Verificación de credenciales de Beniamino Donnici (debate)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de Guiseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la verificación de credenciales del señor Benimiano Donnici.
Giuseppe Gargani 
ponente. - (IT) Señor Presidente, Señorías, quiero hacer mención en esta Cámara del trabajo realizado en comisión, que ha debatido en profundidad el asunto de las credenciales del señor Donnici, tras lo cual una gran mayoría está a favor del informe.
Hablo en nombre de la comisión, que tengo el honor de presidir, y quiero responder a quienes hacen esas insinuaciones mezquinas diciendo que la comisión no ha actuado con serenidad o que no ha sido objetiva; tales insinuaciones no honran para nada a este Parlamento, dado que la comisión está formada por muchos juristas. Tenemos a personas y juristas como el seños Lehne, el señor Medina, la señora Wallis y la señora Frassoni, por mencionar tan solo a los coordinadores, y también a muchas otras figuras prominentes. Nuestras discusiones siempre han sido de alto nivel y se han llevado a cabo de forma exhaustiva y con gran sinceridad. Siempre nos hemos centrado principalmente en el papel de este Parlamento, que es un gigante desde el punto de vista de las muchas cosas que hace y su papel en Europa, pero un enano en algunas ocasiones cuando se le quiere limitar a un ámbito burocrático.
La cuestión que debatimos se deriva de esta cuestión principal: los hechos son conocidos, la renuncia del señor Occhetto infringe el Acta Europea, y no podemos dar al señor Donnici un veredicto positivo.
Las normas que rigen el procedimiento electoral europeo caen dentro de la jurisdicción de la Comunidad y, por lo tanto, la referencia a las disposiciones nacionales que establece el Acta Europea de 1976 son únicamente de carácter complementario. Pero las disposiciones nacionales deben adecuarse a los principios fundamentales del sistema jurídico comunitario, sus normas principales y el espíritu del texto del Acta de 1976. Por estos motivos, las autoridades nacionales legislativas y administrativas competentes, así como las autoridades jurisdiccionales, no pueden dejar de tener en cuenta el marco jurídico comunitario en materia electoral.
La admisibilidad de la renuncia del señor Occhetto debe valorarse en primer lugar tomando como base el artículo 4 del Acta de 1976, según el cual los diputados al Parlamento Europeo no podrán quedar vinculados por instrucciones ni recibir mandato imperativo alguno, y la libertad y la independencia de los representantes parlamentarios constituyen una piedra fundamental de la libertad de los ciudadanos.
Es una disposición del Acta de 1976, pero el nuevo Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo, que ahora cito, aunque entrará en vigor para el próximo mandato parlamentario, es, tal como está configurado actualmente el sistema jurídico comunitario, un acto legislativo de Derecho primario, aprobado por el Parlamento Europeo con el visto bueno del Consejo y publicado en el Diario Oficial. Es perfectamente obvio que la renuncia del señor Occhetto a la elección es el resultado de una expresión de voluntad afectada y condicionada por un acuerdo previo a la proclamación de los representantes electos en las elecciones europeas de 2004, que ese acuerdo se celebró con el otro componente de la lista "Società civile Di Pietro-Occhetto", y que dicha renuncia se ha de considerar incompatible con la letra y el espíritu del Acta de 1976, y específicamente con el artículo 6. No se podía revocar válidamente bajo ninguna circunstancia, tal como fue revocada. En la exposición de motivos de la sentencia que dice precisamente lo opuesto, el Consejo de Estado italiano -y quiero confirmarlo en esta Cámara, como italiano- no hizo mención o no tuvo en cuenta en absoluto los mencionados principios del Derecho comunitario, ignorando así no solo el espíritu y la carta del Acta, sino también el artículo 4 y el artículo 6 del texto.
Según la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la infracción del Derecho comunitario por parte de las autoridades de un Estado miembro, aunque sea cometida por un organismo jurídico del más alto nivel, mediante sentencia definitiva, no impide que el Tribunal de Justicia constate que el tribunal nacional incumple supremo el Derecho comunitario, como se ha señalado antes. Sin embargo, esto no exime al Estado, en este caso Italia, país al que pertenece dicho tribunal, de su responsabilidad, como se ha dicho. Creo que todo esto demuestra claramente la situación en la que nos encontramos.
Quiero explicar rápidamente dos cosas que forman parte del Derecho italiano. El acto de renuncia puede tener por objeto derechos vigentes, y en este caso la renuncia del señor Occhetto en relación con el señor Chiesa es plenamente válida y eficaz en virtud de su explicación. La renuncia también es válida para derechos futuros, pero por supuesto esa renuncia se podría revocar ciertamente antes de que finalice el acto, antes de que la parte renunciante se encuentre en situación real de poder renunciar.
La renuncia expresada por el señor Occhetto después de la proclamación de los resultados electorales no alteró el orden de los candidatos en la lista Di Pietro-Occhetto. El argumento final, señor Presidente, es que debemos reconocer como principio básico del Derecho el hecho de que la renuncia solo puede entrar en vigor en el momento en que se dan los requisitos previos necesarios para que exista el derecho.
Por este motivo, en la decisión de 3 de julio de 2006 que se invoca para demostrar una contradicción respecto a lo que habíamos hecho -en realidad debido a esa decisión de la Comisión de Asuntos Jurídicos- hemos confirmado la elección del señor Occhetto, porque en el momento de la proclamación era conforme al Acta Europea, dado que reconocimos que su renuncia era no valida, inadecuada y nula. Las excepciones en relación con el señor Donnici eran irrelevantes. Y por eso no existe contradicción.
Tomamos esta decisión el año pasado, y hoy podemos confirmarla porque es coherente, minuciosamente estudiada por una Comisión de Asuntos Jurídicos que, por supuesto, no tiene ningún interés partidista y que lo único que desea es promover y garantizar la autonomía de este Parlamento.
Manuel Medina Ortega
en nombre del Grupo PSE. - (ES) Señor Presidente, creo que estamos en un momento importante de la historia de este Parlamento. El ponente, Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Gargani, ha expuesto los razonamientos jurídicos que nosotros secundamos. Mi Grupo ha presentado una serie de enmiendas dirigidas, incluso, a reforzar ese tipo de razonamiento jurídico.
Pero convendría que viéramos el tema desde una perspectiva un poco más amplia. El Parlamento Europeo -la Comisión de Asuntos Jurídicos- siempre ha reconocido las decisiones de las autoridades nacionales con respecto a la incorporación de un parlamentario y ha reconocido, incluso, los procedimientos contenciosos electorales.
Lo que no puede ocurrir es que, prácticamente tres años después de las últimas elecciones, un año después de la aceptación del señor Occhetto como miembro de este Parlamento, de repente, una jurisdicción italiana nos venga a decir que ese nombramiento no tenía validez.
El señor Gargani ha explicado las razones desde el punto de vista jurídico, pero hay un elemento político fundamental: el Parlamento está integrado por parlamentarios designados de conformidad con el Derecho nacional, mediante pronunciamientos que hacen autoridades nacionales: administrativas, electorales o judiciales.
Pero una vez que estamos en este Parlamento, el Parlamento constituye una entidad propia, con personalidad propia, que tiene derecho a defenderse a sí misma. El caso Occhetto creo que va a ser un gran precedente parlamentario. Porque, a partir de ahora, las autoridades nacionales administrativas o judiciales sabrán que el Parlamento tiene la facultad, en un determinado momento, de considerar que la decisión nacional no es conforme a Derecho, que ha sido arbitraria.
Y el Parlamento tiene el derecho y el deber de proteger a sus miembros. Si no hacemos esto, nos exponemos a que usted, Presidente, o cualquier otro diputado de este Parlamento, por una decisión arbitraria de una autoridad nacional o de un tribunal nacional, nos prive a cada uno de nosotros de nuestra condición de parlamentario. Y una esencia del trabajo parlamentario es que los diputados del Parlamento tienen que sentirse seguros en la realización de su trabajo.
Yo creo que el señor Gargani ha hecho una gran labor como presidente -hemos discutido durante muchos años de muchos temas- y en este caso nos encontramos con un acuerdo que incluye a todos los partidos, que no responde a un interés partidario, sino que responde a la necesidad de defender el Estatuto del Parlamento Europeo como tal.
El Parlamento Europeo, esta entidad que representa a los pueblos de Europa, se constituye como una entidad propia por decisión propia. No es como el Consejo que depende de los avatares de la política nacional. Los parlamentarios tenemos un mandato, un mandato a plazo fijo que no puede ser interrumpido por una decisión arbitraria nacional.
Por tanto, creo que la decisión Occhetto, repito, será una decisión histórica en la historia del Parlamento, en la historia de la afirmación de la personalidad del Parlamento y de los derechos de los parlamentarios.
Luigi Cocilovo
en nombre del Grupo ALDE. - (IT) Señor Presidente, Señorías, si hay una cosa en la que estoy de acuerdo, es que existe el riesgo de que la decisión de este Parlamento siente un auténtico precedente histórico, que ponga en tela de juicio asuntos, problemas, principios y normas que van más allá de este acontecimiento específico. Este Parlamento nunca ha puesto en duda el principio y la norma que establecen las disposiciones del Tratado sobre la jurisdicción nacional para resolver conflictos relacionados con el procedimiento electoral y, por lo tanto, para proclamar a los elegidos, sobre los que después el Parlamento procede a efectuar la denominada "verificación de credenciales", en otras palabras, verificación de las oficinas electorales.
Para confirmar lo que digo, en vez de limitarme a comentar quiero citar palabra por palabra el contenido de la decisión del Parlamento, aprobada el 14 de diciembre de 2004 por esta Cámara, que valida el mandato de todos los que fuimos elegidos en dichas elecciones europeas. El mandato fue declarado válido y cito exactamente: "...sin perjuicio de las decisiones adoptadas en su caso por las autoridades competentes de los Estados miembros en los que se hubiera impugnado un resultado electoral". ¡Esta Cámara confirmó una norma que todos conocemos muy bien!
Quiero añadir que para apoyar su decisión, la Comisión de Asuntos Jurídicos hace referencia a varios artículos tanto de la Ley Electoral Europea como del Reglamento, sobre la jurisdicción del Parlamento para intervenir en el caso de dimisiones. ¡No estamos hablando de ninguna dimisión! El tema sobre el que los tribunales italianos dictaron una sentencia se refiere a un conflicto o a la resolución de un conflicto en relación con las elecciones, cuando el señor Di Pietro dimitió como diputado a este Parlamento y su sustituto era el señor Occhetto o el señor Donnici. El conflicto se resolvió mediante una sentencia provisional recurrida que acabó con la proclamación del señor Occhetto como candidato ganador; después vino la sentencia del Consejo de Estado italiano -la Oficina Electoral, es lo mismo, señor Gargani, no es importante- y después la sentencia sobre el conflicto, la sentencia definitiva del Consejo de Estado, que proclamó candidato ganador al señor Donnici. No hace falta que discutamos sobre las dimisiones del señor Occhetto, su compatibilidad con el texto, con la carta o con el mandato; discutamos simplemente la prerrogativa y la jurisdicción de las autoridades nacionales para proclamar a un diputado europeo cuyas credenciales electorales se han verificado.
Las consecuencias de la votación que vamos ha efectuar implicarían un grave conflicto institucional, un incumplimiento de las disposiciones del Tratado y un posible escaño vacío, porque en cualquier caso dependería de las autoridades nacionales proclamar a la persona elegida para sustituir a la persona cuyo mandato no fuera validado.
Acabaré expresando que aprecio plenamente a los miembros de la comisión. Señor Gargani, nadie pone en tela de juicio la competencia de sus miembros; al contrario, tienen toda mi admiración, porque la verdadera habilidad de un jurista no se aprecia cuando defiende causas justas, sino cuando defiende causas perdidas. Tienen todo mi aprecio y mi respeto por la forma en que han conseguido obtener este resultado.
Salvatore Tatarella
en nombre del Grupo UEN. - (IT) Señor Presidente, Señorías, con todos mis respetos por la multitud de juristas renombrados con que nos abruma la Comisión de Asuntos Jurídicos, más modestamente creo que si esta Cámara aprobara mañana el informe Gargani, el Parlamento Europeo estaría cometiendo un acto muy grave y sin precedentes. Sería un abuso, nunca visto hasta ahora, contra un diputado que se vería privado ilegítimamente de su mandato parlamentario, y un incumplimiento sin precedentes e inaudito de los Tratados que, sobre asuntos electorales, reconocen claramente la preeminencia de las leyes, los procedimientos y la autoridad de los Estados miembros. Sería un conflicto grave con un Estado miembro, que se vería privado de un diputado reconocido como tal por las leyes y la autoridad legal de ese país.
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha usurpado unos poderes que no le pertenecen. No estoy de parte de ninguno de los dos contendientes. Políticamente me resulta indiferente porque ambos pertenecen al centro izquierda; entiendo el problema personal del señor Occhetto, por el que siento simpatía en términos puramente humanos. Pero lo que está en juego aquí es la ley, la composición correcta del Parlamento Europeo y la credibilidad de la más alta institución comunitaria. Justicia, y solo justicia, es, pues, lo que hay que hacer, y cualquier insinuación política y cálculos mezquinos de partidos políticos deben dejarse de lado. ¿Qué tipo de confianza pueden tener los ciudadanos en un Parlamento Europeo que distorsiona su propia composición excluyendo a un diputado que está eminentemente cualificado para formar parte del mismo?
Analicemos los hechos: la autoridad jurídica proclamó candidato ganador al señor Donnici mediante sentencia inapelable. El Estado italiano notificó esta decisión al Parlamento Europeo. Se encargó a la comisión que verificara las credenciales del señor Donnici. Se supone que debía verificar los cargos que ostentaba y cualquier incompatibilidad. Por supuesto, es cierto que podía examinar los recursos de terceros y, por lo tanto, examinó legítimamente las quejas presentadas por el señor Occhetto. Lo que no podía hacer era declarar nulo un acto realizado ante un funcionario público de un Estado miembro. Es un actividad jurídica que solo puede realizar la autoridad jurídica del Estado miembro que ha tratado el asunto en cuestión y que ha emitido una sentencia irrevocable e inapeable.
Nicola Zingaretti
(IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Gargani, porque el tema ha sido muy complejo y difícil, y el trabajo se ha llevado a cabo con una gran sabiduría y sentido de la responsabilidad, de acuerdo con un único criterio: salvaguardar, ante todo, los derechos y las prerrogativas de este Parlamento.
El punto principal o clave de las decisiones tomadas es correcto y, sobre todo, evita que se siente un precedente, es decir, el reconocimiento de actos o iniciativas que limitan las opciones de los candidatos o las de quienes están a punto de convertirse en diputados al Parlamento Europeo.
Es cierto que es una novedad, y seguramente también sienta un precedente, pero este precedente y esta novedad son justos y garantizan las prerrogativas del Parlamento Europeo. Las decisiones que tomamos están relacionadas con una función y con una prerrogativa que se nos concede, que nos da derecho a expresarnos, a aceptar, a valorar o rechazar credenciales y actos que se nos presentan. Por eso no se trata de ir más allá de nuestro territorio, sino simplemente del derecho a expresar una opinión que nos concede el propio Parlamento.
El Presidente
Primero hay que proteger los derechos de nuestros colegas y después los derechos del Parlamento Europeo.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12 horas.
Declaración por escrito (artículo 142 del Reglamento)
Carlo Casini 
por escrito. - (IT) Votaré en contra de la propuesta de decisión por los siguientes motivos que, estoy seguro, serán aceptados por el Tribunal de Justicia. La propuesta es equivocada porque:
1) en general, el nombramiento de las personas elegidas es competencia de los organismos nacionales, según lo dispuesto en los artículos 7 y 11 del Acta de 20 de septiembre de 1976;
2) en la letra C: el señor Occhetto no desistió en absoluto de su mandato, sino del nombramiento por parte de la oficina electoral central italiana, y de su posición en la lista de candidatos votados; el desistimiento a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 del Reglamento es el de un diputado que ya ha sido nombrado y no se refiere a los actos que preceden al nombramiento;
3) en la letra D: la prohibición de quedar vinculados por mandatos se refiere al ejercicio de un mandato ya recibido, y no a los acontecimientos que preceden al nombramiento;
4) en las letras E, F y G: la referencia al Estatuto de los Diputados, que aún no ha entrado en vigor, es irrelevante, al igual que la referencia a los diputados después del nombramiento;
5) en las letras J, I, K y L: el Consejo de Estado italiano no solo anuló, sino que también modificó la decisión anterior del tribunal administrativo regional, en una sentencia que no permite recurso;
6) punto 2: el Parlamento no puede reemplazar a la oficina italiana nombrando a un diputado al Parlamento Europeo.
