Reanudación del período de sesiones
 Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 19 de diciembre de 2002.
Debo pedir disculpas por el hecho de que nuestro Presidente, el Sr. Cox, no haya llegado todavía porque está viniendo de Francfort y lleva retraso. Creemos que ya no tardará en llegar.

 Presidente.
La Cámara ha recibido con gran tristeza la noticia de la muerte el pasado fin de semana del Sr. Roy Jenkins, distinguido dirigente político y antiguo Ministro del Reino Unido. La Cámara conmemorará sus cuatro años como Presidente de la Comisión Europea. Durante su presidencia lanzó el Sistema Monetario Europeo, precursor de la moneda única. Fue un europeo y un estadista sobresaliente y entregado; les invito a guardar un minuto de silencio en su memoria.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)

 Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 9 de enero de 2003, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento.
Lunes
Andrews (UEN).
Es la primera vez en la historia de este Parlamento que se propone una resolución alternativa al informe Swiebel sobre derechos fundamentales, de mano del Sr. Ribeiro e Castro. Por desgracia, el Sr. Ribeiro e Castro no se encuentra entre nosotros debido a las condiciones meteorológicas que le han dificultado el viaje hasta aquí. Llegará más tarde. Sin embargo, me gustaría pedir que el informe Swiebel se posponga a una fecha posterior.

 Presidente.
Es demasiado tarde para cambiar el orden del día de hoy. Debería haber sido notificado antes de las 16.00 horas del día de hoy.
Jueves
He recibido una petición por parte del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para eliminar el punto «Crisis humanitaria en Corea del Norte» del debate sobre violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, simplemente quisiera explicar la razón por la que solicitamos que se elimine este punto del orden del día y, por otro lado, apoyar la inclusión del tema de Illinois. Asimismo, queremos preguntar si se podría incluir con suficiente antelación en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas una declaración sobre Corea del Norte, dada la intención anunciada por este país de denunciar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Consideramos que sería más apropiado abordar este asunto de un modo más formal y con mayor detenimiento que hacerlo en un debate de actualidad y urgencia de última hora.

 Presidente.
Sólo aclararé para la Cámara que usted propone que el punto de Corea del Norte se plantee en el segundo período parcial de sesiones de este mes.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, nuestro grupo acaba de debatir este punto y nuestra opinión es que la actualidad y la urgencia de los acontecimientos en Corea del Norte exigen que este asunto se aborde esta misma semana. Más adelante, en caso de que fuese necesario debatir con mayor detenimiento la cuestión, se acordaría una fecha posterior para ello. Por tanto, estamos en contra de que se elimine el punto sobre Corea del Norte de la lista de asuntos del debate de actualidad y urgencia.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, quiero hacer una propuesta al Grupo Liberal en el sentido de que retiren esta propuesta y toda la Cámara pueda pedir al Presidente que haga una declaración en nombre de la misma, dirigida a los speakers de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, expresando nuestra satisfacción por la decisión del Gobernador de Illinois. La razón es muy simple: en Europa somos abolicionistas y ésta es una cuestión que incluso está planteada como una de las condiciones de Copenhague.
Nuestros colegas del Congreso de los Estados Unidos conocen nuestra posición, y a mi Grupo le resultaría muy difícil, por razones de procedimiento, votar en contra de la propuesta del Grupo Liberal, porque estamos de acuerdo. Creemos que tiene más fuerza y puede ayudar más a la campaña abolicionista en los Estados Unidos el que nosotros expresemos a través de una declaración del Presidente nuestro acuerdo total y nuestro apoyo a esta decisión que el lanzar una urgencia, que puede parecer algo polémico.
Como estamos absolutamente de acuerdo, podríamos mantener la urgencia y, al mismo tiempo, enviar un mensaje constructivo y positivo al Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro interlocutor.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, estoy muy contento de haber recibido el apoyo del Sr. Barón Crespo y del Grupo del PSE. Les puedo asegurar que mi Grupo está muy preocupado por la situación de Chechenia, una cuestión a la que esta Cámara debe prestarle la máxima atención. Sin embargo, es un tema sobre el que nos hemos pronunciado frecuentemente y no reviste especial urgencia.
Acogemos con gran satisfacción la decisión del Gobernador del Estado de Illinois de los Estados Unidos. Durante muchos años, la posición de esta Cámara ha sido tan coherente que deberíamos aprovechar esta oportunidad para acoger favorablemente lo que ha ocurrido y de paso, pedir a los 38 Estados de los Estados Unidos de América que todavía aplican la pena de muerte que sigan el ejemplo de Illinois. Por esta razón, mantenemos nuestra petición de urgencia en esta materia.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, no es necesario que diga nada más por ahora sobre si apoyamos la propuesta del Grupo del Partido Europeo de los Liberales y Demócratas o si, por el contrario, nos oponemos a ella. Puesto que el Sr. Barón Crespo ya ha expresado su oposición a la eliminación del asunto de Chechenia del orden del día, no seguiré hablando sobre este tema. Yo también estoy a favor de debatir sobre Chechenia.
No obstante, en nombre de mi Grupo, deseo sumarme a la propuesta del Sr. Barón Crespo de mandatar - vista de la incapacidad de los Liberales de ganar una mayoría en esta cuestión - al señor Presidente para que emita una declaración en la que, sin correr el riesgo de que se malinterprete nuestra postura y sin adoptar un tono antiamericano, expresemos nuestra oposición a la pena capital. A pesar de que nuestra relación con los Estados Unidos es cordial, nos oponemos totalmente a la pena de muerte.
Dupuis (NI).
Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Barón Crespo y las aclaraciones del Sr. Poettering. Simplemente quisiera decirle al Sr. Watson que en su país está a punto de tener lugar un acontecimiento secundario. A finales de este mes, un tribunal británico deberá resolver el caso de la solicitud de extradición del Viceprimer Ministro checheno. Considero que la importancia de este asunto no es en absoluto insignificante y me sorprende que el Presidente, que procede de Gran Bretaña, lo haya olvidado.

Frassoni (Verts/ALE).
Con respecto al tema de la pena de muerte, si me lo permiten quiero pedir al Presidente que envíe otra carta. Este caso está relacionado con una mala noticia: 26 ciudadanos congoleños han sido condenados a morir por el asesinato de Laurent Kabila. Esperamos recibir información sobre la posible decisión de su hijo de perdonarles la vida, aunque opino que sería positivo que nuestro Presidente también se ocupara de esta cuestión.

 Presidente.
Eso no es una cuestión del orden del día. Debería plantearse en otro momento. No obstante, tomaremos nota de sus comentarios.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, simplemente quisiera decirle a la Sra. Frassoni que se podría haber añadido sin problemas el asunto de la pena capital en el Congo a la lista de puntos para el debate de actualidad si su Grupo, en su momento, no hubiera votado innecesariamente la restricción de dicha lista a tres temas en cada ocasión, lo cual no favorece a nadie y no ayuda a abordar las diferentes cuestiones.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, considero que resulta sumamente importante que expresemos nuestra postura sobre asuntos graves que no dependen directamente de la política de los Estados miembros. No obstante, hemos recibido nuevos datos desde que se estableció el orden del día. Nos hemos enterado de que el Gobierno británico participa casi a diario en ataques aéreos sobre Iraq. Creo que se trata de un asunto de verdadera importancia que debería interesar al Parlamento.
¿Qué sentido tiene oponerse a la pena de muerte de ciudadanos norteamericanos, ya sean criminales o inocentes, si luego apoyamos la pena de muerte, por ejemplo, para civiles iraquíes? El Gobierno estadounidense, sin embargo, ha reconocido que el Reino Unido ha participado en los ataques aéreos de Al Qasidi, Al Kut, Al Basrah?
(El Presidente interrumpe al orador)

 Presidente.
Gracias, señor Gollnisch. Está usted abordando una cuestión muy política y ahora estamos hablando del orden del día. Le comunico, si hace el favor de escucharme, que la cuestión de Iraq será debatida en el período parcial de sesiones de Bruselas a finales de enero. Tendrá usted la posibilidad de plantear la cuestión entonces.
Período parcial de sesiones de Bruselas, enero de 2003 
Miércoles:
He recibido por parte del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea una petición para incluir una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la retirada de Corea del Norte del Tratado de no proliferación nuclear.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero iniciar mi intervención diciéndole al Sr. Posselt que mi Grupo votó en contra de la reducción del número de debates de actualidad. Además, creo que fue prácticamente el único Grupo que se opuso, ya que el Grupo al que pertenece él actuó de forma muy diferente.
En cualquier caso, lo que quería comentar con respecto al asunto de Corea del Norte es que, tal y como dije hace un momento, consideramos que es importante que en esta Cámara se entable un debate y se emita una declaración sobre la denuncia por este país del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El Consejo y la Comisión también deberían emitir declaraciones. Por este motivo, hemos solicitado que se incluya este punto en el orden del día del período parcial de sesiones de Bruselas.

 Presidente.
Procedemos ahora a las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.

de Roo (Verts/ALE).
El folleto informativo de nuestro propio Parlamento está siendo atacado por la industria química, por CEFIC. He oído decir que nuestro Presidente, el Sr. Cox, ha decidido suspender la distribución de dicho folleto, llamado Troubled Waters. Quiero pedirle que se haga llegar este folleto, que actualmente sólo está disponible en inglés y en francés, a todos los representantes para que así puedan comprobar que en él no se cita el nombre de ninguna empresa del sector químico.
Opino que el compromiso del Sr. Cox de insertar una etiqueta o una hoja en la que se indique que la historia es ficticia resulta innecesario. Además, eso sería ceder ante las presiones de la industria química y esto es algo que debemos evitar. Se trata sencillamente de un folleto informativo y de una historieta. Tengo aquí dicho folleto y, como todo el mundo podrá ver, contiene una simple historieta y su carácter es, por tanto, ficticio. En cualquier caso, me gustaría pedir que se repartiera una copia de esta historieta entre todos los representantes y, asimismo, que ésta se tradujera a todos los idiomas europeos.

 Presidente.
Creo que el documento no ha sido retirado. Estará a disposición de los colegas en esta Cámara en todas las lenguas.

Gebhardt (PSE).
Señor Presidente, Señorías, mientras nosotros estábamos disfrutando de nuestras vacaciones navideñas, Touria Tiouli, una mujer francesa y ciudadana de la Unión Europea, se encontraba encarcelada en Dubai. Tras haber denunciado a tres hombres por violación, se halla bajo custodia desde el mes de octubre, acusada de relaciones sexuales adúlteras, una extraña interpretación de la ley que degrada aún más a la víctima y, por si fuera poco, la encarcela. Hemos consagrado los derechos humanos europeos en los Tratados y la dignidad del ser humano en la Carta, resaltando su carácter vinculante en todo el mundo.
Este escándalo acontecido en Dubai, señor Presidente, exige que se aborde este asunto. Le insto a que escriba una carta en nombre del Parlamento Europeo para que Touria Tiouli sea puesta en libertad, en la que quede constancia de que no queremos mantener relación alguna con Estados en los que se desprecia de tal modo la dignidad humana.
 Presidente.
Me aseguraré de que esto sea transmitido al Presidente.

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, las noticias de las últimas semanas sobre iniciativas encaminadas a practicar la clonación de seres humanos en diferentes partes del mundo son, en efecto, muy inquietantes. Acojo con gran satisfacción el apoyo prestado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para promover una prohibición mundial de la clonación humana. Tenemos que aplicar las medidas necesarias para acabar de una vez por todas con los que pretenden clonar seres humanos. Es una práctica aborrecible e inmoral, completamente irresponsable desde el punto de vista científico. En los próximos meses tenemos que poner en práctica una convención mundial que prohíba la clonación humana. La comunidad internacional debe actuar sobre esta cuestión de inmediato.
El Parlamento Europeo votó por fin el pasado mes de noviembre a favor de una propuesta que presenté solicitando la prohibición universal de la clonación de seres humanos. Ahora debemos esforzarnos por conseguir este objetivo a través de las estructuras de las Naciones Unidas. Me gustaría apelar a este Parlamento y a su buen oficio, señor Presidente, para que tramita este asunto de forma inmediata con carácter de urgencia.

Titley (PSE).
Señor Presidente, ha pasado usted por alto que este mes celebramos el trigésimo aniversario de la adhesión a la Unión Europea del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. En el caso del Reino Unido, esta adhesión ha comportado enormes beneficios para los ciudadanos británicos, generando puestos de trabajo mediante el aumento de las transacciones comerciales, trayendo consigo una inversión considerable, creando empleo y ofreciendo a toda la ciudadanía mayores oportunidades para viajar, educación y empleo.
El Reino Unido se ha visto beneficiado especialmente en lo que respecta a la agenda social y, en particular, al papel de las mujeres, ya que en este país la causa de las mujeres ha sido impulsada en gran medida por la legislación europea. Por tanto, creo que debería ser una ocasión para celebrar. Usted ha mencionado al Sr. Roy Jenkins en su discurso de apertura. Él, junto al difunto John Smith, fue el responsable del Partido Laborista encargado de conseguir que Gran Bretaña accediera a la Unión Europea y permaneciera en ella.

 Presidente.
Señor Titley, estoy seguro de que usted es más ducho en estos asuntos que yo.

Bautista Ojeda (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero recordar que el diálogo entre los Gobiernos de los diferentes Estados miembros debe ser la principal herramienta para solucionar los problemas, más aún cuando se trata de Estados vecinos.
Con esto, me refiero, en concreto, a la actitud del Gobierno de Portugal con los pescadores andaluces. Simples infracciones, como adentrarse en aguas lusas, han sido contestadas, recientemente, en dos ocasiones, con ametrallamientos que, gracias a la Providencia, no han provocado víctimas.
Hago un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad para que se encuentre una solución a un problema que arrastramos desde hace décadas.

Savary (PSE).
Señor Presidente, represento a la región costera atlántica de Francia y, por tanto, de Europa, que acaba de sufrir las consecuencias de la contaminación ocasionada por el Prestige. Quisiera decir que la gente está realmente preocupada por lo que está sucediendo, en especial porque se trata de un nuevo tipo de contaminación, porque se convierte en un problema crónico y porque no se sabe cuánto puede durar.
Por consiguiente, opino que el Parlamento debería aceptar la constitución de la comisión de investigación que rechazó anteriormente. No podemos pretender reforzar el sistema de responsabilidades y, al mismo tiempo, rechazar la idea de que un organismo parlamentario como el nuestro acuda al lugar de los hechos para descubrir lo que ha sucedido y llegar a las conclusiones apropiadas.
En segundo lugar, debemos decidir lo que se hará con los restos del naufragio. No podemos dejar esperando indefinidamente a miles de marineros, mariscadores y trabajadores del sector turístico, sin ofrecer ninguna solución industrial. Personalmente, quisiera solicitar a la Unión Europea que abra pronto una convocatoria de proyectos, para así tratar de obtener una solución industrial que seguro que existe. En concreto, se debería solicitar ayuda a COMEX, uno de los principales especialistas del mundo en este ámbito.

 Presidente.
Esta cuestión debería ser y será remitida a la Conferencia de Presidentes.

Mastorakis (PSE).
Señor Presidente, quisiera abordar un asunto que, aunque a primera vista pudiera parecer bastante prosaico a los miembros de esta Cámara, creo que está relacionado con el modo en el que el Parlamento dirige sus relaciones públicas e informa a los ciudadanos europeos sobre su funcionamiento.
Hace tan sólo unos días, se nos comunicó que la Mesa había aprobado la decisión propuesta por los Cuestores relativa al gasto per cápita previsto y aprobado por el Parlamento Europeo. Dicho gasto, en contra de todas las expectativas, ha sido recortado. Y, al menos en lo que respecta a mi país y mi región, estos recortes son cuantiosos. Por ejemplo, dentro de dos semanas recibiré la visita de un grupo de cincuenta personas procedentes de Creta y, por lo visto, la cantidad aprobada ni siquiera cubrirá el precio de sus billetes.
En lo que a mí respecta, este asunto no sólo no está fuera de lugar, sino que engloba una dimensión moral. Si la Mesa y los Cuestores desean reducir el gasto previsto, no deberían comunicarlo a última hora porque ya tenemos hechos otros planes. Si pretendemos que se adopte una decisión seria al respecto, sugiero que se posponga hasta nuevo aviso esta - en mi opinión y la de otros muchos - inaceptable decisión de la Mesa de aprobar esta propuesta.

 Presidente.
Estoy seguro de que una serie de colegas expresaría preocupaciones similares. Le puedo asegurar que la Junta de Cuestores investigará este asunto y probablemente presente nuevas propuestas. Sin embargo, los acuerdos vigentes se mantendrán hasta que se haga efectivo el cambio. Sus invitados de Grecia serán atendidos como es debido.

Sacconi (PSE).
Señor Presidente, quisiera informar a la Cámara de un accidente muy grave ocurrido el pasado viernes en Italia, en la ciudad de Verona para ser más exactos. Unos treinta miembros de un grupo neonazi irrumpieron en un estudio de una televisión local en el que se celebraba un debate y atacaron brutalmente a un representante de una comunidad islámica. El hecho de que las opiniones de esta persona fueran extremadamente provocadoras y discutibles no ha sido óbice, por supuesto, para que todos los grupos democráticos condenaran este inquietante incidente. Sin embargo, lo verdaderamente preocupante es, señor Presidente, que un diputado de esta Cámara, el Sr. Borghezio, miembro de la Lega Nord, no sólo justificó el acto sino que afirmó estar a favor de este tipo de comportamientos. Comprenderá, señor Presidente, que, en lo sucesivo, me será realmente difícil permanecer en esta Cámara cuando el Sr. Borghezio intervenga.

Perry, Roy (PPE-DE).
Señor Presidente, en respuesta a los comentarios del Sr. Titley, me gustaría decir que yo planteé la cuestión del trigésimo aniversario de la adhesión a la Unión Europea de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en el último período de sesiones de diciembre y le pregunté a nuestro presidente, el Sr. Cox, qué se iba a hacer para celebrarlo.
Me complace anunciar que el Sr. Cox ofrecerá una recepción mañana por la tarde a los diputados del Parlamento y espero que el Sr. Titley, entre sus otras invitaciones de esta semana, encuentre un hueco para asistir a la recepción ofrecida por el Presidente. Yo, desde luego, tengo la intención de acudir.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, quisiera que le preguntara a la Comisión qué medidas pretende adoptar para reclamar el reembolso de las ayudas concedidas a la empresa Daewoo. Es un escándalo que esta empresa retenga las cantidades recibidas, habiendo cerrado las tres fábricas que tiene en Lorena, en Francia, y otras muchas más en el resto del mundo.
Considero que la concesión de ayudas a empresas capitalistas so pretexto de promover el empleo se puede equiparar a una malversación del dinero de los contribuyentes, ya que lo único que hacen estas empresas es sumar las cantidades recibidas a sus beneficios y a los dividendos de los accionistas. Una vez percibido el dinero, muchas de estas empresas reducen los puestos de trabajo o, incluso, cierran algunas de sus fábricas, llevando a la ruina a ciudades y regiones enteras. Se trata de un fraude, en perjuicio tanto de los trabajadores como de los contribuyentes, que se produce con la complicidad de las instituciones europeas o de otros organismos, que siguen concediendo este tipo de ayudas.

Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, hace un momento estábamos discutiendo acerca de la pena de muerte y, en conexión con este tema, quisiera decir que Irán es un país en el que se dicta un gran número de sentencias de este tipo, en particular, de muerte por lapidación. Aunque es cierto que se ha producido una moratoria en las lapidaciones, todo el mundo sabe que, en agosto de 2002, se registraron una serie de manifestaciones a gran escala en Irán a favor de los derechos humanos y de la democracia, y en contra de las ejecuciones y las lapidaciones. Concretamente, estas manifestaciones estaban encabezadas por un grupo de estudiantes debido a que, si me permiten sacar el tema ahora, cuatro de esos estudiantes habían sido sentenciados por un tribunal de Shiraz a la amputación de sus piernas y brazos. Todos ellos menores de veinticinco años y sin antecedentes penales. Este es un ejemplo más de los métodos medievales aplicados por Irán. Quisiera pedir que se abordara el tema con el Gobierno iraní y, si es necesario, que se interrumpa el diálogo crítico hasta que se abandonen este tipo de métodos. Se trata de una cuestión de gran urgencia.

Flemming (PPE-DE).
Señor Presidente, permítame añadir algunos puntos a los comentarios de la Sra. Gebhardt. Estoy realmente impresionada por lo que acaba de describir, señora Gebhardt. Sin embargo, le ha faltado apuntar un detalle. La razón por la que estas violaciones de los derechos humanos nos indignan es que en ellas se ve involucrada una mujer europea. No obstante, deberíamos ser conscientes de que las mujeres musulmanas - no sólo en Dubai - se encuentran expuestas a este tipo de violaciones de los derechos humanos de forma constante.

Casaca (PSE).
Señor Presidente, partiendo de las palabras de la Sra. Frahm, quisiera expresar mi total desacuerdo con el hecho de que el régimen iraní, que destacó en el año 2002 como uno de los más represivos del mundo hacia su propio pueblo, que violó los derechos humanos más que ningún otro país, no haya sido condenado por las Naciones Unidas porque la Unión Europea decidió no proponer dicha condena. Este tipo de acción no tiene sentido alguno y me lleva a pensar que estamos ante una situación de oportunismo en la política de derechos humanos de la Unión Europea, la cual tampoco puedo aceptar ni comprender.

 Presidente.
Nos cercioraremos de que el Presidente saque las conclusiones pertinentes de esto y actúe en consecuencia.

Ford (PSE).
Señor Presidente, como quizá recuerde usted, el mes pasado planteé el caso del British National Party, partido de extrema derecha que afirma que agentes de la policía simpatizantes de Oldham les habían proporcionado vídeos confidenciales de la policía sobre los disturbios acaecidos en este lugar, poniendo en entredicho, como es obvio, las pruebas aportadas por estos agentes tan poco neutrales en los juicios en curso.
Ahora resulta que, en lugar de investigar las declaraciones de que el BNP ha recibido dicho material, la policía ha obtenido un mandato judicial que prohíbe mostrar los vídeos, cosa que entiendo perfectamente, pero que también prohíbe informar sobre el hecho de que el BNP está haciendo esas afirmaciones e incluso sobre el hecho de que se haya obtenido un mandato judicial.
¿Podría usted escribir a las autoridades correspondientes expresándoles la preocupación del Parlamento ante lo que se considera un intento de zanjar el problema en lugar de investigarlo, y comunicarles que esa no es la manera de tratar estas cuestiones?

 Presidente.
Transmitiremos esta cuestión al Presidente.

Lage (PSE).
Señor Presidente, hace un instante, uno de los diputados ha condenado con bastante acierto el tema de la clonación en esta sesión plenaria y ha instado a que sea rechazado de forma universal. No obstante, no ha llegado a establecer una diferenciación apropiada entre la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. En lo que respecta a la clonación reproductiva, estoy seguro de que todos opinamos que se trata de una técnica inhumana o deshumanizadora que debe ser rechazada. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la clonación terapéutica. Hay que dejar la puerta abierta para que la ciencia, los científicos y la comunidad científica puedan llevar a cabo sus experimentos en los ámbitos innovadores que encierran un enorme potencial para la medicina. Los individuos dogmáticos que se oponen a cualquier tipo de clonación son los aliados más incondicionales de aquellos que permitirían la aparición de actividades secretas, la charlatanería y el tráfico en este campo. Debemos llegar a un acuerdo en un punto esencial como éste: si obstaculizamos la labor de la ciencia y la investigación en materia de clonación, siempre surgirán oportunistas sin escrúpulos deseosos de explotar esta área de conocimiento.

 Presidente.
Este punto queda cerrado.

 Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0427/2002) del Sr. Giorgio Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea (2002/141(INI)).

Napolitano (PSE)
Señor Presidente, por iniciativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Parlamento Europeo aborda por primera vez la cuestión del papel de los poderes locales y regionales en la construcción europea con un informe propio y una propuesta de resolución. No es difícil comprender las razones de esta iniciativa y sus objetivos. Especialmente durante la pasada década, hizo su aparición en los Estados miembros de la Unión Europea una tendencia generalizada hacia la descentralización, la regionalización y la autonomía creciente de los poderes locales. Considero acertado reconocer la importancia de esta tendencia a la hora de reflexionar y debatir sobre el estado de la Unión y su futuro. Los poderes regionales y locales han adquirido mayores competencias en la transposición de la legislación comunitaria dentro de cada Estado y en la gestión de programas comunitarios. Por consiguiente, también deberían participar en el trabajo preparatorio de las políticas y actos de la Unión Europea.
En este sentido, la propuesta de resolución que se va a someter a voto en la sesión plenaria de esta Cámara contiene una serie de propuestas importantes: la inclusión en el nuevo marco constitucional de los principios de respeto de la identidad regional y local y, por tanto, de la aplicación de la subsidiariedad, que regule no solamente las relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros, sino también los asuntos relativos a los poderes regionales y locales; el compromiso de la Comisión, sobre todo en lo que respecta a su Libro Blanco sobre la gobernanza, de hacer partícipes a los representantes de las autoridades regionales y locales en el trabajo preparatorio de sus propuestas; el llamamiento a los Estados miembros para que fomenten y mejoren - siempre de conformidad con el propio sistema constitucional de cada uno de ellos - la participación de las autoridades regionales y locales en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.
La resolución que hemos elaborado, si se adopta por amplio consenso, representará un importante punto de referencia para el debate posterior en la Convención de Bruselas, que se celebrará a primeros de febrero. Al mismo tiempo, impulsará notablemente el reconocimiento del papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea. Confío en que se prestará la debida atención a determinados asuntos expresados por mí y otros colegas en la comisión. Asimismo, espero que se aprueben una serie de enmiendas para la corrección y clarificación del texto adoptado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el fin de evitar la aplicación indebida y la implementación de medidas unilaterales que pudieran perjudicar a nuestra causa.
A este respecto, me gustaría destacar los criterios adoptados como ponente. En primer lugar, debemos tener en cuenta todas las entidades territoriales autónomas que funcionan dentro de cada Estado miembro como una unidad independiente. Tal y como todos ya sabemos, a pesar de que difieren enormemente en cuanto a su tamaño y naturaleza, todas estas entidades territoriales, desde la más grande a la más pequeña, independientemente de sus competencias, representan determinados valores compartidos: el valor de la proximidad, del mayor grado de cercanía posible a las opiniones y necesidades de los ciudadanos, el valor de la participación democrática más inmediata y extendida. Por lo tanto, la Constitución Europea debe reconocer el papel fundamental que todas ellas desempeñan a la hora de alcanzar el objetivo establecido para la Convención sobre el futuro de Europa: el objetivo de acercar Europa a los ciudadanos, de lograr una Unión más democrática y efectiva. Por consiguiente, en mi proyecto de informe no he incluido la subdivisión de las autoridades regionales o locales en categorías diferentes. Si se concediera a una categoría específica de entidad territorial autónoma un estatuto especial o prerrogativas exclusivas en el marco de la Unión Europea, se originaría una serie de conflictos complicados y contraproducentes, incluso en lo que respecta a la definición y establecimiento de los límites de una determinada categoría; por ejemplo, la categoría de regiones con poderes legislativos. Al mismo tiempo, encubriría el valor de reconocer a todas las autoridades regionales y locales como un todo, como una entidad global.
En segundo lugar, debemos evitar la creación de unos procedimientos y de un sistema institucional más engorrosos ya que, de hecho, todos apoyamos la simplificación de los mismos. Dentro de este «sistema institucional» incluyo al Tribunal de Justicia y sus correspondientes procedimientos. Por norma, debemos tener cuidado de no reducir la efectividad de un proceso de toma de decisiones, que actualmente ya se encuentra sujeto a un amplio número de limitaciones, a través de la aplicación de un conjunto de comprobaciones y balances de diferentes grados de rigidez.
En conclusión, confío en que Sus Señorías reflexionaran sobre los puntos que acabo de comentar y que se alcanzará un consenso general en la votación de mañana.
Barnier
Señor Presidente, Señorías, la Europa unida lanzada en Copenhague acabará convirtiéndose en una Europa llena de contrastes, sobre todo en lo que respecta a la diversidad económica y social. Nunca antes se había registrado una disparidad tan acuciante en el marco de la Unión Europea y, al mismo tiempo, además, nunca antes había resultado tan importante la definición de una verdadera política de cohesión. La diversidad no sólo está presente en el ámbito cultural y político, sino que también podemos hablar de una diversidad territorial. De hecho, utilicé esta misma expresión - diversidad territorial - para hacer referencia a uno de los tres temas del Segundo Informe sobre la cohesión económica y social titulado «Unidad de Europa, solidaridad de los pueblos, diversidad de los territorios», hace tan sólo un año.
Esta diversidad explica la dificultad de la tarea encomendada al respecto a su ponente, el Sr. Napolitano, de definir el papel de los poderes regionales y locales en la Unión Europea. Tal y como él mismo ha dicho, deberíamos celebrar una sesión destinada específicamente a este asunto durante la Convención que tendrá lugar los días 6 y 7 de febrero.
Señor Napolitano, usted ha llevado a cabo esta tarea con su habitual talento y sabiduría. Por tanto, Señorías, no les sorprenderá saber que estoy de acuerdo con muchos de los puntos reflejados en el informe del ponente.
El Sr. Napolitano ha tenido el acierto de señalar que, si deseamos que la Unión Europea funcione sin llegar a convertirse en un superestado, deberemos respetar el derecho de cada Estado miembro a organizarse a sí mismo según su propio criterio. Por consiguiente, no corresponde a las instituciones europeas ni a la Comisión la labor de proponer, ni siquiera de decidir, en Bruselas, el modo en que deben repartirse las competencias dentro de cada país, ni el modo en que deben organizarse las relaciones entre los diferentes territorios en el marco de cada Estado miembro.
Teniendo en cuenta esta limitación, la Comisión puede aprobar los puntos principales del informe presentado. Apoyamos la reafirmación del papel del Comité de las Regiones siempre y cuando se mantenga el equilibrio interinstitucional actual. Asimismo, hay que tener en cuenta el derecho de este Comité de recurrir ante el Tribunal de Justicia cuando proceda para defender el respeto del principio de subsidiariedad.
Apoyamos la instauración de lo que el informe denomina «nuevos métodos de participación», para garantizar así la implicación más directa de los poderes regionales y locales en los diferentes procedimientos comunitarios. En su Libro Blanco sobre la gobernanza, la Comisión defiende el diálogo sistemático con las asociaciones que representan a estas entidades territoriales. Actualmente estamos ultimando mecanismos para este diálogo, que tras un proceso de consulta general empezarán a funcionar a finales del primer semestre de 2003.
Apoyamos asimismo la adaptación de la forma en que se aplica la legislación de la Unión Europea con el fin de tener en cuenta circunstancias y necesidades locales excepcionales. Así, la Comisión pondrá a prueba un plan experimental de contratos tripartitos, entre Bruselas, las capitales nacionales y las colectividades territoriales. Más allá de este asunto, en términos generales, podemos encontrar en el Tratado las vías necesarias para operar a través de la legislación marco. Las tres instituciones responsables de la actividad legislativa comparten la competencia de evitar que estas leyes marco sean demasiado específicas.
No obstante, debemos asegurarnos de que la legislación comunitaria se aplique de manera uniforme, equitativa y justa. Debemos evitar que las normas aquí adoptadas, mediante el debate democrático, se vean debilitadas al permitir, aunque sea con carácter excepcional, su aplicación en términos de geometría variable por parte de las autoridades territoriales.
He hablado acerca de la fase inicial, cuando se redactan los textos comunitarios, y de lo que sucede después, durante su aplicación. En su contribución al trabajo de la Convención a finales del pasado año, la Comisión preparó el terreno en este ámbito y expresó su deseo de encontrar los medios adecuados para aumentar la participación de los poderes regionales en el proceso de construcción europea, respetando en todo momento el sistema institucional de cada país.
Para terminar - y este es el cuarto punto en que muestro mi acuerdo con su informe, señor Napolitano - apoyamos el refuerzo de una política de cohesión europea y territorial, que resulte realmente efectiva para cada región de la Unión y para todos sus ciudadanos. En este ámbito, con el cual estoy familiarizado por ser mi responsabilidad dentro de la Comisión, tanto la Comisión como el Parlamento deberán realizar un enorme trabajo conjunto durante los próximos meses, antes de que presente, a finales de este año, las propuestas de la Comisión para la política regional futura que se aplicará a partir de 2006.
Señorías, precisamente debido a que, tal y como acabo de decir, apoyamos los puntos principales de este informe, quisiera expresar la preocupación de la Comisión sobre un aspecto que también ha sido objeto de debate y de preguntas aquí, en el Parlamento. Se trata de la conveniencia o no de conceder exclusivamente a determinadas regiones, las que tienen poderes legislativos, la posibilidad de defender sus derechos ante el Tribunal de Justicia. Hace unas semanas, en su reunión de Florencia, tuve la ocasión de dirigirme de forma clara a estas regiones con poderes legislativos. Opino que no es realista ni deseable que se establezca este tipo de distinción entre autoridades territoriales europeas. Por ejemplo, ¿cómo podemos conceder prerrogativas exclusivas relevantes a estas regiones, si esta clase de organización no está presente en todos los Estados miembros de la Unión, ya sean actuales o futuros? Nuestro sistema institucional no debe favorecer más a unos Estados que a otros. Debe ser, repito, neutral, justo e imparcial.
Sin embargo, no es nuestra intención ignorar las dificultades a las que se enfrentan las regiones con poderes legislativos, debido a las propias responsabilidades que asumen. En consecuencia, propongo una opción que planteé junto con su presidente: ¿por qué no nos basamos en la experiencia positiva del artículo 203 del Tratado, cuya inteligente aplicación nos permitió facilitar la participación de estas regiones en el propio Consejo, para responder a una de sus peticiones? ¿Por qué no seguir este ejemplo, o al menos su espíritu, en lo que respecta al acceso a la justicia comunitaria? Por este motivo, considero interesante el hecho de que algunos de ustedes - en concreto, el Sr. Corbett y el Sr. Méndez de Vigo, según me consta - hayan avanzado en la búsqueda de una vía de escape de este callejón sin salida. Esta solución consistiría en otorgar a cada Estado la responsabilidad clara de acudir al Tribunal de Justicia en nombre de las autoridades territoriales.
Señorías, no pretendemos que las distintas regiones se enfrenten a los Estados o a Europa, y mucho menos que esto ocurra entre los Estados y Europa. Nuestra intención es alcanzar una cultura de cooperación en lugar de mantener una cultura de confrontación. Las regiones deben poder confiar en los Estados miembros para la obtención de una verdadera representación política y jurídica en el marco de la Unión. Las regiones deben poder confiar en que la Unión Europea garantizará su participación sistemática en todas las etapas del proceso de toma de decisiones comunitario. Por su parte, la Unión Europea debe poder seguir contando con la cooperación fiel y constructiva de todas las autoridades territoriales: de las regiones, por supuesto, pero también de los pueblos, las ciudades y las distintas estructuras territoriales subregionales. Debe poder contar con sus aportaciones al debate sobre la democracia europea.
Klaß (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las regiones constituyen la base primordial de la Unión Europea, lo que justifica que se hable cada vez más de una Europa de las Regiones. Estos últimos años hemos podido observar una preocupación creciente por las actividades de las diferentes autoridades regionales y locales de los Estados miembros, así como por su carácter autónomo. Dichas autoridades pueden desempeñar un papel importante en el acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos. En concreto, resulta decisiva la contribución de los poderes regionales al éxito de la cooperación transfronteriza y a la unión más estrecha de los distintos Estados miembros.
Puesto que las bases de la democracia comunitaria operan en el marco de las regiones, resulta obvio que éstas han de participar en las políticas europeas. En su opinión sobre el informe Napolitano, «El papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea», la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades se ha centrado especialmente en la integración de las perspectivas de género. La democracia sólo es posible cuando se logra la participación efectiva de todo el mundo, mujeres y hombres, en igualdad de condiciones.
Destacamos el déficit democrático que supone la representación insuficiente de mujeres en los organismos de toma de decisiones y en las administraciones en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y profesional. La cohesión y el desarrollo democrático de las regiones de la Unión Europea se ven seriamente afectados por el mantenimiento de una representación insuficiente de mujeres en los procesos de toma de decisiones. Los organismos regionales y locales desempeñan un papel importante en el mercado laboral, entre otros ámbitos. Poseen un conocimiento superior de los obstáculos y las necesidades locales, lo que les permite acercarse más a la situación de los desempleados y determinar, a través de éstos, los métodos más apropiados para la eliminación de dichos obstáculos.
Resulta esencial el trabajo hacia el desarrollo de nuevas políticas sociales, lo que implica valorar el apoyo a la directiva para la igualdad de trato y su aplicación. Según un proverbio chino, las mujeres sostienen la mitad del cielo sobre sus espaldas; luchamos para que se abran nuevos horizontes y lograr así la construcción de una Europa perteneciente a los ciudadanos de las regiones. Aunque somos conscientes, señor Comisario, de la incapacidad del Parlamento para actuar en este ámbito, un goteo constante puede erosionar una roca, y es para nosotros un deber y una obligación destacar los déficit existentes.
Méndez de Vigo (PPE-DE).
Señor Presidente, se trata de un tema importante, así lo ha resaltado el Comisario Barnier, puesto que la Convención Europea va a celebrar un debate sobre esta cuestión los próximos días 6 y 7. Por lo tanto, este informe tiene que constituir la base de ese debate.
Quiero felicitar al presidente, Sr. Napolitano, por el buen sentido, que es el menos común de los sentidos, de su propuesta. Señor presidente, en este caso ha hecho usted honor a su talento y a su reputación.
Esta resolución es claramente regionalista, porque lo que pedimos a la Convención es que reconozca el objetivo de la cohesión territorial en el artículo 2; porque pedimos que reconozca la autonomía regional y local en el artículo 6; porque pedimos que recoja la diversidad lingüística en Europa y la protección de las lenguas minoritarias en el 151; porque pedimos que reconozca la cooperación transfronteriza en el 158; porque pedimos que el Comité de las Regiones, en el ámbito de la subsidiariedad, pueda acudir al Tribunal de Justicia - en este sentido enlazamos con el Grupo de trabajo sobre la subsidiariedad que he tenido el honor de presidir en la Convención - finalmente, porque en el apartado 2 del artículo 299 pedimos que se consolide la situación de las regiones ultraperiféricas.
Me dirán ustedes: si es tan positivo, ¿por qué el Grupo del Partido Popular Europeo ha votado en contra mayoritariamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales? Pues bien, se lo voy a decir: porque hay dos temas que nos preocupan y que creemos que han sido mal resueltos en comisión:
El primer tema es el dispositivo 2, donde se introdujo una enmienda que capacita a las autoridades regionales y locales para adaptar la forma en que aplican la legislación de la Unión Europea, con el fin de tener en cuenta, se dice, circunstancias y necesidades locales excepcionales. Ya sé que a continuación se añade un párrafo diciendo «respetando el Derecho de la Unión Europea en su integridad», pero a mí me parece que, tal y como está, ese párrafo es atentatorio contra el mercado interior común y eso motivó que el Grupo del Partido Popular Europeo, que ha defendido siempre las cuatro libertades del mercado interior, votara en contra.
Por tanto, hemos presentado una enmienda, la número 21 - creo que hemos logrado un acuerdo con los socialistas - para conjugar la enmienda número 21 nuestra y la 5 socialista en una enmienda de transacción que, creo, va en la buena dirección.
Y, por último, otro tema que nos preocupa, señor Presidente, es la actual redacción del artículo 8 que, en la misma línea de lo que ha dicho el Comisario Barnier, concede a todas las corporaciones regionales y locales dotadas de competencia legislativa un derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Eso nos parece exagerado, nos parece que eso no es construir Europa, y por ello hemos presentado una enmienda, la número 24, que permite a las regiones, bajo la autoridad del Estado, defender sus prerrogativas a la luz del principio de subsidiariedad ante el Tribunal.
Pedimos a los colegas que examinen esas enmiendas, y si llegamos a un acuerdo sobre las mismas, el Grupo del Partido Popular Europeo, atendiendo a los razonamientos que he hecho, podrá votar a favor de este importantísimo informe por el cual tengo el honor de felicitar a su ponente, Sr. Napolitano.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, a mí también me gustaría felicitar a nuestro ponente, el presidente de la comisión, por haber tratado un tema tan complejo y haber logrado unirnos en torno a una solución de compromiso que en todos sus aspectos, excepto por uno o dos detalles que todavía necesitan ser perfilados, puede obtener una mayoría aplastante en esta Cámara.
Nuestra Unión Europea no es sólo una unión de Estados, es una unión de ciudadanos. Los Tratados siempre han concedido determinados derechos directamente a la ciudadanía y por tanto, al modo de gobernar a dicha ciudadanía en cada uno de los Estados miembros. Por consiguiente, las autoridades subnacionales desempeñan un importante papel en la aplicación de la legislación europea; por ejemplo, la mayor parte de la legislación medioambiental impone exigencias a las autoridades locales para el tratamiento de envases y desechos, e incluso, en algunos casos, en la transposición de directivas a la legislación nacional, como es el caso de Bélgica.
En efecto, deberíamos considerar el grado de implicación que tienen nuestras regiones en el funcionamiento de esta Unión. ¿Qué derechos deberíamos conceder a nuestras regiones? ¿Qué responsabilidades deberíamos conferirles en los Tratados? El principio de subsidiariedad no se detiene en los Gobiernos nacionales, pero en virtud de ese principio de subsidiariedad la Unión no puede entrometerse en la forma en la que los Estados miembros se organizan internamente. Sin embargo, la Unión debe reconocer que muchos de los Estados miembros se organizan internamente otorgando responsabilidades sustanciales a las regiones y a otras autoridades subnacionales. Por lo tanto, es correcto que analicemos, tal como hace este informe, el modo de adaptarnos a esa realidad, que lo reconozcamos en el Tratado, que proporcionemos mejores métodos de consulta e información sobre las regiones, que hagamos un uso más completo del artículo 203 del Tratado cuando convenga y que consideremos adecuadamente las opiniones del Comité de las Regiones. Existe un consenso en todas estas cuestiones.
En todas, salvo en una de ellas, que nos mantiene divididos: ¿podrían las regiones recurrir ante el Tribunal de Justicia para denunciar actos que, según su criterio, violasen sus propias responsabilidades o el principio de subsidiariedad? Por un lado se apoya que las regiones también deberían poder defender sus prerrogativas. Por otro lado, se alega el peligro de sobrecarga de nuestro Tribunal, que en la actualidad se enfrenta al reto de la ampliación tramitando toda una larga serie de acciones judiciales que podrían surgir en ocasiones por dudosas razones políticas y no estrictamente jurídicas.
Mi Grupo ofrece un compromiso al respecto. Las regiones deberían poder recurrir ante la justicia tanto a través de los Gobiernos nacionales, como a través del Comité de las Regiones. El Comité sería, por tanto, una especie de filtro encargado de comprobar el nivel de apoyo que existe para iniciar una acción judicial. No necesariamente se incoaría una acción judicial si ello sólo interesara a una región, pero cuando varias regiones crean que existe una violación real de sus derechos, entonces el Comité de las Regiones presentaría una demanda.
Es un compromiso razonable: permitir que las regiones acudan al tribunal, no a título individual, sino para plantear la cuestión y comprobar, bien a través de los Gobiernos nacionales, bien a través del Comité de las Regiones, si otros piensan también que se ha violado el principio de subsidiariedad; en tal caso, se entablaría una acción judicial.
Recomiendo a la Cámara nuestra enmienda acerca de este punto. Espero que otros grupos, incluidos aquellos para los que esta enmienda no les encante, la conciban como un compromiso aceptable y viable que nuestra Unión Europea haría bien en recoger en la nueva Constitución.

Duff (ELDR).
Señor Presidente, como ya han dicho otros oradores, en el seno de la Convención está resultando controvertido qué hacer para que los poderes regionales y locales tengan una mayor presencia y categoría.
Muchos de nosotros quisiéramos que la Unión Europea tuviera una relación más directa con los poderes regionales y locales porque, a menudo, éstos son intermediarios más sensibles entre el ciudadano y la Unión que los distantes y centralizados Gobiernos nacionales. Somos conscientes de que una relación tan directa postula el carácter federal del proceso de integración de una manera bastante clara. Las disposiciones del tratado en materia de subsidiariedad deberían reformularse para reflejar esto.
Los liberales pensamos que la descentralización es esencial si la Unión Europea quiere llevar a cabo una política común más eficaz. La calidad de nuestra democracia supranacional mejoraría si se estableciese una mayor relación con la política provincial.
Este informe nos proporciona muchas respuestas, pero el tema del recurso ante el Tribunal de Justicia todavía resulta controvertido. El Grupo de los Liberales desea que se mejore el acceso general del ciudadano, con objeto de mejorar su visión del tribunal constitucional. Esto implica unas líneas claras de acceso para todos los órganos representativos democráticos, en especial para las autoridades regionales con poderes legislativos independientes de sus Estados miembros.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, acabo de llegar, debido al retraso del tren, y lamento no haber podido escuchar el debate anterior.
He pedido la palabra porque, el año pasado, fui ponente de un informe relativo a la dimensión local de la Estrategia Europea de Empleo. En dicho informe, expresé mi sincero apoyo a una serie de aspectos recomendados por el Sr. Napolitano en su informe y, en particular, resalté la importancia de una perspectiva de abajo arriba.
Sin embargo, no comparto la perspectiva del Sr. Napolitano, que en el fondo parece que pretende reducir o incluso eliminar de algún modo la importancia de las democracias políticas nacionales. En su informe hace especial hincapié, por un lado, en los niveles locales y regionales, y por otro en la Comisión y los niveles de la Unión Europea, enfoque que considero muy peligroso. Opino, a pesar de todo, que las propias democracias nacionales forman la base democrática del proyecto europeo y, por lo tanto, el desarrollo local y regional debería producirse en el marco de dichas democracias. Las naciones y, sobre todo, sus respectivos gobiernos y parlamentos, deben convertirse en el vínculo entre los niveles local, regional y europeo. Resultaría totalmente censurable pasar por alto el nivel nacional, ya que esto sólo conduciría al debilitamiento de la democracia europea, algo que todos nosotros deseamos evitar.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quisiera expresar mi gratitud y satisfacción por el hecho de que el Parlamento debata hoy este informe sobre una iniciativa del propio Sr. Napolitano.
Por supuesto, mi Grupo prefiere el informe en lo que consideramos la vertiente reforzada que surgió de la comisión, pero el Sr. Napolitano piensa que algunos puntos se han llevado demasiado lejos. No cabe duda de que esta será la cuestión en que se centrarán las votaciones del miércoles. Sin embargo, la democracia en la Unión Europea es necesariamente una democracia de muchos niveles. El principio de subsidiariedad es un principio iterativo que opera en varios niveles y que, en la medida de lo posible, debería permitir que la gente con conocimientos locales aplicara estos conocimientos con sentido común a las circunstancias locales, teniendo en cuenta los fines de la legislación europea en cuestión.
A menudo se afirma que una característica del método europeo de interpretación legal es su calidad intencional, y pienso que hasta cierto punto los que aplican la legislación europea en el ámbito local deberían actuar teniendo en cuenta los fines de la legislación, y no sólo la letra de la ley. Esto no significa que yo propugne una legislación diferente en las distintas partes de Europa, pero resulta difícil que la misma legislación funcione de manera idéntica en circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, los países muy áridos aplicarán una misma legislación en materia de agua de forma diferente que los países muy húmedos, porque las circunstancias varían y hay que tenerlas en cuenta. Esto sin duda es importante.
Otro asunto importante es que la transposición de la directiva debería tener en cuenta las circunstancias locales. Sin embargo, aún es más importante que el protocolo de subsidiariedad anime a los poderes locales y regionales a ejercer su discreción constructiva para que la directiva tenga el mayor sentido posible en el ámbito local.
Se han planteado otros puntos muy importantes. Los poderes regionales deberían poder llevar ciertos asuntos ante el Tribunal de Justicia. Por ejemplo, en Escocia, el gobierno, el ejecutivo escocés y los partidos de la oposición piensan que el Consejo de Pesca ha alcanzado un compromiso reciente que viola el principio de proporcionalidad. ¿Por qué tienen que ser los pescadores quienes lo comprueben? ¿Por qué no puede comprobarlo el poder regional responsable de aplicar la legislación? Se me ocurren muchos otros ejemplos similares. Asimismo, debería haber oportunidades para tener en cuenta cosas antes y durante el proceso legislativo.
Los partidos ALE que yo represento aquí no sólo representan regiones. Por supuesto, los países que representamos son regiones en un sentido constitucional técnico. Sin embargo, no debemos olvidar - y el Sr. Lamassoure no lo ha olvidado en sus famosos comentarios sobre las regiones asociadas - que se encuentran también entre las naciones más antiguas de Europa, y merecen que se las tome en serio. Si este Parlamento o la Convención deciden que entre la categoría de Estado miembro y nada no hay espacio para las regiones, entonces ya saben qué respuesta se les dará.

Ó Neachtain (UEN).
Señor Presidente, puesto que he trabajado muchos años para una autoridad local y regional en Irlanda, acojo con satisfacción este informe y quisiera dar las gracias al Sr. Napolitano por su trabajo.
A menudo olvidamos el papel y la importancia de los gobiernos locales y regionales. Se trata del nivel de gobierno más cercano a los habitantes de las regiones. Aplica muchas de las políticas y procesos legislativos acordados por la Unión Europea. Un buen ejemplo, en el contexto irlandés, es la legislación medioambiental.
Por lo tanto, deberíamos reforzar el papel de los gobiernos locales y regionales en la respuesta y el desarrollo de la política europea. Creo que la Carta Europea de Autonomía Local tiene muchas ventajas. Confía a las partes la aplicación de unas normas básicas que garantizan la independencia política, administrativa y financiera de los poderes locales. En consecuencia, la Carta considera que las autoridades más cercanas a los ciudadanos deberían ejercer las responsabilidades públicas. En muchos casos, dichas autoridades son los poderes locales y regionales.
Como alguien que siempre ha fomentado la promoción y protección de las lenguas regionales menos usadas, me satisface que esto se haya incluido en el informe como una propuesta de enmienda al artículo 151 del Tratado. Al abrazar nuestra diversidad lingüística y cultural también reforzamos el entendimiento de Europa, la diversidad de sus gentes y de sus numerosas regiones. El concepto de diversidad lingüística y cultural no incluye la definición o redefinición de fronteras, sino que sostiene la fuerza cultural de nuestra Unión Europea en proceso de ampliación. Creo firmemente que la labor del Comité de las Regiones es importante. Ahora está más centrado en sus opiniones y merece un mayor reconocimiento.
Una región no es una cuestión de fronteras, sino de sus culturas y de sus lenguas, y sobre todo de su gente. Los ciudadanos europeos están reafirmando continuamente sus demandas de una Europa más cercana, y esto no debería excluir el nivel de gobierno más cercano a la gente.

Booth (EDD).
Señor Presidente, si de vuelta a mi país pregunto a mis amigos de dónde son, me responden que de Devon. No de Cornualles, al otro lado del río Tamar, que es zona extranjera, ni de Somerset, donde vive toda la gente bien. Está demasiado cerca de Londres para mi gusto. En cuanto a Londres, antes se tardaba tres días en llegar con la diligencia, y muchos de nosotros nunca nos hemos acostumbrado a moderneces como los coches, ni a esas extrañas carreteras que traen a todos esos extranjeros a nuestra región. Así que cuando les digo que los burócratas del continente nos han convertido en ciudadanos de Europa, la mayoría de mis amigos me dicen: «Muchas gracias, pero somos de Devon y somos británicos, aquí no necesitamos esa Europa, muy amable».
Y yo les digo: «Pero quieren acercar Europa a nuestros ciudadanos, es una buena idea, ¿no?»
Mi amigo dice: «¿Y qué haremos con ella? ¿Desenterrarla, meterla en camiones y amontonarla en Dartmoor para ir a echarle un vistazo?»
«No», les digo yo, «nos van a meter en regiones, van a llevarse nuestros condados y nos van a convertir en una gran familia feliz, junto con esos extranjeros de Cornualles y la gente bien de Somerset. Incluso van a meter a los de Gloucestershire y a los de otras tierras extranjeras. Todos formaremos parte de la región del sudoeste. Esto acercará Europa a nuestros ciudadanos, así que es una buena idea, ¿no?»
Cuando mis amigos me miran confundidos, les digo: «Está claro, al ponernos en grandes familias felices por regiones, con quince veces más votos que los luxemburgueses, sentiremos de verdad que pertenecemos a la cultura europea. Ese chico, Giorgio Napolitano, dice que entonces seremos una entidad territorial autónoma. Entonces la gente como yo podrá ser miembro del Comité de las Regiones, que recientemente ha afirmado su legitimidad exclusiva como interlocutor institucional. Dentro de una de esas regiones estaremos en una posición muy buena, y entonces todos nuestros ciudadanos podrán participar en la integración europea». 
«¿Qué es un luxemburgués?», me pregunta mi amigo.
Esta es la realidad de acercar Europa a los ciudadanos. Los únicos que la desean son las élites políticas, pero el precio que pagamos en el Reino Unido es la pérdida de nuestra estructura de condados, establecida desde hace muchos años y, con ella, la pérdida de la abundancia de dialectos locales. No vale la pena pagar este precio.

Berthu (NI).
Señor Presidente, aunque el informe Napolitano sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea incluye una serie de puntos interesantes, encierra un gran defecto: no debería existir. De acuerdo con el principio mencionado en el propio informe, y que siempre ha sido respetado por la Comunidad, las instituciones europeas se basan en una Unión de Estados; respetan la estructura interna de los Estados; sus únicos interlocutores son los Estados y, si existe la participación de las regiones en determinadas políticas europeas, es porque los Estados, y detrás de ellos sus democracias nacionales, así lo desean y porque ellos son responsables, y deben seguir siéndolo, del proceso. En cualquier caso, la Comunidad no debe decidir - ni siquiera sugerir - el refuerzo del papel o la participación de los poderes regionales y locales en un determinado proceso decisorio europeo, tal como se indica en el informe Napolitano.
Todo lo contrario. Según he explicado en una opinión minoritaria adjuntada al informe, el número creciente de Estados miembros que existirá tras la ampliación aumentará la importancia del papel de dichos Estados como coordinadores e intermediarios. Resulta difícil imaginar a la Unión Europea manteniendo relaciones directas con 250 regiones o más, o escuchando todas sus opiniones.
Sería imposible gestionar una situación de este tipo. En cualquier caso, hay que respetar totalmente la identidad nacional y el derecho de los pueblos a organizarse del modo que mejor se adapte a sus necesidades. La Unión Europea no dispone de un poder supremo para intervenir en estos asuntos. No en vano, si esto sucediera, sería como abrir la caja de Pandora, provocando una situación de naciones trastornadas y una Europa imposible de gobernar.

Schleicher (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debemos estar enormemente agradecidos al Sr. Napolitano por haber abordado el complicado asunto del papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea, en el cual ha conseguido claros avances con su minucioso y exhaustivo informe. Las numerosas enmiendas presentadas aquí y en la comisión demuestran que esta cuestión despierta nuestros sentimientos. El proceso de ampliación de la Unión Europea exige que se lleve a cabo al mismo tiempo su construcción interna. Aunque las personas se desplacen de un lugar a otro, se siguen considerando principalmente ciudadanas de su región de origen y del sitio en el que tienen su residencia y domicilio, antes que definirse como italianos, ingleses, alemanes, españoles o siquiera europeos. Este hecho otorga una importancia especial a las estructuras locales a la hora de transmitir la tradición del pensamiento europeo y de aplicar la legislación comunitaria en la vida cotidiana.
La realidad es que también existen enormes diferencias entre los mecanismos constitucionales de los Estados miembros. Nuestro ponente ha realizado un gran trabajo con el estudio que ha compilado e incluido en su documento sobre las relaciones entre los niveles central y local en los diferentes Estados miembros de la Unión Europea y en los países candidatos. Dicho estudio revela que, por debajo del nivel de un gobierno central de un Estado miembro, las regiones o los Estados federados poseen competencias legislativas de todo tipo. No pretendemos que Europa altere este enfoque autónomo de las estructuras nacionales, cuyas más profundas raíces se encuentran en el Estado nacional.
No nos hagamos ilusiones; el debate sobre este tema provoca la confrontación, en defensa de sus propias concepciones, de los Estados miembros con constituciones centralizadas y de aquellos cuya organización es federal. Esto ya basta para explicar por qué inspira tantos sentimientos la idea de que las regiones puedan disfrutar del derecho a acudir independientemente al Tribunal de Justicia Europeo cuando consideren lesionadas sus propias prerrogativas legislativas.
Señorías, el poder de integrar a Europa corresponde únicamente al Parlamento Europeo. Nosotros, sus diputados, representamos a la gente que identifica el concepto «hogar» con su región y su comunidad. Si vamos a trabajar para alcanzar la Europa más grande que todos - por diferentes razones - deseamos, debemos garantizar la existencia de una base sólida; es nuestro deber otorgarle un alma a esta Europa y, para ello, es preciso contar con el consentimiento popular. Nuestras regiones constituyen dicha base y, por este motivo, debemos tratarlas con respeto en lugar de pasar sus inquietudes por un filtro, como ha sugerido el Sr. Corbett.
Carnero González (PSE).
Señor Presidente, la futura Constitución europea debe conseguir una Unión más democrática y eficaz, es decir, más cercana a los ciudadanos y a sus preocupaciones. En este sentido, el papel de las regiones es, sencillamente, esencial.
Lo que tiene que hacer la Convención es elevar a nivel de formal lo que ya es real. ¿Cómo es posible que las regiones estén aplicando la legislación comunitaria y que esto no se reconozca formalmente en cuanto a derechos en el marco institucional de la Unión? ¿Cómo es posible que incluso esas regiones transpongan la legislación comunitaria y su situación esté claramente subestimada en los Tratados en vigor?
Tenemos que corregir esto, haciendo lo siguiente: en primer lugar, que las regiones deben ser consultadas de principio a fin del procedimiento legislativo en la Unión Europea; en segundo lugar, debemos animar a los Estados miembros a que les den la máxima participación en todo el proceso de toma de decisiones europeo en cada uno de los Estados, incluso a nivel de representación dentro del Consejo de Ministros; también tenemos que elevar el papel del Comité de las Regiones y permitir que las regiones sean capaces de actuar en el marco del principio de subsidiariedad. Si alguien tiene que aplicar o transponer según ese principio, lógicamente también debe poder defender sus prerrogativas y sus derechos. También en la Unión Europea los tribunales están para permitir el mejor funcionamiento en Derecho de las instituciones y las políticas que hemos decidido conjuntamente.
Sea por una vía o por otra, lo importante es que el informe Napolitano, tal y como está hoy o como, probablemente, estará después de la votación en el Pleno, reconocerá el derecho de las regiones de defender sus prerrogativas ante el Tribunal de Justicia - esto es lo fundamental - y también de aplicar de la mejor manera, en el marco del Derecho comunitario, como dice la enmienda 5 del Grupo Socialista, las propias políticas de la Unión.
Los socialistas españoles votamos en comisión a favor del informe Napolitano y lo volveremos a hacer mañana porque, efectivamente, es un paso hacia delante. Entre el cero y el diez, probablemente está en el aprobado.

Costa, Paolo (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, opino que debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda el informe del Sr. Napolitano - a quien hay que reconocerle el mérito de haber triunfado en esta difícil y complicada tarea - para resaltar, con todo el peso institucional del Parlamento Europeo, la necesidad de que la nueva Europa, construida sobre las bases del Tratado Constitucional que está elaborando la Convención, aplique de forma completa y transparente el principio de subsidiariedad. Esto significa que el resultado deseado sólo se alcanzará si la subsidiariedad no se aplica sólo a las relaciones entre la Unión y los Estados nacionales, sino que se extiende a las autoridades territoriales - los poderes regionales y locales - respetando debidamente los sistemas constitucionales de cada país, por supuesto. Es más, las autoridades territoriales - los poderes regionales y locales - son las únicas que sustancian la democracia de proximidad. Gracias a ellas se pueden reforzar las raíces de la verdadera democracia y acercar los ciudadanos a las instituciones, incluidas las instituciones europeas.
La Convención es el foro al que se ha asignado la tarea de resolver este espinoso asunto, y al principio centró su atención exclusivamente en el primer nivel de subsidiariedad, entre la Unión y los Estados. Debemos evitar caer en esta trampa ya que, si asignamos a este sistema dos niveles de subsidiariedad - la subsidiariedad entre la Unión y los Estados, y la subsidiariedad entre los Estados y las autoridades territoriales - impediremos - y creo que éste es el quid de la cuestión - el reconocimiento de esa conexión directa entre las instituciones europeas y las autoridades territoriales que existe actualmente y que resulta bastante prometedora, siempre y cuando no se interprete erróneamente ni se destruya en su origen.
Debemos evitar a toda costa sucumbir a esta tentación y, para ello, confío en que la Convención asumirá el prolongado debate que ha tenido lugar en Europa, particularmente en el Consejo de Europa, sobre esta cuestión. Espero que la Convención acabará por reconocer y asignar el derecho a la autonomía regional y local. Este derecho estará regulado por los respectivos sistemas jurídicos de cada país, pero deberá comprender un único nivel de subsidiariedad, la misma dignidad para los niveles de gobierno, el derecho de las autonomías locales a administrar sus propios recursos financieros y el derecho de acceso a la justicia que, aunque puede evitar que la pérdida de control perjudique a las necesidades de las autoridades territoriales equilibrando las diferentes necesidades técnicas, no puede impedir que suceda. Quizás la idea de reforzar el vínculo a través del Comité de las Regiones sea la solución que todos necesitamos.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, no son sólo los regímenes dictatoriales los que tradicionalmente provocan la resistencia de muchos de sus habitantes; en los Estados centralizados y en los Estados multiétnicos sucede lo mismo. La centralización implica la existencia de gobiernos arrogantes que piensan que conocen mejor los problemas regionales que la gente que los padece y que es capaz de tomar sus propias decisiones. Además, si el idioma nacional no se usa de forma generalizada en los ámbitos educativos, gubernamentales y económicos, se acaba produciendo una división entre los ciudadanos de primera clase, que han crecido con el idioma dominante desde que nacieron, y los ciudadanos de segunda clase, que simplemente lo han adquirido.
En Europa no podrá existir un gobierno democrático si no se tienen en cuenta la diversidad cultural y las diferencias regionales. La existencia de la Unión Europea está provocando el aumento de poder de los gobiernos de los Estados miembros en comparación con el de sus parlamentos nacionales y sus regiones. Esta expansión se está logrando a costa de las posiciones alcanzadas hasta ahora por Escocia, Cataluña, Frisia, Córcega, Flandes o el Valle de Aosta, mientras en estas zonas la gente exige una mayor igualdad de condiciones con los Estados miembros.
El informe Napolitano, en el que se protege a los gobiernos regionales y locales frente a acciones y mentalidades centralistas a gran escala, resulta por tanto una contribución indispensable a la democracia y la convivencia pacífica en Europa.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias al Sr. Napolitano por su excelente trabajo y voy a centrarme en el punto más controvertido de su informe, el apartado 8(I). Opino que, como una consecuencia lógica y natural del cambio de la Unión Europea de un sistema basado en un tratado internacional negociado por diplomáticos a una unión política de naturaleza federal, basada en una constitución, habrá que revisar y consolidar los instrumentos de control constitucional. El argumento que defiende que el otorgamiento a determinadas regiones con poderes reconocidos constitucionalmente - poderes legislativos - de un derecho de acceso directo provocaría una saturación del Tribunal de Justicia, resulta poco convincente ya que, en tal caso, bastaría con hallar una manera de reforzar dicho tribunal y aumentar la robustez del sistema y su capacidad para hacer frente a la demanda. Además, tal y como acaba de decir el Sr. Duff, sería necesario facilitar el acercamiento de los ciudadanos al tribunal constitucional y la identificación de los canales a los que tienen acceso, no sólo en lo que respecta a las regiones, sino también en los casos de infracción de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Considero que este es un aspecto importante de la futura Constitución Europea. Por ello y para ser franca, opino que resulta exagerado presentar una imagen tan negativa de la oportunidad ofrecida por este informe, en la que es su sección más innovadora y original, tratándola como una especie de desastre inminente que posteriormente no podremos controlar.
Asimismo, pienso que el compromiso que plantea encierra dos defectos principales, ya que propone el establecimiento de dos filtros que en sí mismos son inadecuados. El Estado no puede servir de filtro para las regiones porque, en muchos casos, resultaría una postura opuesta a la región y sus competencias. Por otro lado, el Comité de las Regiones, creado expresamente como un organismo débil, no se puede convertir en otro filtro de las competencias de las regiones porque, como mínimo, este hecho introduciría y reforzaría la idea de una falsa neutralidad, tal y como ha dicho el Comisario Barnier, y de una falsa igualdad entre las regiones. Esta igualdad no puede existir porque las competencias de las regiones son diferentes, y así debe seguir siéndolo.

Gorostiaga Atxalandabaso (NI).
Señor Presidente, todos los países candidatos excepto Turquía han adoptado en las últimas dos décadas políticas especiales para mejorar la situación de las minorías, en algunos casos incluso mediante la realización de la autodeterminación a favor de varias naciones sin Estado. Serbia y Montenegro están haciendo uso del principio de autodeterminación para intentar alcanzar una solución definitiva al conflicto de la antigua Yugoslavia.
Por el contrario, la propia Unión Europea carece de un enfoque de conjunto de la cuestión de las naciones sin Estado. Esto es muy lamentable. Sin embargo, aún es más lamentable leer en la exposición de motivos del informe del Sr. Napolitano que sugerir el reconocimiento del derecho a la autodeterminación es inaceptable, porque esto es competencia soberana y exclusiva de los Estados miembros. Esto significa que esas naciones sin Estado no pueden reclamar el derecho de sus pueblos a existir como tales. ¿Cómo puede la Unión Europea ignorar los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos proclamados en la Declaración de Viena en 1993? ¿Sería esto posible en una zona de libertad, seguridad y justicia?
La autodeterminación es la clave de las relaciones pacíficas entre las naciones, porque equivale a democracia.

Bodrato (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, el informe Napolitano aborda uno de los temas más polémicos a los que se enfrenta la Convención. Se trata de un asunto que pone a prueba el principio de subsidiariedad y el propio ideal de Europa como comunidad de diversidades, al tiempo que implica diferentes sistemas y tradiciones históricas nacionales con distintas posturas en lo que respecta a los poderes regionales.
Me parece oportuno que la propuesta relativa a los poderes de la Unión no interfiera en los sistemas de cada Estado. No obstante, no podemos pasar por alto el hecho de que determinadas constituciones nacionales confieren algunas competencias legislativas principales a las regiones. La Convención deberá reconocer este punto, pero evitando la creación de privilegios, la alteración del mercado interior y la eliminación de la necesidad de una Europa política.
Por todas estas razones, creo que procede otorgar a las regiones con competencias legislativas el derecho de acceso directo al Tribunal de Justicia cuando sus prerrogativas se vean afectadas por medidas europeas. Pienso que sería un error ignorar el hecho de que algunos länder o regiones - en Alemania, Italia o España - son autoridades territoriales con una extensión mucho mayor que algunas de las entidades establecidas en los Estados nacionales. El consenso general en torno a este informe, reclamado acertadamente por el Sr. Napolitano, resulta imprescindible para el proceso constitucional, que debe facilitar la participación de los poderes regionales y locales en el futuro de Europa como comunidad.

Van den Berg (PSE).
Habiendo trabajado anteriormente en la administración local, considero que el informe Napolitano sobre el papel de los poderes regionales y locales en la construcción europea representa un paso importante para volver a poner los pies de Europa firmemente sobre la tierra. Después de todo, los oficiales y políticos de la Unión Europea pasan demasiado tiempo en las altas esferas del poder supranacional, olvidándose de que en Europa existen realmente cuatro niveles gubernamentales: local, regional, nacional y europeo. Las bases de Europa se encuentran en los niveles local y regional, ya que en ellos viven y trabajan los ciudadanos europeos y en ellos se aplican la mayoría de las políticas que elaboramos en Europa.
El informe Napolitano reconoce la importancia de las entidades locales y regionales para la existencia continuada y la consolidación de la construcción europea. Y esto se aplica no sólo a las regiones formales que disponen de competencias constitucionales, sino a todo tipo de regiones, desde las provincies neerlandesas a los counties ingleses, los länder alemanes y las comunidades autónomas españolas. Esto se debe a que, en una Europa en la que todos los ciudadanos son iguales y disfrutan, por tanto, de los mismos derechos, no es posible establecer diferencias entre las diversas entidades territoriales y otorgar a unas regiones más derechos que a otras. Naturalmente, cada Estado miembro puede determinar con absoluta independencia la organización de su propio sistema constitucional. De este modo, lógicamente, un sistema descentralizado puede presentar una organización diferente en dos países distintos.
Opino que el Sr. Napolitano ha formulado varias propuestas acertadas para el aumento de la participación de las entidades regionales y locales en los procesos políticos europeos. Con esto, quiero hacer referencia a los puntos en que se afirma que la participación de las regiones implica - tanto en la fase de elaboración como en la de ejecución de la política - la aplicación correcta del artículo 203, la posibilidad de que la región solicite al Comité de las Regiones o a su propio Gobierno que acuda al Tribunal cuando considere que se ha violado el principio de subsidiariedad, o incluso solicitar la adopción de medidas y, finalmente, el desarrollo de un estatuto para las regiones fronterizas. Un estatuto de este tipo podría facilitar y hacer más agradable la vida de muchos ciudadanos europeos que residen a cada lado de una frontera. Confío en que, a raíz de este informe, la Convención acercará realmente Europa y las regiones a los ciudadanos, al tiempo que se establecerá firmemente la posición de las regiones en una nueva constitución europea.

Vallvé (ELDR).
Señor Presidente, cuando hablamos de poderes locales entendemos todos lo mismo, pero en cuanto a los poderes regionales, existen distintos tipos de poderes regionales en Europa, algunos cuya capacidad legislativa está reconocida. Y es esta capacidad legislativa la que ha de permitir a estas regiones, a estos territorios, ejercer el derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia cuando sus competencias puedan verse invadidas.
El ponente dice que no hay que establecer diferencias entre las distintas regiones. Pero en su mismo país existen las regiones a statuto speciale, que tienen unas prerrogativas distintas.
También pensamos que el principio de subsidiariedad no debe limitarse a la relación entre la Unión Europea y los Estados, sino pasar también a otros niveles de gobernanza. Hoy, en Europa, algunas regiones con capacidad legislativa son auténticamente naciones sin Estado, como lo es Cataluña, o, como seguramente dirá el orador que me seguirá en el uso de la palabra,... 
Finalmente, a la cooperación transfronteriza corresponde también un elemento fundamental para la construcción europea, y saludamos que el informe Napolitano así lo reconozca.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señor Comisario, no descubro nada que no sepamos al insistir en la diversidad como una de las principales características de la Europa unida que estamos construyendo. Ello es una dificultad real, sí, pero nos debe motivar y no debe convertirse en la rama que no nos deja ver el bosque e impedirnos encontrar una arquitectura válida para que todos los eslabones institucionales, todos los poderes públicos democráticos existentes, puedan encontrar su espacio en la Europa común.
En nuestra Unión todavía existen muchas deficiencias democráticas que debemos atajar. Una de ellas intentamos abordarla en este informe que debatimos hoy: la posición de las regiones y de los poderes locales, pero, sobre todo, de las entidades territoriales con competencias legislativas en la futura arquitectura comunitaria.
Es necesario que en el Tratado de la Unión y en todas las normativas que se derivan del mismo sea obligatorio tener en cuenta la diversidad territorial e institucional que exista en el interior de los Estados miembros, incluidas las leyes electorales, a fin de que las regiones con competencias legislativas puedan constituirse en circunscripciones electorales al Parlamento Europeo. Es preciso que estas entidades constitucionales estén legitimadas para recurrir al Tribunal de Justicia si las decisiones comunitarias invadieran o menoscabaran sus competencias.
Debe ser obligatorio que los Gobiernos de dichas entidades constitucionales participen en las reuniones del Consejo cuando se diriman asuntos que afecten a competencias exclusivas de aquéllas, como es el caso de la fiscalidad propia en el País Vasco. Y no se diga que hay demasiadas regiones, porque las entidades con competencias legislativas exclusivas no son tantas.
Pero, incluso en el caso de que todas las regiones fueran constitucionales, mayor sería la necesidad y la razón para diseñar una arquitectura institucional europea donde tengan cabida todas ellas, donde todas tengan un lugar bajo el sol europeo.

Ferrer (PPE-DE).
Señor Presidente, si el principio de subsidiariedad es uno de los pilares básicos del edificio europeo, si se quiere acercar las instituciones europeas a los ciudadanos y mejorar la democracia y la transparencia de las políticas comunitarias, si compete en gran medida a las colectividades subestatales aplicar las decisiones comunitarias y si, además, existen regiones con competencias legislativas que se ven directamente afectadas en su ámbito competencial por las políticas de la Unión, no se puede seguir negando la participación de dichas colectividades en el proceso de construcción europea.
No estoy de acuerdo con quienes han afirmado que ésta es una responsabilidad de cada Estado miembro, que va en contra del principio de subsidiariedad. Porque la posibilidad de una participación de las regiones en la toma de decisiones que les afectan es consecuencia, y no causa, de la organización interior que cada Estado se ha dado.
El informe Napolitano intenta definir el papel de los poderes locales y regionales en el proceso decisorio de la Unión. Pero es un intento demasiado tímido, que no da respuesta a las demandas de las regiones con competencia legislativa, que - desde su legitimidad democrática - tienen derecho a ser miembros activos del proceso de construcción europea.
Las regiones con competencia legislativa, Sr. Napolitano, Comisario Barnier, quieren participar en el Consejo de Ministros cuando se traten cuestiones de su competencia y, contra lo que aquí se ha dicho, quieren poder recurrir ante el Tribunal de Justicia en caso de vulneración del principio de subsidiariedad. Una participación y una voluntad que constituirían, no una concesión gratuita, si así lo reconociera la próxima Constitución, sino un derecho de las regiones, como Cataluña, que la Unión Europea, y este Parlamento en especial, en tanto que representante de los pueblos de Europa, debe respetar si se quiere de verdad estar a la escucha de los ciudadanos.

Leinen (PSE).
Señor Presidente, la Convención debería asegurar el inicio de una nueva fase de la política europea en diversos ámbitos, entre los que se incluye este tema, la posición de los municipios y las regiones y su participación en la política europea. Opino que tanto el autogobierno local como la identidad regional son principios fundamentales, que deben quedar reflejados como tales en la constitución europea. Asimismo, deseo dar las gracias al Sr. Napolitano, dada la complicada tarea a la que se enfrentaba teniendo en cuenta el carácter polémico de los conceptos implicados. En muchos aspectos, este informe mejora la posición de los municipios y regiones y su participación en la política europea. No obstante, me sorprende que tan apasionada controversia la haya desencadenado el derecho de recurso de los municipios y las regiones ante el Tribunal de Justicia.
No creo que la constitución deba otorgar a todo el que posea un derecho el derecho adicional de acceso al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, que se supone que deben disfrutar 380 millones de europeos en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales. Todos decimos «sí» a este punto, aunque surgen divisiones en esta Cámara en lo que respecta a las regiones. Considero que es preciso plantearse este asunto con mayor detenimiento.
De ningún modo se pretende interferir en la organización interna de los Estados, la cual, por cierto, varía considerablemente de un país a otro, ya que existen muchas regiones que poseen distintas competencias, mientras que otras sólo cuentan con responsabilidades administrativas o simplemente el nombre de «región». Esta diversidad también debe quedar reflejada en lo que respecta al derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia.
El Comisario Barnier ha propuesto que se aplique el artículo 203 en caso de que no lleguemos a un acuerdo en este punto. Quizás sea ésta una solución, pero no la mejor. Puede que sea necesario pasar a una nueva fase que nos permita determinar el camino que debemos seguir.
Hay otro aspecto de gran importancia que me gustaría destacar. Comisario Barnier, usted ha visitado la región fronteriza en la que resido. La vida de los que residimos en las zonas fronterizas se ve complicada aún más por obstáculos burocráticos y legales. La elaboración de un estatuto europeo sobre la cooperación transfronteriza ayudaría a varios millones de ciudadanos. La realidad ya ha rebasado los límites del marco legal de forma considerable. Ese es el significado real del valor añadido europeo. La constitución ha de dar cabida a este tipo de estatuto sobre la cooperación transfronteriza, del que saldrían beneficiados varios millones de ciudadanos.
Espero que una amplia mayoría apruebe el informe Napolitano. En lugar de competir con los municipios y las regiones, el Parlamento existe para ser su socio natural.
Malmström (ELDR).
Señor Presidente, «Los Estados son el esqueleto de Europa y las regiones su carne y su sangre». Esta es la opinión del Presidente de Cataluña, el Sr. Pujol. En realidad, sucede que muchos ciudadanos se sienten de forma natural más cerca de las regiones y de los distritos - es decir, las unidades administrativas locales - que, en concreto, de las instituciones europeas. Además, las autoridades regionales y locales son las responsables de aplicar un gran número de decisiones comunitarias. Por lo tanto, sería justo reforzar el papel que desempeñan ahora que están siendo revisados los modos europeos de gobernanza. La implicación de estos organismos debería realizarse desde una etapa más temprana, llevando a cabo algún tipo de procedimiento consultivo cada vez que se formulen propuestas. Tal y como se presenta en el informe, por ejemplo, estas autoridades pueden desempeñar un papel importante en lo que respecta a las fases de evaluación y seguimiento, así como en la comprobación de la aplicación del principio de subsidiariedad.
Aunque desde esta Cámara no podemos resolver los conflictos constitucionales internos, debemos dejar claro que otorgamos gran importancia a los niveles local y regional, y especificar este aspecto en el tratado. Por consiguiente, sería estupendo incorporar, por ejemplo, el estatuto de las autoridades locales y regionales.
Me gustaría que se introdujera el menor número de cambios posible en este informe. Estoy convencida de que constituirá una excelente base de debate en la Convención, por ejemplo.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, el centro de este debate sobre el papel de las regiones en la estructura europea es el reconocimiento necesario en la constitución europea de que la Unión Europea no está formada sólo por Estados, sino que su composición es bastante más compleja. Cuando se negociaba el Tratado de Maastricht hace diez años, parecía, desde mi punto de vista, que la actitud hacia el paquete regional de requisitos era más favorable que la que existe actualmente. Ahora existen incluso señales de un contrajuego en la Convención europea. En este sentido, me preocupa seriamente el proyecto del tratado constitucional propuesto por Valéry Giscard d'Estaing. No contiene ninguna referencia a los gobiernos subestatales y constituye un paso atrás en numerosos aspectos. Todo esto sucede en el contexto de ampliación de la Unión Europea. El tamaño de varios Estados que accederán en breve a la Unión es menor que el de algunas regiones y naciones miembros con competencias legislativas. Los Estados miembros candidatos pronto participarán de forma plena en la estructura europea. Por lo tanto, sería justo que naciones como Flandes, las provincias valonas, el País Vasco, Cataluña, Gales, Escocia y Galicia pudieran hacer lo mismo. El informe del Sr. Napolitano ha llegado en el momento adecuado, unas semanas antes del debate que sobre este tema tendrá lugar en la Convención los días 6 y 7 de febrero. Apoyo plenamente la versión reforzada del informe Napolitano mencionada por el Sr. MacCormick.
El Comisario Barnier y el Sr. Méndez de Vigo acaban de hacer una serie de comentarios sobre la propuesta de ofrecer a las regiones constitucionales acceso directo al Tribunal de Justicia. Si no me equivoco, defienden un acceso controlado bajo la autoridad del Estado miembro en cuestión. No obstante, este pequeño ardid resulta demasiado obvio. En la práctica, significa que los poderes centralistas de Madrid, por ejemplo, podrían denegar en mayor o menor medida el acceso al Tribunal de Justicia a tres naciones históricas como el País Vasco, Cataluña y Galicia. Como representante de Flandes, una de las regiones históricas cuya cuasiautonomía se alcanzó sin el uso de la fuerza, quisiera pedirles que no sigan el camino marcado por el Sr. Méndez de Vigo.

Wuermeling (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario Barnier, Señorías, con este informe, el Parlamento inicia el nuevo año de un modo excelente, tan excelente que he olvidado ponerme la corbata. Señorías, el mensaje político de este informe indica que el Parlamento de Europa trata de acercarse cada vez más a sus regiones y abandona así su anterior actitud, que resultaba algo distante.
En lo que respecta al derecho de recurso de las regiones, me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. Hemos acordado que la situación exige que las regiones deberían tener la opción de interponer demandas ante el Tribunal de Justicia Europeo. Asimismo, coincidimos en que, por otro lado, los Estados miembros deben ejercer algún tipo de control en este punto. En la práctica, esto significa que sólo falta por decidir cuál será el papel de los Estados miembros. Señor Corbett, su solución de compromiso propone que las regiones sólo puedan realizar sus peticiones a los Estados miembros. Sin embargo, desafortunadamente, esto no supondría ningún avance ni representaría compromiso alguno, puesto que es algo que las regiones ya pueden hacer. Además, su solución de compromiso presenta el gran inconveniente de que estaríamos haciendo justo lo que nos avisó que no hiciéramos, ya que acabaríamos interfiriendo en la relación entre las regiones y los Estados miembros, recomendando la forma que ésta debería adoptar.
Por este motivo, quisiera recomendarles nuevamente la propuesta de compromiso 24, que permitiría a las regiones recurrir bajo la supervisión de los Estados miembros, por así decirlo. Esto permitiría hallar soluciones flexibles en todos los Estados miembros, soluciones que pueden adoptar en Alemania una forma diferente que en Gran Bretaña. Por esta razón, les pido realmente que reconsideren este punto. Se trata de un tema conflictivo que afecta a las regiones, que esperan recibir alguna señal nuestra. Me alegraría que mañana pudiéramos unirnos para enviar esa señal que esperan.
Poos (PSE).
Señor Presidente, en su proyecto de informe original, nuestro ponente, el Sr. Napolitano, ha descrito con bastante acierto el doble reto que plantea, por un lado, considerar el apego de los ciudadanos a sus raíces locales y regionales y, por otro, pasar de quince a veinticinco Estados miembros, sin debilitar a las instituciones.
Por lo tanto, hay que ofrecer a los poderes regionales y locales la oportunidad de contribuir a la elaboración de las políticas comunitarias y, cuando corresponda, de promoverlas, sin reemplazar en ningún momento el papel de los Estados miembros y los ciudadanos de la Unión, sobre los que descansa en última instancia la legitimidad legal y política.
La Unión Europea no debe interferir de ningún modo en la organización territorial de sus Estados miembros. Además, los Estados miembros pueden organizar libremente, cada uno por su lado, la participación de las regiones en sus procesos de toma de decisiones. El papel del Comité de las Regiones debería ser el de consultar a las regiones en el nivel comunitario y defender sus intereses. Este proceso debería aplicarse igualmente al control del principio de subsidiariedad. En contra de lo que acaba de decir el Sr. Wuermeling, el Comité de las Regiones nunca había tenido hasta ahora el derecho de invocar al Tribunal. Cualquier otra solución conduciría inevitablemente a la construcción de una Unión inactiva e ineficaz.
Puesto que una votación ajustada en la comisión ha alterado el delicado equilibrio asegurado por nuestro ponente, ahora corresponde al Parlamento la tarea de restablecerlo mediante la votación de la enmienda 17 presentada por el Sr. Corbett, la cual pretende sustituir los apartados 8 y 9 de la propuesta de resolución.

Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tenemos que reconocer que estamos hablando de un informe de política regional de mucho calado y envergadura, que aboga por que las regiones sean protagonistas activas de su futuro europeo. 
Por ello, hay que seguir insistiendo en conseguir que esta Cámara mantenga el informe del Sr. Napolitano, elaborado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que incluyó, entre otras cosas, el reforzamiento del papel de las regiones en la participación de la toma de decisiones, la adaptación de la legislación comunitaria y el derecho al recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sería pertinente -como así lo señalé en una enmienda al informe Napolitano- que se pidiera a la Convención que garantizara la inclusión en la Constitución Europea del famoso apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, que trata de la aplicación singular de las disposiciones comunitarias en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, el asunto abordado por el informe Napolitano no es nada sencillo, especialmente cuando se analiza con el proceso actual de construcción de la Unión Europea como telón de fondo. Sin embargo, aunque no sea un asunto fácil de resolver, el ponente lo ha enfocado de un modo equilibrado, por no decir bastante pragmático, digno de elogio. De hecho, existe una tensión innegable entre la dimensión supranacional y la regional: una tensión de carácter histórico, ya que cuanto más tendía el desarrollo europeo hacia el nivel supranacional, más nos olvidábamos - lamento decirlo - de que, dentro de varios Estados, se registraban procesos de regionalización con características y enfoques sobre la descentralización diferentes a los que se producían en la Unión Europea. Por lo tanto, se ha creado una especie de zona gris, ha habido injusticias, si tenemos en cuenta lo sucedido en los últimos años. Hemos observado un proceso de europeización de los poderes otorgados a las regiones por las Constituciones. Hemos contemplado la escasa o nula participación de las regiones en los procesos de toma de decisiones comunitarios. Hemos sido testigos de la transferencia de responsabilidades de los Estados a la Comunidad y, por tanto, de la pérdida de competencias interactivas conferidas a las regiones por las Constituciones nacionales. Los länder participan en el proceso legislativo federal a través del Bundesrat y las regiones italianas disponen de poderes de iniciativa en el plano nacional. Además, las regiones se ven todavía más perjudicadas porque ya no cuentan con garantías en lo que respecta a la protección jurisdiccional en caso de cercenamiento de sus competencias.
Considero que el informe Napolitano trata por todos los medios de ofrecer una respuesta legal muy interesante a todas estas cuestiones. Es la base para un debate que se celebrará formalmente en la Convención, probablemente a principios de febrero. Aunque quizás resulte necesario reflexionar con mayor detenimiento sobre algunas enmiendas en las que se hace demasiado hincapié en el acceso a un Tribunal Constitucional, el informe y las enmiendas presentadas permitirán al Parlamento proporcionar a la Convención un plan para la construcción de la Europa de los ciudadanos que todos deseamos.

Martin, Hans-Peter (PSE).
Señor Presidente, todos conocemos el histórico ruego «¡Señor, danos libertad para pensar!» Hoy, en lo que respecta a la votación del informe Napolitano, deberíamos modificarlo y decir «¡Señor, danos libertad para votar!» Pero, ¿quién sería el «Señor» en este caso? Los dos caballeros de allí, el Sr. Corbett y el Sr. Wuermeling, el Sr. Corbett y el Sr. Méndez de Vigo, aquellos que, incluso cuando se pone en juego algo tan crucial como el derecho de las naciones a acudir a la justicia, tratan de hacer un hombre de una mujer o viceversa, aun cuando saben perfectamente que no se puede estar un poco embarazada.
No es en absoluto causalidad que, afortunadamente, no se haya presentado hasta ahora ninguna propuesta de compromiso por parte de aquellos que se retiraron nuevamente para reflexionar sobre estos asuntos. En cambio, la solución está clara: votar a favor de la propuesta Leinen/Martin, adoptada por mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que las regiones obtengan el derecho de recurso. Digo esto con conciencia de la historia y del hecho de que los acuerdos constitucionales actuales de la Unión Europea han surgido, en gran medida, por mera coincidencia, de modo que, si yo procedo de Luxemburgo, puedo claramente oponerme al derecho de recurso - y que me tiemblen las piernas al hacerlo - y adoptar en cambio una postura bastante diferente si soy del País Vasco o de alguna otra región.
Aquí estamos, tratando de hacer avanzar este grandioso proyecto europeo, no mediante el refuerzo de privilegios surgidos por accidentes históricos, sino abriendo las puertas a lo nuevo. Insto a los diputados que atienden a través de las pantallas de televisión - y todavía quedan algunos en el edificio - a que luchen por una votación libre y comprueben que así ocurre mañana o pasado mañana. Asimismo, les pido que se aseguren de que esta Cámara pueda votar sobre el punto 8 del informe Napolitano, para evitar hacer el ridículo con la presentación de otro seudocompromiso débil y pobre que no conduzca a ningún lado.
«¡Señor, danos libertad para votar!» Y recuerden el principio del ceterum censeo: no hay democracia sin transparencia y votación que sea abierta y justa.
Poignant (PSE).
Señor Comisario, señor Presidente, quisiera hablar a favor de la igualdad entre regiones. El hecho de que algunas regiones tengan competencias legislativas no significa que puedan disfrutar de derechos adicionales o más amplios que otras. De lo contrario, estaríamos estableciendo una ciudadanía de dos velocidades, con europeos de primera y de segunda clase. Corresponde a cada Estado la concesión de poderes a sus regiones si así lo desea. Esta cuestión está siendo objeto de debate en varios de nuestros países, especialmente en el mío, Francia, aunque no sólo aquí. Corresponde a cada Estado consultar a sus autoridades locales y a sus regiones dentro del contexto de las políticas europeas y su transposición. Aunque los Estados miembros no llevan a cabo este proceso del todo bien y podrían hacerlo mejor, al menos supone un buen comienzo.
Quisiera señalar que la Unión Europea no es la suma de sus regiones. Se trata de una Unión de Estados y personas. Cada Estado debe seguir controlando su organización interna, tanto en el nivel institucional como en el territorial. Así aparece reflejado en la redacción actual de los Tratados, cuyo espíritu y texto debemos conservar. Ningún país puede argumentar que su sistema es mejor que el de otro. Ningún país puede imponer su sistema sobre el de los demás. Europa es un contrato, no un imperativo.
Para resumir, afirmaría lo siguiente: debemos decir sí a la existencia de regiones fuertes y fraternales en el seno de la Unión Europea, sí a regiones que cooperen más allá de sus fronteras, pero debemos decir no a una Europa de las regiones, que acabaría convirtiéndose en una Europa de geometría variable e injusta.

Méndez de Vigo (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero pedirle que se ocupe usted, si es tan amable, de que nuestra enmienda 24, que no ha sido repartida con las otras enmiendas al informe Napolitano, esté a disposición de todos los miembros de esta Cámara para las votaciones de mañana.

El Presidente.
Señor Méndez de Vigo, comparto su opinión, y si la enmienda no ha sido repartida, daremos instrucciones para que así se haga y tenga las mismas oportunidades que las otras 23 enmiendas.
Tiene la palabra el Sr. MacCormick para una cuestión de orden.

MacCormick (Verts/ALE).
Según el proyecto definitivo de orden del día, la votación no tendrá lugar mañana, como ha dicho el Sr. Méndez de Vigo, sino el miércoles.
¿Se ha vuelto a cambiar a mañana?
Bien, entonces necesitamos la enmienda 24 rápidamente.

El Presidente.
Sí, señor MacCormick, porque según los datos de que dispongo, por decisión del Pleno de este Parlamento se procederá a la votación mañana.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0451/2002) de la Sra. Swiebel, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2001) (2001/2014(INI)).

Swiebel (PSE)
. (NL) El informe anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea provoca numerosas diferencias de opinión y mucha confusión cada año. Son dos los problemas que explican esta situación. En primer lugar, a ningún europarlamentario de esta Cámara que haya sido elegido por una lista nacional y que desea ser reelegido, le resultará fácil estar de acuerdo con las críticas realizadas contra su propio país. Si quisieran actuar de acuerdo con su propia conciencia, tendrían que distanciarse en cierta medida de lealtades políticas nacionales y partidarias, lo cual a veces es esperar demasiado. En segundo lugar, hasta muy recientemente no quedaba demasiado claro de qué derechos humanos trataban estos informes. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son los términos de referencia?
En el pasado, varios ponentes realizaron sus propia selección de problemas, y ello no siempre ha contribuido a conseguir una continuidad y credibilidad. Así pues, la decisión por parte de la comisión responsable y del Parlamento en su conjunto de convertir la Carta de los Derechos Fundamentales de la Comunidad en el punto de partida de estos informes fue una buena iniciativa. Sin embargo, la función de control del Parlamento Europeo es de naturaleza política, no jurídica. De cara a estos informes anuales, por lo tanto, debemos considerar la Carta como un marco de referencia político, una especie de índice. Ello nos permite utilizar esta Carta para comprobar si los Estados miembros observan las disposiciones relacionadas con los derechos humanos, que son, de hecho, vinculantes, y que además se incluyen en innumerables convenciones de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OIT, etc.
Los derechos humanos son universales, indivisibles e interrelacionados. El discurso de los derechos humanos es, por definición, global. Por tanto, la política en materia de derechos humanos de la Unión Europea sólo es creíble si se miden las violaciones de los derechos humanos en nuestros países con los mismos criterios que medimos los abusos en otros lugares del mundo. El Parlamento Europeo denuncia en voz alta los problemas de derechos humanos en los demás países del mundo en cada sesión, y, de forma correcta, otorga una gran importancia a los derechos humanos en los debates sobre los países candidatos. Sin embargo, debemos ser honestos y mirarnos también a nosotros mismos. Por esta razón, en mi informe he optado de forma consciente por la fórmula de señalar abiertamente con el dedo. Tal vez no resulte agradable, pero desde luego es sincero.
La Unión Europea es una comunidad de valores. Esto es algo que hemos oído hasta la saciedad. No obstante, también debemos estar dispuestos a considerar las violaciones de los derechos humanos en uno o más Estados miembros como una cuestión europea y preguntarnos a nosotros mismos en qué puede contribuir la Unión Europea como tal a mejorar esta situación. Por ello, las recomendaciones de mi informe no sólo están dirigidas a uno, algunos o todos los Estados miembros, sino que se dirigen igualmente a la Comisión y al Consejo en lo que les puede concernir. Como siempre, estoy encantado de ver al Comisario Vitorino de nuevo con nosotros, pero naturalmente me decepciona el hecho de que el Consejo brille por su ausencia, o quizás haya un funcionario escondido debajo del asiento.
¿Cuáles son los problemas principales de la Unión Europea en materia de derechos humanos? Nombraré algunos de ellos y plantearé una serie de preguntas concretas sobre los mismos. En primer lugar, corremos el riesgo de que los derechos civiles se vean menoscabados en la lucha, que por desgracia es necesaria, contra el terrorismo. Así pues, es importante acompañar la legislación específica de una cláusula de suspensión, así como realizar una lista y evaluar estas medidas antiterroristas. Mi pregunta es la siguiente: ¿Están dispuestos la Comisión y el Consejo a elaborar dicha lista y realizar una evaluación de estas características?
En segundo lugar, la comisión de faltas por parte de la policía y el personal de prisiones, que observamos cada año, y en las cuales los grupos más vulnerables son a menudo las víctimas, sucede en todos los países de la UE en mayor o menor medida. Los mecanismos de corrección internos no son particularmente eficaces. En mi opinión, ha llegado el momento de situar este problema en la agenda de la Unión Europea y de realizar, como mínimo, una investigación exhaustiva de estos abusos. Mi pregunta es la siguiente: ¿Investigará la Comisión las posibilidades de llevar a cabo esta idea?
En tercer lugar, el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación están aumentando, pero los medios de que disponemos para protegernos de estas lacras constituyen un conjunto de medidas multicolores que sugieren una jerarquía de las formas de discriminación en lugar de aportar un enfoque coherente. Me gustaría ver una estrategia europea coherente y uniforme con un trato igualitario. Mi pregunta es la siguiente: ¿Dirigirá la Comisión este proceso?
En cuarto lugar, en parte gracias a mis colegas de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, he podido observar un incumplimiento significativo de la Carta Social Europea, los tratados de la OIT, entre otros, por parte de todos los Estados miembros. Es necesario que aclaremos cómo se relacionan las obligaciones sociales de estos tratados con las mismas obligaciones de los Estados miembros según la legislación secundaria comunitaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿Dirigirá también la Comisión este proceso?
Por último, me gustaría preguntar al representante del Consejo - que no se encuentra aquí, pero tal vez el funcionario escondido debajo del asiento le pueda informar de esto -: ¿qué ha sido de la decisión del Consejo de Asuntos Generales de junio de 2001 de mejorar la coordinación de nuestras políticas internas y externas en materia de derechos humanos? La Comisión y el propio Parlamento deberían ser capaces también de responder a esta pregunta. Si me lo permiten, me gustaría hacer un último comentario acerca del proyecto de propuesta alternativo del Sr. Ribeiro e Castro, el cual me parece bastante divertido. Verdaderamente, hay que ser muy optimista para formular semejante propuesta. Es evidente que cualquiera que apoye esta resolución quiere cerrar los ojos ante la realidad. Se trata de un bonito ejemplo de buenas intenciones, pero es demasiado bueno para ser cierto.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar mi intervención dando las gracias a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia e Interior, así como a la Sra. Joke Swiebel, por habernos brindado la oportunidad de debatir hoy la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea durante el año 2001 en sesión plenaria.
El informe que les ha sido presentado hoy es un documento a la vez vasto y ambicioso, ya que su intención es proporcionar una visión general de la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sus Estados miembros, y también porque hace un llamamiento a las autoridades nacionales y a las instituciones europeas para que adopten medidas prácticas. A título de ejemplo mencionaré la necesidad de seguir una política coherente de lucha contra la discriminación - todas las formas de discriminación - y para promover la integración de las sociedades europeas con el fin de evitar las manifestaciones de racismo y xenofobia y de proteger los derechos que sustentan la ciudadanía europea.
El Informe Anual del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión es un instrumento importante porque supone dar la debida consideración a estos derechos, tanto a escala europea como en cada Estado miembro, tanto dentro de la actual Unión como en una Unión de 25 Estados miembros.
Por su parte, la Comisión tiene un interés directo en el informe que habrá de votar el Parlamento, ya que, como acaba de señalar la Sra. Swiebel, también se nos pide que aprobemos un conjunto de acciones prácticas. Por mi parte, me comprometo a estudiar con gran cuidado todas las recomendaciones que el Parlamento desee hacernos, y nosotros, por supuesto, adoptaremos las medidas adecuadas para garantizar que se llevan a cabo. La Comisión siempre ha sido ecuánime con los retos que el Parlamento le ha planteado y creo que juntos hemos asumido estos retos de un modo positivo, con el fin de desarrollar una cooperación fructífera entre las dos instituciones en este terreno.
Un excelente ejemplo de esta cooperación es con toda seguridad la creación por parte de la Comisión - siguiendo a la resolución del Parlamento de julio de 2001 - de una red de expertos en el campo de los derechos fundamentales. En esta resolución, basada en el informe del Parlamento para el año 2000, elaborado por el Sr. Cornillet, el Parlamento expresó de forma clara su compromiso con la adopción de un enfoque serio y práctico para la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pidiendo que se pusiera en marcha un instrumento de control adecuado y que se realizara una evaluación de la situación de los derechos fundamentales, tanto en los Estados miembros como en la Unión Europea. La Comisión, al igual que el Parlamento, está convencida de que es esencial estar bien informado sobre el estado de protección de los derechos fundamentales para poder evaluar la calidad de esta protección, y esta evaluación deber ser siempre rigurosa y eficaz. Esta es la tarea de la Red de Expertos en Derechos Fundamentales. Esta red permitirá tanto al Parlamento como a la Comisión permanecer vigilantes para garantizar que se cumple la Carta de Derechos Fundamentales y que ésta recibe la debida consideración. Opinamos que se debe permitir que la red trabaje y comience a publicar sus resultados antes de seguir adelante con más soluciones institucionales complejas, como la creación de un centro de seguimiento.
En la misma línea, esta red se verá obligada a proporcionar información al Parlamento y el Consejo sobre el delicado tema del equilibrio entre la seguridad y al libertad en la lucha contra el terrorismo, un ámbito que será objeto de especial atención en el informe que se está elaborando actualmente en el marco de la actividad de la red. Esta red de expertos en el terreno de los derechos fundamentales comenzó a funcionar en octubre de 2002, y el informe que está redactando debe tener en cuenta los cambios de la legislación nacional, la jurisprudencia de los tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo y la jurisprudencia relevante de los tribunales constitucionales y otros tribunales de los Estados miembros. En este contexto, la importancia del papel que tanto el Parlamento como la Comisión están llamados a desempeñar tiene dos vertientes: Por una parte, tener una idea aún más clara de la situación en el campo de los derechos fundamentales en los Estados miembros para adoptar las acciones y decisiones necesarias en este terreno de una forma ajustada y precisa en virtud de los poderes conferidos a las instituciones europeas por los Tratados. Por otra parte, mostrar a los ciudadanos europeos que la protección de los derechos fundamentales es algo más que una simple declaración política, ya que representa una preocupación real de las instituciones europeas.
Con este fin, me gustaría recordar que el hecho de situar los derechos fundamentales en el centro de la construcción europea significa defender la tesis de que la Convención sobre el Futuro de Europa y la posterior Conferencia Intergubernamental deben incluir la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado Constitucional de la Unión y darle validez legal vinculante.
La Unión Europea es una zona de libertad, seguridad y justicia que no proporciona una protección rigurosa de los derechos fundamentales. La redacción de un Tratado de naturaleza constitucional, una auténtica Constitución Europea, de la que forma parte la Carta de los Derechos Fundamentales, y que al mismo tiempo y paralelamente autorice a la Unión Europea a suscribir el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es un reto de enorme importancia al que debemos enfrentarnos y que debemos superar. Al mismo tiempo, sin embargo, es preciso realizar una evaluación pragmática y eficaz de la calidad de la protección de los derechos fundamentales. Este informe, el debate en esta sesión plenaria y la resolución final del Parlamento constituirán sin duda una contribución de importancia capital a las acciones de la Comisión para el año que viene en el campo de los derechos fundamentales.

Cornillet (PPE-DE).
Señor Presidente, aunque no deseo restarle valor al trabajo realizado por la Sra. Swiebel, quisiera ser ligeramente crítico con este informe, ya que creo que no ha sabido aprovechar su oportunidad y me temo que tal vez no tenga objeto alguno.
Como ha señalado el Comisario Vitorino, el año pasado el Parlamento estableció de forma clara una serie de puntos que se basaban en el nuevo hecho de la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales, que esperamos y rogamos que pasen a constituir el preámbulo de una constitución. Por lo tanto, existen tres puntos: la redacción de un procedimiento, sobre el cual volveré más adelante; la creación de recursos, ya sean parlamentarios o externos, que nos ayuden sin reemplazarnos, y que sin embargo estuvieran disponibles para la red de expertos; y por último, el llamamiento a la acción conjunta, es decir, trabajar con los tres ponentes - el de este año, el del año pasado y el del año que viene - para poder establecer un consenso, siempre y cuando este trabajo se refiera a hechos y por lo tanto no sea, a priori, demasiado polémico.
Desgraciadamente, la idea no ha calado y mi opinión es que este informe es más una reflexión sobre las ideas de la ponente que un análisis extensivo, que hubiera sido lo deseable. La metodología podría resumirse del siguiente modo: la Carta en su totalidad y nada más que la Carta. La totalidad de la Carta, lo cual significa que necesitamos, en primer lugar y antes que nada, que se realice un análisis artículo por artículo, Estado por Estado, de quince Estados este año, pero que pronto serán 25. Este análisis nos daría la oportunidad de comprobar si los Estados respetan la Carta de los Derechos Fundamentales o no. Además debería llevarse a cabo un análisis valor por valor, en los capítulos relativos a la solidaridad, lo cual permitiría dar una visión general de todos estos grandes valores, y averiguar así si estos valores se respetan dentro de la Unión Europea. Esta es una gran oportunidad para ir más allá de la aplicación estricta de la Carta en lo que respecta al hecho de que la legislación de la Unión de Estados establezca excepciones a la legislación de la Unión, y el Parlamento tenía ahí una gran oportunidad para adquirir el poder de controlar las acciones de los Estados, que nadie puede cuestionar en un Parlamento, con respecto a la libertad pública. Así pues, creo que era necesaria cierta humildad para cumplir esta tarea tan laboriosa. Naturalmente, esto no impidió que se hiciera mayor hincapié en una serie de temas preferidos por los ponentes, cosa que ha posibilitado este año el terrorismo, tras los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
La totalidad de la Carta, por lo tanto, y nada más que la Carta, es decir, los artículos tal y como son y no como nosotros quisiéramos que fuesen; esta Carta estaba sujeta a consenso y yo quisiera destacar que el informe que vamos a votar mañana no tiene absolutamente ningún efecto sobre la Carta, ya que sólo una nueva Convención, sobre la que tendríamos que ponernos de acuerdo, puede cambiar los artículos de la Carta. Existen otros medios de acción, resoluciones, en ocasiones, directivas, etc. También podemos convocar una nueva Convención, como acabo de señalar. También podemos protestar en nuestros países, ya que cada Estado miembro es libre de ir más allá de los objetivos mínimos recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para criticar muy brevemente una determinada actitud que considero muy irresponsable y populista, y que ha permitido que se reconsideren algunas enmiendas propuestas por la extrema izquierda y el grupo de los Verts/ALE, gracias, diría yo, a la complicidad del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Este es un hecho que detesto personalmente, porque actuando de este modo se han aceptado cosas que no estaban en ningún programa de ningún partido socialista de ningún país.
Señor Presidente, a modo de conclusión, me gustaría expresar mi pesar. Tenemos ante nosotros un informe que podría haber sido anticipado por la prensa, que podría haber sido temido por los Estados miembros, y que podría haber servido de guía para marcar nuestra posición. Desgraciadamente, me temo que el informe del año 2001, que además fue adoptado demasiado tarde, acabe siendo enterrado junto con otros informes inútiles. Como el PPE-DE no tiene la intención de unirse a dicho entierro, yo votaré en contra.
(Aplausos de la derecha)

Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a este informe y agradecer a la ponente su trabajo y quiero dar también la bienvenida a las palabras del Comisario Vitorino en relación con el procedimiento que se debe seguir para poder celebrar un verdadero debate anual sobre los derechos humanos en la Unión Europea. Éste ha sido, históricamente y para vergüenza de este Parlamento, un informe conflictivo.
En esta casa somos capaces de decidir semanalmente cuáles son los problemas de los derechos humanos en cualquier rincón del mundo, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo una vez al año sobre cuáles son los estándares que se deben cumplir en el seno de la Unión Europea en relación con los derechos fundamentales. 
La Carta debería ser un buen instrumento para medirlos. Estamos en el buen camino, evolucionan las fórmulas para poder hacer un trabajo conjuntamente con la Comisión. Un trabajo de control político, como decía la ponente, de cuál es el estándar de cumplimiento, en cada uno de los Estados miembros, de los derechos fundamentales en la Unión.
Mientras esto sucede, mientras vamos evolucionando, deberíamos ser todos lo suficientemente generosos como para hacerlo juntos y hacerlo bien. Me parece que el informe de la Sra. Swiebel es un informe equilibrado, porque es un informe sincero, transparente, menciona las fuentes, sin valorarlas, no nos obliga a votar a favor o en contra de determinados hechos, sino que llama la atención en relación con unas denuncias que existen y que los ejecutivos deben comprobar y valorar.
Le recuerdo al Sr. Cornillet que este informe siempre ha sido polémico. El año pasado, sin ir más lejos, Sr. Cornillet, su informe, que, según usted, iba por el buen camino, fue aprobado con la totalidad de los votos de los socialistas y con más de cien votos de su propio Grupo en contra y sólo 38 a favor.
Creo que entre todos podemos hacer un esfuerzo para encontrar el camino principal de la evolución positiva del control de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, deseo comenzar dando las gracias a la ponente.
El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas da su apoyo al informe de la Sra. Swiebel. Creemos que el informe nos aporta un estudio importante y útil acerca de la situación de los derechos fundamentales dentro de nuestra Unión Europea. Por supuesto, podemos sacar a discusión el tema del alcance del informe en lo que respecta tanto a la elección de temas como a su contenido político. También podemos discutir una serie de expresiones y ejemplos, pero creo que probablemente podremos aprender de este trabajo a tiempo para el informe del año que viene. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las críticas de fondo que se han hecho al informe.
Exigimos que muchos otros países cumplan las exigencias en materia de derechos fundamentales. Por esta razón, es aún más importante que examinemos qué tipo de orden existe en nuestra propia casa. Es positivo mirar a otros lugares, pero a veces es bueno centrar la mirada en nuestra propia situación. Desgraciadamente, existen demasiados indicios en este informe de que la situación podría haber sido significativamente mejor en nuestros propios países.
Todos estamos de acuerdo en cuanto a la importancia de hacer todo lo posible por combatir a aquellos que utilizan la violencia y el terrorismo para dañar los cimientos de nuestra sociedad. Por supuesto, existe un amplio consenso en este tema. Quizás haya, sin embargo, razones para levantarse y preguntarnos a nosotros mismos si el fin justifica siempre los medios. ¿Es posible que los medios represivos que las democracias se ven a veces obligadas a adoptar en la lucha por la democracia y la sociedad abierta constituyan también una amenaza para los valores que estamos defendiendo? Esta es una pregunta que merece respuesta. Hacer una norma para introducir cláusulas suspensivas, es decir, poner límites de tiempo para un tipo de legislación tan especial como la referente a la violación de la intimidad personal, nosotros creemos que constituye una vía hacia el fracaso.
Un tema adyacente y actual que está relacionado sólo indirectamente con éste es el de la tortura en Estados Unidos, abordada por ejemplo por la revista The Economist, lo cual evidentemente también influye en Europa. Los liberales también acogemos con satisfacción la discusión sobre las condiciones inadecuadas de muchas prisiones en la UE, así como la acción de la policía. Estoy convencido de que las instituciones democráticas son suficientemente fuertes como para soportar un debate de estas características. Nuestra democracia es también suficientemente fuerte para permitir que sus expedientes se debatan abiertamente. Mi propio país también es objeto de críticas en este informe. El informe de la Sra. Swiebel es importante, como lo es que el debate sobre el racismo, la xenofobia y el antisemitismo tengan lugar aquí en el Parlamento. Así pues, no hagamos de este debate una cuestión interna o nacional. Se trata de algo mucho más amplio.
Permítanme que concluya resaltando la política de asilo y de refugiados dentro de la Unión Europea Se han cometido muchos delitos contra los derechos fundamentales, y siguen cometiéndose, en este campo. En particular, los hijos de los refugiados sufren este tipo de situaciones, y esta es una cuestión que debería avergonzar a todos los gobiernos. Si no conseguimos ponernos de acuerdo en nada más, deberíamos ser capaces en esta Asamblea de ponernos de acuerdo al menos en que todos los niños necesitan protección adicional.
La formación de la opinión es importante. No lo olvidemos. Tal vez debamos mirar lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos como prueba del hecho de que la formación de una opinión pública puede resultar también muy efectiva. Tenemos enmiendas del Grupo ELDR en los temas de las relaciones familiares y el concepto de familia. Estas pretenden servir de aclaración.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, en su intervención la ponente comienza diciendo que el derecho a la vida y la dignidad humana son los derechos esenciales, y yo coincido completamente con ella; y para esa vida digna, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a una vivienda son imprescindibles. El informe recuerda muy bien que siete Estados miembros incumplen los principios de la Carta Social Europea, por ejemplo con respecto al acceso de los extranjeros al empleo y a sus derechos de reunión y sindicación.
Como dice también el ponente de la Comisión de Asuntos Sociales, hay una tendencia a limitar los derechos sociales y económicos al hilo de las reformas del mercado de trabajo. Sólo me refiero a algunos aspectos, señor Presidente, por razones de tiempo.
El ACNUR expresa también su preocupación por la creciente tendencia a vincular solicitantes de asilo con posibles delincuentes o terroristas, sobre todo después del 11 de septiembre. Yo creo que sería imprescindible, y lo recuerda también la ponente, una política común de asilo e inmigración que respete los derechos humanos. Deberían evaluarse las repercusiones de las medidas antiterroristas en el Estado de Derecho y los derechos humanos, sobre todo en los derechos de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes.
En España asistimos cada día, señor Presidente, a una tragedia sin límites de los que acuden a buscar una vida mejor.
Por último, señor Presidente, la Comisión de Peticiones, a través del informe de su ponente, recuerda que la agrupación familiar, el derecho al asilo, la libre circulación, son problemas cotidianos en la Unión Europea. No entiendo muy bien las propuestas de algunos miembros de esta Cámara de que se menosprecie el carácter fundamental de este informe.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, mi Grupo acoge con satisfacción este informe y no apoyará la resolución alternativa. Creemos que se trata de un trabajo exhaustivo y de gran alcance, que subraya muchos aspectos positivos sobre el estado de los derechos humanos en la Unión Europea, si bien algunas partes resultan sumamente inquietantes.
Como han dicho otros oradores, es esencial que seamos muy críticos con nosotros mismos, al menos tanto como lo hemos sido con los países candidatos y con terceros países. Somos críticos respecto del historial de otros Gobiernos en materia de derechos humanos, pero no estamos dispuestos a criticar a la propia Unión Europea.
Quisiera poner algunos ejemplos, como el trato dado a los romaníes. Mi país no tiene reparos en devolver a los romaníes a sus países de origen. Esto amenaza con dividir a las familias. Se prepara un avión chárter especial para deportarlos en masa y después no se hace un seguimiento para saber lo que les ocurre cuando regresan a sus países de origen. Y, sin embargo, hemos criticado duramente a los países candidatos por el trato que dan a los romaníes.
Ya se ha mencionado el tema del asilo. La exposición de motivos contiene muchas críticas a mi Estado miembro y a otros. Por ejemplo, el Gobierno de Gran Bretaña ha aprobado recientemente una ley de derechos humanos. Esta ley será la piedra de toque de cualquier propuesta legislativa. Sin embargo, prácticamente cualquier propuesta que prospera se considera totalmente compatible con la ley, aunque a todas luces no lo sea. Espero que en la conclusión 9, cuando nos referimos a la decisión de la Comisión de contrastar sus propias propuestas legislativas con los criterios de la Carta de los Derechos Fundamentales, la Comisión se muestre más rigurosa que algunos Estados miembros.
Los comentarios acerca de la responsabilidad de los servicios policiales resultan muy incómodos, en particular cuando se trata de los criterios comunes para toda la Unión Europea, por ejemplo respecto de la aplicación de la orden de detención europea. Por lo menos, este informe constituirá un reconocimiento de algunas de las batallas que en mi propio país están librando organizaciones como INQUEST, en la que todavía hay familias que intentan averiguar, después de muchos años, lo que le ocurrió exactamente a algún miembro de su familia que murió bajo custodia policial; sin embargo, nada se hace público y no existe la debida compensación.
Acogemos con satisfacción muchas de las recomendaciones de este informe, en particular la conclusión 5, en la que se estudia la posibilidad de incorporar este informe a un sistema de alerta previsto en los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, recogiendo peticiones que también hemos recibido en la Comisión de Peticiones.

Blokland (EDD).
? (NL) Señor Presidente, como dijo la Sra. Swiebel en un periódico neerlandés, si Europa impone unos criterios más estrictos a otros que a sí misma, perderá credibilidad. En efecto, deberíamos mirarnos a nosotros mismos antes de señalar a los demás con el dedo. Sin embargo, en vista de la situación en la que se encuentra el mundo en la actualidad, esta afirmación está muy lejos de la realidad. No quiero restar importancia a las violaciones de los derechos humanos en los Estados miembros de la UE. Debemos permanecer vigilantes para que la situación relativamente positiva de los derechos humanos en la UE no se deteriore.
No obstante, cualquier lego en la materia puede ver que las violaciones de los derechos humanos que se producen aquí y también los propios derechos humanos que hayan sido vulnerados son de un orden distinto de los que se producen en otras partes del mundo. En Pakistán se condena a muerte a personas por pertenecer a una religión. La Sra. Swiebel menciona a un partido político en los Países Bajos que no admite a las mujeres como miembros, apuntando que esto constituye un caso grave de violación de los derechos humanos, así como el hecho de que en algunos países la justicia es demasiado lenta. Este tipo de hechos no puede compararse con los demás. En la actualidad, la realidad es que Europa está aplicando unos criterios más estrictos a sí misma que a otros países. El mero hecho de sugerir que sea al contrario nos resta credibilidad a los ojos del mundo exterior.
El informe Swiebel aboga por un marco claro, preferiblemente una constitución, ya que de otro modo no podríamos llegar a una valoración independiente y exenta de ambigüedades. De hecho, este informe revela un claro tinte político y la etiqueta de «valores y criterios» que lleva consigo. Que estos criterios y valores evidentemente no son universales queda demostrado por el número de oponentes en la comisión correspondiente y por la propuesta alternativa formulada por la UEN.
Una constitución propia sería poco deseable e innecesaria. La UE está compuesta por Estados nación sólidos con sus constituciones perfectamente válidas. Estas están contenidas en un orden democrático vigente con un proceso de revisión judicial y una población civil participativa.
Si la Unión Europea obtuviera una constitución propia, esta podría en última instancia sustituir a las constituciones nacionales de los Estados miembros. Es más, en Europa contamos con el excelente Convenio Europeo de Derecho Humanos y el Tribunal asociado al mismo. Así pues, ¿por qué debemos revisarnos a nosotros mismos cuando surge la necesidad?
Europa es una comunidad de valores, no sólo una comunidad económica, como acertadamente apunta la Sra. Swiebel. Las constituciones de nuestros Estados miembros y el Convenio Europeo de Derechos Humanos lo demuestran. El marco de revisión y el proceso de revisión ya existen. No necesitamos un informe con tintes políticos por parte del Parlamento Europeo o una constitución europea para eso.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, Señorías, en lugar de examinar en detalle ciertas declaraciones altamente discutibles del informe Swiebel, y que además son muchas, me gustaría ilustrar con ejemplos la distancia que existe entre nuestras intenciones aquí expresadas y lo que sucede en la práctica. En teoría nos encontramos en una zona europea, una zona jurídica que es supuestamente un área de libertad: libertad de pensamiento y libertad de expresión. Bien, pues parece que no todo el mundo goza de esta libertad. Como prueba de ello, sólo necesito mencionar un ejemplo de mi propia ciudad, Lyon. Un joven historiador, sobre el cual ya he llamado la atención anteriormente, el Sr. Jean Plantin, se encuentra actualmente en peligro de que se le retire la suspensión de su sentencia y de convertirse en el primer preso de conciencia de Francia.
¿Cuál es el crimen cometido por el Sr. Plantin? Editó un periódico. Un periódico perfectamente normal. Un periódico que no hace daño a nadie. Un periódico serio y científico. Es cierto que este periódico discute la historia libremente y, en particular, lo que parece ser un tema tabú: la historia de la Segunda Guerra Mundial.
Los intereses de determinados grupos de opinión, de presión, de determinadas fuerzas políticas y de determinados Estados extranjeros son tan grandes que no resulta difícil entender su deseo de asegurarse de que exista una única versión oficial y unilateral de este capítulo de la historia. Permítanme decir, sin embargo, que los magistrados del Tribunal de Apelación de Lyon, al condenar a Jean Plantin, han emitido un juicio que, como poco, no hace honor a nuestras libertades fundamentales y que pasará a los anales de la historia como un ejemplo de persecución del pensamiento denunciada por una de nuestras más excelsas periodistas.
No puedo aceptar que los historiadores de hoy puedan ser encarcelados, como en otros países europeos, por sus ideas, sus creencias y sus análisis. Esta situación es absolutamente intolerable, como lo es la retirada de los títulos universitarios obtenidos por Jean Plantin hace más de diez años. Es necesario poner fin a esta situación inaceptable.

Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, la protección de los derechos fundamentales constituye sin duda alguna uno de los elementos motores de la actual evolución de la Unión Europea. Por ello, la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales, en diciembre del año 2000, fue un acontecimiento sin precedentes en el marco del reconocimiento de una Unión cada vez más próxima y cada vez más sensible a las necesidades de sus ciudadanos.
El Parlamento Europeo, institución especialmente sensible en cuanto a la protección de los ciudadanos se refiere, no dudó en hacer de ella el instrumento rector de su informe anual sobre el respeto de los derechos fundamentales de la Unión, cuya finalidad es la evaluación del grado de cumplimiento de los derechos recogidos en la Carta en un año de referencia.
En este contexto, entiendo que esta resolución anual constituye una oportunidad magnífica para que el Parlamento Europeo demuestre su interés por la salvaguardia de los derechos fundamentales, así como por controlar la aplicación de los mismos, sobre todo contando con la inestimable ayuda de la red de expertos a la que el Sr. Comisario se ha referido y cuyos trabajos tuve el honor de inaugurar en su compañía.
Además, para no quedar debilitado en esta tarea, considero fundamental que el Parlamento Europeo trate de recabar el mayor grado de consenso posible, buscando aunar la posición de los grupos políticos y así erigirse en verdadera institución de control del cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión.
Sin embargo, lamentablemente, tengo que reconocer que ésa no ha sido la situación, sino todo lo contrario. Optar por incluir versiones partidistas en asuntos como la familia o el trato que los extranjeros han de recibir en territorio europeo no hacen sino ensombrecer las otras importantísimas materias a las que se refiere el texto, como la lucha contra el terrorismo o contra la tortura.
En efecto, el informe que ha llegado a nuestros manos para su votación en el Pleno, va más allá de su propio objetivo y desvía la atención de lo importante - evaluar si los derechos han sido respetados o no - hacia lo partidista, que consiste en adoptar posicionamientos sobre ciertos temas todavía en curso de discusión en el marco de otros informes y que incluso reflejan posiciones diferentes a la que el Gobierno del color de la ponente mantiene en el Consejo.
Por ello, lamentablemente, tengo que participar que mi Grupo se verá obligado a votar en contra del informe, por la imposibilidad de respaldar un texto que no se ajusta a su finalidad ni a la continuidad marcada por sus antecesores.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera pedir perdón a la ponente por no haber estado presente al comienzo. Acabo de llegar al Parlamento debido a una serie de retrasos.
Acojo con satisfacción el hecho de que podamos debatir el tema de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Es muy importante que estemos dispuestos a analizarnos abiertamente, en particular cuando estamos presionando a los países candidatos - e incluso a algunos que aún no son candidatos - para que aborden ciertos asuntos.
Por otra parte, lamento algunas de las afirmaciones hechas en el informe, que critican al Reino Unido y a otros países respecto de asuntos para los que no existen respuestas fáciles. Me refiero en particular al asilo y la inmigración en el Reino Unido, que no es un país perfecto en este ámbito, pero que se enfrenta a un verdadero desafío. Nos enfrentamos a una situación compleja. El Reino Unido, junto con muchos otros países europeos, recibe muchas solicitudes de asilo, y hay un gran número de personas que intentan emigrar de un país a otro.
Tenemos que trabajar para establecer una política de asilo común europea. Cuando lo hayamos conseguido, podremos asegurarnos de que no sólo los quince Estados miembros, sino un total de veinticinco países tengan políticas que funcionan y que son justas para los propios países y para los solicitantes de asilo.
El informe contiene referencias (de segunda mano) al equipamiento de las prisiones en el Reino Unido y en otros Estados miembros. Sin embargo, resulta muy difícil gastar enormes sumas de dinero en prisiones cuando existen necesidades en otros ámbitos. En efecto, un país civilizado se toma en serio su servicio penitenciario, y todas las acusaciones recibidas en el Reino Unido, e imagino que en otros países, contra el abuso de autoridad o la crueldad en las prisiones se investigan como es debido. Lo mismo ocurre con el servicio policial, y la policía británica se toma en serio cualquier acusación que se hace sobre el abuso de autoridad o racismo por parte de los agentes.
Es justo que tengamos este debate, es justo que se nos informe de estos asuntos, pero no creo que sea justo señalar al Reino Unido más que a otros países.

Ludford (ELDR).
Señor Presidente, la Sra. Swiebel ha hecho un buen trabajo en su estudio sobre la violación de los derechos humanos en los Estados miembros, y me entristece que los Demócrata-Cristianos y los Conservadores se opongan a su informe. El propio Sr. Cornillet fue anteriormente un ponente destacado.
Los derechos humanos constituyen un asunto eminentemente político, pero es una pena que sea objeto de divisiones partidistas. Espero que podamos volver a trabajar juntos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, porque los próximos años serán testigos de importantes desafíos y dilemas respecto de los derechos fundamentales, y tenemos que ser aún más rigurosos en nuestro trabajo.
En resumen, sólo quiero mencionar y explicar la razón por la que el Grupo de los Liberales está intentando eliminar el contenido de los apartados 83 y 84, en los que se insta a los Estados miembros y a la UE a que permitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por supuesto, en principio no nos oponemos a esto, pero se trata de un asunto que tiene que decidirse en el ámbito nacional, como en el caso de los Países Bajos. Introducir el tema del matrimonio nos aparta de la verdadera prioridad, a cuyo logro los liberales se han comprometido: el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y de las parejas de hecho. Realmente, se trata de una cuestión de derechos fundamentales.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, votaremos a favor de las escasas recomendaciones que defienden los derechos fundamentales, que denuncian el racismo y la xenofobia, o que se oponen a la pena de muerte, aunque probablemente sigan siendo sólo meras recomendaciones. ¿Cómo podemos hablar de derechos fundamentales cuando el derecho al trabajo y el derecho a un salario decente no están garantizados porque la decisión depende de una minoría adinerada que tiene el poder mayestático de cerrar sus empresas y dejar a sus empleados hundidos en la pobreza?
¿Qué sentido tienen las declaraciones de solidaridad cuando, en Francia, por ejemplo, con el pretexto de la seguridad, endurecemos las leyes contra los pobres en lugar de luchar contra la pobreza? Este informe en sí mismo ilustra lo que valen estos llamamientos a la igualdad y a la dignidad, puesto que su deseo es intensificar la lucha contra la inmigración ilegal, considerándola como la responsable de que los trabajadores se vean privados de sus derechos y se encuentren sometidos a condiciones inaceptables de empleo y explotación. ¿Por qué no propone este informe luchar contra aquellos que imponen unas condiciones de explotación inaceptables ? ¿Por qué no propone luchar contra los gobiernos que privan a los inmigrantes de sus derechos fundamentales?
Ustedes hablan de derechos y libertades. Sin embargo, para los más empobrecidos, e incluso para la clase trabajadora, que es mayoritaria en nuestra sociedad, estas son palabras huecas. En esta sociedad, basada en el comercio, el dinero confiere todos los derechos, incluido el derecho a pisotear los derechos y libertades de otros.

Turco (NI).
Señor Presidente, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias a la Sra. Swiebel por su excelente trabajo o, al menos, lo que nosotros consideramos un excelente trabajo. Estamos de acuerdo con el contenido del informe y, sobre todo, compartimos el valiente enfoque que la ponente ha adoptado al nombrar, dando detalles específicos y prácticos, a los Estados que han violado los derechos humanos o que no han firmado o ratificado los convenios internacionales sobre la protección y la defensa de los derechos humanos.
Entre los numerosos temas que trata el informe, como muestra este debate, hay dos que son especialmente importantes y delicados. En primer lugar, la preocupación de que una lucha ciega contra el terrorismo pueda conducir, si no ha sucedido ya, a bajar la guardia en la promoción, protección y defensa de los sacrosantos derechos civiles y humanos. A este respecto, hay ya personas en Estados Unidos que quisieran que se instaurara la tortura legal. Este es un debate que nos preocupa enormemente y que debemos combatir con firmeza, empleando las armas que nos otorgan las leyes y la legislación para oponernos a las armas de la violencia, en la medida en que esta pueda considerarse legal.
La otra cuestión que la ponente ha resaltado con gran valentía es el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. En nuestra opinión, también debemos recoger en nuestra legislación el derecho de los individuos a la libertad en un sentido amplio, que es la libertad verdadera. 
Como han señalado otros diputados, será necesario prestar más atención al trabajo de la Comisión y del Consejo en el campo de los derechos humanos. Nosotros, los eurodiputados radicales, condenamos el hecho de que demasiado a menudo el fracaso de las instituciones europeas a la hora de emprender acciones en el ámbito del respeto a los derechos humanos, tanto en terceros países como en los países de la Unión, tenga consecuencias graves y catastróficas para los ciudadanos y las propias instituciones. Los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, así como lo que se denomina la cláusula democrática, carecen de todo significado, gracias, en primera instancia, al Consejo y a la Comisión. Para expresarlo de un modo más simple, el principio de los derechos humanos y la defensa de los mismos son completamente teóricos. De nuevo, en lo que se refiere a los artículos 6 y 7 del Tratado, el Parlamento Europeo ha utilizado, por primera vez, el procedimiento previsto en el artículo 108 del propio Reglamento para pedir una acción comunitaria contra Italia por la grave y continua violación de los derechos humanos y del Estado de derecho en relación con la ausencia persistente e ilegal del plenum que exige la Constitución, por parte del Parlamento italiano y del Tribunal Constitucional. Las vulneraciones en Italia continúan siendo muy frecuentes. Hace unos días, el Parlamento italiano estableció el llamado «42 bis», el régimen de detención especial, cuya aplicación, según nuestras pruebas documentadas, equivale a una verdadera tortura dentro de una democracia. El propio Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, ha declarado que esta ley es antiliberal, pero necesaria. Hablaremos de ello en otra ocasión. Mientras tanto, los diputados radicales votaremos con convicción a favor del informe de la Sra. Swiebel.

Santini (PPE-DE).
Señor Comisario, usted se ha referido a este informe calificándolo de vasto y ambicioso. Tomaré estos dos adjetivos como base para lanzar una serie de puntos de reflexión. Es sin duda vasto, quizás demasiado en relación con los temas tratados. ¿Es ambicioso? No es ambicioso en sus conclusiones, que se limitan a unos cuantos objetivos políticos, que son los mismos de siempre. De hecho, la ponente pone ingredientes demasiado diferentes y escasamente relacionados en la misma coctelera con la esperanza de que el resultado sea un cóctel digestible y equilibrado con un enfoque que pueda someterse a aprobación por parte de todos los Estados miembros, un enfoque que incluye principios comunes y compartidos en los que la legislación y las posiciones se basan en el empeño de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Junto a una serie de principios que apoyamos, por ejemplo en el campo de la lucha contra la discriminación y la xenofobia, la ponente incluye de hecho una iniciativa que es demasiado partidaria en el capítulo de la libertad, llegando hasta el punto de incluir en el surtido a la policía, los sistemas jurídicos y los medios de comunicación de algunos - sólo algunos, tomen nota - Estados miembros por hechos relacionados con disturbios callejeros provocados por los Black Blocks y sus seguidores vestidos con trajes blancos.
La ponente se ha visto influenciada por magros consejos del tipo que podemos imaginar fácilmente - por parte de intereses partidistas y de partido - y ha desaprovechado y eliminado la oportunidad de presentar un debate serio sobre los derechos humanos, perdiéndose en polémicas vacuas y acusaciones gratuitas propias de debates de bajo perfil. Los jueces y los oficiales de policía de algunos de los Estados miembros son calificados de torturadores, acusados de golpear a personas inocentes. Se trata de un argumento inaceptable que está fuera de lugar en un informe tan importante como éste. Del mismo modo, el modelo de familia que propone la ponente es completamente inaceptable. Dicho modelo se encuentra en concordancia con sus creencias personales, pero contrasta con la actitud de la amplia mayoría de los ciudadanos europeos, que no ven las uniones homosexuales y el derecho de adopción como la fórmula ideal sobre la que debe construirse la sociedad europea del mañana.

Iivari (PSE).
Señor Presidente, para la elaboración de su informe, mi colega, la Sra. Joke Swiebel, ha escogido un método de trabajo muy exigente. Dirige sus críticas en materia de derechos humanos directamente a los países, señalándolos por su nombre. Este método describe un contexto específico para cualquier evaluación de la situación de los derechos humanos en Europa, pero cualquiera que emplee tal método tiene la enorme responsabilidad de garantizar que el escenario presentado es exacto. Desgraciadamente, no es el caso de este informe.
El punto 27 da al lector la idea de que no hay una alternativa viable al servicio militar en Finlandia. En el informe se pide a Finlandia y a Grecia que reconozcan el derecho de objeción de conciencia al servicio militar sin restricción y sin referencia a ningún tipo de razones religiosas. Sin embargo, este derecho existe en Finlandia desde 1931. Según las leyes actuales, cualquier persona que esté obligada a prestar el servicio militar puede elegir en la práctica una forma no militar de prestar servicio. Cada año, unas 2 500 personas ejercen este derecho, lo cual constituye un 7% de todas las personas convocadas. Alrededor del 80% prestan su servicio militar y un poco más del 10% está exento.
La preocupación expresada en el informe se refiere supuestamente al hecho de que en Finlandia el tiempo que se dedica a la prestación del servicio alternativo no militar es el doble del periodo mínimo de servicio. También se expresa preocupación por el hecho de que exista un total de 20 personas en prisión por negarse y no estar dispuestas a cumplir sus deberes cívicos en ningún modo. La razón por la cual en Finlandia el tiempo de realización del servicio no militar es mayor tiene que ver con que las personas que realizan este servicio están obligadas a trabajar únicamente 8 horas al día (durante una semana normal de trabajo), mientras que aquellos que realizan el servicio militar están de servicio las 24 horas del día. Creo que en el futuro corresponderá al Parlamento finlandés conseguir un buen equilibrio.
El hecho de que la mayoría de los varones jóvenes en Finlandia realice el servicio militar no se explica por la falta de alternativas al mismo. En Finlandia aún recordamos demasiado bien lo importante que es para la independencia del país contar con un ejército de conscripción. Durante la Segunda Guerra Mundial, además de Londres y Moscú, Helsinki fue la única capital de un país en guerra que no fue ocupada.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, erigiéndose en campeona de los derechos humanos, la Unión Europea diseña estos derechos en función de sus necesidades. No tiene empacho, por ejemplo, en defender los derechos de los homosexuales, pero no tiene nada que decir sobre el derecho al empleo, a la asistencia sanitaria, a la cultura o al deporte. Al mismo tiempo, anima de forma sistemática a la devaluación o la abolición de los derechos democráticos actuales, utilizando el terrorismo y la inmigración ilegal como pretexto.
La versión de los derechos humanos de la Unión Europea queda establecida en la llamada Carta de los Derechos Fundamentales, que el Partido Comunista de Grecia ha denunciado por insuficiente y engañosa. El informe mide los derechos humanos en relación con esta carta, razón por la cual no se hace la mínima referencia a la esclavitud introducida por las nuevas formas de trabajo ni al recorte y la comercialización de las prestaciones sociales. No tiene nada que objetar a la plétora de nuevas leyes antiterroristas y hace caso omiso de los expedientes personales electrónicos mantenidos por el sistema Schengen y al hecho de que las ideas que molestan al sistema son pasadas por alto, distorsionadas o incluso excluidas y perseguidas. El aspecto positivo de este informe, sin embargo, es que identifica una serie completa de incumplimientos, como la tortura de prisioneros, la trata de seres humanos y la supresión de derechos en Génova. Otro elemento positivo es que hace un llamamiento para que haya una separación de iglesia y Estado, critica el trabajo infantil, señala el impacto adverso de las medidas para luchar contra el terrorismo, así como el asilo y las leyes de inmigración, y trata el tema de la emancipación social de las mujeres.
Sin embargo, ni la situación sobre el terreno ni el informe son nada beneficiosos para la Unión Europea, y sólo se producirán mejoras si los movimientos populares avanzan en su lucha.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la importancia del debate de hoy reside en el artículo 6º del propio Tratado de la Unión Europea, que declara que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, principios que son comunes a los Estados miembros. Dicho de otro modo, la integración europea se ha logrado gracias el pleno respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos y fundamentales, en los que el bienestar y la dignidad de sus ciudadanos deben aparecer como la inspiración y el objetivo de todas y cada una de las acciones emprendidas por los Estados miembros y por las instituciones comunitarias.
De ahí la importancia del Informe Anual sobre Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que ha proporcionado una excelente oportunidad de mirar más de cerca la política de la UE en materia de derechos humanos, dentro de la Unión y más allá, así como el papel desempeñado por el Parlamento Europeo, del cual podemos estar orgullosos. Y de ahí también mi decepción por el informe que se ha presentado, por su falta de equilibrio y rigor.
El informe que nos presentó el año pasado el Sr. Cornillet era rico en ideas y análisis y constituyó un hito y un paso extremadamente positivo hacia la definición de una metodología para la supervisión y evaluación, que debería sustentar toda política en materia de derechos humanos, basada por supuesto en la Carta Europea que recoge estos derechos. Pese a incluir aspectos que merecen nuestro apoyo, tales como el terrorismo, la trata de seres humanos y los derechos humanos, así como el problema altamente técnico de lograr un necesario equilibrio entre la seguridad y los derechos humanos, el informe presentado este año se presta en cierta medida y en determinados puntos a la demagogia y en general se aparta de los rigurosos principios que debería mantener una resolución adoptada por el Parlamento Europeo.
Por esta razón, señor Presidente, Señorías, estoy más de acuerdo con el texto de la resolución alternativa presentada por el Sr. Ribeiro Castro, que contará con mi voto favorable.

Zrihen (PSE).
Señora Presidenta, personalmente me siento muy satisfecha de que el informe de la Sra. Swiebel resuma la situación de los derechos humanos en la Unión Europea e incluso dentro de los Estados miembros. Creo que se trata de una piedra angular del trabajo de este Parlamento porque nos permite dar un paso atrás, lo cual es poco usual aquí, y considerar una política clara y coherente con acciones específicas para lograr los objetivos que a menudo proclamamos. 
No voy a citar las distintas convenciones y tratados que debemos observar, ni creo que sea necesario afirmar nuestra voluntad de asentar la Carta de Derechos Fundamentales de forma incondicional en la conciencia europea con el fin de establecer los derechos y las libertades de estos ciudadanos europeos. Cada año, sin embargo, cuando elaboramos un informe sobre los derechos humanos, cuando lamentamos las violaciones que se han producido, cuando adoptamos resoluciones, hablamos sólo de terceros países. ¿Cómo podemos tener credibilidad e imponer estos derechos en nuestras relaciones con estos países, si ni siquiera nosotros los respetamos?
Algunos diputados se horrorizarán sólo de pensar que en este informe se cita a determinados países. Sin embargo, no debemos alejarnos del objetivo principal. Como demócratas, nosotros somos los representantes de nuestros ciudadanos, no protectores de las políticas de nuestros gobiernos nacionales. En este Parlamento, debemos confirmar que la defensa de los derechos y libertades fundamentales dentro de la Unión Europea se concreta en algo más que palabras, que afecta a todos los aspectos de la vida, y a todos los seres humanos, independientemente de dónde se encuentren, y de si viven o no en una zona donde reina la libertad. La defensa de los derechos humanos es un deber y un derecho que no deben verse obstaculizados por el principio de no interferencia en los asuntos internos de los Estados miembros. El objeto de este informe es, por lo tanto, evaluar la situación. Es nuestra tarea actuar si esta situación no nos satisface, de forma que estos derechos fundamentales sean un hecho normal de la vida cotidiana en nuestros Estados miembros.
Me gustaría concluir con dos puntos: En primer lugar, estoy muy satisfecha de que los derechos económicos y sociales se evalúen a escala europea y creo que esta Convención debería inspirarse en ello. A continuación, yo pido a nuestros Estados miembros que pongan todos los medios posibles para establecer estadísticas claras, organizadas por sexo, en cada área, y que las pongan a disposición de nuestros próximos ponentes.

Cederschiöld (PPE-DE).
Señor Presidente, en común con los Estados miembros de la UE, el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad de defender los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales. Al mismo tiempo, existe una tendencia peligrosa a colocar determinadas libertades democráticas, como la libertad de expresión y de pensamiento y el derecho de voto, en pie de igualdad con otras exigencias sociales de gran alcance. Así se debilita la base de la democracia. Todos los derechos son igualmente importantes, ningún derecho goza, al final, de mayor importancia.
Cualquier informe del Parlamento Europeo es de dudosa valía si consiste en un espectro de opiniones subjetivas. Las listas de objetivos políticos hacen que aparezcan nuevos temas en lugar de centrarse en los derechos realmente fundamentales.
Tratando estos temas desde una perspectiva diferente a la de este amplio espectro de opiniones, me sorprende que no exista el derecho a la gobernanza y a elecciones democráticas. Estos derechos deberían situarse más en el punto de mira que la mayoría de los derechos incluidos en el informe. Se ha visto claramente que los actuales Estados miembros también necesitan que se les recuerde cuáles son estos derechos. La UE debería imponer sanciones a los Estados miembros que no defiendan unas elecciones democráticas y en los que se demuestre que ha existido fraude electoral. La Convención debería reflexionar sobre estas cuestiones.
Sin embargo, existen aspectos muy positivos en el informe que merecen ser destacados. La protección de datos y la transparencia están incluidas. El derecho a ambas cosas debe ser desarrollado en el Tratado. La protección de datos y el derecho al acceso a los documentos se incluyen en la Carta de los Derechos Fundamentales. Ha llegado la hora de concretar más el derecho de los ciudadanos a la información, de acuerdo con el artículo 255 del Tratado.
En conclusión, el Parlamento Europeo tiene un importante papel que desempeñar en las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales. Espero que la Convención consolide este papel mediante la creación de un sistema democrático de toma de decisiones y del derecho de las personas a tener acceso a la justicia y, en determinados casos, obtener compensaciones por daños si sus derechos han sido vulnerados. Esta cuestión requiere un examen más profundo. La Sra. Swiebel lo ha dejado claro. Esto es positivo, pero sería preferible que la próxima vez hubiera un enfoque más centrado, examinando esta cuestión en mayor profundidad en lugar de simplemente ampliarla. Está claro que debemos desarrollar nuestros métodos de cara al futuro.

Hedkvist Petersen (PSE).
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias a mi colega, la Sra. Swiebel, por el excelente trabajo que ha realizado con este informe.
No cabe duda de que en la UE salimos bien parados en materia de respeto de los derechos humanos. Precisamente por ello estamos teniendo este debate, con vistas a mejorar continuamente la situación, manteniendo un alto nivel de protección y debatiendo abiertamente las deficiencias existentes. Se trata de un tema importante que atañe al aspecto más básico de un funcionamiento adecuado de la UE, es decir, la confianza mutua entre los Estados miembros.
Sin embargo, no somos perfectos. Hay derechos que se vulneran, y hay casos en los que no se respetan las libertades y derechos fundamentales, por lo que no podemos decir que esto sólo sucede «en otras partes del mundo». Mi propio país, Suecia, ha sido señalado, por ejemplo, en relación con una muerte sonada en la que las acciones de la policía, la fiscalía y el juez instructor han sido duramente criticados. Quiero dejar claro que el Gobierno sueco estuvo respondiendo a las críticas durante mucho tiempo y ordenó una investigación que concluyó el año pasado. Las perspectivas desde las cuales se llevó a cabo tal investigación incluyeron claramente la de los derechos de los ciudadanos.
Otro asunto de gran importancia es el de los derechos de los ciudadanos europeos en procesos legales como las detenciones. Hay Estados miembros en que se mantiene detenidas a personas sin juicio durante largos periodos de tiempo. Hemos de debatir esta cuestión. Nuestros jóvenes viajan por toda Europa. Ninguna persona en territorio de la UE debería temer que su libertad personal pueda verse vulnerada por la falta de eficacia en las comisarías y prisiones. Así pues, debemos subrayar de forma clara que todos los ciudadanos europeos cuentan con la garantía de determinados derechos en procesos legales que tienen lugar en toda Europa. Espero con impaciencia la labor de la Comisión en esta materia y también sus propuestas.
La trata de seres humanos, especialmente de mujeres y niños, es un hecho en esta nuestra UE. La UE es en muchos casos el lugar de destino de personas que, encontrándose en situaciones de desesperación y confusión, se ven alejadas de sus países de origen. Se trata de una forma moderna de comercio de esclavos, por lo que debemos preguntarnos a nosotros mismos si esta tendencia puede pararse.
Personalmente me preocupa el hecho de que muchos países de la UE acepten distintas formas de prostitución. Ello hace que la UE sea un mercado favorable para los traficantes de seres humanos en todo el mundo. Existe una conexión muy clara entre el tráfico de seres humanos y la prostitución. Son dos caras de la misma moneda. Me hubiera gustado que el informe fuera más claro con respecto a este tema.
Debemos ser muy exigentes con nosotros mismos aquí en la UE, precisamente ahora que estamos siendo exigentes con los países candidatos.

Banotti (PPE-DE).
El informe de la Sra. Swiebel contiene puntos muy interesantes y se ha invertido una enorme cantidad de trabajo en su preparación. Es inevitable que muchos de nosotros nos sintamos incómodos cuando descubrimos que nuestros países no han ratificado muchas de las convenciones en materia de derechos humanos. En un día en el que celebramos la decisión del Gobernador de Illinois respecto de la pena de muerte, me satisface ver que la Sra. Swiebel felicita al gobierno irlandés por haber abolido por fin la pena de muerte. Por supuesto, hace muchos años que no se aplica y sólo se mantenía en nuestra legislación para los casos de homicidio de policías. Acojo con particular satisfacción la parte del informe dedicada a los derechos del niño. Probablemente soy diputado de este Parlamento desde hace más tiempo que la mayoría de los aquí presentes. Hasta que las Naciones Unidas aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño, los derechos intrínsecos del niño no estaban reconocidos, no se debatían ni formaban parte de los derechos humanos fundamentales.
Sin embargo, el informe también hace referencia al protocolo adicional de las Naciones Unidas sobre el tráfico de niños, la prostitución y la pornografía infantil. No estudiamos ninguno de estos asuntos cuando comenzamos a debatir los derechos humanos y a celebrar el debate anual sobre derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión ha comenzado a estudiar el asunto de la explotación infantil en Internet desde hace relativamente poco tiempo. No disponíamos de mucha información o conocimientos en este ámbito. Tenemos que acoger con satisfacción la parte del informe que afirma que los derechos del niño son importantes y deben protegerse. Espero que esta parte se amplíe en el futuro y cuando descubramos que, desafortunadamente, el mundo es un lugar peligroso para muchos de nuestros niños. Quisiera agradecer a la Sra. Swiebel que haya incluido los derechos del niño como una parte importante del informe.

Oostlander (PPE-DE).
Señor Presidente, el informe de la Sra. Swiebel contiene un par de puntos interesantes. Suscribo lo que la Sra. Banotti acaba de decir acerca de los derechos de los niños. Examinar esta cuestión en detalle en un informe parlamentario constituye una excelente idea. Me gustaría, sin embargo, añadir algo al deseo de la Sra. Swiebel de que estos informes tengan un peso importante en la crítica y posiblemente el castigo de los Estados miembros que no cumplan su deber a la hora de hacer cumplir las normas de los Estados constitucionales y de la democracia. Desde el Tratado de Amsterdam, más adelante el Tratado de Niza y posiblemente en el marco de la Convención, tenemos de hecho más oportunidades de señalar sin tapujos a los Estados miembros si cometen errores, e incluso de expulsarlos de la Comunidad. Sería excelente que el Parlamento pudiera intervenir en esta cuestión.
La sugerencia de comparar la Carta Social Europea con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales es sin duda positiva. Creo que la Carta de Derechos Humanos debería tener prioridad, pero sería buena idea calibrar todo lo que hagamos a la luz de ambas Cartas. Este debe ser un requisito absolutamente esencial. En ese caso, el Parlamento Europeo ganaría la confianza del Consejo, por ejemplo, con vistas a la comunitarización. El Consejo, los ciudadanos, los Estados miembros y los parlamentos de los Estados miembros deben saber que estamos utilizando nuestros poderes de manera adecuada. En caso de contar con una oportunidad en el procedimiento - es decir, si pudiéramos intervenir en la crítica a los Estados miembros - yo estaría a favor de responder personalmente si cometemos un error.
Sin embargo, el informe resulta insuficiente en cuanto a la severidad del trato, y por lo tanto podría convertirse en un hito en la lucha por la comunitarización del tercer pilar. Después de todo, no existe una coherencia real en la aplicación de la Carta de Derechos Humanos. Podríamos considerar en cambio la ideología y las consideraciones de la Sra. Swiebel como una guía para evaluar a los Estados miembros. Un país puede seguir siendo perfectamente respetable a pesar de que haber sido criticado por la Sra. Swiebel. Sobre todo si leemos el apartado 133. Si decimos a los ciudadanos que se está desarrollando un clima de inmunidad en Austria, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Suecia y el Reino Unido, seguramente se reirán a mandíbula batiente. Se trata ciertamente de palabras demasiado ridículas. No obstante, tampoco podemos decir - para dar otro ejemplo de sensiblería - que las parejas no casadas deberían tener los mismos derechos que las casadas. Esto es estúpido, y no hará más popular entre las parejas no casadas a quien lo defienda. El hecho es que en realidad estas parejas no desean todos esos derechos. Personalmente, estoy muy a favor de promover los derechos de la comunidad gay, pero no diciendo que también tendrán derechos que no desean. El informe está plagado de todo tipo de ejemplos también imposibles desde un punto de vista jurídico.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, la gran división en la votación de este informe en la comisión competente significa que la Sra. Swiebel no ha buscado una solución unificadora. Ha presentado una lista selectiva de aspectos que no sólo son políticamente controvertidos (por ejemplo, sus consideraciones sobre la familia y la legislación relativa a la misma), sino que además se puede demostrar que no pertenecen a los ámbitos de competencia de la Unión Europea. La Sra. Swiebel debería haber mirado a lo largo y ancho de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Fundamentales, de la Carta del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE para encontrar una razón por la que estos temas deban incluirse en un informe sobre derechos fundamentales.
Por ejemplo, señora Swiebel, quisiera preguntarle lo siguiente: el hecho de que no se acepte la poligamia en la Unión Europea, ¿significa que los musulmanes residentes en Europa están discriminados? ¿Constituye esto un atentado contra los derechos humanos? La pregunta necesita sin duda una respuesta si tenemos en cuenta que se han añadido tantos nuevos temas a la cuestión de los derechos humanos.
También me gustaría preguntarle a la Sra. Swiebel por qué, cuando trata tantos aspectos nuevos, no menciona en ningún momento el hecho, por ejemplo, de que los Países Bajos hayan legalizado la prostitución. Esto supone que hay una necesidad de «importar» mujeres en un país en el que la prostitución se considera, de forma muy extraña, una actividad legal y aprobada. ¿Por qué no menciona la Sra. Swiebel la política de su propio país en cuanto a la eutanasia asistida, de la que abusan algunos médicos y que lleva a que las personas acaben con su vida sin dignidad? Se dan casos en los que se abusa de la llamada eutanasia asistida. ¿Por qué no se hace ninguna referencia al derecho de los padres a que sus hijos crezcan en una sociedad libre de drogas en la que, como padres, sepan que la ley está de su parte?
La Sra. Swiebel ha sido muy selectiva. Nosotros, los demócrata-cristianos, votaremos por supuesto en contra de este informe, ya que la Sra. Swiebel ha fallado en una tarea importante del Parlamento Europeo.

Marinos (PPE-DE).
Señor Presidente, suscribo los comentarios generales realizados por mis honorables amigos del Partido Popular Europeo, por lo que me limitaré exclusivamente a comentar dos críticas realizadas a Grecia que, por haber ido demasiado lejos, debilitan la credibilidad del informe y de los derechos fundamentales reales.
La primera tiene que ver con la prohibición de permitir el acceso a las mujeres peregrinas al Monte Athos de Grecia. Esta prohibición ha estado en vigor durante 1 200 años y está recogida en el Tratado de la Unión Europea y en la Constitución griega. Por tanto, no puede modificarse, ni tampoco es aconsejable hacerlo, ya que ello equivaldría a aceptar que el hogar no es inviolable. El Monte Athos es el hogar de 5 000 monjes que están en su derecho de recibir a quien quieran en su casa, del mismo modo que nosotros, como ciudadanos, estamos en nuestro derecho de recibir y ofrecer nuestra hospitalidad a quien deseemos, o dejar fuera a quienes nos plazca. No se trata de un recinto turístico y las mujeres que estén interesadas en cómo viven los monjes ortodoxos pueden visitar centenares de monasterios de Grecia o de otros países ortodoxos para satisfacer su curiosidad.
Mi segundo comentario está relacionado con los objetores de conciencia. Desgraciadamente, tanto las convicciones religiosas como la aversión a la violencia que pueda propugnar el ejército son utilizadas para evitar el servicio militar y el servicio civil a expensas del Estado, incluso a pesar de que muchas de estas personas no dudan en emplear la violencia siempre que sea favorable a sus fines ideológicos. Quisiera informarles, honorables amigos, de que algunos de los terroristas del 17 de noviembre que fueron arrestados recientemente en Grecia, cuyo juicio debe comenzar dentro de unos días, y quienes han asesinado hasta la fecha a cerca de 50 diplomáticos extranjeros, ministros, políticos, periodistas y jueces, han afirmado que son objetores de conciencia convencidos y que quedaron exentos del servicio militar, mientras que otro objetor de conciencia convencido que prestaba su servicio en una institución mental se ha divertido de lo lindo torturando a los internos. Es una pena que siempre vayamos demasiado lejos y acabemos ridiculizando derechos fundamentales.

Marinho (PSE).
Señor Presidente, la debilidad de este informe no reside en el hecho de que condene las vulneraciones de los derechos humanos allí donde se producen, sino más bien, en mi opinión, en la forma en que ha sido redactado y en la metodología empleada para formular estas críticas. Al haber optado por realizar, en la exposición de motivos, una descripción demasiado larga y detallada de las posibles vulneraciones de los derechos fundamentales por parte de algunos Estados miembros, este informe ha suscitado quejas y acusaciones en contra de estos Estados miembros que no pueden ser refutadas y que ni siquiera han sido sometidas a votación porque no están incluidas en el texto de la propuesta de resolución. Estas quejas son por lo tanto injustas, ya que no permiten ninguna respuesta, por mucho que no tengan validez en el pleno, puesto que no están incluidas en la propuesta de resolución.
Por otra parte, en cuanto a las fuentes utilizadas por este informe, y sin desear en modo alguno cuestionar la credibilidad de muchas ONG, debo señalar que un informe redactado por el Parlamento Europeo debería distanciarse de las conclusiones, o incluso rechazarlas, de todas estas organizaciones y evitar incluir, a veces de forma poco precisa, aspectos de esos estudios. Por ejemplo, en el caso de Portugal, se arguye que existe discriminación por razones de orientación sexual, sobre la base de las conclusiones y observaciones de una ONG, que no voy a nombrar por aparecer en el texto. Además, la ponente afirma que el Código Penal portugués contiene disposiciones discriminatorias en este campo, afirmación que rechazo basándome en una simple lectura de la ley. De hecho, el Código Penal portugués no hace distinciones en cuanto a la orientación sexual con respecto a la edad del consentimiento.
Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo debe asumir de forma responsable sus poderes para salvaguardar los derechos humanos y no debería limitarse en ningún caso a transcribir simplemente las opiniones de terceras personas. Esto seguirá siendo así hasta que contemos con una Carta de los Derechos Fundamentales que pueda aplicarse legalmente; sólo cuando esto ocurra, las cosas se harán de modo distinto. Todos queremos acabar con las vulneraciones de los derechos humanos, pero no existen vulneraciones políticas de derechos. Los incumplimientos son o bien jurídicos o bien prácticos, y éstos pueden existir o no. Ningún tipo de flexibilidad política, ni ningún criterio interpretativo nos permitirá desvelar posibles violaciones de los derechos humanos si la ley no las considera una vulneración Por otra parte, tampoco podemos permitir que se justifique una posible vulneración de derechos en función de criterios políticos. Por ello no votaré a favor de este informe. Este texto carece del equilibrio fundamental necesario para expresar una opinión sobre una materia tan delicada como esta, por lo que no contará con mi apoyo.

Terrón y Cusí (PSE).
Señor Presidente, simplemente me gustaría pedirle que tomara nota de que en el punto 19, en el penúltimo guión, hay una corrección que hacer en la versión española. En este punto se dice que «recomienda a los Estados miembros que en su legislación específica para la lucha contra el terrorismo introduzcan una disposición de vigencia limitada».
He comprobado el texto de la Sra. Swiebel y, desde luego, «específica» debe cambiarse por «excepcional». La legislación específica puede ser la legislación común que en ningún caso debe estar sujeta a sunset clauses ni nada parecido. Debe decir no «específica» sino «excepcional».

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0449/2002) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea» (COM(2002) 233 - C5-0505/2002 - 2002/2212(INI)).

Pirker (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el asunto del que estamos tratando se refiere a la gestión integrada de nuestras fronteras exteriores, que es donde comienza, y creo que todos estamos de acuerdo, la seguridad para la Unión Europea. Estas fronteras son asimismo el punto de partida de la defensa frente a amenazas como el crimen organizado, el terrorismo, el contrabando y la inmigración ilegal.
Sabemos, sin embargo, que nuestras fronteras exteriores siguen siendo nuestro punto más débil en el conjunto de nuestro sistema de seguridad interna, por razones de sobra conocidas. Razones que tienen que ver con las distintas formas en que se interpreta Schengen, con diferencias de criterios técnicos, con la existencia de distintas administraciones a cargo del control fronterizo, con diferencias de capacitación y, en términos generales, con la falta de una acción comunitaria o incluso conjunta en las materias relativas al control de fronteras.
Sin embargo, si queremos mejorar la seguridad y por lo tanto convertir a la UE en una zona más segura, es necesario que contemos con criterios igualmente exigentes en todas nuestras fronteras exteriores, tanto en su configuración actual como en el futuro. Todos somos conscientes de que la UE pronto se ampliará y que esto requiere acciones concretas. La seguridad que pretendemos es un aspecto del que dependerá nuestra seguridad interior en su conjunto, así como nuestra capacidad de convertir en realidad el principio fundamental de libertad de circulación.
Acojo favorablemente las iniciativas tomadas en el Consejo Europeo de Laeken de diciembre de 2001, cuando se pidió a la Comisión y al Consejo que dieran los pasos necesarios en este sentido. Ciertamente, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión, y quisiera dar mi más sincera enhorabuena al Comisario por su excelente trabajo preparatorio, del mismo modo que acojo favorablemente el plan de acción del Consejo. En estas cuestiones existe un amplio acuerdo. También les puedo decir, cosa que me alegra, que estas propuestas obtuvieron un consenso general en la comisión.
Así pues, quisiera expresar mi gratitud por la estrecha cooperación, en la que hemos podido ver a todos los partidos unidos en lógica preocupación por la seguridad. Creo que, avanzando en esta dirección, hemos dado un ejemplo muy positivo, y me llenaría de gozo obtener mañana el mismo apoyo generalizado y el mismo consenso.
¿Cuáles son, por lo tanto, los puntos fundamentales de mi informe, en los cuales se ha alcanzado un acuerdo tan amplio? Voy a señalar cinco de ellos. El primero es la necesidad de analizar y redefinir las tareas que nos ocupan y establecer un conjunto de normativas legales comunes. Para lograrlo, también debemos analizar la práctica operativa necesaria para la transposición del acervo de Schengen, que sabemos que varía en gran medida.
Debería revisarse el Manual Común sobre el control de fronteras, de forma que se incluyan los criterios comunes y se tengan en cuenta las mejores prácticas.
Me parece particularmente importante no sólo que tengamos un Manual Común, sino que además establezcamos un órgano de observación para verificar, en intervalos regulares, que las disposiciones se están aplicando y que se cumplen, ya que esto es precisamente lo que se pretende con los criterios comunes y con un alto grado de calidad.
A partir de ahí, la segunda prioridad sería la formación y los cursos de reciclaje. Por fin debemos dar un efecto tangible al artículo 7 de la Convención que aplica el Acuerdo de Schengen. Ya hemos comenzado la elaboración de un curriculum común central para los guardias de fronteras. Sin embargo, lo que necesitamos para crear un efecto multiplicador y garantizar así los más altos niveles a largo plazo, es el establecimiento de una Academia de Personal Europeo para la formación de funcionarios superiores, que estaría apoyada por el programa ARGO, y de este modo se garantizaría a largo plazo la calidad de la formación, así como los criterios operativos comunes.
La tercera prioridad es que el equipo utilizado debería ser intercambiable. En este ámbito se da una falta de compatibilidad entre los Estados miembros, de forma que la cooperación transfronteriza resulta imposible en la práctica por la incompatibilidad de las normas técnicas. Si pasamos a utilizar satélites o sistemas de radar compartidos, o incluso si iniciamos una cooperación transfronteriza, entonces es absolutamente necesario contar con equipos compatibles. Además, tendría sentido de cara al futuro, por razones económicas, entre otras, disponer de estas normas en la adquisición conjunta de estos sistemas técnicos, que pueden ser muy caros.
En cuarto lugar, deberíamos llevar a cabo un análisis de riesgo continuo. Dado que Europol dispone de sistemas para analizar el crimen organizado, deberíamos conseguir que realizara un análisis de riesgos, cuyos resultados - además de informar sobre determinadas situaciones y resaltar cualquier asistencia necesaria - serían comunicados a los Estados miembros, poniéndolos a su disposición, para hacer realidad los criterios comunes en este ámbito. Sería deseable - y, en términos de una mayor eficacia, un objetivo general - realizar un intercambio de datos ente los sistemas de Schengen, Europol y Eurodac, por supuesto cumpliendo todas las disposiciones de protección de datos necesarias. No cabe duda alguna de que esto comportaría cierta sinergia.
La quinta prioridad sería establecer un Cuerpo Europeo de Guardias de Frontera, compuesto de unidades de especialistas y con financiación comunitaria, el cual, en caso de emergencia y previa solicitud de los Estados miembros, apoyaría a las autoridades nacionales en puntos fronterizos vulnerables durante periodos limitados. Esto nos permitiría no sólo lograr un óptimo nivel de seguridad común en áreas especialmente vulnerables de nuestras fronteras exteriores, sino también compartir la responsabilidad de lidiar con una situación específica en las fronteras exteriores, que el país en cuestión no tiene por qué soportar en solitario. Haciendo esto, estaríamos proporcionando asistencia y compartiendo la responsabilidad, aunque es necesario decir que, en principio, la competencia general en materia de control de las fronteras exteriores debería seguir en manos de los Estados nacionales.
Lo que yo espero es que este acuerdo nos estimule para poder convertir por fin en realidad lo que le debemos a los ciudadanos: un mayor grado de seguridad, incluso cuando haya tenido lugar la ampliación. Ahora debemos ponernos a trabajar. El Parlamento dará su apoyo incondicional a todos los esfuerzos de la Comisión y del Consejo si siguen avanzando por esta vía.
Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría dar las gracias al Sr. Pirker por elaborar un informe centrado no sólo en la comunicación de la Comisión sobre la gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE, sino también en el plan de acción adoptado por el Consejo. Deberíamos decir también que los dos documentos, la propuesta de la Comisión y el plan de acción del Consejo, comparten muchos puntos en común. De hecho, creo que los cuatro objetivos fundamentales que se plantearon en Laeken forman parte de este plan de acción: aumentar la confianza mutua de los Estados miembros en el control de nuestras fronteras exteriores, que es una frontera común, lo que significa que debemos ejercer un fuerte control en la frontera de un Estado, si no queremos que esto repercuta inevitablemente en la seguridad de todos los Estados miembros de la Unión Europea; hacer efectiva la lucha contra la inmigración ilegal; conceder prioridad especial al control de las fronteras exteriores para impedir la entrada de grupos terroristas y, por último, mantener un alto nivel de seguridad interior en la Unión Europea sin la cual no podemos preservar la libertad de movimientos ni la abolición de controles en nuestras fronteras exteriores.
Tal como ha destacado el Sr. Pirker, los objetivos de este plan de acción están claros y creo que, en lugar de hablar de objetivos, debemos definir las metas y determinar cuáles son las necesidades reales. En primer lugar, en el ámbito legislativo. El acervo de Schengen, como muy bien ha señalado el Sr. Pirker, se aplica de forma muy diferente en cada Estado. Tenemos que uniformizar el modo en que se aplica el acervo de Schengen y estamos procediendo de dos maneras: en primer lugar, por medio de la revisión del Manual Común de Schengen, y para llevarla a cabo la Comisión presentará una propuesta en los primeros seis meses de este año. En segundo lugar, sin embargo, también por medio del establecimiento de un código de buena conducta que defina normas comunes.
El segundo objetivo es la formación de la guardia de fronteras. Creo que en este preciso momento se está celebrando un encuentro en Viena, en el que participa la Comisión, con el fin de definir una propuesta que establezca un currículum común para la formación de la guardia de fronteras. Este proyecto lo están llevando a cabo Austria y Suecia.
El tercer objetivo consiste en usar modernas tecnologías de la información para mejorar el control de nuestras fronteras exteriores. A este respecto, la Comisión planea presentar en el Consejo Europeo de Salónica del próximo mes de julio un estudio de viabilidad con motivo del lanzamiento del sistema de visado en línea a escala europea. Del mismo modo, presentaremos las primeras propuestas acerca del control de las fronteras exteriores marítimas de la Unión Europea.
El cuarto objetivo consiste en definir una evaluación común de los riesgos en el control de nuestras fronteras exteriores. En este aspecto ya disponemos de una evaluación, definida a partir de una propuesta presentada por el Gobierno de Finlandia; además, se ha celebrado una primera reunión durante la Presidencia danesa sobre la denominada «SCIFA+», instancia que coordina los servicios de control de fronteras de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Gracias al funcionamiento de esta nueva instancia de ámbito europeo ha sido posible desarrollar, ya en el año 2002, dos operaciones prácticas. La primera fue la operación «Ulises», coordinada por España, en la que participaron de forma conjunta equipos de varios Estados miembros para controlar la zona del Mediterráneo; la segunda fue la operación conjunta de un equipo dirigido por Alemania para controlar las fronteras terrestres. Las dos operaciones fueron financiadas por el Programa de acción ARGO en 2002 y ya se han presentado nuevas acciones para el año 2003 con objeto de fomentar la cooperación operativa.
Por último, el Consejo Europeo de Sevilla apoyó el principio por el cual se comparten las responsabilidades para ejercer el control de las fronteras exteriores. Se trata de compartir las responsabilidades de financiación, en términos de compartir el equipo y también, con vistas a crear, con el tiempo, una policía común de fronteras. La Comisión presentó una evaluación inicial de la situación financiera. Debemos admitir que los datos que nos han aportado los Estados miembros sobre el verdadero gasto que cada uno de ellos destina al control de las fronteras exteriores han sido muy diferentes y difíciles de comparar. Por lo tanto, la Comisión ha solicitado una nueva aclaración y, durante la Presidencia griega, pretende proponer una serie de criterios para el reparto de la responsabilidad financiera en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Espero que con la propuesta de resolución presentada por el Sr. Pirker, que se votará aquí mañana, el Parlamento pueda impulsar de forma decisiva este programa de acción tan ambicioso, exigente y crucial, destinado a controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea, y reforzando así la seguridad interior de todos los Estados miembros.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar felicitando al Sr. Pirker por el excelente informe que nos ha presentado y también a la Comisión por su iniciativa, cuya calidad ya se ha destacado con anterioridad y que, esta vez, recibirá también el apoyo de mi amigo el Sr. von Boetticher. La ratificación de los Acuerdos de Schengen en 1990 y la abolición de los controles en las fronteras nacionales ha hecho que el control de las fronteras exteriores adquiera aún más importancia para evitar que se vea amenazada la seguridad de nuestra ciudadanía en el ámbito comunitario.
Las amenazas crecientes del terrorismo, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, el narcotráfico y la inmigración ilegal encabezan la agenda política y se han convertido en los principales temas de preocupación de nuestra ciudadanía. No obstante, he de lamentar que nuestras fronteras sigan siendo un eslabón débil en el sistema global, que hace peligrar no sólo la protección eficaz de la seguridad interior, sino la aplicación completa del principio de libertad de circulación. Esta situación adquiere aún más importancia al filo de la ampliación, cuando la seguridad de las fronteras exteriores sea asumida paulatinamente por los nuevos Estados miembros, a los que se transferirá una considerable porción de responsabilidad.
Para la Unión es crucial adoptar medidas de seguridad coherentes en las fronteras, sin infringir las propias competencias de los Estados miembros, pero ayudando a incrementar la efectividad de dicha protección. Estoy de acuerdo con el ponente, el Sr. Pirker, en que desarrollar una política común de control de nuestras fronteras exteriores actuales y futuras es vital, lo cual requiere definir normas comunes para la gestión de fronteras exteriores, establecer unas pautas comunes y un currículum básico común para los agentes implicados, una academia europea de guardias de fronteras para altos funcionarios, prioridad a la financiación de proyectos para la definición de normas comunes, un cuerpo europeo de guardias de fronteras financiado conjuntamente e integrado en unidades especiales que, en caso de emergencia y previa petición de los Estados miembros, pueda ser destacado de forma temporal para ayudar a las autoridades nacionales en zonas de riesgo de las fronteras exteriores de la UE y en situaciones de crisis.
Estas medidas comunes deben contribuir también a resolver los problemas que surgen en la actualidad al aplicar el acervo de Schengen en las fronteras exteriores actuales, con respecto al tipo de prácticas de control de fronteras, que difiere entre las fronteras terrestres y las marítimas, con respecto a quién debe realmente responsabilizarse de la gestión del control de fronteras, que varía de un Estado miembro a otro, dando lugar en algunos casos a la duplicación de competencias y, por último, con respecto al empleo de diferentes medios tecnológicos que a veces resultan incompatibles e impiden conseguir un alto grado de seguridad uniforme.
Para concluir, repetiré las palabras del Comisario António Vitorino: esta preocupación por gestionar mejor nuestras fronteras exteriores debe contribuir al incremento de la seguridad interior en la Unión y en los Estados miembros.
Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, me sumo a las felicitaciones del Sr. Coelho. La libre circulación interior es uno de los logros más queridos en esta Cámara y por muchos ciudadanos de la Unión Europea. 
Las normas que regulan la libre circulación de personas en el interior son normas comunitarias. Muchas de las medidas que ha sido necesario establecer para garantizarla están dispersas en nuestro ordenamiento. Garantizar esta libre circulación exige un alto grado de confianza y cooperación entre los Estados miembros, en particular para la gestión de las fronteras exteriores.
Son muchos los datos de la realidad que nos indican que ahí tenemos dificultades, desde la llegada a las costas del sur de la Unión Europea de personas a lo que ellos esperan que sea la primera etapa de un periplo y que muchas veces se convierte dramáticamente en la última, a las mujeres rescatadas día a día de sus carceleros y explotadores, que las ofrecen a europeos que se hacen pocas preguntas sobre su origen, o el espectáculo triste al que hemos asistido durante meses en relación con el centro de Sangatte.
Creemos que la Comisión Europea ha planteado bien y en un buen momento la necesidad de abordar esta cuestión. En primer lugar, porque la ampliación de la Unión Europea nos obliga a ello. En segundo lugar, porque su propuesta es una buena señal a la Convención para resolver una maraña normativa en torno a una seña de identidad básica de la Unión como la libre circulación interior. En tercer lugar, porque plantea ya hoy, con el marco legal que tenemos - no sé si también con el marco financiero - la posibilidad de avanzar en este objetivo.
Comparto la idea de que hay espacio para garantizar mejor tanto la libertad y la seguridad de aquellos que se encuentran en el territorio comunitario como la situación de aquellos que lo quieren cruzar.
Por eso, y a pesar de nuestras tendencias extremistas, el Grupo Socialista va a votar a favor del informe del Sr. Pirker. Espero que el entusiasmo y el gran apoyo de esta Cámara sean contagiosos y que el Consejo, más allá de sus declaraciones políticas, apoye activamente y con entusiasmo esta propuesta.

Krarup (GUE/NGL).
Tal como afirma la propia Comisión, el tema en este caso es la gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados miembros. Incluso si se adopta la propuesta de resolución en este informe, hay que añadir que, por supuesto, no tendrá en sí misma ningún efecto legal directo. Es más, la propuesta de resolución y la comunicación de la Comisión sólo adquirirán importancia en el marco de una serie de decisiones que afecten al desarrollo de la cooperación policial. En este contexto, la propuesta plantea una evolución que, en mi opinión, es una amenaza para el control democrático y el Estado de derecho. Es una política que debilitaría notablemente a las autoridades nacionales a favor de las autoridades de la Unión Europea. Esta inconfundible ambición pretende desarrollar una policía de fronteras supranacional a largo plazo, uno de los primeros pasos para crear una verdadera policía federal. Esta ampliación del servicio de policía está relacionada al mismo tiempo con la precipitada integración de la UE y la protección de la fortaleza Europa. Ésta última surge obviamente a raíz de la presión externa provocada por la prosperidad de los países de la UE, si la comparamos con las desafortunadas condiciones sociales sufridas por nuestros vecinos, un contraste debido fundamentalmente a la política desarrollada por los países de la UE que, durante muchos años, han explotado a nuestros vecinos.
Ése es el verdadero trasfondo de la propuesta y su contenido no es menos alarmante. El órgano legislativo común, el sistema de coordinación y cooperación operativa, las medidas interoperativas y el intercambio permanente de información y de datos, en resumen, el desarrollo total del servicio de policía sólo consigue desarticular el Estado de derecho cuyo establecimiento, basándome en la experiencia de los países nórdicos, han propugnado los activistas democráticos a lo largo de los años. ¿Qué tiene que decir la Comisión sobre el control democrático y judicial? Estamos ante una política no vinculante y mal planteada cuyo efecto es que hay que asegurar el control. Pero, ¿cómo? No hay respuesta. ¿Qué tiene que decir el informe al respecto? No dice nada. ¿Policía fronteriza de la UE y cuerpo común para las de fronteras exteriores? No, gracias.

Santini (PPE-DE).
Señor Presidente, por fin disponemos de un informe que recoge un enfoque verdaderamente comunitario, a pesar de que tome como punto de partida el tema específico y técnico del control de las fronteras exteriores de la UE. Es un tema de gran actualidad, tal como se ha indicado con anterioridad, si se considera que las fronteras actuales de la Unión van a cambiar radicalmente, ampliándose en mayo de 2004, cuando los doce nuevos Estados miembros formen parte de la estructura política y geográfica de la actual Unión Europea. Por lo tanto, es perfectamente lógico que propongamos ahora el modelo basado en la experiencia consolidada de los 15 Estados miembros antes de la entrada de los nuevos candidatos.
El informe del Sr. Pirker entra dentro de este marco tan amplio de propuestas prácticas sobre el modo de alcanzar la gestión integrada de nuestras fronteras exteriores sin interferir en la soberanía territorial de los Estados individuales, sino más bien definiendo las fórmulas idóneas para conseguir una cooperación armoniosa. Es un enfoque aceptable que implicará la creación de un cuerpo comunitario de guardia de fronteras en los próximos años, no de forma inmediata, sino más bien después de que hayamos sintonizado claramente las técnicas y procedimientos y las medidas adecuadas para formar al personal y conseguir la cooperación necesaria entre los diferentes cuerpos de guardia de fronteras actuales. Hasta el momento, los experimentos improvisados con las patrullas mixtas han dado excelentes resultados. En lo que respecta a mi país, Italia, este tipo de cooperación se ha desarrollado en las fronteras con Estados miembros como Francia y Austria y también en las fronteras con terceros países como Suiza y con países candidatos como Eslovenia.
La sección en la que se plantea la cuestión de combatir la inmigración ilegal es muy innovadora. Esto es una empresa diaria difícil, sobre todo para las fronteras de Estados como España, Portugal, Italia y Grecia. Sin embargo, este problema se convierte en un problema de todos, no sólo de estos Estados, porque, debido a Schengen, un inmigrante ilegal que logre entrar por las costas adriáticas, tendrá acceso inmediato a muchos otros Estados miembros, al menos a los del Espacio Schengen que, precisamente por ello, tienen una mayor responsabilidad, así como una gran oportunidad. Por lo tanto, el ponente tiene razón al solicitar a todos los países que trabajemos juntos, contribuyendo a sufragar los costes del control de las fronteras exteriores, tanto si tenemos fronteras exteriores como si no. De hecho, parece estar claro que a todos los países les conviene contribuir si desean un servicio efectivo de control y vigilancia, sobre todo en los lugares en los que se registra el mayor flujo de inmigrantes ilegales en la actualidad (el flujo de nuevos inmigrantes ilegales es un continuo goteo en estos precisos momentos en la Unión), puesto que no se trata de un problema exclusivo de los que se ven envueltos diariamente en la lucha contra la inmigración ilegal: es un problema de todos aquellos países que son destino inmediato de estos flujos de inmigración ilegal.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, quisiera hacerme eco del agradecimiento que otros oradores han expresado al ponente, a la Comisión y al Consejo por proponer este informe y reconocer que necesitamos una mayor cooperación en este difícil ámbito.
Hasta cierto punto discrepo del Sr. Krarup en que se trate de un asunto que un país pueda abordar en solitario. Es imprescindible que haya políticas comunes y acuerdos entre los quince Estados miembros. Por otra parte, somos conscientes de que cada Estado miembro tiene una situación diferente. La Sra. Terrón i Cusí ha hablado antes de la situación en la frontera del sur de España. Mi propio país, el Reino Unido, se compone de una gran isla más el norte de Irlanda. Otros países tienen circunstancias que también requieren atención: por ejemplo, Grecia tiene más de 400 islas, y Luxemburgo es un país sin litoral. Todos tenemos situaciones muy diferentes y, a su manera, todas son muy difíciles de controlar y gestionar. En la actualidad no nos las estamos arreglando muy bien con quince países. El Sr. Coelho ha llamado acertadamente la atención sobre el hecho de que cuando seamos 25 países en la UE - y más tarde 27 ó 28 - el desafío será aún mayor. Es muy importante que, al menos, hagamos un esfuerzo y nos preparemos para abordar este asunto y hacer frente al desafío.
Tenemos que asegurarnos de que respetamos los derechos del individuo. Estoy de acuerdo con el Sr. Krarup en este punto. Sólo podremos conseguirlo si todos los Estados miembros trabajamos juntos, si copiamos la buena práctica de un país a otro, y si no repetimos los errores del pasado. Esto significa que la gestión de las fronteras tiene que ir de la mano de las políticas comunes de asilo e inmigración. Significa estar preparados para modernizar y actualizar constantemente, y significa una gestión de fronteras que tenga en cuenta el derecho de los ciudadanos a la libre circulación. Sólo de esta manera podremos abordar este asunto en los próximos años en una Unión Europea ampliada.

von Boetticher (PPE-DE).
Señor Presidente, cuando el Comisario Verheugen presentó a la Comisión de las Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores el asunto de la ampliación hacia el Este, yo le planteé dos preguntas. La primera era si la Comisión consideraba necesario un marco común para el control de fronteras; la segunda, si la Comisión creía que los países candidatos podrían proteger las fronteras exteriores de la UE con el mismo alto grado de protección alcanzado por los Estados miembros actuales. La respuesta del señor Comisario fue que los países candidatos no tendrían ningún problema en garantizar un nivel satisfactorio de protección y que no había necesidad de aplicar un enfoque europeo.
Ahora la Comisión ha cambiado de opinión y ha presentado una propuesta razonable con el fin de elaborar un marco común para controlar nuestras fronteras exteriores. El informe del Sr. Pirker apoya este marco y añade varios puntos; por desgracia, el Sr. Coelho no está entre nosotros para escucharme decir que, por descontado, yo también lo respaldo sin reservas. Es una lástima que el Comisario Verheugen haya gastado una cantidad considerable de tiempo hablando de tonterías. Un ejemplo que demuestra por qué es una cuestión de urgencia es la frontera entre Alemania y Polonia: 456 kilómetros bordeando un río, en el que el tráfico que la cruza está controlado en la actualidad por 10 000 policías de fronteras. La frontera de Polonia con sus vecinos no comunitarios recorre 1 200 kilómetros de campos a lo largo de toda su extensión. La creencia de que, en los próximos años, Polonia podrá garantizar la seguridad en esta frontera por su cuenta de forma similar al modo en el que se suelen proteger las fronteras exteriores en la actualidad es completamente ilusa.
Aquí es donde hay que demostrar la solidaridad europea, ya que la defensa de las fronteras exteriores por parte de algunos de los Estados miembros redunda en beneficio de todos los Estados miembros. Dinamarca, Suecia, Bélgica y los Países Bajos se beneficiarán de un alto nivel de control de las fronteras exteriores. Cualquier concepto europeo sobre control de fronteras exteriores, a fin de cuentas, debe mantenerse en los Tratados mediante la atribución de poderes combinados a la UE y, por otro lado, dándole forma institucional como cuerpo europeo paralelo a Europol y Eurojust.
Y en estos tiempos que corren, tal como hizo Catón en el senado de la antigua Roma, terminaré mi discurso con las mismas palabras: Comisario Vitorino, deseo que la Convención mostrara más valor en este ámbito.

Ceyhun (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es un honor para mí que hoy me permitan decir la última palabra. Antes de darles las buenas noches, quisiera aprovechar la oportunidad para decirles lo que pienso y, viniendo de Alemania, definir claramente la importancia del control de fronteras exteriores, puesto que Alemania es, tal como acaba de decir el Sr. von Boetticher, un país con una larga frontera exterior.
Por lo tanto, señor Comisario, nos complace enormemente que haya presentado esta comunicación y también que el informe presentado por el Sr. Pirker, del Grupo PPE-DE, haya propuesto lo correcto, por lo que disfruta ahora de nuestro apoyo. Considero que la manifestación unánime del Parlamento en consonancia con la Comisión en este ámbito hará posible, quizás con la ayuda de la Presidencia griega, conseguir el apoyo del Consejo, puesto que la Presidencia griega ya se ha dado cuenta de la importancia de combatir la inmigración ilegal y las redes de contrabandistas y de traficantes de todo tipo. Tengo muchas esperanzas en su actuación.
Por supuesto, en este Parlamento hay diputados que insisten en que el refuerzo de la policía y de las unidades de control de fronteras es una estrategia problemática y los hay que nos dicen que lo mejor es que estos proyectos se lleven adelante. Insistentemente nos preguntan por qué se necesita tanta policía. Les puedo decir a todos ellos con toda franqueza que prefiero desplegar toda la policía necesaria con el fin de garantizar una frontera segura que evite que los refugiados se dirijan hacia una muerte segura. Estoy empezando a hartarme de todo este asunto y creo que la responsabilidad debemos asumirla entre todos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras la gente se muere y la única manera de evitar la muerte de esas personas pasa por reforzar la seguridad en nuestras fronteras e impidiendo que las bandas de traficantes continúen explotando y abusando de los inmigrantes. Por esta razón espero que podamos conseguir nuestro objetivo todos juntos. Buenas noches.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 21.00 horas)

Ribeiro e Castro (UEN)
Lo extraño del informe Swiebel es que recoge una serie detallada de razones por las que la Resolución que propone debe ser rechazada.
La ponente alude a la «decisión adoptada el año pasado por el PE y la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (LIBE) de hacer de esta Carta el hilo conductor del informe anual sobre la situación de los derechos humanos en la UE», y añade que la «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha reforzado (...) [esta labor] enfocándola y orientándola».
Si verdaderamente este es el caso, deberíamos atenernos estrictamente a dicho hilo conductor, sin ir demasiado lejos, sin sobrepasar los derechos recogidos en la Carta; sin permitirnos quedar acorralados en una serie de críticas excesivas, alejando este informe de su objetivo y de los aspectos a los que debería ceñirse y convertir la resolución que estamos votando en un instrumento abusivo, cosa que sería realmente insensata, por estar juzgando sin cesar a los Estados miembros.
El Parlamento Europeo no tiene, de hecho, la potestad para hacer esto, excepto en situaciones muy específicas, situaciones tan graves que llegara a considerarse que puedan tener los efectos punitivos del artículo 7 del Tratado de la UE. Por otra parte, todos sabemos que es la propia Carta la que delimita su alcance: «Las disposiciones de esta Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión» (artículo 51).
Por consiguiente, tanto el informe como la resolución deberían considerar directamente a las instituciones y a los órganos de la Unión; y, a excepción del comentario específico relativo a los artículos 6 y 7 del Tratado de la UE, deberían considerar a los Estados miembros sólo de forma indirecta, cuando apliquen la legislación de la Unión y sólo en esas circunstancias.
Por lo tanto, nos quedamos todos bastante perplejos cuando la ponente finalmente dijo que la verdad era exactamente lo contrario: por una parte, que el «informe aborda deliberadamente sólo la situación de los derechos humanos en los Estados miembros actuales de la UE», que es precisamente lo que no debería hacer y, por otra, que el informe «no incluye ninguna lista o evaluación detallada de las acciones del Consejo, la Comisión o el Parlamento», que es lo que debería hacer.
Si a esta flagrante desviación añadimos la incoherencia lamentable de numerosos comentarios acerca de los Estados miembros, sin suficientes motivos objetivos y adecuados, como la propia ponente ha admitido, contamos ya con una serie de razones fundamentales por las que, de acuerdo con sus propias premisas, el informe Swiebel debe ser rechazado. En su lugar debería adoptarse la resolución alternativa que propuse, con el fin de volver a colocar las cosas en su sitio y permitir así que el Parlamento cumpla las recomendaciones que nosotros mismos definimos.

Sylla (GUE/NGL)
Me gustaría dar la enhorabuena a la Sra. Swiebel por el trabajo tan fructífero que ha realizado este año, en particular reconociendo los derechos de los ciudadanos de terceros países e introduciendo el rechazo del doble castigo, pero lamento que se hayan sobrepasado tan ampliamente las limitaciones de tiempo para realizar el informe, dificultando mi trabajo y el de mis futuros colegas.
Como sucesor de la Sra. Swiebel para el año 2002, desearía trabajar de acuerdo con el espíritu de esta Carta, mantener la continuidad y conseguir que la Carta adquiera la mayor visibilidad posible.
A este fin están previstas dos sesiones públicas, con la innovación de que participarán jóvenes, a través de delegaciones de estudiantes de secundaria, así como los medios de comunicación, con la participación de representantes de algunas secciones prominentes. Es nuestro deber garantizar la participación de los jóvenes, para aumentar su concienciación y proporcionarles la información necesaria, pero también conseguir la participación y movilización de los forjadores de opinión, ya que ellos son nuestro mejor vehículo para acercarnos más a los ciudadanos y lograr que Europa tenga una mayor presencia en la vida cotidiana de los europeos.
De forma específica, en relación con su examen de la situación de los derechos humanos, mi informe, como otros anteriores, se basará en la estructura de la Carta y resaltará ciertos puntos que personalmente trataré como mis prioridades políticas. En general, mi informe será un informe progresivo.
(Intervención acortada en aplicación del apartado 7 del artículo 120 del Reglamento)
