
El Presidente.
   Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves, 23 de octubre de 2003.
El Presidente.
   Quiero aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la tribuna oficial a una serie de distinguidos visitantes que nos acompañan hoy. Nos complace mucho la presencia esta tarde del Sr. Mejdahl, presidente del Folketing danés.
También nos acompañan diputados de la Comisión de Asuntos Europeos del Riksdag sueco, a los que quiero dar la bienvenida en nuestra Cámara.
Como bien saben, esta tarde tendremos nuestro intercambio de puntos de vista con el Comisario Verheugen acerca de los informes de seguimiento de la Comisión sobre los países en vías de adhesión. Sé que esa es la razón por la que hoy nos acompañan varios invitados distinguidos, embajadores incluidos. Les doy la bienvenida. Quiero destacar en particular la presencia en la tribuna del negociador jefe rumano y Ministro en funciones para la integración europea, y del Sr. Theodor Stolojan, líder de la oposición rumana: también nos complace mucho su visita.(1)

El Presidente.
   Se ha distribuido un corrigendum del orden del día de las sesiones de los días 5 y 6 de noviembre. Se han propuesto los siguientes cambios:
He recibido dos peticiones contradictorias, de conformidad con el artículo 144 del Reglamento, de devolver a comisión el informe del Sr. Wuermeling sobre los créditos a los consumidores (A5-0310/2003): el Grupo del PSE pide que sea devuelto antes del debate y el Grupo ELDR pide que sea devuelto al comienzo de la votación.
A menos que se alcance un consenso –en forma de petición conjunta de los Grupos– solo puedo proponer a la Cámara que celebremos una votación sobre estas peticiones en su momento. 
Thors (ELDR ).
    Señor Presidente, creo que es un buen principio tratar de evitar todo trabajo y confusión innecesarios. Creo que los que estamos presentes en esta Cámara somos representativos. Propongo, por tanto, que votemos de inmediato su devolución a comisión. 
Schulz (PSE ).
    Señor Presidente, esa ha sido una astuta propuesta de la Sra. Thors. Si ahora se une a nosotros en la votación para la devolución inmediata a comisión, se resolverá toda la cuestión de forma brillante. 
El Presidente.
   Entiendo, por la ronda de aplausos, que eso es lo que le gustaría a la Cámara, en cuyo caso esta tendría que cambiar el Reglamento, porque no me permite hacerlo. La votación deberá celebrarse en el momento que he señalado anteriormente. Por eso les ruego que estén aquí al comienzo del debate, para asegurarse de que su opinión sea tenida en cuenta.(1)
Gill (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero referirme a algunas observaciones desagradables, falsas y personales realizadas por el Sr. Balfe tras la votación sobre el presupuesto el mes pasado en Estrasburgo. El Sr. Balfe pidió una ampliación del seguro médico de los ex diputados, petición que fue rechazada por la Comisión de Presupuestos.
Como una de las ponentes del presupuesto para 2004, me considero servidora de este Parlamento cuya principal responsabilidad es defender las decisiones tomadas por esta Cámara y, en este caso, también las de la Comisión de Presupuestos. Mi principal objetivo ha sido garantizar que se emplee bien el dinero de los contribuyentes europeos y el deseo de mantener la reputación y la dignidad de esta Cámara a los ojos de la opinión pública europea.
En primer lugar, la acusación del Sr. Balfe contra mí de que he frustrado completamente la decisión tomada por la Mesa es una acusación contra toda la Comisión de Presupuestos, porque todas sus peticiones fueron sometidas a votación.
En segundo lugar, el Sr. Balfe mencionó –y cito textualmente– la «medida comparativamente poco costosa». Se trata de una sorprendente declaración, dado que según los cálculos iniciales superaría de lejos el millón de euros y ya nos gastamos 60 000 euros en un estudio para determinar las cifras reales: eso no son pequeñeces.
En tercer lugar, con respecto al uso de los planes existentes por parte de los actuales diputados, tengo que decir que estoy completamente perpleja. ¿Propone el Sr. Balfe que haya transparencia para todos los diputados de la Comisión de Presupuestos o quiere establecer un registro para todo el mundo? ¿Propone modificar el plan actual? ¡Sin duda, no le preocupa el coste! Sugiero que presente propuestas para el presupuesto del año que viene, para que podamos realizar cualquier modificación necesaria.
Finalmente, en nombre de todos mis colegas de la Comisión de Presupuestos, quienes, en mi opinión, se toman sus responsabilidades muy en serio, quiero decir que estas acusaciones no son dignas de alguien que ocupa un cargo importante en esta Cámara –como es el del Cuestor–, y creo que desprestigian no solo a esta Cámara, sino también a su cargo.
Balfe (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero aclarar que la Mesa pidió a la Comisión de Presupuestos que emprendiese ciertas acciones, cosa que la Sra. Gill, como ponente del presupuesto, podría haber hecho. Ella se negó a hacerlo. La Mesa pidió que los diputados que tuvieran más de 60 años al jubilarse, que hubiesen servido durante al menos dos legislaturas al Parlamento Europeo y que estuviesen dispuestos a pagar –al igual que todo el personal– un tercio de los costes del plan, pudieran acogerse –como sucede con todo el personal de esta institución– a un seguro de enfermedad si no contaban con un seguro nacional adecuado.
La Mesa, que en esto se mostró unánime, presentó una petición muy humana. No creo que la Sra. Gill, como ponente del presupuesto, reaccionó de una manera amistosa, humana ni razonable ante esa petición. Ahora se realizará un estudio y espero que cuando esté ultimado, la Comisión de Presupuestos, que se gasta millones de libras en proyectos de naturaleza muy dudosa...
... se dé cuenta de que también tiene una obligación con respecto a los diputados de mayor edad y a menudo enfermos de esta Cámara, que han hecho mucho por ella, y de que esos diputados están dispuestos a pagar por tener un seguro, que es más de lo que cualquiera de nosotros –los actuales diputados– estamos dispuestos a hacer.
Espero que la Comisión de Presupuestos reconsidere esta cuestión, aunque insisto en que todo lo que tenía que haber hecho la Sra. Gill era aceptar la recomendación de la Mesa –no de este Cuestor– y someterla a votación en esta Cámara. Si cree que la Comisión de Presupuestos es superior a la Cámara, le sugiero que se estudie las leyes de nuevo.
El Presidente
   . Afortunadamente, los diputados que se encuentran hoy aquí están sanos, no enfermos. Prosigamos pues, con un saludable respeto por nuestro orden del día. 
Lehne (PPE-DE ).
    Señor Presidente, yo también quiero ser breve. El orden del día de mañana incluye la votación de una resolución sobre las profesiones liberales. El hecho de que el Parlamento no se reuniera la semana pasada significa que no se ha podido alcanzar un compromiso a su debido tiempo, por lo que pido que se posponga la votación hasta el siguiente período parcial de sesiones de Estrasburgo. El Sr. Medina Ortega y el Sr. Rothley están también de acuerdo con que se haga eso. Gracias. 
Medina Ortega (PSE ).
    Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Lehne ya que, efectivamente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el texto de la propuesta de resolución común entre los diferentes Grupos políticos.
El Presidente
   . Si hay consenso al respecto, así lo haremos.
Schulz (PSE ).
    Señor Presidente, quiero volver a la cuestión del orden del día y del informe del Sr. Wuermeling. Hemos pensado en cómo podríamos resolver este problema de una vez por todas sin cambiar el orden del día y hemos llegado a una conclusión con la que creo que hasta la Sra. Thors estará de acuerdo. Propongo que el informe del Sr. Wuermeling se adelante al primer punto del orden del día; les pido que lo anuncien ya y les notifico aquí y ahora que seguidamente propondré su devolución inmediata a la comisión. 
Wuermeling (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, quiero decir que apoyo plenamente la propuesta de celebrar ahora la votación sobre la devolución. No se les puede pedir a los diputados que acudan a esta Cámara media hora antes de la medianoche solo para decidir si tiene que debatirse o no una cuestión. Cualquier mayoría sería fortuita. Tal cosa no se corresponde con la importancia de esta propuesta. Pero al mismo tiempo, les pido que me cedan la palabra, para que pueda oponerme a esa devolución sin debate. 
El Presidente
   . Esto refleja precisamente el dilema en el que me han puesto los Grupos. Si sigo la lógica del Sr. Schulz y pierde la votación, con lo que el informe Wuermeling pasa a ser el primer punto del orden del día, esto trastocaría totalmente el plan de trabajo previsto para hoy. No haré caso de esa propuesta. Sin embargo, si, mientras seguimos adelante con el orden del día, los diputados llegan a un consenso y me presentan una propuesta común al término del primer punto, la someteré a la Cámara y podremos proceder de acuerdo con ella. Si no se alcanza un consenso, procederemos tal como se ha indicado anteriormente.

Cohn-Bendit (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, ayer estuvo usted en Berlín, igual que yo. Fue usted de visita oficial al Parlamento alemán, acompañado de representantes de los Grupos del PPE-DE y del PSE. ¿Ha olvidado usted, señor Presidente, que hay otros Grupos en este Parlamento que también podrían haberle acompañado? ¿Por qué le acompañaron solo los dos Grupos más grandes? No lo comprendo y me gustaría que me diera una respuesta. 
El Presidente
   . Ayer y el lunes estuve de visita oficial en Berlín y en el Bundestag, en nombre de este Parlamento. Ayer por la tarde, me dirigí a cada uno de los Grupos políticos del Parlamento alemán, incluidos los Verdes y los Liberales, los Socialdemócratas y los Demócrata-Cristianos. Yo no invité a ningún Grupo de aquí a que me acompañase, pero la oficina de protocolo del Bundestag informó amablemente a diputados de esta Cámara de mi visita. Los diputados alemanes que desearan asistir a cualquier parte de la visita eran libres de hacerlo. Por supuesto, señor Cohn-Bendit, al igual que usted, no estaban obligados a hacerlo. Era una cuestión opcional para usted y para los demás, no para mí.
Hice una visita como Presidente, pero la visita estaba abierta a quienes quisieran unirse a ella. Los diputados que asistieron a partes de la visita o a las diversas reuniones de los Grupos políticos fueron bienvenidos. No tenían la obligación de estar allí y no estaban acompañando al Presidente en la visita. 
Berthu (NI ).
    Señor Presidente, quiero pedir a la Comisión que explique la encuesta del Eurobarómetro que se acaba de publicar y que sitúa a Israel a la cabeza de la relación de Estados que constituyen una amenaza para la paz mundial, por delante del Irán, Corea del Norte y los Estados Unidos, los tres países que ocupan la segunda posición. 
En primer lugar, ¿cómo es posible que un cuestionario en el que se presenta una lista de amenazas para la paz incluya a Israel y a los Estados Unidos, e ignore al terrorismo internacional, sea palestino o de cualquier otro tipo? Pero por encima de todo, ¿cómo es posible mezclar Estados bellacos y democráticos en una lista de supuestas amenazas para la paz? Lo que me asusta de todo esto es la confusión mental de los encuestadores, equiparable solo a la de los encuestados que no diferencian y parecen condenar el uso de la fuerza en todas las situaciones, ya sea en caso de agresión por un Estado bellaco, de terrorismo internacional o de defensa legítima de un Estado democrático. Semejante desarme moral constituye una de las peores noticias posibles para el futuro de la Europa que emerge de esta encuesta de opinión. 
Tajani (PPE-DE ).
    Señor Presidente, yo también comparto la preocupación expresada por muchos diputados de esta Cámara y por otras personas respecto a la propia encuesta y a la forma en que se ha organizado. Espero que los Grupos políticos y la Comisión puedan darnos más explicaciones porque, si Europa quiere tener alguna influencia, si Europa quiere ser un líder en los asuntos internacionales, tiene que actuar, sin lugar a dudas, con mayor precaución. Cuando se hacen preguntas, conviene saber quién las hace y por qué las hace y, sobre todo, una vez conocidos los resultados, lo normal es no darlos a conocer a la prensa –y a ciertos periódicos– antes de informar al Parlamento y al público en general.
Aparte de eso, señor Presidente, quiero condenar brevemente lo que sucedió ayer en mi país, donde se produjo un grave ataque contra un puesto de . Todos los indicios apuntan a un acto de insurección y anarquía, relacionado también con los acontecimientos ocurridos en España, donde se han detenido a algunos terroristas o seudoterroristas italianos. Creo que todos los europeos debemos tomar medidas porque no podemos subestimar esta amenaza terrorista, aunque los resultados de la acción policial, como las intervenciones de la policía italiana para detener a varios peligrosos asesinos –o por lo menos, acusados de asesinar a Marco Biagi y Massimo D´Antona– pueden considerarse indicios positivos. La acción para la que pido la participación del Parlamento es el compromiso colectivo de combatir este grave fenómeno que azota a toda Europa. 
Dell'Alba (NI ).
    Señor Presidente, me tomaré la libertad de volver por un momento a la cuestión de la encuesta del Eurobarómetro. Creo que el Parlamento debe escuchar lo que la Comisión tiene que decir, en lugar de enterarse por la sala de prensa o por los periodistas; la Comisión, en la persona del Sr. Prodi o de cualquier otro Comisario, debe venir aquí, como es prerrogativa nuestra, y explicarnos los motivos de esa encuesta, que ha aparecido en todos los periódicos –con razón– y que desde luego ofrece una imagen negativa, cuando no pesimista, de nuestra Unión Europea. 
Watson (ELDR ).
   – Señor Presidente, no quiero entrar en el contenido de este particular sondeo de opinión, aunque habría sido verdaderamente acertado que el sondeo hubiese preguntado qué piensa la gente sobre el Estado palestino y sobre la Organización para la Liberación de Palestina.
No es malo, sin embargo, que la gente conozca lo que piensa Europa. En general, yo pediría a la Comisión que publique información –de esta o de cualquier otra naturaleza– acerca de las opiniones de los europeos, para demostrar la importancia de la opinión en nuestro continente.
Schulz (PSE ).
    Mr President, I wish to speak to the same topic. Mi Grupo ha considerado, por supuesto, los efectos que han tenido estas publicaciones y cifras. Hablando en su nombre, quiero celebrar en términos generales el deseo que ha expresado usted de incluir el tratamiento de este tipo de encuestas de opinión y la manera de redactar las preguntas en el orden del día de la Conferencia de Presidentes. Creo que ese es el lugar que le corresponde desde un principio, porque es muy difícil debatir a fondo en una sesión plenaria una encuesta de opinión de cuyo fundamento y antecedentes generales solo tengo un conocimiento fragmentado, derivado de las referencias aparecidas en la prensa. Antes de aventurarme a dar una opinión, diría que es conveniente y apropiado que la consideremos en su totalidad. Además, quiero advertirles que no debemos aprobar encuestas de opinión solo cuando sus resultados nos convengan. Como sufrido socialdemócrata alemán que soy, puedo decir que esa siempre es una empresa arriesgada para cualquier político. Las encuestas de opinión, sean cuales sean las preguntas que se hagan, pueden hacernos sentir intranquilos a veces. 
No podemos discutir aquí, en esta sesión plenaria, si las preguntas tienen o no ese tipo de efecto sugestivo o si las respuestas dadas son o no de nuestro agrado. Después de todo, ¿quién sabe cuál habría sido el resultado si se hubieran formulado otras preguntas? Por consiguiente, les aconsejo que no tomen decisiones precipitadas ni realicen evaluaciones prematuras; limitémonos en cambio a incluir esta cuestión en el orden del día de la Conferencia de Presidentes y debatamos con la Comisión las actividades del Eurobarómetro en su conjunto. 
Gollnisch (NI ).
    Señor Presidente, haciéndome eco de las intervenciones de mis colegas, el Sr. Berthu y el Sr. Dell Alba en particular, quiero decir que posiblemente sea conveniente que pongamos fin a estas encuestas y no pidamos la opinión a los ciudadanos porque, si se la pedimos, corremos el riesgo de que nos la den, y si dicha opinión es claramente contraria a la corriente predominante y políticamente incorrecta, será muy desagradable para el estamento político europeo. Además, en una democracia existe también una formalidad que hay que pasar en este área, que son las elecciones, y quiero advertir que son extremadamente peligrosas. En cualquier caso, podrían despertar, por ejemplo, como ocurrió en junio, un mayor interés por la corriente política que yo represento. Me pregunto si no habría que suprimir también las elecciones y así quizá los ciudadanos europeos cambiarían también tan pronto como empezaran a tener pensamientos negativos o tan pronto como impidieran aparentemente el progreso de la democracia europea. 
Cushnahan (PPE-DE ).
   –  Señor Presidente, he regresado recientemente de Sri Lanka, donde continúo participando en el proceso de paz a petición de las partes implicadas. Como quizá sepan sus Señorías, las conversaciones de paz están suspendidas desde abril. Durante mi visita me pareció particularmente alentador que los LTTE –o los Tigres Tamiles, como se les conoce popularmente– hayan dado a conocer sus propuestas de autogobierno provisional. De hecho, supone un paso muy importante por su parte. Es la primera vez que han presentado propuestas de conjunto. Lo más importante de esto es que el portavoz jefe de los LTTE, el Sr. Tamilchelvan, afirmó que este Gobierno provisional no era precursor de un Estado independiente. Esto permitió que se retomasen las negociaciones con el Gobierno, aunque existen grandes diferencias entre ambas partes.
Desafortunadamente, en las últimas 48 horas, la Presidenta Chandrika Kumaratunga, que pertenece al partido de la oposición, ha destituido a cuatro Ministros clave, ha disuelto el Parlamento y declarado el estado de emergencia. En mi opinión, esto supone una amenaza para el proceso de paz.
Teniendo en cuenta que en esta Cámara apoyamos el proceso de paz y que, junto con nuestros interlocutores internacionales hemos destinado 4.500 millones de dólares a mantenerlo, y recordando también la importancia del bipartidismo en el proceso de paz irlandés, quiero pedirle, señor Presidente, que inste a los dos principales partidos de Sri Lanka y a los Tigres Tamiles a que apoyen la reanudación de las negociaciones, con el fin de garantizar que se alcance una paz permanente en ese agitado país. 
Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero hablar sobre la reciente crisis en Sri Lanka. El Sr. Cushnahan ha señalado de forma convincente que, en un momento en el que es posible, tras 23 años de guerra civil, alcanzar la paz en el país, la Presidenta ha declarado el estado de emergencia, después de que los grupos rebeldes de los Tigres Tamiles presentasen propuestas de paz.
Usted, señor Presidente, el Sr. Poettering y otros diputados de esta Cámara se han reunido con el Primer Ministro, que, en estos momentos, está reunido con el Sr. Bush en Washington. El Parlamento debería ser restituido en Colombo. No existe ninguna justificación para la prórroga del Parlamento, ni para la declaración del estado de emergencia, ni para enviar tropas a las calles. El Parlamento Europeo bien puede pedir que se reinstaure la democracia, el Estado de derecho, el Parlamento y el Gobierno en Sri Lanka.
Karamanou (PSE ).
    Señor Presidente, ayer me sentí sorprendida y horrorizada cuando leí los cargos de Amnistía Internacional contra Sudán, donde un tribunal especial ha sentenciado a un niño de dieciséis años acusado de un robo a mano armada a la llamada «amputación cruzada», que consiste en amputarle la mano derecha y el pié izquierdo. Amnistía Internacional ha denunciado al sistema judicial sudanés y su código penal, que contiene penas como la amputación y la muerte por lapidación, y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que impida la ejecución de la sentencia de este joven de dieciséis años.
Creo, señor Presidente, que tanto nuestro Parlamento como usted personalmente tienen que intervenir para recordarle a Sudán que ha firmado el Acuerdo de Cotonou sobre el respeto de los derechos humanos. Se precisa nuestra intervención directa.
Corrie (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, voy ha hablar de la misma cuestión que acaba de plantearse. Espero sinceramente que escriba al Gobierno sudanés para sugerirle que ponga fin inmediatamente a estos salvajes castigos: no solo con respecto a este delito, sino para todos los delitos. No pueden continuar aplicando la y estos terribles y horrorosos castigos. 
Alavanos (GUE/NGL ).
    Señor Presidente, existe una grave cuestión humanitaria respecto a la cual tiene usted que intervenir y espero que intervenga. 
El 27 de julio de 2003, un petrolero, el , con un piloto local al timón, encalló a la entrada del puerto de Karachi. Fue una grave catástrofe ecológica. Se vertió una gran cantidad de petróleo al puerto. Desde entonces, las autoridades paquistaníes han prohibido a los siete miembros de la tripulación abandonar Pakistán. En el caso del , las autoridades españolas persiguieron a los responsables aplicando el principio de «quien contamina, paga»; es decir, al capitán de buque, pero no al resto de la tripulación. No se puede echar la culpa al cocinero, ni al encargado de la limpieza. Pero en el caso del , se retiene a siete marineros, la mayoría de ellos griegos.
Además, el 17 de agosto, cuando ya había ocurrido el desastre, un equipo de una empresa de salvamento llegó a Pakistán, y el jefe, el Sr. Nikos Papas, está siendo también retenido por las autoridades de Pakistán, pese a no ser miembro de la tripulación del . Lo único que hicieron fue tratar de salvar el buque y limitar el desastre.
Me gustaría que interviniera usted. Tenemos un rehén aquí. El Ministro de Pakistán está en Bruselas hoy; va a cenar con el Sr. Solana y el Sr. Patten. Tenemos que intervenir en esta cuestión. 
Thomas-Mauro (UEN ).
    Señor Presidente, quiero llamar su atención sobre el proyecto de la Rosia Montana Gold Corporation. Este proyecto, relacionado con la explotación de una mina de oro en el centro de Rumania, plantea tres tipos de problemas. El proyecto, que ya está en marcha, plantea un problema social y humanitario porque supondrá el reasentamiento de unas 2.000 personas y la demolición de 900 viviendas; y plantea un problema medioambiental porque contempla, en particular, la instalación de un depósito de sedimentación de 400 hectáreas para residuos de cianuro, necesario para el tratamiento intensivo de los minerales. Una empresa australiana ya está utilizando está técnica en Baia Mare desde hace casi dos años, y ha causado un desastre ecológico en el Danubio. Es un problema que afecta también al patrimonio histórico: después de unos 15 años de explotación, el valle, que también contiene restos arqueológicos de la ocupación romana, habrá desaparecido y con él, muchas iglesias, cementerios y monumentos históricos.
La ejecución del proyecto está pendiente de la autorización medioambiental que tiene que dar el Gobierno rumano. Sabiendo que Rumania tiene que cumplir sus compromisos como país candidato a la adhesión a la Unión Europea, ¿es aceptable que recurra a métodos de extracción que ponen en peligro a la población y al medio ambiente? ¿Deben tolerarse métodos que ya solo se utilizan en el mundo en vías de desarrollo en un país que está a punto de ingresar en la Unión Europea?
Les agradecería a los diputados que van a viajar a la zona a principios de diciembre que evalúen la magnitud exacta de los daños irreparables que causará la ejecución de ese proyecto. 
El Presidente
   . En efecto, el Parlamento se encargará de esta cuestión a través de una delegación. Esa visita ya ha sido aprobada por la Conferencia de Presidentes. 
Mussa (UEN ).
    Señor Presidente, Señorías, desde el 12 de agosto, fecha de su secuestro, no hemos tenido noticia del Dr. Arjan Erkel y no sabemos lo que le ha sucedido. Fue secuestrado en Mukala en Dagestan y no se ha hecho nada para liberarlo. Creo que el Parlamento Europeo y la Unión Europea deben intervenir no solo para obtener información y exigir su liberación, sino también para proteger a las organizaciones que prestan servicios voluntarios en territorios donde la situación sanitaria es absolutamente vergonzosa. 
Napoletano (PSE ).
    Señor Presidente, quiero recordar que el 2 de julio de 2003, la Presidencia italiana se comprometió ante el Parlamento a presentar una moratoria sobre la pena de muerte ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dicho compromiso se reiteró el 23 de octubre con una resolución aprobada por unanimidad por el Parlamento. Hoy nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno italiano ha decidido no presentar la resolución ante las Naciones Unidas. Le pido, señor Presidente, que transmita nuestra decepción a la Presidencia y que mantenga el punto 3 de nuestra resolución, que contempla el debate de los resultados y de la evaluación en cualquier caso. Aunque creo que esos resultados son muy importantes, siguen exigiendo un debate. 
El Presidente.
   De hecho, la Presidencia italiana está aquí, ha escuchado sus comentarios y espera poder tomar nota de la resolución.
Este punto del orden del día queda cerrado. 
Wuermeling (PPE-DE ),
   .  Señor Presidente, con respecto a mi informe, se pretende que todos aceptemos la devolución del informe a la comisión sin más debate y sin una votación. No obstante, quiero aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente lo que contiene el informe y lo que pretende conseguir.
Esta es una de las pocas propuestas que afectará directamente a todos los ciudadanos de la Unión Europea en su vida cotidiana y lo hará en un aspecto muy delicado: su bolsillo. La Directiva les afectará si pagan con tarjeta de crédito, si alquilan un coche, si compran una televisión a crédito o si se les produce un descubierto en su cuenta bancaria. En este momento, en la Unión Europea, los contratos de créditos al consumo actualmente en vigor ascienden a cerca de mil millones de euros. Por es de vital importancia que el Parlamento trate esta cuestión con la máxima precaución y con un gran sentido de la responsabilidad.
En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tenemos la impresión de que la propuesta de la Comisión no hace justicia a la importancia de esta cuestión. No se ha evaluado el efecto que tendrá la propuesta de impedir el acceso de los más desfavorecidos a los créditos, puesto que se aplican unos criterios de solvencia mucho más estrictos que pueden hacer que los que más necesitan créditos no puedan obtenerlos.
Tampoco se ha considerado en qué medida esta propuesta puede producir un aumento de los tipos de interés de los créditos al consumo. La Directiva relativa a los productos químicos, por ejemplo, es muy discutible, pero al menos sabemos lo que nos va a costar, cosa que no ocurre con esta. Tampoco se han analizado los efectos que tendrá la restricción prevista de estos créditos en el consumo de la Unión Europea, teniendo en cuenta que el 13% de ese consumo se financia mediante créditos al consumo. Por eso la Comisión de Asuntos Jurídicos ha tomado un camino poco habitual, admitámoslo, y ha recomendado a la Comisión que retire la propuesta, la revise teniendo en cuenta todos estos puntos –mi informe contiene casi otros treinta– y reconsidere toda la cuestión antes de volverla a someter a debate. 
Puedo entender por qué algunos diputados dicen, después de que la Comisión haya declarado que no está dispuesta a retirar la propuesta –el Sr. Prodi lo ha dicho por carta, el Sr. Byrne lo ha repetido ni se sabe la de veces– que no tiene ningún sentido celebrar otra votación en sesión plenaria sobre esta cuestión. La cuestión que se plantea es, en realidad, si tiene algún sentido en estas circunstancias volver a encomendar a la Comisión la preparación de una propuesta. Hablando por mí, tengo poca confianza en que sus departamentos responsables vayan a proponer algo que encontremos más manejable. Espero que no les importe que les hable en términos tan personales.
En cualquier caso, ante la negativa de la Comisión de reconsiderar la propuesta, estoy de acuerdo en que debemos redactar de nuevo toda la Directiva. En realidad no considero que esa sea una de las funciones de esta Cámara –se supone que nosotros tomamos decisiones políticas en lugar de redactar artículos– pero si la Comisión se muestra tan obtusa en esta cuestión, nosotros tenemos una obligación constitucional, una obligación que asumiremos para dotar a Europa de una legislación moderna, flexible y capaz de fomentar la competitividad en materia de créditos al consumo. Muchas gracias.
El Presidente
   . Así pues, la propuesta es devolver este informe a comisión sin debate.
Me gustaría darle las gracias, señor Wuermeling, y a todos los colegas por haber ayudado a resolver esa cuestión. 
El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre un informe de seguimiento detallado y un documento de estrategia de la Comisión sobre los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión.
Como ya he señalado anteriormente, hoy tenemos muchos invitados distinguidos en la tribuna para seguir este punto. Les doy la bienvenida. También me complace la presencia hoy aquí del Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, y del Comisario Verheugen. Sé por mis numerosos contactos para la preparación de este debate que el Comisario Verheugen está decidido a conseguir que estos informes sean aprobados por el Colegio de Comisarios una vez que los haya presentado a esta Cámara.
Lamento que, debido a que otras personas distintas del Comisario Verheugen no hayan respetado los procedimientos correctos, ustedes ya hayan leído en la prensa, en los últimos días, gran parte de lo que van a escuchar hoy aquí. De hecho, ayer se publicó ampliamente en algunos periódicos franceses. Esto no es una crítica al Comisario Verheugen, porque sé que estaba decidido a seguir los procedimientos acordados entre esta Cámara y la Comisión. Lamento que esta tarde no vayamos a escuchar por primera vez lo que debería ser una importante comunicación de fin de año entre nuestras instituciones. 
Prodi,
   . Señor Presidente, Señorías, representantes de los países candidatos, la máxima prioridad de mi Comisión, su prioridad absoluta, está a punto de hacerse realidad. En menos de seis meses seremos testigos de la mayor ampliación en la historia de la Unión.
La presencia en esta Cámara de representantes de los países que ingresarán en la Unión el año que viene es una prueba tangible de la importancia que tiene este acontecimiento. En primer lugar, permítanme que exprese mi gran admiración por los Gobiernos y los pueblos a los que ustedes representan. En los últimos años, hemos movido cielo y tierra para adaptar sus sistemas jurídicos y administrativos al acervo comunitario. Estas reformas demuestran su fuerte deseo de libertad y democracia. De hecho, han realizado ustedes una revolución silenciosa que les ha llevado a ingresar en la Unión Europea con la cabeza bien alta, orgullosos de sus logros.
Antes de finalizar las negociaciones de adhesión el año pasado, anuncié que la Comisión presentaría un informe sobre la preparación de los países candidatos unos seis meses antes de la fecha de su adhesión. Hoy estoy aquí, junto con el Comisario Verheugen, al que quiero agradecer su excelente trabajo, para presentarles dicho informe. El Informe detallado de seguimiento aprobado por el Colegio esta mañana es fruto de un largo y concienzudo trabajo de la Comisión, que ha vigilado y apoyado los preparativos de los países candidatos durante años.  Se basa en los 10 informes preparados por la Comisión, uno sobre cada país, que están a disposición de todos ustedes. Para la elaboración de dichos informes han participado expertos de la Comisión en los distintos sectores del acervo. Serán también los últimos informes de este tipo que la Comisión prepare sobre los países candidatos, aunque realizaremos un seguimiento de las cuestiones pendientes en los próximos meses. Esto significa que ya hemos dejado atrás la fase previa a la adhesión. A partir de ahora, la Comisión empezará a ejercer su papel institucional habitual como guardiana de los Tratados con respecto a los nuevos Estados miembros también.
Dentro de un momento le pediré al Comisario Verheugen que explique con detalle las conclusiones de la Comisión contenidas en el Informe detallado de seguimiento, pero primero quiero hacer algunos comentarios generales. La fecha oficial para la adhesión de los diez nuevos Estados miembros es el 1 de mayo de 2004, pero la perspectiva de la ampliación ha tenido ya efectos positivos. Para muchos países, la Unión Europea se está convirtiendo cada vez más en un referente del desarrollo de la sociedad civil y la vida política. Ningún otro agente –y repito, ningún otro– de la escena internacional puede jactarse de lo mismo. El motivo está claro. La Unión ha conseguido hacer realidad los ideales más elevados: paz, sobre la que hemos fundado nuestra Unión; democracia, que defendemos con todas nuestras políticas; mayores oportunidades para la prosperidad económica y solidaridad con las regiones y los grupos más desfavorecidos. También está claro por qué nuestro modelo tiene hoy tanto éxito. Por sí solos, nuestros países estarían a merced de entidades políticas y económicas más grandes y poderosas, pero unidos, podemos dirigir el proceso con el debido respeto a la democracia y a la dimensión humana.
Estoy convencido de que la adhesión de los nuevos Estados miembros el año que viene no planteará grandes problemas relacionados con la transposición del acervo comunitario en lo que respecta al mercado único o a las otras políticas comunitarias. Por supuesto, quedan todavía algunas cuestiones sin resolver, que se mencionan claramente en el informe, algunas de ellas muy importantes, pero estoy convencido de que todos estos países sabrán superar los últimos obstáculos que les quedan. Los diez Gobiernos son perfectamente conscientes de que una deficiencia en cualquier ámbito les privaría de los beneficios de la adhesión en ese sector, en términos tanto de transferencias económicas como de acceso al mercado. Si sigue habiendo problemas después de la adhesión, la Comisión cumplirá con su obligación, como siempre hace, y tomará las medidas necesarias. En cualquier caso, insisto, no preveo ningún obstáculo importante para la conclusión de este proceso.
De hecho, todas las cuestiones que hemos identificado son manejables y tenemos los instrumentos adecuados para ello. Además, a todos nos interesa que la Unión Europea absorba esta ampliación lo más deprisa y más suavemente posible, porque existen muchas otras cuestiones a las que tiene que enfrentarse y muchos otros objetivos que tenemos que conseguir, entre ellos la Conferencia Intergubernamental y el correcto funcionamiento de nuestras instituciones en una Unión ampliada, la estrategia de Lisboa, la nueva Perspectiva Financiera, la conclusión del proceso de ampliación y la política del círculo de amigos, la política de una Europa ampliada. Esos serán los verdaderos retos para la Unión ampliada de 25 Estados miembros.
Por lo tanto, una de nuestras tareas será la continuación del proceso de ampliación. Como he dicho a menudo, se trata de un proceso continuo, inclusivo e irreversible. Nuestro objetivo común es concluir el proceso de adhesión de Bulgaria y Rumania en 2007. Estos dos países han hecho también este año progresos importantes, y el Comisario Verheugen va a decir también unas palabras al respecto. Las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumania han avanzado considerablemente y es el momento de pensar en un marco para su conclusión. Estas negociaciones tienen que basarse en los mismos criterios que cumplen todos los demás países y sobre todo, por supuesto, en lo que se conoce como el principio del mérito propio. A principios del año que viene, la Comisión indicará la manera de finalizar las negociaciones presentando la propuesta de una oferta económica para la adhesión de Bulgaria y Rumania. Todos estamos de acuerdo en que esas negociaciones no pueden depender del resultado del debate de la nueva Perspectiva Financiera ni del debate de las futuras reformas –siempre hemos mantenido estas cuestiones separadas– y, para evitar que eso suceda, tenemos que tomar como referente el marco financiero creado ya para los diez países candidatos. En esto cuento con el apoyo del Parlamento y con su plena participación en la siguiente fase del proceso.
El año que viene será decisivo para Turquía. De hecho, esa será una de las últimas grandes decisiones que tendrá que tomarse en el actual mandato de mi Comisión. Habrá que evaluar el progreso que ha hecho Turquía en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague y recomendar si deben iniciarse o no las negociaciones de adhesión. Permítanme que deje una cosa clara a este respecto: será la Comisión la que presente el informe regular sobre Turquía y la recomendación en otoño de 2004. Ese fue el compromiso que adquirí en Copenhague el año pasado y cumpliremos nuestra promesa.
Hemos seguido muy de cerca la evolución de Turquía el año pasado. Se ha hecho un progreso considerable que demuestra la determinación del Gobierno turco a mover cielo y tierra en su esfuerzo por cumplir los criterios políticos de la adhesión. En el futuro seguiremos de cerca el progreso en aquellos ámbitos que todavía tienen que mejorarse, tanto en lo que se refiere a la legislación como al respeto de los nuevos derechos y libertades adquiridos por la población turca gracias a las reformas emprendidas. Por último, quiero reiterar el deseo de la Unión de que Chipre ingrese como un país unificado. No hemos perdido la esperanza de que así suceda. Está claro que a Turquía también le interesa resolver este conflicto rápidamente, porque así evitará que la cuestión de Chipre se convierta en un obstáculo para sus propias aspiraciones. La cuestión puede resolverse todavía antes del 1 de mayo del año partiendo de la propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas. Todas las partes afectadas tienen que contribuir a este proceso y la Comisión está dispuesta a ayudar de todas las formas posibles.
Señor Presidente, Señorías, antes de terminar, quiero mencionar a la región balcánica. Croacia ha presentado ya su solicitud de adhesión y la Comisión está ahora analizando las respuestas de Zagreb –un enorme número de respuestas–, al cuestionario que les enviamos a principios de verano. Otros países de la región piensan seguir el ejemplo de Croacia en breve. Nuestra respuesta a estos países tiene que ser perspicaz y larga de miras, dejándoles claro que las perspectivas de adhesión son verdaderas y que nos comprometemos a acompañarles en este camino común, aunque sin pasar por alto los estrictos criterios que siempre hemos adoptado.
Señor Presidente, Señorías, la historia ha hecho justicia a la visión de los padres fundadores de Europa: los Seis originales que acababan de salir de una guerra son ahora 25 –países libres y fuertes– y serán, sin duda alguna, más de 30 en el futuro. Dentro de unos meses, nuestra familia tendrá 10 nuevos miembros. Su entusiasmo contribuirá a reforzar nuestra Unión y a dotarla de nuevos horizontes. Tenemos que seguir ampliándola y, juntos, trabajando todos juntos, podremos consolidar y afianzar más aún los valores que la sustentan.
Señor Presidente, con su permiso, cedo ahora la palabra al Comisario Verheugen, al que quiero agradecer una vez más su extraordinariamente astuto trabajo y su firme compromiso con este proyecto.
Verheugen,
   .  Señor Presidente, Señorías, cuando concluimos las negociaciones con los diez países candidatos hace un año, lo hicimos partiendo del pronóstico de que esos diez países estarían debidamente preparados para la fecha de la adhesión, lo que significaba cumplir todas las obligaciones contraídas durante las negociaciones. Ese es el motivo del seguimiento: saber si dicho pronóstico fue o no acertado. El informe detallado de seguimiento que la Comisión ha aprobado hoy es el último. Se han presentado otros dos informes previos, que han tenido efectos muy positivos, y debo decirles que, después del debate en esta Cámara, cabe esperar, por supuesto, que los medios de comunicación se centren en los puntos respecto a los cuales hayamos identificado alguna deficiencia.
Por eso, me parece necesario empezar situando las cosas en perspectiva. En primer lugar, no tuvimos que volver a examinar la mayor parte del acervo comunitario, porque durante el proceso de negociación quedó patente que se habían cumplido todos los requisitos. Ni siquiera le echamos un segundo vistazo. Solo volvimos a considerar los sectores en los que quedaron algunas cuestiones pendientes durante las negociaciones y en los que se habían adquirido compromisos. Dividimos esta parte del acervo en 140 sectores de muy diversa importancia, algunos de los cuales contenían centenares de actos jurídicos, mientras que otros solo uno, y digo eso como ejemplo del volumen implicado.
El seguimiento de 1.400 sectores en total ha sido una tarea ingente; ha sido un esfuerzo colectivo de la Comisión en su conjunto, un esfuerzo que, en los últimos meses, ha exigido el trabajo de muchos cientos de personas, pero tengo que decir también que se ha hecho un trabajo muy importante y que en las anteriores ampliaciones no se había podido hacer este tipo de seguimiento. Tengo que decirles que nunca se había hecho algo así en la historia de la UE, y es importante que lo sepamos si queremos evaluar ahora debidamente el resultado de todo ello.
Hemos comprobado que, en los 1.400 sectores que han sido objeto de seguimiento, los preparativos se están desarrollando perfectamente y con arreglo al calendario en el 70% de los casos, y eso no necesita más comentarios. En el otro 27% de los casos hemos identificado algunas cuestiones puntuales que siguen pendientes, pero que, en general, no constituyen un motivo de preocupación. El proceso ya está en marcha y, según nuestro pronóstico, todo estará listo el 1 de mayo de 2004.
Eso significa que queda un 3% de sectores –en concreto, 39 de 1.400– en los que hemos encontrado graves omisiones y retrasos que solo podrán solventarse con dificultad. En esos casos, les estamos diciendo a los futuros Estados miembros que tienen que actuar con decisión y con la máxima urgencia para cumplir a tiempo los requisitos antes del 1 de mayo de 2004, de manera que también esos sectores queden perfectamente reglados.
Los 39 sectores con problemas se reparten entre los diez países. No les recomiendo que traten de establecer un orden; el hecho de que Polonia tenga diez de esos sectores no significa que su situación sea peor que la de los otros. La sencilla explicación de eso es que una gran parte de los problemas afectan solo a Polonia, porque el tamaño de los otros países significa que algunos de los problemas no les atañen. Creo que el resultado final es muy equilibrado. Solo quedan sin resolver unos pocos capítulos del acervo y estimamos que los problemas podrán resolverse en todos los países incluso antes del 1 de mayo de 2004. De lo contrario, y este punto es muy importante, la Comisión tendrá que adoptar las medidas oportunas mucho antes del 1 de mayo, y tenemos varias opciones posibles.
Podemos aplicar las medidas de seguridad que ya se contemplan en el Tratado. Podemos aplicar las medidas de seguridad específicas que se contemplan en el Tratado de Adhesión; podemos incoar procedimientos de infracción; podemos recurrir a intervenciones administrativas. Tenemos, pues, varias opciones y hoy se ha alcanzado un acuerdo en la Comisión según el cual cada Comisario, en sus respectivas esferas de responsabilidad, debe hacer el seguimiento de todas las cuestiones pendientes y proponer, en su caso, las medidas necesarias mucho antes del 1 de mayo.
Yo creo y espero que esas medidas no lleguen a ser necesarias, porque en la mayoría de los casos las consecuencias adversas que pueden derivarse de la no resolución de estos problemas afectarían solo a los nuevos Estados miembros, no a la Comunidad como tal. Por ejemplo, se ha planteado la cuestión de si existen estructuras que permitan el pago íntegro de los fondos para ayudas a la agricultura. Si no existen las estructuras administrativas adecuadas para ello, el resultado será que los fondos no podrán transferirse y el Gobierno culpable de esa negligencia terminará soportando una presión interna considerable cuando los agricultores no puedan recibir esas ayudas directas. Por lo tanto, yo creo que todos esos casos se resolverán antes del 1 de mayo de 2004.
Sabiendo que esta Cámara presta una especial atención a la seguridad alimentaria, puedo decirles que existen una serie de problemas también en este ámbito y que nuestra posición no ha cambiado, es decir, que no permitiremos la entrada al mercado interior de ningún alimento que no cumpla nuestras normas, y con eso me refiero a nuestras normas de higiene. Por ese motivo, las medidas necesarias sobre seguridad alimentaria se tomarán a más tardar en febrero, para garantizar que los productos que incumplan la normativa no puedan acceder al mercado interior. Pero esos casos son relativamente pocos, y los ciudadanos no deben formarse la idea de que un país ha actuado mal en un ámbito en particular solo porque algunas empresas no cumplan toda la normativa.
Resumiendo, entonces, hemos llegado a la conclusión de que las instituciones y las políticas seguirán funcionando a partir del 1 de mayo de 2004, que no se esperan trastornos apreciables y que, aunque no podemos descartar, por supuesto, la posibilidad de que surjan problemas, serán manejables en todos los aspectos. Así pues, se augura un buen resultado. Apoyo sin reservas y me sumo a las expresiones de agradecimiento de la Comisión por ese buen resultado y a la mención que acaba de hacer el Presidente Prodi a los importantes logros de los Gobiernos, los Parlamentos y los ciudadanos de los países candidatos.
Dicho lo cual, permítanme que hable sobre Bulgaria, Rumania y Turquía. Seré relativamente breve. Tanto Bulgaria como Rumania han hecho progresos importantes. Quiero insistir especialmente en que Bulgaria ha conseguido por fin poner en marcha la reforma de su sistema judicial, que se había identificado como un grave problema durante su evaluación.
Quiero destacar la valoración más positiva que ha recibido Rumania en términos de los criterios de la economía de mercado. La Comisión ya dice que Rumania puede considerarse una economía de mercado, siempre que el proceso de reforma continúe como hasta ahora, lo que suponemos que sucederá. Eso implica un reconocimiento de las importantes reformas económicas que ha conseguido ya Rumania y la considerable estabilidad macroeconómica que manifiesta.
Volviendo a como se desarrollarán las cosas con relación a Rumania y Bulgaria, la Comisión no recomienda desvincular estos dos procesos. Nuestro objetivo es la adhesión de esos dos países, juntos, en la Unión Europea en 2007, aunque sigue siendo válido el principio de que ningún país debe verse obligado a esperar a otro. Si resulta que durante el proceso actual se comprueba que los dos países progresan a velocidades diferentes, tendremos también que poder concluir las negociaciones en fechas diferentes.
Si bien podemos alegrarnos de que estos dos países se muestren dispuestos a terminar las negociaciones antes de que la actual Comisión agote su mandato, somos muy prudentes en lo que se refiere a este tipo de declaraciones. Agradecería también que el Parlamento hiciera lo mismo y no diera todavía ninguna fecha, limitándose a confirmar 2007 como el año de la adhesión. Para que se cumpla esa fecha, el trabajo sobre el tratado de adhesión tendrá que haber terminado antes de que finalice 2005. Eso significa que la fecha tope para concluir las negociaciones será en torno al verano de 2005, siempre que el país en cuestión cumpla realmente todos los requisitos exigidos. En conjunto, creo que esta perspectiva es favorable.
No obstante, quiero volver a animar decididamente a estos países para que hagan un claro esfuerzo por mejorar su gobernanza política y económica; y me refiero en particular a la corrupción y a la lucha contra los delitos económicos. Eso es también importante en términos del clima de inversión en los dos países y de su atractivo para los inversores.
Hemos tratado de no prejuzgar nada en lo que respecta a Turquía, y puede especularse si el informe que la Comisión ha presentado hoy hace alguna declaración sobre la decisión que tendrá que tomarse el año que viene. Hemos tratado por todos los medios de no hacer eso, sino de dar a Turquía un trato justo y objetivo, y eso significa que tenemos que atestiguar y reconocer el importante hecho de que las reformas se están desarrollando mejor y más deprisa, tanto en la esfera política como económica. Pero significa también que tenemos que decir la verdad y reconocer que en muchos aspectos no respetan todavía nuestras normas ni cumplen nuestros requisitos, y que esas cuestiones tienen que resolverse. No tiene sentido mantenerlas en silencio. He observado que Turquía ha reaccionado con cierta sorpresa, porque una de las consecuencias de la filtración –que es lamentable y, desde mi punto de vista, totalmente inaceptable–, es que conozco las reacciones de los países candidatos incluso antes de aprobar los informes, y la reacción turca tiende al estupor. Seguro que esperaban una evaluación algo más favorable.
Por eso quiero reiterar con toda claridad que, aunque reconocemos enteramente los progresos de Turquía, tenemos que advertir que los turcos siguen teniendo problemas con algunas cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, que la disposición de Turquía a regirse por los dictados del Tribunal de Derechos Humanos sigue siendo problemática y que existen graves problemas, sobre todo, en la puesta en práctica de reformas que ya se han decidido. Existe un importante déficit de transposición aquí; el Gobierno también lo reconoce y quiere hacer algo al respecto.
El Presidente Prodi se acaba de referir al problema de Chipre. Yo también tengo que referirme a él, porque quiero informarles de que la Comisión ha dado hoy un paso más, un paso nuevo que puede motivar cierta controversia. En nuestro documento de estrategia, hemos vinculado el deseo de adhesión de Turquía con la cuestión de Chipre.
Para que no haya ningún malentendido y teniendo también en cuenta las reacciones turcas, permítanme que les explique que esa no es una condición. Tenemos que adherirnos estrictamente a las conclusiones de Helsinki, según las cuales esa no es una condición. Es la constatación de un hecho. Lo único que decimos es que el fracaso en la resolución del problema de Chipre representaría un importante obstáculo para las ambiciones europeístas de Turquía. No es más que la constatación de un hecho, pero no niego, por supuesto, que esa constatación adquiere relevancia política cuando aparece un documento de estrategia como este, y puedo decirles también que este mensaje político, esta relevancia política, es deliberada. La Comisión quiere dejar claro que cree en esa conexión política y quiere, por tanto, animar a Turquía a adoptar una postura más proactiva para resolver el problema de Chipre basándose en el plan de las Naciones Unidas.
Estoy firmemente convencido de que las elecciones en la parte turca de Chipre serán una buena oportunidad y tendrán como consecuencia inmediata una mayor presión sobre todos los partidos para salir de una situación en la que están bloqueados desde hace tiempo. Pienso que un mensaje de este tipo por parte de Europa ayuda al actual Gobierno turco, ya que le da un sólido argumento en contra de las facciones turcas que se interponen al progreso, sobre todo respecto al tema de Chipre.
Eso era algo que quería explicarles, ya que los próximos días se celebrará un amplio debate internacional sobre esta cuestión. Siempre hemos dicho que el proceso de adhesión pretende ser un catalizador para resolver el problema de Chipre y tenemos que aprovechar, creo, todas las oportunidades disponibles para resolver la anacrónica situación de un futuro Estado miembro de la Unión Europea que tiene que vivir entre alambradas de espino y tropas de las Naciones Unidas desplegadas para proteger a dos grupos étnicos enfrentados entre sí. Para nosotros como europeos, eso es sencillamente inaceptable, es indigno de nosotros...
… y por eso la Comisión ha decidido dar este paso. Al ser esta la última ocasión en que la Comisión podrá presentar unos informes tan detallados al Parlamento, permítanme que termine mi intervención volviendo a agradecerles muy, muy calurosamente su cooperación, que siempre ha sido constructiva, fructífera y digna de confianza.
El Presidente
   . Quiero dar las gracias a la Comisión por esos informes. También quiero recordar a sus Señorías que ahora no vamos a celebrar un debate sobre el fondo. Estos informes irán a la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, los ponentes elaborarán sus propios informes y después se celebrará el debate. 
Poettering (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señorías, todos podemos alegrarnos de haber llegado tan lejos como hemos llegado, y por eso quiero expresar mi más caluroso agradecimiento a la Comisión, a su Presidente Sr. Prodi, y al Comisario Verheugen. Dicho eso, trataré de ser breve. Se ha mencionado el material publicado. Me parece intolerable que ciertas cosas se filtren a la prensa sin que el Parlamento tenga los documentos en cuestión. Comisario Verheugen, ¿a qué atribuye usted eso?
Ahora mi segunda pregunta. Aunque le animaría a trabajar para que los países candidatos sigan cumpliendo con sus compromisos, le pregunto también si no debemos darles buen ejemplo, por ejemplo en materia de estabilidad política. ¿No tenemos que hacer nosotros todo lo posible para cumplir los Tratados y dar buen ejemplo a nuestros futuros socios en la Unión Europea?
Mi tercer comentario tiene que ver con Turquía. Todos celebramos mucho que Turquía haya decidido tomar este camino. Los turcos son nuestros amigos y aliados, ¿pero no tenemos también que distinguir entre lo que se dice en teoría y lo que se hace en la práctica? En cuanto a la adhesión de Turquía, le pido que considere la posibilidad de otro tipo de relación, como sería, por ejemplo, una asociación privilegiada. La mayoría de nuestro Grupo es partidaria de establecer una relación buena y estrecha de vecindad, fundamentada en una asociación privilegiada.
Verheugen,
    Señor Poettering, no puede estar usted más enfadado que por esas filtraciones de información. Permítanme que diga con toda seriedad que posiblemente sea un punto débil en los procedimientos de la Comunidad el hecho de que la Comisión tenga que recibir tantos documentos confidenciales antes de tomar una decisión. Tan pronto como los documentos abandonan mi despacho, a menudo se producen filtraciones. Sabía que ocurriría esto. Cuando, a las seis de la tarde del pasado viernes, de conformidad con las normas de la Comisión, tuvimos que entregar los documentos, no tuve ninguna duda de que mi fin de semana se había terminado, ¡y así fue! Esta mañana he dicho a la Comisión que no quiero contar cuántas interferencias políticas he tenido que soportar en los últimos días, por parte de los Jefes de Gobierno y de los Ministros de Exteriores de todos los Gobiernos, porque no quiero dar la impresión de que la Comisión soporta ese tipo de presiones. El verdadero problema de esas filtraciones es que limitan la capacidad de acción de la Comisión. Hemos sido incapaces de hacer ninguna modificación hoy, porque todos y cada uno de nosotros podríamos haber hecho comparaciones entre lo que ha sucedido hoy y lo que queríamos en un principio. Eso es muy triste, señor Poettering, y no puedo darle ninguna explicación. Es un caso de negligencia de algunas personas en el cumplimiento de sus deberes. Los intentos realizados hasta ahora para descubrir a los responsables han fracasado una y otra vez, y ya no tengo ninguna confianza de que tengan algún éxito. Lo único que puedo hacer es pedir al Parlamento que disculpe esta conducta claramente impropia de algunos miembros del personal que no conozco por su nombre, pero que espero que ustedes disculpen.
Estoy también de acuerdo con respecto a la segunda cuestión. Si comparáramos el número de problemas que se han identificado en los nuevos Estados miembros con el número de procedimientos de infracción entablados contra los actuales Estados miembros en un año cualquiera, descubriríamos una discrepancia sorprendente. El hecho es que el número de infracciones de los Tratados que cometen los actuales Estados miembros todos los años es muchas veces superior al número de problemas que hemos identificado ahora. Comparto plenamente su opinión de que, si pudiéramos medir a los actuales Estados miembros por el mismo rasero que aplicamos a los candidatos a la adhesión, posiblemente obtendríamos resultados sorprendentes en una u otra área, ya fuera en el área a la que usted se ha referido –la disciplina macroeconómica– o posiblemente en otras también.
Lo que ha dicho sobre el tema de Turquía no es nada nuevo para mí; es un punto de vista que yo respeto. Sabrá usted que se trata de un área en donde la Comisión tiene un claro mandato del Consejo, y que tiene que actuar en consecuencia. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer solo un comentario. Se necesita y tiene que haber un debate sobre los principios que sustentan la adhesión o no adhesión de Turquía. ¿Qué mejor sitio que en esta Cámara? ¿Qué mejor que entre los ciudadanos europeos? Estoy plenamente de acuerdo con eso. Lo único que pido es que, en ese debate, no perdamos nunca de vista el hecho de que los europeos tenemos un interés directo en que Turquía sea una democracia perfectamente desarrollada, un país plenamente desarrollado con un Estado de derecho que respete los derechos humanos y proteja a las minorías.
Si tenemos eso siempre en cuenta, no me parece que ese debate necesario e inevitable pueda hacer ningún daño. 
Titley (PSE ).
   – Señor Presidente, solo quiero señalar que las filtraciones no ayudan al objetivo de la Comisión de participar en las decisiones en materia de política exterior y de seguridad. Acojo con satisfacción lo que ha dicho hoy la Comisión. Es un paso importante y también agradezco las palabras del Comisario Verheugen, asegurando que la Comisión emprenderá acciones si no se alcanzan progresos en esos 39 ámbitos.
En primer lugar, el Comisario envió cartas de advertencia a los países candidatos este mismo año. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Indica su respuesta que ellos también responderán a estas propuestas que nos ha presentado?
En segundo lugar, con respecto a Rumania, en cuyo caso hubo una ligera vacilación en sus palabras, ¿hasta qué punto los historiales previos de Rumania, en que prometía mucho y ofrecía poco, cuentan en su contra, a pesar de los progresos que ha realizado en los últimos dos o tres años?
Finalmente, quiero preguntar al Comisario por las negociaciones secretas de las que habla todo el mundo, las negociaciones paralelas para ampliar el Espacio Económico Europeo a los países en vías de adhesión. ¿Cómo van exactamente las negociaciones sobre el Espacio Económico Europeo? 
Verheugen,
    Señor Titley, los dos informes de seguimiento que hemos presentado en la primera mitad de este año han dado resultados positivos. Al mismo tiempo, hemos identificado algunos problemas que nos han llevado a enviar lo que llamamos «cartas de alerta», eso que en mis días de colegio en Alemania se llamaba «carta azul» –creo que en inglés se llama «carta roja»– y que siempre contenía la amenaza de que si no te ponías a estudiar en el acto, corrías el riesgo de repetir curso. Los resultados son muy interesantes. Casi la mitad de los casos que hemos identificado se han resuelto ya, de manera que no aparecen en el informe de seguimiento final. Ahora escribiremos también a los Gobiernos, y sé que, en todos los casos, las opiniones de la Comisión serán aceptadas –nadie discute eso– y que todos los Gobiernos colaborarán, por lo que creo que podremos resolver los problemas. Algunos Gobiernos, por ejemplo, me han dicho que ya se está preparando la legislación relevante. Sin lugar a dudas, se ha demostrado que el seguimiento es un buen método para ayudar al progreso.
Lo único que puedo decir en respuesta a su comentario sobre Rumania es que la estabilidad política y económica que hemos visto en Rumania en los últimos dos años se mantiene y que, gracias a ello, Rumania está actualmente en una posición muy buena para conseguir el objetivo que persigue. 
Watson (ELDR ).
   – Señor Presidente, felicito al Comisario por haber situado a los países en vías de adhesión en un punto en el que se plantean menos de 40 preocupaciones graves de los 140 elementos del acervo. La mayoría de esas preocupaciones corresponden al ámbito de la legislación sanitaria y alimentaria o de la administración pública. Sin sacar a la luz las preocupaciones, ¿confía el Comisario en que se podrán superar los obstáculos antes del próximo mes de mayo?
Por otra parte, con respecto a Bulgaria y Rumania, está surgiendo una diferencia clara. Quiero preguntar al Comisario si dará una señal clara de que Sofía ha preguntando acerca de los requisitos finales de la Unión y si será severo con los rumanos con respecto al enorme progreso que Rumania todavía tiene que hacer.
Acojo con satisfacción las observaciones del Comisario sobre Turquía. Las reformas del Gobierno del Primer Ministro Erdogan son reales y deben ser bienvenidas. Estas reformas deberán aplicarse plenamente; señor Comisario, tiene usted razón al exigir más, particularmente con respecto a los derechos políticos y a Chipre. Sin embargo, debemos reconocer los enormes progresos de Turquía y espero que la Comisión se comprometa a buscar todos los recursos posibles para trabajar con Turquía, con el fin de ayudarla a que consiga la adhesión. 
Verheugen,
    Señor Watson, soy –por así decirlo– moderadamente optimista respecto a que todo se resolverá. Soy totalmente optimista respecto a que la mayor parte se resolverá. Aunque no podamos descartar la posibilidad de que surjan contratiempos en un caso u otro, insisto en que todos los problemas que surjan podrán aislarse y no producirán ningún daño global en el mercado interior, la Política Agrícola, o el mercado alimentario en su conjunto.
Si me permiten pasar a hablar sobre Rumania y Bulgaria, desde luego que a Rumania le queda mucho camino por recorrer, pero no hay duda alguna de que en los dos últimos años ha avanzado mucho. Bulgaria y Rumania recibieron una señal económica cuando nos comprometimos a presentar el paquete financiero en el primer semestre del año, es decir, durante la Presidencia irlandesa y, además, muy a principios de año. Ya he debatido en profundidad con el Ministro irlandés de economía cómo puede tratarse esta cuestión. Las dificultades políticas y técnicas que plantea el paquete financiero para Bulgaria y Rumania me parecen manejables, ya que pretendemos utilizar los mismos métodos, los mismos principios y las mismas normas que utilizamos con los Diez. No estamos proponiendo un nuevo paquete para Rumania y Bulgaria, sino que vamos a extrapolar, por así decirlo, lo que ya hemos hecho antes con los Diez. Esa es también la única posibilidad que tenemos si las órdenes que tenemos son que el paquete financiero para Rumania y Bulgaria no afecte a la próxima Perspectiva Financiera, la cual, a su vez, tampoco debe afectar a la conclusión de las negociaciones con Rumania y Bulgaria. Por eso no podemos hacer más que elegir la misma metodología que ya habíamos elegido para los Diez. No creo, por tanto, que sea tan difícil ni quiero descartar la posibilidad de que seamos capaces de hacer un progreso perceptible en este ámbito durante el primer semestre de 2004.
Titley (PSE ).
   – Señor Presidente, el Comisario no ha respondido a mi tercera pregunta sobre la adhesión de estos 10 países al Espacio Económico Europeo. Puede que haya decidido no responder, pero también puede que se le haya olvidado. Me gustaría obtener una respuesta. 
El Presidente
   . El Comisario le responderá en su próxima intervención. 
Oostlander (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar calurosamente al Comisario Verheugen. En Alemania existe un «Canciller de la Unidad» y también un «Comisario para la Unificación de Europa». Mis más sinceras felicitaciones por esto. Celebro en particular que, en su informe, haya dado una clara prioridad a los criterios políticos con respecto a Turquía. Ese es un punto importante. Es evidente que el progreso realizado es importante para la población turca. Creo que debemos decirlo con un sentimiento de gratitud.
En segundo lugar, tengo que deducir de su informe que está algo decepcionado con lo que ha sucedido en la realidad. Yo también lo estoy, como poco. Pensé que se habría hecho más de lo que se ha hecho en realidad, sobre todo en lo que respecta a la situación del ejército; al menos así se deriva de su informe. Estas son cuestiones con graves implicaciones. Su optimismo respecto a los diez países que ingresarán en la UE el 1 de mayo está motivado por aspectos secundarios que todavía pueden resolverse. Creo que el gran paso hacia un Estado constitucional democrático –que todavía tiene que darse en la práctica– es de tal magnitud que difícilmente podemos esperar que se complete de aquí a un año. Corríjame si me equivoco, señor Comisario, ¿pero es diciembre de 2004 la fecha a partir de la cual ya no nos tomaremos en serio nuestra comunidad política de valores, o la fecha en que caerá la guillotina sobre la adhesión de Turquía? En ese sentido, creo que dicha fecha está produciéndonos cada vez más ansiedad. ¿No sería preferible, por tanto, en relación con Turquía, que nos centrásemos en un progreso basado en programas, o directrices, en el camino a un estado constitucional democrático? 
Verheugen,
    Señor Presidente, respecto al tema del Espacio Económico Europeo, señor Titley, ruego a Liechtenstein, en interés del funcionamiento de dicho espacio, que no relacione la firma del Tratado con problemas que surgen del pasado de Europa, sino que trate de dialogar con la República Checa para resolver esas dificultades. En la actualidad estamos trabajando muy duro para proponer al Principado de Liechtenstein y a la República Checa una posible solución al problema. No puedo saber todavía si lo conseguiremos o no, pero lo estamos intentando, estamos haciendo todo lo posible, aunque, evidentemente, nunca se sabe.
Estoy de acuerdo con usted, señor Oostlander, en que precisamente en el aspecto militar era donde habíamos esperado un mayor progreso en Turquía. Existen dos cuestiones que me preocupan especialmente. La primera de ellas es que el personal militar turco sigue formando parte de las autoridades supervisoras que controlan parcelas importantes de la vida civil, como el Consejo Nacional de Educación o el Consejo Nacional de Radio y Televisión. A los militares no se les ha perdido nada allí. También sucede que una gran parte del presupuesto turco para defensa no está sujeta a control parlamentario, y el hecho de que un presupuesto no esté sujeto a control parlamentario es un claro indicio de déficit democrático. No hay ninguna duda al respecto.
No creo que necesitemos nuevos raseros para Turquía, ni un plazo nuevo o cualquier otra cosa. La propia Turquía decidirá si la evaluación final será o no favorable. De ella depende que presione para que continúen las reformas y, como el Sr. Poettering ha dicho con acierto, para que se pongan en práctica y podamos evaluarlas. Las condiciones políticas que rigen la adhesión ya se han cumplido. El plan de trabajo está claro: una decisión a finales del año que viene. La Comisión acometerá esta tarea con seriedad, equidad y objetividad, y no eludirá su responsabilidad. 
Maes (Verts/ALE ).
   – Señor Comisario, Señorías, en nombre de mi Grupo, es un placer sumarme a las felicitaciones que ha recibido el Comisario y todos aquellos que le han ayudado, pero existe una cuestión que todavía nos preocupa. 
En algunos países candidatos existen una serie de sectores, y a menudo son esos mismos ámbitos de la política los que exigen un mayor esfuerzo. Me refiero, por ejemplo, a la discriminación en el ámbito de la política social y el empleo, el derecho al asilo y la justicia. Me vienen a la cabeza algunos problemas específicos, que llaman particularmente la atención a nuestros ciudadanos de la UE, y supongo que también a los ciudadanos de esos países. Les estoy hablando de cosas como la discriminación contra los romaníes, la prostitución infantil y el tráfico de seres humanos. Si estas cuestiones no reciben una atención prioritaria para que se resuelvan antes de la adhesión, ¿qué medios tenemos para influir en ellas después de la adhesión? En este sentido, citaré textualmente unas palabras que son suyas: esos países serán ya miembros de la Unión Europea, y como usted ha dicho en su introducción, tendremos muy poca influencia sobre ellos. 
Verheugen,
    Señora Maes, ha planteado usted algunas cuestiones muy delicadas, y le daré una respuesta muy clara. En primer lugar, respecto a la integración política, económica y social de las minorías, Europa tiene problemas no solo con los romaníes. Podría citar como ejemplo otros colectivos que en algunos Estados miembros sufren también una discriminación similar. No son solo, por tanto, los países del sudeste de Europa los que tienen problemas con la integración de la minoría romaní, sino también otros Estados miembros perfectamente establecidos tienen problemas con la integración de sus minorías nacionales. En lo que respecta a los romaníes, han sido y siguen siendo, como saben ustedes, el principal foco de atención del trabajo previo a la adhesión, y en ningún caso consideraremos que un país está preparado para la adhesión hasta que no haya formulado y puesto en práctica una estrategia viable para su integración. Sin embargo, ya he dicho muchas veces en esta Cámara que sería totalmente ilusorio creer que el problema de la discriminación y de los romaníes puede resolverse antes de la adhesión en el sentido de que no exista ya más discriminación; se trata de un reto al menos para toda una generación. Lo que razonablemente podemos conseguir es, precisamente, que se formule y ponga en práctica una política contra la discriminación, y creo que eso es algo que ya hemos conseguido.
En cuanto a las otras cuestiones, como la prostitución y el tráfico de mujeres y niñas, hemos declarado repetida e enérgicamente que son actividades prohibidas, por supuesto, en todos esos países. No podemos decir que exista un vacío en la legislación, pero sí en su aplicación. Pero permítanme añadir algo más, ya que, sobre todo en los últimos tiempos, las cuestiones que tanto me preocupan se han hecho evidentes en los puestos que vigilan las fronteras checo-alemana y checo-austriaca. Cuando hablamos de prostitución o incluso prostitución infantil, siempre hay dos caras. Por un lado están los que ofrecen sus servicios o se ven obligados a ofrecer sus servicios, pero por el otro están los que demandan esos servicios. Siempre he estado a favor y siempre he dicho que la cuestión tiene que abordarse desde las dos caras. No creo que la podamos resolver si solo la abordamos desde el ángulo de esas desgraciadas mujeres, niñas y niños, que sufren abusos sexuales o de otro tipo. También tiene que abordarse desde el ángulo de los que se presentan como clientes, que crean la demanda y también una oferta. 
Modrow (GUE/NGL ).
   – Señor Verheugen, comprendo su enfado con los medios de comunicación. Quiero hacerle tres preguntas: en primer lugar, en los medios de comunicación polacos se han anunciado 51 casos de infracción, cuando en el Parlamento se habla de la necesidad de mano dura. Posiblemente también tenga usted que utilizar mano dura en su área, pero cuando la mano dura se dirige contra los ciudadanos, la cosa se complica y no solo se ven afectados los funcionarios. Tengo la impresión de que aumentará la carga social en Polonia; el viento sopla en contra del Gobierno.
La segunda pregunta que quiero hacerle es: ¿qué piensa usted sobre los procesos regionales en los países candidatos? En Praga hay un 3% de desempleo, en la zona industrializada del norte de Moravia el paro llega al 30%. Mi tercer comentario es que queremos buenas asociaciones. Acabamos de hablar sobre los romaníes y, si queremos establecer una buena asociación con Rusia, tendremos que resolver la cuestión de las minorías rusas en los Estados bálticos con mayor coherencia y seriedad, sin reservas políticas ni discriminación, sino de una forma que realmente conduzca a una solución. 
Verheugen,
    Señor Presidente, señor Modrow, lamento no haber entendido su primera pregunta o su primera acusación. No entiendo lo que quiere decir con los 51 casos y con una mano dura. No me resultan familiares ni esa cifra ni las palabras que ha elegido. En lo que respecta a Polonia, creo que ha demostrado que es capaz de cumplir los criterios que rigen la adhesión y la aplicación del acervo comunitario, y el Gobierno polaco está trabajando duro para solucionar los problemas encontrados, que son nueve, no cincuenta y uno.
En cuanto a las diferencias regionales en desarrollo, esa es una cuestión que la Comisión se toma muy en serio y sobre la que informamos periódicamente, y estamos incluyendo esas diferencias regionales de desarrollo en la estrategia para los fondos estructurales que aplicaremos a todos esos países el año que viene y que debe ayudar significativamente a reducir esas diferencias entre regiones.
En el caso de la minoría rusa en los países bálticos, señor Modrow, no estoy de acuerdo con usted en que la cuestión se esté abordando de una manera poco adecuada. Por el contrario, creo que la Comisión está llevando esta cuestión extremadamente bien, pero que existen fuerzas nacionalistas en la Duma rusa que hacen un planteamiento irresponsable del problema. Puedo darle más detalles si así lo desea. En cuanto a la situación de la minoría rusa, hemos sido rigurosos en asegurar que Estonia y Letonia cumplan la legislación correspondiente, como ya la están cumpliendo. Eso no significa que no puedan seguir mejorando. En las conversaciones que mantuve la semana pasada en Moscú con el Presidente Putin y el Ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sr. Ivanov, y otros destacados dirigentes, les dije que podemos y queremos que sigan mejorando, pero que los dos países cumplen ya, en términos generales, la legislación europea en materia de minorías.
Rothe (PSE ).
   – Señor Presidente, Comisario Verheugen, quiero expresar en primer lugar mi gratitud por el excelente trabajo que se ha realizado. Dicho lo cual, quiero formular una pregunta específica sobre Chipre y Turquía. Celebro mucho las aclaraciones contenidas en el informe de progreso respecto al hecho de que la no resolución de la cuestión de Chipre constituya un obstáculo. Creo que también es muy difícil de imaginar el inicio de las negociaciones con un país que, al mismo tiempo, está ocupando parte del territorio de la UE, como sucederá según establece el Derecho internacional a partir de mayo del año que viene. 
Eso me lleva a formular una pregunta específica: actualmente a los ciudadanos turcos se les entrega, en masa, pasaportes para el Estado declarado ilegalmente en el norte de Chipre, cuya finalidad es, por un lado, cambiar la situación demográfica y, por otro, impedir una victoria de la oposición. Esa es la situación actual. Aunque no reconozcamos estas elecciones, sabemos que el resultado influirá mucho en lo que suceda en el futuro. Creo que serán también muy importantes para Turquía. La pregunta concreta que quiero hacerle es, por tanto: ¿Cree que podemos influir sobre Turquía en este terreno y dejar claro que queremos poner fin a esa situación? 
Verheugen,
    Señor Presidente, señora Rothe, estamos hablando, en el fondo, de unas elecciones parlamentarias en un país que no reconocemos. Ahora bien, esas elecciones son políticamente importantes, sobre todo este año. He comentado con satisfacción las garantías que me ha dado la parte turca en el diálogo de que Turquía no permitirá que nada ensombrezca esas elecciones. La situación que nosotros, y muchos otros, describimos indica, no obstante, que ya se han ensombrecido. Ha habido un claro intento de manipular las listas electorales, para tratar de conseguir el resultado deseado. Las posibilidades de influir en el proceso electoral son muy limitadas.
Tengo entendido que estas elecciones están siendo vigiladas por medios de comunicación independientes y también por organizaciones no gubernamentales independientes, que periódicamente informarán sobre ellas para que pueda formarse una opinión pública europea que ejerza presiones. Este, señor Presidente, es uno de los casos en que el Parlamento puede hacer más que la Comisión y me gustaría que supiera aprovechar la oportunidad. Sé que usted ya la ha aprovechado. 
Gawronski (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, como ha dicho el señor Comisario, dado que Polonia es el mayor de los países en vías de adhesión, es natural que tenga más problemas y preocupaciones más serias que nadie. ¿Sería justo decir, como dicen muchos polacos, que –en algunos casos al menos– parte del problema relativo a la administración integrada y al sistema de control se debe a que Bruselas está retrasando el gasto en las necesidades finales del sistema? ¿Sería justo decir eso? 
Verheugen,
    Señor Presidente, me está pidiendo demasiado, porque no puedo, como es lógico, darle información sobre cómo funciona la asistencia técnica en casos particulares, sobre todo porque se trata de un procedimiento muy específico. Lo que sé sobre este sistema es que teníamos noticias de la existencia del problema desde hace casi un año y medio y que, en un principio, las autoridades agrarias polacas respondieron con mucha vacilación, para luego decidir un cambio de estrategia, que motivó un retraso considerable. Si tienen ustedes evidencias de que el personal de la Comisión asesoró mal o dio información falsa, les pido que me lo hagan saber, ya que me gustaría indagar en el tema. No tengo noticias de que haya sucedido algo así.
Pero estoy dispuesto a reconocer una cosa: lo que ha pasado ahora es una prueba más de que nuestras estructuras administrativas son tan increíblemente complicadas en algunos ámbitos que un país candidato no puede, aunque quiera, satisfacer esas demandas en un espacio de tiempo relativamente corto. Eso es especialmente cierto en el sector agrícola.
Sabemos también por experiencia que el programa Sapard está siendo el más difícil de todos los programas previos a la adhesión, porque es el que impone mayores demandas sobre los nuevos miembros y porque, de todos los sistemas, es el más complicado y el que conlleva más obligaciones. Reconozco que se trata de un sistema extremadamente complicado, pero que si quieren discutir quién es responsable de que existan o tengan que existir unas estructuras tan complejas en este sector, es un debate muy diferente, eso es un tema muy diferente. 
Queiró (UEN ).
   – Señor Presidente, voy a aprovechar esta intervención para referirme expresamente a Hungría, un país que he podido observar en mi calidad de ponente para esta Cámara. Quiero hacer algunas aclaraciones complementarias sobre las conclusiones que he tenido ocasión de leer, aunque destacando primero el elevado grado de incorporación del acervo comunitario a la legislación húngara y a las instituciones nacionales, un dato que, por supuesto, comento con satisfacción.
La primera pregunta que quiero hacer se refiere a la llamada «ley de estatuto», la ley que se aplica a los húngaros residentes en países vecinos: ¿qué dice de la situación actual, señor Comisario? ¿Cree realmente que se ha respetado el compromiso de consultar a los países vecinos antes de modificar esa ley? La segunda pregunta hace referencia a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que ya ha tenido usted ocasión de mencionar antes, señor Comisario: ¿qué puede decirnos de la conducta de las autoridades húngaras durante sus investigaciones y la causa contra los escándalos financieros de elevado perfil, que usted conoce, señor Comisario, y que se han descubierto recientemente en ese país? En concreto, ¿qué comentarios le merecen las críticas del Gobierno húngaro a las autoridades supervisoras financieras que, por supuesto, son independientes del Gobierno de ese país? 
Verheugen,
    Señor Queiró, no creo que fuera buena idea que la Comisión retomara las cuestiones relacionadas con la Ley de residencia húngara. Desde hace mucho tiempo he tratado de ayudar, con la máxima discreción, a todos los países afectados para evitar los conflictos que pueden derivarse de dicha ley. Mientras tanto, hemos llegado a un punto en el que se ha alcanzado un acuerdo entre Rumania y Hungría y las conversaciones entre la República Eslovaca y Hungría todavía no han concluido. Recomiendo encarecidamente que no se interfiera en estas conversaciones, puesto que es una oportunidad para que dos Estados hablen y actúen como buenos vecinos. Si necesitan nuestra ayuda, la tendrán. Pero por ahora, los dos países están hablando entre sí y creo que esas conversaciones darán fruto antes o después. Y aunque no lo den, el Derecho comunitario prevalecerá en esta cuestión a partir del 1 de mayo de 2004, eliminando en cualquier caso todas las diferencias de tratamiento por motivos de nacionalidad.
La otra pregunta es una cuestión muy complicada relacionada con los conflictos internos que existen en Hungría. No creo que se trate en este caso de un problema sistemático, es decir, de un problema que podría considerarse como una prueba de que Hungría no cumple las condiciones de la adhesión. Más bien se trata de conflictos internos generalizados y con una enorme carga emocional. No creo que me corresponda entrar en un conflicto así y dar mi opinión sobre él. Es como si me entrometiera en los conflictos nacionales de los actuales Estados miembros. Ahora tenemos que entender que los nuevos Estados miembros han dejado atrás la etapa en la que se sometieron a una cierta vigilancia. Ya no me siento en absoluto responsable de los conflictos internos de esos países. Observarlos y juzgarlos es ahora tarea del Parlamento, del Consejo, pero al poder ejecutivo no le corresponde, desde luego, juzgar lo que hacen un Gobierno y un Parlamento libremente elegidos. Les ruego que entiendan que no quiero que la Comisión empiece a entrometerse en la política interna de un futuro Estado miembro. 
Swoboda (PSE ).
   – Señor Presidente, Comisario Verheugen, creo que los informes son muy equilibrados y exactos. Con respecto a Rumania, quiero añadir que hasta hace poco hemos visto medidas visibles contra la corrupción, y eso debe considerarse como algo positivo. Hay una cuestión que le pido que considere detenidamente, señor Comisario, concretamente la extensión de algunos aspectos de la delincuencia organizada a países vecinos. Eso causa grandes problemas y le pido, señor Comisario, que inste de verdad a Rumania a hacer algo para evitarlo, en su propio interés.
En cuanto a Turquía, su informe me ha parecido muy equilibrado, y la cuestión de Chipre se ha planteado bien. Quiero preguntarle, señor Comisario, si quiere unirse a mí y quizá pedir a todos los partidos representados en esta Cámara que no conviertan a Turquía es un tema de la campaña electoral para las próximas elecciones europeas, porque me temo que algunas fuerzas pretenden utilizar «A favor o en contra de Turquía» como lema de su campaña en 2004. Espero que esté de acuerdo conmigo en que las cosas no deben ser así. Gracias. 
El Presidente
   . Señor Comisario, ¿quiere hablar acerca de las próximas elecciones al Parlamento Europeo? 
Verheugen,
    Señor Presidente, corro el peligro de dar un traspié aquí. Como sabe, señor Swoboda, todos los partidos representados en este Parlamento tienen plena libertad para escoger cualquier problema europeo como tema central de su campaña. Lo he dicho muchas veces: no puedo evitar ni evitaré que se plantee en las elecciones un tema de importancia tan capital para el futuro de Europa como es la posible adhesión de Turquía. En el fondo, ¿dónde lo van a plantear si no es a sus electores antes de unas elecciones? Tal como yo concibo los fundamentos de la democracia, los ciudadanos tienen derecho a que se discutan con ellos estos temas. Eso lo tengo muy claro y, por tanto, no voy a criticar a nadie.
Solo puedo repetir lo que acabo de decir, que el debate debe tener lugar de tal forma que no se haga ningún daño, se tenga siempre en cuenta el interés europeo común y los ciudadanos sepan que queremos algo de Turquía. Lo que queremos de Turquía es que por su situación política, estratégica y geográfica asuma tareas de seguridad en nuestro nombre, tanto en el terreno político como económico, que nadie más en el mundo está en posición de asumir. Necesitamos a Turquía de nuestro lado. Y eso se le tiene que decir también a los ciudadanos. 
Van Orden (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar, con respecto a la cuestión de la disponibilidad de sus informes, quizás la Comisión podría demostrar su cortesía a este Pleno facilitando una copia provisional a los ponentes de esta Cámara en lugar de los medios de comunicación.
Hablo como ponente para Bulgaria, un país que se unirá a la Unión Europea en 2007. Espero que se tomen todas las medidas posibles para completar las negociaciones en 2004, preferiblemente antes de mayo de 2004. De este modo, se enviaría un mensaje muy importante al pueblo búlgaro. A pesar de que la Comisión afirma con razón que el proceso de adhesión de Bulgaria se basa en el principio de los «méritos propios», también ha dicho que está comprometida con un tratado de adhesión común para Bulgaria y Rumania para finales de 2005. Bulgaria no debería tener ningún problema en ese sentido y espero que Rumania cumpla también ese objetivo, pero no me gustaría pensar que las aspiraciones de Bulgaria podrían verse de algún modo truncadas por una ralentización del progreso de su vecino del norte.
Finalmente, con respecto a Chipre, estoy de acuerdo en que existen grandes posibilidades de que las dos comunidades alcancen un acuerdo global, pero esto exige buena voluntad y flexibilidad de partes y, de hecho, que la Comisión presione a ambas partes. 
Verheugen,
    Señor van Orden, me limitaré a repetir algo que ya he dicho. Tengo que disculparme por las irregularidades y la negligencia en el cumplimiento del deber de las que se ha acusado a personal que no conozco, pero no puedo reconocer que se hayan cometido negligencias que me hayan llevado a mí mismo a cometer una infracción y a incumplir las normas de la Comisión. Les pido que lo entiendan. Entregamos el documento a todos los ponentes –y a ustedes– unos minutos después de ser aprobado por la Comisión. Les pido, no obstante que evalúen el progreso en el diálogo personal regular que mantienen conmigo como hicimos con frecuencia el año pasado. En cuanto a Bulgaria y Rumania, estoy de acuerdo con ustedes. Un país no debe esperar a otro, y eso es algo que también nosotros garantizamos, pero actualmente no existe ninguna necesidad ni ningún motivo para considerar la desvinculación de esos dos países en su proceso de adhesión. 
El Presidente
   . Quiero dar las gracias al señor Comisario por esos informes y a todos los colegas que han participado hoy.
Este punto del orden del día queda cerrado.
Berthu (NI ),
    El informe de la Comisión sobre los progresos realizados por los países candidatos a la adhesión contiene una impresionante lista de «advertencias», que sin duda alguna permitirán a esos países conocer de antemano la faceta más disciplinaria de Europa. Pero eso era inevitable desde el momento en que no optamos por el método de adhesión más sensato, que nosotros ya propusimos en 1992 y que consistía en crear una gran confederación política y exigir seguidamente a los países de Europa Oriental que suscribieran todas las políticas comunitarias a medida que así lo dictaran progresivamente sus intereses o capacidades.
El Consejo, a propuesta de la Comisión, prefirió una fórmula de adhesión con una sola fase en lugar de un sistema unificado, que conduciría implícitamente a un super Estado, y ahora vamos a sufrir las consecuencias, porque no es ni técnica ni políticamente viable.
Es también sorprendente que el país candidato que más críticas recibe, a menudo por razones triviales, sea Polonia, cuando en realidad es el país más libre y con más empuje de la Conferencia Intergubernamental.
En cuanto a Chipre, la Comisión está empezando a hacerse preguntas sobre la ocupación turca. No es demasiado pronto. Tenemos que exigir a Turquía que retire sus tropas de inmediato. 
Souchet (NI ),
   – Lamento el hecho de que la prensa diera detalles precisos anteayer sobre el contenido del informe que nos está presentando esta tarde a los diputados: no me parece que este tipo de cosas se corresponda exactamente con lo que debe ser el funcionamiento democrático de las instituciones. Nos ha dicho que esta tendencia lamentable es difícil de controlar, y eso me preocupa. Además observo que en el informe sobre los preparativos de la adhesión, Turquía recibe el mismo tratamiento que los otros candidatos, los diez más dos, pareciendo así, en contra de lo que usted ha dicho, que se anticipa a la decisión que el Consejo tomará al final de 2004 sobre esta cuestión. Finalmente, observo que, antes de que los diez países se hayan incorporado a la Unión Europea, se están ya viendo amenazados por cláusulas de salvaguarda y reprendidos seriamente por la Comisión, quien, además, adopta una postura esquizofrénica, alarmando sistemáticamente a los países candidatos y, al mismo tiempo, pidiéndoles que crean en sí mismos. ¿Es realmente necesario que los países candidatos pasen por una prueba así? ¿No revela esta torpeza de la Comisión un error metodológico fundamental que ha impedido que las características específicas de cada país se tomen debidamente en cuenta en el proceso de ampliación, un error que corre el peligro de tener consecuencias de largo alcance? 

El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las declaraciones del Consejo y la Comisión: Informe de progreso sobre la Conferencia Intergubernamental. 
Antonione,
   .  Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, celebro la oportunidad de presentar en esta Cámara un informe de progreso sobre el proceso de reforma constitucional de la Unión Europea. 
La Presidencia italiana cree firmemente que solo con el apoyo del Parlamento Europeo podrán resolverse los numerosos problemas que tenemos y alcanzar un acuerdo político antes de diciembre. Por ese motivo, y sin alejarnos de la posición tradicional de Italia, hemos tratado de que el Parlamento Europeo participe al máximo en la Conferencia Intergubernamental. 
La Convención sobre el futuro de Europa fue una innovación que puso en marcha el proceso actual de reforma de los tratados. El texto del Tratado propuesto por la Convención es el resultado de algo más que de la negociación intergubernamental. De hecho, adopta su forma gracias a una serie de contribuciones constructivas y a un debate estructurado, global, público y transparente sobre el futuro de Europa. Por primera vez en la historia de la integración europea, el proceso ha contado con la participación activa de los Parlamentos nacionales y también de los representantes de la sociedad civil. Por tanto, la importancia política del éxito conseguido no puede verse dispersada ni diluida por el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. Por su parte, la CIG es responsable de mejorar y complementar las secciones del Tratado en las que no se haya conseguido pleno acuerdo. Cualquier otra solución se vería como un intento de debilitar el método democrático y transparente iniciado con el trabajo de la Convención Europea. Si así sucediera, sería un paso hacia atrás que nuestros ciudadanos difícilmente podrían entender o justificar.
Esta es la idea que subyace al objetivo principal de la Presidencia italiana, que es alcanzar un acuerdo político global sobre el texto de la Constitución en diciembre. De esta forma podrá firmarse el futuro Tratado Constitucional –una Constitución para Europa como el Presidente Giscard d´Estaing lo llama– entre el 1 de mayo de 2004, que es la fecha prevista para la adhesión de los 10 nuevos Estaos miembros, y las elecciones al Parlamento Europeo. Prolongar las negociaciones sobre la Constitución más allá de esas fechas comportaría dos problemas graves de legitimidad y transparencia democrática. Por una parte, se perdería gradualmente el legado constitucional de la Convención y, por otra, los ciudadanos europeos votarían en las elecciones al Parlamento Europeo sin conocer el modelo constitucional de la futura Unión.
La Presidencia italiana no se dejará negociar un compromiso diluido que supondría un retroceso respecto a la propuesta de la Convención solo para conseguir un consenso en cuestiones controvertidas. Nuestro objetivo es conseguir un buen resultado que satisfaga las expectativas de los ciudadanos europeos y sea capaz de garantizar un funcionamiento eficaz y democrático de la Unión en el futuro. Dotar a la Unión Europea de una Constitución es un reto no solo para algunos países o para la Presidencia italiana, que tiene el honor de presidir el Consejo durante esta etapa tan especial, sino para todos nosotros. Se lo debemos a nuestros ciudadanos. Si no aceptamos este reto, la Europa reunificada también fracasará y, con ella, la Unión Europea como una fuerza de estabilidad y prosperidad en todo el mundo. El fracaso nos convertirá a todos en perdedores.
Después de la ceremonia inaugural del 4 de octubre, comenzó el verdadero trabajo de la CIG. Como no podía esperarse menos, las cuestiones más complejas han sido, con diferencia, las relacionadas con asuntos institucionales, sobre todo las relacionadas con la composición de la Comisión, los procedimientos de elección y las competencias del Presidente del Consejo Europeo, la posición del Ministro de Asuntos Exteriores y el cálculo de las mayorías cualificadas. Estas cuestiones se han examinado en las reuniones de la CIG celebradas en la primera mitad de octubre. En la reunión ministerial del 27 de octubre se amplió el alcance del debate para incluir cuestiones que no se habían abordado, o se habían abordado solo marginalmente, en anteriores reuniones. En particular, se consideraron los siguientes temas: las configuraciones de la presidencia del Consejo, la extensión de la votación por mayoría cualificada y los asuntos no institucionales, con especial referencia a las disposiciones económicas y financieras.
En el debate se confirmó que los Estados miembros tienen posiciones diferentes y que las propuestas contenidas en el texto del Tratado Constitucional presentado por la Convención están básicamente equilibradas. Quedó también patente que volver a debatir aspectos específicos del texto del Tratado solo conduciría a reiterar posiciones conflictivas, y no a alcanzar nuevos consensos.
Del resultado de la reunión pueden extraerse las siguientes conclusiones. En primer lugar, se aprecia una convergencia gradual de opiniones respecto a la configuración de la futura presidencia del Consejo, aunque el asunto tiene que revisarse en el contexto de una propuesta detallada que abarque todas las estructuras institucionales de la futura Unión Europea ampliada. La gran mayoría de los Estados miembros se oponen a la creación de un Consejo Legislativo. La Presidencia italiana ha tomado debida nota de esta oposición, pero hará todo lo que esté en su mano para asegurar que el Consejo Legislativo se mantenga en el Tratado, al menos como opción de futuro y, por tanto, como posible desarrollo del sistema del Consejo.
En segundo lugar, se confirma que los Estados miembros siguen teniendo posiciones divergentes con respecto a la extensión de la votación por mayoría cualificada. A la vista de lo cual, la Presidencia considerará qué herramientas debe adoptar para alcanzar el consenso, particularmente en cuestiones delicadas y cruciales como la fiscalidad, los recursos propios, la cooperación en materia de justicia penal y la cooperación policial. En cualquier caso, el proyecto de la Convención sigue constituyendo la base para alcanzar un acuerdo equilibrado y ambicioso.
En tercer lugar, el número obviamente excesivo de aspectos no institucionales planteados por los Estados miembros era claramente incompatible con el calendario de la CIG que se estableció en Salónica y que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron en Bruselas. En consecuencia, la Presidencia examinará estas cuestiones adoptando un enfoque selectivo, e identificará las áreas en torno a las cuales parezca estar formándose un consenso diferente a la dirección tomada por el texto de la Convención, y las áreas que necesiten aclaraciones técnicas y editoriales. Corresponderá entonces a los Estados miembros decidir si quieren o no insistir en cuestiones secundarias específicas y, en su caso, remitirlas a los Jefes de Estado o de Gobierno.
Sobre la base del texto de la Convención y el trabajo de los Ministros de Asuntos Exteriores, la Presidencia elaborará una propuesta detallada centrada en el paquete institucional y la cuestión de la defensa. La propuesta tratará de reflejar las demandas de los países candidatos a la adhesión. Ahora bien, seguirá teniendo como punto de partida el texto de la Convención y tratará de conseguir unos compromisos al menos tan ambiciosos y valiosos como los propuestos por la Convención. Estamos dispuestos a considerar posibles ajustes, pero seguimos oponiéndonos rotundamente a un texto más débil o que suponga un retroceso.
Con toda probabilidad, el futuro de la Constitución Europea depende del resultado de estas negociaciones. Por consiguiente, en vista de lo mucho que está en juego, todas las partes deben adoptar una postura flexible en esta tarea de sentar las bases para la Unión Europea del siglo XXI. Tenemos que abandonar unos intereses estrechos de miras y renunciar a la idea de conseguir una rentabilidad justa, por la que todas y cada una de nuestras concesiones tengan que verse compensadas por un beneficio de magnitud similar. Este planteamiento es –o sería– contrario al mismo concepto de la integración europea y, de aplicarse sistemáticamente, amenazaría con debilitar los cimientos de la Unión. Aunque la equidad es un requisito previo imprescindible para cualquier acuerdo constitucional, nadie debe detener el proceso actual de integración. Los que decidan actuar de este modo tendrán que prepararse para que la historia, sus socios europeos y, sobre todo, sus conciudadanos, les juzguen. La aprobación de la nueva Constitución será un éxito para todos o un fracaso para la Unión. No puede haber un conflicto sustancial entre los intereses nacionales y europeos.
Barnier,
   .  Señor Presidente, señor Ministro, Señorías, en este debate que lleva por título «informe de progreso» sobre la Conferencia Intergubernamental –con hincapié en la palabra «progreso»– tengo que decir, para ser sincero, que la Comisión está preocupada. El 24 de septiembre de 2003 expresé la esperanza ante esta Cámara de que la Conferencia supondría un progreso, que podría ajustar y mejorar algunos puntos, aclarar otros y evaluar el proyecto de Constitución en el que todos hemos trabajado –y trabajado bien, creo– en el marco de la Convención.
Quiero decirles que el proceso de evaluación está avanzando bajo la dirección del Sr. Jean-Claude Piris en el Consejo, con la participación de los servicios jurídicos del Parlamento y de la Comisión.
Para ser sinceros, el trabajo de la Conferencia Intergubernamental no ha conseguido por ahora ningún progreso en el aspecto político. Es más, hoy mi impresión, la impresión de mi amigo y colega, el Sr. Vitorino y, sin duda alguna, la impresión de nuestros propios representantes, el Sr. Hänsch y el Sr. Méndez de Vigo, es que esta Conferencia Intergubernamental puede suponer un paso atrás.
Señorías, de ahora en adelante tenemos que poner fin a las excusas que algunos países han empezado ya a esgrimir. Nadie pone en duda el método: era necesario dejar tiempo a los Gobiernos nacionales para que debatieran el resultado de la Convención. Ahora ha llegado el momento de que tomen una decisión.
Nadie ha sugerido que la Presidencia italiana tenga la culpa. Puedo atestiguar que se ha dedicado con tesón y empeño a la tarea de alentar el debate y propiciar la convergencia. Ha aceptado siempre y sin reservas el resultado de la Convención como punto de partida. El Sr. Antonione ha hecho referencia hace un momento al Consejo Legislativo, respecto al cual hemos observado un retroceso general. Con relación a este punto, todos ustedes han sido testigos de lo que he dicho sobre la Presidencia italiana, su empeño en preservar el resultado de la Convención, mejorarlo e impedir que se pierda, hasta donde sea humanamente posible. Por tanto, quiero rendir homenaje, en particular, a la presidencia del Consejo de Ministros, en la persona del Sr. Frattini, por su esfuerzo y dedicación.
Nadie pone en duda el trabajo de la Convención. Como todos sabemos, no solo ha sido útil, sino también totalmente aprovechable. La Convención ha cumplido con su mandato e incluso ha ido más allá, presentando a los Jefes de Gobierno un texto completo y coherente.
Por último, nadie cuestiona tampoco las funciones que desempeña la Comisión y el Parlamento. Hoy en la Conferencia Intergubernamental, ayer en la Convención, trabajamos juntos y estamos de acuerdo más veces de las que discrepamos. En cualquier caso, siempre ha existido un diálogo sincero entre nosotros.
Seré sincero, pues: lo que debe cuestionarse en la situación actual de bloqueo de la Conferencia Intergubernamental es la postura de algunos Gobiernos que quieren actuar como si no hubiera habido una Convención durante 18 meses, que quieren volver a abrir todas las cajas de Pandora, una detrás de otra, que se niegan ahora a aceptar lo que ellos mismos habían aceptado otras veces, ayer mismo en la Convención, sobre la gobernanza económica, por ejemplo, o sobre la función del Parlamento Europeo en el procedimiento presupuestario de la Unión. Si no abandonan esa postura, llegaremos a un punto muerto. Les pondré solo dos ejemplos.
En primer lugar, la votación por mayoría cualificada. Todas las cartas están sobre la mesa. Se conocen todas las posiciones. Todos sabemos que si se mantiene el requisito de unanimidad para un tema, estaremos casi seguro condenados a la impotencia colectiva. Solo existe una solución para esa situación, ya que somos muchos alrededor de la mesa –dentro de poco 25 y algún día, 30– y dicha solución pasa por extender la votación por mayoría cualificada a la mayoría de las cuestiones. Tenemos que tomar una decisión aquí y ahora y no retroceder bajo ningún concepto respecto al importante avance que ha supuesto el texto de la Convención. El segundo ejemplo es la actualización de las políticas comunes en la tercera parte de la Constitución. Es inconcebible que tratemos de redactar un texto perfecto, definitivo, que nunca más tengamos que volver a cambiar, en tan solo unas semanas de Conferencia Intergubernamental. Lo importante –porque los tiempos van a cambiar, porque la sociedad europea y mundial va a cambiar– es la capacidad de adaptación de estas políticas a las necesidades de la Unión, a las necesidades de la sociedad a medida que estas cambian. Lo importante, por tanto, es dotar de mayor flexibilidad al mecanismo de revisión de la tercera parte, por lo menos en algunos ámbitos.
Señorías, quiero reiterar aquí, en nombre de la Comisión, que la única posibilidad de que la Conferencia Intergubernamental sea corta y decisiva es que los Gobiernos respeten el equilibrio general de la Constitución conseguido por la Convención. En cuanto al resto, esperamos que los Gobiernos nacionales asuman sus responsabilidades: la responsabilidad de resolver sin demora, como usted ha dicho, señor Ministro, algunas cuestiones que ya se han debatido en profundidad; la responsabilidad de dotar a la Constitución de la flexibilidad y de las salvaguardas que le permitan adaptarse a los nuevos tiempos. Hemos llegado a un punto en el que todas las cartas están sobre la mesa. Ahora tenemos que celebrar un debate y tomar una decisión, que es diferente a conciliar posiciones nacionales. La Comisión está dispuesta a hacerlo, en las mismas condiciones que ya expuse hace un mes: mejorar el proyecto de Constitución en algunos puntos, sin poner en peligro su equilibrio global; clarificar todas las disposiciones para evitar malos entendidos o confusiones cuando se ratifique el texto; y realizar lo que yo llamaría un ejercicio de perfeccionamiento jurídico que le ha sido encomendado por la Convención.
Señorías, creo que la credibilidad de este método de la Conferencia Intergubernamental está en juego por última vez. Digo esto porque ya he participado en tres Conferencias Intergubernamentales desde Amsterdam. Cada año se demuestra que el método es menos capaz de hacer que la Unión avance. La Conferencia de Maastricht reveló un objetivo común. La Conferencia de Amsterdam tuvo un resultado útil pero incompleto. Tras laboriosas negociaciones, la Conferencia de Niza consiguió, al final, un compromiso temporal complejo sobre las cuestiones que no se habían resuelto en Amsterdam. Y aquí estamos hoy con el peligro de llegar a un punto muerto en esta Conferencia Intergubernamental, pese al importante progreso que ha supuesto la Convención en la consecución de un importante y ambicioso objetivo. 
Señorías, cuando se aprobó el proyecto de Constitución, algunas personas trataron con lírica el tema de lo que llamaban el «espíritu de la Convención». En realidad, para los que participamos en la Convención y seguimos estando orgullosos de haberlo hecho –entre ellos muchos de ustedes– el espíritu que presidió el trabajo fue más europeo que internacional. Todo lo que quiero en esta coyuntura es que ese espíritu europeo vuelva a cernirse sobre el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. Hablando de un pueblo conquistado, Cicerón dijo « Literalmente, eso significa: «Actuaron con sensatez, pero demasiado tarde.» Cuando termine esta Conferencia Intergubernamental, los Gobiernos de una Europa por fin reunificada no tendrán ya que actuar con sensatez.
Méndez de Vigo (PPE-DE ).
    Señor Presidente, creo que tiene un alto valor simbólico el que, después del debate sobre la ampliación, sobre la reunificación política del continente, tengamos este debate sobre la refundación política del continente, que debe terminar con la aprobación de la Constitución europea; me parece que ambos están unidos y, como bien ha dicho la Presidencia italiana, es necesario que así sea para que podamos ir a las elecciones del año 2004, precisamente, sobre la base de una Constitución europea.
Yo dije el otro día, señor Presidente, que me parecía que, hasta la fecha, los debates de la Conferencia Intergubernamental producían una cierta frustración, y lo explicaba, al igual que Klaus Hänsch, diciendo que los debates que estábamos viendo eran una repetición de los que habíamos tenido durante la Convención. No había nada nuevo y -como también ha dicho Michel Barnier con mucho acierto- todo lo que venía era una rebaja respecto a lo obtenido.
Debo decir también que debemos encontrar en ello motivos de satisfacción, porque al final significa que la Convención realizó una buena labor y si ahora los Gobiernos vuelven a presentarnos lo que ya entonces nos presentaron, eso significa que lo que entonces apoyamos era la solución que obtenía un mayor consenso. 
Yo quiero referirme a un tema que ha sido el objeto de la última reunión a nivel ministerial y que nos ha causado, a los representantes del Parlamento, una gran preocupación. Me refiero a la pretensión que ha tenido el Consejo de Ministros ECOFIN de hacer una serie de propuestas que, en último término, significaban deshacer completamente el compromiso logrado por la Convención sobre el Título VII de la Constitución sobre las finanzas de la Unión. Se trataba de un compromiso largamente meditado, en el cual intervinieron cuatro grupos de trabajo presididos por los señores Amato, Hänsch, Christophersen y Méndez de Vigo. Un compromiso que se asentaba sobre tres ideas clave, que han sido la bandera de este Parlamento en los últimos diez años: obtener mayor democracia, obtener mayor eficacia y obtener mayor transparencia.
Y ese compromiso se asentaba también sobre dos ideas: la primera era que en lo que respecta a los ingresos tuvieran la última palabra los Gobiernos, puesto que, a fin de cuentas, provenían de los ciudadanos de la Unión; y la segunda, que en lo que respecta a los gastos la última palabra la tuviera el Parlamento Europeo, la representación de esos mismos ciudadanos de la Unión. 
Y así, sobre la base de los trabajos de esos cuatro grupos de trabajo, hicimos esa propuesta de compromiso que tiene tres patas; la primera se refiere a los recursos propios: los recursos propios serán decididos por los Gobiernos y sometidos a ratificación de los Parlamentos nacionales; la segunda son las perspectivas financieras: el Acuerdo Interinstitucional se incorpora a la Constitución y se aprobarán en su momento, tras las del 2006, por mayoría cualificada del Consejo y con la aprobación del Parlamento Europeo; y, en la tercera, el presupuesto: la última palabra la tiene el Parlamento en lo que se refiere al capítulo de gastos, habiendo desaparecido la distinción, que siempre nos ha parecido muy pintoresca, entre gastos obligatorios y no obligatorios, pero es una aprobación sometida a frenos y cortapisas, puesto que para tener la última palabra, este Parlamento debe contar con una mayoría de 3/5.
Quiero decir con todo esto, Señor Presidente, que estamos ante un acuerdo sobre tres patas, y a este Parlamento -y lo saben sus Señorías muy bien-, por supuesto, le parece que la ratificación por los Parlamentos nacionales de los recursos propios es algo que debería pertenecer al pasado y también que el marco financiero plurianual debería ser algo sometido al procedimiento legislativo ordinario. Quiere esto decir que nosotros, en aras del compromiso, hemos cedido porque nos ha parecido que el principio "los ingresos, la última palabra la tienen los Gobiernos; el gasto, el Parlamento" tenía sentido.
Quiero dejar bien claro que este Parlamento ha cedido en aras del compromiso y, por tanto, me parece que en estos momentos el hecho de que ese compromiso, que es una de las piezas claves del texto constitucional, sea puesto en cuestión y se intente difuminar alguna de las partes de esas tres patas, me parece un sinsentido. Me parece un sinsentido que, además, desde el punto de vista político para este Parlamento, y lo quiero decir con toda claridad, será totalmente inaceptable. Para nosotros será una línea roja. Y así lo hemos dicho en la última reunión de la Conferencia Intergubernamental, así lo ha aceptado también la Presidencia italiana y, mientras preparaba estas líneas, Señor Presidente, me ha llegado una nota de la agencia Ansa donde el Sr. Tremonti, Presidente en ejercicio del ECOFIN, dice, y lo voy a leer en italiano: . Bien, pues hagamos caso al Sr. Tremonti y mantengamos el compromiso en el tema de las finanzas.
Napolitano (PSE ).
    Señor Presidente, he escuchado con atención las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo, quien ha expuesto unos argumentos generales que creo que puedo apoyar, pero preferiría centrarme en algunas cuestiones prácticas, sobre todo porque el Sr. Antonione ha pedido el apoyo del Parlamento Europeo. Para obtener ese apoyo que, además, estamos dispuestos a dar, tiene que dialogar con las posiciones del Parlamento Europeo.
El 21 de octubre se celebró una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que participó el Ministro de Asuntos Exteriores italiano en representación del Presidente en ejercicio. Quiero llamar la atención del Sr. Antonione y de la Cámara sobre dos puntos una vez más. Estamos totalmente a favor de mantener la referencia al Consejo Legislativo, la concentración de la función legislativa del Parlamento Europeo en el Consejo, que es un punto importante, una gran innovación del texto de la Convención. Ahora, el Sr. Antonione nos dice que ha tomado nota del hecho de que la mayoría se opone a eso. Quiero expresar mis dudas una vez más respecto a este enfoque: no se pueden tomar decisiones simplemente contando los números de votos a favor y en contra. En ocasiones tengo hasta la impresión de que las opiniones de 28 Gobiernos forman parte de la ecuación, cuando solo 25 tienen derecho a dar una opinión, porque tres son meros observadores. En la Convención se hicieron análisis, se intercambiaron impresiones, se buscaron soluciones, se debatieron los puntos a favor y en contra de cada solución y, por último, se llegó a un compromiso. No podemos aceptar que la Conferencia Intergubernamental se limite a contar los votos a favor y en contra. El Sr. Antonione se ha comprometido –y aprecio la importancia de su gesto– a mantener la cuestión abierta. No sé exactamente cuál será el resultado de todo esto, pero pedimos enérgicamente que no se suprima este punto.
El segundo punto hace referencia al procedimiento de revisión de los Tratados. El Sr. Antonione no lo ha mencionado hoy, pero el Sr. Frattini se había comprometido ante nuestra comisión a considerar la elaboración de una propuesta italiana que fuera más allá del texto, algo que no se acordó en la Convención y que, por tanto, no es vinculante para ninguna parte. Corremos el peligro de encontrarnos en la absurda situación de volver a debatir cuestiones ya resueltas en la Convención con un compromiso, pero ser incapaces de debatir cuestiones respecto a las cuales no se alcanzó ningún acuerdo en la Convención, como, por ejemplo, el procedimiento de revisión. No sé si la Presidencia italiana pretende incluir también este tema en la propuesta detallada que piensa presentar la tercera semana de noviembre, pero reitero nuestro firme compromiso a luchar para que se incluya.
Por último, el Sr. Antonione no ha mencionado la cuestión planteada por el Sr. Méndez de Vigo: es inaceptable que algunas configuraciones sectoriales del Consejo de Ministros produzcan enmiendas en el texto de la Convención.
Duff (ELDR ).
   – Señor Presidente, el resultado del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas también me preocupa mucho. Ayer, uno de sus principales miembros, el Ministro de Hacienda británico, atacó las propuestas de la Convención al afirmar que amenazaban con instaurar un estado federal con una política fiscal centralizada. Se trata de una acusación burdamente falsa, que demuestra un lamentable prejuicio contra el trabajo de la Convención.
Así pues, el Ecofin trata de subvertir el paquete relativo al sistema financiero. Parece que sus propuestas reaccionarias pretenden pasar de la mayoría cualificada a la unanimidad permanente con respecto a las perspectivas financieras y también eliminar el derecho de aprobación del Parlamento. Pretenden abandonar la ley ordinaria en favor de la ley del Consejo y que el Parlamento deje de tener la última palabra sobre el presupuesto. Una consecuencia segura de esto sería el incremento del gasto total del presupuesto. Sin ser capaz de vencer por votación a los Estados miembros molestos y puede que codiciosos, la Unión se verá obligada a enfrentarse a largas discusiones públicas, que terminarán en costosas concesiones.
En efecto, los Ministros de Hacienda están intentando que este Parlamento deje de participar en las decisiones presupuestarias. Están imponiendo la autocracia del Tesoro sobre la democracia parlamentaria. La competencia sobre los presupuestos es una función principal, una competencia central desde hace mucho tiempo de los Parlamentos de todos nuestros Estados miembros. Si se permite que las propuestas del Consejo Ecofin prosperen en la CIG, este Parlamento quedará reducido a una mera farsa. Los autócratas habrán vencido a los demócratas.
Kaufmann (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, como miembro que he sido de la Convención, tengo que decir que estoy extremadamente sorprendida de lo que está sucediendo en la Conferencia Intergubernamental. Solo hay que leer la nota de la Presidencia, documento 37, cuyo contenido me parece increíble. Solo la relación de enmiendas propuestas al texto de la Convención ocupa 20 páginas. Cuando veo eso, tengo inevitablemente la impresión de que algunos Gobiernos no se han tomado en serio la Convención, porque ¿cómo puede explicarse de otro modo que esos mismos Gobiernos que apoyaron el consenso de la Convención hayan presentado todas esas enmiendas? Lamento decir que solo los puntos conflictivos referentes a los temas institucionales llegan ampliamente a oídos de los ciudadanos: el número de Comisarios o la cuestión de las mayorías del Consejo. Estas cuestiones son, sin lugar a dudas, importantes; en este sentido no podemos volver, creo, a Niza.
Además, quiero decir también con claridad que espero que la Conferencia Intergubernamental haga como la Convención y rechace cualquier intento de incluir una referencia a Dios en el Tratado Constitucional. El artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza plenamente el derecho de todo el mundo a la libertad de culto. Así debe ser. No se puede utilizar la Constitución para dividir a los ciudadanos de la Unión Europea en religiosos o no religiosos: eso no se puede permitir bajo ningún concepto.
Cualquier paso retrógrado respecto a los derechos del Parlamento sería también inaceptable, sobre todo considerando los poderes presupuestarios que tiene esta Cámara. Creo que los que proponen eso demuestran un cierto grado de desconexión respecto a una Europa democrática.
En la Convención me comprometí a hacer a la UE más social, puesto que lo que esperan los ciudadanos, y con toda razón, es una Europa social. Es precisamente aquí donde creo que a la UE le queda mucho por hacer. Me sorprende cuando políticos importantes de mi país declaran que el texto de la Convención es peligroso desde el punto de vista reglamentario o cuando el Deutsche Bank anuncia que el predominio de los objetivos sociales en el texto de la Convención debilita la estructura económica de la UE.
Me pregunto a mí misma qué está haciendo la Conferencia Intergubernamental en este terreno. ¿Rechazará esos ataques contra el progreso del texto? ¿Cómo resolverá las discrepancias entre la Parte III y la Parte I? Política y jurídicamente hablando, es fundamental que las disposiciones sobre la política económica y monetaria contenidas en la Parte III sean consecuentes con las disposiciones básicas contenidas en la Parte I. Les garantizo que nadie entenderá, ni aprobará desde luego, la existencia de dos filosofías económicas en el texto de la Constitución: por una parte, una economía de mercado social, un crecimiento económico equilibrado y el pleno empleo; por otra, una economía de mercado abierto con libre competencia y un alto nivel de empleo.
El Parlamento tiene que prestar mucha más atención a todas estas cuestiones. Dicho lo cual, que conste que dirijo estos comentarios también a mi propio Gobierno. En lugar de abstenerse en la votación de las enmiendas, debería oponerse en la Conferencia Intergubernamental para que los objetivos sociales establecidos en la Parte I puedan aplicarse también con claridad y sin errores a la Parte III del Tratado Constitucional.

Voggenhuber (Verts/ALE ).
    Señor Presidente, Señorías, la Conferencia Intergubernamental, cuando apenas acaba de empezar, evoca la imagen de un montón de billetes de banco tirados al aire en una zona repleta de transeúntes. Todo el mundo se pelea por conseguir un billete; el texto de la Convención se está tratando como si fuera una cacería en la que todos quisieran llevarse alguna pieza a casa. 
Llegados a este punto, me pregunto de dónde debe emanar la constitución europea. ¿De los ciudadanos? ¿De sus representantes directamente elegidos –los parlamentarios–, o de las oficinas de los gabinetes y los Gobiernos nacionales? Algún día tendremos que responder a esta pregunta ante la Historia y ante los ciudadanos de Europa. La Conferencia Intergubernamental ha encontrado su propia respuesta: de ellos debe emanar la Constitución europea.
En Salónica prometieron que no abrirían la caja de Pandora. Pero la caja de Pandora se ha abierto y podemos ver cómo se propagan los viejos males de Europa, los egoísmos nacionales y las aspiraciones de unilateralismo en las respectivas instituciones. ¿De dónde más pueden venir estos males que estamos viendo?
En su primera reunión, el Consejo Legislativo suprimió el elemento de separación de poderes y la naturaleza pública de la legislación, sin debate alguno. Los Ministros de Economía estuvieron de acuerdo: menos derechos para el Parlamento, menos publicidad, menos derechos para la Comisión. Ellos son los únicos legisladores. Ellos –y solo ellos– poseen soberanía presupuestaria a puerta cerrada. La votación por mayoría cualificada –un avance importante en el proyecto de Constitución– se está también cuestionando en muchas áreas. Doble mayoría en el Consejo, uno de los mejores principios de la Convención: una ley se aprueba con la mayoría de los Estados y la mayoría de los ciudadanos. Eso es comprensible, eso es legítimo. Se le ataca por no adaptarse a su lucha de poderes. Otro paso adelante: Euratom. Se bloqueará un gran avance para la reforma de este tratado obsoleto. El Banco Central Europeo, que está obligado por la Convención a respetar los valores y objetivos europeos, se verá eximido de estos valores por solidaridad. Podría seguir. Los ataques son feroces. El principio es: más poder para los Gobiernos, menos democracia, menos derechos para los ciudadanos y menos información para el público. Tenemos que responder ante eso, y si los Parlamentos no hacen nada, la Constitución europea será una mala constitución. 
Ribeiro e Castro (UEN ).
   – Señor Presidente, señor Antonione, señor Comisario, Señorías, las noticias que nos llegan de la Conferencia Intergubernamental (CIG) hablan de discrepancias y dificultades. A ningún observador imparcial y objetivo le puede sorprender eso. Solo los que divulgan la falsa idea de que se ha alcanzado un supuesto consenso en la Convención pueden fingir estupor. Todos sabemos que los resultados de la Convención no pueden aceptarse como un consenso democrático en ningún sitio donde se conozcan y respeten los principios democráticos, donde se celebren votaciones. Ahora tenemos una dura prueba de lo contrario en el propio carácter de la CIG, la única institución que cumple los Tratados y posee legitimidad democrática y jurídica para tomar decisiones. Todos los que tratan de debilitar la CIG, los que siguen insistiendo en debilitarla, han tomado el camino equivocado.
Saludo a la Presidencia italiana y agradezco la dedicación con que ha realizado este trabajo. Hoy está claro como el agua que la culpa de cualquier posible fracaso no será de esta Presidencia, sino de los que insisten en forzar la cuestión, en pasar por alto los derechos legítimos de los Estados miembros y en debilitar la democracia y el Estado de derecho. De todo ello destacaría el poco afortunado discurso inaugural de Jacques Chirac, que fue seguido por la poco oportuna intervención de Gerhard Schoreder, tratando de utilizar el chantaje económico para evitar los debates en la CIG y utilizando los fondos comunitarios para amenazar a algunos Estados miembros. Este es el peor comienzo posible que podría tener la conferencia, ya que marca un tono muy negativo y alejado del talante positivo y la buena voluntad de la Presidencia italiana. No sé si alguien se habrá sentido intimidado, pero todo eso merece una rotunda condena. ¡Esa no es la forma correcta de proceder!
Por otra parte, el Canciller alemán parece haber ablandado sus dogmáticas posiciones iniciales y ha declarado hace unos días durante una visita a Bratislava que podría estar dispuesto a aceptar los firmes llamamientos a que la Comisión esté compuesta por un Comisario por cada Estado miembro, todos ellos con los mismos derechos. Celebro esas declaraciones, son chispas de esperanza y gestos prometedores. Esa sí es la forma de proceder. Espero que esas declaraciones sean sinceras y se extiendan a otros puntos de nuestra agenda: respeto al principio de la subsidiariedad, garantías expresas de respeto a la primacía del derecho constitucional nacional, transparencia en las actividades legislativas del Consejo, reconocimiento en el preámbulo de nuestras raíces cristianas, mantenimiento de una presidencia rotativa o búsqueda de una solución satisfactoria a los problemas causados por la inadecuada duración de cada mandato, eliminación de deslices terminológicos como «Ministro para Asuntos Exteriores» o «Constitución para Europa», supresión o estricto racionamiento de las cláusulas de flexibilidad o para no engañar al sistema de revisión de los Tratados, etc.
Cuanto más nos apartemos de los dictados de un Gabinete, aunque se llame a sí mismo Presidium, más éxito tendrá la CIG. La CIG fracasará únicamente si la inflexibilidad de algunos «peces gordos» les hace «pequeños», les hace querer prescindir de equilibrios que son esenciales para la búsqueda generosa de la integración europea. Cuanto más respete y promueva la CIG el sagrado principio básico de la igualdad entre los Estados miembros, cuanto más atienda con prudencia y realismo a la opinión pública actual sobre la identidad nacional y la identidad europea, más apoyo conseguirá.
Convendría recordar al Presidente francés que el resultado de su diplomacia, de su Presidencia europea, fue el propio Tratado de Niza. Eso puede ayudarle tanto a él como a otros a calmar los excesivos nervios que exhiben con tanta frecuencia. Niza es el Tratado vigente. Más que eso, es el Tratado que ni siquiera está todavía plenamente en vigor. Así pues, no hay ninguna prisa, ningún drama, ningún motivo para desesperarse o angustiarse. Niza es ese consenso alternativo que tantas personas invocan; es también, por ahora, el único consenso real, el Tratado que hemos preparado para enfrentarnos al principal reto que nos plantea el futuro: la ampliación. Así pues, no antepongamos el calendario al fondo de la cuestión. La reforma de los Tratados tiene que ser una buena reforma, una reforma duradera, una reforma que nos deje a todos tiempo para hablar y escuchar, para alcanzar verdaderos consensos, para conseguir y afianzar una unanimidad auténtica y duradera. No puede ser una reforma precipitada, condenada a fracasar ante la primera dificultad, como le está pasando ahora al texto de la Convención. Creemos que la Unión Europea no debe fallar. La Unión Europea no puede fallar. 
Bonde (EDD ).
   – Señor Presidente, acaban de publicarse los resultados de la Convención Europea en una serie de magníficos libros de tapas azules, pero son totalmente ilegibles. No hay glosario. ¿Quién es responsable en el Consejo de enviar gruesos libros en todos los idiomas, sin glosarios que permitan localizar los puntos de particular interés? Como contribuyentes, pagamos miles de millones de euros a las numerosas oficinas de información de la UE que, sin embargo, utilizan el dinero para hacer propaganda en lugar de suministrar información seria.
Es extraño que sea mi oficina, y no las instituciones, la que tenga que preparar ediciones de fácil lectura del proyecto de Constitución que los ciudadanos, incluidos los políticos, puedan entender. Hemos anotado muchas referencias cruzadas en los márgenes, para que no haya que saltar adelante y atrás para ver si es necesaria la unanimidad o la mayoría cualificada. Hemos subrayado todas las palabras clave para que el proyecto de Constitución pueda hojearse rápidamente, y hemos preparado un exhaustivo glosario por orden alfabético para que puedan buscarse palabras como «subsidiariedad», «religión» y «defensa» y encontrar rápidamente los lugares en los que aparecen. Además, nuestro trabajo está disponible en Internet gratuitamente y en todos los idiomas. No toda la información está disponible en todos los idiomas, pero las partes más importantes se pueden descargar desde mi página web, cuya dirección es «bonde.com». Asimismo, hemos preparado unas mil definiciones que contienen vínculos relevantes con la página web «euabc.com», y cualquiera puede descargarlos gratuitamente en su ordenador y pedir que los cambios futuros se le envíen de forma totalmente automática a través del correo electrónico.
Esta es una tarea que debería haber realizado el Consejo. En su lugar, han incumplido un acuerdo alcanzado con nosotros en el Foro de la Democracia y han publicado el proyecto de Constitución sin adjuntar la declaración de minorías. Tenemos un acuerdo clarísimo con Giscard d'Estaing y John Kerr. Hemos firmado el documento que describe el resultado general a cambio de que se publique la declaración de minorías, para que los ciudadanos europeos puedan elegir libremente entre las visiones de la mayoría y las minorías de Europa.
Insto al Consejo a que garantice la publicación de la declaración de minorías junto con el proyecto de Constitución, y me complace poner a disposición del Consejo y de forma gratuita nuestras ediciones de fácil lectura. Resulta extraño que los que estamos en contra del proyecto de Constitución tengamos que pagar por su publicación para que también pueda leerse. 
Dell'Alba (NI ).
   – Señor Presidente, el Comisario Barnier ha presentado una situación desoladora y ha expresado la preocupación de la Comisión, que muchos comparten, por la forma en que se está llevando a cabo el trabajo. Nos ha dicho que no es culpa de la Comisión, que desde luego no es culpa de la Presidencia italiana, que tampoco es culpa de la Convención, y menos aún del Parlamento. Entonces me gustaría saber de quién es la culpa. ¿De Estonia? ¿De Polonia? ¿Del Sr. Aznar, que prefiere el método de Niza al propuesto por la Convención? Comisario Barnier, ¿no somos todos un poco culpables de haber tratado este asunto con tan poca determinación que, por supuesto, una vez abiertas las puertas, una vez que se ha podido decir que la Convención ha hecho mal esto o aquello –empezando por la Comisión– y todos se han precipitado a seguir el ejemplo de la Comisión respecto a un texto que, con toda probabilidad, es el mínimo común denominador, existía el riesgo de que todos se precipitaran e intentaran cambiarlo para peor?
Lo cierto es que perdimos nuestra oportunidad en Niza, perdimos nuestra oportunidad en Ámsterdam y, en mi opinión, perdimos nuestra oportunidad en Maastricht; perdimos la oportunidad –que el Parlamento pidió una vez y después se olvidó– de insistir en que primero teníamos que profundizar – ¿se acuerdan del famoso concepto de profundizar antes de ampliar? – y el debate de hoy demuestra que estamos lejos de alcanzar las intenciones expresadas al inicio de la Presidencia italiana, que el Parlamento aún expresaba en septiembre. Ahora me pregunto si, tal como están las cosas, no sería oportuno que la Presidencia italiana hiciera balance de la situación. Es cierto que ustedes han asumido una serie de compromisos, pero uno de ellos era proponer la moratoria a las Naciones Unidas y, sin embargo, ayer se nos dijo que esto no iba a hacer. Se comprometieron a concluir los seis meses con el compromiso sobre la Convención, pero la Presidencia italiana –Italia, un país fundador– tiene un deber consigo misma, con su historia. Si tuviéramos que terminar aprobando un texto debilitado, creo que lo menos que la Presidencia italiana debería hacer es evitar que el texto se convierta en un batiburrillo que perjudique más que beneficie a los intereses de la Unión. Puesto que así están las cosas, puesto que no tenemos un proyecto digno y potente capaz de soportar una gran resistencia, un proyecto federalista en la línea del que Altiero Spinelli propuso a esta Cámara hace 20 años, puesto que no tenemos una visión firme que nos inspire, no resulta sorprendente que todos se mantengan en sus trece sobre cuestiones secundarias.
Los Radicales celebraremos una convención el 13 y 14 de noviembre de 2003 sobre este tema, con la esperanza de que, sobre la base de una reflexión en la que puedan participar muchos de nosotros, tanto aquí como en otros sitios, quizá podamos adoptar una posición en el sentido de que el Parlamento pueda rechazar el texto si las negociaciones van realmente mal. 
Nassauer (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, el trabajo de la Conferencia Intergubernamental hasta la fecha nos inquieta y preocupa. Imaginen la situación: una Convención que hace sonreír a la gente –o en todo caso, que no se la toma muy en serio– consigue, a pesar de todos los límites políticos y geográficos y de las más dispares instituciones de las que ha salido, elaborar un proyecto de constitución convincente y equilibrado sin tener que votar sobre nada, y ahora nos encontramos con que la Conferencia Intergubernamental rompe en pedazos ese mismo proyecto, y lo destruye sin dar la más mínima pista sobre la forma en que pretende alcanzar un resultado positivo.
Resulta muy curioso que ninguna de las propuestas discutidas en la Conferencia Intergubernamental suponga un avance, sino que todas representan un retroceso comparadas con el proyecto de la Convención. La Conferencia Intergubernamental ha dado marcha atrás. Los Jefes de Estado o de Gobierno se han convertido en el guardafreno de la Unión Europea. ¡Hemos regresado a Niza! De hecho, la declaración más sorprendente proviene de los Ministros de Hacienda. Simplemente quieren «gubernamentar» los poderes presupuestarios de este Parlamento. Quieren impedir que el Parlamento tome parte en las decisiones presupuestarias. ¿En qué escuela aprendieron los fundamentos de la democracia?
¿Acaso no saben que el sistema parlamentario constituye el pilar de la democracia y que los poderes presupuestarios del Parlamento constituyen el pilar del sistema parlamentario? No por el bien de los poderes de sus diputados, sino por el bien del control democrático que el Parlamento tiene que ejercer de forma clara. Con esta propuesta, los Ministros de Hacienda traicionan una concepción predemocrática del sistema parlamentario. A propósito, en esta Unión Europea los favores más costosos siempre se han otorgado en reuniones ministeriales a puerta cerrada, y no en el debate público sobre el presupuesto celebrado en este Parlamento. Por eso el Parlamento tiene que mantener sus poderes presupuestarios.
Quiero explicar algunas expectativas que tenemos de la Conferencia Intergubernamental y dirigirlas a la Presidencia del Consejo, cuyo trabajo, que hasta la fecha ha sido ciertamente muy positivo, queremos apoyar. En primer lugar, esperamos que se alcance un acuerdo antes de finales de este año. Esto es técnicamente posible. No hay muchos artículos sobre los que debatir, solo algunas cuestiones institucionales clave. En segundo lugar, la Conferencia Intergubernamental tiene que dejar Niza atrás. Los Jefes de Estado o de Gobierno que llevaron a esta Unión por el oscuro camino de Niza tienen que volver a sacarla de allí.
En tercer lugar, hay que lograr un equilibrio entre los intereses nacionales, que a veces resultan estrechos de miras pero que básicamente son legítimos y el bienestar de la Comunidad Europea; dicho de otro modo, los Jefes de Estado y de Gobierno no solo deben buscar el bienestar de sus Estados miembros, sino que también tienen que demostrar un sentido de la responsabilidad por la unificación de Europa, porque lo que el Consejo ideó en Niza no solo es injustificable en términos democráticos, sino también incomprensible para cualquier persona racional. Un nuevo Tratado tiene que ser de fácil comprensión; es la única manera de conseguir la transparencia y la proximidad a los ciudadanos por las que estamos luchando.
Corbett (PSE ).
   – Señor Presidente, este Parlamento ha advertido una y otra vez del peligro de desenmarañar el Tratado bocadito a bocadito. Incluso advertimos a la Comisión de que no presentase sus propuestas, bastante razonables, dado que si uno empieza pegando un bocadito al proyecto de la Constitución, después vendrá otro y esa será la excusa para que alguien más llegue con otra propuesta, y así sucesivamente.
En el último debate, advertimos contra la propuesta de los Gobiernos español y polaco de recuperar la fórmula de Niza para la votación en el Consejo, una propuesta bastante interesada, si se me permite decirlo. Ahora vemos que las cosas han ido más allá, cuando un consejo sectorial se despierta de repente –tras meses de negociaciones y discusiones sobre estos mismos temas, una vez que la Convención ha finalizado– y cuando queda poco para la CIG quiere entrar pisando fuerte y modificar el proyecto de Constitución. También quiere recuperar, no lo que ya está en el Tratado, sino algo peor que los Tratados actuales, con respecto a las competencias del Parlamento Europeo. Francamente, es inadmisible.
Por otra parte, quiero plantear que, en muchos casos, los puntos que han señalado ni siquiera han sido aprobados por sus propios Gobiernos al comienzo de la CIG como cuestiones sobre las que desearían hablar en ese foro. Son puntos nuevos y, por lo tanto, tenemos el problema de que parecería que nuestros Gobiernos –al menos en algunos casos– están divididos con respecto a esta cuestión.
En estas circunstancias, invitaría a la Presidencia a que rechace las exigencias de este consejo sectorial. Invito a todos mis colegas de esta Cámara a que digan a sus Gobiernos, cuando estén de vuelta a casa, que no tenemos ninguna duda en lo que respecta a estos temas. Les alentaría a que aportasen cierto sentido común a las posiciones de sus propios Gobiernos y a que recuperásemos la línea de negociación más prudente, que es la que parece que la mayoría de los Gobiernos –al menos los de los seis Estados miembros originales y del Reino Unido– van a tomar al comienzo de la CIG, para permitir que este proyecto de Constitución sea aprobado en su forma actual, aunque con algunos ajustes técnicos. Eso es a lo que deberíamos aspirar. 
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, ni las celebraciones ni la palabra «constitución» pueden esconder la esencia antipopular del nuevo Tratado, que añade otro eslabón a la cadena que ata a los ciudadanos desde Maastricht, Ámsterdam y Niza. Un nuevo Tratado, que viene a salvaguardar la política antipopular, pro-monopolio e imperialista de la Unión Europea, que redistribuye el poder favoreciendo a los que ya son fuertes, que aumenta las desigualdades entre los Estados miembros, que institucionaliza el neoliberalismo y la subyugación al mercado, que complementa a los mecanismos represivos y promueve la militarización de la Unión Europea hasta el punto en que adopta la doctrina de una acción militar preventiva con la excusa del terrorismo.
Las opiniones contrarias expuestas en la Conferencia Intergubernamental son secundarias, en el sentido de que nadie discute la militarización, la represión o la cesión de la soberanía. Los desacuerdos se ciñen a la forma exacta de redistribución del poder. Los ciudadanos no necesitan una Constitución europea. Casi ni siquiera necesitan una Unión Europea. Estamos seguros de que reaccionarán a través de referendos, allí donde se celebren, porque al pueblo griego nunca se le ha consultado ni se le consultará ahora, y en su lucha diaria. 
MacCormick (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, comparto la opinión ya expresada por muchos colegas en esta Cámara. Quiero decir que durante la Convención, en la que tuve el honor de participar como suplente, respeté las posiciones de los representantes del Gobierno del Reino Unido, aunque no siempre estuve de acuerdo con ellas. Dejaron clara su posición, a veces adoptaron una postura impopular, pero en general se mantuvieron firmes y alcanzamos una conclusión y cerramos compromisos.
A veces me habría gustado que hubiesen tomado una postura diferente, por ejemplo, una postura más firme en relación con los apartados sobre pesca en las partes I y III, reajustadas insatisfactoriamente. Como el ha señalado valientemente Sr. Corbett, si bien los Gobiernos podían haber manifestado reservas o presentado opiniones diferentes en cuestiones cruciales de la discusión en la Convención, no dijeron nada. Tanto el Sr. Duff como el Sr. Méndez de Vigo han señalado que estas cuestiones se debatieron ampliamente y no insuficientemente en la Convención. Ahora, de repente, en la cuestión central del presupuesto, el Consejo Ecofin y, mucho me temo, el Ministro de Hacienda británico, afirman que el conjunto de la propuesta de la Convención no tiene sentido y que hay que establecer un orden completamente nuevo.
Sin duda, esta es la peor forma imaginable de hacer las cosas. Critico al Gobierno británico –no es el único Gobierno culpable–, pero todos deberíamos pedir a los Gobiernos implicados que se pongan de acuerdo para concluir esta cuestión de forma razonablemente rápida y sobre la base de la Convención. 
Ó Neachtain (UEN ).
   – Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que los procedimientos de toma de decisiones en el seno de las instituciones de la UE han de racionalizarse para tener en cuenta a los diez nuevos países que se adherirán a la Unión el próximo mes de mayo.
Tenemos que reformar la manera en que tomamos decisiones en una Comunidad Europea más amplia, pero también tenemos que garantizar la protección de los principales intereses nacionales en el contexto de la puesta en marcha de un nuevo Tratado de la Unión Europea. Por ejemplo, desde una perspectiva irlandesa, me preocupan una serie de cuestiones.
En primer lugar, el mantenimiento del control nacional eficaz sobre la política fiscal es una cuestión a la que tanto el Gobierno irlandés como otros Gobiernos europeos siempre han concedido la máxima importancia. Las negociaciones llevadas a cabo en la cumbre de Niza respecto de esta cuestión garantizan la unanimidad para las decisiones sobre cuestiones fiscales en el ámbito europeo. Creo que los Gobiernos nacionales y las autoridades locales controlan mejor las cuestiones fiscales que una Unión Europea centralizada.
En segundo lugar, aunque se refuerza la eficacia de la lucha contra la delincuencia transfronteriza, me preocupa la propuesta de extender el voto por mayoría cualificada a cuestiones relativas al derecho penal. Creo que se trata de una propuesta ineficaz porque no tiene en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas de los diferentes Estados miembros.
En tercer lugar, en el ámbito de la seguridad y la defensa, es importante no imponer a Irlanda nuevas obligaciones que amenacen nuestra política tradicional de neutralidad militar. El Gobierno irlandés y otros Gobiernos de la UE tienen que ser discretos en el ámbito nacional sobre su participación en cualquier operación militar futura.
Por último, pido encarecidamente que los Estados miembros más pequeños mantengan el derecho de nombrar un miembro para la Comisión Europea. 
Berthu (NI ).
   – Señor Presidente, el Presidente en ejercicio del Consejo ha comenzado su discurso diciendo que la CIG no puede debilitar las propuestas de la Convención, porque se han alcanzado por un método democrático. No entiendo de qué clase de democracia se trata, porque la Convención no tenía un mandato democrático para redactar una Constitución, no era representativa de la opinión pública y, además, no celebró ninguna votación. Debe tratarse de una nueva clase de democracia servida con una salsa europea.
De hecho, las últimas reuniones de la CIG han demostrado que algunas delegaciones nacionales están comenzando a hacerse preguntas legítimas. En primer lugar, la extensión de la votación por mayoría a cuestiones esenciales como el control de las fronteras, la fiscalidad, las perspectivas financieras, el derecho penal y los servicios de interés económico general no debería ser posible, o por lo menos que lo fuera solo a cambio de una red de seguridad, por ejemplo un derecho de veto para cada democracia nacional, ejercido por su Parlamento nacional o por referendo. Me refiero a un derecho de veto practicable, y no a un derecho desproporcionado, como el derecho de secesión, que obviamente no es factible en los debates habituales de la Unión.
Tampoco podemos permitir, tal como están planteadas, las cláusulas puente que permiten transformar procedimientos que exigen una decisión unánime en procedimientos que exijan una decisión mayoritaria sin pasar por una revisión oficial; dicho de otro modo, sin necesidad de pedir una ratificación solemne en el ámbito nacional. Este tipo de disposición está hecha a la medida para fomentar la introducción de una Europa gobernada por supuestas elites que engordan a costa de las naciones. Si se aprueban estas cláusulas puente –y hay muchas en el proyecto de la Convención–, la próxima revisión de los Tratados sería probablemente la última. Después de esto, solo sería necesaria la opinión del Consejo Europeo, y no la opinión de las naciones. Es verdaderamente inadmisible. 
Kauppi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental no ha sido solo un foro para aprobar oficialmente la Convención, como temían los Gobiernos al principio y esperaba el Parlamento, y esta CIG parece haberse convertido en una verdadera CIG. Sin embargo, es importante que las ideas fundamentales de la Convención no se rechacen durante el trabajo de la CIG.
Lo más importante de la CIG son los buenos resultados y no el cumplimiento del calendario. En este momento es evidente que existen problemas prácticos con el calendario. La CIG solo dispone de unas cinco semanas más y las cosas no han avanzado a la velocidad prevista. Las cuestiones en las que se ha alcanzado un consenso son versiones inferiores de las propuestas equilibradas presentadas por la Convención. Me refiero, por ejemplo, a la supresión del Consejo Legislativo.
La propuesta de la Convención respecto de la ponderación de votos tiene que mantenerse. En mi opinión, se trata de un compromiso justo tanto para los países grandes como para los pequeños. Es necesario abandonar el complicado sistema de ponderación de votos establecido por el Tratado de Niza para no bloquear la toma de decisiones en la UE. Tenemos que recordar que en la Convención se hicieron concesiones a los Estados miembros que son grandes en número de habitantes y se acordó que una decisión necesitaría el apoyo de tres quintos de los ciudadanos de la UE. Pero al mismo tiempo se garantizaba que algunos Estados miembros grandes, como el bloque mediterráneo, no podrían alcanzar la minoría cualificada necesaria para bloquear decisiones con la formación de alianzas.
Es imperativo que se rechacen las propuestas de España y Polonia, porque alteran el equilibrio de poder entre los Gobiernos de los Estados miembros. Si se tiene que llegar a un compromiso sobre la propuesta de la Convención, debe hacerse de otra manera, es decir con el modelo 50-50 que exige el apoyo de la mitad de los Estados miembros y la mitad de la población para apoyar una decisión.
En el futuro es probable que cada Estado miembro disponga de su propio Comisario con derecho de voto. Se han exagerado mucho las imágenes y teorías terribles sobre una Comisión demasiado grande y bloqueada y unos Comisarios ociosos. Estoy segura de que podemos encontrar ámbitos de trabajo útiles para los 25 Comisarios. Además, la organización racional del trabajo y la jerarquización de diferentes rangos basada en un sistema rotativo organizado de forma justa influirá en la manera de hacer las cosas en la práctica, si es necesario. 
Wynn (PSE ),
   . – Señor Presidente, el Sr. Méndez de Vigo me telefoneó la semana pasada para informarme de las propuestas del Ecofin, y el Sr. Hänsch acudió a nuestra comisión el pasado lunes. En ambas ocasiones, me quedé mudo de asombro por lo que me dijeron. No puedo creer que el Consejo asuma las propuestas del Ecofin en el ámbito presupuestario. Como británico, puedo decir que, en la cuestión de los recursos propios, entiendo por qué lo hace. Otra cuestión es que tenga o no razón.
Respecto de las otras dos cuestiones de las perspectivas financieras y el procedimiento presupuestario, realmente ha ido demasiado lejos. Semejante actuación neutralizaría a este Parlamento. No necesitaríamos una Comisión de Presupuestos si estas cuestiones se acordaran en la CIG. Sinceramente, sería como si nos castraran con unas tijeras oxidadas. No necesitamos este tipo de «dominación» por parte del Consejo.
El Parlamento ha hecho un gran esfuerzo por intentar alcanzar un acuerdo en la Convención, y el Consejo también afirma haber hecho lo mismo. Pero lo que hemos hecho es aceptar las perspectivas financieras consagradas en el Tratado. En este momento, si rompemos el Acuerdo Interinstitucional, volvemos al Tratado, que da mucho más poder y autoridad al Parlamento. Hemos sacrificado esto para alcanzar un acuerdo, porque es un enfoque más cooperativo y significa que trabajamos junto en colaboración. Sin embargo, el Consejo no coopera, sino que coacciona. No podemos permitir que continúe haciéndolo y tenemos que esforzarnos por prevenirlo.
Nogueira Román (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, permítame decir ante todo que, como ciudadano del Estado español, me opongo rotundamente a todas las posiciones adoptadas por el Sr. José María Aznar en la votación del Consejo. En segundo lugar, permítame mencionar tres problemas concretos. Su resolución ayudará a mejorar el texto del Proyecto de Constitución, destacando aspectos importantes de carácter político, cultural e institucional de la Unión, sin por ello alterar la orientación básica de la labor de la Convención.
El primer problema es la necesidad de restablecer explícitamente las circunstancias reales de nuestros pueblos en la definición de la Unión, definiéndola como una unión de Estados, pueblos y ciudadanos. Al final del texto del proyecto se menciona el destino y el bienestar de los pueblos de Europa como objetivos de la Unión Europea. El segundo problema es el reconocimiento en la Constitución de la existencia dentro de la Unión de nacionalidades constitucionales, Estados federados, etc., con competencias ejecutivas y legislativas: de hecho, poderes de Estado. El tercer problema es afirmar de forma clara y precisa que la Unión es una unión social. En cualquier caso, espero que la Constitución de la Unión llegue a reconocer algún día a las naciones de Europa sin Estado, como Galicia, Escocia y otras, para que no se vean forzadas a luchar para reivindicar sus propios Estados, siendo esta para ellas la única forma práctica de estar representadas como naciones en la Unión Europea. 
Randzio-Plath (PSE ).
   – Señor Presidente, el proyecto de Constitución contempla acertadamente la constitucionalización del proceso de Lisboa, y fue realmente un logro de este Parlamento Europeo intentar y dar a la Unión Europea un perfil que combina la reforma económica, el crecimiento, el pleno empleo y la cohesión social, y los valores subyacentes del proyecto del Tratado también son una prueba de este objetivo. Sin embargo, lamentablemente, los instrumentos para alcanzar estos objetivos de la Unión Europea son muy débiles. Se menciona la coordinación, y con razón, pero precisamente debido a que la nuestra no es únicamente una unión monetaria, sino también una unión económica y una unión política, no nos hemos detenido a reflexionar suficientemente sobre la necesidad de tener en cuenta no solo la interdependencia de las economías nacionales, sino también las circunstancias sociales de nuestros ciudadanos. Lamento mucho que no hallemos gran cosa, en todos estos ámbitos, sobre la forma en que hay que dar legitimidad democrática a las decisiones políticas o que aborde esta cuestión con carácter prioritario.
Esto constituye en sí mismo una especie de fracaso del tratado de la Convención. Pero cuando oigo que los Ministros de Hacienda llaman a la Conferencia Intergubernamental a que haga incluso menos de lo que prevé el proyecto, se trata de un paso atrás que esta Asamblea no puede permitir. Y hay algo más que no tenemos que permitir. El Parlamento Europeo está dispuesto a aceptar que no tenga que dar necesariamente su opinión sobre cada innovación tecnológica en ámbitos incluidos en el procedimiento de codecisión, y está dispuesto a permitir que haya legislación secundaria, pero solo a condición de que en esta Unión los comités de expertos no puedan ocultar y cambiarlo todo a puerta cerrada, y por esta razón hay que incluir también el artículo 35 entero en el Tratado Constitucional que resulte de la Conferencia Intergubernamental. Esto también forma parte de la democratización de la política económica y monetaria. 
Berès (PSE ).
   – Señor Comisario, permítame situar sus comentarios en un contexto menos formal que este. Nos ha dicho usted que no es necesario pedir al pavo que se prepare para la Navidad, y esto es justo lo que estamos haciendo. La CIG ha alcanzado los límites de sus competencias. Para este Parlamento, lo que en estos momentos es esencial es mantener el equilibrio logrado en la Convención. Prefiero la palabra «equilibrio» que «compromiso». A mí me parece que existe un espíritu de la Convención, un espíritu europeo que reina sobre este CIG, y espero que este espíritu nos permita identificar la fase de escucha por la que pasamos ahora como la fase que nos permita confirmar que, si todos perseveramos en nuestros argumentos individuales hasta su conclusión lógica, nuestro proceso de toma de decisiones colectivo llegará a un punto muerto. Si esto fuera así, y si esta fase de escucha simplemente está ahí para que todos podamos defender nuestros argumentos hasta su conclusión lógica y así confirmar que estamos llegando a un punto muerto, entonces todavía hay esperanzas para nosotros.
Por otro lado, me temo que si no logramos dar este paso, corremos el riesgo de retroceder. Como bien saben, en mi país el debate está subiendo de tono. En mi partido, algunas personas ya han decidido decir que sí, mientras que otras ya han decidido decir que no, y otras prefieren esperar y ver qué ocurre. En última instancia podría producirse un cambio de posición, no solo con respecto al texto de la Convención, sino también respecto al Tratado de Niza, en lo relativo al voto por mayoría cualificada, las competencias del Parlamento en asuntos presupuestarios o la introducción de un umbral del 66% de la población como definición de la mayoría cualificada. Francamente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, lo que queremos es que esta CIG se concentre en los asuntos que realmente están en el orden del día, y estos temas, tal como el Sr. Napolitano nos ha recordado, son los temas que la Convención no ha tratado, es decir, la cuarta parte. Sobre este punto, me da mucho miedo el . Parece ser que existe un cierto grado de audacia, y precisamente esta radica en el equilibrio de la Convención propuesta. Esta audacia consiste en utilizar la cláusula pasarela como cláusula de revisión. Lo que yo propondría a ambos es que estudien la opción de introducir un tercer párrafo en el apartado 3 del artículo IV-7, que se redactaría –al menos en espíritu, si bien la forma jurídica tendría que confirmarse– de este modo: «El Consejo Europeo, por iniciativa propia o a petición del Parlamento Europeo, podrá decidir por unanimidad autorizar a la Conferencia Intergubernamental a adoptar las enmiendas al Tratado, estableciendo la Constitución por mayoría supercualificada y prever su ratificación en las mismas condiciones». 
Leinen (PSE ).
   – Señor Presidente, la Conferencia Intergubernamental está demoliendo el éxito de la Convención. Casi era de esperar que esto sucediera, ya que este método basado en los egoísmos nacionales y sectoriales es en realidad bastante distinto de la labor de la Convención, que ha intentado captar el interés europeo. Es muy sorprendente que ahora los Gobiernos empiecen a atacar al Parlamento Europeo y sus derechos. La pérdida del consejo legislativo supone para este Parlamento la pérdida de un socio en la tarea de legislar. Debido a ello, la tarea legislativa va a resultar debilitada. La reducción de las competencias presupuestarias de este Parlamento es un ataque a la mismísima legitimidad de los Parlamentos. Los Parlamentos se crearon para ejercer el control democrático de las finanzas públicas, y todo aquel que cuestione estos derechos, los derechos presupuestarios del Parlamento Europeo, está atacando a la democracia en la Unión Europea, y no solo el Parlamento Europeo, sino también todos nuestros colegas de los Parlamentos nacionales tienen que manifestarse en contra de ello.
En realidad, los consejos sectoriales no desempeñan ningún papel en la Conferencia Intergubernamental, y el intento del Consejo Ecofin está dirigido no solo contra la Convención, sino también contra la cumbre de Salónica. En Salónica se dijo que son los jefes de Estado o de Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores quienes negocian, no los consejos sectoriales, y lo único que puedo hacer es apelar a la Presidencia italiana a resistir esos intentos. No deben permitirlo y tienen que prestar más atención a los consejos sectoriales que la que prestan a las propuestas políticas de los servicios jurídicos. Propuestas técnicas, sí, pero veo que aquí se presentan propuestas políticas, incluso en el ámbito de la política de defensa, como por ejemplo para descartar la cláusula de asistencia mutua, para descartar la cooperación estructurada. Todo esto es un cambio sustancial. La Convención creó un buen clima. La Conferencia Intergubernamental está generando un mal ambiente y podemos prescindir de ello en un año tan importante como 2004.
Lage (PSE ).
   – Señor Presidente, Comisario, Señorías, solo en un tono irónico o con sentido del humor –pues, tal como dijo Rabelais, lo que distingue al ser humano es su capacidad de reír– podemos hablar de progresos en el trabajo de la Conferencia Intergubernamental. Sería más acertado hablar de pasos atrás que de progreso. Sin embargo, el fracaso de la Conferencia Intergubernamental en dar a la Unión Europea una Constitución que haga honor a su nombre sería, con toda seguridad, una gran decepción para los ciudadanos de Europa, que se sentirían claramente defraudados. De hecho, la abrumadora mayoría de europeos han aceptado la idea de la Constitución por su importancia simbólica y por su capacidad de movilizar a los ciudadanos. A modo de ejemplo, un estudio reciente que se llevó a cabo en Portugal muestra que el 69% de los portugueses están a favor de la Constitución y únicamente el 9% están en contra y la opinión en los demás países europeos es más o menos la misma.
Sin embargo, la Constitución está al caer y es muy posible que se apruebe el 5 de diciembre y se firme en Roma, la Ciudad Eterna. Todo lo que los Estados miembros deben hacer es aceptar el proyecto que salió a la luz en la Convención y renunciar a la idea perjudicial de volver a redactarla o de echarla por tierra. Algunos Estados parecen realmente querer ser negativos acerca de Europa; países que están obsesionados con el hecho de que son grandes o, a la inversa, que son pequeños. Algunos países solo reclaman derechos y no mencionan las obligaciones, y otros están más preocupados en crear minorías de bloqueo que mayorías funcionales. Si esto es así y si prevalece el interés nacional egoísta, ¿cuál será la suerte del espíritu europeo y del idealismo histórico asociado a la integración europea? Esto sonará como su toque de difuntos y los hundirá para siempre.
Yo, como muchos ciudadanos europeos, también quiero tener una Constitución que sea más federal, más social y que abarque una auténtica política exterior y de defensa común. Por lo tanto, hay que legitimar esta Constitución, tal como se merece un texto constitucional, por los ciudadanos, a través de un referendo. Sin embargo, acepto y apoyo el texto actual, que supone un avance enorme, tanto en la forma como en el contenido, y que anuncia una nueva era de constitucionalismo europeo. Por lo tanto, digo: «¡Viva la Constitución!». 
Antonione,
   . Señor Presidente, quisiera empezar agradeciendo a todos los diputados que han hablado por su valiosa aportación al proceso de redacción del nuevo Tratado Constitucional.
Es bastante evidente que estas contribuciones, por críticas que sean, solo pueden ayudarnos en nuestra tarea a quienes presidimos, como Presidencia en ejercicio, la labor de la Conferencia Intergubernamental. Sin embargo, quisiera intentar tranquilizarles sobre lo que parece ser un escollo, lo que parecen ser problemas entre el CIG y el Parlamento Europeo. No intento decir que no hay problemas –he destacado algunos en mi intervención inicial–, pero tenemos también que entender que, en esta fase del debate en la CIG, los países están intentado, necesariamente, aferrarse a determinadas posiciones en las negociaciones, entre otras cosas por razones estratégicas.
Para ser franco, creo que cada uno de nosotros conoce, y tenemos alguna que otra experiencia en negociaciones, que este tira y afloja, típico en las negociaciones, significa que las posiciones pueden, a menudo, parecer estar bastante alejadas hasta el último momento. Estoy seguro de que incluso los diputados al Parlamento Europeo que asisten a la CIG pueden confirmar que todos han manifestado la intención en la CIG al menos de encontrar una solución que cumpla los plazos establecidos por el Consejo Europeo de Salónica, lo que permitirá que se firme el nuevo Tratado Constitucional antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, y todos quieren realmente que no sea una solución descafeinada. En este sentido, puedo confirmar el compromiso de la Presidencia italiana de asegurar que no se desarrollen realmente situaciones que pudieran conducir al final a un resultado insatisfactorio. Asimismo, en el proceso democrático que, aunque cuestionable –en el sentido de que muchos lo cuestionaron– se someterá a escrutinio, ya que, como todos sabemos, el producto final de la Conferencia Intergubernamental será evaluado por los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y, en algunos casos, incluso por los ciudadanos en referendos, esta será la evaluación definitiva y real de la labor de la CIG.
Por lo tanto, pronosticar un fracaso en esta etapa, diciendo que no se avanza y que las cosas están prácticamente paralizadas, sería tan inexacto como, para ser franco, muy poco útil. Sería erróneo por los motivos que acabo de exponer: este es un momento de maniobras estratégicas que hay que ver como tales y, creo, que no han de verse bajo otro prisma, por la sencilla razón de que la idea no es resolver un punto cada vez, ya que entonces podríamos decir a cada paso: «Esto se ha debatido y ha quedado resuelto»; la idea es entender que, cuando uno está embarcado en una empresa tan compleja, únicamente podemos mirar el cuadro en su conjunto y, por lo tanto, al final de los debates, podremos equilibrar la propuesta que vamos a presentar como Presidentes en ejercicio, que espero sea aceptada lo más ampliamente y en la mayor medida posible.
Muy brevemente, quiero centrarme en una serie de puntos, aquellos que han merecido mayor atención, ya que, naturalmente, no dispongo de tiempo para responder a todos. En lo que respecta al Consejo Legislativo, que es una de las cuestiones que los oradores han planteado con mayor frecuencia, como Presidentes en ejercicio, a petición del Parlamento Europeo, con el compromiso dado por el Sr. Frattini, tal como señaló el Sr. Napolitano, en la audiencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, informamos de ello en la reunión inicial de Roma el 4 de octubre, y volvimos a proponerlo en la última reunión de la CIG de Ministros de Asuntos Exteriores a pesar de que habíamos detectado que existía una oposición política clara y extendida. No tuvimos éxito, pero hemos mantenido el debate abierto sobre este asunto, teniendo en cuenta que la labor de la Convención, por un lado, y las exigencias del Parlamento Europeo, por otro, son suficientes para que este asunto ocupe un lugar en la propuesta final. Es un compromiso que el Sr. Frattini contrajo justo al final de los debates de la última reunión de la Conferencia Intergubernamental.
En cuanto a los procedimientos para la revisión del Tratado Constitucional –punto que la Convención no abordó–, las personas que han participado en la CIG saben muy bien que la Presidencia italiana también ha propuesto abrir un debate sobre esta cuestión, que, también en este caso, hay momentos en que llevar a cabo el trabajo es una tarea difícil, tanto en lo que se refiere a la forma –debido a que el punto a tratar no estaba incluido en el orden del día– como al contenido, ya que se ha puesto en marcha un análisis en profundidad que no es poca cosa: abre un debate sobre si aquello en lo que estamos trabajando es realmente una Constitución. Algunos países han empezado a decir que, si es una Constitución, entonces se trata de algo totalmente diferente y que no han dado nunca a nadie autorización para debatir una Constitución. Por lo tanto, entenderán ustedes que todo esto no es exactamente un proceso de los más sencillos que hay que pilotar, pero el Sr. Frattini, que preside la labor de la CIG, ha mantenido también abierto el debate sobre esta cuestión, diciendo que espera que pueda haber una reflexión sobre el asunto con carácter general en un intento de entender que cuanto más efectivo sea el proceso que empleemos para hallar una solución, más fácil será modificar los acuerdos firmados cuando llegue el momento. También nos hemos comprometido a volver sobre este asunto.
Por último, respecto al tema que han dicho ustedes que debe constituir una prioridad, que sin duda es sumamente importante, la contribución del Ecofin, únicamente puedo reiterar lo que ha dicho el Sr. Frattini, en el sentido de que la Presidencia italiana no acepta ningún tipo de propuesta presentada por ninguna configuración del Consejo, ni siquiera del Ecofin.
No acepta este tipo de propuestas porque son inaceptables en lo esencial y, por lo tanto, respaldo a todos los diputados que han admitido que son inaceptables sobre la base de que hemos defendido plenamente este principio. Naturalmente, en este sentido, si tal como ocurrió en el contexto del debate de la Convención alguien propone puntos que según la también se han debatido en el Ecofin, estamos obligados a abordarlos y debatirlos. Sin embargo, les puedo asegurar que, en lo que se refiere a la Presidencia italiana, tenemos la intención expresa de garantizar los derechos de los Parlamentos y no solo del Parlamento Europeo, sino de los Parlamentos en general. Estamos hablando de la nueva Constitución o Tratado Constitucional –llámenlo como quieran, pero este es el espíritu con el que presidimos los debates de la Conferencia Intergubernamental– y está muy claro que, si falta o incluso si se reduce el papel que desempeñan el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, no solo no haremos ningún favor al futuro Tratado Constitucional, sino que también perjudicaremos a los ciudadanos de Europa. Por consiguiente, sobre esto creo que puedo comprometerme, en nombre de la Presidencia italiana, a esforzarnos por garantizar los derechos que creemos han de defenderse a toda costa, y a la vez tener en cuenta los deseos de los demás.
El Presidente
   . El debate queda cerrado. 
El Presidente
   . De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0312/2003) de la Sra. Sanders-ten Holte, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la cooperación de la Comunidad con los países de Asia y América Latina y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2258/96 (COM(2002) 340 - C5-0368/2002 2002/0139(COD)). 
Sanders-ten Holte (ELDR ),
   . – En algunas partes del mundo, a veces se olvida que esta Asamblea es un órgano colegislador. El Reglamento ALA vigente se adoptó hace diez años como Reglamento para los países de Asia y América Latina. Desde entonces, si bien el Parlamento ha exigido expresamente dos Reglamentos separados para dos regiones muy diferentes, la Comisión ha vuelto a presentar una propuesta mediante la cual quiere actualizar el Reglamento vigente y pretende, al mismo tiempo, incorporar el Reglamento sobre la ayuda a poblaciones desarraigadas, que expirará a finales del año que viene. Hay quien pensará que esta resolución parlamentaria no ha existido jamás. Por lo tanto, la Comisión de Desarrollo y Cooperación propone, a través de enmiendas, dividir el Reglamento en dos Reglamentos separados y, como ponente, quiero transmitirles su mensaje. Huelga decir, aunque deberá producirse una amplia consulta con el Consejo sobre este asunto, que todo el mundo tiene claro que hay que hacer una distinción.
Ahora quisiera centrarme en el contenido. La Comisión quiere un «marco legislativo ligero» para sus actuaciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en las dos regiones. En este caso, se ha convertido de hecho en un marco realmente muy ligero. Tal como establecían los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el objetivo principal de la cooperación para el desarrollo es la lucha contra la pobreza y su erradicación definitiva. No logro encontrar esto claramente expresado en la propuesta de la Comisión, que tampoco incluye otros objetivos, como la educación, la asistencia sanitaria, el medio ambiente y la democratización. Por lo tanto, mi primera propuesta es reservar el 35% del gasto a infraestructura social, cosa que hemos incluido regularmente en el presupuesto desde 2001. Al menos un 20% de este importe debería gastarse en asistencia y enseñanza primarias, ya que hasta la fecha estos Objetivos del Milenio se han visto muy postergados.
En segundo lugar, la educación, en particular, es un instrumento muy importante en la lucha contra la pobreza. Todos tienen derecho a recibirla y deben tener acceso a todas las formas de educación, independientemente de su origen, género o edad. Un número de pobres desproporcionadamente grande de los países en vías de desarrollo son mujeres, pero a menudo son esas mismas personas a quienes se niega este derecho. Son las porteadoras de agua. Por lo tanto, voy a exigir enérgicamente la integración de la cuestión de género, e incluso que se preste una mayor atención a las mujeres y a las niñas, no solo en educación y atención sanitaria, sino también en las esferas sociales, económicas y, en especial, en las políticas. Como miembros de pleno derecho de la sociedad, han de poder desempeñar un papel en su funcionamiento.
Otro punto importante es el de la participación. El fracaso de las negociaciones de la OMC en Cancún vuelve a subrayar claramente que los países en vías de desarrollo exigen la plena participación. No la tienen, ni a nivel gubernamental ni en los niveles inferiores. Por lo tanto, es sumamente importante que se consulte a todas las partes interesadas en la redacción de los documentos estratégicos, los programas indicativos anuales y los planes de acción anuales para la cooperación para el desarrollo. Con esto no solo me refiero a los órganos del Gobierno a nivel local, regional y nacional, sino también los parlamentarios de estos países, las ONG, el sector privado, así como todos los demás actores que participan en la sociedad civil. Conocen sus propias necesidades como ningún otro y, por lo tanto, pueden dar una indicación clara de aquello que es necesario. Esto también fue una petición clave que nos hicieron personas de esos ámbitos. Solo así se puede establecer una forma de implicación de los diferentes ámbitos de la política y acciones de cooperación para el desarrollo para las personas en cada nivel. Es importante que esta Asamblea participe, tanto ahora como en el futuro, como colegislador de la política de desarrollo europea. Por consiguiente, la Comisión ha de presentar ante el Parlamento los documentos estratégicos a los que me he referido. A mí me parece evidente que, en este contexto, no solo se tiene que dar una descripción de las prioridades sectoriales e intersectoriales, así como los objetivos específicos, sino también de los resultados previstos a partir de indicadores de rendimiento adecuados. Como neerlandesa y liberal, concedo un gran valor al gasto útil y efectivo del dinero de los contribuyentes. Esto solo se puede comprobar si se establecen indicadores claros y objetivos.
Por último, quisiera subrayar aquí una vez más que la cooperación de la Unión Europea con Asia y América Latina exige un marco legislativo moderno, en el que tanto la lucha contra la pobreza como contra la desigualdad tengan su propia dinámica.
Quisiera agradecer calurosamente a mis colegas parlamentarios su cooperación. Hemos mantenido debates excelentes y, aunque no siempre han desembocado en un acuerdo, creo que el debate sobre este tema ha de considerarse que ha tenido un valor excepcional a la luz de nuestro objetivo común. 
Piscarreta (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, la Comisión ha presentado una propuesta de un Reglamento sobre la cooperación con los países de Asia y América Latina. La duración es indefinida, aunque el Marco Financiero está definido para el período 2003-2006.
Esta propuesta prevé un aumento general de la cooperación con estas regiones y hace hincapié en las normas y procedimientos comunes a seguir, como pueden ser la aplicación de procedimientos y procesos de toma de decisiones. Se trata de un texto que da a la Comisión un alto grado de flexibilidad, ya que no contiene directrices políticas ni operativas. En cuanto a los fondos disponibles, la Comisión sugiere un marco financiero para 2003 a 2006, que se dividiría a razón de un 60% para Asia y un 40% para América Latina, y que asciende a un total de 3 793 millones de euros.
Como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos, he presentado algunas enmiendas que creo que son fundamentales. A pesar de que la rúbrica IV «Política Exterior y Desarrollo» del presupuesto se enfrenta a limitaciones financieras, creo que las sumas que la Comisión ha propuesto son compatibles con el límite financiero. Sin embargo, quiero insistir en la necesidad de mejorar la aplicación de la cooperación, en concreto al traducir las asignaciones prometidas en pagos efectivos para estas regiones. Para estas dos regiones, el problema de los compromisos pendientes (RAL) asciende a 3 450 millones de euros. También he propuesto redondear el importe total a 3 800 millones de euros para tener en cuenta que el presupuesto 2003 se aprobó, entretanto, en un nivel superior que el que había propuesto la Comisión.
Por último, he sugerido que, desde el punto de vista presupuestario, sería preferible no introducir sublímites para las dos regiones, ya que esto limita la flexibilidad. En vez de ello, el Reglamento ha de tener un marco financiero general. Por lo tanto, es crucial que la Unión Europea contribuya a erradicar la pobreza, fomente el desarrollo sostenible y asegure el respeto de los derechos humanos, los derechos de las minorías y los derechos de los indígenas, y contribuya a la democracia, la gobernanza y a la lucha contra las desigualdades.
También quiero manifestar que la Comisión de Presupuestos ha votado a favor de la creación de un fondo de solidaridad para esta región, que, creo, será una iniciativa extremadamente positiva. 
Fernández Martín (PPE-DE ).
    Señor Presidente, las normas que regulan la cooperación de la Unión con los países de Asia y América Latina datan de hace diez años. En diez años se han producido algunos cambios en el mundo. En Asia, algunos países han avanzado en la consolidación de sus democracias y han experimentado un impulso en su desarrollo. Por desgracia, en otros de estos países asiáticos, la situación ha empeorado en todos los órdenes de la actividad política, económica y social.
En América Latina, después de una década de avance democrático, la de los 80, y otra de reformas económicas, las sociedades de todos los países, con alguna señalada excepción, viven una profunda crisis económica y social.
En ambas regiones el combate contra la pobreza no solo no ha logrado éxitos destacables, sino que más bien, al contrario, en Bangladesh y en Haití, en Afganistán y en Bolivia la pobreza engulle cada vez a más segmentos sociales. En algunas ciudades ya trágicamente conocidas por su precariedad, como Calcuta, no hay espacio para el optimismo, pero en otras, como en Tucumán, nada menos que en la Argentina, la pobreza y el hambre -hambre crónica en la población infantil- son hechos nuevos desconocidos hasta ahora.
Por tanto, creemos que es oportuna, y lo celebramos, la propuesta que la Comisión nos hace con este Reglamento que modifica y actualiza los hasta ahora vigentes. Este Parlamento, en el párrafo 61 de su Resolución de 15 de noviembre de 2001 se pronunció en favor de una división de la propuesta inicial de la Comisión, una aplicable a Asia y otra para América Latina. Esta es la única objeción que expresamos ante la propuesta que hoy debatimos, que no es ciertamente una objeción menor, pero quiero destacar que en el fondo de la cuestión compartimos y apoyamos la propuesta de la Comisión. 
Compartimos los objetivos que recogen nuestro compromiso con la lucha para la erradicación de la pobreza, no solo en términos de financiación y cofinanciación de proyectos para estimular el desarrollo, sino centrando la prioridad en la educación, en la sanidad y en el fortalecimiento de la sociedad civil para el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia y del buen gobierno, sin el cual ni la democracia se fortalece ni el desarrollo deseable alcanza sus objetivos.
Compartimos el marco financiero, el creciente protagonismo que se atribuye a los países receptores de nuestra cooperación, así como los pasos que se dan en el proceso de desvinculación de la ayuda en la dirección apuntada por los reglamentos recientemente aprobados.
Todo esto es lo que pretendemos conseguir con nuestras enmiendas. Discrepamos en una cuestión formal a la que nosotros no podemos renunciar por coherencia con nuestra filosofía y con nuestra concepción de una política europea para áreas tan prioritarias para nosotros como Asia y América Latina.
No es, Sr. Patten, una cuestión de prestigio político, ni de dar prioridad a una región sobre otra, como frívolamente ha llegado a decir un colega nuestro en estas últimas horas.
A lo largo de estos largos meses de tramitación parlamentaria hemos dialogado con miembros de numerosos Gobiernos concernidos, con sus embajadores aquí en Bruselas, y con muchas, con muchas ONG que trabajan tanto en Asia como en América Latina. Todos, repito, todos, sin excepción, sin una sola excepción, nos han manifestado que prefieren dos reglamentos: uno para Asia y otro para América Latina.
Si decimos, y la Comisión dice también, que quiere adoptar el principio de coparticipación en nuestra cooperación desde el momento en que se establecen los programas y no solo en la fase de gestión y ejecución de un proyecto, no parece coherente hacer ahora lo contrario.
Hoy, mañana al votar, puede iniciarse un procedimiento de codecisión en el que el Parlamento ni quiere ni puede renunciar a sus prerrogativas y en el que entendemos que existe un margen para la negociación con el Consejo.
Termino felicitando a la ponente, mi colega y amiga la Sra. Sanders-ten Holte, que ha trabajado muy bien, que lo ha intentado todo, que lo ha hecho muy bien y le agradezco a usted, Sr. Patten, su disposición para el diálogo en el que espero poder seguir avanzando en los próximos meses.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE ).
    Señor Presidente, Señor Comisario, cuando en 1988 el Parlamento Europeo, actuando como autoridad presupuestaria, consiguió que los fondos destinados a la cooperación con América Latina y Asia se asignaran a líneas presupuestarias diferentes, se produjo un paso decisivo en la regionalización de las relaciones exteriores comunitarias; orientación que se ha ido consolidando como la más acorde con la idea de especificidad y funcionalidad que rige la política comunitaria y como la más eficaz en términos de desarrollo.
Ahora, en el ejercicio de sus competencias legislativas, le toca a este Parlamento pronunciarse sobre la modificación del Reglamento ALA que cubre la cooperación con ambas regiones conjuntamente. Coherentes con esta trayectoria, de la que es un ejemplo el voto unánime del Parlamento al informe Salafranca sobre una asociación global con América Latina, en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, en la Comisión de Asuntos Exteriores y en las Delegaciones para América Central y Mercosur, nos hemos pronunciado de manera abrumadoramente mayoritaria a favor de la existencia de dos reglamentos diferenciados: uno para Asia y otro para América Latina.
Mañana habrá un voto tan histórico y significativo para ambas regiones y para Europa como el que llevó a la división de las líneas presupuestarias. El Grupo Socialista apoya la existencia de dos reglamentos diferenciados por coherencia con una larga marcha que culmina ahora; porque creemos que América Latina y Asia merecen ser tratadas por lo menos igual que el resto de las regiones en desarrollo -y, en este sentido, tanto representantes políticos como de la sociedad civil de las dos regiones nos han hecho llegar su voluntad de contar con sus propios reglamentos y programas-; porque estamos convencidos de que los beneficios para las poblaciones de ambas regiones, objetivo último de los reglamentos, serán muy superiores a las dificultades administrativas que teme la Comisión -al fin y al cabo, estas dificultades se limitarían a un desdoblamiento saludable del actual comité ALA y a una reafectación del personal-; y por último, porque respetamos profundamente nuestra propia capacidad legislativa.
La señal política que con estos dos reglamentos lanzamos a las poblaciones de Asia y de América Latina es particularmente alentadora en estos tiempos de ampliación, de escoramiento europeo hacia el Este y de disminución de fondos de cooperación para atender otras situaciones, quizás más urgentes pero no más necesarias.
Por último, señor Presidente, quiero señalar que con las enmiendas aportadas al contenido de los reglamentos, por las que felicito calurosamente a la Sra. Sanders-ten Holte y al secretariado de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, mejorará sensiblemente la calidad de nuestra contribución a la lucha contra la pobreza y se consolidarán las señales políticas lanzadas en las regiones entre la Unión Europea y América Latina y la importancia de fortalecer las acciones de la Unión Europea en el continente asiático.
Rod (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, la revisión de este Reglamento nos ha dado mucho que pensar. Ante todo, teníamos el acuerdo de cooperación propuesto que, según se dijo, parecía más un acuerdo de libre comercio que un programa de desarrollo. Esto no nos sorprende demasiado, ya que forma parte de la política europea actual, encaminada a un cambio de pensamiento subyacente a la política de desarrollo comunitaria. Sin embargo, en este Reglamento hemos logrado reintroducir el desarrollo sostenible, junto con objetivos sociales y medioambientales. En particular, un 10% del presupuesto destinado a este programa tiene que asignarse a la conservación y gestión sostenible de los recursos naturales y un 35% a infraestructuras sociales y sanitarias. Los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y de los pueblos indígenas y la eliminación de desigualdades también son principios rectores de la política europea de cooperación en estas regiones. Finalmente, hemos asegurado que la sociedad civil participe en la definición de los planes de desarrollo plurianuales. Por lo tanto, la reducción de la pobreza tiene que ser el primer objetivo de los programas nacionales que se negociarán entre cada país y la Comisión. Dado que no se va a consultar al Parlamento, ha sido necesario introducir algunas directrices en una etapa temprana, y esto es lo que hicimos en la Comisión de Desarrollo y Cooperación.
Ruego a sus Señorías que no cuestionemos, por motivos institucionales, un texto que presenta, por fin, un contenido político. ¿Por qué proponer dos Reglamentos, uno para Asia y otro para América Latina, en lugar de un único Reglamento dividido en varios capítulos? Sería mejor que defendiéramos un aumento general de la ayuda en lugar de indagar cuál de los dos continentes va a obtener más. Por mi parte, es indiferente si el dinero se asigna a Asia o a América Latina, siempre y cuando llegue a los más pobres. Por esta razón queremos tener un control parlamentario. Lamentablemente, hemos gastado una ingente cantidad de energía y hemos perdido un montón de tiempo en una discusión que me parece trivial, dada la dimensión de los retos que tenemos que afrontar en Asia y América Latina. Creo que lo esencial es luchar por el contenido de estos Reglamentos, el contenido de estos capítulos, el contenido que les hemos dado hoy, ya que esto es lo que las personas tanto de Asia como de América Latina esperan hoy de nosotros. 
Belder (EDD ).
   – Aunque aplaudo la forma en que la ponente ha aclarado el objetivo del Reglamento para Asia y América Latina, la pregunta relativa a la lucha contra la pobreza es la siguiente: ¿dónde está el valor añadido comparado con la cooperación nacional para el desarrollo? En la lucha contra la pobreza existe el riesgo de que haya Estados miembros que dupliquen sus esfuerzos. El propósito del Reglamento podría, por lo tanto, indicarse de forma más clara. En cuanto al desarrollo de la capacidad comercial, el aspecto complementario es claro. Es complementario a la cooperación para el desarrollo y está relacionado con la política comercial europea.
En segundo lugar, el Fondo de Solidaridad Birregional que se propone en el informe no es deseable. Un fondo ha de tener objetivos bien definidos. La solidaridad sugiere un sentido de implicación entre las personas que toma cuerpo en contextos sociales, próximo a los ciudadanos y basado en una conciencia interior: piensen en la caridad enseñada por Cristo. Sin embargo, en un contexto intercontinental, esta caridad se expresa a través de acciones políticas específicas y organizaciones de cofinanciación. En este caso, un fondo de solidaridad no es adecuado.
Por cierto, doy las gracias a la ponente, mi compatriota, por sus esfuerzos a favor de una buena causa. 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, creo que al Comisario, Sr. Patten, le consta el compromiso y el apoyo que siempre he procurado mantener en mis acciones en favor de la Comisión. No soy de los diputados que piensan que la Comisión es un areópago de burócratas apátridas, sino todo lo contrario, una institución clave en el proyecto de construcción europea.
Pero le consta también al Comisario que ese apoyo y ese compromiso no es un apoyo y un compromiso que se pueda entender como un cheque en blanco. El Parlamento tiene derecho a tener su opinión, y creo que no sería un Parlamento que mereciese ese nombre si no ejerciese, responsablemente, eso sí, sus competencias, controlando democráticamente a la Comisión, invistiéndola y siendo un Parlamento que debate, que rebate, que ratifica y que rectifica.
Ése es, exactamente, el ejercicio en el que nos encontramos en este momento, un ejercicio en el que el Parlamento ejerce sin complejos sus atribuciones en el marco de las competencias que tiene concedidas por los Tratados y, sobre todo, en un ámbito en el que estamos actuando bajo el principio de la codecisión.
Es difícil encontrar, señor Presidente, un informe en el que se haya producido un consenso mayor dentro de esta Cámara, un consenso que se manifiesta en una propuesta que pide un reglamento para Asia y otro para América Latina, por entender que las especificidades de estas dos regiones quedan mejor contempladas en un reglamento aparte para cada una de ellas. Por ser coherentes, como decía la Sra. Sauquillo, con las prescripciones presupuestarias existentes y también por darle a América Latina y a Asia el mismo tratamiento que se le da a otras regiones y, por lo tanto, evitar cualquier tipo de discriminación.
Decía que se ha producido un consenso difícilmente repetible en este Parlamento, porque se ha pronunciado en este sentido el Pleno de la Cámara, se ha pronunciado la Comisión de Asuntos Exteriores, se han pronunciado las delegaciones competentes y se ha pronunciado, en el mismo sentido, la comisión competente para el fondo, que es la Comisión de Desarrollo y Cooperación, y no por un margen estrecho, sino por 26 votos a favor y 2 abstenciones, una de ellas de la ponente.
Quisiera decir que el otro aspecto que el Grupo de la ponente cuestiona - por la vía de las enmiendas- es la constitución de un fondo de solidaridad birregional. Y sorprende, señor Presidente, porque es una iniciativa que ha sido ya avalada en el Pleno por todos los Grupos políticos, incluido el Grupo de la ponente; una iniciativa, señor Presidente, que ha sido avalada desde el punto de vista reglamentario, que no supone dinero adicional alguno, que ha sido aprobada por la Comisión de Presupuestos en el presupuesto 2004, que es una iniciativa que se sitúa en el contexto de las prioridades de la próxima cumbre Unión Europea-América Latina, a celebrar en México el año que viene, donde no tenemos grandes propuestas que poner encima de la mesa.
Y sobre todo, señor Presidente, sorprende por el hecho de que es una iniciativa que tiende a evitar que los progresos que se han producido en los ámbitos de la convivencia y de la democratización se puedan poner en peligro por la fragilidad social, como ha demostrado recientemente el caso de Bolivia. 
Pero lo que más sorprende, señor Presidente, es que uno de los argumentos que se utiliza y que se invoca como argumento de autoridad para rechazar esta propuesta es la posición del Consejo de Ministros, como si la Comisión Europea tuviese que responder ante el Consejo de Ministros y tomase más en serio las posiciones del Consejo de Ministros que las posiciones de este Parlamento. 
Estamos, señor Presidente, ante un caso muy significativo en el que este Parlamento se juega una parte de su credibilidad, una parte de su prestigio y una parte de su estima como institución.
Por eso, señor Comisario, le invito a que si mañana la Cámara ratifica la propuesta en los términos aprobados por la Comisión de Desarrollo, la Comisión lo acepte, no como una manifestación de prepotencia, sino como una manifestación de coherencia, no como una desautorización de la Comisión, sino simplemente como el ejercicio normal de las competencias que en el equilibrio institucional que establecen los tratados, tiene asignadas este Parlamento.
Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, me gustaría sumar mi voz a las muchas felicitaciones que ha recibido la ponente. Hoy ha presentado un informe excelente y muy claro. Creo que el informe de la Comisión de Desarrollo y Cooperación conforma el contenido del Reglamento –o, como todos preferiríamos, de los Reglamentos– de un modo mucho mejor. El informe de la Sra. Sanders-ten Holte muestra claramente que de lo que se trata no es simplemente de incorporar el comercio en las estrategias de desarrollo para una futura cooperación con estas dos regiones del mundo, sino que hay que exponer claramente que el objetivo es luchar contra la extrema pobreza, y si somos serios sobre estas estrategias de desarrollo, hemos de incluir a la sociedad civil de los países afectados.
Las medidas exigidas por la Comisión de Desarrollo y Cooperación, independientemente de la distinción que se haga respecto a si se han previsto para Asia o para América Latina, dejan muy claro que es necesario disponer de dos Reglamentos en el futuro. No hace falta ser un experto en los países enumerados en los anexos, que se beneficiarán de estos Reglamentos o los proyectos respaldados, para darse cuenta de las enormes y tremendas diferencias que existen entre las dos regiones y, por consiguiente, la necesidad de dos Reglamentos.
También quiero dar las gracias a la ponente, quien en realidad siempre ha compartido esta opinión, por adoptar una postura tan clara en esta ocasión. Por mi experiencia en otros ámbitos y otras negociaciones con la Comisión, creo que si obtenemos una mayoría convincente a favor de dos Reglamentos en el pleno de mañana, sería un buen punto de partida para las negociaciones con la Comisión y esta cambiaría de postura en esta importante cuestión.
Wijkman (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que creo que existe toda una serie de aspectos positivos en la propuesta de la Comisión. Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en que la ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, ha realizado un trabajo excelente. Bajo su liderazgo, hemos podido llegar a un acuerdo, durante la lectura en comisión, sobre un determinado número de añadidos y cambios que hacen que la legislación esté más centrada en las cuestiones relacionadas con la pobreza.
Me alegra especialmente el objetivo de aproximadamente un diez por ciento destinados a los esfuerzos en el ámbito del medio ambiente. Con demasiada frecuencia, las cuestiones medioambientales quedan ocultas en la labor a favor del desarrollo. Tenemos una lista larga de problemas, en particular en Asia, que hay que abordar cuando se habla tanto de contaminación como de proteger los recursos naturales básicos. Una mayoría de los pobres en las zonas rurales son, de hecho, dependen más de lo que podríamos llamar «producto de biomasa bruto», es decir, lo que produce la naturaleza, que del «producto interior bruto», es decir, lo que produce la economía.
Luego tenemos la controversia de si necesitamos uno o dos Reglamentos para Asia y América Latina. Soy consciente de que el Parlamento quería dos Reglamentos, pero creo que la Comisión tiene unos argumentos muy sólidos a favor de su propuesta. En los últimos años se han puesto en marcha una serie de medidas para que la organización de la cooperación para el desarrollo sea más eficiente, y sería extraño si ahora complicamos esto con dos Reglamentos y, por así decirlo, obstaculizamos la simplificación de los procedimientos que ya están en curso. Creo que la Sra. Sanders-ten Holte ha hecho una propuesta excelente para un Reglamentos dividido en dos capítulos.
No me convence el argumento de que los países son, en apariencia, tan diferentes. Tenemos un único marco para la cooperación con los países ACP y funciona admirablemente. El Sr. Salafranca Sánchez-Neyra podrá hablar de sus 26 votos a favor frente a los cero votos en contra pero, si escucha lo que se dice en los pasillos, oiría que un gran número de sus colegas están ahora muy preocupados con la posibilidad de que abramos un conflicto en este tema. Por lo tanto, quiero instar a sus Señorías, independientemente de lo que digan los líderes de los Grupos políticos, para que voten en contra de las enmiendas que plantean dos Reglamentos diferentes. 
Kinnock, Glenys (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisión y, de nuevo, a la ponente por la excelente y a menudo muy difícil tarea que ha llevado a cabo.
Creo que la función de este Parlamento es estar a favor de normas y procedimientos más sencillos, así como garantizar que entendemos la necesidad de una toma de decisiones oportuna y eficaz en la programación. Este tiene que ser el núcleo de todo el proceso de reforma que seguimos desafiando y pidiendo. Y, sin embargo, en este debate escuchamos una y otra vez propuestas para que compliquemos y dificultemos los procedimientos, los programas y las cuestiones de las que tiene que ocuparse la Comisión.
Además, en lo que respecta al reglamento técnico y jurídico, pienso que no tiene ningún sentido proponer que desempeñe la función de los documentos estratégicos nacionales en los países con los que trabajamos o la función de los programas indicativos nacionales con los que trabajamos. Es una contradicción total con lo que se supone que debería hacer un reglamento que tiene una base financiera y jurídica. En mi opinión, la creación de dos reglamentos separados simplemente no tiene sentido y socavaría los esfuerzos que estamos realizando por racionalizar y clarificar nuestros programas.
El Sr. Salafranca ha hablado de credibilidad, y nuestra credibilidad como Parlamento corre peligro si no entendemos las cuestiones a las que nos enfrentamos. Nuestra estrategia tiene que ser trabajar bien con Latinoamérica y con Asia y aplicar los mismos principios fundamentales de nuestro programa de desarrollo.
Tampoco se puede justificar el argumento a favor de transferir fondos de Asia a Latinoamérica, en especial porque conocemos la pobreza desesperada de 800 millones de personas en Asia. La comunicación de la Comisión sobre política de desarrollo en 2000 nos pedía centrar nuestra atención en la erradicación de la pobreza. Por lo tanto, es totalmente inadecuado que ahora, en 2003, pidamos un reglamento que separe dos partes que funcionan muy bien juntas y que repita, reproduzca y complique nuestros esfuerzos por erradicar la pobreza.
Pido al Parlamento que sea realista y constructivo para que nuestro importante trabajo en estas dos regiones pueda continuar y crecer. 
Deva (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a mis colegas españoles de todas las tendencias políticas por su entusiasmo en los temas relativos a sus antiguas colonias. Sin embargo, desearía que a veces mi país defendiera sus intereses nacionales de la misma manera que parecen hacer mis colegas españoles, independientemente de la política.
Dicho esto, el Sr. Rod ha preguntado por qué no tenemos dos reglamentos para poder enviar el dinero allí donde estén los pobres. Bien, los pobres están en Asia. Y son 800 millones. Si está previsto que los dos reglamentos envíen el dinero donde están los pobres, ¿por qué transferimos 247 millones de euros de Asia a Latinoamérica? Ya sé que el Parlamento Europeo es conocido por llevar la contraria, pero este es un ejemplo extraordinario de la manera en que lo hemos vuelto a hacer.
Necesitamos una legislación sencilla que podamos entender, que nuestros votantes puedan entender, para poder conectar con nuestro electorado. Crear dos reglamentos duplicados, pasar por todo el proceso, por la enorme cantidad de burocracia y, al mismo tiempo, pedir a la Comisión que simplifique sus procedimientos, que descentralice, es una gran contradicción. ¿Por qué siquiera lo estamos considerando? Siento decirlo, pero ¿estamos considerándolo para ser simpáticos con los españoles? Tengo que decir que la mayor parte del tiempo soy muy simpático con los españoles, pero en esta ocasión no lo seré. 
Patten,
   . Señor Presidente, como sabe la Cámara, la propuesta de la Comisión está encaminada a sustituir al actual Reglamento sobre Asia y América Latina por un marco jurídico nuevo, sencillo y moderno, coherente con los principios que inspiran la reforma de la ayuda exterior. Esto ya se ha hecho para otras regiones. Ahora ha llegado el momento de que nuestros países asociados en Asia y América Latina se beneficien de las ventajas de esta reforma.
Desde el inicio, ha quedado claro que en el Parlamento había algunos recelos respecto de la premisa y la naturaleza del nuevo Reglamento. He pasado más tiempo discutiendo estos recelos y este acto legislativo que ningún otro del que he sido responsable desde que soy Comisario. No recuerdo haber celebrado más reuniones, haber tenido más discusiones en la Comisión o más conversaciones en el Parlamento. Siento un gran respeto por aquellos interlocutores que no están de acuerdo conmigo. Su Señoría el Sr. Salafranca sabe mucho sobre el tema, pero mi simpatía y mi intelecto en esta ocasión están con los que han hablado en la última parte de este debate, que también saben mucho sobre ayuda al desarrollo: su Señoría la Sra. Kinnock, su Señoría el Sr. Whitehead y su Señoría y amigo mío, el Sr. Deva. Permítanme comentar algunos de los principales argumentos.
En primer lugar, algunos sectores de esta Cámara han pedido enérgicamente dos reglamentos en lugar de uno. En segundo lugar, como demuestran muchas de las enmiendas presentadas, también se desea encarecidamente un Reglamento más detallado. Quiero responder a estas dos cuestiones, y reiterar la posición de la Comisión sobre la forma del Reglamento. La Comisión concede gran importancia a un Reglamento y .
¿Por qué un Reglamento sencillo? Para cumplir los principios básicos de la reforma de la ayuda externa, que requiere flexibilidad para adaptar la cooperación a las necesidades específicas de nuestros socios mediante documentos de estrategia nacionales. Esta es la política que el Parlamento ha apoyado con entusiasmo.
¿Por qué un Reglamento único? Para evitar la proliferación de instrumentos jurídicos y la multiplicación de procedimientos y comisiones; en suma, para ser más eficaces. Asimismo, para cumplir el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la labor legislativa, que pide la simplificación y reducción del volumen de legislación. Aún tengo que escuchar un solo argumento sobre la razón –las normas y los objetivos son los mismos para ambas regiones– por la que dos reglamentos separados serían mejor que uno. Como ya he dicho en varias ocasiones, creo que resulta difícil creer que la gente se pondría a bailar de contenta en las calles de La Paz o incluso alrededor de las embajadas latinoamericanas de Bruselas si tuviéramos en cuenta las opiniones de algunos diputados a este Parlamento y apoyáramos que hubiera dos reglamentos.
Las referencias a otras regiones con sus «propios» reglamentos –Tacis y CARDS, por ejemplo– no son, a mi juicio, convincentes, porque los objetivos de estos reglamentos no son los mismos que los de la política de desarrollo establecida en el artículo 177 del Tratado y que se aplican tanto a Asia como a América Latina. Las diferencias entre las dos regiones tampoco justifican estos dos reglamentos, como demuestran la similitud e incluso la uniformidad de las enmiendas propuestas para cada región. 
Pero volvamos al contenido de las enmiendas, y a las cuatro cuestiones más importantes en las que deberían centrarse nuestras discusiones posteriores.
En primer lugar, el objetivo general es la reducción y erradicación de la pobreza. Algunas de las enmiendas subrayan como objetivo primordial la reducción y erradicación de la pobreza. No podría estar más de acuerdo. Sin embargo, tiene que haber un margen para el apoyo amplio a las relaciones comunitarias globales con Asia y América Latina, incluido el apoyo a la capacitación para ayudar a nuestros socios en su lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal, la trata de seres humanos y el crimen internacional.
En segundo lugar, un tema que, por ejemplo, mi amigo el Sr. Deva ha comentado en términos técnicos: la cuestión de la asignación de recursos financieros entre América Latina y Asia. La propuesta de la Comisión intenta respetar, para el período 2000-2006, el equilibrio 60/40 de créditos para Asia y América Latina que ha prevalecido durante las perspectivas financieras anteriores. Los acontecimientos en Afganistán y las promesas de ayuda internacional hechas allí por la Unión Europea han trastocado ligeramente este equilibrio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Asia aún cuenta con el mayor índice de pobreza del mundo, donde alrededor de 800 millones de personas, o unos dos tercios de los pobres del mundo, viven con menos de un dólar al día. Asimismo, es importante tener en cuenta que el presupuesto comunitario en Asia asciende a 0,15 euros per cápita, frente a 0,45 euros para América Latina. Sobre esta base, es difícil defender una transferencia de recursos de Asia a América Latina. Por supuesto, si la autoridad presupuestaria nos diera más dinero para la ayuda externa a Asia y América Latina, me complacería proponer al Parlamento maneras de gastarlo, pero no creo que las Navidades lleguen antes este año.
En tercer lugar, la cuestión del Fondo de Solidaridad para América Latina. El apoyo a programas sectoriales vinculados a la salud, la educación y la reducción de la pobreza en los países y regiones más pobres de América Latina podría conseguirse mediante los instrumentos de programación y aplicación que tenemos a nuestra disposición. Crear un fondo, buscar la participación de otras instituciones financieras y acordar normas que rijan el fondo y su gestión no solo sería una pérdida de tiempo, sino también un proceso complicado y engorroso. La Comisión no dispone de los recursos humanos para esta tarea.
En cuarto y último lugar, la cuestión de los objetivos sectoriales y los criterios de referencia. El Parlamento propone la introducción de una serie de objetivos sectoriales en el Reglamento: un 35% para infraestructura social y, dentro de este porcentaje, un 20% para la educación básica y la sanidad; otro 10% para el medio ambiente y hasta un 15% para la sociedad civil. Todo esto suma casi un 60% de los créditos que serían «preprogramados».
Como saben los diputados de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, el acuerdo actual sobre un criterio de referencia del 35% para infraestructura social se alcanzó hace dos años tras muchas discusiones, en las que yo mismo tomé parte, entre representantes de la Comisión y la Comisión de Desarrollo. No pretendo reiniciar aquellas discusiones, y por supuesto la intención de la Comisión es mantenerse totalmente fiel a aquel acuerdo. Sin embargo, quiero subrayar que este acuerdo no tiene la intención de añadir nuevas condiciones, en particular el 20% para educación básica. Además, esto contradice el principio de propiedad de los países y la esencia misma de la reforma, que implica que la programación no puede predefinirse mediante un Reglamento.
El problema –al menos el del 35% propuesto para infraestructura social– es bastante teórico, porque en los actuales documentos estratégicos nacionales de Asia y América Latina ya se ha destinado un 50% y un 46%, respectivamente, a infraestructura social.
En conclusión, quiero agradecer sinceramente a nuestra ponente, la Sra. Sanders-ten Holte, sus valientes esfuerzos por salvar diferencias. Realmente ha hecho un esfuerzo maravilloso, y seguro que ha habido momentos en los que hubiera deseado ser ponente de un Reglamento diferente. Invito al Parlamento a que apoye las propuestas de la Comisión. Las discusiones informales con el Consejo –lo digo a título informativo– han mostrado un apoyo firme a la propuesta de la Comisión, y una gran disposición a ir en esa dirección. Ante todo, los intereses de las poblaciones necesitadas de Asia y América Latina deberían alentarnos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para la adopción rápida de un nuevo marco jurídico de alta calidad en materia de cooperación. 
Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE ).
    Señor Presidente, he pedido la palabra por alusiones personales sobre la base del artículo 122 de nuestro Reglamento.
Me quería referir al comentario que ha hecho el Sr. Wijkman en relación con los votos por los que se aprobó la propuesta de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, que fueron 26 votos a favor y 2 abstenciones.
El Sr. Wijkman no ha contestado esos resultados, pero se ha referido a que la opinión en los pasillos probablemente fuera otra. Yo quisiera decir, Señor Presidente, que soy muy respetuoso con las opiniones de todo el mundo, pero que en democracia lo que cuenta son los votos.
Por lo que respecta al señor Comisario, que se ha referido también a este modesto diputado y que ha declarado que no se le ha dado ningún argumento que le convenciese de la necesidad de los dos reglamentos, yo quisiera decirle al Sr. Patten -que es un buen amigo mío- que creo que no ha entendido bien el estado de la cuestión. Creo que no es a la Comisión a quien hay que convencer de la bondad de los argumentos, sino al Parlamento porque, señor Comisario, le recuerdo que es la Comisión quien responde políticamente ante este Parlamento, y no el Parlamento ante la Comisión, y que estamos en un procedimiento de codecisión en el que se supone que el Parlamento tiene algo que decir.
Sauquillo Pérez del Arco (PSE ).
    Señor Presidente, me he sentido absolutamente vejada por la intervención que ha tenido el compañero Deva, puesto que ha insinuado que no luchábamos por la erradicación de la pobreza, sino que como españoles teníamos otro tipo de intereses.
La verdad es que me he sentido mal y me sentiría también mal si no lo manifestase aquí, puesto que estamos trabajando juntos en la Comisión de Desarrollo por erradicar la pobreza: erradicar la pobreza en Asia y en América Latina.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto:
- del Informe (A5-0358/2003), de la Sra. Prets, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la juventud (COM(2003) 272 - C5-0257/2003 - 2003/0113(COD)).
- del Informe (A5-0357/2003), de la Sra. Pack, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea y el apoyo a actividades específicas en el ámbito de la educación y la formación (COM(2003) 273 - C5-0255/2003 - 2003/0114(COD)).
- del Informe (A5-0359/2003), de la Sra. Iivari, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción comunitario para la promoción de organismos activos a escala europea en el ámbito de la cultura (COM(2003) 275 - C5-0262/2003 - 2003/0115(COD)).
Reding,
   . Señor Presidente, Señorías, en 2002 las tres instituciones europeas colaboraron en la tarea de redactar un nuevo Reglamento financiero, con lo que tenemos un marco claro para las subvenciones mediante las cuales apoyamos un gran número de organizaciones europeas excelentes en los ámbitos de la cultura, la juventud y la educación. De ahora en adelante, toda decisión en materia de financiación deberá tener su justificación en un fundamento jurídico. Esta obligación se impone, en particular, en aquellas subvenciones que, hasta este momento, han sido financiadas con cargo a rúbricas que, debido a su posición en la nomenclatura presupuestaria, solían tratarse como gasto administrativo y, de este modo, se podían pagar sin necesidad de un fundamento jurídico. Los cambios introducidos en la nomenclatura presupuestaria por el nuevo Reglamento financiero significan que a este tipo de subvenciones no se les puede ya dar el tratamiento de gastos administrativos y, por lo tanto, exigen un fundamento jurídico. Ha sido esta nueva obligación lo que ha llevado a la Comisión, en la primavera de este año, a presentar siete propuestas de nuevos fundamentos jurídicos. Estas siete propuestas, que abarcan siete ámbitos diferentes, iban acompañadas de una Comunicación de la Sra. Schreyer en la que proponía el contexto común que justificaba la presentación de estas propuestas y los elementos esenciales utilizados para asegurar una respuesta similar, entre una propuesta y otra, a los problemas comunes a los que se enfrentan estos sectores de actividad.
Señor Presidente, la votación de hoy se refiere a tres de estos siete fundamentos jurídicos. Es necesario tratar este asunto con carácter de urgencia, en particular dado que los textos en cuestión se adoptan mediante el procedimiento de codecisión. Agradezco al Sr. Rocard que se haya dado cuenta de la urgencia que revisten y por asegurarse de que la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que preside, pudiera examinar rápidamente las propuestas de la Comisión. Sin embargo, el cambio de un enfoque presupuestario a otro puede causar graves dificultades financieras, cuyas consecuencias podrían ser drásticas para la Europa de la cultura, la juventud y la educación si los colegisladores no llegan a un acuerdo lo más pronto posible. Las propuestas que les ha presentado la Comisión tienen por objeto asegurar una transición suave e ininterrumpida del antiguo sistema al nuevo, y hemos intentado con todas nuestras fuerzas redactar textos que reproduzcan ampliamente las normas de aplicación detalladas de 2003, con el objetivo de asegurar esta continuidad fundamental y no perder ninguna de las ventajas a obtener, en cuanto a la gestión adecuada de los fondos públicos teniendo en cuenta este nuevo Reglamento financiero.
Desde este punto de vista, las bases jurídicas propuestas han de considerarse un ajuste técnico, aunque es muy tentador aprovechar esta oportunidad para adornarlas con innovaciones y mejoras. Sin embargo, en este caso, lo mejor es enemigo de lo bueno, en especial si estos añadidos comprometen todo este asunto a los ojos del Consejo. Teniendo esto presente, las propuestas de la Comisión se han redactado sobriamente, con el propósito esencial de preservar el acervo, dándole al mismo tiempo una estructura legal acorde con el nuevo Reglamento financiero. Quiero pedirles que no se alejen demasiado de las propuestas de la Comisión y que se esfuercen en lo posible por asegurar que estos fundamentos jurídicos se puedan adoptar lo más rápidamente posible.
En el caso del fundamento jurídico de la «cultura», incluso hay menos margen de flexibilidad, ya que el Consejo ha tomado una decisión unánime, pero es necesario que conservemos algo de flexibilidad, no solo en el ámbito de la cultura, sino también en el de la juventud y la educación, puesto que hay que decir que estos tres ámbitos son fundamentales para el desarrollo de Europa. Hay que explorar todos los medios posibles para alcanzar un compromiso si nos permiten que estos procedimientos concluyan rápidamente. En realidad, a partir del 1 de enero de 2004, si no existen fundamentos jurídicos, será prácticamente imposible que podamos prestar apoyo financiero a todos estos organismos que contribuyen al vigor creativo, cultural e intelectual de Europa. En otras palabras, es fundamental que se llegue a un acuerdo en primera lectura si hay que pagar a estos organismos en enero de 2004.
En los tres casos, la propuesta de la Comisión ha cumplido las estipulaciones del Reglamento financiero, y sobre esta base quiero explicar la posición de la Comisión sobre las enmiendas contenidas en los tres informes. Quisiera dar las gracias a la Sra. Iivari, a la Sra. Prets y a la Sra. Pack por la cuantiosa labor que han llevado a cabo en torno a estas medidas, cuyo carácter crucial conocen muy bien. Observamos que la duración de los programas –cinco años para cultura y educación, y tres años para juventud– ha despertado reacciones diversas. Aceptamos de buen grado la enmienda 16 en el ámbito de la cultura, que propone acortar la duración del programa propuesto a tres años si con ello se puede lograr un acercamiento entre las diversas instituciones involucradas, a fin de poder concluir los procedimientos. Sin embargo, rechazamos la enmienda 8 relativa a la juventud, e insisto sobre el hecho de que 2006 ha de ser la fecha límite, ya que en 2007 queremos establecer un nuevo programa de juventud que dará un trato preferente a la participación de las organizaciones juveniles europeas. Existe una conexión entre las cuestiones de duración y presupuesto en los tres casos. La enmienda 17 en el ámbito de la cultura, que reduce el presupuesto, sería aceptable si se adoptara la enmienda 16, que reduce la duración del programa. Asimismo, si la duración no se modifica, la enmienda 11 en el ámbito de la juventud, que propone un aumento del presupuesto, se puede aceptar para hacer frente a los retos que plantea la ampliación. En cuanto a la educación, podemos aceptar en parte, o en espíritu, un grupo de enmiendas, a saber las enmiendas 4, 6, 8, 9, 10 y 11, que pretenden modificar, mediante enmiendas presentadas en el marco del proceso presupuestario para 2004, el importe total de la financiación y los porcentajes mínimos y máximos de esta financiación reservada para cada actividad en el programa.
Según el pensamiento subyacente al Reglamento financiero, el objetivo a largo plazo es invitar a todos los que lo deseen a presentar propuestas, con excepción de la famosa «asignación de fondos», el método que a veces se emplea ahora para asignar subvenciones. Para facilitar la transición hacia el enfoque que plantea el Reglamento financiero, la Comisión ha fomentado un sistema mixto, que consiste en invitaciones a presentar propuestas y las asignaciones presupuestarias para la Parte 2 del fundamento cultural. Por lo tanto, aceptamos la enmienda 18 en el ámbito de la cultura, pero nos vemos obligados a rechazar las enmiendas 5, 15, 19, 20 y 23, que se alejan demasiado de la situación que estamos intentando rectificar. Desde este punto de vista, los criterios tienen que estar claros, o aclararse más. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la enmienda 10 relativa a la juventud, pero no estamos de acuerdo con la enmienda 1 en el ámbito de la cultura, que se desvía demasiado del Reglamento financiero en que redefine las organizaciones con fines de interés general europeo. En este sentido, no podemos aceptar la enmienda 5 en materia de educación, que se refiere a la Federación Internacional de Casas de Europa (FIME), y que pretende incluirla en la lista de organismos amparados por la Acción 1, ya que, por un lado, FIME desempeña el papel de un intermediario en la redistribución de subvenciones, lo que la excluye del campo de acción definido por el Reglamento financiero, y por otro lado, se ha puesto en marcha una auditoría de las actividades subvencionadas por la Comisión en los últimos años a la luz de la experiencia pasada. Sin embargo, quiero explicarles que la Comisión ya ha empezado a retirar gradualmente las actividades de colaboración preferente con redes independientes como la FIME. Asimismo, se ha invitado a FIME, al igual que las Casas de Europa que están asociadas a la misma, a responder a las invitaciones de la Comisión para que presenten propuestas, tanto a nivel central como nacional, a través de los representantes pertinentes.
Toda invitación para presentar propuestas exige un jurado de expertos formado, en función de cada caso, por expertos externos o funcionarios de la Comisión, para garantizar su objetividad y transparencia. Hay toda una serie de enmiendas que lo tienen en cuenta y exigen que se informe al Parlamento con antelación sobre el contenido de toda invitación a presentar propuestas, antes de que la Comisión los haga públicos, o sobre el principio, las normas de aplicación detalladas o la composición del jurado. Señor Presidente, mientras apoye estos principios, la Comisión no puede aceptar estas enmiendas, que no corresponden a las disposiciones relativas a las relaciones entre las instituciones establecidas en la decisión de comitología, o que interfieren con las competencias de ejecución de la Comisión. Son las siguientes: en materia de cultura, las enmiendas 11, 21 y 22; en materia de educación, las enmiendas 13, 14 y 15, y en materia de juventud, las enmiendas 15, 22 y 23. Sin embargo, estamos de acuerdo con la enmienda 17 sobre la juventud, que propone que se informe al Parlamento todos los años sobre la aplicación de nuestro programa «Juventud».
Desde luego, la Comisión impone la obligación a aquellas personas que han recibido una subvención europea de que lo den a conocer adecuadamente. Aunque comparto la opinión del Parlamento sobre este punto, nos parece que es más apropiado que esta obligación de publicidad se incluya en el anexo. Por este motivo, la Comisión acepta la enmienda 12 sobre la cultura, pero no puede aceptar la enmienda 3. La misma situación implica que, en materia de juventud, aceptamos la enmienda 20, pero rechazamos la enmienda 6, y, en cuanto a la educación, aceptamos la enmienda 12 pero rechazamos la enmienda 2. Es norma del Reglamento financiero que se aplique un reducción gradual a las ayudas operativas renovadas con carácter anual. Esta reducción gradual no siempre se entiende adecuadamente, y se ha intentando, en varios lugares, pasarla por alto. No podemos aceptar las enmiendas 13 y 14 en materia de cultura, que tratan de suprimir la reducción anual. La única excepción que el Reglamento financiero reconoce incluye casos en que los beneficiarios tienen las características de un órgano que busca objetivos de interés general europeo según la definición de este Reglamento. Hay tres enmiendas en materia de juventud, a saber, las enmiendas 5, 18 y 19, que pretenden limitar el programa a organizaciones juveniles que poseen este tipo de características, y esto lo aceptamos. Por otro lado, otras enmiendas van mucho más allá en la dirección contraria, y no podemos aceptar ni la enmienda 24 sobre la juventud ni la enmienda 24 sobre la cultura, que proponen un aumento considerable del ritmo de reducción gradual.
Señor Presidente, voy a comentar rápidamente las enmiendas con las que está de acuerdo la Comisión y que pretenden aclarar o simplificar el texto, o reforzarlo siguiendo las líneas propuestas por la Comisión. Estas son, en materia de cultura, las enmiendas 2, 4 y 8; en materia de educación, las enmiendas 1, 3 y 7; y en materia de juventud, las enmiendas 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 y 16. Además, la Comisión se ve a sí misma como embajadora cultural, tal como se propone en la enmienda 9 relativa a la cultura. Me he limitado –y ruego que me excusen por haber hablado durante tanto tiempo– a mencionar las enmiendas más delicadas que se han propuesto en los tres informes. Ahora quiero invitarles a hacer cuanto esté en sus manos para asegurar que el apoyo que la Unión da a la Europa de la cultura, la educación y la juventud no experimente un eclipse. En esta fase de los procedimientos, es vital que se llegue a un acuerdo entre los colegisladores si el sistema ha de volver a ponerse en marcha a principios de 2004.
Prets (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, está usted en lo cierto al decir que disponemos de poco tiempo y que hemos de esforzarnos para que los proyectos puedan ponerse en marcha y que las partes afectadas puedan obtener sus recursos. Este también es mi primer punto de crítica, ya que el tiempo que se nos ha dejado es muy, muy corto. Si hemos de realizar nuestra labor a fondo y bien, necesitamos tiempo, de otro modo las cosas nos alcanzan y nos adelantan y entonces es cuando recurrimos a soluciones provisionales con las que finalmente nadie está de acuerdo y que no gustan a nadie. Quiero pedirles que en el futuro se prevea para este tipo de asuntos y decisiones importantes un calendario adecuado, ya que lo que ahora tenemos aquí son personas que están siempre encima de nosotros y el resultado es que cedemos, ya que queremos que las organizaciones obtengan sus recursos y sus subvenciones, aunque todavía hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo.
El hecho de que el acto jurídico todavía no esté disponible es lamentable y ya está teniendo repercusiones. Ya escasean los fondos, como por ejemplo para los programas de hermanamiento, en que el primer tramo no se puede pagar; y también campañas informativas en los Estados miembros que han de frenar considerablemente sus recursos. En una época en que nos hallamos a las puertas de la ampliación y necesitamos más información que nunca, creo que este tipo de repercusiones están definitivamente fuera de lugar. Por lo tanto, creo que hay una necesidad urgente de ofrecer soluciones de transición para que los programas puedan continuar si se presentan dificultades, y que los ciudadanos europeos no se vean entorpecidos en sus actividades previstas y que la confianza que es, en cualquier caso, tan sumamente difícil de crear no se vea minada al mismo tiempo.
En cuanto a los tres informes de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, que son objeto del debate de hoy, creo que se pueden abordar y tratar juntos fácilmente, pero su contenido es totalmente diferente y, por consiguiente, no podemos resolver gran parte de ellos a la vez. Por ejemplo, la intención que subyace a la propuesta de armonizar programas de acción con respecto a la proporción de cofinanciación, el principio de degresividad y, en particular, la igualación de su duración hasta 2008 es buena, pero no hay manera de que funcione en la práctica.
También estoy en contra de tener un tipo de cofinanciación uniforme del 20% en los tres ámbitos. Muchas organizaciones, en particular en el ámbito de la educación, reciben una ayuda tan pequeña que toda reducción adicional las descalificaría del todo y no merecería ni siquiera la pena coger un lápiz para rellenar un impreso de solicitud. Un tipo del 20% para las organizaciones juveniles es el máximo que se puede conceder, ya que la falta de patrocinio hace que a las organizaciones les resulte muy difícil continuar sus actividades actuales.
Respecto al principio de degresividad, que se ha fijado en un 2,5% a partir del tercer año, asignando el dinero ahorrado, en particular, a nuevos proyectos para los nuevos Estados miembros, también creo que es una simple gota en el océano. Estoy convencida de que está bien integrar el programa de acción para la juventud en el nuevo programa «Juventud» a partir del 2007, puesto que con seguridad aportará grandes ventajas a los jóvenes y a las organizaciones juveniles. El propósito de prestar apoyo a las organizaciones juveniles que operan a escala europea incluyen el fomento del diálogo internacional entre los jóvenes, obtener información sobre temas relevantes para un público lo más amplio posible y ofrecer oportunidades educativas informales. La ayuda de la UE a organizaciones brindará a los jóvenes no solo la oportunidad de cooperar en asuntos que les afectan a ellos y a sus intereses, sino que les ofrecerá todo, todo el amplio espectro de políticas europeas y la dimensión asociada. Creo que han de incluirse en todas las fases del debate.
En lo que se refiere a la aplicabilidad geográfica, creo que el principio de una Europa más amplia también ha de aplicarse a las organizaciones juveniles. Apoyo la participación de organizaciones juveniles de la Unión Europea, los Estados miembros, los países de la AELC y del EEE, los países de los Balcanes y determinados países de la Comunidad de Estados Independientes. Pero no creo que las actividades de las organizaciones que trabajan con socios de fuera de estos países hayan de limitarse, en modo alguno, siempre que reciban el apoyo de sus propios Gobiernos y organizaciones.
Para quitar aspereza a las decisiones administrativas, la Comisión tiene que brindar a los solicitantes la oportunidad de corregir errores formales en un determinado plazo de tiempo a partir de la presentación de la solicitud. También conviene que todas las organizaciones que han sido financiadas con cargo al presupuesto de la UE lo indiquen en sus respectivas páginas principales o lo citen en sus informes anuales. Esto se aplica a los tres programas, tanto para dar una visión general de las actividades de las organizaciones como para que el valor añadido europeo sea visible.
Hay que prestar más atención a la educación, la juventud y la cultura; no deben ser objeto de una simple mención o servir de relleno en los discursos. El futuro de Europa yace en una juventud de mentalidad abierta, a quienes se les dé una oportunidad a través de instituciones y organizaciones educativas reforzadas para crear una Europa de prosperidad social común, cuyos cimientos serán la aceptación de la diversidad cultural y el diálogo con el arte y la cultura.
Pack (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, necesitamos disponer de actos jurídicos básicos que permitan a la Comisión proceder con arreglo a principios claramente definidos al aprobar y gestionar ayudas. El ordenador, es decir, la Comisión, necesita estas directrices para cumplir tanto el Reglamento financiero como los deseos de la autoridad presupuestaria, a saber, el Parlamento. Sin embargo, lamento mucho, señora Comisaria, que el tiempo nos apremie, de lo cual no somos responsables. La Comisión aprobó este acto a finales de mayo y no hemos podido examinarlo antes, y creo que volvemos a tener problemas por esta premura de tiempo. No había ninguna necesidad, ya que estaba claro, incluso antes de que se aprobara el Reglamento financiero, que las ayudas actuales de la Parte A habían de sustituirse por programas plurianuales y, por lo tanto, es imposible entender por qué razón la propuesta llegó tan tarde. Nos hacen pagar las consecuencias de algo que no es culpa nuestra. ¿De quién será la culpa si los beneficiarios no obtienen ninguna subvención a principios del año que viene? La Comisión nos señalará a nosotros y también es posible que lo haga el Consejo. Pero no es culpa nuestra. Nos gusta trabajar con esmero. En esta ocasión, una vez más, no lo hemos podido hacer. Hemos de esforzarnos en lo posible por asegurar que no vuelva a ocurrir, pero lo decimos cada vez y he de volver a decirlo ahora.
Tenemos tres informes, que la Sra. Prets ha mencionado, y estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho. Los tres informes incluyen instituciones y asociaciones que actúan como embajadores culturales de Europa en el sentido más amplio y que promueven y fomentan el legado cultural común de Europa. Durante años, esta Asamblea ha apoyado a todas estas organizaciones; incluso ha fundado algunas de ellas. Las que se han constituido recientemente no lo saben, naturalmente, al igual que la Joven Orquesta, el Colegio de Europa, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias, los centros de la red de información y documentación Mercator, o el Foro Juvenil Europeo.
Hasta este momento, estas organizaciones han realizado la labor de suministrar información y trabajar por la integración de Europa. Esto también incluye algo que no hemos creado, pero cuya existencia agradezco y todos ustedes realmente deberían agradecer también: la red FIME, que ha estado trabajando para la integración europea durante 50 años en 118 casas de 32 países europeos. Por este motivo no puedo comprender lo que lamentablemente ha considerado usted que era necesario decir; supongo que se vio obligada a actuar así por aquellos que hoy le han facilitado información totalmente errónea. En mi opinión, hemos de decir que la FIME trabaja bien, que los resultados de la auditoría a la FIME fueron excelentes a principios de este año, que se volvió a someter a la FIME a una auditoría hace tres semanas, que solo consistió en pedirles que llevaran todos sus archivos –300 de ellos– a Bruselas para que se inspeccionaran allí. La FIME ha dicho que permitirá que se examine todo adecuadamente, según lo estipulado en un acuerdo con la Comisión. A resultas de todo esto, la DG Prensa ha dicho que nada estaba bien. Solo puedo decir que lo que no estaba bien era su información. Prometimos a FIME 2,2 millones de euros en el último ejercicio económico. Este año, no ha recibido ningún importe de ese dinero, nada, solo porque una de las casas de la FIME, la de Aviñón, cometió un fraude de 200 000 euros. Esos 200 000 euros se habrían podido descontar de los 2,4 millones y, entonces, la FIME hubiera podido seguir trabajando. Si la Comisión se aplicase a sí misma las normas que ha aplicado a la FIME en este caso, hace tiempo que ya no ocuparía su cargo.
He tenido que decir esto porque simplemente estoy furiosa. Lamentablemente, mi adversaria es ahora la Sra. Reding, quien no puede hacer nada sobre este asunto. Ha repetido lo que se le ha dicho que diga y solo puedo decir que lo que se le ha dicho que diga no corresponde a los hechos. Esto pueden comprobarlo los tribunales.
En cuanto a la opinión de nuestro Grupo sobre el tema de las asignaciones: estamos a favor de la asignación de fondos. Vamos a votar a favor. Estamos en contra de la degresividad. Por lo tanto, también vamos a votar en consecuencia. Quiero decir una vez más en relación con la asignación de fondos en este tema que me alegra que la Comisión haya propuesto mantener las asignaciones de fondos. No dudo de que si ha procedido de este modo es porque sabe que nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, estamos más próximos a los ciudadanos que los funcionarios que ocupan cargos en Bruselas, y saben que sabemos lo que puede ser importante tanto política como culturalmente en estos casos concretos. El Reglamento financiero no puede primar sobre una ley básica o sobre esta autoridad presupuestaria. Esto no puede ser y, por lo tanto, creo, como también ha dicho nuestro servicio jurídico, que la asignación de fondos es acertada. Espero que juntos lo consigamos, ya que creo que nos aproximará más a nuestro deseo común de acercar a los ciudadanos a Europa, de encontrar realmente el alma de Europa, que lo que otros han propuesto aquí.
Iivari (PSE ),
   – Señor Presidente, señora Comisaria, lo siento, pero no puedo realmente defender mi informe en apoyo de redes a escala europea en el ámbito de la cultura. Mis principales propuestas han sido rechazadas por un escaso margen en la votación en comisión. Espero que el Parlamento sea capaz de corregir la situación en la votación de mañana, sobre todo porque la propuesta de la comisión para continuar la práctica de la asignación de fondos en la financiación de organizaciones culturales contraviene el Reglamento financiero, de conformidad con una opinión del departamento jurídico del Parlamento. Me asombra que incluso la Comisión de Presupuestos esté decidida, de modo tan manifiesto, a contravenir el Reglamento financiero. Hasta este momento, he defendido el trabajo de la Unión para los ciudadanos en muchos contextos, ya que se basa en la ley y no en el poder de los más fuertes. Ahora no sé qué decir.
La propuesta de la Comisión de un programa de acción comunitario para promover organizaciones que actúen en el ámbito de la cultura nació de la necesidad: el cambio a un presupuesto basado en las actividades ha hecho que sea inevitable. Las organizaciones culturales europeas financiadas anteriormente con cargo a la Sección A relativa a gastos administrativos necesita un fundamento jurídico para poder mantener la financiación. El cambio nos brindará una oportunidad única de crear un programa de acción para redes que funcionen a escala europea en el ámbito de la cultura, en el que se puedan determinar los criterios de la financiación y se pueda organizar el apoyo de la UE a las redes tal como dispone el Título 6 del Reglamento financiero, que subraya la importancia de los principios de transparencia e igualdad de trato.
La propuesta de la Comisión que está a debate abarca no solamente las organizaciones culturales a escala europea financiadas con arreglo a la línea presupuestaria anterior A-3042, sino también la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y los centros de la red de información y documentación Mercator, financiados con arreglo a la línea presupuestaria A-3015, así como las subvenciones con arreglo a la línea presupuestaria A-3035 concedidas para la conservación de los campos de concentración nazis como monumentos históricos. A tal efecto, hay que destacar que los problemas con el informe no se refieren a estos puntos: lo más esencial para la financiación de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias y los monumentos conmemorativos de los campos de concentración es que el fundamento jurídico entre en vigor a principios de año. Se ha hablado aquí de la prisa, pero creo que si queremos podemos obtener algunos resultados con bastante rapidez.
Las diferencias de opinión relativas a la financiación de organizaciones que actúan en el ámbito de la cultura están relacionadas con tres aspectos: En primer lugar, el proceso de aplicación y la práctica de la asignación de fondos del Parlamento se contradicen. En segundo lugar, hay la cuestión de cuál va a ser la duración del programa. Dado que el Consejo de Educación, Juventud y Cultura, que debe decidir por unanimidad sobre esta cuestión y según la información de que dispongo, opina categóricamente que el programa tiene que durar hasta 2006 y no hasta 2008, he presentado una enmienda sobre este asunto. Creo que sería una muy buena idea que la financiación de organizaciones culturales formara parte del nuevo programa de cultura que actualmente se está preparando. El tercer problema está vinculado a la degresividad respecto a los importes de las subvenciones. Sobre este punto también estoy en desacuerdo con la mayoría de la comisión. Creo que se puede aceptar una disminución pequeña y gradual para poder hacer hueco también a las nuevas organizaciones. Hemos de tener presentes cuestiones como la ampliación de la UE.
Asimismo, las enmiendas que he presentado sugieren que, por falta de tiempo, la lista que ha decidido la Comisión de Presupuestos podría acabar de elaborarse el año que viene. De este modo, la continuidad, que es necesaria, queda garantizada. Entonces, el procedimiento de aplicación para 2005 podría dar comienzo oportunamente a principios de año. También propongo que la financiación plurianual sea posible y que se introduzca un añadido en los criterios de financiación que garanticen la financiación, entre otras cosas, de las orquestas europeas. Estas propuestas fueron derrotadas en la votación en comisión, aunque sin duda redundan en interés de las organizaciones culturales.
Hasta ahora, el debate sobre la propuesta de la Comisión ha sido, en muchos sentidos, una experiencia que amplía los horizontes, aunque no sea del todo edificante. Dado que estoy a favor de un procedimiento de aplicación abierto, he querido que la práctica actual, arbitraria e incoherente, fuera abierta y basada en normas claras. Actualmente, en nuestra lista figuran organizaciones que en realidad ya ni siquiera existen.
También hemos de tener presente la división del trabajo interinstitucional. La Comisión formula una propuesta y aplica la voluntad del legislador. El Parlamento es el legislador y, en mi opinión, no debe intentar ejercer ningún poder ejecutivo. Dado que el Proyecto de Constitución de la Unión Europea reconoce al Parlamento como primer legislador, este ha de respetar su función. 
Dührkop Dührkop (PSE ),
    Señor Presidente, como ponente de opinión de la Comisión de Presupuestos para las tres propuestas que nos ocupan hoy, quisiera, en primer lugar, expresar aquí hasta qué punto la aplicación del artículo 162 bis del Reglamento del Parlamento Europeo -cooperación reforzada entre comisiones- ha quedado una vez más vacío de sentido.
Nadie pone en duda que los aspectos de la cofinanciación y la degresividad son competencia de la Comisión de Presupuestos. Sin embargo, la Comisión de Cultura sometió a votación y rechazó la enmienda de la Comisión de Presupuestos sobre estos dos aspectos, apoyándose en el argumento de que era contradictoria con los otros elementos del informe. 
Aquí está el quid de la cuestión, y no solo en lo que se refiere a los tres informes que tratamos hoy, sino al procedimiento de cooperación reforzada en general. Este procedimiento pretende facilitar la cooperación entre las comisiones competentes y reforzar el papel de la comisión competente para emitir opinión. Pero si desde un principio no se dispone del tiempo suficiente para facilitar esta cooperación y si, además, basta con que en la comisión competente para el fondo se presente una sola enmienda en contradicción con la que ha presentado la comisión competente para emitir opinión, el artículo 162 bis queda automáticamente anulado.
Y esto es precisamente lo que ha sucedido en la Comisión de Cultura, con la opinión emitida por la Comisión de Presupuestos. Es decir, que después del artículo 162 bis, pasamos automáticamente a aplicar el artículo 162, o sea, a emitir una opinión normal y corriente.
Estoy convencida de que es el propio artículo 162 bis el que contiene la trampa, y que tal y como está redactado actualmente solo sirve para crear conflictos innecesarios entre comisiones en lugar de favorecer la cooperación entre las mismas.
Por lo tanto, creo que es indispensable que, de cara al futuro, la Comisión de Asuntos Constitucionales examine este artículo, bien sea para su revisión, bien para su completa eliminación.
Volviendo al fondo de las propuestas, quisiera centrarme en dos aspectos: la cofinanciación y la degresividad, que son los que más problemas han planteado. Se trata de dos aspectos fundamentales en el sistema general de la concesión de subvenciones porque permiten corresponsabilizar al beneficiario en la correcta ejecución de la subvención y permiten, igualmente, que las organizaciones no dependan únicamente y exclusivamente de la subvención comunitaria para funcionar, favoreciendo así su implantación en el futuro.
Además, la degresividad permite que el dinero que se recupera por esta vía se pueda, en este caso, utilizar para subvencionar a nuevas asociaciones, especialmente las de los países de la ampliación. Por ello, la Comisión prevé en sus propuestas la cofinanciación y la degresividad en la concesión de todas estas subvenciones.
Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi extrañeza por el hecho de que la Comisión haya aplicado en estas tres propuestas, que dependen de la misma Dirección General, distintos porcentajes, tanto de degresividad como de cofinanciación. Si en el artículo 109 del Reglamento Financiero se consagra la igualdad de trato como uno de los principios de concesión de las subvenciones, no se justifica que asociaciones que tienen el mismo objetivo pero que actúan en distintos campos sean tratadas de distinta manera.
La enmienda que aprobó la Comisión de Presupuestos pretendía que todas las asociaciones que recibieran una subvención bajo el ámbito de los siete programas -en función de los distintos grupos de asociaciones identificados- tuvieran los mismos derechos y obligaciones en los aspectos de la cofinanciación y la degresividad.
Además, en el caso de la cofinanciación, no se trataba de poner porcentajes fijos, sino de establecer unos mínimos que permitieran luego a la autoridad ejecutiva aplicar los porcentajes en función de las necesidades o posibilidades reales de cada asociación.
Y quiero subrayar que no se trataba de un intento de armonización, sino de la aplicación de ese principio de igualdad de trato.
Por su parte, la Comisión de Cultura elimina la degresividad en sus tres propuestas al considerar que todas las asociaciones susceptibles de recibir una subvención son de interés general europeo, amparándose en la derogación prevista en el apartado 2 del artículo 113 del Reglamento Financiero.
En mi opinión, se trata de una interpretación demasiado amplia y no puedo por menos que poner en duda que todas estas asociaciones sean realmente de interés general europeo.
La Comisión de Cultura parece que ha interpretado el mantenimiento de la degresividad por parte de la Comisión de Presupuestos como una especie de castigo a estas asociaciones cuando, en realidad, ello favorece -junto con la cofinanciación y como ya dije antes- su implantación de cara al futuro, pues en ningún sitio está escrito que estas subvenciones se conceden 
Por el contrario, el día en que, por un motivo u otro, se agote ese grifo, todas las asociaciones podrían verse en un serio aprieto. 
Por último -como ya señalé en mi intervención sobre las subvenciones en el pasado Pleno-, la falta de tiempo ha afectado implacablemente a todo este procedimiento. El tiempo condicionó a la propia Comisión en la presentación de sus propuestas y el tiempo ha condicionado, igualmente, las propuestas enmendadas que hoy presentamos al Pleno.
Cualquiera que las haya estudiado se habrá dado cuenta de que existe más de una contradicción. Supongo que todos somos culpables y víctimas de esta situación, pero lo que más me preocupa es saber hasta qué punto la posición del Parlamento Europeo saldrá reforzada tras el voto de mañana, porque lo que tenemos, conjuntamente, por delante es una conciliación difícil con el Consejo, ya que este no parece dispuesto a ceder en aquellos puntos que considera fundamentales, como la preasignación, la cofinanciación y la degresividad, o la dotación financiera de los programas.

Sanders-ten Holte (ELDR ).
   – Ante todo, quisiera agradecer a las ponentes la buena labor realizada. Aunque no están presentes en este momento, podrán leerlo en el Acta.
Como Liberal, me alegra que la Comisión haya presentado la propuesta de crear un marco legal para las subvenciones en los ámbitos de la cultura, la educación, la formación y la juventud. Los procedimientos que se han seguido hasta la fecha no siempre han sido una garantía de transparencia y calidad, que, en resumidas cuentas, son dos requisitos imprescindibles si Europa quiere ser la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo. Es importante que la Comisión tenga esto presente cuando lance las diferentes convocatorias de propuestas. Necesitamos criterios claros para la concesión de subvenciones a organizaciones y proyectos, que deberán darse a conocer claramente, para que los solicitantes sepan a qué atenerse. Hay que llevar a cabo la selección de organizaciones y proyectos con mucho esmero y no hay que dejarla en manos de la propia Comisión. Por esto he empezado a defender que participen expertos independientes. En los Países Bajos, tenemos un Consejo de Cultura. Se trata de un consejo asesor que presta un asesoramiento fundamento al Ministro, quien actúa conforme a los consejos que recibe, a menos que haya buenos motivos para no hacerlo.
Puedo imaginar que también se podría establecer esto para la selección de organizaciones que desarrollan sus actividades culturales a escala europea. Es un procedimiento mucho más puro que la forma en que se procede en este momento. Sin embargo, ahora la cuestión que se plantea es si hay que asignar fondos o no. Tradicionalmente, mi Grupo no ha estado a favor de la asignación de fondos, pero las organizaciones seleccionadas han de poder confiar en que existirá una cierta continuidad. También he defendido esto en mi Grupo. A mi entender, la opción de llegar a acuerdos marco de asociación plurianuales es una buena manera de conseguirlo, pero hemos de cuidar de que estas subvenciones no se mantengan hasta el final de los tiempos. En consecuencia, mi Grupo aboga por introducir el principio de degresividad, que debería empezar a aplicarse a partir del tercer año. Según mis cálculos, con una degresividad anual del 2,5%, según propone la Comisión, se podrá prestar apoyo a las organizaciones durante otros cuarenta años más o menos. Sin embargo, esto es un compromiso considerable para nosotros e incluso para nuestros nietos. Por ello, los Liberales proponemos que sea del 10%. De este modo, las organizaciones pueden confiar en que recibirán subvenciones durante trece años. De este modo se crea entonces la posibilidad de prestar apoyo a nuevas organizaciones que, a la vista de la ampliación, no deberían quedar fuera de juego. La continuidad, combinada con un margen para la innovación, ese es mi lema.
Por desgracia, el año que viene nos enfrentamos a un problema, y es que se prevé que los programas de acción sigan adelante el 1 de enero de 2004, es decir, en unas pocas semanas, y todavía no se ha organizado nada. Las organizaciones que han recibido subvenciones hasta la fecha corren el riesgo de que se queden al margen en 2004. Los Liberales quieren impedir que esto ocurra, y debido a ello es preciso que se establezca un acuerdo de transición.
Por último, quiero indicar brevemente que no solo los procedimientos de asignación han de ser transparentes, sino que los asuntos han de tratarse con prontitud y eficiencia. Lo he dicho antes, pero quisiera repetirlo aquí: esto es importante y se aplica a los tres programas de acción. 
Alavanos (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a las tres ponentes, en especial a la Sra. Pack, ya que justo antes de que comenzara nuestra sesión, ha demostrado que tras la aspereza de su voz política se esconde una voz dulce y melódica, y esto es sumamente importante.
Quiero decir que esta reforma, con la adición de los términos jurídicos, era necesaria, es importante y mejora el orden de los trabajos. Sin embargo, quiero expresar una serie de preocupaciones.
Estas preocupaciones se refieren tanto al hecho de que determinadas agencias permanentes reciban fondos comunitarios como al procedimiento para seleccionar las agencias que no son permanentes. Temo que corremos el riesgo de crear determinadas agencias que consumen el presupuesto comunitario y de complicar la tarea que se podría llevar a cabo a través de ellas. Por otro lado, al otorgar a la autoridad presupuestaria una parte importante de la decisión relativa a estas agencias, que no son permanentes, creo que reducimos la transparencia y los criterios adecuados para seleccionar a los beneficiarios.
Quiero expresar mi especial preocupación con respecto al programa «Juventud». Creo que el Foro Juvenil Europeo está muy distanciado de la nueva generación y de las agencias relacionadas con el mundo real de la juventud. Me temo también que los criterios a aplicar a las agencias seleccionadas, según los cuales, por ejemplo, se puede seleccionar a una agencia con un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la juventud o un objetivo que forma parte de la política de la Unión Europea, hacen que castremos a los jóvenes. Deberíamos aceptar y fomentar que se discuta y se formulen preguntas acerca de las políticas de la Unión Europea. 
Perry, Roy (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, agradezco enormemente a la Sra. Comisaria que pase de puntillas por un campo de minas, que camine con pies de plomo y, por supuesto, que haga todo lo posible por ver que rescatamos algo de los programas de primera clase que hemos organizado durante muchos años. Todos sabemos en esta Cámara y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte que el trabajo de la Unión Europea tiene que llevarse a cabo tanto desde dentro de las instituciones como desde fuera.
Afortunadamente, hay muchas organizaciones honradas y trabajadoras que están haciendo un gran esfuerzo por promover la Unión Europea y la cooperación. En particular, los Consejos Europeos, la Joven Orquesta Europea, el Foro Europeo de la Juventud y Modelo de Parlamento Europeo. La Unión Europea y el Parlamento Europeo han apoyado a estas organizaciones durante muchos años mediante subvenciones votadas por el Parlamento. Parece increíble que en el año de la ampliación y de la aprobación de una nueva Constitución –sin mencionar las elecciones europeas– estemos pensando en reducir o cancelar la financiación de estas emblemáticas instituciones.
Quiero decir a la Sra. Dührkhop que siempre podemos encontrar maneras de gastar el dinero en burocracias, jurados y procedimientos administrativos. Tenemos que encontrar la manera de hacer llegar el dinero a la gente que realmente hará algo bueno con él.
La organización de una orquesta con músicos procedentes de los mejores conservatorios de Europa requiere mucha organización y planificación. ¿Cómo se puede reservar una sala de conciertos si no se sabe que se va a disponer del dinero? Algunos de estos procedimientos simplemente anularán este esfuerzo. Si la Unión Europea no puede o no quiere organizarse para proporcionar asistencia, ¿por qué debería hacerlo cualquier otra organización?
Por lo que respecta a la política de degresividad, normalmente estoy de acuerdo con la Sra. Sanders-ten Holte, pero la degresividad sencillamente demuestra la falta de visión de las personas que soñaron con esta política, una absoluta falta de visión, que contrasta fuertemente con la visión de los padres fundadores de Europa. 
Wyn (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, quiero disculparme por la ausencia de otras dos diputadas de mi Grupo, la Sra. Ahern y la Sra. Echerer, que no pueden estar presentes esta tarde. Deseo expresar mi agradecimiento y gratitud a la Sra. Sanders-Ten Holte, pero sobre todo a la Sra. Prets, aunque no esté presente, por su excelente trabajo en este informe, que demuestra una gran comprensión de las necesidades y objetivos de las ONG juveniles.
En una sociedad cada vez más individualista, el papel que desempeñan las ONG juveniles en la implicación de los jóvenes en la sociedad civil es crucial. Como ha dicho el en su último documento político, las ONG juveniles constituyen factores sociales que promocionan a los jóvenes; constituyen ambientes para el aprendizaje no formal y, por tanto, son particularmente adecuadas para que los jóvenes aprendan sobre la toma democrática de decisiones, la comprensión intercultural, la automotivación, la gestión de proyectos, la resolución de conflictos y la organización de cualificaciones, entre otras cosas.
Las actividades de las ONG juveniles dependen en gran medida de subvenciones. Por esta razón, acojo favorablemente que todas las organizaciones juveniles, incluida y otras ONG juveniles internacionales, queden excluidas del principio de degresividad, lo que significaría una reducción del 2,5% en sus fondos desde el tercer año en adelante.
La garantía de un presupuesto para estas ONG es la mejor manera de apoyar sus actividades y aumentar su eficacia y esfuerzos en la creación de una generación de jóvenes más implicados socialmente. Asimismo, apoyo la propuesta de mejorar el grado de satisfacción del usuario respecto del proceso de solicitud de subvenciones. En la actualidad es demasiado complicado. Por lo tanto, apoyo plenamente la enmienda 16 de la Sra. Pack, que da a los solicitantes la oportunidad de corregir errores después de presentar sus solicitudes. Esto reducirá el número de solicitudes rechazadas por razones técnicas.
Asimismo, espero que una importante mayoría apoye el excelente informe de la Sra. Pack, a fin de garantizar una base jurídica para financiar de forma eficaz las ONG juveniles internacionales. 
Hyland (UEN ).
   – Señor Presidente, el programa de acción para la educación y la formación refleja la necesidad de establecer una base legal adecuada para otorgar subvenciones a las organizaciones comprometidas a escala europea en los ámbitos de la educación y la formación. Quisiera que el programa apoyara los esfuerzos por aumentar la conciencia de los jóvenes sobre el sistema político, y por supuesto, la promoción y el desarrollo cívico, si bien ya sé que las escuelas no están incluidas en estos programas particulares. Quisiera escuchar las opiniones de la Comisaria en relación con la importancia de subrayar este aspecto, que es particularmente importante en la sociedad irlandesa actual.
El programa plurianual abarcará el período 2004-2008 y, como sabemos, está valorado en 129,62 millones de euros. ¿Sería un periodo más corto más beneficioso para permitir una revisión más temprana y tener en cuenta los fenómenos derivados de la ampliación? Apoyo firmemente los esfuerzos por concluir esta cuestión de forma satisfactoria, para que el nuevo programa no se siga retrasando. La Comisión aprobó las propuestas en mayo de 2002 y, por tanto, en términos realistas no podemos esperar las primeras subvenciones antes del final del verano de 2004.
Comparto la opinión de la ponente sobre la transparencia. Creo que cualquier beneficiario de subvenciones europeas tiene que estar obligado a indicar en un lugar destacado –en páginas web, memorias anuales o incluso en papel con membrete– el hecho de que está recibiendo subvenciones de la UE. 
Wynn (PSE ).
   – Señor Presidente, no quiero repetir lo que otros diputados han dicho, especialmente mi colega la Sra. Dührkop, únicamente quiero realizar una advertencia en relación con dos de los informes que tienen delante de ustedes.
Durante este mes la Comisión de Presupuestos celebrará una reunión de conciliación con el Consejo sobre varios temas, uno de los cuales será conseguir un acuerdo general sobre los ámbitos en los que tenemos codecisión. Hay siete ámbitos en total, tres de los cuales están en el orden del día del pleno de esta semana. En la Comisión de Presupuestos –especialmente gracias a la labor de la Sra. Dührkop, que ha trabajado de manera muy diligente– hemos intentado llegar a un acuerdo sobre estos informes. Sin embargo, ahora nos encontramos con que dos de los informes nos están causando graves problemas. Si la enmienda 19 al informe Prets y la enmienda 14 al informe Ilvari salen aprobadas, tendremos verdaderos problemas a la hora de la conciliación. De hecho, estoy seguro de que el Consejo y la Comisión afirmarán que los informes violan el Reglamento financiero.
Si el Parlamento rechazara estas dos enmiendas, facilitaría mucho las cosas. Tengo que advertir que si estas dos enmiendas salen aprobadas, yo, como Presidente de la Comisión de Presupuestos, lo consideraría una violación del artículo 63 bis del Reglamento. En otras palabras, tendremos en cuenta el Reglamento financiero y las consecuencias presupuestarias. Durante la votación intervendré para pedir al Parlamento que apoye una enmienda oral para garantizar que estos dos informes se ajusten al Reglamento financiero. Esperemos que cuando llegue la conciliación podamos llegar a un consenso en todos los informes y no solo en cinco de los siete. 
Zabell (PPE-DE ).
    Señor Presidente, Señora Comisaria, yo también quisiera felicitar a las tres ponentes de los informes que estamos debatiendo esta noche, a la Sra. Pack, la Sra. Prets y la Sra. Iivari. En primer lugar, me voy a referir al informe relativo al programa de la juventud y quisiera decir que lo considero muy positivo porque propone, entre otras cosas, acercar las instituciones de la Unión Europea a los jóvenes, y creo que es esto un gran acierto porque no tenemos que olvidar que ellos son el futuro de Europa y ellos son los que mejor nos tienen que conocer.
Por otro lado, es muy importante que se puedan transmitir las opiniones de esta gente joven a todos los miembros que conformamos esta Cámara y a las demás personas que están en las instituciones europeas, porque a la hora de tomar decisiones es muy importante conocer sus opiniones. Y es que dar estabilidad y continuidad a los programas de la juventud, siempre y cuando se respete -por supuesto- el principio de subsidiariedad, es fundamental para su buen funcionamiento.
En cuanto al informe que se refiere a la educación y a la formación, quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo en la búsqueda constante de la calidad de la enseñanza y de la educación, y me parece fenomenal que esto se promueva a un nivel europeo. Pero quisiera añadir, de manera general para los tres informes, que tenemos que darle más importancia a la educación, a la juventud y a la cultura, porque aunque aquí decimos siempre que son temas de muchísima importancia, luego la gran realidad es que esto no se ve reflejado en los presupuestos de la Unión Europea. Y al no verse reflejado en los presupuestos, es muy difícil que nuestros votantes nos crean cuando lo decimos.
Alyssandrakis (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema que estamos examinando parece ser de carácter técnico, a primera vista y, sin embargo, esconde una dimensión política muy seria, ya que se refiere a la financiación de organizaciones que, conforme a la redacción repetida en las exposiciones de motivos de los tres informes, «refuerzan el mensaje europeo» y actúan en tres ámbitos cruciales: juventud, educación y cultura. Pero ¿para qué gastar cerca de 40 millones de euros al año durante cinco años para reforzar el llamado «mensaje europeo»? Pues porque parece ser que la publicidad y la promoción llevadas a cabo tanto por los servicios de la Unión Europea como por los Estados miembros para convencer a los ciudadanos de las ventajas de Europa no son suficientes. Ni tampoco los fondos en estos tres sectores de intercambios educativos y programas especiales para los ámbitos de la juventud y la cultura.
Las experiencias diarias de los trabajadores, el desempleo, las dificultades, el ataque a sus derechos y la comercialización de todo demuestran exactamente lo contrario. Por consiguiente, se está creando un mecanismo multifacético que incluso quiere involucrar y sobornar a organizaciones y fundaciones independientes.
Sin querer subestimar el trabajo de algunas de estas organizaciones, no podemos sino identificar determinados casos típicos de financiación, como la del Foro Juvenil Europeo, que es un intento de intervenir directamente en el movimiento juvenil en una tentativa de impedir la radicalización de los jóvenes. De la acción en el ámbito de la educación se eligió la financiación para la enseñanza sobre integración europea en universidades, la financiación de fundaciones que fomentan la política de la Unión Europea, incluso la formación de jueces nacionales en Derecho comunitario.
El Partido Comunista de Grecia se opone categóricamente a la creación de mecanismos de propaganda cuyo objetivo es ocultar el carácter contrario a los intereses de la gente común de la Unión Europea. Por esta razón tenemos que votar en contra de las tres propuestas, sin entrar en el debate sobre los detalles. 
Hieronymi (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a los ponentes y voy a centrarme en una cuestión, de hecho en el ámbito de la cultura y el informe de la Sra. Pack. Ni que decir tiene que estamos rotundamente a favor de una base jurídica transparente y segura, pero tenemos que preguntarnos, en el tema que nos ocupa, ¿en qué medida una política cultural europea común será todavía posible con este procedimiento, o si nos estamos centrando exclusivamente en un procedimiento y los ciudadanos ya no cuentan tanto?
Tomen como ejemplo el programa de acción para fomentar organizaciones activas a escala europea en el ámbito de la cultura. Existen dos estructuras de financiación, dos conjuntos de normas, una para las denominadas organizaciones permanentes y otra para las no permanentes, que funciona por convocatorias. Solo se trata de que queremos promover tantas nuevas iniciativas como sea posible a partir de las asignaciones presupuestarias actuales. Pero la forma en que se propone aquí y que se decidió en particular por el Consejo en primera lectura hace que ya no sea posible incluir iniciativas europeas que realmente merecen este apoyo como organismos permanentes. Tal como menciona el informe, hay la Oficina Europea para Lengua Minoritarias, que se supone que es uno de estos organismos permanentes, pero no puede ser el único en toda Europa que tenga el derecho a ser un organismo permanente de este tipo.
La Joven Orquesta Europea, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, el Colegio de Brujas: ¿qué tipo de propuesta se supone que hagan? ¿Cuántas Jóvenes Orquestas Europeas han de existir para asegurar un apoyo suficiente? En caso de que haya alguna duda, tenemos que unirnos a la Comisión para litigar con el Consejo a fin de que el apoyo a estas sea realmente posible. 
Reding,
   .  Señor Presidente, he escuchado con suma paciencia todo lo que se ha dicho. Sin embargo, quiero volver a la realidad. ¿Cuál es esa realidad? Se ha decidido un nuevo Reglamento financiero, sometiéndolo a votación en el Parlamento Europeo. Este nuevo Reglamento financiero tiene consecuencias. El Parlamento era consciente, cuando votó a favor de este Reglamento, que tendría consecuencias. Ahora, una de estas consecuencias es la imposibilidad de continuar financiando determinados organismos tal como se les financiaba en el pasado. Este es el problema. Por lo tanto, hemos tenido que encontrar una solución. La solución más fácil hubiera sido simplemente que hubiéramos aplicado el Reglamento financiero y, seguidamente, cerrado la puerta y esto hubiera puesto el punto final. Sin embargo, la Comisión, debido a que le importan los organismos activos en el ámbito de la juventud, la educación y la cultura, no ha elegido el camino más fácil. Ha elegido el más difícil. En otras palabras, a pesar del nuevo Reglamento financiero intentamos asegurar que podamos seguir financiando estos organismos, y así lo hemos hecho, ya que la propuesta que se encuentra sobre la mesa nos permite ahora seguir financiando el Colegio de Europa de Brujas, el Instituto Universitario Europeo de Florencia, la Academia de Derecho Europeo de Tréveris, el Instituto Europeo de la Administración Pública de Maastricht, el Centro de Derechos Humanos de Venecia, las cátedras de Jean Monnet, etc. También nos permite financiar –no voy a leer toda la lista, Señor Presidente– las orquestas, la Academia Coral, Europa Cantate, la Fundación Yehudi Menuhin, la Youth Academy Foundation, Europa Nostra, Pueblos de Artistas, Europalia, Euroballet, la Fundación Pegasus, la Boniface Memorial Foundation, etc. Hay docenas de ellas, Señor Presidente. También nos permite seguir financiando los Foros Juveniles y las organizaciones juveniles.
Lo lamento, pero cuando oigo que todas estas cosas ya no se van a financiar, me pregunto qué es lo que he estado haciendo durante los últimos meses para intentar continuar la financiación a pesar de un Reglamento financiero que ya no permite este tipo de financiación. Creo que es muy desagradable por parte del Parlamento decirnos que recibió la propuesta demasiado tarde. El Parlamento recibió la propuesta en mayo, y estamos en noviembre. ¿Por qué el Parlamento no recibió la propuesta hasta mayo? Podría haberlo recibido un mes o dos antes. No lo recibió en ese momento porque durante esos meses la Comisión hacía lo imposible por proteger a organismos culturales, organismos educativos y organismos juveniles, y para poder proceder en la dirección deseada por el Parlamento Europeo, para prestar asistencia a aquellos beneficiarios que el Parlamento ha seleccionado, con acierto, de manera que pudieran cambiar de un sistema a otro sin solución de continuidad. Esto es lo que hemos estado haciendo durante los meses anteriores a mayo.
¿Qué queda ahora por hacer? Lo que queda por hacer es que el Parlamento llegue a un acuerdo con el Consejo, ya que todos nuestros servicios jurídicos nos han dicho que la asignación de fondos, idea del Parlamento, no será posible. Ha sido gracias a la Comisión, a su asiduidad, y a la manera en que siguió adelante para poder hallar una solución intermedia, que ha sido posible garantizar la asignación de fondos del Parlamento. El nuevo Reglamento financiero no prevé la asignación de fondos. Por lo tanto, Señorías, tengamos los pies firmes sobre la tierra. Si hemos tardado tanto, fue porque era preciso que encontráramos soluciones a una situación imposible, soluciones que serán en interés de nuestros organismos en el ámbito de la cultura, la educación y la juventud.
Ahora el Parlamento ha de someter a votación las enmiendas. El presidente de la Comisión de Presupuestos lo ha dejado bien claro: tanto si el Parlamento vota a favor de as enmiendas que contarán seguramente, en el procedimiento de codecisión, con el acuerdo del Consejo, en cuyo caso a partir de enero todos estos organismos con los que estamos comprometidos recibirán su dinero, o vota a favor de enmiendas que nunca van a recibir el apoyo de nadie, en cuyo caso, en enero, los organismos a los que acabo de referirme, y hay docenas y docenas de ellos, no recibirán ningún dinero.
He hecho todo cuanto estaba en mis manos, señor Presidente, para hacer posible una solución. Espero que el Parlamento y el Consejo, por su parte, también se esforzarán en lo posible por asegurar que la solución se pueda aplicar a partir de enero de 2004. 
Dührkop Dührkop (PSE ).
    Señor Presidente, ¿permitiría una pregunta a la Comisión, aunque no esté estrictamente contemplado por el Reglamento?
El Presidente.
   De forma muy excepcional, hágala en quince segundos.
Dührkop Dührkop (PSE ).
    Señor Presidente, señora Comisaria, en la misma propuesta de la Comisión se prevén medidas transitorias para las tres propuestas que estamos discutiendo. Entonces, aunque no se llegue a un acuerdo con el Consejo, ¿me podría explicar cómo es que hay un riesgo de que algunas organizaciones no tengan financiación?
Reding,
   . Señor Presidente, el riesgo es evidente. Quiero decir a su Señoría que si no hay acuerdo en el procedimiento de codecisión, si hay un retraso, si hemos de empezar a deliberar sobre todos los detalles otra vez desde el principio, no se va a tomar ninguna decisión antes de la fecha límite de enero de 2004. Puede que lleguemos a una decisión en primavera o en verano. No lo sé, pero sé que durante este tiempo no será posible pagar a los organismos en cuestión, ya que sin fundamentos jurídicos nadie va a firmar nada para que se efectúe un pago. Hasta ahí está todo muy claro. Sería ilegal, y nadie va a aceptar la responsabilidad de hacer algo ilegal. 
El Presidente.
   El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0279/2003) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mujeres en la nueva sociedad de la información (2003/2047(INI)).
Karamanou (PSE ),
   . – Señor Presidente, señora Comisaria, seguramente sabrán que la falta de acceso a las nuevas tecnologías y el analfabetismo digital están evolucionando cada vez más hacia nuevas formas de exclusión social que ponen directamente en peligro a las mujeres. Hasta la fecha hay pruebas que han desvelado que existen enormes diferencias entre ambos sexos tanto en el ámbito de la educación como en el mercado laboral. El informe que he elaborado en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades empieza enumerando las razones, como por ejemplos los estereotipos sociales y los prejuicios culturales, que limitan las opciones de las jóvenes y levantan barreras a sus carreras profesionales, lo que da lugar, en general, a consecuencias negativas en la economía debido a un uso irracional de los recursos humanos.
Durante la última década, sabemos que se han creado tres millones de nuevos puestos de trabajo, de los cuales 1 600 000 han sido ocupados por mujeres. Sin embargo, cabe destacar que más del 60% de los nuevos puestos de trabajo creados pertenecen al sector de la alta tecnología, en el que las mujeres están menos representadas en los niveles superiores de la especialización técnica y en el nivel de la toma de decisiones. De ahí que el desarrollo económico en el campo de las tecnologías modernas en las circunstancias actuales esté exacerbando las desventajas estructurales y ampliando la diferencia entre hombres y mujeres.
El mercado laboral sigue estando dividido por género, con los hombres dominando en las nuevas tecnologías y las mujeres en los puestos de trabajo con menor remuneración que exigen una menor especialización y ofrecen menos seguridad. En el campo de la investigación y de la ciencia, no solo están mucho menos representadas, sino que solo están presentes en unos pocos campos científicos y totalmente ausentes en otros, mientras están menos representadas de forma notoria en toda la jerarquía científica y tienen menos oportunidades de asegurar una financiación para la investigación. De los 500 000 investigadores que trabajan en la industria en Europa, solo 50 000 son mujeres. En el sector público, las universidades y los centros de investigación, el porcentaje fluctúa entre una cuarta parte y una tercera parte, pero en puestos de trabajo superiores de responsabilidad, el porcentaje es inferior a un 12% para las mujeres. En la investigación industrial, la situación es incluso peor, y el sector de las nuevas tecnologías parece ser el peor de todos. Un mejor acceso de las mujeres a la investigación contribuiría sin duda a enriquecer los métodos, los temas y los contenidos científicos. De modo similar, en el ámbito de los medios de comunicación, no existe ninguna representación o participación de mujeres periodistas en posiciones de responsabilidad administrativa, mientras no se presta ninguna atención a la cuestión de la discriminación contra las mujeres e imágenes de mujeres, que no tienen nada que ver con la realidad, se proyecten a menudo en los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, Internet sigue estando dominada por los hombres y dirigida principalmente a los hombres, lo que da pie a la discriminación. Hay estudios que muestran que existen diferencias en la forma en que hombres y mujeres utilizan los servicios de Internet. De modo similar, tenemos pruebas preocupantes sobre el pequeño porcentaje de usuarias de Internet en los países en vías de adhesión.
Para incrementar el número de mujeres que reciben educación y formación en las nuevas tecnologías, mi informe propone que se incluyan ordenadores y acceso a Internet en la escuela primaria a una edad temprana, para estimular a las jóvenes a que tomen lecciones en un sentido positivo. Los estudios demuestran que el contacto con la ciencia y la tecnología a una edad temprana puede hacer cambiar la actitud de las mujeres antes de que el estereotipo empiece a condicionar su conducta. La Estrategia de Lisboa y las directrices de empleo tienen que aplicarse para limitar la división laboral entre hombres y mujeres, la concentración de mujeres en determinadas profesiones con requisitos de cualificación bajos, salarios bajos y nulas perspectivas de ascenso.
Por este motivo conviene que tanto la Comisión como los Estados miembros contraigan el compromiso, con pleno uso de los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo Social, de la formación en las nuevas tecnologías, en especial con respecto a la entrada o vuelta al mercado laboral de las mujeres, siempre en el contexto de los objetivos de Lisboa.
Al mismo tiempo, es necesario poner en marcha las políticas y programas de igualdad entre hombres y mujeres cuyo objeto es, en concreto, la formación profesional, el aprendizaje permanente, la compatibilidad entre la vida profesional y la vida privada y el reparto igualitario de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres, lo que facilitará el acceso de las mujeres a la sociedad de la información. Hay que prestar especial atención a los contenidos de los programas multimedia, para que promuevan imágenes positivas de mujeres, como el rendimiento asombroso de mujeres en todos los niveles de educación. Instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que promuevan la plena participación de las mujeres en igualdad de condiciones en los medios de comunicación, incluidos los sectores de la administración, planificación, gestión, educación y proyección.
Al mismo tiempo, conviene que se adopten políticas que mejoren las condiciones laborales en los nuevos sectores, como el teletrabajo. Hay que prestar especial atención a la mejora del acceso de las mujeres a Internet y las nuevas tecnologías con la creación de una infraestructura extensa y con el suministro de equipos técnicos en las zonas rurales y suburbanas, que hoy en día están mal servidas, en especial en las zonas más pobres y en los países en vías de adhesión. Todas las políticas de la Unión Europea tienen que promover una estrategia para garantizar la infraestructura básica que suministrará acceso, equipos y conexiones a todas las casas, escuelas, edificios públicos y bibliotecas. Con el fin de luchar contra la exclusión social, hay que dar prioridad a los grupos vulnerables de niñas y mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad, marginadas, madres solteras, mujeres del campo, etc. De modo similar, es necesario que la Comisión recopile estadísticas adicionales sobre las diferencias estructurales en el sector de las TI, para que puedan investigar la participación real de las mujeres, su representación y las tendencias en el mercado laboral.
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades destaca que, hasta este momento, se ha ignorado completamente la dimensión de género en el sector de las nuevas tecnologías. Por este motivo, en el marco de la Cumbre mundial de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información que se celebrará en Ginebra en diciembre de 2003, pedimos a la Comisión y al Consejo que presenten propuestas estratégicas prácticas y contribuyan a la incorporación de políticas horizontales para la igualdad entre hombres y mujeres. La economía digital brinda tanto oportunidades como desafíos a las mujeres, desafíos que difieren de los de los hombres y se basan en sus diferentes roles y lugares en la familia y la sociedad.
La integración de la dimensión de género en el desarrollo de las nuevas tecnologías no solo plantea la cuestión del acceso, la participación cuantitativa y la representación en igualdad de condiciones de las mujeres; también plantea un cuestión mucho más profunda y brinda una oportunidad para una evaluación crítica de la cultura de la sociedad de la información, con sus valores, estrategias y objetivos de desarrollo y la participación de recursos humanos. Espero que mi informe contribuya al diálogo público sobre el tipo de sociedad de la información que queremos. 
Reding,
   .  Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias a la Sra. Karamanou por el trabajo que ha realizado en este informe sobre las mujeres en la nueva sociedad de la información. Como sabemos, la mundialización y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cambiado espectacularmente todos los ámbitos de la vida social y profesional de Europa. Más de la mitad de la población activa utiliza ordenadores en sus vidas profesionales, un 40% de los europeos utilizan Internet y, en los últimos cinco años, más del 60% de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en la Unión lo han sido en sectores de alta tecnología. De estas cifras salta a la vista un hecho: los trabajadores que no poseen la educación necesaria para usar las nuevas tecnologías no serán realmente necesarios.
Se han realizado avances en el campo de la igualdad entre hombres y mujeres, con casi tantas mujeres (46%) que utilizan ordenadores como hombres (54%), y la situación es similar en lo que se refiere a Internet. Sin embargo, la diferencia entre hombres y mujeres aumenta en los grupos desfavorecidos.
Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades de empleo y en las vidas laborales de las personas, incluido el teletrabajo que, al menos en teoría, pueden ayudar mejor a los hombres y las mujeres a conciliar la familia con la vida laboral. Aunque las mujeres parecen estar actualmente más interesadas en el teletrabajo, todavía no lo utilizan ampliamente, por lo que aún hay mucho que hacer en este ámbito.
Los hombres ocupan dos terceras partes de todos los puestos de trabajo en los sectores de las nuevas tecnologías. Solo el 15% de los profesionales de este sector son mujeres, y las cifras son más o menos las mismas en el ámbito de la educación. En algunos países, menos del 30% de las mujeres siguen cursando estudios sobre las nuevas tecnologías en la enseñanza superior. Las mujeres representan el 19% de los doctorados en informática, y el porcentaje de mujeres que montan sus propios negocios es mucho más bajo. En el mundo de los negocios, cuanto más alto se sube en el escalafón de la toma de decisiones, menos mujeres se encuentran en el sector de la nuevas tecnologías de la información, aunque creo que esto es lo que ocurre hasta cierto punto en todos los sectores.
En este contexto, la Estrategia de Lisboa, la Agenda Europea de Política Social y la Estrategia Europea de Empleo han desempeñado un papel considerable en el fomento del acceso de las mujeres a la sociedad de la información, incluidas todas las medidas adoptadas por los Ministros de Educación a escala nacional y europea. Por el mismo motivo, la Estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres estimula un enfoque orientado hacia la empleabilidad y el acceso de las mujeres a puestos de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías. Una serie de otros programas financiados por la Comunidad también fomentan la igualdad entre hombres y mujeres y los interlocutores sociales tienen que desempeñar un papel clave en prestar apoyo a la participación de las mujeres en la sociedad de la información. Si queremos conseguir resultados, está claro que todas estas políticas necesitan consolidarse, y en este terreno el papel de la Comisión es crucial, pero todas las partes implicadas en todos los niveles han de aprovechar la oportunidad que representa la nueva sociedad basada en el conocimiento para asegurar que los hombres y mujeres están representados por igual en el sector.
A mi juicio, toda futura acción ha de girar en torno a tres prioridades. En primer lugar, se ha centrar en encontrar un lugar para las mujeres en todas partes y en todas las situaciones sociales. En segundo lugar, hay que hacer hincapié en la educación y la formación. En tercer lugar, hay que trabajar para mejorar la tasa de empleo de las mujeres y el porcentaje de mujeres que crean sus propios negocios en el sector de las nuevas tecnologías. Tal como he dicho al principio de mi intervención, es necesario que se preste especial atención a las mujeres que corren el riesgo de verse excluidas de la sociedad de la información, incluidas las mujeres de más edad, a las desempleadas o con ingresos bajos, mujeres inmigrantes o con discapacidades y, por encima de todo, mujeres que no han recibido suficiente educación. Hay que establecer la infraestructura necesaria en las ciudades y a nivel local y regional. La mejora del acceso a las conexiones de banda ancha puede impedir la exclusión tanto en las zonas urbanas como rurales. El acceso a las nuevas tecnologías en todos los ámbitos no debe limitarse a ayudar a las mujeres a encontrar nuevos puestos de trabajo. Mediante la promoción de nuevos métodos de trabajo, nuevas formas de organizar el trabajo, este tipo de acciones también creará las condiciones necesarias para llevar un cambio en las prácticas de empleo actuales. Ya he mencionado el teletrabajo, pero la calidad del trabajo y el grado de satisfacción laboral también pueden mejorarse. Por último, podría integrar en mayor medida a las mujeres en la población activa. Es crucial incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral para alcanzar los objetivos establecidos en Lisboa y la mejora considerable de creación de empresas podría significar un cambio real en la situación de las mujeres. Es necesario que mejoremos el papel que se da a las mujeres en el terreno del protagonismo, la supervisión y gestión en las TIC y los sectores de los medios de comunicación, mediante el suministro de la asistencia necesaria a las mujeres que crean sus propias empresas, la financiación de proyectos y la cooperación en la aplicación de planes de acción, en particular en los sectores basados en el conocimiento, apoyando campañas de sensibilización y estimulando a las mujeres a que aprovechen las oportunidades laborales en el sector de las nuevas tecnologías, una vez se han formado. Hemos de establecer condiciones que permitan que todas las mujeres participen en el empleo, incluidas las madres con hijos de corta edad, las mujeres de edad y mujeres con discapacidad. Para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, hay que mejorar la representación de mujeres en el mercado, pero esto no basta en sí mismo. Las mujeres también han de desempeñar un papel principal en los órganos de toma de decisiones y en la sociedad en general. Respecto a las nuevas tecnologías, los cambios reales en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres solo serán verdaderamente efectivos cuando las mujeres también ocupen cargos superiores en este sector.
Señor Presidente, Señorías, esta acción exige colaboración y acción práctica. Aumentar la participación de las mujeres en la sociedad de la información es una cuestión que concierne a todos. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo, los Gobiernos, las autoridades locales y regionales, los sindicatos y los empresarios comparten todos esta responsabilidad, que la Comisión espera que todos respalden. 
Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, el tema de debate de esta tarde no es simplemente un aspecto de la vida profesional moderna de las mujeres; es especialmente importante para el desarrollo de la Unión Europea, el éxito de los objetivos de Lisboa y, sin duda, el futuro de las propias mujeres.
El mundo entero se está convirtiendo en una sociedad de información, y nuestra experiencia demuestra que los estados, las regiones y los ciudadanos más familiarizados con estas nuevas oportunidades tienen mayores oportunidades de empleo y avance. Por ese motivo las nuevas tecnologías no constituyen por sí mismas un sector del mercado con un aumento constante del empleo, pero sí que afectan al desarrollo de otros sectores. La Unión Europea va por detrás de los Estados Unidos en materia de investigación y uso de nuevas tecnologías. No obstante, incluso dentro de la Unión Europea existen discrepancias entre los Estados miembros, entre las regiones, y lamentablemente entre los dos sexos, tal y como han señalado la ponente y la señora Comisaria.
Mi distinguida amiga Anna Karamanou ha tomado una iniciativa muy positiva al redactar un informe sobre este tema; un informe que favorecerá la comprensión del problema y de la necesidad de tomar medidas adecuadas y eficaces con una cooperación adecuada en el ámbito europeo, nacional y local. Las propuestas de la ponente aluden a una gran diversidad de políticas para promover la participación de las mujeres en el mundo de las nuevas tecnologías, políticas referentes al lugar de trabajo, al mundo de los negocios y al mundo de la educación, y señalan con razón que para alcanzar ese objetivo, las mujeres tienen que participar en la planificación de las decisiones sobre las políticas relevantes.
Quiero referirme en particular el hecho de facilitar el acceso a Internet de las amas de casa, porque eso les hará más fácil la vida a las propias mujeres. En el ámbito comunitario, la media varía sensiblemente: el 48% de los hombres y el 38% de las mujeres tienen conexión en casa. La experiencia nos dice que el acceso de las mujeres podría tener muchos beneficios para la sociedad. Y como este es el año de las personas con discapacidad, quiero referirme en particular a las iniciativas tomadas por las madres para tratar los problemas de salud de sus hijos.
Hoy podemos encontrar sitios web en Internet donde las madres intercambian experiencias y promueven soluciones hasta un extremo impresionante. Sirva de ejemplo la Fundación para la Dispraxia, fundada en 1987 por dos madres inglesas, Stella White y Marion Owen. Sus nombres son dignos de mención. Hoy, esta iniciativa es un punto de referencia para las madres y un ejemplo seguido en varios países europeos y en otros lugares, en Canadá y en Japón, donde hay madres que están creando sitios web similares con resultados positivos y específicos en la aplicación de nuevos métodos para tratar los problemas de salud física y mental de sus hijos. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0344/2003) de la Sra. Roure, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la Iniciativa de la República Helénica con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración (9870/2003 - C5-0260/2003 - 2003/0817(CNS)).
Roure (PSE ),
   . – Señor Presidente, las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio expresaron la necesidad de acelerar el trabajo para adoptar, antes de finales de 2003, un instrumento jurídico cuyo propósito sea la creación oficial de una red de funcionarios de enlace de inmigración (FEI). La idea es que todos esos funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros, situados en el mismo país extranjero, trabajen juntos con eficacia, mediante redes, para contribuir gradualmente a la gestión coordinada e integrada de nuestras fronteras exteriores. El Reglamento propuesto por Grecia es necesario para crear un marco que formalice y refuerce la cooperación informal que ya existe entre los funcionarios de enlace.
La situación ideal sería que hubiera funcionarios de enlace comunitarios «de inmigración» con sus propias obligaciones, que estuvieran formados y pagados por la Unión, pero lamentablemente todavía no existe ni jurisdicción ni presupuesto para que existan y algunos Estados siguen sin estar convencidos. Los funcionarios de enlace simbolizan la representación exterior de los Estados miembros, y algunos no consideran favorable que se pierdan sus prerrogativas nacionales. Mientras tanto, esta nueva propuesta de Reglamento es, en mi opinión, un paso hacia una mayor transparencia. Los funcionarios de enlace desempeñarían básicamente tres tipos de tareas: ayudarían a prevenir la inmigración ilegal y a combatir a los traficantes, ayudarían a devolver a los inmigrantes ilegales y contribuirían a la gestión de la inmigración legal. Sin embargo, este último punto todavía es bastante vago, puesto que la forma que podría adoptar esa gestión no se establece en ninguno de los artículos del Reglamento, pese a que a mí me parece una cuestión crucial. Esta es una deficiencia que tiene que remediarse y, de hecho, al contrario de lo que algunos querrían hacernos creer, los extranjeros no son peligrosos; son ellos los que están en peligro. Las personas que abandonan a su país, a sus amigos y a su familia para migrar a la Unión Europea lo hacen por razones significativas que a menudo son cuestión de vida o muerte. Probablemente cualquiera de nosotros, si estuviera en las mismas condiciones económicas, sociales, psicológicas y emocionales, haría lo mismo. Tenemos, por tanto, que divulgar información sobre las posibilidades de inmigración legal en los países implicados. Y para hacerlo, creo que todos tenemos que tener clara nuestra política de inmigración, cosa que actualmente no ocurre. Tenemos también que advertir a la gente del peligro de caer en manos de traficantes sin escrúpulos o de verse envueltos en una red de comercio de esclavos.
No obstante, para que estas medidas sean realmente efectivas, solicito a los Estados miembros que se aseguren de no ser ellos mismos la causa de ciertas actividades ilegales. Para ello, en mi opinión, deben actuar en dos frentes, el primero de los cuales es la situación de los trabajadores temporales. Los estudios del mercado de trabajo negro en la agricultura europea demuestran que las horas extraordinarias no remuneradas y el uso de métodos ilegales de contratación de mano de obra para la agricultura, que a veces rozan la esclavitud, están aumentando en los Estados miembros. A menudo, las cadenas de distribución importantes presionan a los productores, quienes a su vez recurren a trabajadores desempleados e ilegales, y es impensable que aceptemos contratos que sitúan a los trabajadores al margen de la ley. Quiero insistir en que, muy a menudo, el endurecimiento de la legislación reduce el número de trabajadores legales y aumenta el número de trabajadores ilegales, a quienes de ninguna manera impide entrar. Además, es crucial que evitemos relacionar la inmigración con el crimen organizado. Los inmigrantes ilegales no son criminales, sino seres humanos que no han tenido la suerte de nacer en el sitio apropiado. Por lo tanto, sería conveniente delimitar más claramente el papel de los funcionarios de enlace, los funcionarios de enlace «de inmigración», los funcionarios de enlace de aeropuertos, los asesores en documentación, los asesores técnicos y los servicios consulares, todos los cuales se ocupan de cuestiones relacionadas con la inmigración, y también parece apropiado definir el ámbito de la actividad de los funcionarios de enlace y delimitar sus tareas con precisión. Por otra parte, debe existir una cierta armonización, aunque solo sea parcial, de la formación que se les exija. Algunos FEI entrevistados cuando se estaba redactando el informe de la Presidencia danesa ven esto como una condición para la creación de una auténtica red. La formación se impartiría normalmente a través de seminarios y talleres, que tendrían la ventaja innegable de fomentar el contacto personal, la verdadera esencia de una red.
En conclusión, quiero reiterar que en ningún caso debe verse la inmigración como una amenaza. En ningún caso debe verse a los inmigrantes ilegales como criminales. Ellos son las víctimas, porque han tenido la mala suerte de haber nacido en un país difícil. Son las víctimas porque están desesperados y buscan compasión. Si la Unión Europea es incapaz de entender eso, perderemos la esperanza en el progreso y en un mundo civilizado. 
Vitorino,
    – Señor Presidente, Señorías, en su comunicación de noviembre de 2001 sobre una política para combatir la inmigración ilegal, la Comisión establecía, en el capítulo sobre las medidas propuestas para controlar la frontera exterior de la Unión, la necesidad de una red de funcionarios de enlace de inmigración.
La Comisión opina que esta red tiene que garantizar el intercambio de información necesario entre los funcionarios de enlace de inmigración y también la coordinación que los Estados miembros tienen que desarrollar con terceros países para trabajar juntos en el ámbito de la política de inmigración europea. Los planes de acción aprobados por el Consejo sobre inmigración ilegal y sobre la gestión de nuestras fronteras exteriores, al igual que las conclusiones de los Consejos Europeos de Sevilla y Salónica, expresan también la necesidad de crear esa red.
Por ello, la Comisión ve con buenos ojos la iniciativa aprobada por el Gobierno griego de presentar esta propuesta. Compartimos la idea, como ha destacado la ponente, Sra. Honeyball, de que algunas de las disposiciones contenidas en esta iniciativa, en particular las relativas al sistema de intercambios de información entre funcionarios de enlace, son en ocasiones demasiado vagas. Pero en conjunto creemos que el texto proporciona una buena base de trabajo para estructurar y coordinar mejor la cooperación con terceros países en el ámbito de la inmigración.
Esta coordinación se hará todavía más importante en el futuro cuando se aprueben los nuevos requisitos de la política de visados emitidos en terceros países. Cuando este Reglamento se apruebe, los funcionarios de enlace de inmigración destinados a terceros países tendrán que formar redes efectivas de cooperación en el ámbito local o regional sobre la base del precedente positivo establecido por la red creada en los Balcanes occidentales por iniciativa del Reino Unido y que ha obtenido resultados positivos en la regulación de la inmigración desde esa región hasta los Estados de la Unión Europea. 
Souladakis (PSE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la Comisión de Asuntos Exteriores ha debatido la propuesta de un Reglamento relativo a la puesta en marcha de una iniciativa de la República Helénica, como se decidió en la cumbre de Salónica, sobre la importante cuestión social y política de la inmigración ilegal. La Comisión de Asuntos Exteriores ha aceptado por unanimidad algunas enmiendas, la mayoría de las cuales también han sido aceptadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y espero que sean también aceptadas por el Parlamento, que mejoran el Reglamento. Ya se había tratado la cuestión en la Unión Europea en Consejos anteriores, pero sin llegar nunca a un acuerdo, lo que significa que nuestro debate de hoy ratifica positivamente un deseo político de la Unión Europea. 
Esta Directiva, pese a no lograr un resultado final en conjunto y una respuesta política completa a la cuestión, es, no obstante, un primer paso importante. De alguna manera, traslada esta política al ámbito comunitario y crea perspectivas para mejoras futuras. Espero que las propuestas de la Comisión de Asuntos Exteriores mejoren el Reglamento, haciéndolo más transparente y democrático, con la garantía del control parlamentario y una cooperación que respete el orden jurídico en los países que implanten estas redes. Dichas redes permitirán una mejor gestión de los recursos que la Unión Europea ha destinado a esta cuestión, mejorará las relaciones entre la Unión Europea y los países en los que operen las redes y posiblemente facilite la política exterior de la Unión Europea unificándola en este ámbito y haciéndola transparente para los países, facilitando así nuestras relaciones con ellos. Además, puesto que la inmigración ilegal va acompañada de otras actividades criminales e ilegales que violan los derechos humanos básicos y rebajan la dignidad humana, como el tráfico de mujeres y drogas, el comercio moderno de esclavos, etc., la correcta aplicación de este Reglamento prestará también un servicio positivo. 
Señorías, constantemente somos testigos de como miles de personas se ahogan en nuestras costas o en nuestros ríos fronterizos, se asfixian en contenedores, se mueren en el litoral mediterráneo, en el Canal o en montañas inaccesibles. Espero que la correcta aplicación de este Reglamento, junto con otras políticas complementarias para desarrollar y democratizar los países de origen de los inmigrantes ilegales, mejoren de manera significativa el problema social y político más profundo que afecta a nuestras sociedades y crea un caldo de cultivo para el racismo y la xenofobia, lo cual es un insulto para los valores humanitarios y democráticos de la civilización política y social europea.
Oreja Arburúa (PPE-DE ).
    Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente por su trabajo y agradecerle además la buena relación que ha tenido con el ponente de este Grupo al admitir muchas de las enmiendas y propuestas que hemos hecho en comisión.
Yo creo que -y coincido con ella- esta propuesta es importante, y la creación de esta red de funcionarios de enlace es importante, sobre todo en tanto en cuanto hemos decidido -y lo hemos hablado aquí muchas veces- la importancia que tiene la comunicación y la estrategia de comunicación en los países de origen de la emigración, informando sobre las vías de entrada legal y sobre los peligros y engaños que hay alrededor de la inmigración ilegal.
Quiero recordar que en este mismo Parlamento se aprobó recientemente una Resolución sobre la estrategia de información y comunicación para la Unión Europea, y que en el considerando N se decía que se consideraba la política de inmigración y el respeto de los derechos humanos como una prioridad para la política de información de la Unión, y se pedía además a la Comisión que sus oficinas en los países de origen de la emigración fueran, en parte, una antena que informara en esos países de las vías de acceso legal a Europa y de los peligros que conllevaba la inmigración ilegal.
Por lo tanto, creo que las enmiendas que se han introducido en este sentido en el informe de la ponente son especialmente importantes, y obligan a la Comisión a participar, de alguna manera, en las reuniones de los funcionarios de enlace, y dándole la oportunidad de informar a los ciudadanos de esos países de origen de la emigración de las vías de entrada legal y de los peligros de la inmigración ilegal.
Por otro lado, creo que quizás una de las enmiendas que presenta la Comisión de Asuntos Exteriores es un poco exagerada en cuanto a que esto pudiera ser el primer paso para la creación de un servicio exterior de la Unión, pero sí es cierto que estos funcionarios de enlace, con el apoyo de las oficinas de la Comisión en cuanto a la información y la coordinación, son, sin duda, un primer paso para la creación de esta política de inmigración comunitaria que todos queremos.
Queremos, de esta forma, que en los países de origen de la emigración vean a Europa como una única región y que la oficina de la Comisión actúe como coordinador, de alguna manera, de la política de inmigración que todos queremos que tenga la Unión Europea.
Por último, creo que es importante -y así se lo quiero decir al Comisario- aceptar que los países que no tengan representante en los países de origen de la emigración puedan delegar su labor en funcionarios de enlace de otro país que sí tenga representación en ese país.
Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hemos expresado en varias ocasiones nuestra preocupación por el hecho de que las fronteras exteriores de la Unión constituyan uno de los lazos más débiles del sistema para crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. Por ello apoyamos todas las iniciativas que puedan contribuir a reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión, que es crucial. Como ha recordado el Comisario Vitorino, el Consejo Europeo de Sevilla propuso la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración y en las conclusiones de Salónica quedó patente la necesidad de acelerar el trabajo de adopción de un instrumento jurídico antes de finales de 2003. De ahí el informe que estamos debatiendo hoy, y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Sra. Roure por su trabajo.
Ya existe una cooperación informal entre los funcionarios de enlace de inmigración, y el propósito de esta iniciativa es dotar a dicha cooperación de un marco que la formalice y la refuerce. Esta red de funcionarios puede y debe contribuir a prevenir la inmigración ilegal y a combatir este fenómeno, para ayudar al retorno de los inmigrantes ilegales y a la gestión de la inmigración legal.
Queremos desarrollar una política proactiva en materia de inmigración legal y, al mismo tiempo, combatir eficazmente la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. Una vez más, debo lamentar que, como el tráfico de seres humanos forma parte del tercer pilar, no puede incluirse en este Reglamento como parte de las responsabilidades de los funcionarios de enlace. Una vez más, estamos ante una situación absurda debido a la división de cuestiones entre los tres pilares, una distinción que, como siempre, carece de sentido y es contraproducente. 
También quiero subrayar que la prevención de la inmigración ilegal exige la existencia de canales legales de inmigración y campañas de información correctamente dirigidas que sean capaces de disuadir a todos aquellos que estén pensando en abandonar su país. Podemos y debemos evitar más tragedias como las que todavía están frescas en nuestra memoria. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0361/2003) del Sr. Hernández Mollar, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, con una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre normas mínimas en materia de garantías procesales para sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea (2003/2179(INI)).
Hernández Mollar (PPE-DE ),
   . Señor Presidente, señores comisarios, Señorías, desearía iniciar mi intervención resaltando la importancia y el significado de la recomendación que hoy debatimos. 
Lo que tenemos hoy entre manos es la primera iniciativa, en forma de Libro Verde, para reflexionar, junto con otros estamentos, sobre la futura propuesta de decisión marco que regulará -como su título dice- las normas mínimas de garantías procesales para los sospechosos e inculpados en los procesos penales en la Unión Europea.
El nivel de cooperación judicial entre los Estados de la Unión Europea, tanto en el ámbito civil como en el penal, está alcanzando cotas que hace años eran inimaginables. Niveles que alcanzarán su máxima expresión cuando, a comienzos del año 2004, entre en vigor la orden de detención europea, según está previsto y a pesar de algunas dificultades que parece haber todavía en algunos Estados miembros.
Es por ello que en este momento en que avanza la construcción de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia europeo, y crece la preocupación por el terrorismo, la criminalidad organizada y la inmigración ilegal, se produce un aumento de la cooperación entre las instancias policiales y judiciales de los Estados miembros y se hace imprescindible dejar de obviar por más tiempo las necesarias garantías de las que deben disfrutar los sospechosos e inculpados en los procesos penales para que su derecho a un juicio justo e imparcial esté garantizado en todo momento.
El propósito de las recomendaciones que hoy debatimos no es, pues, otro que alcanzar una cierta unificación de las prácticas procesales en los Estados miembros, sobre la base de los derechos establecidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, y en el marco de la convergencia jurídico-penal que hoy día se está alcanzando en la Unión Europea, basada en el reconocimiento mutuo, calificado como piedra angular de la cooperación judicial en materia civil y penal de la Unión por el propio Consejo Europeo de Tampere.
Fue en este mismo importante Consejo Europeo en el que se sentaron las bases que han dado pie a que estemos hoy aquí hablando de garantías procesales mínimas para los sospechosos y acusados en los procesos penales dentro de la Unión, ya que en él se insistió en la necesidad de realizar una labor en torno a los aspectos del derecho procesal con respecto a los cuales se considera necesario contar con estándares mínimos comunes para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo, respetando los principios jurídicos fundamentales de los Estados miembros.
El Libro Verde explica las razones por las que se han acotado sus propuestas a los cinco derechos que constan en el mismo: asistencia letrada, traducción e interpretación, comunicación de derechos, protección de sospechosos y acusados vulnerables y asistencia consular.
Me pregunto, señor Comisario, señor Presidente, si no habría sido también quizás útil haber hecho algún tipo de reflexión sobre los tipos de delincuencia que interesan a todos o a la mayoría de los Estados, lo que, de alguna manera, habría complementado la necesaria unificación de prácticas procesales.
Se dejan para posterior ocasión -y aprovecho para preguntar al señor Comisario cómo van los trabajos en este sentido- las condiciones de obtención y validez de las pruebas, las sentencias en rebeldía y la regulación de la libertad provisional pendiente de juicio, cuestiones estas que algunos Grupos se han empeñado en incluir en la recomendación a pesar de que no es ese su objeto.
En mi opinión, el planteamiento que se ha seguido en la elaboración del Libro Verde es sensato, porque sigue siendo una realidad inconmovible que la jurisdicción penal es el núcleo duro de la soberanía de los Estados, muy poco dúctil, por tanto, a la hora de establecer procedimientos y sistemas sustantivos comunes. Y aunque la idiosincrasia de cada sociedad europea y su propia cultura jurídica deben considerarse como factores de esta resistencia, no es menos cierto que el proceso penal es un sistema de límites al Estado que mide la calidad del mismo como Estado de Derecho y el respeto al ciudadano, algo que esta Cámara, como expresión última de su voluntad, no puede dejar de defender.
Es por tanto, indudable, la oportunidad de la propuesta, algo que no puede llevarnos a pensar que los instrumentos aprobados hasta ahora -como la orden europea de detención- hayan supuesto ninguna merma de las garantías y derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, pero que, sin embargo, sí hace necesario que los avances en este sentido deban complementarse con una cierta unificación de las garantías procesales.
Al hilo de esto, debo pronunciarme en el sentido de rechazar las dos enmiendas presentadas por el Grupo de los Verdes y el de la GUE, que pretenden condicionar la entrada en vigor de la orden de detención a la de la Decisión marco sobre garantías procesales. Y ello teniendo en cuenta que el plazo previsto para la entrada en vigor de la euroorden es enero de 2004 y porque en sí misma la orden de detención se fundamenta en la confianza recíproca de los distintos sistemas judiciales de los Estados miembros, independientemente de que sea absolutamente necesario que cuanto antes y con urgencia se pongan en marcha los estándares mínimos que desarrollará la Decisión marco.
Con ello he querido resaltar el punto más controvertido y que ha suscitado mayores divergencias entre algunos Grupos políticos.
Por último, no quiero dejar pasar en cualquier caso la oportunidad de agradecer a los Grupos políticos el apoyo prácticamente unánime que este informe ha recibido en la comisión y que espero que se reproduzca mañana.
Vitorino,
    Señor Presidente, deseo felicitar al ponente, el Sr. Hernández Mollar, por su excelente informe. La Comisión comparte su opinión acerca de la importancia crucial del establecimiento de unas normas mínimas comunes sobre garantías procesales. Esto es esencial para asegurar la confianza mutua que forma la base de las medidas establecidas en el programa de reconocimiento mutuo, del cual la orden de detención europea fue la primera en lograr el acuerdo político.
Es necesario un conjunto común de normas mínimas sobre salvaguardias para asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea de forma equivalente en los 25 Estados miembros. La Comisión ha planteado una propuesta de decisión marco como medida de seguimiento del Libro Verde si las ideas principales que hemos planteado merecen el apoyo de este Parlamento.
En el Consejo Europeo de Tampere se contempló una medida de este tipo, de ahí las referencias a la protección de los derechos de los individuos. De hecho, esta medida no va más allá de las disposiciones vigentes, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Subrayará lo que a escala de la UE se considera esencial para un juicio justo y hará que las medidas de reconocimiento muto funcionen mejor, ya que los Estados miembros estarán más dispuestos a aceptar que otros Estados miembros han previsto medidas de protección adecuadas.
En cuanto a la recomendación realizada por el ponente para incluir disposiciones que rijan otros derechos fundamentales, como el derecho a la fianza o las reglas sobre la admisibilidad de las pruebas, la Comisión explica en el Libro Verde que estos dos importantes ámbitos serán objeto de medidas separadas a fin de hacerles justicia. El trabajo sobre el derecho a una fianza, que también incluye las condiciones de la detención, constituye el tema central de una medida del programa de reconocimiento mutuo y será tratada de modo más apropiado como cuestión aparte.
Incluso puedo comunicar a sus Señorías que la Comisión ha presentado un cuestionario a los Estados miembros sobre este asunto específico. Ya hemos recibido las primeras respuestas y vamos a presentar una primera evaluación de las mismas al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se va a reunir mañana por la mañana aquí en Bruselas. El programa de trabajo de la Comisión para 2003 incluye una comunicación sobre el tema.
En el programa de trabajo para este año hay también un Libro Verde sobre la aproximación, ejecución y reconocimiento de las sanciones penales en la Unión Europea. Está diseñado para asegurar la igualdad de trato de los condenados en la Unión Europea para que, por ejemplo, los que estén sentenciados en un Estado miembro distinto del suyo no se vean discriminados a causa de su nacionalidad extranjera.
En cuanto a la justicia en el tratamiento de las pruebas, este ámbito es demasiado extenso para tratarlo en un Libro Verde que ya propone varios derechos, como hace el actual. Por tanto, la Comisión decidió dedicar más tiempo a este tema y realizar un estudio específico tan pronto concluyera la primera etapa del trabajo de garantía procesal. La Comisión ya ha empezado a trabajar en un estudio de garantías de equidad en la compilación y el tratamiento de las pruebas. Esto incluirá, entre otros, el derecho al silencio, el derecho a oír testigos, el problema de los testigos anónimos, el derecho a la revelación de pruebas exculpatorias, el modo de entender la presunción de inocencia, dónde existen circunstancias en las que la carga de la prueba puede invertirse, y muchos otros aspectos del derecho probatorio. Esta es una de las cuestiones más complejas del derecho penal.
En cuanto al principio , se está discutiendo en los organismos apropiados del Consejo una iniciativa presentada por la anterior Presidencia griega, que será discutida mañana en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior .
Finalmente, la Comisión ha preparado recientemente un cuestionario sobre las condiciones de los presos en la Unión Europea y lo ha enviado a las autoridades competentes de los Estados miembros. Las respuestas a este cuestionario ya están llegando y representan una fuente de información útil que se tiene en cuenta en el proceso de elaboración de los dos Libros Verdes mencionados sobre la prisión preventiva y la aproximación, el reconocimiento mutuo y la aplicación de sanciones. 
Gargani (PPE-DE ),
    – Señor Presidente, he tomado la palabra para subrayar la importancia de este Libro Verde –porque creo que es mi deber hacerlo– y, por tanto, para felicitar al Comisario Vitorino por la contribución que ha realizado con este Libro Verte a la construcción de un espacio de libertad y justicia. También me gustaría darle las gracias al Sr. Hernández Mollar por incorporar la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que fue fruto de un profundo análisis, un debate a fondo y un gran conocimiento del tema. Nos acaba de reiterar que tenemos que solicitar firmemente un procedimiento penal que proporcione una ley penal sustancial, porque solo así podremos ofrecer salvaguardas para conseguir, en efecto, lo que nosotros consideramos que es un nivel mínimo de fiabilidad y garantías mínimas.
La intención de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior al presentar esta opinión fue recalcar y subrayar la necesidad de proteger la libertad de los acusados. Somos conscientes de que las instituciones se describen a sí mismas en tales términos, que en la civilización jurídica prevalece el Estado de derecho, y que estas garantías son esenciales y representativas de un juicio justo, que ha sido objeto de numerosos debates y que, en mi opinión, debe ser nuestro objetivo último en lo que respecta al procedimiento.
El Libro Verde supone un giro importante, Comisario Vitorino, un giro radical desde unas posturas que no son muy democráticas, dando prioridad a los poderes de la investigación y a la investigación en sí, también de forma supranacional. El Fiscal europeo para la protección penal contra el fraude es un ejemplo de ello, como ya he dicho en otras ocasiones en esta Cámara y con ocasión de otros debates.
Ya se han mencionado todas las disposiciones contenidas en esta medida, pero el derecho a la defensa inmediata, el derecho a la asistencia, la garantía del idioma y otras cuestiones similares constituyen los elementos principales de esta medida, y lo vuelvo a subrayar. Tenemos que insistir no solo en la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, sino también en el reconocimiento definitivo de las decisiones penales en firme, y la Comisión de Asuntos Jurídicos está trabajando en esta dirección.
Resumiendo, señor Presidente, tenemos que asegurar que el nivel de protección de los derechos sea mayor, no menor. Para ello, hay que tener en cuenta las garantías proporcionadas por algunos Estados miembros y asegurar que Europa en su conjunto centre su estrategia en esa dimensión y esos derechos. La Europa de los derechos y las libertades así lo exige. 
Coelho (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero empezar felicitando al ponente, el Sr. Hernández Mollar, por el mérito, la calidad y la enorme utilidad de su informe. Para construir un espacio de libertad, seguridad y justicia, tienen que respetarse y garantizarse en su totalidad los derechos fundamentales de los ciudadanos y aplicar debidamente los principios que rigen un juicio justo. Esta iniciativa constituye, por consiguiente, un paso importante para la creación de un auténtico espacio europeo de justicia mediante la definición de un conjunto de normas de base en el ámbito de las garantías procesales en los Estados miembros. Es un intento de asegurar una protección homogénea en toda la Unión de los derechos individuales de los acusados, sentenciados o condenados en procesos penales.
La adopción de estas normas comunes es crucial para aumentar la confianza y la fe que los ciudadanos y las autoridades judiciales de un Estado miembro puedan tener en los ordenamientos jurídicos del resto de Estados miembros. El instrumento judicial comunitario en el que se basarán estas normas comunes tiene como objetivo mejorar las garantías procesales en todo el territorio de la Unión sin rebajar el nivel de protección que está garantizado en los distintos Estados miembros.
El Sr. Hernández Mollar ya se ha referido a algunos de los ámbitos relevantes, pero me gustaría destacar la asistencia jurídica, el derecho a un intérprete o traductor, la protección de las categorías especialmente vulnerables –como los menores de edad, las personas con discapacidad, los analfabetos–, la asistencia consular y el deber de informar a todos de sus derechos. El problema con estas normas no es, en muchos casos, que no existan, sino que se aplican mal. Por consiguiente, las decisiones marco tienen que contener sanciones y disposiciones que puedan aplicarse con efectividad, y contemplar otros derechos fundamentales de los sospechosos y los acusados además de los que ya se han mencionado.
En este contexto, el PPE-DE votará, por supuesto, a favor del informe Hernández Mollar.
Paciotti (PSE ).
   – Señor Presidente, creo que la propuesta de resolución contenida en el informe del Sr. Hernández Mollar mejora considerablemente el Libro Verde de la Comisión sobre garantías procesales, gracias a la contribución de las numerosas enmiendas presentadas por todos los Grupos políticos. Así pues, quiero darle las gracias al Sr. Hernández Mollar por su trabajo.
Como he dicho, mejora considerablemente el informe, no solo porque la resolución pide claramente que se adopte una decisión marco sobre unas normas de base comunes y porque indica también los elementos que siguen faltando –como la propia Comisión reconoce– para que exista un sistema completo de garantías mínimas comunes que asegure los derechos básicos europeos, entre ellos el derecho a un juicio justo. La lista de estos derechos debe extenderse a las cuestiones relacionadas con la admisibilidad y la apreciación de la prueba, los criterios de prisión preventiva, las condiciones reales de detención, así como el derecho de apelación, que es especialmente importante en términos de libertad individual. La contribución principal del proyecto de resolución es la descripción detallada del contenido específico de los derechos ya examinados por el Libro Verde: asistencia y defensa jurídicas, que tienen que ser gratuitas para todos aquellos que las necesitan y ser prestadas por profesionales expertos; garantía de una interpretación total y adecuada cuando los detenidos hablen otros idiomas; y derecho a asistencia consular y a una protección adecuada para las personas vulnerables, especialmente –aunque no solo ellos– los menores de edad. Después, es especialmente innovadora e interesante la propuesta de una declaración por escrito de los derechos de los sospechosos y los acusados, que se entregaría al acusado o al sospechoso en el primer contacto con las autoridades en procesos en los que estuvieran implicados, y que tendría que estar disponible en varios idiomas.
Como sabemos, todos los Estados miembros tienen que acatar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia, con su compleja jurisprudencia, vigila que se respete el Convenio, pero eso no es suficiente. Las diferencias irreconciliables entre los sistemas, los procedimientos, y las tradiciones jurídicas propiamente dichas originan problemas que minan la confianza que los ciudadanos europeos tendrían que tener en los sistemas jurídicos de los Estados miembros si se pretende desarrollar la necesaria cooperación basada en el reconocimiento mutuo de las medidas judiciales de los distintos países en un territorio sin fronteras interiores. En este sentido y para garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, es urgente que se introduzca una normativa europea común para establecer a escala europea el alto nivel de garantías procesales que Europa se enorgullece de garantizar a todos – ciudadanos y no ciudadanos– los que entran en contacto con sus sistemas judiciales.
Por lo tanto, puedo decirles que mi Grupo va a votar a favor del informe Hernández Mollar. 
Buitenweg (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, mi Grupo está encantado con el informe y por ello queremos felicitar al ponente, Sr. Hernández Mollar, por su trabajo. También quiero felicitar a la Comisión por sus esfuerzos en este ámbito, y espero que mantenga un alto nivel de ambición, tanto en lo que se refiere a la decisión marco última sobre unas normas de base para los derechos de los sospechosos, como en lo relativo a las decisiones que tendrán que tomarse con posterioridad. Sinceramente confío en que podamos presentar propuestas sensatas en un futuro próximo, también respecto a los métodos de investigación, admisibilidad y apreciación de la prueba.
Mi Grupo considera que los acuerdos europeos en materias de este tipo son vitales, porque los Estados miembros decidieron en Tampere reconocer mutuamente sus respectivas decisiones judiciales y aplicarlas sin condiciones. El ejemplo más claro de esto es la orden de detención europea, a la que se han hecho varias referencias. Eso significa que los Estados miembros tramitan casi automáticamente sus respectivas solicitudes de extradición, sin verificar si las pruebas se han obtenido legalmente o sin comprobar si el sospechoso tiene garantizado un juicio justo de acuerdo con las normas del estado que extradita, porque todo esto se hace sobre la base de la confianza.
Señor Hernández Mollar, usted ha afirmado que esta confianza existe, pero creo que esta confianza, que es especialmente deseable en un contexto político, no existe en grado suficiente o no está suficientemente afianzada. Por ejemplo, mirándolo desde la perspectiva de mi propio país, ha habido muchas protestas contra una sentencia dictada a un holandés en Austria sobre la base de la declaración de un solo testigo y en contra de la larga detención de observadores de aviones británicos y holandeses en Grecia. Habrá ejemplos similares también en otros países. Esto demuestra lo importante que es que primero alcancemos acuerdos respecto a las normas de base para los derechos de los sospechosos antes de empezar a extraditar a nuestros propios nacionales de esta manera, sin imponer más condiciones. Por ello, les insto a que reconsideren nuestra enmienda.
Sé que muchos Estados miembros quieren plantear objeciones y que están un poco nerviosos por la decisión marco europea sobre el derecho procesal. Me parece lamentable y también incomprensible. Me imagino que se debe a las interferencias innecesarias de Bruselas, pero me parece absurdo que ellos mismos hayan dado ya ese paso de una orden de detención europea, que es una medida de muy largo alcance para la cooperación europea en la esfera judicial, y se nieguen ahora a restablecer el equilibrio entre represión y derechos civiles, cuando deberían adoptarse acuerdos de derechos civiles también a escala europea . Por lo tanto, nos corresponde a los diputados de este Parlamento garantizar la protección de esos derechos civiles y restablecer el equilibrio. 
Turco (NI ).
   – Señor Presidente, en vísperas de la entrada en vigor de la orden de detención europea, el Parlamento está expresando la opinión que le merece una comunicación de la Comisión Europea sobre garantías procesales y derechos de defensa. A pesar de sus esfuerzos, señor Comisario, todavía no se ha presentado formalmente la decisión marco prevista sobre este tema, y en sus debates iniciales, se ha comprobado que el Consejo está muy dividido acerca de la necesidad y el contenido de los derechos armonizados de defensa. Este es el contexto en el que estamos funcionando, y en este contexto, queremos señalar la postura adoptada por el Ministro de Justicia italiano, que después de apoyar personalmente la orden de detención europea en el Consejo, afirmó que la consideraba inconstitucional en su forma y un error total en cuanto a contenido.
Creo que no habrían existido motivos jurídicos o políticos para estas preocupantes declaraciones si la Comisión y el Consejo hubieran escuchado las peticiones del Parlamento relativas a la armonización de los derechos procesales. Sin embargo, me temo que es demasiado tarde y que la orden de detención europea entrará en vigor en un clima europeo marcado por la reticencia y los retrasos en su aplicación por parte de los Estados miembros. A pesar del excelente trabajo del Sr. Hernández Mollar y teniendo en cuenta los argumentos de peso planteados por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sr. Gargani, los diputados radicales solo votarán a favor de la propuesta si se aprueban las enmiendas que solicitan que la entrada en vigor de la orden de detención esté sujeta a la aprobación de unas garantías procesales. 

McKenna (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, en primer lugar existe un debate sobre si la Unión Europea debería discutir cosas en relación con normas comunes de derecho procesal. Sin embargo, en realidad también tenemos que darnos cuenta de que recientemente se ha promulgado un montón de legislación opresiva –una de las cosas que se ha mencionado esta noche es la orden de detención europea– y como mínimo necesitamos algo que sirva de contrapeso para garantizar los derechos de los sospechosos y los acusados en los procedimientos penales. Esto se acerca a la garantía de que, por ejemplo, exista algún tipo de norma en los métodos de investigación. También tiene que existir una garantía en muchos Estados miembros en relación con el derecho a la fianza: creo que la gente debería tener este derecho.
Como han mencionado muchos oradores, sabemos que en muchas situaciones existen problemas en cuanto al acceso a representantes legales antes y durante los juicios. Tenemos que asegurarnos de que no sea así. Hay que hacer algo para garantizar los derechos de los sospechosos, porque al fin y al cabo son sospechosos: no han sido condenados y por lo tanto sus derechos deberían estar protegidos.
Cuando tenemos en cuenta el hecho de que la Unión Europea ha aprobado un montón de legislación represiva recientemente sin debate público alguno o participación real de los ciudadanos de los Estados miembros, lo mínimo que podemos hacer es garantizar la protección de los derechos de las personas. Lo mismo vale para la interpretación y la traducción de muchos acusados. Esta es la situación existente en muchos países a raíz de la legislación que se ha promulgado bajo capa de combatir el terrorismo. Muchas de estas personas que son sospechosas no tienen derecho a una interpretación o traducción adecuadas, y por tanto, no se les puede garantizar el derecho a un juicio justo, o el derecho a la presunción de inocencia hasta que no se demuestre fehacientemente su culpabilidad.
A menos que en la Unión Europea garanticemos la protección de este tipo de medidas, no podemos impulsar ninguna legislación opresiva más. Como se ha mencionado aquí en relación con la orden de detención europea, antes deberían cumplirse determinadas condiciones previas. En realidad, yo no estoy a favor de la orden de detención europea, pero al menos hay que establecer unas garantías mínimas antes de que la Unión Europea acuerde nuevos actos legislativos. En los últimos meses y años, la Unión ha infringido los derechos básicos de las personas, que están recogidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. La presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo son elementos básicos a los que todo el mundo debería tener derecho en una democracia. 
Vitorino,
    Señor Presidente, voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero reiterar mis felicitaciones al Sr. Hernández Mollar por su informe y decir que todo lo que respecta al trabajo sobre las pruebas se hará en 2004. Esto se afirma claramente en nuestro programa legislativo, y eso es lo que he dicho a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores durante nuestro diálogo estructural sobre las prioridades del año que viene.
Paralelamente, puedo decir que el Libro Verde sobre la fianza está listo y tendrá que ser discutido por la Comisión. Creo que se adoptará en los primeros meses de 2004.
Al Sr. Turco quiero decirle que ni siquiera me atrevo a imaginar lo que se habría dicho si yo hubiera presentado la Decisión Marco antes de consultar la opinión de este Parlamento sobre el Libro Verde: lo primero es lo primero. A condición de que mañana voten ustedes a favor con respecto al Libro Verde le puedo asegurar, señor Turco, que la Decisión Marco ha llegado. Le puedo asegurar que no hemos estado durmiendo, pero si apoya nuestras ideas, el instrumento legislativo está listo para ser presentado al Consejo.
Por último, esta no es la mejor hora del día para estar en desacuerdo con la Sra. Buitenweg o la Sra. McKenna sobre la orden de detención europea. Este ha sido un punto tradicional de diferencia entre nosotros. No obstante, voy a decir claramente que yo no llamaría a una orden de detención europea «legislación opresiva». No pretendo adherirme a tal enfoque porque la legislación cuyo objetivo es reforzar la aplicación de la ley no puede considerarse simplemente legislación opresiva. Puede que exista un mal uso de la legislación, y por eso precisamente estamos adoptando estas normas mínimas sobre garantías procesales. Esa es también la razón por la que tenemos un programa ambicioso para unir la legislación de los Estados miembros en lo que respecta a garantías procesales.
Espero que mañana el Parlamento apoye el informe del Sr. Hernández Mollar. Eso ayudará a la Comisión a evitar parte de la resistencia expresada por algunos Estados miembros en lo que respecta a esta iniciativa. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0360/2003) del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2001: 1. de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (C5-0102/2003 – 2003/2046(DEC)); 2. de la Agencia Europea de Medio Ambiente (C5-0098/2003 – 2003/2044(DEC)); 3. del Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea (C5-0100/2003 – 2003/2045(DEC)); 4. del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (C5-0096/2003 – 2003/2043(DEC)); 5. del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (C5-0094/2003 – 2003/2042(DEC)).
Blak (GUE/NGL ),
   – Señor Presidente, esta es la primera vez que vamos a aprobar la gestión de estas cinco agencias, y es una situación nueva a la que ambas partes tienen que acostumbrarse. En primer lugar, las agencias tienen que rendir cuentas al Parlamento, y eso con lleva unas obligaciones.
He mantenido un diálogo constructivo con varias de las agencias. He mantenido reuniones beneficiosas y útiles con la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo en Bilbao, el Observatorio Europeo sobre el Racismo en Viena, la Agencia de Medio Ambiente en Copenhague y, especialmente, el Centro de Estudios Empresariales en Turín. Todas estas agencias merecen un elogio especial por su enfoque tan proactivo. Quiero recomendar que aprobemos la gestión de todas ellas. Con ninguna de ellas tenemos problemas pendientes de importancia.
Ahora bien, tenemos un problema pendiente con la Agencia de Medio Ambiente, que ha firmado varios contratos con empresas que a su vez habían firmado contratos con empresas de Eurostat y que están siendo investigadas actualmente por el servicio de auditoría interna de la Comisión por su implicación en el escándalo Eurostat. El informe final del servicio de auditoría interna confirma que los contratos de la Agencia de Medio Ambiente con esas empresas son motivo de gran preocupación. El servicio ha prometido investigar el asunto más a fondo y eso es algo que obviamente nos complace.
En general, puede decirse que todas las agencias se encuentran en fase de transición, y que tienen que ajustarse al nuevo Reglamento Financiero. Las distintas agencias han elegido modelos diferentes, pero un elemento común a todas ellas es que ahora son responsables del control financiero. Ya no habrá un control externo, independiente, de las agencias. Eso es algo que en el Parlamento hemos aceptado como parte del nuevo Reglamento Financiero.
No obstante, me preocupa que se produzca un vacío de control. El servicio de auditoría interna de la Comisión no tiene absolutamente ningún recurso para vigilar las transacciones individuales. El Sr. Muis dejó esto bien claro en una reunión de la Comisión de Control Presupuestario. El servicio de auditoría interna no tiene recursos para investigar los procedimientos de control en las agencias.
El Tribunal de Cuentas efectúa muy pocos controles. Por lo tanto, dependemos en gran medida del correcto funcionamiento de los controles internos de las agencias. Corresponderá a los futuros ponentes de la aprobación de la gestión evaluar si el sistema funciona en la práctica. No obstante, en este preciso instante quiero añadir una advertencia. Las agencias no tendrán interventores financieros. La figura del auditor interno, que actúe como consultor, es estupenda ahora al principio, cuando las agencias se disponen a crear nuevos sistemas, pero a la larga es mucho mejor tener un interventor financiero que un consultor.
El Parlamento tiene que influir más en el nombramiento de los directores de las agencias, y celebro que hayamos solicitado a la Comisión la presentación de una propuesta antes de diciembre de este año. Eso es algo que aprobamos por unanimidad en la comisión.
Se han transferido a las agencias muchas tareas importantes, por lo que también tenemos que asegurarnos de que las dirijan personas competentes. Por ello, estoy a favor de consultar al Parlamento el nombramiento de los directores. Posiblemente no esté tan a favor como algunos de mis colegas diputados de que el Parlamento apruebe él mismo a todos los directores de uno en uno, porque entonces estaríamos concediendo demasiada importancia a las agencias. Ni siquiera aprobamos a los Comisarios de uno en uno, pero si, por ejemplo, prosperara la propuesta de mi estimado colega diputado, Sr. Bösch, para que participáramos directamente en su nombramiento, no tendría nada en contra. Ahora bien, mi recomendación es que votemos a favor de la enmienda del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas que propone que el Parlamento sea consultado, pero que la Comisión tome la decisión. Soy muy consciente de que puede que mis colegas diputados se opongan a esta enmienda, creyendo que se le otorgaría demasiado poder a la Comisión si tuviera que decidir por sí sola, pero en realidad creo que es principalmente tarea de la Comisión nombrar a su propia gente.
No debemos implicarnos en demasiadas decisiones internas de micro gestión. En cambio, debemos dedicar nuestras energías a hacer un seguimiento de la Comisión, y de eso hay una necesidad absoluta, visto el modo en que se ha desarrollado el escándalo Eurostat y el modo en que todos los Comisarios están negando cualquier forma de responsabilidad política y culpan al sistema.
Básicamente debemos preguntarnos si, al fin y al cabo, somos lo suficientemente buenos para controlar estas agencias y si, en general, tenemos necesidad de todas ellas. Esta es una cuestión sobre la cual han acordado realizar un análisis de coste-beneficio. Quiero concluir diciendo que el Centro de Estudios Empresariales de Turín ha sugerido que podría realizar fácilmente más tareas, en lugar de crear más agencias. Escuchemos lo que dice, y esperemos que la Comisión nos escuche a nosotros. 
Bolkestein,
   . Señor Presidente, la Comisión se ha comprometido a satisfacer, en la medida de lo posible, las peticiones del Parlamento sobre cuestiones recurrentes como las propuestas de la Comisión encaminadas a promover un mejor funcionamiento de los órganos comunitarios. Los órganos comunitarios descentralizados tienen misiones específicas de acuerdo con sus respectivos reglamentos de constitución. Cualquier modificación o adición de tareas requeriría una enmienda de los actos jurídicos que establecen la agencia, lo cual requiere seguir un procedimiento legislativo que a veces entra dentro del ámbito de la codecisión. La Comisión considera que la composición de los consejos de administración de las agencias es una cuestión transversal que debería abordarse en la estela de su comunicación sobre el marco operativo de las agencias reguladoras europeas.
A la vista de la ampliación, la comunicación se pronuncia a favor de un consejo de administración de tamaño reducido con una composición que refleje el equilibrio entre las funciones ejecutivas a escala comunitaria y la competencia de los órganos ejecutivos de los Estados miembros.
La Comisión está esperando una respuesta a esta propuesta por parte del Consejo y del Parlamento antes de tomar una decisión final. En esta comunicación, la Comisión proponía el nombramiento de un director, según el caso, por parte del consejo de gestión o por parte de la Comisión. El Parlamento debería estar implicado en este nombramiento. De momento este documento está siendo examinado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Una posible acción en este ámbito debería emprenderse a la luz de las próximas discusiones con estas instituciones. En cuanto a la propuesta del auditor interno, según el Reglamento financiero, el auditor interno de la Comisión ejercerá exactamente los mismos poderes en las agencias que reciben apoyo financiero comunitario que en la Comisión.
Solo dos agencias que no reciben subvenciones de la Comisión quedan al margen, las de Angers y Alicante.
En cuanto a la propuesta de utilizar la experiencia de la Fundación Europea de Formación en relación con programas como Tempus y el Erasmus Mundus, según el nuevo Reglamento financiero la Comisión puede solicitar que la asistencia técnica se delegue en las agencias existentes.
Sin embargo, el recurso a una agencia no exime a la Comisión de las obligaciones que le impone el Tratado, especialmente la de aplicar el presupuesto bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, debe ser capaz de circunscribir la acción del organismo responsable de las tareas de asistencia técnica y mantener un control real sobre su operación y en especial de sus órganos de gobierno. Los órganos de gobierno de las agencias descentralizadas se componen de representantes de los Estados miembros: la Comisión está en minoría y se cuestiona si esto le permite ejercitar el nivel exigido de responsabilidad y control.
De acuerdo con las disposiciones del reglamento marco sobre agencias ejecutivas, la Comisión se plantea actualmente la posibilidad de crear una agencia dedicada a ayudar en la aplicación de programas comunitarios en el ámbito de la educación y la cultura, como Sócrates, Leonardo da Vinci, Juventud, etc.
Se está realizando un análisis de coste-beneficio con la ayuda de expertos externos, teniendo también en cuenta las funciones y el mandato de la Fundación Europea de Formación, la localización de funciones de asistencia técnica para todos estos programas la decidirá la Comisión el próximo año a la luz de los resultados del análisis de coste-beneficio, y especialmente las consideraciones de efectividad, eficacia, control y responsabilidad.
La Comisión hará todo lo posible por hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, al igual que de las resoluciones del Parlamento Europeo, en su momento. 
Jöns (PSE ),
   – Señor Presidente, Señorías, como ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, celebro que el orden del día de hoy incluya también la aprobación de la gestión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esto satisface nuestra principal petición del año pasado de que existiera un procedimiento de aprobación de la gestión individual para todas las agencias descentralizadas, dando así por fin un tratamiento igual a las agencias. Mi comisión está, sin duda, a favor de la aprobación de la agencia de Bilbao, al igual que lo está la Comisión de Control Presupuestario. Por tanto, también estamos de acuerdo con el veredicto del Tribunal de Cuentas, la Comisión y el Consejo.
Permítanme decir unas palabras sobre esta Agencia, que se creó en 1997. Bilbao se ha convertido en la fuerza motriz en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Solo tengo que mencionar su excelente trabajo en la ejecución del programa especial para las PYME en 2001 y 2002. El espléndido trabajo realizado ha sido también confirmado por una evaluación externa. Por ello, era lógico que en nuestra resolución sobre la estrategia comunitaria para la salud y la seguridad en el trabajo durante el período 2002-2006 aprobada en octubre del año pasado solicitáramos a la Comisión que preparara un programa multianual para las pequeñas y medianas empresas en el futuro. Está claro que también en el futuro debe existir la mejor coordinación posible entre las agencias de Bilbao y Dublín. Aunque no existen motivos de crítica desde nuestro punto de vista, acogemos con satisfacción el hecho de que las dos agencias hayan llegado a un acuerdo de cooperación específico para mejorar la complementariedad y desterrar todo peligro de solapamiento de su trabajo. Pero permaneceremos muy vigilantes aquí, especialmente de cara a la ampliación y a la posible redefinición de la política sobre las agencias. 
Heaton-Harris (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, no puedo expresar lo emocionado que estoy por hallarme aquí esta tarde para hablar en nombre del Grupo del PPE-DE sobre este tema. Veo que se trata de un tema que causa un gran entusiasmo a los demás parlamentarios y a la masiva audiencia que tenemos aquí esta noche. Uno se pregunta si estas sesiones nocturnas suponen un buen uso del dinero de los contribuyentes europeos.
Yo me inclinaré hacia atrás para hacer mi parte y empezaré dando las gracias al ponente por todo el trabajo que ha realizado. Acojo con satisfacción el hecho de que el nuevo Reglamento financiero nos permita revisar las cuentas de estas agencias y también acojo con satisfacción la cooperación que todas han mostrado con el Parlamento Europeo en este proceso.
Dada esta autonomía del marco de gestión normal de la Comisión, la elección de un director es, en mi opinión, de una importancia vital. El nombramiento debe realizarse mediante un proceso abierto y debe implicar al Parlamento Europeo. De hecho, el Parlamento debería tener derecho a dar su consentimiento a tales nombramientos, y por esa razón el Grupo del PPE-DE va a votar en contra de la enmienda liberal. Aunque contiene algunas ideas interesantes sobre la estructura de las audiencias en el Parlamento, únicamente propone otorgar al Parlamento Europeo un estatuto consultivo. La parte del PPE del Grupo del PPE-DE está a favor de la aprobación de la gestión de las agencias por varias razones, muchas de las cuales no entiendo, considerando en términos generales que el estado de las cuentas de la Comisión es pura bazofia –utilizo expresiones coloquiales para poner a prueba a los intérpretes a esta hora de la tarde.
Aunque la mayoría del Grupo del PPE está a favor de la aprobación, sin embargo existen algunas preocupaciones que nos gustaría poner sobre la mesa para el futuro.
Queremos asegurarnos de que siempre se establezcan las normas de gestión más estrictas, especialmente por parte de las agencias que cooperan plenamente con la OLAF, compartiendo las mejores prácticas entre ellos –porque muchos de los retos de gestión son muy similares– y asegurando que sus consejos sean un instrumento efectivo para exigir responsabilidades a la gerencia y no se trate de un simple gesto burocrático y cosmético. Algunos consejos ya son demasiado grandes, especialmente el de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la ampliación amenaza con empeorar las cosas. Si los consejos se hacen demasiado grandes para asumir sus responsabilidades en la práctica, las agencias se hacen vulnerables para convertirse en feudos privados –un ejemplo de ello lo hemos visto en Eurostat.
Queremos ver que haya una cooperación estrecha para evitar la duplicación, por ejemplo, entre la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. Creo que la Comisión debería considerar este punto. Deberían garantizarse las normas más estrictas de gestión financiera, especialmente reforzando las capacidades de auditoría interna. Nos gustaría que el Tribunal de Cuentas Europeo hiciera más comprobaciones.
Doy las gracias al ponente por todo su trabajo. La delegación conservadora británica –los DE que esperemos sigan creciendo– no va a votar a favor de la aprobación de la gestión, pero el PPE sí lo va a hacer, y le damos las gracias por todo su trabajo. 
Bösch (PSE ).
   – Señor Presidente, Señorías, en nombre de mi Grupo quiero empezar felicitando al Sr. Blak por su informe. Estoy de acuerdo en lo fundamental con lo que el Sr. Heaton-Harris ha dicho. El nuevo Reglamento financiero permite incluir por primera vez a la Agencia de Salud y Seguridad en el Trabajo, la Agencia de Medio Ambiente, el Centro de Traducción, el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías y el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en el proceso de aprobación de la gestión por parte del Parlamento Europeo. Acojo con especial satisfacción el hecho de que el Parlamento haya aprobado la gestión de todas las agencias, puesto que los casos más recientes de irregularidades internas en la Comisión demuestran claramente la importancia de realizar controles continuos de las instituciones.
Esta innovación es, sin duda, importante, pero puede ser solo el primer paso. Una segunda innovación, un requisito igualmente esencial, es que se dote al Parlamento de poder de codecisión en el nombramiento de los directores. Es una contradicción que el Parlamento tenga algo que decir en el nombramiento del Defensor del Pueblo y el Presidente de la Comisión, y no tenga ese derecho respecto a las agencias. Sabemos que las agencias tienden a proliferar. Cada vez hay más. Evidentemente, a estas agencias se las va a dotar de su propia personalidad jurídica. Por lo tanto, como Parlamento, como representantes de los contribuyentes, debemos insistir en tener poder de codecisión sobre ellas, sobre el modo en que son nombradas. Me he hecho con un listado de las distintas agencias que tenemos en la actualidad. Existe una primera generación de agencias, a la que pertenecen Salónica y Dublín, seguida de una segunda generación con Copenhague, Turín y no sé cuantas más, agencias que no reciben subvenciones del nuevo presupuesto, que ya se han mencionado antes, Alicante y Angers, Codecisión del PE y el Consejo, Bruselas, Bruselas temporalmente. Luego están todas esas agencias, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria o la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que han dicho que harán algo, pero que todavía no saben dónde ni cuándo ni cómo. Eso es una ofensa para los contribuyentes europeos. No me refiero a ustedes, pero sabemos de sobra que estas agencias tendrán que empezar a trabajar en algún sitio en algún momento, y los Estados miembros han proclamado firmemente que lo harán, pero no saben cuándo, no saben dónde y no saben cuánto costará. La situación es preocupante, y los socialdemócratas de esta Cámara, y los demócrata-cristianos, como el Sr. Heaton-Harris ha dicho, insistirán en que tengamos poder de codecisión aquí y haremos gran presión para conseguirlo. Reitero, por cierto, mis felicitaciones al Sr. Blak por su informe. 
Santos (PSE ).
   – Señor Presidente, a mí también me preocupa que exista tan poco interés en debatir este tipo de asuntos, pero me pregunto si es consecuencia de la manera en que programamos nuestras actividades o de la manera de enfocar estos temas. En definitiva, lo que está en juego es básicamente el uso del dinero de los contribuyentes.
Por lo tanto, creo que la aprobación de la gestión del presupuesto por parte del Parlamento Europeo tiene que permitir siempre un debate político significativo. Por fortuna, así así sucedido hasta cierto punto – muy recientemente –, contribuyendo a la credibilidad de la política presupuestaria comunitaria. Nuestro examen del presupuesto de las cinco agencias que son objeto de este informe debe considerarse en el contexto de estos objetivos y está dirigido a alcanzar estas prioridades. Todas las propuestas del informe para conceder la aprobación de la gestión se acompañan de propuestas de resolución parlamentarias y es precisamente en estas propuestas de resolución donde el Parlamento debe ejercitar su poder político. Y puede hacerlo redactando recomendaciones o expresando la esperanza de que las actividades de las agencias tomen una dirección concreta, en relación con la necesidad de mejorar las operaciones y la supervisión internas y la necesidad urgente de mejorar la efectividad con que realiza estas actividades.
El informe hace varias observaciones y sugerencias – que no voy a enumerar, puesto que dispongo de poco tiempo – alabando las declaraciones y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo. Ahora bien, hay un aspecto de naturaleza general que creo que merece una mención particular. Es la propuesta contenida en el informe de cambiar la composición de los consejos de administración de las agencias, para dotarles de funciones más amplias. Hay muchas razones financieras para semejante medida, y en algunos casos razones operativas que harían imposible el funcionamiento de estos consejos si tuvieran un tamaño demasiado grande. Es sintomático que estas preocupaciones surgen, como ha quedado claro en la intervención del Comisario, en un momento en que nos acercamos rápidamente a un proceso de acogida – a nivel político – de nuevos países en la familia comunitaria. Sin negar la validez de esas preocupaciones, el Parlamento Europeo debe reflexionar cuidadosamente sobre la verdadera naturaleza de las posturas que adoptará, porque las opciones que únicamente toman un cariz económico son inaceptables. La protección del principio de representatividad y plena igualdad entre los Estados miembros es, en el contexto actual, absolutamente crucial. 
Blak (GUE/NGL ),
   – Señor Presidente, un comentario breve. Comparto mucho de lo que ha dicho el señor Comisario, pero tengo que decir lo muy desilusionado que estoy de que, tras el debate en la comisión, se haya lanzado la bomba de que la Comisión quiere crear una nueva agencia para educación y cultura. Sin duda, ese trabajo lo podrían haber hecho fácilmente las otras agencias. Lo que significa que ahora va a empezar algún tipo de tira y afloja. Nos gustaría haber sido informados de esto en la comisión, más que oírlo hoy en esta Cámara, justo antes de que todo el asunto se decida. Es decepcionante. Verdaderamente decepcionante. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del Informe (A5-0265/2003) de la Sra. Honeyball, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la fiscalidad de los turismos en la Unión Europea (COM(2002) 431 - C5-0573/2002 - 2002/2260(INI)).
Honeyball (PSE ),
   . – Señor Presidente, aprovecho esta oportunidad para presentar mi informe sobre la fiscalidad de los automóviles de turismo y me hago eco de las preocupaciones del Sr. Heaton-Harris sobre lo tarde que es y la inevitable falta de audiencia. No obstante, doy las gracias a quienes se han quedado.
Quiero empezar dejando totalmente claro que este informe no trata de la armonización fiscal. Este informe trata del mercado interior. Trata de asegurar que el mercado interior opere equitativamente con respecto a los automóviles de turismo y que los obstáculos que existen actualmente, en parte, en la gama de tipos fiscales aplicados se eliminen para que el mercado interior pueda funcionar en este ámbito concreto mucho mejor de lo que lo hace en este momento.
La otra cuestión que se trata en este informe es medioambiental. Aborda las emisiones de CO2 de los turismos y el modo en que puede utilizarse la fiscalidad para tratar esta cuestión y mejorar nuestro medio ambiente.
Primero pasaré a las cuestiones sobre el mercado interior y especialmente al tema del impuesto de matriculación de los coches, cuya eliminación recomiendo. Este informe propone que se elimine paulatinamente durante un período largo. En este momento, los distintos niveles de impuestos de matriculación en los diferentes Estados miembros distorsionan bastante el precio de los coches. Por ejemplo, en Finlandia, el impuesto de matriculación de vehículos nuevos asciende a más de 700 euros, en Portugal es de más de 2.000 y en el Reino Unido no tenemos impuesto de matriculación. Lo que ocurre inevitablemente es que la gente que vende coches varía los precios para tener en cuenta el impuesto de matriculación en los distintos Estados miembros.
La manera de abordar esta cuestión y conseguir que el mercado interior sea más justo y tenga unas reglas de juego más equitativas es eliminar este impuesto del todo, pero haciéndolo gradualmente. Lo que tenemos que evitar es que los Estados miembros salgan perdiendo a causa de esta medida. Por lo tanto, requiere una implantación paulatina y hay que garantizar su neutralidad con respecto a los impuestos y la renta, y que ningún se vea desfavorecido. Esto es posible, pero sin duda llevará tiempo. Nadie propone que se introduzca mañana, pero recomiendo que el proceso se ponga en marcha para que con respecto a las ventas de coches nuevos lleguemos a la situación en que se elimine paulatinamente el impuesto de matriculación.
Tenemos que examinar la misma cuestión en relación con los coches de segunda mano y los coches importados de un país a otro. Se aplican los mismos principios, aunque esto precisa un examen y una implantación paulatina. Nos planteamos hacer lo mismo para que las restricciones y dificultades actuales que existen en la UE a la hora de cruzar las fronteras con los coches y tener que matricular de nuevo, etc. también se eliminen paulatinamente. Sin duda, esto ayudará no solo al mercado interior, sino a la libre circulación de las personas y de la mano de obra en la UE. Es algo que nos complacería en todos los niveles.
En cuanto al aspecto medioambiental de este informe, me preocupa mucho como representante de Londres, una de las ciudades más grandes de la UE, que siempre está luchando contra la contaminación de los coches y buscando modos de tratarla. Puede que sus Señorías sepan –o puede que no– que en el Reino Unido existe un impuesto sobre la gasolina que tiene en cuenta las emisiones de CO2 –un impuesto ecológico– que funciona muy bien. Esto es posible porque es un impuesto autónomo, un impuesto sobre un producto particular. Si hiciéramos esto en toda la UE, ayudaría mucho a la reducción de emisiones de CO2 y supondría un beneficio muy positivo para nuestro medio ambiente. 
Esas son mis dos recomendaciones en este informe. Creo que estamos haciendo algo bueno: no se trata de una armonización fiscal, se trata del mercado interior y de nuestro medio ambiente. 
Bolkestein,
   . Señor Presidente, el funcionamiento de 15 sistemas diferentes de tributación de los automóviles de turismo en la Unión Europea ha creado obstáculos, distorsiones e ineficiencias fiscales que impiden tanto a los ciudadanos europeos como a la industria automovilística y al comercio beneficiarse de las ventajas del mercado único. Debido a ello, la Comisión y el Parlamento reciben numerosas consultas y peticiones todos los años sobre esta cuestión particular.
El 9 de septiembre de 2002, la Comisión presentó una comunicación muy esperada sobre la fiscalidad de los turismos, que recibió una cálida acogida en su momento por parte de todos los implicados. La comunicación tenía por objeto, por una parte, plantear las posibles acciones a escala comunitaria con vistas a eliminar los obstáculos fiscales a la circulación de turismos nuevos y usados, que no supusiera ninguna pérdida de ingresos para los presupuestos nacionales y que no incrementara la carga fiscal global para los ciudadanos. Por otra parte, también planteaba algunas medidas políticas para establecer una relación más directa entre los niveles del impuesto y las emisiones contaminantes de los turismos, contribuyendo así a los objetivos medioambientales comunitarios según el Protocolo de Kioto.
La Comisión consideró necesario lanzar este debate con los Estados miembros, el Parlamento Europeo y con importantes grupos de intereses antes de presentar una propuesta sobre turismos. Este enfoque pragmático permitía una posición más favorable en nombre de los Estados miembros sobre una nueva propuesta potencial comparada con la posición que tomaron en 1998 sobre la propuesta anterior que todavía está encima de la mesa en el Consejo. La Comisión espera que el Parlamento Europeo preste un gran apoyo a las medidas políticas contempladas en la comunicación y refuerce así la posición de la Comisión en futuras discusiones en el Consejo.
Me complace ver que ya existe un fuerte apoyo en las opiniones expresadas a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por parte de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. Sin embargo, lamento observar que este apoyo no es tan grande en la versión final del informe de la Sra. Honeyball, tal y como lo ha aprobado la comisión ECON.
Por último, quiero agradecer al Parlamento y a la ponente, la Sra. Honeyball, sus esfuerzos por conciliar y alcanzar un equilibrio teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones del impuesto sobre los vehículos. 
Lange (PSE ),
    – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, sabemos que las emisiones de CO2 del tráfico rodado aumentarán un 31% de aquí a 2010, en lugar de descender un 8%, como acordamos en Kioto. Esta es la razón por la que, hace seis años, aprobamos una estrategia de CO2 para reducir las emisiones de CO2 del tráfico. El primer pilar fue un compromiso autoimpuesto por la industria del motor para reducir las emisiones a 140g antes de 2008. Eso parece estar funcionando. El segundo pilar es la información al consumidor, el etiquetado de los coches nuevos, y eso todavía no funciona del todo porque no se ha aplicado en todos los Estados miembros. Y en tercer lugar están los incentivos fiscales para coches de bajo consumo. Tengo que decir que esto último no funciona porque de hecho tenemos diferentes impuestos de matriculación o impuestos anuales en la Unión Europea. En este sentido, la Comisión de Medio Ambiente – y creo que el Parlamento en su conjunto – quiere tener un marco de incentivos fiscales para los coches de bajo consumo de manera que este tercer pilar de la estrategia de CO2 también pueda aplicarse y consigamos reducir el CO2 relacionado con el transporte. Solo así podremos cumplir nuestro objetivo de Kioto y mantener bajo control las emisiones de gases con efecto invernadero y, con ellas, el recalentamiento del planeta.
Sin embargo, creo que también necesitamos un cambio de mentalidad para bien del consumidor, porque verdaderamente tenemos un mosaico de leyes fiscales. La reforma del Reglamento relativo a las exenciones por categorías no ha ayudado. La ventaja del precio no se está transfiriendo a los consumidores porque el efecto se ve absorbido por este mosaico de impuestos en la Unión Europea. Esta es otra razón por la que ahora, más que nunca, necesitamos un marco fiscal sensato para los turismos en la Unión Europea que permita a los consumidores beneficiarse de las ventajas de este mercado interior. Por tanto, apoyo el informe de la Sra. Honeyball. 
Vatanen (PPE-DE ),
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en palabras de Hamlet, no es solo en Dinamarca donde huele a podrido el régimen fiscal de los vehículos. Muchos Estados miembros todavía gravan ilegalmente a los camiones de mudanzas, impidiendo así la circulación de la población activa en la UE. Pero además, cuando se vende un coche para transferirlo a otro Estado miembro hay un buen número de problemas. Hace diez años el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sentenció en el famoso caso Nunes Tadeu que en ningún caso podía ser el impuesto gravado a un vehículo mayor que la proporción de ese impuesto respecto al precio de mercado de un coche usado similar.
Especialmente en Finlandia, y usted lo sabrá muy bien, señor Bolkestein, se ha hecho oídos sordos a esto. Yo mismo llevé una vieja furgoneta Citroën a Finlandia hace unos años y pagué 17 000 euros, solo por llevar mi propio vehículo de un Estado miembro a otro. Más tarde, a principios de este año, el Tribunal de Justicia exigió a Finlandia que modificara su Ley relativa a la fiscalidad de los vehículos de motor. Acabo de hablar por teléfono con una persona finlandesa que llevó a Finlandia un Mercedes matriculado en 1995 y comprado en Alemania. Pagó 7 000 euros por él en Alemania y hace un mes en Finlandia tuvo que pagar 12 000 euros en impuestos. Eso quiere decir que en Finlandia se pagan 12 000 euros por un coche comprado por 7 000 euros. ¡Además, se trata de un Mercedes que tiene ocho años! Así es como funciona el mercado interior en Europa. Señor Bolkestein, todavía queda mucho trabajo por hacer respecto a esta cuestión antes de que los ciudadanos europeos consideren que la UE trabaja para defender los intereses de ellos, los ciudadanos particulares de Europa. 
En general, apoyo la posición básica de la Comisión de que los impuestos de matriculación y circulación deben devolverse cuando se compra un coche para transferirlo a otro país. Además, los camiones de mudanzas no deben gravarse más del equivalente de los costes administrativos incurridos, aunque la situación en Finlandia, por ejemplo, es totalmente diferente. A la larga tendremos que suprimir también el impuesto de matriculación. Solo así podremos garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y que los ciudadanos puedan comprar un coche en el país que quiera y votar con los pies. Solo de esta manera los consumidores pueden obligar al Gobierno de cada país a cambiar sus arcaicos sistemas. No obstante, dejemos que el impuesto de circulación se considere en el ámbito nacional, puesto que no perjudica al funcionamiento del mercado.
Quiero también referirme al informe de la Sra. Honeyball, que es en sí excelente. No estoy de acuerdo en la cuestión de la seguridad. Pero necesitamos concesiones fiscales basadas en la seguridad sin retraso. El número de víctimas mortales que se producen todos los años en Europa asciende a 40 000 y esa es la razón indiscutible para ello.
Por último, quiero decir que los vehículos son gravados demasiado en Europa comparado con otras formas de transporte. La UE no es ningún paraíso fiscal, por lo cual deberían permitirse que el coste de los vehículos fuera razonable en Europa. 
Santos (PSE ).
   – Señor Presidente, la eliminación de obstáculos administrativos a la libertad de circulación de vehículos y personas y la definición de una relación directa entre el impuesto anual de circulación actualmente aplicado a los turismos ligeros y el impacto medioambiental de los vehículos son solo dos de las preocupaciones expresadas por los ciudadanos europeos a las que la Comisión quiere responder positivamente.
El mercado del turismo en la Unión Europea se encuentra hoy en día fragmentado en quince segmentos nacionales totalmente diferentes, lo cual crea distorsiones y sanciones que no solo afectan a los ciudadanos, sino también a la industria automovilística propiamente dicha. No obstante, la verdadera razón de esta situación radica sobre todo en la desigualdad de las políticas fiscales aplicadas en cada uno de los Estados miembros de la Unión. No será tarea fácil armonizar estas políticas totalmente en los próximos años – y ya sé que este no es el tema que nos ocupa hoy –, en parte porque sabemos que algunos Estados que gravan vehículos no se preocupan tanto por los efectos medioambientales perjudiciales de los mismos como por el volumen de ingresos fiscales que canalizan hacia sus presupuestos.
Además, vale la pena subrayar que este informe es importante y útil y que sus propuestas y recomendaciones son equilibradas y correctas en general. Podría haber ido más allá en sus propuestas de reforma anual del impuesto de circulación, vinculándolas con una eliminación más rápida del impuesto de matriculación. Sin embargo, la cuestión no es eliminar totalmente la competencia en el ámbito de la fiscalidad de los vehículos entre los Estados miembros: lo que está en juego es la necesidad de promover la rápida consolidación del mercado único para los vehículos con todos los beneficios que eso conlleva para los ciudadanos, para las empresas y para el mejor funcionamiento del mercado interior. Las soluciones propuestas en este informe se centran mayoritariamente en alcanzar este objetivo, aunque dan prioridad, repitiéndolas, a las preocupaciones expresadas por este Parlamento en varias ocasiones, como la preocupación por la emisión de partículas perjudiciales para el medio ambiente. La armonización de la fiscalidad de los vehículos es una cuestión compleja que no puede resolverse al margen de otras consideraciones políticas muy variadas. Esta iniciativa comunitaria y el apoyo que le da al Parlamento, tras la aprobación del nuevo Reglamento sobre la distribución de automóviles –pese a que este Reglamento ha demostrado ser ineficaz para armonizar los precios básicos de los vehículos– representa un momento cumbre en el desarrollo de este proceso. 
Olle Schmidt (ELDR ).
    Señor Presidente, señor Comisario, quiero darle las gracias a la Sra. Honeyball por su excelente informe. Durante su lectura en comisión, nos hemos dado cuenta de que se trata de un tema explosivo. Para varios de mis colegas diputados, la palabra «impuesto» parece motivo suficiente para sentir una gran indignación. Lo que estamos debatiendo es la coordinación, no la armonización, así que no tienen por qué asustarse. El Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas cree en la necesidad de actuar con mucha precaución en materia de fiscalidad a escala de la UE. Eso lo tenemos bastante claro. Sin embargo, podemos imaginarnos algunas excepciones, una de las cuales es el impuesto medioambiental, que es una de las cosas que se propone de modo indirecto en este caso. 
Sin duda, también es cuestión de simplificar las cosas para el ciudadano individual, de proporcionar unas condiciones básicas mejores para la libertad de circulación de las personas y de reducir los costes, como en el caso del ejemplo que ha puesto el Sr. Vatanen sobre el precio extremadamente alto de los coches en Finlandia. Probablemente debería existir un acuerdo casi total en esta Cámara para promover una mayor movilidad de las personas y menos reglas burocráticas en el mercado interior.
Permítanme decir una o dos palabras sobre el aspecto medioambiental. Sabemos que el transporte por carretera representa una proporción muy grande de las emisiones de dióxido de carbono. También sabemos que el transporte por carretera, y por tanto la cantidad de emisiones, está aumentando. Las cosas no pueden seguir así. Eso es algo que nosotros mismos hemos reconocido. A través del Protocolo de Kioto, los Estados miembros de la UE han prometido reducir considerablemente las emisiones, en lugar de aumentarlas. Por ello, el diseño de sistemas fiscales sencillos y claros capaces de beneficiar el medio ambiente es probablemente una buena estrategia. 
Los legisladores tenemos grandes oportunidades de influir en el comportamiento de los productores y los consumidores. Las consideraciones medioambientales tienen que recibir prioridad. Se trata de animar a los fabricantes de automóviles para que produzcan motores menos contaminantes y a los consumidores para que cambien sus coches viejos y sucios por otros más limpios. También es cuestión de comprar el combustible más limpio. También creo que el uso, más que la propiedad, debe gravarse en primer lugar. 
La cuestión de los impuestos sobre el gasóleo también es interesante. Los motores diesel poseen una combustión más eficiente y por ello emiten menos dióxido de carbono que los motores de gasolina. El gasóleo, como combustible, no debe ser tratado injustamente desde el punto de vista fiscal, como también se ha dicho en esta Cámara. Estos son puntos de vista importantes. 
El Grupo ELDR ha presentado una enmienda rechazada por la comisión. Se trata de incorporar la seguridad a la ecuación, como ha mencionado el Sr. Vatanen. Sabemos que 45 000 personas mueren cada año en las carreteras de la UE, además de todos los heridos. Todo esto significa un sufrimiento humano enorme y unos gastos financieros considerables para la sociedad. Si podemos producir coches más seguros por medio de una fiscalidad favorable, eso es algo con lo que debería ser posible experimentar. Por ello, espero que puedan apoyar la enmienda 2.
Mayol i Raynal (Verts/ALE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, felicito a la Comisión por su iniciativa y a la Sra. Honeyball por su excelente informe. Hoy, la fiscalidad de los turismos en la Unión es, sin duda, como decimos en catalán, un verdadero , es decir, un batiburrillo. Como el informe señala con razón, el funcionamiento del mercado interior se ve afectado por la diversidad, la heterogeneidad y a veces la complejidad de los sistemas fiscales. Por ello, la Comisión y el informe tienen mucha razón al abordar esta cuestión, con el fin de garantizar que la competencia se desarrolle en las mejores condiciones posibles. De hecho, parece bastante apropiado considerar la fiscalidad sobre el uso de vehículos en lugar de sobre su adquisición, y la Comisión, por ello, tiene razón al proponer la eliminación del impuesto de matriculación de vehículos y la introducción o el aumento de los impuestos sobre la circulación, el combustible y el uso de algunas infraestructuras viales. Tenemos que dar prioridad a los criterios medioambientales para alcanzar los objetivos de Kioto, como el informe nos recuerda con razón.
Por otra parte y en lo que respecta a los vehículos diesel, estoy de acuerdo con la Sra. Honeyball en que deberían beneficiarse fiscalmente. Los estudios en este campo parecen concluir que las emisiones de motores diesel son, en general, inferiores a las emisiones de otros tipos de motor. La lógica consecuencia del principio de «quien contamina, paga» sería gravar menos impuestos sobre algo que contamina menos. Sin embargo, no debemos olvidar que desde el punto de vista medioambiental y también por razones geopolíticas, el objetivo final debe ser sustituir los combustibles actuales por fuentes de energía no contaminantes y no conflictivas. Con este fin, debemos acoger con satisfacción todos las iniciativas de investigación de nuevas energías, como el hidrógeno. 
Blokland (EDD ).
   – Señor Presidente, los precios a los que se enfrentan los conductores de coches y la industria del automóvil por los gravámenes impuestos sobre la propiedad y el uso de los coches son una realidad inevitable de la vida diaria. Existen demasiados tipos de impuestos sobre la propiedad del coche, pero también sobre su uso.
En mi opinión, es mejor aplicar un sistema fiscal transparente con objetivos diferentes pero claros, como los impuestos sobre la propiedad de un coche para financiar el mantenimiento de las carreteras y los impuestos sobre el uso de un coche para restaurar el daño medioambiental. Los efectos de los impuestos para reducir el uso del coche y promover nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente han de ser evaluados.
Al decir esto, no estoy defendiendo un sistema fiscal europeo para los vehículos, sino un sistema cuyas razones para gravar impuestos y los objetivos de los Estados miembros sean compatibles con un mercado interior, sin pasar por alto los intereses de un medio ambiente saludable. Por tanto, apoyo el informe de la Sra. Honeyball. Por último, quiero que la Comisión explique claramente cómo quiere ahora progresar en la compleja cuestión de los impuestos sobre la movilidad.
Ayer, martes, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios rechazó la propuesta sobre la armonización del impuesto sobre el gasóleo. Como saben ustedes, las dos propuestas se debatieron en una sesión y son complementarias. En vista de las propuestas de armonización del impuesto sobre el gasóleo y la fiscalidad de los turismos, ¿qué opciones ve, Comisario Bolkestein, por medio del intercambio de intereses entre los Estados miembros, de alcanzar un compromiso con el que el Consejo y el Parlamento puedan estar de acuerdo? Estoy pensando, concretamente, en alcanzar una postura común sobre los criterios fiscales y los objetivos para la aplicación de los impuestos. 
Villiers (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, voy a tener que interrumpir este debate de consenso, porque me temo que no puedo apoyar el informe de la Sra. Honeyball.
A pesar de las protestas del Comisario, está claro que este informe trata de la armonización de los impuestos: intenta establecer un régimen armonizado del impuesto sobre los vehículos en la Unión Europea. No creo que necesitemos eso para el comercio transfronterizo; en este terreno no se necesita. Creo firmemente que la fiscalidad es una cuestión que debería seguir siendo competencia de los Estados miembros. Es fundamental para los ciudadanos corrientes de toda Europa que puedan elegir libremente a quienes van a fijar sus impuestos. La verdadera responsabilidad democrática de la fiscalidad requiere, por tanto, que las decisiones sobre nuestros impuestos las tome el Gobierno que elegimos, y no la Unión Europea.
Me sorprende que la Sra. Honeyball apoye con tanta fuerza un informe que promueve la armonización fiscal el mismo día en que Gordon Brown dice por todo el que no le gusta la armonización fiscal. Nuestro Gobierno y nuestros diputados laboristas al Parlamento Europeo deberían mostrar alguna coherencia, porque Richard Corbett ha dicho esta misma semana «armonización fiscal»? ¿Por qué tanto jaleo?
Quiero decir que este es un principio constitucional fundamental. Una y otra vez, la Comisión viene a esta Cámara y afirma que esto es simplemente una cuestión técnica, que solo se trata del mercado interior. Nos aseguran que no tenemos por qué preocuparnos y que en realidad no afecta a nuestro derecho democrático a establecer nuestros propios impuestos. El efecto acumulativo de estas propuestas es privar a los Estados miembros de poderes muy reales e importantes con respecto a la fijación de impuestos y a la eliminación de la responsabilidad democrática sobre la fijación de impuestos, que es peligrosa para la democracia y sin duda inaceptable para los que me eligieron para representarlos en esta Cámara. 
Booth (EDD ).
   – Señor Presidente, probablemente la oradora anterior se asombrará al comprobar que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Me ha sorprendido descubrir que la Sra. Honeyball, diputada al Parlamento Europeo por el Partido Laborista del Reino Unido, solicita una directiva de la Comisión sobre el impuesto anual de circulación en la Unión Europea, y sobre la estructura del impuesto que grava la adquisición de vehículos a fin de completar el mercado único, cuando el Ministro de Hacienda afirma en la portada de los periódicos de hoy que «debemos rechazar explícitamente los viejos supuestos viciados de que un mercado único llevaría inexorablemente a la armonización de los impuestos, al federalismo fiscal y después a un Estado federal». 
Me pregunto si la Sra. Honeyball ha consultado al Sr. Brown. Su postura apenas concuerda con las «líneas rojas» del Sr. Blair con respecto a la Constitución. La cuestión de los impuestos debería seguir siendo objeto de voto unánime. El Sr. Brown también señala la rigidez, la inflexibilidad y la falta de competitividad del resto de Europa comparadas con la economía más flexible y abierta de Gran Bretaña, precisamente porque tenemos el control sobre nuestros propios impuestos y nuestra propia moneda. Irónicamente, en su informe la Sra. Honeyball subraya la creencia de que el impuesto de circulación anual que pagan los usuarios de turismos privados debería ser competencia de las autoridades nacionales, con lo que estoy totalmente de acuerdo.
En pocas palabras, este es un informe confuso y su objetivo, en mi opinión, junto con la comunicación de la Comisión, es utilizar las iniciativas fiscales para imponer la armonización so pretexto de plantear objetivos ambientales, a pesar de que este no es un ámbito de competencia de la UE. En lo que a mí respecta, la fiscalidad es sacrosanta para cada Estado miembro. 
Kauppi (PPE-DE ).
   –Señor Presidente, parece que las expresiones de apoyo por parte de estos Grupos políticos entran bastante en conflicto con esta cuestión. De hecho, apoyo el encomiable informe de la Sra. Honeyball sobre la fiscalidad de los turismos. Creo que debería acogerse con satisfacción la comunicación de la Comisión, y espero que reforme pronto la fiscalidad de los coches europeos.
Como mi colega, el Sr. Vatanen, lo ha descrito tan expertamente, la situación actual en la que un artículo de consumo duradero tan importante como es un vehículo es una de las cosas más difíciles de mover en el espacio comunitario, es totalmente indefendible. Existen barreras considerables para transferir coches de un Estado miembro a otro, creadas todavía por las diferencias en la legislación fiscal y en unos procedimientos administrativos inflexibles. En cuestión de la fiscalidad de los turismos, los ciudadanos de la Unión están siendo tratados de manera desigual, dependiendo del país en el que viven.
La propuesta de la Comisión de eliminar paulatinamente el impuesto de matriculación sería una solución para la mayoría de los problemas relacionados con los impuestos, y debería hacerse lo más rápido posible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo ya apoyó en otra ocasión la propuesta de la Comisión para eliminar la doble fiscalidad, pero el Consejo todavía no la ha aprobado. El Consejo debe considerar seriamente lo que, en última instancia, sirve a los intereses de los ciudadanos de la Unión en estas cuestiones.
En segundo lugar, la cuestión principal de la fiscalidad de los vehículos debe separarse de la noción de propiedad. En algunos países nórdicos, como Finlandia, es terriblemente caro comprar un coche familiar normal nuevo, simplemente por el impuesto de matriculación. Y como resultado, se ven en las carreteras de nuestro país coches increíblemente viejos que en otros países de la Unión solo servirían para chatarra. Por este motivo la fiscalidad de los vehículos debe orientarse más a la fiscalidad del uso.
Ahora bien, la fiscalidad del uso tiene que ser también razonable y no permitir que la carga global de la fiscalidad de los vehículos se haga demasiado grande. Esto es especialmente importante en zonas poco pobladas como las del norte, en Finlandia y Suecia, donde el coche es a menudo el único medio de transporte posible, puesto que los servicios de transporte público son muy limitados.
Por la misma razón, no apoyo la eliminación de un tratamiento fiscal favorable para el gasóleo. La eliminación del incentivo fiscal del gasóleo ocasionaría costes considerables para viajes largos en las regiones periféricas de la Unión, que ya sufren de otras maneras. Además, los últimos estudios demuestran que las emisiones de dióxido de carbono de los coches de gasóleo son considerablemente inferiores a las de los coches de gasolina. Mi colega, el Sr. Schmidt, del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, también se ha referido a esto.
No obstante, las emisiones de los turismos son una fuente significativa de gases con efecto invernadero, motivo por el cual tenemos que actuar para que, en la medida de lo posible, los consumidores opten por productos respetuosos y sostenibles respecto al medio ambiente. Así, por ejemplo, la fiscalidad de los combustibles debe tener en cuenta la protección del medio ambiente, rebajando los impuestos sobre combustibles líquidos respetuosos con el medio ambiente. La fiscalidad de los vehículos podría tener también en cuenta la inocuidad medioambiental bien a través de reducciones en los posibles impuestos de circulación o a través de beneficios fiscales asociados a la instalación de equipos opcionales que reduzcan las emisiones al medio ambiente. 
Además, valoro positivamente la propuesta de la Sra. Honeyball relativa a los beneficios fiscales para dispositivos de seguridad. El apoyo y la promoción del uso de vehículos seguros, respetuosos con el medio ambiente y duraderos desde el punto de vista del consumidor en el territorio de la Unión son iniciativas que acogemos con satisfacción. 
Doyle (PPE-DE ).
   –Señor Presidente, entro en este debate con las lealtades divididas. Por una parte, no tengo ninguna duda de que la simplificación del régimen fiscal actual de los vehículos con el fin de eliminar obstáculos y distorsiones para la libre circulación de los turismos dentro del mercado interior tenía que haberse realizado hace tiempo. De hecho, la perspectiva de un libre mercado automovilístico ha sido una de las cuestiones de las que más hablamos y más prometimos a nuestros ciudadanos cuando nos embarcamos en el mercado interior, al menos en Irlanda. 
Mi país es uno de los diez Estados miembros que aplican un impuesto de matriculación de vehículos. Es un impuesto muy elevado. Puede que Finlandia nos gane, pero nos acercamos mucho a ellos. Eso hace que los precios de los turismos y todos los vehículos de transporte por carretera sean de los más caros de la UE, incluidos los automóviles usados importados. No tenemos fábricas propias de automóviles, ni siquiera plantas de montaje. Nuestros automóviles son todos importados, de manera que no contribuyen en nada al empleo y afectan negativamente a nuestra balanza de pagos. 
Nuestra red de carreteras, pese a la generosidad del Fondo Estructural durante años, se ve desbordada, mientras que nuestros principales pueblos y ciudades están bloqueados por los atascos ante el enorme crecimiento del parque móvil en los últimos diez años, una tendencia que se mantiene implacablemente al alza. De hecho, el precio de los bueyes y el volumen de ventas de automóviles nuevos, indistintamente, son desde hace mucho tiempo los indicadores de la situación económica en Irlanda. A eso hay que añadir que nuestras emisiones de CO2, con referencia a Kioto, están actualmente a los niveles de 1990 más un 22%, lo que supone ya un 10% por encima del objetivo para 2010, y que los precios de los automóviles descenderán poco o nada aunque se reduzca o suprima el impuesto de matriculación, porque los fabricantes de automóviles tuvieron que reducir sus precios para compensar nuestro oneroso régimen fiscal y si la carga fiscal se aligera, volverán a subir los precios. Así pues, lo que tenemos es un terreno de juego muy complicado. 
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda irlandés obtiene más de 800 millones de euros anuales a través del impuesto de matriculación, lo que equivale a un 2% de aumento del tipo normal del impuesto sobre la renta e indica los problemas que se producirían si se redujera o suprimiera el impuesto de matriculación. Si este impuesto se sustituyera por otros impuestos sobre los carburantes, se necesitaría un aumento de 36 céntimos por litro para compensar la diferencia de ingresos fiscales. Esa sería una medida inflacionista, como también lo sería cualquier aumento proporcional de nuestro ya elevado impuesto anual de circulación, y supondría una doble imposición para los propietarios de coches que ya hayan pagado el impuesto de matriculación por sus vehículos. 
Aunque no soy partidaria de imponer unos tipos tan altos del impuesto de matriculación en el llamado mercado único, reconozco que el impuesto de matriculación es un impuesto que se paga de una sola vez y repercute en el valor de los coches. No está demostrado que los problemas con este impuesto justifiquen la gran intromisión en los regímenes fiscales nacionales que se propone en esta comunicación de la Comisión. 
Aunque puedo distinguir entre los impuestos indirectos como el impuesto de matriculación y los impuestos directos como el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades, los Estados miembros tienen derecho a ordenar sus asuntos de manera que los conductores contribuyan al coste de los servicios públicos, en especial al coste de la construcción de carreteras y vías ferroviarias y del mantenimiento de nuestras carreteras. Eso es mucho mejor que aumentar el impuesto sobre la renta un 2%. 
La intromisión de la Comisión en los regímenes fiscales de los Estados miembros debe acompañarse de una seria advertencia en materia de salud. El continuo flirteo en este delicado ámbito constituye una seria amenaza para la aceptación incondicional del gran proyecto europeo por una ciudadanía cada vez más euroescéptica. Debo decirle al señor Comisario que se entromete en los asuntos fiscales de los Estados miembros por su cuenta y riesgo.
En conclusión, el futuro de nuestro mercado interior pasa por un régimen fiscal de los vehículos claramente modulado por el CO2, pero sin la imposición de mandatos centrales. El tipo de este impuesto debe reflejar plenamente los requisitos de cada Estado miembro, tanto medioambientales como económicos y físicos. No tendremos un verdadero mercado único para los turismos y los vehículos de trasporte por carretera hasta que no empecemos a circular todos por el mismo lado de la carretera y conduzcamos todos coches con el volante a la izquierda o a la derecha. Pero ese es un tema para otro día. 
Bolkestein,
   .  Señor Presidente, el realismo político ha llevado a la Comisión a iniciar consultas con el Consejo, el Parlamento Europeo y las principales partes interesadas sobre la fiscalidad de los turismos antes de redactar una propuesta legislativa sobre esta cuestión. 
Comprendo que muchas de sus Señorías hubieran preferido un informe más ambicioso, sobre todo en lo que se refiere a las medidas necesarias para evitar la fragmentación del mercado interior.
La Comisión tendrá muy en cuenta la conclusión de este informe antes de tomar ninguna iniciativa en este ámbito. El hecho de que se hayan expresado diferentes opiniones hoy en esta sala indica lo difícil que será llegar a una decisión unánime en el Consejo sobre este tipo de medidas políticas.
En lo que respecta a las conclusiones del informe, la Comisión quiere expresar su gratitud al Parlamento Europeo por su firme apoyo a las medidas políticas, como las necesarias para suprimir los impuestos de matriculación (apartado 16), proceder a los cambios necesarios para introducir una fiscalidad orientada al medio ambiente (apartados 12 y 13), y utilizar los diferenciales fiscales como herramienta para promover turismos que generen menos de 120 gramos por kilómetro de emisiones de dióxido de carbono (apartado 7). Además, la Comisión está, en principio, de acuerdo con muchos de los apartados, como los apartados 1, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 19 y 21.
En cuanto a los apartados 2, 3 y 15, la Comisión no comparte la opinión de que los obstáculos actuales a la libre circulación de turismos en el mercado interior se deban exclusivamente a prácticas o procedimientos administrativos. La Comisión considera que en estos apartados debe hacerse clara referencia a los obstáculos fiscales y, en especial, a la doble imposición causada por los impuestos de matriculación, como se hace en la parte relevante de la exposición de motivos. 
En cuanto al apartado 5, que se refiere al impuesto de circulación anual, la Comisión no comparte la opinión de que este impuesto no afecta al funcionamiento del mercado interior. Las diferencias en las bases impositivas y las importantes divergencias en los niveles del impuesto de circulación pueden crear incentivos para que los ciudadanos matriculen su coche en un Estado miembro distinto de aquel en el que residen normalmente, lo que significa que este impuesto sí que afecta al mercado interior. 
Con respecto a la enmienda 2, la Comisión no es partidaria de incluir la seguridad de los turismos entre sus objetivos. Existiría el peligro de que se disipara el posible efecto de los incentivos fiscales. Además, el problema de los accidentes de tráfico puede abordarse mejor con otros instrumentos, como cámaras para controlar la velocidad, multas, educación, carriles bici separados, etc.
He escuchado con gran interés el breve altercado entre algunos de los diputados británicos, mientras me acordaba de la Ministra Dawn Primarolo, que dedicó cuatro años a suprimir medidas fiscales perjudiciales. Si estuviéramos realmente a favor de la competencia fiscal ilimitada, ¿para qué íbamos a suprimir las llamadas medidas fiscales perjudiciales? La próxima vez que los diputados al Parlamento Europeo que han hablado sobre esta cuestión se reúnan con la Ministra Primarolo, posiblemente quieran exponerle sus ideas y decirle que ha perdido cuatro años de su vida tratando de acabar con la competencia fiscal.
Dicho esto, quiero agradecer una vez más al Parlamento y a la ponente sus esfuerzos y su excelente informe. 
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.(1)


El Presidente
   . Es para mí un gran placer tener esta tarde la oportunidad de dar la bienvenida en el Parlamento Europeo al Presidente de la República de Lituania, el Sr. Rolandas Paksas.
Es una feliz coincidencia que el Jefe de Estado de un país candidato vaya a dirigirse a nosotros esta tarde, la misma tarde en que la Comisión Europea nos presentará los informes de progreso anuales sobre la cuestión de la adhesión a la Unión Europea. En este sentido, Lituania ha hecho un progreso extraordinario. Pese a no estar en el primer grupo de países que iniciaron su proceso de integración en la Unión Europea, esta tarde nos hablarán de la gran importancia y el enorme éxito que ha tenido ese proceso en un espacio de tiempo muy corto. 
El gran apoyo de los ciudadanos lituanos a este proceso se puso de manifiesto en el referendo, tanto por la elevada participación de la población como por el elevado porcentaje de votantes que dijeron «sí » a una Lituania europea. Sobre este telón de fondo, es para mí un gran placer invitar ahora al Presidente Paksas a dirigirse a nuestro Parlamento. 
Paksas,
   (1). Señor Presidente, le agradezco su calurosa acogida y su invitación a hablar en la cuna de la democracia representativa de la Unión Europea. Soy el primer dirigente de Lituania que tiene la oportunidad de dirigirse al Parlamento Europeo. Entre los diputados a esta Cámara hay muchos leales amigos de Lituania que apoyaron la independencia de mi país. 
Recientemente hemos celebrado el aniversario de las resoluciones del Parlamento Europeo gracias a las cuales el mundo no se olvidó de la lucha por la libertad librada en Lituania y en los países bálticos durante la Guerra Fría. Su apoyo nos sirvió de inspiración cuando dimos los primeros pasos hacia la adhesión a la Unión Europea y quiero agradecerles su apoyo. Quiero dar las gracias personalmente al Sr. Cox, el Presidente del Parlamento, quien, entre otras cosas, contribuyó también al éxito del referendo sobre el ingreso en la Unión Europea. 
Saludo a los observadores de los países en vías de adhesión que están presentes hoy aquí en el Parlamento Europeo. Aunque representan a diferentes naciones y diferentes partidos políticos, han conseguido integrarse sin problemas en la familia de parlamentarios. Espero que nuestros Estados se integren también con éxito en la familia de los Estados miembros. 
En la iglesia de Saint Pierre-Le-Jeune de Estrasburgo hay un fresco que representa la marcha de las naciones hacia la cristiandad. En él se representa una marcha hacia la cruz, y la cabalgata de naciones está encabezada por Germania, seguida de Galia, Italia y Anglia. La última en esta columna de naciones es Litavia, es decir, el Gran Ducado de Lituania. Para nosotros, esta representación de la Europa del siglo XV es una imagen importante y simbólica. En términos metafóricos, significa que Lituania se integró en la Unión Europea hace cientos de años. 
Este verano, durante las celebraciones del 750º Aniversario de nuestro Estado, descubrimos un monumento al primer y único rey de Lituania, el rey Mindaugas. Me siento orgulloso de su visión de futuro y, por tanto, le considero el primer europeo de Lituania. El Gran Duque de Lituania, Gediminas, siguió los pasos de Mindaugas e invitó a artesanos de toda Europa a trasladarse a Lituania. 
A lo largo de toda la historia de Lituania, tuvimos la desgracia de sufrir dos ocupaciones, la primera de las cuales duró más que todo el siglo XIX, mientras que la segunda duró 50 años del siglo pasado. Después de la segunda Guerra Mundial, los defensores de la libertad en Lituania resistieron a las fuerzas de ocupación durante 12 largos años. La lucha, que exigió un enorme sacrificio, ayudó a preservar, en la conciencia de los ciudadanos, su afán de libertad. 
En los momentos más decisivos de la historia lituana, nuestra nación se ha visto ayudada por su capacidad de movilización. En enero de 1991, civiles desarmados consiguieron defender su recién recuperada independencia contra un brutal ataque de las fuerzas de ocupación. 
En la primavera de 2003, el 90% de los que votaron en el referendo lo hicieron a favor del ingreso de Lituania en la Unión Europea. Estamos avanzando en el proceso de adhesión a la Unión Europea con una clara visión de Lituania como miembro activo y responsable de la familia europea. Nuestro objetivo es la creación de un Estado democrático, objetivo que queda reflejado en esta estrategia para el desarrollo del país aprobada por el Parlamento. La seguridad exterior e interior del Estado y el bienestar de los ciudadanos son los pilares de nuestra adhesión a la UE. 
En los últimos días he aprendido una dura lección, pero eso no hará más que darme una energía renovada para seguir trabajando por el progreso y la democracia en Lituania. Bajo ningún concepto debe frenarse el proceso de integración en las estructuras euroatlánticas. 
Nuestros planes para formar parte del Acuerdo Schengen y la Unión Monetaria Europea entre 2005 y 2009 pueden parecer ambiciosos, pero ocupan un lugar importante en nuestra agenda y los llevaremos a cabo. 
Esta nueva etapa en la historia de Lituania ofrece enormes posibilidades para promover y defender nuestros intereses nacionales. Estoy seguro de que Lituania está preparada para ser un socio eficaz y fiable de los Estados miembros. Nuestro país cuenta con 2,5 millones de habitantes, un territorio casi el doble de grande que el de Bélgica, y tenemos las mejores carreteras de Europa del Este. Pero nuestro principal activo es la población lituana que, por desgracia, ha padecido demasiados sufrimientos. Pese a que la primera Guerra Mundial fue un gran golpe para Lituania, en los veinte años transcurridos entre las dos guerras mundiales conseguimos alcanzar un nivel de desarrollo económico igual al de Dinamarca. 
Actualmente, somos un modelo para toda la región. El volumen de inversiones económicas está aumentando rápidamente. El sector privado y la libre empresa representan más del 80% del PIB que, el año pasado, creció un 7%. Nuestro objetivo es concluir la reforma agraria el año que viene. Ya tenemos algunas grandes explotaciones que trabajan productivamente. Somos un país con un rápido desarrollo de las tecnologías avanzadas. El sector TI creció en 2002 casi un 30%. 
Pero es cierto que las comparaciones son importantes y tengo que admitir que Lituania y otros Estados poscomunistas están tratando de ingresar en la Unión Europea con unos niveles muy diferentes de desarrollo económico entre la «vieja» y la «nueva» Europa. Esa diferencia nunca ha sido tan grande en las anteriores ampliaciones y esa es una realidad que no puede enmascararse con declaraciones o resoluciones. Esa diferencia se refleja también en los períodos de transición que contemplan los Tratados de Adhesión. Somos conscientes de esa realidad, pero no vamos a doblegarnos ante ella. 
Nuestro principal objetivo es reducir las diferencias de nivel de desarrollo económico entre los viejos y los nuevos Estados miembros. Cuanto antes alcancen los nuevos Estados miembros a los viejos, mayor será la competitividad de Europa y más fuerte será nuestro continente. Sin la ayuda de los actuales Estados miembros, tardaríamos demasiado tiempo en conseguir ese objetivo y por eso tenemos la obligación de hacer el mejor uso de las ayudas que nos han prometido para bien de nuestros ciudadanos. Por otra parte, tenemos que aprovechar activamente las ventajas del mercado único y las cuatro libertades. No tenemos períodos de transición en lo que se respecta a las libertades, con la excepción de la libre circulación de mano de obra, y quiero expresar mi agradecimiento a los países que van a abrir sus mercados de trabajo a los ciudadanos lituanos dentro de unos meses. 
El mercado único no podrá seguir desarrollándose sin la conexión de las redes de telecomunicaciones, energía y transporte. La inversión en infraestructuras tiene una especial importancia en este terreno. Se trata de un ámbito en el que hemos hecho algunos progresos: hemos ejecutado el proyecto de la Via Báltica que, junto con el puente energético entre Polonia y Lituania, forman parte de la lista de proyectos prioritarios. Este será un elemento importante de la estrategia de desarrollo económico en la región báltica. 
Ahora tenemos que decidir la estrategia de desarrollo de la región del mar Báltico, y cuento para ello con el apoyo del Parlamento Europeo. Sería un gran error dejar que existiera una diferencia entre el centro y la periferia de Europa, no solo en términos geográficos, sino también en términos de desarrollo económico y social. 
Estoy seguro de que los nuevos Estados miembros podrán contribuir al éxito de la Estrategia de Lisboa. La Unión Europea es y seguirá siendo un elemento muy importante en la construcción de Lituania como un estado de bienestar. Por eso es importante que en el seno de la Unión Europea se adopten medidas encaminadas a reducir no solo las diferencias económicas, sino también las diferencias en el desarrollo social. Lituania es partidaria de que se apliquen unos principios simples y transparentes a la elaboración del presupuesto de la UE. 
En el debate de la nueva perspectiva financiera, Lituania tratará de conseguir que sus intereses se tengan en cuenta. Seremos responsables de la quinta parte de las nuevas fronteras exteriores de la Unión Europea y tendremos de vecina a la región de Kaliningrado. Lo mismo podemos decir de las características específicas de la agricultura lituana. Estoy seguro de que, si aprovechamos las posibilidades de cooperación regional, la región del mar Báltico tiene la gran oportunidad de convertirse en el centro de una entidad económica de rápido crecimiento. La iniciativa de nuevos vecinos puede realizar también una importante contribución al desarrollo de esta región. Lituania será responsable de la quinta parte de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Como Jefe de Estado, haré todo lo que esté en mi mano para garantizar la seguridad y el control transparente de esas fronteras. 
Compartiremos con los actuales Estados miembros la experiencia que ya tenemos en la relación con nuestros vecinos. La historia nos dice que sin unos buenos vecinos, una Unión no puede ser fuerte. La Unión Europea tiene que abrirse a los países situados al este de las nuevas fronteras. Debe hacerlo en la medida en que estos nuevos Miembros estén dispuestos a armonizar sus ordenamientos jurídicos con los de la Unión Europea. El principal logro de Lituania en el último decenio ha sido el establecimiento de unas buenas relaciones de vecindad en la región. 
Permítanme que haga un inciso para recalcar la importancia de Rusia como socio estratégico de la Unión Europea. La región de Kaliningrado ocupa un lugar especial en esa asociación. Aunque se ha hablado mucho de la posible estrategia para la Región de Kaliningrado, todavía no se ha formulado ninguna. Sugiero que nos centremos en el desarrollo social y económico de la región de Kaliningrado, y quiero decir que nosotros estamos dispuestos a compartir la experiencia de nuestra relación con Kaliningrado y también con toda la región noroeste de Rusia. Tampoco podemos olvidarnos de Ucrania, ni de los Estados del sur del Cáucaso. Hay que ofrecerles un futuro de relaciones con la Unión Europea. He escrito al Presidente Cox y a otros dirigentes de la Unión Europea sobre esto. 
El proyecto de Tratado Constitucional propuesto por la Convención Europea ofrece un buen equilibrio democrático e institucional que a Lituania le parece aceptable. Pero ese documento tiene todavía que modificarse y hacerse más preciso. Tenemos que encontrar soluciones a algunas cuestiones delicadas que ya se plantearon en la Convención e iniciar también un debate sobre otras cuestiones que no llegaron a plantearse. El principal reto al que se enfrenta la CIG es alcanzar un acuerdo sobre la reforma institucional de la Unión. Si no lo logramos, la Unión Europea de los 25 Estados miembros no podrá asumir un liderazgo fuerte. 
Europa no consiste solo en votaciones en el Consejo de Ministros o en un Comisario con derecho de voto por cada país. Consiste también en un espíritu de compromiso. Eso es necesario para alcanzar un equilibrio. Todos los Estados han de tener los mismos derechos y posibilidades dentro de la Unión. El espíritu de compromiso, que es un rasgo característico de la Unión Europea, será especialmente importante en la Unión ampliada. Es importante que basemos nuestra existencia en valores comunes, en la democracia, en el respeto a la dignidad humana y en la transparencia. Tenemos que respetar la cultura y la identidad de nuestros respectivos Estados. Todo ello servirá para garantizar el éxito a largo plazo de la Unión Europea. 
Una referencia a las raíces cristianas en el preámbulo de la Constitución tendría un significado unificador y simbólico, porque la Europa moderna se formó sobre la base de valores específicos. 
Al margen de las cuestiones institucionales, la CIG se enfrenta a un debate importante sobre cuestiones de seguridad exterior y defensa común. Tenemos que evitar la duplicación de las estructuras actuales de la OTAN. Los acontecimientos políticos que están ocurriendo en el mundo y la crisis del Iraq han demostrado que, en el ámbito de la política exterior, Europa tiene que ser capaz de coordinar sus acciones y hablar con una sola voz. Es de suma importancia que mantengamos la viabilidad y la indispensabilidad del vínculo transatlántico. La futura estrategia de seguridad de la Unión Europea tiene que recoger estos principios. 
En febrero de 2003, cuando juré mi cargo como Presidente de Lituania, insistí en los principales objetivos estratégicos del Estado lituano. Prometí a los ciudadanos lituanos que nuestro país no solo buscaría protección en Europa, sino que también participaría en las decisiones sobre el destino de Europa. Dije también que, cuando formara parte de Europa, Lituania ampliaría la zona de estabilidad y seguridad. Hoy puedo suscribir esas palabras.
Para terminar, quiero recordarles las palabras de Robert Schuman, el padre de la Unión Europa, en su libro . Schuman escribió: «Europa se busca a sí misma. Sabe que tiene el futuro en sus manos. Nunca volverá a estar más cerca de conseguir su aspiración. No debe permitir que se le escape la hora de su destino; es su única oportunidad». Estas palabras no solo resumen las ideas y la filosofía que subyacen a la unificación de Europa, sino que ayudan también a percibir el espíritu de Europa. 
El Presidente
   . Quiero agradecer al Presidente Paksas su intervención de hoy, que afianza nuestros crecientes vínculos y lazos con los futuros Estados de la Unión Europa. 
