratista polaco; éste respondió llevando el asunto a los tribunales, y el TJCE votó recientemente a su favor.
No hace mucho tiempo, el señor John Monks, Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, interviniendo ante la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre un asunto anterior -el asunto Laval- y advirtiendo de futuros casos, declaró que se había dicho a los sindicatos que su derecho a la huelga era fundamental, pero no tan fundamental como la libre circulación de servicios.
Estas sentencias despojan de todo poder al movimiento sindical. La Directiva sobre servicios y la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores representan una amenaza directa a todos los progresos realizados en materia de derechos de los trabajadores en los treinta últimos años.
Ha habido tres causas judiciales -los asuntos Laval, Viking y ahora Rüffert- y se está formando un grueso de interpretación judicial que deja los contratos sin validez, los sindicatos sin poder y hace de la justicia de los salarios un término vacío. Como decía el señor Monk en la audiencia sobre Laval, necesitamos un protocolo protector en el Tratado de Lisboa o nos enfrentaremos al dumping social en el futuro.
Philip Bushill-Matthews
Señor Presidente, creo que la Comisión publicó por primera vez un documento orientativo sobre la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en 2006, y en aquel momento el Grupo Socialista -en respuesta- dirigió un llamamiento en el Parlamento para endurecer la Directiva. La Comisión no lo creyó necesario entonces y claramente no lo cree necesario ahora, y para que conste estoy de acuerdo con ello.
El problema estriba, como ha definido la Comisión tan claramente, en las deficiencias de la aplicación nacional, en la insuficiente cooperación entre Estados miembros y en el mal suministro de información. Endurecer la legislación de la UE no abordaría esas deficiencias. De hecho, las haría aún más difíciles de abordar.
Por último, me gustaría observar que el Comisario confirma su pleno compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores y con la lucha contra el dumping social. Todos debemos estar acuerdo con ello en todos los bandos de la Cámara, pero también debemos estar de acuerdo en que también hay que proteger otro derecho: el derecho de todos los trabajadores a ser móviles, a ser desplazados y a prestar servicios más allá de sus fronteras.
Los derechos de protección social deben ir acompañados del derecho a prestar servicios, y no necesariamente ha de haber una contradicción. Por supuesto, llegar al equilibrio justo constituye un importante reto. Sin embargo, son los Estados miembros quienes deben resolver el desafío, no la UE proponiendo leyes más duras. A mi parecer, el Comisario ha señalado el camino, y lo invito a que se muestre de acuerdo conmigo en que nuestro papel como diputados al Parlamento Europeo debería consistir en hacer que cada uno de nuestros países siguiese el ejemplo.
Jan Andersson
(SV) Señor Presidente, Comisario, acojo con satisfacción la Recomendación e incluso más el hecho de que el Comisario trate de combatir el dumping social y que el señor Barroso y el señor Špidla digan que el derecho a la huelga no subordina la libre circulación. Sin embargo, su propuesta no es lo suficientemente ambiciosa. No es lo suficientemente ambiciosa como para impedir el dumping social.
Fijémonos primero en lo que dijo el Tribunal en los asuntos Rüffert y Laval. Dijo que es el salario mínimo del país de origen en el que cuenta, en otras palabras, un trabajador polaco debe trabajar en el mismo puesto que un trabajador alemán por el 46 % del sueldo que cobra un trabajador alemán. Si se dijese que las mujeres tuviesen que trabajar por el 46 % de lo que gana un hombre, diríamos que sería discriminación. En este caso, es discriminación contra los trabajadores polacos que no reciben el mismo sueldo que los alemanes. Esto es inaceptable.
En segundo lugar, los distintos modelos sociales no se valoran de la misma manera. En el asunto Rüffert, se señala que los convenios colectivos deben ser de aplicación general, y no el modelo elegido en la Baja Sajonia. Lo mismo sucede en el asunto Laval. Determinados modelos del mercado de trabajo tienen prioridad sobre otros. Esto también es inaceptable.
En tercer lugar, se dice que el derecho a la huelga es fundamental, pero cuando su importancia se sopesa con la de la libre circulación, parece muy pequeña, minúscula. La libre circulación prima sobre ella.
Algunos oradores han dicho "sí, pero debemos tener libre circulación". Por supuesto que debemos, pero ¿cómo podemos impulsar la libre circulación si realizamos dumping de las condiciones de los países? ¿Creen ustedes que las personas que viven en estos países estarán dispuestas a dar la bienvenida? No, exigirán que se cierren las fronteras. Estoy a favor de las fronteras abiertas entre los Estados miembros nuevos y viejos, pero también estoy a favor de la igualdad de condiciones para el mismo trabajo, y eso también debe ser fundamental. Por tanto, la Comisión debe reforzar su acción en relación con las modificaciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
Pierre Jonckheer
(FR) Señor Presidente, Comisario, comparto la opinión de mis colegas, la señora Van Lancker y el señor Wurtz, en su mayor parte. En última instancia la pregunta es ¿cuántos trabajadores pobres más queremos que haya en la Unión Europea? Ésa es la pregunta fundamental.
Sin volver sobre las sentencias del Tribunal, constato que hemos llegado a un punto en el que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores se utiliza contra las disposiciones nacionales o regionales dirigidas a garantizar una igualdad de oportunidades para el conjunto de los trabajadores, a garantizar un salario mínimo para el conjunto de los trabajadores.
Por tanto, hemos llegado a una situación en la que la Directiva socava la territorialidad del derecho al trabajo. Podemos garantizar la movilidad de los trabajadores, al tiempo que se garantiza la territorialidad del derecho al trabajo, y es eso lo que se discute. Dejando un momento de lado la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, me gustaría destacar otro asunto relacionado, la queja que la empresa TNT ha presentado ante la Comisión tras una sentencia de un tribunal administrativo de Berlín, que estima que el Gobierno alemán, al imponer un salario mínimo en el sector postal, no ha tenido en cuenta las repercusiones económicas del salario mínimo -hablamos de 9,80 euros la hora- sobre sus competidores. Nos encontramos en una situación en la que el salario mínimo, que es una atribución nacional, en realidad está contrarrestando la competencia. Ésta es la interpretación de TNT.
Por el momento, la Comisión está estudiando la queja. Si usted o sus colegas y el Colegio deben darle la razón a TNT en este asunto, creo, señor Špidla, que perderá toda su credibilidad en este y otros asuntos y que necesitará más que una Recomendación de la Comisión sobre la mejor información y cooperación administrativa entre Estados miembros para garantizar realmente la dignidad de los trabajadores en la Unión Europea.
Eva-Britt Svensson
(SV) Señor Presidente, el trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es dictar sentencias conformes con los Tratados. Por tanto, los Tratados deben modificarse para proteger los intereses de los trabajadores. La conclusión que se extrae de los fallos de Tribunal en los casos Laval, Viking Lane y Rüffert es que el Tratado de Lisboa no puede ser aprobado por los asalariados de Europa a menos que se añada una cláusula sobre los derechos de los trabajadores: el derecho a defender convenios colectivos, el derecho a emprender acciones colectivas para mejorar los salarios y las condiciones de empleo.
Demandar un sueldo superior al salario mínimo constituye una barrera al comercio según el Tribunal, y los sindicatos no podrán impedir el dumping salarial. El 17 de abril de este año, el comisario McCreevy respondió por escrito a una pregunta mía sobre los derechos sindicales como sigue: "Los sindicatos pueden continuar emprendiendo acciones colectivas siempre que estén motivadas por objetivos legítimos conformes con la legislación comunitaria". No puede decirse más claro. Por tanto, hay que modificar la legislación comunitaria. Libre circulación, sí, pero sin discriminar a los trabajadores de otros países.
Hélène Goudin
(SV) Señor Presidente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dejado claro a los Estados miembros por activa y por pasiva que no pueden considerarse independientes en relación con ámbitos de política fundamentales como la política sanitaria, los juegos de azar, la publicidad del alcohol y, el ejemplo más reciente, la política del mercado de trabajo. Esto es lo que se conoce como activismo jurídico, y debe considerarse una amenaza directa a la democracia y al principio de subsidiariedad. Debido a su actitud arrogante con los Gobiernos de los Estados miembros, elegidos democráticamente, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas constituye, de hecho, un poder autodesignado en Europa.
En el caso de la sentencia Laval, supone que las empresas suecas y extranjeras actuarán en condiciones completamente distintas en territorio sueco. Esto es absolutamente inaceptable. Insto a los diputados a que se lo piensen dos veces la próxima vez que decidan conceder más poder a las instituciones no electas de la UE. En cuanto a hoy, parece que por fin nos estamos despertando.
Jacek Protasiewicz
- (PL) Señor Presidente, la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores constituye uno de los pilares en los que descansa la aplicación práctica de una de las cuatro libertades básicas de la Comunidad, que son libertades europeas, y que han acompañado a los Tratados y a la Comunidad Europea desde el principio.
El artículo 49 del Tratado es una de las normas que regula los asuntos internos de la Unión Europea de formulación más clara, y establece sin ambigüedades que quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. Por consiguiente, resultan sorprendentes las prácticas persistentes que se han constatado en muchos Estados miembros dirigidas a la restricción administrativa de esta libertad, que está garantizada en el Tratado.
Desde mi elección como diputado al Parlamento Europeo, he recibido continuas quejas de empresarios originarios sobre todo de los nuevos Estados miembros que accedieron a la UE después de 2004, en contra de las actividades de las autoridades locales y regionales que les imponen intencionadamente requisitos adicionales que no están justificados en absoluto por ningún acto jurídico de la UE. He planteado esta cuestión en muchas ocasiones en esta Cámara, solicitando una declaración inequívoca de la Comisión Europea en nombre de la legislación de la UE y, en consecuencia, en defensa de la libre prestación de servicios.
Me satisface que mis esfuerzos hayan recibido una confirmación tan clara en el fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que estamos debatiendo hoy. Estoy convencido de que, a la luz de las recientes decisiones del Tribunal, nosotros -es decir, el Parlamento y la Comisión Europea juntos- podremos elaborar una fórmula para la organización de un mercado interior de servicios que, al tiempo que garantice los derechos fundamentales de los trabajadores, garantizando esos derechos -esos derechos fundamentales- no impondrá cargas adicionales a los empresarios de la UE que impidan sus actividades y que vulneren por definición -como afirman los fallos del Tribunal- la legislación europea.
Debe apoyarse, y no combatirse, el mercado libre de servicios y la movilidad de los trabajadores. Ésos son los retos del siglo XXI.
Magda Kósáné Kovács
(HU) Gracias, señor Presidente, Comisario. Tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores (96/71/CE) ha atraído la atención de la Unión. El Tribunal ha hablado. Lo que realmente ha dicho puede debatirse, pero no tendría mucha utilidad, puesto que su decisión seguirá siendo válida y, de todas maneras, el Tribunal no estableció ninguna escala de valores.
Hemos visto que, en el Parlamento, esas sentencias han dado lugar a opiniones mutuamente excluyentes, pero es bueno que la Comisión haya estudiado qué hay que hacer y haya preguntado a los Estados miembros, lo que es aún más importante porque están intentando calmar los ánimos. Es pertinente que una omisión anterior de la Comisión haya contribuido, por desgracia, a caldear el ambiente, pues todavía no habían estudiado en detalle la transposición de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores a los ordenamientos jurídicos nacionales, pese a que dos años antes se había solicitado enérgicamente en una Resolución del Parlamento Europeo. Por tanto, no hay respuesta a la cuestión de si las medidas de los Estados miembros destinadas a la protección de los trabajadores son conformes con la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores y, a falta de ello, no podemos decir si en realidad la Directiva está funcionando bien o si es necesario modificarla a la luz de la legislación del mercado de servicios. No hay lecciones sobre aplicación, como mucho hay declaraciones visceralmente opuestas. Nos mueve la cuestión de si esta incierta situación deja algún margen al populismo y la demagogia. ¿No estamos creando un problema político de deficiencias jurídicas fortuitas? Puede suceder que hayamos producido tensión política donde sólo debería haber una regulación sobria.
Señorías, la libertad del mercado de servicios funciona, con muy pocas excepciones, dentro de las disposiciones de la legislación. Por otro lado, se necesitan medidas específicas para hacer buena la ley. Esperamos estas medidas específicas de la Comisión, ya que el Tribunal no puede realizar un examen detallado del material jurídico. Es tarea de la Comisión, y es también tarea de la Comisión incoar un procedimiento por infracciones de la ley, en caso necesario. Esto podría reforzar las palabras del señor Špidla, de que tenemos que trabajar simultánea y conjuntamente, en aras de los derechos legales de los trabajadores y en aras del mercado social. Gracias.
Gabriele Zimmer
(DE) Señor Presidente, Comisario, no estoy de acuerdo con que no habría discrepancias entre una protección social fuerte de los trabajadores y un mercado interior fuerte. Un mercado interior de la UE que respete el sistema de competencia mundial es a la postre la encarnación de este tipo de oposición. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que los Estados miembros son responsables de la transposición de la legislación de la UE a sus ordenamientos jurídicos. Al menos en el asunto Rüffert, los Gobiernos de Berlín y la Baja Sajonia no se limitan a señalar con el dedo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
En general, no han conseguido declarar obligatoria de forma general la ley sobre negociación colectiva y exigir salarios mínimos por ley. Señor Comisario, exijo que cumpla su responsabilidad y reclame abiertamente la necesidad de modificar los fundamentos jurídicos de la UE. Me refiero al artículo 50 y el artículo 56, por ejemplo, de la versión consolidada del Tratado de Lisboa de 15 de abril, al endurecimiento de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, a la concesión del derecho a adoptar medidas colectivas y al derecho transfronterizo a adoptar medidas colectivas. También hablo de que la revisión de los problemas políticos no debe dejarse simplemente al TJCE, sino que en este asunto tanto las instituciones de la UE -el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo- como los Estados nacionales deben asumir responsabilidad por ello a través de su legislación.
Elmar Brok
(DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Tratado de Lisboa supondrá una considerable mejora para los trabajadores; señor Wurtz, tengo que contradecirlo en este punto. Por tanto, tenemos que aceptarlo porque la política social se está convirtiendo en un deber generalizado. En el futuro, todo tendrá que comprobarse por medios legislativos desde el punto de vista de la política social y la definición de economía social de mercado, establecida en el Tratado, representa un progreso notable.
Necesitamos competitividad, necesitamos más productividad -y esto ciertamente debe ser un titular en un orden mundial- pero en los tres casos notamos que no es cuestión de competencia en un orden mundial sino de si el trabajo se realizó en determinados sectores de la Unión Europea entre sus Estados miembros como parte de un mercado interior común.
No debemos entrar en una situación en la que el orden mundial se utilice para enfrentar a trabajadores de distintos Estados miembros en base a la competitividad internacional. Si se destruye la solidaridad entre trabajadores, la Unión Europea, la cohesión de nuestras sociedades, también se destruirá.
Por esta razón, es importante que ahora los tribunales no nos obliguen a ponernos a trabajar, y que pongamos de manifiesto que tenemos que revisar la legislación. La Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores se remonta a principios de los años noventa. Hoy ya no es aplicable. Tenemos que averiguar qué es lo que no funciona. No lo sé concretamente, Los interlocutores sociales deben asegurarse de que concluyen sus convenios colectivos de acuerdo con el mercado interior. La legislación nacional debe adaptarse a él. Tenemos que comprobar todo esto. Al mismo tiempo, esta situación no debe llevar a división y proteccionismo porque ha de garantizarse la movilidad.
Cuando nos ocupamos de las cuatro libertades básicas, hablamos de las cuatro libertades básicas del mercado. Sin embargo, mi definición de economía social de mercado significa que el mercado puede tener lugar sólo dentro del marco permitido por el legislador para que haya una distribución justa de los beneficios de este orden económico y no se dejen al libre juego de las fuerzas del mercado. Si ello ocurre, el mercado se devorará incluso a sí mismo. Por tanto, necesitamos este tipo de condición marco de economía social de mercado.
Señor Presidente, permítame, para concluir, una cita: "Ni la economía libre de mercado de la piratería liberalista de tiempos pasados, ni el libre juego de las fuerzas del mercado" -y frases similares- "sino la economía de mercado socialmente responsable, en la que el individuo vuelva a ser él mismo, que otorgue un gran valor a la persona y por tanto también proporcione un justo beneficio por el trabajo realizado, ésta es la economía de mercado de tipo moderno". Es una cita de Ludwig Erhard, de quien no puede decirse en absoluto que estuviese en contra de la economía de mercado.
Stephen Hughes
Señor Presidente, permítame decir lo acertadas que me parecen las palabras del señor Brok y lo desacertadas que me parecen las del señor Bushill-Mathews, pero ahora me ocuparé de ello. Me gustaría agradecer al Comisario la Recomendación adoptada el 3 de abril. Es un paso importante en la buena dirección. Creo que la mayor eficacia del intercambio y el acceso a la información y el intercambio de mejores prácticas ciertamente ayudará, pero ha sido una de esas raras coincidencias el que la Recomendación se adoptase el mismo día en que se dictaba la sentencia Rüffert. Creo que ahora los asuntos Laval y Rüffert en particular nos obligan a ir mucho más allá de esa Recomendación.
Esos asuntos plantean la perspectiva de que pueda interpretarse que las libertades económicas conceden a las empresas el derecho a sortear o burlar las leyes y prácticas nacionales, sociales y laborales. Parece que la única protección son las disposiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Si es así, entonces es evidente que necesitamos revisar la Directiva. En particular, necesitamos aclarar el alcance de los convenios colectivos, fijar normas obligatorias, y dilucidar las posibilidades de que las acciones colectivas hagan cumplir esas normas.
Creo que necesitamos realizar varias acciones. Hemos de garantizar que los convenios colectivos del país de acogida puedan proporcionar normas más elevadas que las mínimas. Necesitamos hacer obligatorio lo que actualmente son sólo opciones para los Estados miembros, como el aplicar a todos los convenios colectivos de aplicación general a los trabajadores desplazados. Creo que también precisamos un límite claro de tiempo para la definición de trabajador desplazado, con el fin de que exista una idea clara de cuándo un trabajador desplazado deja de serlo.
Finalmente, por ahora, estimo que necesitamos ampliar el fundamento jurídico de la Directiva para incluir la libre circulación de trabajadores y la libre prestación de servicios. Se trata de una propuesta que ya fue rechazada en 1996, pero espero que ahora podamos ver su importancia.
Fue el Tribunal quien declaró que el derecho de huelga y el derecho de asociación son derechos fundamentales, pero no tan fundamentales como las libertades económicas. Podría perdonarse a los sindicatos el que de repente creyesen que estaban inmersos en Rebelión en la granja. A ellos les debemos el restaurar un equilibrio adecuado. Creo que estas modestas modificaciones propuestas a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores representarían un comienzo.
Søren Bo Søndergaard
(DA) Señor Presidente, cuando analizamos el Tratado de Lisboa en febrero, tanto sus Señorías como yo propusimos que el derecho a emprender acciones colectivas estuviese dentro de la competencia de los Estados miembros. Desgraciadamente, la mayoría de sus Señorías votó en contra, y ahora debe hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué lo hicieron? La única explicación y consecuencia lógicas es que la búsqueda transfronteriza de los mayores beneficios posibles por parte de las empresas acabará por primar sobre el derecho de los trabajadores a defenderse del dumping social. Por supuesto, puede creerse esto, pero entonces hay que dejar de hablar de una Europa social.
Los trabajadores de todos los países deben tener el derecho incondicional a emprender acciones colectivas para garantizar que los trabajadores migrantes reciban al menos los mismos sueldos que ellos. Esto no es discriminación. No creemos que los trabajadores migrantes deban tener salarios inferiores a los de los trabajadores que ya viven en el país. Nos oponemos a la discriminación y, por tanto, deben emprenderse acciones. La alternativa es el dumping social. Es una espiral a la baja. Por tanto, utilizando todos los medios necesarios, debemos cuando menos garantizar el derecho libre y no restringido a emprender acciones colectivas a través de la inclusión de un protocolo legalmente vinculante en el Tratado de Lisboa.
Jacques Toubon
(FR) Comisario, es cierto que estamos realmente decepcionados al ver cómo se aplica la libre prestación de servicios en la jurisprudencia. No puedo evitar pensar que, en algunas interpretaciones, el TJCE ha procurado establecer la primacía de los artículos 43 y 49 sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, no me fío de los análisis maniqueos de estas decisiones de Derecho casuístico que, como todos ustedes saben, son sobre todo asuntos que sientan precedente.
A mi parecer, la pregunta que debemos hacernos es cómo garantizar el acervo social. Más concretamente, necesitamos dar respuesta a dos cuestiones. En primer lugar, ¿a qué nivel salarial debe someterse a las empresas de conformidad con las leyes nacionales del país de acogida? En segundo lugar, ¿en qué medida podemos restringir la acción colectiva de sindicatos cuya intención es garantizar la igualdad de trato de los trabajadores nacionales y desplazados?
En respuesta a estas preguntas, no creo en una modificación de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Incluso creo que estaríamos asumiendo un enorme riesgo al intentarlo. En cambio, creo que la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos de una cláusula social es más interesante. A mi parecer, se trata, sencillamente, como ha dicho el señor Brok, de aplicar los Tratados, los viejos y los nuevos: el artículo 3.3, el artículo 6.1 y la Carta de Derechos Fundamentales, que ahora constituye Derecho sustantivo.
También necesitamos ejecutar -con la posible supervisión de los Parlamentos nacionales- el principio de subsidiariedad en lo que respecta al derecho al trabajo, los derechos de los trabajadores y el derecho a la huelga, en particular.
En el futuro más inmediato, la Presidencia francesa está a punto de poner en marcha la agenda social. Para usted, Comisario, la Comisión debe superar el planteamiento que usted ha hecho y la recomendación administrativa mínima en favor de un texto más político, que tenga plenamente en cuenta las incertidumbres creadas por la jurisprudencia.
Karin Jöns
(DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, una cooperación más estrecha entre administraciones nacionales es, por supuesto, adecuado y bueno. Me congratulo de ello. Resulta incluso esencial.
Sin embargo, si de verdad deseamos evitar una carrera por el salario mínimo más bajo en Europa, necesitamos más, y usted lo sabe, Comisario. Según la sentencia Rüffert, a mi parecer sólo hay una solución. Tenemos que mejorar la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. La Comisión también tiene que hacerlo.
Tenemos que extraer consecuencias legislativas de esta sentencia porque invierte la intención de la Directiva. En este caso, se prima la libre prestación de servicios sobre la protección de los trabajadores. Incluso se explica el cambio previsto de protección mínima a máxima. En mi país, Alemania, ocho de dieciséis Estados federados están afectados directamente por esta sentencia. Los Gobiernos regionales sólo querían servir como modelo en asuntos de dumping salarial.
Basándose en la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, y en las Directivas sobre licitación, querían garantizar el cumplimiento de determinados criterios sociales, al menos a la hora de asignar contratos públicos. Por tanto, solicitaron como criterio social el respeto de los salarios contractuales locales, puesto que eran superiores al salario mínimo.
La decisión del Tribunal de Justicia me resulta difícil de entender. Si realmente queremos criterios sociales -y creo que todos los queremos- debe ser posible lograr más que un salario mínimo. La sentencia no debería atraparnos y obligarnos a autorizar en el futuro condiciones mínimas para los trabajadores desplazados. Ésta no es la Europa social que desea mi grupo. Para ir sobre seguro, también necesitamos estudiar atentamente las Directivas sobre licitación.
En Alemania, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de empleo citadas esta tarde han provocado un retroceso de la aceptación de Europa. Ahora se nos pide que volvamos a cambiar de rumbo.
Alejandro Cercas
Señor Presidente, señor Comisario, si estuviéramos ante un problema menor entendería que una simple recomendación que hablase de intercambiar buenas prácticas, de incorporar elementos de información más eficaces, pudiera dar respuesta al problema. Pero el problema, señor Comisario, es que estamos en presencia de un problema de enorme calado, que yo lamento mucho que ni siquiera haya sido citado en su intervención.
El problema, señor Comisario, es que tenemos en este momento una jurisprudencia ya consolidada del Tribunal de Justicia que dice que trabajadores de un país pueden trabajar en otro país con menos del 50 % del salario, y eso bajo una Directiva que -tenemos que decir entre nosotros-, fue construida justamente para impedir eso.
Por tanto, si hoy es posible tener en vigor un Derecho que permite esa realidad, dígame si no tenemos un problema de fondo que no se arregla solamente con arreglar problemas informáticos.
En segundo lugar, señor Comisario, tenemos un problema por el que las diversas prácticas sindicales nacionales, de fijación de salarios, de convenios colectivos, quedan fuera de juego. Ya han quedado fuera de juego Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania. Y, por tanto, éste es un enorme problema, no de estos países, sino de toda Europa, que ve cómo se socavan sus Derechos nacionales, que ve cómo Europa no solamente no garantiza una mejor protección para sus trabajadores sino que rompe los esquemas de protección nacional.
Ante esta realidad, señor Comisario, creo que no podemos mirar hacia otro lado. Creo que no podemos recetar aspirinas cuando lo que se necesita es una cirugía de fondo y creo que hay que volver a poner en equilibrio los principios de los derechos de los trabajadores con los derechos del mercado, porque, si no, por ese agujero se irá, no la Europa social, sino Europa entera.
Dariusz Rosati
(PL) Señor Presidente, Comisario, el objetivo de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es asegurar la libre prestación de servicios al tiempo que se garantizan los derechos de los trabajadores. En mi opinión, esta Directiva ha sido beneficiosa para la Unión Europea, y las críticas que estoy oyendo hoy aquí, en esta Cámara, son en gran medida injustificadas.
Me gustaría señalar que, en el asunto Rüffert, que estamos debatiendo, la violación de las normas sociales y la fijación de salarios al escandaloso nivel del 46 % tuvo lugar no como resultado de deficiencias de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores, sino sencillamente como resultado de la falta de ejecución de la legislación pertinente por parte de la Baja Sajonia de la forma prevista por la Directiva. En consecuencia, nos encontramos con un problema de ejecución de la legislación en Alemania, no con deficiencias de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. Tenemos una situación similar en el asunto Laval, en el que, a su vez, hay una situación en Suecia en la que no se prescribe un salario mínimo ni por ley ni por convenio colectivo de la forma prevista en la Directiva. Por tanto, a mi parecer, la forma de salir de esta situación es sobre todo a través de la adaptación de la legislación nacional a lo dispuesto en la Directiva actual, aunque admito que hay muchos asuntos que todavía pueden mejorarse en la Directiva, y en dichos asuntos apoyo la opinión de la Comisión.
Asimismo, me gustaría aprovechar la ocasión para hablar del concepto de dumping social, que se ha mencionado con mucha frecuencia aquí. Observo que el concepto de dumping social no existe ni en Derecho internacional ni en la teoría económica. Es un término puramente propagandístico. No puede hablarse de dumping en una situación en la que los trabajadores desplazados -los polacos en Alemania o los letones en Suecia- reciben una remuneración superior a la que obtendrían en su país. Tampoco puede hablarse de dumping social en una situación en la que no existen normas sociales o salariales vinculantes para todos los países, y la razón de que no existan dichas normas es que el nivel de desarrollo de nuestros Estados miembros es diferente y, además, las políticas son distintas según el país.
Manuel Medina Ortega
Señor Presidente, yo creo que está claro que la sentencia del Tribunal de Justicia pone en peligro los propios cimientos de la Unión Europea. Está claro que el Tribunal de Justicia es el máximo órgano de interpretación del Derecho de la Unión Europea, y no hay nadie que esté interesado en este momento en debilitar esa institución. Pero esa jurisprudencia pone en peligro -como ha puesto de relieve el señor Cercas- el principio de la cohesión social. Para mucha gente en Europa, una Unión Europea que no garantice los derechos sociales mínimos no merece existir y, por tanto, estamos poniendo en peligro la propia existencia de la Unión Europea.
Como no podemos ir contra las sentencias del Tribunal -tenemos que conformarnos a ellas-, está claro que ha llegado el momento de que las instancias con poder legislativo, la Comisión, el Parlamento y el Consejo, adopten medidas para que esta jurisprudencia no se consolide, porque es una jurisprudencia adscrita a unos textos jurídicos determinados que pueden ser cambiados.
El propio Tribunal parece que nos está invitando a este cambio legislativo, y yo creo que en este momento es responsabilidad de la Comisión, en primer lugar, pero también del Parlamento y del Consejo, cambiar los textos legislativos para evitar que esa jurisprudencia se consolide.
Monica Maria Iacob-Ridzi
(RO) Las disposiciones legislativas que debatimos hoy podrían mejorar las vidas de más de un millón de ciudadanos europeos que trabajan en otro Estado miembro como proveedores de servicios o trabajadores desplazados.
En particular, las disposiciones del artículo 3 de la Directiva no se han aplicado en su integridad en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Las normas de salud y seguridad laboral, el número máximo de horas de trabajo y el período mínimo de vacaciones o las prestaciones por maternidad no se aplican a los trabajadores desplazados.
Además, debe garantizarse el salario mínimo establecido en la legislación del país de acogida. Sin embargo, esta última cuestión hace que muchas empresas hagan uso de contratos laborales alternativos, que automáticamente impiden el pago de salarios inferiores.
Además, muchas empresas europeas han convertido en práctica habitual el contratar trabajadores de los nuevos Estados miembros y enviarlos al extranjero como trabajadores desplazados durante períodos que pueden durar hasta 24 meses, aprovechándose así de las diferencias existentes en cuanto al pago de prestaciones a la seguridad social.
Termino diciendo que debe ponerse fin a este tipo de dumping social aplicando todas las disposiciones de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores.
Genowefa Grabowska
(PL) Señor Presidente, se han oído muchos comentarios en esta Cámara, además de evaluaciones muy críticas, de sentencias, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Me gustaría hacer un llamamiento a la calma.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no son, después de todo, políticas en sí mismas; se basan en un análisis profundo de la actualidad y el Derecho de los Estados miembros. Ése es el papel de esta agencia, y hemos de respetarlo. Adoptemos un enfoque sosegado al respecto. No reaccionemos mal ante estas sentencias cuando no nos convienen y bien cuando nos satisfacen. Tal Justicia a la carta no debe motivarnos y no debemos aceptarla.
El segundo asunto que desearía abordar es el siguiente: no permitamos que surja un enfrentamiento entre trabajadores de los antiguos y los nuevos Estados miembros. Si los sindicalistas de los antiguos Estados miembros entrasen en un enfrentamiento con los sindicalistas de los nuevos Estados miembros, eso sería lo peor que podría pasar. Se supone que la Justicia de la Unión Europea no se basa en esto. Les advierto de ello.
Marian Harkin
Señor Presidente, en estos momentos en Irlanda estamos debatiendo los pros y los contras del Tratado de Lisboa y hay interpretaciones encontradas de los recientes fallos del Tribunal de Justicia y sus implicaciones para la protección de los trabajadores y de sus derechos.
Aunque sé que no hay sentencia firme en el asunto Laval, me gustaría pedir al Comisario que resuma su reacción a la situación y sus puntos de vista sobre cómo han repercutido en la sentencia del asunto Laval la transposición y ejecución de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores en Suecia, en particular.
Un orador anterior, el señor Andersson, declaró con mucha razón que, si una mujer recibiese el 46 % de lo que recibe un hombre por realizar el mismo trabajo en el mismo país, se consideraría discriminación. Sin embargo, parece que los tribunales lo condenan en el caso de trabajadores de distintos países que realizan el mismo trabajo en el mismo país. De nuevo, me gustaría escuchar los comentarios del Comisario sobre cómo la transposición y la ejecución de la Directiva han repercutido en esta situación.
Por último, he escuchado muy atentamente lo que ha dicho el Comisario sobre el garantizar los derechos de los trabajadores y la lucha contra el dumping social, pero no me convence del todo el que sus propuestas y sugerencias cumplan ese objetivo, y estoy impaciente por conocer propuestas más robustas de la Comisión.
Georgios Toussas
(EL) Señor Presidente, las tres sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre Viking Lines, Laval y Rüffert se basan en una sola premisa, que procede de las cuatro libertades de circulación de capitales consagradas en el Tratado de Maastricht, las Directivas sobre el mercado interior y sobre el desplazamiento de trabajadores, confirmadas por los artículos 43 y 49 de la nueva versión renombrada de la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas son políticas y muy reaccionarias: los grandes grupos empresariales imponen condiciones medievales de empleo para incrementar sus beneficios.
No sólo se cuestionan los derechos de huelga y de negociación colectiva, sino que también existe un tercer factor importante que me gustaría añadir: se cuestionan los convenios internacionales en materia de trabajo, firmados y ratificados a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por esta razón, debe garantizarse la misma remuneración y el mismo trabajo para todos los trabajadores.
Los trabajadores de los países que se incorporaron a la UE después del 1 de mayo de 2004 no le deben nada a nadie. Conjuntamente con los demás trabajadores de Europa, deben luchar para mejorar las condiciones laborales y los sueldos. Deben ser iguales por igual trabajo.
Małgorzata Handzlik
(PL) Señor Presidente, el desplazamiento de trabajadores está indisolublemente unido a la libre prestación de servicios. Con su decisión, el Tribunal de Justicia ha apoyado este principio, a mi parecer sumamente importante, del mercado común.
Sin embargo, me gustaría expresar mi desencanto por el hecho de que sigan existiendo normas en el mercado comunitario que no son conformes con la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. No olvidemos que la Directiva está orientada a ayudar a los trabajadores y los contratistas. Las situaciones en las que las disposiciones fundamentales de la Directiva se interpretan de forma distinta en los diversos Estados miembros también son inadmisibles. Los trabajadores no conocen sus derechos, y los Estados miembros no controlan si las disposiciones de la Directiva se aplican correctamente. Después de todo, la aplicación y ejecución adecuadas de estas disposiciones resulta esencial para el funcionamiento eficiente del mercado interior.
Por eso todas las medidas, independientemente de que tomen la forma de cooperación administrativa o de indicaciones a la correcta aplicación de la Directiva, resultan esenciales. Sin embargo, espero que el resultado de dichas iniciativas sea la mejora de la interpretación de las disposiciones y no más quejas sobre el dumping social inexistente.
Katrin Saks
(ET) Señor Presidente, Señorías. Yo también soy una gran defensora de la igualdad de trato como principio y puedo decir sinceramente que a veces me cuesta mucho entender por qué, por el trabajo que realizo en esta Cámara, recibo un salario muy inferior al de mis compañeros de la Europa Occidental (diez veces menos que los italianos). Sin embargo, entiendo que habrá que pasar algún tiempo para que se igualen los sueldos en Europa.
Hoy he tenido la impresión de que aquí hay una gran hipocresía. Muchos intervienen y hablan en nombre del millón de trabajadores desplazados, luchando por sus derechos. Pero seamos sinceros, la mayoría de los oradores no representan a ese millón de trabajadores desplazados sino que están protegiendo su propio mercado de trabajo. Por ello considero muy positivo que el Comisario haya prometido crear un comité para estudiar esta cuestión. Estos tres asuntos han dejado una impresión muy injusta. No obstante, era necesaria para informar de ámbitos en los que se da explotación, en los que hay dumping social, en los que hay inseguridad. Afortunadamente, no se ha dado nada de eso en estos tres asuntos.
La libre circulación de servicios nos beneficia a todos. Llevo tres semanas esperando que un fontanero se presente en mi piso de Bruselas: tengo los desagües de mi casa taponados. Les prometo que por las noches sueño con el famoso fontanero polaco.
Vladimír Špidla
Miembro de la Comisión. - (FR) Señor Presidente, Señorías, gracias a todos por sus intervenciones. Las he escuchado con mucho interés. Creo que hemos tenido un debate rico y animado. También he tomado buena nota de las diferentes opiniones que se han expresado hoy. Estas diferencias de interpretación y puntos de vista me animan a ser prudente en este asunto.
Además, el debate ha puesto de manifiesto la gran complejidad del asunto y las difíciles cuestiones jurídicas que se plantean en este contexto. Los tres fallos del Tribunal de Justicia son específicos. Sería incorrecto sacar conclusiones demasiado generales de ellos. En primer lugar, son los Estados miembros interesados los que han de evaluar qué deben hacer en su contexto nacional para adaptarse a las decisiones del Tribunal. Asimismo, me gustaría respaldar el enfoque constructivo adoptado en Suecia y Dinamarca para realizar esta adaptación.
Sin embargo, el debate de hoy ha demostrado que es importante realizar una reflexión en profundidad a fin de responder de forma apropiada a los problemas planteados. Esto es justamente una de las prioridades de la Comisión actualmente. Estamos efectivamente resueltos a continuar esta reflexión en el marco de la preparación de una agenda social renovada. Dicha agenda, que presentaré el próximo junio al Colegio, integrará por supuesto los resultados de la gran consulta efectuada sobre las nuevas realidades sociales. Se inscribe asimismo en la perspectiva de la Comunicación de la Comisión "Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI". Se trata de una oportunidad real de promover nuevas soluciones para responder a los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades europeas.
Entre dichos retos están, por supuesto, el cambio demográfico, el progreso tecnológico cada vez más rápido y el impacto social de la globalización. La diversificación de las formas de movilidad entre los trabajadores y el aumento de las migraciones, probablemente inevitable, plantean nuevos retos a los que debemos responder. Son cuestiones que debemos abordar para preservar y reforzar nuestro modelo social europeo.
Estoy convencido de que la agenda social es el vehículo apropiado para proponer una primera respuesta construida y adaptada a los desafíos de la movilidad para garantizar la protección de los trabajadores. El debate que está a punto de celebrar el Parlamento Europeo en el contexto de su informe de propia iniciativa también constituirá un paso en la dirección adecuada. La Comisión también se ha comprometido a desempeñar un papel activo en ello y a facilitar los debates y la búsqueda de soluciones.
Deseo trabajar con un espíritu abierto, exigente y conforme con las realidades económicas y sociales. Deseo que avancemos de forma constructiva y serena. La complejidad de las realidades sociales hace más difícil la formulación de soluciones "llave en mano". Necesitamos pasar más tiempo debatiendo la agenda social. Así es como podrá surgir un enfoque global y más protector para los trabajadores de la Unión.
Presidente
Se cierra el debate con la intervención del Comisario.
Tengo que reconocer que, aunque no sea propio de la Presidencia, lo cierro con una cierta perplejidad. Será porque durante treinta años de mi vida he estado luchando por que un trabajador español en Suecia o en Alemania no gane menos que el trabajador alemán o sueco y, porque llevo otros veinte años luchando por que el trabajador polaco, rumano o marroquí no gane en España menos de lo que gana un trabajador español.
(Aplausos)
Declaraciones por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Pedro Guerreiro  
Las recientes decisiones del Tribunal de Justicia relativas a los asuntos Laval-Vaxholm, en Suecia, y Viking Line, en Finlandia, y ahora el asunto Rüffert, en Alemania, no son más que la aclaración de los objetivos y las prioridades reales de esta Unión Europea.
Más concretamente, la "primacía" del principio de la "libertad de establecimiento", como se contempla en los artículos 43 y 46 del tratado, que prohíbe las "restricciones a la libertad de establecimiento".
El Tribunal de Justicia considera "restricción", por tanto, "ilegalidad" al amparo del Derecho comunitario, la libertad de los trabajadores y de sus organizaciones representativas para defender sus derechos e intereses, en particular, el respeto de lo acordado en la negociación colectiva.
De esta forma se legitima el dumping social y el ataque a la negociación colectiva en la UE y se promueve la "competencia" entre los trabajadores, imponiendo en la práctica la prevalencia del denominado principio del "país de origen", es decir, la aplicación de menores salarios y protección de derechos de los trabajadores en las relaciones contractuales con las entidades patronales.
Estas decisiones desvelan la naturaleza de clase de la UE y a quién le interesan realmente (y quién impulsa) sus políticas neoliberales, rebatiendo todo el discurso en torno a la tan pregonada "Europa social" y demostrando cómo las políticas de la UE se oponen a los derechos conquistados con esfuerzo por los trabajadores.
Mary Lou McDonald  
por escrito. - La forma en que los Tratados actuales se están utilizando para socavar los derechos de los trabajadores es un escándalo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas afirmó que su sentencia sobre el asunto Rüffert es conforme con las disposiciones de los Tratados actuales. El Tratado de Lisboa no mejorará esta situación en absoluto.
La protección de los trabajadores vulnerables en toda la Unión Europea debería haberse garantizado en las negociaciones del Tratado, pero no se hizo. La dirección por la que el Tratado quiere guiar a Europa socava los fundamentos del modelo social europeo.
En Irlanda, ya desde la época de Irish Ferries y aun antes, sabíamos que la preeminencia del mercado interior estaba llevando a situaciones en las que se estaban minando los derechos de los trabajadores.
Yo apoyo el espíritu del llamamiento de la Confederación Europea de Sindicatos en favor de la inserción de una cláusula de progreso social en el Tratado porque creo que la única forma de garantizar los derechos de los trabajadores en el futuro es rechazar este Tratado y enviar a los Estados miembros de vuelta a la mesa de negociaciones.
Un nuevo Tratado podría establecer firmemente que los derechos fundamentales, el derecho de huelga y el derecho de los trabajadores a emprender acciones colectivas para mejorar sus condiciones laborales y vitales por encima de los niveles mínimos, prime sobre el mercado interior.
Esko Seppänen  
por escrito. - (FI) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictado tres sentencias contra el movimiento sindical y, por tanto, es de esperar que adopte más decisiones en asuntos del mismo tenor. Los asuntos se refieren a Viking Line, Vaxholm (Laval) y Rüffert, y en todos ellos el Tribunal ha interpretado los Tratados desde un solo punto de vista, es decir, la libre competencia, desoyendo la voluntad del Parlamento. La propuesta de cumplir las condiciones de trabajo del país de origen en el caso de los trabajadores desplazados, como en la "Directiva Bolkestein", fue desestimada. Desgraciadamente, con las decisiones que ha tomado en estos casos, el Tribunal ha asumido el papel de legislador y ha hecho caso omiso de la interpretación de la voluntad del auténtico legislador, en este caso, el Parlamento Europeo. La Comisión no debería defender tal infracción de competencias por parte de esta institución.
