Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
Reanudamos nuestra sesión. Tengo que decirles que parece que hay un duende en algún lugar del sistema del edificio. Las personas que instalaron el sistema llevan ya algún tiempo aquí intentando descubrir de dónde viene el problema. Parece que se trata de un problema intermitente. Espero que pueda resolverse lo antes posible.
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. ¿Hay alguna observación?

Watson
Señor Presidente, en la página 27 del anexo del Acta mi voto se registra como emitido a favor de la enmienda 20 al informe Morillon. Yo no comparto los puntos de vista de esa enmienda y quisiera que constara que voté en contra de la misma.

El Presidente
Se arreglará en la próxima Acta, señor Watson.

Thors
Señor Presidente, en nombre de la Sra. van der Laan y en el mío propio quisiera hacer constar que nosotras votamos en contra de la Enmienda 15 en el informe Morillon. Queremos que quede registrado que votamos a favor de la liberación de Leyla Zana y de los otros prisioneros kurdos.

Cox
Señor Presidente, podría ser conveniente que se me permitiera plantear una cuestión de procedimiento. Ayer, mi Grupo, al igual que en muchas otras votaciones en esta Cámara, tenía puesto el piloto automático, pero algunos de nosotros nos estrellamos al descubrir que, en la votación relativa a la enmienda 15, que había presentado el Grupo GUE y que pedía la liberación de la Sra. Zana y del resto, nos habíamos equivocado.
Ya he conseguido que se efectúe una corrección pero le pediría formalmente que a lo largo del día facilitara a los colegas del Grupo ELDR la posibilidad de ponerse en contacto con los servicios parlamentarios. Algunos no están presentes en este momento, debido en parte a la interrupción y, en parte, a que el problema no se había previsto. Le agradecería su ayuda en este asunto.
(El Acta queda aprobada)   

Myller
Señor Presidente, lo que tengo que decir tiene más que ver con el futuro que con el pasado, o sea, que quisiera asegurarme de que la votación sobre la EEB sea incluida entre las votaciones de hoy. Y es que se trata de de un asunto de gran importancia e interés para los ciudadanos, de manera que sería justo y necesario que pudiéramos concluirlo du
rante esta jornada.
(El Parlamento aprueba la solicitud)

Acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0318/2000) del Sr. Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (COM(2000) 30 - C5-0057/2000 - 2000/0032(COD)).

Cashman
. (EN) Me corresponde el honor de presentar este informe sobre un tema que es crucial para las vidas de las personas que representamos y, de hecho, para el futuro de la Unión. Mi objetivo a lo largo de todo el informe ha sido elaborar una propuesta políticamente madura, eminentemente razonable y práctica tanto para las instituciones como para el ciudadano. Creo que mi informe refleja ese objetivo así como el punto de vista de mi coponente, la Sra. Maij-Weggen, a quien quisiera rendir un homenaje especial.
Quisiera subrayar que éste es un texto jurídico; por tanto, debe ser detallado e inequívoco. No se trata de un folleto informativo. Eso vendrá después. Aún así, lamento que el informe haya sido mal interpretado por algunas personas con el fin de obtener ventajas políticas a corto plazo. Unos pocos titulares fáciles, unas pocas líneas impresas apartan a esta gente de la realidad. Este informe es si cabe más urgente a la luz de las normas que fueron adoptadas por el Consejo en agosto, la llamada "Decisión Solana". Mi informe afirma expresamente que la decisión de Agosto debería ser revocada al igual que otras decisiones.
Lo que pretendemos es un cambio de cultura. En tanto que reunión de 15 Estados miembros la cuestión del acceso público a los documentos se plantea de diferentes modos, pero me complace comprobar que, en gran medida, el Parlamento Europeo constituye un baluarte contra las fuerzas que pretenden mantener las puertas de las instituciones cerradas al público. El acceso a los documentos y a la información relativa a las actividades de las instituciones permite a los ciudadanos controlar a los órganos de gobierno de la UE y estimula una mayor eficacia. Confío en que, con la aportación fundamental de la Sra. Maij-Weggen, hayamos elaborado un texto maduro y sensato e introducido cambios revolucionarios para las instituciones pero también beneficios reales y tangibles para los ciudadanos europeos.
Es evidente que el Artículo 255 del Tratado admite una interpretación más amplia del acceso de los ciudadanos a los documentos de las instituciones, así que permítanme que describa alguno de los cambios recogidos en mi informe. Todas las instituciones y órganos a los que se refiere el artículo 255 deberían citarse expresamente en el Reglamento y deberían incluirse no sólo los comités y grupos de trabajo sino todas las agencias creadas por las instituciones. Todos los documentos de las instituciones deberían ser públicos a no ser que exista una buena razón para que no lo sean, en un número limitado de excepciones basadas en una prueba que evalúe los posibles daños que pueda causar la divulgación. Estas excepciones son discrecionales, no como otros les querrían hacer creer, obligatorias.
El término "documento" debería interpretarse en sentido amplio y comprender los documentos internos de las instituciones, aunque los documentos de información, el "espacio para pensar", puedan excluirse. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, debería establecerse un registro de documentos. Este registro debería contener los documentos a los que no pueda accederse directamente. También debería incluir los documentos clasificados como "no públicos" especificando la excepción que les es aplicable. De este modo, el público tiene conocimiento de la existencia de los documentos y puede impugnar esta clasificación. Asimismo, el acceso a los documentos deberá ser fácil a través de internet o de métodos tradicionales y habrá un control continuo - muy importante - del nuevo proceso y de su aplicación por parte del Parlamento.
Me gustaría aclarar otros aspectos. El sistema de clasificación descrito en el informe pretende facilitar el proceso de acceso a los documentos. La solicitud de un documento cuestionaría la aplicación de la excepción. En el momento en que se efectúe la solicitud del documento, la aplicación de la excepción deberá ser revisada caso por caso. Debemos asegurarnos de que los acuerdos interinstitucionales actuales o futuros, que se mencionan en mi informe, tienen como fundamento legal la regla del artículo 255 para que las instituciones acuerden un marco coherente, con el máximo derecho de acceso para el ciudadano.
Algunos diputados han sugerido que en mi texto me acerco mucho a las posiciones del Consejo y la Comisión. En realidad, los problemas fundamentales que el Consejo y la Comisión prevén con mi informe coinciden, es curioso, exactamente con las diferencias que aparecen entre la mayoría del Parlamento y algunos de los grupos pequeños de esta Cámara. Por tanto, insto al Consejo y a la Comisión a que asuman el cambio. La Unión debe acercarse al ciudadano. Debe ser más responsable y más transparente, sobre todo a medida que nos acercamos a la ampliación. Juntos debemos aprovechar esta unidad y juntos resolver los problemas que plantea. Insto a la Cámara a que apoye mi informe.

Maij-Weggen
Señor Presidente, ha transcurrido mucho tiempo antes de que la Comisión Europea presentara una propuesta en el ámbito de la transparencia en la Administración. Algunos de los diputados de este Parlamento llevan años pidiéndola. Presenté, incluso, una propuesta completa de iniciativa en la Comisión de Asuntos Constitucionales al comienzo de este período de sesiones. La Comisión comunicó que presentaría una propuesta concreta al respecto dentro de medio año, y ha mantenido su palabra.
Tan sólo hay que lamentar que el contenido no haya sido el que esperábamos. Hay bastantes críticas por parte de las organizaciones de periodistas, de las ONGs, de algunos Estados miembros y también de nuestro Parlamento. Por tanto, no resulta tan extraño que se haya presentado un paquete de enmiendas tan amplio, tan amplio que el reglamento se logra modificar considerablemente. De este modo, el reglamento se adapta a la legislación en materia de transparencia en la Administración de algunos Estados miembros, y también a la Freedom of Information Act, tal como se aplica en los Estados Unidos ¿Por qué vamos a dar un menor acceso a nuestros ciudadanos en relación con Bruselas del que tienen los ciudadanos americanos respecto de Washington?
Hay, por tanto, un gran número de enmiendas y agradezco al ponente de la Comisión de Libertades y Derechos del Ciudadano, Michael Cashman, la forma en que ha colaborado con la Comisión de Asuntos Constitucionales y conmigo misma. Lo que está ante nosotros es, de hecho, el trabajo de estas dos comisiones.
¿Cuáles son las enmiendas más importantes? La enmienda más importante es, por supuesto, la que se hace al artículo 4, en el que la Comisión ha establecido diecisiete excepciones a la publicidad de los documentos, y nosotros las hemos reducido a seis.
En relación con la información sobre cuestiones militares y de defensa proponemos, además, celebrar un acuerdo interinstitucional entre el Consejo y el Parlamento, de manera que la información secreta se comunique a un llamado comité selecto. Éste determinará si ese secreto está justificado. Así, el Parlamento se convierte en un eslabón entre el Consejo y los ciudadanos, y ése es el motivo por el que esto debe figurar en el reglamento.
Otra enmienda importante es la propuesta de que no sólo el Consejo, la Comisión y el Parlamento, sino también todas las instituciones externas caigan en el ámbito del reglamento. Por qué no vamos a forzar a la transparencia a estas instituciones, que están financiadas por la Comisión Europea y en las que el personal son funcionarios europeos. Creo que se trata de una cuestión muy importante, y este reglamento contará con un amplio anexo para regularlo.
Respecto de la clasificación. Para ser breve, puedo sumarme completamente a lo dicho por Michael Cashman. Tampoco entiendo muy bien las críticas de los Liberales y los Verdes, ya que esta clasificación es precisamente importante para el acceso. Por eso disgusta tanto al Consejo.
Considero que una quinta enmienda importante es el informe anual que debe especialmente examinar los documentos que se tienen que mantener secretos o que, cuando menos, se mantienen secretos. Entonces, puede examinarse una vez por año si la necesidad de secreto es real o no.
La Comisión Europea nos ha hecho saber oficiosamente que todavía no ha examinado bien la posición del Parlamento. Tal vez no sea bueno, pero tal como opina el colega Cashman, podemos ver si la votación final puede, quizá, aplazarse.
Por último, señor Presidente, esta propuesta es importante sobre todo para el carácter democrático de la Unión. De eso se trata, de los ciudadanos, de ahí que espere que una amplia mayoría de este Parlamento vote a favor de la propuesta.

Hautala
Señor Presidente, estimados colegas, el derecho a tener acceso a los documentos de las instituciones de la Unión es la condición previa para que los ciudadanos puedan seguir en general el proceso de toma de decisiones e influir en el mismo. Ahora estamos creando una administración transparente y moderna, en cuyo marco es natural que los ciudadanos gocen de este derecho directo. Obviamente, debemos establecer unos límites a este derecho, y éste es el objeto del debate de hoy. Actualmente, la Unión Europea cuenta ya con una práctica en cuanto a la publicación de documentos, y cabe recordar que muchos ciudadanos audaces y muchos Estados miembros progresistas llevan ya años luchando para que se incremente la transparencia. Este debate no parte de cero, pero podemos considerar que nuestra obligación es incrementar la transparencia y hacer que se cumplan los criterios que se desprenden del Tratado de Amsterdam.
El informe que nos ocupa encauza la situación en una dirección mejor desde muchos puntos de vista. Es estupenda la constatación del informe en el sentido de que la publicación de documentos y la obligación de entregar documentos concierne a todas las instituciones, no solamente a los tres órganos principales. También es estupendo que se obligue a las instituciones, o mejor dicho, que se contemple la posibilidad de que éstas entreguen documentos a ciudadanos que no vivan en Europa o a personas que no sean ciudadanos de la Unión Europea. Este principio debería ser aún reforzado: estimados colegas, pueden ustedes bien imaginar que algún ciudadano de la Unión Europea pueda necesitar en un momento dado información sobre lo que está haciendo, por ejemplo, la Administración de Estados Unidos. De hecho, no hay ninguna razón para restringir geográficamente el acceso a los documentos.
Sin embargo, el informe no deja lo bastante claro que existen posibles normas específicas que quedarían en vigor una vez adoptada legalmente este Reglamento y que cumplirían los criterios para una transparencia más amplia. Esta cuestión es ambigua, y es posible que también entren y queden en vigor normas más restrictivas, por lo que hemos presentado enmiendas a este punto, entre otros. En cuanto a la definición de documento, se trata de una cuestión muy esencial sobre la podríamos estar discutiendo un año entero, y tal vez ya lo hayamos hecho. Es fundamental reconocerles a las instituciones ciertas posibilidades de practicar la llamada reflexión interna, pero en este punto tenemos que ser muy cautelosos, ya que podemos crear una situación en la que los documentos preparatorios que fundamentan las decisiones queden excluidos del marco de transparencia, en cuyo caso es obvio que será imposible influir en el proceso de toma de decisiones. En mi opinión, el informe va también demasiado lejos al reconocer el derecho de las llamadas terceras instancias a limitar el acceso a los documentos. Puede que el Consejo y la Comisión deban defender este tipo de limitaciones, pero, a mi juicio, ello no está en el interés ni del Parlamento, ni de los ciudadanos.
La lista de excepciones, como dijo la Sra. Maij-Weggen, es fundamental, acaso la parte más importante de este trabajo. En este punto hemos avanzado en una dirección mucho mejor, pero quiero llamar especialmente la atención sobre el hecho de que si queremos que los ciudadanos puedan seguir en el futuro el desarrollo general de la Política de Seguridad, digo el desarrollo general, entonces las excepciones en materia de defensa, seguridad y asuntos militares son demasiado amplias. Estas excepciones deberían ser definidas con más precisión, o bien ser complementadas con un mecanismo de evaluación de sus disfunciones.
Señor Presidente, el derecho de los diputados al Parlamento a acceder a los documentos secretos es una cuestión muy importante, pero esto no debe reemplazar el derecho directo de los ciudadanos a acceder a la información. Este informe requiere aún ser retocado también en el Parlamento y creo, por lo tanto, que aquí debe ser mejorado.

Malmström
Señor Presidente, la apertura y la transparencia son fundamentos del régimen democrático, para que los ciudadanos puedan seguir y participar en el proceso de decisión. La posibilidad de acceder a los documentos crea más confianza y da más legitimidad, cosa que no abunda actualmente en la UE.
Estudios internacionales demuestran que existe una clara relación entre apertura en la administración y bajos niveles de corrupción. El informe Cashman no es, por esa razón, un informe cualquiera. En él se fija la esencia de lo que llegará a ser el principio de publicidad europeo, es decir, que todos los documentos deberán ser públicos. Las excepciones tendrán que ser escasas y muy bien regladas. Deberán registrarse todos los documentos. Las peticiones de publicidad deberán ser tratadas individualmente. Las negativas deberán ser motivadas.
La Comisión de Asuntos Exteriores rechaza la idea de exceptuar de la transparencia, automáticamente y en grupo, a los documentos relativos a los asuntos exteriores y de seguridad. Esto sería inaceptable. Aunque en este campo cada documento deberá ser analizado separadamente. Por eso, como una válvula de seguridad democrática, hemos propuesto que a los documentos que después de un estudio no se les dé publicidad, podrían ser conocidos por un pequeño grupo de parlamentarios. Si embargo, es importante que esto no sustituya el anhelo de que tantos documentos como sea posible sean puestos a disposición de la opinión pública: periodistas, grupos interesados e individuos.
El artículo 225 del Tratado de la UE se ocupa del acceso de los ciudadanos a los documentos. Los derechos de las instituciones deberán ser desarrollados en disposiciones separadas.
El informe Cashman es un primer paso en el largo camino que lleva a la apertura, la democracia y la confianza de los ciudadanos. Una directiva común es necesaria e importante. Se necesitará mucho trabajo para cambiar las actitudes y la cultura en el seno de las instituciones, para que comprendan que la apertura es necesaria, natural, eficaz y democrática. Ahora esperamos el turno del Consejo.

Theato
Señor Presidente, también yo quisiera subrayar - como ya ha hecho la Sra. Malmström - que la transparencia es el presupuesto básico de todo control democrático y un modo de participación activa de los ciudadanos en el proceso de decisión. Todo proceso transparente promueve la legitimidad, fomenta la eficiencia y favorece el acercamiento de la administración a la ciudadanía. Y también constituye una manera efectiva de protegerse de la arbitrariedad, del abuso de poder y de la corrupción. Éstas han sido las reflexiones que han motivado la posición de la Comisión de Presupuestos respecto de este proceso.
Nos alegramos de encontrar en el informe un principio decisivo que también defendemos con vehemencia desde la Comisión de Presupuestos. Este principio establece que sólo excepcionalmente pueden hacerse excepciones a la obligación de transparencia. Por ello, la larga lista de excepciones que la Comisión tiene previstas, es inaceptable. De modo que rechazando radicalmente el catálogo de esas excepciones con la enmienda 30 hacemos lo que es correcto en interés de los ciudadanos. Personalmente, me parece aún más lamentable porque una simplificación y una puntualización de las cosas sólo se alcanza en este importante punto, pero no en el Reglamento en general.
Desgraciadamente, el deseo de prevenir eventualidades fue más fuerte, así como el de prever una reglamentación lo más amplia y completa posible. En lugar de hacer un texto más corto, hacemos por la puerta de atrás uno más largo. Temo que esto irá en perjuicio de su legibilidad y de su accesibilidad al usuario. Tanto más importante será que, con este Reglamento, al ciudadano no sólo se le deja solo, sino que los distintos organismos crean plazas nuevas a las que puede dirigirse cualquier persona interesada y donde le ayudan en la búsqueda de cualquier documento. Si queremos que los derechos de los ciudadanos sean realmente efectivos, necesitamos para esas plazas de nueva creación personal específicamente preparado que sepan guiar a los ciudadanos que buscan información a través del complicado laberinto de las instituciones. Y esto vale también para el laberinto de las lenguas.

Andreasen
Señor Presidente, se va a reformar ahora el artículo 225 del Tratado y con el informe Cashman damos un largo paso en la dirección correcta, pero no lo suficientemente largo. De todas formas, me gustaría reconocer el gran trabajo que el Sr. Cashman ha efectuado en este informe. En mi opinión, se trata de uno de los más importantes de este año. También el dictamen de la Comisión de Cultura va más allá de lo que propuso la Comisión. Nos hemos apoyado en los modelos escandinavos de publicidad de la administración, pues en estos países se dispone de una larguísima tradición en el acceso del público a los documentos administrativos. Naturalmente, también ha sido tarea de la Comisión de Cultura subrayar la necesidad de que el lenguaje de las normas sea lo más claro, sencillo y comprensible posible al igual que hemos señalado que la transparencia y la apertura son los mejores instrumentos para solucionar los problemas que puedan surgir como consecuencia de las diferencias culturales y lingüísticas existentes entre los países miembros, también en esta cuestión.
En mi opinión, el acceso a los documentos forma parte esencial de la política comunitaria en materia de comunicación e información. Todos los estudios han mostrado la gran distancia existente entre el ciudadano europeo y Bruselas, y el propio ciudadano opina que sabe demasiado poco de la UE. Su conocimiento depende del arbitrio de los medios de comunicación o de grupos específicos de interés, sintiéndose éste a menudo impotente ante las instituciones. Ahora se le da la posibilidad de echar un vistazo a los temas que no gozan de especial aprecio por parte de los medios de comunicación y de los grupos de interés y así poder participar mejor en el debate abierto y democrático que tiene tanta trascendencia para la confianza hacia la UE. Espero que la Comisión quiera hacer un gran esfuerzo por informar sobre esta legislación también al hombre de la calle, pues los medios de comunicación y los grupos específicos de interés seguro que sabrán hallar el camino por sí solos a los documentos que les interesan. Espero que el Consejo y la Comisión también puedan prometernos hoy una segunda tramitación positiva de modo que podamos iniciar lo antes posible las mejoras necesarias de los procedimientos en beneficio de los ciudadanos y de la imagen de las instituciones. En una sesión pública de la Comisión de Libertades Públicas y Derechos de los Ciudadanos celebrada en septiembre nos enteramos de que se tarda diez años en que una administración cambie su mentalidad, por lo que cuanto antes nos pongamos en marcha tanto mejor.

Thors
. (SV) Señor Presidente, se han dicho muchas cosas sensatas en relación con los antecedentes de este informe. Sin embargo, creo que hay que subrayar que se trata de alterar el orden de las cosas. Ahora se trata de dar a los ciudadanos poder para controlar a las instituciones.
En la opinión de la Comisión de Peticiones se menciona, entre otras cosas, la importancia de los registros de documentos. Éstos son importantes para poder alcanzar una publicidad interna. La comisión desea que se incluyan todos los documentos, independientemente de si emanan de las instituciones o si éstas los han recibido desde afuera. Evidentemente se puede dar un plazo a las instituciones, pero no se trata de descartar eternamente la publicidad de un determinado documento. Cuando el plazo haya vencido, tendrán que publicarse.
También tenemos que reflexionar sobre lo que menciona el ponente Cashman. Siempre hay que equilibrar distintos intereses: el de una discusión abierta y el de proteger, por ejemplo, a determinadas personas.
También es importante que las partes tengan derechos. Subrayamos que éstas deben tener mayores derechos que la mayoría. Nos referimos, sin embargo, al derecho a acceder a los documentos de la gente en general, no al del Parlamento. La Comisión de Peticiones aboga por plazos más cortos para hacer públicos los documentos. En nuestra sociedad, el tiempo es poder.
También hacemos hincapié en el trascendental papel que ha desempeñado el Defensor del Pueblo en los avances que se han obtenido. Creo que su papel seguirá siendo importante en el futuro. También quisiéramos subrayar que no se trata de armonizar normas nacionales. Las culturas nacionales tienen que mantenerse, por ejemplo en mi país, en el que se inventó el principio de publicidad que permite el acceso a los documentos.

Cederschiöld
Señor Presidente, el informe Cashman puede resumirse en pocas palabras: poder de los ciudadanos sobre la burocracia. El derecho de los ciudadanos a conocer los documentos de las instituciones de la UE es uno de los pilares fundamentales de una Unión democrática y abierta. El acceso a la información estimula también la eficiencia. Éste es un trascendental paso hacia una UE más abierta y más democrática.
Celebro que el Parlamento haya logrado crear una amplia mayoría en favor de una mayor apertura. Quiero dar las gracias al ponente Cashman y a Maij-Weggen por su colaboración, que ha sentado las bases para las futuras negociaciones. No existen ni deben existir excepciones en bloque para los asuntos exteriores y de seguridad.
El principio del acceso a los documentos también debe comprender a todas las instituciones y órganos comunitarios. Por eso resulta particularmente importante que los documentos se anoten, que se registren, para que los ciudadanos razonablemente puedan llegar a conocer los documentos existentes.
La publicidad de los documentos debe ser un principio esencial y amplio, pero obviamente debe completarse con algunas excepciones bien definidas. Hay que proteger a los ciudadanos. La Comisión propuso 16 excepciones, que yo consideré demasiadas. Por eso las hemos reducido a seis. En cada caso particular, habrá que exigir que se justifique la confidencialidad de un documento. Ésta tampoco puede ser declarada para siempre. Cuando ya no se justifique, el documento deberá ser accesible. Puede haber otras estrategias que implican que antes de una reunión sea necesario que un documento tenga el carácter de secreto, pero cuando se haya adoptado una decisión tal vez desaparezcan esos motivos. El documento, entonces, deberá ser puesto a disposición de los ciudadanos. Además, todas las calificaciones de confidencialidad podrán ser reclamadas. Podrá recurrirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al defensor del Pueblo o a la institución comunitaria correspondiente, y el Parlamento siempre podrá cuestionar los motivos de la calificación.
Otro principio importante, que ha sido uno de mis favoritos desde el comienzo de los debates sobre este tema, es el de que, en la medida de lo posible, los documentos deberían hacerse públicos por medios electrónicos, a través de Internet. El Parlamento lo ha admitido y seguramente hoy también lo subrayará.
Opino que éste es un excelente ejemplo de influencia sueca y nórdica en el sistema comunitario.

Andersson
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a los ponentes este excelente trabajo. Una mayor apertura hará que disminuyan la burocracia, las posibilidades de fraude y estafa y, además, dará más legitimidad a las instituciones frente a los ciudadanos.
No profundizaré en los detalles del informe - siempre es posible anhelar más detalles - sino que me atendré a los grandes principios. La propuesta que tenemos sobre la mesa se fundamenta en el principio de que todos los documentos deben ser públicos. Las excepciones son bastante menos y más claras que las de la propuesta de la Comisión. Se garantiza a los ciudadanos un amplio acceso a los documentos, y de la forma más sencilla. Lo mismo vale para los ciudadanos de terceros países. Se llevará un registro de todos los documentos. La tramitación de una solicitud de acceso va a ser relativamente rápida.
Los países que tienen un sistema mejor podrán mantenerlo y no se verán afectados. Además, cada año se informará al Parlamento, de modo que podremos hacer un continuo seguimiento de esta actividad.
También me gustaría subrayar que todos los ciudadanos tendrán garantizado el acceso a los documentos, de muchas formas. En nuestro Grupo hemos discutido la posibilidad de que los ciegos, o los que tengan otros tipos de disfunciones, puedan acceder a los documentos en formas diferentes a las escritas. Quisiera hacer notar que Internet y otros métodos podrán facilitar el acceso a los documentos en el futuro.
Quiero finalizar diciendo que una gran mayoría debe respaldar esta amplia propuesta en el Parlamento. Los problemas no radican en nosotros. En las negociaciones con el Consejo y con la Comisión tendremos que alcanzar una propuesta y buenos resultados. Esto es lo más importante, y es nuestra tarea.

Wiegenga
Señor Presidente, el acceso y la transparencia en la Unión Europea no gozan de buena fama. La idea que tienen los ciudadanos es la de una logia de funcionarios que trama todo tipo de regulaciones a puerta cerrada. En tanto parlamentario puedo confirmar esa imagen. El Consejo de Ministros constituye especialmente un bastión cerrado. Tampoco inspira alegría la actual propuesta legislativa de la Comisión Europea. Afortunadamente, esta propuesta de la Comisión ha sido profundamente adaptada por las comisiones parlamentarias, entre otras cosas, gracias a la contribución de algunos ponentes liberales para opinión que acaban de hablar. El principio rector debe ser que todos los capítulos sean públicos salvo las excepciones. Ésa es la voluntad de este Parlamento.
A pesar de que el Grupo ELDR considera que la propuesta ha mejorado considerablemente, opina que todavía pueden introducirse más mejoras. Señalo que el reglamento para el registro de los documentos resulta demasiado complicado, que los motivos de las excepciones pueden formularse mejor y que también los ciudadanos de la UE no europeos deben tener derecho al acceso a los documentos. Las definiciones relativas a la obligación de información de la Comisión y el Consejo respecto del Parlamento Europeo no deben figurar en esta propuesta legislativa. El dogma de la responsabilidad política no debe confundirse con los derechos de acceso a los documentos por parte de los ciudadanos. Hago un llamamiento, por tanto, a los grupos socialdemócrata y conservador y, por supuesto, también a los restantes para que respalden nuestras enmiendas.
Señor Presidente, una palabra sobre la posición de la Comisión Europea, puesto que ya me he referido al Consejo. Mi Grupo y yo tenemos nuestras dudas en cuanto a la Comisión Europea. Según dicen, esta normativa relativa al acceso a los documentos apenas ha sido discutida por el Colegio y se ve hasta ahora como una cuestión, sobre todo, del funcionariado. Me gustaría conocer la opinión de la Comisaria aquí presente. De ser así, se comete un error, ya que se trata de la credibilidad y fiabilidad que tiene la Unión Europea para el ciudadano. Pido a la Comisión Europea que colabore plenamente a fin de lograr una buena regulación basada en el principio de la transparencia, salvo en el caso de las excepciones.

Lagendijk
Señor Presidente, señor Cashman, no permitamos que haya malentendidos, también mi Grupo opina que su informe supone un gran paso adelante en comparación con el informe de la Comisión. Hay menos excepciones y existe la posibilidad de que los Estados miembros mantengan una legislación propia que garantice un mayor acceso. No obstante, también hay puntos que se pueden criticar. Quiero referirme a uno.
Usted menciona en su informe el llamado "select committee" , la comisión de investigación. Atención, se trata de un "select committee" del Parlamento Europeo. Un pequeño grupo de diputados que podrán tener acceso en el futuro a los documentos militares secretos.
Mi problema y el problema de mi Grupo es que esta regulación dirigida a los parlamentarios se recoge en un documento que debería referirse al acceso del público, de los ciudadanos, a los documentos. No puede ser, señor Cashman, que si nosotros hacemos un buen negocio para nosotros mismos cuando se trata del acceso a los documentos, dejemos a los ciudadanos en la estacada en ese mismo punto. Le recuerdo que ese peligro no es imaginario, ya que el Parlamento Europeo ha decidido recurrir la decisión Solana. No obstante, ha dicho al mismo tiempo que la continuidad de este asunto depende de las negociaciones en cuanto al comité selecto. En otras palabras, se ha establecido de forma incorrecta, en mi opinión, un vínculo entre los derechos de los parlamentarios y los derechos del público.
Quisiera hacer un llamamiento a los ponentes para que eliminen del reglamento toda referencia a los derechos de los parlamentarios, ya que ése trata del acceso de los ciudadanos a los documentos, y quiero pedir a todas Sus Señorías que vigilen muy bien que sus intereses no prevalezcan en detrimento de los intereses del público.

Frahm
Señor Presidente, en este Parlamento hemos hablado muchísimo de acercar la Unión más a los ciudadanos y creo que si esto es lo que queremos, este proyecto es importantísimo. Es un proyecto que puede llevar a que los ciudadanos se sitúen en una posición en la que sean copartícipes y participantes activos y no sólo meros espectadores o piezas de ajedrez de un gran e interesante juego. De ahí que considere también importante que nos concentremos en este informe en los derechos de los ciudadanos y no mezclemos esta cuestión con todas las demás cosas que pudieran surgir con relación al acceso del público a los documentos ni tampoco la mezclemos con la riña que mantienen el Parlamento, la Comisión y el Consejo sobre el acceso a los documentos. Son los derechos de los ciudadanos los que hoy nos ocupan. Me gustaría recalcar que en cualquier caso votaremos a favor de una definición lo más amplia posible de qué son documentos. Documentos son muchas cosas hoy en día y nos gustaría garantizar que haya un acceso lo más amplio posible a cuantos tipos diferentes de documentos de las más diversas formas sea posible. Lo que supone también a la inversa que queramos asegurar que las excepciones sean lo más insignificantes y escasas posibles.
Sencillamente no puedo entender que pudiera resultar necesario en esta cooperación introducir normas más estrictas de aquellas que rigen en cada Estado miembro. No entiendo que se acepte que los ciudadanos de la Unión tengan peores derechos en lo que se refiere al acceso a documentos que los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros. No entiendo que pueda ser más importante o peligroso que algo se escape de esta "Comunidad" , como se la llama, que el que algo similar se escapara del gobierno sueco o, llegado el caso, del gobierno danés. Por ello me parece tan importante que no se limiten los derechos de los ciudadanos de los Estados miembros, que ahora gozan de un buen acceso y que al contrario se emplee esta colaboración para aumentar el acceso de los ciudadanos de los Estados miembros y, la verdad, también de la Unión como tal. Si los derechos de los ciudadanos y acercar la Unión a los ciudadanos tienen algún significado para nosotros, entonces no hablamos de unos documentos estupendos ni de unos grandes discursos sino de unos derechos absolutamente concretos para los ciudadanos.

Turco
Señor Presidente, al agradecer, en nombre de los diputados de la Lista Bonino, al ponente Sr. Cashman el excelente trabajo realizado, y antes de subrayar nuestras preocupaciones por algunos aspectos, quiero decir que el derecho de acceso a la información debería reconocerse como un derecho civil y político. Para ejercer este derecho civil y político, hoy existe Internet, un término que en el ámbito de las Instituciones europeas suena a raro y que, a pesar de que se está empezando a usar, no se emplea con toda su fuerza. Internet es un medio extraordinario y, hoy por hoy, no cabe duda de que es el medio más sencillo, más económico y de más fácil acceso. En este sentido, votaremos a favor de las enmiendas que fomentan su utilización.
En cuanto a la preocupaciones: la primera se refiere a los ámbitos de la política exterior y de seguridad común, así como de la justicia y de los asuntos interiores. En estos ámbitos, el acceso a los documentos no está garantizado y está vedado no sólo a los ciudadanos, sino incluso al Parlamento Europeo al que, por otra parte, ni siquiera se le informa o consulta acerca de los documentos fundamentales.
La segunda preocupación se debe al secretismo detrás del cual se escuda el Consejo para tomar decisiones legislativas. Actualmente, a los ciudadanos y a los diputados se les niega el derecho a conocer la posición y el voto de las delegaciones nacionales en el seno del Consejo y si, hoy por hoy, el Consejo es un órgano colegislador, es lógico que los votos y los trabajos del Consejo deben ser públicos. Los ciudadanos han de poder saber cómo ha votado su Gobierno sobre cuestiones de extrema importancia.
La tercera preocupación se refiere al acceso limitado a las oposiciones para la contratación de personal de la Unión. En efecto, hay una zona gris que genera casos de discriminación y de mala administración. Estos casos luego se reflejan directamente en la calidad del trabajo realizado por las Instituciones.
Como diputados de la Lista Bonino, consideramos asimismo que no hay que inclinarse a imponer una hiperregulación que introduzca un acceso indiscriminado a informaciones o a opiniones que no tienen valor alguno en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, nuestro voto estará atento a encontrar un justo equilibrio entre estos dos extremos.

Bonde
Señor Presidente, la posición de la Comisión con respecto al acceso del público a los documentos puede verse en el manual interno que fue remitido el día 11 de octubre a los empleados de la Comisión para informarles de cómo deben gestionar las solicitudes de acceso público a los documentos presentadas por los diputados al Parlamento Europeo. El día 13 de octubre fue enviado al Parlamento, pero yo lo he visto por primera vez esta tarde. De él se desprende que si un diputado al Parlamento Europeo solicita información dentro del proceso de aprobación de la gestión, los empleados de la Sra. De Palacio deben negarse a contestar tales solicitudes. Sólo hay una persona -el Presidente de la Comisión de Control Presupuestario- que puede solicitar información con relación al proceso de aprobación de la gestión. Puede leerse además en este manual interno dirigido a los trabajadores que si un diputado encuentra una información interesante en un periódico y desea ver el documento en cuestión, sólo hay un diputado al Parlamento Europeo que puede presentar tal solicitud y es el Presidente del Parlamento Europeo. Es un escándalo y muestra cuáles eran las intenciones que albergaba la Comisión con el acuerdo marco. Cuando ni siquiera los diputados al Parlamento Europeo pueden obtener la información que solicitan, ¿cómo demonios van a poder obtenerla los ciudadanos de a pie? Y por ello existen motivos suficientes para que todos los diputados acudan a sus grupos...
(El Presidente interrumpe al orador)

Raschhofer
Señor Presidente, estimados colegas, la transparencia garantiza una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de decisiones así como una mayor legitimidad, eficiencia y responsabilidad de la administración de un sistema democrático. El principio imprescindible de ese sistema debe ser el de la más amplia posible accesibilidad a los documentos de la Unión por parte de los ciudadanos. En lo fundamental, hay que valorar positivamente al Reglamento, especialmente la puntualización de que este Reglamento es válido para todos los ámbitos políticos como también para todas las instituciones de la Unión.
Pero una gran gota de amargura permanece todavía. La lista de excepciones del artículo 4 puede, si se hace una aplicación extensa, puede desfigurar el objetivo de este Reglamento. Éste se caracteriza por su indeterminación y la inseguridad jurídica de los ciudadanos que con ella va aparejada. Me parece muy cuestionable que se niegue acceso a documentos si - cito del artículo 4 - "puede perjudicarse el funcionamiento ordinario de los organismos." Esta disposición le abre las puertas de par en par a la arbitrariedad. El concepto de "funcionamiento ordinario de los organismos" es indeterminado y no se adecúa a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Según éste, la valoración de si un documento es accesible o no, debe considerar los intereses del organismo, la conficencialidad del documento y el interés del solicitante.
No basta el perjuicio al funcionamiento ordinario de los organismos para justificar una negativa al acceso a los documentos. Esta disposición debe ser eliminada o, al menos, ampliada de modo que incluya la consideración de evaluar el interés del solicitante. El objetivo de este Reglamento es permitir un óptimo acceso documental respetando al máximo el principio de transparencia. La presente propuesta de reglamento puede tan sólo cumplir con esta meta si la lista de excepciones del artículo 4 se ve, al menos, reducida.

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, en esta sala tiene lugar hoy un debate de la máxima importancia y seriedad, puesto que se trata del debate sobre uno de los textos legislativos más relevantes examinados por el Parlamento. Y es un texto legislativo relevante porque se refiere a la quintaesencia de las relaciones del ciudadano de a pie con las instituciones, quintaesencia que radica en la posibilidad de acceso a éstas por parte de aquél.
El marco en el que tiene lugar el debate viene definido por la propuesta presentada por la Comisión Europea, propuesta que a través del informe del colega Sr. Cashman, al que felicito por su excelente trabajo, configura la posición del Parlamento Europeo. La pregunta que flota en el ambiente, sin embargo, es qué pasa con el Consejo. Hasta el momento, por parte del Consejo no hemos visto ninguna propuesta, a excepción de la tajante y, en mi opinión, inaceptable posición del Sr. Solana, sobre los asuntos que afectan a la política exterior común.
Señor Presidente, señorías, hago un llamamiento a presionar al Consejo para que cambie de actitud, y al mismo tiempo invito a todos a aprobar el informe Cashman.

Lund
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias al Sr. Cashman por haber efectuado un trabajo estupendo con este informe. Creo que el informe envía una señal firme a todas las instituciones de la UE y a la opinión pública comunitaria. La transparencia en el trabajo legislativo y en la administración pública representa el fundamento mismo del buen funcionamiento de nuestras democracias. Por ello no es suficiente con que el sistema formalmente sea transparente. También debe ser percibido como tal. La propuesta de reglamento de la Comisión recuerda en realidad al famoso cuento de H. C. Andersen "El traje nuevo del Emperador" . Se dice una cosa, pero en realidad se hace otra distinta. En este Parlamento hemos de interpretar el papel del niño del cuento. La forma habitual en la que se desarrolla la cooperación en el ámbito internacional con las reglas de juego y usos de la diplomacia, es decir, que todo se lleve a cabo con las cortinas bajadas, no sirve en la moderna cooperación a la que ha evolucionado la UE.
Hemos de dejar atrás esta forma de pensar. Hemos de disponer de pleno acceso para la opinión pública con muy pocas excepciones, de lo contrario, perderemos el respaldo de la población a la cooperación europea. Y añadiré que aunque estas normas sólo tocan a la opinión pública comunitaria, la propuesta del Sr. Cashman tendrá también un efecto comunicante en los Estados miembros, donde ya no se pondrá mantener en secreto documentos con la excusa habitual que casi siempre recibimos, es decir, que se trata de un asunto comunitario. Con el informe Cashman se pondrá término al descrédito de la UE entre la opinión pública causado por esta actitud. Y esto es bueno para la confianza de los ciudadanos en la cooperación europea.
Y voy a acabar diciendo que me parece una lástima que el Sr. Bonde llevara consigo el manuscrito equivocado en su intervención de hoy. En cualquier caso no tenía nada que ver con el informe Cashman.

Watson
Señor Presidente, agradezco al Sr. Cashman su inspirado y diligente trabajo en la comisión. La libertad de información y la cultura de una administración abierta y transparente son herramientas poderosas para un mejor gobierno y para erradicar la corrupción y la negligencia.
Ya que fue el Sr. Prodi el que nos presentó las propuestas en enero, esperábamos que estuviera aquí para participar en este debate. De hecho, la Comisión ha guardado un curioso silencio durante nuestras deliberaciones, pero estamos deseosos de escuchar los comentarios de la Sra. Comisaria esta mañana.
El Sr. Solana en el Consejo ha hecho una audaz apuesta por ser coronado príncipe de las tinieblas. Pero una vez que votemos este informe hoy, el Parlamento estará preparado para negociar con la Comisión y con el Consejo un código que hará que los ciudadanos queden deslumbrados por el sol de Estrasburgo. Ha de presumirse la publicación y la carga de la prueba debe recaer inequívocamente en los que pretendan ocultar la información. Es grotesco que los gobiernos nacionales de la Unión Europea elaboren las políticas públicas detrás de una gruesa cortina de secretismo. La libertad de información prevista en el artículo 255 rasgará esa cortina por la mitad.

Schörling
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente y a todos los que han participado en este trabajo. Es un informe muy importante, que constituye una parte sustancial de lo que podríamos llamar el nuevo principio de publicidad de la UE. En éste se incluyen, además de la propuesta de ley que regula el derecho de los ciudadanos a conocer los documentos, el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento y otros acuerdos, tales como la decisión Solana. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de conseguir una UE más abierta y democrática. Sería una desilusión si no lo lográsemos. Se trata de alcanzar seguridad jurídica, eficiente administración y eficaz gestión popular.
Hay que recordar que esta propuesta fijará los derechos de los ciudadanos a acceder a los documentos, sin que necesiten justificación. No hay que confundirla con el papel del Parlamento Europeo o con los futuros acuerdos interinstitucionales.
El informe Cashman significa una mejora de la propuesta de la Comisión, pero, en mi opinión, esta mejora no es suficiente. Todavía tenemos que votar por muchas de las enmiendas presentadas, entre otros, por los Verdes y por los liberales. La enmienda sobre registros es particularmente interesante.
Además, los ciudadanos no necesitarán que su derecho sea interpretado, sino que tendrán derecho a acceder a los documentos para ver, por sí mismos, lo que pueda ser importante.

Modrow
Señor Presidente, el presente informe apunta en la dirección correcta, pero debería abarcar más. Hoy en día, a menudo se busca suscitar en la opinión pública una impresión de buena información haciéndole llegar montañas de folletos impresos en papel satinado. Sin embargo, los ciudadanos no juzgan la información por el satén en que va impresa, sino por el contenido, la transparencia y la facilidad para comprenderla. Es verdad que con transparencia y apertura pueden prevenirse la corrupción y el derroche de recursos. El informe reciente del Tribunal de Cuentas refleja la urgencia de cambios en este sentido.
Tres cosas más. Primero, la democracia se basa en la cooperación ciudadana, y por tanto debe promoverla. ¿Pero qué pasa si no se está informado o sólo a medias, ante una jungla de disposiciones legales en la que ni siquiera un europarlamentario puede orientarse, y no digamos ya un ciudadano corriente? Con la información se trata también de que el ciudadano reconozca sus particulares intereses en nuestras decisiones, cuando se trate, por ejemplo, de proyectos de fomento y otros varios.
Segundo, los documentos son redactados en un lenguaje que no lo entiende ni un jurista, y mucho menos aún un ciudadano.
Por último, la confidencialidad indicada es tan grande incluso para los miembros de este Parlamento que muchos aspectos necesarios para la toma de nuestras propias decisiones permanecen tan escondidos que...
(Avería técnica)

Blokland
Señor Presidente, la reiterada retórica de la Europa del ciudadano no se encuentra en las restrictivas reglas de acceso a los documentos que proponen la Comisión y el Consejo ¿Quieren estas instituciones implicar realmente al ciudadano en la construcción de Europa? Su postura parece preconizar la centralización del poder ¿Por qué se ha elegido un reglamento? ¿No se trata de los documentos de las instituciones? ¿Y por qué se han formulado de forma tan amplia las excepciones relativas al acceso?
Ciertamente, ahora que no se exige la unanimidad en el Consejo, la única posibilidad de corregir el rumbo del reglamento reside en el Parlamento. Afortunadamente, con el informe Cashman/Maij-Weggen se intenta adoptar un documento que regule el acceso de los ciudadanos a los documentos y no el derecho de las instituciones a fijar restricciones.
No obstante, tampoco el Parlamento se ve libre de las luchas de poder. Así, el informe contiene enmiendas relativas al derecho de las instituciones a clasificar los documentos como secretos o públicos, enmiendas que están dirigidas sobre todo a incrementar la influencia propia. Sin embargo, ¿es esto en realidad adecuado en un reglamento relativo al derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos? El fervor regulador del Parlamento, que se deduce de las muchas enmiendas presentadas, conduce además, al establecimiento de una reglamentación difícilmente aplicable. Y eso, a pesar de que la transparencia y la apertura, necesarias para garantizar la implicación de los ciudadanos, se lograrían mejor precisamente con una reglamentación clara y sencilla. Eso es ciertamente lo que debemos respetar en tanto Parlamento.

Gemelli
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Cashman su informe enriquecido con las opiniones de los Sres. Maij-Weggen, Hautala, Malmström, Theato, Thors y Andreasen. Sin embargo, pienso que el ponente se refiere a todas las Instituciones a excepción del Consejo, porque el Consejo es un agujero negro en esta Unión Europea. El Consejo es lo desconocido más allá del espacio. Considero que se ha dado un paso adelante hacia el ejercicio del derecho del ciudadano a la información y al conocimiento. Probablemente, con la información electrónica será posible brindar también a los ciudadanos esta posibilidad, automatizándola, sin que exista un interés legítimo por su parte en pedirla. Pienso asimismo que, como han solicitado la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, habría que tratar de enfocar los momentos institucionales y burocráticos respecto al iter, para depurar las responsabilidades que, en todo caso, recaen siempre en la administración y, por lo tanto, sin segmentar el tipo de responsabilidad.
He hablado de responsabilidad concretamente, ya que pienso que la información debe defender a los ciudadanos de los errores de la administración pública. Si no fuera así, se trataría sólo de un mero deseo de conocimiento. No obstante, el derecho del ciudadano a defenderse de la administración pública impone la información.
Un último punto: non se puede hacer información y, por lo tanto, conceder el derecho a la información, el derecho a la protección del ciudadano de los errores de la administración pública, sin procedimientos más simples y más comprensibles, si no disminuyen la cantidad y el tipo de procedimientos, ya que los procedimientos complicados, a pesar de ser conocidos por los ciudadanos, son la antítesis de la transparencia y niegan la relación entre el ciudadano y la Institución que debe ser un instrumento para mejorar la calidad de vida del ciudadano.

Martin, Hans-Peter
Señor Presidente, en primer lugar, felicitaciones al ponente, Sr. Michael Cashman, y a todos aquellos que han colaborado en este informe. Hasta ahora, la transparencia era poco más que un tópico a menudo mal entendido cuando con él nos referíamos a la transparencia de las actividades de las instituciones de la UE. Las exigencias planteadas por el informe Cashman constituyen un primer paso adelante de mucho valor, pero, ciertamente, según me parece, tampoco más. Nosotros los diputados deberíamos tener más coraje. Estamos promoviendo una Iniciativa Europea por la Transparencia, brevemente IET, con el apoyo de todo el arco parlamentario. La compondrán europarlamentarios, parlamentarios nacionales, y también representantes de los medios de comunicación, porque de lo que se trata es de defendernos todos juntos del secreto oficial que se practica en las instituciones de la UE. No se trata tan sólo del principio de libre acceso a todos los documentos, sino también, naturalmente, de que por fin se logre abrir las puertas de las sesiones del Consejo, para que el Consejo no tome en un futuro, al estilo de Metternich, sus decisiones solo y en secreto, para luego poder incordiar fácilmente a Bruselas.
Los medios de comunicación, precisamente, son bienvenidos de modo especial para que nos apoyen a los parlamentarios y para que todos juntos sondeemos y descubramos lo que el ciudadano quiere saber y lo que debe saber. Mañana mismo habrá un encuentro en Londres. Pediremos que nos escuche el Ministro de Exteriores británico y el Ministro de Ciencia, y el fin de semana siguiente la IET será un punto central del orden del día del Consejo Europeo de Artistas que se reunirá en Madrid.
En todo ello, nuestro modelo son el Freedom of Information Act americana y la transparencia que se vive en la práctica en Suecia. No es casualidad que sobre esto hayan hablado casi sólo escandinavos, muy pocos alemanes o italianos y - creo - ningún francés, al menos hasta ahora. Se acopla favorablemente a esto el que al año que viene Suecia asumirá la Presidencia del Consejo, por lo que quizás puedan darle un impulso esencialmente más inequívoco. En cualquier caso, necesitamos una nueva era ilustrada, y es una gran oportunidad para nosotros parlamentarios que podamos mostrar aquí nuestro verdadero rostro.

Korhola
Señor Presidente, quiero darle las gracias al Sr. Cashman por el buen trabajo realizado. Sin embargo, no es él el único a quien doy las gracias, muchas gracias se merece también la Sra. Hanja Maij-Weggen del Grupo PPE-DE, que ha sido la redactora de la propuesta en virtud de la aplicación más estricta del procedimiento Hughes. Me alegro de que hayan conseguido llevar a cabo una buena y fructífera colaboración en este asunto.
La transparencia y la democracia son valores importantes en nuestro trabajo y ambos se materializarían si se hicieran obligatorios los registros de toda la información existente, también de la clasificada secreta. Éste es el principio del que yo he partido en la elaboración de mi propio informe sobre el acceso a la información relativa al medio ambiente. También sería importante que se reseñe a los ciudadanos sobre cuándo estarán disponibles los documentos que, en el momento de hacer la petición, aún no sean públicos por razones de confidencialidad o por estar inacabados.
Quisiera llamar la atención sobre un asunto relacionado con la publicidad de la información en propiedad de las unidades subordinadas a la Comisión y de las unidades creadas por las instituciones de la UE. Entre ellas están, por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente con sede en Copenhague, como también la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria de próxima creación. Naturalmente, los documentos de estas unidades deben incluirse en el marco de la normativa de la transparencia sin ninguna ambigüedad. Sin embargo, no considero adecuada la técnica elegida por el Sr. Cashman. La clasificación de estas unidades en un anexo aparte es una torpeza técnica, dado que continuamente son creadas nuevas unidades o modificadas las existentes. Sería mejor estipular en las cláusulas una normativa que obligue a todas las unidades a hacer públicos sus documentos y a crear registros sobre los mismos.
En segundo lugar, quisiera hacer una observación sobre el trabajo relativo a las excepciones. La regulación de excepciones es un asunto muy delicado, ya que incluso un buen informe y un incremento considerable de la transparencia quedan con facilidad, en la mente de la ciudadanía, a la sombra de una tosca estipulación de excepciones. Es obvio que debemos decidir de una vez sobre los procedimientos que saquen a la luz pública el trabajo del Consejo, y la normativa de excepciones no debe permirtirle al Consejo escudarse tras ella como ha venido haciendo hasta ahora. Pero igual de importante es ir eliminando aquellas posturas de la opinión pública francamente rayantes en la paranoia, las cuales se ven alentadas, entre otras cosas, por el secreto excesivo de los documentos relacionados con la seguridad y la defensa. En definitiva, desde el punto de vista de la seguridad, también es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de evaluar su propia confianza en la defensa europea a través de los hechos y de los documentos.

Myller
Señor Presidente, nos encontramos en una situación que nos permite decir con propiedad que estamos dando pasos en la dirección exigida ya durante años, y cuyos principios fueron finalmente aprobados en el Tratado de Amsterdam. La transparencia debe erigirse como pilar básico de todas las actividades de la Unión, pero el derecho a acceder a los documentos no es aún sufuciente de por sí para la consumación de la transparencia. Tenemos que encargarnos de que las actividades de todas las instituciones se basen en la transparencia, en la claridad y en la inteligibilidad, lo cual quiere decir que las estructuras de la toma de decisiones deben quedar a la vista con nitidez. También debemos eludir la burocratización en este asunto. Los plazos que se propongan para la entrega de los documentos deben ser plazos máximos, puesto que en circunstancias normales los documentos estarían a disposición de los ciudadanos de forma natural.
También considero de suma importancia que este informe proponga una inspección anual, ya que con ocasión de la misma podrán revisarse legítimamente las listas de los documentos que no han podido ser entregados al público. A la hora de realizarse estas inspecciones, también tendremos conocimiento de causa para examinar bajo criterios políticos si las estimaciones hechas en su día para la confidencialidad de esos documentos eran las indicadas. Espero que este informe reciba una buena acogida aquí en el Parlamento.

Van den Berg
Señor Presidente, existe un abismo entre la posición del Parlamento y las posiciones del Consejo y de las Comisión. Este abismo simboliza la distancia entre la Unión europea y sus ciudadanos. Nuestra población considera que Europa no es democrática, que las decisiones se toman a puerta cerrada. El abismo también representa el déficit democrático de Europa. El intercambio de información es, al fin y al cabo, un fundamento esencial de la democracia moderna, que se alimenta del debate público, de los medios de comunicación y el control público, y de la participación de las organizaciones sociales. Las propuestas que hemos realizado aquí, en el Parlamento, salvan esta distancia. Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en que la gran mayoría del Parlamento respalda las propuestas, lo hacen incluso colegas de países que tal vez cuenten con menor tradición en cuanto a la transparencia. Veo este consenso en todo el Parlamento como una gran contribución con la que esta institución muestra que este asunto se ha convertido en una lucha paneuropea para la democracia europea.
Concluyo diciendo que el Consejo cometió en julio un grave error al declarar de forma categórica secretos todos los documentos relativos a las cuestiones militares. Esta decisión simboliza el camino que todavía debemos recorrer antes de que logremos tener en Europa una política de seguridad y defensa democráticamente controlada. El Parlamento Europeo pide, entonces, que la política europea de seguridad y defensa se introduzca en el futuro en las estructuras de la Comisión Europea. Primero, hay que abordar la molesta decisión del Consejo. Por supuesto, el Parlamento Europeo reconoce la necesidad de mantener en secreto determinados asuntos militares, pero de acuerdo con el examen del contenido de cada documento en particular conforme a criterios y procedimientos que se sometan a control. El control parlamentario de los documentos secretos puede realizarse, en consecuencia, mediante un comité selecto de esta institución.
Señor Presidente, el acceso a los documentos tiene una importancia fundamental para la democracia europea. El Consejo y la Comisión deben negociar durante las próximas semanas a fin de suavizar sus posturas. En caso contrario, el grupo socialdemócrata juntos con otros grupos intentará imponer este derecho de información mediante ley.

De Palacio
Señor Presidente, en primer lugar, deseo manifestar mi satisfacción por poder exponer ante sus Señorías la posición de la Comisión respecto a las enmiendas presentadas por las distintas comisiones a la propuesta de reglamento, un Reglamento que todos consideramos de una gran importancia para la realidad de la democracia y el avance de nuestra sociedad.
Quiero añadir cuánto aprecio y cuánto apreciamos los esfuerzos del ponente, Sr. Cashman y de la redactora de la propuesta, Sra. Maij-Weggen, para presentar en un período tan corto este informe. De conformidad con el artículo 255 del Tratado, el Reglamento propuesto debe adoptarse antes del 1 de mayo de 2001, es decir, dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
Antes de presentar la posición de la Comisión, quiero señalar que ésta, al elaborar su propuesta, se basó, por una parte, en la experiencia y el funcionamiento del código voluntario de los últimos seis años y, por otra, en un estudio de la legislación de los Estados de la Unión, algunos de los cuales tienen una amplia experiencia en facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos.
El Tratado reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder a los documentos de las instituciones europeas con arreglo a determinados principios y condiciones. Para la Comisión, como se indica en la propuesta, facilitar el acceso a los ciudadanos, permitirá garantizar una mejor información de los mismos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de las administraciones en un sistema democrático. Por tanto, el principio fundamental es la apertura, pero eso debe conciliarse con la salvaguardia del interés público y el respeto de ciertos derechos que merecen una especial protección. Éste es el equilibrio fundamental que debemos alcanzar.
Nuestra legislación deberá respetar, además, otro tipo de equilibrio igualmente trascendental: el equilibrio entre las tres instituciones contempladas en el Tratado de Amsterdam; esto no significa que no sería conveniente que las otras también asumieran el Reglamento cuando lo aprobemos. Cuando se dirigió al Parlamento, el pasado 3 de octubre, el Presidente Prodi se refirió al triángulo institucional y evocó que en un sistema europeo basado en controles y equilibrios, la fluidez del funcionamiento de cada institución contribuye al interés común. Cada una de las instituciones tiene un cometido diferente que desempeñar y, por lo tanto, sus necesidades y obligaciones son distintas.
Gracias al informe del Sr. Cashman disponemos ahora de una idea clara de las prioridades del Parlamento. Pero todavía no está clara la posición del Consejo respecto a algunas de las disposiciones más importantes de la propuesta. Este elemento de incertidumbre lleva a la Comisión a que, en este momento del procedimiento, únicamente pueda plantear una posición global. Y, por lo tanto, no podemos dar nuestro acuerdo a varias de las enmiendas sin que ello prejuzgue una negociación en el futuro y una posición definitiva al respecto.
La Comisión comprueba con satisfacción que el Parlamento Europeo coincide en gran medida con su enfoque en muchas de las cuestiones suscitadas. Es más, en otras enmiendas no existe ningún problema de principio. En lo que deberemos profundizar es en las modalidades de aplicación y la práctica, porque la apertura, la transparencia y el facilitar el acceso a los documentos es una actitud que debemos potenciar en nuestras respectivas administraciones y que debe ser una realidad.
Creo que muchos de los partidarios de la máxima transparencia, que permite una mayor eficacia de las instituciones, quedamos realmente asombrados, hace unos años, al enterarnos de que en un país que siempre es paradigma en estos terrenos, durante una serie de años había habido unas prácticas, concretamente respecto a ciertas categorías de ciudadanos, de esterilización en la máxima oscuridad y con la mínima transparencia. Creo que eso demuestra que no hay situaciones perfectas y que tenemos que avanzar entre todos para evitar situaciones de este tipo.
Me permitirán que aborde ahora algunos problemas que impiden en este momento que la Comisión pueda aceptar ciertas enmiendas. Uno de ellos, es la necesidad de llegar a un equilibrio justo entre apertura y eficacia. En particular, me refiero a los textos de uso interno y a los proyectos iniciales y documentos preparatorios de reflexión exclusivamente para uso interno de los servicios de las instituciones. Todas las legislaciones nacionales en esta materia excluyen estos documentos. Obligar a las instituciones a difundir estas notas internas, en muchos casos, podría provocar solamente una cierta confusión entre los ciudadanos. Como ha dicho una de sus Señorías, existe una paradoja, y es que, a veces, la mayor desinformación proviene de una sobreinformación. Y, en ese sentido, creo que el acceso a los documentos preparatorios no aportaría gran información. Con una actitud semejante se estaría, además, disuadiendo el pensamiento creativo y fomentando actitudes puramente burocráticas en el seno de las instituciones. Creo que esto es precisamente lo contrario de lo que pretenden las instituciones.
Debo reconocer que el gran reto en este Reglamento es la definición precisa de lo que son los documentos. Y, en ese sentido, creo que en los próximos tiempos tenemos que seguir avanzando para buscar una definición común que permita el acuerdo de todas las instituciones. Por ello, aunque hoy no puedo dar el acuerdo a las enmiendas a los artículos 3 y 4, es decir la 28 y la 30, eso no quiere decir que no haya que discutir y avanzar al respecto.
Otro problema estriba en el tratamiento que se debe dar a los documentos de entrada, es decir, los redactados por terceros. Las instituciones carecen de experiencia en este ámbito, puesto que el sistema actual solamente abarca los documentos presentados por las propias instituciones. La propuesta de la Comisión sobre los documentos de terceros tiene en cuenta lo acordado en la pasada Conferencia intergubernamental, en la declaración número 35 del Tratado de Amsterdam, que no podemos eludir, y les da, tanto a ellas como a los terceros, la última palabra en cuanto a la posibilidad de difusión de estos documentos.
Las enmiendas del Parlamento invierten completamente este planteamiento y, en ese sentido, pensamos que necesita una mayor reflexión y que la propuesta de un nuevo artículo 4C, la enmienda 36, no está todavía madura para ser acogida favorablemente por parte de la Comisión.
Por lo que respecta a otras enmiendas, consideramos que necesitamos tiempo para valorar las consecuencias de la propuesta desde el punto de vista del funcionamiento y debemos velar por que los procedimientos que incorporan no sean burocráticos, sino que sean verdaderamente accesibles para toda la ciudadanía. Se incluyen aquí enmiendas como las que se han presentado sobre medidas que deben acordarse mediante acuerdo interinstitucional: la 34, la 45, y la 48.
Como he señalado anteriormente, en algunos casos podemos estar de acuerdo, en principio, con las enmiendas, pero tenemos que trabajar juntos desde el punto de vista técnico y administrativo, por ejemplo, respecto a las enmiendas referentes a la clasificación de documentos y al registro. La Comisión cuenta desde hace varias décadas con un sistema de clasificación de los documentos. Por lo tanto, el principio de que los documentos estén sujetos a un sistema de clasificación no presenta ningún problema. Sin embargo, no se ha discutido si las normas aplicables a la clasificación deben o no ser comunes a todas las instituciones.
En este momento del procedimiento legislativo es prematuro adoptar una posición respecto a la conveniencia de que exista una relación directa entre la clasificación y el acceso a los documentos, como propone la enmienda 29, o de si deben incluirse en el presente Reglamento unas normas al efecto. Las relaciones que establecen las enmiendas entre normas sobre clasificación y normas sobre el contenido del registro impiden, por tanto, en esta fase aceptar la enmienda 46 referente al registro.
Quiero resaltar que, en su momento, prácticamente, la Comisión podría aceptar la totalidad de las enmiendas, como la 9, la 18, la 21 parcialmente, la 23, la 25, la 26.1, la 28 f, la 35, la 38, la 40.1, la 40.6, la 41.1, la 42, la 43.1, la 47, la 49 y la 52. Además, la Comisión cree que podremos llegar a acuerdos con algunas modificaciones respecto a las enmiendas 11, 12, 40.4, 40.7, 43.2, 47, 48.4, 50.1 y 50.2. Quizá, también la 63, 66.2, 73.1, 74.2, 75 en la última parte, y la 78.2.
Quisiera subrayar el hecho de que, aunque hoy la Comisión sólo puede manifestar unos planteamientos globales y positivos en algunos aspectos, y sobre otras enmiendas no nos pronunciamos o lo hacemos con cautela, ello no quiere decir que no queramos desarrollar el debate, la negociación y la búsqueda de puntos de encuentro entre las tres instituciones. En ese sentido, esperamos poder trabajar para que en el mes de mayo tengamos aprobado el Reglamento correspondiente.
Muchas gracias, una vez más, a todos los ponentes que han trabajado por el esfuerzo realizado.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria.

Poos
Señor Presidente, tengo una cuestión de orden o una cuestión de observancia del reglamento que presentar. Acabamos de ver a la Comisaria, la Sra. de Palacio, mencionar en un estilo rápido docenas de enmiendas que la Comisión puede aceptar y otras que nos recomienda rechazar. ¿Sería posible tener esta lista por escrito, ya que votaremos en 10 minutos? Nadie ha tenido tiempo de anotar las enmiendas que se han citado por parte de la Comisaria. Hago esta observación porque en general el Comisario presente da oralmente las recomendaciones de voto de la Comisión. Nosotros no disponemos de ningún documento escrito y me gustaría que, también para el futuro, la Comisión remitiese a los diputados, por escrito, sus recomendaciones.

Cashman
. (EN) que discrepar de mi colega, el Sr. Poos. No corresponde a la Comisión decirle a los grupos políticos qué decisiones deberían adoptar sobre las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos y, por tanto, no debería colocarse a la Comisaria en esta ingrata situación.

Goebbels
Señor Presidente, he solicitado la palabra para hacer la misma observación que el Sr. Poos. El Sr. Cashman tiene razón cuando dice que no le corresponde a la Comisión decir a los grupos políticos qué posición han de adoptar aquí en el Pleno. Hay con todo algunos diputados que, en ocasiones, confían en la prudencia de la Comisión y yo soy uno de ellos. Quisiera votar en ocasiones a favor de las propuestas formuladas por la Comisión, y para ello es necesario efectivamente que los diputados dispongan de la lista de enmiendas que la propia Comisión puede apoyar y de la lista de las que no quiere apoyar. Corresponderá a los diputados, que de todas formas voten en conciencia, decidirse con respecto esas indicaciones de la Comisión.

Maij-Weggen
Señor Presidente, quiero sumarme a lo dicho por el Sr. Cashman en cuanto a que en este momento tiene lugar el proceso parlamentario de toma de decisiones. También he odído decir a la Comisión, a la que además doy las gracias por su, en gran medida, buena disposición, ya que la hemos constatado, que todavía no puede dar una respuesta definitiva respecto de determinadas cuestiones. Ésa es, por supuesto, una observación muy importante. Creo, así mismo, que tendrá consecuencias de cara al futuro. No obstante, precisamente porque la Comisión no puede dar una respuesta definitiva respecto de determinadas cuestiones - veo que la Comisión asiente -, resulta un poco peligroso decidir ya cosas de forma definitiva, puesto que van a seguir su propia dinámica. Por tanto, realmente en este momento quisiera preguntar si el Parlamento no podría todavía seguir en cierto sentido con su propia toma de decisión, independientemente de la posición de la Comisión, y ya veremos de qué manera pueden negociar los ponentes con esa institución para llegar a una posición definitiva. Me parece que ése es un mejor orden.

El Presidente
Tomo nota de las opiniones que se han manifestado aquí.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, tengo el gusto de dar la bienvenida al Parlamento Europeo a la Delegación de la Cámara de Diputados de la República de Malta encabezada por el Sr. Louis Galea, que forma parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Malta.
La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Malta ha celebrado ayer y hoy en Estrasburgo su decimocuarta reunión y ha intensificado las deliberaciones sobre las negociaciones de ingreso que mantienen la UE y ese país, conforme a un informe periódico de la Comisión Europea relativo a los avances efectuados por Malta de cara a su ingreso. Informe que, como es sabido, se publicó en noviembre de 2000.
La Comisión Parlamentaria Mixta ha sido informada de los avances más recientes por la Comisión Europea, el Presidente en funciones del Consejo de la Unión Europea y el Gobierno de la República de Malta.
Quisiera señalar aquí el papel clave que la Comisión Parlamentaria Mixta EU-Malta desempeña en el camino de las negociaciones para la entrada de la República de Malta en la UE.
En nombre del Parlamento Europeo, espero que su reunión aquí, en Estrasburgo, haya constituido un éxito y haya resultado productiva. Les deseo un buen viaje de vuelta. Sean bienvenidos.

Fondos propios de las entidades de crédito
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0282/2000) de la Sra. Villiers, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la evaluación de la Directiva 89/299/CEE relativa a los fondos propios de las entidades de créditos [2000/2207 (INI)].

Villiers
. (EN) Cuando un banco quiebra las repercusiones tienen mucho mayor alcance que cuando la quiebra se produce en cualquier otro tipo de empresa porque están en peligro los ahorros de las personas y porque puede ponerse en peligro la estabilidad del sistema financiero. Por ello, disponemos de normas especiales destinadas a garantizar que los bancos sean solventes, se mantengan a flote y no quiebren, y estas normas pretenden proteger a los que depositan sus ahorros y mantener la estabilidad financiera.
Las normas se acuerdan globalmente en Basilea pero el marco actual está desfasado porque requiere reglamentariamente las mismas reservas de capital. Es necesario reservar la misma cantidad de dinero para una gran variedad de riesgos diferentes. Esto fomenta, de hecho, el que los bancos opten por los riesgos más elevados porque implica que un banco pueda buscar una prima más alta a cambio del mismo requerimiento de capital. La nueva propuesta de la Comisión, cuyo eje principal es acogido de manera muy favorable por la comisión, es que cuanto menor sea el riesgo menor sea el requerimiento de capital. Eso supone que se va a animar a los bancos y se les va a recompensar por minimizar el riesgo y mantener unas reservas adecuadas de capital por sus responsabilidades.
En nuestro informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios planteamos una serie de exigencias políticas. En primer lugar, que las nuevas reglas tengan en cuenta la diversidad del sector bancario e inversor en la Unión Europea. Estas reglas se aplican a muchos miles de bancos, pequeños y grandes, y de instituciones financieras y deben diseñarse de tal modo que se adapten a todas sus necesidades. La aplicación de las reglas debería ser lo más fácil posible para estas instituciones. Pasamos a un sistema más sofisticado. No es necesario que sea un sistema más burocrático y complejo.
En la comisión, aceptamos con cautela el papel de las clasificaciones externas que propone la Comisión, con la reserva de que se trata de un papel limitado - y, lo que es más importante, que las pequeñas empresas no tienen por qué ser objeto de clasificación ni las empresas sin clasificación estar en desventaja. No obstante, creemos que es importante afirmar que los sistemas internos de puntuación del crédito de los bancos y los sistemas internos de clasificación han de estar en el núcleo del nuevo marco. Constituyen la mejor forma de contar con un marco sensible al riesgo para un amplio espectro del sector bancario y también para los clientes y las pequeñas empresas.
Acogemos de manera favorable la mayor importancia otorgada a la atenuación del riesgo de los créditos, en particular a las garantías que pueden ofrecer las pequeñas empresas. También aceptamos que a largo plazo sea probablemente necesaria una nueva tarifa para otros riesgos, pero afirmamos que no debería existir tal tarifa hasta que se disponga de un método sensato de medir otros riesgos.
Aceptamos también la necesidad de supervisores que tengan capacidad de imponer requerimientos de capital concretos y adicionales a los distintos bancos. El nuevo marco da confianza a los bancos. No les estamos permitiendo que establezcan ellos mismos sus fondos propios pero habría bastantes sospechas de que lo estamos haciendo si no vigiláramos de cerca sus sistemas internos. Por ello, los supervisores han de disponer de estas facultades extraordinarias de imponer requerimientos concretos, para asegurarse de que cada uno de los bancos está respetando las reglas.
Por último, y lo más controvertido, la comisión hizo un firme llamamiento a favor de la utilización de un procedimiento de vía rápida para aplicar esta legislación. Se han presentado enmiendas que adoptan una postura más cautelosa, pero todos coincidimos en que la última vez que se produjo un Acuerdo de Basilea, a EE.UU. le llevó tres meses aplicarlo mientras que a la Unión Europea le llevó más de tres años. Fueron no sólo tres años en los que los bancos europeos sufrieron una grave desventaja competitiva - y hay pruebas de que así fue - sino tres años en los que se privó a los consumidores europeos de un marco reglamentario moderno y avanzado.
Como legisladores hemos de plantearnos la difícil pregunta de si estamos haciendo lo mejor para la gente que nos eligió cuando nuestros reglamentos y nuestras leyes están desfasados antes incluso de haberse promulgado. Debemos revisar todas nuestras opciones, incluyendo la comitología, la vía rápida y otros procedimientos, porque es peligroso estar regulando los mercados del pasado. Y eso es lo que estaremos haciendo a no ser que revisemos nuestros procedimientos.
Hemos de asegurarnos de que: disponemos de una legislación flexible; disponemos de los medios para aplicarla rápidamente; disponemos de los medios para actualizarla rápida y fácilmente; disponemos de los medios de garantizar la coherencia entre los Estados miembros; y disponemos de un control democrático adecuado de todo nuevo procedimiento que se introduzca.
Pediría al Sr. Bolkestein, que está presente hoy, que presentara propuestas, que el Parlamento pueda estudiar, para abordar estas necesidades vitales. Son vitales para la salud del sector de los servicios financieros en la Unión Europea.

VOTACIONES
 sobre la EEB y la prohibición de harinas animales en la alimentación de todos los animales

(El Parlamento aprueba la resolución)   
Informe (A5-0321/2000) del Sr. Blokland sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo [C5-0371/2000 - 1998/0289(COD)] sobre incineración de residuos
(El Parlamento aprueba el texto conjunto)  
Informe (A5-0307/2000) de la Sra. Figueiredo sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2000) 368 - C5-0317/2000 - 2000/0157(COD)] por la que se establece un programa de acción comunitario a fin de fomentar la cooperación entre los Estados miembros para la lucha contra la exclusión social
Figueiredo (GUE/NGL), ponente. (PT) Señor Presidente, quisiera comunicar al Pleno que las enmiendas que aparecen con el nombre del Grupo GUE/NGL, que presento como ponente, son resultado de conversaciones con el Consejo y con la Comisión y también con el apoyo de los coordinadores de los Grupos políticos representados en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Y se deben a la necesidad de facilitar el proceso de codecisión a que, como es sabido, está sujeto este informe. Estas enmiendas substituyen varias otras propuestas del informe que probablemente serán rechazadas en la votación y que entonces serán substituidas por estas nuevas enmiendas resultantes de ese consenso.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  

Bourlanges
Señor Presidente, acabamos de votar, en ausencia de una serie de colegas, una declaración relativa a la EEB. Debo decir que si hay un órgano que está afectado por la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ése es el ordenador de los ascensores. Hemos quedado bloqueados durante 10 minutos porque, en el momento de la votación, de todos los ascensores sólo funcionaban dos. Quisiera que se realizara un examen para saber de qué tipo de variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob están afectados nuestros ordenadores.

El Presidente
Señor Bourlanges, lamentablemente, es una enfermedad grave que transmitiremos a nuestros servicios.
  
Informe (A5-0320/2000) de la Sra. Rothe, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 279 - C5-0281/2000 - 2000/0116(COD)) relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
  
Informe (A5-0318/2000) del Sr. Cashman sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2000) 30 - C5-0057/2000 - 2000/0032(COD)] relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
4-065
Después de la votación sobre la 9ª parte de la enmienda 28

Maij-Weggen
Señor Presidente, ¿puedo pedirle al grupo liberal, se lo pido también en tanto una de los co-ponentes, que aborden la cuestión de una forma un poco más práctica? Lo que hacen es votar por partes un gran número de artículos, cuando lo que a menudo pretenden es votar en contra de una parte. Por tanto, ¿pueden ser los liberales un poco más prácticos y rápidos?

Wiebenga
Señor Presidente, resulta particularmente lamentable que ambos ponentes no hayan efectuado, en realidad, una buena consulta. Se trata de una legislación muy importante y se trata también de artículos importantes. Nosotros, en tanto liberales, y algunos más de esta casa, deseamos dejar muy claro que estamos a favor de una mejora de esta reglamentación en materia de transparencia. Lamento, por tanto, que se haya consultado tan poco. Queremos demostrar cómo defendemos nosotros los intereses de los ciudadanos en todo este asunto.

Cashman
. (EN) Presidente, a la vista del excelente voto de apoyo a este informe y dada la respuesta de la Comisión de esta mañana, es obvio - si se observan todas las partes sobre las que hemos votado - que, al amparo del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento, deberíamos aplazar la votación sobre el proyecto de resolución legislativa para poder iniciar negociaciones fructíferas con la Comisión y el Consejo. Espero que la Cámara apoye esta propuesta.
(El Parlamento decide el aplazamiento de la votación)   

Theorin
Señor Presidente, comprendo que no es posible votar por los informes Theorin y Smet. Por eso quisiera proponer que la votación se aplazase hasta el período de sesiones de noviembre II.

El Presidente
Voy a someter a votación esta solicitud de aplazamiento al próximo período parcial de sesiones formulada por la Sra. Theorin.

Theorin
Señor Presidente, los informes Teorin y Smet fueron tratados ayer a última hora de la tarde y la intención era que votásemos ahora. El Grupo PPE-DE me ha hecho la misma petición que estoy manifestando, esto es, que aplacemos la votación de esos informes hasta el período de sesiones de noviembre II y que no votemos hoy. La mayoría de las mujeres viajará a una conferencia de parlamentarios en Berlín. Por tanto, es un deseo común de los Grupos PPE-DE y PSE que la votación sea aplazada hasta noviembre II.

Poettering
Señor Presidente, quisiera puntulizar lo siguiente: no era el deseo del PPE, sino que nos llegó a nosotros el deseo de aplazar la sesión. Personalmente he dicho que estoy de acuerdo con ello. Pero hay otros muchos puntos de vista en nuestro grupo. Sólo bajo una condición aprobaría el aplazamiento: que la Sra. Theorin aproveche este tiempo hasta Noviembre II para mejorar su informe, pues actualmente no es aprobado por nuestro grupo.
Quisiera puntualizar algo con rotundidad, una cuestión de principio: si de aquí al jueves por la mañana no terminamos con las votaciones, entonces el procedimiento normal es que continuemos el jueves por la tarde.
No es correcto que aplacemos la sesión porque por la tarde algunos colegas no puedan estar aquí. Por tanto, yendo al grano: estaría de acuerdo con mi Grupo en aplazar la sesión a Noviembre II si la Sra. Theorin nos da la justificación de que seguirá trabajando en su informe para mejorarlo.
(Aplauso del Grupo del PPE-DE)

El Presidente
En lo que respecta al segundo punto, esto es, que se procederá a la votación esta tarde, creo que los sabemos todos y que deberíamos estar presentes.

Theorin
Señor Presidente, lo siento si dije que el Grupo PPE-DE también había pedido que se aplace la votación, pero su coordinador se me acercó y me dijo que ellos también querían aplazar el asunto hasta el período de sesiones de noviembre II, en lugar de votar ahora.
Señor Poettering, hemos trabajado con su gente y en los Grupos PPE-DE y PSE hemos fijado las características del informe. Ha habido unanimidad en los asuntos esenciales y nos hemos puesto de acuerdo negociando. Respeto lo que diga el Parlamento, pero se trata también de un acuerdo entre los Grupos PPE-DE y PSE, tanto sobre mi informe como sobre los asuntos esenciales de su contenido. Por eso tengo que decir que estoy bastante sorprendida por esto.
(El Parlamento decide el aplazamiento de la votación)   

Goebbels
Señor Presidente, nuestro orden del día exige también la votación del informe de la Sra. Villiers. Ahora bien, ocurre que el informe no se ha discutido aún y eso no sucederá hasta esta noche después de las votaciones. El informe de la Sra. Villiers merece que se vote mejor mañana por la mañana. Propongo por tanto remitir la votación del informe Villiers a noviembre II .

El Presidente
Está previsto que la votación tenga lugar mañana viernes. No obstante, existe la posibilidad de pedir mañana su aplazamiento. Por el momento, sigue figurando en el orden del día di mañana, ya que todavía no se ha procedido al debate.

Gillig
Señor Presidente, me opongo totalmente a lo que ocurre en esta Asamblea. Desde hace algunos períodos parciales de sesiones estamos asistiendo cada vez más a la aplicación de procedimientos que proponen el aplazamiento de votaciones previstas en los cinco días que tiene lugar la Asamblea por razones que se deben a problemas personales, de presencia, etc. Parece que esta Asamblea pierde credibilidad al adoptar tales decisiones.

Villiers
Señor Presidente, a diferencia de la Sra. Theorin, yo no sugiero que se trasladen las votaciones y los debates como mejor convenga a mi propia agenda personal. Estaré aquí, de hecho, para debatir mi informe esta tarde y estaré aquí mañana a la hora programada para la votación del mismo. El motivo por el que sugeriría que aplazáramos la votación es que - como ha señalado el Sr. Goebbels - se trata de una cuestión muy importante. No plantea solamente la cuestión de los servicios financieros, también podría tener implicaciones en cuanto a nuestro procedimiento, en cuanto al procedimiento de co-decisión y en cuanto a nuestra relación con la Comisión. Es una votación en la que los colegas deberían estar presentes. Rogaría encarecidamente que la votación se aplazara hasta el período parcial de sesiones de Bruselas.
  
Propuesta de resolución común sobre el tercer encuentro Asia-Europa
(El Parlamento aprueba la resolución)
  

Posselt
Señor Presidente, una cuestión de procedimiento. Quisiera decir únicamente que también figura en el orden del día un informe mío importante. Se discutirá y votará mañana, y estoy muy orgulloso y agradecido de que esto ocurra en viernes.

Smet
Señor Presidente, acaba de votarse a favor del aplazamiento de mi informe. Estoy de acuerdo con ello, pero si usted hubiera seguido el orden de la lista y no hubiera permitido que se votara primero el informe Cashman porque algunas personas no iban a estar presentes esta tarde, puesto que ése ha sido el motivo, también se habría podido votar el informe Smet.

El Presidente
He seguido el orden que me han facilitado los servicios competentes y el Pleno no acordó otra cosa. De lo contrario, lo habría hecho con mucho gusto.

Rocard
Señor Presidente, observo con cierto estupor que la votación del informe que yo debía presentar en sesión, y que figura en el orden de día de esta mañana, se ha visto aplazada por descuido y sin que se le prestase atención. Comprendo que las cosas son difíciles, pero en cuanto al orden del día, hemos de estar advertidos. Normalmente yo estoy aquí todos los jueves. Esta tarde tengo que dar una conferencia. Por tanto, no estaré aquí para la votación, al no haber sido advertido a tiempo. Soy de los diputados que en general asistimos a las sesiones. Quisiera solicitar yo también el aplazamiento a noviembre II, pero desearía añadir unas palabras.
Esta mañana hemos vivido una fase de cretinismo parlamentario especialmente agudo. No sé cuánto cuesta la votación nominal, pero se trata sin duda de cientos de miles de francos, o de francos belgas, de nuestro presupuesto. Para dar satisfacción a algunos, hemos gastado, en condiciones grotescas, tiempo y dinero. Creo, señor Presidente, que debería someterlo a la Conferencia de Presidentes para que las iniciativas de votación por partes, excesivas, y de votación nominal sean conocidas, y quizá incluso limitadas por lo que respecta a las votaciones nominales. Todo esto no es normal y esta Asamblea, por la mañana, cayó en el ridículo.

El Presidente
Señor Rocard, le aseguro que someteré este asunto a la Conferencia de Presidentes. Por lo que se refiere al turno de votaciones, el Presidente no cambia el orden del turno. Es el Pleno que a lo sumo decide otra cosa. Yo me limito simplemente a someter a votación un asunto después de otro.

Mann, Thomas
Señor presidente, una cuestión de procedimiento. Michel Rocard tiene toda la razón. Lo que está pasando aquí es que unos pocos están intentando aprovechar la oportunidad para defender los intereses que no pudieron hacer valer en la comisión. Están procurando que celebremos votaciones nominales que realmente no tienen el carácter de tales. Éste es el intento de unos pocos para sacar provecho a costa de otros. Por tanto, en primer lugar, necesitamos un procedimiento razonable para las votaciones nominales.
En segundo lugar, no puede ser que tras la decisión, a mi juicio, errónea, del Parlamento de suprimir el viernes, resulte que ahora protestan aquéllos que hace poco decían que no querían celebrar plenos en viernes. Mi pregunta es: ¿hay objeciones sobre la decisión del Parlamento de eliminar los viernes? ¿Hay reservas jurídicas? ¿Seguirá siendo así el año que viene? Posiblemente llegaremos en un futuro a la situación que tenemos ahora, es decir, dejaremos los informes para la sesión de Bruselas en lugar de discutirlos aquí, en Estrasburgo. ¿Tenemos alguna información sobre esto?

El Presidente
Señor Mann, en cuanto a su primer comentario, lo trasmitiré a la Mesa y a la Conferencia de Presidentes. Como Presidente de turno, hoy tengo que decirle sólo esto, como colega, le puedo decir que coincido con usted. Lamentablemente, tendremos que pensar en cambiar el Reglamento.
Por lo que se refiere a los viernes, me parece que no hay novedades. En todo caso, someteré el tema a la Conferencia de Presidentes.
Resolución sobre la EEB (B5-0880/2000)

Lynne
Señor Presidente, me gustaría ofrecer una explicación del voto sobre la resolución relativa a la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). Yo voté en contra del sacrificio de toda la manada porque no creo que ésa sea la mejor forma de erradicar la EEB. Tengo entendido que hay algunos ganaderos que, en lugar de informar de que tienen un animal con EEB, matan al animal y lo entierran. Sé que en Francia se han sacrificado manadas enteras y no parece que ésa sea la mejor forma de avanzar. Incluso el Comité Científico Rector afirma que no es necesariamente lo más eficaz, y el sacrificio de la cohorte de alimentación - que realizamos en Gran Bretaña - es eficaz.
También voté en contra de la Enmienda 7 porque no creo que sea posible, pero sí voté a favor de la resolución en su conjunto, en especial de la prohibición de alimentos a base de carne de mamíferos y harinas de huesos para todo el ganado, que ya existe en el Reino Unido desde 1996. Voté a favor de la resolución porque tenemos que contar con normas sólidas aplicables en toda la UE.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la iniciativa de nuestro importante Parlamento referente a la grave crisis que atravesamos debido a la propagación de esta epidemia entre el ganado vacuno. Quisiera subrayar que con mi voto favorable me propongo, entre otras cosas, respaldar el apartado 7 del informe. En efecto, deseo y pido que se proceda de inmediato a examinar todas las reses sacrificadas que se venden en las carnicerías de toda la Unión Europea, al objeto de comprobar si están o no afectadas por la EEB (encefalopatía espongiforme bovina). Es preciso llevar a cabo de inmediato un control de todas las reses, sea cual sea su coste, porque si no la comercialización de la carne bovina caerá bajo mínimos.

Alavanos
. (EL) Sobre la Comisión y el Consejo de la Unión Europea recaen graves responsabilidades por las dimensiones que ha alcanzado el asunto de la EEB. Más allá de la actitud negativa que mostraron en la primera fase, cuando el Parlamento Europeo denunció la amenaza en Gran Bretaña, y ya en la segunda fase, cuando el escándalo en Gran Bretaña había llegado a su punto más álgido, las medidas se limitaron sustancialmente a dicho país, sin ningún programa inmediato de controles rigurosos y de reestructuración de la ganadería a escala europea. Los casos que han aparecido en Francia han aparecido porque Francia es el único país de la Unión Europea que ha aplicado por iniciativa propia un sistema generalizado de controles. Hoy reina la más absoluta inseguridad, la inquietud por los peligros que acechan y sobre los que no han sido informados ni los consumidores ni las autoridades nacionales.
Es necesario de manera inmediata:
tomar medidas a escala europea,
practicar controles rigurosos y exhaustivos en todos los rebaños de la Unión Europea, y también en las importaciones,
eliminar las harinas animales de la alimentación de todos los animales, no sólo de la del ganado vacuno y ovino, sino también de la del porcino, las aves de corral y los peces,
tomar medidas, para impedir a través de una profunda reestructuración de la ganadería la penetración de fécula de soja transgénica procedente de los Estados Unidos, el Brasil, o cualquier otro lugar, antes de contar con plenas garantías científicas, garantías con las que hoy por hoy no contamos.

Berthu
El debate que se celebró ayer en este hemiciclo sobre la enfermedad de las vacas locas y la seguridad de los alimentos para animales demostró sobre todo la extrema confusión de las responsabilidades y de las conciencias.
Las competencias actuales están compartidas entre la Comunidad, que ha dictado ya algunas normativas parciales (la prohibición de las harinas de origen animal para la alimentación de los rumiantes, las normas de calentamiento de las harinas, la separación obligatoria de los "materiales de riesgo específico"), y los Estados, que desean preservar su derecho de adoptar normativas adaptadas a su propia situación, así como su derecho de salvaguarda y de reacción rápida para proteger la salud de su población.
Sobre esta base ya poco clara, la confusión se ha agravado por una doble dificultad: la de uniformizar más en dirección a controles elevados, ya que algunos Estados, como Alemania, no desean que sus ganaderos soporten costes suplementarios, cuando están poco afectados por la enfermedad; en sentido inverso, la dificultad de gestionar reglas nacionales diversificadas, ya que al haber desaparecido prácticamente los controles en las fronteras, y al no mencionar el etiquetado el origen nacional, hay un riesgo importante de comer carne de cerdo alimentado con harinas de origen animal, incluso en un país en el que estén prohibidas.
Nos encontramos en este momento en el colmo de la confusión, como han mostrado bien las intervenciones de ayer del ministro francés Patriat y el Comisario europeo Byrne, que parecían completamente desorientados.
Esta situación revela hasta qué punto la unificación del mercado interior ha sido conducida de manera irresponsable en estos últimos años. La primera de las iniciativas que deberían adoptarse consistiría en volver a examinarlo todo en detalle, en revisar las reglas de etiquetado, en restaurar algunos controles nacionales, en crear otros y en articular siempre bien, de forma clara y practicable, la normativa europea mínima con el derecho indispensable de cada Estado a llegar más lejos o a adoptar medidas de salvaguarda.
Si no se comienza por llevar a buen término esta obra de clarificación de competencias, de racionalización, de reconocimiento del derecho primordial de las naciones, Europa no hará más que jugar, al igual que hoy, un papel nefasto de dejación de responsabilidades.
En el fondo del asunto mi Grupo ha recomendado las medidas más severas para luchar contra la epidemia. Pero no podemos detenernos ahí. Está muy bien apagar los incendios, pero sería mucho mejor evitar que se produjeran. Por ello deseamos extraer cuatro grandes lecciones que habremos de tener en cuenta en el futuro.
Primera lección: Es preciso rechazar métodos de producción contra natura, que conducen fatalmente, un día u otro, a tales dramas. Una agricultura de calidad cuesta quizá algo más cara pero, en realidad, los ahorros aparentes de la agricultura productivista se transforman, al final, en costes terribles para toda la sociedad. En este sentido, nos asusta ver que la Comisión está intentando por todos los medios reintroducir una autorización de los OGM, cuando no se han controlado en absoluto sus consecuencias, y corren el riesgo quizá en diez o veinte años de provocar nuevos dramas del tipo "vaca loca".
Segunda lección: Una agricultura de calidad, que asegure cierta independencia alimentaria, no podrá sobrevivir en Europa en un contexto de librecambismo mundial. Sin embargo, sentimos en este momento que el Comisario Lamy piafa de impaciencia por iniciar después de Seattle un nuevo ciclo de negociaciones comerciales internacionales, y de introducir un apartado agrícola con la intención de llevar, una vez más, a un nuevo alineamiento en el mercado mundial. Esto no es admisible.
Tercera lección: Los Estados deben vigilar a la Comisión mucho más de cerca en las negociaciones internacionales, con el fin de que no se renueven falsas maniobras - debería decir traiciones - como los acuerdos de Blair House y de Marrakech que, al limitar nuestras producciones de proteínas vegetales en beneficio de los americanos, nos han obligado a desarrollar en contrapartida las harinas de origen animal que están en el origen de los problemas actuales. Pensamos que el futuro Tratado de Niza debería no dar más poderes a la Comisión en las negociaciones internacionales, como está previsto actualmente, sino al contrario, situarla más estrechamente bajo el control de los Gobiernos y Parlamentos nacionales.
Cuarta lección: Sería necesario revisar profundamente la política de derogación total de los controles en las fronteras interiores, ya que ésta favorece todo tipo de tráficos, y hace más difícil el control sanitario. Igualmente, sería necesario atemperar el dogma de la libre circulación a cualquier precio, que ha conducido a la Comisión a amenazar a los Estados deseosos, en 1996, de instituir un embargo de la carne de vacuno británico, y que la empujó en 1999 a llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia por haberse negado a levantar ese mismo embargo. A pesar de todo lo que ocurre hoy, la Comisión tiene la audacia de mantener su denuncia, que demuestra así hasta qué punto la libre circulación de productos constituye para ella un dogma superior. Si los Estados miembros desean terminar con estas aberraciones, deben aprovechar el Tratado de Niza para volver a instituir con claridad un derecho de salvaguarda nacional para razones de salud pública.

Bordes, Cauquil y Laiguiller
Hemos votado esta resolución a pesar de que llega muy tarde y a pesar de la desconfianza que nos inspira la ambigüedad de algunas formulaciones.
Denunciamos el retraso adoptado en la prohibición total y general de la producción y de la utilización de las harinas de origen animal, cuando hace diez años que se conoce la responsabilidad en la propagación de la EEB.
Por otra parte, la ambigüedad de la formulación del párrafo cuarto sólo puede plantear interrogantes sobre la voluntad de las autoridades para oponerse, por todos los medios, a los fraudes y a las estafas de los trusts de la industria agroalimentaria, cuando sería realmente más sencillo decir en una sola línea que la producción y la utilización de las harinas de origen animal están totalmente prohibidas.

Daul y Grossetête
Hemos votado a favor de esta resolución común.
Nos encontramos en situación de crisis. Pero no nos enfrentamos sólo a una crisis del sector vacuno. Hemos de hacer frente a un verdadero problema de salud pública y a una crisis económica. Todas las etapas, desde "la horca al tenedor" están afectadas.
Los consumidores han perdido confianza y para encarrilar este fenómeno era indispensable reiterar nuestra llamada en favor de la introducción rápida de pruebas obligatorias de diagnóstico de la EEB para todos los bovinos, debiendo ser acompañada esta medida de otra de prohibición inmediata de utilización de harinas de origen animal para todas las especies en el conjunto del territorio comunitario. Se trata claramente de una aplicación concreta del principio de precaución. Sólo que en este caso hemos esperado demasiado.
La Unión, en su conjunto, ha de movilizarse ya que no sería tolerable que un país adoptase medidas draconianas y pusiese su economía en peligro, mientras que otros continuaran normalmente sus actividades. Por otra parte, los fraudes desafortunadamente siguen siendo numerosos y el único medio para ponerles término es prohibir esas harinas en todo el territorio comunitario. Será con disposiciones como éstas como los consumidores se tranquilizarán y los agricultores oirán el mensaje de solidaridad que deseamos transmitirles.
El Parlamento Europeo debe presionar a la Comisión que ha sido pusilánime en sus propuestas durante el debate. Nos sorprendemos de que esta última no tome conciencia de la importancia del problema.
Finalmente, esta crisis sin precedentes permite adelantar los límites de la política agrícola común que se pueden observar desde hace muchos años. Se trata hoy de ayudar a los agricultores, no a producir más sino a producir mejor. En ese caso también hemos esperado demasiado.
Por otra parte, algunos se preocupan de ver que aparecen productos genéticamente modificados para sustituir a las harinas de origen animal. Ahora bien, una reorientación radical - indispensable - de la PAC mediante el desarrollo de los cultivos vegetales en las tierras que hasta el momento han quedado en barbecho podría evitar el recurso a importaciones masivas de OGM procedentes de Estados Unidos.
La PAC debe hacer de la salud pública su objetivo prioritario.

Figueiredo
El aumento del número de casos en Inglaterra de la nueva variante de la enfermedad de Creutzfeld-Jacob y la situación en Francia han traído al orden del día, aún con mayor vehemencia, la cuestión de las "vacas locas" (EEB). Este caso siempre pecó de falta de transparencia y ocultaciones gravísimas de información, en el más alto nivel, en algunos Estados de la Unión Europea.
La verdad es que está en entredicho la seguridad alimentaria, ya sea con la cuestión de las "vacas locas", con la de las dioxinas e incluso con la de los OGM, con lo que resulta claro que el objetivo único de obtener el máximo lucro pone en peligro la salud humana y animal. Reina entre los consumidores la falta de confianza y los mercados agropecuarios se retraen.
Sin un cambio en la Política Agraria Común, el problema de la seguridad alimentaria irá agravándose. La PAC siempre ha fomentado la intensificación productiva, la progresiva "verticalización" de la producción y la concentración de la tierra y ha estado al servicio fundamentalmente de los intereses de la agroindustria y de las grandes transnacionales alimentarias.
No será sólo con un organismo alimentario europeo y con medidas legislativas ocasionales, aunque positivas, pese a ser tardías, como la prohibición de harinas de carne en toda la alimentación animal, como se resolverá el problema de fondo. Es necesario y urgente ir más lejos: promover un cambio de la Política Agraria Común.

Muscardini
. (IT) Los recientes casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) son la confirmación, lamentablemente, negativa de los retrasos de la Unión en orden a la seguridad de los productos alimenticios, retrasos aún más culpables, si cabe, si se piensa que el uso de harinas animales en la alimentación de los animales hace tiempo que se consideró peligrosa, tal como denunciamos en este Pleno hace mucho tiempo, sin que se adoptaran medidas. Por lo tanto, es necesario proceder lo antes posible a establecer los procedimientos que impidan el uso de partes anatómicas susceptibles de provocar la transmisión de la enfermedad.
Las propuestas de la Comisión contenidas en el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria y en particular la creación de la Agencia que debe garantizar dicha seguridad, se han de poner en práctica sin demora - ha transcurrido más de un año y la Agencia todavía no está funcionando - a fin de evitar que las acciones realizadas desordenadamente por los Gobiernos en esta materia puedan provocar los daños que estamos comprobando. Estos daños son muy graves, ya que afectan a dos ámbitos estrechamente ligados entre sí: por un lado, la salud del ser humano y, por otro, la salud del patrimonio vacuno y, en consecuencia, la economía del sector zootécnico.
Recordamos que Europa impidió a Francia continuar con el embargo de la carne de vacuno del Reino Unido y la falta de medidas provoca que ahora Francia sufra la misma epidemia.
Sin embargo, es necesario que ya desde ahora la Comisión prohiba el uso de la harinas animales y que indique procedimientos más seguros, con arreglo al estado actual de los conocimientos, para retirar las partes consideradas peligrosas como el cerebro y la médula espinal. A la espera de que los organismos científicos nos faciliten más información, sería oportuno destruir también los huesos de las reses, al objeto de tener las máximas garantías para la protección de la salud humana.
Los casos de EEB detectados en Francia, como los pollos con dioxinas en Bélgica, son los últimos de una larga serie de ligerezas. Por miedo a que cunda el pánico entre los ciudadanos o preocupados por evitar catástrofes comerciales, algunos Gobiernos no han facilitado en tiempo real a la Comisión la debida información o no han procedido, desde el primer momento en que se manifestaron estos peligrosos fenómenos, a bloquear inmediatamente el consumo de los productos en cuestión y a prohibir su exportación. Estas ligerezas se han de condenar firmemente y, para impedir que se repitan, es preciso establecer una regulación válida para todos los Estados de la Unión. Es inconcebible pretender hacer que funcione un mercado único sin normas comunes para un sector tan importante como el de la salud humana.
Ante estas incertidumbres, los ciudadanos reaccionan, justamente, con actitudes de miedo y negándose a consumir aquellos productos sospechosos de provocar perjuicios a la salud. Se trata también de una actitud de desconfianza hacia la Unión Europa que no es capaz, según ellos, de garantizar la seguridad de los productos alimenticios que se comercializan. Para volver a dar confianza a los ciudadanos, así como para proteger su salud, es absolutamente necesario que la Unión acelere sus decisiones con el fin de llegar a la definición de normas comunes en esta materia y para que puedan funcionar lo antes posible los organismos científicos y de control que deberán vigilar la seguridad de los alimentos. La prohibición de utilizar harinas animales en la alimentación del ganado no es más que el primer paso en esta dirección.

Raymond
Se está apoderando de los consumidores de carne una psicosis, que afecta indistintamente a los sectores de producción tradicional y de calidad, que no utilizan sin embargo harinas animales. Las obligaciones que se han impuesto diversos sectores, principalmente en Francia, para garantizar la calidad y la rastreabilidad de los productos están ya comprometidas por la pérdida de confianza de los consumidores, no sólo con respecto a los productos sino también a sistemas susceptibles de garantizarlos ya que los productos con etiquetas, AOC, IGP..., están también afectados.
No podemos permitir que se destruyan sectores enteros. Es preciso reforzar los controles sanitarios, imponer un procedimiento de diagnóstico sistemático de la EEB, prohibir la integración de proteínas de origen animal. Aquí es donde encuentra Europa toda su legitimidad y debe desempeñar su papel. Los esfuerzos de los Estados serán vanos si las mismas exigencias no se oponen a los productos de importación, procedentes de la Unión Europea o de países terceros.
Actualmente, se impone la prohibición de las harinas animales en la alimentación de los animales, al no poder asegurar la rastreabilidad de los factores de producción, pero plantea una serie de problemas. ¿Quemarlas, almacenarlas? A condición de crear fábricas especializadas para controlar el impacto en el medio el ambiente. ¿Sustituirlas? En lo inmediato, con óleoproteaginosas importadas sin poder distinguir los lotes procedentes o no de variedades genéticamente modificadas. Resulta obligado reiniciar las negociaciones en el seno de la OMC para que los agricultores europeos estén en condiciones de incrementar su producción de proteínas de origen vegetal. Los agricultores no pueden hacer frente a esta crisis ellos solos: hay que poner en práctica un plan de acompañamiento de la ganadería así como una serie de medidas para reconquistar la confianza de los consumidores. En ello va también la responsabilidad de los políticos de tomar en consideración las situaciones humanas generadas por estas dificultades.
Ha llegado el momento de un debate global. El examen del Libro Blanco sobre la Seguridad alimentaria es la ocasión. Aprovechémosla.

Souchet
El debate de ayer sobre la crisis de las vacas locas fue en muchos sentidos ejemplar.
Debo recordar la función decisiva que ha desempeñado nuestro Grupo UEN para que este debate pudiera producirse, así como el proyecto muy coherente de resolución que hemos presentado. Finalmente, hemos aceptado copatrocinar el proyecto de resolución común y nos sentimos satisfechos de que se haya adoptado por una amplia mayoría, a pesar de sus deficiencias y debilidades. Lamentamos enormemente, por el contrario, que las enmiendas presentadas por nuestro Grupo no hayan sido aprobadas.
Nos parece sin embargo indispensable que el presupuesto comunitario participe en la aplicación de las nuevas medidas de seguridad impuestas a los ganaderos, y muy especialmente a todos los operadores del sector del vacuno gravemente afectados por la pérdida de confianza de los consumidores. No es menos indispensable exigir la reapertura inmediata, en el marco de la OMC, de la negociación del apartado óleoproteaginosas del acuerdo de Marrakech, muy desfavorable para los productores europeos, de forma que se evite que la prohibición de las harinas de origen animal termine en las importaciones masivas de óleoproteaginosas susceptibles de contener organismos genéticamente modificados.
El debate de ayer puso sobre todo en evidencia la importancia de las divergencias relativas a la forma como conviene tratar la crisis: divergencias entre Estados miembros, entre sensibilidades políticas y entre órganos comunitarios. Divergencias profundas sobre la cuestión de las harinas de origen animal. Diferencias profundas sobre las pruebas.
Ahora bien, nos encontramos ante un problema de seguridad absolutamente fundamental relativo a la salud pública de nuestras poblaciones y al futuro mismo de todo un sector económico que desempeña un papel determinante en el equilibrio social de una serie de Estados miembros.
Frente a la crisis, no podemos conformarnos con medidas a medias o disposiciones de compromiso, es decir nociones totalmente inapropiadas cuando se trata de aplicar el principio de precaución poniendo en práctica las medidas pertinentes de seguridad máxima en beneficio de nuestras poblaciones.
El debate ha mostrado hasta qué punto la Presidencia del Consejo y la Comisión se atascan en este expediente. Resultaba un poco patético ver a la Presidencia del Consejo entregarse a una operación de transferencia de responsabilidad poniendo su salud entre las manos de la futura "Autoridad" europea de seguridad alimentaria, como si el hecho de que ésta fuese europea constituyera por sí mismo una garantía de seriedad absoluta.
Las acusaciones cruzadas que salpicaron el debate de ayer (Responsabilidad del Consejo, responsabilidad de los Estados miembros, responsabilidad de la Comisión) demuestran hasta qué punto la máquina comunitaria funciona en realidad como un sistema de desresponsabilización recíproca, en detrimento del objeto único del debate: la protección eficaz de la salud pública de nuestras poblaciones.
La Comisión, por su parte, ha tenido que tomar nota de la amplitud de las divergencias expresadas sobre las soluciones que hay que aportar para encarrilar la crisis. Ha considerado conveniente no tomar en serio las medidas de protección decididas por algunos Estados miembros, hablando principalmente de "magia" a propósito de la prohibición total de las harinas de origen animal. Denunciando el laxismo de algunos Estados miembros, la propia Comisión no ha anunciado en ningún caso que renunciaría a llevar ante el Tribunal de Justicia a Francia porque ha mantenido con mucha pertinencia el embargo de la carne de vacuno británico.
La Comisión no prevé a simple vista otra cosa que medias medidas, que aportarán a los países más exigentes en materia de seguridad no un "plus ", sino un "menos", lo que debería llevar en nombre del principio de subsidiariedad a devolver a los Estados miembros la libertad de acción que necesitan para proteger de forma eficaz a sus poblaciones, garantizar su seguridad, habida cuenta del estado de su opinión pública, de su voluntad política, del estado de la epidemia entre ellos, y del lugar de los sectores afectados en su economía y su sociedad.
La incapacidad de todas las instancias europeas (Consejo, Comisión, Parlamento) para definir una política comunitaria pertinente que responda a las necesidades de seguridad de los Estados miembros más directamente afectados va a plantear efectivamente problemas de jerarquía entre las obligaciones del mercado único y las exigencias de salud y seguridad de nuestras poblaciones.
¿De qué forma, por ejemplo, puede devolverse la confianza al consumidor francés y evitar el hundimiento de los sectores vinculados a la ganadería si por una parte se prohíbe completamente el uso de harinas animales a los ganaderos franceses y al mismo tiempo se autoriza la importación de carnes procedentes de Estados miembros que podrían seguir alimentando a sus animales con harinas de origen animal y se niegan a realizar pruebas?
Debe respetarse estrictamente la voluntad de los Estados miembros que desean poner la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores por encima de cualquier otra preocupación, su voluntad de priorizar las decisiones basadas científicamente, y el principio de precaución con respecto a medidas que serían adoptadas haciendo la media de las posiciones de diferentes socios, y principalmente los más laxistas. De otro modo, parecería muy claro que no es el principio de subsidiariedad el que inspira el comportamiento de las instancias comunitarias.
Informe Blokland (A5-0321/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, como todos sabemos, es muy importante el tema de la lucha contra la contaminación atmosférica causada sobre todo por las industrias importantes, como es el caso de la incineración de residuos que no es más que la consecuencia de los residuos que se producen en otras actividades industriales, así como en otras actividades comunes, cotidianas, de los ciudadanos europeos. He votado a favor de esta directiva, sin embargo, querría subrayar que con mi voto pido a la Unión Europea que se comprometa a preocuparse de quien respira aire nocivo producido con estas actividades industriales, así como y todavía más de los trabajadores que trabajan en estos sectores. Creo que sería razonable reducir el horario laboral de las personas que trabajan en empresas que contaminan. Y si estas empresas contaminan el exterior, a saber cómo es el aire dentro de las fábricas.

Caudron
Nos encontramos al término de un largo proceso que propone la aprobación de una directiva relativa a la incineración de residuos.
La propuesta de la Comisión data de 1998, pero los numerosos desacuerdos entre el Parlamento y el Consejo condujeron a reunir al Comité de Conciliación el pasado 11 de octubre. Hoy nos pronunciamos, pues, sobre el texto resultante de esta conciliación.
Les recuerdo que la directiva engloba la incineración y la co-incineración de los residuos. Se trata de dos métodos de tratamiento de residuos que deben formar parte de una estrategia global que incluye la prevención, la reutilización y el reciclaje de los residuos, una estrategia coordinada a nivel europeo.
En el transcurso de los dos debates que marcan las dos lecturas del Parlamento Europeo, he manifestado mis dudas y temores ante el hecho de tratar los residuos peligrosos y no peligrosos en el marco de la misma directiva. Son esas preocupaciones perfectamente legítimas las que han conducido al Parlamento a mostrarse especialmente vigilante y a presentar enmiendas orientadas a encuadrar de forma estricta todo lo que tiene relación con el proceso de incineración y de co-incineración. Hemos obtenido, después de numerosos debates con el Consejo, satisfacción en varios puntos.
Así, para la co-incineración, que se realiza generalmente en hornos de cemento, los valores límite de las emisiones se han concretado en un anexo. Sin embargo, si más de un 40% de los residuos incinerados en tales instalaciones están constituidos por residuos peligrosos o residuos municipales mixtos no tratados, las instalaciones deberán cumplir normas más severas de otro anexo relativo a la incineración.
La Comisión ha querido excluir los residuos vegetales procedentes de la agricultura, de la industria forestal y alimentaria. En segunda lectura, el Parlamento ha añadido los residuos fibrosos procedentes de la producción de pulpa, virgen y de papel a base de pulpa cuando esos residuos están destinados a la co-incineración. Se ha llegado a que este punto se resuelva en conciliación. El Parlamento ha insistido entonces con éxito en otro punto, las instalaciones en las que se incineran residuos radiactivos deben quedar expresamente excluidas del campo de aplicación de la directiva.
El Parlamento ha conseguido una dirección más estricta en al ámbito del funcionamiento de las instalaciones de incineración, así como una mejora del acceso a la información para el público.
Terminaré insistiendo de nuevo en el hecho de que la generalización de la explotación de los residuos peligrosos no debe llevarnos a acomodarnos a la producción de tales residuos. Nuestra prioridad es y debe seguir siendo la prevención de la producción de residuos de conformidad con el fundamento que se ha adoptado en la estrategia de la Unión Europea en este ámbito.

Crowley
. (EN) Existe en la Unión Europea la grave preocupación de que no se está haciendo lo suficiente para poner en marcha nuevas propuestas sobre gestión de residuos. Los 370 millones de ciudadanos de la UE están pidiendo que se actúe en este campo y tienen razón. Los residuos que se generan en Europa son del orden de más de 1 kg. por persona y día. Cada año se generan en la UE dos mil millones de toneladas de residuos. Esta situación no puede continuar indefinidamente.
La Unión Europea debe ser clara sobre un aspecto a la hora de resolver los problemas de los residuos. El futuro de la retirada de los residuos no reside en que las autoridades locales a lo largo y ancho de la Unión Europea busquen nuevas ubicaciones para los vertederos. Hay una creciente preocupación sobre las consecuencias reales para el medioambiente de los vertederos. Yo comparto esa preocupación. Creo que no queda más opción que pasar de la dependencia de los vertederos a planes de gestión de residuos más integrados.
El Parlamento Europeo ha estado a la vanguardia del diseño de nuevas estrategias de gestión de residuos en los últimos años. Yo apoyo el objetivo de la Directiva que estamos estudiando aquí hoy de reducir los efectos negativos de la incineración sobre el medioambiente y sobre la salud humana mediante una disminución considerable de los niveles de emisión en la atmósfera de varios contaminantes importantes. Esto forma parte asimismo de políticas más amplias de la Unión Europea en materia de medioambiente que pretenden reducir el uso de contaminantes en todos los sectores económicos europeos, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Kyoto.
El Parlamento Europeo apoya totalmente los objetivos, estrictos y ambiciosos pero alcanzables, sobre recuperación y reciclaje que ha establecido el gobierno irlandés. Entre estos objetivos, que habrán de conseguirse a lo largo de los próximos quince años, se encuentran los siguientes: alejar de los vertederos el 50% del total de residuos domésticos; una reducción mínima del 65% en los residuos biodegradables que en la actualidad se envían a los vertederos; la creación de instalaciones de recuperación de residuos que utilicen tecnologías beneficiosas para el medioambiente capaces de tratar hasta 300.000 toneladas de residuos biodegradables al año.
Todas estas medidas reflejan un cambio de las opiniones públicas en relación con la gestión de los residuos. Los días de los vertederos están llegando a su fin y deben ser sustituidos por tecnologías más beneficiosas para el medioambiente.
Informe Figueiredo (A5-0307/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe Figueiredo sobre la eliminación de la exclusión social y de la pobreza, como se dice en el mismo informe. No obstante, estoy sorprendido y lamento mucho ciertos votos sobre algunas enmiendas. Estoy totalmente convencido de que la responsabilidad de la exclusión social y de la pobreza es de los Gobiernos de nuestros quince Estados en un 99% de los casos. En el pasado y ahora, todos compiten para que aumente la exclusión social y la pobreza. En efecto, si, por ejemplo, hubiesen más pensiones suficientes para vivir, habría menos pobres. ¿Por qué, Grupo del Partido Popular Europeo, has votado en contra de mi enmienda que presenté personalmente y que afirmaba que la pobreza es una de las causas de que las pensiones sean tan bajas? Esto es algo que lamento mucho. Confío en que cambie de idea en las próximas votaciones.

Alavanos
. (EL) El informe del colega Sr. Figueiredo puede constituir una contribución muy importante a la lucha contra la exclusión social a través del fomento de la cooperación entre los estados miembros en esta dirección.
Por ello el Consejo debe velar por:
que aumente considerablemente la financiación del programa,
que se incluyan plazos y objetivos concretos en los programas nacionales,
que se reajusten todas las políticas relacionadas con el programa y se adapten al esfuerzo por la inserción de los grupos sociales más desfavorecidos,
que se incluyan las nuevas formas de exclusión, como la exclusión de la sociedad del conocimiento,
que participen en los procesos los agentes sociales y, especialmente, representantes de los grupos afectados a los que se dirige el programa,
que la pobreza infantil, así como las mujeres y las personas de edad avanzada constituyan el centro de atención del programa,
que se cree una red a escala europea para el seguimiento, el desarrollo, la promoción y el reajuste del programa contra la exclusión social.

Bordes, Cauquil y Laiguiller
Nos hemos abstenido en este informe, incluso con las enmiendas. La principal razón por la cual no hemos votado en contra se debe a algunas buenas intenciones que su autor ha afirmado. Pero, desafortunadamente, las buenas intenciones no hacen política, aunque sólo sea de denuncia.
Se dice que hay oficialmente 65 millones de pobres en Europa, el 18% de la población. Ello significa que una fracción considerable de la clase obrera de una de las regiones más ricas del mundo está reducida a la miseria. Porque no se trata de una desgracia procedente de quién sabe dónde la que ha fabricado esos 65 millones de pobres, sino la avidez de una clase privilegiada capitalista que, para aumentar los beneficios de las empresas y el curso de las acciones en la Bolsa, suprime empleos, cierra fábricas, reduciendo así a 15 millones de hombres y mujeres al paro, y presiona en todos los salarios hasta el punto de hacer que los más bajos resulten insuficientes para vivir.
El informe plantea una partida de 100 millones de euros en cinco años para reducir la pobreza. Eso son 1,5 euros por europeo pobre. Incluso como caridad resulta irrisorio, sin contar que el problema de la pobreza no es una cuestión de caridad.
Somos conscientes de que ningún informe ni ningún voto, aunque sea el del Parlamento Europeo, podrá modificar esta situación. El informe hubiera podido al menos denunciar a los responsables.
En todo caso, al no votar en contra tampoco hemos podido votar a favor de este informe, cuyas propuestas concretas son insuficientes pero que, desafortunadamente, disimula más que combate la realidad de la explotación, verdadera causa de la pobreza de las clases trabajadoras.

Caudron
Este programa relativo a la lucha contra la exclusión social se incluye en las prioridades de la Presidencia francesa, que ha hecho de la Europa social el hilo conductor de sus propuestas.
Les recuerdo que en Lisboa se definió una estrategia comunitaria de inclusión social.
Debo saludar esta iniciativa, que responde a las expectativas de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas europeos. Efectivamente, si bien hemos de felicitarnos por el repunte del crecimiento y el descenso del desempleo, no debemos ocultar la persistencia, incluso el agravamiento, de las desigualdades. La exclusión social es un fenómeno muy real, como demuestran las estadísticas de Eurostat: alrededor del 18% de la población de la Unión Europea vive con menos del 60% de la renta media nacional - umbral de bajos ingresos tomado para medir la pobreza relativa - lo cual equivale a decir que unos 65 millones de personas viven con bajos ingresos.
Si bien la tasa de paro ha bajado, quedan aún 16 millones personas sin empleo en el seno de la Unión Europea. Por otra parte, aunque el desempleo sigue siendo el principal factor de pobreza y de exclusión, no lo es menos el hecho de que la precariedad del empleo y el bajo nivel de remuneración constituyen otros tantos obstáculos para una inserción plena y completa en la sociedad.
Un número excesivo de nuestros conciudadanos ha quedado al borde del camino. Por ello debemos adoptar medidas voluntaristas en términos de protección social y de acceso a los servicios públicos en materia de salud, de educación, de alojamiento, etc.
Doy mi apoyo sin reservas a la propuesta de poner en marcha un proceso de Luxemburgo bis en el ámbito de la exclusión social, que incluya líneas directrices y planes de acción nacionales. En efecto, en el ámbito del empleo se ven todos los beneficios de este método.
El Consejo europeo de Lisboa fijó como objetivo a la Unión Europea convertirse en una sociedad basada en el conocimiento competitivo e inclusivo. Esto sólo se hará al precio de esfuerzos considerables para garantizar el acceso de todos y todas a la formación, a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así como las nuevas redes de telecomunicaciones. El servicio universal tiene un gran papel que jugar en este ámbito.
Cita en Niza donde espero que los Estados miembros den una señal importante de su voluntad política para comprometerse en una estrategia global de refuerzo del modelo social europeo mediante la adopción de la Agenda social y de la Carta de derechos fundamentales.

Crowley
La finalidad principal del informe es apoyar un programa de acción comunitaria que fomente la cooperación entre los Estados miembros de la UE para combatir la exclusión social. Creo que el establecimiento de este programa de acción comunitaria es una medida sabia y que puede ser muy útil. No queremos construir una Europa dividida en dos, una Europa de los que tienen y de los que no tienen. No queremos ensanchar la brecha entre los ricos y los pobres.
El hecho es que el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil se concentran sobre todo en determinadas áreas dentro de la Unión Europea. Se concentran en puntos negros concretos dentro de muchas zonas rurales y urbanas de la Unión Europea. El diseño de iniciativas destinadas a superar los problemas de la exclusión social y para dar esperanzas y oportunidades a los desfavorecidos de nuestra sociedad debe ser una política primordial para todos los gobiernos de la UE en este momento.
El principio que informa este programa es la creación de un método abierto de coordinación entre los Estados miembros para contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión social. Esto se logrará estableciendo objetivos específicos que se integrarán en los planes de acción nacional y en las políticas de desarrollo con el fin de promover la igualdad de oportunidades. Creo que el ponente tiene razón cuando pide una mayor participación de las autoridades públicas, de los interlocutores sociales y de la sociedad civil en medidas para vencer la pobreza y la exclusión social actuales.
De resultas del Tratado de Amsterdam, todos los gobiernos de la UE deben remitir nuevos planes de acción para el empleo a la Comisión Europea para que su evaluación y estudio. La Comisión debe evaluar todos estos planes con el fin de comprobar el éxito de los gobiernos de la UE a la hora de vencer la exclusión social. Debemos aprender unos de otros en este campo. De otro modo, la brecha entre los ricos y los pobres dentro de la UE aumentará.
En este contexto, acojo favorablemente las principales disposiciones del Programa de Política Social 2000-2005 recientemente publicado por la Comisión Europea. Este programa concederá un papel cada vez mayor a los agentes sociales en la elaboración de las distintas directivas y reglamentos de la UE. Las relaciones laborales mejorarán. Habrá un apoyo continuado a escala nacional y europea a programas locales de creación de empleo. También habrá una mejor coordinación de los programas políticos en las áreas de la sociedad de la información, los servicios de telecomunicaciones modernos y las actividades relacionadas con internet.
Irlanda cuenta con un sistema bastante avanzado de derechos sociales y laborales y se están redactando muchas directivas de la UE basándose, en particular, en el modelo irlandés en el campo de la cooperación entre los agentes sociales y las relaciones entre empleado y empleador.

Darras
El 18% de los europeos, es decir, 61 millones de personas, viven con menos del 60% de la renta media nacional (umbral de bajo ingreso tomado para medir la pobreza relativa).
La sola mención de estos datos debe llevarnos a actuar, y eso es lo que han hecho los jefes de Estado y de Gobierno en Lisboa incluyendo por primera vez la pobreza y la exclusión en el orden del día de la Agenda europea. Al no poder ser Europa económicamente fuerte más que si es socialmente justa, sólo podemos alegrarnos por este progreso.
Por ello, sólo puedo votar a favor del informe de nuestro colega que no solamente aprueba la propuesta de la Comisión, sino que refuerza el contenido. Efectivamente, el informe solicita que se fijen indicadores cualitativos y cuantitativos de la exclusión social. Es fundamental que, en los quince Estados de la Unión, podamos hablar todos de lo mismo con datos idénticos. Además, el informe solicita a los Estados miembros más actividad y que fijen objetivos precisos durante la elaboración de sus planes de acción nacionales.
Finalmente, se ha retomado el método abierto de coordinación con el estímulo al diálogo entre los actores implicados (agentes sociales, ONG, poderes locales y regionales...) y la puesta en red. Para concluir, la partida financiera propuesta por nuestra Comisión de Asuntos Sociales se eleva a 100 millones de euros en lugar de los 70 propuestos por la Comisión.
En total, se trata de un paso adelante que necesitamos confirmar y alentar, sin duda el progreso económico no es suficiente para asegurar una mejor calidad de vida a los ciudadanos.

Krivine
Este informe tiene el mérito de desvelar el verdadero rostro de la construcción europea actual: el de los 62 millones de pobres y el de los 18 millones de desempleados.
Las reestructuraciones y fusiones en curso son portadoras de nuevos planes de despidos. Mientras el crecimiento económico es fuerte, y el paro tiende a reducirse, trabajar hoy no protege de la exclusión. Los "trabajadores pobres", de los cuales la mayoría son mujeres, empleados a tiempo parcial, a la baja y en la más total precariedad, se unen al cortejo de miseria que los discursos oficiales sobre la recuperación ignoran totalmente.
Un trabajo de calidad, los servicios sanitarios, el alojamiento o la educación son efectivamente derechos elementales que, si fueran obligatorios para los empleadores y los Estados, podrían proteger de la exclusión social. Por ello votaremos el informe sobre la lucha contra la exclusión.
Sin embargo, los diputados que aprueban este texto hoy no tuvieron este punto de solidaridad ayer, cuando votaron una carta sin derechos sociales que, relegando el combate contra la exclusión al rango de la asistencia, constituye un retroceso con respecto a numerosas legislaciones en vigor. Sería más eficaz, para luchar contra la exclusión, crear por ejemplo un salario mínimo garantizado europeo.

Martin, David W
. (EN) La Cumbre especial de Lisboa sobre el empleo, la reforma económica y la cohesión social del 23-24 de marzo de 2000, volvió, por primera vez después de mucho tiempo, a incluir en la agenda de la Unión la pobreza y la exclusión social. Al presentar su propuesta de programa para combatir la exclusión social, la Comisión está cumpliendo con la petición del Consejo de presentar "para junio de 2000" una "iniciativa para la cooperación en este campo".
Según las cifras de Eurostat, alrededor de un 18% de la población de la UE vive con menos del 60% de la renta media nacional (tomando el umbral de renta baja como medida de la pobreza relativa).
La propuesta de la Comisión por la que se establece un programa de acción comunitario destinado a fomentar la cooperación entre los Estados miembros para combatir la exclusión social (2000-2005) consiste en promover una mejor comprensión de la exclusión social, generalizar la promoción de la inclusión y desarrollar acciones prioritarias dirigidas a determinados colectivos específicos. Esta estrategia se aplicará mediante tres grandes líneas. Línea 1: análisis de las características, causas, procesos y tendencias de la exclusión social; línea 2: cooperación política e intercambio de las mejores prácticas; línea 3: diálogo en el que participen diversos socios. Se hace hincapié en el método abierto de cooperación respetando el principio de subsidiariedad a la vez que se implica activamente a todos los agentes apropiados.
Todo esto se acoge de modo favorable pero, al igual que el ponente, creo que el programa podría se más radical. Yo apoyo sus enmiendas.

Titley
. (EN) Acojo de modo favorable este informe que pide mayor financiación para los programas europeos propuestos para combatir la pobreza y la exclusión social. La cooperación entre los Estados miembros es crucial para hacer frente a estos problemas profundamente arraigados que existen en toda la UE, pero, particularmente, en mi propia circunscripción del Noroeste de Inglaterra. Moss Side y Salford se encuentran entre las zonas urbanas más desfavorecidas de toda Europa.
Todos estamos tristemente familiarizados con la tela de araña de los problemas que sufren las zonas depauperadas - penuria, exclusión social, desempleo, criminalidad y abuso de drogas - pero con la ayuda de los programas europeos de lucha contra la exclusión social y con el dinero europeo, las comunidades locales pueden empezar a liberarse de esta aciaga red.
El gobierno laborista británico ha estado a la cabeza de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hace tres años, el Primer Ministro estableció una Unidad contra la Exclusión Social que coordina la acción gubernamental de reducción de la exclusión social elaborando soluciones comunes para problemas comunes. Trabaja con otros departamentos que tienen una relación estrecha con la exclusión social. Me sumo plenamente a esta medida innovadora que ha beneficiado en particular a muchos jóvenes, a través de una acción firme en materia de absentismo escolar y exclusión en los colegios, de falta de alojamiento o de embarazos juveniles, y que ha proporcionado apoyo a los jóvenes entre 16 y 18 años fuera del sistema educativo, sin empleo y sin formación.
Este es un gran ejemplo de cómo el gobierno laborista ha logrado ventajas concretas para la gente corriente. Con un enfoque nuevo y radical, creo firmemente que no sólo podremos tomar la curva sino también alcanzar la meta y, un día, eliminar completamente la pobreza y la exclusión social del Noroeste.
Informe Rothe (A5-0320/2000)

Ebner
Señor Presidente, me he abstenido por una razón muy concreta: este informe, en mi opinión, no ha realizado, desde el punto de vista ecológico, esos progresos que yo esperaba y auguraba. No obstante, sí he votado a favor de todas aquellas enmiendas tendentes a incrementar las fuentes de energía alternativas, pero esperaba que se pudiera avanzar más. Sé que es difícil, sé que este informe ha tomado el camino correcto; sin embargo, serían necesarios más esfuerzos y, por esto, confío en que tanto a escala nacional como europea se lleve adelante con mayor vigor esta política de las energías alternativas.

Konrad
Señor Presidente, estamos de acuerdo con el informe Rothe, en todo caso, con el punto de que el dirigismo promotor en relación a las energías renovables que ahí se describe, será causa de graves errores a largo plazo en materia de política energética en y para Europa. Por ello he rechazado el informe. La política energética debe estar abierta al futuro, debe ser constante y rentable. Lo que el informe pretende es exactamente lo contrario.
La subvención permanente de la energía eólica, solar y de la biomasa es una política simbólica y constituye un camino equivocado. Hay millones en subvenciones para unos pocos que estropean el paisaje con sus molinos de viento. Hasta ahora hay instalados más de 60 rotores que ocupan la superficie de mil campos de fútbol. Los consumidores y Europa se quedan con las ganas, y Europa es nuevamente el lugar donde esta política está encastrando los beneficios de nuestra política de liberalización del mercado energético.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre la promoción de la energía eléctrica producida por fuentes de energía renovable. Soy claramente favorable al ahorro energético que tanto necesitamos. Sin embargo, también las personas mayores y los pensionistas tienen mucha necesidad de energía, posiblemente siempre presente, siempre a nuestra disposición. Me vienen a la mente las frías noches y los fríos días de invierno tanto del norte como del sur de Europa, donde, lamentablemente, por falta de medios mucha gente mayor se ve obligada a apagar la calefacción para ahorrar.
Quisiera citar como ejemplo de optimización del ahorro el caso de la ciudad italiana de Brescia, donde la telecalefacción, incluso la producida a través de la incineración de residuos, se emplea tanto para producir energía eléctrica como para producir directamente calor que después se distribuye a todos los hogares de los ciudadanos de Brescia. Confío en que dicho sistema se extienda a todas las ciudades de Europa.

Bordes, Cauquil y Laiguiller
Ciertamente, no discutiremos la utilidad "de la promoción de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovables". Tanto mejor si, además, ello permite crear 500.000 empleos, como afirma el informe.
Tampoco vemos problema en que las investigaciones en este ámbito, o incluso la puesta en marcha de estas fuentes de electricidad, se vean apoyadas para que los consumidores no duden en elegirlas, con preferencia a la electricidad producida mediante procedimientos más contaminantes.
Pero, ¿por qué este apoyo debería implicar beneficios privados? Ése es el caso hoy, ya que la subvención prevista iría a las empresas privadas que se ocupan de la investigación o de la comercialización, entre las cuáles trusts como Total Energie, Shell Solaire, ABB Alstom, Power, Dalkia, filial de Vivendi, Arthur Andersen, Tiru, filial común de Suez-Lyonnaise des Eaux y de Vivendi, y otros grupos industriales que obtienen beneficios suficientemente importantes para que no se pida una vez más a los contribuyentes.
La producción y distribución de la electricidad deberían ser un servicio público. ¿Por qué los Estados o las instituciones europeas no podrían asumir este servicio público mediante una entidad pública, contratar directamente a los 500.000 trabajadores necesarios?
Con la economía realizada y no pagando beneficios a los accionistas de una empresa privada sería posible pagar salarios correctos y asegurar un servicio público de electricidad conveniente.

Caudron
Ayer por la tarde, durante el debate en el Pleno, fuimos muchos los que nos manifestamos sobre la necesaria promoción de las fuentes de energía renovables mientras se está celebrando en La Haya la Conferencia sobre el cambio climático. En efecto, los científicos y los meteorólogos manifiestan cada vez más sus temores frente a las consecuencias de los gases de efecto invernadero: los propios ciudadanos comienzan a darse cuenta de ello.
Estas previsiones, dramáticas a corto plazo, han de convencernos de la necesidad de adoptar a escala europea y mundial medidas claras y voluntarias capaces de frenar este proceso de degradación de la calidad del medio ambiente.
La propuesta de la Comisión y el informe Rothe, que hemos votado en el día de hoy, van en este sentido desde el momento en que se trata de promover las FER que son fuentes alternativas respetuosas con el medio ambiente en la producción de electricidad.
Es continuación de los anuncios de la Comisión y de la demanda del Parlamento Europeo realizar un avance importante en la vía de la concreción del objetivo fijado por el Libro Blanco de duplicar la parte de las energías renovables en el consumo de energía de aquí a 2020.
Los Estados miembros deben comprometerse ahora en esta vía para respetar los objetivos ambientales que han suscrito tanto en el plano europeo como en el plano internacional, pero también para asegurar su independencia energética y la seguridad de sus abastecimientos. La dependencia, que es de aproximadamente el 50% para toda la Unión, puede pasar al 70% de aquí a 2020 si no se produce un desarrollo de las energías renovables.
La Unión Europea es pionera en la construcción de instalaciones en diversos ámbitos de la producción energética.
Si la Unión quiere seguir siendo competitiva en este sector deberá contribuir mediante una utilización y desarrollo de las tecnologías implicadas, lo que implica financiaciones públicas importantes.
Por todas estas razones y porque el informe Rothe es un excelente informe, he votado a favor esperando que la Comisión y el Consejo nos sigan.

Goebbels
Por supuesto, estoy a favor de la promoción activa de las energías renovables. Serán los progresos tecnológicos los que hagan progresar las energías "suaves", no las peticiones de principio ideológicas. No basta con decretar objetivos ambientales e imponer a los Estados que los cumplan. Es necesario también que los propios Estados dispongan de los medios. Algunas propuestas del Parlamento Europeo no son realistas y no pueden contar con mi apoyo.

Kauppi
. (FI) El objetivo de la Comisión Europea es doblar la proporción de las fuentes de energía renovables en el consumo total de energía para el año 2010. Las fuentes de energía renovables desempeñan un papela fundamental en una estrategia eficaz de lucha contra el cambio climático.
La turba es una importante fuente de energía renovable en Finlandia, cuyo uso supone el 6% de los combustibles consumidos. Al contrario que en Europa Central, en los países nórdicos de las características de Finlandia hay grandes cantidades de turba. Los expertos internacionales también han constatado que la turba es un importante combustible de biomasa, cuya regeneración anual en Finlandia es muy superior al consumo. Las regiones más septentrionales de Finlandia están inmersas en la tundra, donde el bosque no crece lo suficiente como para que la madera se pueda usar como fuente de energía. La turba es un combustible de especial importancia para estas regiones y también genera empleo de una forma considerable. Estoy satisfecha de que el Parlamento Europeo haya reconocido estas consideraciones incluyendo la turba en su informe sobre las fuentes de energía renovables.
Los Estados miembros de la Unión Europea, incluido Finlandia, se han comprometido con la consecución de los objetivos de Kyoto, con la conservación de los recursos naturales y con la reducción de las emisiones contaminantes. Por esta razón, la importancia de la energía nuclear aumenta sin cesar. Bien es verdad que debemos adoptar una normativa de seguridad más avanzada y eficaz en lo que se refiere al uso de la energía nuclear y al almacenamiento de los residuos nucleares.
La empresa energética finlandesa Teollisuuden Voima tramitó ayer, 15 de noviembre, una petición al Gobierno de Finlandia para que adopte una decisión de principios sobre la construcción de la quinta central nuclear. Espero que nuestro Gobierno y nuestro Parlamento se pronuncien a favor de esta petición. El uso responsable de la energía nuclear nos brinda una fuente de energía económica y respetuosa con el medio ambiente, cuya utilización no debe ser limitada sin razón.

Markov
Todos sabemos que, en un futuro, nuestro suministro energético no podrá basarse en nuestras actuales fuentes de energía. Esto lo reconocen la Comisión y, más aún, la ponente, al hacer de las fuentes alternativas de energía, o sea, de la producción de energía alternativa, una medida de más alta prioridad que hasta ahora. Por ello hay que felicitar a la Sra. Rohte por su excelente informe.
Una consecuencia de las experiencias habidas hasta ahora con las actuales fuentes de energía, tales como sus efectos en el clima y en la naturaleza, los riesgos incalculables para la seguridad y la predecible escasez de recursos, debe ser, en primer lugar, fortalecer considerablemente el fomento del progreso y la utilización de nuevas energías. A largo plazo, esto debe conducir a la superación de la política de subvenciones a las fuentes tradicionales, fósiles de energía. El desmantelamiento consecuente de todos los obstáculos a la utilización de energías renovables constituye un primer paso en esta línea. También debemos poder conseguir mejor en un futuro que sean más conocidas públicamente las buenas prácticas existentes.
En segundo lugar, el objetivo de toda política energética y económica deber ser reducir el consumo de energía, esto es, de optimizarlo, pues sólo un trato cuidadoso con los recursos, sean del tipo que sean, ayuda a minimizar los costos de sus efectos posteriores. En relación con esto, pedimos una investigación más dirigida a los costos externos de los efectos de la producción y utilización de energías renovables.
Por último, la reestructuración del suministro energético sólo puede emprenderse bajo consideración de las condiciones particulares de la producción de energía alternativa. La descentralización del suministro energético no es sólo un aspecto político estructural, sino también social. Por tanto, en tercer lugar, la liberalización del sector energético no puede hacerse sin fijar unos estándares sociales mínimos.

Meijer
No podemos continuar produciendo electricidad de la forma actual. El carbón y el petróleo terminarán por agotarse y, además, dan lugar a emisiones de CO2. La energía nuclear puede ocasionar desastres que conviertan en inhabitables grandes zonas de la tierra y produzcan residuos peligrosos. Debemos buscar, por tanto, una energía que sea natural, pero que continué sin ser utilizada en tanto no se produzcan los avances técnicos para ello. Resulta poco ambicioso que el Parlamento y la Comisión solamente pretendan duplicar el uso de esta energía en los próximos diez años. La generación de electricidad a partir del agua, el viento y las radiaciones solares resulta todavía demasiado escasa, y eso la convierte en proporcionalmente cara. Todos deseamos una forma de producción de energía lo más respetuosa del medio ambiente posible, pero también todos, queremos una energía lo más barata posible. Eso se aplica especialmente a las personas que no pueden pagar mucho y cuya primera preocupación es que los costes de su hogar se mantengan lo más bajos posible. Si la energía limpia continúa siendo energía cara, será todavía durante mucho tiempo una energía de elite. Las personas que cuentan con altos ingresos y son conscientes del medio ambiente tienen la libertad de elegir una energía más limpia dentro de un mercado libre, mientras que el resto sigue sin poder elegir. La energía limpia debe estar al alcance de todos y debe ser asequible. Apoyo la negativa de Greenpeace respecto de seis puntos, tales como la incineración de turba y residuos orgánicos.
Resolución ASEM III (B5-0811/2000)

Vachetta
En Seúl, el contraste ha sido patente entre la cumbre oficial de Jefes de Estado y las movilizaciones ciudadanas y populares en las que he podido participar. La primera desea acelerar las reformas neoliberales contra las cuáles se han levantado las segundas. Los sindicatos y los movimientos sociales rechazan la dictadura de los "chaebols" - esos grandes grupos industriales tradicionales - pero no quieren sin embargo que ésta se sustituya por la del FMI y la OMC. Ni por otra parte mediante la colonización económica de su país, mientras todo el mundo se pregunta sobre el nombre de las empresas occidentales que van a comprar las industrias surcoreanas en dificultades.
La celebración de un foro alternativo ha facilitado también los contactos interparlamentarios, marcados por un encuentro en la Asamblea nacional surcoreana el 18 de octubre. La constatación resulta evidente: las asambleas elegidas se han mantenido alejadas del proceso ASEM, al cual sin embargo se ven asociados sistemáticamente los hombres de negocios. Es urgente dar vida al diálogo interparlamentario (ASEP) entre la Europa del oeste y la Asia del este.
La preparación de la ASEM 4 debe ser la ocasión para afirmar la exigencia democrática, por una parte, asegurándole la información y la intervención de las asambleas elegidas y de la sociedad civil - que comporta principalmente la puesta en marcha de un foro social - y, por otra, tomando completamente en consideración los derechos sociales, ambientales y humanos.

El Presidente
Con esto se cierra el turno de votaciones.
(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

Parlamento centroamericano
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede en primer lugar al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0846/00) del Sr. Seguro y otros, en nombre del Grupo PSE;
(B5-0854/2000) del Sr. Gasòliba i Böhm y el Sr. Sánchez García, en nombre del Grupo ELDR;
(B5-0859/2000) del Sr. Marset Campos y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL;
(B5-0862/2000) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra y el Sr. García-Margallo y Marfil, en nombre del Grupo PPE-DE
sobre Centroamérica (Parlamento Centroamericano).

Seguro
Señor Presidente, como es sabido, desde hace mucho tiempo la Unión Europea, por mediación de la Comisión, del Consejo y, en particular, de este Parlamento Europeo, ha mantenido relaciones excelentes con la América Central, sus instituciones y en particular los países que la componen. Lo hacemos por respeto y como ayuda a la consolidación democrática en esa región del mundo, como apoyo y ayuda al desarrollo económico y social y también para que se respeten los derechos humanos en esa región del mundo y en otras.
Una de las prioridades que hemos apoyado en lo que se refiere a los países que componen esa región del mundo es la integración regional. Consideramos que la integración regional es un instrumento decisivo para favorecer esos tres objetivos fundamentales que he citado. Resulta que en esa región del mundo, la América Central, existe ya hoy una Secretaría de Integración Regional, un Banco Centroamericano, un Tribunal Centroamericano, un Parlamento Centroamericano. Y -detalle curioso, señor Presidente- es el único parlamento del mundo, junto con el Parlamento Europeo, que elige directamente a sus diputados. Resulta que en los últimos tiempos ese parlamento ha sido víctima de algunos equívocos e incluso de algunas críticas. Recibimos a una delegación suya y nos comprometimos a valorizar políticamente no sólo su papel en esa región del mundo, sino también, y sobre todo, la relación entre nuestro Parlamento y ese Parlamento Centroamericano.
Y a eso se debe la resolución que aquí presentamos como continuación de una trabajo hecho en el pasado por la delegación de este Parlamento para la América Central, presidida por el Sr. Salafranca, y que modestamente proseguimos a lo largo de este mandato. Por eso, esta resolución tiene, señor Presidente y Señorías, señor Comisario, este significado: el de dar el apoyo político al Parlamento Centroamericano, dar apoyo político al escenario por excelencia de la democracia, al que debe ser por voluntad propia el centro del debate plural en esa región del mundo, pero, simultáneamente, enviar la señal de que Europa está a favor de la integración regional en esa parte del mundo.
Sólo tenemos una discrepancia, que no es substantiva, sino que tiene que ver con el punto 5 de esta resolución: nos parece que el Parlamento Europeo, al aprobar este punto 5 de esta resolución, adopta una actitud excesivamente paternalista, en nuestra opinión. Vamos a abstenernos en la votación de ese punto, pero esa abstención va encaminada a apoyar políticamente la integración regional y al Parlamento Centroamericano.

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la resolución que hoy se presenta a esta Asamblea sobre la situación en América Central resulta pertinente después de la reciente visita de una delegación del PARLACEN a Bruselas. Y lo es por tres razones importantes y que afectan a esta singular zona americana, sin olvidar la importancia y la conveniencia política de fortalecer el diálogo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de América Central.
Estas tres razones son las siguientes: primero, porque abunda en el proceso de consolidación de la democracia y en la profundización de la exigencia del respeto de los derechos humanos, particularmente en relación con las poblaciones indígenas. En segundo lugar, porque coincide con la celebración de la décima cumbre iberoamericana, que se va a celebrar próximamente en Panamá, donde se tratarán los compromisos con la niñez y los jóvenes, basados en la justicia y en la equidad en el nuevo milenio. Tercero, porque también coincide con la filosofía actual de la Comisión Europea de un relanzamiento de las acciones exteriores de la Unión hacia los países de América Latina con los impactos que ello pudiera suponer. En este sentido, esperamos y confiamos en que se asignen las cantidades requeridas para dinamizar el proceso de integración regional en Centroamérica, donde el diálogo se hace necesario e imprescindible como ejercicio político permanente.
Por ello, nos congratulamos por esta declaración política de nuestro Parlamento en relación con el PARLACEN, porque le reconoce el papel que desempeña en el proceso de integración de los países de esta zona, situada entre el norte y el sur de América.

González Álvarez
Señor Presidente, quiero recordar que desde hace ocho años estoy en la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, primero con la presidencia del Sr. Salafranca y ahora con la presidencia del Sr. Seguro.
Recuerdo muy bien que en todos estos años esa delegación ha mantenido una extraordinaria relación con el PARLACEN y con los otros Parlamentos latinoamericanos. Con el PARLACEN, quizá, porque hay una similitud en cuanto a la representatividad. Lo mismo en el PARLACEN que en el Parlamento Europeo, somos directamente elegidos.
Recuerdo muy bien que el Sr. Salafranca firmó con el Presidente del PARLACEN un documento de diálogo político entre el Parlamento Europeo y el PARLACEN. En aquel momento creo que nuestra voluntad era propiciar que el PARLACEN tuviera cada vez más competencias y más recursos económicos y pudiera hacer un buen papel en la integración de la zona que representa.
Creo que hace cuatro años -el Sr. Salafranca quizá lo recuerde mejor-, convocados por el IRELA, nos reunimos en Antigua, una preciosísima ciudad de Guatemala, y allí debatimos con nuestros compañeros del PARLACEN lo que debiera ser el futuro, no solo del PARLACEN sino también del Parlamento Europeo. Vimos que atravesaba los mismos avatares por los que pasó este Parlamento en sus inicios, pues tuvo que batallar y sigue batallando por tener más competencias, más recursos, más presencia y por hacer valer su representatividad.
Creo que en cada una de las conferencias interparlamentarias ése es uno de los temas centrales de los debates, además de las dificultades económicas y sociales por las que pasan algunos de los países de Centroamérica y de Sudamérica. Son dos objetivos fundamentales procurar que las diferencias sociales no se ahonden con las políticas económicas que prevalecen hoy en aquella zona y procurar que los parlamentos ayuden a la integración de la zona, lo que será beneficioso para todos.
Esta resolución tiene ese sentido. Creemos que, no sólo ahora sino desde que nació el PARLACEN, hay quien pretende que tenga menos competencias, que tenga menos presencia, porque un parlamento siempre es incómodo, pero creo que la vocación del PARLACEN, como la de éste y otros, es ser beneficiosos para las poblaciones que representan, aunque resulten incómodos para los poderes establecidos.
Por eso espero, señor Presidente, que esta resolución sea aprobada por una gran mayoría.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, en este debate queremos expresar, como muy bien lo han dicho los otros colegas que me han precedido en el uso de la palabra, la solidaridad y el apoyo de nuestra institución al Parlamento Centroamericano en un momento en el que estamos luchando por que se mantenga la prioridad en el ámbito de las relaciones exteriores de la Unión Europea con los países de Iberoamérica. En ese sentido se orienta el informe que desde la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, un informe de propia iniciativa, vamos a realizar en colaboración con las delegaciones competentes.
La labor de los parlamentos, señor Presidente, y usted lo sabe muy bien, lo sabemos todos en el Parlamento, tiene, hoy más que nunca, entre otras, la difícil misión de ejercer un liderazgo en la evolución de nuestras sociedades, de encabezar la búsqueda de soluciones a los muchos problemas pendientes profundizando en los valores de la democracia y la justicia social que defendemos. En el caso del Parlamento Centroamericano esta labor es, si cabe, todavía más importante teniendo en cuenta el enorme desafío que supone la integración y la vertebración de estas sociedades sobre la base de la paz, del diálogo y de la reconciliación. Creo que, tomando como base la declaración de 1997, a la que se refería la Sra. González Álvarez, hemos logrado el objetivo de mantener una cooperación útil y realista que debemos proseguir, a mi juicio, yo diría no con modestia, como ha dicho el Presidente Seguro, sino de forma brillante, como él acostumbra a conducir los trabajos en los que se involucra. Y creo que el Parlamento Europeo es capaz de demostrar con hechos que valora muy positivamente el trabajo realizado por el PARLACEN ofreciéndole su experiencia y su apoyo.
En el marco de nuestros respectivos procesos de integración, es evidente que tanto el Parlamento Europeo como el Parlamento Centroamericano están llamados a desempeñar un papel cada vez más importante. No estamos aquí, y creo que no nos corresponde como diputados al Parlamento Europeo, para dar consejos a los miembros del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano seguirá sus propios derroteros y hará camino político en una Centroamérica que, en mi opinión, quiere y debe volver a tomar posesión de sí misma en su unidad llena de diversidades. Sobre la base de sus raíces comunes, tiene que descubrir el amplio abanico de sus trayectorias posibles y las múltiples posibilidades que su proyecto comporta, afirmándose desde la paz, la libertad, la solidaridad, y respondiendo también a la vieja exigencia del conocimiento de sí mismo. Por eso, en mi opinión, hay que rechazar de plano las críticas interesadas de los que tildan la actividad del Parlamento Centroamericano de sistema artificial o de parlamentarismo de cartón piedra vacío, hueco y sin contenido. El Parlamento Centroamericano, al igual que el Parlamento Europeo, debe ir ganando en prestigio, en credibilidad y en legitimidad, basándose en la actividad de sus grupos políticos, porque la vida de los partidos es, o debería ser por lo menos, fiel reflejo de las sociedades que representan. El objetivo sería conformar parlamentos fuertes que participan, que actúan, que interpelan, que debaten y que rebaten, que ratifican o que rectifican, que defienden con convicción los valores de la libertad, que son el motor del desarrollo político de la región, y que difunden también sus avances.
Por eso, señor Presidente, con esta resolución queremos expresar nuestro apoyo y solidaridad al Parlamento Centroamericano y pedirle a la Comisión que apoye decididamente, también, el programa plurianual que ha presentado a los servicios de la Comisión el PARLACEN como institución, en nuestra opinión, legitimadora del proceso de integración en América Central y como símbolo de una nueva era de diálogo y de paz.

Knörr Borràs
Señor Presidente, señor Comisario, espero que las relaciones de nuestro Parlamento Europeo con las del Parlamento Centroamericano funcionen, en cualquier caso, mucho mejor que los micrófonos de esta sala.
Ésta es una de estas cuestiones en las que obviamente se concita prácticamente la unanimidad de sentimientos, no solamente de esta Asamblea sino de muchos diputados que por nuestra propia procedencia miramos con enorme simpatía los procesos de colaboración y de consolidación de instituciones de países que consideramos como los nuestros propios.
Hago mías las palabras del compañero de Coalición Canaria en el sentido de que manifestamos nuestro apoyo al PARLACEN por lo que significa de consolidación de las estructuras democráticas y, por lo tanto, tenemos que estar, como Parlamento Europeo, unidos a una institución como la que aquél representa.
No tengo las reservas que ha podido expresar nuestro compañero y estimado amigo, el presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y México, Sr. Seguro, en cuanto a la cuestión de los derechos humanos. Cámbiese el verbo si se quiere pero no la intención. Creo que en estas cosas tenemos que seguir predicando en casa lo mismo que queremos que suceda en todo el mundo, sin mirar hacia otro lugar cuando los derechos humanos se conculcan en otras partes del mundo.
Respecto a la última parte de la intervención del Sr. Salafranca, también expreso mis deseos de que las asignaciones presupuestarias sean al menos las suficientes para que los trabajos -importantes a nuestro juicio- que deben realizarse en colaboración con el PARLACEN se puedan llevar a término. Y en todo caso, expreso mi convicción de que nos tenemos que dejar de palabras y debemos pasar a los hechos. Los hechos, en materia de colaboración con América Latina, ofrecen un balance ubérrimo a nuestro juicio, desde el Estado español.

Solbes
. Señor Presidente, la Comisión toma nota de las resoluciones propuestas por sus Señorías sobre el respeto de los derechos humanos en América Central, el proceso de democratización y la integración regional, así como sobre la importancia especial que dan ustedes al papel del Parlamento Centroamericano.
La Comisión sigue con especial interés la situación de la región y nuestros objetivos prioritarios en las relaciones con la zona están centrados en los tres puntos que ustedes han destacado: el respeto de los derechos humanos, la consolidación del proceso democrático y el refuerzo de la integración regional. En este contexto, la Comisión está actuando y en los tres niveles tenemos distintos proyectos.
En cuanto a los derechos humanos, hemos venido apoyando desde 1990 los programas de cooperación en favor del respeto de los derechos humanos mediante la formación y sensibilización en esta materia. Ustedes saben bien que entre 1990 y 2000 se han destinado 65 millones de euros a esta actividad, que seguimos apoyando también de cara al futuro. Para el próximo programa plurianual, que va a comenzar pronto, estamos considerando una atribución adicional superior a 10 millones de euros para seguir con esta actividad.
En cuanto al PARLACEN, debo señalar que ha sido desde su creación un interlocutor privilegiado para la Comisión para los programas de refuerzo del proceso de democratización e integración regional. En nuestro marco de cooperación con la zona hemos prestado especial atención a todas aquellas instituciones que pueden apoyar la integración regional, la secretaría general del Sistema de Integración Centroamericano, el Tribunal de Justicia y muy especialmente el PARLACEN, que constituye uno de nuestros objetivos prioritarios.
Precisamente la Comisión está estudiando en estos momentos el marco de esa nueva estrategia a la que ha hecho referencia el Sr. Salafranca; esperemos poder llegar pronto a una conclusión que nos permita liberar fondos para apoyar al Parlamento Centroamericano.
Por último, en el diálogo con las autoridades centroamericanas, la Comisión también está reiterando la importancia que debe darse al proceso de integración regional como instrumento para consolidar la democratización y el desarrollo en la zona. También en este tema estamos trabajando en la definición de un nuevo programa de cooperación que debería permitir que nos centráramos en tres ejes fundamentales: la integración económica -la aplicación de políticas comunes-, el refuerzo de las instituciones y el refuerzo de la sociedad civil. Estos puntos nos parecen esenciales y deben ser los ejes de nuestro programa plurianual entre los años 2000 y 2006.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Costa de Marfil
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
(B5-0847/2000) de la Sra. Carlotti y la Sra. Junker, en nombre del Grupo del PSE;
(B5-0849/2000) del Sr. Rod y la Sra. Maes, en nombre del Grupo Verts/ALE;
(B5-0855/2000) del Sr. Van den Bos, en nombre del Grupo ELDR;
(B5-0860/2000) del Sr. Sylla, el Sr. Cossutta y el Sr. Sjöstedt, en nombre del GrupoGUE/NGL;
(B5-0863/2000) del Sr. Van Hecke, en nombre del Grupo del PPE-DE
sobre la situación en Costa de Marfil.

Carlotti
Señor Presidente, Costa de Marfil ha sido durante mucho tiempo un pilar de estabilidad y prosperidad relativa en una África del oeste con un destino atormentado. Por ello, nuestra inquietud y nuestra tristeza han sido grandes cuando hemos asistido al lento naufragio político, económico y humano de este país, orquestado por la Junta militar del general Gueï.
Para aferrarse al poder, el general Gueï ha adaptado en su propio beneficio la constitución aprobada por el pueblo de Costa de Marfil y la ha utilizado como instrumento de exclusión de sus adversarios políticos. Para aferrarse al poder no ha dudado en apoderarse del obsesivo debate sobre la "marfilidad", provocando una oleada de xenofobia: odio al otro, al extranjero, al originario de Burkina o al maliense y, sin embargo, son muchos los que trabajan y viven en el territorio de Costa de Marfil desde hace largos años. Así, este general ha arrastrado a Costa de Marfil al borde de la guerra civil y étnica.
Pero el pueblo no ha dejado a la Junta llegar hasta el final de su juego de masacre: ha obligado al tirano a huir y, eligiendo a un opositor de larga trayectoria - Laurent Gbabo - a la cabeza del país, ha resituado a Costa de Marfil en la vía del proceso democrático. Ahora, este proceso debe confirmarse rápidamente mediante la organización de elecciones legislativas libres, transparentes, pluralistas y en las cuáles todas las fuerzas políticas puedan participar. Eso es lo que demandan hoy en todo caso tanto los responsables políticos como la población.
En este momento, las fuerzas políticas de Costa de Marfil han dado prueba de responsabilidad jugando desde hace semanas la carta del apaciguamiento, de la legalidad constitucional y de la reconciliación nacional. Hemos de tomar nota del reinicio de un proceso democrático no concluido, sin duda, pero que hemos de continuar apoyando. Creo que es también en interés de la estabilidad de toda la región, ya que África occidental atraviesa un período particularmente vulnerable desde este punto de vista.
Así pues, la Unión Europea ha de acompañar a Costa de Marfil en la vía que ella misma ha elegido: la del retorno a la legalidad constitucional, la de la paz civil, la del progreso económico y social, apoyando material y financieramente la organización de las elecciones legislativas previstas para el 10 de diciembre próximo y velando, por supuesto, por su carácter equitativo y pluralista, para después seguir con la cooperación, con el fin de ayudar al país a encontrar soluciones más adaptadas a la crisis social en el medio urbano y a las tensiones en el medio rural. Ése es todo el sentido de nuestra resolución.

Isler Béguin
La extrema confusión que ha caracterizado el contexto electoral en estas últimas semanas en Costa de Marfil, hasta ahora sin embargo modelo económico, es sintomática de un país en crisis, en crisis económica, desesperanza social y por tanto caos político.
Los desafíos reales y debates nacionales fueron ocultados por el falaz pero polémico debate sobre la "marfilidad" . Costa de Marfil, atenazada por sus compromisos financieros para dar credibilidad a sus perspectivas económicas y las crueles y ciegas recaídas de las negociaciones comerciales internacionales ha sido empujada de esa forma a este desastre generalizado. Éste es el antimodelo de un verdadero desarrollo duradero, esa política de futuro que nosotros, los Verdes, preconizamos.
En el fracaso actual del modelo de Costa de Marfil, la responsabilidad de los occidentales es patente y aplastante. Así, al introducir materias grasas diferentes de la mantequilla de cacao en la definición del chocolate, el Parlamento Europeo ha hecho caer a este primer productor mundial de cacao en la angustia del hundimiento de toda su industria nacional, algo que hizo bascular toda su situación social y política, hasta las matanzas de civiles, víctimas últimas pero directas de esta cadena de decisiones y de consecuencias que partió de Bruselas para llegar a Ypougon. Los Verdes condenan firmemente todos los actos de violencia continuados en el periodo electoral y lamentan las víctimas.
La instauración de una verdadera democracia en Costa de Marfil no podrá hacerse sin la creación de una comisión de investigación independiente de los crímenes cometidos y sin el compromiso oficial de hacer que se respeten los derechos humanos y la paz civil. Igualmente, la credibilidad de este proceso democrático pasa por la institución de un comité de reconciliación nacional y de una comisión nacional electoral para preparar y asegurar los escrutinios electorales venideros, principalmente el del próximo 10 de diciembre. La presencia de observadores extranjeros en estos escrutinios es indispensable para su legitimación.

Van den Bos
Señor Presidente, ¿ha vuelto realmente la tranquilidad a Costa de Marfil o solamente lo parece? Gbagbo ha sido elegido Presidente de forma provisional conforme a unas elecciones de las que su máximo oponente estaba excluido. Si las elecciones parlamentarias de diciembre no se desarrollan de forma transparente, los desórdenes volverán sin duda alguna. La violencia del periodo anterior ha dejado, después de todo, profundas huellas en la población. La rabia del pueblo aumentará de nuevo ante el menor fallo político. De ahí que resulte absolutamente esencial que las elecciones parlamentarias de diciembre se desarrollen de forma transparente, y la exclusión por motivos étnicos es, claro está, inadmisible. Costa de Marfil sólo puede volver a la estabilidad si los nuevos dirigentes están dispuestos a compartir el poder. Así mismo, resulta impensable lograr una paz duradera para el país si no existe tolerancia religiosa y étnica. Los dirigentes políticos, militares y religiosos deben hacer todo lo posible por lograr una reconciliación nacional. Debe aprobarse una constitución que garantice los derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos y condene el abuso de poder. Además, resulta extremadamente importante que se restablezcan las relaciones con los países vecinos, especialmente con Burkina Faso. Nosotros, en tanto Unión Europea, debemos estar dispuestos a reanudar la prestación de ayuda, pero esto sólo puede hacerse si el país es gobernado de forma adecuada y la democratización realmente toma forma. Los dirigentes tienen ahora una nueva oportunidad y ojalá la aprovechen. Costa de Marfil puede convertirse en un ejemplo y desempeñar un papel pionero en la región. No obstante, eso sólo puede tener lugar si cada uno asume su responsabilidad y la tranquilidad se restablece definitivamente.

Sylla
Señor Presidente, señorías, creo que en Costa de Marfil la primera cuestión que se plantea es la de la democracia. Algunos creen que la importancia de la democracia es relativa cuando se trata de África, que son procedimientos complejos, que es preciso dar tiempo al tiempo. Ahora bien, creo que no hay compromiso posible con la democracia y la cuestión que se plantea hoy para Costa de Marfil es la misma que la que se plantea por ejemplo para Guinea, cuando se sabe actualmente que hay personas en prisión y que no hay un sistema democrático.
Hace cerca de un año que estamos unos pocos aquí, principalmente la mayoría de mis colegas, alertados sobre la situación en Costa de Marfil y creo realmente que éste es el ejemplo de lo que no ha de hacerse. En primer lugar, se ha permitido que se instaure un poder por la fuerza, por las armas. Se han silenciado las persecuciones de los opositores y de los periodistas, así como la instauración de una Constitución racista y etnicista. Todo el mundo deja hacer, como si no se hubiera extraído ninguna lección de Rwanda o de la ex Yugoslavia. Y ahora nos sorprendemos de que el general Gueï termine amañando las elecciones.
En primer lugar, la Unión Europea debe felicitarse, creo, por el hecho de que el nuevo presidente, Laurent Gbagbo, instaure un comité de reconciliación nacional. Debemos felicitarnos también por la celebración de elecciones legislativas, el próximo mes. Pero hemos de exigir que esas elecciones sean transparentes y que no excluyan a ninguna fuerza política ni a ningún candidato. La igualdad entre las fuerzas políticas ha de quedar garantizada. Por ello, además, el presidente Gbagbo no debe alejar la posibilidad de la celebración de elecciones presidenciales, que son las consecuencias directas de estas elecciones legislativas.
Pero sobre todo hemos de ser mucho más firmes a mi juicio, señor Presidente, ante el hecho de que es preciso exigir que esta Constitución racista sea anulada. Es preciso que a través del debate sobre la "marfilidad" , ese debate confuso que no es otro que la puesta en práctica de la preferencia nacional que nosotros estamos combatiendo en nuestros propios países, cuya consecuencia lógica y última es la aplicación de la limpieza étnica, sea totalmente combatida y suprimida cualquier referencia o connotación sobre la "marfilidad" en la Constitución de Costa de Marfil.
No comparto todas las ideas - basta con ver dónde estoy sentado en este hemiciclo - principalmente sobre el plan liberal y económico del Sr. Ouattara, pero creo que no es admisible en un país, cualquiera que sea, y principalmente en Costa de Marfil, que se separe al Sr. Ouattara únicamente porque no tuviera un padre y una madre originarios de Costa de Marfil. Creo que, de la misma manera, los catorce partidos que han sido excluidos han de ser reintegrados y participar plenamente en estas elecciones. De otro modo, ello querría decir, cuando se excluye a una persona como Ouattara, que se instauran de hecho ciudadanos de segunda categoría, que hay dos tipos de ciudadanos y que la discriminación termina por erigirse en forma de estado.
La Unión Europea debe velar igualmente para que ninguno de sus miembros base, con sus antiguas colonias - e insisto en ello - unas relaciones fundamentadas únicamente en intereses económicos o en emplazamientos geoestratégicos. Fue en función de estas consideraciones como el jefe de la diplomacia francesa, Hubert Védrine, no dudó en llegar incluso a explicar que desde un punto de vista estas elecciones eran legales porque tomaban en consideración una constitución. En ese caso, y a ese precio, hubiéramos debido aceptar de hecho que el "apartheid" era totalmente constitucional, y aún voy más lejos, perdónenme, deberíamos haber mantenido las mejores relaciones con Milosevic en la ex Yugoslavia.
Terminaré con la cuestión siguiente: las dictaduras existen, señor Presidente, sólo porque hay pueblos que sufren de miseria, que no tienen acceso al saber, que no tienen acceso al conocimiento. Por tanto, me parece indispensable desde este punto de vista que la ayuda que nosotros concedemos a esos países, con el fin de que caminen hacia un sistema democrático, vaya urgentemente a la lucha contra el analfabetismo, contra la pobreza, contra la miseria. Será a ese precio y ayudando estos pueblos como terminaremos por ayudarles a poner en práctica un sistema democrático.

Van Hecke
Señor Presidente, resulta tentador presentar los recientes acontecimientos de Costa de Marfil como un triunfo de la democracia frente a la dictadura, como una repetición del modelo de Belgrado, pero esta vez en el corazón de África Occidental. Resulta tentador, pero es falso. La realidad es mucho más compleja y la posición del nuevo Presidente mucho más controvertida. El hecho de que el dirigente de la junta, Gueï, no haya logrado legitimar su poder mediante unas elecciones fraudulentas constituye, sin más, algo positivo.
La Unión Europea, y también este Parlamento, han contribuido de forma importante a ello al exigir que se celebraran elecciones democráticas y al poner en marcha el procedimiento de suspensión. No obstante, eso no proporciona a Laurent Gbagdo, que ha ganado las elecciones, la legitimidad suficiente. Al fin y al cabo, también él ha jugado la baza nacionalista. También él ha apoyado la suspensión de la constitución, con la intención de eliminar a su máximo oponente, Watara, basándose en que sus padres no eran ambos marfileños.
Esa ley ha dado lugar a que la tradicional armonía étnica de Costa de Marfil se viera seriamente alterada. Las personas de origen extranjero, y esto tal vez afecta desde un tercio hasta a la mitad de la población, es desde entonces objeto de discriminación e incluso de ataques. La ley también ha dado lugar a que los partidarios de Watara, sobre todo musulmanes del norte del país, hayan boicoteado con éxito las elecciones, en las que la participación no superó el 40%, demasiado baja como para que el mandato del nuevo Presidente resulte creíble.
Cuando los partidarios de Watara salieron a la calle para exigir la celebración de nuevas elecciones, sus protestas fueron reprimidas con violencia. Los barrios musulmanes de la capital fueron atacados. Hubo al menos 170 muertos y 350 heridos. El miedo a una guerra civil hizo que Watara aceptara el resultado.
No sería ilógico que la Unión Europea exigiera hoy la celebración de nuevas elecciones presidenciales en las que pudieran participar, esta vez, todos los candidatos. No obstante, reconozco que existen algunas razones para no hacerlo. En primer lugar, esto menoscabaría los esfuerzos efectuados por el nuevo Presidente a fin de restablecer la unidad nacional y lograr la reconciliación. Para conseguirlo, ha ofrecido, además, distintos puestos ministeriales a sus opositores y ha declarado el 9 de noviembre día de duelo nacional.
Por otra parte, todos los partidos se han declarado, entre tanto, dispuestos a colaborar en el restablecimiento del Estado de Derecho y la paz. Esto debe desembocar, tal como algunos colegas ya han dicho, en las elecciones parlamentarias de 10 de diciembre, en las que todos los partidos deben poder participar. No creo que Europa deba añadir leña al fuego y avivar más las tensiones cuando, aparentemente, los implicados están dispuestos a reconciliarse.
No obstante, la verdadera prueba para Gbagdo tendrá lugar el 10 de diciembre. Tan sólo podemos velar por que éstas sean unas elecciones libres y pacíficas, y esperamos que el nuevo Gobierno de Costa de Marfil tenga una amplia base democrática, necesaria para restablecer la armonía étnica y ayudar a que el país supere las dificultades económicas.

Junker
Señor Presidente, estimados colegas, aunque Costa de Marfil era un baluarte de estabilidad y democracia comparado con los países de África Central y Occidental, padece desde hace tiempo tensiones de carácter étnico y religioso; recientemente, se han dado abusos de poder por parte del anterior gobierno del Presidente Badié, lo que condujo a una toma violenta del poder por los militares. Que este poder militar haya podido ser hace poco derrocado por las urnas en circunstancias difíciles, habla a favor de la decidida inclinación democrática del pueblo de Costa de Marfil. Creo que ahora tenemos la oportunidad de reestablecer la democracia y el estado de derecho.
Los disturbios que rodearon las elecciones arrojaron 200 muertos, lo que, naturalmente, supone una pesada carga para el futuro del nuevo gobierno. Hay que decir también que el pasado día 9 de noviembre, el Día de la Reconciliación, dejará señales favorables para el establecimiento de la democracia y el estado de derecho y para que se aspire en serio a hacer efectiva la reconciliación nacional. La Unión Europea ha sido requerida para que contribuya, y a este requerimiento se ha declarado dispuesta, a que las elecciones de diciembre y también las elecciones locales de enero transcurran pacíficamente, con limpieza, libertad y transparencia. Nosotros también somos requeridos para que tengamos un ojo puesto ahí y acompañemos constructivamente ese proceso.
Mucho dependerá del hecho de que realmente logremos asegurar lo que ahora parece que ha tomado un comienzo prudente. Para ello, de hecho, es necesario modificar la constitución de manera que el lugar de origen no puede ser ya motivo de discriminación. Esto se da en muchas partes de África con las más distintas mezclas religiosas y étnicas. Trazar aquí estas estrechas fronteras conducirá tan sólo a que se caven nuevas tumbas y se levanten obstáculos. Sabemos que en Costa de Marfil viven millones de personas procedentes de países vecinos. No quiero entrar absolutamente en temas como el trabajo infantil, pero ahí también hay problemas. Debe crearse un ambiente pacífico para esas gentes, que deben también asumir responsabilidades políticas en el país que les acoge, pero no deben ser excluidos. En este sentido, creo yo, la resolución refleja la voluntad de este Parlamento de colaborar en ello, espero que con éxito.

Bordes
Señor Presidente, es mejor, evidentemente, que el Parlamento Europeo condene las maniobras dictatoriales de Robert Gueï, la transformación de las elecciones presidenciales en comedia irrisoria mediante la eliminación de la mayoría de los candidatos y los actos de violencia de tipo étnico que todo esto ha implicado. Pero, como siempre, los países europeos en general, y Francia en particular, se liberan de su propia responsabilidad de los acontecimientos.
¿Por qué las autoridades francesas apoyaron sin fisuras a Konan Bédié durante años, después de que lanzara su campaña xenófoba contra la importante minoría originaria de Burkina que constituye un tercio de la población de Costa de Marfil? ¿Por qué el Gobierno francés ha avalado las manipulaciones electorales de Gueï que la resolución del Parlamento Europeo se propone condenar después? ¿Por qué el Gobierno francés, como la propia resolución, disimulan el papel del actual presidente Gbagbo en la expansión de la demagogia xenófoba?
La voluntad de mi intervención invocada por el Gobierno francés para justificar su silencio culpable, ¿no es más que una hoja de parra para ocultar sórdidos intereses materiales?
Para preservar los intereses enormes de los grupos capitalistas franceses que están implantados en Costa de Marfil y que dominan su economía, Francia apoyó durante décadas la dictadura de Houphouët-Boigny y su régimen de partido único. Por la misma razón, tolera todas las canalladas de sus protegidos a la cabeza del Estado de Costa de Marfil a poco que protejan los intereses franceses. Si, de Bédié a Ggagbo, pasando por Gueï o Outtara, todos ésos que en Costa de Marfil rivalizan por el poder tienen una responsabilidad en la escalada de la xenofobia y el agravamiento de los enfrentamientos étnicos en ese país, esta responsabilidad es compartida por los dirigentes del Estado francés.
Condenamos la violencia étnica y sobre todo a los responsables políticos cuya demagogia la ha provocado. Denunciamos al ejército y a la policía entre los cuáles muchos soldados y policías han participado en los asesinatos. Nos negamos, por el contrario, a unir nuestra voz a las de representantes de los partidos políticos que han estado o están asociados a la política africana de Francia. Reafirmamos nuestra solidaridad con las poblaciones trabajadoras de cualquier origen de Costa de Marfil que, no solamente se mantienen en la miseria, sino que sus dirigentes intentan levantar unas contra otras.

Solbes
. Señor Presidente, a través de diversas declaraciones recientes, la Unión Europea ha denunciado los desmanes del régimen del General Gueï; también ha lamentado la exclusión directa del escrutinio del 22 de octubre de los principales candidatos de oposición, lo que ha limitado en gran medida la credibilidad de ese propio proceso electoral. La Unión ha condenado el intento de confiscación de los resultados electorales por el general Gueï y posteriormente la violenta represión, por parte del ejército, de las manifestaciones a favor de Laurent Gbagbo y, sobre todo, las sangrientas masacres interétnicas que han afectado a los nacionales del norte de Costa de Marfil.
La Comisión considera que en las condiciones actuales la prioridad estriba en organizar unas elecciones legislativas, previstas para el 10 de diciembre, abiertas y transparentes. Me gustaría subrayar esos dos adjetivos. Estas elecciones deben permitir la representación a escala nacional de los partidos políticos que quedaron excluidos en la elección presidencial y compensar así, aunque sólo sea parcialmente, las imperfecciones de esta primera elección. Estas elecciones deberían constituir uno de los elementos principales de la reconciliación nacional que todos deseamos y propugnamos. La Comunidad Europea apoyará financieramente la organización de estas elecciones, y también cooperaremos aportando un centenar de observadores. Una vez que estas elecciones hayan tenido lugar y habida cuenta de las condiciones de su desarrollo, se podrá considerar la realización de un debate en profundidad con las nuevas autoridades de Costa de Marfil para establecer las condiciones de una reactivación de nuestra cooperación. Ello no excluye, evidentemente, la consideración de situaciones de emergencia, tales como prestar ayuda a los heridos y víctimas de las recientes confrontaciones interétnicas, lo que ya ha dado lugar a una asignación de 300.000 euros en concepto de ayuda de emergencia por parte de ECHO.
Desde el punto de vista de la Comisión hay otras prioridades en cuanto a emergencias, que están muy vinculadas a temas como la sanidad o la educación, sobre todo en áreas rurales, cuestión fundamental para que este proceso se desarrolle de forma abierta y de forma democrática.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

Derechos humanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Birmania/Myanmar - (B5-0850/2000) de la Sra. McKenna y la Sra. Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE;
(B5-0853/2000) de la Sra. Kinnock, en nombre del Grupo PSE;
(B5-0857/2000) del Sr. Davies y otros, en nombre del Grupo ELDR;
(B5-0861/2000) del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL;
(B5-0864/2000) de la Sra. Maij-Weggen y otros, en nombre del Grupo PPE-DE;
sobre la situación en Birmania
Vietnam- (B5-0848/2000) del Sr. Sakellariou y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo PSE;
(B5-0858/2000) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR;
(B5-0865/2000) del Sr. Posselt, en nombre del Grupo PPE-DE;
(B5-0868/2000) del Sr. Dupuis, en nombre del Grupo TDI;
sobre Vietnam.
Birmania/Myanmar:

Lucas
Señor Presidente, me complace mucho que haya habido un apoyo tan firme en la Cámara a la enérgica declaración de condena de la junta militar de Birmania que recoge esta resolución. Pero, a su vez, me entristece sobremanera el que sea necesaria otra resolución sobre Birmania porque la situación allí, en lugar de mejorar, está cada vez peor.
La necesidad de esta nueva resolución surge de una serie de razones. Entre las más importantes está el hecho de que el SPDC haya jurado aplastar a la Liga Nacional para la Democracia antes de finales de año. Todo indica que van en serio. Su intento de desalojar a la Liga Nacional para la Democracia de su actual posición parece una campaña sistemática de conseguir ese objetivo. El número de prisioneros políticos, al parecer, ha pasado de 1.500 a 3.000 muy recientemente, y a muchos de ellos se les obliga a realizar trabajos forzosos y se les somete a crueles formas de tortura.
La próxima reunión entre la ASEAN y la UE en Laos en diciembre nos ofrece una oportunidad crucial de demostrar nuestra más enérgica condena de este régimen. Pedimos al Consejo y a la Comisión que aplacen esa reunión, que la suspendan hasta que la junta birmana libere a todos los prisioneros políticos sin condiciones y permita la libertad de movimiento a Aung San Suu Kyi y a los miembros de su partido y hasta que la junta birmana inicie un diálogo serio con la Liga Nacional para la Democracia, ganadora de las elecciones, y con las minorías étnicas.
La propia Aung San Suu Kyi ha declarado que la postura de relación constructiva que ha adoptado la ASEAN con Rangún no está funcionando. La oportunidad de suspender y aplazar esa reunión que ha de celebrarse el próximo mes en Laos es una ocasión de afirmar de la forma más enérgica y de transmitir del modo más firme que condenamos este régimen ilegal.

Kinnock
Señor Presidente, en respuesta a una pregunta mía en la sesión de octubre, el Comisario Patten decía que si las cosas se deterioraban en Birmania se reconsideraría la celebración de la reunión entre la UE y la ASEAN prevista para el 11 y el 12 de diciembre. ¿Hasta qué punto tienen que empeorar las cosas? Aung San Suu Kyi permanece incomunicada. Hay 3.000 prisioneros políticos, el 23% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y el 40% de los niños de Birmania están desnutridos. Birmania es, en la actualidad, el segundo mayor productor de heroína y opio del mundo por detrás de Afganistán. Están llevando a cabo una gran ofensiva contra el pueblo Shan y contra el pueblo Karen y, según ha afirmado el relator de la ONU, no existe señal alguna de diálogo entre el SPDC y la Liga Nacional para la Democracia.
Hoy, a esta misma hora, se reúne en Ginebra la OIT y parece muy probable que vayan a apoyar la imposición de sanciones a Birmania en protesta por el uso del trabajo forzoso. Creo que el representante francés en Ginebra ha apoyado esa postura. Ahora es el momento de imponer verdaderamente condiciones estrictas para esa reunión de diciembre. Aung San Suu Kyi debe ser liberada y debe permitírsele viajar libremente y debe permitirse también que una troika se traslade a Birmania y pueda ir a cualquier sitio y hablar con quien quiera. También hoy, Tailandia, un miembro de ASEAN, ha dicho que Birmania debe permitir una presencia permanente de la OIT, que debe existir un mecanismo para controlar el trabajo forzoso y que las sanciones de la OIT a ese país también miembro de ASEAN no deberían levantarse hasta que se hayan alcanzado resultados reales.
¿Cómo va a responder la UE a estas firmes voces procedentes de toda Europa y ahora también, por primer vez, de la región? Es, desde luego, insostenible que la Comisión y el Consejo continúen con la idea de celebrar esta reunión. Se interpretaría, sin duda, como un relajamiento de la postura europea en este momento. Aung San Suu Kyi ha reiterado recientemente que el enfoque de relación constructiva con Rangún no está funcionando y tanto ella como la Liga Nacional para la Democracia han pedido que se aplace la reunión. Si la UE sigue adelante, la junta se verá animada y alentada por la decisión de sentar a nuestros ministros de asuntos exteriores de gobiernos democráticos europeos en la misma mesa que la junta militar de Birmania. Deberíamos estar avergonzados de esta traición. ASEAN seguiría pensando que no es necesario hacer nada sobre el paria que está entre ellos. ¿Queremos ser cómplices de esto o vamos adoptar ahora la decisión de echarnos atrás? Al mantener nuestros propios principios y los valores que nos son tan preciados estaremos también defendiendo los valores del pueblo de Birmania que está siendo perseguido sistemáticamente por el régimen militar de su país.

Maaten
Señor Presidente, existen más motivos por los que volvemos a hablar de Birmania por segunda vez desde este verano, y ésa no fue tampoco la primera ocasión en que hablamos este año sobre ese país. Hay más razones para ello. Hace poco se volvió a denegar el permiso a Aung San Suu Kyi para abandonar Rangún y hablar con sus partidarios del NLD, el partido que ha ganado sobradamente las elecciones y que nunca ha podido detentar el poder. James Mawdsley, el activista del que hablamos hace dos meses, ha sido liberado durante este período. Pensamos que esto tal vez constituya un pequeño rayo de esperanza, pero ello no puede desviarnos de los asuntos importantes, de la idea general que tenemos de Birmania. Finalmente el relator en materia de derechos humanos de la ONU ha vuelto de ese país y ha presentado un informe negativo. El activista en derechos humanos Soe Thein ha sido tratado pésimamente.
Existen, por tanto, motivos para volver a hablar de Birmania y, desgraciadamente, no tenemos la esperanza de que sea la última vez que lo hacemos. En la OIT, por supuesto, se ha discutido ampliamente sobre la esclavitud en ese país. Es una cuestión que aquí no ha recibido todavía tanta atención, pero naturalmente, también hay que hablar sobre ello en el contexto de la Unión Europea. La represión política continúa y el flujo de refugiados, especialmente hacia Tailandia, sigue, por lo demás, con incursiones militares en ese país. Esto resulta absolutamente inaceptable internacionalmente desde cualquier óptica desde la que podamos examinarlo. El Gobierno militar de Birmania pretende poder mantener el orden y la estabilidad en un país en el que las rivalidades étnicas suponen una amenaza real. No obstante, la represión que ejerce el régimen sólo consigue reforzar los sentimientos de rebelión que puedan existir y no conduce en ninguna caso a una solución carente de posibles conflictos étnicos. El problema es, por supuesto, qué debemos hacer en tanto Unión Europea. Decimos que debemos continuar con las sanciones. Creo que, en efecto, no existe otra alternativa. Lo lamentable es que las sanciones no hayan funcionado hasta ahora. No obstante, la actitud constructiva de la ASEAN tampoco ha dado resultado, y me parece que los otros países de la ASEAN, los países vecinos de Birmania, ya han comenzado a avergonzarse de la decisión de permitir el ingreso de Birmania en la ASEAN. Su filosofía de una actitud constructiva no ha dado sus frutos y creo que, en tanto Unión Europea, no debemos dejar de señalarlo. Sentarse a la mesa con Birmania, no funciona. Por lo demás, no tengo ninguna confianza en que nuestros propios Ministros planteen allí estas cuestiones. En la reunión de octubre de la ASEAN no trataron en absoluto la cuestión de los derechos humanos. Tampoco ahora tengo confianza. De ahí que todavía mantengamos en pie las sanciones. Respaldamos sinceramente las enmiendas que la Sra. Kinnock ha presentado al respecto.

Marset Campos
Señor Presidente, señor Comisario, cuando llegan los jueves y se repasa la situación de los derechos humanos en el mundo, esto se parece un poco a lo que imagino que será el Muro de las lamentaciones.
La triste herencia que han dejado el colonialismo y el neocolonialismo obliga a la Unión Europea a una actitud firme, muy valiente y decidida, para ayudar la recuperación de la democracia en distintas partes del mundo, llámense América Latina, en este momento con el problema de Guatemala en su lucha contra la impunidad de los militares, África o, en este caso, Birmania.
La verdad es que -como se ha dicho- la situación en Birmania está empeorando; es increíble que siga habiendo esta persecución de una líder tan importante de la democracia como Aung San Suu Kyi y que la Liga Democrática no pueda ejercer normalmente sus funciones para la recuperación de la democracia, más aún cuando sigue habiendo en este país inversiones económicas que justamente se están aprovechando de la falta de libertad, de la falta de derechos sindicales allí existentes. Por ello, pensamos que la Unión Europea está obligada a una fuerte acción en el marco internacional para que, tanto a través de las sanciones como a través de la imposición de una negociación con los líderes de la oposición democrática, se puedan recuperar la democracia, el normal desenvolvimiento del derecho a la libertad del pueblo de Birmania y se deje de hablar de situaciones que recuerdan con tanta tristeza hechos del pasado. Por ello, reafirmamos la importancia de esta resolución y el compromiso firme de la Comisión y del Consejo en esta dirección.

Deva
Señor Presidente, en esta resolución hablo en nombre de la Sra. Maij-Weggen y quiero decir que hemos asistido esta tarde a algunas excelentes intervenciones.
Mientras estamos aquí sentados cómodamente en nuestro ambiente climatizado, los parlamentarios de Birmania elegidos democráticamente están bajo arresto domiciliario, escondidos y bajo la más grave amenaza posible. Entre tanto, la junta comunista controla con mano de hierro a la población, a la prensa y a la Liga Nacional para la Democracia (LND). Los componentes de esa junta han alardeado de cómo van a exterminar a la LND antes de fin de año, y llevan años jactándose de lo mismo en relación con las minorías.
En dos ocasiones desde el pasado mes de septiembre hemos aprobado resoluciones que deploraban la administración de Birmania y, a pesar de nuestras claras y sinceras posturas sobre esta cuestión, sabemos que los países de la UE van a enviar a sus ministros de asuntos exteriores a reunirse con sus homólogos de ASEAN el próximo mes en Laos. Debemos decir de modo claro y alto que creemos que seguir con lo previsto constituye un error absoluto. Nosotros, en Europa, no debemos dar legitimidad a ese régimen espurio y sobre esto hemos escuchado excelentes intervenciones de la Sra. Lucas y de la Sra. Kinnock. Todos conocemos la historia de Aung San Suu Kyi y debemos ser conscientes de que las relaciones constructivas entre ASEAN y Rangún no han funcionado. Por tanto, debemos instar a nuestros gobiernos a no hacer lo contrario de lo que ha pedido la premio Nobel y Premio Sajarov.
Ayer, el Sr. James Mawdsley, que ha sido puesto en libertad en Birmania, me envió un mensaje que quisiera leerles a sus señorías. Sus palabras son mucho más elocuentes que las mías a la hora de enfrentarse a la maldad del régimen birmano. Dice: "la junta militar de Birmania tiene pánico a la Liga Nacional para la Democracia. Tienen miedo de cualquiera que se niegue a someterse a su brutalidad. Tienen absolutamente claro que el mundo y la LND encabezada por la Dra. Aung San Suu Kyi ya no se van a someter. Por eso el régimen cree que debe destruirles completamente. Los oficiales de la inteligencia militar me han jurado que la LND va a ser aplastada. Va a ser destruida. Lo decían riendo. Este comportamiento no es sano. Se sientan y se ríen del asesinato y de la represión de los representantes electos de Birmania. El régimen también se jacta de que van a matar a todos los Karen y están cometiendo genocidio entre los grupos étnicos Karen, Karenni y Shan de Birmania. He recorrido este territorio: desde la cima de las montañas hasta donde llega la vista, todos los pueblos han sido destruidos y las poblaciones asesinadas o desplazadas. He visto a las víctimas de la represión, mujeres y hombres heridos, a punto de morir, o muertos. El odio del régimen a los grupos étnicos y a la LND no puede controlarse mediante llamamientos a la razón o a la moralidad. El régimen sólo responde cuando se siente amenazado. Mi liberación así lo demuestra."
Esto demuestra que el régimen sólo hará algo cuando se sienta amenazado. Éstas son las palabras de James Mawdsley, no las mías. Ha sufrido muchísimo a manos de los birmanos y afirma que sólo cuando estén amenazados harán algo. Tenemos que reconocer esto en relación con la reunión con ASEAN.

Banotti
Señor Presidente, durante muchos años he tenido un cartel en la pared de mi despacho de Aung San Suu Kyi en el momento en que este Parlamento le concedió el Premio Sajarov. El cartel está raído, ha ido desgastándose y curvándose por los bordes. Lo sigo teniendo allí con la esperanza de que podré sustituirlo con un cartel más feliz y más triunfante. Pero, como se ha dicho en muchas de las excelentes intervenciones de esta tarde, sigue sin haber otra cosa que no sea desesperanza sobre esta mujer maravillosa, amable, encantadora e inmensamente valiente y sobre sus intentos de que la bandera de la libertad siga ondeando en su propio país. Su país se ha convertido en un paria internacional. ASEAN se ha convertido, en el pleno sentido de la palabra, en un tigre de papel por su fracaso en hacer frente a los terribles acontecimientos de Birmania.
Y se ha producido un fracaso añadido por parte de Occidente con la salida del relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Birmania, el Sr. Rajsoomer Lallah. Se marchó porque, según sostenía, no estaba recibiendo prácticamente apoyo alguno de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sé por mí misma la fuente de angustia que esto supone para la Sra. Comisaria Mary Robinson. El Sr. Lallah ha afirmado: "Veo muy pocos cambios. Un año tras otro la Asamblea General y la Comisión aprueban resoluciones. Me siento decepcionado." Nos sentimos decepcionados. Creemos que no obstante las múltiples muestras de apoyo y de preocupación de este Parlamento no hemos logrado que la junta militar responda a las preocupaciones del mundo exterior.
Creo que deberíamos imponer sanciones. El Sr. Deva ha expresado la posición de mi Grupo que yo apoyo totalmente y es significativo que esta tarde no haya habido ni una sola persona de las que han intervenido que no comparta estas ideas y el apoyo general a Aung San Suu Kyi y a su partido. Ella ocupa un lugar muy especial en nuestros corazones aquí en el Parlamento desde hace muchos años. Es casi increíble que a día de hoy siga siendo prisionera en su propia casa y haya sufrido tanto a lo largo de los años. Sé que supone un consuelo el que sigamos aporreando la puerta de este régimen malvado y perverso y espero de veras que las sugerencias que han hecho tanto el Sr. Deva como la Sra. Kinnock sean reconocidas por la Comisión y respetadas.

Gill
A mí también me cuesta participar en este debate sobre nuestras preocupaciones acerca del deterioro de la situación de los derechos humanos en Birmania y, como muchos otros antes que yo, hubiera preferido que la situación en ese país hubiera mejorado para que no tuviéramos que volver sobre este asunto una y otra vez.
Espero que al dar prioridad a esta cuestión como urgente, este Parlamento transmita un claro mensaje al pueblo de Birmania de que su apremiante situación no es olvidada y de que reconocemos que la situación en Birmania está empeorando en lugar de mejorar y estamos decididos a intentar hacer algo al respecto.
Sin embargo, creo que la comunidad internacional tiene que pasar de las palabras a los hechos y, como miembro de la Delegación del Parlamento para las relaciones con los Estados Miembros de ASEAN, Sudeste Asiático y República de Corea, me siento decepcionada y preocupada, al igual que otros que han intervenido con anterioridad, por el hecho de que la UE haya decidido dialogar con ASEAN en Laos el mes próximo a nivel ministerial.
Conozco los argumentos que los Estados miembros de ASEAN han esgrimido ante nuestra delegación sobre la inclusión de Birmania en este grupo. Creen que al dialogar con Birmania, de un modo u otro, pueden influir para que cambie sus prácticas opresoras porque verán las evidentes ventajas económicas y políticas de mejorar su actuación en materia de derechos humanos.
Birmania es miembro de ASEAN desde hace años y no hay en absoluto pruebas de que hasta la fecha se haya producido mejora alguna ni se haya puesto fin a los trabajos forzosos o a las ejecuciones o a la supresión de la libertad de expresión y de la libertad de movimientos. La lista de violaciones de derechos humanos por parte de este régimen se hace cada año más larga. Relacionarse con ellos es un concepto ridículamente ingenuo en la medida en que no hay ni siquiera un atisbo de liberalización en su actitud.
Con este diálogo lo que se consigue es legitimar al régimen de permanente brutalidad de la junta birmana. Como he dicho antes, lo que queremos son hechos y no palabras. Si de verdad nos importa mejorar las vidas del pueblo birmano y repercutir en las mismas tenemos que hacer algunas de las cosas siguientes. Como han dicho otros con anterioridad: deberíamos aplazar la reunión en Laos del mes próximo; y la junta birmana debería levantar todas las restricciones a los políticos democráticamente elegidos y a los líderes de la LND. La junta debería también iniciar un diálogo con la LND y con las nacionalidades étnicas.
Por último, deberíamos estudiar el apoyo a las sanciones económicas de la OIT para impedir que Birmania se aproveche del comercio, de las inversiones y del turismo europeo hasta que abandone el sistema de trabajos forzosos. Tenemos la responsabilidad moral, en tanto que comunidad de valores, de hacer que los ciudadanos de Birmania puedan disfrutar de los mismos derechos fundamentales que disfrutan los ciudadanos de Europa.

Ford, Glyn
Señor Presidente, la situación de los derechos humanos en Birmania sigue deteriorándose bajo el nada amable control de la junta militar. La apremiante situación de Aung San Suu Kyi sigue empeorando. No se le ha permitido viajar desde que se la puso bajo arresto domiciliario el 21 de septiembre cuando intentaba viajar a Mandalay. Al parecer no tiene acceso al teléfono ni a las visitas. Existen incluso rumores de que se la ha esposado en su propia casa.
La situación del resto de los miembros de la Liga Nacional para la Democracia apenas es mejor. Muchos de ellos están arrestados o están siendo acosados y ha habido intentos de cerrar sus sedes en Birmania. La junta ha afirmado que tiene intención de aplastar al partido en su conjunto.
Pero no es sólo Aung San Suu Kyi, no son sólo los militares, no es sólo la LND - hay casi 3.000 prisioneros políticos sometidos a duros trabajos y a tortura. Hay traslados forzosos de poblaciones de minorías étnicas y hay trabajos forzosos. La OIT ha estado allí y ha intentado observar la situación y ver si las relaciones constructivas conducían a algún tipo de mejora. Como sabemos, la OIT se reúne hoy. Es probable que recomiende sanciones porque no se ha producido mejora alguna.
Estoy empezando a hartarme de hacer esta intervención - ya he tenido que hacerla en tres o cuatro ocasiones al Consejo y a la Comisión - pero la situación está empeorando, así que ¿qué se va a hacer? Consejo y Comisión: ahora es el momento de actuar. Deben reconocer que no están consiguiendo avance alguno con la postura actual. Por favor, consideren la imposición de sanciones. Dejen absolutamente claro que no vamos a asistir a la reunión de Laos en presencia de la junta militar birmana porque eso sería intolerable y el mensaje sería que pueden salirse con la suya.
Vietnam

Maaten
Señor Presidente, me satisface que por fin Vietnam figure en el orden del día. Ha tardado mucho en lograrse. Creo que sobre todo hay que valorar la perseverancia del colega Dupuis en ese punto, ya que, en caso contrario, tal vez hubiéramos tenido que esperar más todavía.
¿Qué encontramos en Vietnam? Encontramos un país en el que la población se abre, mientras que en el poder hay ancianos que se aferran desesperadamente a lo que conocen. Resulta tan trágico porque Vietnam es un país con un gran potencial. Cuenta con una población dinámica, sana y erudita. Tiene riquezas naturales tales como petróleo, pescado, café, arroz y madera. Uno diría: ancianos, abran la puerta y el éxito afluirá. En lugar de eso, vemos una falta absoluta de libertad de prensa y una situación de continua represión política. Véase si no el trato que ha recibido un disidente como Ha Si Phu.
Sé muy bien que el debate sobre Vietnam tiene connotaciones históricas. Debemos tener cuidado, al menos hasta ahora ésa ha sido la costumbre, con lo que decimos sobre ese país. Al fin y al cabo, Occidente ha desempeñado un determinado papel en ese país. Es una deuda histórica y, por supuesto, la situación es difícil. En materia de derechos humanos no puede decirse que el vaso está medio lleno o medio vacío. El vaso no está lleno en el caso de Vietnam. De eso se trata. Trabajamos con Vietnam. Es uno de nuestros socios. De ahí que no debamos seguir guardando silencio respecto de la situación.

Posselt
Señor Presidente, cabría preguntarse por qué el Parlamento Europeo se ocupa de este modo de Vietnam, pues alguien podría decir que está muy lejos de la Unión Europea, pero yo puedo asegurarle que en Alemania y en Baviera, Vietnam está muy cerca. Si se va de un país fronterizo como Baviera a su país vecino, la República Checa, puede uno ver muchos mercados vietnamitas, se encuentra con muchos vietnamitas especialmente activos en la zona fronteriza. Si va al este de la reunificada Alemania ve uno a muchos vietnamitas que en el contexto del bloque comunista hicieron allí su hogar. En el oeste también viven vietnamitas que huyeron justamente de ese comunismo y que llegaron a Alemania como refugiados políticos y solicitantes de exilio.
Esto refleja que hace ya bastante tiempo Eurasia es ya una comunidad de destino. Ésto se ve muy claramente si se trazan paralelismos históricos entre Europa, Alemania y Vietnam. Alemania y Europa fueron divididas. Fueron reunificadas hace diez años y, ciertamente, bajo auspicio de la libertad. Vietnam tuvo que sufrir guerras horribles y fue desgarrado por intereses de las grandes potencias. Este Vietnam, un día fue reunificado, pero no de modo pacífico, sino con la fuerza de las armas, fue reunificado bajo el auspicio de un sistema comunista, de una dictadura. Pero ahora hay en Vietnam una situación en la que se están introduciendo sobre todo reformas económicas. Muchas personas eran de la opinión de que esto conduciría automáticamente a reformas políticas. Pero en otros estados de Asia, también en Birmania, un caso semejante sobre el que últimamente hemos debatido, puede verse claramente que las reformas económicas, el comercio y la cooperación no traen automáticamente más libertad y más estado de derecho.
En Asia precisamente se da el peligro de que las reformas económicas y las políticas se desacoplen, de que pueda haber progreso económico y liberalización económica sin liberalización en el ámbito político y sin fortalecimiento del estado de derecho, aunque yo soy de la opinión que sin un estado de derecho que funcione, el comercio, las subvenciones y las inversiones se habrán perdido a la larga. Por ello la economía necesita también del estado de derecho como marco.
Por eso es tan importante que nos pongamos claramente a favor del estado de derecho, de la disolución de la llamada fase de reeducación y, sobre todo, de la libertad religiosa. Este año fue expropiado en Vietnam un monasterio católico, fueron perseguidos pequeñas comunidades protestantes, fueron cerradas misiones y encerrados los misioneros, y fue también perseguida brutalmente la iglesia budista vietnamita de tanto arraigo tradicional en el país, aunque tuvo una gran importancia en el renacimiento nacional de Vietnam. Por eso es nuestro deber defender a estos presos políticos, y a pesar de todos los justificados intereses económicos, exigir democracia y estado de derecho inequívocamente, no cerrar un ojo ante la cuestión de los derechos humanos, sino afirmar que como mayor potencia económica del mundo queremos cooperar y cooperaremos con Vietnam, pero sólo bajo la condición de que allí se garantice mejor la democracia y el estado de derecho, y de que, finalmente, el proceso de reformas ya atrasado sea puesto en marcha. La libertad de religión, de conciencia y de medios de comunicación será la piedra de toque que usaremos para hacer un juicio al respecto.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, creo que el Sr. Maaten ha señalado un elemento importante: Vietnam tiene todos los elementos para ser rico y, sin embargo, es hoy uno de los países más pobres del planeta. Podría ser un dragón de Asia, como hay otros que se han descubierto en el transcurso de estos últimos años, y a pesar de todo es, como he dicho, uno de los países más pobres.
El otro problema - el Sr. Posselt lo ha señalado mejor de lo que yo pudiera hacerlo - es que falta algo: por encima de la cuestión de los derechos humanos falta la democracia hoy en Vietnam. Eso es lo que impide el despegue de este país. Eso es lo que le impide luchar de forma eficaz contra la corrupción que lo gangrena. Es preciso por tanto que la Unión Europea comience a tener una actitud firme frente al Vietnam y plantee la cuestión del Estado de derecho y no sólo - repito - la cuestión de los derechos humanos, sobre la cual se pueden anotar algunas mejoras. Estas mejoras ligeras - que no se deben ciertamente al autor de las enmiendas del Grupo Socialista, Sr. Sakellariou - se han producido a lo largo de estos últimos años y han llevado a una situación que no es sin duda más trágica pero que sigue siendo desastrosa y que de cualquier forma no está a la altura de los desafíos del Vietnam de hoy.
Por consiguiente, es preciso que la Comisión se comprometa de forma resuelta para que la cuestión de la democracia, la cuestión del Estado de derecho, se sitúe en el centro de las relaciones de la Unión Europea con Vietnam. Creo por tanto que esta resolución es importante.
Hace dos años adoptamos una resolución - la última sobre Vietnam - y en ese caso también, no recuerdo - y no creo que mi colega Posselt lo recuerde - un compromiso particular del Grupo Socialista para defender esa resolución en aquel momento. Adoptamos aquella resolución y tuvimos ocasión de constatar que había suscitado algunas mejoras. Espero que tras la adopción de la presente resolución - sin las enmiendas del Sr. Sakellariou - tengamos por parte de la Comisión un compromiso firme y algunas respuestas concretas de las autoridades vietnamitas.

Swoboda
Señor Presidente, estoy de acuerdo con mis antecesores en el turno de palabra con muchos puntos esenciales de lo que han dicho, pues mucho de lo que hoy está pasando en Viet Nam no es aceptable. Yo mismo he visitado ese país y he conocido la vitalidad, la belleza y la diversidad de recursos de ese país. Por eso lamento más aún que no se encuentra el coraje para una mayor libertad e iniciativa, que el gobierno o los responsables políticos lo impidan.
Sin embargo, para responder al Sr. Dupuis, lo lamento en la medida que no nos hemos podido poder de acuerdo en una resolución común que incluyese las indicaciones, correctas e importantes y procedentes además de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, una organización no precisamente muy tolerante por lo que respecta al atropello de los derechos humanos. Si ustedes anuncian prácticamente que votarán contra esas enmiendas, tengo que anunciar, lamentablemente, que nosotros nos abstendremos, previsiblemente, de votar esta resolución. No porque estemos en contra de la cuestión esencial, sino porque creo que aquí habríamos debido encontrar una base común.
Señor Presidente, con su permiso utilizaré un poco del tiempo que me corresponde para llamar la atención sobre un caso que no pudo entrar en la lista de urgencias porque fue conocido hace poco. En Irán, en relación con un proceso relativo a un acto de la Institución Heinrich Böll celebrado en Berlín después de las elecciones, dos personas fueron amenazadas con penas de muerte, al menos según la petición de la Fiscalía. Le pediría a usted, señor presidente, llamar la atención a la Presidenta de esta Asamblea sobre el hecho de que se trata de una situación muy precaria. No estoy clamando necesariamente a favor de una intervención, pero debería seguirse este proceso con gran atención y, si es necesario, hacer saber que estamos contra la pena de muerte en cualquier caso, pero especialmente en aquellos casos en que se trata de un delito "ideológico." Quisiera pedir tan sólo que nos acerquemos a este tema con sensibilidad suficiente, y espero que usted me disculpe que haya usado parte de mi tiempo de intervención sobre el tema de Viet Nam para referirme a este hecho.

El Presidente
Señor Swoboda, el Parlamento Europeo es flexible, eficiente. Hemos tomado nota inmediata de ello. Si se trata de salvar seres humanos, no hay obstáculos burocráticos. Le pediríamos que nos diese los datos necesarios y, naturalmente, actuaremos al respecto.

Gahrton
Señor Presidente, cuando hace 25, 30 ó 35 años los jóvenes de mi generación salíamos a las calles de mi ciudad y gritábamos "¡USA fuera de Vietnam!" no me imaginaba que un cuarto de siglo más tarde iba a estar obligado a intervenir en esta Asamblea para criticar a Vietnam libre, por la misma clase de atentados contra los derechos humanos por los que criticábamos a EE.UU. Desgraciadamente, los países que han sufrido la violencia, la opresión, la tortura, las mutilaciones y las matanzas no se transforman automáticamente en ángeles, incapaces de cometer este mismo tipo de actos.
Israel es uno de los ejemplos más claros en la historia de que esto no es tan fácil. Todos los países tienen que aprender una y otra vez lo que son la democracia y los derechos humanos. Con todo, ahora dice Human Rights Watch, a que hizo referencia el Sr. Swoboda, que Vietnam ha dado en el último tiempo algunos pasos para mejorar la situación en relación con los derechos humanos. Decenas de miles de presos políticos han sido liberados. Creo que es razonable que se digan estas cosas en una resolución. Hay que criticar duramente, pero no se debe que ignorar lo que se hace. Esto sólo debilitaría la crítica. Los que son objetos de crítica pensarían que no tiene importancia lo que hagan o si lo hacen todo de una vez, cosa que no pueden ni quieren. La crítica puede ser contraproducente si no se señala lo que realmente se ha hecho. Vietnam merece duras críticas, como las de la propuesta de resolución, sobre esto no cabe duda, pero creo que es razonable que escribamos algunas frases que demuestren que sabemos que están haciendo avances.

Belder
Señor Presidente, es regocijante que con la visita de estado que el Presidente Clinton de los Estados Unidos inicia hoy a Vietnam, se dé un nuevo paso importante de cara a la reconciliación con el pasado. La guerra entre estos dos países no ha dado lugar a un resentimiento duradero. Sin embargo, sería bueno que, en Hanoi, el Presidente americano no se concentre solamente en el refuerzo de la colaboración mutua, sino que la haga depender precisamente de firmes promesas por parte de Vietnam en cuanto a proceder a una mejora drástica de la miserable situación reinante en el país en materia de derechos humanos. En efecto, hay muchos errores en el Vietnam comunista.
En contraste con la sugestiva enmienda 1 del Grupo PSE, señalo que Human Rights Watch considera grave en muchos aspectos la situación de los derechos humanos en Vietnam en un documento publicado el 10 de noviembre. Véanse los prisioneros políticos y religiosos que, en parte, permanecen en campamentos de reeducación. Véase, igualmente, el rechazo de las recomendaciones en materia de intolerancia religiosa efectuadas por el relator especial de la ONU. Véase la falta de libertad de opinión y la censura existente de cara a los medios de comunicación.
En particular, quiero detenerme ahora brevemente en las graves persecuciones a las que se ven sometidos en este momento los cristianos. Se recogen en el considerando E y en el párrafo 5 de la resolución común, y con razón.
La edición más reciente del semanario asiático Far East and Economic Review publica hoy la existencia de documentos altamente secretos procedentes de Vietnam. Estos documentos sumamente secretos nos proporcionan una extraña mirada entre bastidores de la política de la Administración vietnamita. Un estudio más detallado de estos papeles oficiales, yo mismo los he leído, muestra que los protestantes son sobre todo el blanco de las persecuciones. El inesperado crecimiento del cristianismo protestante entre la minoría Hmong de las provincias montañosas del noroeste ha alarmado especialmente a Hanoi y ha impulsado a adoptar crueles medidas represivas.
Una ilustración a este respecto es la promoción de un funcionario de distrito, su rabia ya ha hecho huir a cientos de cristianos. Se ha pedido desde arriba a este seguidor religioso que, tras haber limpiado todo su distrito de cristianos, limpie ahora toda la provincia. Los documentos salidos a la luz son no menos que un smoking gun. Muestran que el cierre de iglesias, las detenciones y la quema de Biblias no son hechos aislados cometidos por algunos miembros excesivamente activos de las bases del partido. No, estas fechorías responden a las directrices políticas del partido comunista vietnamita. Aquí se descubren las mentiras.
La Administración vietnamita clama entre tanto que en los últimos años ha instaurado la libertad de culto. El Presidente Clinton haría bien en plantear esto a Hanoi durante estos días. Pido al Consejo y a la Comisión que protesten firmemente ante esta flagrante violación de la libertad de culto cometida por las autoridades vietnamitas.

Solbes
. Señor Presidente, voy a intentar comentar ambos temas. En primer lugar, en cuanto a Myanmar, ya mi colega Chris Patten ha deplorado en esta Asamblea las constantes violaciones de derechos humanos por parte del régimen militar de Birmania: ejecuciones extrajudiciales, imposición generalizada de trabajos forzados, desplazamiento obligatorio de poblaciones locales, cientos de presos políticos en las cárceles del país e impedimentos claros al libre funcionamiento de los partidos políticos. También ha expresado su preocupación por la detención y el acoso a que se somete a Aung San Suu Kyi y a los miembros de la Liga Nacional para la Democracia.
En la Comisión compartimos totalmente las preocupaciones de sus Señorías por esta situación y suscribimos de forma rotunda las numerosas críticas expresadas hoy aquí sobre la manera en que el régimen militar suele hacer escarnio de todos y cada uno de los principios contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La resolución adoptada recientemente en las Naciones Unidas demuestra que las preocupaciones de la Unión no son las únicas. La Comisión sigue convencida, no obstante, de que sólo puede alcanzarse una solución duradera para la situación actual mediante un diálogo entre el régimen militar, la oposición elegida democráticamente y los representantes de las minorías étnicas.
El Consejo de Asuntos Generales ha tratado de hacer valer este argumento de diálogo político con el régimen militar y ejercer presión para que haya cambios y lo seguirá haciendo. La Comisión respalda esta iniciativa. Estamos convencidos de que, a pesar de todo, no debemos permitir que la situación que impera en Myanmar mantenga secuestrado el diálogo entre la Unión Europea y ASEAN.
Han pasado tres años desde que tuvimos una reunión ministerial con nuestros socios de ASEAN, plazo demasiado largo en la relación con una región que es importante para la Unión desde el punto de vista político y económico. Por eso creemos que no es conveniente posponer la reunión. Pero ello no significa que, ahora o en diciembre, nos comportemos como si la adhesión de Myanmar a la ASEAN no hubiera afectado a nuestra relación, porque sí lo ha hecho. Los socios de ASEAN lo saben muy bien y están preocupados por reparar este daño; por otra parte, saben que alentar a Birmania para que haga un esfuerzo genuino y solucione su desastrosa actuación en materia de los derechos humanos es la mejor manera de reavivar la relación entre la Unión y ASEAN. Dada la importancia que tanto ellos como nosotros concedemos a esta relación, esperamos que continúen transmitiendo nuestras preocupaciones -que, en nuestra opinión, comparten la mayoría de ellos- respecto al régimen militar.
Creo que se debe utilizar la reunión ministerial Unión Europea-ASEAN como otra nueva oportunidad para expresar firme y claramente nuestras opiniones sobre la situación que impera en Birmania, tanto al propio régimen como a los miembros de la ASEAN. Por ello, presionaremos al régimen militar para que ponga fin a las violaciones de los derechos humanos y emprenda un diálogo con la oposición democráticamente elegida y con los representantes de las minorías étnicas.
En cuanto al tema de Viet Nam y la situación de los derechos humanos, me gustaría señalar lo siguiente: hay que recordar que Viet Nam es un país en transición, que su Gobierno puso en marcha un proceso que llevó a la adopción en 1986 de un programa de reforma que abarcaba las relaciones exteriores y cambios en materia económica y política. Viet Nam, desde entonces, ha aplicado una política exterior de puertas abiertas, gracias a la cual el país ocupa el lugar que le corresponde en el ámbito de nuestras relaciones internacionales. El proceso ha conducido, asimismo, a la firma del acuerdo de cooperación entre la Comisión y Viet Nam en 1995. Durante este período Viet Nam ha conseguido avances hacia la economía de mercado, lo que ha dado lugar, en especial, a la presentación de su solicitud de adhesión a la Organización Mundial de Comercio. Además, y me parece que convendría destacarlo hoy, en el marco de la nueva constitución aprobada en 1992, Viet Nam cuenta con un Parlamento nacional elegido, encargado de promulgar legislación y ante el que debe responder el Gobierno sobre sus políticas. De acuerdo con nuestra información, los parlamentarios desempeñan rigurosamente su función de examen de las propuestas legislativas y de control de las políticas e iniciativas del Gobierno.
Creo que es importante reconocer estos avances y el contexto en que Viet Nam sigue avanzando; es obvio, por tanto, que se han hecho cosas pero también lo es, como ustedes han destacado, que quedan muchas otras cosas por hacer. Comparto totalmente la preocupación por los problemas planteados por algunos diputados: aunque es cierto que se han liberado ya casi 23.000 personas en virtud de amnistías generales, debemos seguir preocupados por las que continúan detenidas por sus opiniones políticas o religiosas. Resulta satisfactorio que no haya censura oficial en la prensa vietnamita, pero también es absolutamente evidente que existe censura ocasional en la prensa extranjera. Existen también presiones claras de las autoridades vietnamitas para que su propia prensa tenga un régimen de autocensura. Por otra parte, aunque la reciente reducción del número de delitos castigados con la pena de muerte es un hecho positivo, es evidente que, desde nuestro punto de vista, la pena de muerte debe abolirse de forma completa. Las circunstancias que acompañaron la ejecución, a principios de este año, de un ciudadano vietnamita canadiense respaldan, sin duda alguna, nuestras convicciones a este respecto.
La Comisión participa, con los Estados miembros, en todas las iniciativas adoptadas por la Unión ante el Gobierno de Viet Nam en lo que respecta a derechos humanos y les puedo asegurar que, en este proceso, seguiremos planteando problemas concretos y casos específicos y fomentando la continua mejora de la situación de los derechos humanos en Viet Nam.

Posselt
Señor Presidente, quisiera aclarar brevemente un error del Sr. Swoboda. Sí que ha habido una negociación y sí que nos hemos puesto de acuerdo en una resolución común. Los tres puntos a los que usted se refirió no los presentó su grupo para el acuerdo, si no habríamos buscado una forma de darles cabida en la redacción que quizás se hubiese aprobado. Estábamos completamente de acuerdo sobre el texto. Usted ha presentado posteriormente las enmiendas, lo cual es legítimo, sólo que redactadas de modo que no nos parece aceptable, porque relativiza demasiado. Ésta es la puntualización que quería hacer sobre el procedimiento, sobre el contenido decidirá la votación.

El Presidente
Señor Posselt, ésta no era una cuestión de orden, sino de contenido. Ahora ha sido aludido el Sr. Swoboda, señor Dupuis, quizás usted renuncie a su turno, pero, por favor, sea muy breve. Ya sabemos de qué se trata.

Swoboda
Naturalmente son partes que estaban contenidas en aquella propuesta de resolución que nosotros presentamos. Por tanto se basan ya en negociaciones, pero la votación dirá a dónde nos lleva todo esto.

Dupuis
Señor Presidente, es solamente para preguntar al Comisario Solbes si puede informarnos de forma detallada sobre este acontecimiento revolucionario que es la elección de un parlamento democrático en Vietnam, como ha dicho en su intervención, porque esto no lo veo con claridad y sus señorías tampoco, creo yo.

El Presidente
Señor Comisario, tome usted esto y sea tan amable de responder al Sr. Dupuis de forma adecuada, sea por escrito u oralmente.
Se levanta la sesión.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

Inundaciones en Europa
El Presidente
De conformidad con el orden del día, procede ahora el debate sobre las siguientes propuestas de resolución:
B5-0851/2000 de los diputados Lambert y otros en nombre del Grupo Los Verdes/Alianza Libre Europea;
B5-0852/2000 de los diputados Ford y otros en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo;
B5-0866/2000 de los diputados Deva y otros en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Democracia Cristiana) y de los Demócratas Europeos;
B5-0867/2000 de los diputados Ainardi y otros en nombre del Grupo Confederal de la Unión de la Izquierda Europea / Izquierda Verde Nórdica
sobre las inundaciones en Europa.

Lambert
Señor Presidente, a diferencia de muchos otros que van a intervenir esta tarde, no hay muchas personas de mi circunscripción que hayan sufrido horriblemente por las inundaciones en el Reino Unido. Por suerte, Londres tan sólo experimentó pequeñas inundaciones en parte de ríos que habíamos olvidado que seguían existiendo porque se canalizaban por alcantarillas.
Sin embargo, hemos contribuido a las causas de estas inundaciones de las que las del oeste de Europa no son más que la última consecuencia de una serie de condiciones climatológicas extremas y cambiantes. Esto, por supuesto, no servirá de mucho consuelo para quienes tienen que vivir con aguas inmundas que recorren sus casas y podrían enfrentarse a enormes pérdidas económicas.
Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudarles, pero ayudaríamos más cambiando la situación que ha causado su desgracia y la de innumerables personas en todo el mundo. A escala local, podemos dejar de cubrir con cemento las llanuras sujetas a inundaciones durante las crecidas de los ríos y las vegas. Podemos modificar nuestro modelo de producción agrícola y podemos utilizar una evaluación estratégica del impacto medioambiental que nos permita trabajar con la naturaleza en lugar de asumir que podemos conquistarla.
A escala global, sabemos que nuestra utilización de los combustibles fósiles es un despilfarro y no hemos adoptado medidas suficientes para reducir los gases que producimos y que dan lugar al cambio climático. Las conversaciones de esta semana y de la próxima en La Haya proporcionan una oportunidad de avanzar. Tenemos que aplicar los acuerdos que ya hemos alcanzado pero también tenemos que hacer lo que establece el tratado e integrar la perspectiva medioambiental en todas las áreas de la política y la práctica de la Unión, y los Estados miembros también deben estar preparados para hacerlo.
Tenemos que dejar de dirigir nuestra economía como si un combustible fósil barato fuera algo bueno. Tenemos que pagar todo el precio por estos combustibles y tenemos que pasar a una economía baja en carbono. Por una vez, puedo estar de acuerdo con las palabras del Primer Ministro británico sobre esta cuestión y espero con impaciencia sus medidas.
La UE cuenta con una maravillosa oportunidad de ponerse verdaderamente a la cabeza de este cambio hacia una sociedad ecológicamente sostenible en la que no tengamos que enfrentarnos a inundaciones causadas en parte por nuestra propia incapacidad de hacer frente a las consecuencias de nuestras propias acciones.

Ford, Glyn
Señor Presidente, todo el continente europeo ha sufrido la reciente serie de inundaciones, en Reino Unido, Irlanda, Italia, España y Francia, que ha golpeado, entre otras regiones en el Reino Unido, a Gales y Yorkshire, en Irlanda a Leinster y a Munster y en Italia a Liguria y Lombardía.
Se ha producido la destrucción de hogares y de redes de energía, comunicación y transportes. En mi propia región, el sudoeste de Inglaterra, hemos sufrido todas estas consecuencias. La principal línea de ferrocarril entre Cheltenham y Swidon sigue cerrada. Estará cerrada durante un mes debido a los daños causados por las inundaciones. El pueblo de Tewkesbury estuvo a punto de quedar aislado. Dos importantes carreteras estuvieron cortadas durante varios días: la A38 norte de Gloucester y la A417 oeste de Gloucester. Ha sido la peor inundación en el Reino Unido desde 1947. En Devon, el Río Taw ha alcanzado su nivel más alto desde que se dispone de registros. En Somerset, ha habido inundaciones por mareas en toda la línea costera. En Dorchester, el Río Frome alcanzó tal altura que se recurrió a un plan contra incidentes graves para hacer frente a las posibles consecuencias.
Todavía en este momento seguimos en alerta. Se han producido daños por valor de decenas de millones de libras y estoy de acuerdo con la Sra. Lambert en que debemos adoptar medidas para hacer frente a nuestra contribución a las causas de las inundaciones en cuanto a planificación de normas, en cuanto a reforestación, en cuanto a todas las acciones que hemos realizado y que han hecho que las inundaciones sean mucho más peligrosas que en el pasado.
También requerimos que la UE preste ayuda y asistencia, no sólo en el sudoeste sino en todas las zonas que se han visto afectadas. La resolución pide a la Comisión y a los Estados miembros que no pierdan tiempo y que expresen su apoyo de forma práctica reuniendo trabajadores y equipos con arreglo al plan de cinco años por el que se establece un programa de acción comunitario en materia de protección civil adoptado el 9 de diciembre de 1999.
También instamos a la Comisión a que haga uso de todas las formas de financiación existentes, FEDER y FEOGA, Sección Garantía, que ya se han asignado ante desastres de esta naturaleza para proporcionar ayuda financiera a las PYMEs, los agricultores, las familias, los ancianos y a los demás afectados, en particular a los que viven en zonas de riesgo y tienen una protección limitada, como recompensa y como ayuda para una rápida recuperación.

Deva
Señor Presidente, vuelvo a intervenir y en esta ocasión acerca de una cuestión que preocupa mucho y tiene una gran importancia para la gente de Europa en su conjunto y que concierne también a la gente de mi propia circunscripción en el sudeste de Inglaterra y, particularmente, en Sussex, Berkshire, Kent y en la ciudad de Maidenhead.
Me refiero a la extraordinaria serie de inundaciones en toda Europa. Conozco muy bien, gracias a mi trabajo en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, las recientes inundaciones en Mozambique, el subcontinente indio, Bangladesh, el Delta del Mekong, etc.
Si se observa la lista de países y regiones que incluye la resolución, se puede ver la gravedad de este asunto. Ha habido pérdidas de vidas humanas en más de un Estado miembro de la UE. Se han producido enormes daños, que suman miles de millones de libras, a pequeñas y medianas empresas, familias, agricultores, ancianos y particulares y, en especial, a los más pobres y los más débiles de nuestra sociedad. Me parece evidente que algo va muy mal.
Hoy hay una reunión en La Haya de representantes del COP6. Se reúnen para analizar los avances en materia de cambio climático. El pasado lunes, Jan Pronk, el ministro de medio ambiente de Holanda, declaraba que el efecto del cambio climático es irreversible para los ecosistemas, la agricultura, las reservas de agua y la salud. Cuanto menos hagamos y más tardemos en atacar la raíz del problema, más graves serán los efectos y mayor será la presión sobre la resistencia de las personas, las plantas y los animales. Esto es inequívocamente cierto. Las cuestiones que se están analizando son a medio y largo plazo.
Sin embargo, esta resolución presentada por todo el Parlamento, incluidos mis colegas de Inglaterra, trata de un problema muy real y a corto plazo al que se enfrentan miles y miles de personas en Gran Bretaña y en toda Europa. Sólo en Gran Bretaña, el coste estimado de los daños es de alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas, de las cuales el seguro sólo cubre la mitad. En toda Europa esta cifra aumentará y aumentará como el nivel del agua.
La Comisión debe emplear a toda prisa sus energías y sus fondos para que los afectados en las zonas más golpeadas reciban una ayuda inmediata, a través de instrumentos como el FEDER y el FEOGA, Sección Garantía. Debemos, en particular, ayudar a nuestros agricultores, pequeñas empresas, ancianos y familias que han sufrido inundaciones una y otra vez. Está también la cuestión de si a algunas de estas personas que han sufrido inundaciones les van a volver a asegurar y si las compañías de seguros volverán a asumir esto.
Debemos, asimismo, darnos cuenta de que la fiebre urbanística en todo el cinturón verde y en las zonas rurales es un disparate peligroso. Con frecuencia, nuestros antepasados tenían buenas razones para no construir en estas zonas porque se inundaban. Aún así, hay gobiernos, como el actual gobierno laborista, que están forzando a una opinión pública informada a construir precisamente en estas zonas. No conozco con exactitud la situación en toda Europa pero en el sudeste de Inglaterra éste es un peligro actual y cierto. Debemos luchar contra esta precipitada carrera. Debemos tomar partido y adoptar medidas serias para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Debemos prepararnos de manera eficaz y coordinada para protegernos a nosotros mismos. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano por ayudar a los que ya están sufriendo los terribles efectos del clima, tanto aquí en Europa como en el mundo.
Yo también pediría, además de la resolución que hemos presentado, que celebráramos aquí en el Parlamento en un futuro próximo una audiencia pública sobre el cambio climático y pido al Comité de Presidentes que lo estudie. Les pido a todos ustedes el apoyo a nuestra resolución.

Cushnahan
Señor Presidente, las recientes inundaciones han hecho estragos y han traído la destrucción a Europa, particularmente a Gran Bretaña e Irlanda. En mi propia circunscripción, las ciudades de Clonmel, Fermoy y Mallow fueron las más afectadas. Era desgarrador asistir a las escenas de destrucción de los hogares de tantas personas y conocer los problemas que experimentaban muchas comunidades, empresas y agricultores.
Es muy lamentable que nosotros, la Unión Europea, no tengamos una partida presupuestaria para ayudar a aquéllos que han de enfrentarse a estas dificultades, a pesar de mis intentos y de los intentos de otros durante muchos años por conseguir que se estableciera esa partida presupuestaria. Lo que me parece curioso es que el daño se ha producido en zonas de la economía a las que la Unión Europea destina una cantidad significativa de fondos, sobre todo para infraestructuras. Eso hora de que rectifiquemos.
La UE, en cooperación con los gobiernos de los Estados miembros, debería iniciar un programa de acción preventiva para fortalecer las infraestructuras con el fin de evitar que se vuelva a producir tamaña destrucción en el futuro cuando se den condiciones climáticas extremas. El problema es que sabemos cuándo vienen estas condiciones climáticas pero nadie parece hacer nada para prevenir que causen los peores daños.
El otro problema que me gustaría plantear es la carga adicional que las víctimas de estas tragedias van a experimentar, algo que ya ha mencionado mi colega, el Sr. Deva, a saber, la negativa de muchas compañías de seguros a mantener la cobertura de seguros. Me pregunto si nosotros, como Unión, podríamos obligar a estas compañías de seguros, al amparo de la ley vigente, a cumplir con lo que son esencialmente obligaciones morales en lugar de que actúen como lo hacen ahora mismo sin mojarse y prefiriendo una situación de ausencia de riesgo. Pero, si no podemos obligarles a hacerlo, estaríamos ante un asunto en el que deben intervenir los gobiernos de los Estados miembros para ver si es o no posible, bajo el paraguas de la UE, obligar a los gobiernos de los Estados miembros a proporcionar una cobertura estatal. No es justo que la gente sufra tragedias de estas proporciones y que después se enfrenten a un futuro muy incierto cuando, dados los cambios climáticos que ya están teniendo lugar, exista una certeza absoluta de que los problemas que han experimentado en las últimas semanas se volverán a producir, si no es el año que viene, sin duda en los próximos años.

Ghilardotti
Señor Presidente, señor Comisario, las inundaciones que hace unas semanas afectaron a numerosas zonas del norte de Italia, así como a otros Estados europeos - Reino Unido, España, Irlanda y Francia - vuelve a plantear a este Parlamento tanto el problema de una acción urgente y extraordinaria para aliviar las necesidades de las personas, de las comunidades y de las empresas afectadas, como el de una política más a largo plazo que prevenga que se puedan repetir catástrofes naturales de esta envergadura.
Algunas regiones italianas se han visto especialmente afectadas por segunda vez en menos de un mes. También en esta ocasión los daños son ingentes, se han registrado víctimas y cuantiosos daños materiales. En particular, en Liguria han quedado destruidos cultivos especializados en el sector de las flores y de las frutas y hortalizas; han sido cuantiosos los daños causados, además de que por las inundaciones, por las violentas mareas a los balnearios, a las infraestructuras, a las actividades de producción. Y dadas las proporciones absolutamente extraordinarias del acontecimiento, se justifica totalmente la solicitud formulada en la resolución que hemos presentado junto con otros Grupos, a pesar de que últimamente - el pasado 26 de octubre - se haya celebrado un debate en este Pleno sobre estas cuestiones y de que se aprobase también en dicha ocasión una resolución del Parlamento.
Pedimos que la Comisión busque en su presupuesto fondos de urgencia, al objeto de integrar las acciones previstas por las autoridades nacionales en las zonas afectadas, que, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Tratado de la Unión, conceda de inmediato una ayuda financiera y apropiada a los sectores perjudicados y, en general, que tenga en cuenta que la mayor parte de las zonas afectadas cumplen los requisitos para beneficiarse de los fondos existentes: el Fondo regional, el FEOGA garantía, el programa LIFE que pueden facilitar realmente una importante contribución a las obras de reconstrucción y recuperar rápidamente a las poblaciones víctimas de dichas catástrofes, pero que sobre todo intervengan en términos de prevención.
Es urgente que la Unión no se limite a desplegar acciones de carácter extraordinario cuando las catástrofes ya han ocurrido. Europa debe instar a los Estados miembros a que perfecciones su legislación en materia de medio ambiente, de abusos en la construcción, de reforestación, de promoción de una agricultura que no solo esté orientada a aumentar cuantitativamente sus producciones, sino también a la defensa y al cuidado del territorio. Está claro que una acción de este calado no se puede desarrollar eficazmente sólo a escala nacional, ante todo por las proporciones de los recursos necesarios, sino también por el carácter mismo de los desastres naturales en cuestión que, como los producidos por el cambio climático, no cabe duda de que superan los límites de las fronteras. Con esta resolución, pedimos no solo una acción urgente que contribuya a paliar los daños, sino una política de más amplio alcance que convierta a Europa en una región cada vez más segura y vivible para sus ciudadanos.

Solbes
Señor Presidente, a lo largo de las diferentes intervenciones, los señores diputados se han centrado en dos puntos de naturaleza distinta: en primer lugar, el problema del cambio climático y, en segundo lugar, qué puede hacer la Comisión o la Unión Europea en una situación como la actual, con las gravísimas inundaciones que se han producido.
Respecto al primer tema me gustaría señalar que nosotros damos, como lo hace el Parlamento también, una gran importancia al problema del cambio climático y a la conferencia que en estos momentos está teniendo lugar en La Haya. Hemos tomado parte activa en la preparación de la misma e insistido en el hecho de que la Unión tiene que asumir en ella un fuerte liderazgo.
Estamos de acuerdo con algunas afirmaciones anteriormente hechas en el sentido de que de esta manera contribuiremos a la protección de la integridad medioambiental y a la credibilidad de los protocolos medioambientales, de cara a su ratificación en 2002. Somos conscientes de que la desestabilización global del clima causada por la acumulación de gases con efecto invernadero en la atmósfera será el reto más importante en el sector energético en Europa.
Los sectores de la energía y los transportes producen el 85 % del total de las emisiones de gases con efecto invernadero en la Unión. Por lo tanto, son estas industrias las que deben hacer un mayor esfuerzo en la reducción de emisiones.
El sector de los transportes, dado su continuo crecimiento previsto -más del 38 % en la próxima década-, será el que requiera medidas más importantes. Sobre esta base, la Comisión va a proponer en breve plazo dos documentos estratégicos: un conjunto de políticas y medidas destinadas a dar una respuesta a los compromisos de Kyoto y a los objetivos de transporte y energía. En el primero tratará de la seguridad de la oferta energética y en el segundo de una política común de transportes revisada.
Pero, aparte de los problemas medioambientales, también querría hacer algún comentario sobre lo que podemos hacer en estos momentos. Como sus Señorías saben, tenemos una dificultad fundamental: la base jurídica para actuar. Históricamente, saben ustedes que hubo una línea presupuestaria dedicada a ayudas de urgencia para poblaciones en situaciones excepcionales. Esta línea desapareció del presupuesto hace algún tiempo sobre la base del argumento de que éstos eran temas de subsidiariedad, que no debían plantearse a nivel comunitario sino a nivel nacional. A partir de ahí, el margen de maniobra de la Comisión es muy limitado.
La Comisión ha tomado dos iniciativas en este sentido. Una muy clara, relacionada con la protección civil: el 27 de septiembre de 2000 presentamos una propuesta de decisión del Consejo de refuerzo de los instrumentos comunitarios para coordinar a nivel europeo los distintos sistemas de protección civil. Esto va a ser eficiente para ayudar a resolver problemas, pero no va a resolver problemas como los que ahora planteamos. A partir de ahí, lo que nos queda son los instrumentos de financiación que ya existen.
La Sra. Ghilardotti planteaba la posibilidad de buscar fondos. No es tan fácil buscar fondos. Los fondos, como ustedes saben mejor que nadie, están bien medidos y no hay excedentes de fondos de forma generalizada, aunque puede no haber ejecuciones presupuestarias en algún caso concreto. Lo cierto es que si no existe una base legal para la utilización de esos fondos es muy difícil disponer de ellos. Por eso, la propuesta que la Comisión ha hecho, y que expuso de forma detallada la Comisaria Wallström en este Parlamento, es utilizar los actuales fondos existentes del FEOGA, los fondos estructurales de los fondos INTERREG. Lo que sucede es que en estos casos no podemos hablar de actuaciones de la Comisión con un programa global: o cambiamos totalmente el modelo, o tendremos que pensar que son actuaciones a petición de los Estados miembros con programas o acciones específicas en función de la utilización de esos fondos.
Estamos absolutamente abiertos a estos proyectos concretos, lo dijimos en su momento y quiero insistir en este punto hoy, pero es absolutamente imprescindible contar con estas propuestas para poder actuar.
Finalmente, en cuanto a la posibilidad de utilizar el artículo 87.2 establecido en el Tratado como base para una ayuda comunitaria, creo que hay una interpretación exorbitante de este artículo. Todo esto sin contar con los problemas presupuestarios que plantearía. El artículo no se refiere a ayudas comunitarias, sino que se refiere a la compatibilidad de las ayudas nacionales con la legislación comunitaria. Lo que se dice en este artículo es que en caso de daños naturales las ayudas nacionales pueden ser compatibles. Cada vez que se ha planteado en la Comisión la compatibilidad de estas ayudas nacionales, como consecuencia de hechos naturales, ha habido siempre compatibilidad. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos al máximo para actuar en este momento dentro del margen legal y presupuestario de que disponemos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Se levanta la sesión.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.
Interrumpimos la sesión hasta el comienzo de la votación a las 17.30 horas.
(La sesión se levanta a las 17.00 horas y se reanuda a las 17.30 horas)   

VOTACIONES
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.
Resolución conjunta sobre Centroamérica:

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, se ha producido un error meramente lingüístico al introducir una de las enmiendas en la resolución común. Para subsanarlo propongo que se sustituya en el apartado 6 la última frase, "y de aumento de sus competencias", por la siguiente: "y apoya el aumento de sus competencias como instrumento de la profundización de la democracia".

Poos
Señor Presidente, a pesar de la enmienda oral propuesta por el Sr. Salafranca, el Grupo Socialista mantiene su propuesta de votar este párrafo en dos partes.

El Presidente
Por supuesto, Sr. Poos, esa era mi intención.
Informe (A5-0266/2000) del Sr. Rocard, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre seguro complementario de enfermedad (2000/2009(INI)).

Ducarne
Señor Presidente, se trata de un informe que considero relativamente importante en la medida en que engloba una política que, a nivel de la Unión Europea al igual que a nivel de los diferentes Estados que la componen, representa una parte significativa de los gastos públicos. Representa aproximadamente, según los países, el 10% mínimo de los gastos de cada Estado. Además, el informe aporta una respuesta a lo que se ha considerado por parte de los países miembros de la Unión en la Cumbre de Lisboa. Por otra parte, el texto que vamos a votar solicita a la Comisión que redacte un libro verde específico sobre esta cuestión.
Y así, deberíamos, con una participación que acaba de quedar determinada en 171 diputados, votar un texto de tal importancia. Esto forma parte quizá de los usos y costumbres de este Parlamento, pero me parece extremadamente delicado dejar creer que la institución parlamentaria europea adopta compromisos en un tema como éste, considera la posibilidad de confiar una misión como ésta a la Comisión con una participación tan baja. Ésta es la razón por la cual me pregunto si la Asamblea no puede considerar el aplazamiento de la votación de este texto.

Jonckheer
Señor Presidente, estoy a favor del aplazamiento por respeto al ponente, el Sr. Rocard, que lo ha pedido expresamente al mediodía. Creo que, por respeto a su persona y a su trabajo, podemos aplazar esta votación.
(Agitación)

Karas
Señor Presidente, me he ocupado intensamente de este tema y he participado en muchas conversaciones al respecto tanto en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales como en la de Asuntos Económicos y Monetarios. En esta Asamblea se defiende extensamente la opinión de que queremos tener elaboradas por parte de la Comisión con toda rapidez las líneas básicas para un debate político posterior así como las medidas concretas, partiendo, además, del informe Rocard. La votación sobre su postergación significa postergar el encargo a la Comisión. Considero que, desde el punto de vista de lo que todos queremos, esto es malo, por lo que pido que se realice ahora la votación.

Cox
Señor Presidente, puesto que ya se han agotado las posibilidades de cuestiones de orden, ésta probablemente no lo sea. Pero si me lo permite, por favor, quisiera decir que, sea cual sea la opinión de la Cámara sobre el asunto, no me agrada el hecho de que casi constantemente hoy varios colegas, de varios grupos, por diversos motivos - que pueden ser fundados - nos han quitado nuestro derecho a votar aquí en Estrasburgo el jueves, y no digamos el viernes.
Como principio general, esta es una muy mala manera de proceder. Yo les rogaría cautela a todos los colegas en todas las comisiones y grupos que deciden ahora cada vez más socavar la dignidad y la esencia del trabajo de esta Cámara.
(Aplausos)

El Presidente
Gracias señor Cox. Respeto sus comentarios y puedo garantizarle que se harán constar en el Acta.
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento).

Van Lancker
Señor Presidente, respeto el deseo de esta Casa de votar el informe Rocard, a pesar de que el propio ponente había pedido, en efecto, un consenso más amplio para su informe.
Enmienda 1:

Van Lancker
Señor Presidente, quisiera presentar, en cualquier caso, una enmienda oral con la enmienda 1, en nombre del ponente Rocard.
Quisiera proponer, y lo he consultado con otros grupos políticos, que al final de esta enmienda se añada "y con el respaldo de Eurostat" . Tengo entendido que puede contar con la aprobación de otros grupos. Por tanto, añadamos "y con el respaldo de Eurostat" .
(EL Parlamento adopta la resolución)

Fatuzzo
Señor Presidente, ayer por la noche tuve un sueño que, por suerte, me ha quedado grabado en la memoria, pues acostumbro a olvidarlos. Había una gran cantidad de pensionistas y de personas mayores y todos me decían: "Mire, señor Fatuzzo, nosotros no hemos podido votar por el Partido de los Pensionistas porque, como ve, estamos aquí en el más allá. No es que estemos mal, pero quisiéramos avisarle que, mañana por la mañana, votarán un informe - el informe Rocard - con una enmienda que ha presentado precisamente usted, Sr. Fatuzzo, que reza: "Se insta a la Comisión a que vele por que las personas mayores tengan asistencia médica". Si esta enmienda se hubiera aprobado antes, no estaríamos aquí para votarla."
Por lo tanto, he votado con mucho gusto a favor.

Rübig
Señor Presidente, el informe Rocard refleja claramente lo importante que es que los diputados estén presentes los jueves en este pleno, porque, igualmente que los viernes, siempre se están votando cosas importantes. Por eso quisiera agradecerles a todos los presentes que hayan venido.

Alyssandrakis
. (EL) La salud es un bien y no una mercancía que pueda supeditarse a los términos de la competencia.
En el marco de un mayor impulso de la liberalización, la Comisión se propone también en el ámbito de la salud y de la atención sanitaria preparar el terreno para nuevas regulaciones que amplíen el campo de acción de las compañías aseguradoras, y eliminar cualquier obstáculo que se interponga en la actividad de las aseguradoras privadas a escala nacional y comunitaria.
La UE concede más importancia al principio de la libre prestación de servicios que al derecho a la salud y a la asistencia sanitaria, de resultas de lo cual está minando metódica y sistemáticamente el sistema público de salud, especialmente en el ámbito de la asistencia, con el escandaloso fomento de las modalidades privadas de seguros como complemento «necesario» o como sucedáneo del sistema público de protección social.
La política económica y social de la UE, que ha conducido a la reducción de la capacidad adquisitiva y de las posibilidades contributivas de los trabajadores, la aparición de nuevas enfermedades y la impunidad de las compañías farmacéuticas han causado un sensible incremento de los gastos en salud. Las dificultades para cubrir los costes de la asistencia médica provocadas por la disciplina presupuestaria y por el recorte de gastos que impone la UEM conducen a la toma de medidas para hacer recaer sobre el trabajador los costes de la salud.
Las diferencias entre los sistemas de seguridad social en los estados miembros y los posibles obstáculos a la libre circulación de personas y a la libre residencia en otro país miembro no pueden utilizarse como pretextos para la privatización de una gran parte -y tal vez más tarde, del conjunto- de la asistencia. El verdadero objetivo de estas propuestas es la extensión de la liberalización a sectores neurálgicos para el capital monopolista, en condiciones, además, caracterizadas por el entrelazamiento y la intensa concentración del capital vinculado a las aseguradoras -y más en general, del capital financiero-, y por su creciente presencia en sociedades de participación financiera.
Creemos que el objetivo debe ser reforzar el sistema de salud pública, así como el sistema de protección social, y preservar el contenido sustancial de la noción de servicio universal, con la prestación de asistencia médica y medidas de prevención de alta calidad a todos los ciudadanos, con especial atención a quienes residen en regiones remotas o insulares, en el marco de un sistema único de seguridad social y de enfermedad.

Blak, Lund y Thorning-Schmidt
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe del Sr. Rocard sobre los seguros de enfermedad complementarios.
El informe parte de la constatación de que una parte cada vez mayor de los seguros de enfermedad en Europa es cubierta mediante seguros de enfermedad complementarios. Nos hallamos ante un problema grave si tal cosa implica una discriminación de las personas sobre la base de su capacidad económica y de su estado de salud. Durante el debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, este asunto fue sacado a la palestra ya que nuestros compañeros, los conservadores británicos, dijeron que en materia de seguros el establecimiento de la prima está basado en el riesgo que asume la aseguradora. Por ejemplo, si una mujer está hereditariamente predispuesta a padecer cáncer de mama, debe pagar también una prima más elevada que otras mujeres. Esto es una ruptura de los principios solidarios elementales sobre los que debe descansar el modelo social europeo y por ello debe adoptarse una iniciativa común que garantice que nadie se vea excluido de estos regímenes complementarios.
El informe del Sr. Rocard recalca que los seguros son en primer lugar una cuestión que compete a los Estados miembros y que en ellos se aplica el principio de proximidad. El que el Parlamento Europeo solicite a la Comisión la presentación de un balance sobre las políticas de los Estados miembros en este terreno, obedece precisamente a que tenemos un interés común en que todos los ciudadanos de los países comunitarios tengan acceso a prestaciones sanitarias de alta calidad. Cuanto mejores sean las prestaciones sanitarias que los países miembros ponen a disposición de sus ciudadanos, tanto menor es la necesidad de seguros complementarios. Éste es un ámbito en el que evidentemente habrá que trabajar dentro de los marcos del método de coordinación abierta, como ha hecho el Consejo Europeo con respecto a la lucha contra la exclusión social.

Krivine y Vachetta
Nos oponemos decididamente a esta resolución totalmente hipócrita y peligrosa para los sistemas públicos de protección social de la Unión.
En efecto, a pesar de consideraciones enormemente justas sobre los logros de los sistemas existentes, que pretenden asegurar a cada ciudadano un alto nivel de protección independientemente de los recursos personales y de los riesgos individuales, que señalan incluso los riesgos de transferencias entre regímenes públicos y privados, que describen el clamor de éstos en los gastos globales y las desigualdades de situación que resultan, todas las propuestas concretas de la resolución sólo son estímulos a un desarrollo acelerado y comunitario de los regímenes de seguros privados.
Y este estímulo no es el de progresar hacia los servicios públicos comunitarios más avanzados, sino, con el pretexto de los costes y del principio de subsidiariedad, minimizar el servicio público, reducido a "un servicio básico" o "normas mínimas" bautizadas como "red de seguridad", cuyo conjunto de servicios de protección sería definido. Por lo demás, se abre así un amplio campo a las aseguradoras privadas, con la única condición de que no seleccionen (al principio) a los enfermos y las primas de seguro por patología.
Esta resolución no pretende de hecho más que organizar el mercado de los seguros, cuando lo que sería necesario es organizar Europa hacia un progreso de los regímenes colectivos de alta calidad accesibles a todos.

Lulling
Otra vez estamos ante un informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que, si bien el problema del seguro médico complementario es de rabiosa actualidad y tanto en esa comisión como en el Pleno del Parlamento Europeo también es muy discutido, aún así hay doce miembros de la Comisión de Empleo que no han votado.
La petición hecha a la Comisión de que redacte un Libro Verde que señale las vías de cómo los seguros médicos existentes hasta ahora puedan ser complementados y conservados eficientemente por seguros complementarios, que presten una atención médica de alta calidad, es algo muy bueno y bonito. También es importante que saludemos el desarrollo de un mercado interno de seguros médicos complementarios.
Pero quisiera, especialmente, destacar la correcta afirmación de que el resto de medidas de protección de la salud no son cosa de la Unión Europea, sino de los Estados miembros, y que la protección de la salud sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.
Porque esto es así me parece demasiado pronto para incluyamos en la resolución este largo y muy detallista catálogo de exigencias para una propuesta de directiva de la Comisión.
Me parece raro que se quiera ahora maniatar a la Comisión de cara a una propuesta de directiva, pero que a la vez se le pida un Libro Verde sobre el estado actual de las asociaciones voluntarias y de los seguros médicos complementarios. ¿No estamos poniendo aquí el carro delante de los bueyes?
Aún con estas observaciones y reservas he votado a favor del informe.

Meijer
La cobertura de los riesgos de enfermedad y las pensiones deben formar parte del salario que ganan las personas con su trabajo. Las medidas complementarias solamente son necesarias si las medidas básicas son deficientes. Son una fuente de riqueza para los bancos y las aseguradoras, que se hacen con el dinero que la gente ahorra de la rebaja de las primas y los impuestos. En lugar de ver la cobertura de los riesgos de enfermedad como una parte del salario o una prestación que sustituye al sueldo, estas medidas se hacen cada vez más dependientes de los ahorros y de las inversiones. La colectividad y la solidaridad deberían desaparecer para que todo se pudiera solucionar de forma individual. Uno se ve obligado a ser sólo solidario consigo mismo y entretenerse con todo tipo de asuntos superfluos de dinero. Quien no recibe y gasta mucho dinero, ya no cuenta. Así se establece, entre otras cosas, una división en el sistema de asistencia médica. Quien tiene un seguro normal es incluido en una lista de espera y, por tanto, en una sanidad de segunda clase, mientras que quien paga una cantidad adicional, compra con él el derecho de precedencia y el lujo. Me sorprende que el Ponente Rocard, a quien todavía recuerdo del pasado lejano como dirigente de un partido socialista de izquierdas, esté contento ahora con el desarrollo de un mercado interior para la asistencia médica privada. El resto de lo que propone pretende curar las heridas que ocasiona su elección.

Titley
. (EN) Apoyo incondicionalmente este informe de mi colega socialista Michel Rocard sobre la futura financiación de los sistemas de seguros de enfermedad.
En una época en la que la población envejece de manera espectacular, es crucial que intentemos mejorar el sistema sanitario para las personas de toda Europa. No deberíamos infravalorar las prestaciones básicas del estado ni la importancia de los acuerdos entre países. Yo mismo, que he estado enfermo en Bélgica, he sido testigo de primera mano de las ventajas de un reconocimiento mutuo de los sistemas de salud. Desde mi propia y más sentida experiencia, no quisiera ver estas ventajas destruidas.
Pedimos a la Comisión que estudie los distintos sistemas nacionales de salud y que examine formas de garantizar un acuerdo justo para quienes pasan tiempo trabajando en otro país de la Unión Europea. Estas prestaciones nacionales son medidas que salvan la vida. Sin embargo, si hemos de contar con un sistema eficaz que pueda hacer frente a la creciente presión sobre los actuales servicios nacionales y que haga de Europa un lugar más saludable para sus ciudadanos, deberíamos reconocer también la importancia de quienes proporcionan seguros complementarios de enfermedad. No deberíamos discriminar a los ciudadanos que soliciten inscribirse en planes de salud privados.
La salud de nuestros ciudadanos es algo muy preciado. Los ciudadanos de la UE deben tener confianza en que van a recibir cuidados sanitarios eficaces con independencia del país en el que se encuentren. Le ruego a la Comisión que tenga en cuenta el informe de Michel Rocard.

El Presidente
Las explicaciones de voto quedan cerradas.

Fondos propios de las entidades de crédito (continuación)
von Wogau
Señor Presidente, señoras y señores, me alegro de estar hoy en presencia de un grupo de visitantes de mi bello distrito electoral, lo cual agradezco de corazón.
Reanudamos el debate sobre el informe de la Sra. Villiers que yo quisiera bautizarlo como suyo, pues usted ha sabido reunir las diversas opiniones a lo ancho de la comisión, de suerte que me parece que este informe da un paso real hacia adelante. Es especialmente importante que, con una amplia mayoría en la comisión, se haya logrado que también las necesidades de las pequeñas entidades - cajas de ahorro, bancos corporativos, las pequeñas y medianas empresas - hayan sido consideradas adecuadamente en este proyecto legislativo, especialmente el hecho de que el llamado rating interno, esto es, la evaluación interna de los riesgos del crédito, ha de ocupar el mismo lugar que el rating externo previsto por la Comisión de Basilea.
Creo que esto es un avance esencial. Para el debate de ahí fuera, en mi opinión, es también importanmte que se puntualice que no es la Comisión de Basilea, que no es un órgano electo, la que decidira sobre las directivas definitivas, sino el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros en procedimiento de codecisión. En el debate de la calle se constata una y otra vez que se habla constantemente de la Comisión de Basilea. Pero en realidad es el parlamento Europeo quien decide sobre la reglamentación legal definitiva junto con el Consejo de Ministros, por lo que debemos crear la conciencia de ello.
La pregunta que se me plantea es: ¿conforme a qué procedimiento? De la banca nos llega la petición de que lo hagamos según un procedimiento rápido. También yo soy de la opinión de que el Parlamento debería contribuir a ello, si fuese posible, decidiéndolo en primera lectura. Para ello tendremos que, ciertamente, crear las condiciones necesarias para que los derechos del Parlamento Eduropeo no se vean conculcados de forma alguna, sino que, si es posible, de un modo u otro se asegure que el Parlamento y el Consejo de Ministros se pogan de acuerdo en una primera lectura sobre el texto legal que se está fijando.
(Aplausos)

Rapkay
Señor Presidente, estimados colegas, antes de nada una observación a mi Grupo: en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios hubo una mayoría en la votación misma más clara que nunca. Por lo menos la mayoría de mi Grupo votó en contra, y hemos procurado que el informe no se posterguase a la última sesión plenaria, sino a la de hoy. Pero quisiera decirles con toda franqueza que esto no tiene nada que ver con el contenido del informe, sino en parte con lo que el Sr. von Wogau acaba de mencionar, a saber: que estábamos preocupados porque al comprometernos con el próximo procedimiento el Parlamento hiciese dejación de sus derechos. No podíamos contribuir a ello.
En la Comisión misma hubo consenso sobre el tema. La ponente procuró realmente, se esforzó para que llegásemos a un consenso. Queremos un consenso sobre este tema, y también aquí, en el Parlamento, estamos bien aconsejados para llegar a un acuerdo lo más amplio posible sobre el tema.
La presente nueva reglamentamentación sobre adecuación de capital para las entidades de crédito y las empresas financieras tiene amplias consecuencias sobre el sector bancario y más allá. Sus disposiciones son las que, en gran medida, guían la práctica de la concesión de créditos por parte de las entitades. Si consideramos lo dependiente que es la economía europea, sobre todo en las clases medias, de la financiación crediticia se ve claramente que este proyecto tiene un propósito de una gran dimensión político-económica. El debate tan intenso sobre el rating exterior así lo ha puesto de manifiesto.
El planteamiento del Comité de Basilea de dejar, predominantemente, la clasificación del riesgo en manos de los resultados de rating proporcionados por entidades exteriores conduciría a nivel internacional a notables dislocaciones de la competitividad. Especialmente las empresas medianas verían perjudicada con ello su competitividad. Para evitar estas distorsiones es muy importante que las entidades dispongan de un planteamiento alternativo sencillo para saber cuánto volumen de créditos deben otorgar basándose en la utilización de ratings internos.
Hay que considerar un éxito que la posición europea, como desde un principio propuso la Comisión en su nota consultiva, se haya impuesto en Basilea y que desde entonces la incorporación de procedimientos internos de rating constituya el centro del debate.
Como en este momento el reconocimiento fundamental del rating interno parece asegurado tanto en Basilea como aquí, de lo que se trata ahora es de configurar tales procedimientos de suerte que básicamente todas las entidades de crédito de la Unión Europea tengan la posibilidad de introducir ratings internos. Sólo así pueden ser creadas unas condiciones iguales de competitividad. Esto supone que se dé a las entidades suficiente tiempo para que se adapten a las nuevas disposiciones. Según últimas informaciones parece ser que la entrada en vigor de la nueva reglamentación, planeada en principio para el 1 de enero de 2003, ha sido retrasada un año. Las entidades tendrán así más tiempo para poner en práctica las nuevas reglas.
Debemos procurar, en esto le doy toda la razón al Sr. von Wogau, trabajar lo más paralelamente posible. Especialmente en lo que concierne al plazo no deberían surgir diferencias importantes entre Basilea y nosotros, pues ello llevaría aparejados lastres desagradables para las entidades afectadas tales como mayores costos o pérdida de competitividad. Una cosa ha de estar clara: no renunciaremos a nuestros derechos como Parlamento en el procedimiento de codecisión. Esto significa, si podemos, que junto con el Consejo y la Comisión lo tengamos listo en primera lectura, y entonces podemos renunciar si queremos, pero no desde un principio. Depende del Consejo. El Consejo es el único hasta ahora que se ha preocupado por retrasar procesos legislativos. Debe espabilarse y procurar que lo hagamos con rapidez. Nunca el Parlamento ha fallado en esto, y tampoco lo hará ahora. Por tanto, señoras y señores, avancen un poco en ello

Maaten
Señor Presidente, hay firmes argumentos a favor de la vía rápida cuando se trata de aplicar los resultados de la revisión de Basilea sobre adecuación del capital bancario. Los norteamericanos podrán introducir sus disposiciones inmediatamente sin legislación básica, al contrario que nosotros, y podrán conceder préstamos más baratos que los bancos europeos. Además, el Parlamento ha tenido mucho tiempo para informarse sobre las cuestiones de este informe Villiers, que acogemos favorablemente, sobre adecuación del capital.
En efecto, estamos haciendo una primera lectura antes de que se hayan presentado las propuestas. Algunas personas de esta Cámara piensan que ello socava mortalmente los poderes del Parlamento. Nosotros no estamos de acuerdo. La delegación de poderes sobre cuestiones técnicas es esencial para que las normas puedan ir al ritmo de las innovaciones en los mercados financieros, siempre que esos poderes delegados estén sometidos a un control apropiado.
Estamos aquí para utilizar nuestros poderes en beneficio de las empresas europeas y de nuestros electores, y no se nos perdonará el que no lo hagamos. Insistir de manera dogmática en que el Parlamento debería participar en cada una de las decisiones técnicas significaría sencillamente que la norma esté desfasada antes incluso de que se establezca. Hacen falta dos o tres años para aprobar legislación de la UE pero sólo semanas para lanzar un nuevo producto de servicios financieros con implicaciones para el capital bancario, como los derivados del crédito. Apelo a todos los colegas y en particular al Grupo Socialista, para que vuelvan a examinar sus posturas sobre esta cuestión y para que consideren las salvaguardias que les gustaría ver en la legislación básica para permitir la delegación de poderes.

Marchiani
Señor Presidente, señorías, el contenido del informe de la Sra. Villiers es difícilmente cuestionable en su globalidad. Es su existencia por el contrario así como la de esta nueva iniciativa de la Comisión las que pueden parecernos sorprendentes.
¿De qué se trata? Se trata de poner al día la normativa europea sobre los fondos propios de los bancos, fondos que se consideran proporcionales a la naturaleza y a la importancia de los riesgos que asumen estas entidades. El informe tiene en cuenta un consenso creciente que tiende a señalar la incapacidad de la normativa actual para tomar en consideración las evoluciones del sector financiero de estos últimos diez años.
Tras haber señalado que la fórmula "consenso creciente" - estoy citando el informe - significa exactamente que no hay consenso en la materia, estamos en nuestro derecho de preguntarnos si el promotor de esta reforma, el instrumento aprobado y el momento elegido son realmente pertinentes. No puede evitarse el sentimiento de que el Parlamento, a continuación de la Comisión, se siente obligado a hacer coincidir sus trabajos con los del Comité de Basilea que, les recuerdo, no tiene ninguna legitimidad para imponer sus puntos de vista a los Estados miembros. Señorías, deseo recordarles que sólo ocho Estados miembros están representados en este comité, que incluye, por el contrario, a representantes de naciones que son las principales competidoras de los países europeos.
Pero, finalmente, admitamos, admitamos que el árbitro no se haya vendido al adversario y aceptemos la idea de que los textos de la Comisión y del ponente responden a un problema real y creciente, para retomar los términos, y que la simultaneidad de estas reflexiones con las del Comité de Basilea sea una oportunidad para una última revisión. ¿No les parece paradójico querer recuperar un retraso con respecto a la libre América mediante una limitación suplementaria a los bancos europeos? ¿No les parece paradójico traducir lo que no es más que una recomendación orientada a los grandes bancos en disposiciones obligatorias para las entidades de crédito de la Unión Europea?
El ponente mide probablemente lo que hay de esperpéntico en reclamar una normativa simple para reflejar una situación compleja y que se ha complicado. En cuanto al sentimiento de urgencia que la Sra. Villiers añadió al sentimiento de necesidad de la Comisión deseando un procedimiento acelerado de adopción de estas medidas, hay que constatar que el ponente reconoce que esta normativa nueva no tendrá ninguna incidencia en las prácticas anticompetitivas que, desafortunadamente, están extendidas en Estados Unidos. En esas condiciones, una iniciativa así tendría más bien el efecto inverso al esperado imponiendo a nuestros sectores bancarios obligaciones suplementarias sin garantías de compensación. A pesar de las exhortaciones de esta Asamblea, la Comisión no tiene en absoluto ningún medio para garantizar que los bancos de la Unión Europea dejarán de ser objeto de un trato discriminatorio por parte de las autoridades americanas.
El informe, sin embargo, señorías, tiene una serie de méritos, entre ellos el de constituir avances reales, tanto con respecto al primer texto de Basilea como con respecto al de la Comisión. Sensible a las preocupaciones de las pequeñas y medianas empresas, que dependen en gran medida de la financiación bancaria, la Sra. Villiers invita juiciosamente a la Comisión a hacer de la evaluación interna el elemento central de sus nuevas reglas, de forma que no se encarezca el coste del crédito concedido a las empresas.
Si, en su prudencia, esta Asamblea se asocia de forma mayoritaria a la reafirmación de un principio que no deseamos nunca contravenir, con mucho gusto el Grupo Unión por la Europa de las Naciones votará su informe. En caso contrario, manifestaremos nuestro escepticismo no con respecto a su trabajo sino con respecto a un procedimiento que nos parece una nueva etapa de un proceso...
(El Presidente interrumpe al orador)

Kauppi
Señor Presidente, parece ser que hoy el colega von Wogau y yo compartimos algo más que la opinión. Es el caso que yo también tengo invitados de Finlandia entre la tribuna del público a los que quisiera darles la bienvenida.

Señor Comisario, seguramente coincidimos en que Europa ya no volverá a experimentar una crisis bancaria tan profunda como la que nos vimos obligados a atravesar a principios de la década de 1990. No obstante, las actividades bancarias experimentarán pérdidas también en el futuro. Cuando los bancos tienen que afrontar pérdidas, son sus propios fondos los que actúan a manera de amortiguador para cubrir también aquellas pérdidas que los beneficios generados por la actividad comercial corriente no pueden resarcir. Por consiguiente, la propuesta que estamos debatiendo es clave a la hora de garantizar la solidez financiera de los bancos europeos y, a través de ella, la seguridad de los ahorros de los clientes. En cuanto a los requerimientos de capital propio, es esencial que contemplen lo mejor posible la naturaleza y la envergadura de los riesgos de las entidades financieras. Sirviéndonos de las técnicas modernas de gestión de riesgos es posible conseguir datos más precisos sobre los riesgos. En consecuencia, es natural que los bancos también cuenten con la oportunidad de hacer uso de esos recursos y crear un marco de acción que permita detectar los riesgos con más sensibilidad. Al aumentarse la sensibilidad preventiva ante los riesgos, deben estar disponibles tanto los mecanismos de supervisión interna, como los de supervisión externa. De hecho, creo que en el futuro la clasificación interna ganará importancia, ya que es precisamente dentro de los bancos donde se conocen mejor a las personas clave de las empresas que suscriben créditos, así como las actividades comerciales de las mismas.
En el Parlamento reina una gran unanimidad sobre el contenido de esta propuesta. En realidad, la única discrepancia notable entre los diferentes Grupos afecta al modelo de regulación que habría que aplicar en el futuro tanto en el marco de esta propuesta, como en el de las propuestas legislativas del sector financiero. Nuestra ponente, la Sra. Villiers, que ha realizado un magnífico trabajo, mencionó en su informe la posibilidad de acudir al procedimiento de urgencia denominado fast-track. Ella cuenta con todo mi apoyo en este punto, ya que considero importante que el plan acción relativo al sector financiero sea tramitado con la mayor brevedad posible. En la práctica, el único medio disponible es acelerar el procedimiento legislativo y habilitar el uso del procedimiento de urgencia en el tratamiento de un número mayor de cuestiones.
(Aplausos)

Karas
(PPE-DE). (DE) Señor presidente, señor Comisario, estimados colegas, es bonito que una tan grande mayoría haya compartido la argumentación de este importante informe, por el que no puedo sino felicitar a la Sra. Villiers, pues ella ha conseguido lo que ha dicho el Sr. von Wogau, a saber: haber considerado en el informe a toda la banca europea y a toda la estructura de clientes en Europa y haber elaborado un buen informe.
Decimos sí a una más fuerte consideración del contenido de riesgo económico a la hora de la concesión de créditos, así como del desarrollo ulterior de la Directiva de recursos propios. Decimos sí también a una más estrecha consideración de las técnicas minimizadoras de riesgo, y decimos también sí a la ampliación de la idea fundamental del Comité de Basilea. Era necesario ampliar el objetivo del Comité de Basilea a la gran banca, al rating externo en el sector de la pequeña banca y de la orientación de los clientes al rating interno. En este contexto hay que considerar también positivo que ha sido claramente aceptado que la seguridad interna de los bancos minimiza el riesgo. Esto es tan importante porque una mera reducción al rating externo encarecería mucho los créditos a las pequeñas y medianas empresas.
Las pequeñas y medianas empresas son las que crean la mayoría de los nuevos puestos de trabajo y conservan los existentes. El mérito de este informe es haber puesto de relieve la relación entre costes crediticios, creación de puestos de trabajo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y el reconocimiento del rating interno, por lo que lo votaremos con gran convencimiento.

Radwan
(PPE-DE). (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, también yo quisiera felicitar a la Sra. Theresa Villier. Ha conseguido de manera sobresaliente reunir a todo nuestro espectro parlamentario en el informe. Quisiera referirme brevemente a la problemática de que en Basilea, por un lado, hemos creado el marco para sistemas que no son compatibles sin más, sistemas de los EEUU y sistemas de Europa, y debemos procurar que un determinado sector no sea perjudicado.
En Basilea se atendía primeramente a los grandes bancos, pero en Europa debemos atender a los pequeños. Allí están los clientes con menor liquidez. Sabemos que los grandes bancos no tienen interés en ellos. Tenemos que tener cuidado de que Basilea, además, no produzca que a los bancos les cause un segundo lastre una demanda más alta de fondos propios. Quien lo lamentaría, como repetimos siempre, sería la clase media, aunque siempre tratamos de favorecer a la clase media. Se acaba de hablar de rating externo e interno. Quisiera añadir todavía la diversicación de la cartera. Debemos considerar que se evalúa el riesgo y no sólo el crédito en abstracto, de modo que queda un cierto margen de apreciación en caso de pequeños créditos para medianas empresas y talleres.
Pero es importante que puntualicemos también que lo que se está llevando a cabo en Basilea no es un procedimiento democrático, que el Parlamento Europeo es el único órgano democráticamente legitimado que en Europa está tomando partido en esto. A propósito del procedimiento no debemos pensar si estamos renunciando a derechos nuestros, sino con cuánto detalle queremos legislar en Europa para un futuro y donde sólo queremos crear un marco transfiriendo los mecanismos para darle contenido y reglamentarlo a otras instituciones como la Comisión o como Basilea.
Pido al Banco Central Europeo y a la Comisión que se cercioren de que en Basilea se considere la estructura bancaria europea. Como Parlamento Europeo debemos dar una señal de que si la estructura que se ha desarrollado en Europa se pone en peligro, no lo aprobaremos y también los grandes bancos podrán tener problemas con el marco legal europeo. Necesitamos suficiente flexibilidad en este ámbito.

Solbes
. Señor Presidente, en primer lugar, señalaría que la Comisión considera con satisfacción el hecho de que el informe de la Sra. Villiers afecte no solamente a la evaluación de la Directiva de recursos propios sino también a la revisión actual de las modificaciones de los Reglamentos sobre adecuación de capital. Y también consideramos satisfactoria la importante contribución que este informe hace a todo el proceso.
La reacción a los dos documentos de consulta, el de la Comisión Europea y el del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, sobre este tema es positiva y querría hacer algún comentario sobre este último. Yo comprendo que nada tiene que ver la capacidad del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con la del Parlamento Europeo. No existe competencia legislativa, pero tampoco hay que olvidar algunas situaciones de hecho importantes y es que el Comité de Basilea pertenece al Grupo de los Diez y, aunque no tenga carácter legislativo, sus normas se aplican en 130 países y son utilizadas por múltiples organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Fondo Monetario y, evidentemente, los países terceros. Por eso, es importante no disociarse de lo que está sucediendo en Basilea, aunque es evidente que nosotros tenemos nuestro propio procedimiento legislativo. Sí que es fundamental que definamos unas normas de juego propias que nos permitan también influir en aquello que se decide en Basilea como Unión.
Hecho este primer comentario, me gustaría señalar que creo que los operadores económicos también consideran satisfactorio el enfoque que se ha estado dando a estas reglamentaciones sobre el capital que refuerzan los temas referidos al riesgo. La Comisión considera que el amplio apoyo que se ha dado en el informe para ese enfoque -antes señalado- del papel consultivo de la Comisión es evidentemente positivo. El informe coincide en gran medida con las ideas de la Comisión y los objetivos que estamos intentando conseguir.
La Comisión va a seguir siendo especialmente vigilante para asegurar que se tomen en cuenta aquellos sectores potencialmente más vulnerables. El informe destaca algunas preocupaciones válidas respecto al posible daño que puede generarse, por ejemplo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, y también sobre nuestro sistema bancario y nuestras entidades inversoras, que no mantienen un nivel competitivo dentro de la Unión Europea y entre la Unión Europea y los restantes países del mundo.
Todos sabemos que el Sr. Lamfalussy ha elaborado respecto a este punto un informe muy claro y enormemente útil, que creemos que puede servir para trabajar en términos legislativos más eficientes, capaces o más ajustados -podríamos decir- a los cambios que se están produciendo en el mercado. Tenemos que enfrentarnos a una realidad en la que debemos conseguir que las nuevas directivas no estén sobrepasadas en el momento en que se adoptan y que las normas de las directivas existentes sean capaces de mantenerse de acuerdo con la rápida evolución que se está produciendo en los mercados financieros.
La falta de capacidad de adaptación, la inflexibilidad está dañando la posición competitiva de nuestras empresas financieras. Quiero decir, en primer lugar, que nuestra legislación tiene que estar suficientemente al día y ser lo suficientemente flexible como para responder a los rápidos desarrollos del mercado. En segundo lugar, tenemos que evitar los excesivos costes que puedan afectar a las instituciones financieras y, consecuentemente, de forma indirecta a los clientes de estas instituciones financieras.
Debemos apoyar estos objetivos mediante normas prudentes que sean sanas y que garanticen la seguridad de nuestros mercados y de nuestras instituciones. Y, finalmente, y éste es un punto clave, somos absolutamente conscientes de que debemos respetar el equilibrio institucional establecido en el Tratado.
Hoy es todavía excesivamente pronto para que podamos hablar de una posición formal de la Comisión sobre estos temas, pero tal vez podamos definir algunos elementos del diseño del posible enfoque. Este enfoque podría referirse a diferentes niveles. Un primer nivel incluiría los principios fundamentales, los codes principals que estarían recogidos en ciertas normas, como, por ejemplo, directivas. En segundo lugar, un nivel de detalle técnico que recogería aquella parte que está más sometida a cambios, si queremos mantener una adecuación entre la reglamentación y las mejores prácticas. Esto podría recogerse en anexos de esas Directivas y deberíamos encontrar un sistema satisfactorio para modificarlas de forma rápida. Estaríamos hablando de un segundo nivel de decisión. Habría un tercer nivel que correspondería al desarrollo de mecanismos que permitieran promover una consistencia y convergencia en la supervisión y reforzar el papel, en ese sentido, de los Estados miembros y de la Comisión.
Un punto básico para nosotros en el proceso es la forma en que tenemos que conseguir que se mantenga el actual equilibrio institucional. El Parlamento necesitará en el futuro que se satisfagan mediante un acuerdo sobre ese futuro modelo de regulación los principios que subyacen en sus tomas de decisiones y que esos principios, por lo tanto lo que él pueda acordar, sean sustanciales y no respondan a generalidades, sino a temas muy concretos. Esos son unos primeros pensamientos de cómo podríamos llegar a conseguir un proceso legislativo rápido que fuera controlable y eficiente dentro de las actuales regulaciones del Tratado. Espero que el Parlamento participe activamente en las discusiones en los próximos meses.
Volviendo a los puntos de las enmiendas específicas que van a realizarse y que se han incluido en el informe, me gustaría hacer dos comentarios: en primer lugar, en lo que se refiere a las enmiendas 8 y 13: la utilización de un enfoque basado en la clasificación interna tiene que ser introducido de forma sana y prudente. Para muchas instituciones puede no ser deseable ni apropiado y, desde luego, su uso nunca puede ser obligatorio.
Desde el primer momento la Comisión ha sido favorable al desarrollo de un enfoque de clasificación interna amplio y sujeto a estándars, que puedan alcanzarse en las instituciones que están bien gestionadas, con independencia de cuál sea su tamaño o del sector en que se encuentre. Éste es un desarrollo positivo que deseamos que sea adoptado por tantas instituciones como sea posible, pero reconocemos que no es deseable insistir en un enfoque de clasificación interna para todas las instituciones financieras.
Respecto a la enmienda 12 sobre el sistema de revisión de la supervisión, quiero señalar que ya se encuentra dentro de las competencias de los supervisores solicitar o establecer un nivel mayor que el mínimo de los requerimientos de capital. La propuesta para utilizar este instrumento sólo como una especie de recurso de última instancia disminuiría el impacto del proceso de revisión de la supervisión como un elemento clave de este marco. Por ello, pensamos que esa situación tiene que seguir manteniéndose como está.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas.

Funciones del Defensor del Pueblo Europeo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0293/2000) de la Sra. Almeida Garrett, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la modificación de la Decisión del Parlamento de 9 de marzo de 1994 sobre el estatuto y las condiciones generales del ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo.

Almeida Garrett
Señor Presidente, lo que nos ha traído aquí hoy es el debate del primero de los dos informes sobre la modificación del estatuto y de las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. Y me disculpo ante la Asamblea por sentir la tentación, en esta caída de la tarde del final de la sesión parlamentaria, de tener como fuente de inspiración para el debate de este informe alguna de las añoranzas de casa. Bien mirado, igual que en las relaciones con los niños, también en los procesos de nacimiento y crecimiento de instituciones que se desarrollan dentro de otras hay un momento en que es necesario mostrar, con actos, el reconocimiento de su autonomía. Y, de hecho, ha llegado el momento de reconocer que la institución del "Defensor del Pueblo Europeo" está suficientemente desarrollada y ya ha dado suficientes pruebas de madurez para tener un presupuesto propio. Si durante una primera fase pareció correcto y normal hacer coexistir con la independencia de mandato y de actuación del Defensor del Pueblo una dependencia en cuanto a los medios financieros del presupuesto del Parlamento Europeo, eso hoy carece ya de sentido.
Lo que vamos a proponer aquí es exactamente el reconocimiento de esa separación: el reglamento del Consejo de diciembre de 1999, que aprobó la creación de una sección específica para el Defensor del Pueblo en el presupuesto general de las Comunidades. Entonces se dio un paso fundamental al considerarse la del Defensor una institución autónoma en materia de aplicación del Reglamento Financiero. Ese paso no ha sido otra cosa que la comprobación de que el relieve público cada vez mayor de una institución nacida y creada en nombre de la necesidad de aproximación de los ciudadanos a la vida de las instituciones comunitarias necesita también autonomía financiera para poder responsabilizarse de las previsiones presupuestarias que haga y que considere adecuadas a los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a buen puerto el desempeño de sus nobles funciones.
Por eso, debemos ahora adaptar el estatuto al Reglamento Financiero proponiendo la supresión de dos artículos -el artículo 12 y el artículo 16- de la decisión del Parlamento de 1994, que, como bien saben todos Sus Señorías, aprobó el estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo Europeo. Esas normas dejaron de reflejar la verdad presupuestaria después de la última modificación del Reglamento Financiero de las Comunidades. Por eso, nos incumbe verificar esa no correspondencia con la realidad y aprobar su supresión. Y, dado que en breve tendremos que ocuparnos aquí, en este Parlamento, de los cambios substanciales del estatuto del Defensor del Pueblo Europeo, que están aún en examen en la Comisión de Asuntos Constitucionales y cuyo informe también se me ha confiado y versa sobre la ampliación de los poderes de investigación del Defensor, reservamos para ese momento la revisión cualitativa y completa del texto de su estatuto.
Permítame, señor Presidente, que antes de terminar aproveche este momento para felicitar al Defensor Sr. Jacob Söderman, felicitarlo por el trabajo que ha realizado en la lucha contra la mala administración y, por eso, también en la contribución a una mayor aproximación de los ciudadanos europeos a la vida de las instituciones comunitarias.

Perry
Señor Presidente, espero que a la ponente no le importe si digo que éste es un informe relativamente oscuro que estamos analizando bastante tarde en esta noche del jueves y que se refiere al corazón mismo de la democracia en la Unión Europea: ¿cómo protegemos los derechos de los ciudadanos europeos? No hay duda de que en esa tarea la posición del Defensor del Pueblo es absolutamente fundamental.
El Defensor del Pueblo tiene un papel y una posición destacados en el marco de las instituciones europeas, pero es un papel que requiere autonomía. Como todos sabemos, para ser independiente es necesario tener independencia financiera. En inglés hay una frase que dice: "El que paga al músico elige la canción". Por lo general, se considera que aquéllos que financian actividades u organizaciones ejercen algún tipo de poder sobre esas actividades u organizaciones. Por ello, el Defensor del Pueblo ha de ser financieramente autónomo y lo más independiente posible para que no se pueda acusar a este Parlamento de elegir la canción.
El público ha de tener plena confianza en que el Defensor del Pueblo es completamente imparcial en sus investigaciones. Yo, por supuesto, igual que todos los diputados de este Parlamento, tengo una confianza absoluta en que el Sr. Jacob Söderman cumple con sus responsabilidades de una manera totalmente independiente pero debe verse que así es. Por eso es necesaria la autonomía financiera. Convendría también señalar a los ciudadanos europeos que la oficina del Defensor del Pueblo - no él personalmente - les cuesta alrededor de 3,9 millones de euros al año a los ciudadanos europeos, o lo que es igual, menos de un centavo por cada persona de la Unión Europea. Para los ingleses que me escuchan, eso significa aproximadamente un penique al año y es un dinero bien empleado.
Gracias a la iniciativa emprendida por el Presidente de la Comisión de Peticiones, el Sr. Gemelli, se han adoptado las medidas jurídicas adecuadas para enmendar la decisión de 1994 del Parlamento Europeo sobre las funciones y competencias del Defensor del Pueblo. De resultas de esto, la Comisión de Peticiones, en el informe González-Álvarez, ha señalado que el procedimiento para modificar el estatuto del Defensor del Pueblo debería verse a la luz del Artículo 195 del Tratado de las Comunidades Europeas. No olvidemos nunca que el papel del Defensor del Pueblo está consagrado en los tratados europeos.
El Grupo EPP/ED apoya la postura de la Comisión de Asuntos Constitucionales de que las competencias del Defensor del Pueblo deberían ampliarse y cuanto antes mejor, especialmente en lo que respecta a los poderes de investigación del Defensor del Pueblo establecidos en el Artículo 3 de la decisión de 1994.
La calidad de las actividades que hasta ahora ha desarrollado el Defensor del Pueblo demuestran que la institución del Defensor del Pueblo es un instrumento totalmente necesario para que los ciudadanos europeos presenten quejas por mala administración de las instituciones europeas. Nosotros, en mi Grupo, apreciamos el apoyo del Defensor del Pueblo a la Comisión de Peticiones, la comisión responsable de las relaciones entre el Defensor del Pueblo y el Parlamento. En este sentido, el Grupo EPP/ED anima al Defensor del Pueblo a que continúe con su trabajo a través de informes especiales que siempre estamos dispuestos a estudiar con un espíritu constructivo de cooperación con el Defensor del Pueblo. Espero que en un futuro muy cercano el Parlamento considere la ampliación de los poderes de investigación del Defensor del Pueblo. Si eso ocurre, la Comisión de Peticiones esperaría ser consultada plenamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Somos, como he dicho, la comisión responsable de las relaciones con el Defensor del Pueblo y trabajamos estrechamente con él. El Grupo EPP/ED apoya, por tanto, este informe y espera que sea, junto con el informe Bösch sobre el informe del Defensor del Pueblo relativo a los procedimientos de contratación de personal, una indicación del compromiso permanente del Parlamento Europeo con una mayor transparencia y control. No necesitamos un trabajo adicional y no queremos ver ejemplos de mala administración, pero es importante que recordemos a los ciudadanos europeos que la oficina del Defensor del Pueblo está ahí para ayudarles cuando los problemas de mala administración surjan.
Mucha gente nos critica injustamente por el déficit democrático. La oficina del Defensor del Pueblo ayuda, sin duda, a corregir ese déficit democrático.

Sacrédeus
Señor Presidente, afortunadamente el Parlamento Europeo siempre ha sostenido, de acuerdo con la tradición nórdica, que hay que reforzar y afianzar la situación del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo Europeo debe ser completamente independiente en el cumplimiento de sus obligaciones cuando él o ella - en estos momentos es Jacob Söderman, un hombre y un buen representante finlandés de habla sueca - defiende los derechos de los ciudadanos frente a la administración. Sólo así podrá la institución del Defensor del Pueblo en el ámbito europeo cumplir con sus importantes y profundos objetivos.
Por ese motivo, los cristianodemócratas suecos celebramos los pasos que se están dando para fortalecer la independencia del Defensor del Pueblo, incluso en materias tan esenciales como los presupuestos. Éste es un importante asunto que atañe a la confianza en la independencia e imparcialidad del Defensor del Pueblo. En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo también hemos dado nuestro respaldo a esta provechosa medida. Quiero agradecer a la ponente Sra. Almeida Garret su trabajo en esta trascendental materia.
Finalmente, permítanme ocuparme de otro asunto actual que se relaciona con el desarrollo de la institución del Defensor del Pueblo. Se trata del derecho a acceder sin limitaciones a los documentos, que se usa bastante poco. Esto es una condición para que la institución del Defensor del Pueblo adquiera mayor credibilidad entre los ciudadanos. Un Defensor del Pueblo está obviamente limitado por las normas que rigen el secreto documental, pero está bien que los ciudadanos sepan que él o ella, como Defensor del Pueblo, puede tener acceso a documentos a los que ellos mismos no tienen.
También es bueno saber que el derecho del Defensor del Pueblo a acceder a los documentos no tiene relación con el actual reglamento de apertura; éste es un frecuente malentendido. El Parlamento Europeo, su Comisión de Asuntos Constitucionales y, esperamos, la Comisión y el Consejo quieren que continúe el desarrollo y fortalecimiento de la institución del Defensor del Pueblo, de su independencia y, por consiguiente, de su credibilidad entre los ciudadanos.

Solbes
. Señor Presidente, la Comisión puede ser muy breve sobre este tema. El informe tiene como único objeto establecer una concordancia entre el Estatuto del Defensor del Pueblo europeo y una modificación del Reglamento financiero, y esta modificación, como ha señalado el ponente, pretende incluir en el presupuesto general de las Comunidades un capítulo separado para el presupuesto del Defensor del Pueblo.
La Comisión ha manifestado ya su acuerdo sobre este tema en el pasado, tanto por razones de técnica presupuestaria como por razones de independencia de la función del Defensor del Pueblo. Por tanto, apoyamos plenamente las modificaciones del Estatuto del Defensor del Pueblo que nos propone la Sra. Almeida Garrett.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas.

Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo sobre los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0280/2000) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión (C5-0082/2000 - 2000/2048 (COS)).

Bösch
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, creo que el informe que debatiremos esta tarde está en total sintonía con el orden del día de hoy, ya que esta mañana hemos aprobado un informe importante sobre el acceso a los documentos y creo que lo que hoy debatiremos y votaremos mañana tiene mucho que ver con esto.
En el pasado le llegaban al ombudsmann, sobre el que acabamos de hablar, muchas quejas sobre la falta de transparencia en casos de contratación de personal, lo cual es un tema crítico, pues compartimos totalmente su apreciación de que muy a menudo los casos de contratación son precisamente una primera toma de contacto para muchos jóvenes ciudadanos y ciudadanas de la Unión con las instituciones europeas. Es importante que tales cosas transcurran con la mayor transparencia, la mayor inteligibilidad y la mayor claridad posible.
El punto de partida del presente informe es la recomendación del ombudsmann a la Comisión, en relación con lo anterior, de que posibilite a los candidatos acceso a sus exámenes ya corregidos respecto del procedimiento de selección organizado por la misma. La antigua Comisión no hizo caso de esta recomendación a pesar de varias peticiones al respecto. Ésta fue la razón de que el ombudsmann emitiese un informe especial para insistir nuevamente en su petición. La Comisión de Prodi ha aceptado poner en práctica la cuarta recomendación hecha y permitir el acceso a los exámenes corregidos por parte de los candidatos al procedimiento de selección.
Nuestra comisión, la Comisión de Peticiones, se ha ocupado de ello y aceptó el presente informe. Como Comisión de Peticiones hemos tomado al aceptar este informe la resolución fundamental de hacer nuestra la recomendación del defensor del ciudadano. También quisiéramos agradecer a la Comisión que la haya acogido y le felicitamos por ello.
Además hicimos público el desiderátum de que el resto de los organismos europeos e instituciones siguiesen el ejemplo de la Comisión y permitiesen a los candidatos el acceso a los exámenes corregidos. Creemos que esta forma de acceso más transparente y abierto de los candidatos a determinados puestos en las instituciones europeas representa también un paso importante en la ambiciosa reforma de la Comisión Europea. Con ello, además, acercamos una parte de Bruselas y de Europa a los ciudadanos y se lo hacemos más inteligible.
Una palabra todavía sobre las enmiendas que se presentan mañana. En gran medida siguen la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y sobre esta base deberían desarrollar con más detalle lo que esperamos de la Comisión a este respecto. Me refiero sobre todo también a la importancia de fijar un plazo sensato a la Comisión - ésta es una parte de las enmiendas - para que ponga en práctica las reformas anunciadas, y espero - ésta es mi postura como ponente - que para ello le demos un cierto apoyo desde este Pleno.

MacCormick
Señor Presidente, hablando como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos y en nombre de mi propio grupo, yo también acojo esto de modo muy favorable. Hoy intervengo en nombre de nuestra co-presidenta, la Sra. Hautal, que no ha podido estar aquí esta noche. Es su opinión, en particular, a la que quisiera referirme y de la que quisiera hablar hoy.
Acogemos de modo muy favorable el informe del Defensor del Pueblo. Acogemos de manera especialmente favorable las reformas y los cambios que nosotros creemos que deben introducirse y, si la Comisión está dispuesta, que se van a introducir de resultas de este informe. Después de todo, el acceso a la documentación es un derecho civil fundamental y para un candidato no hay documentación más importante que la relacionada con los exámenes. El núcleo del informe del Defensor del Pueblo es que los candidatos a ser contratados por la Comunidad tienen derecho, si así lo solicitan, a ver sus exámenes.
Quisiéramos también referirnos en concreto a las lenguas minoritarias. Examinar a la gente en una lengua distinta supone grandes dificultades. Yo mismo he tenido que hacerlo en alguna ocasión, ver exámenes en italiano o alemán siendo un hablante nativo de inglés - o, al menos, de un tipo de inglés -. Las dificultades se resuelven mediante la traducción, pero entonces hay que asegurarse de que la calidad de la traducción es alta y de que el candidato puede comprobar que lo escrito en la lengua original es lo que aparece en el papel que se ha corregido. Si hubiera incoherencias el candidato debe poder señalarlas.
Nos complace que la Comisión vaya a hacer esto. No sólo la Comisión sino las demás instituciones y órganos de la Comunidad deberían cumplir con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, incluso en los procedimientos de contratación de personal ya iniciados.
Hay que lamentar que la Comisión decidiera aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo sólo a los procedimientos de contratación de personal iniciados con posterioridad a junio de 2000. Creemos que las instituciones de la Comunidad deberían llevar a cabo sus procedimientos de contratación de personal, y, de hecho, todos sus procedimientos, con la máxima apertura y transparencia para evitar las sospechas de parcialidad, injusticia e incompetencia administrativa.
También debemos asegurarnos de que los procedimientos fomentan la contratación de mujeres para todos los grupos salariales, incluidos los grupos salariales superiores, en los que están escasamente representadas. Nos gustaría también llamar la atención sobre los puestos temporales y auxiliares en las instituciones, oficinas y órganos de la Comunidad y de la Unión. Deberían publicarse en el Diario Oficial, en la prensa y en internet para garantizar una verdadera competencia. Los puestos de alto rango deben garantizar que se recompensan los méritos y que todos los puestos vacantes, incluso los de mayor nivel, se publican en el Diario Oficial y en internet.
Asimismo, debe obligarse a las personas empleadas en los despachos privados de los miembros de la Comisión a que participen en un proceso general de selección antes de poder ocupar otra vacante en la institución en cuestión. Señalamos, por ejemplo, que el antiguo jefe de gabinete del Sr. Prodi fue trasladado a otro puesto en la jerarquía de la Comisión. Esperamos que comprenda que debería dimitir cuando el mandato de la actual Comisión termine, puesto que nunca ha aprobado ninguna oposición de la Comisión.
Es moneda corriente en toda la Unión la dificultad de conseguir trabajos a no ser que se esté bien conectado. Tenemos que hacer todo lo que podamos por que esa moneda corriente no sólo sea falsa sino que, además, parezca falsa.

Fourtou
Señor Presidente, el Sr. Bösch ha realizado un excelente informe y hay que agradecérselo al igual que a la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la persona de la Sra. Hautala. En este asunto hay que felicitar a todos los protagonistas. Al Defensor del Pueblo europeo, por su iniciativa, su voluntad de transparencia y su atención extrema a las relaciones de los ciudadanos con la administración europea. Hay que felicitar también a la Comisión que, tras algunas reticencias, ha colaborado plenamente con el Defensor del Pueblo europeo y ha estimado las demandas de éste, principalmente la recomendación objeto de este informe.
Nos ha parecido legítimo que un candidato pueda tener acceso a su copia corregida, ya que el acceso a los documentos es un derecho fundamental, reconocido además por la Carta de derechos fundamentales que acabamos de aprobar esta semana. De la misma manera, encontramos totalmente justificado que el candidato pueda llevar después de la prueba el texto de un cuestionario que haya servido de tema para dicha prueba. Las medidas de contratación necesitan mucha transparencia para evitar cualquier abuso, eso es evidente.
Sin embargo, nos parece que es necesaria una cierta flexibilidad. No debemos contribuir a fijar dispositivos que pueden aplicarse a instituciones tan diferentes como la Comisión o el Tribunal de Justicia. No creo tampoco que sea necesario sobrecargar algunos procesos mediante dispositivos onerosos, desproporcionados con respecto a la realidad de los riesgos de conflicto. Me refiero aquí a una enmienda relativa a la exigencia de la prueba indiscutible del desarrollo de una prueba oral, por ejemplo.
Nuestro Grupo se ha sentido muy satisfecho por la votación en la Comisión de Peticiones. El ponente ha propuesto nuevas enmiendas en el Pleno. Las hemos estudiado y podemos aceptar tres que están en la línea de nuestra votación en comisión. Las demás nos parecen difícilmente realizables, o incluso fuera de lugar.
Para concluir, diré que nos alegramos de que la Comisión se haya sumado a las recomendaciones del Defensor del Pueblo europeo. Este diálogo entre el Defensor del Pueblo europeo y la Comisión es la prueba de la voluntad de ésta de llevar una política de transparencia y buena administración. Esta voluntad es beneficiosa para la aproximación de las instituciones y los ciudadanos europeos, es también, evidentemente, la manifestación palmaria de la utilidad del Defensor del Pueblo europeo y de su eficacia.

Iivari
Señor Presidente, el cargo del Defensor del Pueblo se instituyó en el Tratado de Maastricht simultáneamente a la adopción del concepto de ciudadano de la Unión. El Defensor del Pueblo es el encargado de defender los intereses de los ciudadanos ante las instituciones. Tal y como presupone su cargo, el Defensor del Pueblo, Sr. Jacob Söderman, trabaja en favor de los ciudadanos y por que la buena administración eche raíces en la Unión. Todos sabemos que todavía queda mucho por hacer en este sentido. Sin embargo, la adopción de procedimientos administrativos óptimos, transparentes y eficaces es de una importancia fundamental para que la Unión Europea consiga contar con el apoyo y la confianza de los ciudadanos en mayor grado del actual.
Esta vez estamos debatiendo el informe del Defensor del Pueblo sobre el secreto practicado en los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión. El informe contiene recomendaciones que la Comsión ya ha empezado a aplicar. El ponente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Sr. Herbert Bösch, indica en la argumentación de su informe que los principios que han fundamentado las recomendaciones del Defensor del Pueblo resultaron ser los mismos principios que acata el Parlamento Europeo, o sea, la corrección, la transparencia y el deseo de infundir confianza. Así debe ser. El Parlamento es un órgano elegido directamente por el pueblo. Su misión, además de los poderes legislativos, es controlar el funcionamiento del aparato burocrático en nombre de los ciudadanos. Así pues, el Parlamento y el Defensor del Pueblo deben actuar al unísono.
El informe de la Comisión de Peticiones señala que la comisión parlamentaria aprueba el informe especial que nos ocupa y, en particular, el punto en el que se quieren mejorar las impresiones de los ciudadanos sobre los procedimientos de los concursos de las instituciones. Una de las propuestas centrales del Defensor del Pueblo, Sr. Söderman, tiene que ver con el derecho de los candidatos a acceder a sus pruebas ya corregidas. La comisión parlamentaria constata que la Comisión le comunicó al Defensor del Pueblo que adoptaría la recomendación al respecto a partir de principios de julio del año 2000. Asimismo, en el informe se insta a todas las instituciones y a todos los órganos de la Comunidad Europea para que permitan a los candidatos que así lo soliciten acceder a sus pruebas ya corregidas en los futuros concursos de oposiciones.
Nuestro colega, el Sr. Bösch, ya ha expuesto brevemente aquí las enmiendas que se han hecho a este informe. Espero que éstas cuenten con el apoyo del Pleno.

Wyn
Señor Presidente, si la Unión Europea ha de tener algún futuro necesita del apoyo de sus ciudadanos y éste sólo puede lograrse si la gente confía en la Unión y en sus instituciones. Tal y como están las cosas, con demasiada frecuencia se ven las instituciones como distantes y burocráticas; algo que ha tenido repercusiones negativas para el Parlamento como prueba, por ejemplo, la escasa participación de las últimas elecciones.
Participar en oposiciones de la Unión Europea es para mucha gente su primer acercamiento a las instituciones europeas. Cualquier duda sobre la objetividad de las oposiciones debe, por tanto, tomarse en serio. El hecho de que estas oposiciones hayan estado rodeadas de sospechas de irregularidad y de favoritismos en los medios de comunicación ha sido bastante dañino para la percepción pública de las instituciones. El contar con un buen personal y con unos buenos cargos es, en sí mismo, esencial para el buen funcionamiento de las instituciones y esto sólo puede garantizarse si el procedimiento de contratación es imparcial y lo más objetivo posible. La transparencia en el procedimiento, con el debido respeto a la independencia de los tribunales, es esencial a estos efectos. Permitir a los candidatos ver sus exámenes corregidos es un medio sencillo de aumentar la transparencia y la confianza en el procedimiento de contratación de los funcionarios europeos.
La iniciativa y las recomendaciones del Defensor del Pueblo pueden, por tanto, acogerse de modo muy favorable al igual que la decisión de la Comisión de adoptarlas. El ejemplo debería seguirlo el resto de las instituciones y órganos, como ha recomendado la Comisión de Peticiones. Es vital para la construcción y administración de una comunidad multinacional como es la UE que no haya sospecha alguna de discriminación entre candidatos a puestos en la administración, ya sea por motivos nacionales u otros. Por consiguiente, agradezco al Defensor del Pueblo su informe, que apoyo plenamente. También agradezco a la Comisión que haya decidido seguir la recomendación del Defensor del Pueblo y permitir a los candidatos el acceso a sus pruebas corregidas en futuras oposiciones. Pido al resto de las instituciones que sigan este ejemplo.

Turco
Señor Presidente, los diputados de la Lista Bonino respaldan con convicción el informe del Sr. Bösch y, al no tener esos prejuicios ideológicos que con frecuencia caracterizan la actitud de algunos miembros del Grupo Socialista hacia nosotros, quisiera agradecer a dicho Grupo las enmiendas que ha presentado.
Se trata de unas enmiendas sumamente claras, sintéticas y pragmáticas que representan la verdadera reforma, es decir, la única reforma digna de este nombre que las Instituciones europeas deberían aprobar en materia de procedimiento para contratación de personal. Sin embargo, entre las nobles palabras y los nobles principios que expresa el Defensor del Pueblo Europeo y la práctica no siempre las cosas son tan breves y claras. Tras haber formulado sendas preguntas a la Comisión sobre la gestión y la organización de la última oposición interna, recibí respuestas concretas y detalladas. De las mismas afloraba un caso claro de mala administración, por no decir de abuso de poder por parte del Director General de Personal y, en la segunda respuesta a la pregunta, esta responsabilidad se atribuía también al Comisario Kinnock. Ante este hecho, formulé una denuncia al Defensor del Pueblo Europeo. En su respuesta, el Defensor del Pueblo decía que no abriría una investigación, ya que la oposición se encontraba en una fase avanzada.
Lamentablemente, no tenía ni tengo esas facultades paranormales que permiten conocer los hechos antes que sucedan. Y no sólo: el apartado 4 del artículo 2 de la decisión del Parlamento Europeo relativa al Estatuto y las condiciones generales para el ejercicio de las funciones de Mediador del Pueblo Europeo, prevé que la denuncia se ha de presentar en el plazo de dos años a partir de la fecha en que el denunciante haya tenido conocimiento de los hechos que la justifican.
Por lo que se refiere a mis funciones y a mis responsabilidades políticas, esta decisión del Defensor del Pueblo es una defensa de oficio de la Comisión, a pesar de no ser éste el mandato que el Defensor del Pueblo Sr. Söderman ha recibido de este Parlamento.

Deva
Señor Presidente, antes de comenzar quisiera recomendar que a la vez que sustituyen el cableado podrían pintar todas las paredes negras de blanco o de otro color. Permítanme que felicite al Sr. Bösch por su excelente informe y que felicite también al Defensor del Pueblo Europeo por el trabajo que está realizando. Sé que, aunque esto fue antes de que yo llegara, en esta Cámara se planteó si había que tener un Defensor del Pueblo porque podría parecer un conflicto de intereses. Pero la historia ha demostrado que no es así y que un Defensor del Pueblo trabaja muchísimo para proteger los intereses de nuestros electores y constituye un punto de acceso para legitimar las quejas y descubrir lo que se ha hecho mal.
Tuve el privilegio de participar en el comité de investigación del defensor del pueblo en la Cámara de los Comunes y era un comité muy poderoso. Podíamos citar a cualquier persona del país ante el comité del defensor del pueblo, y el procedimiento de este comité de investigación, al que me referiré dentro de un par de minutos, es algo de lo que podríamos aprender. Los ciudadanos de la Unión Europea deberían recibir una impresión positiva cuando tratan con las instituciones europeas. La pregunta es: ¿se ha logrado esto? Me temo que la respuesta es sencillamente "no". Sin duda, como indica el informe, se están haciendo mejoras.
Felicito a la Comisión por aceptar las cuatro recomendaciones recogidas en el informe especial del Defensor del Pueblo. El acceso a los documentos públicos por parte de los ciudadanos de la Unión es un signo distintivo de una democracia responsable y que funciona plenamente. El que los candidatos a puestos en las instituciones comunitarias puedan ver sus exámenes corregidos muestra que las instituciones tienen confianza en el modo en que llevan a cabo sus procesos de solicitud y selección. Es un signo distintivo de una democracia segura de sí misma el que los procesos por los que se realiza la selección sean abiertos y no se recurra a confidencialidad ni secretismo alguno.
En el comité de investigación de la Cámara de los Comunes teníamos la facultad de establecer un régimen de seguimiento de todos los niveles del ejecutivo, no sólo de los ministros, como hacemos aquí controlando a la Comisión que acude a esta Cámara y responde a nuestras preguntas, sino también mediante sesiones de dos horas con el ministro en cuestión y presencia de los funcionarios en las que los diputados podían plantear preguntas y estar preparados para hacer preguntas detalladas y para obtener respuestas detalladas. Así se empieza a abrir el proceso del gobierno y a hacerlo transparente. En nuestra resolución hablamos del gobierno transparente y deberíamos empezar a aplicarlo en el Parlamento Europeo.

Koukiadis
Señor Presidente, quisiera también yo expresar mi felicitación tanto al ponente cuanto a la redactora del dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos. No obstante, felicitaciones, merece, principalmente, claro está, el Sr. Södermann, el cual, funcionando como perfecto receptor de muchas denuncias de ciudadanos europeos por la inapropiada gestión de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión, ha elaborado un informe de propia iniciativa al objeto de brindar una solución a este problema. Resulta satisfactorio que la Comisión haya aceptado muchas de las recomendaciones del Defensor del Pueblo. No obstante, creo que sigue existiendo un vacío, puesto que se niega a configurar un sistema integrado de principios con directrices precisas que conduzcan a la plena objetividad en los concursos para la contratación de personal.
Y, sin embargo, sólo así, se limitarán las arbitrariedades y a las consiguientes protestas -fundadas o no, eso lo desconocemos- sobre oposiciones con resultados prefijados. Los problemas técnicos, por muy complicados que sean, no pueden erigirse en obstáculo al objetivo político de transparencia. Si las cosas fueran así, no habría razón alguna para debatir siquiera sobre transparencia. El propio Presidente de la Comisión repetidamente nos ha prometido que la transparencia en la gestión de los asuntos europeos constituye una prioridad absoluta. No creo, pues, que cuando proclamó esto ignorara los inconvenientes para la materialización de ese objetivo.
Quisiera decir, para concluir, que la Comisión está obligada a avenirse a las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo, así como también a conformar un sistema integral de exámenes objetivos; y ello por dos razones principales: primero, porque está legalmente obligada por el artículo 255 del Tratado, que, tal y como quedó revisado en el Tratado de Amsterdam, introduce el principio de transparencia. Por esta razón, llamamos al Consejo a colaborar con la Comisión en la preparación del reglamento correspondiente. Segundo, porque desde un punto de vista estrictamente político, constituye un presupuesto fundamental para el fortalecimiento de su propia credibilidad. La Unión Europea, a diferencia de los estados que poseen un largo pasado, tiene una breve historia. Y por ello debe crear expectativas de algo nuevo. Y lo nuevo en este caso es que deberá guiarse en sus prácticas por la búsqueda de la excelencia y evitar todo lo que, de acuerdo con nuestra experiencia, pueda restarle credibilidad en los propios países miembros.
La Unión Europea tiene más necesidad que los estados miembros de mostrar un rostro fiable, porque, a diferencia de los estados miembros, que tienen otros vínculos con los ciudadanos, como, por ejemplo, los que establece el origen compartido, el único agente de cohesión con el que cuenta la Unión Europea es la aspiración al respeto del ciudadano europeo.

Solbes
. Señor Presidente, en primer lugar querría agradecer al Sr. Bösch su informe, que la Comisión acoge de forma favorable. Algunas de sus peticiones ya están puestas en marcha. Por ejemplo, ya se permite que los candidatos se lleven consigo las preguntas de los exámenes, que los criterios generales de evaluación se comuniquen a los candidatos que así lo solicitan, que la lista de aprobados se publique en el Diario Oficial, o que la composición del tribunal de la oposición se publique en el Diario Oficial, en el caso de las oposiciones generales, y en el sitio web de la Comisión, en el caso de oposiciones internas o restringidas.
La Comisión trata de ser lo más objetiva posible y respecto a un par de cuestiones que se han suscitado en el debate me gustaría hacer dos comentarios. Primero, en los exámenes que se hacen por parte de la Comisión, las correcciones se hacen siempre de forma anónima. Los candidatos no son conocidos, no están identificados por su nombre, sino por un código secreto. En segundo lugar, respecto de las lenguas, los exámenes se hacen y se corrigen en las lenguas nacionales y los test no se convierten de una lengua a otra antes de la corrección. Por lo tanto, se intenta tener el máximo de seguridades y de garantías para que los exámenes se realicen de la forma más equitativa y más aceptable para todo el mundo.
El punto que hoy interesaba seguramente más en el debate del informe del Sr. Bösch es qué sucede con el acceso a los exámenes ya corregidos por parte de los candidatos. El Presidente Prodi ya en su día se refirió a este tema. En este momento puedo confirmar algo que ya viene en el Libro Blanco sobre la reforma de la Comisión, concretamente en la medida 29 referida a la mejora de la transparencia en beneficio de los candidatos, donde se dice que "finalmente y en consonancia con la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión permitirá a los candidatos acceder a sus pruebas corregidas en todas las oposiciones convocadas a partir de julio de 2002".
La preocupación de algunos de sus Señorías es por qué julio de 2002. Pues precisamente por esa misma preocupación de transparencia y de conocimiento del procedimiento que ustedes plantean. Incluso un tema como la posibilidad de acceder a la revisión de los exámenes exige algunos pasos previos desde el punto de vista administrativo: de qué forma se lleva a cabo esa revisión de los exámenes, quién está habilitado para ello, cómo y ante quién deben plantearse ese tipo de procedimientos.
Desde el punto de vista de la Comisión, el compromiso en este tema es absoluto y esperamos que tan pronto como estas medidas estén en marcha, se apliquen de forma general.
Por último, la Comisión puede evidentemente comprometerse por sí misma. Respecto a otras instituciones, depende de las mismas la posibilidad de adoptar los procedimientos planteados en este informe o en las peticiones del Defensor del Pueblo.

El Presidente
Gracias, señor Comisario. Ha sido un colofón muy satisfactorio a un debate muy satisfactorio.

Turco
Señor Presidente, no quiero formular una pregunta - está claro que el Comisario Solbes no es el responsable - no obstante, tomo nota de la declaración acerca de que se podrá acceder a las pruebas corregidas a partir de julio de 2002. Hace tan sólo unos meses, el Presidente Prodi sostenía que, a partir de julio de 2000, todas las oposiciones preverían esta opción. ¿Esto qué significa? ¿Acaso la famosa reforma se aplaza para dentro de dos años?

Solbes
. No, señor Turco, significa una de estas dos cosas. O bien que yo me he equivocado al leer el texto -evidentemente estaba hablando de 2000- o bien que la interpretación se ha equivocado al traducirme. Evidentemente estaba hablando de julio de 2000.

MacCormick
Señor Presidente, una cuestión de orden. En su intervención, el Sr. Deva ha llamado la atención sobre el hecho de que en esta Cámara no somos muy buenos interrogando. Eso quedo muy claro anoche durante el Turno de Preguntas al Consejo. La sesión acabó, de hecho, antes de lo previsto pero, aún así, las preguntas al Consejo se han convertido, a mi modo de ver, en un mero ejercicio de fomentar la evasiva. A esto se añade la imposibilidad de que un diputado disponga de más de una pregunta oral. No tiene ningún sentido interrogar al Consejo. Quisiera sugerir que la Mesa estudiara en algún momento la cuestión de si puede permitirse a un diputado que limite su primera pregunta oral a menos de medio minuto disponer de una segunda pregunta.

El Presidente
Eso esta fuera de lugar al cierre de este debate pero quizás desee usted dirigirse por escrito al Vicepresidente encargado de las reformas para ver si puede incorporarse de alguna manera.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9 horas.
(Se levanta la sesión a las 19.12 horas).

