Directorios empresariales engañosos (debate) 
Presidenta
El siguiente punto es la pregunta oral a la Comisión por parte de Erminia Mazzoni y Malcolm Harbour, en nombre de la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre los directorios empresariales engañosos (Ο-000087/2011 - Β7-0315/2011).
Simon Busuttil
suplente del autor. - Señora Presidenta, hace dos años y medio que presenté ante este Pleno un informe sobre los directorios empresariales engañosos. El mensaje que transmitió esta Cámara fue claro: que las prácticas fraudulentas de los directorios empresariales engañosos constituyen un grave problema, que miles de nuestras pequeñas empresas, organizaciones de voluntariado e incluso organizaciones benéficas están siendo víctimas de estas prácticas fraudulentas y que necesitamos un enfoque concertado para acabar de una vez por todas con estas prácticas fraudulentas.
Lamentablemente, dos años y medio después, estamos aquí de nuevo en el Pleno hablando del mismo tema, dada la preocupante ausencia de medidas para combatir el problema de los directorios empresariales engañosos. Esta situación es inadmisible.
Permítanme que les recuerde, Señorías, el problema del que estamos hablando aquí. Básicamente, este problema consiste en que un directorio empresarial engañoso envía un formulario, cuyo objetivo aparente es solicitar a los destinatarios que actualicen sus datos personales o los datos de sus empresas, a cambio de lo que parecer ser un acceso libre, una inclusión gratuita en el directorio empresarial. A primera vista, rellenar este formulario no supone ningún coste, ningún pago, pero, una vez enviado el formulario, las víctimas reciben una carta en la que se les exige el pago de 1 000 euros anuales durante tres años consecutivos. Si no pagan, las empresas que elaboran estos directorios empresariales engañosos recurren a tácticas de acoso: llamadas telefónicas amenazadoras, amenazas de acciones judiciales y persecución por parte de cobradores de deudas.
Lo que resulta más preocupante es que esas tácticas ilegales se utilizan ante las mismas narices de las autoridades de algunos Estados miembros, que conocen perfectamente estas prácticas y no han adoptado ninguna medida para acabar con ellas. European City Guide, Construct Data, TEMDI, EU Business Services, World Business Directory, Expo Guide y DAD siguen funcionando sin el menor problema. La Comisión ha manifestado que estas prácticas engañosas infringen la legislación de la Unión Europea, pero no ha hecho nada para frenarlas. Y este es el motivo de que hoy estemos aquí.
Eija-Riitta Korhola
suplente del autor. - Señora Presidenta, el volumen de quejas relativas a las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios es un indicio del grave problema que estas prácticas representan para las PYME. Estas prácticas delictivas acosan a las pequeñas empresas y les ocasionan perjuicios económicos. En el período transcurrido desde 2003 a mediados de 2008, se documentaron cerca de 14 000 quejas y todavía se reciben cientos de cartas de queja de nuevas víctimas de estas empresas.
Las dificultades que entraña el seguimiento de las actividades de esta naturaleza socava el funcionamiento mismo del mercado interior. Las prácticas engañosas son ilegales en virtud de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.
Sin embargo, existe una carencia de remedios jurídicos efectivos y una aplicación insuficiente de las Directivas pertinentes. La Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor, que es la comisión responsable de la legislación en este ámbito, ha examinado esta cuestión con las autoridades neerlandesas y ha llamado la atención de estas sobre las prácticas fraudulentas de una empresa dedicada a la elaboración de directorios establecida en los Países Bajos.
La respuesta de las autoridades neerlandesas demuestra claramente que los Estados miembros están muy preocupados por lo que está sucediendo en su propio territorio. Creo que, dada la naturaleza transfronteriza de este problema, es crucial para detener las prácticas fraudulentas reforzar la cooperación entre los Estados miembros con vistas a mejorar la aplicación de la ley.
La propia Comisión podría colaborar más activamente con los Estados miembros para mejorar la aplicación transfronteriza utilizando las redes existentes en la UE para facilitar la cooperación entre sus miembros. Debe hacerse más hincapié en la aplicación de sanciones eficaces y disuasorias contra estas prácticas fraudulentas en todos los Estados miembros, para obligar a cerrar a las empresas e imponer sanciones a quienes las dirigen.
Debe contemplarse la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales para incluir todas las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, con el objeto de proteger a los consumidores o a los competidores. De esta manera, la mayoría de las prácticas comerciales desleales entre empresas, si no todas, se regirían por el mismo conjunto de normas por el que se rigen las prácticas comerciales de las empresas en sus relaciones con los consumidores, con las cuales suelen solaparse.
Asimismo, es importante ayudar a las empresas a combatir las estafas mejorando el acceso a la información y aumentando la concienciación mediante la mejora de los mecanismos de compensación. Quiero preguntar al señor Comisario cuáles son los principales obstáculos que impiden una mayor participación de las autoridades estatales en la cooperación transfronteriza para mejorar la aplicación de la ley, y qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión en la lucha contra las prácticas delictivas de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios?
Günther Oettinger
Miembro de la Comisión. - (DE) Señora Presidenta, Señorías, la Comisión comparte las preocupaciones y dudas del Parlamento Europeo y su análisis crítico de esta cuestión. Las prácticas engañosas de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios están creando problemas a numerosas empresas. Hace tres año, realizamos una encuesta y recibimos miles de quejas. Todo hace pensar que esto es solo la punta del iceberg y que el número de empresas que se sienten timadas podría ser infinitamente mayor.
La señora Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, está recopilando datos con el fin de determinar el alcance del problema. Quiero subrayar el hecho de que las prácticas de este tipo ya están prohibidas en virtud de la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y en la legislación de los Estados miembros en materia de lucha contra el fraude. No obstante, algunas de estas prácticas fraudulentas se realizan a través de las fronteras nacionales y se utilizan en transacciones comerciales entre empresas, por lo que resulta difícil procesar a sus autores.
Para abordar y resolver este problema, la señora Reding tiene previsto publicar a final de año una comunicación en la que informará sobre la aplicación de la actual Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa y sobre las actuales oportunidades de revisarla, y que permitirá evaluar la situación. La señora Reding se está planteando la posibilidad de mejorar el contenido y examinar las conclusiones que cabe extraer de las prácticas engañosas. También está examinando en particular el modo de mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales para procesar a los autores de los casos transfronterizos.
Además, la señora Reding tiene previsto proponer que se informe a los ciudadanos y las empresas del creciente problema que representan los directorios empresariales engañosos e insistir en la necesidad de emprender nuevas actividades de relaciones públicas en este ámbito. La Directiva de 2006 se ha aplicado en todos los Estados miembros. No obstante, la Comisión ha pedido a los Estados miembros que nos informen sobre la aplicación y las medidas que han adoptado y que presenten un informe de situación lo más pronto posible, antes de la fecha prevista de publicación de la mencionada comunicación. Este proceso ha contado con el apoyo de una conferencia organizada por la Comisión a finales del mes de mayo, en la que participaron autoridades nacionales, grupos de interés y expertos independientes. La conferencia se centró en las prácticas fraudulentas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios y, en particular, a las actividades transfronterizas.
En el transcurso del debate se puso claramente de manifiesto la necesidad de una cooperación mayor y más sistemática entre las autoridades de los Estados miembros, y esta necesidad se incorporará a la Comunicación que la señora Reding publicará a final de año. Puedo asegurarles que a nosotros esta cuestión nos parece tan urgente como a ustedes y, por ello, queremos dar los siguientes pasos con la mayor rapidez posible. Sin embargo, por razones formales, debemos cerciorarnos de que las empresas afectadas tengan una participación adecuada y, para ello, necesitamos tiempo. A partir de los resultados del proceso de consulta y una vez examinados todos los argumentos, la Comisión tiene previsto adoptar nuevas medidas correctoras para impedir las prácticas transfronterizas engañosas e ilegales. Muchas gracias por su amplio apoyo en este tema.
Georgios Papanikolaou
Señor Presidente, señor Comisario, nadie puede estar en desacuerdo con lo que usted acaba de decir. Quiero contar los problemas que ha tenido un ciudadano griego que se quejaba de los percances que le había ocasionado una publicidad engañosa y me facilitó toda la documentación pertinente. En el encabezamiento de la carta que le había enviado la empresa en cuestión decía que la información era gratuita. Al ver que solo tenía que introducir ciertos datos, mi compatriota introdujo dichos datos y remitió la carta. En la parte inferior de la carta, en letra pequeña, decía, como el señor Busuttil ha dicho anteriormente, que tenía que abonar 1 000 euros anuales. Al poco tiempo, el presunto departamento jurídico de la empresa envió una serie de cartas, que tengo aquí conmigo, en las que se exigía a mi compatriota el pago de 3 529,38 euros, en los que, al parecer, estaban incluidos los intereses y los costes jurídicos en los que había incurrido la empresa.
Es obvio, señor Comisario, que existe un marco legislativo, pero no sabemos si se están aplicando las Directivas pertinentes y si los Estados miembros las han incorporado correctamente a su legislación. De conformidad con el Programa de Estocolmo, tenemos que abordar estas cuestiones directamente. Nosotros estamos cerca de nuestros conciudadanos y ellos nos hacen partícipes de sus problemas cotidianos. Nuestros conciudadanos deben percibir nuestra cercanía y deben saber que no solamente nos ocupamos de los grandes temas europeos. Estamos a su lado en el día a día y, por ello, tenemos que encontrar una solución inmediatamente a esta cuestión.
Monika Flašíková Beňová
en nombre del Grupo S&D. - (SK) Señora Presidenta, ante todo está claro que estas empresas no solo son engañosas sino también fraudulentas.
El espíritu empresarial tiene sentido en la medida en que contribuye al bienestar de la sociedad en su conjunto pero, si alguien emprende un pseudo-negocio de elaboración de directorios para engañar a otros, a comerciantes honestos y a empresas, solamente para su propio enriquecimiento y, para lograrlo, utiliza un subterfugio, se trata de un fraude descarado, por mucho que pretendan que no están haciendo nada ilegal. Tampoco debemos perder de vista el hecho de que las prácticas de estas empresas dedicadas a la elaboración de directorios son claramente ilegales en virtud de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.
No obstante, no es necesario introducir nueva legislación, sino concentrarnos en aplicar la ley en la práctica de la forma más eficaz y rápida posible. El problema es que estas empresas a menudo se dirigen a empresas de otro Estado miembro, y estas, que en muchos casos son pequeños negocios familiares, no tienen la capacidad ni los conocimientos necesarios para emprender una defensa jurídica o bien consideran que les va a costar mucho dinero y esfuerzo. Permítame hacer solo una pregunta más ¿cree la Comisión que es posible realizar una campaña pública para dar a conocer el nombre de las empresas en cuestión e instar a las empresas honradas a que no se asocien con ellas?
Marian Harkin
en nombre del Grupo ALDE. - Señora Presidenta, quiero decir al señor Comisario que en los últimos años he conocido a numerosos ciudadanos irlandeses que han sido víctimas de empresas que elaboran directorios profesionales engañosos.
Por ejemplo, conocí a la secretaria de una escuela que pagó más de 2 000 euros porque la escuela no podía pagarlos y ella se sentía responsable por haber firmado el formulario. También se sentía totalmente estúpida, que nadie haría la tontería que ella había hecho, y no se daba cuenta que, por supuesto, esas cosas ocurren constantemente.
Conocí a una señora anciana cuyo marido era taxista. Había recibido un formulario en el que había algunos errores. Pensaba que simplemente tenía que corregir los errores, así que envió el formulario y posteriormente estuvo recibiendo cartas amenazadoras durante dos años. Estaba tan aterrorizada que hasta le daba miedo abrir las cartas cuando las recibía. Yo no podía decirle que no pagara el dinero. Lo más que pude decirle fue que, si yo estuviera en su situación, no pagaría. Era el mejor consejo que podría darle.
Hay montones de ejemplos como este de los que seguramente ustedes habrán oído hablar. Lo cierto es que los ciudadanos esperan que la legislación europea los proteja y no entienden por qué no los protege en estos casos. Hay una ambigüedad a este respecto. Como ya he dicho, yo les digo a los ciudadanos que creo que están protegidos pero no puedo garantizarlo. Por ejemplo, tengo entendido que en una región española se condenó a una de estas empresas y lo que hizo fue trasladarse a otra región y proseguir sus actividades.
Un tema que preocupa a los ciudadanos es que no están seguros de cómo funcionan los sistemas jurídicos de su país. Pueden pensar que están protegidos en su propio Estado miembro, pero no están seguros de lo que ocurre en otro Estado miembro. Asimismo, si las empresas en cuestión se trasladan a un país no perteneciente a la UE, a los ciudadanos también les preocupará lo pueda ocurrir en estos casos.
Por ello, me complace oír que la Comisión comparte nuestra preocupación y que está promoviendo la cooperación entre los Estados miembros, examinando de nuevo los casos transfronterizos y tratando de informar a los ciudadanos y las empresas.
Señor Comisario, usted ha dicho que la situación es urgente, pero hace muchísimo tiempo que lo es. Los ciudadanos saben que hay muchos ámbitos de la legislación comunitaria que influyen en sus vidas y no entienden por qué no están protegidos contra las empresas fraudulentas. Yo le pediría, señor Comisario, que entienda que la palabra "urgente" significa "ahora".
Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR. - Señora Presidenta, estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la señora Harkin. En la circunscripción escocesa a la que pertenezco son las personas ancianas y las que regentan establecimientos que ofrecen cama y desayuno o las cabañas turísticas sin servicio de comidas las víctimas de esta actividad delictiva. Introducen sus direcciones en este directorio y reciben un factura de 1 000 euros. Las personas ancianas se sienten aterrorizadas cuando reciben cartas amenazadoras de los presuntos representantes jurídicos de estas empresas.
Se trata de una actividad delictiva transfronteriza. Las empresas facilitan sus identidades y sus direcciones. Tenemos que localizarlas, procesarlas y proteger a los ciudadanos de la Unión Europea. Cuando los ciudadanos de mi circunscripción se dirigen a mí yo les digo que escriban a la empresa y le comuniquen que, en el futuro me dirijan a mí toda la correspondencia. Eso es lo único que escuchan. Sin embargo, es preciso que esta gente vaya a la cárcel.
Keith Taylor
en nombre del Grupo Verts/ALE. - Señora Presidenta, esta moción es muy necesaria. Aunque contemos con la Directiva del año 2006, es evidente que no está funcionando como debiera. El único objetivo de las empresas de las que estamos hablando aquí es únicamente estafar a organizaciones confiadas y a veces saturadas, y me parece especialmente abusivo que afecten a empresas de comunidades, a menudo con limitaciones de presupuesto.
Utilizando tácticas como las de los bravucones y los mafiosos, tientan con promesas a personas incautas, pero yo creo que el mensaje tiene que ser que si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, es que probablemente lo es. Estas empresas son como tiburones depredadores y hay que detenerlas.
Por supuesto, nuestro Grupo acoge con satisfacción esta resolución; es muy oportuna y la apoyaremos, dado que insta a la Comisión a que pida a los Estados miembros que apliquen correctamente la Directiva.
Derek Roland Clark
en nombre del Grupo EFD. - Señora Presidenta, conozco muy bien la European City Guide y, pese a los intentos de cerrarla, esta amenaza continúa. En el mes de mayo de 2008 entró en vigor en el Reino Unido el reglamento sobre el marketing engañoso, por el que se prohíbe utilizar la letra pequeña de un documento para ocultar el coste real de un servicio. Por tanto, la Oficina británica de Defensa de la Competencia (Office of Fair Trading) ya puede tomar medidas contra las empresas británicas que se dedican a estas actividades, si bien existe un grave inconveniente.
Y es que dicha Oficina no tiene competencia para combatir las estafas originadas desde otro país, aunque este sea un Estado miembro, de modo que el problema continúa y yo sigo recibiendo la parte que me toca de las quejas. Concretamente, mientras estas empresas puedan operar en cualquier otro país gracias a la laxitud de las políticas, ¿por qué mi propio Gobierno no puede impedir que fraudes como estos nos lleguen del continente? La respuesta radica en esta inútil UE, que ha eliminado las fronteras nacionales. La libertad de circulación de personas, bienes y servicios ofrece una tapadera perfecta para los que se dedican a la trata de personas, para los terroristas y para las estafas amenazadoras y traumáticas que tienen por objeto desplumar a los incautos.
Philippe Boulland
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, podemos resumir con cifras la situación relativa a los directorios empresariales engañosos supuestamente gratuitos. Se han enviado 400 peticiones a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, 50 000 empresas, asociaciones u organizaciones muy pequeñas se han visto afectadas y hostigadas a pagar. Se exige el pago de una media de 1 000 euros durante tres años en virtud de contratos no deseados, como ha mencionado el señor Busuttil.
Estas cifras solo reflejan en parte el sufrimiento de las víctimas de esas estafas. Precisamente estas personas ya asumen riesgos al crear sus empresas y enseguida tienen que enfrentarse a los retos del negocio, a la crisis económica y a las incertidumbres del futuro. Tenemos que evitar que sean objeto de estas prácticas fraudulentas, ya que carecen de recursos financieros o humanos para hacerles frente.
Varias propuestas son posibles: en primer lugar, tenemos que poner fin a estas estafas que están debilitando nuestra economía. Para lograrlo, señor Comisario, sería conveniente acelerar la revisión de la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, teniendo en cuenta que la publicidad fraudulenta está aumentando y cada vez utiliza unos métodos más sofisticados.
Debemos crear una lista negra de estas empresas, como referencia basada en el principio de "difusión de los nombres". Con la ayuda de las autoridades nacionales responsables de la lucha contra el fraude y de las empresas afectadas, podríamos contar con un instrumento sencillo y eficaz de disuasión y prevención. Por último, debemos castigar con severidad a los que se valen de este sistema. Las sanciones y multas que se les imponen son a menudo inferiores a las sumas que obtienen con las estafas. Deberíamos animar a los Estados miembros a que sean más estrictos en este ámbito.
Evelyne Gebhardt
(DE) Señora Presidenta, señor Oettinger, la Comisión comparte las preocupaciones del Parlamento Europeo. Eso está muy bien pero llevamos años esperando que la Comisión tome alguna medida y avance de verdad en este ámbito. Tenemos ante nosotros el informe del señor Busuttil. En la última legislatura parlamentaria, la Comisión del Mercado Interior y Protección del Consumidor insistió en la necesidad de hacer algo para ayudar a la gente y el problema es que la gente todavía está esperando a que llegue esta ayuda.
Muchas de las pequeñas organizaciones de voluntariado afectadas no tienen los recursos económicos necesarios para defenderse o no se atreven a hacerlo. La semana pasada recibí otra carta cuyo autor me preguntaba: "¿Qué puedo hacer para defenderme? Como no tengo dinero para pagar a un abogado no puedo emprender un proceso judicial". Creo que ya es hora de que proporcionemos a los ciudadanos europeos un medio eficaz para librarse de este problema.
Catherine Stihler
Señora Presidenta, estas empresas estafadoras, que son fraudulentas por naturaleza y se ceban en las pequeñas empresas amparándose en un velo de legitimidad -en muchos casos utilizan Europa en sus denominaciones- deben ilegalizarse. Estas estafas no solo perjudican a las pequeñas empresas, que se ven amenazadas, acosadas y obligadas a pagar unas tarifas por algo que creían era gratuito; y también perjudicaran a la Unión Europea si no adoptamos medidas firmes para ayudarlas.
Después de todo, el mantra de la Comisión Europea es "pensar primero a pequeña escala". Sin embargo, yo llevo planteando esta cuestión, como algunos de mis colegas han dicho, hace ya muchísimo años, y todavía no se ha tomado ninguna medida directa: ¿y por qué no se ha hecho? Nos hablan de encuestas, recopilación de información y reuniones de las partes interesadas. Pero necesitamos medidas, no palabras, y si ahora decimos que vamos a esperar hasta finales de año o que vamos a esperar unos años más, ya será demasiado tarde. Tenemos que actuar ahora.
Así pues, dado el carácter de estas estafas y su naturaleza comunitaria y transfronteriza, ¿se planteará la Comisión la posibilidad de introducir alguna modalidad de asistencia jurídica para ayudar a las empresas pequeñas y medianas a hacerles frente? Estas estafas se seguirán produciendo hasta que la Comisión adopte medidas enérgicas.
Phil Prendergast
Señora Presidenta, el Parlamento Europeo ha recibido cientos de peticiones de pequeñas empresas de la UE que afirman haber sido víctimas de estos sistemas. Si, por una parte, pagar estas tarifas abusivas puede acarrear a estas empresas inocentes graves problemas financieros, estas tienen a menudo un tamaño demasiado pequeño para afrontar costes jurídicos y no pueden emprender acciones judiciales contra estas empresas dedicadas a la elaboración de directorios.
Es frecuente que las empresas en cuestión elijan a sus víctimas en otro Estado miembro. Ello crea incertidumbre jurídica entre las víctimas, ya que en muchos casos desconocen cuál es el estatuto jurídico de dichos contratos en otro país. Las empresas dedicadas a la elaboración de directorios juegan con esa incertidumbre.
Si bien la Comisión ha afirmado claramente que la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa prohíbe las prácticas engañosas de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios, también debe examinar cómo se aplica dicha Directiva en los Estados miembros para cerciorarse de que los ciudadanos gozan de la misma protección en todos los países de Europa. El hecho de que los Estados miembros hayan incorporado la Directiva a su legislación no significa necesariamente que tales medidas sean exhaustivas o uniformes en los distintos Estados miembros.
Sylvana Rapti
(EL) Señora Presidenta, las prácticas comerciales desleales son como el agua, en cuanto encuentran un hueco, por ahí se cuelan. Y en este caso han encontrado dos huecos, uno es la Directiva de 2006, de la que ya se ha hablado, y el otro es el Reglamento relativo a la cooperación entre los Estados miembros.
Señor Comisario, habida cuenta de que usted tiene el apoyo de todos los grupos del Parlamento, o de todo el Parlamento, debe actuar con prontitud, porque el tiempo es dinero. Como ya han dicho Sus Señorías, han pasado por lo menos tres años, tres años durante los cuales esta gente, estos estafadores, como muchos de los oradores los han calificado -y yo me uno a ellos- han estado engañando a las empresas pequeñas y medianas, que son la columna vertebral de la economía europea. Tienen ustedes que actuar, y tienen que hacerlo rápidamente.
Marc Tarabella
(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, ciertamente es imprescindible saber si la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa se ha transpuesto y aplicado correctamente en los Estados miembros. No obstante, también debemos abordar con rapidez y de forma exhaustiva otros aspectos fundamentales de este problema, que también pueden aplicarse a otros tipos de estafas transfronterizas.
En primer lugar, la Comisión, los Estados miembros y sus organizaciones deben informar a los consumidores con la suficiente antelación. Es inadmisible que haya cada vez más ciudadanos estafados.
En segundo lugar, las víctimas deberían poder presentar recursos colectivos para defender sus derechos. Llevamos más de 20 años esperando estas medidas.
En tercer lugar, en el marco del actual debate sobre la reforma de las modalidades alternativas de solución de conflictos también podrían contemplarse disposiciones concretas para combatir estas estafas.
Señor Comisario, esperamos que usted adopte medidas rápidas y concretas a este respecto.
Seán Kelly
Señora Presidenta, la posición es exactamente la que Sus Señorías han señalado. Lo sé porque en mi propia circunscripción, en particular en Cork, una empresa denominada European City Guide ha estado realizando actividades fraudulentas por todas partes. Como tengo entendido, a pesar de que el año 2002 el Tribunal Superior de Cataluña pidiera a la empresa que cesara sus actividades y de que los tribunales belgas y la Oficina británica de Defensa de la Competencia la declararan culpable de realizar prácticas engañosas, dicha empresa prosigue sus actividades. Eso no puede ser.
Hay dos cosas importantes que tenemos que hacer. En primer lugar, tenemos que concienciar a las empresas europeas para que estén atentas y no caigan en las garras de estas empresas engañosas, y, en segundo lugar, tenemos que elaborar leyes para cerciorarnos de que, cuando llevemos a dichas empresas ante un tribunal, estas se vean obligadas a abandonar sus actividades o vayan a la cárcel. Tan sencillo como eso.
Zuzana Roithová
(CS) Señora Presidenta, el Parlamento ha recibido más de 400 peticiones y yo misma he recibido numerosas quejas de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones benéficas e incluso instituciones gubernamentales que han sido víctimas de fraudes perpetrados por empresas dedicadas a la elaboración de directorios. Estas entidades asumen compromisos costosos convencidas de que lo único que hacen es actualizar su información. Las operaciones engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios se gestionan de forma deliberada fuera de nuestras fronteras o en terceros países. Necesitamos una solución paneuropea clara, pero la Comisión Europea, en la que recae la iniciativa legislativa, no ha hecho nada en todos estos años a pesar de todos los esfuerzos realizados por el Parlamento Europeo.
En mi calidad de ponente alternativa, he propuesto numerosas soluciones en el informe del Parlamento. En realidad, todo lo que tiene que hacer la Comisión es proponer, en el marco de la Directiva pertinente, la elaboración de una lista negra de las empresas dedicadas a la elaboración de directorios que utilizan prácticas engañosas. Necesitamos una solución legislativa europea enérgica.
Insto a la Comisión a que aplique el procedimiento legislativo acelerado. Muchos ciudadanos honrados han perdido mucho dinero debido a la lamentable laxitud de la Comisión en este caso. En mi opinión, Europol también debería realizar una investigación sobre esta cuestión.
Olga Sehnalová
(CS) Señora Presidenta, las prácticas desleales de algunos de estas denominadas empresas dedicadas a la elaboración de directorios siguen planteando un grave problema. Sus operaciones suelen basarse siempre en la elusión de la ley y en una deficiente aplicación de las disposiciones legislativas. Muchas entidades han desistido de emprender acciones legales por su elevado coste. Y, por otro lado, existen numerosos ejemplos de sentencias absurdas basadas en el enfoque formalista adoptado por los órganos judiciales y otros órganos de supervisión.
No obstante, en lo que estos estafadores confían es, en particular, en el bajo nivel de conocimientos jurídicos entre las instituciones responsables y, lamentablemente, en su ausencia de voluntad y valor en muchos casos y también en cierta indolencia por su parte. Su interpretación formalista de la ley les permite mantenerse al margen, abstenerse de perseguir estos delitos y lavarse las manos al respecto. Paradójicamente, en tales casos los que resultan protegidos son los intereses de los estafadores y no los de sus víctimas.
La pregunta que se ha planteado, con razón, a la Comisión es cómo abordan los Estados miembros esta cuestión. ¿Cómo han aplicado la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa? A menos que el Estado desempeñe un papel activo y no meramente formal, este problema seguirá siendo irresoluble y se acumularán las peticiones de las defraudadas víctimas. Y sin embargo, no somos impotentes ante esta situación.
Andreas Schwab
(DE) Señora Presidenta, señor Oettinger, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-cristianos) apoya firmemente la moción para librar a las empresas pequeñas y medianas de la amenaza de los directorios empresariales, que supuestamente ofrecen un servicio a dichas empresas y que, en definitiva, no se traduce en nada tangible salvo las facturas. No obstante como usted, señor Oettinger ha dicho, y con mucha razón, la Directiva 2006/114/CE, que proporciona un fundamento jurídico para ello, no se ha aplicado correctamente en algunos Estados miembros. Por ello, espero que la Comisión ataje el problema desde la raíz y adopte un enfoque sistemático para resolverlo lo más rápidamente posible en los Estados miembros en los que la situación es especialmente grave. Obviamente, debido a la naturaleza transfronteriza de las mencionadas empresas, el problema no solo afecta a dichos Estados miembros sino que puede extenderse a otros países vecinos.
Un enfoque demasiado general no funcionará en este caso porque está claro que el problema afecta a ciertos Estados miembros.
Elena Băsescu
(RO) Señora Presidenta, los directorios empresariales constituyen una de las fuentes más utilizadas para obtener información sobre las ofertas existentes en un cierto sector comercial y son muy valorados entre los consumidores europeos gracias a su prestigio. Por ese motivo, los directorios empresariales engañosos perjudican a las personas que los utilizan. Es posible acabar con estas prácticas aplicando adecuadamente la Directiva sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Lamentablemente, no todos los Estados miembros han incorporado este texto a sus legislaciones y ello impide compensar adecuadamente a las víctimas por los perjuicios sufridos. La revisión de la Directiva proporcionaría los instrumentos necesarios para combatir estas prácticas. Complementar la legislación de la Unión Europea con disposiciones específicas también limitaría la aparición de directorios empresariales engañosos. Creo que las víctimas de estas prácticas deben tener la oportunidad de poder recurrir directamente al sistema judicial.
Gerald Häfner
(DE) Señora Presidenta, señor Oettinger, Señorías, me parece que se trata realmente de un problema europeo. Todos conocemos estos casos y hemos escuchado historias de distintos países. Tengo una pila de casos similares en mi despacho y reconozco que habría sido víctima de la mayoría de ellos. El problema reside, y así lo hemos explicado en numerosas ocasiones, en que tenemos la Directiva 2006/114/CE, hemos examinado este tema en la Comisión de Peticiones en 2008 y hemos celebrado debates aquí en el Pleno, pero el problema persiste e incluso adquiere mayores proporciones.
Señor Oettinger, he oído lo que ha dicho al principio y tengo la impresión de que el problema ha aparecido con usted. Quizá un nuevo Comisario tenga una nueva oportunidad para adoptar medidas en este ámbito. Quisiera pedirle que se tome el problema en serio. Puede parecer un problema insignificante, pero tiene graves consecuencias económicas y afecta a las pequeñas y medianas empresas, y, especialmente, a las empresas familiares, que son la columna de nuestras economías nacionales y de nuestra sociedad. Si no logramos acabar con el problema en todos los Estados miembros y aplicar la Directiva de manera uniforme y eficaz en toda Europa, los daños serán mucho superiores.
Günther Oettinger
Señora Presidenta, Señorías, agradezco la descripción amplia y coherente de la situación que han hecho los diputados comprometidos hoy aquí presentes. Informaré al respecto a la señora Reding y la alentaré para que prepare una comunicación exhaustiva sobre los puntos fuertes y débiles de la actual legislación europea y nacional, y para que revise la Directiva en función de esta.
Queda claro que los Estados miembros han aplicado la Directiva de 2006. Por tanto, no se trata primordialmente de un problema de adaptación de la legislación nacional. En primer lugar, en caso de problemas transfronterizos, a menudo ni siquiera se aplica la ley en muchos casos, debido a la cooperación menos que ideal entre las autoridades de los diferentes Estados miembros, y, por tanto, estos casos no se investigan en absoluto. En segundo lugar, a menudo hay una falta de incoación de procedimientos. La legislación penal es responsabilidad de los Estados miembros, tanto en lo que respecta a establecer sanciones como a hacer que las autoridades, la fiscalía o los tribunales investiguen oficialmente estos casos.
En tercer lugar, y ahora llegamos a la cuestión central, la Directiva de 2006 solo se aplica a las prácticas desleales en las relaciones comerciales entre empresas y consumidores, y no entre una empresa y otra. Esto significa que ofrece protección contra estas empresas fraudulentas, principalmente, a los particulares. No protege frente a este tipo de fraude a los empresarios, comerciantes independientes, minoristas ni tenderos o a los propietarios de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, durante el proceso legislativo que se desarrolló en su momento, la mayoría de los Estados miembros se opusieron, precisamente, a que se ampliara el ámbito de aplicación de la Directiva a fin de que incluyera las relaciones comerciales entre empresas. Esto significa que, sobre la base de esta Directiva, nos hemos limitado deliberadamente a someter a la regulación europea las relaciones entre empresas fraudulentas y particulares, y no entre empresas fraudulentas y pequeñas empresas. En aquel momento no se quiso someter a la regulación europea la cuestión de la que usted se queja, con razón, basándose en la experiencia práctica.
La Directiva era un ambicioso proyecto europeo y, en aquel momento, preocupaba a la Comisión que la totalidad de la propuesta fuera saboteada y que no se aprobara directiva alguna en caso de haber insistido en ampliar dicha Directiva más allá de las relaciones entre defraudadores y particulares. En vista de los ejemplos concretos que usted ha mencionado aquí y de los casos de abuso constatados por la Comisión, quizá pueda ampliarse el ámbito de aplicación de la Directiva más allá de las relaciones entre empresas fraudulentas y particulares en la revisión que tendrá lugar el próximo año. Empezaremos a trabajar en ello inmediatamente.
Por último, hay Estados miembros cuyas legislaciones sustantiva y penal incluyen disposiciones satisfactorias sobre las relaciones entre defraudadores y particulares, y que persiguen casos de esta índole. Encontramos buenos ejemplos en Austria, Bélgica y Francia. En cambio, en otros Estados miembros, y se ha referido a alguno de ellos, las normativas nacionales no son adecuadas. Tenemos que esperar y ver si, en el Consejo a un año vista, estos Estados miembros estarán dispuestos a votar a favor de una normativa unificada y general en toda la UE que proteja a los ciudadanos que también son empresarios.
Presidenta
He recibido una propuesta de resolución de la Comisión de Peticiones presentada de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento.
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)
Ildikó Gáll-Pelcz
El problema es real, está lamentablemente muy extendido y puede observarse en casi toda la Unión Europea. Las víctimas suscriben un contrato de buena fe para anunciarse en un directorio empresarial después de que se les ha hecho creer sería gratuito. A continuación, los operadores exigen el pago aduciendo diferentes motivos, además de acosar continuamente, someter a presión psicológica e incluso amenazar con acciones judiciales a los que se niegan a pagar. Es inevitable proceder a una revisión en cuanto a si los Estados miembros aplican de manera eficaz la legislación comunitaria en la materia, para evitar que siga utilizándose la publicidad engañosa y, si es necesario, convendría proponer una nueva enmienda a la legislación pertinente de la Unión para resolver el actual problema. Lo más importante ahora es demostrar a las empresas que están en apuros que no solo comprendemos su situación, sino que también las apoyamos plenamente. Al mismo tiempo, resulta imprescindible pedir a las empresas que elaboran directorios profesionales engañosos el cese de sus actividades profesionales deliberadamente engañosas, puesto que contravienen el espíritu de la política de competencia de la Unión.
