Reanudación del período de sesiones
La Presidenta
Declaro reanudada la sesión del Parlamento Europeo, interrumpida el jueves 4 de octubre de 2001.

Comunicación de la Presidenta
La Presidenta
Recordarán, Señorías, que el pasado 8 de octubre, 104 pasajeros y 4 empleados del aeropuerto de Linate perdieron la vida en un trágico accidente entre una avioneta y un avión de SAS que debía efectuar el trayecto Milán-Copenhague.
Nada más conocer esta catástrofe, envié un mensaje de condolencia al Presidente del Consejo Italiano, así como al Primer Ministro danés. Dado que al día siguiente efectuaba una visita oficial a Dinamarca, también transmití personalmente el mismo mensaje a las distintas autoridades con las que tuve ocasión de entrevistarme. Pero tenía que testimoniar públicamente, una vez más, nuestra solidaridad y nuestra profunda simpatía para con las familias de las víctimas.

Orden de los trabajos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al examen del proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes.
Martes:
La Presidenta. Les señalo que tenemos la elección de un vicepresidente, en sustitución del Sr. Wiebenga. Esta elección tendrá lugar el martes a las 12 horas. Les recuerdo que el plazo de presentación de candidaturas finaliza esta tarde a las 18 horas.
De conformidad con el articulo 62, apartado 5, del Reglamento, he recibido escritos de oposición de 95 diputados a la aplicación del procedimiento de delegación de la facultad decisoria a una comisión en el informe del Sr. Corbey sobre envases y residuos de envases, previsto actualmente en la votación del martes a las 12 horas. Este informe se incluirá, por tanto, en el orden del día del próximo período de sesiones, según el procedimiento habitual.

Färm
Señora Presidenta, soy ponente del asunto sobre Macedonia que está en el orden del día de mañana. Sin embargo, la Comisión acaba de comunicarnos que este tema debe ser retirado. Como ponente, y también en nombre del Grupo PSE, propongo que nosotros también lo saquemos del orden del día de mañana, en virtud del artículo 14 del Reglamento. El motivo es que se nos ha informado que la Comisión quiere destinar más dinero para ayudar a Macedonia y prolongar el período de ayudas.
Por estos motivos, propongo que se retire esta materia del actual período de sesiones y que se incluya, en cambio, en las sesiones de noviembre. Por consiguiente, devolvemos el asunto a la Comisión de Presupuestos y a las comisiones que deban opinar sobre este asunto, es decir, a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Comisión de Industria.

La Presidenta
Puedo confirmarle estas informaciones completamente, señor Färm. En efecto, la Comisión está preparando actualmente una propuesta revisada para tener en cuenta las necesidades suplementarias de recursos financieros comunicadas por el Fondo Monetario Internacional.
¿Hay alguna objeción a la propuesta que acaba de formular el Sr. Färm, que se une también a la propuesta de la Comisión?
(El Parlamento da su conformidad)
   La Presidenta. De conformidad con el artículo 114, he recibido escritos de oposición de 37 diputados a la aplicación del procedimiento sin informe a la propuesta de decisión del Consejo relativa a la admisión de la Comunidad Europea en la Comisión del Codex Alimentarius, prevista actualmente en la votación del martes a las 12 horas.
Esta propuesta de decisión se devuelve, por tanto, para nuevo examen a la comisión competente.
El orden de los trabajos queda así fijado.

Borghezio
Señora Presidenta, intervengo sobre el orden del día, pues constato que en él no figura un asunto urgente que me permito señalar a la atención de la Presidencia y de sus Señorías. En virtud de una sorprendente y grave decisión, la fundación alemana "Memoria, responsabilidad y futuro", expresión del Gobierno alemán y de las empresas nacionales, ha adoptado el acuerdo de excluir a los internados militares italianos e incluso a una parte relevante de los internados civiles de la indemnización en favor de los ex trabajadores forzosos en Alemania al limitar las indemnizaciones a los civiles que fueron internados en los campos de exterminios propiamente dichos. Desde el punto de vista jurídico, estas exclusiones no se justifican e impedirían esa fuerte reconciliación entre los pueblos europeos divididos por las trágicas experiencias de la II Guerra Mundial. Me parece necesaria una reacción a fin de evitar esta grave discriminación en las indemnizaciones alemanas en detrimento de los internados militares y civiles italianos.

La Presidenta
Gracias, señor Borghezio.
Con mucho gusto tomamos nota de esta declaración.

Fatuzzo
Señora Presidenta, esta mañana me he levantado afónico. He perdido la voz, motivo por el cual no sé si mañana podré formular mis habituales explicaciones de voto. Aparte de esto, no estoy sentado cerca de mi amigo Borghezio por haber cambiado de Grupo, sino porque apoyo su propuesta de quejarse de la decisión de no indemnizar a los ex internados militares o civiles italianos. Todos ellos son personas de más de 75 años, por lo tanto, jubilados que el Gobierno italiano ha dejado sin pensión. En consecuencia, para estos ciudadanos italianos, que como muchos de nosotros sufrieron los horrores de la guerra, los daños son todavía mayores, puesto que, además de no tener derecho a dicha indemnización, son jubilados sin pensión.
  

Doyle
Señora Presidenta, teniendo en cuenta el punto hasta el cual los medios han tenido acceso a un informe que aun no se ha hecho público, encargado por el Comité de expertos para la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas de la UE, STOA, titulado "Los posibles efectos tóxicos de las centrales nucleares reprocesadoras de Sellafield y de Cap de la Hague" , ¿podría usted ocuparse inmediatamente de la publicación de este informe con el fin de procurar que todo el mundo pueda hacer comentarios fundados e informados, especialmente nosotros, miembros de este Parlamento de representantes elegidos democráticamente? Creo firmemente que todos los informes de las comisiones de esta Asamblea, cualquiera que sea su estatus, deberían estar a disposición de los diputados de esta Asamblea, por lo menos, antes que para las personas ajenas a la misma. Le solicito que haga lo necesario para la inmediata publicación de este informe.

La Presidenta
Señora Doyle, voy a examinar positivamente su solicitud.

Trakatellis
Señora Presidenta, como Presidente de la STOA, quisiera decirles que el Pleno de esta no ha hecho oficial todavía el estudio al que se ha referido mi ilustre colega, la Sra. Doyle. Esto tendrá lugar aquí, en la próxima sesión de Estrasburgo. Ustedes saben muy bien que este estudio cuenta con bastantes aspectos que debían ser examinados y se ha pedido su opinión a bastantes especialistas, porque queremos garantizar la credibilidad del estudio y la de la STOA. Cuando tengamos la decisión de su Pleno, se la comunicaremos para que, imagino, tomemos la decisión más correcta sobre una cuestión tan importante.

Perry
Señora Presidenta, en ausencia de nuestro Presidente, como Vicepresidente de la Comisión de Peticiones quisiera resaltar que nuestra comisión solicitó el informe del EOCT sobre los posibles efectos tóxicos de Sellafield en el Mar de Irlanda y de Cap de la Hague en el Canal de la Mancha.
La Comisión de Peticiones espera, con la misma impaciencia que cualquiera, que este informe sea publicado lo antes posible. Es importante que el informe, cuando sea aprobado por el EOCT, sea considerado absolutamente objetivo y científicamente independiente. Esta es la razón por la que ha sido sometido a una evaluación independiente. Si hemos planteado tal evaluación pienso que todos los diputados de esta Asamblea querrían ver publicado el informe. Pero ello no debería producirse en tanto subsistan dudas - y lamentablemente existen dudas - acerca de la objetividad del informe tal y como ahora ha sido presentado al Grupo de expertos del EOCT.
  

Cohn-Bendit
Señora Presidenta, he quedado sorprendido al leer en la prensa el resultado de las negociaciones de la Conferencia de Presidentes en relación con la concesión del premio Sajarov. Y la pregunta que me planteo es ¿dónde y cuándo, como diputados, tenemos la posibilidad de entender un poco por qué los presidentes, o la mayoría de los presidentes, o no sé quién, llegan a un acuerdo que contradice de tal modo a los diputados que han votado en la Comisión de Asuntos Exteriores?
Considero que esto es al menos escandaloso, y creo que hay un verdadero problema de funcionamiento en nuestro Parlamento, que es que en realidad no servimos para nada. Pasamos horas discutiendo, votando en la Comisión de Asuntos Exteriores y acto seguido el Sr. Poettering telefonea al Sr. Barón o el Sr. Barón telefonea al Sr. Poettering y se nos deja de lado. Quisiera simplemente decir que somos diputados que hemos sido elegidos con los mismos votos que el Sr. Poettering y que el Sr. Barón, y que no acepto que sean ellos los que hagan y deshagan en este Parlamento Europeo; por tanto, quiero que se discuta en sesión plenaria este método que consiste en tomar decisiones, como ha ocurrido la semana pasado con el premio Sajarov.
(Aplausos del Grupo Verts/ALE)

Poettering
Señora Presidenta, puesto que nuestro colega, el Sr. Cohn-Bendit, se ha dirigido a mí, me gustaría responderle en el Pleno. La Conferencia de Presidentes ha confirmado el voto mayoritario de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y ha propuesto también al clasificado en segundo lugar, que también consiguió un elevado número de votos, de suerte que están propuestas tres personalidades. Por lo demás, quisiera decirle, señor Cohn-Bendit, que, cuando usted guste, estoy a su disposición, no sólo por teléfono, sino también para mantener cualquier conversación personal privada.

Barón Crespo
Señora Presidenta, he hablado por teléfono con el Sr. Poettering, he hablado personalmente con el Sr. Wurtz, con la Sra. Hautala y con el Sr. Lannoye. En primer lugar, no creo que sea un delito hablar entre diputados; en segundo lugar, la Conferencia de Presidentes ha respetado la propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores. La prueba es que se ha concedido el premio por una muy amplia mayoría a la propuesta conjunta israelopalestina y a la propuesta del obispo de Angola; además, a iniciativa suya, Señora Presidenta, también va a tenerse una atención especial con la Sra. Sedrine, la periodista tunecina. Yo rogaría a los colegas, especialmente al Sr. Cohn-Bendit, que tuvieran un poco más de cuidado con lo que dicen porque, además de que se ha respetado la decisión de la Comisión de Asuntos Exteriores, lo único que hubiera faltado es que, en un momento político tan delicado como éste, hubiéramos planteado una guerra de religiones entre un judío, un musulmán y un católico. Eso me parece absolutamente inaceptable.

Wurtz
Señora Presidenta, he tenido ocasión de decir antes de la deliberación en la Conferencia de Presidentes lo que pensaba de esta cuestión. Creo que hoy no es el momento para la polémica ni para las disputas de procedimiento, sobre este punto. Por mi parte, me felicito profundamente de que una cuasimayoría, en la Conferencia de Presidentes, se haya desmarcado para conceder el premio Sajarov al Sr. Ghazzawi y a la Sra. Peled, que simbolizan, a mi modo de ver, algo a lo que muchos de nosotros aspiramos, es decir a dar esperanza a las que y a los que, en esta región tan castigada como es Oriente Próximo, quieren encontrar la vía del diálogo y de la paz.
Y desde este punto de vista, señora Presidenta, pienso tal como el propio Consejo Europeo se ha expresado en este sentido, es decir que deberíamos pedir al gobierno Sharon que respete la legalidad internacional y retire con la máxima urgencia sus carros de combate y sus tropas de los territorios palestinos autónomos. Pienso que con el espíritu de este premio Sajarov sería con el que usted, señora Presidenta, si estuviera de acuerdo en ello, podría expresarse en este sentido en nombre nuestro ante el gobierno Sharon. Le doy la gracias señora Presidenta.

La Presidenta
Señor Wurtz, creo que los aplausos que acabo de escuchar hacen que con mucho gusto pueda hacer esta gestión que usted desea.

Cohn-Bendit
Una puntualización, señor Barón, cuando se da el premio a una musulmana y a un judío, es el símbolo de que no es una guerra de religión, y no se está obligado, si se tiene valor, a añadir que se necesita un católico, puesto que no deja de ser una guerra de religión. Pues bien, usted dice que la decisión no era dos musulmanes, sino que era un judío o una judía y un musulmán. Esto es todo lo que hay que decir y es por lo que mantengo que es una falta de valor y de visión histórica el haber diluido en el agua la fuerza de la propuesta de la Comisión de Asuntos Exteriores.

Barón Crespo
Señora Presidenta, África también existe. Hemos estado en la Conferencia de Durban y es importante que también demos una señal de esperanza para los conflictos que existen en África. Por lo demás, me congratulo por la unanimidad que está teniendo este premio y la apoyo como usted merece.
  

Alyssandrakis
Señora Presidenta, señores colegas, hace pocos días otros cinco trabajadores perdieron la vida tras la explosión de la cisterna del buque que estaban arreglando en Salamina.
Es la enésima vez que la clase trabajadora de mi país paga con sangre la falta de medidas de seguridad elementales, consecuencia de la impunidad de los armadores y de la privatización de los servicios de control, que expiden certificados siguiendo los intereses de los propietarios de los buques y no el respeto a la vida de los trabajadores. El Gobierno griego es cómplice porque no toma ninguna medida a pesar de los múltiples accidentes.
Desde esta tribuna, señora Presidenta, quiero expresar nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas y condenar terminantemente la impunidad de la patronal y la política del Gobierno griego.
En Toulouse o en Salamina, la clase obrera es conducida al altar para ser sacrificada en aras de la competitividad de la economía y para garantizar mayores beneficios.

Blak
Señora Presidenta, no sé si usted recuerda que hace un par de meses critiqué airadamente el trato poco equitativo que recibíamos los daneses. No teníamos posibilidad de ver la televisión danesa. Les pedí a usted y a la Sra. Banotti que intervinieran en este caso y me gustaría decir que la Sra. Banotti nuevamente ha demostrado su competencia en estos temas. Ahora los daneses hemos vuelto a disponer de televisión danesa. Estamos alegres y felices y como puede ver la Sra. Banotti, lo celebro con mis colores nacionales -la chaqueta roja y la elegante camisa blanca de Håndværkerbanken de Næstved. Así puede ver que estamos realmente contentos de disponer ahora de televisión danesa.

Villiers
Señora Presidenta, deseo dejar constancia en Acta de mi decepción por que no podamos debatir esta semana acerca de la directiva sobre blanqueo de dinero. Gracias a la intensa labor del Comité de Conciliación y de aquellos miembros de esta Asamblea que han estado trabajando en esta directiva, nos encontramos en el punto de poder concluir un acuerdo con el Consejo Europeo y es de lamentar que no podamos introducir esto en la agenda de esta semana.
Esta directiva es tan importante en la lucha contra el terrorismo como las bombas que están siendo lanzadas sobre Afganistán o los esfuerzos de aquellos que están arriesgando sus vidas allí. Se trata de algo que deberíamos solucionar tan pronto como sea posible, porque privar a los terroristas de sus fondos tiene la misma relevancia que someterlos a ataques militares. Confío en que esta Asamblea actúe rápidamente cuando este asunto le sea planteado en la próxima sesión plenaria. Lamento que no haya sido posible introducirlo en la agenda de este mes.

Provan
Señora Presidenta, desconocía que esto fuera a plantearse y por ello pido disculpas a la Sra. Villiers por no haber podido dirigirme a ella antes respecto de este asunto. Está muy en lo cierto al decir que hemos alcanzado un acuerdo con el Consejo y ahora depende del Parlamento que haya una tercera lectura. Hemos ejercido muchísima presión - y usted, señora Presidenta, ha sido partícipe - para llegar a una situación que nos permitiera ser flexibles y actuar rápidamente como parlamento. Lamentablemente, hemos de aguardar a la documentación del Consejo en las 11 lenguas comunitarias antes de poder aprobar efectivamente la posición del Consejo y poder llegar a una conclusión en una tercera lectura. Por consiguiente, lamentablemente, es por una cuestión de coordinación temporal, a causa del registro de los documentos y la traducción, etc. que no hemos podido ser flexibles. He presionado todo lo posible, pero lamentablemente no ha podido lograrse.

Ludford
Señora Presidenta, mi Grupo también hubiese querido que la directiva de blanqueo de dinero hubiese sido aprobada antes. De hecho, hubiéramos querido verla culminada antes de las vacaciones de verano. Pero fue el propio Grupo de la Sra. Villiers el que se opuso a la obligación de los abogados a informar sobre transacciones sospechosas y, por consiguiente, ha retrasado la resolución final de este asunto durante seis meses desde nuestra votación plenaria en abril. Me complace decir que el resultado de la conciliación no refleja ese rechazo y que los abogados tendrán la obligación de dirigirse a las autoridades cuando tengan razones para pensar que sus clientes solicitan asesoramiento para realizar operaciones de blanqueo de dinero.
Celebro que este haya sido el resultado final. Lamento profundamente que haya llevado tanto tiempo. Me temo que ha sido el propio grupo de la Sra. Villiers - de hecho su propia delegación en el seno de ese grupo - el que ha causado este largo y lamentable retraso.
  

Bushill-Matthews
Señora Presidenta, quisiera plantear brevemente un asunto que me preocupa seriamente, y quizá también a otros en esta Asamblea, sobre la cuestión de la discriminación. Esta Asamblea rechaza justamente toda forma de discriminación y recibimos opiniones respecto de este asunto de todas partes, incluyendo el Comité Económico y Social. Ahora parece ser que en el propio Comité existen prácticas discriminatorias por causa de la edad, siendo imposible solicitar un puesto de trabajo si no se es menor de 45 años. Señora Presidenta, quisiera sugerirle que se dirija a ellos en la forma de una cuestión de urgencia para comprobar si esto es cierto, y si lo es, acaso amenazarles con bloquear la recepción de sus opiniones hasta que eliminen tal discriminación. Ciertamente, debe ser posible trabajar en cualquier institución a cualquier edad, ¡incluso si se es tan viejo como lo soy yo!

La Presidenta
Le doy las gracias. Vamos a comprobar las cosas, en el sentido que usted desea.
  

De Rossa
Señora Presidenta, quisiera intervenir con relación a un asunto que ya planteé en el anterior periodo parcial de sesiones, en concreto, la difícil situación de las líneas aéreas europeas, que actualmente se enfrentan a su efectiva desaparición. Se estima que la industria de la aviación europea perderá de aquí a finales de año aproximadamente 2.500 millones de euros y que desaparecerán unos 20.000 puestos de trabajo. La respuesta de la Comisión a esta situación, no obstante, ha sido fría y de carácter ideológico. Ha querido utilizar la crisis provocada por las atrocidades cometidas el 11 de septiembre para reorganizar la industria y asegurarse de que algunas empresas, que acaso podían o no haber sobrevivido al normal desarrollo de las operaciones económicas, se vean obligadas a cerrar.
Insto a la Comisión a que emplee cierta sagacidad política en el tratamiento de esta situación. Si el proyecto europeo no cuenta con el apoyo del pueblo europeo, no tendrá éxito, y la Comisión no se está dando cuenta de ello. Cada puesto de trabajo que se pierda en la industria de la aviación europea, como resultado de las decisiones de la Comisión, generará una creciente masa de resentimiento hacia Europa, no hacia los gobiernos nacionales, que probablemente estén desarrollando sus propias agendas. La Comisión deber revisar urgentemente su estrategia para la industria de la aviación.
  

Onesta
Señora Presidenta, estamos en nuestra segunda sesión, aquí, en el mes de octubre.
Recuerde usted que en nuestra primera sesión modificamos nuestro orden del día en el último minuto para poder debatir y votar sobre el terrible accidente ocurrido en la fábrica AZF de Toulouse. Pues bien, anteayer, esta misma fábrica ha vertido en el Garona -el río que atraviesa la ciudad de Toulouse- varias toneladas de amoniaco.
Me dirijo por tanto a usted, señora Presidenta, para que vele por el seguimiento de nuestra resolución en la Comisión con el fin de que no se pierda en las arenas administrativas.
Creo que la impunidad y la arrogancia de los que contaminan debe toparse con la determinación de nuestro Parlamento.

La Presidenta
Iré con mucho gusto en el sentido que usted desea, señor Onesta.
  

Hautala
Señora Presidenta, quisiera hacer una declaración relacionada con la Sra. Patricia McKenna. Ella estaba participando hoy en una manifestación pacífica en la base nuclear de Faslane, Escocia, y ha sido detenida a las ocho de la mañana junto con doce estudiantes irlandeses. La Sra. McKenna ha expresado el ruego de que usted tenga en consideración que no está permitido detener a un diputado al Parlamento Europeo cuando se dirige a participar en las sesiones del Parlamento o cuando sale de las mismas. La diputada también quisiera que este ruego sirva para suscitar el debate sobre la ilegalidad de las armas nucleares. El Tribunal Penal Internacional ha constatado recientemente que la tenencia de armamento nuclear contraviene el Derecho internacional. Señora Presidenta, sé que algunos de los presentes están pensando que no hace falta pasar por Escocia para acudir a Estrasburgo; pues bien, yo sólo quiero limitarme a decir en la lengua materna de la Sra. Patricia McKenna lo siguiente: "what goes up, must come down" (todo lo que sube debe bajar).

La Presidenta
Señora Hautala, acabo de ser informada, en este instante, de lo de la Sra. McKenna y, evidentemente, voy a ver lo que podemos hacer por esta colega.
  

Ghilardotti
Señora Presidenta, quisiera agradecerle que al comienzo de la sesión haya recordado la tragedia acaecida en el aeropuerto de Linate en la que perdieron la vida 118 personas. Se está llevando a cabo una investigación para depurar responsabilidades. Lo cierto es que desde el principio se ha puesto de manifiesto que, lamentablemente, el error humano siempre es posible y en este caso lo fue también por la graves carencias de seguridad en ese aeropuerto que todos pensábamos que era seguro. Desde el punto de vista humano, creo que es imperativo que estos errores no se vuelvan a repetir y que un suceso tan dramático obligue a cada uno de los responsables a asumir el solemne compromiso de evitar estas tragedias en el futuro. Desde el punto de vista de la responsabilidad, tendríamos que pedir a la Comisión y al Consejo que sean más severos en cuanto a la imperiosa necesidad de seguridad en los aeropuertos para que dejen de ocurrir tragedias de este tipo.

La Presidenta
Señora Ghilardotti, creo que usted se adelanta un poco al debate que va a tener lugar dentro de algunos momentos, cuando hayamos terminado las cuestiones de orden.
  

Korakas
Señora Presidenta, desgraciadamente se han visto confirmados los temores que expresé desde el día siguiente al atentado terrorista en los Estados Unidos de América: la sangre de las miles de víctimas inocentes de América, se está utilizando como excusa para realizar un ataque bárbaro contra Afganistán, causando múltiples víctimas más, así como tremendos daños materiales.
Ya hoy, quince días después del comienzo del ataque, por las declaraciones de los líderes de los Estados Unidos está claro que el objetivo no es acabar con el terrorismo sino, entre otras cosas, controlar Asia central, con su gran riqueza natural y su situación geoestratégica especialmente importante.
Igualmente se ha visto confirmado mi temor, especialmente después del Consejo de Gand, de que explotarán el golpe para reforzar posteriormente los mecanismos capitalistas y la reducción de las libertades democráticas y las conquistas de los trabajadores y de nuestros pueblos. La Unión Europea se alínea, con los tres líderes, con los Estados Unidos en su desastrosa política para nuestros pueblos y para nuestro planeta.
Señora Presidenta, creo que si el Parlamento Europeo, en calidad de órgano electo de nuestros pueblos, quiere prestar servicio al sueño pacificador y democrático y a los deseos vehementes de nuestros pueblos, debe oponerse categóricamente a estas perspectivas, debe presionar a fin de que la Unión Europea se desvincule de ellas, que acabe la guerra, y que prefiramos la solución pacífica de las diferencias.
Pero al final, quien tiene la palabra son nuestros pueblos.

Sandbæk
Señora Presidenta, somos una pequeña delegación de diputados al Parlamento Europeo que acabamos de regresar de la Clínica Sainte Barbe aquí en Estrasburgo en la que un ex-ministro de Chechenia, el Sr. Ibragimov, ha sido hospitalizado después de haber llevado a cabo una huelga de hambre durante 27 días. Acudimos allí para hablar con el Sr. Ibragimov y para advertir al mundo de que esta huelga de hambre ha tenido lugar aquí, en Estrasburgo. El Sr. Ibragimov señaló naturalmente que deseaba que organismos y políticos internacionales trataran de persuadir al Presidente Putin para que detenga la guerra en Chechenia y respete los acuerdos contraídos entre Chechenia y Rusia, y me gustaría transmitir este mensaje suyo. El Sr. Ibragimov ha comenzado nuevamente a comer. Sigue muy débil, pero los defensores de los derechos humanos le han pedido que interrumpiera su huelga de hambre. Volverá a iniciarla posteriormente junto a otros defensores de los derechos humanos si no sucede nada con Chechenia en el futuro. Sin embargo, me pareció importante desplazarme hasta allí. Señora Presidenta, en mi opinión lo más importante es que no hemos de olvidar que los derechos humanos sufren una injusticia. Ahora que combatimos el terrorismo, no hemos de olvidar los derechos humanos, y me gustaría pedirle que ante el caso del Sr. Ibragimov manifieste su disposición a reunirse con él -si es posible- durante el próximo período de sesiones en Estrasburgo.

Consecuencias de los recientes acontecimientos para la seguridad de los transportes aéreos y de las instalaciones industriales, incluidas las centrales nucleares
La Presidenta
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la declaración de la Comisión sobre las consecuencias de los recientes acontecimientos para la seguridad de los transportes aéreos y de las instalaciones industriales, incluidas las centrales nucleares.
Doy seguidamente la palabra al Comisario, Sr. Vitorino.

Vitorino
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores diputados, en la última sesión plenaria del Parlamento ustedes debatieron las acciones que hay que iniciar en la lucha contra el terrorismo como consecuencia de los atentados del pasado 11 de septiembre. En nombre de mi colega, la Sra. de Palacio, quisiera hoy tratar con ustedes las consecuencias de estos acontecimientos para la seguridad del transporte aéreo, así como las implicaciones que acontecimientos similares podrían tener para ciertas instalaciones industriales, en particular para las centrales nucleares. Empezaré, por tanto, por la seguridad del transporte aéreo.
Como ustedes muy bien saben, el Consejo Europeo del 21 de septiembre pasado solicitó que se tomaran las medidas necesarias para reforzar la seguridad del transporte aéreo. Dando prueba de dinamismo, la Comisión ha reaccionado inmediatamente elaborando una respuesta comunitaria acorde con los atentados perpetrados en los Estados Unidos de América. Sin esperar más -como consecuencia de la petición formulada por el Consejo Europeo- la Comisión ha propuesto a los Estados miembros establecer un sistema de inspección mutua del tipo "dual review". Este sistema de control recíproco permitirá enviar expertos de un Estado miembro a inspeccionar los dispositivos de seguridad de los aeropuertos de otro Estado miembro. Hay que resaltar sin embargo que los Estados miembros son reticentes a encargar esta tarea a inspectores. Al día de hoy, únicamente dos Estados miembros han sometido a la Comisión propuestas relativas a los representantes que desean designar.
La Comisión, el pasado 10 de octubre, ha propuesto sobre todo un proyecto de reglamento del Parlamento y del Consejo que tiende a uniformizar, dentro de la Unión Europea, las normas de seguridad y de fiabilidad en el transporte aéreo, así como a dar a la Comisión el poder de ejecución y de inspección necesarios para garantizar su aplicación.
Concretamente, este texto se refiere al control de acceso a las zonas sensibles de los aeropuertos y de los aviones, al control de pasajeros y de equipajes de mano, al control y al seguimiento de los equipajes facturados, al control del flete y del correo y, por último, a la formación del personal de tierra.
La Sra. de Palacio ha presentado esta propuesta a la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo el mismo día de su aprobación, y esperamos que el Parlamento pueda examinarla en procedimiento de urgencia con el fin de permitir un acuerdo en el Consejo de diciembre, con la esperanza de que la codecisión pueda producirse en la primera lectura.
Por otra parte, un grupo ad hoc pluridisciplinar, compuesto por expertos en materia de seguridad aérea y de lucha antiterrorista, se ha constituido inmediatamente. Hasta ahora, lamentablemente, los trabajos de este grupo de expertos son poco concluyentes y el informe preliminar sometido al Consejo "Transportes" del pasado 16 de octubre, se limita, por una parte, a poner de manifiesto que queda mucho por hacer para garantizar una aplicación efectiva de las medidas de seguridad en todos los aeropuertos y, por otra parte, a identificar la necesidad de nuevas medidas para prevenir el comportamiento peligroso de algunos individuos en los aviones, como la prohibición de acceder a la cabina o el reforzamiento de la cooperación entre el control civil del tráfico aéreo y la utilización de medios militares de defensa aérea.
Estamos convencidos de que hay que avanzar sin reparar en obstáculos respecto a las propuestas que les hemos sometido. No solamente a causa de la falta de recomendaciones concretas del citado Grupo, sino también porque las instancias internacionales parecen sufrir dificultades para reaccionar rápidamente. Así, la Organización de Aviación Civil Internacional, que celebró su asamblea el pasado septiembre, se ha limitado únicamente al principio de la organización de una conferencia, cuya fecha no se ha fijado todavía. Es de esperar que por iniciativa de la Unión Europea, la OACI se encargue de que se aprueben las recomendaciones que se le han presentado con el fin de reforzar las normas internacionales de seguridad aplicables en los aeropuertos y al transporte aéreo. Sin embargo, ante este estado de hecho, los Estados Unidos han decidido naturalmente avanzar solos por su lado.
La Comisión considera que nos hace falta reforzar la cooperación para que las medidas de prevención se pongan en marcha de forma coordinada a ambos lados del Atlántico.
Con esta idea, hemos fijado un encuentro con nuestros colegas americanos, que se celebrará los próximos días 6 y 7 de noviembre, con el fin de crear un grupo de trabajo que reúna a las autoridades americanas y a la Comisión con objeto de coordinar los esfuerzos para garantizar el mayor nivel de seguridad posible, evitando al mismo tiempo que nuestras compañías aéreas estén sujetas a medidas desproporcionadas.
Paso ahora a las consecuencias que hubiera podido tener una acción terrorista como la del 11 de septiembre de 2001 si se hubiera perpetrado contra una instalación industrial o energética.
El sector nuclear -debido principalmente a exigencias de no proliferación y de radioprotección- es uno de los sectores de la actividad industrial en el que las normas de seguridad son más estrictas.
Habría sin embargo que mencionar también que otras instalaciones, menos protegidas, pueden ser vulnerables y susceptibles de provocar accidentes mortales de una dimensión considerable, ya se trate de industrias químicas -como fue el caso de Bhopal, en Seveso, y, recientemente en Toulouse- o de otras instalaciones energéticas, tales como las infraestructuras de gas natural, que no dejan de tener riesgo. El ejemplo de la rotura de algunos pantanos hidroeléctricos está en la memoria de todos.
Desde el pasado 11 de septiembre, las autoridades de los Estados miembros han reforzado los dispositivos de protección existentes y las medidas de protección física ya en vigor para las instalaciones de riesgo y muy especialmente para las instalaciones nucleares.
Estas medidas de protección física afectan principalmente al control de acceso a las instalaciones e incluyen la prohibición de sobrevolarlas.
Por lo que respecta a la ubicación de las instalaciones existentes, hay que resaltar que los riesgos son tenidos en cuenta bien de forma absoluta, bien en función de la probabilidad de accidente. De este modo, el riesgo de rotura del circuito de refrigeración primario, al que los terroristas podrían tener acceso, está previsto de forma absoluta y se ha establecido un dispositivo de seguridad contra este riesgo.
Otros riesgos dan lugar a apreciaciones específicas. Así ocurre especialmente con el riesgo sísmico, que se considera de forma distinta en función de la situación geográfica de la propia instalación.
La Comisión debe recordar al respecto que la ubicación y la construcción de centrales de energía nuclear son competencia exclusiva de los Estados miembros. Pero, más allá de las instalaciones nucleares propiamente dichas, hay que tener también en cuenta los riesgos relativos al transporte de material nuclear. Los transportes de materiales fuertemente radioactivos no representan en realidad más que una mínima parte de las operaciones con materiales nucleares y se efectúan de conformidad con las rigurosas disposiciones de las reglamentaciones internacionales y nacionales.
De forma general, la utilización de materias nucleares con fines terroristas requiere, además de la simple tenencia de materias fisibles, unas capacidades técnicas de almacenamiento, de transformación y de proyección que son muy difíciles de reunir sin despertar la atención de las autoridades.
Todo se pone en marcha a nivel comunitario, mediante la aplicación del capítulo VII del Tratado Euratom, para que un censo estricto de materiales nucleares impida cualquier desviación con fines no pacíficos.
Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en Nueva York demuestran la necesidad de reflexionar sobre los factores de vulnerabilidad de las instalaciones nucleares. Los servicios de la Comisión, en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía Atómica de Viena, proceden a su evaluación, especialmente en términos de seguridad de las instalaciones nucleares.
Esta reflexión debería mostrar en qué medida sería útil dar recomendaciones y completar la legislación existente a escala comunitaria y/o internacional. Hay que pensar principalmente en los convenios establecidos en el marco de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, como el convenio sobre protección física, que cubre, esencialmente, el transporte de material nuclear.
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, les doy las gracias por su atención.

Chichester
Los que estamos de este lado apoyamos completamente la respuesta de los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros y otros países, a los ataques del 11 de septiembre de 2001, así como el desarrollo de una estrategia multilateral global contra el terrorismo. Reconociendo la determinación de la Unión Europea y de sus Estados miembros por salvaguardar a sus ciudadanos de los actos terroristas, destacamos la necesidad de confortar a la población estableciendo el justo equilibrio entre la vigilancia y la garantía de la continuidad de la vida cotidiana.
Estimamos que cada Estado miembro debe realizar una completa revisión de su estrategia de seguridad para las infraestructuras e instalaciones, especialmente para aquellas que suponen un mayor riesgo, como por ejemplo las centrales nucleares. Nos consta que existe una verdadera preocupación por parte de la opinión pública en relación con estas cuestiones, pero quisiéramos resaltar la necesidad de mantener estos asuntos en la perspectiva correcta. Quisiera destacar que la seguridad de las centrales nucleares y otras instalaciones industriales similares es primordialmente una competencia y responsabilidad nacional. En este contexto, por ejemplo, esperamos que el gobierno del Reino Unido tome todas las medidas de protección necesarias a corto plazo, así como que asuma las decisiones pertinentes a largo plazo en relación con la eliminación de los desechos radiactivos.
Ciertamente, los sucesos acaecidos el 11 de septiembre en los Estados Unidos exigen la reevaluación del riesgo de un ataque sobre las instalaciones que antes considerábamos seguras, y saludo la declaración del Comisario. Tan sólo lamento que no le haya sido posible a la Comisaria Loyola de Palacio dirigirse a nosotros - nuestro deseo era mantener este debate en el próximo periodo parcial de sesiones.

McNally
Presidenta, la premisa básica del terrorismo es que lo inesperado, lo imprevisto, lo increíble aterrorizará a la población hasta la aceptación de las exigencias políticas, sean estas racionales o no.
Gracias, Comisario, por su declaración. Saludo la cooperación que usted ha resaltado y la especial atención que se prestará a las instalaciones nucleares. Confío en que los Estados miembros cooperen con la Comisión en esta tarea.
Nuestra reacción no debe ser otra que hacer todo lo posible para prevenir esa suerte de indiscriminada matanza, daño y caos que pudimos contemplar en los Estados Unidos. El transporte aéreo, las centrales nucleares, las plantas químicas y los depósitos de petróleo constituyen todos ellos evidentes objetivos de los terroristas. Éstos son diseñados, construidos y protegidos, por consiguiente, con un coste muy considerable para el público. El Gobierno francés protege ahora la planta procesadora en La Hague con aviones de combate y misiles. Sin duda el Reino Unido hace lo propio en Sellafield.
No podemos morar en las aviesas mentes de los terroristas, pero podemos pagar el alto precio de la protección. Podemos cooperar y podemos ser muy cuidadosos al construir o conservar efectivamente un potencial objetivo.
Las cosas no volverán a ser iguales después del 11 de septiembre, como muchos otros han dicho. Nadie pudo concebir el uso de un avión de pasajeros de gran tamaño y completamente lleno como un arma. Hemos de introducir ese factor en nuestras previsiones. Les pido que sigan informando al Parlamento. Queremos que los ciudadanos de Europa sepan que se ha hecho todo lo posible para que estén protegidos.

Isler Béguin
Señora Presidenta, señor Comisario, el momento es grave, muy grave. Los peores argumentos de ataques terroristas a centrales nucleares, denunciados desde hace mucho tiempo por los Verdes y los ciudadanos antinucleares, se convierten, por la fuerza de los acontecimientos, en hipótesis admitidas. La prueba de que los ataques aéreos a centrales nucleares son factibles, es que Francia ha recurrido al ejército para tratar de defender sus reactores. Las autoridades francesas, que siempre han barrido de un plumazo estas posibilidades de ataques terroristas, se ven hoy forzadas a reconocer la fragilidad de sus catedrales nucleares. Los misiles tierra aire desplegados alrededor de la planta de tratamiento de residuos de La Hague ¿serán creíblemente eficaces contra un ataque kamikaze? Las autoridades alemanas, así como la Agencia Atómica de Viena, reconocen que las centrales, incluso las más consistentes, no resistirían el impacto de un avión. En toda Europa y en el resto del mundo, el peligro es totalmente real, y multiplicado por el impresionante número de reactores nucleares. La seguridad de los ciudadanos no está hoy garantizada. Los ciudadanos están inquietos y tienen razones para estarlo. ¿Se había tomado en serio la Comisión estos argumentos de catástrofes? ¿Cómo piensa ésta garantizar hoy la seguridad de los ciudadanos? ¿Piensa la Comisión dar a conocer, como en Alemania, este estudio sobre la seguridad de las centrales? Por último, señora Presidenta, Señorías, lamento que los colegas de otros grupos no hayan juzgado oportuno que a este debate le siguiera una resolución.

Ainardi
Señora Presidenta, Señor Comisario, la cuestión de la seguridad del cielo europeo se plantea en términos de medidas inmediatas, urgentes. También se plantea en términos de medidas perennes dentro de las normas de seguridad en los aviones y en el embarque.
Tomo nota de las declaraciones de la Comisión, especialmente sobre las diferentes medidas adoptadas en materia de control de pasajeros, de equipajes de mano, así como de vuelos procedentes de terceros países, que me parecen sensatas.
Habrá que acelerar también la ejecución de los programas de seguridad relativos al control de equipajes facturados y garantizar la puesta en marcha de nuestras decisiones.
No insisto en lo que se ha dicho hace un momento sobre la escandalosa situación de AZF, tan solo unas semanas después de nuestros debates aquí.
En cuanto a la seguridad en el avión y en el embarque, el 11 de septiembre demuestra que deben adoptarse dos medidas en la fabricación de los aviones: el cierre de las cabinas, así como la instalación de circuitos de vídeo que permitan al piloto visualizar a las personas que se aproximan. En segundo lugar, la cuestión de los transpondedores. Los transpondedores transmiten al control aéreo el código del avión así como su posición. Los transpondedores deben estar precintados y ya no deben poder ser desconectados durante los vuelos, como ocurrió durante los ataques a los Estados Unidos.
Quisiera también llamar la atención del Parlamento sobre la cuestión de las ayudas al sector aéreo europeo. He encontrado francamente muy torpe, cuando no provocador por parte de la Comisión, abrir el debate sobre la concentración en el sector aéreo en estos momentos. Con el impacto económico que sufren las compañías, afirmar que en Europa sólo hay sitio para 4 ó 5 compañías aéreas viene a ser una llamada a la fusión, a las reestructuraciones y, por tanto, a los planes sociales.
Por otra parte, varias fuentes mencionan una disminución del 15 al 30% del tráfico aéreo, y la Asociación Europea de Transportistas Aéreos alude a una reducción total del tráfico de más del 7% en el horizonte de 2002, con pérdidas evaluadas en más de 3.000 millones de euros.
A mi modo de ver, las normas relativas a la ayuda pública a las compañías aéreas deben ampliarse con el fin de poder tener en consideración hasta en el más mínimo detalle todas las consecuencias del 11 de septiembre.
Para finalizar, quisiera decir por último que estos fondos públicos tienen por objeto ayudar a las empresas a seguir siendo viables. Es por tanto nuestro deber, en mi opinión, velar por su utilización y evitar cualquier despido en el sector.

Fitzsimons
Señor Presidente, los objetivos han cambiado, a tenor del insuperable nivel de inhumanidad que han mostrado los terroristas en la persecución de sus denominados objetivos políticos. Los terroristas están ahora dispuestos a emprender misiones suicidas. Esto significa sencillamente que la comunidad internacional debe reconsiderar completamente el mejor modo de introducir medidas de seguridad para vencer estos injustificables y premeditados actos terroristas.
Desde la perspectiva irlandesa, nos preocupan profundamente las medidas de protección y seguridad que se lleven a cabo en la central nuclear de Sellafield en Cumbria. En un momento en el que podría esperarse una reducción de las explotaciones nucleares en Gran Bretaña, el Gobierno británico ha anunciado la luz verde para las instalaciones nucleares MOX en Sellafield. En lugar de cerrar la central nuclear de Sellafield por motivos de seguridad, medioambientales y económicos el Gobierno Británico ha acordado el aumento de su actividad. Esto no solo constituye un problema para el pueblo irlandés: también es un problema para el pueblo británico y para toda la Unión Europea. Por ejemplo, ¿qué le parece al pueblo británico la idea de que los trenes que transportan material nuclear sigan atravesando Londres y otras ciudades británicas? Mientras el Gobierno estadounidense ha paralizado el movimiento de materiales potencialmente peligrosos, la BNFL insiste en que llevará sus trenes nucleares desde los reactores a su polémica planta reprocesadora de Sellafield.
En esta creciente atmósfera de terrorismo internacional, con certeza, resulta enormemente irresponsable proseguir con estos transportes. De igual modo, el transporte de material nuclear a través del Mar de Irlanda provoca escalofríos en muchos de los habitantes de Irlanda. Como representante de la costa oriental de Irlanda siempre me ha ofendido que el Mar de Irlanda sea utilizado como vertedero de las actividades de la British Nuclear Fuels. La decisión del Gobierno Británico de aumentar la actividad de la central nuclear de Sellafield es una decisión polémica desde cualquier punto de vista. El momento en el que se ha tomado la decisión, en cualquier caso, es absolutamente cínico, teniendo en cuenta que se tomó tras una cortina de humo en el mismo momento en que se declaraba la guerra al terrorismo. Esto constituye un caso claro en el que el Gobierno británico utiliza la guerra contra el terrorismo para desviar la atención sobre decisiones embarazosas y controvertidas. En este ambiente esto es sencillamente inaceptable.
La seguridad de la central de Sellafield es un motivo de preocupación para la Unión Europea en la misma medida que lo es para los gobiernos de Irlanda y el Reino Unido. El Gobierno británico debería tomar la honorable decisión de cerrar de una vez por todas este elefante blanco nuclear. Pero en las próximas semanas la Comisión debe y va a llevar a cabo una evaluación completa e independiente de todos los riesgos medioambientales para la salud pública, derivados de todas las actividades de la BNFL en la central nuclear de Sellafield. El pueblo de Irlanda está harto de las piadosas garantías de la BNFL y el Gobierno británico sobre los niveles de seguridad de Sellafield. Recientemente quedamos horrorizados al ver que la BNFL tuvo que recuperar material nuclear de Japón porque la documentación había sido falsificada. Después de este incidente ¿cómo puede una persona cabal creer, siquiera por un instante, lo que se escriba en un comunicado de prensa de la BNFL?
Les aseguro a todos los diputados de esta Asamblea que en Irlanda emprenderemos todas las vías políticas, legales y diplomáticas que estén a nuestro alcance para obligar al Gobierno británico a cerrar la central nuclear de Sellafield. Esta central nuclear de Sellafield no ha conseguido nada más que colmarnos a todos de miseria medioambiental.

Hatzidakis
Señor Presidente, señor Comisario, la crisis en el transporte aéreo que se agrava ante nosotros tras el atentado terrorista del 11 de septiembre, se intensifica, por supuesto, por causas como son los problemas estructurales de las compañías aéreas; la falta, por lo menos hasta el momento, de un cielo único europeo, que esperamos que sea realidad en breve, pero verdaderamente la crisis está en relación también con la inquietud existente entre el público sobre el régimen de la seguridad en el transporte aéreo. Y debemos tomar medidas lo más rápido posible.
Recientemente, en nuestra visita junto con la Delegación del Parlamento Europeo a la cumbre de la OACI en Montreal, habíamos dejado clara la postura europea, es decir, que hasta finales de año se deben tomar medidas a nivel ministerial en el ámbito internacional. Y por supuesto, si por un casual hay un retraso imprevisto en el ámbito internacional, creo que la Unión Europea deberá avanzar unilateralmente a fin de consolidar un clima de seguridad en el transporte aéreo.
Como sabemos, hace poco la Comisión proponía un primer paquete de medidas, con expresión más característica el documento 30 de la ECAC. La Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo del Parlamento Europeo se ha comprometido a examinarlo lo más rápidamente posible, para que a finales de año, tal como desea también el Consejo, estas medidas sean Derecho comunitario. En este sentido analizará cuanto antes las otras tres propuestas legislativas que acompañan a la seguridad.
También hay otro paquete de medidas sobre la seguridad en las cabinas de los aviones, sobre las cámaras de video, sobre la comunicación entre aire y tierra, etc. Es decir, las medidas a las que se ha referido el Sr. Comisario. En cuanto a esto, quiero decir que nosotros estamos intranquilos por el retraso existente y por la forma en que han trabajado hasta el momento los especialistas de los Estados miembros. Esperamos que capten el mensaje y que trabajen mejor de ahora en adelante.
Señor Presidente, estamos siendo testigos del serio perjuicio económico que sufren, además del transporte aéreo, el turismo y otros sectores de la economía. No estaríamos a la altura de las circunstancias si no diésemos lo mejor de nosotros mismos para hacer frente a esta crisis.

Linkohr
Señor Presidente, no cabe duda de que las instalaciones nucleares no son totalmente seguras frente a los ataques terroristas. Ningún reactor nuclear resistiría el impacto de un Boeing 747. Decir otra cosa sería, sencillamente, falso. Pero lo que se diga de las instalaciones nucleares ha de decirse también de otros sistemas técnicos. El Sr. Vitorino se ha referido con razón a que una presa puede ser destruida también, y las consecuencias - tal como muestra una mirada retrospectiva a la Segunda Guerra Mundial - pueden ser devastadoras.
Pero igualmente terrible podría ser un ataque a un contenedor de gas a presión que se encuentre en el centro de nuestras ciudades. A propósito, por razones de seguridad algunos contenedores de gas a presión se transportan ya con menos presión. Si hubiera metano libre, que hubiera escapado de un contenedor de gas a alta presión - para ello basta, por ejemplo, una ametralladora pesada - y se propagase por la ciudad, entonces a una determinada proporción con el aire ambiente ardería, sin más, la ciudad. En el pasado hemos tenido accidentes similares. Gracias a Dios, hemos podido evitarlos en los últimos diez años.
Lo mismo puede decirse del abastecimiento de agua. Envenenar el agua es relativamente fácil. Las consecuencias serían imprevisibles, como podemos imaginar.
Acepto que en nuestros países algunos sean contrarios a la energía nuclear, en ciertos países incluso son la mayoría. Yo respeto esto, aunque no comparto esa opinión. Pero con el argumento de los ataques nucleares nos podríamos despedir también de la economía del gas o deberíamos de dejar de beber agua, y esto es un absurdo.
Mi conclusión sigue, sencillamente, la línea que ha señalado la Comisión. Es cierto que tiene poco atractivo para la prensa, pero tiene la ventaja de ser razonable. Deberíamos identificar las instalaciones peligrosas, mejorar la protección de objetos y quizá deberíamos adoptar más medidas de seguridad. Pero habría que adoptar también sin demora estas medidas de seguridad. No necesitamos realizar estudios.
Para terminar, permítame, señor Presidente, una frase más: no deberíamos suscitar la sensación de que existe una seguridad total. Sólo se puede tener ésta al precio del control total y éste no es compatible con un Estado de derecho libre.

Bouwman
Señor Presidente, señor Comisario Vitorino, quisiera aprovechar la oportunidad para hacer algunas observaciones. Nuestro Grupo ya ha hablado sobre las consecuencias de los recientes acontecimientos en relación con las centrales nucleares, y ya hemos debatido, entre otras cosas, las medidas propuestas por la Comisión de Transportes. Apoyamos el intento de unificar las medidas de seguridad comunes tal como se recoge en el documento 30 de la CEAC. Se trata sobre todo de un enfoque especial para las zonas más vulnerables y de problemas de control. Obviamente, somos de la opinión de que este debate se tiene que hacer de forma objetiva, sobre todo en lo que a la protección de la intimidad se refiere.
Permítanme que preste atención a una cuestión en especial ya que no se trata sólo de una ampliación de posibles blancos, sino también de extender las medidas de seguridad a otros medios de transporte. Quiero llamar la atención sobre el peligro que acarrean otros medios de transporte - algo que hemos observado ya - como los camiones cisterna con productos químicos, y quisiera preguntarle al Comisario qué es lo que piensa al respecto. Asimismo, en el sector marítimo es relativamente sencillo virar un barco hacia otro lado, por ejemplo en un puerto como el de Rotterdam, y dirigirlo a una zona con instalaciones altamente explosivas. Dicho de otro modo, no solamente el transporte aéreo sino también los otros medios de transporte deberían ser objeto de debate.

Meijer
Señor Presidente, siempre estarán en el punto de mira de los terroristas las instalaciones vulnerables como las centrales nucleares, presas, puertos, depósitos de petróleo, edificios altísimos, centros de investigación para la guerra bacteriológica y para la manipulación genética. Por eso, hemos de procurar que haya el menor número posible de instalaciones que puedan suponer una amenaza para nuestra sociedad y medio ambiente. En lugar de prestar ayuda a las compañías aéreas con dinero público para que puedan seguir ofreciendo precios increíblemente bajos, sería mejor que se cerraran las zonas más vulnerables al tráfico aéreo. Y los aeropuertos vulnerables cerca de las ciudades o los que carecen de las medidas de seguridad adecuadas, como se demostró hace poco en el aeropuerto de Linate en Milán, que debería haber sido cerrado ya hace años, no deberían tener ningún futuro.
El afán desequilibrado de querer conseguir un mayor crecimiento económico, la liberalización de las compañías aéreas y la reducción de la función del estado ha provocado que hasta los tristes acontecimientos del 11 de septiembre no se prestara la atención suficiente a los riesgos de que los centros de negocios se puedan derrumbar, y de que los criminales puedan burlar los controles estatales de acceso a los aeropuertos. Ya en una ocasión anterior había pedido a la Comisión que prestara atención estas dos cuestiones.

Ripoll y Martínez de Bedoya
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, el 11 de septiembre marcará una fecha importantísima para la historia de la era moderna en general y más aún para el sector aéreo, donde debemos hablar de un antes y de un después.
Quisiera que mis primeras palabras fueran de solidaridad hacia las víctimas de estos cobardes y bárbaros atentados y hacia el Gobierno de los Estados Unidos, palabras también de condena del terrorismo sin paliativos, sin reservas, con toda firmeza y sin ningún tipo de ambigüedad.
La mejora de la seguridad de los usuarios de los transportes y de las mercancías transportadas era y deberá seguir siendo una de las prioridades de la acción de la Unión en los próximos años. Me congratulo de que así lo recoja el Libro Blanco sobre la política de transportes presentado por la Comisión hace tan sólo unos meses. No hay que olvidar que un viaje seguro es el derecho más importante de todo pasajero.
La garantía duradera y la competitividad en este sector requieren la rápida adopción de las últimas propuestas de la Comisión sobre la seguridad aérea y el paquete "cielo único". También deben recordarse las otras medidas que ya estaban encima de la mesa: me refiero al Reglamento sobre JAR-OPS, al proyecto de directiva sobre la notificación de sucesos en la aviación civil y a la propuesta relativa a la competencia profesional de los tripulantes de cabina. Todos estos textos, señor Comisario, deberían aprobarse lo antes posible.
Para terminar, diré que, con el vuelco de la acción emprendida en materia de transporte aéreo en estas últimas semanas, creo que se ha demostrado hasta qué punto la Unión Europea constituye un eslabón fundamental para responder a la necesidad de regulación, tanto a escala comunitaria como mundial. Únicamente esta visión europea nos permitirá hacer frente a nuevos desafíos, tales como el terrorismo internacional, que ya no encuentran una respuesta suficientemente rápida y eficaz en los foros intergubernamentales internacionales.
El Parlamento tiene el deber de apoyar a la Comisión en estas propuestas para devolver a nuestros ciudadanos la confianza y la seguridad perdidas. Es en momentos como este actual, cuando debemos demostrar que Europa existe.
Por último, también quisiera llamar la atención del Consejo, que ahora deberá tener la capacidad y el valor necesarios para apoyar y tomar las decisiones que garanticen que la aviación civil continuará siendo segura, fiable y duradera desde todo punto de vista.

De Rossa
Quisiera tratar brevemente dos cuestiones: una de ellas ya la he planteado, la situación de la industria europea de la aviación. Saludo el hecho de que el Comisario haya anunciado que la Unión Europea se reunirá con las autoridades de los Estados Unidos para discutir acerca de la competencia desleal, pero esta es una respuesta totalmente inadecuada a la actual crisis de la industria de la aviación. Quisiera que se aclarase realmente lo que está haciendo la Comisión. En los periódicos irlandeses de hoy se informa de que la Comisión sigue insistiendo en que el paquete de rescate y ayuda que el gobierno de Irlanda va destinar a Aer Lingus debe ser financiado por el sector privado. Pues bien, esto constituye una flagrante distorsión de los tratados, que son neutrales con relación al origen de la ayuda o el dinero destinado a ayudar a la industria de la aviación. Quisiera que esto se aclarase. ¿Es esto lo que está pidiendo la Comisión o es que el Gobierno irlandés está jugueteando con la privatización al abrigo de la crisis actual?
La segunda cuestión que quiero plantear versa sobre la industria nuclear y química en Europa. El informe que va a remitirse esta semana al EOCT suscita una interpretación inquietante. Confiamos en que sea hecho público pronto, pero la realidad es que Sellafield y Cap de la Hague ya constituían un riesgo incluso antes del 11 de septiembre de 2001; las plantas químicas instaladas entre nosotros planteaban riesgos incluso antes de Toulouse. En mi opinión necesitamos el compromiso por parte de la Comisión de que tendremos un servicio de inspección europeo independiente.

Ahern
Señora Presidenta, después de las atrocidades del 11 de septiembre nos encontramos en una nueva situación. Los actos alevosos y no sólo los accidentes constituyen el núcleo de nuestras preocupaciones.
Se deberían establecer inmediatamente zonas de exclusión aérea en torno a las plantas reprocesadoras de la UE: Sellafield y Cap de La Hague. Por lo general, las centrales nucleares son bombas de relojería puestas en marcha y que se encuentran entre nosotros. La única respuesta lógica es cerrarlas y dar fin a esta terrible amenaza.
El Gobierno francés ya ha actuado para reforzar las precauciones antiterroristas en Cap de la Hague. Entre estas se incluyen misiles tierra-aire. El Gobierno alemán ha llegado a la conclusión de que los reactores nucleares no soportarían la colisión de un avión de pasajeros que los tomara por objetivo. El mismo ha realizado un análisis de riesgos de emergencia. Los ministros del Gobierno se oponen a las defensas antiaéreas y han dejado claro que las centrales que se encuentran en las rutas de vuelo de los grandes aeropuertos pueden ser cerradas si se considerase que suscitan graves riesgos.
El gobierno de los Estados Unidos ha suspendido el transporte de material nuclear, y el gobierno de la UE también debería paralizar inmediatamente el transporte de material nuclear, incluyendo los combustibles MOX. No creo que la respuesta que hemos obtenido hasta el momento por parte de la Comisión sea en absoluto adecuada. La AIEA ha confirmado que el 75% de los avisos del año pasado sobre incidentes con materiales nucleares lo fueron por actividades ilegales. Actualmente, es evidente que los materiales nucleares carecen de seguridad.
Ni Sellafield ni la Hague fueron diseñadas para resistir el impacto de un avión comercial. Éstas contienen miles de toneladas de restos de combustible nuclear y más de 100 toneladas de plutonio separado entre las mismas. Un nuevo informe, que es tan oportuno en el tiempo como preocupante por su contenido, ha sido elaborado por el Parlamento. Según me consta será distribuido mañana por el comité STOA. Confío en que sea distribuido. Me pregunto por qué no ha sido aun puesto a disposición de los diputados puesto que creo que ya ha sido distribuido entre la industria.
El informe afirma que un acto premeditado - y esto nos fue presentado antes de septiembre - podría iniciar una secuencia de sucesos que acabaría por liberar material radiactivo en los tanques de desechos de nivel superior, especialmente en Sellafield, desplegando unos efectos mucho más devastadores que los de Chernóbil. Esto es muy serio. Exijo una respuesta adecuada de la Comisión, y hasta ahora no la hemos tenido.

Doyle
Señor Presidente, intervine sobre el informe del STOA al debatir el orden del día. Varios gobiernos irlandeses sucesivos han expresado su preocupación sobre la actividad de la central de Sellafield, antes conocida como Windscale, y, en especial, por las innumerables violaciones de la seguridad cometidas por la BNFL y la arrogancia de las autoridades británicas frente a las legítimas preocupaciones de un vecino soberano y amistoso. La adjudicación de la central MOX, en el momento en que los ojos de los medios de comunicación internacionales se fijaban atentamente en otro lugar tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001, no constituye más que el último ejemplo de ello, que es especialmente serio teniendo en cuenta el actual y creciente temor a los ataques terroristas.
¿Podría confirmar la Comisión que los mismos patrones de seguridad que actualmente han sido considerados necesarios para Cap de la Hague - es decir, la protección con aviones de combate y misiles tierra-aire y una zona de exclusión aérea - también han sido llevados a la práctica en Sellafield? ¿Está de acuerdo la Comisión con que existe la urgente necesidad de establecer una normas de seguridad comunes para todas las instalaciones nucleares, no sólo de los 15 de la UE sino también en los países candidatos a la adhesión? ¿Podría la Comisión hacer algún comentario sobre la falta de eficacia del actual servicio de inspección a este respecto?

Berger
Señor Presidente, agradezco de veras a la Comisión que con su declaración de hoy aborde tan rápidamente un tema que en este momento causa mucha preocupación a la población europea.
Celebro también que la Comisión trate expresamente todos los ámbitos que están especialmente amenazados y también que, en particular, incluya las instalaciones industriales y las centrales nucleares, tal como se ha pedido, merced a nuestra iniciativa austríaca, en la decisión del Parlamento Europeo sobre los acontecimientos del 11 de septiembre.
Sabemos que en algunas centrales nucleares de Europa se han adoptado medidas encaminadas a que resistan el impacto de, al menos, pequeños aviones. ¿Tiene noticia la Comisión acerca de en qué centrales nucleares no se cumple esto, y qué es lo que está previsto en el plano europeo para elevar más aún, al menos en estas centrales nucleares, y también en las demás, las medidas de protección?
Sabemos que ninguna central nuclear es segura en su totalidad y que algunas tampoco responden al estado actual de la técnica en otros aspectos relevantes para la seguridad. Tanto más sorprendente sería que hubiera realmente una carta del Comisario Verheugen que atestigua la irreprochabilidad de la central nuclear de Temelin. Puesto que esta afirmación contradiría todos los análisis de Temelin realizados por expertos internacionales, no puedo creer que esta declaración de irreprochabilidad haya sido emitida, de hecho, por el Sr. Verheugen. Por consiguiente, pido a la Comisión que presente también al Parlamento Europeo este escrito que ha sido enviado a los gobiernos checo y austríaco. Nos hemos comprometido mucho en esta cuestión y creo que el Parlamento, aunque la Comisión mantiene un punto de vista contrario, se ha hecho merecedor ello.
(El Presidente retira la palabra al orador.)

Atkins
Señor Presidente, sin importar lo que yo aprecie a la Senadora Doyle y a sus amigos irlandeses, está muy equivocada en cuanto a Sellafield, que se encuentra en mi circunscripción. Así se lo hice saber a ella y al Gobierno irlandés cuando fui Ministro de Energía en Irlanda del Norte, y ahora me reafirmo en esa opinión. Aplaudo la decisión del Gobierno británico sobre la central MOX, una decisión largamente postergada que asegurará el futuro económico y laboral de los ciudadanos de mi circunscripción. De modo que mi mensaje al respecto es que dejen de inmiscuirse en Sellafield.
Brevemente, sobre la industria de la aviación. Felicito a la Comisaria Palacio por las acciones que ya ha emprendido, pero hay tres cuestiones que hemos de destacar: en primer lugar, debemos proteger los aviones en tierra; una vez que alguien se encuentre a bordo puede causar más daño. En segundo lugar, debemos renovar y reforzar los registros de seguridad en los aeropuertos y, en tercer lugar, debemos contribuir a los costes de seguridad y del seguro de riesgo de guerra. Hemos de restaurar la confianza del público en el transporte aéreo y cuanto antes, mejor.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, creo que, por mi parte, puedo alegrarme por el hecho de que el enfoque dado por la Comisión tanto en lo referente al aspecto de la fiabilidad y de la seguridad aéreas como en lo referente a la seguridad de las instalaciones industriales y nucleares haya conseguido un amplio apoyo por parte de los oradores.
Me permitiría añadir, en conclusión, que hemos elaborado un programa de intervención respetando estrictamente las competencias -no sólo las competencias comunitarias, sino también las competencias de los Estados miembros-. Por ello puedo garantizarles que, por cuanto depende directamente de la Comisión, en el marco de los Tratados, hemos tomado todas las medidas necesarias para afrontar la nueva situación creada por los atentados terroristas en los Estados Unidos. Continuaremos presionando a los Estados miembros para que ellos también asuman sus responsabilidades y adopten las medidas necesarias que sean de su competencia. Ese es el caso de algunos ejemplos que se han dado respecto a la seguridad de las plantas de tratamiento de residuos de Sellafield y La Hague. Debo subrayar que se trata de competencias nacionales y que son las autoridades nacionales las que nos comunican que se han tomado las medidas necesarias.
La Comisión reconoce la necesidad de iniciar una reflexión sobre la seguridad nuclear y sobre la seguridad en el transporte de materiales nucleares. Lo he dicho en mi presentación y espero que la reflexión que la Comisión está llevando a cabo dé resultados próximamente.
Por lo que respecta a la fiabilidad y a la seguridad aéreas, me alegro de la acogida tan favorable dispensada por varios parlamentarios a nuestra iniciativa legislativa y espero que el reglamento que hemos propuesto pueda ser examinado por el Parlamento en procedimiento de urgencia. Debo también subrayar que el seguimiento de las medidas a adoptar a nivel nacional debe mejorarse, al igual que el que realiza el grupo ad hoc encargado de determinar las medidas administrativas concretas que hay que adoptar para mejorar la seguridad aérea.
Señor Presidente, quisiera hacer una observación final. Me he referido a las condiciones de competencia y a la estrategia establecida por la Comisión para evitar desviaciones de competencia en el marco del diálogo euroamericano en materia de seguridad. Este era el marco en el que he abordado la cuestión de la competencia. Creemos que las soluciones que hay que buscar deben ser internacionales y tener en cuenta la necesidad de evitar imponer medidas desproporcionadas y susceptibles de provocar desviaciones de competencia a escala mundial. Este era el marco de mi intervención. No he citado otras medidas relativas a la política de competencia ligadas a los efectos de los atentados terroristas sobre la estrategia comercial de las compañías aéreas. No he tratado cuestiones concretas como las que algunos miembros del Parlamento han deseado mencionar durante el debate. No puedo sino remitirme, Señoras y Señores diputados, a las conclusiones de la reunión que mi colega, la Sra. Loyola de Palacio, ha celebrado con los representantes de la Asociación de Compañías Aéreas. He tomado buena nota del hecho de que algunos de ustedes consideraban las propuestas de la Comisión insuficientes o demasiado ideológicas. He tomado buena nota de sus observaciones. Se las transmitiré a la Sra. de Palacio pero repito que, por el momento, esta es la posición oficial de la Comisión.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
Tiene la palabra el Sr. Fitzsimons para una cuestión de orden.

Fitzsimons
No es la primera vez que oigo a comisarios decir en esta Asamblea que no tienen ninguna obligación respecto de las centrales nucleares y que este es un asunto que corresponde a los Estados miembros. Pero está claro que la Comisión Europea debería y debe llevar a cabo una evaluación independiente de todos los riesgos medioambientales y de salud pública, no sólo para Irlanda y para todo el Reino Unido sino también para todos los pueblos de Europa. Esto ha sido dejado de lado durante años, pero ha llegado el momento de que la Comisión se ponga manos a la obra.

El Presidente
Para este tipo de cuestiones puede usted contactar directamente con el señor Comisario.

Ahern
Solo quiero expresar mi acuerdo con lo dicho por mi colega, el Sr. Fitzsimmons. Tengo conmigo un informe del Parlamento, del comité STOA.

El Presidente
Señora Ahern, le repito lo mismo que le he dicho al Sr. Fitzsimons: no es una cuestión de orden.

Espacio judicial europeo / SIS II
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes del Sr. von Boetticher, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores:
A5-0339/2001 sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un marco general para las actividades comunitarias con el fin de facilitar la puesta en práctica de un espacio judicial europeo en materia civil
(COM(2001) 221 - C5-0254/2001 - 2001/0109(CNS));
A5-0333/2001 sobre las iniciativas del Reino de Bélgica y del Reino de Suecia con vistas a la adopción:
1. de un Reglamento del Consejo sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)
(9844/2001 - C5-0315/2001 - 2001/0818(CNS))
2. de una Decisión del Consejo sobre el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II)
(9845/2001 - C5-0316/2001 - 2001/0819(CNS)).

von Boetticher
Señor Presidente, estimados y estimadas colegas, hoy se hace realidad un pequeño sueño: dispongo de diez minutos de turno de palabra, tanto como tiene solamente un presidente de Grupo. Pero esto se debe a que se han colocado juntos dos informes que en realidad no tienen nada en común. Por esta razón deseo también separarlos en mi intervención.
En primer lugar, me referiré al espacio judicial europeo en materia civil. Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht la cooperación judicial en materia civil se convirtió en un asunto común de los Estados miembros. Luego, mediante el artículo 65 del TCE, el Tratado de Amsterdam trasladó esta cooperación desde el tercer pilar al primero. Desde la entrada en vigor se ha producido aquí una nutrida jurisprudencia europea. Se han armonizado las normativas relativas a conflictos legales y de competencias, se ha aprobado el reglamento del Consejo sobre el procedimiento de insolvencia y sobre la notificación de escritos en materia civil y mercantil, y se han presentado propuestas por parte del Consejo relativas a las diligencias de prueba y al derecho de visita.
Con la entrada en vigor del actual Tratado de Niza se adoptarán, por fin, en el Consejo, a través del procedimiento de codecisión con mayoría cualificada, futuras decisiones en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Como ustedes pueden ver, existe un rápido desarrollo en este ámbito. No obstante, los Estados miembros siguen siendo los únicos responsables del contenido y de la configuración de la formación profesional en la administración judicial en materia civil. Sin embargo, es tarea de la Comunidad apoyar a los Estados miembros bien en la eliminación de los obstáculos en la aplicación del Derecho comunitario bien en la cooperación entre las autoridades judiciales.
En ningún ámbito jurídico europeo es tan indispensable la formación profesional continua de los grupos profesionales como en el ámbito del Derecho civil, cuya armonización se halla tan avanzada. Por el contrario, el Derecho penal y el Derecho administrativo se encuentran todavía al comienzo de su desarrollo europeo. En el pasado la Unión ha fomentado esta formación continua con dos programas. GROTIUS, el programa de fomento e intercambio para profesionales del Derecho, expiró en el año 2000. La ayuda se sostuvo únicamente mediante un programa ulterior, GROTIUS-Derecho civil, de un año de duración. Igualmente, en este año expiró también el programa de acción ROBERT SCHUMANN, previsto para tres años, el cual tenía por objeto fomentar la sensibilidad de los juristas ante el Derecho comunitario.
La propuesta de la Comisión que hoy tenemos ante nosotros constituye el fundamento jurídico para una financiación ulterior de actividades en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. A este respecto se fomentan en la misma la cooperación judicial y la mejora de los conocimientos mutuos del ordenamiento jurídico así como también medidas encaminadas tanto a la translación y puesta en práctica de las disposiciones comunitarias en este ámbito como a la mejora de las informaciones públicas. Además de la financiación de determinados proyectos se prevé también por vez primera un apoyo financiero a los gastos de funcionamiento de organismos europeos no gubernamentales. No puedo menos que apoyar expresamente esto.
Por lo demás, hay que celebrar de manera específica el hecho de que se facilite también la participación de los países candidatos a la adhesión. Junto a la satisfacción de principio por la finalidad de esta propuesta, que se verá intensificada también hasta el año 2006 mediante un marco financiero generoso que asciende a 14,5 millones de euros, quedan algunos puntos críticos. Hoy es ya casi irrealizable la condición de que los organismos no gubernamentales sólo podrán solicitar ayuda cuando dos tercios de los Estados miembros participen en los mismos. Por consiguiente, a la vista de la próxima ampliación, es urgentemente oportuno rebajar esta valla a un tercio. De lo contrario se vería ahogado inmediatamente en su nacimiento el buen planteamiento del reglamento en este punto.
Me pregunto por qué la Comisión, en contra de su costumbre habitual en otros casos, omite definir con precisión quiénes tienen derecho a presentar solicitudes - en este caso los pertenecientes a las profesiones jurídicas - tal como era usual en el marco de los programas GROTIUS. Precisamente el debate acerca de la directiva sobre el blanqueo de dinero nos ha mostrado cuán necesarias son las definiciones conceptuales en este ámbito. La financiación con recursos europeos no debe dejarse a la discrecionalidad definidora de los Estados miembros. Por esta razón he propuesto que se adopte la vieja definición del programa GROTIUS-Derecho civil.
Quisiera añadir otro comentario sobre este ámbito: yo habría preferido que la Unión siguiera financiando proyectos hasta el 80% de los costes y no hubiera reducido esta participación al 50%. Lamentablemente, éste no era el deseo de la comisión competente. Sin embargo, creo que la Unión Europea sigue teniendo una gran responsabilidad sobre el desarrollo ulterior de la cooperación judicial. En el futuro esta responsabilidad será más bien grande que pequeña. También en este punto hemos de continuar siendo el elemento impulsor.
Hasta aquí mis comentarios sobre la primera parte, sobre el espacio del Derecho civil. Paso ahora al debate sobre el Sistema de Información de Schengen.
El Sistema de Información de Schengen se instituyó en 1995 sobre la base del Convenio de Aplicación de Schengen de 1990. En su condición de sistema informático, supraestatal, de búsqueda policial, posibilita hoy el acceso on-line a más de 8 millones de datos de búsqueda y, por ende, es el banco de datos más amplio de Europa. Junto a 13 Estados miembros de la Unión Europea está siendo utilizado también por Islandia y Noruega. De esta suerte, el SIS constituye un componente exitoso de una nueva política europea de seguridad interior, cuya necesidad se deriva de la eliminación de las fronteras interiores y de la consiguiente pérdida de control.
Hoy nos ocupan dos problemas. En primer lugar: el desarrollo técnico ulterior. El Sistema de Información de Schengen, tal como lo conocemos hoy, fue concebido originalmente para 18 Estados miembros. Puesto que todos los estados candidatos a la adhesión participarán también en el SIS en virtud de la adhesión, se hace urgentemente necesario reflexionar acerca del sistema posterior. Entretanto el desarrollo tecnológico ha logrado también avances. Por esta razón, hay que celebrar de veras la iniciativa de los reinos de Bélgica y de Suecia sobre el desarrollo del SIS II.
Puesto que los trabajos preparatorios para el desarrollo del SIS II requerirán un período superior a los tres años, estas iniciativas constituyen los fundamentos jurídicos necesarios de técnica presupuestaria. No obstante, los iniciadores han disparado también un poco más allá del objetivo. A fin de asegurar el mayor influjo posible sobre el desarrollo técnico, la participación de los Estados miembros en el procedimiento de comitología debe hacerse mediante una combinación del Comité administrativo y del Comité de regulación. Correspondientemente, se utilizará también el máximo grado de potencial burocrático.
No me parece adecuado que en un estadio del desarrollo, en el que únicamente hay que discutir sobre los aspectos técnicos, deban discutir y codecidir sobre cada detalle los Estados miembros. La propuesta de instituir un comité de regulación para todas las cuestiones relativas a la arquitectura del sistema y a los aspectos técnicos de la protección de datos contradice también el Acuerdo del Consejo 468/99. A tenor del mismo, sólo se deberá recurrir al procedimiento de regulación en las medidas de alcance general con las que haya que aplicar disposiciones esenciales de actos jurídicos básicos. Pero aquí no se trata, evidentemente, de esto.
En este punto quisiera llamar también la atención de los representantes del Consejo acerca de que en la fundación de Eurodac, por ejemplo, se renunció de manera consciente a un procedimiento oficial de participación y que los Estados miembros aseguran su influjo únicamente a través de una red informal de técnicos. Esto nos ha ahorrado a todos mucho dinero y tiempo y, no obstante, nos ha conducido a un resultado muy eficaz. Al mismo tiempo, tengo confianza en el know-how y en la expertez de la Comisión en este ámbito, a la cual se le ha confiado la responsabilidad de fondo del desarrollo.
Por consiguiente, mi propuesta a los Estados miembros es la siguiente: sustituyan la innecesaria combinación burocrática de procedimiento administrativo y procedimiento regulador por una combinación de procedimiento administrativo y procedimiento asesor. Menos significa a veces más.
El segundo problema consiste en el desarrollo jurídico: aunque los Estados miembros acordaron ya en la conferencia intergubernamental de Amsterdam integrar el conjunto jurídico-contractual de Schengen en el ámbito jurídico de la UE, el Sistema de Información de Schengen, por falta de acuerdo, fue asignado al tercer pilar. Sin embargo, la recogida de datos sobre personas sobre las que se haya decidido una denegación de entrada, corresponde, sin duda alguna, al ámbito del segundo pilar. Esta es la razón por la que tenemos hoy dos iniciativas de la Presidencia belga y de Suecia.
Nuestra aspiración, como Parlamento Europeo, es la de integrar de la mejor manera posible Schengen y el Sistema de Información de Schengen, como un todo, en el primer pilar. Sólo así se podrá garantizar un control parlamentario adecuado. En consecuencia, celebro expresamente como un avance en este camino el hecho de que a partir del 2002 el desarrollo de Schengen II se financie a partir de los fondos comunitarios. Sin embargo, se olvida, lamentablemente, la iniciativa de presentar también al Parlamento los informes de situación semestrales de la Comisión sobre el estado del desarrollo. No cabe imaginar, ciertamente, que se aplique el procedimiento presupuestario de la Comunidad Europea para la financiación de Schengen II y que, al mismo tiempo, no se quiera informar sobre los avances al legislador presupuestario, es decir, al Parlamento. En este punto, a pesar de todo el acuerdo sobre la orientación del contenido, es preciso realizar mejoras evidentes. Por lo demás, no puedo menos que apoyar por entero todas las propuestas. Pido que se me disculpe que dentro de 15 minutos, aproximadamente, deba abandonar la Sala - esto afecta también a otros colegas - pero se reúne la Comisión de Asuntos Interiores. Hemos de participar también en las votaciones de la misma. En este sentido, esto no significa una falta de respeto a la Asamblea.

El Presidente
Muchas gracias, señor ponente. Sabemos de este problema de acumulación de reuniones y, en concreto, de la citada Comisión de Libertades.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera felicitar al Sr. Christian von Boetticher por su esfuerzo en los dos informes que acaba de presentarnos. Quisiera centrarme en el segundo, relativo al sistema de Schengen, que llega a este Parlamento no por una voluntad política clara, sino porque no fue posible obtener en el Consejo la unanimidad para mantener el sistema de financiación intergubernamental y, por tanto, es necesaria una fuente de financiación comunitaria. Ésas son las singularidades de nuestra labor en las instituciones europeas: muchas cosas suceden por vías intransitables y mediante soluciones de recurso.
Quisiera decir que esta propuesta de desarrollo de una nueva generación del Sistema de Información de Schengen, el SIS II, sólo puede aceptarse como fase inicial de preparación en relación con el desarrollo efectivo del sistema. La financiación comunitaria no viene a resolver los problemas que nos separan al analizar el funcionamiento del SIS. Como sostuve aquí el pasado mes de septiembre, cuando presenté mi informe sobre Schengen, es esencial que, además de una financiación comunitaria, el Sistema de Información de Schengen no pueda seguir gestionado de forma secreta con una base meramente intergubernamental, sino que lo gestione en el ámbito de la Unión Europea un organismo independiente. Y, al mismo tiempo, que se establezca un sistema de información comunitario único constituido por un sistema de red informática que contenga los datos recibidos en virtud de los tres convenios -Schengen, Europol y Aduanero- teniendo en cuenta la necesidad de mantener sus datos por separado. Sólo así podremos garantizar un nivel adecuado de protección de los datos personales, justo e idéntico, en relación con todos los ciudadanos, respetando el nivel de protección exigido por la Carta de Derechos Fundamentales.
Por último, quisiera recordar que sabemos que el SIS alcanza su capacidad de agotamiento con dieciocho Estados participantes, por lo que no podrá sobrevivir después de la próxima ampliación de la Unión Europea, lo que también nos obliga a modificar rápidamente el sistema. Hago votos aquí por que los cinco años que tenemos por delante sean suficientes para presentar una propuesta equilibrada de acuerdo con lo que ha reclamado el Parlamento Europeo.

Marinho
Señor Presidente, la iniciativa de Bélgica y Suecia sobre el desarrollo de la segunda generación del sistema SIS -que se desdobla en dos fundamentos jurídicos: uno, la decisión del Tratado de la Unión, y el otro, el reglamento del Tratado CE- tiene que ver con los objetivos de ese sistema, que tanto sirve en el tercer pilar para la cooperación judicial y policial en materia penal como en el primer pilar para los asuntos de visados, asilo e inmigración y otros relacionados con la libre circulación de personas. Estas iniciativas son los verdaderos presupuestos de los trabajos preliminares que se deberán hacer para crear el nuevo sistema SIS II. Se deben, como ya se ha subrayado aquí, a la negativa a la financiación intergubernamental por parte de algunos Estados miembros y se basan en la disponibilidad de la Comisión para correr el riesgo y la obligación política de encargarse del desarrollo de ese nuevo sistema de informaciones en los próximos años.
El SIS, que sólo es, como sabemos, un instrumento comunitario desde 1999, ha envejecido deprisa. Fue concebido para doce Estados miembros y está funcionando para trece, más Islandia y Noruega, y ya llaman a la puerta el Reino Unido e Irlanda. Como sabemos, en las actuales circunstancias históricas es un decisivo medio de información europeo sobre ciudadanos de terceros países y bienes desaparecidos o robados con vistas al control de las fronteras exteriores o los movimientos en cualquier parte del territorio comunitario. Ante la inminencia de la nueva ampliación y ante los imperativos de adaptación de las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades que todos adivinan, resulta urgentemente necesario desarrollar el sistema actual financiando comunitariamente su modernización. La exigencia de su desarrollo con vistas a la llamada segunda generación SIS resulta hoy indispensable para descubrir las amenazas resultantes de la situación de ciudadanos de terceros países, para permitir detenciones provisionales de delincuentes pasibles de extradición, para ayudar a la localización de personas desaparecidas o raptadas, para la vigilancia de personas peligrosas, así como para encontrar bienes y valores robados. Me congratulo del apoyo del ponente, Sr. Christian von Boetticher, que ha hecho un trabajo excelente. Y me inclino a creer que de la votación final de este informe, mañana, resultará un texto mucho más consensual como dictamen del Parlamento. Señor Presidente, sólo la financiación presupuestaria puede dar coherencia a la nueva naturaleza comunitaria del acervo de Schengen, en el que se integran el actual y el futuro sistema de informaciones. Por otro lado, las nuevas necesidades de información y cooperación judicial on line e in tempo que pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos. Por eso, creo, señor Presidente, que no debemos perdernos en menudencias contabilísticas o de carácter jurídico. Lo que interesa es que el SIS avance por el bien de los ciudadanos de Europa.

Watson
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al ponente. El ponente ha elaborado dos excelentes informes. Ha realizado una contribución de primera categoría al trabajo de la comisión que tengo el honor de presidir.
Quisiera intervenir muy brevemente acerca del primero de estos informes, relacionado con la libertad de circulación de las personas. Es fundamental que tengamos un espacio legal europeo y que persigamos su desarrollo con la cooperación judicial en asuntos de derecho civil. El ponente identifica muy acertadamente los problemas existentes y reconoce que al igual que el mercado único requiere un ingente ejercicio de normalización, el desarrollo de un espacio legal europeo también exigirá un ingente ejercicio de aproximación y reconocimiento recíproco.
En el segundo informe, el ponente trata los problemas surgidos con el sistema de información de Schengen y la oportunidad de evolucionar hacia su segunda versión que, ciertamente, se hará necesaria con la ampliación. Aquí, en Estrasburgo, con el sistema informático central de Schengen, disponemos de la más completa base de datos de Europa. Este debe ser financiado con nuestro presupuesto. Lamentablemente, las iniciativas belgas y suecas, que proponen un reglamento para el primer pilar y una decisión para el tercer pilar, evidencian lo ridículo de seguir operando con estos dos pilares.
En especial, el Artículo 96, que es el artículo que regula la información de aquellos a los que se ha denegado la entrada, debe estar en el primer pilar. Contiene los datos personales de un millón trescientas mil personas y contendrá aun más con la ampliación de la Unión.
Para terminar quisiera llamar la atención de la Asamblea sobre el informe de la Comisión de Justicia del año pasado, que encontró importantes defectos en la protección de datos, baja calidad de los mismos y la existencia de obstáculos para aquellos individuos que querían que se corrigieran errores. Hemos de tener esto en cuenta.

Kaufmann
Señor Presidente, en vez de hablar hoy de la aprobación de una nueva generación del Sistema de Información de Schengen SIS II, más bien deberíamos hablar de los efectos fatales del actual Sistema de Información. Creo que constituye un escándalo que a la enorme mayoría de las personas registradas en el SIS no se le impute ningún delito. En estas computadoras se han archivado los nombres de sólo 11.000 personas en virtud de una solicitud de detención para proceder a la entrega de las mismas. Sin embargo, 780.000 registros se refieren a personas a las que se les deniega la entrada a todos los Estados miembros de la UE.
A tenor del artículo 99 del Convenio de Aplicación de Schengen el SIS puede ser utilizado también para, tal como se dice, conseguir informaciones conducentes a conjurar un peligro notable procedente de las personas en cuestión u otros peligros relevantes. En virtud de esta disposición, en las computadoras del SIS se encuentran los nombres de ciudadanos y ciudadanas totalmente irreprochables. Con la ayuda de estos datos se dictaron, por ejemplo, prohibiciones de entrada injustificadas a manifestantes con ocasión de la Cumbre de Génova. Mientras esto sea así, no podemos prestar nuestra conformidad en ningún caso al desarrollo ulterior de este Sistema de Información de Schengen.

Turco
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, dar las gracias al Sr. von Boetticher por su trabajo, así como a todos los oradores que han intervenido después de él. Quisiera agradecer al señor ponente lo que hemos logrado gracias a los trabajos de este Parlamento, sin embargo, en nuestra opinión, falta un elemento fundamental, esto es, el control democrático. Una vez más nos vemos obligados a conformarnos con pasar a través de la financiación comunitaria, como decía el Sr. Marinho, para poder decir algo también nosotros. Por el contrario, pensamos que el trabajo que el Consejo Europeo sigue llevando a cabo es un pésimo trabajo, así como un trabajo de multiplicación de las bases de datos, por una parte, y de multiplicación de los datos, por otra. Sabemos que, además del Sistema de Información de Schengen (SIS), existen las bases de datos de Europol, de Eurodac, aunque revisado, etcétera hasta la próxima base de datos que será la base de datos que incluirá los registros de penados y rebeldes utilizados por Eurojust.
Hasta la fecha el SIS ha sido un gran archivo de informaciones y noticias relativas a personas y objetos, ya que contiene datos, introducidos por cada Estado miembro en virtud de leyes y según criterios diferentes y de cuyo uso se disponía con distintos niveles de responsabilidad. Basta recordar entre los posibles errores que ya se han registrado el caso del ciudadano americano detenido en Bélgica porque había perdido su pasaporte y que para el SIS, en cambio, era un ladrón de pasaportes. Se han recordado los hechos de Génova: miles de personas fueron registradas en el SIS tras los sucesos de Gotemburgo, pero la policía italiana no obtuvo ningún beneficio.
En sustancia, pensamos que no solo habrán más Estados que introducirán datos en esta base de datos, sino que habrá un mayor número de datos. Por último, no creemos que el control total, tal como se ha dicho, sea compatible con el Estado de Derecho.

Kessler
Señor Presidente, mi enhorabuena a mi colega, el Sr. Von Boetticher. Quiero referirme al espacio judicial europeo en materia civil. Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam se trasladó la cooperación judicial en materia civil desde el tercer pilar al primero. Desde entonces la Comunidad Europea ha elaborado un ambicioso programa de trabajo en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Una investigación detallada del programa GROTIUS condujo a la conclusión de que se necesitaba otro marco más general para las actividades en este ámbito. La nueva normativa marco posibilita la prosecución de las acciones financiadas desde el programa GROTIUS.
Celebro mucho esta propuesta de la Comisión merced a la cual se establecerá la base jurídica para la financiación de la cooperación judicial en materia civil a través del presupuesto de la UE. Por vez primera la regulación marco posibilita también el apoyo financiero a organismos no gubernamentales en la medida en que éstos no actúen sin ánimo de lucro y su objetivo contribuya al fomento de la cooperación judicial.
Hay que celebrar sobremanera que todas estas actividades estén abiertas también a la participación de los países candidatos a la adhesión y a la de países terceros. En especial, la reducción a un tercio de los Estados miembros incluidos, que ha sido propuesta por el ponente y aprobada por la comisión, es realista y de amplias miras a la luz de la próxima ampliación antes del 2006. El reglamento presentado no rige en Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. No obstante, los miembros de profesiones jurídicas de estos países pueden participar en los proyectos junto con los de los países candidatos y los de otros países.
El concepto de las profesiones que prestan asistencia jurídica tiene en este reglamento un trasfondo totalmente diferente al de la directiva sobre el blanqueo de dinero. Así, pues, una definición en el sentido de una enumeración cerrada, tal como propone el ponente, impide en el presente caso la futura flexibilidad en el manejo de la normativa y limita su ámbito de aplicación. Esto es cierto, especialmente, a causa de la dificultad de una traducción correcta a todas las leguas comunitarias sin que se dé a los conceptos de cada profesión jurídica otro significado, tanto más cuanto que en el futuro se podrían agregar variantes de las profesiones jurídicas en los Estados miembros particulares, a las cuales, consecuentemente, estaría vedada la participación. Por consiguiente, yo preferiría que no hubiera una lista de estas profesiones.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, distinguidos colegas ¿qué se va a lograr con el Sistema de Información de Schengen? Los objetivos son la mejora de la cooperación policial en materia de Derecho penal, la armonización de la política de migración y de visados y el control de la libre circulación de las personas. Sin embargo, este control no se dirige contra emigrantes que no tienen ninguna posibilidad, o casi ninguna, de viajar legalmente a la UE y que, además, en su gran mayoría huyen de situaciones que la UE, aunque no sola, ha contribuido a crear en gran medida. Pero el sistema se dirige - y esto lo han mencionado ya hoy muchos aquí - contra ciudadanos y ciudadanas no deseados que, por ejemplo, con ocasión de las cumbres intergubernamentales quieren manifestar su disconformidad con una política de la UE que se caracteriza por la clausura y la capitalización de ámbitos existenciales esenciales.
Con esto se pone también de manifiesto hacia donde se dirige esta actualización del Sistema de Información de Schengen. Por un lado, se trata de la utilización eficiente de los escenarios de vigilancia que sean técnica y geográficamente posibles. Al mismo tiempo, ya que existen estas posibilidades, la UE desea velar también por que estas posibilidades puedan ser utilizadas. Pero en lo que respecta a la modificación que aparece como técnica, en estas propuestas se trata también de perfeccionar la estructura de control que existía hasta el presente y, por ello, es necesaria también la financiación de este perfeccionamiento. Y aquí, en mi opinión, - en esto contradigo a mi colega, el Sr. Turco - un control democrático tampoco cambiaría nada de este proyecto.
Creo que desde el punto de vista de izquierdas no se puede dar la conformidad a esta propuesta. Los derechos fundamentales desempeñan en el capitalismo funciones muy diversas. Pero, considerados desde el punto de vista pragmático, garantizan un mínimo de protección a las ciudadanas y ciudadanos ante el estado. En la actual situación sucede que la mayoría de las limitaciones de los derechos fundamentales...
(El Presidente retira la palabra a la oradora.)

Karamanou
Señor Presidente, como ya sabemos, el Sistema, de Información de Schengen, que está vigente en la actualidad, lleva funcionando desde 1995, pero es un medio comunitario desde 1999, consecuencia de la incorporación del acervo de Schengen al marco de la Unión Europea mediante el Tratado de Ámsterdam. Por consiguiente, su identidad comunitaria indica que toda sustitución propuesta deberá estar vinculada por las mismas disposiciones jurídicas que regulan su creación y su funcionamiento, así como toda ampliación del objetivo de su funcionamiento deberá someterse a un control democrático pleno por parte de los órganos competentes, tal como han referido sus Señorías.
La actualidad, con la necesidad de tomar decisiones para la seguridad de los ciudadanos, y la debilidad correspondiente del sistema actual de información no deben ser un potencial campo de desviaciones y ampliaciones arbitrarias. Es necesario que el marco jurídico propuesto aclare determinadas cuestiones cruciales.
A fin de garantizar la protección a las personas físicas frente al tratamiento de datos de carácter personal, se exige la aportación de la Autoridad de Control Común constituida con el acuerdo de Schengen. Esta autoridad concreta se ha encargado además de la redacción del informe anual correspondiente sobre el funcionamiento del sistema actual; en dicho informe deberá incluir una inspección y un análisis sistemático de los nuevos datos creados con el desarrollo del nuevo sistema. Paralelamente, el Parlamento Europeo deberá intensificar sus esfuerzos por vigilar más eficazmente el nuevo funcionamiento del sistema, exigiendo que nos informen con regularidad sobre los progresos conseguidos. Aquí debemos acentuar que, en relación con la marcha posterior de la aplicación del Tratado de Schengen, el Consejo ha informado al Parlamento sólo en una ocasión, de modo que este último no ha conocido temas directamente relacionados con la libre circulación de los ciudadanos y con la forma de efectuar el control en las fronteras de la Unión.
Finalmente, también debemos mencionar la necesidad de adoptar un sistema comunitario de información, constituido en una red electrónica única, para facilitar la rearchivación con transparencia, gestión y evaluación de los datos.

Alyssandrakis
Señor Presidente, el Sistema de Información de Schengen, desde que empezó a funcionar en 1995, ha servido y sirve junto con la Europol, de instrumento para facilitar la eurorrepresión, la fabricación y vigilancia de sospechosos, la lucha contra los movimientos de reacción y de desobediencia política y la aniquilación del migrante ocupante, que llega a Europa buscando un lugar bajo el sol. Se ha utilizado con un celo especial en todas las movilizaciones de reacción popular ante las elecciones de los intereses de la Unión Europea, en Niza, en Gotemburgo, en Génova.
Hace un mes, el Parlamento Europeo debatió el informe sobre el progreso en el que el ponente refirió datos importantísimos sobre la arbitrariedad y la falta de credibilidad de los datos personales registrados. Pocos días después, la Unión Europea se apresuró a poner estos datos al servicio de los americanos para facilitar la labor de ahogar toda voz reaccionaria en cualquier lugar de la tierra y de desatar una nueva guerra imperialista con la excusa de luchar contra el terrorismo. Y por si esto fuera poco, en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, los quince de la Unión Europea concedieron a los Estados Unidos el acceso impune a todas las fuentes y archivos europeos.
De la primera generación o de la segunda, el sistema de información de Schengen que estamos debatiendo hoy, es un ingrediente del mecanismo de represión y, consiguientemente, su abolición es uno de los objetos de la lucha del movimiento popular.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, empezaré por el primer informe del Sr. von Boetticher en relación con la cooperación judicial en materia civil.
En efecto, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, tenemos una agenda especialmente ambiciosa en materia de cooperación judicial civil. Como ejemplo, diré que en estos dos últimos años, el Consejo ya ha aprobado cinco reglamentos en este ámbito y que otras dos propuestas están en fase de discusión. Dos nuevas propuestas legislativas están actualmente en preparación por parte de la Comisión.
El objetivo de esta propuesta es contribuir a establecer un espacio judicial europeo en materia civil. No se trata de proponer un nuevo programa de acción, se trata de contribuir a una puesta en marcha acertada de planes de acción que ya existen en este ámbito, en especial de las conclusiones de Tampere.
Es por lo que el apoyo que nosotros proponemos en estas propuestas contempla no sólo la cofinanciación de proyectos realizados por instituciones y organizaciones públicas y no públicas en los Estados miembros, sino también la financiación de acciones de la Comisión, como por ejemplo las acciones destinadas a garantizar la debida aplicación del derecho comunitario en el ámbito civil, y del que se beneficiarán, estoy convencido de ello, los ciudadanos.
Me produce gran satisfacción comprobar la favorable acogida dispensada a nuestra propuesta por el Sr. von Boetticher, a quien alabo por su excelente informe.
Por lo que respecta a las enmiendas que se proponen, la Comisión acepta cuatro de las seis enmiendas propuestas. Hablo de las enmiendas a los dos nuevos considerandos propuestos por la Comisión de Presupuestos, el nuevo considerando propuesto por la Comisión de Libertades, así como la enmienda relativa a la introducción de una definición del término «profesiones jurídicas».
Por lo que respecta a la enmienda sobre los objetivos específicos del programa marco, prefiero aceptar la propuesta inicial de la Comisión, porque se acerca más a los objetivos que nos han sido fijados en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere.
Por lo que respecta a la enmienda 5, comprendo bien el argumento del ponente, pero creo que fijar un umbral exigente en materia de organizaciones no gubernamentales es también una forma de promover la existencia de verdaderas organizaciones europeas en este campo. Y creo que el umbral que proponemos es un umbral que seguirá siendo aplicable, incluso con la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea. Además, varias organizaciones no gubernamentales en este campo ya tienen una expresión bastante significativa, incluyendo un número muy importante de países candidatos.
Señor Presidente, por lo que respecta al segundo informe sobre el Sistema de Información Schengen, creo que es un elemento clave en el funcionamiento del espacio sin fronteras. La necesidad de desarrollar un SIS de segunda generación ya fue reconocida hace varios años. Esta necesidad se debe ante todo a los límites del sistema SIS actual. El sistema solamente permite la integración de 18 países. Por esta razón, la perspectiva de ampliación de la Unión impone el desarrollo de un SIS de segunda generación que permita la plena integración de nuevos Estados miembros. Sin el SIS II, no se estará en condiciones de suprimir el control en las fronteras interiores de los países actualmente candidatos a la adhesión a la Unión Europea.
Las dos iniciativas sobre las que ustedes manifiestan hoy su opinión confirman que el Parlamento Europeo y la Comisión ya tienen un papel más importante respecto al desarrollo del SIS II, ya sea en esta fase inicial en materia de financiación, ya sea en la definición de la futura arquitectura del sistema y de su funcionamiento concreto.
Estas dos iniciativas se sitúan al hilo de las conclusiones del Consejo JAI de finales de mayo de este año a favor de una financiación del desarrollo del SIS II por el presupuesto comunitario a partir de 2002.
En virtud de las dos iniciativas tendentes a establecer un comité para asistir a la Comisión en el desarrollo del SIS II, el Parlamento Europeo estará automáticamente informado de los trabajos en curso, mediante mecanismos de información del Parlamento institucionalizados en el marco de la comitología.
Tengo que subrayar que a petición de la Comisión, en el proyecto de presupuesto 2001, se ha incluido un importe para el desarrollo del SIS II en concepto de acción preparatoria. Dado que se trata del desarrollo de una acción preparatoria, y en virtud de las normas relativas a la ejecución del presupuesto, la Comisión no tiene realmente necesidad de un fundamento jurídico para sus gastos previos, pero la Comisión es totalmente consciente de que no puede desarrollar el SIS II sin recurrir a la experiencia de los Estados miembros respecto al SIS actual y a su funcionamiento. Esta experiencia es verdaderamente indispensable, y la puesta en marcha de una comitología aporta una solución estructural bien establecida, que puede ayudar a la Comisión en sus nuevas responsabilidades relacionadas con el desarrollo del SIS II.
Aunque el principio de la creación de un comité para asistir a la Comisión es aceptable, habríamos expresado nuestra preferencia por un sistema de comitología que se basara en el establecimiento de un comité consultivo y de un comité de gestión.
La Comisión se felicita por las enmiendas a este respecto presentadas por el Sr. von Boetticher, y espero que se aprueben en sesión plenaria.
La Comisión está también dispuesta a apoyar la enmienda del Parlamento Europeo que propone el envío del informe semestral que la Comisión debe presentar sobre los trabajos de desarrollo del SIS II no solamente al Consejo sino también al Parlamento Europeo. No es sólo el principio de la transparencia el que aboga por ello, está también el papel que el Parlamento Europeo está llamado a desempeñar en el marco de las medidas legislativas necesarias con vistas al desarrollo del SIS II, y que necesita que el Parlamento Europeo esté plenamente informado de los trabajos en esta materia. Puesto que, en efecto, las dos iniciativas que son hoy objeto de nuestro intercambio de opiniones se refieren ante todo a los trabajos técnicos para la puesta en marcha del SIS II. Esta puesta en marcha requiere también la adopción, llegado el momento, de las medidas legislativas fundadas en bases jurídicas apropiadas en los tratados y sobre las cuales el Parlamento Europeo será consultado. Estas medidas legislativas deberán determinar todos los elementos esenciales del SIS II, como son, especialmente, los fines del sistema, el tipo de datos que hay que incluir, la protección de los datos, incluido el control por una autoridad de control común, la gestión del futuro SIS II operativo, la cuestión que ha sido planteada por el Sr. Coelho de la creación o no de una agencia.
Estos puntos que acabo de subrayar serán objeto de otro debate, llegado el momento, en función de los resultados de un estudio de viabilidad que la Comisión dará a conocer a comienzos de 2002.
No es por tanto debido al hecho de que estuviera en desacuerdo con el contenido de las enmiendas relativas a estos puntos por lo que la Comisión no los pueda apoyar hoy, sólo que me parece prematuro tratar de ello en el marco de dos iniciativas que contemplan únicamente la financiación del desarrollo del SIS II. Tendremos ocasión de volver a hablar de estos temas y a dilucidar, llegado el momento, sobre la base de propuestas legislativas.
Permítanme terminar con la siguiente observación positiva: el desarrollo del SIS II es un trabajo que nos ocupará en los años venideros y que debe concluirse en un plazo razonable para permitir a los nuevos Estados miembros integrarse en él y crear así las condiciones de su participación en nuestro espacio sin fronteras común.
La adopción de su opinión hoy, dentro de los tres meses siguientes al envío de las dos iniciativas, demuestra la voluntad y la capacidad del Parlamento Europeo, de su Comisión de Libertades Públicas y de su ponente de contribuir a la realización del SIS II en el más breve plazo. Me alegro de ello.

Participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0321/2001) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE del Consejo y la Directiva 96/61/CE del Consejo (COM(2000) 839 - C5-0027/2001 - 2000/0331(COD)).

Korhola
. (FI) Señor Presidente, nos ocupa una propuesta de directiva relacionada con la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre materias medioambientales. Se trata del segundo pilar del procedimiento legislativo, cuyo objetivo es ratificar en el seno de la Comunidad la Convención de Aarhus, firmada en 1998. Quiero dar las gracias por el apoyo unánime y plural que obtuvo mi primera versión del informe en muchos puntos importantes que yo había presentado. Sin embargo, el informe en sí también ha desatado pasiones políticas. Este informe debe servir para encontrar un equilibrio entre, por una parte, la aspiración a garantizar un amplio margen de participación ciudadana y, por la otra, la moderación de los intentos por dificultar deliberadamente la consecución de un acuerdo. Esta tarea no es nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta la complejidad estructural de la propuesta de base de la Comisión.
La votación llevada a cabo hace dos semanas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor tuvo un resultado algo embarazoso y falto de lógica, el cual debe ser corregido ahora en el debate del Pleno a fin de evitar el nacimiento de una situación engorrosa para la reputación del Parlamento. La versión del informe aprobada por la comisión parlamentaria contiene puntos que se contradicen entre sí. Personalmente, yo creo que no hubo tiempo suficiente para abordar el tema con profundidad y para comprender tanto mi punto de partida, como sus consecuencias prácticas. Yo propuse que el acceso a la información y la consideración de la consulta pública afectase a toda la ciudadanía, aunque sí limitaba el derecho legal a la información tras la adopción de cualquier decisión a un sector más pequeño del público, cuyos derechos hubieran sido ignorados por dicha decisión. Únicamente en este punto no pude obtener el apoyo que esperaba de los grandes Grupos parlamentarios. Yo quería abrir la fase de consulta a todo el público porque es lógico pensar que la autoridad en cuestión deberá ubicar al sector del público al que afecta el asunto. ¿Cómo podría saberse a quién o a quiénes afecta antes de que el público se haya pronunciado sobre el asunto? Y si lo supiera previamente, sería absurdo escuchar al público. Tal limitación es extraña desde el punto de vista de la participación ciudadana y derrocha el tiempo y las energías de las propias autoridades.
Como mis colegas han temido que mi planteamiento lleve a que cada cual pueda presentar recurso contra las autoridades, quiero subrayar que se trata de todo lo contrario. Eso es exactamente a lo que dará lugar la versión de la Comisión cuando establece las obligaciones que deben cumplir las autoridades. En mi propuesta, el derecho a presentar recurso se limita sólo a los sectores cuyos derechos se ven transgredidos por la decisión adoptada, con el fin de que no se abuse del procedimiento de recurso por puro capricho. La posibilidad de expresar la propia opinión no otorga automáticamente el derecho a presentar recurso.
La propuesta de la Comisión limitaba en todas las fases la posibilidad de participación de aquel sector del público afectado por el asunto. Sigo considerando que, en este punto, la propuesta de la Comisión comete un error cuyas consecuencias prácticas dificultan inútilmente el trabajo de las autoridades. Las autoridades se las tendrán que ver y desear para aclarar a quién afecta el asunto, sobre todo en lo que concierne al conjunto de las Organizaciones no gubernamentales, a las que la propuesta de la Comisión siempre considera parte implicada. El fracaso o la omisión de esta tarea siempre servirán de argumento para presentar una demanda judicial. Sin lugar a dudas, las disposiciones incluidas en el texto presentado por la Comisión también pueden ser usadas indebidamente, incluso acudiendo a retardar la ejecución de los proyectos.
Mi propuesta era significativa en la medida en que hubiera beneficiado por igual a los ciudadanos que deseen participar desinteresadamente, a las autoridades competentes en el caso y a las partes implicadas en el proyecto en cuestión. Quizás esto pueda corregirse a medida que los Estados miembros se vean obligados a estudiar más de cerca los aspectos prácticos de la aplicación. Creo que lo que acabo de exponer es importante para todos los ámbitos que puedan verse afectados por la Directiva.
Afortunadamente, muchos otros aspectos importantes desde el punto de vista de la Convención de Aarhus han sido bien acogidos. En primer lugar, he querido trazar las pautas de la aplicación práctica armonizando las disposiciones relativas a este proceso incluidas en diferentes directivas. De este modo, los ciudadanos sabrán mejor cómo deben proceder y las autoridades gestionarán con más fluidez su obligación de mantener informados a los ciudadanos. En la propuesta de la Comisión, los procedimientos son algo variables, por lo que es difícil saber cómo hay que proceder en cada situación concreta.
Asimismo, he incluido en el informe algunos objetivos en consonancia con la Convención de Aarhus que la Comisión había excluido o había olvidado en su propuesta. De este modo, el informe recoge mejor el espíritu y las metas de la Convención. Esto afecta particularmente al apartado 5 del artículo 6 y al artículo 8, y sobre todo este último enuncia los principios fundamentales de la Convención. También quiero dar las gracias por las opiniones de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores y de la Comisión de Peticiones, que me alentaron y apoyaron mi trabajo en la Comisión de Medio Ambiente. La colaboración con la Comisión y, sobre todo, con el Consejo ha sido constructiva y promete mucho de cara a la segunda lectura del informe.

Lambert
Señor Presidente, quisiéramos dar las gracias a la Sra. Korhola por su trabajo en este complejo documento. En la Comisión de Peticiones tenemos muchas peticiones relacionadas con las directivas específicas implicadas en este importante informe. A nosotros nos parece evidente que el público quiere participar, quiere ser informado y quiere una información puntual acerca de las propuestas específicas. A menudo escuchamos quejas del público por falta de información, que llega con retraso, que es incompleta y que es de difícil comprensión. A través de estas peticiones hemos constatado con frecuencia que hay una serie de Estados miembros que ha transpuesto deficientemente las directivas aquí mencionadas, y hemos visto que, a resultas de ello, han surgido disputas judiciales.
Nuestra comisión es absolutamente clara. Queremos una definición de "público" que sea lo más amplia posible. Hemos constatado en los asuntos que se nos han planteado que no solo se trata de las ONG medioambientales o los habitantes de una zona directamente afectada. Nos hemos topado con pequeñas empresas, con pescadores y con otras personas que han percibido que determinados proyectos les afectan y que, por consiguiente, son partes interesadas.
También hemos considerado que es importante contemplar el ámbito político, ya que una de las preguntas que se nos dirige con frecuencia es "cuál es el contexto de una determinada acción en desarrollo" , especialmente cuando está ligada en algún caso a una política de la Unión Europea, tal como el gasto de la PAC o el gasto en Fondos Estructurales. También constatamos que la gente desea tener acceso a recursos para poder entender la información que se les suministra. En ocasiones nos encontramos con que nos llegan quejas a nuestra comisión para que se evalúen efectivamente los análisis de impacto medioambiental, porque esas organizaciones carecen de los recursos para participar completamente en el proceso de planeamiento, y es esencial que prestemos atención a esto, seguramente en el ámbito del Estado miembro.

Sacconi
Señor Presidente, la plena y eficaz participación del público en el proceso de generación de decisiones en materia medioambiental es necesaria y compartida. La misma permite a los ciudadanos expresar opiniones y temores que pueden ser importantes de cara a las decisiones a tomar y a los responsables de dichas decisiones tener en cuenta las opiniones y los temores de los ciudadanos. Por su parte, esto aumenta la responsabilidad y la transparencia del proceso de generación de decisiones y contribuye a sensibilizar al público de las temáticas medioambientales.
Como se ha dicho, la importancia de fomentar la participación del público ya ha sido reconocida a escala internacional con el Convenio de Aarhus. La directiva que vamos a votar mañana tiene como objetivo adaptar el Derecho comunitario a las disposiciones de este Convenio y abrir el camino hacia su ratificación por la Comunidad. De este modo se garantizará a los ciudadanos la plena participación desde las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones sobre todo en lo que se refiere a la elaboración de planes y programas, al procedimiento ligado a la evaluación del impacto ambiental, a la prevención y a la reducción integral de la contaminación.
A este respecto, quiero mostrar mi satisfacción porque la Comisión de Medio Ambiente ha introducido nuevas disposiciones que contienen claras referencias a la difusión de información por Internet. Un aspecto de vital importancia es que sólo el público afectado, ciudadanos o grupos, incluidas las ONG, goza del derecho a expresar observaciones y opiniones, hasta valerse de la posibilidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional.
A pesar de que valoro las demás modificaciones aportadas al texto por la señora ponente, no comparto su propuesta de extender este derecho de participación a todos los ciudadanos sin limitación alguna. Una definición de ciudadanos ampliada y confusa puede dar lugar a equívocos interpretativos e impedir sin motivo la ejecución de un proyecto. Apoyo, por el contrario, las definiciones que figuran en la propuesta de la comisión que establecen con claridad el concepto de público afectado, el único que tiene derecho a formular observaciones y a expresar una opinión a la autoridad competente antes de que se adopte una decisión en el ámbito de los sectores incluidos en la presente directiva y, en su caso, a recurrir.

Paulsen
Señor Presidente, estimados colegas, hace algunos meses discutimos un excelente informe de la Sra. Korhola sobre el acceso del público a la información medioambiental. Esta vez nos ocupamos de la participación del público en la elaboración de planes y programas relacionados con el medio ambiente.
Ambos informes tienen en común que la propuesta de la Comisión se fundamenta en la denominada Convención de Århus. En virtud del artículo 8 de esta Convención, todos los países deben fomentar la participación del público, en tanto sea posible influir en las decisiones, dándole la oportunidad de participar en el trabajo de las autoridades.
Quiero subrayar que según el artículo 9 de esta Convención, los países se comprometen, en el marco de la legislación nacional de cada país, a dar a los ciudadanos la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez de las decisiones de las autoridades.
Como liberal me parece obvio que los interesados tengan acceso, en la mayor medida posible, a las decisiones y propuestas de las autoridades. Cualquier otra cosa sería impensable en una democracia.

Evans, Jillian
Quisiera felicitar al ponente por este importante informe - del cual constituye un elemento fundamental la definición de la participación, que ha de garantizar que el público pueda influir en los planes y los programas en las diferentes etapas del proceso y recibir una respuesta adecuada, de modo que puedan saber que los asuntos que han planteado han sido tratados con rigor. Es esencial que las consultas no sean restringidas de modo que, trasladadas a la práctica, resulten sin sentido - en otras palabras, que las propias autoridades puedan definir las personas afectadas y que serían las únicas consultadas.
Tengo un caso en Swansea, en mi propia circunscripción, en el que una autoridad local está construyendo una incineradora en el límite de dos condados y ha consultado a sus propios habitantes, pero no a los del otro condado, que viven más cerca de la misma y que se verán más afectados y que en este momento protestan intensamente contra estos planes. Esta legislación podría prevenir la aparición de tales situaciones. Y lo que es igual de importante, otorga al público el acceso a un procedimiento de revisión, por lo que solicito el apoyo a las enmiendas de mi Grupo, que pretenden reforzar el informe en consonancia con la Convención de Aarhus.

Bernié
Señor Presidente, preconizar la transparencia y la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas medioambientales es un objetivo loable, al que nos adherimos plenamente. En cambio, el informe plantea algunos problemas de fondo, a saber: en primer lugar la posible imbricación de textos que prevén la participación del público y en especial las directivas sobre los estudios de impacto medioambiental, sobre la prevención y sobre la reducción de la contaminación. En segundo lugar, la ratificación de la Convención de Aarhus. Esta última fue firmada por la Comunidad y el conjunto de Estados miembros pero sólo ha sido ratificada por Italia y Dinamarca: por tanto no está en vigor. El informe no debe ser una ocasión para la Unión de sustituir por una directiva la voluntad de los Estados miembros de estar unidos por una convención internacional.
Por otra parte, el añadir políticas medioambientales a los planes y programas me parece prematuro en esta fase, a la espera precisamente de la ratificación de la Convención de Aarhus.
Está también el concepto de "público afectado" al que somos favorables con el fin de no ampliar desmesuradamente el campo de aplicación del texto. No obstante, estos dos conceptos de "público" y "público afectado" deberían poder coexistir, a condición de que los Estados miembros decidan el nivel de consulta más apropiado. En caso de proyectos transfronterizos, por ejemplo, sería juicioso ampliar la consulta a la totalidad del público.
Apoyaremos las enmiendas 30, 31 y 32.
Por último, pensamos, como la Comisión, que conviene determinar las condiciones mínimas requeridas para garantizar una participación efectiva del público y dejar a los Estados miembros que se encarguen de regular los detalles de las modalidades prácticas respetando el principio de subsidiariedad.

Moreira Da Silva
Señor Presidente, Señorías, una de las quejas más frecuentemente formuladas por los ciudadanos se refiere a su mínimo papel en el marco de la democracia representativa. Los ciudadanos se quejan de que se les concede el derecho a votar periódicamente, pero no se les concede plenamente el derecho a participar en la marcha cotidiana de las instituciones que eligen: en los niveles europeo, nacional, regional y local. Precisamente en la esfera del medio ambiente es en la que se ha sentido la insatisfacción de las poblaciones, que, al discrepar -muchas veces con razón- de un determinado proyecto, no tienen otra opción que la de manifestar en la calle o en los tribunales su derecho a la indignación.
Ahora bien, esa indignación aumenta exponencialmente cuando muchos de esos proyectos con repercusiones medioambientales inaceptables son financiados en el marco de la Política Agraria Común y de los Fondos estructurales. Por eso, es muy importante que, conforme al Convenio de Aarhus, la Comisión haya legislado sobre el acceso del público a la información medioambiental, sobre la participación del público en ciertos planes, programas y políticas y sobre su acceso a la justicia. La mayor participación del público no sólo infunde mayor legitimidad a las decisiones adoptadas por nuestras instituciones, sino que, además, aumenta la calidad de esas mismas decisiones.
Sobre esta propuesta de directiva relativa a la participación del público en la elaboración de planes y programas medioambientales, felicito a la ponente por el trabajo que ha hecho, en particular por haber procurado, mediante diversas enmiendas, ampliar los derechos de los ciudadanos y eliminar algunas ambigüedades. Ahora bien, hay un asunto respecto del cual no puedo convenir con la Sra. Korhola: la consulta al público sólo será viable, si la definición de "público" no es demasiado imprecisa. Por eso, prefiero el planteamiento de la Comisión, que define el público afectado por un determinado proyecto como objetivo de la consulta y no la opción de la ponente en pro de una definición más amplia y, por ello, más imprecisa, de "público".

Blokland
Señor Presidente, comparto la opinión de la Comisión Europea de que la participación real del público en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente tiene muchas ventajas. De esta manera se le brinda al público la oportunidad de manifestar su opinión y su posible preocupación y las autoridades decisorias pueden tenerlas en cuenta a la hora de la toma de decisiones. Por lo tanto, esto contribuirá a la transparencia del proceso decisorio y hace aumentar el grado de aceptación de las decisiones adoptadas, es decir, los planes y programas.
No obstante, ampliar esto a las políticas, como propone la ponente, va demasiado lejos porque no son lo suficientemente concretas para la participación del público. Asimismo, el apartado "política" no recae dentro del ámbito de aplicación de la directiva actual sobre "evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente". La directiva presentada quiere conseguir que los procedimientos básicos relativos a la participación pública sean consistentes en todos los Estados miembros y que se apliquen dentro de la Unión de la misma manera. Sin embargo, se trata también de una obligación mínima. Por lo tanto, a la hora de ponerlos en marcha surgirán algunas diferencias entre los distintos Estados miembros.

Santini
Señor Presidente, este informe se basa, y ya lo han dicho muchos oradores, en unos propósitos muy loables, especialmente el de permitir a los ciudadanos participar en el proceso de elaboración de las normas medioambientales. Este tema se debatió en el Pleno del mes de marzo y ya entonces se puso de manifiesto una sensibilidad diferente hacia los sistemas y la importancia de esta participación, permítanme decirlo, en las distintas latitudes de los Estados miembros. En efecto, los países nórdicos tienen una sensibilidad diferente respecto a los países del centro y del sur de Europa en cuanto a este tipo de presencia, de posibilidad de participación.
La ponente - evidentemente, en su país, democráticamente más desarrollado, más avanzado que otros, está acostumbrada a ello - propone una participación que resulta incluso demasiado ineludible y autoritaria, una participación que podría acabar frenando, por no decir, obstaculizando y paralizando determinados procesos de toma de decisiones, en los que no habrá nunca una convergencia total entre la base democrática directa y la llamada autoridad, en definitiva, la administración encargada de gestionar estas problemáticas. Por eso, esta autoridad debe tener en cuenta claramente todas las exigencias y todas las observaciones, incluso de aquellos que deben construir, comerciar y crear iniciativas en materia de turismo, deporte y cultura, en definitiva iniciativas de vida.
Habida cuenta de que este segundo debate contiene argumentos y temas que afectan a la legalidad y al acceso a las instancias jurisdiccionales, también en previsión de posibles recursos, es necesario aclarar de forma clara, equilibrada e inequívoca cuál es el peso de los distintos papeles, en definitiva, cuáles deben ser los actores y con qué posibilidades de afirmación. Se ha citado el Convenio de Aarhus: todos lo suscribimos pero no es el Evangelio y tendrá que ajustarse a una sana subsidiariedad, a las costumbres, a los hábitos y al nivel de capacidad de participación de la democracia directa en los distintos Estados.
De todos modos, felicito a la ponente que se ha empleado a fondo, no obstante, como decía al principio, se impone alguna modificación en las diferentes latitudes.

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar diciendo que esta propuesta aborda el segundo pilar de esta convención, que inserta la participación pública en la toma de decisiones en materia medioambiental. Además de esta propuesta sobre el acceso a la información medioambiental existen otras normas comunitarias que ya incorporan el principio de la Convención de Aarhus. La Comisión se asegurará que los elementos de Aarhus sean incorporados a todas las propuestas futuras. La participación pública debe convertirse en una parte completamente integrada en la toma de decisiones en materia medioambiental. Para alcanzar tal objetivo nuestras propuestas deben poder ponerse en práctica fácilmente, de modo que sean ejecutadas sin impedimentos en los diferentes sistemas administrativos de los Estados miembros.
La cuestión sobre si la participación en la toma de decisiones debería comprender al público en general o al "público afectado" constituye un elemento fundamental, y ha sido abordado por varios de los diputados que acaban de intervenir. De acuerdo con la Convención de Aarhus, la Comisión propone garantizar que el público en general sea plenamente informado sobre el desarrollo de cualquier plan que pudiera afectarles, al tiempo que propone otorgar el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones a aquellos que tengan un interés que pueda ser o se vea afectado por ese desarrollo, es decir, el "público afectado" . Algunas de las enmiendas propuestas, y ciertamente lo que acaban de decir algunos diputados, parecen sugerir que al utilizar la definición de "público afectado" tanto la convención como la Comisión están restringiendo deliberadamente los derechos de los ciudadanos, pero permítanme resaltar que, desde luego, ese no es el caso. No es cierto. Esta propuesta pretende ampliar los derechos de los ciudadanos. En ningún caso se concibe restringir esos derechos.
Al definir el "público afectado" estamos llamando la atención de las autoridades competentes sobre la necesidad de tener en cuenta a aquellos ciudadanos más directamente perjudicados. La definición confirmará tanto el derecho a expresar una opinión como el derecho a ser escuchado. La definición de "público afectado" tiene la suficiente precisión para garantizar que no haya ninguna duda sobre quién debe ser involucrado. Por consiguiente, alguna parte de ese público puede alegar que ha sido injustificablemente excluida. Esto sería difícil con una definición más general de público. La inclusión de las ONG en la definición de "público afectado" garantizará que se tenga en cuenta una perspectiva pública más general.
En un plano más práctico, la definición de "público afectado" ha sido empleada durante años en la legislación existente sin mayor problema - por ejemplo en la directiva sobre análisis de impacto medioambiental. No han surgido problemas por que la aplicación de esta definición haya excluido a determinada gente - por lo menos, problemas graves. En resumen, este enfoque otorgará a aquellos afectados por nuevas actuaciones el derecho a influir en las decisiones que no sólo afectarán a su medio ambiente sino que también pueden afectar a su situación económica y social. Por estos motivos, la Comisión, lamentablemente, no puede apoyar las enmiendas que pretenden la sustitución del concepto de "público afectado" .
La enmienda 26 pretende ampliar de forma considerable el ámbito del Artículo 1, hasta el punto de que cubra los planes y programas no sólo en materia de medio ambiente sino también otros sectores. La opinión de la Comisión es que ello conllevaría una menor definición del ámbito de la propuesta y también que las medidas propuestas propiciasen una confusión jurídica. En efecto habría una duplicidad de medidas contenidas en diferentes normas, persiguiendo cada una lo mismo, pero de forma incoherente. En especial, para los planes y programas de otros sectores ello puede tener unos considerables efectos medioambientales, la Directiva 2001/42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente ya incorpora medidas de especial relevancia. La directiva regula el análisis medioambiental de determinados planes y programas de muchos sectores integrados y prevé la participación pública completamente en consonancia con los requisitos de Aarhus.
Las enmiendas 6 y 12 tienen por objetivo dotar de mayor efecto a la cláusula de mejor actuación de la Convención de Aarhus y están redactadas de forma no vinculante. La enmienda 9 introduce en su título la participación pública en las políticas, pero el texto no contiene ninguna disposición operativa al respecto. Al redactar la propuesta, el objetivo de la Comisión ha sido incorporar las disposiciones vinculantes de la Convención de Aarhus. La opinión de la Comisión es que no se genera ningún valor añadido incorporando disposiciones de naturaleza discrecional. No sólo la Comunidad sino también todos los Estados miembros han suscrito la Convención de Aarhus y por tanto ya tienen la obligación de tener en cuenta las disposiciones de naturaleza jurídica discrecional.
La Comisión, lamentablemente, no puede aceptar las enmiendas 7 y 11 que regulan el acceso a la justicia en relación con la participación pública en planes y programas. La Convención de Aarhus no exige esto explícitamente, como tampoco regula el acceso a la justicia la directiva de análisis estratégicos medioambientales de planes y programas. No obstante, la Comisión está considerando otras propuestas legislativas en relación con el tercer pilar de Aarhus sobre acceso a la justicia.
Para terminar quisiera confirmar la posición de la Comisión respecto de las enmiendas. La Comisión está en disposición de aceptar las enmiendas 15, 18, 25, 28 y 29. Además, las enmiendas 9, 13, 14, 23 y 27 pueden ser aceptadas parcialmente y las enmiendas 4, 5, 10 y 17, aceptadas en principio. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 16, 20, 21 y 22.
Como conclusión quisiera destacar que es en nuestro interés común, que en última instancia es el interés del ciudadano europeo, que esta propuesta entre en vigor rápidamente. Sólo una vez se haya establecido el marco, puede la participación pública convertirse en una práctica administrativa completamente integrada.

Korhola
La interpretación inglesa no ha podido seguir mi intervención por lo que el resto de versiones basadas en esa interpretación han quedado incompletas. Lamento este hecho. Ya ha ocurrido muchas veces por lo que le insto a que procure que la calidad de la interpretación sea mejorada lo antes posible.

El Presidente
Señora Korhola, tomamos buena nota. Sabemos que el tema de la traducción pivote o puente produce algún día algún problema. Tomamos muy buena nota para que no vuelva a ocurrir.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-0324/2001) del Sr. Olle Schmidt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, relativa a las posiciones comunes presentadas por el Consejo con vistas a la aprobación de las directivas del Parlamento y del Consejo que modifican:
I. la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados (7551/1/2001 - C5-0296/2001 - 1998/0243(COD));
II. la Directiva 85/611/CEE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las inversiones de los OICVM (7550/1/2001 - C5-0295/2001 - 1998/0242(COD))

Schmidt, Olle
Señor Presidente, ¡espero que esto ponga fin a doce años de tramitación de las denominadas Directivas OICVM! En febrero del año pasado tuvo lugar la primera lectura. Un año y medio después, en julio, llegó la postura común y ahora es nuestro turno.
Como es sabido, la primera propuesta trata de los organismos de inversión y de las inversiones. La segunda actualiza y amplía las normas sobre la administración de los fondos. Ambas propuestas fueron ampliamente acogidas por el Parlamento en primera lectura. Se aprobó un total de 37 enmiendas a ambas propuestas. Treinta de ellas habían sido aprobadas total o parcialmente por el Consejo. En relación con OICVM-1, el Consejo ha aprobado, total o parcialmente, 20 de las 24 enmiendas del Parlamento. Además ha hecho otros cambios. El más importante de ellos tiene relación con los instrumentos derivados no negociables en bolsa, que la Comisión rechazaba desde el comienzo. Sin embargo, el Parlamento estimó que los estos derivados podrían tener una utilización más amplia, pero estrictamente reglamentada. El Consejo siguió esta línea. En muchos casos el Consejo tuvo una actitud más cautelosa que el Parlamento en esta materia, exigiendo que las inversiones en estos instrumentos derivados no negociables en bolsa deberían cumplir con normas de calidad más severas.
En cuanto al procedimiento de comité, la postura común contiene normas sobre este procedimiento en relación con los servicios financieros. No obstante, quisiera hacer hincapié en que no existe una relación evidente con las propuestas que el Grupo Lamfalussy ha presentado con posterioridad.
Mediante la directiva de 1985 se creó el denominado Comité de Contacto, cuya misión sería asesorar a la Comisión. En la propuesta originaria de la Comisión que discutimos hoy, se propone ampliar la competencia de la Comisión. La Comisión propone dar mayores atribuciones al Comité. El Parlamento acepta partes de esta propuesta, pero no lo relativo a la adaptación a los valores límite, materia que fue aprobada por el Consejo. Asimismo, tanto la Comisión como el Parlamento aprobaron la exigencia parlamentaria de limitar las delegaciones al Comité. A mi juicio, de esta manera el Parlamento ha dado su aprobación al sistema de comité y, además, ha cambiado la amplitud de las atribuciones. Por estos motivos considero innecesario ocuparme de este tema una vez más.
Sin embargo, hay una enmienda de los señores Goebbels, Jonckheer y Herzog que, si se aprueba, me temo que nos llevaría a una conciliación de imprevisibles consecuencias. Podría retrasarse la solución Lamfalussy y detenerse la directiva OICVM. ¡Nadie lo quiere! Espero que el señor Goebbels comparta mi criterio.
En la directiva OICVM-2 el Consejo ha hecho suya gran parte de los comentarios formulados por el Parlamento en su primera lectura. Se han considerado 10 de las 13 enmiendas del Parlamento. El asunto más polémico ha sido la exigencia de capital para los organismos de inversión. El acuerdo final del Consejo coincide con la línea adoptada por el Parlamento. Considerando la complejidad de ambas directivas y la rapidez con que se desarrolla el mercado, la comisión propone que se revisen las normas dentro de tres años. Hay dos razones para hacerlo. En primer lugar, el acuerdo del Consejo es muy frágil y nadie desea abrir la caja de Pandora mediante la presentación de enmiendas detalladas, de carácter técnico o políticamente delicadas. Una conciliación retardaría la revisión, que incluso ahora es necesaria, y, quizás, detendría el proceso legislativo. En segundo lugar, en las dos posturas comunes existe un equilibrio entre la protección a los inversores y la libertad de inversión. Como he dicho, ha sido incluida la mayoría de las enmiendas que propusimos la vez anterior.
Existen, con todo, problemas no resueltos. A mi juicio será más fácil encontrar solución a esos problemas en un contexto más amplio. La comisión tuvo la amabilidad de seguir mis recomendaciones. Por eso hay solamente una enmienda a la directiva OICVM-1 que contiene directrices para la futura revisión. También se propone que los organismos actuales no deberán cumplir con la nueva legislación durante un período transitorio, la denominada grandfather clause. Hay una enmienda a la directiva OICVM-2 que pretende coordinar los períodos de revisión de capital con la revisión general.
Después de la tramitación en la comisión he estado en contacto con el Consejo - hace sólo unas horas - y con la Comisión. Por eso, presento junto con el señor Goebbels una nueva enmienda para acortar el período transitorio. De esta manera será posible aplicar las directivas OICVM en los países miembros el año 2005, es decir, cuando el plan de acción financiera haya concluido. Así se evita la conciliación.
Los trabajos para modernizar la legislación relacionada con los OICVM han durado doce años y constituyen un claro ejemplo que avala la necesidad de reformar los procesos de decisión en esta materia. Para que la economía europea pueda competir con éxito frente a la norteamericana se necesita que los cambios de carácter más técnico sean realizados más rápida y eficazmente. Actualmente existe equilibrio entre el adecuado funcionamiento del mercado y una aceptable protección a los consumidores.
Cuando ha sido necesario, el Parlamento ha demostrado que tiene capacidad para dar impulso, para actuar con rapidez y para alcanzar acuerdos. ¡Sigamos por ese camino! ¡Lo que Europa necesita es una legislación razonada, rápida y eficaz!
Quiero terminar dando las gracias a todos los que han participado: al Comisario, a sus hábiles y gentiles colaboradores y a todos los colegas, que realmente han ayudado durante este difícil período. Espero que de esta forma mañana podamos poner punto final a doce años de trabajo en beneficio de los consumidores y los inversores europeos.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, enlazando con las últimas palabras del ponente, agradezco a todas las personas que han participado y, muy especialmente, al personal de la Comisión, la ayuda que nos han prestado. El tema que nos preocupa, por técnico que sea, es de una extraordinaria importancia política y social, porque es bien sabido que los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, con los fondos de pensiones, constituyen, en este momento, el vehículo de ahorro preferido por la mayoría de los ciudadanos.
El primer problema con que nos encontramos fue que había dos directivas: una llamada "de producto", que permitía a estos organismos invertir en productos que hasta ahora les estaban vedados, y otra, que se proponía aumentar sustancialmente las cifras de capital. Hubo una tentación, que corrió por la Comisión y por este Parlamento, de aprobar inmediatamente la llamada directiva de producto y aplazar la aprobación de la llamada directiva de gestión. Este Parlamento advirtió que era peligroso permitir a estos organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios -que, insisto, canalizan el ahorro ciudadano- desplazarse hacia aguas más profundas de la costa sin asegurarnos de que su aparejo estaba preparado para una singladura más atrevida que la que habían hecho hasta entonces.
Como ha señalado el ponente, el objeto de la primera discusión -y me ciño ahora a la directiva de producto- fue en qué podían invertir. Él ha aludido a los derivados negociados en valores no regulados, a los fondos indicados, al fenómeno de la cascada, etc., problemas técnicos que no voy a repetir aquí. Sí quiero decir que, a juicio de mi Grupo, ha prevalecido un equilibrio entre dar mayores posibilidades a los organismos de gestión y, por tanto, mayores oportunidades a los inversores, y la protección, la cautela que hay que tener al tratar un tema tan delicado.
El Parlamento ha querido lanzar una señal a la Comisión. Al igual que en ocasiones anteriores, el Parlamento quiere agilizar la aprobación de las directivas del plan de acción de servicios financieros. Queremos una aprobación rápida de esta directiva y queremos, por lo tanto, que no haya que ir a conciliación. Por eso, hemos limitado nuestras enmiendas a una -que a mí personalmente no me gusta, aunque la voy a votar- que consiste en el establecimiento de una cláusula "grandfather", es decir, el establecimiento de un régimen transitorio para que los organismos actualmente existentes tengan un período adicional para adecuar su capital.
Se ha aludido a otra enmienda del Sr. Goebbels, que va a retirar, pero que me parece extraordinariamente inteligente, y que constituye la segunda señal que el Parlamento lanza a esta Comisión. La primera, insisto, es no plantear enmiendas que no puedan ser aceptadas por el Consejo y la Comisión. La segunda, y aunque no estemos en procedimiento Lamfalussy, es advertir que siempre habrá que agilizar, siempre nos encontrarán dispuestos para agilizar el procedimiento legislativo, pero no nos encontrarán dispuestos a ceder en las competencias en materia de codecisión que el Parlamento ha tardado tanto tiempo en arrancar.

Goebbels
Señor Presidente, trataré de recuperar el tiempo que ha utilizado el Sr. García-Margallo. Simplemente, en nombre de mi Grupo doy nuestro apoyo a las propuestas del Sr. Olle Schmidt, al que felicito por su arduo trabajo como ponente del Parlamento Europeo. Apoyamos las dos enmiendas que él ha presentado. Personalmente, junto con otros colegas, he presentado otra enmienda. Muy probablemente vamos a retirar este acuerdo, dependerá de las respuestas que el comisario Bolkestein vaya a darnos después. Somos muchos los que consideramos, y creo poder hablar por boca del Sr. García-Margallo y de otros, que el equilibrio se rompió en Estocolmo entre el Consejo y el Parlamento Europeo como colegislador. Es necesario que la Comisión restablezca este equilibrio. Esperamos propuestas concretas por parte del comisario.

Huhne
Sólo quisiera decir en nombre del Grupo Liberal que confío en que el Sr. Goebbels y sus colegas retiren su enmienda. No creemos que una enmienda que insiste en la devolución sea apropiada para esta norma en particular, que mi colega Olle Schmidt ha descrito, tras la posición común del Consejo, como muy cuidadosamente equilibrada. Tampoco es apropiada en el contexto de los actuales debates en el procedimiento Lamfalussy. De hecho, diría que insistiendo en la devolución, término que no aparecía en la segunda resolución del Parlamento sobre este asunto tras el Consejo de Estocolmo, nos arriesgamos a que se ponga en duda nuestra bona fides durante las largas negociaciones que algunos de nosotros hemos mantenido con el Sr. Bolkenstein.
Confío, por tanto, en que aquellos que han presentado esta enmienda la retiren, y que los debates se produzcan en un lugar apropiado. No deberíamos pretender cuestionar esta norma. Creo que debería aprobarse tal y como está.

Villiers
Yo también confío en que el Sr. Goebbels vaya a retirar la enmienda 4. Usted desea la devolución, Sr. Goebbels, yo quiero la devolución y también la desea el Sr. Bolkenstein. Pero la realidad es que no es factible proceder a una devolución legal según los términos del Tratado. Por lo tanto, depende de nosotros alcanzar un acuerdo político y una redacción válida hasta 2004, momento en el que podremos revisar todo este asunto. De hecho, creo que la Comisión se ha comprometido a tal revisión. Es muy importante que logremos este acuerdo.
Me complace observar como en el informe del Sr. Schmidt se ha modernizado el marco de las OICVM, incluyéndose los derivados y los derivados OTC. El Parlamento está abriendo camino en este asunto y el Sr. Schmidt ha desempeñado un papel especialmente exitoso en la actualización de las directivas, y ha sido el conductor fundamental de la cuestión de los derivados.
Lamento ver la forma en que han quedado los requisitos de capital. En mi opinión los gestores de las OICVM deben estar sometidos ha ciertos requisitos de capital, pero no creo que los establecidos en la directiva sean lo suficientemente acordes a los riesgos. No creo que sean coherentes con el marco que queremos establecer. No creo que hacer una evaluación del capital en función del riesgo que se gestione refleje efectivamente el riesgo asumido. También me preocupa que esta redacción de la directiva vaya a crear una desigual apertura del mercado, dejando el mercado cerrado en uno de los Estados miembros y abierto en los 14 restantes. Pero el ponente y nuestro estimado ponente en la sombra me han convencido de no presentar enmiendas a estos defectos, ya que perseguimos incorporar estas dos directivas al estatuto y modernizar el marco de las OICVM de la Unión Europea. Recomiendo esta directiva a la Asamblea.

Purvis
Señor Presidente, quisiera referirme a la posición común para la Directiva 1998/242 y los requisitos de capital que impondrá a las sociedades gestoras de inversiones. En Escocia existe una larga tradición de gestión de inversiones que se retrotrae a la apertura del oeste americano en el siglo XIX. Estos gestores de inversiones eran normalmente despachos de abogados, sociedades privadas, que gestionaban los activos de sus clientes con mucho éxito. Hasta hoy existen tales sociedades de inversión, sociedades privadas, establecimientos de propiedad única y otras estructuras de capital limitado. Los intereses de sus clientes están plenamente salvaguardados por cuanto sus activos los detentan depositarios regulados e independientes plenamente capitalizados.
Es absolutamente inadecuado imponer requisitos de capital a las propias sociedades gestoras de inversión. Me reconforta que el Consejo haya reducido algo los requisitos de capital establecidos por este Parlamento en la primera lectura y haya establecido un tope de 10 millones de euros. Pero éste sigue siendo considerable para las sociedades privadas y los establecimientos de propiedad única. A propósito, las mayores y más exitosas sociedades de Estados Unidos y del mundo - Fidelity constituye un buen ejemplo - son exactamente de esta naturaleza.
Los requisitos de este tipo constituirán un obstáculo para las nuevas empresas entrantes en un negocio que requiere una inyección regular de savia nueva. Por lo menos, se debería permitir que este capital se constituyera con garantías bancarias o pólizas de seguro para cubrir los riesgos profesionales y operacionales. Pero la posición común, por algún motivo no muy aparente, restringe tal cobertura únicamente al 50% de lo exigido. ¿Por qué? La posición Común establece que la Comisión debe informar sobre este asunto en el plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la directiva. Quisiera que constara en Acta la petición de que tal informe deba considerar específicamente si los requisitos de capital son necesarios para las sociedades gestoras de inversiones y, ciertamente, que las mismas deberían ser fuertemente reducidas.

Lulling
Señor Presidente, cuando en numerosos ámbitos la legislación europea que nosotros elaboramos aquí es a menudo criticada abiertamente -y no sin razón-, hay que reconocer que la directiva de 1985 relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios era, una vez al año no hace daño, una pieza maestra. El éxito que ha alcanzado tanto en el sector de fondos de inversión como entre los clientes de estos fondos da prueba de ello. Se ha convertido incluso en ejemplo de legislación a nivel mundial. Desde su entrada en vigor en 1989, no sólo los activos de los OICVM han registrado un crecimiento fulgurante, sino que la comercialización transfronteriza se ha desarrollado fuertemente. Por tanto ha alcanzado los objetivos para los que fue creada.
Sin embargo, si, diez años después, esta directiva necesita un "lifting" para adaptarse a la evolución de los mercados y a la oferta cada vez más sofisticada de productos financieros, me siento preocupado por la suerte de los antiguos fondos, que no responden a las nuevas exigencias. He aquí por qué recomendé para estos fondos una cláusula, llamada «del abuelo», ilimitada. Efectivamente, en este ámbito también hay derechos adquiridos que es injusto modificar con efectos retroactivos. A falta de tal cláusula, existe un riesgo no desdeñable de inseguridad en el mercado, con efectos nefastos en los resultados de estos fondos que suponen una penalización no solamente a las industrias sino también a los inversores. Sobre todo los consumidores más débiles, que no siguen de cerca la actualidad financiera y que, por tanto, reaccionan más tardíamente, serían los más afectados.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se ha pronunciado finalmente a favor de una cláusula limitada en el tiempo. Es un mal menor, pese a que esta cláusula puede tener consecuencias negativas, desde el punto de vista de la competencia, para los antiguos OICVM, ya que probablemente no todos podrán adaptarse a las nuevas disposiciones de la directiva en las mejores condiciones operativas o financieras.
Señor Presidente, espero, por lo tanto, que se vote esta cláusula limitada. Claro está que también me opongo, permítame decirlo, a la enmienda del Sr. Goebbels, que tendría como consecuencia aplazar, incluso sacrificar, la directiva modificada, con la que podemos vivir, a pesar de sus carencias -pero se trataba, por lo que se ve, de una causa perdida de antemano. El Sr. Goebbels estaría muy inspirado, me parece, retirando su enmienda. Puede ponerla en el frigorífico a la espera de una ocasión mejor para presentarla nuevamente.

Bolkestein
. (EN) Quisiera comenzar diciendo que la Comisión desea en primer lugar dar las gracias al ponente, el Sr. Schmidt. En nombre de mi equipo - al que el Sr. Schmidt ha dirigido unas palabras muy amables - le doy las gracias al ponente y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por su postura sumamente constructiva respecto de estos importantes asuntos. Las posiciones comunes son elementos fundamentales para la aprobación puntual del PASF - el plan de acción para los servicios financieros - en otras palabras antes del 2003 para una Unión Europea integrada en relación con los mercados de valores y antes del 2005 en general. Estas propuestas, tomadas en su conjunto, suponen un compromiso muy delicado y complejo que la Comisión apoya completamente, al igual que lo hace la industria europea. Este un hecho importante que hay que tener en cuenta.
Dada la capitalización del mercado de las OICVM - cerca de 4 billones de euros - los beneficios que se espera obtener son enormes. En primer lugar, las propuestas ampliaran la gama de instrumentos financieros elegibles para las carteras de las OICVM a la vez que se incrementan los requisitos de gestión de riesgos. En consecuencia, ofrecerán una mayor diversidad financiera mientras se mantiene el concepto original, fundamentalmente la diversificación del riesgo con los mayores niveles de protección para el inversor.
En segundo lugar, las empresas gestoras que por lo general se ocupan de estos programas de ahorro disfrutarán de un pasaporte europeo y se les permitirá ofrecer servicios adicionales a los clientes que soliciten, por ejemplo, una gestión individualizada de sus activos. No obstante, tendrán que cumplir una amplia serie de requisitos y normas.
En tercer lugar, la información al inversor será considerablemente mejorada con un detallado desglose de los perfiles de riesgo, junto con un folleto simplificado y completamente armonizado que desempeñará la función de un instrumento comercial europeo único, orientado al inversor.
Paso a ocuparme ahora de las enmiendas presentadas. Quisiera destacar que las disposiciones contenidas en las tres primeras enmiendas, fundamentalmente las cláusulas gemelas de revisión y la denominada cláusula grandfather, nos plantean ciertas dificultades - no por la sustancia, pero a causa de los calendarios propuestos en cada una de ellas. Preferiríamos una única fecha límite para ambas, por ejemplo 2005 - la fecha de conclusión del plan de acción para los servicios financieros, que estimamos sería más lógica.
En cualquier caso, con un espíritu de compromiso y porque debemos ahora dejar que este asunto se asiente después de doce años de debates, y en reconocimiento de los esfuerzos realizados por este Parlamento, teniendo también en cuenta la última enmienda del ponente que reduciría el periodo transitorio previsto en la enmienda 1, la Comisión, finalmente, apoyará las enmiendas 1, 2 y 3.
Paso a tratar la enmienda 4, que introduciría la llamada cláusula de "devolución" en relación con el Comité de Contacto OICVM. Quisiera dejar claro que ésta no es aceptable para la Comisión. Pensamos que tampoco sería aceptable para el Consejo. No es aceptable para la Comisión porque, en primer lugar, la cláusula presentada es incompatible con el Artículo 202 del Tratado, como el Sr. Goebbels sabe perfectamente. También es contradictoria con las existentes normas de comitología. Esto, también le consta al Sr. Goebbels.
(Interrupción del Sr. Goebbels) No antes de 2004, señor Goebbels, como ya he explicado muchas, muchas veces en nombre de la Comisión.
La segunda razón por la que esta enmienda no es aceptable para la Comisión es que el mandato del Comité de Contacto OICVM fue debatido por el Parlamento en primera lectura. El Parlamento entonces dio su completo respaldo al mandato del Comité de Contacto OICVM. De hecho, la primera posición común incorporó completamente lo deseado por el Parlamento. De modo que recomiendo que el Sr. Goebbels no deshaga lo que el Parlamento ya ha decidido previamente.
La tercera razón por la que esta enmienda es inaceptable para la Comisión es que aceptarla propiciaría una disputa institucional en conciliación, y pondría en grave riesgo la aprobación de ambas directivas. Esto sería lo último que desearía la Comisión y - supongo - este Parlamento.
Por tanto, vamos a aceptar las enmiendas 1, 2 y 3. En especial, quisiera dirigir las siguientes palabras al Sr. Purvis, quien ha hecho referencia al sistema de los Estados Unidos, el cual es diferente al sistema europeo. Los depósitos son fundamentales en el sistema europeo. Vamos a considerar una actualización, siguiendo al Consejo Ecofin de diciembre en cuanto que la forma europea de OICVM necesita capital porque no pueden asumir deudas para poder disponer de capital operativo. Eso es posible en los Estados Unidos. Por lo tanto, la necesidad de dotar de capital a tales entidades es menor en los Estados Unidos que en Europa. Repito, las entidades europeas no pueden emplear las deudas para su capital operativo y por tanto han de dotarse de capital.
Creo que la votación tendrá lugar mañana y confío en que ahora podamos estar de acuerdo sobre las enmiendas 1, 2 y 3 y sobre las propuestas en sí. Ello nos permitiría avanzar constructivamente en beneficio de los inversores europeos, la industria europea y la economía europea. Espero que tras doce años de debates estas propuestas puedan ser incorporadas al estatuto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Sistema monetario internacional (SMI)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del Informe (A5-0302/2001) del Sr. Goebbels en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el sistema monetario internacional.

Goebbels
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, según el Fondo Monetario Internacional, el mundo ha conocido 120 crisis monetarias entre 1975 y 2000. Una crisis monetaria se define por la depreciación de una moneda en más del 25 % en un año. Siempre fue la economía real la que pagó las consecuencias de esta inestabilidad financiera. Menos crecimiento, menos empleo y más miseria acompañan a las crisis financieras. Hay por tanto que considerar la necesaria estabilidad financiera como un bien público. Las autoridades públicas son las encargadas de prevenir, cuando no de gestionar lo mejor posible cualquier crisis. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios me ha encargado de este informe de iniciativa. He conocido algunos sinsabores con las reglas establecidas por la Mesa de nuestro Parlamento. Mi informe era demasiado largo, ¡cómo si se pudiera exponer la complejidad de las relaciones monetarias internacionales en cinco páginas! El informe Meltzer, del Congreso americano, comprendía un centenar de páginas. La Comisión Meltzer, compuesta por parlamentarios, científicos, banqueros y sindicalistas suscitó un vivo debate internacional. Mi humilde informe, así como la resolución propuesta, no suscitará ciertamente el mismo debate. Para tener mayor peso, nuestro Parlamento debería haber iniciado un trámite similar al del Congreso americano, es decir dotarse de medios como un informe colectivo, con propuestas detalladas. El proyecto de resolución se limita a algunas cuestiones esenciales. El eje de mi informe gira alrededor de conceptos de transparencia y de responsabilización, de regulación y de solidaridad. En el año 2000, el sector privado ha transferido aproximadamente veinte veces más recursos a los países en vías de desarrollo que el Banco Mundial y los demás bancos multilaterales. Los mercados financieros abiertos proporcionan a plazo importantes ganancias de eficiencia a los intercambios mundiales, siempre que estén mejor situados. Las instituciones financieras internacionales deben hacerse realmente universales. El Fondo Monetario debe hacerse más democrático. Hay que abolir la supermayoría del 95% para todas las decisiones importantes pues da el derecho de veto a los Estados Unidos y a la Unión si ésta lograra unirse también a nivel del Fondo Monetario Internacional. Es necesario un incremento regular de las cuotas y de las emisiones de derechos de giro especiales al ritmo del crecimiento de la economía mundial. Hay que aplicar al plan internacional normas y estándares comunes. Se necesita un marco jurídico y judicial que permita una resolución rápida de las crisis de insolvencia. Hay que implicar al sector privado en la gestión de las crisis, en especial mediante la generalización de cláusulas de acción colectiva. Esta implicación debe ir hasta la congelación de los pagos del servicio de la deuda. Esto permitirá reducir la incertidumbre moral y reducir el coste de los programas de reestructuración. Una mejor prevención de las crisis no puede ahorrar en una mayor vigilancia de las operaciones no contabilizadas en el balance. Hay que reforzar en especial las exigencias de prudencia impuestas a los bancos cuando éstos sirven de contrapartida a hedge funds. Europa debe hacerse más activa en los foros internacionales. Para ello, el BCE debe implicarse más. Hay que diseñar el sistema europeo de bancos centrales como un órgano de coordinación de las autoridades de vigilancia y de control de la Unión.
Una de las conclusiones de mi informe es que el impuesto Tobin no funcionará. Incluso tendrá consecuencias económicas lamentables. Para qué penalizar las operaciones entre divisas fuertes, que constituyen más del 95% de los intercambios monetarios internacionales, pretendiendo querer impedir así la especulación con la moneda de los países emergentes. Con la encaja chilena se puede llegar a un resultado mejor. Sin embargo, acojo favorablemente la decisión Ecofin de invitar a la Comisión a preparar un informe al respecto que, espero, hará la decisión mucho más objetiva.
Mi informe insiste fuertemente en la necesidad de resolver lo más rápidamente posible el problema de la deuda del tercer mundo. Esta deuda debería en parte condonarse y en parte refinanciarse, con el fin de permitir a los países emergentes volver a pagar el saldo hasta el 5 % del producto anual de sus exportaciones. El acuerdo de Londres de 1953 preveía tales modalidades a favor de Alemania. Fue la base del milagro económico alemán de la posguerra. Esto también podría ser la base de un nuevo partenariado económico entre todas las naciones, el inicio de una verdadera globalización. La resolución del problema de la deuda del tercer mundo permitiría el desarrollo endógeno de estos países y constituiría la cimentación de la victoria contra la pobreza y la ignorancia y, con ello, contra la intolerancia y el terrorismo.

Langen
Señor Presidente, al Informe de nuestro colega, el Sr. Goebbels, es aplicable el dicho de que lo que dura mucho tiempo acaba siendo bueno. Éste es un informe de iniciativa que se remonta todavía al año 1999. Entonces el punto de partida fueron la crisis en Asia y la crsis de Rusia y de Brasil. Entretanto ha habido una serie de otras pequeñas crisis y hemos seguido avanzando con nuestros trabajos.
Nuestro Grupo ha dado su plena conformidad a la línea fundamental del ponente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Lo hemos hecho en definitiva, porque ustedes ha adoptado una posición clara respecto del impuesto Tobin. El sistema monetario internacional está en un proceso de cambio. Esto se deduce de su informe. Queremos aportar propuestas en ese proceso de cambio. Pero podemos decir también que el euro está firmemente asentado desde 1999 y se ha acreditado plenamente como ancla de estabilidad de la economía mundial.
Ésta es ya una contribución importante que Europa ha realizado a la estabilización del sistema monetario internacional. Nuestro colega, el Sr. Goebbels, ha realizado un trabajo en toda regla y quiero subrayarlo también aquí. Por esta razón, coincidimos en gran medida con los puntos que propone: mejora del control de los bancos, vigilancia de las actividades financieras internacionales, aumento de la capacidad de las organizaciones internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, para poder resolver con eficacia las situaciones de crisis. Usted acaba de decir que el FMI debe ser más democrático. Sobre todo, debe tener una estructura general que no lo convierta en el coco a la hora de solucionar las crisis. En esto deben colaborar, naturalmente, los estados pues las crisis no se solucionan solamente con cosas económicas.
La intensificación de la cooperación a nivel internacional entre las autoridades nacionales de vigilancia y control, el fortalecimiento del papel de coordinación del Banco Central Europeo - un tema que sigue sisn resolverse plenamente y que hemos asumido - la constitución de un observatorio de riesgos drel sistema en el BCI, el Banco para la Cooperacioón Internacional, y la prosecución de los esfuerzos de reforma del SMI cuantan con nuestra conformidad. Sin embargo, al contrario que nuestros colegas, los Verdes, coincidimos con la opinión del Sr. Goebbels de que el informe Tobin no debería tener cabida en este informe. Al analizar las enmiendas he visto que el Grupo PSE, a tenor de la enmienda 10, quiere también este análisis cuando en la misma se hace referencia a un acuerdo del Consejo ECOFIN. En esto somos totalemnet de otra opinión. Estamos plenamente de acuerdo con su línea fundamental y solicitaremos una votación específica para este tema.
La transferencia de capitales y, con ello, también las ventajas de la división mundial del trabajo, la inversión y los puestos de trabajo, se verían amenazados si se introdujese un impuesto tal cuypos problemas técnicos no son solucionables sin más. Por esta razón estamos en contra. Por lo demás, sin el impuesto Tobin estamos de acuerdo con su informe, con el impuesto Tobin no lo estamos.

Randzio-Plath
Señor Presidente, muchas gracias por querer disfrutar todavía de tales alegrías en esta avanzada hora de la tarde. En nombre del Grupo PSE quisiera felicitar al ponente por su informe. Apoyamos este informe, porque tanto en relación con la nueva arquitectura financiera, que hay que diseñar, como en relación con la reforma global y con la solución de las crisis da respuestas correctas que contemplan también, de manera concreta, las necesidades de las regiones afectadas por las crisis y las necesidades de los mercados internacionales así como también la necesidad, tan importante, de la estabilidad de los mercados financieros en todas las sociedades. Quisiera subrayar aquí una vez más que considero la estabilidad del mercado financiero como un bien público al que tienen derecho todas las ciudadanas y ciudadanos.
Si contemplamos la situación de partida no puedo evitar aquí un comentario. Las actividades financieras internacionales en los mercados de divisas se han reducido a cerca de 1.200 millardos de dólares diarios y esto se debe a la Unión Monetaria, pues ésta es una de las palancas de los flujos de capital que apenas son controlables en el aspecto cuantitativo. Pero, al mismo tiempo, debemos indicar que a lo largo de los años 90 tuvimos que ver con que en los negocios de derivados, como swaps, opciones, etc., las cifras de las transacciones se multiplicaran por 25. Sabemos que apenas más del 3% de las transacciones tienen que ver con la circulación real de bienes y de servicios. Considero importante que sobre el trasfondo de la globalización veamos los flujos de capital desde la perspectiva de los réditos de los inversores institucionales, por un lado, y también, por otro lado, desde la perspectiva de los países importadores de capital.
A este respecto hemos de tener en cuenta que el 75% del capital invertido fluye solamente hacia 12 estados, sólo el 1% del capital invertido fluye hacia el Africa negra. Por consiguiente, el ponente demanda con razón que en este punto lleguemos a una consolidación de la situación, y esto sólo es posible si contamos aquí con una condonación de deudas más amplia que hasta ahora.
Los mercados financieros globalizados en funcionamiento tienen ventajas, sin duda alguna. Constituyen - en el supuesto de un desarrollo estable - una contribución al crecimiento y al empleo. Sin embargo, a pesar de ello, existen déficits de política económica y de política social y déficits de regulación y de control. El informe hace referencia a esto. La preocupación por los compromisos especulativos en detrimento de la economía real y, también, la excesiva volatilidad de los mercados a causa del enorme crecimiento de los volúmenes de transacción en diversos productos hacen más necesario que nunca reformar la arquitectura financiera internacional.
Hemos experimentado 120 crisis monetarias y no es posible eliminarlas. Todavía no hemos logrado desarrollar un sistema eficaz de indicadores de alerta temprana, mover la transparencia de las informaciones y desarrollar un código de conducta que rija para todos, y no hemos logrado resolver aún el problema del moral hazard. Por consiguiente, considero muy importante que las exigencias de este informe penetren también en las negociaciones de la Unión Europea la cual, por lo demás, debe hablar también con una sola voz en el plano internacional. No se trata solamente de que tengamos una zona monetaria, sino que en la política de mercados financieros y en la cuestión de la arquitectura financiera mundial hablemos en el plano internacional con una sola voz. La introducción del euro constituye una aportación a la estabilidad financiera, y entre nosotros el sistema financiero está mejor protegido contra schocks externos, pero hemos de avanzar más aún pues la Unión Monetaria sólo es una contribución a la estabilidad de Europa y del mundo.

Huhne
Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por este informe. En el Grupo Liberal saludamos el empuje del informe, porque lidia con los verdaderos problemas y evita esa suerte de soluciones populistas que me temo están presentes en muchas de las enmiendas que se presentan a esta Asamblea. Estoy pensando en particular en el impuesto Tobin. El caso es que, ciertamente, nadie, en especial los liberales a favor de la libre investigación, podía oponerse al estudio de la Comisión sobre este asunto. Pero, francamente, pienso que ésta es una falsa promesa que ofrece muy pocos beneficios prácticos a todos los países que, creo, estamos intentando ayudar.
Por contra, el informe identifica muy acertadamente como un modelo potencial el sistema chileno de depósitos, que introduce un incentivo para que los inversores inviertan a largo plazo en un mercado emergente en lugar de acudir a instrumentos a corto plazo, porque ello supone una inversión a mayor plazo para los depositantes. Ese es el camino correcto y por ello felicito al ponente y confío en que no vayamos a respaldar las enmiendas a este excelente informe.

Jonckheer
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera dar las gracias al Sr. Goebbels por toda la energía y toda la inversión intelectual que ha desplegado en su informe. Lamentamos que la propuesta de resolución que se nos somete esté finalmente atrasada con respecto a la exposición de motivos que él había redactado, y esta es la razón por la que hemos creído oportuno introducir algunas enmiendas con el fin de reforzar el mensaje político que se podría dar al informe.
Una primera clase de enmiendas se refiere al aspecto "organizativo" del Fondo Monetario Internacional, cuya situación nos parece por el momento poco aceptable. Esta es la razón por la que retomamos una idea adelantada por Jacques Delors, en este caso la de un Consejo de seguridad económica y social en las Naciones Unidas. Desearíamos que la Comisión y el Consejo se manifestaran sobre este punto en el Consejo que tendrá lugar la próxima primavera en Barcelona. Así mismo, pensamos que la forma de decisión y la composición del consejo de administración del Fondo Monetario Internacional deben ser sustancialmente revisados.
El segundo gran capítulo sobre el que queremos intervenir se refiere a la necesidad de la lucha contra el terrorismo, que comprende una dimensión financiera extremadamente importante. Esta es la razón por la que nos parece que ahí hay una motivación suplementaria para hacer obligatorias las recomendaciones del GAFI y ampliar su poder, como así lo solicita el Consejo Europeo de Gante. Pienso que el informe quedaría así completado.
Finalmente, por lo que respecta a los flujos de capital -y más concretamente a las operaciones de cambio- ya no hablo, personalmente, del impuesto Tobin, pero en cualquier caso soy demandante de un debate profundo sobre los impuestos que podrían disuadir de ataques especulativos contra monedas de determinados países. Pienso que, desde este punto de vista, existen propuestas interesantes que habría que apoyar.

Bordes
Señor Presidente, a pesar de la pretenciosa formulación del título de este informe "El sistema monetario internacional: cómo mejorar su funcionamiento y evitar futuras crisis" no son ciertamente estas sosas recetas las que evitarán las crisis futuras.
El informe no tiene nada que ver con eso, excepto que justifica un sistema económico tan irracional y arcaico como socialmente injusto.
Ustedes, los defensores del capitalismo, son totalmente incapaces de regular esta economía basada en la búsqueda del beneficio y en la competencia, pues no es regulable. La única regulación concebible es la que los más poderosos imponen a los demás, pero lo hacen en su propio beneficio. Por lo tanto, el deseo de democratizar el FMI, que está bajo la autoridad de los Estados Unidos, es ridículo.
El ponente reconoce que el riesgo de inestabilidad financiera sigue siendo inherente al funcionamiento de la economía. Para su economía capitalista es incontestable, pero la influencia de los grupos financieros e industriales sobre la riqueza social y sobre los medios para producirla, su rivalidad y su especulación tendrán su fin.
Para las generaciones futuras, el gigantesco derroche y la patente estupidez de su economía aparecerán como la prueba de que, por lo que respecta al dominio de su propia vida colectiva, la humanidad no había salido todavía de la barbarie.

Blokland
Señor Presidente, el ponente intenta crear mayor estabilidad financiera y me parece que hay que apoyarlo. Con razón aboga por reforzar el control aunque eso no excluye la posibilidad de crisis. Es interesante que en la estrategia del Fondo Monetario Internacional se vislumbre un cambio hacia una ayuda más específica. Este papel de catalizador en fases de crecimiento puede evitar que surjan efectos negativos de la política, como un aumento de la deuda en países en fuerte desarrollo.
Es comprensible que el ponente haga un llamamiento para que se coordinen algunas cuestiones a nivel europeo. Si estas no fueran la prolongación de la política mundial, la propia política europea socavaría la eficacia del sistema en general.
Como punto final me gustaría decir que no veo ningún papel para el Banco Central Europeo en la lucha contra la crisis mundial. Hace apenas algunos meses se pidió al BCE que hiciera algo con respecto a la ralentización del crecimiento, aunque dentro de Europa no había ningún motivo para bajar los tipos de interés. Creo que intentar jugar en dos frentes a la vez, en la política europea por una parte y atender los deseos mundiales por otra, no redunda en una mayor estabilidad internacional.

Ilgenfritz
Señor Presidente, el elevado número de crisis monetarias y las consecuencias negativas que de las mismas se siguen para toda la economía mundial requieren una actuación común. Algunos creen que con la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras globales se podrían evitar en el futuro las crisis financieras. Celebro personalmente que esta opinión no sea compartida por muchos en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. A mi juicio, con la introducción del impuesto Tobin no se pueden evitar las crisis financieras. El capital debe encaminarse hacia donde produzca la máxima utilidad, es decir, debe ser invertido en nuevos mercados, en países en vías de desarrollo, etc. De esta suerte se producirá el crecimiento. En cambio, si encarecemos, limitamos y reglamentamos el capital, no haríamos sino obstaculizarlo. De la misma manera, la introducción del impuesto sólo tendría sentido, si en el plano internacional se pudiera llevar a la práctica sin lagunas. Esto no parece posible, de suerte que mediante este impuesto sólo se generan cargas, burocracia, etc. adicionales y no se podrá alcanzar el auténtico objetivo, la reducción de las crisis financieras.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, enhorabuena al ponente, aunque ya se la han dado. Tengo cuatro temas que quisiera comentar brevemente. Primero: queremos hacer más estable el sistema monetario internacional, pues, entre otras cosas, la estabilidad financiera es un bien público, un requisito económico básico del crecimiento y del empleo y es de justicia social, es decir, un deber moral.
Segundo: no demandamos una mera reforma del FMI, demandamos de las autoridades públicas el compromiso moral de establecer un equilibrio óptimo entre el libre juego de los mercados y la necesidad de su reglamentación en el sentido del principio fundamental de una economía eco-social de mercado y, a la hora de adoptar medidas públicas de solución en casos de crisis, garantizar un equilibrio entre el sector público y el privado. Demandamos de los Estados miembros una política económica que se oriente hacia el crecimiento y hacia el empleo y requerimos una condonación de deudas vinculada a condiciones adecuadas de política económica.
Tercero: comencemos por nosotros mismos. El euro constituye una divisa de estabilidad incluso en el escenario mundial. La respuesta del FED y del BEC después del 11 de septiembre ha sido una respuesta de estabilidad contra la crisis. El Pacto de Estabilidad y de Crecimiento es una respuesta europea. La Comisión y el Parlamento Europeo se han manifestado mayoritariamente en contra del impuesto Tobin y los acuerdos de Lüttich introducen medidas correctoras a la globalización.
Cuarto: nos oponemos a las medidas relativas a la ralentización del crecimiento económico y la desconfianza de todos los participantes en el mercado mediante intentos, ideológicamente motivados, de relajar el Pacto de estabilidad o de introducir solamente el impuesto Tobin. Por esta razón, lamento que en la enmienda 10 de los socialdemócratas se modifique la interpretación del auténtico acuerdo de Lüttich por la introducción del impuesto Tobin. Eliminen este cambio de interpretación, nos encontraremos en Lüttich.

Van den Burg
Señor Presidente, con gran asombro he leído la comunicación del servicio de información del Parlamento en la que se presenta el informe Goebbels de la siguiente manera: "En una resolución sobre el funcionamiento del Sistema Monetario Internacional la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se pronuncia en contra de la aplicación del impuesto Tobin en transacciones financieras especulativas". Por lo visto, este es el titular con el que hay que atraer la atención de la prensa que sigue siendo el tema en torno al cual se dirimen los debates.
En mi opinión, esto no hace en absoluto justicia al informe equilibrado y excelente de nuestro colega Goebbels. En primer lugar, la resolución no se pronuncia a favor ni en contra del impuesto Tobin. Sí se hacen algunas observaciones en la exposición de motivos en la que también, y esto es mucho más importante, se plantean muchas otras alternativas para la realización de los dos objetivos de los partidarios de la aplicación del impuesto Tobin.
Los flujos de capital privado y los mercados de divisas deben estar más en concordancia con la realidad económica y por medio de algunas medidas deben ir más en dirección de inversiones a largo plazo y de estabilidad financiera, pero también han de caracterizarse por una actitud flexible para con los países en desarrollo. La condonación de las deudas es fundamental para ellos y luego se les deberían dar posibilidades de conseguir otra manera de financiación para ofrecerles otra oportunidad.
Me parece que se puede decir que este informe es una perfecta prolongación de los objetivos de los partidarios de la aplicación del impuesto Tobin. Lamentaría que se considerara este informe como contrario a estos objetivos, porque creo que es realmente un buen complemento.
En una enmienda de mi Grupo parlamentario se ha redactado de forma muy neutral lo que también se ha formulado en el Consejo del ECOFIN. En esta enmienda se acoge con entusiasmo la propuesta del Consejo del ECOFIN de realizar un estudio y un análisis más profundo. Esto me parece mucho más fructífero que enzarzarnos de nuevo sobre el método a favor del impuesto Tobin o en contra. De este modo, los partidarios del impuesto Tobin pueden seguir defendiendo de nuevo los objetivos que ahora están de verdad en la agenda, y los adversarios se pueden dar por contentos porque se puede realizar ahora un estudio de forma imparcial y porque los objetivos, un mayor control de los flujos de capital y más oportunidades para los países en desarrollo, se pueden alcanzar.

Solbes
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Sr. Goebbels por su informe. Es un informe que se lee con interés y que profundiza para intentar avanzar en los distintos temas que plantea. Creo que su resolución es informada y equilibrada. En nuestra opinión, constituye una contribución constructiva a un debate político fundamental y además llega en un buen momento.
El debate sobre cómo lograr un sistema monetario y financiero internacional que funcione mejor ocupa el centro de nuestra misión de dar una respuesta a la globalización.
Los flujos de capital privado -y se aprecia esta visión también en su informe- son la principal fuente de crecimiento, de prosperidad y de productividad. Si nuestro objetivo es que los países, tanto los desarrollados como los en vías de desarrollo, puedan compartir plenamente los beneficios de la globalización, no veo alternativa mejor que la integración de los mercados financieros y su funcionamiento. Unos mercados financieros amplios, profundos, líquidos, van a traer consigo una mayor facilidad en cuanto a la financiación de la inversión y esto va a permitir a los operadores económicos diversificar mejor sus riesgos.
Una situación de este tipo resultará beneficiosa para aquellas operaciones que, de otro modo, resultarían excesivamente arriesgadas para los inversores internacionales y se beneficiarán de ello no sólo los países en desarrollo, sino también las pequeñas y medianas empresas de nuestros países.
Los beneficios económicos originados por la globalización financiera son el resultado de la intensificación de los vínculos de internalización entre los mercados y los operadores. Por la propia naturaleza de estos vínculos, las perturbaciones que en una economía moderna se transmiten como consecuencia de este proceso de globalización son más rápidas, precisamente por la desaparición de las fronteras que existían hace veinte años. Es verdad que, entre los riesgos con los que nos vamos a tropezar, va a haber mercados financieros con una excesiva volatilidad de tipos de cambio y de precios en los activos. Se puede producir un efecto "contagio" entre unos países y otros y existe la posibilidad de oscilaciones en los flujos de capital.
Es cierto que en el entorno de la Unión Económica y Monetaria hemos estimulado la estabilidad y el crecimiento mediante políticas macroeconómicas y reformas estructurales, ingredientes fundamentales para conseguir la fortaleza en nuestra economía y evitar esas turbulencias financieras o, mejor, luchar contra ellas.
La Unión Económica y Monetaria contribuye así a reforzar la estabilidad del contexto internacional en nuestra zona. Pero es verdad que se han planteado algunas otras alternativas a nivel mundial. Comparto la tesis del Sr. Goebbels en su informe. Creo que no hay panaceas en el desafío de consolidar el sistema financiero global. Este punto queda muy patente en el informe y espero que su resolución sea leída no sólo por aquellos a quienes se dirige oficialmente este documento y que se ocupan de estos temas profesionalmente, sino también por quienes sienten inquietud -legítima- por el rumbo del proceso de integración económica y financiera internacional.
Los problemas y desafíos que trae consigo la integración de los mercados financieros deben abordarse en un contexto más amplio, tal como se hace en su informe y tal como nosotros, desde el punto de vista de la Comisión, pretendemos hacer en el estudio que el Ecofin de Lieja nos ha encargado sobre las respuestas a los desafíos de la globalización y que pretendemos presentar en el mes de febrero.
¿Qué se ha producido en los últimos años? Yo creo que desde las crisis asiáticas se ha avanzado de forma sustancial. Se han hecho esfuerzos para mejorar las condiciones macroeconómicas. Las economías hoy son más resistentes a las turbulencias externas. Cada vez son más los países que por su propio interés se adhieren a códigos y normas acordadas internacionalmente para tener mayor transparencia en sus economías. Los ministros del G7 y el Fondo Monetario han avanzado en algunos campos significativos. Podemos pensar en las instituciones financieras internacionales, por ejemplo, que hoy también son claramente más transparentes en sus actuaciones: el propio Fondo Monetario Internacional ha reforzado su capacidad y está refinando sus instrumentos para que le permitan analizar, evaluar y supervisar la estabilidad del sistema financiero de manera más eficiente. Y también creo que se ha mejorado sustancialmente la coordinación entre las distintas autoridades nacionales de supervisión.
Es cierto que no debemos darnos por satisfechos con todo esto. Yo creo que todavía quedan muchas cosas por hacer y, en su informe, el Parlamento apunta en la dirección correcta. Desde el punto de vista de la Comisión es absolutamente aceptable su opinión de que debemos asegurarnos de que el sector privado participe plenamente en la resolución y gestión de las crisis financieras. No es sólo un problema de reparto justo de responsabilidades en tiempos de crisis, es también la implicación adecuada y sistemática del sector privado, que es fundamental para la eficaz prevención de las crisis, evitando las acumulaciones de situaciones de riesgo peligrosas y, en último término, insostenibles.
En este sentido, tomo nota de su llamamiento para que la Comisión considere la viabilidad de introducir cláusulas de acción colectiva sobre instrumentos financieros tales como las obligaciones. Usted sabe, como yo, que esta posición no es totalmente compartida por los Estados miembros, pero sí es un punto de vista que la Comisión defiende, como también defendemos todas las referencias a la lucha contra la financiación del terrorismo.
Los atentados del 11 de septiembre han puesto en primera línea los abusos del sistema financiero por parte de los terroristas. Por parte de la Comisión se han adoptado ya algunas medidas. Ustedes mismos han colaborado de forma eficiente en la finalización del proceso de codecisión de la segunda Directiva sobre blanqueo de capitales. Sin embargo, creo que hay que seguir adelante. Estamos en el principio de un proceso, que será largo, y habrá que continuar trabajando en esta dirección en los próximos meses. Es importante progresar rápidamente en cada una de las propuestas que contienen instrumentos útiles para la lucha contra la financiación del terrorismo.
Quiero hacer un breve comentario sobre un punto que siempre es objeto de una cierta frustración entre nosotros: la representación exterior de la Unión Europea. En la exposición de motivos de la propuesta de resolución, se hace referencia a la singular ausencia de Europa en el debate sobre una nueva arquitectura financiera. Critican ustedes que las iniciativas aisladas de algunos Estados miembros no llegan a plasmarse en una política europea. Por parte de la Comisión no podemos sino compartir totalmente su diagnóstico. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos mejorar la situación? Yo creo que no se trata sólo de mejorar la coordinación y hablar con una sola voz. Es verdad que el lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria ha transformado los fundamentos de las relaciones financieras y monetarias en el ámbito mundial, pero el modo en que seguimos abordando estas cuestiones en las principales organizaciones y foros, incluido el Fondo Monetario y el G7, sigue basándose en gran medida en una concepción puramente nacional.
Por lo tanto, no puedo sino estar de acuerdo en la necesidad de avanzar. Veo muy difícil que podamos formular una verdadera política en este campo si no expresamos con claridad nuestras posiciones europeas como tales a nivel mundial. Y eso implica una representación exterior de nuestros intereses de forma más correcta y definida. Soy consciente, sin embargo, de que va a ser muy difícil avanzar en esta dirección si no avanzamos previamente en la sustancia. Yo creo que centrar la batalla únicamente en nuestra forma de representación en el exterior no es tan importante como definir nuestras propias posiciones y conseguir políticas coordinadas en el exterior. Esos dos pasos deben hacerse en la misma dirección y en paralelo. Y en esos puntos el Parlamento contará siempre con la Comisión para seguir avanzando.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Solbes.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.47 horas.)

