Trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre en Bruselas
El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión en relación con los trabajos preparatorios con vistas a la reunión del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre en Bruselas.

Haarder
Señor Presidente, me han pedido que elabore una declaración titulada «Preparación de la reunión del Consejo Europeo de Bruselas del 24 al 25 de octubre de 2002.»
Esta reunión tendrá un papel fundamental en las posteriores tareas que se emprendan durante la Presidencia danesa. Como sabemos, la agenda se centrará fundamentalmente en el importante asunto de la ampliación, y también, en relación con éste, en la cuestión de Kaliningrado, por la que el Parlamento Europeo ha mostrado un gran interés. El resultado obtenido de la reunión será de suma importancia en lo que respecta a la posibilidad de cumplir el objetivo común de concluir las negociaciones sobre ampliación con hasta 10 países. Por consiguiente, lo importante es que el Consejo Europeo tome el mayor número de decisiones posible, para que quede pendiente lo menos posible en Copenhague. Es cierto que el resto será muy difícil de abordar.
En la reunión, el Presidente de la Convención informará al Consejo Europeo acerca de la labor que está desarrollando, y el Presidente del Parlamento Europeo también dirigirá unas palabras al Consejo Europeo. Permítame referirme, en primer lugar, a esto último. La reunión con el Presidente del Parlamento se ha convertido en una tradición consolidada que me consta que es valorada muy positivamente por los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo.
Teniendo en cuenta esta agenda, será muy interesante escuchar la opinión del Presidente del Parlamento sobre los asuntos que debatirá el Consejo, es decir, la ampliación, además de la cuestión de Kaliningrado, relacionada con ella, y a la que volveré más tarde. Es muy oportuno que el debate con el Presidente del Parlamento vaya a tener lugar inmediatamente antes de las reuniones de trabajo sobre la ampliación y Kaliningrado. Además de la contribución del Presidente del Parlamento, confiamos en que la reunión, incluyendo la oportunidad de intercambiar información e ideas para su uso posterior, será beneficiosa para el Presidente del Parlamento y para el Parlamento en su conjunto.
Quisiera ahora decir unas breves palabras sobre la ampliación. Hay firmes esperanzas de que en Bruselas se tomen decisiones sobre varios asuntos importantes que podrían allanar el camino para la ampliación. Se ha de decidir qué países candidatos podrán concluir las negociaciones de adhesión este año. Para empezar, tenemos los informes de progreso de la Comisión sobre cada uno de los países candidatos y el documento estratégico de la Comisión sobre la ampliación en su conjunto, que el Comisario Verheugen, que está aquí con nosotros, presentó el 9 de octubre. Basándose en una evaluación global de los progresos de cada país candidato, la Comisión afirma que 10 países serán capaces de cumplir todos los criterios para principios de 2004, de modo que se recomienda que las negociaciones de adhesión concluyan este año, como está previsto. En esta reunión de Copenhague, el Consejo Europeo también debatirá la cuestión de los países candidatos con los que no se espera concluir las negociaciones este año (Bulgaria, Rumania y Turquía), con vistas a decidir el rumbo que tomarán los procesos de adhesión de estos países.
Asimismo se deben tomar decisiones en Bruselas sobre los aspectos fundamentales de los acuerdos de adhesión, en lo referente a la dotación financiera. En el Consejo de Asuntos Generales de ayer se llegó a un acuerdo sobre los asuntos institucionales, y el Consejo Europeo, entre otras cosas, determinará, como parte de la dotación financiera, la cantidad total que se destinará a la ampliación, a la participación de los países candidatos en la política agrícola común, incluyendo su parte de las ayudas directas a la renta, así como la ayuda total de los fondos estructurales y los fondos de cohesión a los países candidatos. El Consejo Europeo debería tomar también una decisión relativa a la cuestión de la posición neta de los países candidatos, en relación con el presupuesto de la UE, sobre cuyos cálculos se ha llegado a un acuerdo.
El debate de estos asuntos ha demostrado, hasta la fecha, que no resultará fácil llegar a un acuerdo. El Consejo Europeo de Sevilla determinó que la postura de la UE referente a los capítulos económicamente onerosos pendientes de pago se comunicará a los países candidatos a principios de noviembre. Esto significa que el Consejo Europeo de Bruselas debe tomar decisiones sobre estos asuntos si se quiere cumplir el calendario fijado en Sevilla. La Presidencia danesa va a insistir en ello y, por tanto, la reunión debe continuar hasta encontrar una solución. Como ya he manifestado, se espera que sea una labor ardua que requerirá una buena voluntad por parte de todos para llegar a un compromiso, pero hay que hallar una solución.
Además, se debatirá sobre Kaliningrado, y también sobre este punto se realizaron avances significativos en la reunión de ayer en Luxemburgo, de la que tanto el Sr. Verheugen como yo mismo acabamos de volver. El asunto se debatió en Sevilla: se pidió a la Comisión que estudiara las posibilidades de encontrar una solución flexible y eficaz para la cuestión del tránsito, una solución que esté en sintonía con el acervo comunitario y que obtenga el consentimiento de los países candidatos afectados. La Comisión presentó su comunicación el 18 de septiembre, que se ha debatido en varias ocasiones en el Consejo, y que se debatió aquí también en el Parlamento la semana pasada, concretamente el 15 de octubre. Conjuntamente con la Comisión, la Presidencia ha mantenido una serie de conversaciones con Rusia y le ha consultado a Lituania, en particular, cuál es el país candidato más afectado.
Además de los principios en los que se basaba el mandato de Sevilla, la UE ha hecho hincapié en la soberanía de Lituania para controlar sus fronteras y ejercer el derecho de prohibir la entrada a su país. Asimismo, se ha determinado que la solución no debe dificultar o retrasar el ingreso de Lituania como miembro de pleno derecho de Shengen. El Consejo ha acordado dar garantías a Lituania a este respecto y, en última instancia, el Consejo acuerda que Lituania debe ser compensada por cualquier gasto adicional que se desprenda de una solución para el asunto del tránsito.
Rusia ha dejado claro su deseo de obtener el derecho de tránsito por tren sin visado por Lituania. Ésta es una solución que entraña numerosos problemas de naturaleza técnica, económica, jurídica y política. No obstante, la UE no ha descartado examinar esta posibilidad, y la Presidencia va a continuar trabajando hasta encontrar una solución que satisfaga, en la medida de lo posible, a todas las partes implicadas y que goce del beneplácito del Consejo Europeo. Las directrices que he mencionado aquí fueron seguidas en la reunión de ayer del Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo, en la que se llegó a un acuerdo sobre la elaboración de la disposición a la que me he referido: que Lituania debe tener la posibilidad de convertirse en miembro de Shengen al mismo tiempo que los otros países candidatos, si así lo desea, y esta voluntad existe. Ésta es la postura de la UE, y me parece, por tanto, que los 15 Gobiernos se han preparado lo mejor que han podido para los debates que van a tener lugar en la reunión del Consejo Europeo de Bruselas, y también para las posteriores conversaciones que va a mantener la Presidencia con Rusia, y que culminarán en la Cumbre UE-Rusia de Copenhague en noviembre.
En cuanto a la Convención, el Consejo Europeo, de conformidad con la Declaración de Laeken, oirá un informe, en la reunión de Bruselas, de su Presidente, el Sr. Giscard d'Estaing, sobre los avances realizados por la Convención. Prestar ayuda a la labor de la Convención es un importante reto de la Presidencia. La Convención ha empezado con buen pie, y ahora debe pasar a la importante fase de análisis. Crece el número de propuestas, se amontonan los papeles, y me parece que hemos sido testigos de un debate ciertamente interesante sobre el futuro de Europa, dentro y fuera de la Convención. Es un placer ver el firme compromiso de los miembros de la Convención, especialmente de aquellos que proceden del Parlamento, que están armados hasta los dientes y que han dejado su huella particular y profunda en el debate.
En la Convención, somos testigos, por primera vez ? y a luz de los focos ?, de algo tan extraordinario como un auténtico debate que rebasa las fronteras de Europa. Esto no es algo a lo que estemos acostumbrados. Por regla general, los políticos europeos presentan a los ciudadanos sus contribuciones al debate europeo en sus propios países, en lugar de hacerlo en otros. No obstante, éste no es el caso del presente debate sobre el futuro de Europa, algo que pienso que es una buena señal para nuestro reto de crear una cooperación europea que sea más democrática y logre el apoyo ciudadano.
Como habrá quedado claro por mi declaración, tenemos una amplia y ambiciosa agenda para la Cumbre de Bruselas. Tengo la esperanza y la convicción de que todos los países mostrarán la buena disposición necesaria para alcanzar un compromiso y ayudar a tomar las decisiones importantes de las que he hablado aquí. Evidentemente, no voy a ocultar el hecho de que las cuestiones que quedan pendientes son huesos duros de roer, y aquí estoy, hablando, por supuesto, de economía.
Quisiera reiterar y subrayar el hecho de que el Consejo Europeo está deseando escuchar lo que el Presidente del Parlamento, el Sr. Cox, tiene que decir, así como intercambiar con él puntos de vista. La importancia del Parlamento en el proceso de ampliación es indiscutible. Hablando prácticamente con una sola voz, el Parlamento enunció muy pronto, primero en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y luego en el Pleno, lo que se debía hacer. Esto ha contribuido a impulsar el proceso de ampliación, ha sido su fuerza motriz, y esperemos que éste no se detenga en el último momento. Por ello, deseo, en nombre de la Presidencia, mostrar mi más sincero agradecimiento al Parlamento.
Prodi
Sr. Presidente, Señorías: Es un placer para mí dirigirme de nuevo a ustedes en una semana densa de acontecimientos y promesas para el futuro de nuestra Unión Europea. 
El referéndum irlandés y la agenda del Consejo
Ahora que Irlanda ha votado a favor del Tratado de Niza, hemos superado los últimos obstáculos políticos hacia la ratificación del Tratado y hemos allanado el camino de la ampliación. Aplaudo la sabia elección de los electores irlandeses, que han dado prueba de apertura y sentido de la responsabilidad. Venciendo sus preocupaciones y temores, ciertamente presentes, el pueblo irlandés ha sabido ver el panorama de la Historia europea desde lo alto, y ha optado por proteger nuestros intereses comunes a largo plazo. En los últimos años, la economía irlandesa ha registrado un desarrollo extraordinario, estrechando nuevas relaciones y vinculándose al resto de Europa. Aprovechando el impulso de este éxito, Irlanda puede ahora mirar con confianza hacia un ulterior desarrollo en el contexto de la Europa ampliada del futuro. 
Lo que vale para Irlanda puede también aplicarse a todo nosotros. Avanzar sin demoras en el proceso de ampliación es un interés común. Por este motivo, el próximo Consejo Europeo de Bruselas reviste una importancia fundamental. El debate se centrará en nuestras recomendaciones de concluir las negociaciones con diez países candidatos de aquí a finales de año. Se debatirá asimismo sobre la fecha de adhesión de Bulgaria y Rumania, y sobre la próxima fase del proceso de candidatura de Turquía. También abordaremos otros temas, como por ejemplo la cuestión de Kaliningrado. Tendremos quizás ocasión de pasar revista a la situación internacional, y en particular a la forma de dar nuevo impulso a la lucha contra el terrorismo a la luz de los recientes y trágicos acontecimientos de Bali y Filipinas. Escucharemos el informe del Presidente de la Convención Europea y mantendremos el tradicional intercambio de pareceres con el Presidente del Parlamento. 
La ampliación y sus ventajas 
El primer punto de la agenda del Consejo será pues la ampliación y querría aprovechar esta ocasión para reafirmar las sólidas razones que nos han llevado a recomendar a los Estados miembros la conclusión positiva de las negociaciones con diez países. Ya me he referido en múltiples ocasiones al valor político, ético e histórico de la ampliación. Compartir con nuestros vecinos europeos la estabilidad y la prosperidad que hemos conquistado en medio siglo de integración es para nosotros un deber histórico y moral. La ampliación será una garantía de estabilidad tanto dentro de los nuevos confines de la Unión como fuera de ellos. La paz, la estabilidad, la democracia y el Estado de Derecho son los ingredientes esenciales de la estabilidad política. Ya han funcionado magníficamente en el pasado. Estoy seguro de que la receta también funcionará en el caso de los futuros Estados miembros. 
La ampliación llevará la gobernanza y las normas europeas a todo el Continente. Confiamos en que esto tendrá efectos positivos en muchos sectores: unas administraciones públicas más eficientes, unos sistemas judiciales más sólidos, una mejor protección de las minorías, una prevención más eficaz de la delincuencia, y fundamentalmente de la delincuencia internacional, un control más severo de la inmigración ilegal, un seguimiento más atento de los productos en circulación, y sobre todo una mayor seguridad alimentaria, y, por último, unas normas y controles más severos en materia de protección medioambiental. 
El aumento de las dimensiones de la Unión incrementará su capital político en la escena internacional. Nuestras políticas comerciales, financieras, medioambientales y en materia de seguridad tendrán más peso. Europa estará en condiciones de defender mejor los derechos humanos y de obrar por reducir las diferencias entre el Norte y el Sur que existen en el mundo. En la medida en que seamos capaces de unirnos lealmente y dotarnos de una sola voz, podremos hacernos oír sobre cuestiones tales como el cambio climático y la gestión del impacto de la globalización.
Aparte de esto, el primer grupo de diez nuevos Estados miembros reportará enormes ventajas económicas a toda la Unión, tanto a los viejos como a los nuevos Estados miembros. El aumento de la población de la Unión reforzará el mercado único. La población aumentará en 75 millones de ciudadanos, situando el total de la Unión en 453 millones. Para entender el sentido de esta cifra, téngase en cuenta que la población total de la zona TLCAN, que incluye a los Estados Unidos, México y Canadá, ronda los 400 millones.
Hay quien objeta que si bien con la adhesión de los diez países candidatos la población aumentará en un 20%, el PIB total de la Unión sólo crecerá un 5%. Éste no es un dato negativo, sino más bien la señal de un gran potencial de crecimiento. No debemos olvidar, en efecto, que los diez países candidatos ya están creciendo a un ritmo superior al de los 15 Estados miembros actuales. En términos anuales, su crecimiento en 2001 fue del 2,4%, frente a nuestro 1,5%, mientras que en 2000 alcanzó la media del 4,1%, frente a nuestro 3,4%. 
Pero, sobre todo, los diez países candidatos aportarán a la Unión recursos humanos altamente cualificados. Piénsese que en los países de la ampliación cada año se entrega el 25% de todos los diplomas universitarios concedidos por los Estados miembros actuales. 
Los países de la ampliación son nuestra nueva frontera. Las empresas europeas tendrán nuevos espacios de expansión y desarrollo porque habrá una gran necesidad de nuestra tecnología y porque los nuevos Estados miembros constituirán un mercado de salida para nuestros bienes y servicios. 
Señorías, si éstas son las ventajas de la ampliación, lo que yo llamo el dividendo de la ampliación, pasemos ahora a analizar los problemas que seguimos teniendo sobre el tapete. Pero antes de abordarlos permítanme una consideración general. Tenemos que hacer lo posible por no poner en peligro el éxito de la ampliación a base de pequeñas disputas sobre los detalles. La unificación de Europa tiene que tener absoluta prioridad sobre los pequeños intereses nacionales y sectoriales. Tenemos que tener siempre presente el gran cuadro de conjunto y no olvidar nunca las ventajas y las potencialidades que la ampliación nos ofrece.
Los próximos pasos
En los últimos años, los diez países han realizado enormes progresos. Esta circunstancia se reconoce plenamente en los informes periódicos que la Comisión ha presentado recientemente. A este propósito, quiero subrayar una vez más que nuestros análisis no son ni indulgentes ni demasiado optimistas. 
La confianza que la Comisión ha puesto en los países de la ampliación tiene unas bases muy sólidas. Los progresos registrados en el pasado son la prueba de que todos los países estarán también listos para la adhesión a principios de 2004 en aquellos sectores en que se precisa un esfuerzo suplementario.
Pero aunque nuestra confianza sea total, la Comisión se ha comprometido a supervisar los últimos preparativos y la evolución de los países incluso después de la adhesión. Con este propósito, hemos elaborado cláusulas de salvaguardia para el mercado único y para el sector de la justicia y los asuntos de interior. Dichas cláusulas de salvaguardia entrarían en vigor en el caso de que los compromisos adquiridos no se respetaran en la práctica, una eventualidad remota pero siempre posible. Las negociaciones sobre las cuestiones todavía pendientes con nuestros diez socios tienen que iniciarse cuanto antes, ya que de otro modo será prácticamente imposible concluir todos los puntos antes de la cumbre de Copenhague de diciembre.Por este motivo, haremos todo lo posible por aclarar el mayor número de cuestiones en la Cumbre extraordinaria que se celebrará en los próximos días en Bruselas.Como es sabido, los puntos centrales a debatir entre los jefes de Estado y Gobierno serán las cuestiones vinculadas a la financiación de la ampliación. Estoy seguro de que, llegados a este punto, sabremos encontrar soluciones aceptables para todos.La cuestión que suscita el mayor consenso es la de las transferencias netas . Parece claro que existe un acuerdo unánime sobre dos principios: en el momento de la adhesión los diez países de la ampliación no deberán encontrarse en una posición de contribuyentes netos, todos los compromisos de gasto deberán mantenerse dentro de los límites establecidos en Berlín. Si nos atenemos a estos dos principios, no será difícil llegar en Copenhague a un acuerdo sobre el importe preciso.
También por lo que respecta a los Fondos Estructurales , parece que aumenta el consenso en torno a una cifra anual equivalente a unos 25 mil millones y medio de euros para los años 2004, 2005 y 2006. Francamente, no podemos ofrecer menos que eso a nuestros nuevos conciudadanos. En el marco de este compromiso financiero, en el 2006 los países de la cohesión recibirán fondos equivalentes a 231 euros per cápita, mientras que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tendrán derecho a 137 euros per cápita.
Y por último, el problema de las financiaciones agrarias, de todos conocido. Soy consciente de que algunos de los Estados miembros actuales han expresado reservas sobre la sostenibilidad presupuestaria de estas propuestas y han pedido ulteriores garantías. Es legítimo plantearse el problema de los futuros repartos financieros de la Unión. La Comisión mantiene su posición: todas las propuestas son compatibles con las perspectivas financieras establecidas en Berlín y no prejuzgan en absoluto las futuras decisiones.
Confío en que será posible llegar a un acuerdo. No podemos volver a cuestionar las prioridades de la ampliación, que ya hemos todos concertado y aceptado. Por lo que se refiere al conjunto de cuestiones financieras todavía pendientes, espero que el Consejo Europeo de Bruselas confíe a la Presidencia danesa y a la Comisión el mandato de concluir las negociaciones con vistas a la decisión final que se adoptará en Copenhague. Por eso os pido el más amplio respaldo.
El paso más importante que debemos dar en esta última fase del proceso de ampliación es quizás el de la información. El último Eurobarómetro, publicado hace dos días, nos dice que la mitad de los actuales ciudadanos de la Unión está a favor de la ampliación, mientras que un tercio se declara en contra. Estas cifras son bastantes reconfortantes, pero hay otras más preocupantes. El 65 % de los encuestados piensa que la ampliación provocará un aumento del tráfico de estupefacientes, de la delincuencia organizada internacional y del desempleo.
¿Por qué, en vuestra opinión, se asocia la ampliación a estos temores? La respuesta la hallamos en el último dato que voy a citar: sólo el 21 % de la población se considera bien informada sobre la ampliación. Está claro que tenemos que intervenir sobre la información. El grupo que declara que no se considera bien informado no está necesariamente en contra de la ampliación, sino que muestra una actitud más bien indiferente. Pero ésta es quizás la perspectiva peor.
Debemos convencer a los ciudadanos de que la ampliación será una solución, no un problema. Por eso la Comisión ha lanzado una campaña de información dirigida tanto a los actuales Estados miembros como a los países candidatos.Así pues, el éxito de la ampliación dependerá de nuestra capacidad de informar correctamente a la opinión pública y recabar un consenso.No podemos defraudar las expectativas de millones de europeos.El futuro de nuestra Unión depende de todos nosotros.
Muchas gracias.
Verheugen
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, la señal que recibimos ayer de Luxemburgo fue una señal inequívoca y positiva. El Consejo ha aceptado las recomendaciones de la Comisión de que las negociaciones con los diez países concluyan. Y las ha aceptado porque la Comisión ha sido capaz de hacerle ver que nuestras recomendaciones no se basaban en una lista de deseos políticos. Nuestra intención no era tomar una situación políticamente deseable y declarar que era realista, sino manifestar lo que de verdad es realista.
La declaración de la Comisión de que estos diez países habrán completado sus preparativos para la fecha de adhesión prevista no es un cálculo aproximado, sino un pronóstico firme, basado en el conocimiento, en la experiencia y en el estado actual de los preparativos, un pronóstico que defenderemos como corresponde. Creo que es importante observar que la Comisión tomó esta decisión por unanimidad y que mis colegas comisarios, que cargan con la responsabilidad hasta donde alcanzan las políticas, manifestaron claramente que no quedaban dentro de sus ámbitos de competencia problemas que no se pudieran rectificar para la fecha de adhesión prevista.
Si se tiene en cuenta lo que se ha de hacer en los meses que faltan (de 12 a 15 o 18), en comparación con lo que ya se ha realizado durante los últimos cinco años ?pues sólo entonces es cuando se puede contemplar todo en su conjunto?, resulta evidente que no estamos pecando de optimismo cuando afirmamos que la naturaleza de los preparativos es tal, que podemos decirles a los ciudadanos, de vuelta en casa, que el proceso de ampliación va tan bien como es de esperar.
El Consejo tomó buena cuenta de las propuestas de la Comisión relativas a las cláusulas de seguimiento y de salvaguarda. Éste es un punto muy importante. No se trata de que desconfiemos de los nuevos miembros. Es aquí donde necesitamos un nuevo instrumento, porque nos encontramos en una situación completamente nueva. Entretanto, el mercado interior y la moneda única han realizado rápidos avances y casi han alcanzado su pleno desarrollo. Estamos tratando con países que sufren un proceso de transformación. Nunca hasta ahora, nos hemos enfrentado a la situación de querer integrar a diez países a la vez, de los cuales muchos siguen inmersos en un proceso de transformación, algo que puede originar problemas que nadie puede prever. Por lo tanto, la Comisión considera correcto y adecuado disponer de una amplia cláusula de salvaguarda que nos permita intervenir cuando surjan problemas imprevistos o imprevisibles.
Nos queda un difícil camino por recorrer: esto está totalmente claro. No obstante, como se volvió a poner de manifiesto ayer, el impulso político es lo suficientemente fuerte como para llevarnos a Copenhague y hacer también de éste un éxito. Ningún Estado miembro asocia la amenaza de veto con las peticiones y los deseos que siguen presentes en el proceso. Es importante que nos aferremos al hecho de que ayer los quince países al completo se comprometieron de nuevo con el objetivo de completar las negociaciones. Por ello, quisiera brevemente exponer dos expectativas para que el Consejo de Bruselas las considere. Lo último que necesitamos de los Jefes de Estado y de Gobierno es un acuerdo que nos permita, en el período comprendido entre Bruselas y Copenhague, reunirnos con los países candidatos y solucionar los asuntos de política agrícola y económica pendientes por resolver. La Comisión no cree que sea posible llegar a compromisos para la fase de Copenhague, pues estaríamos poniendo a los países candidatos en una situación en la que tendrían que realizar un último y supremo esfuerzo, y tenemos que tomarnos en serio los derechos democráticos de nuestros futuros Estados miembros. El proceso de ampliación no puede forzarse, pero debe ser el resultado de un acuerdo común y estar fundamentado en una confianza mutua.
El debate sobre los problemas económicos relacionados con la ampliación ya no se centra fundamentalmente en los asuntos económicos de 2004, 2005 y 2006; en efecto, ya estamos embarcados en los trabajos preliminares para el debate de las próximas perspectivas financieras para el período posterior a 2006. A la vez que entendemos esto, se ha de afirmar que no debemos permitir que se utilice el proceso de ampliación para esgrimir posturas que sólo se deberían debatir en el contexto de las próximas perspectivas financieras. Creo además que podemos estar de acuerdo en que debemos seguir el camino emprendido en 1999 en Berlín, que implica el requisito de que el presupuesto europeo se consolide, en lugar de dejar que éste se haga añicos. Me complace saber que Francia y Alemania, en particular, estén realizando especiales esfuerzos, incluyendo contactos bilaterales, para llegar a un entendimiento sobre esta cuestión fundamental. No creo que Alemania y Francia tengan una responsabilidad, en este ámbito, muy diferente de la responsabilidad compartida por otros países, pero es cierto, en efecto, que siempre le han marchado bien las cosas a Europa cuando estos dos países han ido de la mano en un proyecto europeo importante y de amplias miras. Me complacería mucho si fuera posible que esta postura común recibiera los últimos retoques, antes del inicio del Consejo de Bruselas.
Creo que todos debemos cargar con nuestra parte de responsabilidad y llevar a cabo nuestro cometido en este asunto. La labor de la Comisión ha terminado en sus aspectos fundamentales, pero esto no significa que podamos cruzarnos de brazos: no voy a estar ocioso durante mucho tiempo. Lo importante ahora es que todos comprendamos que el proyecto de ampliación tiene una naturaleza política. Durante las últimas semanas, he estado en contacto con varios Parlamentos nacionales y puedo afirmar, con toda la debida cautela, que algunos problemas con los que me he topado son el resultado, en parte, de una manifiesta falta de información en esos países. Las palabras del Presidente Prodi sobre la cuestión de la información son cruciales. Para realizar mis observaciones finales, recurriré a mi experiencia del referéndum irlandés. En Irlanda, se puso de manifiesto que, si queremos presentar nuestra causa europea a los ciudadanos y conseguir su apoyo, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas por esta Europa nuestra y por la causa europea. Hemos de estar preparados para llegar a un compromiso con los ciudadanos y explicarles, con palabras sencillas, por qué la ampliación es adecuada y necesaria. Es un error pensar que la aceptación vendrá por sí sola o que los medios de comunicación se encargarán de lograrla. Los líderes políticos de todas las instituciones europeas, de los Gobiernos y de los Parlamentos de los Estados miembros, así como las altas instancias políticas y culturales nacionales: todos ellos deben tomar la responsabilidad de entablar diálogos con los ciudadanos.
Poettering (PPE-DE). -
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, apoyamos sin reservas los objetivos políticos establecidos aquí tanto por el Consejo como por la Comisión, representados por el Presidente Prodi y el Comisario Verheugen, pero debemos señalar también que la Unión Europea se halla en una grave situación. Las palabras que hemos escuchado nos indican que las perspectivas para la cumbre que se va a celebrar en Bruselas no son muy halagüeñas.
En nombre de nuestro Grupo, quisiera dejar de nuevo muy claro que nosotros habíamos previsto un calendario por el que las negociaciones concluirían a finales de 2002, los tratados se firmarían en marzo o abril y las adhesiones se formalizarían en 2004, de modo que los países candidatos pudieran tomar parte en las elecciones europeas de 2004.
Ahora, el Comisario Verheugen acaba de hacer referencia a Alemania y a Francia. Estoy de acuerdo con la importancia de que estos dos países lleguen a un entendimiento, pero mi Grupo y yo consideramos que es un grave error político añadir ahora nuevas condiciones para que las negociaciones se den por concluidas, por un deseo de contar con un nuevo marco económico para el período posterior a 2006, y quizás incluso anterior a éste. El Sr. Böge, experto en temas presupuestarios, me ha confirmado, y quisiera recalcarlo, que el artículo 25 del Acuerdo Interinstitucional dice que la adaptación de las perspectivas económicas, y por consiguiente la asignación de los fondos que la ampliación requerirá entre 2004 y 2006, sólo puede decidirse mediante una propuesta de la Comisión y por mayoría cualificada del Consejo, además de mayoría absoluta de los diputados y de tres quintos de los votos emitidos en el Parlamento.
Aquí es donde el Parlamento tiene también un papel que desempeñar. Confío en gran medida en que se pueda llegar a un acuerdo en Bruselas, como han afirmado tanto el Sr. Haarder como el Sr. Verheugen. Si no se logra, las negociaciones se verán obstaculizadas. Debo decir, en nombre de mi Grupo, que consideramos que retrasar así las negociaciones constituye un acto irresponsable si implica que no podamos concluirlas antes de finales de año. Por ello, la aparición de estas nuevas condiciones, en esta coyuntura, representa un grave error político. Habría sido posible debatirlas en una fase mucho más temprana. Sería una tragedia que los países candidatos salieran perdiendo porque el acuerdo al que se ha llegado en la Unión Europea es insuficiente.
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras del Comisario Verheugen acerca de que los países candidatos han cumplido con su deber durante los últimos años, pero algunos Estados miembros son culpables de que no hayamos hecho en la Unión Europea lo que teníamos que hacer. Habremos abusado de la confianza de los países candidatos, si no llegamos ahora a un acuerdo en Bruselas. Hago un llamamiento a todos los partidos involucrados para que unamos nuestros esfuerzos en Bruselas y facilitemos la labor de la Presidencia danesa del Consejo, de modo que concluyamos las negociaciones a tiempo para Copenhague.
Se ha aludido a la información ciudadana, y subrayo categóricamente lo que tanto el Presidente Prodi como el Comisario Verheugen han manifestado en torno a la cuestión. Comisario Verheugen, el Parlamento necesita saber también el empleo que se le está dando a los fondos que la Comisión ha destinado a tareas informativas, con el fin de proporcionar una mejor información sobre el uso de estos fondos a nuestros votantes, a quienes debemos llevar con nosotros en esta travesía.
El Sr. Haarder ha mencionado además que Kaliningrado será un tema de debate en Bruselas. Independientemente de la necesidad de resolver los problemas que Rusia tiene con el tránsito ?y no hay duda de que Rusia tiene un gran interés en ello?, es importante para nosotros que nos aseguremos de que Lituania no llegue a tener la impresión de que la Unión Europea está tomando decisiones por encima de ellos. Por el contrario, se debe reforzar el concepto que Lituania tiene de su propia soberanía, y cualquiera que sea la decisión que se tome, debe contar, por supuesto, con su beneplácito. Además, se deben cumplir los criterios de Schengen. Sobre esta base, y en relación también con la seguridad, recomendamos flexibilidad a la hora de resolver las cuestiones con Rusia.
No obstante, el problema no es sólo el acceso a la región de Kaliningrado, puesto que pasada ésta, por supuesto, se halla Rusia. Hay otros problemas con las fronteras. Tomemos, por ejemplo, la pequeña cantidad de tráfico fronterizo entre Polonia y Ucrania, o entre Eslovaquia, Hungría y Ucrania. Solicito a esta Cámara que tenga en cuenta la necesidad de, por un lado, garantizar la seguridad, y por otro, de recurrir a soluciones flexibles que posibiliten que personas de ambos lados de la frontera puedan encontrarse.
En Bruselas, escucharán un informe de Valéry Giscard D'Estaing, Presidente de la Convención. Nuestro Grupo y también nuestro partido ?los demócrata-cristianos y los demócratas europeos? tienen las cosas muy claras en lo que se refiere al calendario, como hemos confirmado ahora en nuestro congreso. Deseamos que la Convención obtenga resultados para finales de junio de 2003, con una posterior y corta Conferencia Intergubernamental, para que, bajo la Presidencia italiana, podamos fraguar un Tratado de Roma o una constitución de Roma, un tratado básico para la Unión Europea, para finales de 2003. Ésta es, por tanto, nuestra petición a todos los partidos involucrados: seamos ambiciosos para que, cumpliendo con este calendario, hagamos realidad el proyecto histórico, no sólo de la ampliación, sino también de una constitución europea, dentro del tiempo asignado.
Éste es nuestro deber colectivo, si el contiene europeo aspira a tener un futuro próspero.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señor Comisario, Señorías, enfocamos el debate sobre la próxima Cumbre de Bruselas con un cierto optimismo.
El Presidente del Consejo, el Primer Ministro danés, Sr. Rasmusen, cuando tuvo el gesto de cortesía de invitarnos a la Conferencia de Presidentes a Copenhague, nos habló de las tres fases de la Presidencia danesa. Sabíamos que había que superar las elecciones en varios países miembros (Suecia, Francia y Alemania) y el referéndum irlandés. Y ahora comienza la segunda fase.
Hace falta que en Bruselas se despejen algunas incógnitas y que se llegue a acuerdos para poder preparar con tiempo -como ha dicho el Comisario Sr. Verheugen- la Cumbre de Copenhague. Es muy importante.
En primer lugar, voy a referirme a la cuestión que me parece más decisiva: que seamos capaces, no sólo de hablar de negociaciones y de dinero, que siempre es importante, sino también de dar un impulso político, una visión, a todo este proceso. Cuando uno se va a casar, las capitulaciones matrimoniales pueden ser importantes. En el mundo de Hollywood, hay matrimonios entre estrellas de cine que celebran contratos de más de 100 páginas. También es importante saber en qué casa se va a vivir, y la Convención tiene ahí su trabajo. Pero nuestro problema principal en la Unión, no en los países de la ampliación, es conseguir suscitar un entusiasmo político y una visión histórica. Ésta es una responsabilidad de la Comisión, del Consejo y también de todos nosotros, del Parlamento.
Me parece que es lo más decisivo, y yo diría que es el punto en el que hay mayor déficit en este momento. Se ha hablado del presupuesto, que es el resumen de las políticas. Según mi experiencia personal en el proceso de integración de mi país -también de Portugal- en la Unión Europea, los temas presupuestarios fueron muy importantes y definieron el cuadro actual, la Cumbre de Bruselas de 1988, la reforma MacSharry y la Cumbre de Edimburgo. Creo que hay que partir del hecho de que es bueno que haya perspectivas financieras -yo fui el ponente del Parlamento cuando se propusieron las primeras-, pero éstas no deben ser un corsé. Tienen que interpretarse en función de un principio político esencial: el presupuesto se aprueba anualmente.
Mi Grupo piensa que no podemos esperar hasta 2006, porque hay cuestiones importantes que resolver. La primera, como ha dicho el Presidente Prodi, es que los países candidatos no sean contribuyentes netos. Éste es un aspecto absolutamente fundamental, no sólo de presentación, sino de manifestación de solidaridad. En segundo lugar, hay que hablar del 80 % del presupuesto. La Comisión ha hecho una propuesta, que mi Grupo considera interesante y que hay que debatir, que no se refiere a cambiar el techo en la política agrícola común, sino a darle a ésta una posibilidad de futuro y, sobre todo, a introducir criterios de desarrollo sostenible y de solidaridad, de los que esta política carece. Por eso, tenemos la responsabilidad de hacer frente a estos problemas en este momento, sin esperar a 2006.
Lo mismo ocurre con los Fondos Estructurales, que son una manifestación de la cohesión económica y social, no total, pero sí un apoyo importante a la modernización de estos países, como ya lo ha sido para otros, como Irlanda -país del Presidente- España -mi país- Portugal, etc.
Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar cómo podemos alcanzar mejores acuerdos que nos permitan defender nuestros intereses y, al mismo tiempo, extenderlos a los países candidatos. Es algo que no podemos relegar hasta 2006. Tenemos que afrontarlo ahora, y es importante que en la Cumbre de Bruselas se logren acuerdos entre Francia y Alemania, desde luego -no es bueno que un país se aísle del conjunto comunitario- pero también entre el conjunto de socios actuales. Ésta es también una señal muy importante.
Por último, Señor Presidente, en este caso tenemos que hablar ya con los países candidatos sabiendo que estamos en vísperas de una decisión que comporta un destino compartido de futuro. Y también tenemos que hacer un esfuerzo conjunto en el Parlamento para poder respetar un calendario complejo que es una carrera de obstáculos que tiene que superarse con una voluntad política común.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, si sus compatriotas hubieran rechazado el Tratado, el Consejo de esta semana se habría visto empañado por las recriminaciones y la confusión. Pero en no poca medida gracias a sus esfuerzos, el voto positivo de Irlanda nos permite reanudar el camino que nos llevará a la reunificación de Europa en el año 2004.
Las decisiones que todavía quedan por tomar no serán fáciles. Como ya dicho nuestro estimado ex colega, el Presidente en funciones, las decisiones no suelen ser fáciles cuando hay dinero de por medio. Pero los Jefes de Estado y de Gobierno no pueden permitirse el lujo de desaprovechar esta oportunidad histórica peleándose por cómo pagar la factura. 
Mi grupo cree que la ampliación puede financiarse con las medidas económicas adoptadas en Berlín. Deben permitirse algunas transferencias entre diferentes partidas presupuestarias, dentro de los límites generales. El paquete final tiene que garantizar que los nuevos Estados miembros no sean contribuyentes netos antes del año 2007. De lo contrario, alimentaremos el resentimiento y correremos el riesgo de que se celebren otros referéndums tensos en los países candidatos. 
Inevitablemente, el principal punto de discrepancia es la política agrícola común. Aunque el Grupo Liberal no considera que la reforma de la PAC sea un requisito imprescindible para la ampliación, está claro que el éxito de la ampliación depende de una profunda reforma de nuestras políticas agrarias, la cual es esencial también por otras razones.
Tengo entendido que el Presidente Chirac pretende que el Reino Unido haga uso de su excedente presupuestario, pero rechaza iniciar la reforma de su política agraria antes del año 2006. Nosotros apoyamos las propuestas de la Comisión de introducir gradualmente las ayudas económicas a los agricultores de los nuevos Estados miembros, pero también esperamos que todos los Estados miembros actuales se comprometan a realizar una profunda reforma de la PAC, tal como se propuso en la revisión intermedia. 
El segundo tema que me preocupa es la voluntad de los países candidatos de aceptar las disciplinas del mercado único y respetar los valores de la Unión Europea. Nuestro grupo comparte la preocupación manifestada en el informe de progreso de la Comisión acerca de la corrupción en algunos de esos países y la necesidad de avanzar en la aplicación de la legislación comunitaria, sobre todo en materia de justicia y política interior. Por eso creemos que es conveniente que exista un sistema de vigilancia reforzada para asegurar que los países respeten sus compromisos.
El Presidente de la Comisión ha pedido entusiasmo e inteligencia. La propuesta del Comisario Verheugen demuestra lo segundo, pero no vendría mal un poco más de entusiasmo en el Consejo frente a la ampliación y la nueva Europa que él mismo propugna. 
Sjöstedt (GUE/NGL). -
Señor Presidente, los países candidatos han dedicado muchos años de ardua labor a adaptarse a la Unión Europea. Tienen derecho a esperar que la UE realice la parte de trabajo que le corresponde y que no aparezca ahora ningún obstáculo que impida que los diez países elegidos por la Comisión formen parte de la Unión Europea, como está previsto. Sería una ironía del destino que surgieran discordias en la EU que terminasen por retrasar la ampliación.
Nuestro Grupo no comparte la opinión de que el Tratado de Niza fuera una condición imprescindible para la ampliación. La ampliación podría haber salido adelante igualmente, basándose en el viejo tratado. El Tratado de Niza, por encima de todo, refuerza la supranacionalidad e incrementa el poder de los grandes países dentro del sistema de la Unión Europea. Además, hay un problema con el Tratado de Niza en lo que respecta al reparto de poder entre los nuevos países. La República Checa y Hungría están discriminadas en cuanto al número de escaños que se les ha asignado en el Parlamento Europeo. En nuestra opinión, esto se debería solucionar en el Tratado de Adhesión.
Hay que decir que las negociaciones han ido bien desde el punto de vista de la UE. Los países candidatos han trabajado laboriosamente para asumir el acervo. Lo importante ahora es que no lo asuman sólo en teoría, sino también en la práctica, y no sólo en lo que se refiere al mercado interior, sino también al medioambiente y a los derechos sociales de los trabajadores. La cuestión es si la UE no debería adaptarse también al hecho de contar con diez nuevos miembros. Creo que se debería haber hecho más. Nuestra incapacidad para reformar la política agrícola ha originado una situación en la que a los nuevos Estados miembros se les va a tratar, durante bastante tiempo, mucho peor que a los Estados miembros que se adhirieron con anterioridad a la UE. Esto es intolerable. Se debería ejercer la menor discriminación posible y por el menor tiempo posible.
En otros ámbitos, debemos ser también capaces de revisar nuestras políticas para adaptarlas a la ampliación. El Acuerdo de Schengen es uno de esos ámbitos: sus estrictos controles fronterizos están en peligro de convertirse en un grave obstáculo, en lo que respecta a la cooperación, para los nuevos Estados miembros y para los países que no pertenecen al siguiente grupo que se va a incorporar a la Unión Europea.
En cuanto al asunto de la región de Kaliningrado, deseamos que se dé con una solución que permita a los ciudadanos rusos viajar, sin necesidad de visado, de una parte a otra de su país.
En lo que se refiere al mercado interior, en nuestra opinión, todos los países deberían ser tratados de la misma manera. Es fundamental que se respeten los derechos de los trabajadores en todos los países, desde el primer momento, para evitar el dumping social o que los trabajadores de los países candidatos sean discriminados en el mercado laboral. Por ello, lamentamos que la Comisión lo haya puesto en duda, por medio de una causa judicial en Finlandia que cuestiona el argumento de que los acuerdos finlandeses se aplican en Finlandia desde el primer día.
Lo importante ahora es procurar que la ampliación no dé lugar a un equipo A y a un equipo B, dentro de la Unión Europea. Esto requeriría además la habilidad, por nuestra parte, de realizar cambios en la Unión. Naturalmente, los países candidatos tienen también la posibilidad de elegir. Pueden votar a favor o en contra. Si eligen votar en contra, la alternativa es una cooperación estrecha con la Unión Europea.

Schroedter (Verts/ALE). -
Señor Presidente, estamos ante un proceso histórico, ante la oportunidad de lograr la paz y la estabilidad en el continente: no hay nada más admirable. Desearía que un poco de este espíritu y de esta sensación de encontrarnos ante una oportunidad histórica hiciera acto de presencia en la Cumbre de Bruselas, para impedir que ésta degenere en el tira y afloja en el que todos tememos que se convierta. Debe existir la voluntad política necesaria para resolver los problemas, en lugar de seguir posponiendo una solución. La excelente labor desarrollada por los países candidatos no va a dejar al Consejo más alternativa que confirmar que diez países están preparados para convertirse en miembros de la Unión Europea.
No obstante, la falta de solidaridad de los Estados miembros, unida a su falta de voluntad para llevar a cabo la reforma, está dificultando cada vez más que podamos vivir todos juntos en una Unión Europea ampliada. Por ello, estamos debatiendo ?como si fuera lo más evidente del mundo? cómo financiarán, en el futuro, los países candidatos el «cheque británico», a pesar de que se les ha excluido de optar a un mecanismo similar. En la historia de la UE, se trata de un hecho excepcional; en el pasado, todos los contribuyentes netos han gozado de una devolución en su primer año. Los quince Estados miembros han aplaudido, con benevolencia, la propuesta de la Comisión y de la Presidencia de que se les otorgue un año adicional de pagos de los fondos estructurales. ¿Por qué? Porque la falta de capacidad de absorción implica que el dinero termina volviendo a los erarios de los Quince. Ésta no es la solidaridad que necesita la UE. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea rechaza rotundamente una ampliación de tintes bancarios.
Permítame decir unas palabras sobre la política agrícola. La poca voluntad de realizar reformas en este ámbito apesta, y los ciudadanos de la Unión Europea no lo van a seguir tolerando. La reforma no sólo es necesaria a causa de la ampliación: se debería haber llevado a cabo hace tiempo, y es absurdo seguir posponiéndola. Unas ayudas directas sin condiciones, de tanta cuantía como éstas, ya no tienen razón de ser, y una UE ampliada traerá como consecuencia que ya no sean factibles. Tenemos que iniciar ya la reforma agrícola y trabajar unidos, con el fin de crear una estructura justa para los veinticinco miembros con que contará la UE en 2007. No se debe permitir que el mantenimiento de privilegios se convierta en una nueva condición para la ampliación.
Quisiera decir ahora unas palabras sobre el voto afirmativo de Irlanda. Los irlandeses votaron a favor del Tratado de Niza, eliminando así el mayor obstáculo que se oponía a la ampliación, pero la reforma de las instituciones de la Unión Europea sigue pendiente. En ese sentido, el Tratado de Niza no ha significado realmente ningún avance para la UE. En primer lugar, es necesario mejorar los procedimientos democráticos y los mecanismos de toma de decisiones, algo que está en manos de la Convención. Por consiguiente, sostengo que el proyecto de tratado de la Convención debe poder aprobarse en 2003. La funcionalidad no es una condición previa para la ampliación de la UE, pero será necesaria. El Presidente Prodi se ha referido a la falta de apoyo ciudadano. ¿Por qué ocurre esto? Porque la UE simplemente carece de transparencia y de mecanismos democráticos, algo que debe cambiar.
Collins (UEN).
Señor Presidente, le deseo suerte a la Presidencia danesa en esta recta final previa a la Cumbre de la UE que se celebrará esta semana en Bruselas. La ampliación, que constituye el principal punto del orden del día, ha ocupado un lugar importante en la campaña del referéndum sobre el Tratado de Niza en mi país.
El otro punto -Kaliningrado- está también directamente relacionado con la ampliación. Acojo con satisfacción las medidas propuestas por la Comisión de facilitar el tránsito directo de mercancías y personas entre Kaliningrado y el resto de Rusia.
Todos nos hemos beneficiado del profundo y a menudo intenso debate sobre la ampliación que acaba de tener lugar en mi propio país. La decisión tomada por la población irlandesa refleja su firme compromiso con la integración europea y la ampliación de la Unión Europea. Celebro que sus decisiones despejen el camino para concluir las negociaciones de adhesión con los primeros nuevos Estados miembros.
Apoyo lo que ha dicho el Sr. Poettering. A estas alturas de las negociaciones de adhesión, no tienen que imponerse nuevas condiciones ni exigirse nuevos compromisos. Eso no haría más que crear problemas.
No debemos tomar a la ligera la lección que todos podemos aprender del reciente debate durante la campaña del referéndum irlandés. Comparto totalmente lo que han dicho el Presidente Prodi y el Comisario Verheugen sobre la necesidad de informar a la gente. Los votantes irlandeses han dejado claro que ni los dirigentes políticos y gobiernos de los Estados miembros ni Bruselas pueden tratarles con condescendencia ni dar por sentado que pueden contar con su apoyo. 
Es alarmante escuchar al Presidente Prodi decir que casi el 80% de los que respondieron a un sondeo de opinión reciente no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. El Sr. Haarder se ha referido antes al interesante debate que está teniendo lugar en la Convención. Puede que les resulte muy interesante a los que están dentro, pero fuera de ahí, como bien sabe él, la prensa apenas se hace eco de ello. Recuerden que cuando celebremos un referéndum sobre esta cuestión en un futuro próximo, tendremos que decidir sobre asuntos de mucha mayor complejidad e importancia que los relacionados con Niza. Y recientemente hemos tenido grandes dificultades para tomar una decisión sobre eso.

Bonde (EDD).
Señor Presidente, haz una pregunta trascendental y obtendrás las respuestas que buscas. Irlanda ha votado rotundamente a favor de más trabajo, de neutralidad y de ampliación, pero el Tratado de Niza no ofrece ni trabajo ni neutralidad, e independientemente de que los irlandeses hubieran votado a favor o en contra, la ampliación habría seguido adelante, de todas maneras, tomando la Declaración 20 y tratando en los acuerdos de adhesión los votos en el Consejo y los escaños en el Parlamento de los países candidatos. Voy a votar a favor de ello en el Parlamento, pero los historiadores de tiempos venideros deben saber que se ha hecho daño a un pueblo. Irlanda es el país que mayor apoyo muestra a la UE. Ha votado en contra. En lugar de dar a la gente la oportunidad de expresar su opinión, a los irlandeses se les ha forzado a votar a favor, con el argumento falso de que, de lo contrario, el proceso de ampliación iba a quedar bloqueado.
Hasta ahora, no he tenido más que alabanzas para la Presidencia danesa del Consejo. Hoy, sin embargo, siento afirmar que el Presidente danés del Consejo ha sido cómplice de un engaño a los votantes irlandeses. ¿Habría detenido el Sr. Rasmussen el proceso de ampliación si los irlandeses hubieran votado en contra? Probablemente se habría sacado otra propuesta de la manga y habría asegurado la ampliación sin el Tratado de Niza. Lo mejor que se puede decir del Tratado es que durará sólo uno o dos años. Pasado este tiempo, se someterá a votación un nuevo texto base de la Convención de turno. El Tratado de Niza es, hasta la fecha, el más confuso de todos. Lo he publicado en su versión consolidada, pero de ningún modo puedo recomendar el libro.
Niza no es el instrumento adecuado para lograr el apoyo popular en los países candidatos. Arrebata a los países su derecho a elegir a su propio Comisario, en favor de un Gobierno europeo designado por mayoría de votos. Es necesario eliminar ahora esta traba y declarar que seguirá habiendo un representante de cada Estado miembro en la Comisión. Los votantes irlandeses no se han manifestado, en absoluto, a favor de perder a su Comisario. El Tratado de Niza apenas se ha debatido esta vez, y se ha conseguido hábilmente que los irlandeses no llegaran a conocer el primer proyecto de constitución del Sr. Giscard d'Estaing, que se presentó en una reunión a puerta cerrada el pasado jueves. Las copias estaban numeradas y se recogieron al término de ésta El Sr. Giscard d'Estaing tiene un remedio para los referéndums: si un país vota en contra la próxima vez, se le dejará de lado. Vota a favor o desaparece. A los países que permitan que sus ciudadanos voten en contra, no se les prestará más atención. La UE está antes que los votantes. En la concepción que el Sr. Giscard d'Estaing tiene de la democracia, se da a elegir entre votar a favor o votar a favor. Gracias, pero no, señor Presidente.

El Presidente.
No abusaré de los privilegios de la Presidencia permitiéndome el comentario que me gustaría hacer, señor Bonde.

Gollnisch (NI)
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, el Consejo está a punto de aprobar la lista de los diez países candidatos que, de acuerdo con la Comisión, están listos para ingresar en la Unión Europea el 1 de enero de 2004. No obstante, hay un problema: ni ustedes ni ellos están listos.
La misma Comisión reconoce que sólo dos de los diez países tienen una economía capaz de hacer frente a la competencia, así como unas estructuras administrativas y jurídicas capaces de aplicar y hacer respetar el Derecho comunitario. La Comisión cree que los demás países estarán listos en 13 meses, un período que no es suficiente, desde el punto de vista de un análisis o de un calendario.
La Unión Europea tampoco está preparada para dar la bienvenida a estos países, y no me refiero a las peligrosas especulaciones institucionales de la Convención. Hablo de una falta absoluta de reflexión de fondo. A causa de un tabú cuasi religioso alrededor del sacrosanto acervo Comunitario, nadie se ha preguntado si una Europa de 25 miembros debería actuar de la misma manera que una Europa de seis, nueve, doce o quince miembros. De pronto, están dispuestos a convertir estos países en miembros de segunda clase. Nadie se ha preguntado acerca del coste económico y de otras índoles, en lo que se refiere al desempleo y a la desestructuración económica y social. Consideremos el coste de la reunificación alemana, tras doce años: la fractura social y económica persiste, a pesar de que la Alemania occidental ha proporcionado una ayuda económica a la oriental estimada en más de 850 mil millones de euros durante este período.
Por último, la Cumbre de Bruselas examinará también la apertura de negociaciones de adhesión con Turquía. Turquía es un país maravilloso, un puente entre Europa y Asia, pero no es un Estado europeo, ni geográfica, ni lingüística, ni culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué ahora deberíamos convencerle de que sí lo es? ¿Acaso es por el chantaje del Gobierno turco sobre el futuro de Chipre, o por la increíble arrogancia del Gobierno estadounidense, que estaba indignado porque su aliado turco no figurara en la lista de países candidatos de la Comisión? No somos nosotros quienes hemos de cargar con las consecuencias de la política del Gobierno estadounidense en Oriente Próximo.
En dos palabras, no queremos para nuestros países ni para nuestros hermanos del Este una Europa que entrega los intereses de las naciones a oligarquías con intereses muy diferentes a los nuestros. Los países del Este están saliendo de la pesadilla del comunismo. No debemos arrebatarles su libertad sólo por el bien de un nuevo imperio.

Sudre (PPE-DE
Señor Presidente, la ratificación de Irlanda, el domingo pasado, del Tratado de Niza debe recibirse con los brazos abiertos, ya que su aprobación permitirá que la Unión se prepare para esta ampliación histórica que da la bienvenida a los países de Europa central y del este, además de Chipre y Malta.
La Presidencia danesa de la Unión ha manifestado recientemente que, en caso de ser necesario, prolongaría la cumbre prevista en Bruselas para el 24 y el 25 de octubre, con el objeto de que diera tiempo a tratar todos los puntos de una agenda particularmente cargada, como ha reiterado antes el Presidente Prodi.
El lunes pasado, el Comisario Verheugen se lamentó de que Francia no muestre una actitud más flexible con respecto a la posibilidad de reducir las ayudas directas a los agricultores, antes de decidir el montante de las ayudas que se van a destinar a los agricultores de los futuros nuevos miembros, y manifestó que un aumento brusco del gasto agrícola convertiría a la PAC en blanco lógico de un recorte presupuestario. Quisiera decirle al Comisario, con todo mi respeto, que encuentro este punto de vista muy poco ecuánime.
El Presidente Jacques Chirac pidió ayer que se hallara una solución satisfactoria para todos, con el objeto de financiar la ampliación de la Unión Europea, y hacerlo mediante una reunión de trabajo con el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Rasmussen. El Gobierno francés cree que se debe examinar todo el gasto previsto en el presupuesto de la UE y aplicar unos límites. Mediante la revisión por completo de los compromisos económicos de todos los Estados miembros y garantizando que sean equilibrados, seremos capaces de hallar una solución satisfactoria para todos, de modo que se pueda llevar a cabo la ampliación en las mejores condiciones posibles.
Estoy segura de que Francia, con la mejor de las disposiciones, cargará con la parte que le corresponde del esfuerzo que se precisa para encontrar una solución justa lo antes posible. No obstante, esto no se podrá lograr sacrificando a un sector de nuestra población: en este caso, a los agricultores y al mundo del campo. La contribución económica que podemos esperar legítimamente debe estar repartida, de manera justa, entre todos los Estados miembros de la Unión Europea.

Lage (PSE). -
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, Señorías, en 1957, junto al inmenso bloque soviético, junto a la Europa de los padres fundadores, estaba, en palabras de Paul Valéry, «la pequeña península al final de Asia». Menos de 50 años después, la Unión Europea se ha convertido en la tercera potencia mundial en términos de población, rivaliza con los Estados Unidos en PIB y se alza como la mayor potencia comercial del mundo. La Unión Europea es el único ejemplo en la historia de una potencia que crece mediante la adhesión voluntaria de sus vecinos. Este ejemplo extraordinario ofrecido por Europa debe preservarse cuando la Comunidad se amplíe para integrar a diez países más.
No obstante, no es suficiente con crecer en cuerpo; es necesario crecer también en espíritu, en ese espíritu europeo que el filósofo alemán Karl Jaspers calificó como «el sentido de la Historia, la Ciencia y la Libertad». Añadamos también la solidaridad a esta lista. Es preciso ahondar en este espíritu Europeo e impedir que quede desacreditado en la próxima Cumbre de Bruselas por ridículos regateos y egoísmos nacionales, por disputas sobre quién debería pagar más y quién debería pagar menos. Esto no significa que la oferta económica que se haga a los países candidatos no sea algo muy importante y significativo. No significa tampoco que la futura financiación de la Unión Europea deba tener un carácter redistributivo. Una Unión en la que perviven tantas desigualdades debe preocuparse por esta cuestión.
No obstante, no debemos confundir el asunto. El Presidente Chirac se equivoca. La PAC es una política injusta, poco equilibrada y perjudicial, desde el punto de vista ecológico. No se puede comparar con la política de cohesión, que sí es una política justa y que afianza la unidad interna de Europa. Comparar estas dos políticas es un grave error.
Por último, señor Presidente, hemos de considerar el caso de Turquía: la más elemental lealtad obliga a la Unión Europea a fijar un calendario de negociaciones con Turquía. No se debe recurrir a razones lingüísticas, culturales y religiosas para apartar a Turquía de la Comunidad Europea, cuando este país lleva muchos años confiando en lograrlo y ha realizado considerables esfuerzos para ello. Es una cuestión de lealtad y honestidad de la UE con sus socios.

Suominen (PPE-DE). -
Señor Presidente, señores Comisarios, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera analizar los problemas que padecerán las gentes de Kiliningrado, como consecuencia de los acuerdos de tránsito, así como las soluciones que se han propuesto. El visado de tránsito, o pasaporte de Kaliningrado, como propuso la Comisión, es bajo mi punto de vista una buena solución para ambas partes. Este documento, en comparación con el visado normal, facilitaría a los rusos de Kaliningrado poder viajar a su madre patria, y además salvaguardaría la soberanía de Lituania. Se ha propuesto la opción de disponer un tren corredor. Esta idea, no obstante, no va en consonancia con la realidad actual. ¿Cuántos de los Estados miembros actuales aceptarían un tren que marcha a toda velocidad por sus propios países, procedente de otra nación que no pertenece a la Unión Europea, y a cuyos pasajeros no se puede someter a un control? ¿Estarían de acuerdo con ello Bélgica, España, Italia o Francia?
Es positivo que el Consejo llegara ayer a una posición común sobre acuerdos de tránsito para las gentes de Kaliningrado. Al examinar el razonamiento de cada país detrás de su opinión sobre el asunto, he observado que, cuanto más lejos está de Kaliningrado el Estado miembro en cuestión, menos realistas son las soluciones que ha presentado para resolver el problema. Esto, hablando con franqueza, es una irresponsabilidad egoísta. La sugerencia de Rusia de viajar sin visado entre su país y la UE ha obtenido, por desgracia, el apoyo de algunos Estados miembros. Es lamentable comprobar que algunos son incapaces de ver los inconvenientes o los peligros que, siendo realistas, esto acarrearía. Si deseamos empezar a relajar radicalmente la política de visados, ¿no deberíamos comenzar por Turquía que, al menos, tiene estatuto de país candidato? Los viajes sin visado no son, sin embargo, el asunto de hoy. Por este motivo, es imprudente que un solo país de la UE, por ejemplo, prometa tal cosa, y mucho me temo que el mero debate de esta cuestión deterioraría la actitud favorable que tienen sobre la UE los ciudadanos de los países que solicitan su ingreso en la Unión.
Con todo, apoyo sin reservas una política con Rusia que respalde el desarrollo a largo plazo del país y haga posible, algún día, los viajes sin visado. A propósito de ello, me gustaría sugerir que podría merecer la pena preguntar a los rusos por qué, si han abjurado del nombre de Lenin en Leningrado y de Stalin en Stalingrado, siguen mancillando un importante ámbito de la cultura europea con el nombre de Mijaíl Kalinin. La ciudad debería volver a tener el honor de llamarse Königsberg, como la localidad natal de Immanuel Kant.
Por último, quisiera aludir al asunto de Eurobarómetro. La Comisión tiene razón al afirmar que hemos de compartir estos datos, pero el 70% de nuestros ciudadanos esperan oír la verdad y la información a través de sus Gobiernos nacionales. ¿Por qué no hacen nada? Ésta ha sido casi una intervención de la oposición, ya que pertenezco al partido en el Gobierno de Finlandia.

Andreasen (ELDR). -
Señor Presidente, gracias por las declaraciones del Consejo y de la Comisión, y mis felicitaciones y mi más sincero agradecimiento al pueblo irlandés, que el pasado sábado eliminó un gran obstáculo que se interponía a la ampliación. Me complace que tanto el Presidente Prodi como el Comisario Verheugen concluyeran sus inspiradas intervenciones hablando de información basada en las últimas encuestas de Eurobarómetro. Sólo uno de cada cinco europeos se siente «bien» o «muy bien» informado. Esto no es agradable de leer, ni tampoco nos coge por sorpresa, porque hace muchos años que somos conscientes de este problema. Ya lo he dicho antes en esta Cámara, y lo volveré a decir con mucho gusto: la política de comunicación y de información de la UE necesita pulirse. Debemos estar preparados -como ha afirmado el Sr. Poettering- para hallar los medios necesarios. La información constituye la base del entendimiento y, por tanto, del apoyo ciudadano que necesita la UE.
Las negociaciones de ampliación ya no pueden echarse para atrás y no se debe pedir nada más. Hay que reconocer que es necesaria una reforma radical de la política agrícola, pero primero hay que poner todas las cosas en su lugar. Estoy satisfecho de los resultados de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Luxemburgo celebrada durante los dos últimos días, y es una excelente noticia que se haya llegado a un acuerdo sobre el hecho de que ninguno de los nuevos países candidatos pueda, bajo ninguna circunstancia, comenzar su pertenencia a la UE como contribuyente neto. Cualquier otra cosa habría sido poco razonable. Confío en que el Consejo, encabezado por la Presidencia danesa, sea capaz de llevar a cabo esta gran tarea histórica en diciembre, en Copenhague.

Souladakis (PSE). -
Señor Presidente, estoy convencido de que el penúltimo paso, antes de Copenhague, de esta extraordinaria medida política (la admisión de diez nuevos miembros) se dará en Bruselas, durante los dos próximos días.
Este paso ha de darse de una manera realista y decidida que supere cualquier percepción, por insignificante que sea, y las acciones posteriores deben quedar determinadas por este paso, y no al revés. Voy a realizar sólo dos o tres comentarios, ya que dispongo de poco tiempo.
En primer lugar, Kaliningrado. Obviamente, este problema necesita resolverse, no de la misma manera que el nudo gordiano, pero sí de una vez por todas, y me refiero a una solución armoniosa, racional y funcional que respete a las naciones y a los Estados.
En segundo lugar, el asunto ampliamente debatido del presupuesto. No debemos ser tacaños ni agarrados, y no hemos de olvidar que los países que están a punto de ingresar en la Unión Europea tienen una abundante mano de obra pero, por desgracia, recursos limitados. Sin embargo, una mano de obra abundante es lo que determina el desarrollo, que es de lo que se trata.
En tercer lugar, en relación con otras cuestiones que puedan surgir o requerir decisiones, la Unión Europea de los 15 o de los 25, o de cualquiera que sea su número de miembros, debe continuar siendo una zona de cohesión social, desarrollo y democracia. Por ello, es evidente que cualquier solución para problemas presupuestarios debe basarse en estas prioridades. En otras palabras, deben fundamentarse en la necesidad de que la Unión Europea atesore los valores que ya ha adquirido y que debe seguir aplicando; deben fundamentarse en las prioridades de los ciudadanos y no en nimias percepciones políticas que, a fin de cuentas, son efímeras y tienen que ver, en ocasiones, con un antagonismo de un tipo u otro, lo que no nos lleva a ninguna parte.
Una vez dicho esto, estoy convencido de que se van a dar dos nuevos pasos hacia delante en los próximos dos días y, mientras seguimos por esta senda, el Parlamento Europeo, corazón de la Unión, debe generar un clima y un espíritu político que, por desgracia, más bien escasea, lo que limita el debate y convierte una discusión sobre superación de problemas en un tira y afloja.

Maij-Weggen (PPE-DE). -
La inminente ampliación constituye uno de los acontecimientos políticos más importantes desde la creación de las Comunidades Europeas. Esta ampliación cerrará una fractura existente entre Europa occidental, oriental y del este. Esta fractura se produjo antes de la segunda guerra mundial y fue alimentada por un telón de acero y un muro, tras la contienda. La reparación de esta fractura es el gran mérito de la actual Unión Europea y también de los países candidatos. Llevan adaptando sus sistemas democráticos y económicos y sus legislaciones desde 1989, lo que ha exigido grandes esfuerzos. Por ello, doy mi apoyo incondicional a los diez ingresos propuestos por la Comisión.
Hoy está teniendo lugar un debate crucial sobre la ampliación en la Cámara Baja neerlandesa. El Gobierno neerlandés respalda la ampliación, a pesar de la oposición de dos socios de coalición, a saber, los liberales y el partido de Fortuyn. Lo lamento enormemente, pero seguirá habiendo una mayoría democrática en la Cámara Baja antes del ingreso, lo que significa que los neerlandeses no lo van a fastidiar todo. Quizás tengamos que agradecérselo a nuestros amigos social-demócratas. No obstante, si todavía no se han cumplido varias condiciones, los países candidatos habrán de hacer un último esfuerzo y, si es necesario, introducir salvaguardas en ámbitos como la seguridad alimentaria, el mercado interior, la justicia y los asuntos de interior. A propósito de ello, me complace que el Sr. Prodi haya afirmado que estas salvaguardas se pondrán en práctica en caso de ser realmente necesario.
Sería también mucho mejor que se alcanzara un acuerdo económico, para que así quedara más claro cuál es el coste económico de la ampliación, ya que éste es un aspecto por el que nuestros ciudadanos están particularmente preocupados. Además, sería preferible que se firmaran mejores acuerdos agrícolas. Éstos no deberían constituir una condición previa, pero estoy de acuerdo con los diputados que manifiestan que se necesitan con carácter de urgencia.
Tengo ahora una pregunta para el Sr. Haarder. ¿Sería posible que hablara, con toda franqueza, con nuestros colegas liberales de los Países Bajos, que pertenecen a su partido, para garantizar que esta cuestión no complica las cosas en este punto y que no es mal empleada en las elecciones neerlandesas? Los Países Bajos siempre han sido un país pro-europeo. Los partidos políticos que están tratando de convertir en euroescépticos a los neerlandeses están asumiendo una gran responsabilidad. La ampliación cuenta con el apoyo tanto de los cristiano-demócratas de esta Cámara, como de los cristiano-demócratas de los Países Bajos.

El Presidente.
Me gustaría decirle a la Sra. Maij-Weggen que, en un congreso del Partido Liberal celebrado la semana pasada, hablé de nuestros amigos liberales en unos términos que seguramente le complacerían.

Lund (PSE).
Señor Presidente, hay buenas razones para alegrarnos de que Irlanda haya aceptado el Tratado de Niza, con sus declaraciones específicas sobre la neutralidad irlandesa. Esto ha eliminado un serio obstáculo que se interponía a la ampliación. La ampliación es un acontecimiento histórico para el que, a mi modo de ver, tanto la Comisión como la Presidencia danesa han preparado el terreno de una forma muy competente. Los países candidatos han realizado un considerable esfuerzo para prepararse para su ingreso en la UE.
Intuyo que los problemas pendientes están claros. Por tanto, depende ahora de los Jefes de Gobierno de los quince países demostrar capacidad de liderazgo y sentido de la responsabilidad, con el fin de que la Presidencia pueda, la semana que viene, obtener el mandato común necesario para concluir las negociaciones con los diez países candidatos, conforme a la propuesta de enero de la Comisión. No se deberían imponer más condiciones para la ampliación. La reforma agrícola y presupuestaria no debería vincularse directamente con la ampliación. Por otro lado, como sabemos muy bien, los miembros actuales y futuros de la UE deberían ser capaces de llegar a un acuerdo, en la Cumbre de Copenhague de diciembre, al menos, sobre algunos de los principios de la futura reforma agrícola y presupuestaria que, como sabemos, será necesaria a partir de 2006.
Es asimismo importante que el resultado que perseguimos con las negociaciones sea justo para los países candidatos y que traiga consigo una competencia leal, posiblemente con regímenes transitorios un poco más cortos en el ámbito de los subsidios agrícolas, para que en los referéndum de los nuevos países miembros se pueda obtener un voto afirmativo.
En lo que respecta a la cuestión de Kaliningrado, confío en que también se pueda encontrar una buena solución, para que el pequeño enclave no se convierta en una región conflictiva, sino en una zona con un papel destacado dentro de la región báltica; una solución que, por supuesto, respete escrupulosamente tanto la soberanía de Lituania como su deseo de convertirse en miembro de Schengen. Se debe evitar, a toda costa, una solución tipo corredor, que trae a la memoria soluciones tomadas en Europa, en el pasado, ante problemas similares. Deberíamos poder resolver la cuestión del tránsito de un modo diferente, quizás por medio de un pasaporte especial. Hago extensivo mi agradecimiento a la Presidencia danesa por su competente liderazgo.

Maes (Verts/ALE). -
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, señor Comisario, el electorado ha hablado en Francia, en Alemania y, por último, también en Irlanda. Quedan algunos países por hacer oír su voz, lo que va a causar inevitablemente problemas, ya que hay preguntas pendientes a este respecto. No obstante, los políticos deben ponerse ahora manos a la obra, con la mayor urgencia, y no comportarse como mercachifles, como ha afirmado la Sra. Schröder, sino actuar con la visión y el coraje necesarios.
Quisiera formular una pregunta concreta referente a la información que el Presidente Prodi ha mencionado. En mis numerosos contactos con los ciudadanos, he notado que las mismas preguntas surgen una y otra vez en Flandes y en Bélgica. Creo que merecen una respuesta. Está la respuesta sobre la visión, y ahí podemos ganarnos a la gente. Sin embargo, hay otras preguntas que se siguen planteando en mi país. ¿La ampliación horizontal no obstruirá acaso la ampliación vertical? En otras palabras, ¿no podría significar esta ampliación el fin de una época de avances encaminados a fortalecer nuestros lazos de comunidad? ¿Será ésta la victoria final del intergubernamentalismo? Esta pregunta se ha planteado en Bélgica y ha hecho, por ejemplo, que el Partido Socialista -que, al fin y al cabo, es en la actualidad el socio fundamental de gobierno- se cuestione el sentido de esta ampliación.
Quisiera formular una segunda pregunta que la gente me sigue planteando (al menos, mis conciudadanos). Ellos, por supuesto, visitan los países que serán nuestros futuros socios y, en ese sentido, la idea de Europa está ya fructificando en los corazones y en las conciencias de la gente, pero observan que estos países están padeciendo graves dificultades, una pobreza extrema y problemas relacionados con las minorías. Además, estamos atravesando una época de crisis económica en la que el fantasma del desempleo vuelve a planear sobre los países de la UE. Los ciudadanos quieren una respuesta a la pregunta de si seremos capaces de luchar contra el desempleo que nos amenaza ahora. Estoy convencida de que la futura ampliación hará esto posible. No obstante, creo que no debemos limitarnos a obsequiar a la gente con una visión y buenas noticias; deberíamos también dar respuestas concretas a las preguntas que se plantean diariamente, relativas al coste, y también, por supuesto, responder a las preguntas que he formulado yo misma y que habrán de encontrar solución en la Convención.

Brok (PPE-DE).
Señor Presidente, ahora que la Sra. Maij-Weggen ha dejado claro que los demócrata-cristianos neerlandeses ya no son el problema, y ahora que de sus palabras se desprende que los liberales tampoco lo son, los únicos que parece que quedan haciendo autoestop e imponiendo condiciones especiales son los socialdemócratas alemanes y el Gobierno federal alemán. Pese a ello, creo que deberíamos dejar claro que no se deben imponer nuevas condiciones para la ampliación de la Unión Europea, ya sean éstas acertadas o desafortunadas. Esto tiene que quedar claro, y -como usted, Comisario Verheugen, sabe mejor que nadie- aquellos puntos a los que no se prestó atención cuando se negociaba la Agenda 2000 no pueden ahora plantearse de nuevo, tres meses antes de Copenhague. Tendremos que hacerlo en una fecha posterior. Ahora que los acontecimientos del sábado han hecho posible que volvamos a debatir los aspectos más importantes de Niza, es de justicia dejar claro que, en política estructural por ejemplo, la Convención debe aceptar decisiones adoptadas por mayoría, proporcionándonos así mejores estructuras de toma de decisiones para las reformas de 2006 y permitiéndonos aplicar las reformas necesarias en el momento justo. El contenido de ello se puede preparar, por supuesto, en la Comisión y en los debates, pero aquí también hemos de hacer los deberes necesarios si queremos realizar avances en 2006.
Permítame que aluda brevemente a la cuestión de Kaliningrado que, en mi opinión, engloba algunos de los asuntos políticos pendientes. Debemos tener en consideración tanto la soberanía de Lituania como la sensibilidad de los rusos, y dejar claro que los países grandes no pueden pisotear a los pequeños cuando se entablan negociaciones. Parte de nuestro concepto de Europa es, al fin y al cabo, que los pequeños países tienen un valor en sí mismos. Es evidente que cualquier solución tiene que ser factible y tener en cuenta la sensibilidad de todos, y opino que lo que la Comisión ha presentado y la decisión de ayer del Consejo de Ministros proporcionan una base para las negociaciones, una base para seguir adelante. Pienso que, en el campo de batalla actual, la Comisión y el Consejo están haciendo, de verdad, todo lo que está en sus manos para lograr un resultado positivo en octubre.
Permítame realizar una observación final. Los trabajos y las campañas de información serán de gran importancia, tanto en los Estados miembros como en los países candidatos. Confío en que se organicen en los países candidatos mejor de lo que se organizan ahora en los Estados miembros; en mi país, implican poco más que mostrar a los Ministros de Asuntos Europeos de los Estados federales, y tienen poca relevancia en la labor de informar a los ciudadanos. Quizás, Comisario Verheugen, podríamos debatir alguna vez cómo cambiar esto.
Volcic (PSE).
Señor Presidente, las reuniones de ayer y de esta mañana, y la reunión prevista para los próximos días en Bruselas son todas ensayos generales de Copenhague, con el objetivo de definir la postura de la Unión Europea, antes del último esfuerzo para completar las negociaciones.
Los diez países han realizado avances considerables desde el año pasado y estarán listos en 2004. Creo que las motivaciones del informe se incluirán también en el informe que está elaborando el presidente Brok, y que no serán muy diferentes de cuanto se ha dicho ya.
Represento a un caso poco problemático -Eslovenia- que me parece bastante representativo de otros países pequeños, en el sentido de que, sin la dura disciplina de Europa, estos países estarían psicológicamente muchísimo más lejos de Europa de lo que están hoy.
Los problemas económicos, administrativos y políticos, así como el deseo de respetar los criterios de Copenhague, han colocado a Eslovenia y a otros países entre aquellos que con más vigor han acometido recientemente los diversos apartados de la reconstrucción administrativa y económica. Es obvio que deben seguir concentrándose en reestructurar la economía y que deben corregir fallos en sus legislaciones pero, al mismo tiempo, se ha contratado a un gran número de expertos y algunos bancos que pertenecían por completo al Estado se han privatizado en un 76%, en el espacio de un año. Esto me parece un gran logro.
Mediante acuerdo con los negociadores europeos, el país ha optado por permanecer como una sola región, especialmente para evitar la impresión, después de Viena y Belgrado, de estar bajo el yugo de otra potencia extranjera. Hay una posibilidad de que esto pueda cambiar en 2006, dependiendo del sentimiento nacional.
Sin embargo, lo importante es mantener informados a los ciudadanos, algo que ha sido objeto de un gran debate hoy y que está mal organizado. Pienso que se debe hacer más a este respecto.

Schmidt, Olle (ELDR). -
Señor Presidente, permítame comenzar mi intervención agradeciéndole a la Presidencia danesa su buen trabajo. No me sorprende en absoluto, pero por supuesto hay, y ha habido, diputados que han dudado de la voluntad danesa y de su habilidad para llevar a cabo la ampliación de la UE. Ha sido en vano. Al escuchar al Sr. Bonde, uno se pregunta si no estará soñando que ha vuelto a los «viejos tiempos» de la RDA.
El lunes pasado fui a Bratislava, en Eslovaquia, donde salió a relucir que los ciudadanos se sentían injustamente identificados como un país candidato poco fiable, en relación con lo que se había dicho durante la crisis del Gobierno neerlandés. Se han mencionado también otros países. Me gustaría decirle a la Sra. Maij-Weggen que hay muchos liberales neerlandeses que comparten su opinión, como acertadamente ha afirmado también el Sr. Cox. No se ha dicho todavía la última palabra sobre esta cuestión. Con el objeto de tranquilizar a las gentes de Bratislava, Varsovia, Riga y Vilna, quiero decir que el Presidente del Consejo y los Comisarios confirman que no hay motivo de preocupación. No hay datos en los informes sobre los países que demuestren que, en general, un país están en peor posición que el resto. Como subraya el Comisario Verheugen, no hay nada que nos indique hoy la existencia de problemas, en cualquiera de los diez países, que no se puedan resolver. Es cierto que existen dificultades, pero no son insalvables.
Creo que es muy importante que el Consejo y la Comisión sean claros a este respecto. La reunificación histórica y moral de Europa es irrefrenable. La UE honra sus acuerdos. Nos mantenemos firmes. Permítame finalizar mi intervención con esta cita en latín, lengua que estudié en su día: «Pacta sunt servanda».

Thyssen (PPE-DE). -
Señor Presidente, estamos a las puertas de un Consejo Europeo muy complejo, y quisiera desearle todo el éxito del mundo a la Presidencia danesa. Que seamos capaces de tomar algunas decisiones importantes se lo debemos a la Presidencia y a la Unión Europea, además de a los países candidatos. Se van a tener que tomar decisiones cruciales dentro de algunos meses y, en mi opinión, es especialmente lamentable saber que el 79% de los ciudadanos europeos manifiestan estar mal informados.
No es sólo lamentable, sino también peligroso, porque una cifra muy elevada de europeos de todos los Estados miembros se sienten presa de la incertidumbre y la inseguridad. Esta incertidumbre y esta falta de información sobre la ampliación sólo sirven para exacerbar estos sentimientos negativos. Creo que ya va siendo hora de que expliquemos a la gente que la ampliación podría ser el trampolín para una Europa más segura, para una Europa que les proporcione mayor seguridad, y ya es hora también de que les tranquilicemos asegurándoles que Europa no tiene por qué volverse menos social, menos próspera o incluso menos insegura como resultado de ella. Ya es hora de que se lo digamos y de que empecemos a trabajar en ello.
Por este motivo, de la misma manera que el presidente de nuestro Grupo le ha preguntado al Presidente de la Comisión, me gustaría que la Comisión me dijera cómo es su plan informativo, y quisiera también preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si no sería una buena idea, al fin y al cabo, debatirlo con los Jefes de Gobierno en este importante Consejo Europeo. Una campaña informativa europea a gran escala con anuncios de gran tamaño en los principales periódicos puede ayudar, hasta cierto punto, pero la campaña sobre el euro nos ha enseñado que deberíamos recurrir a métodos informativos descentralizados.
Debemos lograr la participación de los Gobiernos y de la sociedad civil de los Estados miembros. Si no lo hacemos así, los ciudadanos nunca van a estar lo suficientemente informados. ¿Hay planes al respecto? ¿Hay planes de proyectar, con rapidez, una campaña de este tipo? Señor Presidente en ejercicio del Consejo, teniendo en cuenta el hecho de que un buen número de Gobiernos europeos dejan mucho que desear en este ámbito, ¿le preguntará sobre ello a los Jefes de Gobierno?

El Presidente.
Creo que debemos insistir en el punto que usted ha tocado. La campaña de información no consiste sólo en relaciones públicas. Tiene que haber convicción política detrás de ella. Si no hay convicción política, no se transmite ningún mensaje. En este Parlamento tenemos que darnos cuenta de que ha llegado el momento de que los políticos retomen la agenda de la ampliación después del complejísimo trabajo realizado por la Comisión. Este es el mensaje que tenemos que transmitir en la reunión de la cumbre el viernes.

Randzio-Plath (PSE). -
Señor Presidente, el objetivo de la ampliación no es sólo traer la paz, la democracia y el Estado de Derecho, sino también, por supuesto, ayudar a que mejore el nivel de vida de los países que se van a unir a nosotros. La cooperación económica se ha revelado como una herramienta que ha contribuido al éxito de la Unión Europea, y esta herramienta se ha de aplicar en mayor grado, para que nos dé estabilidad por medio de la paz: no sólo exterior, sino también paz interior y paz social.
Una gran inseguridad económica aguarda a los países candidatos, y tenemos que hacerles ver que sabemos las dificultades a las que se van a enfrentar. Por ejemplo, hemos aprendido de las delegaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios qué avances se han realizado y cuáles han resultado difíciles, en ámbitos como, por ejemplo, la política de la competencia o el control de las ayudas concedidas. Esto ha tenido también un efecto sobre la creación de empleo en los países candidatos, y no se puede organizar sin correr el riesgo de rechazo.
Somos muy conscientes del mérito que tienen los países candidatos por sus esfuerzos, pero también es evidente que, cuando ingresen en la UE, no sólo deberán practicar una economía de mercado, sino que además habrán de ser capaces de aguantar la presión de la competencia. Hay todavía margen para la mejora en este ámbito. Quisiera dar dos ejemplos de ello -la siderurgia y la construcción naval- y sugerir las centrales eléctricas sólo de pasada, aunque sean igualmente importantes. Por este motivo, la Comisión tuvo razón al introducir cláusulas de salvaguarda. Creo que los países candidatos también serán capaces de arreglárselas con ellas, y debemos encargarnos de que estas cláusulas de salvaguarda se introduzcan de tal modo, que no afecten a un país determinado, de manera arbitraria.
Confío en que el proceso de reformas de los países candidatos seguirá su curso; en efecto, debe proseguir y convertirse en un éxito, porque el problema no es sólo el fracaso a la hora de informar a los ciudadanos de la Unión Europea, sino también la falta de información en los países candidatos. Sería positivo poder contribuir a resolver este problema.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, este proyecto de ampliación constituye, para el pequeño país del que provengo, Dinamarca, un motivo de orgullo nacional. Los criterios de adhesión para nuevos Estados miembros se elaboraron en la Cumbre de Copenhague de 1993, y el proceso va a concluir en la Cumbre de Copenhague de diciembre. Es irracional que esto represente un motivo de orgullo para mi pequeña nación, pero lo cierto es que hace crecer la confianza en nosotros mismos, y esto es siempre positivo.
El problema es simplemente que quedan por solucionarse numerosas cuestiones. El negociador belga del Tratado de Maastricht, economista de profesión, ha declarado que hay un buen número de problemas de financiación pendientes de resolverse. Según él, todos queremos la ampliación, pero nadie quiere sufragar su coste. ¿Por qué, por ejemplo, se debería mantener el «cheque británico», mientras los países candidatos, mucho más pobres, deben pagar su contribución al completo?
Éste es un problema. Otro inconveniente, que se ha pasado completamente por alto, y que ha terminado en el inmenso cubo de desperdicios al que se tiran los problemas, es el asunto de la fiabilidad de los informes de progreso. No encuentro en estos análisis un solo ejemplo de sensatez ante la cuestión decisiva del último y crucial criterio de Copenhague, conforme al cual los países candidatos no sólo tienen que acatar el acervo comunitario, sino además disponer de la estructura administrativa, judicial y política imprescindible para su aplicación real.
Un informe sueco de la semana pasada señalaba que estos problemas son muy graves. La lógica aplastante de los números demuestra que el personal judicial y administrativo no cuenta con la formación adecuada. No existe la base para la aplicación real del acervo comunitario. Estos problemas no se han tratado, y la pregunta para mi amigo y antiguo colega, el ministro danés de Asuntos Exteriores, es la siguiente: ¿qué piensa hacer en torno a este problema al que se ha prestado tan poca atención?

Tannock (PPE-DE).
Señor Presidente, me alegro de que la ampliación esté avanzando relativamente sin contratiempos. Ahora bien, cuando la totalidad de la maquinaria institucional de la UE está centrada en el proceso de ampliación, no olvidemos que existen otros países europeos que mantienen con Europa unos vínculos culturales e históricos muy legítimos. Esos países se sienten agraviados porque sus ambiciones de integrarse en la UE a largo plazo están siendo ignoradas y tachadas de irrealistas, especialmente por la Comisión. Estoy pensado especialmente en Ucrania, que está enzarzada en una lucha política entre los occidentalistas y los que desean que vuelva a formar parte de una unión económica reinventada con Rusia y las repúblicas del Este. 
Tan pronto como concluya esta ronda de ampliación, tendremos que reconsiderar nuestra política frente a otros países europeos. Me refiero a los estados balcánicos en particular y a países vecinos, como Ucrania, que necesitan la paz, la prosperidad y la seguridad que Occidente les puede ofrecer. Desde el desmembramiento de la antigua Unión Soviética hace diez años, estos países han avanzado algo en su camino hacia la democracia, el respeto de los derechos humanos y el buen gobierno, pero todavía les queda mucho por hacer. Si a Turquía se le ha concedido la condición de candidato, seguramente un país como Ucrania tiene los mismos o más derechos de aspirar a integrarse en la familia europea de naciones para formar una Unión Europea más grande, extensa y amplia.

Andersson (PSE).
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención felicitando al pueblo irlandés, así como a la Presidencia danesa, que ha realizado una gran labor, y a la Comisión, que lleva mucho tiempo trabajando en este asunto.
Es evidente que hay un gran número de problemas relacionados con la ampliación. No obstante, las oportunidades compensan los problemas, aunque obviamente hemos de resolverlos. No deberíamos permitir que eclipsen las oportunidades. Estamos hablando de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando de una Europa de paz y de democracia para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando de un mayor respeto al medioambiente. Suecia limita con muchos de estos países: tenemos el Báltico en común, por ejemplo. Si deseamos abordar los problemas que surjan en la región báltica en el futuro, podemos hacerlo juntos.
Estamos hablando también de los derechos de los trabajadores de los países que nos limitan, para que estos países no puedan poner en práctica el dumping social y para que estos trabajadores gocen de condiciones más justas y de sindicatos más fuertes. Todo ello es nuestra responsabilidad.
El Presidente ha dicho que debemos organizar campañas informativas. Claro que sí, pero esto es, ante todo, una responsabilidad política. Es hora de que nosotros, los políticos, abandonemos el Hemiciclo y hablemos con nuestros conciudadanos, con el objetivo de convencerles de la importancia de la ampliación.
Quisiera ver un cambio en la política agrícola. Es necesario un cambio en la política estructural, pero no debemos convertirlo en una condición para la ampliación. No es responsabilidad de los países candidatos, sino nuestra responsabilidad -la responsabilidad de todos- modificar la política agrícola y estructural.
Permítame unas breves palabras sobre Kaliningrado. Confío en que se pueda hallar una solución, en particular para que las personas puedan atravesar las fronteras con libertad. No deberíamos olvidar otro aspecto: el peligro de que el abismo que separa a Kaliningrado y Lituania crezca, cuando éste último experimente un crecimiento como Estado miembro. Esto podría causar tensiones en las zonas fronterizas. Por consiguiente, es importante que también realicemos esfuerzos en el ámbito social y en el económico, por el bien de las gentes de Kaliningrado.

Stenzel (PPE-DE). -
Señor Presidente, quiero hacer un llamamiento a los Jefes de Gobierno y a los Ministros de Asuntos Exteriores congregados en Bruselas a que se tomen en serio sus responsabilidades con respecto a la ampliación. No es posible hacer que cada cosa dependa de todo lo demás, ni es posible tampoco forzar una reforma agrícola con una ampliación en perspectiva. Ya habrá tiempo para ello en otro momento. No es posible estar dispuestos a pagar más para la ampliación y, al mismo tiempo, obligar a otros a pagar menos. Ha de quedar claro que el coste de la ampliación, dentro de unas perspectivas razonables, debería situarse por debajo de lo que se determinó en Berlín, en el marco de la Agenda 2000. Deberíamos estudiar seriamente una financiación adecuada para la agricultura, que haga posible que, para 2006, los agricultores tengan una estabilidad, pero hemos de tener claro también que no hay soluciones definitivas para todo. No podrá haber una reforma agrícola previa a la ampliación sin posponer ésta por siempre jamás, ni podemos poner en peligro futuros marcos presupuestarios posteriores a 2006.
Teniendo esto en cuenta, declaro que tanto el Partido Popular austriaco como yo, en calidad de representante, apoyamos al cien por cien la ampliación. Sabemos que su equipo de Bruselas está autorizado para actuar en interés de la Comunidad Europea y de Austria. Confiamos, por supuesto, en que se muestre receptivo ante nuestras preocupaciones relativas al tránsito y al apoyo a las regiones fronterizas, pero todos somos conscientes de que la ampliación es una gran oportunidad, una oportunidad que se debe aprovechar. Esto se ha de garantizar por medio de una política y de un procedimiento que haga que los candidatos a la adhesión no se vean obligados a realizar un último y supremo esfuerzo, cuestión en torno a la que ya hemos oído suficiente. Por tanto, le pregunto: ¿cómo va a hacer para hallar un método mediante el que, por un lado, se impida que la Cumbre de Bruselas degenere en un cónclave hermético y, por otro lado, quede suficiente espacio para las negociaciones con los países candidatos a la adhesión?
Wiersma (PSE). -
Quisiera expresar mi agradecimiento a la Sra. Maij-Weggen, que nos ha felicitado por el hecho de que los socialdemócratas de los Países Bajos estamos, sin duda, ayudando hoy a nuestro país a salir de una incómoda situación no poniendo obstáculos a Copenhague ni al Consejo Europeo que se va a celebrar dentro de dos días. Es importante que tanto los verdes como los socialdemócratas, que se encuentran en la oposición, ayuden a los Países Bajos a avanzar en la dirección correcta.
Estamos satisfechos de que la ampliación de la Unión Europea vaya al ritmo previsto. Teniendo en cuenta los años de preparativos y la importancia de la ampliación, esperamos poder completar el proceso con los diez países candidatos en los próximos dieciocho meses. El sincero informe de la Comisión, al que felicito, confirma la idea de que es necesario resolver todavía algunas cosas. El Parlamento Europeo ha señalado además los puntos flacos, en varias ocasiones. La mayoría de los países candidatos siguen teniendo carencias en ámbitos como la capacidad de ejecución y la lucha contra la corrupción. Por tanto, los futuros acuerdos entre la Comisión y los países candidatos habrán de desempeñar un importante papel en la evaluación final del Parlamento Europeo. Es demasiado pronto para dormirnos en los laureles pero, al mismo tiempo, la Unión Europea debe ser razonable. No podemos pedir a los países candidatos más de lo que nosotros podemos realizar.
Todo esto se hace extensivo también a Eslovaquia. Hasta 1998, Eslovaquia andaba muy regazada en comparación con los demás países, pero desde entonces han reducido sustancialmente las distancias, hasta el punto de que ahora tiene todo el derecho del mundo, a mi parecer, de figurar en la lista de la Comisión. El ritmo al que han tenido lugar las reformas durante los últimos años me da esperanzas de que los problemas pendientes se puedan resolver pronto. «Seguid así» es el mensaje que nos gustaría transmitir al nuevo Gobierno eslovaco. Por suerte, éste se ha constituido inmediatamente después de las elecciones de septiembre y, al igual que el anterior Gobierno, no va a tener ningún problema para trabajar en sintonía con la Unión Europea. Me gustaría instar a esta Cámara, pero sobre todo al Consejo, a que cubramos con un velo la etapa de Meciar. Ya ha terminado, y es injusto seguir recordándosela a Eslovaquia.

Fatuzzo (PPE-DE). -
Señor Presidente, estoy preocupado por los pensionistas búlgaros, y no sólo porque sea representante del Partido de los pensionistas y miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Bulgaria.
Los pensionistas búlgaros lucharon en la segunda guerra mundial, vivieron bajo el yugo del comunismo durante muchísimos años, y ahora que son mayores y subsisten con pensiones de miseria, confían en que su calidad de vida mejore cuando también ellos formen parte de la Unión Europea, dentro de poco.
Por tanto, me pregunto y le pregunto al Presidente en ejercicio del Consejo y al Presidente de la Comisión: dado que el Pacto de estabilidad y crecimiento ha de ser interpretado con inteligencia y flexibilidad, ¿hay alguna esperanza de que se revise la decisión de los órganos comunitarios de aplazar la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea hasta 2007? Y más importante aún: ¿hay alguna posibilidad de que se revise la decisión de cerrar unidades de la central nuclear de Kozloduy dentro del plazo previsto, permitiendo así que Bulgaria las mantenga en funcionamiento un poco más, en vista del enorme daño que su cierre causaría a la economía búlgara? Por último, ¿sería posible reflexionar sobre la necesidad de proceder con prontitud y destinar más fondos al desarrollo del corredor 8, que une Apulia con Albania, la ex República Yugoslava de Macedonia y Bulgaria, y que termina en Varna y Burgas?

Van Lancker (PSE). -
Me ha agradado el hecho de que el Sr. Prodi haya pedido más entusiasmo político con la ampliación. Puedo informar a mis colegas de esta Cámara de que, como miembro de la Convención sobre el futuro de Europa, tengo ya el privilegio de trabajar muy estrechamente con nuestros colegas de los países candidatos, y de que es un placer contemplar su compromiso y entusiasmo con el proyecto europeo. No es cierto lo que ha afirmado el Sr. Gollnisch acerca de que nadie en esta Convención se haya parado a pensar en lo que tendría que hacer una Unión de 25 Estados miembros, y si sería diferente de una Unión de 6 ó 15 Estados miembros.
No obstante, estoy preocupada por otro asunto. Si deseamos que esta Unión de 25 se convierta en un éxito, creo firmemente que los miembros de la Convención deberían apuntar un poco más alto en lo que se refiere a una Europa fuerte y democrática con instituciones proactivas. Es asimismo muy importante, desde mi punto de vista -y me refiero al comentario realizado por la Sra. Thyssen-, que nuestro entusiasmo por esta ampliación y por este proyecto político europeo no quede restringido a las élites políticas europeas. Los ciudadanos también deben participar. Por ello, me ha complacido especialmente que el Sr. Prodi haya solicitado campañas informativas destinadas a los ciudadanos en su conjunto. Todos nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible para explicar a los ciudadanos en qué consiste la ampliación, pero no podemos llevar a cabo solos esta tarea. No obstante, hay suficientes argumentos para hacernos pensar que la ampliación ofrecerá respuestas a las preguntas de los ciudadanos, en lugar de plantear nuevos problemas. Por ello, quisiera unirme a los diputados que han preguntado cómo la Comisión, los Estados miembros y los Jefes de Gobierno pueden ayudarnos a cumplir nuestro deber de informar.
La cuestión de las cláusulas de seguimiento y de salvaguarda tiene una especial importancia, como medio de tranquilizar a los ciudadanos, porque demuestra, Comisario Verheugen, que nos tomamos en serio la ampliación. Usted ha hablado de seguimiento, en el ámbito de la policía, la justicia y el mercado interior. Quisiera que me garantizara que este procedimiento de seguimiento y estas cláusulas de salvaguarda se aplican también a la política social y a la política medioambiental, ya que éstas, al fin y al cabo, se hallan estrechamente relacionadas con el mercado interior. A mi modo de ver, es en estos ámbitos donde usted podría tranquilizar a los ciudadanos.

?orakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, la mitad de los ciudadanos irlandeses han sido inducidos, por medio de un lavado completo de cerebro y un montón de dinero, a votar a favor del Tratado de Niza, habiéndoles dado a entender que el voto en contra era inadmisible para los llamados defensores de los derechos de las naciones y las personas. A pesar de ello, prosiguen las desvergonzadas celebraciones.
En la Cumbre de Bruselas, convocada precipitadamente, se va a hacer un llamamiento para que se limen las diferencias entre los que mandan en la Unión Europea y acallan la decepción de los ciudadanos de los países candidatos, que ahora no se dejan engañar por las promesas realizadas por los defensores propagandísticos de la ampliación. La intensa campaña publicitaria, de un coste desorbitado, llevada a cabo para vender la integración no puede enmascarar la dura realidad: que incluso en la fase previa a la ampliación, estos países le han dado todo lo que tienen a los mandamases de la Unión Europea. Está quedando ahora patente que ciertos países candidatos no sólo no recibirán ingresos netos, sino que además tendrán que financiar el presupuesto.
Debido a que el gasto agrícola se ha recortado y a que las subvenciones se han suprimido, con el fin de conseguir fondos para financiar las políticas imperialistas, las subvenciones agrícolas directas van a empezar a reducirse entre un 25% y un 35% por año, con catastróficas e imprevisibles consecuencias para los agricultores, tanto de los Estados miembros de la Unión Europea, como de los países candidatos. Por lo que hemos oído hoy de los miembros del Consejo y de la Comisión, los ciudadanos europeos no tienen nada que ganar con la ampliación. El déficit comercial de los países candidatos es varias veces superior a los fondos que se les ha destinado del presupuesto comunitario.
Chipre es otra cuestión completamente diferente. El Gobierno chipriota está siendo coaccionado en la fase previa a la integración para que acepte soluciones que van en contra de los intereses de ambas comunidades y del pueblo chipriota, en general. El modo en que se está llevando la propia integración básicamente legitima la vergonzosa situación de división, sin importar los inconvenientes para el pueblo chipriota. Nosotros, el Partido Comunista de Grecia, nos oponemos a todos estos procedimientos y vamos a estar codo con codo con la gente, empleando todas nuestras fuerzas, en su lucha por sus derechos.

Oostlander (PPE-DE).
Quisiera felicitar calurosamente a su colega, el Sr. Pat Cox, Presidente de este Parlamento, por su excelente intervención en la Conferencia europea liberal demócrata celebrada recientemente en Inglaterra. Se esforzó al máximo por advertir a sus correligionarios neerlandeses que su actitud ante la ampliación era totalmente impropia de auténticos liberales, ya que es sabido que los liberales siempre han sido la piedra angular de la integración europea, que están especialmente predispuestos a favor de la extensión del Estado de derecho a escala internacional y esto siempre les ha servido por principio de base de su movimiento. Me complace que la obsesión contable que recorre actualmente los Países Bajos, junto con alarmantes hipótesis en esos círculos, haya sido rebatida de un modo que puede calificarse de realmente impresionante. Por ello estoy en deuda con él. Sus palabras ayudarán a garantizar que, con el apoyo de la oposición constructiva de Su Majestad, los Países Bajos no adoptarán una posición contraria. Debo decir que el Parlamento Europeo también ha hecho lo que era necesario al respecto desde todo tipo de escaños.
También he escuchado con gran interés a nuestro buen amigo el Sr. Berthel Haarder, que ha hablado de Kaliningrado y ha dicho que los intereses de los lituanos no deberían ser pisoteados. Teniendo en cuenta que se trata de un discurso realizado por la presidencia del Parlamento, creo que es digno de emulación. Después de todo, si establecemos una comisión mixta conjuntamente con la Duma para debatir cuestiones relativas a Kaliningrado, el parlamento lituano deberá estar también representado en dicha comisión, no con la idea de presionar a Lituania, sino para que esta representación pueda proteger de forma clara los intereses lituanos. El modo en que consideramos a Lituania y a su soberanía constituye una prueba decisiva del modo en que la Comunidad ampliada tratará con los pequeños Estados miembros en el futuro. Por este motivo considero el discurso del Sr. Haarder tan importante y por ello me gustaría darle las gracias.
Mi último comentario trata de Turquía. Sobra decir que todavía queda un difícil problema que tratar al respecto. Me gustaría abogar firmemente por Turquía para que reciba el mismo trato que los demás candidatos a convertirse en Estados miembros. Esto significa que, dado que Turquía es muy distinta a los demás candidatos en lo que respecta al cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, debemos plantear otro problema a Turquía. Si aplicamos los mismos criterios, necesitaríamos tratar a Turquía del mismo modo que hemos tratado a Eslovaquia y a cualquier otro país en el pasado. Puede que esto sea difícil para los turcos por el momento, pero en mi opinión es esencial que este país se desarrolle de forma clara en dirección a un Estado constitucional democrático que funcione bien como tal, y que se den cuenta de que no pueden participar en el juego hasta que hayan llegado a esa fase. También debería ser una cuestión de honor para Turquía no querer participar como miembro simbólico, habiendo hecho una promesa a medias con respecto al Estado constitucional. En lo que a mí respecta, podemos esperar el Consejo Europeo con confianza.

El Presidente.
Con esto concluye esta fase del procedimiento.
Procedemos ahora a la segunda ronda de oradores inscritos por los grupos políticos.

Rovsing (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias a la Presidencia danesa, que ha guiado el proceso de Copenhague a Copenhague no como una meta nacional, sino europea. La Presidencia danesa ha demostrado de forma clara que está al servicio de Europa y que no pretende alcanzar metas específicamente danesas. La meta que se persigue es la europea y, como es habitual, son los pequeños países competentes y entusiastas los que tratan de alcanzarla. No se deberían imponer más condiciones para la ampliación. Esto se ha dicho una y otra vez, y nuestro grupo político comparte desde luego este punto de vista. No debe haber nuevas condiciones. Es obvio que se producirá un debate sobre la reforma de la agricultura y la financiación, pero, como muchos han dicho aquí en la Asamblea, esto no debe ser un obstáculo para la ampliación. Se trata de algo que debe resolverse por etapas.
Hemos debatido sobre la divulgación de información relativa a la ampliación entre nuestros ciudadanos. Pero ¿es la Comisión quien debe divulgarla? En mi opinión, está muy bien que la Comisión facilite información objetiva, pero realmente somos nosotros, los políticos -nuestros gobiernos y los partidos de nuestros países- los que debemos resolver el problema de la información. Creo que debemos darnos cuenta de esto, ya que cada país ve las cosas de un modo diferente. Algunas cosas son más importantes en el norte, otras en el sur, pero el argumento común debe ser que estamos llevando a cabo la ampliación porque queremos tener paz en nuestro territorio, paz para cuando nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos crezcan. Se trata de un mensaje muy simple y creo que es el elemento clave a este respecto.
Por el camino se han planteado varias cuestiones, y una de las que se ha planteado al menos en varios países es la cuestión de si existe corrupción generalizada, lo cual minaría la distribución justa de las ayudas de la UE. Sin embargo, no se trata de un obstáculo insalvable. Por supuesto debemos invitar a los países candidatos a que participen en el sistema de ayudas existente en igualdad de condiciones con los miembros actuales. También deberíamos tener fe en los gobiernos de los países candidatos, en que se sientan inclinados a hacer todo lo que puedan para impedir el mal uso de los fondos comunes. Son miembros iguales, pero si se determinase que existe corrupción o fraude con respecto a los fondos de la UE, la Comisión debería intervenir, durante un período de transición, y asumir la administración de las ayudas, de forma que el dinero se entregue a aquellos a los que está destinado.
Tenemos muchas esperanzas, incluida la de que la democracia que estamos desarrollando, y que está en continuo desarrollo, se vea fortalecida con la adhesión de los nuevos países. Éstos traen consigo todo un abanico de gentes bien formadas y muy interesantes, que enriquecerán enormemente el territorio que estamos conformando todos juntos, y ésta es ni más ni menos su contribución a la creación de un nuevo tratado que es absolutamente esencial para garantizar que se tienen en cuenta los numerosos aspectos culturales y nacionales que deberían intervenir en la construcción de la nueva Europa.

Titley (PSE).
Señor Presidente, en el Reino Unido hay un refrán que dice que no hay que «saquear el barco por un botín de medio penique». Creo que todos deberíamos acordarnos de ese dicho en las próximas semanas. Los acuerdos económicos van a plantear unas dificultades que yo no subestimo, pero tenemos que mantener una cierta perspectiva. Los fondos que recibirán los países candidatos hasta el año 2006 representan una milésima parte del PIB de la UE y el 10% de lo que a Alemania le ha costado su propia unificación. Esos costes no son nada comparado con los beneficios económicos que se derivarán de la ampliación. Esos costes no son nada comparado con lo que nos costaría la no ampliación, como tampoco son nada comparado con lo que nos costaría tratar de mantener la estabilidad del continente por otros medios.
Los seis Estados miembros originales harían bien en recordar las razones por las que crearon la Comunidad en un principio y los beneficios económicos que han obtenido de ella. Los que nos incorporamos más tarde debemos recordar los motivos de nuestra adhesión y los esfuerzos que otros países han hecho por integrarnos con éxito en la Unión. Tenemos que recordar las ventajas económicas de que hemos disfrutado por nuestra pertenencia a la UE. Todos nosotros debemos recordar que el esfuerzo económico y humano que hicimos para construir la Unión actual fue la inversión más eficiente que jamás se ha hecho a semejante escala por los países de todo un continente. Ahora ha llegado el momento de hacer avanzar esa inversión hasta un nivel totalmente nuevo de cara al futuro.
Me preocupa el hecho de que, en este debate, parece que estamos dando por sentado que los diez países están ya dentro, cuando todavía no lo están. El Parlamento tiene que dar su consentimiento y nosotros examinaremos muy a fondo los tratados finales. Es fundamental que los países candidatos sigan esforzándose por cumplir la normativa vigente. Nuestro grupo celebra las triples garantías establecidas por la Comisión en forma de garantías económicas, garantías del mercado interior y garantías de justicia y política interior. Pero esperamos que el Parlamento intervenga si en algún momento se invocan estas cláusulas de salvaguardia. 
Nuestro grupo aplaude también la propuesta de la Comisión de preparar un nuevo informe de progreso seis meses antes de la adhesión. Tenemos que estar todos dispuestos a tomar las medidas oportunas en el caso de que ese informe sea negativo respecto a algún país en particular. El Grupo Socialista vigilará también el componente social de la ampliación, porque queremos tener la seguridad de que la ampliación mejore las condiciones de vida de la gente, no que las empeore.
Si me permiten volver a hablar de Kaliningrado, el Sr. Haarder ha mencionado las negociaciones con Rusia. Me gustaría recordarle al Sr. Haarder que Rusia no es un Estado miembro de la Unión Europa, ni un país candidato. Me gustaría también recordar a Sus Señorías que gran parte de los problemas de Kaliningrado tienen su raíz en la propia Rusia, por no hablar de su negativa a permitir que muchos países establezcan consulados allí. Ellos no pueden ejercer un veto sobre el futuro de la UE. Lo que nosotros tenemos que respetar absolutamente es la soberanía de Lituania en esta cuestión. Tampoco tenemos que tratar de encontrar soluciones con connotaciones históricas negativas, como los pasillos ferroviarios. Tenemos que asegurarnos también de que, con independencia de la solución que se adopte, ésta sea factible y todos estemos dispuestos a ofrecer apoyo económico y de otro tipo a Lituania y Polonia para que puedan ponerla en práctica. 
El referéndum irlandés nos ha enseñado una importante lección. Los votos negativos se mantuvieron casi igual; la diferencia estuvo en los votos positivos, y eso ha sido el resultado del compromiso positivo de los políticos con su electorado. Para preparar la ampliación, todos nosotros tenemos la responsabilidad de convencer a nuestros electorados para que acojan positivamente la ampliación y sean conscientes de sus ventajas, en lugar de preocuparse por sus costes.

Malmström (ELDR).
Señor Presidente, dentro de dos semanas será el 9 de noviembre, aniversario de la caída del muro de Berlín, el cual simbolizó la división de Europa, la hostilidad y la distancia entre Oriente y Occidente. Ese día celebraremos que hace 13 años las alegres masas treparon por encima del muro que se estaba desmoronando, y comenzó el largo camino hacia la reconciliación y la unidad. Ahora casi hemos llegado. Nos acercamos a nuestro destino. El informe de la Comisión confirma que diez países pueden convertirse en miembros en solamente un año. Es un sentimiento maravilloso, pero la alegría se ve ligeramente atenuada por una inquietud acuciante. Estamos llegando. Nos aproximamos a la línea final y nos damos cuenta de que algunos de nosotros nos estamos poniendo nerviosos. El apoyo a los países candidatos está menguando, y varios Estados miembros, políticos y partidos hablan de esperar o posponer basándose en que «no estamos preparados». Consideraciones de política interna están eclipsando la labor histórica de unificar Europa por primera vez; mediante acuerdos, negociaciones y compromisos, no mediante amenazas, tanques o invasiones.
Por supuesto, muchas personas en Europa se preguntan cómo funcionará la cooperación y cómo se desarrollará. Surgirán dificultades y problemas. Después de todo ¿quién creía que sería fácil unificar Europa? Esta ansiedad debe tomarse en serio y debemos tratarla. Debemos demostrar nuestra verdadera intención de reformar y abrir la UE. Es en esto en lo que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas está trabajando más activamente en la Convención, para que ésta sea un éxito. También debemos mejorar mucho a la hora de llevar los resultados de los debates de la Convención al exterior de las salas de reunión de Bruselas. Sin embargo -y se ha hablado poco sobre esto en el debate-, lo que se necesita por encima de todo es liderazgo: por nuestra parte, por parte de la Comisión y por parte de ustedes en el Consejo. Es deplorable que el populismo, la estrechez de miras y consideraciones de política interna sean lo que se comunica a nuestros ciudadanos en lugar de hablar de visiones, oportunidades y la gran ocasión de Europa.
Nosotros, los políticos, tenemos la enorme responsabilidad de explicar, educar y dirigir la opinión. Las lenguas viperinas suscitan la desconfianza en nuestros países y en los países candidatos. Por ello espero que la reunión del Consejo del fin de semana sea muy clara y unánime al decir: «Sí, les recibimos con los brazos abiertos.»

Modrow (GUE/NGL).
Señor Presidente, el proceso de ampliación de la Unión Europea a diez países más está llegando a su fase final y decisiva. Nuestro grupo siempre lo ha seguido y ha contribuido a darle forma; hemos participado, pero hemos mantenido una opinión crítica. Existen temores reales de que las esperanzas que la ampliación ha alimentado durante muchos años -de mejoras sociales y de repunte económico- no se cumplan precisamente de ese modo. Las ruidosas manifestaciones políticas, oídas una y otra vez en este Parlamento, sobre la superación de la división de Europa y la eliminación de la herencia del comunismo, tapan cualquier visión más sofisticada de la historia europea de posguerra y, habiendo problemas tan distintos en los Estados de Europa Central y Oriental, no llegan a ser comprendidas por la gente.
La gente no está prácticamente implicada en el proceso. El proceso siguió adelante en buena parte por líneas técnicas y administrativas, y para Bruselas estaba relacionado con la aceptación del acervo comunitario. En ocasiones no se permitió a los gobiernos de los países candidatos decir gran cosa y sus parlamentos fueron programados para dar su aprobación tras unos debates bastante faltos de sentido crítico. El acervo comunitario, que todo país debe adoptar y trasponer, constituye una montaña de papel de más de 80 000 páginas. Si, como es el caso, los funcionarios apenas pueden tener una visión general del mismo, ¿cómo se puede esperar que el público la tenga?
En estas condiciones, hubo pocas oportunidades para que los quince o los países candidatos pudiesen debatir sobre el futuro de Europa, lo cual se nos dice a menudo que deberíamos hacer, y pocos deseos de que se debatiese. No es ningún secreto el hecho de que existe una frustración profundamente arraigada entre las comunidades rurales. Si examinamos las diferencias con la ampliación a raíz de las adhesiones precedentes, es imposible no ver que la paridad no se alcanzará hasta 2003. Además de esto, con las nuevas directivas concebidas para mejorar la eficiencia se pretende quitar el suelo bajo los pies de las cooperativas, supuestas reliquias de la economía dirigida comunista. Permítanme decir con franqueza que la integración europea no funcionará bien mediante un anticomunismo recalentado que no hace más que apuntar contra varios líderes políticos elegidos por los pueblos de los países candidatos. Podría nombrarles a varios conocidos míos que entran dentro de esta categoría.
Dada la peligrosa falta de información, parece necesario que preguntemos, con carácter prioritario, qué efecto tiene la Unión Europea en las vidas cotidianas del público y cómo debemos debatir con él este tema. Lo que se nos pide es que hablemos menos de transparencia y democracia y hagamos más al respecto.

Lagendijk (Verts/ALE).
Señor Presidente, ser neerlandés en ocasiones tiene sus inconvenientes. Para ser franco, durante las últimas semanas he sentido en ocasiones vergüenza por la actitud del Gobierno de mi país. Éste ha vacilado mucho, demasiado, antes de adoptar una postura definitiva y renunciar al veto. Como algunos colegas diputados han señalado ya, esto se ha debido principalmente a los liberales, que brillan por su ausencia en este debate y que, en mi opinión, han adoptado una actitud rácana y estrecha de miras en una apuesta por obtener la victoria electoral a corto plazo. Afortunadamente, una actitud de este tipo no puede contar con demasiado apoyo por parte de otros liberales europeos.
En cualquier caso, creo que finalmente todo se arreglará, entre otras cosas porque la oposición de los socialdemócratas y los verdes acudirá al rescate de los afligidos democristianos en el debate que se está celebrando hoy en el parlamento neerlandés. Otro motivo por el que se arreglará finalmente -y quiero recalcarlo- es porque tenemos ante nosotros un buen informe de la Comisión, que es muy abierto y franco con la larga lista de deficiencias de que todavía adolecen los países candidatos -cosa que considero muy valiente-, pero es crucial el hecho de que también ofrece soluciones a todos los problemas que todavía existen. Como ya han dicho varios colegas diputados, el elemento fundamental para encontrar dichas soluciones es el seguimiento: el seguimiento del proceso de adhesión y las medidas de salvaguardia durante dos años. Quisiera plantear una pregunta al Comisario Verheugen sobre este tema.
Señor Verheugen, usted ha estado las dos últimas semanas en los Países Bajos, ha hablado con el Gobierno neerlandés y sin duda ha sido informado de la postura de este Gobierno. Me gustaría conocer sus impresiones sobre dos temas concretos. Como sabe, el Gobierno neerlandés propone no limitar dichas medidas de salvaguarda a dos años, sino posiblemente ampliarlas a tres y cuatro años. ¿Cuál es su opinión personal sobre este tema y cuál es la opinión de la Comisión al respecto?
En segundo lugar, se ha propuesto levantar dichas medidas de salvaguardia solamente en caso de unanimidad en el Consejo. También me gustaría conocer su opinión sobre esto y, con respecto a este último punto, me gustaría oír también los comentarios de su ex colega, el Sr. Haarder, actual Presidente en ejercicio del Consejo.
Por último, un comentario sobre Turquía. Por motivos incomprensibles, la Comisión no ha adoptado una postura sobre este tema. De nuevo me gustaría formular una pregunta al Consejo y concretamente al Sr. Haarder: ¿cabe la posibilidad -y mido con cuidado mis palabras- de que el Consejo llegue a una conclusión distinta con respecto al establecimiento de una fecha de adhesión para Turquía? Por ejemplo, por el hecho de que Turquía podría desempeñar un papel muy positivo en el caso de Chipre en los próximos meses y de que puede demostrar que se está tomando en serio las reformas. Me gustaría instar a la Comisión y al Consejo a que sigan siendo críticos con respecto a Turquía, tal y como hacemos nosotros aquí, pero también a que sigan reflexionando sobre el modo de promover y no frustrar el proceso de reforma.

Bigliardo (UEN).
Señor Presidente, Señorías, he escuchado muy atentamente las declaraciones del Consejo y de la Comisión, y lo que la Asamblea ha tenido que decir, y me ha llamado la atención concretamente el problema planteado por la ampliación.
Me complace el resultado del referéndum irlandés y estoy convencido de que fue el Parlamento el que estableció las condiciones que permitieron al pueblo irlandés revisar sus posturas. Estoy especialmente impresionado con el trabajo del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, que nos ha explicado en su informe esta mañana que es importante y necesario que Europa mejore su relación norte-sur.
Me gustaría centrarme precisamente en estas cuestiones, sobre todo en el tema del sur. Cuando oigo hablar de las medidas que estamos tomando en relación con los Fondos estructurales, en las que al parecer damos 231 euros per cápita a los ciudadanos de los actuales Estados miembros y 137 euros per cápita a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, creo que no estamos teniendo en cuenta el hecho de que existen distorsiones. Ya he tenido ocasión de debatir esto con el Presidente Prodi, y el Parlamento necesita reflexionar sobre el tema. ¿Cuáles serán las consecuencias de la ampliación para el sur de Europa? Si miro a mi Italia natal, existe una gran región en el sur del país, Abruzzo, que ya ha quedado excluida del Objetivo 1 de la Comisión.
Por ello, ¿no sería entonces conveniente -esto se lo pregunto al Presidente Prodi- revisar los parámetros del Objetivo 1 y del Objetivo 2? ¿No es necesario evitar que la ampliación, que todos deseamos, tenga un efecto negativo sobre el sur de Europa? Esta postura, esbozada por el Presidente Prodi, debe convertirse en un importante esfuerzo por salvar las diferencias entre el norte y el sur de Europa.

Belder (EDD).
Señor Presidente, la ampliación a diez nuevos miembros coloca a la UE ante importantes dificultades. Muchos de los candidatos a ser Estados miembros todavía tienen mucho que hacer para poder incorporarse a la UE en 2004 como es debido. También surge la pregunta de si la UE no pasará a ser incontrolable con tantos Estados miembros nuevos. Solamente la modificación necesaria de la política agrícola y de los fondos estructurales pone a los actuales Estados miembros ante problemas insalvables muy próximos. ¿Qué posibilidades hay de que los candidatos cumplan realmente el acervo comunitario de la UE?
No pueden dejarse simplemente de lado estos problemas. Sin embargo, es sorprendente con qué frecuencia el debate se ve tipificado por el pensamiento unilateral. En pocas ocasiones se oye el argumento de que la «no ampliación» o la «ampliación en una fecha posterior» también tendría un precio muy alto. O el hecho de que los países candidatos ya han realizado enormes sacrificios. La ampliación no es simplemente una cuestión de reunir ciertos requisitos técnicos. Se trata de un acto de solidaridad, de conciencia histórica, de importancia estratégica y económica. Es un proceso que no puede modificarse y romperse a estas alturas sin producir un importante daño.
Por ello se espera que el Consejo pueda llegar sin demora a un acuerdo sobre el paquete financiero, la PAC y las cuestiones institucionales. Concretamente en el área institucional, es importante estar alerta por si los países grandes practican nuevas políticas de poder con respecto a los pequeños.
Dados los importantes avances que todavía deben realizar los países candidatos, las cláusulas de salvaguardia propuestas por la Comisión son inevitables. La Comisión debe presentar inmediatamente propuestas escritas específicas e inequívocas para concretar estas cláusulas. Se ha sugerido que el período de aplicación de estas cláusulas de salvaguardia se amplíe de dos a tres o cuatro años. Sin embargo, surge la pregunta de si la Comisión pretende utilizar realmente estos sensibles instrumentos si fuese necesario. Su postura actual con respecto al igualmente «duro» Pacto de Estabilidad no es muy prometedora al respecto. Sobra decir que esta no es actualmente la señal adecuada que estamos dando a los países candidatos.

Haarder
Señor Presidente, me gustaría manifestar mi más encarecido agradecimiento por la presencia de la historia que puede advertirse en muchos de los discursos realizados por varios de mis ex colegas, además del compromiso evidente en los discursos del Sr. Prodi, en calidad de Presidente de la Comisión, y del Comisario Verheugen. Hemos podido ver cómo nos acercamos más a nuestra meta cada semana que pasa. La semana anterior a la pasada llegó la recomendación de la Comisión, que obtuvo el apoyo de una importante mayoría ayer en Luxemburgo. La semana pasada los irlandeses mostraron su apoyo masivo al proyecto de ampliación. Ayer llegamos a posiciones comunes sobre Kaliningrado, sobre las instituciones, sobre ciertos métodos de cálculo y, por supuesto, sobre la elección de países.
Por lo tanto, hay que decir que actualmente existen enormes expectativas ante la reunión de Bruselas que se celebrará el jueves, el viernes y posiblemente el sábado, en la que se ultimarán los aspectos económicos, tal y como ha explicado claramente el Comisario Verheugen. Habría que determinar la posición económica de los Estados miembros actuales con el fin de ganar tiempo para las negociaciones con los nuevos Estados miembros.
Me gustaría dar las gracias al Sr. Poettering, al Sr. Brok y a muchos otros por el apoyo incondicional que el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos ha dado a este proyecto de ampliación. También me gustaría dar las gracias al Sr. Watson y a muchos otros por apoyar la idea de que no deben imponerse nuevas condiciones. El Sr. Lund y el Sr. Andersson se han hecho eco de esta idea. El Sr. Barón Crespo ha estado muy acertado al decir que, al igual que un matrimonio debe basarse en el amor, la ampliación debe basarse en el apoyo popular. Muchas personas han hablado aquí de esta cuestión y este podría ser un tema de mi reunión con la Conferencia de Presidentes durante la comida, y por supuesto depende concretamente del Parlamento, y sin duda de la Presidencia y de los Ministros de Asuntos Europeos, que se lleve a cabo ahora este debate y se obtenga el apoyo popular al proyecto.
Por otra parte, debo decir que no me han impresionado los extremadamente confusos discursos del Sr. Sjöstedt, el Sr. Bonde y el Sr. Modrow. Ha sido muy positivo que los votantes irlandeses no prestasen atención a esta nefasta alianza de antiguos oponentes a la UE, que han aprovechado cualquier oportunidad en su intento de frenar el proyecto europeo. Por ello doy las gracias a los votantes irlandeses.
Al Sr. Suominen me gustaría decirle que estamos manteniendo un estrecho contacto con Lituania y Rusia. Ayer, el Consejo emitió el mandato de negociar con Rusia; y este es un mandato que respeta plenamente la soberanía lituana y su derecho a incorporarse a la cooperación de Schengen al mismo tiempo que sus vecinos. La Presidencia hará todo lo que esté en su mano el jueves, el viernes y posiblemente el sábado para establecer una posición común sobre las cuestiones económicas, que harán posible concluir las negociaciones con los nuevos países en Copenhague.
Dormiremos con la ropa puesta de forma que no perdamos ni una sola oportunidad de alcanzar un consenso. Sin querer adelantarme a los acontecimientos, nos complacen increíblemente todos los avances realizados que nos colocan más cerca de una solución cada semana que pasa. Ahora no debemos dejar que los fríos cálculos financieros, de importancia microscópica en comparación con las ganancias que todos tendremos con la ampliación, tomen el control del proceso. No debemos terminar paralizando el proceso entero invirtiendo nuestras energías en pequeños detalles financieros. Quizás nosotros los parlamentarios y los gobiernos deberíamos esforzarnos un poco más por explicar a nuestros ciudadanos el pequeño coste que tendrá para cada uno. Si nos sentamos aquí la tarde y la noche del viernes a discutir si se trata de 50, 35 ó 75 céntimos por cabeza ¿cuánto tiempo nos llevará? Un ponente ha dicho que el coste total de la ampliación será una décima parte del coste de la reunificación de Alemania. Otro ha mencionado que, en total, la ampliación costará una décima parte del uno por ciento de nuestro PIB. No permitamos que esto empañe la labor histórica que nos espera. Mi más caluroso agradecimiento a los ponentes, al Presidente de la Comisión y al Comisario Verheugen. Gracias al Parlamento por reafirmar hoy que este proceso histórico tiene impulso.
Prodi
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, responderé brevemente a varias cuestiones que considero muy importantes: brevemente sobre todo porque me ha complacido mucho ver el gran apoyo al proceso de ampliación, que ha reunido prácticamente a la totalidad del Parlamento en la operación política que considero con diferencia la parte más importante de mi mandado y del mandato de mi Comisión. No puedo pensar en nada que sea tan valioso en términos políticos y humanos como lo que estamos haciendo.
Por lo tanto, comenzaré respondiendo brevemente al Sr. Modrow. Señor Modrow, puede que el recurso a la voluntad de la gente para que apoye la ampliación no se haya llevado a cabo con tanto éxito como el que podría haber tenido, como en todos los procesos políticos, pero lo que considero más destacable, lo que me llama más la atención, es este nuevo esfuerzo por aplicar los principios de la democracia, la solidaridad y el respeto por las minorías que ha transformado a Europa oriental. Ha sido una experiencia extraordinaria para mí ser testigo de los esfuerzos de los partidos en los parlamentos de estos países, partidos que pueden estar en desacuerdo en otras cuestiones pero que están de acuerdo con respecto a la ampliación. Siento que no estemos de acuerdo sobre este punto tan fundamental.
La ampliación ha sido tratada como un asunto ético y político, además de un asunto económico. En realidad, en muchos casos, aunque se ha tratado la dimensión económica, este gran sentido de pasar una nueva página en nuestra historia, este gran sentido de haber unificado Europa -no reunificado, sino unificado Europa, ya que nunca ha estado unida- es extraordinariamente poderoso. Hemos unificado Europa sobre una base distinta -me gusta repetir esto una y otra vez, y lo he aprendido en el parlamento de uno de los países que pronto se convertirá en parte de nuestra Unión-, lo que significa que podemos atraer también a los países pequeños, podemos atraer también a las minorías, ya que la nuestra es una Unión de minorías, es una Unión en la que ninguna persona ni ningún órgano está al mando: este es el inmenso y singular esplendor de Europa.
El Sr. Poettering y el Sr. Barón Crespo han mencionado dos elementos importantes. En primer lugar, la necesidad de dar el paso final en lo que respecta al marco financiero. No hay alternativa, no podemos hacer peligrar este gran proceso histórico por 3 euros por barba. Sin duda, el Parlamento y nosotros en la Comisión debemos presionar para que estos últimos pasos se lleven a cabo. En segundo lugar, el problema planteado por el Sr. Barón Crespo de cómo evitar que los países candidatos se conviertan en contribuyentes netos. También deberíamos mostrar un mínimo de solidaridad con las medidas estrictamente formales. Repito: permítannos hacer un balance de la situación. Como ha dicho el último orador, es una cuestión de unos pocos euros por habitante. Esto no es pedir demasiado. Acabo de ver la cifra que recibirán los Estados miembros conforme al capítulo de cohesión y cómo difiere de la cantidad que recibirán los nuevos países. Existen motivos para que se produzca esta discrepancia -la vida es complicada, contamos con presupuestos limitados-, pero es una discrepancia que no aprobamos, que ofrende nuestro sentido de solidaridad.
Por otra parte, tal y como ha señalado el Sr. Bigliardo, debemos comportarnos claramente con la misma solidaridad en el futuro hacia las regiones del Objetivo 1. Este fue nuestro objetivo al no apresurarnos a realizar un cálculo matemático para dar una cifra correspondiente a la adhesión de los nuevos Estados miembros, sino, una vez más, esperar para poder resolver la cuestión de una forma inteligente y políticamente adecuada.
Mi último comentario tiene que ver con las cuestiones relativas a la divulgación información y la apreciación de los ciudadanos, planteadas por la Sra. Maij-Weggen y la Sra. Maes. Necesitamos hacer un mayor esfuerzo por tranquilizar a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de los Estados miembros. La Sra. Maes ha explorado determinados terrenos concretos como la ampliación y la pobreza, las minorías y la crisis económica. Debo decir que la Comisión lanzó una estrategia de comunicación a principios de 2000: todas las preguntas y respuestas que hemos recibido hoy han sido puestas en Internet en todas las lenguas. Para esta campaña dirigida a 28 países, hemos reservado 150 millones de euros para un período de cinco años. Esta es entonces una cuestión modesta: no podemos recurrir a los medios de comunicación masas debido a las limitaciones del presupuesto. Esta divulgación de información se realiza en colaboración con los Estados miembros y, lo que es más importante, mediante el uso de las estructuras de la sociedad civil y prestándoles apoyo al utilizarlas para promover nuestra acción. Sin embargo, la campaña no tendrá los efectos deseados si los líderes políticos de los Estados miembros no trabajan conjuntamente con nosotros para establecer un debate sobre estas cuestiones, tal y como ha dicho el Sr. Rovsing en su discurso sobre este tema. Por lo tanto, hago un llamamiento claro a que se preste más apoyo a las campañas de los Estados miembros y quizás podríamos utilizar en 2003 algunos de los recursos correspondientes a 2004 y 2005, ya que el próximo será el año con más movimiento.
Sin embargo, debo decir -y pido disculpas al Parlamento por esto- que las nuevas estadísticas del Eurobarómetro me han llegado esta mañana porque han sido publicadas esta mañana, y que son considerablemente más alentadoras que las que he leído hace unas horas. Por lo general la gente presenta estadísticas al Parlamento que son mejores que la realidad, pero, en este caso, contaba con estadísticas que eran realmente menos alentadoras. Estas nuevas estadísticas revelan un cambio radical, que se debe al hecho de que la cuestión se ha debatido, que la prensa ha hecho que el tema saliese a la superficie, con el resultado, por ejemplo, de que el 68% de los ciudadanos alemanes están a favor y el 72% están a favor en Francia, el país más euroescéptico. Esto demuestra que, cuando surgen los problemas, cuando debe tomarse una decisión clara -«sí» o «no»- parece que la gente de los países se da cuenta de que se encuentra en una situación en la que está decidiendo el curso de la historia y es extremadamente consciente de la importancia de los asuntos de la Unión Europea. Me gustaría subrayar que analizaremos más a fondo estas estadísticas, ya que acabo de recibirlas en papel hace unos minutos y no me gustaría engañarles. En cualquier caso, éstas revelan que la gente es cada vez más consciente de la importancia de los asuntos de la Unión Europea, sobre todo cuando se ven ante un acontecimiento histórico. Por lo tanto, con las debidas reservas, teniendo en cuenta que mi información se basa en una hoja de papel, creo que este es un indicio realmente positivo, ya que significa que estamos trabajando para cambiar el curso de la historia y que estamos trabajando con el apoyo de los ciudadanos. Por ello quiero dar las gracias, de forma mucho más profunda y directa, al Parlamento, los interlocutores sociales y a los grandes políticos que, tras la caída del muro de Berlín y, en algunos casos incluso antes de estos acontecimientos, sembraron en nosotros este sueño de una Europa unificada.
En conclusión, teniendo en cuenta los incentivos que tenemos en relación con algunos de nuestros vecinos como Ucrania, es evidente que, pese a que ahora tenemos la gran tarea de completar esta ampliación, también debemos abrir el debate sobre las fronteras de Europa, sobre sus raíces, sobre todas estas cuestiones. Recuerdo que hablé de este tema la primera vez que intervine ante esta Asamblea. Por supuesto no se trata de un debate que podamos celebrar hoy o mañana, pero la ampliación plantea claramente las cuestiones de nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra historia y, por extensión, nuestro futuro.
Verheugen
Señor Presidente, me gustaría responder de forma breve a las preguntas que se me han planteado directamente, comenzando por los puntos débiles sobre los que han llamado la atención los informes regulares. Quiero repetir de forma muy clara que sólo se nos ha encomendado la labor de elaborar informes regulares sobre los futuros Estados miembros. Desconozco qué resultaría si escribiésemos informes regulares sobre los actuales Estados miembros mediante la aplicación de los mismos criterios y el uso de los mismos instrumentos. ¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que no hay corrupción en ninguna parte? ¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que la privatización se ha llevado a cabo de forma transparente en todas partes? ¿Creen que llegaríamos a la conclusión de que la concentración de los medios de comunicación no ha tenido efectos contrarios sobre la libre expresión de la opinión? ¿O creen ustedes que no podría mostrarles, en cualquier ciudad de cualquiera de nuestros Estados miembros, un barrio en el que la gente vive en la misma degradación que uno puede encontrar en un asentamiento de los romaníes en Eslovaquia, Bulgaria o Rumania? Creo que la consideración de la realidad social en nuestras propias sociedades no nos da motivos para sentirnos superiores.
El mero hecho de que no existan informes sobre el avance en los Estados miembros no significa en lo más mínimo que sean forzosamente superiores en todos los aspectos a los países que ahora quieren unirse a nosotros. Esta cuestión requiere que seamos realistas hasta cierto punto y seamos justos a la hora de juzgar. No creo que sea posible que un miembro de la Comisión llame al jefe de un Gobierno de un Estado miembro para buscar juntos las peores lacras sociales y civiles, y anunciar a los medios de comunicación de la nación que está avergonzado de esta situación y que la eliminará. Tengo serias dudas sobre si algún jefe de Gobierno de un Estado miembro estaría dispuesto a ello.

Pasando al tema del seguimiento de las salvaguardias, los instrumentos de seguimiento son numerosos y variados, y todos ellos seguirán aplicándose. Por supuesto, el que cuenta es el informe de seguimiento final seis meses antes de la adhesión. La mera presión política que ejercerá este informe será tan fuerte que realmente podemos partir con certeza de que los demás déficit se habrán abordado para entonces.
La situación con respecto a las salvaguardias es que he dicho tanto al Consejo como al Gobierno neerlandés, todavía la semana pasada, que el nuevo instrumento sobre las salvaguardias, que estamos proponiendo, debe ser de duración limitada. La cuestión debe llegar cuando, de nuevo, sean los instrumentos ordinarios del Tratado, en lugar de las derogaciones, los que surtan efecto. Sin embargo, el período de dos años propuesto por la Comisión no agota todavía las posibilidades que ofrece la ley. Quizás he expresado esto en términos algo complicados, así que, expresándolo de otro modo, todavía queda cierto margen de maniobra con respecto al calendario y la Comisión no tiene nada que objetar a que el Consejo lo aproveche plenamente.
Sin embargo, quisiera decir, de una vez por todas, que el instrumento como tal no servirá si ha de implicar procedimientos complicados y necesitamos cosas como resoluciones unánimes del Consejo para que se aplique. En ese caso, podemos olvidarlo.
(Aplausos)
Además, en ese caso, no lo necesitaremos. Para decirlo sin rodeos, se trata de tener algo que nos permita tratar los problemas menores con gran rapidez y no blandir siempre la gran amenaza del expediente por incumplimiento. Si los productos de un matadero de uno de los países no cumplen las normas, debemos poder cerrarlo al día siguiente. Con esto quiero decir al mismo día siguiente, y no una vez que el Consejo haya alcanzado una resolución unánime al respecto. Son cosas simples y prácticas como esta las que se discuten, y el público europeo no se calmará si tenemos que decirle que dicho instrumento solamente puede aplicarse si ha pasado antes por un trámite que dura meses. Permítanme decir esto con toda franqueza: nada tiene utilidad si no puede aplicarse rápidamente y con decisión. 
Pasando al tema del ámbito, el concepto del mercado interior se aplica a todo lo que tiene efectos económicos entre fronteras, o a todo lo que tiene un efecto sobre la competencia. La diputada ha preguntado en realidad si las cuestiones medioambientales y sociales podrían incluirse aquí, pero tengo mis dudas con respecto a cómo podría justificarse esto. Si encontramos algún lugar en el que el acervo medioambiental no se está transponiendo en su totalidad, no sé por qué deberíamos tener, en los países candidatos, un instrumento de actuación rápida al tiempo que tenemos que utilizar los expedientes de incumplimiento normales con respecto a los actuales Estados miembros. Actualmente hay miles de expedientes de incumplimiento al año, así que no se trata de que el problema de la no transposición del acervo no exista en la UE actual. Por ello creo que yo tendría dificultades para limitar realmente este instrumento al mercado interior. Aparte de esto, existen cláusulas de salvaguardia en cada una de las áreas políticas imaginables de la Unión Europea, siendo un ejemplo la seguridad alimentaria. Las cláusulas de salvaguardia que ya existen, seguirán existiendo, y por supuesto serán aplicadas.
Permítanme que termine con un breve comentario sobre Kaliningrado. Lo que me preocupa realmente en todo este debate es el hecho de que los rusos, hasta el momento, no han estado dispuestos a hablar del problema real. No creo que las cuestiones de acceso, visados y tránsito constituyan un problema real, y estoy de acuerdo sin reservas con lo que han dicho el Sr. Brok y otros. Viendo las condiciones en esta frontera, no se puede creer realmente que la verdadera cuestión es un acceso más fácil. Creo que el problema real es cómo conducir una política que impida que Kaliningrado se quede social y económicamente atrasado en una región que se está desarrollando muy rápidamente, que es lo que hará esta región. La consecuencia inevitable de esto será el crecimiento de las tensiones económicas y, con el tiempo, políticas. Todos en esta Cámara somos capaces de imaginar cómo pueden desahogarse las tensiones políticas en una situación geográfica como esta. Esto es precisamente lo que hay que evitar, y lo haremos participando en un diálogo con Rusia sobre el modo de trasladar a Kaliningrado una parte en los beneficios que ofrece la integración europea a la región del Báltico en su conjunto. Espero que una vez que esta irritante cuestión de los visados y el tránsito esté resuelta -lo cual creo que es cuestión de días- quede el camino abierto para que debatamos esta cuestión tan importante para el futuro de Europa.
(Aplausos)

El Presidente.
Muchas gracias, señor Comisario.
Señorías, con esto concluye este debate tan importante e interesante sobre el próximo Consejo Europeo.
Se suspende la sesión hasta la hora de la votación

Villiers (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, posiblemente sepa usted que algunos diputados no pudieron participar en las votaciones de ayer porque sufrieron retrasos de siete horas en el aeropuerto de Gatwick. Usted mismo habrá experimentado algunas de las extremas dificultades a las que se enfrentan muchos diputados cuando tienen que viajar a Estrasburgo.
A las puertas de la ampliación, ¿cree usted que el Parlamento, aquí en Estrasburgo, está debidamente equipado para las necesidades de la ampliación, teniendo en cuenta las graves dificultades que tienen los diputados y demás personal para llegar hasta aquí desde uno de los principales aeropuertos de Europa? ¿Está usted seguro de que los que viajen desde otras partes de Europa, donde las infraestructuras de transporte no sean tan buenas, conseguirán llegar a Estrasburgo?
¿No habrá llegado el momento de que usted se sume al número cada vez mayor de personas que opinan que Estrasburgo es un lugar poco eficiente y apropiado para albergar un Parlamento de este tamaño? Le insto a que examine esta cuestión con carácter de urgencia.
(Reacciones diversas)
El Presidente.
No quiero exponerme a una indigestión antes del almuerzo de hoy. Ayer tuve el placer de dar la bienvenida a un grupo de visitantes de Laponia, invitados por su colega, la Sra. Kauppi. La Gobernadora de Laponia me comentó precisamente lo fácil que es viajar de Laponia a Estrasburgo. Estaba encantada de lo corto que había sido el viaje. Pero yo sí he experimentado las dificultades a las que usted se ha referido.
(Risas y aplausos)
Ayer volví a escribir a las autoridades de las líneas aéreas en cuestión -espero que eso surta algún efecto- para decirles que así no hay manera de trabajar. Tienen que mejorar especialmente las conexiones con Estrasburgo, una ciudad con una clara vocación internacional.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.
Señorías, si tienen ustedes cinturones de seguridad, les recomiendo que se los abrochen. Tenemos 517 enmiendas, 25 votaciones por partes y 56 votaciones nominales.
Recomendación para la segunda lectura (A5-0347/2002), de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil (8133/1/2002 - C5-0312/2002 - 2000/0343(COD)) (Ponente: Gerard Collins)
(El Parlamento aprueba el texto)

Informe (A5-0326/2002) del Sr. Manuel Pérez Álvarez, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo a los trabajadores autónomos (COM(2002) 166 - C5-0235/2002 - 2002/0079(CNS)) 
(El Parlamento aprueba el texto)
Informe (A5-0310/2002) del Sr. Stephen Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión: Cómo adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mundo del trabajo: una nueva estrategia comunitaria de salud y seguridad 2002-2006 (COM(2002) 118 - C5-0261/2002 - 2002/2124(COS)) 
Antes de la votación:

Hughes (PSE).
Señor Presidente, algunos diputados se estarán preguntando si, como ponente, trataré de remitir esta cuestión de nuevo a la comisión. A la comisión competente le preocupaba que el documento de estrategia de la Comisión fuera algo impreciso en cuanto a las acciones previstas en el campo de la salud y la seguridad.
Ahora puedo informar a la Cámara de que, en una reunión mantenida ayer con la Comisaria Diamantopoulou y durante el debate de anoche, he recibido garantías de que la Comisaria acudirá a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales para explicar con detalle las medidas previstas y de que se presentará un informe con carácter anual para que a la comisión le resulte más fácil vigilar el progreso. Partiendo de esa base, he recomendado a los coordinadores de la comisión, en una reunión celebrada esta mañana, que se proceda con la votación y no se remita esta cuestión de nuevo a la comisión. Los coordinadores han estado de acuerdo y, por consiguiente, mi recomendación es que procedamos a la votación.

Hautala (Verts/ALE).
Señor Presidente, me gustaría retomar un tema que planteé en los debates de ayer. De hecho, el Vicepresidente Imbeni me ha recomendado que vuelva a mencionarlo ahora mientras votamos sobre el informe del Sr. Brok. Me gustaría llamar la atención de mis colegas diputados sobre el hecho de que también estamos votando sobre el derecho del Parlamento a obtener la aprobación por la Mesa del Parlamento de las medidas de seguridad interna, en relación con el acuerdo sobre los documentos secretos de política de seguridad. Existen puntos muy problemáticos en estas medidas de seguridad. Por ejemplo, los servicios de seguridad nacionales deben considerar que los diputados implicados en el examen de documentos secretos son dignos de confianza.
Señor Presidente, dado que usted es personalmente responsable de estas disposiciones, me gustaría preguntar por qué no se ha organizado ningún debate en el Parlamento sobre estas medidas de seguridad con respecto al informe del Sr. Brok y cómo se pretende organizar este tipo de comprobación. En mi opinión es una especie de escándalo que tratemos de votar sobre este tema sin ningún tipo de debate, con disimulo.

El Presidente.
La Mesa ha presentado una propuesta de decisión al Pleno. Aparece en la lista de votaciones para hoy. La propuesta está relacionada con el debate que ha ocupado durante algún tiempo al Parlamento sobre el acceso a documentos sensibles. Refleja también la petición de esta Cámara en un informe anterior que solicitaba a la Mesa la elaboración de una propuesta para someterla al Pleno. La Mesa ha presentado dicha propuesta sobre la base de los debates y las votaciones que han tenido lugar en esta Cámara.
La propuesta fue debatida por la Mesa hace algún tiempo. En más de una ocasión fue presentada por el ponente, Sr. Brok, a la Conferencia de Presidentes. Todos los grupos, incluido el suyo, participan en la Mesa y en la Conferencia de Presidentes. Por consiguiente, todo el mundo estaba al tanto de esta cuestión. Nadie puso pegas cuando este punto se incluyó en el orden del día.
He tomado nota del comentario que usted hizo anoche y que acaba de repetir ahora mismo. Puedo asegurarle de que esta es una cuestión que hemos considerado muy a fondo y que ya remitimos a los órganos competentes de la Cámara hace algún tiempo. No pretendemos pillar por sorpresa a Sus Señorías. Puedo asegurarles que esta cuestión ha sido objeto de debate y reflexión en numerosas reuniones, tanto de la Mesa como de la Conferencia de Presidentes.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Propuesta de decisión (B5-0526/2002) presentada por la Mesa conforme al punto 1 del Anexo VII del Reglamento, sobre la aplicación del Acuerdo interinstitucional relativo al acceso del Parlamento Europeo a información sensible del Consejo en el ámbito de la política de seguridad y de defensa.
(El Parlamento aprueba la decisión)
Informe (A5-0308/2002) del Sr. Hans-Peter Martin, en nombre de la Comisión de Asuntos Constituciones, sobre la modificación de las disposiciones del Reglamento del Parlamento relativas al procedimiento de aprobación de la gestión (2001/2060/(REG)) 
Antes de la votación:

Corbett (PSE).
Señor Presidente, haciéndose eco de los deseos expresados claramente por una parte del Grupo PPE-DE, mi grupo retira su petición de votar por separado la enmienda 3, de manera que pueda usted someter a votación todas enmiendas en bloque.

Bourlanges (PPE-DE).
Señor Presidente, simplemente me gustaría dar las gracias al Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo por su gesto. Creo que hemos alcanzado un compromiso, que este compromiso constituye un todo, que algunos de los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo no están totalmente satisfechos con dicho compromiso, pero creo que debemos avanzar. Por ello insto firmemente a los miembros de mi grupo a que presten su total apoyo al compromiso que hemos alcanzado.

Berès (PSE).
Señor Presidente, a estas alturas de la votación, es exasperante tener que señalar que la Asamblea es incapaz de aplicar las decisiones que toma.
Hemos decidido que la Carta de los Derechos Fundamentales sea el hilo conductor de nuestro trabajo. Dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, como guardiana del Reglamento, me he visto obligada a presentar varias enmiendas lingüísticas que deberían haberse recogido en una fe de erratas. Estas enmiendas lingüísticas incluían varias que, desde mi punto de vista, no son estrictamente lingüísticas, ya que se refieren a las versiones portuguesa, italiana, francesa y griega. Pretenden sustituir la expresión «derechos humanos» por la expresión «derechos del individuo». Muy a mi pesar, en la fe de erratas esta denominada enmienda lingüística no se ha tenido en cuenta.
Soy muy consciente de que en la Conferencia de Presidentes usted consultó a los servicios jurídicos para averiguar qué expresión debería utilizar esta Asamblea. Espero que la Asamblea sea capaz de decidir por ella misma que la Carta debe aplicarse en este Parlamento.
El Presidente.
Señora Berès, plantearé la cuestión y buscaré el asesoramiento de los servicios jurídicos en la Conferencia de Presidentes, de forma que cada grupo pueda expresar su opinión en su momento.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
Sería muy sencillo informar a todos los Estados miembros de la Unión Europea de las «incidencias» (incidentes, accidentes evitados por los pelos, etc.) en la aviación civil europea, algo que no se hace en la actualidad. Sin embargo, aunque el informe quiere que estos sucesos se registren y comuniquen a los Estados, también exige que se garantice la «confidencialidad» de la información sobre dichas incidencias.
Sin embargo, ¿quién se puede beneficiar de esta confidencialidad y para qué sirve si no es para ocultar la situación real a aquellos que viven en las proximidades de los aeropuertos, a los usuarios y al personal del transporte aéreo, si no es para salvaguardar los intereses comerciales y financieros de las aerolíneas? En lugar de esto, necesitamos la mayor de las transparencias y, principalmente, transparencia total con respecto a las poblaciones, ya que este es el único modo de revisar la cadena completa de responsabilidades en las «incidencias» en cuestión. Debemos poder llegar a lo más alto de esta cadena de responsabilidad, es decir, encontrar a aquellos directa y definitivamente responsables, ya sean las líneas aéreas o las empresas gestoras de aeropuertos.
Por ello nos abstenemos en la votación de este informe.

Marques (PPE-DE)
- (PT) En línea con los instrumentos comunitarios adoptados recientemente para aumentar la seguridad en la aviación civil, la propuesta del Parlamento y el Consejo sobre una directiva relativa a la emisión de informes sobre incidencias en la aviación civil, tiene por objeto la comunicación de cualquier situación que ponga específicamente en peligro a un avión o a sus ocupantes. Los datos que se recopilan facilitarán el intercambio de información y permitirán aprender lecciones con el fin de prevenir accidentes.
Felicito al Sr. Collins por el excelente informe que ha elaborado sobre este tema, que apoyo en su totalidad, concretamente sobre la cuestión de la confidencialidad en la elaboración obligatoria de informes sobre incidentes, el único modo de garantizar que aparezca el error humano en los posibles accidentes, que en escasas ocasiones sale a la luz de forma espontánea, a diferencia por ejemplo de los fallos técnicos.
También me gustaría destacar la necesidad de prestar apoyo a la creación de sistemas de elaboración de informes sobre una base regional que estarían asociados a la red integrada de sistemas nacionales de elaboración de informes sobre incidentes, facilitando así a toda una región información sobre varias situaciones.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) La creación de sistemas de intercambio de información de varios sistemas dedicados a la elaboración de informes de las autoridades de aviación civil permitirá a todos los agentes implicados recopilar información sobre sus errores y desarrollar un sistema más seguro para todos los usuarios del transporte aéreo. Esta directiva es muy importante porque mejora notablemente la eficacia del sistema de emisión de informes sobre incidencias. También se acoge de buen grado el hecho de que un gran número de enmiendas presentadas en primera lectura hayan sido adoptadas por el Consejo en su posición común. Sin embargo, siguen existiendo diferencias en que he apoyado las posturas del ponente, apoyadas también, por cierto, por la comisión competente: por una parte, cuando un incidente comunicado se debe a una negligencia grave, los Estados miembros deben poder tomar medidas legales; por otra, lo que era el artículo 9 en la versión originalmente propuesta por la Comisión, relativo a la elaboración de informes confidenciales, debe mantenerse ya que la «desidentificación» de la elaboración de informes en esta área suele ser crucial para un mejor entendimiento de los factores que pueden influir en que ocurran accidentes aéreos.

Bastos (PPE-DE)
. (PT) Los alarmantes índices de accidentes laborales de trabajadores autónomos y la necesidad de garantizar el derecho a unas condiciones de trabajo que respeten la salud, la seguridad y la dignidad, requerían exactamente este planteamiento, y por ello he apoyado el excelente informe del Sr. Pérez Álvarez.
A pesar de ser insuficiente, la propuesta de la Comisión hace una importante contribución a la resolución del problema de la protección de los trabajadores autónomos en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo.
Habría que tener presente que es en los sectores considerados de alto riesgo, como la agricultura, la pesca, el transporte por carretera, la industria transformadora y la construcción, sectores en que se concentra un gran número de trabajadores autónomos, donde produce un alto índice de accidentes laborales. Por ello es esencial que se aplique una política de prevención eficaz, seguida de acciones de formación e información, además de campañas de concienciación.
En un entorno de movilidad profesional cada vez mayor, es esencial que se adopten medidas comunitarias para armonizar los diversos niveles de protección para los trabajadores autónomos en cada Estado miembro, además del reconocimiento y la aplicación de la legislación en este terreno.

Alavanos (GUE/NGL)
Me gustaría aprovechar la oportunidad de este debate y la votación en torno al informe Hughes sobre una nueva estrategia comunitaria sobre salud y seguridad en el trabajo 2002-2006, que contiene varios puntos positivos, para plantear la cuestión de la negligencia de la Comisión a la hora de aplicar las normativas de salud y seguridad en el trabajo. Mi país, Grecia, tiene una especie macabra de eficiencia a la hora de producir grandes cantidades de accidentes laborales y pequeños números de inspecciones, inspecciones que además son poco eficaces. A pesar de las repetidas preguntas a la Comisión por mi parte y por la de otros diputados, la Comisión ha esperado a examinar las estadísticas de Grecia correspondientes a los últimos cinco años. Necesitamos poner fin a esta situación y facilitar mecanismos para hacer un seguimiento de la aplicación de las normativas de salud y seguridad, especialmente en el lugar de trabajo. No podemos hacer un seguimiento, emitir advertencias e imponer sanciones a los déficit públicos y hacer la vista gorda y oídos sordos ante la salud y la seguridad.

Bastos (PPE-DE)
. (PT) Los datos comunitarios sobre la salud y la seguridad en el trabajo revelan una tendencia general a la mejoría. Sin embargo, la situación sigue siendo bastante crítica en algunos Estados miembros. Portugal es causa de preocupación, especialmente en sectores como el de la construcción, la industria textil y la agricultura.
He votado a favor de este informe y deseo destacar los puntos siguientes:
La necesidad de codificar y simplificar la legislación comunitaria actual en este campo y de estimular a los Estados miembros para que la apliquen de forma más rigurosa;
La Comisión debe, con carácter urgente y junto con el Parlamento, elaborar un plan de acción detallado que incluya compromisos financieros y plazos, que incorpore la dimensión de género y nuevos tipos de riesgos y enfermedades;
La necesidad de fomentar el trabajo en colaboración con el fin de facilitar una mejor recopilación de datos y comunicación entre los distintos agentes implicados;
La incorporación de los países candidatos a las instituciones y los órganos implicados con el fin de poder proporcionar asistencia financiera y técnica eficaz;
Por último, la importancia de un enfoque preventivo de los aspectos de la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de cara a los trabajadores como a las empresas.

Bushill-Matthews (PPE-DE)
Este informe se votó a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 bis del Reglamento, que no admite enmiendas al informe. La delegación británica del Grupo PPE-DE ha intentado anteriormente modificar informes que no apoyaba. Sin embargo, la nueva reglamentación no deja otra opción que votar en contra de ciertos informes.
Los conservadores británicos apoyamos el documento de la Comisión sobre salud y seguridad en el trabajo, que habla de la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo y la necesidad de reforzar la cultura de la prevención y garantizar una mejor aplicación de la legislación vigente. La Comisión es consciente de que el marco jurídico comunitario suele considerarse excesivamente complejo y poco claro, y propone simplificarlo. Los conservadores británicos apoyamos esta idea.
Sin embargo, el ponente ha hecho justamente lo contrario al proponer que se amplíe el ámbito de la directiva marco, que se adopte nueva legislación sobre el acoso en el lugar de trabajo y una nueva directiva relativa a la ergonomía en el lugar de trabajo, que se refuerce la directiva relativa a los equipos con pantallas de visualización y que se modifique la directiva relativa a la manipulación manual.
Un error fundamental en su análisis nos hace pensar que las conclusiones del ponente son erróneas. Los conservadores británicos estamos, por tanto, en contra de este informe.

Eriksson, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL)
El informe trata de los problemas relacionados con el entorno de trabajo en los lugares de trabajo de la UE y expresa la preocupación de que la situación se deteriora en lugar de mejorar. El ponente propone una larga lista de medidas, incluida una mejor aplicación de la legislación vigente en este ámbito. Esta propuesta cuenta con nuestro pleno apoyo.
También exige una nueva legislación relacionada con el acoso en el lugar de trabajo, por una parte, y requisitos de ergonomía en el trabajo, por otra. Nos oponemos a la regulación mediante directivas, tanto por principio como por motivos prácticos. Las directivas vigentes sobre el entorno de trabajo no funcionan bien, principalmente debido a que las empresas se oponen a las mismas y porque los sindicatos son demasiado débiles, y a menudo establecen niveles mínimos que suelen comprometer a los interlocutores sociales en acuerdos que comportan unos niveles de protección demasiado bajos. Por otra parte, si tuviésemos sindicatos fuertes y gobiernos nacionales con ambiciones sociales, podríamos implantar una legislación nacional que fuese más precisa, ofreciese niveles más altos de protección y pudiese aplicarse de forma más efectiva.
Sin embargo, hemos votado a favor del informe dado que estamos de acuerdo con su ambición política de mejorar las condiciones de trabajo en los Estados miembros.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Este informe que hemos aprobado plantea una cuestión de gran importancia en la Unión Europea, tanto por su efecto de dignificar el trabajo y mejorar las condiciones de trabajo, como por la escasa atención que la Comisión ha prestado a esta cuestión de la salud y la seguridad en el trabajo, claramente reflejada en la drástica reducción del 40% del personal que atiende estas cuestiones durante los últimos diez años, tal y como indica el informe.
El texto definitivo, que es resultado de un debate muy profundo al que hemos aportado varias propuestas, plantea diversos aspectos de esta cuestión y varias exigencias, a saber:
La elaboración urgente de un plan de acción detallado que incluya compromisos financieros y de plazos para cada propuesta principal;
Que se preste especial atención a la dimensión de género, teniendo en cuenta la discriminación que todavía sufren las mujeres, debido tanto al hecho de que se presta menos atención a la formación profesional o las dificultades de acceso al empleo, como al trabajo precario, peligroso y escasamente remunerado que a menudo desempeñan las mujeres;
Proponer una Directiva global sobre la ergonomía en el lugar de trabajo con el fin de mejorar las directivas existentes y tener en cuenta los problemas musculoesqueléticos que sufren la mitad de las personas afectadas por dolencias asociadas con el trabajo en la UE.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE)
Cuando se negoció el Reglamento (CE) 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, relacionado con el acceso público a la información sobre las instituciones de la UE, se decidió que el acceso del Parlamento Europeo a los documentos sensibles debería estar recogido en un Acuerdo Interinstitucional separado entre el Parlamento y el Consejo que permitiese al Parlamento Europeo cumplir sus compromisos conforme al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.
Sin embargo, todos los acuerdos entre el Consejo y el Parlamento deben respetar los principios fundamentales de lealtad y la obligación de las instituciones de que la información esté recíprocamente disponible. En otras palabras, no es justo que el Consejo tome decisiones sobre los procedimientos de trabajo interno del Parlamento, organizando de ese modo las instituciones en una clara jerarquía. Existe también el riesgo de que se oculte la información de los pequeños países y los pequeños grupos políticos. El acuerdo limita el derecho conferido a todos los miembros -y al público- mediante el Reglamento nº 1049, en que crea un grupo que tiene un acceso especial a la información.
Un Acuerdo Interinstitucional en este ámbito sensible debería combinarse con estrictas normas de confidencialidad (compatibles con las de la OTAN). Podrían haberse redactado normas como estas para los documentos relativos a la seguridad exterior sin que esto comportase ningún cambio de la estructura interinstitucional.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
El ponente reclama el derecho para el Parlamento Europeo de tener acceso a los documentos sobre seguridad y defensa clasificados de «confidencial», «secreto» o «alto secreto», al tiempo que señala que «debería negarse el acceso público» a estos documentos, que por lo tanto se ocultan a la ciudadanía de la Unión Europea, mientras que ésta afirma que asegura su defensa y su seguridad. Esto no sirve más que para destacar la naturaleza irrisoria de esta presunción y la hipocresía de las instituciones europeas que nunca pierden la oportunidad de jactarse de la denominada «transparencia» de su labor.
En lo que respecta a saber si el acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo (que, en cualquier caso, excluye los documentos de «alto secreto») incluso permitiría a unos cuantos diputados cuidadosamente seleccionados tener acceso a otros documentos sobre seguridad y defensa, el ponente afirma que «el modo en que se utilice este acuerdo en la práctica será decisivo». No cabe duda, en cuestiones de seguridad y defensa, al igual que en otras materias consideradas de cierta importancia por el Consejo y la Comisión, estas dos instituciones solamente facilitan al Parlamento Europeo la información que deseen. Esto sorprenderá solamente a aquellos que crean que el Parlamento Europeo tiene una función distinta de la ser una cortina de humo «democrática» ante las políticas dictadas por los intereses de las clases dominantes y que nadie controla.
Votaremos en contra de este informe y la propuesta de decisión que lo acompaña.

Meijer (GUE/NGL)
Hubo un tiempo en que la preparación y la aplicación de la política gubernamental se mantenía en secreto en la medida de lo posible, y que el hombre de a pie no necesitaba saber cómo y con qué argumentos era gobernado. Este objetivo del secreto ha sobrevivido incluso a la introducción del sufragio universal. Sin embargo, en la actualidad, se asume que todo individuo es igual ante la ley, que las autoridades deben rendir cuentas a su electorado y que, con respecto a la política del gobierno, hay acceso público a la información. Sin embargo, el secreto tradicional aparece de nuevo en el caso de las cuestiones de seguridad pública, defensa y militares. Esto podría estar justificado a corto plazo si la mayoría de la población se viera amenazada por una peligrosa minoría de especuladores que desean abolir sus derechos constitucionales. Por otra parte, el secreto también puede proteger a los especuladores poderosos de la rabia popular. La solución por la que se ha optado, concretamente un acuerdo voluntario entre el Parlamento y el Consejo, parece más atractiva de lo que es en realidad. El público no tiene derecho a examinar los documentos, mientras que el Parlamento sí, aunque limitado a cuatro diputados designados conjuntamente por los presidentes del grupo, presididos por el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa. En la práctica, la gran mayoría de diputados al PE e incluso grupos parlamentarios enteros se quedarán sin conocer los documentos. Semejante comisión de asuntos de seguridad no servirá por lo tanto más que para proteger el secreto.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) Felicito sinceramente al ponente por su trabajo y también celebro el hecho de que los artículos que consagran un importante avance en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad y en su transparencia política están ahora claramente descritos, incluso en áreas tan sensibles como la seguridad y la defensa. Los pasos finales de hoy son la culminación de un largo, concienzudo y arduo proceso de ponderación política y negociación interinstitucional que ha llevado a un resultado muy positivo y equilibrado. Esto era realmente necesario era alcanzar un equilibrio razonable y justo entre la transparencia necesaria, por una parte, y el cuidado esencial necesario por la naturaleza altamente secreta de este tipo de información por otra. Sin este equilibrio no sería posible avanzar en un área tan sensible. En virtud de las soluciones prácticas que se han encontrado, del buen sentido que ha prevalecido y de la ponderación política rigurosa, el Parlamento, los ciudadanos en general y todas las instituciones comunitarias merecen nuestro aplauso.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
Hoy hemos votado contra el borrador del Acuerdo Interinstitucional relativo al acceso por parte del Parlamento a la información sensible del Consejo en el campo de la política de defensa y seguridad. El principal motivo de ello es que consideramos que la comisión propuesta, que estará solamente formada por cuatro diputados, constituye un círculo superreducido. Las posibilidades de los países pequeños, o de los grupos políticos más pequeños, de estar representados serían por lo tanto mínimas. Su déficit de información aumentaría.
Con el fin de lograr una mayor apertura e igualdad, debería haber además más miembros permanentes en la comisión, y al mismo tiempo debería poder elegirse a un número determinado de diputados de acuerdo con el procedimiento establecido en el borrador del acuerdo.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) Considero que hemos avanzado positivamente en comparación con el sistema anterior, que daba lugar a confusión y problemas frecuentes. El nuevo sistema, establecido mediante esta revisión del Anexo V del Reglamento, es sin duda más claro y eficaz. Sin embargo, lamento el hecho de que las enmiendas propuestas por la Sra. Theato, presentadas por el Grupo PPE-DE, hayan sido retiradas, porque creo que la posición del ponente y la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales -que en última instancia prevalecería también en el pleno- podría estar yendo demasiado lejos al aceptar, en la primera lectura de abril, la posibilidad de que la aprobación de la gestión podría concederse de modo tácito simplemente como resultado indirecto de la falta de aprobación de una propuesta de aplazamiento.

Stihler (PSE).
Señor Presidente, en el último minuto he pedido dar una explicación de voto sobre los informes Müller y Grossetête. Nuestro grupo apoya la enmienda 78 porque, en principio, favorece a los genéricos. Lo ideal sería que se refiriera a una ampliación de línea más que a una solicitud abreviada, pero el principio permite la venta de genéricos en más de un país sin tener que repetir los procedimientos de solicitud.
Nosotros hemos votado a favor de la enmienda 63 al informe Grossetête porque es coherente con el enfoque de nuestra comisión. En la segunda parte de la enmienda 113, se nos sugirió que el término publicidad podía prestarse a confusión.

Moreira da Silva (PPE-DE)
- (PT) La definición de un mercado interior de medicamentos no solamente debe mejorar los niveles de salud en la Unión Europea, sino también estimular la innovación tecnológica y científica con vistas al desarrollo de nuevos medicamentos y a la aceleración de la fabricación y la comercialización de productos genéricos. Sobre las principales cuestiones debatidas en esta primera lectura, considero que: 1- sin que esto signifique la total eliminación del procedimiento descentralizado (nacional con reconocimiento mutuo), creo que es esencial, en aquellos casos en que se trate de la autorización de comercialización, demostrar el aumento del compromiso con el procedimiento centralizado (a través de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos), en concreto cuando se refiere a nuevas sustancias activas, con objeto de lograr un acceso más rápido de los pacientes a los nuevos medicamentos y de garantizar que las de pequeñas y medianas empresas no se vean penalizadas; 2- debe concederse autorización a la comercialización de productos genéricos cuyo medicamento de referencia haya estado autorizado durante más de ocho años en un Estado miembro o en la Comunidad (y no diez años como propone la Comisión); 3- con respecto a la información, la propuesta de la Comisión es ambigua, mientras que es esencial garantizar la prohibición de la publicidad directa.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) Esta propuesta de Reglamento es muy importante, ya que se pretende garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal mediante procedimientos de vigilancia del mercado y de farmacovigilancia, con el fin de aumentar el número de medicamentos disponibles, para completar el mercado interior de productos farmacéuticos y, por último, modificar los objetivos y métodos de trabajo de la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos con vistas a la ampliación de la UE. En lo que discrepo no es en estos grandes objetivos ni en el deseo de todo paciente de tener acceso más rápido, a escala comunitaria, a los medicamentos que contienen sustancias nuevas, más seguras y más eficaces, sino en determinados detalles específicos de Reglamento, como refleja el modo en que he votado sobre este tema. En concreto, con respecto a la cuestión clave de la medida en que la autorización de medicamentos debería o no debería estar totalmente centralizado en la EMEA, me gustaría indicar que yo, como la mayoría establecida en la comisión parlamentaria competente, estoy a favor de que los medicamentos de uso humano que contienen una nueva sustancia activa puedan recibir autorización de las agencias nacionales. Por ello me opongo a una mayor centralización, que sería desastrosa. En otras palabras, defiendo la opinión de elegir entre un procedimiento centralizado y la autorización nacional, posiblemente acompañada de un procedimiento de reconocimiento mutuo.

Meijer (GUE/NGL)
Los medicamentos son productos que generan dinero. Por esto la evaluación de su uso suscita tanta emoción. Las empresas y los métodos que compiten se benefician de la legislación que hace que las compañías vendan tantos productos suyos como sea posible, haciendo que otros productos queden fuera del mercado. Desean el consumo excesivo de sus propios productos y la exclusión de los alternativos. A diferencia de la Comisión Europea, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor se opone a la publicidad de medicamentos contra el sida, el asma, la diabetes, y con toda razón. Los productores y usuarios de fármacos alternativos, incluidos los doctores que prefieren estos productos, temen que los artículos propuestos beneficien, por encima de todo, a la industria química en detrimento de los productos naturales. Algunos de estos productos naturales son remedios de hace siglos que funcionan bien de acuerdo con sus usuarios, pero cuya eficacia nunca ha sido demostrada científicamente. Mientras no sean nocivos y su composición se conozca, merecen recibir el beneficio de la duda. Deberían prohibirse los productos nocivos e inadecuados que simplemente se producen para ganar dinero, pero no existe motivo para conceder a la industria farmacéutica una posición de monopolio. Por lo tanto, voto en contra de las propuestas de la industria y a favor de las recomendadas por grupos de doctores y usuarios.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
Hemos optado por apoyar las enmiendas que hacen más fácil que los medicamentos genéricos, es decir, las imitaciones más económicas, puedan comercializarse más rápidamente, obligando a bajar los precios de los fármacos en constante aumento. En Suecia, por ejemplo, éstos subieron un 10% cada año durante la década de los noventa.
El procedimiento de registro de los medicamentos genéricos debe simplificarse, de forma que sea posible comercializar directamente estos productos una vez que haya vencido el período de diez años tras la autorización inicial del producto de referencia. La fabricación de los productos genéricos debería poder comenzar por lo tanto antes de que venza el período de diez años indicado. Por ello, también he votado en contra de las enmiendas que obstaculizan la comercialización de medicamentos genéricos mediante la protección de pequeños cambios en el fármaco original.
También estamos convencidos de que es preciso mantener la prohibición actual de toda publicidad a favor de productos farmacéuticos directamente al público. Los pacientes necesitan información fiable de una fuente independiente.

Whitehead (PSE)
Como representante de la delegación laborista británica, me gustaría explicar que, con respecto a las propuestas contenidas en el informe Grossetête relativo a los medicamentos veterinarios, creemos que la Comisión debe aceptar la práctica actual en el Reino Unido e Irlanda. Dicha práctica permite a personal inscrito administrar una serie de medicamentos veterinarios sin receta veterinaria en aquellos casos en que no se considere necesaria la intervención de un veterinario para garantizar un uso seguro y eficaz de los mismos. Esta práctica ha funcionado bien durante muchos años y no ha ocasionado ningún problema de seguridad relacionado con los consumidores o usuarios de esos medicamentos.
Nosotros creemos también que la revalidación de esos medicamentos debe realizarse una vez cada cinco años, en lugar de conceder una autorización por tiempo indefinido. No compartimos la opinión de la Comisión de que todos los nuevos principios activos para medicamentos veterinarios deben ser autorizados con arreglo al procedimiento centralizado. Eso repercutiría considerablemente en el desarrollo de nuevos productos para especies y enfermedades localizadas, y agravaría los problemas de disponibilidad de esos medicamentos. Por todo ello, creemos que tiene que mantenerse la flexibilidad.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, los pensionistas a los cuales tengo el placer de representar en el Parlamento Europeo me dicen que les complace que yo haya votado -como he hecho- a favor de este texto, ya que creo que es importante y espero impacientemente que Europa tenga o una Constitución o una Carta fundacional con categoría de Constitución a la que puedan recurrir con el fin de reclamar justicia siempre que sean víctimas de un atropello. Me entristece decir que ciudadanos de todos los Estados del mundo, tanto jóvenes como mayores, son a menudo víctimas de injusticias, pero es especialmente triste para los ciudadanos ancianos sentir que todavía son víctimas de las mismas. La Carta declara que los derechos de los ancianos deben ser respetados en Europa, y este es el motivo por el que los pensionistas y los ancianos de toda Europa esperan impacientemente que la Carta se convierta en la Constitución de la Unión Europea.

Hager (NI).
Señor Presidente, he tenido un sueño en el que la hija del Sr. Fatuzzo llamaba a mi hijo, que también estudia Derecho, y le preguntaba si aprobaba cómo había votado yo sobre el informe del Sr. Duff. No puedo indicar su respuesta a esta pregunta, ya que desperté bajo una especie de shock. Por ello quiero dejar perfectamente claro que hemos votado a favor del informe aunque para mí algunos de los problemas no están bien planteados. Mi principal diferencia de opinión con el ponente es que considero que el posible problema de que los tribunales supremos emitan sentencias diferentes en asuntos de derechos fundamentales no se ha resuelto. Como antiguo juez de un tribunal supremo, sé de lo que estoy hablando. A pesar de esto, la institucionalización de los derechos fundamentales prevalece, así que mi voto ha sido a favor del informe en su conjunto.

Ahern (Verts/ALE).
Señor Presidente, he acogido con satisfacción el informe del Sr. Duff. Es importante que incorporemos la Carta de los Derechos Fundamentales a los tratados actuales de la Unión Europea, pero espero también que la Convención Europea de Derechos Humanos se integre en la UE como institución, y no simplemente en los sistemas jurídicos de los respectivos Estados miembros.
Es impensable que queramos tener una constitución moderna de la Unión Europea, que es lo que busca la Convención sobre el futuro de Europa, sin una carta vinculante de derechos. En mi opinión, sería una vergüenza que la Convención redactara esa constitución sin la Carta. Lejos de otorgar más derechos a las instituciones de la Unión Europea, la Carta limita el poder ejercido por las instituciones comunitarias al imponerles la obligación explícita de respetar los derechos humanos.
La Carta debe ser legalmente vinculante y aplicable conforme a la legislación de la UE. No pretende, como ha dicho el ponente, reemplazar a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros, sino complementarlos.

Alavanos (GUE/NGL)
Es impensable que la Unión Europea elabore una constitución sin haber elaborado antes una declaración de derechos, por lo que la Carta de los Derechos Fundamentales debería adquirir rango constitucional e incorporarse a los textos constitucionales de la Unión Europea mediante la revisión de los Tratados antes de que se incorporen los nuevos miembros. Esto daría a la Carta una dimensión legal, permitiendo que se citase tanto en los tribunales europeos como nacionales. Estoy de acuerdo en este caso con la posición de la Comisión de Asuntos Constitucionales; no estoy de acuerdo con la opinión del ponente de que la Carta debe mantenerse sin modificaciones. Al contrario, debe extenderse y ampliarse su ámbito, dado que va a la zaga de casi todas las constituciones europeas en lo que respecta al apoyo de los derechos fundamentales.

Alyssandrakis (GUE/NGL)
Hace dos años, cuando debatíamos la Carta de los Derechos Fundamentales, la tachamos de inútil y peligrosa, señalando que se quedaba rezagada con respecto a las convenciones internacionales y las constituciones de varios Estados miembros de la UE. Temíamos que estuviese destinada a formar la esencia de una inminente constitución de la UE que prepararía el camino al federalismo.
Nuestros temores se est?n confirmando. La UE est? siendo cada vez m?s autocr?tica, gracias en parte al denominado terrorismo. Esta actualizando su arsenal (legislación europea sobre terrorismo, orden de arresto europea, ejército europeo, cuerpo de policía europeo) de forma que pueda hacer frente a las reacciones a su política. En cuanto al denominado modelo social, los trabajadores saben todo al respecto, con el drástico recorte de los empleos, el reparto del desempleo, el desmantelamiento de los sistemas de bienestar y de pensiones y la privatización de la sanidad y la educación.
Aquellos que apoyan la Carta, incluido el ponente, que considera que no necesita ningún tipo de corrección, han ignorado totalmente a los cientos de miles de manifestantes que han protestado en cada una de las cumbres en contra de que se establezca un sistema favorable a los monopolios y contrario a los intereses de la gente común. Todo lo que quieren es ejercer presisn de forma que la Carta se incorpore a los Tratados y sea vinculante para las instituciones de la EU y de los Estados miembros. Si lo es, tendremos un marco institucional incluso más conservador y autocrático que inutilizará los derechos constitucionalmente protegidos adquiridos por los trabajadores.
Por ello, los diputados del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Karlsson (PSE)
Hemos votado a favor del informe, dado que apoyamos, en principio, la incorporación de la Carta a un futuro tratado (constitución). Sin embargo, nuestra aprobación debería considerarse a la luz de los siguientes aspectos.
El informe propone medidas para mejorar el acceso directo al Tribunal de Primera Instancia. Interpretamos esta formulación como un derecho de los individuos de defender una causa directamente ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE al amparo de los derechos de la Carta. Ésta sería una medida infortunada que correría el riesgo de abrir las puertas a una revisión legal de la práctica totalidad de las decisiones de la UE (teniendo en cuenta el alcance de la Carta). Preferiríamos un sistema como el que caracteriza el derecho actual a defender una causa ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: los derechos contemplados en la Carta se aplican indirectamente, a través del derecho de los tribunales nacionales a remitir asuntos al Tribunal de Justicia.
El informe adopta una postura rígida sobre los cambios de las cláusulas horizontales de la Carta. Sin embargo, opinamos que es razonable aceptar los cambios incluso sustanciales de las cláusulas, dado que consideramos difícil ver cómo la Carta podría adquirir de otro modo la categoría de vinculante y una aplicación legal que funcione en la práctica. Compartimos la opinión del grupo de trabajo de la Convención sobre este aspecto.
A modo de observación general, también deseamos subrayar que una carta vinculante en todo caso no debe minar de ningún modo el modelo de convenios colectivos que se aplica en el mercado laboral de los países nórdicos.

Berthu (NI)
El informe Duff, que solicita que se incorpore la Carta de los Derechos Fundamentales a una constitución europea, fue adoptado por amplia mayoría a pesar de nuestra oposición. Si posteriormente se aprueban sus conclusiones al término de la próxima conferencia intergubernamental, podría dar pie a la formulación de argumentos contrarios en el corazón de las instituciones europeas, cuyos efectos negativos podrían hacerse notar pronto.
Resulta que, anteayer, debatimos sobre el pacto de estabilidad presupuestaria y que, en definitiva, muchos oradores consideraron, al igual que Romano Prodi, que es estúpido por ser demasiado inflexible. Sin embargo, ¿qué otra cosa podría ser una Carta incorporada a los tratados que no sea el equivalente a un Pacto de Estabilidad aplicado a los derechos políticos? Pronto se hará evidente que esta Carta inflexible no está mejor adaptada a las realidades de una Unión formada por distintos pueblos que el actual pacto de estabilidad presupuestaria.
De este modo, incluso cuando la propia Asamblea puede ser testigo de los efectos dañinos de esta inflexibilidad, ésta se deja llevar por sus deformaciones que vienen de largo y su objetivo definitivo de convertirse en un superestado, y siempre vuelve a sus antiguos usos.
Por su parte, la delegación del MPF ha propuesto un tratado radicalmente reformista para Europa, que sería muy diferente de la constitución de un superestado, dado que reconocería la necesidad de unas relaciones flexibles entre democracias nacionales soberanas.

Caudron (GUE/NGL)
Al igual que otros diputados, celebré la elaboración, el voto y la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales en 2000 y también me uní a la Asamblea en la celebración de sus logros. Sin embargo, también podemos hacer campaña todavía a favor de un mayor avance -que es algo que siempre puedo esperar e incluso buscar- en aspectos que afectan a la sociedad y a la vida de los ciudadanos. Si ustedes han leído todos los artículos de nuestra Carta detenidamente, podrán ver el beneficio obvio de tener un documento que es común a los actuales 15 miembros y a los futuros 25.
Con esta Carta está tomando forma finalmente la Europa del ciudadano.
Por ese motivo, como ponente y partidario de una Constitución europea, quiero que nuestra Carta de los Derechos Fundamentales se incorpore a esta Constitución.
Por supuesto, esto no me impide criticar firmemente la Europa que tenemos hoy, que es demasiado liberal en lo que respecta a las cuestiones económicas, demasiado sumisa ante los órganos financieros y los mercados bursátiles, e inexistente en el ámbito político a la hora de trabajar con los Estados Unidos en la gestión de importantes problemas globales.
Sin embargo, creo que con una Constitución europea que incorpore la Carta de los Derechos Fundamentales, tendremos la capacidad de avanzar en una dirección que nos permitirá cambiar de forma profunda la Europa que tenemos hoy y con la que soy muy crítico.

Figueiredo (GUE/NGL)
- (PT) Estamos en desacuerdo con el informe debido a su ambición desproporcionada para un documento muy deficiente en el campo de la protección de los derechos fundamentales. Veamos algunos ejemplos:
el deseo de incluir la incorporación vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales en los Tratados como una de las disposiciones constitucionales de una futura «constitución europea».
la ambición de crear un instrumento legal que trataría de subordinar las constituciones nacionales de los Estados miembros en la medida de lo posible, independientemente de las protestas en sentido contrario (obsérvese su intención de aumentar las competencias comunitarias en varias áreas).
Confirmar el contenido del informe simplemente haría más difícil proteger la incorporación vinculante de esta Carta a una futura «constitución». Este contenido se caracteriza por la declaración de derechos que representan, en la práctica, un paso atrás en comparación con lo que se ha alcanzado en las constituciones nacionales, como es el caso de la de Portugal, por ejemplo, o en comparación con lo que se ha conseguido en las convenciones europeas de las que los Estados miembros de la UE son signatarios.
Por último, también debemos mostrar nuestro desacuerdo con su defensa de la metodología futura para la modificación del contenido de la Carta, consagrando en la práctica la existencia de una «convención» permanente (o de la nueva institución proclamada - el «congreso») o de otros mecanismos para la modificación de contenido supuestamente «constitucional», yendo de nuevo más allá de la competencia exclusiva actual de los Estados (gobiernos y parlamentos) con respecto a la modificación de los Tratados.

Meijer (GUE/NGL)
Todo el mundo tiene derecho a protección ante la arbitrariedad administrativa y ante la explotación por partes privilegiadas. En una sociedad que está basada en la igualdad universal, además del derecho a la diversidad individual, son indispensables los derechos constitucionales sociales e individuales legalmente aplicables. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE que se elaboró en 2000 no va tan lejos como algunas disposiciones consagradas en las constituciones de los Estados miembros, la Carta Social Europea y la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo Europeo, que se aplica a un territorio mayor que la UE. Por este motivo es erróneo equiparar una disposición adecuada de derechos constitucionales con un documento que no es más que el resultado de un debate de una convención que estableció el denominador común de varios deseos sin realizar una votación. Una categoría de mayor peso para la Carta puede conducir a dos resultados antagónicos, mayores posibilidades de propaganda por parte de la UE y, al mismo tiempo, menores garantías para los derechos de los residentes en la UE. Por este motivo la sugerencia de iniciar las negociaciones de adhesión a la CEDH es, en mi opinión, la parte más positiva de este informe. De hecho, ¿por qué no adoptamos directamente la Convención Europea de Derechos Humanos en lugar de la Carta?

Pasqua (UEN)
Dado que estoy totalmente en contra de la idea de una Constitución europea que asuma la existencia de un «pueblo europeo» -lo cual no es el caso en la actualidad, ya que solamente existen los pueblos de los Estados miembros-, me opongo a este informe.
La Carta, que se elaboró en circunstancias muy controvertidas, no busca fortalecer de ningún modo la protección de los derechos fundamentales dentro del merco legal de la Comunidad; este es un simple pretexto. Ya existen varios instrumentos: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Convención Europea de Derechos Humanos y, sobre todo, las constituciones nacionales (cuyo rango debería reevaluarse a fondo), que desempeñan su labor a la perfección.
La Carta tiene una única ambición, que está claramente expresada en el informe: convertirse en el preámbulo de la fingida constitución europea. Esta constituye, mediante un texto cuya fuerza legal podría ser importante (tendrá prioridad en la legislación primaria) y cuyo ámbito podría afectar seriamente a las tradiciones constitucionales de los Estados, un ataque decisivo sobre las soberanías nacionales.
Por otra parte, al colocar los principales elementos de las constituciones nacionales bajo el exclusivo control del Tribunal de Justicia, este informe muestra una falta de confianza intolerable e insultante en los Estados miembros. La carta y el espíritu de este informe son simplemente inaceptables.

Ribeiro e Castro (UEN)
- (PT) Para continuar con el razonamiento subyacente a mi intervención en el debate, me gustaría subrayar que este informe solamente puede ser apoyado con entusiasmo por aquellos que comparten la filosofía básica del ponente, más sinceramente expresada cuando nos habló aquí de esta cuestión el 14 de marzo de 2000, diciendo que «la Carta representa una oportunidad para construir una moderna sociedad postnacional». De hecho, al contrario que las declaraciones realizadas en la resolución y durante el debate, todavía existe un importante riesgo de que una minoría combativa se apropie de la Carta del modo más imprudente, si ésta se incorpora a los Tratados y se le da valor legal. Lo próximo será que la desvíen de su curso, con el fin de limitar de forma eficaz las competencias de los Estados miembros en un grado muy importante, precisamente en aquellos aspectos en que el núcleo central de la soberanía y la autodeterminación de sus pueblos está implicada, tendiendo a superponerse a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros y a subordinarlos totalmente. Durante el año y medio que ésta ha estado en vigor, aunque no lo esté oficialmente, comportándose varios órganos como si la Carta fuese directamente aplicable, lo han demostrado de forma peligrosa, y es lamentable que el Parlamento esté avanzando intencionadamente hacia este desastre y no se exprese enérgicamente para defender el Estado de derecho y las normas establecidas en los Tratados.

Schörling (Verts/ALE)
He votado a favor del informe sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su futura condición.
Estoy a favor de la incorporación de la Carta al tratado. Por otra parte, estoy en contra de la línea de razonamiento de que sea un requisito previo que la UE sea una persona legal por su propio derecho, o que la Carta sería un paso más en el camino hacia un Estado europeo.

Stockton (PPE-DE)
Considerando la manera en que la Carta parece haber sido capaz de establecer su propio mandato y sus propias limitaciones (o más exactamente la carencia de limitaciones), es necesario responder a una serie de preguntas fundamentales antes de seguir adelante. 
Aunque es correcto y apropiado que un órgano legislativo como es la Unión Europea tenga que someterse a unas normas mínimas sobre lo que se considera aceptable en la sociedad civilizada, no se ganará nada si la puesta en práctica de la Carta continúa por el camino que se apunta en este informe. 
¿Qué sucederá si el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecen jurisprudencia contradictoria? ¿Quién sentará precedentes? ¿Quién saldrá ganando de una discusión acalorada salvo los abogados en litigio?
¿Cómo puede un documento legalmente vinculante establecer que todos los derechos son iguales, ya sea el derecho a la vida o el derecho a la huelga? ¿No tienen, en realidad, muchas de esas cuestiones una naturaleza política en lugar de ser derechos legales fundamentales?
¿No tenía razón el Comisario Byrne cuando afirmó que las cuestiones relativas a educación, salud y vivienda -y sus implicaciones económicas- están mejor en manos de los políticos electos que en manos de los jueces?

Theorin (PSE)
El informe trata de la Carta de los Derechos Fundamentales y propone que sea vinculante. Una carta vinculante con un ámbito de aplicación tan amplio será la fuerza motriz de una mayor integración y supranacionalidad. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas recibirá mayores poderes para fallar sobre casos relativos a los derechos humanos. Contar con una carta que tenga fuerza de ley primaria abre el camino, en un principio, a la legislación secundaria (normativas y directivas) basadas en la misma. Comparto la opinión del parlamento sueco al decir «no» a una carta vinculante, y creo que la UE debería en su lugar simplemente unirse al Convenio Europeo. Por ello no puedo apoyar el proyecto.

El Presidente.
Con esto concluyen las explicaciones de voto.
(La sesión, suspendida a las 1,29 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la lucha contra el terrorismo.
Tiene la palabra el Sr. Haarder, en nombre del Consejo.

Haarder
Señor Presidente, cuando se me invitó a hacer una declaración sobre este asunto, ignorábamos que éste llegaría a ser de tan trágica actualidad. Lo estamos debatiendo hoy bajo la sombra del espantoso atentado terrorista cometido el 12 de octubre en Bali, en el que han muerto más de 200 personas. Ha sido una catástrofe del todo incomprensible y que también destaca que es preciso tomarse muy en serio la amenaza terrorista. No debemos engañarnos: la lucha contra el terrorismo será una tarea muy larga y ardua.
La última vez que tuve el honor de dirigirme al Parlamento sobre la cuestión del terrorismo fue el 11 de septiembre de este año, cuando recordamos juntos el aniversario del ataque terrorista contra los Estados Unidos. En aquel momento, destaqué que los Estados Unidos fueron escogidos como blanco por su poder y por su compromiso con la democracia al estilo occidental y con la libertad y la tolerancia, pero nosotros podríamos haber sido el blanco con igual facilidad. El atentado terrorista cometido en Bali, por su carácter inesperado, ha demostrado que nadie está a salvo. Los terroristas han distorsionado las múltiples ventajas de la globalización para ponerlas al servicio de su estratagema inhumana y despiadada. La lucha contra el terrorismo es una lucha a escala mundial, para cuyo éxito es un requisito previo fundamental la estrecha cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos.
Hasta el momento, hemos tenido la satisfacción de constatar que, si el propósito de los terroristas era dividir a las democracias occidentales, han conseguido exactamente lo contrario. En adelante, todos debemos dejar que esta idea nos guíe. También por este motivo, el papel internacional de la UE es un elemento muy importante en la lucha contra el terrorismo.
¿Qué ha hecho, por lo tanto, la UE desde el 11 de septiembre de 2001 y cuán eficaz ha sido su actuación?

La reacción política de la UE ante la catástrofe del año pasado fue muy rápida y dinámica. En primer lugar, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE realizaron una declaración firme en la que dejaban claro que la UE haría todo lo posible para garantizar que los responsables fuesen juzgados y castigados. La UE también destacó que el Gobierno y el pueblo de los Estados Unidos podían contar con su plena solidaridad y cooperación en la lucha permanente contra el terrorismo. No vamos a modificar esta postura. La UE no se quedó en las meras palabras. Los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron, el 21 de septiembre, el plan de acción que ha constituido el eje vertebrador de los esfuerzos de la UE. La lista de logros resulta impresionante.
Uno los puntos fundamentales de esta lista ha sido la consolidación de la cooperación policial y judicial. Algunos ejemplos concretos son la introducción de la orden de detención europea, la implantación de una definición común de acto terrorista y la creación de equipos de investigación conjuntos. La UE ha avanzado a pasos agigantados en estos ámbitos, mediante la rápida aprobación de los actos jurídicos necesarios.
Además, se ha alcanzado un acuerdo sobre una decisión relativa al embargo de bienes y la protección de las pruebas. Ésta establecerá normas sobre el procedimiento que seguirán los Estados miembros para reconocer y ejecutar en sus territorios las órdenes de embargo emitidas por una autoridad judicial de otro Estado miembro. Asimismo contribuirá a dificultar la actuación de los terroristas en los Estados miembros. Además, se ha empezado a negociar con los Estados Unidos un acuerdo de cooperación en materia de extradición y de asistencia jurídica mutua en asuntos penales, y se espera que a finales de este año se habrá completado un acuerdo entre Europol y los Estados Unidos sobre el intercambio de datos personales. A la vista de todo ello, puede decirse que la UE ha hecho cuanto cabía esperar de ella? y más.
Otro punto destacado ha sido atajar de manera eficaz la financiación del terrorismo. En diciembre de 2001, ya se adoptaron los actos jurídicos necesarios para aplicar la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad.
De este modo, hemos conseguido cortar el flujo de dinero destinado a financiar atentados terroristas, el cordón umbilical sin el que el terrorismo internacional no puede sobrevivir.
Además, también se han adoptado una serie de iniciativas importantes en materia de seguridad aérea.
En conjunto, tenemos motivos para estar satisfechos y orgullosos de nuestra actuación en la lucha contra el terrorismo. A los terroristas les resulta ahora más difícil desenvolverse y cometer atentados terroristas en los Estados miembros, y además ha mejorado la seguridad de nuestros ciudadanos. ¿Podemos descartar la posibilidad de futuros ataques terroristas? No, no podemos, pero justamente por esta razón tenemos que continuar la lucha con renovada energía. Esto no significa sólo seguir persiguiendo a los terroristas, dondequiera que se encuentren, sino también apoyar de manera concreta los esfuerzos para eliminar las causas subyacentes que avivan el terrorismo.
¿Hemos arriesgado la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos? El dilema que se nos plantea a los políticos es fundamentalmente de orden político también: ¿es aceptable coartar nuestra libertad, a fin de protegernos contra el terrorismo? ¿Están conduciendo nuestros esfuerzos por proteger nuestra libertad y nuestra seguridad a la creación de una sociedad sometida a un férreo control estatal? ¿Dónde debemos trazar el límite? Creo que el famoso filósofo liberal Karl Popper nos dio algunas orientaciones al afirmar lo siguiente: «Si no estamos dispuestos a defender a una sociedad tolerante contra los ataques de los intolerantes, los tolerantes serán destruidos y, con ellos, la tolerancia». Ésta es también la orientación que creo percibir en la propuesta de resolución del Parlamento, que destaca que es necesario mantenerse firmes para evitar que los terroristas se beneficien de sus atrocidades. La Presidencia coincide plenamente con la insistencia de la propuesta de resolución en el principio de que el terror no debe verse recompensado.
Creo que hemos conseguido el equilibrio adecuado. Al mismo tiempo, la Presidencia no considera necesaria, por el momento, la adopción de otras iniciativas antiterroristas importantes en la UE.
La Presidencia danesa ha concedido a la lucha contra el terrorismo la máxima prioridad. Ésta se ha orientado, sobre todo, hacia el papel internacional de la UE. Al mismo tiempo, nos proponemos seguir trabajando, como es obvio, en la aplicación de medidas internas.
El objetivo de la Presidencia danesa es lograr avances en la integración de la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos de la política exterior de la UE. Además de consolidar el papel internacional de la UE, acrecentando la importancia que tiene la lucha contra el terrorismo en la política exterior y mediante una evaluación sistemática de la contribución de terceros países a esta lucha, nuestra ambición es que la UE llegue a ser la abanderada de esta lucha en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales. Mantener la coalición antiterrorista internacional y la cooperación con los Estados Unidos son aspectos esenciales. Otros son la firma de un convenio general contra el terrorismo y la aplicación universal de los doce convenios internacionales existentes sobre la lucha contra atentados terroristas específicos.
Las conclusiones del Consejo del 22 de julio de 2002 sobre la acción exterior de la UE contra el terrorismo inauguraron un nuevo capítulo en la lucha contra esta lacra. En sus futuros acuerdos con terceros países, la UE tendrá más en cuenta la contribución de estos países a la lucha contra el terrorismo y mantendrá con ellos un diálogo político más centrado en esta cuestión y más exigente, si es necesario. También se decidió considerar medidas específicas encaminadas a ayudar a terceros países a cumplir sus obligaciones conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad y concentrar la actuación en un pequeño número de países, con el fin de iniciar un proyecto piloto en cooperación con el Comité de la Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas. Dicho proyecto estará dirigido, sobre todo, a los países que tienen la voluntad política de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas, pero se ven incapacitados para hacerlo. Esperamos que antes de finalizar la Presidencia danesa se habrán alcanzado resultados concretos en estos últimos ámbitos en particular, con la puesta en marcha de uno o dos proyectos piloto.
Una evaluación precisa y completa de la amenaza es, sin embargo, un requisito previo para poder reconsiderar el contenido de fondo de las relaciones contractuales con terceros países desde la perspectiva de la suscripción de acuerdos, para poder establecer un diálogo político más estricto en caso necesario y para poder evaluar la posible necesidad de ofrecer ayuda a terceros países. Por consiguiente, la Presidencia también ha otorgado una alta prioridad a la elaboración de los análisis necesarios sobre regiones y países concretos. Los trabajos avanzan a buen ritmo y prevemos que pronto se dispondrá de los fundamentos analíticos necesarios.
Debemos transmitirles a nuestros interlocutores de terceros países que su manera de llevar la lucha contra el terrorismo influirá considerablemente en sus relaciones con la UE. Me congratulo, por lo tanto, de que esta idea se exprese en la propuesta de resolución.
La UE puede estar ciertamente orgullosa de los esfuerzos realizados tras el ataque terrorista del 11 de septiembre. Hemos puesto orden en nuestra propia casa de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y lo hemos hecho respetando la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos.
Ahora es importante que volvamos la mirada hacia el exterior y cumplamos el papel internacional que de nosotros se espera. Tenemos que mantener la coalición antiterrorista y una intensa cooperación con nuestros socios más próximos, en particular los Estados Unidos; así lo hacemos, tendremos esperanzas de triunfar. Por consiguiente, espero seguir contando con el apoyo del Parlamento a la línea de actuación que hemos seguido y quiero agradecer a los dos Comisarios su cooperación en este ámbito.
Vitorino
Señor Presidente, señor Haarder, Señorías, los trágicos acontecimientos recientes en Indonesia demuestran que el terrorismo, un crimen sin sentido y cobarde, todavía puede atacar con consecuencias devastadoras, a pesar de los esfuerzos realizados durante el último año por la comunidad internacional, en general, y por la Unión Europea, en particular.
Estos sucesos sólo pueden fortalecer nuestra convicción de que debemos combatir sin tregua a este terror, empleando todos los recursos disponibles y desde una perspectiva global. La Unión Europea debe cumplir un papel de primer orden en esta lucha, tal y como ha expuesto de manera tan elocuente el Ministro Haarder.
Nuestra respuesta frente al terrorismo se basa en la voluntad de dotar rápidamente a la Unión Europea y a sus Estados miembros de los recursos que les permitan mantener una cooperación más eficaz y con pleno respeto de nuestros principios democráticos, con el objetivo de consolidar a la vez la protección de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.
Además, es preciso constatar que el hecho de que la reacción de la Unión Europea tras los ataques del 11 de septiembre fuese tan rápida se debió, en gran parte, a la cooperación entre nuestras instituciones, es decir, entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Esta cooperación también quedó patente en la aplicación de un enfoque transpilar, capaz de responder a la magnitud del desafío que plantea el terrorismo, tanto el de carácter internacional como el que tiene lugar dentro de cada Estado miembro.
No voy a repetir los frutos que ya ha dado la aplicación de la estrategia que se adoptó el año pasado. En lugar de ello, deseo mencionar que, tras las propuestas presentadas por la Comisión, la Unión adoptó una definición común de terrorismo, armonizó las penas aplicables a los atentados terroristas y creó una orden de detención europea. Estos instrumentos están resultando útiles en las negociaciones del Convenio Mundial contra el Terrorismo, que se está desarrollando en el seno de las Naciones Unidas.
En lo que se refiere a la cooperación policial, se han realizado considerables avances en el estrechamiento de la colaboración entre las fuerzas antiterroristas nacionales y Europol. Esta cooperación operativa a veces no es demasiado visible, pero existe y se ha mejorado mucho durante el último año.
La Comisión no puede dejar de agradecer los esfuerzos realizados para mejorar las capacidades analíticas, sobre todo en lo que respecta a la evaluación de la amenaza terrorista por parte de Europol, y particularmente en relación con las medidas concretas adoptadas para incrementar el flujo de información aportado a Europol, incluyendo el intercambio de datos entre las fuerzas policiales y los servicios de información de los Estados miembros, así como para garantizar la mejora y un uso más amplio de este instrumento de cooperación y análisis.
Tras la iniciativa del Parlamento Europeo, la Comisión propuso, por su parte, al Consejo la financiación, con cargo al presupuesto comunitario, de actividades específicas destinadas a dotar a Europol de los recursos adicionales necesarios para fortalecer y coordinar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la lucha contra el terrorismo.
Por lo que respecta a la lucha contra la financiación del terrorismo en Europa, quiero señalar que continúan los trabajos para elaborar instrumentos que faciliten el embargo de bienes y el bloqueo de los fondos de las organizaciones terroristas, así como también en el ámbito del reconocimiento mutuo, que permitirá ejecutar en un Estado miembro las órdenes de embargo emitidas por una autoridad judicial de otro Estado miembro. La Comisión va a realizar en 2003 una evaluación de los mecanismos adoptados contra los delitos financieros y, paralelamente, presentará una propuesta sobre el embargo y la confiscación de los fondos de entidades controladas por individuos implicados en la financiación de actividades terroristas. El objetivo es garantizar que no se puedan aprovechar actividades legítimas para financiar el terrorismo. La protección de nuestras fronteras exteriores también ha sido objeto de intensos trabajos y de algunas propuestas innovadoras, que algunos consideran arriesgadas, pero que en mi opinión son adecuadas para contemplar de manera equilibrada los múltiples retos que debe estar preparada para afrontar la Unión, con objeto de preservar su estabilidad y su seguridad interior.
Pasando a los asuntos que rebasan nuestras fronteras -y sin entrar en demasiados detalles con respecto a nuestras acciones, puesto que el Comisario Patten volverá a tratar la cuestión-, entre éstos merece especial atención nuestra cooperación con los Estados Unidos. El acuerdo sobre cooperación estratégica entre Europol y los Estados Unidos, que contempla el intercambio de información estratégica y de funcionarios de enlace, constituye un buen ejemplo de dicha cooperación. En estos momentos, estamos trabajando para ampliarla en el plano policial mediante una cooperación a escala judicial en el marco de Eurojust. Los acuerdos que se están negociando actualmente, ya sean relativos al intercambio de datos personales, a la extradición o a la asistencia mutua, van a desempeñar también un papel fundamental. La Comisión se congratula de que los mandatos emitidos por el Consejo garanticen el pleno respeto de nuestros valores y principios de derecho por parte de estos futuros acuerdos de cooperación.
No obstante, voy a reiterar, por si fuese necesario, que lo que está actualmente en juego en la lucha contra el terrorismo no es sólo la protección de nuestros principios, sino -en primer lugar y por encima de todo- la protección de nuestros conciudadanos, así como la garantía de que, en los momentos de infortunio, se podrá demostrar la solidaridad. También quiero recordar que la Comisión propuso la semana pasada que todas las víctimas de delitos y de atentados terroristas en la Unión Europea reciban una indemnización por las pérdidas y los daños personales sufridos, y que se fije un mínimo con respecto a ella. La solidaridad y la prevención son también el núcleo central de las iniciativas muy prácticas adoptadas en el ámbito de la seguridad aérea y la protección civil, con objeto de mejorar la coordinación y la cooperación entre los Estados miembros, incluyendo las cuestiones relativas a la salud pública y a la protección de las instalaciones públicas fundamentales para la vida en comunidad, como las de abastecimiento de agua o de electricidad o las centrales nucleares.
Los días 27 y 28 de octubre, un ejercicio de protección civil europeo simulará, por primera vez, las consecuencias de un ataque terrorista con intervención de sustancias radiológicas y químicas, con el fin de probar el nuevo centro de vigilancia e información creado por la Comisión. Sin embargo, estos esfuerzos considerables no deben detenerse aquí y no se detendrán. La prevención y la lucha contra el terrorismo requieren, ahora más que nunca, la consolidación de la Unión como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Éste es uno de los mayores retos a los que debe responder nuestro trabajo en el marco de la Convención sobre el Futuro de Europa. La Comisión va a presentar propuestas de reforma institucional, con el fin de que la Unión disponga de todos los recursos necesarios para hacer frente, de manera diligente y eficaz, a los retos actuales y, sobre todo, a los que nos reserva el futuro.
Patten
Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de participar en este debate. Como han dicho tanto el Presidente en funciones como mi amigo y colega el Sr. Vitorino, los recientes acontecimientos en Indonesia demuestran claramente que la amenaza de ataques terroristas contra la comunidad internacional sigue siendo muy real, pese a la enorme labor que hemos realizado en el último año para tratar de contrarrestar esa amenaza. Nuestras más sentidas condolencias para todos aquellos que hayan sufrido la pérdida de un ser querido o hayan resultado heridos en el atentado de Bali. Pensamos especialmente en nuestros amigos de Australia y les prometemos que estudiaremos la manera de trabajar con ellos más de cerca para combatir el terrorismo en todas sus manifestaciones. En breve enviaremos una troika de alto nivel a Indonesia para hablar de la contribución que podemos hacer a esta campaña. Esa troika viajará a Australia para transmitirles nuestro deseo de implicarnos al máximo y cooperar estrechamente también con los australianos.
La Unión Europa ha encabezado el esfuerzo de la comunidad internacional por combatir el terrorismo. Nuestras acciones inmediatamente después del 11 de septiembre demuestran algo a lo que ya me referí en el contexto del debate sobre la eficacia de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea: cuando existe voluntad política, podemos emprender acciones eficaces con independencia de la arquitectura institucional.
A los pocos días de los atentados de América, la Comisión Europea propuso una serie de medidas concretas. Eso llevó, como ya se ha dicho, a la adopción de un Plan de Acción por un Consejo Europeo especial celebrado el 21 de septiembre. Una semana después, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1373, una resolución verdaderamente histórica que, por primera vez, establecía un claro conjunto de medidas que todos los Estados miembros tienen que adoptar para combatir el terrorismo. Y digo «tienen» intencionadamente. Es una resolución adoptada con arreglo al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, lo que significa que es de obligado cumplimiento. El hecho de que esa resolución pudiera adoptarse con apoyo universal refleja la gran indignación de la comunidad internacional ante los atentados del 11 de septiembre. 
El plan de acción de la Unión Europea no está moldeado en piedra. Lo hemos adaptado para que refleje las nuevas realidades, entre ellas la adopción de la Resolución 1373. Hemos preparado también un «mapa de ruta» que especifica los medios necesarios para poner en práctica el plan de acción. Hemos tomado medidas prácticas a escala comunitaria para declarar fuera de la ley a todas las organizaciones terroristas y cortar sus fuentes de financiación, como ya han dicho otros oradores. Mi colega acaba de referirse a las importantes medidas adoptadas en materia de cooperación policial y judicial, seguridad de las fronteras y otras cuestiones internas.
Pero todas esas medidas para combatir el terrorismo sólo podrán ser realmente eficaces si se aplican en todas partes; si no quedan lugares donde los terroristas pueden seguir escondiéndose y si se agotan sus fuentes de financiación. El nuevo desafío al que ahora nos enfrentamos consiste, por tanto, en ayudar a los países que, por razones de debilidad institucional, falta de experiencia o falta de recursos financieros, no pueden aplicar plenamente la Resolución 1373 por sí solos.
En este sentido, la Unión Europea tiene que desempeñar claramente un papel fundamental. Gran parte del trabajo que tiene que hacerse se sitúa en áreas en que la Unión Europea ha adquirido mucha experiencia a través de programas como Phare, Tacis, Meda y CARDS. Estoy pensando en el trabajo que estamos ya haciendo de ayudar a nuestros países aliados a establecer instituciones eficaces para vigilar la aplicación de las leyes, mejorar los controles fronterizos y combatir el blanqueo de dinero. Aparte del trabajo que ya está en marcha, las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de julio nos pedían que pensáramos en qué más podíamos hacer.
Acabamos de adoptar una estrategia, refrendada por el Consejo en el Coreper el 3 de octubre, para identificar países piloto claramente necesitados de ayuda y respecto a los cuales la Comisión se encuentre en una situación de ventaja comparativa. Estamos analizando las posibilidades de acción en países de gran importancia para la lucha contra el terrorismo: en Asia Central, el sur y el sudeste asiático y el Golfo. Esperamos enviar dentro de poco misiones a algunos de esos países para que realicen proyectos concretos, especialmente en el campo de la financiación de los terroristas.
Además, hemos integrado la lucha contra el terrorismo en todos los aspectos de nuestras relaciones exteriores. Hemos empezado a evaluar sistemáticamente nuestras relaciones con terceros países bajo el prisma del apoyo que esos países pueden dar al terrorismo. En este contexto, estamos estudiando la posibilidad de añadir elementos de cooperación contra el terrorismo a los acuerdos existentes o formar parte de nuevos acuerdos, como ha sido el caso de nuestros acuerdos de colaboración con Líbano, Argelia y Chile.
No obstante, debemos recordar que nuestra acción exterior va más allá del diálogo político. La Unión Europea es un proveedor masivo de asistencia al desarrollo. Proporcionamos cerca del 55% de la asistencia internacional total y casi dos tercios de toda la ayuda económica. Esta es una contribución muchas veces olvidada a la seguridad internacional en su sentido más amplio. La pobreza y la degradación del medio ambiente no son ni una causa y una justificación del terrorismo. Tampoco los pobres son más malvados que los demás. Pero de la misma forma que los pobres son las principales víctimas del crimen en las sociedades ricas, la inestabilidad política y la violencia son más prevalentes en los países pobres. En ningún lugar se ve esto más claro que en los países incapaces de hacer frente a su deuda externa. Si queremos que Al Qaeda y otras redes terroristas no encuentren territorios desde los cuales puedan planear futuras atrocidades, tenemos que hacer todo lo que podamos para levantar a los países débiles o incapaces de hacer frente a su deuda externa. 
Nuestra intervención en Afganistán es un buen ejemplo de ello. La Unión Europea es la principal fuente de ayudas para reconstruir este país en ruinas. La Comunidad, por sí sola, ha prometido más de 1.000 millones de euros de su presupuesto en los próximos cinco años, lo que supone una contribución importante a los costes operativos del nuevo gobierno, y que cubre los sueldos de policías, profesionales de la enfermería, médicos, profesores y funcionarios.
Esto es lo que hemos hecho hasta ahora en la lucha contra el terrorismo. Pero quiero terminar insistiendo en la idea de que podemos adoptar una perspectiva amplia o estrecha de la acción contraterrorista. La perspectiva estrecha se centra exclusivamente en los terroristas y los actos terroristas, en perseguir a los primeros y prevenir o castigar los segundos. Pero existe también una perspectiva más amplia: nuestras acciones tienen que situarse en el contexto de un apoyo inquebrantable a la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Tenemos a nuestra disposición una gran diversidad de instrumentos para atajar las verdaderas causas del terrorismo, tanto en términos de pobreza y desarrollo económico, como de creación de instituciones y de un Estado de derecho. Aquí es dónde nuestra contribución a la lucha contra el terrorismo tendrá más repercusión.
La lucha contra el terrorismo no es como una campaña militar convencional. Es poco probable que tenga un inicio, un intermedio y un final glorioso, con documentos de rendición y tratados de paz. Seguirá y seguirá, adoptando multitud de formas y caretas diferentes, unos cuantos miles de terroristas contra toda la humanidad.
El Presidente en funciones hizo antes referencia a La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper. Sospecho que para nuestra generación ese fue un documento casi tan importante para forjar nuestras actitudes como cualquiera de las obras de los grandes filósofos políticos. Cuando Karl Popper escribió las palabras citadas, se estaba refiriendo al totalitarismo como enemigo: un enemigo mucho más claro. En respuesta a eso, e inspirándose en otros filósofos políticos como Burke, él creía que, en cierta medida, la libertad tenía que ser limitada para poder mantenerse. 
Hoy en día nos enfrentamos a un problema diferente. La capacidad de perpetrar atentados terroristas contra las sociedades libres es mucho más fácil en las sociedades abiertas. La única forma de conseguir que el terrorismo sea absolutamente imposible es mediante una especie de orwellianismo mundial que, por sí mismo, provocaría en los liberales, como el Presidente en funciones y yo mismo, el tipo de ataques que otros podrían tachar de terroristas. Nos encontramos ante una verdadera paradoja. Por eso es tan importante que las sociedades abiertas y las democracias liberales, sin perder sus valores, trabajen conjuntamente con coherencia, cooperación e inteligencia. 
La campaña contra el terrorismo exigirá la cooperación internacional a un nivel y profundidad sin precedentes: cooperación política, cooperación económica y cooperación en materia de seguridad. La Unión Europea tiene que participar en estas iniciativas, con empuje, generosidad y creatividad, para convertirse en un elemento clave, o así lo espero, de una campaña bien planificada y reivindicada con firmeza de acción multilateral. 
Brok (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, quiero hacer constar una protesta. Dos comisiones elaboraron las resoluciones a las que los grupos políticos han presentado ahora sus enmiendas. No me parece correcto ni pertinente que mi colega de la otra comisión no encabece también la lista de oradores. Pido que esta lista se rectifique, de manera que se conceda a mi colega el uso de la palabra inmediatamente después de mí y que los oradores de los grupos políticos la sigan a continuación. No creo que ningún miembro de los grupos oponga objeciones.
De hecho, resulta simbólico que la cuestión del terrorismo haya sido tratada por estas dos comisiones. El hecho de que las enmiendas de los Grupos se refieran al trabajo que hemos elaborado y presentado conjuntamente pone de manifiesto que nos enfrentamos a una circunstancia completamente nueva, a la necesidad de abordar la lucha contra el tumor canceroso del terrorismo como una causa común en la que confluyen la seguridad interior y la exterior. Los métodos policiales y las medidas represivas tradicionales dentro de los Estados ya no obtienen éxito, y tampoco es posible solventar la situación con medios militares tradicionales. Se requiere una nueva definición de la política de seguridad que deje bien claro que nos enfrentamos a un problema que no conoce fronteras. El antagonista ya no se encuentra al otro lado de una frontera fija: ahora está dentro de nuestras propias fronteras. Se encuentra, sobre todo, dentro de las fronteras que lo protegen, pues allí se prepara para actuar en otro país; es decir: que las fronteras ya no nos separan del enemigo, sino que lo protegen. Por ello, tenemos que desarrollar nuevos métodos, y hoy queremos presentar una serie de propuestas.
En cualquier caso, está claro que es necesaria una cooperación en todas las cuestiones militares y de seguridad interior, por parte de las fuerzas armadas, los servicios de seguridad y los servicios secretos, que permita obtener información sobre cómo actuar contra el terrorismo. Es de todo punto inaceptable que en nuestros Estados mueran asesinados ciudadanos debido a que los Estados-nación no se muestran dispuestos a intercambiar información.
Creo que, a pesar de que después del 11 de septiembre se dieron pasos importantes, sólo una parte de lo que se debatió en aquel momento se ha hecho realidad. El Comisario Patten se ha referido, de manera particularmente explícita, al terrible suceso de Bali, que ha demostrado, una vez más, que este tipo de incidentes seguirán proliferando. No obstante, debe quedar claro que sólo podremos combatirlos con éxito si respetamos el Estado de Derecho y el derecho internacional. No podemos responder infringiendo la ley, pero tenemos que estar preparados para actuar, sin dejar de garantizar, al mismo tiempo, el respeto del Estado de Derecho y el derecho internacional. Ésta es la situación compleja en la que nos encontramos, y que está vinculada a las Naciones Unidas y al papel que cumple el Consejo de Seguridad. La función primaria y más importante del Consejo de Seguridad es tomar la iniciativa en los asuntos de política exterior, pero ésta no puede ser la única vía.
Me parece acertado que en este contexto se hable de un convenio general contra el terrorismo. Asimismo creo que debe quedar claro que ni la religión, ni la pobreza, ni ningún otro motivo pueden justificar la muerte de civiles en atentados terroristas. No hay excusa para el terrorismo: absolutamente ninguna.
Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, mi colega el Sr. Brok ha hecho una petición al inicio de su intervención y creo que, cuanto menos, merece una contestación de la Presidencia. En cualquier caso, me ratifico en lo que él ha dicho teniendo en cuenta, además, que, cuando se hizo el mandato para esta resolución, la Conferencia de Presidentes se refería a las dos comisiones, Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y Libertades y Derechos de los Ciudadanos. Así figura en la lista de votos de los servicios de la Cámara.

El Presidente.
Puesto que desea una respuesta de la Presidencia, se la voy a dar gustosamente: el Reglamento establece el orden de intervención de los oradores. Está usted confundiendo el artículo 37 con los artículos 42 o 50, en virtud de los cuales los autores o los presidentes de las comisiones intervienen en primer lugar. No ocurre lo mismo en el caso del artículo 37. La Conferencia de Presidentes tendría que haber modificado el orden de intervención de los oradores, pero no lo ha hecho. Por lo tanto, estoy obligado a aplicar el Reglamento. Le aseguro que lo lamento. Cuando llegue el momento, dispondrá usted del tiempo de uso de la palabra que tiene asignado, pero estoy obligado a seguir el orden de intervenciones establecido.

Brok (PPE-DE).
Señor Presidente, independientemente de lo que pueda haber decidido la Conferencia de Presidentes, quisiera insistir en que, en realidad, deberíamos atenernos al Reglamento. Usted ha dicho que los autores intervienen primero. Los autores son los dos que fueron designados por las comisiones. A continuación se dice que dichos informes serán sustituidos por las enmiendas de tal o cual persona. Éste es el procedimiento normal con enmiendas. Ambos autores se encuentran aquí. Cabe la posibilidad de que se haya cometido un error. Quizá la Mesa y, en particular, sus funcionarios, sabrán mostrarse lo suficientemente flexibles como para reconocer ese error, de manera que podamos introducir un nuevo enfoque, en vez de permitir que nuestra falta de flexibilidad revele nuestra ineptitud para hacer política.

El Presidente.
Vuelvo a repetirlo: se han interpretado mal mis palabras o a lo mejor no me he expresado bien. En este caso se debe aplicar el artículo 37, que no prevé el concepto de autor.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, en relación con la observancia del Reglamento, quiero insistir en que el presidente de mi comisión, el Sr. Hernández Mollar, intervenga antes que yo. Ésta es una propuesta conjunta de las dos comisiones. Como portavoz del Grupo Liberal en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, quisiera que el presidente de mi comisión interviniera antes que yo. Si el Reglamento no lo estipula así, debería hacerlo. Tengamos la flexibilidad suficiente para aceptar las cosas como deben hacerse.

El Presidente.
Señorías, mi propuesta es la siguiente: voy a consultar con la diputada a la que, en principio, conforme a la lista y al Reglamento, le correspondería hacer uso de la palabra ahora. Si ella está de acuerdo, evidentemente no me opondré y concederé primero la palabra al Sr. Hernández Mollar.

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, el procedimiento que se ha seguido para elaborar esta resolución ha sido un poco extraño y nos ha planteado dificultades a todos. 
Es cierto que en estos momentos la lucha contra el terrorismo tiene una dimensión de política interior y de política exterior, y no quisiera ver menoscabada la importancia del trabajo que ha hecho mi propia comisión.
Por tanto, le ruego que el Sr. Hernández Mollar intervenga antes que yo. Si esto es imposible con arreglo al Reglamento, estoy dispuesta a cambiar con él mi turno de palabra, lo que imagino que no causará mayor dificultad a los servicios.

El Presidente.
El sentimiento general parece ser favorable a que prescindamos del Reglamento y es un placer para mí concederle el uso de la palabra al Sr. Hernández Mollar.
Sin embargo, deben comprender que soy el guardián del dogma y estoy obligado a tomar en consideración las normas o de lo contrario podrían reprochármelo.

Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, en política los dogmas se rompen por la voluntad mayoritaria y en este caso creo que mis compañeros, cuya intervención agradezco enormemente, han dejado bien clara cual era su voluntad.
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, el último barómetro 2002 publicado por la Comisión refleja que seis meses después del 11 de septiembre más de 2 de cada 3 ciudadanos europeos consideraban que la lucha contra el terrorismo era un asunto que debía tratarse a nivel de la Unión Europea más que a nivel nacional.
Ahora bien, un año y un mes más tarde, ¿siguen mereciendo la Unión y sus Estados miembros tal confianza? En ese contexto es en el que se sitúa el debate de hoy. Nos encontramos reunidos para debatir sobre los progresos realizados por la Unión Europea en el arduo combate de la lucha contra el terrorismo y su estrategia futura.
Después del intenso trabajo y esfuerzo desempeñados ha llegado el momento de parar el tiempo y reflexionar: ¿qué hemos logrado?, ¿en qué hemos fallado? Y como consecuencia, ¿cuáles son los próximos pasos que deberemos dar? Ciertamente, el trabajo realizado ha sido enorme. Pensemos en la adopción del Plan de acción de lucha contra el terrorismo, la aprobación en tiempo récord de una definición y de sanciones comunes así como de la orden de detención y entrega, además de la puesta en marcha -como aquí se ha dicho- de Eurojust y la reactivación de Europol. Sin embargo, hemos de ser sinceros, no sólo con nosotros mismos, sino con nuestros ciudadanos. Frente a la realidad y actualidad de la amenaza terrorista, gran parte de las medidas europeas siguen siendo virtuales.
Los ataques del 11 de septiembre sacaron a relucir todos los frenos que bloquean la plena creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. En caso de una nueva situación de crisis, ¿creen ustedes Señorías que los ciudadanos europeos y más aún las víctimas del terrorismo y sus familias quedarían satisfechos si explicásemos que la falta de eficacia en la reacción de la Unión Europea se debe a su propia arquitectura en pilares, a la dificultad de adoptar decisiones por unanimidad, a las actitudes de algunos Estados miembros, a la negativa de transferir datos a Europol? Creo sinceramente que no.
El 11 de septiembre ha servido para darnos cuenta de que la Unión Europea no está plenamente adaptada al nuevo contexto mundial. Voy a destacar tres aspectos fundamentales. El primero es que el terrorismo pretende desestabilizar el Estado de Derecho. Nuestra tarea debe ser, pues, reforzar el contenido y la legitimidad de la legislación europea. Hoy sólo existe una posibilidad para hacerlo, aprovechar los trabajos de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea para comunitarizar todos los aspectos implicados en la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia y someterlos a las mismas reglas de control democrático y jurisdiccional.
El terrorismo quiere promover el conflicto entre los ciudadanos de una misma comunidad. Debemos tener en cuenta que el terrorismo no sólo cuenta con quien pone una bomba o dispara con una pistola, sino que implica una infraestructura, medios financieros, asesoría legal, información sobre posibles objetivos, lugares donde cobijarse. Por ello, un aspecto esencial en la lucha contra el terrorismo es la reacción de repulsa de la propia sociedad frente a todos aquellos que se sirven de la amenaza y del crimen.
Por último, el terrorismo se aprovecha de la apertura de nuestras sociedades para crear el máximo daño posible. Los terroristas se sirven de la eliminación de las fronteras físicas y de la persistencia de las fronteras jurídicas y policiales entre los Estados miembros, y por ello resulta indispensable avanzar en la creación de este espacio evitando que sea utilizado de forma abusiva por los tribunales.
En la comisión que tengo el honor de presidir seguiremos con la misma atención los resultados de la aplicación del Plan de acción contra el terrorismo y la estrategia futura de la Unión. Además, nos reservamos el derecho de informar a esta Cámara si observáramos que el compromiso de la Unión contra el terrorismo se debilitara o si las disputas entre autoridades o gobiernos pusieran en peligro la seguridad de los ciudadanos europeos.

El Presidente.
Antes de darle la palabra a la Sra. Terrón i Cusí, que intervendrá en nombre del Grupo del Partido Socialista Europeo, quiero agradecerle una vez más su comprensión y su flexibilidad, que nos han permitido combatir el terrorismo de nuestro Reglamento.

Terrón i Cusí (PSE).
Gracias Señor Presidente. En nombre de mi Grupo político quisiera recordar y destacar aquí que la rapidez en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea después del 11 de septiembre debe ser una muestra de voluntad política y de cómo con voluntad política podemos alcanzar logros importantes. Lo recuerdo porque un año después nos preocupa ver que la aplicación de estas decisiones no está haciéndose con la misma celeridad. 
Necesitamos voluntad política, pero -y me asocio a las palabras del presidente de mi comisión- necesitamos también nuevos procedimientos que nos permitan satisfacer las demandas de los ciudadanos.
Es necesario que la Convención aborde esta cuestión y proponga las modificaciones necesarias para tener una única estructura que abarque el espacio de justicia interior. Y eso, que puede parecer jerga comunitaria incomprensible, quiere decir cosas como que podamos tener una base jurídica coherente -que hoy no tenemos- para poder congelar los bienes y haberes de los terroristas que actúan dentro de la Unión Europea y que podamos resolver cuestiones como la de Europol. Pregunto al Consejo si vamos a permitir que una vez más este Parlamento asigne presupuesto comunitario a Europol y que este presupuesto se quede pro memoria y no se gaste, y cuánto tiempo más podremos explicar esto a los ciudadanos.
Un Eurojust operativo, resolver los problemas con los diferentes niveles de protección de datos, etc. Le pregunto directamente si están dispuestos a hacer esto. Yo espero que sí y que asocien plenamente al Parlamento a este trabajo, como fue asociado en la reacción después del 11 de septiembre demostrando que esto era positivo.
Creemos además que estas medidas son indisociables de otras dirigidas a reforzar la defensa de nuestra sociedad. Defensa del Estado de Derecho, refuerzo de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, diálogo democrático, un cuidado extremo en evitar el racismo y la xenofobia, respeto y resarcimiento a las víctimas - y en ese sentido doy la bienvenida a la propuesta del Comisario - y también una política exterior basada en estos principios: fuerte en la lucha contra el terrorismo, fuerte también en el establecimiento de condiciones que permitan abordar en origen situaciones de inestabilidad extremadamente peligrosas para todos nosotros.
En ese sentido, quisiera preguntarle también cómo están en este momento las negociaciones con los Estados Unidos en la cooperación en este terreno. Y quisiera preguntarle si van a informar al Parlamento del desarrollo de estas negociaciones, de su resultado, y si van a tener en cuenta la resolución del Parlamento del pasado diciembre en relación con esto.
Terminaré diciendo que nadie va a comprender en Europa que palabras como unanimidad, bloqueo, pilares etc., nos hagan ir despacio en la cooperación en la lucha contra el terrorismo.
Necesitamos asegurar a los ciudadanos mayor libertad defendiendo la cooperación entre los Estados miembros para ser más eficaces.
Ludford (ELDR).
Señor Presidente, no podemos transigir con los que odian la libertad y la democracia. No puede haber tolerancia con los intolerantes. Dicho eso, nos queda aún trabajo por hacer para convencer a los corazones y las mentes de nuestros ciudadanos proyectando una visión de Europa y los Estados Unidos como modelos de derechos humanos, no discriminación, respeto a las diferencias y aceptación de críticas. Resulta paradójico que los jóvenes de África y Asia suspiren con nostalgia por el estilo de vida americano al mismo tiempo que condenan a los Estados Unidos como el «gran Satán».
Tenemos que demostrar, por ejemplo, que comprendemos la diferencia entre la religiosidad moderada, razonable y compasiva y el fundamentalismo dogmático que existe en todas las religiones, no sólo en el islam. Pero tenemos que hacer un esfuerzo especial para mantener el diálogo con los musulmanes e integrarlos en las sociedades europeas. Tenemos que demostrar que tratamos a los demás como nos gustaría que nuestros ciudadanos fueran tratados. ¿No habría sido un gesto magnífico, además de moralmente correcto, haber ofrecido un servicio de evacuación en helicóptero a todas las víctimas locales de la bomba de Bali, demostrando con ello que no velamos únicamente por los occidentales blancos y ricos? Quizás no sea demasiado tarde para hacer algo al respecto.
La lucha internacional contra el terrorismo se mezcla inevitablemente con la cuestión de las armas de destrucción masiva. Todos conocemos la situación actual en Iraq. El peligro está en que cualquier acción preventiva que adopte la forma de una guerra de conquista para derrocar el régimen actual convertiría a los Estados Unidos en un poder imperialista a los ojos de Oriente Medio. Un ataque bélico podría crear toda una nueva causa célebre para el terrorismo.
Tenemos que asegurar la transparencia y el respeto por la libertad y la democracia en la adopción de medidas antiterroristas, pero en las 30 páginas que ocupa el «mapa de carreteras» contra el terrorismo, el Parlamento aparece mencionado tan sólo en cuatro ocasiones. El Consejo está negociando acuerdos sobre asistencia jurídica mutua, extradición e intercambio de datos personales con los Estados Unidos, que contemplan la colaboración con la Europol y el FBI. En principio, eso está muy bien, pero no existe ningún escrutinio democrático ni judicial. Aunque respecto de los temas de justicia y política interior suele existir cierta intervención parlamentaria, los acuerdos externos se negocian sin ningún tipo de control parlamentario. Esta situación deja mucho que desear y debilita nuestras pretensiones como defensores de la libertad y la democracia.
Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, el informe sobre la lucha contra el terrorismo contiene muchas bellas palabras. Incluye muchas bellas palabras sobre la protección de la democracia, la garantía de los derechos civiles y la prevención de las crisis civiles. Sin embargo, lo cierto es que en este momento nos encontramos en una situación crucial, en la que la UE debe decidir si quiere seguir a ciegas a los Estados Unidos, independientemente de lo que éstos decidan con respecto a Iraq.
Algunas de las preocupaciones que ha expresado mi colega Baroness Ludford sobre los ataques preventivos también son dignas de atención. Comienza a ser un problema que usemos estas bellas palabras pero luego actuemos de otro modo, y ahora pienso en los derechos civiles en particular. La resolución da su plena aprobación al paquete antiterrorista de la UE, que incluye la lista de organizaciones terroristas de la Unión. Como resultado, nos enfrentamos a un problema de actualidad, concretamente que, al parecer, el Ejército Nacional del Pueblo y el Partido Comunista de Filipinas han quedado incluidos finalmente en la lista de organizaciones terroristas de la UE, junto con su dirigente, José María Sison, que resulta que está exiliado en los Países Bajos. El problema reside en que estos grupos constituyen una parte fundamental de la red que está participando en las negociaciones de paz en Filipinas, un proceso que, por cierto, está en marcha desde hace muchos años.
En cualquier caso, el Parlamento ha aprobado dos resoluciones en las que apoya activamente este proceso, y creo que el Sr. Haarder votó incluso a favor de una de ellas. Nos disponemos a incluir a una parte vital de un proceso de paz en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Si esto no es completamente contradictorio con todas las bellas palabras que se han dicho sobre la prevención de las crisis, no sé qué puede serlo. Estamos creando un problema, y yo aconsejaría al Comisario Patten y al Sr. Haarder que relean a Popper. Siguen existiendo regímenes totalitarios contra los que es preciso ofrecer resistencia, y si en la UE somos incapaces de distinguir entre terroristas y luchadores por la libertad, el mundo se va a volver un lugar muy triste para todos.
Desearía recibir una respuesta definitiva a las siguientes preguntas: ¿es cierto que se va a incluir a Sison, al ENP y al Partido Comunista de Filipinas en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea? ¿Es cierto que, con ello, estamos haciendo lo posible por condenar al fracaso ese proceso de paz? ¿Se ha parado alguien a considerar cómo se pueden conciliar estas bellas palabras con la dura realidad?

Lagendijk (Verts/ALE).
Muchas personas -creo que casi todas- asocian inmediatamente el terrorismo y la lucha contra el terrorismo con imágenes de violencia extrema como las que hace poco pudimos ver en Bali. Lamentablemente, esta asociación con la violencia está justificada en el caso del terrorismo, pero no lo está y no debe estarlo en el caso de la lucha contra éste.
Me alegro de que el Parlamento haya logrado alcanzar un consenso sobre una lucha contra el terrorismo predominantemente no violenta. Permítanme que recuerde algunos elementos: el terrorismo no es un fenómeno natural, pero también tiene raíces económicas y sociales, y los programas de la UE podrían aportar un valor añadido justamente en este aspecto. Como ha señalado hace un momento el Comisario Patten, la estrategia más eficaz para combatir el terrorismo es la prevención de los conflictos. Las acciones militares sólo pueden ser legitimadas por las Naciones Unidas. Todos ellos son elementos que mi Grupo acoge con satisfacción porque son los elementos clave de la lucha no violenta contra el terrorismo. Sumados a la preocupación por el unilateralismo de los Estados Unidos y el rechazo de los llamados ataques preventivos, a la fuerte insistencia en la protección de los derechos civiles fundamentales y al reconocimiento de la necesidad de establecer unas normas mínimas en materia de derecho penal, creo que es justo decir que la resolución presenta una relación equilibrada de causas y acciones posibles. A mi parecer, se trata de una visión europea del terrorismo, no necesariamente comparada con una visión estadounidense, sino como base para un diálogo ecuánime entre iguales sobre el terrorismo.
Sin embargo, debemos garantizar que esta visión equilibrada sobre el papel no quede impregnada de una práctica que continúa estando gobernada por la opresión y los medios militares. Estoy convencido de que sólo si la práctica llega a ser tan equilibrada como esta resolución sobre el papel, sólo si la practica es como la resolución, conseguiremos combatir con éxito el terrorismo sin crear nuevas causas de terrorismo.
Finalmente, en la resolución se menciona el sistema Galileo de inteligencia, información y navegación que está instalando la Unión Europea. He releído también el debate sobre el sistema Galileo. En él se afirmó reiteradamente que éste es, en principio, un sistema civil que no se utilizará, o no se debería utilizar, para obtener información militar, y tengo la impresión de que la primera generación del sistema Galileo es, desde luego, totalmente inadecuada para obtener ningún tipo de información que pueda ser de utilidad en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, sinceramente se me escapa por qué el Parlamento tiene tanto interés en incluir esta referencia al sistema Galileo. A mi modo de ver, o bien esta mención es prematura, pues en su estado actual el sistema Galileo no puede servir para ningún fin, o bien no se informó debidamente al Parlamento Europeo en el pasado. El sistema Galileo es, sin duda, lo que se denomina un sistema de doble uso. Y éstos son dos argumentos por los que, en mi opinión, se debería suprimir la referencia a dicho sistema en la presente resolución sobre el terrorismo.

Camre (UEN).
Señor Presidente, puede que sea incorrecto decirlo, pero la democratización del mundo islámico es imprescindible para la seguridad del mundo occidental. No es posible prevenir y combatir con eficacia el terrorismo, cuando tantos millones de personas viven en un estado desesperado de ignorancia, pobreza, inmovilismo político, estancamiento económico y falta de libertad. Lamentablemente, todo esto seguirá igual mientras no intervenga Occidente.
Los dirigentes europeos, con la excepción de Tony Blair y el Gobierno danés, mantienen la deshonesta convicción de que todo el problema se podría resolver desde dentro, con verborrea diplomática, esperando a ver qué pasa y criticando a los Estados Unidos, con la esperanza de que los terroristas no lleguen a atacar una ciudad europea. Ningún dirigente del mundo árabe ha sido derrocado por una sublevación popular en los últimos ochenta años, y nada cambiará si continuamos permaneciendo pasivos. Europa se encuentra sencillamente en la misma situación en la que se encontraba en 1938, cuando Chamberlain regresó de su reunión con Adolf Hitler en Munich y proclamó que habría paz en nuestro tiempo.
Puedo comprender muy bien que a los Estados Unidos les cueste respetarnos, puesto que no tenemos el valor de respaldar nuestras bellas palabras con el uso de la fuerza. Europa no va a desempeñar ningún papel sólo porque adopte quién sabe cuántas resoluciones. Sólo llegaremos a desempeñarlo si desarrollamos los ejércitos de nuestros países hasta alcanzar el mismo nivel que el de los Estados Unidos.
Los regímenes dictatoriales de los países que producen terroristas y financian el terrorismo no gozan del apoyo popular, pero los pueblos están tan oprimidos, que son incapaces de llevar a cabo la necesaria revolución. Si nuestras declaraciones de libertad y democracia significan algo, tenemos el deber de estar al lado de los Estados Unidos en su enfrentamiento contra todo el puñado de Estados dictatoriales que son responsables de alimentar el terrorismo. Quisiera agradecerle al Ministro Haarder la claridad con que ha resaltado la necesidad de esto.

Belder (EDD).
Señor Presidente, el 11 de septiembre de 2001, de triste recuerdo, me encontraba en Washington con una delegación de esta Asamblea. Aquel día es el punto de referencia de la lucha mundial contra el llamado terrorismo internacional. Las fuerzas impulsoras islámicas que estaban detrás del ataque terrorista de ese martes negro ya han quedado suficientemente documentadas. La amenaza sigue en pie hasta ahora, como lo demuestran los ataques recientes en Indonesia e Israel.
Por lo tanto, no cabe ninguna duda en cuanto a la urgencia de la lucha contra el terrorismo islámico a escala mundial. La presente propuesta de resolución común del Parlamento resulta, sin embargo, de escasa utilidad en este contexto. En primer lugar, no se destaca suficientemente la naturaleza de la amenaza islámica. La resolución no va más allá de ofrecer posibles soluciones para contrarrestar la propagación del islamismo. Con esto no basta. Deberíamos tomarnos mucho más en serio la naturaleza de esta amenaza. El primer requisito, en este sentido, es conocer mejor la herencia psicológica de estos terroristas.
Además, la resolución genera confusión. Quisiera referirme, en particular, al apartado 28 de la propuesta de resolución común, en la que se recomienda la inclusión de cláusulas antiterroristas en los acuerdos entre la UE y terceros países, como instrumentos para combatir el terrorismo. ¿Quién podría oponerse a ello? Sin embargo, el problema es que se cita como ejemplo modélico, de entre todos, un acuerdo de asociación con la República Libanesa, un Estado en el que el movimiento terrorista islámico Hezbolá es una fuerza en expansión que es preciso tener en cuenta. A esto se suman las estrechas vinculaciones entre Hezbolá y Siria y, sobre todo, la República Islámica del Irán.
Justamente por esta razón, agradecería mucho que el Consejo y la Comisión nos explicasen cómo encaja la República Libanesa en la estrategia europea de lucha mundial contra el terrorismo. Espero con verdadero interés una respuesta.

Borghezio (NI).
Señor Presidente, quisiera retomar algunos de los comentarios que acaba de realizar el Sr. Belder y hacer una observación general: en este debate -con algunas raras excepciones-, parece como si se estuviera hablando en términos bastante generales del concepto kantiano de terrorismo, mientras el peligro está presente no sólo fuera de la Unión Europea, sino también dentro de sus fronteras. Mucho me temo que el terrorismo islámico ya ha llegado a nuestras puertas.
Después del 11 de septiembre, los Estados Unidos, a pesar de su innegable red de intereses -también políticos- con los países productores de petróleo, atacaron sin hipocresía el problema del terrorismo fundamentalista y declararon la guerra total a la Hidra de siete cabezas de Al Qaeda.
En Europa, en cambio, se constata una tensión mucho menor que también se revela semánticamente en la dificultad de añadir los términos islámico o fundamentalista islámico a la palabra terrorismo. Diríase que Europa desea quitar hierro a la contribución al terrorismo de ciertos países árabes e islámicos, como Iraq, Siria, Libia, el Sudán, Irán y otros.
En su intervención, el Sr. Belder acaba de citar el Líbano, y con razón, por tres motivos: en primer lugar, por la esperanza de obtener un estatuto de neutralidad y hacer realidad la ilusión de evitar atentados terroristas en su territorio; en segundo lugar, por proteger las relaciones comerciales; y en tercer lugar, por mantener invariable el abastecimiento energético. Son tres motivos sumamente claros: miedo, dinero y petróleo. Europa parece estar rehuyendo, por estas razones, un peligro que -conviene destacarlo- ya ha atravesado sus fronteras. Hace apenas unos días, en mi país, un magistrado especializado en la lucha contra el terrorismo -Gerardo D'Ambrosio- condenó la presencia de entre 1500 y 2000 guerreros de Alá sólo en nuestro país. La Comisión Antimafia ha condenado, en varias ocasiones, las connivencias entra la Mafia y el terrorismo: en mi país, la organización mafiosa de la Camorra proporciona habitualmente documentos falsos a los terroristas. La Unión Europea rechaza, en su propuesta de resolución, cualquier intento de defensa o justificación del terrorismo. Ésta es la descripción perfecta de la conducta de al menos cien imanes de cien mezquitas o centros islámicos, en particular el famoso centro de Londres, en los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre.
Tenemos el deber de reprimir de manera drástica estas actitudes y conductas, y de llevar ante la justicia a las personas, a los grupos y a las organizaciones que fomenten el terrorismo.

Galeote Quecedo (PPE-DE).
Señor Presidente, a estas alturas del debate nadie puede poner en duda que hoy la principal amenaza para nuestra seguridad como europeos, es el terrorismo. No cabe distinguir entre terrorismo nacional o internacional porque, en el mundo en que vivimos, la estrategia del terror tiene un carácter globalizado y los Estados miembros no tienen capacidad por sí solos para combatirlo con eficacia.
En ese sentido, es justo reconocer que, desde los trágicos atentados del 11 de septiembre de 2001, hemos avanzado considerablemente a nivel europeo e internacional en el combate de esta lacra. Por lo tanto, hoy no toca hacer un ejercicio declarativo sobre nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo -que se da por supuesto- sino debatir con la Comisión y el Consejo sobre las medidas concretas adoptadas, la eficacia de su aplicación, su efectiva implementación en todos los Estados miembros y, ante todo, sobre qué más podemos y debemos hacer.
Para ello, tenemos como referencia el plan de acción ya aprobado y, como horizonte, la necesaria traslación a la Convención sobre el futuro de la Unión Europea del mandato para desarrollar el tercer pilar y seguir ampliando la base jurídica comunitaria en esta materia.
Siendo coherentes con el papel impulsor que el Parlamento Europeo ha venido desempeñando, incluso antes de los atentados del 11 de septiembre, voy a exponer brevemente algunas ideas que, a propuesta de mi Grupo, han sido incluidas en la resolución común que vamos a votar mañana.
Como prioridad, la adopción de nuevas reglas que amparen a las víctimas del terrorismo, armonizando las legislaciones nacionales y, ¿por qué no?, creando algún instrumento comunitario de amparo a las víctimas. También es necesario introducir cláusulas democráticas en los acuerdos de asociación y de partenariado que la Unión suscribe con terceros Estados -el que vamos a firmar dentro de poco con el Líbano puede ser un precedente-, y hemos de adoptar medidas compartidas en los Estados miembros que eviten la instrumentalización del marco democrático en beneficio tanto directamente de los terroristas como, indirectamente, de sus cómplices y colaboradores necesarios.
Al amparo de la legislación vigente, y siempre al amparo del Estado de Derecho, la Unión Europea ha de estar siempre vigilante ante cualquier intento de justificación del recurso a la violencia, porque no hay terroristas buenos y malos. Todos son igualmente despreciables. La motivación de sus crímenes es siempre la misma, y su resultado, igualmente injusto, ya produzcan muertes en el País Vasco o en Indonesia.

Wiersma (PSE).
Señor Presidente, el presente debate se celebra al cabo de poco más de un año de los atentados cometidos en los Estados Unidos. Creo que es un buen momento para hacer balance de los avances realizados en la lucha contra el terrorismo internacional, pero también de los principios rectores en los que éstos deberían basarse. Sucesos recientes, incluida la terrible catástrofe que ha tenido lugar en Bali hace un par de semanas, demuestran que la amenaza sigue siendo muy real.
La pregunta fundamental que debemos hacernos con respecto a la política de la Unión Europea es, evidentemente, en qué grado han contribuido todas las medidas en su conjunto a reducir el riesgo de terrorismo. ¿Podrían comentar este aspecto la Comisión y el Consejo? El Parlamento Europeo quisiera ser informado con mayor frecuencia y de manera más eficaz sobre la ejecución del plan de acción. Esto es necesario para el apoyo ciudadano. Comprendo que gran parte de la información es confidencial, pero una descripción general de las actividades no nos ofrece una apreciación directa de la eficacia de las políticas. ¿Estamos consiguiendo contener realmente a los terroristas?
La propuesta de resolución del Parlamento dedica, y con razón, una gran atención al papel de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo internacional, que es fundamental. Deseamos abordar un problema internacional mediante un enfoque internacional basado en la seguridad colectiva, lo que significa que las acciones se deberían emprender a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no de manera unilateral o por medio de coaliciones ocasionales. Además de ser una cuestión de principios, esto es también deseable, dada la necesidad de generar el máximo apoyo posible a favor de la lucha contra el terrorismo internacional. Combatir la causa última del terrorismo es la vía más eficaz para atacar el caldo de cultivo de este fenómeno. Quisiéramos que aspectos como el fomento de la democracia y la lucha contra la pobreza cumpliesen un claro papel en este empeño. La política no se debería limitar a operaciones militares o policiales. La Unión Europea tiene a su disposición, como nadie, una gama completa de instrumentos necesarios para ello. De hecho, se trata de una forma de prevención de los conflictos, algo que constituye, sin lugar a dudas, una prioridad general de la política exterior de la UE.
Esto enlaza con el problema particular que ya ha mencionado el Comisario Patten: concretamente el de los llamados Estados fracasados. Éstos se encuentran sobre todo en África, pero también en lugares más próximos como, por ejemplo, Transdniéster, la parte secesionista de Moldova. Estos países o regiones ofrecen un excelente refugio y una magnífica base de operaciones para actividades delictivas y terroristas, que a menudo van de la mano. La Unión Europea debería adoptar, a mi parecer, una postura más proactiva, sobre todo en el caso de algunas regiones más próximas a nosotros ?de las que acabo de mencionar una?, y no dejar la solución del problema de Transdniéster, por ejemplo, exclusivamente en manos de otros países y otras organizaciones.
Finalmente, nosotros opinamos que la Unión Europea podría plantearse sin dificultad, con un poco más de ambición, su papel en la lucha contra el terrorismo, en lo que respecta al despliegue de los nuevos instrumentos de Política Exterior y de Seguridad Común para combatir el terrorismo. En las circunstancias excepcionales a las que nos enfrentamos, tenemos que preguntarnos si existen otras tareas aparte de las de Petersberg. Esto concordaría también con la idea más general de que nuestras actividades para combatir el terrorismo se deberían desarrollar a escala europea más que a escala nacional. Si la Unión Europea aúna sus fuerzas, esto también rendirá dividendos a escala de las Naciones Unidas.

Malmström (ELDR).
Señor Presidente, el temor y el pánico que propaga el terrorismo son idénticos tanto si el agresor es un francotirador solitario en Washington como si se trata de una red a gran escala como Al Qaeda. El terrorismo en sí no es un fenómeno nuevo. No se «inventó» el 11 de septiembre de 2001. Por otro lado, el terrorismo internacional, como una red a escala mundial que cuenta con armas sofisticadas y recursos económicos aparentemente inagotables, representa un fenómeno nuevo y aterrador.
Los atentados en Nueva York y Bali han dejado claro para todo el mundo que la lucha contra el terrorismo se debe desarrollar a escala mundial, mediante la cooperación policial y judicial, la actuación de los servicios secretos y la investigación. No obstante, también es importante llevar a cabo una cooperación preventiva a largo plazo encaminada a erradicar o, al menos, mitigar las causas del terrorismo. La democracia es el mejor antídoto contra el terrorismo. La alianza internacional debe otorgar, por lo tanto, prioridad a la realización de grandes esfuerzos para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. También son importantes el comercio, la ayuda y la cooperación en el marco de las organizaciones internacionales. La paz en Oriente Medio sería una aportación sumamente importante a la solución del rompecabezas, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas es plenamente consciente de la necesidad de aumentar la cooperación para combatir el terrorismo. Ya se ha hecho mucho y se puede hacer mucho más. No obstante, debemos tener presente que el objetivo principal de los terroristas es la sociedad libre. Por ello, en nuestro afán por combatir el terrorismo, no debemos socavar el núcleo central de la democracia. El Estado de Derecho no se debe sacrificar jamás en aras de nuestra determinación de actuar. Son inaceptables las normas especiales, los tribunales militares y la inclusión de individuos o de grupos en una determinada lista por razones poco claras. Es escandaloso que los prisioneros de la base de la bahía de Guantánamo continúen en un limbo jurídico. Quisiera preguntarle al Consejo qué se está haciendo para obtener una idea clara, en particular, de la situación de los ciudadanos europeos que se encuentran en Cuba.
Señor Presidente en ejercicio, usted ha citado La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Debemos evitar convertirnos, a nuestra vez, en enemigos de la sociedad libre. Si lo hacemos, los terroristas triunfarán sin ninguna dificultad.

Krivine (GUE/NGL).
Señor Presidente, seguimos sin estar dispuestos a votar a favor de una resolución que, con el pretexto de combatir el terrorismo, en realidad intenta criminalizar las movilizaciones sociales. Bajo la batuta del Gobierno Bush, los diferentes Gobiernos europeos están creando un verdadero arsenal para aplastar la libertad. Con frecuencia se establecen paralelismos entre los inmigrantes, los jóvenes, los delincuentes y los terroristas. En esto se apoya fundamentalmente la extrema derecha.
En Francia, el Gobierno, no satisfecho con poner entre rejas a sindicalistas, ahora se dispone a aprobar leyes destinadas a castigar a los mendigos, a las personas sin hogar, a los gitanos y a las prostitutas. En Italia, el Sr. Berlusconi espera impedir la celebración de una reunión del Foro Social Europeo en Florencia mediante la suspensión del Convenio de Schengen, con objeto de cerrar sus fronteras.
Seguimos oponiéndonos a cualquier acción que tenga como finalidad aterrorizar a una nación, ya sea algún tipo de terrorismo privado, como el que practica Osama Bin Laden, o el terrorismo de Estado de Ariel Sharon. No acabaremos con esta plaga restringiendo las libertades democráticas, sino erradicando sus causas, esto es, la opresión y la pobreza. Son la tiranía de los bancos y las guerras imperialistas las que convierten a la gente en alguien como Osama Bin Laden.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, Señores representantes del Consejo y de la Comisión, en primer lugar, quiero manifestar mi total acuerdo con la resolución y con las palabras de los representantes del Consejo y de la Comisión aquí presentes.
No es necesario que yo, en nombre de mi Grupo ni en el de mi propia organización política gallega, manifieste una vez más mi absoluto rechazo y condena del terrorismo.
En este sentido, quiero destacar que la resolución exige la creación de condiciones para combatir el terrorismo en el marco del absoluto respeto de la ley y de los derechos humanos, tanto mediante la eliminación de la pobreza y la marginación como mediante el combate contra las ideologías fundamentalistas, que -incluso más que la pobreza- a menudo se presentan como la justificación principal del terrorismo.
Dicho esto, quiero destacar tres cuestiones concretas. En primer lugar, creo que es necesario hablar de política concreta y rechazar -como también lo hace de alguna forma la resolución- el unilateralismo militarista de los Estados Unidos y su doctrina de acción preventiva que rompe todas las normas internacionales. 
En este sentido hay que destacar que ese Estado prepara una acción contra otro Estado, gobernado por una dictadura, ideología que, evidentemente, no compartimos; en cambio, no ha sido capaz de detener prácticamente a nadie relacionado con los atentados del 11 de septiembre. A nadie; 20 personas actuaron en los Estados Unidos y no se ha detenido a nadie directamente relacionado con la acción.
También quiero llamar la atención sobre el problema en Oriente Medio. Me parece que todos estamos de acuerdo en que el problema de Palestina está en la raíz del terrorismo internacional, y en todo caso, de una aparente justificación. Y no se trata de resolverlo como un problema religioso; se trata de un Estado, con independencia de la religión que profesa, contra un pueblo colonizado, con independencia de la religión que profesa.
Creo que esta cuestión debe ser tenida muy en cuenta. Mientras no se resuelva el problema entre Israel y Palestina, si no se fomenta la paz y se crea el Estado palestino, difícilmente podremos combatir una parte fundamental de la aparente justificación del terrorismo.
Acabo, señor Presidente, diciendo lo siguiente: el combate contra el terrorismo no se puede convertir -como dice la resolución- en un combate contra los grupos políticos que por medios pacíficos pretenden cambios en las estructuras políticas y sociales, eso se está dando en el Estado español y en general en Europa. Y muchas veces no se fomenta el diálogo necesario, no ya entre grupos políticos, sino entre instituciones diferentes afectadas y que sufren el terrorismo.

Queiró (UEN).
Señor Presidente, los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, más recientemente, los que han tenido lugar en la isla de Bali, han demostrado el carácter impredecible de la amenaza terrorista, su mortal gravedad y nuestra vulnerabilidad frente a ella. En años 60 y 70, Europa se enfrentó a la violencia de movimientos extremistas de inspiración comunista, como las Brigadas Rojas o la Banda Baader-Meinhof. Actualmente, son organizaciones extremistas como Al Qaeda las que encarnan la destrucción de la modernidad. Se consideran autorizadas a recurrir a medios violentos para derrocar el orden democrático vigente, creen estar librando una guerra total destinada a proteger al Islam de la hegemonía occidental y a imponerlo a los infieles, como ellos llaman a los que no comparten esas ideas, y llegan a atacar incluso a los países musulmanes moderados.
Es cierto que existen otras motivaciones -de carácter político, nacionalista o separatista- de la actividad terrorista, incluso en suelo europeo, que nos repugnan por igual, pero sobre ellas prevalece, lamentablemente, esta forma predominante de terrorismo, que es especialmente peligrosa, ya que ataca en todas partes, emplea una violencia indiscriminada y se considera libre de cualquier restricción moral o humana.
No podemos ignorar el hecho de que Europa se está convirtiendo, a causa de su liberalidad y su tradición de acogida a los exiliados políticos, en un lugar de refugio para numerosos grupos radicales y terroristas. A pesar de su generosidad política, estos extremistas siembran las semillas del odio y se aprovechan de las facilidades que les ofrece el sistema democrático, se organizan, obtienen financiación, reclutan a nuevos miembros y urden atentados contra objetivos situados en nuestro continente y en todo el mundo.
La lucha contra el terrorismo, en su calidad de fenómeno verdaderamente internacional, que podría amenazar en cualquier momento los derechos, las libertades y las salvaguardias que son nuestro patrimonio común, debe ser objeto, por lo tanto, de una estrategia mundial de la Unión y de los Estados miembros que, por si sola, bien en el marco de las Naciones Unidas, bien en cooperación con los Estados Unidos en el marco de la OTAN, impida y reprima los atentados terroristas y, a la vez, consolide el Estado de Derecho.
A escala europea, la estrategia de los Estados miembros debe estar respaldada, como ya se ha dicho, por un uso eficaz de los mecanismos de cooperación judicial y policial y de intercambio de información que consolide asimismo una concepción ampliada de la seguridad y la defensa que tenga en cuenta la necesidad de hacer frente a esta renovada amenaza internacional. Somos conscientes de que la prevención y la represión del terrorismo también pueden incluir el fomento del diálogo entre culturas y la adopción de políticas eficaces destinadas a combatir los factores sociales, económicos o culturales que, aunque no pueden justificar en modo alguno la violencia terrorista, son aprovechados y utilizados de manera sistemática por los terroristas. Señor Presidente, sobre la base de estos principios de la unidad de propósitos en la lucha contra el terrorismo, que obviamente superan nuestras discrepancias con respecto a algunas de las conclusiones de la propuesta de resolución común que ahora se debate, vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta y a votar a favor de ella.

Coûteaux (EDD).
Señoras y señores representantes de los Estados miembros, no quisiera emplear una palabra que usó por primera vez el Sr. Prodi y que se ha puesto muy de moda, y describir como estúpidas las declaraciones del Consejo y de la Comisión que hemos escuchado. Sin embargo, es preciso reconocer que hay algo particularmente absurdo en el problema que en este momento nos ocupa y que se conoce como lucha contra el terrorismo. En realidad, fue bastante desacertada la elección de esta expresión y de la propia palabra terrorismo para describir un hecho evidente, esto es, que la política desarrollada por lo que hemos convenido en llamar la comunidad internacional (es decir, los Estados Unidos y sus cómplices, las potencias imperialistas) está siendo objeto de un rechazo cada vez más violento en todo el mundo, con lo cual, como les ocurre de hecho a todos los imperios, acabamos etiquetando como terrorismo lo que se podría describir muy bien como resistencia; el Sr. Krivine lo ha expuesto muy bien antes.
Evidentemente no apruebo los actos dirigidos contra personas inocentes, aunque sé que, en una democracia, nadie es del todo inocente. No obstante, no voy a entrar en ello. No hace falta decir que condeno rotundamente los atentados del 11 de septiembre y también el reciente atentado en Bali, al igual que condeno el reciente atentado contra un petrolero francés o los cometidos ya no tan recientemente, en 1995, en el metro de París. Esto me lleva a condenar, una vez más, el hecho de que la persona que cometió estos crímenes pueda gozar de refugio, aun hoy, en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, un país que actúa básicamente como cómplice de los citados crímenes. Esto viene a demostrar que nada es simple.
Sin embargo, Señorías, subsiste el hecho -y esto es fundamental- de que no somos un tribunal. No podemos dictaminar sobre el bien y el mal. Hemos de observar con una mirada clara el mundo actual y el estado en que se encuentra, y no engañaremos a nadie durante mucho tiempo haciéndole creer que lo que se designa como Occidente sólo tiene un enemigo: Osama Bin Laden, Al Qaeda y sus supuestas ramificaciones De hecho, los llamados terroristas existen en todo el mundo, su número va en aumento y se están radicalizando todavía más mientras el imperio extiende su dominación cada vez más violenta contra poblaciones cuyos valores y secretos menosprecia y a las cuales demoniza, a pesar de que pertenecen, a todas luces, a una categoría distinta desde el punto de vista militar.
Jamás habrá paz entre los pueblos ricos, si son demasiado ricos y arrogantes, y los pueblos pobres, si son demasiado pobres y están demasiado humillados. Es una realidad de la vida, Señorías, que cualquier imperio que no sea capaz de crecer y sobrellevar la ambición desmesurada y la arrogancia propias del poder, sin tener que recurrir a la violencia, acaba provocando, inevitablemente, rebeliones; es otra realidad de la vida que la rebelión de los pueblos oprimidos es violenta, ciega y salvaje, y nada podría ser más grave para nosotros, los Estados de Europa, conocedores de la historia, que vernos envueltos en un problema que, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, podría conducirnos a una desconfianza generalizada hacia el mundo en desarrollo, que representa -quisiera recordarlo- las tres cuartas partes de los pueblos del mundo.

Oostlander (PPE-DE).
Señor Presidente, en el caso del terrorismo, las opiniones evolucionan deprisa. Esto también sucede en el informe. En el pasado, dábamos de hecho por sentado que el terrorismo era fundamentalmente un problema que afectaba a los países inestables, más que a los Estados en apariencia pacíficos. Hemos tenido que revisar por completo estas opiniones, porque ahora sabemos que el terrorismo también florece en países pacíficos como el mío, los Países Bajos, aunque no de manera violenta: los terroristas se cuidan de evitarlo. En cambio, como ya ha señalado el Comisario, se aprovechan de las sociedades libres y abiertas, con sus facilidades para preparar en sigilo atentados terroristas que cometen en otros lugares. Por ello, la Unión Europea y sus también muy pacíficos Estados miembros tendrán que estar en alerta para combatir el terrorismo también en sus propios países.
Además, no todas las categorías de ciudadanos de los Estados miembros se van a enfrentar a algún intento de atentar contra el Estado de Derecho. A veces, sólo determinadas categorías de ciudadanos son objeto de extorsión en nuestros países, por parte de compatriotas que recaudan dinero para cometer atentados terroristas en lugares como el norte de África. En los Países Bajos y en otros Estados miembros hay determinadas categorías de ciudadanos que son víctimas de esta extorsión y tenemos que proteger a las personas que se encuentran en esa situación, a fin de que el Estado de Derecho deje de estar en peligro para ellos.
A menudo se buscan las causas del terrorismo en la pobreza. En realidad, yo no creo que sea así. Es bien sabido que las revoluciones no las hace la gente muy pobre, sino con frecuencia otro tipo de personas. Lo mismo ocurre en este caso. Los responsables de los graves atentados eran personas bien instruidas, acomodadas, perfectamente capaces de adaptarse a cualquier sociedad desarrollada, incluida la sociedad occidental, donde incluso podrían haber alcanzado una categoría social elevada. El problema es que, a menudo, se saca provecho de la parte más vulnerable de las personas, de sus convicciones más profundas, y la semilla maligna del terrorismo violento se implanta en la célula madre del organismo social. Siempre hay un puñado de personas sensibles a ella. El motivo no es necesariamente el fundamentalismo; hay un gran número de fundamentalistas que aman la paz. Hay que dar un salto considerable para recurrir a la violencia.
Todos quedamos horrorizados ante los atentados cometidos en Bali. En mi opinión, deberíamos hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar que el Gobierno indonesio reciba el máximo apoyo, de manera que el Estado de Indonesia pueda tener la solidez suficiente para prevenir y combatir, en la mayor medida posible, el terrorismo dentro de sus fronteras.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, de nuevo estamos debatiendo la cuestión del terrorismo en el contexto de la terrible atrocidad cometida en Bali, en la que cientos de personas han perdido la vida. Como tantos otros, quiero trasmitir mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los fallecidos. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que se ha dicho aquí, aunque no con todo. Está claro lo que hay que hacer: respeto al Estado de derecho, protección de los derechos, fiscalización de las acciones emprendidas por nuestros Estados para combatir el terrorismo, diálogo democrático para atacar los problemas de fondo, etc. Todo eso es muy necesario.
¿Pero qué más se puede añadir? Yo creo que una cosa que podemos añadir es la idea de que no vamos a terminar con el terrorismo simplemente matando o encarcelando a los que cometen esos atentados. Por supuesto, no puede acusarse a los pobres en general de cometer esos actos, pero sí puede afirmarse que los responsables de esos actos son, a menudo, pobres. Tenemos que tratar de poner fin a la desesperación que les empuja. Tenemos que tratar de acabar con la idea de que no existe una sola fe verdadera, una única versión verdadera de la historia ni una versión de la verdad propagada por los elegidos. Y no me refiero solo a la religión, sino también a la política. Tenemos que tratar de llegar a las personas, para que así podamos abrir sus mentes y las nuestras a las causas de su desesperanza.
No basta con poner freno al terrorismo, aunque tampoco tengo ninguna duda sobre la capacidad de nuestros Estados para hacerlo. No todos los Estados miembros de la Unión Europa han experimentado el terrorismo desde que concluyó la segunda Guerra Mundial, pero un número importante de ellos sí. Eso es algo bastante extraordinario, considerando que somos una de las regiones más estables y pacíficas del mundo. Tenemos que empeñar nuestros esfuerzos en la educación en su verdadero sentido, para abrir las mentes al hecho de que el mundo es extremadamente diverso y podría ser un lugar muy tolerante y agradable si aprendiéramos a convivir unos con otros.

Andreasen (ELDR).
Señor Presidente, los sucesos de Bali han dejado patente la necesidad de un enfoque multilateral de la lucha contra el terrorismo. Ahora evidentemente sabemos que los terroristas pueden atacar en cualquier parte del mundo y ha quedado demostrado que tenemos que trabajar unidos, por encima de las fronteras y saltando el Atlántico, para erradicar el terrorismo. En Europa actuamos rápidamente tras el 11 de septiembre; podemos felicitarnos por ello. Queremos vivir en un espacio de seguridad, libertad y justicia, y la lucha contra el terrorismo internacional es el reto más importante en el ámbito de la política exterior y de seguridad. Cualquiera que haya seguido durante los últimos meses el debate europeo sobre las relaciones con los Estados Unidos habrá empezado a contemplar con cierto recelo el desequilibrio y la parcialidad que ha revelado. Compartimos un conjunto sólido de valores con los Estados Unidos. Estoy seguro de que, inmediatamente después de los atentados de septiembre del año pasado, muchos los consideramos un atentado contra nosotros y nuestros valores. Los Estados Unidos y Europa están unidos por los valores y los principios fundamentales de la democracia, la libertad y la justicia, de los derechos humanos y el derecho de los individuos a desarrollar todo su potencial. Debemos permanecer firmes con respecto a ellos. A pesar de nuestras diferencias de opinión, lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Debemos ejercer nuestra influencia sobre los Estados Unidos, en el marco de un enfoque multilateral de la lucha contra el terrorismo internacional, que no entiende de justicia.

Alavanos (GUE/NGL).
Señor Presidente, el debate es interesante, pero uno se pregunta qué sentido tiene un folleto de cincuenta apartados sobre la cuestión del terrorismo, más allá de su valor como vehículo para una serie de intercambios internos de opiniones entre los grupos políticos del Parlamento Europeo.
En cambio, si dirigen la atención a los medios de comunicación que siguen los ciudadanos europeos, comprobarán que, en este momento, el asunto principal relacionado con el terrorismo es el ataque contra Iraq, un país que alberga, o se considera que alberga, armas de destrucción masiva que podrían ser utilizadas en apoyo de actividades terroristas o de otro tipo. La Unión Europea se ha convertido literalmente en un hazmerreír internacional, en el contexto del procedimiento del Consejo de Seguridad, con el Gobierno británico haciendo, por un lado, propuestas secretas que luego presentan los Estados Unidos, y el Gobierno francés negándose a aceptar, por el otro lado, la idea de una intervención sin condiciones en Iraq.
Creo que el Parlamento Europeo debería haber adoptado una postura sobre estas cuestiones, pero lo ha eludido deliberadamente mediante la redacción difusa de la presente propuesta de resolución que, a mi parecer, no responde a los intereses de los ciudadanos de Europa ni tampoco a las exigencias del momento.

Pacheco Pereira (PPE-DE).
Señora Presidenta, quisiera realizar algunos comentarios sobre textos que me parecen un poco ambiguos. En primer lugar, aunque los atentados terroristas más relevantes del último año han tenido lugar en Nueva York y en Bali, sería interesante considerar cuál habría sido la respuesta de Europa si el atentado que llamó inicialmente la atención sobre la importancia del terrorismo, el del 11 de septiembre de 2001, hubiese tenido lugar en Europa; si los aviones, en vez de estrellarse contra las torres gemelas de Nueva York, se hubiesen incrustado en la torre Eiffel, en los edificios del Parlamento Europeo o en cualquier otro edificio importante europeo. Quizá esta autorreflexión nos permitiría percibir mejor las ambigüedades y las dificultades a las que nos enfrentamos al abordar el fenómeno del terrorismo, que todavía no hemos dejado de lado por completo.
El segundo aspecto que desearía mencionar -además de elogiar que el Consejo se proponga mantener una estrecha cooperación con los Estados Unidos en este ámbito- es que, de hecho -y éste es un aspecto importante-, el terrorismo tiene escasa relación con la pobreza. En los atentados terroristas participan, sin duda, personas pobres, pero quienes dirigen las operaciones no son pobres. Y si consideramos el mundo en su conjunto, veremos que los más pobres no están implicados en el fenómeno del terrorismo. Si en verdad existiese una correlación entre terrorismo y pobreza, los principales atentados terroristas vendrían de África. Sin embargo, esto no es así. El terrorismo es un fenómeno que tiene unas motivaciones políticas que implican la consecución de determinados objetivos y el logro de un cierto grado de poder. Y esto no procede, como es obvio, de los más pobres, o al menos no directamente de ellos.
Finalmente, quisiera referirme a un comentario que ha hecho el Comisario Patten, citando a Popper. Popper también planteó el problema al que ahora nos enfrentamos: más que el de la tensión entre la necesidad de preservar las libertades y nuestra concepción de la seguridad y la defensa de las sociedades libres, es el de nuestra incapacidad y reticencia a creer en la superioridad moral de la democracia y la libertad. Es más: si partiésemos de esta idea, que es fundamental para nuestra sociedad y que los pueblos de todo el mundo, en particular los pobres, anhelan, tal vez seríamos capaces de actuar contra el terrorismo y estaríamos dispuestos a hacerlo. Lamentablemente, en este momento nos lo impiden algunas ambigüedades que existen en Europa.

Ceyhun (PSE).
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Haarder -antiguo colega nuestro y ahora Presidente en ejercicio-, hoy volvemos a debatir sobre el terrorismo y la manera de combatirlo. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que combatir el terrorismo y también en que esto sólo se puede hacer a escala internacional, ya que el terrorismo ha pasado a ser un problema internacional. No obstante, si queremos combatir el terrorismo a escala internacional, es evidente que también tenemos que mirar con ojos críticos nuestra propia actuación. En mi calidad de ponente del presupuesto de la Comisión de Mercado Interior, en la que antaño coincidimos, señor Presidente en ejercicio, he observado que tenemos que hacer frente a muchas disputas mezquinas. Queremos combatir el terrorismo y para ello necesitamos una fuerza policial europea, Europol, y una autoridad eficaz, como por ejemplo Eurojust. Sin embargo, constato que, aun cuando en el Parlamento Europeo ya hemos destinado 2,8 millones de euros para Eurojust, por ejemplo, este dinero no se puede gastar porque nuestras autoridades europeas son incapaces de actuar con eficacia debido a mezquinas consideraciones nacionales. Si los cuerpos nacionales de policía no están dispuestos a cooperar con Europol y si los Ministerios de Justicia nacionales no están dispuestos a apoyar Eurojust, podemos seguir pronunciando bellos discursos sobre la importancia de combatir el terrorismo, pero jamás llegaremos a hacerlo porque lo que se requiere es una acción preventiva. Para poder emprender acciones preventivas también necesitamos unas autoridades que funcionen y esto sólo lo conseguiremos si los países, los quince Estados miembros de la Unión Europea, permiten por fin que nuestras autoridades, como Europol y Eurojust, puedan actuar. Por ello, quisiera pedirle, señor Haarder, y también al Comisario Vitorino, que así se lo manifiesten reiteradamente y con claridad a los Estados miembros en el Consejo o de lo contrario no tendremos éxito.

Schröder, Ilka (GUE/NGL).
Señora Presidenta, en nuestro próximo debate sobre Echelon volveremos a escuchar, sin duda, una vez más, un aluvión de críticas contra el sistema de interceptación -que supuestamente funciona muy bien- y, por consiguiente, contra los Estados Unidos. No obstante, al mismo tiempo he observado que los diputados mantienen una disposición básicamente positiva con respecto a la legislación antiterrorista y han votado a favor de ella. No obstante, ésta no sirve primordialmente para combatir las actividades terroristas, sino que, sobre todo, otorga a la UE mayores competencias para llevar a cabo investigaciones, mediante el Sistema de Información Schengen II y la orden de detención europea, por ejemplo. Esta ampliación cualitativa y cuantitativa de las competencias de la UE introduce como resultado modificaciones de amplio alcance en los derechos fundamentales, que se traducen, en particular, en un mayor intervencionismo del Estado civil moderno y un menoscabo del derecho de defensa para los acusados, quienesquiera que sean.
La definición completamente arbitraria de terrorismo constituye la indicación más clara de que la guerra contra el terror guarda escasa relación con la lucha contra el terrorismo y tiene, en cambio, como objetivo primordial la erosión de los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Morillon (PPE-DE).
Señora Presidenta, recuerdo que a mi regreso de la misión que me había encomendado la OTAN en Bosnia y Herzegovina, visité a Manfred Werner -por aquel entonces, Secretario General de la OTAN- en Bruselas, en otoño de 1993. Le manifesté con firmeza que la Alianza debía prepararse para intervenir en los Balcanes o, de lo contrario, renunciar a su existencia. Ahora, podría repetir fácilmente el argumento que expuse en aquel momento.
En el período posterior a la Guerra fría, la Alianza tenía que ser capaz de intervenir en la crisis mayúscula que se estaba gestando en el corazón de Europa o, de lo contrario, los ciudadanos europeos se preguntarían para qué podía servir ya y si merecía la pena continuar invirtiendo una parte de sus impuestos en ella. Tuvieron que transcurrir dos largos años y la trágica caída de Srebrenica para que se comprendiese este mensaje. No obstante, el 31 de agosto de 1995, la Alianza desempeñó un papel esencial en la solución de la crisis, que permitió la firma de los Acuerdos de Dayton y la proclamación de un alto el fuego permanente, con su apoyo a la acción de la fuerza de reacción de la OTAN desplegada en el monte Igman para poner fin al fuego de las baterías serbias que habían reanudado el bombardeo indiscriminado sobre la ciudad de Sarajevo. Desde entonces, se han desplegado con éxito fuerzas de la OTAN en Kosovo y, más recientemente, en Macedonia, que han contribuido a apaciguar la zona, aunque esto no haya resuelto todos los problemas políticos.
Actualmente, se ha iniciado el mismo debate sobre el papel que podría cumplir la Alianza atlántica en la lucha contra el terrorismo internacional. La Alianza está en crisis, como lo ilustra el hecho de que los Estados Unidos no se hayan sentido obligados a pedir su apoyo en la guerra de Afganistán. ¿Significa este unilateralismo la muerte de la Alianza? No lo creo, pues de ser así, los propios Estados Unidos lo habrían puesto de manifiesto y habrían expresado este deseo.
La vocación de la Alianza sigue siendo intervenir en el territorio europeo y en los países vecinos, siempre que surja una amenaza potencial contra sus valores, que Pacheco Pereira acaba de recordar. El terrorismo internacional es una de estas amenazas y una amenaza de gran importancia. Con este objeto, el único camino para reformar la OTAN y garantizar su supervivencia es construir, por fin, una Europa de la defensa.
La elección es sencilla: o bien la Unión Europea continúa dejando que los Estados Unidos se ocupen de los problemas militares que surjan en el continente y se conforma con cumplir un papel secundario en la resolución de los problemas que amenazan a la paz, a semejanza de lo que hicieron los atenienses en la Roma antigua, o bien se sitúa por fin a la par y comparte la responsabilidad de defenderse contra todas las amenazas, que es lo que nos vienen pidiendo desde que se constituyó la Alianza atlántica.

Theorin (PSE).
Señora Presidenta, el terrorismo es inaceptable. En esto todos coincidimos. Son nuestras opiniones sobre los métodos para combatirlo lo que tal vez difiere.
El enfoque que ha adoptado la UE al elaborar su estrategia de lucha contra el terrorismo es sumamente importante. El Estado de Derecho y los derechos humanos no se deben socavar durante el desarrollo de este importante combate. La resolución común que las dos comisiones presentan hoy es, por lo tanto, una resolución importante.
La Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa ha aportado la descripción de los principales instrumentos con que cuenta la UE para la prevención de conflictos, como por ejemplo el desarrollo de la democracia y también el comercio y la diplomacia. Evidentemente, es esencial atacar las causas fundamentales del terrorismo, esto es, la pobreza, las violaciones de los derechos humanos y la opresión.
Bajo la sombra del 11 de septiembre, se corre el riesgo de descuidar los derechos humanos fundamentales en el contexto de la lucha contra el terrorismo. También existe el riesgo de que la única superpotencia que queda hoy en día se tome libertades unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es muy importante que el Parlamento defienda la Carta de las Naciones Unidas y que quede claro que el derecho de un Estado a atacar en defensa propia sólo es legítimo si el Consejo de Seguridad de la ONU lo confirma o adopta una decisión al respecto. Abrir un debate sobre la conveniencia de las resoluciones de la ONU la socavaría de manera directa.
Me alegra constatar nuestra unanimidad en cuanto a que una estrategia basada en los ataques preventivos, de la que desean valerse los Estados Unidos, no es una manera eficaz de combatir el terrorismo, así como en cuanto a la insistencia en que una solución del conflicto de Oriente Medio conforme a las resoluciones de la ONU constituye un elemento muy importante de la lucha contra el terrorismo.
El derecho internacional es un elemento crucial si queremos tener una sociedad basada en el Estado de Derecho. Esto es particularmente cierto en el caso de los Estados más pequeños. Socavar a la ONU sólo puede conducir al desastre. Por esta razón, es fundamental que la UE salga en defensa de la ONU y de sus cartas, también en los tiempos difíciles, y que no socave su papel central como guardiana de la paz mundial.

Pirker (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio, señor Comisario, los atentados terroristas de hace un año, así como los atentados posteriores, han sido el toque de alarma más eficaz que jamás haya recibido la Unión Europea. Ésta ha reaccionado con mayor rapidez que nunca y, a mi parecer, ha adoptado algunas medidas muy eficaces en un período relativamente breve.
No obstante, quedan muchas más medidas necesarias por adoptar. En cualquier caso, nuestra estrategia interna ha tenido éxito. Ahora precisamos una estrategia exterior que también se vea coronada por el éxito. Quisiera detenerme en varios aspectos que me parecen necesarios para ampliar y reforzar nuestra cooperación con terceros países.
El primero es que deberíamos ampliar la red que ya hemos creado, mediante la incorporación de los funcionarios de enlace de Europol, y utilizarla para tareas de análisis y de enjuiciamiento penal, pero también para ofrecer apoyo a terceros países. Necesitamos procedimientos más adecuados para canalizar la información a nuestras bases de datos, no sólo en los Estados miembros, sino también desde terceros países a la Unión Europea.
En segundo lugar, deberíamos examinar las posibilidades de vinculación de las bases de datos de las que disponemos, con el fin de poder contar con instrumentos más eficaces. Pienso ahora en los datos de Europol, de Schengen y de Eurodac.
El tercer aspecto es que, en algunos casos, continuamos trabajando con sistemas muy anticuados, como el sistema de huellas digitales. Tenemos que adoptar por fin el uso de sistemas biométricos que nos permitan determinar las identidades con una precisión absoluta, y servirnos de ello en nuestros procedimientos de evaluación.
En cuarto lugar, no debemos contemplar únicamente la cooperación con los Estados Unidos: deberíamos aceptar también la mano que nos tienden los Estados asiáticos y colaborar con ellos en la lucha contra el terror.
Asistí a la última conferencia de la ASEP en Manila, donde recibimos magníficas ofertas que nos permitirían iniciar con éxito una cooperación con los Estados asiáticos contra el terrorismo.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señora Presidenta, en esta nueva política de la Unión Europea no deberíamos limitarnos a calcar milimétricamente las tradicionales políticas terroristas, sino que hemos de ser capaces de afinar en las características específicas del terrorismo presente y hacer un tratamiento político de los tres factores que están en las raíces del terrorismo presente y que pueden ser claramente identificados: el fundamentalismo religioso, la desesperación palestina y el ultranacionalismo terrorista.
No basta hoy en día, señor Comisario, con encarcelar a los terroristas. Hemos de desactivar las ideologías asesinas que fabrican terroristas. Hasta ahora, hemos actuado mucho más sobre las consecuencias del terrorismo que sobre sus raíces. A partir de ahora la Unión Europea debe concentrarse también en identificar, en seguir el rastro, en desarticular estas ideologías asesinas que están en la base del presente del terrorismo.

Sousa Pinto (PSE).
Señora Presidenta, el objetivo del debate de hoy es hacer balance de la lucha contra el terrorismo un año después del 11 de septiembre. ¿Cómo ha reaccionado la Unión Europea ante este trágico suceso? Ha demostrado su solidaridad y su voluntad de apoyar a los Estados Unidos, ha advertido a la gente del riesgo de asociar el terrorismo con el mundo árabe islámico y ha agilizado la integración en la lucha contra el terrorismo mediante un plan de acción que consta de más de 60 medidas y una serie de decisiones marco, incluida la orden de detención europea y la cooperación policial en la lucha contra el terrorismo. Ha destacado la necesidad urgente de encontrar vías políticas para resolver los conflictos que alimentan el fanatismo terrorista, en especial el conflicto entre Israel y Palestina.
La determinación de erradicar el terrorismo y la necesidad urgente de crear nuevos instrumentos eficaces para conseguirlo no pueden afectar, bajo ninguna circunstancia, y de manera desproporcionada, a los derechos, las libertades y las garantías individuales. En una democracia, la legitimidad de una autoridad pública para hacer uso de la fuerza se sustenta en la afirmación de la intangibilidad de los derechos fundamentales. Del mismo modo, el combate sin tregua contra la amenaza terrorista debe tener como límite definitivo el derecho internacional. Las sociedades totalitarias desprecian la primacía del derecho a escala nacional y también en las relaciones internacionales. El concepto de legalidad internacional es un invento de las democracias. Si los Estados que han sido víctimas del terrorismo reaccionan frente a esta amenaza infringiendo las normas y los principios del derecho internacional, estarán dando un balón de oxígeno inesperado a los criminales, algo que también significaría un retroceso para la sociedad.
Situaciones persistentes de injusticia o de humillación alimentan, a menudo, el odio fanático que conduce a los seres humanos a atacar a otros y a suicidarse. Esto no se debe interpretar, de ningún modo, como una justificación de los detestables atentados que se cometen contra la población civil, pero es un factor crucial para comprender el fenómeno de la violencia. A escala estrictamente europea, debemos destacar y condenar desde aquí la incapacidad y la falta de voluntad que han demostrado, de manera persistente, los Gobiernos de los Estados miembros para desarrollar la propuesta de armonización de las políticas y de creación de los instrumentos comunes para combatir el terrorismo que presentó, oportunamente, la Comisión. El terrorismo es una amenaza que requiere una respuesta integrada y supranacional. Esta respuesta sigue sin dar señales suficientes de vida en el ámbito europeo.

Cushnahan (PPE-DE).
Señor Presidente, no hay nada que justifique el uso del terrorismo. Igualmente importante es que no exista ambivalencia respecto a este mal.
Por desgracia, ese no es siempre el caso. Cuando los Estados Unidos han iniciado justificadamente una campaña mundial contra las organizaciones responsables del terrorismo y los regímenes que lo amparan, es importante que nosotros les recordemos que ellos mismos se aliaron con Osama Bin Laden y Sadam Husein cuando les convino para los objetivos de su política exterior.
Además, las condenas del terrorismo suenan huecas cuando ni siquiera son capaces de adoptar una postura firme contra los actos de terrorismo de Estado cometidos por Israel, que probablemente estén creando futuras generaciones de terroristas en esa región.
De la misma forma que critico a los Estados Unidos, tampoco estoy ciego ante las incoherencias de la UE en estas cuestiones, y del Consejo en particular. Por ejemplo, durante la actual campaña mundial contra el terrorismo, a veces hemos preferido taparnos los ojos para no ver los puntos flacos de los regímenes no democráticos a los que hemos pedido apoyo. 
Ya sea por razones geopolíticas, como es el caso de Pakistán, o por la preferencia dada a los intereses comerciales sobre los derechos humanos, como es el caso de China, no siempre hemos adoptado una postura coherente frente a países cuyas estructuras de gobierno se basan en el temor que inspiran a sus ciudadanos. No respetan los principios democráticos, abusan de los derechos humanos e ignoran el Estados de derecho.
Este tipo de incoherencias e hipocresías dejan a Occidente en general sin defensas contra la acusación de ser selectivo en su definición del terrorismo y verse principalmente influenciado por la amenaza percibida contra los intereses occidentales. 
La lucha internacional contra el terrorismo sólo tendrá éxito si se libera de contradicciones e hipocresías en su planteamiento y si ataca las injusticias que, en el fondo, nutren al terrorismo.

Gemelli (PPE-DE).
Señora Presidenta, ante todo, permítame que manifieste que acojo con satisfacción el método de trabajo que ha empleado el Parlamento para elaborar esta resolución común.
Ahora quisiera hacer una pregunta: ¿cuál es el blanco del terrorismo y cuál es su lógica? Yo diría que el terrorismo tiene como blanco a seres humanos y que, por lo tanto, contraviene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no puede estar basado en consideraciones religiosas o ideológicas. Si actualmente todo el mundo ha hecho suya la lucha contra el terrorismo, esto se debe a que éste infringe precisamente lo que todo el mundo -todos los Estados y todos los ciudadanos- suscribió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, cuando elaboramos definiciones de terrorismo, indicamos, para simplificar, los grupos que desarrollan actividades terroristas, pero sería inadmisible que esto nos indujese a deslizarnos por la pendiente y a mezclar con estos grupos lo que definimos como movimientos religiosos, de los que sólo una parte muy reducida puede que esté implicada en el terrorismo.
Si queremos avanzar, debemos hacerlo, sobre todo, transmitiendo como Unión Europea un mensaje a favor del control de los sistemas penales de todos los Estados que hayan firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues muy a menudo los sistemas penales que han elaborado sus propias definiciones internas de derechos humanos no son coherentes con dicha Declaración.
He querido dedicar mi intervención a decir esto porque pienso que tenemos que superar este período de conflictos y trabajar de manera más proactiva por el bien de todo el mundo.

Van Orden (PPE-DE).
Señora Presidenta, es posible que nos sintamos horrorizados, pero no debemos sorprendernos por la naturaleza de los últimos atentados terroristas. Los terroristas no tienen ningún poder si no inspiran miedo. Cuanta más conmoción produce, más espeluznante e inesperado es y más atención atrae un atentado, mayor es su éxito. Pero siguen existiendo algunos que tratan de disculpar a los terroristas y establecen cierta equivalencia moral entre los actos terroristas y, por ejemplo, las acciones de las fuerzas de seguridad de las democracias que luchan contra el terrorismo. El terrorismo tiene que afrontarse con diferentes instrumentos políticos, siendo la fuerza militar tan sólo uno de ellos.
Una de las áreas tradicionalmente más débiles de nuestras democracias ha sido el ataque a la legitimidad de los terroristas y la lucha contra ellos en el terreno político de una manera sistemática y bien dirigida. Este aspecto no se entiende bien. Nosotros nunca luchamos políticamente contra el IRA, porque nunca tuvimos claros cuáles eran nuestros propios objetivos políticos. Ahora tenemos a terroristas del IRA en el gobierno.
Con demasiada frecuencia, nuestras acciones han contribuido a dar credibilidad y categoría a los terroristas, fomentando con ello el terrorismo. El mensaje de los últimos años es que el terrorismo funciona. Ese es un mensaje fatal.
La resolución contiene algunos elementos que son indiscutibles, pero se presenta de una manera muy sesgada y contiene los ingredientes habituales del antiamericanismo, una excesiva preocupación por los derechos de los terroristas, los extremistas y los que les apoyan, además de apoyar las ambiciones federalistas de la Unión Europea. Hemos oído hablar mucho sobre esta cuestión a otros oradores también. Personalmente rechazo la condena implícita de la acción preventiva en el peligroso mundo actual, donde las armas de destrucción masiva pueden caer en manos de terroristas irracionales y fanáticos. La disuasión no siempre funciona. No podemos esperar a actuar hasta que se produzca un ataque. Eso sería una negligencia en el cumplimiento del deber de cualquier gobierno.
La referencia que hace el apartado 4 de la resolución al derecho a la legítima defensa es incorrecta y una distorsión de la Carta de Naciones Unidas. El artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas dice: «Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas.»
Esta resolución ocupa 12 páginas y añade muy poco a nuestros conocimientos o a nuestras capacidades. ¿Dónde se hace un llamamiento a la solidaridad política y a una mayor cooperación entre todas las democracias? ¿Dónde se demandan mejores capacidades militares y una mayor voluntad política de los estados europeos y dónde están las medidas que deben adoptarse frente a los que apoyan el terrorismo? Eso es lo que hace falta.

Pomés Ruiz (PPE-DE).
Señora Presidenta, la incesante escalada del terrorismo convierte la lucha contra el mismo en objetivo prioritario de muchas políticas y, desde luego, de la que queremos los diputados de esta Cámara.
Sucesos recientes, como los ocurridos en Bali, Filipinas e Israel, ponen de manifiesto la urgencia de una acción conjunta y coordinada que elimine esta lacra social que atenta contra los derechos más fundamentales, como son la vida y la democracia, sistema con el que nos gobernamos.
Tuvimos la suerte de ponernos pronto de acuerdo y, a los diez días de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya habíamos firmado un plan para luchar conjuntamente contra el terrorismo. Sr. Vitorino y Sr. Patten -ahora ausente-, éste es el momento de que vengan a esta casa, para decirnos los problemas que tiene su desarrollo e identificar a los actores. No hace falta un juicio general. Hay que pormenorizarlo y decir qué Estados están colaborando más y cuáles menos, porque éste es un problema que también vivimos en casa.
El sábado pasado, el colectivo Basta ya, al que dimos el Premio Sajarov, convocaba una enorme manifestación en San Sebastián por la libertad de los ciudadanos vascos y españoles, para que tengan la creencia política que quieran, sea o no nacionalista. El martes pasado, interrumpíamos el Pleno para condenar el atentado en el que murió el cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro en Leiza (Navarra).
Es un objetivo prioritario, que debe impulsar a todos los ciudadanos europeos a exigirles a ustedes que vengan aquí para dar explicaciones y al Consejo que identifique a los Estados que están cumpliendo sus deberes, desarrollando el plan de acción que el día 21 de septiembre de 2001 desarrollamos, y a los que no lo están haciendo.
Si no identificamos quiénes cumplen mejor y quiénes peor, no estaremos sirviendo a nuestros electores ni defendiendo la democracia con democracia.

Haarder
Señora Presidenta, quisiera agradecer el largo e interesante debate y añadir un par de comentarios. Muchos se han referido al equilibrio que debemos encontrar entre la eficacia de la lucha contra el terrorismo, por un lado, y el respeto de los derechos de los ciudadanos, por el otro.
Si deseamos crear una comunidad internacional basada en el Estado de Derecho, en la que los Estados planteen los asuntos ante los tribunales, en vez de tomarse la justicia por su mano, esto requerirá que también tengamos la determinación de actuar -por la fuerza, si fuese necesario- contra los poderes que intentan acabar con los Estados libres, democráticos y constitucionales, por medio de la violencia y el terror. Evidentemente, es necesaria la cooperación para poder emprender una acción tan decidida. Yo no creo que se pueda excluir la acción preventiva si existen indicios claros de un atentado inminente o de cualquier otra forma de terrorismo. En tal caso, sin duda puede tener sentido evitar ese ataque o ese atentado.
En cuanto al papel y la posición de la Unión Europea, quiero decir que estamos participando activamente en la lucha contra el terrorismo internacional. Queremos que se enjuicie a las personas responsables, de manera que se puedan investigar sus delitos en el transcurso de un procedimiento que cumpla los principios del Estado de Derecho relativos a un juicio justo. En la Unión Europea tenemos muy presente que la lucha contra el terrorismo no debe incluir violaciones de los derechos humanos. Igual que el fin no debe justificar los medios y jamás podrá legitimar el terrorismo, el fin tampoco debe justificar los medios en nuestra lucha contra el terrorismo.
Por lo que respecta a los recursos financieros, el Consejo ha adoptado medidas para congelar los fondos pertenecientes a terroristas y a organizaciones terroristas, como parte del seguimiento de la Resolución 1373. Las primeras listas de terroristas se aprobaron en diciembre del año pasado. La lista de terroristas de la UE se ha revisado, desde entonces, en dos ocasiones, bajo la Presidencia española y se prevé realizar una nueva revisión en el futuro inmediato, durante la Presidencia danesa. Sería improcedente comentar las posibles modificaciones hasta que la lista esté acabada y, por consiguiente, me abstendré de hacerlo.
Como ya han mencionado varios oradores, la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos es básicamente muy sólida y está basada en una comunidad de valores. Cada uno es el socio más importante del otro, por medio de una cooperación política, militar, económica y cultural, y el 11 de septiembre estrechó nuestros lazos. Necesitamos a los Estados Unidos y éstos nos necesitan. Lo que nos une es más importante que lo que nos separa.
En la reunión extraordinaria del Consejo del 21 de septiembre del año pasado, transmitimos a los Estados Unidos un mensaje inequívoco de solidaridad y cooperación. Es un compromiso vinculante para nosotros y ha sido un éxito que ahora esperamos que culmine con la firma de un acuerdo de asistencia jurídica mutua y extradición. En este ámbito, como también en otros, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos se mantienen hombro con hombre, podemos hacer mucho a favor de la justicia y la libertad en el mundo. Es fundamental que mantengamos nuestra estrecha cooperación con los Estados Unidos, en este ámbito y en otros, y por supuesto debemos hacer un esfuerzo continuado para garantizar que los Estados Unidos opten por actuar multilateralmente y no de manera unilateral.

Vitorino
Tan sólo quiero decir, en nombre de la Comisión, que estoy seguro de que puede concluirse de este debate que las medidas que se han adoptado a escala europea y en los Estados miembros en materia de lucha contra el terrorismo, se han tomado con el más estricto respeto al Estado de derecho y a las características de una sociedad abierta. Nadie puede criticar las medidas adoptadas por la Unión o los Estados miembros por su carácter urgente o excepcional. Están plenamente integradas en nuestro marco legal común. Por supuesto, demuestran que la democracia no es débil cuando se trata de luchar contra el crimen organizado o el terrorismo. Un posible motivo de descontento es la idea que tienen los ciudadanos de que la democracia no es suficientemente eficiente en su lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Como ha dicho el Comisario Patten, el terrorismo constituye una amenaza global transnacional, que requiere respuestas globales transnacionales. Esta realidad está empezando lentamente a ser aceptada por los Estados miembros. No podemos enfrentarnos al terrorismo igual que a las demás cuestiones. Tenemos que utilizar instrumentos policiales y judiciales, pero con eso no basta. Tenemos también que movilizar recursos militares y de otro tipo. Necesitamos intercambios entre los servicios de inteligencia a escala europea. Por la experiencia de sus respectivos países, ustedes saben lo difícil que es asegurar un intercambio adecuado de información entre las fuerzas policiales y los servicios secretos. La cooperación entre los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales a escala europea en la lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre puede tener éxito. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen otras dos áreas muy importantes.
La primera de ellas es la lucha contra la financiación del terrorismo, que es mucho más compleja. Requiere un esfuerzo adicional. La Comisión dará prioridad a esta cuestión en el año 2003.
En segundo lugar, la acción multilateral. Compartimos la opinión del Parlamento de que debemos dar prioridad a esto. Naciones Unidas es la primera etapa. Resulta preocupante que la negociación de una convención mundial sobre el terrorismo esté actualmente bloqueada en las Naciones Unidas. No debemos olvidar el importante papel del Consejo de Europa en la lucha contra el terrorismo. Espero que las negociaciones que están teniendo lugar en el Consejo de Europa respecto a una convención sobre el terrorismo, culminen con éxito.
En el diálogo con los Estados Unidos de América sobre la lucha contra el terrorismo y la cooperación policial y judicial, debemos reconocer la importante contribución que hizo el debate norteamericano sobre las libertades civiles a nuestro propio debate europeo sobre los derechos fundamentales y las libertades civiles. No debemos restar importancia al debate que está teniendo lugar en los Estados Unidos sobre esas cuestiones esenciales, ni dejarles solos. Por eso estamos manteniendo un diálogo con los Estados Unidos respecto a un acuerdo de asistencia jurídica mutua y un acuerdo de extradición en el que defendemos nuestros propios puntos de vista y nuestros valores. Comprobaremos también la voluntad política de los Estados Unidos de aceptar y respetar nuestras posiciones.
Dentro de un momento intervendrá el Sr. Pomés Ruiz para hablarnos de la puesta en práctica de las decisiones tomadas en el plano europeo. Como saben ustedes, la decisión marco sobre el terrorismo tendrá que incorporarse a la legislación nacional de los Estados miembros antes de finales de este año y la orden de arresto europea, antes de principios de 2004. No obstante, y como también saben ustedes, siete Estados miembros se han comprometido a adoptar la orden de arresto europea en sus sistemas jurídicos en el primer semestre de 2004. La Comisión les anima a cumplir esos compromisos.

La Presidenta.
Muchas gracias, señor Comisario.
Como conclusión de esta declaración, he recibido cuatro propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 137 del Reglamento.

Souchet (NI)
Los recientes ataques perpetrados por extremistas islámicos en Bali, Yemen y Kuwait son una confirmación de que la comunidad de Estados ha de librar ahora una continua batalla contra el deseo y la capacidad de destrucción de diversos agentes no estatales. Por ello, la cooperación interestatal ha de llevarse a cabo de una forma más eficaz, de manera que los extremistas islámicos no tengan ningún santuario. Parece que el derrocamiento del régimen talibán en Afganistán era tan sólo la fase inicial de esta batalla, que ha de librarse sobre todo dentro de nuestros propios Estados. En este sentido, el Comisario Patten, que es tan generoso como para repartir consejos a países no europeos, debería preguntarse a sí mismo acerca del recibimiento que se da en el sistema británico a las organizaciones terroristas.
Lejos de abogar por un aumento de la vigilancia y una mayor cooperación entre nuestros Estados miembros, la propuesta de resolución conjunta va en una dirección peligrosa al recomendar un mayor uso del método del cuarteto, que finalmente haría que se prescindiera del Consejo de Seguridad. ¡Y la misma resolución se vuelve ridícula cuando intenta persuadirnos de que uno de los principales retos a la hora de combatir el terrorismo podría ser la estructura de tres pilares del Tratado de la Unión Europea! Cualquier asunto, incluido el terrorismo, puede valer para impulsar la causa federalista.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre Echelon.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene usted la palabra.

Haarder
Señora Presidenta, con sus sabias palabras finales, el Sr. Vitorino no sólo ha coronado el debate anterior de la mejor forma posible, sino que también ha allanado el camino al debate que vamos a tener ahora. Hace más de un año que el Parlamento Europeo aprobó una decisión sobre la existencia de un sistema mundial para interceptar las comunicaciones privadas y comerciales, que se conoce por sistema de interceptación Echelon. La decisión dice que ya no existen dudas acerca de la existencia de un sistema mundial dedicado a interceptar las comunicaciones. La decisión se basó en un informe de la Comisión Temporal sobre el Sistema de Interceptación Echelon. El informe llamaba la atención acerca de diversos mecanismos para proteger a los particulares y a las empresas en la UE. A mi entender se trata de un trabajo muy exhaustivo y encomiable. El informe ha contribuido mucho a que en la UE, los Estados miembros y los parlamentos nacionales exista una sensibilidad especial en este ámbito. Como diputado del Parlamento Europeo, tuve el placer de participar en una de las audiencias celebradas por la comisión.
El hecho de que el interés se centrara entonces en la capacidad para interceptar las comunicaciones con miras a obtener ventajas comerciales también ha ayudado a los europeos y a las empresas europeas a ver la necesidad de proteger las comunicaciones.
En relación con la lectura del informe en el Parlamento, la contribución de la entonces Presidencia belga trató de los principios básicos que debía cumplir cualquier sistema de interceptación. En este contexto, la Presidencia hizo referencia, por ejemplo, a los principios básicos de protección de la intimidad y el derecho a la libre comunicación, expresados en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el artículo 7 de la Carta de la Unión Europea. 
Quisiera referirme a lo que dijo entonces la Presidencia belga sobre este asunto. Mi enfoque será diferente. En mi calidad de representante de la Presidencia del Consejo, deseo centrarme en la protección de nuestras comunicaciones. Por desgracia, hemos de tener en cuenta el hecho de que el desarrollo tecnológico ha hecho técnicamente posible, en mucho mayor medida que antes, la interceptación de nuestras comunicaciones. La interceptación ilegal de las comunicaciones privadas o la vigilancia de empresas con el fin de distorsionar la competencia es por supuesto inaceptable y un grave delito, y por consiguiente es importante que los Estados miembros, tanto individualmente como en un contexto europeo, sean conscientes de la posibilidad de esta forma de vigilancia y sigan trabajando para lograr una protección óptima de las comunicaciones de las personas y las empresas.
Ya se está trabajando en un contexto europeo para incrementar la seguridad de las comunicaciones de los particulares. Así se ha puesto de manifiesto recientemente en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas. La Presidencia considera que, además de ello, es preciso realizar esfuerzos para extender el uso de la encriptación, al igual que tendría que prestarse atención a la seguridad de las TI, tanto en las instituciones de la UE como en los Estados nacionales.
La seguridad de las TI es una prioridad máxima en el plan de acción europeo común «eEurope 2005», que abarca, por ejemplo, el desarrollo de comunicaciones seguras utilizadas para un intercambio seguro de información pública cualificada dentro de la Comunidad. El plan de acción también aspira a promover una cultura de seguridad en todos los ámbitos en que se trabaja en el desarrollo y uso de sistemas de información y comunicación. Por último, el plan de acción también incluye el establecimiento de un grupo de trabajo de ciberseguridad que, en colaboración con los Estados miembros, y el sector privado, ha de servir de catalizador para las iniciativas en el ámbito de la seguridad.
La Presidencia danesa cree que es importante poner en práctica las iniciativas del plan de acción «eEurope 2005». Para terminar, permítanme observar que la Presidencia también desearía favorecer la adopción de una resolución del Consejo encaminada a establecer una estrategia común para la seguridad de la red y de la información con miras a establecer una cultura de seguridad europea común. La propuesta de resolución pide, por ejemplo, que los Estados miembros garanticen que la seguridad de las TI se convierta en una característica esencial de las reglas de los distintos países, del mismo modo que los Estados miembros deberían adoptar medidas satisfactorias para evitar y responder a los sucesos relacionados con la seguridad.
Por último, la propuesta pide a los Estados miembros que fomenten la asociación entre el mundo universitario y las empresas, con miras a conseguir una tecnología y mantenimiento seguros.

Liikanen
Señora Presidenta, hace poco más de un año nos reunimos en esta Cámara para debatir el resultado de los procedimientos de la Comisión temporal sobre Echelon. Pocos días después, el 11 de septiembre, el mundo entero sufrió una gran conmoción.
El mundo cambió. La importancia de la seguridad de las redes y de la información demostró ser crucial. Descubrimos también que la sociedad europea es cada vez más vulnerable a los problemas relacionados con la seguridad de las redes y la información.
Antes de responder a las principales cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo, me gustaría insistir, como ya hice el año pasado, en un principio básico firme y sólido: la Unión Europea se basa en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, según se establece en el artículo 6 del Tratado y la Carta de los Derechos Fundamentales.
Es también importante que no nos olvidemos de que los Estados miembros siguen siendo responsables de la conducta y la supervisión de sus servicios de inteligencia, salvo que el Consejo decida otra cosa, según se establece en el título V del Tratado de la Unión Europea. 
Con la rápida difusión de la tecnología de la información, el crecimiento económico, la productividad, el empleo y la justicia social han llegado a depender cada vez más del correcto funcionamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En el debate que hoy nos ocupa, la seguridad de las redes y la información consiste en asegurar la disponibilidad de servicios y datos, evitar la interrupción e interceptación no autorizada de las comunicaciones, garantizar la confidencialidad de los datos y proteger los sistemas de información contra el acceso de personas no autorizadas.
Nunca podremos conseguir una seguridad total. Siempre habrá puntos débiles, ataques, incidentes y fallos que producirán daños. Esto no es diferente de otras tecnologías u otros aspectos de la vida cotidiana. La sociedad en su conjunto, así como las personas, tienen que aprender a controlar los riesgos asociados a las redes y los sistemas de información.
La seguridad se ha convertido, por tanto, en una cuestión de relevancia política. Los gobiernos han asumido mayores responsabilidades frente a la sociedad y están tratando de mejorar la seguridad dentro de sus respectivos territorios.
Este fue el objetivo último de la Comunicación de la Comisión sobre la seguridad de las redes y la información, que proponía una serie de medidas, como campañas de concienciación y un mejor intercambio de mecanismos de información. Un ejemplo de esas campañas de concienciación es la comparación de las políticas nacionales para promover la seguridad en el comercio electrónico.
El nuevo Plan de Acción eEurope 2005, adoptado recientemente, tiene por objeto reforzar el intercambio de información y las buenas prácticas, crear un centro de competencia europeo, crear una cultura de seguridad y crear un entorno seguro para las comunicaciones. Para crear una cultura de seguridad, tenemos que asignar responsabilidades a todos los sectores implicados en las tecnologías de la información y las comunicaciones.
La Resolución del Consejo del 28 de enero de 2002 sobre un enfoque común y acciones específicas en el campo de la seguridad de las redes y la información desarrollaba más a fondo esta idea. Celebra la intención de la Comisión de proponer la creación de un grupo de trabajo sobre la seguridad cibernética.
El Parlamento Europeo ha tratado esta cuestión elaborando un informe sobre la propuesta política de la Comisión, que se adoptó en el día de ayer y que reclama una clara respuesta europea al creciente problema de la seguridad de la información.
Con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reclamando una mayor coordinación europea, actualmente se está considerando la creación de una «entidad de seguridad» como la forma más eficiente de lograr ese objetivo.
La propuesta considerada sugiere una serie de cuestiones, intereses y preocupaciones que ya han sido tratadas en el Parlamento. Partiendo de esa base, se sugieren algunas medidas. Debe crearse un centro de excelencia que reúna a profesionales competentes dignos de la confianza de los organismos públicos y las instituciones nacionales y comunitarias, así como del sector privado, que ayude a establecer normas internacionalmente reconocidas y pueda actuar con eficiencia y rapidez. Por consiguiente, se necesitarán recursos humanos y económicos suficientes para permitir que dicho centro funcionamiento sin contratiempos y con flexibilidad, además de un enfoque coherente que permita transferencias entre pilares, puesto que la seguridad afecta también a algunos aspectos relacionados con la aplicación de las leyes y la seguridad nacional.
Permítanme referirme ahora a la protección de los datos. El artículo 17 de la Directiva relativa a la protección general de los datos establece el principio de la seguridad de los datos. El pasado mes de julio se adoptó la nueva directiva sobre el tratamiento de datos personales y la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones. Esta Directiva proporcionará un alto nivel de protección en el tratamiento de los datos personales. Incluye una disposición que obliga a los Estados miembros a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y a prohibir cualquier tipo de interceptación. No obstante, los Estados miembros pueden, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptar las medidas que consideren necesarias para salvaguardar los intereses de la seguridad nacional o pública, o para investigar crímenes y perseguir delitos criminales.
La Comisión ha emprendido una serie de iniciativas para asegurar la compatibilidad entre la protección de los datos y la intimidad por una parte, y las necesidades de aplicar la ley por otra. Teniendo esto en cuenta, se ha creado un Foro de la UE sobre el cibercrimen.
En cuanto a la interceptación de las telecomunicaciones para la investigación de delitos, la Comisión cree que las normas de interceptación que establece el Convenio de la UE sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales constituyen, en las actuales condiciones, un enfoque equilibrado.
El Reglamento sobre productos y tecnologías de doble uso, que contiene disposiciones sobre el control de las exportaciones de productos y servicios para la seguridad de la información, en vigor desde septiembre de 2000, garantiza la disponibilidad y la libre circulación de productos y tecnologías de encriptación en toda la Unión Europea. Su aplicación ha tenido éxito, y la Comisión está actualmente considerando la compleja cuestión de los controles de las exportaciones con los países candidatos.
En cuanto a la tecnología en sí misma, las ayudas concedidas a través del programa marco de investigación de la Comunidad, en particular el programa de tecnologías para la sociedad de la información, ha mejorado las condiciones para el desarrollo de productos de encriptación de gama alta. Esto me lleva a las actividades realizadas para mejorar nuestros sistemas internos de información y comunicación.
Tras la adopción del Reglamento sobre la protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales por las instituciones comunitarias, se realizó un análisis a fondo de la seguridad. A raíz de ello se ha adoptado una decisión de la Comisión que contiene disposiciones relativas a la seguridad y extensas normas sobre la seguridad de las tecnologías de la información. Esta decisión mejora considerablemente la protección de los documentos de la Comisión cuyo acceso no está permitido al gran público. Además, define las distintas responsabilidades de las partes, como las autorizaciones de seguridad del personal o los informes sobre seguridad.
Además, se ha realizado un procedimiento de auditoría técnica en toda la Comisión. Se están tomando medidas para mejorar la situación. Como pueden ver, hemos conseguido ya mucho, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer.
La Directiva relativa a la protección de los datos adoptada recientemente, el informe del Parlamento Europeo sobre la política en materia de seguridad de la información, el Plan de Acción eEurope 2005 y los planes para establecer un centro europeo de seguridad cibernética seguirán sentando las bases para el futuro trabajo en el campo de la seguridad de las redes y la información.
Pero se necesita también una mayor cooperación a escala global. A título de ejemplo de esta cooperación tenemos que mencionar la extensa participación de la Comisión en la elaboración de las directrices adoptadas recientemente por la OCDE sobre la seguridad de los sistemas y las redes de información.
Estas directrices subrayan la importancia de aplicar una serie de principios comunes para la seguridad de la información, apoyan el trabajo que se está realizando a escala europea y están en línea con el principio de la «cultura de la seguridad », según se contempla en el Plan de Acción eEurope 2005.
En diciembre, el Consejo de Telecomunicaciones debatirá y supervisará el progreso en la implantación de una estrategia europea común sobre la seguridad de las redes y la información, un tema que la presidencia danesa considera de máxima prioridad.
Con estas medidas adoptadas por las instituciones europeas y los Estados miembros, esperamos centrar el tema e intensificar los esfuerzos en el campo de la seguridad de las redes y la información como una medida esencial para evitar la interceptación ilegal y el espionaje económico, apoyando así el buen funcionamiento de nuestras economías y sociedades.

Flesch (ELDR).
Sobre la observancia del Reglamento, señora Presidenta. Las declaraciones que acabamos de oír son en efecto muy interesantes, salvo que, aparte del último comentario del Sr. Liikanen, no tenían nada que ver con el asunto de nuestro orden del día, concretamente Echelon.

La Presidenta.
Señora Flesch, su comentario constará en acta.

von Boetticher (PPE-DE).
Señora Presidenta, Señorías, quisiera limitarme a algunos comentarios en atención a la Comisión. Como saben ustedes, hace un año que la Comisión Echelon presentó su informe final. El trabajo fue muy elogiado. Sin embargo, aunque todavía estábamos elaborando el informe, ya quedaba claro que la Comisión estaba tratando el asunto como los famosos tres monos que, en la tradición budista, han de informar a la humanidad en el festival de Koshin de acuerdo con el dictado de «nada veo, nada oigo, nada digo». Un año más tarde casi podríamos añadir «y tampoco hago mucho más», pues hasta ahora la Comisión no ha hecho nada para remediar muchas de las deficiencias o poner en práctica muchas de las tareas descritas en el informe.
Señor Comisario, será usted consciente de lo que pedimos a la Comisión que haga en los puntos 27 a 44 del informe. La pregunta aún pendiente es: ¿Qué ha hecho usted para informar al público y a las empresas sobre los peligros de Echelon? ¿Qué ha hecho usted para asegurar que los correos electrónicos dentro de la Comisión sean sistemáticamente encriptados? ¿Y qué se ha hecho para formar al personal de la Comisión en las nuevas tecnologías y en el encriptado? No basta con introducir nuevas tecnologías; también hay que ofrecer formación al personal.
Sus directivas en materia de protección de datos, que son muy importantes y de mucho alcance, tienen en realidad un interés limitado en este contexto. Asimismo está la pregunta de ¿qué ha sucedido dentro de la Comisión? Usted dijo que habían adoptado una decisión. No obstante, no veo evidencia alguna de que la Comisión haya realizado entre tanto el análisis de seguridad que solicitamos, que en realidad también exige el desarrollo de un amplio sistema para clasificar a las personas y documentos a fin de proteger los secretos. Eso se desprende claramente de lo que ha dicho usted. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿quién es responsable de ello en la Comisión? Recuerdo muy bien la ocasión en que nos envió usted al Sr. Perkins. Era el jefe del servicio de encriptado de la Comisión. Sin duda podía contarnos lo avanzado que era el equipo criptográfico, pero no pudo explicarnos nada acerca de las normas generales de seguridad en la Comisión Claramente no había nadie que fuera realmente responsable de ello, y -por lo menos esa es mi sensación- sigue sin haber nadie. O bien, señor Comisario, ¿es usted, o una de las direcciones generales, responsable de garantizar que los documentos se clasifiquen continuamente? ¿Interviene usted en asuntos de personal y clasifica a las personas para garantizar su seguridad en la Comisión?
Hoy en día, cada institución nacional tiene alguien encargado de proteger la información secreta y realiza precisamente estas tareas. ¿Tiene usted a una persona así en su Comisión, alguien que sea también responsable de concienciar sobre posibles ataques por parte del sistema Echelon? ¿O sigue usted trabajando con un sistema británico de encriptado de faxes, señor Comisario? Casi me temo que la respuesta sea afirmativa, porque no ha dicho usted nada al respecto.
De ahí que vayamos a echarle una mano aprobando una nueva resolución y, señor Comisario, si los progresos siguen siendo tan decepcionantes como hasta ahora, y si se sigue casi ignorando nuestros puntos de vista, tendremos que llegar a un entendimiento sobre la base de próxima aprobación de la gestión de la Comisión.
Pronto pondremos sobre la mesa nuestras instrucciones para usted. ¡Le insto a actuar de acuerdo con ellas!
Wiersma (PSE).
Me gustaría manifestar mi acuerdo con los comentarios del Sr. von Boetticher, que generaron un gran número de preguntas el año pasado. El Parlamento hizo un gran número de recomendaciones a la Comisión y al Consejo a las que nunca hemos recibido respuesta. Supongo que otros diputados también abundarán en esta cuestión. Me gustaría centrarme en un aspecto del debate del año pasado.
En la resolución que aprobamos el año pasado sobre la interceptación mundial de las telecomunicaciones, se prestó gran atención a la importancia política de la cooperación internacional por parte de los servicios de inteligencia. Un punto importante en aquel debate era que la gran mayoría de este Parlamento no se opone a la interceptación de por sí, y que los servicios de inteligencia son necesarios incluso en democracia. En el informe elaborado por la comisión temporal, se recalcaba que unos servicios de inteligencia eficaces son una necesidad en nuestra sociedad moderna. No sólo en la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional, sino también como elemento clave del desarrollo de nuestra política de seguridad europea. Si queremos lograr una capacidad autónoma en el ámbito de la defensa y nuestra propia fuerza de intervención en el marco de las tareas de Petersberg, entonces la habilidad y capacidad para reunir formas de inteligencia forman parte de ello. De ahí que el Parlamento Europeo haya pedido una mejor colaboración en este ámbito y un mayor control democrático sobre el funcionamiento de los servicios de inteligencia. De acuerdo con nuestro informe, también este aspecto deja mucho que desear en diversos países.
Bajo la presión del terrorismo internacional y los sucesos del último año, la cooperación entre los servicios de inteligencia parecen haber mejorado, no sólo dentro de la Unión Europea, sino también con los Estados Unidos. Sin embargo, con respecto al control democrático, parece haber cambiado poco. Los ciudadanos europeos tienen derecho a saber que la intimidad protegida en su legislación nacional también está protegida en caso de cooperación internacional entre los servicios de inteligencia. Los ciudadanos y las empresas europeas han de poder confiar en que la confidencialidad de sus comunicaciones se garantizará del mismo modo en toda la UE. Es preciso darles la garantía de que los servicios de inteligencia europeos no se utilizarán para robar secretos de empresa, sino para luchar eficazmente contra las actividades criminales.
Ni que decir tiene que deseamos dar las gracias al Comisario Liikanen por informar a esta Asamblea acerca de los aspectos técnicos de la interceptación mundial de las comunicaciones en nombre de la Comisión. Sin embargo, es lamentable que el Comisario Patten no esté aquí para informarnos más de los aspectos internacionales que he mencionado hace un momento. Sin una claridad suficiente sobre este punto, la política de la UE no sólo es incompleta, sino que además le falta credibilidad.

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Señor Presidente del Consejo y señor Comisario, el Sr. Haarder ha hablado claramente acerca de la necesidad de proteger las comunicaciones y también ha dicho que la tecnología permite interceptar las comunicaciones a gran escala. Esta tecnología no sólo lo hace posible, sino que se está practicando, como ha ilustrado nuestra investigación. Así pues, me pregunto qué hacemos al respecto.
El Sr. Liikanen ha hecho alusión a la Carta de derechos constitucionales, pero el Grupo de los Liberales tenía la firme convicción de que es necesario un marco legal a fin de frenar las prácticas de escucha ilegales y definir claramente una interceptación legal con un control efectivo a escala europea. El Grupo de los Liberales optó por un enfoque de doble vía en este sentido, concretamente la protección de los derechos y la intimidad del ciudadano individual por un lado, y la salvaguardia de los intereses económicos de la UE con medidas para proteger el espionaje industrial, por otro. Asimismo propusimos medidas específicas. En lugar de ello, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior habla ahora de amplias competencias de los Estados miembros para el almacenamiento de datos tanto de las telecomunicaciones como de Internet. ¿Quién protege realmente a nuestros ciudadanos frente a las autoridades?
Mi siguiente cuestión es que también pedimos unas medidas muy específicas para estimular la conciencia entre los ciudadanos y la comunidad empresarial. Esto incluye el desarrollo de software de encriptado y análisis de seguridad europeos. Ahora quisiera preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario: ¿qué se está haciendo realmente acerca de esto, qué se ha logrado hasta el momento y qué se está tramitando en este punto? De hecho, tengo la sensación de que se hace poco acerca de cualquiera de nuestras recomendaciones, y me gustaría llamar su atención una vez más sobre la observación de la Sra. Flesch dirigida al Comisario Liikanen.

Di Lello Finuoli (GUE/NGL).
Señora Presidenta, hasta hace unos cuantos años, cualquier intento de diálogo con el Consejo o la Comisión sobre Echelon se habría interrumpido con el pretexto de que se trataba de un rumor en la prensa sobre el cual no había ningún comentario que hacer. Después del trabajo de la Comisión Echelon, la Unión Europea ha reconocido finalmente que este sistema de interceptación existe, y el tema de este debate -como ha señalado oportunamente la Sra. Flesch al inicio del mismo- es Echelon. Nada más y nada menos, así que no nos vayamos por las ramas.
No tengo nada más que decir, salvo que, después de oír hablar al Sr. Boetticher y a los demás diputados, me sumo a lo que han dicho y estoy de acuerdo con ellos, pues han dado ya una imagen precisa de lo que no se ha hecho después de haber realizado ese trabajo. Hemos dedicado tiempo y recursos humanos a la cuestión, pero es muy poco lo que podemos enseñar, pues hasta hoy, ni la Comisión ni el Consejo han hecho esfuerzo alguno por proteger a los ciudadanos. El problema tiene otra dimensión: las empresas y las instituciones, con todos los recursos humanos y materiales a su disposición, son bastante capaces de protegerse a sí mismas, pero el mensaje real de la Comisión Echelon era que es preciso proteger a los ciudadanos y su intimidad, que existe un derecho fundamental a la intimidad. Pues bien, hasta ahora nada se ha hecho en Europa en este ámbito y creo que el fracaso de las instituciones y del propio Parlamento para emprender pasos prácticos en relación con Echelon y la cuestión de la interceptación de las comunicaciones merma su legitimidad. Ello reduce realmente la legitimidad de nuestras instituciones.
Si me permite el atrevimiento, creo que el Consejo y la Comisión deberían, al menos, considerar la posibilidad de elaborar una decisión marco que proteja a los ciudadanos contra la interceptación arbitraria de las comunicaciones y darles el derecho de defender su causa ante un tribunal, recurrir a un tribunal nacional para que se emprendan acciones judiciales contra estos tipos de interceptación.

McKenna (Verts/ALE).
Señora Presidenta, al igual que otros oradores, creo que resulta lamentable que no se haya hecho nada desde el informe del Parlamento sobre el sistema de interceptación Echelon. La gente todavía no se siente convenientemente protegida. El Consejo debería adoptar una decisión marco que ofrezca protección contra las actividades de los servicios de inteligencia de otros Estados miembros o de terceros países. La mera existencia de sistemas para la interceptación indiscriminada de comunicaciones viola el artículo 6 del Tratado de la UE, tal y como el propio Comisario ha reconocido.
También resulta esencial que la Unión Europea y los Estados Unidos negocien y firmen un acuerdo, en el que se estipule que cada parte deberá cumplir las disposiciones que rigen la protección de la privacidad de los ciudadanos y la confidencialidad de las comunicaciones empresariales.
Mi grupo se opone firmemente a las acciones emprendidas por el Consejo destinadas a adaptar las capacidades de interceptación de telecomunicaciones a las nuevas tecnologías. Concretamente nos oponemos a la adopción de la Directiva en virtud de la que los Estados miembros podrán, entre otras cosas, adoptar medidas legislativas que prevean la retención de datos durante un período limitado.
La Presidencia debe elaborar algún tipo de estrategia para poner fin, dentro de la Unión Europea, a la existencia de sistemas de protección de datos paralelos y a la proliferación de autoridades de control, como, por ejemplo, los convenios de Schengen, de Europol o aduaneros. Éstas trabajan basándose en normas de protección diferentes y sin someterse a una verdadera supervisión democrática y legal.
Finalmente, el fomento de la encriptación no debe sustituir a los esfuerzos para encontrar soluciones políticas, como por ejemplo garantías legales más estrictas y un control parlamentario efectivo. Decir que la encriptación solucionará nuestros problemas supone admitir un fracaso.

Coelho (PPE-DE).
Señora Presidenta, Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, el Parlamento ha dedicado un año a realizar un trabajo exhaustivo en la comisión que tuve el privilegio de presidir. Hemos oído a muchos expertos, hemos realizado muchas visitas y estudiado innumerables documentos, y todo ello culminó en el excelente informe del Sr. Gerhard Schmid, cuyas conclusiones fueron aprobadas por una inmensa mayoría en este Parlamento.
Casi todo nuestro trabajo se realizó en público, salvo raras excepciones en las que la índole de las acciones y los organismos convocados exigían que se hiciera a puerta cerrada. Llegamos a la conclusión de que la red «Echelon» ha de existir forzosamente, es capaz de interceptar y procesar comunicaciones, implicando a los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Expresamos claramente nuestra preocupación acerca del bajo nivel de protección dado a nuestras libertades individuales frente a esta amenaza, acerca de la seguridad de las comunicaciones enviadas y recibidas por nuestras empresas, e incluso acerca del «comercio justo» en el mercado internacional.
Además, en esta sesión plenaria, adoptamos 44 recomendaciones dirigidas principalmente al Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Mi sensación es que todo el mundo ha optado por olvidar este informe y sus conclusiones. En primer lugar sólo puedo deplorar la decisión tomada por la Mesa del Parlamento de no promover la publicación del informe. Y, volviendo al Consejo y a la Comisión, ha llegado el momento de decir claramente que este año se ha visto poca actividad. Nuestra situación hoy con respecto a los ciudadanos y a nuestras empresas no es sustancialmente diferente de la de hace un año. Incluso hemos visto una tendencia que tenemos que combatir claramente -y sobre esta cuestión he de recalcar la intervención del Sr. Haarder en el anterior debate- que sugiere que la lucha contra el crimen y el terrorismo internacional se emprende necesariamente a expensas de nuestras libertades.
He de repetir y recalcar que la seguridad es una herramienta para proteger nuestra libertad, pero cuando los requisitos de seguridad suprimen nuestras libertades, traicionamos nuestros valores fundamentales y caemos en la tiranía. Espero que, dentro de un año, no tengamos que hablar de nuevo al Consejo, la Comisión y los Estados miembros, y repetir lo que hemos dicho hoy: que se ha hecho poco y que casi todo está como antes.

Vattimo (PSE).
Señora Presidenta, después de lo que ha dicho sobre todo el Sr. Coelho -nuestro Presidente y coordinador en la comisión el año pasado-, queda poco que añadir.
Tan sólo quisiera señalar que, el año pasado, la delegación del Partido Socialista italiano se abstuvo en la votación sobre el informe Smith porque el informe no recalcaba suficientemente el hecho de que la interceptación indiscriminada de las comunicaciones por parte de Echelon es contraria a cualquier legislación sobre derechos humanos. De hecho, la interceptación no está sujeta a ninguna restricción, no está autorizada por una decisión legal y no se han declarado sus objetivos. Es como echar una red y esperar a que alguien diga la palabra «bomba» o «ataque». Desde entonces, no hemos expresado ninguna opinión.
Después del 11 de septiembre, por supuesto, todo esto se olvidó y las personas se decían: «¡Ya ves lo necesario que es el servicio secreto!» Es necesario, pero podría haberse objetado que, considerando su fracaso hasta el momento para evitar el terrorismo, puede que no sea muy eficaz. Sea como fuera, ante nosotros tenemos hoy un informe que revela que no se ha hecho gran cosa para cumplir las propuestas, las 44 recomendaciones que habíamos formulado. De todas formas considero que es esencial que el informe de la Comisión se publique a fin de que los ciudadanos reciban alguna información. Asimismo es esencial insistir en que se introduzca en todos los países de la Unión una legislación que respete la Carta de los Derechos Fundamentales, tanto la que plantea la Convención como la que adoptamos antes de Niza. Esta debería ser una condición para la adhesión a la Unión.
Por supuesto, entonces surge el problema del control democrático de los servicios secretos en los diferentes Estados que, en efecto, es en gran medida inexistente. Por último, quisiera señalar -sin ánimo de ofender a nadie- que el Reino Unido es aún miembro de Echelon y creo que sigue cooperando con los Estados Unidos, es decir, con las personas que planean y organizan las actividades antiterroristas, que están violando los derechos humanos -baste pensar en Guantánamo, los bombardeos y cosas por el estilo-. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos llamados aliados nuestros no están violando también los derechos humanos a través de la interceptación de las comunicaciones?

Turco (NI).
Señora Presidenta, creo que el Comisario Liitaken y el Sr. Haarder han concluido con éxito una difícil operación, consiguiendo un resultado que fuimos incapaces de alcanzar incluso durante el trabajo en comisión, a saber, la unanimidad del Parlamento. Respaldo todo lo que han dicho hasta ahora, pero quisiera añadir un punto concreto.
Seguimos centrándonos, como hizo el Sr. Vattimo en su última intervención, en el sistema angloamericano de interceptación sistemática y general de las comunicaciones filtradas por motores de búsqueda, pero seguimos pasando por alto el hecho -y todos somos responsables, pues sabemos que está sucediendo- de que estos sistemas también se están utilizando en países europeos como Alemania, los Países Bajos y Francia. De hecho, tenemos una situación en que algunos Estados miembros están interceptando las actividades de instituciones, ciudadanos y empresas de otros Estados miembros.
Estos sistemas indiscriminados de interceptación y comunicación de datos y documentos violan el derecho fundamental del respeto de la vida privada de la persona que está enmarcado en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.
Como acaba de decir el Comisario Liikanen, estos sistemas suponen una flagrante violación de las libertades de los ciudadanos europeos, y por tanto socavan el concepto de comercio libre y también la seguridad de la Unión. Consideramos que estas violaciones son inaceptables, y las palabras del Comisario, lanzadas así en medio del debate, sólo serán suficientes si son confirmadas por una acción posterior.
Quisiera tan sólo recordar al Comisario y al Ministro el punto 9 de las recomendaciones del Parlamento, que exige la aprobación de un sistema de control democrático de los servicios de inteligencia europeos independientes -a la que no hemos recibido respuesta- y de otras actividades de espionaje afines a escala europea.
Básicamente, no podemos tratar unos puntos tan delicados relacionados con la interceptación de las comunicaciones y la supervisión de la policía y de los servicios de inteligencia sin abordar una cuestión clave que es una fuente de discriminación: el control judicial y parlamentario, o el control democrático.

Schmid, Gerhard (PSE).
Señora Presidenta, es bueno que este debate tenga lugar aquí y hoy. Después de un año de trabajo, la Comisión Echelon presentó recomendaciones y peticiones. No es más que un buen control parlamentario si tratamos de averiguar, un año más tarde, lo que ha sido de ellas. Permítame hacer una observación preliminar. Unos días después del debate que celebramos el año pasado, se produjo el terrible ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Ello provocó dos reacciones. Algunos decían que esto había demostrado que los sistemas de interceptación eran inútiles y que deberían suprimirse, mientras que otros querían convocar concursos públicos para los servicios secretos y sus actividades. ¡Ambas reacciones son un error!
La mayoría de esta Asamblea estaba convencida de que los controles estratégicos de las telecomunicaciones podían ser un instrumento útil para los servicios de inteligencia, siempre y cuando se establecieran salvaguardias legales y un sistema adecuado con controles y equilibrios. Lo que sucedió el 11 de septiembre no cambia en modo alguno nuestras peticiones de unas bases legales claras, para que se cumpla el control parlamentario y las disposiciones del Convenio Europeo sobre Protección de los Derechos Humanos.
De la serie de peticiones que hicimos, quisiera recalcar los aspectos esenciales de cuya aplicación es responsable la Comisión, y por ello no mencionaré nada en el ámbito de la política exterior o a escala internacional. Como ha dicho el Comisario Liikanen, la Comisión ha realizado una labor considerable en materia de seguridad de las TI. Mirándolo más de cerca se descubre que se trata de iniciativas que habrían sido necesarias de cualquier modo debido al comercio electrónico y a la necesidad de apoyar al sector de las TI. El Parlamento formuló unas exigencias precisas que -al menos esta es mi impresión, señor Comisario- no se han cumplido plenamente.
En primer lugar, queríamos que se fomentara una fuente abierta como base para el software de encriptado a fin de que supiésemos con seguridad lo que hacía el software. Queríamos que la Comisión ayudara a distribuir el software de fuente abierta para que pudiéramos estar seguros de que no se incorporaran vías de escape en las redes. La Comisión hace demasiado poco en este sentido. Por cierto, la propia Comisión, para mi decepción, tampoco utiliza el software de fuente abierta, como tampoco el Parlamento.
En lo que respecta a la protección de la información confidencial en la Comisión, que es algo que por supuesto también hemos examinado, el Sr. Liikanen dijo que se habían realizado cambios considerables. Hemos de alegrarnos por ello. ¡La última vez que echamos un vistazo a esto en la Comisión, seguían utilizando faxes cifrados, en los que algunas de las cifras eran generadas en Gran Bretaña! Sería bueno, señor Comisario, que la Comisión se ofreciera a convencer a algunos miembros de la antigua comisión temporal sobre sus niveles actuales de seguridad invitándoles a la Comisión para que lo vean por sí mismos. Comprendo que no pueda revelar detalles en un debate público, pero nos sería útil saber qué ha sucedido realmente en este sentido con algo más de detalle.
Haarder
Señora Presidenta, el trabajo de inteligencia es importante si se quiere defender la sociedad abierta. De ahí que muchos países hayan elegido sabiamente reforzar sus servicios de inteligencia a la luz del 11 de septiembre, y por supuesto, también hay colaboración entre los servicios de inteligencia de las diversas naciones.
Sin embargo, me veo obligado a decir, Señorías, que, tal y como están las cosas en este momento, este es un asunto nacional, y la cooperación que tiene lugar entre los servicios de los países es por consiguiente un asunto intergubernamental y no un asunto del Consejo. Uno puede desear lo contrario, pero así son las cosas hoy por hoy. Por consiguiente, no quiero ni puedo entrar en un debate más detallado sobre las distintas peticiones de la resolución del Parlamento del año pasado.
Al igual que la Presidencia belga, estoy obligado a tener presente que soy un representante de la Presidencia del Consejo, y por tanto he de centrar mi intervención y lo que digo en aquellos asuntos que afectan al Consejo o a las instituciones de la UE. 
El Consejo puede y quiere ayudar a reforzar la cooperación en materia de protección de nuestras comunicaciones. En esta cuestión he centrado mi intervención anterior, en la que he recalcado especialmente el encriptado como un medio para proteger las comunicaciones.
Por supuesto he seguido con gran interés el debate, al igual que escuché cuando, como diputado de este Parlamento, estuve presente en una audiencia sobre Echelon, presidida por el Sr. Gerhard Schmid. En aquel momento, yo era diputado del Parlamento Europeo. Ahora, como miembro y portavoz del Consejo, me veo obligado a limitarme a lo que, de momento, es el papel del Consejo y, por consiguiente, el mío. Comprendo que el Parlamento no considere suficientes los esfuerzos de la UE en este ámbito, y tomo nota de ello. Esto por supuesto lo tendré en cuenta, pero no estoy en condiciones de poder decir a mis estimados colegas que sí, que haremos esto o aquello. No tengo ningún mandato para decirlo, y creo que esto el Sr. Gerhard Schmid también lo sabe, incluso mejor que yo.
Liikanen
Señora Presidenta, me gustaría responder a dos comentarios: uno de la Sra. Flesch y otro del Sr. von Boetticher.
Señora Flesch, he mencionado el sistema Echelon exactamente tantas veces como ha sido nombrado en la resolución del Parlamento. Sólo se mencionó una vez en la resolución, porque ésta se centraba concretamente en las medidas de seguridad para las redes de información.
Con respecto a las medidas concretas, tengo la mala costumbre de cumplir los tiempos de uso de la palabra del Parlamento y utilicé nueve minutos y cincuenta y siete segundos de los diez minutos que me correspondían. Hay 70 medidas. Eso significa que tendría 20 segundos para cada una. Pero, tal y como se me ha pedido, analizaré todas ellas. Espero que escuchen lo que hemos hecho.
En el apartado 27, la propuesta de la Comisión relativa a una unidad operativa para la seguridad informática se planteará a comienzos de diciembre o, con un poco de suerte, en noviembre. Esto creará una red de expertos en este ámbito y también equipos de respuesta ante emergencias informáticas. Esto es aplicable tanto al apartado 27 como al 28.
El apartado 29 hace referencia al trabajo de investigación sobre tecnología de encriptación. Yo he garantizado personalmente que tendrá una mayor prioridad en el programa IST de conformidad con el Sexto Programa Marco. Acabamos de dar instrucciones a nuestros comités. Los programas informáticos de código fuente abierto constituyen una máxima prioridad en el Sexto Programa Marco.
En tercer lugar, con respecto a la promoción de los programas informáticos de código fuente abierto, yo personalmente organicé un congreso para el intercambio de datos entre administraciones, al que fueron invitados los Estados miembros para que comprobasen cómo se podían utilizar los programas informáticos de código fuente abierto en las administraciones públicas. Fue un gran éxito.
Tengo que hacer un comentario con respecto al código fuente abierto. Recuerden que si el código fuente es abierto para los administradores también será abierto para los interceptadores. Por lo tanto, no soluciona todos los problemas, aunque estoy totalmente a favor del mismo.
El apartado 31 hace referencia a la normalización. Usted ha dicho que no se había hecho nada, pero está equivocada. He encargado a las organizaciones de normalización europeas que trabajen en este tema. Su grupo de trabajo sobre las NIS se creó en junio de 2002. El objetivo consiste en determinar la necesidad de nuevas normas de seguridad y en mejorar la política de seguridad.
Los apartados 32 y 34 realizan un llamamiento a las instituciones europeas y a las administraciones públicas de los Estados miembros para que encripten sistemáticamente los mensajes electrónicos. Ya existe una serie de medidas en la estrategia de la Comisión basadas en la prevención de la intrusión en la red interna de la Comisión, garantizado un buen nivel general de seguridad. La sensibilidad de los datos exigía soluciones especiales.
El presupuesto en este ámbito sigue siendo limitado: sólo de 1 millón de euros. Espero que la autoridad presupuestaria sea más benevolente e incremente la aportación.
El apartado 34 realiza un llamamiento para que se preste especial atención a la postura de los países candidatos. Hemos iniciado debates con el fin específico de hallar soluciones para una firma electrónica de tecnología neutra. También hemos iniciado programas de investigación para los países candidatos.
Los apartados 36, 37 y 39 hacen referencia a nuestras decisiones internas. Como ya he mencionado anteriormente, la Comisión ha organizado una auditoría interna para detectar cualquier error en la configuración de los servidores, los controladores del dominio principal, los ordenadores personales y los servidores web. En noviembre de 2001 se adoptó una nueva decisión acerca de las disposiciones de seguridad de la Comisión. Nuestra dirección de seguridad elaboró un proyecto para un nuevo programa de seguridad de los sistemas de información.
Recientemente se ha adoptado una decisión específica relativa a las delegaciones externas, que nos ha permitido modernizar y ampliar el sistema de cifrado para las comunicaciones de datos seguras entre las oficinas y las delegaciones de la Comisión en todo el mundo.
En el apartado 40 hacen un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que inviertan en nuevas tecnologías en el campo de las técnicas de encriptación y desencriptación, como parte del Sexto Programa Marco. Esto constituirá una prioridad fundamental.
En el apartado 42 se realiza un llamamiento a la Comisión para que elabore una propuesta por la que se establezca una red coordinada de centros de asesoramiento. Esto es exactamente lo que propone la unidad operativa para la seguridad informática.
Estoy totalmente dispuesto a aceptar las críticas, pero si dicen que no se ha hecho nada, es que debo de ser muy mal comunicador. En cualquier caso, enviaré a los diputados del Parlamento la información por escrito.
Estamos trabajando en un campo extremadamente difícil. El Sr. Schmid, que era el ponente de este tema tan complejo, se centró en la red general y en los problemas de la red de seguridad de la información, y no sólo en el sistema Echelon. He respondido a los asuntos sobre los que han asignado tareas específicas a la Comisión. Se han asignado muchas tareas a los Estados miembros y, sobre estos asuntos deberán responder los Estados miembros directamente.

La Presidenta.
Muchas gracias, señor Comisario. Permítame decir que lo que ha conseguido usted es casi inaudito. Ha dado usted respuestas concisas a todos los puntos, ¡y más o menos dentro del tiempo de uso de palabra que le ha sido asignado!

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Señora Presidenta, con respecto a una cuestión de observancia del Reglamento, agradezco la respuesta del Comisario, que resulta muy clara, pero ha dicho que había convocado una reunión especial sobre programas informáticos de código fuente abierto para potenciar el uso de estos programas en el sector público. Mi pregunta es: ¿Qué va a hacer la propia Comisión? ¿También va a comenzar a trabajar únicamente con programas informáticos de código fuente abierto, de forma que también nosotros estemos más protegidos en este ámbito?

Liikanen
Señora Presidenta, hemos emprendido algunas acciones en ese ámbito y se está trabajando a escala de los departamentos, más que en los escritorios. Consultaré esto con mi colega, que está manejando un sistema informático interno y responderé por escrito a Su Señoría acerca de la situación actual exacta.

La Presidenta.
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0494/2002). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.
Tiene la palabra, por una cuestión de orden, el Sr Ortuondo Larrea.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, es una cuestión de orden. Quiero expresar aquí mi profunda queja por lo que entiendo ha sido un trato discriminatorio dispensado a algunos diputados europeos en el día de ayer con ocasión del turno de preguntas a la Comisión. 
He podido ver en la televisión, con un cierto estupor, como la Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Transportes y Energía, la Sra. Loyola de Palacio, contestaba personalmente ante la puerta del hemiciclo y ante los medios de comunicación a la pregunta número 93 de una diputada, a la que no se había respondido oralmente porque se había cubierto el límite de tiempo disponible para el turno de preguntas a la Comisión. 
Otros diputados que habíamos presentado preguntas con mayor antelación que la número 93, no solamente no hemos recibido la explicación personal de ningún otro Comisario, sino que ni siquiera hemos recibido aún la preceptiva respuesta por escrito. Considero que esto es una discriminación y que, como no hay ciudadanos europeos de primera ni de segunda y todos los diputados representamos a los ciudadanos europeos, esto se debe atajar y no se debe volver a repetir una discriminación como la que he señalado.

El Presidente.
- (ES) Señor Ortuondo, le puedo garantizar que, en la responsabilidad que tenemos en el Parlamento, ayer seguimos escrupulosamente el turno de preguntas y todos los diputados que no han tenido contestación oral, de acuerdo con el Reglamento, van a tener contestación por escrito.
Cualquier otro tipo de respuesta o intervención que haya habido, en todo caso, no es de la competencia de esta presidencia y no puedo entrar en ello. Solamente hablo del desarrollo del turno de preguntas en la sala. 
Les rogaría, Sres. diputados, que pudiésemos entrar en el orden del día, sin perjuicio de darles la palabra si piden intervenir por una cuestión de orden, porque saben que entonces otros diputados no tendrán contestación hoy.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero poner de manifiesto que el hecho irregular de que la Comisaria y Vicepresidenta contestase a la pregunta 93 en los pasillos fue agravado porque sus palabras -que pronunció como representante de la Comisión- fueron acompañadas y matizadas por dos diputados, la diputada del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos que formuló la pregunta y un diputado del Grupo del Partido Popular Europeo.
Espero que este tipo de manipulación, con independencia de nuestras posiciones políticas, todas ellas respetables, no se vuelva a producir en esta Cámara. Me parece que es un hecho absolutamente lamentable. Yo estaba esperando la pregunta nº 2 de "Otras preguntas", consulté con un gesto a su Señoría y, al decirme que no entraba la pregunta nº 2, me marché, lógicamente. Este tipo de actos no se debe producir.
Si la Sra. Comisaria quiere manifestar su opinión política personal, lo puede hacer en cualquier momento, sin necesidad de utilizar ese tipo de manipulaciones, que me parecen absolutamente lamentables.

El Presidente.
- Sr. Nogueira, yo no me atrevería a poner ningún calificativo, menos todavía el de irregular y además, no está en mis funciones. Le vuelvo a asegurar que ayer no se trataron muchas preguntas dentro de la Sala y que a partir de ese momento, la Comisión se dirige por escrito, en principio, a todos los diputados.
En todo caso, le sugiero que se dirija usted a la Sra. Comisaria.
Hay una tercera cuestión de orden, y espero que sea la última. Sr. Galeote, tiene usted la palabra.

Galeote Quecedo (PPE-DE).
Sí, es por alusiones, porque, en efecto tuve la ocasión y también la satisfacción, dicho sea de paso, de comentar una respuesta de la Comisión Europea, que fue dada con toda regularidad y, por consiguiente, le pediría a su Señoría que retirase la mención a la manipulación.
Se ha hablado aquí de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Desde luego, no son ciudadanos de segunda categoría aquéllos de la región de donde procede el Sr. Ortuondo y que son sistemáticamente amenazados, expulsados de sus casas y, a veces, asesinados. Me gustaría que el Sr. Ortuondo se ocupase también de estas personas, que -insisto- no son ciudadanos de segunda categoría.

El Presidente.
- Señores diputados, lo que les tengo que recordar y recomendar es que reorientemos esta sesión a su objetivo, que es hacer preguntas al Consejo, y no a producir un debate entre los diputados.
Yo sé que ustedes pueden alegar alusiones, pero yo les rogaría que nadie se dé por aludido y que comencemos el debate. 
Si me piden la palabra por alusiones personales, como ha habido una alusión, yo le concedo la palabra al Sr. Ortuondo, que es el diputado mencionado por el Sr. Galeote.
Sr. Ortuondo, le ruego la mayor brevedad.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero decir que son inadmisibles las palabras del diputado que me ha precedido en el turno de palabra. Es inadmisible que, ante una queja formulada correctamente por mi parte sobre un trato discriminatorio, sin hacer ninguna referencia al contenido de pregunta alguna, mezcle el trato discriminatorio recibido por los diputados con una situación en el País Vasco que por desgracia se debe, precisamente, a la cerrazón y a la falta de democracia que padecemos en el Estado español.

El Presidente.
- Sres. diputados, comprenderán ustedes que, a pesar de mi procedencia como diputado de la circunscripción española, de la que me honro, tenga yo que intervenir aquí en mi condición escueta de Presidente de sesión, en el turno de preguntas al Consejo.
Probablemente a mí me gustaría participar en este debate iniciado, pero no tenemos derecho a ello, empezando por mí. Y, por consiguiente, el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo - al que le pido disculpas por este retraso - va a contestar a la pregunta formulada por el Sr. Nogueira.

El Presidente.
- Pregunta nº 1 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0606/02):

Asunto: La producción lechera en el marco de la revisión de la Política Agrícola Común presentada por la Comisión

Para un país como Galicia, cuya producción de leche representa una proporción importante de la producción total del Estado español, cuya estructura agraria se basa en la pequeña propiedad familiar -precisamente la más apropiada para un desarrollo rural sostenible- y cuyo esfuerzo de modernización del sector en las últimas décadas ha sido extraordinario, la reforma de la PAC debería favorecer el incremento de la producción de leche -hasta atender como mínimo las necesidades del mercado peninsular- mediante el establecimiento de un período transitorio durante el que se mantuviera el precio de intervención.
¿Considera el Consejo que un régimen de estas características resulta compatible con las opciones previstas en la propuesta de reforma de la PAC para después del año 2008? ¿Podría establecerse este régimen para países que se encuentren en las mismas condiciones que Galicia?

Haarder
Señor Presidente, el 12 de julio de este año, la Comisión publicó una comunicación sobre una Revisión Intermedia de la Política Agrícola Común y un documento de trabajo sobre el sector lácteo. Aparte de estos dos documentos, el Consejo no presentó propuestas formales para cambiar las actuales normas que rigen las diversas organizaciones comunes del mercado ni, por consiguiente, aquellas que rigen la organización común del mercado de productos lácteos.
Tan pronto la Comisión, que por supuesto tiene el derecho de iniciativa, haya presentado al Consejo las propuestas que considere necesarias, el Consejo prestará toda su atención a la cuestión y, en cualquier caso, tendrá en cuenta la declaración del Parlamento antes de tomar una decisión. El Consejo ha tomado nota de los diversos informes que acompañan a la comunicación de la Comisión sobre la Revisión Intermedia, y este mismo mes ha celebrado un amplio debate, por ejemplo sobre los productos lácteos. El debate ha partido de diversas preguntas formuladas por la Presidencia y tenía por objeto aclarar las cuestiones clave.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quisiera decir que, si no fuera por las trabas puestas al Estado español y a Galicia, mi país podría alcanzar un nivel de producción lechera similar al de Irlanda o Dinamarca, mientras que hoy en día produce tan sólo 1,8 millones de toneladas. En cualquier caso podría satisfacer sus propias necesidades y duplicar su nivel de producción.
Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la estructura ganadera de Galicia, que se basa en la propiedad familiar, con una clara concentración en la producción lechera, quiero preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo: ¿aceptaría el Consejo unas medidas específicas -que también podrían aplicarse a otro país- que permitieran a Galicia incrementar su producción manteniendo temporalmente el sistema de precios de intervención?

Haarder
Señor Presidente, es la Comisión la que tiene el derecho de iniciativa. Por esta razón es la Comisión la que ha de presentar una propuesta. Después, el Consejo tratará la cuestión y, como he dicho, también tendrá en cuenta los puntos de vista del Parlamento antes de tomar una decisión. Por consiguiente, el hecho de que el Sr. Nogueira haya planteado la cuestión hoy puede haber sido muy útil.

El Presidente.
 - Pregunta nº 2 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0608/02):

Asunto: Declaración de la Presidencia de la UE sobre la isla de Perejil
El pasado 13 de julio la Presidencia de la UE efectuó una declaración en la que manifestaba su preocupación sobre la situación creada por Marruecos en la isla de Perejil y expresaba su total solidaridad con España, urgiendo al primero a retirar inmediatamente sus tropas. Es de agradecer este gesto con un Estado miembro por parte de la Presidencia.
Sin embargo, supongo que la Presidencia ignora que hay historiadores españoles que afirman que no existe ningún derecho ni título que avale la soberanía española sobre dicho islote, el cual estuvo ocupado por tropas españolas, como acción protectora territorial, hasta comienzos de los años sesenta del pasado siglo XX, en que fueron retiradas como un paso más del proceso de finalización del protectorado español sobre Marruecos, derivado de su independencia en 1956.
¿No cree la Presidencia que el Gobierno español se ha extralimitado enviando importantes fuerzas militares para ocupar este islote, lo cual ha sido considerado por Marruecos como un acto de guerra, y que lo mejor que se podría hacer desde la Unión Europea es promover que sea el Tribunal Internacional de la Haya quien dirima la cuestión de la soberanía de Perejil? ¿No cree que es un contrasentido que España reclame al Reino Unido la soberanía sobre Gibraltar y niegue a Marruecos la de la isla de Perejil y otras posesiones en el continente africano?

Haarder
Señor Presidente, se trata de una cuestión que recuerdo con suma claridad, pues se planteó por primera vez en el momento en que Dinamarca asumió la Presidencia.
A principios de julio, todos seguimos con gran preocupación los desarrollos en torno a esta pequeña isla. No había duda alguna acerca del estatuto actual de la isla, que se había aprobado. Había un entendimiento entre España y Marruecos en el sentido de que la isla permanecería deshabitada y sin ningún signo de soberanía por ninguna de ambas partes.
Cuando Marruecos infringió este acuerdo y este estatuto, la Presidencia danesa emitió una declaración en la que expresaba su preocupación acerca de la situación, así como su solidaridad con España. Al mismo tiempo, se presentó una petición enérgica a Marruecos de que retirara sus fuerzas.
El Consejo se sintió satisfecho por el hecho de que la Ministra de Asuntos Exteriores española, la Sra. Palacio, que acababa de llegar al Consejo desde el Parlamento, se hubiera reunido con su homólogo marroquí inmediatamente después del episodio y que hubieran confirmado el deseo de volver al anterior status quo. La Presidencia danesa confía en que esta y posteriores reuniones ayudarán a fomentar las buenas relaciones entre España y Marruecos.
En nombre del Consejo, quiero recalcar que, tradicionalmente, las relaciones de la UE con Marruecos han sido por lo general buenas. En los últimos años se han realizado muchos progresos, y la cooperación mutua se ha ampliado en diversos ámbitos, desde el comercio hasta cuestiones delicadas como la inmigración, todo ello sobre la base del acuerdo de asociación que entró en vigor hace dos años y medio.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que Marruecos no estará de acuerdo con lo que usted ha manifestado respecto a que la isla Perejil no pertenece a ninguna parte.
Quisiera preguntarle: ¿Considera el Consejo que es justo y democrático que el Gobierno español alegue que los ciudadanos de Ceuta y Melilla no quieren ser marroquíes porque son españoles y, en cambio, al mismo tiempo, rechace que los gibraltareños puedan decidir libremente en referéndum si quieren ser británicos o españoles?

Haarder
Señor Presidente, ni soñando podría contestar a esta pregunta. No tiene nada que ver con lo que se me preguntó y es una cuestión sobre la cual el Consejo no puede tener en absoluto una opinión.

Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, la presidencia de la Mesa ha actuado muy correctamente apoyando a un Estado miembro frente a la errónea e injusta actitud de Marruecos -socio privilegiado de la Unión Europea, como acaba de exponer- ante una imposición inaceptable desde los puntos de vista político y legal.
Resulta escandaloso que un diputado vasco, como el Sr. Ortuondo, se preocupe más por las cabras de Perejil que por la situación de las víctimas de ETA, por quienes nunca se ha preocupado ni ha formulado ninguna pregunta en esta Cámara. Tampoco por la lucha contra el terrorismo. Su ausencia en el debate que acabamos de mantener lo delata, y desacredita a quien tiene la desfachatez de hacer esta pregunta y de decir lo que en esta Cámara hemos tenido que oír.
¿No cree el Consejo que, por las razones expuestas, esta pregunta carece de sentido?

Haarder
Señor Presidente, esto es por supuesto lo que yo he sugerido en mi primera respuesta.

El Presidente.
- El Sr. Presidente del Consejo puede contestar como lo crea conveniente. Les ruego que no intenten decir al Consejo lo que tiene que contestar o cómo tiene que contestar.
La única cuestión que aquí se puede aceptar es que, por segunda vez, el Sr. Ortuondo intervenga por alusiones personales, y en esto soy muy cuidadoso. Naturalmente, le ruego al Sr. Ortuondo que hable con la mayor brevedad y, si es posible, que no tengamos más réplicas.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, hay gente que está empeñada y empecinada en utilizar y manipular a las víctimas del terrorismo, y esto no le he dicho yo. Lo ha dicho recientemente el jefe del principal partido de la oposición en el Estado español.
Tengo que decir al diputado que ha intervenido precedentemente -mezclando una pregunta sobre Gibraltar, Marruecos y España con el terrorismo, con las víctimas, etc.- que quienes verdaderamente estamos trabajando en el País Vasco para superar la situación de conflicto político en que nos encontramos desde hace más de tres siglos -conflicto político con el Estado español, con el Gobierno centralista de Madrid- y quienes precisamente estamos tratando de que no vuelva a haber nunca más atentados, asesinatos ni violencia en el País Vasco, somos los nacionalistas vascos. Los nacionalistas democráticos vascos, que hemos dado pruebas suficientes de nuestro talante, de nuestro rechazo a la violencia, de nuestra lucha contra el terrorismo y de nuestra defensa de las libertades.

El Presidente.
- Sr. Ortuondo, ha agotado usted el tema con este turno por alusiones personales.

El Presidente.
- Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-0610/02):

Asunto: Dramática disminución de los ingresos de los productores de algodón en Grecia
Durante el período 2001-2002, gracias a unas condiciones climatológicas especialmente favorables, la producción de algodón en Grecia fue elevada. Con la aplicación de las nuevas disposiciones y de las "sanciones" sin límites previstas por el Reglamento 1051/2001/CE

Haarder
Gracias, señor Presidente, por expresar brevemente de qué trata la pregunta. A menudo pienso que debe ser raro estar escuchando y no saber cuál es la pregunta as la que hay que contestar. Gracias, por tanto, por esa orientación pedagógica. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el Reglamento del Consejo nº 1051 del año pasado entró en vigor, conforme al artículo 23 del mismo Reglamento, el 1 de junio de 2001. El Consejo no puede modificar una disposición de un acto legal sin que la Comisión haya presentado una propuesta a tal efecto.
Asimismo quisiera recordar a Su Señoría que es la Comisión la que ha de utilizar el procedimiento del artículo 21 del Reglamento que he mencionado, y que la Comisión ya ha hecho al adoptar medidas de transición. El Consejo tampoco ha recibido ninguna solicitud de un Estado miembro en la línea referida por Su Señoría.

Alavanos (GUE/NGL).
Nos hemos apartado del punto con los vascos y España. Se trata de una cuestión explosiva porque los agricultores algodoneros griegos están absolutamente desesperados con este Reglamento que llega en plena temporada de cultivo. He escuchado la respuesta del Ministro, he oído que ningún Gobierno ha pedido medidas transitorias y sólo quiero preguntarle al Ministro si el Consejo está dispuesto a aprobar subvenciones nacionales para salvar a miles de granjas algodoneras pequeñas y medianas, si pretende permitir que Grecia pague la ayuda nacional para completar lo que, para ellos, son unos ingresos ruinosos totalmente insuficientes.

Haarder
En respuesta puedo decir con confianza que, por supuesto, también se necesita una propuesta de la Comisión para una solución como la indicada aquí, y no creo que ningún Estado miembro haya solicitado tal propuesta. No puedo decir nada más.

Patakis (GUE/NGL).
Me gustaría seguir a partir de la pregunta formulada por el Sr. Alavanos en relación con la cosecha de 2001-2002, que es ahora un hecho consumado. El problema es que esta situación no sólo afecta a la cosecha del año pasado, sino también a las cosechas subsiguientes. Mientras hablamos se está cosechando el algodón de este año. Por segundo año consecutivo, los productores se están rasgando las vestiduras porque el Gobierno griego ha fijado arbitrariamente la producción en 275 kilogramos por decárea, mientras que la producción es mucho más alta y nadie sabe qué será de ella.
En febrero de 2001, esta Asamblea votó unánimemente a favor de un aumento en la producción de algodón porque la Unión Europea tiene un déficit del 70%. El Gobierno griego no sólo no ha hecho ningún intento de aplicar esta resolución del Parlamento Europeo a fin de proteger a los agricultores algodoneros griegos y sus productos, sino que, como han oído ustedes, se ha apresurado a aplicar el nuevo Reglamento y se ha negado a aprovechar la resolución del Parlamento Europeo.
Señor Presidente, le pido que nos defienda y pido al representante del Consejo que adopte una postura sobre la solicitud de los agricultores algodoneros griegos para examinar de inmediato este desastroso Reglamento a fin de proteger a los agricultores abocados a la ruina, y a su producto, que tiene categoría de producto nacional en Grecia.

Haarder
Señor Presidente, no puedo sino remitirme a lo que acabo de decir. Las reglas de procedimiento son bastante claras. Es la Comisión la que, en casos particulares, ha de presentar tales propuestas y, como ya he dicho, ningún Estado miembro ha planteado una propuesta. Bajo ningún concepto puedo decir nada más al respecto, pero los diputados del Parlamento Europeo están por supuesto en su derecho de plantear cuestiones importantes para ellos. No puedo reprocharles nada por hacerlo.

El Presidente.
- Pregunta nº 4 formulada por Bart Staes (H-0612/02):

Asunto: Carácter coercitivo del código de conducta de la Unión Europea sobre la exportación de armas
En junio de 1998, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre un código de conducta de la Unión Europea referente a la exportación de armas. Este código no es de obligado cumplimiento. Entre otras cosas, se pide a los Estados miembros que, en caso de denegación de la autorización, transmitan al Estado miembro de destino una descripción de la mercancía, así como la identidad del usuario final. Recientemente, la empresa FN de Herstal, de la que es accionista la Región de Valonia, suministró 5500 ametralladoras a un usuario final desconocido.
¿Qué medidas va a tomar el Consejo para que la ley obligue a cumplir el código de conducta acordado y para obligar a empresas como FN a publicar la información a que se refiere el código de conducta, también en caso de autorización del suministro?

Haarder
Las decisiones relacionadas con la autorización de las licencias de exportación son tomadas individualmente por cada Estado miembro, teniendo muy en cuenta el Código de Conducta sobre exportación de armas y los criterios establecidos en dicho Código. La aplicación de políticas sobre la exportación de armas y, por consiguiente, también del Código, sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros.
El Consejo no ha sido informado de la situación a la que se refiere Su Señoría en su pregunta. Sea como fuere, el Consejo no ha sido informado de las razones por las que los Estados miembros autorizan o rechazan las licencias de exportación, y no entra en modo alguno en el ámbito de competencia del Consejo erigirse en juez de estos Estados miembros. En la reunión del 25 de enero de 1999, el Consejo debatió una propuesta de la Presidencia para conseguir que el Código fuera vinculante desde el punto de vista jurídico, por ejemplo por medio de una posición común, pero no se alcanzó ningún acuerdo al respecto, y, por consiguiente, desde entonces no se ha tratado la cuestión de transformar el Código en una ley vinculante.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente en ejercicio del Consejo por su respuesta. En Septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores belga, el Sr. Michel, hizo una declaración a la prensa belga a raíz de la crisis de Nepal, en la cual afirmaba que pediría a sus colegas los Ministros de Asuntos Exteriores en el Consejo que el Código de Conducta, que, en efecto, en estos momentos no es vinculante, se transponga a la legislación nacional. ¿Podría decirme el Presidente en ejercicio del Consejo si la propuesta del Sr. Michel ha sido presentada en el Consejo? ¿Podría decirme también si considera probable que el Consejo se comprometerá a transponer el Código de Conducta a la legislación nacional en cada país?

Haarder
Señor Presidente, si me hubieran pedido en la pregunta que ofreciera la información que se me pide aquí, quizás habría podido hacerlo. Sin embargo, la información no se solicitaba en la pregunta, y por consiguiente no puedo dar ninguna respuesta.
No obstante, quizás Su Señoría pueda presentar una pregunta escrita si considera importante que la conteste. Asimismo podría llamar por teléfono al Ministerio de Asuntos Exteriores belga, donde creo que serían tan atentos como para darle una respuesta.

El Presidente.
- Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas n° 5, 6 y 7 recibirán una respuesta conjunta.Pregunta nº 5 formulada por Mihail Papayannakis (H-0616/02):

Asunto: Corte Penal Internacional
Tras su negativa a ratificar la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI), los EE.UU. firmaron el 1 de julio un acuerdo bilateral con Rumania sobre la concesión a los estadounidenses de inmunidad ante la CPI. Dado que Rumania es un país candidato a la adhesión a la UE, y que los EE.UU. persiguen evidentemente la firma de acuerdos bilaterales del mismo carácter con los restantes países candidatos, ¿podría indicar el Consejo si, además de manifestar su desaprobación, también se propone tomar otras medidas, tanto en lo que concierne a los EE.UU. como a los distintos países candidatos, con el fin de que no se debilite desde su creación la institución de la Corte Penal Internacional?  Pregunta nº 6 formulada por Carlos Carnero González (H-0667/02):

Asunto: Acuerdo de inmunidad con los Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional
En su decisión de pasado 30 de septiembre, el Consejo de Asuntos Generales estableció la posibilidad de que los miembros de la Unión puedan acordar con los Estados Unidos la inmunidad de sus diplomáticos y militares destinados en territorio comunitario ante la Corte Penal Internacional, en determinadas condiciones. El que suscribe considera que dicha posición debilita la fuerza de la CPI en su propio nacimiento y alienta a Estados terceros a proceder por igual o peor vía que la UE, por lo que rechaza el planteamiento del Consejo.
¿Considera el Consejo que la citada decisión se ajusta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía europea? ¿Ha tenido en cuenta el Consejo el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales y los juristas que han promovido desde el primer momento la creación de la CPI? ¿Le consta al Consejo qué socios comunitarios establecerán acuerdos de inmunidad con Estados Unidos y con qué límites? ¿No cree el Consejo que así la UE se desdice de su primer planteamiento y pierde credibilidad ante la comunidad internacional?  Pregunta nº 7 formulada por Sarah Ludford (H-0681/02):

Asunto: La Corte Penal Internacional
El Consejo de Asuntos Generales de 30 de septiembre de 2002 adoptó las orientaciones sobre cuya base los Estados miembros podrán negociar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, con el objetivo de conceder al personal estadounidense una cierta inmunidad frente a la Corte Penal Internacional. 
Habida cuenta de que el Consejo considera que la CPI es un 'valioso instrumento para la comunidad mundial en su lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves?:
¿Cómo puede la Presidencia mantener su afirmación de que los acuerdos bilaterales con los EE.UU. no perjudican el Estatuto de Roma y la integridad de la CPI?
¿Cómo armonizan las directrices del CAG del 30 de septiembre con el asesoramiento jurídico proporcionado anteriormente por los servicios de la Comisión y del Consejo?
¿Por qué motivo no hizo más el Consejo para proteger al Gobierno rumano frente a la presión bilateral, cuando los EE.UU. le propusieron celebrar un acuerdo bilateral con anterioridad al establecimiento de las orientaciones de la UE, y porqué no se integró suficientemente a Rumanía, en su calidad de país candidato, en la postura de la Unión Europea respecto de la Corte?

Haarder
Señor Presidente, me gustaría contestar conjuntamente a las tres preguntas. Sin embargo, en primer lugar quisiera recalcar que las conclusiones del Consejo acerca de la Corte Penal Internacional no estimulan la firma de acuerdos bilaterales sobre inmunidad. Se ha recalcado que hay que tener en cuenta los acuerdos vigentes entre los Estados Unidos y los Estados miembros individuales.
Desde nuestro punto de vista, muchas de las reservas norteamericanas pueden resolverse sobre la base de los acuerdos vigentes. Dependerá de cada Estado miembro individual valorar si sus relaciones bilaterales o multilaterales con los Estados Unidos pueden considerarse suficientes para hacer concesiones a las peticiones norteamericanas.
Si un Estado miembro considerara necesario cambiar los acuerdos existentes o firmar un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, ello se haría sobre la base de los principios rectores de la UE. Si, en sus contactos bilaterales con los Estados Unidos, los países individuales se atienen al marco que se ha fijado, la Corte no se verá socavada. Asimismo queremos dejar bien claro que, si Estados que son parte en la Corte Penal Internacional firmaran acuerdos como los que ahora proponen los Estados Unidos, ello sería incompatible con sus obligaciones en relación con los estatutos de la Corte.
De acuerdo con los principios rectores de la UE, cualquier solución debería incluir unas disposiciones operativas adecuadas que garantizaran que las personas que han cometido delitos dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no gozan de inmunidad. Por consiguiente, hay que entablar un proceso judicial contra ellas y, si es preciso, han de ser castigadas. Tales disposiciones deberían poder garantizar que se realizarán investigaciones adecuadas y que, si hay suficientes pruebas, las autoridades nacionales incoarán un procedimiento judicial contra las personas a petición de la Corte.
Este principio rector garantiza que se piden responsabilidades a las personas si han cometido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Además, serán llevadas ante los tribunales independientemente de si son norteamericanas o europeas. La UE y los Estados Unidos han acordado que se aplicará la responsabilidad individual en el caso de los delitos más graves que afecten a la comunidad internacional. Durante muchos años, los Estados Unidos, en estrecha cooperación con la UE, han adoptado un papel destacado con respecto al establecimiento de tribunales penales internacionales con miras a entablar acciones judiciales contra tales delitos.
Otro principio rector es que los nuevos acuerdos sólo abarcarían a las personas que no son ciudadanas de un Estado que sea parte en la Corte. Además, la UE ha definido cuidadosamente la categoría de personas a quienes se puede aplicar. Sin embargo, se afirma que ciertas personas no entran en la jurisdicción de la Corte porque gozan de inmunidad conforme al derecho internacional. Sin embargo, aparte de estos casos, cualquier solución sólo debería incluir a quienes, por haber sido enviados allí por el Estado remitente, residen en el país al que se ha solicitado entregar a alguien a la Corte. Ello es conforme a la muy estricta definición del Estatuto de Roma de personas que deberían incluirse en los acuerdos de inmunidad.
Si se examinan las alternativas, el enfoque de la UE que acabamos de describir es el mejor modo de defender la Corte Penal Internacional. Cualquier otra solución habría resquebrajado el fuerte apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional y habría debilitado a la Corte. Sin embargo, un simple rechazo de la propuesta norteamericana habría tenido consecuencias muy negativas para las relaciones transatlánticas, y habría puesto en peligro el compromiso norteamericano absolutamente vital para las operaciones mundiales de mantenimiento de la paz.
Si no se hubiese establecido una posición común de la UE, ello habría causado daños irreparables a la Corte. En relación con ello, quisiera mencionar que los Estados Unidos ya han firmado acuerdos bilaterales con 12 países que no están en condiciones de adoptar una postura sobre la posición de la UE. Si se alentara a los Estados miembros de la UE y a otros a entablar negociaciones bilaterales con los Estados Unidos sin un sólido acuerdo de la UE y sin unos criterios claros sobre quién ha de incluirse en los acuerdos bilaterales, el resultado sería una multiplicidad de acuerdos bilaterales, y esto es algo que socava sin lugar a dudas a la Corte.
Con respecto a lo que piensan los ciudadanos de la UE, las ONG y los expertos en materia jurídica, quisiera recalcar que el Consejo no debatió este tema en un espacio vacío y que sin duda no alcanzó el resultado expuesto en un espacio vacío. Las conclusiones del Consejo se basan en amplias consultas entre los Estados miembros y en valiosas contribuciones del servicio jurídico del Consejo y de la Comisión. El Consejo también ha tenido en cuenta los puntos de vista expresados por las ONG afectadas. Durante todo el proceso, ha habido contactos con terceros países que son parte en la Corte, y la Presidencia también ha mantenido conversaciones exploratorias con los Estados Unidos. Ni que decir tiene que el Consejo también ha tenido en cuenta los puntos de vista expresados por los representantes electos en la UE, tanto en los parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo.
En cuanto a los Estados miembros que podrían firmar acuerdos de inmunidad con los Estados Unidos, por desgracia, en estos momentos, no estoy en condiciones de facilitar información, pero me gustaría contestar a las preguntas sobre el acuerdo bilateral de Rumania con los Estados Unidos, firmado el 1 de agosto de 2002. A este respecto, quisiera llamar la atención, en nombre del Consejo, sobre la posición común adoptada el 11 de junio del año pasado y modificada el 20 de junio de este año. Era una posición apoyada por los países candidatos. El Consejo mantuvo estrechos contactos con los países candidatos durante todo el trabajo preparatorio en torno a la posición, y el Consejo tiene intención de proseguir con estos contactos a fin de mantener totalmente informados a los países candidatos sobre futuros desarrollos. El Consejo ha observado que Rumania aún no ha ratificado el acuerdo en cuestión, y espera que tenga en cuenta la posición establecida por la UE después de que se hubiera firmado el acuerdo.

Papayannakis (GUE/NGL).
Doy las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta, pero para serle franco ha habido algunos puntos que no he conseguido comprender. ¿Acaso los Estados Unidos están reclamando un papel aparte en el mundo y nosotros reconocemos ese papel, sí o no? Es la enésima vez que lo hacemos desde los acuerdos de Kioto, y sobre muchas otras cuestiones.
Ha dicho usted que lo hizo para no alterar las relaciones transatlánticas. Para serle sincero, tampoco lo comprendo. Del mismo modo en que no consigo comprender que las partes culpables, según dice usted, serán juzgadas ante tribunales nacionales. No, señor Presidente en ejercicio, por los tribunales de los Estados Unidos. De ningún modo. La pregunta es: ¿se aplicará esto a otros países en una fecha posterior? ¿A los rusos y a quién sabe quién más en las misiones de mantenimiento de la paz? ¿Cómo puede usted decir que ello no socava la Corte? En todo caso, en lo que respecta a Rumania, que fue lo que pregunté expresamente, la pregunta es: que usted espere que el acuerdo firmado por Rumania no sea ratificado carece de interés para mí. Lo que me interesa es si tiene usted intención de decir a Rumania, en presencia de los demás países candidatos, que su integración depende de que respete la posición común de la Unión Europea sobre la Corte Penal Internacional.

Haarder
Quisiera recalcar que se ha encontrado una solución que no socava la Corte Penal Internacional. Esta solución será de gran ayuda, por ejemplo, para los países candidatos de Europa Central y Oriental que han tenido ciertas dudas sobre lo que debían hacer. También se ha encontrado una solución que no lesiona los acuerdos existentes. Realmente pienso que esto es, con todo, un resultado bastante bueno. La UE no puede controlar el mundo entero. Hemos garantizado que no se podrá socavar la Corte Penal Internacional, y no puedo decir nada más al respecto.

Carnero González (PSE).
Señor Presidente, Señor Haarder, como introducción a mi pregunta les digo que me parece mal lo que ha decidido el Consejo. Quisiera que me precisara los siguientes extremos: en primer lugar, ¿qué carácter jurídico tiene la decisión del Consejo?, ¿cómo la define usted?; en segundo lugar, dependiendo de su carácter jurídico, ¿forma o no parte del acervo comunitario?
Si forma parte del acervo comunitario, los Estados miembros y los países candidatos están obligados a acatarla y, por tanto, es evidente que no podrían ratificar acuerdos bilaterales con los Estados Unidos contrarios a lo decidido por el Consejo. 
Por último, ¿cómo piensa controlar el Consejo las decisiones de los Estados miembros, como, por ejemplo, las que éstos pueden tomar mediante verdaderos acuerdos eventuales bilaterales con los Estados Unidos a través de modificaciones de otros ya existentes con ese país?

Haarder
Señor Presidente, por supuesto que no me preguntaron acerca de esto en la pregunta escrita. Me limitaré a señalar que estamos hablando de una posición común. Se espera que todo el mundo, incluidos los países candidatos, defienda la posición común. Me sorprendería -de hecho me quedaría atónito- si no lo hicieran, y por ello pienso que Su Señoría puede estar bastante seguro de que lo harán.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, he oído lo que dice el Ministro; acepto que las directrices son mejores que nada y felicito a la Presidencia danesa por haber logrado establecerlas finalmente. Pero el asesoramiento jurídico dado a las instituciones de la UE era que una parte contratante del Estatuto de Roma que firma acuerdos bilaterales fuera del estricto alcance del artículo 98 actúa contra el objeto y la finalidad del Estatuto. ¿No es cierto que las directrices son en realidad demasiado débiles para cerrar la puerta a los acuerdos de impunidad?
He oído al Ministro referirse a la posición común. Quisiera saber si las directrices constituyen legalmente una posición común. Tanto si lo son como si no, ¿intentará por lo menos el Consejo reforzar estas directrices más bien vagas del 30 de septiembre que permiten excepciones que contravienen el Estatuto? Eso nos ofrecería una posición común reforzada que proporcionaría medidas de seguridad adicionales. Estas podrían incluir: supervisión de los compromisos nacionales por la Corte Penal Internacional; garantías de que los Estados Unidos investigarán y perseguirán a sus súbditos acusados de cometer delitos de la CPI; exigencia a los Estados Unidos de que actualice las leyes federales a fin de garantizar que sus tribunales ejerzan jurisdicción sobre todos los delitos de la CPI, cosa que no ocurre en estos momentos; acuerdo para limitar el alcance al personal militar o al personal civil estrechamente vinculado, y no, por ejemplo, los mercenarios; inclusión de una cláusula de extinción de derechos (sunset clause) y la presentación de acuerdos para su examen por parte de los respectivos parlamentos nacionales.

Haarder
Con respecto al último punto, creo que resulta evidente lo restringida que es la cobertura de una categoría de personas. Y en cuanto a la primera pregunta que me ha hecho, quiero decir que una posición común es una posición común. No existen medidas punitivas para los países que hagan caso omiso de una posición común, pero estamos normalmente acostumbrados a respetar las posiciones comunes en la UE, y creo que los países candidatos harán lo mismo.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, tengo que decir que la respuesta del Presidente en ejercicio del Consejo muestra signos de una elasticidad considerable en su interpretación pero, como decimos en Dinamarca, se necesita un carácter muy firme para vender cinta elástica por metros. La cinta elástica puede estirarse en todas las direcciones, pero no creo que el Presidente en ejercicio haya abordado la cuestión fundamental de si la estrategia estadounidense insta a otros países a participar en acuerdos bilaterales que les comprometen a no entregar a ciudadanos estadounidenses. Esta cuestión está en línea con el hecho de que Estados Unidos se haya negado sistemática y repetidamente a ratificar el Tratado del Tribunal Penal Internacional. Me parece evidente que el Consejo tiene un problema de credibilidad cuando, por un lado, dice que apoya plenamente la creación del Tribunal Penal Internacional y lo considera un requisito para la cooperación judicial internacional y, por otro lado, hace la vista gorda y acepta el chantaje de los Estados Unidos a terceros países. El Presidente en ejercicio ha dicho que se ha encontrado una solución al chantaje de Rumania. Las únicas cuestiones prácticas que quiero plantear son las siguientes: ¿Cuáles son las líneas generales de esa solución? y ¿se trata de una solución que el Consejo considera aceptable? Si la respuesta a la última pregunta es afirmativa, sigue existiendo un problema de credibilidad.

Haarder
Sí, en respuesta a la última pregunta, quiero decir que se ha encontrado una solución que, en mi opinión, garantizará que ninguno de los otros países candidatos pueda firmar acuerdos similares a los que ha firmado Rumania. Me gustaría añadir también que, hasta donde yo sé, Rumania no ha ratificado todavía ese acuerdo.
Con respecto al primer punto, le contestaré que, aun en el caso de que Estados Unidos ejerciera la presión a la que se ha referido el Sr. Krarup, sería igual de bueno que hubiéramos alcanzado esa posición común, que es fácil de apoyar y se opone a cualquier posible presión de ese tipo. En mi opinión, una de las grandes ventajas de la posición común es que apoya claramente a los países que pueden ser objeto de esas presiones. No tengo noticias de que haya sucedido algo así, aunque su Señoría dice que sí. Y en cualquier caso y como ya he dicho antes, la posición común sería igual de buena y podría ser refrendada también por los nuevos Estados miembros.

El Presidente.
 - Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 8 decae. Pregunta nº 9 formulada por Efstratios Korakas, a quien sustituye el Sr. Alyssandrakis (H-0623/02):

Asunto: Acuerdo UE-EE.UU. sobre expulsiones, operaciones policiales secretas e intervención de las comunicaciones
Según denuncias de la organización Statewatch, la UE u los EE.UU. proyectan concluir un acuerdo sobre la lucha contra el terrorismo y cuestiones de Derecho penal común que incluirán operaciones policiales conjuntas, la intervención de comunicaciones, la localización y confiscación de productos del crimen, la simplificación de los procedimientos de expulsión de ciudadanos, comunitarios o no, y limitaciones en las solicitudes de obtención de asilo.
¿Cuál es la postura del Consejo, teniendo también en cuenta las denuncias de que la Presidencia danesa elabora un proyecto sobre la intervención de las comunicaciones y que medidas represivas y procesales semejantes entran en total contradicción con el respeto de los derechos humanos y son incompatibles con las declaraciones habidas hasta la fecha según las cuales la UE no concluirá acuerdo alguno que prevea expulsiones a países donde esté vigente la pena de muerte, como es el caso de los EE.UU.?

Haarder
Puedo garantizarle que cualquier acuerdo que se alcance entre los Estados Unidos y la Unión Europea respetará los derechos humanos según se establece en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea: 'La Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el Estado de Derecho, principios que son compartidos por todos los Estados miembros.' Lo anterior se aplica no sólo a los acuerdos sobre cooperación judicial en asuntos penales que ya están en proceso de negociación, sino también a todos los acuerdos sobre intercambio de información policial alcanzados entre los Estados Unidos y la Europol, tras su aprobación por el Consejo.
Las declaraciones de que la Presidencia danesa ha presentado propuestas relativas a normas vinculantes que regulen el almacenamiento de datos sobre el tráfico de telecomunicaciones, que los proveedores de telecomunicaciones tendrán que conservar los datos sobre el tráfico de telecomunicaciones durante un período de hasta dos años y que dicha información tendrá que ser recogida en bases de datos centralizadas y ponerse a disposición de otros Estados miembros, se basa en un malentendido -yo diría incluso que en un malentendido muy creativo- que podría haberse evitado si los medios de comunicación hubieran consultado al país que ocupa actualmente la Presidencia. La Presidencia ha propuesto un proyecto de conclusiones del Consejo sobre medidas relacionadas con la tecnología de la información, motivadas por la necesidad de investigar el crimen organizado y perseguir a sus autores. La propuesta no tiene relación alguna con la creciente cooperación con Estados Unidos, que incluye conversaciones sobre un acuerdo de asistencia legal mutua y extradición mutua.
Me gustaría llamar la atención sobre la declaración del Consejo con fecha de 30 de septiembre de 2002 relativa a la pena de muerte y, en particular, a las formas crueles de ejecución. Esa declaración demuestra una vez más que la Unión Europea se opone desde hace mucho tiempo y rechaza enérgicamente cualquier uso que se haga de la pena de muerte.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente en ejercicio, deduzco de su respuesta que ya se han iniciado conversaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. 
En cuanto a sus garantías sobre los derechos humanos, no tendría ningún problema en aceptarlas si la manera en que la Unión Europea interpreta los derechos humanos en la práctica no fuera tan diferente de lo que el hombre de la calle entiende por derechos humanos; si, ayudada por el terrorismo, la Unión Europea no estuviera creando un mecanismo represivo y autocrático que puede utilizar en contra de cualquiera que se oponga a sus políticas.
El periódico inglés The Guardian publicó el 3 de septiembre un artículo expresando su preocupación por las consecuencias de estas conversaciones con los Estados Unidos. Si The Guardian está preocupado, Señor Presidente en ejercicio, nosotros tenemos derecho a estar diez veces más preocupados.
Me gustaría hacerle una pregunta en particular: ¿Qué contribución harán los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo a estos acuerdos y, en términos más generales, qué papel jugarán en su ratificación?

Haarder
Por supuesto, los países que participen en dichos acuerdos lo harán respetando sus legislaciones nacionales. En lo que se refiere a las instituciones europeas, su participación tendrá lugar respetando la legislación de la Unión Europea.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, la documentación publicada por Statewatch deja claro que las negociaciones referentes a estos acuerdos se iniciaron ya el pasado otoño y que se han llevado a cabo en el mayor de los secretos. La propuesta de Tony Bunyan de Statewatch de que se publiquen los documentos para someterlos a un examen riguroso se ha aprobado aunque con el rechazo de una parte de la Cámara, porque las negociaciones en cuestión se llevaron en secreto. Lo cierto es que, según el Tratado, el Parlamento no tiene derecho a ser consultado sobre estos asuntos, razón por la cual nos preguntamos por qué no ha declarado públicamente que esas iniciativas formaban parte de las medidas antiterroristas en las que se está trabajando. Mi primera pregunta se refiere a por qué el Consejo esconde sus cartas cuando están en juego asuntos de interés general. Mi segunda pregunta se refiere al alcance de esos acuerdos. Considerando los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, el artículo 24 dice claramente que cuando se precise algún acuerdo con uno o más Estados para la aplicación de esos títulos, podrá alcanzarse en representación del Consejo sin necesidad de consultar al Parlamento y sin necesidad de un debate público. En opinión del Presidente en ejercicio del Consejo, ¿hasta dónde llegan esos poderes y por qué el Parlamento no ha sido informado?

Haarder
Me gustaría darle al Sr. Krarup una respuesta, pero no he leído lo que dice Statewatch. Tampoco sé si lo que dice es cierto. Además, mi obligación es responder preguntas formuladas de antemano, y estas preguntas no se habían formulado de antemano. Lo siento, pues, Sr. Krarup, pero quizá sería una buena idea que formulara su pregunta por escrito o remitiera sus preguntas por adelantado la próxima vez.

El Presidente.
 - Dado que su autor no está presente, la pregunta n° 10 decae. Pregunta nº 11 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0626/02):

Asunto: Nuevas perspectivas de las relaciones con Libia
¿Qué valoración le merece al Consejo las últimas declaraciones del coronel Muammar Gaddafi, jefe del Estado libio y el giro operado en su política así como los términos de su discurso televisado con ocasión del 33 aniversario de su acceso al poder? A la vista de esta nueva situación, ¿qué perspectivas se abren en las relaciones entre Libia y la Unión Europea?

Haarder
El Consejo no ha hecho referencia a los discursos del Coronel Gadaffi. El Consejo sigue estando dispuesto a que Libia participe de hecho y derecho en el Proceso de Barcelona tan pronto como ese país acepte plenamente y sin reservas las reglas de Barcelona. Libia no ha dado todavía una respuesta a esta cuestión. Hasta entonces, seguirá estando invitada en calidad de observadora a las reuniones de la Comisión Euromediterránea y a las reuniones de los máximos responsables en materia de política y seguridad. Libia participó en la conferencia ministerial de Valencia como invitada de la Presidencia.
Actualmente parecen existir dos grandes tendencias en ese país. La primera de ellas está preparando el camino para un acercamiento a la UE y aboga claramente por la ruptura con el pasado, mientras que la segunda considera que las ambiciones de Libia respecto al continente africano son incompatibles con su participación en el Proceso de Barcelona. El peso relativo de estos dos puntos de vista libios depende, naturalmente, de las ambiciones del Coronel Gadaffi.
En opinión de la UE, el importante papel de Libia en África y su participación en el Proceso de Barcelona son dimensiones que se complementan perfectamente. La alianza euroafricana, cuya próxima cumbre se celebrará en un futuro muy cercano, es testimonio de ello. El Consejo aplaude también la liberación de algunos prisioneros políticos en Libia e insiste en que, si este país se lo pide, permitirá que participe en el Proceso de Barcelona tan pronto como haya resuelto de forma clara y satisfactoria las cuestiones pendientes. Esa participación en la alianza euromediterránea significaría también que Libia, en común con los otros aliados, formaría parte de un acuerdo de asociación y se acogería al Reglamento MEDA.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente, debo confesar que el Presidente en ejercicio del Consejo no ha sido muy explícito ante esta pregunta. He escuchado con atención sus palabras que, a veces, me han parecido contradictorias en el sentido de que sí sería invitada, pero no parece que contemple un cambio en la situación. 
En cualquier caso, quisiera hacerle la siguiente pregunta complementaria. ¿Hay voluntad de proseguir por un camino de mutuo acercamiento? ¿Se prevé una mejora del mutuo conocimiento entre la Unión Europea y Libia? Si las cosas van bien, ¿a qué acuerdos se podría llegar?, ¿a los mismos que con otros países del Magreb en el marco de la política euromediterránea? ¿Con qué calendario previsible se podría actuar?

Haarder
Señor Presidente, verdaderamente pienso que mi respuesta ha sido bastante clara. Si Libia es capaz de dar respuestas claras y satisfactorias a las cuestiones pendientes, podrá, si así lo solicita, participar en el Proceso de Barcelona, aunque ambicione un acercamiento al continente africano. He dicho de forma bastante explícita que esas dos cosas no son necesariamente incompatibles. No obstante, en Libia parecen existir dos tendencias antagónicas. Eso no son perogrulladas mías, sino algo que hemos observado en Libia.

El Presidente.
 - Pregunta nº 12 formulada por Lennart Sacrédeus (H-0629/02):

Asunto: Estatuto de país vecino para Ucrania
En la cumbre UE-Ucrania que tuvo lugar en Copenhague el pasado julio se prometió a este país un "estatuto de país vecino" de la UE. Se trata de un nuevo concepto que hay que dotar de contenido. ¿Qué implica exactamente este estatuto? ¿Serán las condiciones para Ucrania las mismas que para Belarús, por poner un ejemplo? ¿Se beneficiarán de este mismo estatuto todos los países que limiten con la UE tras la ampliación?

Haarder
Señor Presidente, estoy encantado de responder a la pregunta del Sr. Sacrédeus referente a Ucrania. 
En la cumbre UE-Ucrania celebrada en Copenhague este verano, Ucrania fue informada sobre la decisión adoptada por el Consejo en abril de aprovechar la oportunidad de estrechar las relaciones entre la futura Unión Europea ampliada y sus nuevos vecinos. Las dos partes insistieron en la importancia de tener en cuenta la diferente naturaleza de las relaciones entre la Unión Europea y los países en cuestión, así como sus diferentes grados de desarrollo político y económico.
La Unión Europea y Ucrania se mostraron de acuerdo en que el proceso de ampliación ofrece nuevas oportunidades y retos en una serie de ámbitos. Las dos partes confirmaron también que Ucrania podía aprovechar mejor esas oportunidades si intensificaba sus esfuerzos por adaptar sus leyes, normas y reglas a las de la Unión Europea. Se acordó asimismo acelerar las conversaciones entre los organismos competentes en materia de alianzas y cooperación sobre los efectos de la ampliación en, por ejemplo, aspectos relacionados con el comercio, los visados, la circulación de personas y el fomento de la cooperación regional y transfronteriza.
La Unión Europea reconoce las aspiraciones europeístas de Ucrania. Pero es importante que Ucrania cumpla mejor sus obligaciones si pretende dotar a sus aspiraciones de un contenido real. La Unión Europea seguirá ayudando a Ucrania en el proceso de reforma, que abarca el reforzamiento del sistema judicial, la libertad de prensa, los derechos humanos y la sociedad civil.
La Presidencia danesa se siente obligada a estrechar las relaciones entre la Unión Europea y Ucrania. El plan de trabajo para la ejecución de la estrategia común de la Unión Europea para Ucrania ha sido ya presentado al Consejo, que lo examinó el 22 de julio de este año. La Presidencia cree que el objetivo general de la Unión Europea debe consistir en centrar el diálogo y la cooperación con Ucrania y orientarlo a la obtención de resultados.
Las prioridades de este plan de trabajo son las siguientes: en primer lugar, consolidar la democracia, el Estado de Derecho y las instituciones públicas; en segundo lugar, ayudar al proceso de transición económica, que engloba la integración de Ucrania en las economías europeas y mundiales y la cooperación transfronteriza regional con los países vecinos; en tercer lugar, cooperar con Ucrania para reforzar la estabilidad y la seguridad dentro y fuera de Europa; en cuarto lugar, reforzar la cooperación en los campos del medio ambiente y la energía, especialmente en el ámbito de la seguridad nuclear; en quinto lugar, ayudar a estrechar la cooperación en relación con la ampliación de la UE; y en sexto y último lugar, estrechar la cooperación en asuntos legales e internos.
La ejecución de una política global de la UE respecto a los nuevos vecinos de la Unión Europea, con la debida consideración de las diferencias existentes entre esos países, ayudará a conseguir los objetivos generales. Tras considerar la contribución común del Alto Representante, el Sr. Solana, y del Comisario Patten, el Consejo examinó las relaciones entre la UE y sus vecinos del Este en la reunión del 30 de septiembre. El Consejo reitera su convicción de que la ampliación de la Unión Europea ofrece una oportunidad excelente para estrechar las relaciones entre la Unión Europea y sus nuevos vecinos de cara a aumentar la estabilidad de la región y acortar las diferencias de prosperidad a ambos lados de las nuevas fronteras de la UE.

Sacrédeus (PPE-DE).
Me gustaría agradecer sinceramente al Sr. Haarder y a la Presidencia danesa su detallada y excelente respuesta. Mi opinión personal es que la visita a Kiev del primer ministro sueco Göran Persson y su encuentro con el gobierno ucraniano en su último viaje al exterior durante la presidente sueca, tuvo una gran importancia estratégica. Considero que la dirección emprendida por la Presidencia danesa es una continuación de esa política.
Me gustaría hacerle otro par de preguntas relacionadas con lo anterior. En primer lugar, ¿existe la posibilidad de que, en un futuro relativamente próximo, pueda ofrecerse a Ucrania un acuerdo especial, que sería una variante en Europa del Este de una relación económica especial, una especie de Acuerdo del Espacio Económico Europeo para Europea del Este? 
En segundo lugar, me gustaría saber lo que piensa usted sobre el efecto que han podido tener sobre las relaciones entre la UE y Ucrania las declaraciones de esta última respecto a la cooperación militar con Iraq.

Haarder
Me gustaría agradecer al Sr. Sacrédeus el gran interés que ha mostrado por Ucrania. Es importante que recordemos a Ucrania, ya que es un país muy importante en Europa. Me gustaría felicitar al Parlamento por el informe sobre Ucrania que -si no recuerdo mal- fue adoptado hace aproximadamente un año. Puedo añadir que la Presidencia danesa espera que el Consejo, una vez más este año, solicite a la Comisión que remita propuestas para la adopción de una política comunitaria global respecto a los nuevos vecinos de la Unión Europea, y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Ucrania es un país muy importante entre esos vecinos.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, me gustaría agradecerle la mención específica que ha hecho a su trabajo sobre la seguridad nuclear en Ucrania. Estaría interesado en saber si se pretende realmente aplicar las normas de la Agencia Internacional de la Energía Atómica como base para garantizar la seguridad en ese país.

Haarder
Señor Presidente, con los antecedentes históricos que todos conocemos, el tema de la seguridad nuclear estará presente sin lugar a dudas en todas las conversaciones que mantengan la Unión Europea y Ucrania.

El Presidente.
 - Pregunta nº 13 formulada por Bernd Posselt (H-0631/02):

Asunto: UE - Macedonia
¿Cómo valora la Presidencia danesa del Consejo la actual situación en Macedonia? ¿Proyecta adoptar medidas para dar un mayor vigor al Acuerdo de asociación y estabilización, por ejemplo, a través de ayudas financieras adicionales o mediante la supresión de la obligación de visado?

Haarder,.
La Presidencia se alegra mucho de que las elecciones parlamentarias celebradas el 15 de septiembre en la Antigua República Yugoslava de Macedonia transcurrieran de una manera tan pacífica. En su reunión del 21 de octubre, el Consejo expresó su satisfacción por el acuerdo alcanzando con el nuevo gobierno en Skopje.
El Consejo instó al nuevo gobierno a que conceda la máxima prioridad a la aplicación del acuerdo marco y al proceso de estabilización y asociación en su programa de trabajo e insistió en que desea mantener con él una colaboración estrecha y fructífera. La Unión Europea mantendrá su firme compromiso con Macedonia y prestará su apoyo activo a un gobierno de talante reformista. El Consejo está también tratando de que el censo previsto se elabore conforme a las normas internacionales.
El Acuerdo de Estabilización y Asociación no ha entrado en vigor porque todavía no se ha ratificado. Hasta que llegue ese momento, se ha alcanzado un acuerdo provisional sobre aspectos comerciales, que entró en vigor hace ahora justamente un año. Como parte de un programa plurianual que abarca el período 2002-2004, la Comunidad Europea ha destinado 130,5 millones de euros a la Antigua República Yugoslava de Macedonia para ayudar al país a prepararse para cumplir las obligaciones que conllevan el acuerdo provisional y el Acuerdo de Estabilización y Asociación. 
La cuestión del visado exigido a los macedonios se consideró en la última reunión del Consejo de Cooperación Macedonia-UE celebrado los días 1 y 2 de julio de este año y, en esa ocasión, la Comisión recordó a las autoridades de Macedonia que tienen que adoptar una serie de medidas prácticas antes de que la Unión Europea pueda considerar la cancelación de dicho requisito de visado. Los Estados miembros y la Comisión están siguiendo de cerca el progreso de las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en el cumplimiento de dichos criterios.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, muchas gracias por su excelente y detallada respuesta y por sus formidables conocimientos sobre la situación, que por supuesto explican por qué le tenemos en tan alta estima. Me gustaría hacer sólo una breve pregunta complementaria. Es un asunto delicado, lo reconozco. Usted ya habló en otra ocasión sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Estamos viendo que el término Yugoslavia en expresiones como «la antigua Yugoslavia» y «lo que queda de Yugoslavia» ha desaparecido y está siendo sustituido por el término Serbia-Montenegro. Así pues, la palabra «Yugoslavia» seguirá existiendo sólo en el nombre oficial de Macedonia. Me gustaría preguntarle si no sería posible, a la larga, encontrar una solución diplomática al problema de los nombres, porque es evidente que genera tensión en ese país y, aunque no suponga una amenaza para su existencia, sí tiene profundas consecuencias psicológicas.

Haarder
Precisamente por las profundas repercusiones psicológicas de esta cuestión, que también ha apuntado el Sr. Posselt, no quiero manifestar ninguna opinión al respecto.

Rübig (PPE-DE).
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, creo que en el caso de Macedonia es especialmente importante que consideremos la manera de que nuestra ayuda pueda ser más eficaz para aportar estabilidad a esa región. Las pequeñas y medianas empresas juegan, evidentemente, un papel fundamental en este caso. Por eso estaría interesado en saber si dentro del programa de ayudas que usted ha mencionado y que destinará 135 millones de euros durante el período 2000-2004, se contemplan también ayudas para las pequeñas y medianas empresas.

Haarder
No puedo decirle en este momento si existen fondos para la clase media. Pero no pueden concederse ayudas para el desarrollo económico sin que éstas beneficien a la clase media, y estoy convencido de que beneficiarán a las pequeñas y medianas empresas. Hasta donde yo sé, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia no existe otro tipo de empresas, por lo que no creo que su Señoría tenga motivos para preocuparse. Además, me gustaría expresar una vez más mi satisfacción por el rumbo que ha tomado Macedonia, especialmente por el rumbo político, que me parece tranquilizador si recordamos lo sombrías que eran las perspectivas hace tan sólo un año.

El Presidente
 - Pregunta nº 14 formulada por Olivier Dupuis (H-0634/02):

Asunto: Secuestro del Ali Khanbiev, médico, en Chechenia
Entre las tres y las cuatro de la madrugada, en la noche del 3 al 4 de septiembre, unos hombres enmascarados secuestraron a Ali Khanbiev cuando se encontraba en su casa en la localidad de Benoï (Chechenia). Ali Khanbiev continuaba trabajando como médico en el hospital de Benoi. Nacido en 1958, Ali Khanbiev es hermano de Oumar Khanbiev, Ministro de Sanidad del Gobierno de Aslan Maskhadov.
¿De que informaciones dispone el Consejo sobre el secuestro de Ali Khanbiev? ¿Es consciente el Consejo de que este secuestro presenta todas las características de los secuestros realizados por las fuerzas militares y paramilitares rusas y de que, por consiguiente, cabe temer lo peor para la integridad física de Ali Khanbiev? ¿Qué iniciativas ha adoptado o piensa adoptar el Consejo para instar a las autoridades rusas a hacer todo lo que esté en su mano para que Ali Khanbiev sea inmediatamente liberado?

Haarder
El Consejo no ha recibido ninguna información sobre este secuestro, pero puedo decirle que sigue estando muy preocupado por la situación en Chechenia y que no puede más que condenar los numerosos secuestros que agravan la situación humanitaria ya de por sí muy difícil en esa región. El Consejo insiste en la importancia excepcional que concede al pleno respeto de los derechos humanos y también a los esfuerzos por encontrar una solución política y mejorar la situación humanitaria. Soy muy consciente de que el Sr. Dupuis quisiera que le dijera algo más y que le asegurara que se harán más cosas, pero esto es todo lo que puedo decirle por el momento. Me gustaría también agradecer al Sr. Dupuis el compromiso que demostró durante muchos años -especialmente en lo que respecta a la situación humanitaria en Chechenia- mientras fue, como yo, diputado de este Parlamento.

Dupuis (NI).
Ministro Haarder, me cuesta entender esto. Ha dicho usted que el Consejo no ha recibido ninguna información sobre el secuestro del Sr. Khanbiev. Toda la información que hemos recibido en las últimas seis semanas es que ha sido secuestrado. ¿No ha recibido el Consejo esa información, no ha sido capaz de pedirla, o no ha querido pedirla? Eso es lo primero que me gustaría saber.
Lo segundo es que ustedes están trabajando en la preparación de una importante reunión que tendrá lugar en Copenhague, la cumbre entre la Unión Europea y Rusia. Como parte de los preparativos para esa cumbre, ¿incluirán en el orden del día el tema de las desapariciones, las torturas y las ejecuciones de civiles, por desgracia muy frecuentes, como la del Sr. Ali Khanbiev, que es un médico y nada más que un médico? En concreto, ¿se asegurará el Consejo de que, por lo menos, intentemos salvar a una persona, que intentemos salvar al Sr. Khanbiev, y cambiando las cosas completamente en Chechenia, enviemos una clara señal a las autoridades rusas?

Haarder
El orden del día para la Cumbre de la Unión Europea y Rusia que tendrá lugar en Copenhague el 12 de noviembre todavía no se ha preparado. Con respecto a este secuestro, sólo puedo repetirle que el Consejo no ha recibido ninguna información al respecto. Pero como ya dije antes, el Consejo es muy consciente de los numerosos secuestros que se producen y ha condenado esa situación, al igual que el Parlamento, en repetidas ocasiones. Lamentablemente, la situación es tan grave que probablemente sea cierto lo que dice el Sr. Dupuis, pero el Consejo no ha recibido todavía información sobre el incidente.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta. Hemos tenido en varias ocasiones la oportunidad de considerar con el Comisario Nielson la posibilidad de que visitara Chechenia para evaluar la situación humanitaria con más detalle, y quisiéramos enviar también una delegación comunitaria a Chechenia. En esa Cumbre de la Unión Europea y Rusia, ¿no podría incluir en el orden del día el deseo de las instituciones europeas de visitar Chechenia para comprobar de primera mano la situación en la que se encuentra? Quizás podría usted considerar esta posibilidad con el Comisario Nielson. Mientras Dinamarca ocupe la Presidencia del Consejo, podría además hacerlo en su lengua madre, por supuesto. Pero aparte de eso, es importante que se realice una visita oficial.

Haarder
Me gustaría agradecerle al Sr. Posslet su compromiso y la propuesta que nos ha presentado. Naturalmente, yo no puedo adelantarle la respuesta, aquí como representante del Consejo, pero quisiera agradecerle su propuesta y añadir que el Consejo está, por supuesto, profundamente implicado en los asuntos que antes se han mencionado.

El Presidente.
- Pregunta nº 15 formulada por Paulo Casaca (H-0638/02):

Asunto: Derechos humanos
Según el Financial Times del pasado 8 de julio, las autoridades iraníes afirmaron ante la Sra. Laurette Onkelinx, Viceprimera Ministra belga, en Teherán, que defendían la práctica de la lapidación de mujeres para "asegurar la inviolabilidad de la familia" y castigar el adulterio.
¿Puede indicar el Consejo qué consecuencias tiene para las relaciones entre la Unión Europea y el Irán la defensa de semejante práctica, habida cuenta de la prioridad que el Consejo, según afirma reiteradamente, concede a los derechos humanos?

Haarder
Por cuestión de principios, el Consejo nunca comenta los informes de prensa. Cuando se hacen comentarios públicamente, es la Presidencia quien los hace. Con respecto a la visita en cuestión, me gustaría dejar claro que, durante la misma, la viceprimera ministra belga, Sra. Onkelinx, expresó su condena de la lapidación. Además, reiteró la posición de la Unión Europea en este tema para disipar cualquier malentendido sobre lo que se había dicho durante la conversación en cuestión.
El tema de los derechos humanos -y, en concreto, el uso de formas crueles de ejecución como la lapidación- ha recibido siempre prioridad en el extenso diálogo político que tiene lugar con ocasión de las reuniones semestrales que mantienen Irán y la Unión Europea. En la última reunión celebrada en Teherán el 10 de septiembre de 2002, se habló también de una serie de cuestiones específicamente relacionadas con los derechos humanos. Además, la Unión Europea hace cada cierto tiempo tentativas de acercamiento en relación con esos asuntos. Actualmente, tenemos conocimiento de tres casos en Irán de personas que han sido sentenciadas a morir lapidadas. Las tres sentencias han sido recurridas, de manera que todavía no son firmes. Pueden estar seguros de que el Consejo seguirá esos casos muy de cerca.
En términos más generales, puedo informarles de que la UE ha estudiado una iniciativa dirigida a mantener conversaciones formales sobre los derechos humanos con Irán, partiendo de las directrices relativas al diálogo con terceros países aprobadas por el Consejo en diciembre del año pasado. Este mes se reunirán expertos europeos e iraníes en derechos humanos para mantener una ronda de conservaciones preliminares en Teherán.
Me gustaría añadir también que los derechos humanos son una de las cuatro áreas básicas en las que el Consejo ha declarado que desea ver algún progreso, ahora que la Unión Europea e Irán están tratando de establecer relaciones comerciales más estrechas.
El 21 de octubre, es decir, hace un par de días, el Consejo insistió en que considera muy importante que el diálogo sobre los derechos humanos consiga mejorar la situación en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. Ha decidido, por consiguiente, iniciar ese diálogo partiendo de las condiciones, calendarios, temas, puntos de referencia -es decir, objetivos- y elección de interlocutores que se acordaron durante la misión de indagación de la Unión Europea a Irán. Se decidió también que la primera reunión dentro del marco de dicho diálogo tuviera lugar este mismo año en Teherán. Finalmente, el Consejo ha tratado muy recientemente, por iniciativa de la Presidencia, una serie de asuntos que afectan a varios países, entre ellos Irán. Partiendo de esa iniciativa, el Consejo adoptó, el 30 de septiembre, una declaración sobre la pena de muerte y, en particular, sobre formas crueles de ejecución. En su declaración, el Consejo insiste de nuevo, de forma clara y sin ambigüedades, en que la Unión Europea rechaza la pena de muerte y, en particular, la ejecución por lapidación.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le doy mis más sinceras gracias por la franqueza de su respuesta. Me gustaría, no obstante, informarle de que precisamente en vísperas de una misión a Irán de expertos de la UE en octubre, se han perpetrado en ese país cinco ejecuciones públicas, de las que se ha hecho eco la prensa de todo el mundo. Espero, por cierto, que el Presidente en ejercicio del Consejo no nos diga que no conoce lo que ha aparecido en la prensa. Ese tipo de acciones demuestran claramente la posición de las autoridades iraníes, que no van a ceder un ápice en su postura frente a los derechos humanos. El número de ejecuciones declaradas en Irán se ha triplicado en los últimos tres años y, considerando estas circunstancias, nos preguntamos: ¿Va a firmar la Unión Europea un acuerdo comercial con Irán pese a estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos? Me gustaría que usted respondiera a mi pregunta.

Haarder
Señor Presidente, en ningún momento he dicho que ni yo ni el Consejo leemos los informes de prensa y los periódicos. He dicho que el Consejo nunca comenta los informes de prensa. Eso es algo muy diferente.
Mi estimado colega tiene toda la razón cuando dice que, en Irán, la pena de muerte no sólo existe en teoría, sino también en la práctica. Eso es terrible, pero el Consejo ha formulado una estrategia para poder embarcarse en un diálogo sobre los derechos humanos con países que imponen esta pena. Eso es, en mi opinión, perfectamente correcto, por otra parte. Se trata de un diálogo para, por un lado, condenar enérgicamente la pena de muerte, y por otro, realizar esfuerzos simultáneos de persuasión que consigan mejorar la situación.

Dupuis (NI).
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, creo que el Sr. Casaca ha tocado un tema muy específico. No estaba hablando sobre la pena de muerte, sino sobre la muerte por lapidación, que es totalmente inaceptable. Además, nuestra experiencia con los acuerdos de asociación alcanzados con varios terceros países, especialmente con países que mantienen vínculos estrechos con nosotros, como Túnez, demuestra que la cláusula sobre derechos humanos no tiene efecto alguno para instar a las autoridades nacionales a avanzar hacia la democracia y el Estado de Derecho. Por el contrario, las autoridades han utilizado esos acuerdos de asociación para afianzar su poder y para crear grupos de mafias que participan, en mayor o menor medida, en los sectores económicos del país y de la propia Unión Europea.
¿Cree usted que, proponiendo a Irán que firme un acuerdo de asociación, existe el peligro de que nos encontremos en la misma situación que la de Unión Europea frente a Túnez hoy en día?

Haarder
Señor Presidente, una pregunta como esa no puede responderse en términos generales. Pero si quiere algo parecido a una respuesta, a menudo es una buena idea preguntar a las fuerzas democráticas del país en cuestión.

El Presidente.
- Dado que su autora no está presente, la pregunta n° 16 decae. Pregunta nº 17 formulada por Konstantinos Alyssandrakis (H-0648/02):

Asunto: Fomento del Estado policial y la delación en un texto de EUROPOL
Según una noticia publicada en el diario griego Rizospastis, en un documento de EUROPOL titulado "Mejores prácticas europeas para el trato de los informantes" se formulan orientaciones y directrices para "el reclutamiento y la gestión" de delatores. Dichas directrices abordan, entre otras cuestiones, métodos e importes de las retribuciones, incluso modalidades peculiares de inmunidad, puesto que no se detendrá a los delatores "cuando cometan delitos dentro de los límites establecidos" y asimismo les "está permitida la participación en actos delictivos" previa "aprobación de la autoridad designada de conformidad con las líneas directrices".
¿Puede indicar el Consejo si cuenta con su aprobación dicho texto de EUROPOL, que contradice de forma flagrante el respeto de los derechos humanos y la propia dignidad humana, y si piensa tomar medidas urgentes para atajar esta deriva hacia el Estado policial, el autoritarismo y la delación en detrimento de la vida privada de los ciudadanos y de la actividad política, sindical y social de los mismos y de las organizaciones a las que pertenecen?

Haarder
Señor Presidente, lo siento, pero tengo que volver a insistir, puesto que el Consejo no ha comentado nada sobre las declaraciones aparecidas en los medios de comunicación. Puedo confirmarle no obstante que existe un documento de la Europol referente al tema que nos ocupa. Dicho documento describe las buenas prácticas relativas al tratamiento de los informantes, con el fin de ayudar a las autoridades policiales de los Estados miembros. El documento no es vinculante y se ha inspirado en el punto i del apartado 2 del artículo 3 del Convenio de la Europol. Se basa parcialmente en la decisión del Comité Ejecutivo de 29 de abril de 1999 sobre los principios generales que regulan la retribución de los informantes y en la Decisión del Grupo Central de 22 de marzo de 1999 sobre los principios generales que regulan la retribución de los informantes. Estas decisiones se han integrado, por tanto, en el anterior marco reglamentario de la Unión Europea, cf. el Protocolo que integra las normas de Schengen en el marco de la Unión Europea, y todas ellas han sido publicadas en el Diario Oficial de 22 de septiembre de 2000. El uso policial de informantes, incluidos los aspectos de su retribución e inmunidad, depende lógicamente de la legislación nacional del Estado miembro en cuestión.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente en ejercicio, me sorprende su respuesta; es algo a lo que no nos tiene acostumbrados. Al mismo tiempo, me estremezco al pensar que estamos rodeados por una red de informantes y me pregunto si el propósito de tanta claridad no será recordarnos precisamente eso y advertirnos de que nuestras más leves faltas son objeto de una vigilancia continua. Puesto que la Europol parece querer dar a sus informantes una categoría oficial, me pregunto si habrá fijado ya una escala de retribución y si hará ofertas de trabajo para que por lo menos algunos de nuestros jóvenes en paro puedan aspirar a esos puestos.

Haarder
Señor Presidente, la Europol es un órgano comunitario que combate algunos de los peores delitos imaginables, contra los cuales las democracias tienen que protegerse. No creo, por tanto, que sea adecuado hablar de una categoría de informantes. Esa es una expresión que me gustaría rechazar.
Por supuesto, la Europol fue creada y dotada posteriormente de poderes más amplios en parte porque así lo solicitaron el Parlamento y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Internos. Una razón para ello es que la Europol no pretende, por supuesto, crear problemas a las personas, sino protegerlas.

El Presidente.
- Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 18 a 37 recibirán respuesta por escrito

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0298/2002) del Sr. Lisi, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de las normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y anulación o gran retraso de los vuelos (COM(2001) 784 - C5-0700/2001 - 2001/0305(COD)).

De Palacio
. (ES) Señor Presidente, me complace tener la oportunidad de presentar al Parlamento esta importante propuesta, que forma parte de nuestra política de dar al transporte un rostro humano, es decir, de ocuparnos de los derechos de los ciudadanos, de los pasajeros, como anunciábamos en nuestro Libro Blanco.
Es difícil para el pasajero aceptar una denegación de embarque. El pasajero ha pagado el billete, ha reservado el pasaje, ha llegado a tiempo al aeropuerto para la facturación y se encuentra con que no hay asientos en el avión, porque la compañía aérea tiene un exceso de reservas o porque, sencillamente, ha sucedido algún otro percance. Esto es incomprensible para los ciudadanos y causa grandes trastornos y un sentimiento de frustración y, finalmente, de resentimiento. En la Comunidad, cerca de 250.000 personas al año se encuentran con que -después de haber pagado su billete y llevado a cabo todas las formalidades- se les deniega el embarque.
Aunque reconocía la flexibilidad que requieren las compañías aéreas para la gestión de la capacidad, en 1991 la Comunidad Europea adoptó -en vísperas de la aprobación de la legislación final sobre liberalización- un Reglamento sobre la denegación del embarque por exceso de reservas que garantiza a los pasajeros afectados una compensación económica y, además, una asistencia, pero que tiene enormes limitaciones. Por eso, la Comisión ha propuesto un nuevo reglamento, para reducir drásticamente el número de personas a las que se deniega el embarque y para mejorar la protección de los afectados.
Cuando tengan previsto denegar el embarque, las compañías aéreas estarán obligadas, en primer lugar, a pedir voluntarios para que renuncien a sus plazas a cambio de determinados beneficios; sólo si no hay suficientes voluntarios, podrá denegarse el embarque a los pasajeros en contra de su voluntad. Ahora bien, para que sea eficaz, el Reglamento tiene que dar un fuerte incentivo para encontrar voluntarios. Por tanto, hemos propuesto un fuerte aumento de la compensación, por encima de los niveles actuales, que han quedado absorbidos en parte por la inflación y que hoy en día no disuaden a las compañías de recurrir a la denegación de embarque.
Naturalmente, cuando las compañías aéreas encuentren voluntarios, no pagarán esta indemnización. En cuanto a las cantidades exactas, la postura de la Comisión es flexible, siempre y cuando sean suficientemente importantes como para inducir a las compañías a encontrar voluntarios.
Nuestra propuesta eliminará también las limitaciones del presente Reglamento. En primer lugar, ampliará la aplicación de los derechos de los pasajeros víctimas de denegación de embarque a todos aquellos pasajeros cuyos vuelos sean anulados. Al fin y al cabo, una anulación equivale a una denegación de embarque generalizada para todo un pasaje. No obstante, sólo quedarían cubiertas las anulaciones de las que sea responsable la compañía correspondiente porque, evidentemente, en ciertas circunstancias, sería injusto que la compañía cargara con toda la responsabilidad.
En segundo lugar, el Reglamento propuesto establecerá derechos fundamentales para los pasajeros que sufran retrasos, permitiéndoles organizar el viaje de otra manera, en vez de esperar indefinidamente en los aeropuertos. Sin embargo, en este caso, no tendrán derecho a indemnización. Por último, nuestra propuesta otorgará todos estos derechos tanto a los pasajeros que vuelan con vuelos regulares como a aquellos que lo hacen con vuelos no regulares. Por tanto, los pasajeros de viajes combinados se beneficiarán de la misma manera que los que sólo adquieren el billete de avión. No sería justo tratar a los pasajeros de manera diferente cuando tienen que hacer frente a dificultades semejantes.
Señor Presidente, Señorías, he aquí lo esencial de nuestra propuesta, que amplía en gran medida la protección de los pasajeros cuando surgen problemas en los vuelos y que persigue, sencillamente, mejorar la calidad del servicio y, por lo tanto, aumentar las garantías para los ciudadanos.

Lisi (PPE-DE)
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en este difícil momento para el sector de la aviación civil, cuyo futuro debatimos recientemente en esta Cámara cuando discutimos las normas para un cielo único europeo, la Comisión Europea ha propuesto un nuevo Reglamento para la indemnización y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque.
La liberalización del sector del transporte aéreo ha producido enormes beneficios para los pasajeros. Ahora hay competencia en muchas rutas, provocando una caída de los precios y un gran aumento en la variedad de rutas y destinos. Sin embargo, los consumidores tienen razones válidas para quejarse. La denegación de embarque y la cancelación de vuelos provocan un gran resentimiento, y la asistencia proporcionada durante los retrasos excesivos a menudo deja mucho que desear.
En esta Cámara volamos con mucha frecuencia, y muchos de nosotros hemos experimentado tales inconvenientes. Por lo tanto, en este caso nos resulta muy sencillo ponernos en la piel de los ciudadanos y entender que se necesita una legislación nueva y eficaz para proteger sus derechos.
Dado que la legislación vigente plantea limitaciones, la Comisión Europea propone un enfoque diferente: por una parte, la introducción del recurso a los voluntarios, inspirado en el eficaz sistema norteamericano; por otra parte, un sistema disuasivo que obligue a las compañías aéreas a proporcionar a los pasajeros una mayor indemnización por daños. Además, se incrementará la protección, como veremos a continuación.
Sin embargo, no podemos ignorar el contexto general de esta propuesta. En el seno de la Comisión hemos tenido la oportunidad de seguir un debate muy constructivo, que ha explorado todos los aspectos de la cuestión.
Tal y como la Comisaria acaba de señalar, el exceso de reservas, causa principal de denegación de embarque, es un fenómeno insignificante dentro del flujo anual de pasajeros en territorio comunitario. Para proporcionar mayor protección a un número muy reducido de pasajeros, no podemos arriesgarnos a penalizar a todo el espectro de viajeros con un posible aumento generalizado de los precios. Tenemos que ser muy precavidos y determinar con precisión, teniendo en cuenta el impacto económico, las mejores soluciones que alcancen los objetivos sin generar consecuencias negativas.
En este contexto, señora Comisaria, tengo que lamentar la falta de estadísticas proporcionadas por la Comisión en apoyo de la propuesta. Necesitamos estadísticas prácticas y hechos en los que basar una decisión, y esta carencia me ha dificultado la preparación de un informe.
Paso a explicar, en términos generales, los puntos principales en los que hemos trabajado para producir el documento final. El primero es el de las definiciones. En términos metodológicos, creo que resulta esencial definir con mayor precisión a todos los agentes involucrados y los términos empleados, con el fin de evitar una confusión que pueda afectar a los pasajeros o a las compañías aéreas. En este sentido, se han adoptado una serie de enmiendas para especificar lo estipulado en el artículo 2.
El segundo punto se refiere a los operadores turísticos. Los pasajeros que compran viajes combinados ya están suficientemente protegidos por la Directiva 90/314. En consecuencia, la propuesta de la Comisión puede crear confusión respecto del texto de referencia, en detrimento de los pasajeros. Por tanto, era necesario, tal como hemos hecho, limitar la responsabilidad de los operadores turísticos, en el contexto de este Reglamento, exclusivamente a las plazas. 
Por último, el punto más controvertido: la indemnización a los pasajeros en caso de denegación de embarque. La propuesta de la Comisión ha provocado un gran debate y mucha inquietud. Ni los criterios establecidos para la definición de las nuevas indemnizaciones ni la evaluación del impacto satisfacen a los miembros de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Para nosotros, lo más importante es preservar el equilibrio entre la protección de los pasajeros y la vitalidad de un gran sector económico como el del transporte aéreo. Por lo tanto, hemos propuesto una división en tres categorías sobre la base de la distancia, y una reducción del importe de la indemnización. Tenemos que recordar que debemos centrarnos en implementar el sistema de recurso a voluntarios en lugar de las indemnizaciones.
Además, creo que es totalmente inapropiado indemnizar por retrasos excesivos, por una serie de razones. En primer lugar, porque no resulta fácil determinar la causa del retraso con suficiente rapidez y, en segundo lugar, porque esto crearía una reacción en cadena. En consecuencia, creemos que resulta apropiado equiparar la denegación de embarque a la anulación, pero creemos que resulta inadecuado tratar los retrasos excesivos del mismo modo.
Tenemos que asegurar el funcionamiento adecuado de un sistema coherente de asistencia en caso de retrasos, en particular cuando se trata de discapacitados o menores, por lo que se refiere al suministro de información y logística, y hemos adoptado una serie de enmiendas en este sentido.
Para concluir, me gustaría decir rápidamente algo acerca de las enmiendas presentadas. Demuestran que el debate entre los que quieren que la indemnización sea mayor y los que quieren que sea menor sigue abierto. Es cierto que, hasta la fecha, la única reacción ha sido una cierta insatisfacción respecto de nuestra propuesta por parte de las compañías aéreas y los consumidores. Señora Comisaria, esto me autoriza a pensar que, precisamente porque ninguna parte está satisfecha, el compromiso que hemos alcanzado es la solución más inteligente y equilibrada.

Whitehead (PSE)
. (EN) Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Lisi por su informe. Cuando estaba elaborando el proyecto de este informe, asistió a los debates sobre mi opinión en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor e incorporó muchos de los puntos planteados. Nuestras diferencias son realmente mínimas, aunque volveré sobre ellas. Tal y como afirmó el Sr. Lisi, los diputados opinan aquí acerca de muchos temas sobre los que no tienen unos conocimientos profundos, aunque todos nosotros nos consideramos expertos en los problemas de los viajes de pasajeros. Estos problemas dominan nuestras vidas laborales. Por lo tanto, se acogieron con gran satisfacción las propuestas de progreso con respecto al reglamento de 1991 planteadas por la Comisaria De Palacio, no sólo con respecto a la denegación de embarque, sino también al retraso y la anulación de los vuelos. 
No cabe duda de que debe aplicarse lo que nosotros llamamos la jerarquía de indemnizaciones, comenzando con unos niveles de compensación proporcionales a la distancia del viaje. Creo que la mayoría de las compañías aéreas han respondido bien a este debate, con el Compromiso de Servicio con los Pasajeros de Líneas Aéreas como gesto de intención. Me gustaría decir a las compañías aéreas disidentes que ignoran todo esto -y sabemos, si no siempre el país al que pertenecen, sí los destinos a los que vuelan- que sería aconsejable que tuviesen en cuenta el nivel de satisfacción del público. Sin adornos no debería querer decir sin preocupaciones.
En nuestra opinión, se nos ha planteado una enmienda al artículo 7 que sugiere unos niveles de compensación basados en evaluaciones específicas del impacto, para que no se pueda argumentar que se ha fijado una compensación excesiva a la ligera. Tengo que decir que los niveles de compensación del informe del Sr. Lisi están muy lejos de lo que nosotros queríamos de conformidad con el artículo 7. Queríamos una compensación obligatoria de entre 300 y 1.500 euros, dependiendo de la distancia y sujeta a evaluación. Esta compensación se ha reducido hasta los 200 a 600 euros, aunque reconozco que este importe en sí representa un progreso para el consumidor. Sigo preocupado por el hecho de que esto no resulta necesariamente aplicable en virtud de la enmienda 31, que nos remite de nuevo al artículo 9 y no al artículo 8. Es posible que la Comisaria pueda garantizarme que estas enmiendas resultarán efectivamente aplicables. 
Por otra parte, el Sr. Lisi y su comisión han salido en defensa del consumidor y nos han permitido avanzar hasta un sistema de clasificación de las compañías aéreas. Ojalá esto se aplicase a todas las compañías aéreas, todos los vuelos y todos los problemas. Cada día salen a la luz nuevos horrores. En una compañía aérea británica, una mujer tuvo que soportar un vuelo de once horas junto a una mujer de 146 kilos que se sentó sobre ella, y no junto a ella, durante todo el vuelo. Sufrió graves lesiones e inicialmente se le ofreció una indemnización de 15 libras esterlinas. Se podría decir que la compañía aérea salió con una pasajera discapacitada y llegó con dos. Nuestras medidas deberían estar destinadas a reducir los obstáculos y no a incrementarlos. Acojo con satisfacción este informe, como un paso en esa dirección.
Foster (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero comenzar agradeciendo a mi colega, el Sr. Lisi, el gran trabajo realizado en este informe. Me gustaría también apoyar sus comentarios.
A modo de observación general y en contra de la postura de la Comisión, desearía continuar diciendo que este informe supuso una sorpresa desagradable, debido, entre otras cosas, a que el pasado año el Sr. Collins presentó un informe a nuestra comisión acerca de los derechos de los pasajeros aéreos, con un contundente apoyo del Parlamento al planteamiento voluntario. Por otra parte, no se ha consultado a la industria acerca del tema y no existe ninguna valoración del impacto empresarial válida. No existen datos sobre los costes previstos para los transportistas, no se ha realizado una valoración del impacto sobre la competitividad -entre la UE y otros transportistas- y no existe información sobre el impacto directo y resultante de esta legislación.
El acuerdo voluntario sobre el Compromiso de Servicio con los Pasajeros de Líneas Aéreas se firmó en febrero en Estrasburgo. Prácticamente todas las compañías aéreas europeas participaron en el mismo. Este acuerdo contenía referencias a una serie de puntos incluidos en esta propuesta con respecto a los retrasos, las anulaciones y asignaciones de vuelos alternativos, pasajeros con necesidades especiales, la reducción del número de embarques denegados involuntariamente, etc. 
Por lo tanto, ¿por qué el Sr. Collins y nuestra comisión se molestaron en presentar su informe al Parlamento cuando la Comisión ya tenía claramente una propuesta legislativa en el bolsillo? El acuerdo voluntario no ha fracasado, ni siquiera ha tenido oportunidad de funcionar. Aquí estamos de nuevo con la Comisión dando otro paso hacia su destrucción.
La propuesta presenta defectos en varias áreas fundamentales: no reconoce las diferencias fundamentales entre los servicios aéreos regulares y no regulares; ignora, por ejemplo, la directiva relativa a paquetes turísticos, que cubre los derechos de los pasajeros de servicios no regulares. En particular, hace referencia a propuestas relativas a las anulaciones y a los grandes retrasos de los vuelos, lo que explica la inclusión de los operadores turísticos, tal y como defendía nuestra comisión.
La propuesta también ha ignorado la proporción de incidentes provocados por fallos de los suministradores de los servicios monopolistas, tales como los operadores y aeropuertos, así como la incapacidad de las compañías aéreas para obtener compensaciones de los mismos.
Dado que el precio de los billetes ha descendido en los últimos diez años, resulta impensable el incremento de los niveles de compensación del 400% propuesto en caso de denegación de embarque por la Comisión. Si se mantuviesen esos niveles, este reglamento costaría a los transportistas de servicios regulares alrededor de 1 350 millones de euros. Las numerosas compañías aéreas regionales y «económicas» se verían más seriamente afectadas, dado que sus márgenes son mucho menores. Por otra parte, ninguna de estas normas resultará aplicable a las compañías aéreas de terceros países. En Europa, estamos sufriendo de nuevo las consecuencias de jugar sobre un terreno desigual: otro ejemplo de que la Comisión pretende matar moscas a cañonazos.
Finalmente, bajo la dirección de nuestro ponente, conseguimos sacar una conclusión más sensible y realista. Confío en que la Comisión escuche al Parlamento y actúe en consecuencia.
El público espera con razón y se merece un buen servicio al cliente, pero esta propuesta representa un paso desproporcionado.

Stockmann (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, doy las gracias al ponente. En nuestra opinión, el compromiso alcanzado en comisión constituye un paso significativo hacia una mayor protección del consumidor. Por fin tenemos seguridad legal en asuntos adicionales, y no sólo compromisos voluntarios de las compañías aéreas. Además, el Reglamento se amplía para incluir retrasos importantes y anulaciones de vuelos. A menudo he sido víctima de anulaciones por parte de la antigua compañía Sabena. Estoy seguro de que otros diputados habrán sufrido experiencias similares con otras compañías aéreas. Por último, vamos a doblar los niveles de indemnización actuales, que estarán más sutilmente diferenciados que hasta ahora, y divididos en tres franjas.
Sin duda, la cuestión que más hemos de debatir es el importe de la indemnización. El Reglamento no puede tener por objeto la abolición de la práctica del exceso de reservas, pero sí asegurar que este procedimiento se use de una manera más razonable y orientada al consumidor. Por supuesto, también podríamos eliminar el exceso de reservas, como ya han hecho las líneas de bajo coste, siempre que por otro lado no se pudieran cambiar los vuelos y si la incomparecencia de un pasajero en la facturación implicase la pérdida automática de un vuelo. Sin embargo, esto no es beneficioso para el consumidor ni justificable por motivos medioambientales. Los consumidores necesitan flexibilidad cuando planifican sus viajes, y los aviones medio vacíos no tienen sentido desde un punto de vista medioambiental.
El argumento económico resulta aún más persuasivo. Si se aboliese el exceso de reservas, los precios aumentarían de forma inevitable, y no podemos esperar que los consumidores se conformen con esto, ni por supuesto las compañías aéreas, que tienen que enfrentarse a la competencia internacional.
Una razón adicional para apoyar el compromiso adquirido en comisión sobre los importes de indemnización reside en la importancia de que los consumidores se beneficien de estas normas mejoradas y obligatorias tan pronto como sea posible, y que no tengan que esperar durante años porque la legislación se encuentre, como ocurre en muchas ocasiones, esperando en el Consejo.
En interés de los consumidores, mi grupo votará contra una parte de la enmienda 29, porque creemos que no es razonable ofrecer indemnización sólo por los vuelos cancelados hasta 48 horas antes de la salida. Se requieren al menos dos semanas, y esto debería negociarse después con el Consejo y la Comisión. Además, creemos que la inclusión de viajes combinados en la propuesta de la Comisión es innecesaria, porque están cubiertos en la Directiva sobre turismo combinado.
El hecho de que la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo haya abogado por la introducción de un esquema para clasificar a las compañías aéreas según el grado de satisfacción del usuario es un fuerte voto a favor del consumidor. Un sistema de clasificación de este tipo, muy usual en los Estados Unidos, puede ayudar a estimular la competencia entre las compañías aéreas en materia de calidad y de grado de satisfacción global del usuario respecto del servicio. Espero que esta propuesta también salga airosa en el pleno.
En el marco de la situación actual, este informe supone un paso decidido hacia una mayor satisfacción del usuario. Quizá muchos sueños de los consumidores continúen volando, pero están sujetos desesperadamente a un exceso de reservas.
Vermeer (ELDR).
Estoy de acuerdo con el ponente en líneas generales respecto de la propuesta inicial de la Comisión. Es hora de preparar un Reglamento mejor, en particular con respecto al exceso de reservas. Sin embargo, en mi opinión la propuesta de la Comisión resulta muy deficiente en materia de anulaciones de vuelos y retrasos. En este contexto, las compañías aéreas son responsables de un problema causado por el control del tráfico aéreo y las autoridades de aviación. Mis objeciones se basan en los motivos siguientes:
La propuesta de la Comisión no está basada en una adecuada evaluación de las consecuencias económicas, y no ha considerado los efectos de la medida en el sector y, en particular, en los precios de los billetes. Aunque proporciona mayor protección, la propuesta limitará la libre elección del consumidor. La definición de un poder superior o fuerza mayor, que ha dado tanto la Comisión como nuestra propia Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, no permite distinguir adecuadamente entre retrasos y anulaciones de vuelos que no son responsabilidad de las compañías aéreas. Se puede argumentar que las propias compañías aéreas tienen que reparar el daño, pero en la práctica esto no es factible. Cuando hablamos de compañías aéreas regionales o económicas, sería preferible que los consumidores pagaran una prima además del precio del billete. Así podrían protegerse a sí mismos en caso de anulaciones de vuelos. El propio sector podría introducir esta opción de manera fácil. Quiero plantear a la Comisión un par de cuestiones más.
¿Puede confirmar la Comisión que va a llevar a cabo un amplio análisis económico de las consecuencias y efectos de su propuesta, del aumento de los costes para las compañías aéreas y de las nuevas tarifas de vuelo en los diferentes segmentos del mercado aéreo? ¿Puede confirmar que va a investigar las razones reales de las anulaciones de vuelos y de los retrasos, para que podamos entender mejor las causas que son responsabilidad de las compañías y las que no lo son? ¿Se ha planteado la Comisión medidas alternativas a las incluidas actualmente en su propuesta, que mejoren los derechos de los pasajeros? Una posible solución sería un seguro de viajes destinado específicamente a los retrasos de los vuelos y las cancelaciones.
Hemos debatido y discutido ampliamente estas cuestiones en el Parlamento. Mis enmiendas constituyen una medida necesaria para proporcionar un buen equilibrio entre el precio del billete y la indemnización. La primera enmienda se refiere a la denegación de embarque y las anulaciones de vuelos. Propongo una media suplementaria al compromiso firme, es decir, que debería existir un acuerdo diferente para una categoría adicional de billetes cuyo precio sea inferior a 200 euros. Esto se aplicaría tanto a la denegación de embarque como a la anulación. La otra enmienda se refiere a los vuelos de llegada a que se ha referido la Sra. Foster, y hace exactamente lo que ella desea. Mi enmienda se refiere precisamente a esto, y espero que mañana la apoyen.

Maes (Verts/ALE).
- (NL) Señor Presidente, sin duda es magnífico que los precios de los billetes hayan descendido tras la liberalización, pero nunca antes los pasajeros habían sufrido tantas cancelaciones, denegaciones de embarque, largos retrasos y pérdidas de equipajes. Otro fenómeno reciente es que nos enlaten como sardinas en un avión. Por lo tanto, creo que está usted en lo cierto cuando afirma que se necesitan medidas urgentes. Personalmente, me gustaría que se prohibieran todas estos abusos de autoridad, pero soy consciente de que no se puede llevar a cabo una acción drástica. De todos modos, las indemnizaciones que paguen las compañías han de ser suficientemente elevadas como para que sean disuasorias, en particular cuando las compañías aéreas confíen en un sistema de voluntarios, que no debería resultar tan atractivo como para alentar el exceso de reservas. Espero que vuelva a examinar nuestras enmiendas, que tienen por objeto incrementar las sumas de indemnización actuales e introducir un sistema de clasificación. Quiero recordarle el número de veces que hemos llegado a nuestro destino tras un vuelo y nos hemos encontrado sin equipaje. ¿Qué compañía es aún «amiga del consumidor» en tales circunstancias? Si esto no puede realizarse en una enmienda separada, me gustaría preguntar al Sr. Lisi si podría incluir esta clasificación en su informe, aunque sea cada 5 años. Espero que este tipo de indemnización también se introduzca en un futuro para los pasajeros de tren, y para todas las personas que son víctimas de precios elevados y servicios de baja calidad.

Jarzembowski (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta, Señorías, ante todo permítanme confirmar que la mayoría del grupo PPE-DE apoya la propuesta de la Comisión, junto con las propuestas presentadas por el Sr. Lisi para mejorarla. 
La propuesta presenta un doble enfoque muy claro. Primero, insta a las compañías aéreas a usar el principio del voluntariado, según el cual la compañía aérea, mediante una oferta personal, selecciona a los pasajeros que no necesitan urgentemente tomar el primer vuelo, sino que pueden esperar al siguiente. Es cierto que la experiencia del sistema de voluntariado en los Estados Unidos ha sido positiva. Sin embargo, si no hay suficientes voluntarios, y todos quieren llegar a casa o a sus reuniones de trabajo y se deniega el embarque a algunos pasajeros, entonces éstos tienen derecho a algún tipo de compensación legal. Han reservado un vuelo, han confirmado su reserva y, por tanto, tienen derecho a embarcar. Si la compañía aérea hace un exceso de reservas en su propio interés económico, porque sabe que hay muchos pasajeros que no se presentan, entonces tendrá que pagar si no puede mantener la reserva. Es así de sencillo. Si los pasajeros tienen su reserva confirmada saben que pueden volar, y si no pueden volar el transportista tiene que pagar.
Comisaria, ha sido usted un poco dura respecto del importe de las indemnizaciones. Mi colega, la Sra. Foster, con quien no siempre estoy de acuerdo, ha dicho algo muy acertado. Los precios de los vuelos han caído en los últimos años, por lo que el debate sobre el establecimiento de indemnizaciones muy elevadas que tenga en cuenta los recientes aumentos de costes, tiene un fallo evidente. De cualquier modo, muchos de nosotros estamos familiarizados con el ingenioso sistema de tarifas especiales, con las que podemos volar a precios más razonables que los prescritos. Hemos reducido la indemnización a un nivel que juzgamos justo desde el punto de vista económico.
Opinamos que si se paga una indemnización excesiva a los pasajeros que no embarcan, los transportistas pasarán esos costes a todos los pasajeros, y los precios generales aumentarán, lo cual afectará a más personas que las que han sufrido denegación de embarque.
Quiero decir a los diputados del Grupo Liberal -normalmente estamos de acuerdo, pero hoy, de manera excepcional, no lo estamos- que tenemos que establecer una única tarifa de indemnización por dos razones: en primer lugar, el perjuicio que una persona sufre cuando se le deniega el embarque es siempre el mismo, con independencia de si ha pagado 150 euros, 500 euros o más por su billete. Se les ha garantizado que van a volar y se les deja en tierra. El precio el billete es totalmente irrelevante. Se ha lesionado su confianza, entre otras cosas. Por esta razón, creo que los transportistas económicos, quienes no tienen ningún problema con los excesos de reservas porque no aceptan más pasajeros de los que han reservado, también deberían compensar a los pasajeros por cualquier daño causado si anulan un vuelo por razones económicas. Por supuesto, en ocasiones lo hacen.
Necesitamos tarifas uniformes para que el trabajo del pobre personal de tierra sea más fácil. Si a un pasajero se le deniega el embarque o si se anula un vuelo, queremos que la indemnización se pague en la puerta de embarque. Realmente, no podemos esperar que la pobre azafata calcule miles de precios y que la gente tenga que esperar hasta que haya calculado cada una de las diferentes indemnizaciones. En consecuencia, creo que nuestra propuesta es bastante lógica.
Con su permiso, en nombre de mi colega, Sra. Ria Oomen-Ruijten, quien por desgracia no podrá hablar esta noche y quien me ha pedido tratar algunas cuestiones en su nombre, me gustaría referirme de nuevo al voto separado que proponemos sobre el apartado 2 del artículo 3. Este afirma que el reglamento no se aplica a pasajeros que viajan a un precio reducido que no está a disposición del público de forma directa o indirecta. Opinamos que esta forma de expresarlo resulta muy equívoca. Deberíamos afirmar con claridad que un pasajero que viaja a precio reducido también tiene derecho a una indemnización completa. Creo que es muy importante interpretar la disposición de esta manera.
Señora Comisaria, me gustaría hacerle una última pregunta. Como usted ya sabe, el Sr. Lisi ha hecho una propuesta muy buena sobre el artículo 13, es decir, que los Estados miembros tienen que asegurar que si un transportista paga indemnización y no es en realidad responsable del retraso o la anulación, puede recurrir a los responsables, ya sea el control de tráfico aéreo o cualquier otro órgano, incluidos los sistemas que son propiedad del Estado. Con vistas a asegurar que la responsabilidad se comparta por igual, ¿puede asegurarnos que, si en primer lugar responsabilizamos de la indemnización a las compañías aéreas, éstas podrán también recurrir a las organizaciones estatales responsables del retraso o la anulación? Nos ayudaría mucho que apoyara esta parte de nuestras enmiendas.

Vairinhos (PSE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la liberalización del transporte aéreo ha comportado numerosas ventajas para los pasajeros. Sin embargo, como todos sabemos, los bajos precios y la mayor demanda no han acabado con las reclamaciones de los consumidores. Como ya han afirmado algunos disputados, estamos sufriendo vuelos anulados o retrasos, denegaciones de embarque, problemas con el equipaje y demás. ¡Esto es inaceptable! La liberalización del transporte aéreo exige una mejor gestión y racionalización del mercado con el fin de proteger mejor a los consumidores. La armonización de la legislación actual resulta crucial a la luz de la nueva realidad.
Asimismo, tiene mucho sentido involucrar a los operadores en este sector, obligándoles a adoptar normas para la protección de los ciudadanos, permitiendo a las autoridades intervenir en caso de que las garantías de protección anunciadas resulten insuficientes. También creo que la intervención de las autoridades es muy importante. La participación de los pasajeros mediante el recurso a voluntarios por parte de los operadores, que les involucra de forma directa en la negociación y la aceptación de acuerdos alternativos, es un buen enfoque que dará flexibilidad a la gestión de las reservas y contribuirá a la protección de los pasajeros, mejorando la eficacia de la operación. Quiero reiterar la cuestión de la autoridad competente: la propuesta de Reglamento revela la importancia del artículo 14, que se ocupa de la obligación que tiene la autoridad en este ámbito de informar a los pasajeros de sus derechos. Básicamente, esto reincorpora una enmienda aprobada por el Parlamento en su respuesta a la propuesta de la Comisión del año 1998. Hay que informar a los pasajeros de manera clara y transparente sobre la forma de ponerse en contacto con el órgano nacional competente responsable de las reclamaciones amparadas en el Reglamento, que a menudo, e incluso normalmente, no conocen. Asimismo, me gustaría recalcar la importancia del artículo 17, referente a la aplicación, que obliga a los Estados miembros a designar el órgano responsable de aplicar el Reglamento, facilitarles información y obligarles a cumplir las medidas que aseguran el respeto de los derechos de los ciudadanos.

Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Vicepresidenta de la Comisión, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena al ponente Sr. Lisi, porque he visto y vivido la intensidad con la que ha realizado su informe. 
Es un informe difícil, puesto que, como se ve, se han planteado una serie de controversias con la propuesta de la Comisaria, con la cual normalmente esta comisión ha tenido una unidad de criterio. Y en este caso vemos que hay ciertas discrepancias entre la propuesta de la Comisión y lo que en estos momentos plantea la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo.
También quiero dar la enhorabuena a la Comisaria, porque, independientemente de las discrepancias puestas de manifiesto en el debate de hoy, en el debate de la Comisión, ha resaltado el valor de afrontar una serie de cuestiones que los ciudadanos, los usuarios europeos, requieren en estos momentos de las compañías. Y aunque nosotros en estos momentos no acompañemos, y no lleguemos a las propuestas que la Comisión plantea, nos ha obligado a debatir sobre el tema y a acercar posturas. También quiero decir que un sector no puede ni debe pretender vivir de la subvención ni del abuso a sus usuarios; de ser así, carece de futuro. Estamos -y el sector lo sabe- ante la necesidad de reestructuración del sector. 
Hemos de decirle al sector: "tienen ustedes una última oportunidad, no acompañamos las propuestas de la Comisión, mejoramos, fortalecemos propuestas anteriores, endurecemos propuestas anteriores, pero ustedes deben afrontar los tiempos actuales; deben reconvertirse, modernizarse y ser capaces de dar respuestas". De lo contrario, los ciudadanos, que son nuestros votantes, nos van a exigir que seamos capaces de defender sus derechos. A la vez, también hemos de intentar -y ése es el mensaje de la comisión parlamentaria- tender la mano al sector en el difícil camino de la reconversión y la modernización. Se trata de un sector económico difícil, complicado, y nosotros le estamos tendiendo la mano.
Entiendo las dificultades y doy la enhorabuena tanto al ponente como a la Vicepresidenta por tener el valor de afrontar un tema como éste.

Savary (PSE).
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a la Sra. de Palacio por haber propuesto un texto de esta naturaleza. Creo que era necesario y oportuno a la luz de dos fenómenos: por una parte, la democratización del tráfico aéreo, que debemos anticipar en todas sus formas y con todas las consecuencias que supone y, por otra, el aumento en la denegación de embarque, que ocurre con bastante frecuencia -de hecho, cada vez con más frecuencia- por razones que no se declaran abiertamente y que, a menudo, son comerciales. Por tanto, era absolutamente crucial continuar progresando en la afirmación y la protección de los derechos de los pasajeros, evitando caer en la trampa de ver el asunto todo blanco o todo negro, y, en particular, en la trampa de castigar a las compañías aéreas en exceso.
A este respecto, me gustaría felicitar a nuestro ponente y a toda la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Creo que, tras esta lectura en la Comisión de Transportes, estamos finalmente consiguiendo un equilibrio bastante sano. En primer lugar, un equilibrio entre los derechos de los pasajeros y un servicio flexible. El exceso de reservas en particular es negativo cuando se convierte en una práctica comercial sistemática, pero también es un argumento para la flexibilidad entre los que anulan en último momento, ya que también los clientes son en ocasiones responsables del exceso de reservas, y los que pueden tomar su plaza. Asimismo, se ha conseguido un equilibrio entre la responsabilidad de las compañías en materia de indemnización y las necesidades económicas básicas del transporte aéreo, de manera que el pago de indemnizaciones no se refleje excesivamente en los precios en un período económico difícil, o no implique un aumento de los precios para los pasajeros. Por último, se ha conseguido un equilibrio entre el coste de la denegación de embarque y el principio de cautela en materia de seguridad. Había que evitar a toda costa que las sanciones o las indemnizaciones fueran tan elevadas que incitaran a las compañías aéreas a tomarse los incidentes técnicos a la ligera. En otras palabras, que utilizaran la seguridad para compensar los costes de la denegación de embarque.
Gracias a estos diferentes equilibrios, la Comisión de Transportes ha apoyado al Sr. Lisi y hoy nos presenta un texto útil. Espero que la Comisión tenga en cuenta los comentarios y recomendaciones del Parlamento Europeo. Sin embargo, también he de expresar un lamento: quizá no hemos sido suficientemente firmes respecto de las listas de espera, que a menudo no son claras y para las que deberíamos haber obligado a las compañías aéreas a embarcar a los pasajeros siguiendo el orden de su reserva.

Rack (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, todos nosotros pasamos más tiempo del que quisiéramos en aviones y aeropuertos. Estos asuntos nos afectan a todos, bien porque somos nosotros los afectados por retrasos, anulaciones o sobreventa, bien porque experimentamos de manera indirecta lo que les ocurre a otros pasajeros, y esto no siempre resulta grato. A menudo es incluso muy desagradable. En esta situación, el legislador europeo no sólo tiene que actuar en interés de los consumidores, sino también en interés de todo el sector del transporte aéreo.
Ya se ha hablado mucho acerca de las normas que estamos examinando en primera lectura, y sobre las que votaremos mañana, acerca de la mejor manera de afrontar el problema de la denegación de embarque, y acerca de normas razonables en caso de retraso. Es cierto que todas estas normas no satisfacen mucho a la industria, en particular en el actual clima de dificultad económica. Sin embargo, no sólo se trata de las compañías aéreas, sino sobre todo de los pasajeros. Estos se encuentran repetidamente y cada vez más en el grupo de los débiles, y tenemos que protegerles y apoyarles con la ley europea.
Tenemos que tener en cuenta a otro agente: los operadores del aeropuerto. Últimamente han estado sufriendo bastantes problemas a causa de la creciente preocupación sobre terrorismo y seguridad. Han resuelto un buen número de ellos, pero en algunos casos, sus actividades se han vuelto muy costosas.
Hay otro problema que todavía no se ha resuelto: la manera en que se trata a los pasajeros. No cabe duda de que, en la actualidad, volar es un gran negocio. Sin embargo, esto no significa que haya que tratar a los pasajeros como si fueran ganado. Quizá deberíamos tratar estos aspectos en un futuro inmediato, y regularlos de acuerdo con esto. Los pasajeros nos lo agradecerán.

De Palacio
. (ES) Quiero agradecer la intervención de todos los parlamentarios, con sus reflexiones y discrepancias en algunos puntos, pero, en cualquier caso, apoyando la idea de mejorar la calidad del servicio en el transporte aéreo. Como ya han señalado varios de ustedes, todos somos usuarios, y de primer nivel, de este tipo de transporte y, por lo tanto, víctimas de la falta de calidad en el servicio.
Quiero agradecer muy especialmente al Sr. Lisi el esfuerzo realizado por encontrar un punto común entre todas las posiciones.
Determinadas enmiendas están pensadas para excluir a los pasajeros de viajes combinados del ámbito de aplicación del Reglamento. En nuestra opinión, también es necesario proteger a este tipo de pasajeros. Es cierto que en el Reglamento específico se contempla esta protección, pero no de manera automática, sino después de un recurso o de una serie de procedimientos complejísimos, incluido, en algunos casos, el recurso ante los tribunales.
De lo que se trata es de dar también una solución simple, inmediata, automática, a los usuarios de los viajes combinados; por lo tanto, no podemos aceptar las enmiendas 2, 3, 13 y 15.
Respecto a las cuantías de la compensación, he dicho al principio que estamos dispuestos a flexibilizar nuestra posición inicial y, en ese sentido, la Comisión no puede aceptar enmiendas como la 23 y parte de la 24 y 31, que elimina la indemnización en los casos de pequeños retrasos. Por la misma razón, no aceptamos la 44 ni la 45. Sin embargo, sí podemos aceptar la enmienda 40 -de la que hablaba la Sra. Maes hace un momento-, porque con ella flexibilizamos nuestra posición, ofrecemos unas cantidades que pueden ser más equilibradas.
Asimismo, debe quedar muy claro quién es responsable de indemnizar a los pasajeros y de prestarles asistencia en los aeropuertos. Nosotros hemos elegido una solución simple: la responsabilidad es de la empresa que ha suscrito un contrato con el pasajero, tanto si se trata de una compañía aérea como de un operador turístico.
La Comisión de Transportes ha recomendado la responsabilidad conjunta entre la empresa y el transportista, pero eso podría crear incertidumbre a los pasajeros. Por consiguiente, no podemos aceptar las enmiendas 16, 17, 18, 19 ni parte de la 28, de la 29, la 30 y parte de la 31. 
Las enmiendas 4 y 21 podrían restringir la flexibilidad que las compañías aéreas necesitan para negociar con los posibles voluntarios y las enmiendas 7 y parte de la 14, 17, 20 y parte de la 22, podrían dificultar la aplicación práctica de las normas.
Una parte importante de las enmiendas 25 y 33 limitaría innecesariamente los derechos de los pasajeros, por ello las rechazamos.
En cuanto a la enmienda 43, que excluiría los vuelos de los países terceros, no podemos aceptarla porque supondría una desventaja para los operadores de la Comunidad. 
Por último, las enmiendas 5, 35 y 37 proponen medidas fuera del ámbito de aplicación del Reglamento que estamos discutiendo. Aunque nos identificamos con los objetivos que persiguen y estamos preparando propuestas al respecto, lamentamos no poder aceptarlas, y quiero señalar que, como decía hace un momento el Sr. Vairinhos, la información a los usuarios es absolutamente esencial para que estos derechos sean efectivos; y de ahí las campañas que hemos realizado hasta la fecha con apoyo de los aeropuertos y de los operadores de las compañías de viajes, pero también -tengo que decirlo muy claramente- con el apoyo de las compañías aéreas, que han colaborado de manera muy importante en el objetivo de mejorar la calidad del servicio.
Quiero expresar de nuevo mi agradecimiento al Sr. Lisi, y a sus señorías, y espero que podamos obtener un buen resultado en beneficio de los consumidores.

El Presidente.
- Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta. Ha sido muy felicitada hoy; supongo que mantienen la felicitación los Sres. diputados a pesar de que no ha aceptado todas las enmiendas propuestas, y esperemos que en el Pleno haya concordia y éxito.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
Tengo que decirles que hay numerosos informes para el día de hoy y que conviene terminar hoy los debates. Por lo tanto les ruego se ajusten lo más posible al tiempo programado.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0316/2002) del Sr. Khanbhai, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre política agrícola sostenible, reforma agraria y desarrollo rural para la autonomía de los países en desarrollo (2001/2274(INI)).

Corrie (PPE-DE)
. (EN) Señor Presidente, el Sr. Khanbhai desea disculparse sinceramente por no estar aquí para presentar su informe. Un imprevisto le ha obligado a regresar al Reino Unido esta tarde. Me gustaría subrayar que este informe es suyo y quiero darle las gracias por su trabajo y por su disposición para cooperar con otros partidos. Quizás haya sido un acierto que fuera el Sr. Khanbhai el autor de este informe, dado que él nació en Tanzania, donde ha vivido su familia durante 170 años. Él y yo hemos viajado mucho por las zonas rurales de África y compartimos muchas opiniones acerca de la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo. Por lo tanto, es para mí un placer hablar hoy en su nombre.
Resulta inaceptable que en estos tiempos más de 1.000 millones de personas subsistan con menos de un dólar al día, en las zonas rurales de los países en desarrollo. No tienen acceso a los recursos hídricos, la higiene, la electricidad, los servicios sanitarios ni a la educación. Las poblaciones pobres tienen hambre, no tienen trabajo y temen a las enfermedades. Más de 40 años de ayuda internacional no han conseguido erradicar la pobreza. Muchos de estos países pobres tienen enormes deudas y sus habitantes están peor de lo que estaban hace 25 años, cuando comenzó la ayuda del Convenio de Lomé. La UE es el mayor donante del mundo. ¿Por qué no hemos identificado los problemas específicos de cada país, con el fin de poder centrar nuestra ayuda en combatir las causas de la pobreza?
Llevo viajando por los países ACP más de 20 años. La principal causa de la pobreza es la falta de inversión en las zonas rurales. Necesitamos invertir en ayudar a la población rural a participar en sus economías locales. Estas personas necesitan infraestructura, conocimientos técnicos agrícolas y ganaderos, y formación profesional para montar pequeños negocios en los sectores del procesamiento de productos agrícolas, la ingeniería, la tecnología de la información y de los servicios. Necesitan el tipo de ayuda que proporcionan los programas de microfinanciación, tales como el Gramine Bank de Bangladesh, y apoyo firmemente al Sr. Khanbhai en este tema. La adopción de un planteamiento ascendente es la única manera de regenerar las zonas rurales.
Los países asiáticos como China, la India y Bangladesh sufrían escasez de alimentos y eran importadores netos hace 20 años. Las subvenciones a los agricultores, la selección de la semilla apropiada, el riego, la microfinanciación para los pequeños agricultores, el establecimiento de cooperativas alimentarias y otras inversiones rurales transformaron las agriculturas de estos países. En la actualidad, producen suficientes alimentos como para abastecer a sus enormes poblaciones y registran excedentes para su exportación. Debemos tomar esto como ejemplo.
La Unión Europea y los Estados Unidos conceden importantes subvenciones a sus agricultores. Sin estas subvenciones, no existiría prosperidad económica en países como España, Portugal, Irlanda, Italia y Francia, que se han beneficiado de las subvenciones europeas. Sin inversión en la infraestructura rural europea, la UE no funcionaría como funciona actualmente. Desafortunadamente, la ayuda internacional a las zonas rurales de los países subsaharianos ha descendido de 14 000 millones de euros en 1988 a 8 000 millones de euros en 1998, lo que ha provocado un pronunciado descenso de la producción de alimentos. Esto se ha visto agravado por desastres naturales como sequías e inundaciones. Una década de hambruna y desnutrición ha desatado enfermedades, temores, tensiones sociales y guerras civiles en muchos países pobres. 
La UE tiene que fomentar la reforma agraria, la utilización eficiente y justa de los recursos hídricos y la transferencia de tecnología a las poblaciones rurales de los países pobres. Tenemos que enseñarles a producir sus propios alimentos, a crear su propio empleo y a sostener sus propias economías. Las poblaciones pobres no desean mendigar de por vida; valoran su amor propio y su dignidad de la misma forma que nosotros. No quieren nuestro pescado, sino que necesitan aprender a pescar y alimentarse ellos mismos. Estoy de acuerdo con el Sr. Khanbhai en que éste es el espíritu con el que la UE debería reconsiderar su política de ayudas.
La agricultura, la reforma agraria y el desarrollo económico de las zonas rurales deberían ser las áreas prioritarias de la ayuda de la UE. Esto fomentará la producción, el empleo y la gestión sostenible de los recursos naturales en los países en desarrollo, para que las poblaciones pobres puedan depender de sí mismas y dejar de depender de nuestra ayuda. Espero que esta Cámara acepte el informe. El Sr. Khanbhai ha aceptado más del 75% de las enmiendas presentadas.

Wallström
Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión desea agradecer al Sr. Khanbhai -y al Sr. Corrie en su condición de suplente- el trabajo que han realizado para plantear un tema tan importante como es el desarrollo rural sostenible en este debate.
No se conseguirá erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria de los países en desarrollo, si no se realizan importantes inversiones en las zonas rurales. La Comisión está totalmente de acuerdo con la idea clave del informe: la importancia del desarrollo rural y agrario para las poblaciones pobres de los países en desarrollo.
Además del desarrollo rural, el informe también hace referencia a temas relacionados con la política agrícola y comercial de la Unión Europea. Subraya la importancia de mejorar las oportunidades comerciales de las poblaciones rurales pobres, con lo que estamos totalmente de acuerdo. A este respecto, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible reafirmó los compromisos realizados en la Declaración Ministerial de la OMC adoptada en Doha, la denominada Agenda de Desarrollo de Doha. Estos compromisos contemplan la especificidad de los países en desarrollo de cara a las negociaciones comerciales y la aplicación de medidas complementarias, tales como la capacitación y la asistencia técnica relacionada con el comercio. La Comisión ha enviado recientemente al Consejo y al Parlamento una comunicación que establecerá el marco político para este tipo de asistencia.
La Comisión desea subrayar la agenda comercial positiva promovida por la Unión Europea y adoptada en Johanesburgo, destinada a complementar el proceso de la OMC. También es importante recordar que la Unión mantiene el compromiso de facilitar a los países menos desarrollados, a través de la iniciativa «Todo menos armas», un acceso sin aranceles ni cuotas al mercado europeo. Esperamos que otros países desarrollados adopten iniciativas similares.
Con respecto a la agricultura, la Comisión apoya el énfasis en la multifuncionalidad de la agricultura, un concepto de especial importancia para los países en desarrollo. Sin embargo, quisiera llamar su atención sobre la referencia que hace el informe al dúmping de la producción agraria europea. La Comunidad proporciona una restitución a las exportaciones, que reduce la diferencia entre el precio comunitario, que es más alto, y el precio mundial. Técnicamente eso no se puede llamar dúmping. Los topes impuestos a las subvenciones a la exportación, en términos de cantidad y valor, vienen regulados por la OMC y entre 1995 y 2000 han disminuido. La Comunidad ha reducido constantemente su utilización de las restituciones a la exportación, por encima de las obligaciones impuestas por la OMC. Estos esfuerzos positivos deben ser reconocidos.
Sin embargo, el desarrollo rural constituye el punto central del informe. Para muchos donantes, incluida la Comisión Europea, la pobreza rural es un tema multidimensional. Para hacerle frente, es necesario combinar intervenciones en diferentes niveles. A escala nacional, tenemos que mejorar las rentas, reducir la desigualdad con respecto al acceso a los activos y servicios productivos, combatir la degradación de los recursos naturales y reducir la vulnerabilidad al riesgo. A escala internacional, tenemos que mejorar la coherencia entre las políticas nacionales de los países desarrollados -especialmente las comerciales y agrícolas- y sus objetivos de desarrollo.
En los países en desarrollo, para hacer frente a un conjunto de problemas tan complejo como éste se precisan unas estrategias nacionales coherentes y equilibradas, adaptadas a las necesidades, los recursos y los marcos institucionales locales. A pesar de que no existe una solución «de talla única», la Comisión, en su reciente comunicación titulada «Combatir la pobreza rural», ha identificado algunos principios clave que deberán aplicarse en todas las intervenciones destinadas a favorecer el desarrollo rural. Entre ellos se incluye la importancia de potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, maximizar el efecto sobre la pobreza, respaldar las estrategias nacionales y la participación de los grupos interesados, así como dar prioridad a la protección medioambiental.
Apoyar las reformas agrarias que favorezcan a las poblaciones pobres, reforzar la capacitación, mejorar el acceso a los servicios financieros, la investigación agraria, la infraestructura y los servicios son áreas cuya importancia queda patente en la estrategia de la Comisión y en las que el programa de desarrollo comunitario está profundamente implicado.
Al mismo tiempo, la Comisión también está totalmente de acuerdo con otras recomendaciones más específicas, tales como la importancia de apoyar el desarrollo de la artesanía, el establecimiento de centros rurales de formación y la domesticación de especies salvajes. No obstante, el nivel de prioridad de tales intervenciones depende de las circunstancias locales y de su importancia para la reducción de la pobreza. Por lo tanto, la ayuda destinada a tales actividades deberá evaluarse caso por caso y de acuerdo con las prioridades establecidas en las estrategias nacionales.
El desarrollo rural también depende fundamentalmente de la descentralización y la gobernanza local. Los recursos sólo podrán estar al alcance de las poblaciones rurales pobres, si existe una buena gestión y planificación de los mismos, de forma participativa, y con la implicación de las comunidades locales. Los grupos más desfavorecidos de las sociedades -especialmente las mujeres- deberán estar efectivamente representados en estos procesos y participar en los mismos. Reforzar y democratizar las instituciones locales constituye un reto fundamental, tanto para gobiernos como para donantes. El informe subraya con correctamente la importancia de la gobernanza para la sostenibilidad de todos los esfuerzos destinados al desarrollo.
Una vez más, doy las gracias al ponente, Sr. Khanbhai, y al Sr. Corrie.

Schierhuber (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera dar las gracias al Sr. Khanbhai por su informe, y por hacer posible una cooperación tan efectiva entre todos los colegas. La agricultura y el desarrollo rural revisten una gran importancia tanto en la UE como en los países en desarrollo. Por esta razón, apoyo y agradezco el hecho de que «la seguridad alimentaria y las estrategias de desarrollo rural sostenible» sea una de las seis prioridades enumeradas en la política de desarrollo de la UE.
Creo que el modelo de agricultura multifuncional y su filosofía subyacente constituye el único camino correcto de los países en desarrollo hacia el progreso. Tenemos que continuar apoyando el planteamiento de que la gestión sostenible forme parte de las consideraciones no comerciales.
Permítanme recordarles que la UE es, de lejos, el mayor importador de productos agrícolas de países pobres. La Comisaria ya ha señalado que, en los últimos años, la EU ha incrementado de manera sustancial el acceso al mercado de los países más pobres. Espero que otros países industrializados también sigan el ejemplo de la UE. Las medidas agropolíticas de los países en desarrollo no deben centrarse exclusivamente en la exportación, sino que tienen que garantizar la seguridad alimentaria de la población.
La batalla contra la pobreza debe seguir siendo el objetivo primordial de la política de desarrollo. Para ello, una importante condición necesaria es mejorar la infraestructura para el suministro energético, el transporte, el abastecimiento y distribución de agua, la salud y la educación. Sin embargo, como ya se ha afirmado, para conseguir una política fuerte se necesitan, ante todo, mejores sistemas gubernamentales y administrativos, democracia y Estado de derecho. Una reforma agraria adecuada y acceso al agua y los recursos productivos permiten a la población rural aumentar su nivel de vida e impulsan el desarrollo económico.
Para apoyar la labor de capacitación en los países en desarrollo, la Comunidad Europea tiene que proporcionar más ayuda tecnológica a los agricultores, así como conocimientos técnicos, por ejemplo en el ámbito de las energías renovables y en muchos otros. En mi opinión, otro aspecto esencial reside en la política en las zonas rurales, que evite la migración a los suburbios. Asimismo, es importante que se reconozca de manera adecuada el trabajo que desempeñan las mujeres.

Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, la agricultura, la ayuda al desarrollo rural y la protección de las comunidades rurales constituyen los temas clave del informe del Sr. Khanbhai, quien además hace referencia a muchas de las desigualdades fundamentales que caracterizan de manera tan destacada las vidas de las poblaciones rurales pobres. Indudablemente, como ya han afirmado otros oradores, la Unión Europea y los Estados miembros tienen una función muy importante que desempeñar. Creo que debemos demostrar un conocimiento mucho más profundo de los verdaderos motivos del denominado éxodo de las zonas rurales a las urbanas, así como del efecto de los sistemas y estructuras que conspiran para destruir el sustento de millones de personas que viven de la agricultura.
Por supuesto, la Unión Europea forma parte de la solución. Dado que constituimos el bloque comercial más importante, tenemos una importante función que desempeñar. Debo decir que resulta absolutamente hipócrita continuar protegiendo nuestra propia postura competitiva agrícola con unos mayores recursos y obligar, al mismo tiempo, a los países en desarrollo a liberalizar el mercado. La rápida apertura de sus mercados constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y el abastecimiento sostenible en los países en desarrollo. Las negociaciones paralelas que se llevarán a cabo en la OMC y entre los países ACP y la Unión Europea deberán utilizarse como una oportunidad para demostrar que la Unión Europea entiende claramente que el comercio, el acceso al mercado y los niveles arancelarios están directa e inevitablemente vinculados a nuestros conocimientos acerca de cómo podemos satisfacer esos fundamentales objetivos de desarrollo del milenio.
La paradoja es que, en tiempos de abundancia mundial, los agricultores de los países en desarrollo están abandonando las tierras y la agricultura. Sencillamente no pueden competir con los alimentos fuertemente subvencionados que inundan sus mercados y son objeto de dúmping. El informe describe el efecto del dúmping de la leche en Jamaica y el dúmping de la ternera en el oeste de África. En Uganda, por ejemplo, los agricultores dedicados al cultivo del café están sufriendo enormemente. Estos agricultores cobran ciento cincuenta chelines ugandeses por cada kilo de café que cultivan. Sin embargo, si bajamos al Sheraton de Kampala, pagaremos mil chelines ugandeses por una sola taza de café.
Dado que los agricultores reciben tan poco a cambio de sus esfuerzos, no resulta sorprendente que Oxfam califique esto de una situación que afecta a la salud y a la educación, así como a la comunidad rural en su conjunto.
Por lo tanto, los pequeños agricultores, de Haití a México y de Mozambique a Tanzania, están simplemente liquidando y vendiendo todo. No pueden competir con los ricos magnates agrícolas. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos y a la que se refiere el Sr. Khanbhai, con gran acierto. Por otra parte, también nos recuerda de forma muy oportuna en su informe que el 75% de los 1 200 millones de personas que subsisten con menos de un dólar al día habita en las zonas rurales. Sin duda, eso constituye un llamamiento a la acción.

Boudjenah (GUE/NGL).
Señor Presidente, la existencia y el desarrollo de un sector agrario constituyen asuntos vitales para los países del Sur. Muchos tienen un gran potencial en este ámbito. Habría que dedicar a ello ambiciosas reformas agrarias. Sin embargo, el tema principal se refiere a la autonomía alimentaria de estos países. Por esta razón, desde el inicio, quiero apoyar el llamamiento que hace mi grupo al derecho a la soberanía alimentaria; en otras palabras, el derecho de las personas a definir su propia política, que se reconozca en una convención específica de la Naciones Unidas.
A menudo, los países en desarrollo se ven limitados a exportar unos pocos productos no elaborados. Sin embargo, todo indica que la especialización en la exportación de materias primas es relativamente improductiva y debilita la economía, sometiéndola a los caprichos de los mercados mundiales. Además, la destrucción de la agricultura alimentaria tradicional provocada por los monocultivos para la exportación sólo beneficia a las grandes multinacionales.
Más allá de esto, como afirma el informe de manera acertada, el libre comercio mundial incontrolado tiene efectos devastadores sobre la agricultura del Sur. La apertura de mercados agrícolas obliga a los agricultores a producir a precios establecidos por el mercado internacional. Estos son tan bajos que no permiten que los agricultores del Norte ni los del Sur produzcan respetando el medio ambiente y, al mismo tiempo, ganen suficiente dinero para mantener a sus familias.
En tales circunstancias, como lo ha expresado una ONG que trabaja en Burkina Faso, ¿cómo podemos convencer a la gente de que el comercio internacional resulta primordial para el desarrollo de los países del Sur? Los países del Norte siempre han protegido su agricultura. ¿Por qué un sistema que ha funcionado bien y que aún funciona bien para el Norte no es válido para el Sur? En consecuencia, ¿la apertura de los mercados debería beneficiar a los agricultores o a las multinacionales que compran, por ejemplo, las plantaciones de plátano de Camerún o de Côte-d'Ivoire?
Por lo tanto, permitir que los países en desarrollo salvaguarden su derecho básico a la seguridad alimentaria y a la supervivencia de sus métodos de cultivo exige que se incorporen principios claros en las negociaciones internacionales, comenzando por el reconocimiento por parte de la OMC de la necesidad de un tratamiento preferente y diferenciado para los países en desarrollo, tratamiento que debe interpretarse con este objetivo en mente.
Por lo que respecta a nosotros, la Unión Europea no puede continuar, por una parte, defendiendo el desarrollo de los países del Sur y, por otra, sosteniendo una política agrícola que arruina muchos de sus esfuerzos en este sector. Por tanto, tenemos una necesidad innegable de acelerar la eliminación de las subvenciones a la exportación otorgadas por la Unión, y también tenemos que condenar el gran incremento de las subvenciones agrícolas previsto en la ley de orientación agraria norteamericana, con subvenciones de cerca de 180 millardos de dólares durante diez años.
Seguidamente, la UE tiene que desempeñar un papel mucho más activo para asegurar que se fijen precios justos en el mercado mundial, impidiendo así el deterioro de las relaciones de intercambio. El peso de la deuda también contribuye al aumento de los cultivos de exportación, con el fin de obtener las divisas necesarias para devolver la deuda. En consecuencia, la anulación de la deuda urge más que nunca.
Por último, en materia de ayuda, es preciso invertir de forma urgente en recursos humanos e infraestructuras, en especial de transporte. Asimismo, son cruciales la preservación del agua y la biodiversidad como bienes públicos.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, apoyo este informe de forma incondicional, pero me pregunto, señora Comisaria, si no conseguimos hacer lo que usted dice con tanto acierto, y si no conseguimos hacer lo que dice este informe, ¿seremos parte del problema o parte de la solución?
Nuestra riqueza significa que tenemos que ser parte de la solución. Cuando leo en el informe que la inversión en las economías rurales casi ha descendido a la mitad en los últimos diez años, no debemos sorprendernos de que los ingresos de la población rural también hayan disminuido. 
Cuando viajé por las zonas rurales de África me avergoncé de que la gente que vive en zonas remotas no tuviera nada, apenas una oportunidad para sobrevivir. Por esta razón, quiero pedir que establezcamos prioridades. De ahora en adelante tenemos que declarar que detendremos la venta de aquellos productos de nuestros mercados que ocasionen problemas a los productores locales. Tenemos que fijar precios justos. Estoy de acuerdo sobre lo que se ha afirmado respecto del precio del café. Me gustaría proponer la abolición de subvenciones innecesarias para la exportación, el establecimiento de un plan por etapas en el que demostremos que queremos ayudar a las economías rurales, a los hombres y las mujeres -como ya se ha recalcado- que viven allí, a producir su propio alimento con su propio esfuerzo, con nuestra ayuda concreta, utilizando métodos respetuosos con el medio ambiente y nuevas formas de energía, sin ser arrastrados a un sistema de producción agrícola que ha demostrado ser desventajoso para sus propios países.

Hyland (UEN).
Señor Presidente, todavía nos queda mucho camino por recorrer para conseguir salvar la distancia entre la pobreza del tercer mundo y el nivel de vida del mundo desarrollado. La ampliación propuesta para la Unión Europea nos recuerda las desigualdades existentes entre los actuales Estados miembros y los países candidatos de Europa Central y Oriental. A pesar de que no estoy sugiriendo que nuestros esfuerzos se centren en ayudar a estos países antes que a los países del tercer mundo, lo cierto es que cuanto más consolidemos las economías, especialmente las economías agrícolas de los nuevos Estados miembros propuestos, antes conseguiremos alcanzar nuestro objetivo de desarrollo para el tercer mundo.
No hay nada malo en que recordemos -y no lo digo por ningún motivo interesado- que el compromiso de la Unión Europea relativo a la sostenibilidad de las explotaciones familiares, tanto en los actuales Estados miembros como en los futuros, se enfrenta a graves dificultades. A pesar de que las propuestas de la Comisión para una nueva reforma de la PAC probablemente son más compatibles con las necesidades de desarrollo del tercer mundo, me temo que nuestras aspiraciones de proteger a los agricultores comunitarios, particularmente a los de los países fronterizos, no se van a conseguir fácilmente.
El hecho de que 1 200 millones de personas que habitan en las zonas rurales de países en desarrollo vivan en la pobreza constituye una escandalosa crítica del mundo desarrollado, pero, al mismo tiempo, el desarrollo y la sostenibilidad a largo plazo de las economías del tercer mundo dependen de nuestros esfuerzos y de que consigamos ayudarles a desarrollar y a añadir valor a sus recursos naturales, con las correspondientes medidas para facilitar el acceso al mercado de sus productos. Sin embargo, no debemos pasar por alto que la Unión Europea es la importadora de alimentos más importante del mundo y que el 53% de estas importaciones proceden de países en desarrollo, gracias a las concesiones comerciales compatibles con la PAC.
Estoy de acuerdo con la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en que el libre comercio mundial incontrolado ha tenido unos efectos devastadores sobre el desarrollo de los cultivos alimentarios en los países en desarrollo y en su derecho a proteger a los productores mediante barreras arancelarias. Con respecto al desarrollo agrícola y rural, la Unión Europea y los países en desarrollo tienen el mismo objetivo de desarrollar una forma de agricultura multifuncional, con especial énfasis en el desarrollo rural y en la sostenibilidad de las comunidades rurales. Es un error echar toda la culpa de los problemas de los países en desarrollo a la Política Agrícola Común, especialmente por los motivos que he citado.
Apoyo el continuo acceso de los productos de países en desarrollo a los mercados comunitarios, aunque pienso que la transición debe ser gradual y cuidadosamente planificada junto con la reforma de la PAC. Detesto el término dúmping en la medida en que hace referencia a alimentos producidos por encima de las necesidades del mercado. La sobreproducción de un producto alimentario para el que no existen consumidores no tiene sentido y menos aún deshacerse de ese producto de manera que trastorne la economía agraria de los países en desarrollo. Es necesario fomentar que los agricultores y fabricantes dejen de buscar un acceso excesivo a los mercados de los países en desarrollo como alternativa a la escasa comercialización y diversificación de productos existente en la Comunidad u otros países desarrollados.

Belder (EDD).
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con los objetivos del informe Khanbhai, que trata de la forma de reconciliar los métodos agrícolas europeos con el desarrollo de la agricultura en el mundo en vías de desarrollo. Me gustaría formular tres observaciones sobre este informe explícito y equilibrado.
En primer lugar, se necesita una adecuada política «antidúmping» para que los precios del mercado mundial sean más razonables. El dúmping con excedentes en los mercados mundiales a precios muy bajos provoca, en muchos casos, una gran caída de los precios. Esto impide a los agricultores de los países pobres participar de manera independiente en el comercio mundial a precios de mercado.
Sin embargo, la Unión Europea es todavía culpable de dúmping a causa de las subvenciones a la exportación. Estas subvenciones representan un 8% del presupuesto agrícola, que asciende a 40 000 millones de euros. El ponente debería haber hecho más hincapié en la abolición de las subvenciones a la exportación.
En segundo lugar, la situación para los países pobres puede mejorar si se facilita el acceso al mercado europeo de productos esenciales para ellos. El acceso al mercado europeo se encuentra limitado por las barreras arancelarias y, en particular, por las barreras no arancelarias, como los requisitos sanitarios y medioambientales. Un mayor acceso resulta especialmente crucial para los países que sólo producen monocultivos, como plátano, azúcar o algodón. El ponente reconoce la necesidad de diversificar la exportación, y formula sugerencias prácticas.
Finalmente, la posición comercial de los países pobres se puede reforzar estableciendo una cooperación para el desarrollo con objetivos. El informe se refiere correctamente a la necesidad de prestar apoyo. La ayuda estructural para una infraestructura básica proviene básicamente de los Estados miembros. Por lo tanto, el informe debería dejar el establecimiento de las prioridades respecto al gasto de este dinero en manos de los donantes y los propios países beneficiarios. 
En resumen, el informe contribuye al establecimiento de una relación productiva entre los sectores agrícolas europeos y los de los países en desarrollo.

Della Vedova (NI).
Señor Presidente, señora Comisaria, este informe contiene algunas declaraciones muy importantes, en particular cuando reconoce que los mecanismos para proteger a los agricultores europeos en el marco de la Política Agrícola Común chocan con los intereses de los agricultores de los países en desarrollo, cuando exige -como los diputados ya han hecho en repetidas ocasiones- la eliminación progresiva de las barreras comerciales y arancelarias y un mayor acceso a los mercados para los productores de los países en desarrollo, y lamenta el dúmping con excedentes europeos en los mercados de estos países.
El informe se contradice en este tema, prediciendo los efectos devastadores del libre comercio, que estoy seguro no afectarán al sector agrícola, pero la preocupación central, que ya se ha mencionado en varias ocasiones durante el debate de esta noche, son -y en el ámbito europeo deben ser- las barreras que la Unión Europa continúa levantando frente a los productos de los países en desarrollo, incluidos los agrícolas. Debemos tener en cuenta que las subvenciones agrícolas en los países ricos ascienden a 350 000 millones de dólares al año, lo cual representa siete veces más que los 50 000 millones de dólares que los mismos países asignan a ayuda externa. En este sentido, podríamos recordar lo que ha señalado Oxfam, es decir, que de hecho, debido simplemente a las barreras comerciales, la ayuda que damos a un continente como África, por ejemplo, es menor que el valor de las oportunidades comerciales que proporcionamos para estos países.
Quisiera decir dos cosas a la Comisión Europea. Creo que tenemos que reflexionar sobre las características de una política agrícola sostenible para los países en desarrollo y, por tanto, sobre el hecho de que la política agrícola comunitaria no es sostenible. Creo que tenemos que comenzar a eliminar la PAC, de forma gradual, porque no existe ninguna razón económica, social, nacional, europea o internacional para preservar el sistema de la PAC. En este sentido, la propuesta de reforma presentada por la Comisión es insuficiente, porque mantiene el importe de la ayuda. El informe nos ayuda a entender el impacto devastador que esto provoca en los países en desarrollo.
La Comisaria ha mencionado la iniciativa Todo menos armas, y hace bien, pero me gustaría recordarle que la propia iniciativa prevé el aplazamiento de la eliminación definitiva de los aranceles de tres importantes productos -plátano, arroz y azúcar- hasta el año 2009.

Cunha (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias al Sr. Khanbhai por su excelente informe. A pesar del tono moderado del informe, formula algunas críticas a la Unión Europea y la PAC que en algunos casos considero injustas.
En primer lugar, el informe no reconoce el hecho de que, en la actualidad, la UE es el principal mercado de productos agrícolas para los países más pobres. Cabe recordar que la UE es el mayor importador de productos agrícolas y que las importaciones de países en desarrollo ascienden a más de 27 000 millones de euros anuales. Dicho de otro modo, más que todas las importaciones que realizan los Estados Unidos, Japón, Nueva Zelandia, Canadá y Australia juntos.
En segundo lugar, la UE y sus Estados miembros son la principal fuente de apoyo de estos países. Por ejemplo, proporcionan alrededor de 28 000 millones de dólares de ayuda al desarrollo, frente a 11 000 millones de Japón o 9 000 millones de dólares de los Estados Unidos.
En tercer lugar, hay que recordar que en las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio la Unión Europea es quien más ha impulsado una discriminación positiva a favor de los países en desarrollo y la mayor iniciativa para los 50 países más pobres del mundo: la iniciativa «Todo menos armas», que propone que los principales productos de estos países entren en el mercado de la Comunidad libres de aranceles, y que no tengan que aceptar ninguna medida recíproca en este ámbito.
Por último, me gustaría señalar que, fundamentalmente, la agricultura de la UE es complementaria a la agricultura de los países en desarrollo, ya que son grandes importadores de productos provenientes de zonas templadas, mientras que la Unión Europea es una gran importadora de productos tropicales. A menudo, el conflicto se aprecia más desde el punto de vista de los intereses de ciertas compañías que operan en estos países que desde el punto de vista de los intereses de las comunidades locales.

Martínez Martínez (PSE).
Señor Presidente, en este año 2002 en el que la comunidad internacional se ha reunido sucesivamente en Monterrey, Roma y Johannesburgo, señalando como prioritario el reto de sacar a dos tercios de la humanidad de la situación de hambre, pobreza y subdesarrollo en que se hallan sumidos, parecía obligado que el Parlamento Europeo reflexionase y se posicionase sobre cómo apoyar desde la Unión Europea políticas agrícolas y de desarrollo rural que contribuyan al despegue de los países del Sur.
Las numerosas enmiendas, aceptadas con flexibilidad por el ponente, hacen que nos encontremos ante una propuesta de resolución aceptable y equilibrada. Pero hay un planteamiento de principios que deberíamos tener más presente a la hora de valorar las distintas políticas de la Unión Europea y también, por supuesto, las políticas agrícolas comunitarias.
En efecto, para los socialistas, durante muchos años, al juzgar cualquier política de la Comunidad, la vara de medir fue lo que dicha política aportase en términos de cohesión social. Así, una política determinada nos parecía positiva por el valor añadido que suponía en materia de cohesión de nuestras sociedades y negativa si contribuía a acrecentar las desigualdades entre los europeos. Pues bien, en el mundo global en que vamos adentrándonos es evidente que la solidaridad no puede ser un valor de uso exclusivamente interno, intraeuropeo. Y así, cada política comunitaria merecerá nuestro juicio favorable en la medida en que contribuya, no sólo a la cohesión social dentro de nuestras fronteras, sino también a disminuir desigualdades en su proyección mundial.
Para nosotros, la política agrícola común ha sido positiva porque apoyaba a nuestros agricultores, para que no se quedaran descolgados en un proceso de prosperidad del que iban beneficiándose otros sectores de la sociedad. Pero, en adelante, a la hora de valorar las políticas agrícolas de la Comunidad, no será suficiente medir si con ellas se contribuye a mantener o mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos. Además, habrá que considerar si con las subvenciones a nuestros productores se contribuye también a mejorar la situación del Tercer Mundo o si, por el contrario, lo que se hace es arruinar a éste, ampliando el precipicio que le separa de nuestro mundo desarrollado. En este caso, esas políticas no serán aceptables y, por difícil que sea el ejercicio, habrá que encontrar otras que sean buenas, justas y reequilibradoras para el Norte, a la vez que buenas y justas para el Sur, y reequilibradoras en lo que se refiere a las relaciones entre el Sur y el Norte. 
Con esta perspectiva votaremos a favor de la Resolución que propone la Comisión de Cooperación y Desarrollo como conclusión del informe presentado por el colega Khanbhai.

Patakis (GUE/NGL).
) Señor Presidente, el problema de la seguridad alimentaria y el hambre al que se enfrenta un 20% de la población mundial es, sin duda, una mancha en la reputación de la civilización moderna, y demuestra que el capitalismo no ha sido capaz de resolver ni siquiera problemas básicos. Las principales características de este informe son un interés hipócrita por los pueblos y los agricultores de los países en desarrollo, intenciones piadosas y contradicciones, y su objetivo último es brindar a los responsables del problema una coartada para continuar con la misma política que está exacerbando el problema.
El objetivo del proyecto propuesto es resolver el problema de la seguridad alimentaria, y fija la fecha provisional del año 2015 para reducir a la mitad el número de personas obligadas a vivir con un dólar diario. Este objetivo queda anulado con las reformas de la PAC, que reducen la producción agrícola comunitaria para alinearla con el mercado internacional, según dicta la OMC y no las necesidades alimentarias de la humanidad. ¿Por qué? Porque según la opinión predominante en la Unión Europea, la comida no es un producto que satisface varias necesidades, sino un producto que garantiza grandes beneficios a la industria alimentaria y las multinacionales.
Con sus incontables reformas de la PAC, la Unión Europea tiene un déficit creciente de productos, arruinando a los agricultores y, al mismo tiempo, obligando a los países en desarrollo, mediante acuerdos y mecanismos de precios leoninos, a vender su producción agrícola a precios muy reducidos, apretando el nudo en la garganta de su población y protegiendo los beneficios de las multinacionales.
La solución no reside en suprimir las subvenciones a los países desarrollados, arruinando a los agricultores y situándolos en el mismo nivel que los agricultores de los países en desarrollo, sino mantener en la práctica la paridad en las relaciones comerciales internacionales entre los países desarrollados y los países de desarrollo, con el fin de mejorar su nivel de vida, reducir su deuda externa y aumentar el conjunto de su producción interior. Las intenciones piadosas y las contradicciones del informe alcanzan el nivel de hipocresía con la propuesta de subvencionar cultivos genéticamente modificados en los países en vías de desarrollo, que serán suministrados por varias multinacionales sin importar las consecuencias.
Sabemos por experiencia que el hambre es un problema social y político, no técnico. Disponemos del potencial productivo y los recursos para alimentar al mundo entero, respetando el medio ambiente y la salud pública, pero no en el actual sistema social, y con ello me refiero al sistema capitalista.
Este informe mantiene la fórmula estándar y no ofrece sugerencias positivas para mitigar el problema del hambre en el mundo. Por el contrario, las medidas propuestas aumentarán el problema, que se agudizará con graves riesgos para el medio ambiente y la salud pública, y con la dependencia de los países en desarrollo de las multinacionales del mundo desarrollado.

Souchet (NI).
Señor Presidente, en la actualidad, de los 6 000 millones de habitantes del mundo, 800 millones sufren malnutrición y, de esta cifra, tres cuartas partes viven en zonas rurales y son agricultores pobres, mal equipados, que no tienen mercado para vender sus productos y, por tanto, limitan su producción a sus propias necesidades de consumo. Resulta crucial entender que la mayoría de los que pasan hambre no son ciudadanos que pueden comprar comida, sino productores rurales de cultivos alimentarios. En consecuencia, la caída del precio de los productos agrícolas constituye la causa del hambre en el Tercer Mundo. Para que estos agricultores obtengan un ingreso suficiente para modernizar su producción, compren herramientas y accedan a los productos químicos, agua de riego y mejores semillas es necesario que tengan acceso a los mercados a precios razonables. 
Los países que han tenido más éxito en la erradicación del hambre, en particular India y China, son aquellos que, gracias a unas políticas que apoyan los precios agrícolas, subvenciones para productos químicos y para el transporte e infraestructuras de riego, han permitido que sus agricultores accedan a su propio mercado interior, y de ese modo, aumenten su poder adquisitivo, su productividad y su producción. En cambio, los países en los que el hambre se ha extendido son aquellos en los que la caída de los precios agrícolas ha provocado la pobreza de los agricultores, desestabilizando los circuitos de comercialización, y ha empujado a muchos de los que vivían en zonas rurales, oprimidos por la pobreza, hacia los suburbios mal equipados o la emigración.
Por lo tanto, es crucial que detengamos la caída de los precios agrícolas. El acceso a un mercado local rentable es el primer derecho de cualquier productor agrícola, la primera condición para el crecimiento de la producción agrícola y un requisito imprescindible para eliminar el hambre en el mundo. Tenemos que abandonar la utopía de convertir el planeta en un inmenso mercado sin fronteras. No tiene sentido intentar que un agricultor del Chad compita con uno de Minnesota, o un pastor andino con un terrateniente de Nueva Zelandia. Los países que hacen de propagandistas a favor de un mercado único mundial, en particular los del grupo Cairns, no son países que sufran hambre, sino países que, gracias a unos costes de producción particularmente bajos, enormes extensiones de tierras de cultivo, salarios bajos y elevadas inversiones agrícolas son capaces de arruinar la agricultura de aquellos países que no comparten estas ventajas.
En cuanto a las políticas que mantiene la Unión Europea, cabe extraer tres conclusiones. Primera, los proyectos de desarrollo agrícola que subvencionamos en los países en desarrollo tienen que incluir un capítulo de ayuda a la comercialización de los productos alimenticios. Segunda, tenemos que ayudar a los países en desarrollo, o grupos de países con costes de producción similares, a proteger sus mercados nacionales frente a los precios de dúmping fijados por el mercado mundial, mediante instrumentos sin los que sus productores se arruinarían. Tercera, tenemos que ejercer toda nuestra influencia en las negociaciones comerciales internacionales con el fin de asegurar que se reconozca el derecho a la excepción agrícola, es decir, el derecho de una nación a proteger a los agricultores que la alimentan.
Señor Presidente, este era el objetivo de las enmiendas presentadas por la Comisión de Agricultura. Han sido aprobadas por la Comisión de Desarrollo, y yo les ruego que las apoyen.

Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar me gustaría dar las gracias a mi colega, el Sr. Khanbhai por su informe de propia iniciativa. Como miembro de la delegación parlamentaria ACP, este asunto me ha preocupado durante años. La política agrícola sostenible, la reforma agraria y el desarrollo rural constituyen desafíos políticos importantes para alcanzar el objetivo de independencia de los países en desarrollo. ¿Por qué, a pesar de nuestra considerable ayuda financiera, no hemos sido capaces de contribuir de manera más decisiva a la mejora de la situación de los países más pobres? Me pregunto constantemente qué estamos haciendo mal. ¿Qué están haciendo mal los países ricos, y que ganan los países pobres redoblando sus esfuerzos? Creo que tenemos que ser más duros en estos asuntos, porque -y tenemos ejemplos que lo prueban- la población mundial no está dispuesta a soportar esta injusticia ni un minuto más. Como políticos europeos que trabajamos en el ámbito de la agricultura, sabemos perfectamente que la Política Agrícola Común de la Unión Europea es blanco de duras críticas debido al impacto que tiene sobre la agricultura de los países más pobres, como ha sido el caso de un gran número de intervenciones en el debate de esta noche.
Sin embargo, es cierto que muchos críticos creen que la respuesta es demasiado sencilla, porque es erróneo pensar que una mayor apertura del comercio conducirá inevitablemente a un mayor desarrollo del sector alimentario en los países en desarrollo. Muchos lo han dicho: la UE ya es el principal importador de alimentos del mundo, y en este contexto los problemas agrícolas de la gran mayoría de países en desarrollo no se resolverán únicamente mediante un comercio más intenso y una desregulación de la agricultura. Es erróneo - y ahora me dirijo a la Sra. Kinnock- pedir una liberalización total y el abandono de los cupos nacionales en los países en desarrollo. Esto provocaría una competencia despiadada, que los pequeños agricultores no podrían resistir.
En conclusión, permítanme mencionar tres hechos: necesitamos producción para el consumo interior y para la exportación sobre la base de un sistema reformado de posesión de tierras, necesitamos mejor empleo, necesitamos una gestión sostenible, y tenemos que estudiar nuevas maneras de avanzar.

Wallström
Señor Presidente, podríamos pasarnos toda la noche debatiendo acerca del desarrollo rural, las subvenciones agrícolas, la igualdad entre hombres y mujeres, la reforma agraria, el incremento de la AOD como parte del desarrollo rural, etc. Sin embargo, estoy segura de que no es eso lo que desean, a pesar de que estos serios asuntos merecen toda nuestra atención. El debate debe continuar y sólo hemos podido tocar por encima estos temas sumamente importantes y pertinentes. La reforma agraria, tal y como se describe en la revisión, avanza en la dirección correcta, aunque no cabe duda de que eso no bastará a largo plazo.
Me complace comprobar que la lucha contra la pobreza constituyó el tema central de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johanesburgo. Esto servirá de ayuda para nuestros futuros debates. Este informe ofrece una valiosa contribución en la fase de aplicación y cumplimiento de los objetivos de la Cumbre, al igual que la comunicación sobre desarrollo rural presentada por mi colega Sr. Nielson. Muchas gracias por este debate tan importante e interesante.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
DECLARACIÓN POR ESCRITO (art. 120)

Piétrasanta (Verts/ALE)
. (FR) Las subvenciones a las grandes explotaciones agrícolas en Europa están restringiendo los niveles de producción agrícola de las pequeñas explotaciones en Europa y también en los países en desarrollo, que no son capaces de luchar contra esta competencia.
Tenemos que revisar la PAC en este ámbito, incluidas todas las medidas que permitan a estos países el desarrollo de un sector agrario competitivo con respecto a los costes de producción así como a la calidad del producto. Por tanto, velaremos por el medio ambiente, para que su degradación no implique una degradación de las tierras de cultivo, en particular en relación con los cultivos intensivos, el uso intensivo de fertilizantes químicos y pesticidas y la contaminación de la producción agrícola por parte de las OGM. De esta manera, podremos salvaguardar una producción sana y biológica. Hay que prestar atención particular a estos asuntos, en especial mediante la colaboración con el Centro Común de Investigación.
Asimismo, la preservación y el uso racional de los recursos hídricos revisten gran importancia para estos países. El programa de acción prioritaria a corto y medio plazo (SMAP) y el programa MEDA, junto con los demás programas de cooperación entre la Unión Europea y países terceros, también podrían desarrollarse en este terreno.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, pasamos a la declaración de la Comisión sobre la duodécima Conferencia de las Partes de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).

Wallström
Señor Presidente, Señorías, la Unión Europea tiene la responsabilidad particular de garantizar el comercio sostenible de especies amenazadas, porque somos uno de los mayores mercados para estas especies y sus productos. Además, tenemos que ayudar a los países en desarrollo a desarrollar estrategias eficaces para la conservación de las especies silvestres.
Como ya saben, en septiembre la Comisión propuso unas directrices para la Comunidad con vistas a la Conferencia de Santiago. Nuestra propuesta se basaba en el respeto de los criterios científicos que determinan en qué anexo de CITES aparecen enumeradas las diferentes especies. Asimismo, estos criterios incluyen el principio de cautela.
Estoy muy contenta de que la opinión de la Comisión sólo difiera ligeramente de la expresada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. La Comisión está de acuerdo con las recomendaciones respecto de los cetáceos, tortugas de mar y de agua dulce y caballitos de mar. Asimismo, agradezco que la comisión haya decidido introducir una recomendación sobre la ratificación de la enmienda Gabarone, que permite a la Comunidad convertirse en parte contratante de CITES.
La Comisión apoya la inclusión de especies comerciales marinas en los anexos, a condición de que cumplan los criterios relevantes y que su gestión no esté ya regulada de forma adecuada en otra parte a escala internacional. En este sentido, estoy de acuerdo con su apoyo a la inclusión del cetorrino y el tiburón ballena en el Apéndice II de CITES.
La opinión de la Comisión sobre la propuesta de incluir especies de merluza austral y merluza negra en el Apéndice II está basada en el mismo principio. Soy consciente de que existen razones biológicas importantes para esta propuesta. Al mismo tiempo, también soy consciente de que la explotación de estas especies está actualmente regulada por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CAMELAR), de la cual forma parte la Comunidad. Aunque sólo abarca un número limitado de miembros, el proyecto de documentación introducido por CAMELAR contiene disposiciones muy similares a las de CITES. En mi opinión, el listado de CITES debe apoyarse si permite favorecer la realización de este plan, y si estimula a otros países a hacer lo mismo. Sin embargo, la Comisión considera que los términos actuales de la propuesta no conseguirán el objetivo propuesto. Espero que en la Conferencia se llegue a un acuerdo sobre las enmiendas que hagan que la propuesta sea más eficaz.
Asimismo, puedo confirmar que la Comisión se opone a la reanudación del comercio de marfil hasta que se haya demostrado con claridad que este comercio no implica una mayor protección de los cazadores furtivos, o que no tiene un impacto negativo sobre las poblaciones de elefantes. No se han podido extraer conclusiones al respecto a partir de las pruebas disponibles hasta el momento. Por lo tanto, resulta apropiado optar por una línea de conducta basada en el principio de cautela.
Sin embargo, debemos hacer una distinción entre el comercio del marfil y la cuestión de la lista CITES más apropiada en la que incluir a los elefantes. Es innegable que hay un gran número de elefantes africanos en varios países de África austral cuyas poblaciones están incluidas en el Apéndice II. Estas poblaciones están bien gestionadas y su tamaño va en aumento. Por lo tanto, la propuesta hecha por Kenia e India de incluir todas las poblaciones de elefantes africanos en el Apéndice I no está justificada, sobre la base de los criterios científicos relevantes establecidos en CITES. En lugar de avivar el conflicto, la Comisión debería intentar encontrar soluciones que promuevan la preservación de los elefantes en toda su zona de distribución, y que disfruten del apoyo de todos los Estados en esta zona.
Por último, quiero informar al Parlamento Europeo de que además de los puntos tratados en su resolución, se han presentado un gran número de propuestas adicionales a los organizadores de la Conferencia, que tendrán consecuencias positivas para la conservación de las especies, y que cuentan con el apoyo de la Comisión. Estas incluyen una propuesta para incluir la caoba en la lista del Apéndice II, y propuestas para la mejora de los métodos de trabajo de CITES.

Corbey (PSE).
 Señor Presidente, la protección de la biodiversidad constituye una de nuestras tareas principales y más difíciles. En repetidas ocasiones, nos encontramos en una situación en que parece que no sea el momento de optar por la biodiversidad. En repetidas ocasiones, existen buenas razones para abandonar medidas específicas y rigurosas para la protección de las especies amenazadas. Este es el caso ahora. Me refiero al caso de los elefantes africanos.
Creo que existen buenas razones para no imponer una prohibición total sobre el comercio del marfil. En primer lugar, conforme al criterio científico, el elefante africano no cumple los requisitos, porque la población de elefantes está aumentando y está sana. En segundo lugar, no estoy convencido de que una prohibición total hará que cese la caza furtiva. La prohibición puede provocar un aumento del comercio ilegal y de los precios. Esto no ayudará a ningún elefante. En tercer lugar, la idea de destruir el marfil está encontrando bastante resistencia. La destrucción atenta contra cualquier noción de uso sostenido. ¿Por qué tenemos que destruir un material natural, valorado y valioso como el marfil?
Por último, estoy convencida de que la protección no funcionará sin el compromiso de las autoridades y las poblaciones locales. Podemos prescribir leyes para otros desde nuestras torres de marfil, aquí en Estrasburgo. Podemos predicar moral desde nuestro púlpito de marfil, pero tenemos que ser conscientes de que esto no funciona en absoluto.
Cinco países de África austral han presentado planes alternativos. Han ganado experiencia, y también han tenido un cierto éxito. Como mínimo, tendríamos que tomar sus argumentos en serio. La idea de la conservación no la puede imponer la comunidad internacional, y no queremos que sea así. Por lo tanto, existen buenas razones para no transferir mañana el elefante africano al Apéndice I. Sin embargo, también existen buenas razones para hacerlo, y es la conveniencia de emitir una señal política. La señal de que el Parlamento Europeo se toma en serio la biodiversidad. De que el Parlamento Europeo está decidido a preservar la biodiversidad en la Unión Europea.
En resumen, apruebo la resolución a regañadientes, pero, en mi opinión, tiene que incorporar una promesa política: la promesa de que nosotros también haremos algo por la biodiversidad. Tenemos que encontrar una solución que también funcione para los pueblos africanos.

de Roo (Verts/ALE).
 Yo también quiero hablar acerca de los elefantes. Cinco países de África austral quieren vender sus existencias de marfil. Esto no sería nada bueno. Las conferencias CITES anteriores decidieron dejar de proteger al elefante. Por desgracia, la Comisión lo aprobó con el acuerdo de la mayor parte de los quince Gobiernos de la UE, pero en contra de los deseos del Parlamento Europeo. El resultado ha sido desastroso. La caza furtiva ilegal del elefante se realiza ahora a mayor escala, también en África austral. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor propone, de forma unánime, reanudar la protección del elefante. La Comisión tiene que abandonar su posición cobarde e indiferente.
MIKE (seguimiento de la matanza ilegal de elefantes) no funciona. Utilicemos dinero europeo -10 ó 15 millones de euros serán suficientes- para comprar y destruir las existencias de marfil de África austral, y si la mayoría de gobiernos europeos no están de acuerdo con esto, las ONG tendrán que recaudar dinero para detener la venta de todos los elefantes. Sólo quedan 10 000 elefantes en Asia y 300 000 en África. Hace veinte años, en 1981, había 1 500 000. Quien mantenga que los elefantes están en buenas condiciones está equivocado. No apruebo la matanza selectiva de elefantes, es incivilizado. Tengo curiosidad por saber quién votará a favor de la matanza selectiva mañana.

Sandbæk (EDD).
Señor Presidente, no creo que ninguno de nosotros esté debatiendo aquí si debería existir o no el comercio de marfil: por supuesto que no. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con el hecho de que los elefantes sudafricanos no deberían incluirse de nuevo en el Apéndice I.
No sé si han visto la carta que hemos recibido esta semana del grupo especializado en uso sostenible europeo. Nos recuerda que una decisión como ésta sería directamente contraria al asesoramiento científico proporcionado a las partes por la UICN, que son los asesores oficiales de la Conferencia de la CITES sobre propuestas relativas al listado de especies.
Este asesoramiento subraya que las poblaciones de elefantes de los países sudafricanos mencionadas no cumplen los criterios para ser incluidas en el Apéndice I, sino en el Apéndice II. Por lo tanto, desde el punto de vista científico no tenemos absolutamente ningún motivo para cambiarlos. Tampoco deberíamos hacerlo, si queremos mantener las poblaciones, dado que resulta bastante evidente que el uso de recursos vivos silvestres, si son sostenibles -como en el sur de África- constituye una importante herramienta de conservación. Los beneficios sociales y económicos que se derivan de ese uso suponen incentivos para que la gente los conserve.
Por lo tanto, si los incluimos de nuevo en el Apéndice I, esto enviaría la señal equivocada a los países que cuentan con una pequeña población de elefantes. Les indicaría que si intentan invertir dinero en la conservación de sus elefantes, no sacarían a cambio ningún beneficio. Por lo tanto, invertirían en los elefantes, en lugar de escuelas u hospitales. ¿Qué tipo de incentivo para conservar a los elefantes supone eso para los países con una pequeña población de elefantes?
Es una pena que muchos de ustedes no estuvieran presentes en la presentación realizada por la Ministra de Naturaleza y Turismo de Botswana. Afirmó que ellos amaban a sus elefantes. Quieren conservarlos y la mejor manera de hacerlo es que continúen en el Apéndice II.

Miguélez Ramos (PSE).
Señor Presidente, voy a referirme al apartado 3 de esta propuesta de resolución y, concretamente, a la especie de nombre científico Dissostichus, que en la versión española es la merluza austral y negra. El Dissostichus tiene un gran valor comercial (se le llama "oro negro") y su equilibrio es muy delicado.
La Comisión de Pesca, de la que soy miembro, está elaborando tres informes sobre este recurso y soy ponente del que se refiere a la elaboración de un sistema de documentación de capturas.
Hoy quiero defender ante esta Cámara su no inclusión en la lista de CITES, y ello por las siguientes razones: no podemos olvidar que existe ya una organización de carácter internacional -la Convención para la Preservación de los Recursos Marinos Antárticos, a la que a partir de ahora llamaré por sus siglas, CAMELAR- que, desde hace veinte años, se ocupa con éxito de la preservación de ésta y de otras especies en el océano Antártico. La Comunidad es parte contratante de dicha Convención.
La propuesta de incluir el Dissostichus en el Convenio CITES no ha partido de nosotros, sino de Australia. Ni nosotros ni -hasta donde yo sé- la Comisión nos oponemos; simplemente, consideramos más útil que sea la propia CAMELAR la que tome esta decisión en su asamblea anual, que se celebra esta semana y la próxima en Chile, y en la que el Parlamento Europeo estará representado por el Sr. Stevenson, presidente de la Comisión de Pesca.
En estos momentos, y tras arduas negociaciones, CAMELAR ha logrado el ingreso del Canadá y de Mauricio con el estatuto de miembros asociados. Canadá es, junto con los Estados Unidos, el principal destino comercial de la especie Dissostichus y Mauricio, un importante lugar de paso. Su entrada en CAMELAR da a esta organización internacional el control del 98 % del comercio mundial de Dissostichus. Para nosotros, CITES tendría utilidad como valor complementario de CAMELAR. Pero hemos de ser precavidos, porque -de adelantarnos con nuestra decisión al curso natural de los acontecimientos- podríamos, sin quererlo, provocar un efecto contrario al deseado, debilitando a una organización que, en su larga vida, ha demostrado ampliamente su buen hacer respecto al medio marino antártico, sumamente delicado.
Tenemos que concentrar esfuerzos, no dispersarlos, y debemos reforzar nuestra presencia en las organizaciones multilaterales de pesca, única manera de responder a los desafíos que la preservación de las especies pesqueras provoca a nivel mundial.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, como usted -al igual que mis colegas- ha dicho, el tema de los elefantes se volverá a discutir en la próxima reunión de la CITES. Si volvemos a incluir a los elefantes en el Apéndice I, a petición de India y Kenia, ¿será suficiente para prevenir la trágica extinción de estos animales en algunos países de África, por mucho que de su número esté aumentando en otros países? Las opiniones están divididas.
Según la opinión de un buen número de especialistas, el sistema MIKE, altamente sofisticado, todavía no ha proporcionado ni proporcionará una respuesta satisfactoria. De hecho, ha absorbido una cantidad sustancial de subvenciones que se podrían haber utilizado de manera más eficaz si, por ejemplo, se hubieran gastado en combatir la caza furtiva o en la formación de guardias.
Se caza a los elefantes por su marfil, y su hábitat natural se ha visto alterado y reducido de forma considerable. A pesar de que su uso esté autorizado, cualquiera que sea el marco restrictivo y preciso fijado, existe el peligro de que la caza furtiva se extienda de nuevo y de que, a largo plazo, provoque la extinción de los elefantes en algunos países de África. En consecuencia, la Unión Europea tiene que rechazar con firmeza cualquier reanudación ilegal del comercio del marfil.
Al mismo tiempo, ¿qué lección podríamos dar a las poblaciones locales que impusiera una contribución razonable sobre su fauna, cuando nosotros mismos, como por ejemplo en Francia, somos incapaces de establecer las condiciones adecuadas para la supervivencia de los osos en los Pirineos, o de los lobos en los Alpes?
A título comparativo, agradecemos el gesto de Cuba, quien ha retirado su petición para la explotación de las tortugas y, de forma paralela, la Unión Europea tiene el deber de rechazar la petición de las Islas Caimán de criar tortugas verdes en cautividad, lo que facilitaría el comercio ilegal de estos animales. El deseo y la necesidad de salvaguardar la biodiversidad del planeta pasa por la adopción de decisiones rigurosas y activas que no dejen escapar a ningún tipo de traficante, y que permitan a las poblaciones locales utilizar sus recursos naturales, incluida la fauna, de forma sostenible, aunque esto parezca a veces pedir lo imposible.

Wallström
Señor Presidente, me gustaría concluir con dos breves observaciones acerca de los elefantes y la merluza austral. En primer lugar, quiero confirmarles que la Comisión continúa oponiéndose a cualquier medida que pueda favorecer la caza ilegal de elefantes. Ya he indicado que nos oponemos a reanudar la compraventa de marfil con fines comerciales, hasta que se pueda demostrar que esto no provocará un incremento del furtivismo.
Al mismo tiempo, reconozco la excelente reputación de una serie de países sudafricanos por lo que respecta a la gestión de sus poblaciones de elefantes. Resulta fácil entender por qué estos países se sienten en ocasiones castigados en lugar de recompensados por sus esfuerzos. Si se ignoran sus preocupaciones, existe un riesgo real de que estos países sean incapaces de mantener el apoyo popular para la conservación de los elefantes o para la CITES en general. Deberíamos evitar medidas tales como la clasificación más rigurosa de los elefantes propuesta en la CITES, que sólo servirán para polarizar el debate, sin conseguir ninguna protección adicional real para estos animales.
Con respecto a la merluza austral, debemos respetar la autoridad de CAMLAR y otras organizaciones pesqueras, adoptando, al mismo tiempo, un planteamiento constructivo con respecto a cualquier propuesta que pudiese conseguir una mejor protección de las especies de peces comerciales. Por consiguiente, si el listado de la CITES puede reforzar y complementar la actual gestión de merluza austral de CAMLAR, no les quepa duda de que contará con mi apoyo y con el de la Comisión.

El Presidente.
- Para cerrar el debate sobre esta declaración, he recibido, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la propuesta de resolución B5-0527/2002, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de dos informes del Sr. Blokland, en nombre de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor:
(A5-0291/2002), sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (COM(2001) 803 - C5-0320/2002 - 2002/0026(CNS)),
(A5-0290/2002), sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba, en nombre de la Comunidad Europea, el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (COM(2001) 802 - C5-0095/2002 - 2002/0030(CNS)).

Wallström
Señor Presidente, Señorías, tienen ante ustedes dos propuestas de la Comisión relativas al Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional. Una es la decisión de ratificar este Convenio en nombre de la Comunidad Europea; la otra, el reglamento que se precisa para aplicar el Convenio en la Comunidad. La decisión sobre la ratificación apenas requiere mayor elaboración.
La propuesta de la Comisión de un reglamento de ejecución refleja tanto la posición de la Comisión como la de los Estados miembros: las disposiciones no deberían ir más allá de la mera incorporación del Convenio, que fue resultado de un compromiso entre todas las partes en las negociaciones. La Comunidad exigió disposiciones más rigurosas en ciertos aspectos, pero no consiguió que se aprobaran.
La Comisión considera que las propuestas están equilibradas, y que contribuirán a la consecución del objetivo de la Comunidad de mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los productos químicos peligrosos en los países importadores -en especial los países en desarrollo-, sin impedir la aplicación efectiva del Convenio.
La Comisión agradece el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor a las propuestas. Quiere que la Comunidad ratifique pronto el Convenio, de acuerdo con el espíritu de las conclusiones de la Cumbre de Johanesburgo. Por lo tanto, la Comisión espera que se alcance lo antes posible un acuerdo sobre el reglamento de ejecución, que constituye un requisito imprescindible para el proceso de ratificación posterior. En este sentido, la Comisión desea recalcar los esfuerzos del Consejo y el Parlamento por avanzar en la elaboración de las propuestas, y sobre todo, los compromisos alcanzados de cara a un posible acuerdo entre el Consejo y el Parlamento en la primera lectura de la propuesta de reglamento de ejecución.
A modo de conclusión, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al ponente, Sr. Blokland, a quien debería haber dado las gracias al principio.

Blokland (EDD)
. (NL) Señor Presidente, no sucede a menudo que disponga de 10 minutos, pero espero no necesitarlos. Tenemos ante nosotros dos propuestas relativas a la importación y exportación de productos químicos.
El primer informe apoya la aprobación del Tratado de Rotterdam respecto de los productos químicos peligrosos y plaguicidas en el comercio internacional. Propongo que hagamos esto lo más rápido posible, dado que el Tratado puede entrar en vigor desde el momento en que sea ratificado por un número suficiente de países signatarios.
El informe se centra principalmente en los tres puntos siguientes:
En primer lugar, las partes del Tratado sólo pueden exportar a otra parte del Tratado productos químicos incluidos en el Apéndice si han obtenido el consentimiento previo del país importador. Esto se llama procedimiento CFP - Consentimiento Fundamentado Previo.
En segundo lugar, se pueden añadir nuevos productos al Apéndice al que se aplica el CFP.
En tercer lugar, la parte exportadora de productos químicos prohibidos o severamente restringidos tiene que informar a la parte importadora. Además, todos los productos enumerados en el Apéndice al que se aplica el CFP tienen que estar etiquetados.
Esto ya quedó establecido en un reglamento que data del año 1992. La industria química también comenzó a aplicar el Tratado de Rotterdam de forma voluntaria en abril de este año. Por lo tanto, no existe ninguna razón para seguir retrasando la ratificación del Tratado.
El segundo informe intenta aplicar el Tratado de Rotterdam mediante un reglamento. Este reglamento va más allá del Tratado de Rotterdam en una serie de puntos. Es un poco más riguroso, más preciso y más amplio, y constituye una mejora de la legislación. Asimismo, se ha proporcionado más información a países terceros, en particular a los países en desarrollo.
Un tema más espinoso es la propuesta original de la Comisión, en que la propia Comisión quería imponer un monopolio sobre los procedimientos. Esto no es lógico, porque los Estados miembros no tienen la misma legislación respecto de los productos químicos. En particular, me refiero a los plaguicidas y biocidas. Como ya saben, tardaremos otros cinco a diez años en tener una legislación comunitaria en este ámbito. También es posible que, incluso tras este período, los Estados miembros utilicen disposiciones excepcionales. En consecuencia, es una buena idea dejarles cierta libertad de acción en lo que respecta a este reglamento.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha adoptado 15 enmiendas. La base jurídica del reglamento se ha modificado, pasando del mercado interior al medio ambiente. Esto significa codecisión para el Parlamento Europeo. Asimismo, se ha ampliado el margen de libertad de cada Estado miembro, lo que significa que pueden aprobar un mayor número de medidas de gran alcance. Esto se reflejará en el hecho de que los Estados miembros individuales también podrán hacer propuestas respecto de la inclusión de nuevos productos en la lista a la que se aplica el consentimiento fundamentado previo, pues todavía hay un grupo de productos para los que no existe una legislación europea armonizada, como por ejemplo los plaguicidas.
Otra mejora es que, como máximo, la lista de productos peligrosos sólo tendrá que actualizarse anualmente. Es muy importante que se añadan a este reglamento los contaminantes orgánicos persistentes. Los acuerdos alcanzados en el marco del Tratado de Estocolmo están incluidos en la lista de productos prohibidos.
Como parece que el Consejo tiene el mismo punto de vista que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, como ponente he intentado completar el proceso legislativo en primera lectura. Los grupos parlamentarios me otorgaron el mandato con este objetivo. Los debates en este ámbito han resultado muy satisfactorios. El Consejo ha aprobado la mayoría de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y los ajustes mayoritariamente técnicos del Consejo se han incorporado con facilidad. Esto ha dado pie a 42 nuevas enmiendas, firmadas por la mayoría de grupos. El Consejo envió una carta prometiendo que, si el Parlamento Europeo aceptaba todo el paquete de compromisos, el Consejo establecería la posición común de acuerdo con esto. Esto significa que podríamos concluir el tema al final de la primera lectura, ahorrando mucho tiempo, por lo menos un año. Me alegra que la Sra. Wallström asegure que la Comisión Europea también apoyará las medidas de forma incondicional.
Me gustaría pedir que prestaran especial atención a la enmienda 22. Se ha acordado con el Consejo que, en cualquier caso, las normas se aplicarán a las cantidades que sobrepasen los 10 kilogramos. Esto es acertado a efectos de viabilidad y control. También forma parte del paquete total de medidas.
Señor Presidente, los compromisos que tiene ante usted constituyen un resultado satisfactorio que recomiendo sinceramente al Parlamento. La papeleta de voto contiene 4 bloques. El bloque 1 abarca las enmiendas consensuadas con el Consejo. Si se aprueba el bloque 1, el bloque 2 decae. El bloque 3 contiene las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor aprobadas por el Consejo, por lo que tenemos que votar a favor. Finalmente, el bloque 4 contiene las enmiendas que el Parlamento debe rechazar, basadas en el compromiso de conjunto.
Finalmente, me gustaría dar las gracias a los ponentes alternativos, a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y a la Presidencia danesa por su cooperación constructiva.

Redondo Jiménez (PPE-DE).
Señor Presidente, señora Comisaria, estamos ante dos propuestas: una propuesta de Decisión del Consejo y una propuesta de Reglamento del Consejo relativos al comercio, la exportación y la importación de productos químicos peligrosos. 
En la propuesta de Decisión se pide que se ratifique lo antes posible el Convenio de Rotterdam, cuyo objetivo principal es regular el comercio internacional de los productos químicos peligrosos, pero también, como así lo hemos entendido en el Parlamento, proteger la salud humana y el medio ambiente, y es importante que se haga ya. Por eso hemos pedido el cambio de base jurídica, del artículo 133 del Tratado CE, que regula la política comercial, al artículo 175 con arreglo a codecisión.
En la propuesta de Reglamento, exhaustivo y muy estricto, se disponen reglamentaciones muy estrictas para el comercio intracomunitario de productos fitosanitarios. Lo que nosotros pedimos es una cierta flexibilidad. Como ya ha dicho el Sr. Blokland, hemos llegado a un acuerdo importante después de muchas discusiones entre todos los grupos políticos, a fin de que, después del cambio de base jurídica, estos paquetes de enmiendas sean ratificados y asumidos tanto por la Comisión como por el Consejo, para poder terminar en una primera lectura esta posición del Parlamento y llegar a una conclusión con la que todos estemos de acuerdo. 
No todas las reglamentaciones -como también decía el Sr. Blokland- relativas a los productos fitosanitarios son homólogas en todos los países, y la Sra. Comisaria sabe perfectamente que se unificarán, pero no antes de un plazo mínimo comprendido entre 5 y 10 años.
La reglamentación sobre productos fitosanitarios y los análisis para la homologación están muy retrasados, puesto que de las ochocientas y pico materias activas que tienen que regularse, no se ha analizado ni un centenar. Por lo tanto, podemos suponer que este tema se retrasará. 
Es importante el Reglamento que vamos a aprobar, relativo al procedimiento de consentimiento fundamentado previo, porque pone en conocimiento del receptor lo que el emisor le va a enviar previamente. Esto es válido no solamente para los países miembros de la Unión Europea, sino también para los países que no lo son, a los que debemos aplicar las mismas exigencias. 
Pido a los miembros del Parlamento que apoyen el informe tal cual está, con la lista de votación que ha propuesto el Sr. Blokland, al que felicito vivamente, puesto que ha realizado un gran trabajo en un tema muy polémico, difícil y que tiene un carácter científico muy marcado.

Bowe (PSE).
Señor Presidente, no hace falta decir mucho más, porque el Sr. Blokland ya ha dicho casi todo. Me gustaría comenzar expresando mi acuerdo con la última oradora. Es un buen informe y los ponentes han trabajado mucho en él.
Nos gustaría que se alcanzase un acuerdo en primera lectura, aunque todavía no es totalmente seguro. Creemos que, en general, las enmiendas constituyen añadiduras acertadas al texto. Estamos un poco preocupados por las propuestas relativas a que los Estados miembros incluyan los productos químicos en el procedimiento de consentimiento fundamentado previo y pensamos que, si va a ser así, habría que consultar a todos como es debido.
Necesitamos esta medida sin demora. Ayudaría a mejorar la protección de nuestra salud pública y del medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Estamos ansiosos por ponerla en marcha, por lo que ofreceremos nuestro apoyo a la gran mayoría de las enmiendas y seguiremos al ponente mañana. Nos gustaría que se encontrase una solución lo antes posible. Necesitamos más acuerdos internacionales como éste y necesitamos rapidez. En el pasado se ha tardado demasiado en aplicar debidamente muchas partes de la legislación relativa a los productos químicos.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, estoy muy satisfecha de que hayamos alcanzado un compromiso, lo que significa que también podremos llegar a un compromiso con el Consejo en primera lectura. Quiero dar las gracias al ponente, Sr. Blokland, a la Presidencia danesa y a la Comisión por haber realizado un verdadero esfuerzo por llegar a una solución satisfactoria y aceptable para todos, aunque no se hayan adoptado todas nuestras enmiendas.
Las intenciones del Convenio de Rotterdam son importantes, como también lo es que se ratifique lo antes posible, porque se refiere al comercio de productos químicos muy peligrosos. La Comisión realizó un magnífico trabajo cuando presentó esta propuesta de reglamento que reemplace la legislación vigente sobre productos químicos peligrosos y plaguicidas por las normas del Convenio de Rotterdam. La propuesta va más allá del Convenio, por ejemplo, al proponer que el procedimiento de notificación de exportación se amplíe hasta cubrir artículos que contienen formas de productos químicos «sin reaccionar», y que la exportación de ciertos productos químicos se prohíba totalmente. Por tanto, estoy muy satisfecha con la propuesta.
El objetivo de este ejercicio y del Convenio es mejorar el control del comercio de productos químicos, así como equiparar y aumentar la responsabilidad de los países importadores y exportadores. Se trata de proteger la salud humana y el medio ambiente. Por esta razón, creo que es razonable y justo que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, con ayuda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, haya cambiado la base jurídica del artículo 133 por la del artículo 175, lo que significa que el Parlamento Europeo tiene poderes de codecisión y, al mimo tiempo, permite que los Estados miembros dispongan de normas más rigurosas. Por tanto, espero que mañana obtengamos una amplia mayoría, y quizás unanimidad, a favor de este informe. Creo que tenemos muchos motivos para felicitarnos.

Korhola (PPE-DE).
Señor Presidente, las propuestas legislativas amparadas en el Convenio de Rotterdam constituyen un importante paso hacia la protección de la salud humana y el medio ambiente en todos los países frente a los eventuales peligros derivados del comercio de productos químicos peligrosos y plaguicidas. Nuestro ponente, Sr. Blokland, ha realizado un excelente y preciso trabajo, como siempre, por el cual merece nuestro agradecimiento.
El Convenio tiene por objeto incrementar la responsabilidad compartida y los esfuerzos de cooperación entre las partes signatarias del acuerdo sobre productos químicos peligrosos en el comercio internacional, promoviendo la protección del medio ambiente y la salud. Al mismo tiempo, la intención es alentar el uso ambiental racional de los productos químicos mediante un aumento de la transparencia y el intercambio de información.
Todos estos objetivos merecen apoyo desde el punto de vista de los objetivos de la UE, pero algunas de las disposiciones que se están discutiendo van aún más allá del Convenio de Rotterdam. Por ejemplo, las normas relativas al tiempo y la frecuencia de las notificaciones de exportación y el nivel de información requerido son más avanzadas que las del Convenio. Creo que así tiene que ser. Las partes del acuerdo internacional sobre medio ambiente las forman países en niveles diferentes en términos de compromiso, y los niveles acordados en el Convenio no van suficientemente lejos respecto de los objetivos de la UE. Por esta razón, creo que los acuerdos sobre medio ambiente siempre deberían aplicarse de forma más ambiciosa en la UE. Sólo entonces alcanzaríamos una dinámica que permitiría conducir el desarrollo negativo del medio ambiente y la salud humana hacia una dirección más sana.
Tenemos que apoyar la sugerencia del ponente de que esta propuesta de reglamento tenga en cuenta el Convenio de Estocolmo referente a los COP, que se concluyó en mayo del pasado año. El objetivo de la propuesta de reglamento es la protección del medio ambiente y la salud humana. Este es también el objetivo del Convenio de Rotterdam. Por esta razón, el ponente, Sr. Blokland, ha llegado a una conclusión acertada al proponer la sustitución del artículo 133 del Tratado, relativo a la política común comercial, por el artículo 175 como una base jurídica mejor para las propuestas. De este modo, las propuestas legislativas están sometidas sin duda al procedimiento de codecisión.

Wallström
Señor Presidente, me gustaría realizar algunos breves comentarios con respecto a algunas de las enmiendas presentadas para la votación que se celebrará mañana. La mayoría hacen referencia al proyecto de ejecución del Reglamento.
En primer lugar, con respecto a la base legal, tal y como la Comisión ya ha aclarado en el Consejo, considera que el artículo 133 -y no el apartado 1 del artículo 175- constituye la base legal adecuada. La Comisión se ve obligada a reservarse el derecho de hacer uso de los medios legales a su disposición.
Dada nuestra postura relativa a la base legal, la Comisión no puede aceptar que las acciones reguladoras nacionales emprendidas por los Estados miembros se encuadren únicamente dentro del marco del Reglamento y estén sujetas a los procedimientos de notificación de exportaciones y de notificación de consentimiento fundamentado previo. Por este motivo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 20, 26, 33 y 34. Por otro lado, la Comisión reconoce que las informaciones recibidas con respecto a las importaciones comunitarias de los productos químicos para los que resulta aplicable el procedimiento de consentimiento fundamentado previo deberían, además, ofrecernos una idea lo más completa posible. Por lo tanto, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 11 y 18.
Con respecto al papel de la Comisión en la participación de la Comunidad en el Convenio, y dada su postura relativa a la base legal, la Comisión no puede aceptar la enmienda 28. El artículo 14 de las propuestas de la Comisión ofrece la posibilidad de una prohibición sobre las exportaciones de ciertos productos químicos que se recogerán en el anexo V. La Comisión conoce el deseo del Parlamento y del Consejo de añadir los productos químicos sujetos al Convenio relativo a los contaminantes orgánicos persistentes al anexo V, de conformidad con las disposiciones de los anexos correspondientes de dicho Convenio. Sin embargo, la Comisión puede aceptar la enmienda 56, sin cambios, junto con las enmiendas 41 a 46, 48, 50 y 53 asociadas. 
Las demás enmiendas se refieren a aspectos técnicos, principalmente destinados a conseguir una mayor precisión en ciertas disposiciones. La Comisión puede aceptar todas estas enmiendas.
Ahora pasaré a la decisión relativa a la ratificación del proyecto. Se han presentado tres enmiendas y, por los motivos que ya he mencionado, la Comisión no puede aceptar el cambio de la base legal propuesto en la enmienda 1, ni puede aceptar la enmienda 3 que se deriva de la misma.
Finalmente, la Comisión puede aceptar la enmienda 2, que reintroduce el principio de un papel principal de la Comisión en la participación de la Comunidad en los diferentes organismos que garantizan la aplicación del Convenio.
Entregaré un resumen de la postura de la Comisión relativa a las declaraciones orales, si están ustedes de acuerdo.
Finalmente, me gustaría dar las gracias una vez más al Sr. Blokland por el gran trabajo realizado en este constructivo y valioso informe.

El Presidente.
- El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A5-320/2002), en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adopta un programa comunitario destinado a mejorar el funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior (programa Fiscalis 2003-2007) (10612/2/2002 - C5-0383/2002 - 2002/0015(COD)).
Tiene la palabra el Sr. García-Margallo y Marfil, ponente.

 García-Margallo y Marfil (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, Señor Comisario, queridos colegas, la Posición común que estamos discutiendo en estos momentos tiene una historia corta, pero intensa.
En 1998, este Parlamento y el Consejo aprobaron un programa diseñado para mejorar el funcionamiento de los sistemas tributarios dentro del mercado interior. Hace tan sólo un año, en 2001, se hizo una evaluación de los tres primeros años de funcionamiento de este sistema. Me complace decir que la evolución fue satisfactoria, y también que este programa fue, en sí mismo, sometido a esa evaluación. Este mismo año, se nos presentó una propuesta de la Comisión para prorrogar el programa -que vencerá en la nochevieja de este año- otros cinco años, es decir, hasta el año 2007.
Las novedades que tiene el programa que va a estar vigente en el próximo quinquenio (Fiscalis 2007) con respecto al anterior, son, a mi juicio, dos: se amplía, para cubrir los impuestos directos -lo cual es una buena noticia- y para cubrir las necesidades de los países candidatos, que es una noticia todavía mejor.
Los objetivos genéricos del programa Fiscalis 2007 que ahora estudiamos son, a mi juicio, tres: en primer lugar, se propone que los sistemas tributarios de los países miembros funcionen; en segundo lugar, que ese mejor funcionamiento se logre a través de una cooperación entre las administraciones tributarias encargadas de aplicarlo y, en tercer lugar, que ese mejor funcionamiento a través de la cooperación sirva para erradicar el fraude.
En cuanto a la primera idea, es decir, que los sistemas tributarios funcionen, en este programa no se trata de dar un paso más en la armonización fiscal -así lo han declarado la Comisión y, explícitamente, el Consejo- aunque a mí sí me hubiera gustado un poco más de ambición, un paso más decidido en el proceso de armonización comunitaria.
En segundo lugar, en cuanto a la cooperación, es una idea que se repite en todos los documentos de la Comisión. Se hablaba de cooperación administrativa en las propuestas de 1987 para ir al IVA en origen, en el programa de 1996, en la nueva estrategia del IVA de 2000, en el código Monti de reforma de los impuestos directos, etc. se tiene el mismo objetivo; "Cooperación" es una palabra mágica, un tótem que se repite y que a mí me gustaría que fuese más realidad de lo que es en estos momentos.
No puedo coincidir más con estos tres objetivos, pero tengo que hacer algunas observaciones sobre los objetivos específicos en materia de IVA y en materia de impuestos directos.
En primera lectura planteamos unas enmiendas que no hemos querido reproducir en la segunda, en honor al Comisario. En estos momentos la urgencia es que este programa se apruebe para que esté en vigor el 1 de enero de 2003 -de otra forma caducaría- y hemos sacrificado algunas aspiraciones legítimas que, sin embargo, quiero recordar aquí, porque reproduciremos en otro momento.
El programa Fiscalis 2007, en materia de IVA, dice que es bueno conocer cómo funciona éste, y este afán de conocimiento, de cooperación y de coordinación empalma bien con los cuatro objetivos que fijan la estrategia del IVA para 2003: simplificar, modernizar, aplicar el impuesto de la forma más uniforme posible y un aumento de la cooperación entre las distintas administraciones.
Sin embargo, Sr. Comisario, lamento que no se haya aprovechado este programa para avanzar un paso más en el proceso de transición al IVA en origen. En todos los documentos de la Comisión se repite hasta la saciedad que el mercado interior sólo funcionará bien -o funcionará mejor, si usted lo prefiere así- con un IVA en origen. Se nos dice también que si no avanzamos hacia el IVA en origen es porque los Estados miembros no se fían del sistema de compensación y del sistema de reasignación de recursos, que al principio se basaba en las declaraciones de los contribuyentes y después en datos estadísticos, pero que jamás ha satisfecho a los Estados miembros. Deberíamos haber avanzado con este programa para conocer los datos y el entramado que, a la vez que habrían hecho posible una compensación, también habrían posibilitado el deseado tránsito al IVA en origen.
En materia de impuestos directos tampoco se ha aprovechado la ocasión para -como decía la enmienda, que no hemos querido repetir- profundizar en la relación entre la política tributaria y las demás políticas comunitarias. Es sabido que la política tributaria tiene un carácter instrumental respecto a estas otras políticas; daré sólo tres ejemplos: el Comisario conoce bien que, en el plan de acción de servicios financieros, se decía que había que avanzar de forma paralela en la liberalización del sector, en las normas de supervisión y control -tan conocidas ahora, después del caso Enron- y en la armonización de impuestos indirectos, para que la liberalización no se tradujese en una centralización de actividades financieras en los climas o en los países fiscalmente más benignos.
En cuanto a las normas sobre la competencia, existe una relación evidente -sobre todo en lo referente a las ayudas de Estado- con la política tributaria. El código de buena conducta, que forma parte del paquete Monti, hacía referencia a las distorsiones fiscales que podrían alterar el funcionamiento del mercado único. El desarrollo sostenible -hemos tenido un debate sobre el tema- está estrechamente vinculado a los impuestos energéticos. Por eso, nuestra enmienda recomendaba que se aprovechase este programa de intercambio de información, de conocimientos y de formación para posibilitar un mejor conocimiento entre la política tributaria y las otras políticas de la Unión.
La Comisión no ha aprovechado este viaje para avanzar en el conocimiento de los datos que hubiesen hecho posible el tránsito al IVA en origen, que sigue siendo el paraíso perdido al que todos queremos llegar, y no ha aprovechado la ocasión para favorecer el conocimiento y la interrelación entre la política tributaria y las otras políticas comunitarias a las que aquélla quiere servir.
No obstante, insisto, los objetivos genéricos del programa me parecen bien: conocer el funcionamiento de los sistemas tributarios y cooperar entre las administraciones para erradicar el fraude. Me parece bien que este programa se ponga en marcha lo antes posible y, por eso, Sr. Comisario, le damos un voto de confianza al no reproducir las enmiendas que presentamos en primera lectura, para evitar un proceso de conciliación y para que este programa -que estoy seguro que el Comisario administrará muy dignamente- se ponga en marcha lo antes posible.
No renuncio a plantear los otros objetivos en otras ocasiones, pero creo que en este momento son más importantes la prudencia y la urgencia que el valor y el perfeccionamiento del programa.
Sr. Comisario, le deseo muchísima suerte en su aplicación.

Bolkestein
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias en nombre de la Comisión al ponente, el Sr. García-Margallo y Marfil, por su trabajo y por su actitud tan abierta. También me gustaría expresar nuestro agradecimiento por el hecho de que el Sr. García-Margallo y Marfil haya decidido no presentar de nuevo las enmiendas que ya aparecían en la primera lectura de esta propuesta.
He escuchado con gran interés lo que el Sr. García-Margallo y Marfil acaba de decir. Muchos de los temas que ha planteado son importantes, aunque, en estos momentos, el programa Fiscalis está más limitado de lo que le habría gustado. Sin embargo, es importante que el programa sea adoptado antes del vencimiento, el próximo 31 de diciembre, del programa Fiscalis vigente. Por este motivo, me satisface enormemente que esta propuesta haya garantizado el apoyo del Parlamento Europeo en la segunda lectura y agradezco especialmente la positiva contribución del ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Sr. García-Margallo y Marfil.
Como ya sabrán por la comunicación de la Comisión al Parlamento relativa a la posición común del Consejo, la Comisión ha expresado su satisfacción por el hecho de que el Consejo haya aprobado el planteamiento general adoptado en su propuesta original. La Comisión ha podido comprobar que el Consejo ha apoyado la continuación de las acciones llevadas a cabo actualmente, de conformidad con el programa Fiscalis vigente. En particular, la Comisión ha acogido con satisfacción el apoyo del Consejo para que estas acciones se extiendan al área de los impuestos directos.
Sin embargo, la comunicación lamentaba la reducción del presupuesto con respecto a la propuesta original de la Comisión, de 56 a 44 millones de euros. Me complace que haya sido posible el acuerdo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, para que el nuevo programa pueda ser aprobado en breve. Quiero dar las gracias por este apoyo a los diputados del Parlamento y especialmente, como ya he dicho, al Sr. García-Margallo y Marfil.

Honeyball (PSE).
Señor Presidente, yo también acojo con satisfacción los avances realizados en este informe con respecto al programa Fiscalis para los próximos cinco años. Me gustaría especialmente agradecer y llamar la atención sobre la declaración incluida en la posición común. Como ya ha mencionado el ponente, esta declaración subraya que no se trata de un programa político, sino de un programa diseñado para mejorar la cooperación administrativa entre las autoridades fiscales de los Estados miembros. Es importante que tengamos claro este objetivo. Estamos hablando acerca de mejorar la administración y en ningún caso acerca de la armonización fiscal.
Cuando se propuso por primera vez la ampliación del programa a los impuestos directos, esto provocó grandes preocupaciones, especialmente en Reino Unido, de que pudiese conllevar medidas para introducir la armonización de los impuestos directos. Por lo tanto, acogemos con satisfacción el hecho de que la posición común indique claramente que esto no sucederá.
Si he de hablar en nombre del Reino Unido de nuevo, acogemos esto con especial satisfacción, porque nosotros hemos sido uno de los países que hemos utilizado de manera más activa el programa Fiscalis, durante los últimos años. Creemos que resulta muy valioso y, por lo tanto, me preocuparía enormemente que sucediera algo que restase valor al programa y que dificultase que ciertos Estados miembros participaran en él.
El programa tiene mucho que ofrecer. Ha introducido el intercambio de funcionarios; ha introducido seminarios sobre asuntos fiscales de interés común; ha previsto ejercicios de control multilateral; ha desarrollado la formación profesional, como por ejemplo los conocimientos sobre auditorías; ha mejorado la formación lingüística y ha mantenido y desarrollado sistemas de intercambio de comunicación e información. Todo eso resulta muy positivo y es algo que se debería agradecer, continuar y mejorar. Lo que siempre intentamos hacer en este tipo de situaciones es mejorar el funcionamiento de los sistemas y conseguir que las cosas vayan mejor. Indudablemente, ese ha sido uno de los logros del programa Fiscalis.
Por lo tanto, resulta lamentable, tal y como ha afirmado el Comisario, que se haya producido un recorte del presupuesto. Todo lo que podemos esperar es que el presupuesto existente en la actualidad resulte adecuado para que el programa continúe avanzando. Por lo tanto, en general, acojo con satisfacción la posición común y el hecho de que parece que vamos a ser capaces de alcanzar un acuerdo y ampliar el programa. También me complace el hecho de que nos haya quedado muy claro que no se trata de armonizar los impuestos en modo alguno, sino de sistemas administrativos.

Santos (PSE).
Señor Presidente, la ausencia de un acuerdo institucional conduciría a una situación delicada, como ya ha reconocido el ponente, dada la urgencia de adoptar un nuevo marco Fiscalis que entre en funcionamiento el 1 de enero del 2003. Sin embargo, es una lástima que el acuerdo del Consejo con las posiciones del Parlamento sólo se haya establecido para un período mínimo. Resulta significativo que la Comisión reconozca que, aunque el objetivo del programa Fiscalis no es armonizar la legislación fiscal, haya agradecido que se incluya en las Actas una declaración en ese sentido. Aunque es aceptable clasificar el programa Fiscalis como una mera herramienta para reforzar la cooperación administrativa, el Parlamento Europeo tiene que preocuparse de los efectos políticos derivados de la aplicación de este programa.
A pesar de que la evasión fiscal y el fraude tienen una dimensión nacional específica de cada país, también tienen una creciente dimensión supranacional, cimentada en el uso de sofisticadas técnicas y mecanismos. En un período particularmente delicado para las finanzas públicas de la Unión, estos factores no pueden ignorarse, ni tampoco podemos desperdiciar las oportunidades para cambiar y mejorar la situación fiscal. Cabe añadir que la UE se encuentra en el umbral de una ampliación histórica, lo que significa que, con la entrada de nuevos países y políticas fiscales diferentes, surgirán problemas nuevos e inéditos.
De hecho, el nuevo programa amplía el ámbito de aplicación no sólo a los impuestos directos, sino también a los países candidatos. La mejora de los sistemas tributarios en el mercado interior es, en sí mismo, un objetivo loable, pero la lucha contra el fraude y la evasión de impuestos así como el lanzamiento de bases con un grado mínimo de armonía constituyen también oportunidades que no deberían desperdiciarse. Por lo tanto, lamento que la Comisión se haya acogido al artículo 95 del Tratado relativo a este asunto, y no se ha atrevido a acogerse al artículo 93. Formuladas las reservas y teniendo en cuenta la necesidad de entrada en vigor de un nuevo programa, apoyo la recomendación del ponente.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.45 horas)

