Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
Si nadie se opone, la doy por aprobada.

Spencer
 Señor Presidente, recibimos por la noche la noticia de que Ibrahim Rugova está ahora en Roma, y me pregunto si podría pedir al Presidente del Parlamento que, en nombre de éste, trasmita nuestros mejores deseos al Sr. Rugova y a su familia. Recordará que en el pleno de abril aprobamos en este Hemiciclo una resolución por la que se invitaba al Sr. Rugova a hablar ante la Comisión de Asuntos Exteriores. Se ha propuesto que celebremos una reunión de esta Comisión en los días 21 y 22 de junio con el propósito de mantener una audiencia con el Alto Representante. Sin embargo, me parecería como mínimo apropiado que invitáramos al Sr. Rugova a que también hablara ante la comisión parlamentaria. ¿Qué comentarios tiene que hacer ante dicha sugerencia?, y ¿podría transmitir la idea al Presidente del Parlamento?

El Presidente
Señor Spencer, muchas gracias por esta propuesta. Todos nos hemos enterado de que el Sr. Rugova ha llegado a Roma, afortunadamente con su familia, y me parece muy adecuado que comparezca en este Parlamento. Trasladaré su propuesta al Sr. Presidente y no creo que exista ningún impedimento para invitarle a que acuda a este Parlamento el 21 de junio.

Maes
Señor Presidente, me equivoqué ayer en la votación final del Informe Rothley por la confusión que rodeó esa votación. Voté a favor cuando quería votar en contra. Quisiera preguntarle si podría modificar el Acta en este sentido. No varía en nada la votación, Señorías, pero, por supuesto, fue un asunto desconcertante. Es voluntad expresa de esta diputada que, si es posible, se efectúe esa modificación. Permítame señalarle que sí voté cuando le tocó el turno a la enmienda 18 del Informe Fabre-Aubrespy, pero mi voto no se ha recogido en el Acta. En ese caso, voté a favor.

El Presidente
Señora Maes, hemos tomado nota de sus palabras y se harán constar en el Acta.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, en la página 8 del Acta, con el título «Elección del Presidente de la Comisión», se alude a la votación del Parlamento referente a la aprobación de la designación del Sr. Prodi por los Jefes de Estado y de Gobierno, y se expresa que el Presidente felicitó al Presidente electo.
Creo que se utilizan términos inexactos. Para que exista elección se requieren varios candidatos, un proceso democrático. Pienso que el Parlamento ratifica o aprueba la designación del Presidente; por tanto, el hecho de querer forzosamente hacer referencia al «Presidente electo», cuando el Presidente ha sido designado, no me parece conforme al Tratado de Amsterdam.

El Presidente
Le informo, señor Fabre Aubrespy, de que la redacción empleada está de acuerdo con el Reglamento, sin embargo, naturalmente volveré a comprobarlo una vez más. Se lo prometo.

Soulier
Señor Presidente, Señorías, creo que no es ocioso, en dos palabras, añadir a lo que ha expresado nuestro colega Spencer -y que es muy acertado-, el interés especial que nuestro Parlamento ha manifestado por alguien que estaba bajo su protección, el Dr. Ibrahim Rugova.
Desearía decir que, más allá de todos los comentarios que, naturalmente, suscitarán su visita a Roma, nuestro primer objetivo debe ser el retorno de todos sus compatriotas a su país de origen. Pienso que es una sugerencia muy acertada que, en el mes de junio, el Dr. Ibrahim Rugova, premio Sajarov de nuestra Asamblea, pueda venir a exponer sus ideas durante todo el tiempo que sea necesario.
Nosotros habíamos solicitado ir a Pristina. Las autoridades serbias nos lo denegaron, alegando que no podían garantizar nuestra seguridad. Tuvimos que aceptarlo. Hoy, felizmente, todos los caminos conducen de nuevo a Roma. Es preciso que venga el Sr. Rugova, y veremos lo que ocurre. Lo importante es restablecer la paz en los Balcanes y que ese pueblo recobre su suelo.

El Presidente
Señor Soulier, creo que la gran mayoría se suma a sus palabras. También me parece importante que de aceptar el Sr. Presidente la propuesta del Sr. Spencer -estoy seguro de que lo hará- se comunique oficialmente que una de las primeras actuaciones del nuevo Parlamento será recibir al Sr. Rugova.

Sarlis
Señor Presidente, en la lista de asistencia de la sesión de ayer no figura mi nombre. Pido, por favor, que figure mi nombre en la lista de asistencia a la Sesión Plenaria.

El Presidente
Hemos tomado nota, señor Sarlis.

Elles
Señor Presidente, en nuestro debate de anoche sobre el Informe Colom i Naval acerca de las perspectivas financieras para el período 2000-2006, me llamó la atención el hecho de que en la lista indicativa de votaciones de esta mañana a las 11 se recomiende que el acuerdo interinstitucional se apruebe por mayoría simple. La Comisión de Presupuestos ha escrito al Presidente aconsejando que se haga por mayoría cualificada porque, si aprobamos el acuerdo, estaremos renunciando a una serie de poderes. Tendrá que hacerse por mayoría cualificada.
Insisto, en nombre de muchos diputados, en que el Presidente haga circular una nota razonando por qué recomienda que la votación se haga por mayoría simple. Esto tendría que estar atajado antes de las 11 de la mañana, pues, de otro modo, podríamos encontrarnos con una repetición de los mismos problemas que tuvimos ayer en la votación del Informe Rothley.

El Presidente
Le prometo, señor Elles, que el Sr. Presidente del Parlamento tiene muy en cuenta la necesidad de adoptar una decisión y que él mismo ocupará esta silla a partir de las 11.00 horas. Prometo comunicarle lo que usted ha dicho para que sepa su opinión. Tal y como he dicho, adoptará una decisión.

Imbeni
Señor Presidente, quiero unirme a la palabras de satisfacción de los Sres. Spencer y Soulier.
Quisiera, sin embargo, añadir otra hipótesis de trabajo, aparte de la de invitar al Sr. Rugova a que nos visite lo antes posible.
Al ser hoy nuestro último día de trabajo, invito a nuestro Presidente, Sr. Gil-Robles, así como al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a que consideren la oportunidad de enviar enseguida, en los próximos días, a una pequeña delegación del Parlamento Europeo a fin de que se reúna con el Sr. Rugova en Roma, donde se encuentra, porque no sé qué sucederá dentro de un mes, mes y medio o dos meses.
Existe la posibilidad de un rápido encuentro; los mismos Sres. Spencer y Soulier y la Sra. Pack, presidenta de la Delegación para las relaciones con la Europa Sudoriental, podrían ser los encargados de dicho encuentro que podría celebrarse en los próximos días.

El Presidente
Señor Imbeni, entregaré al Sr. Presidente tanto su propuesta como la propuesta del Sr. Spencer, para que pueda decidir -de ser posible, como muy tarde, mañana- cómo habremos de actuar en esta situación provocada por la llegada a Roma del Sr. Rugova acompañado de su familia.

Pack
Estoy plenamente de acuerdo y quisiera dar las gracias al Sr. Renzo Imbeni por su propuesta. Esta noche he hablado con Rugova por teléfono. Sería conveniente que la Comisión de Asuntos Exteriores pudiera entrevistarse con él antes de julio, puesto que en las próximas semanas todos intentarán utilizarle y temo que incluso pueda llegar a ser objeto de manipulaciones. Por eso, considero fundamental que aprovechemos la primera oportunidad que se nos presente para invitarle. Le quedaríamos muy agradecidos si pudiera transmitir este deseo al Sr. Presidente. Si hace falta, ni siquiera me importaría renunciar a algunos actos previstos en el marco de la campaña electoral.

El Presidente
Señora Pack, gracias por su respaldo a las propuestas tanto del Sr. Spencer como del Sr. Imbeni.

Bianco
Señor Presidente, pedí hacer uso de la palabra para apoyar la propuesta del Sr. Imbeni, sin embargo, ahora ya ha intervenido la Sra. Pack. Estoy de acuerdo. Esto es todo.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, sólo quería recordar a algunos colegas, y en particular al Sr. Elles, que la formación de la voluntad de las instituciones, de acuerdo con una jurisprudencia consolidadísima del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, no es materia dispositiva: es cuestión de orden público y está en los Tratados. Y en los Tratados, salvo expresa mención en contra, está establecido que este Parlamento toma las decisiones por mayoría simple, y que hay asimismo jurisprudencia más que abundante que establece que los actos son lo que son y no aquello que alguna interpretación pueda decir, en relación también con las consecuencias de dichos actos. Y ello por muy razonable que sea dicha interpretación.
Y por último, el Sr. Elles sabe que la Comisión de Presupuestos -comisión respetadísima y competentísima- no es, en absoluto, ni tan siquiera el órgano interno con competencias para dictaminar sobre cuáles son las mayorías con las que se deben tomar las decisiones en esta Asamblea.

El Presidente
Señora Palacio, comunicaré también sus puntos de vista al Sr. Presidente del Parlamento, quien acudirá a presidir la sesión y la votación a las 11.00 horas.
El Acta queda aprobada

Schengen
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a examinar la pregunta oral (B4-0336/99 - O-0045/99) de los Sres. Voggenhuber y Andersson, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, dirigida al Consejo sobre Schengen.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores, como no se ha saludado expresamente a la Presidencia del Consejo, no sé muy bien a qué representante he de dirigirme. De todas formas, espero que el Consejo esté presente. Señor Presidente, la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, en cuyo nombre intervengo aquí, temía que el Consejo no lograría ponerse de acuerdo sobre las decisiones relativas a la incorporación del Acuerdo de Schengen al marco de la Unión Europea en el plazo previsto y que esta materia jurídica pasaría automáticamente a formar parte del tercer pilar. Por tanto, ha sido un enorme alivio poder comprobar que se ha impuesto el consenso y que se han adoptado las decisiones correspondientes. Es ésta la buena noticia que deseo transmitir al Consejo. La mala noticia es que una aplastante mayoría de la comisión ha criticado e incluso ha protestado con vehemencia contra la forma y el método en que dichas decisiones y disposiciones han visto la luz. Espero que esta Asamblea se sume a nuestras quejas, puesto que revisten una especial importancia en lo que al control parlamentario y la codecisión del Parlamento en el ámbito de la seguridad interior se refiere.
Ya en el Tratado de Amsterdam, las soluciones ofrecidas respecto a la implantación del Acuerdo de Schengen, las cuestiones institucionales, la subdivisión y los procedimientos eran altamente discutibles y poco claros. Ni siquiera forman parte del Tratado, sino que son objeto de un protocolo. Para entender en su justo término la crítica de la comisión y la crítica del Parlamento es necesario resaltar la importancia de este asunto. La integración del Acuerdo de Schengen en el marco de la Unión Europea es sin duda la transformación más significativa y más compleja de Derecho internacional en Derecho comunitario. Es la condición previa para la libre circulación de personas así como para la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad. Además, supone el hasta ahora mayor aumento de las competencias en materia de seguridad interior. Se trata de una incorporación que afecta ampliamente a los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos.
Quisiera preguntar aquí a la Presidencia del Consejo cómo las instituciones europeas, y sobre todo los diputados europeos libremente elegidos, pueden explicar a las ciudadanas y los ciudadanos de Europa que se adoptó una decisión de estas características sin la participación del Parlamento, sin que el Parlamento fuera debidamente informado, sin que fuera consultado. ¿Cómo podremos explicar que este Parlamento no ha tenido en ningún momento la oportunidad de ejercer su derecho a emitir un dictamen, que hasta la fecha no nos ha llegado ninguna documentación pormenorizada acerca de este asunto y que el Parlamento se ve obligado a tratar este tema sin disponer de la información necesaria?
Asimismo quisiera expresar la opinión compartida por la mayoría absoluta de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores de que no se trata de los derechos del Parlamento, por importantes que sean, sino que el Parlamento pretende erigirse en abogado de los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos y los derechos de la persona en la Unión Europea. Ahora bien, resulta enormemente difícil asumir este deber que hemos de cumplir de cara a los ciudadanos europeos cuando el Consejo nos excluye de sus actividades. Tanto más cuanto que, a nuestro modo de ver, esta actitud va en contra de lo dispuesto en el Tratado. Supongo que, como es habitual, no nos pondremos de acuerdo sobre este punto, pero en todo caso, no se puede negar que atente contra el espíritu del mismo.
Por otra parte, quisiera señalar que a raíz de este comportamiento del Consejo surge una vez más la duda de si la teoría de la legitimación indirecta del Consejo como legislador en terrenos tan cruciales sigue siendo sostenible a estas alturas. Pues no sólo el Parlamento Europeo procede al debate sin disponer de la documentación correspondiente, no sólo el Parlamento Europeo se queda al margen de las decisiones y los preparativos del Consejo, sino que tenemos constancia de que también los Parlamentos nacionales son informados tarde y mal. En otras palabras, la política en materia de seguridad interior y cooperación policial y judicial ya no está sometida a un verdadero control parlamentario. Es ésta la principal protesta, la protesta más vehemente, que les transmito por parte de la comisión. Y en nombre de la misma insto a la Presidencia del Consejo a que promueva una cultura de colaboración con el Parlamento radicalmente nueva en un ámbito donde la autoridad estatal y el poder sobre los derechos de los ciudadanos y los derechos fundamentales se dejan sentir con especial virulencia.

Schapper
Señor Presidente, Señorías, el uno de mayo entró en vigor el Tratado de Amsterdam y desde esa fecha el acervo de Schengen está integrado en el marco de la Unión Europea. La Presidencia alemana de la UE siempre se ha marcado como objetivo informar al Parlamento Europeo sobre los avances de los preparativos relacionados con la integración de Schengen. Por tanto, me alegro de tener la oportunidad de demostrarlo en el contexto de este debate, puesto que el tema de la información y la forma en la que ésta se ha dado a conocer han desempeñado un papel fundamental. Señoría, cuando me refiera a sus intervenciones, haré hincapié en esta cuestión.
Primero quisiera detenerme brevemente en la definición y la integración del acervo de Schengen. Se han logrado importantes progresos en el debate sobre la definición de su contenido y su incorporación a los fundamentos jurídicos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y falta poco para que podamos darlo por terminado. El Consejo de Asuntos Generales tomó nota de las correspondientes propuestas de decisión en su reunión de 26 de abril y las congeló. Ayer se celebró una última reunión en el Comité de Representantes Permanentes y la Presidencia tiene previsto aprobarlas en la sesión del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de 10 de mayo.
Estamos orgullosos de que al final la Presidencia alemana, de común acuerdo con los Estados miembros, haya logrado solucionar gran parte de los complejos problemas derivados de la confluencia de perspectivas políticas muy variadas que hasta el último momento han dificultado la integración de Schengen. Dicho de otro modo, hemos allanado el camino para que el acervo de Schengen pueda ser estudiado y delimitado de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, no hemos sido capaces de acercar posiciones sobre la incorporación de las disposiciones relativas al Sistema de Información de Schengen. Mientras que algunos Estados se pronuncian a favor de la doble asignación y proponen que entre a formar parte del primer y del tercer pilar, otros países son partidarios de incluirlo exclusivamente en el tercer pilar. La postura intermedia, a la que también se adhiere la Presidencia, pretende incorporar el desarrollo y el funcionamiento del SIS así como la mayoría de las categorías objeto de registro al tercer pilar en tanto que la categoría de la denegación de visados y las disposiciones relativas a la protección de los datos personales estarían también presentes en el primer pilar.
A pesar de los esfuerzos de la Presidencia, no ha sido posible alcanzar un acuerdo al respecto y todos los indicios apuntan a que será difícil dirimir las divergencias a corto plazo. Es por esto por lo que en este ámbito - les recuerdo que es el único - entrará en vigor la disposición del Protocolo de Schengen que prevé el tercer pilar como fundamento jurídico en tanto no se adopten medidas contrarias. Ello no afecta a la decisión relativa a la integración de los demás aspectos. Creo poder afirmar que este resultado, que aún ha de ser ratificado definitivamente por el Consejo, es un paso en la buena dirección. Impide que surjan dudas sobre el fundamento jurídico que ha de amparar la posterior evolución de importantes temas del acervo de Schengen.
No pretendo detallar aquí la integración de cada uno de los aspectos del acervo, puesto que rebasaría los límites de mi discurso. No obstante, les recuerdo que hace aproximadamente una semana les remití las propuestas de decisión del Consejo. En la primera propuesta encontrarán una definición del acervo de Schengen, al tiempo que la segunda ofrece un estudio pormenorizado del mismo. Les ruego consulten ambos documentos para mayor información.
Ahora quisiera contestar brevemente a la pregunta relativa a la asociación de Islandia y Noruega. La participación de Islandia y Noruega en la transposición y el futuro desarrollo del acervo de Schengen quedará reflejado en un acuerdo de asociación que está a punto de firmarse. El Comité ejecutivo de los Estados firmantes del Acuerdo de Schengen se reunió por última vez el día 28 de abril, es decir, la semana pasada, lo cual nos permite establecer definitivamente el acervo de Schengen y delimitar los ámbitos en los que deberá llevarse a cabo la cooperación con Noruega e Islandia. Las negociaciones están ya muy avanzadas. La Presidencia confía en que el Consejo apruebe el acuerdo en su reunión de 17/18 de mayo y espera que pueda ser firmado en el marco del Consejo del EEE que se celebrará sobre esas mismas fechas.
El acuerdo de asociación gira en torno a la creación del llamado comité mixto que ha de materializarse en todos los niveles de la jerarquía comunitaria y a través del cual Noruega e Islandia podrán tomar parte en la decision shaping . En el marco de Schengen, estos dos países participaron indirectamente en las actividades de los órganos comunitarios. Tenían derecho a voz, pero no estaban autorizados a colaborar. No resulta posible trasladar esta forma de cooperación a la colaboración que se realiza en el marco de la UE. En principio, la participación en los órganos de la UE está reservada a los Estados miembros. Otras modalidades de participación, como por ejemplo el estatuto de observador, no respetaban los deseos legítimos de Islandia y Noruega de seguir tomando parte en el proceso de toma de decisiones en materia de Schengen en el futuro. Por todo ello, los socios de la asociación se han mostrado de acuerdo en que se cree un comité específico con objeto de disponer de una plataforma en la que se puedan debatir propuestas e iniciativas encaminadas a desarrollar el acervo de Schengen de cara a Noruega e Islandia.
El comité mixto tendrá muy pocas competencias de decisión. Se limitan a cuestiones relacionadas con el procedimiento que atañen al comité mixto y a sus actividades. Las decisiones de fondo respecto al acervo de Schengen que impliquen a Islandia y Noruega, únicamente pueden ser adoptadas por los órganos de la UE, es decir, por el Consejo y eventualmente por el Comité de los Representantes Permanentes.
Aparte del acuerdo de asociación que acabo de describir y cuyo borrador les he remitido hace poco, el Protocolo de Schengen prevé la aprobación de otro acuerdo que determine la relación jurídica entre Noruega e Islandia, por un lado, y entre Gran Bretaña e Irlanda, por otro, en los ámbitos del acervo de Schengen que se apliquen a estos Estados. Las negociaciones ya se han iniciado. Confío en que lleguen pronto a buen término.
A continuación quisiera referirme brevemente a la integración de la Secretaría de Schengen. El uno de mayo, el Consejo decidió mediante procedimiento escrito integrar al personal de la Secretaría de Schengen en la Secretaría General del Consejo. Espero que así logremos poner punto final a los debates sobre este tema que se han venido sucediendo últimamente y que la Presidencia, los Estados miembros y también el personal de la Secretaría del Consejo puedan volver a concentrarse plenamente en el trabajo que nos aguarda en estos dos últimos meses de la Presidencia alemana.
En la fase previa a la decisión del Consejo pudo comprobarse cómo parte del personal de la Secretaría del Consejo se opuso frontalmente a la absorción de los empleados de Schengen arguyendo que no habían pasado por el procedimiento de selección habitual. Es algo que no me cabe en la cabeza, puesto que la inserción de los antiguos colaboradores de la Secretaría de Schengen no tiene nada que ver con nepotismo. Se trata más bien de buscar una salida digna para un grupo de personas que durante muchos años han puesto todo su empeño en la cooperación de Schengen y que no pueden verse perjudicadas por la integración de Schengen en el marco de la Unión Europa. Además, la UE podrá sin duda beneficiarse de los conocimientos técnicos y las habilidades del personal altamente cualificado de Schengen.
Para concluir, diré algunas palabras sobre la consulta al Parlamento Europeo en el contexto de la incorporación de Schengen al marco de la UE. La Presidencia alemana reconoce plenamente que la integración del acervo de Schengen en el marco de la UE reviste una especial importancia de cara a las actividades futuras del Parlamento Europeo y entiende que el Parlamento tenga mucho interés en seguir de cerca los pasos previos a dicha integración. Por tanto, Alemania siempre ha procurado mantener informado al Parlamento del estado de la cuestión. Tanto el ministro Schily, colaborador del Ministerio del interior alemán, como yo, hemos dado explicaciones al Parlamento y a la comisión competente en reiteradas ocasiones. A este respecto quisiera subrayar que el ministro Schily intervino aquí en el Pleno el día 14 de enero y que habló ante la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 19 de enero y el 30 de marzo. Yo aparecí ante la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores el 23 de noviembre y el Sr. Eisel, el director del servicio competente junto conmigo, estuvo dos veces en la comisión la semana pasada con objeto de facilitarles información. Realmente creo que hemos hecho todo lo posible por informar al Parlamento y a su comisión.
De todas formas, quiero señalar que no existe ningún deber jurídico que nos obligue a consultar formalmente al Parlamento en lo que a la integración de Schengen en el marco de la UE se refiere. La incorporación de Schengen a la UE se rige únicamente por el Protocolo de Schengen, que no incluye ninguna referencia a una consulta formal. La obligación de consulta contemplada en el Tratado de Amsterdam y en el Tratado de Maastricht no se aplica a la integración de Schengen. No obstante, vuelvo a insistir en que la Presidencia seguirá comprometiéndose a informar minuciosamente al Parlamento Europeo del desarrollo del proceso de incorporación.

Van Lancker
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, el acuerdo alcanzado por el Consejo respecto de la integración del acquis de Schengen en el Tratado es de nuevo un típico acuerdo que deja al Parlamento con sentimientos confusos. Por supuesto, es fabuloso que haya un acuerdo y ninguno de nosotros, señor Presidente del Consejo, se había atrevido a pensar que éste se adoptaría durante la Presidencia alemana. El 14 de enero de este año, votamos, además, una resolución en la que expresamos nuestra preocupación por que no se adoptara semejante acuerdo. En ese caso, todo el acervo estaría en el tercer pilar. El hecho de que exista un acuerdo es, por tanto, una hazaña, hazaña por la que quiero felicitar a la Presidencia alemana.
El acuerdo establece, además, que una parte considerable de las disposiciones del acquis de Schengen, especialmente las disposiciones que tienen que ver con la libre circulación de personas, asilo, inmigración y controles fronterizos, se comunitariza en su mayor parte y, por tanto, el Parlamento y el Tribunal de Justicia se verán implicados en el futuro en el desarrollo de esta política. Esto es algo positivo. No obstante, no digerimos del todo este asunto, ya que en las recomendaciones que adoptamos en enero en este Parlamento figura algo diametralmente opuesto.
Primero, y sobre todo, quiero volver una vez más al papel del Parlamento, señor Presidente del Consejo. Es justo señalar que la Presidencia alemana ha mantenido diferentes discusiones con el Parlamento. Es justo señalar que se nos ha informado durante el transcurso de las negociaciones y, por ello, quiero dar las gracias a la Presidencia. No obstante, no puede negar que los textos definitivos tan sólo llegaron el lunes al Parlamento, que tan sólo el lunes pudimos discutir el resultado final de las negociaciones y que, además, la consulta al Parlamento realmente es puro teatro, puesto que ya está todo decidido. Existe un acuerdo político que será ratificado por el Consejo del 10 mayo.
Tiene usted razón. Formalmente, no necesita consultar al Parlamento, pero políticamente no es correcto, ya que la integración de Schengen en el Tratado, la elección de la base jurídica, determina cómo se desarrollará el futuro acquis y, por tanto, cuál será el papel de la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia. Por ello, ésta es una decisión crucial que afecta directamente a las competencias del Parlamento y, en consecuencia, pensábamos que debía consultarse con nosotros, aunque de forma seria. Incluso en nuestra resolución de 14 de enero establecimos: en caso de que eso no suceda, este Parlamento debe considerar la posibilidad de iniciar un procedimiento ante el Tribunal Europeo de Justicia, y continúo pensando que el próximo Parlamento debe reflexionar sobre semejante posibilidad.
Señor Presidente del Consejo, no se trata de orgullo herido. Se trata de control democrático, puesto que el Parlamento también tiene observaciones en cuanto al contenido. En primer lugar, el propio Presidente del Consejo ha reconocido que no existe acuerdo sobre el Sistema de Información de Schengen. Ahora bien, es preferible que no haya acuerdo a que todo se coloque en el tercer pilar, algo que realmente sería una catástrofe. No obstante, el Sistema de Información de Schengen permanece transitoriamente en el tercer pilar. Esto constituye un error, ya que el SIS contiene muchísimos datos relacionados con la inmigración, el asilo y los visados, materias en las que, señor Presidente, surgen enormes problemas todos los días. Quisiera preguntar, por tanto, al Consejo qué puede hacer todavía para desbloquear esta situación. Por otra parte, la protección de los datos personales con el Sistema de Información de Schengen es una cuestión particularmente importante. No olvidemos, Señorías, que la Autoridad Común de Control ha adoptado un informe demoledor. Quisiera solicitar, por tanto, que se presente una propuesta conforme al artículo 286 que prevé la creación de un organismo de vigilancia. Además, pido una propuesta en el marco del tercer pilar para la protección de los datos personales, ya que en ese pilar todavía no tenemos una garantía en ese sentido.
Por último, Señorías, quisiera llamar su atención sobre el actual derecho de iniciativa de la Comisión en cuanto a todo el acquis de Schengen. La Comisión podría ocuparse de un importante aspecto comunitario, pero el Consejo ha decidido en toda su sabiduría mantener el Comité Ejecutivo de Schengen. Ahora bien, esto podría defenderse con la ampliación de Schengen, pero resulta inaceptable que este comité vaya a ser competente respecto del control de la aplicación de Schengen. Quisiera pedir al Consejo que clarifique más este punto. Concluyendo: el vaso está medio lleno, medio vacío. Teniendo todo esto en cuenta, espero que con este acuerdo, tanto el Parlamento como la próxima Comisión, se impliquen más en la política que antes pertenecía a Schengen.

Cederschiöld
Señor Presidente, antes que nada desearía expresar mi satisfacción con motivo de la incorporación de Schengen en el Tratado. De esta manera se permite la libre circulación de las personas en toda la UE por medio del Tratado de Amsterdam, lo cual, sin embargo, no deberá traducirse en la creación de una zona franca para la delincuencia. Hay que otorgar prioridad a la protección de los ciudadanos. De hecho, la incorporación de Schengen como un elemento más del Tratado contribuye a instaurar una protección más eficaz. No obstante, ha sido extremadamente difícil encontrar estas soluciones técnicas. Resulta evidente que en el Parlamento Europeo no estamos satisfechos con la falta de participación de nuestra institución en determinados ámbitos.
Los países nórdicos cuentan desde hace mucho tiempo con una libertad de circulación que ha facilitado los contactos entre los pueblos nórdicos, exactamente de la misma manera que actúa Schengen en otros países de Europa. Por consiguiente, resulta gratificante que la UE defienda ahora la unión de pasaportes nórdica. En los países nórdicos salimos rápidamente en defensa de la legislación nórdica porque ha tenido una enorme significación para nosotros.
En caso de que no se lograra concordar en algún ámbito la legislación nórdica con la de la Unión, asunto éste sobre el que existen opiniones encontradas, sería naturalmente preciso intentar una coordinación de ambas. Islandia y Noruega asumen en la actualidad una responsabilidad mucho mayor por lo que respecta al control de fronteras, es decir, la vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión. No cabe duda de que este control ha de desarrollarse de un modo eficaz, y es necesario exigir a Noruega e Islandia los mismos criterios que se exigen a los Estados miembros de la Unión en todo lo relativo al control de fronteras y a algunos aspectos de la lucha contra la delincuencia.
La Presidencia ha mantenido un diálogo fluído con la comisión acerca de las cuestiones Schengen, y hemos obtenido información al respecto. Sin embargo, es de extrema importancia recordar que no se deben dejar de lado las exigencias recogidas en el Tratado por lo que respecta a la consulta con el Parlamento Europeo. Es evidente que los representantes de los ciudadanos en el Parlamento han de participar mucho más en esta cuestión que como lo han venido haciendo hasta la fecha. El Parlamento ha desempeñado un papel poco trascendente. Además, los plazos para su examen han sido inaceptablemente cortos. No hemos podido disponer de las traducciones y la gente apenas se ha enterado de lo que ha ocurrido en comisión. Creo que ésta no es la manera de tratar los asuntos. Así pues, espero que el Consejo pueda hoy, aquí, mostrarse de acuerdo en que se deben garantizar en el futuro unos plazos razonables para examinar estos puntos, así como que se debe instaurar un verdadero diálogo entre el Parlamento y el Consejo en lo relativo a estas delicadas cuestiones.

Wiebenga
Señor Presidente, éste es el último debate sobre asuntos de justicia en este período de sesiones. Cuando empezamos en 1994, el Tratado de Maastricht acababa de entrar en vigor. El Grupo Liberal esperaba que el Consejo de Ministros trabajara enérgicamente en estos asuntos, ya que son importantes para luchar contra el crimen organizado y para configurar la política europea de asilo e inmigración. Si examinamos ahora este período de sesiones, podemos extraer la conclusión -lo lamento, señor Presidente- de que el Consejo de Ministros ha hecho muy poco en este sentido ¿Qué se ha conseguido realmente en estos cinco años? En Kosovo hay 500.000 expatriados y, ¿existe una política de asilo europea? No. La Comisión Europea ha caído hace poco por expedientes fraudulentos ¿Están los cinco acuerdos relativos al fraude ya en vigor? Tampoco.
Señor Presidente, no depende del Parlamento Europeo. Efectivamente, esta vez tampoco se nos ha informado. Cuando se nos informa, a menudo nos damos prisa con nuestro trabajo legislativo para ver después como el Consejo de Ministros no lo tiene en cuenta. Les diría a los dirigentes y también a los funcionarios -sé que es algo inusitado-: señoras y señores, cambien de actitud, cambien de mentalidad. Tómense en serio el Parlamento y abandonen su negativa de tinte arrogante.
Señor Presidente, sinceramente, también la Comisión Europea podía haberse mostrado más activa en este ámbito. Se han hecho cosas buenas, pero se podía haber hecho más. Señor Presidente, por fin se ha conseguido la inclusión de Schengen en la Unión Europea. Es positivo, debemos decirlo, a pesar de que no se ha consultado suficientemente con el Parlamento. También nosotros queremos examinar más detalladamente la toma de decisiones.
Por último, señor Presidente, lamentablemente no puedo agradecer al Consejo de Ministros, en nombre del Grupo Liberal, las actividades realizadas durante el último período, puesto que los resultados, lo acabo de decir, son claramente incompletos. Sí que quiero dar las gracias a la Comisaria Gradin, quien desgraciadamente no se encuentra presente, y a sus funcionarios. Sobre todo, quiero hacer un llamamiento al Consejo y a la nueva Comisión Europea para que la Cumbre de Tampere en octubre sea un éxito.

Pradier
Señor Presidente, la Coalición Radical Europea es muy puntillosa sobre las cuestiones que atañen a la libertad. Schengen es, por consiguiente, una de nuestras mayores preocupaciones tanto con respecto a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión como a la libertad -que es indivisible- de los ciudadanos de los terceros países que viven en situación regular en cualquiera de los países de la Unión.
En este sentido, pienso que quizá se podría pedir a los ministros que participan en el Consejo que insistieran frente a Francia para que dejara de utilizar abusivamente las cláusulas de excepción, en particular en relación con el control en las fronteras entre Bélgica y Francia. Así pues, cerrando este paréntesis, considero que el Comité ejecutivo de Schengen ha sido sustituido por el Consejo. La Presidencia del Consejo, orgullosa de su nuevo mérito, ha definido, reglamentado e instituido fundamentos jurídicos. La misma ha establecido modalidades de asociación en un espléndido aislamiento, sin consultar -y a veces incluso sin informar- a la representación popular de los ciudadanos, al menos con respecto a los textos definitivos.
El Parlamento, evidentemente, no está satisfecho con esta actitud. Una vez más debemos pedir -o mejor-, exigir, que se respeten los textos del Tratado. Ya sería hora de que la nueva Presidencia aceptara esta nueva petición. Ya sería hora de que se arrojara luz sobre la cooperación policial y judicial y de que se supiera, concretamente, quién hace qué y dentro de qué marco.
La nueva Comisión deberá trabajar mucho para presentar, en Tampere, un proyecto coherente y para que Schengen se transforme, finalmente, en el espacio de libertad, de seguridad y de justicia que todos deseamos.

Krarup
Sólo tengo unos pocos comentarios que hacer. Es bien sabido que el Movimiento Popular en contra de la UE, al que represento, es contrario al sistema Schengen; en mi caso, esta oposición obedece en su mayor parte a razones de seguridad jurídica. No tengo ninguna confianza en que la creación de un sistema supranacional con competencias de vigilancia beneficie a la democracia en Europa. Todos compartimos más o menos con todo nuestro corazón el objetivo de establecer una política de refugiados humana, sin embargo, tengo la sensación de que la democracia «se encuentra mejor protegida en los bolsillos de los ciudadanos», utilizando una expresión danesa. Schengen aparece recogido en el Tratado de Amsterdam y se ha aprovechado esta coyuntura para colar a Noruega e Islandia, cuyas poblaciones han votado no a la Unión Europea, dentro del sistema. Estos países tienen gracias a los acuerdos de colaboración una relación con nosotros que corresponde en realidad a 2/3 partes de lo que supondría la pertenencia a la Unión Europea sin influencias de ningún tipo. Es absurdo. Sin embargo, una vez que ya se ha creado el sistema Schengen, preferiría que se mantuviera incluido dentro del tercer pilar y por una sola vez, me veo en la situación de elogiar a la Presidencia por la insólita falta de efectividad en lo que a la administración de estas normas se refiere. Quiero añadir que naturalmente este Parlamento está interesado -y he de apoyar esta postura- en aportar la máxima transparencia posible a todas estas cuestiones. A este respecto, la conducta del Consejo deja mucho que desear, se interprete el tratado de una u otra forma.

Andersson
Señor Presidente, desearía felicitar en primer lugar a la Presidencia, ya que se ha logrado incorporar el Acuerdo de Schengen en el Tratado y se ha podido introducir una separación razonable entre el primer y el tercer pilar. Así pues, creo que cabe felicitar a la Presidencia acerca de esta cuestión. Muy pocos habrían imaginado una conclusión tan rápida de este asunto.
Por otra parte, hay muchos motivos para mostrarse críticos en lo relativo a la información al Parlamento Europeo y al aprovechamiento de los conocimientos de una Asamblea que ha sido elegida de manera directa. Como ya se ha dicho en una intervención anterior, resulta evidente que hay que distinguir entre lo formal y lo político. Yo no descarto que el Consejo tenga razón cuando afirma que ha respetado las reglas existentes en materia de consultas. Es muy probable, pero debemos investigar si ha sido así. Sin embargo, en cuestiones políticas tan importantes como la incorporación del Acuerdo de Schengen y el Acuerdo de asociación con dos países de especial significación, creo que el Consejo debería haberlas sometido a consulta del Parlamento y debería haber tenido en cuenta los puntos de vista que hubiera podido exponer esta institución. Ahí sí que creo que han fallado. Han acudido ustedes a la comisión, hemos podido mantener un diálogo, pero deberían habernos consultado para tener presentes también nuestros puntos de vista por medio de un informe. Por lo tanto, creo que han fallado precisamente en este punto.
No voy a añadir mucho más acerca de las cuestiones del primer y el tercer pilar, sino que me gustaría concentrarme en el asunto de la asociación con Islandia y Noruega. El anterior orador me ha sorprendido. Sé que el Sr. Krarup habita en Helsingör. Yo vivo en Helsingborg, a cuatro kilómetros de él. Hemos convivido en gran medida con la libre circulación: yo lo hecho durante toda mi vida y he podido comprobar las ventajas de la libertad de circulación y de la unión nórdica de pasaportes. Veo, pues, con gran satisfacción que podamos disfrutar ahora también de la libre circulación con otros países europeos. Esta libertad ha funcionado bien entre los países nórdicos y estoy seguro de que funcionará bien en la Unión Europea. Es igualmente satisfactorio que Noruega e Islandia puedan asociarse también a este acuerdo. Resulta verdaderamente increíble que se emitan críticas contra estos dos países puesto que, en un ordenamiento democrático, son los parlamentos noruego e islandés los que adoptan las decisiones. Según tengo entendido, dichos parlamentos tienen previsto adoptar por una gran mayoría esta decisión. No se les obliga a incorporarse, sino que son sus propias instituciones democráticas las que van a adoptar la decisión de unirse a esta cooperación. Posteriormente, creo que Noruega e Islandia adaptarán sus leyes en la medida en que resulte necesario para aplicar esta normativa. Estas medidas no van a suponer ningún problema de gran importancia. Tampoco creo que vaya a plantear ningún problema la composición mixta de la comisión, ya que los países podrán hacer oír su voz, aunque no tengan voto.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, desde que llegué a este Parlamento en 1994, esta Asamblea ha tenido muy claro que el porvenir de la Unión Europea se juega aquí, en este terreno fronterizo del tercer pilar, en este terreno de los derechos y libertades. Y desde que yo he llegado aquí, a este Parlamento, nos hemos esforzado en ampliar los estrechísimos límites de aquel artículo K. 6 del Tratado de Maastrich, límites que, indudablemente, tenemos que reconocer que se han superado. No sólo por la inclusión de una parte importante de las antiguas materias del tercer pilar en el Tratado CE, es decir, en el primer pilar, sino por el relativo progreso que representa el actual artículo 39.
En ese panorama, he de decir que, en esos progresos, esta Asamblea ha jugado un papel importante. En ese panorama, yo creo que hay que destacar luces y sombras. Y yo creo que hay que ser consecuente y leal, y hacer gala de ese principio de cooperación leal entre las instituciones y, por lo tanto, reconocer lo que ha hecho el Consejo, en particular lo que ha hecho la Presidencia alemana. Yo, desde luego, saludo el trabajo que representa el haber hecho un elenco de lo que es el acervo Schengen, porque todos somos conscientes de que el acervo Schengen era una maraña de reglas, una maraña de normas, y además de Derecho internacional público, lo cual complicaba aún más las cosas.
E, indudablemente, es importante la presentación de ese documento -que todavía no he tenido tiempo de estudiar en profundidad- sobre los fundamentos jurídicos del acervo Schengen.
Y junto con los progresos, también debemos ser conscientes y reconocer las dificultades que representa la inclusión en el ámbito de la Unión Europea del Acuerdo de Schengen, que es un mundo cerrado y que, además, se construye al margen de la Unión Europea para poder funcionar. Y también tenemos que recordar que ese es su nacimiento.
Dicho todo eso, señor Presidente, este Parlamento no se puede quedar parado. Y no se puede quedar parado por las razones que ya se han apuntado. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a los ciudadanos, que es extremada en estos ámbitos en los que se juegan los derechos y libertades e, indudablemente, en el momento en que el Acuerdo de Schengen se integra en el Tratado de la Unión nosotros tenemos que opinar. Es cierto que, legalmente, no tenemos ningún derecho, y alguna voz se ha alzado alguna vez -no en este recinto de Pleno pero sí en comisión- propugnando que fuéramos al Tribunal de Justicia. No tenemos ningún derecho formal, no nos ampara el Tratado, pero qué duda cabe que, políticamente, tenemos que estar aquí, tenemos que ser informados e, indudablemente, deberíamos haber sido consultados sobre estas decisiones. No ha sido así. Las palabras de la Presidencia alemana diciéndonos lo que ellos han intentado hacer no son suficientes y eso lo tenemos que dejar claro.
Para concluir me gustaría tratar de dos aspectos que la Presidencia alemana ha reconocido que entran en el ámbito del primer pilar: la protección de datos personales y la cuestión de los visados. Ahí, Señorías, entenderán que debemos ser particularmente vigilantes. Esperemos también que las iniciativas que se tomen, en especial las de la Comisión, dibujen unas perspectivas de futuro claras que permitan conseguir progresos en la próxima cumbre de Tampere.

d'Ancona
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, como Presidenta de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, me satisface, por supuesto, al igual que a todos los colegas que han intervenido, que se haya conseguido un acuerdo y que la Presidencia nos haya podido comunicar que el Acuerdo de Schengen se ha integrado, en efecto, en el Tratado de la Unión. En cuanto al resultado concreto, andamos todavía a tientas. Tal como se esperaba, una parte considerable del acquis de Schengen ha pasado al primer pilar, si bien es difícil en este momento determinar su alcance concreto.
Hay que achacar al Consejo la falta de conocimientos y de capacidad de valoración. El Presidente del Consejo ha dicho aquí: nos hemos dejado ver muy a menudo. Es cierto. Le hemos visto muy a menudo, pero eso no significa aportar información. No supone que se nos haya involucrado en la toma de decisiones. Eso no ha sucedido. A pesar de las promesas realizadas por la Presidencia en marzo de 1998, el Parlamento incluso no ha sido informado.
El Parlamento, no obstante, debe cumplir su cometido y deberá formarse una opinión jurídica y política sobre las decisiones adoptadas ahora por el Consejo. Quisiera hacer un par de preguntas ¿Qué estatuto jurídico tiene realmente la parte que se ha transferido al primer pilar? ¿Es en forma de directivas o en forma de reglamentos? La claridad, señor Presidente, es necesaria a fin de, llegado el caso, evitar problemas con el Tribunal.
Es una pena tener que constatar que todavía no se han resuelto los problemas respecto del Sistema de Información de Schengen. Éste está temporalmente ubicado en el tercer pilar, pero, ¿qué significa temporalmente? Es lamentable esta ambigüedad porque, si continúa, se creará una competencia totalmente fastidiosa ¿Quién controla el funcionamiento del sistema? ¿Quién lo controla? ¿La Comisión o el Comité Ejecutivo de Schengen?
La última cuestión -el Sr. Wiebenga ya la ha mencionado-. Se necesita una inmensa capacidad decisoria. Hay mucho trabajo que hacer. El Comisario Monti, una vez entrado en vigor el Tratado de Amsterdam, presentará lo antes posible una propuesta sobre visados. Ansiamos una política de asilo activa y el desarrollo de instrumentos que permitan constatar las violaciones de los derechos fundamentales. La puesta en marcha del artículo 286 del Tratado muestra la buena dirección en lo que a esto se refiere. Los datos personales disfrutan de protección y, sobre todo, naturalmente, las personas a quienes se refieren esos datos personales. Las instituciones europeas deben adecuarse a ello.
En resumen, estamos satisfechos con el resultado. Es mejor que nada. No obstante, todavía queda muchísimo por hacer y espero que colaboremos, una vez que, como Parlamento, seamos plenamente informados.

Schapper
Señor Presidente, permítame que con respecto a la información del Parlamento y el envío de la documentación vuelva a insistir en que el acuerdo político se alcanzó el 26 de abril y que realmente nos fue imposible enviar los documentos con anterioridad. Además, no logramos el consenso hasta el último momento. Espero que lo entiendan. Obviamente, seguiremos haciendo todo lo posible por acercar posiciones en materia del SIS, pero dudo que seamos capaces de resolver este problema bajo la Presidencia alemana. No olvidemos, sin embargo, que por mucho que el SIS se haya incorporado al tercer pilar en virtud del mecanismo contemplado en el Protocolo de Schengen, la instancia supervisora que veló por la correcta aplicación del Acuerdo de Schengen continuará ejerciendo su labor y garantizará que el Sistema de Información de Schengen respete la protección de los datos personales. En cuanto a la incorporación de determinadas disposiciones al primer pilar, señora d'Ancona, puedo decirle que han sido integradas en disposiciones concretas del Tratado de Amsterdam, convirtiéndose, por tanto, en parte integrante del Tratado. Yo, desde luego, creo que es un logro importante.
Quisiera finalizar mi intervención con una observación general. Independientemente de la importancia que tengan los resultados obtenidos, la decisión política subyacente fue adoptada en el marco del Tratado de Amsterdam. Ahora no hemos hecho otra cosa que transponerla. ¡Y afortunadamente, el resultado es bastante satisfactorio!

El Presidente
Muchas gracias, señor Schapper.
He recibido seis propuestas de resolución , presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.

Aspectos jurídicos del comercio electrónico
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0248/99) de la Sra. Oddy, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (COM(98)0586 - C4-0020/99-98/0325 (COD)).
Ponentes de opinión (Procedimiento Hughes): Hoppenstedt, Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política IndustrialWhitehead, Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor

Oddy
Señor Presidente, quisiera en primer lugar dar las gracias a mis compañeros de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos por la excelente labor que han realizado. He sometido al personal del Parlamento y a mis compañeros diputados a una tremenda presión para que esto estuviera terminado en el período parcial de sesiones de mayo. Querría dar las gracias en particular a los miembros del personal que han tenido que hacer una labor excepcionalmente intensa. También querría decir que mis colegas han sido extraordinariamente benévolos y han participado en el debate con un espíritu de cooperación y buena voluntad. Por eso hemos conseguido terminar el trabajo a tiempo.
Esta es un área muy importante. El comercio electrónico es un área de crecimiento. Tendría que aportar mucha más prosperidad a la Unión Europea. Es útil tanto para los consumidores como para las empresas. Los consumidores se benefician al poder comprar por Internet sin abandonar la comodidad de sus hogares, y al poder disfrutar de entregas a domicilio. Es más rápido y sencillo, y los consumidores pueden indagar sobre el mercado de las mercancías que necesitan con mucha más facilidad.
Las empresas también se benefician al tener contratos de mayor cuantía. Este tipo de comercio ensancha el mercado entre países y ofrece a los consumidores muchas más posibilidades de elección, ya que resulta más fácil obtener mercancías -siendo británico, por ejemplo- procedentes de Francia, Alemania o Grecia.
Pero existen algunas trabas. Debemos asegurarnos de que la ley que establezcamos sea clara y sencilla y de que los problemas se puedan rectificar con facilidad. Debemos asegurarnos de que los consumidores puedan confiar en no estar tratando con empresas ficticias y en que cuando introduzcan en el ordenador su número de tarjeta de crédito van a recibir realmente las mercancías y no encontrarse con que la empresa ha desaparecido. En la votación en comisión hicimos gran hincapié en los códigos para una regulación de la industria y para una mayor cooperación de los consumidores. Creo que es importante.
Yendo al detalle de la propuesta, cuando se intenta armonizar en 15 países algo que es, en efecto, Derecho contractual, no resulta nada fácil. La Comisión tenían mucho interés en asegurarse de que quedara claro cuándo queda celebrado un contrato con un tercer «click». Es algo que preocupa a la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque parece excesivamente oneroso y es más probable que puedan producirse errores.
Sobre el tema del conflicto entre legislaciones, que es una cuestión jurídica horrendamente compleja, hemos de asegurarnos de que las normas queden claras. Me gusta la idea de la Comisión de tener la certeza de que se aplica el Derecho del país de origen. Esto ofrece la ventaja de la simplicidad y la claridad. Pero, una vez más, hemos de ser conscientes de que los consumidores necesitan protección.
Gran parte del debate ha girado en torno al tema de la propiedad intelectual y el material ilegal. Tenemos que conseguir un equilibrio entre las libertades civiles, la libertad de expresión, la libertad de las personas para poner en Internet lo que quieran, sin más entrometimiento oficial de lo que habría en los servicios postales o en el teléfono, y contrapesar el otro argumento de que las empresas no tienen por qué encontrarse con personas que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, que infrinjan sus logotipos y finjan ser una empresa que no son. Para empresas bien conocidas, es un auténtico problema el que otras empresas roben sus diseños e ideas.
Creo que en la Comisión de Asuntos Jurídicos hemos conseguido más o menos el equilibrio preciso. Una vez más, se debe al debate cordial de mis compañeros diputados, que han intentado llegar a una solución satisfactoria y sencilla.
El último punto que quiero destacar es el del «spamming», el correo electrónico no solicitado. No creo que tengan razón los consumidores que desean que se prohíba en su totalidad. A mí personalmente, como consumidora, me gusta que me llegue alguno sobre mis áreas de interés, por ejemplo, información sobre las obras de teatro en cartel. No quiero que se prohíba totalmente. Quiero la opción «opt-out».

Whitehead
Señor Presidente, quisiera rendir un calurosísimo homenaje a mi colega, la Sra. Oddy, por este informe que, de modo característico, ha sacado adelante en los últimos días del Parlamento en una comisión en la que había otras preocupaciones y donde existían inmensas complicaciones jurídicas y técnicas. No es un tema fácil y algunos de nosotros tenemos la impresión de que sacarlo adelante en los últimos meses del Parlamento, cuando requería una reflexión y un estudio considerables, era una poco prematuro. No obstante, hemos ofrecido una opinión y creo que las comisiones del Parlamento han intentado entre todas dar sentido a este complejo tema.
Estoy de acuerdo con la Sra. Oddy en dos de las áreas clave que ha mencionado hoy. En primer lugar, la cuestión del país de origen. Esto es de sentido común. Sé que algunas asociaciones de consumidores están en desacuerdo conmigo, pero la única manera racional de definir las responsabilidades es en estos términos.
La segunda área en la que estoy de acuerdo con ella es que, en la cuestión del «opting-in» u «opting-out», elegir lo que se quiere recibir o rechazar lo que no se quiere recibir, tenemos que dar al consumidor el derecho a hacer esto último, pero el hecho de prescribir qué se puede o no se puede poner en la red supone restringir de tal modo la expansión de este tráfico que se produciría un efecto negativo en el propio mercado único.
También hemos de poner mucho cuidado en dar con un equilibrio correcto entre libertad, por un lado, y licencia, por otro, entre el mundo de los derechos privados y el mundo de las obligaciones públicas.
La única área en la que la Comisión de Medio Ambiente, cuya opinión represento, y yo mismo disentimos de nuestros amigos y colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos es en el tema de si hemos ido por el buen camino en cuanto a protección de los consumidores. En mi opinión, en algunas áreas no lo hemos hecho. No creo que sea acertada la enmienda con la que se pretende introducir reglamentaciones sobre radiodifusión en lo que, básicamente, es una transacción unívoca entre individuos. Debiéremos echar abajo esa enmienda en la votación.
También hemos ido demasiado lejos en algunas cuestiones de la propiedad intelectual en este debate, donde no tienen ningún lugar en absoluto. En mi opinión, sería mucho mejor seguir estrictamente las propuestas que nos llegaron inicialmente de la Comisión en esta área.

Hoppenstedt
Señor Presidente, estimados colegas, comercio electrónico, E-Commerce, estos conceptos están invadiendo el mundo entero. De momento, los EE.UU., Europa y Japón e incluso China aún viven entre la realidad y la ilusión. Pero de aquí a dos o tres años, la realidad seguramente superará las previsiones, hasta tal punto que, de ser ciertas las cifras que se barajan actualmente, en el año 2001 ciento diez millones de PC estarán destinados al uso del comercio electrónico, que moverá doscientos mil millones de dólares. ¡Una cantidad astronómica! Ello no impide que queden muchos problemas por resolver. Sin embargo, también es verdad que la propuesta de la Comisión y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos aportan numerosas soluciones. A mi modo de ver, ambas han realizado un trabajo excelente. Modestia aparte, quisiera añadir que el informe refleja igualmente la opinión emitida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de conformidad con el procedimiento Hughes.
El Grupo del Partido Popular Europeo y gran parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos respaldan la propuesta de la Comisión, pero hay algunas enmiendas que no merecen nuestro apoyo, sobre todo las que se refieren a la responsabilidad de los intermediarios. En concreto se trata de tres o cuatro enmiendas del Sr. Barzanti y de una enmienda del Sr. Glante. En mi opinión, estas enmiendas socavan el armazón y el soporte del informe en su conjunto. Es por eso por lo que nuestro Grupo votará en contra de las mismas.
La enmienda 63 del Sr. Glante introduce un elemento muy importante y a la vez muy peligroso, puesto que vuelve a poner sobre el tapete el tema de las excepciones a la definición de la radiodifusión. En el artículo 1 de la Directiva sobre la televisión hemos explicado claramente lo que entendemos por servicios nuevos y cómo han de definirse. Del mismo modo hemos dejado claro que dejaríamos que estos nuevos servicios se fueran desarrollando y que volveríamos a discutir la cuestión en el marco de la revisión de la Directiva sobre la televisión en el año 2002. Evidentemente, el Parlamento espera que la Comisión cumpla su palabra y organice un gran debate sobre la situación de los servicios audiovisuales en los nuevos sistemas. Ésa fue una de las promesas. Ahora, lo que no sabemos es cuándo se cumplirán. De todas formas, creo que debemos hacer mención de este punto, puesto que ha sido uno de los compromisos que nos ha llevado a apoyar el artículo 1.
La mayoría de nuestro Grupo votará en contra de esta enmienda porque opino y opinamos que no viene a cuento. El hecho de que sobre todo los Länder alemanes insistan en retirar los servicios similares a la radiodifusión - tal y como se formulan aquí - del ámbito de aplicación del comercio electrónico, tiene su origen en la situación interna alemana. Creo que la radiodifusión pública, uno de los defensores más acérrimos de esta enmienda, debería dejar la discusión en manos de la Comisión y del Parlamento. He incorporado en nuestra enmienda la petición de que el Anexo II se vote tal y como se elaboró en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, puesto que en mi opinión, nuestra versión del Anexo redunda en beneficio del desarrollo del mercado común, del mercado interior. Contribuye a la protección del consumidor. Conseguir que el gran conflicto entre el comercio tradicional y las redes electrónicas aporte algo positivo al consumidor es hacerle un favor. Debemos llegar a crear un nuevo concepto de venta y creo que a este respecto estamos en el buen camino.

Heinisch
Señor Presidente, estimados colegas, la presente directiva es un buen instrumento para someter el comercio electrónico a una serie de normas mínimas. El informe de la Sra. Oddy se enmarca en la línea del texto de la Comisión. Quisiera dar las gracias a la ponente, entre otras razones porque ha adoptado las propuestas de la Comisión de Cultura.
Hay una serie de puntos que deseo resaltar. Es imprescindible que los nuevos servicios de información respeten el principio de la libertad de expresión. Cuanto más abiertas las redes, tanto mayor será la variedad cultural de que podamos disfrutar. Ello no obstante, la directiva ha de garantizar un alto nivel de protección en los ámbitos en los que el comercio se lleve a cabo a escala comunitaria, sobre todo en lo que a la protección de los jóvenes y la protección de la dignidad humana se refiere. Los ciudadanos de la Unión emplearán el instrumento del comercio electrónico en la medida en que resulte útil de manera concreta para sus necesidades cotidianas. Todo el mundo ha de tener acceso a Internet. Para evitar que los ciudadanos europeos queden excluidos de estas nuevas tecnologías de la información no sólo es indispensable que la formación en nuevas tecnologías se imparta desde las primeras etapas de la educación, sino que se adopten medidas adecuadas en el ámbito de la formación a lo largo de toda la vida.
Como farmacéutica y también como miembro de la Comisión de Cultura quisiera referirme a otro tema relacionado con el comercio electrónico y los medicamentos. Desde hace más de 30 años los medicamentos están sujetos a una compleja normativa cuyo objeto es proteger al paciente y al consumidor. Tanto a nivel nacional como a escala europea se ejerce un control estricto sobre el marketing, la publicidad y la venta de medicamentos. Internet puede reducir el impacto de dichas normativas. Surgen dudas con respecto a la seguridad, el funcionamiento, el pago, el tratamiento de la información confidencial, el abuso de datos personales, la calidad de los productos y la falta de asesoramiento. A fin de proteger al paciente, es decir, al consumidor, y pienso sobre todo en nuestros jóvenes, es imprescindible que quede garantizada la aplicación de la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos de uso humano en el ámbito del comercio electrónico de medicamentos.

Barzanti
Señor Presidente, esta directiva, esperada desde hace mucho, enriquece el ya enorme cuerpo legal de la Unión Europea, dirigido a establecer normas para regular muchos aspectos de la sociedad de la información. Se trata, sin duda, de uno de los textos más delicados. Según ha sido concretada, integrada y corregida por la Comisión de Asuntos Jurídicos, la directiva parece, indudablemente, útil y aceptable.
No se trata de sobrecargar a los proveedores de servicios con cargas anormales e impropias, y con funciones de control exorbitantes. Las previstas limitaciones de responsabilidad configuran un marco jurídico simplificado, aunque consciente de los graves problemas que se plantean. Deseo subrayar que sería oportuno que dichas limitaciones de responsabilidad sean exhaustivas, ya que sólo así la directiva tendrá un verdadero efecto de armonización.
Señorías, si queremos luchar contra las ilegalidades crecientes, es necesario que los que ofrecen servicios a través de la red sean capaces de facilitar toda la información necesaria para buscar y encontrar a los proveedores de contenidos ilícitos respetando, como es obvio, lo que dispone el Derecho comunitario en lo referente al respeto de los datos personales. Los derechohabientes precisan medios de vigilancia y hacen falta estrategias para combatir los comportamientos ilegales y el empleo de procedimientos de notificación y de cancelación a través de los instrumentos electrónicos apropiados.
La directiva no trata -por otra parte, no puede hacerlo- de cuestionar lo que se ha conseguido a través de la normativa sobre los derechos de autor y derechos afínes, aprobada hace poco, ni pretende -quisiera recalcarlo en concreto al Sr. Hoppenstedt-aplicarse a lo ya regulado y armonizado con la Directiva «Televisión sin fronteras», ni revisar definiciones ya consolidadas en la misma.
La directiva tiene un ámbito de aplicación totalmente diferente. Creo que nadie quiere hacer una inoportuna confusión al respecto. Ha de reiterarse que existe una diferencia de fondo entre tecnologías, gestión técnica de las redes y protección, promoción de los contenidos y de las obras. Ésta es la conclusión más importante que hay que sacar tras el largo e intenso debate sobre la convergencia de las tecnologías y las modalidades de difusión de los mensajes que se está llevando a cabo desde hace tiempo. El ciberespacio no es -lo he dicho otras veces y lo repito- tierra de nadie.
Señor Presidente, Señorías, he mencionado la Directiva «Televisión sin fronteras» en ésta que es mi última intervención como diputado europeo. En el año 1988 dediqué a la misma mi primer informe. Si trato de encontrar un hilo conductor en mi compromiso, modesto, pero tenaz y apasionado, a lo largo de los quince años que he trabajado aquí, me parece que lo puedo encontrar en la voluntad de contribuir a dotar a Europa, a nuestra amada Europa, de instrumentos eficaces para garantizar el pluralismo de la información, la protección de la creatividad, el apoyo a la circulación de las obras europeas, un nuevo impulso a la producción audiovisual valorizando las irreducibles diferencias de las culturas y convirtiendo en fuerza una aparente debilidad.
Quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que con su colaboración me han brindado una experiencia tan fructífera, para mí inolvidable, y espero que se continúe atribuyendo a estos temas el espacio decisivo que les corresponde, con la determinación y con la coherencia que se reconocen unánimemente a nuestro Parlamento.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, al tomar la palabra por última vez en nombre del Partido Popular Europeo dando respuesta al Sr. Barzanti, quien ha tomado previamente la palabra en nombre del Grupo Socialista Europeo, no puedo por menos de decir, en una sola frase, lo que creo que somos muchos en sentir, y es que le vamos a echar mucho de menos. Creo que esta institución en su conjunto, y desde luego todos los que hemos tenido el honor de colaborar con él, le vamos a echar mucho de menos. Le vamos a echar mucho de menos aquí, aunque espero que podamos seguir contando con su conocimiento y con su consejo.
Señor Presidente, entrando en la materia de esta directiva, creo que se ha hablado ya aquí de algunos de los problemas más importantes que plantea. Ésta es una propuesta de directiva de equilibrio difícil, equilibrio entre proveedores de servicios y proveedores de contenido, equilibrio entre consumidores y vendedores; equilibrio, en definitiva, entre intereses que concurren en el mercado, y todos son dignos de protección.
A partir de ahí, yo creo que hay que reconocer el gran trabajo realizado por la Comisión Europea. El gran trabajo de saber dónde pararse, porque esta directiva tiene una característica especial, y es que no intenta reglamentarlo todo, pero lo que reglamenta lo reglamenta con sentido y con una idea detrás, con una idea conductora y directriz, y yo creo que este Parlamento haría mal en cambiar esos equilibrios, haría mal en intentar modificar esa situación tan delicada y que, en mi modesta opinión, está francamente bien conseguida.
Ya que mi colega, el Sr. Hoppenstedt, ha hablado, en gran medida y porque existe una absoluta coordinación, en nombre del Grupo del PPE sobre enmiendas particulares, sólo me queda decir que suscribo, como portavoz del Grupo, todo cuanto él ha dicho, y voy a añadir, en particular en materia de responsabilidad, algunas precisiones.
El Grupo del Partido Popular Europeo votará en contra de algunas enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en esta materia sobre la responsabilidad, en particular las enmiendas 45, 46, 47, 48 y 50 a 54. Y votaremos en contra porque entendemos que rompen ese equilibrio, porque, pese a lo que ha dicho el Sr. Barzanti que, como filosofía compartimos totalmente, creo que flaco servicio se hace a los proveedores de contenido, en términos generales a los autores, en otros ámbitos y -contestando al Sr. Whitehead- a los consumidores, si hacemos voluntarismo jurídico. Así, en particular, creo que no tiene sentido vincular las limitaciones de responsabilidad a determinadas actitudes, o a determinadas actividades, por parte del proveedor de servicios, ni tampoco esperar a que se tengan, por ejemplo, notificaciones de autoridades competentes.
En resumen, señor Presidente, el Partido Popular Europeo respalda, en una medida muy importante, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, respalda alguna enmienda planteada por el Grupo Liberal y, a excepción de las que ha mencionado tanto el Sr. Hoppenstedt como yo misma, votaremos a favor de ellas en términos generales.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, de los muchos informes que se han elaborado en torno a las normas de la sociedad de la información, éste es, como ya ha señalado la Sra. Oddy, el último y el más importante de todos. Pero al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, con la directiva sobre los derechos de autor en la sociedad de la información, en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de mantener un breve debate esclarecedor al respecto. Además, creo que el debate sobre los derechos de autor estuvo más marcado por el ardor y la pasión que por la presentación de nuevos datos.
Desearía felicitar a la Sra. Oddy por su labor. En la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos vamos a echar de menos su actitud abierta, su carácter constructivo e independiente, aun si nosotras dos hemos tenido discrepancias por lo que respecta a mi uso de su lengua materna, el inglés.
Como tantos otros oradores, también yo creo que la propuesta de la Comisión es más equilibrada. Así ocurre, por ejemplo, en materia de responsabilidad de los controles, las cuestiones técnicas y por lo que respecta a la neutralidad en el uso de diferentes estándares. Mi Grupo tiene previsto votar también en contra de muchas de las enmiendas que se han presentado en torno a este punto. Por el contrario, solicito el apoyo del resto de los Grupos para una solución técnicamente neutral también en lo que se refiere al reciente acuerdo. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha introducido importantes mejoras en las propuestas, a pesar de lo cual creo que sigue existiendo algo que no funciona, algo que en la situación actual pensamos muy amenudo, que vamos a «fallar». Creo que deberíamos poder llegar a un acuerdo acerca del comercio electrónico de muchas otras maneras.
Permítanme exponer una última idea. Creo que el hecho de utilizar el término «comercio electrónico» despista a muchísimas personas. Por consiguiente, deberíamos encontrar una expresión más adecuada, ya que se trata de mucho más que de comercio; se trata, por ejemplo, de las responsabilidades y las normas básicas de la sociedad de la información.
Además, he comprobado con gran pesar que nadie es profeta en su tierra. La propuesta que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos acerca del denominado spamming era mía, pero mi Grupo va a votar a favor de otra enmienda. En todo caso, considero que en este debate se han abierto buenas expectativas para que se apruebe mi propuesta. Además, creo que la aprobación de la enmienda que se ha presentado hará la vida demasiado fácil a algunas empresas del sector de las telecomunicaciones. Lamento que sea así.

Sandbæk
Señor Presidente, el día internacional del consumidor celebrado el pasado marzo tuvo como tema el comercio electrónico y la protección de los consumidores. El comercio en Internet no plantea en sí mismo nuevos problemas en materia de política de consumidores, sin embargo, al tratarse de un nuevo medio, es preciso crear confianza y seguridad. El comercio a través de las redes digitales debe ser al menos igual de seguro y fiable que el comercio que se lleva a cabo en el mundo físico. Por ello es inaceptable que la propuesta de la Comisión coloque a los consumidores daneses en peor situación comerciando a través de las redes digitales que comerciando en el mundo físico. Uno de los mayores problemas de la directiva lo constituye el hecho de que las normas vigentes serán las del país del remitente. Esto supondrá que países con un alto nivel de protección correrán el riesgo de verse inundados por los anuncios y por la mercadotecnia de empresas y de países en los que el nivel de protección es menos elevado. El nivel de protección existente en los países nórdicos es en general más alto que el de otros países, especialmente cuando se trata de la mercadotecnia dirigida a niños. Esto podría dar como resultado distorsiones de la competencia en las que las empresas extranjeras empleasen métodos que las empresas danesas no pueden emplear en virtud de las leyes de mercadotecnia danesas.
El motivo de esta utilización de las normas del país del remitente son las grandes complicaciones que les acarrearía a los empresarios conocer la legislación de todos los países miembros en este campo. Sin embargo, la consecuencia es que esta carga se coloca sobre los hombros de los consumidores. El comercio en Internet adquiere de esta forma para los consumidores un aire casi de ruleta rusa. ¿Qué normas estarán vigentes y qué derechos tendremos si algo va mal?
Apoyo las enmiendas que mejoran la directiva, sin embargo, no apoyo el texto legislativo en su conjunto y el Movimiento de Junio tampoco apoya el texto legislativo en su conjunto porque sigue partiendo del principio que hace referencia al país del remitente.

Hager
Señor Presidente, la creación de un marco jurídico uniforme para el comercio electrónico es imprescindible para salvaguardar la competitividad de la economía europea. Precisamente en este ámbito, la existencia de una normativa común es una condición fundamental para que las actividades comerciales puedan desarrollarse como es debido. A este respecto, es preciso prestar la debida atención al problema de la seguridad y de la protección contra actividades ilegales y peligros sanitarios.
Desafortunadamente, el frecuente abuso de la publicidad en Internet conforma gran parte de la realidad del espacio virtual. Por eso, es necesario prever mecanismos de control eficaces. De un lado, conviene desarrollar programas para la búsqueda e identificación de contenidos ilícitos a fin de que las mencionadas medidas de control surtan efecto y no se queden en meras palabras. Debemos, por tanto, fomentar los proyectos de investigación que contribuyen a este fin. De otro lado, hay que averiguar cómo el control efectuado por el proveedor, que probablemente es el único control verdaderamente eficaz, puede ser perfeccionado en el futuro desde el punto de vista técnico y económico. Como la información facilitada por los proveedores es de acceso público, consideramos justificado que éstos asuman la responsabilidad que les corresponda.
Con su permiso querría finalizar mi intervención con una referencia a un punto específico. No podemos infravalorar los posibles riesgos sanitarios que puedan derivarse de la posibilidad que abre la propuesta de directiva en cuanto a la adquisición de medicamentos a través de Internet sin el asesoramiento profesional correspondiente, como ya ha advertido la Sra. Heinisch. Además, existe el peligro de que Internet favorezca la aparición de engaños a gran escala en detrimento del paciente. La OMC ha insistido reiteradamente en la necesidad de prevenir estos riesgos potenciales. No podemos bajar la guardia. Aun cuando la propuesta de directiva signifique un paso importante en dirección a un uso de Internet que esté al servicio de la sociedad, queda mucho camino por recorrer.

Medina Ortega
Señor Presidente, es una suerte que le tengamos precisamente a usted en este momento de Presidente del Pleno del Parlamento porque este es uno de los últimos informes, si no el último, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y usted ha sido durante muchos años miembro muy eficaz de esta comisión. En este momento, la sesión de hoy tiene un carácter nostálgico, porque estamos al final de la legislatura, y algunos de los colegas no volverán, otros quizás vuelvan, pero, en definitiva, el Parlamento actual se disuelve, y en este momento hay un cierto elemento nostálgico, un ambiente crepuscular en esta sesión.
Quisiera aprovechar la ocasión para señalar que la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha caracterizado siempre por el gran trabajo interior, el gran esfuerzo de coordinación que hacemos entre nosotros, y a ello han contribuido muchos de los que en este momento están aquí interviniendo y, sobre todo, nuestra ponente, la Sra. Christine Oddy, que, con su buen hacer, ha facilitado y facilita siempre el trabajo dentro de nuestra comisión.
En este momento debatimos una directiva, que es la directiva relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior, que trata de armonizar determinados aspectos del Derecho de los Estados miembros a través de este procedimiento -una directiva- que, en realidad, son aspectos de Derecho privado. Yo diría que en todo el sector del comercio electrónico, de las actividades electrónicas de la propiedad intelectual, la firma electrónica, en general todo lo relativo a los servicios de la información, incluyendo los temas de propiedad intelectual, nos estamos moviendo en un ámbito en el que los Estados nacionales se nos han quedado pequeños. Y no sólo los Estados miembros y la Unión Europea, sino que el mundo en general se nos está quedando pequeño porque, a la velocidad de trescientos mil kilómetros por segundo, realmente las fronteras no tienen sentido.
Si no existiera la Unión Europea, habría que haberla inventado simplemente para esto. No podemos, los quince o veintipico Estados miembros que eventualmente compondrán la Unión Europea, mantener regímenes jurídicos diferenciados, sino que tenemos que establecer un ordenamiento completo, concreto, correcto y, desde luego, yo creo que, en este campo, por definición, lo que no cabe en absoluto es invocar el principio de subsidiariedad.
Es cierto que, en materia electrónica, precisamente por la gran violación de la intimidad que puede suponer el hecho de que introduzcamos en nuestras casas el ordenador y de que, en la pantalla, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros familiares puedan verse expuestos a un bombardeo de información, a lo mejor no deseada, hace que aparezcan principios de orden público. Lo que pasa es que me da la impresión de que en este momento estamos exagerando los elementos culturales diferenciadores dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea hoy, para bien o para mal, a pesar de que todavía haya tradiciones culturales nacionales, los principios básicos, los principios de orden público, los principios de la protección de la moral, del derecho y de los menores, siguen vigentes y, por tanto, creo que, en este momento, realmente una directiva como la actual va a facilitar la integración de nuestros ordenamientos mediante la defensa de ciertos principios comunes a todos los Estados miembros.
Por tanto, como miembro del Grupo Socialista, manifiesto mi apoyo a la propuesta de directiva en los términos propuestos por la Sra. Oddy.

Cassidy
Señor Presidente, al igual que para muchos otros, ésta es con toda seguridad mi última intervención en este Hemiciclo. Quisiera dar la enhorabuena a la ponente, quien sé que ha trabajado mucho en la presente propuesta. Es un tema muy pormenorizado, en el que se han ejercido muchas presiones, como sé a mi propia costa. Como ocurre siempre que se tiene un tema que interesa a muchos grupos de presión, uno de los problemas que surgen es que los grupos de presión se anulan unos a otros, lo cual demuestra cómo los diputados del Parlamento Europeo hemos de ser capaces de hacer frente a los que ejercen las presiones, al igual que hemos de ser capaces de hacer frente a los periodistas.
No debemos olvidar, sin embargo, que esta es una propuesta que viene de la Comisión. Querría felicitar a la Comisión por haber elaborado un texto tan práctico. Tan práctico era, de hecho, que yo retiré todas mis enmiendas a algunos de los controvertidos artículos 12, 13, 14 y 15, e hice la sugerencia -que me sorprendió rechazaran- de que diputados como el Sr. Barzanti y otros retiraran también sus enmiendas. Pero, como no lo hicieron, el PPE votará contra una serie de enmiendas que se aprobaron en comisión.
Una en concreto que me importa mucho es la enmienda 45, que fue inicialmente presentada en comisión por el Sr. Barzanti y que autorizaría medios de supervisión que serían operativos sobre la base de disposiciones legales o normas de códigos de conducta. No me satisface en absoluto.
El Sr. Barzanti nos dijo que en los diez años que lleva aquí se ha centrado en la cultura europea y en protegerla. Pues bien, en los quince años que yo llevo aquí me he dedicado a que Europa esté abierta al comercio mundial y, sobre todo, a la liberalización. La Comisión ha presentado una propuesta liberalizadora. Sería muy lamentable que el Parlamento Europeo fuera a resultar menos liberal que la Comisión, teniendo presente que estamos hablando de un área con una tecnología muy avanzada y en rápida transformación en la que Europa se encuentra en grave peligro de quedar cada vez más atrás con respecto a Estados Unidos.

Watson
Señor Presidente, quisiera hablar sobre el correo basura o «spamming». El correo basura recibido en el buzón es una molestia, pero el correo basura recibido electrónicamente o por fax se carga directamente a la factura de teléfono del receptor. Por ello debe legislarse separadamente. Yo he recibido 42 mensajes de correo electrónico basura sólo en la última semana y puedo decirles que maldita la gracia que me hace. No he recibido personalmente nada ofensivo, pero sé que varios habitantes de mi circunscripción electoral sí lo han hecho y que ahora mismo el 10 % del correo electrónico no solicitado es pornográfico.
Existen programas a través de los cuales las empresas pueden entresacar nombres de Internet y enviar grandes cantidades de correo electrónico a empresas. Un informe de Novell del año pasado ponía de manifiesto que el correo electrónico basura cuesta a la empresas británicas e irlandesas 5 billones de libras al año. También satura las redes. Hay causas procesales incoadas por Virgin Net en el Reino Unido y por Bibliotech en los Estados Unidos, que están llevando la lucha contra los «spammers» a los tribunales.
El mes pasado se presentaron 23.000 firmas en una petición a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos de esta Asamblea. Pedían que se prohibiera el correo electrónico basura. La opción «opt-out» no funciona. Hay una en Estados Unidos. Se ha demostrado que no es viable. No estoy de acuerdo con la Sra. Oddy. Creo que no nos corresponde a nosotros como legisladores legitimizar una práctica que autoriza a los publicistas a invitarse ellos mismo a usar las facturas de teléfono de los demás y a usar la infraestructura de los proveedores de Internet para pagar su marketing.
Todo habla a favor de que una opción «opt-in» sí funcionaría. Da los consumidores la oportunidad de solicitar la información comercial que desean; da a los anunciantes la posibilidad de dirigir sus mensajes a aquellos que deseen recibirlos; da a los proveedores de Internet, que proporcionan acceso a la red, la posibilidad de seguir proporcionando un servicio de correo electrónico rápido, efectivo y seguro.
Por ello mi grupo pide el apoyo a la enmienda 70 a este informe.

Blokland
Señor Presidente, ahora que se espera que el comercio electrónico cobre más importancia, es necesario un buen marco jurídico. Ese marco debe ofrecer una protección adecuada al consumidor. Solamente así, podrá lograrse la confianza necesaria para participar en este comercio. Al mismo tiempo, el consumidor debe poder defenderse con éxito de la comunicación comercial electrónica no deseada. También considero muy importantes la protección de los menores y de la dignidad humana.
Así mismo, es importante que se combatan las actividades ilegales en Internet. Mi pregunta al Comisario Liikanen es si, no obstante, resulta aceptable la forma en que la enmienda 48 ha sido formulada por la Comisión de Asuntos Jurídicos ¿No convertimos así a los servidores de Internet en censores? No tengo nada contra la censura, pero sí me agrada que sea impuesta por la policía y la justicia.
Por último, señor Presidente, quiero decir que al estudiar las enmiendas, he sentido un gran respeto por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Éste es el caso de la enmienda 23 en el considerando 22, donde aparece una frase de 88 palabras en la que no he podido descubrir ni el principio ni el fin.

Paasilinna
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, estamos ante una importante directiva que constituye una pequeña pieza más en esta labor de construcción que estamos llevando a cabo por medio de la sociedad de información. Creo que la Sra. Oddy ha demostrado un gran conocimiento de causa en la elaboración de este informe, de gran calidad y profesionalidad. Es importante que tengamos cuidado de no obstruir con legislación nueva una actividad comercial en pleno crecimiento.
Sin embargo, creo que el gran problema de la sociedad de la información en la red estriba en la protección y la libertad del individuo. Aún no se ha logrado comprender la dimensión de estos problemas. Se trata de un momento histórico en el que existe ya la posibilidad de realizar un seguimiento de las personas a escala mundial, en el que -por primera vez- los derechos civiles no se pueden proteger con ayuda de las fronteras, como ha venido ocurriendo hasta el momento. En este sentido, nos hemos incorporado a una nueva era, por lo que debe existir la posibilidad de elegir entre participar o quedarse al margen. He recibido también una gran cantidad de correo molesto y, además, en una lengua que desconozco. Por alguna razón, este correo me llega en español y, en gran medida, siempre de los mismos remitentes. Creo que, llegado este caso, deberíamos poder intervenir, y no creo que esta intervención pudiera considerarse una acción policial.
En mi opinión, la Unión Europea debería mostrarse activa con vistas a establecer un movimiento favorable y eficaz para proteger los derechos civiles en las redes informáticas. ¿Podría decirme el Comisario si se ha abordado algún planteamiento de este tipo? Se trata de incentivar la participación ciudadana en el plano europeo y de garantizar los derechos de las personas para impedir que pueda llegar a prevalecer una evolución negativa de estas características. El lugar de comercio ha de ser seguro, por lo que este hecho redunda también en beneficio de la propia actividad comercial. Debemos poder encontrar el material delictivo, y esto no es ninguna acción policial. También en Correos se buscan bombas cuando existen indicios de su existencia. Esto ha de tener lugar también en las redes informáticas. Cuando una tercera parte lo notifica, la factura correspondiente puede naturalmente cargarse en la cuenta de quien lo notifica y, una vez que se ha cometido el delito, también en la del delincuente.

Lulling
Señor Presidente, mi colega, el Sr. Hoppenstedt ya ha explicado -y muy bien- la posición de mi Grupo sobre el informe de la Sra. Oddy, a quien le doy las gracias; pero, en el agitado debate que se ha desarrollado a propósito del comercio electrónico en Europa y de la difícil cuestión del contenido en línea, de su origen, de su destino, de su legalidad, puedo decir y subrayar que en las redes públicas, como Internet, tiene que haber sitio para la libertad de expresión.
Desearía concentrarme en un aspecto que interesa, concretamente, a los operadores de satélites. En materia de responsabilidad de los operadores de redes en línea, la propuesta inicial de la Comisión Europea, sin negar los problemas relativos a la ilegalidad del contenido, distingue la responsabilidad de los diferentes actores, en función de su actividad real. Creo inútil enmendarla. En las actividades de transporte de la información por satélite, por cable o por cualquier otra vía, los operadores de redes, que actúan de intermediarios, no son los autores del contenido. Pueden incurrir, a posteriori , en responsabilidades por las informaciones que reciben; pueden, también, efectuar una vigilancia a priori a petición de las autoridades nacionales, pero en casos muy específicos.
No pueden, en cambio, efectuar un control a priori permanente de cualquier información libremente disponible en Internet, cuyo acceso facilitan. Los operadores de redes son prestadores de servicios técnicos, no responsables editoriales. Éstos desempeñan, en cierto modo, el papel de impresores, lo cual no quiere decir que puedan imprimir lo que sea, pero su responsabilidad no es ilimitada. El Web es una herramienta formidable para cualquier empresa y para cualquier persona que deseen darse a conocer, una herramienta que vale la pena desarrollar y no censurar. Al igual que mi Grupo, no votaré a favor de las enmiendas 45, 46, 48 y 51, que realmente nada tienen que ver con esta cuestión y que desembocarían en una censura impracticable.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, me dirijo sobre todo al Comisario Liikanen. Señorías, el comercio electrónico puede impulsar la economía y crear, por tanto, muchos nuevos empleo, empleos que son muy necesarios en Europa. La directiva que analizamos hoy terminará con muchos de los obstáculos e inseguridades y ofrecerá seguridad jurídica y garantías a todos los actores, pero sobre todo a los consumidores. Además de la cuestión del spamming , que ya ha sido tratada por mi colega Graham Watson, hay también otro problema. En la sección 4, los artículos 12 y 13 de esta directiva determinan que cuando el prestador de servicios transmita solamente información pasiva, no será responsable del contenido. Solamente hará las veces de transmisor.
Así mismo, el almacenamiento temporal de información en la red, el llamado cashing , cae en este ámbito. La limitación de responsabilidad afecta a todas las actividades ilegales on-line de terceros, tales como competencia desleal, publicidad engañosa, pero también a la piratería en el ámbito de los derecho de autor, así se deduce de la explicación de la propuesta de la Comisión.
No obstante, Señorías, este Parlamento adoptó hace dos meses una enmienda al artículo 5, apartado 1, que establece que ese cashing cae en el ámbito de la directiva sobre derechos de autor, es decir, en la protección judicial del autor, mientras que el cashing como tal no implica una explotación de la información transmitida. Esto es una contradicción. Quiero preguntarle algo al Comisario, señor Presidente. Estas disposiciones son incompatibles entre sí...
La oradora es interrumpida por el Presidente

El Presidente
Señora, dispénseme que deba interrumpirla, pero estamos limitados por el tiempo de uso de la palabra. Lo lamento mucho.

Bru Purón
Señor Presidente, yo también quiero lanzar un cierto canto de cisne. Durante muchos años -aunque en diferentes épocas- he participado en este Parlamento y ya me despido de él, no en cuanto al corazón, que lo tendré siempre cerca, pero sí en cuanto a la presencia habitual. Recuerdo muchos momentos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y, entre ellos, los compartidos con la Sra. Oddy que, en temas que empezaban en la anterior legislatura acerca de las nuevas tecnologías respecto de su incompatibilidad con los derechos de autor, siempre hemos llegado a posiciones similares.
Felicito a la Sra. ponente y felicito también a mis compañeros que han presentado enmiendas como, por ejemplo, la número 45, que mi estimado y querido colega Sr. Cassidy critica. Señor Cassidy, creo en la liberación para los hombres y las mujeres. Hay que tener cuidado con las técnicas arrasadoras, mecánicas y sin consideración a la naturaleza humana. El network no tiene por qué suprimir la necesidad de un cierto control, tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos.
Dijo Octavio Paz que no estamos hechos para una sociedad que tenga como fin producir para consumir y consumir para producir. El hecho de enviar mensajes para crear un consumo artificial es muchas veces deformador de la personalidad, como es la pornografía, etc. Creo que toda esa basura debe ser controlada. Y por tanto, creo que la posibilidad de que exista un cierto control en el centro del network , en el centro de la red, de tal manera que el consumidor -que por encima de consumidor es hombre y mujer- sepa dónde está el origen del mal. Y controlarlo es dar lugar al Derecho y el Derecho debe estar por encima, naturalmente, de las meras técnicas.

Cederschiöld
Señor Presidente, en pocos años se va a rebasar la barrera de los 500 millones de personas conectadas a la red. Como acaba de exponer muy bien el Sr. Hoppenstedt, se ha abierto un mercado completamente nuevo que sienta las bases de una futura fuente de crecimiento en Europa. Los que crean crecimiento no son los políticos, sino los empresarios. Los políticos crean las condiciones y el clima adecuados para que se produzca este crecimiento. El comercio electrónico tiene un enorme potencial para la industria europea, por lo que hemos de velar por que no se adopte ninguna decisión política que obligue a los proveedores en Internet a establecerse fuera de la Unión.
En la enmienda 36 se propone que los proveedores que presten servicios de la sociedad de información deberán conservar todos los datos que se requieran a la hora de investigar e identificar a los proveedores de material ilegal. Pero ésta es una cuestión relacionada con la lucha contra la delincuencia, y la responsabilidad en este ámbito recae en el Estado. Al igual que ocurre en la competencia, en los Estados Unidos, también aquí es necesario que sea el Estado el que no sólo asuma los costes de la lucha contra la delincuencia, sino también el que adopte las decisiones en torno a las estrictas normas y a las posibilidades técnicas necesarias para combatir con firmeza los casos de delito muy grave.
La puesta en práctica de la enmienda 36 obligaría a ciertos proveedores de servicios en Internet a establecerse fuera de la Unión, lo que no constituye una buena manera de aprovechar el nuevo potencial de crecimiento económico que ofrece Internet. Sería una injerencia típica por parte de los políticos en los intereses de los ciudadanos, muy desafortunada y que parecería basarse en el desconocimiento de los ámbitos correspondientes.
El candidato a la Presidencia de la Comisión se refirió el pasado martes a la importancia que reviste la tecnología de la información para el desarrollo de Europa. Tiene razón: es de suma importancia que no se agraven las condiciones económicas de crecimiento del sector de la tecnología de la información, sino que se desarrollen especialmente por lo que respecta a las PYME a fin de impedir que sean éstas las que sufran los costes de almacenamiento. Es igualmente importante el respeto a la integridad de estas empresas pequeñas.

Herman
Señor Presidente, Señorías, el desarrollo del comercio electrónico tendrá un impacto considerable en el conjunto de la sociedad. Éste ofrece muchas posibilidades desde el punto de vista del valor añadido y, por lo tanto, del empleo. Se trata asimismo de un fenómeno mundial, global, y resulta impensable que quedáramos marginados, como si Europa pudiese gobernarse del mismo modo que una isla en medio de un océano. Por consiguiente, no debemos, en mi opinión, imponernos normas y limitaciones que supondrían dejarnos al margen de este desarrollo extremadamente rico.
Sin embargo, soy absolutamente consciente de los riesgos que implica, y se trata de eliminarlos o de frenarlos. Dicho esto, la propuesta de la Comisión me parecía, en este sentido, muy equilibrada. Me pregunto, con todo lo que oigo, lo que puedo ver y observar, si las enmiendas de la Comisión de Asuntos Jurídicos no han roto este necesario equilibrio. Como lo han subrayado la mayoría de los oradores de mi Grupo, creo que no se debe, para proteger al consumidor -preocupación que no deja de ser legítima-, privarlo, al mismo tiempo, de todas las ventajas y de todos los beneficios que este desarrollo puede aportar tanto en el plano del empleo como en el de la economía.
Por eso creo importante estar muy atentos a este justo equilibrio. Por esta razón, junto con mis colegas, votaré a favor de algunas enmiendas tendentes a mejorar la situación y votaré en contra de otras, que, en cambio, pienso que han roto este equilibrio.

Garosci
Señor Presidente, quien ha hablado durante cinco años en este Pleno ya no debería emocionarse, sin embargo, pensar que hoy es el último día de este período parcial de sesiones me produce cuando menos cierta emoción. Y dado que, como decía un famoso escritor de mi país, «el mañana es incierto», aprovecho la ocasión para saludar y expresar mi agradecimiento a todos los colegas, funcionarios e intérpretes con los cuales he compartido estos cinco años fundamentales para la construcción europea. Para mí ha sido un honor trabajar con muchos de ustedes.
El asunto que hoy nos ocupa es uno de los más importantes por sus contenidos económicos y sociales tanto porque está dirigido a los jóvenes como porque puede crear numerosos puestos de trabajo.
Precisamente ayer fue aprobado por el Parlamento mi informe sobre el Libro Blanco del comercio que habla amplia y favorablemente del comercio electrónico.
Agradezco a la Comisión el haber cumplido su compromiso de elaborar en el mismo mandato el Libro Verde y el Libro Blanco del comercio, logrando que por primera vez las Instituciones abordaran el sector del comercio en todos sus aspectos.
En el Libro Blanco hemos conseguido que la Comisión llevara a cabo acciones de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo, la protección de los usuarios finales.
Los aspectos jurídicos hoy examinados constituyen la base indispensable para regular y armonizar los contratos electrónicos, el uso y los desarrollos futuros, siempre que Internet sea accesible a todos, accesible pero no regulado, para defender a las clases más expuestas, especialmente los niños; proteger contra la ilegalidad electrónica, el intrusismo por cable, pero fomentar todo aquello que puede generar puestos de trabajo y ampliar nuestra cultura. En efecto, como decía el gran Presidente Delors, Europa no existirá sin cultura.
A pesar de que queda mucho por hacer en el nuevo mercado comunitario, hemos demostrado que es posible proteger los intereses de los empresarios, de los comerciantes, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y al mismo tiempo, defender a los ciudadanos en su condición de consumidores, que son el objetivo y el fin del trabajo de las empresas tanto públicas como privadas. ¡Sigamos por este camino!

Klaß
Señor Presidente, señor Comisario, nos hallamos en la era de la sociedad de la información y las posibilidades ofrecidas por las nuevas vías de comunicación son cada vez mayores. En mi opinión, no podemos dejar escapar las oportunidades que se nos presentan puesto que el uso adecuado de las nuevas posibilidades sin duda redundará en beneficio de la competitividad de la economía europea. Sin embargo, también en este ámbito necesitamos un marco jurídico uniforme. En el mundo de las comunicaciones en línea, el consumidor recibe una avalancha de información y los Estados miembros no pueden ampararse en la legislación nacional porque el comercio electrónico rebasa las fronteras de los países.
En el contexto de la protección del consumidor, los Estados miembros y la Comisión han de insistir en la necesidad de elaborar códigos de conducta. A este respecto, el problema de las comunicaciones comerciales no solicitadas desempeña un papel fundamental. Deben estar identificadas como tales para que puedan reconocerse inmediatamente y deben incluir la posibilidad de rechazo por parte del destinatario, sobre todo habida cuenta de los gastos que pueden ocasionar. En este ámbito necesitamos una mayor transparencia. Gracias a esta identificación inequívoca, el consumidor podrá decidir libremente si acepta o no acepta los servicios que se le ofrecen.

Liikanen
Señor Presidente, la Comisión se alegra de saber que el informe de la Sra. Oddy, que es muy exhaustivo, comparte el enfoque y las líneas principales de la propuesta de la Comisión. Es particularmente importante en lo que se refiere al respaldo unánime a los principios del mercado interior que sirven de base a la propuesta.
La mayoría de las enmiendas que contiene el informe de la Sra. Oddy aclaran y mejoran la propuesta inicial y me alegra indicar que la Comisión aceptará las enmiendas núms. 1, 2, 4, 6 -esta última sólo en la versión inglesa-, 7, 12, 13, 16-20, 22, 24, 32-34, 37, 40, 41, 43, 55-57, 62 y 65-67. A condición de que se les dé una nueva redacción, la Comisión también está en situación de aceptar las enmiendas núms. 3, 5, 11, 15, 25, 29 y 35 y parte de las enmiendas 9, 14, 38, 51, 69 y 73.
Hay, sin embargo, varias enmiendas que la Comisión no está en situación de aceptar por una de las cuatro razones que voy a exponer a continuación.
En primer lugar, porque sus objetivos y su formulación no están suficientemente claros, lo que podría dar lugar a una inseguridad jurídica. Es el caso de las enmiendas núms. 8, 24, 26, 30, 39, 58, 59, 60, 64 y 72. La enmienda 42 no puede aceptarse como tal. Sin embargo, la Comisión reconoce que debe revisarse el apartado 1 del artículo 11 relativo al momento en que quedan celebrados los contratos por vía electrónica. La Comisión acepta el objetivo de la enmienda del Parlamento destinada a simplificar el proceso de contratación y se ocupará del tema en la propuesta modificada.
En segundo lugar, porque se produciría una falta de coherencia con otras directivas comunitarias o con el Derecho comunitario. Éste es el caso de las enmiendas que se podría interpretar que entran en conflicto con las normas sobre protección de datos personales o con los principios del Derecho comunitario: enmiendas núms. 10, 28, 36, 70 y 76. Es también el caso de las enmiendas que intentan modificar el ámbito de aplicación de la directiva de una manera que no es coherente con otras directivas sobre servicios de la sociedad de la información (enmiendas núms. 27 y 63) y de la enmienda 31, que modifica la definición propuesta de las comunicaciones comerciales.
En tercer lugar, porque alterarían el equilibrio de intereses en una serie de aspectos conseguido en la propuesta original. La enmienda 48 pertenece a este grupo; había una pregunta al respecto.
Es lo que sucede con las enmiendas que tratan el tema de la responsabilidad civil de los intermediarios: de la 44 a la 54, más la 75. Ésta un área sensible y muy importante en la que se hicieron especiales esfuerzos en la propuesta original para llegar a una solución de compromiso razonable que tuviera en cuenta todos los intereses en juego. Es también el caso en lo que respecta a la enmienda 71, que restringe la lista de contratos establecida en el artículo 9 de la propuesta.
En cuarto lugar, porque serían demasiado ambiciosas en este momento teniendo en cuenta el grado de integración de la Comunidad. Es el caso de las enmiendas dirigidas a restringir las excepciones enumeradas en el Anexo 2 de la propuesta (enmiendas núms. 21, 68 y 74) y de la enmienda 61, relativa a las demandas en los tribunales, aunque sobre este último tema la Comisión reconoce que es necesario mejorar las posibilidades de reparación legal, sobre todo en los contratos transfronterizos.
Quisiera terminar dando otra vez las gracias al Parlamento por el trabajo que ha dedicado a la propuesta y su apoyo a la misma. Ésta tendrá una importancia fundamental para que Europa y sus ciudadanos puedan cosechar plenamente los frutos del comercio electrónico y fortalecer la posición europea en el contexto mundial. Estoy de acuerdo con el Sr. Paasilinna en que, en este contexto, son de agradecer todas las actividades no gubernamentales.

El Presidente
El debate queda cerrado.
Puesto que es momento de despedidas, yo también desearía despedirme de ustedes. En especial, desearía expresar a mis colegas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos cuánto he apreciado el trabajo que hemos realizado durante estos cinco últimos años, así como formular a la Comisión de Asuntos Jurídicos mis mejores augurios con miras al próximo mandato.

El Presidente
Tiene la palabra la Sra. Gebhardt para una cuestión de orden.

Gebhardt
Señor Presidente, quisiera expresar mi indignación por el aplazamiento de mi informe, que estaba previsto para esta mañana -al menos según la información que tenía yo-, de conformidad con el orden del día votado el lunes. No sólo estoy indignada, es más, me parece una auténtica vergüenza.
El informe aprobado por el Comité de Conciliación sobre el reconocimiento de los títulos obtenidos por los jóvenes aborda un tema fundamental. Cuando esta mañana me he enterado por casualidad de que el debate sobre este informe no tendría lugar hasta esta tarde a las 18.00 horas y se procedería a la votación mañana por la mañana, he llegado a la conclusión de que es una decisión profundamente injusta puesto que lo que está en juego es el futuro de las personas, de las personas jóvenes. Y como Parlamento hemos declarado que ésta debe ser una de las prioridades de la política europea. Lo que intento decir es que no puedo aceptar el trato que recibe este informe, ya que nos ha costado mucho trabajo, tanto en el Comité de Conciliación como en la conciliación con el Consejo.

El Presidente
Señora Gebhardt, el viernes es un día de sesión -mientras no se disponga lo contrario- tan válido como cualquier otro día. Este asunto está incluido en el orden del día del viernes por la Conferencia de Presidentes desde hace varias sesiones y nunca se ha previsto en otro sitio. Usted tenía que haber hablado con su presidente de Grupo para ver si era posible elegir otro momento.
En todo caso, mañana viernes no hay un requisito especial de quórum y podrá ser tranquilamente votado, puesto que tampoco hay enmiendas. Se trata simplemente de comprobar que hay un acuerdo, y para eso es tan válido y tan importante el viernes como cualquier otro día.

Medina Ortega
Señor Presidente, una cuestión de orden. Concretamente, se refiere al orden de votación de hoy.
Los informes que requieren mayoría cualificada suelen votarse antes. Concretamente, el Informe McCarthy/Hatzidakis -que es el informe sobre disposiciones generales en materia de Fondos estructurales- debería votarse antes de los informes de aplicación, concretamente antes del Informe Varela Suanzes-Carpegna y los otros informes de aplicación del informe general sobre Fondos estructurales.

El Presidente
Entonces, señor Medina, lo que usted me está proponiendo es que procedamos según lo habitual: votar los informes que exigen mayoría cualificada, en este caso el informe del Sr. Pronk, antes de empezar con el bloque de la Agenda 2000.

Medina Ortega
Señor Presidente, me refiero al bloque de informes Varela Suanzes-Carpegna, Jöns, Kellett-Bowman, Colom i Naval y McCarthy/Hatzidakis. El McCarthy/Hatzidakis, como es el informe general de estos cuatro informes, debería votarse después del informe del Sr. Bösch y antes del informe de Varela Suanzes-Carpegna. Es una simple cuestión de ordenación, ya que es el informe general y los otros cuatro son informes de aplicación de ese informe.

El Presidente
No, lo que se ha seguido en ese bloque es el orden normal. Primeras lecturas, segundas lecturas, dictámenes conforme y consultas. Porque si entramos en la cuestión de cuál es el general, nos metemos en una complicación muy grande. Ya está establecido y, ahora, cualquier alteración sólo traería complicaciones.

Lulling
Señor Presidente, me encuentro en la misma situación embarazosa que la Sra. Gebhardt. Sé que, en el fondo, el viernes es un día como los demás: yo siempre estoy presente los viernes. Pero usted sienta un precedente lamentable, puesto que hay que dar a este Parlamento la oportunidad de rechazar por 314 votos el resultado de una conciliación. No será posible. Ya lo hemos hecho una vez con respecto al proyecto Rothley, que había sido resultado de un procedimiento de conciliación. Estábamos de acuerdo sobre el proyecto común, pero el Parlamento lo rechazó. Ahora bien, mañana el Parlamento no podrá hacerlo. Por lo tanto, protesto. Los informes de conciliación se tendrían que haber tratado esta mañana, para que hoy se pudiera celebrar la votación.

El Presidente
Señora, lo lamento, pero para la votación de su informe se requiere la mayoría simple y no la mayoría cualificada, de lo contrario habría sido inscrito en las votaciones de hoy. Por esta razón, puede perfectamente votarse mañana.

Lulling
Señor Presidente, no sabía que las conciliaciones podían tratarse de distinta forma según los temas. No creo que sea así.

El Presidente
No, no se trata de tratarlas de modo diferente según los temas. Además, el Informe Rothley había sido rechazado por mayoría simple.
Hay que informarse antes de hacer comparaciones.

Pack
Señor Presidente, querría volver sobre un tema que ya ha sido tratado esta mañana a las 9.00 horas. Se nos ha comunicado que, el Sr. Ibrahim Rugova, Premio Sajarov, ha abandonado Kosovo y se encuentra actualmente con su familia en Italia. Esta misma mañana también hemos solicitado que el Presidente y la Mesa, que en ese momento no estaban presentes, den luz verde para que en los próximos días una delegación de este Parlamento se desplace a Roma con objeto de entrevistarse con el Sr. Rugova. Esta mañana hemos propuesto que sean el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Renzo Imbeni, y el presidente de la Delegación para las Relaciones con la Europa Sudoriental quienes vayan a verle para que les informe de la situación en Kosovo, su propia experiencia y sus propuestas para el futuro. Esperamos que usted nos dé pronto su visto bueno para que el viaje pueda planificarse hoy mismo.

El Presidente
Señora Pack, como sabe usted y saben todos los colegas, la autorización para ese viaje es competencia de la Conferencia de Presidentes. La Conferencia de Presidentes se reúne esta tarde y yo le someteré esta petición recomendando que la adopten. Esta misma tarde, pues, el órgano competente tomará una decisión.
Me pide la palabra el Sr. Falconer para una cuestión de orden.

Falconer
Señor Presidente, tomo la palabra por una cuestión de orden. ¿Podría informarme acerca de si las personas que disponen de lentes telemáticas tienen permiso de la Mesa para sacar fotos desde la galería? ¿Se les ha dado permiso para sacar esas fotos?
Este asunto surgió en el último período parcial de sesiones y esas personas fueron expulsadas de la galería, tal como debe ser.

El Presidente
Señor Falconer, los servicios de la Asamblea me dicen que el fotógrafo que está haciendo fotos ha sido autorizado expresamente para ello y por eso lleva un badge que le autoriza al efecto. Por tanto, si nuestros servicios competentes le han autorizado, es porque entra dentro de los márgenes previstos.

McCarthy
Señor Presidente, no estoy de acuerdo con su interpretación de cómo hacer la votación sobre el programa de los Fondos estructurales, porque el reglamento general es de hecho el reglamento que regula todos los demás aspectos de los reglamentos de aplicación. Si esta Asamblea no da su consentimiento al reglamento general, no puede haber acuerdo para los reglamentos que le siguen. Según la lógica legislativa hay que coger primero el reglamento general, aunque suponga sólo el consentimiento, y coger después los reglamentos que vienen a continuación.
Lo único que tiene que hacer es intercambiar McCarthy y Hatzidakis por Varela Suanzes-Carpegna y después podremos seguir de forma lógica.

El Presidente
Señora McCarthy, yo creo que es exactamente igual pero, para no perder más tiempo vamos a votar como usted me lo pide y así nos evitamos emplear más tiempo en una discusión que no tiene sentido ninguno.

Votaciones
Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, quisiera simplemente formular una precisión técnica. Una de las enmiendas que vamos a votar, concretamente la número 4, que forma parte del compromiso que hemos acordado con el Consejo, implica una modificación del apartado primero del artículo 3 del Reglamento, añadiendo una nueva iniciativa, la iniciativa comunitaria Urban. En caso de que la enmienda 4 sea aprobada, le ruego que se haga lo necesario para que los servicios de la Asamblea realicen los ajustes técnicos precisos para adaptar el considerando correspondiente.

El Presidente
Si se aprueba la enmienda, así se hará.
Antes de proceder a la votación y de conformidad con el apartado 5 del artículo 72 del Reglamento, solicito de la Comisión que dé a conocer su posición sobre las enmiendas.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, aprobamos las enmiendas acordadas conjuntamente por el Consejo, la Comisión y el representante del Parlamento Europeo, el Sr. Varela.

Representante del Consejo
Señor Presidente, el Consejo está de acuerdo asimismo con las enmiendas acordadas.
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada

Wulf-Mathies
En este caso sucede lo mismo. Tanto las modificaciones acordadas de común acuerdo como las propuestas formuladas ayer durante el debate del informe de la Sra. Jöns merecen nuestro más firme apoyo.

Representante del Consejo
Señor Presidente, me sumo a las palabras de la Sra. Comisaria.
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada

Samland
Señor Presidente, creo que hemos de añadir una palabra que falta. En la concertación y en el diálogo tripartito hemos acordado con respecto a la enmienda 2, artículos 1, 2, que el texto futuro debe rezar como sigue: This limit may be increased up to 2 % . Se ha llegado a la misma conclusión en lo que a la enmienda 1, apartado 4, se refiere. No obstante, la palabra up sólo aparece una vez. Le ruego, por tanto, que después de la votación rectifiquemos este error, añadiendo la palabra up a la enmienda número 1. Pues es esto lo que han convenido la Comisión y el Consejo.

El Presidente
Bien, ¿el señor ponente está de acuerdo? Muy bien, señor ponente.
Pasamos entonces a conocer el punto de vista de la Comisión y luego del Consejo sobre las enmiendas.
Tiene la palabra el Sr. Liikanen en nombre de la Comisión.

Liikanen
Es correcto lo que dijo el Sr. Samland. La Comisión está de acuerdo.

El Presidente
¿Y la Comisión también acepta las enmiendas?

Representante del Consejo
Señor Presidente, el Consejo también está conforme, tal y como se acordó en el diálogo tripartito.
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada

Samland
Señor Presidente, previamente a esta votación han surgido en esta Asamblea discusiones sobre cuáles son las mayorías con las que esta Asamblea debe aprobar el Acuerdo Interinstitucional y las perspectivas financieras correspondientes.
Sé que usted también ha solicitado la ayuda del Servicio Jurídico para aclarar este asunto. En nombre de los miembros de la Comisión de Presupuestos quisiera formular las siguientes precisiones. Hasta la fecha, esta Asamblea siempre ha decidido por mayoría cualificada sobre los acuerdos interinstitucionales. Ello significa que de conformidad con el último párrafo del apartado 9 del artículo 203 se aplican las siguientes mayorías. Cito: «... mediante acuerdo entre el Consejo, por mayoría cualificada, y el Parlamento Europeo, por mayoría de los miembros que lo componen ...», teniendo en cuenta que esta cita se refiere al establecimiento del tipo máximo.
Todos sabemos que ni el Tratado ni nuestro Reglamento -tampoco el nuevo- recoge disposiciones relativas a la votación en el marco de los acuerdos interinstitucionales. A través del Acuerdo Institucional que tenemos delante y la definición de las perspectivas financieras fijamos, no obstante, el tipo máximo para los próximos siete años. Es decir, indirectamente tomamos una decisión que, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado, ha de adoptarse por mayoría absoluta. Ésta no es la única razón por la que solicito que partamos de la idea de que esta votación requiera una mayoría cualificada. Me baso igualmente en la necesidad política de que una decisión de estas características revista carácter altamente vinculante para el Consejo, la Comisión y también para el Parlamento. Le ruego me confirme estos argumentos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Samland. No puedo confirmar lo que usted dice. Efectivamente, he examinado el informe de la Comisión de Presupuestos con toda atención y he pedido un informe al Servicio Jurídico. Como usted bien ha dicho -y queda recogido en la nota que su comisión ha enviado y que he examinado muy atentamente- ni en los Tratados ni en nuestro Reglamento está previsto que los acuerdos interinstitucionales requieran mayoría absoluta. Es más, como todos ustedes saben, hay una sentencia del Tribunal de Justicia -ya antigua-, de 23 de julio de 1988, que dice que las decisiones sobre qué mayoría ha de aplicarse no están a la disposición de cada institución. Esto fue lo que obligó a cambiar en nuestro propio Reglamento la mayoría absoluta, prevista para la aprobación de la gestión, por la mayoría simple. Porque llegamos a la conclusión de que no era posible mantener una mayoría absoluta cuando no estaba en los Tratados. Este sería un argumento suficiente en este caso.
He examinado también el argumento que usted ha expuesto sobre si esta decisión en sí entraña decisiones presupuestarias y también lo ha examinado atentamente nuestro Servicio Jurídico, es decir, si entraña decisiones presupuestarias para las que el artículo 272 exigiría mayoría cualificada. El Servicio Jurídico llega a la conclusión -que yo comparto- de que no sustituye las decisiones presupuestarias, porque ni el acuerdo es una norma ni es en sí mismo una decisión presupuestaria. Cada año, cuando se adopta el presupuesto, le corresponde al Presidente examinar que se han cumplido y se han tenido en cuenta las mayorías suficientes. Luego es al adoptar el presupuesto anual cuando, con esas mayorías, se toma la decisión. Y se puede tomar una decisión teóricamente contraria, aunque las instituciones entre sí hayan adoptado el acuerdo -que no tiene valor de ley, sino inferior a la ley- de no rebasar determinadas líneas. Pero este es un acuerdo que se basa en la buena voluntad de las instituciones y no tiene valor normativo.
Por tanto, sin valor normativo ni presupuestario, no se puede exigir esa mayoría. Y hay sentencias del Tribunal de Justicia -también citadas en el informe del Servicio Jurídico, que pondré a su disposición- que confirman este extremo.
Por tanto, teniendo en cuenta todas estos hechos y para no incurrir en un defecto que nos podría llevar a que hubiese recursos ante el Tribunal de Justicia y los perdiésemos -como ya ha ocurrido en otra ocasión-, no tengo más remedio que mantener el criterio del Servicio Jurídico de que esta votación es por mayoría simple, y por mayoría simple se decidirá.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, comparto, por supuesto, esos argumentos que yo misma -desde mi particular estudio- había expuesto esta mañana y ayer en el Grupo del Partido Popular Europeo.
Al Sr. Samland, que ha utilizado un argumento no jurídico sino político, yo le recordaría que esta Asamblea ha pedido muchas veces al Consejo que abandone las unanimidades y las mayorías cualificadas para ir a adoptar los acuerdos por mayoría.
Extraña política es ésta, que nosotros pidamos al Consejo una tendencia que, aparentemente, nosotros no queremos respetar yendo en contra de los Tratados, en contra de nuestro propio Reglamento, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en contra del sentido común mismo, que dice que, jurídicamente, un acto es un acto y tiene el valor de ese acto formal. No el valor de unas consecuencias que efectivamente existen, pero que, en su momento, tendrán su forma jurídica adecuada, con sus mayorías requeridas de acuerdo con el Tratado.

El Presidente
Esta Presidencia no entra en criterios políticos. La Presidencia tiene que moverse estrictamente dentro de criterios legales y reglamentarios.

Dell' Alba
Señor Presidente; en primer término, le doy las gracias por esta precisión: hay que situarse en el plano jurídico y en el plano legal. Debemos tener mucho cuidado, porque si nos basamos en consideraciones políticas, todo cambia, se puede decir todo y lo contrario de todo. Ya lo hemos visto esta semana.
Creo que hay que tomar en consideración el elemento siguiente: los acuerdos interinstitucionales modifican -mediante el consentimiento de las instituciones- la distribución de los presupuestos anuales y forman parte de una visión del presupuesto, visión que hemos aceptado de común acuerdo.
En el Informe Colom i Naval hay un apartado y una enmienda 27 que remiten directamente al artículo 12 del Acuerdo Interinstitucional, el cual modifica el límite máximo de aumento por un período de siete años. Se trata de un acto muy importante, muy enérgico, de esta institución. Nuestro Reglamento, en los apartados 8 y 9 del artículo 3 del anexo IV, exige la mayoría absoluta de los diputados. Pienso que la objeción del Sr. Samland tiene fundamento. El hecho de exigir una mayoría absoluta significa protegernos frente al Consejo.
Aplausos

Müller
Señor Presidente, estimados colegas, yo también quiero romper una lanza a favor de la argumentación de Detlev Samland, y eso por la razón siguiente. Señor Presidente, la jurisprudencia que usted cita estipula que las instituciones no pueden revisar a la baja las mayorías establecidas por el Tratado. Ello no significa, sin embargo, que las instituciones no dispongan de la suficiente autonomía para decidirse a incrementar las exigencias contempladas en el Tratado en determinadas ocasiones, sobre todo cuando está en juego el carácter vinculante del tipo máximo de aumento, tal como estipula el artículo 203. Es otro argumento más que me lleva a respaldar la posición de la Comisión de Presupuestos. Introducimos un cambio, puesto que fijamos un tipo máximo nuevo para los próximos siete años. Por eso mismo, esta Asamblea haría bien en optar por la mayoría cualificada.

Colom i Naval
. Señor Presidente, en primer lugar tomo nota de que - según lo que dice usted- el Servicio Jurídico y la Presidencia se equivocaron en 1988 y en 1993, porque se interpretó y se votó las dos veces tras el informe del Servicio Jurídico de la época por mayoría cualificada. Pero lo que me preocupa ya -porque estaría dispuesto a rectificar el error, por supuesto- es la propia interpretación que su Señoría da a la cuestión. Porque el acuerdo que votamos, tal como está redactado ahora, prevé la revisión por mayoría cualificada de las propias perspectivas financieras. Según la doctrina que usted ha expresado, este acto sería nulo y contrario a la sentencia de 1988 que usted ha citado. Por lo tanto, no podríamos aprobar un acto que, por lo que usted dice, de conformidad con la sentencia de julio de 1988, es nulo.

Bourlanges
Señor Presidente, desearía ante todo rendir homenaje al presidente Samland, que como sabemos es favorable al acuerdo interinstitucional, y para quien el derecho y la autoridad política de los acuerdos interinstitucionales están por delante de cualquier otra consideración.
Señor Presidente, si su interpretación es justa, el acuerdo interinstitucional es inadmisible, ya que contiene un conjunto de disposiciones que exigen la mayoría cualificada. Si es realmente necesario que el Tratado exija en cada caso, de manera precisa, la mayoría cualificada, y limite los casos de ampliación de esta mayoría cualificada, dicho acuerdo interinstitucional, como acaba de sugerirlo el Sr. Colom i Naval, es inadmisible. Es nulo; debe retirarlo.
Desde un punto de vista más esencial, creo que lo básico, en esta cuestión, es que el Parlamento, el último día, pretende someter durante siete años a su sucesor y al sucesor de su sucesor a una limitación sustancial de los poderes presupuestarios establecidos en el Tratado, poderes presupuestarios que este Parlamento ejerce, en general, por mayoría cualificada. Es totalmente descabellado y contrario al Tratado pronunciarse por mayoría simple, ya que el Tratado otorga los poderes presupuestarios al Parlamento y establece que éstos se ejercen por mayoría cualificada. No podemos vincular al próximo Parlamento, e impedir el ejercicio de los poderes presupuestarios de nuestra institución, mediante un acuerdo por mayoría simple.
Añado que este acuerdo es resultado del Acuerdo Interinstitucional de 1993, aprobado por mayoría cualificada y que establece explícitamente que la denuncia debe efectuarse por mayoría cualificada. Ahora bien, este nuevo acuerdo supone una denuncia y una sustitución del acuerdo anterior y, por lo tanto, debe ser aprobado por mayoría cualificada.
Finalmente, señor Presidente, en la frontera entre lo político y lo jurídico, creo que usted subestima profundamente lo que significa, en nuestro sistema, el surgimiento de los acuerdos interinstitucionales. El Tribunal de Justicia, al que usted ha citado, reconoce con mayor frecuencia, sentencia tras sentencia, que los acuerdos interinstitucionales constituyen una norma fundamental. Su actitud -si permite que esta ley se apruebe por mayoría simple- supondrá que, en el futuro, un viernes por la mañana de un día nublado, con una mayoría de 48 votos contra 47, un Parlamento, por azar, podrá abolir y destruir no sólo las perspectivas financieras, sino el conjunto del edificio de cooperación interinstitucional construido durante los veinte últimos meses.
Aplausos
No tiene derecho, señor Presidente, a liquidar de este modo uno de los fundamentos de nuestro buen funcionamiento interinstitucional, como son estos acuerdos, elaborados progresivamente y en un marco de confianza por las instituciones. Debemos votar por mayoría cualificada. Está en juego la calidad de la cooperación leal entre las instituciones, tal como la describe el Tratado y la reconoce el Tribunal.
Vivos aplausos

El Presidente
Tengo numerosas peticiones de palabra, pero yo creo que no estamos en un debate académico, sino que tenemos que votar. Alguien tiene que decidir, esa responsabilidad me corresponde a mí, he estudiado a fondo el tema y lo siento mucho, señora Müller, pero la jurisprudencia dice exactamente lo contrario de lo que usted afirma. Exactamente lo contrario: que nosotros no podemos elevar las mayorías. No es que no podamos rebajarlas, es que no podemos elevarlas. Y por tanto, donde no están, no las podemos establecer, y esto es tristemente así, a pesar de que el Parlamento a veces se haga la ilusión de que puede ser de otro modo. En base a esa decisión yo no tengo más remedio que mantener el criterio al que había llegado. Y vamos a votar por mayoría simple.
Examinamos la propuesta de resolución. No, señor Elles, este tema está resuelto. Lo siento mucho. Si alguien me lo pide por escrito, lo someteré a la Comisión de Reglamento para el futuro, pero en este momento alguien tiene que decidir y me corresponde a mí y lo he decidido. No hay votación sobre el tema.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, antes de pasar a la votación de la enmienda 27 revisada, desearía plantearle la cuestión de su admisibilidad. Tengo la impresión, en efecto, de que si se prevé la adopción, en forma de anexo, de un proyecto de acuerdo interinstitucional, dicha enmienda no corresponde -ni en el plano jurídico ni en la práctica- a lo que se espera en este marco.
Cuando hemos tenido que pronunciarnos sobre acuerdos interinstitucionales, contábamos con un informe y con la aprobación -propuesta en el marco de este informe- del acuerdo interinstitucional. No discuto sobre cuestiones de mayoría. Tuve la oportunidad de expresarme a propósito del acuerdo interinstitucional sobre la PESC, y mi posición no ha cambiado.
Pero, en cambio, creo que esta enmienda no es admisible: no se puede aprobar, mediante una enmienda, tras haber discutido un informe que lleva un título diferente, el texto de un acuerdo, que, por otro lado, modifica sensiblemente varias partes del informe, aunque se trate -además de la exposición de motivos- de algunos apartados. Esta fue su posición, en un contexto relativamente comparable, sobre una enmienda que yo mismo había presentado.

Samland
Señor Presidente, el lunes pasado, la Comisión de Presupuestos decidió sobre la aprobación o el rechazo del Acuerdo Interinstitucional en una reunión que fue convocada en toda regla y contó con su autorización. El Acuerdo Institucional se aprobó por mayoría. Como hasta el lunes no fue posible votar las enmiendas correspondientes y a raíz de ello usted nos autorizó a celebrar una reunión excepcional, puesto que las conversaciones tripartitas no habían tenido lugar hasta la semana antes y fue entonces cuando conocimos los resultados del Consejo, la Comisión de Presupuestos adoptó las enmiendas que se ajustaban a la decisión principal inmediatamente después de la votación de la misma. Han sido votadas en debida forma y han llegado a esta Asamblea en el plazo previsto. Así las cosas, sería deseable que el Parlamento pudiera proceder ahora a la votación final.

El Presidente
La verdad, señor Fabre-Aubrespy, no veo ningún precepto del Reglamento que impida proceder de este modo tal como hemos procedido bastantes veces. Es decir, incluir con una enmienda un texto anejo. Por tanto, voy a someter a votación la enmienda 27.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, discúlpeme por volver a hacer uso de la palabra, pero desearía, antes de la votación final, y de conformidad con el artículo 129 del Reglamento, proponer la devolución a comisión del Informe Colom i Naval.
En efecto, creo que la discusión que ha tenido lugar hace un momento, los argumentos expuestos y las condiciones en las cuales se ha celebrado la votación, abogan en favor de la devolución a comisión. De este modo podemos dejar que el próximo Parlamento, una vez elegido, decida lo que ocurrirá en los siete próximos años.
En el ínterin, podremos solucionar la cuestión jurídica que varios oradores han planteado, y que Jean-Louis Bourlanges ha expuesto brillantemente hace un momento. Por lo tanto, propongo a la Asamblea que apruebe la devolución a comisión del Informe Colom i Naval.

El Presidente
Muy bien, discutiremos esta cuestión con la intervención de un orador a favor y de otro en contra. Usted estaba a favor. Creo que el Sr. Samland está en contra.

Samland
Señor Presidente, nuestra comisión lleva dos años con este informe. ¡Dos años! Hemos presentado más de veinte documentos de trabajo. El lunes pasado celebramos en la Comisión de Presupuestos un debate de cuatro horas, al que el Sr. Fabre-Aubrespry prefirió no participar. Ayer hablamos largo y tendido sobre este informe aquí en el Parlamento. No quiero romper las amistades y entiendo que uno pueda estar a favor o en contra del informe, pero solicitar su devolución a comisión es una clara muestra de desprecio hacia el trabajo realizado por el ponente y este Parlamento. Ruego que se proceda a la votación.

Elles
Señor Presidente, ayer por la tarde oímos en el debate sobre este informe que nuestro propio ponente no está a favor de este informe concreto. Esta mañana hemos tenido votaciones conforme al nuevo procedimiento de Amsterdam, en las que no hemos podido quedarnos con algunas enmiendas aisladas como la enmienda 28, que exigiría una cláusula de revisión de esta perspectiva que se extiende -como ya han dicho algunos ponentes esta mañana- a lo largo de siete años sin ninguna revisión. No habrá ninguna posibilidad de que un nuevo Parlamento y una nueva Comisión puedan expresar su parecer sobre la materia.
Por lo tanto, apoyo la sugerencia del Sr. Fabre-Aubrespy de devolverla a comisión. Estamos en el proceso de negociación. Podemos aclarar cuáles son los intereses del Parlamento. Temo que si tomamos ahora esta decisión definitiva, señor Presidente, le quede una especie de sensación de que ha estado actuando en nombre de intereses ajenos a esta Asamblea y no de los intereses de los propios diputados.
Murmullos de disentimiento

El Presidente
Vamos a votar, señor Elles. Yo soy el único intérprete de mis propios sentimientos. Usted los desconoce.
El Parlamento rechaza la devolución del informe a comisión
(El Parlamento aprueba la resolución)   Recomendación (A4-0218/99) del Sr. G. Collins, en nombre de la Comisión de Política Regional sobre la propuesta de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión (6958/1/99 - C4-0195/99-98/0104(AVC))
(El Parlamento aprueba la decisión)
Jarzembowski
Señor Presidente, solicito que la votación se posponga al menos hasta mañana por la mañana, y mejor hasta septiembre, ya que la propuesta sigue presentando dos defectos jurídicos. En primer lugar, todavía no se ha aclarado la duda sobre la participación del Comité de las Regiones. Personalmente me parece abstruso que el Consejo nos presente una versión modificada de su posición antes de que haya explicado cómo piensa implicar al Comité de las Regiones. Es un error jurídico que no podemos aceptar. En segundo término, debo insistir en que esta mañana la versión correcta de mi informe aún no figuraba entre la documentación disponible. La versión que esta mañana estaba disponible para la segunda lectura aún recoge el fundamento jurídico erróneo, es decir, el del Tratado de Maastricht. Señor Presidente, por todo ello le ruego que posponga el informe cuando menos hasta mañana y que pregunte a su Servicio Jurídico, que lleva con el texto desde el lunes, si mañana para la votación podremos disponer de una propuesta sin errores que pueda adjuntarse al resto de la documentación.

Swoboda
Señor Presidente, aprecio mucho al Sr. Jarzembowski y lo que más merece mi elogio es su perseverancia. No se rinde hasta que no logra sus objetivos. Como no ha conseguido llevarlos adelante sobre la base de su contenido, puesto que todas sus propuestas han sido rechazadas por amplia mayoría en comisión, procura salir con la suya por vía jurídica. Y me parece perfecto, sólo que la situación jurídica ya ha sido aclarada satisfactoriamente, también por parte de su Servicio Jurídico. Además, se ha aplicado el procedimiento que el propio Sr. Jarzembowski sugirió, aconsejó y recomendó en comisión. Propuso que ratificáramos la primera lectura en comisión. El debate está cerrado, señor Presidente. Coincido con usted en que debemos votar el informe hoy. Le ruego que no cambie de opinión y que votemos hoy.

Wijsenbeek
Señor Presidente, respaldo la solicitud de devolución a comisión del Sr. Jarzembowski, no sólo por el argumento jurídico, que, de hecho, es justificado, sino también porque espero que la próxima comisión consiga mejorar el resultado obtenido por el Sr. Jarzembowski.
Risas

El Presidente
Una posibilidad sería la de aprobar el informe ahora y retener la comunicación al Consejo hasta que el Comité de las Regiones decida si se pronuncia o no al respecto, y otra posibilidad sería posponer la votación a mañana, pues parece que el Comité de las Regiones puede dar un informe favorable mañana.

Hoff
Señor Presidente, presidí la sesión plenaria el miércoles por la tarde, cuando tuvo lugar el debate, y el miércoles por la tarde tomé las medidas oportunas para que se examinara si podíamos votar hoy o no. Hubo tiempo de sobra para hacer las comprobaciones necesarias, así que opino que deberíamos votar hoy.

El Presidente
Para evitar la posibilidad de que se invalide nuestra votación por no contar todavía con el informe del Comité de las Regiones, propongo posponer la votación a mañana.
El Parlamento da su conformidad

Pronk
Señor Presidente, anoche examinamos este informe y, entonces, la Comisión comunicó, a través del Comisario Flynn, Comisario responsable en ese ámbito, que aceptaba todas las enmiendas. Eso figura, por tanto, en el Acta de ayer. Entonces, ese problema se ha solucionado. Creo que no es necesario que el Consejo tenga que aceptarlas, puesto que más tarde volveremos sobre las mismas.

El Presidente
La posición del ponente es muy sensata. Se procede a la votación.
El Presidente declara aprobada la posición común así modificada

Watson
Señor Presidente, esta enmienda intenta proteger a los ciudadanos del correo electrónico no solicitado por el que tienen que pagar en forma de gastos de teléfono. Al final del debate de esta mañana, el Comisario Liikanen nos dijo que la Comisión no aceptaría esta enmienda aunque esté aprobada por la Asamblea.
Deseo que conste en acta que a muchos en esta Cámara nos parece inaceptable que la Comisión rechace aceptar, por razones técnicas, una enmienda que es expresión clara de la voluntad política del Parlamento. No debemos dejar que los anunciantes...
El Presidente interrumpe al orador

El Presidente
Señor Watson, no está bien. Ahora no estamos teniendo un debate. Le podría dar la palabra para una cuestión de orden pero no hacer este tipo de discurso.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, estimados colegas, se avecina otra votación y es bueno que así sea, pero desafortunadamente me veo obligado a solicitar la devolución a comisión del informe, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento. No es que estemos en contra del acuerdo con México. De lo que se trata es de la propia imagen que tiene el Parlamento de sí mismo. Hace un año decidimos aprobar un acuerdo interino para que, mientras tanto, pudiéramos negociar el acuerdo global. Y en aquel momento dijimos explícitamente que no aprobaríamos el acuerdo global hasta que no se hubieran estipulado todos los elementos que lo componen. ¡Esta condición aún no se ha cumplido! Si realmente estamos dispuestos a asumir nuestro deber de control, también de cara a nuestros electores, no supone ningún problema posponer este informe y votarlo en cuanto dispongamos de todas las piezas del puzzle. Tanto es así que el propio Parlamento mexicano tan sólo ha querido dar su consentimiento bajo la condición de que sea consultado de nuevo al final del proceso, cuando todos los cabos estén atados y bien atados. Así de consecuentes somos en este Parlamento. Le ruego acepte mi solicitud.

El Presidente
Someto a votación la solicitud de devolución a comisión.
El Parlamento rechaza la solicitud

El Presidente
Se procede, pues, a la votación.
El Parlamento aprueba la decisión

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, hace un momento, cuando he solicitado, haciendo uso de mi derecho en aplicación del artículo 129, la devolución a comisión del Informe Colom i Naval, el presidente Samland me ha cuestionado deplorando mi ausencia de la reunión de la Comisión de Presupuestos, el lunes por la noche. Se trata de un argumento corto de alcances, más corto, por otra parte, que la chaqueta que hoy lleva el presidente.
Deseaba decir que, naturalmente, estoy muy satisfecho de que se note mi ausencia. Ello demuestra que, cuando estoy presente, hay cierta actividad. Pero, en este caso, el lunes por la noche había varias reuniones importantes, entre ellas la de la Comisión de Presupuestos, y yo estaba ausente de la Comisión de Presupuestos porque estaba reunido con la Comisión de Asuntos Jurídicos. Añado, por otro lado, que yo había asistido a la reunión anterior, la que menciona el informe, la reunión del 29 de abril, y que había votado en contra del Informe Colom i Naval, que no se ha modificado demasiado en la reunión de la comisión del lunes por la noche.

Titley
Hoy votaré a favor de la tolerancia cero hacia cualquier forma de fraude, tal como hemos hecho constantemente yo y mis compañeros socialistas siempre que se nos han presentando temas de este tipo. Puede que los casos de mala administración, falta de honradez, corrupción -como quieran llamarlos- sean poco frecuentes. El coste, sin embargo, no sale sólo de mis bolsillos, de los de los habitantes de mi circunscripción y de los de otras personas- por malo que esto sea de por sí. El coste final lo soporta la Unión Europea en su conjunto, que en la imaginación colectiva aparece estigmatizada y etiquetada como un acogedor club de maleantes.
El Gobierno laborista no perdió tiempo a la hora de establecer unos nuevos criterios estrictos para la vida pública en el Reino Unido cuando llegó al poder hace dos años. Por entonces, 18 años de dejadez «tory» habían debilitado los propios fundamentos de la confianza pública sobre los que se sustenta la democracia británica. Dentro de este proceso, el Gobierno laborista comenzó además a devolver poderes desde Westminster y acercarlos a los ciudadanos. De hecho, hoy los votantes elegirán al primer Parlamento de Escocia desde hace casi 300 años y a la primera Asamblea de Gales de todos los tiempos. En mi propia región, la nueva Asamblea Regional de North-West podría constituir algún día la base de un gobierno regional para el pueblo de North-West, si éste lo desea.
El laborismo no rehuirá defender los criterios más estrictos que sean posibles en la vida pública, ya sea en Londres, Bruselas, Edimburgo o Manchester. El laborismo seguirá también abogando por que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos, ya sea en el Reino Unido o en Europa.
Recomendación McCarthy, Hatzidakis (A4-0264/99)
Caudron
La Comisión Europea aprobó el pasado 28 de abril el anteproyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2000, primer año de aplicación de las nuevas perspectivas financieras.
Los créditos para compromisos propuestos para las acciones estructurales son conformes a la decisión del Consejo Europeo; éstos se elevan a 32, 678 millardos de euros, repartidos entre los Fondos estructurales (30 millardos) y el Fondo de Cohesión (2, 6 millardos de euros), lo que representa una disminución efectiva del 7 % con respecto a 1999, es decir: mucho, y, en cierta medida, demasiado.
Para compensar esta reducción del presupuesto, conviene, pues, aumentar la eficacia de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión.
Este es el objeto de los proyectos de reglamentación que hoy discutimos.
Con respecto al Fondo de Cohesión, éste ocupa un lugar aparte, puesto que su lógica de financiación es la de la financiación por proyecto y no por programa; a pesar de ocupar un lugar aparte, desempeña un papel determinante en el sentido de ayudar a la cohesión económica y social, que es uno de los cometidos de la Unión Europea. Por esta razón era necesario revisar su reglamento de base, procediendo concretamente, como lo sugiere la propuesta del Consejo, a una nueva definición de los términos claves y, principalmente, de la propia noción de proyecto. Por otro lado, suscribo la idea de una simplificación de la gestión financiera. Creo asimismo indispensable responsabilizar a los Estados miembros y controlar la utilización de las subvenciones acordadas en virtud de estos fondos; de lo contrario, los riesgos de fraude se multiplicarán.
En cuanto a los Fondos estructurales, en general, el Reglamento del Consejo sólo establecía tres iniciativas comunitarias (INTERREG, LEADER y EQUAL). El Parlamento Europeo ha logrado un compromiso con el Consejo sobre la incorporación de una cuarta iniciativa, URBAN. Me congratulo de ello. Esta iniciativa, creada hace varios años, ha demostrado lo indispensable que era en los núcleos urbanos en crisis.
Con respecto al FEDER, en particular, el ponente ha optado por una solución razonable, al no modificar nuestra primera lectura de la propuesta del Consejo. A título informativo, el Parlamento Europeo tiene la intención, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y la ampliación de la codecisión, de cambiar de posición sobre 49 primeras lecturas inscritas en el marco de la cooperación y sobre 15 expedientes aprobados en primera lectura a título de la cooperación. El Parlamento Europeo sólo piensa mantener su dictamen sobre tres reglamentos que figuran en la Agenda 2000, entre los que se encuentra el que hoy debatimos. Ello explica, en este caso, la necesidad de actuar con rapidez. En este mismo sentido, el ponente ha propuesto enmiendas transaccionales para evitar bloquear la reforma. Pienso que estas enmiendas (medidas en favor de las regiones insulares, ampliación del campo de investigación del FEDER, apoyo del FEDER a las iniciativas comunitarias URBAN e INTERREG) son pertinentes, y las apoyo. Espero que el Consejo las ratifique rápidamente, puesto que no podemos permitirnos más contratiempos.

Costa Neves
He votado en contra de la propuesta de Reglamento relativo al desarrollo rural, ¡porque no hace referencia alguna a programas concretos para la ultraperiferia (POSEIMA)!
He votado en contra de la propuesta de reglamento sobre las disposiciones generales relativas a los Fondos Estructurales, porque no es coherente en cuanto a las regiones ultraperiféricas, como se deduce de la principal referencia que a ellas hace el artículo 3: «Quedan también incluidas en este Objetivo (nº 1) las regiones ultraperiféricas que se encuentren por debajo del umbral del 75 %...» Pero, ¡si están todas! Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Después de tanto trabajar con vistas a la consagración formal en el Tratado de la Unión Europea, he tenido que votar en contra de estos reglamentos, protagonistas de la historia de una oportunidad perdida.
Simultáneamente, debo subrayar la extensa contribución del Parlamento Europeo a la mejora de la Agenda 2000:
las acciones estructurales representan el 0, 46 % del PIB de la Unión Europea; -el Objetivo 1 dispone de dos tercios del total de dotaciones disponibles para los Fondos, lo que contribuye a su concentración donde son más necesarios; -el criterio dominante en la distribución de Fondos sigue siendo el del nivel de desarrollo de cada región, ¡y ningún otro...!-ha contribuido al mantenimiento de Portugal, España e Irlanda como beneficiarios del Fondo de Cohesión, a pesar de haber pasado a formar parte de la zona del euro; -ha reconocido el papel de las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo regional; -ha aclarado y reforzado el principio de partenariado, garante de la participación y la transparencia; -ha atenuado los efectos perversos resultantes de la pérdida de fondos no utilizados, al promover su reasignación al mismo Estado miembro; -ha reducido de 10 % a 4 % la reserva no distribuida, ab initio , por los Estados miembros y que premiará a los que tengan una mejor ejecutiva al respecto; -ha asegurado la iniciativa comunitaria Urban destinada a las ciudades; -ha hecho extensivo el apoyo del FEDER al turismo y a las iniciativas culturales; -ha incentivado la utilización de las redes transeuropeas para una mayor vinculación de las islas y de la periferia con el centro.¡Tantos objetivos alcanzados!
¡Qué pena que no se evitara la omisión de la periferia!

Cunha
No he votado a favor de las resoluciones finales relativas a la reforma de la PAC por las siguientes razones: 1. no garantiza un reequlibrio interno entre los diferentes componentes de la PAC ni una mayor equidad entre agricultores, producciones y territorios; 2. no contribuye a la cohesión económica y social del medio rural europeo: no se han creado mecanismos de ponderación de las productividades a fin de favorecer las agriculturas de rendimientos más bajos, contrariamente a lo aprobado por el Parlamento Europeo; 3. no presenta ninguna medida especial de apoyo a los pequeños agricultores, que son los más vulnerables y corren el mayor riesgo de abandono; 4. no refuerza suficientemente la política de desarrollo rural, por lo que no garantiza la aplicación práctica del modelo europeo de agricultura y de multifuncionalidad con él asociado; 5. no defiende la agricultura europea ante las negociaciones de la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio; 6. no aborda la resolución de los principales problemas de la agricultura portuguesa: no se han aumentado las cuotas estratégicas, como el regadío o el bovino o el ovino; no se ha conseguido aumentar la productividad de referencia para los cereales y las oleaginosas; no se ha conseguido financiación comunitaria para la reestructuración del sector lechero; 8. por último, porque ésta ha sido una reforma del status quo , sin valor político, incapaz de preparar la agricultura europea para los imperativos mayores que plantea la mundialización y para que sea más favorable a los agricultores y las agriculturas más eficientes.
Es decir, que se trata de una reforma que se opone substancialmente a los principios generales de la reforma aprobados por el Parlamento Europeo en su informe general de junio de 1998.

Darras
La tenacidad y la perseverancia de los miembros de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo y de nuestros dos ponentes han dado finalmente sus frutos. Me felicito por ello y doy las gracias a nuestros colegas por su esfuerzo de persuasión.
Tras las conclusiones del Consejo Europeo de Berlín, nuestra Comisión de Política Regional debía luchar en un frente significativo para el conjunto de los ciudadanos europeos: la creación de una cuarta iniciativa comunitaria, URBAN, destinada a la rehabilitación económica y social de las ciudades y núcleos urbanos en crisis, con miras a promover un desarrollo durable.
Se trataba de una de las prioridades de nuestro Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, cuya aprobación habíamos logrado en el Pleno de Estrasburgo del 19 de noviembre de 1998, y que teníamos que hacer aceptar por la Comisión y el Consejo. Estaba en juego la credibilidad de nuestro Parlamento y nuestros compromisos frente a los ciudadanos. Asimismo, era necesario que la Unión también ayudara a aquellos que no serían «incluidos» en una «zona» o un «objetivo» regional. Es nuestro deber de solidaridad lo que estaba en juego, es nuestra concepción de Europa la que había sido puesta a prueba.
La pertinencia de nuestro punto de vista ha sido reconocida. Por eso votaré positivamente este informe, así como el conjunto de los informes que componen el paquete «Agenda 2000». Las perspectivas para el 2000-2006 pueden ahora lanzarse. Así, nuestro Parlamento acaba la presente legislatura cerrando este expediente capital para nuestro futuro, para el futuro de Europa y para el de la ampliación. Ha sido una batalla prolongada, ardua, difícil y a veces sembrada de obstáculos, pero siempre apasionante, y me congratulo por haber participado en ella.

des Places
La reforma de los Fondos estructurales no colma en absoluto las insuficiencias de la política regional ni contribuirá a mejorar la cohesión económica y social. Dicha reforma supondrá una ruptura particularmente perniciosa de la política regional, sobre todo en detrimento de muchas zonas rurales francesas.
No nos detendremos en sopesar cada una de las disposiciones, más o menos atinadas, que contiene el Reglamento general. El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones desea plantearse las supuestas ventajas de unos Fondos estructurales dispendiosos, instrumentos clientelistas de la Comisión, al servicio de una Europa centralista.
A este respecto, la reforma de los Fondos estructurales se salda con una nueva inflación financiera: 195 millardos de ecus para la política estructural, 18 millardos para el Fondo de Cohesión, 49 millardos para los instrumentos de preadhesión. Las regiones del Objetivo 1 se llevan la mejor parte, con el 69, 7 % de los créditos estructurales frente al 11, 5 para el Objetivo 2.
Todos rivalizan en elocuencia para reclamar mayores créditos, sin que nadie se interrogue sobre la eficacia del dinero gastado. ¿Qué puede decirse de la iniciativa presupuestaria consistente en fijar un objetivo de gastos en lugar de un límite máximo de gastos, en buscar a toda costa proyectos para gastar los créditos aprobados en lugar de asignar créditos a los proyectos existentes? El gasto se convierte en un fin en sí mismo y en la garantía del éxito de un programa.
Además, puede sorprender el hecho de que durante las negociaciones se haya sacrificado el Objetivo 2, destinado a las regiones industriales y rurales en vías de reestructuración económica, a los Objetivos 1 y 3: su dotación, para el período 1999-2006, será de 22, 5 millardos de ecus, cifra más o menos similar a la del período 1994-1999. Las regiones rurales idóneas para el Objetivo 5b se contarán entre las principales víctimas de esta situación: en Francia, la tercera parte de la población idónea en relación con este objetivo dejará de recibir Fondos estructurales después del período de transición.
El futuro del mundo rural se presenta más incierto por cuanto la Comisión y el Parlamento, permanentemente preocupados por apropiarse de nuevos ámbitos de competencia, procuran realizar una política urbana integrada, sin tener en cuenta el principio de subsidiariedad. El Informe Orlando, aprobado a la ligera el pasado martes, sin que ni siquiera se haya celebrado una votación, es un reflejo del discurso de investidura del Presidente Prodi con el fin de reclamar esta política europea respecto a las ciudades. Una vez más, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones reitera su deseo de que la Unión Europea destine sus esfuerzos a las políticas comunes existentes (PAC, PCP...), en lugar de dispersarse entre unos ámbitos siempre más numerosos, a riesgo de agravar la diseminación, necesariamente ineficaz, de los fondos públicos y de fomentar una inflación, siempre perniciosa, del gasto público.
Esta no es la única anomalía de la reforma de los Fondos estructurales. Así, varias regiones se benefician de acuerdos particulares, fruto de negociaciones políticas que les permiten librarse del rigor de las decisiones comunes. Sólo se ha dejado fuera a tres países: Luxemburgo, Finlandia... y Francia. El caso del Hainaut belga es significativo. Éste obtiene una dotación complementaria de 15 millones de ecus para compensar la pérdida de su idoneidad respecto al Objetivo 1, mientras que el Hainaut francés, que es limítrofe, no obtiene nada: discriminación que no justifica ni el PNB ni la tasa de desempleo de las dos regiones.
Este ejemplo ilustra bastante bien la posición de Francia al término de las negociaciones sobre la Agenda 2000. Las posiciones de Francia -debilitada por Alemania en las cuestiones agrícolas- han sido duramente tratadas en el ámbito regional, sin por ello haber logrado mantener dichas posiciones en relación con la PAC.
La reforma de los Fondos estructurales es un fracaso: fracaso para Europa, fracaso para Francia. Por consiguiente, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no podía sino rechazar el Informe McCarthy-Hatzidakis.

Klaß
La política estructural se ha convertido en un elemento importante de la política comunitaria. Aproximadamente la tercera parte del presupuesto comunitario se destina a medidas estructurales.
Todos estamos de acuerdo en que la ayuda estructural europea no puede beneficiar a todas las regiones de Europa de acuerdo con el principio de igualdad para todos. Es preciso reducir el número de regiones que pueden optar a dicha ayuda, es decir, las regiones que cumplen los criterios de los objetivos establecidos en el marco de los Fondos Estructurales.
Considero positivo que se haya creado una fase de adaptación para las regiones que en el futuro dejarán de percibir ayudas (numerosas regiones del Objetivo 2), puesto que, de este modo, se impide que los programas de ayuda sean suprimidos bruscamente. Sin embargo, nuestra propuesta de una «Ayuda para el mundo rural» no ha llegado a buen puerto. Y aunque podamos ampararnos en la iniciativa comunitaria LEADER, ésta no es más que una gota en el mar. Es un error medir los espacios rurales europeos por el número de habitantes. En este ámbito, debemos regirnos por otros criterios como pueden ser las carencias de la infraestructura y los inconvenientes estructurales. Ahí donde fallan, se produce un círculo vicioso. Sin infraestructura no puede haber empleo. La gente no es capaz de salir de este circulo vicioso por su propia fuerza.
Hemos discutido sobre RESTRUCT o RECOVER y obtendremos una cuarta iniciativa comunitaria con URBAN.
Las ciudades pequeñas y medianas se miden por números de habitantes superiores a 50.000. Ello quiere decir que una vez más las estructuras europeas más pequeñas, y espacialmente los núcleos rurales, se quedan al margen. Queremos que en Europa las regiones más pobres se aproximen a las regiones más ricas.
¡Pero no cometamos el error de abandonar a su suerte a los espacios rurales estructuralmente más débiles!

Napoletano
El Parlamento Europeo ha seguido con atención el proceso de toma de decisiones que ha llevado a la definición de los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales.
El resultado final, aunque no responde totalmente a las demandas del Parlamento, fue ampliamente influido por este último a través del trabajo de la Comisión de Política Regional, de los ponentes y del grupo encargado de las negociaciones.
Al haber participado activamente en todo este iter , estoy muy satisfecha por la decisión de renovar el Programa URBAN.
Este resultado es especialmente importante para las ciudades, ya que refuerza y convierte en más creíble el Plan de acción para una ciudad sostenible, presentado por la Comisión el pasado mes de noviembre en Viena, y porque refuerza los instrumentos contenidos en los Objetivos 1 y 2 de los Fondos estructurales en favor de las ciudades.
Por último, les doy las gracias a los ponentes del Reglamento marco, porque han querido afrontar el problema de una región italiana que apreciamos mucho. Se trata de Abruzos que salió del Objetivo 1 de los Fondos estructurales en el año 1994. Es la única región de Europa que no ha podido aprovechar ninguna de las medidas de acompañamiento previstas en los nuevos Reglamentos para las regiones que saldrán del Objetivo 1.
El Consejo Europeo de Berlín se refirió a esta situación en los «casos especiales» que figuran como anexo al informe que vamos a aprobar. Sin embargo, en el punto 44 de las conclusiones del Consejo no se aclara en qué consiste esta atención especial que, en su caso, el Consejo va a deparar a esta región.
Confío en que la petición del Parlamento Europeo lleve tanto al Consejo como a la Comisión a cuantificar la dotación financiera y/o el número de población admitida y la posibilidad de poder otorgar ayudas de Estado, sin perjuicio de falsear la competencia, sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, como se ha hecho en otros casos llamados especiales.

Schroedter
¡He votado a favor del informe! El Parlamento Europeo ha mejorado considerablemente la propuesta de la Comisión. Las modificaciones positivas redundan sobre todo en beneficio de las ciudadanas europeas de las regiones. Sus derechos de participación se han reforzado de forma significativa. Lamento que el Consejo se haya demorado tanto en adoptar estas propuestas fundamentales.

Titley
Hoy voy a votar con entusiasmo a favor de este informe. Basándose en el trabajo de los eurodiputados socialistas, Tony Blair obtuvo mucho para el Reino Unido -para la región de North-West en particular- en la cumbre de Berlín. A resultas de ello, los fondos europeos seguirán fluyendo hacia esta región para ayudar a combatir el desempleo, la exclusión social y la contaminación medioambiental. Es sólo un ejemplo más del enfoque positivo del laborismo para que Europa aporte resultados concretos al pueblo del Reino Unido.
Los fondos europeos han supuesto ya una mejora duradera de las vidas de los habitantes de North-West. En mi propia parte del mundo, en Manchester, la UE ha insuflado 13 millones de libras a la red de trenes de cercanías Metrolink. La UE ha contribuido también a construir el polígono industrial de Trafford Park, creando más de 15.000 puestos de trabajo. El dinero europeo fue un elemento clave en la transformación de los antiguos muelles de Salford Quays de Manchester en un dinámico centro comercial, creando más de 4.000 puestos de trabajo. Los fondos de la UE contribuyeron asimismo a transformar Manchester en un gran núcleo cultural y turístico, al ayudar a construir el centro de exposiciones G Mex, la sala de conciertos de Bridgewater, el Museo de la Ciencia y la Industria de Manchester y el Museo Imperial de la Guerra (Norte).
Los conservadores eurorrabiosos -es decir, los que lidera William Hague- querían hacernos creer que la UE no nos aporta otra cosa que burocracia e interferencias. Con un enfoque positivo, sin embargo, la UE puede hacer una aportación real a las vidas de los ciudadanos de a pie de North-West. Mientras los «tories» pierden tiempo intentando superar sus divisiones, el laborismo trabaja a fondo haciendo que Bruselas trabaje para el Reino Unido.

Trizza
En nombre de Alianza Nacional, expreso mi satisfacción por el hecho de que el Parlamento, antes de disolverse, se haya manifestado sobre la reforma de los Fondos estructurales. Las repetidas incomprensiones con la Comisión y el Consejo nos han expuesto al riesgo de anular el resultado de tantos esfuerzos, con el peligro de reducir las negociaciones a pulsos entre las Instituciones.
Nos alegramos de que, junto con los textos de los nuevos Reglamentos, hayamos sentado las bases para una efectiva colaboración en las gestión de los fondos, también gracias al Código de conducta entre la Comisión y el Parlamento respecto a la aplicación de las políticas estructurales. Esto permitirá al Parlamento erigirse en protagonista de la reforma, incluso en la etapa de ejecución y durante todo el período de programación.
La reincorporación del Programa URBAN en las iniciativas comunitarias representa una victoria para todos los ciudadanos europeos. Se debe reconocer el papel clave de las zonas urbanas y metropolitanas en el desarrollo regional.
La importancia de un crecimiento equilibrado y complementario entre las zonas urbanas y rurales es fundamental para el desarrollo económico y regional. A dicho fin, es necesario intensificar a todos los niveles la cooperación con las autoridades regionales y locales y con los operadores socioeconómicos, más cercanos a las realidades cambiantes de las regiones. Es necesario, sin embargo, tener en cuenta los desequilibrios causados por las diferencias de competitividad entre las regiones, debidas a los distintos niveles de empleo, de calidad de las infraestructuras, del medio ambiente natural y de desarrollo, en especial en esta etapa tan delicada que se abre con la determinación de las regiones admitidas en el Objetivo 2.
En líneas generales estamos a favor de la reforma, sin embargo, debemos formular algunas reservas con relación a algunos aspectos que aún no se han profundizado lo suficiente como, por ejemplo, el impacto en las regiones que, en nombre del principio de concentración, corren el riesgo de sufrir un estancamiento en su proceso de desarrollo. Las poblaciones de estas zonas saldrán perjudicadas y esto no ayuda en absoluto a demostrar que la Unión Europea actúa en pos del desarrollo de las regiones desfavorecidas.
También Italia corre el riesgo de salir perjudicada a raíz de la determinación del techo de los recursos financieros previstos para el nuevo Objetivo 2. Las regiones en declive industrial y rural (antes Objetivos 2 y 5b) verán como se reduce su cuota de financiación respecto al período de programación anterior, con un límite máximo de reducción garantizado del 33 % de la población afectada; a dicho porcentaje, sin embargo, se sumará el correspondiente a la inclusión de las zonas que saldrán del Objetivo 2 lo que perjudicará ulteriormente a dichas regiones; sin contar con el caso de Abruzos -la única región que salió del Objetivo 1 antes del final del actual período de programación- que, en vilo entre la ayuda transitoria y la inclusión en el Objetivo 2, corre el riesgo de no encontrar el lugar que le corresponde en el marco de esta reforma.
Informe Colom i Naval (A4-0230/99)
Bourlanges
Señor Presidente, la votación sobre el informe del Sr. Colom i Naval ha tenido lugar en las condiciones por todos conocidas. Desearía decir que, aunque no he aprobado este asunto, estoy dispuesto, evidentemente, como ponente del presupuesto -y si en el futuro continúo en este cargo, lo cual sólo Dios y los electores saben-, al igual que mi Grupo, a demostrar nuestro más leal espíritu de cooperación interinstitucional. Nuestra desconfianza con respecto al acuerdo no significaba una desconfianza en cuanto a la cooperación, sino en relación con una programación financiera, para un período de siete años, aleatoria y exageradamente restrictiva.
Repito lo que he dicho hace un momento: lamento, simplemente, que la votación haya tenido lugar en unas condiciones tales que desvirtúan este acuerdo precario y que lo hacen depender de cualquier votación circunstancial de este Parlamento. Sigo diciendo, señor Presidente, que en este punto, al hacer prevalecer el tipo de votación que usted ha elegido, la cooperación interinstitucional no ha resultado beneficiada.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, he votado en contra del Informe Colom i Naval, sobre todo por las razones de procedimiento que han sido mencionadas durante la votación y a las que yo mismo he aludido.
Es inadmisible que el informe, tal como lo presenta la Comisión de Presupuestos, contenga una enmienda que va mucho más allá del objeto del propio informe, hasta el punto que éste resulta totalmente ambiguo, ya que cuando lo habíamos examinado en la Comisión de Presupuestos, el 29 de abril, no se trataba, en ese momento, de aprobar el texto del acuerdo.
Añado a lo que acaba de decir el Sr. Bourlanges, que los acuerdos interinstitucionales no pueden considerarse por separado. Es el conjunto del procedimiento el que no es correcto. No es correcto, en primer lugar, porque no existe mayoría absoluta, como usted mismo lo había señalado a propósito del Acuerdo Interinstitucional del 17 de julio de 1998 sobre la política exterior y de seguridad común, acuerdo al que yo me había opuesto junto con mi Grupo; y, en segundo lugar, no es correcto porque no existe ningún tipo de ratificación por los Parlamentos nacionales de textos que añaden, modifican o completan los Tratados, a menudo de manera sustancial.
Por lo tanto, lo que ha manifestado antes el Sr. Bourlanges sobre el aspecto presupuestario es particularmente cierto, aunque habría tenido que englobar en su comentario los acuerdos interinstitucionales, en conjunto.

Andersson, Hulthén, Lööw, Palm y Sandberg-Fries
Acogemos con satisfacción un nuevo acuerdo interinstitucional en materia de disciplina presupuestaria durante los próximos siete años. Las experiencias del programa presupuestario correspondiente al período 1988-1999 demuestran que ha sido posible aplicar los presupuestos anuales sin conflictos. Ha sido también posible adoptar presupuestos muy por debajo del techo de los propios recursos, es decir, del capítulo de ingresos en el presupuesto de la UE. Creemos que merece la pena introducir un marco financiero para el procedimiento presupuestario anual, especialmente cuando se tienen cuenta las medidas de preadhesión que resultan necesarias. Es importante que la UE asegure los medios financieros necesarios para la adhesión de los países de la Europa central y oriental y de Chipre.
Respaldamos la propuesta que ya existe para reducir el techo presupuestario en mayor medida que como queda recogido en las directrices de la política agrícola común. La UE concede demasiado dinero a una política agrícola demasiado regulada y que no se ha adaptado suficientemente a los requisitos medioambientales actuales. La Unión Europea ha de proseguir la reforma de la Política Agrícola Común. Creemos además que la mejor manera de lograr una financiación más eficiente de la política europea pasa por concentrar dicha financiación en las medidas absolutamente más importantes, en lugar de crear minipresupuestos que engullen demasiado dinero de los Estados miembros. Así pues, apoyamos los esfuerzos del Consejo por establecer un presupuesto riguroso para el próximo período.

Cederschiöld y Virgin
Dado que deseamos austeridad en todo lo relativo al presupuesto de la UE, así como un programa presupuestario marcado por el rigor y unas prioridades bien fundadas, nos mostramos contrarios a los aumentos propuestos en el presupuesto de la UE para los próximos ejercicios y hemos votado a favor de devolver la propuesta a la comisión. Una perspectiva financiera para siete años sin posibilidad de ajustes durante este período representa un marco temporal disparatado cuando la economía exige otros marcos distintos.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, en cuanto al Informe McCarthy, permítame formularle una sola pregunta. Hace un momento, usted ha aplazado un informe porque no contábamos con la opinión del Comité de las Regiones. Creo que el mismo argumento es válido con respecto al Informe McCarthy. ¿Podría confirmármelo? En tal caso, ¿por qué no se ha aplazado la votación? Creo que aún no disponemos de la opinión del Comité de las Regiones sobre estas disposiciones generales relativas a los Fondos estructurales.

El Presidente
Los Servicios me comunican que la opinión del Comité de las Regiones sobre este informe no era necesaria, y nadie ha solicitado dicha opinión durante el procedimiento, contrariamente a lo ocurrido con el informe que usted menciona.
Una vez que ha tenido lugar la votación, es tarde para preguntarse si se requería o no esta opinión. La cuestión tendría que haberse planteado antes.

des Places
El Informe Collins propone la prórroga del Fondo de Cohesión para los cuatro Estados beneficiarios: España, Portugal, Grecia e Irlanda.
El Fondo de Cohesión ha sido creado, concretamente, para favorecer la adhesión de algunos Estados miembros a la moneda única: el maná comunitario se atribuyó para poder soportar el régimen de reducción presupuestaria impuesta por los criterios de Maastricht.
Con el fin de aliviar la carga de los cuatro Estados beneficiarios del Fondo de Cohesión, se hizo pagar por segunda vez a los demás Estados -entre los que se encuentra Francia- el precio de los criterios de convergencia. Puede añadirse que el Fondo contribuyó al ejercicio de prestidigitación que permitió que algunos Estados de la Unión Monetaria sanarán milagrosamente.
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, que se opuso al propio principio de la moneda única, no puede, por consiguiente, sino expresar sus reservas con respecto a este Fondo y a la forma de utilizarlo. Cuando la política de redistribución tiende a estos excesos, adquiere proporciones asfixiantes para la economía, haciendo recaer en la iniciativa privada el peso de las exacciones obligatorias.
Por otro lado, el Fondo de Cohesión presenta graves defectos: eficacia discutible e irregularidades financieras en la utilización de los créditos.
Además, constituye un instrumento de redistribución federalista cuyo objeto es someter a la Comisión los Estados beneficiarios y su población, más que permitirles superar sus dificultades.
El único carácter positivo del Fondo de Cohesión: se atribuye a los Estados miembros y no a sus regiones, como ocurre con los Fondos estructurales.
El nacimiento de la moneda única puede acarrear un agravamiento de los desequilibrios entre Estados debido a la aceleración de las deslocalizaciones, bien hacia Estados o regiones más competitivas que otras, o bien de regiones que atraviesan dificultades hacia los ejes económicos dominantes que ya se perfilan (el noroeste de Alemania, el Benelux, Isla de Francia, el norte de Italia). En este contexto, el Fondo de Cohesión permitirá quizá limitar los perjuicios de la UEM, pero seguirá estando, no obstante, muy por debajo de los objetivos.
Por eso el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones no ha podido votar a favor del Informe Collins.

Schroedter
El Grupo de los Verdes vota en contra la recomendación sobre el reglamento del Fondo de Cohesión porque en él no se ha tenido seriamente en cuenta casi ninguna de las peticiones innovadoras formuladas por el Parlamento Europeo en la primera lectura con el fin de fortalecer e integrar el papel del Fondo de Cohesión dentro de la política estructural europea. El Parlamento, de hecho: - se opuso al condicionamiento del Fondo de Cohesión al Pacto de Estabilidad, porque cree que el Fondo de Cohesión ha de ser considerado a todos los efectos un instrumento estructural; - consideraba que el Fondo de Cohesión debía someterse a las mismas normas sobre asociación que se aplican en los Fondos estructurales y que sus operaciones se planificaran, junto con las operaciones estructurales, dentro de un marco integrado en el que intervinieran las administraciones regionales y locales; el Parlamento deseaba asimismo que en el Fondo de Cohesión se tuviera en cuenta del mismo modo que en los Fondos estructurales la integración de temas horizontales como el empleo y la igualdad de oportunidades; - pidió que los recursos del Fondo de Cohesión en los ámbitos del transporte y la movilidad se utilizaran para financiar proyectos que mejoraran la cohesión regional e interregional, la interoperabilidad y la intermodalidad, y que en el ámbito del medio ambiente se utilizaran además para financiar proyectos destinados a mantener y recuperar la biodiversidad y a preservar las reservas naturales; - subrayó la importancia de poder agrupar pequeños proyectos en una entidad mayor y solicitó, por lo tanto, que en torno al 5 % de la dotación financiera total se pusiera a disposición de proyectos de este tipo.
El Grupo de los Verdes considera que tales requisitos son fundamentales y, pon lo tanto, no está satisfecho con el acuerdo alcanzado en el Consejo para mantener el Fondo de Cohesión sin reformarlo en profundidad.
Considerando que el texto del reglamento acordado en el Consejo de Ministros no tiene en cuenta ninguno de estos puntos, no podemos dar nuestro consentimiento a la puesta en marcha del Fondo de Cohesión.
Segundo Informe Görlach (A4-0229/99)
Querbes
Desde hace varios años, los pueblos de la Unión rechazan cada vez con mayor claridad las políticas ultraliberales y los daños que éstas ocasionan al empleo, a la renta, a los regímenes de protección social y a los servicios públicos, al medio ambiente y a la ordenación del territorio.
Estos pueblos desean, por el contrario, una reorientación de las políticas europeas, cuyo objetivo y cuya vía sería el progreso social y democrático, así como la instauración de cooperaciones internacionales recíprocamente ventajosas.
Estas reivindicaciones se expresan a través de las luchas y de las manifestaciones nacionales y europeas. Las mismas han encontrado eco, incluso en Berlín, donde los proyectos más ultraliberales de la Comisión han sido rechazados. Sin embargo, los intereses mejor defendidos son los de los grandes operadores económicos y financieros europeos e internacionales.
Pero este debate sigue también abierto porque las elecciones al Parlamento Europeo lo sitúan en el plano de todos los pueblos de la Unión. Ahora son éstos los que deben pronunciarse sobre la reforma de las políticas y de la construcción europeas.
Al votar contra los reglamentos ultraliberales de la Agenda 2000, deseo darles todas las posibilidades para que puedan intervenir.
Segundos informes Görlach, Mulder, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi, Philippe A. Martin (A4-0229, 0213, 0231, 0212, 0232, 0215, 0223/99)
Barthet-Mayer
Los debates sobre la Agenda 2000 han durado más de un año y han constituido la parte más importante de los trabajos de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento. Al término de mi mandato, en mayo de 1999, mis posiciones políticas sobre estas cuestiones sociales, como son la agricultura, la alimentación, el desarrollo rural y el medio ambiente, siguen siendo las mismas. La reforma de la PAC era necesaria, pero no en la forma propuesta en la Agenda 2000 de la Comisión Europea. Nuestros debates han demostrado cierto consenso sobre lo que hoy se denomina «modelo agrícola europeo», el cual se opone en muchos puntos a los objetivos ultraliberales de los países del grupo de Cairns y de los Estados Unidos.
He votado, pues, en contra de los informes que nuestro Parlamento no había enmendado lo suficiente y que, por lo tanto, están vaciados de su sentido y sustancia; algunos ponentes comparten, por otro lado, mi posición.
1.El Informe Görlach no permite, en su estado actual, con una dotación presupuestaria demasiado escasa, aplicar una verdadera política de desarrollo rural, a pesar de ser más que nunca necesaria para garantizar un futuro digno y sostenible a las zonas rurales de la UE (80 % del territorio de la UE).2.El Informe Mulder recuerda en un considerando la posibilidad de la cofinanciación, que nosotros hemos combatido porque significaría, a la larga, la desintegración de la PAC y de los objetivos del Tratado.3.El Informe Graefe zu Baringdorf no ha permitido presentar un mecanismo coherente de reorientación y de fijación de límites máximos de las ayudas agrícolas según criterios sociales y medioambientales, y el propio ponente, tras las enmiendas aprobadas en comisión, probablemente no reconozca un texto enmendado, tan diferente del original.4.En cuanto al Informe Goepel sobre la leche, éste garantizaba, naturalmente, el mantenimiento de cierto statu quo , pero establecía la posibilidad de suprimir las cuotas lecheras.En cambio, he votado a favor de los informes en los que la posición firme del Parlamento había hecho retroceder significativamente la intransigencia o la inadecuación de las propuestas de la Comisión:
5.El Informe Garot, en el que la competencia y la tenacidad del ponente han permitido salvaguardar, en parte, el sector de la carne de vacuno, sobre todo con respecto a las vacas nodrizas, que conservan el paisaje, estructuran las producciones rurales, garantizan unos ingresos a las producciones de calidad sin hormonas y protegen el medio ambiente.6.El Informe Martin, en cuyo caso mis colegas y yo mismo hemos modificado profundamente el texto de la propuesta en un sentido favorable al conjunto de la cadena de producción del sector vitivinícola -algunos interesados así nos lo han dicho-, concretamente en lo concerniente a la definición del vino, a la prohibición de elaborar vinos europeos con mostos importados de terceros países y al mantenimiento de las prácticas enológicas tradicionales y, por lo tanto, de la calidad que sirve de base a nuestra identidad cultural europea.7.El Informe Fantuzzi relativo a determinados cultivos herbáceos, aunque el tratamiento que se da a los productos oleaginosos y proteaginosos aún dista mucho de ser satisfactorio.Estoy persuadida de que los agricultores y los consumidores europeos comprenderán, pues, el sentido de mi voto, y serán conscientes de las luchas que todavía están pendientes para que la construcción europea tenga un futuro en este ámbito.

Gahrton, Holm y Schörling
Nos hemos abstenido en las votaciones sobre los informes de los Sres. Görlach, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi y P. Martin ya que consideramos que se debe desmantelar por completo la política agrícola de la UE y restituir a los Estados miembros las responsabilidades en torno a una política agrícola eficiente y ecológica.
Segundo Informe Graefe zu Baringdorf (A4-0231/99)
des Places
Como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y coordinador del Grupo Europa de las Naciones, he votado en contra del conjunto de las enmiendas presentadas en la Comisión de Agricultura por nuestro ponente, el Sr. Graefe zu Baringdorf, puesto que sus propuestas eran totalmente incoherentes con respecto a la situación económica que conoce la agricultura europea. He podido comprobar con satisfacción que la mayoría de mis colegas que componen la Comisión de Agricultura han efectuado el mismo análisis que yo. Por esta razón en la Comisión de Agricultura no se ha aprobado ninguna enmienda a la propuesta de la Comisión.
El conjunto de los miembros franceses del Grupo Europa de las Naciones han votado en contra de la resolución legislativa, lo que ha permitido validar, en este punto, el compromiso de Berlín.
La agricultura europea se encuentra en una situación muy desfavorable. En efecto, el precio de los productos agrícolas baja regularmente, a medida que desaparece el principio de preferencia comunitaria. La mundialización de los intercambios de productos agrícolas no es una palabra vana, sino una realidad que conocen nuestros agricultores.
Las próximas negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio hacen que tema lo peor para los años futuros. ¿El Comisario Fischler no ha dicho acaso, en el Pleno, que preveía una nueva reforma de la política agrícola común en el 2003? El hecho de que la fecha mencionada en esta declaración coincida con el final del ciclo de negociaciones en el 2003 no se debe, ciertamente, a una casualidad.
La ayuda directa a los agricultores es necesaria e indispensable para ciertos sectores de la agricultura. Por ejemplo, hoy la producción que recibe más ayuda es la de carne de ovino. El hecho de querer fijar un límite máximo a las ayudas y de reducirlas regularmente constituye una aberración total con respecto al nivel de ingresos de estos productores. En Francia, los productores de carne de ovino son los que poseen la renta agrícola más baja.
Una reducción lineal y generalizada de las ayudas compensatorias desequilibrará, pues, la producción agrícola europea. Sólo se salvarán las producciones europeas más competitivas en el plano internacional. Los equilibrios medioambientales, así como los equilibrios en materia de ordenación del territorio y de utilización del espacio agrícola, serán trastrocados en los próximos años si esta política de destrucción de la PAC sigue el impulso adquirido en 1992.
Segundo Informe Philippe-Armand Martin (A4-0223/99)
Lulling
Como todos sabemos, la política es el arte de lo posible. Como eso es así y no de otra manera, me veo obligada a decidirme después de una larga reflexión a respaldar definitivamente el informe sobre la reforma de la Política Agrícola Común en el marco de la Agenda 2000 a fin de dar luz verde para que la decisión política adoptada por los ministros de Agricultura y la Cumbre de Berlín pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros en su versión legislativa.
No puedo por menos de decir que los resultados de la Cumbre de Berlín en el ámbito de la reforma de las organizaciones comunes de mercado en los sectores de la leche, la carne de vacuno y los cereales no me entusiasman demasiado. Son, sin embargo, un mal menor en comparación con las propuestas de la Comisión e incluso significan un paso adelante con respecto al resultado de las deliberaciones del Consejo de Ministros de Agricultura. Desafortunadamente, ignoramos si este compromiso bastará para salvar el modelo agrícola europeo.
Aunque esté dispuesta a conformarme con la reforma de la organización común del mercado vitivinícola, ésta podría verse mejorada si el Consejo de Ministros tomara en consideración las enmiendas de transacción del segundo Informe Martin.
Es inaceptable que de repente aparezcan zonas vitivinícolas en Irlanda, Dinamarca y Suecia. Pues existiría el peligro de que en el futuro estos países elaboraran vino a base de mosto importado comercializándolo como vino producido en la Comunidad.
Lamento igualmente que no se haya recogido el bonito capítulo titulado «Productos vitivinícolas y salud», que llevaba incorporado nuestro informe. Volvemos a presentarlo en el segundo Informe Martin, porque no podemos rendirnos. En beneficio de la salud de los ciudadanos europeos debemos seguir defendiendo los efectos positivos del consumo moderado del vino ante los grupos de la población que no saben que el vino es la medicina preventiva más eficaz y más placentera contra el Alzheimer, el cáncer, la senilidad y otras muchas enfermedades.
Recomendación para la segunda lectura Pronk (A4-0155/99)
Skinner
El Partido Socialista parlamentario europeo se opone a la enmienda 7 del informe porque repite innecesariamente legislación existente de la UE y adolece de falta de claridad específica sobre el tema de la adaptación de la maquinaria o la sustitución de toda la maquinaria sea o no sea práctico hacerlo.
Informe Oddy (A4-0248/99)
Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor de la propuesta sobre comercio electrónico que protegerá los intereses de los consumidores en Internet y al mismo tiempo eliminará los obstáculos para los prestadores de servicios establecidos en la UE. Hemos votado a favor de un gran número de exigencias concretas destinadas a mejorar la protección de los consumidores.
El principio por el cual las normas vigentes en el comercio a través de Internet serán las normas del país del remitente tiene tanto ventajas como inconvenientes. Es una ventaja para la industria de Internet, que ya está sujeta a las disposiciones del país de origen y que conoce así las normas. A la inversa puede ser un problema que los consumidores no conozcan las normas. De ahí que hayamos votado a favor de reforzar los derechos de los consumidores, y aquí hay que mencionar la obligación de que los países miembros adopten medidas para garantizar que los consumidores puedan registrarse en listas de exclusión voluntaria «opt-out», que los prestadores de servicios deberán controlar regularmente. Como principio general, los socialdemócratas daneses trabajamos por garantizar unos requisitos mínimos comunitarios para el comercio en Internet lo más rigurosos posibles. Si se consiguen aprobar normas comunes que eleven el nivel de protección de los consumidores en todos los países, ya no tendrá tanta importancia que las normas vigentes sean las del país del remitente o las del país de origen.
Recomendación Miranda de Lage (A4-0220/99)
Bonde, Lis Jensen, Krarup y Sandbæk
El que hoy nos hayamos abstenido en la votación del informe de la Sra. Miranda de Lage relativo a la decisión del Consejo por la que se establece un acuerdo de asociación económica y de coordinación y colaboración políticas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros por un lado y los Estados Unidos Mexicanos por el otro obedece a varias razones. Las negociaciones entre las partes del acuerdo no se cerrarán antes de final de año. Aceptar ahora la propuesta de la Comisión en lo que al contenido del acuerdo se refiere sería otorgar al Consejo y a la Comisión un cheque blanco de cara a las negociaciones. Queremos ver el resultado definitivo antes de decidir si lo respaldamos.
La propuesta de acuerdo de la Comisión mejora claramente el actual acuerdo marco de cooperación de 1991 al que debe sustituir. Especialmente, la cláusula democrática (artículo 1) representa un importante avance. Sin embargo, falta especificar claramente qué mecanismos se emplearán para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por las partes. Sin ellos, la cláusula será en principio inútil. Teniendo en mente las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas por México, es absolutamente inaceptable. Además, la propuesta tampoco hace referencia a cómo se promoverá la participación de la sociedad civil ni a cómo se garantizará el respeto a los derechos de los asalariados.

Howitt
Aunque felicito y apoyo a la ponente y estimada colega, Sra. Miranda de Lage en relación con su trabajo sobre México, al igual que para Latinoamérica en su conjunto, debo hacer constar mis razones personales para votar en contra de la ratificación de este acuerdo.
No ha transcurrido ni un año desde que el Parlamento ratificó el acuerdo provisional partiendo de la base de que la cláusula de derechos humanos que contenía pondría a prueba la seriedad del Gobierno mejicano a la hora de garantizar que la cooperación en materia de derechos humanos fuera esencial en las relaciones con la UE. También esperábamos que las cuestiones de derechos humanos desempeñaran un papel fundamental en las negociaciones entre México y la Comisión Europea.
Mientras tanto, la crisis de derechos humanos en Chiapas, al sur de México, sigue empeorando, y no tenemos constancia de que en las negociaciones se hayan incluido unos mecanismos claros de aplicación y seguimiento de la cláusula sobre democracia y derechos humanos.
Nuestro partido hermano, el PRD mejicano, y las ONG sobre derechos humanos creen que es prematuro que este Parlamento ratifique la totalidad del acuerdo.
Yo comparto su opinión.

Van Dam
Nos disgusta profundamente el desarrollo de los acontecimientos de este informe sobre México. Al tratar ahora esta propuesta, el Parlamento no mantiene las promesas anteriormente realizadas. En su informe de abril de 1998, el Parlamento señaló que no volvería a votar el acuerdo global antes de que supiera con exactitud cuál es su contenido. En este momento la Unión Europea se encuentra inmersa en las negociaciones con México. Tan sólo a finales de este año se fijarán algunas disposiciones del acuerdo global. Creemos que el Parlamento actúa irresponsablemente al votar ahora este informe. Hemos dado un cheque en blanco y ya no podremos presionar más.
Además de por estas cuestiones de procedimiento, hemos votado en contra del acuerdo con México a causa de su contenido. La ponente ha deformado considerablemente la situación de los derechos humanos en México. Habla de un reciente avance en este ámbito y menciona toda una serie de pasos formales dados por este país. En la práctica, en México faltan todavía varias cosas en el ámbito de la protección de los derechos humanos. De ello son testigo las ejecuciones ilegales y las continuas actividades de algunas bandas en Chiapas. En el acuerdo global faltan mecanismos que impongan el respeto de los derechos humanos.
La segunda dificultad en cuanto al contenido se refiere a la política medioambiental de México. La ponente no ha mencionado nada sobre ella, aunque también nosotros le hemos facilitado información. La construcción prevista de una nueva planta gigante de extracción de sal amenaza tanto a una reserva natural protegida (UNESCO) como a diversos tipos de animales, entre otros, a la ballena gris, que tiene ahí uno de sus principales lugares de reproducción. Si México insiste en estos lamentables planes, debe continuar siendo posible realizar un boicoteo comercial en forma de prohibición de importar sal de este país, a pesar de que el acuerdo comercial sea viable.
Informe Aglietta (A4-0169/99)
Berthu
El Grupo Europa de las Naciones no ha votado positivamente el Informe Aglietta sobre las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, principalmente porque el Parlamento Europeo trata de alterar el sentido de algunas de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam, para modificar en provecho propio el equilibrio institucional.
Efectivamente, si bien el Tratado de Amsterdam ha ampliado el ámbito de la codecisión entre el Consejo y el Parlamento Europeo, no lo ha hecho en cuanto al procedimiento de decisión de derecho común. En particular, no ha modificado ni el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, que convierte al Consejo (y, por tanto, a la jerarquía de los diferentes Consejos) en el centro desde donde se impulsan las políticas de la Unión, ni el artículo 202 del Tratado CE, que confía sólo al Consejo el cometido de determinar las competencias de ejecución que se conferirán a la Comisión. En estas condiciones, y aun cuando el Parlamento Europeo refuerza su influencia, es evidente que los Tratados sitúan siempre al Consejo en el centro del sistema institucional.
El Informe Aglietta, que reivindica para el Parlamento Europeo el derecho de interponerse en las medidas de ejecución, concretamente a través del otorgamiento de un poder de revocación, nos parece, pues, que contradice la filosofía de las actuales instituciones de la Unión.
Podemos incluso preguntarnos, por otra parte, si al Parlamento Europeo realmente le interesa reivindicar este derecho. El Parlamento Europeo ya se ve obligado, debido a la inexistencia de la distinción ley/reglamento en el plano europeo, a dedicar un tiempo considerable para ocuparse de cuestiones fútiles. Si, además, tuviera que participar en las competencias de ejecución, la situación sería aún peor.

Bonde
Deseo ante todo felicitar a la Sra. Aglietta por la calidad de su trabajo y por los resultados que ha obtenido para que prevaleciera la transparencia en los diferentes comités que participan en el proceso de adopción de medidas de ejecución.
La lucha que llevo adelante desde mi primer mandato se ve recompensada gracias a la perseverancia de una ponente que está siempre atenta y con quien he tenido el sumo placer de trabajar.
En efecto, las enmiendas incorporadas a la propuesta de la Comisión, y que el Consejo afirma estar dispuesto a aceptar, mejoran sensiblemente el acceso a la información sobre procedimientos de decisión comunitaria demasiado secretos, bien se trate de los comités, de los documentos que se discuten, de los órdenes del día, de la lista de participantes, o bien -incluso-del calendario de los trabajos de los comités.
Atribuyo asimismo una importancia muy particular a la norma que establece el principio de la publicidad y de que la confidencialidad sería la excepción (enmienda 31). Espero que más allá de la proclamación de este principio, la ausencia de motivaciones serias para determinar el grado de confidencialidad no lo reduzcan a nada.
En cambio, otros aspectos del informe son criticables. Se trata de aquellos que amplían al infinito el ámbito de la reglamentación comunitaria, y que hoy, bajo el efecto de la obstrucción burocrática y administrativa que han provocado, exigen una simplificación de los procedimientos existentes. Habrá que recordar esta lección en una próxima revisión de los Tratados y ponerse de acuerdo una vez por todas sobre el ámbito de las competencias comunitarias.
El respeto del principio de subsidiariedad sería un primer paso, pero esto no figura en el informe. Por el contrario, esta supuesta simplificación constituye un pretexto para reforzar la dimensión supranacional de la Unión Europea. La Comisión, que ya detenta un monopolio de la iniciativa, se apropiaría así del poder ejecutivo europeo, para convertirse en el Gobierno de la Unión Europea, ya que el Consejo se limitaría a desempeñar un papel de segunda cámara parlamentaria, que se pronuncia por mayoría.
El hecho de que los comités trabajen en un marco de apertura y de transparencia significa un progreso, pero apartarlos de las realidades nacionales en el ejercicio de su función, para situarlos bajo la autoridad de la Comisión, constituye una desviación que rechazo.
Resolución común - Kosovo
Berthu
Señor Presidente, como muchos franceses y otros ciudadanos de los países de Europa, estamos horrorizados por la intensificación del éxodo de los albaneses de Kosovo y por la intensificación paralela de los bombardeos de la OTAN.
Esta evolución desastrosa, contraria a todas las garantías que se nos habían dado al inicio de esta guerra, y contraria a los objetivos humanitarios de la propia guerra, no puede sino acrecentar las dudas que habíamos expresado desde el principio sobre la estrategia utilizada.
Creemos que a este error inicial, Europa añade otro, de consecuencias graves para el futuro. Al escuchar las intervenciones de los diputados durante el debate que ha tenido lugar en este hemiciclo, así como las intervenciones del Presidente de la República Francesa, me sorprende comprobar que el análisis de los errores se limita esencialmente a un cuestionamiento personal de Slobodan Milosevic, de su familia y de sus allegados. Sin embargo, si bien no puede negarse su responsabilidad, tampoco pueden limitarse a ésta las causas del conflicto. Es evidente, por el contrario, que este último ha surgido por disensiones muy antiguas y profundamente arraigadas en los diferentes pueblos implicados.
Lo que es más grave es que este error de apreciación puede guiarnos hacia falsas soluciones. El hecho de cuestionar únicamente a Slobodan Milosevic y a sus allegados, significa insinuar la idea de que bastaría con derrocarlos para que todo volviera a la normalidad, para que los albaneses de Kosovo recobraran sus hogares y para que todos vivieran en armonía en un Kosovo multiétnico. En nuestra opinión, eso sería ilusorio o, al menos, muy largo y costoso de realizar. En cambio, si se reconoce que existen conflictos profundos, populares, difíciles de extirpar en poco tiempo, llegamos a la conclusión de que también hay que examinar otras soluciones -como, por ejemplo, una división de Kosovo, naturalmente-.
Nos dirigimos, pues, a los Jefes de Estado y de Gobierno de los países de Europa para que reorienten su estrategia y cesen de alinearse a los Estados Unidos.

Ripa di Meana
Señor Presidente, he votado en contra.
En esta guerra reinan la mentira, la propaganda unilateral, la reticencia y la omisión. Para empezar, el lío semántico: la guerra aérea sobre toda Yugoslavia se clasifica como «situación en Kosovo». El bombardeo aéreo de la OTAN sobre objetivos civiles -centrales eléctricas, emisoras de televisión, escuelas, autocares- se define como «error involuntario» o «daño colateral». Las mutuas atrocidades étnicas se atribuyen siempre a una sola de las partes y no a las demás. De la actividad terrorista del ELK, armado, financiado, instruido y adoptado políticamente por la Secretaria de Estado Madeleine Albright, no hay rastro en los documentos aprobados por la mayoría de este Parlamento.
Esta es la realidad, mientras parece que se vislumbran algunas esperanzas de negociación tras el viaje a Roma de Ibrahim Rugova y la liberación de los tres soldados americanos, este Parlamento, en sus últimas horas de trabajo, elige con esta votación sobre Kosovo el camino mortificador de la propaganda de la OTAN y fracasa en su papel político.

Castagnetti
He votado en contra de esta resolución porque no contiene ninguna contribución del Parlamento Europeo para salir de una guerra inevitable, terrible y además ineficaz.
En la resolución falta toda referencia a los pequeños resquicios de esperanza que están abriéndose en las últimas horas para una salida negociada. Falta cualquier valoración del papel absolutamente insignificante desempeñado por Europa.
La resolución, por último, no tiene en cuenta la invitación a cesar de inmediato los bombardeos surgida a lo largo del debate parlamentario.

Eriksson, Sjöstedt y Svensson
Nuestro partido manifiesta firmemente su repulsa hacia la limpieza étnica que está perpetrando en Kosovo el régimen de Milosevic, el terrible responsable de las persecuciones que sufren los albanokosovares. Sin embargo, los bombardeos de la OTAN no han hecho más que agravar y dificultar la situación. Creemos que hay que detener inmediatamente los bombardeos, al mismo tiempo que se debe producir una retirada de las fuerzas serbias de Kosovo. Es necesario garantizar a todos los refugiados su regreso bajo la protección de un contingente de las NU compuesto por tropas de Estados no alineados militarmente, con una función pacificadora. Posteriormente, se debe convocar una conferencia internacional sobre los Balcanes bajo los auspicios de las NU y de la OSCE con el objetivo de estabilizar la situación en la región y de garantizar en Kosovo el establecimiento de una avanzada autonomía dentro de las fronteras actuales.
Con arreglo a estas cuestiones de principio, hemos optado por votar en contra de esta resolución, puesto que no estamos de acuerdo con algunos de los puntos de vista que se expresan en ella en torno a cuestiones de gran importancia.

Papakyriazis
Voto en contra de la propuesta de resolución sobre Kosovo, porque considero que no ayuda en absoluto a encontrar una solución política, ni al fin inmediato de esta guerra sin sentido - especialmente hoy, 45 días después, en que empiezan a vislumbrarse esperanzas de escapar de este trágico callejón sin salida.
Indicativamente, mi postura está basada también en lo siguiente:
1.La pregunta que dirigí al Consejo H-0387/22-4-99 se consideró (correctamente desde el punto de vista del procedimiento) que se incluía en el debate general sobre Kosovo. Sin embargo esta pregunta sigue sin respuesta y es: -Si conoce el Consejo que, de acuerdo con las denuncias e informaciones que difunden los medios de comunicación internacionales, los bombardeos de la OTAN y la guerra de Yugoslavia han causado catástrofes o daños irreparables en monumentos del patrimonio cultural europeo -entre los cuales también hay iglesias y monasterios cristianos (ortodoxos).-Si se demuestran que estos datos son correctos: a)¿Qué piensa hacer para que no prosiga esta pérdida irremediable, yb)qué piensa hacer para restaurar- en la medida de lo posible- los daños?Evidentemente, esta pregunta se refiere, en concreto, a un «crimen cultural de guerra» que tiene lugar en Europa, en Yugoslavia, en donde también tiene lugar un «crimen medioambiental de guerra».
La guerra en Yugoslavia, la llamada (¡¡¡)»Guerra Humanitaria»(!!!) en una apoteosis de eufemismo hipócrita, ha causado grandes pérdidas en la población civil y ha agudizado la tragedia de los refugiados. Por supuesto, esta es la cuestión y la razón principal por la que se deben interrumpir inmediatamente los bombardeos y tenemos que encontrar una solución política.
2.También se puede decir lo mismo sobre mi propuesta de proyecto de resolución del 24 de abril de 1999, que es: El Parlamento Europeo:
1.Denuncia y condena de la forma más contundente el catastrófico bombardeo a los estudios de la televisión en Belgrado (22 de abril de 1999).2.Expresa, consternado, su pesar ante las graves pérdidas en vidas humanas (diez muertos y decenas de heridos) entre trabajadores de la información.3.Considera que se trata de un golpe bárbaro contra los derechos humanos fundamentales, contra el derecho a la libertad de palabra y de expresión, a la libertad de prensa.4.Cree que es inadmisible, en este caso, cualquier referencia a ¡¡¡necesidades «bélicas» o «humanitarias»!!!5.Pide a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a los gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno de Yugoslavia, a la Unión Internacional de Periodistas y a la OTAN.- Resolución común - Consejo Europeo de Colonia
Palm
Desearía hacer uso de esta explicación de voto para señalar que no apoyo la integración de la UEO en la UE y que tampoco quiero que se incorpore el Acuerdo de Schengen en el tercer pilar.
Resolución - B4-0428/99
Berthu
Señor Presidente, la resolución que acaba de aprobar el Parlamento Europeo sobre el método que habría que seguir para reformar las instituciones europeas después del Tratado de Amsterdam no aporta, en nuestra opinión, ninguna mejora con respecto al pasado, y conducirá, como de costumbre, a realizar operaciones de reforma desde arriba, sin apenas contar con la iniciativa y la participación de los pueblos de Europa.
La idea principal de esta resolución consiste en que la Comisión debe desempeñar una labor de impulso, cito: «y asegure la coherencia del proyecto político europeo, función que sólo ella puede asumir». Esto empieza mal. Es un reflejo típico de tecnócratas el hecho de creer que si ellos no intervienen, todo se hundirá en el caos. No piensan que pueda existir otro tipo de coherencias, aparte de sus coherencias burocráticas; la coherencia democrática, por ejemplo. Sobre esta base falsa, la resolución del Parlamento Europeo, que aborda sobre todo los trabajos preparatorios de la futura reforma, propone que la Comisión inicie -y luego dirija- el proceso, y que, sin abandonar su supuesta responsabilidad política, confíe la redacción de un primer documento a un grupo de expertos, fórmula que ya se utilizó en la elaboración de Maastricht.
Nosotros nos oponemos absolutamente a esta solución. Estos expertos, que la resolución califica de «independientes», serán elegidos, como de costumbre, de tal manera que sus conclusiones se orienten forzosamente hacia el federalismo. De todas maneras, el propio método de recurrir a un grupo de expertos, federalistas o no, es criticable, puesto que el documento que habrán preparado servirá de base a las discusiones, y aquellos que quieran oponerse estarán, de entrada, en desventaja.
El Grupo Europa de las Naciones piensa que, decididamente, es preciso invertir la perspectiva y dar la palabra a los pueblos a partir de la fase de preparación de la reforma.
Para comenzar, debería consultarse a todos los Parlamentos nacionales, y el conjunto de sus propuestas constituirían el documento de base sobre el que discutirían los Estados miembros durante las negociaciones posteriores. La Comisión, los supuestos expertos, el Parlamento Europeo, que actuarán en complicidad para despojar un poco más a las democracias nacionales de su poder, deben quedar al margen.

Delcroix
El Sr. Biagio De Giovanni, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, ha logrado insertar en unos pocos apartados lo esencial de lo que puede decirse sobre la próxima reforma institucional. Se trata de un logro -por el que lo felicito-, ya que no ha sacrificado el contenido a la necesaria concisión.
Me congratulo, sobre todo, de que empiece por recordar la importancia que reviste la investidura del Presidente de la Comisión. Entre Maastricht y Amsterdam, los Tratados han registrado modificaciones importantes, que el Parlamento Europeo tiene que tener muy en cuenta para llegar hasta sus últimas consecuencias. En los debates anteriores, yo había constatado que el nuevo papel del Parlamento en esta investidura aún no había sido bien entendido por algunos de nuestros colegas. Lo mismo ocurría con muchos diputados de los Parlamentos nacionales. Felizmente, durante los debates y los contactos mantenidos, ha tenido lugar una progresiva toma de conciencia. Por eso me congratulo de que vuelva ahora a recordarse lo esencial.
El nuevo papel desempeñado por el candidato Presidente para constituir el Colegio de Comisarios es comparable a lo que en Bélgica denominamos «un formador»: su punto de vista será tenido en cuenta junto con el de los Estados miembros. Luego, el hecho de que el candidato Presidente deba presentar sus orientaciones políticas ante el Parlamento Europeo -lo que el Sr. Romano Prodi ha denominado justamente su «programa de gobierno»-, lo obliga a alcanzar una mayoría en el Parlamento, sobre la que apoyará su acción. Estas nuevas prácticas nos acercan a la situación que existe en nuestros países, y los ciudadanos las percibirán como un avance hacia la democracia.
En cuanto a la próxima reforma institucional, es muy deseable que la voz del Parlamento tenga mayor peso y que, contrariamente al antiguo método, que había decepcionado seriamente, la reforma se centre en un verdadero diálogo interinstitucional, lo cual está perfectamente expresado en los puntos 8 y 12 de nuestra resolución. Es importante que las dos instituciones legislativas de la Unión emitan un mismo dictamen y, por consiguiente, que el centro de gravedad para la toma de decisiones esté situado en un punto equidistante entre el Consejo y el Parlamento Europeo.

Palm
Considero que la UE ha de ser un marco de cooperación interestatal. Este informe propugna una considerable intensificación de su carácter supraestatal. Por lo tanto, al no coincidir con mis puntos de vista a este respecto, he decidido no darle mi apoyo.

Willockx
He votado en contra del acuerdo interinstitucional y ello por los siguientes motivos. En primer lugar, las previsiones financieras para los próximos siete años no nos permiten contar con los medios necesarios para la realización de la Europa social y democrática que queremos.
En segundo lugar, el instrumento de flexibilidad que recibió un respaldo total en el informe del ponente Joan Colom i Naval se convierte solamente en una medida marginal y sólo se puede utilizar cuando exista mayoría cualificada en el Consejo.
En tercer lugar, el Parlamento Europeo no puede en este momento acordar un IIA con una Comisión dimisionaria.
Finalmente, la manera en que el Presidente modificó en el último momento la votación sobre la enmienda 27, pasándose de mayoría cualificada a mayoría simple, le hace merecedor de su fama de manipulador.

El Presidente
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, la Sra. Oddy.

Oddy
Señor Presidente, deseo hacer una declaración personal. Como ya sabe, acabo de presentar mi informe, sobre el que el Parlamento ha votado amablemente esta mañana. Esta tarde hablaré sobre el Informe Malangré como portavoz del Grupo Socialista en la materia. Después de la votación, cuando volví a mi despacho, me encontré con un fax de mi oficina de Coventry. Era una carta enviada ayer por correo por el Secretario General del Partido Socialista informándome de que me habían suspendido de mi partido. Estoy absolutamente asombrada por ello, desconozco cuáles son las razones y no comprendo qué se supone que he hecho mal.
Por consiguiente, necesito del Presidente una aclaración urgente sobre mis derechos y obligaciones como miembro de esta Asamblea. Deseo asegurar al Presidente que, desde mi punto de vista, mi primer deber es con el Parlamento y con los electores de mi circunscripción y que seguiré cumpliéndolo lo mejor que pueda.
Aplausos

El Presidente
Señora Oddy, como usted sabe, las responsabilidades de los diputados y diputadas son individuales. Los problemas que pueden existir en cada Grupo, o dentro de cada Grupo con los partidos con los que fueron elegidos, son cuestiones que escapan al funcionamiento mismo del Parlamento. Por lo tanto, tengo que decirle que sus responsabilidades aquí son claramente individuales y que usted estará en funciones, siempre y cuando usted no considere presentar su dimisión. Tengo que aclararle este hecho, que es lo que establece nuestro Reglamento, señora Oddy.
Tiene la palabra, para una cuestión de orden, la Sra. Pailler.

Pailler
Señor Presidente, como nuestro debate sobre los problemas de actualidad, urgencia y especial importancia tratará ampliamente las cuestiones relativas a los derechos humanos, yo desearía informar de un hecho relativamente grave que se produjo en Marruecos contra una ciudadana francesa, la Sra. Danze-Serfaty.
Los hechos ocurrieron después de la presentación legal de las resoluciones de urgencia y por eso es por lo que les hablo hoy sobre este caso. La Sra. Danze-Serfaty es la esposa del Sr. Abraham Serfaty, quien permaneció encarcelado durante 17 años en la prisión de Tazmamart en calidad de prisionero político, y que fue recibido con todos los honores en esta Asamblea, tras su liberación, que se produjo, sobre todo, gracias a las intervenciones y resoluciones de nuestro Parlamento. Sin embargo, no puede entrar en Marruecos, cuando ya no recae sobre él ninguna acusación.
La Sra. Danze-Serfaty había viajado a Marruecos para interceder ante las autoridades de este país, a fin de que su marido pudiese regresar y pasar en él el resto de su vida. La Sra. Danze-Serfaty fue expulsada nada más llegar al aeropuerto. Pido al Presidente del Parlamento Europeo que se dirija a las autoridades marroquíes para protestar contra esta expulsión de una ciudadana francesa y para exigir el derecho de Abraham Serfaty de regresar a su país.

El Presidente
Señora Pailler, como usted sabe, el debate de urgencia tiene unos plazos reglamentarios. Usted no ha podido, por motivos obvios, seguir estos plazos. Sus palabras figurarán en el acta, pero no puedo comprometerme a nada más en este momento.

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre problemas de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0459/99 de los diputados Sr. Newens y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0467/99 de los diputados Maes y Dupuis, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0470/99 de los diputados Sr. Pasty y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0474/99 de los diputados Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0478/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0494/99 de los diputados Cunha y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0510/99 de los diputados Hautala y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación en Timor Oriental.

Newens
Aunque en el período inmediatamente posterior a la dimisión del presidente Suharto había grandes esperanzas de que por fin quedaría abierto el camino a una solución pacífica de los problemas de Timor Oriental, después de un cuarto de siglo de derramamiento de sangre en el que ha muerto una tercera parte de la población como consecuencia de la invasión indonesia de 1975, aquellas esperanzas no se han cumplido.
Las milicias contra la independencia armadas por los militares indonesios han sembrado la destrucción y asesinado a gran número de personas en un intento desesperado de frustar la demanda de autodeterminación. Lejos de constituir una salvaguarda contra la violencia, la presencia del ejército indonesio ha seguido siendo una de las causas del problema. Para que sea aceptado el resultado del referéndum sobre la autonomía para Timor Oriental, previsto para el 8 de agosto con el respaldo de las Naciones Unidas, el plebiscito deberá celebrarse en unas condiciones de justicia y libertad que no se puede confiar en que garantice el ejército indonesio.
Por desgracia, parece que la violencia va en aumento en toda la región y las noticias de una nueva masacre perpetrada esta semana por el ejército indonesio confirman una vez más su reputación de violencia despiadada. Es necesario un ejército independiente respaldado por las Naciones Unidas para garantizar que la votación en el referéndum de Timor Oriental se produzca en unas condiciones exentas de violencia e intimidación.
Aún quedan presos políticos por liberar. Al Sr. Xanana Gusmão, uno de los líderes del movimiento independentista que aún se encuentra bajo arresto domiciliario, se le debería conceder la libertad plena e incondicional. Se ha de garantizar plenamente el derecho del pueblo de Timor Oriental a rechazar la autonomía y exigir la total independencia.
En el Parlamento Europeo venimos denunciando continuamente desde hace años la opresión impuesta al pueblo de Timor Oriental y el sufrimiento que soporta a manos del régimen indonesio.
En la etapa final de este Parlamento, es importante que volvamos a confirmar nuestro apoyo a ese pueblo y a sus derechos y estoy orgulloso de estar haciendo precisamente eso en mi último discurso aquí.

El Presidente
Muchas gracias, señor Newens. Estamos seguros de que, aunque este sea el último discurso aquí, su tarea seguirá siendo tan positiva como lo ha sido durante esta legislatura, como ha podido comprobar esta Presidencia.

Girão Pereira
Señor Presidente, Señorías, este Parlamento puede -creo yo- enorgullecerse del papel que ha desempeñado durante esta legislatura y de la importancia que ha tenido con vistas a encontrar una solución para el problema de Timor Oriental. El problema de Timor ha sido abordado aquí muchas veces durante la legislatura y tal vez sea de los temas de política internacional y de defensa de los derechos humanos más abordados en este Parlamento.
Creo que el Parlamento se ha prestigiado y ha prestado un servicio a la causa de Timor. Y es curioso que sea precisamente al concluir la legislatura cuando parece surgir en el fondo del túnel una solución para Timor Oriental. El acuerdo ayer subscrito en Nueva York, con los auspicios de las Naciones Unidas, entre Portugal e Indonesia enciende una luz de esperanza para la solución de los problemas de ese martirizado pueblo.
Pero, si bien ha quedado claro en ese acuerdo que por primera vez -y hay que felicitar a Indonesia por ello- se reconoce el derecho a la libre determinación y la independencia en Timor, quiero destacar -y hay que destacar este aspecto, porque es un cambio político importante de la situación de Timor Oriental que sinceramente acojo con beneplácito- que se debe tener en cuenta también alguna hipocresía de comportamiento ya abordada aquí.
Hipocresía de comportamiento porque, paralelamente a esa postura política, el ejército indonesio, las milicias y las fuerzas de seguridad siguen armando a hombres que intentan a toda costa impedir la libre determinación. Si se sigue matando a los dirigentes, si las poblaciones tienen que huir a las montañas y tienen miedo de ir a votar, si los millares de personas que fueron trasladados en el último año a Timor, proindonesios, tienen derecho a votar, si dirigentes como Xanana Gusmão siguen presos, creo que no será posible celebrar un referéndum libre y justo para Timor Oriental.
Y ése es el gran imperativo de la comunidad internacional. Indonesia aceptó en el acuerdo ayer subscrito que la seguridad de las poblaciones y la seguridad para el referéndum corra a cargo de ella misma. Yo tengo dudas. El comportamiento de los últimos tiempos de Indonesia no nos permite abrigar demasiadas esperanzas al respecto. Compete a las Naciones Unidas y a la Unión Europea, señor Comisario, un papel importante para que el problema de Timor acabe definitivamente con justicia.

Ribeiro
Señor Presidente, el Parlamento Europeo ha apoyado inequívocamente la causa del pueblo timorense y su inalienable derecho a la libre determinación y la independencia y desde siempre ha contribuido en gran medida a que su lucha no haya caído en el silencio, por lo que se congratula de que la legislatura termine con una reafirmación de posiciones y se vislumbre su materialización. Es particularmente afortunado poder hacerlo cuando se vive un momento decisivo del proceso, con la firma del acuerdo alcanzado en el marco de las Naciones Unidas, en que se reconoció la posibilidad de que el pueblo timorense decidiera libremente su futuro.
Acogemos con satisfacción esta conquista del pueblo timorense y nos alegramos de nuestra modesta, pero insistente y solidaria, contribución, a la que algunos reciente, oportuna y oportunístamente, se han sumado, de que haya sido útil. Dejamos este Parlamento con la sensación de haber cumplido, por lo menos en este caso, nuestro deber de representantes elegidos. La causa del pueblo timorense es un ejemplo de que vale la pena luchar, de que vale la pena resistir. Ahora bien, la satisfacción es muy moderada por la falta de confianza en la política de Indonesia y por los temores que provoca. Es necesario no bajar la guardia. Y no olvidar que, más que un final feliz, la consulta popular será sólo un paso más, decisivo, cierto es, en la ya larga caminata que permitirá que el pueblo de Timor Oriental, después de siglos de colonización portuguesa y de un cuarto de siglo de brutal ocupación indonesia, sea por fin dueño de su destino.
Es necesario seguir exigiendo a las autoridades indonesias que acompañen esa decisión diplomática con medidas consecuentes. Es preciso iniciar inmediatamente el proceso de desarme y disolución de las milicias prointegracionistas, es indispensable llevar a cabo una desmilitarización del territorio por parte de Indonesia, a fin de que la consulta popular transcurra de forma libre y democrática y que se garantice y se le dé crédito en las Naciones Unidas. Hay que exigir que se libere a todos los resistentes que están presos, en particular Xanana Gusmão, y que se garantice el regreso con seguridad de los que se encuentran en el exilio. Es preciso también reafirmar la denuncia y la condena de aquellos países que de forma hipócrita siguen aclamando los derechos humanos, pero no vacilan en seguir vendiendo armas a un régimen culpable del genocidio de un pueblo. Es lo que nos comprometemos a ... hacer en este Parlamento y fuera de él.

Bertens
Señor Presidente, no hace mucho tiempo hablamos en esta Asamblea de Indonesia. Dije entonces que no sólo nos preocupaba Timor Oriental, sino también otras regiones del estado islámico más grande del mundo. Espero que la Unión Europea y las Naciones Unidas presten ayuda al Gobierno indonesio, cualquiera que éste sea.
Timor Oriental ocupa, por supuesto, por su pasado una posición especial, explosiva, pero por ello la preocupación que teníamos quizá se haya aliviado un poco con el frecuentemente llamado acuerdo de Nueva York concluido entre Portugal e Indonesia. El referéndum del 8 de agosto es crucial y tanto la Unión Europea como la ONU deben hacer lo posible por que se desarrolle limpia y ordenadamente. Es necesaria la entrada inmediata de la fuerza policial de la ONU. No sólo aportará estabilidad a Timor Oriental, sino que, tal vez, tenga también una influencia positiva en la región, al menos en la cercana región de las pequeñas islas Sunda, de la que Timor Oriental forma parte.

Mendes Bota
Señor Presidente, la firma del acuerdo entre Portugal e Indonesia, ocurrida ayer en Nueva York con la égida de las Naciones Unidas, para la celebración de un referéndum en Timor Oriental con vistas a la libre determinación del pueblo timorense es un momento histórico que merece nuestro beneplácito. Ese acuerdo es la culminación de quince años de gestiones diplomáticas y se produce veintitrés años después de la anexión por la fuerza de esa antigua colonia portuguesa en la que murieron centenares de miles de personas, víctimas de la guerra civil y de la brutal represión del ejército indonesio. No obstante, la historia mundial está llena de acuerdos y tratados que no fueron respetados y que no fue posible materializar.
Por la negativa obstinada del Gobierno indonesio, las cuestiones relacionadas con la seguridad y la creación de un clima de paz y sin coacción sobre la población no están debidamente garantizadas. El contingente de 600 representantes de las Naciones Unidas para organizar y observar el proceso referendario está constituido por civiles desarmados, al que en su momento se sumarán también 250 policías también desarmados, sin posibilidad alguna de defender a nadie, ni a sí mismos, ante la actividad impune de las milicias prointegracionistas que siembran el terror en Dili y en el resto del territorio.
Como en seguida denunció el dirigente natural de Timor Oriental, Xanana Gusmão, considerar las fuerzas armadas indonesias una fuerza neutral es una aberración histórica. Todos los observadores independientes se muestran unánimes en acusar al ejército indonesio de actuar en connivencia con las milicias armadas proindonesias y ser su principal inspirador y proveedor de armas y municiones. Si no se garantiza una fuerza militar neutral en Timor, la verdadera opción del referéndum no será entre la autonomía y la independencia, sino entre la integración o la vida. Por lo demás, la campaña electoral de intimidación ya ha comenzado: banderas indonesias, nuevecitas, inundan las casas en Timor Oriental; los habitantes se ven obligados a usar distintivos con los colores indonesios y a firmar declaraciones prointegracionistas. Con una pistola apuntada a la cabeza, no hay elección posible.
Las Naciones Unidas, la Unión Europea y la comunidad internacional en general tiene que mantener la presión sobre Indonesia para que ésta acepte una presencia militar que garantice la neutralidad del referéndum e impida que se convierta en una farsa de imprevisibles consecuencias sangrientas.
Señor Presidente, Señorías, mi intervención de hoy aquí, en este Pleno, es la nº 150 y será también la última. Y, en este momento de despedida, permítanme desear a todos los que, tal vez como yo, no seguirán sentándose en el hemiciclo del Parlamento Europeo las mayores venturas personales, profesionales y políticas. Y hago votos para que todos los que continúen tengan la felicidad de celebrar el próximo mes de septiembre una gran victoria del pueblo timorense, por la expresión de su libre voluntad de decidir su propio futuro en el referéndum que se celebrará el próximo día 8 de agosto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Mendes Bota, estoy seguro que todos nosotros deseamos también poder celebrar en septiembre lo que usted ha señalado en la última parte de su intervención y, como usted ha anunciado que esta va a ser la última en este hemiciclo, permítame que le desee lo mejor para el futuro y que desee también que sigamos manteniendo una buena relación para que, estemos donde estemos, podamos cooperar tanto en la lucha por culminar el proceso de la Unión Europea como en la solidaridad con todos los pueblos que la necesitan. Mucha suerte, señor Mendes Bota.

Hautala
Señor Presidente, este año se han registrado claros avances internacionales por lo que respecta a la situación de Timor oriental. Es absolutamente cierto lo que ya han dicho aquí otros colegas en el sentido de que, con su determinación, también el Parlamento Europeo ha ejercido una influencia en estos resultados. Sin embargo, hoy cabe señalar que la situación es más explosiva que en mucho tiempo, ya que el futuro referéndum se encuentra en peligro como consecuencia de un recrudecimiento de las actividades paramilitares. Creo que seguramente es el deseo de todos nosotros hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que haga todo lo posible para pacificar la situación en Timor oriental, con el fin de permitir la celebración pacífica de dicho referéndum el próximo 8 de agosto. Esto exigiría la participación de la Unión Europea en una actuación encaminada a garantizar la presencia internacional en Timor oriental. En este sentido, Australia ha propuesto iniciativas importantes en el marco de las NU, comprometiéndose a financiar esta presencia. Nuestra tarea consistiría ahora en someter a reflexión los distintos planteamientos que apuntan al despliegue de fuerzas policiales -o, incluso, de tropas pacificadoras- bajo el mando de las NU. Me interesaría enormemente escuchar lo que piensa el Sr. Comisario acerca de esta cuestión.
Otro aspecto importante lo constituye la pronta celebración de elecciones parlamentarias en Indonesia y el hecho de que este país se prepara ya para el referéndum de Timor oriental. Seguramente sea necesario enviar también observadores electorales a estos comicios, no solamente observadores internacionales, sino también representantes de organizaciones no gubernamentales. Quisiera escuchar qué preparativos ha dispuesto la Comisión a este respecto.
Finalmente, desearía señalar que la cooperación entre los diputados al Parlamento Europeo acerca de la cuestión de Timor oriental ha sido perfecta. Espero que siga siendo así en la próxima legislatura y que Timor oriental logre finalmente su independencia.

Maes
Señor Presidente, Timor Oriental es uno de los expedientes simbólicos en el que están en juego los derechos humanos y en el que la ausencia de derechos de los pueblos y la ausencia de un verdadero reconocimiento del derecho de autodeterminación conduce diariamente a un terrible drama. Espero que el nuevo acuerdo suponga un cambio, pero al mismo tiempo quiero, al igual que la anterior oradora, insistir en medidas muy concretas, también por parte de la propia Unión, para que realmente se presione en la dirección correcta. El envío de observadores es importante, pero también es importante que la ONU esté presente y que lo esté con un mandato que se ajuste a las circunstancias, ya que éste falta muchas veces y eso siempre ocasiona decepciones.
Espero que después de tantos años de sufrimiento, se restablezca finalmente la legalidad, que finalmente el derecho de autodeterminación también sea un hecho y que la perspectiva del referéndum dé una verdadera oportunidad a la democracia, en lugar de aumentar la violencia, tal como sucede en este momento en varias zonas de Indonesia.
Señor Presidente, no sé si éste es mi último mandato. No sé si éste es mi último discurso, pero en cualquier caso, esté donde esté, permaneceré al lado de aquéllos que luchan por el derecho de autodeterminación de los pueblos y por los derechos humanos, por los que yo también seguiré luchando, puesto que Timor Oriental se encuentra en una de esas situaciones. Es tan sólo uno de los muchos países en los que no hemos podido evitar la guerra. Espero que Timor Oriental sea una excepción y logre su independencia.

Barros Moura
Señor Presidente, Señorías, creo que antes que nada deberíamos acoger con satisfacción el acuerdo ayer subscrito en Nueva York entre el Gobierno de Portugal e Indonesia sobre Timor Oriental. Es la culminación efectivamente de un largo proceso en el que el Parlamento y la Unión Europea han desempeñado su papel, en el que sin lugar a dudas el pueblo de Timor Oriental, con su lucha, ha desempeñado un papel determinante, pero no podemos dejar de señalar la importancia del éxito diplomático ayer conseguido por el Gobierno de Portugal en Nueva York.
Y a partir de este acuerdo y de su aplicación seria deberemos después garantizar los resultados deseados, es decir, que el pueblo de Timor Oriental pueda efectivamente ejercer en libertad su derecho a la libre determinación y la independencia. Por eso, no podemos dejar de valorar -al contrario que algunos colegas- el compromiso ayer asumido de que la consulta del 8 de agosto se realizará con la égida de las Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad y que, además de la fuerza de policía de que aquí se ha hablado, sea posible disponer la presencia de una fuerza de seguridad.
Considero que este caso confirma también la buena utilización diplomática de un argumento recientemente surgido en la escena política internacional: que la comunidad internacional no puede utilizar dos pesos y dos medidas; que la comunidad internacional, cuando exige el respeto de los derechos humanos en Kosovo, tiene que ser consecuente con la exigencia de su respeto en otras partes del mundo. Sé que el Gobierno portugués ha sabido utilizar muy bien este argumento y debe seguir utilizándolo, como nosotros debemos seguir utilizándolo para que la Unión Europea intervenga en la plenitud de sus posibilidades políticas y de apoyo financiero para que el proceso en Timor Oriental transcurra bien.
Ésta es la enésima vez que examinamos el problema de Timor en este Parlamento Europeo. Pero considero que hoy lo hacemos en un clima de especial importancia política, porque no se trata de una mera cuestión de derechos humanos, sino de un punto político. Quiero agradecer la tenacidad de mi colega del Grupo Socialista, el Sr. Stanley Newens, que ha hecho posible que se incluyera hoy este punto en el orden del día.

Van Bladel
Señor Presidente, debo contradecir al Sr. Barros Moura. En el acuerdo adoptado con la ONU, no se habla de tropas de seguridad sino solamente de policía civil.
La consulta popular del 8 de agosto de Timor Oriental se celebra bajo un nuevo Gobierno. Con el rechazo de la autonomía y de la integración, la perspectiva de la independencia es más cercana. Xanana Gusmão quiere eso, al igual que todos, y ya ha dicho que va a pedir muchísima ayuda. Me pregunto a quién, quizá a Australia, que ahora ya está extrayendo los minerales de las aguas territoriales. Queda por ver si esto va a beneficiar a largo plazo a los habitantes de Timor. En caso de independencia, me parece evidente que la situación anterior a 1975 se reproduce, Portugal recobra la responsabilidad al quedar el destino de la isla en sus manos y Timor Oriental logra el estatuto de département d'outre mer , como Guadalupe y Martinica. De esta forma, Timor también puede beneficiarse indirectamente de la UE.
Algunas observaciones generales. No nos hagamos muchas ilusiones sobre lo que supondrá la independencia de Timor Oriental en el archipiélago indonesio y en la región asiática vista la desmembración de Yugoslavia, los deseos de los Kurdos y el claro revival de las minorías y de los pueblos. Si el nuevo Gobierno indonesio no logra mantener unidas las islas, sólo se producirá inestabilidad, que China, como actor dominante en la región, fomentará y los países de la región se armarán más. En resumen, señor Presidente, parece muy romántico que exista un Timor independiente. Creo que también se debe hacer justicia con el pueblo de Timor, pero en términos de estrategia geopolítica no supone un equilibrio. No olvidemos que el mayor cementerio de aliados se encuentra en el archipiélago indonesio, en Dili, y éste, el cementerio de aliados de la Segunda Guerra Mundial, muestra la importancia estratégica de la isla. Así mismo, creo que el pueblo debe poder ejercer su derecho y creo, sobre todo, que el Parlamento debe enviar observadores tras haber adoptado todas estas resoluciones.

Barros Moura
Muchas gracias, señor Presidente, por haberme refrescado la memoria en cuanto al artículo del Reglamento. Efectivamente, la Sra. van Bladel se ha referido a un aspecto de mi intervención, a propósito de la naturaleza de la fuerza que las Naciones Unidas desplegarán en el territorio. Efectivamente, es una fuerza de policía. Pero quiero señalar que la colocación de todo el proceso de consulta electoral bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas obligará necesariamente a una intervención de fuerzas de seguridad apropiadas, si Indonesia no cumple con su deber de desarmar a las milicias y velar por que el proceso transcurra sin interferencia de los grupos terroristas y armados. Por eso mismo interpreto y considero que debemos interpretar de esa forma positiva el acuerdo alcanzado y quiero aclarárselo a mi querida colega la Sra. van Bladel.

Marín
Señor Presidente, la Comisión, naturalmente, se felicita por el progreso histórico que se ha realizado en la ronda final de conversaciones tripartitas celebrada bajo los auspicios de las Naciones Unidas en Nueva York por los Gobiernos portugués e indonesio para resolver el antiguo, delicado y dramático problema de Timor Oriental.
La Comisión, como todos ustedes, aplaude la firma durante la pasada madrugada del acuerdo que establece el marco de la autonomía del territorio, las modalidades de consulta y la organización del referéndum y, también, las disposiciones en materia de seguridad.
En este sentido, la Comisión considera que la aprobación, por parte del Presidente Habibie de Indonesia, de la presencia de observadores de las Naciones Unidas, que van a supervisar la consulta organizada por las autoridades indonesias en Timor Oriental, constituye un paso hacia adelante, y confía en que esta presencia garantice el que esta convocatoria se celebre en un clima pacífico, de imparcialidad, de libertad y de seguridad.
Igualmente, la Comisión juzga positivo el establecimiento por parte de las Naciones Unidas de un transfund para dicha consulta y, en este sentido, les tengo que informar de que en esta misma semana, probablemente mañana, se apruebe definitivamente la participación financiera de la Unión Europea en este transfund , seguramente con la cantidad de un millón de euros que irá destinada precisamente a estudiar las modalidades de la inserción de la Unión Europea en el proceso. Ustedes preguntaban si el Parlamento Europeo, como es tradicional, participará o no como observador en la realización del referéndum. Esta cuestión, en principio, deberá ser resuelta por el Consejo de ministros, que determinará, en el marco de Naciones Unidas, respetando los términos del acuerdo entre Indonesia y Portugal, las modalidades que se van a seguir para la participación. En cualquier caso, la participación financiera de la Unión Europea está asegurada en ese transfund .
Igualmente, señor Mendes Bota -usted lo señalaba y otros parlamentarios también, particularmente el Sr. Newens-, claro que compartimos la preocupación por la presencia continuada de milicias armadas que, obviamente, están creando una interferencia en este proceso político que tiene que llevar a la realización del referéndum. Como decía algún orador, tendremos que ver la forma en que se puede resolver esta cuestión, si bien -insisto- dentro del propio acuerdo hay disposiciones específicas de cómo se va a llevar y desarrollar la seguridad. Es responsabilidad de Naciones Unidas y me imagino que, a través del diálogo, la organización y la propia implementación política del acuerdo, será posible determinar de qué manera se hará esta participación que garantice la seguridad.
¿Cómo? Uno de los compromisos del acuerdo de Naciones Unidas es precisamente el de desarmar las milicias, como señalaba el Sr. Barros Moura. Desarmar las milicias es un compromiso dentro de la seguridad. Estamos convencidos de que Indonesia tendrá que hacer todos los esfuerzos para desarmar las milicias y, en función de cómo se cataloguen internacionalmente estos esfuerzos, es cuando, evidentemente, se podrán introducir o no medidas de corrección, determinando que no es suficiente tanta policía, que hay que enviar más, que hay que enviar más misión internacional. En fin, es difícil predecir en este momento cómo se va a desarrollar, hasta el próximo día 8 de agosto, el acuerdo firmado en Nueva York esta madrugada.
En cualquier caso, en lo que concierne a la Unión Europea ya les he dicho que se han tomado ya todas las disposiciones y les anuncio más: ya estamos empezando a trabajar, precisamente a petición del Gobierno portugués, en cualquiera de las hipótesis, en la necesidad de incrementar las líneas de cooperación con el territorio, naturalmente respetando la voluntad popular.

El Presidente
Gracias, señor Marín.
Tiene la palabra la Sra. Maes para una cuestión de orden.

Maes
Señor Presidente, quería haber preguntado al Comisario Marín si se refería a previsiones presupuestarias relacionadas con la posible preparación de la independencia, en caso de que la mayoría de la población se pronuncie a favor de ella.

El Presidente
Señora Maes, permítame recordarle que ésta no es una cuestión de orden. Ésta es una pregunta complementaria. Espero de la cortesía conocida del Sr. Marín que responda a ella, así como la cortesía de esta Presidencia es dejar que una cuestión de orden se convierta en una pregunta complementaria.
Señor Marín, le ruego que responda a la Sra. Maes.

Marín
Señor Presidente, yo por este Parlamento me dejo la vida.
Risas
No hay ningún problema. Hay dos decisiones: la primera decisión es el transfund constituido por Kofi Annan para desarrollar todo el proceso del referéndum, tomando como base el acuerdo entre Indonesia y Portugal. El Consejo de Ministros pidió a la Comisión que elaborara una participación de urgencia. Esa participación de urgencia ha sido cifrada en un millón de euros y será presentada la semana que viene para que ya sea operacional. Me imagino que también va a haber donaciones de los Estados miembros, de Estados Unidos, de Japón, en fin, de otros países. Con ese transfund se tiene que garantizar la seguridad, organizar el referéndum, preparar los colegios electorales, hacer la observación internacional. Si las Naciones Unidas estimaran que tiene que haber observadores europeos, sería con este transfund como se podría hacer la observación.
Por otro lado, durante estos dos años, y a partir de la posición común del Consejo de Ministros, se elaboró un programa de ayuda humanitaria y de rehabilitación de urgencia que se hizo sobre la base de Cáritas, por la importancia que tenía la Iglesia Católica en Timor Oriental y, particularmente, el Premio Nobel Arzobispo Belo. Éste fue un programa sólo de ayuda humanitaria para rehabilitación de urgencia. Sea cual sea la solución del día 8 de agosto, la Comisión ya está pensando en lo que podría ser un hipotético programa de cooperación que incrementara nuestra participación.

El Presidente
Gracias, señor Marín, por su conocida generosidad.
Yo, señor Marín, sé muy bien que usted está dispuesto a perder la vida por este Parlamento, pero el peligro no es perder la vida. El peligro es perder la piel. Hay parlamentos que a veces le despellejan a uno. Por tanto, con mi larga experiencia, le digo que sea usted prudente, señor Marín. Sea usted prudente.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0460/99 de los diputados Colajanni y Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0479/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0486/99 del diputado Pasty, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0488/99 de los diputados Wurtz y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0495/99 de los diputados von Habsburg y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0503/99 de los diputados Gahrton y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el proceso de paz en el Oriente Próximo y el plazo del 4 de mayo de 1999.

Colajanni
Señor Presidente, señor Comisario Marín, antes que nada deseo elogiar al Consejo Nacional Palestino por haber aplazado la fecha prevista del 4 de mayo para la declaración unilateral de independencia. El mismo ha realizado un gesto de amplio alcance político y de generosidad unilateral en beneficio del proceso de paz, ha evitado una transición dramática, una influencia negativa en las elecciones israelíes y una grave crisis del proceso de paz, con el peligro de una reanudación del conflicto en términos militares.
Esto es lo que pidió el Parlamento Europeo en su resolución aprobada el pasado 11 de marzo, en la que consideró sustancial -reconociendo el derecho fundamental de la población palestina a fundar su propio Estado- que los garantes internacionales de los Acuerdos de Oslo reafirmaran solemnemente su compromiso de cumplir todos los objetivos del proceso de paz asegurando así a la Autoridad Nacional Palestina el respaldo necesario para justificar una ampliación del período de aplicación del acuerdo provisional más allá de la fecha del 4 de mayo de 1999.
Es lo que el Consejo Nacional Palestino ha hecho. Y lo ha hecho también porque -además de la petición de este Parlamento-hubo el compromiso del Consejo Europeo de Berlín. Cito textualmente: «Nos complace la declaración del Conejo Europeo de Berlín respecto al proceso de paz, en particular en lo que se refiere al derecho de los palestinos a la autodeterminación sin reservas, incluido el derecho de crear un Estado, respecto al cual la Unión Europea está dispuesta a prever su reconocimiento en su momento, así como los compromisos asumidos por la Unión Europea en lo que respecta a la futura solución al conflicto».
Considero que todo esto es importante y creo que estos compromisos son vinculantes y que los debemos tener presentes. Hemos de cumplirlos y requerirán una fuerte iniciativa política de la Unión Europea y de los Estados Unidos después de las elecciones israelíes.

Bertens
Señor Presidente, debe premiarse a las autoridades palestinas por su decisión de aceptar la ampliación del período transitorio hasta después del 4 de mayo. Al aprobar esto, los palestinos demuestran que todavía creen de verdad en los acuerdos de Oslo y en el memorandum de Wye Plantation. Así mismo, han querido evitar que el proceso de paz se paralice. Muy probablemente se hubiera producido una escalada del conflicto y la decisión de los palestinos quizá pueda aumentar la confianza mutua necesaria para una paz duradera. También nosotros nos alegramos de las declaraciones del Consejo Europeo de Berlín, como ya ha dicho el Sr. Colajanni, y este tipo de claras señales políticas podrían conducir a una mayor influencia de la Unión en Oriente Medio. La división interna ha dado lugar en el pasado a que la influencia política de la Unión haya sido realmente demasiado escasa. Sí, la Unión es el mayor prestamista desde hace tiempo, pero dar dinero es, por lo visto, más fácil que ponerse de acuerdo sobre una línea política común. Es importante que el acuerdo de 23 de octubre de 1998 haya demostrado que la constante presión externa sobre las partes es necesaria para que el proceso de paz continúe. Desde el acuerdo interino, se han producido señales erróneas por ambas partes, especialmente, debo decirlo, por parte de Israel, de las que la autorización de la construcción de más casas en Har Homa y Hebrón constituye un buen ejemplo.
Por último, señor Presidente, quiero preguntar a la Comisión, en este caso al Comisario Marín, cuál es la situación respecto del hospital de Gaza que ha sido construido con dinero europeo. En un debate anterior, la Comisión señaló que un equipo de gestión había sido enviado para poder abrir finalmente el hospital. Acabo de volver de allí, señor Comisario, y eso todavía no se ha notado mucho.

Van Bladel
Señor Presidente, en primer lugar, también quiero saber lo que el Sr. Bertens ya ha preguntado, cómo va el hospital, puesto que yo también lo he visto y lleva demasiado tiempo vacío, sin que nadie pueda utilizarlo. De eso tampoco podemos responsabilizar al votante.
Afortunadamente, estoy de acuerdo en que los palestinos se han dejado guiar por la razón y el entendimiento al renunciar a la declaración de un estado independiente el 4 de mayo. En las últimas semanas ha habido en general poca violencia en la región y ningún atentado con bombas atribuible a Hamas. Sí, parece como si la escalada de violencia en los Balcanes dejara sin respiración a los contrincantes de Oriente Medio y cada uno se diera cuenta de que con una escalada semejante, puede llegarse a una situación imprevisible. En resumidas cuentas, ambas partes utilizan transitoriamente la razón.
La posición palestina, sin embargo, pide con verdadera urgencia que tras las elecciones, se produzca un adelanto inmediato y positivo en las negociaciones con los israelíes. Continúo pensando que un resultado definitivo y positivo entre estos bloques solamente puede lograrse tras la firma de acuerdos con Siria y Líbano.
Por otra parte, señor Presidente, esta semana he presentado una pregunta escrita en la que solicito la amnistía de 250 detenidos en el territorio palestino no enjuiciados, pero su servicio me ha comunicado que la respuesta a esta pregunta no tendrá ya lugar y tampoco su publicación. Ahora sólo espero que el representante de los territorios palestinos, que se encuentra en la tribuna, escuche mi alegato y estas personas puedan tener un proceso judicial.
En anteriores ocasiones hemos visitado frecuentemente los territorios palestinos bajo la guía del Sr. Colajanni. Se ha progresado, pero desgraciadamente, no es suficiente. Tras las elecciones, de nuevo debe adoptarse cuanto antes una iniciativa para lograr avances.

Elmalan
Señor Presidente, debo decir, al igual que mis colegas, que para garantizar el proceso de paz, los palestinos han aceptado - demostrando de este modo su buena voluntad- aplazar la fecha de la declaración del Estado palestino, que los Acuerdos de Oslo habían fijado para el 4 de mayo. Al mismo tiempo, el Gobierno israelí sigue violando sus compromisos y multiplicando sus provocaciones frente a los palestinos. Así es como decide cerrar la Casa de Oriente, en Jerusalén-Este, y fomenta abiertamente la colonización, sobre todo en Cisjordania. ¿Acaso no ha sido el propio ministro de Asuntos Exteriores, Ariel Sharon, quien hacía un llamamiento a los colonos con el fin de «apoderarse de las colinas para crear hechos consumados»?. Éste ha sido escuchado, ya que no cesan de crearse nuevas colonias.
Al violar a sabiendas el acuerdo de Wye Plantation, de octubre de 1998, el cual prohíbe cualquier medida unilateral que pueda complicar la negociación sobre el estatuto final de los territorios, el Gobierno israelí persigue una estrategia deliberada que consiste en vaciar de su sustancia la futura negociación y en quitar una continuidad territorial a Cisjordania, para impedir así la viabilidad de un futuro Estado palestino.
La Unión Europea no puede permanecer indiferente ante esta situación. Me congratulo, al igual que mis colegas, de que el Consejo de Berlín haya reconocido el derecho de los Palestinos a la autodeterminación y a la creación de un Estado. Pero hay que ir más lejos: utilizar todos los medios políticos, económicos, comerciales, a fin de presionar a Israel y obligar a este gobierno a respetar sus compromisos para que, finalmente, los dos Estados vivan en paz.

von Habsburg
Señor Presidente, tomo la palabra como alguien que se considera un verdadero amigo del Estado de Israel. Los europeos que han vivido la Segunda Guerra Mundial y la época de Hitler siempre experimentarán un sentimiento profundo hacia los judíos víctimas de la persecución, sobre todo quienes, como yo, teníamos muchos amigos que perdieron la vida en esa catástrofe.
Por otra parte, quisiera dejar claro que mi política se fundamenta en la convicción de que no podemos permitir que la historia se repita en Oriente Próximo. Con la violencia no se llega a ninguna parte. Por tanto, estamos obligados a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que judíos y árabes hagan las paces. No es una quimera, puesto que en varios Estados árabes, entre ellos Marruecos, judíos y árabes conviven en paz. Sé por experiencia propia que los numerosos judíos marroquíes que viven en Israel hoy día sirven de enlace con el Estado islámico de Marruecos. Por todo ello, estimo muy positivo que en este momento se presente una resolución de estas características.
Se ha hablado mucho de la proclamación del Estado palestino, que estaba prevista para el día 4 de mayo, y me congratulo de que el Sr. Arafat se haya mostrado dispuesto a diferirla, lo cual es sin duda un acto de gran sabiduría política. Por otra parte, no podemos olvidar que se avecinan las elecciones israelíes, cuyo resultado será decisivo para el futuro de la región. Hemos podido comprobar cómo determinados políticos israelíes han reconocido abiertamente que Israel necesita trabar amistad con los árabes. De lo contrario, tarde o temprano quedaría aniquilado. Una persona como Simon Peres, por ejemplo, y otros colaboradores del Partido Laborista, representan una política inequívoca al respecto. Ante esta situación, no podemos sino expresar nuestra esperanza de que también la parte israelí declare rotundamente que desea comprometerse a fondo con la paz y que pondrá fin a las numerosas medidas represivas que, desafortunadamente, se han venido sucediendo desde la toma del poder de Netanyahu y su nombramiento como Primer Ministro. Confiamos en que Israel sea gobernado por personas que pongan todo su empeño en la reconciliación entre Israel y los palestinos, porque ésa es la clave para el futuro de la región.
Creo que quien conoce la zona coincidirá conmigo en que en cuanto se instale la paz se iniciará una era de florecimiento. Y a partir de este momento, las actuales tensiones no serán más que un triste recuerdo del pasado.
Aplausos

Gahrton
Señor Presidente, resulta admirable la paciencia que demuestran los palestinos al renunciar a proclamar un Estado al que tienen todo el derecho del mundo, de conformidad con los acuerdos que se han alcanzado. Hace más de cincuenta años que los palestinos se vieron expuestos, más o menos, a lo que están sufriendo hoy en día los albanokosovares en Kosovo, al destierro de cientos de miles de personas. Nunca pudieron regresar, nunca obtuvieron el Estado que, de acuerdo con la decisión de las NU de 1947, deberían haber proclamado junto al Estado judío de Israel.
Los palestinos vivieron durante muchas décadas con la ilusión de que su liberación llegaría con la intervención de ejércitos extranjeros o gracias a su propia y persistente lucha armada. Pero fue un fracaso. Hubo que esperar a que los palestinos renunciaran a los métodos militares, a que se alzara la desobediencia civil por medio de la intifada y se entablaran pacientes negociaciones con un enemigo que tenían por fascista y racista, hubo que esperar, pues, a todo esto para que los palestinos lograran avanzar y poner en pie un proceso de paz que ha conseguido ahora que una gran parte del mundo esté dispuesto a apoyar sus legítimas exigencias para instaurar un Estado independiente.
Creo que éstas son las lecciones que debemos recordar, que hay que esperar que la liberación de los pueblos más pequeños en el futuro se produzca siguiendo el método palestino, que éste se convierta en el método normal y que el método kosovar no sea más que una lamentable excepción en la historia mundial.
Aun siendo una persona crítica hacia la UE, considero que la cuestión palestina es una de las cuestiones que la Unión ha llevado de manera más constructiva y positiva. Creo que es satisfactoria la declaración, por una cuestión de principios, de que vamos a reconocer un Estado palestino. Espero que lo podamos hacer en cuanto los propios palestinos decidan proclamar este Estado.

Swoboda
Señor Presidente, los palestinos han adoptado una decisión muy valiente y espero que el Gobierno israelí - tanto el Gobierno actual como el futuro - muestre la misma determinación. Necesitamos un Estado palestino soberano, necesitamos que se respete plenamente la soberanía del Líbano y de Siria y, obviamente, también necesitamos garantías con respecto a la soberanía y la seguridad de Israel. Para todo ello, el concepto clave es la reconciliación, como ha señalado Otto von Habsburg, cuya opinión no siempre comparto, aunque en esta ocasión la suscribo plenamente.
Pero en el fondo he tomado la palabra para agradecer en nombre de mi Grupo a dos miembros de esta Asamblea que, en este sentido, se han entregado en cuerpo y alma a la defensa de los derechos de los palestinos. En primer lugar, me refiero al Vicepresidente Marín, que no siempre lo ha tenido fácil en esta Asamblea. También el Consejo le ha puesto las cosas difíciles en más de una ocasión. Ello no obstante, ha sabido adoptar las decisiones adecuadas y ha proseguido su camino sin vacilar, por lo que le expreso mi más sincera gratitud.
Y muy en especial quisiera dar las gracias a Luigi Colajanni que, en nombre de mi Grupo, se ha puesto al servicio de la cuestión palestina. Le echaremos en falta, precisamente por su profundo compromiso con los palestinos. En nombre de mi Grupo le deseo todo lo mejor para el futuro.
Aplausos

Vallvé
Señor Presidente, saludo muy positivamente esta declaración, como saludo también la decisión tomada por el Gobierno palestino de no declarar unilateralmente la creación de un Estado a principios de este mes de mayo.
Creo que esto habría supuesto una grave interferencia en el proceso electoral que se está desarrollando en el Estado de Israel. Esperamos que de este proceso salga un Gobierno democrático como el que ha tenido hasta ahora ese país, con el fin de continuar las negociaciones que conduzcan a buen término este proceso de paz.
Estoy convencido de que la decisión del Consejo Europeo de Berlín ha sido positiva en este aspecto, con el fin de que la Unión Europea pueda continuar teniendo influencia en este territorio. Pero también es necesario que se celebren muy pronto nuevas elecciones también en Palestina -la misma Unión Europea estuvo presente en las elecciones de 1996-, ya que habrá pasado un período de cuatro años. Sólo entonces podremos hablar realmente de un auténtico diálogo entre Estados democráticos.

Marín
Señor Presidente, la Comisión Europea opina también que los responsables palestinos han tomado una decisión acertada en interés del pueblo palestino al aplazar la proclamación del Estado anunciada para el 4 de mayo. Más aún, la Comisión cree que este hecho positivo fue en parte posible gracias al valor demostrado por el Consejo Europeo al adoptar la llamada Declaración de Berlín sobre Oriente Medio. Nuestra política exterior y de seguridad común ha funcionado correctamente en este caso pues esta declaración era importante para garantizar la continuación pacífica y constructiva del proceso de paz pese a la expiración del primer período interino fijado por los Acuerdos de Oslo.
La Comisión, como ustedes saben, ya abogó por un mayor protagonismo político y económico de la Unión en Oriente Medio en su comunicación de enero de 1998. No obstante, está claro que la prolongación tácita del período interino no ofrece una solución a largo plazo. En este aspecto, la Unión Europea ha expresado su convicción de que la creación de un Estado palestino soberano, democrático, viable y pacífico, sobre la base de los acuerdos existentes y por la vía de la negociación sería la mejor garantía de seguridad para Israel y de aceptación regional, por lo que se ha declarado dispuesta a considerar en su momento el reconocimiento de un Estado palestino.
A corto plazo -como se afirma también en la Declaración de Berlín-, la Unión Europea sigue preocupada por el estancamiento del proceso de paz y a este respecto es fundamental que después de las elecciones en Israel, las partes vuelvan urgentemente a una aplicación íntegra de los respectivos compromisos suscritos en el Memorándum de Wye River. Ello permitiría iniciar simultáneamente negociaciones aceleradas sobre las cuestiones relacionadas con el estatuto permanente con vistas a cerrarlas dentro del plazo previsto de un año.
En el supuesto de que las partes demuestren la necesaria voluntad política de avanzar, la Unión Europea seguirá ayudándoles para facilitar la aplicación de todas las cuestiones pendientes. Deben ponerse todos los medios para evitar que el Acuerdo de Wye River se convierta en otro acuerdo israelí o palestino no aplicado.
En este contexto, no se deben intentar imponer nuevas condiciones. Más aún, compartimos la opinión de Estados Unidos de que la Autoridad Palestina ha cumplido y sigue cumpliendo la mayor parte de sus compromisos. Por consiguiente, esperamos con interés las próximas fases de retirada de Cisjordania e importantes liberaciones de presos. Además, seguiremos recomendando flexibilidad por parte de Israel en lo que se refiere a las cuestiones fundamentales, que vienen aplazándose desde largo tiempo, como la seguridad de las carreteras de paso entre Cisjordania y Gaza y el desarrollo, apertura y realización del propio puerto de Gaza. En este sentido, la Comisión sigue colaborando estrechamente con el enviado especial de la Unión Europea responsable de la aplicación del diálogo común, Sr. Moratinos.
Pensamos que la revitalización de la vía israelo-palestina del proceso de paz facilitaría también la tan esperada reanudación de la vía multilateral. Y en este aspecto, la Unión Europea, aun sabiendo que es muy difícil, seguirá intentando todavía revitalizar y poner en marcha esta cooperación. Esto quiere decir que también veríamos con sumo interés que se retomen rápidamente las vías sirias y libanesas para el proceso de paz.
En cuanto a la pregunta que presentaba el Sr. Bertens y la Sra. Van Bladel a propósito del hospital, el hospital de Gaza es un hospital del UNRAC, no es un hospital de la Comisión Europea o hecho por la Comisión Europea, es un hospital del UNRAC. No obstante, en la guerra de guerrillas de los últimos meses, de todo lo malo que pasa en el mundo la culpa la tiene la Comisión Europea. No, este es un hospital hecho por el UNRAC, donde hay una participación del presupuesto comunitario.
Además, hay otra participación del presupuesto nacional de Dinamarca, de Alemania, de Austria, de España, de Suecia y de Bélgica. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido un retraso de doce meses en la apertura del hospital. Problema que ya está resuelto porque ustedes tienen que ser coherentes con lo que piden a la Comisión, y deben ustedes recordar que decidimos no pagar más running cost . La Comisión Europea tiene que hacer lo que puede hacer bien. La Comisión Europea no es gestora de hospitales y no puede gestionar un gran hospital a miles de kilómetros de distancia. En consecuencia, se ha hecho una asistencia técnica a la Autoridad Palestina consistente en un equipo internacional que va a trabajar durante dos años con las autoridades palestinas al objeto de que sea la Autoridad Palestina la que tome la responsabilidad de la gestión del hospital. Afortunadamente esta cuestión está resuelta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Marín.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0461/99 de los diputados Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0473/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-047/99 del diputado Manisco, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0480/99 del diputado Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0496/99 de los diputados Lenz, Soulier y Oomen-Ruijten, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0502/99 de los diputados Aglietta y Orlando, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria universal de la ejecución de penas capitales;
B4-0465/99 del diputado Swoboda, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0481/99 del diputado Bertens, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0490/99 de los diputados Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0493/99 de los diputados Pasty y van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0509/99 de los diputados Aelvoet, Tamino y Ceyhun, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre el proceso del Sr. Ocalan y el futuro de la cuestión kurda en Turquía;
B-0462/99 de los diputados Harrison y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0491/99 de los diputados Pasty y van Bladel, en nombre del Grupo Unión por Europa-B4-0506/99 del diputado Telkämper, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la manipulación política de los juicios en Malasia;
B4-0463/99 de los diputados Berès y Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0468/99 de los diputados Pradier y Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0477/99 del diputado Wurtz, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0482/99 del diputado Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0497/99 del diputado Lehideux, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0504/99 de los diputados Telkämper y Aelvoet, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la situación de los derechos humanos en Djibuti;
B4-0466/99 de los diputados Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos-B4-0469/99 de los diputados Dupuis y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea-B4-0476/99 de la diputada Sierra González, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica-B4-0483/99 del diputado Cars, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas-B4-0492-B4-0498/99 de los diputados Oostlander y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo-B4-0501/99 de los diputados Aglietta y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeosobre la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional;
Pena de muerte

Imbeni
Señor Presidente, hace unos días recibí una carta de un comité creado para apoyar una iniciativa para salvar la vida de Greg Sommer, uno de los muchos condenados a muerte, pendientes de ejecución. Naturalmente yo, al igual que mucho de mis compañeros, habría contestado favorablemente en este caso como en los muchos otros de los demás condenados a muerte en China, Irán, los Estados Unidos y en otros muchos países. Consideramos, sin embargo, que ha llegado el momento de una acción extraordinaria: quisiéramos aprovechar este famoso año 2000 -un año que tiene un gran valor simbólico para todos los países del mundo y no sólo para los que tienen cierta tradición, historia y religión- para llevar a cabo un gesto extraordinario.
Si este año 2000 tiene un gran valor simbólico hay que aprovecharlo realmente para enviar este mensaje de carácter universal: una moratoria para todos los casos en que existe una sentencia de condena a muerte.
Esto es lo que pedimos a través de la presente resolución que pienso que será aprobada por todos Grupos de nuestro Parlamento. Por consiguiente, quisiéramos dirigir un mensaje concreto al Consejo de Colonia, al objeto de que la Presidencia alemana pida que figure en el orden del día de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas este tema y que la Presidencia finlandesa sea la encargada de ejecutar esta decisión a fin de que -en el mes de agosto, a más tardar- este asunto figure en el orden del día y pueda ser examinado efectivamente en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Si en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas se tomara realmente esta decisión de una moratoria, creo que habremos dirigido un mensaje positivo a todos los países del mundo y habremos planteado un problema también en aquellos países que rechazan afrontar con decisión este tema.
¡La pena de muerte no es justicia, sino venganza! Es necesario que se tome nota de ello en todos los países del mundo.

Dupuis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, creo que el colega Imbeni ha resumido muy bien el sentido de esta resolución. Hay que recordar que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por tres veces consecutivas -en 1997, 1998 y 1999-, ha aprobado resoluciones que iban en este sentido.
Como acaba de recordar el colega Imbeni, ha llegado la hora de utilizar también este año 2000 para dar ese salto cualitativo y presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una propuesta de moratoria universal. Existe una mayoría de 101 países de los 190 que forman la comunidad internacional -y no se trata de una mayoría teórica, ya que los Tratados aprobados y las modificaciones constitucionales llevadas a cabo por numerosos países así lo demuestran-, que son favorables al establecimiento de una moratoria universal.
Por lo tanto, se reúnen todas las condiciones para pasar a una ofensiva que sin duda no sería final, pero que podría constituir un paso decisivo orientado a la abolición definitiva de la pena de muerte en el mundo. Exhorto al Consejo y a la Comisión a que actúen en este sentido.
Permítanme señalar un error -en este caso, más formal que político- en el texto de la resolución. Pido disculpas por ello, y presentaré una enmienda oral tendente a suprimir del considerando E las palabras «contrariamente a lo que ocurre en las resoluciones adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos», porque no es formalmente exacto. Si los colegas no ven ninguna objeción al respecto, presentaré esta enmienda oral en la votación que tendrá lugar dentro de un momento.

Cars
Señor Presidente, Europa es un continente donde apenas existe ya la pena de muerte, lo cual creo que es un gran éxito desde un punto de vista civilizado. Se trata de un logro que no habría sido posible sin una toma de posición clara por parte de la Unión Europea, que merece la atención de todo el mundo. Éste es el orgulloso mensaje que se debe enviar desde Europa.
La tendencia también es positiva en el resto del mundo, especialmente en América Latina. Por el contrario, la pena de muerte aún es se aplica frecuentemente en países no democráticos como China, Arabia Saudita, Irán e Irak, pero también -y cada vez más- en un gran país democrático. Si ya es una circunstancia grave de por sí, también lo son sus consecuencias, ya que países como China y otros de los que he mencionado pueden decir que «mientras que los estadounidenses sigan aplicando la pena de muerte, nos trae sin cuidado lo que piensen los europeos».
A los europeos no nos gusta criticar a Estados Unidos, y tenemos buenas razones para no hacerlo. Pero hemos de criticar a este país por lo que respecta a la pena de muerte. Hemos de elevar nuestra voz, exponer nuestros argumentos con mayor firmeza y resolución sin mostrar nunca -y hay que hacer hincapié en este punto- una actitud de superioridad moral, sino que debemos compartir nuestros puntos de vista en nuestra condición de amigos preocupados y comprometidos.

Lenz
Señor Presidente, esta tarde de jueves, en este debate de actualidad y urgencia, muchos pronunciamos nuestro último discurso sobre el tema de los derechos humanos. Lo llevamos haciendo desde hace más de veinte años y la colaboración siempre ha sido excelente. Para nuestra satisfacción -y a este respecto me sumo a las palabras de mis colegas-se ha obtenido una nueva victoria con respecto al problema de la pena de muerte. Nosotros también hemos aportado nuestro granito de arena para que haya visto la luz en Ginebra esta tercera moratoria universal de las ejecuciones capitales.
Nuestro Grupo comparte el deseo de que el Consejo incluya dicha solicitud en el orden del día de la Asamblea General de Naciones Unidas. De esta forma, los países mencionados por el Sr. Cars quizá caigan en la cuenta de que la pena de muerte realmente es el peor instrumento para que uno pueda recuperar la dignidad humana. Y es que toda persona debe tener la oportunidad de enmendar sus errores. Con la pena de muerte, esta posibilidad queda truncada, sin contar los frecuentes abusos que de ella se hacen.
Si el Parlamento Europeo ha ayudado a reforzar esta conciencia, no sólo gracias al Sr. Dupuis, que se ha encargado de solicitar sistemáticamente la inclusión de la pena de muerte en el orden del día, sino también gracias a que este Parlamento no se ha cansado de llamar una y otra vez la atención sobre toda una serie de hechos importantes, tal vez hayamos contribuido un poco a mejorar la situación de los derechos humanos.
Señor Presidente, permítame que concluya mi intervención con las siguientes palabras. Espero de todo corazón -usted podrá comprobarlo en persona- que el próximo Parlamento prosiga este debate, que no lo sacrifique en nombre de los asuntos económicos o los temas relacionados con la ampliación, por importantes que sean, sino que considere la cuestión de los derechos humanos como un objetivo político cuya materialización depende de la política de la Unión europea, y especialmente de la política exterior y la política en materia de ampliación. En estos ámbitos, la pena de muerte ha de ocupar un lugar primordial. Admito que hay otros muchos temas importantes, pero de todas formas, espero que esta cuestión reciba la atención que se merece.
Aplausos

El Presidente
Muchas gracias, señora Lenz, por sus palabras. Le doy las gracias también en nombre de sus Señorías por el empeño y la capacidad con que ha presidido en el pasado la Subcomisión de Derechos Humanos y con que ha seguido ofreciendo su inestimable contribución a dicha subcomisión. Creo realmente que su experiencia podrá sernos útil de cara a nuestro futuro trabajo. Muchas gracias, señora Lenz.

Holm
Señor Presidente, el objetivo es evidentemente la abolición de la pena de muerte. Este castigo no debería existir en ningún país del mundo. Debemos criticar todos a los Estados Unidos, a China y a otros muchos países que violan flagrantemente los valores humanos permitiendo la aplicación de la pena de muerte. Exigir una moratoria a escala mundial representa naturalmente un paso en la dirección adecuada, de cara a conseguir la abolición total de la pena de muerte.
El Consejo ha de realizar esfuerzos para que la Asamblea General de las NU aborde esta cuestión durante su próxima sesión. Tanto la Presidencia alemana como la finlandesa deberán actuar con este fin, para que se ponga punto final a la pena de muerte.

Pailler
Señor Presidente, estoy encantada de efectuar esta última intervención durante su Presidencia, a propósito de esta cuestión, porque usted también nos ha ayudado mucho. Debemos tomar conciencia del largo trabajo que queda por hacer por el camino de la humanización de la persona, cuando en 1999, todavía estamos pidiendo una moratoria universal de la ejecución de penas capitales.
Desearía hablarles de Norteamérica, de ese gran país que pretende ser el gendarme del mundo y el modelo de la democracia, de la libertad y de la modernidad. Soy la primera diputada en la historia del Parlamento Europeo que ha penetrado en los corredores de la muerte, el pasado 21 de abril, hace catorce días, para reunirme con Mumia Abu Jamal, preso político condenado a muerte, en cuyo favor a menudo nuestro Parlamento ha aprobado resoluciones. Una parte de mí misma quedó en esa prisión de Greene, donde 111 presos de un total de 600 esperan su ejecución.
Una parte de mí quedó en la prisión. No es una imagen. Es algo muy físico. Duele. La idea de su ejecución me resulta inadmisible, como también la idea de la ejecución de miles de condenados a muerte, algunos de los cuales vi pasar, con sus trajes de presidiario blancos y azules, detrás de Mumia Abu Jamal.
Mumia Abu Jamal me habló primeramente del drama de Denver -era la víspera-, de Kosovo, de la cultura de la muerte que socava a la sociedad norteamericana. Así pues, formulo una pregunta a Norteamérica. Hoy vuestros hijos se matan entre sí. ¿Vais a educarlos poniéndolos en la silla eléctrica? No. Esta violencia, precisamente, es la respuesta a vuestra violencia de Estado, como es la pena de muerte y también la justicia racista y la justicia de clase que ha condenado a Mumia.
Para convencer al Consejo y a todos mis colegas de que nunca deben ceder en este terreno, permítanme mencionar una pequeña anécdota. Por la mañana, antes de llegar a la prisión, a esos corredores de la muerte, ofrecí una conferencia de prensa. Un periodista se levantó y me dijo: «Hoy nos hemos enteramos, a través de un despacho, que acababan de firmarse tres órdenes de ejecución en el mes de mayo. ¿Considera que esto es una respuesta a su acción en Norteamérica?».
Primero se me humedecieron los ojos, después me recobré, pero era insoportable imaginarlo. Si hoy les cuento esto es para decirles que mis ojos no volverán a humedecerse, pero que esa emoción perdurará hasta que hayamos logrado esta moratoria, hasta que hayamos logrado abandonar las vías del pasado, las vías de la barbarie y avanzar por el camino del futuro y de la humanización.
Concluiré este último discurso, este último grito de los que no tienen voz, haciendo la señal de reunión de los negros -son muchos los negros que hoy luchan en los Estados Unidos contra la pena de muerte, junto con blancos, indios, amerindios, hispanos- y pronunciando las palabras: "On the move!» .
Kurdos

Swoboda
Señor Presidente, señoras y señores, señor Comisario, volvemos a tratar una vez más el tema de Turquía y también en este caso nuestros sentimientos son contradictorios, porque aunque se presentan algunos indicios esperanzadores, hay varios puntos negativos y todavía no sabemos qué derrotero tomará este país. En primer lugar, cabe señalar que el caso Ocalan está ante los tribunales. No tenemos la impresión de que se trate de un proceso justo, abierto y transparente. Ello nos causa una sensación desagradable, especialmente por el creciente apoyo a la pena de muerte que se registra en Turquía, justo en el momento en que se celebra el proceso en pro o en contra de Ocalan. En segundo término, lamentamos profundamente el avance del partido nacionalista en las últimas elecciones. El programa de este partido extremista no se pronuncia a favor de la reconciliación con el pueblo kurdo, sino que pretende más bien todo lo contrario.
En tercer lugar, quisiera destacar los éxitos electorales obtenidos por el HADEP, sobre todo en las regiones kurdas. Ocupan 41 alcaldías. Dudamos, sin embargo, si dichos alcaldes podrán ejercer su derecho democrático como representantes elegidos libremente por el pueblo. Cada vez nos llegan más noticias de que está previsto arrebatarles este derecho. Sabemos que varias docenas de personas, o mejor dicho cientos de personas, siguen encarceladas, al igual que antes, entre ellas diversos funcionarios del partido mencionado, sin proceso, sin juicio, sin condena. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuándo serán por fin liberados? ¿Cuándo tendrán un juicio digno y en toda regla? ¿Por qué no se atreven a incoar un proceso contra estas personas? Probablemente porque no tienen ninguna causa pendiente.
El cuarto punto concierne al atentado perpetrado contra Akin Birdal en Ankara. Me entrevisté con él pocos días después. Todos o muchos de nosotros conocen muy bien a este ferviente defensor de los derechos humanos. Parece que se ha recuperado suficientemente para que le puedan encarcelar. Faltan pocos días para que ingrese en prisión. Por otra parte, somos conscientes de que en las cárceles turcas no le proporcionarán los cuidados, la atención y la terapia que necesita para que pueda recobrar su buena salud. ¡Es un problema muy serio!
El quinto aspecto quizá sea el más positivo de todo el proceso. Hace unos días un presidente del Tribunal Constitucional ha declarado que muchas de las disposiciones legales de Turquía han de ser modificadas porque atentan contra los derechos humanos, porque atentan contra los derechos de los Estados democráticos. Espero que estas tendencias acaben imponiéndose. Se trata sin duda de una situación compleja y espero, señor Comisario y Vicepresidente, que en nombre de la Comisión y en nombre de la Unión Europea se adopten las medidas oportunas para reforzar estas tendencias, puesto que en la actualidad Turquía se está alejando de Europa en vez de aproximarse a ella. Todo cuanto hace esta Asamblea y esta Unión Europea por los kurdos, lo hace pensando en Turquía y en el acercamiento de este país a Europa.

Bertens
Señor Presidente, el 24 de febrero celebramos un debate en Bruselas sobre la detención del Sr. Ocalan. En esa oportunidad, me mostré crítico respecto de la organización terrorista PKK y respecto del propio Sr. Ocalan. Nunca hemos querido justificar sus actos ni sus intenciones. Solamente esperamos que el Gobierno turco permita que se celebre un proceso abierto y justo, pero desgraciadamente nuestros angustiosos presentimientos no se ven en absoluto aliviados. Los abogados del Sr. Ocalan apenas tienen acceso al proceso, el Tribunal de Seguridad del Estado tampoco me parece el lugar adecuado y no se han admitido observadores internacionales. Esperemos que el nuevo Gobierno turco comprenda que si quiere resolver el problema kurdo, Ocalan debe tener, en cualquier caso, un proceso justo.
Señor Presidente, éste es un día, una semana de despedidas. Lamentablemente, no podemos despedirnos de los problemas y los temas que se tratan durante el debate de actualidad. Espero que usted tampoco se despida del debate de actualidad, puesto que durante diez años he escuchado casi cada mes en este Parlamento: ésta es la última vez que hacemos algo semejante al debate de actualidad. Le diré que se ha calculado que he hecho uso de la palabra en el debate de actualidad unas 428 veces. No sé si alguna vez ha servido para algo, pero hagamos saber a mis sucesores y a su sucesor y al sucesor del Comisario que éste es el único medio para que el Parlamento Europeo deje traslucir que también sentimos algo por las personas que están fuera de este Parlamento, fuera de Europa y que nos preocupamos por algo más que el salario y la pensión de uno mismo. Gracias, que les vaya bien. Esto es todo.
Aplausos

El Presidente
Señor Bertens, normalmente usted es muy apacible y tranquilo en sus intervenciones, incluso aquellas sobre asuntos muy delicados. Creo que comparto su estado de ánimo y que comprendo los motivos por los cuales ha levantado algo más la voz en pos de una reivindicación que muy posiblemente respaldan todos los colegas, al menos todos los que se encuentran en el Pleno en este momento.

Papayannakis
Señor Presidente, Ocalan no va a tener un juicio público y justo como hemos deseado en nuestras resoluciones. Tengo la comunicación a la prensa del Ministerio Fiscal del Tribunal de Seguridad del Estado en Ankara, firmada por el abogado fiscal, Sr. Tzerdet Volkan; dicha comunicación excluye la participación en el juicio de «observadores de cualquier institución u organización» y prevé la participación de simples ciudadanos, siempre y cuando cuenten con un permiso de una oficina especial del Tribunal, que no será válido para todos los días del juicio, y tomará en consideración, sólo, la capacidad de la sala.
Naturalmente, señor Presidente, Turquía no ha sufrido ningún tipo de presión especial -y, por supuesto, no estoy hablando de los abominables bombardeos que conocen otros países- para avenirse a las normas de un Estado de derecho actual. ¡Por razones que el Consejo de Ministros, tan sensible o severo en otros casos, no ha conseguido explicarnos!
Esta debilidad no está relacionada sólo con Ocalan, sino con la importantísima cuestión de los derechos humanos y de los ciudadanos para todos los turcos, y especialmente, para la gran minoría kurda de Turquía. No se reconoce su identidad, su lengua, su educación, su expresión política. El partido HADEP es perseguido con dureza, Leyla Zana, a quien otorgamos el premio Sajarov, está en la cárcel, señor Presidente, y no estamos haciendo nada.
¿Puede el Consejo, como hace en otros casos, expresar su condena a esta represión de los derechos políticos y culturales de los kurdos? ¿Cómo piensa ejercer su influencia el Consejo -y también la Comisión- señor Presidente, a fin de que haya reformas y mejoras del régimen aplicado contra los kurdos?
Al fin y al cabo, señor Presidente, Turquía y su pueblo, sea cual sea su procedencia étnica y lingüística, pertenecen a la aspiración europea y a ellos también atañen las declaraciones «humanitarias» y «liberales» que la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea, que son miembros de la OTAN, afirman querer aplicar en nuestra región más amplia.
Señor Presidente, ¿nos va a decir algún miembro del Consejo, o de la Comisión, algo convincente sobre estas cuestiones?

Van Bladel
Señor Presidente, los abogados de Ocalan han dicho esta mañana en el Parlamento que no pueden trabajar y que incluso han sido amenazados. El Parlamento continúa insistiendo acertadamente en que el Sr. Ocalan tenga un proceso judicial justo. No obstante, no debemos olvidar que hemos empujado al Sr. Ocalan de un país a otro porque nosotros mismos no podíamos procesarle -aunque había una orden de arresto- en nuestro estado de derecho.
No obstante, si, además, analizamos la unión aduanera con Turquía, desde que la acordamos, este país se ha apartado de nosotros y las recientes elecciones han puesto de manifiesto que vuelve la mirada hacia dentro, se vuelve, por tanto, más nacionalista. Con la experiencia de los Balcanes hay poco espacio para los sentimientos nacionalistas y los derechos de los kurdos o, quizá, precisamente sí. Tal vez haya una persona comprensible en Ankara que piense: mejor negociar ahora que nunca con los kurdos para llegar a una nueva relación. Sin embargo, para ello es necesario un plan internacional de mediación con plazos y todavía no he oído nada sobre semejante plan. Espero que en alguna parte haya un político o, tal vez, un antiguo Comisario que pueda redactar ese plan para, una vez concluido su mandato, ayudar finalmente a los kurdos con un plan que acerque a turcos y kurdos. Entiéndame, señor Presidente, un plan con un mandato que restablezca la confianza, puesto que cada día recibes a un kurdo en tu despacho, algo que resulta agradable; lo disfruto, pero no sirve de nada a los kurdos.

Ceyhun
Señor Presidente, no se trata solamente de Ocalan o de si tendrá un juicio o no. Yo soy de Alemania y en mi país el Sr. Ocalan también sería sometido a juicio. De lo que se trata es de que esperamos con razón que los acontecimientos de los próximos días y meses se correspondan con nuestras expectaciones. Es decir, tenemos toda la razón al exigir que este proceso cumpla las normas del Estado de derecho y se ajuste al mismo. Son éstas y no otras las esperanzas que hemos de albergar con respecto a Turquía, un país que tiene mucho interés en convertirse en miembro de la Unión Europea.
Si Turquía desea entrar a formar parte de la Unión Europea ha de mostrarnos cuál es el tratamiento que merece un procesado en un Estado de derecho. Este es el tema central de la propuesta que estamos debatiendo hoy y que probablemente aprobaremos mañana. Nuestras expectaciones no pueden ser malinterpretadas en Turquía. Las autoridades judiciales turcas y las demás autoridades turcas implicadas en el proceso desempeñan un papel clave. Si realmente desean buscar una solución pacífica para la problemática kurda, están obligados a tratar al Sr. Ocalan como un procesado. Mientras no haya sido condenado por un Tribunal, no puede ser declarado culpable. En todo caso, debe recibir un tratamiento justo y en ningún momento se puede incordiar a los abogados de Ocalan por el mero hecho de que le defienden.
Si Turquía pretende ser un país europeo, un país que esté preparado para ingresar en la Unión Europea, deberá aplicar los valores europeos y las normas occidentales. Es lo único que pedimos y, por tanto, esperamos que Turquía no se tome a mal esta solicitud del Parlamento Europeo.
Malasia

Holm
Señor Presidente, es evidente la corrupción del sistema judicial en Malasia. Lo que está ocurriendo allí no es digno de una democracia, ya que resulta claro que en el país no se respetan los derechos humanos fundamentales. No es digno de la democracia que Malasia dice ser el hecho de que los ciudadanos que expresan pacíficamente sus puntos de vista políticos o religiosos sean objeto de arresto y encarcelación, y todo ello sin que se ofrezca una seguridad jurídica adecuada.
No cabe duda de que debemos abordar este punto e intentar hacer entrar en razón a las autoridades malayas. Hemos de plantear también el trato que se depara en Malasia a los homosexuales. No es digno que una persona se enfrente a una pena de más de veinte años de cárcel por haber mantenido una relación homosexual. Se trata de una violación de los derechos humanos fundamentales. Siempre y cuando sea una relación homosexual de común acuerdo, no existen motivos para condenar a nadie por mantener una relación de este tipo. Debemos seguir defendiendo nuestros planteamientos y realizar esfuerzos para evitar que se trate a los homosexuales de esta manera.
En este orden de cosas, cabe lamentar que no hayamos podido ver la exposición Ecco homo en este Parlamento, aunque sólo sea para haber mostrado una mayor comprensión hacia las relaciones homosexuales.

Ford
Señor Presidente, hablando en nombre del Grupo Socialista en apoyo de la resolución conjunta sobre la manipulación política de los juicios en Malasia, he de decir a la autoridades malasias que es muy difícil que ninguno de nosotros simpatice con sus acciones recientes.
En primer lugar, siguen manteniendo su ley de seguridad interna que, en contra de toda concepción habitual de los derechos humanos, permite que sean detenidos los que expresan pacíficamente unas opiniones tanto religiosas como políticas que están reñidas con las del Gobierno y que se les deniegue una representación letrada adecuada o incluso un juicio justo.
En segundo lugar, tienen un código penal que -como dijo antes del Sr. Holm- condena los actos homosexuales entre mayores de edad que dan su consentimiento, con una pena de azotamiento y de hasta veinte años de cárcel.
En tercer lugar, todo indica que los juicios tanto de Anwar Ibrahim como de Lim Guan Eng tenían una motivación política. Sabemos que se maltrató físicamente a Anwar Ibrahim antes de su juicio. Le echaron seis años de cárcel por corrupción, después de lo que casi todos los observadores exteriores consideraron una farsa procesal que era una parodia de cualquier noción de justicia. Y, con todo, siguen persiguiéndole con amenazas de más juicios todavía.
Como conclusión, debemos instar a las autoridades malasias a que reconozcan que el desarrollo de una mayor cooperación política y económica entre la Unión Europea y Malasia dependerá en gran medida de que se inicie un diálogo serio que desemboque en la que en Malasia se den pasos para la observación de los derechos humanos fundamentales en dicho país.
Djibuti

Vecchi
Señor Presidente, lamentablemente, al igual que en diciembre de 1997, tenemos que volver a ocuparnos de las violaciones de los derechos humanos en Djibuti, en particular de la situación de los presos políticos que no solo se encuentran sometidos a detención ilegal -para nosotros inaceptable-, sino también a todo tipo de vejación que, en algunos casos, ha ocasionado la muerte de algunos de ellos. Lamentablemente, esto es sólo un aspecto de una estrategia de opresión étnica y política que priva a la inmensa mayoría de la población de ese país de los derechos fundamentales. Con nuestra resolución, por consiguiente, nos dirigimos a las autoridades de Djibuti, en primer lugar al Presidente Guelleh, para que pongan remedio a esta inaceptable situación.
Deseo recordar que todo el Cuerno de África está devastado por conflictos de todo tipo. Ahora les corresponde a las autoridades de Djibuti decidir si hunden a su país en la violencia, la inestabilidad y la ilegalidad o si, por el contrario, reconstruyen las condiciones para una convivencia asentada en nuevas bases.
Consideramos que de esto depende en parte la reanudación de un proceso de paz y de estabilidad para toda la región. Por eso pedimos que se ponga fin a cualesquiera malos tratos contra los presos políticos, que los mismos puedan acceder a los cuidados y tratamientos necesarios y sean sometidos a un juicio justo y puestos en libertad. El respeto de los derechos humanos, sin embargo, debe ser restablecido para todos y en particular es necesario que cese toda discriminación basada en cuestiones étnicas.
El Gobierno de Djibuti se comprometió a respetar estos principios también a través de su participación en el Convenio de Lomé, cuyo artículo 5 prevé que cada parte firmante debe cumplir los principios de respeto de los derechos humanos y de democratización de su país. Estimo que dicho artículo 5 debe ser tenido en cuenta, porque si no se remedia la contingente situación de los presos políticos y, más en general, la situación de los derechos humanos, la aplicación de dicho artículo y de las medidas que de él se derivan deberá ser una eventualidad a tomar en consideración.

El Presidente
Muchas gracias, señor Vecchi, por sus palabras, por el empeño con que ha seguido a los países ACP y por el empeño puesto en el seno de la comisión que ha seguido todos los aspectos de la cooperación y del desarrollo.

Maes
Señor Presidente, hace diez años se habló en este Parlamento de las violaciones de derechos humanos en Kosovo y hoy hay una guerra. Hoy hablamos de Djibuti y otros países. Estoy convencida de que si adoptamos en este momento las medidas adecuadas, podemos ayudar a estos países a evolucionar hacia la paz sin que haya una guerra.
Se ha elegido un nuevo Presidente en Djibuti. Es un buen momento para recordar que se debe poner fin a las violaciones de derechos humanos, al trato humillante de los presos políticos, a la falta de derechos de esos presos, al hecho de que se les encierre en prisiones sin otorgarles cuidados. No vamos a decir, por supuesto, que en Djibuti no hay una oposición armada, pero hay también oponentes políticos sin armas que solamente están en prisión por una cuestión política y eso no puede ser.
Djibuti pertenece a los países que forman parte del Convenio de Lomé. Considerémoslo un contrato con el que refrescar la memoria de estos países. Dejémosles claro que no podemos conceder ninguna ayuda presupuestaria, si ésta se emplea indebidamente para armarse y esas armas se utilizan para hacer la guerra y oprimir a sus propios ciudadanos, más concretamente a la población Afar.
Conocemos las profundas miserias de la guerra. No olvidemos esas cosas porque Djibuti esté un poco más lejos, puesto que, de lo contrario, también allí será demasiado tarde.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, algunos de los colegas que han hablado antes que yo ya han recordado el artículo 5 del Convenio de Lomé, firmado también por Djibuti, que establece una verdadera interrelación, un nexo funcional entre el respeto y el disfrute de los derechos políticos y civiles, de las libertades humanas fundamentales y la ayuda al desarrollo.
Considero que debemos reiterar muy firmemente este punto. No nos podemos conformar con la respuesta de que son precisamente las condiciones económicas desfavorables de un país las que impiden la instauración de una democracia plena. Más bien es todo lo contrario. Tenemos en los países en desarrollo, en los países firmatarios del Convenio de Lomé muchos ejemplos modélicos de países que, gracias precisamente al restablecimiento de las reglas democráticas, siguen un camino de desarrollo económico, y es por eso que debemos reiterar con mayor fuerza a Djibuti que respete este acuerdo contractual que ha firmado con sus socios europeos.

Lehideux
Señor Presidente, es a veces difícil encontrar palabras diferentes o nuevas para decir lo que pensamos de estas violaciones de los derechos humanos, a las que nos referimos en cada una de nuestras sesiones en este recinto.
Nosotros compartimos todo lo que acaban de manifestar los oradores anteriores, cualquiera sean los grupos a los que pertenezcan. Pienso, efectivamente, como lo ha dicho la Sra. Maes, que debemos aprovechar la reciente elección del nuevo Presidente Guelleh, para señalar muy clara y enérgicamente la posición de la Unión y decir que haremos todo lo que esté en nuestras manos, lo antes posible, para que se aplique ese famoso artículo 5.
La detención, fuera de las fronteras de Djibuti, de algunos dirigentes de la oposición -concretamente en Etiopía y en el Yemen-, su extradición a Djibuti y su encarcelamiento, las condiciones en las cuales se encuentran detenidos, la ausencia de juicio, la ausencia de abogados, las condiciones particularmente difíciles y dolorosas de su detención: nosotros sabemos todo eso y es evidente que no podemos admitirlo. Es imprescindible que los dirigentes estén seguros de que vamos a actuar con rapidez y a invocar los textos de los que su país es signatario.
Señor Presidente, creo que si tardamos corremos el riesgo de enfrentarnos, dentro de algunos meses, a una situación aún más dolorosa, más difícil -suponiendo que eso sea posible-, cuando vemos la situación en que se encuentran las personas a las que nos referimos.
Por consiguiente, en nombre de mi Grupo, solicito a la Comisión y al Consejo una acción enérgica y urgente, la más rápida posible, de tal manera que se conozcan de inmediato nuestras intenciones.
Tribunal Penal Internacional

Barros Moura
Señor Presidente, creo que todos reconoceremos que la aprobación por la Conferencia de Roma, el 18 de julio de 1998, del Estatuto del Tribunal Penal Internacional Permanente representó un progreso en las instituciones internacionales y en el orden jurídico internacional de los derechos humanos. Pero la entrada en efectividad práctica de ese Tribunal depende de la ratificación de su estatuto por al menos 60 países. Y hasta ahora, con las loables excepciones de Senegal, Trinidad y Tobago y San Marino, todos los demás Estados de la comunidad internacional aún no lo han ratificado, a pesar de que algunos han iniciado el proceso de ratificación.
Ahora bien, la resolución que presentamos fija el objetivo de obtener la ratificación de al menos 60 países hasta el final del año 2000 para que en ese año el Tribunal Penal Internacional pueda entrar en funciones y pide al Consejo que se inscriba ese objetivo en el orden del día del Consejo Europeo de Colonia. Ahora bien, yo creo que en un momento en que se debate el derecho de injerencia humanitaria, en un momento en que se reconoce que el orden internacional debe disponer de instrumentos que permitan defender los derechos humanos fundamentales, en aquellos puntos en que sean flagrante y gravemente violados, es sin duda paradójico que haya retrasos en lo que podríamos considerar una instancia judicial del derecho de injerencia, que sería exactamente éste. Y que sean precisamente algunos de los países que están practicando la llamada «injerencia humanitaria» los que más reservas hayan puesto a la aprobación del estatuto de este Tribunal Penal Internacional y conviene tomar nota de que en dicho estatuto figura una cláusula inadmisible de exclusión. Y, por tanto, me parece que habría que hacer un llamamiento importante, en particular que los países, y principalmente los Estados miembros y los países grandes, ratificaran el estatuto y renunciasen explícitamente a la cláusula de exclusión respecto de los crímenes de guerra para que se instituya así una verdadera instancia judicial, obligatoria, gracias a la cual se pueda legitimar un derecho de injerencia.

Sierra González
Señor Presidente, las dificultades existentes para castigar a quienes han incurrido en delitos tales como genocidios, crímenes de guerra y, en general, delitos contra la humanidad han demostrado sobradamente la necesidad de la instauración de un Tribunal Penal Internacional, que esté activo cuanto antes y en condiciones de proceder eficazmente a la persecución de estos delitos para que no sigan impunes.
En este contexto, es de lamentar que ningún Estado miembro de la Unión Europea haya ratificado el Estatuto de dicho Tribunal, sobre todo si tenemos en cuenta que la Unión ha pretendido caracterizarse por ser un espacio no sólo de pluralismo y de diversidad, sino, en especial, por ser una comunidad de Derecho. La ratificación del Estatuto del Tribunal, sin exclusiones al funcionamiento de éste, demostraría que el compromiso con el cumplimiento del Derecho, con la defensa de las libertades y de la vida humana, son objetivos de la Unión tan prioritarios al menos como los comerciales.
Por esta razón pido hoy al Consejo y a la Comisión que se fije como objetivo político de la Unión la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal. Porque si se habla de derecho de injerencia, resulta que en esta Asamblea se legitima el derecho de injerencia cuando es militar, pero no se legitima otro.

Cars
Señor Presidente, el objetivo de la resolución del Parlamento es hacer hincapié en la importancia que otorgamos aquí a la rápida ratificación de un tribunal internacional de crímenes de guerra para lograr cuanto antes su implantación. Esta importancia no es menor después de lo que ha ocurrido en Kosovo o en cualquier otro lugar. El Grupo Liberal apoya unánimemente las exigencias en torno a un tribunal de este tipo.
He tenido el honor de intervenir esta semana en tres ocasiones, en mi última aparición ante este Parlamento, para hablar acerca de la libertad y de la paz en Kosovo, a favor de los esfuerzos de la UE en su lucha contra la pena de muerte y a favor de un tribunal para los crímenes de guerra. Estas tres cuestiones reflejan también los valores fundamentales que presiden nuestra Unión: la libertad de expresión, el Estado de Derecho, el poder del pueblo y los aspectos humanitarios.
Como estudiante de un país que no participó en la guerra, me horrorizó comprobar lo que creó este conflicto bélico. También yo consideré la integración europea como un medio para superar el odio y para construir un orden mejor para toda Europa. He conocido a muchas personas en este Parlamento que sienten lo mismo que yo y que, por lo tanto, se han convertido en mis amigos.
He visto a lo largo de mi vida que se han conseguido muchas más cosas de lo que jamás pude soñar en mis años de juventud. Pero aún queda mucho por hacer. Quiero creer que siempre habrá personas con sueños y esperanzas de una Europa mejor, de un mundo mejor, y con la resolución y la fuerza para hacer realidad sus sueños.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, es muy significativo que este Parlamento, que se ha preocupado enormemente por la cuestión de los derechos humanos, vuelva una vez más sobre el tema del Tribunal Penal Internacional en la última sesión de urgencia sobre los derechos humanos de esta legislatura. En mi opinión, el Parlamento ha logrado serios avances en este sentido gracias al trabajo realizado por el intergroup del Parlamento Europeo que lleva el llamativo nombre: ¡No peace without justice ! Una cosa está clara. Este intergroup que se ocupa del Tribunal Penal Internacional dice explícitamente que la justicia -el Sr. Dell'Alba es uno de los promotores de este intergroup - ha de ampararse en un fundamento jurídico. En la mayoría de los casos existe un fundamento jurídico a diversos niveles, tal y como sucede actualmente en Kosovo. A escala internacional están las Naciones Unidas y también la OTAN. Y este derecho también se puede hacer valer a escala nacional y regional.
Desgraciadamente, hay un ámbito en que brilla por su ausencia. Se trata de los grupos étnicos y las minorías. Creo que ésta es la razón por la que muchos de los conflictos que se han producido en los últimos diez o quince años han sido dirimidos con las armas y no han sido resueltos en el marco de un Tribunal o un Tribunal Penal. Por todo ello, considero fundamental que la Unión Europea actúe con gran firmeza y declare que sus Estados miembros serán de los primeros en respaldar la ratificación de este Tribunal Penal Internacional. Debemos poner todo nuestro empeño en que el Tribunal se lleve a la práctica y no podemos dejar este cometido en manos de algunos otros Estados que han desplegado un entusiasmo digno de elogio. Es el caso de San Marino, Senegal y algunos países más. Debemos dar ejemplo. Es un ámbito en el que el Parlamento Europeo con su larga tradición en asuntos relacionados con los derechos humanos tiene mucho que decir.

Holm
Señor Presidente, la creación de un tribunal internacional de crímenes de guerra es ahora más acuciante que en mucho, mucho tiempo. Así pues, los acontecimientos de los últimos años han demostrado claramente que todo aquello de lo que hemos hablado en numerosas ocasiones en este Parlamento no ha tenido tanta importancia desde hace mucho tiempo.
Es necesario disponer de una organización internacional adecuada que se hiciera cargo de estas cuestiones y que nos permitiera anticiparnos, antes de recurrir a medios militares, para llevar a cabo todo esto de una manera digna. La aprobación el pasado julio de este reglamento representó un importante paso adelante. Cabe lamentar que ninguno de los Estados miembros de la UE lo haya ratificado todavía, algo que debería haber ocurrido con mucha mayor rapidez. Es positivo que nada menos que 82 países hayan suscrito este reglamento, si bien es también lamentable que solamente tres de ellos lo hayan ratificado.
Espero fervientemente que todos nosotros podamos irnos a casa y lograr que nuestros respectivos Gobiernos aprueben y ratifiquen este reglamento cuanto antes posible. Hemos de hacerlo de cara al próximo milenio.

Dell'Alba
Señor Presidente, estoy especialmente satisfecho porque mi última intervención de esta legislatura trata del Tribunal Penal Internacional. Agradezco mucho al Sr. Karl Habsurg el hecho de haber recordado el papel del intergrupo que hemos constituido con muchos colegas. La acción del Partido Radical transnacional «No hay paz sin justicia» ha contribuido en parte a hacer avanzar el que, en mi opinión, es uno de los más importantes mensajes que podemos dirigir al final de un siglo que ha sido el más sanguinario de la historia. Sólo tres países han ratificado el Estatuto del Tribunal, aunque otros están a punto de hacerlo. Nuestro país, señor Presidente, tal vez lo ratificará a finales de mayo, y Francia está en un buen punto. Es preciso que desde Colonia se haga un firme llamamiento a fin de que los Quince, que han sido determinantes para el éxito de la Conferencia de Roma, lancen una señal a los demás países y sean los primeros en ratificar su Estatuto.
No es una casualidad que un país africano, un país del Caribe y San Marino lo hayan hecho los primeros. Europa sufre cierto retraso: debe dirigir este mensaje. Espero que después el Parlamento lo diga con fuerza.

Rübig
Señor Presidente, señoras y señores, ya que hablamos hoy de justicia y seguridad podemos poner un ejemplo cercano. Hace unas semanas fue asesinada una mujer ante la torre del Parlamento en Bruselas. Lo importante es que el asesino fue detenido poco después, fue llevado ante los tribunales y recibirá el castigo que le corresponde. Lo mismo sucede con los derechos humanos internacionales. No podemos tolerar ni aceptar que se violen los derechos humanos. Es imprescindible que los autores de los crímenes sean extraditados y llamados a rendir cuentas.A fin de cuentas, la justicia y la seguridad conforman uno de los pilares fundamentales que sustentan nuestra Europa, y no sólo Europa, sino también los países candidatos a la adhesión y el resto del mundo. Debemos poner toda la carne en el asador para que nuestros quince Estados reconozcan este Tribunal y para que el resto del mundo se comprometa con el principio de justicia y seguridad.

Marín
Señor Presidente, quiero transmitir las reacciones de la Comisión Europea a los distintos puntos que han sido tratados en esta sesión de urgencia sobre los derechos humanos.
En lo que se refiere a la pena de muerte y el establecimiento de una moratoria universal de las ejecuciones capitales, como ustedes saben, el pasado 28 de abril, precisamente la Unión Europea tomó la iniciativa de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos un proyecto de resolución sobre la cuestión de la pena de muerte.
Dicha resolución ha sido aprobada por 30 de los 53 Estados miembros de esta Comisión y ha sido copatrocinada por 72 Estados, 7 más que en la sesión anterior. Es decir, en el plano internacional se está tomando conciencia de esta situación, y no hay que desesperar porque este tipo de batallas, como la que usted señalaba, finalmente, como suele ocurrir siempre con todos los problemas que afectan a la humanidad, es a base de un combate cotidiano y tenaz como se terminan consiguiendo resultados.
En consecuencia, en relación con las situaciones anteriores, qué duda cabe de que se va progresando. Naturalmente, el que la Asamblea General de Naciones Unidas adopte o no una resolución es una iniciativa que corresponde a los Estados miembros. Si de la Comisión dependiera no tendríamos ningún inconveniente en promoverla.
Sobre la cuestión kurda y el caso Ocalan diré lo siguiente: como ustedes saben, la Unión Europea adoptó una declaración sobre la detención de Abdullah Ocalan y el proceso que tendrá lugar próximamente. Y, naturalmente, la Comisión se asocia plenamente a esta declaración hecha por la Unión.
En particular, la Comisión hace hincapié en que el proceso deberá ser público, conforme al Estado de Derecho, ante un tribunal independiente, con derecho a un abogado defensor elegido por el Sr. Ocalan y en presencia de observadores internacionales. La Comisión lamenta la respuesta de las autoridades turcas, indicando que no admitirán observadores internacionales y toma nota de que se garantiza que el proceso será público. También lamentamos profundamente la petición de la pena de muerte por la acusación particular. La Comisión seguirá de cerca el juicio y los procedimientos que se siguen en él.
En cuanto a Malasia, la Comisión comparte con sus Señorías la opinión de que las autoridades malayas deben asegurarse de que no se hace un mal uso de su sistema jurídico por razones políticas. Y con arreglo a esta opinión y habida cuenta de que el Sr. Anwar Ibrahim ya ha pasado casi siete meses en la cárcel sin contar con la posibilidad de recurrir a una fianza, la Comisión considera que el proceso, que la apelación de los abogados de la defensa ya anunciaron, debe llevarse a cabo con arreglo a los criterios aceptados internacionalmente para considerar un juicio como justo.
La Comisión confía también en que se tomarán las medidas legales necesarias para aclarar quiénes son los responsables de los malos tratos de obra y de palabra infligidos al Sr. Anwar Ibrahim. Todo ello pone también de manifiesto que este incidente tiene que ver con el debate que se mantiene en la actualidad en Malasia sobre la reforma, precisamente, de la policía.
A la Comisión sigue preocupándole la posibilidad de que la persistencia de las restricciones de los derechos humanos fundamentales tales como el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y opinión, tenga como resultado un clima de inestabilidad y agitación social en Malasia.
En cuanto a Djibuti, la Comisión es consciente de la detención de algunas personalidades políticas en la prisión de Gabodé y comparte en su totalidad las preocupaciones de sus Señorías en lo tocante a la suerte de los presos políticos. En todos sus contactos con las autoridades del país, la Comisión ha reiterado su postura en cuanto al respeto de las libertades humanas fundamentales y el Estado de Derecho. La Comisión también ha tomado nota de las recientes propuestas realizadas por el Gobierno de Djibuti encaminadas a autorizar visitas de inspección de las prisiones por parte de la Cruz Roja o de cualquier otro organismo independiente. Y, naturalmente, esta posición del nuevo Gobierno de Djibuti la acogemos favorablemente.
Se han iniciado contactos con el Comité Internacional de la Cruz Roja y con los Estados miembros para que se pueda iniciar el retorno de todas las poblaciones desplazadas y refugiadas, respetando sus derechos de origen.
Y en cuanto a la ratificación del Estatuto del Tribunal Penal Internacional creo, naturalmente, que ustedes han señalado un punto de sentido común: cuanto antes empiece a funcionar este Tribunal, más fácil será abordar y empezar a resolver problemas como el de los Balcanes -por citar el caso de más actualidad, Kosovo- y otros que hay en el mundo.
Pero claro, también pensamos que, particularmente, nuestros Estados miembros deberían dar ejemplo y agilizar rápidamente sus procesos de ratificación en los distintos Parlamentos nacionales.
También quiero señalar a su atención que el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia recibe apoyo presupuestario de la Comunidad desde hace varios años. Y la Comisión tiene intención de mantener este apoyo dentro del respeto del reglamento adoptado por el Consejo, por el que se crea el fundamento jurídico que permite realizar y desarrollar actividades en materia de derechos humanos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Marín.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0487/99 de los Sres. Pasty, Andrews y Girão Pereira, en nombre del Grupo Unión por Europa; -B4-0507/99 de Sr. Corrie, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; -B4-0508/99 del Sr. Hory, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europeasobre la situación en las Islas Comoras.
Lehideux
Señor Presidente, desearía hacer una o dos observaciones sobre la propuesta común relativa a las Comoras, que comienza, evidentemente, por la condena del reciente golpe de Estado, del nuevo golpe de Estado, porque sólo Dios sabe que las Comoras han conocido un número importante de golpes de Estado desde la independencia, en 1975 -¡es el decimoctavo que se registra!-.
Se ha comentado la responsabilidad que podría imputarse, con respecto a las actuales dificultades, a los secesionistas de la isla de Anjouan. El problema es similar al del huevo y la gallina. En otros términos, de lo que se trata es de saber quién es el primer responsable de las dificultades que han surgido. Es muy probable que la agudización, la reproducción, de algunos problemas en el conjunto camorano se deban al hecho de no haberse tomado suficientemente en consideración la existencia de algunas poblaciones que tienen sus propias dificultades, sus propios problemas, sobre todo en la isla de Moheli.
Señor Presidente, algunos colegas aquí presentes conocen -sé que el Sr. Hory va a tomar la palabra enseguida- infinitamente mejor que yo esta zona y los problemas que allí se plantean. Podemos confiar en que se encuentre, efectivamente -y es imprescindible que la Unión contribuya a ello-, una solución que permita estabilizar las relaciones entre las tres islas -si esto es posible, y en todo caso es lo que deseamos- y que tenga en cuenta las necesidades específicas, particulares, de las poblaciones de cada una de estas islas, que, a pesar de que no se encuentran muy alejadas unas de otras, poseen esas especificidades que acabo de mencionar.
Por lo que a mí respecta, señor Presidente, deseo decir que lamento que el considerando G de esta propuesta de resolución común permita abrigar dudas sobre los comentarios que podría efectuar este Parlamento a propósito de las iniciativas tomadas por el presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, el Sr. Michel Rocard. Personalmente, las he aprobado y apoyado.

Hory
Señor Presidente, ante el espectáculo de la disgregación política de las Comoras, podría creerse que éstas son víctimas de una especie de fatalidad. En realidad, no existe fatalidad alguna, y si se considera la situación objetivamente, se podrán ver con claridad tres niveles de responsabilidad.
En primer lugar -y a pesar de que no esté muy de moda decir esto-, la responsabilidad de los propios comoranos, o más exactamente de sus dirigentes. En el siglo XIX a las Comoras se las denominaba «el archipiélago de los sultanes batalladores», porque la Gran Comora y Anjouan están dominadas por algunas organizaciones familiares supuestamente nobles que se disputan el poder desde hace siglos, que imponen sus privilegios a la inmensa mayoría de la población, y mantienen grandes desigualdades sociales, monopolios económicos injustificables y una organización verdaderamente medieval de la sociedad. Esta es la primera responsabilidad.
Luego, en la crisis actual hay que subrayar -y tampoco está de moda decirlo en este recinto- la responsabilidad de la Organización de la Unidad Africana, teóricamente encargada de reconciliar a las poblaciones de la Gran Comora y de Anjouan, tras la secesión de esta última isla.
Ahora bien, la única actividad de la OUA, si no su única razón de ser, es aparentemente la defensa de las antiguas fronteras coloniales contra todo, contra todos e incluso contra la evidencia. La OUA, pues, era muy a menudo acusada de parcialidad, ya que se ha mostrado indiferente a las más legítimas reivindicaciones de Anjouan y de Moheli.
Finalmente -y no insistiré demasiado en este punto-, la responsabilidad de Francia, ilustrada hasta la caricatura por la coincidencia entre el decimoctavo golpe de Estado en las Comoras y la apertura en París del juicio al mercenario Bob Denard, autor, en 1975, 1978, 1989 y 1995, de cuatro golpes de Estado en Moroni y sospechoso del asesinato de dos Jefes de Estado comoranos. Hoy nos enteramos que un ex ministro francés de Cooperación declarará en su favor en este juicio. Creo que está todo dicho.
Una vez establecidas estas responsabilidades, la Unión Europea tiene el deber de paliar la incapacidad de los protagonistas habituales del escenario comorano, lanzando una iniciativa de reconciliación inter-islas, una ayuda humanitaria significativa, en particular dirigida a Anjouan, y un plan original de ayuda económica urgente para el Estado comorano.
Por lo que a mí respecta -y es mi conclusión-, deseo subrayar esta urgencia desde un punto de vista particular. El Sr. Lehideux lo ha dicho; la casualidad me da la oportunidad de intervenir por última vez en esta Asamblea sobre una cuestión que me afecta personalmente. Desde 1997, la crisis comorana produce en Mayotte, que felizmente ha seguido siendo francesa, una ola masiva y artificial de refugiados que ni los servicios públicos, ni la economía local, ni tampoco la población de la isla, podrían soportar por mucho tiempo. La estabilización de las Comoras es, por lo tanto, la condición necesaria para lograr la paz en toda la región.

Vecchi
Señor Presidente, no sin cierta emoción intervengo por última vez en este Parlamento.
La República Islámica de las Comoras es un Estado que desde hace muchos años, prácticamente desde su independencia, sufre una crisis institucional y estructural muy grave, como han recordado los colegas que han intervenido antes que yo. Y es la propia unidad del país, es decir, de las tres islas que lo componen, la que se cuestiona constantemente.
Hace algunos días se alcanzó un acuerdo marco -gracias también a la discreta pero importantísima labor del Presidente Michel Rocard, a quien felicitamos- que constituía y constituye una buena base para restablecer las condiciones necesarias para la convivencia entre las varias islas y la existencia misma de un Estado en las Comoras.
El golpe de Estado militar que, obviamente, condenamos, se produjo a raíz de los graves incidentes provocados en Gran Comora por personas procedentes de la Isla de Anjouan, así como por la incapacidad objetiva de las autoridades civiles para garantizar el proceso de reunificación y de pacificación del Estado.
Considero que es necesario que se lleven a cabo dos cosas: en primer lugar, el restablecimiento de un orden constitucional y civil y el final del golpe de Estado que -como decían mis colegas- es el decimoctavo desde la mitad de los años setenta; en segundo lugar y al mismo tiempo, es preciso continuar el proceso de acuerdo nacional también con esas fuerzas que no sólo son militares y que pretenden seguir manteniendo la hegemonía de unos grupos de población de una isla respecto a las demás.
Por eso es importante permitir a los representantes de la Isla de Anjouan que consulten a la población y ratifiquen ese acuerdo que todos los demás ratificaron antes del golpe de Estado. Asimismo es necesario que la comunidad internacional, también a través de la Organización para la Unidad Africana, pero con un papel activo de la Unión Europea, garantice dicho acuerdo y actúe con miras a elaborar un programa de ayudas económicas tanto urgentes como a largo plazo que permitan una reconstrucción económica de la isla. Por otra parte, este acuerdo, en el caso de que llegara a buen fin, sería un ejemplo positivo para otros países africanos que sufren crisis de orden y estructurales similares.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, como se afirma en el primer apartado del preámbulo de la resolución y como acaba de decir el Sr. Lehideux, nos encontramos ante el decimoctavo golpe de Estado en las Islas Comoras en los últimos veinticuatro años. Por consiguiente, hay un promedio de un golpe de Estado cada dieciséis meses. Sería suficiente este dato estadístico para que se comprendiera la difícil situación de una región que por sí sola tiene todas las potencialidades para embocar el camino correcto hacia la democracia y el desarrollo. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la Isla Mauricio que presentas muchas características culturales y geopolíticas similares.
Por consiguiente, a mi modesto entender y del Grupo que represento, sería necesaria una acción clara, concreta y conjunta de la Unión Europea. Las acciones personales, las acciones a título particular de los políticos o de los países son importantes, sin embargo, sólo un esfuerzo conjunto de la Unión Europea podrá convertir en modélica una experiencia, hoy por hoy, cargada de vicios y de dificultades.
Es con este deseo, señor Presidente, que me permito expresar, a través de su persona, mi agradecimiento a la Mesa por la labor desarrollada en estos cinco años, así como a los colegas, sobre todo los que participan en las reuniones sobre los derechos humanos y los problemas de urgencia, por el trabajo realizado hasta ahora y por todo lo que he aprendido de ellos.

Marín
Señor Presidente, la Comisión Europea comparte con el Parlamento Europeo la preocupación por la situación de las Comoras a raíz del golpe de Estado perpetrado el 30 de abril de 1999.
Como ustedes saben, la Comisión reaccionó de inmediato, comunicando al Jefe de Estado Mayor, Coronel Azali Assoumani, la desaprobación de la Unión Europea y llamando su atención sobre los principios de nuestra cooperación, cuyos elementos esenciales son el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Además, la Comisión Europea ha propuesto a los Estados miembros aplicar el procedimiento establecido en el artículo 366 del Convenio de Lomé, por el que se podría suspender la cooperación con las Comoras.
Por otra parte, la Comisión está estudiando, con los Estados miembros, la posibilidad de iniciar gestiones diplomáticas con vistas a la aplicación del Acuerdo celebrado en Madagascar el 29 de abril de 1999 bajo los auspicios de la OUA. Desde 1998, la Comisión ha financiado programas de ayuda humanitaria del orden de un millón de euros para mejorar la situación de la población de Anjouan en materia de nutrición y sanidad, y la Comisión acaba de aprobar un nuevo programa, por un importe de 730.000 euros, destinado a la asistencia sanitaria de carácter primario, y se está estudiando la conveniencia de conceder un programa adicional de ayuda humanitaria dadas las necesidades existentes en las tres islas por causa de la inestabilidad política.
La oficina de la Comisión en las Comoras sigue de cerca la evolución de la situación y, según las últimas informaciones, ésta es de calma y el ejército ha entablado los primeros contactos para el establecimiento de un Gobierno de transición según el Acuerdo celebrado en Madagascar.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Marín.

Hory
Señor Presidente, desearía plantear una cuestión de orden para precisar, aunque todos lo habrán adivinado, que el ex ministro francés de Cooperación que declara en favor del mercenario Bob Denard no es el Sr. Jean-Pierre Cot.

El Presidente
Le agradezco la puntualización.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 17.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0457/99 del Sr. Stenzel y otros; -B4-0458/99 del Sr. Pompidou, en nombre del Grupo Unión por Europa; -B4-0464/99 del Sr. Swoboda y otros, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos; -B4-0484/99 de los Sres. Frischenschlager y Eisma, en nombre del Grupo del Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas; -B4-0489/99 de los Sres. Manisco y Marset Campos, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica; -B4-0499/99 del Sr. Chichester y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo; -B4-0500/99 de los Sres. Weber y Hudghton, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea; -B4-0505/99 del Sr. Voggenhuber y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la central nuclear de Temelin.

Flemming
Señor Presidente, el Gobierno checo se pronunciará en breve sobre la terminación de la central nuclear de Temelin. Cito del informe de la Comisión Internacional para Temelin. En este momento, la capacidad de producción es superior a las necesidades y la electricidad producida por la central nuclear de Temelin tan sólo servirá para reducir la producción en otros ámbitos. A estas alturas, la realización del proyecto de Temelin entrañaría más efectos negativos que positivos. Terminar las obras podría ocasionar más pérdidas económicas que pararlas, así que desde el punto de vista económico sería una opción problemática e incluso absurda. A pesar de todo, determinadas industrias occidentales pretenden hacer su agosto con este negocio y no tienen reparo alguno en causar posibles dificultades económicas a un estado joven y democrático que espero se incorpore pronto al Unión Europea.
El Organismo Internacional de la Energía Nuclear establece en el apartado de las normas técnicas de seguridad para centrales nucleares requisitos mínimos que incluso están al alcance de las centrales nucleares del tercer mundo. Es sabido. Esta cita no es mía, sino que son palabras pronunciadas por diplomáticos y científicos de alto nivel. En mi opinión, se trata de un insulto, tanto para el Gobierno checo como para la población checa. En sus conclusiones relativas a la seguridad nuclear de 7 de diciembre de 1998, el Consejo habla de high level of nuclear safety , a diferencia de lo que sostiene el Organismo Internacional de la Energía Nuclear. ¡Es una cosa muy distinta!
Cito de nuevo del informe de Temelin: «En caso de que se produzca un accidente nuclear, un sencillo revestimiento de hormigón impedirá que se liberen sustancias radioactivas». ¡Qué sencillo! «Más en adelante se garantizará el adecuado almacenamiento de los residuos radioactivos.» Por favor, que nos digan cuándo y dónde. En todo caso, quisiera dar las gracias a todos los colegas, especialmente a los de mi Grupo, que hoy han respaldado esta resolución.

Graenitz
Señor Presidente, estimados colegas, esta Asamblea siempre ha concedido especial importancia a la seguridad nuclear, puesto que todos sabemos que en caso de que se produzca un accidente en una central nuclear, éste no sólo afecta a las personas que trabajan en ella y que viven en las inmediaciones, sino que perjudica a todos los habitantes de Europa. Es por eso por lo que debemos vigilar de cerca las normas de seguridad.
Como ya ha señalado la oradora anterior, el Gobierno checo ha de decidirse en las próximas semanas sobre la terminación de las obras de la central nuclear de Temelin. Es una central nuclear que desde el momento en que se abrieron las fronteras entre la República Checa y mi país, ha conocido una larga y asombrosa historia, puesto que debería haberse terminado hace años. Cuántas veces no se habrá dicho que se tomarían las oportunas medidas de seguridad y al final, las promesas nunca se cumplieron. Creo que debemos tener en cuenta todos estos elementos. No se puede terminar una obra que no respete las normas de seguridad y no resulte económica por la sencilla razón de que ya se ha invertido mucho dinero.
Quisiera destacar otro punto más. Mi Grupo no sólo pretende expresar su preocupación por la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea, la República Checa y los países limítrofes, sino que, además, queremos prestar ayuda a la innovación, a las energías alternativas, a otras formas de eficacia energética, en otras palabras, queremos fomentar el uso de energías que no precisan de centrales nucleares y no producen el correspondiente consumo de energía eléctrica.
Nuestro objetivo consiste en ofrecer soluciones que redunden en beneficio del medio ambiente y de la economía y que proporcionen a los ciudadanos energía sostenible. Como éste es mi último discurso en esta Asamblea, quisiera destacar que yo he iniciado este proceso con una iniciativa que se titula: «Construir con el sol en la Alta Austria y el Sur de Bohemia». Invita a alcaldes, gerentes, ingenieros y arquitectos a colaborar en un proyecto común que pretende aprovechar en las nuevas construcciones la energía facilitada por el sol en vez de construir de tal forma que se necesite mucha electricidad procedente de la energía nuclear para calentar las casas.

Eisma
Señor Presidente, en la mayor parte de los países de Europa central y oriental, se acepta plenamente que la energía nuclear cubra las necesidades energéticas. Eso lo sabemos, pero también sabemos que en Europa Occidental esa opinión es más matizada. Debemos señalar que, por supuesto, las centrales nucleares anticuadas deben cerrarse sin más. No obstante, la central nuclear de la que hablamos ahora, Temelin, es una central nuclear rusa moderna que, sin embargo, debe adecuarse bien a las normas internacionales de seguridad. Creo que en el fondo tenemos que ver cuál es la mejor opción país por país. En ocasiones es posible adoptar una opción distinta de la central nuclear. Si se puede encontrar un método que cueste lo mismo, debe elegirse. No obstante, si resulta que la única solución es la renovación de las centrales nucleares anticuadas, la Unión Europea debe colaborar con el estado candidato, en este caso Chequia. Como se han levantado muchos interrogantes sobre la viabilidad de Temelin, creo que no podemos realizar esa elección en este momento, pero debemos buscar la respuesta correcta conjuntamente con el Gobierno checo. Espero que los esfuerzos de la Comisión vayan en el futuro en esa dirección.

Mombaur
Señor Presidente, cada Estado está en su soberano derecho de elegir las energías primarias que piense emplear. También la República Checa. Ello no obstante, el Parlamento Europeo debe hacer hincapié en que todas estas cuestiones acarrean consecuencias a escala comunitaria y nos afectan a todos. En el ámbito de la energía se trata de la normativa en materia de seguridad. Este tema reviste una especial importancia en el caso de las centrales nucleares, sobre todo en lo que a la construcción, el funcionamiento, el circuito del combustible y el almacenamiento se refiere. Todo ello adquiere una dimensión particular de cara a los acuerdos de ampliación, puesto que no podemos aceptar que los Estados candidatos a la adhesión apliquen una normativa menos rígida que la que se exige actualmente en Europa Occidental. En segundo lugar está en juego el libre mercado de la energía en el que estos países tomarán parte en el futuro. Evidentemente, no podremos dar luz verde a un libre suministro de electricidad por parte de productores que no cumplen la normativa comunitaria en materia de seguridad y, por eso mismo, gozan de ventajas comerciales que no podemos tolerar. Son éstos los dos aspectos comunitarios que han de estudiarse en este Parlamento. Y es por esto por lo que la resolución es correcta. También es correcto que la Comisión se pronuncie al respecto, que se pronuncie sobre los informes que tenemos delante, porque frente a la opinión pública europea tenemos la obligación de garantizar que haya transparencia en un tema tan importante. No se trata únicamente de la República Checa y de Austria, sino que también está en juego la opinión pública europea. Así haremos justicia a nuestros electores.

Weber
Señor Presidente, he visitado la central que se está construyendo en Temelin. La he visitado como ciudadano de un país que posee cuatro centrales nucleares en sus fronteras, concretamente la de Cattenom, situada en territorio francés. Los ingenieros franceses siempre han tratado de convencernos de que las centrales francesas eran totalmente seguras y ofrecían un nivel de seguridad muy elevado. Ahora bien, se ha demostrado que no es así. Siempre existe un riesgo, un riesgo que los luxemburgueses no desean correr.
Considero que los austríacos, que son vecinos de los Checos, no deberían estar expuestos a los riesgos de una central aún más propensa a sufrir accidentes. Creo que la Unión Europea debería ayudar a la República Checa a dotarse de otro sistema de producción energética, utilizando energías «blandas», pero no debería liberar fondos para construir una central del tipo soviético VVER 1000, que, en mi opinión, presenta muchos riesgos.

Voggenhuber
Señor Presidente, la principal contribución de Austria al futuro común de Europa en los diez últimos años ha sido el rechazo de la energía nuclear por parte de la población austríaca. Resulta que esta actitud, que muchos de ustedes tildaron en su momento de antiprogresista, se ha impuesto con el tiempo debido a la imposibilidad de solucionar los problemas relacionados con la energía nuclear, la imposibilidad de solucionar los problemas relacionados con la seguridad, el almacenamiento y los gastos.
Durante los últimos años, el Parlamento Europeo se ha comprometido cada vez más con la búsqueda de energías alternativas de cara al futuro. Ha reconocido que los riesgos de la energía nuclear en la Europa central y oriental han adquirido una dimensión totalmente nueva, aunque al mismo tiempo ha asegurado que las negociaciones con los países candidatos a la adhesión abren nuevas posibilidades. La central nuclear de Temelin pone a prueba la credibilidad de esta Asamblea. Desafortunadamente, los Grupos siguen estando divididos. Los grupos de presión del sector nuclear aún tienen demasiada influencia sobre esta Asamblea. Hubiera deseado que todos los que hoy han presentado una resolución, me refiero sobre todo al Grupo del Partido Popular Europeo, nos hubieran respaldado más firmemente en el pasado y que todos los que han firmado la resolución que tenemos delante hubieran puesto más empeño en convencer a sus correligionarios. De haberse cumplido estos requisitos, no tendría por qué sospechar que el presente debate está condicionado por la inminente campaña electoral.
Lamento profundamente que este Parlamento no haya sido capaz de sacar las conclusiones oportunas y actuar en consecuencia convirtiendo el abandono de la energía nuclear por parte de Europa en una de sus máximas prioridades. No obstante, le espera una tarea a la que no puede sustraerse. Ha de contribuir a que los países de la Europa central y oriental puedan sustituir la peligrosa y absurda construcción y adaptación de las centrales nucleares por el uso de energías alternativas.

Oostlander
Señor Presidente, espero con ansiedad, al igual que muchos, el próximo ingreso de los nuevos estados en la Unión Europea, especialmente de Chequia. Al mismo tiempo, creo que debemos adoptar una postura más sensata e, incluso, rígida respecto del cumplimiento de los criterios políticos y económicos acordados. Después de todo, se trata del buen funcionamiento de la Unión ampliada. Esta sensata preocupación no puede dar lugar, sin embargo, a que la regulación de los problemas bilaterales se imponga bajo presión o mediante una sutil modificación del proceso de adhesión. Los estados candidatos son la parte más débil en la relación con la Unión, y espero no tener que persuadir a nadie de que el difícil cometido de la política es preocuparse por que se haga justicia con la parte más débil. Al examinar ahora las objeciones que han surgido, especialmente en Austria, contra las centrales nucleares en general y contra Temelin en particular, quiero señalar que hay diversas centrales en Europa central y oriental que son mucho más peligrosas que la de Temelin. Además, podemos decir que, en todo caso, Temelin cumple los criterios mínimos internacionales establecidos y que eso no se puede decir en absoluto de varias centrales de la zona. Por ello, una gran parte de mi Grupo no considera oportuno que Temelin figure en el punto de mira, tanto más cuando esta cuestión ya se ha tratado más ampliamente y mejor en el Informe Adams. No hay ningún motivo para criticar específicamente a Chequia y, con seguridad, ninguno para criticar Temelin. Eso supone desestimar los peligros de muchas otras. Debemos mostrar comprensión hacia el Gobierno checo que cuenta con pocas alternativas para producir energía. No quiero pensar en la posibilidad de utilizar lignito como medio de producción de energía, puesto que éste realmente ha provocado daños medioambientales graves. Debemos tener, por tanto, una actitud más positiva con el Gobierno checo.

Amadeo
Señor Presidente, la seguridad de las plantas nucleares existentes y de las que se están construyendo, representa un objetivo prioritario ante la perspectiva de la adhesión, tal como han resaltado en reiteradas ocasiones el Parlamento y la Comisión con ocasión del paquete relativo a la Agenda 2000, así como el Consejo en el ámbito de la seguridad nuclear con miras a las futuras ampliaciones de nuestra Unión.
En el caso de la central checa de Temelin, el logro de los niveles de máxima seguridad reclamados a los candidatos a la adhesión en materia de centrales nucleares no parece en absoluto fiable, especialmente a la vista del previsto empleo por las autoridades de la República Checa de esos reactores de tipo soviético -los VVER 100- presentados como equipos de última generación, a pesar de que dan pruebas de escasa fiabilidad.
No nos parece que estas plantas ofrecen la máxima seguridad que, hoy por hoy, debemos exigir y nos hacen abrigar dudas acerca de su rentabilidad a nivel de la tan propugnada eficacia energética.
Habida cuenta de que el Informe Adam sobre la seguridad nuclear aprobado en el pasado mes de marzo por nuestro Pleno, pedía, entre otras cosas, que se limitase el empleo de reactores RBMK, así como de los reactores de construcción soviética VVER que ahora las autoridades checas tienen previsto utilizar en Temelin, suscribimos las conclusiones presentadas por la portavoz de nuestra delegación de Alianza nacional y ponente para opinión, que han servido como corolario al Informe Adam; a saber: primero, la seguridad es el elemento fundamental de la estrategia de preadhesión; segundo, se debe reforzar la normativa internacional en materia de sistemas de seguridad; tercero, el control sobre la aplicación de dicha normativa debe confiarse a un organismo independiente.
En esta óptica, aprobamos la resolución común que nos ocupa prestando especial atención a las normas de protección medioambiental que, por otra parte, constituyen la única garantía de cara a la salvaguardia y la protección de la salud de los ciudadanos.

Sichrovsky
Señor Presidente, saludamos esta propuesta de resolución común y la respaldaremos, aun cuando, como ha señalado uno de los oradores anteriores, la campaña electoral no es ajena al gran entusiasmo que suscita. Como país vecino, Austria se ve directamente afectada por la posible instalación de este reactor de riesgo. Más allá de la presente solicitud somos partidarios de que en el marco de la ampliación hacia el Este la Unión Europea exija a los países candidatos que modifiquen drásticamente su arriesgada política nuclear como condición previa a su adhesión.
A título comparativo quisiera señalar que los reactores similares de la antigua República Democrática Alemana han dejado de funcionar después de la reunificación. Por razones económicas y ecológicas consideramos que destinar fondos de la Unión a la financiación o la concesión de créditos para este reactor equivaldría a malversarlos.
Críticas
¿Es lo único que se les ocurre con respecto a la central nuclear? ¿Es ésta la importancia que conceden a este tema? Por supuesto es legítimo prestar ayuda financiera a estos países para la construcción de un sistema energético sostenible. Le doy las gracias, Señor Presidente, y también doy las gracias al señor que ha exclamado que como se trata de un asunto tan importante debe hacer una declaración para que mañana aparezca en el periódico.

Marín
Seré breve, señor Presidente. La Comisión entiende que los reactores de Temelin son de un tipo que, en principio, se pueden mejorar para lograr niveles de seguridad aceptables y, como se indica en la Agenda 2000 y en la comunicación de marzo de 1998, el objetivo general de la Comisión, por lo que se refiere a este tipo de reactores, es garantizar que las mejoras emprendidas por los países correspondientes se apliquen de manera rápida y eficaz y lleven a resultados satisfactorios.
Sin embargo, hay que tener en cuenta dos elementos. La responsabilidad de la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares compete a las autoridades del país en el que se encuentran. Un nivel elevado de seguridad nuclear es una prioridad del proceso de adhesión, y la Comisión está dispuesta a cooperar con todos los Estados candidatos para ayudar a mejorar la seguridad nuclear, garantizando que los niveles de seguridad tecnológica y de funcionamiento se ajustan a las prácticas, actualmente vigentes en la Unión en materia de seguridad. En la República Checa se han concedido ayudas en el marco del Programa PHARE a las autoridades responsables de la seguridad nuclear y para mejorar la seguridad de la central nuclear de Duckovani.
Por lo que se refiere al caso concreto de Temelin, la Comisión no dispone de información suficiente sobre el estado actual de las obras. En la actualidad, no existe un acuerdo formal con las autoridades checas en el marco de PHARE para que los organismos técnicos de seguridad de la Unión Europea lleven a cabo una evaluación global en materia de seguridad. La Comisión ha tomado buena nota de la opinión expresada sobre Temelin en el informe publicado por los reguladores de WENRA. Dicho informe no facilita información suficiente para llegar a una conclusión definitiva sobre el nivel de seguridad alcanzado.
En relación con los aspectos económicos del proyecto de Temelin, la Comisión apoya el desarrollo de una estrategia en materia de energía que tome debidamente en consideración el rendimiento energético y la diversificación de las fuentes, y PHARE ha apoyado esa orientación en distintos proyectos.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar a continuación.

Katiforis
Señor Presidente, espero que me perdone. Ésta no es estrictamente una cuestión de orden, pero se refiere a acontecimientos que han sucedido desde esta mañana. Pido que los tengamos en cuenta de alguna manera.
Quizá sepa que ha habido una declaración de los ministros del G8 ofreciendo unas condiciones para una solución en Kosovo mucho menos intransigentes que las cinco condiciones en las que se ha insistido hasta ahora y que vuelve a vincular de forma significativa al Consejo de Seguridad. En vista de ello, las resoluciones que hemos presentado esta semana están muy desfasadas con respecto a los acontecimientos y dan la impresión de que el Parlamento ha perdido el contacto con lo que está sucediendo.
Señor Presidente, no sé qué es lo que habría que hacer desde el punto de vista del procedimiento, pero le pido, a usted que es un entendido en el mismo, que ingenie algún modo de que podamos tener en cuenta este acontecimiento y mostrar que efectivamente estamos al tanto del proceso real en lugar de aferrarnos a unas posturas dogmáticas que no aportan nada nuevo y no contribuyen en nada a resolver esta tragedia.

El Presidente
Me temo que no existe ningún procedimiento que nos permita volver sobre este tema. Si se ha producido un giro de los acontecimientos antes de que tengamos la votación, no hay nada que podamos hacer al respecto.

Votaciones (continuación)
Wolf
Coincido con la ponente en que el resultado de las negociaciones con los interlocutores sociales es tan deficiente que se plantea el problema del déficit democrático con respecto a la legislación basada en el diálogo social.
La falta de compromiso con el principio básico de no discriminación, el carácter limitado del ámbito de aplicación relativo a las personas y a los objetos y la definición poco convincente de las obligaciones son razones suficientes para preguntarse cómo el Parlamento Europeo puede erigirse ante los afectados como garante de normas mínimas y compromisos mínimos cuando los representantes de sus intereses no saben negociar.
Sin embargo, ello no se puede aducir como pretexto para quedarnos con nada y rechazar lo poco que se ha conseguido. Es más, bajo ningún concepto puede convertirse en aliciente para los Estados miembros que defienden la idea de que incluso estas normas mínimas suponen un «compromiso demasiado grande». La Comisión y el Parlamento deben colmar urgentemente las lagunas de la legislación social europea en cuanto a la protección de los empleados atípicos y han de abordar sin más tardanza el déficit democrático correspondiente: ¡a través de un Acuerdo Interinstitucional que allane el camino para la próxima modificación del Tratado!
Por otra parte, los sindicatos europeos tienen que aprender urgentemente a defender con más ahínco y mejor disposición los intereses de sus miembros femeninos

Reconocimiento de títulos para las actividades profesionales liberalizadas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0253/99) de la Sra. Gebhardt, para la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un mecanismo de reconocimiento de títulos para las actividades profesionales a que se refieren las directivas de liberalización y de medidas transitorias y se completa el sistema general de reconocimiento de títulos (3612/99 - C4-0209/99-96/0031(COD))

Gebhardt
Señor Presidente, estimados colegas, me alegro de que en mi último discurso de esta legislatura pueda comunicarles una buena noticia. Hemos logrado serios avances en lo que a la directiva del reconocimiento de títulos para las actividades profesionales en el ámbito del comercio, del artesanado y de la industria se refiere. Podemos suscribir sin cargo de conciencia el resultado de la conciliación entre el Parlamento y el Consejo, fruto de largas negociaciones. Aun cuando el Parlamento Europeo no haya podido imponer del todo las decisiones aprobadas por gran mayoría en las dos lecturas, hemos alcanzado nuestro objetivo principal.
Es decir, hemos conseguido que un título obtenido en un Estado miembro tenga el mismo valor en los demás Estados de la UE. Es ésta la normativa que se aplicará en el futuro, independientemente del hecho de que hayamos podido sufrir una pequeña derrota en el ámbito de la verificación de las aptitudes. Lo importante es que las medidas adoptadas redunden en beneficio de la libre circulación de los profesionales activos en los sectores del comercio, del artesanado y de la industria y la libertad de establecimiento en el seno de la Unión Europea. La directiva no desatará un gran movimiento migratorio, aunque reviste una especial importancia para la gente joven. En un momento en que la alta tasa de desempleo se ha convertido en uno de los problemas que más quebraderos de cabeza nos producen, la justa distribución de los puestos de trabajo disponibles desempeña un papel fundamental.
Con la tercera directiva relativa al reconocimiento de los títulos contribuimos a una distribución más justa del empleo. De ahora en adelante, los recién llegados al mercado laboral que no tienen vínculos familiares en un punto geográfico concreto pueden desplazarse a dondequiera que se necesite su trabajo. Si en el lugar donde han aprendido su profesión no hay demanda no están obligados a permanecer allí. Creo que en nombre del fortalecimiento del derecho a la libre circulación y la protección de la libertad de establecimiento debemos aceptar los pequeños disgustos. Me refiero al hecho de que, en determinados casos, el migrante no disfruta de plena libertad de elección a la hora de demostrar cuáles son sus conocimientos y sus aptitudes profesionales en el país de acogida. No tiene siempre la posibilidad de elegir entre una prueba de aptitud y un curso de adaptación.
El Parlamento pretendía garantizar esta libertad, sin limitación alguna, a los profesionales del comercio, del artesanado y de la industria. Defendíamos y seguimos defendiendo la idea de que el propio beneficiario es el que mejor sabe cuál es la forma más adecuada para demostrar sus cualificaciones. A nuestro modo de ver, toda normativa restrictiva no es sino un obstáculo burocrático superfluo. El Consejo no comparte esta opinión y nos ha costado mucho trabajo sonsacarle el compromiso que tenemos delante y que es el fruto de largas e intensas negociaciones. Existían claros indicios de que el Consejo estaba presionado por los organismos representativos de los artesanos. Si de ellos dependiera, volverían a implantarse a finales de este siglo los estatutos gremiales de la Edad Media. Afortunadamente, hemos podido pararles los pies.
Gracias a su postura consecuente y abierta al compromiso, la delegación del Parlamento Europeo ha sabido evitar que sus interlocutores del Consejo volvieran al pasado. Aunque dudo de que el Consejo nos lo agradezca en el futuro, mostrando mayor flexibilidad, estoy segura de que este Parlamento dará su visto bueno a los avances que hemos logrado en beneficio de los jóvenes y su desarrollo profesional.
Si este texto consigue una amplia mayoría, dejaríamos claro ante los ciudadanos, a quienes realmente preocupa este tema, que estamos dispuestos a mejorar su futuro profesional con la ayuda de la tercera directiva relativa al reconocimiento de los títulos.
Aplausos

Caudron
Señor Presidente, señora ponente, Señorías, deseo ante todo felicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y, en particular, a nuestra colega Gebhardt por el excelente trabajo que han hecho juntos y por la tenacidad que han demostrado en el procedimiento de conciliación. En efecto, las negociaciones con el Consejo no han sido fáciles. Sin embargo, han desembocado en un compromiso que, personalmente, considero más bien satisfactorio.
En efecto, en este ámbito, debemos reconocer que, si bien se han realizado progresos desde hace unos treinta años, pasando de directivas sectoriales a directivas horizontales más generales -en especial las directivas claves de 1989 y 1992-, quedaba y aún queda mucho camino por recorrer. Apoyo, pues, evidentemente, las propuestas tendentes a derogar las directivas sectoriales, que supuestamente eran transitorias y que, en muchos casos, han perdurado más de lo necesario, acarreando graves restricciones a la libre circulación y a la libre instalación de ciudadanos europeos en la Unión.
En cuanto al sistema, más general, de reconocimiento de títulos, estoy asimismo a favor de una mejora y de un refuerzo del reconocimiento de las cualificaciones, ya que si bien el reconocimiento de títulos es teóricamente satisfactorio, no se traduce suficientemente en los hechos. Los ciudadanos europeos tienen a menudo dificultades cuando desean que se les reconozcan sus cualificaciones, y muchas veces se les niega un empleo, basándose en esas cualificaciones supuestamente insuficientes. Como diputado de una región fronteriza, conozco muy bien la situación, por el hecho de tener que tratar diariamente, en Bélgica y en Francia, problemas de este género.
Para concluir, debo decir que estas situaciones son graves, puesto que afectan negativamente a la propia idea de ciudadanía. Es imposible convencer a los europeos de que existe la ciudadanía europea si, cada día, se les niega un derecho fundamental, el de tener un trabajo. Por esta razón, señor Presidente, deseo reiterar mis felicitaciones a la ponente, recalcar los avances, pero, además, deseo decir que nuestra lucha, también en este ámbito, dista mucho de haber concluido.

Malangré
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera expresar mi gratitud, mi respeto y mi reconocimiento hacia la ponente por su excelente trabajo. A través de una feliz colaboración, entre otros con la Presidenta de las sesiones de conciliación, la Sra. Fontaine, ha logrado este compromiso gracias a su sentido común, su firmeza y su incansable perseverancia. Ha realizado un trabajo extraordinario.
Quienes hemos asistido a las reuniones, hemos podido comprobar hasta qué punto es difícil hacer cambiar de idea al Consejo, aunque sólo sea una cuestión de matices. Nuestra ponente realmente ha conseguido lo imposible. En el fondo se trata, como ella misma acaba de señalar, de la libre circulación dentro de las fronteras comunitarias. Esta libre circulación no sería más que una farsa caso de que no existiera la posibilidad de que cada uno ejerza su profesión en el país de su elección. A este respecto no nos interesa una libre circulación de baja calidad, puesto que el éxito del mercado común y de los ciudadanos de la Unión que en él trabajan requiere una libre circulación de alto nivel. Éste es el tema principal de la directiva que tenemos delante.
Debemos garantizar el reconocimiento de las aptitudes profesionales y la posibilidad de ejercicio de las mismas. Parece ser que, por fin, hemos encontrado el camino adecuado. Tal vez no sea el resultado ideal, pero se ha dicho con razón que lo que se ha alcanzado es un compromiso aceptable que ofrece una solución común y asequible para todos. Por todo ello, mi Grupo respaldará el informe con mucho gusto y votará a favor. ¡Una vez más, muchas gracias por el buen trabajo!

Marín
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la adopción de un proyecto común sobre reconocimientos de diplomas por parte del Comité de Conciliación y, en nombre de la Comisión, desearía expresar mi agradecimiento particularmente a la Sra. Gebhardt, así como al presidente y a los miembros de la delegación del Parlamento en dicha conciliación, por todos los esfuerzos realizados durante estos últimos cuatro meses para obtener este texto conjunto. Enhorabuena y felicidades.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0226/99) de la Sra. Lulling, para la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros con objeto de reducir los datos que deben proporcionarse (3608/99 - C4-0172/99-97/0155(COD))

Lulling
Señor Presidente, en 1993, la entrada en vigor del mercado único y el desmantelamiento de los controles fronterizos han acarreado la supresión, en las declaraciones del IVA, de las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros, cuya fiabilidad estaba garantizada por los servicios de aduana. Puesto que las estadísticas de los intercambios de bienes intracomunitarios siempre son necesarias, se ha creado INTRASTAT, y las empresas han sido obligadas a proporcionar las variables necesarias para permitir que este organismo realice dichas estadísticas. Naturalmente, a las empresas -sobre todo a las PYME- esto no las ha fascinado.
En junio de 1997, la Comisión nos presentó dos propuestas para simplificar el reglamento de 1999, y ello con objeto de aliviar las obligaciones de las empresas -sobre todo de las PYME- en materia de declaraciones y de reducir los costes que pesan sobre las personas obligadas a declarar. Ya durante la primera lectura debimos comprobar que en el Consejo, los Estados miembros ni siquiera estaban dispuestos a apoyar estas propuestas, a pesar de que eran más suaves con respecto a los resultados del primer estudio realizado en el marco de la iniciativa SLIM.
No obstante, nosotros habíamos presentado en primera lectura algunas enmiendas para limitar la carga que pesa sobre las empresas, para suprimir las variables no pertinentes -por ejemplo, la modalidad de transporte- y las variables facultativas, para limitar el número de PYME obligadas a facilitar variables estadísticas pormenorizadas y, también, para simplificar la utilización de la nomenclatura combinada, sin apartarse de una nomenclatura única con respecto a los intercambios intracomunitarios y los intercambios con los terceros países.
Nosotros habíamos precisado que todo ello sólo representaba un primer paso en la buena dirección, en espera de una simplificación más radical, sobre todo porque la fiabilidad de las estadísticas de INTRASTAT es, desgraciadamente, inversamente proporcional a los costes soportados por las 450.000 empresas que deben facilitar las variables.
En relación con nuestras enmiendas aprobadas por unanimidad en primera lectura habíamos recibido, salvo en algún detalle, la bendición de la Comisión. Pero el Consejo nos transmitió entonces una posición común que debilitaba aún más la propuesta inicial de la Comisión, propuesta que ya era moderada con respecto a los resultados de los estudios SLIM y que nosotros queríamos reforzar mediante nuestras enmiendas. Además, esta posición común, habría desembocado en un aumento de la carga que pesa sobre las empresas. El Consejo había llegado incluso a rechazar pura y simplemente la aprobación de una posición común sobre la propuesta de reglamento relativo a la nomenclatura.
Frente a una actitud tan negativa del Consejo, nosotros no capitulamos. Mantuvimos nuestras enmiendas en segunda lectura e iniciamos una conciliación. Hemos llegado al siguiente compromiso: puesto que no existe una posición común sobre la nomenclatura, hemos podido obtener una declaración del Consejo por la que promete examinar la posición sobre dicha nomenclatura, teniendo en cuenta las enmiendas del Parlamento Europeo y los resultados de las discusiones que actualmente se llevan a cabo en el marco de un segundo ejercicio SLIM.
Hemos logrado este resultado porque, en la conciliación, pude esgrimir ante la delegación del Consejo las decisiones del Consejo ECOFIN del 18 de enero de 1999, las cuales constatan -ironía del destino- que el actual sistema INTRASTAT contiene más variables de las necesarias, que debía simplificarse, que habría que limitar los costes y modificar los reglamentos de 1991.
Creía estar soñando al leer esto, porque el Consejo nos había remitido, en julio del año pasado, una posición común descafeinada sobre la propuesta de modificación del reglamento de 1991. En diciembre de 1998, nosotros manteníamos nuestras enmiendas contra la posición común, y he aquí que en enero de 1999, el Consejo descubre que hay que modificar el Reglamento 330/91, cuando la modificación propuesta por la Comisión estaba encima de la mesa desde el 2 de junio de 1997 y cuando en este recinto ya se habían efectuado dos lecturas.
¿Acaso en el Consejo la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda? ¿Esto ilustra una disfunción política manifiesta en el seno del Consejo? ¿Cómo es posible que el Consejo exija, en enero de 1999, una mayor simplificación del reglamento de INTRASTAT, que había rechazado en julio de 1998, y nos obligue a iniciar un procedimiento de conciliación? ¡Quién lo comprende! En todo caso, me congratulo de haber perseverado en la segunda lectura, y también de la declaración de la Comisión en la que nos promete someternos un informe sobre el sistema INTRASTAT.
Si tuviera que calcular el coste de los trabajos emprendidos desde 1997, éste sería seguramente inversamente proporcional a los resultados, demasiado escasos con respecto a las ambiciones del primer estudio SLIM y a los nuestros, a fin de reducir las cargas de las empresas. Pero, al menos, las contradicciones en el Consejo nos han permitido descubrir un nuevo punto de partida, que esperamos sea más prometedor de lo que hemos vivido estos últimos años en esta materia.

Paasilinna
Señor Presidente, Señorías, desearía felicitar a la ponente y la delegación en el comité de conciliación por el extraordinario trabajo que han llevado a cabo. En un día como hoy, jornada de la penúltima sesión, se trata de una circunstancia muy reconfortante. Creo que en la conciliación se ha logrado un compromiso que demuestra el buen funcionamiento del procedimiento de codecisión y el poder del Parlamento, que ha actuado correctamente en esta cuestión.
La directiva que se ha sometido a conciliación es importante para las empresas pequeñas y, por lo tanto, también para la situación del empleo. Tenemos en la Unión Europa aproximadamente 18 millones de PYME y cerca de 17 millones de desempleados. Esta ecuación indica ya por sí sola que debemos hacer todo lo posible para evitar que el sector de las PYME sufra precisamente las cargas y las dificultades burocráticas. Una reducción de la información procedente de las estadísticas comerciales reviste una gran importancia precisamente de cara a estas pequeñas y medianas empresas, que no disponen de los recursos necesarios para elaborar y mantener complicadas estadísticas. El compromiso que se ha aceptado en la conciliación alivia la carga de las PYME, lo cual cabe esperar que aliente a estas empresas a orientar sus esfuerzos hacia objetivos más favorables y que fomenten la creación de empleo.
En la Unión Europea y en los Estados miembros se ha otorgado especialmente un papel fundamental a las pequeñas empresas con predominio de mano de obra a la hora de promover la creación de empleo. Sería positivo que pudiéramos seguir simplificando estas acciones relacionadas con las limitaciones y los obstáculos con que se enfrentan las PYME. El euro es importante para las empresas pequeñas porque elimina el cambio de divisas en la zona de nuestro mercado único. Por lo general, las empresas pequeñas no disponen ni de los medios ni de la capacidad profesional para realizar un seguimiento de la situación monetaria que les permita seguir con una seguridad suficiente el comportamiento del dinero. Así pues, la moneda única representa una gran ventaja para las pequeñas y medianas empresas cuando tenemos en cuenta los peligros con los que se enfrentan en el mercado único para desarrollar sus actividades.
Con esta conciliación, el Parlamento tiene la posibilidad de enviar un mensaje político a la Comisión también por lo que respecta a otra cuestión en fase de preparación, lo cual demuestra igualmente el poder que tiene este procedimiento de codecisión. Transcurrida una semana desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, y habida cuenta de la importancia cada vez mayor que está adquiriendo el procedimiento de codecisión, creo que tenemos motivos para felicitarnos por esta victoria del Parlamento y de la democracia.

Rübig
Señor Presidente, estimados señoras y señores, quisiera comenzar agradeciendo a la Sra. Lulling el que haya defendido a capa y espada los intereses del pequeño comercio y de las empresas. Coincido con ella en que de cara a las empresas es necesario aligerar la carga burocrática para que puedan dedicar más tiempo a sus clientes y para que surjan oportunidades de crear nuevos puestos de trabajo. Asimismo quisiera expresar mi gratitud al Sr. Paasilinna porque siempre ha respaldado esta iniciativa y nos ha mostrado el camino. También doy las gracias a la Comisión por haberse comprometido a llevar a cabo un estudio en el ámbito de la iniciativa SLIM/INTRASTAT refiriéndose en particular a la calidad y a las cargas que recaen sobre las empresas.
¡Señor Comisario, este estudio es fundamental para Europa! Siempre estamos hablando de descarga, descarga burocrática y apoyo a las empresas con objeto de fomentar nuevos puestos de trabajo. Aquí se presenta una oportunidad real que abre nuevas perspectivas. Asimismo estimo fundamental que nos hayamos propuesto reducir las variables obligatorias, no sólo en cuanto a la carga, sino también en lo que al número de variables se refiere. Por lo demás, somos partidarios de un nivel de información aceptable, es decir, de una buena relación coste-eficacia. Esta relación entre costes y rendimientos también afecta a la rentabilidad. De conformidad con este principio, en Austria se fomentará la independencia de la Oficina Nacional de Estadística convirtiéndola en una empresa autónoma y organizada económicamente. No está mal que quienes necesiten datos estadísticos paguen por ellos, puesto que la información valiosa tiene un precio.
Quisiera añadir que también nos hemos esforzado por elaborar una nomenclatura única para el comercio interior y exterior y que proponemos reducir los puntos de ocho a seis. Me parece una modificación importante. Necesitamos datos inequívocos. No dispondremos de una información tan desglosada, pero sí de una clara visión de conjunto del mercado.
La supresión del modo de transporte y de las condiciones de suministro merecen nuestro apoyo. Somos partidarios de obtener datos realmente eficaces en poco tiempo. De ser posible, preferimos que los datos se reúnan de forma automatizada. Siempre que sea posible, deben obtenerse voluntariamente, a través de sistemas de incentivos, no de penalizaciones. Además, debemos asegurarnos de utilizar los métodos estadísticos más recientes, tales como muestreos, análisis de mercado y encuestas. Creo que ello nos permitirá aproximarnos a los ciudadanos, aumentar nuestra credibilidad ante las empresas, disponer de más libertad de acción en el mercado mundial y, por tanto, crear nuevos puestos de trabajo.

Marín
Señor Presidente, en el marco de la iniciativa SLIM, la Comisión presentó el 30 de mayo de 1997 dos propuestas de reglamento con el fin de simplificar la normativa básica del sistema INTRASTAT. Su objetivo es aliviar la carga que pesa sobre las personas obligadas a declarar.
En la primera propuesta, se reducía la lista de variables que hay que proporcionar en las declaraciones y en la segunda se simplificaba la nomenclatura de productos utilizada para clasificar los productos objeto de los intercambios.
Por lo que se refiere a la primera propuesta, relativa a la reducción del número de variables recogidas, el procedimiento de conciliación permitió llegar a un resultado satisfactorio en relación con la propuesta inicial de la Comisión. Este resultado se obtuvo gracias a los esfuerzos combinados de nuestras dos instituciones -Parlamento y Comisión-, de lo cual nos congratulamos.
El texto conjunto conseguido de esta manera representa una importante etapa en los esfuerzos por aliviar la carga que pesa sobre las empresas, y muy especialmente sobre las PYME. En concreto, a partir del 1 de enero de 2001 se dispensará a la pequeña y mediana empresa de presentar cinco variables, aunque los Estados miembros conservarán la facultad de solicitar las variables «condiciones de entrega», «modalidad de transporte» y «régimen estadístico» a las empresas que superen un cierto umbral.
En cuanto a la propuesta relativa a la simplificación de la nomenclatura, la Comisión observa con satisfacción que todas las instituciones reconocen la importancia que tiene simplificar la nomenclatura combinada. Importancia que queda materializada en el texto conjunto mediante la introducción de un considerando específico a este fin.
Por lo demás, la Comisión recuerda la voluntad expresada por el Consejo en su declaración de volver a examinar la propuesta de reglamento en este sentido.
En conclusión, la Comisión Europea se declara satisfecha de estas simplificaciones concretas, de las que pronto se beneficiarán las empresas, y felicita de forma muy especial a la ponente, Sra. Lulling, por su excelente informe.
Sin embargo, esto no representa sino una primera etapa. La Comisión se ha comprometido a continuar con la iniciativa SLIM/INTRASTAT y las acciones EDICOM en favor de las empresas, de conformidad con la posición del Consejo sobre las necesidades de información en el marco de la Unión Económica y Monetaria.

Lulling
Señor Presidente, esta mañana he protestado contra el hecho de que el presente informe se trate esta noche, y que votaremos en tercera lectura mañana viernes.
Sé que el viernes debería ser un día de jornada completa para todos los diputados, pero, desgraciadamente, los viernes por la mañana su absentismo es legendario. Deseo subrayar que desde hace diez años soy nuevamente diputada de este Parlamento -ya lo era de 1965 a 1974-, que he estado presente en todas las sesiones de los viernes y que, en caso de que sea reelegida el 13 de junio, observaré la misma disciplina.
Tal como están las cosas, lamento, sin embargo, que este Parlamento cree un mal precedente, al celebrar una votación un viernes por la mañana, en tercera lectura, votación que, en mi opinión, debería realizarse por mayoría cualificada, para ponerse a la altura de esa competencia que el Parlamento Europeo ha conseguido tras duros esfuerzos. Sé que se prevé la mayoría simple, pero es totalmente ilógico. Si se vota por mayoría cualificada en segunda lectura, debería también hacerse, a fortiori , en tercera lectura. En esta cuestión también queda trabajo por hacer en relación con nuestro Reglamento, y pienso realmente que no prestamos un gran servicio, creando mañana este precedente. Espero que pronto esto ya no suceda. Sé que sólo se trata de estadísticas, pero, señor Presidente, las 450.000 empresas deben, con todo, pagar más de 500 millones de euros para facilitar las variables, y esto representa un desafío tan importante como cuando están en juego otros procedimientos de conciliación.

El Presidente
Entiendo lo que quiere decir, pero no es nuestro Reglamento, sino el Tratado, el que establece que se requiere una mayoría simple para la tercera lectura. Admito que es cierto lo que dice sobre el viernes, pero, desde el punto de vista del calendario parlamentario, es un día de trabajo normal.

Lulling
Señor Presidente, ¡espero que la próxima vez que un procedimiento de conciliación muy controvertido esté en tela de juicio, también se vote el viernes por la mañana, con un resultado de 20 votos contra 18 o algo por el estilo!

El Presidente
Soy un mero servidor de esta Cámara. No hago más que seguir el orden del día.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Procedimiento de insolvencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0234/99) del Sr. Malangré, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre los procedimientos de insolvencia.

Malangré
Señor Presidente, estimados colegas, con este informe el Parlamento pretende subsanar una importante laguna de la legislación relativa al mercado interior. Como todos sabemos se han logrado serios avances en el ámbito legislativo del «libre mercado interior de la Comunidad». ¡Afortunadamente! Sin embargo, ya van tres intentos fallidos y aún no hemos sido capaces de elaborar un Derecho comunitario en materia de procedimientos de insolvencia. Es la otra cara de la moneda del «mercado interior». Sabemos y comprobamos con satisfacción que muchas empresas se sirven del mercado interior para establecer relaciones comerciales transfronterizas y que disponen de bienes en diversos países de la Unión.
Ahora bien, en caso de insolvencia, la confusa situación jurídica creada por las 15 regulaciones diferentes en materia de procedimientos de insolvencia da lugar a un amplio margen de manipulación, ocasiona gastos inmensos debidos a la enorme complejidad de los procedimientos y dificulta considerablemente la distribución equitativa del patrimonio del deudor. Es preciso destacar que también a este respecto ha fracasado la tentativa de salir del paso con la ayuda de un acuerdo intergubernamental, sin contar con la participación del Parlamento. Y no niego que el contenido de la propuesta de la Comisión de principios de los años ochenta merece mi apoyo. Dicho de otro modo, suscribo el contenido, pero no apruebo el método intergubernamental.
Dicha propuesta de la Comisión es un texto jurídico brillante que fue elaborado con gran conocimiento de causa, pero que no fue aceptado. Los intentos posteriores, es decir, el Acuerdo de Estambul y la última iniciativa, que fracasó en 1995, también se fueron por otros derroteros y no alcanzaron el objetivo final. Sea como fuere, necesitamos urgentemente una solución comunitaria y, por tanto, pedimos en la propuesta por mí presentada que se elabore cuanto antes una propuesta de directiva o de reglamento. Es imprescindible que la tengamos sobre la mesa lo antes posible. La esencia de los preparativos ya la recogen las tres propuestas anteriores. Si aplicamos este procedimiento a la hora de solicitar directivas y reglamentos, no sólo está garantizada la colaboración del Parlamento sino también la aprobación por mayoría. La experiencia nos enseña que en esta materia es aconsejable que así sea.
Por lo demás, presento en mi informe algunas propuestas de fondo que tienen por objeto mejorar el acuerdo fracasado en 1995 y que esperamos sean tenidas en cuenta. En mi opinión, se trata de mejoras fundamentales que pueden ser incorporadas sin demasiados problemas. Quisiera manifestar mi gratitud hacia la Comisión de Asuntos Jurídicos por su intensa colaboración. Hemos celebrado una audiencia cuyo resultado fue unívoco. Todos reclamaron al unísono una rápida solución para el problema de la insolvencia.
Por último, quiero mencionar que en comisión fueron presentadas cuatro enmiendas positivas que se enmarcaban en la línea del informe. Las he incorporado con mucho gusto, así que en este momento puedo presentarles una propuesta que merece el firme apoyo de la Comisión de Asuntos Jurídicos en pleno. Les pido que lo acojan favorablemente y le den su beneplácito en la votación de mañana.

Oddy
Gracias, señor Presidente. Estoy de acuerdo con el ponente en que éste es un importante informe y estoy de acuerdo con sus sugerencias. Yo también lamento que el convenio no haya sido ratificado por todos los Estados miembros e insisto en que es necesario que hallemos una solución para este gravísimo problema. Estoy de acuerdo con la petición del ponente de que se elabore un reglamento o una directiva sobre insolvencia transfronteriza.
No obstante, quiero destacar que necesitamos una solución que consiga un buen equilibrio tanto para los acreedores y empresas como para los trabajadores. Los trabajadores necesitan cierta protección para los salarios acumulados y los acreedores necesitan una solución inteligente que les ofrezca la mayor devolución posible de deudas en función de las circunstancias.
También destacaría un comentario hecho por mi colega el Sr. Falconer: estoy segura de que no le importará que diga esto. A él le preocupa sobre todo que, en situaciones de insolvencia en las que alguien desarrolla más tarde una enfermedad profesional, se halle una solución por la que se le pueda compensar por los problemas derivados de la enfermedad profesional.
Estoy de acuerdo en que éste es un tema urgente y que es crucial hallar cuanto antes una solución. De hecho, para que se vea lo urgente que es, yo recibí presiones al respecto en una reunión internacional de banca celebrada en París en la primavera de 1994. Esto demuestra cuánto tiempo se lleva con el tema.
Hablo en nombre del Grupo Socialista. Mi Grupo Socialista apoyará el informe y yo querría dar las gracias al ponente por el duro trabajo que ha realizado. Ha sido sumamente grato trabajar con el Sr. Malangré a lo largo de los años que ambos llevamos en el Parlamento.
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Wijsenbeek
Señor Presidente, empiezo por donde ha terminado el anterior orador y menciono mi extraordinario aprecio por el Sr. Malangré. Ha hecho lo que en neerlandés llamamos un informe tan sólido como una casa. Me une un lazo personal al asunto que se está tratando. Mi primer informe, una modificación del Tratado del Comunidad Europea del Carbón y del Acero, analizó la quiebra de Ferrovie San'Anna, algo que entonces era inusitado, una acería que iba a la quiebra. La Alta Autoridad, a la que se entregaban los pagos sociales, figuraba en último lugar en la lista, mientras que primero el estado, luego los servicios sociales, después suministradores, los bancos, todo lo que se pueda nombrar, tenían prioridad a la hora de beneficiarse de lo que quedaba de la quiebra. Sobre esta cuestión dije, y por aquel entonces fue al Comisario Cristoffersen: esto no puede seguir así, ya que hay muchos sistemas diferentes de quiebra en la Unión Europea; ya es hora de que podamos crear una sociedad anónima europea, no sólo para regular conjuntamente su creación sino también su disolución.
Señor Presidente, en mi ultima intervención en la última sesión a la que asisto como diputado al Parlamento, sale de nuevo a relucir la quiebra, que todavía no se ha regulado. El Sr. Malangré lo ha señalado principalmente en la exposición de motivos que, otra vez, desde toda perspectiva resulta inmejorable, con las siguientes palabras: ya es hora de que se haga algo sobre la quiebra en la Comunidad, en el contexto europeo. Hay doce regímenes diferentes de suspensión de pagos en Italia, y en Dinamarca se trata a todos los acreedores, también al estado y a la seguridad social, de forma parecida. Debe lograrse la unidad, ya que de lo contrario, cada iniciativa encaminada a la creación de una empresa transnacional europea fracasará. Apoyo el Informe Malangré, en el que, además, he colaborado un poco mediante la presentación de algunas enmiendas en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que han sido aceptadas. Lo recomiendo sinceramente y mi Grupo lo respalda.

Marín
Señor Presidente, la Comisión se felicita por la iniciativa del Parlamento de apoyar la adopción, a nivel comunitario, de una normativa que permita determinar los efectos jurídicos y económicos derivados de la quiebra de las empresas que operan en el seno del mercado interior. En la actualidad dicha normativa no existe. Los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto en un Estado miembro sobre los bienes y las personas situadas en otro Estado miembro dependen de la legislación nacional y de los acuerdos bilaterales entre los Estados miembros.
La Comunidad siempre ha intentado subsanar este vacío en el marco del buen funcionamiento del mercado interior y, con dicho fin, en los años ochenta se lanzaron dos tipos de iniciativas:
Por una parte, los Estados miembros comenzaron a negociar sobre la base del antiguo artículo 220 del Tratado CE un convenio cuyo objeto era regular de modo horizontal los efectos intracomunitarios de la quiebra, determinando la competencia judicial y la ley aplicable para declarar la insolvencia de una empresa. Dicha negociación culminó con la firma del Convenio de 1995 sobre los procedimientos de insolvencia, sobre cuya base debatimos hoy.
Por otro lado, la Comisión presentó dos directivas sobre la liquidación de las empresas de seguro y de las entidades de crédito. Dichas propuestas están basadas en el principio de la competencia de la autoridad del país de origen donde dichas empresas están autorizadas para operar.
La Comisión desea que las dos directivas puedan ser adoptadas a la mayor brevedad. Hasta la fecha, sin embargo, ninguna de estas dos iniciativas ha tenido éxito. Su adopción se encuentra en suspenso.
El Convenio de 1995 sobre los procedimientos de insolvencia no ha sido firmado todavía por todos los Estados miembros antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y no tiene, por tanto, aplicación.
La Comisión, reservándose el ejercicio de su derecho de iniciativa, está evaluando cómo podría ponerse en vigor, en el marco del Tratado de Amsterdam, el texto acordado por los Estados miembros en 1995.

Wijsenbeek
Señor Presidente, lamento insistir más al Comisario. Dice: hay un convenio de 1995 que no ha sido firmado por todos los Estados miembros y la Comisión está pensando adoptar una iniciativa ¿Podemos contar con una promesa del Comisario en cuanto a que la Comisión va a adoptar una propuesta, sea una directiva, sea un reglamento -se lo dejamos a la Comisión-, de manera que ya no haga falta esperar a los Estados miembros titubeantes?

El Presidente
Señor Wijsenbeek, he sido muy tolerante, pero no puedo permitir que el diálogo continúe. Tenemos que concluir el debate. Quisiera dar personalmente las gracias al Sr. Malangré por todo el trabajo que ha realizado en esta Cámara y desearle todo el éxito del mundo en el futuro.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Intercepción legal de las telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0243/99) del Sr. Schmid, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de Resolución del Consejo sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones en relación con las nuevas tecnologías (10951/2/98 - C4-0052/99-99/0906(CNS))

Schulz
Señora Presidenta, señoras y señores, antes de entrar en materia quisiera dirigirme a usted, señor Malangré. Deja este Parlamento tras veinte años de servicio. Usted sabe que pronuncio estas palabras por razones personales. Nosotros somos, por así decirlo, rivales políticos. Ambos somos de la región de Aquisgrán. Usted fue durante 16 años alcalde de esta importante ciudad europea, labor que compaginaba con su mandato de diputado del Parlamento Europeo. Yo fui durante unos años alcalde de una pequeña ciudad vecina de Aquisgrán que en más de una ocasión le puso las cosas difíciles arrebatándole importantes consorcios industriales y quedándose con las licencias fiscales correspondientes. Ello no ha perjudicado nuestra amistad ni nuestro trabajo común en beneficio de Europa. Creo poder afirmar en nombre de muchos colegas de mi Grupo que usted ha sido uno de los socios más honestos y uno de los europeos más creíbles de esta Asamblea. ¡Muchas gracias por su trabajo!
Aplausos
El Informe Schmid aborda un tema extraordinariamente sensible, el de la moderna sociedad de la comunicación en vísperas del siglo XXI. La intimidad es un bien valioso. En todos los Estados democráticos, la legislación protege a los ciudadanos contra las injerencias estatales arbitrarias que atentan contra la intimidad. Es por ello por lo que la policía solamente puede interceptar llamadas telefónicas, fax y cartas mediante ley, y únicamente en casos estrictamente delimitados y previa autorización judicial. Las condiciones que han de cumplirse para llevar a cabo este tipo de acciones se regulan en el Derecho nacional y es bueno que así sea.
La propuesta de resolución del Consejo sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones no incide en el Derecho nacional. Hemos de conformarnos con este estado de cosas, nos guste o no, puesto que es éste el carácter que revisten las resoluciones adoptadas en el ámbito del tercer pilar. Aunque en el futuro pasen a llamarse «posición común» de conformidad con el Tratado de Amsterdam, ello no modificará su esencia de acto jurídico no vinculante. Expresan más bien el acuerdo de los Estados miembros en adoptar una línea de trabajo común. En el año 1995 se acordó mediante una resolución de estas características lo que debía entenderse por interceptación en sentido técnico, si debía registrarse únicamente el contenido de la conversación telefónica o también la hora y el número de teléfono de los interlocutores.
Los acuerdos alcanzados por los Estados miembros en materia de teléfono y fax se fundamentan en dos razones. Los gastos derivados de la instalación de mecanismos de interceptación corren a cargo del operador de la red de telecomunicaciones. Para evitar distorsiones de la competencia es imprescindible que estos gastos sean similares en todo el mercado interior. Dicho de otro modo, no se puede dar el caso que unos Estados cobren gastos a sus operadores y otros no.
En segundo lugar, los casos de solicitudes de asistencia judicial transfronterizas requieren una definición inequívoca de lo que se entiende por interceptación. La propuesta de resolución que tenemos delante amplía el mencionado acuerdo a los teléfonos móviles y la comunicación a través de Internet. Con eso hemos llegado a un punto extremamente delicado. Es lógico que el acuerdo sea ampliado, puesto que hemos de proteger la intimidad de los ciudadanos, pero no estamos protegiendo un medio de comunicación técnico concreto. ¡Son dos cosas muy distintas que no deben confundirse!
Ahora, los acuerdos y los procedimientos previstos encuentran resistencia. Las objeciones con las que nos hemos encontrado son interesantes y merecen nuestra atención. Por una parte están los forofos de Internet. Están preocupados porque piensan que en el futuro se les meterá en el saco de la libre comunicación y según ellos, la libre comunicación está en serio peligro. Debemos contestarles que Internet no es un espacio ajeno al derecho. En una sociedad democrática no puede haber ámbitos en los que uno pueda hacer lo que le dé la gana. Yo fui ponente en esta Asamblea para la elaboración de medidas comunes en el terreno de la lucha contra la pornografía infantil. Y les puedo contar lo que hay en Internet. ¡Debemos poner manos a la obra! Hemos de seguir reclamando medidas oportunas por difícil que sea su cumplimiento.
Los proveedores también tienen reparos, sobre todo por lo que a los gastos se refiere. Hemos tenido en cuenta este temor a través de una enmienda. Lamentan asimismo que no se haya fijado un calendario para la transposición. Éste es, en efecto, un punto negativo. También se oponen los sectores interesados en el blanqueo del dinero y el fraude fiscal. El ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, el Sr. Florio, ha formulado objeciones de ese tipo. Le agradezco que haya expresado abiertamente su preocupación de que una normativa en materia de interceptación pueda afectar a las transacciones bancarias a través de Internet. El Handelsblatt , que no tiene precisamente fama de ser un periódico socialista, decía en diciembre del año pasado, cito: «Internet es un medio ideal para evadir las obligaciones fiscales. Tanto es así que una compañía llamada Privacy Solutions se anuncia abiertamente en Internet con la frase Su oficina está en el ciberespacio, no habrá autoridad fiscal que la encuentre .» Existe un derecho a la protección de la intimidad de los ciudadanos, pero no existe derecho alguno a la criminalidad, al blanqueo de dinero o al fraude fiscal.
Quienes se oponen radicalmente a la interceptación legal de las telecomunicaciones modernas, como hemos podido comprobar en más de una intervención, se convierten tal vez inconscientemente, pero sin más remedio en cómplices de los criminales. Por difícil que sea diseñar medidas concretas y aplicables a partir de acuerdos comunes no deja de ser absolutamente necesario que reconozcamos que la libertad derivada de las nuevas telecomunicaciones sigue siendo una libertad de la que se puede abusar. Por una parte, se hace un llamamiento al sentido de la responsabilidad de quienes emplean esta libertad. Pero por otra parte, corresponde a los órganos públicos encontrar soluciones adecuadas para poner coto al mal uso de estas libertades perjudiciales para la sociedad en general y especialmente para los impuestos y la recaudación de impuestos. Con su informe, el Sr. Schmid pretende contribuir a este fin.
Aplausos

Cederschiöld
Señora Presidenta, las escuchas telefónicas son una cuestión muy delicada ya que están relacionadas con la integridad individual de los ciudadanos. Es necesario mantener el eterno equilibrio entre la eficacia en la lucha contra la delincuencia y la protección de la integridad individual de las personas. Nadie desea un Estado de control «orwelliano», pero son pocos también los que quieren ver a los ciudadanos expuestos a delitos de cualquier tipo. De lo que se trata aquí únicamente es de actualizar una resolución ya existente sobre las escuchas telefónicas para adaptarla a las tecnologías modernas, es decir, no se trata realmente de nueva legislación. Estamos hablando aquí de un acto jurídico muy liviano que no quebranta la legislación nacional, ya que los Estados miembros la aplicarán únicamente si así lo desean y de la manera que prefieran.
Corresponde a los Estados hacerse cargo de la lucha contra la delincuencia que se registra dentro de las fronteras nacionales. El Estado asume las responsabilidades relacionadas con toda la lucha contra la delincuencia y es responsable asimismo de los costes derivados de la misma. Esta es la solución que se aplica también en los Estados Unidos. Los costes que ocasionan las escuchas de las comunicaciones recaen, y deberán seguir recayendo, en los Estados. Es importante resaltar este punto, especialmente ahora que se está llevando a cabo una privatización del mercado de las comunicaciones telefónicas. De este modo, un alza de los costes plantearía dificultades a los pequeños proveedores de Internet, lo cual perjudicaría la capacidad competitiva europea. Está claro que los proveedores de Internet pueden establecerse hoy por hoy en cualquier lugar del mundo, por lo que no se debería obligarles a marcharse de la Unión a causa de un aumento de los costes.
El éxito en el ámbito de la alta tecnología es central para el desarrollo de Europa. No se deben empeorar las condiciones económicas de crecimiento en el sector de las tecnologías de la información. Esta industria tiene posibilidades de desarrollo, especialmente por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas, es decir, precisamente aquéllas que se verán perjudicadas por un aumento de los costes derivados del almacenamiento generalizado de datos.
La integridad de las personas debe constituir un factor cada vez más importante en el debate sobre las medidas contra la delincuencia, por ejemplo, mediante una inspección más rigurosa de los datos. Sin embargo, se necesitan también medidas de prevención para evitar que Internet se convierta en zona franca para la delincuencia.
El almacenamiento generalizado de toda la información nos hace naturalmente recordar a Orwell, pero una responsabilidad estatal sobre los costes implicará que solamente se conservará la información absolutamente necesaria. Será necesario exigir una decisión de los tribunales, una especificación de la información que se pretende conseguir y, naturalmente, se acudirá a este recurso únicamente cuando existan sospechas muy fundadas de delitos muy graves, sin que se pueda utilizar información superflua. En casi todos los países que disponen de una regulación a este respecto, dicha regulación es muy estricta por razones de peso. Por lo tanto, no veo ningún motivo para que el Parlamento se oponga a ello. Al contrario, creo que el Parlamento debería ser el que se adelantase para esclarecer esta relación de equilibrio con la libre sociedad de la información sin llegar, no obstante, a permitir -como ha dicho el Sr. Schulz- que Internet sea un mercado para la comisión de delitos. Apoyo, pues, esta propuesta para combatir la delincuencia.

McKenna
El sistema de vigilancia de las telecomunicaciones UE-FBI se está desarrollando rápidamente a través de dos iniciativas independientes pero muy relacionadas entre sí. En primer lugar, el Consejo ha propuesto un nuevo proyecto de resolución del Consejo a fin de ampliar la resolución de 1995, en la que se establecían los requisitos, para que incluya las nuevas tecnologías (telecomunicaciones por Internet y por satélite). Y, en segundo lugar, el Consejo está a punto de acordar una fórmula que proporcionará una base jurídica para el acceso remoto a una estación terrestre para satélites que hay en Italia por medio de la introducción de una nueva cláusula en el proyecto de convenio sobre asistencia legal mutua en cuestiones delictivos.
Este proyecto de convenio constituirá el marco jurídico para la interceptación de todas las formas de telecomunicaciones en la UE que resulta necesario para poner en práctica el sistema de vigilancia UE-FBI. Se espera que ambas medidas sean aprobadas en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 27 y 28 de mayo.
Lo que estamos debatiendo hoy aquí, en la versión que ha examinado el Parlamento Europeo, modifica los requisitos de 1995 a fin de incluir datos sobre los usuarios de Internet como son la dirección IP, la dirección electrónica asignada a una parte, el número de cuenta y la dirección de correo electrónico (ENFOPOL 10951/98 REV2).
En realidad esto ha cambiado. Lo que estamos debatiendo ahora no es la redacción actual, porque en vez de ello lo que dice es «dirección IP» y, en lugar de «número de cuenta», dice «número de tarjeta de crédito y dirección de correo electrónico».
Es muy inquietante que un tema como éste sea debatido un jueves por la tarde cuando hay aquí tan pocas personas, la votación será mañana por la mañana y no ha habido en el seno de los parlamentos nacionales un debate propiamente dicho sobre el tema. Con toda seguridad no ha habido debate en el Parlamento irlandés y creo que no lo ha habido en muchos de los otros parlamentos.
Es posible controlar las comunicaciones de tal manera que se pueda saber dónde se encuentra una persona, en qué momento se encuentra allí, qué sitios de Internet está consultando, qué mensajes electrónicos está enviando, qué pagos electrónicos está haciendo; básicamente se puede saber todo sobre la vida privada de una persona.
Los verdes creemos que es un grave atentado contra la intimidad y que no hay suficientes garantías en cuanto a protección de datos y control democrático. Esto es algo que de hecho suscitó la Comisión de Asuntos Jurídicos, que era muy crítica con el tema. Es de lamentar que el ponente para opinión no se encuentre aquí, porque es sumamente importante que se resalte este punto.
Las reglas sobre las escuchas telefónicas están controladas, por ejemplo, a nivel nacional. Se hacen de acuerdo con los procedimientos y autorizaciones pertinentes. La presente propuesta básicamente hace caso omiso del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la disposición que figura en el artículo 8 sobre la protección de la vida privada de las personas. Aquí se están anulando y la injerencia por parte de un organismo público debiera someterse a unas condiciones muy estrictas. Habría que tener en cuenta el punto de vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Lo otro que quería comentar es que todo el tema se debatió en un procedimiento que fue un procedimiento escrito, y no en una reunión de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior. Este tema, por lo que a mi respecta, no ha seguido los debidos cauces democráticos. No ha sido debatido en los parlamentos nacionales. También me parece que es muy siniestro que el tema se haya puesto en el orden del día del jueves por la noche cundo todo el mundo está regresando para hacer campaña para las elecciones. No hay aquí absolutamente nadie para escuchar lo que está sucediendo. Es un grave paso contra el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad.
Siempre ha ocurrido en los Estados miembros de toda la Unión Europea y por todo el mundo que la legislación opresiva se introduce usando el argumento de que tenemos que combatir graves delitos. Por ejemplo, uno de los oradores mencionó la pedofilia y cosas por el estilo en Internet. Esto no significa que haya que anular el derecho básico de las personas a la intimidad. Es lo que aquí está sucediendo. Tiene que haber un debate mucho más amplio sobre esto, no solo aquí en el Parlamento Europeo, sino también en los parlamentos nacionales. Yo querría saber por qué estos temas han pasado arrollando de esta manera sin el debido control democrático y sin el debido debate público.

Nassauer
Señora Presidenta, señoras y señores, basta con mencionar el concepto de interceptación de las telecomunicaciones para que los representantes del sector lo asocien inmediatamente con el de Estado policial y Estado supervisor, como si de la glándula salivar del famoso perro de Pavlov se tratara. Lo que propone la Comisión de Asuntos Jurídicos a este respecto es el colmo del disparate. Es un texto que como mucho se podría consentir a un estudiante en el primer semestre; si llega a presentarlo en el segundo semestre es la malicia en persona. El Sr. Schulz ha dicho con toda claridad lo que el Sr. Schmid ha expuesto por escrito: esta recomendación del Consejo no modifica en lo más mínimo la situación jurídica en los Estados miembros.
Tanto antes como después de esta resolución, las condiciones jurídicas que regulan la supervisión de las llamadas telefónicas, la interceptación y el control del acceso a Internet pertenecen exclusivamente al ámbito de aplicación del Derecho nacional. La resolución que estamos debatiendo hoy pretende unificar las normas técnicas, lo cual es imprescindible para tener la posibilidad de proceder a la interceptación en la lucha contra el crimen organizado.
Les voy a poner un ejemplo. Con la ayuda de una cuenta bancaria virtual los chantajistas pueden ingresar su dinero sin problema alguno. Abren una cuenta bancaria virtual y cobran el dinero extorsionado por esta vía. Mientras no se controle el acceso a Internet, no tendrán que responder ante nadie. Por eso mismo, es necesario que aprovechemos a fondo esta oportunidad. El Consejo ha presentado una recomendación y nosotros hemos elaborado una resolución. Es realmente imprescindible en el marco de la lucha contra el crimen organizado.
Los Estados miembros ciertamente adoptarán las condiciones legales que han de cumplirse para que se pueda registrar algo tan concreto como la interceptación de una llamada telefónica o el control del acceso a Internet. Pero también han de considerar los mecanismos que permiten combatir el crimen organizado.

Schulz
Señora Presidenta, no quiero alargar este debate si no hay necesidad de ello. Solamente pretendo referirme brevemente a dos cosas que ha dicho la Sra. McKenna. El Sr. Schmid, al que represento aquí, no está ausente por mala voluntad. Estaba previsto que su informe se tratara esta mañana y esta tarde tenía un compromiso no político sino privado que realmente no podía aplazar. Les pido disculpas por su ausencia y supongo que la crítica de la Sra. McKenna tenía su origen en que no estaba al tanto de estas circunstancias.
En segundo lugar me veo obligado a refutar decididamente un punto importante. La comisión competente de este Parlamento se denomina Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. No creo que ningún otro Parlamento del mundo preste tanta atención al elenco de los derechos fundamentales y los derechos humanos como este Parlamento a la hora de debatir la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos con motivo de la creación de un espacio de justicia europeo. Usted sabe, señora McKenna, que yo, aparte de ser portavoz de mi Grupo en materia de política interior, también soy presidente suplente de la Subcomisión de Derechos Humanos. No estoy en absoluto de acuerdo con que el minucioso trabajo realizado por nosotros, independientemente de que se trate del Sr. Nassauer, de mí mismo o del Sr. Schmid, tenga por objeto sacar adelante a toda prisa algo que atente contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. Creo que eso es llevar las cosas demasiado lejos y ya que le estimo mucho, me gustaría que se preguntara si no debería reconsiderar su postura en el futuro.

McKenna
Señora Presidenta, intervengo por una cuestión de orden. No estaba criticando al Sr. Schmid por no estar aquí. No he mencionado su nombre. Me refería al Sr. Florio porque era el ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. La Comisión de Asuntos Jurídicos sustenta un punto de vista contrario al de la Comisión de Libertades Públicas.

Marín
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Schmid por su excelente informe sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones.
La Comisión comparte la opinión del Parlamento sobre la importancia de esta cuestión, en particular si se considera que en Europa el entorno de las telecomunicaciones se ve sometido constantemente a cambios rápidos y revolucionarios.
Por una parte, hay que tener en cuenta las lógicas preocupaciones de las autoridades policiales. El desarrollo de las telecomunicaciones de Internet no puede disminuir la capacidad de los Estados miembros para luchar contra la delincuencia y para mantener la seguridad nacional. Por otra parte, se está produciendo un incremento impresionante de los servicios de telecomunicaciones y, en particular, de Internet. Las empresas de información ya contribuyen con más del 5 % del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Dan empleo a más de cuatro millones de personas y crean nuevos puestos de trabajo a un ritmo muy superior al de cualquier otro sector de la economía de la Unión Europea. Por consiguiente, en la Unión existe un gran interés por que, en la era de la información, la Unión, lógicamente, se mantenga en primera línea.
Además, el poder garantizar la confianza que los usuarios tienen en los servicios de telecomunicación es un elemento fundamental para que continúe la expansión en este sector. La Comisión Europea, en consecuencia, considera crucial afianzar un equilibrio correcto entre los intereses en juego. En nuestra opinión, esto sólo puede conseguirse mediante un diálogo franco entre las autoridades policiales, los operadores y la industria.
Tal y como ha subrayado tanto el informe del Sr. Schmid como la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, hay una serie de aspectos en los que hay que profundizar. Así, por ejemplo, es necesario clarificar las obligaciones de los operadores, así como la privacidad de las telecomunicaciones.
La Comisión desearía iniciar un amplio debate sobre los requisitos necesarios y sobre la manera de cumplirlos de la manera más rentable posible. Dicho debate podría dar lugar a la presentación, por parte de la Comisión, de propuestas en este ámbito, aprovechando plenamente las nuevas posibilidades ofrecidas por el Tratado de Amsterdam. Sólo así podremos proteger el desarrollo de la sociedad de la información.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
Se levanta la sesión a las 19.00 horas

