Declaración del Presidente
El Presidente. -
Antes de pasar al asunto del debate de hoy, me gustaría realizar una breve declaración, en presencia del Presidente en ejercicio del Consejo, sobre los graves acontecimientos que se han producido en Oriente Medio en los últimos días.
Hemos asistido con creciente incredulidad a la violencia y a las atrocidades recíprocas que últimamente han dado lugar a los mayores horrores. Las operaciones militares han alcanzado ya cotas desconocidas desde hace dos décadas. La región, y especialmente Israel y los Territorios Palestinos, parecen avanzar de manera terrible e inexorable hacía una conflagración total.
En esta tragedia en marcha, nuestro Parlamento tiene la responsabilidad de hacer todo lo que pueda por impedir que los lugares sagrados se conviertan en campos de matanza. Debemos apoyar activamente el llamamiento unánime que realizó en la tarde de ayer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a favor de un inmediato alto el fuego. El Alto Representante de la UE sabe que nuestro Parlamento respalda totalmente sus esfuerzos en pos de la paz y del alto el fuego.
Me gustaría, igualmente, aprovechar esta oportunidad para manifestar públicamente esta mañana lo mucho que debe este Parlamento al coraje personal y al compromiso inquebrantable del enviado de la Unión Europea, el Sr. Moratinos. Puede que no me agradezca que lo diga, pero tuve ayer la oportunidad de hablar largo y tendido con él sobre sus esfuerzos diplomáticos en nuestro nombre para mantener abiertos canales de comunicación entre todas las partes. Él es, para Europa, uno de nuestros héroes desconocidos.

Quisiera suplicar a esta Asamblea que adopte, en nombre del Parlamento, cualquier medida que pueda promover la paz e intentar alejar a esta región del borde del abismo. He hecho gestiones para instar a los Sres. Simon Peres y Yasser Arafat a romper ese círculo infernal de violencia invitándoles a intervenir ante esta Asamblea. Espero que puedan aceptar esta oferta. Les acogeríamos como paladines de la paz durante los tiempos más difíciles.
Sigo abierto, en cooperación con el Sr. Solana y con los buenos oficios de la Presidencia española, a la sugerencia de viajar a Ramala con el presidente del Knesset, Avraham Burg, y reunirme allí con Abu Ala del Consejo Legislativo Palestino, si las circunstancias lo permiten.
Dado que el riesgo de una confrontación total es inminente, tenemos que hacer cuanto esté en nuestras manos. En nombre de este Parlamento, por el bien de la humanidad, quiero hacer un llamamiento esencial esta mañana: por favor, detengan la violencia, comiencen el diálogo y den una oportunidad a la paz.
(Vivos Aplausos)

Wurtz (GUE/NGL). -
Señor Presidente, deseo felicitarle por su declaración. Cumple usted con su deber al actuar como acaba de hacerlo. Ayer por la noche, una personalidad palestina y una personalidad israelí, a las que mi Grupo había invitado a que acudiesen a esta tribuna, nos describieron la nueva ocupación de Ramala. Nos describieron los bombardeos de los campos y también los horrores de los atentados en Jerusalén. Nos describieron la ciudad de Ramala a oscuras y bombardeada a escasos metros del lugar donde el Presidente Arafat recibía, en ese momento, al Sr. Moratinos.
Creo que usted acaba de recordar con razón la decisión que habíamos tomado de invitar al Presidente Arafat y al Sr. Shimon Peres. Creo que tiene razón en recordarlo e invitarles. También habíamos decidido enviar in situ una delegación de alto nivel, como había expresado nuestro Parlamento.
Sugiero que hagamos efectiva esta decisión y que dicha delegación sea de alto nivel; es decir, por ejemplo, los presidentes de nuestros Grupos o incluso el Presidente de nuestro Parlamento.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, deseo apoyar en nombre del Grupo socialista la declaración que acaba de hacer y también expresar nuestro apoyo a la Resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un hecho histórico, en la que se cita por primera vez, expresamente, la necesidad, como insiste la Unión Europea, de que se reconozca un Estado palestino.
Querría subrayar que para poder encontrar una luz que nos guíe en el conflicto de Oriente Medio es importante que la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia puedan actuar conjuntamente. Creo que ése es un mensaje que debemos de subrayar, señor Presidente del Consejo, porque también sería importante que el Consejo de Ministros estuviera unido en este caso y apoyara la acción de nuestro representante en Oriente Medio. Creo que es muy importante que así como el Parlamento se ha expresado en el Pleno del mes de febrero con una resolución, aprobada por abrumadora mayoría, también el Consejo debería encontrar una línea común que pudiera apoyar decididamente para avanzar y romper este círculo vicioso, trágico, que estamos viviendo.
Por lo demás, señor Presidente, creo que las iniciativas que ha propuesto, que ya estaban contenidas en nuestra resolución, expresan nuestra voluntad común.
Poettering (PPE-DE)
Señor Presidente, nuestro Grupo parlamentario le da también las gracias por su declaración, y estamos totalmente de su parte por cuanto respecta a la solución pacífica, o al intento de llegar a una solución pacífica, en Oriente Próximo. Este no es un debate sobre Oriente Próximo, porque de lo que realmente queremos hablar es de la ampliación, pero estamos plenamente convencidos de que en la lucha contra el terrorismo internacional sólo tendremos éxito si nosotros, los Estados Unidos de América y la Unión Europea, apoyamos el proceso de paz entre Israel y Palestina con la misma resolución y de la misma forma, y a este respecto desde Occidente podríamos enviar más mensajes. Muchas gracias por su iniciativa.
Cohn-Bendit (Verts/ALE). -
Señor Presidente, desearía simplemente darle las gracias por sus palabras, y espero, si se enviase una delegación a Ramala y Jerusalén, que ésta no sólo pueda reunirse con los representantes de las instituciones, sino también con representantes de las sociedades civiles palestinas e israelíes, puesto que creo que la paz en Oriente Medio sólo podrá restablecerse si las sociedades civiles se movilizan.

Riis-Jørgensen (ELDR).
Señor Presidente, en nombre del Grupo ELDR me gustaría darte las gracias por este respaldo y por lo que hoy has dicho. Nos hallamos en una situación aterradora, en la que todos los días alguien -niños, jóvenes, ancianos, inocentes- muere asesinado en estas zonas. Y hemos de hacer todo lo posible para respaldarte y desde el Parlamento también hemos de exhortar al resto de las partes a que hagan algo. Sin embargo, me parece importante que como elegidos por los ciudadanos asumamos esta tarea y mostremos nuestra simpatía así como nuestro horror y espanto en estos días.

El Presidente. -
Agradezco a sus señorías el respaldo a esa declaración y a las posibles iniciativas que pudiéramos adoptar.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las declaraciones del Consejo y la Comisión acerca de la ampliación, siendo para nosotros un gran placer que hoy esté aquí el Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Piqué i Camps, para iniciar este debate.

Piqué
. Señor Presidente, antes de empezar con el tema que nos convoca hoy aquí, que es el tema de la ampliación, quisiera hacer algunos comentarios sobre la situación en Oriente Próximo, si me lo permite el Sr. Presidente. En primer lugar, para sumarme a la declaración que acaba de hacer, que me parece impecable, y que comparto plenamente.
Desde hace muchísimo tiempo estamos desplegando una intensísima actividad política y diplomática para intentar encontrar una salida a la actual espiral de violencia y a la actual situación en la región de Oriente Próximo.
Como es sabido, la Unión Europea y el Consejo parten de una convicción que creo que todos compartimos, y es que no puede haber una solución militar al conflicto, y por lo tanto, no hay alternativa a un proceso de paz que inevitablemente tiene que pasar por la coexistencia pacífica de dos Estados en la región: un Estado de Israel, con fronteras internacionalmente reconocidas y con derecho a sentirse seguro, y un Estado Palestino que sea viable desde todos los puntos de vista y, particularmente, desde el punto de vista político, económico, social y territorial.
Por otra parte, en estos momentos, lo más importante que tenemos que conseguir es el alto el fuego y, por lo tanto, quisiera aprovechar esta circunstancia para sumarme, como es natural, a la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y unir la voz del Consejo Europeo a la necesidad de que se produzca un alto el fuego de forma inmediata y que permita que, en paralelo, trabajemos conjuntamente en los temas de seguridad, en los temas que suponen la reintroducción de una perspectiva política en el proceso, sin la cual es imposible una solución, y que también incorporen la necesaria perspectiva económica, dadas las terribles condiciones de vida y la terrible situación a la que están sometidos en estos momentos los territorios palestinos.
Hay muchísimas cosas por hacer y muchas iniciativas e ideas encima de la mesa. Quiero expresar el apoyo a la iniciativa del Príncipe heredero saudí, que me parece que puede ser un buen elemento para seguir trabajando, que es muy conveniente que sea endosada por el conjunto de la Liga Árabe en la Cumbre que esa organización va a celebrar en Beirut a finales de este mismo mes para reencauzar entre todos el proceso de paz. Y quiero decir otra cosa: para ello es muy importante -tal como señala la propia Resolución del Consejo de Seguridad, así como algunos portavoces en el día de hoy- y casi diría que imprescindible, la concertación internacional.
Todos estamos convencidos de que probablemente no hay solución para el conflicto sin la implicación de los Estados Unidos, pero también estamos convencidos de que dicha solución no puede venir sólo con su intervención. Y en la concertación entre la Unión Europea, los propios Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas yo incluiría al mundo árabe (en particular, a algunos Estados pero, en general, al mundo árabe a través de la Liga Árabe) para que, finalmente, hagamos llegar a las partes la necesidad de cortar esa dinámica de acción y reacción que no lleva a ninguna parte, porque todos sabemos cuál es la solución al final de este proceso, por lo que todas las muertes y todo el sufrimiento son todavía más absurdos, si cabe.
Por lo tanto, creo que debemos seguir en esta dirección y agradezco enormemente sus palabras y el apoyo de la Cámara y les garantizo que vamos a seguir trabajando en esa línea. Estamos preparando una declaración en los términos más claros, rotundos y precisos posibles para el Consejo Europeo que vamos a celebrar en Barcelona pasado mañana. Espero, además, que sea una declaración que pueda ser compartida por los otros actores internacionales en presencia y que sirva para alcanzar esa paz tan anhelada y que a veces parece todavía tan distante.

Si me lo permite ahora, señor Presidente, pasaría al tema que nos reúne hoy aquí en esta primera intervención, que es el relativo al proceso de ampliación de la Unión Europea.
Como es sabido, la próxima ampliación de la Unión constituye uno de los retos estratégicos más importantes a los que la Unión Europea se enfrenta desde su creación. Para la Presidencia española constituye, como es sabido, una de nuestras prioridades fundamentales. En Niza, ya se subrayó la primacía política de esta empresa y se estableció una hoja de ruta que fija nuestros cometidos para este semestre.
En Gotemburgo, se estableció, además, un horizonte temporal claro. Se decía: hay que concluir las negociaciones a finales de 2002 con todos aquellos países que estén preparados. Y en Laeken se dio un paso adicional porque se confirmaron los parámetros dentro de los cuales deberá mantenerse esta última fase de la negociación -se decía, además, que si seguían los actuales ritmos hasta 10 países podrían estar preparados- y, además, se estableció bajo qué parámetros, insisto, puede y debe mantenerse la negociación para que culmine adecuadamente: por una parte, el respeto del acervo vigente y, por otra, el respeto del marco financiero de Berlín.
Quiero destacar el gran reto de esta ampliación por la que entrarán en la Unión Europea países que, en muchos casos -me estoy refiriendo ahora particularmente a los países del Este- hace apenas 15 años eran dictaduras totalitarias con economías planificadas y que, en general, pertenecían a una alianza militar opuesta a la Alianza Atlántica. Como digo, estamos hablando, apenas, de 15 años atrás.
Por lo tanto, sus cambios son tan profundos y se han producido en tan poco tiempo, que dotan a esta ampliación de un carácter propio, específico y singular que, por todas estas razones, hacen que sea muy distinta de las anteriores y que, por tanto, tenga también una naturaleza diferente.
Como Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión nuestro objetivo principal para este semestre (es el que se nos ha encomendado a través de la hoja de ruta) es lograr posiciones comunes en los capítulos que correspondan a nuestra Presidencia en ejercicio y que son ya los últimos por determinar: me refiero a los aspectos presupuestarios y financieros de la política agrícola común, me refiero a la política regional -Fondos estructurales y de cohesión-, a los aspectos y disposiciones financieras y presupuestarias y, finalmente, al capítulo relativo a las instituciones.
Como es natural estamos hablando, por lo tanto, de capítulos muy complejos y difíciles que representan aproximadamente el 80% del presupuesto comunitario y éste es un dato que expresa adecuadamente la magnitud del desafío que tenemos todos por delante. Vamos a hacer todos los esfuerzos para conseguir este objetivo porque, entre otras cosas, somos conscientes de que cualquier retraso puede poner en peligro la totalidad del ejercicio.
El debate sobre estos capítulos se ha iniciado con la presentación, por parte de la Comisión (supongo que después se nos ampliarán estos puntos) de una Comunicación sobre el marco financiero de la ampliación y, también, de unos documentos horizontales tanto sobre política regional como sobre agricultura.
Tras el debate interno que está teniendo lugar en el Consejo -hemos tenido ya unos primeros debates muy intensos y muy serios-, la Comisión se ha comprometido a presentarnos propuestas de posición común a ser posible durante el mes de marzo o durante los primeros días de abril, en su caso, en función del resultado de estos debates. Debo decir que la valoración que hace la Presidencia en ejercicio del Consejo de estos documentos es positiva, ya que a nuestro juicio ofrecen una base sólida y justa para las negociaciones. Su contenido es razonable, equilibrado, respetuoso con el acervo y con los techos financieros de Berlín, tal y como acordamos en el Consejo de Laeken. Nos encontramos ahora en un momento crucial y por ello, nos vamos a esforzar para evitar que los posibles intentos de iniciar la reforma de las políticas comunes interfieran o se solapen con las negociaciones para la ampliación, provocando como consecuencia inevitable el retraso de ésta.
La Presidencia en ejercicio del Consejo está plenamente comprometida en culminar con éxito esta misión aunque también es plenamente consciente de que se trata de los capítulos, como ya he dicho, más complejos y más sensibles de la negociación. No se trata de que exista una oposición a que se inicien en el momento oportuno los procesos de reforma de las principales políticas de gasto, sino de hacer hincapié en que estos procesos de reforma deben ajustarse a los calendarios ya establecidos y de seguir, por consiguiente, unos canales distintos a las negociaciones de ampliación.
La Presidencia en ejercicio del Consejo sabe que cuenta, para llevar adelante este proyecto, con la mejor disposición de los Estados miembros, conscientes, todos ellos, de la importancia de esta empresa. También espera contar con la eficaz colaboración de la Comisión que, tras haber presentado los documentos horizontales sobre política regional, sobre agricultura y sobre el marco financiero de la ampliación y tras haber pulsado el estado de opinión de los Quince, pondrá, como ya he señalado, sobre la mesa del Consejo, a lo largo de los próximos días propuestas de posición común que puedan ser aceptables para los Quince y negociables con los países candidatos. Y debo decir que la Comisión está efectuando un excelente trabajo, así como, en particular, el Comisario responsable de la misma, que hoy nos acompaña y al que quiero transmitir, por tanto, nuestro agradecimiento por su labor.
La Presidencia en funciones del Consejo espera contar también con el apoyo de los países candidatos quienes, al margen de los importantes esfuerzos que están realizando para asumir y aplicar efectivamente el acervo, deberán realizar un ejercicio de realismo en la mesa de negociación.
El debate orientativo que ha tenido lugar ya en el Consejo en sus diversas formaciones: en el Consejo de Asuntos Generales, en el Consejo de Agricultura, en el Ecofin... nos ha puesto de manifiesto que hay sensibilidades y puntos de vista distintos entre los Estados miembros, y es natural. Pero estoy convencido de que a medida que avancemos en estos debates vamos a lograr posiciones coherentes y solidarias que puedan ser aceptables por los países candidatos, porque, al final, deberemos alcanzar una solución que suponga un equilibrio justo entre toda una serie de imperativos: el primero es la prioridad política de la ampliación; el segundo, es que la lógica de las negociaciones, es decir, la transposición y la aplicación efectiva del conjunto del acervo, que es común, y que no permite sistemas diferenciados, se respete.
También, como hemos dicho, hay que respetar los techos presupuestarios que se fijaron en Berlín. Y, finalmente, hay que hacer frente y hay que dar una buena respuesta a las expectativas razonables de los candidatos.
Confío plenamente en que entre todos vamos a ser capaces de alcanzar ese acuerdo, salvando las dificultades que en este momento se presentan en estos delicados capítulos de la negociación.
Además de adoptar posiciones comunes en estos capítulos con incidencia financiera y tratar de cerrar provisionalmente los capítulos que por su particular dificultad no pudieron cerrarse en su momento, nos proponemos abordar toda una serie de tareas para facilitar el proceso.
Por un lado, iniciaremos los trabajos del Comité de redacción del Acta de adhesión y de todos los instrumentos anejos. Este comité va a empezar a trabajar inmediatamente y en estrecha coordinación con los países candidatos.
Por otro lado, durante este semestre la Comisión nos va a presentar un plan de acción relativo al cumplimiento del tercer criterio de ampliación, el denominado criterio de Madrid, sobre la efectiva aplicación del acervo por cada uno de los países candidatos, aspecto que en esta última fase de la negociación cobra una importancia capital, y que será examinado por el Consejo Europeo de Sevilla el próximo mes de junio.
Además, durante nuestra Presidencia nos hemos fijado como objetivo abrir todos los capítulos pendientes con Bulgaria y, si es posible, hacer lo propio también con Rumania. Evidentemente, siempre que contemos con la información y con los elementos necesarios para ello, que han de ser facilitados al Consejo por la Comisión y por estos dos países. Indudablemente, Bulgaria y Rumania han realizado un esfuerzo considerable, reconocido en Laeken, y que me complazco en resaltar ante este Parlamento; es muy importante que continuemos enviando mensajes muy positivos a ambos países en cuanto a nuestro compromiso respecto a su participación en el proceso de ampliación, que deberá producirse lo antes posible.
También quisiera hacer una mención aparte del caso de Chipre. Si bien su reunificación no es una condición para su adhesión, es evidente que una solución de la actual situación la facilitará enormemente. En todo caso, España, desde la Presidencia, prestará todo su apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas en este sentido, y confiamos en que la perspectiva de la ampliación va a constituir un acicate para poner fin a la división de la isla.
Por último, de acuerdo con las conclusiones de Laeken, la Presidencia impulsará la estrategia de preadhesión de Turquía, con vistas a una nueva etapa en la preparación de este país en su aproximación al acervo, y en vista de su grado de cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague, a fin de establecer nuevos objetivos en su proceso de adhesión.
Tenemos ante nosotros un conjunto importante de compromisos y tareas a lo largo de este semestre, para asegurar un progreso sostenido en el proceso negociador. Se trata de posibilitar que se llegue al Consejo Europeo de Copenhague, a finales de este mismo año, en condiciones de poder concluir las negociaciones con todos aquellos países candidatos que estén realmente preparados.
Estamos convencidos de la necesidad de culminar con éxito la ampliación. Existe el imperativo moral de considerar que tan europeas son Madrid, Barcelona, Berlín o Roma, como Praga, Budapest o Liubliana, pero, además el coste de la no ampliación sería muy grave para los actuales miembros de la Unión Europea y para los países que no entraran. Como Ministro de Asuntos Exteriores de España, me agrada destacar que los eurobarómetros sitúan a mi país a la cabeza de los países cuyos ciudadanos apoyan con más decisión la ampliación y, desde luego, el Gobierno español es plenamente coherente con ese anhelo de sus ciudadanos.
En ningún caso la coyuntura política de algunos Estados miembros que, como es sabido, afrontan próximos procesos electorales, ni los trágicos sucesos del 11 de septiembre, deben afectar al proceso de ampliación y, desde luego, no van a debilitar nuestra voluntad para avanzar, entre todos, hacia los objetivos que sucesivamente nos hemos fijado en Niza, en Gotemburgo y en Laeken.

Verheugen
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, en nombre de la Comisión quiero agradecerle en primer lugar a usted, señor Presidente, su declaración sobre la situación en Oriente Próximo, y subrayar que la Comisión se adhiere sin reservas al contenido de su declaración, a la del Presidente del Consejo y la de los Presidentes de los Grupos parlamentarios.
Creo que es necesario manifestar en este momento la unidad política y la firme voluntad común de todas las Instituciones políticas de la Unión Europea de que debe ponerse fin a la violencia en Oriente Próximo y de que debe darse una oportunidad a la razón.
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme pasar al tema de nuestro debate: el 2002 ha sido, efectivamente, un año decisivo para la ampliación. Los Consejos Europeos de Gotemburgo y Laeken y las correspondientes decisiones del Parlamento Europeo han generado tal situación política y generado tal horizonte de ampliación que en este momento ya no es posible demorar este proceso. Cualquier táctica dilatoria tendría ahora consecuencias incontrolables y peligrosas, y podría poner en peligro la estabilidad política y económica ya alcanzada en todo el espacio situado entre el Mar Báltico y el Mar Negro.
Por ello, sigue siendo nuestro objetivo incorporar a todos los países candidatos suficientemente preparados como nuevos Estados miembros antes de las elecciones europeas de 2004. Esta es una buena perspectiva. Las negociaciones avanzan según lo previsto. Estamos cumpliendo los plazos. Gracias a la magnífica cooperación con la Presidencia española, estoy seguro de que durante esta Presidencia conseguiremos cerrar todos los capítulos de las negociaciones -con excepción del paquete financiero y del capítulo 'Instituciones?- con los diez países mencionados en Laeken como posibles candidatos a la adhesión en 2004.
Como se prevé en el calendario de negociaciones, en las próximas semanas la Comisión presentará proyectos de opiniones comunes sobre los capítulos de agricultura, política regional, presupuestos e instituciones. Además, nos proponemos abrir este año todos los capítulos pendientes de las negociaciones con Bulgaria y Rumanía, y presentar una estrategia de aproximación más desarrollada y reforzada para estos países.
Quiero pasar ahora a algunas cuestiones políticas que en estas últimas semanas, y en parte en los últimos días, se han revelado como posibles problemas y obstáculos. En primer lugar, quiero abordar el debate sobre los Decretos Bene?. A juicio de la Comisión, no estamos en presencia de un problema únicamente jurídico, sino sobre todo de una cuestión político-moral en cuya solución se esfuerzan la Comisión y otros muchos interlocutores, por otra parte, desde ya hace años en muchas, muchas, conversaciones confidenciales. En opinión de la Comisión, los Decretos Bene? que versan sobre las expropiaciones son contrarios tanto al ordenamiento jurídico checo actual como al europeo. Por ello, están derogados y no producen efecto alguno. En consecuencia, debemos hacer un esfuerzo conjunto para volver a la objetividad en este asunto y no lastrar el proceso de ampliación con temas que pertenecen al pasado.
Lo importante ha de ser alcanzar un acuerdo que permita a todas las partes mantener unas relaciones de buena vecindad estables y duraderas y configurar conjuntamente el futuro de Europa. Para la convivencia en el seno de la Unión Europea, reviste una importancia evidente la cuestión de si la práctica jurídica checa en materia de restitución de las propiedades produce efectos discriminatorios. He tomado nota con satisfacción de que el Gobierno checo está examinando por su parte esta cuestión. Igualmente, acojo con satisfacción que el Parlamento Europeo hay pedido la presentación de un dictamen independiente al respecto. La Comisión también examina actualmente una vez más este problema desde todas las perspectivas jurídicas.
No obstante, hoy puedo ya comunicarles que el Gobierno checo ha manifestado a la Comisión estar dispuesto a actuar y a solicitar al órgano legislativo de su país una modificación de la normativa si se constatase que la actual práctica jurídica no es compatible con el Derecho comunitario.
Otro tema al que en este año debemos prestar una mayor atención es la cuestión del futuro de la región de Kaliningrado. Con la culminación del proceso de adhesión de Polonia y Lituania, Kaliningrado se convertirá en un enclave ruso dentro de la Unión Europea. El Gobierno ruso ha planteado una serie de preguntas sobre el problema del acceso, del tráfico transfronterizo y del suministro de energía. Creo que debemos considerar estos temas de forma conjunta a la vista del desarrollo de toda la zona del Mar Báltico. Se trata de mucho más que llegar a un acuerdo sobre la regulación del tránsito, y de mucho más que encontrar una solución al problema de los visados. Para la regulación del tránsito y la cuestión de los visados buscamos una solución en el marco del actual acervo de Schengen.
La Comisión ya presentó el año pasado sus observaciones sobre todas las cuestiones que deben resolverse y puso de relieve su disposición a mantener conversaciones. Estas conversaciones deben continuarse ahora en el marco de los actuales organismos entre la Unión Europea y Rusia, orientadas hacia la consecución de objetivos. No obstante, quiero subrayar que no es posible iniciar negociaciones especiales con Rusia sobre la cuestión de Kaliningrado en el marco del proceso de ampliación. No podemos celebrar negociaciones sobre los derechos de terceros y, sobre todo, no podemos llegar a ningún acuerdo en perjuicio de terceros.
La cuestión decisiva será cómo conseguir incluir a la región de Kaliningrado en la dinámica de desarrollo de la zona del Mar Báltico. El verdadero problema vendrá, por un lado, de las crecientes diferencias socioeconómicas entre Polonia y Lituania y, por otro, si no encontramos una solución que nos permita incluir a Kaliningrado en la dinámica económica de región, que se desarrolla con mayor fuerza. Debemos reducir esta diferencia para que el impulso del crecimiento que la ampliación generará no dé lugar a tensiones políticas y sociales en esta parte de la región del Mar Báltico, pues ese es el verdadero peligro, que la diferencia de desarrollo provoque tensiones sociales y políticas que puedan desatarse.
Permítanme comentar el tema de Chipre. La semana pasada tuve la oportunidad de mantener una serie de conversaciones de carácter político en Chipre, en particular con los líderes de las dos comunidades, el Sr. Kleridis y el Sr. Denktasch. He vuelto muy animado de Chipre. Mi impresión es que los respectivos directores de las negociaciones, en las conversaciones que se mantienen actualmente para solucionar la cuestión chipriota, se muestran decididos a perseguir con toda determinación y compromiso el objetivo de una solución política duradera. No se ha llegado aún a un punto de inflexión, ni se han adoptado aún acuerdos concretos, pero he podido comprobar que se ha producido un acercamiento que hasta hace relativamente poco tiempo no se habría creído posible. Por ello, quiero animar una vez más a ambas partes a continuar de forma constructiva las conversaciones y aprovechar la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre una solución pacífica estable y duradera antes de la finalización de las negociaciones de adhesión.
Estoy particularmente satisfecho con que ambos -tanto el Sr. Kleridis como el Sr. Denktasch- me hayan asegurado que persisten en el objetivo de fijar antes de junio de este año las directrices básicas de un acuerdo político. La Comisión sigue manteniendo un intenso contacto con las Naciones Unidas para garantizar que la solución política sea compatible con el Derecho comunitario. Desde nuestra perspectiva es, evidentemente, irrenunciable que Chipre, en calidad de sujeto de Derecho internacional, ostente capacidad jurídica internacional y tenga su propia voz en las Instituciones de la Unión Europea y que pueda trasponer y aplicar en su propio país las obligaciones internacionales que contraiga.
El 30 de enero la Comisión presentó sus propuestas sobre un marco financiero común para la ampliación. Con ello perseguimos el objetivo de garantizar la coherencia de las negociaciones en los ámbitos de política agrícola, política de estructuras y de presupuestos. Además, queremos conseguir una ampliación en condiciones aceptables para todas las partes. No puede haber ni habrá miembros de segunda clase. No obstante, la ampliación debe contar con una financiación sólida y calculable a largo plazo. En la preparación de la posición negociadora común durante las próximas semanas, la Comisión se apoyará en los siguientes principios: en primer lugar, las reglas del juego están claras desde la decisión sobre la Agenda 2000 adoptada en 1999 en Berlín. Los techos presupuestarios globales fijados en Berlín no se superarán, aunque incorporemos hasta 10 nuevos Estados miembros, a pesar de que en las decisiones de Berlín se partía de la adhesión de sólo seis nuevos miembros.
En segundo lugar, los nuevos Estados miembros deben participar, en principio, en todos los ámbitos políticos comunes, en algunos casos una vez finalizados los períodos transitorios acordados; a este respecto, ha de observarse que seremos tanto nosotros como, en uno u otro caso, los países candidatos quienes solicitaremos la fijación de los períodos transitorios.
En tercer lugar, la situación financiera de los nuevos Estados miembros no podrá ser peor después de la adhesión que antes. Es evidente que no podemos tolerar que nuestros miembros más pobres paguen por los miembros más ricos durante los primeros años dentro de la Unión; es decir, no aceptaremos en ningún caso que los nuevos Estados miembros sean contribuyente neto desde el principio.
En cuarto lugar, nuestras propuestas no deberán prejuzgar en ningún caso la futura configuración de las políticas comunitarias. Y lo mismo cabe decir de la política agrícola. Por ello, las propuestas de la Comisión no se anticipan en modo alguno a la próxima previsión financiera para el período posterior a 2006. Como ustedes saben, nuestro paquete es sobre todo un paquete de ayudas estructurales, porque es en este ámbito donde hay más carencias. Quizá debe dar las cifras concretas. Del paquete total se destina el 76% sólo a medidas estructurales y de cohesión y a medidas de desarrollo agrario. El 76% del total del paquete financiero se traducirá en inversiones directas para el desarrollo de estos países. Proponemos un aumento de los recursos únicamente para los fondos de cohesión, no para los fondos estructurales. De este modo, los esfuerzos se centrarán en proyectos en los ámbitos de medio ambiente e infraestructura de transportes, en los que se registran las mayores carencias y los países candidatos han asumido obligaciones en el marco de las negociaciones, obligaciones que debemos ayudarles a cumplir.
La Comisión considera en especial necesario que se concentren los esfuerzos en el desarrollo del espacio rural. Se trata de fomentar activamente medidas estructurales en el espacio rural y aprovechar las oportunidades de reestructuración. Con respecto a las ayudas directas a los agricultores, en Berlín no se hicieron cálculos concretos para el período que ha de cerrarse en 2006. Eso es cierto. Pero debo señalar que la Comisión, en los memorandos que acompañan la Agenda 2000, subrayó en tres lugares que el acervo es unitario, que no pueden coexistir a largo plazo dos regímenes de política agrícola y que las ayudas directas están comprendidas en el acervo comunitario. Por ello, debemos abordar este asunto en las negociaciones.
Los nuevos Estados miembros deberán contribuir plenamente al presupuesto tras su adhesión, mientras que algunas de las medidas de política de estructuras y agrícola se verán reflejadas en los presupuestos con un cierto retraso. En consecuencia, la Comisión procurará que se fije en principio una compensación presupuestaria global, de forma análoga a como se hizo en anteriores rondas de adhesión. A este respecto, como es lógico, no podrán tomarse decisiones hasta que se hayan cerrado por completo las negociaciones.
Desde la perspectiva de la Comisión, sobre la mesa hay un paquete equilibrado desde un punto de vista político y de contenidos. Hay un concepto. Las negociaciones avanzan con rapidez. La próxima etapa está claramente perfilada. Hasta la reunión del Consejo Europeo en Sevilla habrá de trabajarse en una posición negociadora común de la UE sobre política agrícola, política de estructuras, el capítulo presupuestario y el capítulo institucional, y, a la vista del transcurso de los debates celebrados hasta ahora en el Consejo, estoy convencido de que se conseguirá.
Asimismo, la Comisión presentará al Consejo Europeo de Sevilla un informe sobre la ejecución de los planes de acción para reforzar la capacidad de gestión administrativa de los países candidatos. A finales de octubre de este año, el Consejo Europeo, bajo la Presidencia danesa, deliberará sobre los informes de situación del año 2002 y estudiará las recomendaciones concretas de la Comisión. Estas recomendaciones concretas de la Comisión de octubre de 2002 harán referencia a los países candidatos con los que puedan cerrase formalmente las negociaciones en el seno del Consejo Europeo de Copenhague, que se reunirá a finales de este año. De este modo, podrá pasarse inmediatamente a la fase final de las negociaciones. Para cerrar con éxito este proceso serán indispensables una colaboración más estrecha y el apoyo político del Parlamento Europeo.
Poettering (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, nuestro Grupo del Partido Popular Europeo/ Demócratas Europeos apoya las orientaciones generales tanto del Sr. Presidente del Consejo como del Sr. Comisario Verheugen. El Sr. Comisario ha acertado al decir, al final de su intervención, que el apoyo de la Unión Europea es indispensable. Y también esperamos que todo este proceso en el que nos hallamos inmersos conduzca a un resultado que nos permita decir, tanto al Consejo como a la Comisión y al Parlamento Europeo, que estamos contentos con el resultado y que aprobamos el resultado de las negociaciones.
Al igual que el miembro de la Comisión, el Sr. Verheugen, el Presidente del Consejo ha puesto de relieve una vez más el calendario de las negociaciones. Fue nuestro Grupo el que propuso que las negociaciones se llevasen de modo tal que los primeros países que quieran adherirse a la Unión puedan participar en las elecciones europeas de 2004. Ello hace necesario que cerremos las negociaciones antes de finales de este año, o a más tardar a principios de 2003. Espero que esto sea posible bajo la Presidencia danesa, pues de este modo quedaría así cerrado el círculo con la fijación de los criterios de Copenhague hace diez años y ahora con la finalización de las negociaciones. Es también un símbolo especialmente hermoso que en esta fase tan importante ocupe la presidencia España, un país del Sur que resalta ahora la importancia de la Europa central. De este modo ponemos de manifiesto nuestro propósito político común de que la ampliación de la Unión Europea -que comprende, naturalmente, a Chipre y Malta, pero sobre todo a los Estados centroeuropeos- no sea el interés de unos cuantos Estados miembros de la Unión Europea, sino que sea nuestro interés común, el de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Evidentemente, aún queda mucho trabajo por hacer, como todos sabemos. No debemos dar hoy garantía alguna a ningún Estado y decirle: tu estarás ahí con toda seguridad, sino que todo país debe esforzarse para que al final lleguemos a resultados satisfactorios.
Sabemos que aún deben negociarse muchos capítulos. Esperamos que se llegue a buenos resultados. Pero hemos de decir también que la Agenda 2000 protege la confianza de los agricultores de la Unión Europea -no soy ningún experto en temas de agricultura, pero quiero remarcar esto expresamente-, y con la evaluación intermedia que el Comisario Fischler ha presentado no conciliamos aspectos que realmente no tienen nada que ver con la ampliación, sino que simplemente queremos proteger la confianza de nuestros agricultores.
Señor Comisario, señor Presidente del Consejo, hemos hablado también de Kaliningrado. Apoyo sin reservas, señor Verheugen, que haya mención a este tema. Me he entrevistado recientemente con el alcalde de Pillau, que se encuentra en la parte occidental de la provincia de Kaliningrado, y allí hay un gran interés en poder mantener un contacto directo con la Comisión en Bruselas y que no todo se canalice a través de Moscú, pues los caminos que pasan por Moscú son muy largos. Quizá podamos garantizar en nuestras conversaciones con Rusia que se mantengan contactos directos entre Kaliningrado, la antigua Königsberg, y la Unión Europea y sus Estados miembros.
También quiero mencionar a Ucrania. Sabemos que Ucrania occidental es la antigua Polonia oriental. Aunque, como es lógico, debamos garantizar la seguridad de las fronteras -y debemos hacer todo lo posible porque la mafia y los graves crímenes asociados al tráfico de drogas no penetren en la Unión Europea a través de las fronteras de la Polonia oriental-, hemos de ser flexibles al mismo tiempo, para que las personas que mantienen vínculos al otro lado de la frontera, que viven en Ucrania occidental y son de origen polaco, dispongan de soluciones flexibles para encontrarse con Polonia, para que allí no se corra un nuevo telón de acero entre los hombres. Ello tiene, en mi opinión, una gran importancia en nuestras relaciones con Ucrania.
A mi juicio, tenemos -Consejo, Comisión y Parlamento- una tarea común: debemos desarrollar una intensa tarea de persuasión en los países de la adhesión y en la Unión Europea, en el sentido de que la adhesión de los países de Europa Central y de Malta ofrece una formidable oportunidad para la Unión Europea -y en particular para los países centroeuropeos- de llevar la estabilidad a nuestro continente. Pero también supone una oportunidad económica, pues el volumen del comercio con los países centroeuropeos, entre la Unión Europea y estos países es entretanto casi el mismo que el de nuestro comercio con los Estados Unidos de América. Ello provocará una dinámica que nos beneficiará a todos.
Si, en cuanto respecta a la ampliación, miramos en particular hacia el Este, es muy importante que en estos días -y por ello, señor Presidente, le doy una vez más las gracias por su iniciativa sobre Oriente Próximo- también miremos al Sur, al Mediterráneo. La ampliación hacia el Este y nuestras relaciones con los países del Mediterráneo, con el mundo árabe e islámico, tienen la misma prioridad. Si nosotros, como Unión Europea, actuamos de forma decidida, valiente y mirando al futuro, entonces, creo, podremos obtener una gran paz en nuestro ámbito, al este y al sur de la Unión Europea y contribuir a la estabilidad. En mi opinión, esta es la tarea común del Consejo, la Comisión y el Parlamento. ¡Si la afrontamos juntos, la Comisión y el Parlamento contará sin duda alguna con todo nuestro apoyo!
Schulz (PSE)
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimados colegas, el Comisario Verheugen ha dicho con toda razón que estamos en la fase final de un proceso irreversible. La ampliación ya es imparable, y quien quiera demorarla, cometería un grave error y daría un paso atrás en la Historia. Y nadie en esta Cámara, creo yo, quiera pararla.
En este proceso irreversible ambas partes tienen obligaciones. Hemos debatido sobre los candidatos, sobre las tareas que los países candidatos deben acometer. Sobre esto se han dicho muchas cosas acertadas. Pero debemos mirarnos con sentido crítico y preguntarnos en qué posición nos encontramos en esta fase final. ¿Acaso la Unión Europea no muestra todavía, en la víspera de su ampliación, deficiencias y no tiene por delante tareas que afrontar? A este respecto, quiero pasar a abordar dos asuntos del debate del último año y medio y sobre el período que tenemos aún por delante.
Después de Niza, hemos oído decir a todos los miembros de la Presidencia del Consejo de entonces, y de la Comisión, que a partir de Niza la Unión es capaz de ampliarse, e incluso hubo colegas de esta Cámara que así lo resaltaron con toda firmeza. En el Parlamento Europeo, la gran mayoría de los diputados sostenía que eso no es así. Este Parlamento ha adoptado la iniciativa de abrir un proceso post-Niza (como se lo llamó en su momento) que gracias a Dios a dado lugar a la convocatoria de una Convención que debe acabar con todas las deficiencias, especialmente de orden institucional, que la ampliación trae consigo.
Pues en Niza se aprobó un Tratado que, sobre todo, en materia de simplificación de los mecanismos de decisión, reforma del Consejo, reforma estructural de la Comisión y democratización se queda demasiado corto. Antes bien, en Niza se aprobó un mecanismo de adopción de decisiones por mayoría que, más que simplificar, complica las cosas. Si llevamos a cabo la ampliación sobre la base de estas estructuras, entonces -y en ello tiene usted razón, señor Verheugen- la ampliación ya será imparable, y será necesaria y acertada desde un punto de vista histórico. Pero conduciría hacia un peligroso inmovilismo de la Unión Europea y este inmovilismo, a su vez, a que las personas se aparten cada vez más de la Unión Europea. Por ello, hay un vínculo entre las tareas que debe realizar la Convención y la ampliación. La Convención debe conseguir que la Unión Europea pueda efectivamente ampliarse.
Ha señalado que el Parlamento Europeo debe prestar su apoyo a tal fin. Sí, el Parlamento Europeo es un socio importante desde una doble perspectiva. Somos un socio importante porque velaremos por que las reformas democráticas necesarias en el interior de la Unión Europea se lleven efectivamente a cabo antes de la adhesión, es decir, antes de las elecciones europeas. Asimismo, procuraremos, en nuestra condición de autoridad presupuestaria, cumplir las exigencias financieras en una medida razonable.
Como el Sr. Comisario ha señalado acertadamente, los techos presupuestarios son claros, pero dentro de estos límites máximos sigue habiendo graves problemas por resolver. Además, no sólo los derivados de la ampliación de la financiación de la misma, sino también de las decisiones que delegan funciones financieras adicionales en el marco de la política exterior y seguridad, que deben financiarse igualmente con el presupuesto y darán lugar a trasvases de recursos.
Ello significa que en los dos próximos años tendremos que poner claramente de manifiesto, como Parlamento Europeo, que somos socios del Consejo y de la Comisión en la política de ampliación. Somos un socio que presta su apoyo, pero somos también un socio que seguirá con sentido crítico a la Comisión y al Consejo en el carácter democrático, la reforma y en la financiación del proceso.
Watson (ELDR).
Señor Presidente, el Sr. Comisario ha expuesto de un modo muy útil los principales retos que traerá consigo la ampliación, tales como los problemas de Kaliningrado, de los Decretos Bene? o de Chipre; y ha hablado mucho del coste de la ampliación. Yo me siento muy complacido, sin embargo, de que el Presidente en ejercicio haya llamado la atención sobre el coste de la no ampliación, que es, de lejos, mucho mayor. Puede ser cierto, como ha dicho el Presidente en ejercicio, que para nosotros estos países "apenas" hayan esperado 15 años para adherirse a la Unión. A ellos, en cambio, esos 15 años les parecerán más de una vez y media el tiempo que esperó España a entrar en nuestra Unión. Yo creo que nos corresponde hacer todo lo que podamos para acelerar el proceso de la ampliación. El primer paso de ese proceso está en manos de la presidencia esta semana cuando el Consejo se reúna en Barcelona.
Señor Presidente, ha subrayado usted que tenemos la responsabilidad de volver a unificar a nuestro dividido continente. Debemos acoger a quienes desean unirse a nosotros en cuanto estén preparados. Pero no se trata fundamentalmente de una cuestión presupuestaria: hay enormes beneficios económicos por ganar, y ahí es donde entra Barcelona; porque necesitamos tener el coraje de emprender nosotros mismos las difíciles reformas económicas que, con razón, esperamos de los países candidatos. Esto supone acordar, en Barcelona, importantes reformas económicas, encontrar el camino para reformar la política agrícola común y avanzar hacia las reformas de nuestras instituciones.
En Barcelona, los Jefes de Estado y de Gobierno no deben desaprovechar la oportunidad de realizar una verdadera reforma económica. En 2005, como máximo, debemos haber liberalizado los mercados del gas y de la electricidad, tanto mayoristas como domésticos. Debemos comprometer de nuevo con el paquete de medidas legislativas recogidas en el plan de acción de servicios financieros, desbloqueando las conversaciones del Consejo. Debemos, asimismo, ver progresos en la contratación pública y en una patente europea.
Para cumplir nuestro objetivo de ceñirnos a las perspectivas financieras, la ampliación debe significar también la reforma de la política agrícola común. El exceso de producción y el despilfarro que caracterizan a la PAC y las preocupantes consecuencias para la salud pública de los métodos de cultivo intensivo deben abordarse a la vez que avanzamos hacia una moderna política de desarrollo rural, rompiendo el vínculo con la producción y creando una política sostenible desde el punto de vista medioambiental mediante ayuda a nuestros agricultores.
La perspectiva de la ampliación requiere también que hagamos de la Convención un éxito. Nuestras instituciones y nuestros procedimientos de toma de decisiones son como un Trabant, cuando lo que necesitamos es un Mercedes. Hemos de diseñar un mecanismo constitucional para la Unión del siglo XXI que vaya más allá de Niza, que se base en derechos y valores comunes, que aborde de las preocupaciones legítimas de nuestros ciudadanos, aunando responsabilidad, democracia y eficacia. Aquí, sobre todo, lo que se pide es un planteamiento responsable por parte de nuestros Estados miembros. No ayuda a la disciplina financiera el que el Ministro de Economía italiano cuestione las finanzas de la ampliación. Es perjudicial, cuando una Comunidad de 25 ó 27 miembros va a necesitar que la Comisión sea un ejecutivo fuerte, que el Jefe de Gobierno de uno de los grandes Estados miembros acuse a la Comisión de estar predispuesta en contra de su país, de desear destrozar la cultura de uno de sus productores industriales y de singularizar a su país.
Si vamos a insistirles a los países de Europa Central y Oriental en que han de tener un planteamiento responsable, nosotros mismos necesitaremos un planteamiento responsable. Espero que, a medida que avanzamos hacia la Presidencia danesa de este año y hacia las decisiones históricas sobre la ampliación, veamos una Europa occidental responsable, unida y decidida que dé la bienvenida a estas nuevas democracias al redil democrático.
Schroedter (Verts/ALE)
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, debo decir que se aprecie un sorprendente cambio. Mientras que para la ampliación de la Unión Europea inventamos nombres a cual más aparatoso -recuerdo, entre otros, obra cumbre de Europa, proyecto de paz para el continente?- desde hace unas semanas hay añadir un nuevo nombre, caja de ahorros ampliación.
¡Con esta obra cumbre los 15 Ministros de Finanzas de la UE se ahorran fácilmente, con respecto a la decisión sobre financiación adoptada en Berlín, 18 millones de euros! No es que la decisión sobre financiación adoptada en Berlín fuera un poco exagerada porque el cálculo fuera equivocado por exceso. No, todo lo contrario: ya entonces se puso de manifiesto que no esa cifra no bastaría para la ampliación. Pero por miedo a los contribuyentes netos se dijo: aún contamos con las reservas, podemos movilizarlas. Pero lo que ocurre es lo contrario; desde hace semanas la Comisión hace correr la especie de que la ampliación no debe costar nada. Parece que el mundo esté al revés, pues un proyecto de paz algo debe costar. No puede haber una Europa de segunda clase, pues ello dará lugar a tensiones sociales, movimientos migratorios y diferencias de desarrollo.
Por ello Los Verdes exigimos una revisión de las propuestas financieras. No es cierto que el espacio rural y los fondos estructurales no vayan a recibir más. Con respecto al planteamiento de Berlín, es justamente en estos ámbitos donde se aplicarán notables recortes. En rigor, sería necesario que los 15.000 millones que en 2002 y 2003 deberían devolverse a los Ministros de Finanzas de los quince Estados miembros de la UE se destinasen a la ampliación. Creo que los períodos transitorios sólo pueden prolongarse, a lo sumo, hasta 2007, pues el intento de la Comisión de seguir prolongando hasta el 2007 el 'phasing-in? es una propuesta alicorta y una prueba de su incapacidad. Ello significa no introducir reformas en la política agrícola, y esto, a su vez, querer aplazar el 'midterm review?, que prevé que la Unión Europea haga los deberes necesarios. Esto no podemos apoyarlo. Para dar nuestro apoyo a la reforma, necesitamos una política agrícola en la que las ayudas estén vinculadas a criterios ecológicos y sociales y sólo se financien proyectos si vienen acompañados de reformas. Ahora bien, ¡los países de la adhesión deben ser miembros de esta reforma en pie de igualdad!
Una propuesta importante que el Parlamento Europeo ha presentado, a saber, introducir ya la reforma agraria para fortalecer el espacio rural, y ayudar sobre todo a sus habitantes, sigue siendo rechazada por la Comisión. Creo que la Comisión no puede seguir actuando de forma tan pusilánime, debe tener valor para introducir reformas, debe tener valor para decir que la ampliación cuesta algo, pues este proyecto debe ser un éxito.
Frahm (GUE/NGL).
Señor Presidente, como danesa, espero naturalmente que esto sea posible, de modo que tengamos un ?de Copenhague a Copenhague? y podamos incluir las firmas definitivas en Copenhague el otoño que viene. Sin embargo, como demócrata e internacionalista, dudo mucho de si llegaremos tan lejos. Me parece que quedan aún muchas cosas que lo impiden, algunas de ellas han sido mencionadas, sin embargo, pienso que hay otras que también merece la pena mencionar.
Hemos oído de la evolución acaecida desde la caída del muro hasta el día de hoy. Se han mencionado países de Europa Central y Oriental que vienen de la economía dirigida y de la militarización. Sí, gracias, pero qué es a lo que llegan, sino a la economía planificada y la militarización. El otro día tuvimos un debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa sobre las relaciones transatlánticas y todos los participantes opinaban que los países europeos deben disponerse a aumentar sus presupuestos de defensa entre un tres y un cinco por ciento de su PNB para responder a las ilusiones normales generadas en torno a la capacidad militar de la UE. ¿Qué significa esto para los países solicitantes y para sus economías?
Temo que las poblaciones de Europa Central y Oriental cuando entrevean cuáles son las condiciones que les ofrecemos, voten no en el referéndum definitivo, lo cual sería una catástrofe a mi modo de ver. Tampoco estoy satisfecha con el paquete económico que se ha elaborado en relación con la ampliación. No estoy satisfecha con que se diga que no puede costar nada. No estoy satisfecha con que los países solicitantes deban cubrir una fase transitoria de diez años antes de que experimenten la sensación de participar de lleno en el ámbito económico, cuando al mismo tiempo somos nosotros quienes planteamos condiciones transitorias. Cuando somos nosotros quienes no queremos que la libre circulación se aplique a los países solicitantes en igualdad de condiciones que a los demás. Cuando la gente que en su momento deberá votar si los países solicitantes se convierten o no en miembros entrevea este tipo de cosas, temo que tendremos problemas. Por ello quiero pedir que en la última fase se haga un esfuerzo extra para modificar esto de que no puede costar nada. Coincido plenamente con lo manifestado por la Sra. Schröeder del Grupo Verts/Ale, hablamos probablemente del mayor proyecto de paz de nuestra vida. ¿Realmente debe insistirse en que no puede costar nada?¿Realmente somos tan mezquinos en esta cooperación que pensamos que el que es el mayor proyecto de paz de nuestra vida no puede costar nada? Me gustaría mucho participar en las campañas para que los Estados miembros ricos paguen éste, lo que vale también para mi propio país. Dinamarca debe estar dispuesta a pagar -naturalmente. Decir que no puede costar nada es lo mismo que decir que no queremos emprender con toda nuestra alma este colosal proyecto.

Collins (UEN).
Señor Presidente, la Convención de la UE llega en un momento muy importante en el devenir de la Unión Europea. La Declaración de Laeken dejó claros tanto el alcance de los logros de la Unión Europea en los últimos 45 años como la magnitud de los retos a los que se enfrenta ahora.
El debate que estamos celebrando aquí hoy se refiere a la ampliación de la Unión Europea. El entusiasmo y la firme decisión de los países candidatos a la adhesión en la UE constituyen la prueba más evidente de que la Unión Europea supone todo un éxito. Yo acojo de modo muy favorable la participación de representantes de los parlamentos de los países candidatos en la Convención y estoy deseando ver las nuevas ideas que aportan a sus trabajos.
La reforma institucional y la ampliación de la Unión Europea van de la mano. Los reglamentos y directivas promulgados mediante los tres procedimientos de decisión europeos deben simplificarse y hacerse más eficaces.
El Consejo Europeo de Gotemburgo decidió que aquellos países candidatos que estuvieran preparados para entrar en la Unión Europea podrían finalizar las negociaciones de adhesión a finales de este año. El objetivo de admitir a nuevos miembros en la Unión Europea en el 2004 sigue siendo muy ambicioso, pero no es un sueño imposible. La ampliación de la Unión es la prioridad política número uno de todos los legisladores clave de la Unión Europea.
Nuestra firme decisión y nuestro coraje en estas negociaciones de ampliación deben estar a la altura de los que están mostrando los propios países candidatos promulgando nuevas leyes de amplio alcance mientras se preparan para adherirse a la Unión Europea como miembros de pleno derecho.
La Presidencia española acomete ahora las negociaciones más difíciles sobre la ampliación, en particular las relativas a agricultura, fondos estructurales y cuestiones presupuestarias. Tengo confianza en que las dos partes puedan alcanzar un acuerdo en estos capítulos de las conversaciones y llegar a una conclusión que sea - y así debe ser - justa y equilibrada.
Los países candidatos han progresado de manera sustancial en el cumplimiento de los criterios de Copenhague en relación tanto con la transposición de legislación como con la aplicación de nuevos reglamentos y directivas europeas que regulan una amplia variedad de sectores económicos y sociales. Los significativos avances logrados por los países candidatos en cuanto a la adopción de nueva legislación de la UE han hecho posible, evidentemente, que las negociaciones de ampliación marchen a un ritmo más rápido.
Indudablemente, se han hecho grandes progresos en el aumento de la independencia, la transparencia y la eficacia de las administraciones públicas de los países candidatos, así como en la mejora del funcionamiento de sus sistemas jurídicos. Unas administraciones públicas eficaces son necesarias no sólo para incorporar plenamente la nueva legislación de la UE, sino también para garantizar que los recursos financieros comunitarios se emplean de modo eficaz.
Este año será, sin duda, decisivo para el proceso de ampliación y para el futuro de Europa. Nuestra institución trabajará muy estrechamente con las Presidencias española y danesa de la Unión para hacer que las negociaciones de ampliación sean un éxito. Tendremos que mostrar la misma determinación que en el pasado a la hora de buscar respuestas constructivas. Creo que esta Asamblea tiene la voluntad y la firme decisión de hacerlo así.

Bonde (EDD).
Señor Presidente, me gustaría alertar del peligro de que tratemos a los nuevos países solicitantes como miembros de segunda clase.
En la Convención se reunieron los parlamentos nacionales y designaron a sus dos representantes para la Mesa, sin que los representantes de los países solicitantes fueran tan siquiera convocados. Envíe el 25 de febrero una propuesta para que incluso los países solicitantes pudieran elegir dos representantes para la Mesa. La propuesta no fue ni repartida ni debatida. La Mesa ha celebrado sus primeras reuniones sin representación de los nuevos países. Éstos naturalmente deben gozar absolutamente de los mismos derechos como asimismo del derecho a contar con traducción en sus propias lenguas.
El fin de semana los Primeros Ministros se reúnen en Barcelona. Los países grandes atacan la igualdad de derechos que representan las presidencias alternas. Existe el riesgo de una situación en la cual la UE sea dirigida internacionalmente por los representantes de los países grandes que así unidos actúan supranacionalmente con respecto a los países más pequeños. Es así como leo la ponencia del Sr. Solana para la cumbre. Es una variante que los críticos de la Unión no deben ser los únicos en criticar. Las propuestas son también una señal a los países solicitantes de que seguramente podrán entrar, pero no con los mismos derechos.
La iniciativa de la Comisión en materia de agricultura maneja también dos tipos de miembros. Sería más inteligente y más barato suprimir el sostenimiento de precios en la UE antes de la ampliación y dar a los países solicitantes y a nuestros propios agricultores una compensación.
Las señales sobre este trato distinto son erróneas y sumamente dañinas. También lo es la decisión de la Cumbre de Niza de dar a la República Checa y a Hungría dos escaños menos en el Parlamento Europeo que a países comunitarios que cuentan con menos habitantes. Quiero exhortar una vez más a la Comisión a que haga públicos los llamados informes de seguimiento. Éstos giran en torno a los avances de los países solicitantes en la implantación de nuestra legislación. Es información que pertenece a los ciudadanos -tanto a nosotros como a los ciudadanos de los países solicitantes. En este punto son todos los ciudadanos los discriminados. Las negociaciones sobre la legislación deben llevarse a cabo con plena transparencia, como sucede en todos los parlamentos, y los ciudadanos de los países solicitantes deben poder seguir también la liquidación de sus propias leyes. La nueva ponencia del Sr. Solana debería habernos sido presentada directamente, tal y como solicité, y en vez de eso, ahora debo conocerla mediante filtraciones. Pongamos fin a este secretismo y enviemos a la Comisión ante el Tribunal de Justicia si ésta no entrega los informes de seguimiento.

Suominen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, me remito a la intervención general del presidente de mi Grupo y voy a comentar algún que otro detalle secundario. Está claro que hay que tratar con igualdad de criterio a todos los países aspirantes, pero esto no quiere decir que se dejen de tomar en cuenta las soluciones que éstos hayan adoptado antes de las negociaciones de adhesión, como tampoco se deben ignorar las condiciones específicas derivadas de sus recursos naturales o de su historia. Me refiero aquí a la situación de Estonia en particular, país muy cercano a Finlandia.
Es injusto que la Unión exija la rápida liberalización de la electricidad de este país, cuya producción, basada en la combustión de esquistos bituminosos, no puede competir en el libre mercado, mientras que Francia y en parte también Alemania siguen frenando, tras cincuenta años, la liberalización de sus propios mercados energéticos. Afortunadamente, Estonia ni siquiera está aún conectada a las redes eléctricas europeas. Otra particularidad afecta a las cuotas de leche de Estonia, cuyos índices básicos la Unión quiere fijar en los niveles existentes en la década pasada, años en que Estonia -acertada o desacertadamente- redujo drásticamente su producción, de modo que el volumen actual de la producción -de gran importancia para las zonas rurales de Estonia, las cuales siguen dependiendo de la agricultura- sobrepasa los niveles establecidos en las cuotas. Sin embargo, el contenido de estas soluciones definirá la actitud de la población rural y del este de Estonia en el referéndum sobre la adhesión a la UE:
Kaliningrado ocupa siempre un lugar central a la hora de hablar de la ampliación, de la dimensión nórdica y de nuestras relaciones con Rusia. Soy un firme e incondicional partidario de la colaboración con Rusia, pero me siento muy satisfecho de que el Comisario, Sr. Verheugen, recordara que Kaliningrado es la única región de Rusia sobre la que se pueden llevar a cabo negociaciones específicas en el marco de la ampliación. Rusia también responde principalmente de las propuestas de cooperación y participa mayoritariamente en la financiación. Kaliningrado no es tampoco -quiero resaltarlo- la región con más problemas y posibilidades de la dimensión nórdica, sino que son otras: Murmansk, la región de San Petersburgo y las proximidades de la frontera con Finlandia.

Lalumière (PSE). -
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en este debate sobre la ampliación desearía insistir en un aspecto que no figura directamente en las propias negociaciones, pero que tendrá una gran importancia para el éxito de las nuevas adhesiones. Me refiero a las declaraciones que se hacen de vez en cuando - y demasiado a menudo, en mi opinión - por los responsables de los países candidatos, declaraciones políticas que hacen hincapié en conflictos bilaterales que han enfrentado a países vecinos de Europa Central, países que hoy aspiran a entrar en la Unión Europea.
Por ejemplo, pienso en una cuestión que usted mismo ha abordado, señor Comisario, es decir, las recientes y virulentas declaraciones del Primer Ministro húngaro sobre los decretos de Benesch, seguidas de la enérgica respuesta del Primer Ministro eslovaco, de su homólogo checo y del Presidente del Parlamento checo. Esta polémica ha tenido como resultado el aplazamiento de la Cumbre de Visegrado, en la que los cuatro países - Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia - querían coordinar sus posiciones con miras a la última fase de las negociaciones, lo que hubiera sido muy útil.
No me pronuncio sobre el fondo de este expediente de Benesch. Además, usted mismo ya lo ha hecho muy bien, señor Comisario. Pero, por mi parte, lamento profundamente el clima de desconfianza recíproca que esta polémica revela. Asimismo, no podemos menos que temer la persistencia de tendencias nacionalistas aún demasiado fuertes entre algunos dirigentes y en las opiniones públicas de los países candidatos. Naturalmente, se puede entender la existencia de una formidable sed de libertad y de independencia tras tantos años de opresión. Puesto que yo mismo conocí muy bien estos países inmediatamente después de la caída del comunismo y de la Unión Soviética, creo estar bastante bien situado para conocer y entender las sensibilidades y las reacciones que en dichos países se manifiestan. Pero, ¡por favor!, la adhesión a la Unión Europea supone no ya olvidar el pasado, sino saber superarlo. A menudo he lamentado que las negociaciones de la adhesión sólo hicieran referencia a los criterios de Copenhague, es decir, a unos criterios que a pesar ser objetivos, son esencialmente materialistas. Los criterios políticos, considerados desde el ángulo psicológico - los estados de ánimo, las mentalidades, las segundas intenciones -, que evidentemente son difíciles de valorar, no desempeñan prácticamente ningún papel - y usted lo ha recordado a menudo, señor Comisario -. Pero lo digo con todo cariño, con gran cariño, hacia los países candidatos: su entrada en la Unión, que deseamos, que preparamos, que esperamos, debe llevarse a cabo en un clima de confianza, con la firme voluntad de vivir juntos y no en un clima de desconfianza o de recelo.

Dybkjær (ELDR).
Señor Presidente, también yo quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión por su trabajo y espero que, a pesar de los ?obstáculos? políticos que seguramente aparezcan, de todos modos se consiga cerrar las negociaciones en Copenhague.
Pero entonces llegaremos a la siguiente fase, es decir, el respaldo de las poblaciones al proyecto mediante referéndums. Y a este respecto me gustaría retomar un punto que incluye a la mitad de las poblaciones -es decir, las mujeres. No cabe ninguna duda, nos lo han asegurado también los comisarios, sobre la aplicación del acervo comunitario de la UE. Sin embargo, una cosa es la forma y otra es la realidad que nos rodea y ésta nos muestra que la situación de las mujeres en los países solicitantes no se ha visto mejorada tras la caída del muro. Y por ello debo preguntar si algún aspecto del trabajo de la Comisión y del Consejo vela por las posibilidades que permitan reforzar la situación de las mujeres en los países en cuestión. Si no es así, podemos tener un problema en los referéndums, podemos tener un problema con la representación femenina en las elecciones al Parlamento, y podemos tener un problema con la representación femenina en la administración pública. Por ello me gustaría pedir a la Comisión y al Consejo que respondan si se adoptarán iniciativas específicas dirigidas a las mujeres en los países en cuestión.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Presidente en funciones del Consejo, señor Comisario, yo estoy de acuerdo personalmente, como mi partido y mi Grupo, en que la ampliación al Este es irreversible. Ahora bien, esta misma decisión, que se apoya en argumentos históricos, no debe hacernos olvidar que también nos compromete. Efectivamente, se acaba de citar Könisberg, que hoy es parte de Rusia, pero que fue la patria, nada menos que de Kant, uno de los inspiradores de la Europa moderna, y debemos recordar que tan europea es Ucrania como Polonia. Y, de hecho, la Galicia histórica, la otra Galicia, está en este momento dividida entre Ucrania y Polonia y tiene la capital en Cracovia.
Tampoco debemos olvidar que, si entra Turquía, las fronteras de Europa se meterán en el interior de Asia. Por lo tanto, esta decisión no debe obviar los problemas y las incertidumbres políticas que pueden definir este proceso, porque estamos ante una Unión de 500 millones de habitantes y, de momento, de 28 Estados, si no entran los Balcanes. Esto requiere unas instituciones europeas a la vez más respetuosas de la diversidad y más fuertes y, en concreto, nos plantea qué tipo de Constitución vamos a querer.
En cuanto a las incertidumbres económicas, alguien dijo que después de 2006 el presupuesto europeo podría mantenerse con el 1,27 % del PIB europeo. A mí me parece imposible si se han de mantener los fondos estructurales y las políticas europeas, concretamente, la política de empleo. Basta pensar en la experiencia alemana: a pesar del extraordinario esfuerzo, aún no han conseguido eliminar la diferencia con el Este.
También debemos considerar las preocupaciones ambientales, de transportes e incluso que afectan a este Parlamento, Señorías. El Tratado de Niza, que no sabemos si va a estar vigente cuando entren esos países, prevé que este Parlamento tendrá 732 diputados y diputadas. ¿Qué va a pasar con la ampliación, entran diez o no? Creo que estas incertidumbres deben ser analizadas profundamente.
Por último, considero que el tema de la ampliación al Este nos lleva a plantearnos qué tipo de Europa queremos en el mundo. Una Europa más diversa debe ser una potencia mundial de paz y solidaridad. No puede ser constitutivamente una potencia militarista como los Estados Unidos.
Creo que estas reflexiones deben tener lugar en este Parlamento, para que no se describan simplemente los pequeños problemas que surgen, porque los problemas son numerosos y grandes.

Modrow (GUE/NGL)
Señor Presidente, en sus cincuenta años de historia, la Unión ha pasado por varios procesos de ampliación. Sin embargo, nunca ha habido tanta desigualdad como en la actual ronda. Efectivamente, la incorporación de nuevos miembros no se realiza sobre la lógica base de la igualdad y de la solidaridad. El debate sobre la República Checa me parece insoportable. Quien quiera examinar los llamados Decretos Bene? y plantear cuestiones en materia de propiedad, no debe pasar por alto el carácter jurídico-internacional del Proceso Dos más Cuatro en la unificación de los dos Estados alemanes. Quien quiera tener a Rusia a su lado, sea donde sea, no debe dar ningún paso en falso en lo relativo a Kaliningrado.
Desde la perspectiva de Bruselas, el proceso de adhesión se ve más como una calle de una sola dirección; así lo ha señalado el colega Schulz. Mientras que a los candidatos se les exige la asunción incondicionada de obligaciones y la aplicación de medidas previas, la adhesión debe costar lo menos posible. La apertura de los mercados es ya hoy un buen negocio para los grupos de empresas, los bancos y las compañías de seguros. Pero, como está comprobado, la ayuda a la adhesión de otros Estados, España también, resultó mucho más generosa. Los candidatos de la Europa del Este no han alcanzado de media ni siquiera la mitad del producto interior bruto de la Unión Europea, mientras que los tres Estados bálticos sólo llegan a la tercera parte. El actual nivel de producción de estos Estados se halla en parte por debajo del nivel de 1990. Ello significa que las medidas de preparación a la adhesión no han dado grandes resultados.
Es necesario reconfigurar la política de estructura y de cohesión, de modo que asegure que las regiones menos desarrolladas en general, y en las regiones limítrofes en particular, tanto en los actuales como en los futuros Estados miembros, cuenten con el apoyo adecuado. Necesitamos, por tanto, conceptos que convenzan realmente a los ciudadanos y ciudadanas de los Estados de la adhesión de que la entrada en la Unión es acertada y beneficiosa para ellos.

Mussa (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera señalar a su atención un aspecto que considero sumamente importante y que está estrechamente unido a la ampliación de la Unión: la protección de la salud humana que desde siempre es un objetivo prioritario de todas las políticas de desarrollo de los Estados de la Unión Europea.
En efecto, el Tratado de Ámsterdam establece que en la definición y ejecución de todas las políticas y acciones de la Comunidad se garantiza un alto nivel de protección de la salud humana. A este propósito, nos estamos empleando a fondo para que la protección de la salud de los ciudadanos se garantice a través de un sistema sanitario común y eficaz, con altos niveles de calidad, tal como propone el programa de acción comunitario en materia de salud pública 2001-2006.
Habida cuenta de que para el logro de dichos objetivos es preciso desarrollar políticas específicas orientadas a asegurar la progresiva mejora de la profesionalidad y de la investigación científica de las estructuras sanitarias de los Estados miembros de la Unión y que la situación actual de las estructuras sanitarias, así como de las políticas sanitarias de los países candidatos a la ampliación sufre un evidente retraso respecto a la de la Unión Europea, considero oportuno que nos ocupemos de definir urgentemente, a través de estudios o simulaciones dentro de los Estados miembros, las posibles consecuencias de la ampliación de la Unión en la salud pública.
Asimismo, es oportuno comprobar la efectiva aplicación del acervo sanitario comunitario en los PECOS y es necesario tomar en consideración medidas de control tendentes a evitar que el ingreso de los países candidatos implique, para la salud pública de los Estados de la Unión, una reducción del nivel cualitativo de la asistencia sanitaria, dada la harto conocida carencia de personal médico y de enfermería.

Krarup (EDD).
Señor Presidente, este debate contiene un mensaje general, es decir, que la pertenencia a la Unión Europea supone algo similar a la máxima dicha política para los Estados miembros y para la Unión en su conjunto. Desearía que esta suposición fuera correcta, pero desgraciadamente estoy convencido de que el mensaje sobre el proyecto de la unión se revelará como una ilusión enorme y temible. Divagar impide disponer de un sentido medianamente moderado de la realidad. Se han mencionado varios problemas, sin embargo, los problemas mencionados no son los fundamentales. Están los enconados problemas políticos con los decretos Bene?, está la cuestión de Chipre, y está la economía con los problemas sin resolver relativos a la agricultura, los fondos estructurales, etcétera - y la problemática presupuestaria y el miedo a que los Estados miembros, los países solicitantes, sean miembros de segunda clase.
No obstante, los problemas fundamentales, los problemas decisivos no son de índole política y económica. Los problemas decisivos pasan por que el proceso del que hablamos con respecto a los países candidatos del este implica una enorme transformación. Hablamos de facilitar los marcos jurídicos a un proceso de transformación de dimensiones históricas. Y detrás de estos problemas jurídicos, que ya son suficientemente complicados, se esconden los problemas democráticos. El último criterio de Copenhague trata de la necesidad de conseguir una administración pública que eficaz y correctamente administre, aplique y ponga en práctica la legislación comunitaria. No hay datos en los informes existentes respecto a este problema gigantesco. Y aunque dispongamos de un estamento jurídico eficaz, que esté en condiciones de llevar a cabo la transformación, será democráticamente comprometedor, pues ¿cómo se incorporará a las poblaciones a este proceso? El momento de la verdad se acerca.

Oostlander (PPE-DE).
Estimado Presidente del Consejo, estimado Comisario, por supuesto, yo también me he emocionado al escuchar sus discursos. Muy en concreto, me ha conmovido la idea de que en este momento vamos camino de una ampliación del orden jurídico europeo hacia un mayor número de países con objeto de establecer una paz europea entre Estados conscientes de sus responsabilidades. Una paz al 'estilo europeo?. Además, confío plenamente en la política desplegada por el Comisario en las negociaciones. Los principios en los que se basa él son también los míos. Considero asimismo muy oportuno que se mantenga la presión hasta el último momento, es decir, hasta el mes de octubre, y que no se dé por sentado que en cualquier caso entrarán diez países. Primero habrá que ver si, llegado el momento, se cumplen, de hecho, todas las condiciones.
Quisiera formular una pregunta específica acerca de los gastos ocasionados por la ampliación. Esta cuestión ya ha sido mencionada por algunos otros oradores. Además, hemos tenido la oportunidad de comentar este asunto con el Comisario en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores. Creo firmemente al Comisario cuando afirma que, en realidad, los gastos de la ampliación no rebasan los límites del presupuesto que nos ha sido concedido. Hemos ahorrado para permitir que la ampliación encaje en el presupuesto. Ello no obstante, en los diferentes Estados miembros corren otros rumores, dependiendo de si interesa o no hacer un problema de este punto. Ya he oído mencionar a Italia, debo nombrar asimismo a mi propio país. Mi Gobierno no descarta la posibilidad de que los gastos adicionales adquieran unas dimensiones desorbitadas. El Secretario de Estado de Asuntos Europeos se ha expresado en un lenguaje críptico. Ha dicho que, en el caso de los Países Bajos, el coste de esta operación puede oscilar entre cero y mil millones. Ello demuestra, por una parte, que tiene conciencia y, por otra, que, además, es un buen director de campaña. Creo que no estaría de más, señor Comisario, que una fuente fidedigna volviera a presentar un análisis de los cálculos llevados a cabo en los Estados miembros, ya que el resultado de los mismos no coincide en absoluto con las estimaciones de la Comisión. Me imagino que ello podrá hacerse de una forma neutral. Me parece fundamental, también de cara a los ciudadanos, que sepamos distinguir entre la verdad y lo correcto y las pesadillas injustificadas. Tampoco podemos perder de vista que los actuales problemas tienen su origen en el hecho de que nosotros mismos no hemos reformado a tiempo nuestra propia política agrícola. Sencillamente no hemos realizado nuestros deberes, y ahora obligamos a los demás a cumplir con los suyos -de hecho, los están cumpliendo- mientras que nosotros no hacemos más que quejarnos. Señor Presidente, por otra parte, debo reconocer que me llenan de satisfacción las palabras del Comisario sobre los Decretos Benes. Todos nos tomamos muy en serio este asunto. Observo, por ejemplo, cómo en la sociedad neerlandesa se presentan quejas a través de diversas organizaciones, por ejemplo con respecto a Polonia. Estimo absolutamente necesario que la Comisión y el Consejo aclaren de una vez por todas cuáles son las quejas admisibles en virtud de los criterios de Copenhague y cuáles no lo son. En mi opinión, esta claridad resulta imprescindible para garantizar que nuestra población mantenga su actitud positiva ante la ampliación.

Swoboda (PSE)
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, agradezco a los dos oradores que han introducido el tema hayan puesto de manifiesto no sólo el gran proyecto, sino también los problemas que han de resolverse aún. Hay todavía algunos obstáculos que debemos eliminar, para lo cual, como ya se ha señalado, nos serán de gran ayuda todas las fuerzas con que cuenten los Estados miembros y los países candidatos.
Uno de estos obstáculos es, sin duda alguna, el debate sobre los Decretos Bene?. Sin duda alguna, cabe hacer diversas valoraciones históricas de estos decretos. Pero, y agradezco al Sr. Comisario que así lo haya señalado, a efectos de la adhesión la única cuestión relevante es si tales decretos producen aún efectos discriminatorios, es decir, si los ordenamientos jurídicos contienen disposiciones que sean contrarias al acervo comunitario y que puedan condicionar hoy nuestra actuación. Tales disposiciones y efectos deben ser eliminados. Me alegra que los Gobiernos checo y eslovaco coincidan también en este punto. Ni la revisión de los Decretos Bene? ni su consagración en los Tratados de la UE nos ayudarán a construir una nueva Europa si no queremos perder de vista el proyecto de una gran Europa.
La ronda de la ampliación 2004-2005 deparará grandes satisfacciones en muchos países candidatos. Sin embargo, en los que queden fuera, habrá decepciones. Hemos de pensar si a estos países tenemos que darles no sólo una mayor ayuda financiera para aplicar sus reformas, sino también fijar una fecha orientativa realista, y subrayo lo de realista, para su adhesión, en caso de que registren los avances necesarios. Hay miedo a que se les dé largas, en especial a Rumanía y Bulgaria. Al mismo tiempo, deberá pensarse si no es necesario incorporar nuevos países en la lista de candidatos; a este respecto, por ahora pienso exclusivamente en Croacia.
En cuanto a Turquía, debe también reflexionarse acerca de cómo satisfacer sus deseos de compensación por su ayuda -que, dicho sea de paso, aún no está del todo claro en que consistirá- en la cuestión de Chipre. También debe quedar claro que la fijación de una fecha para el inicio de las negociaciones con Turquía no puede supeditarse al cumplimiento del criterio político de Copenhague. Por lo demás, a mi juicio, tenemos que ir planteándonos, a la vista de que las fronteras de la futura Europa tendrán un trazo cada vez más visible, cómo vincular más estrechamente, desde un punto de vista político y organizativo, a los países que, en mi opinión, quedarán fuera de la Unión Europea, como Rusia u otros Estados del Mediterráneo. En Europa no sólo existe la Unión Europea, también hay otros Estados con los que debemos mantener una nueva colaboración con mejor perspectiva de futuro si queremos preservar la solidez de la Unión Europea.
Malmström (ELDR).
Señor Presidente, cuando el 9 de noviembre de 1989 veíamos en la televisión a esas personas rebosantes de democracia abalanzarse sobre el muro de Berlín, sentimos en nuestra piel el roce de las alas de la historia. Esa misma noche se inició el proceso de ampliación o, como prefiere decir el Grupo liberal, de reunificación europea.
Estamos en el umbral de la creación de una Europa unida, de una UE para todo el continente. Esto es, sin lugar a dudas, un acontecimiento histórico.
Pero hay que seguir avanzando más allá de la retórica para entrar en el terreno de los porfiados hechos: el dinero, la agricultura y los viejos conflictos fronterizos. ¿Quién dijo que sería fácil? ¿Quién creía que sería gratis? ¿Quién creía que no se necesitarían sacrificios? La ampliación tiene un precio, pero vale la pena pagarlo.
Es evidente que falta, mucho por hacer, pero no debemos ahogarnos en detalles. El año 2002 es un año decisivo para la ampliación, pero también es un año en que habrá elecciones en seis países miembros y en tres países candidatos. Los temas europeos van a tener importancia, pero existe el riesgo de que los asuntos de política interna eclipsen a los temas europeas y a la ampliación. Por eso se necesita un liderazgo europeo fuerte y que la Comisión actúe para impulsar el proceso durante esos meses decisivos. El 2002 no debe ser un año perdido. La ampliación no puede retardarse.

Nassauer (PPE-DE)
Señor Presidente, señoras y señores, las manifestaciones del Comisario Verheugen sobre los Decretos Bene?, que yo acojo con gran satisfacción, ponen de manifiesto un notable cambio en la posición de la Comisión. En este contexto, señor Comisario, en muchas iniciativas se han examinado siempre cuestiones bilaterales que no pueden plantearse en el marco de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea. Por ello, acojo con gran satisfacción, y le alabo por ello, que haya desistido de esta posición, manifiestamente insostenible. Es evidente que esto ha ocurrido por efecto del debate público animado por el Sr. Zeman, que se ha atrevido -y esto debe remarcarse una vez más- a aconsejar a los israelíes a tratar a los palestinos como los checos trataron a los húngaros y a los sudetes alemanes después de la última guerra mundial. Estas ideas no deben tener lugar alguno en la Unión Europea. Así pues, acojo con gran satisfacción, señor Verheugen, que haya planteado el debate sobre estos decretos en el contexto del ordenamiento jurídico comunitario, y que haya visto en ellos aspectos de orden político y moral contrarios al ordenamiento jurídico de la UE, así como que los considere derogados, pues en el futuro no surtirán efecto jurídico alguno en el marco de la UE; ahora lo importante es velar, en un espíritu de buena vecindad, por que estos decretos no supongan un obstáculo en el camino hacia la ampliación.
Por ello se suscitan cuestiones que deben aclararse. Si son tan superfluas como dice el Gobierno checo, ¿por qué no se derogan estos decretos de forma inequívoca? Pero si no son tan superfluas y se siguen aplicando en la práctica, como nos consta por muchas vías, ¿cómo pueden ajustarse al ordenamiento jurídico europeo? Y sobre todo, la pregunta básica: ¿cuál es la postura del Gobierno checo no sólo con respecto a los excesos, sino también a la política de expulsión de pueblos enteros, es decir, con algo que desgraciadamente hemos aprendido a llamar limpieza étnica?
En consecuencia, ha de acogerse con una satisfacción sin reservas que la Comisión de Asuntos Exteriores quiera recabar dictámenes sobre la cuestión, pues estas cuestiones no sólo afectan a la esencia de la UE como comunidad jurídica, sino también a fundamentos básicos de la empresa que supone la Unión Europea. Estas cuestiones deben ser aclaradas antes de nada para poder cerrar con éxito la ampliación.
Walter (PSE)
Señor Presidente, señoras y señores, la ampliación de la Unión Europea supone un esfuerzo. Un esfuerzo para 500 millones de personas de este continente. 500 millones de personas de los 15 Estados miembros, pero también de los países que quieren formar parte de ella. No es, señor Verheugen, como usted ha dicho, un esfuerzo que debemos hacer ahora del que ya no podemos salirnos, sino un esfuerzo que queremos hacer porque queremos crear una comunidad solidaria para una futura Europa, en la que las futuras generaciones pueden convivir en paz y bienestar económico sobre unas sólidas bases sociales y en óptimas condiciones ecológicas.
Este esfuerzo debe costarnos algo, no sólo de implicación personal, de implicación de los políticos; no sólo pidiendo el apoyo de la población, sino que también debe reflejarse en cifras de gastos muy concretas para llevar hasta el final el proceso; es decir, que debemos reflexionar -y esto no es sólo una preocupación de los individuos, sino que es un tema de gran importancia- sobre cómo podemos financiar cada uno de los pasos que han de darse. En mi condición de miembro de la Comisión de Presupuestos, sigo muy de cerca este problema.
Ya hemos escuchado que todo ello podremos hacerlo en el marco de las previsiones que se acordaron en Berlín en 1999. Todo lo que ha presentado la Comisión vale, efectivamente, hasta el ejercicio 2006. Pero en todas esta serie de cifras surgen también asuntos que debemos abordar. Uno ya lo ha señalado el Sr. Verheugen. Es inadmisible que los nuevos Estados miembros sean contribuyentes netos desde el principio. No puede exigirse a países a los que se atribuye únicamente el 50% del producto interior bruto de los actuales Estados miembros que inauguren su condición de nuevos miembros como contribuyentes netos, porque la aportación se efectúa de forma inmediata, mientras que el reembolso se produciría con retraso.
En estas previsiones financieras hemos establecido ayudas a la preadhesión, que presuponían que ya en 2002 habría nuevos Estados miembros. Pero no ha habido nuevas adhesiones. A pesar de ello, los 3.000 millones se distribuyen en partes iguales entre todos los ejercicios. Si, efectivamente, en 2004 se adhieren 10 Estados, los 3.000 millones restantes corresponderían a dos países, Bulgaria y Rumanía. Ha de debatirse sobre cómo se quiere realmente llevar a la práctica todo esto.
Por último, debe meditarse también sobre cómo seguirán las cosas después de 2006. No se puede decir simplemente que es suficiente hasta 2006, y que después las cosas seguirán. Usted ha dicho que la relación entre fondos estructurales y política agrícola es 75 : 25. En nuestro actual presupuesto la relación es 45 : 35, y además a favor de la política agrícola. No podemos modificarlo de forma tan exagerada que llegamos a tal proporción en la fecha que ha señalado usted. Es decir, hemos de establecer con toda claridad cuáles serán los siguientes pasos. Haremos un seguimiento de todo ello en el presupuesto de forma constructiva, pero con todo el sentido crítico.
Señor Presidente del Consejo, esta mañana nos ha introducido usted en este tema. Y a usted le hago, con todo el respeto que usted y su cargo merecen, la siguiente petición: en toda su intervención no ha mencionado ni una sola vez al Parlamento como uno de los actores en estas negociaciones de ampliación. Y en materia presupuestaria somos tan legislador como el Consejo. Sería estupendo que nos tuviera debidamente en cuenta en sus actuaciones.
Caveri (ELDR). -
Señor Presidente, se han exigido bastantes cosas a los países candidatos, se les ha exigido que cumplieran con toda una serie de criterios, pero de vez en cuando conviene reflexionar en nuestros deberes, y desearía mencionar tres de ellos.
Ante todo es necesario que la opinión pública entienda lo que está en juego. Creo, desde este punto de vista, que existe una falta de información en nuestros países. En segundo término, es necesario revisar la política de cohesión tomando en consideración los puntos mencionados por la Comisión en el segundo informe. Pero debe existir una prioridad: controlar los costes de la ampliación. Finalmente, es necesario reflexionar en el problema del federalismo y de la democracia en Europa en función de la ampliación. Es cierto que ahora ese es el trabajo diario de la Convención. Pero, sin embargo, persiste el problema central: es necesario más democracia en Europa.

Papayannakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, he escuchado con mucha atención cuanto nos han dicho el Presidente en ejercicio y la Comisión. Dos preguntas, por favor: no acabo de comprender qué es lo que se proponen ustedes hacer con Bulgaria y Rumanía; seguramente dan un paso adelante, pero no he comprendido cómo; y no comprendo en absoluto cuáles son los objetivos a medio y largo plazo que nos marcamos para el resto de los territorios balcánicos; una región en la que hemos abierto con nuestras decisiones un agujero negro en el corazón de Europa.
La segunda pregunta, señor Presidente en ejercicio, es la siguiente: yo soy optimista, y estoy convencido de que muy pronto se firmarán las primeras adhesiones; ¿hemos pensado que los países candidatos, que entonces serán ya países miembros, deberán aprender a trabajar en el seno del Parlamento Europeo, y deberemos acoger, como ya hicimos en el pasado, representantes de sus parlamentos en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo y en Bruselas, hasta que se celebren las elecciones europeas? ¿Hemos pensado en los pertinentes ajustes del presupuesto, y en las medidas de apoyo técnico? Creo que debemos hacerlo, puesto que se trata de un paso imprescindible y de un gesto de gran significación, ya desde ahora, hacia los países candidatos.

Raschhofer (NI)
Señor Presidente, estimados colegas, la Comisión de Asuntos Exteriores ha encargado un dictamen jurídico sobre la cuestión de los Decretos Bene?. lo cual me alegra especialmente. A mi juicio, no sólo constituyen un problema bilateral, pues siguen siendo aplicados por los órganos jurisdiccionales, y por ello se plantea la pregunta de si son compatibles con el artículo 6 del Tratado de Ámsterdam. Desgraciadamente, en los informes de situación no se ha hecho mención alguna a este punto.
El Comisario Verheugen ha afirmado que los Decretos Bene? no suponen solamente un problema de orden jurídico, sino también de índole político-moral. Las limpiezas étnicas y las expulsiones en las recientes guerras en los Balcanes han mostrado una inequívoca dimensión europea. No es otra la esencia de los Decretos Bene?. Ya en 1992, el especialista en Derecho Internacional Felix Ermacora, en un dictamen jurídico sobre los Decretos Bene?, llegó a la conclusión de que son contrarios al Derecho Internacional vigente. Ello apunta a que tampoco son compatibles con el Derecho de la Unión Europea. Espero con gran impaciencia los resultados del dictamen y la subsiguiente reacción de la Comisión y del Consejo.

Garriga Polledo (PPE-DE).
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, un acontecimiento de la relevancia histórica de la ampliación solamente se puede abordar desde un consenso muy amplio. Quiero insistir aquí en que es necesario alcanzar un consenso financiero.
En los últimos años, la Unión Europea ha funcionado a través de un acuerdo plurianual que se concreta en las llamadas perspectivas financieras y que ha permitido conseguir, a través de este consenso, dos cosas fundamentales: la paz interinstitucional -que es muy necesaria para la elaboración de un presupuesto anual- y una programación financiera plurianual, que constituye un instrumento muy útil de la política presupuestaria.
Todos aquí en esta Cámara recordamos las dificultades con las que se consiguieron acordar en Berlín las últimas perspectivas financieras en 1999, que son válidas hasta el año 2006, y todos somos conscientes de las extraordinarias dificultades que va a tener la negociación de unas nuevas perspectivas financieras hasta el año 2013, con unos nuevos actores, en este Parlamento, y con los nuevos Estados miembros ya en el Consejo, dos autoridades presupuestarias que van a tener circunstancias muy nuevas.
Entre otras variables, el nuevo consenso financiero va a tener en cuenta, necesariamente, el impacto de una política agrícola común ya reformada, la convergencia real en las actuales zonas objetivo 1 -que van a estar afectadas por el efecto estadístico- y la capacidad de absorción de los nuevos Estados miembros; incluso va a ser necesaria una nueva decisión de recursos propios y de su techo máximo -fijado ahora en el 1,24 %-, que tendrá que ser ratificada por los Estados miembros.
En definitiva, tal vez, la negociación de unas nuevas perspectivas financieras no debería empezar hasta que no exista la seguridad de obtener un completo consenso entre todas las partes. Si el actual marco financiero pudiera permitir afrontar la ampliación, posiblemente debiéramos prolongar su vida hasta que dispongamos de una evaluación global de la nueva situación financiera.

Kreissl-Dörfler (PSE)
Señor Presidente, estimados colegas, no hay duda alguna de que en el proceso de ampliación la agricultura es uno de los capítulos de más difícil negociación. Por ello, quiero subrayar antes de nada lo siguiente: no puede establecerse ni se establecerá una vinculación, una interdependencia entre la política agrícola común y la adhesión de los países candidatos, aunque algunos así lo desearían. Una y otra deben tratarse por separado, lo cual no significa que no deba cumplirse por ambas partes una gran diversidad de requisitos y normas. Así, en primer lugar, ha de garantizarse la plena transposición del acervo comunitario, en particular por cuanto respecta a los ámbitos veterinario y fitosanitario, las normas de calidad de la seguridad alimentaria y la observancia de la normativa en materia de protección de animales. No se cuestiona que en algunos sectores haya normas transitorias específicas y de vigencia temporal limitada. Además, el programa Sapard, concebido cono una ayuda a la preadhesión, debe aplicarse en su integridad de una vez por todas, pues lo hecho hasta ahora es insatisfactorio. También damos nuestro apoyo a las propuestas de la Comisión, en el sentido de efectuar, en primer lugar, los pagos directos a los nuevos Estados miembros de forma progresiva, y los pagos por superficie, independientes de la producción, tras su adhesión, así como de aumentar notablemente los fondos destinados a los programas de desarrollo rural independientes de la producción, para que, entre otras razones, en estos países (como, por ejemplo, Polonia) no se produzca un rechazo social. La agricultura y el desarrollo del espacio rural son aún una cuestión fundamental en estos países, y lo seguirán siendo por más tiempo. ¡Y, además, no sólo en estos países! Es necesario convertir en toda la UE la agricultura multifuncional en todas sus facetas en el fundamento de la política de fomento y, de este modo, seguir reforzando el segundo pilar, no sólo con vistas a las negociaciones de la OMC.
Quiero aclarar una vez más que la idea de solidaridad que orienta y da razón de ser a nuestra comunidad no puede vaciarse de contenido ni eliminarse. No obstante, esto no significa que la política agrícola común no deba ser reformada, y ello tanto en la Unión Europea como en los países candidatos, con o sin ampliación. Los representantes de los agricultores que piensen que no hay ninguna necesidad de reformar la PAC sólo conseguirán con ello el hundimiento de la agricultura campesina, cuya conservación exigen con tanta fuerza.
Quiero dirigirme ahora la Presidencia del Consejo: quizá algunos vean claro ahora que en 1999, en las negociaciones sobre la Agenda 2000, habría sido conveniente reflexionar con una perspectiva menos nacional y más europea. Porque ya no puede haber ni habrá más cotos privados, ¿verdad, señor Presidente del Consejo? Nosotros como Parlamento queremos la ampliación y, con ella, la reunificación de Europa, y estoy seguro de que no se malogrará por culpa del capítulo de la agricultura; de ello ya se ocuparán los Comisarios Fischler y Günter Verheugen.
Böge (PPE-DE)
Señor Presidente, estimados colegas, quiero comenzar mi intervención recordando que este Parlamento Europeo deberá aprobar no sólo el tratado de ampliación país por país, sino también las correspondientes transferencias de recursos, de conformidad con el artículo 25 del acuerdo interinstitucional, por una mayoría absoluta de diputados y las tres cuartas partes de los votos emitidos, y por ello es bueno que la Comisión y el Consejo incluyan al Parlamento en las negociaciones desde el principio.
¿Qué hay que hacer ahora? En primer lugar hay que acabar de elaborar el balance intermedio, tal como se acordó en Berlín bajo la Presidencia alemana del Consejo. En segundo lugar, hay que impulsar el ulterior desarrollo de las políticas comunitarias para el período posterior a 2006, teniendo en cuenta siempre la simultaneidad de la ampliación hacia el Este y la ronda de negociaciones de la OMC. A este respecto, quiero subrayar que una ambición excesiva pone en peligro el calendario de la ampliación. También quiero dejar claro que, a mi juicio, las actuales propuestas de la Comisión, por ejemplo en materia de política agrícola, son responsables desde un punto de vista presupuestario.
Sin duda alguna, hay que hablar también, en el ámbito de la política de estructuras, de cómo podemos desarrollar escenarios de adaptación en los fondos estructurales. Coincido plenamente con el colega Walter. Asimismo, tendremos que hablar de la posibilidad de dictar normativas particulares sobre el fondo de cohesión. ¿Estas normas están en vigor hasta 2006 o se han dictado también para un período posterior a 2006? Aquí hay bastantes detalles que pulir. No nos engañemos, también tendremos que preguntar si la defectuosa ejecución hasta ahora de las ayudas a la preadhesión es la piedra de toque de la capacidad de ejecución y de la capacidad de adhesión de los candidatos, o bien es que nosotros mismos hemos complicado tanto las cosas que nadie es capaz de hacerlo.
Por ello, espero que la Convención llegue a resultados concluyentes sobre la capacidad de actuación de las Instituciones, la concentración de competencias que se hará necesaria, y quiero añadir que yo, personalmente, tengo dudas de que lo que actualmente estamos debatiendo con respecto a la capacidad de actuación y al régimen lingüístico sea realmente la solución definitiva. Tengamos presente sobre todo una cosa: necesitamos soluciones que puedan recibir un apoyo mayoritario, que gocen de la aprobación del Parlamento y de la población, tanto de los nuevos como de los antiguos Estados miembros de la UE. ¡Con este fin debemos ponernos a trabajar juntos!
Podestà (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, se ha dicho que éste es un proceso inevitable, imparable; sin embargo, se trata de un proceso que debe ser gobernado. Hemos de reconocer los esfuerzos de estos países, pero, al mismo tiempo, debemos plantearnos algunas preguntas sobre los puntos más delicados de este proceso. Tal como se ha comentado, Bulgaria y Rumanía son países que se han quedado rezagados y que forman parte de una región - la de los Balcanes - que, como recordamos, es de por sí una región históricamente crítica, una región que ha provocado desastres en el siglo pasado. Señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, ¿qué se pretende hacer para acelerar el proceso de integración y de acercamiento de la región balcánica a la Unión?
El segundo punto que quisiera plantear se refiere a las relaciones con los países del Mediterráneo. En este Pleno hay una especie de estrabismo: por un lado, hace dos horas todos hemos aplaudido la iniciativa que nos ha propuesto nuestro Presidente dirigida a dedicar una atención diferente, más participada, al proceso de paz en Palestina, y por otro, después de Barcelona, las políticas del Mediterráneo, prácticamente, han muerto. ¿Cómo se puede pensar en entablar un diálogo eficaz si después no somos capaces de comprender que incluso con ayudas concretas podemos conseguir que avance el proceso de paz?
Por último, un hecho que afecta a la opinión pública. He escuchado con satisfacción que habrá un paquete coherente en lo que respecta a las políticas agrícolas y a las políticas en materia de Fondos estructurales. La opinión pública desconfía del proceso de ampliación, sobre todo, dentro de los Estados de la Unión, Ciertamente hay quien es más sensible y quien los es menos, pero, a fin de cuentas, hay desconfianza en todos los Estados miembros. Desde este punto de vista, creo que se han de dar respuestas.
Último punto: las lenguas. Al respecto, retomo lo que acaba de decir el Sr. Böge. Creo que hay que mantener el principio de plurilingüismo. Con la continua ampliación, de un lado, asumimos un reto histórico que ciertamente no queremos desaprovechar, pero del otro, debemos procurar que no se pierda la identidad de nuestras culturas y de nuestros pueblos.

Stenzel (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, para dar comienzo a esta declaración preparada quiero agradecer al Sr. Comisario Verheugen que haya abordado el asunto de los Decretos Bene? y de este modo haya hecho algo que el Parlamento Europeo ha señalado en varias decisiones: poner de relieve que esta cuestión tiene, indudablemente, una dimensión europea. Ha puesto acertadamente de manifiesto, señor Comisario, que se suscitan problemas de orden jurídico, pero también de índole política y moral, que tienen una evidente relevancia en el proceso de integración. Acojo con gran satisfacción que haya animado al Gobierno checo y a la opinión pública checa -lo que yo también apoyo- a hacer todo lo posible para -en la medida que algunos de estos Decretos Bene? producen efectos jurídicos discriminatorios- eliminar tales efectos y remover los obstáculos que pudieran levantarse en el camino hacia la ampliación. Lamento profundamente que algunos diputados hayan observado que la ampliación es ineludible. ¡Como si tuviéramos que hacer todo lo posible para seguir impulsando este proceso porque de todas maneras es un proceso imparable! No es que este proceso sea imparable, ¡es que es también deseable, y ha de ser el deseo más íntimo!
La ampliación con los países de Europa Central y del Este y con los del Norte supera con mucho el lastre histórico que nos deparó Yalta; supera, al fin y al cabo, la división de Europa. ¡Y nos conviene a todos, en particular a países como Austria y Alemania, que se beneficiarán directamente de estos mercados de crecimiento que se abren ante su puerta!
Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, los 45 años de existencia de la Unión Europea confirman el juicio del Partido Comunista de Grecia de que fue creada para servir a los intereses del gran capital, y no, como algunos pretenden, a los intereses de los pueblos. Los trabajadores de la Unión Europea asisten, especialmente durante los últimos diez años, a la implacable constricción, o desaparición, de sus derechos.
Es lo que ocurre con las relaciones laborales, con los seguros, con las libertades democráticas, con los salarios. El paro, la pobreza y la represión no dejan de extenderse. El declive de las pequeñas y medianas empresas es imparable, tanto en el campo como en la ciudad. Se adoptan continuamente medidas que refuerzan el poder, cada vez más autoritario, de los grandes intereses económicos. Se construye una Unión que no se opone a la barbarie de los Estados Unidos, sino que camina a su lado, ? cuando no les hace la competencia? por peligrosa senda por ellos trazada, por la delirante senda que puede conducir a la destrucción del planeta Tierra.
Así pues, los pueblos de los países candidatos no tienen nada positivo que esperar en lo que respecta a sus intereses vitales. Ya desde su relación previa a la adhesión saborean los catastróficos frutos de las reestructuraciones, del saqueo de la propiedad pública por el capital extranjero, de la derogación de sus grandes conquistas sociales, del apoyo a sus explotadores locales, frecuentemente mafiosos, que se revelan como interlocutores privilegiados de la Unión Europea.
He aquí las razones por las que el Partido Comunista de Grecia, a partir de sentimientos de solidaridad hacia los pueblos de los países candidatos, les propone a éstos que se opongan al proceso de adhesión. Por lo que respecta a Palestina, quisiera llamar también hoy a la Unión Europea a interrumpir todo flujo financiero hacia el criminal régimen de Israel, así como toda relación armamentística con ese régimen, al objeto de poner fin al crimen que se perpetra contra el pueblo palestino.

Piqué
. Señor Presidente, muchas gracias a todos los miembros de este Parlamento que han intervenido. Les he escuchado con muchísima atención. Lamentablemente, no dispongo de tiempo para -como sería mi deseo- contestarles individualmente. Creo que ha sido un intercambio de ideas y de impresiones extremadamente útil para todos y que confirma la plena cooperación entre las diferentes instituciones de la Unión Europea y, en particular, entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Pero sí quisiera hacer algunos comentarios de carácter general, que pueden ser relevantes.
Yo creo que hay un apoyo absolutamente mayoritario, claro, prácticamente sin fisuras, a ese gran proyecto histórico que supone la ampliación. Y, además, la clara conciencia de que debemos cumplir con los calendarios que nos hemos marcado para que, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004, puedan incorporarse y participar muchos de los países que hoy son candidatos.
Se ha hecho una referencia al componente histórico de la ampliación y es absolutamente cierto. Es un proyecto político, pero, además, es un proyecto histórico, orientado hacia la definitiva reunificación de Europa después de la división marcada por la guerra fría y el equilibrio del terror, después de la división de Europa en bloques. Pero, es verdad que, con esta ampliación, probablemente no estemos en condiciones de decir que estamos culminando la construcción europea desde el punto de vista geográfico.
Todos estamos hablando de hasta un máximo de 10 países -y ahora me referiré a eso- para terminar las negociaciones al final del 2002. Estamos trabajando en ello; hay todavía muchas dificultades y muchos obstáculos; algunos miembros del Parlamento se han referido a la situación de Bulgaria, Rumania, Turquía, los Balcanes y de Ucrania.
Quiero decir que muchas veces, cuando exacerbamos las críticas respecto al actual proceso de construcción europea, olvidamos que la construcción europea y el propio proyecto político de la Unión son la historia clarísima de un éxito que empezó con seis y que hoy está en 15; dentro de muy poco podemos ser 25, después 27, 28, quién sabe si en el futuro muchísimos más.
Nadie quiere sumarse a un fracaso, a un club que no funciona bien, lo habitual es que todo el mundo se quiera sumar, como en este caso, a lo que funciona bien y que tiene un resultado exitoso.
Voy a poner el ejemplo de los Balcanes, tanto orientales como occidentales. Por lo tanto, también puedo hablar de Bulgaria y Rumania. He dicho en mi intervención -lo ha confirmado el Comisario Verheugen- que necesitamos mandar mensajes muy sólidos, muy serios y muy positivos hacia Bulgaria y Rumania, a fin de abrir todos los capítulos a lo largo de todos estos próximos meses con ellos y acelerar al máximo las negociaciones para su futura adhesión. Para esos países, la perspectiva europea es particularmente importante, como lo fue para mi país en su momento.
Para España, Europa siempre fue un referente de libertad, de consolidación democrática, de justicia social, de modernización y de progreso económico. Y para esos países es lo mismo y tienen exactamente el mismo derecho que tuvimos nosotros en su momento de poder integrarnos a la Unión Europea. Y esa reflexión, sólo que con más tiempo por delante, la podemos hacer respecto a los Balcanes occidentales.
¿Qué es lo que les estamos ofreciendo a esos países? Una perspectiva, un horizonte de integración. Les estamos ofreciendo la posibilidad de que prosigan en su consolidación democrática y en sus reformas internas, porque no hay alternativa a la perspectiva y al horizonte de la integración europea.
Ése será el mejor antídoto para evitar que vuelvan a producirse las confrontaciones y que vuelva a producirse la situación de guerra que han vivido estos países hace relativamente poco. Por eso, la Unión Europea está poniendo en marcha, dentro del marco del Pacto de Estabilidad, los acuerdos de asociación y estabilidad con varios de esos países. Tienen diferentes ritmos, pero nuestro claro objetivo es que todos ellos, en algún momento, puedan aspirar a convertirse en candidatos a la adhesión a la Unión Europea.
Ése es el proyecto en el que estamos y por eso es tan importante que ahora hagamos las cosas bien. Debemos ser serios, rigurosos, disciplinados y realistas. He oído con mucha atención cómo algunos miembros de este Parlamento hablaban de replantearse las perspectivas financieras y decían que la ampliación no puede salir gratis. En efecto, no saldrá gratis, sino que -cosa muy distinta- se incluirá en el marco de las perspectivas financieras que hemos acordado.
También he oído algunas intervenciones que decían que hay que ir pensando en las reformas de las políticas comunes. Claro que sí, pero quien diga hoy -y quiero ser claro y rotundo- que esos debates, tanto el de las perspectivas financieras como el de las reformas de las políticas comunes, tienen que mezclarse con las negociaciones de adhesión, debe saber que con ello se impediría el cumplimiento de los calendarios de la ampliación. Quien quiera la ampliación y que cumplamos con los calendarios que hemos previsto debe saber que, o actuamos de esta forma, o no lo vamos a conseguir. Creo que hay una coincidencia plena entre Consejo y Comisión y, desde luego, espero que también con el Parlamento. Sólo a partir de estos grandes consensos podremos hacer lo que todos los ciudadanos nos demandan.
Quiero terminar con un último comentario que también me parece relevante. La Unión Europea tiene una clara voluntad política de cara a la ampliación. Pero, esa voluntad política no implica que se haya tomado ya la decisión política de cerrar necesariamente las negociaciones con 10 candidatos antes de final de año.
La voluntad política es imprescindible, pero no es suficiente, porque hace falta que sigamos con los ritmos de negociación y que los países candidatos demuestren su capacidad administrativa, judicial y, en definitiva, su capacidad política, no sólo para trasponer a sus legislaciones el acervo comunitario, sino para que todos estemos convencidos de que son capaces de cumplirlo, porque, de lo contrario, nos irá mal, tanto a los actuales miembros como a ellos. Y estamos todos comprometidos en que esto salga bien.
Yo espero que la clara voluntad política de la Unión Europea coincida con la clara voluntad política de los países candidatos de hacer lo que deben, para que, efectivamente, en su momento podamos tomar la decisión política de cerrar las negociaciones, con 10 países en un principio, y en el futuro con más.

Verheugen
Señor Presidente, señoras y señores, quiero dar las gracias a este Parlamento por el amplio apoyo que han prestado a la Presidencia del Consejo y a la Comisión en el proceso de ampliación, y creo que es muy importante que se mantenga esta comunidad y esta cooperación.
Quiero formular unas breves observaciones: en primer lugar, me parece necesario subrayar una vez más que no podemos establecer nuevas condiciones de adhesión, por muy deseable que sea impulsar determinadas reformas en el marco de las políticas y de la construcción de la Unión Europea. Del mismo modo que entiendo que se emplee la ampliación como argumento para impulsar tales reformas, prevengo de cualquier interrelación de este tipo, porque en los países candidatos ello sólo puede entenderse como un nuevo obstáculo y como una confirmación de la sospecha -en cualquier caso, fundada- de que a medida que los candidatos se acercan al objetivo, lo movemos y llevamos cada vez más lejos. ¡Esto es inaceptable!
Tampoco entiendo, por ejemplo, dónde está el problema con la Convención. ¿Por qué los actuales países candidatos no pueden participar ya plenamente como nuevos miembros y en pie de igualdad en la adopción de decisiones sobre los resultados de la Convención? Si alguien cree que no pueden, se está engañando.
Permítanme advertirles enérgicamente contra la idea de que debemos poner rápidamente a buen recaudo nuestra vajilla de plata y nuestra valiosa porcelana antes de que lleguen los desarrapados del Este. ¡Quién se plantee la ampliación en esos términos, no comprende en absoluto toda la dimensión histórica de este problema!
La segunda observación hace referencia a la financiación. Agradezco que los representantes de la autoridad presupuestaria me adviertan que la Comisión debe ajustarse a las instrucciones de la autoridad presupuestaria. Así pues, si quieren que gastemos más dinero, estupendo, póngase de acuerdo con el Consejo para poner más dinero a disposición. Mientras no sea así, la Comisión se atendrá estrictamente a las instrucciones que haya recibido del Consejo y del Parlamento. Y quiero decirles que eso basta. Sería absurdo poner a disposición mucho más dinero, porque ya nos hemos acercado al límite de lo que, a la vista de la capacidad de absorción de los países candidatos, podemos permitir. Es totalmente falso que vayan a recibir un peor trato que los actuales miembros. En proporción a su producto interior bruto, los futuros nuevos miembros percibirán en concepto de ayudas con cargo al presupuesto comunitario bastante más que los actuales países de la cohesión.
Por tanto, la idea de que aquí empleamos dos varas de medir sólo es correcta en la medida en que los países candidatos disfrutan de un cierto trato de favor. En ningún caso se verán perjudicados.
La última observación va dirigida al Sr. Oostlander. Hay docenas de estudios, como los realizados en los Países Bajos, que afirman que el coste de la ampliación es realmente mucho más elevado que el calculado inicialmente por nosotros. Todos estos estudios, también los de los Países Bajos, tienen un punto en común: parten de presupuestos políticos que no se han producido. Parten, por ejemplo, de unos resultados de las negociaciones que no se han dado ni se darán en el futuro. Evidentemente, si queremos imponer en las negociaciones que la totalidad del acervo comunitario en materia medioambiental haya sido traspuesto en su integridad hasta el año 2005, ello costará 130 millones de euros, 130 millones de euros que habrá que aportar. Pero no estamos negociando así. Estamos negociando de forma tal que permanecemos dentro del marco de las posibilidades financieras y no asumimos obligación financiera alguna para el período posterior a 2006. No creo tener que explicar a este Parlamento que no es posible llevar las negociaciones a un punto tal que el Parlamento y la autoridad presupuestaria establezcan obligaciones financieras sin cobertura. Nunca aprobarían un tratado de ampliación así, porque entrañaría riesgos financieros. La ampliación no supone ningún riesgo financiero. Intuyo las razones por las que en determinados Estados miembros se han abierto determinados debates a partir de determinados documentos. Pero, por desgracia, mi condición de miembro de la Comisión no me permite expresar los que pienso al respecto.
La observación de que el presupuesto de la Unión Europea no permite ni subidas de los impuestos ni endeudamiento alguno, es decir, que en nuestros planes no podemos ir más allá de lo que los Estados ponen a disposición en concepto de aportación; esta observación, digo, es quizá acertada, y quizá todos los Ministros de Finanzas de la Unión Europea deban saber que eso es así.
El debate sobre los Decretos Bene? me ha animado a persistir en la cautela con que la Comisión ha tratado el tema. Pido a todos los que quieran participar en este debate la mayor sensibilidad y prudencia. No todas las declaraciones escuchadas últimamente nos han ayudado a acercarnos al objetivo. Coincido con todos los que dicen que, más allá de los estrictos temas de la negociación, hay cuestiones y problemas que deben resolverse antes de que adoptemos decisiones, justamente porque no queremos arrastrar hipotecas del pasado hacia nuestro futuro común europeo.
El Presidente. -
El debate queda cerrado.

El Presidente. -
El orden del día prevé el debate sobre las declaraciones del Consejo y la Comisión a propósito del estado y perspectivas de las relaciones transatlánticas, incluida la tasa de importación sobre el acero.

Piqué
. Señor Presidente, Señorías, quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento por la posibilidad que me ofrece esta Cámara de presentar esta intervención institucional sobre la actual situación de las relaciones transatlánticas. Creo que eso revela la sensibilidad del Parlamento por la acción exterior de la Unión Europea y es, además, una iniciativa oportuna a la luz de los acontecimientos en los últimos meses y ante la próxima celebración de la primera cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, tras el 11 de septiembre.
La Unión Europea y los Estados Unidos mantienen una asociación que tiene, sin ninguna duda, una dimensión histórica. No solamente utilizo este término para explicar la longevidad de esa relación, sino para ilustrar de manera gráfica su importancia y singularidad. La relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos está basada en lazos, tan fuertes como duraderos, entre los respectivos pueblos y sus gobernantes, y descansa en valores fundamentales como el respeto de los derechos humanos, de la libertad individual, del Estado de derecho, la forma democrática de gobierno y el sistema de libre mercado. La experiencia ha demostrado sobradamente que, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos obran en sintonía, podemos contribuir decisivamente a generar una dinámica positiva de cambios en el mundo fomentando la implantación de regímenes democráticos, procurando mayores posibilidades para el comercio y la inversión, reduciendo la pobreza en sociedades menos afortunadas o velando por la protección medioambiental a escala mundial.
Más allá de nuestros vínculos políticos y económicos, los acontecimientos del 11 de septiembre nos recuerdan cada día el valor que tanto los europeos como los norteamericanos concedemos a aquellos principios de libertad, democracia y respeto de los derechos de las personas que conforman nuestras relaciones.
A modo de introducción, quisiera recordarles los términos en los que la Presidencia española expresaba sus prioridades para el semestre en curso acerca de las relaciones transatlánticas -y cito textualmente-: 'El 11 de septiembre ha reforzado más, si cabe, la indisolubilidad del proyecto de integración europeo con la relación transatlántica. Es ahora el momento de recordar a las jóvenes generaciones de europeos que esta Europa próspera y en paz que conocemos, existe, entre otras razones, por la visión generosa y solidaria que muchos norteamericanos tuvieron cuando, no hace tanto, Europa no existía más que como campo de batalla y, luego, como un continente arruinado. Ahora nos corresponde a nosotros demostrar esa solidaridad. En su Presidencia de la Unión, España impulsará decididamente la misma? -y acabo la cita-.
Menos de veinticuatro horas después de los odiosos ataques en Nueva York y Washington, el 11 de septiembre, la Unión Europea expresó su completa solidaridad con el Gobiernos de los Estados Unidos y con el pueblo americano. El 20 de ese mes, la Unión Europea y los Estados Unidos se comprometieron a trabajar en común en el marco de una amplia coalición para combatir la lacra terrorista. Se refrenda así el compromiso conjunto de liderar un, hasta entonces, inédito ejercicio de cooperación a escala global, destinado a la eliminación del fenómeno terrorista, de sus líderes, de sus redes y de sus organizaciones.
Esta determinación refleja la fortaleza de la relación transatlántica, de los valores compartidos y de la determinación de hacer frente juntos a los retos creados por el fanatismo y la intolerancia. Junto con los Estados Unidos, estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos y no escatimaremos esfuerzos para preservar a nuestras sociedades de la amenaza terrorista. Vamos a velar especialmente para que la libertad individual y el imperio de la ley sean, siempre, escrupulosamente respetados.
La Presidencia otorga la máxima prioridad a avanzar en la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos en este terreno de la lucha contra el terrorismo y, muy especialmente, ante la reunión ministerial Unión Europea-Estados Unidos, que va a tener lugar en Madrid el próximo día 10 de abril, y la cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos que se celebrará en Washington el próximo día 2 de mayo. Podemos congratularnos de los esfuerzos realizados en esta materia durante los últimos meses, junto a nuestros socios estadounidenses, pero la satisfacción por lo conseguido no nos debe ocultar el mucho camino que queda por recorrer.
Tras el Consejo de Ministros JAI, el 14 de febrero en Santiago de Compostela, existe consenso para que la Presidencia solicite al Consejo un mandato de negociación para la conclusión de un convenio de extradición y de un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal, basado en los artículos 24 y 38 del Tratado de la Unión Europea.
La Presidencia quiere presentar un proyecto de mandato al Consejo para que éste se pronuncie el próximo 25 de abril. Somos conscientes de que ese mandato debe ser claro y flexible, y representar un valor añadido con respecto a la situación actual, y debe, por supuesto, respetar los límites establecidos por las Constituciones de los Estados miembros y las garantías procesales inherentes a los valores europeos.
Los asuntos internacionales constituyen, por otro lado, otra parte fundamental del intercambio de información y puntos de vista que forma parte del diálogo transatlántico. Este diálogo, en temas PESC, busca una mayor coordinación de posiciones en ese tipo de asuntos -incluida la política de seguridad y de defensa- más relevantes y soluciones viables a los conflictos internacionales. Por ejemplo, hemos estado analizando y analizamos todos los días, entre otras cuestiones y a distintos niveles, los conflictos de Afganistán y Oriente Medio.
Durante los últimos cincuenta años la Unión Europea y los Estados Unidos han contribuido a crear y desarrollar las normas y las instituciones responsables de la promoción de la paz y la prosperidad en el marco de distintos foros internacionales, ya sean las Naciones Unidas, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio; desde hace dos generaciones, el vínculo euro-norteamericano garantiza la paz en nuestro continente; y, en la hora actual, cuando Europa se halla más cerca que nunca de lograr su anhelo de reunificación, nos incumbe la responsabilidad de mantener y ampliar el entendimiento con los Estados Unidos, renovando el compromiso de hacer frente en común a las exigencias y a los retos del presente.
Señor Presidente, por otra parte, la Unión Europea y los Estados Unidos compartimos una de las más complejas, ricas y variadas relaciones económico-comerciales en el mundo. El intercambio comercial entre ambos asciende a casi 1 200 millones de euros cada día, que representan aproximadamente un 37 % del comercio mundial de bienes y 45 % del comercio de servicios. La inversión directa de la Unión Europea en los Estados Unidos asciende en la actualidad a 675 000 millones de euros, aproximadamente. Tres millones de puestos de trabajo en ese país dependen directamente de esa inversión, y uno de cada doce empleados estadounidenses recibe su salario de una compañía europea. Es necesario subrayar, enfáticamente, que la inmensa mayoría de los intercambios de comercio e inversión fluyen de manera abierta y sin impedimentos, y que cuando no ocurre así preferimos la consulta y el diálogo como medio idóneos para resolver nuestras diferencias, en un constante -y en ocasiones nada sencillo- esfuerzo por hallar soluciones prácticas, rápidas y equilibradas.
La decisión adoptada en la reunión ministerial de la OMC, celebrada en Doha, en noviembre pasado, para comenzar las negociaciones para una nueva ronda multilateral del comercio, es un claro ejemplo de los beneficiosos efectos de la coordinación euro-norteamericana capaz de superar la diferente percepción de objetivos e intereses en aras de un interés superior común. Pero, al mismo tiempo, no debe extrañarnos que la complejidad de las relaciones económicas y comerciales provoque divergencias y contenciosos a los que, pese a su impacto relativo en comparación con el volumen total de intercambios, se concede, a veces, una considerable importancia. Esos contenciosos juegan, en ciertos momentos un papel de protagonista e impregnan fuertemente los debates de los responsables políticos y, también, de los medios de comunicación. Por el contrario, son pocos los que recuerdan nuestra capacidad de compromiso y solución de controversias pasadas. Permítanme mencionar el conflicto del plátano, como ejemplo, que nos ha acompañado durante mucho tiempo, hasta su definitiva resolución en fechas recientes.
Por esta razón, uno de nuestros objetivos es proporcionar un nuevo enfoque positivo, capaz de potenciar y desarrollar el comercio bilateral. Tal dimensión positiva queda, con excesiva frecuencia, oscurecida por el protagonismo otorgado a las disputas.
La Presidencia apunta a la necesidad de aprovechar el potencial, aún sin utilizar, de las relaciones comerciales para trascender cualquier dinámica de crisis y de confrontación y convertirla en una dinámica de cooperación. Estoy convencido de que así seremos capaces de hacer frente a otros contenciosos abiertos, como los de las Foreign Sales Corporations o los organismos genéticamente modificados o el más reciente de los intercambios siderúrgicos.
En este punto, debo hacer una mención específica a la aparición de esta nueva discrepancia con los Estados Unidos, como consecuencia de la decisión anunciada, el pasado día 5, de imponer medidas de salvaguardia contra las importaciones de determinados productos siderúrgicos. La imposición de aranceles de hasta el 30%, según los casos, refleja una preocupante tendencia estadounidense a favor de opciones proteccionistas de carácter unilateral que malogran los esfuerzos que la Unión Europea y otros países productores realizamos en París, bajo los auspicios de la OCDE. Constituye un precedente muy desafortunado en los momentos actuales, tan importantes para la suerte de la nueva ronda multilateral de comercio. Todos los Estados miembros y el Consejo apoyan las medidas adoptadas por la Comisión y, en particular, la política que está llevando a cabo el Comisario Lamy.
Permítanme asegurarles la importancia que la Presidencia concede a este asunto, cuya evolución futura seguirá en estrecho contacto con la Comisión y con los Estados miembros, con la determinación de adoptar las medidas oportunas en todas las instancias necesarias para salvaguardar los intereses de la Unión.
Señor Presidente, es comprensible que europeos y norteamericanos manifestemos a veces sensibilidades distintas en grandes asuntos internacionales, pero ello no debe refrenar nuestro empeño de intentar actuar conjuntamente, y voy a poner un ejemplo que me parece claro: la Conferencia de Monterrey. Hemos sido capaces de lograr un consenso entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y a él se han sumado también todos los países del mundo. Creo que es un buen precedente y un aliciente de cara a Johanesburgo. No es éste, en cambio, el caso en el campo medioambiental, en el que la Unión Europea acaba de dar un paso importante en la ratificación del Protocolo de Kioto en el último Consejo de Ministros de Medio Ambiente, hace apenas unos días, mientras que los Estados Unidos, con la adopción del reciente programa anunciado por el Presidente Bush, parece alejarse más de ese objetivo. Pero también en este caso, en el que parecen las posiciones tan alejadas, la Presidencia considera conveniente tender puentes y, en las próximas semanas, mantendremos una reunión de alto nivel en el seno del grupo de trabajo constituido en la Cumbre transatlántica de Gotemburgo.
Señor Presidente, termino. Las posibilidades que tenemos cada parte de influir positiva y beneficiosamente en la acción de la otra no son en absoluto desdeñables y la Unión Europea, cada vez más unión y cada vez más europea, debe asumir plenamente su responsabilidad como amiga y como aliada de los Estados Unidos. Por ello, la Presidencia pondrá todo su empeño en la consecución de un pleno desarrollo de las relaciones con los Estados Unidos y no ahorrará esfuerzos, junto con los Estados miembros y la Comisión, para conseguir que la cumbre prevista para el 2 de mayo en Washington satisfaga las expectativas que ambas partes hemos depositado en ella. En este contexto, las aportaciones que se hagan hoy en esta sesión del Parlamento Europeo van a ser extraordinariamente importantes y se las agradezco de antemano.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, la Presidencia del Consejo acaba de hacer consideraciones de orden general sobre el estado de las relaciones transatlánticas, refiriéndose a nuestras relaciones comerciales, para abordar, finalmente, el problema del acero. Yo seguiría el orden inverso no por espíritu de contradicción - por el contrario, creo que trabajamos muy bien con la Presidencia -, sino porque, naturalmente, la Comisión se encuentra más al arbitrio de la actualidad.
Empecemos, pues, por el acero. Como todos saben, la semana pasada asistimos de nuevo a los rebrotes de proteccionismo en el sector del acero, que es una enfermedad crónica de la política comercial estadounidense y que está en total contradicción con la retórica de la Administración Bush, en favor del librecambio. Los Estados Unidos han inventado, en esta ocasión, lo que se podría denominar el librecambio intermitente: un día funciona y otro no, y el 6 de marzo no funcionaba.
Las medidas anunciadas por el Presidente Bush sobre el acero son claramente de naturaleza política, no tienen ni fundamento jurídico ni económico, y nosotros, europeos, que en la década de 1980 y de 1990 pagamos el precio de una reestructuración social y financieramente costosa, sabemos que es necesario proceder de ese modo para adaptarse y ser competitivos. Los Estados Unidos han elegido un razonamiento inverso: más que tratar los problemas de fondo de su industria siderúrgica - y éstos son considerables -, hacen incidir el peso evidente de dichos problemas en el exterior.
Sabemos perfectamente que no es aceptable acusar a las importaciones de todas las dificultades que atraviesan las empresas siderúrgicas estadounidenses, aun cuando existan excedentes de capacidad en el plano mundial.
En realidad, estas decisiones están destinadas a hacer incidir el coste del ajuste del sector siderúrgico estadounidense en el resto del mundo, y sobre todo en nosotros. Nosotros somos probablemente la principal víctima de estas medidas, habida cuenta de nuestros flujos de exportación y de la calidad de nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos. Se trata de un primer efecto directo. Además, nos amenaza un segundo efecto, indirecto y probablemente mucho más amplio, puesto que dichas medidas pueden desviar hacia el mercado europeo una buena parte de los productos siderúrgicos que ya no tendrán acceso al mercado estadounidense.
La Unión adoptará en este ámbito todas las medidas de que dispone para proteger a la vez sus industrias y sus empleos. A diferencia de los Estados Unidos, vamos a quedarnos simplemente en el marco estricto de los compromisos internacionales suscritos.
Naturalmente, plantearemos la cuestión ante la OMC para obtener una condena de las medidas estadounidenses. No lo haremos solos: no se trata de un conflicto entre la Unión Europea y los Estados Unidos; se trata de un conflicto mucho más amplio, ya que dichas medidas desajustarán el mercado mundial del acero.
Esta decisión es una infracción flagrante de los acuerdos de salvaguarda de la OMC, que establecen que este tipo de medidas sólo puede aplicarse si se verifica un crecimiento importante y brusco de las importaciones, lo que no es el caso.
Pediremos asimismo a los estadounidenses medidas compensatorias con arreglo al nivel de las exportaciones europeas afectadas por dichas medidas y, en función de su reacción, examinaremos la posibilidad de una suspensión de nuestras concesiones arancelarias en favor de los Estados Unidos.
Debemos, finalmente - y esto es lo más importante -, proteger nuestro propio mercado contra el peligro de desviación de los flujos de productos siderúrgicos que - como lo he dicho antes - ya no podrán entrar en los Estados Unidos. Hemos iniciado todos los procedimientos al respecto y adoptaremos las medidas equivalentes a los riesgos que este flujo de importaciones implica. Desde hace ya varias semanas hemos aplicado un sistema de control previo de las importaciones. Estamos, pues, preparados. Hemos tomado las precauciones necesarias. Adoptaremos dichas medidas de acuerdo con las normas de la OMC. No vamos a cerrar nuestro mercado a las importaciones de acero, pero vamos a asegurarnos que Europa no sea el vertedero de los productos que estaban destinados a los Estados Unidos y procuraremos que nuestras propias medidas entren en vigor en el momento preciso en que las medidas estadounidenses de cierre surtan efecto.
¿Por qué vamos a quedarnos en el marco de las normas cuando los estadounidenses han decidido, en este caso, no respetarlas? Porque consideramos que el mercado mundial no es un far west donde cada uno puede actuar como mejor le parezca. Existen normas, disciplinas, que tanto en estos casos como en otros garantizan el funcionamiento del sistema multilateral, y consideramos, al igual que el Consejo y esta Cámara, que el interés a medio y largo plazo de la Unión consiste en garantizar el funcionamiento de un sistema multilateral disciplinado. Disponemos de una industria siderúrgica europea reestructurada, productiva, fuerte, competitiva. Nos interesa, pues, que se apliquen reglas del juego claras.
En resumen, la Unión se ve afectada por medidas injustas y no fundamentadas. La Comisión, en estrecha colaboración con todas las partes interesadas - Consejo, Parlamento, industria y sindicatos metalúrgicos -, ha decidido reaccionar enérgicamente utilizando todos los medios que tiene a su disposición. Vamos a proteger nuestras empresas y nuestros empleos contra efectos indirectos potencialmente devastadores y seguiremos haciendo hincapié en nuestro argumento según el cual la decisión estadounidense es negativa para la economía estadounidense, negativa para nuestra industria siderúrgica y negativa para los intercambios internacionales.
Los últimos acontecimientos no deben hacer perder de vista el contexto más general de nuestras relaciones comerciales. Como Presidente del Consejo, considero que éstas son buenas, en conjunto, y que representan el mayor volumen de intercambios comerciales y de inversiones bilaterales del comercio mundial. No olvidemos que estos conflictos comerciales que a veces aparecen en los titulares de la prensa sólo afectan a una parte limitada de nuestros intercambios comerciales. Asimismo, tenemos con los Estados Unidos un temario más positivo para gestionar tanto en el plano multilateral como bilateral.
Paso rápidamente a referirme al plano multilateral. Creo que en Doha se demostró claramente - como el Sr. Piqué acaba de indicarlo - que cuando los Estados Unidos y Europa trabajan juntos sobre algunas cuestiones, o sobre todas, adoptan decisiones multilaterales prometedoras, como el inicio del ciclo decidido en Doha.
Analicemos un poco más el aspecto bilateral. En efecto, siempre tenemos prioridades bilaterales en materia de asociación económica transatlántica y seguimos sosteniendo la idea de que debemos trabajar juntos sobre medidas positivas en materia de comercio bilateral. Esto no siempre es sencillo. Es necesario demostrar tenacidad, pensar a medio y largo plazo en materia de reconocimiento mutuo, de cooperación reglamentaria, de seguridad alimentaria o de protección de datos. En muchos casos hemos obtenido resultados a pesar de que todas estas cuestiones no despierten siempre el entusiasmo de la prensa diaria. Debemos reflexionar en otras iniciativas que tengan quizá mayor repercusión o visibilidad política, a fin de renovar un temario transatlántico que muchos de ustedes consideran ahora demasiado ritual o incluso a menudo claramente agotado. Estamos abiertos a la reflexión. Tenemos nuestras propias ideas. Estamos trabajando, por ejemplo, en la negociación de un posible acuerdo trasatlántico en el ámbito del transporte aéreo - esperamos con impaciencia la decisión del Tribunal -, en una cooperación en el ámbito de la propiedad intelectual y en armonizaciones reglamentarias más profundas en materia de contabilidad, en materia financiera y de seguros. Por otro lado, con miras a la próxima Cumbre transatlántica, hemos iniciado la reflexión sobre la oportunidad de presentar iniciativas en este ámbito. Estoy personalmente a favor de dichas iniciativas.
Dicho esto, tendremos que gestionar los conflictos diferentes - y existen varios - de aquellos que nos enfrentan a propósito del acero. La cuestión del buey alimentado con hormonas no está totalmente solucionado, aun cuando se hayan iniciado negociaciones prometedoras. La cuestión de las clementinas sigue sin solucionarse, lo mismo que la de las desgravaciones estadounidenses a la exportación y el caso de las Foreign sales corporations, que evidentemente es importante. Nuestra política en estos asuntos sigue siendo clara: es necesario respetar las disciplinas internacionales. Eso es así tanto para nosotros como para los estadounidenses, y con respecto a las subvenciones fiscales a las exportaciones los Estados Unidos ya se han comprometido a respetar las normas. Utilizaremos todos los medios de que disponemos para asegurarnos de ello.
Concluyo refiriéndome al estado de las relaciones transatlánticas, que la Presidencia del Consejo ya ha abordado ampliamente. Creo que el 11 de septiembre había despertado, efectivamente, algunas esperanzas de que la diplomacia y la actitud internacional de los Estados Unidos se comportarían de un modo más multilateral. Creo que debemos comprobar que eso no es así y que las tendencias unilateralistas anteriores al 11 de septiembre - el acuerdo penal internacional, el Tratado ABM, Kyoto - no han desaparecido, sino todo lo contrario. La Comisión considera que si los recientes acontecimientos exigen cambios, éstos probablemente deben apuntar más que nunca a la necesidad de disponer de instituciones multilaterales fuertes y de una mayor aplicación del Derecho internacional.
Este es el mensaje que tratamos de hacer llegar a nuestros interlocutores estadounidenses en nuestros encuentros. Es imprescindible preocuparse juntos de los desafíos, de los excesos, de las posibilidades y de los peligros de la globalización y de desarrollar juntos la cooperación en un mundo cada vez más interdependiente. El próximo plazo en la materia será la Cumbre transatlántica del 2 de mayo. No escatimamos nuestros esfuerzos para tratar en esta ocasión de replantear algunas colaboraciones entre los Estados Unidos y Europa en el ámbito de la lucha contra la droga, de la cooperación judicial y - ¿por qué no? - incluso en la preparación de la Cumbre de Johannesburgo, para la cual creo que el mundo necesitará a los Estados Unidos y a Europa.

Elles (PPE-DE).
Señor Presidente, me gustaría agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo y al Sr. Comisario sus palabras de esta mañana. Creo que hemos llegado a una de esas etapas críticas del desarrollo de la relación transatlántica en su contexto global.
En primer lugar, observando la relación en general, está bastante claro que - como han señalado los dos oradores - desde el 11 de septiembre de 2001 hemos asistido a un cambio significativo en el modo en que los estadounidenses ven su lugar en el mundo. Vemos a unos Estados Unidos atacados, unos Estados Unidos que reconocimos el 12 de septiembre en esta Asamblea, pero que quizás ya no reconocemos hoy seis meses después.
En segundo lugar, corremos el peligro de que se deteriore el aspecto de seguridad de nuestra relación, al no poderse ya dar por hecho para responsabilidades fuera de la zona el consenso político subyacente a la OTAN. Vemos que se amplía la brecha militar y quizás que crecen también las dificultades en las operaciones de la OTAN.
En tercer lugar, el fuerte impulso que derivó de la Nueva Agenda Transatlántica de 1995 parece ahora amenazado debido a la ausencia de visión política y, tal vez, a la frustración por la falta de resultados entre muchos de los que participan en el diálogo.
En el caso concreto del acero, no puedo sino acoger favorablemente los comentarios del Sr. Comisario deplorando la decisión de EE.UU. La Comisión debería adoptar medidas de compensación y buscar los medios jurídicos para tomar represalias. Yo añadiría también que ayudaría muy poco, como el Sr. Aldonas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos ha sugerido, que EE.UU. vinculara esta controversia sobre el acero con el asunto más amplio de los problemas de la economía global. Evidentemente, ése no es el camino.
En cuarto lugar, paso a hablar de qué podríamos hacer en la situación actual. La idea de tomar represalias a través de aranceles es, sin duda, tentadora. Sin embargo, como afirmaba The Times el 7 de marzo, en la locura del Sr. Bush, las barreras aduaneras conseguirían el mismo objetivo. Sería simplemente un esfuerzo inútil de los estadounidenses por conservar puestos de trabajos inviables en la industria del acero. Por consiguiente, deberíamos, sin duda, buscar una asociación transatlántica más amplia en la que definir el papel de Europa y el de EE.UU. y desarrollar conjuntamente nuestros intereses comunes. En cuanto a la OTAN, esto supone garantizar que podemos asignar a la organización más responsabilidades globales. Asimismo, su reunión del 2 de mayo en la Cumbre UE/EE.UU. para actualizar la Nueva Agenda Transatlántica tras los nuevos desafíos debe garantizar que se implica adecuadamente a las comunidades políticas.
En conclusión, le corresponde a ustedes ofrecer liderazgo. Debemos ser duros y adoptar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses en la controversia del acero, pero también pensar en el contexto más amplio y formar una idea de cómo debería ser la asociación trasatlántica en el siglo XXI.
Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, en relación con el marco de las relaciones transatlánticas, creo que hay que partir del marco actual, que es la Declaración de Madrid de diciembre de 1995, efectuada bajo la Presidencia española. No recuerdo que el Presidente en ejercicio del Consejo haya mencionado esta Declaración, que define nuestro marco; no sé si es porque la adoptó un Gobierno socialista pero, en cualquier caso, como era la Presidencia de la Unión, le recomiendo que lo tenga en cuenta para el mes de mayo, y no me desmentirá el Sr. Elles, pues trabajamos conjuntamente para que, en aquel momento, el Gobierno español impulsara dentro del Consejo esta declaración tan importante.
Sí quiero decirle al Señor Presidente en ejercicio del Consejo que creo que es conveniente actualizar esta Declaración, y ello por varias razones. En primer lugar, por la realidad después del 11 de septiembre; no ha habido solamente una manifestación de solidaridad por nuestra parte con los Estados Unidos, sino que también hemos adoptado medidas, pero creemos que en esta lucha, como en todas las demás -y hay que decirlo con franqueza-, somos aliados. Pero tenemos que trabajar conjuntamente sobre la base de una igualdad, y también nuestros aliados norteamericanos -y esto lo han dicho algunos ministros de la Unión- deben comprender que somos iguales y que aquí no cabe servilismo, es decir, que no podemos seguir sistemáticamente decisiones unilaterales. Esto se aplica a muchas cosas. Tenemos que actuar conjuntamente en Oriente Medio, en Afganistán y en los Balcanes; es de esperar que los Estados Unidos reconsideren su postura sobre Kioto y, sobre todo, también en relación con algunos anuncios preocupantes de la administración Bush.
En relación con la cuestión concreta del tema del acero, que ha desarrollado más el Comisario Sr. Lamy, pensamos que sí tenemos que adoptar actitudes firmes, y somos partidarios de que haya medidas de represalia. No entendemos, por ejemplo, por qué hoy el representante de comercio de los Estados Unidos, Sr. Zoellick, desarrolla la teoría de la conspiración internacional en todo el mundo para decir que se está atacando a los Estados Unidos por la vía de las importaciones de acero. La historia de la Unión Europea comenzó a partir de la Comunidad del Carbón y del Acero, que fue un proceso de reconversión. Comprendo que el Sr. Bush quiera ganar elecciones, pero lo que tienen que hacer los norteamericanos es reconvertir su industria del acero, lo cual exige sacrificios y nosotros no tenemos que pagar la reconversión de la industria norteamericana. Tenemos que decírselo así de claro y, además, hay propuestas como la aplicación del 2 % de recargo para poder reconvertir la industria; lo que no tiene sentido es que tengamos que pagar esto cuando en este Parlamento nos tenemos que enfrentar sistemáticamente con la guerra del plátano, las hormonas y los OGM, y siempre tenemos que ver en la lista qué medidas de represalia nos corresponden en la circunscripción de nuestro país.
Nuestros amigos y aliados estadounidenses tienen que entender que así no se puede trabajar y, por eso, pedimos a la Comisión que adopte la línea más dura posible para hacerles entrar en razón.

Clegg (ELDR).
Señor Presidente, el anuncio de la semana pasada ya fue bastante malo. Las palabras de algunos cargos EE.UU., entre ellos el Sr. Aldonas, de que en cierto modo el proteccionismo está autorizado para corregir factores macroeconómicos de mayor amplitud, pueden ser incluso peores. Muestran una filosofía peligrosa e ignorante desde el punto de vista económico que ha de repelerse firmemente. La pregunta es: ¿cómo la repelemos?
En primer lugar, tenemos que consolidar nuestra amistad con aquellos aliados con los que deseamos actuar conjuntamente en contra del unilateralismo estadounidense. Y si mi Grupo tiene una preocupación táctica acerca de la adopción de medidas de salvaguardia contra las exportaciones de acero que podrían desviarse de los EE.UU. hacia Europa, es que pueda, de hecho, distanciar a países como Rusia, India y Brasil con los que tenemos que actuar conjuntamente en la OMC y en la OCDE para contrarrestar esta medida estadounidense. Por tanto, pediríamos a la Comisión y, por supuesto al Consejo, que intenten urgentemente negociar con estos países acuerdos bilaterales de restricción voluntaria de las exportaciones, con el fin de evitar que se produzca la desviación hacia Europa de acero destinado a EE.UU. Si no conseguimos esto, el peligro obvio es que acabemos teniendo disputas precisamente con quienes debiéramos formar equipo en contra de este comportamiento estadounidense.
El segundo comentario es el siguiente: no tengamos remilgos; esta decisión se tomó por razones de política interna. Sólo se cambiará o se limitará si las presiones políticas internas dictan que ha de ser así. Para lograrlo, hemos de blandir gruesos palos que se hagan sentir en la escena política interna de EE.UU. Y resulta que, oportunamente, aunque sea poco elegante, disponemos de ese palo grueso en forma de medidas que podemos adoptar en el ámbito de la controversia sobre corporación de ventas al extranjero o FSC. Por supuesto, no deseamos mezclar estas cosas formalmente, pero no seamos ingenuos. La controversia sobre la FSC nos ofrece el mejor medio de ejercer esa presión interna absolutamente necesaria para lograr algún cambio en la actitud estadounidense y para reafirmar el imperio de la ley internacional, en lugar del imperio de la ley de la jungla económica de George Bush.
Lagendijk (Verts/ALE).
Señor Presidente, obviamente, el presente debate sobre las relaciones transatlánticas está íntimamente relacionado con el 11 de septiembre. Ahora bien, no nos engañemos, los acontecimientos del 11 de septiembre no han hecho otra cosa que acelerar un proceso iniciado desde hace tiempo, a saber, la búsqueda de nuevas relaciones entre la UE y los Estados Unidos. Este objetivo tiene su origen en una serie de causas estructurales de variada índole, entre ellas el refuerzo y el aumento del papel de la Unión Europea en tanto que superpotencia económica y el fin de la Guerra Fría, que supuso un cambio del papel desempeñado por Estados Unidos en Europa. La UE ha dejado de ser el hermano pequeño que se siente orgulloso de estar a la sombra de los Estados Unidos, pero espero que la UE no se convierta en un adolescente ansioso de imitar todo cuanto hace su ídolo. Es fundamental que la UE confíe en sí misma y avance por su propio camino. La UE no ha de sentir miedo ante las desavenencias; no debe dudar en expresar su desacuerdo con los Estados Unidos. Pero por encima de todo es importante que no intente copiarles. Permítanme que cite dos ejemplos.
En primer lugar, el enorme incremento de los presupuestos en materia de defensa, que duplica con mucho el presupuesto conjunto de Francia y Gran Bretaña. ¿Significa esto que la Unión Europea ha de proceder asimismo a un aumento sustancial de sus presupuestos en materia de defensa? Si por mí fuera, no, puesto que no tiene ningún sentido actuar de este modo con idea de salvar la actual brecha en el convencimiento de que ello nos transformaría en un socio creíble. Corresponde a la propia Unión Europea ir en busca de una combinación eficaz de instrumentos militares, centrando su atención en aquellas tareas que se le dan bien, como son la prevención de conflictos -crisis management- y la constitución de naciones -nation building-. Piensen, por ejemplo, en Macedonia y en Afganistán.
Adaptando ligeramente las famosas palabras del Presidente norteamericano Roosevelt yo diría: 'Optemos por el diálogo, dejemos que ellos utilicen la mano dura?. Ahora bien, el uso de las armas también tiene sus límites. Señor Presidente, ha trascendido que dichos límites se rebasan claramente en los planes de los Estados Unidos respecto al uso de las armas nucleares.
Es inaceptable que los Estados Unidos, en lugar de reducir y disminuir el papel de las armas nucleares, tal y como pedimos nosotros, les atribuyan una nueva función en el marco de una nueva estrategia, rebaje el umbral de uso y deje que se difumine la frontera entre armas nucleares y no nucleares. La Unión Europea no debe tener ningún miedo en expresar su desacuerdo con esta evolución. La eliminación de la frontera entre armas nucleares y no nucleares resulta muy peligrosa. Todos sabemos que la amenaza nuclear nos alejaría aún más de la posibilidad de encontrar soluciones, especialmente en países como Irak o Irán. No tiene ningún sentido que se lance una amenaza de estas características, y no tenemos que tener miedo a expresar nuestra opinión al respecto. Es más, me parece un buen motivo para instar a los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña a que se aclaren de una vez por todas y nos comuniquen su punto de vista sobre las armas nucleares. Está muy claro lo que mi Grupo opina al respecto: las armas nucleares sobran en la futura política europea de defensa.
El último ejemplo se refiere a Oriente Medio. No cabe duda de que es preferible lanzar una ofensiva diplomática conjunta con los norteamericanos. Es algo que debemos hacer necesariamente, pero no hace falta que esperemos a los Estados Unidos. El papel de la Unión Europea no se limita al ámbito diplomático, sino que se extiende al terreno económico. No dejemos escapar esta magnífica oportunidad para aumentar la presión sobre ambos socios, aparte de que estamos obligados a salvaguardar la credibilidad de nuestra propia política en materia de derechos humanos.
Señor Presidente, la Unión Europea es una superpotencia económica que procura abrirse camino en el mundo. Conseguiremos este objetivo si hablamos con una sola voz. Conseguiremos este objetivo si no nos arredramos ante la necesidad de criticar abiertamente a las demás superpotencias. Sobre todo conseguiremos este objetivo si nos no empeñamos en copiar a los Estados Unidos. La Unión Europea no es una superpotencia militar que por sí sola pueda imponer su voluntad en el resto del mundo, y no tenemos por qué querer serlo. La Unión Europea tampoco es un ingenuo mecenas que pague tan pronto como los Estados Unidos hayan hecho el trabajo sucio. No ha lugar a dudas que los Estados Unidos deben ser capaces de conservar la paz en su patio trasero, incluso desde el punto de vista militar. Dejando eso aparte, hemos de concentrarnos sobre todo en aquello que se nos da bien: hablar, hablar y hablar, alcanzar compromisos y, finalmente, pagar. La UE necesita a los Estados Unidos cuando las cosas se tuercen, pero los Estados Unidos necesitan a la UE para evitar que las cosas se tuerzan demasiado.
Brie (GUE/NGL)
Señor Presidente, coincido en buena parte de lo dicho por el Sr. Presidente del Consejo, en particular sobre la necesidad de una relación estratégica positiva con EE.UU. Pero agradezco especialmente al colega Lagendijk haber descrito de forma tan clara los momentos críticos. Me parece que no tiene ningún sentido confundir los problemas en las actuales relaciones con EE.UU. con la pusilanimidad ante el amigo. A mi juicio es muy necesario -e incluso quiero utilizar un superlativo-, absolutamente necesario, que debatamos abiertamente las relaciones transatlánticas. Y ahí, señor Presidente, radica la diferencia con lo que usted no ha dicho, con lo que usted no ha abordado. Es evidente que por ahora no tenemos el valor de reconocer ante nosotros mismos que el papel de la Unión Europea en las relaciones internacionales corre un grave peligro. No tenemos el valor de reconocer las diferencias con EE.UU. No tenemos el valor de reconocer ante nosotros mismos que actualmente apenas existe una política exterior y de seguridad común. Incluso más allá del problema del acero se están produciendo acontecimientos de graves consecuencias.
Me alegra que al menos la economía europea señale sus diferencias y no preste sin más un apoyo sin reservas. Hemos asistido al desmarque del tratado ABM, y escuchado declaraciones unilaterales que constituyen manifiestas infracciones del Derecho. El problema en estos casos es siempre que los que tienen puestos los auriculares escuchan, mientras que los que permanecen de pie y charlan no pueden enterarse de nada.
Tenemos una declaración unilateral sobre el tratado de no proliferación. Tenemos el bloqueo del control de armas B. Asistimos al desmontaje por parte de EE.UU. de la organización de control del tratado de armas C. Los Estados Unidos anuncian su salida del tratado de misiles balísticos intercontinentales. Asistimos a violaciones del Derecho internacional en materia humanitaria, a la salida del tratado de Kioto, a la no ratificación del protocolo internacional sobre el Tribunal de Justicia Internacional. No quiero presentar todo ello como un panorama negativo, pero es evidente que existen grandes diferencias con respecto a Europa y, con respecto a lo dicho sobre las armas atómicas, estoy plenamente de acuerdo con nuestro colega Joost Lagendijk. Estoy seguro de que tanto EE.UU. como posiblemente Rusia tendrán ideas aún más macabras, pero el hecho de que se hagan públicas está claramente dirigido a humillar a Rusia, que se apresuró a prestar su apoyo a EE.UU.
Abogo por que la Unión Europea haga frente a esta situación con un verdadero multilateralismo y por el fortalecimiento de la ONU, por que aproveche sus oportunidades como poder civil, como poder que practica la solución preventiva de conflictos y desarrolla una auténtica política exterior común. El requisito más importante sería que, más allá de todos los puntos en común, saquemos todas estas diferencias del cuarto oscuro de la política europea.

Belder (EDD).
Las relaciones transatlánticas se hallan en un momento crítico. Medio año después de los atentados terroristas que dieron de lleno contra los EEUU se encuentran bajo una enorme presión. La principal causa de ello es la futura evolución de la coalición internacional contra el terrorismo. El Presidente Bush no se conforma con la red de terrorismo islámico Al Qaeda, sino que amenaza con emprender acciones militares contra otros posibles Estados terroristas. A este fin el jefe del Gobierno estadounidense insta encarecidamente a todos los socios de la coalición a que respalden este enérgico planteamiento. Ahora bien, este llamamiento despierta sentimientos muy encontrados en el bando europeo. Ha resurgido el reproche estándar europeo de antes del 11 de septiembre: unilateralismo estadounidense.
Sin embargo, debemos ser conscientes de que esta habitual crítica a Washington es el resultado de nuestra propia debilidad. Los análisis recientes demuestran que la brecha militar y tecnológica entre los socios transatlánticos está adquiriendo unas dimensiones preocupantes. El peso militar de los miembros europeos de la OTAN se vuelve cada vez más insignificante. No cabe duda de que esta situación de desigualdad en el seno de la OTAN redunda en beneficio del unilateralismo estadounidense en materia de seguridad. El teatro de operaciones de Afganistán es un claro ejemplo de ello.
Señor Presidente, si Europa desea tener voz y voto en el ámbito internacional y si no quiere hacer peligrar su propia seguridad va siendo de hora de que aporte a la OTAN una contribución europea creíble en materia de defensa, al tiempo que debe desarrollar un concepto de seguridad euroatlántica coherente y realista. ¡So pena de quedar aislada, al margen de la escena internacional!
El reciente estallido del conflicto del acero que enfrenta a Estados Unidos con la UE reviste otro carácter. No hay excusa que valga para justificar tamaña muestra de desenfrenado proteccionismo y unilateralismo en el ámbito comercial. La decisión de Estados Unidos de cargar sobre los demás países la debilidad de su propia industria del acero, imponiéndoles una tasa de importación del 30% durante tres años, tensa aún más las relaciones transatlánticas. Además, esta medida unilateral del Gobierno estadounidense pone en peligro la nueva ronda comercial en el marco de la OMC. Para colmo, esta acción tiene un efecto negativo sobre la economía norteamericana: si bien se pueden mantener 9.000 puestos de trabajo en el sector del acero, Estados Unidos corre el riesgo de perder nada menos que 75.000 puestos de trabajo en otros sectores económicos como consecuencia de la subida de los precios del acero.
Señor Presidente, ¿y ahora qué? Estamos en el peor de los momentos políticos para que se desate una guerra comercial entre los EEU y la UE. Es claramente preferible que intentemos resolver el conflicto en el marco de la OMC. En este sentido, propongo que Europa realice un serio esfuerzo por relajar y reforzar las relaciones transatlánticas.

El Presidente. -
El debate queda aplazado.
Se reanudará a las 15.00 horas con una declaración del Sr. Comisario Solbes.
Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, una cuestión de orden: sabrá usted que todo el sistema de correo electrónico del Parlamento está prácticamente estropeado. Esto es consecuencia directa del imperdonable envío masivo a nuestro sistema de correo no solicitado por un tal Dr. Rath de Alemania, que parece tener un considerable interés en la cuestión de la terapia de vitaminas sobre la que vamos a votar esta mañana.
En varias ocasiones he protestado en esta Asamblea por esta totalmente inaceptable invasión de nuestro sistema, para la que no hay lugar aquí y que está causando graves problemas a los diputados. Me gustaría asegurar a los parlamentarios que estamos haciendo cuanto está en nuestras manos por actuar en esta cuestión. Recordaría también que todos los diputados están facultados para solicitar un filtro para su sistema si les están molestando estos correos electrónicos, que, en tal caso, serían eliminados. Sin embargo, el ubicuo Dr. Rath - donde quiera que esté, y sospecho que se encuentra en esta Asamblea - se ha preocupado de cambiar el mensaje periódicamente que envía, con lo cual a nuestros servicios les resulta muy difícil bloquear estos correos. Los habríamos bloqueado si hubiéramos podido hacerlo. No obstante, todos y cada uno de los diputados pueden solicitar un filtro para su ordenador que impida la entrada de estos correos electrónicos totalmente contraproducentes.
Cashman (PSE).
Señor Presidente, me gustaría hacer una corrección a lo que acaba de decir la Sra. Banotti porque trataremos el 'spamming? o envío masivo de mensajes y publicidad no solicitados en una sesión plenaria ulterior. Lo que se dirige a nosotros no es 'spamming?. El 'spamming? es indiscriminado y en este caso los mensajes está claro que van expresamente dirigidos a nosotros.

McKenna (Verts/ALE).
En relación con todo este asunto del envío masivo de correos electrónicos, todo el mundo en este Parlamento se siente muy frustrado con la campaña que se está realizando. Pero he hablado esta mañana con organizaciones del R.U. y de Irlanda que están sin duda tan frustradas como nosotros. Puede que yo sea paranoica, pero me pregunto si la industria no estará detrás de este intento de lograr una reacción de los parlamentarios. Es evidente, sin embargo, que las organizaciones con las que estoy trabajando han intentado con todas sus fuerzas detener esta campaña de bombardeo de nuestros sistemas de correo electrónico.

El Presidente. -
Dejaremos en manos de los Cuestores el examen de otras medidas que deban adoptarse.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede a la votación.
Procedimiento simplificado: 
Propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) (COM(2001) 449 - C5-0376/2001 - 2001/0179(COD)) 
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)

Informe (A5-0055/2002) del Sr. Jim Fitzsimons, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión relativa al programa Aire Puro para Europa (CAFE): hacia una estrategia temática en pro de la calidad del aire (COM(2001) 245 - C5-0598/2001 - 2001/2249 (COS)) 
(El Parlamento aprueba la resolución)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0058/2002) del Sr. Markus Ferber, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (14091/1/2001 - C5-0642/2001 - 2000/0139(COD)) 
Antes de la votación:

Bolkestein
. (EN) Señor Presidente, la postura de la Comisión sobre estas enmiendas es la siguiente. La Comisión puede aceptar todas las enmiendas de transacción relativas a la posición común presentada durante la segunda lectura, es decir, las enmiendas 1, 2 y 3. En cambio, la Comisión no puede aceptar el resto de las enmiendas que difieren de la posición común, que fue mayoritariamente apoyada.

El Presidente. -
Es para mí un placer informar a la Asamblea de que contamos entre nosotros en la Galería de Visitantes Oficiales con una delegación de la Comisión Permanente de Agricultura y Silvicultura (Standing Committee on Agriculture and Forestry) del Senado de Canadá. Está encabezada por el Senador Leonard Gustaffson.
Han estado manteniendo conversaciones sobre agricultura en Bruselas y en Estrasburgo. Les damos la bienvenida. Apreciamos los muy estrechos vínculos con nuestros socios canadienses.

El Presidente. -
Proseguimos con la votación.
Informe (A5-0046/2002) de la Sra. Cecilia Malmström, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea (modificación del artículo 57 del Reglamento) (2001/2110(REG)) 
Antes de la votación:

Wuermeling (PPE-DE)
Señor Presidente, colegas, hemos aprobado seis enmiendas al Reglamento con la mayoría necesaria; ahora tenemos que votar una decisión en cuyo número 1 se dice que se han adoptado estas modificaciones del Reglamento. Esto sería una especie de votación final, pero que, desde mi punto de vista, no es necesaria de conformidad con el artículo 180, apartado 2. Por tanto, les pido que prescindamos de votar sobre el número 1. De este modo evitamos otro problema: se necesitan 314 votos para aceptar el número 1, mientras que bastaría con mayoría simple para aceptar el número 2.

El Presidente. -
Señor Corbett, entiendo que sabe usted algo acerca del Reglamento.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, creo que el Sr. Wuermeling está en lo cierto.

El Presidente. -
La costumbre y la práctica es que votemos sobre el borrador de decisión, pero estoy de acuerdo en que tanto el Sr. Wuermeling como el Sr. Corbett tienen algo de razón. Yo pediría a la propia Comisión de Reglamento que analizara este asunto. Sólo una corrección: al tratarse ahora de un borrador de decisión, no requiere mayoría cualificada. Ahora vamos a votar con la regla de la mayoría simple.

Corbett (PSE).
Me refiero a la votación de la enmienda del Sr. Elles. No salió adelante porque necesitaba mayoría cualificada.

El Presidente. -
Está en el borrador de decisión, así que no es una enmienda del Reglamento y, por consiguiente, no requiere mayoría cualificada. Pero dejaremos que su comisión lo estudie. Dentro de seis meses, me puede decir si yo tenía o no razón.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Recomendación para la segunda lectura (A5-0038/2002) de la Sra. Helle Thorning-Schmidt, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (Decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (10479/1/2001 - C5-0546/2001 - 1992/0449A(COD)) 
Antes de la votación:

Lamy
. (FR) Señor Presidente, con respecto a este informe la Comisión acepta plenamente las enmiendas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22. En efecto, estas enmiendas mejoran, en nuestra opinión, la calidad del texto o clarifican su sentido.
Aceptamos parcialmente las enmiendas 4, 15, 16 y 19 y rechazamos las enmiendas 3, 5, 13, 21, así como la 23 y 25.

Thorning-Schmidt (PSE)
. (DA) Señor Presidente, ésta es una intervención para una cuestión de orden. Ayer cuando debatimos esta cuestión, le pregunté al señor Presidente si podíamos llevar a cabo la negociación de forma diferente y quizá avivar el debate hablando yo primero durante cuatro minutos y después redondeando la negociación con un minuto de mi tiempo de intervención. El señor Presidente fue muy amable y dijo que lo podíamos hacer y todo fue muy bien.
La pregunta que le hago, señor Presidente, es si querrá instruir al servicio de la sesión de que éste es de hecho un procedimiento que puede utilizarse en este Parlamento y que está respaldado por el Colegio de Presidentes con vistas a avivar el debate. Cuando pregunté al servicio de la sesión si era posible, dieron que no a llevar la negociación de esta forma. Por lo que le pido, señor Presidente, que instruya al servicio de la sesión de que éste es un procedimiento que empleamos en este Parlamento. Aviva los debates y no hay nada en el Reglamento que impida emplear este procedimiento.

El Presidente. -
Este no es un asunto del que pueda ocuparme en este momento. El Presidente, junto con los presidentes de los Grupos, puso en marcha un debate sobre cómo hacer la sesión plenaria más interesante. Ese es el lugar adecuado para plantear esta cuestión. Además, como saben todas sus señorías, el Sr. Corbett ha elaborado un excelente informe sobre el modo en que podemos mejorar los métodos de esta Asamblea. El asunto se tratará también en ese informe.
(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada))

Recomendación para la segunda lectura (A5-0044/2002) de la Sra. Emilia Franziska Müller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (12394/2/2001 - C5-0640/2001 - 2000/0080(COD)) 
Antes de la votación:

Jackson (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera plantear una cuestión de orden en mi calidad de presidenta de la comisión que presenta al Parlamento este informe, y, en particular, en nombre de la ponente. Sus señorías serán conscientes del muy alto grado de interés público que suscita este asunto y de la actividad de los grupos de influencia a la que todos hemos estado sometidos. Yo no estoy en contra de esa actividad: un parlamento vivo debería acoger favorablemente la actividad de los grupos de influencia de todas las partes.

Pero la situación que rodea a esta directiva concreta es poco habitual y grave. En primer lugar, la ponente, la Sra. Müller, que ha realizado su trabajo de modo muy valiente, ha estado sometida a un acoso y a unas amenazas inaceptables. Se han difundido mentiras acerca de sus motivos. En segundo lugar, las personas en cuestión, encabezadas por el Dr. Rath de Alemania, han practicado el engaño al Parlamento. Consiguieron entrar como un equipo de noticias a la reunión de la comisión en la que se aprobó el informe y utilizaron el material para realizar un vídeo en el que se caricaturizan las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente y de su ponente.
Señor Presidente, le ruego que estudie qué se puede hacer al respecto. Quisiera pedir a la Presidencia que busque un medio de hacer frente a estas posturas excesivas, fraudulentas y opresivas.
(Vivos Aplausos)
Es cierto que en este caso han causado más daños que beneficios, como ha dicho la Sra. McKenna; y hay que decir que hay buenos argumentos en contra de esta directiva; pero tenemos que establecer un procedimiento, como Parlamento, para protegernos en el futuro. En algunos parlamentos nacionales, en un caso similar, se habría hecho comparecer, sin duda, a la persona implicada ante el parlamento, se la habría reprendido y se le habría pedido que presentara excusas; nosotros podríamos considerar establecer este procedimiento.
(Aplausos)
Pero, dado que ahora existen medios electrónicos para abrumarnos intentando influir en nosotros, es necesario que hagamos algo. Pido al Presidente del Parlamento que estudie este asunto de manera muy urgente.
(Aplausos)

El Presidente. -
Me gustaría dejar claro que la Sra. Jackson estaba hablando, con razón, en su calidad de presidenta de la comisión y defendiendo a la ponente de su comisión. No quiero que se produzca un debate a gran escala sobre esto.
La Sra. Banotti ya ha dicho que los Cuestores van a estudiar este asunto. No creo, por tanto, que sea necesario seguir discutiendo en este momento. Si alguien tiene comentarios que hacer al respecto, debe transmitírselos a la Sra. Banotti quien hará que se tengan en cuenta cuando los Cuestores estudien esta cuestión.

(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada))
Recomendación para la segunda lectura (A5-0042/2002) de la Sra. Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 90/425/CEE y 92/118/CEE relativas a las condiciones sanitarias de los subproductos animales (10407/1/2001 - C5-0588/2001 - 2000/0230(COD))
(El Presidente declara aprobada la posición común)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0043/2002) de la Sra. Marit Paulsen, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (10408/1/2001 - C5-0589/2001 - 2000/0259(COD)) 
Antes de la votación:

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE)
Señor Presidente, estimados colegas, las enmiendas 1 y 10, aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente por mayoría, versan sobre la prohibición y sobre la eliminación y utilización de residuos de cocina.
Ahora la ponente ha presentado la enmienda de compromiso 25; sin embargo, estas enmiendas son compatibles en un punto. Contienen diversas fechas. En las enmiendas que ha aceptado la Comisión de Medio Ambiente, la fecha es el 30 de junio 2002. En la enmienda 25 de la Sra. Paulsen, la referencia temporal es 'antes de la entrada en vigor del presente Reglamento? sobre el que votamos ahora. Quiero presentar la enmienda oral de que en las dos enmiendas aceptadas por la Comisión de Medio Ambiente se incluya la referencia temporal de 'antes de la entrada en vigor del presente Reglamento? y que así la votemos.
Ayer dijo la Comisión que no acepta las enmiendas 1 y 10, ni la 25. Con todo, pasaremos al debate, y por ello es importante que votemos las tres enmiendas de este modo. Pero aunque -y lo digo ya, para no tener que pedir la palabra de nuevo- si rechazamos esta enmienda con la mayoría necesaria, podremos pasar a votar estas enmiendas, porque estas fechas no representan una obligación para la Comisión. Goza del derecho de iniciativa y puede decidir sin más. Se trata de una recomendación, y si no es aprobada, estoy a favor de que, no obstante, aceptamos las tres enmiendas.

Paulsen (ELDR)
. (SV) Señor Presidente, estimados colegas, no es tan simple como parece que esas enmiendas, por una parte la 1 a la 10 y, por otra, la 25, sean de alguna manera idénticas.
La modificación verbal de las enmiendas 1 y 10 no implica un simple cambio en su redacción, sino que alteraría principios esenciales y dificultaría mucho una conciliación posterior.
Rechazo esta enmienda verbal. Pido a los colegas que voten a favor de la enmienda 25, que ofrece la posibilidad de resolver los problemas especiales de Alemania y del Reino Unido en relación con los residuos domésticos y los aceites residuales. Por tanto, ¡rechazo la enmienda verbal!

El Presidente. -
Su señoría conoce el Reglamento. Si hay 12 diputados que se oponen a una enmienda oral, ésta no puede someterse a votación. Tal es el caso.
(El Presidente declara aprobada la posición común (así modificada)

Informe (A5-0077/2002) de los Sres. Claude Turmes y Bernhard Rapkay, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y del gas natural (COM(2001) 125 - C5-0184/2001 - 2001/0077(COD)) 
Antes de la votación de la enmienda 72:

Turmes (Verts/ALE)
. (EN) Señor Presidente, acabamos de votar en contra de la enmienda 71. Si se observa el texto de la enmienda 72 se verá que pretende introducir una frase que remite al apartado (a) del párrafo 2 del Artículo 17. Dado que este Artículo ahora se ha eliminado, propongo que vinculemos esta enmienda 72 al párrafo 2 del Artículo 16.

Adam (PSE).
Señor Presidente, me gustaría plantear una enmienda oral para rectificar un desafortunado error mecanográfico cometido inicialmente. Se trata de introducir la palabra 'no?, de tal forma que la última frase diga lo siguiente: 'con independencia de otras actividades no relacionadas con el sistema de transmisión?. Estoy seguro de que el ponente lo comprende, pero pido disculpas a la Asamblea por el error mecanográfico original.

Rapkay (PSE)
Señor Presidente, hemos adoptado algunas decisiones relativas al sector de la electricidad, y debemos procurar que no entren totalmente en colisión con el sector del gas. Por ello, quiero pedirle que me conceda la palabra en tres momentos: una vez ahora mismo, en la votación en bloque, después en la enmienda 162 y por último en las enmiendas 149 y 184. No se trata de cuestiones sustantivas, sino de ajuste.
Permítame definir mi postura sobre el primer bloque: acabamos de rechazar la enmienda 173 de los Liberales en votación nominal. Aquí surge el problema de que en la comisión no hemos llegado a decisión alguna sobre este tema, la electricidad, pero sí sobre el gas. Ahora, el Grupo de los Liberales ha intentado llevar adelante en el ámbito de la electricidad lo mismo que hemos hecho en el sector del gas. Y lo hemos rechazado. Pero ahora, en la enmienda 147, que pertenece a este bloque, encontramos también este punto, de idéntico contenido, que acabamos de rechazar con respecto a la electricidad. En el sector del gas nos decantamos por algo por lo que no queremos decantamos en el sector de la electricidad, el inicio de la apertura del mercado, tal como proponemos desde la comisión. Sin embargo, el mercado del gas queremos abrirlo con retraso con respecto al de la electricidad. Justamente en este punto rompemos el sistema. Es decir, por analogía, deberíamos estar en contra de la enmienda 147, pero no sé cómo podemos hacerlo desde un punto de vista procedimental, porque está recogida en la lista de votaciones como votación en bloque. Por ello debe decir usted ahora, señor Presidente, si excluimos la enmienda 147 y votamos sobre ella de forma separada; en tal caso, al igual que en la votación que acaba de tener lugar, también debería ser rechazada. ¡Espero que haya quedado lo suficientemente confuso!
El Presidente. -
Admiro sus esfuerzos por hacer que el trabajo de esta Asamblea sea racional, aunque no haya nada en el Reglamento que diga que tengamos que ser racionales.
Antes de la votación de la enmienda 136:

Rapkay (PSE)
Señor Presidente, en este caso la cosa es algo más sencilla. Ahora se trata de realizar un ajuste. Mediante la enmienda 162, una enmienda conjunta del PSE y del PPE, queremos que lo que hemos acordado en relación con la electricidad, lo armonicemos con lo que vayamos a acordar sobre el gas. Tiene el mismo tenor que lo que hemos acordado antes para el sector del gas. Esto significa, según la lógica de la lista de votaciones, que en primer lugar tenemos que votar contra la enmienda de la comisión y luego a favor de la enmienda 162. Sin embargo, en la transmisión se ha producido un error. Hemos acordado justamente esto en relación con la electricidad, sobre el artículo 8, apartado 5. En la enmienda 162 consta también 'artículo 8, apartado 5?. Sin embargo, en lo relativo al gas no se cita el artículo 8, apartado 5, sino el artículo 7, letra a), apartado 1, y por tanto hay que añadirlo mediante el acta; es solamente un ajuste técnico.
El Presidente. -
El servicio me dice que ya se habían percatado de ese cambio y que la corrección técnica ya se ha efectuado. El ponente recomienda que sus señorías rechacen la 136 y acepten la 162. Por supuesto, la Asamblea puede hacer lo que desee.
Antes de la votación de la enmienda 149:

Rapkay (PSE)
Señor Presidente, una vez más hay que hacer un ajuste, aunque esta vez es un poco más complicado que el de antes.

Realmente, no hace falta ni que escuche, sólo tiene que hacer lo que le propongo y todo será muy fácil.
(Risas)
Bromas aparte, acabamos de votar sobre la parte relativa a la electricidad. Y vuelve a aparecer en la enmienda de la comisión. La enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo apunta a eliminar la discordancia entre el artículo 14, que hace referencia al sector del gas, y el artículo 22 -y además acertadamente, debo reconocer- con el objeto de ganar coherencia. Pero si ahora sólo votamos la enmienda del PPE, se perdería, lógicamente, el aspecto esencial relativo al sector de la electricidad. Y al contrario, si se votase tal como consta en la lista de votaciones, de modo que, al aceptarse la 149, la enmienda 184 no ha lugar, nos topamos otra vez con el problema de incongruencia con el otro artículo. De ahí la siguiente propuesta, que he concertado con el autor de la enmienda, que él mismo podrá confirmar: votemos, entonces, en primer lugar la enmienda 149 de la comisión, y que el PPE retire su enmienda, excepto la parte que elimine esta incongruencia. Ésta se añadiría a continuación a la 149. De este modo, eliminaríamos la falta de congruencia entre el sector de la electricidad y del gas y dentro de este último.
(Aplausos)

Turmes (Verts/ALE)
. (EN) Para confundir un poco a sus señorías: no es exactamente correcto, porque si votamos a favor de la enmienda del Grupo PPE, tendremos una redacción diferente en el Artículo 22 que es el que regula la electricidad y el gas. Lo dejaré al buen criterio de la Asamblea, pero personalmente, yo votaré en contra para ser coherente con el Artículo 22. Si no lo resolvemos hoy, lo resolveremos en segunda lectura.

Jarzembowski (PPE-DE)
Señor Presidente, en nuestro texto se han deslizado dos pequeños errores de redacción. El primero se encuentra en la enmienda 48, donde debe decir "autoridades competentes ", en plural. Esto quedó indiscutiblemente claro entre el Consejo y el Parlamento. Sólo se trata de un error en la formulación de la enmienda. También ha habido un pequeño error en la enmienda 52, donde en el texto escrito se han omitido dos palabras. Sin embargo, esto perjudica justamente a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Por lo tanto, yo les ruego que acepten ambas enmiendas orales y que la votación se atenga a las mismas.
El Presidente. -
Si no existen objeciones, procederemos a la votación de la resolución así modificada oralmente por el Sr. Jarzembowski.
EN(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0051/2002) del Sr. Ole Andreasen, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la comunicación de la Comisión relativa a un nuevo marco para la cooperación en actividades referentes a la política de información y comunicación de la Unión Europea (COM(2001) 354 - C5-0465/ 2001/2192(COS))
EN(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0365/2001) de la Sra. María Izquierdo Rojo, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, sobre las mujeres y el fundamentalismo (2000/2174(INI)) 
Antes de la votación de la enmienda 21:

Van der Laan (ELDR).
Señor Presidente, la versión neerlandesa presenta un problema que, según tengo entendido, también se plantea en algunas otras versiones lingüísticas. Se trata de la palabra identiteit. No es correcta. Debe ser sustituida por la palabra identificatie. No queremos que los pasaportes y los documentos de identidad incluyan símbolos religiosos o políticos. De esto es de lo que se trata.

El Presidente. -
Su señoría tiene razón. El texto en holandés tiene que ponerse en consonancia con los otros textos. Los servicios me han dicho que ya eran conscientes de ello, así que se ha realizado el ajuste técnico.
Antes de la votación de la enmienda 29:
Izquierdo Rojo (PSE)
. Señor Presidente, quisiéramos proponer una enmienda de transacción. Queremos saber si el Grupo GUE/NGL aceptaría que, al final de su enmienda 29, se añadiera "incluidas las debidas al fundamentalismo", de modo que la enmienda quedaría así: "Pide a la Comisión y al Consejo que, a la hora de aplicar sanciones con arreglo a los apartados relativos a los derechos humanos en los Acuerdos de Asociación y en otros tipos de acuerdo, tomen en consideración las violaciones de los derechos humanos de la mujer, incluidas las debidas al fundamentalismo".
Es una enmienda de transacción que quedaría como una adición. Además, señor Presidente, aprovecho para decirle que, si se suscitan cuestiones lingüísticas, quisiera que se tomara como pauta la versión española.

Fatuzzo (PPE-DE).
Señor Presidente, dada la extensión de los debates, renuncio a todas mis explicaciones de voto orales del día de hoy.

El Presidente. -
Es muy amable de su parte. Su señoría ha estado escuchando a su madre de nuevo.

Raschhofer (NI)
Señor Presidente, la posición común del Consejo sobre la liberalización de los servicios postales garantiza una apertura controlada del mercado de los servicios postales en Europa. Deben mantenerse los plazos y los límites de peso previstos, que permitirán una liberalización gradual y ordenada del sector postal con todas las ventajas que se derivan de una competencia leal. Como ocurre siempre que se trata de liberalizar servicios públicos básicos, el proceso de apertura debe seguir un curso ordenado y tomar en consideración la garantía del servicio y los aspectos sociales.
Por consiguiente, debemos acoger con satisfacción el compromiso alcanzado en la comisión competente respecto a la presentación de informes periódicos sobre la aplicación de la directiva, como fuente de información para las futuras transformaciones. La política debe tener en cuenta en cualquier caso las consecuencias económicas, sociales y territoriales del proceso de liberalización. Sin embargo, es discutible que sea efectivamente tarea de la directiva establecer recomendaciones para los interlocutores sociales competentes, tal como se pedía, entre otras cosas, en una de las enmiendas.

Dehousse (PSE). -
Señor Presidente, mis colegas y yo consideramos que de todos los sectores sumidos en los tormentos de la liberalización, el sector postal es a la vez el más importante y el más maltratado.
La Comisión Europea, primero, y el Consejo de Ministros, en segundo término, no reconocen o subestiman sistemáticamente el hecho de que junto con el servicio que prestan a la población, los servicios de correo desempeñan en todos los Estados y en todas las regiones de la Unión una función social importante. Con el pretexto de liberalizar el servicio, se priva a la población y ante todo a los más desfavorecidos de un soporte social esencial.
El Parlamento había rechazado, además, las primeras propuestas que se le presentaban. Las que hoy se han sometido a votación contienen mejoras, pero no suprimen la amenaza social; por el contrario, vemos cada vez más que no hay nada previsto ni para financiar el servicio universal ni para compensar las desigualdades provocadas por la naturaleza. Circunstancia agravante: las pérdidas masivas de empleos que provocarán las medidas preconizadas agravarán aún más la violencia que ya sufren las sociedades europeas.
En estas condiciones, mis colegas y yo hemos apoyado todas las enmiendas constructivas, procedan de donde procedan, y seguiremos estando más vigilantes que nunca.

Berthu (NI)
. (FR) La historia de las directivas europeas sobre la apertura a la competencia de los servicios postales muestra muy bien el método de la Comisión: de abusos de autoridad en disimulaciones, la Comisión utiliza hábilmente las armas que le da el Tratado - concretamente el monopolio de la iniciativa - para imponer sus tesis y hacer retroceder poco a poco a sus adversarios, incluyendo, en este caso, al Parlamento Europeo, que en el asunto que nos ocupa era más bien partidario de la moderación.
En este caso, como ocurre a menudo, ello es tanto más lamentable sobre todo teniendo en cuenta que en cuanto al fondo la posición de la Comisión es totalmente unilateral y cuestionable. La Comisión no ha demostrado que la libre competencia completa de la distribución postal sería globalmente ventajosa en un país como Francia. Sin embargo, nos conduce de facto hacia ese objetivo. ¿Y con qué derecho? Así como parece defendible que la Comisión desee ocuparse de la distribución transnacional del correo, del mismo modo creemos que la distribución interna debe ser responsabilidad de cada Estado.
Estas distinciones, sin embargo, no existen para la Comisión. El comisario Bolkestein acaba de explicar a nuestra Asamblea que sería necesario 'ir hacia la realización del mercado interior de los servicios postales?. Dicho mercado interior, ¿acaso hoy no existe? ¿No es posible enviar una carta de Francia a Dinamarca o al Reino Unido en buenas condiciones? Todo esto es ridículo. El mercado interior ya existe, y el comisario Bolkestein revela solamente que para la Comisión el verdadero objetivo es otro, es la unificación, de la que no tenemos ninguna necesidad.
Este asunto plantea otra cuestión de orden general: la articulación entre los poderes de la Comisión en materia de competencia (poderes hoy exorbitantes) y los de los Estados en materia de organización de los servicios públicos nacionales. Nosotros pensamos que, en caso de duda, es el Estado el que debe tener la última palabra, con la condición, naturalmente, de que se apoye en una clara voluntad popular. No hay que dejar que la Comisión desarrolle, e imponga, una concepción tentacular de sus poderes de apertura del mercado.
Por eso la Convención que va a reunirse para reflexionar en el futuro de Europa debería inscribir esta importante cuestión en su orden del día.

Bordes y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Nosotros hemos votado a favor de la enmienda del Grupo GUE porque rechaza el conjunto de la propuesta del Consejo sobre la apertura a la competencia de los servicios postales. No lo hemos hecho únicamente para desaprobar la actitud del Consejo, que se ha negado a tomar en cuenta unas enmiendas insustanciales del Parlamento Europeo. Aún con las enmiendas o las atenuaciones propuestas por el Parlamento, el proyecto sería inaceptable.
Lo rechazamos globalmente porque estamos absolutamente en contra de cualquier privatización de los servicios postales, así como de cualquier idea de rentabilidad respecto a estos servicios.
Al rechazar el texto del Consejo, rechazamos el conjunto de la política llevada a cabo por los gobiernos nacionales y por las instituciones europeas, una política de desmantelamiento de los servicios públicos, una política retrógada, perjudicial tanto para los usuarios de los servicios de correos como para los trabajadores de este sector.
No hemos querido participar en la votación de las enmiendas porque ni el texto propuesto ni el conjunto de la iniciativa son enmendables y no pueden ser mejorados.

Caudron (PSE)
. (FR) Es evidente que los progresos realizados estos últimos años para definir y garantizar un servicio universal en el ámbito de los servicios postales, al igual que en otros ámbitos (por ejemplo, la energía), son progresos de capital importancia, que nos costó mucho imaginar y preparar a principios de la década de 1990.
Emito, pues, un juicio positivo sobre estos progresos que ofrecen garantías nada despreciables desde el punto de vista de la accesibilidad y calidad del servicio universal, desde el punto de vista de la oferta de productos mínimos cubierta por el servicio universal, desde el punto de vista de la adaptabilidad del servicio universal, integrando las innovaciones tecnológicas.
Sin embargo, subsisten dudas, interrogantes y preocupaciones en términos de equilibrio servicio público/mercado, en términos de mantenimiento de la red de servicios postales en nuestras ciudades y localidades, en términos de precios. De ahí las enmiendas que he suscrito para que la Comisión rinda cuentas regularmente al Parlamento Europeo de la evolución del mercado interior. De ahí también la enmienda que he firmado con los Verdes por la que se fija, como en primera lectura, el límite de peso y precio en 150 gramos.
Lamento que esta enmienda que 'garantizaba las garantías? haya sido rechazada. Será necesario ahora ejercer una vigilancia férrea en la aplicación de los textos.

Darras (PSE)
. (FR) Antes que nada deseo dar las gracias a la vez al Sr. Markus Ferber, nuestro ponente en el seno de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, y al conjunto de esta comisión por el trabajo que nos han propuesto.
La enmienda de transacción del ponente Ferber es insuficiente, incluso inaceptable.
Insuficiente, porque dicha enmienda exige una evaluación unilateral, realizada únicamente por la Comisión y no, como yo habría deseado, de manera contradictoria y por todos los actores.
Inaceptable, porque, al rechazar la propuesta inicial del Parlamento de limitar en 150 gramos y cuatro veces la tarifa en la próxima etapa de la liberalización, no se da ninguna garantía para mantener un nivel elevado de cohesión social.
Inaceptable, además, porque esta enmienda no plantea el problema de las condiciones de acceso a las redes de los nuevos operadores.
Inaceptable, finalmente, porque dicha enmienda no plantea el problema de la financiación del servicio universal; ahora bien, si existe una demanda legítima, es la de la financiación: tenemos derecho a saber cómo se financiará el servicio universal, es decir, cómo se podrá garantizar el servicio universal como tal.
Sin embargo, votaré positivamente la posición común por defecto, porque el hecho de intentar de nuevo enmendar el texto es arriesgarse a que caiga la posición común; es, pues, arriesgarse a que no haya ninguna directiva sobre los servicios postales y, por ende, que pueda existir una liberalización completa de este sector dentro de dos años.
Así pues, se trata más de una preocupación de seguridad que de un verdadero entusiasmo respecto a dicho texto - en mi opinión, demasiado cínicamente liberal - lo que me lleva a votar a favor de esta posición común.

Krivine y Vachetta (GUE/NGL)
. (FR) El 14 de diciembre de 2000, en la votación en primera lectura, habíamos sido un puñado de diputados los que rechazamos la liberalización 'gradual y controlada de los servicios postales?. Intentamos convencer a aquellos que a pesar de ser partidarios del servicio público nos decían que lo esencial había sido mantenido. No se contaba con la firme voluntad de la Comisión y de los gobiernos de liberalizar y luego privatizar todos los servicios públicos. No puede haber transacción posible ni sobre los plazos ni sobre la amplitud de la liberalización. Por eso hemos votado a favor del rechazo de la posición común y seguiremos defendiendo los servicios de correo como servicio público. Es la única posición que garantiza el mantenimiento de la calidad para los usuarios y del libre acceso para todos, en particular para las poblaciones del campo y los barrios populares. Es la única posición que defiende el empleo; sólo con aprobar la nueva directiva los diputados abren la vía para la supresión de 450.000 empleos en este sector en Europa, de los cuales 50.000 corresponden a Francia. Contra el dogma liberal de convertir en mercancía nuestras necesidades y nuestros derechos fundamentales, ha llegado la hora de que las poblaciones, los asalariados y sus organizaciones se movilicen para imponer un servicio postal público coordinado a escala europea y controlado por las poblaciones.

de La Perriere (NI)
. (FR) El compromiso que se había alcanzado en la reunión del Consejo del 15 de octubre pasado sobre la apertura a la competencia de los servicios postales de los países miembros, apoyado, entre otros, por el gobierno socialista de Francia, nos parece estar elaborado sobre una serie de ambigüedades que pueden entrañar muchos peligros.
En nombre de la excepción francesa y del principio de cautela en favor del mantenimiento de la igualdad de nuestros conciudadanos, no he apoyado este compromiso poco riguroso, que no es más que una carta blanca para que la Comisión lleve a cabo, en el horizonte 2006, el desmantelamiento del servicio postal francés.
Los factores económicos no pueden ser el único hilo conductor de la política europea.
Francia ha optado por unos servicios de correos de calidad, repartidos en el conjunto de su territorio, accesibles a todos y a un precio único. Esa es nuestra concepción del servicio público. Es nuestra voluntad mantener cueste lo que cueste nuestro sistema.
Deseo que se dé por sentado, señor Presidente, que puesto que los servicios públicos, en conjunto, son competencia de los Estados miembros, cada uno de ellos seguirá siendo libre respecto a la organización final de su servicio postal.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Por razones obvias, la mayoría de las empresas de utilidad pública tales como los servicios postales, el transporte público, el abastecimiento energético y el abastecimiento de agua potable constituyen desde hace más de un siglo un monopolio público. Se trata de servicios imprescindibles cuya liberalización impediría que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos a un precio asequible en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sería de esperar que los partidarios de la unificación política y económica abogasen por la fusión de los servicios postales públicos de todos los Estados miembros y por la creación de sellos unitarios europeos. Nada más lejos de la verdad. En la fase neoliberal se utiliza la coexistencia de diversos servicios postales para hacerlos competir entre ellos, aparte de que se pretende abrir el mercado a empresas estadounidenses o australianas y a nuevas empresas que ofrecen servicios de inferior calidad a precios más bajos en peores condiciones laborales. Al cabo de veinte años, tras repetidas absorciones y otras tantas quiebras, todo quedará en manos de tres consorcios mundiales y nos encontraremos con que resulta imposible reclamar medidas de protección para el personal, el medio ambiente y los consumidores. En primera lectura una mayoría de este Parlamento se negó a aprobar una reducción del límite de peso por debajo de los 150 gramos para el correo distribuido en el marco de un sistema de libre competencia, al tiempo que rechazó la propuesta de implantar fórmulas más avanzadas de liberalización en el futuro. Ahora corremos el riesgo de que la Comisión Europea se decida a aplicar medidas que debiliten aún más el carácter universal de estos servicios. Ello no obstante, los socialistas han terminado por dar marcha atrás, conformándose con los planes inicialmente rechazados después de años de resistencia. En mi opinión, dicha resignación no conduce a nada, es más, resulta incluso perjudicial, así que votaré a favor del rechazo.

Souchet (NI)
. (FR) Cada Estado miembro debe conservar el pleno control de la organización de sus servicios públicos. A los Estados miembros, y sólo a ellos, corresponde definir los ámbitos y las modalidades de dicha organización. Sin duda, debe asegurarse que estos servicios - para responder plenamente a las necesidades de su población - no puedan paralizarse por preocupaciones exclusivamente corporativistas. Pero no es aceptable que en nombre de una concepción extensiva de las competencias que le han sido transferidas en materia de competencia, la Comisión se arrogue el derecho de definir la naturaleza de los servicios públicos de los que un pueblo puede o no beneficiarse.
Rechazamos la aplicación del método 'Monnet?, hoy a los servicios postales y mañana a otros servicios públicos. El método 'Monnet?, es decir, en este caso, la aventura de una desregulación por etapas generalizada sin que previamente se haya realizado un estudio serio sobre las consecuencias de esta política. Puesto que el mercado interior progresa, la Comisión está dispuesta a arriesgarse, en el día de mañana, a no asumir la función social de los servicios postales, a que se produzca una degradación de la cobertura territorial de nuestros países, un descenso de la calidad de los servicios prestados y un aumento sensible de los costes. El estudio de impacto se efectuará, como de costumbre, cuando todo esté decidido y ya no se pueda dar marcha atrás.
Es porque nos oponemos a esta lógica del hecho consumado por lo que hemos votado en contra del informe Ferber y en contra de la propuesta común del Consejo y de la Comisión, que es activamente apoyada, por otra parte, por uno de los componentes del Gobierno francés y que los otros dos componentes combaten fervientemente...

Berthu (NI)
. (FR) El informe Malmström sobre la presentación al Parlamento Europeo del programa anual de trabajo de la Comisión ofrece a primera vista un aspecto simpático: logra, sin decirlo, mermar el monopolio de iniciativa del Colegio y sacar a luz su carácter unilateral y antidemocrático.
Pero, por otro lado, omite lo esencial: nada se dice sobre el derecho del Consejo de aprobar este mismo programa de trabajo.
El informe Malmström demuestra ante todo que, a medida que el Parlamento Europeo se fortalece, el monopolio de iniciativa de la Comisión le abruma cada vez más. Éste trata, pues de imponer sus prioridades. Esta voluntad había provocado, por otra parte, cierta tensión en diciembre último, cuando la Comisión presentó su programa para 2002.
Hoy el acuerdo Comisión/Parlamento Europeo que acaba de ser aprobado establece un calendario durante el año N-1 para la elaboración concertada del programa de trabajo del año N. Se trata de una buena iniciativa, pero que plantea otra cuestión: ¿dónde está el calendario equivalente para el diálogo con el Consejo?
Este último calendario estaría aún más justificado, por tres razones: 1) entre las instituciones europeas, el Consejo es la institución que posee las raíces democráticas más profundas puesto que se apoya en los Parlamentos nacionales; 2) el Consejo ya posee, en teoría, a diferencia del Parlamento Europeo, un verdadero poder impulsor y de orientación del trabajo de la Comisión, en aplicación del artículo 4 TUE; 3) finalmente, el Consejo posee una visión de conjunto del trabajo que debe realizar a nivel europeo en los tres pilares del Tratado, incluyendo las iniciativas de los Estados miembros en el pilar intergubernamental.
Así pues, a falta de una clarificación sobre este punto, el informe Malmström constituye sobre todo una especie de maniobra de dos viejos cómplices, la Comisión y el Parlamento Europeo, para desconocer los derechos primordiales del Consejo.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, le pido disculpas por robarle su tiempo. Su señoría conoce, igual que yo, una campaña llevada a cabo por el periódico Daily Record en Escocia, en el curso de la cual se dijeron cosas muy injustas acerca de nuestra colega la Sra. Thorning-Schmidt, cuyo valioso informe hemos aprobado hoy; cosas que yo deploro. Ocurría, no obstante, que este valioso informe, que protege a los trabajadores del ruido en el lugar de trabajo, podría haber tenido efectos secundarios no deseados sobre la industria musical. Me complace mucho que se corrigieran las enmiendas 23 y 25, y se dejara al margen el mundo de las bandas de gaitas, entre otros. Creo que soy el único gaitero en esta Asamblea, por tanto, estoy especialmente contento. Pero quiero decirle a la Sra. Thorning-Schmidt que sus colegas escoceses lamentan el modo en que nuestra prensa le puso injustamente en la picota.

El Presidente. -
Estamos deseando escuchar las gaitas en la próxima Cena de Burns.

Alavanos (GUE/NGL)
. (EL) Las iniciativas tendentes a la legislación comunitaria de disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados del ruido están bien encaminadas, dada la barbarie reinante en ciertos países miembros, como Grecia, donde no funcionan los mecanismos de seguridad más elementales.
En este marco es importante:
que se inicien las acciones previstas a partir de valores inferiores (83 db);
que la responsabilidad en la adopción de medidas recaiga en los empresarios, y no en los trabajadores; por ello, no deben tenerse en cuenta los efectos de los protectores auditivos;
que el período de referencia sea un día de trabajo, y no una semana, porque así se prolonga la duración del período en el que los trabajadores corren el riesgo de una exposición fuerte al ruido por encima de los valores límite.
Estas posiciones están incluidas en las enmiendas correspondientes del Parlamento Europeo ?que por ello han contado con mi apoyo?, sin embargo no están contempladas en la posición común del Consejo.
Finalmente, es importante que haya mecanismos de control al objeto de que estas medidas no queden sólo en palabras.

Crowley (UEN)
. (EN) La postura de mi Grupo ha sido siempre trabajar a favor de un entorno laboral más seguro para todos los trabajadores y, en anteriores ocasiones, hemos apoyado iniciativas realistas que conseguían tal fin.
A nosotros, al igual que muchos otros diputados, nos preocupaba mucho el contenido de este informe, en particular, por los muy diversos requisitos que imponía a las empresas y por los dudosos niveles de emisión. Por estos motivos, no pudimos respaldar numerosas enmiendas presentadas y, de hecho, nos decepcionó que muchas enmiendas recibieran tal respaldo.
En cambio, nos alegró mucho que la enmienda que excluía a la industria musical fuera aprobada. Esto es de lo más grato porque muchos diputados y yo teníamos la impresión de que no era el lugar apropiado para ocuparse de un sector de la industria muy especializado.
También hemos de acoger favorablemente la buena disposición del Consejo para asumir muchas de las enmiendas que propuso el Parlamento en primera lectura y esperamos que la voluntad mostrada por el Parlamento sea correspondida en el futuro.
Personalmente, yo no participé en la votación porque tenía grandes reservas respecto del contenido del informe y de muchas de las enmiendas y, como músico que he sido, no creí que fuera correcto votar.
En general nuestro Grupo está satisfecho con el resultado y espero que este nuevo realismo continúe.

Titley (PSE)
. (EN) Apoyo plenamente este informe de mi colega socialista que pretende hacer más severa la posición común del Consejo sobre la exposición de los trabajadores al ruido. Ningún trabajador debería estar expuesto a un nivel de ruido tal que no pueda mantener una conversación: sólo tenemos dos oídos y protegerlos es vital. Además, es mejor que las medidas para luchar contra el daño y la contaminación acústica sean preventivas en lugar de curativas y que la responsabilidad en este campo sea colectiva en lugar de ser individual.
Para que esta directiva sea lo más eficaz posible, deberíamos usar los instrumentos existentes y evitar la duplicidad. Por tanto, debería aprovecharse en toda su capacidad la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto facilitará y fomentará el intercambio de las mejores prácticas en materia de niveles de ruido aceptables. Asimismo, es lógico que esta directiva tenga un gran alcance e incluya a empleadores y empleados autónomos puesto que constituyen una parte significativa de la actual fuerza laboral.

Ebner (PPE-DE).
Señor Presidente, he votado a favor del informe Müller, y lo digo con mucha convicción. Respaldo la causa de la Sra. Müller y espero que tanto las declaraciones y las solicitudes dirigidas al Pleno por la Sra. Jackson como las garantías ofrecidas por la Sra. Banotti, en su calidad de cuestora, en el sentido de resolver esta injerencia inaceptable e increíble no solo para nuestros trabajos parlamentarios, sino, creo, para toda la democracia y para el desarrollo de un debate parlamentario, reciban respuesta lo antes posible, al objeto de que este tipo de injerencias, que llegaron incluso a las amenazas de muerte, dejen de producirse. Es decir, para que los responsables sean denunciados debidamente y para que estas cosas no se repitan. Confío en la actuación de la Sra. Banotti.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, lamento el resultado de la votación que ha tenido lugar hoy. Supone un importante golpe para el derecho de la población a elegir formas alternativas de medicina, el derecho a intentar evitar depender de las industrias farmacéuticas y de sus productos. Anoche el Sr. Comisario Byrne rechazaba la idea de que la industria farmacéutica tuviera algo que ver con esto, pero yo me pregunto: si no es así ¿por qué están tan interesados en conseguir esto? Claramente el Sr. Comisario intentó dar la impresión de que los que se oponían eran sólo portavoces de las industrias que producen complementos alimenticios. Eso no es cierto. Nosotros estamos indudablemente a favor del derecho de la gente a elegir. Ese derecho se les ha usurpado hoy.
Algunos diputados de esta Asamblea han adoptado una postura ridícula diciendo que yo debería recomendar que la gente comiera más naranjas y verduras. Pongamos el ejemplo de las mujeres embarazadas. Tendrían que comer mucho brécol para obtener la cantidad de ácido fólico que realmente necesitan; así que un argumento de ese tipo es ridículo. Lo ocurrido aquí hoy le ha hecho el juego a la industria farmacéutica que tendrá a partir de ahora más clientes porque más personas van a caer enfermas.
Supone también un atentado contra las políticas de los distintos Estados miembros. Si los Estados miembros no cuentan con una política indulgente en sus países, deberían cambiarla y no obligarnos a los demás a bajar nuestros niveles hasta los suyos.

Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, yo he apoyado las enmiendas al informe Müller, aunque todo mi ser deseaba golpear al Dr. Rath (¿se escribe como rata?) y a sus secuaces, que han sitiado a este Parlamento no sólo durante los últimos meses, sino durante todo un año. Yo me sumaría también a lo que ha dicho la Sra. McKenna de que las vitaminas - que yo personalmente, como enfermera, no considero un complemento alimenticio - se venden libremente en nuestro país y que todavía no he oído hablar de nadie que haya sufrido una sobredosis de vitamina C o de cualquier otra vitamina.
Por este motivo - y lamentándolo, porque habría hecho cualquier cosa por derrotar el propósito del Dr. Rath - he votado a favor de las enmiendas que, desgraciadamente, no han sido aprobadas. Estoy de acuerdo con la Sra. McKenna en que, hasta ahora la venta libre de estos productos - que, repito, yo no considero complementos alimenticios - no ha causado ningún problema, y no veo motivo para impedir esa venta.

Thors (ELDR).
Señor Presidente, permítanme decir simplemente que toda la discusión sobre esta directiva pone de manifiesto la necesidad urgente de hacer leyes y normas más claras. Hay un enorme mal entendido sobre cómo ha de interpretarse esto, cuando el Artículo 4 hace referencia a anexos y otras cosas. Insto a todos nosotros a apoyar una mejor regulación.

Borghezio (NI).
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha deliberado en contra del derecho de los ciudadanos europeos a poder emplear sin ninguna limitación medicamentos naturales que carecen de efectos secundarios. Se ha intentado que nosotros, los diputados europeos, olvidásemos una verdad como un templo, esto es, que, desde que el mundo es mundo, nadie ha muerto a causa de las vitaminas que ha tomado, mientras que no se puede decir lo mismo de los productos de los sofisticados laboratorios de las multinacionales farmacéuticas, como nos enseña el caso del Lipobay. Hay decenas de miles de enfermos de cáncer que están curándose gracias a la vitaminoterapia asociada con sustancias naturales como los aminoácidos lisina y prolina.
Por lo tanto, para satisfacer las exigencias de un poderoso lobby de multinacionales farmacéuticas, esta directiva va en contra de un derecho fundamental y del interés general de los consumidores europeos. No es casualidad que en la Comisión Europea se siente un miembro del consejo de administración de la segunda multinacional farmacéutica, el Sr. Bolkestein. Lo cierto es que nadie que no sea ajeno a esta directiva dice que, de un golpe, hiere de muerte a las pequeñas y medianas empresas saneadas de complementos alimenticios y a la libertad de elección de tratamiento de 400 millones de europeos.

Bordes y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Nosotros apoyamos todo aquello que esté orientado a una aproximación de las legislaciones nacionales, particularmente en este ámbito, siempre que ello se traduzca por una mejora para los consumidores. Pero, en este caso, lo que inspira al ponente y a los autores de la mayoría de las enmiendas no es esto último: son ante todo, si no exclusivamente, los intereses de los grupos capitalistas que producen complementos alimenticios. Y eso es tan evidente que, por ejemplo, el sindicato patronal francés de dicho sector ha dirigido un fax a todos los diputados europeos cuyo encabezamiento es de un claro cinismo, ya que dice lo siguiente: 'Los profesionales franceses de complementos alimenticios dan las gracias por adelantado a su representación en el Parlamento Europeo por votar a favor de la directiva?.
¡Y bien, aquellos que son la 'representación? de estas personas, que voten a favor de dicho informe y de la directiva! Nosotros, sólo hemos votado a favor de una sola enmienda: la que rechazaba este texto en bloque.

Grossetête (PPE-DE)
. (FR) Numerosos ciudadanos europeos consumen vitaminas y complementos minerales.
Por eso, en el marco de una política europea a favor del consumidor, conviene evitar cualquier desviación en la utilización de estas sustancias y velar por la calidad de los productos que se proponen al consumidor.
Dicha recomendación responde a estos deseos, sobre todo al proponer un marco jurídico europeo adecuado que no obstaculice la libre circulación de estos productos, garantizando al mismo tiempo al consumidor una mayor protección de su salud y una información correcta y apropiada sobre los productos disponibles.
Uno de los elementos determinantes con respecto a la seguridad de estos productos consiste en la proporción máxima de minerales que contienen. Por eso la fijación de cantidades máximas de vitaminas y de minerales autorizados en los complementos alimenticios es importante con miras a una utilización moderada de dichos productos. En efecto, los dictámenes científicos demuestran que la absorción de algunas vitaminas y sustancias minerales en cantidades excesivas puede producir efectos no deseados o nefastos.
Además, es conveniente no establecer una lista cerrada de estas sustancias, ya que otros productos que posean una función alimenticia o fisiológica podrían integrar dicho dispositivo. De acuerdo con la experiencia que se adquiera en este ámbito, pido que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas complementarias acompañadas de medidas jurídicas adecuadas sobre otros productos alimenticios y sustancias que puedan tener efectos comparables a los complementos alimenticios.

Hortefeux (PPE-DE)
. (FR) He votado a favor del informe de la Sra. Emilia Franziska Müller y deseo hacer hincapié en la calidad del trabajo que ha realizado nuestra ponente.
Me congratulo de que nuestra Asamblea se pronuncie, por fin, sobre un tema tan importante. Hoy se trata de procurar que estos productos no presenten ningún riesgo para la salud, garantizando un etiquetado que permita a los consumidores europeos obtener informaciones claras, correctas y adecuadas de los mismos.
Es conveniente que se fije una cantidad mínima de vitaminas y minerales que deben contener dichos productos, a fin de garantizar que los complementos alimenticios contengan una cantidad suficiente de éstas para justificar el objetivo declarado del producto.
Una vez decididos los principios que regirán la fijación de los límites máximos y mínimos, la adopción de límites específicos para cada sustancia alimenticia - sobre la base del dictamen presentado por el Comité Científico de la Alimentación Humana - constituye una cuestión técnica.
No olvidemos que la absorción de algunas vitaminas y sustancias minerales en cantidades excesivas puede producir efectos no deseados o nefastos. De ahí la necesidad de garantizar la seguridad de dichos productos, concretamente a través de un etiquetado que contenga pautas precisas sobre la utilización del producto y, en particular, sobre la cantidad que puede ser consumida.
Los ciudadanos europeos podrán así elegir con tranquilidad vitaminas y complementos minerales entre la amplia gama de productos disponibles actualmente en el mercado, y ello sin dudar continuamente sobre los posibles efectos nefastos para su salud.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) A lo largo del último año todos los miembros del Parlamento Europeo han sido bombardeados con mensajes de correo electrónico sobre complementos alimenticios y preparados vitamínicos. Detrás de ello se esconde una doble intención: una teoría científica, por una parte, y un interés económico, por otra. Es interesante la teoría de Linus Pauling, que en el pasado se hizo famoso por su oposición a las armas nucleares. Por el contrario, el interés económico de Mathias Rath, que envía productos desde los Países Bajos a clientes en Alemania, donde sus artículos están prohibidos, no puede ser motivo para que se modifique la legislación. Estos complementos alimenticios deben quedar sujetos a la misma normativa que los demás productos controvertidos consumidos por los ciudadanos con la esperanza de que redunden en beneficio de su salud. Las autoridades sólo pueden intervenir para proteger al consumidor contra posibles perjuicios. Los debates inconclusos, la incertidumbre científica y las sempiternas desavenencias sobre la eficacia de una u otra sustancia no podrán resolverse por medio de una legislación que tache a priori de charlatanería todo cuanto se desvíe de la ciencia médica establecida. Constato que hay muchas personas que utilizan estos productos y que para ellas cualquier prohibición es señal de una protección paternalista por parte de unas autoridades burocráticas. En estas circunstancias es conveniente que la UE se limite a combatir las sustancias dañinas. Habida cuenta de que es preferible dejar las demás medidas -si es que proceden- en manos del legislador nacional, que tarda menos en responder a los cambios producidos en la opinión pública, voto a favor del rechazo.

Sacrédeus (PPE-DE)
. (SV) He votado en contra de este informe. Mi opinión es que falta un fundamento jurídico, puesto que la UE carece de facultades legislativas en materias de salud pública. Los asuntos relacionados con los complementos alimenticios deben contemplarse en las legislaciones nacionales y no en el ámbito de la UE.
La UE tampoco ha tomado iniciativas para ajustar la legislación en graves sectores tales como el alcohol y las drogas, donde se producen abusos. Intentar hacerlo en relación con los alimentos naturales, lo que puede tener consecuencias ya que la gente puede autorecetarse preparados vitamínicos, despierta una serie de preguntas fundamentales.
¿A quiénes les interesa? ¿Por qué justamente en esta materia? ¿Qué consecuencias tiene esto para los ciudadanos? ¿A qué empresarios beneficia y a cuáles perjudica?
Todas estas preguntas requieren una respuesta, que no se ha dado de manera satisfactoria.

Ebner (PPE-DE)
Señor Presidente, yo quiero manifestar que he votado a favor del informe Paulsen y, sobre todo, también de la enmienda 10. Yo suscribo por principio la idea de que debemos cumplir muy atenta y rigurosamente las disposiciones en materia de higiene y aplicar también criterios correspondientemente más exigentes. Sin embargo, es insensato que destruyamos absurdamente materiales potencialmente reciclables -y los restos de alimentos lo son- y que esta destrucción genere, además, unos costes para la población en general, cuando tenemos la posibilidad de aprovecharlos de manera más razonable. Yo me congratulo de que el Parlamento Europeo haya seguido esta orientación, aunque el resultado haya sido ajustado. Espero que en el curso posterior del procedimiento también podamos obtener el correspondiente acuerdo de Comisión para que no se destruyan indiscriminadamente los materiales reciclables, lo cual además acarrea unos costes, sino que éstos se puedan reciclar y aprovechar.

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE)
Señor Presidente, le agradezco que me haya permitido presentar la enmienda oral y también exponer su justificación. Lamentablemente, no ha alcanzado por muy poco los 314 votos necesarios. Es un tropezón algo molesto desde el punto de vista de la enmienda, pero aun así el Parlamento ha exigido, en la enmienda de compromiso número 25, que la Comisión presente una propuesta legislativa. Ésta entrará dentro del procedimiento de codecisión y entonces podremos regularlo en un reglamento específico. Yo insto a los Estados que hasta ahora se han manifestado exclusivamente a favor de la prohibición, a que también se preocupen de que estos materiales, que son peligrosos si no se someten a un tratamiento adecuado, se destruyan como es debido. Espero que la Comisión asuma sus funciones de control durante el período transitorio, hasta que se presente un reglamento que lo regule todo, a fin de evitar que vuelvan a repetirse las catástrofes -glosopeda, peste porcina- que pueden desencadenar los restos de alimentos no tratados.
Grossetête (PPE-DE)
. (FR) Siempre he privilegiado la salud y la protección del consumidor.
Desearía efectuar dos observaciones esenciales sobre algunos puntos que he defendido en la comisión parlamentaria.
Las decisiones de la Unión Europea deben ser coherentes. Por eso, para ser eficaz, no se deben multiplicar los reglamentos relacionados con las mismas cuestiones. Al aprobar una normativa para la prevención, el control y la erradicación de las encefalopatías espongiformes transmisibles, el Reglamento (CE) nº 999/2001 somete ya los subproductos de los animales de los mataderos de rumiantes y de las salas de despiece de la carne de los rumiantes a normas sanitarias rigurosas y controladas. Por eso, por razones de coherencia y de buena aplicación de la normativa, no hay lugar para incluir estos establecimientos dentro del campo de aplicación de un segundo reglamento que tenga los mismos objetivos.
La Unión Europea debe asimismo tomar decisiones viables. Ahora bien, sabemos que las capacidades de transformación y de destrucción (incineración o eliminación) no pueden permitir la aplicación, en el ámbito del territorio comunitario, de medidas ejecutables en un plazo demasiado breve cuando éstas contemplan los efluentes producidos por las plantas depuradoras de los mataderos, que a menudo son plantas depuradoras comunes - ya pertenezcan a la categoría 1 o a la categoría 2 -. Estas carencias han surgido sobre todo con ocasión de la prohibición de las harinas animales en la alimentación animal, lo que obligó a los Estados miembros a almacenar una cantidad importante de dichas harinas, a la espera de que fuesen incineradas. El hecho de añadir varios millones de toneladas de productos que deben ser destruidos o transformados antes de su valorización, impondría nuevas limitaciones de almacenamiento, debido a la imposibilidad de transformación o de incineración limpia. Ahora bien, sabemos que el almacenamiento puede suponer un riesgo sanitario y medioambiental. Es, pues, necesario establecer un calendario adecuado que permita una gestión comunitaria razonada, segura y respetuosa del medio ambiente.

Hyland (UEN)
. (EN) Me gustaría felicitar a la ponente, la Sra. Paulsen, por su trabajo en este importante informe. La crisis de la EEB de los años recientes no debe amenazar nunca más a los consumidores europeos, a los agricultores y a la industria de la carne de vacuno. Yo creo que la Comisión merece un gran reconocimiento por presentar sistemáticamente una serie de propuestas legislativas dirigidas a abordar todos y cada uno de los problemas que rodeaban la crisis original.
La Comisión y los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias, con la total cooperación de la comunidad agrícola y de la industria de la carne de vacuno, para garantizar unas prácticas agrícolas y de producción de alimentos seguras y un producto seguro para el consumidor europeo y para nuestros vitales mercados de exportación. Muchas acciones y medidas emprendidas han conllevado un gran sacrificio y debemos ser conscientes de ello.
Esta propuesta concreta pretende establecer un marco jurídico único que aclare las condiciones para el tratamiento de los subproductos animales. Lo más importante es que los únicos subproductos que deberían acabar en la alimentación animal, y, en consecuencia, en la cadena alimentaria, son aquéllos subproductos que serían adecuados para el consumo humano directo. En otras palabras, si no se puede poner una cuchara de ese producto en la taza de cacao que uno se toma por la noche, tampoco se debería alimentar a los cerdos con él.
Como parlamentario que representa a una circunscripción en gran medida rural, y viniendo de Irlanda, el Estado miembro que más depende de la agricultura, yo respaldo plenamente el riguroso espíritu de esta propuesta. Creo firmemente que debe existir una prohibición total de la alimentación de cerdos con bazofia. Ya hemos visto el daño que puede causar una postura más laxa. También estoy convencido de la necesidad de prohibir el uso de los aceites vegetales recuperados en cualquier alimentación.
Tiene mucho mérito la sugerencia de la ponente de que las sobras de la comida doméstica estén exentas de lo dispuesto en estas normas en cuanto al transporte, la identificación, etc. y que se regulen mediante normas nacionales y mediante la Directiva Marco sobre Residuos.
En cuanto a la cuestión del agua residual de los mataderos, creo que debe revisarse puesto que cubre una gran cantidad de material de desecho. Definir "aguas residuales" en el Anexo podría ayudar a clarificar la situación.
En conclusión, quisiera garantizar al Sr. Comisario que cuenta con todo el apoyo del Parlamento en este importante aspecto de la seguridad alimentaria. A tal respecto, le rogaría que ejerciera presión sobre el Consejo para alcanzar una decisión definitiva sobre la sede de la muy importante Autoridad de Seguridad Alimentaria. La protección de los consumidores europeos y de la integridad de la cadena alimentaria, siguen estando en el centro de las preocupaciones de los diputados de esta Asamblea.

Bordes y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) El informe sobre los intercambios transfronterizos de electricidad está encaminado, primero y sobre todo, a través de la creación del mercado único - que el informe asume plenamente -, a abrir el mercado de la electricidad a la competencia y, por ende, a pesar de que no lo diga claramente, a su privatización; es decir, a entregar a los intereses de grandes grupos privados el pastel del abastecimiento eléctrico de más de 300 millones de europeos. No contento con ello, pero en perfecta lógica con dicha iniciativa, el ponente recomienda hacer recaer en los consumidores, en toda la Unión Europea, las cargas que se derivan de esta apertura a las empresas privadas de las redes nacionales.
Nos oponemos resueltamente a la privatización de la producción y del abastecimiento de electricidad, como lo hacemos contra todas las privatizaciones de los servicios públicos que intentan llevar a cabo los Estados nacionales y las instituciones europeas, puesto que esta política no puede realizarse sino en detrimento de los intereses a la vez de los trabajadores de los sectores considerados y de la gran masa de consumidores.
Denunciamos dicha política de desmantelamiento de los servicios públicos, cuyo único objetivo es satisfacer las ansias de beneficios de los capitalistas - bien se reconozca como tal en el informe Mombaur, o bien se disimule, muy mal, detrás de consideraciones ecológicas, como en el informe Turmes-Rapkay -. Hemos votado, pues, en contra de estos dos informes.

Caudron (PSE)
. (FR) ¡La energía no es una mercancía como las demás! Cuántas veces ya lo he dicho y repetido...
Es preciso tomar en consideración la seguridad del abastecimiento y el importante volumen de las inversiones que acarrea.
Es imprescindible integrar el necesario servicio público y su importancia en términos de ordenación territorial.
A pesar de ello, tras el Consejo Europeo de Lisboa y frente a la exigencia de iniciar rápidamente los trabajados de realización del mercado interior del gas y de la electricidad, la Comisión Europea ha presentado una comunicación, una propuesta de reglamento y una propuesta de directiva tendentes a acelerar la liberalización del mercado del gas y de la electricidad con una apertura total prevista para 2005.
En la Cumbre de Estocolmo los Estados miembros aprobaron dicha aceleración, con excepción de Francia, que se opone firmemente a esta fecha.
La Comisión desea una aceleración de la apertura del sector de la electricidad con la posibilidad para todos los consumidores del sector no residencial de elegir libremente su suministrador de aquí al 1 de enero de 2003 y que el conjunto de los consumidores se beneficie de esta posibilidad a más tardar a principios de enero de 2005.
Con respecto al gas: para los no residenciales el 1 de enero de 2004 y para el conjunto de los consumidores a principios de enero de 2005.
Esto es absolutamente irresponsable e inadmisible.
Se trata de la caricatura de una Europa ultraliberal, que combato.
A la vista de las relaciones de fuerza en el Parlamento Europeo y en Europa, la lucha es difícil.
Por eso he apoyado una enmienda de transacción con P. Herzog y G. Savari para modificar el artículo 19 sobre las fechas y condiciones de apertura a la competencia, haciendo hincapié en la necesidad de efectuar nivelaciones para garantizar la igualdad de las tarifas a los clientes residenciales.
Por eso en la votación final he votado en contra del informe.
Francia debería apoyar esta posición en el Consejo de Barcelona.

Lulling (PPE-DE)
. (DE) En primer lugar, me parece importante destacar que la parte del informe correspondiente a la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de la que se hizo cargo el Sr. Turmes, no obtuvo mayoría en la comisión.
Si se hubiese tratado de un informe Turmes, en vez del informe Rapkay-Turmes que tenemos sobre la mesa, aquél no habría llegado a ver la luz del día ante el Pleno.
Nosotros, evidentemente, suscribimos los tres grandes objetivos del proceso de liberalización de la explotación de la electricidad y del gas, en relación con los cuales también emitimos un mandato claro e incontrovertible para la Cumbre de Barcelona. A saber:
1) queremos garantizar que los consumidores puedan elegir libremente su proveedor
2) queremos garantizar que todos los proveedores tengan acceso a todas las redes en condiciones equitativas y transparentes
3) queremos que en todos los Estados miembros se establezca un sistema obligatorio que garantice el objetivo descrito en el punto dos.
Sin embargo, el Sr. Turmes consideró necesario incluir en su parte del informe, relativa a la industria de la electricidad, toda su ideología y todas las aspiraciones de Los Verdes al respecto, que además no guardan relación alguna con el tema de fondo. Su texto se sale, por lo tanto, del tema en esos puntos. Yo he votado en contra de dichos puntos de la resolución, al igual que mis colegas. Puesto que se trata del procedimiento de codecisión del Parlamento y del Consejo, con su lista de demandas rojiverde, el Sr. Turmes no ha hecho ningún favor al tema que nos interesa, que es la liberalización razonable y equilibrada del mercado de la electricidad en la UE.
(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) El fomento del comercio internacional en el ámbito del gas natural y de la electricidad agudiza los problemas medioambientales y afecta a la protección del consumidor y a la estabilidad de los precios. Me centraré en estas cuestiones con motivo del informe Mombaur. Los ponentes Turmes y Rapkay formulan propuestas -muy a pesar del portavoz del Grupo PPE-DE, como pudimos observar ayer- destinadas a amortiguar los efectos del informe Mombaur. Aunque sus esfuerzos me resultan simpáticos los considero poco viables, puesto que intentan compaginar dos objetivos irreconciliables. Aceptan que se deje un margen más amplio a las fuerzas del mercado, en términos de crecimiento y beneficios, sin dejar huérfanos al medio ambiente y al consumidor. Respaldo con mucho gusto su tentativa de desglosar la procedencia de la electricidad en las facturas de los consumidores y en el material informativo con mención de los diferentes porcentajes y las consecuencias de la generación de gases de efecto invernadero y residuos nucleares, incluso para la energía importada. Lo mismo digo con respecto a la idea de adoptar medidas financieras para fomentar la inversión en producción combinada de calor y electricidad y molinos de viento. Me siento menos satisfecho con la insistente predicación a favor de la liberalización del sector del biogás y el afán de evitar que los requisitos medioambientales restrinjan la competencia entre las empresas, aunque pueda tratarse de una concesión a la mayoría de la Comisión de Industria. A pesar de que no estoy de acuerdo con las circunstancias en las que se formula la presente propuesta, le concedo mi apoyo, a diferencia de mi Grupo, a falta de una alternativa mejor.

Titley (PSE)
. (EN) Acojo favorablemente las medidas para reestructurar los mercados europeos de la energía: hará que los mercados sean más abiertos y accesibles para todos. Si la directiva final incluye muchas de las valiosas enmiendas propuestas por la Comisión de Industria, los consumidores de energía europeos se encontrarán en un clima mucho más favorable que el actual. Las facturas recogerán más información básica y los consumidores estarán mejor informados de lo que están pagando exactamente. Todavía más importante para los consumidores europeos será el propuesto acceso no discriminatorio a las redes para los diferentes competidores. La economía básica nos dice que una mayor competencia en las redes daría lugar, en última instancia, a un descenso de los precios: buenas noticias para los consumidores que, con el sistema actual, acaban pagando en demasía. Son igualmente buenas noticias para las pequeñas empresas de energía que se ven a veces disuadidas de una mayor expansión debido a los altos costes de entrada al mercado. El gas y la electricidad son necesidades básicas, no bienes de lujo, y esta directiva será un triunfo para la mayoría de los consumidores europeos y para algunos productores de energía.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Antaño la generación y distribución de la electricidad se organizaba a pequeña escala, por municipio o por provincia, y bajo la responsabilidad de una representación democrática elegida en dicha región. Ahora vamos camino de una generación y distribución llevadas a cabo por consorcios internacionales, sobre los cuales la democracia ya no ejerce ninguna influencia. Los inconvenientes de este sistema han quedado claramente demostrados en los Estados Unidos. Basta con mencionar los cortes eléctricos sufridos en California y la quiebra de ENRON. Las consecuencias negativas tampoco se han hecho esperar en Europa. Las empresas eléctricas neerlandesas, que hasta hace poco fueron propiedad de los municipios y las provincias, han invertido mucho dinero en una generación eléctrica limpia. Ahora esta producción limpia se considera demasiado cara y se importa electricidad sucia procedente de carbón, lignito y energía nuclear a través de la red de interconexión transfronteriza. Estas líneas de acoplamiento se construyeron en su día para poder ofrecer ayuda mutua en situaciones de crisis y en horas punta de consumo eléctrico, pero en la actualidad su capacidad se aprovecha íntegramente para el comercio internacional. Por todo ello, rechazo el espíritu del informe Mombaur sobre el comercio transfronterizo de electricidad, aunque en las propuestas de Turmes y Rapkay se preste más atención a una contabilidad de los gases de efecto invernadero y los residuos nucleares así como al fomento de los molinos de viento y la producción combinada de calor y electricidad y la protección del consumidor. Habida cuenta de que estos objetivos resultarán incompatibles, voto en contra.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Los aeropuertos suelen construirse en zonas muy pobladas. A ello se añade que los propios aeropuertos atraen un crecimiento económico adicional, de modo que en las inmediaciones de los mismos se concentran cada vez más personas. Todo ello hace que el ruido de los aviones se haya convertido en una lacra para una parte cada vez más amplia de la humanidad. Cuanto más dependa una zona del tráfico aéreo para satisfacer sus necesidades en materia de transporte, tanto mayor será el nivel de molestias. La única manera de combatir el ruido pasa por reducir el tráfico aéreo a vuelos de largo recorrido, dejar un mayor espacio entre los aeropuertos y las zonas residenciales, conceder menos importancia al crecimiento económico y al comercio mundial y prohibir el uso de aviones ruidosos. Está claro que en este terreno las opiniones de los Estados Unidos y el Tercer Mundo no coinciden siempre con las nuestras. Los países en vías de desarrollo son demasiado pobres para tener en cuenta estas cuestiones y en la adinerada Norteamérica los beneficios empresariales prevalecen sobre cualquier otro argumento. Si en Europa deseamos proceder a una reducción real del ruido en los aeropuertos no podemos conformarnos con el reciente acuerdo obtenido a nivel mundial en el marco de la OACI, sino que, de ser necesario, debemos establecer una normativa más estricta. La propuesta de retirar con fecha de 1 de abril el reglamento relativo a los lotes de insonorización diseñado a este fin tiene sobre todo por objeto evitar una guerra comercial con Estados Unidos. Coincido con el ponente de opinión, el Sr. Blokland, en que la presente iniciativa se queda corta, aparte de que el plazo previsto para la aplicación de excepciones es demasiado amplio. Es por eso por lo que voto en contra.

Titley (PSE)
. (EN) Respaldo plenamente este informe sobre la comunicación de la Comisión, que pretende mejorar la transmisión de información entre la UE y sus ciudadanos. Las campañas contra la UE en países como Irlanda han puesto claramente de manifiesto la necesidad de una estrategia de comunicación positiva. Asimismo, los preceptos prácticos detallados en este informe demuestran que la UE va en serio en su propósito de acercarse más a los ciudadanos europeos y de contrarrestar la percepción común de que la dirige una burocracia de elite. Centrarse en los asuntos que afectan a la vida diaria de la gente, como la seguridad alimentaria, el euro y la justicia y los asuntos de interior, hará que los ciudadanos se involucren plenamente en el debate sobre Europa. Del mismo modo, es pertinente el acento que se pone en la descentralización del intercambio de información: las regiones de la UE, de forma muy evidente, y las autoridades locales están al tanto de las necesidades regionales y de los asuntos de importancia local. Son, sin duda, las mejor situadas para difundir la información de la UE. Igualmente, es vital que participen las televisiones regionales.
Por último, el llamamiento a favor de un mayor uso de internet en la campaña de información hará que esta campaña no sólo sea rentable sino también respetuosa con el medio ambiente. Dado que el Parlamento Europeo es la institución europea más cercana a los ciudadanos europeos, tendría sentido que se convirtiera en la institución en torno a la cual gire esta campaña de información.

Smet (PPE-DE).
En nombre de mi Grupo expreso las razones por las cuales hemos votado en contra. En primer lugar, debido a la deficiente calidad del informe. Se trata de un texto muy confuso. Resulta harto difícil encontrar el hilo conductor. En segundo término se mete en un mismo saco a la religión, al fundamentalismo y a la violación de los derechos humanos, lo cual no podemos aceptar bajo ningún concepto. La tercera razón es que a la Unión Europea se le confiere una serie de cometidos que no le corresponden: entre otras cosas la creación de una universidad libre para mujeres, etcétera. Es más, no queremos una universidad separada para mujeres, somos partidarios de que se abran universidades mixtas. Es por eso por lo que hemos votado en contra del informe.

Raschhofer (NI)
Señor Presidente, yo he votado en contra del informe presentado porque éste defrauda las expectativas que, de hecho, despierta su título. Su atención se centra en el fundamentalismo religioso y sólo se mencionan muy brevemente sus otras manifestaciones. Aunque esta manifestación sea la más significativa y predominante, para desarrollar un debate fructífero es imprescindible identificar el problema del fundamentalismo en su conjunto. La amenaza del fundamentalismo está alcanzando unos extremos de menosprecio por las personas difícilmente superables a la vista de lo ocurrido el 11 de septiembre. Para hacer justicia a la situación no es posible limitarse, sin embargo, exclusivamente a los aspectos religiosos. Igual que pueden encontrarse personas de toda posición obsesionadas por la idea de un orden fundamental, su ideario también abarca todos los ámbitos de la sociedad.
La consecuencia lógica de esta constatación sólo puede ser, por lo tanto, un análisis de toda la temática, sin concentrarse en una manifestación, aunque sea la que reúna a la mayoría de seguidores.

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, durante la votación uno de mis colegas holandeses señaló que parte del informe no tenía sentido en neerlandés. A mí me ha resultado difícil encontrar algo en el informe que tuviera sentido en inglés. Este informe ha llevado la corrección política hasta a nuevas cotas. Es contraproducente abordar un asunto tan importante como el fundamentalismo religioso con una invectiva de fundamentalismo político como la que conforma en gran medida este informe.
Soy particularmente crítico con el párrafo 29, incluso en su versión modificada, que considera la separación de iglesia y estado la forma de gobierno más aceptable. No tengo que recordarle, Señor Presidente, que en mi país, si no en el suyo, el jefe del Estado es también el jefe de la iglesia establecida. Es un sistema que, de hecho, funciona muy bien. Espero que el Parlamento no esté pidiendo a la Reina que abdique, para que, quizás, podamos elegir al Presidente Kinnock en su lugar.

Berthu (NI)
. (FR) El informe Izquierdo Rojo sobre 'las mujeres y el fundamentalismo?, que acaba de ser aprobado por escasa mayoría, a pesar de nuestro voto en contra, demuestra la existencia de una buena idea de partida completamente pervertida durante las discusiones.
Al principio se trataba de afirmar nuestra voluntad de que los derechos de las mujeres fuesen rigurosamente respetados en los territorios del conjunto de los países miembros, en el momento en que las corrientes de inmigración densa y no asimilada tienden a implantar en nuestros países concepciones que degradan a la mujer o que equivalen a una tortura cruel, como la ablación.
Desgraciadamente, el Parlamento Europeo no se ha decidido a darle un nombre al mal que padecemos - una inmigración no asimilada, a menudo originaria de países de cultura islámica -. En estas condiciones, el Parlamento Europeo se ha refugiado en declaraciones asépticas o, peor aún, ha pronunciado condenas generales que parecen aplicarse a todos los europeos, sin distinción, y que culpabilizan erróneamente a todo el mundo.
Eso es lo que ocurre con la propia noción de 'fundamentalismo?: ésta mezcla alegremente la práctica rigorista de una religión que coloca a la persona en el centro de la sociedad, el cristianismo, y la práctica rigorista de otra, que somete a la persona a la comunidad, el Islam. Sin embargo, no es lo mismo.
Como colofón, el Parlamento Europeo recomienda que las próximas directivas sobre el derecho de asilo, aprobadas en aplicación del Tratado de Ámsterdam, permitan la acogida de mujeres del mundo entero que 'sufren persecuciones fundamentalistas?. Para ser coherente, ¡habría que haber exigido al mismo tiempo la abolición del Pacto de Estabilidad Presupuestaria!

Bordes y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) El informe tiene el mérito de denunciar uno de los aspectos más odiosos de la opresión de las mujeres en el mundo: el integrismo religioso y los regímenes que lo practican. Hemos votado a favor de los apartados de denuncia y las medidas que facilitan las cosas a las mujeres obligadas a huir de los países donde reina la barbarie misógina. Sin embargo, nos hemos abstenido en cuanto al conjunto.
En efecto, si bien el texto denuncia, con razón, el integrismo islámico, resulta claramente más discreto en relación con las diferentes formas de integrismo, sobre todo católico, de que son víctimas las mujeres incluso en los países miembros de la Unión Europea, como Irlanda y Portugal o algunos länder de Alemania.
El hecho de prohibir a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, en realidad, del derecho de disponer de su propio cuerpo, es de por sí una actitud misógina y opresiva.
Y la Unión Europea sería más creíble en sus buenas resoluciones con respecto a la misoginia y a los regímenes islamistas si empezara por barrer delante de su puerta, y prohibiese a sus Estados miembros prácticas discriminatorias contra las mujeres. Las instituciones europeas se han arrogado el derecho, con la complicidad de los gobiernos europeos, de imponer una medida tan retrógrada como el trabajo nocturno de las mujeres. ¿Por qué se niegan a imponer a escala europea ese derecho elemental, como es el derecho de las mujeres de disponer de sí mismas, incluyendo el de la interrupción voluntaria del embarazo?

Caudron (PSE)
. (FR) Deseo felicitar muy cálidamente a la Sra. Izquierdo Rojo por su excelente informe de propia iniciativa con motivo de la audición 'Las mujeres y el fundamentalismo?, organizada el 23 de enero de 2001. Todos están de acuerdo en afirmar que el fundamentalismo puede tener varios rostros. Puede ser religioso, político o ideológico. ¡A menudo no se insiste suficientemente en el hecho de que las mujeres son sus primeras víctimas y a menudo dentro de la más total indiferencia!
Si bien la Unión Europea ha de denunciar este fenómeno en los terceros países, no debe dar lecciones, ya que se enfrenta a ello en su propio territorio. Cito como prueba el envío masivo de mensajes electrónicos de que han sido víctimas los diputados europeos para incitarnos a rechazar este informe, considerado como 'una amenaza para la dignidad femenina y para el derecho a la vida de todo ser humano hasta su muerte natural?.
Apoyo, por el contrario, la demanda formulada en este informe de fomentar la igualdad de derechos para las mujeres, concretamente el derecho de ejercer el control sobre su cuerpo y el derecho de decidir el momento en que desean fundar una familia, de decidir su modo de vida y sus relaciones personales. Resulta asimismo esencial que los Estados miembros adopten una legislación que prohíba toda práctica que ponga en peligro la integridad física y mental y la salud de las mujeres, como la ablación.
¿Cómo podemos dejar de mencionar la miseria humana en la que los talibanes hundieron a los 11 millones de mujeres afganas en 1996? ¡Prisioneras de su chadri, privadas de educación, de asistencia sanitaria, víctimas de castigos corporales públicos, las mujeres 'sobreviven en una existencia infrahumana?! Es nuestro deber presionar al nuevo gobierno para que el cambio político que está viviendo el Afganistán se traduzca por una verdadera mejora de la condición de las mujeres.
La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres debería formar parte de la política exterior de la Unión Europea. Pienso en la aplicación de las políticas MEDA y LOME. La cláusula de los derechos humanos sigue siendo a menudo papel mojado, a fin de no comprometer uno u otro acuerdo económico o comercial.
La Sra. ponente nos proporciona varias pistas para luchar contra el fundamentalismo. Haré hincapié principalmente en el laicismo y, por tanto, en la separación clara y categórica de los asuntos públicos. ¡Se trata de un principio básico! Por otro lado, la modernización de la vida política debe llevarse a cabo otorgando a las mujeres el lugar que les corresponde de pleno derecho en la gestión de la vida pública.

Ferrer, Concepció (PPE-DE). -
Nada puede justificar la violación de los derechos y libertades fundamentales de que la persona es portadora y que emanan de su irrenunciable dignidad. Por ello estoy en contra del fundamentalismo en tanto que expresión de un pensamiento que niega la libertad de la persona, sea hombre o mujer, y de su derecho a escoger su propio camino; y considero que la Unión Europea debe defender y promover con todos los medios a su alcance el respeto de los derechos humanos allí donde se conculquen.
Pero no puedo aceptar la condena implícita que hace el informe Izquierdo de los valores religiosos y del hecho religioso amparándose en la condena del fundamentalismo, y no sólo en relación al cristianismo. Una cosa es la libre adhesión a unos principios religiosos acordes con el respeto de los derechos humanos y otra la imposición de unas normas de conducta que conllevan en sí la negación de la dignidad de la persona y la vulneración de dichos derechos. Una cosa es defender la separación de la Iglesia y del Estado, planteamiento que comparto plenamente porque constituye la base del sistema democrático, y otra negar, en nombre del laicismo, el derecho a la libertad de expresión de la Iglesia y las comunidades religiosas, es decir el derecho a interpretar, a la luz de su pensamiento, los hechos de la vida pública y política que rigen la vida de los ciudadanos.
Hoy, al aprobar este informe, el Parlamento Europeo ha hecho un flaco favor a la causa de las libertades que queremos promover porque tras la condena del fundamentalismo hay en realidad una nueva forma de fundamentalismo que se nos quiere imponer: el fundamentalismo laico, tan condenable como cualquier otro en la medida en que todos niegan la libertad de cada cual a escoger su propio modelo de vida. Esta es la justificación de mi voto negativo a dicho informe.

Gill (PSE)
. (EN) Me he abstenido en la votación de las enmiendas y he votado en contra del informe final porque me preocupa profundamente la falta de equilibrio de este informe. En el informe están implícitos valores culturales occidentales que suponen una presunción en contra de los derechos de las mujeres en el Islam. Yo cuestionaría el buen criterio del Parlamento a la hora de elaborar este informe y de emitir con el mismo un juicio sobre otras culturas y sus valores. Creo que este informe se ha basado en una visión externa con una experiencia muy escasa y limitada del estilo de vida islámico.
Yo estoy profundamente comprometida con la igualdad de oportunidades de las mujeres en todas partes, pero, creo que es crucial que las mujeres en los distintos lugares del mundo puedan establecer su propio concepto de libertad que tenga en cuenta la variedad de diferentes culturas y valores en los que creen.

Gollnisch (NI)
. (FR) Los diputados del Frente Nacional se pronunciarán en contra del informe de la Sra. Izquierdo Rojo.
El informe contiene, ciertamente, elementos positivos, como el hecho de que no deba combatirse un fundamentalismo con fundamentalismos de signo contrario (considerando M). Pero también contiene elementos negativos y muy negativos.
Ante todo sorprende ver que este informe inicialmente destinado al Islam y a las mujeres haya sido rebautizado, y se haya cambiado el título. ¡Para no disgustar, naturalmente, y por respeto al sacrosanto 'políticamente correcto?! Además, para culpabilizarnos aún más, se recuerda en el considerando A que 'la noción de fundamentalismo surgió en los Estados Unidos en la década de 1920 y hacía referencia principalmente al cristianismo?. ¡Los 11 millones de mujeres afganas borradas durante años, bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, de todos los espacios públicos, de la educación, de la actividad profesional, desatendidas desde el punto de vista sanitario, maltratadas, sometidas, están ahí para testimoniarlo!
En este informe el Parlamento Europeo se erige en teólogo. Pero, ¿con qué derecho? ¿Con qué competencias? ¿Cómo puede colocar en igualdad de condiciones religión y fundamentalismo, lo espiritual y lo temporal? En este informe la religión es sistemáticamente asimilada al fundamentalismo, y ello con total desprecio de la realidad.
Este informe, de hecho, es una amalgama de prejuicios que desembocan siempre en lo mismo: la inversión de los valores y el fomento de la decadencia. ¿Qué puede decirse, por ejemplo, del apartado 33, donde se pide a los jefes de las iglesias cristianas que legitimen el lesbianismo? Este informe sirve también, y una vez más, de apoyo a la política proinmigracionista de Bruselas. En efecto, no sé por medio de qué tipo de engañifa los apartados 18, 19, 21 y 24 exigen, en nombre de la lucha contra el fundamentalismo, una mayor flexibilidad en la concesión del derecho de asilo a estas mujeres y, en el marco de una política preventiva, garantizar rápidamente la integración social de los inmigrantes, de los refugiados y de las minorías que residen en el territorio de la Unión.
Por estas razones, y por muchas más, es preciso rechazar este informe y negarse que en el futuro el Parlamento Europeo, con el pretexto de luchar contra el fundamentalismo religioso, lo sustituya por otro, quizá aún más arbitrario: el que resulta de las convicciones contingentes y hostiles al orden natural de su actual mayoría.

Klaß (PPE-DE)
. (DE) Es necesario que nos enfrentemos con esta temática y su discusión merece, por principio, todo el apoyo, ya que muchas mujeres son víctimas de la discriminación fundamentalista. Sin embargo, el presente informe no hace justicia a este planteamiento del problema y crea la impresión de que el fundamentalismo es una característica exclusiva de ciertas religiones. No se ha tomado en consideración el fundamentalismo político, social y económico que atenta contra las mujeres y repercute de manera devastadora sobre su calidad de vida. Este enfoque restringido es contrario al orden de valores ético cristiano. Esta orientación unilateral, que responde a motivaciones antirreligiosas, pierde de vista el objetivo importante, que es abordar de manera adecuada el tema de 'las mujeres y el fundamentalismo?. El informe es parcial, contradictorio y no establece distinciones, con lo cual, como resultado, redunda en menoscabo de la lucha general contra la discriminación de las mujeres. La libertad de credo y la protección contra la discriminación son parte evidente de los derechos fundamentales y no se pueden contraponer enfrentando la una contra la otra. Por esto, yo he votado en contra del informe.

Lulling (PPE-DE)
. (FR) Cuando la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades fue autorizada a elaborar un informe de propia iniciativa sobre las mujeres y el fundamentalismo, se podía esperar que dicho informe no contribuiría sólo a denunciar una vez más el hecho de que millones de mujeres en el mundo estén privadas de derechos humanos y cívicos elementales, lo cual es archiconocido.
Habíamos abrigado la esperanza de que este informe podría aportar una contribución válida para que las cosas avanzaran por la buena dirección, ahí donde es necesario. Desgraciadamente, nuestra ponente y aquellos y aquellas que la han apoyado han desaprovechado esta buena ocasión - como lo demuestra, por otra parte, el hecho de que el informe en la Comisión de Derechos de la Mujer se aprobó sólo por 15 votos contra 7 y la opinión de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores por 18 votos a favor y 11 abstenciones -.
Las dos ponentes son miembros del Grupo Socialista de este Parlamento. La falta de cooperación e incluso la obstinación de la ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de atender a razones y de no mezclar las cosas, me impide votar a favor de este informe, entre otros motivos, porque acusa, sin matices, a todas las religiones de practicar un fundamentalismo de la peor clase y sobre todo porque quiere ir más allá de esta resolución para definir detalladamente la política de asilo y la política de inmigración de la Unión Europea.
Esto no es así, y lamento que la ponente se haya obstinado, por la orientación de este informe, a prestar un tan mal servicio a las mujeres víctimas del fundamentalismo y, por consiguiente, también a este Parlamento.

Meijer (GUE/NGL)
 - (NL) Todos los seres humanos son iguales, aunque siempre hay personas que tienen interés en afirmar lo contrario. La esclavitud, el racismo, las guerras coloniales, el trabajo infantil, el pago de sueldos míseros a los obreros y de precios excesivamente bajos pagados por las materias primas y la oposición a la igualdad de oportunidades para la mujer son el resultado de ello. Algunos privilegiados, que deberían corregir su mala conducta, se amparan en citas de la Biblia o del Corán para dejar las cosas tal como están. En el siglo pasado las mujeres de los diferentes países europeos adquirieron, por fin, los mismos derechos que los hombres. Pensemos, por ejemplo, en el sufragio, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad de remuneración, el acceso a cargos directivos, el derecho a la disolución de un matrimonio fracasado y la equiparación del derecho de sucesión al de los varones. Sin embargo, continúa habiendo una retaguardia masculina que se opone a estos logros. Últimamente, el número de hombres procedentes de culturas en las que se pone en tela de juicio la igualdad entre hombres y mujeres ha aumentado como consecuencia de la inmigración. Una parte de ellos retiene a sus hijas en casa, las entrega en matrimonio y las castiga si buscan pareja por iniciativa propia. La Comisión de Derechos de la Mujer tiene toda la razón en proponer que no se tome como punto de partida el derecho de familia de los países de origen, que no se preste ayuda a los países que discriminen a la mujer y que se incluya a las mujeres perseguidas por razón de sexo en el ámbito de aplicación del derecho de los refugiados.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
. (SV) El informe sobre las mujeres y el fundamentalismo se ocupa de muchos temas importantes. Es innegable que en muchas partes del mundo se niega a las mujeres sus derechos y se les oprime en nombre de lo que denominamos fundamentalismos religiosos, políticos o ideológicos.
Como cristianodemócratas rechazamos enérgicamente esos atropellos a los derechos humanos y condenamos el trato a que se somete a las mujeres, por ejemplo, en Afganistán durante el régimen de los talibanes.
No obstante, este informe contiene deficiencias tan esenciales que no podemos respaldarlo. Por ejemplo, no hay una definición del fundamentalismo. Aunque hasta cierto punto podemos leer que se trata de regímenes o formas de corrientes religiosas violentos y represivos, en el informe no se logra diferenciar entre lo que es el fundamentalismo y el concepto de religión o de instituciones religiosas en general.
En el informe se consigna reiteradamente que la religión es algo privado y que las instituciones religiosas 'no deben intervenir en la vida religiosa y política de los estados?. Creemos en una sociedad civil fuerte, con la presencia de las iglesias, y no queremos quitar a nadie el derecho a participar en el debate público.

Uca (GUE/NGL)
. (DE) Yo me he abstenido en la votación de este informe. Es importante que se garantice el respeto de los derechos de las mujeres. El fundamentalismo se da en todos los ámbitos sociales y no sólo en la religión islámica, como se afirma reiteradamente en el informe. Éste es unilateral y sólo condena a unos pocos Estados que no reconocen los derechos de las mujeres.

El Presidente. -
Las explicaciones de voto quedan cerradas.
(La sesión interrumpida a las 13.58 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se prosigue con el debate sobre las declaraciones del Consejo y de la Comisión relativas a las relaciones trasatlánticas, incluyendo los aranceles a la importación de acero.

Souchet (NI). -
Exactamente seis meses después de los acontecimientos del 11 de septiembre no puede por menos que sorprendernos sobremanera que en el balance de las relaciones transatlánticas que efectúa la Presidencia de la Unión Europea se dedique una parte relativamente pequeña a las lecciones que deben sacarse de los mismos. Se habría podido pensar que la tragedia del 11 de septiembre obligaría a los países europeos a interrogarse con detenimiento sobre las razones por las que la internacional terrorista islámica eligió Europa para instalar las bases que sirvieron para golpear a Norteamérica. ¿Qué facilidades concretas ofrecen, pues, nuestros países y cómo pueden eliminarse? ¿Qué consecuencias hay que sacar de la instrumentalización de los procedimientos de asilo por las ramificaciones terroristas, etcétera?
Naturalmente, nuestras policías han trabajado bien, en estrecha cooperación con los servicios estadounidenses. Sus investigaciones revelan la amplitud de la implantación terrorista en nuestros países. En cambio, en cuanto al análisis de la significación del 11 de septiembre existe una diferencia importante entre las dos riberas del Atlántico: accidente para unos; revelación de la naturaleza profunda del nuevo escenario mundial, dominado por el hiperterrorismo, para otros. La Comunicación del Consejo refleja este desacuerdo. Las medidas efectivas para hacer frente a la amenaza común y a su amplitud no ocupan el centro de las preocupaciones y parecen ser muy minimalistas. Sólo se habla de un impreciso mandato de negociación tendente a elaborar - para no se sabe cuándo - un Convenio de ayuda mutua judicial. Se trata, señor Presidente, de un extraño y peligroso desfase que puede hipotecar gravemente las relaciones transatlánticas y nuestra propia seguridad.

Van Velzen (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, es completamente deplorable que este debate sobre las relaciones transatlánticas entre la Unión Europea y los Estados Unidos se convierta al mismo tiempo en un debate sobre una guerra del acero. Ello es completamente deplorable porque damos por supuesto que el Presidente Bush debería ser uno de los fervientes defensores de la economía de mercado, no uno de los partidarios de medidas proteccionistas. Sería comprensible que adoptase medidas de esta índole por razones electorales, pero esta actitud no cuadra en absoluto con su afán de promover el libre comercio y, por tanto, debemos desaprobarla.
Es asimismo deplorable porque acabamos de iniciar la cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en Doha. Esta medida es un jarro de agua fría, y me parece a mí que no será la última, señor Presidente, porque, según tengo entendido, los Estados Unidos piensan hacer lo mismo con los productos agrícolas.
Señor Presidente, vamos por muy mal camino. Limitándome al sector del acero, quisiera apuntar que mi país, los Países Bajos, ha realizado al igual que su país enormes esfuerzos para reestructurar la industria del acero. Esta operación ha costado directa e indirectamente miles de puestos de trabajo en su país y en el mío. Dicho de otro modo, nosotros acabaríamos pagando el precio de la falta de reestructuración en los Estados Unidos. A mi modo de ver, la Unión Europea ha presentado muy buenas propuestas, sugiriendo que tal vez pueda crearse una especie de fondo del que también podría beneficiarse el sector del acero estadounidense. Como es obvio, dichas propuestas ya no están sobre la mesa, lo cual significa que no avanzamos ni un ápice y que, en realidad, nosotros acabamos cargando con el coste desorbitado del acero en Norteamérica -no sólo debido a la elevada cotización del dólar, sino también a causa de los sistemas de seguridad social y de pensiones propios de la industria del acero- y con este tipo de problemas.
Señor Presidente, en mi opinión debemos aprovechar el Consejo de Barcelona para lanzar una ofensiva diplomática, al margen de las acciones habituales que debe emprender usted, Comisario Lamy, amenazando incluso con medidas de represalia contra Estados Unidos. Resumiendo, se trata de que en Barcelona lancemos asimismo una ofensiva diplomática a fin de dejar claro a los Estados Unidos que este tipo de medidas proteccionistas no hacen más que distorsionar seriamente el libre comercio y, por tanto, también la creación de empleo. Necesitamos la señal opuesta: lo único que queremos es crear más puestos de trabajo a escala mundial. En este momento sucede todo lo contrario. Por eso mismo, señor Presidente, insto encarecidamente a la Comisión y al Consejo -me alegro de que ahora esté presente- a que se comprometan a tomar iniciativas en Barcelona.

Van den Berg (PSE).
Señor Presidente, los socialistas siempre han formado parte de un movimiento a favor de la paz mundial. Después de la Guerra Fría respaldaron la celebración de acuerdos multilaterales destinados a reducir al mínimo los arsenales militares, y especialmente las armas nucleares, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Europa ha apostado por el dividendo de la paz para cerrar la brecha de la pobreza. A día de hoy nos encontramos en nuestro mundo multipolar con más de cien conflictos regionales, con un claro predominio de víctimas civiles, que a menudo van acompañados de tráfico ilegal de armas y comercio en materias primas naturales tales como petróleo y diamantes. Nuestra fuerza estaba y continúa estando en la prevención de conflictos. Los países africanos se desintegran y los avispados señores de la guerra se alían con las redes del terrorismo internacional. Ante esta situación la única respuesta consiste en una estrecha colaboración entre todos los Estados miembros pertenecientes al orden jurídico internacional. Europa ha de erigirse en un socio independiente y crítico, pero firme, de unos Estados Unidos que se guíen en sus actuaciones por un espíritu de multilateralismo. Desde esta perspectiva, suscribo las críticas del Sr. Patten y del Sr. Solana en contra de la actual política unilateral de Estados Unidos, en tanto que soy partidario de respaldar las acciones conjuntas. Oriente Medio requiere un proyecto común inmediato, tal y como se ha dicho esta mañana. Es urgente que la Unión Europea y los Estados Unidos aúnen sus fuerzas en este sentido. Por eso mismo, estamos dispuestos a dar prioridad a la lucha contra las redes terroristas internacionales e incluso a la situación en Irak, a condición de que ello se haga a través de las Naciones Unidas y no de forma unilateral. Subrayamos que esta actitud no se enmarca en la línea de un antiamericanismo a la vieja usanza, sino que se fundamenta en el reconocimiento de que todas las personas de buena fe se necesitan mutuamente. Nadie puede arreglar el mundo por sí solo, señor Presidente. Los rumores aparecidos en Los Angeles Times según los cuales el Pentágono estaría pensando en emplear armas nucleares contra siete países, entre ellos Rusia y China, nos preocupan sobremanera. Ello atenta contra los acuerdos internacionales destinados a lograr que todos los países reduzcan el uso de las armas nucleares a sabiendas de que el potencial actual basta para que nos matemos unos a otros varias veces. Emplazamos a la Comisión y al Consejo para que se opongan enérgicamente a la puesta en marcha de una nueva y peligrosa carrera de armas nucleares. Nos ratificamos en nuestra convicción de que la mejor forma de garantizar la seguridad pasa por salvar el abismo entre ricos y pobres, creando un mundo, un hogar común, para todas las personas de buena fe frente a los terroristas internacionales. Nos agradaría que Europa y los Estados Unidos llevaran a buen puerto esta iniciativa, también en Monterrey, abogando por el objetivo del 0,7%.

De Clercq (ELDR).
Las relaciones transatlánticas entre Europa y los EEUU se encuentran de nuevo bajo una gran presión. El diálogo entre ambas potencias se vuelve cada vez más amenazador, y eso en muy diversos ámbitos. La semana pasada el Presidente Bush desató una nueva guerra comercial imponiendo una tasa sobre la importación de acero. La Unión Europea ha presentado con razón una denuncia contra estas medidas draconianas ante la Organización Mundial del Comercio. Aunque nuestros conflictos comerciales con los Estados Unidos tan sólo representen entre el 1 y el 2 % de nuestros flujos comerciales y de inversión, pueden resultar muy perjudiciales para nuestras relaciones recíprocas. Los conflictos comerciales siempre se anuncian con grandes titulares, al tiempo que pueden llegar a debilitar una relación política ya de por sí muy deteriorada. Cada nuevo conflicto está de más. Por eso mismo, es fundamental que se intensifiquen los esfuerzos para resolver posibles problemas en una fase temprana. Por nuestro propio bien, las relaciones transatlánticas necesitan urgentemente nuevos impulsos positivos.

Lucas (Verts/ALE).
Señor Presidente, los Verdes llevan más de una década esforzándose por desenmascarar los mitos de la teoría del libre comercio. Ahora sabemos con certeza, como siempre habíamos sospechado, que la retórica de los EE.UU. y de sus grandes empresas era un engaño. Lejos de estar en el centro de un programa de desarrollo destinado a ayudar a las naciones más pobres a salir de la pobreza, las barreras arancelarias de EE.UU. revelan que ese país utiliza las reglas del comercio para conseguir el acceso a los mercados de otros y a la vez protege sus propios intereses industriales internos. La visión de los EE.UU. es, claramente, que el libre comercio es una calle de un solo sentido para una superpotencia: buena para los exportadores de EE.UU., pero no tan buena para la industria interior de EE.UU.
Compárese con las inequívocas lecciones dadas por EE.UU. a los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Doha en el sentido de que, liberalizando sus mercados, obtendrían automáticamente los beneficios de la globalización. Y a ello habría de seguir automáticamente la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, aunque los países más pobres llevan mucho tiempo sabiendo que, con frecuencia, esto dista de ser así.
Quizás lo que podría surgir del establecimiento unilateral por el Presidente Bush de aranceles a las importaciones de acero sería un muy necesario debate serio sobre los defectos y debilidades inherentes en el modelo del libre comercio, porque existe una oposición cada vez mayor a la desigualdad global inherente en su diktat de que todo país debe poner la competitividad internacional por delante de cualquier otra preocupación interna. La reacción contra esto va desde los agricultores indios que piden un aumento de los aranceles para protegerse de importaciones de alimentos baratos hasta los trabajadores del acero, entre ellos los trabajadores del plenamente reestructurado sector del acero del R.U., que descubren que ahora seguirán siendo incapaces de competir con las exportaciones de acero rumano.
No obstante, existen diversas medidas de represalia que la UE debería considerar y que transmitirían el mensaje adecuado a EE.UU. Me gustaría conocer la opinión del Consejo y de la Comisión acerca de las mismas. Por ejemplo, dado que EE.UU. se ha negado a aplicar el Protocolo de Kyoto por el supuesto impacto que esto tendría en las empresas estadounidenses, la UE debería gravar con un impuesto sobre la energía a todos los productos fabricados en EE.UU. O podríamos considerar una prohibición total de todas las importaciones de alimentos genéticamente modificados producidos en EE.UU., dado que la presión de EE.UU., ejercida en virtud de las reglas del libre comercio, ha impedido a los ministros de la UE respetar la opinión popular y prohibir dichos alimentos en nuestros mercados. Ya va siendo hora de que la UE ponga en evidencia al Sr. Bush.

Boudjenah (GUE/NGL). -
Señor Presidente, el estado de las relaciones transatlánticas es examinado, evidentemente, en función del contexto actual.
Hablemos ante todo de la decisión de gravar las importaciones de acero hasta un 30% y de imponer cuotas. Como primera potencia exportadora hacia los Estados Unidos, la Unión es la principal afectada. Sin embargo, las importaciones de acero europeo no son la causa de las dificultades de la industria siderúrgica estadounidense, puesto que han bajado un 33% desde 1998.
Si a eso se añaden los desacuerdos sobre la carne tratada con hormonas o sobre los OGM, deben preverse graves repercusiones económicas y sociales en el sector del acero europeo. La Comisión, como lo ha anunciado el Sr. Lamy, haría bien en denunciarlo ante la OMC, pero también en aplicar de inmediato medidas de retorsión frente a las exportaciones estadounidenses.
Sin embargo, esta nueva decisión de la Administración Bush demuestra la firme voluntad del Gobierno estadounidense de adoptar una iniciativa unilateral en muchos ámbitos: comercial, económico, pero también cultural y militar, y es en este último frente donde se centran graves preocupaciones. El New York Times acaba de revelar, en efecto, la existencia de un plan secreto del Pentágono contra el Iraq, Irán, Libia, Siria, Corea del Norte, y también contra Rusia y China. Al parecer, se contempla la posibilidad de utilizar armas nucleares de manera ofensiva, por ejemplo en el marco de un conflicto árabe-israelí.
Como dice John Isaac, figura importante del mundo asociativo estadounidense, el doctor Strangelove sigue siempre vivo en el Pentágono. Con el pretexto de luchar contra el terrorismo, esta tendencia de la superpotencia estadounidense hacia una lógica de guerra permanente es excesivamente peligrosa para el conjunto del planeta.
Estados Unidos define de nuevo su papel en el mundo en torno a una sola obsesión: su seguridad. Pero la razón en este planeta no puede asistir ante todo, exclusivamente y siempre a los estadounidenses. Cómo no vamos a preocuparnos por las palabras de John Bonton, subsecretario de Estado, quien manifestó en la Conferencia de desarme, cito: 'Nuestra política es simplemente proamericana. Los Estados Unidos harán frente a la amenaza con todos los métodos de que disponen?.
Estas orientaciones, que suponen el aumento del presupuesto militar en un 15%, o sea, el equivalente de la ayuda pública al desarrollo de todos los países de la OCDE, así como el proyecto de sistema balístico antimisiles, pueden provocar una nueva carrera armamentista. La lucha contra el terrorismo supone, por el contrario, que se tome en cuenta aquello que lo alimenta y la búsqueda de verdaderas soluciones.
También en este caso, al negarse siempre a ratificar varios convenios internacionales, los Estados Unidos bloquean avances hacia un mundo más justo. Pienso en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el desarme, en las armas biológicas, en el Tribunal Penal Internacional, en los cambios climáticos, en Kyoto y en muchos más, sin olvidar la actitud estadounidense demasiado parcial en el conflicto de Oriente Medio.
Ya no es posible silenciar el crimen de Estado que representa la pena de muerte cuando se ejerce por una superpotencia que pretende imponer su orden y sus valores al mundo. No queremos ese valor. Numerosos ciudadanos, incluso estadounidenses, rechazan esta visión del mundo y aspiran a una globalización solidaria. Es uno de los mensajes del Foro Social de Porto Alegre: Europa debe oír las grandes expectativas que la exhortan a contribuir a ello.

Schwaiger (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, las relaciones comerciales transatlánticas se han visto sometidas periódicamente a prueba en los últimos años. Hemos conseguido resolver muchos conflictos comerciales con profesionalidad y de manera satisfactoria para ambas partes, pero sólo porque nos hemos sometido a unas normas de obligado cumplimiento a favor del libre comercio mundial equitativo en el marco de la OMC y también porque ésta es la única organización internacional que cuenta con un sistema de resolución de conflictos, que también incluye la posibilidad de imponer sanciones.
Con su actual imposición de unos aranceles que penalizan las importaciones de acero, los Estados Unidos han abandonado, sin embargo, el terreno común en el que hasta ahora habíamos actuado en el marco de la OMC. Dichas medidas deben ser acogidas con un firme rechazo sobre todo por parte de los europeos, puesto que su primer objetivo son nuestros productos siderúrgicos. Casi la mitad de las exportaciones de acero europeas a los Estados Unidos se ven afectadas por dichos aranceles punitivos. Además, cabe esperar que las medidas estadounidenses nos afecten por partida doble, como resultado de la desviación de los flujos comerciales. No estamos dispuestos a aceptarlo. No vamos a apoyar la maniobra de los Estados Unidos de contraponer los intereses de sus trabajadores a los de los nuestros.
La industria siderúrgica europea ha logrado culminar con mucho éxito su reestructuración en los últimos años, pero ésta estuvo acompañada de grandes pérdidas de empleo y resultó muy dolorosa. Los Estados Unidos tienen que comprender que no favorece sus intereses socavar la confianza en el sistema multilateral de regulación y el sistema imparcial de resolución de conflictos de la OMC en el momento en que se inicia la ronda de negociaciones de Doha. Por lo que se refiere a los contactos bilaterales con los Estados Unidos, es preciso demostrar a nuestro socio americano que la Unión Europea está decidida a no aceptar sin más este grave atentado injustificado contra el libre comercio mundial y recordarle, por el contrario, los instrumentos a los que ésta puede recurrir en estos momentos.
¿Por qué no considera la Comisión la posibilidad de utilizar el instrumental del que dispone como resultado de la decisión del panel sobre el apoyo americano a las exportaciones, o sea, la adopción de contramedidas? Yo creo que ahora es necesario que también se lo indiquemos claramente a los Estados Unidos.

McNally (PSE).
Señor Presidente, el comportamiento aparentemente irracional suele tener una explicación. La decisión del Presidente Bush de imponer aranceles al acero es irracional. Los aranceles constituyen una vulneración flagrante de las reglas del comercio mundial. No es que se haya producido de repente un aumento desastroso de las importaciones. Hace mucho tiempo que el acero estadounidense no es competitivo y que atraviesa profundos problemas; no le ha ocurrido esto repentinamente. Los aranceles no van a resolver el problema del acero estadounidense y, en cambio, perjudicarán gravemente a los aliados de EE.UU. Destruirán puestos de trabajo estadounidenses en otros sectores y dañarán las relaciones comerciales mundiales.
Sabiendo todo esto, ¿por qué iba a toma el Presidente Bush esta decisión irracional? Nosotros sabemos por qué. Quiere ganar votos para noviembre en las zonas de producción de acero y tiene tanta necesidad de hacerlo que va a sacrificar alegremente su crédito internacional; y nosotros, en la UE, y otros países del mundo, vamos a pagar el precio. ¡Para que luego se hable de daño colateral! Esto no puede tolerarse de ningún modo. Nosotros no subvencionamos el acero, nosotros no bajamos el precio del acero para hundir a la competencia. Hemos pasado por momentos terribles para lograr que nuestro acero fuera competitivo. Nuestro mercado está abierto. No hay justificación posible para este ataque deliberado contra el modo de vida de los trabajadores europeos del acero.
Recuerden: éste es el Presidente que cree que puede ofrecer un liderazgo mundial. Puede que sea un líder global en poder militar, pero es un zopenco global en cuanto a ciudadanía y respeto a los demás. Comisión: vayan por él. Todos nosotros les respaldamos y disponen ustedes de los instrumentos para poder actuar tanto jurídicamente como eficazmente. ¡Adelante!

Nicholson of Winterbourne (ELDR).
Señor Presidente, estoy consternada por la beligerancia de Estados Unidos frente al libre comercio del acero, en especial, porque el libre comercio ha sido el estandarte de EE.UU. desde el siglo XVIII. Me horroriza el concomitante debilitamiento de la importantísima alianza transatlántica que esto provoca; una alianza que es hoy la mayor fuerza mundial en pro de la paz y que ofrece oportunidades inigualables de prosperidad a los 1.000 millones de personas más pobres del mundo.
Pero, dado que la Unión Europea y los EE.UU. comparten valores esenciales, no me puedo creer que EE.UU. pretenda seriamente proseguir con esta línea de actuación destructiva. Por tanto, yo pienso que se trata de una maniobra puramente política: el Presidente Bush aplacando a los grupos de presión internos y a los que defienden intereses específicos. Si nos mantenemos firmes, tendremos éxito. La causa es justa. Los argumentos son correctos. Yo apoyo firmemente a la Comisión y al Consejo de Ministros y creo que con el respaldo y la presión de la UE, la Organización Mundial de Comercio actuará de forma adecuada y rechazará la postura de EE.UU., y que el Presidente Bush lo acogerá de modo favorable.

Morillon (PPE-DE). -
Señor Presidente, los acontecimientos del 11 de septiembre tendrían que haber reforzado el vínculo trasatlántico gracias a la emoción experimentada y a la solidaridad puesta de manifiesto. Parece que hoy, por el contrario, éste se ha distendido. La Alianza Atlántica, que había decidido aplicar por primera vez el artículo 5 de su Carta, está en crisis porque los estadounidenses no creyeron necesario recurrir a su organización en la guerra del Afganistán.
Ésta se interroga sobre dicha manifestación de unilateralismo y algunos, en su seno, ven en ello la prueba de un desinterés de los estadounidenses frente a sus aliados europeos. Comparto este análisis y las frustraciones que se desprenden de ello, pero no las conclusiones que generalmente se deducen.
Siempre he profesado la idea de que la prevención y la gestión de las crisis por la comunidad internacional debían regionalizarse. La experiencia adquirida al principio de la crisis en los Balcanes demostró, en efecto, que el envío in situ de soldados procedentes de los cuatro rincones del horizonte, de Vancouver a Vladivostok y de Moscú a Buenos Aires, si bien tenía el valor de un gran símbolo, no era eficaz. Para intervenir eficazmente en el mantenimiento y el restablecimiento de la paz en algunos puntos del globo, hay que estar familiarizado con la cultura y la historia del país en crisis.
Eso ha llevado a la comunidad internacional a promover, por ejemplo, la creación de una fuerza de paz interafricana. Es lo que decidió a los estadounidenses a basar directamente su acción en Kabul con el apoyo de las fuerzas afganas opuestas a la dictadura bárbara de los talibanes.
La vocación de la OTAN, decíamos en Bruselas en 1993, es ante todo intervenir en el territorio europeo y en sus inmediaciones, en particular en el Mediterráneo y en Oriente Medio, para garantizar y desarrollar una zona de paz y estabilidad.
En esta Alianza, creo que es legítimo que los estadounidenses conscientes de nuestra riqueza, nos pidan cada vez más compartir el coste de una defensa europea, cuyo peso han asumido hasta ahora casi exclusivamente. Creo que los europeos deben prepararse para asumir un día un 'leadership?, que los estadounidenses están dispuestos a transferirles progresivamente. Cuanto menos, los gobiernos de la Unión han de tener la voluntad de hacerlo, y dotarse de los medios para ello. ¿Cree usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que, por fin, estén dispuestos a ello?

Mann, Erika (PSE)
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, miembros de la Comisión, Señorías, permítanme que retome algunas de las palabras que se han dicho esta mañana. Yo creo que las relaciones transatlánticas se ven sometidas a prueba periódicamente. La presente situación no es un hecho nuevo, no nos encontramos ante un nuevo conflicto. El acero es un viejo tema. Tal como han señalado muchos colegas, deberíamos responder con la debida firmeza. Sin embargo, también debemos procurar que prevalezcan la razón, la inteligencia y la visión de futuro.
El Presidente en funciones del Consejo ha recordado que nuestras relaciones son históricas, que compartimos muchos valores comunes y que tenemos que trascender cualquier dinámica de crisis y de confrontación para aproximarnos más a una dinámica de cooperación. Yo suscribiría firmemente sus palabras. Sin embargo, esto evidentemente también significa que el Consejo debe contemplar la posibilidad de emprender nuevas iniciativas. La nueva agenda transatlántica la estableció la Presidencia española del Consejo y yo creo que la Presidencia actual también debería emprender ahora un análisis y una revisión, y presentar nuevas propuestas en la próxima Cumbre. Yo querría preguntarle: ¿qué han elaborado hasta ahora en relación con este asunto y cuál será el contenido de las propuestas de la Presidencia española del Consejo al respecto?
Necesitamos una 'puesta al día?. Mi colega James Elles ya lo ha dicho esta mañana. Necesitamos una estrategia de la Unión Europea, que trascienda la situación existente. La propuesta de la Comisión es buena, pero no es suficiente y no incluye todos los factores. En particular, no incluye con suficiente claridad la estrategia de la Unión Europea. El Comisario Lamy ha comentado hoy que está examinando algunos aspectos. Ha mencionado, entre otros, la propiedad intelectual, las auditorías. En el informe que voy a presentar en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, junto con el colega James Elles, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, expongo algunas propuestas al respecto.
Como un aspecto interesante, podrán constatar que las relaciones en el ámbito económico son, en efecto, muy estrechas y que en muchos sectores ya se puede hablar de un mercado trasatlántico. Lo cual naturalmente no significa que debamos quitar hierro a los enfrentamientos comerciales, sino todo lo contrario. Una pequeña delegación del Parlamento estará presente el lunes en Toledo. El tema de los Estados Unidos y la OMC figura en el orden del día. Tal vez podría adelantarnos brevemente, si es tan amable, que procedimiento se va a seguir en dicha reunión.

Plooij-van Gorsel (ELDR).
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, ¿qué es lo que sucede con los Estados Unidos desde el ascenso al poder de Bush? Anuncia, con rostro impasible, medidas unilaterales que redundan en perjuicio de las relaciones transatlánticas, no se ajustan a los acuerdos alcanzados en el seno de la OMC y, además, ocasionarán una ola de proteccionismo en todo el mundo.
Una tasa de importación sobre el acero del 30%, destinada especialmente a la Unión Europea, supone una gran injusticia. ¿No ha llevado a cabo nuestro sector europeo del acero una eficaz reestructuración durante los últimos años? En este momento no existe sobrecapacidad. La reducción de la importación en los Estados Unidos provocará una subida de los precios del acero en dicho país que, posteriormente, permitirá financiar la tan necesaria reestructuración del sector del acero estadounidenses. Ahora bien, todo ello dará lugar a un aumento de la importación en Europa debido a las prácticas de dumping. Asistiremos, por tanto, a una bajada de los precios del acero, que tendrá un efecto negativo sobre el empleo. Saldrán muy perjudicadas empresas como Corus, con sucursales en los Países Bajos y Gran Bretaña, puesto que la situación que acabo de describir nos costará numerosos puestos de trabajo.
¿Qué piensan hacer la Unión Europea, y en concreto el Comisario Lamy y la Presidencia, para remediar este problema?

Atkins (PPE-DE).
Señor Presidente, yo fui Ministro del Acero en el Reino Unido entre 1987 y 1989 y fui responsable de una industria con exceso de mano de obra, no competitiva, plagada de prácticas anticuadas y que se encaminaba al desastre. Cuando se privatizó, atravesó una experiencia traumática con pérdida de fábricas y de puestos de trabajo y con la moral por los suelos. Pero tuvo que aguantar para poder tener algún futuro. Nosotros no queremos que eso vuelva a suceder por el hecho de que un agente externo como los Estados Unidos haya vulnerado, al parecer, las reglas de la OMC, especialmente porque los mismos EE.UU. deberían reestructurar viejas fábricas y racionalizar el empleo y las prácticas de pensiones para que su propia industria mejore, pero no a costa de la industria europea.
Me resulta, como poco, molesto que Rumanía sea uno de los países a los que los Estados Unidos de América hayan eximido. En Rumanía tiene su sede Sidex, estrechamente ligada a Ispat, la empresa controlada por Lakshmi Mittal, que donó a Tony Blair y al Partido Laborista 125.000 libras esterlinas para la campaña de las elecciones generales y que después ejerció mayor presión que nadie para imponer unos aranceles del 30% que protegerían sus intereses en el acero estadounidense y rumano y tendrían potencialmente un coste letal para las industrias y puestos de trabajo británicos. ¿De qué lado ésta el amigote de Tony? No parece que del lado de los trabajadores británicos y europeos, puesto que Mittal se calcula que obtendrá 1.000 millones de dólares de este trato. Esa donación de 125.000 libras fue un verdadero robo: una inversión barata y cínica que dará, literalmente, dividendos.
Por tanto, el Gobierno Laborista no es nuestra respuesta: la Comisión lo es. Debemos apoyar al Sr. Comisario en sus decididos intentos de protestar y, si fuera necesario, de tomar represalias (aunque con cuidado). Es necesario que las conversaciones en la OCDE prosigan y tengan éxito. ¿Qué tal algún tipo de acción expresamente dirigida contra productos de Pennsylvania, Ohio y West Virginia?

Westendorp y Cabeza (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la relación transatlántica es muy importante: fue una prioridad de la anterior Presidencia española, lo es de la actual y, por lo tanto, tenemos que hacer cuanto esté en nuestra mano para preservarla.
Lo que pasa es que, como toda relación, es cosa de dos, y estamos notando ahora que la Administración Bush tiene grandes tentaciones de actuar por su cuenta; es decir, de practicar la doctrina de Frank Sinatra, I'll do it my way, tanto en lo político -sólo tengo dos minutos y no me puedo extender- como en lo comercial.
Lo comercial nunca fue un motivo que pusiera a prueba esa relación; considerábamos que los contenciosos comerciales eran una excepción mientras que los beneficios comerciales eran la regla; lo que pasa es que, ahora, han ido demasiado lejos, tanto en el caso del acero como en el caso de otro producto del que se habla menos, que son las clementinas. Los casos son diferentes: las clementinas afectan a un sólo país, y por cierto a la región de la que es oriundo el Comisario Solbes, y el acero nos afecta a todos. Ambos casos van en contra de las reglas de la OMC sin justificación ninguna y, además, suponen un autocastigo por parte de los Estados Unidos.
Tenemos que hacer frente tanto a los daños indirectos -creo que se pueden tomar medidas de desviaciones de tráfico-, como a los daños directos. Hay varias posibilidades: una es actuar en la OMC, pero llevará tiempo y, a largo plazo, todos estaremos muertos; está también la posibilidad del laissez-faire, es decir, no hacer nada, porque las industrias derivadas que importan inputs de acero se volverán menos competitivas y, por lo tanto, podremos sustituirlas; pero lo que yo creo que hay que hacer es actuar inmediatamente. Las medidas provisionales que se puedan adoptar las tenemos al alcance de la mano, al amparo de la sentencia del 'panel? sobre las Foreign Sales Task Corporation y por lo tanto, tenemos que actuar inmediatamente.

García-Margallo y Marfil (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en un pasaje bien conocido de Julio César se lee una frase que dice: 'el bien o el mal no está en las estrellas, querido Bruto, sino en nosotros que estamos debajo de ellas?.
La cita me parece especialmente adecuada a este momento, porque la gravedad del problema no estriba tanto en las medidas proteccionistas que afectan a los Estados Unidos, cuanto en la reacción que la Unión Europea debe tener ante estas agresiones comerciales, relaciones en las que el tema del acero y de las clementinas -al que se ha referido mi buen amigo Westendorp- no son un incidente aislado, sino que tienen un antes y un después.
Se han citado en esta Cámara la prohibición a la importación de carnes tratadas con hormonas, la batalla del banano, las ayudas a la exportación declaradas ilegales por un panel de la OMC, las discusiones que ha habido con ocasión de la aplicación de la política de la competencia y determinadas fusiones por el Comisario Monti y las ayudas a determinados productos norteamericanos.
Pero lo que más me preocupa en estas relaciones de amor y odio no es tanto lo que ha pasado como lo que presagia el futuro, que consiste en que la administración republicana está a punto de sucumbir a una tentación proteccionista que se manifiesta en este momento en dos casos: el del acero, suficientemente explicado -y yo aquí suscribo totalmente lo que ha dicho mi compañero de partido Atkins -y el tema de las clementinas, que ha sido también citado por mi compañero Westendorp. En este caso, como sabe la Cámara, se ha producido un cierre de fronteras, unilateralmente decidido por los Estados Unidos, el 30 de noviembre.
El Gobierno español y mi Grupo parlamentario pusieron estos sucesos en conocimiento de la Comisión el 12 de diciembre y ésta empezó a actuar inmediatamente. Gracias por esa rapidez. Asimismo el Gobierno español solicitó el 14 de febrero que, a la vista del fracaso del diálogo entablado, se iniciase un procedimiento ante la OMC.
Lo que yo pido, en este momento, es que la misma eficacia que se quiere demostrar en materia del acero se demuestre también en el caso de las clementinas, que es aún más sangrante, porque si en el primero se trata del establecimiento de aranceles, a mi juicio abusivos y completamente ilegales, en el otro se trata de una medida más drástica: de un cierre de fronteras. Es preciso, efectivamente, llevar el tema a la OMC, pero sólo alcanzará una solución a este conflicto cuando hayan pasado, en el caso de las clementinas, varias campañas, por lo que pido inmediatamente una indemnización y una reparación.
Lo que hay que hacer es obligar a los Estados Unidos a sentarse en la mesa de diálogo para solucionar la cuestión del acero y de las clementinas, poniendo en marcha las medidas de fuerza a las que se ha referido mi buen amigo y compatriota Carlos Westendorp.

Désir (PSE). -
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, tras el 11 de septiembre los Estados Unidos parecían querer iniciar una política de asociación amplia a escala internacional. Pagaban sus cotizaciones atrasadas a la ONU, consultaban a los Europeos y a muchos otros. Ahora bien, después del discurso sobre el estado de la Unión, se impone una línea de unilateralismo total. Este viraje parece querer conducir a graves desviaciones, a juzgar por el informe del Pentágono sobre la revisión de la doctrina de utilización de las armas nucleares, que podrían apuntar en primer término a Rusia, a China y muchos otros países. Esto crea un contexto difícil y preocupante para las relaciones transatlánticas, si a ello se añaden las decisiones sobre el acero. En este momento es importante que Europa se afiance como un socio importante para quien la amistad y la solidaridad suponen la reciprocidad. Eso es necesario para el equilibrio de la relación euro-estadounidense, pero lo es más aún para el equilibrio del mundo. Europa debe afirmar que no se puede hacer frente a la inestabilidad, a los peligros, al desequilibrio del mundo de hoy, únicamente usando un gran garrote, Europa debe afirmar que hay que saber ganar también la batalla de la paz, que hoy es necesario dedicar la misma energía que ha sido utilizada para luchar contra el terrorismo, a fin de combatir las desigualdades de desarrollo, de acabar con los focos de tensión como el de Oriente Medio.
Con respecto al acero, Europa debe demostrar firmeza. Está bien recordar, como lo ha hecho el comisario Lamy esta mañana, que hay que someterse a las disciplinas multilaterales. Por lo menos, no hay que dudar en hacerlas respetar por los demás cuando es Europa la que se sale con la suya en la OMC. Pienso evidentemente en la Foreign Sales Corporation. Por consiguiente, desearía preguntar a la Comisión si tiene la intención de hacer efectivas las medidas comerciales de retorsión que la OMC nos ha autorizado a aplicar, teniendo en cuenta las decisiones que los Estados Unidos acaban de adoptar en el sector del acero y las violaciones de los tratados comerciales de las que ya se hicieron responsables en el ámbito de las subvenciones a las exportaciones.

Cushnahan (PPE-DE).
Las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son inextricables. Tenemos fuertes lazos que se remontan a nuestros respectivos pasados y compartimos muchos valores comunes. El fortalecimiento de nuestra prolongada relación trasatlántica nos beneficia mutuamente. Pero, esta relación ha de basarse en la igualdad y en el respeto mutuo.
En los momentos de necesidad de Estados Unidos, tras los ataques del 11 de septiembre, Europa no escatimó esfuerzos para responder con su un apoyo y su solidaridad, e hizo bien. Lamentablemente, sin embargo, esa solidaridad y esa cooperación no se han visto correspondidas por la política exterior de EE.UU. Con anterioridad al 11 de septiembre, estuvo ausente en la cuestión de Kyoto. No existe a la hora de adoptar una postura común sobre Oriente Medio, que es nuestro problema político actual más crítico y en el que EE.UU. desgraciadamente muestra parcialidad. Y fue desechada por la reciente decisión estadounidense de imponer aranceles a la importación de acero.
Además, la vuelta al unilateralismo - especialmente clara en su notoria intención de ampliar la guerra contra el terrorismo a Irak - evidencia un desprecio por nuestro papel en los asuntos internacionales. Parecería que para EE.UU. la relación transatlántica es de mera conveniencia, para usarla cuando venga bien y olvidarse de ella cuando los intereses y la política estadounidenses tengan prioridad.
Todas estas experiencias, en particular las de los últimos días, subrayan hasta qué punto es esencial que la UE fortalezca su papel en política exterior, incluyendo su capacidad de defensa y militar, para que pueda establecerse un equilibrio adecuado en nuestra relación transatlántica.

Evans, Jonathan (PPE-DE).
Señor Presidente, esta semana en Barcelona se reunirá el Consejo Europeo para intentar avanzar en el Proceso de Lisboa. En esa reunión, nosotros abogaremos por mayores medidas a favor de la desregulación y de una mayor liberalización, garantizando que aprendemos las lecciones de la flexibilidad del empleo. Desde que llegamos al Parlamento Europeo, a algunos de nosotros nos ha parecido que en este lugar hay mucha retórica sobre el libre comercio, pero que aquí en Europa existe también mucho proteccionismo en los Estados miembros
Todo el programa europeo para sacar adelante una política de competencia uniforme y acabar con las ayudas estatales se dirige a garantizar el libre comercio. En esas circunstancias, quienes nos contamos entre los mejores amigos de los Estados Unidos nos sentimos tremendamente decepcionados por la medida que ha adoptado el Presidente estadounidense. No es exagerado decir que, en cierto sentido, nos sentimos traicionados por esa medida.
No voy a vincular esta cuestión con nuestro apoyo a Estados Unidos tras los acontecimientos del 11 de septiembre. Lo que ocurrió el 11 de septiembre fue tan horrible que no deberíamos vincularlo con ningún tipo de acuerdo en ninguna otra área política. Pero, para los que hemos estado señalando a los Estados Unidos como un ejemplo de economía desregulada y liberalizada, ha sido un golpe demoledor ver que el Presidente Bush, ante las dificultades a las que se enfrenta su industria del acero, ha optado por el proteccionismo. Todavía peor es leer hoy en el Financial Times una justificación de esta medida por Robert Zillick, el Representante de Comercio de EE.UU. Lo siento por el Sr. Zillick, a quien también habríamos considerado un amigo de los conservadores británicos, pero he de decir que este artículo acaba con todo el crédito que tenía para tratar asuntos de comercio.
Los representantes de los Estados Unidos que estén viendo este debate han de saber que, aunque se haya hablado de los sospechosos habituales de anti-americanismo, aquéllos que somos amigos de los Estados Unidos nos sentimos muy desilusionados.

Corbey (PSE).
Las relaciones transatlánticas pasan por aguas turbulentas. El barco de la Unión Europea está a merced de las olas de la ostentación de poder estadounidense. La crisis del acero es antes que nada una cuestión de política. El Presidente Bush se encuentra arropado por sus electores. Además, dado que no esperaba que el mundo exterior fuera a tomar demasiadas represalias y medidas políticas, disponía de un margen suficiente para deshacerse del desempleo cargándolo al exterior. Ahora el barco de la Unión Europea toma a regañadientes un rumbo legalista. Hemos de agotar a fondo todas las posibilidades e instrumentos disponibles en el marco de la OMC. Nuestras represalias deben ser convincentes, aunque ni siquiera esta solución promete una desenlace feliz a corto plazo. Nuestra barca debería ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir a la tempestad. Por otra parte, también nos hace falta un buen pilotaje. Una crisis política requiere una respuesta política y, por tanto, mucha reflexión.
Por el momento insto a la Comisión, y en concreto al Comisario Liikaanen, a que emprenda acciones políticas internas. Debemos construir un barco sólido. Contamos apenas con un marco de referencia para el sector del acero, y menos con una política. Nos hallamos en pleno océano sin disponer de lanchas de salvamento para los trabajadores. Si algo tenemos que aprender de la crisis del acero es que debemos proceder sin falta a la rehabilitación de la política europea en materia de acero.

Bowe (PSE).
Señor Presidente, todos nosotros podemos intervenir aquí hoy y condenar las medidas del gobierno de EE.UU. que imponen estos aranceles ilegítimos, ilegales e injustos a los productos del acero importados por EE.UU. Todos sabemos que los aranceles se han establecido únicamente para lograr beneficios políticos a corto plazo y sólo por eso lo lamentamos. Pero debemos, además, permanecer unidos respaldando una acción clara, firme y seria. Debemos demostrar que vamos en serio.
Ahora, la Comisión debe actuar rápidamente en el seno de la OMC para anular estos aranceles. Debemos establecer medidas de salvaguardia para impedir que un flujo de importaciones baratas dañen a nuestra propia industria. Tales medidas se deben establecer respecto de todos los exportadores de acero que no procedan de la UE en forma de cuotas sobre la base de los niveles de importación de 1998 con el fin de proteger de modo adecuado nuestra propia industria.
Yo no recomiendo apagar el fuego con el fuego en este caso. Por el contrario, debemos echar un gran cubo frío de lógica, sentido común y derecho internacional sobre la cabeza del gobierno de EE.UU. para hacerle entrar en razón.

De Miguel
. Señor Presidente, la Presidencia en ejercicio del Consejo ha escuchado con mucha atención todas las intervenciones que ha habido en este debate y hemos tomado muy buena nota de las posiciones manifestadas.
Como ya ha manifestado el Ministro de Asuntos Exteriores, que ha intervenido como Presidente en ejercicio del Consejo en la presentación, la política comercial es común y la Comisión Europea tiene total autonomía y autoridad para tomar las decisiones que correspondan. Y, con arreglo a lo anterior, creo que la Comisión, en nombre de la Unión Europea, ha tomado con respecto al problema del acero una posición firme, posición que ha sido expresada públicamente y asumida unánimemente por el Consejo de Ministros de la Unión del pasado lunes.
Por lo tanto, creo que tenemos que confiar en la capacidad de la Comisión para -como he dicho-, gestionar este tema, hacer las reclamaciones pertinentes, pedir también las compensaciones que correspondan y utilizar las medidas de retorsión, dentro del mayor respeto a las reglas de la Organización Mundial del Comercio. La Presidencia en ejercicio del Consejo cree que nuestra fuerza es pedirle a los Estados Unidos que respeten las reglas de que nos hemos dotado todos los fundadores de la Organización Mundial del Comercio. Por eso es muy importante que la Unión Europea dé ejemplo de que nosotros somos los primeros en respetar, no solamente los procedimientos, sino las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Se ha citado también el caso de las clementinas, que es otro tema comercial pendiente con los Estados Unidos. En ese sentido la Presidencia en ejercicio no puede sino decir que corresponde al país miembro afectado -en este caso España-, presentar su reclamación ante el Comité 133 y que la Comisión actuará de acuerdo con lo que éste decida. Todo parece indicar que las medidas tomadas son desproporcionadas con respecto a la supuesta amenaza de la llamada mosca mediterránea, que ha sido el argumento utilizado por los Estados Unidos para prohibir las importaciones de clementinas. Estos elementos serán objeto de apreciación por parte del Comité 133, que se ocupa de estos temas, y la Comisión recibirá un mandato para actuar en consecuencia.
Con respecto a otras consideraciones que se han expresado aquí sobre la lamentable tendencia al unilateralismo por parte de los Estados Unidos en muchas de sus acciones, no solamente en estos temas de política comercial, sino en otros temas de política general, la Presidencia no puede más que coincidir con muchas de las expresiones aquí vertidas y, por lo tanto, creo que la próxima cumbre entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que tendrá lugar el día 2 de mayo en Washington, será una buena oportunidad para que la Presidencia del Consejo y la Presidencia de la Comisión recuerden al Presidente de los Estados Unidos que el espíritu de la Declaración Transatlántica que, como se ha recordado, se firmó en el año 1995, obliga a las partes a tener un espíritu de cooperación, a tratar de buscar los terrenos comunes y no buscar los que nos separan y que, en la muy buena tradición de una relación intensa entre los Estados Unidos y Europa, interesa a ambas partes, a los Estados Unidos y a Europa, buscar los puntos de encuentro y no los de desencuentro. Y, desde luego, en nada ayudan a encontrar puntos de encuentro posiciones que separan a los Estados Unidos, no solamente de la Unión Europea, sino de la corriente general de la escena internacional.
Creo que este debate ha sido muy enriquecedor, muchas de las opiniones que hemos escuchado aquí las incorporamos al acervo con el que vamos a reflexionar para preparar la próxima cumbre transatlántica y quiero agradecer, señor Presidente, a usted y a este Parlamento, todas las ideas que han sido expresadas en este debate.

Solbes
. Señor Presidente, en primer lugar, quisiera destacar que la Comisión comparte la tesis de que las relaciones con los Estados Unidos son esenciales, pero eso no debe impedir, en ningún caso, llevar a cabo
con firmeza las acciones que son necesarias para defender los intereses de la Unión.
El debate de hoy ha derivado hacia los conflictos existentes entre los Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente el conflicto del acero, aunque también ha habido alguna referencia a otros temas. El gran problema que tenemos ante nosotros es qué hacer. Como dicen algunos de ustedes, la mejor fórmula es establecer una vinculación entre conflicto del acero y otros problemas comerciales con la Unión. Realmente, cuando nuestro punto fuerte es la defensa del multilateralismo, es razonable que nosotros ataquemos esa contradicción con la aplicación de las reglas multilaterales. Pensamos que no es una buena solución y que no es la que mejor sirve a los intereses de la Unión a largo plazo.
Otros de ustedes han planteado la posibilidad de vincular este asunto a otros temas; se ha hablado, por ejemplo, de la Foreign Sales Act o del tema de las hormonas. Nuevamente nos planteamos si la búsqueda de soluciones por paquetes, en función de un debate político, es la fórmula que debemos utilizar.
Creemos que nuestra posición fuerte con los Estados Unidos radica en la necesidad de respetar lo pactado en el ámbito multilateral. Ése debe ser el camino utilizado; por esa razón consideramos que la primera decisión es, sin duda alguna, utilizar todos los procedimientos existentes en la Organización Mundial del Comercio; y por todos los procedimientos entendemos no sólo aquellos cuya aplicación exigirá mucho tiempo, sino también las medidas de retorsión necesarias, ello siempre en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Por supuesto, esto nos puede llevar también a la necesidad de aplicar cláusulas de salvaguardia específicas que -ya avanzo- pretendemos que afecten lo menos posible a los países en desarrollo, dado que nuestra opinión en cuanto a las cláusulas de salvaguardia no es cerrar nuestros mercados sino mantener nuestras relaciones comerciales tradicionales con nuestros proveedores.
Evidentemente, la posibilidad planteada por algunos de ustedes de acuerdos voluntarios restrictivos de reducir la exportación no es compatible con la Organización Mundial del Comercio.
Respecto al caso de las clementinas -el Presidente del Consejo ya se ha referido a ese tema- únicamente señalaré que estamos negociando con los Estados Unidos para intentar buscar una solución al problema antes de la próxima cosecha. Evidentemente, también en este caso, como en el anterior, estamos dispuestos a utilizar todos los recursos legales establecidos en la Organización Mundial del Comercio.
La Comisión ha constatado con satisfacción el amplio grado de consenso por parte de las instituciones europeas en cuanto a la necesidad de hacer funcionar las instituciones multilaterales y a hacer frente a los desafíos de la mundialización, intentando conseguir con nuestros interlocutores norteamericanos la mejor de las soluciones e intentando conseguir que la unilateralidad no sea la opción exigida.
Pascal Lamy ha comentado ya esta mañana -y yo lo subrayo-, que sería fundamental buscar un acuerdo, que es el que hemos visto aquí, entre todos los defensores de un nuevo impulso positivo en las relaciones transatlánticas. Sin que eso signifique no hacer frente a los problemas existentes con todas las medidas o con todos los medios a nuestro alcance.
Como ustedes saben, en este momento estamos estudiando y trabajando en diferentes opciones y cualquier aportación nueva procedente de esta Asamblea sería bien recibida.
Por último, quisiera agradecer su claro apoyo a la posición de firmeza mantenida por la Comisión. Esperamos que en la resolución que ustedes votarán se refuercen las posiciones de la Unión Europea en este tema fundamental para todos.

El Presidente. -
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido seis mociones de resolución.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar las Preguntas Orales:
(B5-0010/02) del Sr. Theodorus Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, al Consejo sobre Modernización del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la libre circulación de personas y ampliación del mismo a ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea
y
(B5-0010/02) del Sr. Theodorus Bouwman, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a la Comisión sobre Modernización del Reglamento (CEE) nº 1408/71 relativo a la libre circulación de personas y ampliación del mismo a ciudadanos de terceros países que residan legalmente en la Unión Europea
Lambert (Verts/ALE)
. (EN) Señor Presidente, en primer lugar me gustaría pedir disculpas por la ausencia del presidente de nuestra comisión, el Sr. Bouwman, que desgraciadamente está enfermo esta semana, por lo que, como ponente del Parlamento en esta cuestión, me ha correspondido presentar la pregunta.
El Parlamento es consciente desde hace tiempo de los problemas relativos a la base jurídica para la inclusión de nacionales de terceros países en pie de igualdad con los ciudadanos de la Unión Europea prevista en la simplificación propuesta de la modernización del Reglamento CEE 1408/71. Como saben sus señorías, este reglamento pretende coordinar los sistemas de seguridad social de los Estados miembros en relación con las personas que se trasladen a otros países o trabajen en ellos.
Algunas de las reservas que he escuchado hablaban a veces de la ampliación de este reglamento a nacionales de terceros países desde un punto de vista xenófobo en lugar de racional. Sus señorías sabrán que la opinión jurídica emitida por los Servicios Jurídicos del Parlamento decía que los Artículos 42 y 308 del Tratado de Ámsterdam, como propuso inicialmente la Comisión, constituían la base jurídica adecuada para esta ampliación así como para el reglamento en su conjunto. El Parlamento Europeo, al igual que la mayoría de los Estados miembros, estuvo de acuerdo y esa base jurídica preveía la igualdad de trato para los nacionales de terceros países que residieran legalmente en la Unión Europea y la plena participación del Parlamento a través del proceso de codecisión.
Asimismo, esta paridad en el fundamento jurídico nos parecía a muchos de nosotros que suponía una firme indicación del reconocimiento de la contribución de nacionales de terceros países a la vida de la Unión Europea y que, sin duda, cumplía con la doble finalidad de simplificación del proceso y justicia natural. Para mí, esa paridad constituía una clara indicación de una Europa inclusiva. Muchas otras personas, al igual que yo, nos sentimos perdidos, leyendo la sentencia Khalil del Tribunal Europeo de Justicia, a la hora de comprender por qué ésta debería cambiar materialmente la base jurídica sobre la que el Consejo y la Comisión proponen ahora la ampliación del reglamento.
El caso Khalil, según me han explicado expertos jurídicos, trata de la posibilidad de permitir que personas a las que ya es de aplicación el Reglamento CEE 1408/71 residan legalmente en otro Estado miembro y, por tanto, crucen las fronteras. Se incluyen en esta sentencia porque son apátridas con unos derechos de seguridad social equivalentes a los de los nacionales del Estado en el que ahora residen en virtud de acuerdos internacionales históricos. Pero su inclusión en el reglamento no prevé ningún derecho de libre circulación. El reglamento no garantiza el derecho de libre circulación. Mantiene para aquéllos que se trasladen ciertos derechos mediante la coordinación de los sistemas de seguridad social.
La declaración del Consejo del pasado mes de diciembre y la nueva propuesta de la Comisión no explican el cambio en la base jurídica. Simplemente lo hacen constar. Lo que ahora quiere el Parlamento es una explicación. ¿Qué, en concreto, de la sentencia Khalil ha llevado al Consejo a la conclusión de que el apartado 4 del Artículo 63 es la base correcta, cuando ésa no era la opinión mayoritaria antes? El caso Gaygusuz contra Austria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dispone que la nacionalidad no sea un obstáculo para la igualdad de trato de los nacionales en relación con la seguridad social, ¿no ha dado lugar a la conclusión de la igualdad de trato en relación con el reglamento y, por tanto, la base jurídica paralela? Y, ¿por qué no debería el Parlamento Europeo participar en esta materia que afecta directamente a las vidas de tantas personas? De aquí nuestro deseo también de aclarar la situación de los trabajadores de los países de la adhesión durante los períodos de transición en los que no van a disfrutar del derecho a la libre circulación.
El Consejo y la Comisión serán también conscientes de la preocupación de esta Asamblea por la compleja situación a la que se enfrentan los trabajadores transnacionales. La Presidencia belga había presentado una serie de propuestas al respecto, pero el acuerdo alcanzado hasta este momento es sólo de mínimos, como muestra el parámetro 8 relativo al tratamiento médico. Por tanto, ¿cuáles son las perspectivas de nuevas mejoras para este grupo de trabajadores? También solicitamos el punto de vista de la Comisión sobre diversos asuntos en los que el Consejo parece menos entusiasta que la Comisión. Asimismo, quisiéramos preguntar si la Comisión y el Consejo están abordando los crecientes vínculos entre los sistemas fiscales y los de seguridad social, en el contexto del reglamento o en otro lugar.
Todos conocemos bien el deseo del Consejo y de la Comisión de ver aumentar la movilidad laboral y, como miembro de la Comisión de Peticiones del Parlamento, yo sé, igualmente, que a diversas personas que trabajan en otros Estados miembros su situación les resulta más difícil por la falta de información eficaz, pero también por anomalías en el sistema de coordinación.
A muchos de nosotros nos preocupa que el Consejo parezca reacio a hacer de la libre circulación una fácil realidad. Sabemos que se trata de un asunto administrativo complejo, pero muchos de los detalles de la exclusión de determinadas prestaciones y muchas complejas reglas parecen sencillamente obstáculos. A veces da la impresión de que es más fácil la libre circulación de rodamientos en la Unión Europea que la de personas.
De Miguel
. Señor Presidente, el 6 de febrero de 2002 la Comisión presentó al Consejo una propuesta de reglamento por el que se amplían las disposiciones del Reglamento (CEE) nº 1408/71 a los nacionales de terceros países que, únicamente por razón de su nacionalidad, no estén cubiertos por las mismas. Dicha propuesta se basa en el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE.
El Consejo ha convenido en la posibilidad de utilizar el apartado 4 del artículo 63 como fundamento jurídico, tal como propuso la Comisión. Con arreglo a lo que dispone el propio apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá adoptar las medidas que definan las condiciones con arreglo a las cuales los nacionales de terceros países, que residan legalmente en un Estado miembro, puedan residir en otros Estados miembros.
El Consejo ha considerado que el artículo 42 del Tratado CE, interpretado a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia -en particular de la sentencia dictada en el asunto Jalil C-95/99- no parece constituir un fundamento jurídico suficiente para esta ampliación. En efecto, señor Presidente, de la sentencia Jalil se desprende que el Tribunal no ha censurado la inclusión de los apátridas y refugiados en el Reglamento (CEE) nº 1408/71, basado en el artículo 51 -actualmente, el artículo 42- del Tratado CE, únicamente en la medida en que se trata de una categoría reducida de personas, con respecto a la cual los Estados miembros han asumido compromisos internacionales. En efecto, el Tribunal ha resuelto lo siguiente: 'no se puede reprochar al Consejo que, en el ejercicio de las competencias que de este modo le han sido atribuidas en virtud del artículo 51 del Tratado CE, también haya tenido en cuenta a los apátridas y a los refugiados que residan en el territorio de los Estados miembros con el fin de respetar los compromisos internacionales de estos últimos que ha recordado anteriormente?.
Como ha destacado el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones: 'una coordinación que excluyera a los apátridas y a los refugiados habría conducido a los Estados miembros, con el fin de garantizar el respeto de las obligaciones internacionales, a tener que establecer un segundo régimen de coordinación destinado únicamente a esta categoría muy reducida de personas?.
Por tanto, el Consejo, considera que el procedimiento aplicable para adoptar una decisión es el previsto por el Tratado CE. Si el fundamento jurídico que se adopta para ampliar la coordinación a los nacionales de terceros países resulta ser el apartado 4 del artículo 63, el Consejo deberá pronunciarse con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 67.
Por lo que respecta a los trabajadores fronterizos, el Consejo ha alcanzado un acuerdo de principio en materia de prestaciones de enfermedad y desempleo según el cual se deberá estudiar la situación de los antiguos trabajadores fronterizos pensionistas. Según las disposiciones del actual Reglamento, el trabajador fronterizo puede gozar de las prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del Estado competente, pero ya no goza de este derecho cuando es pensionista. Por razones de continuidad, para que pueda continuar tratamientos iniciados, se debería permitir al antiguo trabajador fronterizo seguir beneficiándose de las prestaciones de enfermedad en especie en el territorio del antiguo Estado donde ha trabajado.
Por último, en lo que se refiere al desempleado, que durante su última actividad profesional residía en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, el objetivo principal es insertarlo del mejor modo posible en los mercados de trabajo. Además, será conveniente garantizar la protección social del desempleado teniendo en cuenta los aspectos financieros de la cuestión y garantizar un control eficaz.
Por lo que atañe a la relación entre fiscalidad y seguridad social, esta cuestión compete, esencialmente, a los Estados miembros y no a la Unión.
Cabe destacar que en un plano general, las directrices para el empleo de 2002 llaman la atención sobre la necesidad de adaptar las estructuras impositivas y de indemnizaciones de manera que no incidan negativamente en la participación en la vida activa, particularmente, en lo que respecta a las mujeres.
Los nacionales de los países candidatos que se conviertan en nacionales comunitarios por el simple hecho de la adhesión quedarán incluidos, en virtud de la misma, en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71. Las posibles excepciones a este principio, que podrían traducirse, por ejemplo, en forma de períodos transitorios, se determinarán en el marco de los acuerdos de adhesión, que están en este momento en negociación.

Solbes
. Señor Presidente, respondiendo a las dudas planteadas en la pregunta oral del Sr. Bouwman, por parte de la Comisión me gustaría destacar lo siguiente: en primer lugar, en cuanto al fundamento jurídico, compartimos lo expresado por la Presidencia en ejercicio del Consejo; en nuestra opinión, el fundamento jurídico adecuado es el apartado 4 del artículo 63 del Tratado CE. No hace falta repetir su lectura textual, cosa que ya ha hecho la Presidencia. Nosotros consideramos que la sentencia Jalil, de octubre del pasado año, plantea la inadecuación del fundamento jurídico del artículo 51 (42 actual) y obliga a reconsiderar el de la Decisión propuesta en el año 1997. A partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, con las nuevas disposiciones del Título cuarto, pensamos que el fundamento jurídico adecuado es el apartado 4 del artículo 63 del mismo, teniendo presente, al mismo tiempo, que el artículo 308 del Tratado sólo puede aplicarse si no existe ningún otro fundamento jurídico.
Su Señoría también pregunta la opinión de la Comisión acerca de una serie de parámetros planteados por el Consejo, concretamente los parámetros 6, 10 y 11, relativos a los acuerdos entre países, las prestaciones de desempleo y las prestaciones familiares.
En cuanto al primer punto, la Comisión opina que el parámetro 6 es aceptable, dado que esta posibilidad ya está contemplada en el actual Reglamento. La Comisión considera positivo que en este Reglamento, a diferencia del actual, se establezcan criterios para mantener estos acuerdos, especialmente en los casos más favorables para la persona afectada.
En segundo lugar, en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, la Comisión lamenta la falta de progreso en lo que respecta al parámetro 10, que no aporta ninguna modificación esencial de las disposiciones actuales, sobre todo porque no ofrece ninguna solución concreta respecto a la situación de los trabajadores fronterizos.
En cuanto a las prestaciones familiares, el parámetro 11 no responde exactamente a la propuesta de la Comisión, pero, en todo caso, ésta considera positivo que en el mismo esté previsto garantizar al beneficiario el importe máximo de las prestaciones. Este parámetro mejorará la situación de los pensionistas y de los huérfanos en comparación con el Reglamento, ya que estas personas se beneficiarán de las mismas disposiciones aplicables a la misma categoría de prestaciones familiares que los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.
La relación entre fiscalidad y seguridad social es otra de sus preguntas. Es cierto que el Reglamento (CEE) nº 1408/71 se refiere a la coordinación de los regímenes de seguridad social en los Estados miembros. No existen normas explícitas para la coordinación de estos sistemas fiscales y, en su mayor parte, esta cuestión se resuelve por los acuerdos bilaterales sobre la doble imposición que han celebrado casi todos los Estados miembros. Estos acuerdos siguen el modelo de la OCDE, lo que significa que, en la mayor parte de los casos, los ingresos procedentes del trabajo asalariado (y también los de cuenta propia) están sujetos únicamente, o bien a los impuestos del país en que se ejerce la actividad, o bien a los del país de residencia. Por tanto, si están sujetos a los impuestos del Estado miembro donde se ejerce la actividad, el mismo país es competente tanto para la fiscalidad como para la seguridad social.
El Tribunal de Justicia confirmó que, a falta de una armonización a nivel comunitario, los Estados miembros son competentes para establecer los criterios de asignación de la competencia fiscal para eliminar la doble imposición, pero, al hacerlo, es lógico que tengan que respetar los principios de la legislación comunitaria y, entre otros, el de la prohibición de discriminación por razones de nacionalidad.
Expreso mis últimos comentarios en cuanto a la ampliación. En primer lugar, las negociaciones con los países candidatos, como ha dicho la Presidencia, sobre el Reglamento (CEE) nº 1408/71, en la parte relativa al capítulo 2, concluyeron provisionalmente -o han concluido- con todos los países menos con Estonia y, dentro de este capítulo 2, se incluye también la coordinación de los regímenes de seguridad social. Sin embargo, está pendiente la negociación en cuanto a los anexos. Se ha encomendado a la Comisión administrativa para la seguridad social de los trabajadores migrantes, que presentará en breve a los grupos de trabajo del Consejo los resultados de sus debates acerca de las entradas que los países candidatos han pedido que se incluyan en dichos anexos.
Por último, el Reglamento (CEE) nº 1481/71 se aplicará a los nacionales de los países candidatos tan pronto como accedan a la Unión Europea, ya que no está previsto ningún período transitorio en el ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social.

Oomen-Ruijten (PPE-DE).
Señor Presidente, siento una mezcla de enojo y tristeza. ¿Y por qué, señor Presidente? Porque no me llega ni el más mínimo amago de una respuesta, ni por parte del Consejo, ni por parte de la Comisión. Estamos sumidos de lleno en un mercado interior que debe garantizar la libre circulación de mercancías, personas y servicios. Insisto en que también se aplica a las personas, cosa que plantea problemas, especialmente en las regiones fronterizas. Ahora bien, no recibo respuestas adecuadas al respecto.
Fijándome en mi región natal observo que el mercado de trabajo local dejará de funcionar si no traemos a personas extranjeras. Obviamente tenemos que crear las condiciones necesarias para que esta gente pueda estar a gusto. Ello significa, en primer lugar, que las personas que trabajan en un determinado Estado miembro deben pagar sus impuestos y cuotas a la seguridad social en ese mismo país y lugar de trabajo. Quisiera saber si existe la posibilidad de elaborar una especie de reglamento 1408 para el régimen tributario de los trabajadores fronterizos. Ésa es mi primera pregunta.
Ahora paso a la segunda pregunta, señor Presidente. Va dirigida al Consejo y tiene que ver con lo que usted ha calificado de parámetros del Consejo, un término que suena muy bien. Siento profundamente que no esté presente el Comisario. Debería estar aquí el Comisario competente, el Comisario que sabe cuánto tiempo llevamos ya con este expediente. Miro los parámetros del Consejo -que conste que le tengo mucho respeto, señor Miguelez-, y me doy cuenta de que el contenido de los mismos es absolutamente contrario a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo que se nos ha presentado. Me pregunto si usted realmente piensa que puede llevar adelante el presente expediente, en el que también participa el Parlamento desde Ámsterdam en el marco del procedimiento de codecisión; tanto más cuanto que las cuestiones mencionadas por usted, tales como las prestaciones por enfermedad y el subsidio familiar -he oído decir lo mismo al Comisario- contradicen la jurisprudencia. Resumiendo, señor Presidente, con todo mi respeto por la Sra. Lambert debo insistir en que esto ha de hacerse de otra manera, aun cuando admito que ella ha hablado muy bien, sin olvidarse de los problemas de los terceros países, y que comparto su punto de vista.

Weiler (PSE)
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, hemos formulado estas preguntas, en primer lugar, para obtener una aclaración, pero en segundo lugar también para dar un impulso a todo este asunto. Una aclaración porque, evidentemente, a los diputados no nos quedó claro -como se ha evidenciado ahora-, ni aun después de las intervenciones del comisario Solbes y del representante del Consejo, por qué se modificó el fundamento jurídico en el apartado 4 del artículo 63. Sólo se ha confirmado este hecho, pero no se ha ofrecido ninguna justificación
Después de Tampere nos tomamos muy en serio el anuncio del Consejo de que los ciudadanos de terceros Estados, es decir, los ciudadanos que viven y trabajan en la UE, que residen legalmente entre nosotros y no son originarios de los quince Estados miembros, gozarían del mismo marco de condiciones que los ciudadanos de la UE.
Las instituciones de Europa deseaban introducir una mayor claridad y transparencia, sin esperar los resultados de la Convención. Sin embargo, estas nuevas propuestas introducen mayor confusión de la que ya había, ya que resulta muy confuso tener que operar con dos fundamentos jurídicos distintos. También resulta muy indignante, pues con ello suprimen el poder de codecisión del Parlamento. ¡Una estrategia muy corta de miras por parte de la Comisión! Ustedes saben que hasta ahora les hemos apoyado siempre, en el caso de la modernización, de la reforma, de las mejoras a favor de los asalariados y trabajadores de Europa. Que ahora dejen de lado al Parlamento no sólo es corto de miras, sino también una estrategia arriesgada, a mi parecer. En efecto, podría ocurrir que Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca soliciten una cláusula de exclusión voluntaria del Reglamento nº 1408 y esto sería, de hecho, funesto, pues nadie en esta Asamblea puede acoger con satisfacción una nueva cláusula de exclusión en el ámbito de la política social. Ésta se convertiría en una colcha de retales y esto no nos reafirmaría ni suscitaría, sin duda, la confianza que de hecho deberían poder depositar en las instituciones europeas los trabajadores y trabajadoras. Todos nos alegramos, en efecto, de que Gran Bretaña renunciara a su cláusula de exclusión en el ámbito de la política social. ¿Queremos volver a introducir otra similar?
El segundo motivo de nuestra pregunta también era, naturalmente, dar un impulso a los planes de reforma. Yo recuerdo que ya se prometió una modernización de esta Directiva en 1992, en Edimburgo. Una modernización, repito. Quizá convenga recordar, para la información de quienes nos escuchan, que el Reglamento nº 1408 no supone una armonización de los sistemas sociales, sino una coordinación de los marcos de condiciones, por llamarla así, como un medio para animar y apoyar a los ciudadanos y ciudadanas para que hagan uso de sus posibilidades de movilidad dentro de Europa. El Consejo y la Comisión dirigen cada pocas semanas nuevos llamamientos a los jóvenes, a los trabajadores, a los ciudadanos, para que hagan uso de esta movilidad. Sin embargo, el marco de condiciones -quiero destacarlo aquí- consiste en una norma jurídica muy compleja y restrictiva. En Alemania diríamos que ésta es un libro con siete sellos incluso para los iniciados.
Los doce parámetros que ahora se han presentado no constituyen la mejora cualitativa que en realidad esperábamos. Yo comparto, naturalmente, las críticas de mis colegas Lambert y Oomen-Ruijten, pero también, señor Solbes, la que usted ha expuesto en nombre de la Comisión.
También echo en falta, además, el calendario. Esperábamos que la Presidencia española del Consejo presentase antes de junio una propuesta adecuada, razonable y eficaz.

Jensen (ELDR).
Señor Presidente, coincido con la interpretación de los Tratados realizada por la Comisión y el Consejo, por supuesto que debe utilizarse el artículo 63 como base jurídica a la hora de garantizar la libre circulación a los ciudadanos de terceros países. Con anterioridad he abogado también por que la base jurídica quizá no sea lo más importante ahora mismo, pues lo más importante es garantizar los derechos de estos ciudadanos. No obstante, creo que a largo plazo debemos conseguir que el Parlamento influya directamente en este ámbito. Esto requerirá una modificación de los Tratados, y he de decir con vergüenza que mi propio país -debido a las reservas danesas- luchó por que no obtuviéramos influencia en estos temas durante las negociaciones previas al Tratado de Niza. Y coincido plenamente con la Sra. Weiler en que debemos alejarnos de la situación en la que algunos países mantienen reservas sobre partes de una política semejante. Todos debemos trabajar con un propósito común.

De Miguel
. Señor Presidente, únicamente puedo decir que he tomado muy buena nota de las observaciones que han hecho los señores parlamentarios en este debate y que, naturalmente, la Presidencia reflexionará sobre este tema.

Solbes
Señor Presidente, muy rápidamente intentaré responder a algunas de las cuestiones planteadas.
Primero, en cuanto al sistema de imposición y de seguridad social. El sistema de impuestos es una responsabilidad de los Estados miembros y se decide de acuerdo con el lugar de residencia. Es así, y por lo tanto hay tratamientos diferenciados en función de los Estados miembros. El sistema de seguridad social está regulado a nivel comunitario a partir del Reglamento (CEE) nº. 1408/71 y se define de acuerdo con el lugar de actividad. No tenemos una armonización fiscal y ésa es la razón por la que se aplica el sistema al que antes me he referido, básicamente tomando en consideración los acuerdos de la OCDE.
El segundo punto planteado ha sido cuál es nuestro objetivo respecto a la seguridad social. Nuestro objetivo es, evidentemente, aplicar el mismo sistema de seguridad social y los mismos derechos para todos los ciudadanos de la Unión, pero también para todos los residentes legales.
Respecto al problema del opting out de Irlanda y de Reino Unido, como su Señoría conoce, es cierto que se plantea utilizar la nueva base jurídica. Irlanda ha señalado ya que va a participar. En el caso del Reino Unido la cuestión está todavía abierta y estará abierta hasta primeros de mayo, que es el plazo que tienen previsto para adoptar su decisión.
Finalmente, en cuanto a las características del nuevo texto, éste pretende ser más moderno que el anterior, con una definición más simple y más accesible para los utilizadores del sistema legal vigente. En el nuevo texto se pretende incluir tanto las conclusiones derivadas de las sentencias de la Corte de Justicia, como las distintas enmiendas que se han producido desde el año 1971.
El debate sobre la base jurídica es verdad que existe, pero pensamos que la utilizada es, por supuesto, la base jurídica correcta de acuerdo con el sistema actual, y nunca ha sido la intención de la Comisión, evidentemente, afectar para nada los derechos del Parlamento.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0062/2002) de Bruno Trentin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la situación de la economía europea, informe preparatorio para la recomendación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de la política económica (2002/2014(INI)).

Trentin (PSE)
. (IT) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al parecer, se perfila una lenta recuperación del crecimiento económico, aunque los plazos de esta recuperación y su calado siguen siendo inciertos tanto en los Estados Unidos como en Europa. En especial, esta recuperación parece ya fuertemente diversificada según los distintos sectores afectados y se mezcla con procesos de reestructuración y de modernización quizás apoyados por fuertes inversiones públicas y por inaceptables medidas proteccionistas como ocurre con el acero en los Estados Unidos.
En todo caso, el problema al que Europa debe hacer frente consiste en evitar que la superación de la recesión tan contradictoria y diferenciada coincida, por una actitud de espera de los Gobiernos europeos y de la Unión, con el aumento y no con la reducción de la diferencia de innovación y de competitividad que ya penaliza a Europa respecto a los Estados Unidos.
Por este motivo, el informe que presento subraya lo apremiante que es adoptar - esperamos que con ocasión de la Cumbre de Barcelona - una política proactiva y, sobre todo, de acuerdo con las indicaciones de Lisboa, una policy mix que convierta la agenda social, aprobada en Niza, en parte integrante de una política económica y social coordinada y centrada en el objetivo de aumentar la población activa y el pleno empleo.
Esta exigencia parece aún más fuerte, si cabe, si tenemos en cuenta la necesidad de cumplir las condiciones del Pacto de Estabilidad y, en particular, la de un déficit presupuestario no superior al 3% del Producto Interior Bruto, lo cual deja disponibles recursos muy escasos para la política económica anticíclica de cada uno de los Estados miembros. Por esto, subrayamos que no se trata de centralizar nuevos poderes en Bruselas, sino de tomar decisiones muy selectivas y de coordinar la intervención de los Estados de modo que se alcance, a escala europea, una masa crítica positiva y sinérgica de la intervención pública y de las inversiones privadas.
Por lo tanto, se trata de elegir. En el informe apoyamos la necesidad de primar el relanzamiento de la política de inversiones, en lugar de la reducción indiferenciada de la presión fiscal, si se exceptúa una ulterior fiscalización del coste laboral.
En el ámbito de las inversiones públicas y privadas, insistimos en que se retome la estrategia de Lisboa que hoy registra, especialmente en algunos Estados, fuertes y preocupantes retrasos. Esto supone destinar con carácter prioritario los recursos comunitarios y las inversiones nacionales a sectores estratégicos como la investigación, la formación continua como parte integrante e inseparable de una reforma estructural del mercado laboral, la creación de una red europea de infraestructuras y servicios, empezando por las telecomunicaciones.
Asimismo, hay que coordinar mejor los proyectos comunitarios con las orientaciones de política económica y social de los Gobiernos, coordinarlos mejor y en tiempo hábil - en este caso se trata del verano - para poder incidir en las decisiones de los parlamentos nacionales que tienen que ser informados de inmediato de las iniciativas de las comisiones competentes del Parlamento europeo y estar involucrados en ellas.
No sólo es preciso preconizar, sino promover una coordinación proponiendo, por ejemplo, como Comisión ejecutiva, formas de cooperación abierta entre distintos Gobiernos en proyectos comunes en materia de investigación, de innovación, de formación continua, de políticas de envejecimientos activos, condición esta última para una reforma de los sistemas de seguridad social que no sea desastrosa para las pensiones de jubilación de los trabajadores.
También el diálogo social debe involucrarse en esta combinación de políticas partiendo de la necesidad de fijar las directrices y las formas de financiación de la política de formación continua. La participación de los interlocutores sociales en la definición de un moderno Estado de bienestar que lo convierta en un factor decisivo del desarrollo sostenible hacia el pleno empleo, es una de las características fundamentales del modelo social europeo.
Por esto, en Barcelona debemos rechazar todos los intentos de debilitar la negociación colectiva y de vaciar la Carta de Derechos Fundamentales de una gran parte de sus contenidos.

Radwan (PPE-DE)
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente al ponente la buena colaboración mantenida. También quisiera añadir, no obstante, algunas palabras con respecto al informe. En Lisboa se anunció, en efecto, a bombo y platillo que seríamos los primeros del mundo.
Ahora resulta evidente que no lo conseguiremos con tanta rapidez como algunos esperaban. Entre tanto, seguramente también convenga reflexionar si el objetivo no era demasiado ambicioso. Tal vez debiéramos ser sinceros y renunciar por completo a él. Ahora se cargan muchas cosas en la cuenta del 11 de septiembre y se afirma que en realidad están relacionadas con la recesión económica en los Estados Unidos. Los trágicos sucesos del 11 de septiembre también tuvieron, sin duda, un impacto negativo adicional aquí, pero la tendencia económica negativa ya se había iniciado antes en Europa. Desde la perspectiva alemana, en particular, también deberíamos tener presente que Alemania es la mayor economía nacional de la Unión Europea y que los países que mantienen una vinculación económica mucho más estrecha con los Estados Unidos, como los Países Bajos o el Reino Unido, tienen muchos menos problemas que nosotros. Deberíamos modificar esa actitud. Yo temo, no obstante, que en la Cumbre de Barcelona se vuelvan a proclamar grandes objetivos, pero no se hagan los deberes. A fin de cuentas, Europa no debería despertar expectativas que la Unión Europea no puede cumplir con sus competencias, sino que a su regreso a casa, después de cada Cumbre, los Estados miembros deberían tomarse en serio lo que allí han anunciado y hacer sus deberes; por ejemplo, flexibilizar el mercado de trabajo o llevar a cabo una reforma fiscal adecuada.
Yo también les prevengo contra la repetida invocación de la coordinación a escala europea: una coordinación a escala europea podría sumar 'falsas competencias? adicionales a este ámbito. Sin embargo, en última instancia, desde allí resulta imposible cambiar nada. Lo que necesitamos a escala europea es una ofensiva a favor de las medianas empresas. Éstas son las que crearán puestos de trabajo en el futuro; podemos dar por sentado que, en el futuro, nueve de cada diez puestos de trabajo se crearán en empresas con menos de mil trabajadores. A la vista de ello, es preciso crear el marco de condiciones que permita evitar que la burocratización y el gran dispendio que se realiza en Bruselas no graven excesivamente a las capas medias, y que también en el futuro se mantengan unos incentivos financieros adecuados en los Estados nacionales. No obstante, en definitiva también es importante que aquí adoptemos una posición clara, como también ha demostrado el debate sobre la carta de advertencia. Yo quiero manifestar explícitamente mi agradecimiento a la Comisión y al Comisario Solbes por la firmeza con que han insistido en que se cumpla rigurosamente el límite del 3%. Las discusiones de los últimos meses al respecto no sólo han perjudicado los niveles de estabilidad y crecimiento, sino también a la reputación de Europa, a la economía europea y al euro. Deberíamos abandonar esta actitud y confiar en nuestras propias fuerzas económicas. No podemos decir que es necesario que los americanos inicien un despegue económico para que Europa despegue, sino que deberíamos conseguirlo por propio convencimiento y con nuestras propias fuerzas.
Un par de palabras antes de acabar. Alguien acaba de hablar de 'coordinar las intervenciones estatales?. Yo no puedo dejar de prevenirles contra ello. ¡La mejor política social es una buena política económica!
Santos (PSE).
Señor Presidente, Señorías, este informe de iniciativa tiene, desde luego, el extraordinario mérito de situar al Parlamento Europeo en el centro del debate sobre las líneas generales de orientación de la política económica de Europa para los próximos años.
Partiendo de un diagnóstico ajustado y correcto, el ponente enumera con racionalidad las verdaderas causas de la actual recesión europea y formula, de forma consecuente, una terapéutica adecuada. Desde luego, en el plano político, acentuando la necesidad de que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales desempeñen un papel activo y regulador de la formulación de las grandes opciones de política económica. Además, en el plano de la hacienda pública, indicando la necesidad de una referencia estable por la reafirmación de la necesidad absoluta del cumplimiento del objetivo final del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de un déficit no superior a tres por ciento.
Ahora bien, reconoce y recomienda una adecuada flexibilidad, necesaria para la utilización de las políticas públicas en cuanto instrumentos de reactivación económica, sin convertir el déficit cero en 2004 en un fetiche que no se ajusta a la realidad actual. De igual modo, en el plano estructural, proponiendo y apoyando la aplicación de instrumentos de mejora del medio económico general, en particular en materia de formación, acceso a los servicios públicos, creación de la sociedad del conocimiento o adaptación de los mercados laborales. Por último, al asumir el objetivo de la Cumbre Extraordinaria de Lisboa y proseguir con ese objetivo en la Cumbre Extraordinaria de Barcelona.

Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo en ejercicio, señorías, en primer lugar, deseo expresar en nombre del Grupo Liberal nuestro apoyo al informe de nuestro colega Trentin. Ha sido un informe muy bien trabajado, adecuadamente elaborado y que ha buscado el consenso. Hemos podido trabajar conjuntamente y el resultado reflejará el esfuerzo que hemos realizado a lo largo de su elaboración en comisión.
Este informe no puede llegar en un momento más oportuno: pasado mañana se celebra la reunión del Consejo Europeo en Barcelona que tratará, precisamente, temas relativos al balance que se debe hacer y a los compromisos que se deben adquirir en relación con el proceso de Lisboa, así como, evidentemente una serie de cuestiones en las cuales el Grupo Liberal ha insistido siempre y que el Comisario Solbes conoce suficientemente y no voy a repetir: la necesidad de liberalizar los sectores más protegidos; la apertura de mercados; el énfasis en la formación y la educación; la facilitación de más recursos a nivel de investigación científica y desarrollo tecnológico; es decir, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa. Esperamos que en esta reunión de Barcelona haya un avance claro en este aspecto.
Me gustaría recordar que el informe del señor Trentin no establece precisamente una dimensión social, que también está recogida en los objetivos de Lisboa y que, desgraciadamente, no se quiere tener en cuenta y, por ello, creo que las manifestaciones que se han convocado en contra de la Europa del capital -de esta Europa que, precisamente, estamos construyendo y que es una realidad- carecen de justificación.

Mayol i Raynal (Verts/ALE). -
Señor Presidente, el señor Aznar, Presidente en ejercicio de la Unión, ha resumido muy bien las palabras claves de la gobernanza económica europea. Las tres mamas de la Unión son, como él lo ha dicho: liberalización, privatización, competencia.
Estas mamas - permítanme decirlo - contienen leche envenenada. En efecto, el desmantelamiento de los servicios públicos que funcionaban más o menos correctamente acarrea toda una serie de catástrofes sociales y de carencias: el ferrocarril en el Reino Unido, los servicios de correo y la salud en Francia, la electricidad en la Generalidad de Cataluña.
En Lisboa se habló de convertir la Unión, en el horizonte 2010, en la economía más competitiva del planeta. ¿A qué precio? La guerra de todos contra todos. Se está lejos de la búsqueda de la felicidad que los políticos más clarividentes de finales del siglo dieciocho consideraban como un derecho inalienable de la persona humana. Todos estaremos permanentemente estresados, se generalizará la inseguridad del empleo, para muchos significará la exclusión, a largo plazo quizá la tragedia argentina. En Biarritz, en Gotemburgo, en Niza y en Laeken, la sociedad civil se manifestó en contra de dichas tendencias. Mañana en mi ciudad - en Barcelona - puede manifestarse de nuevo. Creo que hay que oír esta voz, y pienso que el informe Trentin, desde este punto de vista, no la oye lo suficiente.

Herzog (GUE/NGL). -
Señor Presidente, deseo dar las gracias a Bruno Trentin por la calidad de su trabajo y la capacidad de escucha. En su diagnóstico hace hincapié en que Europa no es una zona cíclicamente dependiente de los Estados Unidos, en que las distancias pueden ahondarse de ambos lados del Atlántico desde el punto de vista de la investigación y de las innovaciones tecnológicas, puesto que el retraso de la Unión en materia de inversión pública y privada es particularmente evidente. Pero, ¿cómo reaccionar? Nuestra comisión ha querido limitarse a la coordinación de las políticas nacionales que la misma inscribe en el marco del carácter obligatorio del Pacto de Estabilidad. Pero, ¿cómo no observar la extrema debilidad de los resultados de dichas coordinaciones? ¿Cómo no observar que este Pacto, si bien establece una disciplina útil a los Estados en materia de déficit, no define en absoluto las políticas necesarias para realizar las ambiciones de desarrollo decididas en Lisboa? En cuanto a la exacerbación de la competición fiscal, ésta obliga a reducir el gasto público, aun cuando este último sea necesario. ¿Y cómo no observar también que los Estados prohíben a la Unión que se dote de los instrumentos presupuestarios y fiscales capaces de apoyar una política de inversión y de desarrollo?
Por eso, a diferencia del Sr. Radwan y también de la letra del informe, creo que no podemos limitarnos a lo que permiten los Tratados actuales. Va a ser necesario superar la fase de la coordinación e intentar extender las competencias. Las grandes orientaciones y el Pacto de Estabilidad deben ser revisados si se desea una verdadera óptica de cooperación, y debemos luchar para que la Unión sea por fin dotada de los instrumentos presupuestarios y fiscales sin los cuales sería incapaz de aplicar una verdadera política económica.
Por eso nuestro Parlamento debería aprovechar una ocasión de iniciativa histórica que se ofrece actualmente, formulando propuestas dirigidas a la Convención. Sería una cruel desilusión, y pienso que una grave falta política, si esta Convención no buscara fortalecer la unión económica y su capacidad de política económica en el momento en que pesan grandes dudas sobre el desarrollo y la cohesión de nuestra Comunidad.

Nobilia (UEN).
Señor Presidente, el informe del Sr. Trentin aborda con mucha claridad una temática muy importante para el futuro de la Unión y lo hace combinando las orientaciones económicas con las orientaciones sociales, desde una óptica de implicación y participación, para mantener un sistema de seguridad social, aunque sea en la innovación.
En todo caso, entre los muchos pasajes del texto, hay uno que parece muy significativo y es el que se refiere a la necesidad de no esperar los efectos de la reactivación en los Estados Unidos y, entre los distintos motivos por los cuales suscribimos esta afirmación, está el de que no creemos del todo en la bondad de la reactivación del otro lado del Atlántico. En efecto, la inversión de la tendencia del desempleo y el comportamiento positivo del Nasdaq se enfrentan con la fuerte alza de los precios del petróleo quizás por los vientos de guerra que soplan en los países productores.
Cada uno de estos aspectos, considerado por separado, justifica las indicaciones formuladas en el informe que nos ocupa, pero también justifica la necesidad de darles un carácter totalmente europeo, incluido el cumplimiento del Pacto de Estabilidad, porque otro aspecto que produce perplejidad en los Estados Unidos es paradójicamente el aumento de capital circulante quizás como una intencionada elevación de la inflación para nivelar las ingentes inversiones públicas realizadas. Y este último es un aspecto que Europa no se puede permitir con quince economías a veces muy diferentes.
Ciertamente lo deseable para la Unión sería llegar cuanto antes a una eficacia de la coordinación abierta no solo de la política económica, sino también de la política social, con una reflexión común sobre las políticas fiscales, así como con la advertencia de que sin una constante y concreta implicación desde abajo no habrá crecimiento económico para la comunidad. La referencia a una mayor implicación de las realidades locales es explícita, como nos ha demostrado el Segundo informe sobre la cohesión pero, desde el punto de vista de la ampliación, lo es también la referencia al mayor disfrute o, cuando menos, a una mayor información de las ayudas comunitarias, si es verdad que el FEOGA, por ejemplo, registra importantes cuotas de no utilización en los Estados miembros. Igualmente, para los PECOS se impone junto con la deseable claridad en la intervención futura y en sus modalidades, la necesidad solidaria de un mejor seguimiento y control de las inversiones de los fondos de preadhesión teniendo en cuenta que, en esos países que todavía están metidos en la puesta a régimen del sistema de recursos propios, no existe, en general, una adecuada disponibilidad financiera para sostener la cofinanciación.
De hecho, es asombrosa la dificultad incluso de demostrar científicamente, como pide la Unión, la introducción de enclaves medioambientales en la lista de NATURA 2000 antes de la creación de las redes transeuropeas. A este respecto, sería deseable una mayor y mejor participación de los PECOS en las orientaciones y en los programas comunitarios, al igual que, desde la óptica de la política de transportes, lo sería su mayor participación, incluida la atención a los pasillos comunitarios.
En conclusión, lo que se quiere afirmar es que si las orientaciones económicas y sociales son sumamente oportunas, también es oportuna la aplicación armónica e integrada de las mismas, con una visión que abarque las nuevas y próximas fronteras...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente. -
Lamento tener que interrumpirle. Ha sobrepasado usted en 22 segundos los tres minutos. Les ruego que se atengan a su tiempo de uso de la palabra.

Blokland (EDD).
Tengo la impresión de que Europa no está demasiado satisfecha con su nuevo juguete, el euro. Las nuevas políticas sufren la intromisión de las instituciones europeas o son directamente anexadas por Bruselas. Me preocupa sobre todo el problema del empleo, que en este momento constituye el centro de atención de la burocracia Bruselense.
El informe del Sr. Trentin se centra en políticas eminentemente nacionales, tales como la educación y el empleo. Pretende analizar la situación económica, pero en realidad se trata de una prescripción normativa que obliga a los Estados miembros a fomentar el empleo a través de la educación y el empleo flexible.
Con mucha elocuencia se da a entender que el fomento del empleo ha de regularse desde Bruselas. Se explica que a Europa le corresponde coordinar las medidas en materia de educación, investigación científica y empleo a fin de cubrir los objetivos del proceso de Lisboa. Ahora bien, ¿cómo debe hacerlo? ¿Puede Europa, de hecho, llevar a cabo estas políticas? Tal vez la pregunta más importante sea la siguiente: ¿Queremos realmente que Europa se pronuncie al respecto?
La educación y la política destinada a regular la participación de los ciudadanos en el proceso laboral incumben a los Estados miembros. Ellos saben qué tipo de formación y qué medidas laborales hacen falta para garantizar que todas las personas implicadas tengan acceso al trabajo y a los servicios sociales. En los Estados miembros la distancia entre las autoridades y los ciudadanos es menor. Precisamente por eso resulta posible ocuparse directamente de los deseos de los ciudadanos. En mi opinión, esos aspectos no son propios de un informe sobre la situación de la economía europea.
Que conste que suscribo plenamente los objetivos orientados a fomentar el empleo, una educación de buena calidad, un sistema social equitativo, etcétera. Ahora bien, a mi modo de ver, no corresponde a la Unión Europea intervenir activamente en la elaboración de estas políticas. Por tanto, el Parlamento haría bien en mostrar cierta reticencia. Sería una muestra de sabiduría.

Berthu (NI). -
Señor Presidente, seis meses después de los atentados del 11 de septiembre, los Estados Unidos restablecen el crecimiento y la creación de empleo, mientras que Europa queda rezagada, víctima de las incertidumbres y las señales contradictorias. En este contexto, el informe Trentin, que quiere contribuir a la preparación de las grandes orientaciones de las políticas económicas para 2003, habría podido formular indicaciones sobre las grandes reformas que puedan producir electrochoques.
Ese no es el caso. Sólo contiene propuestas de reforma ya conocidas como, entre otras, la formación permanente, el refuerzo de la investigación, la realización del mercado de los servicios financieros o la apertura de los mercados de la energía y de los transportes, que no dan casi resultados inmediatos. También contiene el tradicional llamamiento a una mayor coordinación presupuestaria europea que se supone que libere, cito, 'sinergias positivas?, mientras que, concretamente, podría ocurrir que añadiese rigideces.
Por nuestra parte, deseamos sobre todo aprovechar esta oportunidad para pedir una fuerte reducción de las exacciones obligatorias, puesto que se trata del problema número uno en los países donde el crecimiento es débil. Dicha cuestión va necesariamente a imponerse, en particular, en la campaña electoral francesa. Naturalmente, la fiscalidad no es competencia directa de Europa. No se puede menos que lamentar la intervención intempestiva del comisario Solbes en un diario francés de ayer, donde pareció decir que las promesas de reducción de impuestos de un candidato no estaban garantizadas por reducciones de gastos equivalentes.
Se trata de un golpe bajo injustificado; primero, porque los proyectos de nuestros candidatos aún no se conocen totalmente y, en segundo lugar, porque el comisario Solbes no es presidente de un gobierno económico de Europa que no existe. ¡Qué deje decidir al pueblo francés!

Karas (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo quiero agradecer el clima que ha reinado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya que no sólo el presente informe, sino también los siguientes -sobre todo los informes legislativos correspondientes al sector de los servicios financieros- requieren un alto grado de voluntad de compromiso y se deben situar en el contexto del intento de consolidar la Unión Europea como motor de la Unión. Por consiguiente, yo también sitúo el informe Trentin en el mismo contexto que el informe ya aprobado sobre las consecuencias económicas del 11 de septiembre. En nuestra comisión también los debatimos siempre conjuntamente. No hará falta que lo repita.
Yo apoyo los objetivos de Lisboa. Éstos son ambiciosos. Necesitamos objetivos ambiciosos, pues no conseguiremos nada si cuando no avanzamos, fingimos darnos por satisfechos. Sin embargo, sólo alcanzaremos dichos objetivos si hacemos nuestros deberes. No me refiero sólo al Parlamento Europeo, sino sobre todo también al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros. Necesitamos superar la fase de debilidad. Esto también se dice en el informe. Pero la superación de una fase de debilidad requiere adoptar medidas y no limitarse a esperar, y también requiere que sepamos que nosotros mismos podemos hacer muchas cosas, en vez de limitarnos a esperar el despegue americano. En efecto, tenemos que independizarnos de la coyuntura americana.
Esto significa, a mi entender, que necesitamos que funcione el mercado interior, es decir, que tenemos que hacer todo lo posible para que las directivas adoptadas se transpongan puntualmente, se supriman los obstáculos dentro del mercado interior y esta transformación de las condiciones de la competencia nos permita lograr una mayor coordinación en el contexto del mercado interior, a fin de eliminar las distorsiones de la competencia. Nuestros objetivos son un plan de acción para los servicios financieros, reformas estructurales, cumplimiento del pacto de estabilidad y la aplicación del principio ordenador de la economía social de mercado.

Markov (GUE/NGL)
Señor Presidente, yo quisiera empezar donde ha acabado el Sr. Karas, concretamente, por la igualdad de oportunidades en materia de competencia. Es cierto que tenemos un mercado interior, pero dentro de éste tenemos en realidad quince marcos nacionales de condiciones. Por lo tanto, las oportunidades en el ámbito de la competencia no son iguales. No existe igualdad de oportunidades entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas empresas, ya que la fiscalidad sigue siendo, por ejemplo, muy distinta, ni tampoco existe igualdad de oportunidades entre las empresas que operan a escala mundial y las que operan a escala regional. Dadas las características del conjunto de los sistemas de tasas de los Estados nacionales y cómo se garantiza el acceso a los mercados, no existe igualdad de oportunidades en el ámbito de la competencia.
Si afirmamos que queremos llegar a ser la región económica más dinámica del mundo, esto significa que debemos aumentar nuestra potencia económica. Dicho en otras palabras, quiere decir que la alternativa es racionalizar -lo cual interesa desde el punto de vista económico empresarial, pero no desde el punto de vista económico nacional, puesto que supone, naturalmente, el despido de trabajadores- o aumentas el producto. Para aumentar el producto se necesita un mercado. Un mercado significa compradores. Compradores significa que éstos deben tener dinero. Es decir, que es necesario fortalecer la demanda. Ésta debe proceder de las inversiones públicas y de las inversiones privadas, es decir, que la gente debe obtener suficientes rentas del trabajo para estar en condiciones de poder comprar los productos. De nada me sirve que un producto sea el mejor, más cualificado, más sostenible y más barato si no existe ningún comprador que pueda pagarlo.
En consecuencia, yo creo que la contraposición que siempre se establece entre política económica y política social, sencillamente no puede ser cierta. Señor Radwan, usted ha dicho que la mejor política económica a la vez también es la mejor política social. Yo quisiera invertir el orden. Una buena política social también es una buena política económica. Así habremos encontrado un denominador común. Por esto, ésta también debe incluir inversiones. A mi modo de ver, la formación no es consumo, sino inversión en el futuro, porque es necesario desarrollar nuevos productos. Y para esto se necesitan trabajadores especializados. Es decir, que la formación también se debe incluir dentro del marco global de la actividad inversora.

Langen (PPE-DE)
Señor Presidente, ¡incluso al ex-comunista Markov no se le ha ocurrido nada nuevo! En efecto, estamos debatiendo el informe Trentin, que aprobamos por unanimidad en la comisión y que tiene por objeto ofrecer directrices para la política económica, con vistas a un proceso de decisión en el que a continuación le corresponderá intervenir a la Comisión.
El Parlamento desea influir relativamente pronto en el contexto de este sistema de coordinación y formación de opinión, sin que esto signifique que vamos a presentar un catálogo de ofertas. No nos mueve, sin embargo, sólo un empeño particular, sino que el artículo 4 del Tratado CE prescribe explícitamente esta política económica común, esta política económica y financiera coordinada. Y también prescribe el modelo, señor Markov: "?.de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia". Este es nuestro principio fundamental y por esto -no porque nuestro Grupo así lo desee, sino porque figura en el programa de la Comisión- se sitúa en un primer plano la realización del mercado interior, la continuación de la liberalización de los sectores de los servicios estatales, la necesidad de ponernos en forma para hacer frente a la competencia a escala mundial, de suprimir obstáculos en los Estados miembros, de emprender reformas. En este contexto se plantea la pregunta que ha formulado el colega Radwan: ¿Qué es competencia de la Comisión y qué es competencia de los Estados miembros? ¿En qué casos se debe aplicar la subsidiariedad y en qué casos debemos actuar? Por mi parte, yo sólo puedo responder que, en el pasado, independientemente de las propuestas de la Comisión y de las decisiones del Parlamento, el Consejo, o sea, la agrupación de los quince Estados miembros, siempre actuó más como un freno que como un motor de este proceso europeo imprescindible, que ahora es naturalmente más necesario que nunca, como resultado de la introducción del euro como moneda fiduciaria.
Por consiguiente, el presente debate y la decisión del Parlamento sólo tendrán sentido si exigimos de manera concreta a los Estados miembros que cumplan sus propios compromisos y que no se mantengan al margen. En decir, que es preciso emprender con brío reformas nacionales en los grandes Estados, donde la acumulación de reformas pendientes es particularmente importante.

Schmid, Herman (GUE/NGL).
Señor Presidente, doy las gracias al señor Trentin por su interesante informe. Mi interpretación es que contiene un claro reconocimiento de la política de estabilidad y también, lo que es más característico, el intento de encontrar salidas, de crear opciones, de ablandar las normas y de alcanzar mayor libertad de comercio. Me parece también que las enmiendas de los diputados socialdemócratas continúan en la misma dirección, es decir, están orientadas a crear más espacio para la expansión y la innovación.
Esto es provechoso. Creo que la economía europea - caracterizada por un gran desempleo, por problemas sociales y por inercia en sectores importantes como la educación y la investigación - necesita más expansión, más dinamismo y más innovación.
Si seguimos los debates políticos y económicos en la Unión Europea, veremos que en gran medida tratan de normas, controles, prohibiciones, coordinación, disciplina y de otras cosas semejantes. En realidad, no parece que estuviésemos discutiendo una economía liberal de mercado, sino que una economía pesada y burocrática.
Por el contrario, me parece que hay que apostar fuertemente para estimular la economía y para hacer inversiones públicas en educación e investigación, que realmente se necesitan para cumplir los objetivos de Lisboa.
También hay que hacer grandes mejoras medioambientales y, como señaló el señor Markov, tendremos que fortalecer el poder de compra y crear demanda, para que las empresas se atrevan a invertir nuevamente y para que tomemos medidas que nos ayuden a alcanzar los ambiciosos objetivos de Lisboa.
Desgraciadamente, esto es lo que veo. Veo algo parecido a una camisa de fuerza, caracterizada por estabilidad, reglas y disciplina. Esto no es suficiente.

Andria (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe Trentin pone los primeros cimientos de las futuras y grandes elecciones de la política económica. Sin embargo, hay que ser más incisivos y detallistas en las propuestas para que no se queden en afirmaciones de principio, sino que puedan llevar a cumplirse rápidamente.
El esfuerzo de la clase dirigente europea debe ser el de reescribir el modelo de economía social y de mercado, actualizarlo y repensarlo reafirmando el compromiso social. Firmar ayudas genéricas en favor de la innovación, de la formación, de la flexibilidad para después desmentirlas en los momentos decisivos, se convierte no solo en algo irrespetuoso, sino deletéreo para toda la clase trabajadora.
Ahora, para salir del bache, es necesario contrastar los intereses de las castas y de las corporaciones por no ser compatibles con el reformismo moderno. En lugar de manifestarse, o mejor dicho, de hacer que los trabajadores se manifiesten, los sindicatos deberían preguntarse qué cobraron los trabajadores entre 1992 y 2000 en relación con una productividad, sin duda, considerable lograda por la empresa.
La propuesta de un giro ocupacional se basa en una nueva estructura contractual y en una verdadera remuneración flexible. El nuevo sistema contractual podrá ser un sistema regional, territorial, a mitad camino entre la centralización y la contratación empresarial, con el objetivo de reforzar el nivel empresarial de la remuneración flexible, en el cual la productividad se crea y la contribución individual se valora.
Los planes empresariales de participación en beneficios, que prevén la adquisición de acciones ordinarias de la empresa hasta un porcentaje determinado de los beneficios brutos, pueden constituir una importante contribución. Se ha comprobado que las empresas que obtienen mayores beneficios son también las que utilizan la participación para garantizar salarios de eficacia a sus mejores trabajadores. En los Estados Unidos las empresas que adoptan la participación en beneficios tienden a tener salarios y rendimientos más altos. La remuneración de aquellos que entran en las empresas con participación en beneficios aumenta, mientras que quien las abandona sufre una sensible reducción del sueldo.

Solbes
. Señor Presidente, voy a intentar comentar rápidamente gran parte de los temas que se han suscitado, en primer lugar, agradeciendo al Sr. Trentin su informe. Es una buena contribución a las orientaciones generales de política económica que vamos a discutir y creo que, como en nuestras preocupaciones fundamentales, el informe se centra en dos objetivos: un objetivo a corto plazo -cómo consolidar la naciente recuperación y convertirla en un crecimiento duradero en Europa- y el segundo -cómo hacer frente a nuestros problemas de potencial de crecimiento y avanzar en los objetivos de Lisboa-, tema que es especialmente atractivo en este momento inmediatamente antes de la Cumbre de Barcelona.
Con algunos de ustedes comparto la tesis de que nuestras dificultades no se inician con el 11 de septiembre. Veníamos ya de una situación de menor crecimiento económico y también comparto la tesis de que el impacto de la evolución de la economía americana ha sido mayor de lo que inicialmente esperábamos, pero creo que hay que reconocer que la actuación de la política económica en la Unión durante este período ha sido correcta. Las autoridades monetarias han aprovechado el menor riesgo en materia de estabilidad de precios para recortar los tipos de interés, y las políticas presupuestarias han apoyado la actividad a través del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y de las rebajas fiscales que se han producido durante este período.
No comparto la tesis de que hemos tenido una política procíclica. Basta ver el impacto en términos porcentuales que los estabilizadores automáticos han tenido en Europa.
La buena conducción de la política macroeconómica nos está permitiendo ya obtener buenos resultados. Creo que hoy se puede afirmar ya que la desaceleración ha tocado fondo en el último trimestre del año y que los principales indicadores nos muestran un principio de recuperación. En estos momentos estamos ya trabajando sobre la ronda de previsiones para el 2002 y ya puedo señalar que, en nuestras perspectivas, el crecimiento va cobrando impulso a lo largo de este año y pensamos que se acercará al crecimiento potencial o que incluso lo podrá superar a finales de año.
Hay, sin embargo, dos elementos que nos interesan especialmente: en primer lugar, el comportamiento de los salarios, que ha sido enormemente cooperador durante este período -tanto en términos de estabilizador de precios como de creación de empleo- y que esperamos que siga con el mismo comportamiento.
En segundo lugar, la necesidad de aprovechar la recuperación para la consolidación presupuestaria. Pensamos que éste es un elemento fundamental. Las dificultades a las que hemos tenido que hacer frente durante los últimos meses han sido fundamentalmente derivadas de no haber alcanzado una situación presupuestaria de equilibrio o de superávit presupuestario en la anterior mejora de nuestro contexto económico. Y en este sentido no se debe deducir de mis palabras -a las que ha hecho referencia a alguno de los oradores- que haya tenido, en ningún caso, interés en entrar en ningún debate político interno, sino que simplemente he querido recordar algo que he dicho muchas veces y es que, en mi opinión, toda rebaja de impuestos para hacer frente a nuestras obligaciones presupuestarias tiene que partir de excedentes presupuestarios o tiene que compensarse con reducciones de gasto. Eso es lo único que he dicho, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, pero no me parece lo único coherente con nuestros compromisos presupuestarios.
A largo plazo ¿hacia dónde debemos ir? Sin duda alguna a aumentar nuestro potencial de crecimiento, es decir, poner en marcha Lisboa. Y esos son los objetivos que también vamos a volvernos a encontrar en las grandes orientaciones de política económica.
¿Cómo podemos incrementar nuestro potencial de producción? En el informe que la Comisión ha enviado a Lisboa, ya planteamos algunos de los retos que consideramos fundamentales. Es cierto que Lisboa es un programa para diez años. En estos momentos nos estamos planteando lo que debemos hacer en los próximos doce meses y, en ese sentido, hay que definir algunas prioridades que podemos considerar fundamentales, por supuesto en el mercado de trabajo. El Sr. Trentin ha hecho referencia a este tema y ya en su propuesta de resolución destaca la importancia de la formación continua, de la movilidad, de la flexibilidad y de la seguridad, así como de los costes no salariales de la mano de obra, sobre todo en la parte más baja de la escala.
Estoy absolutamente de acuerdo con cada una de estas afirmaciones. Sin embargo, me gustaría añadir un punto. Creo que también tenemos que pensar en que el trabajo debe compensar; debemos tener un sistema que nos permita incentivar la participación en el trabajo y, para esto, es imprescindible modernizar los sistemas fiscales y también los de construcción social, así como la legislación sobre protección laboral para favorecer el empleo. Creo que debemos evitar las trampas del desempleo que, sin duda alguna, son una aportación negativa a nuestra situación.
La seguridad en el empleo debe basarse en la formación y en la cualificación, y éste es un elemento activo fundamental para todos. Una seguridad en el empleo basada única y exclusivamente en una rígida legislación de protección puede ser, a corto plazo, una ventaja, pero sin duda alguna introduce frenos para la modernización y para la mayor eficiencia económica.
Como se pone de relieve en la Resolución, el empleo no es únicamente un problema de costes salariales, sino que también es un problema de estructuras salariales bien adaptadas a los diferenciales de productividad en cada sector de actividad.
En nuestro informe hacemos también referencia a los bienes y servicios, y en su Resolución también se subraya la importancia de las redes integradas de infraestructuras de transportes y servicios, así como la necesidad de una política competencia rigurosa y se propone que se dé al consumidor la posibilidad de elegir entre distintas redes de servicios.
La Comisión está absolutamente de acuerdo con estas aportaciones y también señalamos la necesidad de avanzar en la inversión en proyectos prioritarios de infraestructura, tema que consideramos fundamental para estimular nuestra capacidad de crecimiento a largo plazo.
En nuestro reciente informe sobre la aplicación de las orientaciones generales de política económica de 2001, señalamos que en algunas industrias de red, los antiguos operadores mantienen aún elevadas cuotas de mercado, indicio de que la apertura de mercado no es todavía la deseable. Por eso, es imprescindible avanzar para tener una competencia más robusta que finalmente favorezca a los ciudadanos.
Un punto final, especialmente importante, ha sido señalado por el Sr. Trentin, y también por algunos otros, y consiste en la necesidad de prestar mayor atención a la economía del conocimiento.
En su Resolución se destaca la necesidad de dar más importancia al I+D. Es cierto que el I+D es un factor esencial para el aumento sostenible de la productividad y la competitividad, elementos fundamentales si queremos conseguir ese objetivo de Lisboa de hacer de nuestra economía la más competitiva del mundo. Y es verdad que se ha avanzado en I+D, pero no es menos cierto que los avances en la aportación financiera se están produciendo fundamentalmente en el sector público, si bien las mayores diferencias en cuanto a la inversión en este tipo de actividad se dan en el sector privado. Sin duda alguna, es un punto que merece atención. Espero que de Lisboa salga alguna conclusión en este sentido y tendremos que trabajar para intentar mejorar esa situación, al igual que creo que deberíamos trabajar para avanzar en la patente comunitaria, elemento fundamental para la innovación tecnológica.
El Sr. Trentin ha hecho referencia a otros elementos vinculados a la participación de los Parlamentos nacionales. Por parte de la Comisión, nada nos podría satisfacer más que una mayor implicación de los Parlamentos nacionales en este tipo de debate y ustedes como Parlamento, y especialmente la IMAC, han desempeñado en el pasado un papel importante en favor de algunas iniciativas de este tipo, que han sido, sin duda, enormemente útiles.
Para terminar diría que la Comisión considera en estos momentos que las grandes orientaciones de política económica, el documento básico sobre directrices, tiene que seguir funcionando de acuerdo con lo pactado en Lisboa, y en ese sentido es absolutamente imprescindible recoger cualquier aportación que el Parlamento Europeo pueda presentar para mejorar estas orientaciones. Sus aportaciones, junto con los debates que van a salir de Lisboa, serán elementos fundamentales para la definición de nuestro documento que se presentará, como suele ser habitual, en el mes de abril para debatirlo en los meses siguientes.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario Solbes.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0060/2002 del Sr. Lipietz, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2001) 213 - C5-0159/2001 - 2001/0095(COD)) relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo;
A5-0069/2002 del Sr. Goebbels, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2001) 281 - C5-0262/2001 - 2001/0118(COD)) sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado);
A5-0072/2002 del Sr. Huhne, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2001) 280 - C5-0263/2001 - 2001/0117(COD)) sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores.

Lipietz (Verts/ALE)
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hace nueve meses que se sometió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios la propuesta de directiva de la Comisión Europea sobre esta cuestión, que, pese a su carácter ultratécnico, es de candente actualidad.
En la pasada primavera, la eclosión de la e-Economics nos había recordado que la banca es una industria de alto riesgo. En otoño, los atentados del 11 de septiembre, añadidos al aumento regular de los accidentes industriales y de los accidentes naturales ligados al efecto invernadero, nos han recordado que las empresas de seguros eran también una actividad de alto riesgo; y lo serán cada vez más.
Hace varios años que la Unión Europea, al igual que el resto del mundo, ha determinado las normas prudenciales aplicables a estos sectores, así como las formas de supervisión por las autoridades competentes. Hoy conviene completar el trabajo respecto a los grupos financieros presentes a la vez en el sector bancario y en el de los seguros. Este trabajo reviste una urgencia particular en Europa, continente pionero del sector banca/seguros. Es urgente sobre todo porque el desarrollo de los seguros de vida y de todas las formas de ahorro con capitalización para jubilación supone un mayor riesgo para nuestra sociedad. ¿Qué ocurriría si el ahorro a largo plazo de los futuros jubilados se desvaneciera en inversiones arriesgadas? Esto es lo que procura evitar la presente directiva. Su rápida aprobación pretende nada menos que convertir Europa en la zona financiera más segura del mundo, mejorando de manera decisiva su competitividad a través del factor geográfico de las agencias de rating.
Confieso que al principio de nuestros debates algunos colegas eran reacios a imponer a la industria financiera nuevas obligaciones prudenciales. Se discutía argumentando la oportunidad para Europa de dar a conocer sus propias normas antes que finalizaran las negociaciones de Basilea sobre esta cuestión en 2004. Pero un acontecimiento despejó dichas dudas: el fracaso del conglomerado de Enron en los Estados Unidos por no haberse atenido estrictamente a las normas prudenciales y de supervisión.
Al aprobar la directiva, Europa se convertiría, en cierta manera, en el continente 'Enron-proof?. Es así como se desvanecieron las últimas dudas. Sí, la directiva es urgente. No, esta directiva no debe edulcorarse ni en cuanto a sus ámbitos de aplicación y en cuanto al rigor y a la transparencia de las normas prudenciales que las autoridades tendrán que supervisar.
Durante estos nueve meses accidentados, nuestra Comisión ha podido reunirse con representantes de la profesión y tomar ampliamente en consideración aquellos argumentos que se adecuaban al sentido común y al interés público. Pienso, en particular, en dos grupos de enmiendas: las relativas a la elección del método contable y a la designación del coordinador de los supervisores y las relativas a la flexibilización de las exigencias de fondos propios para los grupos que aún no constituyen conglomerados.
Finalmente, este ponente ha podido colaborar, a lo largo de sus trabajos, con la Comisión y con la Presidencia belga, y luego con la Presidencia española del Consejo, por lo que expresa calurosamente su agradecimiento a estas dos instituciones. Hemos podido demostrar, en esta ocasión, que las tres instituciones de la Unión eran capaces de avanzar juntas con rapidez cuando el interés del público y de la Unión Europea estaba en juego.
En el momento en que les hablo, es decir a las 17.15 horas, he podido ultimar un puñado de enmiendas de transacción que agrupan lo esencial de las enmiendas propuestas la semana pasada y que creo que pueden lograr un consenso entre la mayoría de los grupos y anticipar ampliamente el necesario compromiso con el Consejo.
Pienso, pues, que nuestra Asamblea está en condiciones de aprobar mañana un texto casi unánime con pocas discrepancias frente al que va a aprobar el Consejo. En estas condiciones, creo que en la primera lectura o en una lectura y media podemos conseguir que esta directiva sea ratificada, de lo que me congratularía profundamente. Evitaremos a Europa nuevos casos Enron y dispondremos al mismo tiempo de una legislación que nos permitirá profundizar las discusiones de Basilea, proponiendo al mundo entero las normas que Europa se ha establecido y beneficiándonos de inmediato de los dividendos de una mejor cotización de nuestras actividades financieras.

Goebbels (PSE)
. (FR) Señor Presidente, se ha dicho a menudo que el euro iba a servir de catalizador para las reformas de envergadura en Europa. Esto es particularmente cierto respecto a los mercados financieros, que siguen estando muy parcelados.
Según la Comisión, la creación de un amplio mercado financiero debería reducir los costes de financiación para el conjunto de los operadores económicos. Sin embargo, puesto que los mercados financieros siguen siendo vulnerables, es necesario establecer, paralelamente a la creación de ese gran mercado, órganos de regulación dotados de amplias competencias no para intervenir de forma permanente, sino para hacerlo cuando las reglas del sentido común hayan sido violadas por algunos actores. Estos principios encuentran su aplicación en el proyecto de directiva sobre los abusos de mercado.
Las cosas deben estar claras: el texto de la Comisión es un buen texto. Éste aborda resueltamente los problemas claves que se plantean. Europa no está actualmente en condiciones de sancionar eficazmente los delitos de información privilegiada y las manipulaciones de mercado. Durante largo tiempo estas operaciones han sido tratadas con cierta condescendencia. Ahora bien, cualquier actor de una operación con información privilegiada o de una manipulación de mercado es culpable. Roba a todos los demás actores del mercado. Cuando los que operan con información privilegiada se enriquecen en pocos minutos, son los pequeños tenedores y los profesionales honestos quienes pagan las consecuencias. La propuesta de la Comisión se presenta en el momento oportuno en el contexto de los atentados del 11 de septiembre. Frente a los grupos terroristas que pueden utilizar el anonimato de las transacciones bursátiles para financiarse de la manera más horrorosa, Europa debe reaccionar igualmente en el frente financiero.
Permítame, señor Presidente, que ahora exponga brevemente los principales objetivos de esta directiva. Al clarificarla, se evitará dar carta blanca a la 'legislación secundaria?. No podemos atenernos a unas definiciones vagas, en particular sobre la definición de manipulación de mercado. Por eso la hemos desarrollado conservando al mismo tiempo la posibilidad de completar dichas definiciones, a fin de tener en cuenta la imaginación de los mercados. Pensamos haber encontrado un justo equilibrio entre precisión y flexibilidad. Los productos financieros cubiertos por la directiva han sido inscritos en el cuerpo del texto, manteniéndose la posibilidad de tener en cuenta las innovaciones financieras.
Finalmente, los participantes en el mercado han expresado preocupaciones legítimas respecto al hecho de continuar utilizando prácticas aceptables en los mercados. En este sentido, el Parlamento confía en los denominados procedimientos 'Lamfalussy?, a fin de lograr una legislación derivada aceptable para todos. Dentro de una lógica constructiva, hemos deseado renovar las pistas exploradas por la Comisión. Las medidas preventivas deben ser tomadas en consideración. El riesgo de utilización fraudulenta de una información confidencial aumenta si la información es mal difundida. Por eso es indispensable una mayor transparencia. En primer lugar, los emisores deberán hacer pública en su sitio de Internet toda la información privilegiada. En segundo lugar, las personas que ejercen competencias de dirección en organismos emisores deberán desvelar sus transacciones. Éstas deberán ser divulgadas rápidamente para que el mercado pueda conocer dichos elementos.
Con arreglo a esta lógica pragmática, hemos enmendado algunas disposiciones propuestas por la Comisión. Así, la obligación para los intermediarios financieros de rechazar órdenes que consideren sospechosas parecía poco realista. ¿Cómo un intermediario puede en pocos segundos tomar dicha decisión, cuando las investigaciones de los reguladores a personas sospechosas pueden llevar meses?
Según la misma lógica, el principio de autoridad única no debe impedir cierta flexibilidad. Por consiguiente, la autoridad única podrá delegar parte de sus funciones a otras autoridades o bolsas, aunque seguirá siendo la última responsable.
También nos hemos interesado por las condiciones de aplicación de la directiva. La ineficacia de los procedimientos actuales es evidente. Sólo se han infligido trece sanciones penales por manipulación de mercado entre 1995 y 2000 en los 17 países del Espacio Económico Europeo. El principio de subsidiariedad no nos permite armonizar las sanciones penales y administrativas en Europa. Damos preferencia a las sanciones administrativas. Pedimos una lista indicativa de medidas y sanciones administrativas que la Comisión debe elaborar.
He querido asimismo hacer hincapié en los medios financieros que deben ponerse a disposición del regulador. En Europa estos medios son, por lo general, ridículos. En los Estados Unidos tiene lugar un debate sobre el refuerzo de los medios financieros de que dispone la Securities and Exchange Commission tras el caso Enron. Pero, ¿es sabido que el presupuesto de la SEC ya es casi cincuenta veces superior al presupuesto del regulador alemán?
Finalmente, he deseado reforzar la cooperación transfronteriza estableciendo un órgano de arbitraje. El regulador a quien se le rechazara una solicitud debe tener la posibilidad de pedir el arbitraje a sus pares. Si bien el regulador debe tener poderes reales, éste no podrá, sin embargo, ejercerlos sin discernimiento. El regulador debe poder contar con un examen detallado de los participantes en el mercado. Proponemos la creación de un comité consultivo ante cada regulador nacional.
En conclusión, deseo recordar que la modernización de los mercados financieros no implica sólo una mayor eficacia, sino también una mayor equidad. Es cierto que los mercados financieros de ambos lados del Atlántico padecen los mismos males: conflictos de intereses omnipresentes, opacidad de los sistemas contables, carencias del control sobre los operadores fuera de balance y sobre productos derivados. La modernización de los sistemas financieros implica la participación de todos. Un Parlamento vivo debe dialogar con todos los interesados y escuchar a todos los lobbies. Pero estos últimos no persiguen siempre el interés general.
Tengo la impresión, señor Presidente, de que el texto propuesto sirve al interés general, respetando los intereses legítimos del mundo financiero. Desearía responder a algunos extremistas con las palabras de Sir Howard Davies, director de FSA. 'Some well paid lawyers are talking high priced high-octane nonsense?. Esta observación también es válida para ciertos juristas de la Comisión, que quieren ser indispensables creando siempre nuevas dificultades. Señor Presidente, desearía hacer un llamamiento al comisario Bolkestein para mantener el frágil acuerdo político a este respecto entre nuestras instituciones.

Huhne (ELDR)
. (EN) Señor Presidente, estamos ante un verdadero hito en la historia de la creación del mercado único. Hoy vamos a someter a debate dos propuestas de directiva, incluida la directiva sobre el prospecto, de la cual tengo el honor de ser el ponente del Parlamento, que incorpora las facultades delegadas que ha propuesto el Comité de Sabios del Barón Lamfalussy. Todos confiamos muy sinceramente en que esta nueva forma de tratar del reglamento financiero represente un gran paso adelante hacia la creación de un mercado único, cuyos cimientos han sido la creación del euro y el éxito de su introducción.
La directiva sobre el prospecto tiene por finalidad establecer las normas fundamentales en virtud de las cuales una emisión de acciones, obligaciones u otros valores pueda llegar a los inversores de los 15 Estados miembros. En la actualidad, una compañía tiene que recabar 15 aprobaciones reguladoras para 15 juegos diferentes de documentos de información. Eso es absurdo. Eso entraña mercados separados para las nuevas emisiones, gastos de regulación más elevados, gastos de capital más elevados para las empresas y menos posibilidades de elegir para los inversores. Por todo ello, no tengo duda alguna de que un solo régimen para una directiva como la que tenemos ante nosotros puede reportar beneficios para todos, mayores posibilidades de elección y un rendimiento más alto para los inversores, gastos de capital menores y buenas oportunidades de financiación para las empresas. El Mercado Único es un juego de gana-gana y no un juego de gana-pierde.
Al fijar los requisitos de un prospecto de la UE, es importante conseguir un equilibrio entre el objetivo que consiste en reducir el costo de capital para las empresas y el objetivo que consiste en proteger a los inversores. Tiene que haber un potencial de beneficios suficientemente grande para que puedan alcanzarse los dos objetivos, y eso es el equilibrio que hemos procurado conseguir en la comisión parlamentaria. Quedo particularmente reconocido a mis colegas, la Sra. Piia-Noora Kauppi y el Sr. Harald Ettl, que han hecho de 'ponentes en la sombra?, así como a sus respectivos grupos, por su ayuda y su cooperación. Nos hemos esforzado por asegurar el éxito de esta propuesta y para ello hemos sostenido consultas y debates a fondo a fin de limitar los problemas que había que resolver, y espero que consigamos un grado considerable de consenso en el Parlamento sobre muchos de los problemas esenciales y sobre la forma de resolverlos.
Todos coincidimos en que queríamos, por ejemplo, exonerar al mercado profesional de eurobonos de la necesidad de un prospecto, pero, naturalmente, insistir en que hubiera uno si el emisor quería atraer inversores pequeños. Las condiciones generales para conseguirlo han obtenido el acuerdo de los partidos representados en este Parlamento. Ahora tenemos que zanjar una cuestión: ¿necesitamos para cada eurobono exento una cantidad mínima de 50.000 euros o de 100.000 euros? Confío en que todos estén de acuerdo en que la cantidad de 50.000 euros es suficiente para excluir a los pequeños inversores, pues una cantidad de 100.000 euros resultará engorrosa incluso para inversores profesionales que están acostumbrados a tratar con unidades de 10.000 euros.
El segundo conjunto esencial de enmiendas trata de si las compañías deben actualizar anualmente sus prospectos o si no es necesario que lo hagan, siempre que no emitan más bonos o acciones. En general, la comisión parlamentaria respaldó la opinión adoptada por los reguladores de la UE - la FESCO y ahora el CESR- y opinó que era lógico que esa actualización anual fuera facultativa si el emisor de bonos o de acciones desea hacer otra emisión. Además, no se trata de una directiva que regule los requisitos informativos generales que han de cumplir las compañías que operan en el mercado. Huelga decir que a su debido tiempo nos ocuparemos también de la consulta sobre el particular.
He tenido el placer de poder apoyar una enmienda presentada por el Grupo Socialista en favor de que las compañías más pequeñas puedan actualizar su prospecto, si lo desean, cuando preparen su informe anual.
En general hemos procurado conseguir que la Comisión, con el asesoramiento del Comité de valores, tenga debidamente en cuenta diferentes valores y emisores, con inclusión de las pequeñas empresas. En consecuencia, se adaptarán los requisitos de información a las circunstancias especiales. Esto me lleva a formular otra enmienda de transacción, según la cual una autoridad nacional, si lo desea, puede exonerar a compañías con una capitalización de mercado inferior a 350 millones de euros del requisito de la UE, siempre y cuando no hagan transacciones fuera del Estado miembro de que se trate. A primera vista se diría que esa cantidad es muy grande, pero me limitaré a indicar que hay toda una serie de compañías cotizadas que actualmente responden a la definición de pequeñas y medianas empresas que quedarían afectadas por el requisito mencionado. Por ejemplo, el Grupo Tecnológico Británico no emplea más que a 182 personas y tiene una cifra de negocios de 22 millones de euros y un balance de 32 millones de euros. Se trata de una PYME, pero tiene una capitalización de mercado que actualmente representa 1.600 millones de euros. Hay empresas pequeñas que representan valores muy grandes; basta con que participen en su labor uno o dos científicos que han obtenido el premio Nobel para que así suceda. Me parece que, como medida destinada a proteger a los inversores, es mejor que esas empresas queden incluidas.
Para acabar permítanme que explique por qué es importante que los emisores puedan escoger la autoridad reguladora. Queremos que los reguladores cooperen y así lo están haciendo, cada vez más. También queremos darles un incentivo para que sigan haciéndolo. Si permitimos que los emisores elijan entre sus autoridades reguladoras, por lo menos tanto como actualmente hacen, por ejemplo, respecto de todos los valores salvo las acciones en un mercado nacional, podemos conseguir que siga existiendo esa cooperación y poco a poco sentaremos los cimientos de una autoridad reguladora única para toda la Unión.

Lehne (PPE-DE)
Señor Presidente, yo represento a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior en calidad de ponente de opinión para la directiva sobre el abuso del mercado. En nuestras deliberaciones hemos procurado, naturalmente, como objetivo esencial, que la directiva resultante sea jurídicamente correcta. El principal problema con que nos encontramos fue el relativo a la comitología. La propuesta de directiva originaria preveía una definición muy general del abuso del mercado y relegaba, además, al anexo el grueso de los detalles y las definiciones propiamente dichas, y los dejaba abiertos a la aplicación del procedimiento de comitología. A nuestro parecer, una norma penal -y esta lo es- sólo puede ser decidida por el propio legislador y no a través de un procedimiento de comitología.
Por esto, agradecemos mucho, en primer lugar, que el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y también el conjunto de la misma hayan introducido modificaciones en este aspecto que están en la línea de las aspiraciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior.
El segundo aspecto jurídico de fondo que nos preocupa es que, si bien comprendemos que la Comisión deseaba aplicar un enfoque centrado en los resultados y no en la culpabilidad, esto nos plantea el problema -que afecta a un principio general del Derecho- de que si no se determina la culpabilidad tampoco se pueden imponer sanciones penales. Lo contrario atentaría contra todas las normas jurídicas fundamentales que se han ido desarrollando en el marco del ordenamiento jurídico tradicional de nuestras Estados miembros y también contra las normas inscritas en la Carta de Derechos Fundamentales de Niza. Por lo tanto, sin atribución de culpabilidad tampoco se pueden imponer sanciones de ese tipo.
También hemos considerado el grado de culpabilidad. A nuestro parecer, el abuso del mercado es un delito, muy similar a otros delitos contra la propiedad, como por ejemplo el fraude. Sin embargo, no existe un fraude por negligencia ni tampoco el robo por negligencia, ni nada que se le parezca. Son acciones que sólo se pueden cometer de manera premeditada, o sea, voluntaria. Por esto, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, deseaba, entre otras cosas, que se exija por principio que medie premeditación.
Agradecemos mucho al ponente su voluntad de incorporar a su planteamiento estas reflexiones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, en la línea de un compromiso. Antes de acabar, sólo nos queda instar al Consejo a que en su decisión procure respetar también los derechos fundamentales. Nuestro llamamiento se dirige muy especialmente, por buenas razones, a los Ministros de Finanzas, que son los responsables de estas cuestiones.
Radwan (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme que exprese mi máximo agradecimiento al ponente y especialmente a la Comisión. En el informe von Wogau sobre la comitología incluimos también el aspecto de los participantes en los mercados y yo creo que en el presente contexto -en el que yo he actuado como 'ponente en la sombra? para el informe sobre los conglomerados financieros- hemos mantenido, ya desde la fase previa, una excelente colaboración entre la Comisión, el Consejo, los participantes en los mercados y el Parlamento Europeo. Lo recuerdo, de hecho, con el propósito de dirigir un llamamiento a la Comisión para que continúe desarrollando estas buenas experiencias de colaboración entre los participantes en los mercados, el Parlamento y la Comisión, a fin de despejar ya en la fase previa el malestar y los posibles malentendidos. En esta ocasión lo hemos conseguido bastante bien y yo creo que en el futuro podemos seguir colaborando en esta línea, con la debida atención a las condiciones vigentes en el mercado.
Continuamente se repite que este es un informe técnico muy complejo. Sin embargo, también tendrá grandes repercusiones. Yo voy a acatar, naturalmente, a los deseos del Presidente y voy a procurar ser muy breve, pero aun así quisiera referirme a un par de puntos; en particular, al caso de la demanda contra Enron, que siempre se saca a colación. Yo creo que debemos tomarnos en serio dicha demanda y tenemos que reflexionar para extraer las debidas consecuencias. Una podría ser, por ejemplo, cómo vamos a proceder en el futuro con las empresas de auditoría y las empresas consultoras en Europa. Sin embargo, en este contexto también es importante, en último término, tomar en consideración las nuevas tendencias, concretamente, que cada vez se crean más conglomerados financieros y son más los que actúan a escala transfronteriza, como resultado del Foro conjunto, acompañado paralelamente por el acuerdo de Basilea II. En este contexto, nuestra tarea, en nuestra calidad de Parlamento Europeo, es velar por la protección de los ciudadanos, pero de manera que nuestras empresas también mantengan su competitividad en la arena competitiva mundial. Para ello debemos introducir las correspondientes rectificaciones. Yo creo que en el Parlamento las hemos elaborado debidamente por medio del diálogo, hemos conseguido superar muchos problemas y que nuestra manera de abordar estos temas puede constituir un buen ejemplo.

Randzio-Plath (PSE)
Señor Presidente, yo quiero felicitar muy cordialmente a los tres ponentes y creo que la cooperación mantenida también debería servir de modelo a la Comisión y al Consejo para las posteriores deliberaciones. A mi parecer, es muy importante que la Comisión y el Consejo se pongan manos a la obra para mejorar las posibilidades de trabajo del Parlamento Europeo en este ámbito, tal como prevé el informe Lamfalussy, a fin de que también podamos ejercer debidamente nuestros derechos democráticos en el Comité de seguimiento, con pleno respeto de la neutralidad.
Las tres directivas que hoy se debaten y que se someterán a votación mañana se proponen superar la fragmentación de los mercados financieros europeos y contribuir a mejorar su atractivo y su competitividad, pero a la vez mejorar también la estabilidad financiera y la protección de los consumidores. La supresión de las barreras de acceso al mercado y de las normas burocráticas, la disolución de unas estructuras de supervisión caducas y rígidas para reemplazarlas por unas normas e instrumentos de control flexibles y orientados al mercado son requisitos imprescindibles para crear un mercado financiero integrado y asegurar la competitividad de los proveedores de servicios financieros europeos.
No obstante, estas medidas no deben poner en peligro la estabilidad financiera ni reducir la protección de los consumidores en el contexto de las operaciones transfronterizas. Debemos hacer de la plena transparencia y unos mecanismos de regulación y supervisión rigurosos, incluidas las correspondientes sanciones, un distintivo de calidad europeo. A fin de cuentas, también es necesario recuperar la confianza de muchos inversores privados en esta forma de ahorro, no en último lugar como un medio para disponer de una pensión complementaria respaldada por un capital. Para ello no se requieren declaraciones de buenas intenciones, sino unas normas claras, de obligado cumplimiento y respaldadas por sanciones.
Esto también es cierto en el caso de la directiva sobre los conglomerados financieros. Ésta permitirá avanzar, sin duda, un paso decisivo en la integración. Las empresas financieras europeas tienen que renovar su posición en el mercado para mantener su competitividad frente a la globalización e internacionalización de los mercados financieros, y el número creciente de absorciones y fusiones demuestra que este proceso está en plena marcha. Debemos acoger, ciertamente, con satisfacción esta depuración de las estructuras a fin de crear empresas competitivas a escala internacional. Sin embargo, esto no debe conducir a que este tipo de grupos y conglomerados financieros se sustraigan cada vez más a la supervisión, que hasta ahora se ha organizado a escala nacional y, en la mayoría de Estados miembros, incluso sectorialmente.
El caso Enron ha evidenciado a los ojos de todos el potencial de riesgo de los grupos financieros con intrincadas estructuras y una supervisión insuficiente. Con la presente directiva se establecerá un importante fundamento jurídico común europeo para la cooperación entre los supervisores, pero también se evitará el cómputo doble de capital prudencial dentro de un grupo.
A fin de evitar unas cargas administrativas desmesuradas, nosotros pedimos, justificadamente, que las competencias de supervisión de los conglomerados y grupos financieros se confíen a un único supervisor, que se determinará mediante criterios legalmente definidos. En este contexto también reviste especial importancia el compromiso que afortunadamente hemos conseguido con respecto al ámbito de aplicación de la directiva, así como en relación con el cómputo doble de capital prudencial, y que mi Grupo también suscribe plenamente.

Riis-Jørgensen (ELDR).
Señor Presidente, me voy a ocupar principalmente de la propuesta relativa a la supervisión adicional de los conglomerados financieros de la que me he ocupado en profundidad en mi función de ponente en la sombra del Grupo ELDR. Ante todo me gustaría dar las gracias al ponente, el Sr. Lipietz, por el gran trabajo que ha llevado a cabo con motivo del debate por el Parlamento de esta propuesta de directiva. Además, me gustaría dar las gracias al Sr. Radwan y a la Sra. Villiers, con los que he mantenido un contacto muy estrecho en el transcurso de nuestro trabajo de cara a la votación de mañana. En último lugar, pero no por ello menos importante, también me gustaría dar las gracias al señor Comisario Bolkestein por su trabajo en favor de la creación de un verdadero mercado interior de servicios financieros.
En la gran mayoría de puntos hemos alcanzado en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios con la participación activa de la Comisión soluciones comunes a los problemas planteados desde diversos ámbitos. El trasfondo de esta propuesta concreta es nuestro deseo de garantizar mercados financieros estables en Europa. Debemos evitar escándalos similares al de Enron. Sin embargo, al mismo tiempo no debe regularse más de lo necesario. Lo más importante por ello es garantizar un control eficaz que evite el uso por parte de los conglomerados financieros del mismo capital para consolidarse en diferentes lugares. Me gustaría mostrar mi apoyo a las enmiendas orales que el Sr. Radwan hará a las enmiendas 44, 46 y 48 con motivo de la votación de mañana. Tengo entendido que también la Comisión aceptará las enmiendas presentadas. En mi opinión, la aprobación de mañana es otra prueba más de que el Parlamento asume su corresponsabilidad cuando es necesario. Soy una firme defensora de qué no prolonguemos las cosas si aparecen posibles soluciones. Estas soluciones las hemos encontrado en este Parlamento y ahora le toca al Consejo facilitar lo demás.

El Presidente.-
Muchas gracias Sra. Riis-Jørgensen. Lamento comunicar a los señores diputados y al señor Comisario Bolkestein que este debate queda interrumpido y se reanudará a las 21.00 horas.
Señor García-Margallo, usted también tendrá que volver después de las 21.00 horas; bien que lo lamento, pero debemos cumplir el orden del día.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0008/2002).
Examinaremos una serie de preguntas dirigidas al Consejo.
Está presente, como suele ocurrir, el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. de Miguel, al que le agradecemos su presencia.

De Miguel
. Señor Presidente, la situación en Chechenia sigue siendo muy preocupante para la Unión Europea. Informes recientes del Grupo Asistencia de la OSCE en Chechenia, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y de dos ONG (Memorial y Médicos sin Fronteras), muestran que la situación en esta parte de Rusia sigue siendo dramática.
Basándose en este y en otros informes, la Unión Europea ha planteado el tema a las autoridades rusas en todos los diálogos políticos que ha mantenido recientemente y seguirá haciéndolo. Esto no es ninguna sorpresa, puesto que la Unión Europea se ha pronunciado repetidamente de forma clara en contra de cualquier violación de los derechos humanos y sobre la situación de los refugiados y desplazados internos en Chechenia.
Por consiguiente, la Unión ha adoptado coherentemente una posición de principio en la que deja muy claro a Rusia que mientras continúe la situación de trastorno en Chechenia, la Unión seguirá presionando enérgicamente para lograr un cambio, aprovechando todas las ocasiones posibles y acudiendo, incluso, a las organizaciones internacionales pertinentes. Sin embargo, creo que sería engañoso decir que no ha ocurrido nada en todo el año pasado. La pregunta alude a la Resolución 1270 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que dice que, aunque con lentitud frustrante, se ha logrado algún progreso gracias a cambios de actitud positivos que pueden verse ahora en la Federación Rusa en lo que respecta a la forma de tratar el conflicto.
Como muestra del cambio, vemos las declaraciones del Presidente Putin según las cuales los miembros de las fuerzas armadas rusas que no respeten los derechos humanos serán juzgados y condenados. La Unión acoge con agrado esta declaración y espera que las autoridades rusas cumplan su compromiso y eviten cualquier nueva violación de los derechos humanos.
Se ha dado siempre por sentado que la lucha contra el terrorismo y el extremismo debe llevarse a cabo dentro del Estado de derecho y con pleno respeto de los derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza equivale a sembrar vientos para recoger tempestades durante muchos años. Al mismo tiempo, sigue siendo claramente necesario mantener la estabilidad en la región.
El Consejo está indiscutiblemente de acuerdo en que sólo una solución política puede resolver el conflicto checheno. Entiende que las autoridades rusas han intentado alcanzar un acuerdo con representantes de Masjadoc, pero que, lamentablemente, esos esfuerzos no han sido fructíferos.
La Unión Europea no va a desaprovechar ninguna ocasión para insistir en favor de una solución política y, por su parte, la OSCE sigue desempeñando un papel útil con la presencia de su Grupo Asistencia.
La seguridad e independencia de los periodistas son temas de la máxima preocupación de la Unión Europea, que se ha pronunciado recientemente de nuevo sobre la situación de los medios de información en Rusia.
La Unión también se ha mostrado muy activa para lograr la presencia de organizaciones humanitarias internacionales en Chechenia y a través de ECO (European Community Humanitarian Office) ha participado directamente en el ámbito de la ayuda humanitaria como uno de los principales donantes desde el inicio del conflicto Checheno.
La Unión ha tratado periódicamente el problema de la seguridad con las autoridades rusas y no hace mucho un funcionario de la Comisión viajó a Chechenia para evaluar la situación actual in situ y la troika de la Unión está planteando otra visita a la región a nivel de jefe de misión.
Finalmente, en cuanto al procesamiento de aquellas personas que hayan violado los derechos humanos, la Unión Europea recuerda que el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya se interesa ya por diversos casos. El Tribunal fijará en los próximos meses una fecha para estudiar la admisibilidad de algunos de estos casos. Naturalmente, la Unión Europea pretende seguir de cerca todos estos acontecimientos.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, doy las gracias al Presidente del Consejo por su prolija respuesta. Me alegro de que él mismo admita que la situación en Chechenia continúa siendo dramática.
Tomo nota del compromiso adquirido por el Consejo de seguir comentando la situación en Chechenia en todas las reuniones celebradas con las autoridades rusas. Agradezco también que el Presidente del Consejo haya condenado expresamente las violaciones de los derechos humanos y que insista y continúe insistiendo en la necesidad de un cambio de actitud. También me llena de satisfacción que el Presidente del Consejo haya ratificado la opinión de que la única forma de poner fin al conflicto checheno consiste en una solución política, al tiempo que ha afirmado que la Unión Europea aprovechará cualquier ocasión para alcanzar un acuerdo de estas características. En este sentido me parece significativo su referencia a los contactos entre las autoridades rusas y el Gobierno del Presidente checheno Masjadov. Es cierto que dichas negociaciones necesitan un empujoncito, pero debo reconocer, señor Presidente del Consejo, que su lenguaje excesivamente diplomático me decepciona un poco. Está claro que a lo largo de las próximas semanas se intensificarán los contactos con las autoridades rusas. El Primer Ministro ruso se desplazará a Bruselas. A finales del mes de mayo se celebra una Cumbre europea. Quisiera saber qué iniciativas concretas piensa tomar usted para llevar a la práctica esta interesante declaración de intenciones de hoy. Ésta es mi pregunta concreta, mi pregunta complementaria. Gracias por su respuesta.

De Miguel
. Señor Presidente, el Consejo y la Comisión están trabajando conjunta y activamente en la preparación de la cumbre entre la Unión Europea y Rusia, que tendrá lugar en Moscú el próximo día 28 de mayo, y en el marco de este diálogo bilateral pretendemos plantear todas las cuestiones relativas a la situación de Chechenia.

Dupuis (NI). -
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la segunda guerra de Chechenia ha comenzado hace ahora treinta meses. El comisario Poul Nielson aún no se ha trasladado a Chechenia. Mi pregunta consistiría, pues, en saber cuál es - en una materia como la humanitaria, una materia urgente - el plazo máximo, según el Consejo, en el que el comisario Poul Nielson debería trasladarse a Chechenia. ¿Tres años, cuatro años o cinco años? Mi segunda pregunta es la siguiente: el Presidente Putin ha nombrado un negociador. ¿La Presidencia del Consejo estaría dispuesta a recibir a los dos negociadores reconocidos por una y otra parte, que son, por tanto, negociadores de pleno derecho? ¿El Consejo podría reunirse con ellos?

De Miguel
. Señor Presidente, no estoy en disposición de responder a esa pregunta.

Posselt (PPE-DE)
Señor Presidente, según las informaciones publicadas en la prensa alemana, la situación en Chechenia parece que se está agravando. Nuestros periódicos publican extensos informes según los cuales en Chechenia existen escuadrones de la muerte de las fuerzas militares rusas y una aldea ha acudido a la ONU porque ha sido registrada en un total de 33 ocasiones, como parte de las llamadas operaciones de limpieza. Yo quisiera rogarle que haga lo necesario para que una delegación de la UE observe y compruebe directamente sobre el terreno cuál es la verdadera situación en Chechenia, puesto que a los periodistas ya sólo se les permite el acceso en compañía de oficiales del ejército. Mientras que el Consejo de Europa mantiene una plena presencia en Chechenia, la UE no ha estado presente hasta ahora. Por esto, yo le pregunto: ¿Cree que sería posible enviar una misión de la UE?

De Miguel
. Señor Presidente, el posible envío de una delegación es materia que debe ser acordada, en todo caso, con Rusia, que es un país soberano. La Unión no tiene ningún derecho de injerencia en los asuntos internos de un país soberano como la Federación Rusa. Si llegáramos a acordar con los rusos el envío de una misión, con mucho gusto podríamos estar allí para colaborar, pero, de momento, ésa es tarea única y exclusiva de los organismos multilaterales, es decir, del Consejo de Europa y de la OSCE.

El Presidente. -
El Sr. Dupuis, para una cuestión de orden. Señor Dupuis, el señor Presidente en ejercicio del Consejo está en su derecho de darle esa contestación. A usted no le ha satisfecho, pero no entremos ahora en un debate, explique usted cuál es su cuestión de orden con la mayor brevedad.

Dupuis (NI). -
Pienso que el Sr. Ramón de Miguel puede manifestar que consultará al Consejo y que más tarde dará una respuesta más detallada, que ahora no está en disposición de dar. Pero pienso que manifestar simplemente que no puede dar una respuesta no forma parte de las reglas del juego. Considero que puede someter a la Presidencia, al Consejo, las preguntas que se le han formulado, y que puede declarar que, con respecto a algunas de ellas, ahora no está en disposición de dar una respuesta. Pero considero que, por regla general, corresponde al Consejo responder a todas las preguntas.

De Miguel
. Sí señor Presidente, sí que puedo responder. Me parece que por definición y por el respeto que tiene el Consejo a los miembros de esta Cámara, cualquier pregunta que se hace aquí, en Cámara Parlamentaria y en un turno de preguntas, es una pregunta que se hace al Consejo, no a la Presidencia, y que, por lo tanto, la Presidencia la traslada al Consejo, por principio. Por lo tanto, le he dicho que no le puedo dar una respuesta porque todavía no he consultado al Consejo, pero la consulta al Consejo va de soi, espero que lo entienda en su propia lengua el Sr. Dupuis.

El Presidente. -
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas nº 2 y 3 recibirán una respuesta conjunta. Pregunta nº 2 formulada por Alexandros Alavanos (H-0063/02):

Asunto: Medidas de la Presidencia española contra los movimientos antimundialización
Según diversas informaciones, el Gobierno español está organizando fuerzas policiales especiales de acción inmediata para impedir que movimientos antimundialización celebren manifestaciones programadas en diferentes ciudades de España durante la Presidencia española. Al mismo tiempo, se reúnen datos personales de cuantas personas han participado en manifestaciones similares celebradas en otras ciudades europeas. Dichos datos se recogen con la colaboración de las autoridades policiales de numerosos Estados miembros, y hace meses que la policía española realiza un seguimiento de los sitios web de todas las organizaciones activas en el ámbito de la antimundialización.
¿Puede confirmar el Consejo las informaciones anteriores? ¿Puede garantizar que se protegerán los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea y que no se pondrán obstáculos a la libre expresión de las opiniones políticas en la Unión Europea?  Pregunta nº 3 formulada por Mihail Papayannakis (H-0108/02):

Asunto: Posición de la Presidencia española sobre las manifestaciones
La Presidencia española, en una nota dirigida al grupo "Terrorismo" del Consejo, el 29.1.2002 propone, sobre la base de una decisión del Consejo, que se elabore un impreso con el fin de intercambiar informaciones relativas a las acciones terroristas durante las cumbres de la UE u otras manifestaciones convocadas por organizaciones internacionales o comunitarias. Los autores de estas acciones, en opinión de los autores de la nota, son organizaciones que, a pesar de ser legales, realizan acciones distintas de sus actividades declaradas, ayudando de forma indirecta a que las organizaciones terroristas consigan sus objetivos. Consideran que esta "ayuda" constituye una clara amenaza y que es probable que crezca de forma importante en el futuro inmediato. De acuerdo con la nota, la propuesta de la Presidencia constituye un instrumento muy útil para prevenir y, en caso necesario, reprimir, el fenómeno de la radicalización violenta de los jóvenes en los grandes centros urbanos. Teniendo en cuenta que este tipo de "análisis" y propuestas es, como mínimo, cuestionable, y plenamente contrario al derecho fundamental de libertad de expresión y manifestación, ¿puede el Consejo adoptar una posición oficial sobre el tema?

De Miguel
. Señor Presidente, el Consejo quisiera llamar la atención sobre su respuesta a la pregunta oral n. 0967/01, en la que recuerda el artículo 33 del Tratado de la Unión Europea que dice: 'el presente título (Título VI, Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal) se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior?.
En lo referente a la protección de datos, el Convenio del Consejo de Europa de 1981 para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal ha sido ratificado por todos los Estados miembros de la Unión.
En las conclusiones adoptadas por el Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros el 13 de julio de 2001, relativas a la seguridad de los Consejos Europeos y actos similares, se recordó el objetivo de la Unión Europea, consistente en mantener y desarrollar la Unión como una zona de libertad, seguridad y justicia. En este ámbito, los ciudadanos deben disfrutar libremente del derecho a expresar sus opiniones y a reunirse de manera pacífica, como prevé el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, y hacerlo en unas condiciones exentas de amenaza para su propia seguridad, para los demás ciudadanos o para las propiedades.
En las mismas conclusiones se subrayó la importancia de un diálogo constructivo entre los organizadores de manifestaciones públicas y las autoridades del país de acogida, así como la importancia de mantener estrechos contactos internacionales y, en particular, entre las autoridades policiales y aduaneras, para asegurarse de que no se aproveche o se abuse de las manifestaciones legítimas para cometer actos de violencia colectiva individual.
Con respecto al señor Papayannakis, diré que las instancias preparatorias que examinan su pregunta se reunieron en enero y febrero y trabajaron como exige el Tratado, es decir, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales. Será competencia de la Presidencia española dar la respuesta que considere idónea.

Alavanos (GUE/NGL).
Gracias por la respuesta. Quisiera decir que el colega Sr. Papayannakis asiste a la Conferencia de Presidentes de Delegación y por ello no se encuentra aquí. He percibido por parte del Presidente en ejercicio del Consejo un intento de responder de manera muy general, con algunos principios, como los convenios para la protección de datos de carácter personal, que son interesantes.
Yo quisiera preguntar si en la práctica la Presidencia española se dispone a seguir, en lugar de la línea Berlusconi ?que creó tantos problemas, que quebrantó derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, que no permitió a pacíficos ciudadanos de Grecia y otros países pisar territorio italiano?la que yo llamaría línea Porto Alegre, es decir, un intento de crear un marco para la expresión legítima y pacífica de la voluntad y las reivindicaciones de los manifestantes. Y en este sentido, me gustaría preguntar qué puede decirnos sobre conversaciones y acuerdos con los organizadores, etcétera.

De Miguel
. Señor Presidente, en primer lugar, rechazo cualquier comparación que pueda hacer el diputado que acaba de intervenir entre el Gobierno del Sr. Berlusconi y el Gobierno del Sr. Aznar.
Cada Gobierno ejerce su responsabilidad según le compete, y yo le garantizo que el Gobierno español va a ejercer sus responsabilidades derivadas de la Presidencia del Consejo de la Unión de manera plenamente respetuosa con el espacio de seguridad, justicia y libertad y en respeto de las obligaciones que supone dicha Presidencia.
En cualquier caso, sí le puedo garantizar que no tenemos ninguna intención de recortar una de las libertades fundamentales del Tratado (la libertad de circulación de ciudadanos), pero le debo advertir que el Gobierno español está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias para impedir que las personas que pretenden utilizar las manifestaciones pacíficas para hacer de las mismas un campo de batalla, de violencia, de destrucción de la propiedad, y de agresión a personas y cosas, consigan sus propósitos en Barcelona.

Rübig (PPE-DE)
Señor Presidente, Señorías, todos sabemos que los altercados con motivo de estas reuniones se deben sobre todo a una falta de conocimiento. Este es el motivo de la iniciativa del Parlamento Europeo de crear una Asamblea parlamentaria sobre la OMC, que permita debatir en el futuro con las organizaciones no gubernamentales y grupos interesados y mejorar así la comunicación con los ciudadanos en el ámbito parlamentario. Yo querría preguntarle, señor Presidente del Consejo: ¿qué iniciativas tiene previsto emprender la Presidencia española del Consejo para que este proyecto se pueda poner en práctica lo más pronto posible?

De Miguel
. Quiero decirle a su señoría que los problemas que se han planteado no son problemas debidos a la falta de diálogo.
El Consejo de la Unión ha manifestado en diferentes ocasiones su disponibilidad de dialogar. El Gobierno español está dialogando en este momento con todas las organizaciones que quieren manifestar pacíficamente sus ideas en Barcelona y todo aquel que se manifieste pacíficamente tendrá derecho a ser escuchado y a manifestarse, puesto que es un derecho inalienable de cualquier ciudadano europeo.
Pero, naturalmente, no me parece que sean esas personas que se manifiestan pacíficamente las que tienen necesidad de foros de diálogo, porque los foros ya existen. En cualquier caso, la iniciativa de su señoría siempre es buena. Si hubiera una Asamblea parlamentaria, si se ofreciera una nueva posibilidad de diálogo, a lo mejor esto podría ayudar a que hubiera más foros, pero no me parece que la multiplicación de foros pueda resolver el problema más grave de este tipo de manifestaciones públicas que consiste en que se instrumentalizan y se utilizan por grupos y grupúsculos violentos que no tienen ninguna intención de dialogar, sino que lo único que quieren es aprovechar la ocasión para sembrar la confusión y la violencia.

El Presidente. -
Pregunta nº 4 formulada por Camilo Nogueira Román (H-0066/02):

Asunto: Posición de la Presidencia española sobre la creación de un Senado de la Unión a partir del Comité de las Regiones
El Ministro de la Presidencia del Gobierno español, Juan José Lucas, con el fin de negar las posiciones adoptadas por las "naciones" y regiones que quieren estar representadas en los Consejos de Ministros, tal y como sucede en Bélgica, Alemania, Austria y el Reino Unido, ha declarado que dicha representación la ejerce el Comité de las Regiones y ha propuesto transformar esta institución consultiva en un Senado de la Unión Europea.
¿Puede la Presidencia del Consejo explicar el contenido de la propuesta del Ministro de la Presidencia español, Sr. Lucas?

De Miguel
. Señor Presidente, el Consejo recuerda a Su Señoría que no le corresponde comentar las posiciones expresadas por uno de sus miembros. Además, subraya que la cuestión planteada no es de su competencia, sino de la Conferencia Intergubernamental de revisión, que prepara actualmente la Convención creada por el Consejo Europeo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001.
Por último, el Consejo desea remitir a Su Señoría la respuesta que se dio a Dª. Rosa Miguélez Ramos en el turno de preguntas del pasado mes de febrero, en sesión plenaria, relativa a la representación de los Estados miembros en el Consejo.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, el Presidente del Gobierno del Estado español se niega, de forma arbitraria y contra los vientos de la Historia, a que las nacionalidades y regiones constitucionales internas estén presentes en la Unión, en particular en el Consejo de Ministros, y pretende desconocer lo que ya practican Alemania, Bélgica, Gran Bretaña y Austria. Pretende apoyarse, para ello, en un concepto absolutista de la soberanía y contrario a la soberanía compartida que constituye, de hecho, un principio fundamental de la Unión Europea.
En su desvarío -como ha hecho el Ministro de la Presidencia, Sr. Lucas, ministro muy próximo al Presidente del Gobierno-, tanto intentan limitar las entidades constitucionales internas a que tengan un papel consultivo en un Comité de las Regiones, políticamente inútil, como quieren -pasando por alto la realidad de la Unión- transformar ese organismo en un Senado, aun entrando en contradicción con propuestas como la del Canciller de Alemania Gerhard Schroeder, que reserva esa función de Senado para el propio Consejo. Peor no podían hacerlo. Por eso pregunto al Presidente del Consejo por qué insiste el Gobierno del Estado español en mantener dentro de la Unión un concepto de soberanía tan anacrónico.

De Miguel
. Doy ya por contestada la pregunta, señor Presidente.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Secretario de Estado, ha hecho usted referencia a la contestación que dio aquí en el Pleno a la Sra. Miguélez Ramos y yo, que en aquel momento, también intervine en relación con dicha cuestión, no he recibido esa misma respuesta. Yo le quiero preguntar, en primer lugar, si me puede enviar una copia de la respuesta que le dio a la Sra. Miguélez Ramos.
En segundo lugar, quiero que me diga si es cierto o no que en el Tratado de la Unión Europea se señala que los ministros de los Gobiernos regionales pueden participar en los Consejos de Ministros Europeos.

De Miguel
. Señor Presidente, con respecto a la respuesta que yo di a la Sra. Miguélez Ramos, remito al señor diputado al acta literal de las sesiones de este Parlamento, que es pública, y, por lo tanto, imagino que él tendrá más posibilidades para consultarla que yo mismo.
Con respecto a la segunda pregunta, le puedo decir que el Tratado admite una potestad de los países miembros para decidir soberanamente quiénes son sus representantes en el Consejo. Eso es una cuestión interna; cada país decide qué es lo que quiere hacer y a quién quiere enviar.

El Presidente. -
Están ustedes haciendo cuestiones de orden. Tengo que recordarles que aquí no vamos a entrar en un diálogo sobre el fondo de la cuestión y que tienen que plantear realmente una cuestión de orden. ¿Por qué orden quieren que les dé la palabra para una cuestión de orden? Empiezo por el Sr. Ortuondo, para una cuestión de orden.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo sólo quisiera recalcar que en la ocasión en que se hizo referencia a la Sra. Ramos, yo hice una pregunta y no he recibido respuesta a esa pregunta, o sea que no tengo que consultar el Acta literal de las sesiones, porque creo que tengo derecho a recibir una respuesta, ya que era yo quien formuló la pregunta.

Nogueira Román (Verts/ALE).
Señor Presidente, pregunto si tengo también derecho a una respuesta del Consejo, como ha ocurrido con una pregunta anterior, si puedo hacerlo en los mismos términos que antes y recibir, por tanto, una respuesta adecuada.

El Presidente. -
Yo entiendo, como Presidente de sesión, que el Presidente en ejercicio del Consejo ha recordado la contestación que ha dado en su día, hace unas semanas o quizá más de un mes, a las mismas preguntas; y el dueño de su contestación es el señor Presidente en ejercicio del Consejo, luego ustedes lo valorarán como crean conveniente.

De Miguel
. Señor Presidente, señora diputada, la pregunta de su señoría remite a dos realidades: la del Plan de Acción y la del Fondo Mundial.
En lo referente, en primer lugar, al Plan de Acción, el Consejo recuerda a su señoría que en la Resolución que adoptó el 14 de mayo de 2001 sobre el programa de acción y aceleración de la lucha contra el VIH (sida), la malaria y la tuberculosis en el contexto de la reducción de la pobreza (documento 8495/01), el Consejo expuso las acciones que considera esenciales para luchar contra esas tres enfermedades.
Entre dichas acciones figura, en primer lugar, el acceso asequible a los productos farmacéuticos y, en particular, la aplicación flexible del acuerdo ADPIC (Trips) en lo referente a la propiedad intelectual, que permita hacer frente a los problemas de salud pública, entre otras cosas, mediante la capacidad discrecional de emitir licencias obligatorias en determinadas circunstancias excepcionales, entre las que figura la protección de la salud pública.
En segundo lugar, se trata de reforzar y aumentar las contribuciones financieras en el ámbito de la investigación y desarrollo. Resulta especialmente importante, tanto potenciar la capacidad de los países en desarrollo, como ofrecer incentivos para el desarrollo de bienes públicos universales específicos, tales como los nuevos tratamientos y vacunas.
Otra acción es la participación en las asociaciones mundiales. El objetivo consiste en reforzar los acuerdos de cooperación entre los Estados miembros con la OMS, ONU (sida), el Banco Mundial y otros actores internacionales tanto del sector público como del privado, por ejemplo, la Alianza mundial para vacunas e inmunización (GAVI).
El Consejo desea destacar que dicha Resolución se presentó en la Sesión Especial 26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York del 25 al 27 de junio de 2001, durante la cual la Unión Europea participó activamente en la redacción de la declaración final.
En segundo lugar, por lo que respecta al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, el Consejo recuerda a su señoría la decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, adoptada el 6 de diciembre de 2001, relativa a la contribución de la Comunidad Europea al Fondo Mundial de Lucha contra el HIV (sida), la tuberculosis y la malaria. Con arreglo a dicha decisión, la Comisión aportará a ese fondo mundial una contribución por importe de 60 millones de euros para 2001, que se abonará en el marco de un convenio de financiación que ha de celebrarse entre la Comisión y el depositario del Banco Mundial. Dicha decisión estipula, asimismo, que en 2002 la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un primer informe sobre la gestión y los métodos de trabajo del Fondo Mundial.
Respecto a las futuras contribuciones, el Consejo está a la espera de que la Comisión le presente propuestas de modificación de los Reglamentos existentes. En particular, el Reglamento, de 24 de marzo de 1997, sobre acciones en el ámbito del HIV (sida) en los países en desarrollo, que debería incluir también las intervenciones en el ámbito de la salud genésica, en lo que se llama 'Reproductive health?, así como la del 22 de julio de 1997 relativa a las ayudas a las políticas y programas demográficos en países de desarrollo.
En cuanto a las actividades realizadas hasta el momento por el Fondo, el Consejo desea informar a su señoría que el 29 de enero de 2002 el Consejo de administración reunido en Ginebra aprobó su primera convocatoria de presentación de propuestas de financiación para asociaciones de países afectados duramente por las epidemias. La serie inicial de subvenciones, que se concederá en abril, será la primera otorgada por el Fondo. La segunda reunión del Consejo del Fondo tiene que celebrarse en Nueva York a finales de abril.
El Consejo invita a su señoría a que se dirija directamente a la Comisión, que está representada en el consejo de administración del Fondo Mundial, para obtener información más precisa sobre las actividades de éste.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, quiero agradecer al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo la información exhaustiva que me ha facilitado esta tarde. Efectivamente, la preocupación de este Parlamento y, en concreto, de la Comisión de Desarrollo y Cooperación es -dada la situación actual del continente africano, fundamentalmente en el centro del mismo (Uganda, Burundi, Rwanda, etc.), de afectación del sida- conocer qué control van a llevar el Consejo y, por supuesto, la Comisión, del fondo de 120 millones que aprobamos en este Parlamento. Como usted me ha comentado que ya hay 60 millones aportados y que el primer informe se va a hacer ahora, en el mes de abril, a partir de ese mes estaremos atentos a dicho control.

El Presidente. -
Pregunta nº 7 formulada por Josu Ortuondo Larrea (H-0076/02):

Asunto: Comparecencias y Actos Parlamentarios de la Presidencia española
Con la llegada del año 2002, el Reino de España se ha hecho cargo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. El semestre anterior ha correspondido al Reino de Bélgica y tanto en la página web de su Presidencia como en las distintas comparecencias y actos ante el Parlamento Europeo, hemos podido observar que el Gobierno belga se ha expresado, frecuentemente, en todas y cada una de las lenguas que son oficiales en sus diferentes regiones.
¿Puede comunicar la Presidencia del Consejo cuáles son las razones por las que estando definida por los respectivos Estatutos de Autonomía emanados de la Constitución del Reino de España la co-oficialidad de las lenguas catalana, gallega y vasca, sin embargo, y a diferencia de los belgas, ninguna de dichas lenguas se contempla no ya en las comparecencias y actos parlamentarios, donde sabemos que no se dispone de intérpretes, sino ni siquiera en la página web de la Presidencia española?

De Miguel
. Señor Presidente, la Presidencia del Consejo desea recordar a su Señoría que según lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado (CE) el régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad será fijado por el Consejo, que se pronunciará por unanimidad.
La posición del Consejo sobre este particular es la consignada en su Reglamento CE n° 1 de 1958, sucesivamente modificado con motivo de las adhesiones de los nuevos Estados miembros, en los que se establece que actualmente son once las lenguas oficiales de trabajo de la Unión Europea.
En cuanto a la presencia, en la página web de la Presidencia española, de las lenguas declaradas como oficiales por la Constitución española, no es éste un asunto que incumba al Consejo de la Unión.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Señor Secretario de Estado, creo que esto es una cuestión de talante democrático abierto y de talante cultural. En Europa hay más de 100 pueblos y más de 100 lenguas diferentes. El año 2001 fue declarado en la Unión Europea, precisamente, el Año Internacional de las Lenguas.
Y digo que es una cuestión de talante porque, en el Estado español, nosotros intentamos que en ese año 2001 hubiese actos de tipo cultural a fin de proteger y promocionar las lenguas naturales que existen dentro del Estado español que no se reducen al castellano, pues están el bable (asturiano), el catalán, el gallego, el vasco... y muchas otras lenguas que tienen un derecho natural a seguir existiendo.
El Gobierno del Estado español no permitió que ninguna de estas lenguas se promocionaran, se cuidaran y se impulsaran. Yo quisiera preguntarle ¿cual es la razón de esa actitud cerrada y antidemocrática con respecto a algo que es consustancial a la riqueza de la diversidad cultural europea y también del Estado español?

De Miguel
. Señoría, me temo que usted se ha equivocado de foro. Creo que su Grupo parlamentario haría bien en plantear esta pregunta en el Pleno del Parlamento español. Le repito que el Consejo de la Unión no interviene para nada en este tema. Por lo tanto, como estoy compareciendo aquí, en el Parlamento Europeo, en representación del Consejo de la Unión, y no como representante Gobierno español, no puedo responderle a esa pregunta.

El Presidente. -
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ya saben ustedes que a algunos diputados, incluso al Presidente, les gustaría mucho intervenir en estos debates; pero en el caso del Presidente de sesión es imposible, aunque se ha haya mencionado el bable, que es una forma de expresión propia de la tierra donde yo he nacido.

De Miguel
. Señor Presidente, la Unión Europea ha concedido sistemáticamente prioridad a la cuestión de los derechos humanos y de la protección de las minorías en sus relaciones con los países candidatos a la adhesión.
Esta cuestión es un elemento clave en la estrategia previa a la adhesión de cada uno de estos países, de acuerdo con los requisitos políticos para la adhesión establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993.
En el caso de Rumania, uno de los ámbitos específicos que incluye la estrategia previa a la adhesión es el de la atención infantil. En el informe periódico de la Comisión para el año 2000 sobre los progresos de Rumania en el camino de la adhesión, la Comisión expresó su inquietud con respecto a la legislación y a las prácticas de adopción entre distintos países, que permiten que consideraciones distintas del interés superior del menor influyan en las decisiones en materia de adopción. A raíz de ello, y de otras muestras de inquietud, el Gobierno de Rumania decidió suspender las adopciones internacionales. En la Asociación para la adhesión de Rumania revisada, que adoptó el Consejo el 28 de enero de 2002, entre las prioridades y objetivos intermedios, se estipula que Rumania deberá mantener la moratoria sobre la adopción internacional hasta que se adopte una nueva legislación compatible con los intereses de los niños y con las obligaciones internacionales de Rumania, y esté garantizada la capacidad administrativa necesaria para aplicar la nueva normativa. A la par que mantenía la moratoria general, el Gobierno de Rumania adoptó medidas en diciembre de 2001 para permitir que se completaran los procedimientos de adopción en aquellos casos que se encontraban ya ante los tribunales en el momento de la suspensión de las adopciones internacionales. La Presidencia del Consejo considera que las adopciones de aquellos niños cuyos procedimientos de adopción han comenzado ya en los Estados miembros, con todas las garantías jurídicas, deberían completarse dentro de un plazo razonable.
Señoría, la Unión Europea seguirá muy de cerca la situación en Rumania a este respecto, especialmente en los órganos creados en el marco del acuerdo europeo, como son el Consejo de Asociación y el Comité de Asociación.

Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero agradecer a la Presidencia en ejercicio del Consejo, no sólo la precisión de su respuesta, sino además lo que, tanto durante el período de la Presidencia belga como durante el período de la Presidencia española, viene haciendo para que se resuelvan "dentro de un plazo razonable" -utilizo sus propias palabras- esos dos problemas: el de la solución del sistema de adopciones rumano, para hacerlo compatible con los convenios internacionales y, en segundo lugar, el de la solución de los problemas de esas familias que, ya puestos en marcha los procedimientos conforme a la legislación rumana de entonces, han visto bloqueado el tema.
Voy a formular una pregunta complementaria: ¿está dispuesto el Consejo a continuar ejerciendo su influencia -no quiero utilizar palabras más fuertes- sobre las autoridades rumanas para que se progrese con una celeridad que hasta ahora no hemos visto, a pesar de todas las promesas en este doble campo, es decir, en el campo de poner en práctica la nueva legislación y de resolver esos expedientes?

De Miguel
. Mi respuesta es: sí, Señoría, ayer tuvo lugar el Consejo de Asociación con Rumania y el Ministro español de Asuntos Exteriores y Presidente en funciones del Consejo, trató este tema directamente con el Ministro de Asuntos Exteriores rumano, Sr. Geoana, y recibimos garantías de que seguirían haciendo todo lo posible para dar salida a todos esos procedimientos de adopción que, como Su Señoría ha mencionado, se iniciaron con la antigua legislación y han quedado paralizados.
Se trata de desbloquear lo que ya se ha iniciado, satisfacer las expectativas creadas en muchas familias que ya habían iniciado los procedimientos y luego, naturalmente, empezar un nuevo sistema con la nueva legislación. Esto se le hizo saber ayer a la delegación rumana y recibimos garantías de que seguirían en su empeño para satisfacer a la Unión Europea en este sentido.

El Presidente. -
Tengo que comunicar a los señores diputados y, especialmente al Sr. Ortuondo, que me pide la palabra, que según el Anexo II, 'Desarrollo del turno de preguntas previsto en el artículo 43?, en su punto 4, que se refiere a las preguntas complementarias, dice que 'todo diputado podrá formular una pregunta complementaria por cada pregunta. Sólo podrá dirigir, en total, una pregunta complementaria al Consejo y dos preguntas complementarias a la Comisión?. Como hoy es el turno de preguntas al Consejo, usted ha agotado su crédito de preguntar, Sr. Ortuondo. Ahora bien, si se trata de una cuestión de orden, nada más lejos de mi intención impedirle que hable. Si es una cuestión de orden, tiene usted la palabra, pero no puede ya hoy hacer preguntas complementarias.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Bueno, pues lo voy a hacer como cuestión de orden, porque, si no le he entendido mal, usted me acaba de decir que todo diputado puede hacer una pregunta complementaria por cada pregunta.

El Presidente. -
No. Me ha entendido mal o yo me he explicado mal, pero le he leído el Reglamento.

Ortuondo Larrea (Verts/ALE).
Pues le habré entendido mal y, entonces, no insisto.
Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente. -
En el turno de preguntas a la Comisión, cada diputado puede hacer dos preguntas complementarias, además de las que a él le corresponden y en el turno de preguntas al Consejo puede hacer una pregunta complementaria. Comprendo que no se lean el Reglamento con dedicación, esto no me escandaliza; pero, por eso, yo se lo recuerdo, naturalmente.

De Miguel
. Señor Presidente, con todo el respeto que me merecen los diputados Carnero y Cerdeira, quisiera decir que el Consejo no está en disposición de dar una respuesta a su pregunta por dos razones: primero, porque el Consejo no tiene la costumbre de comentar artículos aparecidos en la prensa y, en segundo lugar, porque el tema no es de competencia del Consejo.

Cerdeira Morterero (PSE).
Señor Presidente, ¿puedo deducir de la respuesta del Sr. de Miguel que el Consejo considera que no es de su competencia proponer alguna iniciativa contra los actos de discriminación que sufren ciudadanos y ciudadanas europeos por razón de su orientación sexual y que, por lo tanto, el Consejo considera que no es de su competencia la eficacia del artículo 13 del Tratado de Ámsterdam, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni siquiera la Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, por la que se establece un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación?
Le recuerdo que, por desgracia, son muchos los ciudadanos y ciudadanas europeos que a diario se dirigen a este Parlamento poniendo de manifiesto la discriminación existente por el único motivo de su orientación sexual y eso es algo que a esta parlamentaria desde luego le preocupa, y yo consideraba que sí era competencia del Consejo, más allá de las circunstancias concretas del caso que hoy día mencionamos.

De Miguel
. Muchas gracias, señora Cerdeira, lo que yo le estoy diciendo es que el tema particular que usted ha mencionado pertenece a un dimensión de competencia religiosa, que corresponde a la Iglesia católica, y no es competencia del Consejo. No existe ningún tipo de discriminación con respecto a la persona a la que se refiere la pregunta, aparte de las propias dimensiones disciplinarias que la Iglesia católica quiera adoptar con un sacerdote que haya tomado una orientación.
Por lo tanto, este es un tema que corresponde al ámbito estricto de la religión católica, en la cual el Consejo no desea pronunciarse.

Carnero González (PSE).
Señor Presidente del Consejo, en un sistema democrático como el que caracteriza a la Unión Europea y es propio de la misma, ninguna institución confesional o laica está por encima de las normas y valores fundamentales que garantizan la convivencia ciudadana todos los días.
Por eso yo creo que sí es competencia del Consejo que nos indique qué medidas se van a tomar y se están tomando, para evitar la discriminación de los miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea que, por ejercer su derecho inalienable a elegir su orientación sexual, son discriminados o tachados de enfermos. A mí me parece que el Consejo sí tiene competencia para indicar, por los canales que sean pertinentes, que toda institución debe cumplir preceptos que están, como ha dicho la colega Cerdeira, en el Tratado y en una Carta de derechos fundamentales que ha sido elaborada muy recientemente por el Consejo y proclamada por el mismo.

De Miguel
. Señor Presidente, naturalmente que todos los órganos de la sociedad europea están obligados por los principios fundamentales de respeto a la persona y a la no discriminación por cualquier razón. Pero me parece que el caso que ustedes plantean es de disciplina interna de la Iglesia católica, en la que, repito, el Consejo no desea mezclarse, por no tener competencia.

Cashman (PSE).
Señor Presidente, antes que nada diré que el Consejo pretende al parecer que no tiene competencia en lo que se refiere a los derechos individuales. ¿Quiere eso decir que el Consejo es incompetente? Me gustaría que se me contestara a esta pregunta.
Además, ¿aceptará la Presidencia que los Estados miembros tienen la obligación de condenar esa discriminación porque han firmado la directiva marco sobre empleo que prohíbe la discriminación, incluida la discriminación entre hombres y mujeres, que es una directiva que hay que transponer en el año 2003?
Por último, ¿esta dispuesta la Presidencia a invocar una cuestión de principio y condenar en general esa discriminación, que mancha el alma de los que la practican así como a los que la respaldan con su silencio o con su inacción?

De Miguel
. Señor Presidente, no. El Consejo no tiene la intención de tomar ninguna acción en este caso.

El Presidente. -
Pregunta nº 11 formulada por María Izquierdo Rojo (H-0084/02):

Asunto: Presidencia española y relaciones con Marruecos
¿Cuál será la aportación de la Presidencia española a las relaciones con Marruecos?

De Miguel
. Señor Presidente, la Presidencia española se congratula del positivo estado de las relaciones de la Unión Europea con Marruecos y está resuelta a desarrollarlas en varios planos: en primer lugar, la puesta en práctica del Acuerdo de Asociación, que entró en vigor el 1 de marzo y que prevé una estrecha cooperación en una serie de ámbitos, la creación de una zona de libre comercio y la instauración de un diálogo político, elementos que revisten especial importancia para el desarrollo de las relaciones globales con dicho país.
Se han realizado avances en numerosos capítulos del acuerdo y se han creado grupos de trabajo en sectores específicos.
La segunda reunión del Consejo de Asociación, que se celebrará en Rabat hoy 13 de marzo de 2002, será una excelente oportunidad para analizar los trabajos de ejecución del Acuerdo y establecer las perspectivas de los trabajos futuros. Con tal ocasión, la Presidencia se referirá asimismo a varios temas de orden político, como la situación de los derechos humanos en Marruecos y el Sahara occidental. La reunión brindará también la posibilidad de analizar las vías y medios de intensificar las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos con miras a preparar la tercera reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Marruecos que, en principio tendrá que llevarse a cabo bajo Presidencia danesa en el segundo semestre del año 2002, ya que la última reunión tuvo lugar en octubre de 2001.
Por otra parte, las negociaciones agrícolas que la Comisión desarrolla con Marruecos y que se iniciaron este mes de enero tienen por objeto liberalizar en mayor medida el comercio agrícola de la Unión con Marruecos. De conformidad con el Acuerdo de Asociación, se reanudarán en paralelo con el Comité de Asociación el 14 de marzo y, en principio, concluirán, a más tardar, a finales de 2002.
La Presidencia, por su parte, sigue apoyando los esfuerzos de Marruecos en la cooperación regional y subregional, así como la unión del Magreb árabe y el Proceso de Agadir. Éste último prevé la creación de una zona libre de comercio, inicialmente entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez, si bien, también tendrán acceso a ella otros países de la región que hayan celebrado un acuerdo de asociación con la Unión Europea.
Por último, la Presidencia prosigue el diálogo y la cooperación con Marruecos en materia de política migratoria, incluida la inmigración clandestina, con vistas, entre otros fines, a poner en práctica, de forma conjunta, el plan de acción para Marruecos adoptado por el Consejo en octubre de 1999. Dicho plan prevé el desarrollo socioeconómico, la integración de los nacionales marroquíes que residan legalmente en los Estados miembros, la gestión de los flujos migratorios y el respeto al derecho de asilo. Se están poniendo en marcha algunos proyectos relativos al desarrollo conjunto en el plano socioeconómico, a las condiciones de vida y trabajo de las comunidades marroquíes en la Unión Europea, a la gestión de los controles fronterizos y también al apoyo de la lucha contra las migraciones clandestinas.
Ayer tuvo lugar en Rabat una reunión del grupo sobre asuntos sociales y migraciones; en el curso del presente semestre se efectuarán consultas con miras a las negociaciones de un acuerdo de readmisión entre la Unión Europea y Marruecos.
Por lo que se refiere más concretamente a la pesca, el Consejo conoce la importancia que han tenido siempre las relaciones de este ámbito entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. La Presidencia no regateará esfuerzos para que esas estrechas relaciones puedan mantenerse en el marco de una provechosa cooperación entre ambas partes.

Izquierdo Rojo (PSE).
Señor Presidente, en realidad esta contestación es la lectura de una agenda de reuniones, pero creo que políticamente no tiene ningún interés y es muy decepcionante, cuando lo que se preguntaba era qué aportaciones realizará la Presidencia española a las relaciones con Marruecos. Señor Presidente, no ha dicho nada sustancial. Ese molde de reuniones serviría para muchos países.
Por favor, no me conteste usted con una agenda. Dígame qué objetivos, qué prioridades tiene la Presidencia española en relación con Marruecos. Algo que podamos entender como un objetivo o una prioridad y no una agenda de reuniones que, además, me temo que no salen del bla-bla-bla de siempre.

De Miguel
. Siento que la señora diputada sólo haya memorizado las fechas de las reuniones y no el contenido, pero se lo voy a repetir. Justamente ayer 12, hoy 13 y mañana 14 hay tres reuniones programadas por la Presidencia que versan sobre las tres grandes prioridades para Marruecos en su relación con la Unión Europea.
Ayer, se reunió el Comité de Migraciones para hablar del tema más importante, que es el tema de la situación de las migraciones de Marruecos hacia la Unión Europea, de la situación de los emigrantes marroquíes en Europa, y para tratar de ayudar a Marruecos en ese gravísimo problema de emigración del que adolece.
Hoy se está reuniendo el Comité de Asociación para tratar todos los temas políticos relativos al conjunto de la cooperación con Marruecos, no solamente la económica, sino la política, así como todos los proyectos que tiene dentro del marco de asociación y el acuerdo de asociación y cooperación que es el instrumento fundamental de la relación entre la Unión Europea y Marruecos.
Y, mañana, se reúne en Bruselas el Comité que está revisando todas las exportaciones agrarias de Marruecos hacia la Unión, que es la primera prioridad de Marruecos: poder exportar sus productos agrícolas a la Unión Europea.
Si eso le parece poco a la Sra. diputada, pues entonces yo no tengo nada más que decir, señor Presidente.

El Presidente. -
Pregunta nº 12 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0085/02):

Asunto: Subvenciones comunitarias a la exportación de productos agrícolas
La UE gasta cada año 5 000 millones de euros en subvenciones a la exportación de productos agrícolas. Esta subvenciones perjudican gravemente las posibilidades de comercialización de productos agrícolas de otros países, especialmente los menos desarrollados. El Tribunal de Cuentas ha señalado también que el control de estos gastos es insuficiente. En la OMC las subvenciones de la UE ha sido objeto de fuertes críticas y su revisión es uno de los objetivos en las conclusiones de la reunión de Quatar. ¿De qué manera se propone la UE reducir progresivamente y/o suprimir estas subvenciones en los próximos años?

De Miguel
. Señor Presidente, el Consejo subraya a la atención de Su Señoría que, con respecto a las relaciones comerciales con los países en desarrollo, procede recordar que la Unión Europea es el segundo exportador y el primer importador mundial de productos agrícolas y, en particular, que es, con diferencia, el principal importador del mundo de productos agrícolas procedentes de los países en desarrollo.
La Unión Europea importa por sí sola más productos agrícolas procedentes de países en desarrollo que los Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda juntos. Entre 1997 y 1999, la Unión Europea ha importado más de 35 000 millones de euros anuales de productos agrícolas procedentes de los países en desarrollo, con un arancel de entrada nulo, en la mayor parte de las veces, o bajísimo, en contadas excepciones.
En efecto, la Unión tiene una política muy activa en favor de estos países y, en particular, por medio de dos programas principales destinados a favorecer las exportaciones de los países en vías de desarrollo a la Unión. Uno es el sistema de preferencias generalizadas y el otro, la iniciativa, bien conocida, llamada EBA (everything but arms).
El Consejo recuerda que, además, en el marco de la Organización Mundial del Comercio -compuesta por 144 países miembros, la mayoría de los cuales son países en desarrollo-, se celebró un acuerdo en materia agrícola en virtud de los Acuerdos de Marrakech de 1994 destinado, entre otras cosas, a reducir las subvenciones que originan distorsiones de la competencia en los mercados mundiales.
Recientemente, en noviembre de 2001, el ciclo de desarrollo iniciado por la Declaración de Doha fijó el objetivo de reducir aún más estas distorsiones comerciales, ayudando al mismo tiempo a los países en desarrollo a aprovechar de manera más equitativa los intercambios mundiales.
En el marco de estas nuevas negociaciones comerciales multilaterales, la Unión se ha comprometido a contribuir a la conclusión, antes del 1 de enero de 2005, de un acuerdo multilateral equilibrado que sea beneficioso para todas las partes. La posición de la Comunidad consiste en establecer reducciones adicionales de las subvenciones a la exportación, como los créditos a la exportación, las empresas comerciales del Estado u otros tipos de monopolios de exportación que utilicen un mercado para subvencionar otro; o, incluso, determinadas prácticas alimenticias cuyo verdadero objetivo es eliminar excedentes, abrir mercados o suprimir la competencia en los mercados.
Por el momento, el Consejo no dispone aún de propuestas de la Comisión que, como este Parlamento sabe, ejerce a título exclusivo la política comercial común, pero cuando se le presenten, las estudiará en el marco de estas orientaciones que, por otra parte, la Comisión comparte. Por tanto, no hay riesgo de que exista ningún problema entre el Consejo y la Comisión para lograr el objetivo de dar las mayores ventajas a los países en vías de desarrollo para que exporten a los mercados de la Unión.

Sjöstedt (GUE/NGL). -
Señor Presidente, doy las gracias al presidente del Consejo por su exhaustiva respuesta. Creo que esas grandes subvenciones a las exportaciones son esencialmente insolidarias y destruyen el mercado agrícola en una gran parte del Tercer Mundo. Sólo podrá haber una política comercial justa cuando se hayan eliminado las subvenciones.
Quiero formular dos preguntas complementarias. La primera de ellas se trata de los cuantiosos fraudes con las subvenciones a las exportaciones que ha denunciado, entre otros, el Tribunal de Cuentas. ¿Qué medidas existen para combatir estos fraudes?
La otra pregunta es ¿cómo, fundamentándome en la respuesta de la Presidencia, podría pensar que la Presidencia española, cuando la Comisión haya presentado su propuesta, dará su apoyo a una considerable reducción de las subvenciones a las exportaciones?

De Miguel
. Creo que en la Unión Europea -tanto en la Comisión, el organismo OLAF, como en el Parlamento Europeo- el control de todos los gastos de la Unión tiene instrumentos suficientes para controlar los fraudes y, naturalmente, yo me imagino que en el futuro serán tratados con la misma dureza y rigor con que han sido tratados en el pasado.
Con respecto a la eliminación de las subvenciones a la exportación, no puedo darle una respuesta como Presidencia, porque ésta será la respuesta que tenga el Consejo. Le puedo decir que España es contraria a las subvenciones a la importación, pero, naturalmente, la Presidencia del Consejo tendrá que reflejar cuál es la posición del Consejo en su conjunto y yo no lo puedo avanzar en este momento, porque todavía no tenemos ninguna propuesta de la Comisión y todavía los países miembros no se han pronunciado sobre este asunto.

Patakis (GUE/NGL).
No hay duda de que se pretende cambiar el régimen de subvenciones que se han venido concediendo hasta hoy en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), y si este régimen cambia será a costa de los productos agrícolas y de la renta de los depauperados pequeños y medianos agricultores. Debo decir en este punto, y tómese en consideración, que el 80% de las subvenciones es absorbido por el 20% de las explotaciones, y, de acuerdo con el informe MacSharry, hace ya mucho tiempo que las subvenciones que reciben los campesinos, especialmente del Sur, deberían haber aumentando si se quiere que cubran con sus producción las necesidades de la Unión Europea, que es deficitaria e importa más del 70% de productos como algodón, tabaco, aceite, frutas y hortalizas y otros. Por otro lado, estos productos son de excelente calidad y su promoción no haría sino beneficiar a los consumidores de la Unión Europea.
Pregunto al Consejo, puesto que no ha dado una respuesta clara y, por lo que dice, no tiene aún posición al respecto: ¿acabará eventualmente aceptando, sobre la base de las conclusiones de la cumbre de Qatar, la supresión de las subvenciones? En tal caso, ¿tiene en cuenta que en países como Grecia y otros países del Sur eso supondría el abandono de la agricultura con todas las consecuencias que ello comporta, como la depauperación extrema de los pequeños y medianos agricultores, el aumento del paro, las repercusiones medioambientales?

De Miguel
. Al Presidente en ejercicio del Consejo le resulta muy difícil avanzar cuál va a ser el debate (por cierto, uno de los debates más calientes que va a tener la Unión en los próximos meses) sobre, nada más y nada menos, la reforma de la política agrícola común, porque en el centro de la reforma está, precisamente, el tema de las subvenciones agrícolas.
Le rogaría al diputado que tuviera la paciencia de esperar al mes de julio en que la Comisión va a hacer su propuesta sobre la revisión a medio plazo de la política agrícola común, de acuerdo con las perspectivas financieras y de acuerdo con lo que se acordó en Berlín en el año 2000. Por lo tanto, en ese momento habrá una propuesta de la Comisión, el debate se iniciará en el Consejo y, no me cabe la menor duda de que el Parlamento Europeo se hará muy rápidamente eco de toda la problemática planteada y no va a ser ajeno a este gran movimiento de reforma de la política agrícola común. Por ello, la Presidencia, ésta o la que venga, tendrá muchas ocasiones de dar respuesta sobre estos temas.
En este momento, lamento no poderle avanzar nada, porque no hay nada sobre la mesa.

El Presidente. -
Recuerdo a las señoras y señores diputados que los turnos de preguntas son para preguntas concretas, no para debates de tipo general. Estos se hacen en otros momentos, de otra forma y con mucho más tiempo. En el turno de preguntas sólo hay un minuto para preguntar y un minuto para contestar. No me estoy refiriendo a ningún diputado en concreto, que nadie se dé por aludido, pero es un recordatorio general para todos.

De Miguel
. Señor Presidente, procedo a responder. El 12 de febrero de 2002, el Consejo Ecofin estudió los programas actualizados de estabilidad presentados por Alemania y Portugal. A este respecto, el Consejo estudió, asimismo, las recomendaciones de la Comisión destinadas a avisar con carácter preliminar -es decir, el famoso método de alerta rápida- a dichos Estados miembros a fin de que pudieran prevenir un excesivo déficit público.
Ante las preocupaciones manifestadas en las recomendaciones de la Comisión a propósito del deterioro de su déficit, tanto el Gobierno alemán como el Gobierno portugués se comprometieron a procurar que no se superaría en 2002 el valor de referencia del 3 % del PIB para el déficit público. Y también se comprometieron a controlar muy de cerca la evolución presupuestaria en 2002 y a evitar cualquier medida que pudiese agravar el déficit presupuestario y, naturalmente, a hacer todos los esfuerzos necesarios para volver, a más tardar en el año 2004, a una posición presupuestaria cercana al equilibrio, en el caso de Alemania, o a una posición presupuestaria equilibrada, en el caso de Portugal.
El Consejo y la Comisión han estimado que tales compromisos de los Gobiernos alemán y portugués respondían al fondo de las preocupaciones expresadas en las recomendaciones de la Comisión por que se les avisara rápidamente. Consecuentemente, el Consejo ha desestimado las recomendaciones de la Comisión y ha optado por concluir el procedimiento. Los motivos del Consejo fueron expuestos en dos declaraciones referentes a la situación presupuestaria de estos dos Estados miembros, que se hicieron públicas.

Sacrédeus (PPE-DE).
Señor Presidente, ¡agradezco a la Presidencia española su respuesta! Algunas preguntas complementarias:
¿Opina la Presidencia que es provechoso que la Comisión y el Consejo hayan llegado a conclusiones distintas sobre el déficit presupuestario de Alemania y de Portugal? ¿Es conveniente que se hagan apreciaciones diferentes?
¿Qué piensa la Presidencia española de la advertencia que hace algún tiempo se hizo al gobierno de Irlanda por la bajada de impuestos para cumplir promesas electorales? ¿Fue una advertencia justa teniendo en cuenta el tratamiento que se da a Alemania y Portugal?
¿Qué piensa usted de la credibilidad del pacto de estabilidad, habida cuenta del debilitamiento del euro - especialmente en su relación con el dólar - que ha caído de 1,30 a 0,90?
Finalmente, ¿cree usted, señor Presidente, que esta decisión tiene valor de ley?

De Miguel
. Señor Presidente, en primer lugar, la decisión que ha tomado el Consejo no es, desde luego, perjudicial. El Consejo no podría haber tomado una decisión perjudicial con propio conocimiento y volición. Eso es impensable. El Consejo sólo toma decisiones cuando cree que son beneficiosas para la Unión y para sus Estados miembros.
Y con respecto a la supuesta discrepancia entre la Comisión y el Consejo, solamente le quiero decir que la Comisión cumplió plenamente con el deber que le tienen atribuidos los Tratados de vigilar el Pacto de Estabilidad y de proponer al Consejo la activación del mecanismo de alerta rápida, y el Consejo ejerció la responsabilidad que le corresponde cuando, con esta advertencia de la Comisión, y unánimemente, decidió que, al haber obtenido garantías claras y compromisos claros por parte de los Estados afectados, correspondía tomar la decisión que se tomó.
Usted me dice que haga una comparación entre la decisión que se tomó para Irlanda y la decisión que se ha tomado para Alemania y para Portugal. En el caso de Irlanda, el Consejo tomó la decisión que le pareció oportuna -y me imagino que tuvo en cuenta las consideraciones específicas- y luego, en el caso de Portugal y Alemania, ha tomado otra decisión porque también le ha parecido oportuno. Es decir, que el margen de apreciación del Consejo para hacer recomendaciones a los países que puedan estar en peligro de no cumplir el Pacto de Estabilidad es absolutamente soberano y el Consejo decide en cada caso según las circunstancias que concurren y, desde luego, el caso irlandés no era como el caso portugués o el caso alemán. En los casos portugués y alemán, se han recibido unas garantías que han sido apreciadas unánimemente por todos los miembros del Consejo y, por tanto, éste ha decidido soberanamente, de acuerdo con las competencias y las responsabilidades que tiene.

El Presidente. -
Tengo que decirles que hay más diputados que han pedido hacer preguntas complementarias pero sólo puedo dar la palabra a dos diputados más por el orden en que nos han pedido la palabra. Primero le daré la palabra al Sr. Tannock y luego al Sr. Fatuzzo.

Tannock (PPE-DE).
La política monetaria y de moneda única que se basa en el principio de que 'una talla vale para todos? se traducirá inevitablemente en que las inversiones directas extranjeras irán a los Estados miembros que tengan los ingresos y las tasas fiscales para sociedades más bajos. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que se exija que haya una armonización fiscal seria en Eurolandia? ¿Y cuánto tiempo va a pasar antes de que se descubra que el actual presupuesto de la UE -que está limitado al 1,27% del PIB de los Estados miembros- es insuficiente para estabilizar una zona de moneda única, particularmente a continuación del inminente programa de ampliación que verosímilmente comenzará en el año 2004, y particularmente si se produce un choque asimétrico para uno de los Estados miembros, que requerirá la ayuda de algún fondo central de la UE?

El Presidente. -
Ya saben ustedes que hay que hacer preguntas lo más concretas y complementarias posibles. Por supuesto que tienen una vinculación las preguntas que ustedes están haciendo, pero queda a la discreción del señor Presidente en ejercicio contestar a las preguntas sintéticamente.

De Miguel
. Es evidente que la armonización fiscal, no digo en eurolandia, sino en toda la Unión -porque eso también concierne al país de su nacionalidad-, es una aspiración de la Unión, pero yo creo que su Señoría sabe que éste es un tema que debe ser decidido por unanimidad y en el cual se avanza lentamente, pero se avanza y, por lo tanto, el Consejo el Ecofin tiene la intención de continuar los trabajos para la armonización fiscal dentro de la Unión y yo tengo esperanzas de que esta armonización se logre para beneficio, no solamente de la zona del euro, sino también de toda la Unión.

Fatuzzo (PPE-DE).
¿Sabe el Presidente en ejercicio del Consejo si es cierto lo que han declarado el primer ministro italiano Sr. Berlusconi y el ministro de Hacienda italiano Sr. Tremonti, o sea, que en 2001, cuando se hicieron cargo del Gobierno tras los anteriores Gobiernos de centroizquierda, encontraron un agujero de 8.550 millones de euros que, según parece, fue ocultado en el presupuesto por los Gobiernos anteriores y fue descubierto a raíz de los controles realizados por el Gobierno actual? ¿Es cierto? ¿Sabe algo de esto?

De Miguel
. Señor Presidente, este tema no es de la competencia de la Presidencia del Consejo y, por lo tanto, no tengo ninguna respuesta que dar.

El Presidente. -
Vamos a realizar la última pregunta al Presidente del Consejo, porque él debe irse imperativamente a las siete de la tarde, porque si no perderá el enlace aéreo.

El Presidente. -
Pregunta nº 14 formulada por Raimon Obiols i Germà (H-0090/02):

Asunto: Perspectivas del proceso de Barcelona
El pasado 24 de enero, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, la Presidencia del Consejo en ejercicio definió la situación del proceso Barcelona como "preocupante", tanto desde el punto de vista económico como político.
En los últimos días hemos conocido igualmente las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores francés, señor Hubert Védrine, que en la conferencia anual de EuroMeSCo, el pasado 31 de enero, opinó que el proceso de Barcelona se enfrentaba a "bloqueos socio-políticos enormes" y que quizás se había lanzado con una visión "un poco utópica" y "demasiado global".
¿Piensa la Presidencia que es necesario reducir las expectativas y la voluntad política, en relación con el proceso de Barcelona o, por el contrario, situar el partenariado euromediterráneo a un nivel de máxima prioridad política, especialmente tras los acontecimientos del 11 de septiembre?
¿Puede la Presidencia avanzar algunas de las propuestas concretas que presentará en la próxima Conferencia Euromediterránea de Valencia?
¿Que mecanismos institucionales piensa la Presidencia que deberían reforzarse o crearse para poner en marcha un proceso de "toma de decisiones en común" entre los socios mediterráneos?
¿Que piensa la Presidencia en ejercicio de la sugerencia de avanzar en el proceso euromediterráneo a través de la adopción de "cooperaciones reforzadas"?

De Miguel
. Señor Presidente, la Presidencia ha apoyado siempre los esfuerzos encaminados a desarrollar el Proceso de Barcelona desde su creación. En el nuevo contexto internacional, relacionado con los acontecimientos del 11 de septiembre, el Consejo Europeo de Gante de los días 19 y 20 de octubre del pasado año consideró imprescindible propiciar el diálogo en pie de igualdad entre nuestras civilizaciones y la del mundo árabe y musulmán, en particular, en el marco de este Proceso de Barcelona. Así pues, se dedica especial atención a este aspecto.
Habida cuenta de lo anterior, la intensificación de las actividades del proceso de Barcelona constituye, en efecto, una prioridad para la Presidencia española que se propone convertir en un éxito la reunión Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores que se va a celebrar en Valencia los días del 22 y 23 del próximo mes de abril. Con objeto de preparar dicha reunión, del 18 al 22 de febrero se trasladará a los países del Magreb una misión que tiene como objeto la preparación de esta reunión y, en este momento, están ya ultimados, prácticamente, todos los preparativos para tratar todas las cuestiones en los tres grandes cestos de temas políticos, económicos y socioculturales y para tener un grado de preparación de todos estos temas a fin de lograr acuerdos concretos en la reunión ministerial de Valencia. Quisiera decirle también que, hasta el momento, hemos recibido una respuesta prácticamente general, unánime, de todos los países del proceso de Barcelona en el sentido de garantizar su presencia en la reunión de Valencia.
Creo que en las circunstancias de dificultad en el proceso de paz de Oriente Medio en las que nos encontramos, el hecho de que todas las delegaciones hayan anunciado su voluntad de participar en Valencia indica ya un espíritu de cooperación y un deseo de utilizar el marco del Consejo de Barcelona por encima de las dificultades que enfrentan a la parte árabe y al Estado de Israel en el proceso de paz de Oriente Medio.

Obiols i Germà (PSE).
Señor Presidente, no quisiera que mi intervención ocasionara la pérdida del avión al señor Presidente en ejercicio del Consejo. Por lo tanto, a la luz de la respuesta que me ha dado, yo quisiera reformular mi pregunta en dos cuestiones muy concretas. La primera, hace referencia a la propuesta de la Presidencia en ejercicio de un Banco Euromediterráneo de Desarrollo. ¿Está en condiciones la Presidencia en ejercicio de garantizar el éxito de esta propuesta o tendremos que contentarnos con una simple línea de facilities o con una promesa de optimización de los programas MEDA?
La segunda pregunta, muy concreta también, hace referencia a la presencia en Valencia, ya no de los terceros países mediterráneos, sino de los Ministros de Exteriores de los países miembros de la Unión. ¿Está usted, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en condiciones de garantizar que no va a repetirse el escándalo de la última Conferencia Euromediterránea, donde de quince países miembros, sólo asistieron cuatro Ministros de Exteriores?

De Miguel
. Señor Presidente, en primer lugar quisiera excusarme, la verdad es que tengo que coger un avión, pero también es cierto que, según el Reglamento, la hora de preguntas al Consejo termina a las 7 en punto, por tanto, les digo que con mucho gusto iría más allá de la hora pero en este momento no puedo; en cualquier caso quiero decir que la Presidencia está aquí, según el Reglamento, hasta el último minuto que le corresponde.
Pero, al mismo tiempo responderé, con muchísimo gusto, al diputado Sr. Obiols porque me parece que las dos preguntas tienen mucho mérito: la segunda sobre todo, para vergüenza nuestra.
Estamos insistiendo en la participación de los ministros de los países asociados del Mediterráneo, los países árabes, Israel, y su Señoría nos ha recordado el bochorno que tuvimos el año pasado cuando solamente asistieron cuatro ministros de los quince de la Unión Europea.
Puede imaginar el Sr. Obiols hasta qué punto este tema preocupó a España en aquel momento, ya que España era uno de los países que estaba allí representado a nivel ministerial, y lo mucho que le preocupa a España como Presidencia, por lo que hemos hecho todas las gestiones necesarias con todos los ministros y se les ha repetido en diferentes ocasiones que, ante una reunión ministerial como ésta, que es una reunión importante de revisión del proceso de Barcelona, la presencia física de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión es absolutamente fundamental.
Hemos recibido garantías de los ministros de todos los países de la Unión Europea de que, en esos días, estarán en Valencia. Espero que cuando yo mismo o el ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Piqué, dé una explicación sobre el resultado de esa reunión que tendrá lugar en la sesión inmediatamente posterior a esta reunión o en la sesión siguiente, podamos decir que ha habido una participación importante porque si no, sería un motivo de examen de conciencia por nosotros. Sería algo en lo que el propio Parlamento Europeo de verdad tendría que tomar una posición de llamada de atención a los Gobiernos de la Unión Europea.
Con respecto al Banco Mediterráneo de Desarrollo, no estoy en condiciones de darle en este momento la fórmula definitiva. Lo que sí le puedo decir es que la Presidencia de la Unión ha tratado muy activamente en estos días, particularmente el Presidente del Consejo Europeo, el Sr. Aznar, cerrando al más alto nivel las rondas de capitales que hemos hecho y tratando de buscar una solución satisfactoria.
Todo parece apuntar a que en Barcelona podría adoptarse un acuerdo sobre una fórmula que, como se había dicho desde el principio, consistiría en crear una filial del Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero que tuviera autonomía y que además siguiera un proceso evolutivo, es decir, que empezara con una forma y unas competencias que se fueran aumentando a medida que transcurre el tiempo, es decir, que se vaya creando de forma evolutiva para que acabe consolidándose como un ente más ambicioso de lo que a lo mejor se podría aprobar de entrada. Francamente, creo que es muy posible que tengamos una solución a este tema en Barcelona, porque nos gustaría mucho poderlo presentar en esta reunión ministerial que va a tener lugar en Valencia en relación con el proceso de Barcelona.

El Presidente. -
El señor Presidente en ejercicio del Consejo siempre ha cumplido y hoy me ha advertido que su cumplimiento terminaba a las siete de la tarde por imperativos ineludibles. Varios diputados han renunciado al uso de la palabra, pero hay una cuestión de orden; yo le digo al Presidente que se puede ir en paz. Yo me hago cargo de la cuestión de orden.
El Sr. MacCormick, para una cuestión de orden.

MacCormick (Verts/ALE).
Me limitaré a decir con pocas palabras que la pregunta que iba a hacer hoy ha quedado resuelta por el Sr. de Miguel en una carta sumamente cortés, atenta y amable que me ha enviado y que he recibido esta tarde. Quisiera darle las gracias muy sinceramente y decirle lo mucho que mi circunscripción va a apreciar su respuesta.

De Miguel
. Señor Presidente, naturalmente yo tenía una pregunta escrita del Sr. MacCormick, que pretendía responder, pero como tenía también una carta suya, me he apresurado a respondérsela por escrito, con todo lujo de detalles y se la he hecho llegar en el día de hoy. Desde luego, mi respuesta es muchísimo más extensa por escrito que la que podía haber dado aquí oralmente. Le agradezco al Sr. MacCormick que lo haya reconocido y que me lo haya agradecido.

El Presidente. -
Felicito al señor Presidente en ejercicio y al Sr. MacCormick por sus magníficas y fluidas relaciones. Yo no esperaba que fuera tan constructiva la cuestión de orden.
Tenga usted buen viaje, señor Presidente en ejercicio.
El Sr. Ripoll también quería hablar sobre este tema, pero supongo que renunciará dadas las circunstancias de la hora. ¿Quiere usted hacer una declaración?

Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE).
Señor Presidente, simplemente quiero decir que agradezco que el Sr. MacCormick haya recibido la respuesta, pero creo que hubiera sido productivo, que antes de formular una pregunta de estas características, habida cuenta del daño que está causando a un punto turístico importante en Europa, como son las Baleares, con manifestaciones no ajustadas, hubiéramos podido tener la posibilidad de plantear una pregunta, pues creo que lo único que buscaba la persona a la cual representa el Sr. MacCormick era una indemnización y, dado que la compañía británica que se hizo cargo del viaje no le pagó, ha pretendido que sea el Estado español quien lo haga con unos daños de imagen que yo creo que están fuera de lugar.

El Presidente. -
No podemos ir más allá en este asunto, como usted comprenderá, por imperativo de la hora; pero usted lo explicará seguramente muy bien a la opinión pública de Baleares.
Yo lamento que no tengamos más tiempo, pero es imposible.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 15 a 33 recibirán respuesta por escrito

La Presidenta. -
El próximo punto del orden del día es la continuación del debate sobre tres informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios:
A5-0060/2002 de Lipietz sobre la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (KOM(2001) 213 - C5-0159/2001 - 2001/0095(COD)).
A5-0069/2002 de Goebbels sobre operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (KOM(2001) 281 - C5-0262/2001 - 2001/0118(COD)).
A5-0072/2002 de Huhne sobre el prospecto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (KOM(2001) 280 - C5-0263/2001 - 2001/0117(COD)).

Della Vedova (NI).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, los informes que hoy examinamos demuestran que el sacrosanto objetivo de garantizar la transparencia y un alto nivel de disclosure en los mercados financieros puede entrar en conflicto con otras exigencias igualmente importantes como, por ejemplo, la de no sobrecargar a las pequeñas empresas de excesivas obligaciones burocráticas.
Creo que los ponentes y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios han trabajado bien y han alcanzado un buen punto de equilibrio entre las distintas exigencias en juego, y por lo tanto, pienso que el Parlamento debe respaldar las propuestas aprobadas por amplia mayoría en comisión.
Ahora quisiera abordar dos temas. Por lo que se refiere al primero y más urgente, esto es, la creación del llamado pasaporte único cuya función es agilizar y convertir en menos costosa la recogida de capitales dentro de la Unión Europea, considero que el planteamiento del ponente Sr. Huhne, aprobado por la comisión, se puede compartir totalmente. Por lo que se refiere al segundo, es decir, la posibilidad que se concede a los Estados de excluir de las obligaciones derivadas de la directiva a aquellas sociedades con una capitalización inferior al límite de 350 millones de euros - propuesto por el ponente, Sr. Huhne - considero que va en el sentido de conciliar la transparencia informativa con la protección de las empresas menos pequeñas.
En conclusión, también encuentro convincente la argumentación en favor de la posibilidad de que la autoridad competente sea elegida por el emisor, como propone el ponente, Sr. Huhne. Es un mecanismo que puede dar lugar a positivos procesos de comparación entre las prácticas de las autoridades en los Estados miembros. En estos casos, como siempre, se agita el fantasma de la race to the bottom, es decir, de un empeoramiento de la calidad. Pues bien, creo que hay que tener más confianza en la capacidad de los mercados de seleccionar y de premiar, por el contrario, las mejores prácticas.

Mann, Thomas (PPE-DE)
Señora Presidenta, ante la creciente complejidad de los instrumentos financieros y la rapídisima transmisión de datos, en cuestión de segundos, a través de Internet, no resulta sencillo distinguir entre el uso apropiado y el uso indebido de la información privilegiada. Como resultado, entre otras cosas, en Alemania se han formulado en veinte años diez querellas y se ha iniciado un procedimiento judicial lento y costoso, sólo a causa de que la definición no era lo bastante clara. Nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios apoyó por unanimidad la reglamentación por el procedimiento de comitología, en consonancia con el informe Lamfalussy y su respuesta parlamentaria, el informe von Wogau.
Considerábamos muy importante que se redefiniera la información privilegiada, Ésta es información que no está al alcance de todo el mundo y que afecta directa o indirectamente a los emisores de instrumentos financieros. Su difusión pública, por medios tradicionales o electrónicos, podría afectar visiblemente las cotizaciones o los precios. Nos encontramos ante una manipulación cuando se difunden deliberadamente informaciones erróneas o engañosas sobre circunstancias importantes y esto puede redundar en una ventaja o un beneficio directo o indirecto para un tercero. Por otra parte, conseguimos evitar que se estableciera una reglamentación especial para los periodistas. Éstos no deben ser tratados de manera diferente de otros culpables de una manipulación del mercado. La libertad de prensa queda garantizada en cualquier caso.
Aprobamos una lista indicativa dirigida a los Estados miembros para la adopción de sanciones y otras medidas. Decidimos unos principios que proponemos a la Comisión con vistas al ejercicio de las competencias en materia de desarrollo. Elaboramos una lista de instrumentos financieros destinada a asegurar la incorporación de los nuevos productos al ámbito de aplicación de la directiva. Y destacamos la importancia de las llamadas 'murallas chinas? como medida preventiva para combatir los abusos del mercado, pero también pedimos su riguroso control en la empresa correspondiente.
Coincidimos en la necesidad de que en cada Estado miembro de la UE se cree o se consolide una autoridad central que permita ejercer un control eficaz. Ésta deberá agrupar las diferentes competencias de los servicios nacionales y trabajar en estrecha colaboración con las autoridades con estructuras análogas de otros Estados. La unanimidad del Parlamento, la Comisión y el Consejo con respecto a la mayoría de estas propuestas constituye un gran éxito a mi parecer. También debemos agradecerla claramente al ponente, Sr. Goebbels; en mi calidad de 'ponente en la sombra? yo le felicito por su capacidad para alcanzar un buen compromiso, en el cual también pudimos incorporar algunas de nuestras enmiendas.
Es de esperar que la revisión de la directiva que hemos realizado y que también tiene en cuenta los nuevos avances permita promover una mayor coherencia de los mercados financieros europeos y a la larga también una mayor confianza entre los inversores; ¡una perspectiva favorable en un sector especialmente sensible de nuestra economía globalizada!

Ettl (PSE)
Señora Presidenta, señor Ponente, aunque hayamos votado favorablemente su informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios -me refiero ahora al informe Huhne-, esto no significa, ni mucho menos, que estemos de acuerdo con su contenido de fondo. Tampoco se debe forzar demasiado nuestra voluntad de compromiso. Permítanme que repita nuestros objetivos, los objetivos de mi Grupo, que tienen en cuenta el mercado y los intereses de los consumidores. La directiva sobre el prospecto relativo a la cotización de valores tiene como objetivo lograr la transparencia del mercado y de los productos. En esto estamos todos absolutamente de acuerdo. Y los inversores necesitan que la información sea seria. No deben producirse casos como los de Enron o Maxwell.
Es evidente que la directiva no podrá impedir, lógicamente, el fraude en la descripción de los valores, pero cabe esperar que contribuya, junto con todos los mecanismos complementarios que ya hemos examinado y que tenemos a nuestra disposición, a que en el futuro podamos disponer de productos básicamente serios.
Mi crítica al presente informe es, ante todo, que usted, señor Ponente, contempla únicamente o primordialmente al gran inversor. Sin embargo, el mercado prospera en el sector privado, en el sector de los pequeños inversores, y en el caso de las PYME se plantea un conjunto adicional de consideraciones totalmente distintas. Por ejemplo, en el caso de las PYME se requiere, obviamente, un mercado de capitales atractivo y un abaratamiento de las concentraciones de capital, y nuestro objetivo ha de ser mejorar la seguridad y la calidad desde el punto de vista de los compradores de valores. Además, en aras de la transparencia del mercado, es absolutamente necesario que se amplíe el campo de aplicación de la obligatoriedad de los prospectos europeos y yo no veo que esto se contemple por ahora en la primera lectura.
Lamentablemente, para empezar, sólo pudimos ponernos de acuerdo sobre un límite de 350 millones de euros en relación con el tema de la cotización en bolsa. Yo confío que en el paquete se mejore la flexibilidad en este aspecto. De lo contrario, con este límite excluiríamos en su mayor parte o casi en su totalidad el aspecto de las PYME y restringiríamos fuertemente el alcance de la directiva.
Señor Ponente, mi Grupo va a seguir participando de manera constructiva en la mejora de este directiva y lo digo, naturalmente, con toda seriedad. Esto también requiere, no obstante, una mayor flexibilidad por su parte. De ella dependerá, en última instancia, la continuidad de nuestra voluntad de asentimiento en relación con esta cuestión y yo espero que me sea posible darle mi aprobación.

Kauppi (PPE-DE).
Señora Presidenta, estimados colegas, mañana votaremos la propuesta de directiva relativa al prospecto de las ofertas públicas europeas, la cual debería permitir que los emisores puedan hacer uso del mismo prospecto en toda la Unión Europea. La propuesta de la Comisión supone un importante avance en muchos aspectos. Sin embargo, en un examen más detallado y tras los enfrentamientos entre los agentes del mercado, se pone claramente de manifiesto que la propuesta original presenta algunos puntos conflictivos que deben ser modificados. En los límites de tiempo de mi intervención sólo puedo mencionar las modificaciones necesarias más importantes que hemos aprobado en nuestra comisión.
Los emisores deben tener poder discrecional para elegir el Estado miembro en cuya bolsa de valores o mercado quieren cotizar. Existen diferentes categorías de valores que no cotizan en los mercados de todos los Estados miembros. Determinados mercados tienen mucha más experiencia en tales categorías de valores. Desde el punto de vista de los emisores que operan en la UE, sería mejor que, siguiendo la práctica actual, éstos pudieran solicitar también en el futuro la aprobación de sus prospectos a la autoridad competente del Estado miembro en cuyo mercado se realice concretamente la oferta pública o la admisión a cotización, y no en el Estado miembro donde el emisor tiene su domicilio social.
Las empresas que tengan la intención de permanecer en sus países de origen no se beneficiarán de este mercado único, por lo que no tendrán necesidad de este pasaporte único para los prospectos. Así pues, apoyo la propuesta de que se permita a los Estados miembros hacer excepciones en las exigencias relativas al prospecto para los emisores situados por debajo de un determinado valor de mercado, siempre que la oferta pública se haga en un único Estado miembro. Esto facilitaría especialmente la actividad de las PYME, pero también les permitiría, evidentemente, solicitar la aprobación de su prospecto si lo desean, beneficiándose así del mercado único.
Los costes de traducción han representado un problema importante, y éstos deben ser reducidos para facilitar la cotización de las empresas en el extranjero. Los prospectos de valores suelen incluir textos muy largos con todo lujo de detalles. Basta perfectamente con que la nota esté redactada en la lengua habitual usada en el ámbito de las finanzas y que se traduzca únicamente la nota de síntesis a la lengua del Estado miembro de acogida. Se trata de una solución más clara que la incluida en la propuesta original de la Comisión y que beneficia por igual a emisores e inversores.
También es problemático el sistema de 'registro permanente? anual obligatorio propuesto por la Comisión, el denominado régimen de self-registration. Este sistema permitiría a las compañías presentarse repetidamente en los mercados de diversos países para adquirir capital sin tener que actualizar todo el prospecto. Naturalmente, esto puede ser positivo. Pero este planteamiento no es adecuado en lo que se refiere a casos muy generalizados, en los que los emisores buscan financiación una sola vez o en intervalos de varios años.
Quiero dar las gracias de forma especial al ponente, Sr. Huhne, y a los demás miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por la excelente y constructiva colaboración prestada. Hemos conseguido llegar a una gran comprensión mutua y equilibrada en relación con las enmiendas necesarias. Espero que en la votación de mañana podamos mantener los acuerdos alcanzados; si abandonamos la línea trazada en la conciliación de la comisión parlamentaria, se dificultaría considerablemente la creación de un mercado financiero en la Unión Europea.

Berès (PSE). -
Señora Presidenta, deseo ante todo felicitar a la Comisión por la propuesta que nos había remitido inicialmente sobre el prospecto. Pienso que podemos mejorar dicho texto, pero temo que nuestro Parlamento lo estropee si sigue a su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, y espero que la votación de mañana permita rectificar el enfoque.
Todos somos favorables a la unificación de los mercados financieros. Se trata de un objetivo esencial si queremos cumplir los objetivos que nos fijamos en Lisboa. Pero no olvidemos lo que ocurrió del otro lado del Atlántico. ¿Cómo podríamos dejar de pensar en un caso del se habla estos días, el caso Enron, y no ver que la falta de transparencia, la falta de credibilidad de la información financiera es también una de las razones de esta situación?
¿Cómo podríamos dejar de recordar, además, la cantidad de empresas incipientes que desaparecen día tras día aunque a diario se cree un número similar? Necesitamos un mercado financiero abierto, accesible a todos, maduro, transparente, seguro y sano, sin distorsión de competencia y que proteja a todos, es decir, una capacidad de acceso de las empresas a unos servicios financieros poco onerosos, pero también una protección para los ahorradores, para todos los ahorradores, incluyendo a los pequeños ahorradores.
Y para ello existen dos principios esenciales que, en mi opinión, debemos restablecer con respecto al texto que nos remite la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
En primer término, necesitamos una norma simple sobre la autoridad encargada del control del prospecto, se trata de la norma del país donde el emisor tiene su domicilio social. Esta es la norma básica en toda la construcción del mercado interior y es preciso mantenerla. Necesitamos una autoridad competente cuya función esté claramente definida y que no pueda ser delegable. Estos son tres elementos claves en cuanto a la autoridad de control.
Con respecto al ámbito de aplicación de la directiva existe la cuestión de las PYME. Necesitamos tanta información sobre las PYME como sobre las grandes empresas. Y si existen posibles flexibilizaciones es quizá en el plano de la anualización de las informaciones con respecto a estas empresas únicamente. Pero por lo demás, el hecho de excluir las PYME del ámbito de aplicación de la directiva no se plantea; de lo contrario, restaría eficacia al pasaporte europeo.

Villiers (PPE-DE).
Señora Presidenta, por lo que se refiere a los conglomerados quisiera respaldar una serie de enmiendas que quedaron aprobadas en la comisión parlamentaria. La propuesta de la Comisión requiere una revisión a fondo. En particular, las disposiciones sobre las sociedades de control (holdings) son excesivamente severas y restringirían sin razón a los bancos y compañías de seguros que desean invertir en una gama de acciones. Eso es particularmente importante en el contexto de las compañías de seguros que invierten el dinero de sus cajas de pensiones. Este Parlamento ha hecho constar con toda claridad que desea que los inversores tengan acceso a una extensa gama de acciones diferentes. Esas disposiciones, según están redactadas, imposibilitarían prácticamente que una compañía de seguros o un banco invirtiera dinero de las cajas de pensiones en otras instituciones financieras, debido a la importancia de las deducciones. Espero, en consecuencia, que se adopten los compromisos que se proponen en las enmiendas 44, 46 y 48. No estoy seguro de que tengamos todavía una respuesta adecuada a la cuestión, pero es evidente que las disposiciones sobre sociedades de control deben modificarse.
En cuanto al artículo 14 espero que el Consejo y la Comisión progresen en las deliberaciones. Sé que están teniendo que racionalizar el proceso administrativo relacionado con los conglomerados cuyas sedes se hallen en terceros países.
En cuanto a los prospectos, el Parlamento debe seguir el ejemplo que ha fijado la comisión parlamentaria. La propuesta de la Comisión aplica un marco basado en 'una talla vale para todos?, destinado a las grandes emisiones de acciones para la extensa gama de mercados financieros europeos. El Parlamento debe modificar la propuesta a fin de que refleje la diversidad de esos mercados. La matriculación interna ('shelf registration?) debe ser facultativa y no obligatoria. El hecho de que se utilice en el sistema regulador de los Estados Unidos no quiere decir que tengamos que adoptarla nosotros también. Como hechos recientes han demostrado con demasiada claridad, el sistema regulador de los Estados Unidos no es siempre un buen sistema.
Quisiéramos exonerar a las empresas más pequeñas de una parte de las propuestas, como ha indicado la comisión parlamentaria, y por eso es especialmente importante que reconozcamos que hay intereses particulares relacionados con las empresas más pequeñas, particularmente con las que solamente recaudan capital y desarrollan sus negocios en una parte de la Unión Europea. Deberíamos mantener el actual marco regulador para los mercados profesionales de bonos. Cuando hay mercados muy modernos y perfeccionados -en realidad se trata de uno de los mercados integrados que más éxito han tenido en la Unión Europea- no tiene sentido aplicar protecciones destinadas a los pequeños inversores en acciones. Necesitamos poder elegir al emisor, de lo contrario tendremos los mismos problemas con que hemos tropezado con la actual directiva sobre el prospecto. Eso es esencial si queremos verdaderamente integrar el mercado para la recaudación de capitales.
En cuanto a la utilización abusiva de los mercados la propuesta de la Comisión plantea varios problemas. Felicito al Sr. Goebbels por haber abordado unos cuantos. Ahora bien, sigo teniendo preocupaciones acerca de la directiva. Tropezaremos con problemas importantes si aprobamos una directiva que penaliza una conducta que sea totalmente no intencionada, y espero que la Comisión y el Consejo acepten las posibilidades de protección que expone el Sr. Goebbels en sus propuestas de transacción, que se basan en una buena defensa para las prácticas de mercado aceptables. Esto es particularmente importante en el contexto de las derivadas, en el que el ámbito de la definición de información privilegiada dificultaría sobremanera la defensa de las obligaciones ordinarias, por ejemplo las referentes a una interrupción del suministro o a nuevos detalles de investigación reveladores de posibles nuevos suministros. Si esa información se puede catalogar inmediatamente como 'información privilegiada?, imposibilitaría la defensa y pondría fin a los mercados de derivadas. Insto también a la Comisión, al Consejo y al Parlamento a que estudien seriamente las enmiendas que hemos propuesto sobre el particular.
Es esencial reconocer que hay Murallas chinas en los que la propuesta se transforma de norma legislativa que sólo puede aplicarse a personas, a ley que se puede aplicar a las empresas. Es importantísimo que animemos a las empresas para que se esfuercen por restringir la corriente de información privilegiada en todo lo posible, y quedo muy agradecido al ponente por haber respondido a las preocupaciones que yo sentía acerca de esta cuestión. Una Muralla china puede ser útil si la levantamos donde conviene hacerlo. Animo a las empresas a que se sirvan de ellas y las erijan en su sitio.
Por último, es esencial que contemos con la debida protección de la libertad de expresión y de la libertad de los medios informativos. Por eso necesitamos algunos cambios radicales de las propuestas en lo que se refiere a la información financiera facilitada por los periodistas.

Van den Burg (PSE).
La Cumbre de Barcelona ha generado mucha frustración por la supuesta falta de agilidad. Creo, sin embargo, que hoy se demuestra aquí en el Parlamento Europeo que sí se ha trabajado a buen ritmo. Ello ciertamente llenará de satisfacción al Comisario. Me centraré sobre todo en el informe del Sr. Lipietz. Doy las gracias al ponente por su informe sobre los conglomerados financieros. En los Países Bajos tenemos mucha experiencia con este tema.
Antes de entrar en materia quisiera formular algunas observaciones generales. Como ya he dicho, los Países Bajos se enfrentan desde hace tiempo con el problema de la supervisión de las evoluciones dinámicas del mercado, no sólo transfronterizas sino también transectoriales. El principal problema consiste en adaptar esta supervisión a las evoluciones dinámicas. El plan de acción para los servicios financieros opta por una máxima aproximación de las normativas de los Estados miembros mediante la acción de diversas autoridades supervisoras para luego crear un marco armónico para los mercados. Habida cuenta de que se trata de un planteamiento eminentemente práctico es oportuno dejar a los Estados miembros que decidan cómo organizar la estructura de supervisión. Ahora bien, lo veo como una solución provisional que, además, presenta algunos inconvenientes. Estimo fundamental que también nos centremos en la solución futura, en una supervisión futura que se lleve a cabo a escala europea. Por razones de eficacia necesitamos una estructura más práctica, más transparente y menos centralizada. Es imposible fijarlo todo mediante una normativa pormenorizada. En los Países Bajos estamos familiarizados con un método en el que las autoridades de control poseen competencias discrecionales relativamente importantes. Sin embargo, resulta difícil extender este enfoque a otros Estados miembros debido al gran número de autoridades existentes. Por todo ello, pienso que debemos abrir un debate sobre la creación de una poderosa instancia de control europea. En ese contexto tendremos que buscar una solución para el problema de la distribución. Habrá que ver si la organización por sectores realmente es la más adecuada, aunque, a mi modo de ver, se ha quedado totalmente obsoleta. Tal vez sea necesario hacer una distinción funcional entre supervisión de conducta y supervisión cautelar. A este respecto considero importante que también se discuta el papel del Banco Central Europeo. Es lógico que en esos ámbitos también se comience a reflexionar acerca de una posible participación en el ejercicio de la supervisión. Para concluir quisiera proponer que, ante un debate de esta envergadura, tanto la Comisión como el Parlamento Europeo presenten iniciativas.

García-Margallo y Marfil (PPE-DE).
Señora Presidenta, la regulación del mercado de valores debe conseguir la conciliación de dos objetivos: dar a las empresas europeas más oportunidades para conseguir dinero más barato, en primer lugar, y, en segundo lugar, la protección del inversor. Creo que esta conciliación se ha logrado en el informe sobre abuso de mercado y se ha logrado también, gracias a unas enmiendas de transacción en la Directiva que regula la fiscalización o el control de los conglomerados financieros.
Por desgracia, me parece detectar, en el informe del Sr. Huhne, tres ataques al principio de protección jurídica: los que se refieren a la definición de la oferta pública, los que se refieren a la elección de la autoridad que debe supervisar el prospecto y, en tercer lugar, los referidos a la exclusión de la obligación de informar de las pequeñas y medianas empresas.
Iré por partes. En la definición de oferta pública el ponente nos propone que esta información se suministre al inversor en la última fase, en la fase inmediatamente anterior a la conclusión del contrato. En mi opinión, esta información debe ponerse a disposición y hacerse pública desde el momento en que se solicite el dinero al inversor y es obvio que mi fórmula, que coincide con la de la Comisión, no excluye que ese sondeo analice con inversores profesionales las posibilidades de la inversión.
En segundo lugar, respecto a la elección que propone, absolutamente libre, de la autoridad de supervisión, yo, que he sido en mi reencarnación anterior inspector de finanzas, no creo que sea una buena idea que los contribuyentes puedan elegir a su inspector de hacienda y tampoco me parece buena idea que las entidades financieras puedan elegir la entidad de supervisión final. Creo que es más coherente la fórmula propuesta por la Comisión, que es más respetuosa con las Directivas anteriores, más coherente con el sentido común -es la autoridad nacional la que mejor conoce cuál es el Derecho nacional aplicable, del cual tiene que informar al inversor- y que, sobre todo, ofrece menos riesgos, porque la fórmula de la libertad absoluta, a mi juicio, abre una competencia, una carrera entre autoridades supervisoras para bajar el listón y atraer inversores que perjudicaría a la seguridad jurídica.
En el último punto, respecto a la pequeña y la mediana empresa, no puedo coincidir con el ponente en excluir a las pequeñas y medianas empresas, aún más cuanto que las pequeñas y medianas empresas son las que tienen un capital de 350 millones de pesetas, lo cual supondría excluir al 80 % de las empresas que cotizan en bolsa.
Siento no poder terminar; concluiré el diálogo con el Sr. Huhne, ahora por carta y espero que, posteriormente, de forma oral.

Bolkestein
. (EN) Señora Presidenta, éste es un debate conjunto sobre tres temas. Voy a empezar por el informe preparado por el Sr. Lipietz. Antes que nada, le felicito por su informe, que es excelente. Ha conseguido dar forma a una propuesta que es técnicamente compleja y económica importante.
Por consiguiente acepto las siguientes enmiendas sin reservas: enmiendas 2, 3, 7 a la 10; enmienda 9, según ha quedado modificada por la enmienda 50; enmiendas 18 a la 30, 35, 36, 40 y 42. Todas estas enmiendas refuerzan el texto y son verdaderas aclaraciones de la propuesta.
De igual manera diré que hay varias enmiendas que puedo aceptar en cuanto al fondo. Se trata de enmiendas que, en gran parte, van en la buena dirección pero que necesitan que se mejore su redacción a fin de evitar toda confusión o posibles contradicciones. La enmienda 6 se podría mejorar combinando los elementos de la enmienda 9 a fin de brindar un buen conjunto de criterios macroeconómicos para determinar los grupos que quedan incluidos en el ámbito de la directiva. La enmienda 17 aclara la forma de incluir estructuras colectivas especiales. No cabe duda de que se trata de una aclaración positiva, pero la redacción podría mejorarse. La enmienda 31 requiere que la Comisión sostenga consultas con la industria. Estoy de acuerdo, pero la enmienda nos parece excesivamente limitada: restringe las consultas a un puñado de federaciones de Bruselas. La Comisión es partidaria de que la consulta sea lo más amplia y lo más representativa que sea posible. Creo que el Parlamento también lo considerará necesario.
Las enmiendas 32 a la 34, 44, 46 y 48 procuran enmendar lo que debe deducirse del capital para evitar el denominado doble engranaje del capital y para impedir que se exagere artificialmente la base de capital de una empresa. Estoy de acuerdo con el espíritu de esas enmiendas. El 20% de margen para las deducciones en materia de seguros parece ser un buen compromiso. La redacción propuesta necesita solamente una ligera mejora para conseguir la coherencia general del texto. En cambio, las enmiendas 43, 45 y 47, que contradicen completamente el sentido de las enmiendas 44, 46 y 48, no son aceptables.
Pocas son las enmiendas que, desgraciadamente, no puedo aceptar. En primer lugar, las enmiendas que estrechan considerablemente el ámbito de la directiva: se trata de las enmiendas 4, 5, 11, 12 y 49. Esas enmiendas limitarán las medidas a grupos que tengan una relación entre la compañía matriz y las compañías subsidiarias. Eso no refleja la realidad. Hay grupos que están organizados sobre una base diferente y que de esa manera soslayarían la supervisión, por ejemplo las cooperativas horizontales o los grupos de mutualidades como el Rabo Bank en los Países Bajos o el DG Bank en Alemania. Esas enmiendas excluyen también a cualquiera que tenga vínculos estrechos con un conglomerado financiero. Después del caso de la compañía española Banesto, todos sabemos lo importante que es incluir esos casos en nuestra supervisión, en particular por lo que se refiere a las transacciones intragrupo.
Otro grupo de enmiendas que desgraciadamente no puedo apoyar son las que se refieren al cálculo de la cuantía adecuada de capital. Se trata de las enmiendas 15, 16, 37 y 39. Puedo aceptar que se trasladen las disposiciones esenciales del anexo a los artículos de la directiva, pero no puedo apoyar los otros cambios esenciales sobre la definición de capital. Esos cambios perjudicarían fundamentalmente las normas de nuestra industria en materia de capital. En primer lugar, el texto inglés de la enmienda 16 modifica una palabra de la propuesta original y como resultado de ello abre la puerta a la aceptación de todos los tipos de capital a fin de cubrir los riesgos, sea cual fuere la calidad de dicho capital. Me parece que se trata de un error de mecanografía -esas cosas suceden a menudo- pero me gustaría que se me confirmase que los textos alemán y francés, que dejan sin modificar el texto original, son los buenos. En segundo lugar, no puedo aceptar que se incluyan los intereses minoritarios en el capital del grupo -es decir, me refiero a la última frase de la enmienda 15- si no están cubiertos también todos los riesgos de ese grupo.
El tercer grupo de enmiendas que no puedo respaldar son las que dan a nuestros grupos financieros la libertad de escoger la forma en que calculan si un capital es el adecuado. Eso se refiere a las enmiendas 1, 13, 14, 38 y 51. Ése es el papel y la responsabilidad de nuestras autoridades públicas. No pueden renunciar a eso en favor de la industria por autorregulación, y estoy de acuerdo en que las autoridades discutan y convengan con cada grupo de qué forma se ha de calcular si su capital es adecuado. Estoy seguro de que podemos elaborar un compromiso aceptable, pero les pediré que procuren hacerse cargo de mi situación si les digo que esas enmiendas van demasiado lejos.
Para acabar con esa cuestión, diré que este informe es muy positivo y muy oportuno. Quisiera dejar eso bien sentado. Con las pocas excepciones que he mencionado, el informe contribuye realmente a un rápido acuerdo y estoy seguro de que será posible elaborar compromisos aceptables acerca de las siguientes enmiendas: 1, 4, 5, 11 a 16, 37 a 39, 49 y 51. En el Consejo se está progresando sobre el particular, y me parece que estamos muy cerca de conseguir un acuerdo interinstitucional.
En cuanto a la segunda cuestión, que es el informe preparado por el Sr. Goebbels, diré para empezar que se ha progresado mucho en relación con esa cuestión. Antes que nada quisiera dar gracias muy sinceras al ponente, Sr. Goebbels, por todos los esfuerzos que ha desplegado al mismo tiempo que trabajaba en condiciones de gran presión, como todos nosotros, permítaseme que diga de paso. Se trata de una cuestión sumamente compleja y delicada y quisiera aplaudir el hecho de que el ponente haya defendido resueltamente la finalidad de esta directiva, que es la de mejorar considerablemente la integridad de los mercados financieros europeos. Quisiera dar gracias también al ponente 'en la sombra? y a los miembros de la Comisión de Asuntos Monetarios por su buena disposición para trabajar lo más rápidamente posible.
Sé que todos estamos de acuerdo en que la Unión Europea no tiene ningún interés en introducir disposiciones financieras demasiado codiciosas. Queremos que los mercados europeos sean estables, transparentes, integrados y eficientes, para todos los consumidores y todos los inversores. Esta directiva tiene que contribuir a mejorar la protección de los inversores y a conseguir que los mercados financieros europeos sean más seguros y más atractivos en el futuro. Tiene que disipar las preocupaciones internacionales expresadas en los últimos años acerca de transacciones privilegiadas y tratos clandestinos en los mercados europeos.
Estoy seguro de que todos los distinguidos diputados se dan cuenta de que los últimos hechos han demostrado lo importantes que son estas cuestiones. No han sido solamente los ataques del día 11 de septiembre los que han puesto de manifiesto la necesidad de proteger mejor los mercados. Escándalos como el de la empresa Enron, que han sido mencionados esta tarde en varias ocasiones, indican claramente que es necesario contar con normas que den más seguridad a los mercados y que velen por conseguir que estén libres de fraudes y transacciones indebidas. El buen funcionamiento de los mercados financieros y la confianza pública en ellos son las condiciones necesarias para que haya prosperidad y crecimiento económico sostenibles. El uso indebido de los mercados incrementa los gastos de las empresas financieras, perjudica a la integridad de los mercados y disuade a los inversores. Tenemos que hacer todo lo que podamos por evitarlo. Con esta directiva, velamos por la integridad de los mercados y establecemos normas comunes contra el uso indebido de los mercados en toda Europa, haciendo que los mercados financieros europeos sean más atractivos en el futuro.
La Comisión puede aceptar todas las enmiendas que ha propuesto el Sr. Goebbels en su informe, excepto las que ha propuesto adicionalmente la Sra. Echerer, que son las enmiendas 75 y 76; el Sr. Lehne, que son las enmiendas 88 y 89; y el Sr. Herzog, o sea la enmienda 87.
Ahora bien, la Comisión sigue teniendo dudas acerca de la enmienda 2 que trata de la comitología. En primer lugar, esa enmienda no es necesaria, en vista de que la Comisión ha aceptado ya la enmienda 1, en la que se hace clara referencia a la declaración del Presidente Prodi en el último período parcial de sesiones de este Parlamento, el 5 de febrero, así como a mi carta de fecha 2 de octubre de 2001 dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, Sra. Randzio-Plath. Además, durante el debate sobre el informe de Lord Inglewood acerca de las normas contables internacionales, que tuvo lugar el lunes pasado, subrayé una vez más que estábamos totalmente de acuerdo con esa importante declaración acerca de la aplicación de la legislación en materia de servicios financieros.
En segundo lugar, la enmienda no refleja todos los elementos que han quedado convenidos entre nuestras instituciones, y hay algunas diferencias entre la redacción de la declaración del Presidente Prodi y la de la enmienda 2, diferencias que pueden dar lugar a falsas interpretaciones. Además, y esto es un punto importante, diré al Sr. Goebbels que no estoy seguro de que el Consejo pueda aceptar esas diferencias de redacción. No puedo hablar en nombre del Consejo, pero es muy posible que esta cuestión suscite dificultades que preferiríamos evitar. Por eso la Comisión es partidaria de atenerse a lo que ya ha quedado aceptado anteriormente.
Permítanme que diga en términos inequívocos que la Comisión respetará plenamente -y al pie de la letra- los compromisos que ha formulado en la declaración hecha en sesión plenaria, así como en mi propia carta a la Sra. Randzio-Plath. Si en sesión plenaria se adoptasen las enmiendas aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como algunas de las enmiendas adicionales propuestas en la sesión de hoy, diré que espero muy sinceramente que el Consejo pueda aceptar también este texto, con lo que no tendríamos necesidad más que de una sola lectura. Esto representaría un importante logro para la integración de los mercados financieros europeos a más tardar en 2005, cosa a la que todos aspiramos, así como una señal de confianza respecto del Consejo Europeo de Barcelona. Espero que todos los presentes y todos los que voten mañana coincidan conmigo y adopten la directiva.
Por último me referiré al informe preparado por el Sr. Huhne y relativo a la directiva sobre el prospecto. En primer lugar quisiera empezar por felicitar al Sr. Huhne por su informe. Se han propuesto muchas enmiendas que se traducen en una aclaración de nuestra propuesta. Se ha hecho una buena labor para mejorar la redacción sobre los eurovalores, que apoyamos ampliamente. Podemos aceptar 46 enmiendas: las enmiendas 1, 3, 4, 7 a 9, 13, 18, 19, 22 a 26, 29, 30, 38, 39, 41, 43, 44 a 56, 58 a 61, 63, 64, 66 a 72 y 75, pero es posible que tengamos que volver a redactar algunas de ellas para lograr la coherencia general del texto.
Ahora bien, me preocupan algunas de las cuestiones que pueda adoptar el Parlamento. En primer lugar, me preocupa que, tras el caso Enron, el Parlamento pueda incluso debilitar los cimientos de la actual legislación de la UE, es decir la legislación que está vigente actualmente, por ejemplo preconizando que las empresas que deseen recaudar capital entre el público tengan que dar a conocer informaciones en un prospecto aprobado por la autoridad competente. Eso es realmente de lo que trata la enmienda 35. ¿Está realmente dispuesto el Parlamento a apoyar una enmienda cuyo efecto será que más del 75% de todas las compañías inscritas en Europa puedan recaudar capital sin publicar un prospecto? La Sra. Beres planteó esta misma cuestión hace poco. Eso significaría que para algunos mercados de la UE, todas las compañías quedarían exentas excepto quizá una o dos. ¿Cómo podemos explicar semejante cosa a los inversores europeos?
Para la Comisión, la propuesta sobre el prospecto tiene dos finalidades: facilitar la recaudación de fondos para los emisores europeos, y conseguir un grado adecuado de protección para los inversores. Estas dos finalidades son igualmente importantes. La protección de los inversores ha quedado descuidada demasiado a menudo en el debate.
El segundo motivo de preocupación es que algunas de las enmiendas propuestas darán por resultado una mayor fragmentación, y no una fragmentación menor. Tenemos que decidir qué es lo que es bueno para la UE en su totalidad, y no queremos intervenir en absoluto en los sistemas nacionales. Permítanme que hable con toda claridad acerca de esta cuestión, y permítanme que sea franco para con este Parlamento: mis colegas y yo no escatimaremos ningún esfuerzo por llegar a un acuerdo con el Parlamento acerca de este texto de importancia vital para un mercado único de capitales, pero tenemos que resolver esos problemas.
Permítanme que exponga ahora brevemente algunas de las posibles soluciones para algunos de los problemas políticos más importantes. Por lo que se refiere a las empresas pequeñas y medianas, la Comisión se opone a que queden totalmente exentas del ámbito de la propuesta, pero desearía encontrar una solución eficaz en función de su costo que asegure que las PYME tengan acceso a los mercados de capital al debido precio y con arreglo a un nivel adecuado de regulación con la protección necesaria para los inversores. Hemos preconizado siempre que las normas de información se adapten al carácter específico de las PYME y estaremos dispuestos a prever que las PYME queden exentas de la obligación de actualizar todos los años el prospecto, según se propone en la enmienda 71.
Por lo que se refiere a los eurovalores estamos de acuerdo con la idea del ponente de que los eurovalores queden exentos a partir de una denominación mínima relativamente alta pero estimamos que el nivel propuesto -50.000 euros- es demasiado bajo. En consecuencia, apoyamos las enmiendas 66 y 67 pues la Comisión estima que van en la buena dirección.
En cuanto a la actualización anual del prospecto, podríamos aceptar la posibilidad de exonerar a las PYME pero no modificaremos nuestra actitud por lo que se refiere a las grandes empresas, y no solamente porque 300 de nuestras mayores empresas registradas en los Estados Unidos cumplen ya esa obligación. Nuestros inversores deben tener el mismo grado de información que los inversores de los Estados Unidos. Estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que nuestros inversores no son inferiores a los americanos.
Por último, por lo que se refiere a la autoridad competente, queremos mantener nuestra posición de que haya una autoridad administrativa en cada Estado miembro. Estamos dispuestos a dejar bien sentado que es posible delegar poderes, siempre que la responsabilidad final recaiga en la autoridad competente administrativa y única. No estamos de acuerdo con la libre elección del regulador, pues eso podría abrir la puerta a la 'carrera para llegar al nivel más bajo?, pero estaríamos dispuestos a dejar cierto margen de flexibilidad para los emisores de valores relacionados con la deuda y para los que trabajen a partir de terceros países.
Para recapitular, la Comisión rechaza 29 enmiendas: se trata de las enmiendas 2, 5, 6, 10 a 12, 14 a 17, 20, 21, 27, 28, 31 a 37, 40, 42, 57, 62, 65, 73, 74 y 76. Por lo que se refiere a la enmienda 10, aceptamos las enmiendas que tratan de la comitología porque reflejan nuestro acuerdo acerca de esa cuestión, pero estimamos que la enmienda 10 es superflua. Lo mismo sucede con la enmienda 2, relativa al informe del Sr. Goebbels, así que no tengo que repetir todo el argumento ya expuesto. Estimamos que la enmienda 10 es superflua en vista de la enmienda 1, que trata de la resolución del Parlamento y de mi carta dirigida a la Sra. Randzio-Plath.

La Presidenta. -
Gracias, señor Comisario Bolkestein.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

La Presidenta. -
El próximo punto del orden del día es el debate de dos informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios:
A5-0061/2002 de Pérez Royo sobre la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses dentro de la Comunidad (KOM(2001) 400 - C5-0402/2001 - 2001/0164(CNS)).
A5-0048/2002 de Della Vedova sobre la Política fiscal en la Unión Europea - Prioridades para los próximos años (KOM(2001) 260 - C5-0597/2001 - 2001/2248(COS)).

Pérez Royo (PSE)
. Señora Presidenta, para calibrar la importancia de este debate, quiero empezar recordando el origen remoto de la presente propuesta de directiva. Este origen se remonta 1988, a la Directiva sobre liberalización de movimientos de capitales, de 24 de junio de ese año. Los autores de dicha Directiva eran conscientes de las oportunidades que, a través de esa liberalización, se abrían para la evasión de los impuestos nacionales sobre las rentas del capital, mediante la colocación de la inversión en un país distinto al de residencia del inversor; en suma, podemos decir que el riesgo era y sigue siendo el de que cada país miembro, cada país integrante del mercado único que se estaba formando y que ahora ya está formado, funcionara como un paraíso fiscal para los restantes Estados miembros.
Este riesgo, como decía, fue advertido por los autores de la Directiva de liberalización de movimientos de capitales, que emplazó a la Comisión y al Consejo para que legislara sobre este extremo, sobre el aspecto fiscal de la liberalización de movimientos de capitales en el plazo de un año, es decir, en 1989. La Comisión presentó su propuesta a tiempo -entonces, la Comisaria era la Sra. Scrivener- pero esta propuesta, que consistía básicamente en la introducción de una retención en la fuente -witholding tax- para los pagos a residentes en otro Estado miembro no encontró acuerdo en el Consejo y fue rechazada, convirtiéndose prácticamente en una especie de aborto legislativo. En 1997, y dentro del llamado paquete Monti, la Comisión hizo una nueva propuesta basada en el modelo de coexistencia sobre la que el Parlamento llegó a elaborar un informe pero que finalmente no alcanzó el acuerdo unánime en el Consejo. El paso siguiente es el del Acuerdo de Santa María de Feira, en el cual, el Consejo Europeo -es decir los Jefes de Estado y de Gobierno- acogiendo una propuesta del Consejo Ecofin, llegó a un principio de acuerdo político sobre la base de los puntos que mencionaré a continuación.
Primero, los Estados miembros se comprometerían a establecer un sistema de intercambio de información en relación con los pagos de intereses a residente en otro Estado miembro, es decir, que esto conlleva el levantamiento del secreto bancario.
En segundo lugar, y como sistema excepcional y transitorio, se admite que determinados Estados, en concreto Bélgica, Austria y Luxemburgo, apliquen, en lugar del intercambio de información -es decir, en lugar del levantamiento del secreto bancario-, un sistema de retención en la fuente.
Finalmente, la implantación de todo este esquema legal se subordinaba y se sigue subordinando a la negociación con terceros países (Suiza, Estados Unidos, Andorra y otros), para la aplicación de medidas equivalentes, y a la aplicación de las mismas medidas por parte de los Estados miembros en aquellos territorios dependientes de estos Estados miembros (las islas del Canal y otros).
Nuestro juicio sobre la propuesta de directiva que traduce estas orientaciones de Feira es un juicio enteramente positivo. Entendemos, en líneas generales, que se encuentra en consonancia con el enfoque que se viene defendiendo en la OCDE que es, hoy por hoy, el foro más activo de discusión en este ámbito.
El problema esencial, y con esto voy concluyendo, señora Presidenta, en todo este esquema es -a nadie se le escapa- el de las negociaciones con terceros países. Por decirlo en dos palabras, el problema es cómo conseguir que la Confederación Helvética acceda a levantar el secreto bancario. Pero aun a riesgo de aparecer como un ingenuo optimista, quisiera advertir que todo en esta vida está sujeto a mudanza y que ni siquiera el secreto bancario suizo es ya lo que era. En concreto, quiero llamar la atención sobre el siguiente dato: los Estados Unidos han conseguido, a través de una reglamentación interna, imponer una regulación, la llamada Qualifyed intermediary agreement, en virtud de la cual los bancos suizos y los de otros países están obligados a comunicar al Internal Revenue Service los rendimientos satisfechos a un cliente estadounidense-una US person- procedentes de un activo igualmente estadounidense, a levantar el secreto bancario en relación a estos pagos o bien a aplicar una retención del 30 %. A nadie se le escapa que esta regulación puede ser eludida simplemente invirtiendo en un activo no estadounidense Salvando todas las distancias en relación con la lucha contra el terrorismo, nos encontramos, también en este caso, con los límites del enfoque unilateral en el combate contra las prácticas incorrectas (en este caso las prácticas de evasión de impuestos a nivel internacional).
Por eso hay que resaltar lo que puede dar de sí una acción concertada por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos en este terreno. Creemos que éste debe ser el camino a recorrer en la negociación con los Estados Unidos y con otros países. Confiamos, y con esto concluyo, señora Presidenta, en la habilidad de la Comisión, que sabrá llevar con buen pulso las negociaciones para dar solución a este problema de la fiscalidad del ahorro que, a decir verdad, debiera haberse resuelto hace ya tiempo.

Della Vedova (NI)
. (IT) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, quiero iniciar mi intervención dando las gracias a los colegas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que han contribuido, en especial durante el debate y luego con un gran número de enmiendas, a mejorar este informe y, creo, a definir un texto del cual tanto la comisión como el Pleno espero que puedan sentirse satisfechos.
El informe expresa un juicio globalmente favorable sobre las dos comunicaciones de la Comisión: la comunicación sobre las estrategias de política fiscal y la comunicación sobre una estrategia para una base imponible consolidada para las empresas paneuropeas. Un juicio globalmente favorable en lo que se refiere tanto a la definición de los objetivos generales como a los instrumentos utilizables para alcanzarlos.
En la parte inicial del informe se subraya que el constante crecimiento de la carga fiscal de los últimos veinte años - que sólo ha disminuido ligeramente, pero que no terminado en los últimos años - corre el riesgo de ser una de las razones del escaso crecimiento en la Unión Europea.
En sus comunicaciones la Comisión, al subrayar que cierto nivel de competencia fiscal podría ser inevitable y contribuir a una reducción de la presión fiscal, reconoce acertadamente su papel positivo en el contexto de normas que eviten comportamientos incorrectos. El informe retoma y enfatiza el principio de competencia fiscal recordando que la misma es compatible, tal como lo demuestra la experiencia de los últimos años, con una constante coordinación de las normas fiscales tendente a eliminar los obstáculos a la realización del mercado interior. La competencia fiscal es compatible con la realización del mercado interior que no implica una equiparación absoluta de las condiciones de competencia, y la fiscal es sólo una de las muchas variables que determinan el marco competitivo en cada uno de los Estados y entre los distintos Estados.
La competencia fiscal, como afirma el premio Nobel Mundell, uno de los padres reconocidos de la moneda única, no está en contradicción ni siquiera con la introducción del euro. Asimismo, y siempre a propósito de competencia fiscal, hay que reiterar que en la realidad no es verificable esa race to the bottom esa carrera a la reducción en las entradas fiscales que con frecuencia muchos temen por el riesgo de que falten los recursos necesarios a los Estados. Hemos visto que en un régimen de competencia fiscal, en realidad, la imposición ha continuado creciendo en las últimas décadas en la Unión Europea.
Nos hemos preocupado - y el informe lo pone de manifiesto - por la carga fiscal sobre el trabajo, pero no está demostrado, no es racional pensar que la misma es una consecuencia de la reducción de la carga fiscal sobre el capital: esto no es verificable en los datos que tenemos ante nosotros.
Señor Presidente, señor Comisario, ahora paso a abordar otros puntos. En materia de IVA el informe reitera la necesidad de crear un sistema que aplique integralmente el principio del país de origen - una prioridad para el sistema definitivo - respecto al cual los documentos de la Comisión son, a nuestro modo de ver, todavía evasivos. Se establece este objetivo, pero no se establecen ni los plazos ni las modalidades para la introducción del régimen del país de origen. En el informe se aplauden algunas indicaciones para mejorar el sistema actual, pero se pide la introducción de un sistema definitivo.
En cuanto a los impuestos especiales, en particular en lo que se refiere al alcohol y al tabaco, el informe retoma lo que ya expresó el Parlamento en el informe Katiforis. En lo que concierne a la protección medioambiental, se reconoce no solo el principio 'quien contamina paga?, pero también que este principio no tiene como única aplicación la de los instrumentos fiscales. En cuanto a la imposición de la energía, recalco que, en realidad, las actuales distorsiones de la competencia y las asimetrías presentes en los mercados de la energía convierten en cuando menos fuera de lugar proponer una armonización fiscal para los productos energéticos.
En materia de impuestos directos, señor Comisario, el informe preconiza que el camino hacia la plena aplicación de las medidas contenidas en el paquete fiscal se pueda completar lo antes posible y, en particular, que se eliminen esas normas que haciendo una discriminación entre residentes y no residentes, fomentan los fraudes y no son compatibles con el mercado único.
Por lo que se refiere a la estrategia para crear una base imponible consolidada para empresas que operan a escala europea, el informe se muestra favorable a la decisión de la Comisión y propone la adopción, al menos de manera temporal, del principio de Home State Taxation en espera de la base consolidada y reitera que la determinación de los tipos, del nivel de imposición, deberá ser de competencia exclusiva de cada uno de los Estados.
Por último, en lo que se refiere a los instrumentos, valoramos altamente el esfuerzo de introducir instrumentos de soft legislation y, por lo tanto, de autorregulación por parte de los Estados miembros. Quiero terminar subrayando el principio de codecisión del Parlamento en materia fiscal y el paso a la mayoría cualificada para los aspectos administrativos, pero no para la definición de los tipos impositivos y de la base imponible. En cuanto a las dos enmiendas, como ponente, expreso mi opinión favorable.

Andria (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Pérez Royo se ha de valorar altamente por el equilibrio y el tecnicismo utilizados en su elaboración. Una materia como la fiscalidad del ahorro se tenía que abordar de esta manera por la extrema delicadeza del sector.
La Comisión y el Consejo han considerado a lo largo del tiempo tres hipotéticos caminos a seguir y con frecuencia han cambiado de idea y de estrategia. Estas tres vías son: la retención en la fuente, el intercambio de información y la coexistencia de ambas posibilidades. Al final se ha optado por el intercambio de información y, después de un intenso debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el mismo se ha limitado a las personas físicas. En mi condición de ponente en la sombra he luchado por la exclusión de la directiva de las personas jurídicas, porque una empresa, sea cual sea su forma societaria, está obligada a la formación y a la aprobación del balance, ya que en el momento en que en el mismo se reflejan inversiones en productos del ahorro, se convierte en indispensable indicar en el resumen los rendimientos generados por dichos productos. Por lo tanto, una información extendida al ámbito de las personas jurídicas, además de ser superflua, no cabe duda de que resultaría contraproducente porque crearía una carga en la información seguramente eliminable.
Habría que abordar después la cuestión de los terceros países. La falta de aceptación por su parte minaría en su base toda la directiva porque, en el momento de la aplicación, si no existen condiciones uniformes entre los Estados miembros y los terceros países, la transferencia en tiempo real de rendimientos ingentes procedentes del ahorro se convertiría en fácilmente posible. El Consejo Europeo de Feira, en sus conclusiones, ha afirmado de forma inequívoca que será necesario recibir suficientes garantías de los terceros países para estas medidas u otras equivalentes, al objeto de decidir votando por unanimidad la aprobación y la aplicación de la directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2002.
Otro aspecto importante son los Estados miembros no sujetos durante siete años a la obligación de intercambio de información, en concreto, Bélgica, Austria y Luxemburgo. Ello no obstante, dichos Estados, como reza la enmienda 14 al apartado 1 del artículo 10, al final del período transitorio estarán obligados a participar plenamente en el intercambio automático de información. En la articulación de la directiva se han bloqueado todos los intentos de mantener el anonimato. Habrá que convertir la operatividad en fluida y sencilla y prestar atención al blanqueo de dinero. Sin esta posibilidad de blanqueo el terrorismo nacional e internacional tendrá escasas posibilidades de sobrevivir.
Desde este punto de vista, mi enmienda 6 a la letra b) del apartado 2 del artículo 3, pretende evidenciar asimismo todas las relaciones contractuales establecidas antes de la directiva a través de una relación detallada de los datos de la clientela en el momento en que se someten a cualquier movimiento. En este sentido, sería deseable una central de datos europea para controlar todos los movimientos de dinero importantes que pueden tener relación - o sólo son sospechosos de tenerla - con el terrorismo internacional.

Randzio-Plath (PSE)
Señora Presidenta, yo quiero agradecer, por un lado, el informe del ponente Pérez Royo, que deja muy claros los progresos que aún es necesario realizar en este ámbito. También quiero agradecer la equilibrada propuesta del Sr. Della Vedova. Todos sabemos cuán difícil resulta el aspecto de la coordinación fiscal en la Unión Europea. De hecho, prácticamente nadie habla ya de armonización fiscal. Sin embargo, también sabemos que la competencia fiscal puede tener repercusiones sumamente desfavorables para las economías nacionales europeas y también para la evolución de la localización de empresas en la Unión Europea.
Yo quiero agradecerle asimismo explícitamente al ponente Della Vedova que haya vuelto a situar en un primer plano el tema de la codecisión del Parlamento Europeo, pues creo que también debemos reflexionar, en el contexto de las reformas del Tratado y de los debates sobre una constitución europea, sobre dónde se sitúan las fronteras de la soberanía nacional en el ámbito de la política fiscal. Es decir, que también debemos emprender nuevas vías para definir en qué aspectos es de común interés establecer unas pautas de referencia en materia fiscal. Por consiguiente, me parece que sería conveniente que la Convención también considere este tema e impulse reformas del Tratado que prevean la sustitución del principio de unanimidad por el del voto mayoritario en el ámbito de la política fiscal de la UE.
Evidentemente, este es un tema que queda muy lejos del debate de hoy sobre este texto francamente muy bueno y también muy pragmático, y sobre el texto también muy acertado de la Comisión. En efecto, el balance de la Comisión constituye inevitablemente un toque de atención en lo que respecta a la coordinación. Éste resulta, desde luego, decepcionante en el ámbito del IVA, pues todavía estamos muy lejos de la aplicación del principio del país de origen. Las propuestas de actuación pragmáticas de la Comisión merecen, por lo tanto, nuestro apoyo, aunque sin perder de vista en ningún momento el objetivo final.
Varios otros aspectos de la coordinación fiscal son, sin embargo, inconciliables con un planteamiento orientado hacia el futuro. Yo creo que la fiscalidad de las empresas todavía está muy lejos de lo que en su momento se intentó conseguir con el paquete Monti. En cualquier caso, tenemos que acabar algún día con los paraísos fiscales y suprimir los beneficios fiscales para las personas jurídicas o naturales no residentes en el lugar, que distorsionan la competencia. Este tiene que ser nuestro objetivo, junto con unos requisitos mínimos en relación con unas definiciones comunes en el ámbito del Derecho fiscal, desde la definición de la base imponible hasta la de los beneficios. Yo me congratularía mucho si en el Parlamento Europeo consiguiésemos llegar a un acuerdo sobre una terminología común en relación con esta norma. Seguro que esto también estimularía a los Gobiernos a adoptar enfoques que permitan avanzar.

De Clercq (ELDR).
Habida cuenta de que sólo tengo un minuto para expresar mi punto de vista me limitaré al informe PÉREZ ROYO sobre la imposición efectiva de los rendimientos del ahorro. Me alegro de que el ponente haya incorporado la enmienda presentada por mí en la Comisión de Asuntos Jurídicos. En ella se establece que la entrada en vigor de la presente directiva depende del acuerdo que debe celebrarse entre la Unión Europea y diversos terceros países que, en virtud del mismo, estarán obligados a cumplir con el mismo deber de notificación. No olvidemos que el Consejo Europeo se pronunció en este sentido en las conclusiones del Consejo de Feira. Dado que dichas negociaciones ya están en marcha considero oportuno que esta condición figure explícitamente en el texto de la directiva, cosa que en este momento, curiosamente, no es el caso. Este acuerdo con diversos terceros países y llamados territorios independientes me parece muy importante para garantizar que los ahorros reciban un tratamiento idéntico dentro y fuera de la Unión Europea y para poner coto al fraude fiscal y la huida de capitales. Deploro, sin embargo, que no se hayan tenido en cuenta las enmiendas relativas a la aplicación de la directiva a las personas jurídicas. Ello impediría que las personas físicas puedan transferir sus ahorros a una cuenta de una sociedad a fin de sustraerse a la aplicación de la presente directiva, puesto que este tipo de operaciones resultan inadmisibles.

Lulling (PPE-DE). -
Señora Presidenta, me referiré únicamente al informe Pérez Royo para manifestar que estoy poco satisfecha del compromiso alcanzado en Feira en materia de fiscalidad del ahorro. Es de suponer que la propuesta de directiva que la Comisión nos ha sometido será inscrita en un texto legislativo. El resultado es arriesgado. La proposición ya no es, pues, fruto del derecho de iniciativa reservado a la Comisión. Si la Comisión acepta convertirse en mero redactor del Consejo habría podido, al menos, presentar un refrito, que respondería mejor al rigor jurídico que tenemos el derecho de exigir a un texto legislativo.
Le estoy, pues, agradecida a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por haber aprobado la mayoría de mis enmiendas, presentadas con la preocupación de garantizar el mínimo de seguridad jurídica. Nuestro ponente socialista había tratado de radicalizar esta propuesta de directiva alejándose del compromiso de Feira. Pretendía concretamente extender el ámbito de aplicación a las personas jurídicas y proponer un impuesto sobre todos los fondos de inversión sin distinción. Afortunadamente, no ha sido apoyado. Lamento, evidentemente, que en Feira se haya abandonado el modelo de coexistencia. Sigo convencida de que el intercambio automático de información entre los Estados miembros sobre los pagos de intereses constituye una manera y no una condición sine qua non de garantizar la imposición efectiva de los pagos de intereses transfronterizos. La retención a cuenta, en mi opinión, es también una solución válida. Se trataría, además, de un modelo que podrían adoptar los terceros países, que son nuestros competidores y con los cuales ha de llegarse a un acuerdo que establezca la introducción en los mismos de medidas realmente equivalentes antes que la directiva sea aplicada en la Unión Europea. En resumen, si Suiza, pongamos por caso, rechaza el intercambio de información en virtud de su aplicación legítima del secreto bancario, mi país, por ejemplo, no podrá practicarlo, ya que en Feira se pronunció claramente en favor de dicho intercambio.
Estoy convencida de que el intercambio de información no será la solución que finalmente se adoptará. La solución más eficaz y menos burocrática sería una retención a cuenta de carácter liberatorio que podría incluso convertirse, con un tipo razonable, en un recurso propio de la Unión Europea.

Thyssen (PPE-DE).
Señora Presidenta, a diferencia de mi colega Lulling considero que la presente propuesta sí resulta defendible, ya que quien desee gobernar como es debido no sólo tiene que dictar leyes adecuadas, sino que, además, debe garantizar que dichas leyes se respeten. Pues bien, si queda demostrado que los Estados miembros no son capaces de lograr este objetivo por sí solos nos corresponde a nosotros echarles una mano ahí donde proceda. Por cierto, en Bélgica tenemos experiencia con este tema. Hace años que tenemos una unión monetaria con Luxemburgo, y ello ha fomentado, de hecho, las operaciones de pago transfronterizas con objeto de evadir el impuesto sobre bienes inmuebles. Los ciudadanos se olvidan con demasiada facilidad de su obligación de declarar a la Delegación de Hacienda de su propio país las rentas de bienes inmuebles situados en otro país distinto. Por tanto, a ellos tampoco les viene mal que les ayudemos un poco. A fin de cuentas, estas medidas combaten la erosión fiscal y favorecen el funcionamiento natural del mercado interior.
Señora Presidenta, siempre me ha parecido que en este ámbito hacía falta una adecuada regulación, empezando por el mercado interior, y que ella no debía supeditarse necesariamente a un acuerdo con terceros países. Si he leído bien las conclusiones de Feira, el Consejo opina lo contrario. Sin embargo, a juzgar por la propuesta de la Comisión, esta condición no aparece en el texto que en principio debería ser un fiel reflejo del acuerdo alcanzado en Feira. Por ello, quisiera pedir al Comisario que nos explicara una vez más cuáles son, en su opinión, las ventajas y los inconvenientes de esta condición y que volviera a informarnos acerca del estado de la cuestión de las negociaciones con los terceros países. El Parlamento tiene interés en saber si éstas resultan esperanzadoras, para cuándo está prevista su conclusión y cómo debemos vincular la fecha de entrada en vigor de la presente propuesta a los resultados de las mismas.

Bolkestein
. (EN) Señora Presidenta, quisiera dar gracias también al Sr. Della Vedova por su informe acerca de las comunicaciones de la Comisión sobre nuestra política fiscal general y sobre la tributación de las empresas en el mercado interior. También quisiera dar gracias al Sr. Pérez Royo por su informe sobre la propuesta de directiva acerca de la tributación de los ahorros.
Me gustaría empezar con el informe del Sr. Della Vedova, que me satisface mucho. Quizás sea útil que recuerde brevemente los motivos que ha tenido la Comisión para preparar esas dos comunicaciones. Como es natural, los Estados miembros retienen a título individual la responsabilidad por muchos aspectos de la política fiscal nacional, pero en muchas esferas se pide que haya una política fiscal de la UE. Ahora bien, la cuestión fundamental es la siguiente:¿qué grado de armonización sería apropiado? Es necesario que haya un grado elevado de armonización, estima la Comisión, en la esfera de los impuestos indirectos. Esos impuestos pueden crear un obstáculo inmediato para la libre circulación de mercancías y para el libre suministro de servicios en el seno del mercado interior. En realidad, en esa esfera existe ya cierto grado de armonización. Sé muy bien que este Parlamento ha tenido ciertas discrepancias con la Comisión acerca de la cuestión de las tasas de impuestos al consumo de tabaco y de alcohol, cuestión por la que se interesa sobremanera la Sra. Lulling.
Ahora bien, es evidente que las actuales extensas divergencias entre Estados miembros constituyen un fuerte incentivo para que haya transacciones fraudulentas y un comercio transfronterizo legítimo que pueden desembocar en una distorsión de la competencia y en una desviación de las operaciones comerciales. Por eso opino que la solución permanente de esos problemas requiere una mayor aproximación de las tasas hasta un punto en el que los mencionados efectos no se produzcan ya o se manifiesten a un nivel sostenible y aceptable.
Por otra parte, no hay necesidad de armonizar las tasas de los impuestos sobre ingresos personales a no ser que representen una discriminación o una doble tributación. Ahora bien, hay una zona intermedia de tributación directa de bases fiscales móviles -en particular la tributación de las empresas y de los capitales- en la que la situación es menos clara y que puede tener efectos directos para el mercado interior. El denominado paquete fiscal, del cual la directiva sobre tributación de economías es un elemento importante, procura resolver la erosión potencial de los ingresos en concepto fiscal y eliminar una competencia fiscal que sería perjudicial, pero para conseguir un equilibrio en materia de política fiscal europea hay que prestar también atención a los intereses de los contribuyentes, tanto de los contribuyentes individuales como de las empresas contribuyentes. Esto significa que hay que enfrentarse con obstáculos que estorban el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. En este punto es donde entra en juego nuestra comunicación dedicada a la tributación de las empresas. En esa comunicación examinamos los obstáculos fiscales con que se enfrentan las empresas que operan a través de las fronteras de la Unión Europea. Hemos identificado un número importante de esos obstáculos, cosa que tenemos que aceptar que es asombrosa, si tenemos en cuenta que el mercado anterior quedó establecido hace casi 10 años. También hemos identificado algunas posibles soluciones.
Hemos examinado una serie de soluciones posibles para este problema en forma de enfoques amplios pero bien centrados. Un enfoque amplio proporcionaría a las empresas, a largo plazo, una base fiscal corporativa y consolidada para sus actividades desarrolladas en el marco de la UE. Huelga decir que quedo sumamente reconocido por el apoyo que el Sr. Della Vedova da a este principio en su informe.
En los esfuerzos por conseguir los diversos objetivos que acabo de subrayar en relación con la tributación en el plano de la UE, la Comisión tendrá que emplear una diversidad de métodos, incluídos mecanismos de tipo no legislativo. También en este caso quedo muy agradecido al Sr. Della Vedova por apoyar sin reservas esta política en su informe.
Me referiré a continuación a la propuesta de directiva sobre la tributación de los ahorros. En primer lugar, me place observar que un número considerable de las enmiendas propuestas corresponden a cambios convenidos por el Consejo ECOFIN en el proyecto de directiva que aprobó el 13 de diciembre de 2001, con miras a las negociaciones con terceros países. La amplia medida de acuerdo que se consiguió entre el Consejo y el Parlamento acerca del texto de la propuesta no puede sino reforzar la posición de la Comunidad en sus negociaciones con terceros países.
La Comisión opina que las enmiendas acordadas por el Consejo el 13 de diciembre mejoran y aclaran los textos jurídicos, pero no modifican sustancialmente la propuesta de directiva. En consecuencia, la Comisión considera que esas enmiendas no justifican la presentación de una propuesta revisada de directiva, teniendo en cuenta que estamos operando bajo presión por falta de tiempo.
Algunas de las enmiendas propuestas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios se refieren a las negociaciones con terceros países y con territorios asociados y dependientes de Estados miembros, y más particularmente al papel del Parlamento en esas deliberaciones. El Parlamento puede estar seguro de que tengo la intención de mantenerle perfectamente informado de esas negociaciones y de que no tengo intención alguna de socavar sus prerrogativas. Comparto plenamente la opinión expresada por el Sr. Pérez Royo de que esta propuesta tiene una importante dimensión internacional.
Precisamente por eso es por lo que la Comisión ha pedido y obtenido la autorización del Consejo para entablar negociaciones con los seis terceros países que se mencionan en las conclusiones del Consejo Europeo de Faro. Se trata de los Estados Unidos, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino. La finalidad de esas negociaciones es conseguir que se adopten medidas equivalentes al sistema aplicado dentro de la Comunidad
Al mismo tiempo, los Estados miembros se han comprometido a promover la adopción de las mismas medidas en sus propios territorios asociados y dependientes. Es de esperar que las deliberaciones con terceros países y territorios dependientes queden finalizadas antes del verano.
Tengo que insistir en que el Acuerdo de Faro dispone que esas negociaciones con terceros países y territorios dependientes y asociados precedan a la adopción de la directiva. La Comisión, por lo tanto, no puede aceptar enmiendas cuyo resultado sería que la aplicación de la directiva, una vez adoptadas, dependería del resultado de esas negociaciones. Se corre el riesgo de que esas enmiendas resten vigor a nuestra posición de negociación respecto de los terceros países que, con toda razón, querrán asegurarse de que los Estados miembros pondrán en vigor la directiva si aceptan la aplicación de medidas equivalentes.
En cuanto a la cuestión que ha planteado particularmente la Sra. Thyssen, las deliberaciones con terceros países deben preceder a la adopción de la directiva. Esos acuerdos son una condición política para la adopción de la directiva. Por consiguiente, no tenemos más remedio que hacernos a esa idea.
Para acabar me gustaría agradecer una vez más al Parlamento su apoyo de la propuesta de directiva sobre la tributación de los ahorros. Puede estar seguro el Parlamento de que le mantendré informado lo mejor que pueda de la evolución de la situación.

La Presidenta
Gracias, señor Comisario Bolkestein.
Tiene la palabra la Sra. Lulling.

Lulling (PPE-DE). -
Señora Presidenta, pido la palabra por alusiones personales. No puedo menos que sorprenderme por las declaraciones de la Sra. Thyssen con respecto a mi persona y a mi país. La Sra. Thyssen no es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y no ha participado en las discusiones de mi Grupo sobre la fiscalidad del ahorro. Desearía, pues, hacer constar que sus declaraciones en esta materia no corresponden a la cuestión.

Thyssen (PPE-DE).
Me parece que la Sra. Lulling me ha entendido mal. Sólo me he referido a los ciudadanos de mi propio país. Creo no haber atacado u ofendido a ningún luxemburgués. Es cierto que ya no soy miembro de la Comisión de Asuntos Económicos, pero lo he sido durante 10 años. En una de las rondas anteriores de este debate -sobre la segunda propuesta de la Comisión al respecto- actué como ponente a la sombra de mi Grupo, así que estoy bastante familiarizada con este expediente, señora Lulling. Ahora bien, en ningún momento he querido insultar a nadie de Luxemburgo ni nada por el estilo. Creo no haberlo hecho, pero si alguien se siente ofendido, pido disculpas. Invito a la Sra. Lulling a que vuelva a leer mi texto. Sin duda comprobará que no pretendo crear problemas.

La Presidenta
Gracias, señora Thyssen. Creo que sería conveniente que sus Señorías conversaran después del debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

La Presidenta
El próximo punto del orden del día es el informe (A5-0409/2001) de Carnero González sobre la personalidad jurídica de la Unión Europea, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales. (2001/2021(INI)).

Carnero González (PSE)
. Señora Presidenta, a estas alturas cualquier equívoco es posible. Si una empresa de sondeos preguntara a la gente si la Unión Europea tiene su propia personalidad, me da la impresión de que la respuesta sería mayoritariamente afirmativa. Y sin embargo, esa respuesta por parte de los ciudadanos sería equivocada, claramente equivocada, pero sería demostración de al menos tres cosas: en primer lugar, de la opacidad de la situación actual en la que vive la arquitectura institucional de la Unión Europea; en segundo lugar, la falta de información a la ciudadanía por parte de los gobiernos en temas como el que nos ocupa y, sin duda, la más importante, que la realidad está por delante de las decisiones adoptadas hasta la fecha por las Conferencias Intergubernamentales. Los ciudadanos creen que la Unión Europea tiene su personalidad y, sin embargo, los Gobiernos en esas Conferencias no han querido otorgársela.
La Unión Europea existe desde el Tratado de Maastricht -y ya hace unos cuantos años-, pero ni entonces ni después se le ha querido dotar expresamente de personalidad jurídica; el último ejemplo ha sido el del Tratado de Niza. La cuestión está sobre la mesa ¿por qué los gobiernos se han negado a hacerlo hasta la fecha?
En esos términos, sigue siendo una menor de edad que convive bajo la autoridad jurídica de sus padres: las Comunidades Europeas.
La pregunta que yo formulo es: ¿podemos mantener por más tiempo esta situación contradictoria, poco comprensible? Y la respuesta que se avanza es clara: no, porque la situación actual crea confusión jurídica, confusión política, confusión internacional e interna, confusión institucional y, sobre todo, como decía al comienzo de esta intervención, confusión entre la ciudadanía.
Permítanme tres ejemplos en el plano internacional: uno puede viajar a un país como Guinea Ecuatorial y ver que allí la delegación de la Comisión lo es de la Comisión de las Comunidades Europeas y no de la Unión Europea; uno puede escuchar al representante que tenemos en las Naciones Unidas y constatar que lo es de las Comunidades Europeas y no de la Unión, o, incluso uno puede ver con satisfacción cómo hay un compromiso por parte de la Europa unida para suscribir en un plazo muy corto el Protocolo de Kioto y darse cuenta de que no lo va a suscribir la Unión Europea sino las Comunidades Europeas.
Este informe, además, coincide en el tiempo con el inicio de la Convención sobre el futuro de Europa, que este Parlamento quiere que sea constitucional. Será, por lo tanto, nuestra primera aportación a la Convención tras su comienzo. Y es lógico que también ocupe el mismo lugar temático.
Queremos que la Convención, y después la Conferencia Intergubernamental, interpretando por lo demás correctamente los interrogantes de Laeken, aborden el asunto de dotar a la Unión de personalidad jurídica y ello tendría ventajas indudables: claridad jurídica, la primera de ellas; la segunda, mejor percepción y actuación de la Unión a nivel internacional; la tercera, ser un elemento indispensable para la implantación de un sistema de protección de los derechos fundamentales a nivel de la Unión; la cuarta, contribuir a la visibilidad de la unión política y facilitar la identificación del ciudadano con la propia Unión Europea y, la quinta, contribuir a la corrección de las disfunciones provocadas por el sistema de pilares.
Pero es que, además, entendemos que la personalidad jurídica es necesaria para culminar la unión política y, que el proceso de constitucionalización de la Unión necesita, también, que ésta tenga personalidad jurídica propia. De hecho, se trata de una condición necesaria para alcanzar esos objetivos de forma coherente.
Si no se decidiera así, cuál sería el objeto del futuro texto constitucional ¿cual sería el protagonista de una Constitución Europea, la Unión, las Comunidades -una de las cuales está llamada a fallecer el próximo verano-? Por eso pedimos que en la futura Constitución Europea se dote de personalidad jurídica a la Unión.
Lo pedimos en el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales, del que me honro en ser ponente, en coincidencia con las opiniones de las Comisiones de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, que quiero valorar como unas contribuciones muy positivas.
Yo creo que además esa coincidencia en pedir la personalidad jurídica para la Unión se extiende a las dos últimas Presidencias en ejercicio del Consejo, como han manifestado tanto Bélgica como España.
Éste, señora Presidenta, no es un tema para expertos en Derecho, sino un punto muy comprensible para cualquier ciudadano: saber que es ciudadano de una Unión con su propia personalidad, a la que puede y debe gobernar democráticamente, con transparencia, y exigir que se cumplan sus responsabilidades.

Laschet (PPE-DE)
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el ponente ha expuesto la situación de las tres Comunidades y de la Unión Europea. Este tema resulta particularmente problemático en el ámbito de la política exterior. Por ejemplo, una de las Comunidades es miembro de pleno derecho de algunas organizaciones internacionales, como la ONU y tenemos voz y voto en los órganos de las Naciones Unidas; cosa que no tenemos para el ámbito global de la política exterior. Las transformaciones que han tenido lugar a escala mundial en los últimos años nos muestran que el inicio de la actividad del Sr. Solana en 1999, o sea, un cambio en la situación política en el contexto de la política exterior europea, la introducción del euro el 1.1.1999 y el objetivo de establecer una política exterior y de defensa común para el año 2003, son objetivos ambiciosos, pero que ya no concuerdan con el fundamento jurídico previsto en los Tratados.
Actualmente, tenemos unas competencias para la conclusión de acuerdos, de conformidad con los artículos 24 y 38, que tienen efectos vinculantes, según los casos, para una de las Comunidades o para los Estados miembros, en su calidad de tales. Y actualmente se concluyen acuerdos -nuestra Asamblea también debe tomar nota de ello- sin que el Parlamento tenga la oportunidad de dar su consentimiento previo. Se contraen compromisos presupuestarios en el contexto de acuerdos internacionales, que el Parlamento tiene que hacer efectivos luego en virtud de nuestra situación particular. Por esto, yo creo que la Convención tiene que volver a incluir en su programa de trabajo el tema de la personalidad jurídica. Justamente en la situación posterior al 11 de septiembre, la necesitamos también para incrementar nuestra aportación en el marco de las Naciones Unidas en nuestra calidad de Unión Europea. Ésta puede ser paralela a la de los Estados miembros y no debe sustituir a la participación individual de cada Estado miembro en las Naciones Unidas, pero conferiría un perfil destacado y competencias de actuación a nuestra política exterior, y sobre todo la dotaría también de transparencia ante los ciudadanos. Estos son los objetivos que la Comisión de Asuntos Exteriores desearía trasladar a la Convención.

Bodrato (PPE-DE).
Señor Presidente, la resolución sobre la personalidad jurídica de la Unión Europea es una de las aportaciones del Parlamento Europeo a la Convención encargada de redactar la Constitución europea. El informe del Sr. Carnero González subraya que la atribución de personalidad jurídica constituye un paso indispensable hacia la constitucionalización de los Tratados y mejora la coherencia de las distintas políticas europeas.
Los enemigos de la Unión hablan de superestado, de una Europa que ha caído en manos de una burocracia sin patria. En realidad, Europa no es una amenaza para las identidades nacionales y las entidades nacionales no son una amenaza para Europa. La unidad política es el único modo de evitar que la globalización salvaje aplaste a cada uno de los Estados o que las dificultades hagan que vuelvan a aparecer los fantasmas del nacionalismo. Con todo, no partimos desde cero. En el pasado el Tratado atribuyó personalidad jurídica a las Comunidades Europeas, pero a raíz de la creación de la Unión existe un vacío jurídico que hay que llenar. El Consejo se ha ocupado muchas veces de esta cuestión, sin, no obstante, llegar a conclusiones concretas.
La opinión pública y todos los países que mantienen relaciones con Europa están convencidos de que mantienen relaciones con un sistema autónomo y unitario. Asimismo, en el ámbito de la política exterior, de defensa y de seguridad, el Consejo Europeo puede deliberar sobre el respeto de procedimientos que representan un principio de la personalidad jurídica. Es necesario reconocer las ventajas para los ciudadanos europeos y para la imagen de la Unión a escala internacional.
No es cierto que empezamos la casa común por el tejado. La construcción de los pilares plantea algunos problemas, a los cuales la propuesta del Sr. Carnero pone remedio remontándose a una resolución del Parlamento de 1997 sobre el Derecho internacional, sobre el Derecho comunitario y sobre las constituciones de cada uno de los Estados miembros. Ya en aquel entonces dicha resolución hizo expresa referencia a la necesidad de dotar a la Unión de personalidad jurídica.
No podemos anticiparnos a la Convención, sin embargo, esta resolución da un fuerte impulso a un proceso constituyente al cual, en nuestra opinión, se confía el porvenir de la Europa democrática.

Napolitano (PSE).
Señor Presidente, el informe Carnero González plantea en el momento oportuno una cuestión de fondo de la que el problema de la personalidad jurídica de la Unión es un aspecto importante.
Es fácil decir cuál es esta cuestión: la necesidad de dar por fin un rostro, un perfil claro a la Unión Europea. Fíjense, incluso hace poco nos dijimos: ¡Cuidado!; la construcción europea ha avanzado escondiéndose bajo una máscara, ocultando sus rasgos y sus propósitos, haciendo hincapié en ambigüedades calculadas para reducir las resistencias, para evitar las oposiciones más duras. Así, durante décadas se han ido sucediendo los logros parciales, las solidaridades de hecho, por utilizar una expresión apreciada por Jean Monnet y esculpida en la Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950. Hemos seguido adelante así, sin demasiadas definiciones del sujeto político e institucional que iba creciendo, sin demasiadas pretensiones de coherencia en el desarrollo de la construcción europea.
Pues bien, nosotros respondemos: ha llegado el momento de pasar a una caracterización explícita de la entidad supranacional que ha ido tomando cuerpo hasta dotarse de una moneda única. La Convención deberá decir qué somos y qué queremos. El hecho de que la Europa comunitaria haya representado una construcción original, sin precedentes históricos y sin modelos preestablecidos, no puede significar que siga siendo algo inefable, indefinible ni mucho menos que se quede manca.
Debemos responder a los legítimos interrogantes de los ciudadanos y presentarnos como una unión que tiene su propio proyecto, que se impone claros equilibrios institucionales, que se reconoce en una Constitución, que quiere desempeñar un fuerte papel internacional y que, por lo tanto, se dota de personalidad jurídica. De aquí la consistente, convincente motivación de la propuesta del Sr. Carlos Carnero González que la Comisión de Asuntos Constitucionales ha compartido plenamente.

Duff (ELDR).
Señor Presidente, la mayor parte de los interrogados contestarían ahora que quieren que la Unión Europea desempeñe un papel más firme en los asuntos mundiales, pero a veces se diría que no saben con seguridad de qué manera y con qué medios. Esta tarde, en el espléndido informe de Carnero González, podemos encontrar parte de la respuesta. La adquisición de una personalidad jurídica internacional sería un poderoso instrumento para la Unión. En primer lugar, mejoraría su perfil internacional. En segundo lugar, dando más respetabilidad a la Unión, nos estimularía a obrar con mayor responsabilidad. Se abriría la puerta a la Unión para que desempeñase un papel más activo en el seno de las Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Se consolidaría nuestro papel y la función de la Comisión en la esfera del comercio y el medio ambiente.
Ahora bien, la personalidad jurídica internacional no se puede afirmar sencillamente de forma unilateral. Hay que merecerla, si queremos que obtenga el reconocimiento del derecho internacional. Lo que nos ayudaría a conseguir esa aceptación es que la propia Unión pasara a ser parte contratante del Convenio del Consejo de Europa, lo que complementaría el desarrollo de nuestro propio régimen de derechos fundamentales basados en la Carta.
Este informe prepara a los que hemos suscrito el Convenio para tomar la dirección de los asuntos: quedamos agradecidos al ponente por su brillante trabajo.

Berthu (NI). -
Señor Presidente, la concesión de la personalidad jurídica a la Unión Europea - aparte de las Comunidades Europeas, que ya la tienen - aportaría muy poco, al menos si se considera aisladamente. Para que esta concesión modifique profundamente las instituciones sería preciso, en realidad, como lo sugiere en varias ocasiones el informe del Sr. Carnero González, que se combinara con otras reformas mucho más importantes: la fusión de los pilares, el poder de firmar tratados por autoridad propia, la comunitarización general de las tomas de decisión, la adopción de una constitución supranacional.
Por eso el informe tiene razón, en cierto sentido, al decir que dicha reforma no implicaría por sí sola transferencias de competencias en beneficio de la Unión. Es cierto, en efecto, que una simple asociación de Estados que deliberan por unanimidad podría obtener la personalidad jurídica. Pero, en cambio, es falso decir que ésta procuraría por sí sola los caracteres de coherencia, de unidad de representación y de visibilidad que el informe le atribuye. Dicho de otra manera, esta reforma no significa nada, o bien si significa algo es porque está acompañada de fusión de los pilares, comunitarización y constitucionalización, que serían los signos distintivos - llámese como se llame - de un super-Estado o de algo que se le parecería mucho.
Por eso he redactado una opinión minoritaria aneja al informe. Y por eso propongo un trato al Sr. Carnero González. Puedo aceptar la personalidad jurídica de la Unión si, a cambio, señor Carnero González, usted acepta declarar que, llegado el caso, una posible Constitución europea deberá reconocer prioritariamente la superioridad de las Constituciones nacionales, la libertad de elección de los Estados miembros en el escenario mundial y la decisión por unanimidad o la geometría variable en el marco del tercer pilar.
Si usted aceptara declarar todo ello, señor Carnero González, votaría quizá a favor de su informe, pero usted no lo hará porque su informe esconde, en realidad, algo distinto de lo que pretende defender.

Inglewood (PPE-DE).
Señor Presidente, el Partido conservador británico se abstendrá de votar sobre este informe. Dentro de nuestra delegación hay profundas discrepancias. Algunos estiman que lo que se propone es un paso en dirección de un super-Estado europeo. Otros, tras considerable reflexión, realmente no saben de qué va la cosa, y aún hay otros que estiman que se trata de una propuesta que creará una muralla reforzada contra un super-Estado, y por lo tanto son partidarios del informe.
Esas opiniones son reflejo profundo y honrado de lo que piensan los que las mantienen, y lo mismo sucede con mis opiniones personales y privadas. En las circunstancias actuales, tratar de obligar a nuestros colegas a votar en contra de su opinión acerca de este tipo de cuestión, no solamente es poco probable que dé resultado sino que tampoco conseguirá hacerles cambiar de opinión. Lo único que conseguirá es crear complicaciones.
Mientras que el tema de muchas de las resoluciones de índole no legislativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales es importantísimo, las propias resoluciones del Parlamento son, en el mundo de la política real, algunos de los temas menos importantes sobre los que votamos; por eso me parece que es totalmente absurdo, y prueba de falta de juicio, desencadenar una guerra civil por cosas que, al fin y al cabo, no tienen gran importancia. Estamos enfocando aquí éste y otros temas análogos en el marco de una amplia campaña que tiene la abrumadora ventaja de que es una campaña sensata, y no estoy seguro de que se puede decir lo mismo de cualquier otra forma de actuar que pudiéramos adoptar en las actuales circunstancias.

Leinen (PSE)
Señor Presidente, el informe de Carlos Carnero figura, de hecho, entre los informes importantes del Parlamento y si la petición de una personalidad jurídica para la Unión saliera adelante habríamos dado un salto cualitativo en la constitución de la unidad que Europa ya es para las ciudadanos y ciudadanas de nuestros países y naturalmente también para todos los interlocutores de la UE en el mundo. Nadie comprende la diferenciación entre la Comunidad Europea, por un lado, y la Unión Europea, por el otro. Ésta es un asunto complejo que induce a confusión y que también genera muchas desventajas.
El Sr. Berthu tiene toda la razón cuando afirma que esta aspiración está inserta en el marco de la gran reforma que deseamos. La superación de los tres pilares y la simplificación de las estructuras de decisión son cuestiones que ya decidimos en el informe Leinen/Méndez de Vigo y en otros informes. Justamente nos falta este puntal de la personalidad jurídica para completar el conjunto. Todavía faltaba este aspecto y el informe de Carlos Carnero aporta este puntal.
Yo sólo puedo sumarme a sus palabras. La Convención es una oportunidad extraordinaria para llevar a cabo esta tarea. Necesitamos que Europa hable en el mundo con una sola voz. El Sr. Laschet y otros ya han citado también ejemplos de lo absurdo de la situación: a veces, la Comunidad está representada, pero no la Unión; todo esto resulta muy complejo. Ahora mismo, acabo de comunicarle que hemos decidido poner cinco millones de euros a la disposición de Europol. Está bien que así sea, pues deseamos que Europol trabaje, pero este dinero no puede ser aceptado porque Europol no está autorizada a recibir fondos del presupuesto comunitario, sino únicamente de los Estados miembros. Lo absurdo de la situación es, por lo tanto, evidente y yo espero que nuestros representantes y también los demás den un paso adelante en la Convención con respecto a este tema de la personalidad jurídica y que los derechos de los ciudadanos y ciudadanas lleguen a ser finalmente vinculantes, en la medida en que exista posibilidad de exigir ante loa tribunales su cumplimiento por parte de la Unión. Yo le deseo, por lo tanto, mucho éxito a Carlos Carnero y le doy las gracias.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, con su permiso me gustaría subrayar que todavía hay una persona que sigue el debate desde la galería. En vista de la hora que es, creo que eso merece toda nuestra atención.
La Comisión apoya sin reservas los términos de la resolución propuesta. La resolución nos llega en el momento oportuno pues la Convención encaminada a preparar la próxima CIG acaba de comenzar su trabajo. Es importantísimo que los que vayan a adoptar una posición en la Convención y durante la próxima CIG se hagan cargo perfectamente de la importancia de esta cuestión para la efectividad y la credibilidad de la Unión, así como de la necesidad de encontrar una solución apropiada.
Todos sabemos cuáles son las deficiencias del sistema actual y lo difícil que es que las entiendan los que no forman parte de nuestro entorno, exactamente como en el caso de otras soluciones a las que la Comisión se resistió en el pasado, como por ejemplo la adición de otra entidad jurídica a la estructura actual. Tenemos que convencer a los demás de que es esencial asignar una personalidad única, plena y completa a la Unión. Para ello, es evidentemente esencial que contemos con el apoyo activo del Parlamento Europeo, así como con la medida de acuerdo que podemos observar actualmente en varios informes parlamentarios como el de Carnero González y el de Lamassoure, sin olvidar las opiniones de las diversas subcomisiones parlamentarias consultadas.
El Parlamento Europeo puede contar con la Comisión para apoyar los términos de esta resolución en el próximo debate.

El Presidente. -
Señor Comisario, en nombre de nuestra única pero atenta espectadora, le doy las gracias.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0050/2002) de la Sra. Carlotti, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP/UE en 2001 (2001/2012(INI)).

Carlotti (PSE)
. (FR) Señor Presidente, cada año el Parlamento Europeo presenta un informe sobre las actividades de la Asamblea Paritaria ACP/UE. Ahora bien, a partir de 2000 el Acuerdo de Cotonú ha introducido una nueva realidad que transforma profundamente la propia naturaleza de este informe. En efecto, el Acuerdo de Cotonú ha introducido una modificación profunda de los objetivos de la cooperación, puesto que la nueva ambición consiste en una asociación renovada, más equilibrada, más eficaz. Eso exige una modificación de las reglas del juego de la APP o, más bien, un verdadero cambio cultural.
¿En qué punto estamos en este proceso? La Asamblea Parlamentaria Paritaria está en medio del vado. Tras un año 2000 que había hecho abrigar grandes esperanzas respecto a la apertura de una nueva era en las relaciones UE/Estados ACP, el año 2002 no ha cumplido sus promesas. El grupo de trabajo, ciertamente, ha iniciado un amplio proceso de adaptación de los métodos de trabajo, pero muchos bloqueos o muchas resistencias han obstaculizado de nuevo este avance.
Tres ejemplos: primero, la inercia de los Estados europeos en el proceso de ratificación. Sólo tres países han ratificado: Dinamarca, Suecia, Reino Unido, y luego nosotros, esta Cámara, la Unión Europea. Y a pesar de saber que en muchos países europeos los procedimientos son lentos, los ACP ven en ello un mensaje político y un signo negativo. Antes de finales de 2002 sería necesario que todos los europeos hayan finalizado el proceso de ratificación.
Segundo ejemplo: el uso intempestivo de la votación por colegios separados en el seno de la Asamblea, que atenta contra el carácter parlamentario. Propongo que se limite su utilización y propongo sobre todo una moratoria entre europeos que evite recurrir a esta fórmula. La cuestión del derecho de voto es fundamental, el debate en torno al artículo 2 del reglamento ha suscitado numerosas polémicas. El principio de representación exclusiva de los diputados debe reafirmarse con fuerza, y el compromiso elaborado por el grupo de trabajo, que especifica restrictivamente los casos de impedimento, permitiendo que vote un miembro no parlamentario, es la última de las posiciones que podemos aceptar.
Es preciso superar el mal trance que atravesamos. Este informe propone algunas pistas. Mencionaré únicamente algunas de ellas, como un instrumento concreto al servicio de la democracia: la 'prima democrática?, una ayuda financiera o material destinada a mejorar el funcionamiento de los parlamentos elegidos democráticamente y una mejor representación de la oposición. Por parte ACP, el principio es: un país, un voto. De hecho, cada país se expresa con una sola voz. En efecto, es imposible para los diputados ACP de la oposición hacer oír su voz. Para remediarlo es imprescindible una reflexión abierta, sin tabúes, sobre una reponderación de los votos. Y, por el momento, la propuesta de tres delegados por país, formulada el año pasado por mi colega Martínez, va por el buen camino.
Por consiguiente, se plantea el problema de la financiación. Tras un diagnóstico financiero riguroso por parte de la Comisión, se creará un fondo especial reservado a los desplazamientos de los diputados ACP y a la organización de las sesiones. En general, la APP es la única Asamblea que no posee presupuesto. Ahora bien, debe ser dotada de un nuevo poder que le permita ejercer un control financiero y político sobre la financiación de la cooperación.
Último punto, finalmente: el Parlamento Europeo debería prestar una atención particular a los trabajos de los ACP en el marco de un amplio debate, al menos una vez al año, en este mismo hemiciclo del Parlamento Europeo, sobre los diferentes aspectos de la cooperación.

Knolle (PPE-DE)
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo quiero agradecerle a la colega Carlotti su excelente informe. Señora Carlotti, el objetivo de su informe es definir algunas orientaciones políticas que sirvan de apoyo para avanzar hacia una Asamblea auténticamente parlamentaria y democrática. En el informe se proponen muchas modificaciones útiles. Es bueno, por lo tanto, que podamos aprobarlo antes de la reunión plenaria de Ciudad del Cabo y que se pueda incorporar a las reflexiones que se desarrollarán allí.
La colega Carlotti ya acaba de exponer muchas de las recomendaciones del informe. En mi calidad de 'ponente en la sombra?, yo quisiera presentar brevemente mi posición sobre algunos puntos. El Acuerdo de Cotonú dio lugar a una reformulación fundamental de los objetivos de la cooperación entre la UE y los Estados ACP. Algunas mejoras esenciales en cuanto al contenido y de carácter político introducidas en dicho Acuerdo tienen su origen en propuestas del Parlamento Europeo. El colega Corrie ha desarrollado un excelente trabajo en los últimos años en este contexto, en su calidad de Copresidente. El resultado es un Acuerdo ambicioso que abre nuevos horizontes para la cooperación. Sin embargo, ahora es preciso insuflarle vida también en los aspectos concretos. Es necesario organizar de manera más eficaz los trabajos y procedimientos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y estos deben responder a las características de una auténtica asamblea parlamentaria paritaria y democrática.
Este proceso ya se inició el año pasado y debe proseguir este año. Sus nuevas competencias deberían ofrecer a la Asamblea la posibilidad de ejercer un mayor control sobre el desembolso de los créditos de ayuda al desarrollo de la UE. Una supervisión y un control presupuestario más rigurosos, unidos a los contactos regulares entre los miembros de la Asamblea y los diputados de los países beneficiarios, podrían contribuir a garantizar el debido uso de los fondos de la UE, de manera que también responda a las auténticas necesidades de los países ACP.
El informe pide asimismo que se refuerce la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales. Desde el punto de vista de la dimensión política del Acuerdo de Cotonú sería deseable que se estableciese un diálogo entre los ciudadanos y los políticos de los Estados ACP y de la UE.
Es preciso eliminar cuanto antes los obstáculos que dificultan la transformación de la Asamblea Parlamentaria Paritaria en una auténtica asamblea parlamentaria y paritaria. Es muy de lamentar que la ratificación del Acuerdo por parte de los Estados miembros de la UE avance sólo muy lentamente. No debemos subestimar el riesgo de que esto transmita una señal errónea a los países en desarrollo, con los que la UE mantiene unos sólidos lazos históricos, políticos y culturales.

Martínez Martínez (PSE).
Señor Presidente, el excelente informe de Marie-Arlette Carlotti es a la vez una optimista declaración de confianza en el potencial que encierra el Acuerdo de Cotonú y una llamada a la responsabilidad de todos para que ese potencial no quede en una oportunidad perdida más y se haga realidad hasta en sus consecuencias más ambiciosas.
En el informe se subraya cómo Cotonú supone un paso trascendental en el proceso articulado desde hace unas décadas para la cooperación de la Unión Europea con un número creciente de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, con vistas a propiciar el desarrollo de éstos.
Se nos recuerda así que estamos ante un proceso que alcanza aquí su mayoría de edad y también su adaptación a los tiempos actuales. El nuevo acuerdo no ha sido otorgado por los europeos a nuestros interlocutores, sino que fue larga y rigurosamente negociado con ellos. Estamos, pues, ante un acuerdo que es de asociación entre interlocutores iguales en respeto, reconocimiento y derechos.
Un acuerdo que, junto a su componente económico y comercial, introduce una innovadora dimensión política que debiera permitir la irrupción en el escenario internacional de una comunidad ACP-Unión Europea unida en torno a los valores democráticos proclamados y con una grandísima capacidad de influencia en pos de un mundo de justicia, de equilibrio, de libertad, de derecho, de paz y de prosperidad razonablemente repartida y compartida. Pero toda la confianza que se expresa en el informe queda a su vez condicionada a la responsabilidad de todos a la hora de aprovechar lo que prevé el acuerdo.
De ahí las llamadas de la ponente, en primer lugar, a los Estados miembros de la Unión para quienes no es una prioridad la ratificación del acuerdo de Cotonú. Llamada también al propio Parlamento Europeo para que dedique la atención que se merece al seguimiento del acuerdo de Cotonú. Llamada a la responsabilidad de aquellos diputados que participan como representantes del Parlamento en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-Unión Europea. Llamada a nuestro esfuerzo para que dicha Asamblea sea realmente parlamentaria y paritaria, y compromiso de actuar en su ámbito de forma solidaria y plenamente democrática.
En el informe se manifiesta asimismo la exigencia de responsabilidad también de parte de nuestros asociados ACP en cumplir lo previsto en el acuerdo para que la Asamblea Parlamentaria Paritaria se ponga definitivamente en marcha. Y responsabilidad luego para ajustarse a las normas de democracia, respeto a los derechos humanos y del Estado de derecho, como garantías para su propio progreso y para contribuir eficazmente al mundo de estabilidad y de paz percibido como meta del Acuerdo de Cotonú.

Dybkjær (ELDR).
Señor Presidente, también me gustaría comenzar felicitando a la Sra. Carlotti por su informe. Es un trabajo excelente el realizado y también es perfecto que el trabajo esté terminado antes de que tenga lugar la próxima reunión de la Asamblea parlamentaria mixta ACP-UE, lo que ocurrirá ya la próxima semana. Es un informe importante y la Sra. Carlotti ha presentado también algunas consideraciones fundamentales. Quiero tratar más de cerca algunas de ellas, sin embargo, antes de eso, quiero asimismo subrayar que no sirve de mucho estar hablando del Acuerdo de Cotonou a no ser que logremos que sea ratificado y hemos de pedir una vez más a los Estados miembros que hagan lo posible para ello. Creo que en el transcurso de los últimos meses sólo un país más se ha añadido a la lista de los que lo han ratificado. Y aunque hay muchos que tienen planificado la ratificación, nos falta por ver las firmas definitivas. La situación es algo mejor con respecto a los países ACP, sin embargo, el número total no es en ningún caso todavía lo suficientemente grande.
Lo otro que podemos decir es que un acuerdo semejante tampoco resulta muy valioso a no ser que contemos con una buena ayuda al desarrollo. En este punto hay también problemas y espero que el señor Comisario -o a quien tenga éste ahora como ayudante- logre poner en marcha un proceso antes de la reunión formal de los Ministros de Exteriores de mañana. No será ciertamente con el objetivo que me hubiera gustado, es decir, el 0,7 por ciento, sin embargo, he de reconocer que éste es imposible de alcanzar en el momento actual. El mero hecho de que se ponga en marcha un proceso vinculante tendrá una trascendencia fundamental.
Ahora me gustaría retomar dos puntos del informe de la Sra. Carlotti. El primero es la cuestión de nuestros propios métodos de trabajo. En este punto no me parece que hayamos llegado suficientemente lejos. Me parece que hay demasiadas decisiones y muy poco diálogo. El segundo punto es la composición de la delegación ACP-UE, que no es muy adecuada. Que sólo haya una persona de los países ACP le da cierto sesgo, democráticamente hablando, y por ello me parece necesario volver a contemplar esta cuestión. ¿Debemos incluir mejor al doble de componentes por ambas partes y reunirnos sólo una vez al año para conseguir una mayor representación -o qué podemos inventar?

Lucas (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera expresar mi calurosa satisfacción por este informe de la Sra. Carlotti y felicitarla por su trabajo tan completo y tan trascendental. Me impresiona en particular lo mucho que reluce en el informe el tema de una genuina asociación; de qué forma la asamblea parlamentaria conjunta UE/ACP constituye una relación única en la moderna vida política y cómo -por imperfecta que pueda ser- se erige en modelo de relaciones nuevas e innovadoras entre el Norte y el Sur, que quizás se necesitan hoy con más urgencia que nunca para poder construir un mundo más pacífico y más duradero. Eso no quiere decir que no se puedan mejorar los resultados de esa relación. Quisiera elogiar a la Sra. Carlotti por la propuesta que formula a ese respecto. A continuación me explayaré sobre un par de cuestiones.
En primer lugar, si una asociación es genuina, entonces tiene que ser también coherente y sólida; tiene que manifestarse no solamente en la política de la UE respecto del desarrollo, sino también en la política comercial económica de la UE, no tiene que limitarse a ser una asociación dentro de los límites de la Asamblea paritaria ACP-CE, sino una asociación que se extiende a otras instituciones internacionales como la OMC, el Banco Mundial y las Naciones Unidas.
Particularmente en el caso de la OMC, hay un margen enorme para que la UE y la ACP trabajen en colaboración más estrecha. En la esfera comercial hay pendientes algunos retos políticos enormes, y el menor no es la negociación de los acuerdos regionales de asociación económica. Esos acuerdos pueden producir efectos perjudiciales para algunos de los países APC más pobres que no están sencillamente en condiciones de abrir sus mercados a la UE y que carecen de la capacidad de negociación necesaria para acometer no solamente ese proceso y el proceso de la OMC sino también el proceso de sus propios acuerdos de cooperación regional. Por eso es esencial que esos países desempeñen un activo papel en la configuración y supervisión de ese proceso. También será fundamental una mayor participación de la sociedad civil. Aprecio las propuestas del informe que permitirían que las opiniones de las ONG se expresaran de forma más sistemática en las reuniones APC.
Por último, una asociación tiene que ser una asociación entre iguales. Necesitamos encontrar urgentemente los medios, y los recursos para financiarlos, de resolver el desequilibrio fundamental entre la representación de la UE, que refleja los conceptos políticos del Parlamento y una gama de opiniones políticas, y un sistema de representación de los países APC que se base en un voto por país, lo que impide que se expresen opiniones políticas diferentes.
La Asamblea paritaria APC-CE es un instrumento único de cooperación y de solidaridad del Norte y del Sur. Necesitamos justipreciarlo, mejorarlo, y basarnos en él como modelo de cooperación entre el Norte y el Sur.

Junker (PSE)
Señor Presidente, Señorías, el informe de la Sra. Carlotti, que constituye un documento muy importante sobre la cooperación ACP, ha adquirido una nueva calidad, dado que en él también se exponen las nuevas posibilidades que nos ofrece el Acuerdo de Cotonú. La cooperación ACP ha adquirido una nueva dimensión democrática y esto significa que también debemos incorporar una nueva dimensión democrática a la configuración de dicha cooperación. Por esto es particularmente importante destacar el carácter parlamentario que se expone en el informe, cuyos detalles es preciso concretar. Por esto era también tan importante que el Parlamento aprobase a tiempo el informe, antes de la reunión de Ciudad del Cabo, a fin de que nos sirva de soporte para reformar dicha cooperación.
Necesitamos un impulso para reforzar la dimensión parlamentaria y conseguir lo que nos hemos propuesto. Ya se ha dicho, en efecto, que los trabajos para la elaboración de un nuevo reglamento no han estado exentos de conflictos; por esto, va a ser muy importante que, con el apoyo del presente informe, logremos llevar a buen puerto las negociaciones de Ciudad del Cabo. Seguro que podremos alcanzar un acuerdo con respecto a la creación de las comisiones parlamentarias permanentes, que a su vez también conferirán un nuevo carácter a la cooperación en el marco de dicha Asamblea parlamentaria. Éstas permitirán trabajar de manera continuada en el planteamiento de los problemas, mientras que hasta ahora sólo teníamos la posibilidad de mantener un diálogo en el marco de grupos ad hoc. Yo espero que esta cooperación permita dedicar una atención significativamente más intensa a los temas y mantener una cooperación más estrecha con las y los colegas de la parte ACP.
También podremos adquirir un nuevo peso por medio de las reuniones regionales. Lo cual permitirá, además, dar la palabra en el contexto de la cooperación ACP a otras personas que hasta ahora no tenían la oportunidad de expresarse ante nosotros.

Rod (Verts/ALE). -
Señor Presidente, el año 2001 ha estado situado bajo el signo de la entrada en vigor del Acuerdo de Cotonú. La ratificación por el Parlamento Europeo en enero pasado incitará a los Estados miembros a seguir su ejemplo, lo que permitirá tratar el capítulo financiero.
La Asamblea Parlamentaria Paritaria ha adaptado sus trabajos en función del nuevo papel atribuido, en particular el fomento de los procesos democráticos. En tanto que lugar de expresión de la voluntad de los pueblos y de los valores democráticos la APP tiene, en efecto, un papel central que desempeñar. Pero sus poderes son limitados. Sigue siendo una simple tribuna de expresión política, sin competencias en el plano de la toma de decisiones o ejecutivo. Por lo tanto, debe dotarse de nuevos poderes tanto políticos como financieros u operativos y de los medios logísticos que los acompañan. Así, debería crearse un grupo de trabajo encargado del seguimiento de la evaluación de la implicación de la sociedad civil en la asociación. Asimismo, los diputados deberían ser implicados en las próximas negociaciones sobre el futuro régimen comercial ACP/UE. Votaremos, pues, con convicción a favor del informe de la Sra. Carlotti, que realiza excelentes propuestas sobre los demás puntos, como lo ha manifestado de nuevo hace un momento, recordando que la democratización en los países ACP supone una democratización de las instituciones conjuntas y de la cooperación al desarrollo, en general.

Sauquillo Pérez del Arco (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar felicito a la Sra. Marie-Arlette Carlotti por este informe, reflejo de su dedicación incansable a las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP.
Las relaciones de asociación que mantenemos con los 77 países de África, Caribe y Pacífico deberían despertar al menos la misma expectación que las relaciones de la Unión Europea con los Estados Unidos y con los países candidatos a la ampliación, sobre la que hemos debatido estos días con gran entusiasmo.
Si los Estados miembros de la Unión Europea no demuestran mucho interés en estas relaciones, a la vista de las escasas cuatro ratificaciones del Acuerdo de Cotonú, como ya se ha dicho hoy aquí, el Parlamento sí debería hacerlo; especialmente, porque las relaciones con estos países se basan, según el nuevo acuerdo, en el diálogo político, del que la Asamblea Parlamentaria es un pilar fundamental.
En nombre del Grupo Socialista, aprovecho para pedir a los Estados miembros -y particularmente al mío, España, que ostenta la Presidencia del Consejo- que aceleren los trámites para la ratificación.
La Asamblea Paritaria parlamentaria está sumida, igual que este Parlamento, en un proceso de reforma de su Reglamento, con vistas a la democratización real de las relaciones UE-ACP. Nuestros esfuerzos se dirigen, en primer lugar, a mejorar el funcionamiento de la Asamblea, convirtiéndola en una asamblea efectivamente paritaria y parlamentaria. De momento, no es paritaria porque, mientras que, por parte europea, están representadas a escala las ideologías y sensibilidades políticas que componen el Parlamento Europeo, los países ACP sólo cuentan con un voto por país; voto que, evidentemente, expresa la opinión de las autoridades; no es paritaria tampoco en términos de igualdad de género. Ni tampoco es parlamentaria, porque los representantes de los países ACP no son, en su gran mayoría, diputados.
La credibilidad de nuestra cooperación con los países ACP, que cuantitativamente no es desdeñable, está en duda si no va acompañada de la reforma y el fortalecimiento de la institución nominalmente más representativa de la asociación, es decir, de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.
Hemos dicho la semana pasada en un seminario que "sin democracia no hay desarrollo" y éste es un objetivo prioritario de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Pido también a la Comisión y al Consejo que pongan a disposición de los países ACP recursos para mejorar su capacidad institucional, especialmente en lo que se refiere a las instituciones representativas, y para promover la organización de la sociedad civil y su participación en la programación de la cooperación.
Creo que éste es un buen informe y que tenemos que aplicarlo.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, antes que nada quisiera dar gracias a la ponente, Sra. Carlotti, por el excelente trabajo que ha realizado para preparar este informe, y también quisiera dar gracias a los que han contribuido al debate de esta noche.
Observo que en su informe la Sra. Carlotti subraya la importancia del carácter parlamentario de la Asamblea paritaria APC-CE y el papel que debe desempeñar a fin de alcanzar los objetivos que se fijan en el Acuerdo de Cotonou. Estoy totalmente de acuerdo con ello, y estimo que animaría a la Asamblea a reforzar su propia legitimidad y su propio carácter democrático, por ejemplo velando por que en su composición no haya más que parlamentarios.
He escuchado lo que han dicho algunos oradores acerca de la necesidad de ampliar la participación para permitir que las opiniones expresadas sean más representativas. Eso podría suscitar un debate, pues esas cuestiones se definen en el Acuerdo de Cotonou, pero estoy de acuerdo con el intento de abrir la puerta a los partidos de oposición para que expresen sus opiniones en el marco de la Asamblea paritaria. Otra cuestión importante es la que se refiere a una revisión de las normas de financiación a fin de velar por la plena participación de parlamentarios de los países ACP en las reuniones de la Asamblea y en otras reuniones. A la Comisión, naturalmente, le gustaría que los parlamentarios de esos países ACP pudieran desempeñar su papel cabal, en igualdad de condiciones con sus homólogos europeos, a fin de conseguir la paridad entre países ACP y países europeos. Estamos dispuestos a considerar una posible revisión del acuerdo que rige nuestra contribución al fondo, con miras a la participación de miembros de países ACP. Espero que podamos recibir pronto las previsiones financieras que necesitamos nos presente la secretaría ACP para poder hacer lo que acabo de mencionar.
La Sra. Carlotti sugiere que se establezca un fondo especial para financiar la labor de la Asamblea. Tengo la impresión de que ese fondo existe ya y se menciona en la Declaración sobre instituciones conjuntas que va anexa al Acuerdo de Cotonou; en realidad, ese fondo asciende a unos cuatro millones de euros, cubre la financiación del Consejo conjunto y de la Asamblea paritaria y lo administra la Secretaría ACP. La contribución de la Comunidad a ese fondo no se puede aumentar, pero con un poco de planificación no debería haber problema alguno en cuanto a la cantidad de dinero disponible para sufragar la participación de los países ACP. Tenemos que ocuparnos de esta cuestión con un espíritu práctico. Básicamente, teniendo en cuenta el esfuerzo estratégico relativamente grande desarrollado para reforzar la sociedad civil y para financiar directamente a las ONG de la sociedad civil en nuestros países ACP asociados, me parece que no sería justo dejar que la labor de los parlamentos quedase debilitada mientras reforzamos la labor política de órganos no electos en nuestros países asociados. Ésa es la razón de que sienta simpatía y comprensión por la necesidad de lograr que esa propuesta siga su camino sin trabas.
La Sra. Carlotti sugiere también que la Asamblea participe más activamente en la supervisión de la gestión de los medios del Fondo Europeo de Desarrollo. Convengo con el espíritu de su sugerencia y creo que hay que hacer todo lo posible por conseguir que la Asamblea desempeñe el papel consultivo que se le asigna en el Acuerdo de Cotonou. Ahora bien, estoy seguro de que se harán cargo ustedes de que eso no debe desembocar en el establecimiento de nuevos procedimientos complicados y requisitos de presentación de informes que se sumen a los problemas que ya encontramos para conseguir que funcione todo el sistema. Puedo prometerles que proporcionaremos información sobre la aplicación y el funcionamiento del FED, y, naturalmente, acogemos con satisfacción el debate sobre esta cuestión en la Asamblea paritaria, sobre todo si tenemos en cuenta que al aplicar el Acuerdo de Cotonou y al realizar la labor preparatoria de los documentos de estrategia para países en el marco de las actividades del Noveno Fondo Europeo de Desarrollo nos hemos puesto en contacto con los parlamentos y la población de nuestros países ACP asociados, y les hemos incluido en nuestra labor de una forma que deliberadamente suscita expectativas. Por esa razón es aún más lógico y natural que involucremos estrechamente a los parlamentarios en debates concretos acerca del desarrollo general de la cooperación.
Por último, señor Presidente, es verdad -y algunos oradores lo han subrayado- que vamos retrasados en el proceso de ratificación. Cuatro o cinco Estados miembros han completado los trámites de ratificación: se trata de Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido y Suecia, y creo que Francia también ha completado ya los trámites. Esto no ha planteado en términos técnicos ningún problema verdadero, pero sí que podrá plantearlo si no hemos finalizado dicho proceso antes de que se interrumpan los trabajos en verano. No me gustaría que surgiera una situación en la que nos enfrentemos con una pérdida de velocidad en la cuantía de los desembolsos y en el nivel de actividad de planificación porque uno o más Estados miembros no han completado la ratificación. Eso sería, sencillamente, demasiado embarazoso. Aprecio sobremanera lo que se ha dicho esta noche e insto a los diputados del Parlamento Europeo a que promuevan la finalización del proceso de ratificación en sus propios países.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0049/2002) de la Sra. Carrilho, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se prorroga y modifica el Reglamento (CE) 1659/98 relativo a la cooperación descentralizada (COM(2001) 576 - C5-0509/2001/0243(COD)).

Carrilho (PSE)
Señor Presidente, creo que ha venido resultando cada vez más claro que las cuestiones de cooperación y desarrollo se encuentran hoy en el centro de la política internacional. Es urgente conseguir una práctica de cooperación más eficaz y obtener más éxito en el objetivo del desarrollo sostenible de varias zonas del planeta como condición básica para un futuro con más seguridad y paz. En esa estrategia es en la que la Unión Europea debe emplear sus capacidades en materia de política exterior, entre otras cosas porque es la única en que Europa puede salir vencedora sin por ello producir vencidos. La cooperación descentralizada puede figurar entre las ideas que, al surgir de forma discreta, se insertan en una línea de pensamiento y acción que confluye en lo que acabo de mencionar. Como concepto, carece aún de mayor precisión. Por tanto, es conveniente su articulación en el marco de la comunicación de la Comisión sobre la sociedad civil y el desarrollo que nos prometió el Comisario Poul Nielson para el próximo otoño.
Por su parte, el Parlamento Europeo siempre ha considerado la cooperación descentralizada como una aproximación al desarrollo merecedora de toda clase de apoyo. Entretanto, también el acuerdo de Cotonou subraya la importancia de la contribución de la sociedad civil en los procesos de desarrollo y propone: "el fortalecimiento del papel de las organizaciones comunitarias y de las organizaciones no gubernamentales en todos los ámbitos de cooperación". Precisamente las iniciativas y las acciones abarcadas por la línea de apoyo a que se refiere este reglamento van destinadas a fomentar un desarrollo más participativo y una mayor diversificación y fortalecimiento de la sociedad civil, así como de varias estructuras en el nivel administrativo local con vistas a la construcción democrática. Ésos son, por lo demás, algunos de los requisitos para conseguir una reducción efectiva de la pobreza.
Ahora la Comisión apunta hacia una nueva etapa en la que "se trata de pasar de una fase experimental a una fase de consolidación del concepto en mayor escala y en el ámbito de la cooperación oficial". Estamos completamente de acuerdo con ese objetivo. Es cierto que ese asunto debería merecer un debate entre nosotros con mayor conocimiento de causa, entre otras cosas porque se trata de un proceso de codecisión, pero la Comisión nos envió su propuesta cuando ya tocaba a su expiración el reglamento y el caso es que, si no se aprobara en primera lectura, habría un vacío legal que perjudicaría precisamente a aquellos a quienes pretendemos ayudar. Teniendo en cuenta esa preocupación, se ha hecho un trabajo intenso, inspirado por un espíritu de colaboración mutua, en el que han participado interlocutores de las diversas ONG, los representantes de la Comisión, del Consejo y de la Presidencia española. Nuestra contribución en cuanto que Parlamento Europeo se ha orientado en el sentido de conferir mayor coherencia y cohesión al reglamento. Se han introducido algunas enmiendas y en la exposición de motivos se ha dado cuenta del trabajo de búsqueda de una identidad, por decirlo así, para la cooperación descentralizada.
Así, si se aprueban las propuestas que tenemos sobre la mesa, obtendremos un reglamento relativo a la cooperación descentralizada que nos garantiza lo siguiente: primero, un instrumento que se prolonga hasta 2003 con una dotación financiera de 24 millones de euros; segundo, un compromiso con la consolidación de la cooperación descentralizada, como vector de la política de cooperación, que confiere más protagonismo a los participantes locales incentivando su responsabilización en el proceso de desarrollo de las propias sociedades en las que viven y en la relación con los copartícipes europeos; tercero y último, un compromiso en relación con la existencia futura de la propia cooperación descentralizada como modalidad que fortalezca los objetivos declarados por la propia Comisión en el sentido "de la apropiación por parte de los países asociados de sus estrategias de desarrollo mediante una participación más amplia de todos los segmentos de la sociedad".

Martens (PPE-DE).
En primer lugar quisiera felicitar a la ponente y darle las gracias por los esfuerzos realizados con motivo de este expediente. Soy consciente de que las negociaciones con la Comisión y el Consejo han sido arduas por momentos y que se disponía de muy poco tiempo. Ello me lleva a comentar un primer punto. Tengo la sensación de que la Comisión y el Consejo intentan sistemáticamente acelerar al máximo la tramitación de las propuestas en materia de cooperación al desarrollo por parte del Parlamento, especialmente desde Ámsterdam, desde que a nuestra institución se le ha atribuido el derecho de codecisión. Debido a estos plazos mínimos apenas nos queda tiempo para llevar a cabo un análisis profundo y pormenorizado. Y si preguntas quién ha de responder de la gestión de los fondos, te contestan que no es el Consejo, que no es la Comisión, sino que somos nosotros, los diputados. Así las cosas, es una lástima que dispongamos de tan poco tiempo.
Ahora pasaré a comentar el informe sobre la cooperación descentralizada. Como es sabido, para nosotros, los demócratacristianos, la sociedad civil es más que un término hueco. Nos alegra comprobar que los demás partidos también comienzan a apreciar la importancia de esta realidad. Por supuesto es fundamental que las ONG y las organizaciones sociales participen en la cooperación con los países en vías de desarrollo. Ello supone un importante paso en dirección a una mayor autonomía y un mayor nivel de autoabastecimiento de la población de las zonas afectadas. Hemos de cerciorarnos -han insistido en ello muchas de las ONG con las que he intercambiado ideas sobre el informe- de que la cooperación descentralizada se lleve a cabo en un marco bien delimitado a fin de evitar la fragmentación de la misma. Y con esto he llegado a las enmiendas que he presentado en nombre de mi Grupo. Para que nuestra cooperación descentralizada sea eficaz es importante que la Comisión nos entregue lo antes posible la esperada comunicación sobre la sociedad civil. La Sra. Carrilho ha dicho lo mismo. A las organizaciones sobre el terreno y a los participantes locales de los países implicados les gustaría saber a qué atenerse. No olvidemos que la Comisión se comprometió a presentar dicha comunicación bajo la Presidencia belga.
El Acuerdo de Cotonú subraya la importancia de la sociedad civil, pero aparte de los países ACP, hay otros países a los que les interesa la celebración de un debate previo sobre este tema. De este modo, la cooperación descentralizada podrá insertarse en un marco más estratégico, al tiempo que nos quedará más claro cuál debe ser el futuro del presente reglamento, más allá de 2003. Por todo ello, considero imprescindible que en este informe llamemos explícitamente la atención de la Comisión sobre su promesa.
Señor Presidente, los últimos acontecimientos en Zimbabue nos llenan de tristeza. Vemos cómo un país que depende en gran parte de la ayuda procedente de la UE hace oídos sordos a todos los llamamientos de este misma UE para garantizar unas elecciones justas y democráticas, e incluso nos obliga a retirar nuestra misión de observadores. ¿No es ésta una prueba irrefutable del fracaso del modelo clásico de cooperación al desarrollo? Personalmente estoy convencido de que el desarrollo desde abajo, en colaboración directa con pequeños grupos de ciudadanos, surte efectos mucho más positivos con vistas a nuestro objetivo de crear una sociedad justa, democrática y capaz de autoabastecerse.

Rod (Verts/ALE). -
Señor Presidente, en la década de 1990 el Parlamento Europeo abogaba por la creación de una línea presupuestaria para la cooperación descentralizada. El Convenio de Lomé IV bis también recogió esta idea, introduciendo una excepción al principio de cooperación de Estado a Estado. Hoy el concepto, según las palabras de la Comisión, se ha abierto camino y ha demostrado su legitimidad, su eficacia.
La Comisión propone, pues, prorrogar dos años su aplicación. No podemos sino aprobar esta propuesta, aunque con reservas en cuanto a la forma. El reglamento, además del hecho de ser transitorio, sigue siendo impreciso. Contiene un poco de todo: cooperación descentralizada, sociedades civiles, ONG. ¿Podría existir una falta de estrategia de la Comisión en este ámbito? Asimismo, el Acuerdo de Cotonú consagra la participación de la sociedad civil de los países ACP en la asociación, en detrimento de la cooperación descentralizada, que habría desaparecido.
La comunicación sobre la sociedad civil en los países en desarrollo, prometida por la Comisión hace varios meses, debería aclarar estas nociones y elaborar el enfoque coordinado de la Unión Europea en la materia, pero la seguimos esperando.
En efecto, las dos cuestiones 'ayuda a la cooperación? y 'ayuda a la sociedad civil? van juntas. En ambos casos, el objetivo es apoyar dinámicas locales, evitando la complejidad y a veces la falta de transparencia de la aplicación de los programas nacionales.
La Comisión parece haber entendido, ya que establece la fusión de estas dos líneas presupuestarias, pero los ajustes puntuales que se realizan, sin consultar al Parlamento Europeo, no son suficientes. Las transferencias de fondos de una línea presupuestaria a otra demuestran la falta de perspectiva global, así como poca consideración por la autoridad presupuestaria.
Somos favorables, naturalmente, a una ayuda directa a los proyectos desarrollados in situ. Pero estamos algo molestos por las acciones de último minuto. Dicha reestructuración presupuestaria sólo puede efectuarse en el marco de una verdadera revisión del concepto de cooperación descentralizada y de las relaciones con las ONG del Norte y del Sur. Estos dos años adicionales deben, pues, destinarse a una reflexión de fondo sobre la cooperación de la Unión Europea con los actores locales de los países en desarrollo y la contribución al desarrollo sostenible.
Debemos interrogarnos sobre las definiciones: ¿en qué consiste la cooperación descentralizada, la cooperación entre organismos infranacionales del Norte y del Sur o una ayuda a las autoridades locales y regionales de los países en desarrollo? ¿Qué es la sociedad civil? Esta pregunta se hace cada vez más urgente con la aplicación del Acuerdo de Cotonú. En realidad, lo que se plantea es la cuestión más general de la gobernanza y de la democracia. El desarrollo de los países del Sur supone necesariamente su democratización, es decir, la implicación de los ciudadanos en las orientaciones del país.
Ahora bien, estos ciudadanos pueden participar de varias maneras: votando por gobiernos locales, regionales, nacionales. En ese sentido, el apoyo a las elecciones y el refuerzo de las capacidades institucionales en los diferentes niveles de decisión y de administración son elementos primordiales. Pueden participar desempeñando asimismo el papel de actores económicos y sociales en las empresas o en el sector asociativo. La ayuda directa a las ONG y a las PYME es, pues, también importante.
Estos dos aspectos no son contradictorios, pero, en realidad, son complementarios. La Comisión debe continuar el debate, debe continuar acelerando este debate puesto que ya es hora de dar a las poblaciones locales los medios para su desarrollo.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, quisiera empezar mi intervención dando gracias muy sinceras a la ponente, Sra. Carrilho, por el trabajo que ha consagrado a esta propuesta y especialmente por los esfuerzos que ha desplegado para poner término al proceso legislativo de primera lectura.
El objetivo de nuestra propuesta era sencillamente prorrogar la base jurídica del renglón presupuestario de cooperación descentralizada por un plazo suplementario de dos años. De esta manera se asegurará la continuidad de dicho renglón y se dejará un margen de tiempo para que pueda sostenerse un debate minucioso con todos los asociados que se interesan por el papel que el renglón presupuestario va a desempeñar en el refuerzo de los interlocutores locales del Sur. En su intervención, el Sr. Rod sugiere que no hemos estado llevando a cabo la consulta apropiada, pero la verdad es que, haciendo lo que hemos hecho, hemos conseguido que haya consulta. El resultado de esos debates nos brindará después la base para revisar las directrices estratégicas del instrumento de cooperación descentralizada.
Comprendo que al Parlamento le interese que los diversos instrumentos destinados a fortalecer a los interlocutores locales se integren en una estrategia coherente relativa a la participación de la sociedad civil del Sur en la cooperación para el desarrollo. Estoy de acuerdo en que es necesario sostener un debate sobre el tema. Una comunicación sobre una estrategia encaminada a apoyar a la sociedad civil de los países en desarrollo está prevista para el segundo semestre de este año. Como ya se ha mencionado, esa comunicación estaba prometida para una fecha anterior, pero lo cierto es que comenzamos con una base demasiado angosta que no ofrecía una perspectiva global. Como también se ha dicho aquí, tenemos sistemas que varían mucho entre los países ACP y el resto de nuestros países asociados. Esperamos que el debate sobre la participación de la sociedad civil alimente la discusión acerca de la promoción continua de la cooperación descentralizada y acerca del futuro de un renglón presupuestario específico para esta esfera. Me gustaría hacer otro comentario sobre el particular: el apoyo que podemos prestar a las ONG y a los interlocutores no gubernamentales en el futuro en los países ACP es algo que rebasa con mucho el poder y el potencial de este renglón presupuestario. Para los países que no son países ACP, la situación es diferente y depende mucho más de la estrategia individual que convengamos con cada país. Esto no excluye la posibilidad de que la acción sea análoga si así se conviene con el país asociado.
Además hay amplio acuerdo acerca de los beneficios que se pueden obtener si instamos a las ONG europeas a que trabajen en asociación en el Sur. En realidad, ésta era la principal idea que motivó ese renglón presupuestario especial de cofinanciación. En cierto modo, ese renglón presupuestario puede ser considerado como un éxito fenomenal, pues hemos conseguido incorporarlo en la doctrina ACP y ahora estamos instando también a las ONG en general a que trabajen en colaboración directa con los asociados del Sur. Éste es el contexto en el que estimamos que es útil sostener un debate más amplio y más abierto acerca de las ventajas de contar con un renglón presupuestario específico para esta cuestión, pero mi propia decisión es que necesitamos un debate amplio y abierto y que debemos dejarnos un margen de tiempo suficiente para que todos puedan participar en el debate. Eso es exactamente lo que posibilita el informe de que nos estamos ocupando.
Las enmiendas propuestas tienen principalmente por finalidad conseguir que se respeten los procedimientos de comitología más recientes y que haya coherencia con otras normas recientemente adoptadas en la esfera de la cooperación para el desarrollo. También aclaran la posibilidad de que participen algunos interlocutores de la sociedad civil.
La Comisión acepta con agrado todas esas enmiendas, que reflejan muy bien lo fructíferas que han sido las conversaciones entre la ponente, el grupo de trabajo del Consejo y los servicios de la Comisión.
Espero sinceramente que el Consejo acepte también todas las enmiendas del Parlamento y que el reglamento pueda adoptarse lo antes posible en términos que reflejen el texto de esta primera lectura.

El Presidente. -
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral (B5-0009/2002) a la Comisión, de la Sra. Berès, entre otros, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Europeo y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sobre la responsabilidad parental.

Gebhardt (PSE)
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, a esta hora avanzada de la noche, permítanme que dirija un saludo especial a los señores y señoras de las cabinas de traducción simultánea. También debemos agradecerles su permanente presencia y su ayuda para que en Europa podamos comprendernos. Esto también nos permite llevarnos mejor.
Justamente este es el tema de la pregunta sobre la responsabilidad parental que hemos presentado. En nuestra calidad de legisladores, no debemos intervenir en cómo organizan su vida las personas. Pero tenemos que ayudarles a que su vida discurra por un buen camino. Tenemos que hacer posible este buen camino. La Unión Europea se ha comprometido a ello en los Tratados y en la Carta de Derechos Fundamentales.
Hace más de 50 años que el entendimiento entre los Estados miembros es adecuado. Entre nuestras sociedades muy diversas reina la paz, pero en el ámbito familiar a menudo prevalece, en cambio, la guerra, cuando se rompe un amor que cruzaba las fronteras. Las víctimas suelen ser los hijos. En la prensa, leemos noticias de raptos por sus propios progenitores o de su imposibilidad para desarrollarse libremente bajo el peso de las presiones. No podemos cerrar los ojos ante estos hechos y tenemos que reconocer que ese conflicto, en apariencia exclusivamente familiar, entre unas pocas personas evidencia unos problemas de dimensión europea. Los roces interestatales en el ámbito judicial son los que acaban destrozando a las familias y a los niños. Tenemos que acabar con esta situación. Por esto, en nuestra pregunta a la Comisión ofrecemos algunas indicaciones que hemos desarrollado a partir de las conversaciones mantenidas con las personas afectadas.
En la pregunta también formulamos propuestas que podrían resolver los problemas jurídicos y facilitar la cooperación judicial, en bien de los niños. No hará falta que exponga aquí los detalles, señor Comisario, usted ha leído las propuestas y me alegraría oírle decir que puede hacerlas suyas punto por punto. Con ello prestaría un servicio a muchas personas y podría dejar claro para un número aún mayor de ciudadanas y ciudadanos que Europa es algo más que la definición jurídica del espacio de libertad, seguridad y justicia.
Ponga de manifiesto, junto con el Parlamento Europeo, que Europa es un espacio en el que las personas se pueden sentir protegidas por encima de las fronteras, aunque una pareja haya roto. Para ello necesitamos -y estos son los tres temas de la pregunta- una legislación clara y completa, juristas motivados que la apliquen de común acuerdo y con comprensión mutua y hacia las personas, y no en último término, también unas nociones básicas adecuadas. Yo espero que pueda responder a esta pregunta de una manera que también resulte satisfactoria para nosotros.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, huelga decir que haré todo lo que pueda. El Consejo Europeo de Tampere definió a los derechos de visita como elemento prioritario para la creación de una zona judicial única en que las decisiones puedan circular libremente de un Estado miembro a otro. Esa prioridad responde a la realidad social que ve cómo las personas se trasladan cada vez más a menudo de un Estado miembro a otro y cómo las familias se deshacen y se vuelven a reunir.
Como ha dicho la distinguida diputada, la Comisión está trabajando ahora en una nueva propuesta que agrupa la propuesta de la Comisión acerca de la responsabilidad parental de septiembre de 2001, la iniciativa francesa sobre el derecho de acceso de julio de 2000, y el Reglamento II de Bruselas. Confiamos en poder presentar esa propuesta en abril de 2002.
Como en el caso de la propuesta de la Comisión y de la iniciativa francesa, la finalidad es encontrar soluciones que se basen en la confianza mutua inherente a una zona judicial común para proteger mejor al niño. Esto significa ir más allá del equilibrio alcanzado con los Convenios de La Haya al mismo tiempo que se reconoce su valor de cara a las situaciones internacionales. Con tal finalidad, en noviembre de 2001 la Comisión presentó una propuesta sobre la firma del Convenio de La Haya de 1996.
La Comisión comparte sin reservas la preocupación del Parlamento por progresar en esta cuestión sin pérdida de tiempo. Todo parece indicar que eso es factible, especialmente si se tiene en cuenta que durante la reunión oficiosa de Ministros de Justicia y del Interior que tuvo lugar en Santiago de Compostela en febrero de 2002, se reconoció la necesidad de que haya una solución específica de la Comunidad que deje la decisión final en los casos de secuestro infantil al Estado miembro en que el niño reside habitualmente, sin que el Estado miembro al que se lleva al niño secuestrado pueda hacer otra cosa que adoptar medidas provisionales. Confiamos en que esta labor siga contando con el apoyo del Parlamento Europeo.
Los diputados del Parlamento tienen toda la razón cuando hacen hincapié en la importancia de que haya confianza mutua entre los jueces nacionales por lo que se refiere a la ejecución de decisiones tomadas en otro Estado miembro. Desde hace varios años la Comisión, por conducto de los programas Grotius y Grotius-civil, ha respaldado continuamente los proyectos encaminados a reunir a jueces de diferentes países para mejorar la comprensión mutua de los regímenes jurídicos entre Estados miembros. Un número considerable de esos proyectos estaban centrados en la legislación relativa a la familia.
El apoyo para esos proyectos seguirá estando disponible mediante el nuevo programa marco de cooperación judicial en asuntos civiles, que se va a adoptar al final del mes de marzo. El nuevo programa, que se aplicará desde el año 2000 hasta el año 2006, contará con medios presupuestarios más elevados que los programas anteriores. Quizás les interese saber que, por lo que se refiere a la ejecución del nuevo programa en el año 2002, la Comisión está estudiando la posibilidad de dar prioridad a la capacitación de profesionales juristas en instrumentos comunitarios sobre cooperación judicial en asuntos civiles, incluido, por ejemplo, el Reglamento II de Bruselas.
Además, el nuevo programa permitirá también que la Comisión adopte medidas directas para conseguir la debida aplicación y ejecución de la legislación comunitaria. No hace falta decir que esas medidas abarcarán también instrumentos en la esfera de la legislación sobre la familia.
Cabe mencionar también la Red Judicial Europea en asuntos civiles, que entrará en servicio al final de este año. La Red facilitará también la comprensión mutua de los regímenes jurídicos de los Estados miembros, además de proporcionar un medio de identificar y resolver problemas relacionados con la cooperación judicial en asuntos civiles. En consecuencia, la Comisión estima que ya existen los instrumentos necesarios -por lo que se refiere a la cooperación judicial en asuntos civiles, incluida la legislación sobre la familia- para alcanzar los objetivos a que se han referido los distinguidos diputados.
Basándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que los mejores intereses del niño deben ser una consideración primordial en todas las acciones que se refieran al niño o a la niña. Como ya se ha indicado, los 'mejores intereses del niño? es un concepto fluido que cabe interpretar de diferentes formas y que en última instancia depende de lo que piense el juez de todos los elementos del caso de que se trate. Un proyecto multidisciplinario que aclare la situación por lo que se refiere a las diversas concepciones de los 'mejores intereses del niño? representaría un complemento útil de nuestra labor, pues promovería la comprensión mutua de regímenes jurídicos y de esa forma reforzaría la confianza mutua que es indispensable para la libre circulación de decisiones. Ese proyecto podría optar a la financiación con cargo al ya mencionado nuevo programa marco de cooperación judicial en asuntos civiles.

Banotti (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, han mencionado ustedes una serie de proyectos muy valiosos. Como ponente confío muy sinceramente en recibir la propuesta bien ultimada que ha de presentarse en abril, y que ya se ha mencionado en el debate. El problema es que hay una serie de problemas prácticos graves de los que tenemos que ocuparnos. Por ejemplo, la Sra. Gebhardt y la Sra. Berès forman parte de un determinado comité francés que se ocupa de esas cuestiones. Tengo entendido que, en la actualidad, ante dicho comité hay una cincuentena de casos pendientes. El problema más grave -de la lista que tengo- parece ser el de los progenitores a los que el otro progenitor que tiene la custodia del niño les niega el derecho de visita.
Para conocimiento del Parlamento quisiera citar la lista de casos en curso de que me estoy ocupando actualmente. Al Sr. Eric Comet, cuyos hijos están en Finlandia, los tribunales finlandeses le concedieron la custodia. El Sr. Comet no pudo llegar a ejercerla. Sus hijos no quieren verle ya. En Suecia tenemos dos casos de padres que procuran obtener el derecho de visitar a sus hijos: Philippe Paquay y Kevin Willoughby. En Alemania, que según la mayoría de las personas que trabajan en esta esfera es el país en el que se plantean la mayor parte de ese tipo de dificultades, tenemos el caso del Sr. Guy Foster y del Sr. Chris McMullen; y probablemente uno de los casos más conocidos de todos, el de Lady Catherine Meyer, esposa del Embajador de Gran Bretaña en Washington, que en los seis últimos años no ha visto a sus dos hijos más que durante exactamente 24 horas.
En los Países Bajos tenemos el caso del Sr. Morales-Gouvenne y en Austria, el de Noël Dumont. El problema estriba en que, particularmente en Alemania, los trabajadores sociales parecen tener derecho, en virtud de la legislación alemana, a adoptar decisiones acerca del acceso y la custodia que, en algunos casos, no tienen para nada en cuenta las decisiones adoptadas por tribunales de otros países. En muchísimos casos, los jueces que han tenido que resolver este tipo de asuntos quizá no han tenido más que un solo caso de esta clase en toda su vida profesional y, por consiguiente, no están familiarizados con el Convenio de La Haya ni tampoco con lo que esta nueva reglamentación, con un poco de suerte, supondrá muy pronto.
Seguimos viendo -y desgraciadamente ésta es la causa de la mayoría de esos casos- cómo los progenitores se sirven de sus desgraciados hijos como armas en la guerra entre padre y madre.
Comisario, ha mencionado usted el Convenio de La Haya de 1996 que, afortunadamente, fue reconocido el pasado mes de noviembre. Sin embargo, no ha sido firmado por ningún Estado miembro, ni por la Comunidad. Esto causa graves problemas porque el meollo de esa legislación es el reconocimiento del derecho de todos los niños a conocer a su padre y a su madre y a tener acceso a los dos.

Berès (PSE). -
Señor Presidente, espero que pueda transmitir al comisario Vitorino hasta qué punto los diputados se han movilizado por esta cuestión, que quieren convertir en un desafío político, puesto que los niños no tienen la capacidad de hacer tanto ruido como las bombas, pero, también ellos, necesitan la supresión de los procedimientos de 'exequátur?. Necesitan que las políticas se movilicen. Si la Comisión desea efectivamente convertir la movilidad de los europeos en una de sus prioridades para armonizar, favorecer el mercado del trabajo europeo, entonces habrá que aceptar esta evidencia: también necesitaremos un Derecho de familia europeo en el seno del espacio judicial europeo.
Los expertos trabajan desde hace años en la elaboración de dichos textos y tienen pocas esperanzas en la movilización de los políticos. Nosotros debemos, en esta Cámara, emprender dicha tarea con energía. Creo que esta pregunta oral puede contribuir a ello.
¿Qué clase de derecho europeo debe elaborarse? Existen los mecanismos de La Haya. Existe, sin duda, un espacio concreto para un Derecho comunitario, para un derecho de los miembros de la Unión Europea. Desde este punto de vista, desearía llamar la atención de ustedes sobre algunas dificultades. La primera consiste en que a través del derecho europeo no deberíamos poner en entredicho el principio de la competencia del juez de residencia. Se trata de un derecho intangible si queremos hacer frente a las realidades y resolver los conflictos de manera armoniosa. Existe la posibilidad de desarrollar redes de confianza. Esto es esencial, de lo contrario lo que debería ser el derecho normal en la Unión Europea, el retorno automático, no se logrará nunca. Para desarrollar dichas medidas de confianza, se han mencionado unos programas. Éstos deben utilizarse. Los necesitamos para fomentar los intercambios, para que cuando un juez francés se pronuncie sobre una custodia infantil, sobre un retorno tras un secuestro, no se vea tentado por el reflejo nacionalista. Ni el juez francés, ni el juez británico, ni el juez irlandés, ni el juez alemán, ni el juez finlandés. Y además, también existe la esperanza que surgió del Consejo informal de Santiago de Compostela, una señal positiva. Pero como el diablo enreda las cosas, es esencial que las condiciones de retorno de los niños sean efectivamente respetadas. Ya sea tras un secuestro o el ejercicio de un derecho de visita o de alojamiento, es preciso que dicho retorno esté garantizado dentro del espíritu del derecho del país de residencia.
Finalmente, dos palabras para pedirle una aclaración sobre el tercer aspecto de nuestra pregunta: ¿qué piensa usted de la idea de que la Comisión podría crear un grupo de trabajo para que, entre europeos, reflexionemos en esta noción-trampa, en esta noción que contamina mucho juicios, la del interés del niño, que hemos recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales?

Cashman (PSE).
Señor Presidente, quisiera agradecer al Comisario el hecho de que esté aquí presente en hora tan tardía.
Hemos oído una referencia al secuestro, pero es evidente que el secuestro puede revestir muchas formas y que algunas de ellas pueden ser muy sutiles. La Sra. Banotti ha mencionado el caso de uno de mis electores, el Sr. Guy Foster, y me permitiré resumir ese caso porque están en juego personas reales y verdaderas.
Al Sr. Foster se le negó el acceso a su hijo a partir del momento en que su mujer alemana regresó a Alemania con el niño, a raíz del divorcio. El acuerdo era que la madre tendría derecho a elegir domicilio para ella y para su hijo, y que el Sr. Foster tendría plenos derechos de visita. Sin embargo, una vez en Alemania, la madre descuidó a su hijo y pasó mucho tiempo en tratamiento psiquiátrico; más adelante el niño quedó al cuidado de su abuela materna.
A pesar de los insistentes intentos del Sr. Foster por ponerse en contacto con su hijo, no se le ha dejado en ningún momento que lo vea, ni que lo hable, ni que lo visite porque la madre y los abuelos maternos impidieron toda comunicación. Un tribunal intervino en el caso y se pronunció sobre el particular, pero el Sr. Foster recibió información sobre la convocación de la vista después de que hubiera tenido lugar. Los documentos le llegaron en un idioma extranjero. La cesión del hijo a la abuela tuvo lugar sin que el Sr. Foster hubiera podido exponer su parecer. Creo que se le ha negado y se le sigue negando el derecho fundamental a ver a su hijo y que se le ha negado todo acceso a la justicia. Mucho me extrañaría que los que creemos que debemos actuar siempre en favor de los mejores intereses a largo plazo del niño estemos de acuerdo con lo sucedido.
La Sra. Gebhardt se ha referido a dos términos fundamentales: ayudar y permitir. Somos 15 Estados miembros diferentes con idiomas diferentes y diferentes culturas, pero no podemos recurrir nunca al idioma como medio de impedir que una persona pueda discutir o para negarle sus derechos. Por eso insto a la Comisión a que tome medidas, a que sea imaginativa en el plano comunitario y en el plano de los Estados miembros, para conseguir que haya reconocimiento mutuo y cooperación judicial y para poner término a estos casos humanos trágicos, cuyas consecuencias se pueden dejar sentir más allá de nuestra vida.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, la Sra. Gebhardt empezó diciendo que Europa era una zona en la que las personas se sienten seguras. En realidad, la seguridad fue la raison d'être de lo que se ha convertido en nuestra Unión Europea. Los precursores querían edificar una Europa pacífica y, naturalmente, lo han conseguido. Hoy en día vivimos en paz y la gente confía en hallarse en seguridad, pero demasiado a menudo se acusa a la Unión Europea de ingerirse en cosas que no son importantes y mucho de lo que hace el Parlamento Europeo parece ser poco importante para la vida del hombre de la calle. A veces descubrimos una esfera en la que es preciso que haya legislación, y hemos de reconocer que carecemos de facultades para pasar a la acción. Como han indicado la Sra. Banotti y el Sr. Cashmann, ésta es una esfera en la que necesitamos legislación y en la que, estoy seguro, la intervención de la Unión Europea se acogería con satisfacción.
Los casos de acceso que hemos oído mencionar, casos en los que a los padres se les niega el acceso a sus hijos, son irremisiblemente penosos. Son casos que agravan aún más la miseria de la separación. Estar separados por el tiempo y por el espacio, por centenares de kilómetros y por el precio oneroso de un billete de avión, es algo terrible y desesperante para los progenitores y para sus hijos.
Presidente, Comisario, a lo largo de los años el Parlamento, el Consejo y la Comisión se han esforzado por conseguir un mercado común para las mercancías y los capitales, condiciones de comercio justas y un libre comercio para los que tienen dinero. Ahora tenemos que asegurarnos de que contamos con un mercado justo y un comercio libre para las personas a fin de que familias e hijos puedan trabajar y puedan circular al amparo de normas justas, normas positivas e instituciones europeas que velen por su cumplimiento.
El Sr. Cashman ha dicho que la Unión Europea son 15 países. Tiene razón, pero con la llegada prevista de 10 ó 12 países más, tiemblo cuando pienso en lo que puede suceder en esta esfera si no pasamos a la acción y si no conseguimos promulgar una legislación que sea eficaz, una legislación que haga de la Unión Europea una zona segura y protegida para todos sus ciudadanos, tanto hijos como progenitores.

Nielson
. (EN) Señor Presidente, me limitaré a hacer unas cuantos observaciones. La Sra. Banotti ha preguntado si la propuesta que la Comisión ha anunciado para el mes de abril estará disponible. Sí que lo estará. Cualquier otra posibilidad será definitivamente perjudicial para los intereses de la Comisión, así que queremos presentarla y discutirla. Eso es lo que vamos a hacer.
La Sra. Berès ha preguntado si se me ha olvidado la tercera parte de la pregunta referente a los intereses del niño. Repito las frases finales de mi primera intervención: un proyecto multidisciplinario que aclare el tenor de las diferentes concepciones acerca de los mejores intereses del niño sería un útil complemento de nuestra labor, pues promovería la comprensión mutua de los regímenes jurídicos y, de esa manera, reforzaría la confianza mutua que es indispensable para la libre circulación de decisiones. Un proyecto de ese tipo podría optar a la financiación en el marco de un nuevo programa de cooperación judicial en asuntos civiles. Para nosotros, esto es una forma de promover esa cuestión. He tomado nota con sumo cuidado y con gran interés de las diferentes intervenciones en este debate y me parece que esta tarde hemos dado un buen paso adelante.

El Presidente. -
Gracias, en nombre de todos los diputados presentes, señor Comisario, por esta respuesta.
(Se levanta la sesión a las 00.05 horas)

Zrihen (PSE)
. (FR) Mi voto sobre el informe Rapkay/Turmes, así como el de mis colegas, tiene la siguiente explicación:
1. El punto de vista de la Comisaria de Palacio sobre el concepto de liberalización entendido como una desreglamentación desregulada me llena de escepticismo, puesto que no traduce ni el interés ni el concepto de supervisión, así como tampoco la visión social, que tenemos de la liberalización de los sectores del gas y de la electricidad.
2. Este informe, contrariamente a lo que se podría creer, no es sólo técnico. Compromete la vida diaria de millones de ciudadanos que en el día de mañana no estarán seguros de poder beneficiarse de las ventajas del gas y de la electricidad, que se hallan entre los bienes públicos que cada Estado, y ahora Europa, están obligados a asegurar.
3. Debemos garantizar la protección del servicio y de los precios al consumidor doméstico, la seguridad de la red, la obligación de inversión para los productores o distribuidores privados desde el punto de vista de las obligaciones contractuales.
4. ¿Qué imagen se dará de una Europa en la que se ponderará el mérito de la apertura del mercado y de los precios reducidos para los consumidores, cuando una parte importante de la población estará quizá excluida de dicha accesibilidad?
5. La resistencia de la Comisión frente a la tarifa única cualquiera sea el lugar de residencia y el sentido de esta votación expresan el temor en cuanto a los efectos nocivos de la liberalización.
6. Eso significa, además, que exigimos - y, en tal sentido, seguiremos estando vigilantes - que se garantice el derecho a la energía para todos y la protección del servicio público a los ciudadanos.

