Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Stevenson
Señor Presidente, veo por el Acta que dos diputados se refirieron ayer al retraso de los vuelos con destino a Estrasburgo que hubo el lunes. Quisiera añadir que el vuelo desde el aeropuerto de Schipol en Amsterdam se retrasó también y al final se anuló. Se nos envió por otro vuelo al aeropuerto de Basilea-Mulhouse. Se nos dijo que habría un autobús esperándonos a la llegada. En realidad, después de nuestra llegada tuvimos que esperar 45 minutos al autobús. Acabamos por llegar aquí el lunes a las 8.30 de la noche, y para algunos de nosotros el viaje había durado 12 horas.
Ese tipo de servicio y las dificultades con que tropezamos para venir un lunes a Estrasburgo son una verdadera pesadilla. Si el Gobierno francés insiste en que sigamos reuniéndonos en Estrasburgo, lo menos que podría hacer es, cuando a los pasajeros se les desvía hacia Basilea, que haya autobuses en el aeropuerto a tiempo para recoger a los pasajeros cuyo vuelo se ha desviado; de lo contrario no tiene sentido que nos esforcemos por llegar aquí el lunes con la intención de hacer algo positivo. Me gustaría que se hiciera constar en el Acta lo que acabo de decir.

Peijs
Señor Presidente, yo tenía previsto volar en el mismo avión y me da vergüenza decir que se trataba de KLM, nuestra compañía aérea nacional. Espero que la próxima vez se haga mejor, también en cuanto a la cooperación con otra compañía aérea.
(El Acta queda aprobada)

Swoboda
Señor Presidente, en lo tocante al orden del día de hoy sólo quiero llamar la atención sobre algo. El lunes acordamos que se aplazase la declaración del Consejo sobre el 50 aniversario de la Convención de Ginebra. Sólo quiero aclarar que hoy sólo se trata de los demás puntos de este orden del día y no del 50 aniversario de la Convención de Ginebra. Este punto fue aplazado hasta el siguiente período parcial de sesiones de marzo y se ha incluido por error en el orden del día de hoy.

El Presidente
Señor Swoboda, confirmo lo que usted acaba de afirmar. Efectivamente, se trata de un error de imprenta. El texto que ha sido distribuido no da fe, ya que se ha tomado la decisión de aplazar el debate.

Taylor
Señor Presidente, lo único que quiero decir es que esta mañana, cuando venía, pude observar que dos personas estaban fumando fuera del Hemiciclo. Ese olor es verdaderamente molesto. ¿Podría hacer usted algo a ese respecto?

El Presidente
Personalmente, no creo que podré hacerlo, sin embargo, usted tiene razón: se debería encontrar una forma rápida de educación también para los que no respetan las prohibiciones que nosotros mismos hemos decidido.
Por lo que se refiere a los retrasos de los aviones y a los problemas que originan, se podría constituir una pequeña asociación -por cierto, no sé si muy pequeña- formada por todos aquellos que han tenido dificultades para llegar a Estrasburgo con ocasión de este período parcial de sesiones, y esto para determinar cuántos y qué problemas se han encontrado realmente.

Coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo.

Amado
Señor Presidente, con mucho gusto me dirijo por primera vez, en nombre de la Presidencia del Consejo, a esta Asamblea reconociendo el muy importante papel que el Parlamento Europeo habrá de desempeñar muy pronto respecto de la necesidad de ahondar en las políticas de desarrollo en el nivel de la Unión Europea y el tema de la declaración que hoy tengo el honor de presentar a sus Señorías es la coherencia de las políticas de la Unión Europea, en materia de desarrollo.
Dejaré, evidentemente, a la Comisión la tarea de complementar algunas de las observaciones que tendré oportunidad de hacer, comenzando por subrayar la necesidad que todos nosotros sentimos en el nivel de la Unión Europea de compatibilizar el extraordinario desarrollo y progreso que han experimentado muchas de las condiciones de vida, sobre todo con el fuerte impulso tecnológico que en los últimos decenios se ha acentuado y que ha beneficiado a grandes capas de la población mundial en cuanto a bienestar y mejora de las condiciones de vida, con la particularidad de que simultáneamente se han acentuado los desequilibrios profundos entre algunas regiones y algunos espacios geopolíticos del planeta, lo que ha puesto en entredicho la estabilidad del sistema internacional y ha constituido una amenaza para la paz y, por consiguiente, ha impuesto a todos el deber de conciencia de procurar adecuar mejor nuestras políticas a ese objetivo de conseguir mayor estabilidad y mayor equilibrio en los diferentes espacios que constituyen nuestro planeta.
El resultado de ello es una revalorización de las políticas de desarrollo como respuesta a la globalización en los mercados económicos y financieros. Ha habido un acentuado desequilibrio de las condiciones en que funcionan dichos mercados, lo que impone, naturalmente, la necesidad de correcciones importantes que, a su vez, imponen también necesariamente nuevas opciones a las políticas de desarrollo. Por eso, estamos en el umbral de un nuevo paradigma de las políticas de desarrollo que exige -quisiera subrayarlo- que nuestra acción incida en cuatro aspectos esenciales:
En primer lugar, una actuación más concertada entre todos los agentes internacionales en el nivel de los donantes, imponiendo mayor coordinación, más coherencia y mejor articulación entre la ayuda humanitaria y las políticas de desarrollo, el fortalecimiento del sistema multilateral y una mayor atención a la deuda y a los problemas de la financiación y del desarrollo; ahora bien, también en el nivel de los países que hoy son beneficiarios de la ayuda se imponen algunas referencias nuevas, en particular la exigencia de lucha contra la corrupción, democracia y buena administración, como principios fundamentales del desarrollo de sus sistemas políticos y también la necesidad de prestar una atención particular a las políticas propias en el nivel de esos países, centradas en la reducción de la pobreza.
Un segundo aspecto de ese nuevo paradigma de las políticas de desarrollo tiene que ver con la necesidad de que se tenga una visión más integrada del desarrollo y no una visión reductora de la ayuda para el desarrollo como único elemento de esa política, sino valorizar cada vez más también el papel de otras políticas en las esferas financiera, del comercio y de la inversión, sin lugar a dudas, pero también tiene que ver con la necesidad de que se afronte esa visión integrada del desarrollo en el nivel de las políticas globales y en el de las políticas de los diferentes Estados donantes.
Un tercer aspecto de ese nuevo paradigma que quisiera subrayar tiene que ver con una política orientada a la prosecución de objetivos. A partir de 1995, después de un esfuerzo de concertación entre los principales Estados donantes en el nivel internacional en torno sobre todo a una reflexión importante hecha en el nivel del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, fue posible establecer algunos objetivos importantes que deben guiar la orientación y la ejecución de las políticas de desarrollo, ya sea a escala de los Estados nacionales o a escala internacional. Esos objetivos van encaminados, como es sabido, a reducir la pobreza a la mitad en el año 2015 ya sea por el aumento de la escolaridad obligatoria, por la reducción en gran medida de la mortalidad infantil o mediante un conjunto de intervenciones en el nivel del bienestar social que permita efectivamente alcanzar ese objetivo. Eso significaría sacar de la situación de pobreza extrema en que vive más de la tercera parte de la población mundial, sacar de la pobreza extrema de condiciones de vida, a casi mil millones de personas, lo que no podemos por menos de considerar extraordinario, pero, para que se pueda alcanzar ese objetivo, son necesarias sin lugar a dudas una intensa participación y una intensa intervención de la comunidad internacional en conjunto.
Y ése es el cuarto aspecto del nuevo paradigma del desarrollo que quisiera subrayar: hoy, en los últimos años en particular, se afrontan las políticas de desarrollo como una cuestión cada vez más global que necesita una clara orientación internacional. A ello han contribuido en gran medida las acciones concertadas de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, pero también del de Breton Woods. Conviene señalar en particular los impulsos muy pertinentes dados a ese debate por el Banco Mundial, mediante, en particular, su documento Comprehensive Framework, o por el Fondo Monetario Internacional: por primera vez una institución de esa naturaleza coloca el problema de la reducción de la pobreza en el centro de sus orientaciones políticas y establece una conexión asta entonces inimaginable por parte de una institución con esa orientación- entre el alivio de la deuda y la pobreza. A la luz también de ese nuevo papel que desempeñan las organizaciones internacionales en relación con los problemas del desarrollo debemos reflexionar sobre el papel de la Unión Europea en ese marco.
La Presidencia portuguesa ha subrayado la necesidad de que la Unión Europea compatibilice más su importantísima función a escala internacional como principal donante con un papel de dirección y más activo en ese movimiento de renovación de las políticas de desarrollo a escala internacional, estableciendo una mayor capacidad de articulación y coordinación, en particular con el sistema de las Naciones Unidas y con el de Breton Woods.
Para que sea posible fortalecer el papel de la Unión Europea en el marco de las políticas internacionales de desarrollo, pensamos que es necesario fundamentalmente llevar a cabo tres tipos de acciones. En primer lugar, mejorar la eficacia de su política de desarrollo. Como es sabido, en 1995 se hizo un ejercicio de evaluación global de las políticas de desarrollo y durante la Presidencia alemana fue posible presentar sus conclusiones. Las principales conclusiones subrayan la necesidad de una política más coherente de la Unión Europea y de una visión estratégica general de la Unión Europea en relación con los problemas de desarrollo. Se subrayan los aspectos relativos a la necesidad de mayor coordinación y mayor complementariedad entre las políticas, de armonización y simplificación en el marco organizativo en el que hoy se ejecuta la política de cooperación de la Unión, la necesidad de volver más eficiente la gestión de la ayuda y revisar, en particular, sus mecanismos de intervención, la necesidad también de fortalecer el sistema de evaluación y volver más transparente la forma como se desarrolla el proceso de ayuda.
Un segundo aspecto digno de mención refuerza la necesidad de mayor complementariedad entre la Unión Europea y las políticas de los Estados miembros. Sabido es que una parte importante de la ayuda corre hoy a cargo de políticas nacionales de los Estados miembros, no siempre complementarias y no siempre coordinadas; gran parte del desperdicio o de la ineficiencia de la ayuda procedente de la Unión Europea se debe precisamente a esa incapacidad de coordinación y complementariedad entre lo que cada Estado miembro va haciendo y lo que las instituciones de la Unión Europea se proponen o hacen. Desde nuestro punto de vista, es absolutamente indispensable también que cuanto antes podamos todos contribuir a fortalecer mecanismos de complementariedad y coordinación entre las políticas aplicadas por los Estados miembros y las de la Unión Europea.
Tercer aspecto digno de relieve: fortalecimiento y coherencia de sus políticas, el tema de debate hoy propuesto. En primer lugar, todos nosotros tenemos la idea de que no basta con mejorar las condiciones de la ayuda y que es necesario articular mejor otras políticas de la Unión Europea a fin de que se puedan alcanzar los objetivos del desarrollo no sólo por la vía de la ayuda y la asistencia, sino también y sobre todo mediante una visión más integrada de las diferentes políticas que contribuyen a sus consecuencias. Como es sabido, en junio de 1997 fue aprobada una resolución del Consejo y la Comisión quedó en presentar informes de evaluación: el primero de ellos, en el que ya se establecen algunos aspectos de coordinación de políticas, en particular en la esfera de la construcción de la paz, la seguridad alimentaria, la pesca y las migraciones, fue comunicado al Consejo en mayo de 1999. Pero, como también es sabido, se espera una comunicación de la Comisión sobre la coherencia, junto con la comunicación sobre "política de desarrollo". Es natural que en los próximos meses, todavía durante la Presidencia portuguesa, se pueda enriquecer este debate a la luz de las contribuciones que la Comisión se propone presentar a ese respecto.
La coherencia de las políticas será siempre -resulta evidente- limitada y es natural que alguna contradicción entre las políticas sea también un elemento de equilibrio y ponderación entre intereses contradictorios y conflictivos que se mueven en el espacio de la Unión y que sólo por esa vía es posible regular también alguna contradicción entre las políticas. Pero, independientemente de eso, quisiéramos subrayar que el fortalecimiento de la coherencia de las políticas de la Unión Europea en el marco actual y en la coyuntura actual que vive la Unión presupone una reflexión seria sobre algunos aspectos relativos a la dinámica de la propia Unión Europea: desde luego, la dinámica interna de la Unión Europea. Sabemos que la Unión Europea vive una dinámica propia que se desprende sobre todo del Tratado de Amsterdam, que fortalece su dimensión política, lo que no deja de tener una consecuencia importante en relación con el presupuesto de la coherencia de las políticas en materia de desarrollo. También habremos de esperar al desarrollo de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, ver qué dinámica se adopta respecto de la ampliación para verificar hasta qué punto la dinámica interna de la Unión Europea se orienta en el sentido de fortalecer la coherencia de sus políticas y, en particular en materia de desarrollo, contribuye a acuerdos institucionales adecuados también con vistas a ese objetivo.
Segundo aspecto por considerar respecto de la coherencia de las políticas: la política de desarrollo en el marco de la política exterior de la Unión. Sabemos que la Unión vive una nueva dimensión de su política exterior, sabemos que con la creación del Alto Representante, de la fuerza de intervención rápida, del centro de gestión militar de las crisis, hay toda una dinámica de afirmación de la Unión Europea que no podemos menospreciar cuando afrontamos el papel de las políticas de desarrollo y también que hay aspectos relacionados con el diálogo político, la adopción de posiciones o acciones comunes, la preparación de estrategias comunes, la diplomacia preventiva, el desarrollo de capacidades regionales de prevención y gestión de crisis. No cabe la menor duda de que todos esos aspectos, en su aplicación y en su desarrollo, harán sin falta contribuciones importantes al fortalecimiento del papel de las políticas de desarrollo en el marco de la política exterior de la Unión Europea.
Hemos de decir que, también en ese nivel, en el nivel de la Unión Europea, el encuadre de la política de desarrollo en el marco de la política exterior tendrá que recorrer sin duda el mismo camino que las políticas de desarrollo en muchos Estados miembros, en el marco de sus políticas exteriores, y su afirmación presupone necesariamente la necesidad de fortalecer mecanismos de decisión y estructuras institucionales de medios PESC, que permitan una mejor articulación entre los instrumentos de la política de desarrollo y los de la política exterior.
En este marco, tenemos la convicción de que necesitamos pasar de un paradigma poscolonial a otro europeo de la política de desarrollo, sabiendo, como sabemos, que en este último dicha política ha estado muy condicionada por las de algunos Estados miembros, en función de sus referencias poscoloniales.
Tercer aspecto por considerar: la política de la Unión Europea y la de los Estados miembros. La coherencia de las políticas en el nivel de la Unión Europea presupone sin lugar a dudas una mejor coordinación de las de los Estados miembros con la de la Unión Europea en materia de desarrollo y, si no fuera posible establecer mejores mecanismos de coherencia entre las nacionales, sería sin lugar a dudas más difícil reflexionar sobre un marco de mayor coherencia para la política de la Unión Europea en materia de desarrollo.
Cuarto y último aspecto que quisiera someter a consideración de sus Señorías, necesariamente sobre este aspecto de las políticas de desarrollo: el papel del Consejo de Desarrollo. Se ha examinado, sobre todo en los últimos meses, el papel que el Consejo de Desarrollo puede desempeñar en el marco de las políticas de la Unión. Sabido es que la diferencia de estatuto entre las de desarrollo y otras políticas en el nivel de la Unión es flagrante -basta con ver las difíciles condiciones en que se ha planteado la presupuestación o no del FED- y resulta difícil admitir que podamos infundir una mayor coherencia a las políticas de la Unión Europea sin un papel más activo y más intervención del Consejo de Desarrollo en el asesoramiento respecto de decisiones políticas que corresponden eminentemente a la esfera del desarrollo y que se adoptan en otros Consejos, en otros centros de decisión, que van de los Consejos de Agricultura y Pesca a los de Medio Ambiente, pero respecto de los cuales el Consejo de Desarrollo no ha tenido hasta ahora ninguna posibilidad de ser oído ni de intervenir.
Por consiguiente, sin un papel más activo también del Consejo de Desarrollo en la coordinación global de las decisiones políticas que, aun afectando directamente a la política de desarrollo de la Unión Europea, se adoptan al margen de su centro de decisión, será sin duda difícil aplicar una política de mayor coherencia de la Unión Europea en relación con los objetivos de desarrollo. También a ese respecto las palabras y la reflexión del Parlamento Europeo serán oportunas y como tales serán acogidas.

Nielson
. (EN) Para empezar me gustaría decir algo acerca de las negociaciones entre la UE y los países ACP, que han acabado con éxito. He de decir que la participación en esas negociaciones fue una experiencia sumamente positiva. Pude ver a los Estados miembros trabajando como un equipo, lo que es una experiencia realmente reconfortante.
Las dos partes quedaron profundamente satisfechas cuando acabaron las negociaciones, no solamente porque habían acabado ya, sino porque todos sabíamos que habíamos conseguido algo en común, la UE y los 71 países ACP. Eso es algo que el mundo necesita y representa una señal muy positiva en el marco de los debates sobre la globalización.
Me gustaría destacar algunas de las principales innovaciones del nuevo acuerdo. Nos ocupamos explícitamente de la corrupción; establecimos un marco para ocuparnos del problema de la inmigración, por vez primera. Promovimos enfoques de participación, establecimos la consulta de la sociedad civil acerca de las reformas y políticas que la UE vaya a apoyar. Volvimos a centrar las políticas de desarrollo en estrategias de reducción de la pobreza. Basamos la asignación de fondos no solamente en una evaluación de las necesidades de cada país, sino también de los resultados de su política. Creamos un mecanismo de inversiones para prestar apoyo al desarrollo del sector privado. Racionalizamos instrumentos e introdujimos un nuevo sistema de programación en régimen continuo, gracias al cual la Comunidad y el país beneficiario podrán ajustar regularmente su programa de cooperación. Descentralizamos las responsabilidades administrativas y, en algunos casos, las financieras, y las trasladamos al plano local con miras a dar mayor eficacia a la cooperación. Mejoramos el marco normativo del comercio y el desarrollo de inversiones. Promovimos la cooperación en todas las esferas de importancia para el comercio, con inclusión de nuevas cuestiones como las normas laborales y los vínculos entre el entorno y el comercio. Después de Seattle estoy seguro de que apreciarán ustedes la importancia de todos esos acuerdos.
Permítanme que me refiera ahora a algunos de los puntos más importante. En primer lugar el acuerdo sobre las cuestiones políticas. El nuevo acuerdo entrañará un firme compromiso de ambas partes a la buena gestión pública como elemento fundamental y positivo de la asociación, como tema para un diálogo regular en una esfera que goza del apoyo activo de la Comunidad. En segundo lugar, se ha establecido un nuevo procedimiento para los casos de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el imperio de la ley. En comparación con el procedimiento actual el nuevo procedimiento hace más hincapié en la responsabilidad del Estado de que se trate y prevé una mayor flexibilidad en el proceso de consulta, con miras a instituir un diálogo eficaz que conduzca a la adopción de medidas encaminadas a restablecer la situación. En casos de urgencia especial que entrañen graves violaciones de uno de esos elementos esenciales, se adoptarán medidas inmediatamente y se notificará a la otra parte.
En tercer lugar, la UE y los países ACP han convenido también en iniciar un nuevo procedimiento específico para los casos graves de corrupción. Esto es una verdadera innovación, tanto en el contexto de la UE/ACP como en el contexto de las relaciones internacionales en general. Ese procedimiento se aplicará no solamente a los casos de corrupción que afecten a dinero del FED sino también mucho más ampliamente a cualquier país en el que la CE participe financieramente y en el que la corrupción obstaculice el desarrollo. Por lo tanto no se limita a las actividades de la CE. Éste es un aspecto importantísimo, si tenemos en cuenta la financiabilidad de la economía pública. Con la aprobación de esa disposición en el acuerdo de asociación, la UE y los países ACP envían una señal común clara y positiva que sin duda alguna será apreciada por los contribuyentes europeos y es de esperar que también por los inversionistas europeos.
Otro tema nuevo en el acuerdo UE/ACP es la migración. En esta esfera hemos conseguido un acuerdo equilibrado en materia de cooperación. Esta nueva dimensión del acuerdo de asociación refleja las directrices que hizo suyas la UE de conformidad con el Tratado de Amsterdam y con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (Finlandia) en octubre de 1999.
La Unión Europea se compromete a elaborar y aplicar una política de inmigración y asilo basada en el principio de la asociación con los países y regiones de origen. El acuerdo concertado con los países ACP prepara el camino para nuevas iniciativas, en particular acerca de los derechos de ciudadanos de terceros países en la UE, y para medidas que faciliten su integración. También convinimos en disposiciones para ocuparnos de cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal. La UE y los países ACP iniciarán el proceso cuya finalidad última será la definición, dentro de un marco que ha de negociarse con cada uno de los países ACP, de las formas y modos de repatriar a los inmigrantes que se hallen presentes ilegalmente en los territorios de cada parte. Esto abarca también a las personas de terceros países y a los apátridas.
Estos enfoques sumamente innovadores brindan una buena oportunidad para mejorar la buena gestión pública. El acuerdo ofrece también un buen marco para destacar los efectos mutuamente potenciadores de la cooperación comercial y de la ayuda al desarrollo. Hemos convenido en un proceso para establecer nuevos arreglos comerciales que fomenten la liberalización comercial entre las partes, y para formular disposiciones sobre cuestiones relacionadas con el comercio. Hemos podido atender las preocupaciones de los países ACP en lo que se refiere al calendario de las negociaciones comerciales.
Las negociaciones comenzarán en 2002 a más tardar. Este período preparatorio de dos años se utilizará para reforzar los procesos de integración regional y la capacidad de los países ACP para llevar a cabo negociaciones comerciales. Para esas negociaciones se ha programado un período de seis años. Nosotros tendremos en cuenta las limitaciones económicas y sociales de los países ACP de dos formas: en primer lugar, mediante políticas de desarrollo humano y social que acompañen las reformas económicas y comerciales, y, en segundo lugar, ayudando a los países ACP a empezar a desempeñar un papel activo en el sistema económico y comercial internacional mediante la creación de capacidades y la cooperación en foros multilaterales.
Esta manera de proceder nos conducirá hacia un régimen totalmente compatible con la OMC. Los agentes económicos estarán más inclinados a establecer relaciones más estrechas con sus asociados ACP. Las inversiones nacionales y extranjeras aumentarán y se transferirán más conocimientos técnicos y tecnologías, todo lo cual fomentará la competitividad de los países ACP y facilitará su integración gradual en la economía mundial. Además, los acuerdos con la UE harán de ancla gracias a la cual los países ACP podrán mantenerse aferrados a las reformas económicas, de igual manera que las reformas nacionales y económicas se estabilizarán en virtud de los compromisos contraídos por ambas partes con arreglo a los acuerdos. La doctrina de este nuevo enfoque se basa también en la idea de que las políticas comerciales abiertas, combinadas con políticas de desarrollo social, llevarán al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.
Otro aspecto importante es la mejora del régimen comercial de la UE para todos los países menos desarrollados, de los cuales 39 se hallan en el grupo ACP. Este proceso tendrá lugar en los cinco próximos años, de forma que para el año 2005 los países menos desarrollados exportadores tendrán acceso libre al mercado de la UE para prácticamente todos sus productos.
En cuanto a la cuantía del próximo FED, la UE ha formulado ya su propuesta financiera. Se basa en el principio de armonizar la necesidad de mantener una cantidad sustancial de recursos financieros en un período caracterizado por lo limitado de los presupuestos oficiales de asistencia al desarrollo con la necesidad de dar mayor eficacia a la ayuda comunitaria.
En la actualidad unos 9.500 millones de euros de recursos anteriores del FED siguen sin asignarse. La UE se ha comprometido a movilizar esos saldos pendientes, más los nuevos recursos del FED, a lo largo de un período de siete años, es decir, antes de que entre en vigor el próximo protocolo financiero. De esta manera la Comunidad podrá aumentar considerablemente la corriente anual de obligaciones y pagos durante ese período. Por lo tanto no nos dirigimos hacia un período de actividad reducida en los próximos años, sino hacia un período de actividad mayor.
Ese compromiso entraña una reforma profunda de procedimientos y de modalidades de aplicación por ambas partes. Hay un vínculo muy claro entre el proceso de reforma de la Comisión propiamente dicha, y nuestra capacidad de fomentar y de prestar servicio, que constituye la base del trato con los países ACP.
En cuanto a nuestra política de desarrollo, he de decir que el contexto mundial ha cambiado radicalmente. La marginación de muchas economías, el aumento de la pobreza en el mundo, la necesidad de una gestión mejor de la interdependencia ambiental, los efectos desestabilizadores de la migración y las inquietantes consecuencias de los conflictos armados y de las enfermedades pandémicas constituyen otros tantos temas de preocupación.
Frente a ese marco mundial de cambio tenemos que encontrar la posición que nos corresponde. Afortunadamente las evaluaciones de la ayuda de la CE nos brindan un importante medio de mejorar lo que estamos haciendo y esperemos que también de superar los retos que acabo de mencionar.
Para ocuparme con más detalle de los resultados que han dado las evaluaciones, quisiera mencionar los siguientes problemas: las objeciones de la política comunitaria son demasiado numerosas y demasiado imprecisas y eso afecta negativamente a la coherencia. Esa situación se debe a la complejidad de nuestras propias estructuras, pero también a algunas incongruencias muy claras entre políticas sectoriales e intereses de los Estados miembros.
La Comisión tiene un sistema de ayuda que es demasiado complejo y que está demasiado fragmentado en términos de instrumentos, procedimiento y mecanismos institucionales. A menudo las políticas están más determinadas por los instrumentos de que se dispone, que por los objetivos que tenían y por prioridades claramente definidas. Los recursos humanos son demasiado escasos en relación con el volumen de la ayuda que se supone que tenemos que gestionar. Por término medio, para la gestión de diez millones de dólares de ayuda hay 2,9 personas en la Comisión, en comparación con 4,3 en el Banco Mundial y entre cuatro y nueve en los principales Estados miembros. Esto plantea un verdadero problema: hay muchos y muy diferentes instrumentos financieros, cada uno de los cuales tiene sus propias características y particularmente una serie de títulos presupuestarios diferentes. Es difícil armonizar esta situación con las necesidades de un sistema eficaz de gestión.
A fin de enfrentarse con esos problemas y de resolverlos la Comunidad tiene que entablar un diálogo efectivo con los Estados miembros y el Parlamento. Es absolutamente indispensable que abordemos la cuestión de la coherencia de forma realista y pragmática, lo que significa que hemos de sostener el debate en el marco institucional apropiado, es decir, en el Consejo y en el Parlamento.
La falta de acción concertada entre los 15 Estados miembros y entre ellos y la Comunidad requiere también estudio. Si centramos la política de desarrollo comunitaria en estrategias y objetivos convenidos en el plano internacional, prepararemos el camino para una mejor complementariedad con los Estados miembros. Esto coincide en gran parte con lo que acaba de decir el Ministro Amado. Cuando hablamos de políticas en la actualidad, nos estamos refiriendo a un proceso de convergencia. Esto nos brinda ya una parte de la solución.
Nos hallamos en pleno proceso de formular nuevas directrices normativas y tenemos que identificar esferas prioritarias para la acción comunitaria. Todo se complica cada vez más. Lo mismo cabe decir de la cooperación para el desarrollo. No hay un sólo donante que esté en condiciones de ocuparse de toda la gama de temas, que van desde cuestiones macroeconómicas hasta el marco reglamentario o desde políticas sectoriales hasta una diversidad de nuevos temas interrelacionados como el género, el medio ambiente, la buena gestión pública y las reformas institucionales.
Es importante encontrar mecanismos flexibles que puedan acomodar una división del trabajo según los conocimientos técnicos y la capacidad de los diversos donantes en cada país en desarrollo. Esto hay que hacerlo en el plano de los Estados miembros y debería conducirnos a la formulación de políticas sectoriales para la acción comunitaria. Eso es lo que queremos conseguir.
Para identificar las zonas prioritarias de apoyo de la CE, hay que tener en cuenta las características específicas de la Comunidad en relación con los Estados miembros y con las instituciones internacionales. Me limitaré a mencionar solamente unas cuantas: nuestra capacidad para combinar la política de desarrollo con la política comercial y para lograr que haya sinergias entre la ayuda y la cooperación económica; nuestra neutralidad y la defensa de los intereses comunitarios supremos; el hecho de que representamos una masa crítica y estemos en condiciones de afrontar retos relativamente grandes en comparación con lo que puedan hacer normalmente cada uno de nuestros Estados miembros. No me olvido de nuestra presencia sobre el terreno: fundamentalmente me parece que el máximo valor que representamos es el hecho de que, siendo como somos una empresa de cooperación regional que actúa con éxito, se nos pueda ver como un asociado neutral y deseado para ese experimento en todo el mundo; eso es algo que nadie, aparte de nosotros, puede pretender.
Es indispensable que la política comunitaria sea más efectiva y que desarrollemos un marco estratégico más cooperativo. Ese doble reto es el que tiene que afrontar la Comisión, para lo cual en los próximos meses tendrá que preparar una propuesta en forma de declaración general de política. Iniciaremos un proceso de consulta amplio y abierto a fin de recabar las opiniones de todas las diferentes partes interesadas. Considero que ese proceso es casi tan importante como su contenido, y asignaremos todos nuestros recursos a una participación activa e invitaremos a todos a que participen con nosotros.
Al mismo tiempo nos hemos embarcado también en el proceso de mejorar la coherencia y de aclarar y poner de relieve abiertamente los problemas reales o imaginarios con que tropezamos a ese respecto. Ése será un proceso continuo que considero como una especie de esfuerzo permanente de control de la calidad, e invito al Parlamento a que participe en ese esfuerzo continuo destinado a mejorar la coherencia de lo que estamos haciendo.

Maij-Weggen
Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al Sr. Amado, así como al Sr. Nielson, sus palabras. También me alegra que el Sr. Amado se haya referido al FED. El problema no se encuentra aquí, en este Parlamento, y tampoco en la Comisión; el Consejo debe dar los pasos necesarios para establecer el presupuesto del FED, por tanto, este sermón realmente debe pronunciarse en el Consejo.
Señor Presidente, también doy las gracias al Sr. Nielson. Se ha referido ampliamente al nuevo Convenio de Lomé, pero ésta no es ciertamente la materia de la reunión de esta mañana. Queríamos hablar sobre la coherencia. Ése es el tema. Ya desde principios de los años noventa, el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Ministros han reconocido que la coherencia de la política europea no opera adecuadamente, especialmente en el ámbito de la política de desarrollo y en otras políticas de la Unión.
Se ha pedido atención para este problema en diversas ocasiones: en 1992, en 1995 y 1997. Todos los ejemplos figuran en la resolución que está ante nosotros. Yo misma he planteado durante años preguntas sobre esta cuestión. La obligación de que exista coherencia se introduce, incluso, en el Tratado de Amsterdam en 1997. Además, en 1998 se acordó que la Comisión Europea elaborara un informe anual en el que deberían recogerse los avances realizados. Pero, ¿qué hemos visto desde entonces? Buenas palabras, también hoy, pero ningún informe. Es demasiado ridículo como para poder explicarlo. Se reconoce que existe una política incongruente. Se realizan buenos propósitos una y otra vez, pero, de hecho, no sucede nada. Por tanto, es justo que hoy lo pongamos de manifiesto.
Quiero poner algunos ejemplos a fin de ilustrar estas contradicciones. Algunos países en desarrollo producen caña de azúcar destinada a la producción de azúcar. En la Unión también se produce azúcar mediante remolachas azucareras. Con el fin de evitar que este azúcar barato procedente de los países en desarrollo compita con el azúcar más caro de la UE, se le impone una severa exacción reguladora. El resultado es una seria limitación de las importaciones de caña de azúcar procedentes de esos países. Al mismo tiempo, destinamos una ayuda al desarrollo muy importante a esos países. Un ministro de una de las islas caribeñas que producen esta caña de azúcar me dijo una vez: "si ustedes permitieran la entrada normal de nuestra azúcar en la Unión Europea, no necesitaríamos en absoluto su ayuda al desarrollo."
Otro ejemplo: el cacao. La Unión Europea quiere permitir la utilización de un 5% de grasa alternativa en el chocolate para armonizar el mercado interior. También podría acordarse un cero por ciento y el mercado interior se armonizaría igualmente. Si se establece el 5%, algo que por ahora parece que va a suceder, es sabido que, casi con seguridad, se va a perjudicar a cientos de miles de pequeños productores de cacao de los países en desarrollo. Sin embargo, parece que ésta es la dirección seguida ¿Qué estamos haciendo? Es la típica política de la que nuestros ciudadanos dicen: realmente, ¿qué hace Bruselas? Parece que las empresas europeas son más importantes que nuestros propios principios, nuestras propias coherencias y los intereses de los países en desarrollo.
Así mismo, en el ámbito de las sanciones y embargos, se encuentran ejemplos chocantes ¿Por qué un boicot en cuanto al suministro de petróleo a Haití y no contra Birmania, donde una presidenta electa ha sido arrestada, el parlamento se ha disuelto y algunos diputados están en la cárcel o, incluso, han sido asesinados? ¿Por qué no un boicot en cuanto al suministro de petróleo a Sudán, donde continúan produciéndose enfrentamientos armados, en los que las armas, atención, se han pagado con dinero procedente de las compañías petrolíferas que trabajan en los territorios en los que se encuentran los refugiados? La incoherencia es, evidentemente, colosal.
El Sr. Nielson nos ha proporcionado un bonito ejemplo sobre el nuevo Convenio de Lomé. Si el nuevo Convenio de Lomé se pone en marcha sin más, sin que se solucionen todas las incoherencias, se construye una política con pies de barro, utilizando una expresión bíblica. El Consejo ha mencionado una y otra vez dónde radica el error: en la agricultura, el comercio, la prevención de conflictos, las operaciones de paz, la pesca, la inmigración, el medio ambiente. Comisario Nielson, lo que esperamos es un buen informe sobre estas incoherencias y algunas propuestas concretas para terminar con ellas. Repito, de lo contrario sus bonitos ejemplos, toda su maravillosa política -y también se lo digo al Secretario de Estado- estará construida con pies de barro y, con razón, no logrará mucho. Los ciudadanos nos lo recuerdan. Desde 1992, venimos diciendo: éste es el tema de este debate. Espero que reciba claramente este mensaje y nos presente en breve un informe en el que se contemplen una serie de medidas.

Van den Berg
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, siguiendo la línea de la intervención de mi colega, la Sra. Maij-Weggen, creo que nos encontramos ante un grupo de parlamentarios que desea abordar en profundidad esta cuestión. Hablamos de una materia que tiene un interés fundamental para la Unión Europea.
Permítanme empezar señalando con exactitud cuál es el debate. El artículo 178, título XX del Tratado consolidado de la Unión Europea reza lo siguiente: "la Comunidad tendrá en cuenta los objetivos contemplados en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan afectar a los países en desarrollo" ¿cuáles son los objetivos que deben tenerse en cuenta en cada política? El artículo 177 señala que estos objetivos son "el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo y, particularmente, de los más desfavorecidos; la inserción armoniosa y progresiva de los países en desarrollo en la economía mundial; y la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo" .
Señor Presidente, estos no son objetivos carentes de compromiso, son artículos, artículos jurídicos que forman parte del acervo europeo fijado por ley; que las instituciones y los Estados miembros deben respetar. Cada artículo del Tratado no debe, por supuesto, interpretarse sólo conforme a su legalidad, sino también conforme a su contenido.
Opino, y afortunadamente muchos conmigo, que el principio de la coherencia política es esencial para cada administración que pretende servir con credibilidad a sus ciudadanos. Solamente una administración creíble, que sea digna de crédito, puede servir a los intereses de los ciudadanos. Esto es importante de cara a la confianza que la sociedad deposita en la administración, pero también es importante desde el punto de vista de la eficacia, puesto que la coherencia es necesaria para un uso eficiente de nuestros limitados medios.
No debemos pintar la realidad más de color de rosa de lo que realmente es. La realidad es perturbadora. El deber de la administración es actuar de forma transparente y abierta en este asunto, sin que exista una política en la sombra. La administración está obligada a mostrar cuáles son sus dilemas, dónde, cuándo y por qué hay problemas con la coherencia política, en lugar de utilizar subterfugios.
No hablamos hoy aquí de un problema superfluo: la cuestión de la pobreza en el tercer mundo es un problema inmenso y penoso, que requiere una seria atención. Por supuesto que, en tanto Parlamento, velamos por los intereses de nuestros ciudadanos, pero también es positivo para ellos vivir en un medio internacional estable, en el que se persiga la seguridad de las personas. Es un interés moral, una cuestión de seguridad y, finalmente, es positivo, incluso, para nuestra economía.
¿A quién beneficia realmente que el dinero del ciudadano europeo que proviene de los impuestos, se destine a Namibia para favorecer el desarrollo económico cuando, al mismo tiempo, se socava la actividad económica de los ganaderos pobres en el mismo país por las fuertes subvenciones de las exportaciones, pagadas por el mismo contribuyente? Todos hacemos como si no sucediera, pero todos sabemos que sí sucede.
Señorías, no debemos, en tanto parlamentarios, esconder nuestra cabeza en la arena como el avestruz. El interés general de la coherencia política es, por tanto, una responsabilidad de la Comisión en su conjunto, del Consejo y del Parlamento Europeo. Esta responsabilidad no puede ser sólo asumida por el Comisario encargado de la cooperación al desarrollo, a pesar de que nos agrade verle aquí y escucharle, o por el Consejo de Desarrollo o por la Comisión parlamentaria de Cooperación al Desarrollo. Necesitamos un planteamiento integral. Tras las clarísimas y perspicaces explicaciones sobre esta cuestión de tanto el Sr. Amado como el Sr. Nielson, quisiera señalar que esperamos con impaciencia las propuestas de la Comisión para que la política en su conjunto sea coherente. No sólo, por tanto, del Comisario Nielson, sino de toda la Comisión.
De ahí que hagamos un llamamiento a esta institución en esta severa y clara resolución a fin de que desarrolle instrumentos concretos. Debemos dejar claro dónde hay un problema de coherencia y hacer un inventario de las dificultades. Debemos indicar cuáles son los obstáculos que ya hemos vencido y cuáles no hemos superado todavía. Por ello, abogo por un observatorio de la coherencia que deje esto claro. De ahí que debemos crear grupos interservicios en la Comisión, el Consejo y el Parlamento que puedan velar por el objetivo de la coherencia.
Señor Presidente, Señorías, si el tejado de nuestros vecinos gotea, podemos prestarles botes y cacerolas para recoger el agua, pero, por supuesto es más práctico ayudar a arreglar la gotera. La crisis del año pasado en la Comisión está hoy cerrada, pero la Comisión tiene que presentar en este momento una política que merezca todo nuestro apoyo por su enfoque, por su coherencia, algo que todo el Parlamento solicitará, sin lugar a dudas, a continuación, en la resolución.
Deseo al Comisario mucha suerte en su lucha dentro de la Comisión, y al Sr. Amado mucho éxito en el Consejo.

Rod
Señor Presidente, Señorías, digámoslo de una vez, en materia de cooperación, la coherencia está lejos de imponerse. Efectivamente, los Tratados prevén que la Unión ayude en su desarrollo a los países que se encuentran en vías de desarrollo, pero como ya lo han dicho muy bien los demás diputados, existen múltiples distorsiones a estas declaraciones.
La primera incoherencia se debe a la ausencia de concertación entre la Unión y los Estados miembros sobre sus respectivas políticas de cooperación. Ello acarrea disfunciones importantes, ya que algunos programas comunitarios vienen a añadirse a los programas nacionales, cuando hubieran podido ayudar a otros proyectos a los que no se da curso. Asimismo, recordemos que la política neocolonialista de facto de algunos Estados miembros no contribuye en modo alguno al desarrollo de los países a los que se dice ayudar.
La segunda incoherencia se debe a la ayuda que se presta a los regímenes despóticos. Se declara obligatorio el buen gobierno y el fin de la corrupción, sin embargo, siguen ingresándose centenares de miles de euros en cuentas en Suiza, por la cartera de un determinado número de jefes de Estado.
La tercera incoherencia se relaciona con los derechos humanos. Se dice querer protegerlos. Se incita a los países en desarrollo a respetarlos. Se votan, incluso, múltiples resoluciones para condenar cada violación de éstos. Asimismo, nos hacemos eco de las protestas, de las campañas internacionales. Sin embargo, al mismo tiempo, se deja desarrollar el comercio de armas, sin preocuparse por lo menos en limitar el comercio de las armas más atroces: las minas antipersonales, por ejemplo. Ni tampoco se hace mucho para impedir realmente las violaciones de los derechos humanos.
La cuarta incoherencia de la política de cooperación de la Unión Europea es la siguiente: ¿cómo quieren ayudar al desarrollo saqueando los recursos naturales de los países a los que ayudan? Es preciso que la Unión Europea deje sus peces a los pescadores locales para nutrir a las poblaciones locales, en lugar de destruir sistemáticamente los fondos marinos con su pesca intensiva. Es preciso dejar las materias primas a los productores locales para que ellos las transformen. Ya no hablemos del petróleo, puesto que lamentablemente conocemos la política de grupos tales como Elf o Total en Africa.
Para ir más lejos, y esa será quizás la quinta incoherencia, pedimos que se respete la biodiversidad, entre otras razones para permitir a todos producir con sus propias semillas y preservar la riqueza natural. Sin embargo, al mismo tiempo, y todavía lo vimos durante las últimas negociaciones, se obliga a los países ACP a firmar los acuerdos TRIPS, cuando éstos corren el riesgo de ser ampliados a los organismos vivos. Esta ampliación significaría, por tanto, la muerte de la biodiversidad y volver a una esclavitud de facto para los pequeños agricultores del Sur a merced de las multinacionales.
En cambio, y esta es una sexta incoherencia, no se defiende la aplicación de los Tratados existentes. Así, por un lado, se vota una dotación presupuestaria destinada a la lucha contra el SIDA y, por otro, no se hace nada por imponer que se cumpla con las licencias obligatorias en el marco, precisamente, de los mencionados TRIPS, lo que permitiría, por tanto, a los países en desarrollo producir sus propios medicamentos y frenar la hecatombe provocada por el SIDA.
En el mismo sentido, durante las negociaciones de la OMC, y cuando el informe Schwaiger observaba, desde el segundo apartado, que amplios sectores de la población de los países en desarrollo, especialmente los más pobres, apenas se benefician del proceso actual de liberalización de los intercambios, la Unión Europea continúa defendiendo la liberalización de los intercambios comerciales y pone fin, con algunos años de transición, es cierto, al régimen favorable concedido a los países ACP cuando habría sido necesario reforzarlo, especialmente para los países más pobres.
La octava incoherencia es de orden político y práctico. Siempre se dice: pensar globalmente y actuar localmente. No obstante, se descuidan los agentes locales del desarrollo, prefiriendo discutir con los gobiernos nacionales, subvencionar a las ONG del Norte a costa de los programas locales de las ONG del Sur.
Agricultura, medio ambiente, son otros problemas, otras incoherencias que también habrían podido mencionarse, sin olvidar la investigación, la emigración o la salud. En resumen, se pretende querer ayudar a los países en vías de desarrollo y, al mismo tiempo, se estimula la liberalización de los mercados, reconociéndose que va en contra de dicho objetivo. Digámoslo una vez más: la política de cooperación y de desarrollo de la Unión Europea no es coherente. Por tanto, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, pido al Parlamento, a las instituciones, a la Comisión a que traten de dar, por fin, coherencia a nuestra política.

Miranda
Señor Presidente, considero particularmente oportuno el presente debate no sólo por la importancia del tema del desarrollo en general, sino también por su actualidad.
La reunión de Seattle fracasó y las relaciones norte-sur estuvieron allí en evidencia por más razones. La reunión celebrada en aquella ciudad norteamericana puso de relieve que la globalización entraña resultados profundamente desiguales y desfavorables para los países más pobres. En este preciso momento -y con influencia evidente de ese fracaso- se está celebrando aún en Bangkok la Décima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Entretanto, se han concluido, como se ha dicho, las negociaciones que han determinado el futuro del Convenio de Lomé. Con eso basta para poner de relieve la importancia de la actualidad de este asunto. Y podemos añadir, además, la próxima cumbre Unión Europea - OUA, por fin acordada para el próximo mes de abril en El Cairo.
Pero, además, cualquier análisis, por ligero que sea, nos lleva inevitablemente a la conclusión de que algo, o incluso mucho, va mal en el plano de las relaciones norte-sur, incluso entre la Unión Europea y los países menos adelantados. Basta considerar que la categoría de los llamados países menos adelantados ha pasado, en los treinta últimos años, de 25 a 48 países, que representan hoy ya el 13% de la Humanidad, pero a los cuales corresponde tan sólo el 0,4% de las exportaciones y el 0,6% de las importaciones mundiales. O también la desgraciada circunstancia de que la ayuda pública para el desarrollo, promovida por los países ricos, se ha reducido desde 1990 en casi 23%. Por lo demás, los recientes recortes relativos a esa esfera en el presupuesto comunitario para el presente ejercicio se insertan en esa tendencia, además de constituir una mala y errada señal política.
El poco sospechoso Sr. Michel Camdessus, aún director del Fondo Monetario Internacional, afirmó en el discurso que pronunció el pasado domingo al comienzo de los trabajos de la CNUCED -y paso a citar- que "la comunidad internacional da con una mano y tira con la otra". Se refería, naturalmente, a los apoyos concedidos por los países desarrollados a los de menor desarrollo. Semejante afirmación, que parece una ironía, viniendo de quien viene, pero la verdad es que la profirió, yo mismo tuve la oportunidad de oírla, no me parece que discorde nada de la realidad actual y me mueve a afirmar que es indispensable volver a pensar y lanzar en nuevos moldes las relaciones norte-sur, en particular la necesidad de volver a pensar el papel de la Unión Europea en este marco, pues lo cierto es que el fomento de un nuevo orden mundial más justo y equitativo no puede -o no debe- dejar de constituir un objetivo estratégico de la Unión, por lo que resulta indispensable reflexionar sobre la globalización en marcha teniendo en cuenta las orientaciones esenciales y los intereses dominantes subyacentes y, en ese marco y en particular, las enormes consecuencias y los efectos perniciosos que tiene para los países menos desarrollados.
Es un hecho que se ha concluido un nuevo acuerdo con los países ACP. En sí mismo es un hecho positivo, en particular si tenemos en cuenta las presiones encaminadas a ponerle fin y que fueron incluso varios los Estados miembros no partidarios de su continuidad. En su momento, tendremos oportunidad de analizar más profundamente los términos exactos en que se estableció dicho acuerdo. Ahora bien, no cabe duda de que los negociadores europeos fueron más tímidos y se quedaron cortos respecto de las propuestas que oportunamente formulamos nosotros, aun cuando en el nuevo acuerdo figuren elementos nuevos e innovadores. Y a ellos habrán contribuido algunas características de importancia política del nuevo acuerdo de asociación. Ése ha sido sin duda el resultado de una negociación compleja en la que las dos partes han hecho concesiones substanciales, con lo que es cierto en el caso de la Unión Europea, en particular en materia de buena administración y comercio. Pero fue sobre todo el resultado de un fortalecimiento del grupo ACP, que manifiestamente encontró un nuevo espíritu a raíz de lo sucedido en Seattle. Quiero subrayar en particular que parece estar surgiendo una nueva forma de considerar estas cuestiones, en particular en materia de comercio, por lo que resulta muy necesario un planteamiento a ese respecto.
Por último, es necesario ir más lejos en las políticas de apoyo al desarrollo de los países en desarrollo. En los planos financiero-presupuestario, en el nivel de la deuda, en el apoyo a esferas delicadas como la de la seguridad alimentaria y humanitaria o de la educación y la salud y también las de medio ambiente, inversión o acceso a la información y a las nuevas tecnologías, como también en la esfera comercial, asegurando simultáneamente una cabal coherencia de las políticas de desarrollo con las demás políticas comunitarias y también entre unas y otras y las correspondientes aplicadas por los Estados miembros. No podemos contentarnos con dar continuidad en lo esencial a algo que ha resultado insuficiente y erróneo en el pasado.

Sandbæk
Señor Presidente, tras haber escuchado hoy a la Comisión y al Consejo, he tenido sencillamente que echar un vistazo a mi orden del día. Pues sí, ahí figura realmente: " Coherencia de las diferentes políticas de la Unión con la política de desarrollo" . No obstante, no hemos oído ni una sola palabra al respecto y me parece sumamente bochornoso. Hemos esperado un informe sobre la coherencia durante años. Debería haberse presentado por escrito hoy aquí y tras haber escuchado la intervención del Sr. Nielson, no me cuesta imaginar que haya encontrado fuerzas contrapuestas muy poderosas en la Comisión. Sé que el propio Comisario mantiene puntos de vista tan sólidos como sumamente sensatos con respecto a la coherencia y me habría gustado escucharlos hoy aquí. Puesto que la propuesta de resolución común plantea algunos mecanismos eficaces de cara a garantizar la coherencia, me gustaría limitarme dentro del poquísimo tiempo del que dispongo a mencionar otro, la obligación de que la Comisión también realice a este respecto una valoración de la nueva legislación que sea relevante. Y también dicho sea de paso quiero centrarme en el catastrófico efecto que la política agrícola común de la UE ha tenido sobre los países en vías de desarrollo. Vertidos al mar de carne de vacuno en Sahel y Sudáfrica, puré de tomate en África Occidental, leche en polvo en Jamaica, es de esperar que todos los ejemplos sean bien conocidos. En cualquier caso, son conocidos hasta la saciedad por los fabricantes afectados en los países ACP que deben destruir sus productos porque no pueden competir con los productos comunitarios que reciben subvención. Los contribuyentes europeos aportan 40.000 millones de euros al año para apoyar la agricultura comunitaria. Dinero que contribuye a coartar el desarrollo del sector agrario en los países en vías de desarrollo que constituye en éstos el 69% del conjunto de la población activa frente al 1.7% comunitario. Añádase a ello que el sector agrario es responsable del 34% del producto nacional bruto de los países en vías de desarrollo frente al 5.3% comunitario. Ni es coherente ni decente. ¿Por qué no quieren reconocerlo ni el Consejo ni la Comisión?

Paisley
Señor Presidente, me parece que la forma de llegar a una decisión normativa es fundamental. El Primer Ministro del Reino Unido y su Ministro de Asuntos Exteriores formularon ayer declaraciones acerca de su política respecto del sistema de votación en el Consejo. Pusieron de relieve que el Reino Unido, Francia y Alemania tienen una población que excede con mucho de la de otros países de la Unión Europea, y llegaron a la conclusión de que la dimensión de la población debe reflejarse en el sistema de votación y que el Reino Unido no renunciará a su veto.
¿Está discutiendo el Consejo esa cuestión? ¿Está dispuesto a mantener un veto democrático basado en el volumen de la población o sigue desplazándose hacia una votación por mayoría sencilla de los miembros del Consejo, en vez de una votación que refleje la población de Europa que representan democráticamente? ¿Han comunicado los representantes del Reino Unido al Consejo su decisión y su propuesta y, en caso afirmativo, qué resultado ha tenido?
Como la cuestión de la votación es de importancia vital para el futuro democrática de esta Unión, me supongo que recibirá consideración prioritaria. La forma de llegar a una decisión es un asunto de la máxima importancia.

Corrie
 - (EN) Señor Presidente, doy gracias al Consejo y a la Comisión por sus declaraciones de esta mañana, pero me referiré a la política de coherencia porque es lo que dice el orden del día y es de lo que estamos hablando.
Aunque estoy muy de acuerdo con la necesidad de sostener un debate sobre la coherencia de diversas políticas de la Unión y de la política de desarrollo, me parece que éste no es el momento para sostener ese debate. Ahora bien, la declaración del Consejo me da algunas esperanzas. Para mí es absolutamente evidente, ocupándome como me ocupo de la política de desarrollo, que hay muchas esferas en las que la falta de coherencia afecta de forma dramática a los países en desarrollo. Les daré algunos ejemplos en breve. Sin embargo, quisiera recordar al Parlamento que en junio de 1997 una resolución del Consejo admitía que había una grave falta de coherencia en algunas de las políticas de la UE en relación con su política de cooperación para el desarrollo. Esta constatación iba seguida por una petición del Consejo a la Comisión para que preparase un informe anual, el primero de los cuales se examinaría en 1998. Seguimos esperando el primer informe, y por eso me parece que este debate es prematuro y que la Comisión no tenía nada que decir sobre la coherencia esta mañana.
Las esferas identificadas por el Consejo son zonas específicas en las que la coherencia normativa reviste particular importancia, como la consolidación de la paz, la prevención y solución de conflictos, la seguridad alimentaria, la pesca y la inmigración. Alguna de esas cuestiones se han examinado a fondo. Personalmente me parece que cuestiones como la consolidación de la paz y la prevención y solución de conflictos son de particular significado para los jefes de Estado de países africanos, con apoyo prestado por la Unión Europea para la creación de capacidades y con la OUA en calidad de árbitro.
Las cuestiones que realmente están afectadas por la falta de coherencia corresponden a esferas como la agricultura, el comercio, el medio ambiente y la biodiversidad, pero aquí es donde estriba el verdadero problema: se trata de esferas sumamente sensibles de política en la Unión Europea en su conjunto, y en este Parlamento en particular. Los diputados de este Parlamento tendrán opiniones divergentes, incluso en el interior de los mismos partidos políticos, según a) de qué país proceden, o b) en qué comisión prestan servicio. Hay esferas de coherencia que como miembro de la Comisión de Desarrollo me gustaría designar así, lo que probablemente horrorizará a alguno de los miembros de la Comisión de Agricultura o de la Comisión de Pesca. Como falta de coherencia se puede citar lo que ha dicho la Sra. Sandbaek, la exportación de productos lácteos a Jamaica a precios tan inferiores al costo de producción que la industria láctea de Jamaica ha quedado casi arruinada. Hemos exportado carne de vacuno a África meridional, a Namibia y a Sudáfrica, que a continuación han vendido su carne de vacuno indígena a Swazilandia, con lo cual Swazilandia ha podido cumplir su cuota de exportaciones a la Unión Europea. No olvidemos tampoco que algunos países bloquearon un acuerdo comercial con Sudáfrica durante cuatro años. Si nos limitamos a importar materias primas de esos países en desarrollo, en vez de brindarles la oportunidad de que obtengan el valor añadido que les da la producción de sus artículos elaborados en su propio país, les negamos las posibilidades de erradicar la pobreza que nos hemos fijado como principio supremo para la ayuda a los países en desarrollo.
No me sorprende que la Comisión tenga dificultades para producir un documento básico de debate sobre el desarrollo sostenible y social. En el mundo en desarrollo hay una resistencia natural a todo lo que pueda disminuir los niveles de vida y crear más desempleo. Deseo a la Comisión que tenga éxito en la producción de ese documento básico.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, el debate de esta mañana es un debate muy importante. Por ello, quiero agradecer a la Comisión y al Consejo que dediquen una declaración a la coherencia de las políticas comunitarias en relación con el desarrollo, porque ello demuestra una voluntad de aportar mayor eficacia a la política en esta materia. Pero si lo único que hacemos es un diagnóstico de las incoherencias de nuestra política nos quedaremos absolutamente frustrados y, además, será negativo.
Como en los sistemas de fuerzas que se estudian en física elemental, no tiene sentido poner en marcha políticas que se contrarresten mutuamente. El resultado de este juego absurdo no es cero, sino que sería un valor negativo, formado por los recursos materiales, financieros y humanos desperdiciados en un esfuerzo inútil. Valor negativo que, en política, se multiplica por el número de resultados que no se alcanzan cada vez que una medida anula los efectos pretendidos por otra. En el mundo globalizado de hoy, esta realidad es todavía más patente. No hay fronteras tampoco para las políticas comunitarias. Por ello me alegro de que la Comisión y el Consejo retomen su interés por la coherencia de las políticas comunitarias, y que, junto a la complementariedad entre las políticas nacionales y la comunitaria y la coordinación entre los servicios de la Comisión, pretendan configurar la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea.
Tanto la Comisión como la Presidencia portuguesa del Consejo recogen en sus respectivos planes de trabajo la voluntad de dotar de coherencia a las políticas que tienen un impacto muy importante en los países en desarrollo, pero sin especificar medidas concretas en las que se traduzca esta coherencia. Ambas instituciones identifican los ámbitos mayores en los que debe aplicarse este concepto. Por ejemplo, la Comisión, en sus orientaciones a largo plazo, dice que el objetivo del desarrollo sostenible debe traducirse en una solidaridad fuerte, apoyada en una política comercial que tenga en cuenta los intereses comunes. La Comisión se refiere a un ámbito muy importante, que es la política comercial. Pero nosotros, en el Parlamento, queremos añadir las políticas de ayuda al desarrollo, la agrícola, la de pesca, las migraciones, la posición en las instituciones financieras internacionales, la política exterior y de seguridad común y las ayudas al ajuste estructural.
El Consejo -lo ha dicho esta mañana el Sr. Luis Amado- ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la necesidad de coherencia -la última, es verdad, en noviembre de 1999 y también en otras ocasiones, como en los Consejos de Desarrollo de mayo de 1999 y de junio de 1997-, pero sin ningún tipo de resultados concretos. Estando de acuerdo con lo que él ha planteado -que es muy importante-, el Consejo de Desarrollo, poco podemos decir, como ya ha señalado alguna persona que ha intervenido anteriormente. En cambio, como Parlamento, queremos proponer -como se ha dicho también y se plantea en la Resolución- la creación de un grupo de trabajo interservicios del que formen parte los responsables de todas las políticas citadas, el establecimiento de un observatorio de la coherencia de las diferentes políticas comunitarias, capaz de prever los efectos de cada una de ellas en los países en desarrollo y entre sí. Pero la realidad es que queremos ser realistas y no se nos oculta que la consecución de esos objetivos de coordinación, complementariedad y el más complejo que ahora estamos tratando- de la coherencia requerirá una política más elaborada que la que actualmente tenemos en la Unión Europea.
Esperemos -y esperamos- dejarnos guiar por los vientos de cambio que nos traen la Conferencia Intergubernamental, la reforma de la Comisión -que también va a afectar a los servicios de desarrollo-, esta nueva legislatura y las perspectivas de la ampliación para perfeccionar una unión política más coherente.
Por ello esperamos que la Comisión, en el informe que nos va a plantear sobre política global, presente también la cuestión de la coherencia como parte integrante para el uso eficaz de los recursos comunitarios y la gestión concreta de los intereses públicos.

Dybkjær
Señor Presidente, también quiero dar las gracias al Consejo y a la Comisión por sus explicaciones y al igual que otros diputados lamentar que la política de coherencia no haya ocupado un lugar más destacado. No obstante, a los que ocupamos un escaño en este Parlamento no nos cabe la más mínima duda sobre la razón. Por ello, me gustaría abordar un tema más general y comenzar con un par de cifras, en mi opinión, bastante útiles. A comienzos del siglo diecienueve, el ingreso real por habitante en los países más ricos del mundo era tres veces superior al de los países más pobres, en el año 1900 era diez veces superior y en el año 2000, sesenta veces superior. Y no hay ninguna señal que indique una inversión en esta evolución, al contrario, parece que estamos inmersos en una curva exponencial que hará las diferencias aún mayores. Así lo muestran las cifras siguientes: el abismo existente en los ingresos entre el quinto más rico y el quinto más pobre era en 1960 de 30 a 1, en 1990 de 60 a 1 y en 1997 de 74 a 1. Estas cifras son anteriores a la consolidación de la revolución de Internet. En otras palabras: hace falta un salto cuántico en la política de desarrollo si no queremos que los países ricos, entre ellos los países comunitarios, tengan que construir muros de contención alrededor suyo para impedir la inmigración masiva. En una aldea global, las grandes diferencias en el mundo no serán toleradas a largo plazo por la parte más pobre de la aldea. En algún momento habrá un ajuste de cuentas y estará plenamente justificado.
Por ello, voy a pedir a la Presidencia del Consejo que ponga en marcha lo más rápidamente posible el debate anunciado y sobre todo que lo dé por finalizado, y que así todos nosotros, incluidos los ciudadanos europeos, caigamos en la cuenta de lo que comporta la globalización de forma que comprendamos que un elemento fundamental será las profundas modificaciones en materia de política de desarrollo, en lo que concierne a nuestra ayuda al desarrollo y a su nivel, estamos lejos del prometido 0,7% en la UE por término medio. Puede ser que otros estén peor, pero eso no es ningún consuelo. Ante todo, debemos dar a los países la oportunidad de negociar con nosotros. Por lo que escuché -pero se me puede haber escapado-, la palabra comercio no fue mencionada ni una vez en la intervención del Presidente del Consejo. Al Sr. Comisario sólo quiero decirle que espero que logre sacar adelante sus propuestas en la Comisión y en los Estados miembros y también quiero pedirle al Sr. Comisario que dé ejemplos concretos de intereses sectoriales que mantienen un bloqueo no sólo en la Comisión sino también en los Estados miembros. Por lo demás, me gustaría decir que creo que lo más eficaz sería que el Parlamento exigiera una ponencia al Consejo de Desarrollo y al Comisario de Desarrollo respectivamente de modo que tuviéramos un punto de partida desde el que comenzar el debate, en lugar de exigir una ponencia a todos los gobiernos y a toda la Comisión, de la que apenas se saca nada positivo. Concluiré con unas palabras sobre la revolución de Internet. Como el Sr. Comisario Liikanen viaja por ahí diciendo, Europa lleva ventaja en el ámbito de la telefonía móvil. Utilicémosla, no sólo en provecho de nuestra propia población, sino también en provecho de los países en vías de desarrollo. La técnica posibilita precisamente el necesario salto cuántico y aquí la UE puede fijar el orden del día, influir el desarrollo y cumplir con su responsabilidad global.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente del Consejo, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Nielson, sin coherencia en los diversos campos políticos no se puede lograr nada si se quiere que la política de desarrollo conduzca realmente al éxito. Pues yo no puedo construir algo, por un lado, con una mano y derribar lo construido poco después con la otra. Lamentablemente, hay que constatar que una gran parte de las políticas de la UE no es coherente.
Esto es en especial aplicable a la política agrícola pues la Unión Europea sigue impidiendo con su política exportadora agresiva y el cierre de sus mercados a los países en vías de desarrollo a) un desarrollo agrícola autónomo y b) estar presentes en nuestros mercados de un modo adecuado con sus productos.
Esta política agrícola no sólo perjudica a los productores pequeños y medios en esos países sino también a los productores en la Unión Europea. Se les manipula para que se enfrenten. Hay que verlo así y decirlo con claridad. Señor Presidente del Consejo Armado, cuando veo que un país como Brasil, con más 8 millones de km2 de superficie, tiene, entretanto, que importar alimentos y que casi 40 millones de personas están subalimentadas y pasan hambre, tengo que decir que esto tiene algo que ver con el modo con que practicamos nuestra política agrícola al importar, por ejemplo, soja de este país para producir nuestras montañas de carne de vacuno y a continuación congelarla de nuevo en los almacenes frigoríficos.
Aquí se ve también claramente que hay que modificar la política y que también hay que introducir cambios en los países en vías de desarrollo en beneficio de las estructuras regionales. En el futuro, lo decisivo va a ser qué política va a seguir la Unión Europea en la Organización Mundial de Comercio precisamente en beneficio de los países del sur, cómo va a proporcionar allí a estos países una voz, una codecisión adecuada y naturalmente también cómo la Unión Europea va a abrir sus mercados a estos países. Pues no es admisible que exijamos de esos países una apertura de los mercados mientras que aquí en la Unión Europea seguimos amurallándonos. La regulación TRIPS tampoco hace justicia a los recursos en esos países, pues tienen que pagar mucho por sus productos básicos que hemos patentado nosotros antes.
Permítanme que diga aún una cosa sobre la coherencia en esta Asamblea. Con frecuencia se vota aquí en las más diversas comisiones y también en el Pleno, lo que no es coherente y no concuerda con la política de desarrollo. La política de desarrollo debería ser un campo del que se ocupasen todas las comisiones y no se debería hablar al respecto solamente una vez al año, como hoy, cuando nos parece que es oportuno. También hay que coordinar del modo adecuado las políticas de los 15 países de la UE pues no puede ser que se mezclen los intereses nacionales con la política de desarrollo y se vincule la ayuda al desarrollo a unas condiciones como, por ejemplo, la siguiente: si compras mis armas obtendrás más ayuda al desarrollo. Esto no puede seguir así en el futuro. Es urgentemente necesaria una mayor coherencia, lo que no sólo es aplicable a la Comisión Europea sino también a nosotros en esta Asamblea.

Modrow
Señor Presidente, los informes dan cuentas pero también revelan la creciente contradicción de la política de desarrollo de la Unión y sus Estados miembros. Cuando se constata que la supresión de la pobreza es el denominador común, se trata más bien de un deseo que de una realidad. El hecho es que el número de pobres no ha descendido en los 20 años pasados sino que ha aumentado a 1.400 millones de personas.
Si se hace un balance sincero de la política norte-sur, no se puede ignorar que el abismo entre los países más pobres y más ricos se ha agrandado. En lugar de calificar esto como una consecuencia directa de la política neoliberal se subraya la necesidad de definir con mayor claridad el concepto de "buena gestión gubernamental " para la ayuda al desarrollo. Sin embargo, me pregunto con qué derecho moral se puede plantear esto cuando los criterios de democracia y de Estado de derecho que se exigen son violados en los mismos Estados miembros de la UE.
La corrupción florece, se crean cajas negras de partidos políticos y fondos de la UE se desvían probablemente a cajas para financiar campañas electorales. Una actitud crítica con nosotros mismos es condición previa para determinar unos criterios reales. Tampoco hay que olvidar que los Estados miembros de la Unión no se aproximan al 0,7% del producto social bruto para la ayuda al desarrollo sino que, por el contrario, cada vez se alejan más.
Lamentablemente, en el informe no se dedica ni una sola palabra a los negocios de armas, lo que han señalado ya otras y otros colegas. Los países industrializados, en connivencia con las castas dominantes de ciertos países ACP, no sólo obtienen unos fabulosos beneficios sino que además se pone en marcha una terrible dinámica que no debemos olvidar. Primero se suministran armas, a continuación surgen violentos conflictos hasta que, finalmente, se envían tropas de los Estados suministradores de armas, comenzando todo otra vez desde el principio.
Quiero apoyar en especial en el informe del Sr. Corrie la constatación que realiza de que debemos examinar y tratar con justicia la solicitud de Cuba para ingresar en los Estados ACP. Se destacan los cambios que están apuntando allí. No debemos seguir aquí a los EE.UU sino partir de nuestras propias posiciones y no crear nuevos y mayores obstáculos.
Señor Comisario, está muy bien exigir coherencia a las políticas, pero también tiene que configurarse mediante un trabajo político de la Comisión en cooperación con el Parlamento y aquí creo que tenemos ante nosotros grandes tareas en las que voy a participar.

Blokland
Señor Presidente, "la cooperación al desarrollo va mal" . No es sino una cita cualquiera de un artículo de periódico que se publicó la semana pasada sobre la política de desarrollo de la Unión.
No es algo nuevo. Desde que intentamos hacer algo en Europa en cuanto a la cooperación al desarrollo, la eficacia y la calidad se cuestionan. La esperanza de lograr mejoras amenaza con desaparecer si la Comisión continúa resistiéndose a mirarse en el espejo ¿Por qué no se ha hecho público el crítico informe sobre la coherencia en la política de desarrollo?
Una conclusión importante de este informe hacía referencia a la incongruencia interna de la política europea. Ésta es especialmente incoherente en el ámbito del comercio y de la agricultura. No logramos contribuir de forma seria al desarrollo de los países menos desarrollados. Esto tiene que ver en su totalidad con las diferencias en el planteamiento de la cooperación al desarrollo entre los distintos países de la Unión. No debemos continuar considerando la cooperación al desarrollo como un instrumento de las relaciones externas y exteriores, sino como un ámbito político independiente.
Abogo por una política de desarrollo transparente, solidaria y eficiente. En tanto el planteamiento europeo de la problemática del desarrollo ocasione más ineficacia y un despilfarro de dinero, continúa siendo aconsejable que los Estados miembros tengan reservado un gran papel.
Por último, quiero pedir a la Comisión que remita cuanto antes al Parlamento el documento al que me he referido, a fin de que podamos pensar de manera constructiva en las posibles soluciones.

Cunha
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que ésta es una iniciativa pertinente y que tiene mucho sentido. Como ya han dicho varios oradores, con frecuencia observamos situaciones de gran contradicción entre lo que, por un lado, pretendemos hacer con la política de desarrollo y cooperación y, por otro, lo que deshacemos con otras políticas sectoriales que representan intereses contrarios desde el punto de vista del desarrollo de los mismos países. Y no hablamos sólo de las repercusiones concretas de nuestras políticas comunes: el turismo, el medio ambiente, la agricultura, la pesca, la industria. Hablamos en general, cosa grave, de contradicciones entre nuestras políticas económicas y comerciales y nuestras políticas de defensa. Por último, hay un conjunto de titulaciones que son contradictorias.
En mi opinión, las contradicciones no son tan graves desde el punto de vista de las políticas comunitarias; sí que son más graves en lo relativo a ciertos objetivos e industrias de algunos Estados miembros. Debemos tenerlo en cuenta. Con frecuencia aprobamos resoluciones sobre procesos de paz en otras partes del mundo, por un lado, como en el reciente caso de Indonesia, que clama al cielo, y después verificamos, por otro lado, que había algunos países europeos que les suministraban armas y material de guerra. Ésas son, a mi juicio, las contradicciones más graves en todo este asunto, más que las representadas por alguna incompatibilidad de las políticas sectoriales, que también existen. Evidentemente, sabemos que siempre hay contradicciones entre las diferentes políticas, incluso dentro de un país concreto. Es normal. Y también hemos de comprender que en el nivel de la Unión Europea habrá contradicciones entre las diversas políticas comunes, en este caso la de desarrollo. Hemos de comprender que esas contradicciones existen y debemos reducirlas al mínimo, objetivo justo y sabio, al que se debe la presentación de esta resolución. Creo que la idea de la creación de un observatorio sobre la evolución de esa coherencia entre las políticas comunitarias y la de cooperación y desarrollo, cuyo ámbito de acción no debe limitarse a las políticas comunitarias, sino que debe abarcar también las acciones o políticas de los Estados miembros, incluidas las acciones de grupos económicos, cosa que me parece importante, es bastante sabia y pertinente. Ese observatorio deberá preparar un informe anual sobre la evolución y las repercusiones de esas políticas y de su conjugación.
He dejado para el final una cuestión que me parece fundamental y que este Parlamento debe -me parece a mí- tener en cuenta y aprobar. Ese nuevo objetivo de reducir al mínimo las contradicciones entre la política de cooperación y desarrollo y las demás políticas debe ser un objetivo válido no sólo dentro de la Unión Europea, sino también en el nivel mundial, dada la globalización en aumento de la economía. Si queremos un comercio mundial justo tenemos que imponer ese mismo principio en el nivel de la próxima ronda de negociaciones multilaterales en la Organización Mundial del Comercio, porque sería contradictorio que la Unión Europea estuviera imponiéndose a sí misma una disciplina férrea, aunque justa, para que después los Estados Unidos y otras grandes potencias vinieran a hacer lo contrario y aprovechar lo que nosotros no hacemos. Por eso, es justo y fundamental que esos principios queden establecidos en la próxima ronda de la Organización Mundial del Comercio.

Howitt
Señor Presidente, el Director General de la DG de Desarrollo ha dicho que producir un informe sobre la coherencia de las políticas de la UE con las políticas de desarrollo, antes de que el documento sobre política de desarrollo propiamente dicha aparezca esta primavera, es como poner el carro delante del caballo. No importa que la obligación de la Comisión de producir un informe anual, claramente establecida en la resolución del Consejo, se haya saldado hasta ahora con la producción de un sólo "documento oficioso" , el verdadero problema estriba aquí en que, en momentos en que aumenta la pobreza mundial, ese caballo está subiendo la colina mientras que el carro con las demás políticas de la UE es tan pesado que la política de desarrollo empieza a deslizarse lentamente hacia abajo.
Una y otra vez la política de desarrollo se deja de lado o se cita incidentalmente cuando se consideran las demás políticas de esta Unión Europea. Fijémonos por ejemplo en la nueva directiva sobre el chocolate, que indica que los países de la UE gastan más cada año en chocolate que en ayuda para el desarrollo. No ha habido ninguna evaluación adecuada de esa directiva desde el punto de vista del desarrollo, a pesar de que los países productores, el 90% de los cuales son nuestros asociados ACP, estiman que podría reducir en un 15% por lo menos los ingresos de los agricultores que producen cacao.
Lo mismo puede decirse de los acuerdos de pesca, en los que reconocemos que no se pueden sostener las actuales prácticas pesqueras en aguas de la UE. Al mismo tiempo, estamos negociando arreglos conjuntos que toleran un mayor acceso de los barcos de pesca en gran escala europeos a las aguas de países en desarrollo, en detrimento de los 190 millones de pescadores en pequeña escala que hay en esos países en todo el mundo.
Igual sucede con los acuerdos comerciales. Como el Sr. Nielson dijo esta mañana hablando de Lomé, el acceso preferente sólo es para "esencialmente todos los productos de los países menos desarrollados" . Dicho con otras palabras, cuando los intereses comerciales de la UE están en juego, las consideraciones relativas a la pobreza van al basurero.
En cuanto a la reunión de Seattle, ¿por qué se ha pasado bajo silencio el hecho de que la UE no ha aplicado las concesiones comerciales para países en desarrollo que ya se habían acordado en el seno del GATT, incluidas las relativas al sector textil, de importancia fundamental? Por lo que se refiere a la política agrícola común, nuestra máxima culpa es que no se haya hecho una evaluación de las consecuencias para el desarrollo de las reformas de la PAC previstas en Agenda 2000. Todo el mundo está al corriente del escándalo del plan de restituciones a la exportación, que inundó los mercados de África occidental con 54.000 toneladas de carne de vacuno subvencionada, reduciendo en un 50% los precios que los ganaderos locales podían obtener en el mercado. Las existencias de carne de vacuno son actualmente de 300.000 toneladas. ¿Quién va a ser el próximo que, literalmente, tienda el cuello al tajo?
Me ha agradado oir lo que ha dicho el Sr. Amadeus esta mañana, cuando ha mencionado las dificultades del FED para la utilización de sus fondos, pidiendo un papel más activo del Consejo de Ministros de Desarrollo y que las prioridades del desarrollo ocupen un lugar destacado en la próxima política exterior y de seguridad común de la UE.
También me satisfacen la declaración del Consejo de 1992, su resolución de 1997, y las sucesivas modificaciones del Tratado de la Unión Europea, pero no se ha tomado ninguna medida en ninguna de esas esferas. Por eso queremos que haya informes anuales, queremos que haya un grupo anual de trabajo en el que estén representados diversos servicios, y queremos un procedimiento de queja para asegurarnos de que se hace algo. Agradeceré que el Sr. Nielson, en su recapitulación, trate directamente de estas cuestiones en la resolución.

Mulder
Señor Presidente, quisiera limitarme a la relación existente entre la cooperación al desarrollo y la agricultura.
Una parte considerable de los fondos se ha destinado en años pasados al desarrollo de la agricultura y de la ganadería en los países en desarrollo y especialmente en los países de Lomé. Los resultados no han mostrado lo que esperábamos. ¿Cuál puede ser la causa?
Creo que el origen debe buscarse, en primer lugar, en la inexistencia de una política agrícola clara en los distintos países en desarrollo, con las correspondientes excepciones. Creo que la Comisión debe desempeñar un importante papel en el desarrollo de esa política. Ningún agricultor, dondequiera que sea, producirá algo si los precios son demasiado bajos. Los gobiernos de los países en desarrollo se encuentran siempre ante una difícil elección: ¿a quién debemos apoyar, a los agricultores o a la gente de las grandes ciudades que quiere alimentos baratos?
Este sutil equilibrio debe lograrse con el respaldo de la Comisión, y no sólo por esta institución; también los propios Estados miembros prestan ayuda en la mayoría de los países en los que la Comisión es activa. No puede permitirse que la política de los Estados miembros entre en contradicción con la de la Comisión. Las delegaciones de esta institución en los países en desarrollo deben desempeñar un papel rector en la realización del diálogo político y deben ocuparse de que todos los países sigan la misma línea.
Así mismo, es necesario que se preste especial atención a los costes de los medios de producción. Con demasiada frecuencia, se suministra al agricultor de forma gratuita abono, medicamentos veterinarios y muchas otras cosas. Cuando termina el proyecto, transcurridos cinco años, también se termina la política de suministros gratuitos. Creo, por tanto, que el elemento del coste debe introducirse desde el principio en la política de todos los proyectos y, por lo que yo sé, no siempre es ése el caso.
Por último, me pregunto si los fondos no se pueden invertir un poco mejor. Cada año, descubro en el presupuesto de la Comisión y en el del Fondo Europeo de Desarrollo que se lleva mucho retraso en la inversión de los fondos.

Maes
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, este debate se desarrolla realmente entre los que ya están convencidos, y es una pena. Tendríamos que hablar de coherencia en la política de desarrollo, por ejemplo, con el Sr. Prodi, quien desde el principio ha dejado pasar una gran oportunidad, ya que ha permitido que la política de cooperación al desarrollo quede repartida entre tres Comisarios y, aunque ya es un avance, tres en lugar de cuatro, lo admito, no puede, ni mucho menos, garantizar una política coherente.
Así mismo, hemos comprobado que las diferentes DGs se saltan esa política con, a veces, procedimientos y argumentos muy contradictorios. Una buena sugerencia ha sido efectuada por el Presidente en ejercicio del Consejo, a saber, dotar de un presupuesto al Fondo Europeo de Desarrollo. El Parlamento, por supuesto, lo aplaudiría mucho; si usted lo pudiera lograr, supondría un gran paso histórico.
Tres principios son fundamentales desde Amsterdam: la complementariedad, la coordinación y la cohesión. Creo que se ha hecho especialmente poco en estos tres terrenos. Si se pide un informe sobre los avances respecto de la cohesión, no debe resultar difícil, a menos que se deba reconocer lisa y llanamente que no existe en absoluto coherencia. Preferiría que se elaborara un informe sobre la inexistencia de cohesión, tal como sucede actualmente, y que se desarrolle una estrategia sistemática para lograr una cohesión evidente, ya que todavía estamos muy lejos de conseguirla.
Una cosa me ha llamado la atención en el discurso del Presidente del Consejo. Dice: "las contradicciones en la política pueden dar lugar al equilibrio" . Naturalmente, lo que se da con una mano, puede quitarse con la otra, y viceversa. Esto da lugar a la paralización y al autoengaño. Toda la globalización sólo ha dado lugar hasta ahora a que, si bien hay cambios, éstos sólo contribuyan a aumentar la pobreza. Ésta es nuestra llamada prioridad.
Sé que hacemos muchas cosas positivas, pero empecemos por esta cuestión esencial.

Eriksson
Señor Presidente, ya hemos podido comprobar que no existe ningún informe de la Comisión, pero pienso destacar tres cosas en concordancia con los objetivos que presentó el Consejo en su memoria de 1997.
La primera de ellas es sobre la solución de conflictos. He intentado averiguar durante muchos años, a través del Consejo y de la Comisión, por qué ninguna institución trabaja activamente para resolver el conflicto producido por la ocupación del Sahara Oriental por Marruecos. La ONU tiene un plan de paz. Deberíamos aprovechar esta oportunidad para poner fin al último episodio colonial en África.
También quiero ocuparme de las migraciones. Me preocupan las nuevas disposiciones del convenio de colaboración y cooperación con los países de ACP que facilitarán la expulsión, sin fundamentos sólidos, de emigrantes, solicitantes de refugio y refugiados.
Quisiera que la UE realmente diera ejemplos en materia de patentes sobre organismos vivientes. Hoy sabemos que cada cuatro segundos alguien muere de hambre. Las tres cuartas partes de ellos son niños de menos de cinco años. La causa de esto no es la escasez de alimentos sino aquello de lo que tanto hemos hablado hoy, la creciente pobreza. La salubridad de los alimentos y las garantías de diversidad biológica deben anteponerse a los intereses comerciales. Quiero decir que el único objetivo de las patentes sobre organismos vivientes es controlar el abastecimiento mundial de alimentos, especialmente con fines comerciales, y nada más.
También quisiera ver algo sobre las mujeres en ese informe que espero que presente la Comisión. En todos los ámbitos, incluida la política de desarrollo, las mujeres están totalmente ausentes, cosa que en la realidad no es así.

Wijkman
Señor Presidente, el debate de hoy subraya enérgicamente la necesidad de discutir la política de desarrollo en términos muchos más amplios que solamente la medición de los flujos de ayuda. El nivel de las ayudas al desarrollo es, obviamente, importante y los países ricos en su conjunto deben aumentarlas, especialmente para combatir la pobreza y mediante apuestas por el desarrollo de la capacitación. No obstante, el nivel de las ayudas es sólo uno de los muchos instrumentos que influyen poderosamente en el desarrollo de los países pobres.
Muchos colegas han señalado sectores que son importantes, además de las ayudas al desarrollo, y en los que los contrastes y contradicciones entre las distintas políticas son muy graves. Entre otros, se pueden nombrar la política comercial, la política agraria y la política de pesca. Otros sectores importantes son el flujo de inversiones privadas, la colaboración en materias de investigación y tecnología y el manejo y financiación por parte de la comunidad internacional de diferentes problemas globales que nos conciernen a todos. Algunos de estos problemas son el clima, la diversidad biológica, los problemas de salubridad, etc. La comprobación de estos hechos se acentúa por la globalización, es decir, la nueva economía que está surgiendo. En esta economía son cada vez más fuertes las relaciones entre las diferentes políticas. Lo que se discute aquí es, en mi opinión, la contribución de la UE al debate sobre las posibilidades y riesgos de la globalización y las reglas del juego que se precisan para dar buenas oportunidades a los países pobres.
Es esencial, como lo ha exigido Maij-Weggen, la presentación, o inventario, de la forma en que se yuxtaponen las diferentes políticas y de las contradicciones existentes entre ellas. Me pregunto por qué la Comisión no ha hecho más al respecto. La Comisión es nueva, hay que darle tiempo, pero la ausencia de un inventario de esta naturaleza es un indicador de las grandes tensiones existentes en el seno de la Comisión. Espero que Nielsen tenga éxito en las futuras discusiones en la Comisión.
Además de un inventario de este tipo, quisiera ver un análisis más positivo y continuo. En este análisis no sólo se debería examinar el flujo de las ayudas al desarrollo sino que, además, todas las formas de ayuda y transferencias que influyen en los países pobres. Hablo de técnica, asuntos comerciales, colaboración en materia de investigación, etc.; sería una contribución muy constructiva a nuestro debate.
Finalmente, en el punto 6 de la propuesta de resolución, el Parlamento recomienda la formación de un grupo de trabajo que se ocupe de la coordinación. Creo que es pura casualidad, pero es obvio que la Comisaria de Medio Ambiente tendrá que formar parte de este grupo.
Confiemos en que el debate de hoy sea un hito. Hasta ahora, la política se ha caracterizado por dar con una mano y quitar con la otra. Mucha gente seguirá el desarrollo futuro con gran interés.

Purvis
Señor Presidente, los manifestantes de Seattle alegaban que la libertad de comercio es mala para los países en desarrollo y para los países menos desarrollados: no refleja más que el interés egoísta de un país rico. Consideremos sin embargo la tasa de progreso económico y la tasa de reducción de la pobreza en países como la India y Tanzanía durante los 40 ó 50 años transcurridos desde que alcanzaron la independencia. En esos casos la teoría preconizaba que el proteccionismo y la intervención estatal protegerían los puestos de trabajo, permitirían que la industria se ajustara gradualmente y sin sufrimiento. No sucedió así: la pobreza es peor que nunca.
Es posible que el remedio no tenga buen sabor a corto plazo, pero abriendo la economía de un país a la competencia interna y a las fuerzas externas se optimiza la utilización de recursos y se llega a un nivel y una calidad de vida superiores a plazo no demasiado largo. ¿No es ésa la lección que cabe extraer de la propia Unión Europea y en particular del mercado único? Como dijo el Sr. Nielson, ése es un buen ejemplo para los países y las regiones que aspiran a una mayor prosperidad.
Ahora bien, no basta con predicar los beneficios del mercado libre a los países en desarrollo. Tenemos que predicar también con el ejemplo, con nuestra propia accesibilidad a las importaciones de esos países. La resolución del Parlamento sobre las negociaciones de la OMC preconizaba una política de importaciones libres en la UE, la eliminación de todas las barreras que seguían obstaculizando las importaciones, así como la eliminación de las barreras arancelarias y de las cuotas y, lo que no es menos importante, de las barreras no arancelarias, como mencionó la Sra. Maij-Weggen en su intervención. La eliminación de esas barreras contribuiría mucho más que cualquier volumen de ayuda para el desarrollo a promover en los países en desarrollo el progreso económico que ellos y nosotros deseamos. Es evidente que una falta de coherencia entre la política de desarrollo y las políticas comerciales reducirán nuestros esfuerzos de desarrollo y disminuirá también la confianza política de los países en desarrollo en Europa y en nuestras bellas palabras.

Van Orden
Señor Presidente, en estos últimos días hemos podido escuchar una bella oratoria acerca de la necesidad de que haya mayor coherencia, coordinación y eficacia en los programas de ayuda exterior de la Comunidad y de los Estados miembros. Hay una esfera relativamente pequeña de actividad que goza de una enorme visibilidad pública y que brindaría un foro óptimo a la capacidad de la Unión para predicar con el ejemplo. Me estoy refiriendo a la continua tragedia de las minas terrestres antipersonal que representan un obstáculo para tantos programas de desarrollo, para las actividades de reconstrucción después de los conflictos, y que arruinan la vida de muchas de las personas más vulnerables de algunas de las regiones más pobres del mundo, particularmente en países en desarrollo.
En los últimos años la Comunidad ha gastado más de 200 millones de euros en la limpieza de minas, la asistencia a las víctimas y actividades conexas. Los Estados miembros han desembolsado cantidades análogas. Pero sigue habiendo una enorme ineficiencia y falta de voluntad de aplicar una estrategia convenida con otros miembros de la comunidad internacional para superar el problema de las minas terrestres antipersonal dentro de un plazo de tiempo determinado.
El Sr. Nielson identificó el problema de la falta de acción concertada y de la necesidad de que haya mejor complementariedad con los Estados miembros. Eso se viene diciendo desde hace años. La Comisión tiene que llevar a cabo cambios de organización, tiene que reforzar la coherencia y la eficacia de sus acciones, y lo ideal sería que lo hiciera con una dependencia central que se ocupara de la política de acción en materia de minas y que dispusiera de los recursos necesarios. También necesitaría procedimientos contractuales y de aplicación más rápidos así como un renglón presupuestario multianual mejor dotado y una gestión de sus programas mucho mejor.
En cada uno de los países gravemente afectados por las minas terrestres debería efectuarse un buen inventario de la eficacia de los programas relativos a la lucha contra las minas. Me parece que la cuestión de las minas terrestres refleja muchas de las dificultades organizativas, de procedimiento, de gestión financiera y operacionales que vienen aquejando a la Comisión y a la Unión. ¿Se trata de achaques del pasado, o vamos a descubrir que en esta esfera relativamente compacta y limitada la Unión Europea sigue sin poder conseguir sus aspiraciones?

Laschet
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario Nielson, la conclusión del nuevo Convenio UE-ACP es un importante paso hacia una mayor coherencia. Y es positivo que en este nuevo acuerdo se establezcan más que hasta ahora criterios como derechos humanos, democracia, Estado de derecho o good governance, que las relaciones coloniales pasadas ya no impregnen tanto la mayor parte de nuestras relaciones sino que estos criterios políticos hayan obtenido aquí un mayor peso. Pues esta es la condición previa par cualquier desarrollo. Si no se respetan estos criterios, el desarrollo no tendrá ninguna oportunidad.
Esto, colega Modrow, es aplicable también a Cuba. Saludo que Cuba se acerque a este proceso, pero tienen que producirse aún algunas transformaciones en ese país. Todos conocemos los informes de Amnesty International. Puede ser que usted, como uno de los últimos detentadores del poder del comunismo, lo vea posiblemente de modo diferente a la mayor parte de esta Asamblea y que usted vea problemas en la good governance. Sin embargo, se trata de un importante criterio para la Unión Europea.
Me quiero referir a un segundo tema. Estamos hablando aquí sobre coherencia. Muchos colegas han expuesto ejemplos de hasta qué punto las diversas políticas no son coherentes. Pero, desde mi punto de vista, la política de desarrollo en sí necesita algo más de coherencia. No es coherente que la coordinación con los Estados miembros siga sin funcionar, que en los países en vías de desarrollo países miembros de la Unión Europea lleven a cabo en parte unos proyectos muy opuestos. Tampoco es coherente frente al contribuyente europeo que realicemos una política de desarrollo que está regulada en el presupuesto de la Unión pero que el FED siga quedando fuera. Señor Presidente del Consejo, si usted logra que estos 13.500 millones de euros queden sometidos en el futuro al control del Parlamento, de la Comisión de Control Presupuestario, queden sometidos a mecanismos como el OLAF, entonces creo que elevará el grado de aceptación. Creo que esto debería ser también una exigencia a la Conferencia Intergubernamental: el establecimiento del FED en el presupuesto de la Unión Europea.

Coûteaux
 Señor Presidente, Señorías, en su conjunto, este texto nos parece efectivamente bien intencionado y, no obstante, no lo votamos en comisión ni tampoco lo votaremos en el Pleno, por dos razones que, por lo demás, dieron lugar, de nuestra parte, a enmiendas que quisiera desarrollar aquí rápidamente.
Ante todo, la Comisión de Desarrollo y Cooperación desea la comunitarización del Fondo Europeo de Desarrollo y es evidente que en este sentido se equivoca. La cooperación es y, a nuestro juicio, debe seguir siendo, un ejercicio intergubernamental. En el momento en que Europa prepara su ampliación, una comunitarización del Fondo Europeo de Desarrollo permitiría a algunos disimular muy fácilmente su falta de compromiso detrás de la pantalla del presupuesto comunitario, sin contar, por otra parte, que de esa manera se suprime una manera fructífera y prometedora de asociar a nuestra política de cooperación a nuestros socios del Sur. Por último, la Comisión demostró, recientemente, como muy oportunamente acaba de recordar la Sra. Maes, las dificultades que experimenta para administrar de manera transparente los fondos que dedica a sus programas de desarrollo y de ayuda humanitaria. Cabe preguntarse por qué tendrían que añadirse ahora.
En segundo lugar, es sumamente lamentable para nosotros que el informe del Sr. Corrie mencione el acuerdo comercial y de desarrollo con Sudáfrica. Ya que, para abreviar, este acuerdo es un ejemplo de la diplomacia de aficionado que practica la Comisión Europea, y ello cada vez con más frecuencia. Efectivamente, sorprende totalmente comprobar que la Unión haya podido negociar para sus Estados miembros un acuerdo donde uno de los aspectos esenciales haya sido lisa y llanamente dejado en blanco. Dicho sea de paso, es todavía más asombroso que el Consejo no haya intervenido.
Hoy día, por tanto, nos encontramos en la situación absurda de negociar en posición de debilidad aspectos tan esenciales como las producciones vitícolas y agrícolas, en el marco de un acuerdo que ya hemos firmado. La parte de este acuerdo que bloquea las negociaciones podría conducir a la Unión a tener que indemnizar a los productores para que dejen de producir Sherry, Porto, todo un conjunto de productos que, en lo que atañe al derecho comercial internacional, son lisa y llanamente imitaciones fraudulentas y ya se imagina el coste potencial de semejante precedente.
Esta es la prueba, si todavía era necesaria alguna, de que una diplomacia inmadura, que no defiende ningún interés, salvo, sin duda alguna intereses particulares, acorralada entre la teología del libre cambio, los grupos de presión y las ONG más o menos amigas, es no solamente eficaz, sino peligrosa.
Por último, un comentario sobre la inspiración general del informe Corrie. Hoy día, la Asamblea Paritaria se considera, no nos lo ocultamos, un obstáculo al libre cambio internacional para los teólogos de Ginebra y de Washington. Esa era la ocasión de recordar que nuestro modo de cooperación con los países del Sur, original y ejemplar, debería desarrollarse, reforzarse. Esta ocasión es una ocasión fallida por el informe Corrie y debemos, con pesar, sancionar el hecho de que se haya perdido hasta ese punto.

Amado
Señor Presidente, a modo de conclusión y síntesis, quisiera subrayar tres aspectos esenciales de este debate. En primer lugar, en la generalidad de las intervenciones sobresale la idea muy firme de que la globalización acentúa los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales y aumenta la pobreza, por lo que algo hay que hacer, so pena de que se agraven las tensiones y surjan mecanismos de desarrollo de conflictos que pongan en entredicho la paz y la estabilidad internacionales. En segundo lugar, con esas miras sería importante dar otra dimensión a las políticas de desarrollo, valorizando su papel en la corrección de desequilibrios, en la atenuación de desigualdades. Creo que todos han atribuido gran importancia al papel de la Unión Europea en las políticas de desarrollo a escala internacional. Todos reconocen -y ése era el tema del debate de hoy- que, para que la Unión Europea desempeñe un papel más activo y directivo en las políticas de desarrollo a escala internacional, deberá necesariamente fortalecer la coherencia de sus diversas políticas que contribuyen a la consecución de los objetivos del desarrollo. Creo que en algunas intervenciones se ha subrayado mucho también que esa responsabilidad por la coherencia de las políticas de la Unión Europea no incumbe al Consejo ni a la Comisión ni al Parlamento en exclusiva; al contrario, debería ser objeto de una concertación de trabajos de reflexión y preparación legislativa e institucional, en el nivel de la Comisión o en el del Consejo o en el del propio Parlamento Europeo, pues, por lo demás, algunos diputados han presentado propuestas, como la de la creación de un observatorio o de un grupo de trabajo encargado del seguimiento de la acción de las diferentes políticas en la esfera concreta del desarrollo.
Por último, quisiera subrayar que también conviene tomar nota -por haber sido ésa una de las prioridades del programa de la Presidencia portuguesa- de la afirmación de que es necesario valorizar la política de desarrollo en el marco de las políticas de la Unión Europea y en particular en el de su política exterior. Creemos que es algo absolutamente indispensable, so pena de no conseguir llevar a cabo ninguna acción consecuente en materia de coherencia de políticas, si no somos capaces de dar el relieve que las políticas de desarrollo deben cobrar como instrumento de afirmación de principios y valores que modelan la inserción de Europa en el sistema internacional. Para eso será necesario, en su momento, como he subrayado, cambiar de paradigma o dejar atrás el paradigma poscolonial para que las políticas de desarrollo cobren una dimensión europea. Creo a ese respecto (y algunas intervenciones también lo han indicado aquí) que la aprobación del nuevo convenio que substituye los Convenios de Lomé es un instrumento importante de renovación de una nueva dinámica en el planteamiento de la cooperación con un grupo tan importante de países del Sur en un momento en que es digna de mención la considerable inestabilidad existente en torno a procesos de negociación a escala internacional como los que se dieron en torno a la primera ronda de negociación de Seattle.

Nielson
. (EN) En muchas de las contribuciones a este debate me parece percibir cierto grado de frustración. He formulado ante ustedes una declaración en nombre de la Comisión que en mi opinión brinda una útil base para este debate. Les facilitaremos informaciones más detalladas que traten directamente de todas las cuestiones relativas a la coherencia. Este debate no es nuevo. Estamos trabajando actualmente sobre esta cuestión en la Comisión y una vez que ese trabajo haya acabado informaré sobre él, pues han sido numerosos los que han pedido que se les facilite el informe sobre la coherencia.
No tengo la menor duda de que como resultado de la creciente atención política que suscitan esos problemas -algo que se refleja claramente en el debate de hoy- será más fácil para la Comisión y para la DG de Desarrollo incluir a la coherencia en primera página de nuestro programa de trabajo. Esto requiere también la introducción de otros mecanismos nuevos en el sistema de la Comisión que pueden muy bien incluir, como han sugerido algunos de los Grupos políticos del Parlamento, el establecimiento de un grupo de trabajo especial en que estén representados varios servicios y el establecimiento de una especie de atalaya de la coherencia en la Comisión.
He leído -y he oído en el debate- que se está utilizando la coherencia como una especie de panacea que vale para todo. Me parece que es importante mantener a la coherencia como disciplina definida y relativamente clara que trata de subsanar las incongruencias cuando realmente existen, y no cabe duda de que en nuestro caso existen. Gran parte de ello se debe a verdaderos desacuerdos entre los sectores sectoriales de cada Estado miembro, como se ha dicho con toda franqueza en este Parlamento: la gente tiende a identificarse más o menos con sus esferas de interés, cosa que por lo demás es legítima. Sin embargo, me gustaría prevenirles contra la ilusión de que la incoherencia es el producto de alguna clase de deficiencia mecánica del sistema. Puede serlo, pero esa incoherencia no es más que una parte pequeña de lo que estamos debatiendo ahora. La mayor parte de esas incoherencias tienen que ver con diferencias conocidas y bien establecidas de intereses entre hombres y mujeres, etc., y ahí estriba el problema.
El Sr. Mulder ha dicho que ningún agricultor empezará a producir nada cuyo precio sea demasiado bajo. Eso es cierto por lo que se refiere a la parte del mundo en que vivimos, pero nuestros asociados y beneficiarios de África tienen una perspectiva ligeramente diferente. En esos países se cultiva, no solamente para ganarse la vida, sino para vivir, y ésa es la diferencia. La agricultura de subsistencia no se basa en ningún cálculo de precios, se basa en la esperanza de que llueva durante la próxima estación. Eso no se aplica a toda la agricultura de los países en desarrollo sino a una agricultura destinada a reducir la pobreza respecto de la cual tenemos que intervenir más y mejor que hasta ahora. Desde ese punto de vista lo que estoy diciendo es muy pertinente.
Se han mencionado otras cuestiones: la ganadería en Namibia, los tomates y la leche en polvo en el Caribe. No pequemos por exceso de masoquismo. Hay un límite para la utilidad de todo. Todos los casos mencionados se caracterizan por el hecho de que nos hemos ocupado de ellos. Se han reglamentado los precios de intervención, y los problemas que tuvimos con el ganado vacuno en África occidental y en Namibia se resolvieron reduciendo el apoyo a la intervención. Se trataba de verdaderos problemas, pero los hemos resuelto todos.
En cuanto a la cuestión del cacao, o del chocolate, repito que en un 5% tiene que ver con la creación de una base de vida en los países vecinos. De lo que estamos hablando es de las nueces de cacao locales que son tan importantes para el pueblo que las cosecha para ganarse la vida con ellas en Burkina Faso como los cocos para los agricultores de Ghana. Éste no es un caso claro de incoherencia, es más bien un caso de competencia entre proveedores.
Lo que se ha dicho acerca del azúcar en el Caribe es más complicado. En el marco de países y territorios de ultramar, la acumulación de algunos de esos aspectos comerciales representa un problema complicado, pero puede muy bien suceder que lo que estamos mencionando aquí tenga más que ver con la promoción de los intereses de algunas empresas europeas que con la generación de ingresos en el Caribe. Sea como fuere, se trata de una cuestión de la que nos estamos ocupando.
Me he comprometido a tratar de crear el debido equilibrio en todas esas cuestiones y me permitiré mencionar la consecución del acuerdo de cooperación y desarrollo comercial con Sudáfrica. Diré con toda modestia que ese ejemplo es algo que indica que la Comisión está dispuesta a hacer un esfuerzo suplementario para lograr la coherencia entre la perspectiva de la cooperación para el desarrollo y la perspectiva de los intereses comerciales. No hay duda de que hemos hecho todo lo que correspondía para resolver este problema, y espero sinceramente que ahora tengamos un período de tranquilidad y de aplicación pacífica en los próximos años de ese acuerdo.
Por último, quisiera darles de nuevo gracias por este debate. Volveremos de nuevo ante ustedes con informaciones sobre esas cuestiones, porque estos problemas, de una u otra manera, no van a desaparecer, sencillamente porque la cooperación para el desarrollo representa fundamentalmente el hecho de hacer algo en el mundo que es diferente que ocuparse de intereses comerciales tradicionalmente definidos, etc. Tenemos que armonizar esos enfoques diferentes.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Nielson.
He recibido ocho propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Próxima sesión "Derechos Humanos" de la ONU
El Presidente
De conformidad con el orden del día, el Consejo procede a hacer una declaración sobre el establecimiento de las prioridades de la Unión para el próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 20 de marzo de 2000.

Amado
Señor Presidente, Señorías, como es sabido, la Unión Europea desempeñó un papel activo en el quincuagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrada en Ginebra en marzo y abril de 1999. Presentó resoluciones relativas a la situación de los derechos humanos en el Irán, en el Iraq, en las colonias israelíes, en Myanmar, en la República Democrática del Congo y en el Sudán y negoció declaraciones que pronunciaría la Presidencia sobre Colombia y sobre Timor Oriental.
La Unión Europea presentó por primera vez una resolución sobre la pena de muerte, que obtuvo un enorme éxito, y encabezó los trabajos relativos a una resolución sobre los derechos de los niños, iniciativa conjunta con el grupo de países latinoamericanos. La Unión proseguirá su papel en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que se celebrará en marzo y abril en Ginebra. En particular, tal como quedó acordado en el grupo del Consejo de Derechos Humanos, el 9 de febrero de 2000, la Unión Europea se propone presentar proyectos de resoluciones sobre las colonias israelíes, el Irán, el Iraq, el Sudán, la República Democrática del Congo, Myanmar, un proyecto de declaración de la Presidencia sobre Colombia y, posiblemente, sobre Timor Oriental y otro sobre la situación en los diferentes países.
La Unión Europea proseguirá los debates sobre la preparación del quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en la próxima reunión del Grupo de Derechos Humanos, en marzo. Se debatirá, en particular, la cuestión de la posible presentación de un proyecto de resolución sobre la pena de muerte. Hasta el momento, el grupo no ha llegado a un acuerdo en cuanto a la estrategia que seguir en el planteamiento de esa cuestión y, en particular, en cuanto a la formulación de la transacción que presentar en última instancia en respuesta a posibles enmiendas de sentido opuesto, incluido el apartado 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que hace referencia a la cuestión de la soberanía. Se procuró llegar a un consenso previo sobre un texto de transacción, dadas las dificultades surgidas en el período de sesiones de 1999 de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que la posición de los Estados miembros divergía respecto de una enmienda por la que se introducía una referencia al apartado 7 del artículo 2 en el proyecto de resolución patrocinado por la Unión Europea sobre la pena de muerte.
Como es sabido, el año pasado, en una fase ya muy avanzada del quincuagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los Estados Unidos decidieron presentar un proyecto de resolución relativo a China, que fue derrotado por una propuesta china de no injerencia. La Unión Europea votó en contra de dicha propuesta. La posición de la Unión Europea sobre la actitud que adoptar para con China en la Comisión de Derechos Humanos fue confirmada de nuevo en el Consejo de Asuntos Generales de 21 de marzo de 1999: ausencia de iniciativa de la Unión Europea respecto de China o de copatrocinio de una resolución de China, voto de la Unión Europea contra la propuesta de no injerencia. No es cierto que, si se hubiera sometido a votación la resolución, se habría podido mantener la cohesión de la Unión Europea.
Los Estados Unidos de América presentaron un proyecto de resolución relativo a China en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos y están presionando a la Unión Europea para que lo subscriba. Esa circunstancia ha provocado vivas reacciones por parte de ese país: las autoridades chinas están haciendo gestiones ante los países e instituciones de la Unión Europea en el sentido de que se abstengan de apoyar la iniciativa de los Estados Unidos de América. Esa iniciativa está en debate en la Unión, pero no se espera una decisión en breve. Interesa a la Unión Europea no descartar ninguna opción en la medida de lo posible, en todo caso hasta después de la reunión que se celebrará el 25 de febrero de 2000, en el ámbito del diálogo Unión Europea-China sobre los derechos humanos. A la luz de las modificaciones habidas en la composición de la Comisión de Derechos Humanos, se calcula que la votación sobre la propuesta de no injerencia será apretada.
Por consiguiente, es importante que también este año los países de la Unión Europea lleguen a un consenso sobre la posición que adoptar en lo relativo a la posible votación de la resolución. En ese marco, es importante hacer constar que la Unión Europea se opone sistemáticamente a las peticiones de China de que en el diálogo sobre los derechos humanos se excluya automáticamente la presentación de una resolución en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. La Unión Europea considera inequívocamente que, aunque sea un instrumento muy valioso para el intercambio de puntos de vista y para conocer las condiciones de la posición de la otra parte, el diálogo debería también dar resultados concretos en el terreno y, de no ser así, podría ser necesaria una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, posiblemente a medida que prosiga el diálogo. La Unión Europea reafirma también sistemáticamente ante China que la Comisión de Derechos Humanos es la instancia adecuada para plantear cuestiones de derechos humanos y que, independientemente de su decisión de subscribir o no la iniciativa, ésta es, en cualquier caso, legítima desde ese punto de vista.
El próximo diálogo sobre los derechos humanos se celebrará el 25 de febrero en Lisboa y, entre otras cosas, consta de seminarios sobre cuestiones jurídicas y derechos de la mujer y se prevé la participación de representantes del mundo académico y de la sociedad civil. El próximo seminario sobre derechos humanos lo celebrará la Presidencia portuguesa en mayo de 2000 y en la última ronda del diálogo, en octubre de 1999, la parte china aceptó la propuesta de la Unión Europea de asistencia técnica para apoyar el proceso de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, firmados por el Gobierno chino.
La Unión Europea está debatiendo aspectos sobre los que espera que China adopte medidas concretas. Y, a partir de dichos debates, la Presidencia transmitirá a las autoridades chinas el mensaje de que la Unión Europea espera que China anuncie medidas positivas en el período de sesiones de 25 de febrero. La Presidencia presentará también a las autoridades chinas una lista de casos individuales sobre los que se propone manifestar su profunda preocupación. La reunión celebrada en Pekín, en octubre de 1999, confirmó que, por un lado, las autoridades chinas estaban dispuestas a hacer concesiones sobre cuestiones relacionadas con el propio diálogo, como su reestructuración, y con el debate sobre las normas jurídicas de represión (pena de muerte, detención administrativa), pero, por otro lado, no iban a ceder en cuanto a las cuestiones fulcrales relacionadas con el sistema de partido único y la integridad territorial.
Los debates en la Unión Europea sobre la situación en China, subsiguientes a los resultados de las rondas de los diálogos de 1999, movieron a la Unión Europea a decidirse a manifestar con la mayor firmeza su preocupación en lo relativo a las violaciones de los derechos humanos en ese país y a la falta de resultados concretos del diálogo, si bien se reconocen los pasos positivos dados por China en el nivel internacional. La Unión Europea ha reiterado en varias ocasiones ante las autoridades chinas su descontento con los resultados del diálogo, afirmando que esperaba mejores resultados en ciertas esferas más delicadas. Se decidió proseguir el diálogo, a condición de que estuviera mejor orientado y fuese más eficaz, y China concordó con la propuesta de la Unión Europea de reestructurar el diálogo mediante una mejor utilización de los expertos y establecer una vinculación más estrecha con los seminarios.
Por último, durante la próxima Comisión de Derechos Humanos habrá también un debate sobre la racionalización de sus propios trabajos. Existe un grupo de trabajo dedicado a la revisión de los mecanismos de la comisión, que ha llevado a cabo una intensa labor y conviene en que es imprescindible fortalecer la eficacia de los mecanismos existentes y dotarlos de mayor rigor, con insistencia particular en las esferas financieras. La Unión Europea se opondrá a cualquier intento espurio de menoscabar su capacidad de intervención, mediante una reorganización de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos, y reducir al mínimo su ámbito de actuación y su permanente atención a todo lo relacionado con los derechos humanos en el mundo.

Patten
. (EN) Señor Presidente, quisiera dar gracias a la Presidencia por la labor que ha efectuado para preparar para Ginebra cuestiones como el racismo, los derechos civiles y políticos y el derecho al desarrollo. Como ha dicho la Presidencia, aún queda mucho por hacer, a pesar de la petición comprensible del Parlamento y de muchas organizaciones no gubernamentales de que la Unión Europea fije su posición con suficiente antelación a la reunión de Ginebra. Eso es más fácil de decir que de hacer, pues estamos discutiendo todavía alguna de las cuestiones más difíciles. Por ejemplo, estamos discutiendo acerca de las cuestiones planteadas en la resolución del Parlamento y es demasiado temprano para decir cuáles serán los resultados en todos los casos.
No es sorprendente que el debate sea largo y difícil. Esto no quiere decir que haya falta de voluntad para mejorar los derechos humanos, sino que indica sencillamente la usual ansiedad por exponer adecuadamente nuestras ideas a fin de que consigamos realmente hacer algo diferente. Sin embargo, me gustaría reflejar esa ansiedad refiriéndome a tres cuestiones discutibles: la pena de muerte, Cuba y China. Voy a permitirme el lujo de ser imprudente y de permitir que una o dos ideas personales se deslicen en mis observaciones.
Actualmente estamos examinando las opciones y las posibilidades de introducir una resolución sobre la pena de muerte ante la Comisión de Derechos Humanos. Éste es un asunto acerca del cual mis opiniones personales han sido siempre sumamente inequívocas, pues siempre he votado contra la pena de muerte. Impulsado por Amnistía Internacional y por otros, una de las primeras decisiones que adopté como Gobernador de Hong Kong consistió en abolir la pena de muerte. Todos sabemos lo que ha sucedido recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas: tuvimos que bloquear nuestra resolución sobre la pena de muerte, porque corríamos el riesgo de que se aprobara una resolución que hubiera incorporado argumentos totalmente inaceptables que afirmaban que los derechos humanos no eran universalmente aplicables y válidos.
El foro de Nueva York es diferente del de Ginebra. El debate del año pasado en Nueva York sobre la soberanía y la intervención humanitaria se centraba en un tema tan sensible que acabó por influir en todas las demás cuestiones. Sin duda alguna influyó en el debate sobre la moratoria acerca de la pena de muerte. Ahora bien, los debates de Ginebra se centran más en cuestiones de derechos humanos. Por eso tenemos más posibilidades de conseguir progresos en Ginebra.
En segundo lugar, Cuba. Quiero tratar directamente de esta cuestión porque a los europeos se nos critica indebidamente por no tomar suficientemente en serio los derechos humanos en ese país. Estamos sumamente inquietos por decisiones adoptadas el año pasado por el Gobierno de Cuba que han reducido aún más la libertad pública, decisiones como por ejemplo cambios del código penal y del ámbito de la pena de muerte. También nos preocupa el reciente incremento del número de detenciones políticas. Estamos vigilando la situación de los derechos humanos mediante los informes de organizaciones no gubernamentales y la labor de nuestro Grupo de trabajo sobre derechos humanos que está basado en embajadas de la UE en la Habana. Hemos comunicado regularmente nuestras críticas a las autoridades cubanas, y este Parlamento ha hecho lo mismo. Ahora bien, me parece que lo que hay que hacer no es tratar de aislar a Cuba. Queremos que en Cuba haya una sociedad equitativa y abierta, queremos que Cuba respete los principios del mercado, la santidad de los contratos y el imperio de la ley. Queremos estimular un proceso de transición hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Mi parecer es exactamente el mismo en cuanto se refiere al tercer tema del que voy a tratar, que es China. Diré sencillamente que lo que quiero es que negociemos con China. Cualquier otra cosa sería una prueba de pretensión y sería contraproducente, además de representar un insulto a más de la quinta parte de la humanidad. También quisiera que China se transformase por medios pacíficos en una sociedad pluralista y libre que no encarcelase a los activistas democráticos ni a los creyentes religiosos.
Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Es evidente que podemos comerciar entusiásticamente con China y espero que podamos dar la bienvenida a China en la Organización Mundial del Comercio en condiciones razonables. Es absurdo hablar de una Organización Mundial del Comercio en la que no figura China, ni Rusia, que tampoco está. Pero no creo en la actualidad, ni he creído nunca, que nuestra floreciente relación económica con China -que se manifiesta, por ejemplo, con los 25.000 millones de euros de excedente de China respecto de la Unión Europea- nos obligue a guardar silencio cuando llega el momento de tratar del historial de China en materia de derechos humanos. Para mí la cuestión no estriba en saber si debemos ocuparnos de la cuestión de los derechos humanos en China -tenemos la obligación de hacerlo, y un interés legítimo en hacerlo- si no más bien en determinar cuál es la forma más eficaz de hacerlo.
Por lo tanto, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto de la presentación de una resolución en Ginebra este año? Como ha indicado la Presidencia, la Unión en su conjunto está considerando la actitud que debe adoptar, pero me permitiré sugerir firmemente que hay una serie de factores que los Estados miembros han de tener debidamente en cuenta. En primer lugar, aunque hay personas que alegan que el hecho de presentar una resolución en Ginebra no cambia nada, algunos de los más distinguidos promotores chinos de la democracia creen firmemente que sería un acto valioso, y no solamente porque significa que se envía un mensaje a la población de China. Éste es un aspecto que merece seria consideración.
En segundo lugar, todos queremos tener debidamente en cuenta lo que ha estado sucediendo en China en los últimos meses, por ejemplo las duras penas impuestas a los que luchan por la democracia, la detención y las recientes sanciones infringidas a miembros de iglesias cristianas y las detenciones y sentencias contra los miembros de Falun Gong. Los dirigentes chinos no tienen ninguna duda acerca de nuestra posición respecto de todas esas cuestiones y respecto de los sucesos del Tibet. Ya les hemos expuesto nuestro parecer con toda claridad. Aunque todos sabemos que para muchos habitantes de China se ha registrado una verdadera mejora a largo plazo de sus perspectivas económicas y de sus libertades sociales y económicas, la otra cara de la moneda no es tan lisonjera. Los que se oponen a que presentemos una resolución dicen que ahora tenemos por lo menos un diálogo con China en materia de derechos humanos. Éste es un argumento cierto y potencialmente valioso, aunque he de decir -y se lo he dicho a los funcionarios chinos como también se lo he dicho a la Presidencia- que la satisfacción suscitada por nuestro diálogo dista mucho de haber alcanzado las proporciones que hubiéramos deseado. Claro está que el diálogo nos ha permitido identificar y aplicar programas de cooperación de la UE en materia de derechos humanos y en las esferas jurídicas. Ésta es una evolución bien acogida y creo también que nuestro programa de buena gestión pública de poblados debe ayudar a promover la democracia en el plano de la comunidad. Es evidente que un diálogo tan complejo como el diálogo sobre derechos humanos va a durar mucho tiempo, pero me gustaría haber identificado ya algunos claros beneficios.
El próximo diálogo que tendrá lugar en Lisboa el 25 de febrero constituirá una prueba importante. Nos demostrará si el diálogo está dando resultados o no. ¿Qué es lo que, a fin de cuentas, queremos que sean los primeros resultados? Bueno, por ejemplo nos gustaría que China, que ha firmado el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Sociales y Culturales, tome medidas con miras a su ratificación. Me gustaría que estuviéramos más próximos a ese momento.
Todo lo antedicho, ¿dónde nos sitúa este año? Repito que los Estados miembros tendrán que decidirse. Lo que espero es que, en primer lugar, adoptemos en Europa una posición común y nos atengamos a ella, que no permitamos que algunos se separen de los demás, que nuestra actitud no se base en la pretensión o el autoengaño y que sea una posición común y una posición sensible.
Sé que algunos dicen que tenemos que contar con una forma mejor de insistir en nuestra inquietud acerca de los derechos humanos que el recurso a la presentación de resoluciones. Si eso es verdad, entonces por lo menos tendríamos que ser más imaginativos y más honrados con nosotros mismos en esa forma de considerar la situación. Si hemos de apoyar nuestra posición en el diálogo sobre derechos humanos, entonces necesitaremos estar en condiciones de convencerles a ustedes, a la comunidad de organizaciones no gubernamentales y a la población en general de que estamos progresando realmente. Esto, en mi opinión, es el reto para las próximas semanas. Quedo agradecido a este Parlamento por su inquietud acerca de los derechos humanos en el mundo, y particularmente en China.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Patten.
Interrumpimos aquí el debate sobre la declaración conjunta relativa al próximo período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para iniciar las votaciones.

Bienvenida
El Presidente
Tengo el placer de dar la bienvenida a este Parlamento a una delegación del Consejo Legislativo de Hong Kong.
(Fuertes aplausos)

VOTACIONES
- Informe (doc.A5-0014/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el instrumento financiero para el medio ambiente
(10233/2/1999 - C5-0224/1999 - 1998/0336(COD))
Antes de la votación final:
Nielson, Comisión. (EN) Como explicó la Sra. Wallström durante el debate de ayer, la Comisión puede aceptar las siguientes enmiendas: enmiendas 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 13. La Comisión puede aceptar también en principio la enmienda 4. La Comisión no puede aceptar las enmiendas 3, 5, 6, 12, 14, 16 y 18.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Informe (A5-0023/2000) del Sr. Böge, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/68/CEE del Consejo en lo relativo a la tembladera (COM(1998) 623 - C4-0026/1999 - 1998/0324(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa.)
Recomendación (A5-0008/2000) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (11221/1999 - COM(1998) 249 - C5 - 0222/1999 - 1998/0141 (AVC))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0015/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 70/524/CEE sobre los aditivos en la alimentación (COM(1999) 388 - C5-0134/1999 - 1999/0168(CNS))
Antes de la votación final:

Graefe zu Baringdorf
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, tras esta votación quiero preguntar al Comisario competente, el Sr. Byrne, si está ahora dispuesto a aceptar las enmiendas después de haber visto el elevado grado de aceptación en esta Asamblea.

Byrne
. Lamento decir que creo que la posición bien estudiada que propuse ayer es la posición adecuada. El enfoque amplio que la Comisión desea adoptar a este respecto se presentará tan pronto como sea posible con arreglo al artículo 152 según el cual el Parlamento tendrá una función de codecisión. Ésta es la forma apropiada de tratar este asunto.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 solicito la devolución a la comisión. El motivo es que aquí se trata de la aproximación de una norma jurídica que ha propuesto la Comisión. Lo hemos aceptado pero hemos propuesto otras aproximaciones de normas que afectan a esta directiva, sobre todo la recogida de un texto -que ha sido aprobado en su totalidad por la Comisión- sobre el empleo y etiquetado de organismo modificados genéticamente.
Somos de la opinión de que en este momento se debe incluir en la mencionada aproximación, pero la Comisión no lo recoge. Creo que de conformidad con el apartado 2 del artículo 69 debemos intentar hablar con la Comisión, por lo que ruego a las y a los colegas que aprueben la devolución.
(El Parlamento decide devolver el informe a la comisión)
Informe (A5-0034/2000) de la Sra. Stenzel, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones relativas a los Programas de Iniciativas Comunitarias (PIC) para los que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas para la consecución de subvenciones en el marco de la iniciativa EQUAL (COM(1999) 476 - C5-0260/1999 - 1999/2186(COS))
Antes de la votación:

Cohn-Bendit
Señor Presidente, permítame que diga públicamente a la Sra. Stenzel como miembro de la presidencia del ÖVP que muchos diputados están espantados de que haya establecido una coalición con Haider y que queremos condenarlo aquí.
(Aplausos de la izquierda, exclamaciones de la derecha)

Stenzel
. (DE) Señor Cohn-Bendit, Señorías, me parece que el Parlamento Europeo no es el lugar para inmiscuirse en la política interior de un país del modo tan masivo como usted lo hace.
Puedo hablar en nombre de mi partido político que fue un abanderado para que Austria se adhiriese a la Unión Europea, lo que así hizo. Como fuerza política, somos la garantía de que Austria permanezca vinculada a los valores europeos. Me niego a que por motivos de política interior y partidistas se me encasille en un rincón de extrema derecha. Esto no corresponde a los hechos sino que es mera polémica. Lo rechazo con toda decisión.
(Vivos y largos aplausos del centro y de la derecha, protestas de la izquierda)

Bienvenida
El Presidente
Me parece que éste es un momento sumamente apropiado para recibir en la galería oficial a una delegación de cuatro miembros del Parlamento marroquí, al frente de la cual figura el Sr. Brahim Rachidi, Presidente adjunto de la Cámara de Representantes.
Nos honra la visita de esta delegación que tiene lugar poco antes de que entre en vigor el 1 de marzo del 2000, el Acuerdo de Asociación entre Marruecos y la Unión Europea.
En tan histórica ocasión acogemos con satisfacción esta evolución de nuestras relaciones y la perspectiva de que haya vínculos más estrechos entre los dos parlamentos.
Con este espíritu la delegación para las relaciones con los países del Magreb estará en Marruecos del 20 al 22 de marzo.
Deseo a la delegación del Parlamento marroquí una estancia excelente en Estrasburgo.
(Fuertes aplausos)

Wurtz
Señor Presidente, quisiera solamente aprovechar que da usted la bienvenida a una delegación para señalarle que también tenemos el gusto de recibir en esta Casa, el día de hoy, a los principales responsables de las asociaciones antirracistas austríacas que nos hacen el honor de visitar el Parlamento.

(Se suspendió la sesión a las 11.50 horas para celebrar una sesión solemne con ocasión de una declaración del Sr. Vaclav Havel, Presidente de la República Checa, y se reanudó a las 12.50 horas.)

VOTACIONES (continuación)
El Presidente
Seguiremos a continuación con la votación sobre el informe Stenzel acerca de la iniciativa EQUAL (A5-0034/2000).
(El Parlamento aprueba la resolución)
Recomendación para segunda lectura:
(A5-0027/2000) de la Sra. Lienemann, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, respecto de la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el marco de la política de aguas (9085/3/1999 - C5-0209/1999 - 1997/0067(COD))
Antes de la votación:

Nielson
. (EN) Por lo que se refiere a la posición de la Comisión respecto de las enmiendas presentadas por el Parlamento quisiera confirmar lo que dijo mi colega durante el debate sostenido el martes 15 de febrero en este Parlamento.
En particular, la Comisión puede aceptar en su integridad las enmiendas 6, 16, 21, 28, 31, 33, 34, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 65, 67, 68, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 88 y 102. La Comisión puede aceptar en parte las enmiendas 8, 18, 27, 29, 42, 43, 47, 54, 60, 62, 93, 94, 104 y 105.
La Comisión puede aceptar en principio las enmiendas 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 36, 37, 38, 50, 55, 56, 57, 58, 63, 69, 73, 79, 86, 89, 96, 99, 106 y 108.
En cambio, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 1, 4, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 39, 40, 41, 49, 51, 59, 61, 64, 66, 70, 71, 72, 74, 77, 83, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 81(rev.), 100, 101, 103 y 107.
Les agradezco su atención.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Informe (A5-0033/2000) del Sr. Andersson, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión - Una estrategia concertada para modernizar la protección social (COM(1999) 347 - C5-0253/1999 - 1999/2182(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)El Presidente. Con esto acaba la votación
EXPLICACIONES DE VOTO

Caudron
. (FR) Saludo la calidad y ambición de este informe relativo a LIFE. Debo recordar brevemente que LIFE es un instrumento financiero al servicio tanto de las políticas de medio ambiente en el seno de la Unión Europea como en países terceros, ya sean países mediterráneos vecinos, países ribereños del Mar Báltico o países candidatos a la adhesión.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, ha propuesto numerosas enmiendas que en su mayoría han sido aprobadas en la posición común adoptada por el Consejo.
Para la tercera etapa de LIFE (2000-2004), este instrumento se dividirá en tres ejes llamados Life-Naturaleza (47 % de los recursos), Life-Medio ambiente (47 %) y Life-Países terceros (6%). Las modificaciones más importantes tienen relación, a mi juicio, con:
la contribución de LIFE al desarrollo duradero en la Comunidad, así como al desarrollo de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, principalmente en lo que respecta a la integración del medio ambiente en las demás políticas, y a la aplicación, así como a la actualización de la legislación sobre el medio ambiente;
la mejora de la eficacia, de la transparencia y de la metodología de los procedimientos de aplicación de LIFE, de los procedimientos de información y difusión ante el público y de los procedimientos de cooperación entre los beneficiarios;
el objetivo de LIFE: éste ha de buscar principalmente un desarrollo urbano duradero, en asociación estrecha con los proyectos piloto realizados en el ámbito de la iniciativa URBAN, sobre la que he tenido ocasión ya de manifestarme;
la contribución de los proyectos sostenidos a la durabilidad de las actividades socioeconómicas y, por tanto, a la creación de empleo.
Lo que considero esencial es que el instrumento LIFE siga abierto a la participación de los países candidatos de Europa central y oriental. Los demás países candidatos (por ejemplo: Chipre, Turquía, Malta) podrán participar igualmente en LIFE cuando se concluyan con estos países acuerdos que permitan esta participación.
El escollo en las negociaciones con el Consejo reside, por supuesto, en el importe de la dotación financiera prevista para la tercera etapa del programa LIFE (2000-2004). La propuesta de la Comisión ratificada por el Consejo es de 613 millones de euros mientras que la Comisión de Medio Ambiente considera que el presupuesto debería ser de 850 millones de euros. Apoyo en este sentido la firmeza manifestada por la señora ponente. En efecto, la dotación financiera no ha sido adaptada desde la creación de este programa, ni siquiera en el momento del paso a quince Estados miembros después de la ampliación de la CEE. Si el informe se aprueba en el Pleno debería abrirse una conciliación, como prevé el procedimiento de codecisión, para resolver la cuestión del importe de los créditos previstos por el programa. Este tipo de procedimiento es una práctica corriente ya que los programas o las medidas legislativas están con frecuencia dotadas de presupuestos que no responden a las ambiciones.
Informe Böge (A5-0023/2000)

Caudron
En mi calidad de diputado europeo, y sobre todo como ciudadano consumidor, me felicito de la propuesta de la Comisión Europea que avanza un paso más en la dirección de una mejor seguridad alimentaria en el seno de la Unión Europea.
Esta propuesta es doble: se trata, por una parte, de modificar las directivas del Consejo de 1991 relativas a las condiciones de la policía sanitaria suprimiendo las disposiciones que conciernen el prurigo lumbar (tembladera) de la especie ovina y, por otra parte, establecer un nuevo reglamento que establezca las normas de prevención y lucha contra algunas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) o enfermedades del tipo EEB, que afectan a la especie ovina y a otras especies animales.
El interés de esta nueva legislación reside en el hecho de que se ha creado una base jurídica específica para la lucha contra el prurigo lumbar de las ovejas. Me satisface con mayor razón habida cuenta que se trataba de una de las principales peticiones que figuraban en nuestro informe de seguimiento sobre la crisis de las vacas locas.
Por lo demás, me parece indispensable, para ser coherentes, fundir la legislación existente relativa al prurigo lumbar, limitada a los intercambios comerciales de especies ovinas y caprinas, en un dispositivo único y completo de nuevas normas que regulen las encefalopatías espongiformes transmisibles que afectan a todos los animales en el conjunto de la Unión Europea, normas destinadas a prevenir el consumo de productos alimenticios o de piensos para animales.
Esta reglamentación es con mayor razón bienvenida habida cuenta que siguen subsistiendo dudas sobre el prurigo lumbar de las ovejas. Algunas hipótesis científicas sostienen que el prurigo lumbar de la especie ovina podría haber evolucionado para convertirse en la encefalopatía espongiforme bovina en la especie bovina y de esta manera ser el origen de la epidemia de EEB. Incluso si la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y a la lucha contra algunas EET ha de precisarse y reforzarse, especialmente en lo relativo a la detección y la lucha contra el prurigo lumbar, representa una mejora notable. Es una prueba que se da a los ciudadanos europeos que han mostrado, en múltiples ocasiones, sus inquietudes de cara a la política europea en materia alimentaria. Sus preocupaciones, retomadas por nuestro Parlamento Europeo, han sido escuchadas. Los debates relativos al principio de precaución, la rastreabilidad, la responsabilidad, la transparencia, llevaron a la Comisión Europea a presentar un Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria. Ese Libro Blanco presenta varias vías de reflexión y especialmente ha propuesto la creación de una Autoridad alimentaria europea independiente. Todo ello es fruto de una estrategia europea para recuperar la confianza de los consumidores. ¡Nos corresponde a nosotros, responsables europeos, demostrar que mercado único y libre circulación de las mercancías pueden conjugarse con seguridad alimentaria!
Recomendación Cederschiöld (A5-0008/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de esta resolución sobre la reorganización de la legislación relativa al derecho de autor, ya que lo considero uno de los ámbitos más importantes en los que se despliega la actividad del Parlamento Europeo.
Opino que el producto del ingenio es mucho más importante que las construcciones, los productos tangibles que conseguimos ver y tocar, porque del ingenio y la ciencia que, aunque no se pueden tocar con la mano, se derivan resultados muy notables que nosotros, como Comunidad Europea, deberíamos respaldar mucho más activamente no solo a través de la protección de las patentes, sino concediendo facilidades y apoyo a los científicos, a aquellos que -atesorando las enseñanzas recibidas- trabajan para ofrecer a las generaciones futuras algo mucho más importante que lo que tuvimos en el pasado.

Bonde, Okking y Sandbæk
 - (DA) Por principio, somos contrarios a que la Comunidad Europea celebre tratados sobre propiedad intelectual en nombre de sus Estados miembros. No obstante, vemos que se trata de una competencia conjunta entre los Estados miembros y la Comunidad y asimismo consideramos los Tratados WIPO como un avance fundamental de cara a garantizar los derechos de los distribuidores y de los artistas ejecutantes. De ahí que votemos a favor de la recomendación.

Schröder, Ilka
, por escrito - (DE) El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea se ha abstenido en este asunto porque el Comisario Bolkestein no respondió en el debate en Pleno del día anterior a ninguna de mis preguntas sobre la adhesión de la UE a los Tratados WIPO.
Desde un punto de vista institucional no se ha aclarado el papel que desempeñará el PE en el posterior desarrollo de los Tratados WIPO. Además, va perfilándose la tendencia de, cada vez más a menudo, atribuir a la UE competencias en materia internacional. Pero, si no está claro en qué medida el PE puede participar en los procesos de decisión, se plantea entonces la cuestión de la legitimación. De igual modo, en los Tratados no se define el concepto de autor / autora. La Comisión tampoco ha respondido a las preguntas de sobre la base de qué definición quiere actuar y de si pretende resolver los previsibles conflictos imponiendo a los demás su definición del concepto jurídico. Uno de los puntos más delicados es el interés público: ¿conducirá la transposición y aplicación de los WIPO a la privatización de la creación?
Y, por último, debe aclararse la cuestión de la relación entre los TRIPs y los WIPO ­también aquí el silencio de la Comisión por "respuesta" .
¡Si en un debate parlamentario anunciado no se contribuye nada al esclarecimiento de los problemas ni a la adopción de posiciones, entonces debemos, por lo menos, abstenernos!
Informe Graefe zu Baringdorf (A5-0015/2000)

Figueiredo
Después de los escándalos de la EEB y de las dioxinas, las cuestiones de seguridad alimentaria son el centro de atención. Los OGM siguen presentando muchas incertidumbres, desde el punto de vista de sus repercusiones medioambientales, para la salud humana y animal. Por eso, allí donde no exista certeza científica debe imperar el principio cautelar.
Se debe hacer un estudio más profundo de la utilización de la biotecnología y no se debe "empaquetar" ya desde ahora para su venta en nombre del lucro de algunas multinacionales del sector. Por lo demás, el lucro ha sido el motor de las actuales crisis en el nivel de la seguridad alimentaria.
En ese marco es en el que se sitúa el ponente, al enmarcar jurídicamente la cuestión de los OGM con la alimentación animal, recordando que éstos "sólo pueden ser autorizados, en caso de que sean inocuos para la salud humana y para el medio ambiente". Además, considera que los "aditivos genéticamente modificados deben ser indicados claramente como tales en todos los rótulos, documentos administrativos o documentos acompañantes de otro tipo". Eso permitirá un mayor control y rastreabilidad de dichos aditivos y garantizará la libertad de elección del consumidor.
Después del Acuerdo de Montreal sobre los organismos genéticamente modificados (OGM), considero positivo que el ponente haya incluido en su informe estos asuntos y, por eso, he votado a favor de su informe.
Informe Stenzel (A5-0034/2000)

Pronk
Señor Presidente, quisiera dar muy brevemente una explicación de voto, en nombre del Grupo del PPE, respecto del informe sobre Equal. Hemos seguido una lista de votación que era exactamente igual a la acordada previamente con el Grupo Socialista. Ese grupo ha cambiado de opinión, de ahí que el informe resulte ahora menos claro de lo que, de otro modo, habría sido. Éste es el motivo de que nos abstengamos. Queremos que el informe sobre Equal, que es muy importante tanto para los refugiados como para las personas de la tercera edad, los minusválidos y las mujeres, continúe normalmente. Es lamentable que el procedimiento haya dado lugar a que este informe reciba una atención tan poco favorable en esta sesión plenaria. Estoy convencido de que la nacionalidad de la ponente ha desempeñado un cierto papel, algo que no debería suceder en este Parlamento. Es realmente contrario a los valores europeos, y, con toda seguridad, contrario a los valores de los que tan a menudo se habla en este Parlamento. Éstas han sido nuestras consideraciones a la hora de abstenernos en la votación de este informe. Queremos que Equal salga adelante. Estamos muy de acuerdo en su mayor parte, pero lamentamos el procedimiento y, especialmente, el abuso fácil que algunos grupos han hecho de este procedimiento.

Fatuzzo
Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre la iniciativa EQUAL también en mi calidad de representante del Partido de los Pensionistas ante el Parlamento Europeo porque, a pesar de que introduce de manera más significativa que antes el apoyo a los proyectos dirigidos a luchar contra la discriminación por razón de edad, no ha sido bastante incisiva y concreta al respecto.
Asimismo me he abstenido de votar por otro motivo: creo que ha llegado el momento de que las Instituciones de la Unión Europea dejen de ensayar y de buscar buenas prácticas con relación a qué debemos hacer y comiencen a dar indicaciones concretas a los ciudadanos europeos sobre lo que Europa quiere que sea Europa. Debemos tomar medidas concretas y pasar de la teoría a la práctica.

Bonde, Krarup, Okking y Sandbæk
 - (DA) Hemos votado a favor del informe sobre la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de los programas de iniciativa comunitarios (PIC). En principio, somos contrarios a este tipo de programas y a los fondos estructurales , sin embargo, puesto que la votación sólo trata de cómo -y no si- estos recursos van a ser utilizados, sólo nos hemos expresado sobre esta cuestión. Nos parece importante garantizar la igualdad de oportunidades para los grupos mencionados en el informe.

Bordes, Cauquil y Laguiller
No votamos en contra de este informe habida cuenta que anuncia algunos principios generales justos: por ejemplo, la necesidad de luchar contra el racismo en el lugar de trabajo y reducir las desigualdades vinculadas al sexo en el mercado del trabajo. Pero tampoco votamos en su favor ya que todo ello queda demasiado vago, si no en meros votos piadosos. En cambio, en lo relativo a los proyectos de ayuda y de formación para los refugiados, el informe da marcha atrás en comparación con el texto inicial, puesto que quiere precisar que los más interesados no son los refugiados en cuanto tales, sino "a los refugiados con arreglo a la Convención de Ginebra" . Esta restricción es inadmisible cuando, en toda Europa, numerosos refugiados se encuentran en una situación dramática, sin protección, obligados a trabajar en la clandestinidad y a esconderse, mientras los gobiernos y las policías de Estados que se dicen democráticos se dedican a cazarlos. La primera medida que se impone en este ámbito es dar a esas personas indocumentadas los medios legales para llevar una existencia digna y poder trabajar sin que se vean relegados a un estatuto de parias, víctimas de empresarios sin escrúpulos y de múltiples medidas administrativas y policiales vejatorias e inútiles, donde la principal es tener que vivir permanentemente en el temor de una expulsión.

Crowley
. (EN) He votado a favor del informe de la Sra. Stenzel sobre la iniciativa EQUAL por estimar que es esencial para seguir la labor iniciada respecto de los aspectos NOW, HORIZONT, YOUTHSTART e INTEGRA de las iniciativas ADAPT y EMPLOYMENT. Hay que aprovechar las lecciones que hemos aprendido en virtud de esas iniciativas.
EQUAL significa "igualdad" . Hay que poder apercibirse de sus resultados. Me satisface la propuesta de que nos concentremos en la promoción de nuevas formas de lucha contra la discriminación y contra toda clase de desigualdad en el mercado laboral. Estoy también en favor de que nos alejemos de un formato anticuado y de que agrupemos a los asociados en la búsqueda de formas innovadoras de lucha contra el desempleo. Tiene que haber flexibilidad.
Lamento profundamente que solamente se disponga de fondos limitados para esa iniciativa. En el último período de programación el 9% de los Fondos Estructurales estaba disponible para las iniciativas de la Comunidad. Ahora esa cifra es sólo del 5,35%. Esto significa que hay que utilizar los fondos de forma que se aproveche al máximo sus efectos y que hay que difundir con amplitud y rapidez la información sobre las asociaciones que han tenido éxito.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales aprobó varias de las enmiendas que propuse, por ejemplo acerca de que se haga hincapié en el acceso al capital inicial, la forma de aprovechar nuevas oportunidades comerciales en las ciudades, las poblaciones y las zonas rurales y la crítica de que en las anteriores iniciativas no había suficiente participación de las empresas. Esto significa a menudo que buenos proyectos no se traducen en verdaderas oportunidades de empleo. La experiencia positiva de las actividades innovadoras de los pequeños promotores se vio perjudicada por estar alejados de los procesos normativos. También puso de relieve la necesidad de la prevención.
Hay que hacer hincapié en la participación de los interlocutores sociales. Tiene que haber flexibilidad y uno de los asuntos prioritarios tiene que ser la reducción de la carga administrativa. Tiene que haber flexibilidad también para los países que tienen presupuestos pequeños.
Aunque hay algunos aspectos del informe que en mi opinión hubiera sido mejor tratar de otra manera, en general estimo que el informe brinda un enfoque flexible y sensible y merece apoyo.

Figueiredo
Con esta iniciativa comunitaria EQUAL, la Comisión pretende substituir las iniciativas comunitarias EMPLEO y ADAPT y varios subprogramas que existían en esos sectores -NOW (nuevas oportunidades para las mujeres), HORIZON (para las personas portadoras de deficiencias), YOUTHSTART (inserción de los jóvenes en el mercado laboral) e INTEGRA (para grupos amenazados de exclusión)- con el agravante de que hay una importante reducción de las asignaciones previstas.
Así, mediante esta iniciativa se formularán los que la Comisión considera nuevos métodos de lucha contra la discriminación y las desigualdades de toda clase en el marco del mercado laboral a partir de los cuatro pilares de las directrices de la política de empleo. Es mucho para fondos tan escasos.
Pero, para garantizar posibilidades de éxito en esta nueva metodología, la Comisión debería haber optado por una propuesta menos compleja, más simple y directa, con la participación de las ONG desde el comienzo del proceso, para que las cooperaciones se desarrollen equilibradamente. No lo ha hecho. Esperemos que por lo menos revise aún los aspectos que hemos mencionado.

Montfort
Afortunadamente, el Parlamento Europeo continúa sus iniciativas en materia de lucha contra las discriminaciones y las desigualdades, y los cuatro ámbitos retenidos por el programa EQUAL -la capacidad de inserción profesional, el espíritu de empresa, la capacidad de adaptación y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres- parecen ser verdaderamente pertinentes.
Sin embargo, el presente informe, probablemente animado por las mejores intenciones, toma aquí y allá una dirección que me parece sumamente peligrosa en la medida en que tiende a difuminar las nociones de ciudadanía y de desigualdad y hace de una multiplicidad de excepciones el derecho común sobre cuya base se construye la reflexión comunitaria.
Efectivamente, si sólo puede aprobarse la decisión de aceptar medidas específicas para erradicar toda forma de discriminación en el mercado de trabajo susceptible de afectar a los solicitantes de asilo, ya -por definición- duramente golpeados por el destino, todavía es preciso conservar de esta noción una concepción legalista: en definitiva, si se tiene toda la razón en ayudar a los solicitantes de asilo debidamente reconocidos y en situación regular, la situación es totalmente distinta para numerosas categorías enumeradas por el informe -solicitantes objeto de examen, bajo protección temporal, excluidos del estatuto y amenazados de expulsión- para quienes este informe prevé una ayuda idéntica.
Ahora bien, las medidas de ayuda prevista por el informe corren el riesgo, por capilaridad, de experimentar una nefasta extensión: solicitantes de asilo, naturalmente, luego solicitantes de asilo en instancia de juicio bajo protección temporal, por último, solicitantes cuya demanda ha sido rechazada y amenazados de expulsión, deberían poder, según el informe, gozar de esta serie de medidas cuando su propia naturaleza -¿qué es un solicitante de asilo cuyo estatuto de refugiado ha sido rechazado y que está amenazado de expulsión si no un inmigrante en situación irregular?- debería, por lo menos para los últimos de entre ellos, excluirlos de una política de integración en una comunidad que no reconoce como legítima y regular su presencia en su seno.
Una señal de este tipo constituiría, voluntariamente o no, un formidable llamamiento a una inmigración cuya única demanda de estatuto de refugiado, concedida o no, bastaría para justificar una serie de medidas que deberían conducir a su integración duradera en el mundo del trabajo, en un entorno general de penuria y en el que las poblaciones regulares, extranjeras autóctonas, se ven cruelmente confrontadas al problema del paro.
En consecuencia, y a pesar de sus orientaciones generales que no pueden sino ser compartidas, no era posible que votara un informe que conlleva en sí mismo el germen de una nueva violación a las nociones de ciudadanía y de legalidad republicana, a las que estoy especialmente apegada.
Informe Lieneman (A5-0027/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, alguien de entre nosotros recordará una película de éxito titulada "Cocoon", en la que las personas mayores se convierten en jóvenes tras beber un agua especial.
En consecuencia, a mi juicio, es sumamente importante dedicar la máxima atención al agua que todos nosotros bebemos y seguir y aprobar esas resoluciones relacionada con la misma.
Por esto he aprobado esta resolución, aunque quiero subrayar que espero que se cuide ante todo que el grado de pureza del agua alcance el máximo nivel en el momento en que entra en nuestros hogares.
En efecto, en la resolución aprobada constato la falta -aunque confío en que se solucione en el futuro- de una ayuda a los que purifican el agua en sus domicilios, en sus hogares.

Alavanos
. (EL) A pesar de que la incorporación de ciertas enmiendas del Parlamento Europeo a la posición común del Consejo ha supuesto una mejora relativa del proyecto inicial de directiva de política sobre el agua, la directiva no deja de ser problemática.
Los siguientes aspectos son singularmente relevantes:
los nuevos indicadores del agua deben ser obligatorios;
es necesario contemplar la protección de las aguas subterráneas de la contaminación;
hace falta reglamentar la limpieza de las aguas subterráneas;
es necesario prohibir la liberalización de las aproximadamente 400 substancias peligrosas en el agua, y sin embargo, esas substancias hoy por hoy no están sometidas a ningún control riguroso;
se hace imprescindible un sistema urgente de detección de contaminantes en el agua;
en el coste de los servicios de suministro de agua debe también incluirse el coste medioambiental que dicho suministro supone;
si bien, en general, el coste del abastecimiento debe incluirse en el precio del agua, deben contemplarse excepciones singulares en el caso de zonas castigadas por la sequía severa y prolongada, de acuerdo con su situación socioeconómica (zonas pobres o grupos sociales, por ejemplo);
es necesario un calendario más breve para aplicación de la directiva.

Aparicio Sánchez
Salvo en la enmienda 76, en la que tuve un error, pues mi intención fue votar positivamente, el resto de mis votos podrían explicarse con el siguiente relato de ficción:
Supuesto proyecto de directiva medioambiental: "Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece la obligación de mantener durante el invierno, en calles, plazas y jardines de las ciudades europeas una temperatura no inferior a dieciocho grados centígrados". Grandes líneas de la Directiva: a) cada ciudad habrá de dotarse de los medios energéticos y tecnológicos suficientes para que tal objetivo se consiga en el año 2012; b) los costes serán repercutidos íntegramente al habitante de cada ciudad, formando parte del precio de la electricidad.
Opinión de un diputado de la Europa del norte: "Esta Directiva sería injusta ya que, por ejemplo, el coste para un habitante de Estocolmo sería más de doscientas veces superior al coste para un habitante de Nápoles".
Opinión de un diputado de la Europa del sur: "Sin embargo, esto es la competitividad y la igualdad de condiciones".
(Acaba la ficción).
Y el diputado que ahora explica su voto considera positivo que haya una directiva comunitaria sobre el agua, pero estima que con dogmatismos medioambientales no se construye Europa, sino que se incurre en una caricatura legislativa. No puede tratarse igual a países con regímenes de inundaciones y sequías, como los mediterráneos, que a los países con régimen pluviométrico septentrional. En otro orden de cosas, sería insolidaria una Europa que hiciera prácticamente imposibles los trasvases de agua entre diferentes cuencas, en el futuro. Una vez más, hay que recordar que estamos en un proyecto continental de unión política.

Carlotti
Beber, alimentarse, lavarse, cultivar...: el agua irriga cada uno de los actos de nuestra vida cotidiana. Un agua considerada equivocadamente como un recurso inalterable e inagotable. Porque un gesto tan sencillo como abrir un grifo parece tan evidente como el agua clara. Sin embargo, la fuente de agua clara amenaza con secarse...
Todos los estudios científicos son ahora formales: el agua constituirá el elemento esencial que se encontrará en juego en los años que vienen, a partir de mañana. Sin embargo, mañana será demasiado tarde. Ya es hora, hoy día, de aclarar las reglas del juego, antes de que todos resulten perdedores.
Al adoptar la directiva sobre las aguas, el miércoles 15 de febrero, el Parlamento Europeo afirma su ambición de proteger las aguas de superficie, las aguas marinas, las aguas interiores y las aguas subterráneas.
Europa dispone de ahora en adelante de un marco que permite prevenir toda deterioración de la calidad del agua, de fomentar su utilización sostenible, de proteger los ecosistemas, de contribuir a luchar en contra de las inundaciones y las sequías y eliminar los vertidos de sustancias peligrosas. Es un salvavidas que se lanza al agua.

Caudron
Recibo esta ambiciosa propuesta de directiva marco sobre las aguas con la mayor satisfacción.
Efectivamente, la catástrofe ecológica que hace estragos en las riberas del Danubio nos recuerda, si acaso era necesario, que demasiado a menudo la negligencia humana hace que se pongan en peligro los recursos naturales, tales como el agua.
El objetivo de esta propuesta de directiva, que data de 1997, es de poner fin a la fragmentación que caracterizaba hasta ahora la legislación sobre las aguas y proteger las aguas de superficie, las aguas marinas, las aguas territoriales y las aguas subterráneas. Brinda un marco que permite prevenir una deterioración suplementaria de toda índole, proteger los ecosistemas, fomentar una utilización sostenible del agua, contribuir a luchar contra las inundaciones y sequías y eliminar progresivamente los vertidos de sustancias peligrosas. A continuación se adoptarán directivas específicas en el seno de este marco.
El procedimiento relativo a la elaboración de este texto fue largo. La propuesta de directiva fue modificada en dos ocasiones. Una primera vez en 1997, una segunda en 1998. Un grupo de trabajo técnico integrado por representantes del Consejo y del Parlamento se reunió, en enero de 1999, para tratar de aproximar las posiciones de nuestras dos instituciones. Sin embargo, las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor siguen siendo numerosas. Yo sostengo la mayor parte de ellas.
En lo relativo al calendario y los objetivos, el Consejo prevé que el objetivo de alcanzar un buen estado de las aguas de superficie se realice a más tardar 16 años después de la entrada en vigor de la directiva, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor desea que este plazo se reduzca a 10 años. La comisión pide igualmente que se ponga fin a todo vertido o pérdida de sustancias peligrosas para 2020. El objetivo final debe consistir en alcanzar valores próximos de cero para 2020.
El Consejo espera llegar a un buen estado de las aguas subterráneas al cabo de un plazo de 16 años, pero la Comisión se propone poner fin a la deterioración del estado químico cualitativo de las aguas subterráneas para alcanzar el nivel de buen estado de las aguas subterráneas en un plazo de 10 años. Todas las normas y todos los objetivos relativos a las zonas protegidas deben realizarse antes de 10 años y no dentro de 16 años. Debo decir que estoy a favor de estas reducciones de los plazos, con mayor razón cuando se han previsto derogaciones.
En lo relativo a los costes, apruebo la propuesta de que aquí a 2010, los Estados miembros tendrán que velar por que las políticas de fijación de los precios del agua inciten a una utilización más razonable de los recursos de las aguas. En el mismo sentido, espero que la Comisión Europea haga una declaración clara con la que se comprometa a presentar una propuesta tendiente a asegurar que los precios de la utilización del agua reflejan los costes medioambientales y los costes en términos de recursos para 2012.
Terminaré citando una de las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor que no necesita ningún comentario: "el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que pertenece a los pueblos de la Unión Europea y que hay que proteger, defender y tratar como tal" .

Crowley
. (EN) Quiero que conste oficialmente en acta mi preocupación acerca del informe Lienemann y también los motivos de mi voto.
Hemos convenido todos en la necesidad de establecer controles adecuados para la protección de nuestro abastecimiento de agua y también para los usuarios del agua. Mucho de lo que dice el ponente respecto del problema del agua es digno de elogio.
Ahora bien, la cuestión de los derechos o impuestos por la utilización del agua es una cuestión que, en virtud de las normas de subsidiariedad, son los Estados miembros quienes tienen que decidir. En mi opinión no procede utilizar un medio tan tosco como la imposición de una carga común europea respecto de esta cuestión.
En Irlanda todos los usuarios principales de agua, que son el comercio, la industria y la agricultura, pagan ya la utilización del agua. Ésta es una decisión del gobierno nacional y local, y en ese nivel es donde deben seguir estando todas las decisiones futuras. Esos son los principales motivos de mi voto.

De Rossa
. (EN) La Unión Europea se halla actualmente en pleno proceso de adopción de una nueva legislación de aguas en la Unión Europea con miras a actualizar y establecer una estrategia a largo plazo para conseguir un abastecimiento de agua de beber limpia y la protección de los actuales recursos hídricos, ríos y aguas costeras incluidos.
Apoyo los objetivos de esta acción comunitaria en materia de política de aguas, pero no apoyo la propuesta de que los usuarios de aguas domésticas tengan que pagar derechos por el agua utilizada. En este contexto, el agua no es un producto comercial: es un elemento esencial para la vida y las personas tienen que tener libre acceso a un abastecimiento suficiente para su vida cotidiana normal

Figueiredo
Consideramos positivo que se procure invertir tendencias de degradación del agua, que son alarmantes, y que los gobiernos suelen pasar por alto con demasiada frecuencia. Todos sabemos que el agua es un bien esencial para la Humanidad y que es urgente defender su calidad. Pero igualmente esencial es tener en cuenta que los componentes de la política del agua son indisociables y la actuación en esa vertiente condiciona todas las demás.
Ahora bien, en el debate y en las propuestas se ha dado preferencia al tema "calidad físico-química y ecológica del agua" y casi sólo marginalmente se han tenido en cuenta los efectos perversos en las restantes dimensiones. Así, pues, es necesario tener en cuenta la diversidad de las realidades de los Estados miembros, las especificidades climáticas, los regímenes hidrológicos y sus variaciones a lo largo del año, los efectos sociales, económicos y ecológicos de la aplicación de las normas o también de su ausencia.
Las preocupaciones por esas cuestiones son las que nos han hecho discrepar de algunas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre todo las que se refieren a un calendario demasiado restrictivo y al poco cuidado de los aspectos sociales y agrícolas, muy importantes para un país como Portugal, en el que hay problemas de escasez de agua y, además, un desarrollo socioeconómico deficiente.
Pero también consideramos que en muchos casos las propuestas de la Comisión y del Consejo son demasiado retrógradas, por lo que deseamos que haya una votación equilibrada dentro de los condicionamientos de las propuestas presentadas.

Grossetête
La posición común del Consejo sobre esta propuesta de directiva marco no ha decepcionado. Es minimalista en bastantes puntos, especialmente en lo relativo a las fechas de entrada en vigor de un número demasiado importante de disposiciones así como el número y las condiciones de aplicación de las derogaciones.
No obstante, el problema principal reside en la definición del objetivo que la Unión Europea desea alcanzar con este texto. El objetivo es, naturalmente, crear, ante todo, un marco general claro que permita simplificar por fin el derecho aplicable en la materia. No obstante, además de este objetivo, la Unión debe tener la ambición de mejorar la calidad de las aguas de superficie así como las aguas subterráneas. Se encuentran en juego la salud pública y el abastecimiento de agua potable, la calidad y la diversidad biológica, la preservación de los paisajes y de las especies. Desde este punto de vista, la posición común es débil.
Desearía que nuestro Parlamento defendiera una posición más ambiciosa que la del Consejo, pero desearía que esta posición fuera también verosímil.
La exigencia del nivel "cero vertidos" y "cero contaminación" , incluidas las sustancias naturalmente presentes en el agua, no es realista. No soy de esos diputados que piensan que es indispensable adoptar, en segunda lectura enmiendas "extremistas" cuyo único fin es acondicionarse un margen de maniobra con la perspectiva de una negociación con el Consejo de Ministros. Por el contrario, rechazo esta estrategia que ahora es sistemática. Perjudica a nuestro Parlamento. Nuestros mensajes dirigidos a los ciudadanos y al Consejo son confusos y no son verosímiles. Los objetivos demasiados estrictos desde el punto de vista medioambiental, que no tienen en cuenta las realidades, no se aplicarán, ya que jamás podrán ser alcanzados. ¿Ese es el mensaje que deseamos transmitir?
Por lo demás, hay un punto en particular en el que tengo especial interés: los Estados miembros deben poder, cuando lo desean, decidir establecer transferencias de aguas transnacionales. Este tipo de proyecto responde al principio de cohesión y de solidaridad regionales que siempre hemos defendido. En este espíritu, debería beneficiarse, ampliamente, del apoyo de la Unión Europea, en el marco del fomento de las redes transeuropeas y de la política regional (mediante los Fondos estructurales). Deseo recordar que nuestra Asamblea adoptó, hace dos años, un informe de iniciativas sobre la factibilidad técnica de las redes hidráulicas transeuropeas y apreciaría que la Comisión Europea pudiera informar próximamente al Parlamento Europeo sobre el seguimiento que dio a este informe.

Marset Campos
. De un informe preocupado por la calidad del agua en Europa, hemos asistido a su transformación en un instrumento de guerra comercial. Todos estamos de acuerdo en considerar la calidad del agua como un objetivo de primera magnitud, sobre todo a partir de las adversas consecuencias que el desarrollo del modelo de crecimiento industrial acelerado tiene sobre la naturaleza. Queda claro que la lógica del beneficio privado propia de ese modelo ha sido nefasta, por lo que el principio de quien contamina paga es adecuado para hacer frente a estas consecuencias. Pero más allá de estos principios está la consideración del agua como bien común que no puede ser sometido a las reglas del mercado. Sorprendentemente, yo imagino que con la mejor intención, se ha convertido este objetivo ecológico en un instrumento de guerra comercial al hacer recaer en los consumidores, sobre todo en el sector agrario, todo el precio de las instalaciones y de los procedimientos para su adecuada calidad. De hecho, el agua pasa a ser una mercancía más sometida a las leyes del mercado. Se consuma con ello la aplicación del modelo neoliberal imperante al ámbito del agua.
Cuando no se diferencia entre países y regiones en los que el agua es abundante, y no constituye ningún problema, y regiones en las que la sequía y la baja pluviometría la convierten en un bien escaso, estrangulando sus posibilidades de mínimo desarrollo económico y social, ya se pervierte el principio ecológico para convertirlo en arma arrojadiza. De la misma forma es algo irónico que se dificulte la posibilidad de compartir este bien, que para algunas zonas es escaso, dando consejos los que viven en regiones de abundancia de agua sobre austeridad en su uso a los que habitan en sitios de sequía. A causa de esta ausencia de sensibilidad y solidaridad, el voto emitido por mí, diputado procedente de una de las regiones agrarias mediterráneas secas pero con perspectivas como la Región de Murcia, ha sido necesariamente consecuente con lo manifestado.

Miller
. (EN) En nombre del Partido Laborista en el Parlamento Europeo quisiera indicar que, aunque hemos apoyado la mayor parte del informe Lienemann, tenemos algunas reservas que formular.
El plazo fijado en el informe, o sea el año 2020, no es realista ni practicable, pero el plazo fijado por el Consejo, o sea el año 2034, está demasiado alejado. Por consiguiente estimamos que en el procedimiento de conciliación debe fijarse una fecha más realista.
Hemos votado en contra de las enmiendas 25 y 72 que requerirían un valor mínimo de la contaminación antropogénica en todas las aguas subterráneas. Estimamos que esa obligación carece de realismo en vista de su costo elevadísimo y de los plazos de tiempo extremadamente largos que se requerirían para restablecer el valor prístino del agua.
Lo que antecede es el motivo de nuestro voto.

Souchet
El agua es un recurso natural renovable y limitado. Su gestión correcta es esencial.
La directiva marco sobre las aguas va a convertirse en la piedra angular de la política comunitaria en este ámbito. Sus objetivos son claros y ambiciosos. Los compartimos. Fija proporciones en el medio ambiente próximos de cero. Sin embargo, a nuestro juicio, es prudente no imponer plazos irrealistas que ni nuestros Estados ni nuestras industrias serían capaces de respetar. No cabe duda de que se necesita un calendario, pero más progresivo.
La obligación legal de llegar a la situación de emisión cero, a cesar los vertidos de aquí a 20 años, significaría, efectivamente, una prohibición de todas las sustancias identificadas. Tales disposiciones correrían el riesgo de plantearnos problemas importantes para las cuencas transfronterizas y para los países candidatos, corriendo el riesgo de complicar la ampliación.
Naturalmente, desearía hablar de un sector particular que sigo muy de cerca, el de la agricultura, principal consumidora del agua: la agricultura debe, como ya ha empezado ha hacerlo, aceptar su parte del principio según el cual el que contamina, paga, pero también es preciso tener en cuenta sus particularidades y limitaciones, especialmente en las regiones secas.
En relación con las enmiendas relativas a las sustancias radioactivas, naturalmente soy favorable a los controles, pero se plantea la cuestión de los fundamentos jurídicos que dependen del Tratado Euratom.
Informe Andersson (A5-0033/2000)

Krarup
El Grupo EDD no ha podido votar a favor del informe Andersson. Contiene, eso sí, hermosas reflexiones, por ejemplo, se reconoce en la página 15 de la exposición de motivos que "los diferentes niveles de desarrollo de los Estados miembros y las diferentes tradiciones en el ámbito de la seguridad social no permiten una armonización uniforme" . Ahora bien, este concepto de "armonización uniforme" es una más de estas expresiones disparatadas que ocultan completamente el proceso de integración del que se está tratando. También es cierto como se dice en la exposición de motivos que una armonización sería perjudicial, pues "podría exigir niveles más altos en Estados miembros más débiles y, al mismo tiempo, por razones de competencia, podría presionar a los Estados socialmente más desarrollados a efectuar reducciones en el sistema de seguridad social. Nadie saldría beneficiado con esta armonización" . No obstante, la situación actual es que se está creando un modelo social que en realidad tiene por fin una armonización y encima, una armonización homogénea. En el punto D se subraya que "la Unión puede proporcionar un valor añadido mediante la adopción de criterios de convergencia vinculantes y efectivos" y a partir de aquí, en el informe se subraya que el desarrollo de este proceso de convergencia será promovido mediante conversaciones entre el Consejo ECOFIN y el Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, para acabar recalcando en el punto 7 que "el proceso de convergencia social debe ir acompañado de una efectiva y ambiciosa convergencia fiscal" . Y aquí nos acercamos al meollo del asunto: Este proyecto relativo a la armonización social no sólo toca la política social, es un seguimiento del proyecto comunitario de UEM que tiene un interés muy específico por los tres países que permanecen fuera y que pueden salvarse de este Titanic, es decir, Gran Bretaña, Suecia y Dinamarca y de ahí la importancia que para nosotros tiene recalcar que no podemos apoyar una propuesta cuya base lógica es consolidar el proyecto de la UEM.

Fatuzzo
Señor Presidente, he votado a favor de la comunicación de la Comisión sobre la modernización de la protección social porque, en mi opinión, va en la dirección -aunque no lo consigue del todo- de ofrecer por fin una legislación europea en el ámbito social y de las pensiones.
He escuchado con pesar la anterior explicación de voto, ya que considero que el espíritu de este informe se orienta a la posibilidad de proteger más aún, si cabe, a las personas mayores. Y esto, a pesar de que sabemos que los Gobiernos de los quince Estados miembros querrían reducir al máximo la cuantía de las pensiones.
Espero que cuanto antes el Parlamento tenga la facultad de legislar en materia de pensiones. Las personas mayores confían en que el Parlamento Europeo les permita vivir bien y dignamente y mejor que ahora. Las naciones menos desarrolladas deben alcanzar el mismo nivel de los Estados que, dentro de la Unión Europea, garantizan una mayor protección social.

Blak y Lund
 - (DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo hemos votado hoy a favor del informe de nuestro compañero sueco, el socialdemócrata Jan Andersson, sobre la Comunicación de la Comisión. Una estrategia concertada para modernizar la protección social. La Comunicación de la Comisión toma como punto de partida la puesta en marcha de la UEM, que con su pretensión de estabilidad y crecimiento crea la base para que los Estados miembros afiancen sus sistemas de seguridad social. En el informe se deja sentado que modernización no quiere decir reducir el nivel de la protección social, sino aprovechar mejor los recursos existentes. Además, también nos hemos fijado en que en la exposición de motivos queda establecido que una modernización tampoco significa una armonización de los sistemas de seguridad social y que asimismo una armonización sería perjudicial ya que podría exigir niveles más altos en Estados miembros más débiles y, al mismo tiempo, por razones de competencia, podría presionar a los Estados socialmente más desarrollados a efectuar reducciones en el sistema de seguridad social. Una situación con la que nadie saldría beneficiado.
Tanto en la Comunicación de la Comisión como en el informe del Sr. Andersson queda subrayado que son los Estados miembros los responsables y con ello quienes deciden el contenido de los sistemas de seguridad social. La colaboración en estos temas bajo los auspicios de la UE debe proporcionar un valor añadido, basado en el intercambio de experiencias, la evaluación mutua del desarrollo de políticas de cara a fijar una mejor práctica.

Eriksson, Frahm, Schmid, Herman, Seppänen, Sjöstedt
. (SV) Opinamos que el informe contiene muchas propuestas prácticas buenas, a las que damos nuestro apoyo, pero somos muy críticos respecto a la perspectiva de convergencia que caracteriza al informe. Rechazamos especialmente los capítulos relacionados con la armonización fiscal y los que dan poder a la Comisión para intervenir en la conducta de los países miembros (ver, por ejemplo, el punto 7). Queremos subrayar que la política de protección social debe ser privativa de los países miembros, aún cuando la ampliación de la UE va a hacer necesaria una mayor coordinación.

Lang
Las actuales dificultades de nuestros sistemas de protección social proceden ante todo de un déficit de ingresos debidos al paro, a la pobreza, al envejecimiento de la población y no a un exceso de gastos. Por lo demás, la Unión Europea tiene, debido a sus políticas, una gran responsabilidad en esta situación.
No cabe duda de que debemos adaptar estos sistemas. En Francia, especialmente, es preciso cesar de hacer soportar únicamente al trabajo la financiación del seguro de enfermedad y de la pensión. Asimismo, es preciso reformar un modo de gestión arcaico, fuente de injusticias, engaños y despilfarros. Ante todo, es preciso aplicar una política familiar de crecimiento demográfico, una política económica, monetaria y fiscal de crecimiento y de reconquista de nuestro mercado interior que permita la creación de empleo.
Lo que proponen la Comisión y el informe Andersson, no es una política social, es un medio de dar a Bruselas poderes de decisión exorbitantes en la financiación, por tanto, en la organización y las prestaciones de los sistemas de protección social de las naciones de Europa. Esta es la razón por la que votaremos en contra de este texto.
La protección social debe traducir ante todo la solidaridad nacional. Y depende en primer lugar y exclusivamente de las competencias del Estado nacional. La protección social debe fundarse en el principio de preferencia nacional y comunitaria. De lo contrario, no es más que el tratamiento financiero, a costa y en detrimento de los ciudadanos europeos, de situaciones sociales insoportables provocadas por la inmigración.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt
. (SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Jan Andersson sobre una estrategia concertada para la modernización de la protección social.
Tenemos una actitud positiva hacia la Unión Europea. Como liberales suecos, vemos la integración europea como una posibilidad para resolver problemas que traspasan las fronteras de los países, tales como el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de los conflictos. En esto, las democracias europeas pueden demostrar al mundo que la cooperación conduce a la paz y a un mayor bienestar.
También creemos en el principio de la subsidiariedad, esto es, que las decisiones deberán tomarse tan cerca como sea posible de aquellos a quienes van a afectar. Por eso impulsamos enérgicamente la idea de una constitución de la Unión Europea, en la que claramente se señalen las responsabilidades. Tiene que estar absolutamente claro para los ciudadanos que la UE sólo se encargará de los asuntos que conoce mejor: los que traspasan las fronteras. Todos los demás deben ser resueltos en el ámbito local, regional o nacional.
La política social es un ejemplo de un sector en el que la UE sólo debe tener competencia limitada, salvo cuando atañe a la libre circulación de los ciudadanos. Los Estados miembros deben tener la responsabilidad total y el derecho a decidir acerca de sus propios sistemas de protección social. La sanidad y la atención infantil y de ancianos son claros ejemplos de sectores que no tienen carácter internacional. Lo mismo vale para la política de mercado laboral. No creemos que una legislación europea común en estas materias sea la solución para los problemas de los sistemas de protección. Para nosotros, en cambio, es importante que la UE se concentre en pocos sectores, en aquellos en los que realmente pueda ser útil. Sin embargo, no hay impedimentos para que los países miembros colaboren e intercambien ideas en temas de carácter social.
Tradicionalmente, los liberales hemos dado especial relevancia a los asuntos relativos a la protección social y a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Damos nuestro incondicional apoyo, en el ámbito nacional, a muchas de las ideas contenidas en el informe del Sr. Andersson.

Nobilia
. (IT) Miramos con interés y esperanza la estrategia concertada para modernizar la protección social en Europa no disociada, sin embargo, de un proceso de cohesión análogo: una modernización y una cohesión evidenciadas en el informe por el ponente, con el que coincidimos.
Muchas políticas ya han tomado, aunque fatigosamente, este último camino, pero muchas tendrán que embocarlo antes de que Europa, aun en la subsidiariedad, se convierta realmente en una casa común no solo para los ciudadanos de los Estados miembros, sino también para los ciudadanos de los países candidatos. Por otra parte, los sistemas de protección social europeos siempre han desempeñado un papel positivo en los procesos de desarrollo civil y democrático de cualquier pueblo y si hoy, frente a las evoluciones de la economía, del trabajo, de las necesidades de la sociedad, dichos sistemas han de seguir desempeñando su papel de coadjutores del desarrollo, no hay duda de que precisan una acción de modernización.
Sin embargo, los aspectos que queremos destacar son sustancialmente tres: el primero se refiere a la estrecha interdependencia que debe existir, en términos directamente proporcionales, entre las políticas económicas, de trabajo y de protección social.
El segundo atañe a la gestión de los sistemas de protección social y a los sujetos que la llevan a cabo. De hecho, en la actualidad, se actúa con una cada vez mayor intensidad y eficacia en los ámbitos de previsión complementaria e integradora. Pero lo que, en nuestra opinión, no puede atenuarse es el papel del sujeto público tanto por la universalidad como -esperemos- por la calidad de las prestaciones de protección social básicas. Éste es, en definitiva, un principio de justicia que afecta a la sanidad y a los regímenes de pensiones, así como a la asistencia en que sigue siendo ineludible la coordinación estratégica, aunque renovada, del sujeto público.
Es tercer aspecto se refiere al principio de subsidiariedad en el que se asienta Europa. Hasta la fecha no existe una estrategia de protección y de seguridad social común y los sistemas vigentes se basan sustancialmente en la acción y la solidaridad interna de cada uno de los Estados miembros. Un proceso de modernización de dichos sistemas no puede ignorar las diferencias en términos económicos, de trabajo y de protección social existentes entre cada uno de los Estados, ya se trate de miembros o candidatos.
Por lo tanto, es preciso que la modernización, estrechamente ligada a un proceso de cohesión y moviéndose desde bases diferentes, quiera o sepa acelerar evoluciones hacia arriba y no viceversa. Por otra parte, es una cuestión de civilización, de progreso y de dignidad común de la Unión Europea actual y de la futura ampliada.

Sacrédeus
. (SV) Los valores comunes de los países miembros de la Unión Europea se fundamentan en la democracia, las libertades, los derechos humanos y la economía social de mercado. Esos valores tienen su expresión en la solidaridad con los grupos más débiles de nuestras sociedades y del mundo.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, son los propios Estados miembros los que diseñan sus sistemas de protección social. No obstante, los habitantes de la Unión Europea tienen que poder gozar de una red de protección social mínima, independientemente del país en el que se encuentren.
En el informe se alude a una "armonización fiscal eficaz y ambiciosa" , sin definir su contenido. Una postura de esta naturaleza es, en nuestra opinión, una intervención demasiado grande en las políticas fiscales nacionales y, por ese motivo, no le damos nuestro voto. De esta manera, votamos en contra del punto 7 del informe.
El informe hace hincapié en la dimensión social de la colaboración europea, cosa que celebramos. Sin embargo, es importante aclarar el papel que tendrá, o no tendrá, la UE en la protección social. En el informe no hay una aclaración en este sentido, cosa que lamentamos.

Theonas
. (EL) Leyendo la comunicación de la Comisión sobre protección social, inspirada por tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta si sus autores y los trabajadores europeos viven en el mismo continente, en la misma realidad social. Se pregunta uno, igualmente, si esta "estrategia coordinada de modernización" no es una nueva falsa formulación de la agresión frontal y coordinada a la protección social, a la seguridad social, a los derechos adquiridos de los trabajadores.

Compartimos bastantes de las observaciones del ponente, pero no compartimos en absoluto su optimismo en cuanto a las intenciones y los planes de la Comisión y del Consejo con respecto a la protección social. Las directrices generales de la política económica que se aplica, el Pacto de Estabilidad, y los austeros programas de convergencia, que dañan sustancialmente el empleo e impulsan la "empleabilidad" y la flexibilización de las relaciones laborales y de la organización del trabajo, las decisiones de la Comisión y del BCE sobre contención salarial, así como la insistencia en la rígida disciplina presupuestaria y en la preservación a cualquier precio de la tan traída y llevada estabilidad monetaria, no nos permiten albergar duda alguna sobre las miras y las metas de la nueva estrategia. El único objetivo es preparar el terreno y crear las condiciones para la reducción del gasto público en seguridad social y para la flexibilización de la propia protección social.
Cuando repetidamente y por boca de muchos responsables la seguridad social ha sido caracterizada de "coste" y "obstáculo" al aumento de la competitividad, y cuando se buscan modos de trasladar estos costes de las empresas a los trabajadores -con el pretexto siempre, por supuesto, de crear puestos de trabajo- nos sorprendería enormemente que el vigente modelo de la impune economía de mercado, absolutamente dependiente de los intereses de los monopolios, el modelo de la odiosa consideración crematística de todo, tomara bajo su protección el derecho fundamental de los ciudadanos a la protección social y a la asistencia.

Es evidente que lo que se pretende no es otra cosa que el desplazamiento de los sistemas organizados de seguridad social -que se encuentran bajo control estatal- a sistemas con entidades aseguradoras privadas, que brindarán nuevos beneficios al capital y gravarán aún más a los trabajadores, los cuales, además de un coste más elevado, "disfrutarán" de prestaciones de cada vez menor calidad. La promoción de la ilegítima competencia entre los sistemas públicos y privados de seguridad social, así como entre los sistemas de los estados miembros, no sólo no constituye un argumento, sino que pone de manifiesto el interés político y las insoportables presiones a las que se somete a los sistemas de seguridad social, al objeto de reducir su importancia hasta disolverlos, en beneficio del sector privado y de la ley de la máxima ganancia.
Es sabido que el nivel y la calidad del empleo determinan la calidad de los sistemas de seguridad social. ¿Cómo es posible, pues, hablar de sistemas de seguridad social saneados y económicamente viables cuando nos encontramos frente a los millones de parados, de pobres, de marginados, de «trabajadores pobres» del empleo a tiempo parcial, de damnificados por las políticas sobre condiciones de trabajo que se aplican?
La protección y la seguridad social constituyen una de las mayores conquistas de los trabajadores en Europa, alcanzada tras años de lucha contra las ambiciones del gran capital y con la permanente expresión de la solidaridad propia de los trabajadores. Hoy en la Europa del paro y del subempleo es imperiosa la necesidad de garantizar una protección social más amplia y de ensanchar los derechos de los trabajadores, cosa que exige, sin embargo, un sistema diferente de desarrollo económico y social, imposible en la UE, habida cuenta de su naturaleza y su carácter.
De acuerdo con estas consideraciones queremos expresar nuestra oposición categórica a la «modernización» del sistema de protección social promovida por la Comisión con su Comunicación, y señalar que no podemos votar a favor del informe de la Comisión de Empleo debatido.

El Presidente
Con esto finalizan las explicaciones de voto.
(Se suspende la sesión a las 13.55 horas y se reanuda a las 15.00 horas)

Próxima sesión "Derechos Humanos" de la ONU (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración del Consejo sobre el establecimiento de las prioridades de la Unión para la próxima sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (20 de marzo de 2000), incluyendo la situación en China.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, creo que es de lamentar la ausencia de la Presidencia en ejercicio del Consejo; se trata de una declaración del Consejo, y entiendo que quizás hubiese sido útil que hubiera estado presente en la continuación del debate.
Quisiera recordar, porque no me parece ocioso, que la inclusión de este punto en el orden del día obedece claramente a la necesidad, que han expresado todos los Grupos políticos, de que el Parlamento, antes de la próxima reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, celebrase un debate para hacer oír su voz en un tema tan sensible y tan querido para este Parlamento.
Creo que, después de la declaración de la Presidencia en ejercicio del Consejo y de la Comisión, podemos estar todos de acuerdo en que la situación actual en lo que se refiere a los derechos humanos dista mucho de ser la que todos desearíamos. A nivel de la Unión no podemos dejar de decir que la situación no es completamente satisfactoria, puesto que, por ejemplo, aunque el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituye un elemento común a todos los Estados miembros, no todos sus protocolos posteriores han sido ratificados o firmados por todos ellos.
También constituye un inconveniente claro en esta materia el hecho de que la Unión Europea en cuanto tal no sea firmante del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, con todos los inconvenientes añadidos que esta situación comporta. Espero que todos estos problemas puedan ser abordados y tratados en el ámbito de la discusión que se está celebrando en estos momentos sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
A nivel externo, creo que la mayoría de los puntos que hemos incluido en la Resolución nos proporciona una visión bastante aproximada de la realidad y no invita precisamente, señor Presidente, al optimismo, puesto que aspectos como el de la abolición de la pena capital, la tortura todavía practicada en muchos países pretendidamente democráticos o la situación de las minorías en muchas partes del planeta exigen de la Unión Europea una respuesta clara, visible y eficaz.
En mi opinión, esta Resolución contiene una serie de puntos esenciales, pero yo me detendría en uno muy particular, que es la necesidad de una mayor coordinación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas.
Señor Presidente, en un mundo como el actual, cada día más dominado por el fenómeno de la globalización, y no sólo en el ámbito económico, tenemos que dar respuestas concertadas y coordinadas para que éstas puedan ser eficaces. Para alcanzar esta eficacia en nuestra acción, es necesario llevar a cabo una coordinación en la práctica que no existe hoy en día. Por ello, este Parlamento defiende el principio de la necesidad de participar en la Comisión de Derechos Humanos y en otros foros internacionales donde se abordan estas materias y, señor Presidente en ejercicio del Consejo, a este Parlamento le gustaría poder participar lo antes posible en este tipo de reuniones.
Próximamente, en el mes de mayo, la Comisión Europea tiene previsto presentar una comunicación sobre el desarrollo del papel de los derechos humanos y de la democratización en las relaciones exteriores de la Unión. Quisiera aprovechar esta ocasión para pedir a la Comisión que tenga muy en cuenta esta necesidad de coordinación a la que acabo de referirme y que busque nuevas fórmulas que permitan reforzar el papel desempeñado por la Unión Europea en materia de derechos humanos y, en particular, por este Parlamento, especialmente desde una óptica de coherencia, reconociendo la buena disposición de aquellos países terceros que aceptan incluir la cláusula democrática. Entiendo que ello debería tener una traducción a todos los efectos -y me refiero muy especialmente también al efecto presupuestario.
Por último, no quisiera dejar de reconocer las importantes contribuciones que puede realizar en este campo la sociedad civil, así como el papel, muchas veces infravalorado, de las numerosas organizaciones no gubernamentales que actúan sobre el terreno. La Unión debe esforzarse por facilitarles todo el apoyo necesario para que puedan llevar a cabo su importante labor.

Fava
Señor Presidente, señores de la Comisión, cuando este Pleno debe razonar sobre el tema de los derechos humanos, corre un grave riesgo que, si quieren, se acentúa por el clima en que debemos debatir este tema tan importante.
La ausencia del Consejo y de casi todos los diputados del Parlamento nos da a entender lo grande que sigue siendo el espacio que separa las declaraciones nobles, importantes y útiles, desde el punto de vista formal, de la aplicación concreta del tema de los derechos humanos en el terreno de la política cotidiana.
Creo que este Parlamento, empezando por la contribución que la Unión Europea dará a la reunión de Ginebra, debe llenar este espacio y contribuir no solo en el plano de la enunciación de los principios, sino también en el de la verdad e incluso de la lealtad.
Los derechos humanos no deben limitarse a una lectura ceñida únicamente al momento de la denuncia o del castigo. Como Parlamento, debemos afrontar el tema de los derechos humanos sobre todo desde el punto de vista de la prevención. En este sentido, debemos ser capaces de exportar una cultura de la legalidad, una cultura del Derecho, una conveniencia del Derecho.
Creo que ha concluido definitivamente una larga etapa en que se iban amontonando los tratados y las firmas de los tratados. Hoy tenemos muchos, quizás demasiados tratados que se refieren al tema de los derechos humanos: si estos tratados se reducen a una mera enunciación, son únicamente ejemplos de pensamiento inútil. Hoy hemos de pasar a una etapa posterior y necesaria que es la de la aplicación cotidiana y obligatoria de lo que está escrito en nuestros tratados, aunque no debemos olvidar que algunos tratados fundamentales todavía tienen que ser incorporados. Me refiero a la Conferencia de Roma y a que 14 de 15 Estados de la Unión aún no han ratificado el Tratado relativo al Tribunal Penal Internacional.
Creo que debemos revisar y modificar algunos instrumentos políticos a través de lo cuales medimos la calidad de los derechos humanos del planeta. Con frecuencia hemos utilizado instrumentos que, desde el punto de vista formal, pueden ser confortables pero que, desde el punto de vista del resultado político, son absolutamente inútiles. Me refiero al uso, y a menudo al abuso, que se ha hecho del embargo a lo largo de estos años y a la aplicación demasiado prudente de la cláusula de suspensión de los Acuerdos entre la Unión Europea y los terceros países, en el caso de que se violen los derechos humanos en dichos países.
Creo que debemos actualizar el horizonte de protección de los derechos humanos. La globalización se expone al riesgo de una lectura especialmente punitiva. En este momento, en muchos países se pone en tela de juicio el principio de la universalidad de los derechos humanos. Se considera que muchos derechos humanos y el derecho a la vida, negado con la pena de muerte, son unas variables dependientes, mientras que la globalización, entendida con frecuencia en sentido punitivo, corre el riesgo de ser, de hecho, la única red que mantiene juntos los derechos, las acciones y las políticas de todos los países.
En consecuencia, tenemos que poner al día nuestro campo de acción en el ámbito de este esfuerzo orientado a tutelar los derechos humanos. Pienso en los derechos sociales, en los derechos de los trabajadores, en la calidad del trabajo, en la necesidad de pretender el respeto de todos los criterios que se han indicado, como debe ser, por la Organización Mundial del Trabajo. Pienso en el derecho a la tolerancia, en el derecho al respeto que es un derecho de todas las minorías, sobre todo dentro de la Unión Europea. Me refiero asimismo al derecho al desarrollo que es un derecho de los pueblos que son a su vez una suma de individuos: todo individuo, dentro del pueblo al que pertenece, tiene derecho a un desarrollo, a un futuro que sea ante todo un lugar de esperanza y de crecimiento. Estimo que todo esto forma parte de un razonamiento, de un debate y de una contribución que la Unión Europea debe llevar al terreno de los derechos humanos.
Espero que la participación del Parlamento Europeo en la reunión de Ginebra no sea únicamente un lugar o una ocasión de representación y que no solo sirva para escuchar y testimoniar, sino que sirva ante todo para afirmar que para nosotros esta dimensión de los derechos humanos es la dimensión principal, a la que confiamos la identidad de la Unión Europea, de la nación Europa, afirmando asimismo el principio de la universalidad de los derechos humanos que va más allá del tiempo y de los lugares. Lo esperamos y es la ferviente invitación que dirigimos a nuestros Gobiernos, incluso más allá de las conveniencias.

Malmström
Señor Presidente, aunque la Sala está bastante vacía, el Parlamento se ha destacado en el campo de los derechos humanos. Desde esta Asamblea hemos expresado nuestras inquietudes y hemos condenado a los regímenes que oprimen, torturan, ejecutan y discriminan a sus habitantes. Este interés crea inquietud y produce efectos. Hemos visto muchas pruebas de ello. Hace dos semanas recibí una carta de la Embajada de China en Bruselas. Manifestaban su estupefacción por las condenas a China en el Parlamento y dedicaban diez páginas a explicar que nuestras críticas se fundamentan en malos entendidos.
Esta carta es un ejemplo que demuestra que lo que hacemos no carece de resonancia, sino que es seguido por el mundo con gran interés. Esto es provechoso y demuestra el importante papel del Parlamento Europeo en la formación de opinión. El papel de la UE es importante. Por eso, nuestra política de derechos humanos debe ser consecuente, clara y coordinada. A pesar de la carta de la Embajada de China, actualmente hay motivos para inquietarse por los acontecimientos en China. Este asunto, junto con muchos otros, se discutirá en la reunión de Ginebra dentro de un par de semanas. En el Grupo Liberal estamos muy interesados en que la Unión mantenga la bandera alta y que actúe enérgicamente en esta ocasión. Me alegró escuchar la intervención del Comisario Patten sobre China, pero me preocupó escuchar las dudas del Presidente del Consejo.
Una resolución enérgica sobre China sería una señal importante hacia un país en el que sistemáticamente se violan los derechos humanos. Nuevamente han sido arrestados los miembros de Falun Gong, un movimiento espiritual, totalmente pacífico y actualmente prohibido. Nos llegan informes sobre torturas, incomunicaciones e, incluso, ejecuciones. Se condena a largas penas de cárcel sin juicios. Se envía a cientos de miembros del grupo a campos de desprogramación. Esto es totalmente inaceptable. También se hostiga a otros grupos, tales como los protestantes y los católicos. China dice que respeta la libertad de religión, pero demasiados casos de violencia y hostigamiento contra líderes religiosos indican lo contrario. Tampoco hay indicios de que mejore la situación en el Tibet. Desde allí llegan todavía informes sobre torturas, encarcelamientos y hostigamientos. En China no se aceptan los derechos fundamentales.
Tampoco se aceptan la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. La información tampoco es libre. China ha intentado en las últimas semanas hacer todo lo posible para impedir el acceso a Internet e impedir a los ciudadanos que se comuniquen y obtengan información de otros países por este medio y por el correo electrónico.
Todo esto demuestra que la situación es preocupante y existen, desde luego, muchas estrategias posibles para actuar. Una forma son los diálogos bilaterales, pero no son suficientes. No hay que dejarse engañar por los gestos simbólicos que hace China, en el último momento, para dar la impresión de que las cosas mejoran. La reunión de Ginebra es una ocasión importante para que el mundo le diga a China que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos no son aceptables.

Wuori
Señor Presidente, uno de los rasgos que salvan a este Parlamento es que aquí se practica una política coherente y activa en materia de derechos humanos; sigamos ondeando la bandera bien alto, como dijo la Sra. Malmström. Sin embargo, al mismo tiempo cerramos los ojos ante los propios problemas de la Unión: ante la violencia, ante la desigualdad, ante la realidad del cuarto mundo que forma parte de la vida cotidiana de la UE. Es justo que prestemos seriamente atención a las violaciones de los derechos humanos que se tratarán en Ginebra. Sin embargo, la retórica que usamos suele traslucir cierta autosatisfacción que roza el narcisismo norteamericano a la hora de hablar de los derechos humanos. Es francamente hipócrita condenar las violaciones de los derechos humanos ocurridas en terceros países, por muy escandalosas que sean, si no estamos dispuestos a echarles una mano a los auténticos refugiados y solicitantes de asilo, cuya situación se hace cada vez más difícil en la UE. Me refiero en particular a las cláusulas de readmisión que ponen en peligro la Convención de Ginebra y que deben ser rechazadas. Si no somos capaces de mantener el alto nivel de derechos humanos existente en relación con los refugiados y con los solicitantes de asilo, tampoco seremos merecedores de aplicarnos los valores europeos que, según ha manifestado aquí hoy el Sr. Vaclav Havel, conforman la identidad europea, entre los cuales él destacó, en particular, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad.
Durante algunos años formé parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, y me causó gran impresión observar cómo y en qué circunstancias tan difíciles la nación iba avanzando hacia una sociedad más abierta, hacia una sociedad democrática y plural de corte europeo. Mucho me temo que estemos avanzando ahora en la dirección contraria, hacia un aislamiento y un apartheid europeos.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente en ejercicio del Consejo, pienso que el tema que ha de plantearse en Ginebra este año no es de ninguna manera el de la pena de muerte. Ya hemos hecho aprobar tres resoluciones en Ginebra sobre la pena de muerte. Fracasamos en la Asamblea General del año pasado, debido a un pretexto falaz, el apartado 7 del artículo 2, que, por lo demás, adoptamos tranquilamente en todos los demás textos. Por tanto, el tema de la pena de muerte, es para la Asamblea General de este año, de ninguna manera para la sesión de Ginebra.
El punto crucial, y el Sr. Patten lo dijo, le agradezco las posiciones que defendió, es China. Lamentablemente, la distancia entre las posiciones de la Comisión y del Consejo o, en todo caso, de la Presidencia, no es poca, y creo que es grave, habida cuenta sobre todo de las posiciones viriles que han sido las del Consejo a propósito de Austria.
Pienso lo siguiente: en lo relativo a China, y conociendo el fracaso total de la política de la Unión Europea con respecto a China, el diálogo pretendidamente constructivo no ha dado ningún resultado o, peor aún, ha dado nuevos argumentos a los chinos para incrementar la represión, para reforzar la represión religiosa y la represión de las libertades (la Sra. Wallström lo dijo en Internet), en todos los sectores, en Tibet, en Mongolia interior, en Turquestán oriental. No hay un sector de la sociedad civil china en el que no presenciemos retrocesos.
No cabe duda alguna: China es la gran amenaza, nuestra gran amenaza, la que debemos afrontar, es una amenaza para la paz. Es el antimodelo de la democracia y ustedes saben, como yo, que los chinos, que los dirigentes chinos, antes de ser chinos, son comunistas. China gusta del lenguaje ambiguo. Mientras no tengamos una posición firme, no obtendremos nada de las autoridades chinas. Pienso, pues, que es preciso aprovechar la ocasión. Es preciso que nos asociemos a la iniciativa estadounidense. Es preciso que presentemos un texto enérgico. Es preciso que ese texto sea votado. Es preciso que trabajemos. Es preciso que los Quince trabajen, desde hoy, con el conjunto de los Estados miembros de las Naciones Unidas para que, finalmente, se pronuncie una condena firme y, luego, sobre estas bases, poder crear márgenes de diálogo.

Newton Dunn
Señor Presidente, quisiera tratar de dar una nueva perspectiva a esta cuestión. Como saben ustedes, el lunes una nave espacial sin tripulación entró en órbita alrededor de un asteroide en forma de cacahuete denominado Eros, que no dista mucho de la Tierra. Las fotografías indican que no hay vida en el asteroide, pero mucho más lejos de nuestra galaxia, en la Via Láctea, hay unos 300.000 millones de estrellas, muchas de ellas con planetas. Más allá de la Via Láctea hay 300.000 millones de otras galaxias con innumerables estrellas y planetas. Por lo tanto, es probable que haya mucha vida en esa parte del Universo, y que en muchos casos estén mucho más adelantados que nosotros.
Teniendo en cuenta que los primeros programas de televisión procedentes de la Tierra se hallan ahora a 50 años luz en el espacio más allá de las estrellas más próximas, les invito a que procuren imaginar conmigo lo que la vida que pueda haber en esos espacios piensa de nosotros cuando nos contempla. ¿Qué ven? Ven un hermoso planeta, animado de vida, pero ven también que su atmósfera está siendo contaminada y se está recalentando. Ven bosques que se están talando y desiertos que se están extendiendo. De las criaturas vivientes pueden ver muchos animales tratados cruelmente, otros animales raros que desaparecen para siempre. ¿Qué es lo que piensan de la especie actualmente dominante, es decir de los seres humanos? Bueno, ven que los recursos del planeta están distribuidos de forma desigual. Ven que luchamos por apoderarnos de tierras, que tenemos medicinas contra las enfermedades pero no en las partes del mundo en las que más se necesitan, que tenemos libros para las escuelas pero no en las regiones menos desarrolladas de nuestro mundo, que el 50% de la población mundial nunca ha tenido oportunidad de hablar por teléfono en toda su vida.
¿Qué es lo que ven en las relaciones entre seres humanos? Ven que nos matamos unos a otros. Ven que procuramos limitar las libertades de los demás. Ven una serie incesante de guerras locales. Ven que algunos de nuestros niños son enrolados en el ejercito como soldados, o tratados como esclavos o condenados a la prostitución. Ven que se trata de forma desigual a los hombres y a las mujeres, a las personas de edades diferentes, a las minorías, a las personas con piel de diferente color, de raza diferente, de creencia diferente, a los inmigrantes, incluso a los vecinos. Todos sabemos lo que ven.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos se aprobó hace 50 años para procurar corregir la situación. Todos deberíamos rendirle homenaje, y creo que lo hacemos. Únicamente en Europa están protegidos los derechos humanos por la ley. Aquí en el Parlamento Europeo algunos de los países no quieren que la Carta de Derechos, que está siendo objeto de debate en la actualidad, sea aplicable por ley. ¡Qué vergüenza!, les digo a todos ellos. Los derechos humanos deben ser respetados en virtud de la ley en todos los países del mundo. Ése es el objetivo por cuya consecución debemos luchar y trabajar todos. Como ha dicho el Comisario Patten, aún queda mucho por hacer.
Finalmente, si me preguntan: ¿Qué pasa si no hay vida entre las estrellas, qué pasa si somos los únicos en el universo? -cosa que sería horroroso imaginar- les diría: ¿No les parece que tenemos también la obligación de hacer que nuestros hijos se conduzcan bien, antes de dejarles que vayan a poblar otros planetas?

Swiebel
Señor Presidente, los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados. Muchos pueden recitar de memoria este famoso eslogan, extraído de las conclusiones de la Conferencia mundial de la ONU sobre Derechos Humanos de 1993. Es bonito, ¿pero cómo se vincula con la política de derechos humanos de la propia UE? ¿Se refleja en ella este planteamiento de la interdependencia? ¿Tiene la Unión Europea realmente una política de derechos humanos? No me refiero con esta pregunta a lo que cuesta a los Estados miembros acomodar sus posturas respecto de la política exterior y seguir una línea común en cuanto a las violaciones de los derechos humanos en diferentes partes del mundo, por ejemplo, China. No, señor Presidente, me refiero a la inexistencia de una política de derechos humanos dentro de la propia Unión Europea.
Un nuevo Gobierno ha llegado al poder en Austria, en el que participa un partido político que siempre ha predicado el racismo y la intolerancia hacia las minorías. He aquí una amenaza para los derechos humanos que la UE abandera, pero las reacciones ante estos hechos han puesto claramente de manifiesto la inexistencia de un marco coherente en el que se pueda actuar de forma adecuada. El tan citado artículo 7 del Tratado, que prevé la suspensión de los derechos de un Estado miembro en caso de constatarse en él violaciones graves y persistentes de los derechos humanos, constituye únicamente, por supuesto, un remedio heroico, un último remedio, que, en el caso de Austria, solamente se cita por no existir algo mejor y como amenaza.
Por ello, es necesaria una política de derechos humanos plena para y de la Unión Europea, una política para favorecer y mantener el respeto de los derechos humanos en la propia UE. Semejante política debería reunir diferentes elementos.
En primer lugar, debe existir un marco normativo, en el que figuren clara y abiertamente los derechos que la UE quiere salvaguardar para sus habitantes. La redacción de semejante carta ya ha comenzado, pero no podemos continuar cediendo o encomendando la cuestión del estatuto jurídico y del significado estratégico de este documento a juristas eruditos. Es una cuestión política que exige una pronta respuesta de la CIG y de este Parlamento.
En segundo lugar, debe desarrollarse una serie de instrumentos que hagan posible una flexible respons y no nos pongan en el brete de tener que elegir entre un remedio heroico y una conjetura. Pienso a este respecto en la documentación sistemática, la recopilación de información, la utilización de formas profesionales de observación, el desarrollo de acciones de información, el empleo de dinero para respaldar a las fuerzas democráticas en el país en cuestión, un uso más creativo de los recursos de la diplomacia multilateral, tales como el diálogo organizado y las fact finding missions y cuestiones similares.
En tercer lugar, debe determinarse claramente dentro de las diferentes instituciones de la UE cuál es la responsabilidad en materia de derechos humanos de la Unión Europea y cuáles son las actividades y competencias que ésta conlleva. La Comisión y el Consejo deben, por sí mismos, poner sus asuntos en orden en lo que a ello respecta. Esto ya no resulta necesario en el caso del Parlamento, dado que nuestro Reglamento otorga esta competencia a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior. No obstante, sí es curioso que la resolución que debe cerrar este debate haya sido preparada por el sector exterior del Parlamento y que la comisión que acabo de mencionar, y a la que yo misma pertenezco, no haya participado en la misma.
Señor Presidente, este Parlamento está trastornado y dividido. Por nuestra credibilidad, cuando se trate de derechos humanos, deberíamos tener una sola voz y no hacer como si el respeto de los derechos humanos dentro de la UE fuera distinto de su respeto en otras partes del mundo. Creo que esto también resultaría positivo de cara a nuestra credibilidad en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Gollnisch
Señor Presidente, ¿qué se necesitaría para que el discurso sobre los derechos humanos fuera otra cosa de lo que es hoy día: un instrumento ideológico que contribuye a la esclavitud de los pueblos y no a la libertad de las personas? En primer lugar, sería preciso remontarse, más allá del hombre mismo, que no es el señor del universo, a la fuente de todo derecho verdadero y a los valores fundadores de la civilización, al margen de los cuales la eterna reivindicación de los derechos acaba siempre en tiranía y en tiranía sangrienta. Sería necesario, con toda la tradición europea antigua y medieval, remontarse al orden natural del universo, es decir, a la Creación y, más allá sin duda, a los planes del Creador. Entonces se caería en la cuenta de que los derechos del niño sólo se respetan en el seno de una verdadera familia, que los derechos de los trabajadores sólo se respetan en el seno de los cuerpos intermedios que se han destruido hace poco, que los derechos de los ciudadanos sólo se respetan en el seno de naciones soberanas.
En segundo lugar, sería necesario que la doctrina de los derechos humanos dejara de ser instrumentalizada como lo es hoy día, una máquina de guerra ideológica en manos de una casta que se arroga el derecho de decretar unilateralmente quien representa a los derechos humanos y quien se sitúa fuera de su esfera, lo que permite negar toda legitimidad y, si es necesario, toda libertad a aquellos que el pensamiento único ha designado como políticamente incorrectos. No hay libertad para los enemigos de la libertad, decían, hace dos siglos, los promotores del terror revolucionario, de esa revolución que fue, lamentablemente, la matriz de todos los totalitarismos modernos. No hay derechos humanos para los enemigos de los derechos humanos, dicen hoy día los turiferarios del nuevo orden mundial, que reinan casi exclusivamente en los cenáculos financieros, en las instituciones internacionales, en las redes de los medios de comunicación y culturales, en las instituciones educativas, y me quedo corto.
¿Qué queda, por ejemplo, del derecho humano del austríaco a elegir libremente su destino, si esa elección le es dictada por aquellos que deciden en su lugar lo que conviene o no hacer, y si sus dirigentes, que vienen de un proceso legal y legítimo, son recibidos de manera insultante, como recientemente fueron recibidos en su país, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Ministro de Portugal? No sé si está aquí para escucharme. ¿Qué quedará de los derechos humanos de los que simpatizan con el Bloque Flamenco, uno de los más importantes de la región flamenca, si el Parlamento belga adopta mañana la increíble, la indecente, la ignominiosa propuesta de ley que emana de su principal competidor político, la Unión Popular, que pretende lisa y llanamente la disolución de su rival? ¿Qué queda del derecho al estudio crítico de nuestra historia, cuando se persigue a los autores y editores, como lo fue ayer todavía, ante el Tribunal de Apelación de mi ciudad de Lyon, el joven historiador Jean Plantin, objeto de requerimientos absurdos, arrogantes e injuriosos por parte del fiscal del Tribunal Supremo Jean-Olivier Viout, expresión satisfecha del pensamiento único y del conformismo intelectual?
¡Qué extraña concepción de los derechos humanos la que consiste en asimilar fraudulentamente el patriotismo apacible al nacionalismo belicoso, la legítima protesta contra la política de inmigración a yo no sé qué xenofobia y la necesaria defensa de las identidades al racismo! Cuáles son los derechos humanos de los millones de electores franceses del Frente Nacional, privados de toda representación política, vilipendiados a diario, como ocurrió todavía el lunes, en las televisiones estatales que deben pagar con sus impuestos, cuando la simple expresión legítimamente exasperada de uno de nuestros colegas, el Sr. Le Pen, sirve de pretexto a condenaciones ínicas, violando el derecho, violando la justicia, la equidad y la moral y que hoy se pretenda, contra los textos más claros, privar a ese representante de nuestros millones de conciudadanos del mandato que debe a sus votos y no a los favores del poder.
En resumen, Señorías, creeré en su discurso sobre los derechos humanos en Europa cuando reconozcan a sus adversarios políticos los mismos derechos que los que se conceden a ustedes mismos. Creeré en su discurso sobre los derechos humanos en China cuando designen la verdadera causa del mal, es decir, el comunismo. Escuchen la gran voz de Soljenitsine en su carta a los estadounidenses, que nos dice que la principal causa de debilidad de las sociedades occidentales reside en la hipertrofia del individualismo jurídico, un individualismo que, lejos de permitir el completo desarrollo de la persona, prepara el camino de la dictadura futura, en resumen la peor de las dictaduras, puesto que aquellos a los que esclaviza ni siquiera tendrán conciencia de su terrible esclavitud.

Van Hecke
Señor Presidente, el principio de los derechos humanos universales constituye, sin duda alguna, una de las herencias políticas más importantes del siglo XX. El holocausto fue el motivo, hace cincuenta años, de la fijación de algunos derechos y libertades esenciales. Desde el final de la guerra fría, el cumplimiento de los derechos humanos también se ha convertido en uno de los requisitos para la cooperación internacional. Los dirigentes que violan estos principios, se enfrentan ahora a la crítica internacional, a sanciones o, incluso, a procesos judiciales, tal como el antiguo dictador Pinochet ha podido experimentar.
Esta evolución es esperanzadora. No obstante, ello no quita para que la situación de los derechos humanos en el mundo continúe siendo muy preocupante. Cada vez se respeta menos a los ciudadanos, sobre todo, en las situaciones de guerra. Parece contradictorio. Nunca antes en la historia, el derecho humanitario ha estado tan bien organizado. Nunca antes, tantos países han ratificado tantos tratados internacionales. Sin embargo, las reglas más elementales de conducta se pisotean masivamente y hay más víctimas civiles que hace un siglo.
Mujeres sistemáticamente violadas. Niños reclutados por la fuerza y arrojados en la lucha. Los excesos han dejado de ser la excepción; desgraciadamente, se han convertido en la regla. Esto es aplicable hoy en día a no menos de treinta conflictos a lo largo de todo el mundo. La política en materia de derechos humanos de la comunidad internacional se podría describir como demasiado tardía, demasiado selectiva y demasiado dispersa. Demasiado tarde. Como ha dicho este mediodía el Presidente Havel, resulta que la ONU, a pesar de los muchas advertencias, se encuentra desbordada por los acontecimientos, tanto en Ruanda como en Kosovo, como espectadora impotente de los asesinatos cometidos por las diferentes partes.
Tampoco logramos evitar los genocidios cincuenta años después. Debe prestarse mucha más atención a la vigilancia y a la prevención de conflictos. El control del comercio de armas y un mejor control de los medios de comunicación son esenciales en este asunto.
La política de derechos humanos también es demasiado selectiva. Los bombardeos durante meses de la OTAN en Kosovo y los esfuerzos de mediación en Oriente Medio contrastan claramente con la indiferencia internacional ante los conflictos que se desarrollan en África. No dejo de tener la impresión de que cuando se trata de derechos humanos, a pesar de toda la retórica, África no ocupa el primer puesto en la agenda de la Presidencia portuguesa. Es algo que lamento profundamente.
No injustificadamente, los africanos tienen la impresión de que son ciudadanos del mundo de segunda categoría. Quisiera advertir de la desaparición de las normas en África en cuanto a la evaluación de las situaciones relativas a los derechos humanos, por lo que las violaciones terminarán considerándose como algo inevitable. Sin embargo, la política de derechos humanos es, sobre todo, demasiado difusa. No conseguimos diseñar una estrategia común en la comunidad internacional ni, incluso, en Europa.
Tomemos el caso de Sudán. La comunidad internacional lanza señales contradictorias a ese país. Inglaterra ha vuelto a abrir su embajada en Jartún. Canadá invita a los sudaneses a que celebren conversaciones de paz. Europa presiona a los rebeldes del sur a que negocien y, al mismo tiempo, los americanos aíslan al régimen y apoyan a los militares rebeldes.
Es necesaria una mayor coordinación, un mayor intercambio de información, y un planteamiento más coherente que evite la competencia. Solamente entonces, podremos continuar la obra de los autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Cashman
Señor Presidente, quisiera empezar por decir que si bastara con palabras para resolver todos los problemas, entonces ya no nos quedaría nada que hacer y podríamos volver tranquilamente a casa. Desgraciadamente, mientras hablamos hoy en la seguridad de esta sala, en todo el mundo libre se están cometiendo abusos de los derechos humanos. A veces cuanto más hablamos, menos oímos -mociones: palabras; convenciones: palabras; tratados: palabras-; si no somos cuidadosos, las palabras acabarán por reemplazar a los actos. Las palabras encuadradas en documentos bien rellenos y liberadores se convierten en tratados y en convenciones que a veces se muestran triunfalmente como testimonio del respeto de un país por los derechos humanos y su adhesión a ellos.
Sin embargo las palabras, habladas, escritas o firmadas, no son de por sí suficientes. Fíjense en los firmantes de las convenciones sobre derechos humanos y sobre las minorías y comparen luego la situación con el trato que reciben esas minorías, esos grupos y esas personas: la lista es vergonzosa y vergonzante.
¿Puede afirmar alguien con convicción que a las mujeres se les trata con igualdad y equidad, que los niños tienen derechos humanos, o que no se discrimina en contra de personas a causa de su religión, sus creencias, su género, sus discapacidades, su edad, su orientación sexual, su opinión, su afiliación política, etc?. La difamación de las minorías en periódicos y otros medios alimenta la discriminación. Incluso dentro de la UE hay ciudadanos que padecen todavía violaciones de los derechos humanos y respecto de los cuales se infringen nuestras convenciones o convenios. Todos los días la prensa desinforma y lo que escribe se utiliza para denegar la igualdad ante la ley a algunas minorías y para denigrar a las minorías étnicas. Francamente, se ha creado una jerarquía de la opresión. Y mientras la persona no tenga igualdad ante la ley, esta desigualdad será causa de discriminaciones y de erosión de los derechos humanos.
En nuestro proceso de ampliación de la UE hemos hecho hincapié acertadamente en los derechos humanos y en la protección de las minorías. No tenemos que renunciar a ese compromiso, pero también nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y reconocer nuestras propias deficiencias. A pesar de ello, hemos firmado las convenciones, pero hay que pasar a la acción. Recomendaría a todos que en las prácticas continuas de auditoría de derechos humanos se ejerciera una vigilancia eterna, no solamente fuera de nuestras fronteras, sino también dentro de ellas. Por eso soy partidario de que haya un informe anual de los Estados miembros en el cual cada Estado tendría que hacer constar las demandas de que ha sido objeto y las medidas adoptadas. En efecto, lo que sucede en cada Estado miembro nos sucede también a cada uno de nosotros. Lo que sucede en otras partes del mundo también nos afecta. Pinochet en Chile es un caso tan pertinente como Haider en Austria. Los derechos humanos y las libertades civiles están inexplicablemente vinculados. Los derechos humanos no existen en total aislamiento, están conectados con nuestras políticas de desarrollo, con nuestras políticas económicas, con nuestras políticas de asuntos del interior, incluso son el meollo de nuestras funciones democráticas. Quisiera repetir lo que ha dicho el Sr. Patten: tenemos que actuar, tenemos que informar, tenemos que educar y para ello tenemos que efectuar cambios verdaderos y duraderos.

Sacrédeus
Señor Presidente, "Europa representa ideales, valores y principios. Tenemos que resaltar la historia espiritual de Europa. Juntos tenemos que restablecer los valores que unen a Europa. Los valores espirituales se han difundido desde Europa hacia el resto del mundo. Tenemos que vivir con nuestras conciencias" . Así hablaba hace tres horas en esta Asamblea Vaclav Havel, Presidente de la República Checa. En un discurso particularmente reconfortante, caracterizado por el conocimiento de los hombres, sabiduría, conocimientos históricos y comprensión de la herencia espiritual y cristiana de Europa, indicó las fuentes de inspiración para nuestro trabajo en torno a los valores y derechos de los hombres. Hay que agradecer la existencia de jefes de estado como Vaclav Havel en nuestra Europa.
Quiero ocuparme de dos cosas. La primera de ellas es la sociedad civil. Vaclav Havel dijo que en la Europa del Este los regímenes comunistas destruyeron sistemáticamente la sociedad civil: los movimientos populares, las iglesias y los sindicatos independientes. Esto ocurre en China con el movimiento Falun Gong y con las iglesias católica y protestante. Esto ocurre con el lamaísmo en el Tíbet. Nunca debemos olvidar la defensa de la sociedad civil.
También quiero ocuparme de la pena de muerte. La UE y Suecia, mi país, fundamentan su concepción del hombre en la singularidad, la inviolabilidad y la unidad de los valores humanos. Basándose en este principio, los individuos siempre deben tener oportunidad de rehabilitarse. Hay que decírselo a los gobiernos de Estados Unidos, de Rusia y de China.

Cushnahan
Señor Presidente, Presidente en ejercicio, Comisario, me parece que la actitud de los Estados miembros de la UE en Ginebra debe consistir en dar prioridad a la situación en Kosovo, México, Arabia Saudita, Sierra Leona y China. En relación con China, no debemos abstenernos de plantear la cuestión sencillamente porque las discusiones sobre ella puedan quedar bloqueadas. Sin embargo, es imperativo que la UE hable y actúe como una sola persona, y las amenazas de sanciones comerciales deben reforzar nuestra actitud y no debilitarla.
Ahora bien, si queremos dar plena expresión a las decisiones que quizás se adopten en Ginebra, entonces la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos debe recibir los recursos necesarios. Los recursos financieros de las Naciones Unidas están demasiado extendidos y a causa de ello muchos programas indispensables dependen de la aportación de contribuciones voluntarias para poder seguir su curso.
También se necesitan recursos para promover la cooperación práctica y los derechos humanos, la planificación estratégica, el establecimiento de prioridades y el fortalecimiento de las comunicaciones entre la comunidad de donantes y los Estados miembros de las Naciones Unidas. Con esa finalidad la Alta Comisionada hizo recientemente un llamamiento anual en favor de que se aporten 53 millones de dólares para que su oficina pueda llevar a cabo esas tareas. La Unión Europea y sus Estados miembros deben dar ejemplo y aportar una parte importante de esos fondos. De esa manera no solamente colocaríamos a los Estados Unidos en una situación embarazosa por lo que se refiere al cumplimiento de sus responsabilidades financieras respecto de la financiación de las Naciones Unidas, sino que demostraríamos también que nuestro compromiso en favor de la defensa de los derechos humanos es algo más que simple retórica.

Maij-Weggen
Señor Presidente, este debate tiene como objetivo preparar la próxima sesión anual de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y la actuación de la Comisión y del Consejo en la misma. En primer lugar, permítanme decir que me satisface mucho lo que hasta ahora han manifestado el Sr. Patten y el ministro, y creo que está bien que tanto China como Cuba sean objeto de debate.
Cuba continúa siendo la última dictadura de Sudamérica y eso es algo que no podemos olvidar, a pesar de todas las simpatías que despierta Cuba en algunos círculos. Es una dictadura y, por tanto, no una democracia. Quiero pedir atención en mis dos minutos para dos países con los que me une un lazo especial.
En primer lugar, Indonesia. Por supuesto, nos alegra mucho que Indonesia tenga un nuevo gobierno y que el Sr. Wahid y la Sra. Sukarnoputri ocupen la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Nos alegra, asimismo, que la situación en Timor evolucione gradualmente en la buena dirección. Sin embargo, les comunico que la violencia no está todavía bajo control en las Molucas, un territorio que se encuentra al norte de Timor. Se han producido miles de muertos en los dos últimos años. Decenas de miles de personas han huido. No se controla bien la situación. Sé que mañana o pasado mañana se presenta un importante programa en la televisión neerlandesa en el que se ruega que se envíen observadores, solamente para que examinen con precisión lo que sucede allí, de manera que, en todo caso, se constate lo que está ocurriendo, también con vistas a después, para las comisiones de derechos humanos. Mi ruego urgente es, y se trata de algo que en diferentes ocasiones hemos recogido en las resoluciones, que negociemos el envío de observadores a las Molucas. Ya son suficientes los miles de muertos, miles de heridos, decenas de miles de refugiados.
Mi segundo país, y quiero ser muy breve, puesto que el Sr. Patten lo conoce muy bien, es Birmania. Es inaceptable que no nos pronunciemos sobre este país. Tengo la idea de que Birmania ha ido cayendo progresivamente en el olvido. Hace ya diez años que la presidenta electa se encuentra bajo arresto domiciliario. Diez años ya, que el Parlamento no funciona. Un sinfín de parlamentarios han sido asesinados o han huido y sólo unos cuantos viven en Birmania. Cientos de miles de refugiados han salido de Birmania a Tailandia o la India y, sin embargo, parece que ya no se presta atención a ese país. Creo que debe volverse a incluir a este país en la agenda, especialmente ante el cambio acontecido en Indonesia. No puede ser que la Sra. Aung San Sui Kyi se sienta totalmente abandonada, también por Europa. Mi petición es que este país vuelva a tener una posición privilegiada en la agenda.

Costa Neves
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la afirmación de la Unión Europea en el mundo no podrá tener como elemento determinante sólo el poderío económico. Un rasgo esencial de lo que nos distingue es la sistemática referencia a los derechos humanos por nuestra parte y por la de aquellos con los que nos relacionamos. El Parlamento Europeo, que viene consiguiendo superar los límites resultantes de egoísmos y "de intereses nacionales" plasmados a veces en posiciones de Estados miembros e incluso de otras instituciones de la Unión Europea, ha desempeñado un papel fundamental en el fomento y la defensa de los derechos humanos.
Por eso, se puede afirmar, por ejemplo, que el Parlamento Europeo nunca ha dejado que se olvidara la situación en Timor Oriental, lo que podría haber sido el peor enemigo de una solución justa para su pueblo, que siempre se opuso a la ocupación indonesia. Por eso, aún recientemente nos opusimos a la venta de armas a Indonesia, posición que, por desgracia, el Consejo no tuvo en cuenta. Pero no basta con evitar o poner fin a situaciones de indignante agresión perpetradas por personas o instituciones contra los más débiles. Es esencial que, cometidas las violaciones, sus autores no queden impunes, sean quienes fueren, sea donde fuere, en Indonesia o en Angola, en Cuba, en China o en Birmania, ya sea el autor un civil o un militar, un soldado, un general o un ministro. Hágase justicia en Indonesia. Hágase justicia en Timor Oriental. El Presidente Wahid necesita nuestro apoyo para afrontar la difícil situación que tiene entre manos. En buena hora esta resolución, por iniciativa del PPE, incluye una referencia expresa a Timor Oriental. Lo que allí ocurrió en ese país y que en parte presencié, en representación de este Parlamento, no puede quedar sin responsables y éstos no pueden quedar impunes. Hablar de Timor Oriental tiene que ser también recordar la situación de decenas de millares de refugiados timorenses en territorio indonesio, en situación inhumana, controlados por militares indonesios y por milicias, utilizados como moneda de cambio. Es una situación intolerable a la que urge poner fin.

Amado
Señor Presidente, algunos comentarios muy breves en nombre de la Presidencia del Consejo. En primer lugar, para recordar que la de la Presidencia es sobre todo una labor de coordinación, de búsqueda de posiciones comunes respecto de las iniciativas que los Quince deben adoptar en el Consejo, recordando que las experiencias de los períodos de sesiones anteriores de la Comisión de Derechos Humanos han revelado -gracias precisamente a esa labor de coordinación de las Presidencias- una gran capacidad de afirmación de la Unión Europea como entidad con una política propia dentro de la Comisión, cosa que conviene mantener.
Quisiera decir también que la participación del Parlamento Europeo en los trabajos preparatorios es importante para la afirmación coherente de las posiciones de la Unión Europea sobre las diversas situaciones, por lo que la Presidencia acoge con natural agrado todas las propuestas, en particular todas las contribuciones que se desprenden de los textos de las resoluciones presentadas. Quisiera subrayar también que, como han destacado muchos de sus Señorías, la política de derechos humanos está en el centro de la identidad europea y se debe entender el respeto de los derechos humanos como el principio esencial para la cooperación internacional por parte de la Unión Europea. A eso se debe la necesidad de que entendamos la política europea de derechos humanos con la mayor coherencia, lo que impone, naturalmente, la necesidad de que adoptemos posiciones claras y sin gran ambigüedad sobre situaciones que consideramos más inaceptables, en particular la mencionada por muchos de sus Señorías en relación con China. Pero también tomamos nota de la preocupación de muchos otros diputados respecto de otras situaciones en otros países, en particular las referencias a Indonesia, a la situación en Timor, a las situaciones de las Molucas y de Birmania, que debemos tener en cuenta.
Tampoco podría terminar sin un comentario en relación con una intervención concreta del Sr. Van Hecke respecto de la situación de los derechos humanos en África y al papel y la prioridad de la Presidencia portuguesa, poniendo en entredicho la sinceridad de nuestras opciones en relación con la prioridad que concedimos a las relaciones con la Unión Europea. Quisiera simplemente decir que en estos dos meses escasos la Presidencia portuguesa ha podido celebrar por primera vez un Consejo de Ministros de Desarrollo, aunque oficioso, cuyo orden del día ha estado precisamente acaparado por las relaciones de la Unión Europea con África -y ése fue el asunto que hizo reunirse a los Ministros de Desarrollo de los Quince en Lisboa para debatir precisamente la nueva dimensión que se debe dar a esas relaciones- y no puedo dejar de subrayar la circunstancia de que hayamos concluido las importantes negociaciones del nuevo convenio, que substituye el Convenio de Lomé, y hayamos conseguido, mediante una negociación muy compleja y difícil, celebrar o preparar la celebración de la primera cumbre Unión Europea-África. Por eso, no podría dejar de responder directamente a una pregunta pertinente del Sr. Van Hecke.

Patten
. (EN) Señor Presidente, este debate ha sido muy útil. En una o dos intervenciones se han mencionado cuestiones específicas sobre las cuales deberíamos reflexionar muy cuidadosamente. Por ejemplo, la Sra. Maij-Weggen se refirió a Indonesia y a Birmania y formuló algunas ideas muy interesantes acerca de esos países y acerca de la situación de los derechos humanos en ellos.
Quisiera ahora tratar muy brevemente de uno o dos temas que se mencionaron durante el debate. Uno de los primeros oradores, el Sr. Wuori, habló de las observaciones que había hecho anteriormente el Sr. Havel hoy. Fue una intervención notable y espero que el Sr. Gollnisch, que ya no puede estar con nosotros, haya podido seguir también la intervención. También espero que, si hay vida en el espacio extraterrestre, como ha dicho en términos conjeturales el Sr. Newton Dunn, esa vida haya podido sintonizar también la intervención del Sr. Havel. El Sr. Havel nos ha recordado que la Unión no trata únicamente de mercados, ni de crecimiento del PNB, sino que es una Unión de valores que se reflejan en los Tratados y que se reflejan en nuestras obligaciones en toda la esfera de la asistencia exterior y específicamente en lo que se nos ha encomendado que hagamos. ¿Cómo podemos llevar a la práctica todo lo que los Tratados dicen tan detalladamente acerca de los programas de asistencia para el desarrollo?
Uno o dos diputados, el Sr. Ferber y el Sr. Cushnahan, mencionaron la diferencia que hay entre retórica y realidad. El Sr. Cashman dijo, lo que en cierto modo es cierto, que las palabras no reemplazan a los actos. Es evidente que las palabras pueden marcar una diferencia, que es lo que dijo la Sra. Malmström. Dijo que había recibido una carta del Embajador de China, un representante muy amable e inteligentísimo, un buen servidor de su país, en la que le decía que estaba equivocada y que el Parlamento Europeo estaba equivocado en su actitud respecto de los derechos humanos en China. Tengo la impresión de que, después de su intervención, la Sra. Malmström recibirá una cascada de cartas de las autoridades chinas. Va a poder llenar un armario con cartas acerca de lo que se pretende que es la verdadera situación en China. Me parece que la Sra. Malmström estaba reflejando las opiniones de muchas organizaciones no gubernamentales, de muchas personas que admiran la civilización china pero que se preocupan por lo que está sucediendo en la China de nuestros días.
Evidentemente es perfectamente normal que nos ocupemos de los actos, y en su primera intervención el Sr. Salafranca mencionó dos cuestiones aparte de Ginebra que representaban otras tantas acciones, una de las cuales, sin duda, se ha visto posibilitada por la generosidad del Parlamento Europeo en nombre del contribuyente europeo -se trata del presupuesto que podremos gastar en actividades de derechos humanos-, unos 100 millones de euros que se gastan por conducto de programas, de los cuales soy responsable, y que principalmente van a las organizaciones no gubernamentales para que promuevan los derechos humanos y para que promuevan la democratización. Todos queremos compartir con el Parlamento nuestra opinión sobre la forma de que el programa de gastos en favor de los derechos humanos pueda tener un mejor enfoque y mejores objetivos en los años venideros.
Tampoco olvido el asunto que mencionó el Sr. Salafranca, que lamento no pueda estar con nosotros al final de este debate breve pero útil. No olvido tampoco la cuestión de nuestra política general en materia de derechos humanos y la relación entre los derechos humanos y la política exterior. Quisiera recordar al Parlamento que la Comisión va a publicar, antes de mediados de este año, un texto amplio e intelectual en favor de colocar los derechos humanos en el centro de la elaboración de la política exterior y de seguridad común. Esto es inmensamente importante, y si no hubiera pensado ya en ello, al escuchar la notable intervención del Sr. Havel esta mañana estoy seguro de que hubiera llegado a la misma conclusión.
Este debate ha sido útil. Espero que haya más debates como éste. En particular, espero que podamos sostener debates acerca de una de las formas en que llevamos a la práctica estas buenas intenciones allí donde es realmente necesario, es decir donde todavía se tortura a personas, donde todavía se viola a personas y donde todavía se niega a las personas el tipo de derechos civiles que este Parlamento estima que existen de por sí, como pienso yo también.

El Presidente
He recibido 7 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

Chipre y Malta
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
la declaración del Consejo relativa a la posición de la Unión Europea sobre la evolución de la cuestión chipriota;
el informe (A4-0029/2000) del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos y Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de medidas en el marco de la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta [COM(1999)0535 - C5-0308/1999 - 1999/0199(CNS)].
En representación del Consejo, tiene la palabra el Sr. Seixas da Costa.

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, en nombre de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, quisiera dar algunas informaciones sobre la reanudación de las negociaciones intrachipriotas y la evolución reciente de esa cuestión.
Considero que lo ocurrido en Helsinki al final del año pasado y el nuevo ambiente que se vive en el marco, en particular, de la relación entre la Unión Europea y Turquía refleja -resulta patente para todos- un telón de fondo en el plano comunitario al que no puede dejar de ser sensible también el propio marco de relación entre las dos comunidades, en el ámbito de Chipre.
Quisiera subrayar que a comienzos de diciembre del año pasado se celebró en Nueva York la primera ronda de negociaciones -desde hace varios años interrumpidas- entre las comunidades chipriotas del norte y del sur de la isla. Fueron conversaciones de carácter indirecto, mediadas por el Representante Especial de las Naciones Unidas, Álvaro de Souto. En enero de este año -a partir del 31 de enero- se celebró otra ronda y está previsto que el 23 de mayo se inicie en Nueva York una tercera ronda y existe la posibilidad, aún no confirmada del todo, de que esas conversaciones sean directas y continuas, con lo que sus trabajos se prolongarían hasta septiembre de este año.
Los aspectos substanciales en ese debate son esencialmente cuatro: la seguridad, la estructura gubernamental, los ajustes territoriales y los refugiados y las indemnizaciones resultantes de la situación creada después de la división de la isla. Ahora bien, se había acordado la posibilidad de incluir otras cuestiones, por lo que el representante de la parte septentrional de la isla, Rauf Denktash, propuso tres nuevos temas: la soberanía, las medidas creadoras de confianza y el levantamiento del embargo a los productos del norte de la isla.
De las conversaciones hasta ahora celebradas se han obtenido esencialmente dos resultados: se perfila la posibilidad de estructurar un cauce directo de información entre la Unión Europea y la parte septentrional de la isla -sin que eso signifique necesariamente su reconocimiento como una entidad con personalidad jurídica en el plano internacional -a fin de facilitar la aprobación de un acervo comunitario para una posible adhesión de toda la isla, en el caso de que entretanto consiga una resolución del problema global de la división de la isla.
El segundo resultado que nos parece importante es la declaración formulada por el Secretario General de las Naciones Unidas al final del primer día de conversaciones, al afirmar que, si se consiguiera un acuerdo global para la situación, entrañaría un reconocimiento de las especificidades del norte de la isla. Ésa es la posición que adoptó el Secretario General de las Naciones Unidas y es un elemento que deberá estar presente, naturalmente, en nuestro análisis futuro.
Existen algunas esperanzas respecto de la tercera ronda de negociaciones, dadas las propuestas de planes que están en preparación y en las que intervienen representantes de los Estados Unidos y del Reino Unido, en particular en las esferas de la seguridad y la estructura constitucional, que, según se prevé, serán presentados en dicha ronda por mediación del Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, cosa que ocurrirá en un marco ya posterior a la celebración de elecciones en el norte de la isla, previstas para el 18 de abril.
Por lo demás, la Presidencia portuguesa de la Unión Europea, siguiendo el ejemplo de lo que hicieron Presidencias anteriores, ha decidido indicar un representante para que tengan contactos con las diversas partes interesadas al respecto, quien ya se ha puesto en contacto con ellas y, en estrecha relación con el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas, ha ido siguiendo los trabajos de varias rondas. En particular, tenemos la intención de que la Unión Europea mantenga permanentemente una actitud activa a ese respecto, tanto más cuanto que se da la circunstancia de que Chipre es, como resulta evidente, un candidato a la adhesión a la Unión Europea con un proceso de negociación bastante avanzado, lo que suscita, naturalmente, algunas esperanzas y determina que la Unión Europea tenga un papel de alguna relevancia en ese marco.
La orientación que venimos siguiendo en ese debate y nuestra participación en él ha consistido esencialmente en aprovechar cierto clima de apaciguamiento de las tensiones creado por la convicción, comúnmente -nos parece- compartida, de que es necesario seguir negociando y de que la continuación de las negociaciones y el mantenimiento de su ritmo son también, en sí mismos, elementos de esperanza en cuanto a la conclusión de una solución final.
Hay, además, otro elemento importante, ya citado en el comienzo de mi declaración y relacionado con el compromiso de Turquía de contribuir a la preparación del norte de la isla para la adhesión. Consideramos que no sólo debemos leer con cierta atención, cierto detenimiento, las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki, sino que, además, debemos ir observando la disponibilidad de las autoridades turcas para contribuir a la resolución de esa cuestión.
Yo mismo estuve en Ankara, donde tuve oportunidad de hablar con el Primer Ministro Bülent Ecevit a ese respecto, y, pese a que conocemos las dificultades, la sensibilidad específica y la propia idiosincrasia del planteamiento turco de esa cuestión, considero que se abre una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. Para ello, hay que combinar varios factores, uno de los cuales tiene que ver -no vale la pena ocultarlo- con la propia dinámica de la relación entre Turquía y la Unión Europea. Ése es un elemento esencial para el futuro de esta cuestión.
Por otro lado, nos parece importante -también en relación con el propio modo como la Unión Europea aborda lo esencial de esa cuestión- que se aliente el intercambio de informaciones entre las Comisión y los chipriotas del norte de la isla, sin que eso signifique -debe quedar claro- tipo alguno de reconocimiento de carácter oficial. Ahora bien, consideramos -y creo que ésa es la interpretación que hace la Comisión- que todo el proceso de aproximación, en el nivel de la evaluación del acervo encaminado al proceso de integración global de la isla en el ámbito de la Unión Europea en una futura adhesión, requiere la participación, lo antes posible, de las comunidades del norte de la isla y la posibilidad de que también la Unión Europea, en el esfuerzo que hace de evaluación de las condiciones de adhesión, pueda tener acceso a elementos que le permitan substanciar el propio proyecto de adhesión.
Por otro lado, eso quiere decir que, por parte del Consejo, debemos alentar -y considero que este Parlamento podría hacerlo también- la participación de la Comisión en ese esfuerzo. Creo que no podemos dejar de enviar un mensaje de confianza a la Comisión respecto de su papel en ese sentido.
Por último, creo que deberemos seguir colaborando activamente -y ésa es también la intención de la Presidencia- con las Naciones Unidas, dadas la habilidad, la inteligencia y la capacidad con que el Secretario General y la propia estructura de las Naciones Unidas han sabido dirigir ese debate y, en particular, han intentado contribuir a la armonización de las posiciones entre las partes. Como he dicho al principio, se observa que las conclusiones de la Cumbre Europea de Helsinki de diciembre del año pasado tuvieron repercusiones evidentes en la evolución de las posiciones de las diversas partes en el proceso. El Gobierno de Nicosia manifestó su satisfacción con las conclusiones de Helsinki, que brindan la posibilidad de adhesión a la Unión Europea sin la solución previa de la división de la isla. Ahora bien, no puedo dejar de observar que esas mismas autoridades se manifiestan preocupadas por las presiones que puedan llegar a sufrir para resolver las cuestiones suscitadas por esa división y que, como resulta evidente, entrañan algunas concesiones. Eso está relacionado con la evolución que ha habido en materia de traslado de poblaciones y la posibilidad de una reorganización al respecto en el caso de una solución diferente para la isla.
Por otro lado, los chipriotas turcos temen -tampoco vale la pena ocultarlo- que la candidatura de Turquía a la Unión Europea induzca a Ankara a flexibilizar un poco su posición al respecto. Considero que, independientemente de que ésos puedan ser algunos de los recelos abrigados por las dos comunidades en esa aproximación, esos aspectos, que pueden configurar una interpretación negativa de la situación por parte de las autoridades de ambas partes, pueden también ser la razón de fondo para abrigar alguna esperanza respecto de una solución final.
Para esa solución final, será claramente imprescindible uno de los elementos más importantes que caracterizan las relaciones en esa zona y en este período: la evolución extraordinariamente positiva de las existentes entre Atenas y Ankara y el importantísimo papel que han desempeñado en ellas el Ministro de Asuntos Exteriores griego, George Papandreu, y el Ministro de Asuntos Exteriores turco, Ismail Cem. Consideramos que en ese marco se han creado las condiciones para una evolución positiva. Por nuestra parte, por parte de la Presidencia del Consejo, no dejaremos de seguir con toda atención esa evolución, no dejaremos de colaborar con el Secretario General y con su representante personal a ese respecto. Pondremos en conocimiento de las instituciones comunitarias lo que hemos podido hacer y lo que se puede hacer desde el punto de vista de la articulación no sólo en el plano político, sino también en cuanto a lo que la propia Comisión, en el ámbito de su capacidad de gestión respecto del proceso de adhesión, pueda llegar a conseguir y, en particular, daremos a conocer la flexibilidad que ambas partes demuestren a ese respecto.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, el debate de hoy se ocupa de una cuestión que es especialmente importante bajo dos aspectos. Por un lado, se trata de la cuestión de la financiación de Chipre y Malta para que puedan incluirse plenamente en la estrategia de adhesión. Pero también se trata de modo muy especial del proceso de paz en Chipre y, en consecuencia, de la estabilidad y seguridad en el área del Mediterráneo.
En primer lugar, quiero decir algunas palabras sobre el reglamento financiero para Chipre y Malta que presentó la Comisión en octubre del año pasado. Quiero felicitar muy encarecidamente al Sr. Brok, el ponente y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, por su informe que supone una excelente base para nuestros debates de hoy. Necesitamos este instrumento. Sustituye a los protocolos financieros que expiraron a finales de 1999. Necesitamos estos instrumentos para que podamos atender nuestros compromisos financieros en el marco de la estrategia de aproximación para Malta y Chipre.
Quiero expresar mi agradecimiento por el apoyo dado por el Parlamento a la Comisión en los esfuerzos para aprobar lo antes posible el proyecto de reglamento. La Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Presupuestos han introducido una serie de enmiendas. La Comisión puede recoger una parte de ellas. Quiero decir algo sobre dos puntos de los que sé que son de especial importancia para el Parlamento.
Por un lado se trata de la dotación financiera en sí, es decir, de cuánto dinero queremos gastar. La Comisión va a proponer un volumen financiero de 95 millones de euros. El Consejo se ha puesto también de acuerdo sobre esta cifra. Sé que el Parlamento desea una dotación mayor y puedo también comprender los motivos. Créanme que como miembro competente de la Comisión también me gustaría disponer de más dinero para este objetivo.
Pero la situación es tal que actualmente una suma superior no es susceptible de consenso. A la postre, la autoridad presupuestaria deberá determinar el importe definitivo.
La segunda cuestión que es aquí importante es la relativa a la transferencia de los créditos financieros en la Categoría 7 del Presupuesto. Aparentemente se trata sólo de una cuestión técnica pero es una cuestión profundamente política. Con motivo de otro asunto yo mismo dije aquí que considero acertada esta idea. Creo poder decir -sin que la Comisión haya adoptado aún una decisión formal- que la Comisión está dispuesta a seguir en principio esta consideración.
Pero la decisión al respecto no se puede realizar con este reglamento sino que sólo será posible en el marco de la revisión de las previsiones financieras. Mediante este reglamento, que se extiende para el período del 2000 al 2004, ambos países candidatos tienen acceso a ayuda técnica y financiera para la aplicación del acervo comunitario, para la participación en los programas comunitarios y determinadas instituciones de la Comunidad así como para ampliar las capacidades de sus administraciones y tribunales.
Del importe total previsto por un montante de 95 millones de euros, 57 millones están destinados a Chipre y 38 millones a Malta. En el caso de Chipre, el proyecto de reglamento prevé también la financiación de medidas para apoyar la reconciliación entre los dos grupos nacionales, representando esta suma la tercera parte del total.
Quiero garantizar en nombre de la Comisión que la programación de los créditos se realizará en consonancia con las prioridades de las asociaciones de adhesión ya en las próximas semanas.
Quiero realizar algunas breves observaciones sobre la evolución de la cuestión de Chipre tras el Consejo Europeo de Helsinki. Puedo adherirme plenamente a lo que el Sr. Seixas da Costa ha expuesto aquí en nombre de la Presidencia portuguesa del Consejo. En esta cuestión estamos cooperando muy estrecha y positivamente. De cara a Chipre, la Unión siempre ha dicho que las negociaciones de adhesión deben repercutir positivamente sobre la solución del problema político. Siempre hemos estado de acuerdo con ello y me parece totalmente correcto que las negociaciones para solucionar el problema político tengan lugar bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y también siempre hemos estado de acuerdo en que la solución debe apuntar hacia una Federación bicomunal y bizonal.
El objetivo de la Unión Europea sigue siendo el de acoger en la Unión a un Chipre unido. El Consejo Europeo de Helsinki ha subrayado de nuevo que una solución del conflicto político facilitaría la adhesión de Chipre en la Unión Europea. Sin embargo, tal como acaba de exponer la Presidencia, el Consejo ha indicado que esta no es una condición previa para la conclusión de negociaciones.
Para el caso de que no se haya logrado una solución política a la cuestión de Chipre en el momento de la conclusión de las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará la decisión sobre la acogida de Chipre en la Unión sopesando todos los factores relevantes. Esta es la situación política que tenemos.
La decisión del Consejo Europeo de Helsinki sobre la futura configuración de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía ha impulsado una considerable dinámica. Quiero subrayar que aquí están transcurriendo al mismo tiempo varios procesos políticos que están estrechamente relacionados entre sí.
Por un lado están las relaciones entre la UE y Turquía. Por otro, el desarrollo de las relaciones greco-turcas y finalmente el proceso de paz en Chipre.
Se ha hablado de la window of opportunity, la ventana de la oportunidad que se ofrece tras Helsinki debido a la distensión greco-turca. ¿Qué podemos hacer para aprovechar esta ventana de la oportunidad en relación con el problema de Chipre? Creo que debemos elegir una actitud inteligente y reservada. Si nos acercamos a este asunto con demasiada celeridad, despertaremos esperanzas que no se pueden cumplir, por lo que estoy a favor de mantener una actitud inteligente que avance paso a paso en función de la situación correspondiente. Lo primero que podemos y queremos hacer es intensificar el diálogo y la comunicación entre las dos comunidades de Chipre. Esta es una consideración que apoyan nuestros interlocutores griegos y turcos.
Así pues, queremos reactivar las llamadas actividades bicomunales, sobre todo las actividades bicomunales entre los jóvenes. También queremos ocuparnos más intensamente en informar mejor a la comunidad turcochipriota sobre las metas de la Unión. Estoy plenamente convencido de que un mayor conocimiento del Tratado, una mayor comprensión de lo que es y quiere la Unión Europea, podrá contribuir a desmontar los miedos y prejuicios. A mediados de marzo voy a viajar a Chipre. Mi objetivo va a ser contribuir a que ambas comunidades se convenzan de la ventaja de una nueva cooperación.
En el nuevo reglamento financiero hemos previsto créditos para esta finalidad. Estos créditos no son insignificantes. Me parece muy importante que apelemos a ambas partes para que superen por fin las sombras del pasado y desarrollen paso a paso una nueva forma de cooperación y finalmente también de convivencia.
Las conversaciones en el marco de las Naciones Unidas han tenido lugar en diciembre en Nueva York y a comienzos de febrero en Ginebra. En mayo pasarán quizás a la tercera y decisiva ronda. Hay que negociar hasta que se encuentre una solución o al menos se logren unos importantes progresos en las grandes cuestiones que acaba de exponer la Presidencia.
¿Cuál es aquí el papel de la Comisión? Es interesante comprobar que todos los participantes en este proceso consideran esencial el papel de la Unión Europea. Todos los participantes en el proceso buscan el contacto y la cooperación con nosotros. Para todos los participantes está claro que el proceso de paz y la recepción de nuestro acervo comunitario están unidos inseparablemente y que no pueden enfrentarse.
Tengo que decir que yo también concedo una extraordinaria importancia a la cooperación con el Secretario General de las Naciones Unidas y su enviado especial en esta cuestión y puedo decir que transcurre con plena confianza y sin ninguna fricción.
Por tanto, está justificada la conclusión de que desde Helsinki se ha producido una mayor dinámica para la solución de la cuestión chipriota. Por el momento no quiero ir más lejos en mi apreciación. La decisión de la Unión de comenzar las negociaciones de adhesión y de proseguirlas con rapidez para que sirvan así de catalizador para la solución del problema político me parece que es la vía correcta. En cualquier caso no veo ninguna alternativa razonable a esta vía por lo que sólo puedo decir que la Comisión va a seguir en la línea de contribuir hasta el final de las negociaciones de adhesión a encontrar la solución al problema político y utilizar las mismas negociaciones como un importante instrumento para la solución del conflicto.

Brok
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, muchas gracias por las dos comunicaciones y las explicaciones que ha realizado el Sr. Comisario Verheugen sobre la propuesta del Consejo relativa a la ejecución de medidas en el marco de la estrategia de preadhesión.
Realmente, debemos considerar a Malta y Chipre como dos candidatos que tanto políticamente como desde la perspectiva de aproximación tienen que ser tratados con los mismos derechos que los 10 Estados restantes con los que se han comenzado negociaciones bilaterales. Sin duda, nadie en esta Asamblea pone en duda que sería una ayuda extraordinaria si se lograse encontrar una solución al problema chipriota y también está claro que la Unión Europea debe realizar su aportación al respecto. Si en el marco de estas negociaciones se lograse que un Chipre unificado, en el sentido como ha descrito el Sr. Comisario, pudiese adherirse a la Unión Europea, sería un gran éxito.
Por otro lado, también tenemos que mostrar claramente que hay otras opciones para que no surja la posibilidad de hacer algo mal hecho que al final nos ponga en unas dificultades que nos imposibiliten actuar y nos bloqueen en toda esta cuestión relacionada con la ampliación.
Ante estas diversas opciones se ve claramente que al final esto va a suponer uno de los problemas más delicados, si no el más delicado, en el marco de la totalidad de la ampliación y del que debemos esperar quizás las mayores dificultades políticas.
Considero extraordinariamente importante que esta estrategia de aproximación se realice de modo que se acerquen las dos communities que viven en Chipre. Chipre, al igual que Malta, es en total en comparación con los demás candidatos a la adhesión, un país relativamente rico pero sin embargo debe existir una cierta igualdad de trato. Esta igualdad de trato relativa a Chipre debe utilizarse también para que el desnivel económico y social entre la parte griega la parte turca no siga agrandándose y al final las posibilidades de unificación sean aún menores debido al aumento de dicho desnivel. Por este motivo, esta estrategia de acercamiento tiene en mi opinión una gran importancia.
Permítanme, por ello, que me refiera muy brevemente a los puntos que son importantes desde la perspectiva del Parlamento. Felicito a la Comisión por haber adoptado una clara posición en lo tocante a la inclusión en la Categoría B-7, dentro de lo que podía hacer con el estado actual de resoluciones.
Espero que también el Consejo dé el correspondiente salto y emita estas declaraciones, pues para el Parlamento Europeo está totalmente claro que se trata de una cuestión política. De ello se deduce una igualdad y equiparación en la estrategia de acercamiento y al mismo tiempo se deben mencionar cifras hasta el 2004 para garantizar de este modo también la fiabilidad, claridad y certeza de un presupuesto. Tal como se ha tratado esto hasta ahora, no se puede equiparar a un procedimiento presupuestario normal. Creo que es importante que el Parlamento Europeo haya influido sin embargo positivamente para este año pues no queremos que surjan desventajas para estos países y, por estos motivos, estábamos dispuestos a adoptar las necesarias resoluciones para el presupuesto 2000, pero esto sólo puede ser válido para este año. Por ello, sería importante que la Presidencia del Consejo redactase la correspondiente comunicación en el marco de los debates sobre este informe y que nos permitiese llevar esta cuestión a un procedimiento supraordenado para que finalice este litigio innecesario desde mi punto de vista.
Comprendo perfectamente que debido a la Agenda 2000 y a los fondos que puedan ser puestos a nuestra disposición puedan surgir problemas aritméticos. También quiero decir claramente que incluso se puede negociar sobre la cifra de 130 millones que se menciona en mi informe. En esta Asamblea se ha presentado también una enmienda para mañana que parte de otro importe, tanto más cuando, como he dicho, estos países tienen un nivel de desarrollo relativamente elevado. Sin embargo, para el período previsible, estos países deben tener una seguridad, tienen que saber qué es lo que realmente les espera y esto tiene que reflejarse también en planificación del Parlamento Europeo como parte de la autoridad presupuestaria.
Señor Presidente del Consejo, sé que usted siempre muestra una buena voluntad a la hora de cooperar con el Parlamento Europeo. Espero que la totalidad del Consejo también lo haga y que nos pueda proporcionar las respuestas correctas en estas cuestiones.

Giannakou-Koutsikou
Señor Presidente, hemos escuchado las declaraciones del Consejo y de la Comisión Europea y quisiera hacer las siguientes observaciones:
Señor Presidente del Consejo, me hago cargo de la sensibilidad con la que se enfrentan al asunto y el esfuerzo que hacen por mantener el contacto con la parte turcochipriota, sin embargo, tal vez sería todo más claro y correcto si el vocabulario que usan no dejara sombras de duda sobre la posibilidad de que estén ustedes promoviendo cierto reconocimiento; aunque ha destacado usted que no hay nada semejante.
Por ejemplo, yo no diría "el Gobierno de Nicosia" ». Se trata del Gobierno de Chipre, señor Presidente del Consejo, no se trata del Gobierno de Nicosia. Ese gobierno ha propuesto el modo en que puede participar la parte turcochipriota, y creo que lo correcto es que el Consejo y la Comisión animen a la parte turcochipriota a participar institucionalmente en el marco de las negociaciones entabladas por la República de Chipre.
Por otra parte, el modo en que se ha manejado hasta hoy el asunto del final de los protocolos y de la estrategia de preadhesión nos crea ciertas dudas. Yo no comprendo por qué ha de hacerse una excepción con los dos países pequeños; o por qué hacía falta el enfrentamiento entre los órganos institucionales; o la presión del Parlamento para que se introdujeran los créditosen el capítulo 7 sobre la estrategia de preadhesión. ¿Cómo es posible que toda una Unión Europea trate de semejante modo a dos pequeños países en los límites de la Unión, dos países a los que necesita, y que además están perfectamente preparados para funcionar dentro de la Unión y que se considera que ya podrían participar en la Unión Económica y Monetaria?
Como ha dicho el Comisario, y estoy de acuerdo con él, es una cuestión de decisión política. Y se trata de una pequeña decisión política, señor Presidente del Consejo, a cambio de grandes ventajas, y, sobre todo, de la ayuda, al objeto de que las dos comunidades constituyan sustancialmente un Estado, a que haya un nuevo acercamiento -pues alguna vez se dio ese acercamiento entre las dos comunidades- y la República de Chipre pueda, realmente, liberarse de las tropas de ocupación.

Poos
Señor Presidente, Señorías, en el marco del procedimiento de consulta, se nos presenta una propuesta de reglamento del Consejo para la ejecución de acciones relativas a la estrategia de preadhesión para Chipre y Malta. Se trata de una propuesta similar a la presentada para otros países candidatos y, una vez ejecutada, substituirá los protocolos financieros que han expirado.
Los instrumentos de preadhesión están destinados a hacer una contribución técnica y financiera a los esfuerzos de los países candidatos a fin de cumplir la exigencias del acervo comunitario. En efecto, el examen analítico de la Comisión ha mostrado que Chipre y Malta -pese a estar clasificados en la categoría de países con ingresos elevados por el Banco Mundial- presentan las mismas dificultades que los PECO para transponer el derecho comunitario por la insuficiencia de sus capacidades administrativas y jurisdiccionales. En el examen en comisión del excelente informe del Sr. Brok, se precisó que los dos países podían beneficiarse también de la línea presupuestaria MEDA para acciones horizontales de interés regional. Rogaré al Comisario que lo confirme de forma explícita.
Por lo que se refiere a Chipre, hay que precisar que una parte de la ayuda técnica y financiera prevista en los instrumentos irá encaminada al acercamiento de las comunidades griega y turca con vistas a la solución definitiva del problema de la división de la isla. Así, pues, las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la cuestión chipriota eran particularmente oportunas y se las agradezco al Presidente del Consejo y al Comisario Verheugen.
Desde el 4 de julio de 1990, fecha de la solicitud de adhesión de Chipre, el Parlamento Europeo no ha cesado de reclamar, mediante numerosas resoluciones, una solución política conforme al derecho internacional y a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En abril de 1999, el Parlamento reiteró una vez más su posición según la cual la adhesión de Chipre debe beneficiar a toda la isla y facilitar una solución política, pero no debe estar condicionada por esta última. En otras palabras, la solución política no debe mantener como rehén la adhesión. Se trata de procesos separados.
Esa posición inequívoca de nuestra Asamblea suscitó algunas controversias. Así, pues, hay que felicitarse de que el Consejo Europeo de Helsinki pusiera fin a las elucubraciones al declarar en sus conclusiones -y cito- que "de no haber habido una solución en el momento en que concluyan las negociaciones de adhesión, el Consejo adoptará su decisión sobre la adhesión sin que lo anterior constituya una condición previa".
Como las cosas están claras, ahora hay que esperar que la mejora del clima de las relaciones entre la Unión Europea y Turquía y de las grecoturcas influya favorablemente en la comunidad turcochipriota y que ésta renuncie a su negativa a enviar representantes a las negociaciones de adhesión.
La presencia de tales representantes no prejuzgaría en modo alguno la solución política definitiva. Muy al contrario: permitiría valorizar los intereses de todos en un momento en que Chipre, al ingresar en la Unión Europea, se dispone a dar un giro decisivo a su historia.

Jensen
Señor Presidente, también quiero sumarme a la alegría de los otros ponentes al ser visible ahora una mejor oportunidad de seguir adelante con el desarrollo en Chipre a tenor de la mejora en las relaciones entre Turquía y la UE y Turquía y Grecia. No obstante, creo también que desde la UE debemos brindar una aportación constructiva. Creo también -como ya se ha mencionado- que existen ciertos problemas con el régimen financiero que hemos de solucionar. Se trata naturalmente de una ayuda previa a la incorporación, que pertenece a la categoría siete. El año pasado, el Parlamento aceptó excepcionalmente que el dinero de estos gastos fuera incluido en la categoría cuatro y con ello no se trata a los dos países solicitantes en igualdad de condiciones con respecto a los países candidatos de la Europa Central y Oriental y han de serlo según las manifestaciones realizadas en la Cumbre de Helsinki. Se ha de proveer con fondos a la categoría séptima, donde ha de llevarse a cabo una revisión de las perspectivas financieras. Éste es el punto capital. Lo más importante es que el dinero de la ayuda previa a la incorporación destinada a Chipre y Malta se recoja de la categoría siete y se lleve a cabo una revisión de las perspectivas financieras, pues si el Consejo no lo respalda, en realidad estaría chocando con las decisiones que adoptó en Helsinki en diciembre. En lo que respecta a la cuantía indicada en el informe Brok, 130 millones de euros, quiero decir también en nombre del grupo liberal que hemos de hallar una cantidad con la que podamos negociar hasta alcanzar la cuantía de la suma. Lo más importante es que se garantice un programa plurianual y en la categoría correcta, de modo que podamos empezar la planificación en Chipre y Malta.

Frassoni
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea respalda la decisión adoptada por el Consejo Europeo de Helsinki, según la cual la solución al conflicto no puede ser una condición previa para la adhesión de Chipre.
Debe seguir ejerciéndose una fuerte presión sobre el Gobierno de Chipre, a pesar de que la voluntad de la mayoría de la población no puede ser objeto de un blackmail, de un chantaje de una parte de la misma, también porque abrigamos serias dudas acerca de la representatividad del Gobierno de esa parte de la isla.
Es evidente que la ventana de oportunidades -la "janela de oportunidades", mencionada por la Presidencia- debe aprovecharse al máximo. Sin embargo, estamos convencidos de que, aunque las relaciones turco-griegas han mejorado, esto no puede ser suficiente. La solución al conflicto de Chipre pasa ante todo por la mejora de las relaciones entre las dos comunidades con vistas a la constitución - esperemos no demasiado lejana - de una federación.
En particular, debemos actuar de cara a solucionar la cuestión del establecimiento de una verdadera libertad de circulación y el problema de la desmilitarización y el desarme de la isla.
La Unión Europea, más allá de la ayuda financiera, sin duda importante, debe desempeñar un papel activo de garante y de promotor de los contactos entre ambas comunidades estableciendo foros de debate y programas de confidence building.
Quiero manifestar que en este momento siento mucho la ausencia en el seno del Parlamento de Alex Langer que fue un constructor de paz y un ejemplo para todos nosotros de cómo se construye la convivencia entre los pueblos.

Wurtz
Señor Presidente, la mención del diálogo entre las dos partes chipriotas con la égida de las Naciones Unidas nos recuerda que, veintiséis años después de la invasión de la isla por el ejército turco, prosigue la ocupación de casi el 40% del territorio con 35.000 soldados, medios militares pesados y la instalación de más de 50.000 colonos, en total violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al respecto.
¿Qué puede hacer la Unión Europea en ese marco con vistas a favorecer -sin injerencia en las cuestiones que incumben exclusivamente a los chipriotas- la búsqueda de una solución justa y viable para ese dramático problema que afecta a un país vinculado con la Comunidad Europea desde hace casi treinta años y destinado a integrarse en la Unión en los próximos años?
He oído, en particular por parte del Consejo, palabras o silencios un poco equívocos, que, en mi opinión, se deben precisar claramente. Creo que, en primerísimo lugar, conviene recordar la referencia capital al respecto para toda la comunidad internacional: las resoluciones de las Naciones Unidas. Se debe buscar la solución para el problema chipriota, según el Consejo de Seguridad, en el marco de una federación bizonal, bicomunitaria, dicho de otro modo, de un Estado único -el Sr. Verheugen se ha referido a ello- que cuente con dos administraciones locales mandatarias de las dos comunidades. La soberanía, la personalidad internacional y la ciudadanía deben ser únicas y dicho Estado debe estar desmilitarizado. La comunidad internacional indica así claramente que rechaza el hecho consumado por la fuerza.
En segundo lugar, la Unión Europea gana -creo yo- reduciendo lo más posible el margen de interpretación de la posición adoptada por el Consejo Europeo de Helsinki. Como ha recordado el Sr. Poos, la solución del problema chipriota no puede ser una condición previa para la adhesión de Chipre a la Unión. Lo contrario equivaldría, de hecho, a conferir a Turquía una suerte de derecho de veto en cuanto a la adhesión de Chipre a la Unión Europea, cosa que resulta, naturalmente, inaceptable.
En tercer y último lugar, esa posición del Consejo Europeo de Helsinki no puede, a su vez, incitarnos a moderar nuestros esfuerzos para resolver el problema chipriota antes de la entrada de ese país en la Unión. Desde ese punto de vista, la otra decisión de Helsinki, a saber, el reconocimiento de la candidatura de Turquía a la Unión, confiere a los Quince una responsabilidad nueva, al tiempo que les ofrece posibilidades nuevas. Su diálogo con Ankara puede y debe, a mi juicio, integrar la voluntad determinada de lograr que Turquía muestre, respecto del diálogo entre las dos comunidades chipriotas, una actitud constructiva y respetuosa de la legalidad internacional y permita la reunificación en paz de Chipre en el Mediterráneo oriental.

Belder
Señor Presidente, existen pocas diferencias de opinión en cuanto a la importancia que entraña la ayuda financiera a Chipre y Malta. El gran interrogante es con cargo a qué categoría presupuestaria debe financiarse.
El Consejo y la Comisión proponen que se haga con cargo a los protocolos de la categoría 4. Esto es, conforme a la decisión presupuestaria del Parlamento de diciembre pasado. El ponente revisa la cuestión y propone que Chipre y Malta se clasifiquen en la categoría 7. La Comisión Presupuestaria propone, incluso, aplazar la adopción del informe Brok hasta que el Consejo se comprometa a aumentar los límites financieros máximos para la categoría 7. Ésta es una estrategia sumamente arriesgada. Al fin y al cabo, los protocolo financieros no pueden comenzar a aplicarse sin que se celebre una votación en el Parlamento. Chipre y Malta sufren, por tanto, las consecuencias del juego político entre Consejo y Parlamento respecto del nivel del límite financiero máximo. Además, ¿qué valor tienen los límites financieros máximos si éstos aumentan con cada nueva acción? De ahí que quiera abogar por que los 15 millones de euros se otorguen con cargo a la categoría 4, conforme a la propuesta de la Comisión. La solución definitiva respecto de los créditos para los próximos años puede establecerse en un presupuesto plurianual de la Comisión adoptado en el transcurso de este año.

Villiers
Señor Presidente, en todo el mundo se está trabajando a fin de resolver los conflictos de larga data y para reunir a las comunidades divididas por la historia y por odios y antiguas enemistades tribales. Ahora ha llegado el momento de dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a ayudar a los chipriotas de uno y otro lado de la "línea verde" a encontrar una solución de un conflicto que ha durado durante demasiado tiempo.
Todos sabemos que es preciso actuar con especial cuidado para conseguir que Chipre ingrese en la Unión Europea, y las decisiones adoptadas en Helsinki dan una nueva dimensión a este debate, con la aceptación de Turquía como país candidato al ingreso. Espero que las decisiones que se han tomado en Helsinki ayuden a progresar en la cuestión de Chipre. Espero que esto signifique una nueva era de ilusión para Chipre. Espero que Turquía empiece a desempeñar un papel constructivo en el asunto chipriota. Me alegra oir las palabras de apoyo que el Consejo y la Comisión han dedicado a las Naciones Unidas y a la labor que están realizando para fomentar las conversaciones de aproximación entre las dos comunidades a fin de estimular la reconciliación y la reconstrucción de la confianza entre las dos comunidades de Chipre. Estoy totalmente en favor del apoyo de la Comisión por ese concepto de un Chipre federal, comunal y bizonal por el que tanto han luchado las Naciones Unidas durante tanto tiempo y que los grecochipriotas y los turcochipriotas deberían esforzarse por materializar. Me alegra presenciar ese calor renovado en las relaciones entre el Gobierno griego y el Gobierno turco. Espero que tenga efectos positivos para las conversaciones sobre Chipre. Espero que el dinero disponible para facilitar la adhesión de Chipre se utilice en parte para promover esa reconciliación y para restablecer la confianza y que las dos comunidades divididas de Chipre acepten y utilicen ese dinero para los fines a los que se destina.
Todos nosotros, en todas las instituciones europeas -en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión- debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a Chipre en sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica que reúna a esas dos comunidades que han estado divididas durante demasiados años.

Rothe
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en primer lugar muchas gracias a la Presidencia del Consejo, al Presidente en ejercicio del Consejo, el Sr. Seixas da Costa y la Sr. Comisario Verheugen por sus explicaciones sobre Chipre. Me alegra mucho que ambos hallan subrayado que la Unión Europea quiere esforzarse más para encontrar una solución a la cuestión chipriota.
Pues todos sabemos que es inaceptable que esta isla esté dividida desde 1974 y que desde hace más de 26 años aproximadamente el 38% de Chipre esté ocupado por Turquía. En el pasado, todos los intentos por llegar a una solución pacífica al problema de Chipre han fracasado ante la actitud inflexible de la parte turca o de los dirigentes turcochipriotas. Pero tal como también hemos escuchado de sus propias palabras, creo que a comienzos de este año 2000 nos encontramos quizás ante una nueva situación y tendremos nuevas oportunidades.
Por un lado, vemos las nuevas actividades de las Naciones Unidas sobre las que ya se ha hablado; vemos las nuevas actividades del Gobierno de los EE.UU y vemos el claro acercamiento entre Turquía y Grecia. Pero es en especial tras las resoluciones del Consejo de Helsinki cuando se debería poder esperar una nueva situación. La Unión ha acogido a Turquía en Helsinki en el círculo de los países candidatos. Al mismo tiempo, se ha decidido que la solución del problema chipriota no es una condición previa para la adhesión de Chipre a la Unión, lo que era ya una clara posición de la Unión y también del Parlamento reflejada en diversas resoluciones, tema este al que se ha referido el colega Poos.
Así pues, después de Helsinki, Turquía sabe sin ningún género de dudas que no posee ningún derecho de veto a la adhesión de Chipre y que la posterior profundización de sus relaciones con la Unión Europea va también estrechamente unida a la solución de la cuestión chipriota. Por ello, es muy de esperar que los políticos avispados en Ankara reconozcan la oportunidad que representa también para Turquía la finalización de la ocupación turca en Chipre. Espero realmente que -tal como se ha indicado aquí- se abra con la suficiente amplitud esta ventana de posibilidades u ocasiones y que representantes del Consejo y de la Comisión sigan trabajando en Ankara en esta dirección. Pues, al contrario que la colega Frassoni, no creo que la cuestión chipriota sea sólo una cuestión internacional sino sobre todo una cuestión de la política turca.
Creo que podemos partir del hecho de que el proceso de adhesión de Chipre a la UE es irreversible. Y todos esperamos que pueda adherirse un Chipre unificado. Por ello, señor Presidente del Consejo, le quiero plantear aún una pregunta como aclaración: usted ha hablado de la participación de la parte turcochipriota. ¿Hay algún tipo de señal en el sentido de que la parte turcochipriota quiera salir al paso de la oferta del Gobierno chipriota o de la Comisión Europea y que quiera aceptar esta oferta de participar en las conversaciones?
Respecto al segundo punto: saludo en gran medida que en esta semana nos ocupemos debido al informe Brok -muchas gracias, señor ponente por este informe- también de los aspectos financieros de la estrategia de acercamiento para Chipre y Malta. Pues es urgentemente necesario que, una vez expirados los protocolos financieros con estos países, se ponga a disposición una ayuda financiera para la adaptación al acervo comunitario. Ambos países no son sin duda los más pobres de los países candidatos. Pero las ayudas a la adaptación son también importantes para Chipre y Malta. Chipre calcula unos gastos de unos 850 millones de euros, lo que corresponde a casi el 12% del propio producto interior bruto, para la adaptación a realizar entre 1999 y el 2002. Por este motivo, la Comisión de Asuntos Exteriores se ha pronunciado a favor de aumentar los 95 millones de euros previstos. Espero que tengamos posibilidades de elevar esa suma.
Respecto a los chipriotas, tanto los griegos como los turcos, es de esperar que puedan fluir créditos considerables para las medidas previstas sobre cooperación bicomunal a las que se ha referido el Sr. Comisario Verheugen para alcanzar el objetivo del acercamiento de ambas comunidades. Tengo que plantear una última pregunta al Comisario Verheugen: ¿tiene usted indicios de que ahora es más fácil mantener contactos bicomunales en Chipre de lo que era posible desde Luxemburgo? Allí no hubo ninguna posibilidad porque Denktash lo prohibió.

Schroedter
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Presidente del Consejo, señor Comisario Verheugen, el reglamento sobre las ayudas a la adhesión no es precisamente una medalla que se pueda colgar la Comisión por realizar un trabajo coherente. Este apaño de soluciones de emergencia me da la sensación de chapuza. Esto afecta tanto al contenido como al aspecto técnico financiero. Me parece que con ello difícilmente podemos presentar a las ciudadanas y ciudadanos en Chipre y Malta las actividades realizadas por la Unión de cara a la adhesión como prueba de que merece la pena la adhesión. Vaclav Havel ha dicho hoy acertadamente que la calidad política de la Unión Europea será medida en función de lo que aporte en concreto a los particulares. Desde la perspectiva de la sociedad de los ciudadanos es decisivo qué es lo que aporta un reglamento. Con el presente reglamento no se puede ganar precisamente demasiada confianza. Contiene artículos de determinación ajena y es provisional, lo que no le permite precisamente brillar. La cualidad de una ayuda se mide en función de los siguientes baremos: ¿es descentralizada, es transparente, es próxima a los ciudadanos y funciona?
Sin embargo, para la isla dividida de Chipre esta estrategia de acercamiento va unida en total a un gran desafío político. Desde mi punto de vista, es tarea de la Unión Europea emplear todos los instrumentos y también éste para contribuir a una solución política del conflicto en la isla.
En este lugar, tengo que decir que también precisamente la enmienda del Parlamento Europeo es de gran importancia para mí. Tanto la Comisión como el Consejo han realizado hoy aquí unas intervenciones muy esperanzadoras. Estoy muy satisfecho de que andemos en este aspecto en una dirección. Creo que es realmente la opción preferencial acoger a Chipre en la Unión Europea con una solución de paz.

Alyssandrakis
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, la opinión del Partido Comunista de Grecia es que el principal problema de Chipre no es su adhesión a la Unión Europea, sino la ocupación por Turquía del 40% del territorio chipriota, una ocupación que se prolonga ya por espacio de 26 años. El futuro del pueblo chipriota pasa por la unidad de este pequeño país, independientemente del origen nacional de cada chipriota. La única solución aceptable que garantiza el futuro y que cierra el paso a posibles intervenciones extranjeras, como las que han provocado todos los problemas del último medio siglo, es un Chipre unido y federal, de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La clave para la solución de la cuestión de Chipre se encuentra en manos del gobierno de Turquía, que no deja de apoyar e incentivar la intransigencia del líder turcochipriota Rauf Denktash.
La Unión Europea, por su parte, con su hipócrita interés por la libertad y los derechos humanos, no se ha conmovido nunca por el drama del pueblo chipriota, por los problemas de los refugiados grecochipriotas y turcochipriotas, por el violento cambio en la composición de la población del norte de Chipre, por la instalación de colonos procedentes de Turquía en los territorios ocupados. Incluso aquí, en esta sala, el representante del Consejo se ha referido a la «parte norte» de Chipre y no a los territorios ocupados.

La reciente decisión de Helsinki de concederle a Turquía el estatuto de país candidato a la adhesión -sin que ésta haya hecho la menor concesión en el asunto de la ocupación de Chipre; por ejemplo, reducir su presencia militar allí, o devolver Famagusta- ha constituido un claro acicate para la intransigencia turca. No son casuales las declaraciones, inmediatamente después de Helsinki, del primer ministro turco Bülent Ecevit: "la cuestión chipriota se solucionó en 1974" . Estimular la intransigencia turca con toda seguridad no ayuda al acercamiento entre las dos comunidades en las conversaciones directas bajo la égida del Secretario General de la ONU.
En su marcha hacia la adhesión, el pueblo de Chipre ha perdido ya mucho, pero perderá aún más. La aplicación del régimen comunitario ha creado serios problemas a la economía chipriota, especialmente a la agricultura, exige la liquidación del sector público, desarticula y destruye el desarrollado sistema de solidaridad social de que el país se había dotado.

Wurtz
Señor Presidente, discúlpeme, pero hay un pequeño error de traducción en la cabina francesa, a propósito de lo que acaba de decir el Sr. Alyssandrakis, sobre la palabra más delicada de todo el debate. No quisiera que hubiese ambigüedad. Según la traducción francesa, el Sr. Alyssandrakis ha dicho que "la solución confederal es la mejor". Resulta evidente que el Sr. Alyssandrakis ha dicho: "La solución federal es la mejor". Es muy, pero que muy, importante precisarlo, señor Presidente.

El Presidente
Muchas gracias por la aclaración, señor Wurtz.

Farage
Señor Presidente, Malta y Chipre son muy diferentes de los países de Europa continental. En particular los malteses se han apañado muy bien para sobrevivir en entornos geográficos y geopolíticos hostiles. Su éxito se ha debido en gran parte a su espíritu de iniciativa, a su dinamismo y a su flexibilidad. Malta posee una industria ligera y pesada floreciente, servicios financieros en expansión, buena agricultura, magnífico turismo y una gama extraordinaria de oportunidades de empleo, y todo ello en una isla que está desprovista virtualmente de recursos naturales. Por eso tengo la seguridad de que una isla como Malta, con su población de 340.000 habitantes, no podría adaptarse a la rigidez de las estructuras económicas y jurídicas del continente, que tiene una población mil veces mayor.
Cuando me fijo en este instrumento propuesto, no encuentro una medida de referencia para colocar a esos dos pueblos bajo el manto de la Madre Europa. La situación me parece más próxima a la de un agujero negro en el espacio, que absorbe masas con tal potencia que ni siquiera la luz escapa a su acción. No deberíamos sobornar a esas poblaciones insulares para que cooperen a su propia destrucción, dándoles dinero para que absorban leyes que son tan ajenas a su cultura como un agujero negro a la Madre Tierra. La UE debería dejar a Chipre y Malta por su cuenta. Me parece que las únicas personas de Malta que desean la adhesión son las que forman la clase política, y seguiré tocando madera con la esperanza de que una vez más el pueblo de Malta salga ganando.

Souladakis
Señor Presidente, es ésta una de las raras veces en que, a través de las intervenciones de los colegas en este Parlamento, desde todas las partes, se manifiesta semejante convergencia de opiniones sobre la cuestión de Chipre, y, claro está, sobre el proceso de preadhesión de Chipre y Malta. Esto significa que hay una conciencia común en todos nosotros del así llamado problema político de Chipre. Al mismo tiempo, sin embargo, da gran fuerza al Consejo y a la Comisión, de modo que esta gran fuerza que expresan todos los partidos europeos y todos los pueblos se convierta en referencia y elemento de posibilidades políticas en sus manos para afrontar el problema.
Señorías, Helsinki ha constituido un hito histórico, un punto de inflexión, un nuevo punto histórico de referencia. Si por cualesquiera razones este equilibrio allí alcanzado fuera considerado por algunos punto de partida para una nueva negociación en otra parte; si algunos con su posición desestabilizan este conjunto de datos y equilibrio, cometerán un trágico error. Las condiciones han madurado. Lo que se requiere de la Comisión Europea, del Consejo, de todos, es una serena determinación; serena determinación para continuar sin trucos ni subterfugios las negociaciones de adhesión de Chipre y de Malta -que, al fin y al cabo, son los más maduros de entre todos los países candidatos a la adhesión-, de suerte que esa determinación funcione como punto de referencia para cualquier parte que pueda tener una opinión diferente a ésta en la que todos coincidimos. El informe Brok es un buen instrumento en este sentido; para decir la verdad, no deja de ser desagradable el hecho de que, a causa del debate conjunto, el informe quede solapado políticamente por el pronunciamiento político del Consejo y de la Comisión, de tal modo que no podamos decir más cosas sobre este buen informe.
En todo caso, el proceso se encuentra ahora sus manos. El proceso se encuentra en manos del Consejo y la Comisión en la medida en que les hemos proporcionado los pertrechos necesarios, en la medida en que les hemos proporcionado decisiones y posibilidades. En relación ahora con el informe Brok, Chipre y Malta son las últimas islas del Mediterráneo, y, si no me equivoco, de Europa, que no han ingresado todavía en la Unión Europea. Es algo con un valor emblemático, porque el Mediterráneo y sus islas -y yo también soy de origen isleño- es la región que principalmente ven quienes vienen en verano del norte de Europa a pasar las vacaciones, y quienes viven allí. Desde este punto de vista, la isla de Afrodita, como es conocido Chipre, y la isla de los piratas, como decimos con tanto cariño nosotros los isleños de los malteses, son dos diamantes que deben encontrarse rápidamente en el seno de la Unión Europea. Sus economías registran excelentes resultados, mantienen relaciones económicas de altura, y constituyen, en última instancia, un ámbito en el que se pondrá a prueba la voluntad política de la Unión.
Finalmente, a la vista del acuerdo que aquí reina, no veo la necesidad de extenderme, quiero hacer simplemente una observación al Presidente en ejercicio del Consejo; considero que ha habido algo raro en su intervención. Espero que haya sido cosa de la traducción y que en el turno de réplica vuelva sobre el asunto y afine.

Alavanos
Señor Presidente, soy el último orador y por ello quisiera plantear una pregunta al Sr. Seixas da Costa y al Sr. Verheugen, si es que el Sr. Verheugen se pone los auriculares, y si es que está interesado en escuchar a todos los oradores.
Es una cuestión de dos comunidades, pero no es principalmente una cuestión de dos comunidades. Tal y como ha quedado dicho por muchos oradores, hay ocupación. Ocupación por un país candidato a la adhesión a la Unión Europea -Turquía- de parte del territorio de otro país candidato a la adhesión a la Unión Europea. 40.000 soldados, y el muro de Berlín en Nicosia. No podemos hablar sólo de lo que va a pasar en las conversaciones entre Denktash y el Presidente de la República de Chipre.
La pregunta que deseo dirigir al Sr. Seixas da Costa principalmente, pero también al Sr. Verheugen, es qué asuntos plantea el Consejo al gobierno turco, en la perspectiva del Consejo de Asociación, en relación con esta cuestión; qué asuntos va a plantear en relación con la retirada de las tropas, y más en general con la contribución de Turquía a la solución del problema de Chipre.

Recuerdo que con una reciente decisión del Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo ha sido condenado el gobierno turco. No Denktash. No algo legalmente inexistente, la "República Turca del Norte de Chipre" , sino el gobierno turco, por la incautación de propiedades griegas.
Les pregunto a ustedes: ¿qué asuntos se van a plantear en la perspectiva del Consejo de Asociación por lo que respecta a la contribución de Turquía a la solución del problema de Chipre?

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, he oído con mucha atención lo que aquí se ha dicho y muy en particular algunas palabras más emocionadas relativas a la cuestión chipriota, en particular en defensa de lo que hoy es la legalidad en Chipre, que la Unión Europea reconoce, al reconocer precisamente las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a ese respecto. No hay a ese respecto, señor Wurtz, silencio equívoco alguno por parte del Consejo: el Consejo asume a ese respecto toda la responsabilidad en la interpretación que hace de la situación que se vive en Chipre. Por lo demás, fueron esa situación y esa interpretación las que lo movieron a adoptar en Luxemburgo, a finales de 1997, la decisión de dar los primeros pasos de un proceso de adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea.
Quisiera que sus Señorías comprendieran que, independientemente de las tomas de posición de carácter más o menos emocional sobre ese tipo de cuestiones, la realidad cotidiana de las negociaciones internacionales obliga normalmente a los gobiernos -y, cuando digo los gobiernos, me refiero a todos los gobiernos- a hacer una interpretación un poco más flexible. De hecho, necesitamos las tomas de posición de carácter más emocional para mantenernos en el escenario en el que se proyectan todas esas cuestiones en el plano humano. Pero debemos tener también la idea de que con la racionalidad de las posiciones de carácter político y la flexibilidad negociadora es como se consigue encontrar soluciones que permiten superar las grandes diferencias a que, en el fondo, se debieron algunas tragedias de la historia pasada.
Independientemente de los culpables -y nosotros no estamos haciendo aquí inventarios de culpables: las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas al respecto son claras-, creo que debemos aprovechar, sin emociones y con más racionalidad, las oportunidades que brinda la nueva situación. El Consejo Europeo de Helsinki tuvo el valor de adoptar algunas decisiones y considero que en varios aspectos de ellas ya se apreciaban debidamente esas oportunidades, en el sentido de que pueden, como he dicho al principio de mi intervención inicial, abrir una ventana de oportunidad. En esa delicada fase negociadora, explotando las tensiones no será como podremos precisamente obtener resultados concretos. Precisamente por la vía de una labor discreta, una labor de apoyo a la tarea del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas a ese respeto, es por la que deberemos seguir avanzando. La Unión Europea ha tenido, Señorías, a ese respecto una posición inequívoca y considero que no vale la pena intentar hacer segundas interpretaciones sobre las frases que podrían figurar en el discurso del Consejo o en cualquier otra toma de posición. Nosotros no apostamos aquí, en este Parlamento, por lo políticamente correcto; apostamos por lo que es justo en el plano internacional y por las tomas de posición concretas, formuladas a ese respecto por el Consejo, a lo largo del tiempo y coherentemente y que la Comisión Europea también ha seguido con detenimiento, atención y pragmatismo.
Y, cuando se habla de la necesidad de hacer participar en este momento a la comunidad del norte de Chipre en algunos intercambios de información, en particular en la vía para una futura adhesión de la República de Chipre a la Unión Europea, debemos comprender que estamos intentando encontrar fórmulas de carácter práctico que nos permitan superar obstáculos en la vía para una resolución política. No estamos buscando subterfugios ni pretendemos en modo alguno crear, mediante soluciones prácticas, modelo alguno que configure un reconocimiento de naturaleza política. Considero que el Consejo de la Unión Europea ha dado, a lo largo del tiempo, pruebas claras a ese respecto de que no es ésa su posición. Se han adoptado las decisiones con gran sentido de la responsabilidad por parte del Consejo. Lo que ocurrió en Helsinki es, a nuestro entender, muy claro en ese sentido. La forma como nos hemos relacionado con la República de Chipre en su proceso de adhesión a la Unión Europea es algo que las propias autoridades de la República de Chipre reconocen claramente como positivo. No vale la pena hacer o intentar hacer segundas interpretaciones de nuestras intenciones.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, quiero expresarles mi agradecimiento por este debate que considero en su globalidad como alentador y una muestra de apoyo y que revela que en la Asamblea existe una gran coincidencia con la política de los Estados miembros y también de la Comisión. Sin embargo, voy a realizar gustosamente algunas aclaraciones que se han solicitado.
Primero: en lo referente a las Categorías 4 y 7. Esto es muy sencillo. En Berlín, en el gran paquete de la Agenda 2000 se ha creado para los países de la Europa Central y Oriental que se encuentran en un proceso de transformaciones una Categoría especial, es decir, la famosa Categoría 7 y sólo para estos países. Malta, Chipre y Turquía no estaban previstos aquí. La colega Schroedter lo ha calificado como una falta de coherencia. Quizás debería preguntar al antiguo Presidente del Consejo, quien no está muy alejado de usted, cómo se ha llegado a esta falta de coherencia que usted sospecha. Yo también he participado algo en ello.
Yo no creo que sea así sino que el motivo de esta decisión fue que se quería disponer de un instrumento especial para los Estados de la Europa Central y Oriental que se encuentran en el proceso de adhesión en unas condiciones diferentes a las de Malta y Chipre.
Al mismo tiempo he dicho que comprendo los argumentos que se han expuesto aquí y la Comisión se va a esforzar para tener en cuenta estos deseos, pero como aquí se trata de la Agenda 2000 y de las previsiones financieras, no podemos hacerlo sin modificar estas previsiones financieras. Naturalmente, hasta ahora esto no ha sido posible en absoluto. Como aclaración: si lo llevamos de la Categoría 4 a la 7, esto no tiene ninguna repercusión sobre el balance general del presupuesto. Si lo hacemos, la Categoría 7 aumentaría y la Categoría 4 se reduciría en la cantidad correspondiente. La idea de que se podría realizar un aumento en la Categoría 7 y dejar la 4 como está no es factible. Tampoco el Parlamento puede gastar más dinero del que tiene, en cualquier caso mientras no tengamos en el sótano una máquina de hacer dinero con la que podamos imprimir euros.
En lo que ahora se refiere al proceso de paz en Chipre y a relación con las negociaciones de adhesión, quiero repetir de nuevo que siempre las negociaciones para la adhesión han tenido una relación directa con aquel. La Comisión y el Consejo siempre se han esforzado por mover las dos comunidades que hay en Chipre a que realicen proyectos comunes. Como saben, hasta ahora no se ha logrado y se me ha preguntado si hay señales de que se mueva algo al respecto. Estimada colega Rothe, lo voy a expresar del siguiente modo: estoy convencido de que las condiciones marco han mejorado claramente para lograr tales acuerdos. Pero hasta ahora no he recibido promesas. Tampoco las espero hasta que no hayamos iniciado conversaciones directas que se iniciarán algo más adelante.
Las condiciones marco han cambiado en el sentido de que gracias a las decisiones de Helsinki ahora son posibles toda una serie de cosas que hasta ahora no lo eran. Sobre todo, han cambiado enormemente las estrategias políticas de los afectados. Siempre he sido de la opinión de que la antigua línea consistente en decir que Chipre solamente sería acogida cuando se solucionase el conflicto político, tiene un punto flaco consistente en que no ofrece ningún estímulo convincente a la comunidad turca en Chipre para que participe realmente, pues con esa estrategia la comunidad turca no necesitaría hacer otra cosa más que reclinarse de espaldas y esperar. En esta situación, sería imposible una adhesión de Chipre. Ahora tiene que contar seriamente con el riesgo de que se lleve a cabo la integración de Chipre en la Comunidad Europea con las crecientes oportunidades de bienestar y seguridad para la comunidad griega mientras que la comunidad turca que ya está a un nivel de bienestar muy inferior seguiría cayendo. Así pues, el estímulo para vincular el proceso de adhesión a la solución del conflicto ha aumentado mucho en mi opinión desde Helsinki. Esta era también la idea que se perseguía. Estimada colega, al cabo de unas pocas semanas es aún muy pronto para emitir aquí un juicio, pero no tengo en cualquier caso ningún motivo para suponer que la nueva línea vaya a fracasar. No hay ningún motivo para suponerlo. Tampoco hay ningún motivo para decir que lo vayamos a lograr, pero puedo afirmar realmente que las condiciones para dar un paso hacia delante han mejorado sensiblemente.
Un último punto: en las conversaciones con Turquía, la cuestión de Chipre desempeña naturalmente un papel. Con motivo de mi encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores turco hace pocas semanas en Bruselas, naturalmente solicité que Turquía mantuviese una actitud positiva y constructiva en este asunto. Solamente quiero indicar una cosa: no podemos estar cien por cien seguros -yo en cualquier caso no lo estoy- de que solamente con que se apriete un botón en Ankara el asunto de Chipre se va a solucionar. No es así de sencillo. Más bien nos tendremos que esforzar en intensas conversaciones con ambas comunidades para moverlas para que lleguen a un entendimiento recíproco. Esto es lo que estamos haciendo, los créditos y programas están para ello.
Tengo que decirles con toda claridad que necesito este reglamento financiero que se ha presentado aquí para que se adopte una decisión que nos permita comenzar a trabajar. El reglamento financiero es el marco jurídico para que las prioridades previstas en las cooperaciones para la adhesión con Malta y Chipre se puedan poner en marcha. No puedo comenzar mientras no lo tengamos pues me falta el fundamento jurídico. Si la falta de coherencia que se achaca tiene algo que ver con este punto, tengo que decir que este reglamento es sólo un marco jurídico y nada más. El cumplimiento de este marco jurídico lo pueden encontrar en las prioridades de las cooperaciones para la adhesión que se acordaron el año pasado por la Comisión y el Consejo y que ahora se aplican en la correspondiente programación y gestión de los proyectos. Yo diría que hay muchos campos en la política europea donde se puede uno quejar de una falta de coherencia, pero en este caso reclamo para la Comisión y el Consejo que hemos desarrollado una política muy clara y coherente.

Brok
. (DE) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, después de que el Sr. Comisario nos ha expuesto de un modo extraordinariamente coherente que la falta de coherencia se debía a las competencias del antiguo Presidente del Consejo y de su Ministro para Europa, ¿podría quizás ayudarnos a nosotros y al Sr. Comisario para que se pueda adoptar esta resolución?
Una solución de gran ayuda sería si respondiese positivamente a mis preguntas sobre las previsiones financieras hasta el 2004 y sobre la Categoría 7 o al menos si dijese que la Presidencia portuguesa del Consejo tiene la intención de compensar la falta de coherencia de entonces por un esfuerzo como el descrito, tal como el Sr. Comisario intentará también que se logre en la Comisión.

Seixas da Costa
Señor Presidente, creo que la cuestión planteada por su Señoría y mi amigo Elmar Brok va a ser examinada por el Consejo. Me parece que la crítica hecha a la Presidencia anterior no es pertinente. Considero que lo que hizo la Presidencia anterior en la formulación de las perspectivas financieras fue una labor excelente, independientemente de las personas que participaran en ella. En cualquier caso, la cuestión que plantea es importante y nosotros, en el nivel del Consejo, no dejaremos de apoyar las propuestas que presente la Comisión en ese sentido.

El Presidente
 Señor Presidente del Consejo, he comprendido; el colega Brok se refería a una Presidencia aún más antigua.

Poos
Señor Presidente, he planteado al Sr. Comisario Verheugen una pregunta concreta sobre el instrumento de financiación Meda a la que no ha respondido. Le ruego que lo haga pues de su respuesta depende también el comportamiento de votación sobre diversas enmiendas que se nos han presentado.

Verheugen
Estimado Sr. Poos, le ruego me perdone. Precisamente en el lugar donde usted me ha planteado la pregunta había un aspecto oscuro. En el caso de Meda la situación es de tal modo que Malta y Chipre pueden participar en los programas suprarregionales, pero no en los programas específicos de los países pues los ingresos son demasiado elevados.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Verheugen.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0009/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.

Manuel Medina Ortega
Pregunta nº 1 formulada por (H-0022/00):
Asunto: Control del acceso de petroleros a las aguas comunitarias En relación con el accidente con el petrolero ERIKA frente a las costas francesas, que ha producido una marea negra, ¿qué medidas se propone adoptar el Consejo para controlar el acceso a las aguas comunitarias de petroleros con banderas de conveniencia que no cumplen las normas comunitarias de seguridad?

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, el 24 de enero el Consejo se ocupó de las consecuencias del naufragio del petrolero Erika, ocurrido el mes anterior. En aquel momento, el Consejo, al interpretar, por lo demás, la emoción pública por las desastrosas consecuencias de aquel suceso, manifestó sus preocupaciones en cuanto a la seguridad de los petroleros y la protección medioambiental que debe acompañarla.
El Consejo no fue insensible a esa clase de cuestiones y a la necesidad de que se adopten medidas complementarias a ese respecto. En aquel momento se subrayó la importancia de que el Consejo adoptara nuevas medidas en el plano comunitario y también en el ámbito de su propia labor ante las organizaciones internacionales.
Como es sabido, en su estado actual la legislación comunitaria obliga a las autoridades portuarias a hacer inspecciones a bordo de todos los navíos extranjeros, incluidos los que ostentan pabellones de conveniencia y a inmovilizarlos en el caso de que no cumplan las normas internacionales. Hay una directiva de 1995 a ese respecto.
Respecto del futuro, el Consejo tomó nota de que el proceso de reflexión en curso en el nivel de la Comisión debía plasmarse próximamente en una comunicación sobre la seguridad de los petroleros y en nuevas propuestas con vistas a fortalecer los controles y las calificaciones de los organismos de inspección.
También está prevista la exigencia de un fortalecimiento de las propias estructuras de los petroleros que frecuenten los puertos comunitarios. Se están examinando esos expedientes en el Consejo de Ministros de Transportes y, por tanto, puedo informar, en nombre del Consejo, de que no dejaremos de conceder la mayor prioridad a las propuestas que, según todos los indicios, presentará la Comisión en esa esfera esencial -nos parece- en materia de protección medioambiental. Naturalmente que este Parlamento habrá de pronunciarse también sobre esas propuestas, dado que se trata de materias sujetas a codecisión.

Medina Ortega
Me congratulo de que el Consejo trate esta cuestión como objeto de reflexión. El Sr. Presidente del Consejo es de un país, Portugal, que está directamente amenazado por una situación de este tipo. Si reflexionamos demasiado pudiera ocurrir que, de aquí al próximo verano, un petrolero en condiciones parecidas encallara frente al Algarve, destrozara la industria turística portuguesa del verano, con un poco de suerte las corrientes marinas llevaran la contaminación hasta la isla de Madeira -porque van en esa dirección- y, además, se destrozara también el turismo de las Islas Canarias.
¿No cree el Sr. Presidente del Consejo que hay que dejar la reflexión y empezar a tomar medidas duras en esta materia, teniendo en cuenta que hoy disponemos ya de los medios para controlar ese tipo de petroleros en alta mar?
Desde luego, la historia del Erika es una historia que parece cómica. Un barco de propiedad francesa, bandera de conveniencia maltesa, tripulación hindú, certificado de navegabilidad expedido por Italia, en Sicilia, con una última inspección que creo que se hizo en Bulgaria. El barco se iba hundiendo y el capitán veía que se iba hundiendo y que no llegaba ni siquiera al próximo puerto.
Creo que este tipo de cosas no se deben permitir. El daño puede ser tremendo para su país, señor Presidente, y para el mío, España.

Seixas da Costa
Señoría, no puedo dejar de compartir sus preocupaciones y no puedo por menos de decirle que el país costero, como el que ocupa la Presidencia, tiene, naturalmente, a ese respecto -entre otras cosas, porque no tiene petroleros- grandes preocupaciones.
Pero vivimos en un marco normativo, que es el que es. El marco normativo es la directiva de 1995, un conjunto de disposiciones con un margen de flexibilidad que, en su momento, se debería estudiar de forma más rigurosa. En esa esfera debemos funcionar de acuerdo con lo que es el mundo, es decir, que reaccionamos en función de los hechos. Ante la gravedad de estas situaciones, debemos congratularnos de que haya al menos una reacción y una actitud por parte de las autoridades, en el sentido de reflexionar sobre los elementos de carácter legislativo que existen al respecto. La intención de la Comisión en esa esfera -la de fortalecer la aplicación de la directiva de 1995- es buena. La voluntad del Consejo va encaminada a conceder prioridad a ese asunto en el ámbito del Consejo de Transportes y tenemos la intención de darle el curso más rápido. Esperamos también que el Parlamento Europeo, cuando se le transmita como asunto de codecisión, pueda tratarlo con la misma rapidez.

Korhola
Señor Presidente, en la ciudad de Kotka, en Finlandia, hay en estos momentos un barco que transporta productos químicos y que navega bajo una bandera de conveniencia. El barco en cuestión está anclado fuera del puerto porque su estado representa un riesgo de seguridad tanto para el puerto, como para su entorno, y porque la inspección de sus condiciones de seguridad no puede teminarse, ya que nadie se hace cargo de los costes. ¿Existe alguna posibilidad de crear en la UE un sistema común de control, en el que también se asignen fondos comunitarios para pagar los costes de inspección cuando se trate de barcos con banderas de conveniencia que no puedan hacer frente a dichos costes?

Seixas da Costa
Como comprenderá su Señoría, en este momento no tengo a mi disposición las informaciones necesarias para darle una respuesta concreta. Las que tengo se refieren a la directiva de 1995, que no establece medida alguna en ese sentido. En cualquier caso, el Consejo no dejará de darle una respuesta concreta sobre las posibilidades que se deben afrontar en el caso que cito.

El Presidente


Anna Karamanou
Pregunta nº 2 formulada por (H-0024/00):
Asunto: Elevada mortalidad infantil en Kosovo Según los últimos datos de las Naciones Unidas, transmitidos a la Organización Mundial de la Salud, Kosovo registra la tasa más alta de mortalidad infantil en Europa: el 50% de los niños que nacen prematuramente mueren y, a causa de la guerra, se ha registrado un aumento vertical de los abortos, y los niños que llegan a cumplir los nueve meses de gestación presentan un desarrollo fisiológico menor. Considerando la ayuda humanitaria que proporciona la Unión Europea y los esfuerzos del Sr. Bernard Kouchner, Jefe de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas, ¿puede indicar el Consejo qué medidas se han tomado para salvaguardar el derecho a la maternidad de las mujeres de Kosovo y proteger la salud de las mujeres embarazadas, y puérperas y de los recién nacidos?

Seixas da Costa
Señor Presidente, la cuestión planteada por la Sra. Karamanou reviste la mayor gravedad y no vale la pena ocultarlo. Somos perfectamente conscientes de la difícil y dramática situación que se vive en Kosovo en materia humanitaria y del problema de las personas desplazadas en esa región, que proceden de Kosovo, con repercusiones, en particular, en la salud infantil y en las tasas de mortalidad.
Considero patente que la Unión Europea ha contribuido de forma clara a las medidas de ayuda humanitaria de la comunidad internacional. Como es sabido, la Comunidad Europea contribuye con un total de 378 millones de euros tan sólo para la provincia de Kosovo, a la que se suman las contribuciones de carácter nacional de los diversos Estados miembros.
Esa contribución abarca diversos proyectos en las esferas de la salud y del sistema de salud, así como en la del saneamiento de aguas, y, además, como es sabido, la Unión Europea hace una contribución a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, que en 1999 ascendió a 66,3 millones de euros. Su Señoría ha de saber que, por la necesaria división del trabajo entre los donantes internacionales, la recuperación del sector de salud de Kosovo fue encomendada a la Organización Mundial de la Salud. Por los informes que ha elaborado, dicha organización es totalmente consciente de la alarmante situación en lo relativo a la salud infantil y ha centrado sus esfuerzos en la mejora de las condiciones básicas en las maternidades y en los hospitales.
Ahora bien, tenemos conciencia de que esa situación dista mucho de estar resuelta satisfactoriamente y tiene una dinámica y una dimensión que repercute también en los otros sectores de la salud, además de la infantil. Es una situación de carácter político, no meramente técnica, relacionada con la resolución de la situación política, porque en este caso hay dimensiones, que tampoco conviene ocultar, que repercuten en función de la incapacidad de la comunidad internacional hasta ahora para poner en práctica el funcionamiento de una sociedad multiétnica en Kosovo, lo que ha tenido efectos nefastos en las medidas adoptadas para intentar mejorar el sistema de salud en aquella región.

Karamanou
Le doy las gracias, señor Presidente del Consejo, por su respuesta, que completa todo lo que sobre el asunto dijo ayer el Comisario Sr. Patten. No obstante, señor Presidente, la cantidad de 378 millones de euros, que usted ha mencionado que fue destinada en 1999, se ha revelado de hecho del todo insuficiente para la creación de unas mínimas condiciones humanas en Kosovo, muy especialmente por lo que respecta a la prestación de los servicios de salud.
¿No cree usted, señor Presidente del Consejo, que el mero hecho del aumento de la mortalidad infantil representa una ignominia para el continente europeo, una vergüenza, que debe movilizarnos a todos, de manera que la ayuda que prestamos sea más efectiva y más generosa?
La situación, por supuesto, no era idílica tampoco antes de los bombardeos; todo lo contrario, diría yo; pero no cabe duda del empeoramiento causado por la intervención de la OTAN en lo que respecta al entorno humano y natural. ¿No constituye, pues, señor Presidente del Consejo, un imperativo moral para nosotros intentar crear condiciones humanas para los sufridos habitantes de Kosovo, y, sobre todo, hacer realidad todo cuanto les prometimos?

Seixas da Costa
Señoría, reconozco que todos los esfuerzos que se han venido haciendo en Kosovo en ese sector son insuficientes. Y a ese respecto creo que ninguno de nosotros abriga la menor duda. No quiero relacionar esta cuestión con las observaciones que ha formulado sobre el período "anterior" o "posterior" de la intervención de la OTAN: en otro momento de este turno de preguntas hablaremos probablemente de ese asunto. Ahora bien, quiero decir a su Señoría que la Unión Europea es consciente de que ha ido destinando recursos financieros para Kosovo en la medida de sus posibilidades. Hemos de comprender que compartimos nuestra responsabilidad en aquella región con la comunidad internacional, ante la cual la Unión Europea desempeña determinado papel, pero no podemos abrigar la pretensión de reconstituir rápidamente estructuras que, como ha dicho su Señoría, tampoco eran las mejores en el momento anterior a la intervención militar en Kosovo.
Por lo demás, no me parece, Señoría, que las acciones militares en Kosovo contribuyeran a una destrucción tan importante de las estructuras de salud pública, que hayan tenido un efecto directo en la situación actual, relacionada esencialmente con la dramática situación en materia de poblaciones desplazadas, con un conjunto de elementos de naturaleza económica y con el nivel de satisfacción de necesidades esenciales en materia de salud resultantes de la desreglamentación global de la estructura organizativa de la administración en Kosovo. Ésa es la cuestión fundamental subyacente a toda la situación actual. Y, sin resolver el problema de carácter político, cosa que se debe hacer en el ámbito de la resolución pertinente de las Naciones Unidas, no hay solución para el problema de la salud infantil, como no lo habrá para otros sectores del desarrollo de la región.

Staes
Quiero ampliar brevemente el debate a la situación en Mitrovica. La comunidad internacional, también con la ayuda de Europa, ha reconstruido allí el hospital, pero éste se encuentra en la zona norte de la ciudad, de forma que el acceso al mismo por parte de los albanokosovares resulta particularmente difícil.
Eso significa, por tanto, que los albanokosovares continúan careciendo de toda asistencia médica. Eso también sucede en otras zonas del país, así que se producen tensiones entre los albanokosovares y los serbios, puesto que ya nadie confía en nadie y los albaneses no quieren ser asistidos por los serbios, y viceversa.
Entiendo, por supuesto, que usted diga, y con razón, que la Unión Europea debe actuar dentro de un marco de colaboración internacional más amplio. Sin embargo, ¿en qué hay que hacer hincapié? ¿Cómo lograr que los albanokosovares también puedan ser asistidos en un hospital, entre otras ciudades, en Mitrovica?

Seixas da Costa
La cuestión de Matrovica es, Señoría, bien conocida. Se trata de una situación muy particular, con un grado de tensión interétnica que, por fortuna, no existe, con semejante gravedad, en otras zonas del territorio de Kosovo.
Comprendo perfectamente la preocupación de su Señoría. Ahora bien, quiero decirle que lo que ha venido haciendo Bernard Kouchner a ese respecto ha seguido una línea de preservación de lo subyacente a la resolución pertinente de las Naciones Unidas a ese respecto, intentando crear estructuras multiétnicas que puedan servir, incluso en el nivel de las diversas dimensiones de la Administración, a las diversas comunidades. Me parece que no debemos hacer juicios precipitados sobre las responsabilidades al respecto, porque éstas tienen varios protagonistas. La situación que se vive en Matrovica es lamentable, es una situación con una tensión específica y creo que las medidas adoptadas en las últimas horas, en el sentido de crear condiciones de seguridad para aquella zona, son positivas. Ahora bien, quiero decirle que no tenemos -y lo lamentamos- capacidad en materia de fuerzas policiales -cosa que tiene que ver con las contribuciones de los Estados miembros- para poder garantizar lo que nos propusimos con ocasión de la intervención posterior a la acción militar, es decir, la creación de mecanismos de articulación interétnica suficientemente seguros para las diversas poblaciones, en particular para el acceso a las instalaciones hospitalarias.

El Presidente


Alexandros Alavanos
Pregunta nº 3 formulada por (H-0027/00):
Asunto: Enjuiciamiento de la OTAN ante el Tribunal de Crímenes de Guerra Diversas organizaciones de derechos humanos, como el Observatorio de Derechos Humanos de los EE.UU., han recogido ya pruebas importantes en contra de la OTAN sobre crímenes relacionados con los bombardeos de Kosovo y Serbia, con el fin de recurrir al Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. Sobre la base de las pruebas citadas, algunas de las cuales ya se han presentado ante el Tribunal, se acusa a la OTAN de serias vulneraciones del Derecho humanitario internacional y de homicidios premeditados.
¿Considera el Consejo que las denuncias de tal índole deben someterse al juicio del Tribunal de Crímenes de Guerra, para someterlas a una investigación judicial exhaustiva? En el caso de que se inicie la investigación judicial de las denuncias contra la OTAN, ¿qué se propone hacer con el Secretario General/Alto Representante de la PESC, quien durante el período decisivo desempeñaba el cargo de Secretario General de la OTAN? ¿Existe algún procedimiento de suspensión de sus funciones hasta que haya concluido el examen judicial de las denuncias?

Seixas da Costa
Señor Presidente, la pregunta hecha por el Sr. Alexandros Alavanos suscita una reflexión de carácter global. El Consejo ya ha manifestado en varias ocasiones su convicción de que, para afrontar acciones extremistas e irresponsables, con violaciones claras de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue necesario -y justificado- recurrir a las medidas severas que adoptó la OTAN. Comprendo que se pueden hacer interpretaciones diferentes de la acción de la OTAN y su legitimidad. Todas las personas son libres de adoptar esas posiciones. En mi propio país, los diversos Grupos parlamentarios adoptaron posiciones diferentes. Las cosas fueron lo que fueron.
En cualquier caso, hay una posición clara del Consejo, en el sentido de considerar que la campaña aérea llevada a cabo por la Organización del Tratado del Atlántico Norte en la República Federativa de Yugoslavia tuvo como objetivo poner fin a la catástrofe humanitaria provocada por el régimen de Belgrado en Kosovo. Ese objetivo fue expresado completamente, en el plano formal, por la posición adoptada el 8 de abril por el Consejo de Asuntos Generales en Luxemburgo. Esas medidas de la OTAN no fueron adoptadas -conviene decirlo- a la ligera, sino como último recurso, al resultar evidente que se habían agotado las posibilidades de una solución negociada y que las autoridades de Belgrado estaban concentrando sus fuerzas para expulsar de su tierra a los albaneses de Kosovo. Su Señoría ha de estar al corriente de que la fiscal Del Ponte, en la reciente visita que giró al cuartel general de la OTAN, subrayó que el Tribunal Internacional estaba obligado a examinar todas las acusaciones presentadas, incluso las que se habían formulado contra la OTAN, en particular por parte de grupos pacifistas canadienses. A medida que se presenten esas acusaciones, se hará ese examen obligatorio. En cualquier caso, tengo conmigo una declaración hecha por la señora fiscal en la que dice que en este momento la OTAN no está sometida a investigación alguna por el ministerio fiscal del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y que no hay procedimiento alguno de investigación oficial sobre las acciones de la OTAN en el conflicto de Kosovo. El ministerio fiscal ha examinado todas las informaciones recibidas en los seis últimos meses de personas individuales o de grupos que solicitaban una investigación de las acciones de la OTAN durante el conflicto de Kosovo. Evidentemente, analizará cualesquiera otras informaciones y dirá, a su vez, si hay razón o no para actuar. Hasta este momento la fiscal ha decidido no plantear en el plano penal ninguna de esas cuestiones contra la OTAN.

Alavanos
Le doy las gracias al Presidente en ejercicio, pero no estoy de acuerdo con él en que la intervención de la OTAN se proponía poner fin a un desastre humanitario, porque nos encontramos también hoy ante un desastre humanitario en Kosovo; el infierno de Milosevic ha sido sustituido por el infierno del UÇK y de las tropas de la OTAN.
Y si se fija el Sr. Presidente en ejercicio verá que casi la mitad de las preguntas a las que tiene que responder hoy se refieren a Kosovo. A pesar de ello, el propio Sr. Presidente en ejercicio ha aceptado que la cuestión de la investigación judicial en contra de la OTAN por el Tribunal de Crímenes de Guerra es un asunto abierto a raíz de la denuncia, entre otras, de las organizaciones pacifistas canadienses.
Y la pregunta que yo he formulado, y a la que no ha respondido el Sr. Presidente en ejercicio, es la siguiente: En el caso de que se inicie la investigación judicial de las denuncias contra la OTAN, en la que el principal, o, si se prefiere, uno de los principales enjuiciados, y posiblemente culpables, será el Sr. Solana, quien hoy es el Alto Representante de la PESC, en el caso de que esto ocurra, en el caso de que la Fiscal General del Tribunal dé el visto bueno a la apertura del proceso, ¿no habría que suspender de sus funciones al Sr. Solana al menos hasta que salga con las manos limpias del examen judicial?

Seixas da Costa
Señoría, en el caso de que se intente llevar a cabo una acción de esa clase contra la OTAN y se la personalice en la figura de Javier Solana, debemos entender que en aquel momento Javier Solana desempeñaba un cargo y hoy desempeña otro. Las funciones que hoy desempeña nada tienen que ver rigurosamente con las que desempeñaba en aquel momento como Secretario General de la OTAN. Mientras no haya por parte de una entidad judicial internacional indicio alguno que pueda justificar una tipificación en la figura de Javier Solana de acusación alguna, cosa que dista de haber ocurrido, la Unión Europea no adoptará, naturalmente, actitud alguna a ese respecto.

Posselt
Señor Presidente, creo que el Sr. Alavanos confunde la OTAN con el Sr. Milosevic. El Sr. Milosevic tiene que ser llevado ante el tribunal por delitos de guerra y a la OTAN le deberíamos conceder el premio Sajarov. Pero tengo que plantear una pregunta muy diferente al Consejo. ¿Cuál es la situación en la construcción de la administración y de la justicia y, sobre todo, de la policía en Kosovo? Usted lo ha mencionado antes, nos encontramos ante una catástrofe y no se hace nada. Hay que proyectar un modo rápido de actuar.

Seixas da Costa
Ante todo, quisiera decir que convengo con las prioridades en el nivel del esclarecimiento de las responsabilidades personales señaladas por su Señoría. Respecto de la estructuración judicial de Kosovo, hemos tenido oportunidad de oír en varias ocasiones la descripción por parte de Bernard Kouchner de las grandes dificultades que está teniendo para montar una maquinaria administrativa y una estructura judicial. Sabido es que los primeros pasos se dieron hace ya varios meses. Son conocidas las dificultades, en particular de carácter financiero, que Bernard Kouchner ha afrontado al montar esa maquinaria administrativa y, en particular, en materia de reclutamiento de fuerzas policiales para la seguridad pública diaria. Ése es un cometido, Señoría, que no dejará de examinarse en el ámbito de la Unión Europea y quiero decirle que en el Consejo de Asuntos Generales celebrado el lunes se subrayó esa cuestión repetidas veces, al abordarse la cuestión de Kosovo. Se han hecho declaraciones y se han ejercido presiones ante varios Estados miembros que se comprometieron a aportar fuerzas policiales. Algunos de los Estados miembros se amparan en que tienen fuerzas militares en el terreno y no pueden complementar, tan rápidamente como sería deseable, las fuerzas policiales, según se habían comprometido. Además, existe conciencia absoluta de que esa circunstancia está comprometiendo de forma decisiva el trabajo de Bernard Kouchner y la regularización y normalización de la estructura administrativa de Kosovo: muy en particular, de la parte judicial y de la cobertura policial. Eso tiene efectos nefastos, claros y evidentes en la capacidad de regular la articulación interétnica y todos somos conscientes de que, si no se adoptan medidas a corto plazo, podría haber situaciones de tensión como las habidas hace pocas horas y que podrían repetirse en otras zonas de Kosovo.

Seixas da Costa
Ésta es una cuestión que, evidentemente, se plantea esencialmente en el marco de la OTAN, pero la Unión Europea no tiene dificultad para asociarse a la interpretación hecha por la OTAN al respecto. Me gustaría que eso quedara claro: ésta es la posición del Consejo y no puede haber equívocos al respecto. Su Señoría ha de ser consciente, en primer lugar, de la dificultad existente en el nivel de la selección de los objetivos en una acción militar, en particular cuando se hace con medios aéreos, y también de que hay un conjunto de objetivos, no de carácter militar, sino infraestructural, encaminados a obstaculizar el funcionamiento de la maquinaria militar. Evidentemente, aquí entramos en un terreno, en una zona obscura, en la que su Señoría me dirá que son objetivos de carácter civil, como puentes, infraestructuras ferroviarias o de carreteras, mientas que otros dirán que son objetivos de carácter militar, porque sirven de apoyo a las estructuras militares para acciones agresivas como las que en aquel momento llevaban a cabo las fuerzas del Sr. Milosevic en el ámbito de Kosovo. Esa diferencia de interpretación de algunos objetivos es lo que nos separa.
Lamentablemente, durante las acciones militares en Kosovo hubo también, como reconoció todo el mundo, sectores civiles, en particular relacionados con infraestructuras que afectaban directamente con las poblaciones, e incluso zonas pobladas, que fueron alcanzados en acciones aéreas de la OTAN. Eso está reconocido, eso ocurre en todas las guerras y la guerra de Kosovo no fue una guerra limpia, no fue una guerra ejemplar: fue la guerra posible. Sólo, que fue la guerra necesaria, además de posible, para poner fin a una agresión absolutamente inaceptable y perfectamente repudiable por parte de toda la comunidad internacional. Independientemente de la interpretación que podamos hacer a posteriori -es fácil hacer interpretaciones a posteriori, si no se actúa-, creo, Señoría, que, si examinamos lo que ocurrió en Bosnia-Herzegovina y la impunidad provocada por la situación en Bosnia-Herzegovina y su prolongación, tal vez podamos hacer una interpretación un poco menos catastrófica de la acción militar de la OTAN en Kosovo.

El Presidente


Ursula Schleicher
Pregunta nº 4 formulada por (H-0028/00):
Asunto: Bloqueo turco contra Armenia Teniendo en cuenta que la Unión Europea fomenta activamente las relaciones sociales, económicas y políticas con Armenia mediante el Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado el 12 de octubre de 1999, ¿qué medidas tiene intención de adoptar el Consejo para persuadir al Gobierno turco de que levante el bloqueo económico contra Armenia?
¿Ha llegado el momento de que el Gobierno turco levante el bloqueo económico contra Armenia?

Seixas da Costa
Señor Presidente, la pregunta formulada por su Señoría se refiere a un conflicto de carácter regional y, en su interpretación inmediata, la cuestión presupondría una relación sólo de naturaleza bilateral entre Armenia y Turquía. Es evidente que la cuestión subyacente y de fondo a ese respecto es la de Nagorno Karabaj y también el conflicto que enfrenta a Armenia con Azerbaiyán y que, dadas las relaciones preferentes que este último país mantiene con Turquía, tiene, naturalmente, repercusiones. Ahora bien, por lo que se refiere a la relación de la Unión Europea con Armenia, quiero decir que es la que puede interesarnos, que la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y Cooperación en julio de 1999 y la primera reunión que celebramos en octubre del año pasado reflejan la importancia que la Unión Europea concede a las relaciones con Armenia. Uno de sus objetivos es la ampliación de las relaciones de carácter comercial, en particular en materia de comercio e inversión, y la posibilidad de mantener un diálogo político de carácter bilateral con Armenia, dado su importantísimo papel en el marco subregional.
Como he dicho, la de Nagorno Karabaj sigue siendo una cuestión esencial por resolver y que dificulta, naturalmente, la estabilidad del Sur del Cáucaso. A nuestro entender y como primera prioridad, se deben intensificar todas las gestiones para alcanzar una solución para ese conflicto. La Unión Europea ha venido haciendo gestiones para facilitar ese proceso y, evidentemente, somos conscientes también de que Turquía tiene que adoptar una actitud constructiva y desempeñar un papel importante a ese respecto. Como es sabido, en diciembre de 1999 Turquía fue considerada país candidato a la Unión Europea. En función de esa nueva situación, se va a intensificar el diálogo político con Turquía. La Presidencia de la Unión Europea, por mediación de mí mismo, estuvo en Ankara inmediatamente después de que se adoptara esa decisión y el mensaje que dejamos a las autoridades turcas se refería a la importancia de que reforcemos nuestro diálogo político y, en particular, de que nos beneficiemos de la propia importancia de Turquía en el marco regional, en particular en relación con el Asia central y con el Cáucaso. En ese marco de relación que deseamos cada vez más preferente con Turquía en cuanto a asuntos políticos, en particular y, como he dicho, en relación con la región en que se inserta y la importancia de su situación geostratégica, vamos a intentar lograr convergencias de posiciones ante las cuestiones internacionales. Esperamos de Turquía una actitud constructiva, una actitud positiva. Esperamos, en particular, que Turquía, en el marco del diálogo político anterior a todo el proceso que podría concluir con el comienzo de la negociaciones, pueda asociarse a las declaraciones de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común y, en este caso, considero que Turquía no podrá pasar por alto la interpretación por nuestra parte de la necesidad de encontrar soluciones para la cuestión de Nagorno Karabaj con una fórmula razonable, que entrañe al mismo tiempo los aspectos legítimos de la posición de Armenia y de la de Azerbaiyán.

Schleicher
Señor Presidente, quiero expresar mi agradecimiento al representante de la Presidencia del Consejo por su respuesta. No obstante, estoy algo triste porque primero se ve bilateralmente aunque a la postre existe una relación triangular muy clara. Damos créditos de cooperación y tenemos un acuerdo de cooperación para ayudar a Armenia y, a pesar de ello, la ayuda no puede ser eficaz porque Turquía lleva a cabo un bloqueo económico de modo que muchas cosas destinadas a los armenios no pueden avanzar. Se negocia con Turquía sobre una posible adhesión y es de interés para todos nosotros que cualquier Estado que quiera convertirse en miembro mantenga unas relaciones amistosas también en las fronteras con sus vecinos. ¿No puede influir más sobre Turquía para que sea posible una evolución pacífica y que los armenios puedan también experimentar un desarrollo que es necesario para la prosecución de la cooperación?

Seixas da Costa
su Señoría tiene toda la razón al decir que debemos aprovechar la relación con Turquía precisamente para que este país desempeñe un papel constructivo en esa situación y, en particular, pase a ser parte de la solución y deje de ser parte del problema.
Pensamos que, precisamente porque Turquía ha entrado en una nueva vía de relación con la Unión Europa y también por la circunstancia de que ha de afrontar ahora la necesidad de dar respuesta a las posiciones de la Unión Europea en materia de política exterior y de seguridad común, vamos a poner a prueba -no vale la pena ocultarlo- su voluntad respecto de las prioridades de la Unión Europea en su relación exterior. Y naturalmente que la relación con Armenia, de la que fue prueba el acuerdo establecido el año pasado, es un elemento de esa relación exterior. Y pensamos que, si Turquía quiere avanzar, en el sentido de compartir los valores fundamentales de la Unión Europea y del marco general de relación de la Unión Europea -e independientemente de las idiosincrasias de carácter bilateral que pueda tener ante otro país-, debe comportarse en términos generales de acuerdo con las orientaciones básicas que la Unión Europea refleja en su relación exterior. Por lo demás, estamos seguros de que esa cuestión figurará entre las prioridades de la relación bilateral entre la Unión Europea y Turquía en un futuro próximo.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 5 y 6 se contestarán conjuntamente.

Efstratios Korakas
Pregunta nº 5 formulada por (H-0031/00):
Asunto: Agravamiento de la situación en Kosovo El genocidio de los serbios y de las otras minorías étnicas, excepto la albanesa, sigue y se agrava en Kosovo. Incluso el propio Sr. Kouchner ha declarado recientemente que "la situación política y la seguridad en la zona son absolutamente insatisfactorias" . Se denuncia asimismo que la Resolución 1244 de las NU no se ha respetado, puesto que, por una parte, se violan las disposiciones de las NU sobre la concesión de garantías a todos los habitantes de Kosovo, y, por otra, las fuerzas extremistas y separatistas cobran fuerza, hasta el punto de llegar a nombrar "primer ministro provisional" de Kosovo al antiguo dirigente del UCK, Hachim Thaçi, y de proclamar a éste "cuerpo de protección de Kosovo" .
¿Qué acciones piensa emprender el Consejo, a la vista de los hechos, para que se apliquen las resoluciones de las NU, especialmente la Resolución 1244, y para evitar la secesión de la provincia de Kosovo de Serbia?

Pedro Marset Campos
Pregunta nº 6 formulada por (H-0122/00):
Asunto: Limpieza étnica de serbios en Kosovo Desde que finalizó el bombardeo que la OTAN y la UE ejecutaron contra Yugoslavia bajo el argumento de impedir la limpieza étnica de albanokosovares por Serbia, y desde la entrada de la KFOR el 12 de junio de 1999, 200.000 serbios residentes en Kosovo han sido expulsados y 768 asesinados, reproduciendo una limpieza étnica de serbios comparativamente superior a la que hubo en sentido inverso.
En los últimos días asistimos al asesinato de serbios por parte de mafias albanokosovares, de forma impune siempre.
¿Qué decisión piensa adoptar el Consejo para acabar de una vez por todas con esta limpieza étnica, y para garantizar el respeto de los Derechos Humanos a toda la población de Kosovo, independientemente de razas o creencias?

Seixas da Costa
Señor Presidente, como he dicho en la respuesta a una pregunta anterior, la situación en Kosovo constituye una preocupación a la que el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes no dejó de ser sensible. Ese Consejo subrayó su apoyo a las gestiones de UNEMIC y del representante del Secretario General, Sr. Bernard Kouchner, en particular la creación de una estructura administrativa interina en Kosovo en la que no sería palabra vana la garantía de que estarían incluidas en ella todas las fuerzas, principalmente las que hasta ahora se han negado a formar parte de esa estructura interina.
El Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión, Javier Solana, presentó a ese Consejo de Ministros de Asuntos Generales una evaluación de la situación y se espera que haga propuestas a ese respecto, en particular medidas de reajuste interno que permitan no sólo cierta flexibilización de la relación interétnica, sino también -como ya he dicho en la respuesta a otra pregunta- la creación de nuevas estructuras de carácter policial y el montaje de sistemas que permitan evitar una deriva lamentable en la situación de Kosovo en materia de influencias, tráfico de drogas y delincuencia, que hasta ahora las fuerzas allí presentes no han conseguido superar.
Por esa razón, es evidente, Señoría, que el Consejo de Ministros sigue gravemente preocupado por la situación que se dé actualmente en Kosovo y, en particular, por el éxodo de la población serbia y de otras minorías étnicas y religiosas de Kosovo (y, cuando se habla de las discriminaciones que se cometen en Kosovo, a veces no se cita suficientemente a esas minorías) y expresa su consternación y su preocupación por el grado de violencia interétnica que sigue habiendo.
Como ya tuve oportunidad de decir también en otra respuesta, el nuevo estallido de hostilidades en Mitrovica es sólo un ejemplo de esa dificultad para superar las desconfianzas acumuladas a lo largo de decenios. Evidentemente, estamos sólo en una fase de un proceso que ha tenido otras en el pasado y creo que debemos considerarla siempre a la luz de la historia pasada.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones su compromiso con la creación de un Kosovo democrático y multiétnico, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 12/44 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y, en particular, con el deseable regreso sin obstáculos y con seguridad de todos los refugiados.
Para nosotros, Señoría, la resolución 12/44 sigue siendo -y quisiera que esto quedara claro independientemente de todas las dudas que pueda haber al respecto- el elemento fundamental de nuestra orientación para esa región. Y respecto de lo que redunda en su detrimento, quisiera decir que el Consejo condena todos los actos de violencia, persecución e intolerancia, sean cuales fueren sus autores.
Así, a fin de dar respuesta a la situación actual, el Consejo ha apoyado firmemente el establecimiento de la misión de las Naciones Unidas en Kosovo, la MINUK ha contribuido a su presupuesto y ha asumido la responsabilidad del denominado "cuarto pilar de la MINUK", relativa a la reconstrucción y la rehabilitación económica.
Al evaluar los avances logrados hasta la fecha por la MINUK, hay que tener en cuenta la situación extraordinariamente difícil en que actúa esa instancia, es decir, el elevado número de refugiados y desplazados a los que hubo que reinstalar, la destrucción de la mayor parte de las infraestructuras, la radicalización que aún se mantiene muy activa en todos los sectores de la población de Kosovo, el desplome de la economía, la total ausencia de ingresos internos y también la implosión de las estructuras administrativas en el nivel local y de distrito, así como del sistema judicial y policial, resultado de la guerra y de un decenio de negligencia después de la abolición por parte de Belgrado de la autonomía de Kosovo. Y ese elemento es importante: conviene que siga quedando claro en la conciencia de todos que la modificación del estatuto que tenía Kosovo en el ámbito de la República de Yugoslavia fue la causa del aumento de las tensiones étnicas que originó la situación actual. Y, para que no se olviden las acciones pasadas de los responsables históricos, no se debe olvidar tampoco esa cuestión.
Y en esas circunstancias considero que la MINUK, junto con los restantes organismos y organizaciones internacionales interesados, ha de haber logrado algunos avances con vistas a la consecución de algunos de los objetivos enunciados en la Resolución 12/44, pese a que aún distamos de haber logrado una situación mínimamente satisfactoria.
El Consejo apoya también la decisión del Representante Especial Bernard Kouchner de instituir -como he dicho- el consejo administrativo provisional conjunto, que debería abarcar todas las dimensiones étnicas de Kosovo. La Unión Europea ha venido haciendo llamamientos para que los serbios de Kosovo dejen de boicotear esa estructura a fin de contribuir a una zona multiétnica y asegurarse a sí mismos un lugar en las estructuras administrativas que están surgiendo.
Por otro lado, con el objetivo de contribuir a la lucha contra la violencia multiétnica y crear un ambiente de seguridad necesario para impedir que los kosovares de etnia no albanesa abandonen la provincia, la Unión Europea apoya también las gestiones de la MINUK para la constitución de la fuerza policial civil kosovar. Tenemos que reconocer que, pese a que ya se ha hecho una contribución substancial, hasta la fecha los Estados miembros de la Unión Europea no han conseguido, como he dicho, desplazar a agentes para esa fuerza policial, lo que ha resultado un elemento profundamente negativo para el funcionamiento de una estructura de seguridad pública.
Como he dicho, de conformidad con las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 24 de enero, los Estados miembros están haciendo esfuerzos para encontrar personal policial complementario y en el último Consejo de Asuntos Generales se reiteró esa posición. El refuerzo de las fuerzas policiales es también una importante tarea en el marco de la amenaza cada vez mayor que representa la delincuencia organizada, por lo que la Comisión tiene la intención de incluir la lucha contra la delincuencia organizada en su programa de asistencia a Kosovo para el año 2000 y pide a los Estados miembros que determinen la asistencia adecuada que pueden prestar a ese respecto.
Creemos que gran parte de la solución para esa cuestión de Kosovo -y tampoco conviene abrigar grandes dudas a ese respecto- radica también en el problema de la estabilización de los países circundantes. Y no conviene pensar que sin ella se vaya a conseguir solucionar los problemas de Kosovo. Si no se logra una estabilización de la situación política en Albania -y en este momento hay propuestas en el sentido de que la Comisión evalúe la hipótesis de que Albania se orienta hacia la posibilidad de un acuerdo de estabilización y asociación-, si no se consigue una estabilización de la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia y si no se consiguen modelos integrados en otras zonas de la antigua Yugoslavia, no será posible encontrar soluciones autónomas para Kosovo. El marco global de la región y el de la aplicación del Pacto de Estabilidad son los que permitirán resolver la situación en Kosovo.

Korakas
Señor Presidente, lo siento mucho, pero la verdad es que escuchando al representante del Consejo no puede uno dejar de preguntarse hasta dónde llega la hipocresía, la complacencia y la complicidad. Claro, que, como decimos en mi país, no hay que mentar la soga en casa del ahorcado. Yugoslavia era un país pacífico, factor de estabilidad y de paz. Con las intervenciones de la OTAN, e inicialmente de Alemania, pasó lo que pasó. De manera que el responsable no es el gobierno de Belgrado, señor Presidente, sino la propia OTAN; los responsables son los imperialistas con sus intervenciones. ¿Y con qué nos encontramos hoy? Hoy nos encontramos con una sistemática violación de la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad, y se demuestra que dicha resolución era una trampa. Nos encontramos con 350.000 serbios, gitanos y miembros de otras minorías étnicas, excepto albanokosovares, expulsados de sus hogares. 900 personas asesinadas, 800 raptadas; 8 meses después nos encontramos ante una sistemática y virulenta violación de la Resolución del Consejo de Seguridad. De modo que, por ejemplo, el UÇK no sólo no se ha desarmado en tres meses, como se preveía en la Resolución, sino que, en contra de lo afirmado por el Sr. Kouchner en el Parlamento Europeo, ha renovado y modernizado su armamento, y ha sido promovido a la condición de "Cuerpo de Protección de Kosovo" . Y quisiera para terminar, señor Presidente, puesto que el Sr. Ministro ha mencionado a Kouchner, decir que Kouchner con sus 25 decretos viola tanto la soberanía de Yugoslavia como la Resolución del Consejo de Seguridad. Ha creado una moneda diferente, un cuerpo judicial...
(El orador es interrumpido por el Presidente) ¡Hay que ver la realidad tal y como es, señor Presidente!

Seixas da Costa
Considero que su Señoría no ha formulado ninguna pregunta, sino certezas. Y la primera de ellas -y que hago constar ante esta Asamblea- es la de que Belgrado no es responsable de la situación creada en Kosovo. Me gustaría que quedara claro, porque es una declaración que tiene su importancia y de la que resulta que la acción imperialista de la OTAN es la responsable de la situación creada en Kosovo.
Una interpretación singular -aunque no tanto, porque también es compartida por las autoridades serbias-, pero su Señoría debe entender que hay otras interpretaciones diferentes y que la de la comunidad internacional y del Consejo de Ministros de la Unión Europea es distinta de la suya.
En cuanto a la Resolución 12/44, si es una trampa, no comprendo por qué considera después su Señoría negativas todas sus violaciones. La Resolución 12/44 podrá no ser perfecta, pero es la que se pudo encontrar para poner término a determinada situación. Es una resolución que probablemente encuentre dificultades de aplicación por la simple razón de que presupone un clima de estabilidad, al que tampoco el Sr. Milosevic y su régimen han contribuido.
Reconozco -y todos reconocemos- que tampoco el comportamiento de determinadas fuerzas kosovares albanesas en Kosovo fue lo más deseable o más brillante. Y considero que a ese respecto el Sr. Bernard Kouchner ha tenido una actitud de denuncia concreta de esa situación y ese comportamiento.
No debemos pensar, Señoría, que las culpas recaen sólo en una parte y que podemos olvidar el pasado, cuando estamos analizando situaciones presentes. Todas ellas, y en particular en el caso de los Balcanes -su Señoría lo sabe mejor que yo-, tienen que ver con el pasado histórico y con la acumulación de situaciones históricas. Y no hay sólo "buenos de la película". Esas situaciones están muy claras -considero yo- y todos nosotros debemos sacar las consecuencias y asumir la responsabilidad de nuestros pasados silencios ante el comportamiento del Sr. Milosevic durante el tiempo en que pudo hacer impunemente lo que quiso en Kosovo, en particular a partir del momento en que lo privó de la autonomía.

Marset Campos
Quería agradecer la respuesta que ha dado el Sr. Ministro, pero también recordar que, estadísticamente, hay ahora en Kosovo más violencia que la que había antes del bombardeo de la OTAN. Es preocupante que el bombardeo haya agravado la situación, y habría que reconocer que la actuación de la OTAN y de la Unión Europea ha sido equivocada al tomar esa medida. El Sr. Ministro ha hablado, con toda razón -estoy de acuerdo-, de las culpas de Belgrado, pero también hay que recordar que los servicios secretos de los EE.UU., Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña han estado suministrando armas y dinero al UCK, a una mafia, para contribuir a que hubiese problemas en esa zona. Por lo tanto, todos tenemos la culpa.
Quería hacerle una pregunta complementaria por su contexto global. ¿No piensa usted que sería beneficioso levantar el bloqueo a Serbia para que hubiese una mayor normalidad económica en la zona y también se beneficiase Kosovo como provincia de Serbia?

Seixas da Costa
Quiero decir, Señoría, que tengo gran dificultad para juzgar con suposiciones lo que habría sucedido, si cierta cosa no hubiese ocurrido. Ni su Señoría ni yo podemos saber lo que estaría sucediendo en este momento en Kosovo, lo que podría haber sucedido en Kosovo, en caso de que la OTAN no hubiera bombardeado ni esas acciones agresivas y progresivas por parte del Sr. Milosevic y de su Gobierno que cada vez tenían más consecuencias habrían tenido un resultado mayor al que hoy se da en Kosovo...
Respecto del levantamiento de las sanciones, pensamos, Señoría, que la actitud que la Unión Europea ha venido adoptando respecto de Yugoslavia ha sido de evaluación gradual de las situaciones. Aplicamos un programa de energía para la democracia, en el sentido de favorecer el apoyo a los municipios de Yugoslavia regidos por fuerzas democráticas, reaccionamos positivamente en el Consejo de Asuntos Generales del pasado lunes ante la solicitud que nos presentaron las fuerzas democráticas de Serbia, en el sentido de levantar el embargo aéreo para aviones internacionales y aviones de la compañía aérea de Yugoslavia. Son señales de buena voluntad por parte de la Unión Europea respecto de la situación en Serbia.
Debemos considerar que dando determinado tipo de facilidades a las autoridades serbias, cuyo comportamiento, en particular en el plano interno de los derechos humanos, en particular en el nivel del funcionamiento del sistema político interno serbio, siguen siendo profundamente lamentables -y espero que su Señoría convenga conmigo respecto de la situación democrática que se da en ese país-, y enviando señales sin contrapartidas no es como se puede obtener un resultado. Y, a medida que ese país tenga un comportamiento, en el plano internacional y en el de su relación con los Estados vecinos y dentro de su propio territorio, que esté en consonancia con los que consideramos principios fundamentales que deben regir la comunidad internacional y el comportamiento de los "Estados de bien" en el plano internacional, daremos las señales necesarias a Serbia, en materia de facilitación, en materia de levantamiento de sanciones.

Tannock
Señor Presidente, no soy amigo de Milosevic ni de su Gobierno, pero siento dudas muy profundas acerca de la legitimidad de la acción de la OTAN contra Yugoslavia a causa de Kosovo, tanto por la falta de autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como porque creo que lo sucedido se hubiera podido evitar si no se hubieran impuesto términos inaceptables para la soberanía serbia en Rambouillet. La situación actual de Kosovo, que en la actualidad ha quedado depurado étnicamente de serbios y de romaníes, corrobora lo que he dicho. Creo que lo menos que debería hacer la OTAN es reconocer su culpa por el ataque deliberado contra la torre de la televisión de Belgrado, en el que perecieron más de 20 periodistas civiles, y que constituye una grave tacha moral para el desarrollo de la guerra y abre ahora la embarazosa posibilidad de que se acuse de crímenes de guerra a nuestros dirigentes occidentales.

Seixas da Costa
Señoría, nosotros no tenemos, en el nivel de las posiciones adoptadas por la Unión Europea, una interpretación y un análisis selectivos de los objetivos de carácter militar, en particular de las iniciativas adoptadas contra determinado tipo de infraestructuras que servían de apoyo al sistema político y de propaganda del Sr. Milosevic. Por tanto, no puedo decirle si conveníamos o no con una acción concreta llevada a cabo por la OTAN. Forma parte de un plan global respecto del cual estamos de acuerdo. Algunas de esas acciones podrían ser discutibles y algunas fueron consideradas lamentables incluso por la propia OTAN y otras serán acciones justificables por razones de carácter táctico, en el sentido de impedir al Sr. Milosevic mantener su campaña de propaganda interna. En cualquier caso, yo, en nombre del Consejo, no quiero hacer ningún juicio de valor respecto de alguna acción concreta llevada a cabo por la OTAN en la esfera militar.

Alissandrakis
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, dado que conozco la historia de los Balcanes, quisiera recordarle que durante muchas décadas los pueblos de Yugoslavia vivieron pacíficamente. La desestabilización comenzó, hace aproximadamente una década, con la disolución de Yugoslavia, proceso en el que la Unión Europea desempeñó un papel determinante. El crimen de Yugoslavia consistía en ser el único país de los Balcanes que no había solicitado su ingreso ni en la OTAN ni en la Unión Europea. Y así, ahora lo que aún quedaba en pie, tras las incursiones aéreas, lo destruye el supuestamente desarmado UÇK, en las narices de la KFOR, cuyo papel de fuerza de ocupación se hace cada vez más evidente.
A diario se hacen públicos nuevos crímenes -contra los no albaneses, y contra el patrimonio cultural de Kosovo-, así como cientos de violaciones de la Resolución 1244 de la ONU.
En mi opinión, lo mejor que podría hacer el Consejo sería poner fin a la ocupación de ese territorio yugoslavo y buscar una solución aceptable para todas las partes, con respeto a las particularidades étnicas de la región, y, sobre todo, con respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de un país independiente.

Seixas da Costa
Respeto la interpretación y el conocimiento que Su señoría tiene de la región balcánica, aunque me cueste, con toda franqueza, comprender en qué medida el respeto de las características de la región puede ser, desde el punto de vista de la estabilidad política, una solución para el problema, porque, si examinamos la estabilidad democrática de la región, podríamos decir que lo que provocó la presente situación fue la destrucción de Yugoslavia. Pero no entremos aquí en una interpretación de una evolución internacional. Ahora bien, quisiera decir que Yugoslavia era lo que era, en el sentido de cierta compatibilización de algunas diferenciaciones étnicas en el plano de un Estado, pero mantenido -conviene que eso quede claro- en un marco político que distaba de ser el ideal desde el punto de vista de la representación democrática. La división de Yugoslavia es probablemente un hecho histórico que debemos afrontar, independientemente de los errores que pueda haber aquí o allá. No nos parece en modo alguno que la salida de las fuerzas internacionales en este momento pudiera ser la solución, sino que, al contrario, sería la solución para el descalabro.

MacCormick
Señor Presidente, me ha decepcionado un poco la respuesta que ha dado el Presidente en ejercicio a mi colega. Es importantísimo, si insistimos en que Europa ha de ser una Europa de valores, que no vayamos por la calle diciendo que el fin justifica los medios. Si se fijan y destruyen objetivos civiles, matar a civiles es un acto ilegal en todos los ordenamientos. Es un acto que no pueden defender ni siquiera los que deploran profundamente la existencia del régimen de Milosevic. De todos modos, ésa no es mi pregunta.
Mi pregunta se refiere a los presos políticos que hay ahora en Serbia. Creo que hay unos cinco mil kosovares que Serbia tiene actualmente en su poder como presos políticos. Mi pregunta al Presidente en ejercicio es doble: en primer lugar, ¿está el Consejo totalmente al corriente de la existencia de esos presos y preocupado por su destino? En segundo lugar, ¿qué es lo que propone al respecto?

Seixas da Costa
Señoría, quisiera referirme en primer lugar al comentario que he hecho. Yo no he defendido el ataque a los civiles. Lo que he dicho y he explicado en una respuesta anterior es que hay objetivos de carácter civil relacionada con estructuras que son objeto de una acción militar y -su Señoría lo sabe tan bien como yo- que algunas acciones militares no apuntan sólo a objetivos militares, sino también a objetivos y estructuras civiles complementarios de las acciones militares. Evidentemente, la de lo que es o no un objetivo legítimo es una zona obscura. Como he dicho, no hacemos juicios de valor respecto de las acciones concretas. Hacemos un juicio de valor global positivo sobre la intervención de la OTAN y compartimos la opinión sobre lo que fue la acción de la OTAN.
Respecto de los presos políticos de Serbia, es evidente, Señoría, que, cuando me refiero a la circunstancia de que en ese país el Sr. Milosevic no se comporta hoy en día de acuerdo con las normas de una sociedad decente en el plano internacional, me refiero exactamente no sólo a lo que hace el Sr. Milosevic con sus conciudadanos, sino también a situaciones que mantiene, en particular, en materia de presos políticos, de atentados contra los derechos democráticos, contra los derechos de acceso de la oposición a los medios de comunicación social, contra las facilidades que se deben conceder a las organizaciones no gubernamentales para que actúen, en particular en el plano de la defensa de los derechos humanos. No obstante, todo ello es tan sólo uno de los muchos aspectos de la actuación sumamente perniciosa del Sr. Milosevic en el ámbito de la sociedad yugoslava y, naturalmente, la Unión Europea no puede por menos de estar preocupada por esa situación, razón por la cual, mientras Yugoslavia no tenga un comportamiento en el plano internacional que satisfaga los valores que, a nuestro juicio, debemos defender, mantendrá todas las sanciones.

El Presidente


Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Pregunta nº 7 formulada por (H-0035/00):
Asunto: Redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales Expresando la satisfacción de la sociedad civil por la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero también la esperanza de que dicha Carta responda a los retos de Europa en el siglo XXI, se pide al Consejo que responda a lo siguiente:
¿Qué opina del contenido de la Carta? ¿A qué ciudadanos se refiere (a los de la Unión Europea o a los de todos los países europeos; comprenderá a los ciudadanos de la ampliación y a los inmigrantes, etc.)?
¿Recogerá el acervo comunitario de la Unión Europea, o poseerá un carácter programático más amplio? ¿Cuáles son los mecanismos que utilizará para establecer con claridad la igualdad de sexos? ¿Qué opina el Consejo de la incorporación de la Carta al Tratado de la Unión Europea?

Seixas da Costa
La Carta de Derechos Fundamentales es uno de los elementos más promisorios de toda la labor en el plano institucional de la Unión Europea. Como saben sus Señorías, la Carta se deriva de la decisión del Consejo Europeo de Colonia. Es un elemento que nos parece fundamental para la constitución de lo que se puede considerar un pilar ético en la Unión Europea y la necesidad de que la Unión Europea, en la vía para la consecución de una unión de valores, fortalezca su dimensión no sólo en el plano interior, sino incluso para legitimar su propia afirmación en el plano exterior a partir de un conjunto común de valores. Eso, naturalmente, tiene mucha importancia en la Unión de Quince. Probablemente hace cuatro o cinco meses no pensábamos que esa importancia fuera tan grande en la Unión de Quince. Hoy ya pensamos -o al menos algunos de nosotros piensan- de forma tal vez diferente. También tiene mucha importancia en la Unión ampliada, en particular en el nivel de las culturas políticas futuras.
En cuanto al contenido de la Carta: como saben sus Señorías, la Carta se encuentra aún en examen. Sólo ha habido dos reuniones del grupo que está preparándola, grupo que ahora se llama Convención para la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay varios problemas que se deben plantear así. En primer lugar, hay que saber si es un texto declaratorio o un texto vinculante. En segundo lugar, la cuestión del contenido de la Carta: en el caso de que sea un documento vinculante o no lo sea, también se plantea el problema del contenido, es decir, si se trata de una acumulación de todos los principios que los Estados miembros de la Unión defienden y han consagrado en el nivel de sus ordenamientos constitucionales internos o se trata de un corpus nuevo y que en cierto modo pueda ser la matriz común dentro de la Unión. Después se plantea un problema fundamental, que, por lo demás, va planteado en la pregunta y que me parece de la mayor importancia, pero que tampoco está resuelto. Se trata de si se aplica esa Carta a los ciudadanos de la Unión o a los ciudadanos de terceros países residentes dentro de la Unión. También está esa cuestión sobre la mesa.
Y, por último, se plantea un problema de la mayor relevancia: el de la subordinación de los ordenamientos jurídicos, la compatibilidad entre el ordenamiento jurídico del Tribunal de Estrasburgo y el del Tribunal de Luxemburgo. En la formulación de la Carta de Derechos Fundamentales se debe resolver ese problema.
Por otro lado, su Señoría aborda la cuestión de los derechos sociales. Bien, a ese respecto va a ser necesario encontrar un terreno común. Como delegación portuguesa, yo le diría que los derechos económicos y sociales son, a nuestro juicio, un patrimonio esencial de la Unión Europea y deben formar parte de cualquier Carta de la Unión Europea y cualquier cuerpo de valores de la Unión Europea. No sé si esa idea sea compartida por todos.
Respecto de la última cuestión, está el problema de la igualdad de hombres y mujeres dentro de la Unión Europea. Estoy convencido de que ése es uno de los aspectos que con seguridad se abordará más detenidamente en esa Carta, tanto más cuanto que nosotros mismos, con ocasión del debate sobre el Tratado de Amsterdam, formulamos ya al respecto alguna doctrina, expresada en el Tratado de Amsterdam, lo que constituye un salto cualitativo frente a lo dispuesto en el de Maastricht.
Por último y respecto de la inclusión de la Carta en el Tratado de la Unión Europea: en este momento encabezo el grupo de trabajo que dirige el grupo preparatorio para la Conferencia Intergubernamental. La Presidencia portuguesa tiene interés en garantizar que, en cuanto esté consensuada la Carta en el nivel de las personas que están elaborándola -como saben sus Señorías, la Carta no se encuentra en el marco del Consejo, sino en una convención con un presidente elegido, con representantes del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales y de los Gobiernos de los Estados miembros y de la Comisión Europea-, en cuanto esté lista (se trata de un proceso que nosotros no controlamos, que tan sólo seguimos por mediación de un vicepresidente de la convención, que al mismo tiempo es representante de la Presidencia de la Unión Europea en dicho grupo), formará parte, lógicamente, del nuevo Tratado de la Unión Europea y se remitirá esa cuestión inmediatamente a la Conferencia Intergubernamental.

Kratsa-Tsangaropoulou
Le agradezco al Presidente en ejercicio la exposición de los problemas, y las certezas que me ha expresado sobre la marcha de los trabajos. Comprende usted, señor Presidente en ejercicio que mi pregunta no carece de sentido, pues el Consejo es un órgano político de la Unión Europea, y los ciudadanos europeos, hombres y mujeres, quieren saber cuál es su visión del modelo democrático y social de la Europa del siglo XXI.
Quisiera, a título complementario, preguntarle si la Presidencia portuguesa ha previsto que los derechos de los niños, como entidades autónomas, se incluyan en la problemática que se va a desarrollar y en los derechos que serán incorporados a la Carta.

Seixas da Costa
Como he dicho, nosotros no controlamos, Señoría, el proceso de formulación de la Carta de Derechos Fundamentales. Ese asunto compete a los miembros de ese grupo, que no lo remitirá al Consejo hasta que haya consenso sobre el tenor de dicha Carta. Ahora bien, respecto de los derechos de los niños quiero decir que es un aspecto que está de actualidad, en particular en el nivel del Consejo de Europa y en el de un conjunto de documentos relevantes de carácter internacional, que nosotros subscribimos y deberá formar parte de la Carta de Derechos Fundamentales. Ésa será con seguridad una orientación que mi Gobierno, en cuanto tal, no dejará de proyectar en el ámbito de la Carta de Derechos Fundamentales. Ya veremos, como, por lo demás, respecto de un conjunto de otras propuestas nuestras a ese respecto. No sé en qué medida serán o no acogidas con beneplácito esas propuestas. Ahora bien, presumo que ese asunto no es demasiado polémico y nos parece que constará tan sólo de una recopilación de lo que hoy es un cuerpo consensual de derechos y nos parece de la más elemental justicia que se incluyan en la Carta y los comparta la Unión.

El Presidente
Les recuerdo a los señores diputados que, según las directrices para estas sesiones, las preguntas deben ser concisas y estar redactadas de forma que permitan una respuesta breve. Ustedes saben que hay una delegación del Parlamento presidida por el diputado Méndez de Vigo y una Comisión de Asuntos Constitucionales donde se pueden debatir estos temas con gran amplitud. Por eso les pido que las preguntas sean muy breves y las respuestas también. De lo contrario, estaríamos de alguna forma suplantando todo el proceso de elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales. Compruebo que el señor Presidente en ejercicio del Consejo está dispuesto a contestar todo, pero yo debo velar por que se desarrolle esta sesión con preguntas y respuestas.
Tiene la palabra el Sr. Rübig.

Rübig
Señor Presidente, catorce Estados miembros han impuesto sanciones bilaterales contra un Estado miembro porque allí se ha formado un Gobierno elegido democráticamente. Ambos partidos participaron ya en una ocasión en el Gobierno. Hasta hoy no se han producido violaciones jurídicas. ¿Son compatibles con la Carta de los Derechos Humanos las sanciones preventivas? ¿Sería compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales un derecho de veto del Presidente del Consejo ante las formaciones de Gobiernos nacionales? ¿Es compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales la llamada a manifestaciones violentas?

Seixas da Costa
Señoría, como Presidente en ejercicio del Consejo, no tengo respuesta alguna que darle por la simple razón de que la toma de posición del Primer Ministro portugués, en nombre de los catorce Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, corresponde a un plano bilateral y no a la Presidencia de la Unión Europea. Ahora bien, quiero decir que todas esas acciones preventivas adoptadas en el plano estrictamente bilateral por esos Estados miembros de la Unión Europea reviste un carácter -podríamos decir- de profilaxis política en el plano diplomático y nos parecen perfectamente justificadas y en consonancia con lo que sería sensato ante un comportamiento de un partido y de personalidades de un partido que, al formar parte un Gobierno de la Unión Europea, no parecen ofrecer garantías de cumplir las finalidades de la Unión. A ese respecto, no quisiera extenderme en nombre de la Presidencia Europea, porque se trata de una intervención de mi Gobierno hecha a petición y de conformidad con catorce Estados miembros y no como Presidente de la Unión Europea.

Martin, David W
Señor Presidente, tengo el honor de pertenecer al Grupo que está redactando la Carta así que no voy a pedirle a la Presidencia que haga conjeturas acerca de su contenido o que nos diga si cree que la Convención debe ser declaratoria o si ha de tener fuerza judicial.
Lo que quisiera saber es lo que va a suceder al proyecto de Carta que va con la Convención. ¿Va a considerarla el Consejo como un documento que tiene que aceptar tal como está, o se sentirá el Consejo en libertad de modificarlo? ¿Dirá el Consejo sencillamente sí o no respecto de dicho documento, o estará en condiciones de volver a redactar el proyecto de Carta?

Seixas da Costa
La respuesta no es ni afirmativa ni negativa. No sé, Señoría: dependerá de la decisión que se adopte en el nivel del Consejo.

El Presidente


Caroline Lucas
Pregunta nº 8 formulada por (H-0042/00):
Asunto: Concesión de garantías de crédito a la exportación y sus consecuencias para la construcción de la presa de Ilisu en Turquía. El G8, reunido en Colonia, invitó a la OCDE a iniciar un proceso para establecer unas normas comunes sobre la concesión de garantías de crédito a la exportación. Estas normas pueden servir para falsear la competencia y financiar proyectos dudosos. ¿Tomará la Unión Europea la iniciativa de impulsar este proceso? Recientemente se puso de manifiesto su necesidad cuando el Gobierno británico declaró que estaba "dispuesto a conceder" la autorización de un crédito a la exportación a una empresa que participa en la construcción de la presa de Ilisu en Turquía. El Banco Mundial ha decidido no financiar el proyecto, que provocará el desplazamiento de 20.000 kurdos, limitará potencialmente los suministros de agua potable a la República Árabe Siria y al Iraq, y provocará daños ecológicos. ¿Qué opina el Consejo sobre la participación de Gobiernos y empresas europeas en este proyecto?

Seixas da Costa
Respecto de la pregunta formulada por la Sra. Caroline Lucas, hay que examinar dos aspectos de esta cuestión: primero, el del régimen del crédito a la exportación en general; segundo, en lo que respecta concretamente al proyecto mencionado.
Por lo que se refiere al aspecto general, conviene señalar que el Grupo de los Ocho no instó, como su Señoría sugiere en su pregunta, a la OCDE a que estableciera criterios comunes para la concesión de créditos a la exportación. Esos criterios ya existen hoy día. El convenio de la OCDE relativo a las directrices para el crédito a la exportación que goza de apoyo oficial está en vigor desde 1978. El objetivo de dichas directrices es precisamente el de ver la utilización ordenada de los créditos a la exportación que gozan de apoyo oficial mediante la transparencia y la disciplina. Como sabe su Señoría, la mayoría de los países de la OCDE son ya parte en ese convenio y la Comunidad Europea, en cuanto tal, y no los Estados miembros por separado, también lo es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, antiguo 113 del Tratado de la Unión Europea.
Se ha ido rectificando y perfeccionando progresivamente ese convenio y la Unión Europea desea seguir teniendo un papel de bisagra en ese proceso, porque lo considera de la mayor importancia en el plano de las relaciones económicas internacionales.
Por lo que se refiere al G-8 y conforme al párrafo 32 del comunicado de la Cumbre de Colonia, de junio de 1999, se dice que trabajaremos con la OCDE con vistas a adoptar orientaciones comunes de tipo medioambiental para las instituciones de fomento de la exportación. Nuestro objetivo es el de concluir ese trabajo antes de la Cumbre del G-8, en 2001. Por tanto, el G-8 reconoce de esa forma la importancia de la cuestión de los créditos a la exportación y del medio ambiente y de los trabajos en curso en la OCDE a ese respecto.
En 1999, el Consejo Ministerial de la OCDE, en el que participé, acogió con satisfacción los avances logrados en la preparación de un convenio de la OCDE relativo al intercambio de informaciones medioambientales sobre los grandes proyectos referentes al crédito a la exportación que goza de apoyo oficial e instó a que prosiguieran los trabajos con vistas a fortalecer las plataformas comunes, en espera de un informe sobre los avances logrados para la próxima sesión ministerial del Consejo, que se celebrará este año. Como se sabe, los Estados miembros de la Unión Europea están desempeñando un papel fundamental en ese proceso y en ese debate.
Respecto del punto concreto de la presa de Ilisu propiamente dicho, se están celebrando conversaciones entre las autoridades turcas y aquellas cuyas instituciones de crédito a la exportación son potenciales proveedoras de seguros de crédito a la exportación a los proveedores del proyecto y que decidieron precisamente salvaguardar de forma satisfactoria sus consecuencias medioambientales, sociales y culturales. Por lo demás, en ese marco fue en el que un representante del Reino Unido declaró en diciembre de 1999 que tenía en perspectiva la garantía de la subordinación de los seguros de crédito a la exportación a la salvaguardia de cuestiones del tipo de las mencionadas por su Señoría en su pregunta.
La cuestión de una licencia de crédito a la exportación no se plantea en el marco del proyecto. Cabe señalar que, como no se ha solicitado al Banco Mundial la financiación del proyecto, no está en juego decisión alguna de ese Banco al respecto. Sólo habría esa denegación en caso de que se hubiera pedido, naturalmente. Es evidente que los gobiernos y de las instituciones de crédito a la exportación oficial de los Estados miembros participan en el proyecto de la presa de Ilisu de conformidad con las obligaciones y los compromisos políticos y jurídicos asumidos en el nivel de la Unión Europea, de la OCDE y del Grupo de los Ocho por los países que forman parte de él.

Lucas
La búsqueda de acuerdo sobre esas normas comunes comenzó quizá ya en 1978, pero es evidente que el hecho de que el Gobierno británico parezca llevar adelante un proyecto que entrañará daños ambientales masivos sugiere que dicho proceso no ha tenido mucho éxito hasta ahora.
¿Le importaría contestar a una pregunta acerca de las inversiones de empresas de la UE en los países candidatos al ingreso en la UE? Se lo pregunto por la cuestión de la coherencia, tema de los debates de esta mañana.
Por una parte pedimos a los países solicitantes que se hagan cargo del acquis ambiental y al mismo tiempo los Estados miembros de la UE están apoyando y estimulando inversiones en esos países que de por sí entrañan importantes daños ambientales. ¿Podría decirnos usted si sí o no la cuestión completa de las inversiones en países solicitantes se ha planteado en cualquiera de los debates sostenidos hasta la fecha y a los que se ha estado refiriendo usted?

Seixas da Costa
Yo no estuve en el debate al que se ha referido su Señoría. Quiero decirle que, respecto de esa parte de su pregunta, el Consejo sólo podrá responder posteriormente y por escrito.

El Presidente


Patricia McKenna
Pregunta nº 9 formulada por (H-0044/00):
Asunto: Problemas ambientales ocasionados por el proyecto de desarrollo de la sociedad portuaria Drogheda y el papel del Tribunal de Cuentas En la zona del estuario de Boyne, Irlanda, ha surgido un serio conflicto entre los intereses entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo estructural, debido al proyecto de desarrollo de la sociedad portuaria Drogheda. La zona afectada está designada como zona de protección especial de conformidad con la Directiva relativa a las aves silvestres y se está considerando la posibilidad de declararla zona especial de conservación de conformidad con la Directiva sobre los hábitats; se trata también de una zona de importancia internacional. Numerosas asociaciones locales y europeas han criticado enérgicamente el proyecto. Se dan casos parecidos en otras regiones de la Unión donde la financiación del desarrollo de la UE entra en conflicto con la insostenibilidad ambiental de las medidas de los beneficiarios. ¿No cree el Consejo que habría que dotar al Tribunal de Cuentas de mayores recursos para que estudiara o revisara este tipo de medidas de desarrollo allí donde surjan conflictos ambientales? ¿Qué medidas piensa adoptar en Consejo con vistas a reforzar las competencias de revisión y evaluación de las instituciones europeas en estos casos?

Seixas da Costa
Respecto de la pregunta de Su señoría, quiero subrayar, en primer lugar, que la misión del Tribunal de Cuentas está formulada en el Tratado por el que se instituye la Comunidad Europea. De conformidad con su artículo 246, la fiscalización de las cuentas corre a cargo del Tribunal de Cuentas, que, para ello, examina la totalidad de los ingresos y los gastos de la Comunidad, así como la regularidad y la legalidad de las operaciones a que se refieren, y garantiza la buena gestión financiera, conforme también, por lo demás, al artículo 248.
El Tribunal de Cuentas dispone, así, desde ahora mismo, de todos los instrumentos necesarios para cumplir su misión. En cuanto a la propuesta de su Señoría destinada a aumentar los recursos del Tribunal de Cuentas, el Consejo considera que todas las instituciones de la Unión disponen, en el marco del presupuesto comunitario, de medios financieros que les permiten ejecutar correctamente sus misiones. Probablemente sería deseable, en algunos casos, que se pudiera aumentar esos medios, pero hay limitaciones de carácter presupuestario que Su señoría no desconoce. Aprovecho para recordar que el presupuesto de la Unión Europeo es aprobado de común acuerdo por el Consejo y por este Parlamento. Por tanto, el Consejo no tiene competencia alguna para modificar la misión encomendada al Tribunal de Cuentas por el Tratado.

McKenna
Si asignamos más recursos al Tribunal de Cuentas se tratará de dinero bien gastado, pues con él se conseguirá que los fondos de la UE no vayan a parar a proyectos que están en conflicto con los intereses ambientales. Durante años y años el Consejo ha estado bloqueando la evaluación estratégica de las consecuencias para el desarrollo de los planes y programas. Ahora que es usted Presidente del Consejo quisiera preguntarle si va a apoyar esta importantísima propuesta. En segundo lugar, como no se hace mención de los Fondos Estructurales en el proyecto actual, ¿puede usted asegurarnos que sí se volverá a hacer mención de dichos Fondos?
Quisiera saber lo que puede usted hacer acerca de esta cuestión en su calidad de Presidente en Ejercicio del Consejo en la actualidad, porque es precisamente el Consejo el que ha estado bloqueando la cuestión durante mucho tiempo. Es una cuestión muy importante. Si el Tribunal de Cuentas pudiera evaluar regularmente los posibles conflictos entre intereses ambientales y el desarrollo estructural, se habría conseguido un importantísimo adelanto porque el Tribunal de Cuentas puede llevar a cabo una labor sumamente positiva. Sus informes son detalladísimos y muy importantes. Ésta es la forma de conseguir que se eviten ese tipo de conflictos en el futuro.

Seixas da Costa
Gran parte del problema que plantea su Señoría incumbe a cuestiones que son competencia de la Comisión. Por tanto, ella es la que debe verificar la conformidad de ciertos proyectos de desarrollo con las disposiciones aplicables en materia de medio ambiente. La Comisión es la que deberá responder concretamente sobre esas cuestiones. No me es posible dar una respuesta más completa respecto del caso concreto que ha citado.

El Presidente


Jonas Sjöstedt
Pregunta nº 10 formulada por (H-0053/00):
Asunto: Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo El Consejo y el Parlamento Europeo van a intentar llegar a un acuerdo sobre un estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. Una de las cuestiones por solucionar es si todos los diputados cobrarán el mismo sueldo y dónde pagarán impuestos. Según datos procedentes de los medios de comunicación, la Presidencia portuguesa considera que todos los diputados deben pagar el mismo impuesto a la UE. Ello va en contra de la opinión de algunos Estados miembros que desean que sus diputados paguen impuestos en el país de origen. ¿Puede la Presidencia portuguesa aclarar su posición al respecto?

Seixas da Costa
Considero que la Presidencia portuguesa de la Unión Europea está particularmente tranquila a ese respecto, porque supongo que es la primera vez que en un programa de trabajo de una Presidencia se plantea como una de las prioridades la resolución del problema del estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.
La Presidencia portuguesa presentó la consecución de ese estatuto como una de sus prioridades, como, por lo demás, lo hizo la Presidenta del Parlamento Europeo al afirmarlo también en el Consejo Europeo de Helsinki. Y, por tanto, estamos en perfecta y total sintonía respecto del interés en obtener un resultado positivo a ese respecto.
Así, con esa voluntad política nos esforzamos por encontrar las grandes líneas de una transacción y ya hemos iniciado los trabajos al respecto. Dicha transacción deberá obtener -conviene recordarlo- la unanimidad del Consejo, de acuerdo con el artículo 190, y el informe conforme de este Parlamento, a quien compete aprobar ese estatuto.
La Presidencia ha venido entablando contactos intensivos con una serie de interlocutores en este Parlamento y con el grupo que éste mandato para celebrar las negociaciones con el Consejo. Yo mismo tuve oportunidad de reunirme con ese grupo, por primera vez, al margen del período parcial de sesiones de enero y me propongo volver a hacerlo próximamente para proseguir los contactos. También se han reanudado los debates con más intensidad en las instancias competentes del Consejo de la Unión Europea y creo poder afirmar, con espíritu de apertura a una mayor flexibilidad y en la medida en que todos reconocemos la importancia que tiene, en particular para la opinión pública, que la elaboración de ese estatuto es un elemento fundamental para garantizar simultáneamente la dignidad de la función del diputado al Parlamento Europeo y la necesaria transparencia y buena gestión de los fondos públicos.
En lo tocante, más concretamente, a la pregunta formulada por su Señoría, quisiera subrayar que un nuevo estatuto sólo tiene sentido, si representa un avance respecto de la situación actual y se asegura la mayor uniformidad posible entre titulares de cargos idénticos. Ésa es, en el punto de partida, la posición de la Presidencia portuguesa.
Ahora bien, su papel de mediador obliga a tener en cuenta todas las sensibilidades existentes en el nivel del Consejo y su Señoría no ignora que esa cuestión fiscal plantea problemas a determinadas delegaciones. Ahora bien, sea cual fuere la solución encontrada, considero que deberá respetar siempre simultáneamente la legalidad democrática y ser aceptable para todos los Estados miembros, independientemente de sus sensibilidades nacionales. Lo que puedo prometer al respecto es el mayor seguimiento por parte de la Presidencia, en el sentido de trabajar hasta el término de su ejercicio sobre esta cuestión en un ambiente de la mayor transparencia y la mayor apertura para con sus Señorías y haciendo los mayores esfuerzos ante los miembros del Consejo, en particular aquellos que han tenido mayores dificultades para aceptar la propuesta surgida el año pasado, a fin de encontrar una solución de transacción que sea razonable y al mismo tiempo confiera la dignidad necesaria al estatuto de los miembros de esta Asamblea.

Sjöstedt
Señor Presidente, doy las gracias al Consejo de Ministros por esta respuesta y formularé dos preguntas complementarias que se relacionan con los impuestos de los parlamentarios. Mi opinión es que se debe pagar impuestos en el país en que se vive, en el que vive la familia y donde se obtiene provecho de los servicios públicos. Pensé preguntar a la Presidencia si realmente existen razones para que no paguemos impuestos en nuestros países, igual que el resto de la gente. ¿Hay algún motivo para que tengamos beneficios especiales justamente porque somos parlamentarios? Es mi primera pregunta.
La segunda pregunta es si la Presidencia portuguesa aceptaría una solución que implique resolver el asunto de los impuestos de manera distinta para los parlamentarios de los diferentes países, o bien, si quiere una solución única para los parlamentarios de todas las nacionalidades.

Seixas da Costa
Sin pretender en modo alguno faltar al respeto a esta Asamblea y, en particular, al que me merecen las preguntas formuladas por su Señoría, me permitiría excusarme de responder a las preguntas formuladas. Estamos en plena negociación de cierta delicadeza, que se refleja en la forma como la Presidencia del Consejo de la Unión Europea se expresa en un marco concreto relacionado con determinadas situaciones. Y, naturalmente, eso tiene repercusiones, porque lo leen otros miembros del Consejo.
En esta fase del debate, quisiera excusarme de responder directamente a las preguntas concretas que se me han formulado y me permitiría pedir que se nos juzgue por nuestros resultados, dentro de poco, cuando intentemos conseguir una solución más concreta. Y con mucho gusto acudiré aquí, a esta Asamblea, a responder y explicitar las dificultades que pueda haber habido, en caso de que no se haya conseguido un resultado, o a congratularme con todos sus Señorías, en caso de que así haya sido.

Purvis
Quisiera preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo, que ha pasado unas cuantas horas en este Hemiciclo trabajando con los diputados del Parlamento Europeo, si ha llegado a hacerse una idea de lo que valen en términos de remuneración

Seixas da Costa
Señoría, como este debate sobre los honorarios del Parlamento Europeo no es exclusivo de su país e incluso se extiende a mi país, tengo una idea exacta de a cuánto ascienden los honorarios de los diputados al Parlamento Europeo. Por tanto, soy perfectamente consciente de ese problema.

Andersson
Señor Presidente, agradezco la respuesta. Quiero formular una pregunta complementaria que tiene cierta semejanza con la del Sr. Sjöstedt. Ambos somos suecos. En nuestro país el mayor impuesto es el municipal, puesto que los servicios son de carácter local y abundantes. Hay problemas relacionados con la confianza en los políticos y, en no menor proporción, en los políticos europeos en el Parlamento.
¿Cómo creen ustedes que se vería afectada la confianza en nosotros, los políticos, si se nos otorgara el derecho a usar los servicios en los sitios donde vivimos - colegios, asistencia, etcétera - pero, al mismo tiempo, no pagásemos impuestos, no contribuyésemos? ¿Cómo creen ustedes que un sistema de esta naturaleza influiría en la confianza en nosotros?

El Presidente
Es una pregunta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que yo no sé si está obligado a contestar porque es filosófica realmente. Pero si usted quiere adentrarse en el campo de la filosofía, ¡adelante!

Seixas da Costa
No, señor Presidente, no me siento tentado a entrar en el campo de la filosofía. Éstas son cuestiones de fondo y relacionadas con la propia matriz del estatuto del diputado y de su papel, en el marco de la sociedad política. No quiero entrar en ese tipo de debate, porque me parece que podría -por utilizar una expresión francesa- préjuger la interpretación que la Presidencia portuguesa haga en el marco de las negociaciones, en que está inmersa, sobre el estatuto de los diputados. Quisiera pedir que a ese respecto me permitieran no adelantar comentario alguno.

El Presidente
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas al Consejo, las preguntas 11 a 35 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.05, se reanuda a las 21.00 horas)

Alocución del Sr. Vaclav Havel, Presidente de la República checa
La Presidenta
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Parlamento Europeo, tengo el grandísimo honor de dar una efusiva bienvenida al Sr. Václav Havel, Presidente de la República Checa.

Me gustaría expresar también la bienvenida a la Sra. Havel, que ha ocupado un puesto en la tribuna. Señora, sea bienvenida.
(Aplausos)
No es la primera vez que lo acogemos en nuestro Parlamento, señor Presidente. Ya habló usted ante el Pleno, en Estrasburgo, en marzo de 1994, hace casi seis años, y muchos de nosotros conservamos un recuerdo muy intenso de ello, es decir, aquellos de nuestros colegas que ya éramos diputados en aquella época.
En efecto, justo después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, se pronunció usted a favor de un fortalecimiento de los valores europeos, de la creación de una dimensión ética europea, de la apertura de la Unión a los países de la Europa central y oriental. Es decir que para muchos ciudadanos, y no sólo en su país, encarna usted esa Europa de los valores a la que sin cesar recordamos nuestro apego.
Después de dos elecciones al Parlamento Europeo y una nueva reforma importante de los Tratados de la Unión Europea, las relaciones de la Unión con la República Checa han experimentado un desarrollo extraordinariamente dinámico. Ha entrado en vigor un acuerdo de asociación, se ha creado una comisión parlamentaria mixta Parlamento Europeo-Parlamento Checo. En 1996, su país presentó su solicitud oficial de ingreso en la Unión. Finalmente, en 1998 se iniciaron oficialmente las negociaciones de adhesión.
Desde la caída del telón de acero el proceso de integración europea y el de la ampliación experimentaron una aceleración impresionante. El fin de esa separación artificial de Europa dio paso a una nueva época. Hoy tenemos ante nosotros un imperativo histórico y numerosas perspectivas para todos los europeos.
Es usted, señor Presidente, un símbolo destacado de esas evoluciones. Es usted el fundador y el firmante de la Carta 77, movimiento de defensa de los derechos humanos que representaba y reivindicaba los valores fundamentales en un período sombrío de la historia de su pueblo. Por la defensa de la libertad y de la dignidad de la persona humana, un régimen comunista lo condenó a casi cinco años de cárcel. Pero usted nunca perdió la esperanza y la Historia le ha dado la razón. Hace diez años que la "revolución de terciopelo" reivindicó Havel na HRAD.
Durante diez años, representó usted en primer lugar a la Checoslovaquia democrática y después, como Presidente, a la República Checa. La reconciliación con sus vecinos ha sido, y sigue siendo, para usted un objetivo esencial, que ha defendido con vigor y con perseverancia. Es usted un europeo de primera fila.
Hoy Chequia se prepara para pasar a ser miembro de nuestra Unión. Convendrá usted conmigo, señor Presidente -y la experiencia nos lo ha demostrado ahora-, que el proceso de la ampliación de la Unión no siempre está libre de obstáculos y ello es aplicable a los dos interlocutores. La República Checa debe afrontar muchos esfuerzos para cumplir todas las condiciones de adhesión.
La Unión Europea, por su parte, debe adaptar sus instituciones y sus políticas con vistas a la ampliación. Ya ha dado un gran paso adelante en el marco de la Agenda 2000. Este año, con la inauguración de la nueva Conferencia Intergubernamental, se pone en práctica la etapa siguiente, es decir, la reforma institucional. El Parlamento Europeo participa en ella plenamente.
Nuestro cometido como diputados consiste en garantizar una apertura y una transparencia óptimas al proceso de ampliación a fin de que, llegado el momento, los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos de la República Checa aprueben, por mediación de sus representantes democráticamente elegidos, la adhesión de la República Checa a la Unión Europea.
Señor Presidente, tengo mucho gusto en concederle el uso de la palabra.
(Aplausos)

Václav Havel
Señora Presidenta, Señorías, señoras y señores, hoy vuelve a saltar al candelero con mucha frecuencia la cuestión de si el alma de los europeos estará animada, además de por la conciencia o el sentimiento de pertenencia nacional, por un sentido europeísta. Dicho de otro modo, ¿se sienten los europeos realmente europeos o se trata más bien de una idea abstracta, de una construcción teórica, que se esfuerza por exaltar un elemento geográfico para convertirlo en un talante? Ésta es una de las cuestiones que suscita el debate sobre la parte de soberanía que los Estados nacionales pueden y deben transferir a los órganos comunes de la Unión Europea. Algunos subrayan que, si la pertenencia nacional claramente sentida resultara demasiado rápidamente inhibida por una pertenencia europea poco sentida, o incluso sentida como quimérica, las consecuencias habrían de ser por fuerza negativas. ¿Qué podemos decir, pues, de nuestro europeísmo?
Si me pregunto en el fondo de mí mismo hasta qué punto me siento europeo y lo que me une a Europa, me noto al principio ligeramente sorprendido: sólo ahora, bajo la presión de ciertos asuntos y deberes políticos de actualidad, me planteo esa cuestión. ¿Por qué no me la he planteado desde hace mucho, desde la época en que comenzaba a orientarme en el mundo y a reflexionar sobre él y sobre mí mismo? ¿Consideraba mi pertenencia a Europa un elemento puramente extrínseco, poco importante, un elemento que no debía suscitar tormentos ni preocupaciones siquiera? ¿O bien consideraba, al contrario, mi europeísmo algo evidente y que no merecía ninguna interpretación, ningún estudio, ninguna prolongación?
La segunda posibilidad es más probable: todo aquello por lo que siempre he sentido apego era tan naturalmente europeo, que nunca se me ocurrió considerarlo como tal. Simplemente, no he considerado útil calificarlo así y, de forma más general, asociar mi pensamiento al nombre de un continente. Más aún: tengo la sensación de que en mi juventud me habría sentido incluso un poco ridículo declarando o escribiendo que era europeo, que sentía y pensaba de forma europea, o incluso apelando a alguna forma explícita de Europa. Me habría parecido patético y presuntuoso; lo habría sentido como una versión, más orgullosa, de ese patriotismo que siempre me ha molestado en los patriotas nacionales.
Dicho de otro modo: era europeo de forma tan evidente y natural, que no pensaba en ello. Así debe de ser para la mayoría de los europeos: lo son profundamente, pero no se dan cuenta de ello, no se califican de tales y, en los sondeos de opinión pública, se asombran un poco de tener que invocar en voz alta su europeísmo.
El europeísmo reflexivo no parece tener una gran tradición en Europa.
No lo considero un elemento positivo y acojo con satisfacción que nuestro europeísmo empiece hoy a emerger claramente del vasto mar de los conceptos "evidentes". Al plantearnos cuestiones al respecto, al reflexionar al respecto y al intentar definir su naturaleza, contribuimos de forma importante a la comprensión de nosotros mismos, lo que resulta determinante frente a este mundo nuestro multicultural y multipolar, en el que la capacidad de percibir nuestra identidad es la condición primordial para una buena coexistencia con otras identidades. Por lo demás, si hasta ahora Europa se ha preocupado tan poco de su propia identidad, seguramente se debe sobre todo a que se tomaba erróneamente por el mundo entero o al menos por algo superior al resto del mundo, porque no sentía la necesidad de definirse respecto de los demás. Con consecuencias lamentables, naturalmente, en el nivel del comportamiento práctico.
Reflexionar sobre el europeísmo significa preguntarse qué conjunto de valores, ideales o principios evoca la idea de Europa, ver lo que es característico para Europa. Más aún: significa también hacer un examen crítico de dicho conjunto partiendo de la esencia misma del asunto. Y, por tanto, comprender rápidamente que numerosas tradiciones, valores o principios europeos se caracterizan por una gran ambigüedad y que la mayoría de ellos, si se exageran, explotan o se utilizan mal, pueden resultar una pesadilla.
Si Europa entra en una era de autorreflexión, significa que desea definirse respecto de los demás, pero también que busca en sí misma lo positivo, lo que ha dado buenos resultados, lo que tiene futuro.
Cuando hace seis años tuve el honor de dirigirme por primera vez a esta Asamblea, mencioné la necesidad de subrayar la dimensión espiritual, la importancia de los valores de la integración europea, y expresé mi temor de que el sentido espiritual, histórico, político y de civilización de la construcción europea pudiera quedar peligrosamente ocultado por cuestiones de tipo técnico, económico, financiero o administrativo, lo que más adelante podía trastornar completamente al público. En aquella época, mis palabras representaban en cierto modo una provocación y no estaba seguro de que no fueran a abuchearme en el Parlamento Europeo. No fue así, pero hoy observo con satisfacción que esas mismas palabras ya no tienen en modo alguno ese carácter provocador.
Ahora bien, la espectacular evolución que ha experimentado Europa en diez años, desde la caída del telón de acero, la necesidad cada vez más evidente de ampliar la Unión Europea, la integración económica cada vez más rápida, así como la panoplia de nuevas amenazas engendradas por el período actual, son otros tantos elementos que han movido obligatoriamente a la Unión Europea a abrirse con vistas a una nueva reflexión sobre sí misma, más intensa, a una formulación y una búsqueda nueva de los valores que la unen y confieren un sentido a su existencia.
A veces se expresa la idea de que esa búsqueda llega demasiado tarde, de que la integración cultural y política, la reflexión sobre sí misma, deberían haber precedido la integración económica o, dicho de otro modo, que se comenzó por el final.
No me parece que se trate de un juicio equitativo. Después de la segunda guerra mundial, la Europa occidental democrática afrontaba el recuerdo de los horrores de las dos guerras mundiales y el peligro de que se extendiera la dominación totalitaria comunista. En aquella época, resultaba casi superfluo hablar de los valores que proteger. Saltaban a los ojos. En cambio, había que unir a Occidente, por decirlo así, técnicamente, y lo antes posible, para impedir la posible aparición, o incluso la proliferación de una dictadura, pero también la recaída en antiguos conflictos nacionales.
Lo mismo sucede seguramente con mi sentimiento de europeísmo: como era tan natural para mí desde hacía muchos años -o incluso decenios-, no se me ocurría siquiera apelar a él explícitamente. Para la Europa occidental, todo lo que debía proteger era tan evidente, que no sentía la necesidad apremiante de definirlo, analizarlo, ahondarlo o plasmarlo en diversos hechos políticos e institucionales. Y así, si bien hasta ahora yo no me he visto en la tesitura de preguntarme si me siento europeo y reflexionar sobre lo que eso significa, la Europa democrática en construcción se ha visto, en cambio, obligada seguramente por los acontecimientos históricos del último decenio a reflexionar profundamente sobre el fundamento mismo de su unificación y sus objetivos.
Los grandes valores europeos -tal como los ha ido labrando la agitada historia espiritual y política de Europa y que las otras partes del mundo han recogido: al menos algunos de ellos- son -me parece a mí- claros: el respeto del ser humano único, de sus libertades, sus derechos y su dignidad, el principio de solidaridad, la igualdad ante la ley y el Estado de derecho, la protección de todas las minorías étnicas, las instituciones democráticas, la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el pluralismo político, el respeto de la propiedad privada y la libre empresa, la economía de mercado y el desarrollo de la sociedad civil. La forma actual de esos valores refleja también, naturalmente, innumerables experiencias europeas modernas, entre ellas la de que nuestro continente está convirtiéndose en una intersección multicultural de primer orden.
Permítaseme detenerme -por razones que luego explicaré- a abordar uno de esos valores fundamentales. Se trata de la sociedad civil.
En el mundo occidental, es decir, euroamericano, de hoy, una sociedad civil ricamente estructurada, abierta y descentralizada, basada en la confianza en la independencia soberana de sus ciudadanos y de sus múltiples asociaciones, constituye la base del Estado democrático y la garantía de su estabilidad política.
Puesto que en breve la Unión Europea debe abrir sus puertas a las nuevas democracias, cosa que presenta, a mi juicio, un interés decisivo para ella, es muy importante, si no capital, que ayude a reconstruir y desarrollar la sociedad civil en esos países. No es casualidad que la dictadura comunista, poco después de su advenimiento, se apresurara a desgarrar violentamente la fina trama de la sociedad civil para al final liquidarla. Es que sabía muy bien que nunca tendría el control real de la población mientras las diferentes estructuras de la sociedad civil, constituidas por abajo, siguieran funcionando. Lo que había quedado de una sociedad civil auténtica vivió y se desarrolló en la resistencia directa o indirecta. Así, pues, los valores europeos sobrevivieron en ese medio, no gracias al sistema político, sino pese a él.
La autoestructuración de la sociedad no se puede ordenar, naturalmente, desde arriba. Pero se puede crear un medio, condiciones favorables, para su desarrollo.
En ese sentido, la ayuda a las democracias nuevas debería inscribirse en un marco más amplio: el del fortalecimiento y la profundización duraderos de la sociedad civil a escala paneuropea.
Cuanto más variadas, diferenciadas y entrelazadas sean las diferentes estructuras civiles europeas, mejor preparadas estarán las nuevas democracias para adherirse a ellas y más rápidamente se impondrá en ellas los principios de confianza en los ciudadanos y subsidiariedad, lo que permitirá fortalecer su estabilidad. Pero no es eso todo: el fundamento de la Unión Europea, en su calidad de comunidad supraestatal, resultará tanto más afianzado.
Concretamente, ello impone, entre otras cosas y ante todo, la necesidad de que ciertos deberes de solidaridad social sean transferidos a las colectividades locales y a organizaciones sin fines de lucro o de derecho público. Cuanto más bajo sea el nivel de redistribución de recursos, cuanto más transparente, económica, sea esa distribución, mejor satisfará las necesidades más variadas de la sociedad, difíciles de delimitar desde el centro y más auténtica será la solidaridad social, por estar más claramente vinculada con personas concretas o con sus asociaciones. Así, pues, esa solidaridad auténtica de los ciudadanos, los grupos sociales, los municipios y las regiones constituye el mejor mantillo para dicha solidaridad, que sólo puede dispensar una entidad, a saber, el Estado. Y en una entidad supraestatal tan grande como la Unión Europea, que debe funcionar como un instrumento de solidaridad, es necesario que su verdadero fundamento cívico sea aún más sólido, más rico. Así, pues, la viabilidad de la Unión Europea depende, entre otras cosas y tal vez sobre todo, de la forma como sus ciudadanos adopten el espíritu de pertenencia cívica europea.
Una sensibilidad en aumento para con todos los síntomas de manifestaciones del egoísmo nacional, la xenofobia o la intolerancia racial debería formar parte, evidentemente, de ese nuevo sentimiento de pertenencia europea. La política de apaciguamiento que en Munich acabó en una capitulación ante el mal constituye uno de los capítulos más amargos de la historia europea moderna. Esa experiencia exige vigilancia. Hay que combatir el mal, cuando está en germen y no basta con tener gobiernos para hacerlo. La actitud de los gobiernos debe ser consecuencia de la de los ciudadanos.

La preocupación por la seguridad es otra expresión de la solidaridad social. Corresponde al Estado o a una agrupación supranacional. La Unión Europea empieza a trabajar intensamente en una nueva concepción de su política de seguridad. Dicha política debía distinguirse por una capacidad para adoptar rápidamente decisiones y transformarlas con la misma rapidez en actos. Eso me parece extraordinariamente importante. Por lo demás, ya es más que hora. Me parece que la reciente experiencia en Yugoslavia es muy expresiva a ese respecto.
En mi opinión, la intervención de la OTAN ha sido una demostración relativamente clara de varias cosas. En primer lugar, el respeto de la vida, de la dignidad humana, así como la preocupación por la seguridad europea, pueden imponer, llegado el caso, la necesidad de intervenir fuera de las fronteras de la Unión Europea. Cuanto más vigoroso sea el mandato de semejante intervención, mejor será, evidentemente. Pero, por desgracia, se puede imaginar también una situación en la que faltara el mandato de las Naciones Unidas, pese a que una intervención interesara a muchos, a toda Europa y a la civilización humana en su conjunto. No estoy seguro de que Europa haya estado dispuesta, ni siquiera recientemente, a afrontar semejante posibilidad tan funesta. Seguramente lo está mucho más ahora, al menos en el plano psicológico. Creo que debería apresurarse a aprovecharlo, también para hacer una preparación material o técnica.
En segundo lugar, hay que desplegar más esfuerzos en la esfera de la prevención de la seguridad. En Kosovo y en Serbia, como en Bosnia-Herzegovina y en otros puntos de la antigua Yugoslavia, decenas de miles de vidas humanas y bienes innumerables se habrían podido salvar, si la comunidad internacional hubiera sido capaz de reaccionar antes -al comienzo mismo del conflicto- de forma adecuada.
(Aplausos) Pese a todos los llamamientos, todas las advertencias ante los horrores posibles o inminentes, nada hubo, por desgracia. Entre las razones posibles e imaginables, citemos la preocupación por los intereses particulares y materiales más diversos y la incapacidad de los equipos gubernamentales para correr riesgos en nombre de una buena causa y del interés general.
En tercer lugar, los Estados Unidos han desempeñado en este caso un papel decisivo y es muy probable que, sin su energía, la comunidad internacional, no sabiendo qué hacer, presenciaría aún los horrores que propiciaron la intervención en Kosovo. Pero Europa no podría encomendarse indefinidamente a los Estados Unidos, en particular cuando se trata de un problema europeo. Debe ser capaz de encontrar un solución y resolver la situación por sí sola. Sería impensable, en el mundo de hoy, en el que pequeñas entidades se unen legítimamente en forma de comunidades internacionales o supranacionales, que la Unión Europea perdure como componente respetable del orden mundial sin que sea capaz de convenir un medio de defensa de los derechos humanos, no sólo en su propio territorio, sino también en su radio de acción, es decir, en el espacio que un día puede llegar a pertenecerle.
Como decía hace un instante, considero que la ampliación de la Unión Europea presenta para ella un interés vital. Permítanme sus Señorías subrayar esta convicción reiterándola.
Se trata tal vez de la experiencia de un hombre que conoció cuarenta años de yugo comunista, precedido de la dominación nazi, o también de la experiencia concreta del habitante de un país situado en el centro mismo de Europa y que, a lo largo de los siglos, llegó a ser una encrucijada de los caminos de diversas corrientes espirituales e intereses geopolíticos europeos, o incluso el lugar de nacimiento de más de una confrontación europea, lo que me inspira la firme convicción de que Europa es la única entidad política cuya seguridad es indivisible. La idea de dos Europas que vivan contiguas, la idea de una Europa democrática, estable, próspera y en vías de integración, y de una Europa menos democrática, menos estable y menos próspera, es, a mi juicio, completamente falaz. Se parece a la idea de coexistencia duradera en una habitación una de cuyas mitades estuviera inundada y la otra no. Por diferenciada que esté, Europa es indivisible y todo lo grave que le ocurra tendrá consecuencias y repercusiones en el resto de su territorio.
En su calidad de entidad política unida, Europa tiene hoy una posibilidad que nunca ha tenido a lo largo de su agitada historia: la de organizar de forma profundamente equitativa, pacífica, según el principio de la igualdad y la cooperación de todos. El entendimiento y el consenso general, por tediosos y largos de conseguir que sean, deberían ser el gran principio de la organización y de la estabilidad en Europa en el próximo milenio, y no actos de violencia ejercidos por poderosos sobre otros menos poderosos. En ese marco, por "Europa" entiendo el continente en conjunto.
Todos sabemos que el proceso de ampliación de la Unión Europea debe ir acompañado de una reforma continua, igualmente audaz, de sus instituciones. Estoy convencido de que la Conferencia Intergubernamental aportará propuestas realistas que harán avanzar a la Unión Europea en la dirección correcta. No obstante, no creo que los cambios institucionales dentro de la Unión Europea puedan limitarse a eso. Al contrario, será, a mi juicio, el comienzo de un proceso muy largo, que tal vez abarque decenios. Debería caracterizarse por el deseo permanente de acelerar, simplificar, la adopción de decisiones dentro de la Unión Europea y volverla más transparente.
Permítaseme mencionar dos puntos muy concretos que ya he citado en diversas ocasiones y que podrían, a mi juicio, contribuir a la consecución de esos objetivos en un futuro más lejano.
En primer lugar, considero que la Unión Europea debería dotarse, tarde o temprano, de una constitución concisa, clara y comprensible para todos...
(Aplausos)
una constitución que todos los niños de Europa puedan aprender en la escuela sin grandes problemas. Dicha constitución constaría, como es habitual, de dos partes. La primera formularía los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos y de los Estados europeos, los valores fundamentales sobre los que descansa la Europa unificada, el sentido y la vocación de la construcción europea. La segunda describiría las principales instituciones de la Unión Europea, sus competencias esenciales y sus relaciones mutuas. La existencia de semejante ley fundamental no engendraría automáticamente una transformación radical de la Unión de Estados, tal como la conocemos en un gran superestado federal, que tanto preocupa a los euroescépticos, sino que únicamente permitiría a los habitantes de una Europa en construcción hacerse una idea más clara de la naturaleza de la Unión Europea. Así podrían comprenderla mejor e identificarse con ella.
(Aplausos)
Uno de los asuntos importantes a menudo -y con razón- mencionados en relación con las reformas institucionales de la Unión es el de qué se debe hacer para que los países pequeños que son miembros de la Unión tengan la certidumbre de que no se verán colocados en minoría por los grandes, sin que por ello se deje de tener correctamente en cuenta el tamaño de los diferentes Estados. Me parece que una de las posibilidades podría ser la creación de una segunda cámara del Parlamento Europeo. Naturalmente, el sufragio no sería directo, sino que los diferentes parlamentos delegarían en ella sus representantes: tres, pongamos por caso, por Estado. Mientras que la primera cámara, es decir, el Parlamento actual, reflejaría el tamaño de los diferentes Estados miembros, la segunda fortalecería su igualdad: todos los Estados miembros tendrían en ella el mismo número de representantes. En esa situación, la Comisión, por ejemplo, no tendría por qué estar compuesta según la pertenencia nacional y los parlamentos nacionales podrían participar de forma mucho más operativa.
Sea cual fuere la evolución o el desenlace de la reforma institucional o de la reforma citada, una cosa me parece clara: un desacuerdo o la ausencia de consenso sobre los asuntos institucionales no debe frenar la ampliación de la Unión Europea. Si así fuere, un retraso demasiado largo de la ampliación podría tener consecuencias infinitamente más peligrosas que la falta de conclusión de la reforma institucional.
Señorías, la civilización técnica, nacida en el suelo europeo y que cubre hoy todo nuestro planeta, ha recibido una considerable influencia de los elementos de la civilización euroamericana.
Así, pues, Europa es particularmente responsable del estado de esa civilización. No obstante, esa responsabilidad no debe cobrar nunca más la forma de una exportación violenta de sus propios valores, ideas o bienes hacia el resto del mundo. Muy al contrario: Europa podría por fin comenzar por sí misma y servir de ejemplo que los demás pueden -pero no están obligados a- seguir.
Toda la concepción moderna de la vida en su calidad de crecimiento y progresos materiales incesantes, basados en la seguridad del hombre que se considera dueño del universo, constituye la faz oculta, lamentable, de la tradición espiritual europea. Esa concepción de la vida predetermina también el carácter amenazador de la civilización actual. ¿Qué otra parte del mundo, salvo ésta, que inició el gran movimiento en ese sentido, o incluso la caída libre de nuestra civilización, debería oponerse vigorosamente a esas amenazas?
Me parece que en la encrucijada de las eras corresponde a Europa reflexionar con valor sobre la ambigüedad de su contribución al mundo, comprender que no sólo hemos enseñado al mundo los derechos humanos, sino que también le hemos mostrado el Holocausto, que no sólo lo hemos incitado, espiritualmente, a realizar la revolución industrial y después la de la información, sino también a desfigurar la naturaleza en nombre de la multiplicación de las riquezas materiales, a pillar sus recursos y a contaminar su atmósfera. Se trata de comprender que hemos abierto, cierto es, la vía a un inmenso desarrollo de la ciencia y la técnica, pero que, para ello, hemos debido pagar un precio muy elevado: el de la evicción de todo un juego de experiencias humanas muy importantes y complejas que se han formado a lo largo de varios milenios.
Europa debe comenzar por sí misma. Puede hacer economías, imponerse privaciones, respetar -de acuerdo con la mejor de sus tradiciones espirituales- el orden superior cósmico como algo que nos supera y respetar también el orden moral como su consecuencia. La humildad, la afabilidad, la gentileza, el respeto de lo que no comprendemos, el sentimiento profundo de solidaridad con los demás, el respeto de toda alteridad, la voluntad de hacer sacrificios o buenas acciones que sólo la eternidad podrá recompensar, esa eternidad que nos observa, silenciosa, a través de nuestra conciencia: otros tantos valores que podrían y deberían ser el programa de la construcción europea.
Europa tiene, parcial o enteramente, sobre su conciencia los acontecimientos más horribles del siglo XX: las dos guerras mundiales, el fascismo y el sistema totalitario comunista.
A lo largo del último siglo, Europa ha conocido también tres acontecimientos positivos, aunque no son totalmente obra suya: el fin de la dominación colonial sobre el mundo, la caída del telón de acero y el comienzo de la construcción europea.
La cuarta gran misión que espera a Europa sería, a mi juicio, la de intentar mostrar con su existencia que es posible oponerse al gran peligro que hace planear sobre este mundo su civilización llena de contradicciones.
Me haría feliz que el país del que procedo pudiera participar en todo ello como socio de pleno derecho.
(La Asamblea, de pie, aplaude efusiva y largamente al orador)

La Presidenta
Señor Presidente, en nombre del Parlamento Europeo, quisiera agradecerle, en verdad, muy encarecidamente el mensaje muy sólido que nos ha aportado, como lo subrayan los aplausos de los diputados. Quisiera expresarle mi agradecimiento: tiene usted razón al recordar que las pertenencias nacionales son perfectamente compatibles con la europea. Y, partiendo de su experiencia personal, nos ha mostrado usted que la pertenencia europea no se decreta, sino que es un movimiento espontáneo, natural. He tomado nota de sus palabras: se trata de algo que todos sentimos profundamente.
Lo hemos visto a usted fiel a los principios que siempre han guiado su actuación, ese apego a los valores fundamentales. Nos ha recordado usted las palabras que pronunció en 1994 y que usted mismo ha calificado de un poco provocativas, pero a veces hay utopías fecundas y hemos podido apreciar juntos el camino que hemos recorrido. Y, además, he de decir también que ha insistido usted muy oportunamente en el papel, en la importancia, de la sociedad civil, no sólo en los países candidatos, sino también en cada uno de los países de la Unión Europea, para volver a dar confianza a los ciudadanos, para volver a dar confianza a la solidaridad social, que necesitamos. Y para resumir lo que me ha parecido más sólido de todas sus palabras, he de decir tal vez que, ante todo, ha querido usted recordarnos que, más allá de sus aspectos económicos, la construcción europea es una obra del espíritu. Desde luego, deseamos muy intensamente proseguir esa labor con usted. Gracias, señor Presidente.
(Se levanta la sesión solemne a las 12.40 horas)

Asamblea Paritaria ACP-UE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0032/2000) del Sr. Corrie, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre los resultados del trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999.

Corrie
, ponente.- (EN) Señor Presidente confiaba en que mi intervención para presentar este informe sería a las nueve de la mañana, y no a las nueve de la noche. Espero que la cantidad de diputados presentes en esta Cámara no sea indicativo del interés que despierta el fomento del progreso en los países en desarrollo. Sin embargo, es habitual presentar un informe a los diputados de este Parlamento sobre el trabajo de la Asamblea Paritaria ACP-UE, y es para mí un placer hacerlo esta tarde.
De nuevo puedo decirles que las dos Asambleas que se han celebrado en Estrasburgo y Nassau han tenido un éxito rotundo. En muchos sentidos han marcado el final de una antigua etapa y el comienzo de otra nueva. La Asamblea Paritaria ACP-UE es una organización única en la esfera política mundial. ¿En qué otro foro se reúnen 86 naciones para discutir asuntos que les atañen y preocupan a todos? La Asamblea de Estrasburgo ha sido la última que ha presidido Lord Plumb. Para premiar el tremendo trabajo que ha desempeñado en un periodo tan duro, la Mesa Paritaria le nombró presidente honorífico en Nassau, y nosotros le deseamos lo mejor para el futuro.
Las negociaciones sobre la renovación del Convenio de Lomé han marcado ambas Asambleas, y estoy ansioso por ver cómo todos los países afectados firman y ratifican en seguida el nuevo Convenio. Recuerdo que en la anterior revisión a medio plazo, cuando yo era ponente, el entonces Comisario Marín dijo que esa revisión sería la última. Bueno, está claro que se equivocó, y me gustaría rendir un homenaje a Philip Lowe y a su equipo por haber realizado entre bastidores una labor tan fructífera que ha permitido la firma de un nuevo Convenio en circunstancias muy difíciles.
También me ha alegrado escuchar esta mañana el informe del Comisario Nielson, que ha trabajado incansablemente para conseguir que las negociaciones llegaran a buen puerto. Me gustaría rendirle un homenaje especial por su éxito. También quiero felicitar a la Sra. Kinnock y a su grupo de trabajo por el enorme esfuerzo que han dedicado al futuro de Lomé. Estoy convencido de que el resultado de estas negociaciones se debe en gran parte al informe de la Sra. Kinnock y al relativo a la cooperación e integración regional. Asimismo, quisiera dar las gracias a los grupos de trabajo sobre la situación de las pequeñas islas y el cambio climático y al grupo de seguimiento sobre pesca por sus excelentes informes. Hemos realizado turnos de preguntas al Consejo, a la Comisión y al Consejo ACP, y me gustaría agradecer a estas instituciones que hayan mostrado tanto interés por nuestro trabajo.
En las dos Asambleas, nuestro trabajo se ha centrado en la erradicación de la pobreza. La resolución que hemos aprobado llega tan lejos como para afirmar que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos. También subraya la importancia de abolir la desigualdad por razón de sexo. Cada vez que viajo por África y veo el trabajo que realizan las mujeres, pienso que ojalá hubiese más mujeres entre los altos cargos del gobierno o en la presidencia. Quizá así se pondría fin a parte del fraude, la corrupción y la mala gestión que parecen ser endémicos en algunos países y que tenemos que frenar de una vez por todas.
Como de costumbre, hemos celebrado muchos debates sobre los países que están en guerra. He visitado Etiopía y Eritrea para disponer de información de primera mano. La OUA está haciendo todo lo que puede para conseguir un acuerdo de paz, pero Etiopía sigue reclamando que se aclaren algunos temas y la situación humanitaria en ambos países es muy grave.
En Nassau nos alegró enterarnos de que estaba a punto de alcanzarse un acuerdo comercial con Sudáfrica tras cuatro años de negociaciones. Estos casos recalcan los problemas de coherencia entre la UE y los países en desarrollo, que han llegado a su punto álgido en la cumbre de la OMC en Seattle. Todavía nos queda mucho por hacer para convencer a los países en desarrollo de las ventajas de la globalización y de los acuerdos internacionales de libre comercio.
En Nassau se celebraron dos debates muy interesantes sobre Timor Oriental y Cuba. Cuba es un país observador, pero me parece que ahora ha dejado claro su deseo de formar parte de la ACP. Estoy seguro de que todas las naciones incluidas dentro de los límites del territorio ACP que cumplan los requisitos de consolidación de la democracia, respeto a los derechos humanos, buen gobierno e independencia del poder judicial son bienvenidas. Espero con interés los avances de Cuba. Cuando el Sr. Dalmau, vicecanciller cubano, se dirigió a la Asamblea no dudó en manifestar sus intenciones.
En cuanto a Timor Oriental, el Sr. Da Costa, miembro del Consejo Nacional de la Resistencia Timorense, pronunció un discurso muy conmovedor en el que dio a entender que a Timor Oriental también le gustaría entrar en la ACP cuando sea un estado independiente y forme su propio gobierno. Debemos apoyarles a todos para que alcancen este objetivo. El tema de los derechos humanos es tan importante para la Asamblea Paritaria ACP-UE que a los vicepresidentes paritarios se les ha confiado la especial responsabilidad de controlar muy de cerca la situación de los derechos humanos e informar al respecto a la Asamblea. Se ha hecho hincapié en una serie de casos, incluido el tema de los niños soldado de Sudán, muchos de los cuales han sido raptados de países vecinos.
Tuve el honor de ser nombrado copresidente europeo al principio de este quinto mandato, y la Sra. Clair, de Mauricio, es la nueva copresidenta ACP. Me gustaría que se produjera una serie de cambios en nuestra Asamblea, sobre, todo una vez que se haya firmado el nuevo Convenio en mayo. Debe existir una mayor igualdad entre nuestros socios ACP y los miembros de la UE, y quiero poner fin al síndrome de "ellos y nosotros" .
En primer lugar, me gustaría que se creara una Asamblea Parlamentaria Paritaria formada por miembros electos de los países ACP en vez de contar con la presencia de embajadores o ministros del gobierno que actúan como delegados. Creo que de eso trata el nuevo Convenio. En segundo lugar, este nuevo Convenio ofrece la posibilidad de celebrar asambleas regionales en las seis regiones, que nos permitirían ser mucho más específicos en nuestro trabajo. Desde estas asambleas se podría informar a la Asamblea Paritaria. Ya hemos celebrado un debate regional en Nassau, en el Caribe, y ha resultado ser extremadamente provechoso. También vamos a celebrar otro en Abuja, en África Occidental. Quiero que la Asamblea pase de las palabras a los hechos para que mejore la calidad de vida en los países en desarrollo. Quiero que la sociedad civil tenga un mayor protagonismo, pero para ello tenemos que acabar con la corrupción, combatirla de forma frontal. Debemos premiar a aquellos países que se están esforzando por vivir en un estado de derecho, del mismo modo que debemos tratar con mano dura a aquellos que son corruptos o cuyas constituciones no permiten los gobiernos pluralistas que propugnamos. Estoy encantado con la situación actual de Zimbabue.
Los contribuyentes europeos ya no aceptan que se utilicen sus impuestos de forma fraudulenta. Debe soplar un nuevo viento de cambios en África, hay que establecer y cumplir nuevos principios. La Asamblea Paritaria, en colaboración con la Comisión, debería desempeñar el papel principal a la hora de controlar la promulgación de un buen gobierno, el respeto a los derechos humanos y la consolidación de la democracia. Creo que esta tarea depende de los delegados europeos y ACP como socios iguales. Les ruego que aprueben este informe.

Zimmerling
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al colega Corrie por su brillante y amplio informe. El fundamento de todas las reflexiones en materia de política de desarrollo debe ser el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Si debe lucharse contra la pobreza, la reducción de los recursos en el ámbito de la ayuda al desarrollo en muchos Estados miembros y en la UE entra en abierta contradicción con dicho objetivo. Con respecto a la cuestión fundamental de la financiación, deben asignarse a la Asamblea Paritaria recursos adicionales de cara al futuro, recursos que se empleen, por ejemplo, en enviar, a petición de los Estados ACP, observadores a los procesos electorales. En el futuro, a la hora de concertar los proyectos de desarrollo, la UE deberán buscar, por un lado, una orientación plural y, por otro, coordinarse mejor con los distintos Estados con el fin de trabajar de forma más eficiente y emplear los recursos de manera más efectiva.
Un ejemplo de ello sería el campo de la educación, que de cara al futuro merece y necesita un decidido impulso en los Estados ACP. Si se piensa en el veloz desarrollo de las posibilidades de la educación y de la tecnología a través de Internet, se deduce la existencia de nuevos recursos que ayudarán a conducir a los países en vías de desarrollo, con sus aún modestos recursos, hacia la globalidad, que no hacia la globalización. Aquí veo una futura tarea de la UE, que consistirá en contribuir a la formación de una clase media en los países ACP que esté en condiciones de prestar ayuda y ayudarse a sí misma. Como ejemplo a este respecto puede darse el problema de Nigeria, país que ha importado de todo el mundo productos industriales acabados, pero su mantenimiento está a cargo de técnicos extranjeros, lo cual ocasiona considerables gastos financieros.
Una educación adecuada de la población nigeriana abriría el camino a la formación de una clase media. La optimización de los métodos de trabajo, una urgente necesidad cara al futuro puesta de relieve en el Informe, permitirá, en particular, mediante las proyectadas asambleas regionales, abordar en mejores condiciones los distintos y específicos problemas de los países en vías de desarrollo, para los cuales la ayuda de la UE podrá prepararse de forma selectiva y posteriormente ejecutarse.

El Presidente
Muchas gracias, señor Zimmerling. Si estoy bien informado, ésta es la primera vez que habla en esta Casa. Es su primer discurso y quisiera felicitarle por ello. Le ha salido muy bien.

Junker
Señor Presidente, señoras y señores, nunca se insistirá lo bastante en que el Convenio de Lomé constituye desde 1975 un pilar fundamental de la cooperación europea al desarrollo y asume, desde muchos puntos de vista, una función directriz. Sobre la base del principio de la colaboración y de la paridad, así como del seguimiento parlamentario por la Asamblea Paritaria, el convenio se ha convertido en un paradigma a escala mundial. Justamente en el año en el que conmemoramos el 25º aniversario de la cooperación en el marco de Lomé, nos hallamos ante la celebración de un nuevo y más avanzado acuerdo de colaboración, que convertirá para ambas partes la Asamblea Paritaria en una verdadera asamblea parlamentaria.
Por ello, en este retrospectiva no quiero limitarme al año de 1999; sobre éste ya se ha pronunciado, y de forma brillante, el ponente, el Sr. Corrie. Mucho de lo que hoy nos produce agitación es el resultado de profundos procesos de transformación que se han producido desde finales de los ochenta en todas partes del mundo. Esto también ha provocado fuertes sacudidas en los países en vías de desarrollo, cuyos efectos persisten aún. La colaboración ACP es un proceso dinámico. Desde Lomé I a Lomé IV se han producido constantes avances en el contenido del convenio. Al mismo tiempo, el número de Estados ACP ha aumentado de forma considerable hasta los actuales 71. En particular, la adhesión de Namibia y Sudáfrica ha sido acogida con gran satisfacción por todos los que han tomado parte en este proceso.
Cuba acaba de llamar a la puerta. La incorporación de Cuba a la comunidad ACP-EU será un paso de grandes consecuencias que no se dará en dicho país sin la apertura de procesos de cambio. La cooperación ACP sigue teniendo un enorme interés , y no sólo por el acento puesto en el nuevo convenio. La lucha contra la pobreza y el fomento de un desarrollo continuado en materia económica, cultural y social son importantes objetivos en el marco de los esfuerzos por la construcción en los Estados ACP de una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos humanos. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
La historia de la Asamblea Paritaria da fe a este respecto, de manera rotunda, de una evolución positiva. Si antes los países ACP estaban representados en las reuniones por miembros de los Gobiernos, altos funcionarios o embajadores, hoy más de las tres cuartas partes de nuestros interlocutores y interlocutoras son parlamentarios elegidos. Debemos celebrar una gran fiesta cuando próximamente alcancemos el 100%, tal y como se quiere con el nuevo convenio.
Los avances en los procesos de democratización, que, a diferencia de las diversas estallidos de crisis, se producen de forma discreta, pasan desgraciadamente demasiado desapercibidos. Un elemento específico de la colaboración multilateral ACP es la cooperación e integración regionales.
Así se cumplirá un deseo de la larga lista de deseos del Parlamento. La Asamblea Paritaria celebrará próximamente reuniones a nivel regional. Ya lo hemos podido escuchar. El fortalecimiento de las cooperación regional puede contribuir a impedir el estallido de conflictos por razones de carácter étnico, económico, social o religioso, es decir, puede tener un efecto preventivo. Por la misma razón el Parlamento Europeo ha promovido desde un principio la participación de la sociedad civil en los procesos decisorios y en la gestión de la cooperación y ha puesto de manifiesto el significado de la colaboración descentralizada.
La intensificación de los contactos entre la Asamblea Paritaria y los agentes sociales, prevista en el nuevo convenio, supone un paso más en la dirección correcta. Sólo queda un poso de tristeza por el hecho de que el Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo no esté aún integrado en los presupuestos de la UE. Espero que no tengamos que esperar otros 25 años hasta que a este respecto alcancemos nuestro objetivo.

Lucas
Señor Presidente, permítame felicitar al Sr. Corrie por su informe. El Convenio de Lomé ha dado fe de un auténtico partenariado entre la UE y los países ACP durante más de 25 años, y el hecho de que haya seguido adelante a pesar de la abrumadora presión en contra que ha recibido de muchas organizaciones, incluida la OMC, representa un todo un triunfo. Sin embargo, es obvio que no hay que evaluar el nuevo Convenio por su mera existencia, sino por la forma en que puede contribuir al compromiso de la UE de erradicar la pobreza y de alcanzar unos objetivos de desarrollo internacionales. Si aplicamos este criterio, nos daremos cuenta de que los nuevos acuerdos presentan una serie de deficiencias: por ejemplo, el acuerdo es bastante desilusionador para los países ACP que sufren fluctuaciones a corto plazo en sus ingresos por exportación.
En diciembre, durante una ronda de negociaciones maratoniana se alcanzó el acuerdo de prestar ayudas a los estados isleños, a los que no tienen salida al mar y a los menos desarrollados cuando sufran pérdidas del 2% como mínimo en sus ingresos por exportación, mientras que a los demás países ACP se les seguiría aplicando el baremo del 10%. Sin embargo, al final de las negociaciones, la UE alegó que nunca había dado su aprobación para incluir a las islas y a los países sin salida al mar entre los candidatos merecedores de las ayudas basadas en el límite del 2%.
Este cambio ha tenido consecuencias devastadoras, en especial para las Islas Windward, que posiblemente sea el único país ACP que en realidad va a salir perjudicado con los nuevos acuerdos. Esto resulta terrible porque las Islas Windward son uno de los países ACP más pequeños y vulnerables y serán las que tengan que pagar el precio más alto por este nuevo Convenio de Lomé.
Por otro lado, en cuanto al comercio, la OMC nos ha presionado para asegurarse de que el nuevo Convenio de Lomé sea compatible con sus intereses, lo que ha provocado un enorme ímpetu a favor de los llamados acuerdos de asociación económica regionales o acuerdos de libre comercio. Es posible que los países ACP más desarrollados sean víctimas de una gran presión para que acepten estos acuerdos. No obstante, está muy claro que, incluso después de un periodo de adaptación, algunos países no van a estar en condiciones de abrir sus mercados a los fríos vientos del libre comercio sin que su economía interior se vaya a pique. Por lo tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos para asegurarnos de que se les están dando opciones auténticas a los países que aun no están preparados para los acuerdos de libre comercio. Debemos garantizar que de verdad se están buscando estrategias para promover la integración regional dentro de la ACP.
Por ultimo, cuando se celebre cualquier otra cumbre sobre el comercio, los países de la UE y ACP deberían presionar de forma conjunta para conseguir la reforma del artículo 24 del GATT para prever de forma explícita los acuerdos comerciales regionales no recíprocos entre grupos de países con diferencias estructurales y económicas.
El Convenio de Lomé es un partenariado único en el mundo; pero para que de verdad sea eficaz no basta sólo con los debates enmarcados en su contexto, hay que contar con la colaboración de la OMC y participar en otros foros de negociaciones internacionales.

Laguiller
Señor Presidente, quiero, en este debate, denunciar la suerte reservada a esos países pobres de África, del Caribe y del Pacífico de los que algunos se atreven a decir que son beneficiarios del Convenio de Lomé. Incluso en el mero plano de las relaciones comerciales, el Convenio de Lomé no ha protegido para nada esos países cuya cuota de participación en el comercio con Europa, ya de por sí restringida, se ha reducido a la mitad. Eso refleja las crecientes desigualdades entre los países de la UE y los países ACP. El Convenio de Lomé favorece principalmente a algunos grandes grupos industriales o financieros que siguen saqueando esos países y perpetúan su dependencia económica, en particular con respecto a las antiguas potencias coloniales.
En cuanto a las ayudas supuestamente dedicadas al desarrollo, es obvio que no sirven para ello, ya que el subdesarrollo de la mayoría de esos países se profundiza en vez de atenuarse, y eso cuando esas ayudas no constituyen una subvención disfrazada a los industriales europeos exportadores. Esas ayudas son ante todo un don providencial para los regímenes en el poder, sin que la mayoría pobre de las poblaciones obtenga algún provecho de ellas.
Aunque fuesen debidamente reorientadas, serían insuficientes para financiar las infraestructuras imprescindibles en materia de salud, de educación o de abastecimiento de agua potable. Desde hace varios años, las grandes potencias disminuyen el monto de esas ayudas ya de por sí irrisorias. El colmo del cinismo es que a veces lo hacen bajo pretexto de inobservancia de los derechos humanos, o de corrupción. ¿Pero quién protege esos regímenes que favorecen la corrupción, a no ser los gobiernos de los países ricos? En efecto nos hacemos la vista gorda sobre los principales corruptores, esos grandes grupos petroleros, de suministro de agua o de obras públicas, contra los cuales se podría actuar con rigor ya que tienen sus sedes aquí, en Europa,
El debate entre la conveniencia de prolongar el Convenio de Lomé con sus cuotas y su proteccionismo, o al contrario de liquidar progresivamente las relaciones particulares entre la Unión Europea y los países ACP en nombre del libre cambio es un debate falso entre dos modos de perpetuar el saqueo y el empobrecimiento de esos países. Me rebelo contra una organización innoble e inhumana que hace que centenares de millones de seres humanos se estén literalmente muriendo de hambre para enriquecer a una minoría. Bastaría con sólo una fracción de las riquezas descomunales acumuladas por los grandes grupos para que esos países pudieran salir de la miseria, pero mientras no nos atrevamos a echar la culpa a los grandes grupos capitalistas, no haremos más que ocultar los verdaderos problemas.

Gemelli
Señor Presidente, doy mi enhorabuena al señor Corrie, copresidente de la Asamblea Paritaria ACP-UE, que ha tenido la tarea nada fácil de elaborar un informe sobre el difícil asunto de la Asamblea Paritaria ACP-UE.
En esta intervención me limitaré a exponer sólo algunos puntos que considero fundamentales. Creo que el Parlamento Europeo debe pedir con insistencia que la Asamblea sea realmente parlamentaria, instando a los países ACP a que envíen como representantes a miembros de los Parlamentos nacionales, para reforzar su propio tejido democrático.
Mi contribución a este debate, en primer término, será centrar la atención en la globalización y en la OMC, que para los países ACP representan un peligro enorme en su desarrollo. Considero necesario un periodo de transición para estos países, aunque, dentro del espacio de la nueva lógica y de la regionalización de las ayudas, también es necesario que se sustenten no sólo con la agricultura y con la pesca, sino también que recurran a la valoración de los recursos minerales y del subsuelo, algunos de los cuales se están explotando con escaso provecho económico por parte de estos mismos países.
El tercer punto se refiere al esfuerzo que, a través de un grupo de trabajo paritario dentro de la Asamblea Paritaria, el Parlamento Europeo debe comprometerse a hacer con objeto de alcanzar una estabilización de los presupuestos de los Estados ACP, mediante una selección calificada de los puntos de los presupuestos, para que haya un desarrollo económico pero sobre todo social, y también mediante el control de las políticas de rentas y de las políticas fiscales que están vigentes en el ámbito ACP. Debemos apoyar a los pueblos de estos países a través de la relación con sus gobernantes, que han de tener plena conciencia de que las ayudas al desarrollo por parte de la Unión Europea están destinadas al pueblo y no a las oligarquías eventuales, gestoras, en algunos de esos Estados, de todos los recursos internos y externos.
Por último, cuarto punto: la prevención de los conflictos entre etnias o entre Estados debe ser nuestra preocupación constante y, en cierta medida, se podrían evitar esos conflictos o bien a través de una ofensiva diplomática vigorosa y autorizada, o bien a través de las propuestas que acabo de exponer.

Martínez Martínez
Señor Presidente, hago mía la valoración positiva del informe que expresó hace un momento mi compañera Karin Junker y añadiré que el Sr. Corrie inició su labor como copresidente de la Asamblea Paritaria ACP-UE con una actuación eficaz e imparcial que merece todo nuestro reconocimiento.
Mi intervención se limitará a un hecho puntual que se ha producido hace unos días, en parte como consecuencia de acontecimientos a los que alude el informe que aquí debatimos. Me refiero a la intención expresada por Cuba, el 2 de febrero, de integrarse como miembro de pleno derecho en el grupo de países ACP.
En la última reunión de la Asamblea Paritaria ACP-UE en Nassau participó una delegación cubana y compareció ante el pleno el vicecanciller Dalmau, con quien se produjo un vivo debate al que siguieron numerosas conversaciones con muchos de nosotros. Después de Nassau, una delegación de nuestro Parlamento, encabezada por el propio Sr. Corrie y por el presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, Joaquín Miranda, visitó La Habana, produciéndose una serie de intercambios de opiniones bien clarificadores.
Tengo la impresión de que esta misión del Parlamento Europeo fue el empujón final que convenció a nuestros amigos cubanos de lo oportuno de dar un paso adelante en los mecanismos de cooperación con la Unión Europea.
Estamos ante una situación de notable importancia política y espero que desde el Parlamento Europeo impulsemos la pertinente visión favorable y una actitud generosa por parte de la Unión, que en el plazo más breve suponga una respuesta positiva a las aspiraciones de Cuba. Eso será importante, al menos por tres razones. Lo será en primer lugar para Cuba, para el desarrollo y la prosperidad de su pueblo y para romper definitivamente el bloqueo impuesto por los Estados Unidos, que ha sido reiteradamente condenado por el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas. En segundo lugar, debemos tener presente que la candidatura de Cuba ha sido propiciada por todos los países ACP. Si desde la Unión Europea se responde de forma positiva a la recomendación de nuestros asociados, estaremos dando una prueba de respeto y de consideración hacia dichos asociados que tendrá efectos positivos en todo el marco de nuestra cooperación con ellos. Tampoco puede ignorarse el valor de una decisión como la que propongo, como prueba de la coherencia y de la autonomía de la Unión Europea y de su no supeditación a presión alguna. Aceptando a Cuba en la Comunidad ACP demostraremos que no somos una Europa inmersa en la dinámica indigna del paying but not playing, y que cuando nos indignábamos ante disparates como la Ley Helms-Burton no lo hacíamos hipócritamente sino dispuestos a actuar hasta las últimas consecuencias.
Dentro de unas semanas se reunirá de nuevo la Asamblea Paritaria ACP-UE y estoy seguro de que este tema será tratado en su seno. Sería deseable que, en ese trámite, la representación del Parlamento Europeo preste su apoyo a las intenciones cubanas como lo harán, sin duda, los colegas parlamentarios de los países ACP. Cuba deberá cumplir, naturalmente, con todas las condiciones previstas al igual que cualquier otro socio. Eso lo saben los cubanos y seguro que lo asumen. Debe también quedar claro que no se le va a pedir a Cuba más de lo que se ha pedido a otros interlocutores.
Bienvenida sea la voluntad de adhesión de Cuba y bienvenida sea Cuba a este círculo nuestro. Lo digo de todo corazón pero también con la profunda convicción de que, así como el bloqueo no ha producido sino miseria y, como consecuencia de ella, crispación y endurecimiento por parte de los cubanos, la integración que aquí estamos apoyando y la prosperidad fruto de ella se traducirán en la distensión y apertura que todos deseamos y de las que todos, sobre todo el pueblo de Cuba, nos beneficiaremos.

Schörling
Señor Presidente, yo también quisiera empezar dando las gracias a Corrie por su excelente informe que, en mi opinión, describe y resume adecuadamente el trabajo realizado en la Asamblea Paritaria ACP-UE en 1999. Mi tiempo de intervención es corto y quiero ocuparme de dos asuntos.
El primero de ellos se refiere a la lucha contra la pobreza que, en mi opinión, empieza a ser una historia embarazosa tanto para la UE como para los Estados miembros. A pesar de que tanto en el Tratado como en las reuniones de la ONU en Río y en Copenhague nos hemos comprometido a trabajar para terminar con la pobreza, en la realidad se hacen recortes en los presupuestos para ayudas al desarrollo, contrariamente a lo que se ha dicho que hay que hacer. Hay que detener esta tendencia. Tenemos que empezar por condonar las deudas. Hay que empezar a poner acción tras las palabras. Quisiera que tuviéramos un papel importante en este trabajo.
El otro asunto es que, en muchas ocasiones, decimos que los países ACP tienen que aprender los fundamentos democráticos. En los puntos 2 y 3 de la resolución se pide, en el marco de la nueva convención, que se desarrollen y mejores los métodos de trabajo. Se instará a los países ACP para que permitan expresar sus opiniones a muchas corrientes políticas. A mi juicio, esto está muy bien, y es algo a lo que doy mi total apoyo. Sin embargo, debemos preguntarnos también de qué modo nosotros mismos entendemos la democracia. ¿Cómo funciona en la Delegación del Parlamento Europeo ante la Asamblea Paritaria ACP-UE? Contrariamente a cómo funcionan las cosas aquí en el Parlamento Europeo y en las comisiones parlamentarias, en las que se proponen y designan ponentes para los informes, en esta Delegación ante la Asamblea Paritaria no existen reglas. Los dos grandes Grupos se reparten todos los informes entre sí. Para cambiar esta situación antidemocrática, el Grupo Verts/ALE ha presentado la enmienda 6. En ella pedimos que los ponentes de los informes y memorias generales, además de los miembros de los grupos de trabajo, sean designados de acuerdo a normas claras y democráticas. En este contexto, hay que tomar en cuenta a los Grupos pequeños y su representatividad.

Fruteau
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, quiero en primer lugar felicitar a nuestro compañero el Sr. Corrie por la calidad de su informe que refleja pertinentemente el contenido de los debates de la Asamblea Paritaria cuya copresidencia asumió con mucha eficacia.
La erradicación de la pobreza ha sido el tema central de nuestros trabajos, y para alcanzar ese ambicioso objetivo, muchos interventores llamaron la atención sobre la necesidad de preservar una herramienta fundamental: me refiero a los acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y los países ACP, en el marco de los convenios de Lomé. Se trataba de un reto considerable. La globalización, la liberalización de los intercambios, así como la preeminencia de la OMC y la filosofía mundialista que ella vehicula, amenazaban la esencia misma del diálogo norte-sur. Por lo tanto no podemos por menos que felicitarnos por la formalización del nuevo acuerdo de asociación para el desarrollo, y por mi parte estoy convencido de que los trabajos de la última Asamblea paritaria contribuyeron decisivamente a desbloquear las negociaciones, lo mismo que el nuevo clima creado por los acontecimientos de Seattle.
Sin embargo, aunque me felicite por la renovación de los acuerdos, lo que me más llama la atención son los nuevos vientos que de ahora en adelante soplan en nuestras relaciones y que se manifiestan en el carácter equilibrado de la negociación que se está concluyendo. Me parece que la Unión Europea salió por fin de la vieja lógica paternalista, y a decir verdad, neocolonialista, de los proveedores de fondos que se convierten fácilmente en aleccionadores, según una fórmula tan del gusto de nuestro amigo Michel Rocard. La Unión aceptó por fin la idea de que ningún diálogo es auténtico ni eficaz si no se traduce por un contrato que respete la dignidad de los socios.
Al renunciar a hacer de la noción de buen gobierno la herramienta de una nueva condicionalidad a manos de los tecnócratas, la Unión Europea da muestras de sabiduría y de modestia. Tardamos dos siglos en sentar las bases de una democracia cuya fragilidad nos es constantemente recordada por la actualidad. ¿Con qué derecho queremos imponer nuestro modelo a unos pueblos cuya historia, cuyos valores, cuya identidad a veces difieren tanto de los nuestros?
Por mi parte, prefiero la voluntad claramente manifestada en esos acuerdos de abrir la asociación a nuevos actores -colectividades territoriales y organizaciones no gubernamentales- lo que me parece ser la única vía posible para evolucionar progresivamente hacia la apropiación de la cooperación por la población de esos países. En suma, para pasar de la ayuda humillante que infantiliza a la responsabilidad, garante de eficacia.

Vairinhos
Señor Presidente, señor Comisario, señor ponente, Señorías, también quisiera en primer lugar felicitar al Sr. Alexander Corrie por la exactitud y rigor de la síntesis de su informe. Ha tenido gran importancia el informe del Parlamento Europeo sobre las actividades de la Asamblea Paritaria ACP - Unión Europea, con innegable contribución al alcance de la coherencia en la política y en el papel de la Unión Europea en materia de desarrollo y cooperación. Conviene destacar el relevante papel de la Asamblea Paritaria, cada vez más parlamentaria, en el fortalecimiento de las relaciones entre la Unión Europea y los países ACP. Ante esa acción positiva, revestiría el mayor interés dotarla de un presupuesto compatible con el fortalecimiento de la calidad de su trabajo. En el ámbito del funcionamiento de dicha Asamblea Paritaria, convenimos con la propuesta del ponente de introducir asambleas parlamentarias regionales en las seis regiones del Convenio: Caribe, Pacífico y cuatro regiones africanas. Dichas asambleas regionales seguirían las acciones en sus zonas.
La pobreza ha sido el denominador común de todos los debates de la Asamblea Paritaria y su erradicación el objetivo prioritario de la política de desarrollo de la Unión Europea. Conforme a la resolución de la reunión de Nassau, recordamos el cumplimiento de los compromisos de reducción de la pobreza cuantificados y acordados por la comunidad internacional. Hacen falta coherencia y acciones.
En el próximo Convenio de Lomé se debe especificar la inversión en educación y estimular la cooperación regional y la participación de las entidades locales. La participación de las entidades locales reviste la mayor importancia. Y, en un marco mucho más amplio, considero prioritarias la conversión de la deuda de los países pobres en programas de erradicación de la pobreza y de desarrollo sostenible, así como el control del fraude y la corrupción. Debemos avanzar con acciones concretas y coherentes. Las poblaciones de los países pobres empiezan a desesperarse.
Solicito a la Comisión que emprenda diligencias en el sentido de una urgente adhesión de Timor Oriental al Convenio de Lomé, como forma de promover, entre otras medidas, la erradicación de la pobreza y acelerar su desarrollo económico, cultural y social, para reforzar su democratización interna.
Por último, felicito a la Presidencia del Consejo por la próxima Cumbre Europa-África y hago un llamamiento a todos los participantes para que consigan contribuciones a la materialización de las acciones prácticas en pro del desarrollo de la paz, la democracia y la erradicación de la pobreza en los países africanos subdesarrollados.

Nielson
Señor Presidente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al señor ponente por su excelente informe y a la Asamblea Paritaria por su trabajo en 1999. Supone también para mí una alegría poder confirmar mi participación en la próxima reunión de la Asamblea Paritaria a celebrar en marzo en Nigeria. La Comisión desea que la Asamblea Paritaria desempeñe un papel mayor, especialmente de cara a promover un mayor diálogo político con nuestros socios en vías de desarrollo. La Comisión está de acuerdo con el ponente en que la lucha contra la pobreza sigue siendo el principal objetivo de la política de desarrollo y siempre tendrá un papel clave. No obstante, para poder desarrollarse, los países han de verse involucrados activamente en el sistema económico global. En lo que respecta al comercio con nuestros socios en vías de desarrollo, la Comisión está plenamente dispuesta a garantizar que en cualquier nuevo arreglo se tengan en cuentas las limitaciones económicas y sociales específicas de los países ACP. La Sra. Lucas mencionó que el sistema Stabex y Sysmin deberían mantenerse. No estoy de acuerdo. Este sistema se ha mostrado inadecuado, pues de hecho sólo es útil para una pequeña parte de los 71 países. Su funcionamiento es demasiado lento, de ahí que sea obvio que los países en vías de desarrollo hayan dicho sí al nuevo sistema sobre el que se hablará en el futuro porque su funcionamiento será más flexible.
En cuanto a las futuras incorporaciones de nuevos países al Convenio de Lomé, como Timor Oriental, por ejemplo, sólo puedo repetir lo que dije recientemente a la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, esto es, que las puertas están abiertas. Son los propios solicitantes quienes deben decidir si quieren llamar a las puertas. Una vez haya sucedido, tomaremos postura al respecto. La Comisión toma nota con respecto a la solicitud de Cuba de adhesión al Convenio de Lomé de que los estados ACP según su reciente declaración apoyan la solicitud cubana. La UE siempre se ha mostrado a favor de adoptar una postura constructiva en el tema de Cuba, tal como se ha esbozado en la posición común de la UE, no obstante, ha de reconocerse que las negociaciones serán complejas. Con respecto a Costa de Marfil, puedo informar que ya se han reembolsado los 28 millones de euros de acuerdo con lo que se acordó tras el examen de las irregularidades económicas. En lo que respecta a la financiación del Fondo Europeo para el Desarrollo con cargo al presupuesto puedo decir que está en consideración. La Comisión por su parte está a favor, sin embargo, en este momento no podemos hacer nuevos anuncios sobre el cuándo y el cómo.

Con respecto al artículo 366A, puedo decirles que durante las negociaciones de un nuevo acuerdo de asociación quedó establecido un nuevo procedimiento de actuación en casos de violación de los derechos humanos, los principios democráticos y el principio de estado de derecho. Como sucede ahora, tras la aprobación del Tratado de Amsterdam y en base al artículo 300, el Parlamento será plenamente informado de todas las decisiones y la Comisión seguirá teniendo en cuenta las decisiones del Parlamento sobre este tema. No hay ningún plan para acompañar este procedimiento con dictámenes coincidentes en el Parlamento con relación a tales decisiones. Exigiría una modificación del recientemente aprobado Tratado de Amsterdam.
Y finalmente sobre el acuerdo con Sudáfrica, al que también se refirió el señor ponente. Simplemente me alegra -o más precisamente estoy contento de- poder comunicar esta tarde como cierre muy adecuado a este debate que el Presidente de Sudáfrica ha dicho sí a la solución a los problemas pendientes que el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE acordó el pasado lunes presentar a Sudáfrica. La "guerra de la Grappa" ha concluido. La paz se ha abierto paso y ahora podemos esperar mantener una colaboración con Sudáfrica de acuerdo con los sueños y valores comunes sobre los que la relación debería haber descansado todo el tiempo. Me parece un hermoso colofón para un debate que en general ha sido muy positivo y quiero repetir mi agradecimiento al ponente y al Parlamento por la colaboración prestada en la relación con los países del tercer mundo a raíz precisamente de este trabajo.

El Presidente
Muchas gracias señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Acuerdo de Estabilización y Asociación con la ARYM
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0031/2000) del Sr. Swoboda, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la recomendación de decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a negociar un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia (SEC(1999)1279 - C5-0166/1999 - 1999/2121(COS)).

Swoboda
Señor Presidente, estimado Comisario Patten, estimados colegas, hoy estamos debatiendo sobre un país que ha atravesado tiempos realmente difíciles, un país que gracias a su propio esfuerzo, su voluntad e, indudablemente, al apoyo de la comunidad internacional ha experimentado un avance muy positivo. Si, en consecuencia, la Unión Europea, el Consejo y la Comisión proponen ­me atrevo a emplear este concepto sin ninguna duda­ celebrar por primera vez un acuerdo de estabilización y de asociación en la Europa del Sudeste, en los Balcanes ­el Parlamento se sumará mañana, supongo, a esta propuesta­, ello será gracias a, o en reconocimiento de, que ARYM/Macedonia se ha trabajado disfrutar de una buena posición desde el punto de vista económico, pero también y sobre todo político, con respecto a la guerra en los países vecinos y en relación con su propia minoría étnica. Pues contar con una minoría étnica del 33 o incluso del 35% en el propio país no es ninguna menudencia si se tiene en cuenta del entorno en que se halla este país. El país y sus políticos ­seguramente con diferencias entre unos y otros­ han realizado siempre un muy buen trabajo, y ello merece nuestro reconocimiento.
La Comisión nos propone celebrar un acuerdo junto con el Consejo. Querría formular unas cuantas observaciones relativas a los ámbitos en que posiblemente existan diferentes concepciones, si bien también quiero resaltar de manera particular y reconocer en este contexto el trabajo y el interés mostrado por el Comisario Patten por ARYM/Macedonia y por toda la región.
Primero: el enfoque regional. En mi opinión, el enfoque regional es, si lo he entendido correctamente, importante y necesario. Debe haber disposición de colaborar. Si, en cierto modo, no debe ser entendido como una obligación, sino como disposición, posibilidad, que debe ser aprovechada por cada país, entonces este enfoque es el adecuado. Si volvemos nuestra mirada hacia ARYM/Macedonia, veremos que con algunos países vecinos esta cooperación, por ejemplo, en materia económica, es muy complicada, como con el Kosovo y Albania, o es difícil desde un punto de vista político, como, por ejemplo, con Yugoslavia. Por otro lado, la colaboración con Bulgaria y, en particular, con Grecia, ha evolucionado positivamente, lo cual merece también nuestro reconocimiento.
En este contexto, la Unión Europea debe reflexionar ­ha comenzado a hacerlo a principios de esta semana­ sobre cómo puede hacerse parte, a pesar de todo, a la vecina Yugoslavia ­sin obviar ninguna crítica a este terrible régimen­ de la cooperación regional. Por ello mañana presentaré una enmienda en la que nos declaramos a favor de que la sanciones recaigan sobre el régimen y de que, por otro lado, no obstante, se alivie la situación de la población y de la economía mediante la cooperación económica.
En este sentido estoy agradecido ­me permito mencionarlo aquí, dado que yo soy de un país por el que fluye el Danubio­ por las reflexiones planteadas por la Comisión, es decir, por el Comisario Patten, pero también por la Vicepresidenta Palacio, con quien estuve recientemente en Budapest, sobre la posibilidad de hacer navegable de nuevo al Danubio, para así promover una mínima recuperación económica en esta región, lo cual también sería sin duda alguna importante para Rumanía.
A mi juicio, este enfoque regional, si lo he entendido correctamente, es decir, como método de contribuir de algún modo a la recuperación económica de la región, es el enfoque adecuado. Como ya he dicho, no puede interpretarse como una obligación ni tampoco imponerse como condición previa.
Segundo: querría dejar bien claro que nosotros queremos que se abra y se ofrezca a ARYM/Macedonia el camino hacia la Unión Europea. Sostenemos que es ilusorio creer que sería conveniente presentar ahora la solicitud de adhesión, pero también consideramos equivocado decir que ya hablaremos alguna vez sobre ello. ARYM/Macedonia quiere obtener la respuesta de que, por principio, tendrá la posibilidad de hacerlo cuando llegue el momento adecuado. El país teme ser abandonado en cierto modo en una vía muerta. En la completa reorganización de los instrumentos de apoyo no ve peligro en ser el último vagón de un tren que circula en dirección a Europa, per sí en que este tren siga marchando hacia Europa y Macedonia acabe en vía muerta. Pero creo que el Comisario Patten mostrará comprensión por el problema. Le pido con toda insistencia que deje claro este extremo en las conversaciones en que participe
Tercero: en mi opinión, ARYM/Macedonia ha mostrado ­hasta ahora, sin ninguna duda­ que es capaz de emplear correctamente los instrumentos puestos a su disposición. Aunque, como es lógico, se produzcan cambios, ARYM/Macedonia seguirá mostrando que muchas de las tareas que hoy se afrontan en Bruselas, podrán acometerse en un futuro en Skopje, en el propio país. Espero que los colegas aprueben que aceptemos estas enmiendas como muestra de buena voluntad para con ARYM/Macedonia.

Oostlander
Señor Presidente, la República de Macedonia - prefiero utilizar este nombre abreviado -ha desempeñado un papel constructivo y de mantenimiento de la paz desde el comienzo de las guerras yugoslavas. Recordamos las propuestas de los Gobiernos de Macedonia y, en su momento, Bosnia-Herzegovina, que pretendían una flexibilización y abandono sin violencia de la estructura federal yugoslava.
Nuestros amigos macedonios han desempeñado siempre, por tanto, un papel muy positivo, y por ese motivo debe decirse aquí que Macedonia no sólo es una pieza de nuestro llamado esfuerzo de estabilidad, sino que realmente constituye su origen. El anterior Presidente, Gligorov, puede atribuirse esto como una conquista particular, pero también el actual presidente se ha definido tanto como presidente de todos los ciudadanos macedonios, que la Unión Europea sólo puede alegrarse de contar con semejante interlocutor en los Balcanes.
A pesar de las obvias razones para que se produzcan eventuales tensiones internas, ambos grupos de población han logrado un modus vivendi razonable y las perspectivas lejanas para encontrar una solución responsable a los restantes problemas son favorables. En su momento, me enteré por los roma de que, precisamente, en Macedonia, se encontraban realmente a gusto. Eso lo he escuchado poco respecto de ese grupo de población en Europa.
Entre los problemas de Macedonia merece especial atención la enseñanza superior para los ciudadanos albanohablantes. Una enseñanza superior accesible, con la que se mantiene un cierto vínculo, constituye un medio importante para la emancipación de los grupos de población -lo digo por mi propia experiencia como visitante de una universidad protestante de Amsterdam. De otra forma, tal vez no hubiera estudiado nunca.
Semejante vínculo y semejante formación en la enseñanza superior es también importante de cara al desarrollo del Estado de Derecho y también para el correctamente denominado medio del campo social, que debe reforzarse en tales países. El acuerdo con Macedonia debe, así mismo, contemplar una compensación por el daño causado a este país por el boicot que hemos impuesto a Serbia, que no nos cuesta nada, pero sí mucho a los que rodean a ese país. Sería positivo que lo pudiéramos corregir, especialmente de cara a los países vecinos. No es nada más que justo que regulemos ahora en detalle la ayuda a Macedonia.
Respaldamos plenamente las enmiendas de los Liberales en las que se pide que la ayuda no se vincule a los intereses de los estados donantes, puesto que deben darse todas las oportunidades posibles a las empresas de Macedonia y de la región con el dinero de la ayuda para la reconstrucción. También consideraría en ella a Bulgaria y Rumania, ya que me parece un error táctico y psicológico hablar sólo de los cinco países de la antigua Yugoslavia más Albania. Se trata de que las economías puedan funcionar de nuevo por sí mismas en la región, eso puede hacerse bien con el dinero de la ayuda.
El acuerdo con Macedonia debe poder verse como la apertura de la puerta de entrada a la Unión Europea para ese país, aunque esto sea algo solamente a muy largo plazo. Mientras tanto, debemos seguir partiendo en nuestra política de que es deseable que la legislación de Macedonia realmente se vaya pareciendo a la de los Estados miembros, y nuestra política debe reflejar eso hasta en la nomenclatura de los programas de ayuda para Macedonia. Me refiero brevemente al programa PHARE.
El nombre de la República, señor Presidente, supone todavía un problema debido a la sensibilidad griega. Deduzco que los Estados miembros cada vez van a sentirse más libres de usar el nombre en su propia lengua que se corresponda con el de la República. Si algunos países desean mantener las palabras Antigua Yugoslavia, es su problema; los otros no tiene la obligación de utilizarlas. No se trata de que se nos presione continuamente. De ahí mi respaldo al razonable informe del Sr. Swoboda; no nos tiene acostumbrados a otra cosa, y de ahí, también, mis elogiosas palabras sobre la respetable República de Macedonia.

Lavarra
Señor Presidente, Señorías, permítanme que en primer término exprese mi personal enhorabuena al ponente, Sr. Swoboda, por la calidad de su trabajo.
Hoy nos pronunciamos favorablemente sobre la negociación de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Lo hacemos con la certeza de que esta decisión, la primera relativa a esta esfera, se encuadra concretamente en una fase por completo nueva de nuestras relaciones con los Balcanes. Se trata de un factor de esta nueva fase, o bien de la política que sólo ve la posibilidad de una solución pacífica a los conflictos de esa zona en la perspectiva de la integración europea de la región.

Nuestra aceptación del acuerdo, tal como está propuesto en la exposición de motivos del informe, nace de la convicción de que es justo sumar en la política de la Unión tanto una dimensión regional como una valoración más específica de los esfuerzos y de los resultados obtenidos por cada uno de los países en su acercamiento al acervo comunitario.
En mi opinión, hay que ir tras un doble objetivo. Por consiguiente, de una parte habrá que sostener, por ejemplo, los programas relacionados con las infraestructuras, habrá que preparar los tiempos -no muy cercanos aún- del libre comercio, habrá que alentar la colaboración económica y comercial entre los países de la región y, de otra parte, es justo que hoy se establezca con la Antigua República Yugoslava de Macedonia el fundamento modélico de una política de integración más estrecha.
Además, por varias razones nuestra opinión sólo puede ser positiva. Como tuvimos ocasión de verificar en nuestras misiones a Skopje, en la Antigua República Yugoslava de Macedonia son apreciables los adelantos en el campo económico, en el avance de la democracia y en el terreno, tan difícil y contrastado en los Balcanes, de la convivencia étnica. Por otra parte es muy alto el precio que allí se ha pagado por la guerra de la vecina región de Kosovo, tanto en lo relativo a la disponibilidad logística para las fuerzas de la OTAN como en lo relativo a la disminución de las exportaciones hacia el norte de Europa.
Termino, señor Presidente, afirmando que estos adelantos son sin duda difíciles, frágiles e inseguros, y además nos obligan a una vigilancia constante en las distintas etapas, concretada en verificaciones estrictas y puntuales.

Costa, Paolo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar el calor y la esperanza con la que el Grupo de los Liberales Demócratas Reformistas Europeos saluda la iniciación de las negociaciones de un Acuerdo con la Antigua República Yugoslava de Macedonia.
Tengo la gran esperanza de que este Acuerdo, según las líneas expuestas por el ponente, Sr. Swoboda, llegue a ser el ejemplo que se aplique lo antes posible a los demás países, en especial a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Montenegro, Kosovo y, en cuanto sea posible, a Serbia.
Estamos convencidos de que el pronto inicio de la negociación del Acuerdo y su también pronta conclusión son el único camino para alcanzar la paz en la región -esa paz que no se produjo automáticamente tras el fin de la guerra de Kosovo-, con lo que se evitará que se reproduzcan condiciones de posterior desintegración y de vuelta al caos y a la violencia, con todas sus consecuencias en cuanto a inestabilidad continental e incluso mundial.
Si el mantenimiento de la paz y de la seguridad es la motivación del valiente proceso actual de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa oriental, esta motivación ha de estar presente con más fuerza aún en las relaciones con Albania y con los países de la Antigua República Federativa Yugoslava, y además exige que se vaya con decisión tras esta especie de ampliación paralela hacia la Europa del sureste, representada por los acuerdos que estamos discutiendo.
Dentro de este enfoque, casi de un modo provocativo, hemos presentado una enmienda destinada a sugerir que las competencias para Europa del sureste se transfieran de los asuntos exteriores al campo de la ampliación.
Un compromiso más rápido y directo de esta Europa del sureste en la vida de las instituciones europeas nos lleva a sugerir que se acepte un número limitado de observadores, enviados por los Parlamentos nacionales al Parlamento Europeo, y que en el Tribunal de Justicia y en la Comisión pueda trabajar personal proveniente de esos países. Sin embargo, para que la región encuentre un estímulo en la evolución hacia una sociedad más democrática y basada con amplitud en la economía de mercado, estamos convencidos de que, sobre todo, se deben dar pasos inmediatos y concretos para intensificar la lucha contra la corrupción y para lograr que sean más eficaces las ayudas internacionales destinadas a la reconstrucción y al desarrollo.
Con este fin hemos presentado algunas enmiendas, y esperamos que el Parlamento las acepte: primero, ofrecer a la Antigua República Yugoslava de Macedonia la exención de las tasas aduaneras en sus exportaciones hacia la Unión Europea y una compensación de la reducción progresiva de los derechos aduaneros aplicados a Macedonia sobre los productos europeos, con la condición de que se acepte el principio de un control aduanero conjunto en las fronteras macedonias; segundo, que se aliente a la ARYM con un adecuado apoyo financiero a integrar su moneda en el euro, como primer paso hacia una europeización de toda su economía, con el fin posterior de eliminar cualquier posible corrupción en el sistema bancario; tercero, que la ayuda y la asistencia que el mundo debe dar a la región, y por tanto también a Macedonia, tenga bien marcado su carácter multilateral, sin que el país beneficiario resulte condicionado por obligaciones con el país donante.
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, esperamos que el acuerdo pueda alcanzar todos los objetivos previstos, pero no podemos hacernos la ilusión de que la paz, la estabilidad y la prosperidad en el sureste de Europa se logren sin un previo estudio de los temas que plantean los grandes problemas que tratamos de eliminar, y me refiero al futuro Estado constitucional de Kosovo, a la necesidad de comprometer a Serbia en el proceso de reconciliación de la región y, ¿por qué no?, a una nueva discusión acerca de las relaciones entre la Unión Europea, la OTAN y Naciones Unidas, dentro del marco de ese nuevo equilibrio que se ha de encontrar entre injerencia humanitaria y soberanía estatal, que en mi opinión deberá traer una modificación de la propia Carta de las Naciones Unidas.

Lagendijk
Señor Presidente, señor Comisario, la guerra de Kosovo ha empeorado todo. Eso se aplica con seguridad, y sobre todo, a la relación entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales. Se han levantado muchas esperanzas desde entonces. Eso es aplicable tanto allí como aquí. Allí porque - nos guste o no - además de la cuestión de la ayuda directa, la pregunta es: ¿qué pretende hacer ahora Europa con nosotros? ¿Tiene en perspectiva el ingreso? Es algo que se comenta mucho en todos estos países.
Pero también aquí, en la Unión Europea, se han levantado muchas esperanzas. Si lo hacemos bien, será la primera prueba de una verdadera política exterior y de seguridad común ¿Conseguirá la Unión Europea actuar conjuntamente por primera vez y desarrollar una política conjunta para un acuerdo tan complicado? Así mismo, la cuestión es si la Unión Europea ha aprendido la lección tras las malas experiencias de Bosnia en lo relativo a la asistencia y las experiencias algo mejores de Kosovo ¿Podemos mejorarla, basándonos en las experiencias en Macedonia y en otros cuatro países?
Ante este panorama de muy elevadas esperanzas, creo que no exagero si digo que este primer paso, el acuerdo de estabilización y asociación con Macedonia, tiene una importancia crucial. No es la única contribución de la Unión. A continuación, tenemos el debate sobre el pacto de estabilidad, sobre el programa Cara y la financiación a corto plazo. Ahora discutimos sobre los acuerdos de estabilidad y asociación, es decir, la perspectiva a medio plazo. De ahí que este primer acuerdo con Macedonia sea crucial, puesto que será el modelo.
Estoy convencido de que los otros cuatro países se preguntan: ¿qué va a suceder? ¿Qué va a hacer la Unión Europea con Macedonia? ¿Hará lo mismo con nosotros? Como ese modelo constituye el primer avance, resulta tan importante.
Macedonia es también un modelo en otro sentido. El ponente ya lo ha señalado muy claramente. La cuestión de las relaciones interétnicas. No es necesario que lo reproduzcamos aquí de una forma demasiado idealista. Durante las elecciones presidenciales parecía que no funcionaba en absoluto tan bien, pero en comparación con el resto de la región, podría hablarse del modelo macedonio. Se ganaría mucho si lográramos exportar ese modelo conjuntamente con los macedonios al resto de los Balcanes occidentales.
Este prototipo también es válido en el ámbito de la cooperación regional. Estoy muy de acuerdo con el ponente en cuanto a que debe lograrse un equilibrio entre, por una parte, el fomento de la cooperación regional y, por otra, mantener la apertura a Bulgaria y Grecia, y no cerrarla.
Señor Presidente, señor Comisario, si damos bien este primer paso, se habrá ganado mucho. Si lo malogramos, se habrá perdido mucho más todavía.

Brie
Señor Presidente, permítame hacer constar en primer lugar que no tengo ningún problema en aprobar, en principio, este informe tan bien elaborado. Sólo quiero llamar la atención sobre una cuestión que, en mi opinión, no se ha tratado en el informe y que constituye un serio problema para Macedonia y para la efectividad de la ayuda financiera y de otra índole que presta la UE. Hablo de las sanciones a Yugoslavia.
Para que no se produzcan malentendidos: yo también considero necesario abordar con decisión el problema del régimen de Milosevic. Pero, en primer lugar, estas sanciones afectan en una amplia y negativa medida a muchos Estados vecinos, entre los que se encuentra Macedonia, que se hallan en una situación económica muy complicada. En segundo lugar, de una forma políticamente contraproducente, se hace responsable a todo el pueblo yugoslavo de Milosevic y su camarilla, violándose así los derechos humanos. En consecuencia, creo que, como se recoge en la enmienda nº 10, el tema que se debate hoy debería conducirnos a poner rápidamente término a esta política de sanciones.

Queiró
Señor Presidente, Señorías, no ha sido necesario poner fin al conflicto de Kosovo para concluir que, después de varias guerras en el territorio de la antigua Yugoslavia con sus innumerables consecuencias negativas en la estabilidad de la zona balcánica, sería necesaria una estrategia global y duradera para toda la región con el fin de garantizar la paz y la estabilidad en la Europa sudoriental. Dicha estrategia, que cobró forma en el Pacto de Estabilidad, aprobado el 10 de junio de 1999 en Colonia, considera íntegramente la región de la Europa sudoriental, pero reconoce al mismo tiempo la diversidad y la desigualdad en materia de desarrollo de los diversos países que la componen. La contribución de la Unión Europea en el ámbito del Pacto de Estabilidad, plasmada en el llamado "proceso de estabilización y asociación", representa el desarrollo de la concepción regional que la Comunidad Europea preparó en 1996 para los cinco países de la región -Bosnia-Herzegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania- y cuyo aspecto más importante consistió en el establecimiento de condiciones políticas y económicas destinadas a apoyar la ejecución del acuerdo de paz de Dayton, lo que debería contribuir a la estabilidad regional.
Así, pues, establecer relaciones entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre una base absolutamente nueva y brindar a ese país la perspectiva de plena integración en las estructuras de la Unión Europea, mediante el dispositivo previsto en el proceso de estabilización y asociación, constituye una importante contribución a la estabilidad en la región balcánica, siempre y cuando los países estén dispuestos a aceptar cierto conjunto de condiciones. Estamos enviándoles una señal políticamente relevante, en el sentido de que es posible que un día puedan llegar a ser de los nuestros, con respeto, evidentemente, de sus propias soberanías.
Sin falsas ilusiones, el mandato que hoy estamos reconociendo aquí a la Comisión puede consubstanciarse, una vez obtenido el acuerdo, en el primer gran paso para la paz y la estabilidad en esa martirizada región, cuyos pueblos han demostrado ya legítimamente que pueden ambicionar la adhesión a nuestro espacio de libertad y desarrollo. Basta y sobra con lo que sufrieron bajo el yugo soviético y, después de él, el precio que tuvieron que pagar por haber sido forzados a integrarse en el bloque comunista.
Por lo que sabemos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, desde el punto de vista político y económico, está habilitada para establecer con la Unión Europea relaciones contractuales nuevas, superando el acuerdo de cooperación en vigor desde el 1 de junio de 1998, encaminado, en la práctica, al respeto del acervo comunitario, sobre todo en sectores decisivos del Mercado Interior. Es verdad que la antigua República Yugoslava de Macedonia tendrá que hacer aún grandes esfuerzos, pero, teniendo en cuenta las reformas políticas y económicas ya ejecutadas en el ámbito del acuerdo de cooperación y la aceptación de períodos transitorios en determinadas esferas, ese país podría llegar a satisfacer las condiciones para un acuerdo de estabilización y asociación. Como compartimos la tesis de que su desarrollo es un factor de estabilidad en esa región, formulamos el mandato de negociaciones en los términos que se nos propuso, subrayamos que se trata de un acuerdo bilateral con la Unión Europea y convenimos con el ponente cuando subraya que ésta es la primera aplicación concreta de una estrategia integrada y a largo plazo para la Europa sudoriental y que la cuestión que se plantea es la de cómo se estructurarán los Balcanes a largo plazo para garantizar la paz y la estabilidad. En ese marco, las diversas referencias hechas a la cooperación regional con los países vecinos resultan, de hecho, políticamente relevantes. Este acuerdo podría y debería cobrar incluso un carácter ejemplar para los otros países de esa región. Por eso mismo, es particularmente importante. El caso es que haya una voluntad política efectiva de aproximación de la Unión Europea a esos países, subyacentes a todo ese proceso. No desconocemos que algunos de ellos tienen procesos de estabilización democrática en curso, otros necesitan aún afirmar la autoridad democrática de sus Estados, otros más presentan equilibrios que dependen de la presencia militar en esa zona, pero los países saben que en adelante, superadas las dificultades, tienen a su disposición un puente que debe propiciar una vinculación efectiva con la Unión Europea.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, no voy a sumarme al coro unánime de mis compañeros. Considero ese informe como una obra maestra de hipocresía. En el párrafo 4, se menciona la ejemplaridad de ese acuerdo. Sabemos que, desde Lituania hasta Turquía, hay trece Estados candidatos y que existe un solo agujero negro en Europa, los Balcanes, y mientras que se niega a esos países la posibilidad de ser candidatos, quisiéramos hacerles creer que ese acuerdo es milagroso. El párrafo 11 indica que ciertas medidas simbólicas pueden reemplazar el acuerdo político, la perspectiva política que representa el hecho de ser candidato.
No solo es una obra maestra de hipocresía, sino también una aberración, porque, queridos colegas, si las negociaciones empezaran mañana, ese acuerdo se firmaría dentro de un año y estaría vigente dentro de tres años. Y os apuesto a que, de aquí a tres años, habrá solicitudes de adhesión en debida forma de Croacia, de Macedonia, de Bosnia. El Sr. Racan anunció hace unos días la solicitud de adhesión formal de Croacia para el final del año 2000. Estoy seguro de que recibiremos más solicitudes de adhesión y que por lo tanto esa obra hermosa, esa bella arquitectura intelectual se derrumbará porque será desbordada por los acontecimientos, lo mismo que desde hace veinte años hemos sido desbordados por los acontecimientos en la antigua Yugoslavia.
Eso no revestiría ningún carácter de gravedad si no existiesen los problemas que todos conocemos en esa región de Europa, los problemas que el nuevo gobierno de Macedonia afronta sin haberlos solucionado aún, los problemas de cohabitación entre la mayoría macedonia y la minoría albanesa, con los problemas conexos del Kosovo, si no existiesen los problemas económicos que conocemos, los problemas de vecindad con una mafia particularmente importante en Serbia, y el problema de veto que habría que denunciar por lo que es, el veto de Grecia que, al cabo de casi diez años, sigue impidiendo que ese país se llame por su nombre, y espero que los intérpretes no hayan utilizado el término ARYM cuando me refería a Macedonia. Es totalmente absurdo. En mi opinión es una ofensa en primer lugar para nuestros colegas griegos, y para los ciudadanos griegos. Urge solucionar ese problema.
Finalmente, tuve entre manos, por una feliz coincidencia, una carta dirigida por el Sr. Georgievski, Presidente de Macedonia, al Sr. Fischler, con fecha del 8 de marzo, en la cual, refiriéndose al artículo O, hoy artículo 49 del Tratado, pide la adhesión de Macedonia a la Unión Europea. ¿Por qué no nos informó el Consejo? ¿Por qué la Comisión no nos informó de esa solicitud formal de parte de Macedonia?

Belder
Señor Presidente, señor Comisario, los Balcanes no son puramente una zona oscura, políticamente hablando. Véase la evolución llamativamente positiva de la República de Macedonia en los últimos y críticos años.
El horrible proceso étnico del vecino Kosovo no ha tenido éxito en su territorio. Paradójicamente, pero con bastante certeza, la guerra surtió precisamente el efecto contrario en el Campo de Mirlos, el Kosovo Polje: una clara reducción de la peligrosa falta de confianza entre la mayoría macedonia y la minoría albanesa.
En opinión de los primeros, los segundos se comportaron lealmente hacia el estado común durante la explosión internacional del conflicto en Kosovo. Desde la perspectiva albanesa, tanto los macedonios como el estado macedonio cumplieron ampliamente con sus obligaciones hacia la acosada mayoría albanesa de Kosovo.
Este notable resultado de las acciones militares en Kosovo permite que hablemos con todo derecho del segundo establecimiento político, esta vez interno, de la República de Macedonia
El informe equilibrado y encomiable del Sr. Swoboda se articula muy concretamente con este resultado sorprendente y grato. La Unión Europea sabe, en resumidas cuentas, qué debe hacer en Macedonia. Ayuden a este reciente cobijo regional de una multitud de refugiados de guerra a cumplir razonablemente con su papel de activador del pretendido pacto de estabilidad para los Balcanes.

Pack
Señor Presidente, desde hace ocho años me ocupo de la situación en Macedonia, y por ello querría responder al Sr. Dupuis. No es ninguna hipocresía lo que hacemos aquí. Hemos llegado en un buen momento y, creo, los macedonios se alegran de ello. Por favor, no sea tan desagradable y ayúdelos. Creo que deberíamos afrontar este asunto con espíritu positivo. No hubo guerra en Macedonia. Pero el país ha sufrido los efectos de la guerra en los países vecinos y de las sanciones, y sigue sufriendo las sanciones que con razón se impusieron a los Estados vecinos. Ha sufrido la marea interminable de refugiados durante la guerra del Kosovo. Por ello, debe decirse que el proceso de democratización de Macedonia ha experimentado una sorprendente continuidad.
Es un país que debe superara difíciles problemas interétnicos y que está resolviendo con un éxito creciente. Quiero señalar expresamente que felicitamos a Macedonia por su ejemplar legislación en materia de minorías étnicas y por su actuación en este ámbito, y que la consiguiente vinculación del 30% de la población, de origen albanés, en la acción de Gobierno en la política gubernamental y en la sociedad es el requisito de una convivencia pacífica.
Es para mí un motivo de alegría que el deseo expresado por el Sr. Swoboda en su informe se cumpla a principios de marzo, que por fin la UE cuente con una delegación en Macedonia, que por fin seamos valorados como Unión Europea. Creo que el inicio de estas negociaciones sobre el proceso de estabilidad y asociación son la consecuencia lógica de un desarrollo positivo y próspero de este país. En el marco de nuestro compromiso político, Macedonia debe ser consciente de que la cooperación regional que ella misma practique será acogida con satisfacción y recompensada por la UE con la efectiva ejecución de proyectos regionales. Permítanme mencionar dos pequeños: la rápida solución del problema en el paso fronterizo al Kosovo de Blace y el efectivo establecimiento del Corredor 8, es decir, desde Albania hasta Bulgaria, atravesando Macedonia. A mi juicio, el informe del colega Sr. Swoboda es magnífico, y me sumo a él plenamente.

Wiersma
Señor Presidente, cumplidos, también por mi parte, para el informe de mi colega, el Sr. Swoboda. Creo que es positivo que manifestemos tanto apoyo al enfoque elegido en el mismo.
Se trata de plantear de una forma estructural la estabilidad en la región y ésa es también la intención del acuerdo previsto con la república de Macedonia que examinamos hoy. Aunque la ejecución efectiva del pacto de estabilidad debe ponerse todavía en marcha, la Comisión ha desarrollado rápidamente un nuevo instrumento, este llamado acuerdo de estabilidad y asociación. Con él se inicia la estabilización de los países de la antigua Yugoslavia en el sentido del Tratado. Se trata de países que no se consideran todavía de cara a un preacuerdo de ingreso. El acuerdo que está ante nosotros es realmente una especie de pre- pre-, aunque sí desde la perspectiva del futuro ingreso.
El hecho de vincular países mediante un tratado activo constituye un instrumento excelente, siempre que los compromisos estipulados se ejecuten con energía, de forma que se logre la estabilidad deseada. Macedonia continúa siendo un barril de pólvora, y tiene una historia que lo avala. No obstante, desea deshacerse de este calificativo. De ahí que la estabilidad interna sea necesaria.
El nuevo Gobierno quiere ser responsable de su logro, y el acuerdo puede constituir una agenda para las reformas, incluido un papel directo y una posición de igualdad para la minoría albanesa. El país ahora necesita sobre todo tranquilidad para poner en orden sus asuntos y encontrar el camino hacia una mayor prosperidad. Nosotros, especialmente los socialdemócratas, hacemos un llamamiento a la oposición para que actúe conforme a estas ideas. Así mismo, debe asumir su responsabilidad respecto del tan valorado modelo macedonio.
No obstante, el país necesita también, y especialmente, estabilidad exterior ¿Para que sirve la estabilidad interna si el entorno es inestable? Esta estabilidad es necesaria en las relaciones con Yugoslavia, Kosovo, Albania y Bulgaria. La región debe reconocer que Macedonia existe y continuará existiendo. La estabilidad exterior implica fronteras abiertas y cooperación regional. Las minorías y las mayorías deben lograr un espacio para los intercambios humanos y culturales.
La estabilidad de Macedonia depende en gran medida del desarrollo de los países vecinos. La cuestión Kosovo es conocida, la comunidad internacional está allí presente de forma masiva. Parece, sin embargo, que el factor Albania se subestima. La Unión todavía no juzga oportuno celebrar un acuerdo de estabilidad y asociación con ese país. Pero, ¿entonces, qué? Precisamente, los argumentos para sí concluir un acuerdo con Macedonia y aún no con Albania nos suscitan tanta preocupación que realmente es inaceptable que la Unión se mantenga a la espera respecto de este país.
¿Qué hace la Comisión ante esta consideración? Yugoslavia es también un eslabón débil en la estabilidad y, por tanto, una amenaza para una Macedonia estable. Debemos esperar a ver qué sucede allí. La tendencia de Belgrado es cada día más imprevisible. Respaldamos, así mismo, la decisión del Consejo de dar otro carácter a las sanciones. Con ella finalmente se intenta dar, al menos, un espaldarazo serio a la oposición que se prepara para una nueva tanda de manifestaciones.
¿Qué más intentará la Unión en este sentido en caso de que se acepte la exigencia de la oposición - elecciones anticipadas? ¿Qué más podemos hacer e intentar todavía para apoyar a la oposición?

Schmidt
Señor Presidente, señor Comisario, confiamos en que Kosovo haya sido el último caso en que el Derecho Internacional pudo interpretarse como que los dictadores pueden perseguir a las minorías, de la forma más cruel, escudándose en que "tiene lugar dentro de las fronteras del propio país" . Cuando EE.UU., la OTAN y finalmente la UE reaccionaron, era tarde, muy tarde. Se habrían podido evitar muchos sufrimientos si, entre otros, EE.UU. hubiera reaccionado antes y con más claridad. Por eso nosotros, la Unión Europea, tenemos una responsabilidad especial para socorrer, ayudar y construir los Balcanes. Nuestra meta tiene que ser la creación de las condiciones necesarias para que todos los países del sureste de Europa se integren económica, comercial y políticamente en la UE.
La mejor manera de echar las bases para la democracia en esta parte de Europa azotada por la guerra, es mediante el comercio y la integración económica. Los liberales estamos dispuestos a llegar lejos y a hacerlo rápidamente, tal como lo ha señalado Paolo Costa. Por eso celebramos con gran satisfacción esta propuesta de Acuerdo de Estabilización y Asociación con Macedonia y damos las gracias a Swoboda por este excelente informe. Macedonia merece nuestra ayuda, pensando en el trabajo, sacrificado y abnegado, que su pueblo y sus gobernantes realizaron durante la guerra de Kosovo. Ahora que Macedonia se libera de las garras del comunismo y del nacionalismo, nuestra obligación es reaccionar muy claramente y dar nuestro apoyo. De la misma manera tenemos que actuar en los otros países balcánicos. Es una obligación para la UE.
Señor Presidente, en este contexto permítame recordar a los diputados -pensando especialmente en el debate de esta tarde- que el hombre que tiene la principal responsabilidad por la guerra, los ultrajes, los asesinatos y la expulsión de sus hogares de personas inocentes, gobierna todavía en Serbia, el resto de Yugoslavia. El hombre que está acusado de genocidio y que debería ser juzgado en el Tribunal de La Haya, todavía está libre. Estoy hablando de Milosevic. Mientras Milosevic siga gobernando Serbia y ésta no elija un camino democrático, ese país seguirá siendo una amenaza constante para la paz en toda la región balcánica y, también, en Macedonia.

Korakas
Señor Presidente, el acuerdo impulsado constituirá la primera aplicación del Pacto de Estabilidad en la Europa del sudeste.
Sin duda sus términos, aceptados por el informe Swoboda, no persiguen la paz, sino una mayor subordinación política y económica del país, el control de sus riquezas naturales, la sobreexplotación de su fuerza de trabajo, y una aún mayor utilización del país como base de ataque contra los países y los pueblos de la región que se resisten al nuevo orden. Y todo esto a cambio de la promesa de una futura adhesión a la Unión Europea. El informe acepta tanto esta orientación como, más en general, el conjunto de la política de la Unión Europea para la Europa del sudeste.
Es significativo el hecho de que en el informe se felicite a la ARYM por la posición constructiva que mantuvo durante la agresión de la OTAN; se encomia su papel pacificador, por haber aceptado el acantonamiento en su territorio de las fuerzas otánicas; se silencia, por supuesto, la indignación de su pueblo, que no dejó de expresarse en forma de movilizaciones masivas durante los bombardeos.
En definitiva, puesto que consideramos que tanto el Pacto de Estabilidad, como el proceso de Estabilización y Asociación que impulsa la Unión Europea para los países de la región crearán nuevos problemas, traerán nuevas calamidades a sus pueblos y fortalecerán más, si cabe, el papel hegemónico de los imperialistas americanos y europeos, votaremos en contra del informe, y mostraremos de este modo nuestra solidaridad con el pueblo de la ARYM.

Zacharakis
Señor Presidente, señor Comisario, uno de los objetivos principales del Acuerdo de Estabilización y Asociación de la Unión Europea con la ARYM es la consolidación de la estabilidad y de la paz en la región, cosa que, claro está, presupone el desarrollo y mantenimiento de relaciones de buena vecindad entre los países interesados.
No voy a detenerme en los detalles del problema del nombre de la ARYM, que, como, sin duda, conocen, ha sido objeto de diferencias con Grecia y de negociaciones entre los dos países desde hace más de cuatro años, bajo la égida del Secretario General de la ONU y en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad al respecto, pero también de compromiso contraído por las partes, según el artículo 5 del llamado Acuerdo Interino de 1995.
Considero oportuno, sin embargo, señalar que, con ocasión de la próxima negociación y adopción del Acuerdo de Asociación, será conveniente por parte europea indicarle al gobierno de la ARYM la necesidad de que muestre la oportuna voluntad política constructiva, y contribuya así positivamente a la conclusión exitosa de las conversaciones de Nueva York. Quiero creer que semejante demanda europea, acompañada de la explicación de las dificultades que para la culminación y aplicación del Acuerdo de Asociación podría suponer un nuevo aplazamiento, será objeto de la debida atención y valoración por el gobierno de la ARYM, que sabrá corresponder adecuadamente, por una parte a la demostrada posición conciliadora de Grecia en el asunto en cuestión, y, por otra, a la manifiesta y generalizada intención y disposición de todos los países miembros de la Unión Europea, Grecia incluida, de facilitar y apoyar la marcha de la ARYM hacia la Europa Unida.
Porque, señor Presidente, no creo que el fluido funcionamiento diario, hoy asegurado, de las relaciones, los contactos y la comunicación de la ARYM con Grecia, tanto en el plano bilateral como en el multilateral; asegurado, principalmente en virtud de las disposiciones prácticas del Acuerdo Interino; no creo, digo, que ese funcionamiento satisfaga suficientemente los términos y los criterios de buena vecindad que demanda, entre otras cosas, la negociación y adopción de un Acuerdo de Asociación. Antes bien, entiendo que esta demanda podrá considerarse satisfecha sólo con una completa normalización de iure de las relaciones de la ARYM con todos sus vecinos. Eso, junto con la necesaria mejora de ciertos aspectos de la situación interior de ese país, en lo que respecta a las minorías y a las instituciones democráticas, completará la imagen de madurez política que, por lo demás, muestra, realmente, la ARYM, y que ha hecho posible y deseable el estrechamiento de sus relaciones con la familia europea.

Souladakis
Señor Presidente, con el acuerdo que debatimos hoy, tal y como lo ha analizado Swoboda -y votaremos, espero, mañana- se da, tras el Pacto de Estabilidad, el segundo paso político positivo para la región.
Otro pequeño paso, que afecta a Yugoslavia, ha venido dado por el reciente levantamiento parcial del embargo acordado por nuestros quince gobiernos. Señorías, desde hace diez años la región está en permanente disolución. Y diez años, considerados como tiempo histórico, y, sobre todo, como tiempo político, son mucho tiempo. Estas circunstancias suponen de por sí un fracaso objetivo. En este sentido, el acuerdo que votaremos mañana, que contribuye a la estabilidad de la región, conduce, objetivamente, por el camino adecuado. La ARYM, en esencia, constituye una miniatura de la antigua Yugoslavia. Independientemente de dónde sea dominante tal o cual minoría. Desde este punto de vista, el hecho de que hasta ahora haya resistido a cualquier influjo del conjunto del entorno, es un elemento muy positivo, y de ninguna manera ninguno de nosotros, ningún estado, ninguna política, ninguna opinión, en el intento de solución de otros problemas, debe alentar movimientos internos desintegradores en esta pequeña república que -hay que destacarlo- cuenta con instituciones que puede desarrollar aún más hasta ser una auténtica democracia.
En la región ha habido diferentes políticas ocasionales, y lo que debe preocupar a la Unión Europea es no acabar ayudando, por frivolidad, a construir en otras partes repúblicas bananeras. Tenemos que ser conscientes de que al buscar aliados en esta región no tenemos que elegir cada vez al primero que se ofrezca. Tenemos que apostar por los moderados, por los que tienen amplitud de miras, por los que saben concebir la paz y la estabilidad en la región.
Espero y deseo, y estoy ya seguro, de que la Unión Europea con madurez y con medidas que ha empezado a tomar, poco a poco va a construir en la región el entorno que ella misma necesita. No nos engañemos, una Europa con uno de sus territorios retrasado -a causa de las fricciones, a causa de diferentes malentendidos, a causa de los antagonismos, a causa de los conflictos étnicos-, en ningún caso será una Europa que habrá alcanzado en su propio seno el nivel que ella misma desea.

Finalmente, como griego ahora, quisiera advertir a algunos colegas, a los que vengo escuchando, de que las conversaciones se mueven en otro tiempo y en otro lugar. No parecen haberse percatado en absoluto de las nuevas condiciones que se han configurado en la región. Y esto, en muchos casos, por iniciativa de Grecia. Y deben saber que el país colaborador por excelencia de la ARYM, con el que mantiene mejores relaciones en la región, es Grecia, y esto ha contribuido sobremanera a la estabilidad de la zona. Lo digo simplemente para que sepamos dónde nos encontramos.

Posselt
Señor Presidente, las declaraciones del colega Souladakis me han parecido mucho más razonables que las declaraciones de otros colegas del mismo Estado miembro. Debo decir bien claramente que quien intente supeditar el convenio con Macedonia a la solución del problema del nombre del Estado, no sólo se enfrentará a Macedonia, sino a los demás Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, quiero dejar bien claro que con esa actitud perjudica gravemente los intereses de su propio país. Estamos interesados en que en los Balcanes se establezca un orden pacífico estable, y tenemos la oportunidad de conseguirlo, si bien el pacto de estabilidad amenaza con convertirse en un cadáver que nunca haya llegado a cobrar vida. Espero que esto no ocurra, pero el peligro existe. Justamente por ello es absolutamente necesario que nosotros, como Unión Europea, establezcamos contactos bilaterales con cada Estado y que ofrezcamos a Macedonia una clara perspectiva europea. Por tanto, acojo con satisfacción el excelente informe del colega Swoboda y sobre todo el punto 12 del mismo, que pone de manifiesto con toda claridad la posición europea, la posición de la UE con respecto a Macedonia. Creo que esto es importante, y que debe llevarse a cabo sin caer en falsas ilusiones.
Sabemos que esto no es posible de un día para otro, pero hay que decir claramente que Macedonia es, sin duda alguna, un país europeo y que, por ello, tiene derecho a ser miembro de la Unión Europea, es una medida muy importante que reforzará la confianza de dicho país. A mi juicio, en este momento disponemos de una oportunidad única de fortalecer una democracia que no sólo ha hecho posible un Gobierno multiétnico único en esta región, sino que ha ampliado la autonomía de los municipios, ha reformado la justicia y la economía, y todo en las más duras condiciones, determinadas por el nacionalismo, el comunismo y la guerra.
Hace algunos años tuve el honor de recibir en visita privada al hoy Presidente del Estado y al hoy Primer Ministro. Entonces tuvieron dificultades en establecer contactos diversos. Estoy particularmente contento de que hayan cumplido lo que en aquel tiempo prometieron: construir una democracia profundamente europea. Debemos agradecerles que, como ya se ha dicho, en un momento tan crítico como el vivido el año pasados hayan desempeñado este importante papel en un punto estratégicamente tan decisivo para la paz, la estabilidad y la democracia. Por ello nosotros no sólo somos los que damos, sino los que recibimos, y estamos obligados a agradecer a los macedonios que hayan cumplido en aquel tiempo una misión europea tan decisiva. Por ello es importante que el convenio sea negociado y ratificado con rapidez; que la oficina de contacto de la UE, la delegación oficial, se abra; que nuestro Comisario, como he escuchado, realice próximamente un viaje a Macedonia y que abramos a este país una perspectiva inequívocamente europea, tal y como hace el informe Swoboda.

Patten
. (EN) Este debate general sobre la región de los Balcanes está siendo muy interesante. Espero que me perdonen por centrarme casi exclusivamente en el informe, pero es que hay algunos temas de gran importancia que me gustaría tratar.
Estoy encantado de poder exponer la opinión de la Comisión sobre este informe. Resulta muy útil y es una excelente contribución del Sr. Swoboda y sus colegas. Le estamos muy agradecidos por la forma en que él y varios colegas suyos, algunos de los cuales están hoy en esta Cámara, como la Sra. Pack y el Sr. Lagendijk entre otros, han llevado este asunto.
Me satisface enormemente que nuestras relaciones con la ARYM sean tan buenas. Espero que el Sr. Dupuis y su intérprete me perdonen por utilizar la expresión "con espíritu de entente cordial" . Todo ello ha sido posible gracias al extraordinario representante de la UE en este país, que ha sido un gran amigo del Parlamento y ha prestado un gran servicio a la Comisión.
El inicio inminente de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación es el mejor ejemplo de nuestras buenas relaciones, al igual que la colaboración de la ARYM en la reconstrucción de Kosovo. Estoy muy agradecido a las autoridades de Macedonia por la ayuda que han prestado en las últimas semanas para superar las enormes dificultades relativas al suministro de energía eléctrica en Kosovo. Como sus Señorías, yo también reconozco que este país ha desempeñado una labor estabilizadora durante la tragedia de los Balcanes, sobre todo, por lo que se refiere a la integración de la minoría albanesa en la vida social y política del país. Hace unas semanas, me entrevisté con el recién elegido presidente Georgievski, y su compromiso con la multietnicidad y el pluralismo me impresionó profundamente, a mí y a otros muchos.
Permítanme exponer cómo van las negociaciones en estos momentos; unas negociaciones que, como ya ha dicho el Sr. Lagendijk, están siguiendo muy de cerca otros países de la región.
El 24 de enero de este año, el Consejo aprobó sus directivas de negociación para la firma de un Acuerdo de Estabilización y Asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, lo que constituye el principal paso hacia delante en el proceso de estabilización y asociación en la región de los Balcanes occidentales, emprendido por la Comisión en mayo de 1999.
Déjenme subrayar los elementos fundamentales de estas propuestas de directivas, que prevén que en el acuerdo se incluyan arreglos que establezcan un diálogo político con la ARYM. También prevén cláusulas para mejorar la colaboración regional, incluyendo la posibilidad de crear zonas de libre comercio ente los países de la región, aunque debo aclarar que cualquier intento de restablecer el estado de Yugoslavia queda totalmente fuera de lugar. Además, prevén la posibilidad de crear una zona de libre comercio entre ellos y la Unión Europea en un plazo de diez años desde la entrada en vigor del acuerdo. Asimismo, prevén cláusulas para el movimiento de trabajadores, la libertad de establecimiento, la prestación de servicios, los pagos corrientes y el movimiento de capital. Por último, prevén el compromiso de la ARYM de acercar su legislación a la de la Comunidad Europea, sobre todo en los puntos clave del mercado interior; y prevén cláusulas de colaboración con la ARYM en gran cantidad de ámbitos, como justicia o interior.
En la Comisión estamos realizando los preparativos necesarios para que las negociaciones puedan comenzar en marzo. La segunda semana de dicho mes voy a visitar la ARYM, y confío en poder poner en marcha el proceso entonces, aunque las negociaciones formales no comenzarán hasta un poco después. Durante esa visita también mejoraré nuestra representación en la ARYM, como han recomendado sus Señorías entre otros.
La fecha prevista para concluir las negociaciones es diciembre de este año, pero todo depende en gran medida de la buena voluntad y la determinación de los negociadores. El acuerdo podría entrar en vigor dentro de tres o cuatro años, puesto que se necesita tiempo para que los parlamentos de los Estados miembros lo ratifiquen.
Me gustaría comentar brevemente algunos otros aspectos de la propuesta de reglamento. Admitimos que el acuerdo debería servir hasta cierto punto como modelo para otros acuerdos parecidos, aunque por otro lado tampoco podemos olvidar que estamos tratando con países distintos, cada uno con su propia identidad y sus propias preocupaciones. Comparto la idea mayoritaria de que debemos tratar a cada país según sus méritos y no obligar a todo el mundo a seguir el paso del más lento en desarrollar sus relaciones con la Unión. Esa nunca ha sido nuestra intención. El mero hecho de que comencemos las negociaciones con la ARYM antes que con los demás prueba que podemos distinguir y que lo hacemos.
En cuanto a la cláusula de ayuda regional a la que se refiere el informe, estamos de acuerdo en que debe destinarse parte de nuestra colaboración técnica y financiera a proyectos dotados de una dimensión fronteriza o regional. También estamos de acuerdo en que debería existir una cláusula evolutiva sobre la posibilidad de entrada en la UE que contempla el Acuerdo de Estabilización y Asociación, y que reflejaría la posición de la UE en sus relaciones con los países de los Balcanes occidentales tal como fue establecida en las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia.
Estamos completamente de acuerdo en que es necesario descentralizar nuestros programas de ayuda tanto como sea posible. Por lo que respecta a los arreglos que cubren las ayudas de la Unión Europea a los Balcanes occidentales, espero que sus Señorías sean conscientes de que estamos preparando otro reglamento para simplificar y racionalizar su gestión y para que todo quede incluido en un único reglamento. Me consta que en la ARYM y en todas partes, el final del programa PHARE y, en especial, el hecho de dejar de estar asociado al nombre PHARE está causando una gran preocupación, y francamente, me inquieta lo que los Estados miembros opinan sobre esto. Volveré a examinar el tema, aunque debería decir que al contar con dos programas PHARE en funcionamiento corremos el riesgo de crear una gran confusión. No obstante, quiero enfatizar que, tenga el programa el nombre que tenga, nuestro compromiso para con la integración de la ARYM y sus vecinos a la familia europea es mayor que nunca.
En general, confío en que los miembros de este Parlamento compartan mi alegría porque Macedonia haya alcanzado su estado actual con relativa rapidez. Espero que los demás países de la región redoblen sus esfuerzos para lograr un progreso similar. Estoy deseando que se realicen muchos debates sobre el tema en esta misma línea durante los próximos años para señalar, espero, que lo que estamos intentando hacer en los Balcanes ha resultado todo un éxito, y para mí ésta sigue siendo la prueba de fuego más decisiva para determinar qué es capaz de hacer Europa en su propia puerta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Patten.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Acuerdo sobre la comitología
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0021/2000) de la Sra. Frassoni, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el acuerdo del Parlamento Europeo y la Comisión (1999/468/CE), (ACI 1999/2202) relativo a las modalidades de aplicación de la nueva Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 - "comitología".

Frassoni
. (IT) Señor Presidente, al aprobarse este acuerdo con la Comisión acerca de las modalidades de aplicación de la decisión del Consejo sobre "comitología" , termina un asunto que durante unos dos años ha acompañado al Parlamento y a algunos apasionados de este tema, dispersos en las distintas instituciones de la Unión, a quienes muchos no vacilan en definir como masoquistas.
Desde 1993 las modalidades de ejercicio de las competencias de ejecución que se confirieron a la Comisión y en particular la misteriosa, y hasta sospechosa, práctica de los comités han conducido a situaciones de conflicto y de desconfianza entre las instituciones, que han implicado el riesgo de serias consecuencias en el procedimiento legislativo. Por todo esto, tras la Declaración 31 adjunta al Tratado de Amsterdam, las instituciones de la Unión emprendieron una compleja tarea de acuerdos y consultas, que desembocó en la nueva decisión del Consejo, la que a su vez revisa el viejo régimen de una manera bastante sustancial, aunque no del todo satisfactoria para nosotros. En particular, la decisión introduce un esbozo de poder de control por parte del Parlamento: la posibilidad de dar una voz de alarma en el caso de que una medida de ejecución, derivada de un acto aprobado en codecisión, violara la capacidad ejecutiva conferida a la Comisión.
En el curso de la larga negociación interinstitucional -en la que el Parlamento se comprometió activamente gracias al trabajo de la ponente, Sra. Adelaide Aglietta-, se entendía que el Parlamento Europeo y la Comisión habrían celebrado un acuerdo interinstitucional sobre las modalidades de aplicación de determinados aspectos de la nueva decisión, cosa que, por una parte, implicaba explicitar algunos puntos que el Consejo no pensaba retomar en la decisión y, por otra, organizar de una manera más precisa el sistema de información y de control sobre las medidas de ejecución.
Durante el diálogo tripartito del 6 de octubre de 1999, en Estrasburgo, la Presidenta del Parlamento Europeo y el Presidente de la Comisión aprobaron la idea de celebrar un acuerdo en un plazo breve. Creemos que se ha respetado ese compromiso, que por cierto resultó relativamente fácil gracias al clima de confianza y de respeto recíproco imperante en todas las negociaciones con la Comisión.
Los puntos alcanzados gracias al acuerdo son sustancialmente dos: por un lado, la información del Parlamento Europeo, que es la condición sine qua non para el ejercicio real de su derecho de intervención de conformidad con el artículo 8 de la Decisión. Esta información hasta ahora se efectuaba en papel y de forma no sistemática, y a menudo incluso por responsabilidad del propio Parlamento, y era inservible para nuestros servicios. En lo sucesivo, la información estará asegurada por un sistema electrónico denominado CIRCA al que el Parlamento Europeo tendrá acceso y que representa una verdadera innovación no sólo para nosotros sino también para la Comisión, estoy segura.
De otro lado, el artículo 8 de la Decisión del Consejo no precisa ni el método ni el plazo en que el Parlamento Europeo debe dar una voz de alarma, es decir, ejercitar su limitado poder de control. En los apartados 6 y 7 del acuerdo se establece que el Parlamento Europeo adoptará su resolución motivada en sesión plenaria y que para ello dispondrá de un plazo de un mes para valerse de su derecho de intervención antes de la adopción del proyecto de medidas de ejecución por parte de la Comisión. Sin embargo, no siempre es posible esperar un mes antes de aplicar una medida de ejecución, como todos lo sabemos muy bien. Por consiguiente, en el acuerdo se explicita un procedimiento de urgencia, que prevé la posibilidad de que la comisión competente se ponga en marcha.
Por último, quiero subrayar que, para valorar si este acuerdo es bueno o no, tendremos que esperar hasta ver cómo funciona en la práctica. El Parlamento Europeo tendrá que dotarse de medios, de los que aún no dispone, para asegurarse un seguimiento eficaz del procedimiento ejecutivo y un control efectivo, y la Comisión tendrá que reconocer la necesidad de reorganizar algunas de sus prácticas para asegurar el control eficaz y la información real del Parlamento.

Por último, es oportuno recordar que, de todos modos, para el Parlamento Europeo la verdadera solución de los problemas de la comitología sigue siendo la modificación del procedimiento previsto por los Tratados para la ejecución de las normas, y no sólo el progresivo desmantelamiento de los comités, cuya existencia representa una anomalía que limita con fuerza las competencias de ejecución de la Comisión y que puede perjudicar a los poderes legislativos del Parlamento Europeo.

Schleicher
Señor Presidente, estimados colegas, la comitología es un concepto que a la mayor parte de las personas no les suena a nada, y los menos saben qué ha de entenderse por él. Recuerda a alianzas secretas y conspiraciones, tal como ocurría antes. Pero tras este concepto no hay más que el establecimiento de las modalidades de ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión. Las modalidades de estas competencias de ejecución consisten en un número limitado de procedimientos en comités.
Hasta la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam había cerca de 30 variaciones de estos procedimientos en comité, que no contribuían a aclarar el desarrollo del procedimiento legislativo ni a la transparencia en favor del ciudadano. Al contrario, el propio Parlamento Europeo no fue siquiera informado durante un largo período. El primer avance que se produjo en la lucha por conseguir una mayor transparencia en esta jungla de comisiones consistió, en lo referente al Parlamento Europeo, en estar al menos informado sobre todo lo que la Comisión se proponía regular en el marco de los diferentes comités.
Ello ocurrió en el marco del intercambio de correspondencia Plumb/Delors. Un nuevo paso hacia la transparencia y la participación del Parlamento Europeo fue el llamado Modus vivendi, celebrado el de 20 de septiembre de 1994, en el que no sólo se atribuyó al Parlamento la posibilidad de informarse, sino también la de formular objeciones. De este modo, el Parlamento asumía funciones de control. Mediante el Tratado de Amsterdam la situación ha mejorado de manera decisiva, en la medida en que el número de procedimientos en comité ­tal y como el Parlamento Europeo había venido exigiendo desde hacía tiempo­ se redujeron drásticamente a tres, a saber, el procedimiento de gestión, el de reglamentación y el consultivo.
Los derechos de información y control conferidos al Parlamento Europeo en el pasado deben ser, tras el Tratado de Amsterdam, fijados de nuevo mediante un acuerdo interinstitucional. Nuestra Ponente, la Sra. Frassoni, ha realizado un trabajo muy cuidado y ha puesto de manifiesto qué cuestiones deben resolverse en el marco de este acuerdo interinstitucional y qué procedimientos de gestión deben modificarse, en su caso, en el seno del Parlamento. Si el Parlamento Europeo es informado, deberá, por regla general, emitir su opinión en un plazo muy corto de cuatro semanas, si así lo desea. En los asuntos que afectan a la salud y a la seguridad de las personas en la Unión Europea, la Comisión Europea, guardiana de los Tratados y única Institución a la que se confiere el derecho de iniciativa, debe estar en condiciones de reaccionar en un muy corto espacio de tiempo, en casos urgentes, en pocas horas o días. A pesar de ello, debe garantizarse el derecho del Parlamento Europeo a recibir información y, en su caso, poder reaccionar. Nuestra ponente ofrece soluciones útiles a estas dificultades, que mi Grupo parlamentario y yo apoyamos sin reservas.
Tengo que formular otra petición: en el texto alemán, el apartado 2 ha sido traducido de manera un tanto equívoca, y pido que se aclare urgentemente, también por la persona responsable de la impresión. A mi juicio, en vez de "weitergeführt werden müssen", debería figurar "erhalten bleiben müssen". No queda del todo claro en la versión alemana. Por ello pido que sea revisado de nuevo. Por lo demás, agradezco profundamente a la Sra. Ponente el trabajo realizado. Es ésta una materia difícil, y espero que la haya trabajado de modo tal que podemos ocuparnos de ella de una manera más adecuada.

Corbett
Señor presidente, felicito a la ponente por su informe, y debo añadir que ver a la Sra. Frassoni tan conciliadora y deseosa de alcanzar compromisos con las demás instituciones es un cambio que acogemos con satisfacción. Por lo que se refiere a las CIG, ella es una de las personas a las que los franceses llaman "les pures et dures" : que no se comprometen ni hacen tratos con las demás instituciones, que prefieren que todo se bloquee antes que comprometer sus posturas. No obstante, esta vez está dispuesta a aceptar los pasos adelante que ya hemos dado y que están muy lejos de coincidir con la postura originaria del Parlamento sobre el tema de la comitología.
Recordemos qué está en juego aquí: el Parlamento criticaba cuatro puntos del sistema de comitología tal y como estaba antes de la nueva decisión del Consejo que complementa este acuerdo interinstitucional.
Para empezar, todo el sistema es muy oscuro. No es transparente, ya que cientos de comités se reúnen con órdenes del día secretos y sin que nadie sepa quiénes son sus miembros. En el nuevo sistema que hemos aprobado se ha dado un verdadero paso adelante a este respecto. Vamos a saber quién pertenece a cada comité y cuándo se celebran las reuniones. Vamos a recibir copias de los órdenes del día y los documentos que se les envíen. Todo el sistema será más abierto y transparente, aunque todavía sigue siendo algo complejo. Por lo menos es un paso adelante.
En segundo lugar, no nos gustaba que el sistema fuese tan restrictivo para la Comisión. En la Unión Europea adoptamos leyes y esperamos que la Comisión las ponga en práctica, pero al mismo tiempo, contamos con un sistema diseñado para entorpecer a la Comisión y hacerlo más difícil, me refiero sobre todo al llamado sistema "de contrarred" , según el cual, el Consejo podía bloquear a la Comisión por mayoría simple, incluso si no era capaz de encontrar una alternativa a la medida ejecutiva en cuestión. Aquí también hemos logrado algún avance. El Consejo ya no podrá bloquear las medidas ejecutivas de forma indefinida durante más de tres meses a no ser que exista una mayoría cualificada para bloquearlas, es decir, a menos que exista una oposición sustancial entre los Estados miembros representados en el Consejo. Ese es un sistema más razonable, y eso constituye también un paso adelante.
Lamentablemente, se ha prestado menos atención a nuestras otras dos quejas. La primera se refiere al sistema que se aplica para la realización del seguimiento, la supervisión o, si se prefiere, al control de la Comisión por un solo comité nombrado por los Estados miembros o el Consejo, no por el Parlamento. El Consejo y el Parlamento, como autoridad legislativa, deberían estar en pie de igualdad. Conferimos a la Comisión poderes ejecutivos pero al mismo tiempo un solo órgano nombrado por el Consejo o los Estados miembros puede tocar el silbato, decir que no a la Comisión y acabar con la medida ejecutiva. El Parlamento no tiene un poder equivalente.
Si bien es cierto que este nuevo sistema nos concede cierto poder. Vamos a recibir todas las propuestas de medidas ejecutivas presentadas a cada comité al mismo tiempo que se envían a dicho comité. Tendremos la oportunidad de analizar, debatir, preguntar, pero sólo tendremos derecho a cuestionar formalmente a la Comisión si creemos que se ha excedido en las competencias que le hayamos concedido por ley. Es decir, podemos cuestionar la medida por no estar amparada en ningún poder, pero no por su contenido, y en una democracia, el Parlamento debería poder cuestionar los contenidos. No es que vayamos a hacerlo cada semana. No pretendemos meternos de lleno en las decisiones ejecutivas, pero poder hacerlo en las pocas ocasiones en las que de verdad es necesario supone una garantía democrática. Esto no se da en el nuevo sistema, o por lo menos sólo aparece de forma embrionaria.
Por ultimo, tampoco nos parece bien que si se bloquea una medida ejecutiva mediante el sistema de comitología, sólo sea devuelta al Consejo, que es el que tiene derecho a tomar una medida alternativa, y no a ambas ramas de la autoridad legislativa. No es justo, porque ambas ramas (Consejo y Parlamento) adoptan las leyes que confieren los poderes ejecutivos a la Comisión. Si dichas medidas ejecutivas son devueltas, deberían devolverse a las dos ramas, no a una sola.
En general hemos conseguido algunos avances en el sistema. Los puntos adicionales que surgen del acuerdo interinstitucional con la Comisión son bienvenidos, pero no son suficientes para cambiar la decisión básica del Consejo. Incluso aquí hemos renunciado voluntariamente, porque esto no ha sucedido de forma automática, al acuerdo Plumb-Delors como parte del compromiso general. Hemos estado dispuestos a prescindir de las cláusulas al respecto, pero tenemos que estar alerta con aquello que cubría ese acuerdo y que no cubre totalmente la nueva decisión. Tenemos que ser muy cuidadosos.
Bueno, es un paso adelante. Mi grupo lo acepta de mala gana como tal. No estamos tan entusiasmados con el compromiso como la Sra. Frassoni. Reconocemos que existen limitaciones y sin duda volveremos a discutir este tema dentro de unos años. Si queremos una Unión democrática y transparente al máximo, tendremos que volver sobre este asunto.

Solbes Mira
. Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, Sra. Frassoni, el trabajo realizado. Trabajar sobre comitología nunca es fácil. La Sra. Schleicher ha hecho referencia a esta especie de magia, de la que siempre hemos hablado, de los comités. Es cierto que el proceso siempre ha sido muy complejo como consecuencia de decisiones históricas pasadas que, al final, en algún momento hay que racionalizar.
En mi opinión, el acuerdo al que hemos llegado Comisión y Parlamento es una clara racionalización del proceso. Desde nuestro punto de vista, satisface los intereses fundamentales del Parlamento. El Sr. Corbett ha hecho referencia a sus preocupaciones. Dice que parte de ellas se han solucionado y parte no. Yo diría que las que podía solucionar la Comisión se han solucionado. Lo que el Sr. Corbett plantea son otros supuestos no cubiertos por la decisión del Consejo, en los cuales, desgraciadamente, no podemos ir más lejos.
¿Dónde hemos avanzado? Sin duda alguna, en un punto fundamental, puesto de relieve por la Sra. Frassoni, y es que tenemos un sistema automático de información. Ese sistema automático de información va a permitir las dos actuaciones que son de especial interés para el Parlamento. Por una parte, conocer cómo estaban funcionando los comités, su composición, órdenes del día, descripciones, etc., y, por otra, el droit de regard sobre decisiones concretas.
Creo que es un buen pacto. Un buen pacto que mejora sin duda alguna la transparencia del proceso. A partir de aquí las cosas van a ser más fáciles. El acuerdo al que llegamos hoy, sin embargo, no debe ser considerado una marcha atrás respecto al Acuerdo Plan Delors. El Sr. Corbett hacía referencia a ese punto, pero es cierto que el nuevo modelo es mucho más complejo, distinto como consecuencia de la nueva situación y, en nuestra opinión, mucho más coherente. Hemos empezado ya el trabajo. Esperamos que ese trabajo dé unos excelentes resultados.
Por otra parte, pensamos que son también positivos otros avances. Sobrepasamos en cierta medida acuerdos que ya están caducos e intentamos, con el sistema de realineamiento de los antiguos procedimientos a la nueva situación, limpiar todo lo que quedaba pendiente del pasado.
Desde el punto de vista de la Comisión, nuestra conclusión es que es un buen acuerdo, que queremos agradecer a los parlamentarios -especialmente a la Sra. Frassoni- que han trabajado en él. Esperamos que con este nuevo clima se haya logrado el resultado que se pretendía conseguir, que es una mayor transparencia y un mejor conocimiento de las decisiones de la Comisión en su capacidad de ejecución.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la CE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0013/2000) del Sr. Knörr Borràs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(1999)444 - C5-0174/1999 - 1999/0196(CNS)) por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 3605/93 relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Knörr Borràs
. Señor Presidente, me complace también saludar al Comisario español, Sr. Solbes, a quien he felicitado en más de una ocasión, dentro y fuera de este Parlamento, por el excelente trabajo que llevó a cabo en el Reino de España en los temas de convergencia europea.
La propuesta de modificación de este Reglamento, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, plantea una cuestión fundamentada con relación a la adaptación al Sistema Europeo de Cuentas SEC 95 que, como sabe, sustituye al anterior Sistema de Cuentas integrado en el 79 y, sobre todo, una cuestión referente a la aparición de nuevas categorías de productos financieros, a la coherencia en el cálculo de proporciones entre el déficit público y el producto interior bruto a la luz de este Sistema Europeo de Cuentas del 95 y, por último, a la toma en consideración de la importancia del cálculo de los gastos de intereses y a su coherencia de acuerdo con esta nueva metodología.
La propuesta de reglamento, a mi entender, pretende actualizar las definiciones y las valoraciones de algunas de las operaciones económicas que intervienen en el cálculo del déficit tal como viene reflejado en el Tratado de Maastricht, en el cual se fijan unos porcentajes máximos que debe tener el déficit de las administraciones públicas con relación al PIB a precios de mercado en los diferentes Estados.
Hasta la fecha, los Estados han calculado este PIB de acuerdo con la metodología del SEC 79. La última estimación de que disponemos fue la remitida en septiembre de 1999 y se refería al año contable de 1998.
Por lo tanto, si se aprueba el presente reglamento, la correspondiente al mes de marzo de 2000, primera estimación del déficit del año contable de 1999, se hará ya con este nuevo sistema.
Es sabido que los Estados miembros han hecho -si vale la expresión- los deberes, han calculado y elaborado sus cuentas nacionales conforme al SEC 95, y ya están publicadas sus correspondientes estimaciones. Esto ha supuesto, además de la incorporación de la nueva metodología, la revisión nominal de la mayoría de los agregados y operaciones contables debida tanto a los citados cambios metodológicos como a la mejor información estadística incorporada a las estimaciones. Naturalmente, esos cambios pueden modificar los déficit públicos en términos de contabilidad nacional de los Estados miembros.
Y muy brevemente, paso a decir cuáles pueden ser las cinco materias en las que se producen las modificaciones más importantes.
En primer lugar, los ajustes en la delimitación de lo que se entiende por sector institucional de las administraciones públicas según el SEC 95. Esto es importante, ya que el déficit público hace referencia al que, en su caso, se obtenga del conjunto de las administraciones públicas. No disponer de criterios precisos para su definición produciría desviaciones en las estimaciones de los déficit públicos de los Estados miembros.
En segundo lugar, el déficit -o en su caso el superávit- público equivale al saldo denominado de necesidad, o capacidad de financiación, del sector de administraciones públicas del SEC 95.
En tercer lugar, la inversión pública equivale a la operación de formación bruta de capital fijo, según el SEC 95 del sector administraciones públicas.
En cuarto lugar, se define la deuda pública conforme al SEC 95, así como los flujos o intereses que de este pasivo o activo se deriven.
En quinto y último lugar, el agregado al que se referirá el déficit público será el producto interior bruto a precios corrientes de mercado, estimado conforme a las definiciones del Sistema Europeo de Cuentas de 1995.
En definitiva, esta propuesta de la Comisión es, a mi entender, una adecuación correcta y concreta de los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas 95, que, por lo tanto, apruebo en su totalidad, tal como fue expresada por la Comisión.

Karas
Señor Presidente, Señor Comisario, estimados señoras y señores, permítanme que diga ya desde un principio que mi Grupo acoge con satisfacción esta propuesta, porque, mediante la misma, la base estadística de una Unión Económica y Monetaria orientada hacia la estabilidad y el crecimiento real podrá armonizarse, compararse de manera inmediata y conformarse de forma más exacta. Ya hemos oído a los diversos sectores. Para mi es fundamental que de ahora en adelante los datos estadísticos sean más fiables y comparables. Y ello es necesario porque debemos poder confiar unos en otros: los distintos órganos de la Unión Europea y todos los Estados miembros dentro de la Unión Monetaria.
Es importante modificar el procedimiento por dos razones: en primer lugar, por el Mercado Interior. Los datos y estadísticas fiables y directamente comparables revisten, con carácter general, una gran importancia para una exacta exposición de la situación y la evolución del Mercado Interior.
En segundo lugar, por la Unión Económica y Monetaria. El Reglamento de 1993, relativo a la aplicación del Protocolo, debe adaptarse a la metodología del Sistema Europeo de Cuenta a nivel nacional y regional. Esto es imprescindible para un cálculo correcto y fiable del déficit. Esta adaptación permitirá una apreciación más precisa de los déficit y de la deuda de los Estados miembros. Esta adaptación técnica tendrá efectos muy concretos en la efectiva posición de los países, dado que los datos se modificarán automáticamente con las alteraciones del déficit público.
De igual modo, acojo con satisfacción que la estimación de los déficit del ejercicio 1999, que deben ser hechos públicos en marzo de 2000, se realice ya con arreglo al nuevo SEC, es decir, que el análisis se basa en los agregados consolidados y pertinentes desde una perspectiva económica.
Permítanme que utilice este debate para hacer un llamamiento a todos los Gobiernos y partidos políticos que hagan lo posible para que nunca deba iniciarse el procedimiento por existir un déficit excesivo. Es bueno que contemos con el procedimiento. El procedimiento es necesario porque presta a nuestros criterios la necesaria fiabilidad y credibilidad. Los ciudadanos preguntarán: ¿qué pasa si no se cumplen los criterios? Mediante el procedimiento y otras medidas podemos aportar la prueba de que los criterios y nosotros mismos vamos en serio.
Un segundo punto esencial es la cuestión de que debemos hacer todo lo posible no sólo por impedir que se produzcan déficit excesivos, sino por que los déficit públicos sigan disminuyendo.
¡Sé de qué estoy hablando, y permítanme que diga, por último, por qué estoy tan contento de que mantengamos este debate! En mi propio país estamos debatiendo si los datos que elaboró el anterior Ministro de Hacienda sobre el déficit responden a la realidad. En mi país, Austria, fue necesario celebrar elecciones en 1995 para cumplir los criterios de convergencia de Maastricht e inducir a los socios políticos a un cambio de orientación. Debo decir que las negociaciones para formar coalición con el SPÖ fracasaron ­desgraciadamente, claro­ porque el partido socialista echó abajo el programa de ahorro y consolidación que se negoció.
Otra razón igualmente importante por la que debió constituirse un nuevo Gobierno en Austria es el hecho de que el ÖVP quiere seguir siendo el garante del mantenimiento de la estabilidad, que el ÖVO quiere seguir garantizando el cumplimiento de los criterios de Maastricht y la reducción del déficit público, tal y como hemos acordado en esta Casa.

Maaten
Señor Presidente, es positivo que los datos estadísticos no sólo sean fiables sino también comparables. Esto resulta especialmente importante para la integración y consecución del mercado interior. De ahí que este informe tenga también un significado político, por el que felicitamos sinceramente al ponente.
También da lugar a un par de observaciones políticas. El pacto de estabilidad es un hecho en Europa. Todos los países que participan en el euro se han obligado mediante ese pacto de estabilidad a lograr el equilibrio presupuestario a medio plazo o a tener un pequeño superávit. Eso, por supuesto, no quiere decir que cuando la coyuntura sea contraria, no pueda haber algún desequilibrio, pero a largo y a medio plazo se habla de equilibrio o de superávit.
Cuanto más fuerte sea la posición de los países participantes, más firme será el euro. Por ello, la superación de la norma del tres por ciento deberá tener lugar en contadas ocasiones, tampoco ante circunstancias coyunturalmente desfavorables, eso dice al menos la lógica. Siempre hemos opinado que estos criterios deben cumplirse de manera estricta. Es muy importante para que la UEM también tenga éxito en el futuro. El estricto cumplimiento del pacto de estabilidad puede contribuir a la creación de una cultura de la estabilidad en todos los Estados miembros.
Varios Estados miembros han adoptado disposiciones exclusivas para poder cumplir los criterios. Creemos que la política presupuestaria de los Estados miembros debe vigilarse estrictamente, de forma que las medidas adoptadas para cumplir los criterios establecidos se continúen aplicando. No se puede permitir su atenuación. Más aún, consideramos que una mayor reducción del gasto y la reducción de la deuda pública deben formar parte de las prioridades. Al fin y al cabo, el gasto todavía sigue repercutiendo en las generaciones futuras.

Solbes Mira
. Señor Presidente, muchas gracias, en primer lugar, al ponente por el magnífico trabajo realizado. Era un tema que exigía altas dosis de tecnicismo y creo que el Sr. Knörr lo ha tratado con gran precisión y gran profesionalidad. Yo no me atrevería a resumir mejor que él el contenido de nuestra propuesta; únicamente haría un pequeño comentario adicional diciendo que, además de la adaptación al SEC 95, hay dos pequeñas modificaciones técnicas que el Sr. Knörr conoce muy bien referidas a los intereses y a la evaluación de la deuda en moneda extranjera. Únicamente lo digo como comentario para que quede completa la visión del proceso.
En segundo lugar, agradecería al Sr. Knörr la rapidez. Él ha hecho un trabajo realmente bueno en un período de tiempo muy corto. Este es un tema importante por algunas referencias que posteriormente hemos oído. Es cierto que con esta norma lo que pretendemos no es que las estadísticas sean fiables y comparables -ya lo son- sino que sean más fiables y más comparables. Evidentemente, que el Parlamento haya tomado su decisión con tal celeridad nos va a permitir que las cifras del mes de marzo puedan ya calcularse sobre la base de estos nuevos criterios.
A partir de ahí, creo que el resultado final será mejor. Las cifras serán más fiables y más comparables y creo que esas preocupaciones que han suscitado algunas de sus Señorías respecto al cumplimiento del pacto de estabilidad se podrán medir mejor.
Este reglamento es puramente instrumental. Con él no entramos en el fondo del problema que algunos de ustedes han suscitado. El fondo del problema, sin embargo, debemos considerarlo como adquirido. El pacto de estabilidad existe, seguiremos adelante controlando el cumplimiento por parte de los diferentes Estados miembros, incluso en condiciones como las actuales, en las que los resultados son claramente positivos en todos los Estados miembros en los que hemos analizado la situación en cuanto a la estabilidad del déficit público. Sin embargo, creemos que no hay que bajar la guardia. Hay que seguir insistiendo en esta dirección porque nos parece fundamental.
Nuevamente, por tanto -y con esto termino mi intervención-, quiero agradecerles su ayuda para que podamos hacer la medición de la estabilidad con más garantía técnica y con mejor comparabilidad.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Euro: fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0020/2000) de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de decisión marco del Consejo (SN 5116/1999 - C5-0332/1999 - 1999/0821(CNS)) sobre el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con miras a la introducción del euro.

Cederschiöld
. (SV) Señor Presidente, estimados, escasos pero muy bienvenidos, colegas, se podría creer que a esta hora se trataría un asunto sin importancia, pero no es así. Es un asunto concreto y definido. Se trata de nuestra moneda común. ¿Cuántos de los aquí presentes saben que esa moneda se falsifica y que la situación actual es totalmente inaceptable? No podemos permitir que nuestra moneda común pierda fuerza porque se falsifica. Por eso el BCE, Ecofin, Europol, OLAF y el Comisario que tiene la responsabilidad de los asuntos jurídicos, han concluido que hay que tomar medidas rápidamente para llenar las lagunas existentes en la legislación.
Es fácil olvidar que las antiguas monedas se podrán cambiar hasta veinte años después de la introducción de la nueva moneda. Por eso es importante incluir a esas monedas en la parte penal de estas medidas. El Parlamento ha querido hacer este añadido.
El Consejo debió haber dado al Parlamento el plazo estipulado de tres meses, incluso para el último documento que se presentó en esta materia, pero todos conocemos la urgencia de esas medidas. Puesto que el Consejo decidirá sobre esta materia en marzo, es conveniente que el Parlamento decida sobre la propuesta ahora, para que los países miembros alcancen a incorporar estos criterios en las decisiones que se tomarán en marzo.
Si algún país comenzase a presentar problemas y ocasionase un retraso, ese país tendría que asumir una responsabilidad, moral y económica, por la moneda. Una conducta de esta naturaleza conllevaría mucho badwill.
El euro estará circulando el 1 de enero de 2002. Toda la Unión tiene que contar con la misma protección, una protección que impida las falsificaciones, no sólo de la moneda que circule sino que de las monedas que puedan entrar en circulación. Es importante que exista una protección penal oportuna, en todos los países, y que sea relativamente parecida. La Comisión ha propuesto medidas en el campo de la información, medidas preventivas, intercambio de experiencias y medidas penales que, de hecho, implican una necesaria aproximación, esto es, que la duración mínima aceptable de la pena máxima por falsificación de moneda sea de ocho años. También se va a penalizar el comercio con moneda falsa y la tenencia de material destinado a la falsificación de moneda. Habrá, simplemente, un nivel mínimo para la pena máxima.
Las monedas divisionarias del euro son bien conocidas. Si no nos protegemos, se nos puede causar mucho daño con los ordenadores modernos. El Parlamento ha agregado una serie de enmiendas a esta propuesta, entre otras, las referidas a la competencia judicial, es decir, que sólo se puede juzgar y condenar en un país por el mismo delito. También activamos la inclusión de medidas en contra de empresas implicadas en la falsificación de moneda. También se insta a los países candidatos a adaptarse a estas reglas.
El Consejo y la Comisión han tardado dos años en preparar esta propuesta. Es absolutamente necesario que se adopte una decisión ahora en marzo. Sería injustificable que retrasásemos este proceso e hiciésemos peligrar al euro. También sería una traición a los ciudadanos que van a manejar la nueva y desconocida moneda. Se cree que los falsificadores de moneda se concentrarán especialmente en los países que están fuera del sector del euro, donde habrá menor conciencia acerca de la nueva moneda. Las medidas de protección comprenden también a esos países, y sus opiniones han sido estudiadas en detalle. Por eso se puede considerar que esta propuesta es solidaria y recíproca en su afán de atender a los diferentes intereses en juego, cosa que compromete. El Consejo tiene que tomar esta decisión en marzo.
Gracias colegas por haberme escuchado. Gracias también a quienes han contribuido a la rápida tramitación de este asunto; pienso especialmente en el Grupo PSE.

Coelho
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a la ponente, Sra. Charlotte Cederschiöld, por la preparación de este informe, que es un excelente punto de partida para el fortalecimiento de la protección penal contra la falsificación de moneda con vistas a la introducción del euro, que entrará en circulación el 1 de enero de 2002 y pasará a constituir una de las más importantes monedas de reserva en el nivel mundial. Por su importancia a escala mundial, el euro estará particularmente expuesto al riesgo de falsificaciones. Este proyecto de decisión viene así a fijar una normativa mínimo con la que se intenta armonizar el derecho penal en esa esfera y volver más sencilla y eficaz su aplicación por parte de cada Estado miembro. Dispone, además, que la protección del euro se hará antes incluso de su entrada en circulación, lo que viene a colmar una laguna en la legislación de algunos Estados miembros.
Quiero apoyar expresamente a la ponente en lo relativo a la necesidad de ampliar esa protección a las monedas nacionales, que se podrán seguir cambiando después de su retirada de la circulación. Incumbirá, así, a cada Estado miembro garantizar la institución de sanciones penales eficaces, adecuadas y disuasorias de la comisión de los actos tipificados como delitos en el proyecto de decisión-marco.
En cuanto a la propuesta de establecer un límite máximo no inferior a ocho años para las penas privativas de libertad, creo que no planteará problema alguno en relación con mi país, que, pese a consagrar en este momento en su código penal la pena máxima de cinco años de prisión para delitos de falsificación de moneda, ya ha mostrado su disposición a modificarlo. Por otro lado, quisiera lanzar aquí un llamamiento a los pocos Estados miembros que aún abrigan algunas reservas para que las resuelvan a fin de que se adopte una decisión a ese respecto en un corto espacio de tiempo, como ya ha pedido nuestra ponente y por las razones que ha aducido.
Señor Presidente, con este proyecto de decisión-marco se presenta por primera vez una propuesta penal común con normas aplicadas a los quince Estados miembros simultáneamente. Damos, así, pasos en la prosecución del objetivo de desarrollo y materialización de la Unión Europea como espacio de libertad, seguridad y justicia, según lo dispuesto en Tampere.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, no necesito repetir lo que la Sra. Ponente ha dicho, ni lo que el colega Coelho ha expresado, pues todo me parece correcto y acertado. Es fácil falsificar el euro. Nos encontramos en una peligrosa fase de transición en la que, desde una perspectiva jurídico-penal, se da un fenómeno ­creo yo, en la historia de la numismática­ excepcional, que consiste en que una moneda que aún no existe, que no está aún en circulación, sino que sólo consta como valor contable, puede, sin embargo, ser ya objeto de falsificaciones, si bien, dado que no circula aún como moneda, el tipo penal de falsificación de moneda no es aún aplicable.
Un problema muy complicado. Es decir, si no actuamos con rapidez ­en ello tiene razón la colega Cederschiöld­, uno pueda ya falsificar unos cuantos euros y no tener que dar cuentas de su puesta en circulación. Para algunos, me permito observar entre paréntesis, esto puede ser una perspectiva atractiva.
¿Qué hace la Comisión por evitarlo? Algunas cosas correctas que la colega Cederschiöld ha descrito, pero el Parlamento debe decir, en relación con lo que ésta ha manifestado, algo no sobre el contenido del acuerdo marco, ni sobre el informe que la colega Cederschiöld ha redactado sobre ello, sino sobre los procedimientos que se han aplicado.
El Parlamento ha sido consultado por el Consejo (que es, con diferencia, la Institución europea menos democrática) de un modo tal que se burla de la idea de democracia. Recibimos un documento de carácter consultivo, en el que el propio Consejo había trabajado largo tiempo, aunque, por cierto, con un éxito relativo ­ahora mismo paso a hablar de ello.
El Parlamento Europeo debe elaborar en un plazo de tres meses un informe sobre este complejo, difícil y a veces contradictorio documento del Consejo. Gracias al enorme esfuerzo de la colega Cederschiöld y al Parlamento Europeo, que ha renunciado a hacer uso de su derecho democrático de abrir un procedimiento de consulta con el tiempo necesario y disponiendo de todos los documentos en todas las lenguas, podemos pasar a elaborar el informe en el tiempo fijado por el Consejo y a adoptar un acuerdo a finales de marzo.
En un asunto tan importante como el de la falsificación de dinero o la protección ante la falsificación de dinero y el de la armonización jurídico-penal, tan necesaria en esta materia, no se puede trabajar a este ritmo tan acelerado que nos impone el Consejo. Por ello quiero decir claramente en nombre de mi Grupo lo siguiente: hemos discutido largo tiempo con la colega Cederschiöld si es razonable trabajar de este modo. Hemos llegado a la conclusión de que no lo es, pero que, habida cuenta de la importancia del asunto, hemos acordado aceptar el procedimiento tal como nos viene.
La presente decisión marco representa sin duda alguna un avance. Pero la seguridad jurídica que, en verdad, desea el Consejo ­extremo que ya ha señalado la colega Cederschiöld­ no se consigue en última instancia por completo, porque en los estándares mínimos buscados, a saber, el estándar mínimo de la penalidad y, sobre todo, el de la aplicación de las mismas normas penales en todos los Estados miembros ­también en los que, si bien no han introducido aún el euro, teóricamente el euro podría ser igualmente falsificado­ estas deficiencias no han sido subsanadas. Y no han sido subsanadas, entre otras razones, porque el Consejo, como es habitual en él, no realiza esfuerzo alguno y en esta decisión marco prefiere, justamente en el ámbito de la cooperación en materia de justicia, persistir en la colaboración a nivel intergubernamental. Por ello ­quiero mencionarlo aquí­ este acuerdo marco es también un complemento de un convenio internacional que ya ha cumplido 71 años: el Convenio de 20 de abril de 1929 sobre la lucha contra la falsificación de monedas y los protocolos anexos. Es decir, esto que estamos elaborando para la protección del euro sobre la base del sometimiento a los Tribunales no se produce en la sede que le corresponde, es decir, en el ámbito del Derecho comunitario, sino que se produce como complemento de convenios internacionales que tienen 71 años.
Si el futuro de la Unión Europea puede ser la colaboración en materia de justicia en la Unión Europea, eso ya es una cuestión cuya apreciación confío a este Parlamento. Les agradezco la atención que me han prestado en este programa nocturno conjunto.

Berthu
Señor Presidente, la introducción del euro podría abrir un período de bonanza para los falsificadores. En efecto, existe el riesgo de que los ciudadanos, que van a perder súbitamente todas sus referencias monetarias acepten fácilmente los falsos euros, ya que no estarán familiarizados con los verdaderos. Es por lo tanto lógico que el Consejo se preocupe por ello y procure prever sanciones, en particular penales, aplicables en todos los países europeos para enfrentar ese tipo de delitos.

A ese fin, hubiera podido sin duda contentarse con una simple resolución recomendando a los países miembros que adopten leyes nacionales en ese sentido. Es lo que en lo personal me parece lo más adecuado. Pero el Consejo, probablemente por no fiarse mucho de la diligencia de algunos miembros, optó por aplicar un instrumento más coercitivo en el ámbito europeo, el de la decisión marco. Ahora bien, allí empiezan los problemas, ya que el derecho penal compete a las soberanías nacionales y el Tratado de Maastricht no previó nada preciso en ese caso para el euro, a fin de no asustar al electorado cargando excesivamente la nave.
El proyecto de decisión marco que nos es presentado hoy procura por consiguiente subsanar esa laguna al referirse a los artículos 31.e y 34, párrafo 2 b) del Tratado. Pero esas referencias me parecen inadecuadas. El artículo 31 contempla reglas mínimas comunes para infracciones penales sólo en algunos casos limitados y mencionados: criminalidad organizada terrorismo y tráfico de drogas. La falsificación de monedas no está prevista. En cuanto al artículo 34, que surge del tratado de Amsterdam, no hace sino definir la nueva fórmula de la decisión marco, la cual evidentemente no se aplica sino a las competencias existentes de la Unión. Volvemos otra vez al problema anterior. En otras palabras, el Consejo no logró dar una base jurídica creíble a ese texto. Es de alguna manera un castigo diferido por la falta de honestidad con la cual se presentó el Tratado de Maastricht a los electores en aquella época.
Quisiera además hacer pública una reflexión más general. Hace algún tiempo, en casi cada período de sesiones teníamos que tratar uno o varios informes sobre cuestiones de principio relativas al euro. Desde hace más de un año, nada. Sólo algunos pequeños informes técnicos, como éste sobre la falsificación de moneda. La Comunicación de la Comisión sobre sus objetivos estratégicos 2000-2005 que hemos debatido esta semana no contenía absolutamente nada sobre ese vasto tema, excepto para recordar, en una línea, que las monedas y los billetes en euros deberían de entrar en circulación el 1 de enero del 2002. Es realmente muy poco.
Quedan sin embargo muchos problemas de fondo sin resolver. Citemos por ejemplo el desinterés preocupante de la opinión pública, la definición de unos objetivos de política monetaria abusivamente limitados a la lucha contra la inflación, la extraña conjugación de un federalismo monetario sin federalismo presupuestario ni fiscal, el estatuto de los países actualmente candidatos con respeto a la zona euro cuando se hagan miembros, la perplejidad de los mercados internacionales frente a esa moneda sin cimientos populares homogéneos, etc. Y recordemos que los inversores que vendieron dólares para comprar euros han perdido un 20% desde el 1 de enero de 1999, un 40% si compraron obligaciones, y hasta un 55% si vendieron yenes para comprar euros. Señor Presidente, para esos desafortunados inversores, hasta los verdaderos euros son moneda falsa. Son problemas gigantescos, pero que aquí parecen ser objeto de tabú.

Krarup
Me gustaría retomar el hilo del orador precedente. Hay algunas cuestiones fundamentales que plantean problemas pues el punto de partida es que la regulación penal es una cuestión nacional. El derecho penal forma parte de la tradición cultural de cada sociedad y es muy difícil alcanzar definiciones comunes de lo que se entiende por estos conceptos fundamentales jurídicos. Reconozco el trabajo de la Sra. Cederschiöld y me gustaría partir de su anuncio -relacionado con la cumbre de Tampere- de definiciones comunes y normas comunes sobre lo que es punible y sobre qué sanciones comunes pueden ser impuestas. A ella le gustaría elaborar estas sanciones en común para alcanzar un sistema penal coherente para las infracciones que tiene relevancia especial para la UE.
Sin embargo, el problema es que no hay base legal para ello y por buenas razones, pues la regulación penal forma parte de las competencias nacionales. A este respecto, me gustaría plantear la siguiente pregunta a los representantes de la Comisión y del Consejo: ¿Basta la base jurídica alegada? En mi opinión, esto choca claramente y va más allá de lo que marca la letra b del párrafo 2 del artículo 34, donde se establece la base jurídica de las llamadas decisiones marco vinculantes para los Estados miembros con respecto a los objetivos intencionados, pero donde también se deja en manos de las autoridades nacionales decidir la forma y los medios para su puesta en marcha. Lo que caracteriza el borrador actual de decisiones marco es justamente que establece con detalle los compromisos de los Estados miembros, no hay libertad de elección con respecto a los medios y a la puesta en marcha. Y esto en mi opinión va más allá de lo que fijan los marcos de la base legal. Me gustaría obtener una respuesta de la Comisión y del Consejo, pues me parece obvio que no tiene base en el artículo 31.

Karas
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer quiero felicitar y dar las gracias a la ponente, y señalar que en su informe no sólo ha acogido con satisfacción el proyecto de acuerdo marco, sino que también ha propuesto algunas enmiendas sobre las que ya se ha llamado la atención en las diversas intervenciones, enmiendas que completan y mejoran el texto y que ahora no podemos exponer en su totalidad.
En todo caso, de lo que se trata es de dar continuidad a la brillante historia del euro, y debemos hacer todo lo posible para que esta historia no se vea dañada ni cuestionada por medidas poco contundentes contra la falsificación ­ los primeros intentos ya los conocemos. Todos hemos señalado que la fase de adaptación provoca inseguridades y peligros. Por ello, junto a la lucha contra la falsificación, junto a una ordenada aplicación de las disposiciones, la campaña de información prevista debe desempeñar un papel esencial, papel que debemos tratar en profundidad.
Pero también se trata de cuestiones relativas a la cooperación. Necesitamos una definición precisa del reparto de competencias entre el BCE, los bancos centrales nacionales, la Comisión y Europol con respecto a todos asuntos que afectan al falseamiento del euro. Me pregunto si no sería necesario un órgano interinstitucional o de la UE que asumiera las competencias de coordinación de la cooperación. En relación con esto último se plantea la creación de un sistema de alarma previa que funcione las 24 horas del día, así como la de un sistema de información común para un rápido intercambio de datos entre las autoridades competentes.
Además del informe, que acogemos con satisfacción, han surgido muchas cuestiones que deben aún ser aclaradas. Espero que el debate que estamos manteniendo aquí nos sirva para resolver algunas dudas.

Schreyer
Señor Presidente, estimada ponente, estimados diputados, ¿cuán seguro es el euro? Es ésta una pregunta que los ciudadanos hacen muy a menudo. Esta pregunto se planteará con tanta más insistencia a medida que se acerque el 1 de enero de 2002, la fecha en que el euro estará en los monederos. La pregunta de cuán seguro es el euro se refiere no sólo a la estabilidad de la moneda y su valor externo, sino también a la cuestión de la protección del euro ante falsificaciones. Este problema intranquiliza también a la población, pues este dinero, como se ha dicho acertadamente, será nuevo para los ciudadanos y ciudadanas, tanto desde el punto de vista de su aspecto como en lo relativo a su manejo. Será una circunstancia igualmente nueva para todos los ciudadanos y ciudadanas de los Estados miembros el hecho de que su moneda sea válida en una zona tan amplia y también que se constituya en moneda de referencia más allá de Europa. También a esto deberá uno acostumbrarse.
Así, es lógico que se plantee la pregunta de qué hace la UE para proteger el euro de falsificaciones. De ello estamos hablando en hora tan tardía. En efecto, es un tema que preocupa al ciudadano. Por eso es lamentable que el debate se produzca tan tarde. Pero tiene que hablarse de ello.
Como es lógico, el Banco Central Europeo se ocupa desde hace tiempo de esta cuestión. Al Banco Central le incumben los aspectos técnicos de la protección ante la falsificación. En verano de 1998 la Comisión presentó ­a este punto ya se ha hecho referencia­ una comunicación en la que se enunciaron los más diversos ámbitos en que es necesario adoptar medidas, a saber, en el ámbito de la información, en el ámbito de su perfeccionamiento ­un punto importante­ en el ámbito de la cooperación entre los Estados euro y, naturalmente, la colaboración en el ámbito de las medidas de Derecho penal. De todo esto se trata en la presente decisión marco.
Señora ponente, quiero agradecerles sinceramente en nombre de la Comisión, y sobre todo quiero también agradecer al Parlamento que en tan poco tiempo estuviera preparado para elaborar el informe. Lo aprecio sinceramente.
En la decisión marco se trata de que los Estados miembros apliquen una misma definición de los delitos de falsificación de moneda. Lógicamente, el primer requisito es siempre contar con una misma definición para que se actúe e la misma dirección, y, como se ha puesto de relieve, se trata, en lo esencial, de que la protección del euro esté asegurada antes de su introducción física.
La Comisión también agradece, naturalmente, que gracias a la rápida decisión del Parlamento Europeo ­y espero que se vote de igual modo­ la decisión marco también pueda entrar en vigor lo más pronto posible, para que puede abrirse el proceso de adaptación de los Derechos nacionales. Se ha instado a la Comisión, y así hará en la primera mitad del año que viene, a presentar un informe sobre la marcha de la adaptación del Derecho interno de los Estados miembros a la decisión, y también sobre si la seriedad del asunto se refleja en la acción de los Estados.
Ya se ha señalado que esta decisión marco es una decisión adoptada en el ámbito del Derecho Penal. En tal medida debe reconocerse esta novedad, este paso, aunque usted, Sr. Schulz, haya indicado que complementar un Convenio tan antiguo no es un paso demasiado valiente. Sobre su pregunta de si, a juicio de la Comisión, la decisión marco descansa sobre una base jurídica bastante en el mercado: a juicio de la Comisión, se aplica la base legal correcta.
Además, la decisión marco deberá ser completada en lo sucesivo mediante otros actos jurídicos. La Comisión presentará una propuesta de reglamento relativo a la cooperación entre todas las autoridades competentes y a la cooperación con la Europol. Este propuesta debe prever una obligación de colaboración y regular la obligación de las autoridades nacionales de notificar los casos de falsificación de moneda y de entregar el dinero falso requisado al Banco Central Europeo para su identificación y clasificación, con el fin de poder adoptar medidas eficaces al respecto.
Sobre la cuestión de la coordinación de las diferentes medidas: desde principios de 1998 la Comisión colabora (y en lo sucesivo, lo hará la OLAF) con los expertos en el tema de los Estados miembros del Banco Central Europeo y de la Europol para poder luchar anticipadamente y de forma efectiva contra las falsificaciones. Por parte de la Comisión, hace pocas semanas ­usted, Sr. Karras, ya lo ha señalado­ se presentó la propuesta de una campaña de información sobre el euro, a la que se destinarían, al menos, 32 millones de euros. Este es un volumen de recursos que puede aplicarse con eficacia, es decir, un volumen grande de recursos; por supuesto, en esta campaña de información ocupará un lugar preeminente la protección del euro contra falsificaciones.
Creo que este debate también contribuye a que todos los falsificadores de dinero que piensen que ha llegado su hora a esta hora tan tardía porque la UE ya no permanece despierta, queden advertidos gracias a este debate poco antes de la media noche.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se suspende la sesión a las 23.50 horas)

