Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Falconer
Señor Presidente, como ya dije ayer, fuera de esta sala han instalado una cámara que al parecer escudriña lo que está sucediendo aquí a través de una de las puertas. Para colmo, ayer por la tarde iba por el pasillo cuando vi que un operador iba andando para atrás mientras filmaba a un diputado de este Parlamento. Eso no solamente pone en peligro la vida o la integridad física del operador, sino también la vida y la integridad física del diputado.
Quisiera pedir que los servicios del Parlamento y usted, señor Presidente, que se conduce en esta sala con dignidad -mucho más que yo en algunas ocasiones-, investiguen esas cuestiones y nos indiquen quizá de qué forma podemos poner término a esas malas costumbres.

El Presidente
Señor Falconer, gracias por su información. Afortunadamente, parece que no es una práctica generalizada entre los diputados o entre los funcionarios la de correr hacia atrás, pero vamos a investigar qué es lo que ha pasado.

Posselt
Señor Presidente, quiero formular una observación relativa al Reglamento, primer apartado del artículo 41: al parecer, el lunes se produjo un malentendido lingüístico entre nosotros. Por eso quiero referirme nuevamente al asunto. El lunes protesté por la suspensión del turno de preguntas hasta hoy miércoles. Me dijo usted que ningún grupo había formulado objeciones a que así se quedara el orden del día. No obstante, en nuestro Reglamento se establece que «en cada período parcial de sesiones tendrá lugar un turno de preguntas al Consejo y a la Comisión.» Quiero subrayar este extremo. Opino que es preciso cumplir lo dispuesto en el Reglamento si ningún grupo ha protestado contra el orden del día.

El Presidente
Señor Posselt, este es un asunto que siempre plantea problemas porque el Reglamento dice también que el turno de preguntas tiene que tener lugar en momentos fijados por el Parlamento a propuesta de la Conferencia de Presidentes. Si la propuesta de la Conferencia de Presidentes es que no se celebre -y no es la primera vez que ocurre; por desgracia, ya ha ocurrido más veces-, yo no puedo contrariar a la Conferencia de Presidentes ni imponerle que realice una propuesta. La práctica del Parlamento ha interpretado, además, que siempre se procura que exista el turno de preguntas pero que, excepcionalmente, como ocurre en este caso y si los asuntos que hay en el orden del día lo impiden, pueda no celebrarse. No obstante, tomo nota de su intervención y la transmitiré a la Comisión de Reglamento para que nos diga si esta interpretación, que hasta ahora ha sido la vigente, es aceptable o no.
También quiero señalar a su atención que estamos muy limitados al respecto, puesto que el Consejo, normalmente, sólo está presente un día de la semana de Estrasburgo. Ya he puesto en marcha el mecanismo para que, en uno de los próximos diálogos tripartitos, se incluya la posibilidad de que el Consejo amplíe su presencia a otro día, de forma que podamos celebrar el turno de preguntas aunque no sea necesariamente el miércoles por la tarde.

Hardstaff
Señor Presidente, me refiero a lo que ha dicho mi colega, el Sr. Falconer. Yo también vi ayer un equipo que estaba en el pasillo filmando a alguno de nuestros empleados que estaban empujando un gran bulto. No creo que la cosa tenga gran importancia. Espero que la finalidad del programa no sea mostrar las extraordinarias tareas que realizamos en este Parlamento.

El Presidente
Le diré a la DG 3 que vea lo que ha sucedido y transmitiré la información al Sr. Falconer y a usted en cuanto la reciba.
No habiendo más observaciones, queda aprobada el Acta.

Imbeni
Señor Presidente, quiero informar tanto a usted como a sus Señorías que ayer por la noche, bastante tarde, finalizaron los trabajos del Comité de Conciliación sobre el Quinto programa marco. Fue una negociación muy difícil -se trataba de la cuarta reunión- y he de decir que, como de costumbre, la codecisión con el Consejo que toma decisiones por unanimidad es una lucha desigual. Sin embargo, la misma se llevó a cabo con inteligencia, con obstinación y con gran empeño por parte de todos los miembros de la delegación y de todos los Grupos políticos. El Pleno deberá expresar su opinión respecto al trabajo realizado por la delegación en diciembre, no obstante, pienso que ya desde ahora puedo decir que todos actuaron muy positivamente y creo que es justo, además de hacerlo constar, agradecer el proceder de todos los miembros de la delegación que participó en la conciliación.

El Presidente
Muchas gracias, señor Imbeni. Creo que, de verdad, es una noticia excelente, vistas las especiales dificultades de esta negociación. Y, además de agradecérselo a todos los diputados, creo que tenemos que agradecerle a usted muy especialmente el empeño que ha puesto en lograr el éxito de la conciliación.

De Clercq
Señor Presidente, quisiera comunicarle que ayer por la tarde, tras una larga votación de seis horas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos aprobó prácticamente por unanimidad el proyecto de informe sobre el estatuto del diputado europeo. Desearía agradecer y felicitar a todos los miembros de la comisión que se han esforzado por cumplir el compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes y muy especialmente al ponente. Gracias a su empeño podremos celebrar en breve un debate público sobre el proyecto de estatuto del diputado europeo.

El Presidente
Muchas gracias, señor De Clercq.

Agenda 2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre las líneas directrices de la Agenda 2000.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señorías, la Agenda 2000 es un tema central de la Presidencia austríaca, así como del debate del Parlamento Europeo. Hoy es un día muy importante para la Agenda 2000, ya que esta sesión plenaria se dedica a la posición que adoptará el Parlamento Europeo sobre el tema. Me alegro de poder tener la ocasión de informarles brevemente al principio del debate sobre el estado de los trabajos en el Consejo.
Para empezar, permítanme subrayar una vez más la importancia que la Presidencia austríaca concede a una colaboración constructiva del Consejo y del Parlamento Europeo en este tema. Cada una de nuestras instituciones ha de desempeñar un papel absolutamente fundamental para llevar a término esta importante labor de reforma. Sólo un intercambio de opiniones abierto y una coordinación eficaz de nuestros trabajos nos permitirá cumplir el calendario previsto en Cardiff por el Consejo Europeo.
En junio de este año, en el marco de los contactos regulares con el Parlamento y con su participación regular en las sesiones plenarias del Parlamento y en las reuniones de las comisiones, la Presidencia decidió garantizar que el Parlamento Europeo sea informado constantemente sobre los progresos realizados en los trabajos del Consejo, así como comunicar al Consejo los resultados de las deliberaciones y el contenido de los informes del Parlamento, de modo que puedan ser debidamente tenidos en cuenta.
Me alegro de comprobar hoy que el Parlamento y el Consejo han llegado a un acuerdo para entablar un diálogo regular de carácter informal acerca del desarrollo íntegro de las deliberaciones sobre la Agenda 2000. La Comisión también participará en este diálogo.
Los primeros encuentros, en los que se debatirán los instrumentos de preadhesión, la reforma de la Política Agrícola Común y la reforma de la Política Estructural, se celebrarán a nivel político a finales de noviembre y principios de diciembre. En particular, ofrecerán al Parlamento la ocasión de manifestar sus posturas sobre la Agenda 2000, que hoy se debate y mañana se decide. Para mantener la continuidad, también estará representada la futura Presidencia alemana.
La Presidencia austríaca considera la Agenda 2000 como uno de sus retos fundamentales. Desde el principio hemos intensificado considerablemente los trabajos en los distintos grupos de trabajo y en el COREPER. En cada reunión del Consejo de Asuntos Generales, con los ministros de Finanzas y de Agricultura, la Agenda 2000 constituye un tema esencial. Actualmente no pasa un sólo día sin que se trabaje intensivamente sobre algún elemento del paquete de medidas.
Permítanme que resuma brevemente los aspectos más importantes del estado de las negociaciones. En primer lugar, en lo que respecta a la previsión financiera para el 2000-2006, no hay ningún acuerdo general según el cual en el establecimiento de las previsiones financieras se tenga en cuenta tanto la obligación de la disciplina financiera como la eficacia de los gastos, así como la necesidad de ofrecer medios para un desarrollo adecuado de las políticas de la Unión. Podemos aspirar a un acuerdo sobre la limitación de los gastos derivados de la ampliación y de la preadhesión. El desglose general de las previsiones financieras, teniendo en cuenta la indicación y el cómputo por separado de los gastos de la preadhesión de los nuevos Estados miembros, así como la duración de siete años del periodo 2000-2006 con la adaptación prevista en el momento de las primeras adhesiones, cuentan con un amplio apoyo, si bien al mismo tiempo algunos Estados miembros mantienen el punto de vista de que es necesario revisar la previsión financiera en cada adhesión.
Las tasas de crecimiento medias expuestas por la Comisión deben revisarse constantemente en función de los datos económicos más recientes, ya que dentro del periodo de siete años pueden producirse considerables oscilaciones en las tasas de crecimiento anuales. La Comisión parte de la hipótesis de trabajo de que los límites superiores para los medios de la Unión a partir del año 2000 deben establecerse en un valor constante del 1, 27 % del PSB de la UE. Esto goza de amplio apoyo, aunque las negociaciones todavía no han concluido.
Con respecto a los importes totales de las diversas partidas de gastos, no se llegará a un acuerdo hasta la fase final de las negociaciones. En la actualidad también hay un intenso debate en los organismos competentes sobre el concepto de estabilización de los gastos en las nuevas previsiones financieras. Las reuniones de los ministros de Finanzas de los días 23 de noviembre y 1 de diciembre serán de importancia fundamental a este respecto. Se tratará de continuar el debate sobre las cuestiones clave e identificar las opciones para las soluciones en esta materia.
El 7 de octubre en el Parlamento y el 12 de octubre en el Consejo Ecofin, la Comisión presentó el informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. Este informe presenta las diversas posibilidades de desarrollo del sistema de recursos propios y la solución de los problemas de los desequilibrios presupuestarios excesivos. Por ahora, los debates actuales en el Consejo Ecofin y en el Consejo de Asuntos Generales dejan traslucir poca convergencia. Se necesitarán grandes esfuerzos para conseguir soluciones generales aceptables.
En lo que respecta al Acuerdo Institucional, en las últimas semanas se avanzó en las negociaciones sobre la posición del Consejo ante un nuevo acuerdo de estas características. Esto nos ha permitido llevar a cabo la revisión técnica de la propuesta de la Comisión, conjuntamente con el Parlamento Europeo, el 12 de noviembre. Espero que los trabajos progresen adecuadamente.
Con respecto a la reforma de la política estructural, se adoptarán esfuerzos especiales durante la Presidencia austríaca. Espero que en conjunto hayamos realizado adecuados progresos. Sobre los siguientes puntos y los correspondientes reglamentos técnicos hay un acuerdo de principio.
Primero: el concepto de concentración territorial y la reducción de la población comunitaria afectada goza de un amplio apoyo de principio. El número de objetivos deberá reducirse de siete a tres.
Segundo: la planificación y la aplicación de los programas debe simplificarse y acelerarse. La toma de decisiones debe seguir siendo centralizada, y la gestión financiera y el control financiero deben mejorarse.
Tercero: en la futura política estructural deben establecerse claramente los aspectos centrales de creación de puestos de trabajo y capacidad de crear empleo, así como la garantía de la competitividad y el desarrollo sostenible.
Cuarto: el número de iniciativas comunitarias debe reducirse considerablemente, y entre ellas debe darse prioridad a Interreg.
Quinto: Para las zonas excluidas de los objetivos 1 y 2 deben establecerse disposiciones transitorias.
Las posiciones del Consejo sobre los reglamentos del Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) ya están claramente definidas. En lo que respecta al Fondo de Cohesión, los trabajos técnicos están ampliamente terminados. A menudo se plantea la cuestión fundamental de si los participantes en la unión económica y monetaria deben recibir ayudas del Fondo. Entre los aspectos políticos centrales de las negociaciones actuales se incluyen una delimitación más precisa en lo que respecta a la definición y criterios de los distintos objetivos y una clarificación de las disposiciones transitorias. También hay que añadir, no obstante, las cuestiones clave financieras de la política estructural, que probablemente se aclararán en la fase final de las negociaciones.
Por último, querría añadir algo sobre los instrumentos de preadhesión. Consideramos como algo muy positivo el estado de las negociaciones en la cuestión de las tres propuestas legislativas de la Comisión sobre un reglamento de coordinación, un instrumento de preadhesión de la política agraria y estructural. En este terreno habría que aclarar cuestiones difíciles, en especial el reparto de los recursos tras las primeras adhesiones y la garantía de una sólida gestión financiera, así como el control del empleo de los fondos.
Nos alegramos de que en el Consejo de Asuntos Generales del 9 de noviembre haya sido posible alcanzar un acuerdo político sobre los tres instrumentos, a excepción de la reserva sobre la cuantía del límite superior de las ayudas. Con ello se deja claro un importante componente de la Agenda 2000, aunque es un elemento que, dado el carácter de conjunto de la Agenda 2000, depende de la unanimidad general sobre la Agenda.
Este avance representa ante todo una señal positiva ante los países candidatos, que esperan el apoyo firme de la Unión para sus reformas. Sobre la reforma de la política agrícola común me abstengo de realizar un resumen, ya que mi colega, el Sr. Molterer, Ministro de Agricultura, como saben, hablará precisamente sobre este tema hoy por la tarde.
En conjunto, puede afirmarse claramente que en los últimos cinco meses se han conseguido avances concretos en muchos ámbitos de la Agenda 2000. En las próximas semanas, de trabajo intenso, realizaremos aún más esfuerzos para dar un gran paso adelante en la clarificación de las cuestiones clave. Nuestro objetivo debe ser realizar progresos hasta el Consejo Europeo de Viena a fin de crear las condiciones para que la fase final decisiva de las negociaciones sobre el paquete general pueda iniciarse, tal como estaba previsto, a principios de 1999.

Santer
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, esta sesión plenaria del día de hoy marca una etapa importante en la vía que, antes de la clausura de la legislatura actual, ha de llevarnos a la adopción de todas las medidas propuestas en el contexto de la Agenda 2000.
El Consejo Europeo de Cardiff, y de nuevo recientemente, los Jefes de Estado y de Gobierno, en su reunión informal en Pörtschach, han expresado la voluntad política de concluir las negociaciones sobre la Agenda 2000 en una cumbre especial, en el mes de marzo próximo. Me felicito por el hecho de que en Pörtschach el nuevo canciller alemán haya confirmado con toda claridad su determinación de llevar a buen término este trabajo.
Mis colegas de la Comisión van a tratar en detalle nuestra posición ante los informes de ustedes. Por mi parte, permítanme que les recuerde la importancia política del paquete de la Agenda 2000 de la que ustedes conocen sus tres ejes: una reforma sustancial de las políticas de la Unión, la preparación de la ampliación más ambiciosa de la historia de la Unión y, finalmente, la puesta a punto de una financiación adecuada y razonable dentro del límite que se desprende de los acuerdos de Edimburgo.
Para la Comisión siempre ha estado claro que eran indispensables una reforma de nuestras políticas y un acuerdo sobre la financiación en el marco de las perspectivas financieras para preparar la Europa del siglo XXI. La perspectiva de la próxima ampliación incrementa aún más la importancia de las reformas de conjunto que se incluyen en la Agenda 2000.
Señor Presidente, ¿por qué es preciso concluir en marzo? Hay varias razones: en primer lugar, las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se dejarán sentir en las actividades de esta Asamblea ya desde el mes de marzo o abril; en segundo lugar, el daño que un retraso provocaría en la credibilidad y en la confianza de la Unión. Finalmente, algunas consideraciones prácticas en relación con la programación de los fondos estructurales, con la aplicación de las políticas, pero también el efecto negativo de un posible retraso en la puesta en marcha de los instrumentos de preadhesión en el propio proceso de adhesión.
¿Se puede concluir en marzo? Mi respuesta es sí. Sí, ya que todos los datos están sobre la mesa. Las 19 propuestas detalladas de la Comisión, que son objeto de sus informes, pero también el informe de la Comisión sobre los recursos propios.
La Comisión, consciente de la problemática de la financiación del presupuesto de la Unión, ha decidido adelantar un año su informe sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios. Este informe ha sido aprobado por la Junta de Cuestores a principios del mes de octubre. Lo digo claramente, en este documento la Comisión está produciendo innovaciones. Acepta estudiar en profundidad la situación presupuestaria de la Unión, incluida la delicada cuestión de los «saldos netos». ¿Por qué lo hemos hecho? No porque nos guste este concepto difícil de manejar y reductor sino con una voluntad de objetividad y de espíritu comunitario, para permitir que el debate se produzca de forma transparente y sobre buenas bases.
En esta perspectiva, ¿cuál es el papel del Parlamento Europeo? Evidentemente, se ejerce, en primer lugar, en el ámbito legislativo. Al conservar un planteamiento de conjunto, el Parlamento ha decidido explotar todas las posibilidades para hacer valer su punto de vista y, en los casos en los que el Tratado lo prevea, ejercer plenamente sus prerrogativas. Con su actitud de cooperación y sus contribuciones de fondo, la sesión de hoy facilitará el avance de los expedientes de forma considerable. En cuanto a la Comisión, ésta escuchará atentamente al Parlamento y tratará de responder en cuanto al fondo a las observaciones de ustedes.
Sabemos todos que la conjunción de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y el final de la legislatura pueden plantear algunos problemas. Hay una serie de expedientes que forman parte de la Agenda 2000 y que se someterán al procedimiento de codecisión después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
Por tanto, hago una llamada a la responsabilidad de todas las instituciones para concluir con rapidez un acuerdo interinstitucional que permita asegurar ese paso a la codecisión sin ruptura. Un acuerdo así se impone además de forma general en todos los casos en los que se produce el paso del procedimiento de cooperación al de codecisión.
Pero el papel del Parlamento no es, naturalmente, sólo legislativo. Como una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, será signatario de un nuevo acuerdo presupuestario interinstitucional. El actual acuerdo ha demostrado una gran validez en el mantenimiento de la paz presupuestaria y en la garantía de una evolución moderada del gasto. Para la Comisión, la conclusión de un nuevo acuerdo, que da satisfacción a las dos ramas de la autoridad presupuestaria, forma parte íntegramente de la Agenda 2000. Me felicito por el hecho de que los primeros debates técnicos sobre un posible nuevo acuerdo hayan podido comenzar por fin.
Señor Presidente, no nos engañemos. No falta mucho para marzo de 1999 y es preciso intensificar los debates de fondo. La adopción del paquete de la Agenda 2000 depende del interés general comunitario. Todo el mundo ha de reflexionar sobre las consecuencias que una falta de acuerdo, antes de las elecciones europeas, tendría con respecto al nuevo impulso de la Unión, con la introducción del euro.
Señoras y señores, hago una llamada a todos para que intensifiquen los trabajos desde ahora hasta el Consejo Europeo de Viena con el fin de asegurar una buena base de partida a los debates que han de concluirse bajo la Presidencia alemana.
Por supuesto, en tanto no haya acuerdo sobre la totalidad, no habrá acuerdo sobre nada. Pero con esta reserva, deseo que en Viena alcancemos tres objetivos. En primer lugar, llegar a acuerdos sobre los diversos aspectos que yo llamaría «técnicos» de los textos legislativos; en este sentido, me felicito por los progresos que se han producido recientemente en el ámbito de los fondos estructurales, del Fondo de Cohesión, de la estrategia de preadhesión y con relación a las redes transeuropeas. En segundo lugar, intentar progresar en los ámbitos más políticos. Pienso, en este caso, por ejemplo, en algunos aspectos de las reformas agrícolas y del desarrollo rural, de las acciones estructurales, y en el «formato» de las perspectivas financieras. Y finalmente, esbozar los límites de un paquete final que debería ante todo concentrarse en las implicaciones financieras de las reformas y de las cuestiones presupuestarias conexas.
Señor Presidente, aún queriendo ser breve, he tenido que trazar el reto de las cuestiones que tenemos ante nosotros para los meses venideros. La Comisión es plenamente consciente del papel importante que el Parlamento tendrá que desempeñar en este sentido antes de que concluya la legislatura. En varias ocasiones en el pasado han dado ustedes prueba de la preocupación por desempeñar este papel con toda la seriedad y responsabilidad necesarias. Los trabajos de hoy se inscriben en esta preocupación. La Comisión contribuirá a ello con toda su buena voluntad.

Hänsch
Señor Presidente, señorías, sabemos que las decisiones sobre la Agenda 2000 constituyen el reto principal de la Unión Europea para el próximo semestre, y también para el Parlamento Europeo. Antes de entrar en los pormenores del debate sobre los diferentes informes, me gustaría exponer algunos puntos generales en nombre de mi Grupo. ¿De qué se trata en lo esencial?
Primero: se trata de ayudar a los países de Europa Central y Oriental a prepararse adecuadamente para la adhesión. Acogemos favorablemente lo que la Comisión ha propuesto como ayuda de preadhesión. También acogemos favorablemente -al menos en lo esencial- los instrumentos que se preparan. No consideramos que estas ayudas de preadhesión sean una gratificación o una prima para los países de Europa Central y Oriental, sino que creemos que también repercuten en interés nuestro, económica y políticamente. No obstante, está claro que la labor principal de preparación a la adhesión debe realizarse en los propios países candidatos.
Segundo: Nosotros, la Unión Europea, todavía no estamos preparados para la ampliación. Para ello es necesario realizar aún ingentes esfuerzos. En las líneas generales de la Agenda 2000, tal como las ha presentado la Comisión, observamos el plan maestro, que incluye que la Unión Europea pueda convertirse en ampliable en el próximo semestre. Esto se aplica tanto a la reforma política como a la Previsión Financiera hasta el 2006.
En las últimas semanas y meses he recibido muchas críticas de los Estados miembros, también del Parlamento Europeo y de mi Grupo, sobre distintas propuestas recogidas en la Agenda 2000. Pienso que es normal. Hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Pero quisiera señalar algo desde el principio del debate: hasta ahora no he escuchado ni en los Estados miembros, ni en las instituciones de la Unión, ni en los grupos parlamentarios ningún concepto alternativo que sea tan decidido, tan coherente y tan mayoritario como los que ha presentado la Comisión. Por tanto, mi grupo aprobará los principios generales de la Agenda 2000, sobre todo los puntos esenciales que ha propuesto la Comisión.
Quisiera intentar comentar uno o dos puntos al respecto. Para nosotros, la creación de nuevos puestos de trabajo, el crecimiento económico sostenible y la competitividad de las regiones de la UE constituyen el objetivo más importante de la reforma de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, así como de la necesaria reforma de la política agrícola de la UE.
Subrayamos que las medidas con cargo al Fondo Estructural y al Fondo de Cohesión deben ser respetuosas del medio ambiente, más respetuosas que hasta ahora. Queremos reforzar la participación de las organizaciones regionales y locales, así como de las ciudadanas y ciudadanos en la planificación y aplicación de los programas regionales. Deseamos tener una administración más sencilla y más responsable de los fondos y de las propuestas de la Comisión. El Grupo del PSE ha adoptado una posición clara sobre una serie de puntos controvertidos. El grupo apoya la propuesta de la Comisión de la UE sobre los criterios para el Objetivo 1, no obstante insiste en que el Parlamento Europeo aún debe examinar las necesarias excepciones. El Grupo apoya la propuesta de la Comisión de mantener el Fondo de Cohesión con una dotación financiera de cerca de 20.000 millones de ecus para los Estados miembros menos desarrollados. El Grupo apoya expresamente el objetivo de reducir el número de iniciativas comunitarias, así como la prioridad concedida a Interreg, pero exige que se mantenga el programa Urban y desea que se presenten iniciativas para las regiones que prevengan el peligro de reestructuraciones inesperadas y en duras condiciones económicas y sociales.
Insistimos en la necesidad de un desarrollo progresivo de las ayudas para aquellas regiones que queden excluidas del derecho a las ayudas después del año 2000, pero señalamos al mismo tiempo que la fase transitoria debe durar hasta seis años y no debe ser diferenciada.
Por último, apoyamos la intención de la Comisión de conseguir una mayor coherencia entre las ayudas y medidas nacionales y las medidas de la UE relativas al Objetivo 2. A este respecto, no obstante, necesitamos un mayor grado de flexibilidad.
Estas son las posturas que mi grupo comparte en su gran mayoría. No obstante, permítanme añadir un punto general y fundamental: si debatimos cuánto deben aportar algunos Estados miembros y cuánto deben recibir otros, estaremos desvirtuando la dimensión de la decisión ante la que nos encontramos en el Consejo y en el Parlamento. Todas las reformas, no sólo las institucionales, destinadas al objetivo de la ampliación - también las reformas de las políticas que no están destinadas a la ampliación de la Unión- constituyen en principio una oportunidad. Constituyen una oportunidad para dar aire fresco a la actual política comunitaria. Deberíamos aplicarlas también en principio, aunque no se llevara a cabo la ampliación. Con estas reformas, para subrayarlo una vez más, se trata de concentrar lo que podemos hacer como Comunidad y como Unión. No se trata de un claro en los estados miembros, sino en políticas comunitarias.
Señora Presidenta, ha aludido usted a una cooperación constructiva y a la coordinación de nuestros trabajos. Permítame formular una observación: tengo la impresión de que no todos los Estados miembros -o, más bien, los gobiernos reunidos en Consejo- han entendido bien el cambio del papel del Parlamento; no creo que hayan entendido que, al final, en el reglamento sobre la reforma de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión funciona ya la codecisión del Parlamento Europeo. Esto significa que el Consejo también debe tener interés en iniciar el diálogo interinstitucional con el Parlamento inmediatamente después de la primera lectura, no sólo sobre la Previsión Financiera -eso es rutinario y se hace siempre-, sino también sobre la reforma de las políticas y la posición del Parlamento Europeo y el Consejo que debe establecerse en el futuro.
Si el diálogo que ha mencionado usted, señora Presidenta, consiste en que el Parlamento elabore informes y el Consejo los lea y se calle, como está previsto, le digo que no nos basta. Entonces estará usted en peligro de que las reformas que es preciso realizar se queden arrinconadas.
En este periodo electoral queremos decidir la Agenda 2000 antes de las elecciones. Estamos dispuestos a mantener el calendario. Por favor, manténganlo también en el Consejo. Necesitamos saber la posición del Consejo para finales de marzo, y no especule sobre si el Parlamento proporciona un pretexto para no cumplir su propio calendario. Sabemos que la configuración política, económica, social y medioambiental de toda Europa está en nuestras manos, en las manos de la Comisión, en las manos del Consejo y, por último, pero no menos importante, en las manos del Parlamento Europeo. Puede estar segura de que somos conscientes de ello.

Poettering
Señor Presidente, señorías, la consecución de la Agenda 2000 con las necesarias reformas que van asociadas a ella es la condición previa para el éxito de la unidad europea a principios del siglo XXI. A partir del 1 de enero de 1999 la unión monetaria europea se hará realidad, un acontecimiento histórico que muchas personas hace poco años creían imposible. La unión monetaria es un ejemplo de que Europa puede realizar grandes avances históricos y está capacitada para ello si los que toman las decisiones políticas muestran la decisión necesaria.
Pero esta decisión de los que toman las decisiones políticas no basta por sí sola. Los ciudadanos europeos deben tener confianza en las decisiones de la Unión Europea. Los ciudadanos no quieren menos, sino más Europa. Quieren una Europa con convicción, una Europa con capacidad de actuación dentro y fuera, una Europa libre de corrupción y de abusos de poder, una Europa que sirva a sus intereses y a las personas. Sobre esta base, la Agenda 2000 ha de ser un éxito.
Quisiera referirme a cuatro tareas. En primer lugar, la prioridad de todas las prioridades es la ampliación de la Unión Europea y de los países de Europa Central y Oriental. Estas negociaciones deben ser tan rápidas como sea posible, a fin de que diez pueblos de Centroeuropa puedan adherirse a la comunidad de valores de la Unión Europea. Esto significa que el proceso de ampliación debe configurarse con flexibilidad y transparencia. Esto significa que aquellos que en las primeras negociaciones no entraron pueden recuperarse rápidamente para esta ronda de negociaciones, si consiguen los avances necesarios. Hay que evitar la impresión de que los ciudadanos de algunos países candidatos sean excluidos de este proceso de negociaciones y de ampliación, ya que es importante que se dé la voluntad reformadora, la conciencia de pertenecer pronto a la comunidad de valores de la Unión Europea.
La segunda gran tarea es la reforma de las políticas comunitarias en materia de política agraria y estructural. La política agrícola debe aportar su contribución para que las explotaciones agrarias rentables puedan afirmarse en la competencia. Pero la política agraria no es sólo la política de la agricultura, sino que debe incluir también en su totalidad la ordenación del espacio rural. Las condiciones en Europa son diferentes de las de EE.UU. Por consiguiente, la Agenda 2000 debe aportar su contribución para desarrollar y garantizar el modelo europeo de agricultura.
La política estructural es la solidaridad con las regiones estructuralmente débiles. Apoyo expresamente la concentración geográfica y temática de estos recursos para las regiones estructuralmente débiles. No obstante, opinamos que es necesario que las regiones de los llamados países ricos, que quedan fuera de las ayudas, reciban una cierta ayuda estatal a nivel nacional en el marco de una política de competencia razonable, porque las regiones estructuralmente débiles de estos países son equiparadas con las regiones más ricas de estos países.
Tercero: la reforma de las instituciones de la Unión Europea. Todos conocemos el Protocolo de Amsterdam. Pero la nueva composición de la Comisión, el nuevo equilibrio de votos en el Consejo no es realmente lo decisivo. Lo verdaderamente decisivo es la ampliación de las decisiones adoptadas por mayoría. En el Consejo de Ministros, para que la Unión Europea tanga capacidad de actuación en la actualidad y en el futuro, tras la ampliación. Esta es la condición previa fundamental, la decisión por mayoría en el Consejo de Ministros en la legislación de la Unión Europea.
Permitanme señalar un cuarto aspecto. En la República Federal de Alemania se ha constituido una coalición de gobierno en la que en la Comisión deben mantenerse las posturas de los dos partidos de gobierno. Se parte del principio de que una posición corresponde a la oposición. Si esto crea escuela en la Unión Europea, en los Estados miembros, se pondría en peligro la arquitectura política de la Comisión. El Parlamento Europeo ha adquirido un nuevo papel tras el Tratado de Amsterdam. El Presidente de la Comisión se nombra por elección. En los procedimientos entre el Presidente de la Comisión y los gobiernos nacionales se invocará a la Comisión, que debe someterse a la confianza del Parlamento Europeo. Si consiguiéramos una Comisión unilateral a principios del año 2000, con la Agenda 2000, esto no constituiría un buen comienzo, y podría dar lugar a un conflicto con el Parlamento Europeo, al menos, con mi grupo. Por tanto, afirmamos que debemos mantener el equilibrio de la Comisión. Deben estar reflejadas todas la familias políticas, para que aporten su contribución a la estabilidad y la paz de la Europa del siglo XXI.

Cox
Señor Presidente, estimamos que Agenda 2000 muestra con claridad cuáles son los sentimientos y la actitud de la Unión Europea y la misión colectiva de la Comisión en lo que respecta a la evolución del proyecto europeo. Como propuesta, es adecuada más bien que visionaria, minimalista pero capaz de generar consenso, provisional de carácter pero un paso en la buena dirección en el marco de un viaje necesario hacia la ampliación, cuyos problemas principalmente financieros se reconocen pero se dejan para más adelante. Sean cuales fueren sus limitaciones, Agenda 2000 es la única propuesta que se ha presentado y el Grupo ELDR insta al Consejo a que acelere su examen en Viena para que se pueda adoptar en Colonia el próximo mes de marzo.
Hablando en términos más específicos diré que el Grupo ELDR apoya la voluntad de promover una mayor cohesión económica y social, haciendo hincapié en la promoción del empleo, la igualdad de oportunidades, un medio ambiente sostenible y que, en ese contexto, está satisfecho con el objetivo del 0, 46 % del PNB de la Unión Europea que se ha sugerido para los fondos estructurales.
Apoyamos las propuestas en favor de la concentración y simplificación de los fondos, e instamos a que el proceso de asociación ofrezca un papel mayor para las autoridades locales y regionales y una consulta más amplia con la sociedad civil. En el caso de las regiones que no pueden optar a los Objetivos 1 y 2, debería haber una base de reducción gradual de la financiación para eliminar los problemas inherentes a su supresión, y somos partidarios del establecimiento de los fondos de preadhesión para los países que han solicitado el ingreso.
Estamos de acuerdo en que las iniciativas comunitarias deben concentrarse en una gama de temas más limitada, como por ejemplo Interreg y el programa Leader, y en que debe mantenerse la actual iniciativa Urban. Apoyamos el concepto de un fondo de reserva para garantizar la buena gestión y el aprovechamiento de los fondos estructurales en el futuro.
Por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, el Grupo ELDR es partidario de que se mantenga en el caso de los Estados miembros cuyo PIB es inferior al 90 % del valor medio comunitario, sin más reservas o condiciones.
En cuanto a la reforma de la PAC, el Grupo ELDR estima que la política agrícola no se puede tratar aisladamente de los demás objetivos de la Unión. La PAC tiene que ser asequible en términos de presupuesto, compatible con las realidades del mercado del comercio mundial, y debe estar en consonancia con las necesidades y las condiciones futuras de la ampliación. La reforma de la PAC debe admitir y respetar un modelo de agricultura basado predominantemente en Europa y en las explotaciones familiares, pero también ha de respetar normas elevadas en materia de calidad de los alimentos, bienestar animal y sostenibilidad del medio ambiente, y promover el fomento del desarrollo rural. Somos también partidarios de que en este debate sobre productos, cortes y compensaciones, que era el tema de actualidad en la última generación, se haga más hincapié en la persona y en el lugar, que será el debate de la próxima generación. El Grupo ELDR acepta el estudio de nuevas formas de financiar la PAC pero insiste en que esas propuestas no deben desembocar en una renacionalización fragmentaria.
Por último, rechazamos la necesidad de que haya equidad y equilibrio en las contribuciones de los Estados miembros al presupuesto pero rechazamos firmemente el concepto del juste retour y pedimos a los Estados que tengan en cuenta sus obligaciones en el seno de la Unión Europea así como sus preferencias nacionales, porque para este proyecto es indispensable que estemos de acuerdo sobre las disposiciones financieras.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, al comentar la Agenda 2000, puedo decir que no veo en ella los valores históricos en que se basó la idea de la Comunidad Europea. En vez de valores, tenemos valores monetarios: una moneda. De hecho, no veo que se mantengan los ideales, sobre todo en lo relativo al asunto que mejor conozco, sobre el que voy a hablar y que interesa a mi Grupo: la Política Agraria Común.
De hecho, no hay propuestas concretas, sino un intento descarado de aniquilar uno de los dos principios básicos de la PAC, tal vez el más importante -el de la solidaridad financiera, que es también una solidaridad moral- mediante propuestas mal disfrazadas de renacionalización de la PAC en el caso de los planes nacionales para los sectores de la carne de bovino y de leche.
Hay una voluntad no disimulada de mantener discriminaciones negativas en relación con agriculturas menos productivas y menos desarrolladas al indizar los cálculos de las ayudas compensatorias a las productividades históricas, lo que va a mantener una Europa esquizofrénica entre países extremadamente pobres y países que no lo son por su naturaleza y por sus propias historias nacionales.
Como si la Agenda 2000 y sus propuestas legislativas no bastaran, la Comisión volvió a atacar a la agricultura y a los agricultores europeos, sobre todo a los más frágiles, en su informe sobre sistemas de recursos propios al proponer el reembolso parcial de los gastos con las ayudas directas de la PAC.
Todos sabemos también que la PAC, como única política verdaderamente común que ha sido, es el cemento de la construcción europea. Y eso sin hablar de la ampliación a los PECO, sin hablar de la ronda del milenio en la Organización Mundial del Comercio, sin hablar incluso de las afirmaciones hechas aquí ayer por el Presidente del Tribunal de Cuentas, que se permitió extralimitarse en sus funciones de juez para pronunciarse sobre las ayudas al trigo duro en los países más pobres, lo que, naturalmente, revela una confusión de poderes, todo contra lo que el viejo Montesquieu y el viejo Locke clamaron respecto de la defensa de la democracia.
Por último, vemos que en la Agenda 2000 las regiones más desfavorecidas van a seguir desfavorecidas y las más favorecidas van a resultar cada vez más ricas. El foso va aumentar con seguridad, no me cabe la menor duda.

Puerta
Señor Presidente, el reto de la ampliación de la Unión Europea podemos y debemos abordarlo garantizando los grandes objetivos del proceso de construcción europea y especialmente el de la cohesión económica y social. Por ello, nos vemos obligados a manifestar graves críticas a la Agenda 2000, elaborada con prisa, como una decisión irreversible y sin cuantificaciones rigurosas. Es una gran paradoja que la Agenda 2000 se haga para lograr la ampliación y que luego ésta apenas se tenga en cuenta en las propuestas y en las argumentaciones.
La opinión pública de los Estados miembros percibe un debate sobre recursos propios y su techo insuficiente del 1, 27 % del PIB comunitario, y sobre la disputada asignación de la solidaridad a través de los Fondos estructurales. Esta es la gran diferencia de percepción con la etapa Delors, cuando se proponían incrementos sucesivos de los recursos y de la cuantía de los Fondos estructurales.
El debate se ha planteado de forma poco apropiada y sin tener en cuenta que no sólo debemos construir un mercado interior sino, principalmente, conseguir la cohesión económica y social. Más que hablar de contribuyentes y receptores netos habría que explicar quién se beneficia y cuánto en un balance económico global, ya que las políticas económicas más significativas no quedan reflejadas en el presupuesto. Y no se puede ignorar el imponente beneficio de algunas economías en el gran mercado interior mientras otras pagan su tributo económico y comercial.
En cuanto a la Política Agrícola Común, nuestra crítica fundamental es que no hay una visión global y sólo se refiere a ciertos sectores productivos. Las reformas de las OCM supondrán fuertes bajadas de precios que se verán compensadas muy parcialmente por ayudas a la renta y primas al almacenamiento privado. El tiempo vendrá y lo demostrará.
Nos preocupan los efectos sociales y sobre el empleo que afectarán a los agricultores más débiles. Nos preocupa la introducción de la lógica de cofinanciación que no resuelve los problemas. La solución debería venir a partir de verdaderas propuestas de modulación de ayudas directas capaces de corregir los injustos desequilibrios actuales.
A nuestro juicio -y dicho con el mayor respeto- la propuesta de la Comisión no es más que un simulacro de modulación que cristalizará los desequilibrios hoy existentes. Por todo ello, estamos seguros de que habrá que hacer todavía un gran esfuerzo para alcanzar una ampliación solidaria y para resolver previamente las graves contradicciones e insuficiencias que hay en nuestra vida socioeconómica y también institucional.

Aelvoet
Señor Presidente, estimados colegas, todo induce a creer que el Consejo, después de las declaraciones solemnes de Bruselas, Luxemburgo y Londres sobre la singularidad histórica de la ampliación, ha dado un paso atrás. Aparentemente, se está creando un ambiente que pudiera contribuir a que el antiguo telón de acero sea sustituido por una cortina de humo de buenas palabras detrás de la cual se esconden las verdaderas intenciones del Consejo, que consisten en aplazar la adhesión de nuevos miembros. Somos conscientes de que nos hallamos ante una maniobra de ampliación sin precedentes, que exigirá muchos sacrificios de todos los países, tanto por parte de los Estados miembros como por parte de los países candidatos. Los excelentes informes de situación que la Comisión nos remitió a principios de noviembre demuestran hasta qué punto los países candidatos se han empeñado en cumplir los criterios de Copenhague. Ello no impide que para llevar a cabo esta reconversión tengan que pagar un precio muy alto. Ha llevado a la pobreza a grandes capas de la población y cualquiera que frecuente estos lugares con cierta regularidad se da cuenta de ello. Por eso mismo, queremos subrayar que la creación de una economía de mercado que funcione se limita en demasiadas ocasiones al mero deseo de conseguir una rápida privatización. No obstante, la situación vivida en Rusia, por ejemplo, muestra claramente que una privatización en la que un número restringido de personas se apodera de las riquezas nacionales no sienta de ninguna manera las bases adecuadas para un mercado libre corregido en lo que al aspecto social se refiere. Por lo tanto, la Comisión y el Consejo no han de insistir en una rápida privatización sin más, sino en una privatización fundada que cuente con los mecanismos necesarios para introducir correcciones de índole política y social.
En nuestra opinión, la actitud más bien expectante del Consejo no está a la altura de los duros esfuerzos que están realizando los países candidatos. Porque, francamente, ¿qué hemos conseguido nosotros? La reforma institucional ha sido aplazada sine die. La reforma agrícola aún no está perfilada y lo poco que sabemos de ella en este momento induce a creer que se está quedando atrapada en la vieja vía de las reducciones de los precios de producción y la exportación de excedentes estructurales en lugar de orientarse hacia un enfoque integrado del desarrollo rural. Por lo que a la financiación se refiere, seguimos preconizando una actitud abierta que permita, en caso necesario, modular el volumen de la misma. Pero, además del volumen, nuestras palabras clave son: participación y descentralización. Afortunadamente, la descentralización de los recursos hoy día ya es un hecho, mientras que la participación de los representantes de los países candidatos en los comités de coordinación que deciden sobre los proyectos aún carece de solución. El informe del Tribunal de Cuentas sobre la seguridad nuclear que se ha dado a conocer recientemente saca a relucir una constatación embarazosa, a saber, la incapacidad de la Comisión para mejorar la seguridad de las centrales en los países candidatos. En realidad, fue nuestro grupo de presión en materia nuclear, de procedencia occidental, el que llevaba las riendas del asunto. Decidió recurrir a sus propios expertos, que, por cierto, le salieron muy caros, y exportar su propio material, lo cual dio lugar a un resultado desastroso in situ. Entendemos que la Comisión se hiciera cargo de la coordinación de este proyecto, pero consideramos que no se han aprovechado suficientemente las iniciativas como TACIS, PHARE, BIRD, etc.
Apoyamos plenamente las propuestas positivas encaminadas a iniciar sin más tardanza las negociaciones, también con Letonia, y posteriormente con Lituania y Eslovaquia. Nos alegramos de que, como pudimos comprobar inmediatamente en la Comisión Parlamentaria Mixta, la apertura hacia Turquía dé resultado. Ya hay indicios de que la actitud de los representantes turcos ante la Unión Europea ha cambiado. Tenemos que evitar a toda costa que la Unión Europea se convierta en el rehén de Grecia y Turquía, puesto que estos países no se comportan como madres sino como suegras entrometidas que solamente consiguen que las cosas se compliquen. Todos sabemos que el desbloqueo del problema político que vive Chipre es una condición previa sin la cual la adhesión de dicho país plantearía serias dificultades. Por esta razón somos partidarios de que la Unión nombre un mediador europeo a fin de dar luz verde a una política dinámica que pueda llevar este asunto a buen término.

Hory
Señor Presidente, para nosotros es una tentación muy fuerte, en el día de hoy, comparar lo que hubiera podido ser nuestro debate sobre la Agenda 2000 con lo que ha llegado a ser, por falta de una voluntad política suficiente. La ampliación de la Unión nos proporcionaba una ocasión única para proceder a una verificación en común de los principios en los que se fundamenta nuestra Comunidad, para reflexionar sobre una construcción institucional nueva, practicable por veinticinco o treinta Estados, y considerar las reformas presupuestarias que hubieran dado su significado a una integración continental. Después de este esfuerzo de refundación de la Unión, pero solamente después, hubiéramos podido estudiar las consecuencias técnicas de la ampliación, sobre nuestras políticas agrícolas y regionales, por ejemplo.
En lugar de este amplio debate, oirán ustedes a lo largo de este día la queja de los parlamentarios que consideran, con toda razón, que las medidas propuestas en el día de hoy no están a la altura de este desafío histórico. Sin duda era necesario comenzar, entre los quince miembros y con los países candidatos, por reafirmar sin preámbulos retóricos, los valores particulares de humanismo, solidaridad, justicia y paz, que constituyen el modelo europeo y los objetivos que asignamos a la ampliación. Sin este acuerdo general sobre los principios fundadores y sobre la nueva frontera, tenemos la impresión de que unos distribuyen, con mucha condescendencia e imperialismo político, migajas de su prosperidad, mientras los otros creen que están invitados a entrar en un supermercado.
¿Cómo no mencionar también la ocasión perdida en Amsterdam, donde deberíamos haber esbozado al menos una arquitectura institucional adaptada al continente y haber entrado de forma decidida en el modelo federal, en lugar de engancharnos a una construcción sui generis que todos los días está mostrando sus límites?¿Como no señalar la vacuidad de nuestros compromisos financieros, que privan de sentido a nuestros compromisos políticos, cuando hubiera sido necesario, en nuestro propio interés, ser generosos e imaginativos, reflexionar, por ejemplo, sobre una fiscalidad comunitaria directa que diera una dimensión concreta a la Europa de los ciudadanos y una verdadera responsabilidad a este Parlamento? Ni siquiera hemos utilizado todos los recursos financieros que los actuales tratados nos autorizaban a poner al servicio de la ampliación.
Conozco todos los argumentos de los economistas, de los contables y de los estadísticos. Todos ellos planteaban ya los mismos argumentos contra el proyecto de unificación alemana. Digan lo que digan las cifras, no impedirán que el simple sentido común constate que en igualdad de medios y con las mismas normativas, una Europa que pase de quince a veinte, después a veinticinco, más tarde a treinta miembros, estará necesariamente debilitada. No asistiremos a una ampliación sino, por disolución, a una pérdida de densidad de la Unión Europea, y esta pérdida de densidad entregará Europa al liberalismo económico más dogmático y a la impotencia política que favorece otros intereses.
Éstas son las razones por las que el Grupo de Coalición Radical Europea, siendo favorable a las reformas y a algunas «reformitas» que se nos han propuesto, sigue a la espera del gran debate político sobre la Europa continental, debate que no podremos retrasar eternamente. Cada cual puede sentir, sobre la ampliación, que pasa el viento de la historia, pero todos pueden ver también que, en este caso tan concreto, a nuestro proyecto europeo le falta sobre todo impulso.

El Presidente
El debate queda cerrado.

Bienvenida
El Presidente
Me van a permitir ustedes dar la bienvenida al Parlamento a dos destacados miembros del recientemente elegido Consejo Nacional Eslovaco. Se trata del Sr. Peter Weiss, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores que, a partir de ahora, será copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta y del Sr. Frantisek Sebej.
Les deseo muchos éxitos en su trabajo, dirigido a hacer avanzar a Eslovaquia en el camino de la adhesión a la Unión.

Estrategia de preadhesión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0397/98 del Sr. Barón Crespo, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión; -A4-0382/98 del Sr. Walter, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se crea un Instrumento de Política Estructural de Preadhesión; -A4-0388/98 del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se modifica el Reglamento nº 2728/94 por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores; -A4-0383/98 del Sr. Sonneveld, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de Europa Central y Oriental durante el periodo de preadhesión.
Barón Crespo
Señora Presidenta, señor Presidente de la Comisión. El Consejo se ha ausentado. Ruego que conste en acta.
Voy a presentar el informe sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión. Permítame, señora Presidenta, que comience recordando algo que es muy elemental, pero que creo que tiene una importancia decisiva: que la ampliación es un proyecto político esencial no sólo dentro de la Agenda 2000 sino para la Unión Europea. Y este proyecto no consiste simplemente en que nos dediquemos en la Unión a chequear a unos países que quieren entrar, como si fuera un examen médico, o a hacerles pasar por la ventanilla, sino que es un proceso sostenido y un proceso de esfuerzo común y compartido para que estos países puedan reunir las condiciones que requieren los Tratados y que se han reflejado en los llamados criterios de Copenhague, que básicamente son: consolidar los sistemas democráticos de los países candidatos; reestructurar sus economías para adaptarlas no sólo a nuestro acervo sino también para hacer que funcionen como economías de mercado; y fomentar la buena vecindad y la solidaridad entre estos países, entre ellos y con nosotros. Eso exige voluntad política y exige también una claridad de objetivos.
Yo deseo y espero que en el Consejo Europeo de Viena haya una afirmación política en este sentido y, sobre todo, que se tenga en cuenta el carácter incluyente y el carácter global de este proceso, sin crear nuevas diferencias y nuevas divisiones entre estos países.
Tomo nota también de algunas cosas que ha dicho la Presidencia austríaca y que, entiendo, quiere decir que van asumiendo propuestas del Parlamento. Por una parte, se ha aceptado la categoría 7, distinguiendo la preadhesión de las reformas, cosa buena para la claridad más que para la transparencia, porque lo transparente no se ve y la claridad se ve y yo creo que habría que empezar a hablar más de claridad en este sentido. También se acepta el que haya una revisión de las perspectivas financieras -el 1, 27 % no es las Tablas de la Ley- y una cierta flexibilidad. Y eso entiendo que puede ayudar a este proceso.
Ciñéndome a las aportaciones básicas del Parlamento en relación con la estrategia de preadhesión, nosotros entendemos que una estrategia de preadhesión tiene que tener en cuenta la dimensión política global del proceso y no solamente esos exámenes individuales. Tiene que tomar en consideración dimensiones como las que se refieren a los aspectos de cooperación política y de seguridad, que son fundamentales. Creemos que es importante que la estrategia se refleje y se articule de acuerdo con lo que plantean nuestros Tratados. En ese sentido, insistimos en que la estrategia debe desarrollarse a través de nuestros instrumentos, que son básicamente las acciones comunes y las posiciones comunes. Es importante que nosotros mismos respetemos las normas que nos hemos dado, sin que nos lo tenga que recordar de vez en cuando el Tribunal de Justicia.
Además, hemos hecho un trabajo importante de coordinación entre las diversas comisiones que se ocupan de los tres instrumentos básicos que están operando en este momento. Tengo que decir que la Comisión, que hizo las propuestas de los tres reglamentos sobre la marcha, ha cambiado de criterio, se ha enmendado a sí misma y entiendo que ha dado mucho mayor peso al programa PHARE. En ese sentido, sería conveniente también que la Comisión tuviera en cuenta las observaciones del Parlamento y nuestras enmiendas en el sentido de dar una mayor claridad a esos objetivos y, sobre todo, al funcionamiento del programa PHARE, que corre el peligro de articularse en dos o tres programas PHARE: para los países que están ya negociando; para los que están en puertas y deseando entrar a negociar; y para los países a los que ni siquiera se aplica todavía el programa PHARE y no están en este proceso.
Y para concluir, señora Presidenta, querría señalar que el resultado de la coordinación entre las diversas comisiones en relación con el procedimiento Hughes nos ha permitido plantear enmiendas que van en el sentido de cualificar la condicionalidad política y económica del proceso, insistir en la cofinanciación, plantear una asimilación y un ajuste de la ayuda dentro de los límites de la autoridad presupuestaria, la descentralización y el control de todo el proceso y un informe anual, así como la asociación del Parlamento Europeo a toda esta evolución y todo este control.

Walter
Señora Presidenta, señorías, el Parlamento Europeo se ha pronunciado inequívocamente en diversas ocasiones a favor del proceso de ampliación. El enorme reto que ahora se nos plantea es el siguiente: por un lado, ¿cómo garantizamos la capacidad de adhesión de los países candidatos?; por otro lado, ¿cómo aumentamos también la capacidad de la Unión Europea y sus estructuras? El instrumento de preadhesión de la política estructural para los países candidatos, llamado ISPA para abreviar, constituye en este contexto un importante elemento de enlace dentro y fuera de la Unión, en la medida en que ayuda a los países candidatos en las inversiones que se necesitan urgentemente y en que conduce gradualmente a realizar las funciones y mecanismos de la política estructural europea.
A este respecto, el éxito de la estrategia de este instrumento dependerá decisivamente de que todos los instrumentos que están disponibles, ya sea ISPA, Phare, las ayudas a la adhesión en materia agraria y también Interreg, se coordinen de modo óptimo en el ámbito de la cooperación transfronteriza. No podemos permitirnos la duplicación de esfuerzos. Supondrían una carga adicional innecesaria para los países candidatos, que ya tienen tanto que hacer. Sobre el reglamento de coordinación y los eventuales socios de la adhesión, con los países candidatos debe quedar claro con qué instrumento, dónde y cómo se interviene.
Independientemente de ello, el instrumento de preadhesión de la política estructural debe solventar un dilema básico. Por una parte, los países candidatos tienen una necesidad ingente de inversiones en todos los ámbitos posibles. Según las estimaciones actuales, sólo en el ámbito del medio ambiente los costes de las medidas necesarias se calculan en más de 100 000 millones de euros para los diez países candidatos. La contribución financiera de la UE, que está ahora mismo sobre la mesa de negociaciones, no son sino una gota en el mar. Por tanto, debemos emplear el dinero de una manera mucho más selectiva. Así pues, opino, y esto ha recibido la aprobación unánime de la Comisión, que centrarse en las inversiones que afectan a las infraestructuras de medio ambiente y de transporte contribuirá sustancialmente a cumplir el acervo comunitario en estos ámbitos. No debemos dispersarnos.
Dada la escasez financiera, también es correcto, tal como propone la Comisión, fomentar ayudas orientadas a proyectos, a la manera de Phare. Esto no quiere decir, empero, que no haya que involucrar plenamente en las actividades a los interlocutores relevantes e interesados en los países y las regiones. Junto a las inversiones en infraestructuras, se proporcionará ayuda técnica en el marco de ISPA. Por ello sería inadecuado que ISPA subvencionara la mejora general de las capacidades administrativas en los países candidatos, ya que eso es lo que hace Phare. Con respecto a los problemas que se siguen planteando y a la demanda acumulada en el ámbito administrativo, para la ejecución eficiente de los proyectos es necesario, no obstante, garantizar a los respectivos órganos administrativos un apoyo orientado a proyectos.
Centrarse significa también concentración en pocos proyectos o en paquetes de proyectos que tienen las dimensiones adecuadas. La propuesta de la Comisión de prever unas inversiones mínimas de 5 millones de euros es adecuada, con el añadido de que para los países candidatos más pequeños y también para otras excepciones justificadas debe existir la posibilidad, hasta un determinado porcentaje de los recursos, de conceder pequeñas inversiones. Para ello es necesario un margen de acción. El cumplimiento preciso de los objetivos se alcanza con el principio de la cofinanciación, que garantiza que el dinero europeo se emplee adecuadamente y aumente, en combinación con las instituciones financieras, como el Banco Europeo de Inversiones, su efecto de palanca.
El instrumento de preadhesión de la política estructural se equipara cada vez más con el Fondo de Cohesión. Esto es correcto si se prevé la concentración en los proyectos de medio ambiente y transporte. Como en el caso del Fondo de Cohesión, se trata de que entre ambos ámbitos se produzca un equilibrio adecuado. El medio ambiente no debe quedarse postergado en nuestro apoyo a las inversiones de ampliación. Pero el ISPA es algo más que un clon del Fondo de Cohesión. También debe servir para facilitar que los países candidatos se acostumbren a los mecanismos de los fondos estructurales. Por esta razón, pedimos que en el ámbito de la ejecución de la gestión y en general en todos los ámbitos en los que haya disposiciones similares, como con vistas a los fondos estructurales o a las tendencias que ahora se debaten sobre los fondos estructurales. El principio de asociación debe aplicarse desde el principio del modo más extenso posible.
El instrumento ISPA es una buena señal de la Unión, de que somos serios con la preadhesión de los países de Europa Central y Oriental. Se ha hablado mucho acerca de calendarios, fechas y años en relación con la ampliación. Pienso que tenemos que poner niveles de medida realistas. No tiene sentido despertar grandes expectativas que no pueden cumplirse, pero también tenemos que dejar claro que emplearemos todos nuestros instrumentos y que daremos apoyo financiero real. El ISPA es lo que podemos ofrecer como medio financiero. Es una ayuda para la autoayuda de los países candidatos, ni más, ni menos. En esa medida, acogemos favorablemente la propuesta de la Comisión con las enmiendas que hemos presentado, que pedimos se tengan en cuenta en el desarrollo de las deliberaciones.

Sonneveld
Señora Presidenta, todos los países candidatos están ajustando su política agrícola a fin de poder integrarse, llegado el día, en la Unión Europea. Los que esperan y piensan adherirse pronto deberán demostrar que han obtenido unos resultados excelentes en este ámbito para que sus mercados, administraciones e infraestructura institucional puedan insertarse sin demasiadas complicaciones en los de la Unión Europea de los Quince. Si la UE pretende dotarse en este momento de un instrumento nuevo para ayudar a los países candidatos en este proceso de preadhesión, es imprescindible que dicha ayuda dé resultados, y, además, a corto plazo. Por eso mismo, no conviene diseñar un mecanismo demasiado rígido, tanto más cuanto que se trata de un asunto sumamente complejo y una situación que varía mucho de un país a otro.
Por todo ello, la propuesta de la Comisión que tiene por objeto brindar a los países candidatos la posibilidad de elegir programas prioritarios de entre un elenco de acciones seleccionadas nos parece una solución acertada. Opino, por el contrario, que la propuesta de exigir a los países candidatos que elaboren antes del 1 de enero del año 2000 un plan de desarrollo rural en el que encajen todos esos programas elegidos no es viable. No es que este tipo de planes de desarrollo rural no sean útiles y necesarios en sí, pero resulta imposible diseñarlos de forma democrática y con un enfoque lo suficientemente integrado en un plazo tan sumamente breve. Ello implicaría una complicación innecesaria y arriesgada, si cabe, de la ayuda aquí comentada.
Es por eso por lo que he presentado en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural una propuesta al Pleno para que dichos planes de desarrollo rural no sean considerados como condición previa, sino para que, de momento, este marco tan sumamente riguroso sea sustituido por un enfoque pragmático que permita financiar una serie de medidas cuya utilidad no sea cuestionada por nadie. Para ello propugnamos la necesidad de acudir a un comité consultivo en el que entren a formar parte expertos de los Quince y de los países candidatos. Este comité tendría dos funciones. Por una parte, ayudaría a identificar las medidas útiles a las que me he referido antes y al mismo tiempo se encargaría de que la presentación de los proyectos y su tramitación por parte de los servicios de la Comisión se lleven a cabo correctamente. Dichos dictámenes y apoyos habrían de basarse en un conocimiento profundo del acervo comunitario y del proceso de mutación en el que se encuentran los países candidatos.
La labor de asesoramiento del comité habría de dirigirse tanto a las administraciones de los países candidatos como a los servicios de la Comisión Europea, evidentemente en estrecha colaboración con las respectivas representaciones de la UE en los países candidatos. Así se podría, con toda certeza, mejorar la calidad y acelerar el procedimiento, lo cual permitiría incrementar el número de resultados mensurables a corto plazo.
Entre otras ampliaciones, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural ha añadido a la lista de medidas propuesta por la Comisión, de la que los Estados miembros han de elegir preferentemente sus prioridades, la creación de un sistema de organismos de crédito agrícola y la rápida entrada en vigor de una contabilidad de empresas agrícolas a gran escala. Para algunas de las posibles acciones, el texto elaborado en comisión establecía requisitos referentes a la distorsión de la competencia y el cumplimiento de la legislación comunitaria. Me parece más lógico que estos requisitos se recojan en el artículo 6, que ha sido creado expresamente para ello, y en el que se habla entre otras cosas de la compatibilidad y las condiciones que deben reunir las medidas de apoyo.
En cuanto a la coordinación, es importante que las normas comunitarias que rigen los diferentes programas de ayuda presenten la mayor homogeneidad posible. Esto se aplica, por ejemplo, a la normativa presupuestaria y contable. Por lo demás, hay que aprovechar en la medida de lo posible los mecanismos de coordinación y las estructuras de supervisión ya existentes. Por todo lo anterior, apruebo la propuesta modificada de la Comisión, según la cual también se designa competente en materia de ayuda a la agricultura al comité PHARE.
También merece nuestro más firme apoyo el sistema de hermanamiento entre instituciones de determinados países miembros de la UE y algunos países candidatos, por ejemplo en el ámbito de los servicios veterinarios y fitosanitarios. Obviamente, el comité de seguimiento que ha sido creado con este fin cuenta con nuestra ayuda para proseguir sus actividades en este nuevo marco de asistencia. De la misma manera, se puede seguir adelante con las acciones en curso del programa PHARE.

Titley
Señora Presidenta, es muy natural que nos embarquemos en esta reciente ampliación de la Unión Europea este año, que es el año en que celebramos también el 50º aniversario del puente aéreo a Berlín. El puente aéreo fue un notable esfuerzo internacional en interés de la paz, la estabilidad y la democracia en Europa. Ya vemos con toda claridad que esta ampliación de la Unión Europea va a exigir un esfuerzo internacional similar si queremos que haya éxito. Requerirá altruismo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y de los solicitantes. No cabe duda que se trata de un proceso complejo y exigente en grado sumo. Tenemos que dedicarnos con toda nuestras fuerzas a alcanzar el objetivo definitivo, que es una Europa estable y próspera.
Después de decir lo que antecede, diré que cualquier solución que encontremos a estos problemas tiene que ser aceptada por el pueblo de Europa, tanto por nuestros propios electores como por los electores de los países solicitantes. Por eso nuestras soluciones tienen que ser prácticas y aceptables. Los resultados de las actuales encuestas de la Unión Europea indican que la gente es indiferente u hostil a la ampliación, o sea que no tenemos más remedio que «venderles» este proyecto, tanto en la Unión Europea como en los Estados solicitantes. Además de destinar dinero a la infraestructura y al medio ambiente tenemos que pensar también en la gente. Al fin y al cabo, como dijo Galbraith: «El dinero no vale más que la democracia».
Me gustaría que esos países se ocuparan más del diálogo social y de los programas de desarrollo, para ayudar a las personas afectadas por los cambios económicos.
En cuanto al instrumento concreto de que nos estamos ocupando, como dice el Sr. Barón Crespo, es necesario que se vea con mayor claridad de qué forma se gasta este dinero y de qué forma se establecen los comités que lo van a administrar. En vista de los últimos escándalos de la Comisión tenemos que cerciorarnos de que este proyecto no suscita ninguna duda acerca de la gestión de sus fondos.

Oostlander
Señora Presidenta, el reglamento sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión constituye un paso significativo en el camino hacia la ampliación de la Unión Europea. En realidad, nos hallamos en un proceso que modifica sustancialmente la imagen que la Unión Europea tiene de sí misma. Antes nos considerábamos como miembros de una Comunidad Económica Europea. Pero cada vez más, particularmente como consecuencia del contacto con los candidatos a la preadhesión, llegamos a la conclusión de que en primer lugar somos una federación de Estados de derecho democráticos. Es natural que esta comprobación haya marcado nuestra relación con algunos países candidatos, muy en especial en el caso de la República de Eslovaquia. Podemos congratularnos de que la preocupación que hemos mostrado a este respecto por Eslovaquia quizá haya contribuido en alguna medida a que la población de este país haya optado por una nueva vía. Nos felicitamos de que el nuevo Gobierno de Eslovaquia lleve una política muy distinta a la de sus predecesores. Así las cosas, deseamos de todo corazón que Eslovaquia pueda disfrutar cuanto antes de la perspectiva de su adhesión.
Señora Presidenta, el Consejo ha tomado nota de los deseos del Parlamento con respecto a los posibles procedimientos de control que esta institución pueda ejercer sobre el proceso en su conjunto. Es un elemento muy positivo. La manera misma en que se organiza la asistencia dice mucho sobre los usos y costumbres políticos y administrativos comunitarias. Es por lo que este aspecto es fundamental para que los países aspirantes se familiaricen con la futura participación en la Unión. Los candidatos tienen ante sí tres instrumentos de financiación, cada uno de ellos con unos objetivos bien delimitados. De este modo queda patente el pilotaje específico ejercido por la Unión Europea al tiempo que los países aspirantes se familiarizan con la forma en la que éste se coordina. Es fundamental subrayar la responsabilidad de la Comisión. El artículo 9, tal y como figura en la nota de la Comisión, no deja lugar a dudas al respecto e incluso entra en detalles. Lo importante es, pues, que este artículo no se modifique quitándole fuerza. En caso de que los Estados miembros participen en la coordinación, es lógico que, dentro de este marco, coordinen su propia asistencia. Me parece conveniente resaltar este aspecto una vez más. En el debate sobre la adhesión que celebramos en su día con la Presidencia británica, reclamamos y conseguimos un procedimiento que garantiza el control del Parlamento Europeo y la posibilidad de modificar o completar la estrategia de adhesión. Es preciso cuidar de este logro. Por tanto, no me parece buena idea asignar este trayecto explícitamente al segundo pilar, en el que, por el momento, nuestro papel queda relegado a un segundo plano. Por otra parte, está muy bien que podamos intervenir en el asunto a través de nuestra capacidad presupuestaria. Es una de las razones por la que opino que la enmienda 15, presentada por Swoboda-Titley, no es aconsejable.
Del mismo modo, el Partido Popular Europeo votará en contra de las enmiendas que aumentan el poder de decisión de los Estados miembros sobre la asistencia. Nos parece positivo que al final el pilotaje quede en manos de la Unión Europea. En fin de cuentas se trata de los impuestos de nuestros ciudadanos, ante los cuales tenemos que justificarnos. Los importes de la asistencia no son extraordinariamente altas. Al contrario, uno más bien diría que son cantidades sorprendentemente exiguas. Parece mentira que por este precio tan sumamente reducido se pueda cumplir un ideal tan alto.

Bertens
Señora Presidenta, el Grupo Liberal apoya las enmiendas presentadas por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa con respecto a la acertada propuesta de la Comisión que pretende agilizar la asistencia a los países candidatos. La Unión tiene mucho interés en que se haga un uso eficaz de los fondos de ayuda. Puesto que el espacio presupuestario no deja mucho margen de libertad es aún más preciso, si cabe, que se garantice la máxima eficiencia. En estas circunstancias, es necesario ponerse de acuerdo con los Estados miembros y las entidades financieras internacionales. Nos adherimos asimismo a la propuesta de la Comisión que preconiza la descentralización del poder de decisión en el ámbito de los microproyectos siempre y cuando esto vaya acompañado de la necesaria asignación de recursos humanos y financieros. Rechazamos la propuesta que tiene por objeto transformar todo el expediente de la ampliación en una acción común situada en el marco de la política exterior. Suena bien, dado que, de esta forma, la ampliación pasaría o pasa a ser la mayor proeza de la política exterior de la Unión. Lo malo es que una acción común en el marco de la PESC exige la unanimidad del Consejo y, en consecuencia, debilita la posición del Parlamento Europeo.
Hay que poner más empeño en los preparativos de la ampliación. Es lo que da a entender el informe de situación elaborada por la Comisión. Existen enormes diferencias entre los esfuerzos y los resultados de los Estados miembros con respecto a dichos preparativos. La primera condición es, sin duda alguna, que los países candidatos cumplan sus compromisos, pero, por otra parte, no se puede perder de vista que no sólo la calidad sino también la cantidad de la asistencia desempeñen un papel primordial. No la cartera financiera, es decir, el 1, 27 % del PNB, sino la calidad de los preparativos de la ampliación ha de ser decisiva para fijar la cantidad de la ayuda. El Grupo Liberal se congratula de que todos los candidatos hayan sido evaluados de forma objetiva. La Comisión ha afirmado con razón que los dos grupos establecidos no constituyen una lista cerrada ni definitiva. Los esfuerzos de los miembros candidatos han de ser premiados. Lituania, Letonia y Eslovaquia están avanzando en la buena dirección, cada una a su manera. Sorprendentemente, la República Checa y Eslovenia están atravesando un mal momento. No debemos decidir ahora qué países están preparados para pasar del grupo II al grupo I. Esta decisión se tomará de aquí a un año, no dentro de seis meses, ya que no podemos esperar que la Comisión nos prepare un informe cada medio año.

Caccavale
Señora Presidenta, señores Comisarios, Señorías, agradezco al Sr. Barón Crespo, así como a los demás ponentes la labor realizada -evidentemente algo de lo que ha dicho en su informe es fruto del trabajo llevado a cabo en la Comisión de Asuntos Exteriores- y le damos las gracias por haber atendido toda una serie de indicaciones y sugerencias.
Me parece indudable que lo que va a ser la ampliación de la Agenda 2000 es el gran reto de este Parlamento y de las Instituciones europeas. Un reto político, extraordinario respecto a países que hasta hace algunos años abrigaban el sueño de Europa, el mito de Europa, de la Europa democrática, hecha de libertades y de derechos. Pues bien, pensar en reducir todo esto a un razonamiento contable acerca de cuánto dinero debe transferirse de una parte a otra para ayudar a los que quieren participar en este gran sueño de libertad y de democracia, me parece poco inteligente. Por tanto, nos jugaremos nuestra credibilidad en este reto político en los próximos años. Cierto que nuestras Instituciones no están preparadas para hacer frente a este reto. Es como si tuviéramos un vehículo de seis plazas dentro del cual ya colocamos a quince personas y, al final, pretendemos meter a veinticinco. Corremos el riesgo de que se produzca la implosión de este vehículo.
Es por esto que, en mi opinión, debemos examinar nuestras Instituciones en esta estrategia de preadhesión; necesitamos sobre todo que respecto a estos países que se acercan a la Unión Europea, no se trate de un problema cuantitativo de ayuda económica sino fundamentalmente de una exportación de modelos democráticos, de derechos de los ciudadanos.
Señora Presidenta, en estos países se está construyendo el Estado de derecho. Si existe un valor que Europa puede transferir a estos países es el concepto mismo de Estado de derecho y de democracia, los derechos de los ciudadanos y la facultad de ejercerlos en todas sus formas.

Miranda
Señora Presidenta, con los debates de hoy entramos en una fase crucial respecto de la determinación del próximo marco financiero comunitario y de las orientaciones y reglas que regirán algunas de sus políticas y algunos de sus instrumentos más importantes.
Considero indiscutible que los presentes debates se inician en condiciones profundamente diferentes de las que caracterizaron los que celebramos sobre el primero y el segundo conjunto de medidas Delors. Más concretamente, y sintetizando, podría perfectamente afirmar que quedan lejos los tiempos en que la cohesión económica y social era presentada como un punto de honra y se debatía con ardor sobre los medios para nuestras ambiciones. Cierto es que existe una ambición: la de la ampliación. Cierto es, asimismo, que existen instrumentos y ahí están, para comprobarlo, las diversas propuestas formuladas. Pero faltan los medios financieros indispensables para semejante objetivo y semejantes instrumentos. La ampliación no nos inspira reserva alguna de principio, pero no diremos lo mismo de las vías elegidas por la Comisión para hacerla realidad.
La ampliación entrañará aumentos lógicos de gastos, seguramente muy superiores a las contribuciones que los países candidatos podrán hacer a los recursos comunitarios, por lo que la Unión Europea se encuentra ante una alternativa de dos únicas opciones: o se asignan medios financieros suplementarios para la ampliación o se reducen los gastos con los objetivos y con las políticas actuales.
Por nuestra parte, nos pronunciamos claramente a favor de la primera opción. Pero no es ésa la opción de la Comisión, que -al elegir como prioritario el respeto draconiano del Pacto de Estabilidad- escoge el camino de la reducción de los gastos. Eso es lo que se desprende objetivamente de sus propuestas de mantenimiento del límite máximo de las perspectivas financieras en el nivel del actual 1, 27 % del PNB comunitario y de la consiguiente reducción de dicho límite para los quince Estados miembros actuales al 1, 13 % o de la limitación de las acciones estructurales para la Unión ampliada al actual 0, 46 % del PNB. Y eso es lo que se desprende ahora también de su propuesta de renacionalización de los costos de la PAC. No aceptamos semejante opción de la Comisión y consideramos que no se puede escamotear en este momento esa cuestión fulcral. El resultado de semejante opción sería ineluctablemente el sacrificio de la cohesión económica y social. No comprendemos que en nombre de una nueva solidaridad se sacrifique otra solidaridad, inscrita, además, en el Tratado.

Schroedter
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, estamos diciendo que la ampliación de la Unión Europea constituye el mayor reto después de la guerra fría. Decimos que ahora podemos conseguir una nueva estabilidad para Europa junto a nuestros vecinos del este. La representante del Consejo ha dicho que nuestros vecinos están esperando el apoyo de la Unión Europea para conseguir sus reformas y la adopción del acervo comunitario.
Pero miremos el importe de la financiación: es dinero de bolsillo, es ridículo. La realidad es que los costes de las estrategias de preadhesión tendrán que sufragarlos prácticamente los países candidatos. Por tanto, considero inaceptable la tutela de los candidatos en el reglamento. Deben ser reconocidos definitivamente como candidatos. Lo mínimo sería que estuvieran representados en el comité de coordinación. Los Verdes consideran que una ampliación como una vía de un solo sentido es una disculpa y piden que se adopte una estrategia de ampliación en pie de igualdad.
Permítanme hacer un añadido a las enmiendas, ya que la lista de votaciones a mi juicio está mal ordenada. El Sr. Barón Crespo también aceptará que nuestra enmienda 17 se considere un añadido a su enmienda 7 y nuestra enmienda 19, a su enmienda 9, no una alternativa.

Leperre-Verrier
Señora Presidenta, con respecto a esta estrategia de preadhesión, quisiera hacer algunas observaciones inspiradas en mi experiencia como ponente sobre el tema de la asociación de algunos PECO al programa Educación, Juventud y Cultura. Salvo el audiovisual, se trata de ámbitos en los que el acervo comunitario es mínimo. Sin embargo, son reveladores de algunas distorsiones que sufre nuestra estrategia.
Para comenzar, suscribo plenamente el punto de vista enunciado por nuestro ponente. En primer lugar, no se puede considerar esta fase de preadhesión sin tomar en consideración la relación que existe con algunas políticas comunitarias y su necesaria evolución. En segundo lugar, la búsqueda de coherencia y eficacia pasa por la reafirmación de los objetivos políticos en el proceso de ampliación. Por ello es lamentable que, en esta segunda fase, el programa PHARE se concentre más en las intervenciones de tipo técnico en detrimento de las acciones de reforma más políticas, por ejemplo en el ámbito social o cultural.
Por otro lado, en este camino del combatiente al que están sometidos los países candidatos y que se llama de forma púdica integración del acervo comunitario, temo, señor Comisario, que nos limitemos a las apariencias y que no siempre midamos la adhesión de esos países con respecto a las políticas comunitarias en términos de principios, de valores y de filosofía. Esto es especialmente cierto en los ámbitos de medio ambiente y transportes, objetos de este nuevo instrumento ISPA. En ese caso también, confieso que no estoy totalmente convencida de que responda a los objetivos que se persiguen.

Blokland
Señora Presidenta, hemos acogido con gran satisfacción la noticia de la Comisión Europea según la cual se han registrado avances importantes en la fase previa al inicio de las negociaciones con los países candidatos sobre su adhesión a la Unión Europea. Algunos capítulos del acervo comunitario ya han sido sometidos a control y hay que admitir que los resultados son alentadores, aun cuando haya países que sufren más dificultades a la hora de encontrar el buen camino.
No faltan, sin embargo, las notas discordantes. Ha quedado de manifiesto que la asimilación de la normativa comunitaria es una tarea mucho más ardua de lo que se había pensado en un principio. Suscribo los informes que hoy se debaten, aunque quisiera llamar la atención sobre algunos puntos. Los nuevos Estados miembros han de cumplir una serie de requisitos que, de hecho, son imprescindibles para la adhesión, como por ejemplo el respeto de las libertades fundamentales. Pero ello no significa bajo ningún concepto que la exigencia de calidad de los ajustes realizados pueda aducirse como excusa para aplazar la adhesión de los nuevos Estados miembros.
Además, los informes sacan a relucir la incapacidad del Consejo para convertir las consecuencias de la decisión sobre la ampliación en una estrategia política. ¿Realmente existe voluntad política para ello?
Los negociadores deben darse cuenta de que los antiguos países del Este tienen poca experiencia con el respeto a la democracia, los derechos humanos y las minorías. Y no pretendo disculparlos. Pero creo que como Parlamento Europeo también debemos fijar nuestra atención en los aspectos positivos, que demuestran que, contrariamente a lo que podría esperarse, muchos países candidatos ya han andado buena parte del camino.
No conviene poner el listón muy alto en lo que a la adhesión de los países de la Europa central y oriental se refiere. Estos países forman parte de la Europa occidental y, tras un período de dominio comunista, presentan con razón sus deseos en materia de seguridad y bienestar a los países de la Europa occidental. Tanto el ingreso en las estructuras estables de seguridad de la Unión Europea como la entrada en la OTAN pueden contribuir a evitar el nacimiento de nuevos conflictos. Además, de esta manera las democracias recientes de la Europa oriental dispondrían de unas líneas directrices en las que podrían inspirarse para su desarrollo. No dejemos escapar esta oportunidad y hagamos todo lo posible porque la adhesión se lleve a cabo cuanto antes.
Si se imponen medidas de ajuste a los países candidatos, las Instituciones europeas también deberían empezar a poner manos a la obra, dando ejemplo.

Antony
Señora Presidenta, señorías, por quinta vez la Unión Europea se dispone a recibir a nuevos Estados miembros. Chipre y los diez países de Europa central y oriental.
Esta ampliación será mucho más importante que las anteriores. La Europa de los quince convertida en la Europa de los veintiséis contará con un millón de kilómetros y cien millones de habitantes más. Ante todo, esta ampliación al Este puede parecer un símbolo: la destrucción definitiva del telón de acero que durante medio siglo partió en dos a nuestro continente.
Desde su creación en 1972, el Frente Nacional no ha dejado de luchar contra ese telón de acero que los comunistas habían construido para encerrar, en un inmenso campo de concentración, a los pueblos de la Europa del Este. En su primer discurso ante el Parlamento Europeo, Jean Marie Le Pen denunció esta opresión. Durante años, con unos medios irrisorios, intentamos ayudar a nuestros hermanos de la Europa del Este. Entonces estábamos bastante aislados. En Francia, los demás partidos aceptaban muy bien este estado de hecho: los comunistas, por supuesto, cuyo dirigente Marchais, se alegraba por el balance positivo de las democracias populares; sus aliados socialistas, pero también el RPR y la UDF, con los señores Giscard d'Estaing y Chirac, que incluso habían llegado a depositar flores en el mausoleo de Lenin, el mayor asesino de la historia.
Igualmente, en 1991, únicamente nuestro Grupo apoyó el combate de los lituanos contra la Unión Soviética y el de los croatas contra Yugoslavia. En aquellos momentos, Delors, el Gobierno americano y todos los dirigentes europeos condenaban a esos pueblos que se atrevían a levantarse contra unos regímenes comunistas y federalistas.
Hoy, son esos mismos los que quieren ver cómo la Europa del Este depende de Bruselas. Nos oponemos a una ampliación así, que además costaría muy cara a nuestras naciones. La Comisión ha evaluado su coste financiero en más de 500 millardos de francos entre 1999 y el 2006. Apenas sorprende. Los países de la Europa central y oriental se han visto arruinados por más de cuarenta años de comunismo. Este coste será principalmente soportado por Francia. Ésta recibe poco de Bruselas, a quien entrega más de 90 millardos. Recibirá aún menos. La política agrícola, ya bastante amputada, lo será aún más. Sus ayudas regionales se verán reducidas en un 20 %. Córcega y el Hainaut francés ya no formarán parte de las regiones a las que se ayuda en concepto del objetivo 1.
Pero herida de dinero no es mortal. Lech Valesa, de visita hace algunos años en Bruselas, me dijo: «Lo que ustedes están haciendo es una nueva Unión Soviética.» Tenía razón.

Pronk
Señora Presidenta, aunque el Sr. Samland aún no ha tomado la palabra, mi intervención se refiere principalmente al informe del Sr. Tomlinson.
Tengo la impresión, Señora Presidenta, de que en todo este debate sobre el problema de la ampliación a los idealistas les falta sentido de la realidad y a los pragmáticos les falta idealismo. Acabamos de escuchar una serie de ideas que, a mi modo de ver, son excesivamente idealistas, como por ejemplo la propuesta, que ya ha sido criticada por mi colega Oostlander, de alojar todo el asunto de la ampliación en la PESC, dejándolo en manos de una pandilla de diplomáticos peleones. Creo que la PESC es demasiado importante como para tratarla de esta manera.
Ahora quiero presentar el fondo mencionado en el informe Tomlinson como un ejemplo en el que pragmática e idealismo van cogidos de la mano. Se habla de las ayudas a países mediante préstamos garantizados y, más en particular, de las garantías de la Unión. Me parece que este procedimiento ha sido todo un éxito.
Ahora bien, evidentemente, en un momento determinado resulta que algunos países no pueden pagar. Es aquí donde interviene la garantía establecida por la Unión Europea. Es un dato importante. El único problema es que cuesta mucho dinero. Evidentemente, el Consejo, sabio que es, no había caído en la cuenta. Se había limitado a pensar que esta garantía en sí ofrecía cierta ventaja, olvidando que en algún momento habría que dar la cara.
Gracias a las presiones del Parlamento Europeo se ha podido crear un fondo que cubre estas garantías prácticamente por sí solo. Este fondo debe reponerse. Afortunadamente, hemos podido comprobar que se necesita algo menos de lo que se había calculado en un primer momento, de modo que el importe puede ser reducido del 10 % al 8 %. Esto es una ventaja.
Todo ello apunta a que la Unión ha diseñado en instrumento sumamente práctico, un instrumento que, de hecho, funciona, un instrumento que, de una u otra manera, puede aplicarse directamente a través de las entidades que los países mismos han creado en colaboración con sus bancos centrales, y que este instrumento surte efecto. Incluso puedo añadir que hemos utilizado este mismo modelo para los planes nacionales de empleo en Europa, optando por la combinación de garantías y préstamos. Es un modelo excelente. Es mucho mejor que otras muchas cosas que se han propuesto. Además, es un modelo del que puedo demostrar que tiene su origen en las amenazas y presiones de la Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo, y si hubiera sido creado de otra manera, accediendo a los deseos de determinados Estados miembros, es decir, a la buena ventura, hubiera estado abocado al fracaso, aparte de que, en tal caso, nosotros aquí en el Parlamento hubiéramos tenido que hacer frente una vez más a los reproches de nuestros ciudadanos sobre el despilfarro de dinero. Éste no ha sido el caso ahora. Creo que nosotros, aquí en este Parlamento, debemos darnos cuenta de que los responsables de cualquier posible fallo atribuible a los diplomáticos no serán éstos, sino nosotros, por lo que es nuestra obligación ser idealistas y realistas a la vez.

Ryynänen
Señora Presidenta, es imprescindible concentrar y coordinar con eficacia la ayuda que se viene prestando a los países candidatos a través de tres instrumentos distintos, y todo ello con el fin de lograr el mayor beneficio posible. El punto de partida para el resto de las acciones de desarrollo es el cumplimiento de los criterios de Copenhague. Igualmente, es preciso intentar adaptar la ayuda a los países candidatos de acuerdo con los programas INTERREG y TACIS, de acuerdo con la cooperación transfronteriza e intergubernamental dentro de la propia UE, para lograr que estas ayudas formen un conjunto coordinado. Además, es necesario concentrar en un solo instrumento las ayudas destinadas a mejorar la seguridad nuclear, esto es, tal como establece el reglamento del programa PHARE.
Por lo que respecta a las ayudas agrícolas de los países candidatos, es necesario lograr flexibilidad y establecer una prioridades claras con arreglo a los acuerdos de asociación. La integración en el mercado interior y la asimilación de las normas de la UE requieren una colaboración a gran escala basada en la política y el control de calidad de los productos alimenticios, en las cuestiones fitosanitarias y zoosanitarias, y, en un contexto más amplio, en una política medioambiental para una producción sostenible. Es preciso que nos dotemos de una política rural eficaz y de amplias miras para afrontar las consecuencias que implicarán los cambios estructurales en el ámbito de la agricultura. Esta política deberá permitir la aparición de una nueva y polifacética actividad empresarial y la creación de nuevos puestos de trabajo, por lo que la formación de calidad desempeñará un papel verdaderamente fundamental en el aprovechamiento de las ayudas a los países candidatos.
Asimismo, la descentralización administrativa parcial de la que, bajo el control de la UE, se están beneficiando los países candidatos representa un paso en la dirección adecuada. Es preciso apoyar la participación de los países beneficiarios en los trabajos de los comités y, por lo demás, hacer hincapié en esta participación sistemática con el fin de encontrar fondos y fuentes de financiación para las inversiones.

Alavanos
Señor Presidente, ya que estamos debatiendo un informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa relativo al asunto de la adhesión, me gustaría que nos ocupásemos de un problema exclusivamente político que ha influido y ha preocupado en gran medida a los ciudadanos mi país. Se trata de la adhesión a la Unión Europea de la República de Chipre.
He escuchado con gran preocupación unas declaraciones de Francia, de Italia, de Alemania y de los Países Bajos, que relacionan la adhesión definitiva a la Unión Europea de la República de Chipre con la solución de la cuestión chipriota, algo que no guarda relación con las principales posturas que la Unión Europea había adoptado repetidas veces en diversos Consejos europeos. Se observa con tristeza cómo ciertos gobiernos como el del Sr. D'Alema, el del Sr. Schöeder o el del Sr. Jospin, adoptan políticas peores y alejadas de los compromisos asumidos por los gobiernos del Sr. Berlusconi, del Sr. Kohl y del Sr. Juppé.
Aquí quisiera insistir en que la peor manera de dar solución a la cuestión chipriota es decir que ésta es una condición política para la adhesión de Chipre a la Unión Europea, porque esto constituye un impulso para que Turquía, que no desea la adhesión aunque quiera buscar una solución a la cuestión chipriota, no dé ningún paso en esa dirección. En este sentido, creo que es muy importante que considerásemos algo que había manifestado aquí el Sr. van der Broek, de que la cuestión de la adhesión de la República de Chipre no puede convertirse en rehén de ningún país y éste debería ser nuestro principio.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental implica oportunidades y riesgos, no sólo para los países candidatos, sino también para la UE.
Ante todo, en el ámbito de la política agrícola ocurre que no podemos aplicar nuestra lógica destructiva de la última década a estos países, sino que tenemos que apoyar las estructuras regionales existentes, construir nuevas y darles una oportunidad de modernizarse y hacerse eficaces. Así pues, debemos contrarrestar la tendencia a practicar un desarrollo que, bajo la denominación de «mejora estructural», no haga sino conducir a una evolución similar negativa. Por esta razón no estoy de acuerdo con el enfoque del ponente Sonneveld. El ponente afirma que los planes de desarrollo integrado del espacio rural no deben prorrogarse. Esto significa que no quiere la evolución positiva que debemos fomentar, sino que querría seguir con la vieja lógica de la racionalización de las estructuras y con la destrucción de puestos de trabajo y la evolución hacia una producción no respetuosa del medio ambiente.
Así pues, señor Sonneveld, por responsabilidad hacia la evolución de la política agraria de la UE, no podemos aceptar las enmiendas.

Martínez
Señora Presidenta, es evidente que la llegada de los países del Este, principalmente la gran Polonia cristiana y la Hungría del antiguo imperio austro húngaro, es un magnífico y hermoso proyecto.
Quisiera examinar las consecuencias bajo el prisma agrícola del programa Seapared. La población agrícola del oeste va a aumentar en un 50 %; nuestras tierras aumentarán en un 30 % - eso significa aumentar enormemente el patrimonio. En esos países, el 25 % de los activos son agricultores, porcentaje que debería caer a un 6 % como en la Europa del oeste; los precios agrícolas están más bajos, 30 % menos para la carne, 20 % menos para los cereales, 15 % menos para el trigo; esos países tienen también problemas de superproducción, problemas fitosanitarios y deberían adaptarse a las normas, principalmente en materia de seguridad alimentaria. En cuanto al coste - 500 millones de ecus por año -, no hablaré de él; ésta es una cuestión que, a la postre, podría resolverse.
El problema, sin embargo, es que esos países se comprometerían en el verdadero vía crucis que hemos recorrido en el oeste. Sería preciso poner en marcha organizaciones comunes de mercado, reestructurar el derecho a la propiedad, proceder a adaptaciones veterinarias, fitosanitarias, y sobre todo, eliminar campesinos. Se eliminarían campesinos húngaros, viticultores húngaros del «tokay», el rey de los vinos, el vino de los reyes. Se eliminarían campesinos polacos. Se crearían desempleados. Serían necesarios fondos estructurales. Se aplicaría el modelo agrícola del oeste, desafortunadamente hiperproductivo, con ganaderías, si se me permite decirlo, concentracionistas y con las consecuencias que se han visto en el oeste.
Lo que más temo es que la llegada de los países del Este - sobre la que podríamos estar de acuerdo porque el proyecto es estratégico - sirva de pretexto para tres cosas: En primer lugar, para la bajada de los precios en el oeste, en el marco de la reestructuración de la PAC y para preparar las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio. En segundo lugar - y esto está produciéndose - para la reestructuración de la financiación no solamente de la política agrícola común, sino también de toda la Comunidad Europea, con los problemas de Francia, que pierde demasiado, de Alemania, que pierde aún más, de una parte de la política agrícola común a nacionalizar bajo el pretexto del coste de la entrada de los países del Este. En tercer lugar, la adhesión de los países del Este no deberá servir de coartada para poner en tela de juicio nuestra PAC. No se debería utilizar como un arma para luchar contra los campesinos del oeste valiéndose de que, al ser sus costes más elevados, tengan que bajarlos.
Por otra parte, no se puede correr detrás de dos liebres a la vez. ¿Se puede correr detrás de la liebre de Mercosur, detrás de la del mercado trasatlántico con todos sus costes y detrás de la de la apertura al Este?
Como conclusión, se trata en ese caso, evidentemente, de un gran proyecto estratégico dirigido al corazón, pero que da la sensación de ser prematuro, mal preparado y que tiene más elementos negativos para los países del Este, que yo sé que quieren llegar, y más elementos negativos para nosotros.¿Quizá sería necesario proseguir con la reflexión, prever etapas intermedias? Todos sabemos que el infierno está lleno de buenas intenciones y que lo mejor es enemigo de lo bueno.

Samland
Señora Presidenta, en primer lugar quiero agradecerle muy sinceramente su ecuanimidad y la de este Parlamento por haberme designado ponente. Desgraciadamente, no pude estar aquí anteriormente, porque esta misma tarde debía hablar al mismo tiempo con uno de nuestros interlocutores en la concertación. Este ha sido el problema. Por otra parte, he de disculpar al Sr. Tomlison, que hoy está ocupado asistiendo a una importante reunión en Gran Bretaña, en la Cámara de los Lores, en su otra función. Como saben, está en juego una decisión importante para nuestros colegas británicos.
En este sentido, quisiera referirme al informe presentado por el Sr. Tomlison sobre la modificación del Reglamento 2728/94 sobre la creación de un fondo de garantía para medidas en el ámbito de la política exterior.
El Sr. Pronk ya se ha referido a ello: este fondo de garantía fue desde hace muchos años objetivo del Parlamento Europeo, porque no podíamos estar de acuerdo con que los Estados miembros se pronunciasen a favor de que estas garantías, sobre todo las excepciones a las posibles garantías, se aseguraran a través de un fondo. El presupuesto garantizaba plenamente todo aquello que incluyera todas las posibles excepciones. Por eso hemos acogido con gran satisfacción que se propusiera un fondo en 1994 y que fuera aceptado por el Consejo, porque con ello se crearía la base de asegurar las garantías en Europa central y oriental.
El informe que la Comisión ha presentado ahora sobre la utilización de este fondo y sobre los riesgos que serán cubiertos por este fondo, ha llegado a la conclusión de que el valor de los pagos debe bajarse desde un 10 a un 8 %. La justificación que de ello da la Comisión se basa en que las garantías que entrañan un posible riesgo se mueven a un nivel en el que podemos arreglarnos para los pagos del fondo con un tipo bajo. ¿Hasta dónde reducimos? En este caso, el porcentaje propuesto requeriría una cantidad máxima anual de 150 millones de euros, para poder equipararse al nivel actual de la concesión de préstamos a los terceros países con un máximo de unos 2.500 millones de ecus. De esta manera se cubrirían los riesgos del fondo.
El ponente y la Comisión de Presupuestos han llegado a la conclusión de que el informe presentado por la Comisión está justificado, ya que, según los análisis de la Comisión, hasta el 1 de julio de 1998 los préstamos de riesgo con un riesgo excesivo ascenderán a un volumen total de unos 1 750 millones de ecus, según la propuesta de la Comisión. También pueden deducirse del informe, desglosados por países en los Estados miembros de la CEI o de los países de Asia o América Latina. En esta fecha límite, el fondo dispone de un volumen de 1.186 millones de ecus. Si se diera el caso de que no se devolviera la suma total de los préstamos a la que se presupone un gran riesgo, el fondo se vería en una situación de soportar efectivamente la pérdida. Para ello no sería necesario empezar a gastar la cantidad prevista en el plan presupuestario para la dotación de préstamos -en el ejercicio presupuestario de 1998, 338 millones de ecus-. En esa medida, la cantidad pretendida se reduciría de manera adecuada y correcta. El ponente y la Comisión siguen la propuesta de la Comisión.
No obstante, hemos presentado dos enmiendas con las que queremos pedir precisiones a la Comisión antes de votar el informe. Una se refiere a que la Comisión nos presente regularmente un informe para poder valorar de nuevo los parámetros tras la evolución de la utilización de los créditos y del fondo. Pienso que en este punto al menos discrepamos. En eso también nos tiene que seguir la Comisión. Esa es la enmienda 2, pero me gustaría contar con una confirmación de la comisión.
La enmienda 1 es mucho más importante. ¿Quién administrará el fondo? En este punto tenemos una postura totalmente distinta. Me inclino más por la postura del Sr. Pronk que por la Comisión. La Comisión quisiera remitirlo al Fondo del Banco de Inversiones Europeo con su propia estructura administrativa. Nosotros opinamos que esto sería una medida totalmente equivocada. El ponente, en su exposición de motivos, ha expresado que no parte de la base de que la posibilidad de evaluar los riesgos en la concesión de préstamos por parte de funcionarios de la Unión Europea pueda ser más fácil que en un banco que debe mantenerse en el nivel de los bancos y valorar como una medida bancaria habitual la calidad de los riesgos, antes de conceder un crédito. Por tanto, queremos dejar constancia de eso. Esto significaría que se acepta la enmienda 1. Con la administración financiera del fondo, la Comisión se encargará de suprimir esta parte. también querríamos una aclaración de la Comisión al respecto.
Quisiera decirles lo siguiente -tal como les propone también el informe-: en caso de que la Comisión no valore positivamente estas enmiendas, pediremos que el informe se remita de nuevo a la comisión, porque no queremos dar este paso en la práctica si la Comisión no nos respalda en estas cuestiones.

Botz
Señora Presidenta, la ampliación de la UE a los países de Europa central y oriental y Chipre no sólo se produce a principios del nuevo siglo, sino que es una tarea del siglo. Tal tarea requiere un empleo extraordinario de fuerzas de todos los implicados. Entre tanto, a todos queda claro que estos esfuerzos se exigirán en primer lugar a los países candidatos. Con respecto a las diferencias reales, por ejemplo en el ámbito de los asuntos económicos y sociales, entre nosotros y los países candidatos, sigo opinando que nosotros, en tanto que Unión Europea, debemos realizar modestos esfuerzos con respecto a este reto, también desde el punto de vista financiero.
Pero, sea como sea, dadas las circunstancias, la Comisión, a mi juicio, a pesar de todo, ha puesto sobre la mesa propuestas que son practicables en la mayor medida posible y que al menos nos dejan abierta la oportunidad de controlar este gran proceso de adhesión de la Unión Europea y darle forma positiva. Me gustaría comentar un detalle. Pienso que en la ampliación es necesario, mucho más que hasta ahora, familiarizarse con las administraciones públicas de todos los niveles, no sólo de los niveles superiores -eso está garantizado- sino también de los inferiores, y con los objetivos y procedimientos del acervo comunitario en estos países candidatos.
A mi juicio, sigue habiendo una cierta infravaloración de la situación de la que provienen la mayoría de esos países, en concreto, de sistemas dictatoriales con las administraciones propias de los mismos. A menudo también se olvida que en los niveles inferiores de estas administraciones están las mismas personas que, naturalmente, se esfuerzan por trabajar ahora en el nuevo sistema. Pero nosotros debemos encaminarlos expresamente mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora a formar parte de nuestros recursos de preadhesión en dirección al reciclaje de la administración. Frente a ello probablemente es menos necesario financiar nuevos estudios por parte de Europa occidental. Pienso que los análisis de lo que existe in situ bastan.
Vuelvo a referirme una vez más a la tarea del siglo. Debemos tener en cuenta del modo más justo y equitativo posible no sólo los intereses de los países candidatos, sino, por supuesto, nuestros propios intereses. Pero, sobre todo, como demócratas europeos, debemos estar agradecidos por poder tomar parte en este proceso histórico.

Brok
Señora Presidenta, señorías, quisiera adherirme a la última observación del Sr. Botz. En la práctica no es necesario realizar más estudios de viabilidad, sino que se necesitan medios operativos, y opino que la Comisión desde hace algún tiempo ha tomado este camino. Estamos dispuestos a apoyar a la Comisión a consolidar este enfoque. Los objetivos de infraestructuras y medio ambiente, fomento de cuadros directivos y financiación de las inversiones, además del punto esencial de fomento de la democracia y el Estado de derecho y de las estructuras administrativas eficaces, así como una justicia adecuada, son enfoques correctos.
Pero, para que tengan un efecto relativamente rápido, estos medios deben concederse de manera rápida y no burocrática. Tenemos una pesada tarea ante nosotros, a saber, llevar al equilibrio económico y político a un continente que está despiadadamente dividido, tanto desde el punto de vista económico como político. Volver a recomponer los pedazos es la gran tarea que debe ir unida al proceso de aproximación. A este respecto, debemos decir de nosotros mismos que a menudo olvidamos que, en tanto que intereses nacionales, en realidad podemos reconciliarlos con los intereses comunitarios. Cuando se ve en qué consisten los intereses nacionales, que a menudo se consideran de muy poco alcance, puede que se produzca una dificultad a corto plazo, pero, en realidad, queremos la ampliación, porque también repercute en beneficio nuestro, no sólo en el de los países candidatos. Cuando seamos conscientes de ello, cuando definamos verdaderamente nuestros intereses en el ámbito político, de seguridad y económico, entonces estaremos en condiciones de llevar a la práctica la necesaria capacidad de compromiso para avanzar en este terreno.
Una cosa esta clara: hasta ahora hemos disfrutado de los beneficios del desarrollo de las relaciones comerciales entre los países de Europa central y oriental por una parte y de la Unión Europea por otra. Si la población tiene la sensación de que hasta ahora estos países sólo nos han costado dinero, la realidad más bien es que hemos ganado más de lo que les hemos dado, sobre todo debido a las desiguales relaciones comerciales. Quiero decir que debemos dejar esto bien claro a nuestra población, para ganarnos el apoyo político a este proceso de adhesión.
A esto se añade que debemos tener en cuenta el factor tiempo, porque el factor tiempo es esencial para que no se pierda el apoyo de los ciudadanos a los países candidatos. Esto debe ir unido a la especial calidad de los programas. Señora Schroedter, opino que es estupendo que diga usted que damos una cantidad ridícula. Le ruego encarecidamente que invite a su ministro de Asuntos Exteriores y a su canciller a que tengan en cuenta sus palabras, para que practiquemos una política mejor.

Amadeo
Señora Presidenta, los informes presentados por las diferentes comisiones en el ámbito de la Agenda 2000 se sostienen en una telaraña. Sin embargo, todo el mundo subordina la aprobación de las reformas propuestas al mantenimiento de las políticas comunitarias que contribuyen a la cohesión de los Quince y a las medidas que servirán para facilitar las adhesiones de los países candidatos.
En lo que se refiere a las relaciones que definen la estrategia de preadhesión, estamos de acuerdo con el señor ponente y con los que afirman que deberán respetarse los criterios definidos en Copenhague: estado de Derecho, coeficientes de democracia, existencia de una economía de mercado, respeto al acervo comunitario.
Estimamos que las nuevas adhesiones brindan la oportunidad histórica de reconciliar nuestro Continente con su pasado y que son necesarias para definir el aspecto de Europa en el futuro. Sin embargo, las propuestas de la Comisión siguen siendo prudentes y pragmáticas al tener que contar con las fuertes divergencias entre los Estados, unas divergencias que ponen en evidencia lo que Alianza Nacional sostiene desde hace tiempo, o sea, una gran Europa en que la unión política es el pródromo de la Europa económica, una unión política que debería y debía perfeccionarse antes del comienzo de las negociaciones de preadhesión, al objeto de presentar a los nuevos Estados un marco global claro y bien definido. En las propuestas, por tanto, falta una introducción política, en nuestra opinión necesaria, que habría atajado el principal problema que plantean las nuevas adhesiones, o sea, la futura financiación de Europa. Por ello, debemos lamentar que la proyectada apertura a los seis Estados no responde a decisiones políticas concretas y sospechamos que se trata de un mero cálculo contable para poder culminar la ampliación manteniendo el presupuesto comunitario en el actual 1, 27 % del Producto Interior Bruto, y esto hasta el año 2006.
La construcción europea necesita la unión de todos sus pueblos para ser completa. No obstante y por mucho que nos pese, debemos poner de relieve que las reformas institucionales, la futura financiación del presupuesto y otros problemas siguen estando ahí, mientras que una voluntad política unívoca habría instado a todos los Gobiernos a tratar los asuntos europeos desde el punto de vista político y no como una negociación estrictamente económica y financiera.

Berès
Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, en nuestro debate conjunto tengo la sensación de que existe un cierto desfase entre, por una parte, una estrategia de preadhesión, noble y llena de ambiciones, y una Agenda 2000 que debería situar a la Unión en la posibilidad de acoger a los países candidatos y que es, en realidad, una nivelación de nuestras políticas comunes necesaria en cualquier hipótesis.
Con respecto a la estrategia de preadhesión - de ella pretendo hablar esta mañana - me parece que carecemos totalmente de la perspectiva global, que hace que la ampliación para la que nos preparamos no sea una simple suma de 1+1. A la Unión le corresponde recordárselo a nuestros socios candidatos. No podemos comprometernos en un proceso bilateral con cada uno de los países miembros. A nosotros nos toca evaluar el impacto global. Ahora bien, a menos de un año de la adopción de una lista de países candidatos, que la Unión podría hacer que entraran en primer lugar, vemos que el mapa está ya desorganizado. Malta ha presentado de nuevo su candidatura. La Comisión considera la adhesión turca bajo nuevas condiciones. Y se está viendo cómo se perfila, aquí o allá, la vuelta a la actualidad de los dos candidatos bálticos.
Más que nunca, me parece que la Conferencia Europea, en su papel de foro para esta perspectiva global, es esencial. Creo que debemos volver sobre ello.
Y además, sufro por este desfase entre la perspectiva de un proceso global e inclusivo que siempre hemos deseado y la falta de visión global. Necesitamos un debate, una perspectiva sobre la frontera de la Unión, sobre los objetivos políticos de la Unión, sobre los medios para decidir, para gobernar con más de quince, sobre los medios para defender este conjunto, para hacer oír nuestra voz en los asuntos del mundo. Las enmiendas que nos propone nuestro colega Barón Crespo van en esta dirección. Les doy mi apoyo total. Pero hemos de tener cuidado colectivamente: si el diablo está en los detalles, a veces corremos el riesgo de convertirnos en miopes.

Van den Broek
Si me lo permiten, quisiera manifestar antes que nada mi agradecimiento y mi aprecio por el buen trabajo de los ponentes. Creo que un dictamen positivo por parte del Parlamento Europeo significa un paso importante hacia la aprobación del paquete de medidas reforzado para la integración de los países candidatos de la Europa central y oriental en la Unión Europea. Espero con gran expectación el debate más dilatado sobre la ampliación y los informes de situación que ustedes han previsto para principios de diciembre y, evidentemente, les agradecería que me dieran la oportunidad de contestar a todas las preguntas estrechamente vinculadas con este tema. Hoy me limitaré, por lo tanto, a los instrumentos de preadhesión y a continuación quisiera hacer algunas observaciones sobre el informe Tomlinson.
Señora Presidenta, ¿cuál es el interés político de esta ayuda previa a la adhesión? A este respecto quisiera recordarles cómo el Consejo Europeo de Dublin instó en diciembre de 1996 a la Comisión para que reforzara la asistencia de preadhesión. Hemos hecho propuestas de esta índole en la Agenda 2000. Desde un punto de vista financiero, la Comisión propone duplicar la ayuda para los países candidatos hasta 3.000 millones de euros al año durante el período 2000-2006. Quería aprovechar para decirle a la Sra. Schroedter que la ayuda de la Unión y sus Estados miembros no se queda ahí, sino que a esta partida se añaden las múltiples medidas en materia de préstamos. Sin olvidar los acuerdos bilaterales de nuestros Estados miembros. Creo que sumando todo y repartiéndolo a lo largo del período 2000-2006, estaremos más cerca de los 70.000 millones que de los mencionados 3.000 millones anuales durante cinco o seis años.
La Comisión ha propuesto una serie de importantes innovaciones de fondo que en parte ya han sido implantadas, como por ejemplo las asociaciones para la adhesión y la participación de los países candidatos en los programas comunitarios. El programa PHARE ha experimentado un cambio de orientación y se centra exclusivamente en los preparativos para la adhesión a través de dos prioridades fundamentales. Por una parte la consolidación institucional y por otra, las inversiones destinadas a la asimilación del acervo comunitario. La Comisión ha propuesto crear, además de PHARE, otros dos instrumentos nuevos, uno para el desarrollo de la agricultura y otro que sería el precursor de los Fondos estructurales, denominados SAPAR e ISPA, respectivamente. A través de estos instrumentos se emplearía la mitad de los 3.000 millones de euros anuales antes indicados. Los tres instrumentos de preadhesión nos permiten encontrar una solución eficaz para buena parte de los dictámenes de 1997 y las áreas problemáticas identificadas posteriormente en los informes periódicos. Gracias a estos instrumentos, los países aspirantes pueden por ejemplo recibir apoyo durante los preparativos para la implementación de los programas estructurales, ámbito en el que aún no han adquirido mucha experiencia. La llave para el éxito del proceso de ampliación está en la vinculación entre la estrategia de preadhesión y las negociaciones para la adhesión. Cuanto más problemas haya podido solucionar cada país aspirante con anterioridad a la adhesión, tanto menor será su necesidad de acogerse a medidas de transición. Cuanta más asistencia preste la Unión a los Estados miembros aspirantes en este momento, tanto más suave y sencilla será la adhesión en su día.
Es la única manera para intentar prevenir que las negociaciones se vean asediadas por una avalancha de solicitudes a favor de un período de transición, situación que, a su vez, podría atrasar el proceso de adhesión. Aparte de que con la asistencia de preadhesión ayudamos a los países aspirantes, nos permite reducir el impacto de la ampliación sobre la misma Unión Europea.
El Sr. diputado Barón Crespo ha manifestado en su informe la posición del Parlamento Europeo respecto al reglamento sobre la coordinación, por lo que le quiero dar las gracias. La Comisión ha propuesto este reglamento sobre la coordinación a fin de garantizar la coherencia y evitar que los tres instrumentos de preadhesión, primero PHARE, segundo el instrumento estructural ISPA y tercero el instrumento para el desarrollo agrícola SAPAR, se solapen.
En cuanto a las enmiendas que se han presentado quisiera hacer antes que nada la siguiente observación. En algunas de las enmiendas del Parlamento se propone introducir referencias a principios generales como son el Estado de derecho, el respeto del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. Según nosotros, estos principios ya han sido especificados en los reglamentos PHARE, ISPA y SEPAR. Por lo tanto, la Comisión estima que, en realidad, dichas enmiendas podrían considerarse innecesarias.
De conformidad con los deseos del Parlamento y de los Estados miembros, hemos ajustado los artículos 2, 3, 4, y 5 de la propuesta de reglamento de tal forma que definen y distinguen claramente las funciones de los diferentes instrumentos, de modo que ya no existe peligro de solapamiento.
Evidentemente, la Comisión tiene muy en cuenta la gran importancia que concede el Parlamento a la cofinanciación por parte de los países beneficiarios, artículo 7. No obstante, opina que el texto del artículo, tal y como figura en la propuesta, responde adecuadamente a dicha preocupación. De conformidad con las propuestas del Parlamento y de los Estados miembros, la coordinación de las medidas tomadas en el marco de los tres instrumentos, es decir, las orientaciones establecidas para cada país con respecto a la ayuda de preadhesión, ha sido encomendada al comité PHARE en su calidad de comité de gestión, tal y como ha previsto la Comisión en su nueva versión del artículo 9. Está claro, pues, que la Comisión retira las objeciones que llegó a formular en su momento. Por lo demás, teme que esta estructura pesada, porque de hecho lo es, puede retrasar la programación, aunque decida conformarse con el deseo del Parlamento Europeo y de los Estados miembros.
A fin de acceder a la petición del Parlamento, que supeditó la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de 1996 a la descentralización de la ayuda PHARE, la Comisión ha reformulado el artículo 12. La versión revisada de dicho artículo reúne todos los criterios y requisitos necesarios para una gestión descentralizada, así como otras disposiciones que contribuyen a que los beneficiarios respeten toda la normativa comunitaria relativa a la selección de proyectos, licitaciones y contratos.
El Parlamento y el Consejo serán informados de los resultados de la evaluación y del control ejercido sobre la gestión de la ayuda por parte de los países beneficiarios a través de los informes mencionados en el artículo 13.
Quiero subrayar, no obstante, que la iniciativa para la fijación de normas relativas a la supervisión y a la evaluación corresponde a la Comisión. El Reglamento Financiero no deja lugar a dudas al respecto. Por lo tanto, le resulta difícilmente aceptable tener que compartir esta responsabilidad con otras autoridades, como se propone en el proyecto de enmienda del artículo 12.
A fin de acceder a su solicitud de ser informados con regularidad, la Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de modificar el artículo 13 para que los informes sobre la aplicación del reglamento que se envíen al Parlamento y al Consejo se presenten anualmente, y no una vez cada dos años.
Si me permiten, pasaré ahora al informe Walter. En primer lugar quisiera felicitar al Sr. Walter y a los demás diputados que han colaborado en su informe sobre el ISPA. Consideramos muy positivo el énfasis que se pone en la necesidad de emplear los fondos ISPA que tenemos a nuestra disposición con la mayor eficacia posible y de velar por la debida coherencia y coordinación entre el ISPA y los demás instrumentos de preadhesión que se debaten hoy.
Ahora me gustaría detenerme un poco en las 67 enmiendas que se proponen en el informe. Por regla general, me parece que son muy constructivas y que están en línea con los objetivos generales de la propuesta ISPA de la Comisión. Con vistas a un comentario más detallado he juzgado oportuno agrupar las enmiendas en razón de las conclusiones que la Comisión piensa sacar al respecto.
El primer grupo reúne una serie de enmiendas que la Comisión tiene el propósito de integrar en la propuesta, ya sea en el considerando, ya sea en los artículos del reglamento. Se trata de las enmiendas núms. 56, 63 y 65, entre otras. En ellas se pide que se incluya una referencia explícita al tema del empleo, en particular mediante la evaluación del impacto del ISPA sobre la creación de puestos de trabajo. La enmienda 67, que pertenece a la misma categoría, resalta la necesidad de distinguir entre los diferentes medios de transporte al presentar el informe sobre las medidas en materia de transportes. La enmienda 39 se refiere a la necesidad de garantizar una mejor coordinación entre las actividades del ISPA y, por ejemplo, las operaciones bilaterales de los Estados miembros. En la enmienda 58 se nos insta a que las medidas en el ámbito del transporte sean coherentes con las orientaciones de las redes transeuropeas y con la política paneuropea de transportes. Por último, entra a formar parte del primer grupo la enmienda 19 sobre el principio de la igualdad de oportunidades.
El segundo grupo recoge las enmiendas presentadas por el Parlamento con respecto a las cuales la Comisión puede apoyar las consideraciones del mismo, aunque habría que tener en cuenta la posición del Consejo, que probablemente esté dispuesto a aceptar las enmiendas con tal de que se formulen de otra manera. Por lo tanto, no me parece deseable suscribir dichas enmiendas formalmente en esta fase del proceso, aunque sí me atrevo a decir que el tenor general de las mismas quedará reflejado en el texto definitivo. A modo de ejemplo citaré las enmiendas siguientes. Enmienda 24, flexibilidad con respecto al importe mínimo de 5 millones de euros por proyecto; enmienda 45, relativa a los preceptos detallados en el ámbito de la gestión financiera y el control; enmiendas 7 y 31, que reclaman una mayor coordinación entre los diferentes instrumentos, sobre todo respecto a las actividades transfronterizas y enmienda 11, sobre la necesidad de lograr una proporción igualitaria entre los proyectos en materia de medio ambiente, por una parte, y los proyectos del sector de transporte, por otra.
En el tercer grupo de enmiendas, al contrario, figuran aquellas propuestas que caen fuera del ámbito de aplicación del ISPA y que, por esta misma razón, no serán aceptadas. Es lo que ocurre por ejemplo con las enmiendas relativas a las acciones emprendidas en el marco de PHARE. Aquí quisiera hacer referencia al comentario que hice acerca del informe Barón Crespo. Hemos de atenernos a las disposiciones de los reglamentos sobre la coordinación que fomentan la coordinación y la coherencia entre todas las formas de ayuda concedidas en el marco de la estrategia de preadhesión en su conjunto. Me refiero a las enmiendas relativas a la asistencia técnica para el desarrollo institucional, enmienda 26, la normalización en el ámbito del transporte, enmienda 28, o la participación en programas comunitarios, como por ejemplo el Quinto programa marco de investigación y el programa para el medio ambiente LIFE, enmiendas 29 y 32.
Por último, hay un grupo de enmiendas del Parlamento con respecto a las cuales la Comisión prefiere mantener su propuesta inicial. Así, por ejemplo, la asignación del 2 % a la ayuda técnica nos parece ser suficiente. La Comisión tampoco tiene ninguna intención de modificar el porcentaje de asistencia, que está basado en el modelo del Fondo de Cohesión, ni piensa introducir cambios en la estrategia con respecto a Chipre, que refleja el resultado de la Cumbre de Luxemburgo. Resumiendo, Señora Presidenta, puedo decir que la Comisión está dispuesta a integrar el contenido de las enmiendas 19, 39, 43, 51, 55, 56, 58, 63, 65, 67 ya sea en los artículos propuestos, ya sea en el preámbulo. En cuanto a las enmiendas que no conviene suscribir formalmente en esta fase del proceso y que he enumerado antes, el Parlamento puede estar seguro de que el tenor general de las mismas quedará de manifiesto en el texto definitivo del reglamento ISPA.
Señora Presidenta, el tercer instrumento de preadhesión, junto con PHARE e ISPA, se denomina SAPAR, una ayuda comunitaria para medidas de preadhesión en materia de agricultura y desarrollo rural. También quisiera dar las gracias al Sr. Sonneveld por el trabajo invertido en este informe. El proyecto de opinión del Parlamento, tal y como se formula en este excelente informe, llega en un momento oportuno, ahora que en el Consejo del 9 de noviembre se han logrado importantes avances. La situación en el ámbito de la agricultura y las estructuras rurales en los PECO, más en particular los avances de la privatización, el nivel de producción, el tamaño de las empresas y la calidad de su producción, el grado de autoabastecimiento y la proporción de la población activa empleada en el sector agrícola, que, en algunos casos, llega al 35 %, demuestran todos sin excepción la importancia que reviste este instrumento. Esta situación exige un paquete de medidas compacto que permita satisfacer la necesidad prioritaria de asimilar el acervo comunitario en el ámbito de la PAC. Un paquete que ayude a los países implicados a solucionar los problemas más candentes y a suavizar el impacto de las reformas ineludibles, profundas y a menudo severas, creando puestos de trabajo alternativos en las zonas rurales a fin de evitar el despoblamiento y la migración interna y externa. Las medidas que nos ocupan se llevarán a la práctica a través de programas operativos y serán aplicadas por los países candidatos de forma descentralizada. Este procedimiento tiene además la ventaja de que estos países puedan familiarizarse con el método de trabajo de la Comunidad, con la rigurosa y apropiada supervisión de la Comisión y con la responsabilidad y el control compartidos de la gestión de las financiaciones comunitarias. Los países candidatos serán secundados en esta tarea por un comité de seguimiento. Asimismo, se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar un control eficaz, sanciones en caso de que se cometan irregularidades, la devolución de los fondos indebidamente cobrados y el respeto de las condiciones y restricciones de la PAC, así como las normas en materia de competencia. El porcentaje de cofinanciación que proponemos con respecto al SAPAR es el porcentaje que se aplica a los Estados miembros que pueden optar al Objetivo 1 de los Fondos estructurales. Estimo que, por razones de eficacia de la política y con objeto de obligar a los Estados miembros candidatos a gestionar y emplear los fondos recibidos con el máximo cuidado, esta tasa de contribución es la más indicada.
En cuanto a la distribución de los medios entre los Estados miembros candidatos quisiera defender la propuesta de concentrar la ayuda en los países más necesitados. Con respecto a las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, puedo decir que el texto modificado del Consejo ya tiene en cuenta las enmiendas 6, 7, 16, 20, 25, 28, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 47 y 50, y en parte también las enmiendas 3 y 33. Que las enmiendas 3, 13, 15, 19, 36, 40, 45 y 49 son tratadas en otros reglamentos, por ejemplo en el reglamento sobre la coordinación. Además, hay un gran número de enmiendas que ya han sido integradas directa o indirectamente en la propuesta. Se trata más en concreto de las enmiendas 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 en parte, 21, 22, 29, 33 en parte, 34, 35 y 44. Por último, también hay algunas enmiendas que afectan al fondo de la propuesta y que la Comisión no puede aceptar. Me refiero a las enmiendas 4, 9, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 40, 41, y a parte de las enmiendas 19, 23 y 33.
Para terminar, Señora Presidenta, unas palabras sobre el fondo de garantía, a propósito del informe Tomlinson. Doy las gracias al Sr. Samland por su contribución. Después de mi detallada intervención sobre los instrumentos de preadhesión quisiera detenerme un momento en este informe. En el marco de la evaluación de los resultados obtenidos desde la creación del fondo de garantía, la Comisión ha formulado propuestas encaminadas a adaptar el reglamento por el que se crea dicho fondo. En este momento, el fondo ya lleva funcionando varios años, de modo que dispone de medios suficientes para compensar los riesgos que cubre. Ante estas circunstancias, la Comisión propone ajustar a la baja los diferentes parámetros del mismo. El mantenimiento de los parámetros originales conduciría a que el fondo contase con remanentes excesivos. Permítanme, por tanto, que comente brevemente las enmiendas del informe Tomlinson, por medio de las cuales pretendo explicarles concisamente nuestra posición sobre la gestión del fondo.
La enmienda 1 suprime la propuesta de la Comisión de transferir la gestión financiera del fondo. Con respecto a la primera enmienda quería dejar claro que la Comisión está de acuerdo con el ponente en el sentido de que el Banco Europeo de Inversiones ha cumplido su misión de forma plenamente satisfactoria. Sin embargo, en la práctica ha quedado patente que este resultado se debía en gran parte a los esfuerzos realizados por los servicios de la Comisión. Tanto el afán de simplificar los procedimientos administrativos como el deseo de ahorrarse las cargas actualmente abonadas al Banco Europeo de Inversiones han llevado a la Comisión a encargarse ella misma de la gestión financiera del fondo, incluida la gestión de la inversión de los medios disponibles del fondo. Por último, la Comisión acepta la enmienda 2, reservándose el derecho a introducir modificaciones en la redacción de la misma. Es partidaria del principio de que convendría averiguar todos los años en el marco del informe anual sobre el fondo de garantía si los parámetros reinantes se siguen ajustando a los objetivos del fondo. Señora Presidenta, quiero terminar la intervención de la Comisión pidiendo disculpas por haberme extendido tanto en este tema de primer orden y dando las gracias a los ponentes.

El Presidente
Señorías, han podido constatar ustedes que el orden de los trabajos de esta mañana se ha organizado en función de la sesión solemne. Ésta es la razón por la que las votaciones van a comenzar ahora y también la razón por la que no podemos, desafortunadamente, terminar este debate en la mañana, como hubiéramos podido hacer si sólo hubiéramos votado a las doce.

Bienvenida
El Presidente
Deseo dar la bienvenida a los miembros de una delegación de la Asamblea Nacional de la República Islámica de Mauritania, delegación que acaba de llegar a la tribuna de invitados.
Esta delegación está encabezada por su presidente, señor Sid'Ahmed Ould Baba, y debo aclarar que es el segundo encuentro interparlamentario con la delegación competente del Parlamento Europeo. Quisiera decir que nuestras relaciones están basadas en la amistad, en la cooperación y en la asociación, y deseo sinceramente que este segundo encuentro nos permita profundizar aún más nuestras relaciones.
Muchas gracias, y les deseo una feliz estancia en Estrasburgo.
(Aplausos)
Votaciones
Howitt
Señor Presidente, una cuestión de orden. Me gustaría que se sumara a mí para dar la bienvenida a la Sra. Helga Stevens, de la Unión Europea para los Sordos, que desde la galería pública está siguiendo esta votación en nombre de las 500.000 personas con grave sordera de la Unión Europea, pendientes de que este Parlamento reafirme su apoyo al reconocimiento oficial de su lenguaje -el lenguaje por signos- en cada Estado miembro de nuestra Unión Europea.

(El Parlamento aprueba la resolución)

Wijsenbeek
Señor Presidente, no sé si nuestras máquinas no están a la altura de la tecnología escocesa o si está usted efectuando las votaciones con demasiada rapidez, pero lo cierto es que aquí hay una fila entera de máquinas que no funcionan bien.

El Presidente
Me parece que eso tiene algo que ver con los Liberales. Estoy seguro de que el Sr. Watson -que es un buen escocés- ha conseguido votar cómo y cuando quería.

Watson
Señor Presidente, me parece que es mejor que prescindamos del tribalismo destructivo de que da pruebas su último comentario.
Hemos votado sobre 12 enmiendas con una sola votación. Me gustaría que nos dijera si eso cuenta como doce votaciones nominales o no.
(Risas)
El Presidente
Creo que no es una cuestión de productividad y me parece que cada vez que mueve uno la tecla con el dedo, es una votación.

Bienvenida
Pompidou
Señor Presidente, quisiera señalar, en mi calidad de presidente de la delegación para las relaciones con Japón, que se encuentra presente una importante delegación del Parlamento y del Senado japoneses.
Han venido de muy lejos y quisiera, señor Presidente, que les diésemos la bienvenida.
(Aplausos prolongados)

El Presidente
Muchas gracias, Sr. Pompidou. En realidad iba a encomendar al Presidente que diera la bienvenida, pero lo haré yo mismo con sumo placer.
Es para mí un gran placer el dar la bienvenida a la galería oficial a una delegación de la Dieta del Japón, encabezada por el Sr. Taro Hakayama. Ésta es la 19ª reunión entre nuestras respectivas delegaciones y, en nombre del Parlamento Europeo, quisiera darles oficialmente la bienvenida a este período de sesiones de trabajo del Parlamento y desearles que su visita tenga gran éxito.

(Se suspende la sesión para que tenga lugar una sesión solemne y se reanuda a las 12.30 horas) .

Votaciones (continuación)
Carlsson
Señor Presidente, es desastroso que los diputados de este Parlamento hayamos tenido que esperar hasta casi las diez de la mañana del día de hoy para obtener estas enmiendas. Además, me pregunto qué mosca les ha picado a los liberales. Mientras que en el texto sueco se hace referencia a la jornada reducida de trabajo , los liberales quieren una jornada flexible de trabajo . Aunque se habla de inflación reducida, esto se omite en la traducción, que por lo demás es pésima . Me he opuesto a unas propuestas que, sin embargo, eran correctas en el texto original. ¡No podemos seguir así! Hay que hacer algo con la traducción.

El Presidente
Tiene usted razón. La única defensa que tenemos es que los servicios de idiomas siempre velan por que las enmiendas correspondan a la versión original, pero es difícil conseguir que las enmiendas lleguen a su debido tiempo a los interesados.
Enmienda 2

Van Velzen
Señor Presidente, previa consulta a los diferentes Grupos quisiera introducir dos pequeñas modificaciones, importantes para algunos, en la enmienda nº 2. En la primera parte, «programa europeo de inversiones» ha de ser sustituido por «estrategia europea de inversiones», en tanto que «desarrollen» debe ser reemplazado por «amplíen». En el último caso se trata más que nada de una corrección fáctica.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Bienvenida
El Presidente
Antes de que pasemos a la próxima votación, tengo el gran placer de dar la bienvenida a la galería oficial a una delegación de la Asamblea Nacional de Sudáfrica, encabezada por la Sra. Frene Ginwala, Presidenta de la Asamblea Nacional y líder de la delegación de Sudáfrica, que está con nosotros con ocasión de su cuarta reunión interparlamentaria con la correspondiente delegación del Parlamento Europeo.
Éste es un momento histórico en las relaciones entre Sudáfrica y la Unión Europea: están en curso negociaciones para concertar un acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación, y esperamos que las negociaciones concluyan con éxito en breve. Nuestras respectivas asambleas serán consultadas a continuación sobre el acuerdo, que ayudará a acercar a los países y a los pueblos que representamos.
Deseo a la delegación sudafricana toda clase de éxitos y una estancia agradable durante su visita a Estrasburgo.
(Aplausos)
Votaciones (continuación)
Lannoye
Señor Presidente, de conformidad con el artículo 129, quisiera solicitar, en nombre del Grupo de los Verdes, la devolución de este informe a comisión. Ayer, en el transcurso del debate, nuestro colega Sainjon dio numerosos argumentos justificando una solicitud en este sentido. Desafortunadamente, no puede estar presente en el día de hoy y yo tomo el relevo de su propuesta, en total acuerdo con él. Los dos argumentos tienen relación con la actualidad.
Primer argumento: votamos de hecho sobre una comunicación de la Comisión, de la que sabemos que ya no tiene objeto. En realidad, vamos a pronunciarnos sobre un informe que la señora Mann, con muy buena voluntad, ha tenido que adaptar a la nueva situación política. En efecto, nos encontramos ahora en un contexto que es el de una Asociación Económica Transatlántica que ha sido objeto de un acuerdo Comisión/Consejo y, más recientemente, el lunes de la semana pasada, de un acuerdo del Consejo sobre un plan de acción del que nunca hemos visto el color. Hemos recibido una copia en lengua inglesa en la comisión REX. Este Parlamento nunca ha podido debatir este texto. Es un primer elemento de actualidad, que hace que corramos el riesgo de votar un texto desfasado con respecto a la política, con respecto a los desafíos y que, aún más grave quizá, puede llevar al Parlamento a una posición confusa, incluso contradictoria. Eso no sería bueno para nosotros.
El segundo elemento de actualidad, y termino, es la posición americana sobre el plátano. Todo el mundo está al corriente del debate, por tanto, no insisto. Creo que el contexto en el que hemos debatido en comisión, incluso ayer, ha cambiado. No podemos permitirnos ser conciliadores frente a un interlocutor que da muestras de arrogancia.

Mann, Erika
Señor Presidente, señorías, la propuesta de los Verdes, desgraciadamente, es absurda. Miren ustedes: lo que pretenden conseguir no lo consiguen en absoluto. Si ustedes quieren que la voz del Parlamento sea oída, sobre todo por el Consejo, por la Comisión y también por parte de los americanos, deben manifestarse hoy al respecto. A principios de diciembre se celebra la próxima cumbre entre los Estados Unidos y Europa, y precisamente se hablará de este informe. Esto quiere decir que si se priva al Parlamento de la posibilidad de expresarse, no conseguirán nada. Así pues, tengan en cuenta la realidad. La realidad política de ahí fuera no se encamina hacia la posición de los verdes.
(Protestas y aplausos) Hemos adaptado todo. No estamos decidiendo un informe antiguo. He añadido expresamente todo lo que el Consejo ha decidido recientemente. He señalado que el Parlamento debía elaborar un nuevo informe. He señalado que este informe debía ir a todas las comisiones. La Comisión ha dado su aprobación, el Consejo ha señalado que también debía tenerlo en cuenta. Esto es lo único que pueden hacer ustedes. Así ustedes pueden conseguir que podamos volver a debatir sobre esta decisión en el Parlamento y en las Comisiones. Si se vuelve a remitir, nos privan por completo de la posibilidad de formular una opinión política. Pido a mis colegas en esta Cámara su aprobación sobre lo que hoy debatimos, y pido un voto positivo.

Hory
Señor Presidente, el Grupo de Coalición Radical Europea suscribe totalmente la solicitud presentada por el Grupo de los Verdes y por el Sr. Lannoye, y suscribe también los motivos que éste ha desarrollado. Tenemos una excelente razón circunstancial. Se trata, en efecto, del asunto del plátano. La Organización Europea del Mercado del Plátano moviliza reglas esenciales de la Comunidad, tanto para la solidaridad interna como para la externa, principalmente con respecto a los países ACP, y nosotros sufrimos, en este asunto, un «diktat» americano que aún no ha encontrado respuesta europea apropiada. Ésta es nuestra razón circunstancial.
Pero tenemos también razones de fondo más generales y, sin ofender en nada a la señora Mann por su excelente trabajo, no compartimos todos sus planteamientos apriorísticos, y principalmente aquellos que contienen los primeros considerandos del proyecto de resolución y que afirman la identidad de los modelos de sociedad de uno y otro lado del Atlántico. Creemos, al contrario, que esos modelos son diferentes, y que el asunto del plátano ilustra perfectamente la diferencia entre un modelo de sociedad, basado en las reglas del liberalismo y de la competencia, y otro modelo, basado en los valores del humanismo y de la solidaridad.

Kittelmann
Señor Presidente, sin que esto se convierta en norma general del Parlamento, en este caso el Partido Popular Europeo está completamente de acuerdo con la ponente socialdemócrata.
Hemos celebrado un debate muy exhaustivo teniendo plenamente en cuenta las relaciones entre los EE.UU. y la Unión Europea. En el informe hemos incluido unas declaraciones muy críticas sobre la política americana. Si queremos que se oiga todo lo que decimos críticamente sobre el comportamiento americano, debemos decidirlo ahora y no cuando ya no haya ninguna posibilidad de que se escuche nuestra opinión. Por tanto, pido que se rechace esta enmienda, rechazando la actitud exageradamente crítica de los Verdes por motivos ideológicos.

(El Parlamento rechaza el reenvío a la comisión)

Thors
Señor Presidente, si ya he tenido dificultades para entender la primera traducción de las enmiendas del Grupo Liberal en la anterior cuestión, aún me resulta más difícil comprender la enmienda 1 del UPE. La versión sueca no dice absolutamente nada, por lo que le pido disculpas al Sr. Pasty si no comprendo lo que quiere decir.

El Presidente
Eso no tiene por qué ser necesariamente culpa de la traducción.

Pasty
Señor Presidente, he creído oír un comentario por su parte que considero una alusión personal. En respuesta a la Sra. Tors ha señalado usted que, por lo que hace referencia a la enmienda 1, la estupidez no podía proceder exclusivamente de la traducción, sino que quizás era intrínsecamente idiota o estúpido. Entonces la he vuelto a leer, para mayor tranquilidad, y esta enmienda dice sencillamente que, en las negociaciones con Estados Unidos, hemos de respetar el acervo comunitario. Por tanto, dejo simplemente que lo juzgue y dejo al Pleno que juzgue sobre la posible estupidez de esta enmienda.

El Presidente
Lamento, Sr. Pasty, que mis palabras hayan podido ofender a alguien. La intención era formular una observación en el mismo tono en que se había planteado la cuestión de orden. No tenía la intención de ofender a su Grupo. Era una broma. A algunas personas les resulta más difícil aceptar bromas que a otras
(Reacciones diversas)
(El Parlamento aprueba la resolución)

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya plenamente la resolución sobre el lenguaje de signos. Creemos que la política en favor de los sordos debe perseguir dos objetivos fundamentales. En primer lugar es necesario aumentar la accesibilidad. Me refiero a la igualdad de oportunidades tanto en lo relativo al acceso a la enseñanza y los servicios públicos como en lo que respecta al acceso a las reuniones públicas y las audiencias. La Unión Europea cuenta aproximadamente con medio millón de sordos. Facilitarles el acceso a los diferentes ámbitos de la sociedad es reforzar la democracia.
En segundo lugar hay que luchar por una mejor integración de los sordos. Para alcanzar esta meta proponemos cinco puntos. Hay que empezar por mejorar la formación de los intérpretes. Es perfectamente posible integrar a los sordos mediante la interpretación. Debemos ampliar la oferta de programas de formación para personas con buena capacidad auditiva que deseen aprender el lenguaje de signos. No será fácil obtener el reconocimiento generalizado del lenguaje de signos. En Suecia, Dinamarca y Finlandia la enseñanza ya lo reconoce oficialmente. Los demás Estados miembros harían bien en seguir este ejemplo. Por otra parte, es fundamental que dicho lenguaje sea reconocido en los contactos con las autoridades así como en el ámbito laboral y cultural, tal vez a imagen y semejanza de los Estados Unidos. Además, tenemos que procurar que los sordos tengan las mismas oportunidades a la hora de acceder a la información. Tienen los mismos derechos que las personas que oyen. En los Estados Unidos es un hecho evidente, en la Unión no tanto. La incompatibilidad de los sistemas de texto-teléfono constituye otro problema sangrante. Solamente en mi país, en Flandes, disponemos al menos de tres sistemas diferentes que no son compatibles entre sí. Eso dice mucho sobre la incompatibilidad en Europa. Es una situación inaceptable en el marco del mercado interior. No existen normas unívocas para estos sistemas de comunicación. Es por lo que los sordos prefieren acudir al fax, aun cuando este medio no permita establecer una comunicación inmediata. En este momento, los sordos están explorando las posibilidades que les ofrece Internet para mejorar la comunicación con las personas con capacidad auditiva. Pero también en este caso queda la pregunta de si todos los sistemas chat son compatibles entre sí y si la adquisición del equipo necesario es asequible para todos los bolsillos.
Por último, quisiera resaltar la importancia de las aplicaciones multimedia. Los sordos deben estar implicados al cien por cien en el desarrollo de este tipo de aplicaciones. Una última observación para finalizar. Creo que aunque la Comunidad tiene pocas competencias en estas materias, nosotros, miembros de este Parlamento y representantes de los ciudadanos europeos, tenemos la obligación de expresar los deseos de medio millón de discapacitados auditivos europeos. Por otra parte, está claro que el problema de la incompatibilidad de los sistemas de texto-teléfono pertenece al ámbito del mercado interior. Confío en que a este respecto podamos contar con una iniciativa de la Comisión. De todos modos, espero que esta resolución tenga una mayor resonancia en la política de los Estados miembros que la de hace diez años.

Howitt
Me sumo con placer al Parlamento Europeo en su apoyo de la presente resolución, que conmemora el 10º aniversario de nuestra resolución original, primera que pidió el reconocimiento oficial del lenguaje por signos para los 500.000 ciudadanos europeos con sordera grave.
Hoy en día, en Portugal y en Finlandia, la utilización del lenguaje por signos es un derecho constitucional. Sin embargo, en cuatro Estados miembros no se ha reconocido todavía dicho lenguaje y en otros sigue habiendo una considerable diferencia entre el derecho legal al lenguaje por signos y su práctica.
Quisiera felicitar a la Unión Europea para los Sordos por las investigaciones que ha hecho acerca de la utilización del lenguaje por signos, para las cuales este Parlamento ha proporcionado con placer financiación, y cuyos resultados brindan una plataforma para que sigan actuando en ese sentido todos los países de Europa.
Una mayor mentalización acerca del lenguaje por signos, mejores oportunidades técnicas para que los sordos puedan utilizar dicho lenguaje por medios de comunicación electrónicos, y fondos en cuantía suficiente para capacitar a los intérpretes de ese lenguaje son demandas absolutamente esenciales que se formulan en nuestra resolución parlamentaria. El signo de «vale» en nuestro idioma británico de signos consiste sencillamente en levantar el pulgar. Levantemos nuestros pulgares para nuestros ciudadanos sordos, en reconocimiento de su derecho a comunicar de la forma que prefieran.
Informe Murphy (Doc. A4-0424/98):

Andersson y Sandberg-Fries
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importante informe. La directiva relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor representa una cuestión de gran importancia para que las personas físicamente discapacitadas puedan llevar una vida completamente normal y para permitirles hacer uso, entre otros, de los medios de transporte públicos. Constatamos con satisfacción que una gran parte de las propuestas que se recogen en el presente informe toman en consideración las necesidades específicas de los discapacitados físicos para permitirles viajar en los vehículos que son objeto de esta directiva. Creemos que se deben anteponer los derechos de las personas con discapacidades físicas a los intereses particulares de los fabricantes de autobuses. Esta cuestión debe abordarse igualmente mediante una regulación a nivel de la Unión Europea, ya que si se permitiera a los Estados miembros adoptar las decisiones oportunas a este respecto, o que fuera el propio mercado el que resolviera esta cuestión, se estaría poniendo en peligro las posibilidades de que disponen las personas con discapacidades físicas para ver satisfechas sus necesidades.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado a favor del presente informe. Sin embargo, desearíamos reafirmar nuestras críticas, ya expresadas en anteriores explicaciones de voto, al procedimiento legislativo en que se basa este informe. La legislación ha de ser general y debe perseguir el objetivo establecido en los diversos ámbitos. Los detalles técnicos de carácter profesional deberán corresponder a las autoridades especializadas en la materia y ser incorporados en normativas o reglamentos específicos.

Gahrton, Holm y Schörling
El informe Murphy saca a relucir uno de los principales problemas de la Unión Europea y del mercado interior. Para garantizar la libre circulación de mercancías se precisa, o bien el establecimiento de requisitos mínimos para un determinado producto y su posterior aprobación por la totalidad de los Estados miembros, o bien que los Estados miembros lleguen a un acuerdo para la aceptación recíproca de los productos de los demás países. En ambos casos, los Estados miembros que hayan establecido ya unos requisitos mínimos elevados pueden verse obligados a relajar sus criterios.
No obstante, consideramos que los requisitos mínimos que se recomiendan en el informe Murphy van tan lejos que apenas existe el riesgo de que algún Estado miembro se vea obligado a revisar a la baja sus requisitos mínimos. El informe tampoco prevé que se obligue a algún Estado miembro a modificar su normativa para introducir cambios en los autobuses que se encuentran ya en funcionamiento. En su lugar, se recomienda que los vehículos que cumplan los criterios establecidos en el presente informe sean reconocidos de manera automática en todos los Estados miembros.
Por los motivos anteriormente expuestos, hemos optado por votar a favor de este informe.

Lindholm
Debería ser obvio que todos los Estados miembros, los fabricantes y los operadores velaran por la seguridad del tráfico y de los pasajeros, atendiendo también a los problemas especiales con que se enfrentan las personas con discapacidades.
En caso de que existan lagunas en las legislaciones de los Estados miembros, se debería corregir esta situación a nivel nacional. No existe ningún motivo para legislar a nivel de la Unión una armonización total y una regulación detallada acerca de la fabricación de los autobuses, por ejemplo por lo que respecta a la anchura de los asientos, la altura de los escalones de acceso, si se podrá o no pulsar el botón de parada con la palma de la mano, o el tamaño y la colocación de las indicaciones de salida.
Además, resulta absurdo que los políticos tengan que pronunciarse acerca de 143 páginas de datos técnicos, planos, etcétera. Tanto del texto de la Comisión como del informe se deduce que el objetivo primordial y la razón de ser del informe y de las propuestas de la Comisión son la defensa del mercado interior y del comercio en el sector de los autobuses. Por todo esto, he votado en contra del informe.
Por el contrario, me habría gustado que la Comisión, tomando en consideración los planteamientos del tráfico y de los pasajeros -y teniendo presentes también los problemas de las personas con discapacidades-, hubiera presentado una recomendación a los Estados miembros para contribuir a mejorar la seguridad y la accesibilidad de estos vehículos.

Lindqvist
Estamos, con toda seguridad, ante un informe de gran importancia. Sin embargo, es un error que el Parlamento Europeo deba tratar sobre una cuestión de carácter tan detallado. Hay que organizar los trabajos parlamentarios de manera que las decisiones relativas a los principios, los objetivos y las directrices se adopten en el Parlamento y que las decisiones acerca de detalles como los asientos, los escalones, las puertas y el número de plazas para viajeros sentados corran a cargo de especialistas en la materia.
Informe Soltwedel-Schäfer (Doc. A4-0401/98):

Andersson, Lööw y Sandberg-Fries
Desearíamos aprovechar esta explicación de voto para reiterar nuestra postura en el sentido de que hay que tener presentes los puntos de vista de los invidentes y las personas de edad avanzada en el diseño de las monedas en euros. Por lo que respecta a la propuesta para la introducción de una moneda por valor de 100 euros, hemos optado por seguir la línea de nuestro grupo político. En lo que a nosotros nos concierne, nuestra postura a este respecto es más bien neutral.

Fayot
Este informe me permite llamar la atención sobre un problema que comienza a preocupar cada vez más a la opinión pública: la multiplicación de las monedas en euros.
Efectivamente, además de las monedas en euros acuñadas por cada uno de los 11 Estados miembros de la zona euro, parece que algunos de estos Estados que mantienen un acuerdo monetario con uno de los Estados miembros de la zona euro solicitan tener la posibilidad de acuñar, por su parte, euros con anversos nacionales. Esta solicitud procede de San Marino y del Vaticano, para Italia, y de Mónaco, para Francia.
Quisiera decir aquí que esta solicitud es aberrante. No solamente llegaría a conceder el derecho de emitir euros a países que no forman parte de la zona euro y que, por tanto, no tienen que cumplir obligaciones tan estrictas, sino que contribuiría igualmente, si se aceptara, a la proliferación de monedas en euros, que provocaría confusión en el público, confusión importante si se tienen en cuenta las numerosas piezas conmemorativas que sin duda se van a emitir hasta el 2002, para celebrar la llegada del euro.
Por otra parte, tal como ha señalado el presidente Jospin, si se autorizase al Vaticano a acuñar euros con la efigie del papa en el anverso nacional, ello podría crear problemas de orden constitucional en países que tienen una clara separación entre la Iglesia y el Estado.
Por todas estas razones, es preciso limitar a lo estrictamente necesario la emisión de piezas en euros y, por consiguiente, negar a los tres Estados citados el derecho de acuñación.

de Rose
La propuesta del Consejo por la que se modifica el reglamento sobre los valores unitarios y las especificaciones técnicas de las monedas extendidas en euros destinadas a la circulación tiene dos objetivos:
modificar el canto de las piezas de 50 céntimos para responder a las exigencias de la distribución automática; -definir el canto de las piezas de 50 y de 10 céntimos para facilitar su utilización a petición de la Unión de Ciegos.Estamos de acuerdo con esos cambios en cuanto al fondo pero en la medida en que nos parecen impregnados de pragmatismo. Por una parte, se supone que facilitarán la vida diaria de las personas con dificultades de visión y, por otra, deberían evitar el fraude. Ello no impide que nos preguntemos sobre las consecuencias que, en términos de coste, pueden provocar estas modificaciones de última hora sobre la producción en curso. Es curioso, por no decir inadmisible, que esos cambios se produzcan en el último momento, cuando han comenzado a acuñarse las piezas, y ello tras una campaña en todas direcciones para promocionar el euro en Europa y después de múltiples estudios técnicos y muchas audiciones de expertos.
Una vez más se coloca el carro delante de los bueyes. Entristece comprobar que no se haya tenido en consideración a las personas disminuidas, cuando las modalidades prácticas no han sido definidas.
Cada cual - Consejo, Comisión o Parlamento Europeo - tiene su parte de responsabilidad. Un poco más de rigor en las cuestiones previas contribuiría sin duda a facilitar la puesta en marcha del euro.

Wibe
La ponente propone que, en el marco de la UEM, se acuñe una moneda de oro con un valor nominal de 100 euros. Aunque Suecia no participa en la UEM, desaconsejaría decididamente esta medida, ya que dicha moneda no estabilizaría en ningún modo el precio del oro a un nivel nominal de 100 euros por moneda. El precio del oro continuaría fluctuando con apreciaciones y depreciaciones. Si el precio del oro se situara por debajo de los 100 euros por moneda (y peso), se podría volver a acuñar, con lo que tendría lugar una enorme falsificación de esta moneda; si, por el contrario, el precio del oro superara su valor nominal, se fundirían estas monedas y, por lo tanto, desaparecerían de la circulación.
Además, el valor de esta moneda es tan elevado y su falsificación tan fácil que la puesta en circulación de una moneda de 100 euros daría pie a fraudes enormes.
Por todo lo anteriormente expuesto, considero que se debería rechazar la propuesta.
Informe Hughes (Doc. A4-0381/98):

Amadeo
La elevada tasa de desempleo junto con una oferta laboral cada vez más reducida representan las variables fijas que limitan la incidencia de las políticas sociales de nuestra Unión. El paradigma se complica cuando en nuestro desánimo intervienen elementos como la futura Unión Económica y Monetaria, el envejecimiento de la población y la futura ampliación a los PECO.
El principio fundamental de la filosofía de la Unión respecto a las políticas de empleo, de movilidad y a las diferencias de las propias tipologías de trabajo debe partir de tres clases de enfoque: el primero es el de la optimización de la acción; el segundo atañe a la entidad de la ayuda financiera; el tercero la legislación que deberá sancionar el nuevo Programa de acción social.
Al igual que el Sr. ponente, debemos lamentar que la Comisión se obstine a actuar adoptando instrumentos que no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, mientras que, en nuestra opinión, el recurso a la directiva sería más apropiado para regular sectores como la organización del trabajo, para definir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y para establecer las medidas de protección social en el ámbito de las economías de mercado.
Según nosotros, la Comisión podría imprimir mayor vigor a su acción si incluyera en el nuevo programa social una serie de medidas, entre las cuales las más importantes nos parecen las de aligerar la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y aumentar el salario de los trabajadores por cuenta ajena haciéndoles participar en los beneficios de la empresa, unas medidas que consideramos concretas y que, sin duda, deberán acompañarse de iniciativas que definan con precisión el futuro del diálogo social y que fomenten la aprobación de una Carta de los derechos sociales fundamentales, extendiéndola a esos países socios que no la han ratificado todavía.

Andersson, Lööw y Sandberg-Fries
Deseamos agradecer al ponente su excelente labor, tanto por la adopción del informe como por el proyecto de informe presentado. Consideramos que el nuevo Programa de acción social constituye un documento de gran importancia para el desarrollo de la Unión en el ámbito social y en la política del mercado laboral.
A pesar de tratarse fundamentalmente de una buena propuesta, las propuestas de modificación presentadas en comisión mejoran ostensiblemente la propuesta de la Comisión. Nos mostramos de acuerdo con las propuestas que se presentan en el informe como, por ejemplo, en lo relativo a un enfoque más claro del diálogo social, a la necesidad de emprender iniciativas para lograr que el Tratado incorpore disposiciones acerca de los derechos individuales en el ámbito social, a los programas de acción para combatir la discriminación, a la legislación contra el acoso sexual, a la necesidad de que se incluya el estrés en la legislación en materia de protección de los trabajadores y al derecho de éstos a obtener información y representación en la vida laboral. El presente informe ha sido objeto de algunas enmiendas relativas a importantes cuestiones, si bien consideramos que estas enmiendas serían posiblemente más adecuadas en otros informes que abordaran en mejor medida los ámbitos a los que hacen referencia.

Bonde y Sandbæk
No votamos a favor del informe del Sr. Hughes relativo al programa de acción social para el período 1998-2000 pues contiene propuestas de directiva sobre los derechos colectivos e individuales de los asalariados y la regulación social que dejarán a un lado el sistema danés de convenios.

Eriksson, Seppänen, Sjöstedt y Svensson
Hemos votado en contra del presente informe puesto que, en nuestra opinión, la legislación a nivel de la UE no es el marco adecuado para las cuestiones relativas a la organización del trabajo y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. El Derecho laboral y, consiguientemente, las cuestiones en esta materia deberán recaer principalmente en el ámbito de competencias nacional.

Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling
Respaldamos muchas de las propuestas que propone el ponente con objeto de mejorar el nuevo Programa de acción social, como, por ejemplo, la propuesta para potenciar con mayor claridad la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas y reforzar los derechos de los representantes de los trabajadores, así como para conceder una mayor importancia al diálogo social (un Foro bianual es insuficiente).
Por el contrario, no estamos de acuerdo en que la legislación mediante directivas sea la manera más oportuna de abordar cuestiones como la organización del trabajo y los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, sino que consideramos que las negociaciones y los acuerdos entre los interlocutores sociales constituyen un método más adecuado y funcional para lograr avances en estos ámbitos.
Asimismo, nos planteamos dudas acerca de una legislación jurídica vinculante en materia de acoso sexual.
Por todo lo expuesto anteriormente, hemos optado por abstenernos en la votación final.

Lang
En el día de hoy se ha sometido a nuestra aprobación el plan de acción social, comúnmente llamado en la jerga tecnocrática de Bruselas, el «PAS» y que no deja de recordarnos nuestra triste actualidad en Francia con el examen en la Asamblea Nacional del ya demasiado famoso PACS.
Hemos votado en contra.
Las razones son sencillas y múltiples. Están principalmente en relación con el concepto mismo que nosotros tenemos de la Europa social y de lo que ésta ha de ser.
La Europa social no es la de los admiradores de Maastricht o de Amsterdam. No es la de la renta mínima generalizada ni la del derecho de voto de los inmigrantes. No es la de las supresiones de fronteras y de las deslocalizaciones de empresas. No es la del ultraliberalismo, la del librecambismo y de la globalización.
La Europa social es ante todo la Europa de las patrias, la Europa de la preferencia nacional y la Europa de la protección social. Como instrumento de la paz social, la protección social ha de tener por marco de desarrollo la nación y depender de la responsabilidad de cada Estado.
Al contrario que el ponente, pensamos que las cuestiones sociales, en el mercado interior, han de requerir la unanimidad de los Estados miembros. Las decisiones tomadas en materia social tienen tales repercusiones sobre todas las relaciones laborales y sobre la vida de las personas que todas las decisiones tomadas por mayoría cualificada, que tengan un carácter obligatorio y que se impongan por tanto de forma obligatoria a todos los Estados miembros, son peligrosas para cada ciudadano, trabajador o desempleado.
Por tanto, no, señor Presidente, Señorías, no, no hemos votado a favor de este informe que, además de ser demagógico, es peligroso.

Lindqvist
Es positivo que se otorgue una mayor prioridad a la situación del empleo. La UEM, la moneda única y la continua política antiinflacionista influirán de manera negativa en las posibilidades para crear un mayor número de puestos de trabajo.
El Programa de acción social ha de ser, en primer lugar, un instrumento no vinculante que analice los problemas y las causas de la marginación, la pobreza, el desempleo y la discriminación.
La legislación en materia social y, entre otros aspectos, también en el ámbito de los derechos individuales ha de corresponder primordialmente a los propios Estados miembros, no al Tratado de la UE a través de disposiciones de este tipo.

Palm
El Parlamento manifiesta en el apartado 2 su decepción por el hecho de que la Comisión Europea pretenda seguir recurriendo cada vez más a instrumentos jurídicos en el ámbito del Derecho laboral. En su lugar, el informe propone que «determinados ámbitos como la organización del trabajo, los derechos individuales y colectivos de los trabajadores (...) han de seguir regulándose mediante directivas».
Estoy completamente de acuerdo con el informe en que es importante que exista una base legislativa en materia de Derecho laboral. Por el contrario, querría señalar que, en su mayor parte, estas leyes son de ámbito nacional y que las competencias de las UE deberían limitarse a los ámbitos relacionados con la organización del trabajo y el entorno laboral. Por lo demás, es importante prestar atención a las diferencias culturales que existen en los distintos Estados miembros. Así, por ejemplo, en Suecia no existe un salario mínimo estipulado por la ley, sino que este país opta por resolver esta cuestión mediante las negociaciones y los convenios colectivos.
Me muestro favorable a una directiva de la Unión sobre los niveles mínimos en los ámbitos de la organización del trabajo y el entorno laboral. En numerosos países, esta directiva podría constituir un apoyo favorable a las posibilidades con que cuentan los trabajadores y sus representantes para impulsar el desarrollo social en los puestos de trabajo. En cambio, he de mostrar mi escepticismo acerca de una reglamentación mediante directivas comunitarias en el ámbito del Derecho laboral.
Igualmente, creo que es muy importante lograr avances en lo relativo a un acuerdo europeo entre los interlocutores sociales. Este acuerdo ha demostrado ser, con gran diferencia, la mejor manera de lograr el buen funcionamiento del mercado laboral, reforzando, en el mercado de trabajo, las posibilidades de los interlocutores para asumir la mayor responsabilidad a la hora de llegar a acuerdos. Se deberá recurrir a la legislación del Parlamento únicamente cuando los interlocutores manifiesten su mutuo desacuerdo.

Theonas
Con el nuevo programa de acción social, la Comisión trata de proceder a hacer un balance de la reciente evolución del ámbito de la política social, por una parte, y, por otra, trata de ofrecer el marco general y la filosofía de sus futuras intervenciones presentando para ello una relación limitada de propuestas concretas.
En cuanto al balance, se ve obligada a reconocer el hecho de que el desempleo continúa estando a un nivel muy elevado y los porcentajes de empleo son muy bajos en muchos Estados miembros, sin embargo, insiste en las mismas recetas que ha venido aplicando durante los últimos años, es decir, la necesidad de fomentar «un nuevo equilibrio entre la necesidad de flexibilidad de las empresas y la necesidad de seguridad de los trabajadores», como suele formularse de forma elegante a la operación de barrido de los logros y de los derechos de los trabajadores.
Para la Comisión hay tres factores importantes que vienen a influir de forma determinante en la legislación social y que funcionan como coartadas para atacar a los trabajadores como ya se viene haciendo, a saber: la UEM y la moneda única, el envejecimiento de la población y la ampliación de la UE, que son los argumentos que están siendo utilizados para apoyar la filosofía de la «flexibilidad» y la «adaptabilidad».
La Comisión alude a que la política seguida por la UE y los Estados miembros en el ámbito del empleo ha traído «valiosos resultados». Naturalmente, considera como resultado «valioso» la ampliación de la «empleabilidad», es decir, el traspaso de la responsabilidad del empleo a los trabajadores y a los variados méritos que puedan tener y no al estado y a la política de empleo que aplica. También, considera como positivo el establecimiento del empleo a tiempo parcial, el avance de los fenómenos de la pobreza y la marginación social y la caída del nivel de vida de los trabajadores, sobre cuyas espaldas se prueban las recetas de la «nueva política de empleo».
La Comisión menciona de forma particular los famosos acuerdos locales de empleo como medio de promoción de nuevos puestos de trabajo. En este punto omite referirse al hecho de que dichos acuerdos son un caballo de Troya para destruir las relaciones laborales. En Grecia ya se contribuye a ello con unas condiciones laborales medievales y, concretamente, no aplicando los convenios colectivos (algo que el Gobierno griego procuró legalizar mediante la reciente ley sobre relaciones laborales), la aplicación de unas retribuciones muy bajas, el incumplimiento de la legislación de la seguridad social, la aplicación de horarios flexibles y de formas atípicas de empleo.
Es cierto que nos preocupan de forma particular algunas propuestas. Cuando la Comisión anuncia que va a presentar una nueva comunicación para reforzar la «adaptabilidad», que va a animar las «regulaciones sobre contratos de fácil adaptación» y tiene como objetivo la «mejor armonización de la vida laboral y familiar», la experiencia nos demuestra que van a venir nuevas medidas, más recortes, que van a intensificarse los ataques contra el núcleo duro del derecho laboral. En este punto estamos preocupados también porque el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide la ampliación de la legislación comunitaria vinculante en los ámbitos de organización del trabajo, de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Por cierto, ¿qué dirección va a tomar la legislación comunitaria de carácter vinculante?
También encontramos algunas propuestas positivas como las que tienen que ver con el reforzamiento de la protección de los trabajadores migrantes. Pero en los asuntos de gran importancia acerca de las relaciones laborales, de la salud y de la seguridad de los trabajadores y en general de la legislación comunitaria, las opciones de la Comisión conducen a una caída en picado del nivel de protección. El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, aunque contiene algunas indicaciones y propuestas positivas sobre ciertas cuestiones, acepta el marco de la política que se compone del tríptico de la empleabilidad, la adaptabilidad y el «autoempleo» de los trabajadores que pierdan su puesto. Por ello vamos a encararla con serias reservas.
Informe Van Velzen (Doc. A4-0417/98):

Andersson, Lööw y Sandberg-Fries
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importantísimo informe. Este documento aborda de manera ejemplar los ajustes que hay que efectuar necesariamente en las directrices para las políticas de empleo a fin de lograr una mayor efectividad de las mismas. Ante todo, querríamos dejar de manifiesto la importancia que reviste la incorporación de la política de empleo en el marco de la política macroeconómica de Europa. A este respecto, creemos que es muy favorable la amplitud de miras que demuestra el presente informe, que se muestra en consonancia con las posibilidades que ofrece el predominio socialdemócrata en el Consejo de cara a lograr una política de empleo enérgica en el marco de la cooperación europea.
La enmienda 1 del ponente acerca de la necesidad de evitar la competencia ilícita de carácter fiscal reviste una especial importancia en Suecia, teniendo en cuenta las recientes noticias acerca de la transferencia por parte de la empresa Pharmacia&Upjohns de sus beneficios a Luxemburgo.

Blak y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre las directrices para el empleo en 1999. Apoyamos firmemente la nueva cooperación europea en materia de empleo. Es de esperar que el intercambio de experiencias y los boletines anuales con las notas de cada país den como fruto un mayor número de empleados dentro de la UE. También nos satisface el énfasis puesto en asegurar la continuidad con respecto a las directrices para el empleo para 1998. Las iniciativas puestas en marcha necesitarán algún tiempo para empezar a funcionar en la práctica. La equiparación es el ámbito que peor ha funcionado en los Estados miembros en 1998. De ahí que esté justificado que la equiparación pase a ocupar un lugar más prominente en las directrices para 1999. Hemos de disponer de objetivos cuantitativos para la equiparación. No somos partidarios de la solicitud de una reducción del IVA recogida en el punto 2.

Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk
El informe de Wim J. van Velzen contiene una larga serie de parámetros para las políticas de empleo de los Estados miembros que no podemos apoyar. Del informe se desprende que asegurar la convergencia social es parte importante de la dinámica integradora de la Unión Europea. Al mismo tiempo se destaca la trascendencia de que los Estados miembros actúen con arreglo al Pacto de Estabilidad. Por principio pensamos que la política social y laboral no debe ser cuestión comunitaria. Decidir soberanamente las pautas a seguir dentro de estos ámbitos políticos debe dejarse en manos de cada país miembro. El poder regulador debe permanecer en el ámbito nacional, lo más cerca del ciudadano que sea posible.
En el informe queda subrayada la importancia de aumentar el nivel de capacitación de la mano de obra e integrar la política de equiparación y promover iniciativas políticas que atiendan a los discapacitados. Resulta importante priorizar estos ámbitos, sobre todo considerando que, por ejemplo, sigue habiendo un gran número de mujeres que, a pesar de desempeñar el mismo trabajo que sus colegas masculinos, reciben peor salario. Sin embargo, resulta problemático que la UE una las iniciativas mencionadas a sus intentos por establecer directrices europeas comunes para las políticas de empleo de los Estados miembros y por promover la convergencia social dentro de la UE. Consideramos fundamental que el sistema comunitario respete las diversas tradiciones en materia de política social y laboral que mantienen los Estados miembros. El establecimiento de una convergencia social es por ello un paso en la dirección equivocada, pues algunas de las propuestas de la Comisión supondrán para algunos países un desmantelamiento gradual a largo plazo de sus sistemas de seguridad social y así empeorarán la situación, por ejemplo, de discapacitados y otros grupos socialmente marginados.
En la Comunicación de la Comisión de catorce de octubre de 1998 se hace hincapié en que los Estados miembros, a fin de promover el empleo, deben: «...reducir la presión fiscal e impositiva global y, donde sea conveniente, ...reducir gradualmente la presión fiscal sobre el trabajo y los costes salariales indirectos...». Comparada con la política monetaria contenida en el Pacto de Crecimiento y Estabilidad y las exigencias de éste sobre las políticas financieras y monetarias a seguir por los países miembros, pensamos que esta estrategia económica traerá a largo plazo dificultades para el modelo de política social danés.

Fourçans
Me felicito de que nuestro ponente señale la cuestión de la coordinación de las políticas económicas, y más especialmente la armonización fiscal como uno de los ejes de la lucha contra el desempleo. Me alegro también del hincapié que se ha hecho en la necesidad de desarrollar el espíritu de empresa, pero también en una utilización mejor determinada de los fondos estructurales en favor del empleo.
Por el contrario, hubiera sido deseable no proponer una serie de soluciones poco realistas, y económicamente cuestionables. Así, me preocupa el empeño de nuestro ponente en solicitar, en numerosas ocasiones, que se reduzca el tiempo de trabajo, mediante un procedimiento centralizado. Nada impide que se apele a una mayor flexibilidad del tiempo de trabajo en cada ocasión que una empresa tenga esa posibilidad. Pero que se pretenda a cualquier precio que esta decisión se adopte al más alto nivel de nuestras instituciones europeas sería un absoluto disparate.
Otra propuesta me parece especialmente preocupante: la que consistiría en utilizar las reservas de cambio de los Bancos Centrales Nacionales para relanzar la inversión. Un «New Deal europeo» de alguna manera. Pero entonces, y sin llegar a debatir sobre la legitimidad o no de un relanzamiento keynesiano, una medida así sólo aceleraría la bajada del dólar, y al hacerlo, iría contra la recuperación en Europa. No creo que sea ése nuestro objetivo.

Gahrton, Holm y Schörling
El informe sobre la propuesta de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros en 1999 ofrece una serie de recomendaciones de cara a los programas de acción de los propios Estados miembros.
El ferviente deseo de todos es que los Estados miembros cooperen entre sí y coordinen sus estrategias a fin de lograr una mejora permanente de la situación del empleo. Si bien en algunas ocasiones está justificado «apremiar» a los Estados miembros, también es cierto que en otras ocasiones el Parlamento Europeo va demasiado lejos . A modo de ejemplo, consideramos excesiva la propuesta que se recoge en el apartado 6 del informe van Velzen acerca de un pacto europeo en el que se incluiría la coordinación de las políticas económica y financiera.
A pesar de haber votado en contra de este apartado y de habernos abstenido en otros, hemos apoyado en la votación final el presente informe, ya que en él predominan los aspectos positivos que impulsan la política de empleo.

Habsburg-Lothringen, Pirker y Rübig
El informe van Velzen contiene propuestas muy válidas sobre la política de empleo. No obstante, es razonable que se dé una fuerte tendencia a la exigencia de reducciones fiscales.
No se comprende en absoluto la petición unilateral de trabajo remunerado para las mujeres, acompañada al mismo tiempo de la discriminación de algunas mujeres que crían solas a sus hijos. Debemos reconocer finalmente el trabajo de alta cualificación del cuidado de los hijos en la familia como un trabajo digno de valorarse y respetar esta prestación. Los estudios correspondientes muestran claramente que una clara mayoría de madres tiene la intención de cuidar ellas mismas a sus hijos, pero por presiones materiales se ven obligadas a emprender una actividad laboral remunerada y por tanto deben dejar a sus hijos en guarderías. La labor de cuidado en la familia merece el reconocimiento pleno como actividad laboral. En última instancia, se producirá un capital humano muy valioso, para expresarlo en términos económico-empresariales.

Lienemann
Votaré a favor del informe van Velzen. Sin embargo, hubiera sido necesario que el Parlamento Europeo fuera más claro por tratarse de márgenes de maniobra macroeconómicos que hay que liberar para relanzar el crecimiento; en especial que el propio Parlamento confirmase, junto con el Gobierno francés y el alemán la necesidad de una nueva bajada de los tipos de interés en los países de la zona euro y que apoyase las demandas del jefe del Gobierno italiano orientadas a aflojar el cinturón del pacto de estabilidad de Dublín, principalmente para favorecer las inversiones.
El informe hubiera debido insistir más en la urgencia de la puesta en marcha de los grandes trabajos de infraestructura fijando plazos y sugiriendo modos de financiación (un gran empréstito europeo, por ejemplo).
Es de temer que esta idea, mencionada en muchas ocasiones, se quede en la teoría sin pasar a los hechos o que, diluida en el tiempo y por no alcanzar una masa crítica financiera significativa, no consiga el objetivo buscado que es la creación de empleo.
En último lugar, el alegato en pro de la reducción del tiempo de trabajo sigue siendo bastante tibio, sin objetivos cifrados y datados (las 35 horas no se mencionan claramente). Más grave es el título del punto 19 que asocia la «flexibilidad» a la reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, sabemos que la flexibilidad, lejos de crear empleos los destruye, que caracteriza las tareas asociadas a un estatuto que está fuera de las normas y desarrolla el tiempo parcial soportado y la precariedad. También votaré contra ese párrafo.
Hasta tanto la Unión Europea no se dote de un verdadero tratado fundador para la Europa social, en tanto que el empleo dependa, según el Tratado de Amsterdam, de las competencias nacionales y que las iniciativas europeas se vean refrenadas por el pacto de estabilidad, es de temer que Europa no pueda iniciar acciones decisivas, susceptibles de reducir el desempleo masivo.
Porque si el crecimiento actual es una baza, es preciso consolidarlo y, suponiendo que se mantenga al ritmo constatado, serán necesarias décadas para reducir de forma sustancial el desempleo masivo que padecemos. Qué decir, finalmente, del pleno empleo, único objetivo válido por otra parte para los defensores de un modelo social europeo.

Palm
Me complace verdaderamente que se otorgue un papel más ostensible a las cuestiones de la política de empleo en el orden del día de la UE, y el presente informe constituye una muestra de ello. Si bien el informe recoge numerosas ideas positivas sobre cómo debemos afrontar el desempleo masivo, también es cierto que muestra muchas lagunas a este respecto.
En mi opinión, el pleno empleo se alcanzará uniendo y potenciando nuestros esfuerzos. Lo más importante es que los Estados lleven a cabo una política económica encaminada hacia el pleno empleo, una política económica incentivadora que tenga por objetivo la lucha contra el desempleo.
Aparte de que es imprescindible dirigir la política económica, en todo momento y de manera prioritaria, hacia la lucha contra el desempleo, creo que en este camino hacia el pleno empleo debemos tener presentes tres ámbitos de gran importancia: la formación, la seguridad y una política salarial solidaria.

Seillier
En muchas ocasiones, la Unión Europea y los Estados miembros se han comprometido a llevar a cabo una acción coordinada en la lucha contra el desempleo; el informe del Sr. van Velzen recuerda, para señalarlas, las orientaciones mencionadas ya en múltiples ocasiones:
mejora de los sistemas educativos; -amplio programa de inversiones; -apoyo a la creación y desarrollo de PYME; -favorecer el espíritu de empresa; -considerar el potencial de la «economía social» para la creación de empleo, cosas todas ellas muy loables, pero que pueden quedar en buenas intenciones si se siguen olvidando dos parámetros, por cierto, relacionados entre sí e importantes para la prosperidad en Europa: la familia y la demografía.El fracaso escolar de los niños y de los jóvenes, verdadero azote de Europa, no es debido solamente a unos sistemas escolares que fracasan al dar una cultura general y una formación profesional adaptada, sino en gran parte a unas carencias educativas que a su vez se deben a la crisis de la familia, al egoísmo y a la inconsciencia de los adultos: Ya no se forma espiritualmente a los jóvenes para afrontar las dificultades de toda índole en la existencia humana. Desde este punto de vista, la conciliación entre la vida familiar y la vida personal se considera una vez más en este informe como un problema de adultos que tienen problemas para «cuidar a sus hijos». Ahora bien, la calidad de la educación familiar que se recibe en la primera infancia y en la adolescencia es muy importante para el éxito profesional y social posterior. Así, ya que es conveniente estimular la formación de pequeñas y medianas empresas, ¿no conviene considerar a una familia con varios hijos como una pequeña empresa de formación inicial y continua, y a la madre de familia, llamada «inactiva», que gestiona y organiza la vida de esta pequeña comunidad, como un verdadero empresario que merece consideración y remuneración ya que enriquece en cantidad y en calidad el capital más preciado de un país que es el capital humano?
¿Cuando tendrán a bien rendirse a la evidencia los responsables económicos y políticos, que es la de que los padres y las madres de familia son los primeros inversores económicos en un país y merecen que se les estimule, cuando en la actualidad están explotados, en el sentido marxista del término?
No hay crecimiento económico duradero, por tanto tampoco reducción del desempleo, cuando se produce un hundimiento de la natalidad en una sociedad. «No hay política económica sin política social» se repite sin descanso, es decir, a condición de añadir que para salir de la gestión de la crisis económica y social que lleva a la Europa envejecida a una muerte dulce (eutanasia) tal como se perfila en la actualidad, sería necesario en cada uno de nuestros países de Europa una política familiar audaz, condición necesaria, incluso aunque sea insuficiente para crear empleo o para muchas otras cosas aún más importantes.

Theorin
Acojo con satisfacción las aspiraciones del presente informe para mejorar la situación del empleo. Por lo que respecta a la reducción de los impuestos sobre el trabajo, me gustaría señalar que no es posible establecer ninguna relación entre esta medida y un mayor número de puestos de trabajo. Ningún estudio, ni teórico ni práctico, demuestra que una reducción general de los impuestos que afectan al trabajo contribuya a aumentar el empleo. Lo que vienen a decir los exhaustivos estudios independientes que se han realizado es que existe una considerable incertidumbre sobre si una menor fiscalidad influye o no en la situación del empleo. Principalmente en los países nórdicos, los estudios dan a entender que no es posible demostrar una relación de estas características.

Titley
Voto con alegría a favor de este informe, que indica que el año pasado se crearon en toda la Unión Europea 750.000 puestos de trabajo adicionales.
Ahora bien, todos sabemos que otros puestos de trabajo están amenazados por problemas tradicionales como la escasez de aptitudes y por nuevos problemas como los efectos destructivos de las crisis de los mercados financieros en Asia Oriental y otras partes del mundo.
El hecho de que más de la mitad de las personas desempleadas de 25 años de edad o más estén clasificadas como personas sin aptitudes laborales subraya la amplitud del problema con que nos enfrentamos todos en la Unión Europea para mejorar las aptitudes de nuestra fuerza de trabajo y nuestra competitividad en la economía mundial. Me alegra que el Nuevo Orden para los Jóvenes que ha introducido el Gobierno de mi propio país se extienda a los desempleados de más edad en respuesta a este problema. Nos hallamos en plena guerra de larga duración contra el desempleo y tenemos que colmar la deficiencia en materia de aptitudes si queremos ganarla.
El informe pide con razón que se creen más lugares donde prestar una atención de calidad a los niños, a fin de que los padres que desean trabajar puedan encontrar y guardar un puesto de trabajo, apoyando de esta manera a su familia mediante sus propios esfuerzos. Una vez más recomiendo que la estrategia nacional del Gobierno británico en materia de atención infantil se estudie en el resto de la Unión Europea. Es evidente que cada país tiene que adoptar políticas que convengan a sus propios problemas concretos de desempleo, pero me parece que los grandes cambios para la política británica propuestos por el Nuevo Orden y la estrategia nacional de atención infantil son las respuestas británicas a los problemas comunes de Europa: falta de aptitudes y progenitores que tienen que recurrir a las prestaciones sociales por no disponer de medios de atención infantil.

Wibe
En el presente informe se expresa la postura común del Parlamento (apartados 2 y 3) en el sentido de que la reducción de los impuestos sobre la mano de obra constituye un método fundamental para mejorar la situación del empleo. De acuerdo con el ponente, esta circunstancia es especialmente cierta si, al mismo tiempo, se elevan los impuestos sobre los factores perjudiciales para el medio ambiente, como las materias primas. No existe ningún argumento, ni en la teoría económica ni en la realidad empírica, que permita respaldar esta afirmación. Soy particularmente contrario a la afirmación de que una reducción de impuestos sobre los servicios con predominio de mano de obra se traduciría en un mayor número de puestos de trabajo. Todos estos planteamientos se basan en un análisis muy parcial de la economía y no tienen en cuenta que los ingresos fiscales se transforman a su vez en demanda.
Asimismo, me gustaría expresar mis reservas acerca de lo que se afirma -por ejemplo- en el apartado 21, en el sentido de que una reducción de la jornada laboral crea empleo. La reducción de la jornada laboral es favorable por muchas razones, pero no constituye un arma eficaz para luchar contra el desempleo.
Informe Peter (Doc. A4-0392/98):

Andersson, Lööw y Sandberg-Fries
Deseamos felicitar al ponente por la excelente labor que ha realizado con motivo de este importante informe. Estimamos que el desarrollo del diálogo social reviste la máxima importancia para poder impulsar a escala comunitaria no sólo la política de empleo y el desarrollo del mercado de trabajo y de la vida laboral, sino también las cuestiones sociales. Con la propuesta que ahora presenta la comisión se aclara el papel que desempeña el diálogo social en términos de información, consultas e intensificación de las negociaciones, a la vez que se hace mayor hincapié en la importancia que reviste el diálogo social en las cuestiones relativas a la asociación por el empleo.
Desearíamos hacer saber que no respaldamos la enmienda 3, relativa a la participación del CMRE en el diálogo suprasectorial por lo que respecta a la información, consulta y negociación. Se trata de una cuestión de principios. Creemos que, en lo relativo a las negociaciones en el marco del diálogo social a escala suprasectorial -tal como se aborda en esta enmienda-, las instituciones de la Unión no deberán inmiscuirse a la hora de elegir los representantes que deban participar en las negociaciones entre los interlocutores sociales. Se trata de una cuestión que han de determinar los propios interlocutores y ni el Consejo, ni el Parlamento, ni la Comisión deberán apoderarse de esta función. Nos mostramos igualmente convencidos de que, en caso necesario, los interlocutores decidirán hacer partícipe a la CMRE de las negociaciones en el marco del diálogo social, si bien está decisión sería a iniciativa de los propios interlocutores.
Desearíamos señalar la importancia del apartado 13 del informe acerca del número de representantes de los interlocutores sociales en el reformado Comité Permanente de Empleo. La reducción de este número a doce personas (como máximo) parece inevitable, si bien, para garantizar la representatividad de las competencias nacionales entre los interlocutores, es necesario llevar a cabo mayores ajustes. El apartado 13 saca a relucir este punto, pero será la Comisión la que deba abordar con mayor atención cómo materializar este punto.
Para finalizar, querríamos apuntar la importancia de que, además de las directrices en materia de política de empleo de la Unión, se ofrezca al Comité Permanente de Empleo la posibilidad de someter a debate también las orientaciones de la Unión en el ámbito de la política económica. Además de las directrices para la política de empleo, el impulso de esta política en Europa refleja también una clara perspectiva económica. Por lo tanto, resulta natural que se permita al Comité Permanente de Empleo debatir también las orientaciones en este ámbito.

Bonde, Krarup y Sandbæk
No podemos apoyar el informe relativo a la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria, puesto que pensamos que el punto de partida para este diálogo entre los interlocutores sociales es el establecimiento a largo plazo de verdaderos convenios comunitarios. Al mismo tiempo consideramos problemático que los interlocutores sociales, según el informe, deban vincularse a «la política económica en el marco de la UEM». Dinamarca mantiene una excepción por la que no participa en la tercera fase de la UEM. Consideramos importante esta excepción puesto que no estamos de acuerdo con la política económica de la Unión, que prima la lucha contra la inflación a costa de las iniciativas creadoras de empleo.
El mercado laboral ha pasado a ocupar el centro de la regulación comunitaria especialmente en los últimos años. Esta regulación adquiere aún mayores consecuencias en lo que respecta al sistema danés de convenios y así la tradición danesa de convenios se ha visto en dificultades. Nos parece importante conservar el sistema danés de convenios que asegura al movimiento sindical una considerable influencia a través de la negociación de los convenios colectivos frente al sistema comunitario de convenios basado en derechos individuales recogidos en las leyes y dictados centralizadamente. El traspaso a la UE de competencias en este ámbito que hasta ahora habían permanecido en el sistema danés constituye una importantísima ruptura con el sistema tradicional de convenios colectivos, tan importante en la configuración del modelo danés de sociedad. Este desarrollo puede afectar a largo plazo al sistema social y laboral danés.

Carlsson
El mercado laboral se ve sometido a rápidas transformaciones. El diálogo social se fundamenta en un planteamiento corporativista, con lo que se corre el riesgo de que se mantengan las viejas estructuras y de que se establezcan reglamentaciones innecesarias a escala de la UE.
Por consiguiente, tanto mi grupo como yo misma mostramos nuestro escepticismo ante el fomento del diálogo social. Este diálogo reserva a los interlocutores sociales un lugar aparte en la legislación europea y les concede una influencia política desmesurada, todo ello en una época en la que son pocos los que se comprometen en el plano sindical y muchos los que permanecen al margen de la vida laboral, en una época en la que cada vez es mayor el número de personas emprendedoras y pequeños empresarios, el recurso a las consultorías y las nuevas posibilidades de empleo.
Los políticos elegidos por sufragio popular deben responsabilizarse ahora de reformar las leyes del mercado laboral, no de otorgar a los interlocutores sociales el derecho de lograr una regulación aún mayor.
Por todo lo expuesto, he optado por pronunciarme en contra en la votación final.

Deprez
La construcción europea es un todo al que deben asociarse todas las ciudadanas y ciudadanos europeos. En una perspectiva de mayor cohesión, el diálogo social ha de responder a la construcción de la Unión Económica. En este sentido, una vez más tengo que felicitarme por la inclusión del protocolo sobre la política social en el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, es preciso insistir en el hecho de que con toda evidencia, el papel reservado en el marco del Parlamento Europeo sigue siendo insuficiente desde el momento en que el protocolo se muestra realmente respetuoso con el principio general del derecho comunitario según el cual el Parlamento ha de disponer en esta materia de un dictamen conforme.
Me alegro, por tanto, de la declaración de la Comisión que dice que pretende informar de una manera completa y en tiempo hábil al Parlamento, de forma que éste tenga ocasión de emitir un dictamen antes de que el Consejo adopte una decisión. Al igual que nuestro ponente, considero que esta actitud positiva de la Comisión ha de interpretarse como una primera etapa en la vía de una participación plena y completa del Parlamento en el procedimiento.
Dicho esto, hemos de precisar que sólo existe un diálogo real entre socios autónomos que libremente han decidido debatir en torno a una misma mesa y a condición de que la totalidad de interlocutores implicados se sienten a ella efectivamente. Ninguno de los protagonistas de la vida económica y social puede mantenerse contra su voluntad separado de un diálogo social. Al mismo nivel que los demás, las PYME han de estar asociadas al diálogo social.
Por otro lado, es necesario desarrollar este último si se pretenden resolver de forma armoniosa y en el interés general las grandes cuestiones sociales y económicas que siguen sin estar resueltas al día de hoy incluyendo - evidentemente y ante todo -, las relativas al empleo. Aunque sean estimulantes, las últimas cifras publicadas por Eurostat sobre el desempleo en la Unión no pueden servir para enmascarar la importancia persistente de este problema.
Lo que se acaba de decir es válido igualmente cuando se trata de los expedientes relativos a la ampliación de la Unión Europea a los países candidatos. Por tanto sólo podemos saludar el deseo manifestado por la Comisión de desarrollar el diálogo social en esos países.

Lang
Es necesario adaptar y promover el diálogo social entre los socios del mundo del trabajo y en este punto nos alegramos del informe Peter. Este texto contiene magníficas y hermosas declaraciones de principios sobre la función y misiones que han de asignarse a los interlocutores sociales, y hemos de felicitarnos por ello.
Por el contrario, hemos votado contra este informe tanto por los aspectos que contiene ajenos al tema como por sus lagunas y omisiones.
El informe Peter no habla de las persecuciones contra los sindicatos nacionales en Francia. Así, en este país, los trabajadores no pueden crear nuevos sindicatos y presentarse libremente a las elecciones sindicales y profesionales, excepto, claro está, si pertenecen a sindicatos debidamente homologados y limitados por la ley. Los atentados contra las libertadas sindicales y electorales de los trabajadores son graves e inadmisibles. En realidad, los sindicatos oficiales, cada vez menos representativos, no son buenos más que para hacer que se prohíba toda competencia.
¿Mi colega Peter desea adaptar y promover el diálogo social? Que comience a interesarse por los reiterados atentados contra las libertades sindicales y por lo que pasa realmente en los países de la Unión. Entonces y únicamente entonces, el diálogo y las negociaciones entre trabajadores y empleadores podrán considerarse sin falsas apariencias, sin hipocresía y sin la dictadura de lo políticamente correcto.

Lindqvist
El diálogo social ha de surgir primordialmente a partir de las consultas y los acuerdos entre los interlocutores sociales. No se trata de ningún fin en sí mismo, ni en el plano nacional ni el europeo.
En lugar de introducir legislación, las autoridades nacionales y las instituciones de la UE han de hacer un esfuerzo particular con el fin de incentivar las negociaciones entre interlocutores independientes.

Palm
El poder en el mercado laboral está distribuido de manera desigual. Los representantes de la patronal siguen yendo por delante de los representantes de los trabajadores. A pesar de sus buenas intenciones y de que demuestra una voluntad de entablar un diálogo real entre los interlocutores sociales, el presente informe no hace un análisis importante del poder en el mercado laboral. Si no realizamos un análisis de este tipo y reconocemos las relaciones que existen en las esferas del poder, no podremos nunca entablar un verdadero diálogo real acerca de las condiciones sociales en el mercado laboral.

Theonas
Cada cierto tiempo vuelve a surgir un debate en el Parlamento Europeo sobre el diálogo social. Con este motivo queremos una vez más subrayar que cuestionar de forma amplia y fecunda los objetivos, el contenido, los resultados y el futuro del diálogo social a escala comunitaria es un hecho positivo en la medida en que alcanza medidas concretas para su reforzamiento y llega a provocar un cambio en la tendencia que la UE y los Estados miembros promueven y que consiste en infravalorarlo y utilizarlo como coartada para fomentar medidas contra los trabajadores y como un colchón para amortiguar los impactos y las reacciones sociales contra la política social y económica que aplican.
Para nosotros la cuestión principal es, por una parte, la representatividad de los delegados de los interlocutores sociales que participan en los procesos de deliberación y, por otra, en qué medida se tiene en cuenta su postura durante la elaboración de las posiciones de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros. Es de destacar el hecho de que las PYMEs siguen siendo excluidas de cualquier forma de diálogo a escala comunitaria.
Estamos particularmente preocupados por el hecho de que el diálogo social que se lleva a cabo actualmente, en la mayoría de los casos, no está vinculado a las cuestiones centrales que, de forma global y en las distintas ramas, sectores y regiones, preocupan a los trabajadores de la UE. Además, no está centrado en la búsqueda de soluciones concretas a sus graves problemas, ni en el intento de salvaguardar y ampliar sus derechos individuales y colectivos, ni en el desarrollo de las iniciativas que tienen como objeto afrontar la profunda crisis que sacude a la UE, ni en la promoción de una solución alternativa y progresista dentro de la lógica de la liberalización y la mundialización impuesta por las multinacionales.
La piedra de toque de todo lo dicho anteriormente no puede ser otra que la afrontación del problema del desempleo y del empleo y éste no puede ser afrontado con el modelo tatcheriano de dividir el desempleo o mediante la creación de «empleos» que están regidos por un régimen de dumping laboral y seguridad social. Un diálogo social realista no puede ignorar los trágicos resultados de la política de liberalización de los mercados, de la política que marcan los criterios de la UEM y del pacto de estabilidad. Un diálogo social realista no puede no ocuparse del hecho de que se está fomentando incluso la destrucción de los logros fundamentales del movimiento sindicalista de los trabajadores entre los que se encuentran los convenios colectivos.
Según nuestra opinión, para que el diálogo social pueda desempeñar su papel deberá expresarse a través de su forma más importante que es la negociación colectiva con objeto de firmar convenios colectivos. Solo así, mediante la validez jurídica que los caracteriza, puede protegerse a los trabajadores de la individualización de las relaciones laborales, del intento de disminuir sus derechos en nombre del «aumento de la competitividad» y del incremento de la competencia. La experiencia nos demuestra que cualquier sustituto que se fomenta de vez en cuando no tiene otro objetivo que disminuir la capacidad de negociación y la fuerza del movimiento sindicalista de los trabajadores; desorientar, menoscabar y fragmentar sus luchas y, en definitiva, promover las opiniones que llevan la falsa etiqueta de la cooperación entre clases y llevarlo a la renuncia del papel que está llamado a desempeñar a través de la historia y entre las clases.
Lo que actualmente necesitan los trabajadores y sus sindicatos es reforzar la negociación colectiva a escala de la UE y de los Estados miembros, sumarse a los que se enfrentan al desmantelamiento de cualquier concepto de colectividad, oponerse de forma firme a los que menoscaban el diálogo colectivo, estructurado y con objetivos, y los convenios colectivos que son el medio que refleja las reivindicaciones de los trabajadores.

Wibe
Comparto el punto de vista del considerando G en el sentido de que sigue siendo insatisfactorio el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo (tras el Tratado de Amsterdam). Teniendo en cuenta la composición predominantemente burguesa del Parlamento, creo que sería bueno para los asalariados, al menos en Escandinavia, que este Parlamento tuviera el menor poder de influencia posible.
Desearía llamar la atención sobre la propuesta del apartado 7 para la creación de «comités consultivos». En mi opinión, el incesante establecimiento de nuevas oficinas y comités en el ámbito de la UE solamente supone una mayor carga burocrática de escasa utilidad para los habitantes y trabajadores de Europa.
Informe Erika Mann (Doc. A4-0387/98):

Berthu
Señor Presidente, la negociación comercial de la Asociación Económica Transatlántica, que está a punto de abrirse con Estados Unidos, va a obedecer a un procedimiento nada claro.
Como va a afectar, por una parte a sectores que dependen de las competencias comunitarias - mercancías y mercados públicos - y, por otra, a sectores que dependen de las competencias nacionales - servicios y propiedad intelectual - podríamos haber pensado que los representantes de los Estados iban a llevar las negociaciones parejas con la Comisión. Sin embargo, no es éste el método elegido. La Comisión va a negociar con Estados Unidos al mismo tiempo en nombre de la Comunidad y en nombre de los Estados miembros, en virtud de un mandato global. Los Estados, en los sectores que dependen de sus competencias, estarán, se nos dice, «asociados a la negociación», pero tememos que no la dirijan, ni siquiera en lo que respecta a sus propios sectores. No me parece adecuado que se haya aprobado este procedimiento, cuando sabíamos muy bien, por otra parte, que la Comisión pretende promover una zona de libre cambio con Estados Unidos y que a Francia le ha costado mucho trabajo hacer que fracase la tentativa anterior, conocida con el nombre de NMT, Nuevo Mercado Transatlántico.
Esta manera de proceder aporta una luz interesante al nuevo artículo 133 párrafo 5 del Tratado de Amsterdam, actualmente en proceso de ratificación en Francia. Este texto prevé que el Consejo, que resuelve por unanimidad a propuesta de la Comisión, podrá transferir en las competencias comunitarias las negociaciones internacionales sobre los servicios y los derechos de propiedad intelectual. Señalo de paso que este procedimiento, que privaría al Parlamento francés de su derecho a aprobar la ratificación de los tratados previsto en el artículo 53 de nuestra Constitución, parece tan condenable como el, idéntico, previsto en el artículo 67 en el ámbito de la circulación de personas y que ya fue censurado por el Consejo Constitucional en su decisión de 31 de diciembre de 1997.
Cuando sabemos con qué espíritu ha llevado la Comisión las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre mercancías, nos parece inoportuno confiarle los servicios y la propiedad intelectual. Sin embargo, el método de negociación aprobado por la Asociación Económica Trasatlántica muestra bien que, si no se detiene el Tratado de Amsterdam hoy, los Estados miembros corren el riesgo de caer en el mismo hábito que en el pasado.

Caudron
Señor Presidente, señorías, el informe de nuestra colega Erika Mann, por su contenido, plantea numerosas cuestiones tanto en el ámbito económico como en las relaciones de seguridad y defensa.
Al igual que la señora Mann, creo que los órganos parlamentarios han de asociarse en la medida que se pueda al proceso de negociaciones. Espero que no nos encontremos en una situación comparable a la de la AMI, en la que los responsables políticos, legítimamente elegidos, han sido consultados en última instancia, me atrevo a decir como algo insignificante.
En el mismo sentido, hemos de estar atentos al contenido de este futuro acuerdo, principalmente en el ámbito de las ayudas públicas. No podríamos tolerar que algunos de nuestros socios nos impongan unas condiciones draconianas mientras ellos mismos pasaran por encima de esas obligaciones.
En estas negociaciones, la Unión Europea ha de aparecer como una potencia de pleno derecho y capaz de hacer oír su voz sin que se le impongan decisiones unilaterales. Ésta es probablemente una de las debilidades más evidentes. Para que no se diga, recordaré la directiva relativa a la construcción naval en la que nos hemos precipitado para aplicar unas medidas que van contra nuestros intereses ya que somos los únicos en seguirlas.
En este sentido, me parece perjudicial que la Comisión no haya protestado sobre los fondos puestos a disposición por el FMI para salvaguardar los trabajos coreanos ya fuertemente subvencionados por el poder público.
Si bien comparto las preocupaciones mencionadas en el texto, en materia de salud, de protección del consumidor y de medio ambiente, soy mucho más circunspecto y me preocupa más la promoción de normas fundamentales de trabajo conjuntamente con los Estados Unidos. Confieso que no comparto ese entusiasmo con respecto a un país que, desde hace años, es el cantor del ultraliberalismo exacerbado que, día tras día, está mostrando su inhumanidad.
La Unión Europea es con mucho un polo de desarrollo relativamente equilibrado, que intenta preservar dinamismo económico y justicia social. Hemos de saber preservarlos.

Leperre-Verrier
El «diktat» americano sobre las importaciones europeas de plátano muestra hasta qué punto la constitución de una asociación económica entre la Unión Europea y Estados Unidos es aún prematura y supondría no solamente que se solucionasen los contenciosos en curso, sino también que se afirmase nuestra capacidad para desarrollar unas relaciones globales y equilibradas.
La experiencia reciente ha mostrado la necesidad de abrir el campo de este tipo de negociaciones a toda la comunidad internacional, en particular en el seno de la OMC, y el destino reservado al AMI y al proyecto del NMT debería estimular a la Comisión a una mayor prudencia.
Así, cualesquiera que sean los valores e intereses comunes que unen a la Unión Europea y a Estados Unidos, los planteamientos tan diferentes en materia de desarrollo, de política social y de protección del medio ambiente así como la necesidad de preservar la soberanía cultural en el conjunto de sus componentes, convierten en ilusorio el principio mismo de las relaciones trasatlánticas privilegiadas.
Por todas estas razones, el Grupo de Coalición Radical Europea ha solicitado la devolución a comisión de este informe y se ha abstenido en la votación final.

Lienemann
No votaré el informe de la Sra. Mann a pesar del trabajo de calidad realizado por nuestro ponente para elaborar un marco deseable en las relaciones bilaterales entre Europa y Estados Unidos. Por desgracia, la situación, realmente, es muy diferente, y el Parlamento Europeo debería proclamar alto y fuerte su desacuerdo con relación a la actitud de los Estados Unidos de América, en particular tras las recientes decisiones unilaterales de este país.
Su actitud con respecto al mercado del plátano, la promulgación de reglas proteccionistas sin fundamento, la imposición del acero con el pretexto de un pseudo dumping, ponen en evidencia que para Estados Unidos la apertura del mercado es buena cuando les beneficia y mala cuando sus intereses se ponen en riesgo.
Hay engaño, ya que no hay compromiso sincero de este país en favor de acuerdos bilaterales equilibrados. De hecho, los americanos cuentan claramente con sacar beneficio de su situación de dominación mundial, pero también de la debilidad de Europa, incapaz de reaccionar de forma eficaz o de promulgar de rechazo reglas protectoras y que impliquen una cierta idea de progreso compartido.
Europa, por ejemplo, podría crear impuestos sociales y rechazar los productos procedentes del trabajo infantil o realizados sin el mínimo respeto por las normas de la OIT. La cuestión de las normas medioambientales es también muy importante. La actitud inaceptable de Estados Unidos en la última cumbre de Buenos Aires sobre el clima muestra su desprecio con respecto al interés general del planeta y pone en evidencia los riesgos que los acuerdos de asociación transatlántica van a ejercer en la legislación europea a favor de la salud y el medio ambiente.
En efecto, la llegada masiva de productos que contienen OGM o realizados con procedimientos que no respetan nuestras normas en materia de medio ambiente se va a acelerar y Europa puede verse penalizada si no impone a sus importaciones un marco tan riguroso para el medio ambiente como las reglas que promulga en su seno. En último lugar, la actitud ambigua de la Comisión y de Leon Brittan ha debilitado a la UE en sus vínculos con Estados Unidos.
Afortunadamente, el Consejo ha rechazado el MI y el NMT, pero queriendo protegerse de nuevas derivas ha definido un marco obligado de vigilancia de la Comisión que, de hecho, coloca al Parlamento fuera de juego, y esto es muy grave para el futuro. También hoy, el Parlamento Europeo ha de decir que todo esto no puede durar. La dominación americana, la falta de respeto de los americanos por las reglas no deberían continuar. Europa ha de reaccionar con represalias. No se puede aceptar por más tiempo la falta de normas sociales y medioambientales en los intercambios mundiales. Los acuerdos multilaterales o bilaterales no deberían firmarse sin éstas. El Parlamento Europeo ya no puede estar separado de esas negociaciones.
Para hacerse oír, ya no puede considerarse al Parlamento Europeo fuera de esas negociaciones. En este sentido, el Parlamento hubiera debido votar el aplazamiento del informe de forma solemne. No lo ha hecho. Con el voto negativo de este informe, manifiesto mi vivo descontento ante los retrocesos y capitulaciones de Europa frente a Estados Unidos.

Linser
El FPÖ rechaza el informe sobre el nuevo mercado trasatlántico ya que en primer lugar es necesario celebrar un debate general y público sobre los objetivos y repercusiones de esta asociación.

Theonas
El rechazo del enfoque sugerido por Sir Leon Brittan aspiró a cegar los ojos a todos aquellos que se habían opuesto intensamente a la creación de un Nuevo Mercado Trasatlántico que vendría a poner en una posición más desfavorable a los trabajadores de Europa. La esencia de ese enfoque no ha sufrido cambios hasta hoy y la única diferencia que encontramos está en los ritmos de promoción de los diferentes planes y en una muestra de mayor flexibilidad en cuanto a su aplicación. Los principios del nuevo acuerdo siguen estando marcados por la protección del gran capital y su circulación sin obstáculos, la salvaguardia de la inmunidad de los monopolios y de la liberalización de los mercados, la limitación de las posibilidades de intervención y control por parte de los Estados miembros e incluso de las propias instituciones europeas. Tales medidas han sido consideradas necesarias para preparar la nueva ronda de negociaciones multilaterales en el marco de la OMC y de los debates sobre el acuerdo multilateral para las inversiones en el marco de la OCDE. Se trata de un intento de crear nuevos hechos consumados.
El acuerdo político logrado durante la reciente cumbre de ambas orillas y el plan de acción de la Comisión para la Cooperación Económica Transatlántica suscitan serias preocupaciones e interrogantes y afectan a asuntos importantes de la salud pública, a las relaciones laborales y los derechos de los trabajadores, a la protección de los consumidores, a asuntos relacionados con la libre prestación de servicios y a la liberalización de los contratos públicos y suponen que el fomento de la cooperación reguladora y la supresión de las barreras técnicas al comercio van a decidirse lejos de cualquier control democrático y político. En relación con ello procede señalar que, para prevenir posibles objeciones, la Comisión ha escogido el método de realizar acuerdos sectoriales que suponen la no obligación de que el Parlamento Europeo se pronuncie contra el acuerdo marco que ya presupone su opinión acorde y evitar así cualquier posibilidad de un mayor control e intervención.
No es casualidad que las disposiciones que establecen los procesos de la política comercial de la UE no hayan sido modificadas y permitan al Consejo y a la Comisión alcanzar, mediante las formas adecuadas, la firma de importantes acuerdos sin mayores «molestias» por su parte. Además, el hecho de que tal método haya sido elegido, vistas las reacciones producidas a escala nacional y comunitaria por la publicación del plan del acuerdo multilateral para las inversiones de la OCDE y el enfoque Brittan, nos lleva a la conclusión de que los trabajadores y los movimientos sociales deben vigilar e intensificar su lucha, porque el peligro no sólo no ha pasado sino que es más grave, ya que los diferentes sustitutos de los acuerdos que han sido fomentados se presentan como «más razonables» y menos ambiciosos en sus formulaciones y en su calendario y se encuentran exactamente en la misma dirección antipopular.
Los acuerdos de reconocimiento mutuo constituyen un elemento de referencia del nuevo acuerdo. Su objetivo es facilitar los flujos comerciales dando un papel decisivo a las comisiones de tecnócratas sin que se sometan a ningún control democrático. Así se verán reforzadas aquellas opiniones que consideran que la existencia de disposiciones legislativas que protegen la salud pública y el medio ambiente constituyen unas barreras técnicas para el comercio y que aspiran fundamentalmente a la supresión de las especificaciones de seguridad.
También, son preocupantes las previsiones acerca de la liberalización de los contratos públicos y de los servicios y de la coordinación prevista en el marco de una nueva ronda de negociaciones multilaterales sobre inversiones, agricultura y propiedad intelectual.
Cualquier tipo de preocupación sobre derechos sociales, el refuerzo de aquellas disposiciones que protegen a los trabajadores y algún tipo de compromiso para la incorporación de los convenios fundamentales de la AIE al sistema de la OMC, están ausentes. En cambio, las referencias cada vez más frecuentes a que la legislación laboral no puede constituir un medio de «proteccionismo» nos crean la certeza de que, en el mismo orden del día, tras la liberalización del comercio, de las mercancías, bienes y servicios, se encuentran la desregulación de las relaciones laborales y la limitación en este tema del poder del estado a través de la OMC, en pocas palabras, el fomento de las disposiciones correspondientes del acuerdo multilateral sobre las inversiones dentro del marco de un sistema comercial multilateral.
Nosotros creemos que el plan para la Cooperación Económica Transatlántica no expresa los intereses de los trabajadores de ambas orillas del Atlántico, por contra, apoya las posiciones de las grandes multinacionales que en el marco del «diálogo empresarial transatlántico» están ya trabajando desde 1995 para la supresión de las disposiciones que limitan su actividad. Es un acuerdo que señala de nuevo el retroceso de la UE ante EE.UU. y la postura de ambos para fomentar los planes del gran capital en el ataque directo contra los trabajadores. Además, se ve claramente en la resolución sobre las leyes extraterritoriales Helms-Burton y d'Amato-Kennedy y en las previsiones sobre la agricultura y la industria audiovisual.
Se trata de un acuerdo que demuestra el carácter real de las negociaciones comerciales internacionales que aparentemente se producen en condiciones de igualdad. El presente informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a pesar de contener algunas observaciones positivas, acepta de forma global ese marco y por eso no lo vamos a votar.

Theorin y Wibe
Compartimos las aspiraciones de la ponente para mejorar las relaciones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. Se trata de un buen informe que engloba una gran amplitud de ámbitos del mercado transatlántico. En cambio, no estamos de acuerdo con las afirmaciones de los considerandos B y C, y del apartado 1, en el sentido de que la UE y los Estados Unidos comparten valores comunes en los ámbitos de la política de defensa y de seguridad, la economía, la política, la cultura y el medio ambiente. Las relaciones en materia de política de defensa y de seguridad son de especial importancia a este respecto, ya que Suecia, en su condición de país neutral y al margen de toda alianza, no pertenece a la OTAN.
Acogemos con satisfacción la clara referencia que se hace en el apartado 25 al carácter inaceptable de las leyes Helms-Burton y D'Amato, y respaldamos plenamente la petición para que se derogue lo más rápidamente posible dicha legislación.

Titley
Apoyo con placer este informe de mi colega, Erika Mann. Sucede a menudo que las estrechas relaciones que tenemos con otros países revisten la máxima importancia cuando tenemos desacuerdos con ellos. Así sucede particularmente esta semana, cuando el Congreso de los Estados Unidos parece estar dispuesto a iniciar una guerra comercial con la Unión Europea por oponerse a que apoyemos a los cultivadores de plátanos de las antiguas colonias británicas y europeas en el Caribe.
Como otros muchos, estimo que necesitamos un sistema comercial internacional que sea lo más libre posible, libre de todo prejuicio contra la competencia equitativa y abierta. Sin embargo, un comercio libre necesita ser también un comercio equitativo, y el caso de los cultivadores de plátanos del Caribe demuestra que un poco de asistencia para sus exportaciones a la Unión Europea no pone en peligro la parte masiva del mercado de productores de plátanos, propiedad de los Estados Unidos, en la Unión Europea y en el resto del mundo.
Hay que establecer lo antes posible el tipo de diálogo estrecho que se pidió en el primer semestre de este año en la cumbre Estados Unidos-Unión Europea en Londres, a fin de ayudar a ambas partes de la nueva comunidad transatlántica a aminorar y esperemos también que a evitar esos desacuerdos en el futuro. Por eso insto a nuestros colegas diputados del Parlamento Europeo a que voten hoy a favor del cuidadoso informe de Erika Mann, y que no se alineen con los fanáticos republicanos del Congreso de los Estados Unidos que querrían que reaccionásemos abruptamente a su amenaza de guerra comercial. Un diálogo regular entre la Unión Europea y los Estados Unidos nos permitiría destacar los errores del enfoque del Congreso respecto del apoyo de los Estados Unidos a las exportaciones de plátanos del Caribe a Europa, lo que permitiría que sus economías siguieran beneficiándose de un comercio legal y de esa manera interrumpiría la tentación que de lo contrario se dejaría sentir entre los agricultores de los Estados Unidos para cultivar incluso más drogas duras, y tanto los políticos americanos como los de la Unión Europea saben muy bien los daños que se derivan para nuestros jóvenes cuando las drogas llegan a nuestras calles.
(Se interrumpe la sesión a la 1.25 p.m. y se reanuda a las 3.00 p.m.)

Estrategia de preadhesión (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la estrategia de preadhesión.

Féret
Señor Presidente, el título mismo del informe Barón Crespo sobre la propuesta de reglamento del Consejo sobre la coordinación de la asistencia a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión resume por sí solo los vicios y obstáculos que padece la construcción europea que, en los albores del siglo XXI, sigue atascada. Una vez más, se da prioridad al aspecto económico y no al político, y el proyecto de construcción europea aparece sólo como una forma regional de globalización de la economía. El aspecto económico es lo que divide a los europeos. Los factores de cohesión son el político y el cultural. Ahora bien, la unidad política de Europa se aleja a medida que uno se aproxima. Es, como ya he dicho, la versión moderna del suplicio de Tántalo.
En el ámbito de la economía, creo que nos equivocamos también rechazando el combate en la guerra económica mundial, no aceptando el principio de preferencia comunitaria defendido por Maurice Allais y en favor del cual me he manifestado aquí.
Concluyo, señor Presidente, volviendo a lo esencial, a la primacía de lo político sobre lo económico. Es preciso que, por fin, Europa coma para vivir y deje de vivir para comer.

Rehder
Señor Presidente, señorías, y quiero dar la bienvenida expresamente a nuestros oyentes de la tribuna de los países de Europa central y oriental. Lo que se ha de conseguir aquí en la Unión Europea en principio no es la ampliación, sino la integración de los países de Europa central y oriental, una integración de aquellos que evidentemente son ciudadanos europeos y que hasta ahora no han tenido la oportunidad de integrarse en esta comunidad.
También son socios con los que trabajamos y si observamos la evolución actual -por ejemplo, en el ámbito del intercambio económico- comprobamos que se produce un acusado desequilibrio en detrimento de los países candidatos y que consiguientemente debemos velar por equilibrar esta acusada desigualdad, porque sólo podemos ser socios si trabajamos en este ámbito de la economía en pie de igualdad.
El Presidente de Polonia ha dicho hoy una frase digna de mención, que afecta a ambas partes: no se renueva una casa sólo cuando vienen invitados. Esto quiere decir que la Unión Europea, los 15 Estados miembros, tienen que hacer sus deberes, sobre todo en un ámbito que se sigue destacando en la actualidad: el sector agrario. Aquí, en principio, los países de Europa central y oriental se encuentran en una situación absurda. Por un lado, deben asumir el acervo comunitario , la normativa de la Unión Europea y, por otro lado, la Unión Europea no ha conseguido ningún gran paso para poner sobre el papel la reforma, la nueva política agraria.
Si lo consideramos de modo crítico, y si el ritmo con el que llevamos a cabo las reformas necesarias con los representantes de los intereses del grupo de presión agrario es el referente para los países de Europa central y oriental, entonces la integración de estos países debería esperar aún algunas décadas. Esto también debemos anotarlo críticamente en nuestro álbum de recuerdos. También debemos afrontar críticamente a estos representantes y señalar que si no quieren una reforma de la política agrícola, lógicamente tampoco querrán la ampliación de la Unión Europea o una ampliación según el modelo medieval, según el cual las regiones son feudos o colonias; esto no es una ampliación democrática.
La política social desempeña un papel importante es esta ampliación. Los socios deben decir claramente, y también debe subrayarse en el debate, que actualmente cada Estado miembro de la Unión Europea debe practicar individualmente una política social y que, por supuesto, los Estados miembros que quieran unirse a nosotros deben practicar ellos mismos esa política social, por ejemplo, en el ámbito de la política del mercado de trabajo. Esto no es una desventaja, sino, fundamentalmente, una asunción de la postura común.

Linser
Señor Presidente, 60 segundos de tiempo de palabra no permiten un análisis exhaustivo. Por ello querría centrame en un aspecto del informe del Sr. Barón Crespo. El ponente quiere financiar con los recursos de PHARE las medidas de desarrollo agrícola. El Parlamento, recientemente ha transferido cerca de 200 millones de ecus del programa PHARE para el presupuesto de 1999 a otros ámbitos de las relaciones actuales. El motivo: la capacidad de acogida de los países de Europa Central y Oriental está agotada. ¿No es incongruente que pocas semanas después se decida una ayuda suplementaria de PHARE por valor de 1.560 millones de ecus? Si se piensa qué irregularidades se han producido en relación con PHARE, estoy en contra de apoyar con medios de este programa la agricultura de los países de Europa Central y Oriental, mientras los agricultores de la UE tendrán que soportar pérdidas masivas a causa de la Agenda.

Ettl
Señor Presidente, señora Comisaria, como ha dicho mi predecesor, así sólo se puede hablar cuando se cree que se puede dar la vuelta a la rueda del tiempo. El proceso de integración europea avanza, quizá no al ritmo que planteaba ayer el Presidente Kwasniewski, quien expuso de modo excepcional la dinámica del proceso de desarrollo polaco y señaló que Polonia probablemente ya no necesitará plazos transitorios. No comparto esta opinión. Pienso que Polonia necesitará disposiciones transitorias, tanto desde el punto de vista económico como en cuestiones de medio ambiente, no sólo en la cuestión de la libre circulación de trabajadores.
Pero no quiero abundar sobre este tema. Es un hecho que la calidad del proceso de ampliación de la UE -y parto de la base de que todos queremos este proceso de integración- por supuesto dependerá en gran medida de cómo se plantee la calidad de los preparativos. Por ello es de la máxima importancia la coordinación de las ayudas y de los instrumentos de la política estructural. A juicio de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, deben abordarse especialmente las exigencias de la política social y de empleo. Debe forzarse el mainstreaming de la política social. Por tanto, junto al reforzamiento de las estructuras administrativas de las instituciones también es de gran importancia la construcción del diálogo social.
En esta cuestión, se trata de que hay que construir, regular y fomentar las relaciones entre empresarios y trabajadores en la política europea. Esto es necesario para hacer comprensible la política europea o poder aplicarla. Quienes mejor pueden hacer esto son los interlocutores sociales. Los instrumentos de Phare, con los que se consigue en primer lugar la construcción institucional, ofrece las condiciones marco para fomentar de la manera correspondiente el diálogo social. Ayer subrayaron este extremo la comisaria Wulf-Mathies, al hablar de la cuestión del diálogo social en Europa, y también el Sr. Flynn. Si es válido para Europa, también es válido para el proceso de integración. Por ello, en el marco de la ampliación, es preciso fomentar la forma del diálogo social y, naturalmente, su desarrollo.

Pimenta
Señor Presidente, como diputado europeo que represento a los electores portugueses, quisiera exponer aquí, con mucha claridad, algunas ideas:
estamos a favor de la ampliación de la Unión y del proceso de negociación en curso; -estamos a favor de la revisión institucional necesaria para el fortalecimiento de Europa en el plano interior y en el de la representación y la presencia exterior; -participamos con empeño en los debates relativos a la Agenda 2000, la reforma de la Política Agraria Común, el nuevo marco para la política de cohesión y del desarrollo regional, de los recursos propios, etc.Lo que no podemos aceptar es que algunos intenten quebrar por la fuerza el contrato de solidaridad interna que permite a los diversos países y regiones de Europa -en particular, los que aún presentan retrasos y problemas de desarrollo- participar con pleno derecho en el proyecto europeo y proporcionar a sus gentes esperanzas legítimas de progreso en un espacio político y económico en el que no puede haber ciudadanos de primera y europeos de segunda.
Quiero dejar aquí un aviso de que las enmiendas, como las que el Sr. Berend ha presentado y que ponen en entredicho el Fondo de Cohesión, siguen una vía de ruptura sin retorno y de consecuencias gravísimas. Muchos otros aspectos hay que esperamos aclarar en las negociaciones y que son negociables; este aspecto no es negociable.
Mi país y otros Estados miembros han hecho un esfuerzo enorme para conseguir alcanzar, contra todas las previsiones iniciales, las condiciones de participación de pleno derecho en el euro. No pueden ni deben ser sancionados de forma, por lo demás, contraria a lo dispuesto en los Tratados.
Desde luego, haremos nuestra contribución a la financiación de la ampliación. ¡Lo que no puede ser es que la paguen los más pobres!

Virgin
Señor Presidente, estamos discutiendo en el presente debate lo que se puede hacer para facilitar la ampliación, una cuestión que debe ser -por lo tanto- crucial para todos nosotros. En un mundo sometido en el pasado a divisiones, tenemos ahora la oportunidad de mostrar nuestra capacidad para superar las dificultades de cara a un proceso político de excepcional importancia. El informe Sonneveld expone con claridad que el objetivo de los considerables créditos que se han asignado, tres mil millones de ecus al año, es ayudar a los países candidatos a adaptarse en los distintos ámbitos con vistas a su adhesión a la UE. Creo que no se trata de una reducida suma de dinero. Estoy de acuerdo con la ponente en que, de cualquier modo, debemos concentrar los recursos en objetivos estratégicos.
En la resolución que se someterá posteriormente a debate en el día de hoy se exige también un análisis más profundo de la situación financiera de la UE tras la adhesión de los países de la Europa central y oriental. Resulta obvio que nuestra decisión se basa en firmes fundamentos. Sin embargo, me gustaría llamar la atención acerca del efecto dinámico que tendrá la ampliación de la Unión. Estoy convencido de que los aspectos positivos de dicha ampliación eclipsarán muy pronto sus repercusiones presupuestarias.
Creo que, en lo esencial, la reforma agrícola en la UE que ha propuesto la Comisión en la Agenda 2000 va encaminada en la dirección adecuada. Esta reforma ha de contribuir a sanear el mercado mundial y ofrecer a los empresarios del sector agrícola en la Unión Europea la posibilidad de mostrar una mayor actividad en este mercado. Además, la reforma va a facilitar de manera considerable que la ampliación no suponga una carga presupuestaria infranqueable para la UE. Por lo demás, las disposiciones transitorias pueden constituir un método más para aliviar este proceso. Independientemente de las dificultades con las que nos enfrentaremos todavía, es importante que no perdamos nunca de vista el objetivo absolutamente primordial de conseguir, mediante esta ampliación, una Europa aún mejor y en mayor armonía.

Papakyriazis
Señor Presidente, la marcha de Europa hacia su completa integración y la ampliación, con la adhesión de Chipre y de los países de Europa del Este, es una decisión histórica que fue adoptada conforme a los claros criterios de Copenhague y que nadie pone en duda. No se trata de un objetivo político para un logro concreto sino de una operación colosal emprendida con un rumbo claro. El debate de hoy sobre las propuestas de la Comisión creo que trata de:
Primero, demostrar que una decisión histórica de tal índole puede llevarse a cabo mediante una estrategia concreta, compleja y detallada y a la vez puede estar en cohesión y armonía con mecanismos, procedimientos y fundamentos jurídicos claros.-Segundo, proclamar que el Parlamento Europeo tiene y puede ejercer sus competencias y responsabilidades en esta gran cuestión.Proporcionar asistencia, allí donde sea necesaria, a los países candidatos en el marco de la estrategia de preadhesión y, a la vez, practicar las reformas pertinentes en el seno de la Unión Europea. Éste debe ser, señor Presidente, el mensaje del Parlamento Europeo a los ciudadanos de la Europa del 2000, a los ciudadanos de los 15 Estados miembros y de los once países candidatos.

Friedrich
Señor Presidente, señorías, señora Comisaria, para nosotros es inaceptable que la Comisión de la UE, al menos hasta ahora, pretenda delimitar totalmente sola las regiones subvencionables en cuanto a los recursos regionales y nacionales. Para mi gran satisfacción, la semana pasada leí en el FAZ que está usted dispuesta a complacernos en este punto. Le rogaría encarecidamente que lo haga verdaderamente. Para los países como Alemania y las regiones como Baviera, en el futuro debe seguir siendo posible poder establecer sus propios objetivos principales de ayuda. La enmienda 47 de nuestro colega Edgar Schiedermeier reivindica precisamente esta posibilidad, a nuestro juicio obvia, de poder establecer los propios objetivos con dinero propio. No puede ser verdad que tengamos las manos atadas para designar nuestros propios medios de ayuda allá donde consideremos que son necesarios según nuestro análisis de la política estructural.
Para ello, la Comisión no puede atarnos de pies y manos. Estamos muy dispuestos a ser solidarios con las regiones estructuralmente más débiles. Pero, a cambio, esperamos también un mínimo de solidaridad con nuestros problemas, máxime cuando no se trata de fondos de la UE, sino de fondos propios. Ya sé que primero tiene que adoptarse una decisión, pero ahora queremos poner de relieve que vemos una relación entre el informe que hoy debatimos y el que está por venir. Mis colegas de la CSU y yo mismo consideramos este aspecto tan importante que supeditaremos nuestra votación al informe Hatzidakis a que se acepte la enmienda 47. Agradezco su atención y señalo que he empleado diez segundos menos de los permitidos.

Piha
Señor Presidente, el objetivo del Consejo Europeo con la creación de un programa de apoyo para la preparación de los países candidatos era el establecimiento de un sistema flexible. En la planificación de estos programas de apoyo se deben tener en cuenta los distintos antecedentes y necesidades de los países candidatos. Ya durante esta fase inicial de evaluación y negociaciones ha quedado bien claro que es necesario hacer uso del programa PHARE para introducir mejoras en todos los países candidatos, principalmente por lo que respecta al desarrollo administrativo, a la capacidad de aplicación del Derecho comunitario y a la modernización de los sistemas judiciales. A su vez, este objetivo se refleja, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.
Al mismo tiempo que discutimos sobre si es suficiente o no la ayuda que está ofreciendo la Unión Europea, cabría recordar que un esfuerzo económico sin límites por parte de la actual Unión no es, ni podrá serlo jamás, la fuerza motriz principal durante el proceso de ampliación, la cual, por el contrario, habrá que buscarla en la voluntad intrínseca de los propios países candidatos por alcanzar a la mayor brevedad el nivel requerido para ingresar en la Unión Europea. Que los países candidatos financien por sí mismos la mayor parte de las transformaciones que se necesitan es la única manera de garantizar la aprobación de los ciudadanos de la actual Unión y la consistencia de las decisiones políticas que se han adoptado con vistas a todo el proceso de ampliación.
El objetivo de la flexibilidad en una asociación para preparar la adhesión implica igualmente que la Unión necesita nuevos instrumentos políticos para profundizar en la cooperación con los países candidatos. Uno de los principales elementos ha de ser la dimensión septentrional de la Unión que se presentará, por iniciativa finlandesa, en la Cumbre de Viena. Esta dimensión septentrional permitirá crear una red de cooperación entre los Estados ribereños del mar Báltico, entre otros, en los ámbitos del medio ambiente y la seguridad nuclear, así como lograr la incorporación de Rusia en amplios proyectos regionales en materia de seguridad.

Karamanou
Señor Presidente, la esencia de nuestra política y la grandeza del proyecto histórico conocido como Unión Europea se resume y manifiesta a través de la cohesión política, económica y social, es decir, a través de la expresión real de solidaridad con los países menos favorecidos. El interés político y económico de la Unión exige el diseño de una estrategia que establezca un clima de seguridad y esperanza en todas las regiones del continente europeo, que anule las divisiones del pasado, que garantice una vida digna a todos los grupos sociales y que, en la práctica, dé fe de los principios del humanismo europeo y de los valores de paz, igualdad, democracia y solidaridad. La ampliación deberá llevarse a cabo con generosidad y dignidad, con planificación y rapidez, con imaginación y amplitud de miras, contando con la participación de los ciudadanos y poniendo cuidado en conservar y aprovechar la riqueza multicultural de Europa.
Quisiera señalar que cualquier intento de cambiar las condiciones de la adhesión de la República de Chipre va a poner en duda la reputación y la credibilidad de la Unión en su conjunto. Además, hablando de la ampliación, si lo que realmente deseamos es pasar por encima de las divisiones del pasado y construir una Europa unida y fuerte, no debemos olvidar que al continente europeo pertenecen todos los países comprendidos entre el Atlántico y los Urales.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores diputados, desde hace unos días se celebran las negociaciones oficiales sobre la entrada de seis -o, como decimos nosotros, de 5+1- países a la Unión Europea. Ya hemos dejado atrás el acquis screening sobre siete capítulos. Se puede observar que, si se trabaja de modo consecuente, se pueden alcanzar progresos esenciales también en este ámbito.
Podemos retroceder pocos o muchos años. Vemos entonces que en Europa ha habido problemas con los sistemas dictatoriales, que hemos estado en guerra y que realmente, con la creación de la Unión Europea, nos hemos esforzado por establecer en Europa un sistema de democracia, de economía de mercado y de seguridad. Pienso que estos objetivos hay que ponerlos en el centro del debate. Esto es lo que ha hecho el papa con ocasión de su visita a Viena. Ha dicho que no queremos una ampliación de Europa, sino que somos Europa y que debemos esforzarnos por mejorar constantemente los mismos principios en una Europa de igualdad.
Pienso que es muy necesario un enfoque global para las estrategias de adhesión, para poder preparar a los países candidatos a la adhesión al mercado interior y la unión política. Yo mismo soy vicepresidente de la delegación de Eslovaquia/Parlamento Europeo. En este país se ha visto que nuestra política ha contribuido esencialmente a modificar un sistema que ahora mantiene posturas claras y que es excelentemente idóneo para una adhesión. Pienso que debemos afirmar siempre con gran claridad y convicción que no apremiamos, sino que abrimos la puerta para Europa. Los países, no obstante, tienen en sus manos la rapidez con la que pueden cumplirse las condiciones que están claramente puestas sobre la mesa.

Lambrias
Señor Presidente, todos estamos poniendo de manifiesto que la ampliación constituye un reto y un avance histórico. Pero ello significa que la Unión Europea tiene que asumir muchas responsabilidades y lamento tener que señalar que aunque los informes de todos los colegas sobre la adhesión de cada uno de los países hablan de las condiciones que deben cumplir dichos países, suele omitirse el hecho de que, de forma paralela, la Unión Europea, es decir, los 15 Estados miembros, tiene que cumplir sus obligaciones.
El proyecto en construcción que queremos ampliar deberá tener sólidas bases y funcionalidad. Sin embargo, ¿cómo puede tener funcionalidad si desde Maastricht hasta hoy la política más importante de la Unión Europea, la política exterior común y la política de defensa, no sólo no se está fomentando sino que está siendo peligrosamente dañada? Sirva como ejemplo lo que cuatro Estados miembros de la Unión han declarado hace unos días en contra de los compromisos asumidos por la Unión Europea en cuanto al asunto de Chipre, unos puntos de vista provocadores para otro Estado miembro. ¿Qué ejemplo vamos a dar a esos países a los que queremos ayudar en el marco de la estrategia de preadhesión si la Unión Europea no cumple sus obligaciones políticas ni institucionales?

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas.

Fondos estructurales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
Informe provisional (A4-0391/98) de los Sres. McCarthy y Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre una
propuesta de reglamento del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos estructurales (COM(98)0131 - C4-0285/98-98/0090(AVC)); -Informe provisional (A4-0395/98) del Sr. G. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la
propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión (COM(98)0130 - C4-0289/98-98/0104(AVC))y lapropuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CE) nº 1164/94 por el se crea el Fondo de Cohesión (COM(98)0130 - C4-0312/98-98/0118(CNS)); -Informe (A4-0393/98) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la
propuesta de reglamento del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (COM(98)0131 - C4-0286/98-98/0114(SYN)); -Informe (A4-0380/98) del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la
propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2236/95 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas (COM(98)0172 - C4-0283/98-98/0101(SYN)); -Informe (A4-0398/98) de la Sra. Jöns, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la
propuesta de reglamento del Consejo relativo al Fondo Social Europeo (COM(98)0131 - C4-0287/98-98/0115(SYN)); -Informe (A4-0406/98) del Sr. Arias Cañete, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la
propuesta de reglamento del Consejo relativo a las medidas estructurales en el sector pesquero (COM(98)0131 - C4-0288/98-98/0116(CNS)).
Hatzidakis
Señor Presidente, quisiera decir que, a pesar de que este concepto ya se ha debatido extensamente, debiéramos volver a examinarlo en el debate de hoy y volver a valorar su importancia.
Me estoy refiriendo al concepto de cohesión económica y social que está relacionado de forma directa con el debate que vamos a desarrollar. La cohesión económica y social es uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea y está en relación directa con el mercado único y también, a mi modo de ver, con el establecimiento de la moneda única. El mercado único puede convertir, si concurren ciertas condiciones, a las regiones ricas en mucho más ricas y a las pobres en mucho más pobres y por eso es por lo que, ya desde la década de los años ochenta, la Unión Europea había inventado los mecanismos de los Fondos estructurales con el fin de apoyar a las regiones más débiles.
Lo mismo sucede con la moneda común. No basta la convergencia nominal para el éxito de los objetivos de la Unión Europea y para el establecimiento real de un euro fuerte. Es preciso que haya convergencia real y que las políticas de cohesión económica y social contribuyan en esa dirección.
Dentro de este marco los Fondos estructurales desempeñan un importante papel. Sería injusto por mi parte infravalorar la contribución hasta el presente de los Fondos estructurales. Su contribución ha sido fundamental para aquellas regiones y países a los que se han dirigido. Han proporcionado ayuda a la convergencia, a la formación profesional y a la formación del potencial humano y, por supuesto, todavía hay margen para que su ayuda sea aún más sustancial.
En este punto entro en el corazón del presente debate. Esta revisión que ahora hacemos coincide con el momento crucial de la ampliación y el cambio de milenio. Hay que ser cuidadosos y aprender del pasado y tratar de poner el énfasis en algunos ámbitos. Es preciso limitar las regiones que se benefician de los Fondos estructurales. No es posible que el 52 % de la población de la Unión se beneficie de estos Fondos. Hay que dar un mayor énfasis a las regiones más pobres, al problema del desempleo, a la cuestión de la igualdad de oportunidades y, por supuesto, debemos contemplar mecanismos alternativos en lo relativo a la gestión de los Fondos. Debemos proceder a simplificar los procedimientos y a dar mayor participación al sector privado en las actividades de los Fondos estructurales porque con el mismo dinero de la Unión Europea puede hacerse mucho más.
A partir de aquí, señor Presidente, quisiera referirme a algunos puntos del informe, que hemos elaborado la señora McCarthy y yo, que considero particularmente importantes.
Considero que el Objetivo 1 deberá ser el punto en el que debemos poner mayor énfasis. Por eso creemos que este objetivo deberá absorber los 2/3 de los recursos. No de manera aproximada. Igual que decimos que las acciones estructurales deberán absorber el 0, 46 % de los recursos, de la misma forma y con la misma claridad, debemos hablar también de la suma que ha de destinarse al Objetivo 1.
Considero también que las regiones más pobres de la Unión Europea, es decir, las regiones con un PIB per cápita inferior al 70 % de la media comunitaria debieran tener una cofinanciación que llegue hasta el 85 %, como, por ejemplo, viene ocurriendo con las regiones ultraperiféricas.
También, dentro del marco de la iniciativa INTERREG, creo que es importante contar con un subprograma específico para la cooperación de las islas entre sí y de las regiones continentales con las islas, para dar así contenido a lo que ya fue votado en Amsterdam, es decir, a la modificación del Tratado que contempla los problemas especiales de las regiones insulares.
En este punto quisiera señalar, señor Presidente, que nosotros no compartimos la propuesta de la Comisión de que haya una reserva de eficacia igual al 10 % de los recursos. Ese 10 % significa 20 mil millones de ecus y equivale a un Fondo de Cohesión completo. Por tanto, nosotros estamos en contra de esa propuesta. Crearía inseguridad en la planificación y daría la posibilidad a la Comisión de gestionar sin control una suma enorme y por eso creemos que esa propuesta de la Comisión no debe ser aprobada ni tampoco debe aprobarse la propuesta de la Comisión que está relacionada con los créditos liberados que, transcurridos tres años desde el momento en el que fueron reservados, van a ser asignados a otros Estados miembros. Consideramos que, en una primera fase, deberán seguir en el mismo Estado miembro.
(El Presidente interrumpe al orador)

McCarthy
Señor Presidente, como coponente para el reglamento general sobre la reforma de los fondos estructurales me alegra que estemos sosteniendo hoy este debate y que el Parlamento tenga la oportunidad de finalizar su primera lectura del conjunto de propuestas de Agenda 2000.
El apoyo público de la idea de la Unión Europea es más positivo a menudo cuando los ciudadanos pueden ver las señales tangibles de las políticas europeas que permiten que regiones y comunidades pobres participen en los beneficios que reporta el hecho de pertenecer a la Unión Europea mediante proyectos de capacitación, desarrollo de empresas, infraestructura y nuevas oportunidades para las regiones. La Unión Europea no es una cuestión de dinero sino la posibilidad de inspirar a la gente a desarrollar su propio potencial y a participar en la regeneración de sus propias zonas y comunidades. Por ejemplo, las políticas regionales desarrolladas en Merseyside e Irlanda del Norte, zonas que llevo en el corazón, han ofrecido a las comunidades la posibilidad de forjar una nueva asociación. Ha sido una innovación catalizadora. Ése es el tipo de Europa de los pueblos que queremos crear: una Europa que reconecte al individuo con el proceso político, en la que se pueda ver que las políticas y los instrumentos consiguen cambiar la vida del individuo, una Europa en las que las comunidades locales tengan la oportunidad de participar en su propia regeneración.
El nuevo milenio nos aporta múltiples retos: la ampliación, la UEM y el desafío de la mundialización. Eso creará nuevas oportunidades para algunas regiones y para otras entrañará un proceso de ajuste estructural. No cabe esperar que la Unión Europea pueda resolver todos esos problemas, pero estos no son momentos para cejar en nuestra voluntad de apoyo regional. Tenemos que reafirmar el papel positivo que podemos desempeñar en la regeneración y la creación de puestos de trabajo.
Ahora bien, la reforma es necesaria. Las reformas, si quieren que el apoyo público persista, tienen que ser equitativas, asequibles, transparentes y estar orientadas a la eficiencia. Por eso apoyamos las líneas generales de las propuestas de la Comisión sobre reforma.
Sin embargo, quisiera subrayar algunos aspectos sustantivos del texto del Parlamento que confiamos forme la base de las deliberaciones futuras con el Consejo y la Comisión. Por lo que se refiere al Objetivo 1, elegibilidad, comprendemos que la concentración pueda plantear dificultades. Gran parte de los debates se han centrado en si la fijación de una línea arbitraria del 75 % del PIB, sin tener en cuenta las tendencias en curso, es un enfoque que nos brindará una lista legítima de zonas prioritarias. La Comisión es partidaria de la norma estricta del 75 %, pero en la decisión de la Comisión hay excepciones. El apartado 5 de nuestro texto es una posición política: no preconiza que haya flexibilidad y se limita a declarar que el Parlamento se reserva el derecho, dentro del marco, de ponderar las excepciones y de pedir su inclusión en el anexo antes de dar su asentimiento.
En cuanto al Objetivo 2, nos place que en las propuestas de la Comisión se reconozca que la regeneración tiene que ser sostenible. Los graves y profundos problemas estructurales de las minas de carbón y de las zonas siderúrgicas y de textiles, como en mi región -Midlands orientales- no son fáciles de resolver. Nos parece bien que se limite la población abarcada por los casos de apoyo en el marco del Objetivo 2, pero estimamos que el apoyo para las zonas correspondientes debe ampliarse de 4 a 6 años, o sea el mismo período de transición que en el caso de las zonas del Objetivo 1.
Para destinar nuestros esfuerzos a esas zonas y centrarlos en ellas necesitamos algo más que indicadores muy generales. La flexibilidad que reconocemos a los Estados miembros tiene que quedar compensada con una gama de indicadores que determinen los casos de necesidad. Es evidente que el desempleo requiere medidas prioritarias pero también hemos de tener en cuenta factores como la pobreza y un bajo PIB.
En nuestro informe hemos pedido dos nuevas iniciativas comunitarias. Queremos mantener la iniciativa Urban. La Comisión y el Consejo han asignado alta prioridad a la política urbana, y el programa de planes de acción se discutirá en la próxima Cumbre de Viena. Si tiene que ser parte del programa de políticas regionales y una prioridad para los Estados miembros, entonces merece ser objeto de una iniciativa comunitaria separada. Proponemos también una iniciativa de crisis que pueda ayudar a las regiones y a los sectores a reaccionar ante crisis imprevistas y elaborar respuestas innovadoras. Esto da a los Fondos Estructurales una perspectiva orientada al futuro que es adecuada para la próxima ronda de deliberaciones en torno a la financiación. Nuestra intención no es abarcar el terreno que la Comisión propone en el artículo 49c.
En el Reino Unido esperamos con interés las nuevas oportunidades que la financiación europea brindará a nuestras regiones. En cuanto a la reserva de rendimiento, somos partidarios de mejorar el rendimiento. Queremos que se utilicen los fondos públicos, pero queremos que se utilicen de forma más efectiva. Queremos prestar apoyo a nuestras administraciones locales en régimen de asociación, pero nunca hemos sido partidarios de que la Comisión retenga una reserva de 23.000 millones de ecus de la financiación para que se utilicen más tarde en el programa. Con razón o sin ella, los sentimientos públicos después del informe de ayer del Tribunal de Cuentas y de la crítica de que hizo objeto a los sistemas administrativos de la Comisión quizá no sean favorables a un enfoque centralizado de la Comisión en esta esfera y, en general, deberíamos descentralizar.
Tenemos la oportunidad de aumentar al máximo nuestros fondos europeos y de promover la regeneración. Necesitamos ahora que las regiones elaboren sus planes. Pido a la Comisión y al Consejo que se sumen a mí para constituir una asociación entre el Parlamento, la Comisión, los gobiernos y nuestras regiones a fin de conseguir que se respeten los plazos. Esperamos con interés los futuros debates y la futura cooperación. Nos hemos comprometido a cumplir nuestros plazos y a lograr que las regiones saquen el mejor partido posible de la nueva ronda de discusiones sobre la financiación.

Collins, Gerard
Señor Presidente, presento con gran placer el informe sobre el Fondo de Cohesión en nombre de la Comisión de Política Regional. El pasado mes de marzo la Comisión presentó sus propuestas al Parlamento para el próximo período de programación, que va del año 2000 al 2006. Esas propuestas figuran en una serie de proyectos de reglamentos y, por lo que se refiere al Fondo de Cohesión, la Comisión ha presentado dos series de enmiendas.
La primera serie de enmiendas se refiere a los artículos del reglamento propiamente dicho y la segunda serie se refiere al anexo II del reglamento, que detalla las disposiciones para la aplicación de los principios básicos. Mi informe sobre el Fondo de Cohesión respeta las principales directrices enunciadas en las propuestas de la Comisión y tiene también en cuenta el hecho de que el fondo de la Comisión seguirá siendo fundamentalmente igual. La posibilidad de optar al fondo de cohesión según se indica en el informe se aplicará a los Estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90 % del PNB medio de la Unión. Eso lo indica el Tratado de forma explícita en el Protocolo 15 sobre la cohesión económica y social. Tengo la convicción de que, a pesar de los importantes beneficios que los países del Fondo de Cohesión reciben con cargo a dicho Fondo, y a pesar del fuerte crecimiento económico de los últimos años, aún sigue habiendo un importante déficit infraestructural en los países que se benefician del Fondo de Cohesión. Esos países -España, Grecia, Irlanda y Portugal- carecen sencillamente del mismo nivel de medios infraestructurales básicos que caracterizan al resto de Europa. Sigue existiendo una brecha entre ellos y las regiones más desarrolladas de Europa. La propuesta de financiación de la Comisión es, por lo tanto, coherente con la generación de un crecimiento a largo plazo y con la promoción de la cohesión económica y social. Es preciso que la financiación de la Unión Europea continúe para ayudar a consolidar los progresos conseguidos hasta ahora. Es digno de satisfacción que esto haya sido reconocido en las propuestas de Agenda 2000.
A pesar de los comentarios hechos en algunos círculos rechazo categóricamente el establecimiento de cualquier vínculo entre la unión económica y monetaria y el fondo de cohesión. En realidad, como Ministro irlandés de Asuntos Exteriores he participado en la negociación y la firma del Tratado de Maastricht, que incluía el acuerdo sobre la unión económica y monetaria. En aquel entonces se decidió también que Irlanda, España, Portugal y Grecia necesitaban un aumento de la financiación estructural a fin de ayudarles a alcanzar el valor medio del rendimiento económico de la Unión Europea. En aquellos momentos no se estableció ningún vínculo entre la unión monetaria y la posibilidad de optar a los beneficios del Fondo de Cohesión, y no veo por qué razón habríamos de establecer uno ahora.
Algunas medidas innovadoras contenidas en las propuestas de la Comisión son acertadas, en principio. Me alegra que la Comisión despliegue esfuerzos para mejorar el funcionamiento del Fondo. Ahora bien, la aplicación práctica de las nuevas medidas requiere más aclaraciones. Por ejemplo, el principio «el que contamina, paga» es digno de apoyo si se trata de conseguir que los proyectos respeten normas medioambientales rigurosas, pero hay que fijar directrices para la aplicación de ese principio que, lógicamente, deben tener en cuenta las circunstancias particulares que se dan en los cuatro Estados miembros a los que se aplicará el Fondo.
Por lo que se refiere a la financiación de proyectos, un adelanto único del 10 % como primer pago es demasiado limitado. La fase inicial de un proyecto reviste importancia capital desde el punto de vista de la calidad, y para garantizar el principio de un proyecto se necesita por lo general un porcentaje considerable de la totalidad del dinero disponible. Además, un anticipo pequeño podría ser causa de discriminación contra regiones que no están en condiciones de generar suficiente financiación inicial con sus propios recursos. Aprecio verdaderamente que la Comisión se preocupe por conseguir que el costo total del plan y el desglose anual correspondan al desarrollo del plan, por una parte, y al progreso de la labor en consonancia con los anticipos abonados, por otra, pero sigo estimando que un anticipo del 10 % es demasiado limitado y que haría recaer una carga demasiado pesada en las regiones menos favorecidas durante la fase inicial de un proyecto.
En vista de las dificultades con que se ha tropezado en el período anterior de programación por lo que se refiere a los ajustes financieros y, más concretamente, a la reducción, la suspensión o la cancelación de la ayuda en caso de irregularidades, me parece que la respuesta apropiada consistiría en reducir o cancelar los anticipos solamente por lo que se refiere a la irregularidad y no por lo que se refiere a todo el proyecto. Las irregularidades son fáciles de descubrir y de corregir sin para ello interrumpir la continuación del proyecto. Por las mismas razones el principio de la cancelación automática de la asistencia, o sea, dicho con otras palabras, la cancelación de todo compromiso respecto del cual no se haya hecho una solicitud de pago al acabar el segundo año, estimularía sin duda alguna a los Estados miembros a llevar a cabo sus proyectos dentro de los plazos de tiempo. Sin embargo, las cantidades que quedasen libres se deberían reasignar al mismo Estado miembro; así se penalizaría a la región o, aún mejor, al proyecto, pero no a todo el país.
Por último, quisiera expresar mi preocupación por las consecuencias de una aplicación estricta del examen de mitad de período, según se enuncia en la propuesta. Mi informe señala que, si en el momento de efectuar el examen de mitad de período un Estado miembro cesara de ser elegible para la asistencia, entonces sería conveniente prever algún tipo de arreglo para cesar gradualmente la ayuda, como se está estudiando activamente en el caso de los Fondos estructurales.
El final de la elegibilidad para optar al Fondo de Cohesión es, evidentemente, una cuestión que se resolverá sobre la base de las correspondientes estadísticas, pero el cese repentino de la aportación de fondos a un país que ha aprovechado bien los fondos podría tener consecuencias demasiado graves para el bienestar económico del país.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, celebramos hoy sin duda un debate conjunto de la máxima importancia. Los representantes democráticos de los ciudadanos y de los pueblos de Europa debatimos en torno a las orientaciones que habrá de tener la política de la Comisión en Europa para los próximos siete años.
Creo que el Parlamento Europeo, y en particular su Comisión de Política Regional, ha estado a la altura de las circunstancias. Nuestras aportaciones, que mañana hará suyas el conjunto de la Asamblea, matizan y mejoran las propuestas de la Comisión. En este conjunto de propuestas, el instrumento financiero regional por excelencia es el FEDER, al que el artículo 130 C del Tratado asigna el papel de instrumento corrector de las principales desigualdades de la Comunidad.
La especificidad del FEDER es su identificación con el núcleo central de la política de cohesión entendida, en los términos del artículo 130 A del Tratado, como reducción de las diferencias entre los diferentes niveles de desarrollo de las diversas regiones y del retraso de las regiones menos favorecidas, razón por la cual más del 50 % de la dotación financiera de la política de cohesión entre 1998 y 1999 se ha instrumentalizado a través del FEDER.
La propuesta de la Comisión no aporta grandes novedades para un Fondo tan amplio y tan versátil como el FEDER que, en general, por otra parte, ha funcionado muy bien. El Parlamento Europeo ha enriquecido, a juicio del ponente, la propuesta, matizando las prioridades y añadiendo a las propuestas técnicas connotaciones políticas diversas, fruto de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios y de las distintas comisiones, pero dando al conjunto una estructura coherente y, sin duda, de mayor identificación con los problemas que preocupan al ciudadano y a las regiones menos desarrolladas de Europa.
El informe del Parlamento Europeo une a la cohesión económica y social la cohesión territorial de Europa en el desarrollo de la ordenación del territorio. Decir ordenación del territorio equivale a decir mejores comunicaciones, mayores atractivos para la localización industrial, mayores oportunidades para crecer. En definitiva, mayor desarrollo, empleo y bienestar.
La cohesión territorial equivale a luchar para superar las desventajas geográficas permanentes de la perifericidad e insularidad, y a favorecer la construcción de enlaces entre estas regiones entre sí y entre ellas y las regiones centrales de la Comunidad. El FEDER tiene un reto esencial en este campo y, para favorecer el desarrollo de estas regiones atrasadas y periféricas, en su mayoría marítimas, el Parlamento Europeo pide el desarrollo del transporte marítimo -asignatura pendiente en la Comunidad- que serviría para descongestionar el transporte terrestre, favorecer el medio ambiente y contribuir, con ello, al desarrollo de las regiones atrasadas.
Nuestro informe aboga también por la inclusión explícita de las inversiones culturales creadoras de empleo, tendentes a la protección del patrimonio cultural y natural, y las destinadas al desarrollo de un turismo sostenible, del ecoturismo y del turismo cultural. Se desarrolla la propuesta de la Comisión para incluir explícitamente aquellas inversiones destinadas a preservar o a recuperar la base industrial de una región o las que tiendan específicamente al desarrollo local.
Se apoya en nuestro informe el mantenimiento de la iniciativa comunitaria URBAN, que junto a INTERREG ha supuesto un claro valor añadido comunitario. El apoyo a INTERREG ha sido unánime y en INTERREG III se depositan grandes esperanzas, tanto en su vertiente tradicional de cooperación transfronteriza, en la que ahora el Parlamento Europeo pide la inclusión explícita de la cooperación interinsular y marítima, como en su nuevo apartado c) de cooperación transnacional entre grandes espacios europeos -aspecto tan vinculado también a la ordenación del territorio.
El informe incorpora, en fin, un amplio desarrollo de actividades empresariales específicas orientadas al fomento de las PYME y a la cooperación empresarial, a los servicios en las empresas, las energías renovables y el respeto al medio ambiente. La Comisión puede decir o dirá que en su propuesta ya permitía a los Estados que incluyesen estos y otros aspectos, pero el Parlamento Europeo, a través de sus distintas sensibilidades políticas, ha querido que estas cuestiones estuviesen claramente especificadas, identificándose así con el sentir de los ciudadanos y de los pueblos a los que representamos, orientando y a la vez dando prioridad a las acciones que en su día habrán de incluirse en los programas a financiar por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Además de un buen documento técnico, tenemos ahora, por tanto, un buen documento político. Creo que hemos hecho una buena labor en primera lectura y deseo finalizar agradeciendo a los diputados de los distintos grupos parlamentarios y de las distintas comisiones que con sus enmiendas han colaborado y contribuido a enriquecer este informe del que he tenido el honor de ser ponente.
Y quisiera acabar refiriéndome a los aspectos estructurales de la pesca. Quiero particularmente hacer hoy oír mi voz en esta Asamblea para, en representación de las regiones dependientes de la pesca, sean del objetivo que sean, apoyar enérgicamente la postura ampliamente sostenida por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sobre el futuro reglamento IFOP. Deseo resaltar el punto 13 del informe del reglamento general y preguntar por qué hay un trato desigual de la pesca con la agricultura. Señora Comisaria, la pesca necesita un reglamento estructural serio y riguroso, único y horizontal que englobe la totalidad de sus medidas y dé seguridad jurídica a sus posibles beneficiarios. Espero que estén a tiempo, rectifiquen y acepten la posición de este Parlamento.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, esto es realmente un debate en primera lectura con arreglo al procedimiento Hughes y he de decir que me gustaría que se promulgasen las nuevas normas del procedimiento Hughes y que para cuando lleguemos a la segunda lectura ya sean aplicables.
Presento en nombre de la Comisión de Presupuestos un informe y cinco opiniones.
El informe expone nuevas normas para financiar las redes transeuropeas. Es un informe más bien técnico sobre la posibilidad de que la Comisión encuentre más recursos para destinarlos a financiar las políticas ya convenidas. Como ya he dicho, es un informe técnico y mi intención es oponerme a las enmiendas que traten de cuestiones de política y no del fondo del informe. Sobre esa cuestión votaremos mañana.
Me llevaría mucho tiempo enumerar las cinco resoluciones sobre las cuales la Comisión de Presupuestos ofrece una opinión en mi nombre. El objetivo de la Comisión de Presupuestos no es, en absoluto, intervenir en los arreglos normativos de las comisiones que han presupuestado fondos, pero en la Comisión de Presupuestos nos preocuparon en particular dos cosas: a una de ellas se refirió el Presidente del Tribunal de Cuentas ayer en esta sala. Dijo que en el transcurso de dos años el número de irregularidades de los fondos estructurales ha aumentado mientras que las irregularidades de la agricultura, que desde hace mucho constituyen un problema, han disminuido. La otra cuestión que mencionó es que, regularmente, los fondos regionales no llegan a gastar todo el dinero de que disponen. Por eso nosotros, en calidad de comisión, nos alegramos de que la Comisión Europea formule nuevas normas.
Las enmiendas se refieren a los cinco informes y son enmiendas técnicas. No tienen por finalidad en modo alguno la modificación de los procesos normativos de las comisiones parlamentarias. La única excepción quizás sea el apoyo que la Comisión de Presupuestos da a la reserva de rendimiento. Otro nombre para la reserva de rendimiento sería la reserva de eficiencia. ¿Pueden imaginar ustedes que la Comisión de Presupuestos pueda oponerse a la idea de algo denominado eficiencia? Sé, porque soy también miembro de esa comisión parlamentaria, que el Comité de las Regiones está esforzándose por promover la idea de la reserva de rendimiento. Ahora bien, si las propuestas de la Comisión se aprueban, la Comisión de Presupuestos estima que deberíamos tener normas financieras adecuadas aplicables. No puede ser que la opinión decisoria del Parlamento se vea postergada por la utilización del examen de rendimiento, aunque a una comisión presupuestaria le tiente semejante posibilidad.
Las enmiendas no han recibido una buena acogida en grandes sectores del Parlamento. Me parece que es una verdadera pena y quisiera invitar a mis colegas a que las leyesen. Una sugerencia de que quizá tengamos que utilizar el reglamento financiero no debe necesariamente suscitar hostilidad. Una sugerencia de que sigamos las normas financieras no tiene por qué suscitar profundas preocupaciones, aunque comprendo que algunos diputados del Parlamento se inquietan por esa posibilidad y me gustaría invitarles a que leyeran las enmiendas antes de que llegue mañana el momento de votar.

Jöns
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, señoras y señores Diputados, la reforma del Fondo Social es un poco menos controvertida que la reforma de otros fondos. No obstante, también plantea problemas. En primer lugar, hay que subrayar que, en cualquier caso, el Fondo Social es el único instrumento del mercado de trabajo que tenemos a escala europea. Además de esto, constituye un importante 10 % del presupuesto. Precisamente, como el Fondo Social es nuestro único instrumento para acompañar la estrategia de empleo europea, debemos adaptarlo sin tardanza a los nuevos retos de la política del mercado de trabajo. Esto quiere decir que debemos decidir nuevas posibilidades de empleo, sobre todo respecto al tercer sistema, es decir, el sector de interés general. Pienso en el sector de medio ambiente, cultura y servicios sociales.
También se trata de conseguir más empleo a través de las iniciativas locales de empleo. Por ello, no sólo debemos concebir, con el apoyo del Fondo Social, nuevas formas de trabajo, sino también someterlas a prueba. Esto se plantea sobre todo en dos direcciones: en primer lugar, las mujeres, para facilitar la compatibilidad de familia y trabajo; en segundo lugar, los trabajadores mayores, para facilitar la transición de la vida activa a la jubilación. Además, debemos ocuparnos en mayor medida de una serie de problemas muy nuevos, a saber, los trabajadores y trabajadoras que están actualmente en la década de los cuarenta. Por lo general son los primeros en perder el puesto de trabajo, y la experiencia demuestra que los que realizan estudios en el marco de las medidas del Fondo Social, independientemente de su edad, tienen un tercio más de posibilidades en la búsqueda de un puesto de trabajo que los trabajadores de la misma edad que carecen de la formación que proporciona el Fondo Social.
Asimismo es nuevo que en el futuro se fomenten en toda la Unión las medidas de formación general que hasta ahora solo eran posibles en las regiones del Objetivo 1. En esto es para mí una satisfacción que también el Grupo del Partido Popular Europeo haya podido aprobar ayer un compromiso. De este modo existe la posibilidad de ofrecer perspectivas profesionales a cientos de jóvenes en Europa a través de una mejor formación general. Este punto es especialmente importante para mí, porque sólo en Portugal, por ejemplo, 600.000 jóvenes disfrutan de la formación general que proporciona el Fondo Social. En España hay 152.000 jóvenes, en Irlanda se han empleado en el periodo de programación 380 millones de ecus del Fondo Social destinados a la formación general.
Pero no sólo necesitan estas ayudas los Estados miembros pobres. También el Reino Unido, Francia o Italia llevan a cabo medidas similares. También está bien que ustedes, señoras y señores diputados del PPE, hayan girado el rumbo en el último minuto. Estos son todos nuevos elementos fundamentales sobre los que estamos de acuerdo en todos los grupos. Pero el PPE ha presentado dos enmiendas que la comisión ya ha rechazado y que mi Grupo no puede aceptar en ningún caso. Discrepamos de modo fundamental en lo referente a la política preventiva del mercado de trabajo y, como no podía ser menos, con respecto a la política sobre la mujer.
Sobre el primer punto conflictivo, es decir, la concesión del 15 % de los recursos del Fondo Social a cada Estado miembro. El Fondo Social introdujo este enfoque político con gran éxito en 1994, enfoque que se ha visto reflejado en las orientaciones generales sobre la política de empleo adoptadas en Luxemburgo. No entiendo verdaderamente por qué se oponen. En la actualidad ya se hace algo parecido con la distribución de los recursos entre los Objetivos 3 y 4. Hoy en día, la proporción de los medios destinados a combatir el desempleo de larga duración y los destinados a las medidas de adaptación al cambio industrial es de 80: 20.
Con respecto al segundo punto: todo el mundo sabe que el mainstreaming no es suficiente para las mujeres para reducir la discriminación de la mujer en el mercado de trabajo. Si verdaderamente queremos hacer avances en la consecución de la igualdad de oportunidades, Europa debe asumir un papel pionero, y debemos destinar el 50 % de los recursos del Fondo a medidas de promoción de la mujer adicionales muy específicas. Espero, no obstante, señores diputados del PPE, que entren en razón. Tienen tiempo hasta mañana.

Arias Cañete
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, Señorías, en el año 1994 la pesca entró por primera vez a formar parte de los Fondos estructurales y se creó el instrumento financiero de orientación de la pesca -IFOP-, instrumento cuyo objetivo principal era reorganizar la caótica situación en que se encontraba hasta ese momento el sistema de financiación de la política estructural de la pesca, integrada, por un lado, en los Fondos estructurales y, por otro, en un instrumento llamado Fondo Europeo de Orientación Pesquera.
Esta situación entrañaba graves dificultades de gestión, rigideces administrativas, incoherencia y falta de transparencia. Se trataba de enfocar de un modo nuevo y diferente la cuestión de la financiación de las actuaciones en materia de política estructural de pesca mediante una simplificación de instrumentos para superar las deficiencias que conllevaba el sistema anterior.
La reforma en el año 1994 abarcaba la totalidad de las zonas dependientes de la pesca de la Unión Europea al estar al servicio de una política común. Asimismo, en el marco de esta reforma aparecían, por primera vez, las iniciativas comunitarias. Entre ellas, la Iniciativa Pesca, creada como complemento de los Fondos estructurales.
Parece ser, sin embargo, que ahora la Comisión ha olvidado los motivos que le impulsaron a realizar aquella reforma, ya que con el modelo que nos propone en la actualidad corremos el riesgo de volver al caos absoluto en materia de política estructural pesquera, amén de las incoherencias que nos plantea la Comisión en su propuesta de nuevo Reglamento.
Con la propuesta de la Comisión no se avanza en el camino iniciado en la reforma de 1994. Resulta incomprensible que se nos presente un documento en el que no se detallan ni siquiera las medidas a desarrollar y en el que no se plasma claramente la acción estructural en el sector pesquero. Y el resultado de esta carencia es que en lugar de ser el sector pesquero, es la Comisión la que se ve favorecida al ampliarse su discrecionalidad de manera impensable en otros sectores, como podrían ser la agricultura o el desarrollo rural. ¿Acaso la política pesquera no es una política tan común como la agrícola?
Lo que el Parlamento propone a la vista de las incoherencias, contradicciones y discriminaciones que encontramos en la propuesta de la Comisión es algo tan sencillo como un marco jurídico único, un reglamento horizontal en el marco de los programas nacionales con el fin de mantener la coherencia necesaria para cumplir los objetivos de la política pesquera común. Un documento que sea el resultado de la reorganización y simplificación de todos los instrumentos disponibles en materia de medidas estructurales en el sector de la pesca, que cubra todas las regiones dependientes de la misma.
Este enfoque más pragmático permitiría abarcar todas las medidas estructurales por un lado y todas las zonas que realmente necesitan de la aplicación de dichas medidas, prescindiendo de planteamientos como el que introduce la Comisión de seleccionar las zonas en el nuevo Objetivo 2 en base a criterios de empleo y no de actividad pesquera. Ello provocaría inevitablemente una distorsión muy importante, ya que se olvida el motivo último de la política estructural pesquera, que va dirigida a las zonas dependientes de la pesca, no exclusivamente a las zonas con problemas de empleo en el sector pesquero. Se trata de conceptos totalmente diferentes que no conviene confundir. Y hay que añadir un dato: generalmente las regiones dependientes del sector pesquero no tienen una tasa especialmente elevada de desempleo. Normalmente los problemas que se encuentran en estas zonas son de otras magnitudes.
Se trataría de un reglamento que permitiese que el sector pesquero contase con su política estructural de manera que pudiese mantener su competitividad, y permitir a los Estados miembros resolver cuestiones internas teniendo en cuenta las particularidades de determinados sectores.
Y, asimismo, este sistema permitiría una considerable simplificación respecto a la programación al desaparecer numerosos reglamentos existentes en la actualidad, complicados y en ocasiones poco coherentes entre sí.
En definitiva, se trata de establecer un marco jurídico único en el que confluya toda la reglamentación comunitaria en materia de pesca, en el que quepan todas las medidas relativas a modernización y renovación de flota, empresas mixtas, transformación y comercialización, medidas socioeconómicas, acuicultura, etc... En definitiva, medidas que permitan mantener la competitividad de la flota en un mercado mundial abierto.
Hemos de evitar, estimados colegas, que los logros conseguidos hasta el momento se pierdan con una reforma incoherente que nos lleve a una situación caótica y obsoleta. No olvidemos el logro que supuso que el Consejo Europeo de Edimburgo adoptara la decisión de considerar la acción estructural sobre el sector pesquero dentro del marco de los Fondos estructurales. Con la propuesta que nos presenta la Comisión tenemos una alternativa contraria a esta decisión al pretender sacar de los Fondos estructurales una fracción de la acción estructural en perjuicio del sector pesquero europeo.
Y quiero concluir haciendo una referencia breve al Fondo de Cohesión, destacando -como ha hecho el Sr. Collins- que la única razón del Fondo de Cohesión es contribuir al fortalecimiento de la cohesión económica y social, no constituir un instrumento de convergencia nominal para lograr el cumplimiento de los requisitos para acceder a la moneda única. Siempre es un instrumento finalista, ligado únicamente al objetivo de la cohesión y regulado en el último título de la política de cohesión y no en el título de la Unión Económica y Monetaria. Por eso, apoyo plenamente los planteamientos del Sr. Collins y las propuestas de la Comisión, que nos parecen las únicas plenamente coincidentes con el espíritu del Tratado.

Berend
Señor Presidente, señoras y señores diputados, miembros de la Comisión, en primer lugar, en nombre de mi grupo quiero dar las gracias a la ponente por todos los informes sobre los Fondos estructurales, y si quiero mencionar expresamente a la Sra. McCarthy y al Sr. Hatzidakis, es porque seguramente se han llevado la parte del león.
Si queremos que la política regional europea siga siendo eficaz debemos limitarnos a las tareas esenciales. El objetivo es ayudar a solucionar los problemas regionales económicos y, por tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión de concentrar las ayudas en las regiones con retraso de desarrollo: las regiones del Objetivo 1, que deben recibir ayudas por sus características geográficas, y con dos tercios exactos de los fondos estructurales.
Para la elección de las futuras regiones del Objetivo 1, abogamos enérgicamente por una aplicación estricta del criterio de que el producto interior bruto per cápita sea inferior al 75 % de la media comunitaria. Este es para nosotros un rasero fundamental, que influye en la valoración general del informe.
Llamo la atención de quien en estas cuestiones aboga por la flexibilidad, amenaza el consenso general e impide una revisión de los fondos estructurales de una vez. Al mismo tiempo, en este contexto, quisiera no obstante advertir a la Comisión que garantice en el desglose de los Fondos la igualdad de derechos de las regiones del Objetivo 1. Integrar el criterio nacional de bienestar en el importe de la asignación de fondos, a mi juicio, teniendo en cuenta la orientación regional del Objetivo 1 no es adecuado para garantizar la igualdad de trato. Por consiguiente, rechazamos expresamente esta propuesta, ya que crea una nueva injusticia.
En lo que concierne al Fondo de Cohesión, mi Grupo tiene opiniones divididas. Una parte de los diputados de los países meridionales apoya la propuesta del ponente y de la Comisión de continuar de la misma forma con el Fondo de Cohesión de la misma forma. Otra parte, a la que pertenezco, opina que para los países que participan en la unión económica y monetaria, el Fondo de Cohesión ha alcanzado su objetivo más importante y ha contribuido esencialmente a la convergencia nominal. A nuestro juicio, pues, no hay razón para continuar de la misma forma. Estas ayudas europeas son medidas temporales que cuando han alcanzado el objetivo previsto ya no deben considerarse como parte del acervo comunitario. Esta es una cuestión básica de solidaridad, de solidaridad no sólo en el sentido de «recibir», sino que debe enraizarse en la comprensión solidaria de dar y tomar, porque si no, esta comunidad solidaria por la que nos pronunciamos insistentemente quedaría agotada por uno de sus extremos.

Vallvé
Señor Presidente, señora Comisaria, el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas manifiesta su apoyo al principio de reforzar la cohesión económica y social en todos los territorios, en todos los Estados y en las regiones de la Unión Europea. Reafirmamos la necesidad de mantener el 0, 46 % del Producto Interior Bruto para los Fondos estructurales.
Estamos en un período de ampliación de la Unión Europea y deberemos hacer frente a sus costes. Y contamos para ello con el crecimiento económico de la Unión. El principal objetivo de los Fondos estructurales, junto a la cohesión económica y social, debe ser promover la creación de empleo, y ello a través del fomento de las pequeñas y medianas empresas.
Apoyamos en el documento de la Comisión la concentración de los Fondos estructurales con el fin de ser más eficaces, y apoyamos también la simplificación de los procedimientos con el fin de poder dar más transparencia a su gestión. Apoyamos el principio de subsidiariedad y el reconocer la función importante que cumplen los gobiernos regionales y locales y especialmente los de aquellos Estados miembros cuyas regiones tienen también capacidad legislativa. Apoyamos la consulta a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales en la elaboración de los programas. Apoyamos también la descentralización y la flexibilización en la gestión de los Fondos, pero sabemos que ello exige reforzar los mecanismos de control con el fin de garantizar un empleo adecuado de los mismos.
Apoyamos también la reducción de siete a tres del número de objetivos y creemos que es necesario compatibilizar las ayudas de Estado, las que establece el Tratado en el artículo 92.3 C, con los Fondos estructurales, y ello muy específicamente en las regiones objetivo 2, donde deben ser compatibles las dos ayudas.
Hemos de insistir, también -lo he dicho algunas veces en comisión, señora Comisaria-, en el problema de las áreas rurales y debe considerarse allí como un factor importante el desempleo y el descenso de población. Damos apoyo al planteamiento de la Comisión en relación con el sistema de phasing-out . Apoyamos también la reducción de iniciativas comunitarias y destacamos el papel importante de INTERREG en la cooperación transfronteriza, que aporta una dimensión auténticamente europea a la iniciativa y debe reforzarse también su acción de cara a los países candidatos.
Nuestro Grupo apoya sin reservas el establecimiento de un porcentaje para la eficacia, de un porcentaje de reserva en cada objetivo y en cada Estado miembro con el fin de promover una mayor eficacia en su aplicación.
Creemos, señora Comisaria, que es una buena idea el fondo de reserva y que debe ser apoyado. Podremos discutir su porcentaje, pero creemos que su aplicación es importante.
Y finalmente damos apoyo también al Fondo de Cohesión para los Estados cuyo producto interior bruto no llegue al 90 % de la media comunitaria.

Baggioni
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, el Informe McCarthy-Hatzidakis saluda, con toda razón, el objetivo totalmente legítimo de la Comisión que pretende la simplificación de las normas en materia de política estructural.
Corresponde a este Parlamento llamar la atención de la Comisión y del Consejo sobre la necesidad de asociar estrechamente el objetivo de cohesión económica y social al de cohesión del espacio europeo, lo que expresa muy bien el informe Varela.
Por encima de la dimensión terrestre de la Unión, es necesario tomar en consideración su dimensión marítima y, por consiguiente, aportar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de las regiones insulares, periféricas o sin litoral. No podemos permitir que Europa se degrade por su periferia. Ése es desafortunadamente el riesgo que corren esas regiones, habida cuenta de los datos socioeconómicos que las caracterizan y de las orientaciones económicas del mercado europeo centradas principalmente en los polos Londres-París-Bonn.
La definición del nuevo Objetivo 1, aprobada en el informe sobre el reglamento general, por muy estricta que sea, no impide a los Estados mejorar la coherencia de la delimitación de las zonas nacionales, tolerando excepciones limitadas, desde el momento en que el procedimiento es transparente y la lista de regiones elegibles está adicionada al reglamento. Así, las regiones que sufren problemas estructurales permanentes podrían ver cómo los obstáculos a su desarrollo económico y social se toman en consideración como objetivo prioritario de los Fondos estructurales. Señalo también con satisfacción que el informe sobre el reglamento general prevé un apartado especial de Interreg dedicado a la cooperación regional con y entre las regiones insulares, lo que corresponde a un compromiso de la Comisión sin continuación hasta el presente.
Finalmente, me parece importante colmar la falta de propuestas de la Comisión sobre la relación entre los fondos estructurales y el proyecto de esquema de desarrollo del espacio comunitario. Con este fin, me atrevo a pedir que se apoyen las dos enmiendas que hemos presentado al informe McCarthy-Hatzidakis, para que el reglamento marco no pase por alto los esfuerzos realizados por elaborar una estrategia coherente de ordenación del espacio europeo.

Novo
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, la cuestión fundamental que se plantea en el informe sobre los Fondos estructurales es la de si el Parlamento aprueba o no que los medios financieros destinados a las acciones estructurales en los quince Estados miembros actuales disminuyan del 0, 46 % del PNB de la Comunidad al 0, 34 % de dicho PNB durante el próximo Marco Comunitario de Apoyo. Quien esté de acuerdo con esa disminución y ratifique así una disminución de los Fondos estructurales -que para mi país entrañará la pérdida de muchos centenares de miles de millones de escudos- votará a favor del informe. Quien considere que no deben ser los actuales países de la cohesión los que financien exclusivamente la ampliación no votará a favor del informe. Así lo haremos nosotros, a menos que este Parlamento apruebe enmiendas encaminadas a rechazar semejantes orientaciones.
Y no serán aspectos particularmente positivos del informe -como las profundas objeciones opuestas a la creación de una reserva, supuestamente de eficacia, la consideración de que las orientaciones de la Comisión para las acciones estructurales deberán ser sólo indicativas de la asignación de los dos tercios de las dotaciones para el Objetivo 1 o la recuperación de la iniciativa URBAN, entre otros ejemplos- los que podrán hacer olvidar lo esencial.
Por su parte, el informe sobre el Fondo de Cohesión da seguimiento a lo que el Tratado de la Unión Europea dispone ya y que la Agenda 2000 se limita a confirmar, es decir, que todos los países con un PNB inferior al 90 % de la media comunitaria deben beneficiarse del Fondo de Cohesión, independientemente de que pertenezcan o no al grupo de países de la moneda única.
Por otra parte, y en cumplimiento de lo que siempre hemos defendido, el informe se opone a que el Fondo de Cohesión resulte condicionado, como propone la Comisión, al cumplimiento de las imposiciones del Pacto de Estabilidad.
Esperamos que el contenido de este informe no resulte modificado radicalmente por las enmiendas de los Sres. Walter y Berend, de los Grupos Socialista y Popular Europeo, reveladoras de una total falta de solidaridad para con los actuales países de la cohesión y encaminadas a impedir que países como Portugal, entre otros, que pertenecen a la UEM, sigan beneficiándose del Fondo de Cohesión.
Por último, quisiéramos añadir que la continuidad del Fondo de Cohesión para esos países no puede servir de elemento suplementario de presión, como ha hecho ahora el Sr. Berend, ni puede ocultar posibles y reales pérdidas en los Fondos estructurales, ya que ese fondo es el principio que consta en el Tratado y constituye tal vez uno de los escasos elementos positivos incluidos en la Agenda 2000.
Falta añadir que, en la medida en que son reglamentos particularmente operacionales, daremos nuestra conformidad a los restantes informes. En cuanto al IFOP, apoyamos la estrategia del informe encaminada a unificar reglamentos sobre la actividad del sector, sin que nos parezca, de todos modos, que sea necesario ni adecuado presentar desde ahora mismo un documento tan completo y que, por eso mismo, no se debatió suficientemente en todas sus posibles consecuencias.

Schroedter
Señor Presidente, señorías, señora Comisaria, se asombrarán ustedes de que sea yo el primero y el único que lo diga: la propuesta de la Comisión, dado el marco financiero tan exiguo, es equilibrada. Es razonable concentrar los recursos en las regiones que más los necesitan. Los verdes apoyan los proyectos de la Comisión, aun cuando deben señalar no obstante que la Comisión internamente no ha mostrado ninguna flexibilidad en lo que se refiere a límites de recursos en su propio ámbito. A este respecto no ha sabido cómo desarrollar estructuras coherentes.
Quiero señalar asimismo lo siguiente: no hay una estructura unitaria para el espacio rural y también para los problemas de las euroregiones en las fronteras de los países candidatos, sobre todo la posibilidad de crear ayudas transfronterizas; no hay ninguna solución. El fondo común es la única solución razonable, la Comisión sigue estando inactiva.
También es innegable que ha habido progresos. Por encima de todo, en el reglamento de los Fondos estructurales se ha conseguido finalmente incluir el desarrollo sostenible como objetivo central. La economía, la ecología y la seguridad social deben equilibrarse, para que las regiones no estén permanentemente en la cuerda floja, sino que alcancen un desarrollo estable. Para tal estabilidad, indudablemente, es decisiva la participación de los interlocutores locales y regionales y de los medios sociales.
Los fondos estructurales tienen este enfoque democrático. En la Comisión Regional, el Parlamento ha adoptado mejoras decisivas. Las posibilidades pueden dar lugar a que los interlocutores sociales configuren de modo decisivo los planes. Por desgracia, todo se queda en el «pueden», porque para todos está claro que el nuevo fundamento jurídico llega demasiado tarde y que los planes hace tiempo que han finalizado. Por ello, hoy espero que usted, señora Comisaria, nos haga una propuesta con respecto a este dilema de cómo es posible garantizar convenientemente una participación democrática, tal como está prevista en los Fondos estructurales.
Unas palabras más a sus señorías. No tiene sentido querer incluir los derechos de acervo como si se tratara de mercancías de feria. Los Fondos estructurales no son ninguna despensa nacional. Estamos llamados a apoyar al gobierno alemán en su proyecto de finalizar el paquete Agenda 2000 en marzo. Es la última fecha posible para poder ofrecer en enero una verdadera ayuda a las regiones.

Escolá Hernando
Señor Presidente, Señorías, quisiera, en mi nombre y en el de 60 diputados más de este Parlamento pertenecientes a los Grupos Socialista, Popular, Liberal, UPE, GUE/NGL, Verdes y ARE que, conjuntamente, hemos presentado la enmienda nº 49, llamar su atención respecto a un punto concreto que en el informe que ahora debatimos no ha sido considerado. Me refiero al agravio comparativo que supone aceptar que, ante problemas similares, la Comisión pueda aportar soluciones no sólo diferentes sino claramente discriminatorias. Y esto es, desgraciadamente, lo que ocurre si analizamos la propuesta de la Comisión en lo que hace referencia al Objetivo 1.
La Comisión, como todos ustedes conocen, plantea tres vías para acceder al Objetivo 1:
a)primera opción, tener una renta per cápita baja. Todas, repito, todas las regiones de Europa con renta per cápita inferior al 75 % de la media europea son Objetivo 1.B) segunda opción, tener la consideración de región ultraperiférica. Todas, repito nuevamente, todas las regiones de Europa ultraperiféricas son Objetivo 1.
C) tercera opción, formar parte en la actualidad del Objetivo 6. Es decir, sufrir una muy baja densidad de población. Pero, en este caso, referido únicamente a los países nórdicos.
Lógicamente, la pregunta es inmediata: ¿por qué la Comisión considera la baja densidad de población como un hándicap lo suficientemente importante como para acceder al Objetivo 1 pero sólo en una zona determinada de la Unión? ¿Qué pensarían ustedes si la Comisión nos propusiera que, arbitrariamente, sólo algunas zonas ultraperiféricas fueran Objetivo 1 o que sólo algunas regiones con menos del 75 % de la media europea fueran Objetivo 1? Es un principio democrático básico que, a igual problema, igual solución. No es coherente que unas zonas de la Unión puedan acceder al Objetivo 1 en virtud de su baja densidad de población y otras no. La solución coherente es la que proponemos en la enmienda 49, esto es, incluir directamente en el objetivo 1 el criterio de baja densidad de población.

Nicholson
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar a todos los ponentes por los informes que nos han presentado hoy. No hay duda de que los Fondos estructurales han prestado un apoyo muy valioso a las regiones pobres y periféricas de muchos lugares de la Unión Europea durante muchos años. Hemos llegado ahora a una fase en la que hay que reformarlos. Han sido utilísimos y hemos podido llevar a cabo muchos proyectos que, sin los fondos, no hubiéramos podido iniciar.
El apoyo prestado por la Unión Europea a mi propia circunscripción en tiempos difíciles y peligrosos nos permitió confiar en un mañana mejor y nos ayudó a mantener nuestra posición durante casi 30 años.
Me hago cargo de que tiene que haber un valor de referencia del 75 %, pero he de decir a la Comisión que necesitamos que haya cierta flexibilidad para velar por que las zonas especiales sigan recibiendo apoyo. Para mí, que vengo de Irlanda del Norte, eliminar el Objetivo 1 sería tomar una decisión equivocada en un momento sumamente importante y esencial.
El informe del Parlamento está equilibrado, es responsable y responde a la realidad. Ofrece la posibilidad de mejorar lo que existe en la actualidad.
Estoy de acuerdo con la reserva de rendimiento en principio, pero es demasiado elevada: no debería exceder del cuatro o el cinco por ciento. No hay suficientes proyectos de iniciativa europea: me gustaría que se conservara el programa Urban y otras iniciativas europeas -cinco, seis como máximo- para que la gente viera que esas iniciativas son de la Unión Europea.

Blot
Señor Presidente, partiré del considerando C del informe, que precisa que los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los principales instrumentos de la cohesión económica y social en Europa. Sin duda, hubiera sido interesante distinguir de manera más sistemática la cohesión entre los diferentes Estados miembros y la cohesión interna de los Estados por otra parte, y principalmente la cohesión entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Sobre el primer punto, la cohesión entre los Estados, es difícil no ir en la misma dirección que los ponentes, que consideran que la concentración de los créditos en algunos Estados es necesaria para ser eficaz. Sin embargo, no se puede olvidar la necesidad de la cohesión transfronteriza, ya que falta mucho por hacer en este ámbito. Los créditos de esta cohesión transfronteriza no deberían cubrir los gastos de otras reorientaciones en lo que respecta a los objetivos. Es cierto que, en la página 14, los programas Interreg se mencionan de forma totalmente afortunada en este sentido.
Por lo que respecta a la cohesión interna de los Estados, de la que se habla quizá menos, me parece muy importante ya que la cohesión entre las zonas rurales y las zonas urbanas es esencial en las fases de desarrollo que conocemos hoy, y que se ponen en práctica claramente en detrimento de las zonas rurales. Ahora bien, el 5B va a desaparecer, lo que sin duda es lamentable, y corre el riesgo de desembocar en una ruptura del compromiso de las zonas rurales; pienso por ejemplo en una región que conozco bien, la Alsacia del noroeste, en el macizo de los Vosgos, en Sundgau. Se está favoreciendo de forma involuntaria la urbanización de las regiones desfavorecidas. Sería interesante saber cuál es el porcentaje de fondos asignados a las zonas urbanas y a las zonas rurales en conjunto. Los Fondos sociales, por ejemplo, los Fondos de reconversión industrial, están dedicados principalmente a las ciudades. Doy mi total aprobación al párrafo 3 de los ponentes que sugiere con razón que es necesario tener un planteamiento distinto para el desarrollo coherente de las zonas rurales en el marco del Objetivo 2. Espero que este deseo se recoja posteriormente y que las zonas rurales no paguen el coste de la reestructuración de los Fondos a la que asistimos en la actualidad.

Baldarelli
Señor Presidente, Señorías, en lo que respecta al sector pesquero, nosotros como Parlamento Europeo queremos una programación única del sector. La propuesta de la Comisión se parece mucho a la teoría de la parcelación: en definitiva, se quiere dividir el sector según las realidades territoriales y no se ofrece la posibilidad de una gestión unitaria del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo de inversiones, el Fondo Europeo de Garantía y el Fondo Social Europeo.
Pedimos una programación única porque consideramos que no pueden haber discriminaciones entre las diferentes regiones de pesca y estamos convencidos de que puede lograrse mediante un reglamento capaz de programar de forma unitaria las acciones en el sector de la pesca incluidas en el Objetivo 1 y las acciones incluidas en el Objetivo 2, así como las regiones que no figuran en el Objetivo 1 ni en el Objetivo 2. Sin una acción unitaria podríamos provocar discriminaciones. Por eso, nos hemos esforzado en proponer un reglamento serio y riguroso anticipando la propuesta de la Comisión. Por esta razón hemos considerado la pesca no sólo desde el punto de vista exclusivo de la producción y del mercado, sino que hemos tenido en cuenta los aspectos relacionados con el medio ambiente, el respeto de la cuestión social, la recuperación de las actividades económica y social vinculadas al sector, y hemos pensado en el mercado. Asimismo hemos reflexionado sobre la posibilidad de constituir sociedades mixtas con los terceros países valorizando las ONG, así como las actividades de pesca artesanal.
En resumidas cuentas, la nuestra ha sido una propuesta seria, clara y concreta, una propuesta que habríamos deseado que presentara la Comisión. En realidad, la Comisión está ganando tiempo, sin embargo, nos impresiona favorablemente el hecho de que el Consejo de Pesca esté bastante de acuerdo con el planteamiento del Parlamento y, por tanto, somos consientes de que la Comisión presentará un reglamento teniendo en cuenta las propuestas que el Parlamento ha formulado y que el Consejo de Pesca ha recalcado de forma puntual. Por ello, la posibilidad de una doble lectura aprobando hoy esta propuesta de reglamento y aprobando luego, en abril, la resolución legislativa que valorará el espíritu de la nueva propuesta de la Comisión, nos va a permitir ofrecer una respuesta unitaria y un tratamiento unitario al sector pesquero y evitar discriminaciones que serían realmente negativas.

Glase
Señor Presidente, señorías, tal como ha expuesto la Sra. Jöns, el informe trata de la elaboración temática del fondo social europeo. Hay aspectos esenciales que deben regularse en el reglamento marco, en algunos puntos no está claro hasta ahora si no podrían estar en el texto del reglamento del FSE. En el futuro no deberían producirse estos problemas de delimitación. En cuanto a la orientación temática, en primer lugar había grandes diferencias entre mi grupo y los socialistas. A través de muchas charlas de cooperación y rondas de negociación - al menos hasta ayer por la tarde- se encontraron soluciones de compromiso.
Quisiera dar expresamente las gracias a la ponente manifestarle mi respeto por la disposición que ha mostrado a dialogar conmigo y por su gran interés. En la orientación general estamos de acuerdo. El FSE es el instrumento de la política estructural para luchar contra el desempleo. Luchar contra el desempleo es la mejor política social, dado que el desempleo es nuestro mayor problema económico y social, y los fondos del FSE son escasos. Debemos considerar los compromisos a los que hemos llegado a partir de estas premisas. Este es también el mensaje a la Comisión en la aplicación de los textos. Por tanto, la pura formación general no entra dentro de los ámbitos de intervención del FSE. Seguramente es la condición previa para el empleo y una cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Seguramente Europa debería aportar su contribución. Pero sobre la base de las experiencias del último periodo de programación hemos llegado a la conclusión unánime de que no hay que pronunciar la palabra «concentración» porque suene bien, sino aplicarla consecuentemente. Esto se aplica también a la aplicación de los fondos del FSE: concentración en la lucha activa contra el desempleo. A este respecto debemos orientarnos en todos los niveles a las orientaciones generales de la política de empleo.
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente
Debo ser intransigente, habida cuenta del número de oradores. Por tanto, dos palabras para terminar, y treinta segundos.

Glase
Permítanme para finalizar que cite a la ponente: el FSE debe apoyar en el futuro la estrategia de empleo europea y los programas plurianuales de la política de empleo establecidos en los Estados miembros. Esto lo puedo apoyar plenamente.

Teverson
Señor Presidente, empezaré por felicitar a la Comisaria por haber elaborado una propuesta que en general no debería suscitar oposición entre los 15 Estados miembros y todos los sectores de este Parlamento. Eso ya es mucho de por sí. Me ocuparé principalmente de tres esferas concretas: calendarios, criterios para el Objetivo 2, y acceso a los fondos.
En primer lugar, por lo que se refiere a los calendarios acabamos de tener una cumbre oficiosa sobre la forma de acercar más Europa al ciudadano. Una de las cuestiones esenciales de la financiación estructural es conseguir que pueda disponerse en el momento oportuno de la financiación regional y estructural. Ésta es una de las esferas fundamentales en las que la Unión Europea tiene credibilidad. Es evidente que tenemos que completar el resto de Agenda 2000, pero tenemos tiempo hasta la Cumbre de marzo.
La otra cosa que quería decir es que al principio del año 2000 tendremos que ocuparnos de un gran número de programas, lo que dificultará la posibilidad de aprobarlos. Me gustaría preguntar a la Comisaria de qué forma va a ocuparse de una tarea prácticamente imposible para su personal: aprobar los documentos únicos de programación y los marcos de apoyo comunitario a tiempo para conseguir que esos programas empiecen a funcionar.
En segundo lugar, por lo que se refiere a los criterios, en el Objetivo 1 tenemos una definición muy buena y muy precisa de los que pueden optar al Objetivo 1, basada principalmente en el PIB. Ahora bien, en el Objetivo 2, el PIB no es uno de los criterios de opción. ¿Va a aceptar la Comisión el PIB como uno de los criterios adicionales de calificación para el Objetivo 2? Se trata en realidad del mejor índice de pobreza, así que podemos utilizarlo.
En tercer lugar la cuestión del acceso. Una de las cosas que más a menudo oigo en mi circunscripción es lo difícil que resulta obtener financiación estructural, en particular en el caso de las pequeñas empresas u organizaciones voluntarias. Sé que se trata de un problema principalmente nacional, pero ¿cómo podemos asegurar que las organizaciones tengan fácil acceso a la financiación de la Unión Europea sin estrellarnos contra la burocracia?

Gallagher
Señor Presidente, antes que nada quisiera felicitar al Sr. Arias Cañete por haber presentado este excelente informe. Rindo homenaje a todos mis colegas de la Comisión de Pesca, por haber presentado un conjunto de propuestas muy realistas. La reforma de 1994 permitió definir un enfoque común a todas las zonas de la Unión que dependen de la pesca. Hay muchas de esas zonas en la Unión en las que no hay otra posibilidad de empleo.
Esas medidas quedaron complementadas por las medidas socioeconómicas adoptadas en 1995, como indico en mi informe en nombre de la Comisión de Pesca. La Cumbre de Edimburgo no respaldó la propuesta del Parlamento en favor de fijar un objetivo separado para el caso de la pesca. Sin embargo, aceptó la firme formulación hecha por el Parlamento y dio instrucciones para que se asignaran fondos suficientes a las regiones costeras que dependen de la pesca. Esta propuesta de la Comisión constituye un paso atrás y no hace nada por mejorar la suerte de las comunidades pesqueras.
La propuesta es de carácter demasiado general. Deja un vacío que no ha de llenar este Parlamento sino la Comisión. La Comisión espera obtener nuestro visto bueno. Sugiero que no se lo demos hasta que no conozcamos los detalles. Con arreglo a las nuevas propuestas la mayor parte de las medidas normativas pesqueras han de quedar ultimadas en el marco de la sección sobre garantías agrícolas. No estoy de acuerdo en que sea legítimo servirse de esta sección para financiar medidas estructurales. Los fondos agrícolas se asignan sobre una base anual mientras que los fondos pesqueros se proporcionan sobre una base multianual. Si aceptáramos el principio de la propuesta de la Comisión, la Comisión tendría que asignar fondos específicamente para el sector pesquero.

Sierra González
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, en primer lugar quisiera decir que en el informe provisional sobre el Reglamento sobre los Fondos estructurales se dan significativos pasos adelante -que apoyamos- en el reforzamiento del principio de cooperación mediante la ampliación de los interlocutores a participar en la preparación, ejecución y seguimiento de los progamas. E igualmente se avanza en el reforzamiento de la transparencia y en el apoyo a las regiones periféricas, insulares y ultraperiféricas.
Pero hay aspectos importantes con los que no puedo por menos de manifestar mi desacuerdo, tales como la aprobación de la propuesta de la Comisión de los recursos destinados a los Fondos estructurales fijados por ésta en el 0, 46 % del producto nacional bruto anual de la Unión Europea. Hay sobrados motivos para temer que tal asignación resulte a todas luces insuficiente para la consecución de la cohesión económica y social. Y la solidaridad interregional se vería, si se aprueba esa propuesta, profundamente quebrantada.
Por otro lado, el informe es incluso contradictorio. Se manifiesta en el mismo un criterio opuesto al establecimiento de la reserva de eficacia propuesta por la Comisión, pero esto no impide que se abra la puerta a la constitución de estas reservas, sólo que con una dotación inferior al 10 %. ¿En qué quedamos? ¿Se está o no en contra de la reserva de eficacia?

Ahern
Señor Presidente, las propuestas de la Comisión me satisfacen en general pero quisiera plantear algunas cuestiones concretas.
Como ha indicado el Sr. Collins, no hay que vincular el Fondo de Cohesión con la unión monetaria. El Fondo de Cohesión se puede transformar útilmente en un instrumento estructural que no esté vinculado directamente con las redes transeuropeas. Hemos presentado una enmienda general que mantiene el Fondos Estructural y el Fondo de Cohesión en consonancia con las propuestas presupuestarias convenidas de este Parlamento, como ha indicado el Sr. Kellett-Bowman. Damos prioridad a la infraestructura ferroviaria. En mi propio país, Irlanda, por ejemplo, los ferrocarriles se hallan en un estado de deterioro peligroso pero la mayor parte de la financiación se ha destinado a las carreteras.
Nuestras enmiendas recalcan también la importancia de los vínculos transfronterizos. Me gustaría pedir a la Comisaria que en su respuesta hiciera hincapié en la importancia de la participación democrática de las regiones locales, particularmente las que desean figurar entre las regiones locales del Objetivo 1.
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Ewing
Señor Presidente, mi intención es hacer todo lo posible por tocar las fibras más sensibles de los Comisarios y diputados que están aquí y, espero, también de sus Grupos, para que apoyen la enmienda 49, presentada en nombre de mi colega el Sr. Escolá Hernando y otros 60 diputados, con la promesa de hacerlo dada ya por casi 200 diputados, así como la enmienda 85 en nombre del Sr. Miller con las firmas de casi todos los diputados del Partido Laborista Británico.
Las enmiendas enuncian el carácter remoto y la baja densidad de población de las zonas. Los altiplanos y las islas de Escocia son regiones remotas sin duda alguna, y la densidad de su población es baja: 8, 9 habitantes, como probablemente todo el mundo sabe ya. El PIB es el 76 % de la media según la información de que dispongo actualmente.
Hay dos cuestiones a las que me gustaría referirme: una es la que indicó recientemente uno de los Ministros del gobierno, Gus MacDonald, que admite que, excepción hecha de la remuneración de todos los trabajadores de las instalaciones petroleras -de los cuales muy pocos corresponden a mi circunscripción-, nuestro porcentaje es muy inferior al 75 %, y a mí me parece que eso crea una situación muy poco equitativa.
Somos la tierra del whisky, pero aunque la hacienda británica recibe miles de millones por ese concepto, lo cierto es que nosotros no sacamos de ello gran provecho financiero.
A mi circunscripción se la define a menudo como el último desierto de Europa. Es un desierto hecho por el hombre. Se creó por genocidio. Poblamos las tierras de Canadá porque se nos quitó de en medio para dejar sitio a las ovejas, que son una ocupación más provechosa.
La Comisión nos ha hecho un enorme favor al prestar apoyo a los altiplanos e islas de Escocia. Hemos podido aprovechar al máximo su apoyo. Hemos gastado el dinero sensatamente, como la Comisión tiene que admitir, pero no cabe esperar que 150 años de descuido y de opresión se superen en cinco. Sería una ironía que, precisamente cuando la labor de la Comisión nos ha permitido, por vez primera, detener el éxodo de nuestros jóvenes más brillantes y mejores que antes abandonaban los altiplanos y las islas de Escocia, el apoyo quedara interrumpido repentinamente a causa de la infraestructura. En gran parte de mi circunscripción hay todavía estrechas carreteras en las que los vehículos no se pueden cruzar, con puntos que distan 50 millas de una gasolinera. Vayan ustedes a mi circunscripción y descubrirán que el precio de la gasolina es el más elevado de toda la Unión Europea. Hay que recorrer 100 millas a veces para ir al hospital, y podría darles una multitud de ejemplos análogos. No hablemos del tiempo, estoy segura de que todos están de acuerdo conmigo. Incluso nos visitó el huracán Mitch -la única parte de Europa que recibió su visita - a 240 kilómetros por hora en mi circunscripción. En invierno padecemos temperaturas subárticas. Durante dos terceras partes del año todas las superficies están húmedas, las casas tienen que estar firmemente construidas, el costo de la distancia es enorme. Hay 90 islas habitadas -de mayor longitud que Inglaterra, de mayor tamaño que Bélgica o que Dinamarca- y el costo de ese carácter periférico es enorme. Estoy procurando, como he dicho, tocar las fibras sensibles de todos los presentes. Por favor, tomen nota para sus coordinadores: enmiendas 49 y 85.

Souchet
Señor Presidente, el informe Arias Cañete traduce una actuación ejemplar. Con la opinión de la Sra. Fraga y la mía sobre la política regional y el desarrollo rural, manifiesta una gran determinación y armonía de puntos de vista entre las tres comisiones de política regional, de agricultura y pesca sobre la necesidad de mantener una PCP sustancial apoyada en medidas estructurales significativas aplicables a todo el territorio comunitario y que afecten a la pesca, a los cultivos marinos, a la acuicultura, incluida la continental, y a las actividades derivadas - transformación y comercialización.
Esta posición unánime de la Comisión de Pesca, aprobada después de consultar con los responsables de pesca de los Estados miembros, hubiera debido llamar la atención de la Comisión y especialmente de la señora Comisaria Bonino. Ya en la opinión que yo redacté sobre la comunicación «Agenda 2000», también adoptada por unanimidad por la Comisión de Pesca, alertamos a la Comisión sobre los riesgos de deslocalización intracomunitaria que correría todo el sector pesquero si las intenciones iniciales de la Comisión, creadoras de distorsiones, no fueran modificadas mediante la puesta en marcha de un reglamento que permitiera la elegibilidad de todo el territorio de la Unión en el ámbito de las medidas estructurales.
En cuanto a la agricultura, se ha elaborado un reglamento específico relativo al desarrollo rural. Se ha velado escrupulosamente por que éste sea aplicable a todo el territorio de la Unión con el fin de preservar la equidad en la aplicación de la PAC. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en el sector de la pesca que, al igual que la agricultura, está sometido a la aplicación de una política común?
Sin un reglamento global horizontal que agrupe todas las medidas estructurales aplicables al sector de la pesca en todo el territorio europeo y financiado por un instrumento único adaptado a las necesidades del sector, ¿qué quedará de la PCP? Un conjunto de obligaciones múltiples, medidas de reducción de las flotas y algunos cuidados paliativos - este residuo no merecería ya sin duda el nombre de política común. Esperamos no un abandono, sino la formulación de una política ambiciosa y prospectiva que tenga en consideración la dimensión marítima de la Unión, que es una de sus características esenciales. Algunas enmiendas presentadas por nuestro grupo, señor Presidente, traducen este objetivo.

Cellai
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional estima que el objetivo de reforzar la cohesión económica y social no puede dejar de tener en cuenta las realidades específicas que padecen problemas estructurales, como es el caso de las regiones insulares. Las islas sufren desventajas estructurales que, a largo plazo, acaban incidiendo negativamente en su desarrollo económico y social, y entre los varios territorios que quedarán excluidos de los programas del Objetivo 1 figuran muchas islas. Esto significa que los territorios insulares van a considerarse como regiones no necesitadas de ayudas estructurales específicas. Es un contrasentido. El nuevo reglamento no puede prescindir de las indicaciones del nuevo Tratado de Amsterdam que, en su artículo 130 A y en la declaración sobre las islas, tiene en cuenta y recalca su especificidad. Por tanto, sería deseable prever un hueco para las islas en el ámbito del Objetivo 1 mediante una mayor flexibilización de los criterios relativos al PIB. Y esto porque un atento y concienzudo examen de la situación debería lograr que se comprendiera que en el espíritu no solo intervienen razones macroeconómicas sino ante todo múltiples razones de carácter geoeconómico.
En lo que respecta al Objetivo 2, constatamos que la propuesta de la Comisión, al fijar un techo de población a los distintos Estados miembros, puede perjudicar a algunas regiones más que a otras. En el caso italiano, la propuesta de la Comisión de contabilizar en el Objetivo 2 las regiones que quedarán fuera del Objetivo 1, irá detrimento de las regiones del centro-norte. La concentración de los Fondos estructurales a través de la reducción de la población asistida, debe ser, por el contrario, equilibrada y equitativamente distribuida entre los Estados miembros.
En cuanto a la ayuda transitoria, consideramos que el período debe fijarse en siete años para las regiones que salen de los Objetivos 1, 2 y 5b. No pedimos una mayor asignación de recursos en favor de las regiones que formarán parte de esta franja, sino tan sólo la intervención de los Fondos estructurales durante todo el período de programación. Quiero precisar que una región italiana, Abruzo, debería poder beneficiarse de la ayuda transitoria, pese a haber salido del Objetivo 1 en el año 1996, ya que de lo contrario habría que pensar en su inclusión en el Objetivo 2 con una ulterior penalización del centro-norte.
Por último, en lo que respecta a las iniciativas comunitarias, estamos de acuerdo con la reducción de trece a tres de su número, sin embargo, consideramos esencial mantener la iniciativa URBAN, al objeto de realizar una política homogénea en todo el territorio.

Fayot
Señor Presidente, las iniciativas Interreg, URBAN y Leader son laboratorios de innovaciones económicas y sociales que es absolutamente necesario salvaguardar. Interreg va a estimular la ordenación transfronteriza del territorio europeo. Eso concierne también al corazón mismo de Europa y no solamente a las regiones periféricas.
A propósito del corazón de Europa, ¿han tomado alguna vez el tren entre Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo? Lentitud, falta de confort, de puntualidad y no cito más. Sin embargo, para esas distancias, el tren es el instrumento ideal y el más ecológico que existe. Lo que debería ser el trayecto simbólico - el tren del futuro en el corazón de Europa - es un instrumento anticuado y decrépito de otras épocas.
Y ahí, voy a Interreg. Lo que debería irrigar y desarrollar las comunicaciones, por encima de las fronteras, de regiones como Walonia, Lorena, Luxemburgo, es un tren que no ha evolucionado desde hace cien años. Lo que debería contribuir a ordenar el espacio transfronterizo está superado. Por lo tanto, ocupémonos seriamente, señor Presidente, de las regiones transfronterizas como ésas que sólo piden integrarse y desarrollarse.

Rack
Señor Presidente, espero que me mire a mí y no al reloj. Esta tarde hemos escuchado muchas cosas sobre el tema de la ampliación. También hemos señalado que no sólo se trata de aprovechar una oportunidad histórica sino que tenemos que hacer mucho para poder aprovechar esta oportunidad en la realidad. Hemos hablado sobre la estrategia de preadhesión, en la que se trata de que impliquemos a los países candidatos en el proceso de preadhesión económica y política en la Europa común del modo más intenso posible.
No obstante, no sólo debemos hacer mucho por los países candidatos, sino que también tenemos que hacer los deberes en casa. A este respecto, hablamos muy a menudo de que necesitamos reformas institucionales. Este es un tema importante, pero no es el único. En nuestro ámbito, tenemos también una serie de posibilidades de reestructuración económica para garantizar nuestras propias oportunidades de futuro. A este respecto hay una palabra verdaderamente clave para mí: Austria, como país que probablemente tiene una de las mayores fronteras exteriores con los países candidatos, está interesada en que, para estas regiones fronterizas, velemos por que la transición y la apertura de las fronteras comunitarias esté organizada de tal modo que a ambos lados de la frontera prevalezcan las ventajas y nadie resulte perjudicado.
En la Comisión de Política Regional se han alcanzado muchas cosas en largos debates. Doy las gracias especialmente a la Sra. Monika Wulf-Mathies, Comisaria de Asuntos Regionales. Ayer por la noche, en el turno de preguntas ya pudimos debatir ampliamente este tema. Esta disposición a la cooperación hasido destacada también en su justa medida por ambas partes del hemiciclo. Ha dado buenos resultados. No obstante, aún puede llegar a ser un poco mejor.
Ante todo, puede llegar a ser mejor con dinero asegurado por una parte y con muchas y muy buenas ideas de las regiones por otra. Ya no tenemos que aspirar a que Europa espere algo de nosotros. Debemos tomar las riendas en nuestras manos. En este sentido, con respecto a las propuestas que la Comisión ha presentado y con cuyo contenido en principio estamos totalmente de acuerdo y queremos apoyar, quizás una u otra las hubiéramos preferido de modo diferente. Quizás también hubiéramos preferido un objetivo propio sobre el «espacio rural». Pero estamos satisfechos de saber con seguridad que este espacio rural puede estar asegurado con porcentajes de población fijos.
Para los próximos años y para la transición también son especialmente importantes las normas de phasing out , un largo phasing out para cada región que ya no debe ser subvencionable según los criterios futuros porque ya los habrá cumplido.

Ryynänen
Señor Presidente, resulta fácil adherirse a los objetivos centrales de la reforma de los Fondos estructurales en lo relativo a la concentración y la potenciación de las ayudas, y a la reducción de la burocracia y la simplificación de la gestión. Creo que es imprescindible velar ahora por que se materialicen también en la práctica estas clarificadoras directrices. En la aplicación del principio de asociación será preciso hacer una clara distribución de las responsabilidades y, si bien no se deberá obstaculizar la toma de decisiones, habrá que escuchar y vincular a las distintas instancias dando muestras de flexibilidad.
Apoyo la propuesta de la Comisión en relación con los criterios de elección y las cuotas de financiación del Objetivo 1. Es preciso lograr que se beneficien de la ayuda más cuantiosa no sólo las regiones más débiles, las que registren un nivel del PNB por debajo del 75 %, sino también las regiones actuales del Objetivo 6, con arreglo a los criterios que ya quedaron establecidos en el marco de las negociaciones de adhesión para las regiones septentrionales y de escasa densidad de población. Desearía que se introdujera flexibilidad en los criterios y en la cobertura de población del Objetivo 2, con arreglo a las características específicas de cada región. Así, en el país de la Unión con la mayor población rural, Finlandia, las dificultades que plantean la agricultura septentrional y las largas distancias ponen de manifiesto la necesidad de disponer de una política rural eficaz. Criterios como los datos de desempleo y de pérdida de población rural hablan por sí mismos de la necesidad de contar con medidas de desarrollo y ayudas.

Girão Pereira
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores, el primer informe sobre la cohesión revela que las políticas estructurales han ejercido una importante acción niveladora. En particular, el Fondo de Cohesión ha desempeñado un papel fundamental en la convergencia entre los Estados miembros, aunque algunos aún no hayan alcanzado el 90 % del PNB.
Es un hecho que en algunos países de la cohesión existe aún un déficit considerable en infraestructuras. El conflicto entre la necesidad de invertir en esas infraestructuras y la necesidad de garantizar restricciones presupuestarias, tanto para los que participan como para los que no participan en el euro, justifican el mantenimiento de ese Fondo.
Por otro lado, el Fondo de Cohesión es fundamental para un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, como se estableció en Amsterdam. Por eso, nos congratulamos de la decisión de la Comisión de mantener el Fondo, pese a la entrada en el euro de esos tres países. No sería justo que los países más pobres, que hicieron muchos más esfuerzos para cumplir los criterios de convergencia, sacrificando gastos en sectores fundamentales, se vieran ahora privados del instrumento de la cohesión.
Conviene no confundir convergencia nominal con convergencia real. Pero el Fondo de Cohesión no es un mero acto de generosidad. No se debe olvidar que, como contrapartida, permite un retorno de corrientes financieras a los Estados más desarrollados en forma de adquisición de conocimientos y bienes de capital, que, en algunos casos, como Portugal, alcanzan el 50 %.
Por eso, la decisión de la Comisión, además de cumplir con los Tratados, está de acuerdo con el espíritu de Edimburgo: una Europa cohesionada y solidaria.

Moreau
Señor Presidente, a pesar de su importancia creciente en el presupuesto comunitario, los Fondos Estructurales no han permitido corregir de forma fundamental los desequilibrios regionales. Apenas han compensado las consecuencias negativas de la puesta en funcionamiento del mercado único y de la preparación para la moneda única.
La eficacia de los Fondos Estructurales ha de verse reforzada. Para ello es necesario concentrarlos en favor de las regiones más desfavorecidas, y orientarlos hacia objetivos de creación de empleo. La participación de los representantes, de las organizaciones ciudadanas, es decir, la democracia, es indispensable para su eficacia. Por encima de los Fondos Estructurales, se plantea la cuestión de la futura financiación de la Unión Europea. Soy más que reservada sobre las líneas directrices del reciente documento de la Comisión que intenta reequilibrar las contribuciones nacionales, bajo la presión de Alemania que quiere pagar menos aprovechándose de los mercados que van a abrirse en los países del Este.
En este sentido, quisiera decir que la teoría llamada de la «justa compensación» es a mi juicio la negación misma de la construcción europea, ya que está en contradicción con la solidaridad sin la cual no puede existir Europa. Solidaridad con las regiones más pobres, con los sectores en dificultades, solidaridad entre los pueblos europeos, con los países candidatos, con los países mediterráneos del sur en una actuación de codesarrollo.
En lugar de peleas sobre las contribuciones nacionales, ¿no sería preferible reflexionar sobre una mejor utilización de los créditos comunitarios, sobre la búsqueda de nuevos recursos, por ejemplo por parte de los mercados financieros, con la instauración de un impuesto sobre las transacciones financieras, lo que, en este caso, constituiría la justa compensación basada en la justicia y no en...
(El Presidente interrumpe al orador)

Wolf
Señor Presidente, señorías. Señor Comisario, en primer lugar, quiero dar las gracias a Karin Jöns, que ha asumido de modo tan constructivo las peticiones de los Verdes. En la práctica, no debemos cejar -esto lo ha dejado muy claro, puedo adherirme a su intervención-. El 15 % representa la situación de la experiencia europea. Las ayudas específicas a las mujeres representan lisa y llanamente el estado del proceso de la civilización. ¿De verdad queremos retroceder, señores diputados del Partido Popular? Pienso que los socialcristianos de esta Asamblea tendrán que tener presente si en el futuro se arriesgan a tener una mayoría rojiverde o si se adhieren a un proyecto razonable.
(Protestas del Sr. Schiedermeier) Ya lo veremos. Señora Glase, concentración no significa reducción de los objetivos de contenido. Se trata de la política del mercado de trabajo, del proceso de Luxemburgo, se trata sobre todo de la política de empleo en el tercer sistema. También se trata de reintegración social, que debe completarse con una lucha contra la pobreza que sea digna de tal nombre.
Debo acabar, pero quiero decir que las sinergias con los otros Fondos las hemos afianzado...
(El Presidente interrumpe al orador)
Raschhofer
Señor Presidente, señorías, se acordarán seguramente de la afirmación de Klaus Hänsch, con ocasión del informe sobre los países del este, de que muchas personas siguen hablando un idioma totalmente distinto cuando se trata de practicar la renuncia. Ahora bien, precisamente ese punto nos concierne. Quien conozca las posiciones sobre el Fondo de Cohesión y sobre los Fondos estructurales, sabe que Klaus Hänsch ha dado en el clavo con estas declaraciones. A menudo somos unánimes, pero cuando se trata de detalles, en concreto cuando se trata de echar mano al capital, entonces muchos hablamos un idioma totalmente distinto.
Ya llego a algunos puntos concretos: en primer lugar, el Fondo de Cohesión. También yo soy de la opinión de que para cada país que participa en la unión económica y monetaria no procede que reclamen el derecho a recibir esas ayudas.
En segundo lugar, el Objetivo 2: la Comisión propone mantener el criterio actual. Estoy a favor de que esto se mantenga estrictamente y no...
(El Presidente interrumpe al orador)

Ghilardotti
Señor Presidente, con la inclusión de un capítulo dedicado al empleo en el nuevo Tratado, se ha puesto en marcha un proceso que desembocó en el pasado mes de noviembre en Luxemburgo, en la adopción de orientaciones en materia de empleo. Uno de los ejes de dichas orientaciones es precisamente el de la creación de empleo que se basa en políticas preventivas y activas de intervención en la oferta de mano de obra, cuyo aspecto formativo cumple un papel fundamental.
El proyecto de reglamento del Fondo Social que hoy debatimos, se inscribe en esta lógica. No cabe duda de que la Comisión ha realizado notables esfuerzos para convertir el Fondo en un instrumento lo más flexible posible, sin por ello perder de vista la necesidad de que el mismo sirve para alcanzar los objetivos europeos.
Voy a resumir dichos objetivos: el desarrollo de políticas activas en el mercado de trabajo, la promoción de la inclusión social, el desarrollo de sistemas de educación y formación profesional para fomentar la formación a lo largo de toda la vida, el desarrollo de sistemas y de modelos de organización del trabajo dirigidos a promover una fuerza de trabajo cualificada y capaz de hacer frente a los retos del cambio, el apoyo al sector empresarial y al de la investigación científica y tecnológica, la implementación de acciones tendentes a promocionar la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.
Pasaré ahora a hacer algunas consideraciones acerca de ciertos aspectos que figuran en la propuesta de la Comisión y que resultan fortalecidos por el excelente informe de la Sra. Jöns. El abanico de las medidas susceptibles de financiación permite encuadrar el momento formativo en un paquete de acciones integradas, dirigidas a facilitar la inserción o la reinserción profesional. Es importante recalcar la admisión de todo un conjunto de medidas de preformación orientadas a alcanzar a esas categorías de personas que, de lo contrario, estarían irremediablemente perdidas. De este modo, se quiere ofrecer una respuesta a los problemas mucho más allá del ámbito laboral y que afectan a toda la persona, detalle que, a mi juicio, debe considerarse significativo. En este contexto, por tanto, reviste importancia la propuesta de asignar el 1 % de los recursos del Fondo Social a la financiación de pequeños proyectos gestionados por las organizaciones no gubernamentales mediante su entrega a organismos intermediarios sobre la base de procedimientos simplificados.
Quiero comentar que la Comisión ha iniciado ya una importante experimentación en este tema. Del mismo modo, es importante la promoción del desarrollo de nuevas fuentes de empleo a través de la valorización del tercer sector y de la economía social, en particular de cara a la promoción y el apoyo al desarrollo local. En este sentido, es fundamental la propuesta de ampliación del partenariado que debe convertirse en una práctica obligatoria a escala nacional tanto para los Gobiernos como para las regiones.
Último punto: la participación paritaria de la mujeres en las medidas implementadas por el Fondo Social debe garantizarse no solo integrando el mainstreaming en el reglamento sino también con medidas específicas. Por ello, en el informe Jöns se propone fijar una financiación mínima del 15 % de los recursos del Fondo Social con el fin de garantizar que la prioridad en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres siga manteniéndose también en el marco de su aplicación por los servicios nacionales y regionales.

d'Aboville
Señor Presidente, señora Comisaria, procedo de una región, Bretaña, en la que la pesca es una actividad económica vital, dinámica, una piedra angular del desarrollo y del empleo y un factor de equilibrio en la ordenación del territorio. Allí, la profesión de pescador ha pasado de padres a hijos desde hace siglos. La pesca ha impregnado nuestro modo de vida y nuestras tradiciones y si, a pesar de la dureza del oficio, está tan presente, es porque se trata de un elemento fundamental de nuestra identidad. Por ello, señora Comisaria, consideramos inaceptables las propuestas de reglamento relativo a las acciones estructurales en el sector de la pesca que, en su estado actual, tendrían como consecuencia, como ha señalado el ponente, poner en duda la unidad del sector «pesca» diseminando las acciones estructurales en el seno de diferentes reglamentos, destruir la lógica de fachada marítima que prevalece actualmente, complicar el acceso a las ayudas en detrimento del beneficiario final, y sobre todo incitar inevitablemente a la transferencia de la actividad de unas regiones a otras en el futuro más aventajadas. En Bretaña, como en todas las regiones que dependen de la pesca, hemos de conservar los medios para construir barcos nuevos y más seguros, para proseguir el esfuerzo de modernización de los puertos y del sector «pesca», valorizar nuestra producción y formar a jóvenes en un oficio noble que, se diga lo que se diga en ocasiones, es un oficio de futuro.

Tamino
Señor Presidente, deseo intervenir acerca del informe del Sr. Arias Cañete sobre el sector pesquero. Los Verdes compartimos muchas de las críticas vertidas por el ponente contra la propuesta de la Comisión que resulta a todas luces inapropiada. Ya a lo largo del debate en el seno de la Comisión de Pesca, la Sra. McKenna pudo expresar nuestro punto de vista y las varias enmiendas propuestas por los Verdes fueron aprobadas por dicha comisión.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con todas las propuestas formuladas por el Sr. Arias Cañete. Me refiero en particular al nuevo Anexo III en que se prevén medidas en favor de la construcción de nuevos barcos de pesca. Los Verdes consideran que las financiaciones comunitarias en el ámbito del IFOP han de limitarse a los barcos que no superan los 24 metros de eslora. Nuestra propuesta tiene en cuenta tanto los aspectos medioambientales -una pesca sostenible es incompatible con una flota de grandes barcos de pesca- como los ocupacionales, pues, a buen seguro, con barcos grandes se emplean menos pescadores. Esperamos que el Pleno apruebe nuestra enmienda.

Moretti
Señor Presidente, esta propuesta de reforma de los Fondos estructurales es, en general, positiva en cuanto a sus intenciones. De los siete objetivos actuales se pasa a tres. Seguramente este recorte ampliará las posibilidades de gestionar los fondos tanto por parte de la Comisión como por las regiones. Para una aplicación práctica mejor se augura un mayor poder decisorio y una mayor autonomía de las provincias que son las entidades que más conocen las realidades locales.
En lo que se refiere al Objetivo 2, pienso que será necesario prestar mucha atención a los criterios de admisibilidad. Este objetivo agrupa cuatro acciones distintas y diferentes: una en favor de las áreas urbanas, una en favor de las áreas industriales, una en favor de las zonas rurales y de montaña y una en favor de la pesca.
Dicha agrupación, si se descuidan los criterios de admisibilidad, corre el riesgo de perjudicar a las regiones en que existen fuertes disparidades en términos de desarrollo entre los distintos sectores. Voy a mencionar, a título de ejemplo, la región de Lombardía. La misma presenta un tejido industrial productivo e industrial muy rico que, con frecuencia, hace olvidar una realidad de montaña pobre y atrasada. La despoblación que está sufriendo y el abandono de los pastos son síntomas graves de una enfermedad irreversible causada por nuestra falta de sensibilidad ante la montaña. La eliminación de la iniciativa comunitaria LEADER en favor de las zonas rurales es un ejemplo evidente del desinterés por las zonas y las poblaciones de montaña. Me pregunto de qué forma la Comisión va a gestionar con ecuanimidad estas realidades. Siempre con respecto al Programa LEADER, se ha dicho que las acciones que se beneficiaban del mismo serán financiadas, con la reforma de los fondos, a través del Objetivo 2. Estoy curioso por saber cómo se administrarán los fondos en concreto. Estoy convencido -y no disto mucho de la realidad- de que los grupos de acción local, financiados y previstos por el Programa LEADER, se financiarán en parte a través del nuevo Objetivo 2, sin embargo, temo que, por desgracia, muchos de ellos estarán destinados a desaparecer junto con las muchas ayudas, apoyos e incentivos en favor del desarrollo rural. Nos encontramos una vez más ante una buena reforma de los...
(El Presidente interrumpe al orador)

Myller
Señor Presidente, señora Comisaria, tanto el Consejo como los representantes de la Comisión y el Parlamento han venido defendiendo, uno tras otro, el calendario acordado en Cardiff. Al mismo tiempo, se ha asegurado que, por lo menos, la institución que represento mantendrá ducho calendario. Así pues, hemos demostrado estar unánimemente de acuerdo a este respecto. Ahora deberíamos mostrarnos también unánimes acerca del hecho de que, una vez que el Consejo haya adoptado sus decisiones -a más tardar en la Cumbre de Bruselas de noviembre-, el Parlamento podrá participar con pleno derecho en la toma de decisiones. Sabemos que este asunto plantea también limitaciones de tiempo, por lo que deberemos ponernos de acuerdo para ver cómo se lleva a cabo en la práctica.
La comunicación de la Comisión sobre la Agenda 2000 ofrece un fundamento positivo y equilibrado para la reforma de la política regional y estructural. Revisten una especial importancia la simplificación de la gestión de los Fondos estructurales, el establecimiento de autoridades regionales y locales y la concentración de los recursos en las regiones que presenten mayores problemas de desarrollo. Es de suma importancia reconocer el carácter prioritario de la cuestión del empleo. La propuesta de la Comisión se basa en los principios del Tratado de Amsterdam, en el que, entre otros aspectos, se otorga una importancia aún mayor a unas cuestiones tan importantes para los ciudadanos como son las del medio ambiente. Sin embargo, la propuesta de la Comisión no llega hasta el final por lo que respecta a la integración de las cuestiones medioambientales en las actividades de los fondos regionales, estructurales y de cohesión. El examen de esta cuestión por parte del Parlamento ha introducido mejoras a este respecto.
Lo más importante es que las autoridades medioambientales participen con pleno derecho en los preparativos y la elección de los proyectos regionales. Asimismo, hay que reconocer el papel de las ONG de cara a lograr realmente una mayor transparencia y publicidad en este ámbito. El fomento de una asociación auténtica y visible entre las autoridades medioambientales y las ONG permitirá a los ciudadanos una mejor participación en los proyectos en materia de política regional y estructural.

Schiedermeier
Señor Presidente, señora Comisaria, brevemente, un punto central: en el futuro no deben excederse los límites superiores del 1, 27 % del producto nacional bruto por parte de los países receptores y del 0, 46 % para el Fondo estructural por parte de los países donantes; en el Objetivo 1, estrictamente el 75 %.
Las regiones del Objetivo 6, las regiones periféricas e insulares -que sí están en el Tratado, si no nada-, un periodo de phasing out de sólo seis años. En ningún caso siete, si no estarán para siempre sobre la mesa.
Objetivo 2: no comparto su opinión. Su «objetivo gulasch» no me gusta, el espacio rural se queda a la zaga: me temo que el desempleo como único criterio es demasiado duro; por ello me resultan importantes los criterios blandos, porque podemos decidir conjuntamente a nivel nacional cómo establecerlos. Porque no quiero un periodo de phasing out de cuatro años, sino, por razones de justicia, de seis años, como en el Objetivo 1. Ya lo saben.
Red de seguridad: Sí
Objetivo 3: ayudas horizontales, sí. Me parecen satisfactorias las tres iniciativas comunitarias. Si admiten más, comprobarán que en seguida se llega a 13, cosa que tampoco quiero.
Reservas: sin reservas, señora Comisaria. Me alegro por usted. Ayudas nacionales: mejor; estoy a favor. Por encima de todo debe ser posible que, en el marco de la solidaridad, al menos empleemos nuestro propios recursos sin que la Comisión se interponga constantemente. De ahí que pida que se incremente la regla de mínimos, como ya ha dicho usted. Lo mejor para mí sería un millón de ecus; con ello podemos vivir bien y decidir estas medidas con buenos resultados.
Señora Comisaria, aunque oiga usted hablar de la mayoría verdirroja, espero que tenga propuestas razonables del otro lado, y ya que soy sindicalista, espero que al menos podamos llegar a un acuerdo a este nivel.

Crowley
Señor Presidente, quisiera dar la bienvenida a los dos Comisarios y agradecerles su asistencia y el tiempo que nos dedican.
En particular quisiera referirme al reglamento sobre el fondo social y dar gracias a la Sra. Jöns por su informe muy clarividente y orientado al futuro. Hemos de recordar que cuando el Tratado de Amsterdam quede ratificado y entre en vigor tendrá un capítulo sobre el empleo. A causa de los problemas del desempleo, y en particular del desempleo de larga duración en toda Europa, hemos de contar con medidas preventivas y curativas para los desempleados de larga duración.
Por consiguiente espero que sigamos haciendo hincapié en la enseñanza para toda la vida. Es esencial que en un mundo en perpetua evolución, en términos tecnológicos y financieros, mejoremos las capacidades de nuestros ciudadanos. Tenemos que velar también por que en nuestras escuelas e institutos se haga más hincapié en la búsqueda y determinación de las nuevas aptitudes que serán necesarias dentro de diez años para que podamos instituir los correspondientes programas de capacitación.
Lo más importante de todo es el desarrollo local, que nos permitirá proporcionar cada vez más asistencia y crear cada vez más empleo de larga duración, pero a un costo inferior al de las actuales subvenciones e intervenciones estatales. Me alegra sobremanera que, en el marco del programa de capital social para fines locales, el uno por ciento del nuevo reglamento propuesto en virtud del FSE se destine a esa finalidad.
Por último, no olvidemos nunca que no hay nada que sea rígido; hay que ser flexibles, tenemos que adaptarnos.

Lage
Señor Presidente, señores Comisarios, señoras y señores, apoyamos globalmente los cinco informes que estamos debatiendo y felicitamos a sus autores. En particular, aplaudimos el informe Collins, que, al fortalecer la propuesta de la Comisión en el sentido de que se mantenga el Fondo de Cohesión para los países con menos del 90 % del PNB de la Unión Europea, es fiel al espíritu y a la letra de los Tratados. Se trata de un acto de justicia. Por su parte, el informe McCarthy sigue la orientación correcta, al mejorar y perfeccionar las propuestas de la Comisión. Pero tenemos algunas objeciones, a saber:
si bien estamos de acuerdo con la atribución de 0, 46 % del PNB de la Unión Europea a las políticas estructurales, no podemos convenir con que los gastos de la ampliación sean básicamente de esa cuantía; -tememos las consecuencias de la aplicación ciega del criterio de elegibilidad del 75 % para las regiones de Objetivo 1. Esas objeciones y dudas no nos impiden apoyar el informe McCarthy. No obstante, las perspectivas financieras son aún más nebulosas. No sabemos a ciencia cierta lo que vamos a distribuir en el futuro. Esa cuestión condiciona todas las demás. Nuestro apoyo a este informe es, pues, provisional, como también lo es el informe. En la segunda lectura definiremos nuestra posición de forma definitiva.
Camisón Asensio
Señor Presidente, es de toda justicia hacer constar aquí la eficiente actuación de los Estados miembros receptores de Fondos estructurales durante su corta pero ya suficiente historia. Por ello, la obligación de todas las instituciones europeas debería ser tratar de mejorarlos y reforzarlos, sin olvidar la circunstancia de que también se produce irremisiblemente un flujo de capitales hacia los Estados miembros más industrializados. ¿Se mejorarán los reglamentos? Tenemos nuestras dudas. El flexibilizar los condicionamientos para ser declarado Objetivo 1 acarrearía que su esencia, profundamente social y solidaria, de corrección de desigualdades se desvirtuaría.
Procede también recordar que el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo ha sido muy convincente. El Tratado de Maastricht establece la legitimidad de continuar acogiéndose al Fondo de cohesión a países -por ejemplo, España- que aprobaron -por cierto, con sobresaliente- el paso a la tercera fase de la Unión Monetaria.
Si se establece, la reserva de eficacia -al menos en la propuesta actual de la Comisión, cifrada en un 10 %- se transformará en la práctica en un instrumento político innecesario e incluso contraproducente. Se deberían haber tenido en cuenta otros indicadores complementarios, como pueden ser las desigualdades en medios sanitarios, el descenso de población activa o los problemas medioambientales. Sin embargo, nos congratula que el criterio de desempleo sea esencial.
Finalmente, señor Presidente, es de resaltar la escasa atención prestada a un desarrollo sostenido en la disponibilidad de recursos energéticos y en las inversiones territoriales.

Donnay
Señor Presidente, señoras y señores, si bien nadie discute el principio o la necesidad de la reforma que se nos ha propuesto, son sus modalidades las que suscitan interrogantes e inquietudes. Pienso, en especial, y a modo de ejemplo, en mi región, Nord-Pas-de-Calais, que actualmente forma parte de los Objetivos 1, 2 y 5B y que corre el riesgo de perder una gran parte de las ayudas de las que disfrutaba hasta el momento.
Esta región sufre una tasa de desempleo que, en algunos lugares, alcanza el 25 %. La crisis es profunda y la cuenca minera, entre otras, está lejos de haber culminado su reconversión. Mediante las ayudas europeas, hemos podido iniciar un proceso de desarrollo significativo que cualquier ruptura brusca en el acompañamiento podría comprometer gravemente. Sin duda, está previsto un mecanismo de apoyo, pero, como en otras partes, persisten temores que exigen certezas. Insisto por tanto en la absoluta necesidad de este apoyo transitorio. Nos felicitamos porque esté previsto, pero quisiéramos que fuese ampliado a todas las regiones que ya no son elegibles en los Objetivos 1, 2 y 5B y que su duración cubra todo el período de programación, es decir, el período 2000-2006.

Walter
Señor Presidente, señorías, esta es la primera oportunidad del Parlamento de comentar las propuestas de la Comisión sobre la reforma de los Fondos estructurales para establecer señales claras. Por ello, los socialdemócratas alemanes observamos con gran inquietud si el Parlamento tiene la fuerza de mostrar verdaderamente principios claros y conjuntos. Las deliberaciones han mostrado que en principio todos queremos una concentración de los Fondos en lo esencial y más precisión, es decir, prioridad de las ayudas también para las regiones con los mayores retrasos de desarrollo, pero también mantenimiento de una ayuda adecuada en las regiones con problemas de reestructuración en los Estados miembros más ricos.
Estamos de acuerdo en que los Fondos estructurales deben concentrarse, con el fin de crear empleo y también para contribuir a una simplificación de la política estructural y ayudar a las regiones excluidas con disposiciones transitorias, para que no se vean marginadas de repente. Los debates de las últimas semanas han puesto de relieve que hay motivos para la inquietud, que los intereses nacionales y los pactos correspondientes también ocurren en este Parlamento, cosa que hasta ahora sólo ocurría en el Consejo.
El Parlamento corre el riesgo de poner en peligro innecesariamente su llamamiento. Elaboraremos enmiendas y mañana las presentaremos para decisión. Y en dos puntos quiero dejar claro dónde nos hallamos. Si con el objetivo 1 dejamos la puerta abierta para la norma del 75 % ya en la primera lectura, daremos al Consejo una señal inequívoca de querer pactar. El precio sería una larga lista de excepciones y poco dinero para las regiones que realmente lo necesitan. No obstante, no podemos ir en contra de las reglas de la aritmética. Si no hacemos más grande el pastel que queremos repartir, cada vez habrá más gente y habrá menos para aquellos que lo necesitan urgentemente. El pastel que queremos repartir no crece con hambre.
Por otra parte, el Fondo de Cohesión no puede convertirse en la puerta de atrás de un mecanismo de compensación financiera para todos los Estados miembros que se hallan por encima de un determinado nivel de bienestar. Todavía no estamos tan lejos en el proceso de integración de la Unión Europea. Los Fondos estructurales son expresión de la solidaridad europea. El Fondo de Cohesión debe centrarse en todos los Estados miembros que tienen problemas para cumplir los criterios duros. Pido flexibilidad...
(El Presidente interrumpe al orador)

Peijs
Señor Presidente, me limitaré a las iniciativas comunitarias. El Parlamento ha de pronunciarse dentro de poco. Yo también soy partidaria de reducir el número de iniciativas. Pero propongo una reducción de trece a cinco, lo cual sigue siendo una simplificación nada desdeñable. Me quedo con INTERREG, cuya plusvalía europea, en efecto, no es cuestionable, LEADER, a fin de afianzar el desarrollo rural, y las iniciativas comunitarias contra la discriminación en el acceso al mercado laboral; estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Ahora bien, creo que URBAN también es sumamente importante. El hecho de que se contemplen las necesidades de las ciudades en el marco del Objetivo 2 me parece positivo, pero insuficiente. También tenemos que dar una oportunidad a las ciudades medianas que caen fuera del ámbito de aplicación del Objetivo 2. URBAN ofrece esta posibilidad y tiene la ventaja de que ya ha demostrado su utilidad. Todos sabemos que el desarrollo de las ciudades y las múltiples dificultades con las que lucha el medio urbano constituyen un problema que afecta prácticamente a todos los países del mundo. Por tanto, no está de más que aparte de preocuparnos por el desarrollo rural, nos detengamos suficientemente en los problemas urbanos, siempre buscando el equilibrio y la coherencia entre ambas opciones.
Junto con la Sra. McCarthy, el Partido Popular Europeo ha presentado en nombre del Grupo Socialista y del Partido Popular Europeo una enmienda de compromiso, para la que solicito enérgicamente el apoyo de este Parlamento. En dicha enmienda defendemos la posibilidad de crear un instrumento a escala europea que pueda ser aplicado de forma flexible en aquellas regiones que sufran las consecuencias de procesos empresariales que en la actualidad se vean afectados por continuos cambios. Estos cambios se deben por lo menos a tres factores: primero, la creciente globalización; segundo, los cambios radicales producidos por las tecnologías de la información y de la comunicación y, por último, la ampliación hacia la Europa central y oriental.
Nos ha parecido necesario presentar esta enmienda para salvaguardar la flexibilidad de nuestro poder de reacción. A esto se añade que dentro de nada estaremos viviendo en la zona del euro. En caso de que se produjera una crisis seria, los Fondos estructurales, tal y como están ahora, no cuentan con ningún tipo de ayuda que permita mitigar el efecto que pueda tener esta crisis sobre los países de la Unión Europea. Con arreglo a esta enmienda abogo, como es lógico, por un aumento de la contribución al 7 %, a fin de no mermar los recursos previstos para las demás iniciativas.

David, Wayne
Señor Presidente, para empezar quiero dejar bien sentado que estoy convencido de que en la fase actual de desarrollo de la Unión Europea la política regional es probablemente más importante que nunca. Uno de los resultados positivos que hemos registrado en los últimos años es la reducción de la diferencia económica entre los Estados miembros ricos y pobres. Por otra parte, hemos visto que se ha agravado la diferencia en materia de prosperidad entre las regiones de Europa. Eso demuestra con toda claridad que ahora necesitamos más que nunca una política regional proactiva que consiga que todas las regiones de la Unión Europea se beneficien del mercado único, en primer lugar, y del establecimiento de la zona del euro, en segundo lugar.
Hay dos cosas que me gustaría destacar respecto del informe. En primer lugar, hay un consenso entre la Comisión y el Parlamento y, me parece, el Consejo de Ministros también, en el sentido de que necesitamos simplificar las normas que rigen los fondos estructurales. Ahora bien, también hay una acuciante necesidad de mayor colaboración entre todos los que participan en el proceso de desarrollo económico: los interlocutores sociales, las autoridades locales o los gobiernos regionales, así como la Comisión y los gobiernos centrales. Tenemos que trabajar juntos mucho más estrechamente para alcanzar objetivos concretos. La segunda cuestión se refiere al principio de la concentración. Hay muchos motivos para promover la concentración. Queremos asegurarnos de que los Fondos estructurales tienen las mayores consecuencias económicas posibles y, por consiguiente, tenemos que definir con sumo cuidado las esferas donde mayor es la necesidad.
Quisiera referirme a una zona de verdadera necesidad: mi propio país, Gales. Hay en la actualidad una posibilidad razonable de que gran parte de Gales pueda optar a la financiación del Objetivo 1. Pueden estar seguros de que los recursos se aprovecharán debidamente en mi país, sobre la base del principio de la concentración y de la asociación.

Fraga Estévez
Señor Presidente, pocas veces los distintos ponentes de una comisión han trabajado tan al unísono como lo hemos hecho los de la Comisión de Pesca sobre la reforma de los Fondos estructurales, intentando evitar que las acciones estructurales pesqueras queden prácticamente a discrecionalidad de la Comisión e intentando neutralizar las contradicciones y las enormes dificultades de programación que la propuesta actual plantea.
Por ello, como ponente de opinión de la Comisión de Pesca sobre el reglamento marco, he propuesto la creación de un instrumento jurídico único, que permitiese la elaboración de un reglamento de Fondos estructurales pesqueros -el IFOP- que, con carácter horizontal, agrupase a todas las acciones estructurales destinadas al sector pesquero, al igual que la propia Comisión ha hecho ya para el sector agrícola.
Esta necesidad de un instrumento jurídico único de carácter sectorial fue fácilmente comprendida por las distintas comisiones del Parlamento y la modificación propuesta será -espero- incorporada en esta primera lectura. En efecto, el sector pesquero necesita acceso a una serie de medidas de carácter estructural que tienen que ser las mismas para todo el sector, independientemente de la región en que una determinada empresa pesquera esté instalada.
Por ello es por lo que el instrumento jurídico que las englobe debe tener un carácter horizontal. Este carácter horizontal imprescindible queda destruido con la programación regional que la propuesta de la Comisión establece para las regiones del Objetivo 2. Ello tendrá como consecuencia, además de unas enormes dificultades de programación en el sector pesquero, riesgos graves de deslocalización de las empresas, ya que éstas se instalarán allí donde existan programas regionales o donde los programas regionales les sean más favorables.
Era necesario, por tanto, corregir esta tendencia, de forma que los Estados miembros tengan la flexibilidad necesaria para establecer el nivel más adecuado de programación para el sector pesquero independientemente de la región de que se trate.
Señora Comisaria, ha visto usted que muchos diputados han intervenido en el tema de la pesca. El sector estructural pesquero está muy afectado ...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Van Lancker
Señor Presidente, estimados colegas, señora Comisaria, señor Comisario, pienso que en este momento tanto el Parlamento como la Comisión están convencidos de que ahora los Fondos estructurales deberán emplearse mucho más que antes para reforzar las prioridades de la política comunitaria. Para nosotros, uno de los puntos prioritarios es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo, en la política social y en la política regional. Estamos seguros de que los Fondos estructurales pueden contribuir de forma decisiva al fortalecimiento de la igualdad de oportunidades siempre y cuando dejemos constancia de ello en la normativa. Las normas ya recogían una referencia a este tema, aunque era tan poco contundente que en la práctica no siempre surtía el debido efecto. En tanto que las iniciativas en el ámbito de la formación y el empleo sí tenían en cuenta a la mujer, los Estados miembros mostraban un entusiasmo visiblemente menor por esta cuestión al abordar los capítulos de la infraestructura y la política regional. Por cierto, a este respecto me gustaría saber cuánto se ha gastado, con los números delante, en proyectos empresariales femeninos, infraestructura social, reconciliación entre familia y profesión o ayuda a las mujeres de las zonas rurales.
La Comisión ha puesto todo su empeño. Organizó dos conferencias. Preparó información sobre good practice . El Consejo incluso aprobó una resolución sobre este tema en diciembre de 1996. Pero me temo que todo esto no ha sido suficiente. Es por eso por lo que nos alegramos de que la Comisión se está esforzando por reforzar el principio de la igualdad de oportunidades en la normativa. También nos complace el enfoque de la doble vía que recoge la propuesta de la Comisión: por una parte, está la presencia de la igualdad de oportunidades en todos los Fondos estructurales, y por otra, se presta especial atención a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ello no impide, señora Comisaria, señor Comisario, que nosotros opinemos que aún es posible prestarle más atención y que, de hecho, creamos que eso es lo que hay que hacer. Quisiera manifestar mi gratitud a los ponentes principales y, muy en especial, a Karin Jöns por haberse tomado muy en serio las preguntas de la Comisión de Derechos de la Mujer al respecto.
Pedimos refuerzos en dos direcciones. Primero, hay que procurar que el mainstreaming pueda verse y medirse con mayor facilidad. Es decir, la igualdad de oportunidades ha de traducirse en objetivos unívocos, en estadísticas diáfanas, desglosadas según el sexo, en indicadores válidos y en evaluaciones bien hechas. Dicho de otro modo, las organizaciones tienen que ser capaces de demostrar que han empleado sus fondos para promover la igualdad de oportunidades de la mujer y de qué manera han contribuido a esta causa. Además, hacer funcionar la política estructural significa entre otras cosas implicar a la mujer. Por lo tanto, la mujer tiene que entrar a formar parte de los comités de seguimiento. También implica que los responsables de la igualdad de oportunidades han de participar en todas las fases de la implementación de los Fondos estructurales. En segundo lugar, y además del mainstreaming, reclamamos medidas específicas destinadas a acabar con las desigualdades. En este sentido, juzgamos necesario que en el futuro las acertadas intervenciones derivadas de la iniciativa comunitaria sean integradas en las nuevas medidas comunitarias. En segundo lugar, como ya ha dicho Karin Jöns, insistimos en que el 15 % del Fondo Social se destine a la igualdad de oportunidades. Debo admitir que no comprendo la oposición de nuestros colegas del Partido Popular Europeo al respecto. Es una propuesta de la Comisión misma; todos entendemos que es necesario tomar medidas específicas.

Banotti
Señor Presidente, los Fondos estructurales han sido un gran éxito para el concepto europeo en Irlanda. En conjunto, el grueso de los fondos se ha utilizado muy bien aunque haya habido algunos casos en los que los fondos se utilizaron para proyectos que podían amenazar nuestro medio ambiente. Sin embargo, ¡hay que ver qué diferencia en unos cuantos cortos meses! Nuestro gobierno ha elaborado un conjunto de medidas que no pasará la prueba de Eurostat relativa a los fondos estructurales, que requiere que las regiones que puedan optar a ellos tengan un PIB inferior al 75 % de la media europea.
Los Fondos estructurales para Irlanda están en peligro de ser víctimas de este plan concreto. Deberíamos haber prescindido de las divisiones de los partidos políticos y haber fijado prioridades basadas en la necesidad de nuestras zonas de desempleo rurales y urbanas más necesitadas. El plan debería haber hecho frente a la necesidad de integrar a los inmigrantes y a los refugiados también. En vez de ello, su única contribución a la futura planificación regional ha sido producir un plan tan extraño que no puede sino fracasar. Deberíamos haber dejado de lado nuestras querellas de partidos políticos. La estrategia del Gobierno irlandés es, en el mejor de los casos, una operación política para salir del paso. En el peor de los casos es un intento cruel de decepcionar al pueblo irlandés. Proponer en el último momento un plan que tiene que ser rechazado por Bruselas no puede tener más que una finalidad: echar la culpa a Bruselas de haber rechazado el plan. Quisiera dar gracias a los dos Comisarios presentes por lo que han contribuido al éxito en Irlanda.
Ahora bien, tenemos zonas que sustancial y realmente son desfavorecidas y están subdesarrolladas, en particular en el oeste y en partes de Dublin y otros enclaves de precariedad urbana. Padecemos un grave problema de analfabetismo. Necesitamos un fondo estructural revisado para poder abordar esos y otros problemas y un mayor consenso político para poder resolverlos eficazmente. Lo único que puedo esperar es que haya suficiente buena voluntad en la Comisión y en este Parlamento para ignorar la incertidumbre y la mala gestión de nuestro gobierno.
(El Presidente interrumpe a la oradora)

El Presidente
Señorías, en este momento me veo obligado a interrumpir el debate. Les pido que me perdonen por mi intransigencia, pero teníamos ante nosotros una hora y cincuenta oradores inscritos.
El debate queda, por tanto, interrumpido. Se reanudará esta noche a las 21.00 horas.

Situación en América Central y acciones de la Unión Europea
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en América Central y las acciones de la Unión Europea.
Tiene la palabra en primer lugar, en nombre del Consejo, la Sra. Ferrero-Waldner.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, algunas catástrofes de nuestro tiempo son previsibles. Al menos nos brindan la oportunidad de establecer medidas para evitarlas o para paliar sus efectos. Pero algunas catástrofes no son previsibles en su magnitud y no pueden frenarse con medios humanos. Una catástrofe así es la que ha producido el huracán Mitch en Centroamérica. El huracán Mitch estaba en la categoría 5. Hasta ahora ha sido el ciclón más poderoso de este siglo en el Caribe. Las consecuencias, en la medida en que sean calculables, ya las conocen todas. Doy las gracias al Parlamento Europeo por la iniciativa de debatir hoy este tema en el pleno.
Una vez más nos vemos ante la situación cuya magnitud exige que todos los implicados cooperen intensivamente, que coordinen sus esfuerzos y movilicen todos los recursos puestos a su disposición. Las consecuencias del huracán Mitch hacen necesarias medidas a dos niveles. En primer lugar, en la ayuda humanitaria; en segundo lugar, en la ayuda a la reconstrucción a largo plazo de los países afectados. Porque el huracán ha producido daños a los que ninguno de los países afectados -y probablemente muy pocos países- pueden hacer frente con sus propias fuerzas.
La economía de los países afectados parece haber retrocedido en su evolución en años o incluso décadas. Sin una ayuda eficiente y a gran escala de la comunidad de Estados los países afectados no pueden combatir las consecuencias a corto, medio y largo plazo de estas catástrofes. Hablamos de países afectados, pero no son sólo eso, son nuestros socios directos, son los países que son nuestros amigos y asociados en el marco de San José.
Comprendemos que la Unión Europea es ante todo una comunidad de solidaridad y de valores y que, como comunidad, sus miembros deben ser solidarios no solo entre ellos, sino con los otros países y con sus habitantes. Esto no deben ser sólo palabras vacías, sino que se ha visto en la rápida reacción de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión ante la noticia de esta catástrofe natural.
Por deseo español, que la Presidencia austríaca ha asumido con la máxima solicitud, el Consejo de Asuntos Generales se ocupó en su reunión del 9 y 10 de noviembre de la cuestión de la ayuda humanitaria para los países afectados. Todas las delegaciones han acogido favorablemente estas iniciativas, así como la propuesta de una ayuda de urgencia. La encuesta llevada a cabo por el Consejo puso de relieve que la Unión ha destinado en total 100 millones de ecus, 70 directamente de los Estados miembros y 30 de los fondos comunitarios.
Estoy en contacto permanente con la comisaria Emma Bonino, que ya ha viajado a la zona de crisis, donde entabló contactos con los gobiernos, con las organizaciones internacionales y con las organizaciones humanitarias no gubernamentales y que de este modo ha podido hacerse una idea sobre el terreno de la magnitud de los daños y naturalmente, de las medidas de ayuda necesarias.
Echo presentará un nuevo plan de ayuda global humanitaria, para que veamos qué medios adicionales se necesitan. Pero no sólo es importante la cuantía de los fondos disponibles, también es importante cómo se emplean. Debemos evitar las hambrunas, las enfermedades y las epidemias en las principales regiones afectadas y debemos proporcionar una provisión mínima de alimentos, agua potable, medicamentos y alojamiento de urgencia.
El empleo de fondos de ayuda debe controlarse de modo muy estricto. Los canales de la ayuda deben tan rápidos y directos como sea posible y repartirse a la población necesitada, y esto, a mi juicio, por tres razones. Para conseguir la máxima eficacia en la concesión de la ayuda humanitaria, por obligación ante los contribuidores y donantes, que tienen derecho a saber que sus donativos se utilizan para los fines previstos. Una utilización cuidadosa y correcta de los fondos es asimismo el mejor garante para evitar la aid fatigue . A este respecto, no debe olvidarse que en otras regiones del mundo, por ejemplo, Kosovo, o Bangladesh, también necesitan ayuda humanitaria.
En tercer y último lugar, la consecución de la paz social y de la estabilidad política en los países receptores. El desconcierto y el dolor de la población afectada, los errores de los gobiernos a la hora de hacer frente a la crisis, el empleo de las ayudas insuficiente, largo y mal organizado constituyen -todos lo sabemos- un polvorín social que podría explotar con gran facilidad. De las experiencias similares del pasado reciente debemos extraer las consecuencias correspondientes. La malversación de los fondos para la ayuda y los conflictos sociales derivados de ello son, en estos casos de catástrofe, desgraciadamente la norma y no la excepción.
Al mismo tiempo, es necesario ahora reflexionar sobre una reconstrucción y planes de desarrollo. Es necesario prestar especial atención a, por ejemplo, la cuestión de la reforestación, ya que la desforestación es una de las graves repercusiones del huracán. En Nicaragua, pese a la tradicional polarización política, la catástrofe parece haber dado lugar a un cambio de mentalidad hacia una política de consenso verdadera con respecto a los problemas que surgen. Si no se condona al mismo tiempo al menos una gran parte de las deudas de los países principalmente afectados, Honduras y Nicaragua, que además son de los países más endeudados de la región - la deuda exterior de Honduras asciende al 92 % de su PIB, la de Nicaragua al 300 %- la ayuda humanitaria parece insuficiente y además ilógica.
Así pues, en el Banco de Desarrollo Interamericano y en el Fondo Monetario Internacional es preciso sopesar la importancia del fondo fiduciario que debe crearse para la condonación de las deudas multilaterales de los países afectados, y estas deben ser apoyadas por todos nosotros. En Austria, a iniciativa mía ya se está preparando una ley en la materia.
Las medidas de ayuda de la comunidad internacional ya se han adoptado. La parte de la Unión Europea -Estados miembros y Comunidad juntos- es importante y refleja en la forma humanitaria el equilibrio y la importancia de la Unión. Ante todo debemos mostrar, que por las experiencias pasadas también hemos aprendido en el desarrollo de acciones humanitarias. También debemos cooperar con los gobiernos afectados, porque estos tienen la oportunidad, en el marco de la reconstrucción de mejorar sus estructuras, desde un punto de vista económico, técnico, pero también social, ecológico y político. Fomentaremos también las contribuciones especiales del gobierno.
Por tanto, he incluido el tema en el orden del día del próximo Consejo de Ministros de cooperación para el desarrollo porque el 30 de noviembre me gustaría presidir y, espero, que se debatan ideas concretas sobre las medidas de ayuda a largo plazo. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para más preguntas en el transcurso del debate.

Van den Broek
Tal y como ha explicado la Presidenta en ejercicio del Consejo, la Sra. Bonino visita actualmente las regiones afectadas por la catástrofe a fin de evaluar personalmente, en nombre de la Comisión, la situación. Está claro que, aparte de las iniciativas que haya podido tomar la Presidencia, la Comisión ha optado por dar prioridad a la ayuda de urgencia en favor de los grupos de población más vulnerables de la zona. Una primera valoración detallada demuestra que hay una urgente necesidad de alimentos, mantas, medicamentos, cloro, aunque también se necesitan utensilios de cocina y cosas por el estilo. A la espera de un análisis más completo de dichas necesidades, la Comisión ha aprobado por medio del procedimiento de urgencia del artículo 13 del reglamento relativo a la ayuda humanitaria un programa de ayudas de casi 7 millones de ecus. El 4 de noviembre, la Comisión ya pudo aportar una rápida y sustanciosa contribución a las acciones humanitarias internacionales. Este primer plan de emergencia fue llevado a cabo por la Cruz Roja alemana y española en colaboración con sus organizaciones hermanas en los países afectados y once ONG europeas que se encargan de proyectos ECHO en la zona. Más en detalle, esta primera fase se desarrolla como sigue. En primer lugar, consiste en prestar apoyo directo a los planes de emergencia nacionales. En el lugar de los hechos se están realizando enormes esfuerzos de coordinación entre organizaciones nacionales e internacionales, los órganos de las Naciones Unidas, el Banco Internacional de Desarrollo, el Banco Mundial, USAid y los servicios de la Comisión Europea, puesto que, en efecto, la coordinación es fundamental para que se pueda sacar el máximo rendimiento de los recursos humanos y los medios financieros destinados en la zona. Estas medidas se completan con una serie de acciones con carácter regional o sectorial como, por ejemplo, socorrer a las víctimas, organizar evacuaciones con la ayuda de la Cruz Roja y garantizar el abastecimiento de agua, así como medidas encaminadas a proteger la salud pública, suministrando pastillas potabilizadoras para prevenir epidemias, etc. Médicos sin Fronteras desarrolla una gran actividad en la zona y cuenta con nuestro apoyo. Ayudamos a la federación internacional de la Cruz Roja en su tentativa de restablecer la frágil red de comunicaciones que ha quedado seriamente dañada. Es una tarea fundamental en vista de la distribución del primer envío de emergencia. Además de todo lo anterior, los proyectos en materia de ayuda humanitaria que estaban desarrollando las ONG en la zona afectada han sido transformados a fin de satisfacer las necesidades de emergencia más urgentes. Estas ONG ya estaban ahí, gracias a lo cual ya están ofreciendo ayuda de emergencia en este mismo momento. A fin de hacer frente a la situación actual han modificado o ajustado sus proyectos por un importe de aproximadamente tres millones de ecus.
Por lo tanto, la ayuda de emergencia a la que nos referimos en el marco de ECHO asciende hasta la fecha a unos diez millones de ecus, al tiempo que el importe total, incluida la ayuda alimentaria, se aproxima a los 30 millones de ecus. En este momento, los colaboradores de ECHO están buscando recursos suplementarios para iniciar otro programa de ayuda. Es probable que este programa complementario, que seguramente se ultimará en las próximas semanas, disponga de fondos muy similares a los del anterior.
Pero esta ayuda de emergencia, la de la segunda fase, deberá conllevar asimismo un componente de rehabilitación destinado a preparar la transición hacia actividades de relanzamiento más estructuradas así como asistencia para la reconstrucción económica.
Ello me lleva a formular una única observación acerca de las perspectivas para los programas de rehabilitación y reconstrucción a corto y también a medio plazo. Es evidente que primero hay que llevar a cabo un análisis pormenorizado de las consecuencias que ha tenido esta terrible catástrofe para las economías de Centroamérica, aunque no cabe duda de que algunos de estos países han sufrido serios daños estructurales. Las primeras estimaciones resaltan los daños causados en sectores vitales como son la agricultura, la red viaria y los sistemas de abastecimiento.
La Comisión, por su parte, estudia todos los medios financieros potenciales que puedan ser liberados para aportar una sustanciosa y rápida contribución a los esfuerzos internacionales por reconstruir la zona. De ahora en adelante el plan de acción previsto es el siguiente. A corto plazo, es decir, en diciembre del año en curso, la Comisión se servirá de un procedimiento de urgencia para presentar a los Estados miembros una propuesta de financiación que defina el marco de las medidas que hayan de tomarse en el futuro. La propuesta pretende fijar las dotaciones presupuestarias destinadas a la rehabilitación y la colaboración técnica y financiera que aún quedan por determinar antes de que finalice el año. A partir del momento en que las circunstancias permitan acceder a las regiones afectadas, se enviará a la zona una misión multidisciplinar encargada de elaborar una evaluación técnica en estrecha coordinación con nuestros Estados miembros y en coordinación con las autoridades nacionales y otros donantes.
Los programas de desarrollo previstos para 1999 se revisarán y se adaptarán caso por caso, previa consulta a los países beneficiarios. Los proyectos en curso pueden ser reforzados o transformados, poniéndolos al servicio de la rehabilitación o la reconstrucción. Para completar estas iniciativas es posible que en el marco de un enfoque estratégico a medio plazo acabe imponiéndose la necesidad de crear, por ejemplo, un fondo de reconstrucción regional. A este fin, la Comisión puede presentar propuestas al Consejo previa consulta a todas las partes implicadas, incluidos otros donantes y Gobiernos de países beneficiarios. El mayor escollo para esta estrategia es el nivel actual relativamente bajo de los recursos financieros de la línea presupuestaria destinada a la rehabilitación y reconstrucción de los países de Latinoamérica. Se trata de la línea presupuestaria B7-313. En este momento, dicha línea presupuestaria cuenta con unos recursos muy limitados para el año 1999, a saber 4, 25 millones.
Obviamente, aún estamos a tiempo para que la autoridad presupuestaria dote recursos financieros suplementarios con objeto de reforzar la línea presupuestaria que acabo de citar.

Linkohr
Señor Presidente, señorías, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Consejo y a la Comisión por la ayuda de urgencia. Quizá no siempre es evidente en esta Cámara que nos demos las gracias mutuamente, pero me gustaría hacer expresamente una mención de elogio. Me parece muy bien que la Sra. Bonino haya hecho visible a la Unión Europea con su presencia en Centroamérica.
En el escaso tiempo de que dispongo, unas indicaciones: quisiera recomendar -ya que desgraciadamente esta no será la última catástrofe natural que viviremos- que pensemos en crear una especie de ayuda en caso de catástrofes. Hay una serie de países en el mundo que disponen incluso de su propio ministerio para catástrofes para prevenir las catástrofes naturales, con su propia capacidad de transporte, aeropuertos e incluso quizá también satélites.
Como segundo punto quisiera comentar que la ayuda a la reconstrucción a más largo plazo en la región no sólo debe darse en los países sino que debe contribuir a la integración de la región. Medidas de infraestructuras, carreteras, telecomunicaciones, redes de energía, etc., pueden contribuir efectivamente, ahora que todo está destrozado, a hacer de la región en la que viven 30 millones de personas una región común. Como Parlamento Europeo, con el apoyo del Consejo y de la Comisión siempre hemos luchado en el terreno político por el crecimiento de esta región.
Tercera observación: siempre decimos que la ayuda debe ser no burocrática. Por otro lado, debe ser muy bien meditada y planificada a largo plazo y debe concederse con la máxima transparencia posible. Esto es la cuadratura del círculo, lo sé. Quizá podamos debatir sobre el tema, cómo conseguir verdaderamente la cuadratura del círculo, porque si no, otra vez tendremos conflicto con el Tribunal de Cuentas.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, hay desde luego desgracias sobre las que no es necesario abundar en los detalles y yo creo que esto es lo que ha sucedido en el caso dramático del huracán Mitch.
Ahora de lo que se trata es de actuar. Y hasta ahora la Comisión ha actuado pronto y ha actuado bien. Hay que reconocerlo y además hay que valorarlo muy positivamente. Ahora de lo que se trata es de apostar por un ambicioso plan de reconstrucción que tenga un carácter estratégico. Y se trata no sólo de apostar, sino de mantener decididamente esta apuesta. Y este plan, señor Presidente, en mi opinión, tiene que tener varios componentes.
El primero se refiere a la dimensión presupuestaria, y la respuesta de la Unión Europea tiene que estar a la altura de la respuesta que han dado los Estados miembros. Y tengo que decir que me siento particularmente orgulloso de la respuesta que ha dado mi país, España, de la respuesta que ha dado el Gobierno español y de la respuesta que ha dado el conjunto de la sociedad española. Creo, señor Presidente, que en esta dimensión presupuestaria el Parlamento Europeo tiene que dar ejemplo de generosidad y de flexibilidad, como brazo de la autoridad presupuestaria, movilizando el máximo de los recursos posibles. A ello se acaba de referir el representante de la Comisión, Sr. van den Broek. Este plan tiene que incluir también un componente comercial muy importante. Esta Asamblea viene clamando desde hace dos años para que se den a los países de América Central las facilidades del sistema de preferencias generalizadas, del que disfrutan los países andinos, también para los productos industriales. Y esto, señora representante del Consejo, hay que hacerlo ya sin más dilación y sin condición ninguna, porque tengo que decirle que esa doble condición que contiene la propuesta de la Comisión es improcedente -habida cuenta de las circunstancias-, discriminatoria y, además, contraria a la filosofía que ha venido inspirando dichas medidas.
Tiene que haber, señor Presidente, un componente crediticio y, en mi opinión, la Comisión debería hacer un esfuerzo por proponer, dentro de ese plan estratégico, toda una serie de medidas dirigidas a incrementar, aprovechando la magnitud de esta tragedia, los créditos del Banco Europeo de Inversiones a esa región. Y evidentemente tiene que haber un componente referido a la deuda, y aquí no vale decir que la Unión Europea no tiene competencias porque, señor Presidente, está claro que no hay ninguna razón que impida a la Comisión o a este Parlamento pedirle a los Estados miembros que hagan concesiones claras en el tema de deuda.
Y yo le pido, señor Comisario, que, además de todos estos componentes a que me acabo de referir, la Comisión haga uso de su imaginación. Porque en la lucha contra el infortunio y contra la desgracia, muchas veces contra la realidad, por dura que sea, el arma más importante, aunque no lo parezca, no son los recursos que tienen que ser utilizados de forma eficaz y coordinada -como nos ha expuesto la Sra. Ferrero-. Muchas veces la imaginación tiene también un papel importante que desempeñar ante este tipo de situaciones.Y a la Presidencia del Consejo yo le pediría, señor Presidente, que actuase movilizando los mecanismos del diálogo político y convocando una reunión extraordinaria de la Conferencia de San José a nivel ministerial. Creo que esta conferencia ministerial podría, de alguna manera, dar un impulso a esa conferencia o a esa eventual conferencia de donantes a la que se ha referido el representante de la Comisión, Sr. van den Broek, en su intervención. Yo creo, señor Presidente, que es hora de mirar al futuro y esta tragedia puede representar una ocasión para unir más a los centroamericanos para redoblar sus esfuerzos en pos de la integración regional y también para alcanzar mayores cotas de solidaridad.
Resumiendo, señor Presidente, yo le pediría a la Comisión que no escatimase ningún recurso y que movilizase todos sus esfuerzos. Y puede tener usted la seguridad, señor Comisario, de que la Comisión -y le ruego que se lo transmita así al Comisario responsable de esta política, al Sr. Marín- tendrá el respaldo de esta Asamblea porque a los que hacen todo lo que pueden nunca les diremos que no hacen todo lo que deben.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, querría simplemente abundar en los argumentos que mis colegas, en representación tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular, han manifestado en relación con las actuaciones urgentes -y también las posteriores- que debe llevar a cabo la Unión Europea, tanto a nivel del Consejo como de la Comisión, en las zonas afectadas por la catástrofe.
Tuve la oportunidad de visitar el mes de julio los países afectados y pude constatar que estaban experimentando un muy positivo proceso de recuperación después de las luchas intestinas y los graves conflictos que habían padecido, y estaban realmente en la vía de una franca recuperación, con una auténtica voluntad de cooperación.
La naturaleza, de una manera desafortunada y brutal, en pocas horas, ha destrozado el trabajo de los últimos años. Creo que nosotros, desde nuestra posición privilegiada en Europa, hemos de mostrar la máxima solidaridad con las sociedades y los pueblos afectados y hemos de tener en cuenta estos aspectos urgentes en los que lógicamente las administraciones públicas -a todos los niveles, empezando por las propias administraciones de la Unión Europea, las de los Estados miembros y las otras administraciones que los integran- deben tener una participación muy directa junto con las Organizaciones No Gubernamentales. Quiero insistir en que es fundamental la revisión del tema de la deuda, que no se convierta en un yugo para la posible recuperación, y -como proponemos en nuestra propuesta de resolución común- también es fundamental el sentar las bases para una recuperación a medio y largo plazo que permita consolidar y recuperar este proceso que -como dije- en julio tuve ocasión de comprobar personalmente que se estaba produciendo.

Guinebertière
Señor Presidente, el huracán Mitch ha arrasado América Central, sembrando la destrucción a su paso. No sería más que un acontecimiento de actualidad pasajero si no hubiera, detrás de todo esto, un drama humano inconmensurable que, desafortunadamente, seguirá siendo durante mucho tiempo aún una herida abierta. En todas las épocas, la naturaleza se ha manifestado a través de sus excesos, que provocan catástrofes naturales que, por desgracia, se producen con demasiada frecuencia en regiones ya pobres, añadiendo a la precariedad económica el drama de lo inhumano, la pena, la desolación, la separación, las enfermedades y la angustia por el futuro.
Como miembro de la delegación interparlamentaria para las relaciones con los países de América Central, tuve ocasión de viajar el pasado mes de mayo con otros colegas a Honduras y pudimos medir hasta qué punto, incluso en Tegucigalpa, su capital, la mano tendida de la Unión era ya un auxilio para aquellas personas, antes del paso del huracán. Hoy ya no tenemos solamente un deber hacia ellos, sino una verdadera deuda moral, que ha de traducirse en un compromiso a largo plazo.
Toda la comunidad internacional se manifestó inmediatamente, y esta espontaneidad no es cualquier cosa cuando sabemos que se han aportado víveres, ropa, medios de transporte, filtros para el agua, medicamentos y hospitales móviles y, al igual que mi colega, yo también estoy orgullosa de ser francesa. Y si, por supuesto, considero de gran interés toda la ayuda urgente que se ha aportado a esos países y rindo un homenaje a los hombres y mujeres que se han comprometido, allí mismo, a desplegar todos los esfuerzos necesarios para reconstruir infraestructuras mínimas para la acogida de una población que carece absolutamente de todo, creo que lo peor sería el olvido después de esta ayuda urgente.
Tras esta movilización solidaria, es preciso que las naciones ricas del mundo, además de la condonación de la deuda, elaboren en conjunto un plan de reconstrucción de la zona, en conexión con los Gobiernos de esos Estados. Evitemos, sin embargo, caer en la trampa que consistiría en decidir por ellos, ya que creo que se ha encontrado la ocasión para apoyar la evolución de las prácticas democráticas de estos países. Acompañemos esos planes con un diálogo estrecho con los Gobiernos, pero también con las poblaciones y las organizaciones, a quienes debemos dar los medios para que sean los protagonistas de su propia recuperación.

González Álvarez
Señor Presidente, estoy completamente de acuerdo con la Presidenta en ejercicio del Consejo, Sra. Ferrero-Waldner, cuando decía antes que el huracán había sido muy fuerte, había sido terrible, pues era de nivel 5. Pero, sin embargo, también hay que tener en cuenta -y yo creo que hay muchas organizaciones no gubernamentales que así lo están haciendo notar- que si hubiera habido una vivienda que no fuera infravivienda, si hubiera habido una red cívica que hubiera previsto lo que podía ocurrir, si hubiera habido, en definitiva, unos derechos humanos más consolidados en esa zona, el huracán hubiera tenido efectos menores. Y estoy de acuerdo con muchas de las cuestiones planteadas aquí por los Sres. Salafranca y Linkohr en lo relativo a las preferencias generalizadas para esos países.
Sin embargo, yo voy a transmitirles en el poco tiempo que me queda lo que nos dijeron algunos diputados y algunas organizaciones de Centroamérica la semana pasada en un seminario que hubo en Bruselas. Voy a exponerles sus preocupaciones:
En primer lugar, que hay que revisar, en esta ocasión, los acuerdos de cooperación y hacerlos, como decían otros compañeros, a más medio y largo plazo para la reconstrucción de la zona.
En segundo lugar, debe haber un control para que la ayuda llegue a los afectados. Desgraciadamente, en el pasado no siempre ha sido así.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta, para la distribución de la ayuda, a los ayuntamientos. Hay pequeños ayuntamientos que se encuentran con muchas dificultades y con pocos medios para hacer frente a sus dificultades.
En cuarto lugar, hay que pedir la condonación de la deuda, que todos sabemos que es el 300 % del producto interior bruto en Nicaragua, pero que en otros países es también importante.
Y, en quinto lugar, es necesario que la condonación de la deuda no vaya a aliviar las preocupaciones de los Gobiernos sino que vaya a aliviar las necesidades de los pueblos. Y para ello es necesario que el montante de la deuda sea destinado a proyectos concretos de recuperación de la zona.
Yo también me siento orgullosa -como planteaba el Sr. Salafranca- no sólo por la actuación del Gobierno español sino sobre todo por la del pueblo español que ha demostrado tener un gran sentido de solidaridad. Pero eso es en este momento. Vamos a ver qué pasa en enero y febrero. Es necesario que todos continuemos actuando más allá de este momento de emoción por lo que ha ocurrido en Centroamérica.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, una catástrofe de esta envergadura exige una reacción que va mucho más allá de lo que se ha hecho nunca. Miles de personas han muerto o lo han perdido todo, también porque no se tomó ningún tipo de precaución ante el poderoso huracán, porque los pobres se alojan en las condiciones más precarias, porque partes enteras de la agricultura industrial han quedado asoladas. Centroamérica está arrasada, la reconstrucción durará décadas. Pero, para que esta reconstrucción tenga éxito, los países necesitan no sólo la concesión eficaz de paquetes de ayuda. Debe elaborarse un plan de reconstrucción de gran alcance, no unas ayudas deslabazadas que dejamos escurrir por canales dudosos o aceptables para el gobierno.
Una reconstrucción bien coordinada debe tener como objetivo principal la mejora de la situación de la población. Salud, educación, vivienda y una reforma agraria radical deben tener la máxima prioridad. Para ello, los implicados deben tener derecho de control y de codecisión. Centroamérica necesita que se le condone totalmente la deuda exterior bilateral. Francia ha dado ya un buen ejemplo. No obstante, no se trata de amortizar lo que, así y todo, ya no puede recuperarse. También hay que condonar las deudas multilaterales. El FMI y el Banco Mundial deben subvencionar créditos, pero que no deben estar vinculados a medidas de ajuste estructural.
Los gobiernos europeos, por tanto, deben utilizar expresamente su voz equilibrada en el FMI y el Banco Mundial para evitar ser condicionados. Las perspectivas de Chiquita, señala The Guardian hoy, son risueñas. Las multinacionales del plátano deben dejar que los seguros sufraguen la reconstrucción de sus instalaciones, pero sus trabajadores se quedan en la calle. Los consorcios multinacionales, que por ejemplo en Honduras durante años apenas han pagado impuestos, deben afrontar ahora sus responsabilidades. El asolamiento producido como consecuencia de un huracán no es sólo un desastre natural que aqueja a los hombres. La destrucción de la capa de ozono, el uso indiscriminado de los recursos naturales y el envenenamiento acelerado del medio ambiente también tienen su parte de culpa en la catástrofe. Esta no será la última si no cambiamos radicalmente de mentalidad en los países industrializados.

Escolá Hernando
Señor Presidente, cada día que pasa, y conforme se evalúan las pérdidas en vidas humanas y en daños materiales ocasionados por el huracán Mitch, comprobamos la auténtica dimensión de la catástrofe. En esta ocasión la naturaleza no ha tenido piedad con los países centroamericanos, pero bueno será recordar -y así lo hace el Parlamento- que ha sido la mano del hombre la que con su negligente actuación ha propiciado que el cambio climático potencie desastres naturales como este. Debemos ser conscientes todos -y especialmente los países industrializados- de que de no cambiar radicalmente nuestro comportamiento, detrás del huracán Mitch llegarán otros huracanes con los mismos y devastadores efectos.
En Centroamérica, Señorías, los más débiles -como ocurre casi siempre- son los que más han perdido. Por eso, constituye una obligación ineludible asegurarnos de que las ayudas se emplean de la forma más coordinada, efectiva y eficiente posible para que lleguen prioritariamente a quien más las necesita y no constituyan un foco de corrupción como desgraciadamente, en otras situaciones similares, ha podido ocurrir.
Finalmente, queremos mostrar públicamente nuestra satisfacción por las excelentes muestras de solidaridad que tanto los ciudadanos de la Unión a título individual como las propias instituciones que los representan, en especial las instituciones europeas, han demostrado. Debemos felicitarnos por la rápida respuesta dada a una situación que exigía soluciones urgentes. Cuando en tantas ocasiones nos hemos quejado de la lentitud burocrática con que Europa responde a los problemas, hoy debemos ser capaces de agradecerlo. Ahora sólo es necesario redondear la actuación condonando totalmente la deuda de los países afectados.

Blokland
Señor Presidente, la catástrofe que asoló a Centroamérica nos ha conmocionado profundamente. Cada vez que estas fuerzas de la naturaleza se desatan, desenfrenadas, dejando por doquier un reguero de destrucciones, muertos y heridos, se apodera de nosotros una sensación de total impotencia. Incluso en esta sociedad moderna llena de posibilidades técnicas la naturaleza nos depara sorpresas ingratas. Aunque, en este caso concreto, no se trataba precisamente de una noticia inesperada, puesto que, poco antes, la llegada del huracán Mitch había sido ya anunciada.
De todos modos, estaba claro que las consecuencias de este huracán no se harían esperar. La propia organización de la zona afectada ha intensificado aún más el alcance de la catástrofe. Los latifundistas expulsaron a los campesinos pobres a las laderas de las montañas situadas en un nivel superior para que ejercieran su actividad en esas altitudes. Las consecuencias han sido desastrosas. En estas laderas deforestadas el huracán tenía el campo libre, arrastrando todo lo que se encontrara a su paso en un aluvión de lodo de efecto devastador.
Pero, en este momento, lo más importante es que se preste la ayuda apropiada. Ya se han hecho muchos esfuerzos, por parte de países de todo el mundo, incluidos los países europeos. Los demás países europeos habrían de seguir el ejemplo de Estados como Francia y los Países Bajos, que han condonado las deudas de las regiones afectadas. Lo mismo digo con respecto a la suspensión de pagos concedida por entidades financieras y organizaciones financieras internacionales.
A largo plazo, es necesario elaborar un programa de orientación socio-ecológica que permita ayudar a los campesinos y restablecer la naturaleza. En este sentido, resulta imprescindible la colaboración de los latifundistas a fin de lograr un desarrollo realmente sostenible que, entre otras cosas, debería incluir medidas eficaces contra la erosión. Nos parece aconsejable que las diferentes ONG participen activamente en este programa.

Amadeo
Señor Presidente, quiero hablar de la condonación de la deuda para darle un respiro a la economía de los países afectados por la catástrofe. No a todos los países puede aplicarse el mismo criterio: Guatemala y El Salvador parecen países más ricos que Nicaragua y Honduras o al menos menos pobres. Establecido el criterio de la condonación de la deuda, precisamente por la diferencia entre las diferentes rentas nacionales, se podría deparar un tratamiento distinto según la situación económico-financiera del país afectado. Así, a los países menos desventajados se podrían aplicar las cláusulas, acordadas en Nápoles en el marco de la reunión del G7 del año 1993 que preveían una condonación de la deuda del orden del 66 %, mientras que a los más desventajados podría aplicarse el Acuerdo de Lyon del G7 del año 1997: condonación hasta el 80 % de la deuda.
En Nicaragua, así como en Honduras, se espera que empeore la ya difícil situación económica con repercusiones deletéreas en un umbral de pobreza que, según los cálculos, hoy por hoy, afecta al 60/ de la población, con un aumento de las tasas de paro que actualmente se sitúan en el 53 % en Nicaragua y en el 30 % en Honduras.

Manzella
Señor Presidente, la rápida reacción de las Instituciones comunitarias y de la sociedad civil es una señal de que hemos empezado con buen pie. No obstante, sólo hemos empezado, todo lo demás está por hacer y este Parlamento espera con gran interés el informe de la señora Comisaria Bonino y las propuestas que nos va a sugerir. En realidad, la catástrofe ocurrida en Centroamérica no es solo una catástrofe natural y humana sino también y sobre todo una catástrofe política.
A lo largo de todos estos años, hemos reflexionado sobre Centroamérica en términos de unidad política. Reflexionamos en estos términos sobre la pacificación regional ante las guerras que la han destrozado, y ahora existe la posibilidad de que se vuelva a abrir una brecha social. Hemos apoyado al PARLACEM, el Parlamento de Centroamérica. Hemos razonado siempre en términos de interdependencia regional. Pues bien, ahora tenemos que tratar de reproducir esta interdependencia en la proyectada segunda etapa de nuestra acción. Debemos reflexionar en términos de interdependencia tanto sobre el plan para hacer frente a un desempleo masivo que se ha producido inmediatamente, como sobre el plan infraestructural y el plan financiero -con relación al cual, efectivamente, la cuestión de la condonación bilateral y multilateral de la deuda debe plantearse tanto por cada uno de los Estados miembros como por la Zona Euro respecto a los países afectados, así como respecto a las organizaciones internacionales- y asimismo debemos reflexionar sobre la concentración multilateral entre los países donantes que, naturalmente, deben actuar, como decía el Sr. Salafranca, de acuerdo con la Conferencia de San José con el fin de que se aprecie una presencia continua de la Unión que no se limita a estas fases de emergencia.

Liese
Señor Presidente, señoras y señores, yo también quiero expresar mi sincero dolor y consternación a los habitantes de los países centroamericanos. Voy a continuar en alemán.
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, lo hemos escuchado muy a menudo. La magnitud de la catástrofe es inmensa, de un calibre que jamás se había producido en la región. Por tanto, debemos hacer todo lo posible para proporcionar una ayuda lo más amplia y buena posible. Ahí no puede haber ningún tabú. Ya lo he dicho en una reunión de nuestra delegación. Como Parlamento debemos examinar rápidamente con el Consejo cómo podemos reservar los recursos del presupuesto que sean necesarios para la ayuda. Los recursos en los que se ha pensado ahora tienen que ser sólo el principio, porque se necesitan años y mucho dinero para la reconstrucción. Nicaragua y Honduras eran ya antes dos de los países más pobres del mundo, y ahora serán todavía más pobres. También necesitamos dinero y para ello debemos seguir un procedimiento muy convencional. Por ello querría proponer lo que ya he propuesto en la reunión de la delegación: debemos reflexionar seriamente sobre la posibilidad de destinar fondos del Fondo de Desarrollo Europeo, dada la especial dificultad, para esta catástrofe. Evidentemente, Honduras y Nicaragua no son países ACP, pero en estas circunstancias tenemos que pensar de modo no convencional. Por ejemplo, si no se puede recurrir a fondos de los países ACP, quizá se puedan extraer de las ayudas a las catástrofes y a la reconstrucción.
A largo plazo, pienso que estos países deben ser miembros del Convenio de Lomé porque, ¿qué derecho tenemos realmente a excluir a estos países, de los más pobres del mundo, que ahora van a ser aún más pobres, del régimen de preferencias y de la ayuda financiera de Lomé? En verdad no tenemos ninguna justificación. Si queremos ser verdaderamente honrados, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano. Eso es así.

Linser
Señor Presidente, señorías, la situación por la que atraviesa América Central es desoladora: 12.000 muertos, 18.000 desaparecidos. En Honduras, el 90 % de los ingresos procedentes de la industria del plátano se han arruinado y el 70 % de las carreteras ha quedado destrozado. Una gran parte de los países centroamericanos ha retrocedido años en su nivel de desarrollo. La ayuda humanitaria de la Unión Europea es vital para evitar una escalada peligrosa de la situación política en Nicaragua. Por supuesto, hay que acoger favorablemente el empleo eficaz de los recursos, tal como se pide en la propuesta de resolución.
Junto a los aspectos humanitarios, a favor de los que todos estamos firmemente resueltos en esta Cámara y sobre los que animamos resueltamente a la Comisión, quisiera añadir un aspecto a los que ha mencionado el Sr. Kreissl-Dörfler. Muchos expertos coinciden en que el elevado nivel de los gases que originan el efecto invernadero es una de las causas fundamentales de esta catástrofe ambiental. En estas circunstancias no entiendo que con motivo de la cumbre sobre el clima, celebrada en Buenos Aires, se hayan prorrogado dos años más las normas sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pienso que precisamente teniendo en cuenta estas catástrofes naturales es absolutamente imprescindible que la Unión Europea se pronuncie a favor de una reducción rápida y a escala mundial de las emisiones de CO2 .

Cabezón Alonso
Señor Presidente, gracias a la Comisión y al Consejo por esta comparecencia.
En la región de América Central pasará más de una generación antes de que se superen las consecuencias del huracán Mitch, ese maldito huracán que ha dejado un siniestro recuerdo de dimensiones superiores a las que inicialmente podíamos pensar. El área afectada ha retrocedido varias décadas y ha visto quebrados sus esfuerzos por superar las profundas heridas de su pasado más reciente.
Los países afectados se han encontrado con su realidad: una mínima capacidad de respuesta y unas estructuras de Estado muy débiles para hacer frente a los daños. Vemos a unas sociedades que, resignadas, se resisten, a pesar de todo, a perder hasta la esperanza ante las tragedias que periódicamente sufren, como si se tratara de un Sísifo colectivo que ve cómo se deshace su obra cuando está a punto de concluirla.
Felicitaciones sinceras a la Comisión por su respuesta inmediata, fundamentalmente en la ayuda humanitaria, y también a los Estados miembros que han respondido con igual rapidez. Nuestras sociedades -conozco la respuesta española- han sido solidarias y generosas, e incluso en ocasiones han superado a la respuesta gubernamental, pero las medidas tomadas hasta hoy, siendo importantes, no serán suficientes. Los Gobiernos deben resolver el problema del endeudamiento de estos países en un acto de estricta justicia y como un mecanismo útil para cooperar a reactivar la economía de estos países.
Deseo que mi Gobierno, el Gobierno español, condone la deuda de estos países y que también lo hagan el resto de los Estados miembros, y que esa deuda se reconvierta en infraestructuras físicas, sanitarias, educativas o medioambientales. Será necesario, se ha dicho, un plan de asistencia y de reconstrucción regional que debiera estar avanzado en enero o febrero, y las instituciones de la Unión Europea deberán sin duda flexibilizar sus mecanismos financieros y presupuestarios para apoyar ese plan de reconstrucción. La tragedia de dolor y muerte ya la causó el huracán y a nosotros, a todos nosotros, nos corresponde la obligación de aliviar sus consecuencias y ayudar a construir su futuro.

Robles Piquer
Señor Presidente, como vicepresidente del Grupo del PPE, encargado de las relaciones con América Latina, quiero expresar brevemente la solidaridad de nuestro Grupo con las víctimas de la tragedia y también nuestra satisfacción porque esa solidaridad popular y oficial haya sido de la intensidad que conocemos. Quiero también señalar la satisfacción que nos produjo la rapidez con la que se reunió la Delegación para las Relaciones con América Central y México de este Parlamento, convocada por el Sr. Salafranca, la nutrida presencia de colegas en esa reunión extraordinaria, la asistencia a ella del Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Marín, y de la Comisaria, Sra. Bonino. Y finalmente también, hay que celebrar la nutrida presencia de la ayuda europea, no de cada uno de nuestros Estados por separado, sino de todos ellos en su conjunto. Quizás esa ayuda se pueda simbolizar en los viajes que han efectuado a la zona el Príncipe de España, D. Felipe de Borbón, el Sr. Presidente Chirac y también la Sra. Comisaria Bonino. Esos tres nombres probablemente son la mejor manera de reflejar la ayuda europea que naturalmente no faltará en el futuro.

Newens
Señor Presidente, los países de América Central que quedaron devastados por el huracán Mitch estaban ya gravemente perjudicados por las secuelas de años de guerra civil. En todos ellos las elevadas tasas de analfabetismo, una pobreza agobiante y la carga demoledora de la deuda internacional revisten carácter endémico, como hemos podido comprobar todos los que hemos visitado la zona. Azotados ahora por la tormenta más mortífera del siglo, innumerables poblados de chabolas, puentes y carreteras se han visto arrastrados por las aguas, que han destrozado las cosechas, diezmado el ganado, eliminado el abastecimiento de agua, y causado la muerte de muchos miles de personas. La Unión Europea y todos los que han proporcionado ayuda de emergencia son dignos del más sincero elogio.
Las medidas adoptadas para aliviar la carga de la deuda son también de importancia vital, pero llevará años y años el reconstruir las economías de esos países que, para colmo, eran desesperanzadamente pobres. Tenemos que aceptar el hecho de que existe la acuciante necesidad no solamente de instituir una moratoria del servicio de la deuda sino también de cancelar la deuda. Honduras y Nicaragua no podrán pagar nunca el interés de lo que deben y no basta con aplazar la obligación de hacerlo. Además, no hay que permitir que la ayuda para el desarrollo a plazo mediano y a largo plazo se restrinja, particularmente en el caso de las necesidades sociales.
En lo que se refiere a la propiedad de la tierra la cuestión de la tenencia plantea toda clase de problemas. La necesidad de instituir una reforma agraria es más urgente que nunca. La Unión Europea se viene preocupando desde hace mucho tiempo por el caso de América Central, por ejemplo en el proceso de San José. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos de ayuda. El Consejo, la Comisión y el Parlamento tienen que facilitar la utilización, para fines de socorro, de nuestros fondos presupuestarios que no se han utilizado.
El desastre nos recuerda también la necesidad de desplegar una acción internacional de mucho calibre para limitar los daños producidos al medio ambiente por los cambios climáticos, que de lo contrario seguirá causando catástrofes cada vez más frecuentes, algunas quizá peores que la catástrofe de la que estamos hablando esta tarde.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, ¿puedo responder brevemente al respecto una vez más? En primer lugar, les agradezco sinceramente el apoyo que han expresado en las diferentes intervenciones, así como las muchas observaciones y reflexiones por parte del Parlamento, que sin duda serán de gran ayuda para la reunión del Consejo de Ministros de cooperación al desarrollo del 30 de noviembre, para volver a trabajar sobre estos temas.
En resumen puedo decir lo siguiente: en primer lugar se plantea la cuestión de la coordinación de la ayuda humanitaria -como las ayudas a la reconstrucción y al desarrollo-, y en este sentido deberíamos llevar a cabo una coordinación, al menos entre los asociados, tarea que la Presidencia quiere asumir sobre todo sobre el terreno. En segundo lugar, es fundamental, naturalmente, abordar la cuestión de la deuda. Esto también se discutirá en el Consejo de Asuntos Generales. Ante todo debemos debatir este tema en el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, y naturalmente también los preparativos de la conferencia de donantes. Los días 10 y 11 de diciembre se celebrará en Washington una conferencia de donantes, en la que, en el marco del Banco de Desarrollo Interamericano, se establecerá qué contribuciones hay que seguir fomentando. Se ha programado una segunda conferencia para marzo en Estocolmo, que se dedicará fundamentalmente a preparar la reconstrucción a largo plazo.
Con respecto a la deuda, es obvio que hay que distinguir claramente entre la deuda bilateral -los créditos al desarrollo por un lado y a la exportación por otro- y la deuda multilateral, sobre todo la iniciativa HIPC, que realmente fomenta la constitución de un nuevo fondo, que por supuesto apoyaremos y desarrollaremos desde la Presidencia, o el recurso al fondo ya existente en el Banco Mundial, que apoyaremos en cualquier caso.
Aparte de esto, en el debate se ha aludido a lo que ya había mencionado. Quizá unas palabras sobre la conferencia sobre el cambio climático. Todos sabemos que la Unión Europea por supuesto intenta, aunque no es fácil, que se sumen a esta partida todos los «grandes jugadores».

Van den Broek
Yo también quisiera darles las gracias, a título personal y en nombre de la Comisión y de Emma Bonino y Manolo Marín, que no han podido asistir a este intercambio de ideas en el que, sin duda, hubieran participado con mucho gusto, por el gran consenso y las numerosas muestras de solidaridad que todos podemos manifestar aquí hacia esta catástrofe inhumana que ha asolado a tantas personas y a tantos países de Centroamérica. Aún voy a hacer un pequeño comentario, con motivo de la intervención del Sr. Salafranca. Es cierto que la Comisión no tiene competencia en materia de deudas, pero, atendiendo a la Presidencia del Consejo, pienso que todo el mundo está de acuerdo en que debemos ir más allá del esfuerzo meramente humanitario. En que la comunidad internacional, a la vista de las circunstancias actuales, debe empeñarse en aliviar las enormes deudas de los países afectados, condonándolas ahí donde fuera posible
Mi segunda observación se refiere al diálogo de San José al que ha aludido el Sr. Salafranca. Mis recuerdos al respecto se remontan a un pasado mucho más lejano, el proceso de Contadora y asuntos por el estilo. Me imagino, y estoy convencido de que el Sr. Marín e incluso la Presidencia del Consejo comparten esta opinión, que, en cuanto la situación en Centroamérica se haya normalizado un poco, se hayan tomado las decisiones financieras correspondientes y se haya creado efectivamente un programa de reconstrucción, se considerará la posibilidad de entablar un diálogo entre la Unión Europea y los países centroamericanos en este contexto de San José. Me parece una idea extraordinariamente constructiva.

El Presidente
Muchas gracias, señor van den Broek.
He recibido una propuesta de resolución para cerrar el presente debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.

Situación del proceso de paz en el Oriente Medio
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración del Consejo relativa a la situación del proceso de paz en el Oriente Medio.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señoras y señores diputados, la Unión Europea sigue teniendo siempre la necesidad de adoptar una normativa sobre la paz en Oriente Medio que sea general, justa y sostenible. Sus principios están contenidos entre otros en las resoluciones independientes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En este contexto hay que mencionar el derecho de todos los países de la zona a una existencia en seguridad, en unas fronteras reconocidas internacionalmente, así como el derecho de los palestinos a la autodeterminación, para cual no cabe excluir ninguna opción.
En consecuencia, la Unión ha apoyado plenamente el contenido de los acuerdos de Madrid y de Oslo, que han puesto en marcha el actual proceso de paz en Oriente Medio. Con creciente preocupación vemos cómo la evolución de este proceso se ha estancado peligrosamente desde principios de 1997. Esta difícil situación han intentado contrarrestarla los Estados Unidos y la Unión Europea reforzando todos sus esfuerzos de mediación, sobre todo el enviado especial de la UE a Oriente Medio, Miguel Moratinos, para proponer a las partes en conflicto diversas propuestas para solventar los puntos de divergencia.
El 23 de octubre de este año, tras difíciles negociaciones entre el presidente Netanyahu y el presidente Arafat se llegó a la firma del Acuerdo de Wye Plantation en Washington, en cuya realización han tenido una intervención decisiva los Estados Unidos y el Presidente Clinton, así como el Rey Hussein. Este acuerdo recién alcanzado debe representar el deseado detonente que vuelva a poner a en marcha el proceso de paz tras año y medio de estancamiento.
Con la firma de este acuerdo, las partes en conflicto han proseguido el proceso de Oslo con una nueva retirada de tropas israelíes de Cisjordania contra garantías de seguridad globales por parte palestina. Ambas partes acordaron la rápida reanudación de las negociaciones en un estatuto final y la no adopción de medidas unilaterales. Los EE.UU. han asumido una función de garantes y árbitros en la realización del Tratado.
El Acuerdo de Wye Plantation puede ponerse muy fácilmente en peligro por la escasísima confianza que reina entre las partes. Parece especialmente importante que, dadas las circunstancias, ambas partes abandonen todas las acciones unilaterales que puedan ser perjudiciales para el resultado final de las negociaciones del estatuto definitivo. Por otra parte es positivo y digno de mención que por primera vez el actual gobierno israelí haya aceptado explícitamente con su firma el principio de «tierra por paz».
La Unión Europea ha aceptado expresamente el Acuerdo de Wye Plantation, y por otra parte ha señalado que el éxito o el fracaso dependerá de la aplicación rápida del acuerdo. La ratificación del acuerdo por parte del Parlamento israelí es un paso muy importante en esa dirección.
La Unión Europea apoyará la ejecución del memorándum de Wye en todos los ámbitos en los que pueda aportar una contribución complementaria constructiva. Esto se refiere especialmente a los aspectos del acuerdo provisional palestino-israelí, como la apertura del aeropuerto y la construcción del puerto de Gaza y la seguridad de la conexión de carreteras entre la Franja de Gaza y Cisjordania. La Unión Europea ya está llevando a cabo actualmente un programa de apoyo al antiterrorismo para los palestinos y prepara otro pequeño programa en el marco del comité de seguridad mixto palestino/UE.
Independientemente de los progresos en la ejecución del acuerdo de Wye Plantation, el primer periodo de cinco años de la ayuda de la UE para los palestinos finalizará a finales de este año. Los Estados Unidos han invitado a Washington para el 30 de noviembre a una nueva conferencia de donantes a nivel ministerial, para garantizar que se prosiga el apoyo a los palestinos. La Unión Europea ha decidido ya, por principio, mantener para otro periodo de cinco años el elevado nivel de la ayuda para el pueblo palestino.
El ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Wolfgang Schüssel, ha realizado un viaje a la zona como presidente del Consejo de la UE en compañía del enviado especial, Miguel Moratinos, así como de un representante de la Comisión, los días 12 a 15 de noviembre, durante el cual visitaron Jordania, Israel, los Territorios Palestinos, Siria, Líbano y Egipto y mantuvieron conversaciones políticas. El objetivo del viaje era examinar las posibilidades de una participación activa de la Unión Europea en la realización del acuerdo de Wye Plantation. La fecha inmediata tras la firma del citado Acuerdo fue especialmente favorable a este fin. Las conversaciones con todos los partidos regionales fueron muy abiertas y sustanciales. Se pudo comprobar que el papel de la Unión Europea en el proceso de paz es apreciado por todas las partes y que en muchos respectos existe el deseo de un compromiso aún más fuerte por parte de la Unión Europea, no sólo, aunque también, por parte del enviado espacial de la UE, Sr. Moratinos.
En Israel se desea esto, no obstante, sólo en ámbitos concretos de cooperación, y no -esto se dijo claramente- en el terreno político. Contra la aplicación del memorándum de Wye ha habido enorme resistencia, no sólo por parte israelí, sino también por parte palestina. La posición de Israel parece inflexible en lo concerniente a Jerusalén, las zonas de seguridad en torno a Jerusalén y al valle del Jordán, así como en la construcción de los asentamientos existentes. Por el contrario, hay disposición por parte israelí a una cooperación pragmática con el lado árabe en materia de recursos hídricos e infraestructuras -por ejemplo, en la construcción de ferrocarriles.
Los negociadores en Egipto, Siria y Libia se expresaron de modo muy escéptico sobre el memorándum de Wye y sobre la disposición de Israel a ponerlo en práctica. Por parte de los palestinos se dejó traslucir un cierto pesimismo. En lo que respecta a la recuperación general deseada del componente multilateral del proceso de paz, expresada sobre todo por Israel, según manifestaron los negociadores árabes, en tanto no se ponga en práctica el acuerdo de Wye y en tanto no se reanuden las conversaciones de paz con la participación sirio-libanesa.
A la luz de los acontecimientos producidos a raíz del Acuerdo de Wye Plantation, de las impresiones habituales de los presidentes del Consejo del viaje a Oriente Medio se derivan las siguientes tareas o posibilidades urgentes para el proceso de paz en la zona que debemos cumplir o garantizar para apoyar la paz y el fortalecimiento de la presencia europea en esta región. Así, está estrictamente prohibido que con vistas a la conferencia de donantes del 30 de noviembre en Washington se elabore una posición común de la UE que la Unión pueda defender con fuerza.
Dado que Europa presta el 60 % de ayuda económica a los palestinos, debe concederse a los europeos en dicho encuentro una influencia sustancial, que debemos aprovechar en nuestra dirección. Como impulso importante a las medidas de apoyo en las conversaciones sobre el estatuto definitivo, parece muy deseable un encuentro a cuatro bandas entre la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y los palestinos, en el que se pueden abordar problemas como el agua, los refugiados o las infraestructuras. Igualmente válida es la creación de un grupo de trabajo bilateral entre la Unión Europea e Israel sobre los asuntos del agua y los proyectos.
También hay que fortalecer la Unión sobre la reactivación de la vía de negociación sirio-libanesa, donde el enviado especial de la UE, Sr. Moratinos, debe proseguir su iniciativa. El ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Schüssel, de la Presidencia del Consejo, presentará el 7 de diciembre en el Consejo de Asuntos Generales propuestas concretas para un papel más efectivo de la UE en el proceso de paz de Oriente Medio.
Precisamente en este proceso difícil y complejo no debemos dejarnos desanimar por las sucesivas derrotas que se produzcan. Tanto a nivel político como en otros ámbitos debemos iniciar, coordinar y apoyar medidas de cooperación lo más concretas y globales que sea posible. Con ello podemos contribuir a crear confianza, a discriminar mejor los conflictos existentes y potenciales y evitar que todo el proceso llegue a un callejón sin salida que conduzca de nuevo a una espiral de violencia y enfrentamiento en el próximo Oriente Medio, cosa que todos queremos evitar, aunque sea porque va a favor de nuestros propios intereses.

Swoboda
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, gracias por su informe. En realidad hay pocos motivos de alegría. Estos es preciso reconocerlo, sobre todo la ratificación por parte del Knesset en días pasados. No obstante, hay que decir al respecto que en este punto han dado pasos, a pesar de la existencia del terrorismo de las bombas, cosa que hasta ahora era el pretexto que utilizaban el Gobierno y el Parlamento israelíes para no dar pasos encaminados a la paz. Por otro lado, es necesario fijar condiciones para esta decisión y hay la acción del gobierno con respecto a Jerusalén, sobre todo Har Homa. Quisiera declarar con mayor claridad de lo que pueda hacerlo la Presidenta del Consejo lo siguiente: para nosotros en Europa, en cualquier caso para mi Grupo, es totalmente inadmisible que el Gobierno israelí siga intentando incluir a todas las partes representadas en Jerusalén en el territorio político israelí. Tiene que haber más respeto, tanto frente a la parte palestina, como, naturalmente, frente a las religiones de alcance internacional.
En segundo lugar, es muy importante, a mi modo de ver, y al menos he tenido noticias de que por parte árabe y palestina se ve así, que la Unión Europa en cierta medida lleve a cabo un seguimiento de la ejecución de los acuerdos de Wye Plantation. Debemos aspirar a ello, debemos recibir información exacta sobre lo que pasa. Así como ya hay un seguimiento y un control sobre los asentamientos, debe haberlo sobre la retirada progresiva; esta es la petición de mi grupo.
Apoyo plenamente lo que ha dicho la Sra. Presidenta con respecto a las inversiones que queremos y debemos apoyar. El Parlamento está preparado. Aunque se trate de cantidades exiguas, debo decir al Comisario, para que siga dirigiendo, para que las ONG israelíes y palestina desarrollen un buen trabajo por encima de las fronteras, sobre todo en el contacto personal, para que desarrollen un buen trabajo, y sean apoyadas de modo suficiente y adecuado. Señor Comisario, señor representante de la Comisión, vean ustedes cuánto tiempo se desperdicia en las diferentes organizaciones entre una promesa y la financiación. Es totalmente inaceptable.
Un último punto muy importante: el 4 de mayo de 1999, tal como muestra el calendario, está al caer. Mi grupo reconoce plenamente el derecho de los palestinos a declarar la independencia unilateralmente, si no se llega a los pertinentes acuerdos con Israel, de modo que debemos velar por que se produzcan estos acuerdos, o acuerdos sobre la independencia o acuerdos sobre un aplazamiento de esta fecha, si Israel reconoce el principio de la existencia de un Estado palestino. La Unión Europea debe esforzarse en los próximos tiempos por que esa fecha, el 4 de mayo de 1999, no sea el principio de una nueva crisis, sino en el momento en que se produzca una declaración de independencia o, en caso de que se produzca más tarde, que se adopten acuerdos intermedios y que el gobierno israelí reconozca plenamente el principio de un Estado palestino.

Provan
Señor Presidente, quisiera dar gracias al Comisario y a la Presidenta en ejercicio del Consejo por sus declaraciones. Tomo la palabra hoy con cierta desconfianza porque esperaba, y estoy seguro de que muchos de mis colegas compartían mi esperanza, que nos hallaríamos mucho más cerca de alcanzar la paz en el Oriente Medio. Acogemos con satisfacción las declaraciones de Yassir Arafat que dice que no tiene intención de recurrir a la violencia para alcanzar sus objetivos, pero seguimos viendo que la violencia continúa.
Hemos de reconocer que Yassir Arafat ha dado pruebas de valor al detener a algunos de los dirigentes de Hamas. Su actitud debe suscitar la satisfacción de este Parlamento y representa un importante paso adelante. Estoy contento también de que el Knesset haya aprobado el Acuerdo de Wye y de que podamos seguir adelante con la esperanza de que ese acuerdo nos aporte un mayor grado de seguridad. Ahora bien, lo más importante que tenemos ante nosotros son las conversaciones sobre la situación final. Es de la máxima importancia -coincido con el Sr. Swoboda- lo que suceda al principio del mes de mayo, van a ser momentos decisivos. Si no hubiera resultados positivos por falta de un proceso de paz y de un acuerdo de paz en las conversaciones sobre el estatuto final, la cosa sería desastrosa para todos los interesados. Tenemos que hacer todo lo que podamos por conseguir que no suceda eso. Desgraciadamente vemos que sigue habiendo muchos enfrentamientos por ambas partes. Confío en que podamos involucrar a Siria, Jordania, Egipto y Líbano para asegurarnos de que nos acercamos al final de este horrible enfrentamiento. Ahí es donde tenemos que esforzarnos por alcanzar nuestros objetivos.
Es esencial que se apliquen los acuerdos existentes. La resolución que el Parlamento va a adoptar mañana lo pone de relieve. Tenemos que comenzar de nuevo a partir de los Acuerdos de Oslo y es de esperar que, ahora que estamos empezando a ver los resultados del Acuerdo de Wye, podamos ocuparnos sin demora de los Acuerdos de Oslo. Un resultado del Acuerdo de Wye debe ser, por consiguiente, un nuevo impulso para el proceso, y eso es lo que todos tenemos que esforzarnos por conseguir.
Tengo la impresión de que Israel prefiere discutir con los Estados Unidos mejor que con la Unión Europea. Eso es lamentable. La reputación que nos hemos ganado es que sólo nos preocupamos de los intereses de los palestinos. Tenemos que hacer cuanto podamos por luchar contra esa impresión que tiene el Gobierno israelí y por dejar bien sentado que tratamos por igual a las dos partes en esta controversia y que no nos alineamos ni a favor de una ni de otra.

Bertens
Señor Presidente, el Grupo Liberal está muy satisfecho con el acuerdo de Wye Plantation. La administración Clinton merece las más cálidas alabanzas por su empeño. Ya era hora de que llegara una nota positiva de Oriente Medio. Porque, a decir verdad, este tipo de noticias siguen produciéndose a cuentagotas. No nos engañemos, desde que Netanyahu ocupa el cargo de primer ministro, el proceso de paz ha estado más muerto que vivo. El acuerdo se ha alcanzado gracias a la fuerte presión ejercida por Estados Unidos. Estoy de acuerdo con el Sr. Provan en que Estados Unidos desempeña un papel aparentemente pro-israelí, en tanto que a nosotros se nos suele identificar con los palestinos. Pero, a pesar de ello, son los americanos los que se han ganado a los israelíes para esta causa, o al menos es la impresión que tenemos.
Asimismo nos alegramos de que el Gobierno de Israel finalmente haya decidido, aunque sea con titubeos, devolver un 13 % más de territorio y de que los palestinos acepten una estrecha colaboración con los americanos en materia de garantías de seguridad. Los horrendos atentados que se han cometido con posterioridad a este acuerdo demuestran que las legítimas exigencias de seguridad por parte de los israelíes están plenamente justificadas. Si perdemos de vista esta realidad, nunca se podrá instaurar la paz. Las organizaciones pro derechos humanos han señalado con razón que el mantenimiento del orden público no puede desembocar en una violación generalizada de los derechos humanos, situación de la que ambas partes saldrían perjudicadas.
Las evoluciones del 23 de octubre han dejado claro que el proceso de paz sólo se puede mantener si se ejerce una presión constante desde fuera. Las palabras pronunciadas por Arafat y Sharon no han hecho otra cosa que echar más leña al fuego. Nosotros, los liberales, también consideramos que las condiciones complementarias, improvisadas, del Primer Ministro Netanyahu eran inaceptables y de mal gusto. La decisión de volver una vez más sobre las andadas y dar luz verde para la construcción de más casas en Har Homa y en Hebrón fue otra señal negativa. Tal actitud acaba minando la mutua confianza que sienta las bases para una paz duradera.
¿Podría el Sr. Comisario informarnos sobre el aeropuerto y el puerto marítimo palestinos? ¿Y podría el Comisario exponernos la situación en la que se halla el hospital de Gaza construido con fondos europeos? ¿Hasta qué punto son ciertos los rumores de que la denominada burocracia de Bruselas está retrasando la apertura del mismo? Lamento haber formulado estas dos preguntas antes de tiempo, pero nosotros somos partidarios de que se instaure la paz y de que se haga justicia.

Van Bladel
Señor Presidente, durante los últimos días Oriente Medio se convirtió en escenario de una guerra de declaraciones. Una guerra de palabras entre israelíes y palestinos que debe conducir a la paz. Señor Presidente, opino que sobre todo en esa parte del mundo es aconsejable juzgar a las partes implicadas por sus actos y entre las palabras y las líneas leo que, a pesar de todo, se van aproximando al contenido de los acuerdos de Wye Plantation. Es bueno que el Parlamento Europeo vuelva a apoyar hoy estos acuerdos en un debate especial, aportando su crítica constructiva al respecto. Desde aquí deseo felicitar a nuestros colegas del Knesset israelí que han aprobado por mayoría de votos el acuerdo de Wye Plantation. Como todos hemos podido observar, los Palestinos también han realizado esfuerzos significativos, cuyos frutos deben poder recoger en el futuro. Dirigiéndome a los palestinos, manifiesto mi deseo de que en diciembre, durante la reunión del Consejo Nacional Palestino en Gaza, borren para siempre de su Carta el párrafo sobre la destrucción de Israel.
Señor Presidente, se abren nuevas perspectivas con respecto a los proyectos que prevén la construcción de un puerto marítimo y un aeropuerto en Gaza. Pero, según tengo entendido, la preparación del aeropuerto plantea problemas técnicos. Lo visité hace poco y he podido observar que los edificios están muy bien, pero que falla la técnica. ¿Podría el Presidente del Consejo o el Comisario explicarnos exactamente cuáles son las dificultades? El papel económico-financiero que desempeña la UE en Oriente Medio es imprescindible e irá creciendo cada vez más. Las resoluciones especifican las regiones a las que podemos conceder ayuda. Me parece perfecto. Señor Presidente, en mi calidad de vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos quisiera llamar su atención sobre la necesidad de fomentar la educación para la paz así como los programas para ciudadanos que pretendan mejorar la mutua comprensión entre israelíes y palestinos.
A raíz de los numerosos esfuerzos financieros y mentales que estamos desplegando en Oriente Medio, nuestra influencia en la zona irá en aumento. Mi Grupo no tiene inconveniente en que se lleve a cabo la propuesta que figura en el apartado 12 de la resolución, en la medida en que la UE se encargaría de la supervisión y, en caso necesario, asumiría el papel de árbitro. No obstante, la propuesta va más allá y a mi modo de ver crea una situación confusa al implicar a la UE en el resultado final de los acuerdos de paz, ya que está es una tarea de la que se encargan parcialmente los Estados Unidos en los acuerdos de Wye Plantation. Además, el Presidente del Consejo ya ha dado a entender que Israel no está muy conforme con esta injerencia y que prefiere que reforcemos nuestra presencia económica. Es perfectamente comprensible que un país que sigue temiendo por su existencia no tenga mucho interés en dejar su supervivencia en manos de un socio que no es capaz de hablar con una sola voz en materia de política exterior. Es un riesgo que este país no se puede permitir, y menos mientras no se hayan alcanzado acuerdos de paz con el Líbano y con Siria. Señor Presidente, aunque va lento, el proceso de paz avanza.

Moreau
Señor Presidente, los acuerdos de Wye Plantation tienen el mérito de volver a engranar un proceso de paz del que se temía pudiera quedar enterrado. Sin duda, estos acuerdos son limitados, ya que la mayor parte de los territorios palestinos siguen ocupados. Implican aspectos perniciosos, como el papel concedido a la CIA. A pesar de ello, constituyen un paso adelante. A condición, claro está, de que se apliquen, podrán aportar cambios positivos en la vida de miles de palestinos y liberar a cientos de prisioneros. El acuerdo de la Knesset es un acto positivo. Por desgracia, muchos ultras acumulan los obstáculos. El propio Gobierno israelí practica de nuevo una estrategia de provocación con los nuevos asentamientos de colonos. No es en interés de la paz, no es en interés del pueblo israelí. Una vez más, este proceso de paz corre el riesgo de verse comprometido.
La Unión Europea ha de dar prueba de firmeza y utilizar los medios de que dispone para una acción eficaz en favor de la aplicación de esos acuerdos, para contribuir a todo aquello que pueda ir en contra de dichos acuerdos. Wye Plantation no puede considerarse como un punto de llegada, sino como un punto de partida para llegar a una solución duradera y al respeto por el derecho de los palestinos a su tierra, en el espíritu de los acuerdos de Oslo.

Ullmann
Señor Presidente, señora Presidenta del Consejo, señor Comisario, es una satisfacción personal para mí dar las gracias a nuestros homólogos del Knesset en nombre de mi Grupo y el mío por la firma del acuerdo de Wye Plantation, celebrado entre el Primer Ministro Netanyahu y el Presidente de la Autoridad Palestina Arafat.
Con este acuerdo se expresa claramente que el pasado Acuerdo de Oslo y el proceso de paz que se inició son irreversibles. Al mismo tiempo, tengo también la obligación de dirigir al pueblo israelí, a su Parlamento y a su gobierno nuestra más profunda inquietud con respecto a los nuevos ataques terroristas. Hago ambas cosas con la conciencia de que el proceso de paz en Oriente Medio no es una mera cuestión de política exterior y de acuerdos de asociación de la Unión Europea, aunque ambos sean muy importantes en el marco del programa de Barcelona.
Con el proceso de paz en Oriente Medio se trata de un asunto central de nuestra política y cultura religiosa. Debemos responder a la pregunta de cuánto tiempo aún tardarán los fundamentalistas y terroristas de ambos lados en imponer al mundo civilizado su orden del día, convirtiendo en su contrario un precepto fundamental de la tradición judía, cristiana y musulmana, en concreto el mandamiento: no matarás.

Pradier
Señor Presidente, Señorías, un nuevo comienzo de una nueva etapa en la carrera por la paz en Oriente Medio. La esperanza, al igual que el ave fénix, renace de sus cenizas y, sin embargo, realmente, los protagonistas apenas parecen entusiasmados. No se puede decir que caminen uno hacia el otro con ramos de flores en las manos. Obligado por el Presidente de Estados Unidos, el Gobierno israelí avanza arrastrando los pies, ya desaprobado por la mitad de su mayoría parlamentaria. La representación palestina, por su parte, cansada de haber sido engañada en demasiadas ocasiones cree en las virtudes del diálogo. Y sin embargo, será preciso que los compromisos que se han adoptado se respeten realmente. Será necesario que se terminen los atentados y los asesinatos por todas partes, que se deje de empujar a los colonos extremistas a gestos provocadores, que se termine con los gestos de muerte y que todos se decidan a mirarse, a escucharse y a respetarse.
Por encima del Gobierno israelí y por encima de la Autoridad, nosotros, diputados, hemos de hacer un llamamiento a nuestros colegas de la Knesset y del Consejo Legislativo, y a través de ellos al pueblo israelí, heredero de aquellos que aportaron al mundo entero mensajes de cultura y de espiritualidad de un nivel nunca igualado, y al pueblo palestino, en el que cristianos y musulmanes se confunden en el crisol de una nación que está naciendo y cuyo parto es especialmente doloroso. No teman, hay que decírselo, no teman ni a sus vecinos ni al mundo que los mira. Europa, desgraciadamente ausente aún de los avances diplomáticos, la Europa, sin embargo muy activa y muy presente en la construcción de este país, esta Europa fraternal, los quiere como socios vivos.

Van Dam
Señor Presidente, representantes del Consejo y de la Comisión, en el Libro de los Salmos de la Biblia, dice el rey David, salmo 122: Pedid la paz de Jerusalén . Aunque se escribió esta frase hace muchos miles de años, su llamamiento sigue teniendo vigor en la actualidad. Una y otra vez los acuerdos de paz fracasan debido a la desconfianza mutua y la mutua violación de los compromisos.
A pesar del acuerdo de Wye que Netanyahu y Arafat han suscrito recientemente, la paz en Israel parece estar más lejos que nunca. Esta semana, los ánimos han vuelto a calentarse. Ambas partes se acusan mutuamente de no cumplir los acuerdos alcanzados, siendo lo más probable que cada una de ellas esté en su derecho. Afortunadamente, el Knesset aprobó el acuerdo anoche, aunque ello no signifique que ahora la paz esté al alcance de la mano. Todo lo contrario, puesto que tras su aprobación por el Parlamento israelí, el contenido del acuerdo ha de ser llevado a la práctica. Y con eso sólo aludimos a una parte del problema, ya que primero debe restablecerse la confianza entre los pueblos, condición que no se logra con un acuerdo.
En mi opinión, los puntos de partida para una paz duradera en Oriente Medio son los siguientes: fronteras seguras y reconocidas para Israel y reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. No se podrá instaurar un marco de paz duradera mientras los países árabes no normalicen sus relaciones diplomáticas con Israel. Ante esta situación, la Unión Europea ha de adoptar una actitud política prudente, coordinando sus posibles acciones con las de Estados Unidos.
Durante las negociaciones de paz sigue existiendo el riesgo de atentados terroristas, como pudimos ver la semana pasada en un mercado de Jerusalén. El terrorismo es el mayor peligro para un proyecto de paz duradera y, por tanto, ha de ser erradicado mediante acuerdos internacionales, intensos controles fronterizos y acciones en favor de la lucha contra la pobreza. Es por lo que la ayuda de la Unión Europea debe centrarse en estos puntos, que también deben ocupar un lugar central a la hora de suscribir acuerdos comerciales. La asistencia de la Unión Europea debe fomentar una estrecha colaboración económica en materia de abastecimiento de agua, infraestructura, turismo y seguridad, entre otras cuestiones.
Por último, es fundamental que los países de Oriente Medio tomen en serio los acuerdos. Es la única manera de obtener resultados. Por lo demás, las partes ajenas al conflicto han de mantenerse a una distancia prudente, postura que también han de adoptar el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Para no hacer peligrar la buena marcha de las negociaciones de paz es deseable que el Parlamento Europeo no tercie en este asunto. De todos modos, ya no puede actuar como mediador neutral dado que en el pasado tomó abiertamente partido por los palestinos. Es contraproducente acusar a una de las partes cuando ambas han cometido errores.
He abierto mi contribución con una cita de la Biblia que invita a rezar por la paz de Jerusalén. El texto primitivo recoge la palabra «shalom». Tiene muchos significados, entre otros: lo bueno, el bienestar de la ciudad. Procuremos implantar este bienestar con nuestra política en materia de Oriente Medio.

Antony
Señor Presidente, Señorías, con Wye Plantation ocurre como con la botella medio llena o medio vacía. Se puede pensar que se trata de un avance, pero se puede sentir, como yo, un malestar, al pensar que sus actores sólo han pretendido mantener una situación que ya ha durado demasiado. Wye Plantation, política de enclave, «bosnización», acuerdo irrisorio rodeado de confeti.
Sé muy bien que las cosas no son fáciles. No lo son porque es preciso mirar de frente a la situación en Israel. Ayer denuncié una información, que espero sea errónea, y que apareció en el importante diario radical de izquierda de mi región La Dépêche du Midi , tomada del Sunday Times , según la cual, en los laboratorios israelíes se estaría trabajando en «la fabricación de un arma bacteriológica étnica, que contendría microorganismos genéticamente modificados que afectarían a los árabes, pero no a los judíos. Los investigadores del Estado hebreo estarían intentando aislar genes distintos que tendrían los árabes, con el fin de poner a punto un virus o una bacteria que atacaría específicamente a esta población». Espero que esta noticia se vea desmentida y que el Sunday Times , informado por la embajada de Israel, nos diga que todo esto es falso.
Pero, por otra parte, la situación interior israelí es trágica y el papel de Benjamín Netanyahu no es fácil, lo reconozco. Por ello, en el gran diario de Tel-Aviv Yediot Haronot , se puede leer al gran escritor Seffei Rachlevsky denunciando la revolución cabalomesiánica que parece progresar, y cito al Yediot Haronot , «inexorablemente en su toma de control absoluto de la tierra prometida». Por otra parte, en Tribune juive , es Jean Kahn, el polipresidente, ponente de las comisiones de investigación sobre la escalada del racismo y de la xenofobia, quien describe esos «meetings» que han mantenido los sefardíes en Israel, en los que algunos oradores dicen que, desgraciadamente, Hitler no terminó su trabajo con los asquenazis.
Finalmente, leo también en la prensa israelí que los «falachas» desfilan por las calles gritando «muerte a los blancos». Por tanto, la realidad en Israel no es sencilla: realidad de odio, clima de guerra civil. No es más sencilla en Palestina, donde Yasser Arafat no controla bien la situación y en la que sus días, a veces, parecen contados.
Creo que no se puede salir de una situación semejante más que globalmente y con las ideas muy claras. O bien creemos en el Gran Israel, y eso es Milosevic y será la guerra civil. O bien se preconiza una república laica de Israel y de Palestina a imagen de la Suráfrica actual, ya que también hay musulmanes y cristianos en Israel y, ¿por qué no? O bien, una Palestina libre, soberana y viable, que disfrute del derecho de autodeterminación que recomienda la ONU. Ésta es la posición de nuestro grupo, y nosotros creemos que esto podría terminar, a la postre, si los hombres fueran prudentes, en una confederación israelopalestina. Pero creo que no será buscando una vez más beneficios irrisorios en porciones insignificantes de territorio como podrá alumbrarse un acuerdo definitivo.

Caudron
Señora Presidenta del Consejo, señor Presidente, señoras y señores, por lo que a mí respecta, deseo manifestar sin ambages ni reservas mi satisfacción como presidente de la delegación Europa/Israel, tras la firma del acuerdo de Wye Plantation . Después de meses y meses de hundimiento y dificultades, este acuerdo, ratificado hoy a pesar de dos atentados, por el Gobierno de Israel y por la Knesset con una amplia mayoría, es un acto de máxima importancia. Sin duda, no se ha solucionado todo, pero se ha avanzado una etapa hacia la paz. No olvidemos que este acuerdo ha sido firmado por un Gobierno israelí de derechas, elegido sobre la base de un programa hostil al proceso de Oslo, lo que da así también hoy a este proceso una base electoral nunca alcanzada en Israel.
Por consiguiente, deseo saludar el coraje del Sr. Netanyahu y de su Gobierno. Deseo también felicitar al Sr. Arafat y a su equipo laico de dirigentes palestinos que han mostrado su madurez, su sangre fría y su capacidad para ejercer las pesadas responsabilidades que les corresponden. Falta ahora que las dos partes apliquen este acuerdo con rapidez y en su totalidad. Falta comprometer, en el plazo más breve posible, la fase siguiente, para discutir sobre las fronteras definitivas del futuro Estado palestino así como sobre sus vínculos de todo tipo con el Estado de Israel, Jordania y Egipto, sin olvidar la cuestión siria. Falta también que se evite, desde ahora hasta entonces, plantear nuevos obstáculos, amenazas de proclamaciones unilaterales por un lado, prosecución de nuevos asentamientos por otro, esas colonias que son verdaderas bombas de efecto retardado, tanto para los israelíes como para los palestinos.
La semana pasada en Bruselas, el Partido Socialista Europeo organizó unos encuentros israelo-palestinos. Se pudo medir la buena voluntad de las dos partes y casi las bases del acuerdo sobre los objetivos a alcanzar a largo plazo. Se pudo también medir el camino que queda por recorrer y los múltiples obstáculos que habrá que salvar. Pero, quién hubiera podido imaginar, en mayo de 1943, año sangrante donde los haya en Europa, que cinco años después se haría el llamamiento de La Haya por una Europa unida y que ocho años más tarde se firmaría el Tratado de Roma que creó la CEE y el Mercado Común.
Por tanto, señores diputados europeos, en nombre de nuestra historia reciente, hemos de saber ser tolerantes y atentos, y ante todo, en cuanto aparezca una nueva dificultad en Oriente Medio, en lugar de plantearnos siempre la pregunta «¿de quién es la culpa?», preguntémonos qué podemos hacer, qué debemos hacer, para ayudar a los israelíes y a los palestinos a salvar el obstáculo, y por tanto a llegar aún más lejos en el camino de la paz y de la cooperación.

De Esteban Martín
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, hay que lamentar que sólo unas semanas después del Acuerdo de Wye Plantation hayamos asistido a un proceso de descalificaciones y amenazas, por ambas partes, que, aunque se han retractado en las últimas horas, yo calificaría de muy peligroso e improductivo, aunque todos nos felicitemos hoy de la ratificación de este acuerdo por el Parlamento de Israel.
Es evidente que, en la actual situación, los principales enemigos del proceso de paz son las facciones más radicales de ambas partes, que continuamente intentan torpedear los pequeños avances que tanto cuesta alcanzar a palestinos e israelíes. Prueba de ello es que Netanyahu ha necesitado el apoyo de la oposición laborista para garantizar la ratificación de los acuerdos de Wye Plantation o las crecientes dificultades que Arafat está encontrando para poder dominar los sectores más integristas y radicales.
A pesar de ello, debemos tener en cuenta que la mayoría de la población, tanto la palestina como la israelí, apoya abiertamente el proceso de paz, siendo la mejor garantía de que dicho proceso podrá llegar a buen puerto y espero que uno de esos puertos sea el de Gaza. En este sentido, el Parlamento Europeo, tal y como se recoge en la resolución que hoy nos ocupa, otorga todo su apoyo a los acuerdos del pasado 23 de octubre y reitera la necesidad de que la Unión Europea ejerza una influencia política acorde con el papel de asistencia económica y financiera que desempeña actualmente en la zona, en especial por lo que se refiere a la aplicación de dichos acuerdos, incluyendo las propuestas de nuevas fórmulas que puedan ayudar al desarrollo del proceso de paz.
Llegados a este punto, no quisiera dejar de mencionar la importancia de que ambas partes eviten escaladas de ataques verbales, como las que hemos vivido en los últimos días, instando a la violencia, que nada ayudan al acercamiento de posiciones y búsqueda de compromisos y que sólo contribuyen a aumentar la confusión y la desesperanza en la zona y ante el resto del mundo.
El Gobierno israelí debería revisar su política de reasentamiento de colonos, como se ha dicho, así como realizar todos los esfuerzos necesarios para aplicar los Acuerdos de Oslo y de Wye Plantation, sin ceder a las presiones ejercidas por los sectores ultraortodoxos cuyo único objetivo es dinamitar el proceso de paz.
Por otro lado, la Autoridad Palestina debe concentrar todos sus esfuerzos en controlar aquellas facciones extremistas también opuestas al proceso de paz, sobre todo en lo relativo al control y prevención de actos terroristas, tan tristemente famosos a lo largo de los últimos años, y debe ofrecer a Israel las garantías de seguridad que reclama.
En todo este proceso, la Unión Europea debe tener un papel más importante -y me alegro de las palabras y propuestas que, en este sentido, ha expresado la señora Presidenta en ejercicio del Consejo- y no solamente como donante de fondos. En la actualidad, existe un debate profundo entre los quince Estados miembros sobre cómo poder llevar a cabo el tan anhelado objetivo de actuar como única voz en el contexto internacional y de que ésta sea fuerte y escuchada en el resto del mundo.
Señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Presidente, creo que tenemos una ocasión única de hacer oír la voz de la Unión Europea en el proceso de paz.

Gahrton
Señor Presidente, estoy naturalmente de acuerdo con el llamamiento a la no violencia que ha hecho mi compañero, el Sr. Ullman. Precisamente por este motivo me ha chocado enormemente la falta de equilibrio en las reacciones que se han sucedido en el mundo durante estas últimas semanas en contra de la violación del acuerdo en Oriente Medio. Si contra Iraq nos preparábamos para llevar a cabo unas represalias militares totales que, de acuerdo con The Washington Post , habrían costado decenas de miles de muertes entre la población iraquí, ¿cuál ha sido la reacción cuando el Gobierno de Israel comenzó a violar los acuerdos que ellos mismos habían firmado unos pocos días antes en Wye Plantation, o cuando el Ministro de Asuntos Exteriores israelí, Ariel Sharon, comenzó a incitar a los colonos para que ocuparan tierras palestinas? No ha habido grandes reacciones, desde luego; en el mejor de los casos, la elaboración de una resolución por parte de este Parlamento.
No deseo que se trate a Israel como tratamos a Iraq. No deseo que decenas de miles de niños israelíes deban pagar con sus vidas los pecados de sus dirigentes. Pero es necesario que comencemos a considerar urgentemente algún tipo de presión política y económica si queremos defender en serio el derecho de los palestinos a lograr un Estado propio, tal como proclamamos en nuestras resoluciones.

Barón Crespo
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, Señorías, yo añado mi voz a las que se han manifestado para apoyar la ratificación, por parte de la Knesset , del Acuerdo de Wye Plantation, siempre con una salvedad: la de haberle añadido unas condiciones que, en cierto modo, son casi una denuncia del Acuerdo.
Pero el hecho de que haya habido un apoyo tan amplio es un signo de buena esperanza de cara al futuro. Incluso lo son las reacciones frente al acuerdo alcanzado, es decir, que cada uno haya tenido que enfrentarse con sus extremistas, que es lo que suele ocurrir cuando los acuerdos igualmente insatisfactorios para ambas partes pueden funcionar.
A este respecto, hay un tema que creo que hay que señalar y forma parte de mi experiencia personal: no se puede dar a los terroristas, sean del color que sean, la posibilidad de tener la clave de un proceso.
Y, señor Presidente, querría centrarme en un punto que ha sido señalado por la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo: el papel de Europa. Porque tenemos un reto inmediato. Yo creo que hay que tratar de explicar, con toda la paciencia benedictina del mundo, a nuestros amigos israelíes que no es un status normal el que a nosotros, como nos han dicho algunas veces -ahora parece que hay más discreción-, nos toque pagar y nada más. Yo creo que la voluntad de Europa, manifestada en el proceso que va de Venecia, vía Madrid, a Oslo y hasta ahora, es de participar porque nos sentimos moral y políticamente responsables y porque podemos aportar mucho. Podemos aportar mucho no sólo en el sentido de pagar, sino de aportar nuestra propia experiencia.
Y yo, por ello, creo que no solamente hay que apoyar la acción de nuestro mediador, el Sr. Moratinos, sino que es absolutamente esencial que la Unión Europea refuerce su papel.

Spencer
Señor Presidente, quisiera agradecer su declaración a la Presidenta en ejercicio. Siempre es agradable escucharla. Espero que se pueda inspirar en lo que ha dicho el Sr. Caudron.
Me parece que en la presente situación no podemos estar a favor de una parte o de la otra, sino a favor del éxito. Tendríamos que ofrecer nuestra solidaridad a ambas partes frente a las inevitables violaciones cometidas por los extremistas terroristas. Deberíamos ejercer presión sobre ambas partes para que respeten los compromisos que han contraído y, sobre todo, deberíamos brindar nuestro estímulo a ambas partes para que piensen, si no en lo inconcebible, por lo menos en las cosas que son difíciles de conseguir en términos políticos.
En efecto, tenemos que desempeñar nuestro cometido en cuestiones como el agua, el comercio y la infraestructura, esferas en las que nuestra experiencia y nuestros recursos son importantes y se necesitan urgentemente, pero sugiero que hay una esfera mucho más difícil en la que la Unión Europea podría efectuar una contribución sin precedentes, y es Jerusalén.
Durante 50 años hemos luchado en Europa con el problema de la coexistencia en una tierra superpoblada. Hemos aprendido a ser imaginativos con el patrimonio de soberanía y de símbolos. La fascinación europea por Jerusalén no es una moda nueva o una moda pasajera. El año que viene será el aniversario de la conquista de Jerusalén en 1099 por los ejércitos cristianos, en momentos de gloria medieval mezclada con crímenes. Esta ciudad de Jerusalén ha revestido una importancia central, sagrada y esencial para todos los pueblos de la Biblia y tenemos que honrar ese interés con una imaginación jurídica y constitucional, análoga a la que hemos tenido aquí en Europa en nuestros propios arreglos nacionales de cara a la Unión.
Diré a todos los que han resuelto participar en esas negociaciones positivamente que necesitaremos dos grandes cualidades. La primera es un ojo cuidadoso para los detalles. En un viaje a Ramallah me enteré de que nuestros diplomáticos iban a tener que comer, dormir y negociar con un mapa callejero del gran Jerusalén en el bolsillo. Van a tener que vigilar la totalidad y cada una de las palabras que se usen. Por ejemplo, una capital en Jerusalén es algo diferente de Jerusalén como capital o de Jerusalén, la capital. En segundo lugar, y aún más importante, van a necesitar la absoluta determinación de conseguir el éxito, la determinación de la que el Presidente Clinton dio pruebas en la plantación de Wye.
Creo que la Unión Europea debe a la Tierra Santa algo más que una inversión económica, le debe una inversión intelectual en la fase final del proceso. No es cosa que debamos dejar de manos de nuestra Presidencia, que tanto tiene ya que hacer. Es un reto para la imaginación de la Comisión e incluso de este Parlamento, y de todos nosotros como personas. Confío en que no sea exagerado pensar en que para el 4 de mayo del año que viene estemos quizás en condiciones de responder a la plegaria de los tiempos «el próximo año en Jerusalén», y que por ello entendamos que haya paz durante el milenio en el corazón del mundo.

Delcroix
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, señorías, la firma de los acuerdos de Wye Plantation ha levantado una nueva ola de esperanza de que se desbloquee la actual situación y se realicen progresos sustanciales en pro de la paz en esta parte del mundo. Al movilizar a toda su diplomacia, la Unión Europea ha de apoyar con todas sus fuerzas este incentivo, muy frágil, de un proceso de paz. Hemos de constatar que de nuevo las poblaciones civiles de Israel y de los territorios palestinos son víctimas de una violencia ciega destinada a cortar cualquier progreso hacia una solución negociada.
La región de Próximo y Medio Oriente concentra conflictos diversos e intereses particulares que se realimentan. Cada conflicto en esta región tiene sus orígenes propios, sus aspectos particulares, y necesita de soluciones específicas, pero éstas no podrán salir a la luz más que como resultado de una concertación general que se derive de un análisis exhaustivo y que conduzca a un acuerdo equilibrado para toda la región.
Intentar resolver cada conflicto por separado es borrar todas las características históricas, étnicas, religiosas y culturales que alimentan actitudes nacionalistas o integristas, y es olvidar las estrategias internacionales que pretenden controlar las materias primas y mantener zonas de influencia por medio de alianzas militares. Todos los problemas concretos que hay que resolver en esta región implican el cese de las ocupaciones de territorios, la liberación de los prisioneros y el regreso de los refugiados, el reconocimiento de los derechos de las minorías nacionales, el levantamiento de los embargos, la detención de las operaciones militares, la organización de una cooperación entre los países de la región, la normalización del comercio y de las exportaciones, un control riguroso de la fabricación y del comercio de armas.
He imaginado que era ésta una ambición a la medida de la Unión Europea y que teníamos la voluntad de apoyar el cumplimiento de un proceso que instituya una seguridad y una cooperación mutuamente beneficiosas entre todos los países del Próximo y Medio Oriente, y también la voluntad de apoyar todas las convergencias que se dibujen, hacia soluciones regionales, claves de la asociación euromediterránea.

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, señor Comisario, creo que el nuevo acuerdo de Wye Plantation es muy importante. También son importantes los resultados de la votación que, con objeto de aplicar dicho acuerdo, tuvo lugar ayer en la Knesset. También son notables e importantes las acciones emprendidas por la Presidencia austríaca, y les felicito por ello, para ayudar al proceso de paz en el Oriente Medio. Es triste el hecho de que este acuerdo tenga lugar en los Estados Unidos bajo los auspicios de los Estados Unidos y no en Salzburgo o en Viena bajo los auspicios de la Unión Europea. Indudablemente el proceso de paz progresará de forma más correcta y completa si se implica políticamente la Unión Europea. Además de la enorme ayuda económica y técnica es precisa la presencia política de la Unión Europea en una región que en estos momentos - y lamento, señora Presidenta en ejercicio del Consejo, estar en desacuerdo con usted en este punto - es inexistente. Porque la Unión Europea no puede estar representada sólo por un embajador, el Sr. Moratinos, que además no está haciendo grandes cosas.
Les propongo dos actuaciones: en primer lugar, incrementar la presencia de la Unión Europea eligiendo a un personaje importante, como ya ocurrió con la elección de Felipe González para Bosnia, una gran personalidad, que sea apoyada por un grupo de expertos. En segundo lugar, mantener una presencia institucionalizada de la Unión Europea en los procesos de aplicación y cumplimiento del contenido del acuerdo de Wye Plantation.

Ferrero-Waldner
Señor Presidente, señorías, he escuchado con gran atención este debate y creo que hay unanimidad en un punto esencial o en un elemento esencial, en concreto en relación con el papel que debe desempeñar la Unión Europea en el proceso de paz.
Sabemos que será enormemente difícil aplicar los acuerdos de Wye Plantation, pero debo destacar una vez más que vuelve a haber un nuevo principio y una nueva esperanza. Pienso que es un factor totalmente esencial que en la Unión Europea sigamos, con fuerza, paciencia, valor, creatividad, como se ha dicho aquí, con la aplicación y con las futuras conferencias. He mencionado la conferencia de donantes que tendrá lugar el 30 de noviembre en Washington. Naturalmente la hubiéramos hecho con mucho gusto en Viena. Hemos ofrecido todo. Hemos negociado con los americanos, hemos negociado con los noruegos, porque la idea era en cualquier caso obtener una copresidencia. Lo intentamos todo. Desgraciadamente nos fue imposible.
Ahora podría decirse: estamos tristes, nos sentimos un poco ofendidos. No obstante, creo que ese no es el enfoque correcto. El enfoque correcto debe ser participar como un factor importante, un elemento importante del proceso de paz, y en su momento esto era importante para ambos lados, por ejemplo, estar presentes en la conferencia de donantes y desempeñar el importante papel de la Unión.
No estamos en competencia con los Estados Unidos -casi cabría hablar de un concurso de belleza. Los pasos hacia la paz son muy importantes. Si no es posible otra cosa, si una parte tiende más hacia los EE.UU. y la otra parte tiende más hacia la UE, entonces debemos actuar conjuntamente. Pienso es que precisamente eso lo que debemos hacer.
Debemos ver dónde reside nuestra contribución específica y he intentado formular que hay una serie de medidas de seguimiento que son imprescindibles. El papel político y económico no puede separarse completamente, porque incluso la apertura del aeropuerto es un asunto político, porque es el siguiente paso. ¿Cuánto falta para que se termine el aeropuerto, o para que se inaugure?
En principio está planeado abrir el aeropuerto el 20 de noviembre, es decir a la mayor brevedad, sobre todo en forma de servicio de emergencia. Es cierto que el aeropuerto aún no está acabado. Por ello es preciso terminarlo lo antes posible, pero por lo menos ya se ha dado la señal política de que por fin pasa algo.
En segundo lugar, el puerto: el propio ministro de Asuntos Exteriores Sharon, en las conversaciones con el Presidente del Consejo Schüssel, ha afirmado que dentro de dos meses aproximadamente con una nueva -no quiero decirlo- unidad, pero que hay que contar con nuevos pasos. Hablar de unidad me parece que es llevar las cosas demasiado lejos. Hay que tener cuidado. Lo que también se ha dicho, por desgracia -y justificadamente- es la cuestión de cómo van a proseguir los avances conseguidos el 4 de mayo de 1999. Esto amenaza con una grave crisis y un nuevo estallido de la violencia, si no se llevan a cabo antes las negociaciones pertinentes y si se puede evitar tal crisis y una declaración unilateral y la reacción al respecto. El Consejo ha emprendido ya consultas externas y contactos con los Estados Unidos.
Lo principal, a mi juicio, es que demos conjuntamente nuevos pasos adelante. Después de la conferencia de donantes, por nuestra parte podría celebrarse una conferencia a cuatro bandas -ya lo he mencionado en mi declaración- donde estén representados los cuatros socios principales: Estados Unidos, UE, Israel y los Territorios Palestinos y donde se aborden los asuntos políticos y económicos más importantes. En conjunto, creo que es un nuevo paso fundamental en el largo y difícil camino hacia la paz en Oriente Medio.

Spencer
Señor Presidente, la Comisión tiene un importante cometido que desempeñar en este asunto. Me parece inconcebible que una persona de la elocuencia legendaria del Comisario Flynn no sienta la necesidad de tomar la palabra al final de este debate. ¿Podría usted reiterar su invitación para que tome la palabra?

Dimitrakopoulos
Señor Presidente, estoy de acuerdo con la propuesta del Sr. Spencer.
He escuchado a la Sra. Presidenta en ejercicio del Consejo y me temo que ha habido un malentendido. No he criticado en ningún momento a la Presidencia austríaca porque el acuerdo de Wye Plantation no se haya celebrado en Viena o en Salzburgo y así quiero reiterarlo. Repito una vez más que el ofrecimiento de la Presidencia austríaca a contribuir al proceso de paz en el Oriente Medio fue y sigue siendo muy importante. Eso es lo que quería dejar bien claro.

Flynn
Tomaré la palabra muy brevemente, pues no quisiera decepcionar al Sr. Spencer. Agradezco lo que ha dicho amablemente de mi elocuencia.
He estado escuchando con mucho cuidado lo que se ha dicho aquí. Me parece que el Acuerdo provisional del río Wye entre los israelíes y los palestinos brinda una posibilidad sumamente necesaria al proceso de paz. No podemos olvidar que las negociaciones se desarrollaban en un momento delicadísimo, cercano al colapso, razón de más para considerar al Acuerdo como una mejora de importancia. En realidad es el único instrumento para promover la paz en el Oriente Medio de que dispone la comunidad internacional en la actualidad. Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero. Aplaudimos sinceramente el hecho de que el Knesset haya adoptado últimamente las medidas necesarias.
Es posible que haya todavía muchos obstáculos que superar por lo que al Acuerdo se refiere, pero hay que prestar apoyo político y económico a todas las partes para mantener el impulso recibido. Ésa es una cuestión esencial que se ha mencionado en este debate. Ahora bien, cuando todo lo que cabe decir y hacer ha sido dicho y hecho, queda aún pendiente una cuestión esencial: la aplicación. No hace falta decir que apoyo lo que tan elocuentemente ha dicho el Sr. Spencer. Ha dicho que vamos a necesitar que obren con delicadeza todos los que se hallan sobre el terreno con la intención de identificar todos los aspectos caprichosos de la situación que prevalece en esa zona tan sensibilizada del mundo. He tenido ocasión de visitarla y sé muy bien que una palabra errónea, utilizada en un momento inoportuno, puede poner en peligro todo el proceso. Esto es algo que hemos de tener muy en cuenta.
Tenemos una contribución que aportar. Deberíamos centrar nuestra acción en un número limitado de esferas que tengan muchas repercusiones. Se han mencionado unas cuantas. Es interesante la que se refiere al hospital. El hospital está ahí, pero está vacío. Al parecer los palestinos no están actualmente en condiciones de ponerlo en funcionamiento, pero la Comisión ha enviado un equipo de gestión para ponerlo en marcha. Éste es un aspecto positivo que podemos apoyar.
En cuanto al aeropuerto, Israel ha dicho que debería estar abierto y en funcionamiento esta semana. Tenemos que esperar ahora a ver lo que sucede de aquí a dos o tres semanas, para ver si se cumple ese compromiso.
Por lo que se refiere al puerto continúan los problemas de acceso. Aún no están resueltos. Hay razones para suponer que habrá un retraso de tres o cuatro años en la construcción propiamente dicha, así que también en esta esfera tenemos problemas.
He oído que hay un consenso según el cual queremos dar una nueva posibilidad a la situación para ver si así acaba de forma positiva, y queremos extender todo nuestro apoyo a la Presidencia austriaca y a la Sra. Ferrero-Waldner por todo lo que han hecho a fin de conseguir que la situación se resuelva positivamente. No hace falta decir que la Comisión también seguirá esforzándose por alcanzar ese objetivo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Sobre este asunto he recibido 7 propuestas de resolución, presentadas conforme al apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas.
(La sesión interrumpida a las 19.40, se reanuda a las 21.00 horas)

Fondos estructurales (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, prosigue el debate conjunto sobre los Fondos estructurales.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha hecho una importante aportación al informe del Sr. Hatzidakis y la Sra. McCarthy. Estamos en un momento trascendental para diseñar el futuro del Fondo Social Europeo ya que el nuevo Objetivo 3 que propone el Reglamento será de aplicación exclusiva del Fondo Social Europeo y su actuación está íntimamente ligada al desarrollo de los planes nacionales de empleo. Nosotros entendemos como positiva la simplificación y concentración que ha dado como resultado la fusión de los actuales Objetivos 3 y 4 en el Objetivo 3 para los próximos siete años. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y también la Comisión de Política Regional defienden la horizontalidad porque es coherente con el carácter del nuevo Objetivo 3 como impulsor de la política de desarrollo de los recursos humanos en la gestión del resto de los objetivos y porque su vinculación a los planes nacionales de empleo garantiza la aplicación de las políticas activas en todo el territorio de la Unión y no sólo en las regiones no comprendidas en los Objetivos 1 y 2, como propone la Comisión, discriminando las zonas más ricas de las regiones menos desarrolladas, que no estarían bajo el paraguas del Objetivo nº 3.
También en comisión nos hemos pronunciado por la necesidad de que se garantice la planificación y ejecución de los Fondos estructurales en todos sus objetivos y el fomento del principio de igualdad de oportunidades, pero de una manera equilibrada. Es verdad que el mercado laboral presenta graves distorsiones en detrimento de las mujeres y de los discapacitados.
Deseo destacar también, señor Presidente, señor Comisario, que estamos de acuerdo en que los recursos se utilicen de una manera eficaz, pero entendemos en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales -y lo entiende también la Comisión de Política Regionalque la fórmula propuesta por la Comisión para liberar automáticamente los créditos resulta excesivamente rígida y creemos que se debe mantener la naturaleza privilegiada de los créditos de los Fondos estructurales. Es decir, su carácter de objetivo de gasto y no de techo de gasto. Y, en su caso, redistribuir los créditos no utilizados entre otras regiones del Estado miembro, como así lo ha asumido también la propia Comisión de Política Regional.
Finalmente, con respecto a las iniciativas comunitarias, es importante que queden claramente diferenciadas las intervenciones y los objetivos de las iniciativas comunitarias y se hace necesario también que la Comisión se pronuncie sobre los criterios que propondrá para la nueva generación de las iniciativas, como se dice en el propio informe.

Napoletano
Señora Presidenta, creo que el debate de hoy ha demostrado que existe una coincidencia sustancial entre las líneas de la Comisión y la posición del Parlamento, una avenencia sobre la concentración, la simplificación, la eficacia y la cooperación. Creo, sin embargo, que en las posiciones del Parlamento hay algunos aspectos que la Comisión deberá tener en cuenta en un debate, cuyo espíritu, según decía esta mañana el Sr. Hänsch, no deberá ser un diálogo entre quien sostiene una posición y quien persigue otro camino.
Me parece que hemos alcanzado acuerdos importantes sobre los principios; hoy se trata de perfeccionar algunos puntos. La Comisión ya está dispuesta -me parece- a revisar la propuesta relativa a la reserva. Existe una reflexión sobre los programas de iniciativa comunitaria en los cuales, sin duda, el Programa INTERREG debe ser el programa principal; no obstante, nosotros insistimos en el mantenimiento del Programa URBAN y en una mayor calificación del papel de las ciudades en el ámbito de los reglamentos tanto en el Objetivo 1 como en las demás iniciativas comunitarias como, por ejemplo, el propio Programa INTERREG.
Para el Objetivo 2, la coherencia con las ayudas de Estado se puede alcanzar de dos maneras: o con una mayor flexibilidad o pidiendo a la competencia que tenga en cuenta que, allí donde intervienen los Fondos estructurales, debe probarse la existencia de un problema y, por tanto, a ser posible, los dos mapas han de coincidir. De todos modos, es la intervención estructural la que señala la necesidad de una ayuda para paliar un determinado atraso, un problema determinado de ese territorio.

Cushnahan
Señora Presidenta, tenía la intención de tomar la palabra para hablar en términos generales pero, en vista de la reciente evolución de la situación en mi propio país, limitaré mis observaciones a nuestra estrategia futura. Estoy seguro de que el Comisario sabe muy bien que el Gobierno irlandés ha resuelto dividir a Irlanda en dos regiones: una agrupación de 15 condados del oeste, la frontera y el centro, incluidos los condados de mi propia circunscripción, Kerry and Clare, que serán designados como nueva región del Objetivo 1. La intención es que los otros 11 condados sean designados como zonas del Objetivo 1 en transición.
Tengo entendido, Comisario, que ya ha dicho usted con toda claridad al Gobierno irlandés que esta estrategia no se traducirá en ningún fondo adicional para Irlanda. De todos modos dejan ustedes que sea Eurostat quien decida si las nuevas regiones son admisibles o no, sobre la base de las estadísticas de que se dispone. ¿Podría confirmar usted si es verdad que Eurostat va a presentar nuevas cifras dentro de un par de días con los indicadores económicos para 1996-1997? Si, como me temo, esas cifras indican una mejora considerable de la situación económica de Irlanda, ¿no se corre un verdadero peligro de que la mayor parte de la región nuevamente designada como región del Objetivo 1 quede sin poder optar a dicho Objetivo? Esa región quedará por encima del límite y, por lo tanto, nuestra actual estrategia quedará reducida a la nada.
La utilización del criterio del PIB sobrevalora la verdadera posición de Irlanda. En efecto, incluye beneficios de empresas multinacionales que no permanecen en nuestra economía, y pido a la Comisión que tenga esto en cuenta al examinar el caso de Irlanda. Sería mucho más justo utilizar como criterio el PNB.
Por último, quisiera que la Comisión me aclarase una cosa acerca del Objetivo 1 propuesto como transición. El cambio en la cofinanciación, que del 75 % pasará al 50 %, ¿se aplica por igual a los proyectos del FEOGA y a los del FSE y el FEDER? ¿Cuál será la situación respecto de algunos pagos específicos que se abonan en las zonas del Objetivo 1? ¿Seguirán abonándose con arreglo al Objetivo 1 en las zonas de transición?

Howitt
Señora Presidenta, quisiera dar gracias a los Comisarios que están asistiendo a este debate maratoniano y que le están prestando atención, pero me parece que he de utilizar el limitado tiempo de que dispongo para referirme a lo que, en mi opinión, ha enfocado erróneamente la Comisión: en primer lugar, no se ha preocupado debidamente de la concentración y de la simplificación. Los cortes hechos en la iniciativa comunitaria han sido exagerados. La Comisión no puede decirnos que las cantidades involucradas son demasiado pequeñas para justificar la administración. Que vayan a decir eso a la población de mi región, que ha utilizado 30 millones de ecus o sea 25 millones de libras, en los cinco últimos años. Programas más pequeños pero mejor enfocados pueden dar mejores resultados.
A los que apoyamos la iniciativa Urban, que no se nos hable de duplicación de actividades. ¿Qué pasa con el 60 % de las personas que viven en ciudades pequeñas o de tamaño mediano, qué pasa con la innovación, qué pasa con los vínculos transnacionales? Una nueva iniciativa comunitaria debería adaptarse a esas necesidades. En la esfera del Objetivo II, digamos con claridad que prestar apoyo a las regiones más pobres no es lo mismo que prestar apoyo a las personas más pobres. Prestemos apoyo a los enclaves de pobreza; un programa, una región, de acuerdo, pero que la ayuda con cargo al Objetivo II se destine a las regiones con un nivel inferior a NUTS III.
En cuanto a la cuestión de los servicios, un empleado de banco o un recepcionista de hotel está tan desempleado como un trabajador que no tenga ya trabajo en la fábrica. Me alegra que la Comisión haya apoyado nuestras observaciones sobre esta cuestión, pero el reglamento sigue requiriendo aclaración.
En un error que la Comisión excluya a las autoridades encargadas del medio ambiente de la participación en la adopción de decisiones. La financiación regional, igual que la financiación social, debe respetar los principios de la no discriminación.
Por último, por lo que se refiere a la cuestión respecto de la cual he sido ponente, que es la de las orientaciones, necesitamos la seguridad inequívoca por parte del Comisario de que se publicarán de aquí al final del año y de que no se utilizarán para imponer modificaciones tardías a los proyectos locales. Esto es una prueba de la voluntad real de simplificación de la Comisión. Aceptemos la obligación de negociar a su debido tiempo estas cuestiones. De lo contrario tropezaremos con retrasos en la financiación, plazos cortos, proyectos ejecutados precipitadamente durante los siete próximos años. La oportunidad de evitar todo eso se nos dará una vez, y nada más que una vez. Actuemos sin demora.

Imaz San Miguel
Señora Presidenta, la política de cohesión es un elemento de solidaridad para las zonas menos favorecidas. Las regiones prioritarias para la ayuda, tal y como las define la Comisión, son las del objetivo 1, aquellas con una renta inferior al 75 % de la media europea. Para esta definición se toma como referencia la comunidad autónoma o la región. El procedimiento puede parecer justo, pero exige una corrección. Hay comarcas que, sin tener la dimensión de una región, tienen necesidades objetivas y su renta está desgraciadamente por debajo del nivel exigido. Por eso es necesario que existan excepciones, limitadas por supuesto, para que esas comarcas sean objetivo 1 y tengan carácter prioritario en la recepción de ayudas. Hay varias en la Unión Europea. Les puedo poner un ejemplo: en el País Vasco, la comarca formada por la margen izquierda del Nervión y Ayala. Tiene 350.000 habitantes, con una renta inferior al 75 % de la media europea, una tasa de paro por encima del 20 %, un tejido socioeconómico que necesita una urgente revitalización y, además, una zona contigua a dos comunidades autónomas que, al día de hoy, son objetivo 1: Castilla-León y Cantabria.
Por tanto, la incorporación de la margen izquierda del Nervión y de Ayala al objetivo 1 no dejaría ninguna isla en el mapa europeo de ayudas. Sería un acto de solidaridad hacia sus habitantes y un elemento necesario para revitalizar la inversión y la actividad económica en la comarca y para crear puestos de trabajo. Es, por tanto, necesario que se contemple la posibilidad de tener en cuenta excepciones en el mapa del objetivo 1, para que las necesidades de apoyo concretas, objetivas, tengan su hueco en los Fondos estructurales por encima de los límites políticos y administrativos.
Y hay otro aspecto de la propuesta de la Comisión que debemos modificar. Las ayudas para la formación, para el empleo, del nuevo objetivo 3 pueden perderse para las zonas objetivo 2: las áreas industriales. Sería un total contrasentido. ¿Dónde es más necesaria la formación de las personas, de los recursos humanos, que en las áreas en transformación industrial? Sólo por este concepto, por esta modificación, el País Vasco, al igual que otras áreas industriales europeas, podría seguir percibiendo en torno a los 8.000 millones de pesetas anuales.
Espero que, mañana, el voto de este Parlamento sea favorable a la utilización de ese Fondo para la formación en las zonas objetivo 2, las que están en transformación industrial. Porque si en algún lugar de Europa es necesaria la formación para el empleo, es sin duda allí donde, con una tasa de paro elevada, se está haciendo un esfuerzo importante en la transformación industrial y tecnológica.

Pérez Royo
Señora Presidenta, intervengo en relación a la propuesta de reglamento relativa a las acciones estructurales en el campo de la pesca. Y en relación a este reglamento, es imposible no mantener, en principio, una posición crítica. Una posición crítica que se justifica por la situación en que actualmente se encuentra el sector pesquero y por las propuestas que se nos hacen en este reglamento, aunque no están muy concretadas.
Es importante subrayar -ustedes lo saben perfectamente- que la Política Pesquera Común descansa actualmente, casi de manera exclusiva, sobre los Fondos estructurales. Y en relación a esta cuestión, tanto desde el punto de vista cuantitativo como desde el cualitativo, es imposible no mantener una posición crítica.
El sector pesquero comunitario se encuentra actualmente en una profunda mutación para sobrevivir y resultar competitivo en el marco de una economía globalizada. Las acciones que se están llevando a cabo exigen la dotación de fondos suficientes para la financiación de los diferentes aspectos que configuran la política común de la pesca en sus diferentes facetas: conservación y protección de los recursos, acuerdos internacionales, mercados, medidas estructurales, aspectos sociales, etc.
La carencia de financiación suficiente provocaría el desmantelamiento de un sector vital en las zonas costeras, intensivo en mano de obra tanto en el sector extractivo como en la industria de transformación, y su pérdida supondría el desembolso de importantes recursos públicos. Desde el punto de vista cuantitativo, existe una serie de incertidumbres que complican su futuro.
Y desde el punto de vista cualitativo -y voy concluyendo-, hay una observación que ha sido repetidas veces mencionada en la Comisión de Pesca: el diseño de la nueva política estructural, en la cual se pierde el carácter horizontal del objetivo de pesca. La pesca exige un reglamento, o al menos un objetivo específico, de carácter horizontal, y la existencia de un instrumento jurídico único, un fondo como el actual IFOP, que debería ser reforzado inspirándose en los criterios que sostiene la Comisión en la propuesta de creación de un Fondo de desarrollo rural. Eso es lo que pedimos, señora Presidenta, en nuestras enmiendas.

Porto
Señora Presidenta, en el debate sobre el Fondo de Cohesión cobran relieve prevaleciente -por lo que está justificado que centremos en ellas nuestra atención- las propuestas de enmienda en el sentido de que dejen de tener derecho al Fondo los países que se hayan adherido al euro. Se trata de propuestas sin la menor justificación substancial, dado que se trata de un fondo estructural encaminado a la convergencia real de los países que tengan un PIB por habitante inferior al 90 % del PIB comunitario por habitante.
Dado que esa convergencia quedaría comprometida con la política restrictiva exigida por la convergencia nominal, se comprende que, para bien de todos, se concediera un apoyo suplementario a la aproximación real. No obstante, la necesidad de aproximación de los países más atrasados no acaba con la entrada en el euro. Es, de hecho, un mecanismo provisional -como se ha dicho esta tarde-, en la medida en que deja de aplicarse cuando se alcanza el 90 % (es, por tanto, transitorio) y, además, esos países están obligados, de conformidad con sus pactos de estabilidad y de crecimiento, a continuar aplicando políticas de austeridad.
Por lo demás, la propuesta de separación del fondo tendría la paradójica consecuencia de castigar a quien hubiera cumplido y, en cambio, premiar a quien, con una política de menor rigor, no hubiera satisfecho las políticas de paso al euro.
Pero, además de las razones sustanciales, está en entredicho nuestro crédito ante un Tratado que fija, sin margen para la duda, las condiciones de acceso al fondo: un PIB por habitante inferior al 90 % del PIB comunitario y la formulación de un programa de convergencia nominal. Es un Tratado que, sin la menor reserva a ese respecto, mereció el apoyo de nuestro Parlamento y fue ratificado por todos los países de la Unión. ¿Qué idea quedaría de los políticos -en este caso, de los diputados al Parlamento-, si, sin la menor razón -en este caso en contra de la Comisión-, no se respetara por iniciativa nuestra?
Los Tratados, como la palabra, son para cumplirlos, no sólo por los países del Sur, sino también por los del Norte, que, por lo demás, tuvieron -cosa comprensible- un papel decisivo en su redacción.

Izquierdo Collado
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, estamos debatiendo una parte de la Agenda 2000 que incide de manera especial en la personalidad europea pues se refiere, de una manera directa, a la cohesión.
He escuchado a muchos oradores en este debate y, posiblemente agobiados por el escaso tiempo de que disponemos, quizá han emitido una imagen con la que yo no estoy de acuerdo, porque han pretendido decir a la Comisión que sus propuestas no son propuestas consistentes. Yo quiero decir lo contrario -aprovechando el escaso tiempo de que dispongo-, y es que hemos podido contar con unos documentos de la Comisión realmente positivos, realmente penetrados del sentido de la cohesión, que nos han permitido trabajar y que estamos enmendando. Pero yo no soy tan pretencioso como para suponer que nuestras enmiendas mejoran los textos de la Comisión. Yo creo que la sociedad es compleja y, posiblemente, nuestras enmiendas complican el texto de la Comisión. Y es necesario porque somos parlamentarios y representantes populares, pero a costa de rebajar el nivel técnico y el buen nivel táctico de la documentación de la Comisión.
Sin embargo, yo sé que ustedes, en la Comisión, han sido positivos y valientes. Valientes a la hora de diseñar la arquitectura de la cohesión; valientes a la hora de proponer el Fondo de cohesión y acertando con el dictamen jurídico; valientes al proponer una dotación para ese Fondo de cohesión equilibrada y consistente.
Le pido, señora Comisaria -a usted especialmente- que, en relación con el reglamento marco, intente enviarnos un nuevo documento que recoja precisamente ese debate tan rico que ha tenido con el Parlamento y que sé que está teniendo con el Consejo. Sería bueno que este reglamento -que ya está, de alguna manera, enormemente dialogado- pudiera ser sustituido por otro que sería ya el último punto de redacción en este debate tan fructífero que hemos tenido.

Sisó Cruellas
Señora Presidenta, la dotación financiera para las redes transeuropeas propuesta por la Comisión para el período del 2000 al 2006 casi duplica la del período 1995-1999. Me congratulo de este incremento de la dotación financiera, pero hay que hacer notar que el período del 2000 al 2006 es más largo que el anterior, que las cifras deben compararse en términos constantes y no en términos corrientes, y que las inversiones en infraestructuras en la Unión han descendido del 1, 5 % del PIB al 0, 9 % en los últimos años.
Por lo tanto, considero que la cifra es relativamente tan pobre como la contemplada en el Reglamento del Consejo, que ahora modificamos y del que fui ponente. Y ya entonces dije ante esta Asamblea que la dotación financiera prevista para redes transeuropeas sólo representaba el 0, 6 % de las necesidades financieras para construir las infraestructuras previstas en el período 1994-1999. Estamos en una situación similar a pesar de duplicarse la dotación en términos corrientes, y sigue habiendo por tanto una clara contradicción entre las necesidades de una verdadera política comunitaria de infraestructuras y los fondos disponibles por parte de la Unión.
Y por haber sido también ponente de opinión sobre el Fondo de Cohesión, no quiero dejar de hacer la siguiente reflexión. Según lo establecido, si un Estado miembro, que percibe transferencias del Fondo de cohesión, no cumple los criterios de convergencia, tales como deuda pública y déficit público, dejará de percibirlas. Así está establecido. Por otra parte, hay quien manifiesta -y hoy hemos escuchado intervenciones en este sentido- que si un Estado miembro, que percibe transferencias del Fondo de cohesión, ha cumplido los criterios de convergencia, debe dejar de recibirlas. O sea, que todo Estado miembro tanto si cumple con los criterios de convergencia como si los incumple, será castigado a no percibir lo que le corresponda del Fondo de cohesión. Ante semejante incongruencia, sobra cualquier otro comentario.
Sólo añadiré que el espíritu de la comisión temporal, que se creó para instrumentar el Fondo de Cohesión, no era éste. Y lo digo con conocimiento de causa, puesto que tuve el honor de ser uno de los miembros de dicha comisión temporal.

Darras
Señora Presidenta, el documento que hoy se nos presenta es el resultado de numerosas horas de discusión y de compromisos; el mismo ha sido elaborado por nuestros dos coponentes, McCarthy y Hatzidakis, a quienes doy las gracias por el esfuerzo realizado.
Si bien podemos aprobar el contenido general del informe, que incluye los principios de concentración, de simplificación y de descentralización, propuestos por la Comisión, no podemos, sin embargo, votar a favor de la resolución final.
En efecto, a pesar de los puntos positivos del informe: aplicación horizontal del Objetivo 3; mantenimiento de la iniciativa URBAN, que engloba, por primera vez, las ciudades de mediano y pequeño tamaño; necesidad de una nueva iniciativa para hacer frente a las crisis económicas y sociales, que suponen pérdidas de empleo; y revisión de la reserva de rendimientos, que establecía la Comisión, nuestra opinión sigue siendo negativa.
Con respecto al Objetivo 1, nosotros corroboramos que la ayuda debe beneficiar en primer lugar a los más débiles. Deseamos que se respete estrictamente el criterio del 75 %. De ningún modo podemos aceptar que algunos créditos de la Sección Garantía del FEOGA, utilizados en el marco del Objetivo 2, se consideren gastos no obligatorios. Y, finalmente, si el Pleno no votase nuestra enmienda 46, que pide, por razones de transparencia, que se garantice una utilización no discriminatoria de los créditos de los Fondos estructurales en las diferentes regiones afectadas, nosotros consideraríamos dicho rechazo como perjudicial para nuestra democracia.
Por eso, señora Presidenta, la delegación socialista francesa del Parlamento Europeo no votará a favor de esta primera lectura.

Pirker
Señora Presidenta, señora Comisaria, señor Comisario, un objetivo muy importante del reglamento del Consejo es que los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional se dediquen en su mayor parte a medidas eficaces para crear empleo. Esto me parece muy importante y ha sido también objeto de nuestro debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Quiero destacar algunos puntos esenciales en los que hemos estado unánimemente de acuerdo en la comisión y que es necesario llevar a la práctica. En primer lugar, sabemos que unas nuevas formas de organización del trabajo, unos modelos flexibles, por lo general conducen a más empleo. También sabemos que estos modelos flexibles con mucha frecuencia no se aplican porque las pequeñas y medianas empresas no pueden aplicarlos. De ahí nuestro deseo de que se analice cómo se pueden aplicar en la práctica tales modelos flexibles también en las empresas pequeñas.
El segundo punto consiste en que muchas pequeñas y medianas empresas no se pueden permitir realizar la transferencia de tecnología, es decir, transferir a sus empresas todo lo que se ha desarrollado. Mi propuesta sería crear bolsas de innovación donde los jóvenes empresarios con espíritu innovador puedan obtener los correspondientes conocimientos, las correspondientes directrices para crear nuevos trabajos en nuevas empresas.
En tercer lugar, consideramos que en todos los proyectos se debe recapacitar ya desde el principio sobre cómo se pueden desarrollar en este contexto de modo óptimo los recursos humanos. El cuarto punto fue un deseo unánime de todos nosotros: las necesidades de los minusválidos deben tenerse especialmente en cuenta a la hora de planificar las medidas de infraestructura subvencionadas. Habría aún muchos puntos, pero creo que estos son los más importantes que pueden contribuir a crear más empleo. Ruego que se lleven a cabo estos puntos sobre los que hemos adoptado una resolución unánime.

Langenhagen
Señora Presidenta, señoras y señores de la Comisión, solamente ha pasado una semana desde que organicé una conferencia sobre la reforma de las medidas estructurales en el sector de la pesca en mi ciudad natal de Cuxhaven en Alemania, importante localidad pesquera de Alemania. Las críticas expresadas por el ramo de la pesca de la región son expresión de la gran preocupación que domina actualmente en este sector. En diciembre de 1992, el Consejo Europeo de Edimburgo se puso de acuerdo sobre el principio básico de que los territorios que dependen de la pesca deben percibir una ayuda privilegiada en el marco de la política estructural. La Comisión ya no tiene en cuenta este principio básico en el nuevo Reglamento de los Fondos estructurales. La reorientación parcial hacia los fondos agrícolas amenaza con colocar de nuevo al sector pesquero en competencia directa con la agricultura. En especial este aspecto ha ocasionado una gran intranquilidad durante mi conferencia.
Según los planes de la Comisión, se van a subvencionar de aquí en adelante las mismas acciones en las diferentes regiones objetivo utilizando para ello diferentes fondos, con lo que van a salir mucho mejor parados los territorios de las regiones Objetivo 1. ¿Tiene claro la Comisión que las empresas de las regiones Objetivo 2 van a considerar emigrar para establecerse en las regiones objetivo 1 solamente por el hecho de que van a encontrar allí unas condiciones mejores?
Sin duda, debemos despedirnos de nuestra exigencia originaria de un propio Objetivo 4 para las áreas rurales con un registro separado de las zonas dependientes de la pesca, pero necesitamos una ayuda unitaria estructural de carácter horizontal para asegurar los objetivos de la política pesquera común. Sólo éste es el enfoque correcto. No podemos ignorarlo. Una decisión errónea socavaría la confianza en la Unión Europea en este campo tan sensible. Este no puede ser el resultado de la nueva política estructural europea.

Viola
Señora Presidenta, señora Comisaria, Señorías, hoy el Parlamento da el primer paso de la reforma de los Fondos estructurales que gestionarán la política de cohesión de los Quince hasta el año 2006. Desde esta fecha en adelante, creo que todo va a cambiar radicalmente, tanto la PAC como el concepto y la gestión de los propios Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión.
Para gestionar el período que nos llevará directamente a la ampliación de la Unión, las perspectivas financieras nos proponen, sobre el papel, el mantenimiento del 0, 46 % del PIB para la sección 2 del presupuesto, mientras que la Comisión, de hecho, nos promete una concentración y una simplificación que, en términos reales, suponen una notable reducción del mapa de las regiones y del porcentaje de la población europea que volverá a incorporarse a los Objetivos 1 y 2.
Ahora bien, si se mantuviera el 0, 46 %, este esfuerzo de concentración podría comprenderse. Pero no se mantiene, ya que los Fondos destinados a la política de cohesión también se utilizarán para la política de preadhesión reduciéndose así de medio punto el porcentaje de gasto previsto en Edimburgo y ratificado en la Agenda 2000 para la política de cohesión de los Quince.
En cuanto a las iniciativas comunitarias, la reducción de trece a tres es aceptable si las que quedan van a suponer realmente ese valor añadido respecto a los fondos ya existentes y ese carácter regional transeuropeo que debería estar en la base de este tipo de iniciativa.
Acojo favorablemente la referencia a la inconveniencia, en el ámbito de reglamento general relativo a los Fondos estructurales, de vincular esto a la política de competencia. Reviste especial importancia en los informes sobre el reglamento general y sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la referencia a la solicitud de incorporar el principio de insularidad tanto para el Objetivo 1 como para las iniciativas comunitarias previendo, especialmente en el ámbito del nuevo INTERREG, un nuevo apartado claramente dedicado a la cooperación interinsular.
Al adoptar estas propuestas en primera lectura, el Parlamento Europeo demuestra coherencia consigo mismo -a la vista del resultado de la votación del mes de mayo sobre mi informe- y con el Tratado firmado en Amsterdam que prevé, en el artículo correspondiente a la política de cohesión, la inclusión de todas las regiones insulares europeas en las regiones menos favorecidas.
Por último, espero que la Comisión siga la misma línea de coherencia que, a partir de Amsterdam, han demostrado el Consejo y este Parlamento.

Ojala
Señora Presidenta, desearía comenzar felicitando a la Sra. Jöns por su excelente trabajo. De hecho, querría referirme aquí al Fondo Social Europeo. Me gustaría hacer tres puntualizaciones a la propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. En primer lugar, resulta imprescindible considerar la actividad del Fondo Social como un componente más de cara a la aplicación de las directrices comunitarias en materia de empleo. Nos mostramos de acuerdo con la Comisión en este punto. El segundo aspecto está relacionado con la promoción de la situación de la mujer, y el tercero hace referencia a las posibilidades de que dispone el Fondo Social Europeo para convertirse en garante de la aplicación del artículo 13 del Tratado de Amsterdam, es decir, del artículo sobre la no discriminación. La comisión propone que se modifique el artículo y que se reafirme la función de este Fondo para fomentar las actividades encaminadas a luchar contra la discriminación basada en el sexo, la raza, el origen étnico, la religión o la creencia, las discapacidades, la edad o la orientación sexual. Espero vehementemente que la Comisión se tome en serio esta propuesta de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo. Dicha propuesta reviste la máxima importancia, ya que, si no se dispusiera de recursos, el artículo sobre la no discriminación podría convertirse en simple letra muerta. Espero que la Comisión comprenda verdaderamente los puntos de vista de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo.

Botz
Señora Presidenta, señores Comisarios, uno de los objetivos más importantes de esta reforma es la concentración. Quien quiera alcanzarlo, deberá concentrar los créditos existentes en las regiones realmente necesitadas, es decir, distribuirlos. Cuantas más regiones se introduzcan en esta máxima categoría de ayudas del objetivo 1 porque no se quiera aceptar el umbral del 75 % o se encuentren rodeos para no aceptarlo, tanto más se contribuirá a que cumplamos mal este importante objetivo comunitario.
Esto no es aceptable de cara a la actual Comunidad de los Quince ni de cara a la próxima ampliación. En mi opinión, el phasing out , tal como ha propuesto la Comisión, es un procedimiento muy honesto en si del trato a dar a las regiones que han alcanzado la marca del 75 %. Veámoslo en un ejemplo: una región que llegase en 1999 al 74 %, permanecería aún seis años en las ayudas máximas para entrar al final en este procedimiento del phasing out hasta el 2011.
Permítanme que diga que a quien le ocurre algo tan positivo, no puede afirmar con la conciencia tranquila que en la UE existe una carencia de solidaridad. Por el contrario. Quiero recordar que hoy hemos tenido un alto invitado, el Presidente de uno de los Estados que buscan la adhesión y espero que cuando llegue el momento -naturalmente, no sé cuándo va a ser, nadie de nosotros lo sabe- en que la República de Polonia alcance el criterio del 75 % siendo ya miembro, que entonces los amigos polacos no insistan desde ese momento en seguir percibiendo las máximas ayudas europeas durante mucho más de 12 años. Por ello, para finalizar permítanme que extraiga la conclusión de que como Parlamento debemos recapacitar de nuevo -y espero que la decisión se adopte mañana en este sentido- que debemos determinar un criterio claro y exacto, una definición del criterio de la pertenencia al Objetivo 1.

Wulf-Mathies
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a todos los ponentes participantes por sus extensos trabajos y los informes de alta calidad que han elaborado: a la señora McCarthy y al señor Hatzidakis por el reglamento general, al señor Varela Suanzes-Carpegna por el reglamento del FEDER, al señor Collins por el reglamento del Fondo de Cohesión, al señor Kellet-Bowman por el nuevo reglamento sobre las RTE y, finalmente, también al señor Arias Cañete por la propuesta de reglamento sobre medidas estructurales en el sector de la pesca.
Creo que el Parlamento expresa con estos informes su decisión de concluir los trabajos sobre la Agenda 2000 antes de que finalice este período legislativo. Expreso mi agradecimiento por las numerosas y claras intervenciones mantenidas en este debate que muestran que el Parlamento quiere cumplir con esta responsabilidad. Señora Presidenta, ante cinco propuestas, en parte legislativas, le ruego comprenda que esto va a costar más tiempo, pues creo que sus señorías tienen derecho a escuchar también cuál es nuestra posición ante las enmiendas. Deseo exponer nuestra posición al respecto pero con el ruego de que comprenda que esto no se puede hacer en los diez minutos usuales.
En primer lugar, permítanme que realice algunas observaciones sobre el Reglamento general de los Fondos estructurales: me alegra que el Parlamento y la Comisión defiendan la misma línea en la mayoría de las cuestiones básicas de la reforma de estos Fondos. Esto es en especial aplicable al marco financiero del 0, 46 % del producto social bruto, al fomento sobre todo de las regiones con un auténtico retraso en su desarrollo, a la reducción del número de objetivos y de iniciativas comunitarias, al fortalecimiento del principio de solidaridad y la importancia de los comités de seguimiento en el proceso descentralizado de programación y a la igualdad de oportunidades y desarrollo sostenible. Respecto al tema de la igualdad de oportunidades en relación con el Fondo Social, mi colega Flynn expondrá aún más extensamente su opinión.
No obstante, lamentaría mucho si en los puntos decisivos, en especial la necesaria concentración, el Parlamento no tuviese el valor de imponer los principios reconocidos como correctos también frente a los intereses particulares de diversos Estados miembros, regiones o sectores. Por ello, la Comisión no puede adherirse a una serie de propuestas del informe relativas a cuestiones de aplicación.
En primer lugar, me voy a referir a la concentración geográfica de las ayudas para los Objetivos 1 y 2. Aquí se encuentra el núcleo de la reforma, lo que han mostrado también claramente muchas oradoras y oradores en el debate. Sin concentración, nuestros esfuerzos por emplear de un modo más eficiente los fondos no servirán de nada y no serán más que buenas intenciones. Sin concentración, los efectos positivos para las regiones más pobres se verán anulados y se socavará a la postre incluso la política de cohesión.
Por ello, la Comisión no puede apoyar propuestas que apuntan a un debilitamiento del objetivo de cohesión. En el Objetivo 1, esto es aplicable a las excepciones que se exigen a la aplicación estricta del criterio del 75 % y en el Objetivo 2, al intento de reducir el margen de ayuda al 18 %, al considerarse de modo indicativo. Por ello, comprenderán que no quiera comentar aquí la resolución del Gobierno irlandés.
Respecto a la configuración del Objetivo 2, la evolución del paro sigue siendo la característica más destacada a la hora de enjuiciar la adaptación estructural, lo que ustedes mismos han destacado en varias ocasiones. Sin embargo, la propuesta de la Comisión permite a los Estados miembros realizar la selección de las regiones receptoras de ayudas en el marco de la flexibilidad ampliada sobre la base de una serie de llamados criterios blandos. A la luz del debate de hoy considero perfectamente aceptable recoger algunos de los criterios deseados adicionalmente por ustedes en la formulación del apartado 9 del artículo 4, pero tiene que mantenerse la limitación del tope de población europea del 18 % y la distribución de los límites entre los Estados miembros en base a los criterios europeos propuestos. Asimismo, la Comisión tampoco puede apoyar la propuesta de elegir el producto social bruto como baremo de referencia para el Objetivo 2. Esto significaría establecer tras la fachada del Objetivo 2 un Objetivo 1 para los Estados miembros ricos. Sería una contradicción en si mismo y, desde nuestro punto de vista, no se podría justificar con consideraciones de política de cohesión.
Sin embargo, no se va a producir una desventaja para las áreas rurales porque en el marco de los criterios blandos también existen márgenes de actuación. Respecto al Objetivo 3 sólo quiero realizar una observación desde la perspectiva de la política regional. Naturalmente, el Objetivo 3 desempeña una importante función en el marco de los planes nacionales de empleo. Aquí no existen diferencias de opinión entre la Comisión y el Parlamento Europeo.
Al mismo tiempo debemos evitar los sobrelapamientos existentes entre medidas de los Objetivos 2 y 3 y debe existir una auténtica coordinación de las ayudas a las inversiones y al empleo en los territorios objetivo regionales. No tenemos nada que objetar a que la estrategia nacional de empleo intervenga en todos los lugares. Por el contrario. Pero queremos garantizar que las medidas regionales para el fomento de los recursos humanos y que se insertan en la estrategia regional de desarrollo e inversiones, dispongan de los créditos necesarios del Fondo social. Por ello, la Comisión está dispuesta a examinar alternativas a su actual propuesta para salir así al paso del Parlamento. Por ejemplo, me parece factible que exista una ayuda propia del Objetivo 3 dentro de las regiones del Objetivo 2.
Sin embargo, desde una perspectiva económica y de política regional, para nosotros es irrenunciable que en el marco de los programas del Objetivo 2 se pongan también a disposición créditos del FSE para el desarrollo de los recursos humanos. Esto corresponde por lo demás también al necesario fortalecimiento de las corporaciones territoriales locales y regionales a la hora de determinar la estrategia de desarrollo regional que ustedes han exigido con razón en muchos puntos. Creo que con este compromiso se puede hacer justicia a ambas necesidades.
Voy a dedicar unas palabras a las iniciativas comunitarias, en especial, a la cuestión de si necesitamos adicionalmente URBAN. Por motivos de simplificación y de aumento de la eficiencia, la Comisión no puede aceptar un aumento del número de iniciativas comunitarias por encima de las tres propuestas. Aquí se incluye a LEADER, lo que subrayo porque no quedó claro en una intervención. Esto es especialmente válido ante los considerable problemas de absorción de las iniciativas comunitarias.
El desarrollo sostenible de las ciudades se incluye ya hoy entre los objetivos de ayuda de las regiones del Objetivo 1 y se destaca expresamente para el nuevo Objetivo 2 también con una proporción indicativa de la población. Tras las experiencias tenidas con la iniciativa comunitaria URBAN en el período de ayuda pasado, ahora se trata de la transferencia de las medidas y formas de aplicación acreditadas a los programas «mainstream» de los Objetivos 1, 2 y 3. Una iniciativa comunitaria URBAN paralela impediría más que fomentaría este proceso. Sin embargo, podríamos recapacitar sobre si no se debería destacar más intensamente la idea del desarrollo urbano sostenible, por ejemplo, en los considerandos de todos los objetivos. De este modo, saldríamos al paso del malentendido de que allí donde no se menciona expresamente en el objetivo, no se debe fomentar ningún desarrollo urbano sostenible. Creo que así se tendrían también en cuenta algunos problemas que han expuesto aquí. Naturalmente, esto significa también que las ayudas no quedarían limitadas sólo a las grandes ciudades. Esto lo he indicado en el pasado siempre con gran claridad y lo repito ahora.
El tema de la reserva de eficiencia se ha mencionado en muchas intervenciones del debate. Me decepciona que aunque el Consejo y el Parlamento en el pasado hayan siempre exigido una mejora de la eficiencia de los Fondos estructurales, una mejor evaluación y control y unas mejores posibilidades de sanción, sin embargo ahora rechacen casi de plano la posibilidad de crear un sistema concreto de estímulos para garantizar un gestión eficiente de los Fondos estructurales.
Como ya ha subrayado en varias ocasiones, la Comisión está dispuesta a recapacitar sobre modificaciones de su propuesta pero no a renunciar al principio. Estamos obligados frente a los contribuyentes europeos a hacer algo más que solamente a comprometernos a una administración eficaz de los créditos públicos después de que en el pasado período de ayudas esto no ha conducido ni mucho menos al éxito deseado. Para facilitar al Parlamento y al Consejo la aprobación de la reserva de eficiencia, la Comisión está dispuesta a discutir sobre el volumen de la reserva y a recapacitar sobre si se puede limitar al 10 % del volumen de los créditos previstos para los últimos tres años.
En lo tocante al mecanismo decisorio, también son posibles modificaciones que garanticen que los Estados miembros puedan participar de modo decisivo a la hora de distribuir los créditos de la reserva. Señor Schiedermeier, para nosotros no se trata de jugar ningún jueguecito, por lo que no necesitamos ningún campo de juego, sino que queremos garantizar junto con ustedes que al final tengamos una política estructural con éxito. Por ello, quizás se podría salir al paso de las objeciones existentes distribuyendo la reserva a nivel nacional, de modo que no se tengan que producir redistribuciones de créditos entre los Estados miembros.
Ahora bien, esto ya no correspondería a las best practices europeas y perjudicaría la dimensión europea de la reserva. Por ello, creo que se debería debatir aquí sobre los diversos problemas que surgen como consecuencia de ello. La Comisión está dispuesta a discutir de modo constructivo con el Parlamento Europeo y el Consejo pues la reserva es un elemento decisivo en el marco de las propuestas que realiza la Comisión para mejorar la eficiencia que se debe lograr mediante una combinación entre la simplificación de la descentralización, una mejor evaluación y una gestión financiera más estricta. Creo que esto lo queremos alcanzar todos conjuntamente.
Permítanme indicar además que quizás tampoco sea ninguna casualidad que el Presidente del Tribunal de Cuentas europeo haya calificado ayer expresamente la reserva de eficiencia como un medio útil para mejorar la eficiencia de los Fondos estructurales. Como la credibilidad del Tribunal de Cuentas europeo goza actualmente de muchos enteros, les ruego que lo incluyan en sus posteriores consideraciones.
La coherencia entre competencia y Fondos estructurales ha dado alas a una parte de sus debates conduciendo a ideas de compromiso. Sólo quiero indicar que aquí se trata de un mandato de eficiencia, pues no puede tener sentido que la política regional europea subvencione precisamente territorios que no son subvencionados a nivel nacional con ayudas regionales, tanto más cuando los márgenes de actuación nacional son mayores que los de los Fondos estructurales.
También me parece contradictorio advertir permanentemente en todos los informes sobre la necesaria coherencia de todas las políticas comunitarias pero rechazar en este punto nuestra propuesta alegando que va demasiado lejos. Creo que la flexibilidad propuesta del 2 % de la población debería ser suficiente si, por ejemplo, no se introducen las regiones urbanas problemáticas en el escenario competitivo ya que aquí no es tan esencial impulsar las inversiones de grandes empresas o contemplar ayudas de inversiones especialmente elevadas. En este contexto de lo que más bien se trata es de aplicar medidas más suaves, de combatir la exclusión social, de poner a disposición servicios sociales o de fomentar las pequeñas y medianas empresas y el artesanado. Creo que de este modo la posición de la Comisión se acercaría mucho a las consideraciones que se reflejan en los informes.
Un último punto importante sobre el reglamento general es el relativo al papel del Parlamento en la aplicación del Reglamento de los Fondos estructurales. El Tratado asigna a la Comisión como órgano ejecutivo de la Unión las competencias administrativas determinantes para la ejecución de las políticas comunitarias. Naturalmente, la Comisión tiene la obligación de rendir regularmente cuentas al Parlamento sobre su actuación, lo que así hace. Pero con esta situación jurídica no son compatibles consultas previas vinculantes relativas a la administración de los Fondos. No obstante, estoy dispuesta a atenerme a la práctica actual que ha cristalizado sobre la base del código Klepsch-Millan y a elaborar un nuevo code of conduct que contemple la información previa al Parlamento Europeo en cuestiones de ejecución general.
Ustedes saben que en este período de ayudas nos hemos comportado así y que hemos tenido en cuenta en nuestras propuestas definitivas también posiciones del Parlamento Europeo. Además, hemos puesto a su disposición todos los documentos que llegaron a los grupos de trabajo del Consejo. Sin embargo, no es compatible con el equilibrio institucional ni con los principios de subsidiariedad y descentralización que el Parlamento Europeo intervenga a nivel de los Estados miembros en la ejecución de la política estructural. Ruego comprendan que la Comisión tiene que limitarse a garantizar el papel del Parlamento como órgano de control de instituciones comunitarias. Y los comités de seguimiento nacionales o regionales no son precisamente instituciones comunitarias.
Voy a referirme ahora al nuevo Reglamento del FEDER y a centrarme en tres puntos. Primero: las enmiendas al campo de aplicación. La Comisión no tiene ninguna objeción de fondo que plantear al gran número de enmiendas que pretenden precisar el campo de aplicación y las posibilidades de intervención. Sin embargo, sí tengo reservas que oponer a introducirlas todas ellas en el reglamento. Y esto por dos motivos. En primer lugar, la mayoría de los casos están ya cubiertos por la práctica de los años pasados, de modo que de facto no existe ninguna necesidad de corrección. En segundo lugar, si en el texto del Reglamento se introducen demasiados detalles, no sólo sería en gran medida ilegible, tal como se ha observado aquí, sino que además escondería el peligro de perder la necesaria flexibilidad y de excluir en el futuro las posibles variantes de ayudas que podrían ser importantes para el desarrollo regional y que supondrían un auténtico enfoque bottom-up .
Por lo demás, la experiencia enseña que aunque nos esforzásemos muchísimo, no lograríamos incluir todas las posibilidades en un reglamento de este tipo. Debo excluir las enmiendas que no coinciden con la dirección básical del Fondo Regional. Esto es aplicable, por ejemplo, al transporte marítimo -no a los elementos de infraestructura en este campo- o a la biodiversidad. Estos dos temas están ya cubiertos por otros programas comunitarios. Por contra, estamos dispuestos a recoger como referencia expresa los temas que hoy han desempeñado un papel en el debate, a saber, la cultura y el turismo, ya que representan una mejora auténtica al desarrollo del potencial endógeno de una región y pueden crear empleo.
Quiero saludar expresamente las diferentes enmiendas que destacan la mejora de la iniciativa INTERREG y la importancia de la cooperación transnacional e interregional. La Comisión está dispuesta a modificar el texto en el espíritu de estas propuestas. Lo mismo es aplicable a la necesidad de revisar la coordinación con PHARE, TACIS y MEDA. Estamos ya revisando este reglamento.
En relación con las medidas innovadoras y los proyectos piloto, la Comisión puede aceptar las enmiendas que apuntan a ampliar los proyectos. Sin embargo, me parece redundante la exigencia de que la financiación de la iniciativa INTERREG con el Fondo Regional incluya también el desarrollo de los recursos humanos y del área rural. Esto figura ya claramente en el texto del reglamento. En lo tocante a la cuestión de la iniciativa URBAN me remito a lo que ya he dicho en la parte general así como en lo referente a la coparticipación del Parlamento Europeo. Estoy dispuesta a poner en marcha un nuevo código de conducta.
Respecto a las iniciativas comunitarias y a RESTRUCT, sólo quiero realizar una observación. En el objetivo 2 hemos indicado expresamente que es posible reaccionar en la evaluación intermedia ante las crisis que surjan de repente y que es posible entonces realizar el intercambio de regiones. Creo que es tarea de la evaluación intermedia determinar dónde tenemos que modificar programas en interés de futuros acontecimientos.
Respecto a FEDER, permítanme que resuma de nuevo muy brevemente las enmiendas y las posiciones de la Comisión al respecto, ya que esto es objeto de consulta y espero que en alguna ocasión sea tema de codecisión. Podemos tener en cuenta total o parcialmente las siguientes enmiendas o insertarlas en otros considerandos y artículos del reglamento, a saber, la núms. 1, 3, 6, 7, la 11 parcialmente, 19, 22-26, 29, 34, 35 y 55. Desde una perspectiva jurídica, la Comisión considera otras enmiendas como redundantes y, por tanto, no necesarias. Me refiero a las enmiendas núms. 2, 4, 5, 9, 10, la 11 parcialmente, 13-18, 20, 27, 30 y 33.
Por otro lado, la Comisión no puede tener en cuenta una serie de enmiendas, ya que van más allá del marco del Reglamento FEDER y no corresponden a los objetivos generales. Se trata de la 11 parcialmente, 12, 28, 31, 32 y 36, 38-54 y 56-62. Finalmente, la Comisión va tener en cuenta las enmiendas 8 y 37 a la hora de elaborar el código de conducta entre la Comisión y el Parlamento Europeo.
Me voy a referir ahora al Reglamento del Fondo de Cohesión. Objetivo de la modificación propuesta por la Comisión es establecer una mayor sintonía con los mecanismos de los Fondos estructurales, en especial, con la gestión financiera. La Comisión constata con satisfacción que la mayoría del Parlamento comparte por lo visto la perspectiva de la Comisión en lo tocante a la necesidad de aplicar el Fondo de cohesión también a INS. Respecto de la recogida de las definiciones más exactas de proyectos o de fases de proyectos del anexo del reglamento base, la Comisión cree que la precisión del contenido de estos conceptos tiene la categoría de disposiciones ejecutivas, por lo que el anexo es el lugar adecuado para ello.
La Comisión va a comprobar si la regulación que se propone de anticipos del 10 % puede ocasionar dificultades a los proyectos de corta duración y si, como consecuencia de ello, es necesaria una modificación de la propuesta.
La Comisión ve problemas en el apartado 5, pues no consideramos adecuado imponer en el futuro en los presupuestos anuales una distribución exacta de créditos para los diversos Estados miembros. Una determinación de los importes anuales provocaría una rigidez innecesaria y acarrearía el peligro de que se hiciese un menor uso de los créditos anuales que se ponen a disposición.
Respecto a la cuestión de la condicionalidad, en el apartado 7 la Comisión sigue siendo de la opinión de que es absolutamente necesaria una adaptación de las condiciones al pacto de estabilidad para los Estados miembros que participan en la Unión monetaria. La Comisión tampoco se puede adherir al phasing out que se exige en el apartado 8 para el Fondo de cohesión. Al alcanzarse un nivel de producto social bruto del 90 % a nivel nacional en comparación con el 75 % a nivel regional en el objetivo 1, apenas es realista que surjan fuertes sacudidas económicas al finalizar la ayuda, tanto más cuando estos países siguen beneficiándose de las ayudas del objetivo 1 o del phasing out del objetivo 1.
A la Comisión no le parece adecuada la reserva del 5 % de los créditos del Fondo que se exige en el apartado 17 para grupos de proyectos pequeños. La agrupación de proyectos pequeños no ha creado hasta ahora ninguna dificultad. Pero la necesidad de la formación de grupos puede ser sin embargo diferente de año en año y de Estado miembro a Estado miembro. Por ello, déjennos la necesaria flexibilidad para subvencionar cuando se presenten realmente buenos proyectos.
En el apartado 20 se pide que se permita el nuevo empleo de autorizaciones anuladas. Esto socavaría los efectos deseados de una ejecución rápida de los proyectos, por lo que no lo podemos apoyar.
Respecto al Reglamento sobre las redes transeuropeas la Comisión celebra que ante los créditos financieros limitados disponibles garanticemos una mayor eficiencia en su empleo y el modo de hacerlo. Saludo en especial el apoyo de las medidas más importantes: planificación plurianual, introducción de la participación en el capital de riesgo, un mayor control comunitario en la cofinanciación de las inversiones y estimación de 5.500 millones de euros para el período 2000-2006. Por ello, podemos aceptar 18 de las 30 enmiendas del informe totalmente o al menos en su sentido. Se trata de las enmiendas 1-4, 6-10, 12, 14-20 y 22.
Probablemente, es mejor que lo diga al revés. Las enmiendas que no podemos asumir son la 5, 11, 13, 21, 23 y 24-30. Como estos temas no han desempeñado en el debate ningún papel, me ahorro ahora dar una explicación detallada pero estoy gustosamente dispuesta a realizarlo por escrito si se solicita así. Creo que este punto se podría solventar hoy por el momento de este modo y llegar al último punto, es decir, el de las medidas estructurales en el sector de la pesca, que han despertado aquí un gran debate.
En lo tocante a la regulación de las medidas de política estructural en el sector de la pesca, procedemos en dos pasos, un reglamento de base y un reglamento ejecutivo. De este modo, aplicamos el mismo procedimiento que en 1993, que entonces no planteó ningún problema.
Las enmiendas del informe Arias Cañete apuntan a integrar elementos esenciales del reglamento ejecutivo en el reglamento de base. Como saben, hasta ahora la Comisión no ha realizado ninguna propuesta sobre el reglamento ejecutivo pero lo va a hacer en breve. Por ello, hoy, ante el trasfondo del derecho de propia iniciativa de la Comisión, no se pueden tener en cuenta las enmiendas como tales, si bien las considero como una parte importante del debate general. En lo que al fondo se refiere, es de saludar que el Parlamento y la Comisión vean una considerable necesidad de reforma.
Desde la perspectiva de la Comisión, debemos extraer unas claras enseñanzas de las experiencias acumuladas desde 1994. Ciertamente, el reglamento existente tiene lagunas y puntos flacos que a veces han provocado incluso decisiones erróneas. Me refiero en especial a pasajes de diversos informes del Tribunal de Cuentas que no podemos ignorar, a la insuficiente coordinación y la deficiente sinergia entre la política estructural en el sector pesquero y la política de pesca común así como a las dificultades de garantizar diversos aspectos del reglamento. En todos estos puntos, el Parlamento ha ejercido críticas en varias ocasiones y ha pedido que se solucione.
La Comisión va a presentar en breve su proyecto de un nuevo reglamento ejecutivo que va a sustituir al actual. Entonces verán que no existe ningún detrimento del sector pesquero frente a la agricultura y que los dos instrumentos abarcan juntos todas las regiones de la UE. En la propuesta que va a presentar la Comisión se contiene también una gran parte de las ideas básicas de sus enmiendas.
En el subsiguiente debate sobre el reglamento ejecutivo que se celebrará en el Parlamento, podremos profundizar los diversos aspectos de la ejecución. Independientemente de ello, la Comisión está dispuesta a recoger en el reglamento de base hoy debatido algunas directrices generales sobre los campos de intervención. Espero, pues, que cuando tengamos ambos reglamentos sobre la mesa lleguemos a unas soluciones comunes razonables y se puedan tener en cuenta del modo adecuado todos los aspectos que preocupan a las regiones pesqueras.
Quiero felicitarles de nuevo a todos ustedes, en especial a las ponentes y a los ponentes, por la cooperación, el apoyo y los valiosos añadidos a muchos puntos. Como optimista irredenta que soy permítanme concluir expresando también frente a los puntos aún litigiosos la esperanza de llegar a una solución constructiva que permita poner en marcha a tiempo esta importante parte de la Agenda 2000. Digo a tiempo, remitiéndome de este modo a la pregunta planteada por el señor Teverson, pues suponiendo que aprobemos el reglamento en mayo de 1999, entonces podremos aprobar los programas para las regiones del objetivo 1 en marzo del año 2000, en cualquier caso en la primavera del año 2000. Pero incluso en este caso, la aprobación de los programas para el Objetivo 2 duraría hasta agosto, por lo que podrían aparecer algunas de las preocupaciones mencionadas por ustedes. Pero esto muestra también lo importante que es que nos atengamos a un calendario y que la Comisión, Consejo y Parlamento tengan una responsabilidad común para no abandonar a las regiones que necesitan más urgentemente la solidaridad europea. Muchas gracias por su paciencia.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria, era sin duda necesario aunque con ello hayamos sobrepasado en mucho los tiempos de uso de la palabra, pues para ambos oradores solamente estaban previstos veinte minutos en total. No le he interrumpido pues he considerado que la extensa opinión estaba plenamente justificada.
La señora McCarthy desea plantear aún una pregunta.

McCarthy
Señora Presidenta, lo que quiero decir es sencillísimo. La Comisión ha indicado que va a modificar su propuesta acerca de la reserva de rendimiento. ¿Quiere decir eso que hemos de esperar que se nos presente un reglamento modificado o simplemente una respuesta modificada acerca de la reserva de rendimiento? Quisiera recordar a la Comisión que, aunque estamos muy dispuestos a discutir con ustedes acerca de la reserva de rendimiento, no recae en nosotros el derecho de iniciativa. Quisiéramos que hubiera codecisión, quisiéramos proponer nuestra propia reserva de rendimiento, pero ésa no es nuestra labor. Corresponde ahora a la Comisión presentar una propuesta que sea viable y que no tenga puntos débiles.

Wulf-Mathies
Señora Presidenta, señora McCarthy, no vamos a elaborar aún ningún proyecto legislativo auténtico sino un documento que deseamos debatir con el Consejo y el Parlamento. Creo que es oportuno que primero debatamos entre nosotros para llegar a acuerdos antes de desarrollar una nueva propuesta legislativa. Queremos recoger muchas valiosas sugerencias del Parlamento pues me he dado cuenta de que están dispuestos a seguir la idea básica de la reserva.

Flynn
Señora Presidenta, antes que nada quisiera dar gracias a la Sra. Jöns por su informe sumamente completo acerca de nuestra propuesta en favor de un reglamento del Consejo sobre el Fondo Social Europeo.
Coincidimos con casi todos los puntos principales de sustancia de la propuesta de la Comisión para la futura operación del Fondo Social, la importancia de prevenir el desempleo y luchar contra él, y el vínculo vital entre el Fondo Social y la Estrategia de empleo europea. Pensando en lo antedicho diré con placer que aceptamos las enmiendas 4, 8, 11 y parte de la 14, que refuerzan los mencionados puntos.
Sé también que el Parlamento está preocupado por la propuesta de la Comisión de que el Objetivo 3 -que es la finalidad especial de la actividad del Fondo Social- sólo se aplique fuera de las zonas del Objetivo 1 y Objetivo 2. Es ésta una preocupación que comparten muchos de los Estados miembros. Por consiguiente, tras reflexionar, acepto que el Objetivo 3 tenga que desempeñar un cometido futuro en zonas del Objetivo 2.
Queda aún por determinar de qué forma organizaremos lo antedicho. Nuestra propuesta original en esta esfera estaba enmarcada en los objetivos de simplificación y de flexibilidad. Tenemos que velar por que cualquier arreglo alternativo que se adopte no siga un camino diferente.
Hemos convenido también en la necesidad de que haya una firme asociación en los Fondos Estructurales. Esto es aún más importante para el Fondo Social Europeo, por la importancia que concede a las cuestiones de inclusión, al desarrollo de recursos humanos y a la participación de las organizaciones locales. Me alegra que el informe reconozca la importancia del desarrollo local y de la participación de organizaciones no gubernamentales.
Acepto con placer la primera parte de la enmienda 12, la primera parte de la enmienda 38 y la enmienda 63, que aclara la importancia de las asociaciones, particularmente por lo que se refiere a la intervención de las organizaciones no gubernamentales en la distribución de pequeñas subvenciones aportadas por órganos intermediarios.
Aprovecharé la oportunidad para dar gracias a todos ustedes por su apoyo continuo de nuestra propuesta del apartado 3 del artículo 4 del proyecto de reglamento, de que por lo menos el 1 % de las consignaciones para el Fondo Social puedan utilizarse con esa finalidad.
Estamos tropezando con alguna resistencia de los Estados miembros en el Consejo, que quieren suavizar el texto hasta un punto en el que carecería por completo de sentido. Es evidente que el Parlamento está más al corriente del potencial de creación de puestos de trabajo que ofrecen el capital social local y el capital destinado al desarrollo local. Haremos todo lo que podamos por mantener esas disposiciones en el reglamento sobre el Fondo Social y espero que sigan ayudándonos ustedes en esta esfera. Vale la pena mencionar que hemos recibido más de 600 solicitudes para un proyecto experimental que hemos iniciado. Esto les da una idea de la situación y espero que los escépticos tomen nota de ello.
En consonancia con la importancia que dan ustedes a la igualdad de oportunidades, acepto la enmienda 6 que aclara las finalidades del fondo en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. Acepto también los principios en que se inspiran las enmiendas 19 y 60 para la adopción de medidas adicionales concretas encaminadas a promover la participación de la mujer, pero necesitamos que el texto esté redactado con claridad.
El reglamento general enuncia muy claramente que el principio de la igualdad de oportunidades en la corriente general de nuestra actividad debe aplicarse en todas las fases de la programación de todas las intervenciones del Fondo.
En consecuencia, la enmienda 47 que trata de la igualdad de oportunidades en la fase de evaluación queda ya abarcada por el reglamento general y, por lo tanto, no es necesaria. Me alegra que hayan apoyado ustedes ampliamente las cinco políticas del Fondo Social que proponemos en el artículo 2 del reglamento.
La enmienda 15 -primera parte- y las enmiendas 17, 18 y 19 están en consonancia con las intenciones de la Comisión y me alegra poder apoyarlas. De manera análoga, las aclaraciones que han introducido ustedes en el artículo 3 -actividades elegibles-, las enmiendas 21 y 24, y en principio las enmiendas 23, 27 y 31, son acogidas también con satisfacción.
Sin embargo, hay tres grupos principales de enmiendas que la Comisión no puede aceptar. Se las explicaré muy rápidamente. La primera es el regreso al enfoque de grupos del actual Objetivo 3, que para nosotros, naturalmente, representaría un paso atrás. Los principios esenciales de nuestras propuestas relativas al nuevo Fondo Social son la simplificación y la flexibilidad. Si especificamos a determinados grupos al principio del período de siete años promoveríamos la exclusión de otros grupos y privaríamos al Fondo Social de la flexibilidad para intervenir en apoyo de otros grupos vulnerables que puedan surgir durante el período de programación. Es precisamente lo contrario del enfoque de la integración en la corriente general que hemos estado procurando promover. Por esa razón no puedo aceptar el apartado 2 del artículo 1 propuesto en las enmiendas 14 y 58, ni la segunda parte de la enmienda 15 o la enmienda 39.
Ahora bien, permitan que me exprese con claridad. Es posible que esos grupos cuenten todavía con apoyo. El Fondo Social tiene que prestar apoyo a un enfoque más generalizado a fin de luchar contra las desigualdades en cuanto al acceso al mercado laboral. Acepto la enmienda 3 (primera parte) que dice lo antedicho con toda claridad, y la enmienda 7, con algún cambio de redacción. La segunda enmienda principal con la que la Comisión tiene dificultades es la enmienda 20. Esta enmienda recaba que un mínimo del 15 % de las intervenciones se dediquen a la adaptabilidad y a la igualdad de oportunidades. Eso no significa que no nos interesemos por esas dos cuestiones. En realidad, sugerimos que el 15 % del memorándum explicativo sea una cifra indicativa y que se estipule en el reglamento que debe hacerse hincapié particularmente en esas dos esferas.
Especificando una cifra en el artículo 4 no daríamos a los Estados miembros la necesaria flexibilidad para atender las necesidades identificadas por las evaluaciones ex ante y en sus planes nacionales de acción en materia de empleo en el marco de las directrices anuales de empleo.
Por último, el tercer grupo de enmiendas trata de la asistencia técnica. Es un hecho muy sencillo que la disponibilidad de asistencia técnica es una cuestión que se define en el reglamento y que no define la autoridad presupuestaria.
O sea que, para terminar, no tengo dificultades en aceptar 19 de las enmiendas propuestas. Se trata de las enmiendas 1, 2, 3 (primera parte), 4, 6, 8, 11 y 12 (primera parte), 14 (segunda parte), 15 (primera parte), 17, 18, 21, 24 y 34 (primera parte), 38 (primera parte), 45, 52 y 63. Además puedo aceptar en principio otras seis enmiendas, siempre que se aclare algo su redacción. Se trata de las enmiendas 7, 19, 23, 27, 31 y 60. Espero haber explicado adecuadamente por qué la Comisión no puede aceptar las demás enmiendas.
El Fondo Social se ocupa sobre todo de gente: de sus puestos de trabajo, de sus aptitudes, de sus perspectivas en el mercado laboral. Por consiguiente, estimo que es absolutamente apropiado que el Parlamento Europeo tenga mucho que decir respecto de este reglamento. He apreciado mucho la coparticipación con la Sra. Jöns y con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y espero seguir cooperando estrechamente con ellos en el futuro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Flynn.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas.

PAC, FEOGA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales:
B4-0702/98 del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, al Consejo, sobre la Agenda 2000 - reforma de la PAC; -B4-0703/98 del Sr. Colino Salamanca, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre la Agenda 2000 - reforma de la PAC, así como del informe (A4-0405/98) del señor Görlach, en nombre de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158-C4-0297/98-98/0102(CNS)) sobre la ayuda al desarrollo de las áreas rurales por el Fondo de Garantía y Orientación para la agricultura (FEOGA).

Colino Salamanca
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera saludar al Presidente en ejercicio del Consejo. Gracias por su presencia esta noche. Me parece que es un buen ejemplo para futuros Consejos.
En lo que se refiere al Consejo, quisiera dejar constancia de nuestra preocupación por la forma en que se están llevando los temas de la Agenda 2000. En el programa de Presidencia se decía que ustedes pensaban seguir el proceso de negociación de manera activa. Y la verdad es que, si uno se fía de lo que dice la última referencia del Consejo de los días 19 y 20, pueden entrarnos dudas de que realmente se esté siguiendo en el Consejo esa negociación activa. Y lo digo fundamentalmente porque he tenido ocasión de leer la referencia del último Consejo de Ministros en la que ustedes han hecho un repertorio de las cuestiones claves de cada uno de los sectores en reforma y esa lectura no le hace pensar a uno con mucho optimismo que vayamos a llegar en su momento a tener una solución. Leo, por ejemplo, las reflexiones que ha hecho el Consejo en relación con el reglamento horizontal y ustedes precisan como grandes cuestiones esenciales la necesidad de integrar la «ecocondicionalidad», la necesidad de modular las ayudas, la necesidad de fijar un techo a las ayudas directas y la necesidad de ver cómo se redistribuyen los recursos presupuestarios. Para este trabajo, realmente, sería suficiente con leerse el reglamento al respecto. Da la sensación de que hasta ahora han pasado cuatro o cinco meses y que lo que realmente ha hecho el Consejo es leer los reglamentos. La verdad, pensábamos que debía haberse hecho algo más en estos cuatro o cinco meses. Incluso vemos con sorpresa que todavía discuten en el Consejo de Ministros si el reglamento del vino está o no en la reforma de la Agenda 2000. Yo pensaba que estaba ya solucionado, que estábamos todos de acuerdo, que estamos trabajando sobre la Agenda 2000 con la inclusión del vino.
En todo caso, ustedes han establecido como conclusión de su último Consejo que ya pueden comenzar a estudiar las soluciones. Eso está muy bien. Me gustaría, sobre todo, saber cuándo piensan ustedes acabar las discusiones porque tras cinco meses yo creo que debían haber madurado un poco más los temas, sobre todo si queremos atender a la cita del Consejo Europeo de Viena del próximo mes de diciembre y, sobre todo, para que podamos llegar a marzo, que es la fecha prevista, en condiciones de dar nuestra opinión sobre los temas referidos a la Agenda 2000.
En cuanto a la Comisión -y aprovecho también para agradecer la presencia del Sr. Fischler-, quisiera decir que hay una cuestión que de alguna manera perturba el debate: el famoso tema de la cofinanciación. No ha surgido en el primer momento -ha surgido a mitad del debate- y, de alguna manera, ha complicado el tema. Yo creo que harían falta algunas informaciones complementarias. Por ejemplo, cuando se refieren al 25 % de las ayudas, ¿a qué ayudas se refiere? Porque ayudas hay muchísimas. ¿Las del tabaco, las del lúpulo, las primas por ovino, las que están en la reforma de 1992? Sería bueno que se fueran clarificando estos temas para que pudiera avanzar el debate. E incluso que se aclarase si esa cofinanciación tiene que ser igual para todo el mundo cuando hay -como usted conoce bien por ese estudio que ha hecho la Comisión- países afectados que están en lo que llamamos «la cohesión» y que no parece, desde el punto de vista de su presentación, que sean los paganos de esa situación creada en otros sitios, como ocurre en el tema de los saldos presupuestarios.
Y la otra cuestión que me parece que hay que resaltar en relación con la Comisión es que usted recientemente ha hecho valer los estudios de Bonn y Amsterdam sobre lo que pueden ser las consecuencias de la reforma de 1999. A mí me parece que están bien -no voy a entrar a juzgarlos porque no los conozco en profundidad-, pero sí hay un dato que me llama la atención: la posible pérdida de empleo que se puede producir al mismo tiempo que se mantienen las rentas de los agricultores. A mí me parece que esto es un dato grave, porque ya hubo en 1992 una pérdida de empleo importante. En ese sentido, sería bueno ver qué medidas estamos dispuestos a llevar a cabo para evitarlo.
Según mis noticias, además, los cálculos y las previsiones son pura futurología. A veces se acierta y a veces no se acierta totalmente con los resultados. Pero lo que sí parece cierto es el dato de que puede aumentar el paro -dicen los estudios- entre el 2, 2 y el 3, 7 %. Si esto fuera así, sería importante conocer si tiene usted en previsión reforzar el capítulo del desarrollo rural. A mí me parece que si esta previsión se puede cumplir sería necesario que fuéramos capaces de poner en práctica todavía con mucho más vigor el segundo pilar de la política agraria, esto es, el desarrollo rural. Deberíamos tener previsto el cuadro de normas que nos permitiera acometer una situación que, de lo contrario, se nos echará encima. En ese sentido, me parece que sería bueno que fuéramos considerando la posibilidad de impulsar el desarrollo rural -no solamente ligado a temas agrarios, sino a temas no agrarios- para poder marcar las reformas que ahora están sobre la mesa.

Görlach
Señor Presidente, después de que la detallada intervención de la Comisaria Wulf-Mathies nos ha dado la ocasión de discutir alguna que otra cosa al margen, podemos quizás recuperar tiempo para que puedan intervenir todos los oradores esta tarde.
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, todos hemos depositado grandes expectativas en las propuestas de reforma. Queda fuera de toda duda: el paquete global, incluso la agrupación de varias directivas en una sola para el área rural y su desarrollo, contiene ciertamente propuestas de gran alcance y también nuevas ideas. Sin embargo, debo añadir que los titulares de las propuestas y las exposiciones realizadas no siempre coinciden con la letra pequeña. Debemos poner cuidado en no despertar esperanzas que no podamos cumplir luego.
Me voy a referir a las nuevas propuestas para el desarrollo de las áreas rurales. Desde hace varios años, todos estamos inmersos en un debate acerca de si en la producción agraria hay que incluir el desarrollo del área rural -tal como ha dicho también la Comisión- como un segundo pilar junto a la clásica política agrícola, una vez reformada ésta. Recuerdo la excelente conferencia que organizó en su día la Comisión en Cork aunque se sepa que no todo se puede realizar así. Todos teníamos mallores esperanzas pero no todas pudieron cristalizar en propuestas concretas.
También sé que es difícil, pero creo que la Comisión tenía demasiado presente las tijeras del Consejo en una serie de propuestas. Naturalmente, hay que lograr mayorías pero cualquier sindicato comienza con exigencias del 6 % cuando quiere lograr un aumento salarial del 3 %. Si se va al debate con un posible compromiso, no hay que maravillarse si precisamente en el debate agrario se negocia a la baja ante la gran diversidad de intereses.
Quiero referirme en especial al artículo 31 pues es fundamental para responder a la pregunta de hasta qué punto podemos tener en cuenta las posibilidades de las ayudas para las áreas rurales. Naturalmente, lo que rodea al punto de cristalización de la economía agraria -digo conscientemente economía agraria y no agricultura-, está formulado con poca claridad. No sabemos muy bien a dónde nos lleva esto. Señor Comisario, hemos escuchado también muchas declaraciones suyas. Esto nos tranquiliza. Pero creo que debe formularse con mayor claridad. Hay que decir con más claridad qué es lo que queremos hacer y también tiene que existir una mejor perspectiva para los créditos que se nos pongan a disposición en el futuro. En el Parlamento no podemos darnos por satisfechos con que se nos incluirá en la configuración del marco de las disposiciones ejecutivas.
En el texto legal no todo se puede formular detalladamente . Esto lo sé yo mismo y es también mi crítica a toda una serie de enmiendas de mis colegas del Parlamento. Muchos buenos detalles no se pueden introducir en un texto legal pero sí debería existir un poco más de claridad. Si en las disposiciones ejecutivas se muestra más claramente todo lo que se puede hacer, entonces deberíamos encontrar también una forma por la que el Parlamento participe en una acción goodwill de la Comisión más allá de los tratados escritos.
Los dos pilares no son aún pilares. En cualquier caso, el segundo pilar «desarrollo rural» no es aún un pilar sino una columnita muy delgada. Tenemos que afianzarla muy bien para que se convierta en un pilar como el primero. Tenemos aún muchísimo que hacer. El Parlamento sabe que la Comisión está en el camino correcto pero no está aún claramente delimitado. Intentemos delimitarlo juntos y quizás encontrar también un camino para hacer comprender a la gran diversidad de Estados miembros que en el desarrollo del área rural no sólo se trata de financiar sectores ajenos a la agricultura sino que, a la postre, si se estabilizan las áreas rurales repercutirá en beneficio de la misma agricultura.

Molterer
Señora Presidenta, Señorías, me alegra poder proseguir el diálogo con el Parlamento Europeo con motivo de esta pregunta oral sobre la parte agrícola de la Agenda, debate que creo ha comenzado muy positivamente en la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. Debido al tiempo de que dispongo, voy a intentar informar de modo muy sintético sobre los progresos alcanzados por el Consejo de «Agricultura» estudiando el modo de convertir los documentos de la Comisión en actos jurídicos.
Voy a concentrarme en las cuestiones políticas más importantes que van a constituir el núcleo de los futuros debates. Quiero indicarles que algunas cuestiones deben entenderse sin perjuicio de lo que arrojen los debates del Consejo de «Agricultura» de la próxima semana, donde se intentará elaborar una clara posición política como aportación del Consejo Europeo en Viena.
Sus Señorías saben también que es intención de la Presidencia iniciar otra conversación con la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural inmediatamente después del resultado del próximo Consejo.
Todos somos conscientes del desafío global de la Agenda 2000, en especial de la posición particular que tiene la política agrícola común en este contexto. Entretanto, en el círculo de los Ministros de Agricultura se ha reconocido de modo general la necesidad de proseguir, profundizar, adaptar y completar el proceso de reformas iniciado en 1992. Esta necesidad deriva tanto de las exigencias internas de la agricultura como de los nuevos desafíos externos como, por ejemplo, de la inminente ronda de la OMC o de la ampliación. Por ello, como responsables políticos para la agricultura, es nuestra obligación actuar con rapidez compartiendo responsabilidades, para configurar la PAC y proporcionar de este modo a las negociaciones a nivel internacional una dirección determinada. Desde mi punto de vista, este enfoque es mejor que otro que consistiría en esperar, para tener que adoptar a continuación decisiones que nos serían impuestas por el empeoramiento de la situación en los mercados o por nuestros interlocutores comerciales en terceros países.
Bajo esta perspectiva, partimos de una serie de enfoques que han apoyado la mayoría de los colegas y que nos permitirían culminar el ambicioso proyecto de la reforma de la PAC bajo unas condiciones satisfactorias y en un interés bien entendido de la agricultura y de los consumidores. Estoy pensando sobre todo en el modelo agrícola europeo, que debe ser ampliado. Este modelo de agricultura debe ser, por un lado, multifuncional y, por otro, sostenible y competitivo, en cuanto que tiene que ser una agricultura que se extienda a la totalidad del territorio europeo, inclusive las regiones con problemas específicos. Este modelo europeo no es nuevo para ustedes pues fue inspirado por esta Asamblea. Este modelo ha encontrado su confirmación en las conclusiones del Consejo Europeo en Luxemburgo.
Por lo demás, coincidimos en que la reforma de la PAC debe conducir a soluciones que sean económicamente razonables y factibles y socialmente defendibles. Debe permitir una producción adecuada y establecer una relación equilibrada entre los sectores de producción, los productores y las regiones e impedir las distorsiones de la competencia.
Finalmente, tenemos la firme intención de preservar la disciplina presupuestaria y somos casi unánimemente de la opinión de que la directriz agrícola, con independencia de lo que cubra, debería mantenerse como límite máximo preservando las actuales modalidades de cálculo. En este sentido debo sin embargo indicar que ha cambiado la actitud de algunas delegaciones en lo tocante a la directriz agrícola así como a la aplicación de cargas presupuestarias de la PAC a los Estados miembros.
Por lo demás, el Consejo Europeo ha defendido la opinión de que las propuestas de la Comisión representan una base para la posterior reforma de la PAC. Esto significa que para una conclusión de esta reforma van a ser necesarias adaptaciones de estas propuestas.
En este contexto es absolutamente necesario que el Consejo Europeo de Viena logre unos avances considerables en los aspectos principales de la Agenda 2000, en consonancia con el calendario de Cardiff, para que a más tardar hasta marzo de 1999 se pueda lograr un acuerdo político sobre la totalidad del paquete. La Presidencia austríaca parte para ello de una cooperación muy constructiva con el Parlamento Europeo. Señor diputado, en lo que se refiere al Consejo de «Agricultura», se han logrado unos claros progresos desde la reunión del Consejo Europeo en Cardiff. Por un lado, el Consejo ha concluido la fase de aclaración y averiguación de las cuestiones que van a estar en el punto central de las futuras negociaciones. De este modo, el Consejo puede pasar a la siguiente fase sustancial, es decir, a la búsqueda de soluciones o posibles opciones a estas cuestiones.
Como he expuesto al comienzo de mi intervención, el Consejo de «Agricultura» debe aprobar por ello en su reunión de la próxima semana un informe para la reunión del Consejo Europeo en Viena. El objetivo es recoger las directrices generales que han ido emanando hasta ahora de los trabajos y los progresos esenciales alcanzados desde Cardiff así como también aclarar las cuestiones en las que las posiciones de los Estados miembros siguen divergiendo fuertemente.
Desde mi punto de vista, hay que aclarar que tras el Consejo Europeo en Viena habrá que proseguir las negociaciones a un buen ritmo. Como supongo que el calendario de la Agenda se va a mantener tal como fue diseñado por el Consejo Europeo de Cardiff, me parece oportuno que en la mayoría de las cuestiones aún abiertas se alcance un acuerdo lo antes posible para que en la reunión de marzo del Consejo de «agricultura» solamente haya que debatir sobre un número muy reducido de cuestiones políticas centrales. Como podrán comprender, su solución se puede ver influenciada por la evolución de las negociaciones sobre otros aspectos de la Agenda 2000, en especial, las condiciones financieras. Para ello, sería de gran utilidad que se presentasen a tiempo los informes previos del Parlamento Europeo. En este contexto, constato con gran satisfacción que se va a hacer así en lo referente a un marco de esta reforma que es especialmente importante, el del desarrollo rural.
En lo que se refiere a la reforma de las organizaciones comunes de mercado para los cereales, la carne de vacuno y la leche, me permito recordarles que el Consejo de «Agricultura» era de la opinión en la reunión de noviembre de que el enfoque utilizado ya en 1992, en especial, una reducción de las medidas dirigidas a sostener los precios, combinada con ayudas compensatorias directas y medidas de acompañamiento, sigue siendo válido de modo general. El Consejo era de la opinión de que se debe examinar caso por caso utilizando para ello todas las informaciones internas y externas para ver si el enfoque es el adecuado a la situación específica y sobre todo qué proporciones deben tener estas combinaciones de medidas. A la luz de los trabajos que se han realizado hasta ahora, se revela en cualquier caso que esta cuestión de la adecuación es valorada de modo diferente por los Estados miembros.
Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que este enfoque, independientemente de la magnitud de la reducción del precio de intervención y de las ayudas compensatorias, se debe aplicar al sector de los cultivos de labranza. En lo tocante a la carne de vacuno, este enfoque es asimismo visto como útil por una gran mayoría de delegaciones, en este caso también independientemente de la magnitud de la reducción del precio de intervención y de las ayudas compensatorias. Sin embargo, algunas delegaciones dudan de que sólo mediante este enfoque sea posible controlar realmente la oferta, por lo que recomiendan que se prevean medidas específicas para ello, lo que significaría una menor reducción del precio de intervención.
En lo que se refiere a los productos lácteos, las posiciones de las delegaciones divergen mucho. Algunos Estados miembros son de la opinión de que este enfoque, en especial, la reducción de los precios, no es necesario en la actual situación del mercado. Otros consideran a su vez una profunda modificación del sistema como algo irrenunciable.
Estas diversas opiniones son también la consecuencia de posiciones opuestas que las delegaciones han adoptado sobre la cuestión del futuro de la cuota lechera. Mientras que una mayoría de las delegaciones desea mantener esta cuota, algunos Estados miembros consideran suprimirla hasta el año 2006. Hay aún una serie de cuestiones de detalle sobre las diversas organizaciones comunes de mercado que podríamos tocar adicionalmente en el debate.
En lo referente a la propuesta de reforma de la organización común de mercado del vino que se presentó en julio, actualmente se está realizando el examen técnico para poder averiguar luego con rapidez las cuestiones fundamentales a nivel político. Por ello, actualmente no puedo proporcionarles aún una visión de conjunto detallada sobre la posición de los Estados miembros.
Quiero realizar dos observaciones pues me parecen importantes. En base a la discusión mantenida hasta ahora y al debate orientativo mantenido por el Consejo en septiembre, se puede constatar que los Estados miembros consideran de modo general la propuesta actual de la Comisión como una base de debate mucho mejor que la propuesta del año 1993/94. En especial, el concepto más flexible y los objetivos generales son valorados de modo general como un claro progreso.
Señor diputado, como usted ha planteado la pregunta, constato además que esta propuesta debe considerarse como parte integrante del paquete global en el marco de la reforma de la PAC y de la Agenda 2000. Por ello, para alcanzar este objetivo, es absolutamente necesario lograr avances lo antes posible. Sería de gran ayuda -dirijo esta apelación a la Asamblea- que la opinión sobre esta propuesta se aprobase lo antes posible para que podamos lograr también progresos en el Consejo.
Se han logrado grandes avances en el sector del desarrollo de las áreas rurales. Se trata de una cuestión extraordinariamente importante para el futuro de nuestros agricultores y de la totalidad del área rural. Por ello la Presidencia se ha dedicado a este tema en su reunión informal de St. Wolfgang. Existe unanimidad en el Consejo sobre el hecho de que la política para el desarrollo del área rural desempeñe un papel fundamental como segundo pilar de la política agrícola común. Las delegaciones están de acuerdo en líneas generales con el concepto integrado recomendado para esta política. Asimismo existe un amplio consenso sobre los objetivos que se deben seguir para lograr el desarrollo de las áreas rurales con la ayuda concedida. Además, la idea de ampliar la economía forestal y de incluirla más intensamente en el paquete de medidas para el desarrollo rural, ha encontrado un eco positivo, a pesar de que no niego que los Estados miembros tienen aún opiniones diferentes sobre la magnitud de algunas de estas medidas pues este campo cae en lo esencial dentro de las competencias de los Estados miembros.
Hay que tratar aún a fondo importantes cuestiones para que se puedan aclarar definitivamente. Desde mi punto de vista, se trata en especial de las siguientes: en primer lugar, el tipo de medidas específicas que se pueden llevar a cabo. Aquí se trata de la cuestión de si estas medidas solamente deben afectar a actividades que estén relacionadas con la agricultura vista en todos sus aspectos multifuncionales o si también se deben considerar intervenciones multisectoriales para apoyar el área rural fuera de la actividad agrícola en sentido estricto.
En segundo lugar, la vinculación propuesta por la Comisión entre el pago adicional compensatorio para las regiones desfavorecidas siempre que cumplan determinadas normas medioambientales, es interpretada por numerosas delegaciones en el sentido de que dicho pago compensatorio debe ser sobre todo un instrumento socioeconómico para compensar las desventajas naturales.
Finalmente, en tercer lugar, la cuestión de las fuentes de financiación y en especial la propuesta de la Comisión de trasladar las medidas para el desarrollo de las áreas rurales de FEOGA-Orientación a FEOGA-Garantía.
En lo tocante al reglamento de financiación, está claro que los debates al respecto podrán concluirse lógicamente en una fase posterior, sobre todo, a la luz de las negociaciones sobre otras partes de las propuestas de la Comisión que deberán reflejarse en las disposiciones de los reglamentos financieros.
Mi punto de vista sobre la cuestión de los reglamentos horizontales: estas propuestas representan innovaciones que deben ser examinadas muy a fondo antes de que puedan convertirse en directrices políticas comunes.
En lo que se refiere a los gravámenes medioambientales, existe acuerdo general sobre la necesidad de fomentar los objetivos de medio ambiente, lo que, por lo demás, corresponde al modelo agrícola europeo, cuyo desarrollo desean todos los órganos. Pero hay que comprobar aún con exactitud cómo se deben alcanzar esos objetivos. Se plantea en especial la pregunta de si en el marco de la organización común de mercado o, por ejemplo, sobre la base de regulaciones medioambientales marco.
En lo que se refiere a los criterios vinculados al empleo de trabajadores, las posiciones de los Estados miembros están divididas tanto en la cuestión de fondo como en lo tocante a las modalidades. Se trata sin duda de un tema muy sensible que precisa aún de un cierto análisis.
Finalmente, en lo que se refiere a la configuración regresiva del importe global de las ayudas recibidas por una empresa en función de su tamaño, hay que constatar también aquí que las delegaciones tienen diferentes opiniones, si bien varias de ellas están de acuerdo, en principio, y aceptan el importe máximo, mientras que otras rechazan aún el enfoque de la Comisión.
Espero haberles expuesto brevemente las informaciones más importantes sobre el estado de los trabajos en el Consejo de «Agricultura» así como sobre las perspectivas de los avances en relación con la parte agrícola de la Agenda 2000.
Confío en que este diálogo contribuya a impulsar las cuestiones que se plantean también en el marco de su institución. Pueden estar seguros de que la Presidencia austríaca tiene la voluntad de realizar la aportación que es necesaria para poder cumplir el calendario de Cardiff y llegar, en consecuencia, a una conclusión en marzo de 1999. Pues redunda en interés del sector agrícola, que necesita claridad sobre las futuras perspectivas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Ministro.
Estimadas y estimados colegas, acabo de hacer cálculos. Queremos estar reunidos hasta las 24.00 horas. El tiempo de uso de la palabra previsto para cada orador está calculado de tal modo que sólo lo lograremos si todos respetan muy disciplinadamente su tiempo e incluso si, a ser posible, lo recortan algo.
En este contexto, quiero preguntar al señor Fischler algo. Ahora tiene usted la palabra y también después del debate. ¿Podría realizar su exposición al final o quiere hablar ahora?

Fischler
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar una buena noticia: voy a tratar todo junto, por lo que no voy a tener que intervenir de nuevo al final.
Quiero expresar mi agradecimiento por la ocasión que se me ofrece de participar en este debate. He pensado que voy a dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, voy a poner mi opinión sobre la pregunta oral del señor Colino Salamanca para referirme a continuación al informe del señor Görlach. Pero antes de hacerlo, quiero felicitar por su trabajo a todos los ponentes y a las personas que han realizado aportaciones.
¿Dónde nos encontramos en el debate sobre la reforma? El estado de los debates en el Consejo acaba de exponerlo ampliamente la Presidencia del Consejo. No necesito repetirlo. Sólo quiero subrayar una cosa de nuevo. Necesitamos la reforma y la necesitamos ya. Tiene que ser además una auténtica reforma. Con cosas a medias, pseudoreformas o una reforma light no alcanzaremos nunca las metas marcadas y que el Parlamento también postula. Entretanto los problemas en Asia y la crisis rusa hacen dudar a algunos de la necesidad de la reforma y del enfoque de la Política Agrícola Común. Se dice que nuestras apreciaciones relativas a la evolución de los mercados mundiales son demasiado optimistas. Con frecuencia, lo dicen las mismas personas que hace poco las criticaron como demasiado pesimistas.
Por ello, permítanme decir claramente que las apreciaciones en que se basan nuestras propuestas sobre una evolución a medio y largo plazo de la demanda y la oferta no han cambiado esencialmente. Nuevos estudios que hemos encargado confirman nuestro enfoque sobre la reforma. Un aumento del consumo, en especial en los países emergentes asiáticos, unido a unas reducidas posibilidades de elevar allí la producción, estimulará el comercio de productos agrícolas y los precios de mercado mundiales.
Aunque el crecimiento económico haya experimentado a corto plazo un parón debido a los problemas en Asia y Rusia, no cambiará nada esencial en la evolución a largo plazo. Por tanto, existirán para nuestra agricultura oportunidades si estamos dispuestos a recorrer el camino de la reforma. ¿Y si no lo hacemos? Para el mercado de los cereales, nuestro análisis muestra que si no modificamos nuestra política, los stocks de intervención ascenderían de 14 millones de toneladas en este ejercicio económico a 51 millones de toneladas hacia finales del año 2005. En el sector de la carne de vacuno, las apreciaciones confirman asimismo la urgente necesidad de reforma. Sin reforma, a mediados de la próxima década habrá que contar con unos excedentes de un millón y medio de toneladas.
En el sector de la leche, la situación es menos dramática, pero con la actual política la industria lechera de la UE no podrá beneficiarse de la favorable evolución que se espera, en especial, en la exportación de queso. Por ello, me parece absolutamente necesario que la Comunidad siga una perspectiva a largo plazo y no pierda la visión de conjunto por problemas a corto plazo. A ello viene a añadirse que en cualquier caso tenemos que introducir orden en nuestros mercados mediante una reforma.
Nuestros tres principios básicos para la reforma siguen siendo los mismos. En primer lugar, tenemos que seguir desarrollando el modelo agrícola europeo mejorando la competitividad de nuestro sector agrario. En segundo lugar, para fortalecer el modelo agrícola europeo tenemos que integrar la multifuncionalidad en nuestro sistema agrícola. En consecuencia, las reformas del mercado tienen que ir acompañadas por una política de desarrollo rural más activa en todos los lugares de la Comunidad. Por motivos de coherencia y para evitar contradicciones, se deberían entrelazar por ello más intensamente el desarrollo rural y la política de mercado para que la financiación del desarrollo rural fuera de los territorios del Objetivo 1 sea soportada por FEOGAGarantía. En tercer lugar, incluso tras una mejor orientación al mercado, la política agrícola seguirá necesitando un margen de seguridad para poder reaccionar ante acontecimientos no previstos.
Precisamente las últimas crisis económicas han mostrado que el mercado mundial no solamente ofrece interesantes oportunidades de exportación sino que esconde también un cierto riesgo ante el que tienen que estar preparados nuestros agricultores. En años especialmente difíciles, como cuando se producen catástrofes climáticas o quiebras de mercados a gran escala, los agricultores tienen que poder confiar en la solidaridad de la Comunidad.
El Sr. Colino Salamanca ha indicado que en el debate sobre la financiación de la política comunitaria, el informe sobre recursos propios desempeña actualemente un papel mayor. En este contexto, quiero indicarle, señor diputado, que hay una lista en la que figuran detalladamente todos los pagos que han sido incluidos en los cálculos; esta lista ha sido elaborada por la Dirección General 19. Ya la he puesto a disposición de algunos diputados. Se la enviaré gustosamente.
Con este informe no hemos querido otra cosa que crear una base de debate objetiva y mostrar qué opciones básicas existen para controlar mejor los desequilibrios presupuestarios. Esto significa que la cofinanciación no es la única solución factible y que solamente presentaremos una propuesta cuando exista para ello una clara voluntad política de los Estados miembros. Sin embargo, no quiero excluir que en el curso de los debates puedan surgir otros aspectos muy diferentes. Así, algunos miembros del Parlamento Europeo han indicado claramente que, por ejemplo, podría ser necesario establecer un nuevo equilibrio entre la política de mercado y la política de desarrollo de las áreas rurales.
Sin embargo, quiero advertir frente a la creencia errónea de que podemos solucionar los problemas presupuestarios renunciando a una reforma o limitándonos a operaciones cosméticas. Unas minireformas imposibilitarían a los agricultores cualquier perspectiva de futuro. Una estrategia de este tipo sería una peligrosa falacia a costas de la capacidad de futuro de nuestra agricultura. Si hoy no realizamos serios esfuerzos para llegar lo antes posible a un acuerdo, entonces existirá el peligro de que la otra parte limite tanto el margen financiero que las reformas tengan que llevarse a cabo más adelante sin el amortiguamiento que aún es posible hoy. La pregunta es: ¿queremos esto o quieren ustedes esto?
Las propuestas de la Agenda, tal como se han presentado, prevén medidas de ayuda a los ingresos. Hoy se han rebatido de nuevo los temores expuestos sobre las repercusiones que pueden tener dichas propuestas sobre los ingresos. Entretanto, se han presentado extensos análisis de dos Universidades en los que se analizan las repercusiones económicas de las propuestas. Estos estudios son los más amplios, extensos e independientes que se han realizado hasta ahora en este contexto.
Al contrario que muchas asociaciones de agricultores, ambas Universidades no han aplicado modelos estáticos sino dinámicos que tienen en cuenta también las interdependencias entre los diversos sectores de la producción, los ahorros de costes y la evolución estructural que cabe esperar. Según este modelo, se llega al resultado de que los ingresos del sector van a ascender nominalmente ligeramente hasta el año 2005. Si, por otro lado, se tiene en cuenta además la probable evolución estructural, los ingresos per cápita reales en la agricultura deberían evolucionar muy positivamente.
El señor Colino Salamanca ha preguntado en qué transformaciones estructurales se basan estos estudios. Me permito indicarle que la tasa media de cierre de explotaciones era superior antes de la reforma de 1992 que tras la reforma de 1992 y me permito indicarle que para el período que consideramos en nuestra planificación, los cierres anuales que son de esperar van a ser inferiores por término medio a los que ha habido en el último período también por término medio.
Para finalizar, quiero subrayar que se puede revelar como totalmente necesario modificar las propuestas para hacer posible la toma de una decisión. Pero, para ello, tenemos que mantener plenamente los principios de reforma que hemos elegido nosotros mismos. Con ello, paso al informe Görlach: con la unificación de las políticas que hasta el momento constaban de diversas partes y la urgentemente necesaria ampliación de las actividades rurales para constituir un conjunto conexo, queremos lograr que el desarrollo rural se convierta en un segundo pilar de la política agrícola común y, al mismo tiempo, simplificar sensiblemente las normas, procedimientos y criterios de ayuda. El señor Görlach tiene razón cuando dice que el segundo pilar no es aún tan fuerte como el primero, pero nosotros -al menos, la Comisión- estamos dispuestos a trabajar para que sea lo más fuerte posible.
Señorías, sus enmiendas muestran también claramente cuáles son las objeciones existentes en el Parlamento. Espero que en el breve tiempo de que dispongo pueda eliminar la mayoría de ellas o al menos que pueda mostrar claramente dónde y por qué somos de diferente opinión. El objetivo más importante de la política de desarrollo rural es hacer posible a nivel comunitario la elaboración de programas coherentes. Para ello, necesitamos un marco que, en primer lugar, sea lo suficientemente flexible para tener en cuenta las diversas necesidades y el rico potencial de las regiones rurales de Europa. En segundo lugar, debe permitir un enfoque de planificación integrado y, en tercer lugar, garantizar un desarrollo positivo de una agricultura y economía forestal sostenibles. Saludo que estos objetivos centrales sean defendidos también por el ponente.
De modo general, las presentes enmiendas se pueden dividir en tres grupos. Algunas pretenden modificar el núcleo de nuestras propuestas por lo que están en contradicción con nuestras consideraciones básicas. Así, con una serie de enmiendas, se quiere limitar los programas de desarrollo rural que quedan fuera de las regiones de los Objetivos 1 y 2 solamente a los agricultores. Aunque reconocemos el papel clave de la agricultura, sin embargo los agricultores no pueden garantizar ellos solos la supervivencia de las áreas rurales. ¿Qué oportunidades tienen por ejemplo los hermanos del que hereda la explotación? ¿Queda solamente para ellos la emigración? Por estos motivos, en el artículo 31 hemos propuesto ampliar las medidas para el fomento del desarrollo rural. Pero la elección de prioridades debería dejarse a los Estados miembros o a las regiones. Estoy seguro de que el ponente, el señor Görlach, comparte también mi opinión al respecto.
Otra cuestión que afecta a los fundamentos del reglamento propuesto se recoge en algunas enmiendas que se ocupan de medidas de medio ambiente en la agricultura. En opinión de la Comisión, se trata de un elemento clave de nuestra propuesta, por lo que es también la única parte que debe ser vinculante para la totalidad del territorio de la Comunidad. Pero para la credibilidad de estas medidas es absolutamente necesario que contribuyan realmente a la mejora del medio ambiente.
En especial, dos de las enmiendas que se han presentado hoy, a saber, la nº 55 y la nº 56, perjudicarían sin embargo considerablemente las medidas de medio ambiente propuestas. Una de éstas haría que todos los agricultores que practican la agricultura extensiva percibiesen automáticamente primas medioambientales sin que se examinase en absoluto su utilidad para el medio ambiente. Esto podría tener como consecuencia que las medidas medioambientales agrarias entrasen en conflicto con los pagos compensatorios y las primas por cultivo extensivo en el marco de la organización común de mercado. Recuerdo en este contexto precisamente las objeciones que se expresaron el último mes en el marco del debate sobre el Informe Iversen.
La segunda enmienda que sería incompatible con nuestra propuesta de reglamento pretende introducir una ayuda para la comercialización de productos regionales. No tengo nada en contra de esta buena idea. La vamos a recoger pero, naturalmente, no en el marco del capítulo del medio ambiente agrícola.
La gran mayoría de las enmiendas está en consonancia con el principio básico de la propuesta de la Comisión que, por lo demás, también ha sido apoyado por la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. En la mayoría de los casos se trata de mejoras de redacción. Tengo claro que, al igual que en cualquier texto jurídico, también en éste se podrán y deberán mejorar algunas cosas. No obstante, en la mayoría de los casos la Comisión ha realizado las formulaciones con gran cuidado para reflejar unos objetivos políticos muy determinados. Por ello, hoy no estoy aún en situación de recoger sencillamente las enmiendas sin realizar un examen a fondo. No hay que olvidar que los matices a veces pueden ser importantes.
Muchas enmiendas subrayan o repiten solamente cuestiones que ya se han tenido en cuenta. En lo que se refiere a la cuestión del límite máximo para las ayudas, tenemos que comprobar con qué importes se puede lograr el efecto deseado en cada caso y al mismo tiempo asegurar que se realice la contraprestación adecuada. Donde ha sido posible, hemos propuesto una elevación de los importes de las ayudas para diversas medidas, por ejemplo, en las ayudas al establecimiento de agricultores jóvenes. Pero para otros aumentos globales creemos que no existe ninguna justificación.
Finalmente, hay una serie de enmiendas -la nº 22 y 27, 31, 35, 38 y 65- que tienen como objeto la competencia de los Estados miembros o de la Comisión. Si nos tomamos en serio la subsidiariedad, en los textos jurídicos de la UE no deberíamos incluir cuestiones que se pueden solucionar igual de bien a nivel nacional y regional. Sobre todo, la cuestión de qué autoridades o instituciones deben ser consultadas para la adaptación de los programas no debe decidirse realmente a nivel europeo. Sin embargo, la Comisión comprobará si puede recoger determinadas ideas en las disposiciones ejecutivas.
En lo que se refiere a las competencias de la Comisión, acepto el desafío de presentar las disposiciones ejecutivas en el plazo de seis meses. Sin embargo, no puedo aceptar la enmienda en la forma que se ha presentado pues tenemos la intención de elaborar las disposiciones ejecutivas lo antes posible tras la aprobación del reglamento por parte del Consejo. En lo que se refiere al equilibrio interinstitucional, no estoy en situación de modificar los compromisos y competencias de la Comisión. Esto se encuentra fuera del campo de aplicación de la propuesta de reglamento. Pero estén seguros que mantendré exactamente informado al Parlamento sobre el estado de los preparativos de las disposiciones ejecutivas y de la evolución de los programas.
Para finalizar, puedo constatar que es alentador que en el informe se apoyen los objetivos más importantes de la propuesta de la Comisión, por lo que espero que el Parlamento apoye las líneas básicas de nuestra política de desarrollo rural, tal como figuran en nuestra propuesta de reglamento.

Fantuzzi
Señora Presidenta, antes que nada deseo felicitar al Sr. Görlach por su informe. Ha expuesto sus ideas de esta materia con profunda convicción y en línea con la atención que nuestro Grupo siempre ha prestado a la política de las estructuras agrícolas y del ámbito rural.
Lamentamos que, pese a los proclamas y a las grandes afirmaciones de Cork, este segundo pilar de la PAC siga pareciéndose a una muleta maltrecha. Efectivamente, la simplificación de los procedimientos relacionados con los programas de desarrollo rural es un gran paso adelante, del mismo modo que son importantes el nuevo papel de las regiones y el fortalecimiento de la cooperación; sin embargo, subsiste el problema prioritario de la dotación financiera, muy escasa e igual al 10 % de todo el gasto correspondiente a la PAC. Cabe decir que la ordenación del espacio rural, este gran capital físico y humano de que dispone Europa, se regulará en gran parte a través de la política de mercado tradicional, frente a cuya gran dotación e instrumentalización, nuestra pobre política rural se parece a una dama de compañía.
En este contexto, temo que el acertado intento de que las políticas rurales abarquen un ámbito más amplio que se aparte lo más posible del meramente agrícola -como decía el señor Comisario- podría generar anhelos y expectativas que quedarán sin cumplir. Nos será imposible complacer las muchas comunidades rurales que lo querrán utilizar. Esto, creo, es una prueba de las dificultades y de las incertidumbres que envuelven esta tan anunciada reforma de la PAC. Y nuestra propuesta de resolución sobre la reforma agrícola de la Agenda 2000 trata precisamente de intervenir en este ámbito.
Nos han movido dos preocupaciones: la primera es que la evolución de la situación de crisis en los mercados internacionales provoque la paralización de la reforma a la espera de tiempos mejores. Nosotros, por el contrario, pensamos que es preciso seguir avanzando con rapidez y cumplir el calendario previsto para la toma de decisiones en la próxima primavera. Asimismo no hay que atenuar demasiado esta reforma ni tampoco hacer una especie de falsa reforma -como decía el señor Comisarioespecialmente en lo referente a esos aspectos innovadores del reglamento horizontal que se han proclamado como la ocasión para reconciliar la PAC con los ciudadanos justificando sus ayudas y sus lógicas y que, en mi opinión, corren el gran riesgo de apartarse de la realidad.
Aquí -tiene razón el Sr. Görlach- si la propuesta de la Comisión hubiese sido algo más valiente y menos dirigida a una subsidiariedad demasiado cómoda, creo que quizás no habríamos llegado a este punto. No obstante, ahora hay que seguir adelante, no hay que cerrarse en banda para defenderlo todo tal como está. Una Europa-fortaleza sería, a mi modo de ver, una pésima señal para aquellos países PECO que, por desgracia, ven alejarse el día de su adhesión.
La segunda preocupación es la que me suscita el debate sobre la cofinanciación de las ayuda a la renta. Yo, señor Comisario, he valorado su gran prudencia en la última reunión con la Comisión de Agricultura, ya que, de hecho, este principio de los saldos netos presupuestarios, que nada tiene que ver con las verdaderas cuestiones que plantea la reforma de la PAC, podría introducir un peligroso virus para toda la construcción europea y yo no quisiera que todo esto nos llevara a un nueva paralización de la reforma. Nuestro mensaje -al menos el que hemos intentado transmitir con esta resolución- es que sería conveniente poner las cartas boca arriba y dar la palabra al mundo agrícola que no puede ser un mero testigo pasivo de las decisiones que le conciernen. Si se quiere aprovechar el debate sobre los recursos presupuestarios para hablar de los gastos y, por tanto, de la PAC, bien venido sea, siempre que los que nos guíen sean los verdaderos problemas de la PAC que no son otros que la distribución desigual de sus beneficios, algo que ayer también nos recordó en este Pleno el Presidente del Tribunal de Cuentas.
Estimo que es injusto levantar un muro ideológico contra la renacionalización que la cofinanciación provocaría, así como demonizarla. Creo, sin embargo, que también es injusto que prevalezcan las lógicas puramente contables sobre los aspectos de equilibrio, de cohesión, de solidaridad que la nueva PAC debería tener más que la anterior. Por tanto, el debate y la negociación deben abordarse desde esta perspectiva. Creo que será mejor para todos.

Cunha
Señora Presidenta, quisiera felicitar al Presidente del Consejo y al Comisario y también al Sr. Görlach por su excelente informe.
¿Cuáles son las grandes cuestiones que preocupan a este Parlamento y que lo movieron a presentar esta pregunta oral? Basta con ver el informe sobre los aspectos generales de la reforma, aprobado en julio por este Parlamento, y que yo mismo elaboré, las declaraciones del Consejo de Agricultura de noviembre de 1997, así como las declaraciones del Consejo Europeo de Cardiff o también la declaración de la Presidencia austríaca, hecha recientemente. Y he de recordar cuáles son las principales preocupaciones.
Primero: dar muestras de prudencia y moderación en la reducción de los precios, muy en particular en el sector lácteo y bovino;
segundo: mantener los regímenes de intervención, aunque con formas más flexibles y operacionales;
tercero: garantizar una mayor equidad entre producciones, agricultores y territorios, con lo que se conseguirá que la PAC contribuya por fin a la cohesión económica y social del espacio rural europeo;
cuarto: garantizar un mayor equilibrio interno de la PAC mediante el fortalecimiento del proyectado segundo pilar del desarrollo rural. En verdad, resulta incomprensible que casi no se modifiquen las cantidades destinadas a ese importantísimo pilar cuando resulta que no se utilizan casi el 10 % de los recursos de la línea directriz;
quinto: preservar un número adecuado de agricultores en el territorio, lo que constituye una preocupación mayor en las zonas desfavorecidas, periféricas y ultraperiféricas, ya que son las que corren un mayor riesgo de abandono y desertización.
En verdad, si, como se propone, la reforma de la PAC se limita a una reducción de los precios y a su compensación mediante ayudas indizadas a las productividades, estaremos haciendo una reforma sólo para los agricultores más eficientes. Ahora bien, resultaría escandalosamente contradictorio con los objetivos políticos de defensa del modelo europeo de agricultura y de la vitalidad del mundo rural: objetivos siempre asumidos y continuamente repetidos por la Comisión y por el Consejo. Por tanto, no podemos caer en hipocresías políticas.
Ahora bien, trece meses después de la presentación de la Agenda 2000 y siete después de la materialización de las propuestas, no vemos señal alguna de progreso, pese al esfuerzo del Comisario y el Presidente Jacques Santer. Y, como si no bastara con eso, ahora la propuesta de cofinanciación viene a envenenar todo este debate de la Política Agraria Común. Nosotros no queremos evitar este debate, no queremos eludirlo, pero este debate supera ampliamente la cuestión de la Política Agraria y tenemos que celebrarlo en el momento oportuno y no ahora. Porque este Parlamento tiene un amplio consenso sobre la PAC, pero la cuestión de la financiación no puede venir en este momento a envenenar nuestro debate ni puede dividirnos.

Mulder
Señora Presidenta, yo también quisiera comenzar por dar la bienvenida al Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Agricultura de Austria, y a sus numerosos colaboradores que nos acompañan esta tarde. Con su presencia, la Presidencia austriaca emite una señal positiva. Felicito al Sr. Görlach por su informe. Creo que da un serio impulso a la política rural europea, cosa que también propugna nuestro Grupo. En el futuro, habrá que defender que esta iniciativa entre a formar parte de la caja azul, sobre todo de cara a la escena internacional. Mientras que a este lado del Océano nos dediquemos a llevar a cabo una reforma profunda de la política agrícola que juzgamos necesaria, recibimos una señal totalmente distinta desde el otro lado del Océano, por más comprensible que sea. Ahí proceden de repente a un incremento considerable de las ayudas. Sería interesante que la Comisión analizara si dicha ayuda entra en la caja azul o en la caja verde, remitiendo los resultados de este estudio al Parlamento. Ya se lo he advertido antes, en el futuro, la política rural europea debe formar parte de la caja verde. Constituye una parte indispensable de la futura política agrícola europea, y debe ser financiada mediante la rúbrica 1.
El gran problema que plantearán en un futuro las ayudas directas a la renta radica en el hecho de que los países de la Europa central y oriental que accedan a la Unión Europea sin duda también reclamarán estas ayudas. Y en ese momento las cosas se complicarán. Los gastos se dispararán y la política agrícola común estará realmente en peligro. Por todo lo anterior, soy partidario de la cofinanciación siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos. Apoyo la cofinanciación a condición de que no se proceda a la renacionalización, de que los Estados miembros tengan la obligación de pagar y de que se impongan fuertes sanciones a quienes no cumplan con este deber. No les sorprenderá que una vez más pretenda romper una lanza por la política de calidad en materia de productos agrícolas. En el informe que elaboré hace unos meses ya indiqué claramente en qué debe consistir y apreciaría que la Presidencia austriaca volviera a plantear este tema en los debates que celebrarán al respecto.

Poisson
Señora Presidenta, señor Ministro, como el comisario nos lo explicaba hace algunos instantes, respondiendo a la protesta de algunos Estados miembros contribuyentes netos del presupuesto comunitario, la Comisión acaba de elaborar un informe sobre los recursos propios de la Unión Europea, con miras a reajustar las contribuciones de los Estados miembros.
La Comisión nos propone tres opciones, entre las que figura la cofinanciación nacional de las ayudas directas a la agricultura al nivel del 25 %. A primera vista, esta propuesta puede parecer atrayente, ya que tendría efectos redistributivos nada despreciables para algunos Estados miembros, cuyo sector agrícola está por debajo de la media comunitaria. Sin embargo, a corto y medio plazo, una cofinanciación nacional podría gravar excesivamente los presupuestos anuales nacionales de algunos Estados miembros, como Francia, que se verían obligados a aumentar considerablemente su presupuesto agrícola, contrariamente a la política de contención del gasto, necesaria para el éxito del euro.
Asimismo, la cofinanciación nacional representa un peligro real para la solidaridad financiera entre los Estados miembros. Pueden producirse desequilibrios insostenibles entre los Quince. Veríamos formarse, entonces, una Europa de dos velocidades, una Europa de los Estados ricos y una Europa de los Estados pobres. Yo estoy en contra de la cofinanciación nacional. La propuesta de la Comisión es una grave amenaza para la política agrícola común y podría significar el comienzo de su renacionalización, así como, a la larga, su desaparición.
El desmantelamiento progresivo y solapado de la PAC pondría irremediablemente en tela de juicio la unidad de Europa, puesto que la PAC es la primera política comunitaria que ha sabido inyectar, desde hace cincuenta años, y a pesar de los maratones agrícolas, esa fuerza de cohesión y ese espíritu de solidaridad propios de nuestra Comunidad Europea. La reforma de la PAC, por más necesaria que sea -lo cual no discuto-, no debe convertirse en el detonador de la implosión de Europa.

Jové Peres
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en primer lugar creo que el informe Cunha -un gran informe- puso en evidencia las contradicciones, los desequilibrios y los efectos de la reforma de 1992. A mí me parece que no es correcto que la Comisión nos proponga la Agenda 2000 sin haber cumplido el mandato de presentar un informe que evaluase los efectos de la reforma de 1992.
Señor Comisario, no bastan informes de universidades sino que la responsabilidad política de la Comisión le obligaba ante este Parlamento a objetivar los efectos de la reforma anterior para hacer un buen debate. Esa era una gran responsabilidad de la Comisión.
En cuanto a las propuestas, la Comisión se ha limitado a formular propuestas de reforma sectoriales en ausencia de un proyecto global, y las reformas que propone, en general, son descensos de precios, no compensados parcialmente por las ayudas directas a la renta, y la sustitución generalizada de las compras en intervención por ayudas al almacenamiento privado.
Ante la evolución de la crisis financiera internacional, también hubiera sido deseable utilizar instrumentos más específicos de análisis en relación a estas medidas y los efectos que pueda tener la crisis internacional sobre estas cuestiones.
Por último, quiero felicitar, en nombre de mi Grupo, al Sr. Görlach, y llamar la atención sobre el desarrollo rural, señor Comisario, porque ni los instrumentos ni los medios financieros contemplados en las propuestas de la Comisión son satisfactorios al respecto, y en ningún caso podrán compensar los efectos negativos del resto de las propuestas sobre la sociedad y la economía del medio rural.
Quiero añadir unas consideraciones sobre el tema de la cofinanciación. Lo que se propone no es una política de solidaridad porque las verdaderas políticas económicas -las políticas del mercado interior y la política comercial común- no tienen un reflejo presupuestario. Y por lo tanto, plantear las cosas en términos de saldos netos es impropio y muy poco riguroso. Ahí se ve quizá la mano de algún Estado miembro, y la Comisión debería ser más generosa y no dejarse llevar por ciertas presiones.
Permítanme una reflexión final: lo que está pasando con la Agenda 2000 es un ejemplo de juego institucional en el marco europeo. Es muy importante cumplir los calendarios, pero tan importante como cumplir los calendarios es tomar decisiones acertadas, con métodos adecuados y con los ritmos de debate y transparencia adecuados.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, señor Comisario, en el sector agrario se gasta mucho dinero. Imaginémosnos que todo el dinero que ha ido a parar en el pasado al sector agrícola hubiese ido al segundo pilar, tal como ahora debatimos.
Señor Comisario, es inimaginable adivinar el positivo desarrollo que habría podido experimentar el área rural, cuántos puestos de trabajo se habrían creado y mantenido y qué progresos habríamos podido aportar también a sectores relacionados con la agricultura. Si se piensa cuánta innovación han aportado los tímidos programas que hemos tenido y las pequeñas sumas que han ido a parar al programa LEADER, a las medidas de acompañamiento, entonces se puede calcular aproximadamente qué repercusiones habrían tenido estos programas si hubiesen estado dotados del capital necesario.
Lo que el segundo pilar prevé es cualitativamente muy razonable pero está poco dotado cuantitativamente. Deberíamos tener más valor al respecto y sobre todo, en los demás campos, en los clásicos campos agrícolas, en las primas de ayuda que se gastan para la reducción de los precios, deberíamos marcar un camino ecológico y social para que también aquí fluyan en alguna ocasión estos créditos a lo que hoy llamamos segundo pilar y que quizás en cinco o diez años -no debería calcularse demasiado cortose convierta en el primer pilar.
Si empleamos razonablemente estos fondos de que disponemos y si no permitimos que desaparezcan en los laberintos de los Ministerios de Hacienda, entonces tendremos grandes oportunidades. Señor Ministro, señor Comisario, les ruego que muestren algo más de valor y que al comparecer ante la opinión pública sean más ofensivos cuando se trate de explicar las grandes oportunidades que existen si se sigue esta dirección. Su país de origen proporciona buenas indicaciones y ejemplos al respecto.

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente Molterer, me limitaré a dos puntos. Primeramente, estamos habituados a oír decir que la PAC ha alcanzado los objetivos de autosuficiencia fijados por el Tratado. Se piensa, entonces, inmediatamente en la superproducción, en las retiradas de tierras, en el barbecho, en la caída de los precios agrarios, y, sin embargo, hay que decir que todo eso no se ajusta verdaderamente la realidad. La Unión es deficitaria con respecto a algunas producciones que muy bien podría asumir. Importamos el 70 % de las proteínas destinadas a la crianza, pero también el 50 % de la miel y una parte considerable de cítricos, de pescado e incluso de ovinos, cuando, al mismo tiempo, existen zonas rurales que atraviesan dificultades, y que permanecen inexplotadas.
En segundo lugar, en el plano presupuestario, lo que hay que promover no es una disminución, sino una mejora de las ayudas, sin diluirlas en hipotéticas cofinanciaciones que privilegian egoísmos contables nacionales, en detrimento de los principios fundamentales de solidaridad de la Unión. La reforma debe restablecer el equilibrio de las producciones entre las regiones, las zonas climáticas y los Estados. La reforma no debe dar prioridad a la intensificación. El primer objetivo de la reforma no puede ser el de satisfacer a las multinacionales del sector agroalimentario.
Es comprensible que los ciudadanos europeos no deseen seguir financiando un sistema tan nocivo. Existe un modelo agrícola europeo. Éste no se basa solamente en la vocación exportadora de la Unión o en la baja generalizada de los precios, sino en la multifuncionalidad de nuestra agricultura y en el conjunto de nuestras tierras, que debemos transformar en elementos complementarios en una óptica de desarrollo rural sostenible y humanista, creador de empleos.
¿El mercado mundial? Es evidente que debemos ocupar nuestro sitio en el mismo, ¡pero ni a costa de nuestros conciudadanos y de su salud, ni a costa del medio ambiente! Este es también el precio de nuestra construcción europea. Este es también el precio de la existencia de una Unión Europea: socio fiable, respetado y bien identificado en el contexto de la mundialización.

des Places
Señora Presidenta, la propuesta de reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEOGA forma parte del dispositivo existente sobre el Objetivo 5 de la política estructural.
Considero que la propuesta de la Comisión carece de realismo y que no toma en cuenta los efectos negativos de la reforma de la política agrícola común de 1992 en el tejido económico del medio rural. La carrera desenfrenada con miras al rendimiento, a la productividad, a la ampliación de las explotaciones, para mantener unos ingresos que ya no permiten prever inversiones económicamente rentables, constituye el ejemplo perfecto.
Tanto en comisión como en el Pleno, nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas que incorporan el conjunto de los sectores económicos del medio rural en el dispositivo de ayuda para mantener la producción agrícola extensiva, compensando los sobrecostes de producción de las explotaciones agrarias situadas en las zonas desfavorecidas.
Muchas de estas enmiendas ya han sido aprobadas por diferentes mayorías en la Comisión de Agricultura, lo que demuestra tanto a la Comisión como al Consejo la importancia que reviste para nosotros el desarrollo rural, para el buen equilibrio de la sociedad europea.
Con respecto a la financiación de la PAC, nosotros nos oponemos a cualquier sistema de cofinanciación de una política común por los Estados miembros por el solo hecho de la existencia del artículo 2 del Tratado de Roma, que establece el principio de la solidaridad financiera. Además, aunque al principio sería obligatorio, una cofinanciación nacional de las compensaciones se convertiría rápidamente en opcional o discrecional en cuanto a sus disposiciones de aplicación. A través de esta propuesta de cofinanciación, señor Presidente, me interrogo sobre los objetivos de la Comisión. ¿Desean realmente mantener una política agrícola comunitaria, que es la única política que existe, junto con la política pesquera común? En caso contrario, hay que decirlo, sin artimañas, y permitir así que los Estados miembros renacionalicen la política agrícola, para defender por sí mismos sus propios intereses.

Garot
Señora Presidenta, tratándose de la reforma de la PAC, que en opinión de la Comisión obedece a consideraciones exteriores, ahora debe quedar claro que la evolución del contexto internacional, con la crisis en Asia y en Rusia, debe incitarnos a ser más realistas en la percepción de las perspectivas de exportación de nuestros productos agrícolas. Cuidado, en este sentido, con los excesos de confianza.
De igual modo, la ampliación a los PECO debe ser objeto de un examen particular. En tal sentido, debemos tener presente que dicha ampliación no deberá suponer una disolución de nuestras políticas comunes y, en particular, de la PAC.
Por otro lado, a nosotros, europeos, nos interesa constatar que hoy los Estados Unidos se ven nuevamente obligados a reforzar la ayuda pública a sus agricultores. Estos son nuevos argumentos para justificar, en el seno de la OMC, nuestra PAC y nuestro modelo europeo de agricultura.
Pero también desearía hacer hincapié en aspectos más internos de nuestra próxima reforma. Nuestra política agrícola necesita volver a ser legitimada frente a los consumidores: calidad de los productos; frente a los contribuyentes: asignación equitativa del dinero público; y frente a nuestros conciudadanos: salvaguardia de los equilibrios regionales y fomento del desarrollo sostenible.
Se trata ante todo de dar coherencia a nuestra PAC, como lo ha recomendado el Informe Cunha. Desde este punto de vista, desearía advertir respecto a las iniciativas y a las tomas de posición en favor de una cofinanciación de la PAC por los Estados miembros, puesto que esta medida, en caso de adoptarse, pondría en entredicho el principio de la solidaridad financiera, uno de los fundamentos de la PAC. Dicha medida podría asimismo provocar la renacionalización de la PAC, ya que, a partir del momento en que los socios nacionales deberían votar créditos para sus agricultores nacionales, ¿cómo podrían evitar hacerlo, a muy corto plazo, según criterios nacionales?
Estas son las razones por las cuales no puedo avalar esta idea de la cofinanciación, y hago un llamamiento a mis colegas para que estén vigilantes en este sentido.

Schierhuber
Señora Presidenta, Señorías, yo también quiero expresar al ponente mi agradecimiento por su cooperación y disposición al compromiso.
Un informe sobre la financiación de las acciones para el área rural es muy difícil de elaborar no sólo por la enorme cantidad de enmiendas sino también debido a las diferentes necesidades que tienen los Estados miembros. El desarrollo y fomento del área rural es para mí de gran importancia, pues estoy convencida de que Europa solamente tendrá un futuro en su diversidad si se apoyan de un modo dirigido y eficaz sus áreas rurales.
Ruego por ello a las y los colegas que comprendan si siempre hablo a favor de las áreas rurales en esta Asamblea, pero me parece que es un tema muy importante que merece que se recuerde siempre y se explique a los ciudadanos.
Junto a la política regional, la política agrícola desempeña un importante papel en el desarrollo de las áreas rurales. Así como la política regional se concentra con todos los medios de que dispone en el fomento de la población rural y la infraestructura de las pequeñas y medianas empresas, la política agrícola del FEOGA se dirige a la agricultura. Ahora se quiere poner a disposición este Fondo junto con las medidas de política regional, sobre todo para cubrir las necesidades y requerimientos de la agricultura. Me parece que este enfoque de una política integrada para el área rural es especialmente importante pero en este contexto quiero indicar que se deben adoptar las medidas necesarias para un empleo eficiente de los créditos. Con otras palabras: las medidas que afectan sobre todo a la agricultura deben financiarse con este Fondo mientras que las medidas que afectan al área rural pero que no están en absoluto en relación con la agricultura y la multifuncionalidad del área rural, se deberían fomentar más en el marco de la política regional.
Saludo también el positivo enfoque de la buena práctica especializada. Para los agricultores, la buena práctica especializada debe constituir la base del modo de actuar económico en las explotaciones agrícolas. Pero todas las prestaciones que se realicen para el medio ambiente, la protección de los animales, el cuidado del paisaje y la sociedad en general, tienen que pagarse por separado.
Recuerdo la política de la Comisión, que está dirigida a una creciente liberalización de los precios, por lo que para nuestros agricultores es aún más importante que se les conceda la oportunidad de obtener sus ingresos también mediante prestaciones adicionales.
Naturalmente, estoy expresamente a favor de la transparencia en la cadena de producción así como de una producción compatible con el medio ambiente y un elevado nivel de protección de los animales. Pero estas prestaciones tienen que garantizarse para los agricultores mediante los correspondientes ingresos, para tener también en el futuro un modelo europeo de agricultura.

Anttila
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el objetivo que perseguimos con la Agenda 2000 es hacer posible la ampliación de la UE hacia el Este y prepararnos de cara a las próximas negociaciones de la OMC. En la Cumbre de Edimburgo se decidió el calendario de la Agenda 2000, y ahora el Grupo Liberal se apresura a examinar las reformas de acuerdo con este calendario establecido.
Se ha mostrado una excesiva precaución en la valoración de los costes de la ampliación. Se ha debilitado la situación económica mundial, por lo que se ha modificado también el plan para la financiación de la ampliación. Esta nueva situación ha llevado a la Comisión a elaborar un informe de sus propios recursos que se presenta como una de las soluciones para nacionalizar parcialmente la financiación de la política agrícola. Esta financiación nacional de la Política Agrícola Común es ya habitual en un país como Finlandia, que obtuvo el derecho, por ejemplo, a financiar a título nacional las ayudas del período de transición para facilitar la integración de la agricultura finlandesa en el mercado único de la UE. Igualmente, existe una financiación compartida por lo que respecta a las ayudas medioambientales.
La financiación nacional de los gastos agrícolas ha de someterse a una regulación lo suficientemente precisa para garantizar la igualdad entre los agricultores de los distintos Estados miembros. Efectivamente, al englobar el mercado único prácticas agrícolas en condiciones tan distintas, es necesario ocuparse de las regiones de producción más desfavorecidas con medios de la Política Agrícola Común. Por este motivo, en la reforma de la Agenda 2000 se hubiera debido hacer mayor hincapié en las necesidades de las regiones de menor producción, tal como se exige también en la resolución de Luxemburgo. Espero que en el futuro se tengan más en cuenta estas necesidades.
Con la reforma de la Agenda 2000 siguen reduciéndose las cuotas que reciben los productores del mercado, lo cual representa un problema extremadamente grave para las regiones de menor producción. La proporción que representan las ayudas directas en los ingresos totales de los agricultores finlandeses es ya demasiado elevada. La Agenda 2000 no hace más que empeorar la situación. Por todo ello, me pregunto cómo vamos a poder mantener la motivación empresarial en el sector de la agricultura.
Las ayudas forestales de la Agenda 2000 se han formulado con muy poca claridad, por lo que resulta difícil hacerse una idea, por ejemplo, de su cuantía económica. El Grupo Liberal se opone a la ampliación de la política de ayudas a un sector ya sometido al principio del libre comercio como es el forestal.

Hyland
Señora Presidenta, en el tiempo de que dispongo no es posible ocuparse de los numerosos retos con que se enfrenta la agricultura europea ni del papel de la agricultura como pilar central de la infraestructura rural. Tampoco es posible evaluar ese papel en términos económicos.
A pesar del generoso apoyo de la UE, que me place hacer constar, las explotaciones agrícolas familiares están desapareciendo del paisaje rural. El perfil de edad de los agricultores se está deteriorando y los jóvenes no consideran ya a la agricultura como una carrera sostenible. En estas condiciones, ¿cómo va a sobrevivir el modelo de explotación agrícola familiar de la Unión Europea? ¿Qué consecuencias habrá para la calidad y seguridad alimentaria a largo plazo, sin hablar del papel de los agricultores como gerentes del medio ambiente?
A los políticos que consideran a los agricultores como un objetivo legítimo para así promover sus propias carreras políticas con los electores urbanos, les diré que están dando pruebas de una lamentable falta de comprensión del papel único de la agricultura en el contexto de una política nacional y de la Unión Europea más amplia. Están pasando por alto el hecho de que en las circunstancias actuales los alimentos se están produciendo con un nivel de beneficios que es marginal y que, en muchos casos, es inferior al costo de la producción.
En Irlanda hay sin duda alguna una crisis a corto plazo por lo que se refiere a los productores de carne de vacuno y de ovino que no se pudo prever cuando se acometió la reforma de 1992. El colapso de la economía rusa y el desastre de las vacas locas no son más que dos de los problemas que repercuten en el sector de la carne de bovino.
Si enfocamos la cuestión a largo plazo en el contexto de Agenda 2000, habremos de velar por que las explotaciones agrícolas familiares y sus empresas individuales tengan el apoyo de los recursos presupuestarios disponibles. No hay que permitir que las empresas comerciales en gran escala puedan usurpar una financiación que, en mi opinión, debería ir a manos de las explotaciones agrícolas familiares.
Para acabar, diré que apoyo plenamente a los que han dicho que no debería haber cofinanciación en la política agrícola común. Huelga decir que me opondré a cualquier medida a favor de la renacionalización.

Lindholm
Señora Presidenta, querría felicitar al Sr. Görlach por este buen informe, en el que llama la atención sobre el hecho de que el desarrollo rural puede terminar entre dos aguas, es decir, quedar reducido a cero, puesto que, de acuerdo con la propuesta de la Comisión, dicho desarrollo no será ya un objetivo en sí. Me pregunto si se ha hecho verdaderamente un detallado análisis de las consecuencias.
Es importante apoyar e incentivar la interacción y la reciprocidad tanto entre el campo y la ciudad, como entre los recursos de estos dos entornos. La evolución del sector agrícola, y en esto ha contribuido también la UE, ha desembocado en una situación en la que ya es imposible para muchas personas ganarse la vida sólo con la práctica de la agricultura. A menudo es necesario combinar esta práctica agrícola con otras actividades para seguir garantizando la presencia humana en el medio rural. Esta circunstancia es especialmente patente en las regiones con escasa densidad de población. Por consiguiente, es preciso modificar los criterios para la obtención de ayudas. En caso contrario, de aquí en adelante serán únicamente los grandes centros de población los que se beneficien de las ayudas, negándose el futuro a las poblaciones más pequeñas, que son las más respetuosas con el medio ambiente. De esta manera continuaría la despoblación del medio rural y, con ella, se verían abocados a un patético fin los pueblos y las ciudades más pequeñas, ya que son precisamente las poblaciones pequeñas y medianas las que mantienen vivo el entorno rural. Por todo ello, es necesario flexibilizar la política agrícola de la UE si pretendemos mantener con vida el medio rural.

Nicholson
Señora Presidenta, empezaré por felicitar al ponente. Es una persona que todos respetamos en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Parlamento.
En la actualidad se está presentando al desarrollo rural como el segundo pilar de la agricultura. La pregunta que me hago es la siguiente: ¿será de alguna utilidad el segundo pilar? Sólo podemos darle la fortaleza que necesita si permitimos que una financiación suficiente aporte el máximo apoyo a la comunidad rural. Tengo el sincero temor de que el segundo pilar creará en la Unión Europea una desigualdad aún mayor que la que existe actualmente. No dar carácter obligatorio más que a la medida agroambiental es una prueba de suma debilidad. Da a los Estados miembros la autorización para escoger lo que les beneficie, lo cual a la larga quizá no redunde en beneficio de los intereses de la gente que vive en el campo, especialmente de los que dependen de la tierra para vivir.
Según se ha propuesto, el desarrollo rural no podrá abrigar nunca la esperanza de resolver los graves problemas con que se enfrentan las comunidades rurales y agrícolas de toda la Unión Europea en la actualidad. No protegerá a la estructura de explotaciones agrícolas familiares que tenemos en la Unión Europea. Los agricultores de toda Europa se preguntan qué es lo que va a suceder más adelante; qué es lo que tienen que hacer, y cómo y cuándo se han equivocado. También nosotros nos preguntamos en qué nos hemos equivocado. Somos personas que tienen responsabilidades en la Comisión y en el Parlamento. Somos las personas que han de indicar el camino a seguir. Somos las personas que tienen que buscar y encontrar un camino para seguir progresando. Desgraciadamente, hasta ahora no veo que esta propuesta preste suficiente apoyo a la estructura agrícola familiar en la Comunidad Europea.

Hardstaff
Señora Presidenta, hemos de obrar con seriedad en este Parlamento si queremos obtener una reforma auténtica de la política agrícola común para el siglo XXI. El Sr. Görlach ha presentado un excelente informe sobre las propuestas de la Comisión acerca del desarrollo rural y ha enunciado un corto número de medidas sumamente prácticas para conseguir que esas propuestas estén más en consonancia con la Declaración de Cork, que la Comisión ha endulzado bastante.
Esas enmiendas reconocen la realidad: en las condiciones que prevalecen en la agricultura europea del siglo XXI habrá muchas menos exploraciones que requieran mucha mano de obra y casi todos los sectores estarán mucho más mecanizados. Por eso es esencial que consideremos al desarrollo rural como una medida de apoyo para la creación de una gama de ocupaciones adicionales en las zonas rurales, no solamente a las que se refieren directamente a la agricultura y a la elaboración de alimentos, por importantes que esos elementos sigan siendo en esas esferas.
Por eso me decepcionó que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural introdujera muchas enmiendas adicionales, excesivamente circunstanciadas, para vincular el apoyo principalmente a los agricultores y para mediatizar la voluntad de consagrarse a un desarrollo rural más amplio. Nosotros no somos la comisión que representa a los agricultores, y nuestra obligación es mirar más allá de los intereses puramente personales y tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos que viven en zonas rurales y que no encuentran trabajo en la agricultura.
Espero que este Parlamento rechace la mayoría de las enmiendas para que así contemos con una opinión del Parlamento Europeo que es realista y constructiva y que adapta el modelo europeo de la agricultura a las nuevas condiciones económicas y sociales según se enuncian en la resolución común de nuestros colegas el Sr. Fantuzzi y el Sr. Graefe zu Baringdorf. Nuestros colegas identifican como factores esenciales el desarrollo sostenible, la producción de alimentos de calidad, la seguridad de los consumidores, la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica, el bienestar de los animales y el desarrollo rural. Para conseguir este último elemento necesitamos programas como el LEADER para ayudar a las empresas en pequeña escala a desarrollar nuevos puestos de trabajo en la alta tecnología, así como en el turismo, las aptitudes y artesanías tradicionales, y los proyectos que defienden y mejoran el medio ambiente. Esos programas no tienen necesariamente que desarrollarse en zonas del Objetivo 1 y del Objetivo 2, sino en cualquier esfera en la que el medio ambiente rural padezca una elevada tasa de desempleo y de privación social.

Gillis
Señora Presidenta, he seguido muy cuidadosamente muchos debates sobre los elementos principales del programa Agenda 2000 y he participado activamente en ellos. Estoy totalmente de acuerdo en que la Unión tiene que planificar su curso de acción para el futuro, pero las propuestas de reforma de la PAC se basan excesivamente en medidas encaminadas a moderar el costo de la ampliación hacia el Este y a atender la presión ejercida por los Estados Unidos en la OMC.
Es evidente que hay una fuerte campaña en favor de reducir los precios agrícolas para equipararlos a los niveles de precios mundiales, y los niveles de la Europa oriental para ahorrar dinero. Este concepto requiere que los agricultores de la Unión Europea vendan sus productos por debajo del costo de producción y que no reciban otros ingresos que las compensaciones parciales que se les asignen. Esto no debe de ser así y hay que cambiarlo. El sistema está generando ya graves críticas de los agricultores pues las cantidades correspondientes a esos pagos se identifican por separado del coste de los productos que producen los agricultores y hay quien los considera como limosna. En realidad, incluso usted, Comisario, utilizó la palabra «subsidio». El informe de esta semana del Tribunal de Cuentas es un buen ejemplo. Ha originado grandes titulares en los periódicos que dan casi a entender que los agricultores son delincuentes.
El sistema está actuando también como factor de disuasión para los jóvenes que quisieran hacer carrera en la agricultura. Se está perdiendo también el beneficio medioambiental de su gestión, de sus energías y de sus aptitudes. No puedo comprender por qué la Comisión dice con optimismo que los ingresos agrícolas aumentarán, de no ser a costa de una acusada disminución del número de agricultores. Las propuestas costarán 6.000 millones de euros adicionales y dejarán a los agricultores mucho más pobres que antes.
Insto a la Comisión a que matice la severidad de esas propuestas y a que encuentre una solución mejor. Los agricultores de mi país han experimentado ya una gran disminución de ingresos. Los precios de la carne de bovino para los agricultores son un 40 % inferiores a lo que eran hace dos años. Los precios del ganado porcino y del ganado bovino han sufrido un verdadero colapso.
Por último, quisiera pedir una vez más a la Comisión que investigue por qué el precio de los alimentos para los consumidores no disminuye en consonancia con la enorme caída de los precios agrícolas.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, señor Comisario, estimado Ministro, creo que es muy importante que siguiendo el ejemplo del informe del Sr. Görlach y de las propuestas de la Comisión desarrollemos una política rural amplia. ¿Por qué debemos desarrollar dicha política? La respuesta a esta pregunta se ha repetido varias veces a lo largo de esta tarde: porque necesitamos nuevos soportes económicos para el medio rural. A este respecto quería comentar dos puntos que hasta ahora apenas han merecido la atención. El 80 % de la población vive en el medio urbano. Pienso que la población rural debe comprender que el desarrollo de la política rural lleve incorporada una vertiente destinada a los habitantes de las ciudades. A mi modo de ver, éste es uno de los aspectos de lo que yo entiendo por política rural amplia.
En segundo lugar, apreciaría que se prestara más atención a la mujer en las zonas rurales. En no pocas ocasiones, la mujer es una verdadera fuente de innovaciones. Innovaciones mucho más llamativas que las que suelen promover los hombres. Me gustaría que la política rural de la que aquí hablamos respaldara las iniciativas de estas mujeres.

Lambraki
Señor Presidente, estamos de acuerdo que es necesaria la reforma de la PAC debido a la nueva situación económica y a las disfunciones que han aparecido hasta hoy. Estamos de acuerdo en llevar a cabo una reforma. Una reforma que reduzca las disparidades entre los estados, entre las regiones y entre los agricultores, una reforma que contribuya al desarrollo ecológico del campo, una reforma que venga a apoyar a la población rural de nuestros países. Por lo tanto apoyamos las medidas propuestas en la Agenda 2000 que se mueven en esa dirección y que marchan paralelas a los principios fundamentales de la cohesión y la solidaridad financiera. Pero hay que señalar que, como otro tipo de objetivos, el objetivo del desarrollo rural ha sido considerado más bien como un deseo pues no va a ir acompañado de suficientes recursos financieros.
Sin embargo, la necesidad de una reforma de la PAC no debe servir como coartada para su abolición. Por lo tanto, no podemos apoyar propuestas como la de la cofinanciación, ni la de los apoyos directos a la agricultura como piden algunos Estados miembros para disminuir el volumen de su contribución neta al presupuesto comunitario pero que lleva a la PAC por la senda de la renacionalización, poniendo en cuestión el alcance de la directriz de la agricultura. A su vez, la adopción de la cofinanciación va a influir de forma negativa en los flujos financieros de los Fondos estructurales hacia los países más pobres de la Unión ampliando de esa manera las desigualdades ya existentes.
Creo que existe un consenso en cuanto a la necesidad de reforma. Esta constatación nos da la posibilidad de actuar con cuidado y encaminar nuestros pasos hacia una reforma razonable que el mundo rural realmente necesita.

Filippi
Señora Presidenta, señor Ministro, señor Comisario, Señorías, este importante debate debe acabar con la aprobación de un texto sobre la reforma de la PAC. No quisiera que las dificultades surgidas en las relaciones entre los Grupos políticos provocaran el rechazo de las mociones presentadas. Esto, en mi opinión, sería un hecho muy grave para el Parlamento Europeo que debe expresarse claramente y no dejar sólo a los demás las decisiones. Hay que hacer una valoración realista. La cofinanciación puede permitir resolver el conflicto que se ha planteado acerca de la aportación neta de los Estados miembros al presupuesto agrícola.
Lo que hay que evitar es la renacionalización de la PAC y la reducción y la atenuación del espíritu de solidaridad interna. Por ello, comparto las propuestas que respaldan claramente todos estos principios y, en este sentido, mañana voy a invitar a que todos los colegas, empezando por los italianos, voten con coherencia.
Estimados colegas, si nosotros no decidimos aquí una línea y si el Consejo no encontrará cuanto antes una solución a los problemas planteados, corremos el riesgo de que la decisión la tomen otros quizás el Consejo ECOFIN que, sin duda, no es proclive a aumentar -como, en cambio, sería indispensable hacer para respaldar la reforma de la PAC- los recursos correspondientes. En consecuencia, la cofinanciación puede admitirse, sin perjuicio de las exigencias de reequilibrio y de cohesión interna.

Lindqvist
Señora Presidenta, señor Comisario, el medio rural ocupa la mayor parte de Europa, entre un 80 y un 90 por ciento de su extensión. En Suecia, el entorno rural representa una superficie enorme en la que apenas habita una pequeña parte de su población, entre un 10 y un 20 por ciento del total. Si no viviera nadie en estas regiones, la mitad de Suecia estaría deshabitada. Por todo ello, es importante que apoyemos el desarrollo rural y la agricultura. Es preciso incorporar los Objetivos 6 y 5 en los Objetivos 1 y 2 respectivamente, así como mantener los criterios para la obtención de las ayudas.
El entorno rural, las personas, la naturaleza, la tierra y el agua son recursos que debemos preservar en Europa. Entre otros objetivos importantes, debemos impulsar los colectivos locales, coordinar las ayudas, orientar la formación, ofrecer ayudas al cultivo medioambiental y ecológico, invertir en la bioenergía y en los nuevos combustibles, como el etanol y el metanol, así como en el turismo y los transportes. En cualquier caso, para lograr un desarrollo positivo del entorno rural, todo esto ha de tener lugar conforme a los deseos de sus propios habitantes.

Happart
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, la Agenda 2000 será, ciertamente, una de las cuestiones que más habrán movilizado al Parlamento Europeo durante estos diez últimos años. La duración de los debates, el número de reuniones que todas las comisiones del Parlamento le han dedicado, auguraban un proyecto ambicioso.
Por fin íbamos a dar a luz -si puede decirse- a Europa, una Europa ideal, en la que nuestros hijos iban a poder vivir en paz, como ciudadanas y ciudadanos libres, del Atlántico a los Urales. Íbamos a abrirnos a nuevos Estados -financieramente pobres, quizá, pero ricos en esperanzas-. Por fin habíamos dejado de tener miedo, nos encaminábamos a la creación de un Estado europeo. Este Estado constituiría un espacio de libertad intelectual, donde el aspecto humano sería el centro de las preocupaciones de los responsables políticos y económicos.
Dejábamos la carne con hormonas y la obtención de beneficios a cualquier precio para los norteamericanos y para su Organización Mundial del Comercio. Nosotros estábamos maduros para llevar a cabo una verdadera solidaridad, en que nosotros, los ricos, tenderíamos la mano para dar y para ayudar, antes que para recoger y para aplastar. Se trataba de un sueño, de un sueño más. Esta mañana he despertado helado por la realidad de nuestros comportamientos. Estamos de nuevo dispuestos a hacer como si ayudásemos a nuestros pobres, cada uno en nuestros pequeños Estados estancados por nuestra estrechez de espíritu.
Desgraciadamente, la cofinanciación permitirá legalmente a nuestros Estados más ricos ayudar, por ejemplo, a sus agricultores. ¿Si no existe más solidaridad en el seno de Europa, si la Agenda 2000 consiste simplemente en permitir devolver a los Estados ricos su dinero, quién pagará por los pobres de los países pobres, así se trate, hoy, de los del Sur de Europa o, mañana, de los del Este? Volvemos a hacer lo contrario de lo que deberíamos hacer. ¡Lástima para nuestros hijos!

Arias Cañete
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, nadie duda de que una reforma es necesaria y nadie duda de que la Política Agrícola Común no cumple plenamente las funciones que le asigna el Tratado. Cuando se enjuicia esta política desde el punto de vista de su contribución a la cohesión económica y social, el nivel de la crítica alcanza a veces niveles escandalosos.
Pero a mi juicio, lo más preocupante es que en un proceso de reforma, de por sí enormemente complicado, máxime dada la escasez de recursos destinados a las políticas de desarrollo rural, se ha entrecruzado el debate sobre los recursos propios comunitarios.
En este contexto, es cierto que la Comisión se ha limitado a presentar un informe con varias opciones, pero la experiencia comunitaria nos ha acostumbrado a temer los informes, libros blancos y libros verdes que elabora la Comisión. Porque a la postre, la opción más apoyada o más fundada entre el elenco que se ofrece tiene muchas probabilidades de plasmarse en la legislación comunitaria con carácter definitivo. Y la cofinanciación de ayudas directas a la renta representa no sólo una quiebra del principio de solidaridad financiera, sino una violación del principio de suficiencia de medios, consagrado en el artículo F, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. No supone un medio para mejorar la eficiencia de la PAC, sino un simple mecanismo de redistribución de la carga del gasto.
Se trata de propuestas claramente regresivas que perjudican en mayor medida a los «países de la cohesión económica y social» y benefician a los países más prósperos, con la excepción de Francia y en menor medida Dinamarca. Se daría así la paradoja de que la ampliación se haría a costa de los «países de la cohesión», que ven reducida significativamente su participación relativa en la categoría 2, y además la reforma de la financiación de la PAC incidiría nuevamente sobre estos países. Y ello, señor Comisario, sin tener en cuenta que la lista de ayudas directas que la Dirección General XIX ha utilizado para sus cálculos es mucho menor que las ayudas que se consideran directas y sujetas a modulación en la reforma que ahora abordamos, según la información facilitada por la Comisión el pasado mes de junio. Por ello, el carácter regresivo de las propuestas es todavía superior.

Iversen
Señora Presidenta, la Política Agrícola Común fue establecida en los años cincuenta cuando sólo había seis países miembros. Casi todos reconocen que esta política no está lista para una ampliación que hará que la Unión pase a estar formada por cerca de veinte países. La Comisión ha presentado las propuestas por las que se modifica la política agraria y actualmente debatimos nuestra posición sobre esta reforma de la política agrícola en varias comisiones del Parlamento. Conocemos sus ideas fundamentales: se suprimen los regímenes de ayuda generales y los agricultores europeos han de competir en el mercado mundial, en el que se está produciendo una amplia liberalización. Esto significa que los precios habrán de aproximarse a los del mercado mundial y que se acabarán las cuotas lecheras y los excedentes. Este desarrollo no debe producirse a costa de los agricultores, quienes tendrán dificultades a la hora de desenvolverse en libre competencia. Al contrario, la futura ayuda agraria debe estar mucho más orientada hacia fines específicos. Las ayudas sobre el precio deben ser sustituidas por ayudas directas más elevadas para aquellos agricultores que necesiten realmente nuestra ayuda. Se seguirán dando ayudas a los ámbitos y sectores que tengan especiales dificultades.
La actual ayuda agraria está basada en la cantidad antes que en la calidad. No tiene en cuenta el bienestar de los animales ni el medio ambiente y en mi opinión, tampoco es consciente en realidad de la creciente importancia que la mayoría de los consumidores conceden a estos valores. La política agrícola no puede seguir sin ser modificada si la agricultura europea va a competir en el mercado mundial. Y la Política Agrícola Común engulle hoy más de la mitad del presupuesto global comunitario, con la ampliación será aún peor.
Los consumidores exigen cada vez más saber el contenido de lo que comen y cómo se produce. Quieren sistemas productivos naturales, que protejan el bienestar de los animales y no dañen el medio ambiente. Es importante comprender la necesidad de reajustar nuestra política agraria común para que responda a las exigencias de su tiempo tanto para los actuales países miembros como también - y especialmente - para los futuros países miembros.

Botz
Señora Presidenta, señor Comisario, las empresas agrícolas de los nuevos Estados federados alemanes contemplan al igual que todos con gran atención los procesos decisorios sobre la reforma agraria. Aunque no haya llegado aún a todos los sitios, sin embargo estas explotaciones nuestras corresponden en su mayor parte al modelo agrícola europeo. Son multifuncionales, sostenibles y -al menos, potencialmente- competitivas. Todos sabemos que en situaciones subvencionadas son en parte muy competitivas.
Respecto a la multifuncionalidad, en especial en lo referente a las empresas comunitarias que cultivan la mayor parte de nuestras superficies, en especial en las regiones menos favorecidas por su emplazamiento, no son solamente multifuncionales sino que en regiones realmente agrícolas con un paro de entre el 30 y el 40 %, como Mecklenburgo-Pomerania Anterior y otras regiones, son las únicas garantes de que existan en absoluto aún puestos de trabajo. Esta es nuestra principal preocupación y creo que usted también lo sabe. De cara a este segundo pilar, del que todos nos alegramos y que debe fortalecerse lo antes posible, no debemos permitir en ningún caso que en las condiciones marco del primer pilar nos despojen estos últimos garantes de empleo en estas regiones.
Creo que entretanto se ha comprendido esto. Cuando se trata precisamente de perspectivas a largo plazo, quiero sacar a relucir muy conscientemente las renacidas explotaciones familiares, una magnitud muy razonable desde nuestro punto de vista, pues por su tamaño no están dirigidas a otra cosa que a una supervivencia económica para la generación del sucesor de la explotación. También aquí es muy pequeña la comprensión por las intenciones de degresión de la Comisión.

Campos
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, voy a comenzar por aquello de lo que me siento más próximo a la declaración del Comisario: es que no podemos hacer una reformita, sino una reforma; podríamos decir incluso: una gran reforma.
El problema en este final de siglo no es la cuestión de la producción. En Europa va bien y resulta encomiable. Desde 1950 hasta ahora, la población rural ha pasado del 35 % al 5 % y la producción ha aumentado casi ocho veces y, como acaba de decir el Comisario, con la reforma que presenta aún más gente va a salir del mundo rural. Lo que quiere decir que el Comisario va a gastar la mitad del presupuesto de la Comunidad con una minoría y, como hay una profunda injusticia en toda la Política Agraria Común, el Comisario va a gastar el 40 % del presupuesto de la Comunidad para beneficiar al 1 % de los más ricos de la Comunidad. Si el 20 % de los agricultores se llevan el 80 %, el Comisario hará cuentas y verá que el 1 % de los más ricos va a recibir el 40 % del presupuesto de la Comunidad. Porque el problema no es la producción. El problema es la justicia de una política para defender a las personas del mundo rural. Y la Comisión no comprende ni examina esa política de justicia. Y lo que sería fundamental examinar sería esa política, porque el problema que hoy se plantea es el de cómo es que el Comisario o el Consejo van a terminar completamente con las ayudas a la producción. Porque dichas ayudas hoy son el enemigo de la calidad, son el enemigo del medio ambiente, son el enemigo del trabajo, porque las producciones que el Comisario financia más son las de donde existe más desempleo: los cereales se llevan hoy el 43 % y es la producción que menos mano de obra utiliza en el mundo rural. Y por eso mismo es una gran fuente de desempleo. El Comisario no se compromete con la modulación, con el plafond y con la justicia. Y esa cuestión fundamental de la justicia es la que deberíamos examinar, porque la producción va bien y resulta encomiable.

Myller
Señora Presidenta, no por ser la última intervención del día de hoy creo que sea menos importante volver aún a los puntos de vista que ya ha expuesto a este respecto la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. En el plano teórico, los objetivos de la reforma agrícola que se recogen en la Agenda 2000 se encaminan en una dirección más que adecuada, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que se adoptaron, por ejemplo, en las cumbres de Amsterdam y Cardiff. El objetivo es conseguir una política agrícola más respetuosa con el medio ambiente que responda mejor a las necesidades de los consumidores.
En la práctica, no se puede decir que se logre alcanzar muy satisfactoriamente este objetivo. El problema reside en que la Comisión permite que la toma de decisiones acerca de estos asuntos tenga lugar a título nacional. Así pues, se decide a nivel nacional si se vinculan las cuestiones medioambientales a las ayudas económicas. No se quiere tomar decisiones a nivel comunitario. Sin embargo, esta toma de decisiones es un requisito para dar el giro que pretendemos. Como ya se sabe, la agricultura es uno de las prácticas que más contaminan la tierra y las aguas. Únicamente lograremos aplicar medidas que alivien esta situación cuando introduzcamos unas buenas normas comunitarias para la práctica agrícola que respeten el principio del desarrollo sostenible, y cuando -recurriendo solamente a estas normas- sea posible participar en la Política Agrícola Común y en su financiación.
Por lo que respecta a la futura política agrícola de la Unión Europea, estas cuestiones ya se han sometido a debate en diversas cumbres. Además de las orientaciones de Cardiff en materia de medio ambiente, es necesario hacer también hincapié en las directrices de Luxemburgo, que establecen la necesidad de poder seguir practicando en el futuro la agricultura en todo el territorio de la UE y, por lo tanto, también en sus regiones septentrionales.

El Presidente
Muchas gracias, señora Myller.
El Consejo y la Comisión me han indicado que renuncian a exponer sus opiniones si no hay más preguntas, pero no parece que sea este el caso.
Muchas gracias por haber aguantado tanto tiempo.
Le comunico que he recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.30 horas.
Para concluir, no quiero dejara pasar la ocasión de expresar mi agradecimiento a las y los intérpretes por haber trabajado durante mucho más tiempo del proyectado inicialmente.
Que vuelvan bien a casa.
(Se levanta la sesión a las 0.17 horas)
