
El Presidente.
Tiene la palabra la Sra. Maes para una cuestión de orden.
Maes (Verts/ALE). (NL) Señor Presidente, el Parlamento ha tenido conocimiento de un intercambio de cartas. El Sr. Prodi ha dirigido una carta a la Sra. Fontaine, en su calidad de Presidenta de este Parlamento, y en la misma critica severamente la forma en que la Comisión de Control Presupuestario efectúa su trabajo. No obra en nuestro poder, en este momento, respuesta alguna de la Sra. Fontaine, pero como usted puede comprender -y la Presidencia compartirá nuestros sentimientos- esta carta nos ha sorprendido mucho, por utilizar un eufemismo.
Así mismo, el Sr. Prodi ha escrito una carta al Sr. Söderman en la que critica la forma en que este último desempeña su cargo. El Sr. Söderman ha respondido a la misma. Sí que obra en nuestro poder esta carta. Quisiéramos saber qué ha hecho la Presidencia ante este intercambio de cartas.

El Presidente
Señora Maes, el tema que usted ha suscitado será objeto de estudio por la Presidencia y por la Conferencia de Presidentes de manera inmediata.

50º aniversario de los Convenios de Ginebra - Derecho humanitario
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración del Consejo sobre el 50º aniversario de los Convenios de Ginebra - Derecho humanitario

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, hace pocos meses conmemoramos el quincuagésimo aniversario del Convenio de Ginebra para la protección de las personas en situación de conflictos armados. Hace cincuenta años, 63 países subscribieron los cuatro convenios y los dos protocolos que aún hoy sirven de base para el derecho humanitario internacional. Vale la pena recordar que esos instrumentos jurídicos internacionales fueron formulados en un período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial y en ellos se plasmó en aquel momento la gran preocupación que marcaba la conciencia internacional, aún mal repuesta de los devastadores efectos de aquel conflicto.
Lo que ha ocurrido desde entonces ha dado la razón a todos cuantos consideraban esencial fortalecer los derechos de los que se encuentran en zonas de guerra, ya sean civiles o militares que no estén envueltos directamente en el conflicto.
Una nueva ética de comportamiento pasó a exigirse, así, a las partes beligerantes en consonancia con lo que era el fortalecimiento de la dignidad de la vida, que fue teniendo progresiva consagración en la normativa internacional en varias otras esferas.
Por desgracia, la realidad de los hechos ha venido a demostrar que el carácter vinculante de los convenios y el modo de hacerlos efectivos distan de corresponder a las exigencias de las situaciones que pretendían proteger. Seguimos presenciando hoy actos de guerra marcados por la barbarie, por la total negación de los derechos de los ciudadanos civiles y militares fuera de la acción de combate, al demostrar muchos Estados o fuerzas beligerantes un comportamiento que no atiende a principio alguno y que se caracteriza tan sólo por una lógica de los fines. Y no es infrecuente observar que las poblaciones civiles son objetivo preferente de la acción militar, ya sea mediante formas de terrorismo o como instrumento de presión política.
Por otro lado, el aspecto atípico de algunos conflictos, en particular de los que configuran la modalidad de guerra civil, parece servir de disculpa mayor para los crímenes más graves, muchas veces cometidos al amparo de una falta de información para el exterior y de una política como de tierra quemada que pretende lograr victorias a todo precio, incluso el del genocidio. En este caso cobran relieve particular y son aún más chocantes todas las acciones que afectan a los grupos sociales más vulnerables, cuyo carácter indefenso acaba exponiendo a tratos inhumanos de toda clase a niños y personas de edad que resultan hoy las víctimas fundamentales de cierto tipo de conflictos y a veces parece que se las selecciona a título ejemplar.
Y a este respecto es pertinente también la cuestión de las organizaciones humanitarias, cuya acción aparece con frecuencia afectada por comportamientos intolerables por parte de los beligerantes, que cínicamente procuran ganar tiempo para sedimentar sus victorias o promover acciones de represalia en detrimento de poblaciones en riesgo. Es importante continuar fortaleciendo la capacidad de la libre actuación de esas organizaciones y la protección de los trabajadores humanitarios. Quisiera a ese respecto señalar a la atención de Sus Señorías en particular el caso del Comité Internacional de la Cruz Roja, que, por lo demás, demuestra ya una acción concreta en sus informes en cuanto a la necesidad de un perfeccionamiento del propio marco de aplicación de los Convenios de Ginebra.
Y, si no fuera por la comunicación social y el papel nuevo que esa comunicación social desempeña hoy en la divulgación de los conflictos -y del carácter chocante de algunos de ellos por el efecto movilizador que ejerce en la comunidad internacional-, esa situación que vivimos hoy en ciertas zonas de guerra sería aún peor y el grado de impunidad sería más grave.
Señor Presidente, la Unión Europea, que defiende y practica un orden de valores que con orgullo se sitúa a la vanguardia de la comunidad internacional, ha venido a subrayar con insistencia la importancia capital que tiene la observancia de los Convenios de Ginebra. En el marco de sus relaciones exteriores, la Unión promueve esos mismos valores y les garantiza la expresión constante de su acción política. Por esa razón, estamos atentos a todo lo que pueda configurar una violación de los principios que nos unen en esa esfera y no hemos dejado de denunciar en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común cualesquiera violaciones que se produzcan. En esos casos procuramos utilizar los instrumentos de que disponemos para garantizar una acción de presión que pueda ser eficaz en el tiempo y en sus efectos. Muchas veces -y tenemos conciencia de ello- no hemos estado a la altura de lo deseable, pero tenemos la firme intención de proseguir en el futuro con la misma determinación.
Señor Presidente, pese a la gravedad y a la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos que los Convenios de Ginebra y sus protocolos procuran proteger, creo que el nuevo milenio encierra, de todos modos, algunos elementos de esperanza. Esa esperanza radica esencialmente en la progresiva estabilización de un orden internacional de valores que comienza ya a tener dificultades para refugiarse tras criterios caducos, como las diferencias culturales y ciertas especificidades nacionales. Aunque lentamente, hoy vamos sin lugar a dudas camino de ese nuevo orden internacional de valores que la mundialización de la información fomenta y contribuye a sedimentar en la conciencia colectiva de nuestras sociedades. Es necesario que nuestros ciudadanos interioricen esa acción con vistas a la creación de un automatismo de reacción ante acciones que configuran la inobservancia de los principios básicos que hoy deben considerarse patrimonio común.
Al crear tribunales internacionales como los que hoy se aplican a la antigua Yugoslavia o a Ruanda, dimos un paso al frente para volver más difícil la vida a quienes promueven actos que atentan contra los valores de los Convenios de Ginebra. Es necesario que esas figuras empiecen a entender que el mundo ha pasado a ser un espacio en el que la impunidad no es la norma. Si cala ese mensaje, estaremos sin lugar a dudas contribuyendo al fortalecimiento del derecho humanitario y a la necesaria credibilización y efectividad de los principios que los Convenios de Ginebra y sus protocolos procuraron proteger.

Martínez Martínez
Felicitando al Sr. Presidente por motivos de tipo doméstico, intervengo ahora, en nombre del Grupo Socialista, en este debate que sigue a la -para nosotros- satisfactoria declaración del Consejo con relación a los Convenios de Ginebra con una primera reflexión justificando el por qué mi Grupo presentó una resolución sobre este mismo tema en el último Pleno del Parlamento de 1999, resolución que luego no llegó a debatirse por razones que no vienen al caso.
Nos parece del todo procedente que nos pronunciemos en el Parlamento Europeo sobre normas que han enriquecido el acervo jurídico de la humanidad, debiéndose aprovechar cada oportunidad para recordar y reforzar la vigencia de dichos instrumentos por la protección que otorgan y los derechos que garantizan.
Otro argumento para aprobar una resolución como la que presentamos estriba en que mucho de lo que llevan a cabo las instituciones europeas está dirigido a la búsqueda del equilibrio y la equidad, y estos son conceptos poco o nada compatibles con las situaciones de conflicto armado. Las principales víctimas de los conflictos -los niños, las mujeres, la población en general- están en el primer escalón de la amenaza y del sufrimiento, y no podemos dejar de incluir su protección entre los objetivos prioritarios de nuestra acción.
Cuanto más hagamos contra las violaciones del Derecho internacional humanitario, cuanto más recordemos a los demás Estados -aprovechando todas las oportunidades de nuestras relaciones exteriores- la necesidad de ratificar y respetar los Convenios de Ginebra, más estaremos haciendo por ese escalón más débil. Y cuantos más sufrimientos evitemos, menor será después la acción a desarrollar para cubrir los grandes desperfectos que la guerra provoca.
¿Qué más se puede hacer, pues, para mejorar el cumplimiento del Derecho internacional humanitario y limitar así el sufrimiento de las víctimas? Por ejemplo, difundir el conocimiento de ese Derecho, sobre todo entre la sociedad misma, entre la juventud, entre las organizaciones de masas y también entre las fuerzas armadas y de seguridad. Más aún, es obligado, a través de la educación, desarrollar en nuestra ciudadanía la pasión por la paz. La Unión Europea ha de ser, en ese sentido, un agente de paz de primer orden, pero ha de ser también un patrocinador significativo del esfuerzo que realizan las organizaciones a las que la comunidad internacional ha encargado la responsabilidad de la protección de las víctimas de los conflictos y la defensa de sus derechos. Entre dichas organizaciones, merece destacarse el Comité Internacional de la Cruz Roja. Todas las instituciones de la Unión Europea debemos apoyar decididamente el trabajo del CICR porque su función es, sencillamente, imprescindible.
Por último, no estimo yo aceptable decir, como me respondió hace un par de meses la Comisión, que ella no dispone de competencias ni de recursos para acciones destinadas a promover el Derecho internacional humanitario, demostrando así, por su parte, un planteamiento fundamentalmente burocrático y una sensibilidad muy distinta de la que proyectaba el Consejo en su contestación a otra pregunta en la que yo le trasladaba una preocupación del mismo tipo, y diferente también de la sensibilidad que hoy demuestra el Consejo en su intervención.
En esta materia, las instituciones de la Unión Europea -también la Comisión, por supuesto- tenemos una responsabilidad genérica, porque se trata de difundir y apoyar valores esenciales que, además, son los mismos que los que inspiran nuestro proyecto europeo.
Por todo ello, señor Presidente, queridos colegas, les pido el apoyo a la resolución que se ha presentado y que recoge todo lo esencial de la propuesta presentada por el Grupo Socialista a finales del año pasado.

Watson
Señor Presidente, el 12 de agosto de 1949 es un día que, como habrían dicho los romanos antiguos, habría que marcar con una piedra roja. Significaba un gran paso adelante para la Humanidad... y, sin embargo, en los cincuenta años transcurridos desde entonces, aunque nuestra mitad del continente ha vivido en paz, más personas han muerto en conflictos armados que en toda la segunda guerra mundial.
No hemos sabido difundir las lecciones y los valores aprendidos de ese conflicto. Con demasiada frecuencia nuestros propios Estados miembros han sido partes en los conflictos, ya fuera mediante la producción y venta de armas, mediante la producción y distribución de minas terrestres o mediante la tentación -en palabras de un gran estadista victoriano de mi país- de preferir que se riñeran sus guerras a distancia y, siempre que fuera posible, en el nombre de Dios. No hemos combatido en nuestra educación la glorificación de la lucha en nuestras propias comunidades. No hemos combatido en nuestra educación los problemas y el flagelo del racismo y de la xenofobia.
Y, sin embargo, gracias a las comunicaciones mundiales, nuestras pantallas de televisión nos recuerdan constantemente los terribles efectos de la inhumanidad de los hombres para con los hombres y, desde luego, para con las mujeres y los niños. Recientemente, hemos visto en la antigua Yugoslavia y ahora en Chechenia los terribles efectos del conflicto armado y, además, vemos el efecto de las medidas del Gobierno para suprimir los comentarios de los medios de comunicación independientes sobre esos conflictos y la evolución hacia el gobierno totalitario.
Para que la Unión Europea llegue a ser una comunidad de valores, para que desempeñemos de verdad un papel en la gestión de los asuntos públicos mundiales, debemos impartir los valores de los Convenios de Ginebra no sólo a nuestros soldados y fuerzas de seguridad, sino también a los ciudadanos de nuestras sociedades civiles. Debemos impulsar la creación de un tribunal penal internacional permanente e instar a nuestros Estados miembros a que firmen y ratifiquen el Convenio. Debemos luchar denodadamente contra el racismo y la xenofobia.
Los liberales demócratas en esta Asamblea estamos orgullosos de que tres de los autores de los informes de hoy -la Sra. Malmström, la Sra. Haarder y la baronesa Ludford- hayan lidiado con esas cuestiones y hayan brindado a la Asamblea hoy esos informes. Vivimos con la esperanza de que el siglo XX, que Europa ha empapado en sangre, dé paso a un siglo XXI en el que se puedan aplicar el poder, el genio y el entusiasmo de la Humanidad a la construcción de un mundo más justo, pacífico y sostenible.

Wuori
Señor Presidente, puedo sumarme con entusiasmo a lo que se ha dicho en las intervenciones precedentes. Ayer hablamos de la Carta de Derechos Fundamentales y hoy hablamos de los derechos humanos. Ayer, en una intervención excepcional, se constató que tenemos una imposición moral de defender y desarrollar la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, el contenido exacto de esta obligación moral y la embergadura real de nuestros esfuerzos y compromisos quedan reflejados en esa miserable realidad presidida por guerras y por conflictos armados. La naturaleza de estos últimos se ha transformado radicalmente durante el último siglo. El Derecho humanitario es el criterio con el que podemos poner de manifiesto si esta obligación moral sólo nos inspira de forma retórica o si, realmente, es posible llegar a hechos y a acciones concretas. Hoy oímos el caso del ciudadano kosovar Albin Kurt. Los Convenios de Ginebra forman parte esencial de los requisitos mínimos. También debemos encargarnos de que se garantice la ratificación del Protocolo de Otawa sobre la prohibición de minas de infantería, así como la ratificación del Estatuto Constituyente del Tribunal Penal Internacional.

Segni
Señor Presidente, el pasado 20 de enero el embajador ruso en París, al contestar una pregunta que se le formuló durante una entrevista radiofónica, declaró: "Lo que estamos llevando a cabo en Chechenia es una lucha antiterrorista, y Europa y el mundo entero nos lo van a agradecer cuando lo entiendan". Personalmente, no creo que el Parlamento Europeo tenga que dar las gracias a Rusia. Por el contrario, considero necesario que de este Parlamento surja un acto de condena fuerte, más fuerte y más claro que el que se ha realizado hasta la fecha y que implique no solo a las Instituciones comunitarias, sino también a cada uno de los Gobiernos. Hace unos días, vi con tristeza y amargura que un personaje mundialmente muy estimado, Tony Blair, acudía en visita oficial a Moscú y, después de una débil y poco convencida protesta por los hechos de Chechenia, daba un gran abrazo y palabras de ánimo a Putin. En el momento en que celebramos el 50º aniversario de un gran acontecimiento de Derecho internacional humanitario como los Convenios de Ginebra, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que, a poca distancia de Europa, se violan sustancial y prácticamente todos los puntos de los Convenios de Ginebra, a pesar de que la tesis rusa es que allí no existe un estado de guerra, sino una emergencia interna.
Señor Presidente, hace unos días, una delegación del Consejo Europeo declaró cosas terribles a su regreso de Chechenia. Si queremos realmente que nuestra acción tenga algún efecto, debemos procurar que una delegación del Parlamento Europeo se traslade a Chechenia y que los Gobiernos se comprometan a respetar el apartado 6 de la resolución que quizás aprobaremos dentro de poco y con la que el Parlamento pide al Consejo que procure vincular la cooperación con los terceros países a los informes sobre la situación de los derechos humanos. Debemos pedir a todos los Estados europeos un mínimo de coherencia, siempre que queramos luchar seriamente por los derechos humanos ante el mundo.

Maij-Weggen
Señor Presidente, quiero empezar excusando a Lord Bethell, nuestro primer orador. Quizá le haya sucedido algo, ya que normalmente es muy responsable; no está presente aquí esta mañana, así que asumo su labor en tanto primer orador.
Señor Presidente, agradezco la declaración de la Presidencia portuguesa así como la de la Comisión. Quiero felicitar, así mismo, a la Presidencia portuguesa porque también esta semana resulta que está presente en casi todos los debates importantes. Esto no se aplica a todas las presidencias, pero los portugueses sí lo hacen y creo que eso merece un cumplido.

Señor Presidente, el Convenio de Ginebra es hoy más actual que nunca. Especialmente, cuando vemos a lo que nos hemos enfrentado en los últimos años. En Kosovo, cientos de miles de personas han sido expulsadas de sus casas y hogares por no pertenecer a la etnia deseada. Lo mismo sucedió en toda la antigua Yugoslavia a partir de principios de los años noventa. Los serbios fueron expulsados de Croacia; los croatas de Serbia; serbios y croatas de partes de Bosnia; y, en Bosnia, la población de musulmanes quedó a la deriva; y todo ello aderezado por las unidades militares pertenecientes a cada uno de los antiguos estados yugoslavos. Esta imagen ha quedado impresa en cada uno de nosotros porque sucedió en Europa. Tanto más por cuanto nos trae a la memoria la dura etapa de los años treinta y la guerra terrible que les siguió. Nunca más. Éste fue el propósito de la política de la posguerra en Europa. Así nació la cooperación europea y, así, surgió también el Convenio de Ginebra. Durante mucho tiempo pensamos que estas tragedias habían quedado desterradas de Europa, y que contábamos con instrumentos suficientes para evitar estos violentos dramas. Resultó que no era así. Yugoslavia demostró que Europa continuaba siendo vulnerable en tanto se limitara a Europa Occidental. La tarea de la Unión Europea es ampliar el sistema que hemos creado a toda Europa y eso, sobre todo, para mantener la paz.
Resulta igualmente importante analizar el mundo que nos rodea: Chechenia, donde la población es víctima de la lucha entre el ejército ruso y los terroristas. Asia, donde, especialmente en Birmania, grupos enteros de población son expulsados de sus territorios tradicionales mediante la violencia. Indonesia, Timor y, también, las Molucas, donde cientos de miles de personas han sido expulsadas de sus casas y hogares gracias, una vez más, al respaldo y al papel activo del ejército. Sudán, donde la población del sur lleva ya años huyendo de los dirigentes del norte y donde no se respeta el derecho de la guerra. La zona de los Grandes Lagos en África, donde la lucha entre hutus y tutsis, una lucha étnica por excelencia, ha hecho huir a millones de personas. Éstas se ven más asediadas que protegidas por las unidades militares. Las zonas fronterizas de Etiopía y Eritrea, una especie de guerra olvidada en la que los Gobiernos luchan por establecer unas fronteras exactas y en la que cientos de miles de etíopes han sido expulsados de Eritrea y eritreos de Etiopía. Nadie parece ver ese problema.
Ésta es tan sólo una descripción limitada de los problemas para los cuales se diseñó el Convenio de Ginebra. En Europa y fuera de ella. Si tenemos en cuenta estos trágicos hechos, el quincuagésimo aniversario del Convenio de Ginebra se ha escrito realmente con sangre. Al mismo tiempo, ese Convenio de Ginebra es un pretexto positivo; porque es un tratado que permite poner en la picota algunos asuntos y porque también pueden mencionarse cosas buenas. Es positivo que la propia Unión Europea que -por citar a Mitterrand, que habló aquí - tras 400 años de guerras disfrute ahora de más de 40 años de paz. A ello han contribuido grandes políticos, también de nuestro entorno y, sobre todo, desde nuestro entorno. Por tanto, sí existe una solución a todos los problemas de derecho humanitario a que se refiere el Convenio de Ginebra y esta solución es definida diariamente por nosotros en el Parlamento Europeo, en el que cooperan de forma pacífica quince nacionalidades. No debemos cerrar los ojos ante el dolor ajeno, pero, al mismo tiempo, debemos dar gracias por que en Europa Occidental podamos vivir en paz y con prosperidad, con la esperanza de que esta paz y prosperidad y el final de la violencia se extiendan a todas las personas del mundo: en Europa del Este, en Europa Sudoriental, en Asia, en África y en todas las partes en que es verdaderamente necesario.

Karamanou
Al hablar hoy del 50º aniversario de los Convenios de Ginebra para la protección de los derechos humanos en tiempo de guerra y posguerra, lamento encontrarme en el trance de recordar que estos Convenios han sido violados en el propio continente europeo.
Todo lo ocurrido los últimos años en los Balcanes, donde "sin miramiento, sin pudor" , como dice un gran poeta griego, se ha intentado corregir un mal con otros mil males, ha convertido estos convenios ni más ni menos que en documentos literarios; bien escritos, pero sin transcendencia alguna.
Hemos vivido recientemente una enorme catástrofe humanitaria propiciada por una intervención supuestamente humanitaria. Hemos sido testigos de una ola de refugiados de proporciones gigantescas, hemos asistido a bombardeos de hospitales y embajadas, hemos visto a ciudadanos indefensos convertirse en objetivos bélicos; y ahora durante muchos años la península de los Balcanes sufrirá las consecuencias y las dolorosas secuelas del desastre ecológico provocado por los bombardeos.
Por lo que respecta al segundo capítulo de los Convenios, y especialmente a los artículos 13 y 14, que se refieren a la necesidad de proteger a los heridos, a los enfermos, a las personas de edad, a los niños y a las mujeres embarazadas de las consecuencias de la guerra, merece la pena que nos detengamos en Kosovo y en todo lo que revela el informe de la ONU. Casi el 50% de los niños que nacen prematuramente fallecen. Todos lo niños que nacen presentan, a causa de la desnutrición, un desarrollo inferior al normal. Los abortos aumentan espectacularmente. Muchas mujeres mueren por falta de una asistencia médica y farmacológica elemental en clínicas que no disponen ni de corriente eléctrica, ni de calefacción, ni de agua.
La mejor manera, pues, de celebrar el 50º aniversario de los Convenios de Ginebra es fortalecer la naturaleza democrática y política de la Unión, de tal suerte que pueda desempeñar un papel decisivo en la escena internacional en la resolución de conflictos, cualesquiera que sean, por medios pacíficos, con respeto a los derechos humanos, y con respeto, sobre todo, a cuanto se contempla en estos realmente magníficos Convenios de Ginebra.

Nicholson of Winterbourne
Señor Presidente, el símbolo del movimiento Cruz Roja/Creciente Rojo lleva la esperanza a los campos de batalla de todo el mundo. Tal vez esté yo autorizada a aducir una razón especial para conmemorar estos convenios, pues uno de mis familiares fundó el movimiento británico de la Cruz Roja.
El apartado b) del artículo 1 del Convenio pertinente prohíbe la toma de rehenes. El artículo 23 de la Declaración Islámica Universal de Derechos Humanos dice que no se forzará a nadie a abandonar su país de residencia ni se deportará a nadie de él arbitrariamente. Millones de personas sufren en el mundo entero. Los oradores de hoy, a partir de Graham Watson, han formulado ya esas observaciones. Pero pensemos en unas pocas personas simplemente para que se comprenda cabalmente el horror y el sufrimiento.
Recordemos que el 20 de agosto de 1990 el Irak invadió Kuwait en un acto unilateral de agresión que fue condenado universalmente. Nueve años después, el Irak sigue sin liberar a más de 600 prisioneros de guerra y sin dar cuentas al respecto. El Irak es un enemigo tremendo. La UNSCOM ha destruido 38.000 municiones para armas químicas, 690 toneladas de agentes de armas químicas, 3.000 toneladas de precursores químicos, 48 misiles Scud y una fábrica de armas biológicas destinada a producir hasta 50.000 litros de carbunco, toxina del botulismo y otros agentes. Su fuerza y poder para fines pérfidos sólo es comparable a su determinación para no encontrar a los prisioneros desaparecidos. Después de nueve años, sólo ha facilitado información suficiente para cerrar tres expedientes.
Esta tarde, cuando debatamos el asunto del Irak, no debemos olvidar a los prisioneros de guerra kuwaitíes desaparecidos. Mientras siga sin conocerse su suerte, no se deben levantar las sanciones económicas.

Staes
Señor Presidente, Señorías, Comisarios, señor Presidente del Consejo, celebro la presencia del Consejo en este debate. Suscribo plenamente las palabras comprometidas que acaba de pronunciar el Presidente en ejercicio del Consejo. Sin embargo, debo decir sinceramente que, tal vez, el Presidente del Consejo no sepa que ésta no es la única ocasión en que hablamos de derechos humanos y derecho humanitario en este Parlamento, sino que cada jueves por la tarde celebramos el debate de actualidad y que, bastante lamentablemente, el Consejo con frecuencia no está presente. Lo lamento profundamente.
No obstante, quiero aprovechar la oportunidad de hoy para atraer su atención, señor Presidente del Consejo, sobre la suerte de los prisioneros kosovares encarcelados en las prisiones serbias. Desde nuestra llegada en julio, el Parlamento ha centrado hasta tres veces la atención de la opinión pública en el destino de estos prisioneros y también ha pedido al Consejo que tome cartas en el asunto. La situación en Kosovo empeora considerablemente también como consecuencia de la preocupación de los albaneses respecto de la suerte de sus conciudadanos encarcelados en las prisiones serbias. La locura aumenta en Serbia. El mes pasado, el dirigente estudiantil Albin Kurti fue sentenciado a quince años de prisión, sólo por haber organizado cursos de primeros auxilios después de los bombardeos ¡Esto habría ayudado a la UCK! ¡No tiene sentido!
Mientras tanto, la gente continúa muy intranquila respecto de la suerte de los que están encarcelados. Han sido torturados, hay informaciones que así lo afirman. Entre tanto, prosigue la represión del régimen de Milosevic respecto de la propia oposición serbia. Señor Presidente del Consejo, ¿puedo pedirle de nuevo que tome en consideración las resoluciones que este Parlamento ha adoptado hasta tres veces y preguntarle qué va a hacer al respecto?

Brok
Señor Presidente, estimados colegas, los derechos humanos son derechos individuales que, como derechos o normas naturales e inalienables, han entrado a formar parte de las constituciones nacionales y los acuerdos internacionales. Engloban los derechos a la libertad personal y política así como los derechos sociales y económicos fundamentales. La idea de los derechos humanos es uno de los principios más sublimes que ha desarrollado la humanidad. Nació el siglo pasado a raíz de las experiencias sufridas en los campos de concentración y los gulag. Enfoca al hombre desde la perspectiva de aquello que le define como ser humano y le ayuda a tomar conciencia de su dignidad, su unicidad, su libertad y su igualdad con todas las demás personas. La gran difusión de esta idea demuestra que es una visión del hombre que presenta una enorme capacidad de atracción. La preocupación por la dignidad del hombre constituye el núcleo de toda política de derechos humanos.
Pero cincuenta años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la brecha entre las pretensiones y la realidad sigue ahí. Aunque desde entonces el número de personas que vive en un sistema democrático ha ido en aumento y existe una mayor conciencia hacia los derechos humanos, la aplicación y el respeto de los mismos en el mundo dejan todavía mucho que desear. El respeto de los derechos humanos no es sólo importante desde el punto de vista moral, sino también por motivos políticos. Prisioneros políticos, violaciones de los derechos elementales de la mujer, niños soldados, demasiada gente pobre que vive por debajo del mínimo vital, explotación económica, destrucción del medio ambiente que acaba con los medios de sustento de mucha gente y masacres de civiles en conflictos armados. Son solamente unos ejemplos.
Nos hallamos ante un círculo vicioso. De no protegerse los derechos humanos y las garantías del Estado de derecho y el Estado constitucional, el éxito económico a largo plazo está abocado al fracaso. Allí donde no se respeten los derechos humanos existe el riesgo de la discordia y de la regresión económica y social. Y allí donde la espiral de desarrollo muestre una tendencia descendente se corre el peligro de que empeore la situación de los derechos humanos. El respeto de los derechos humanos desempeña un papel fundamental en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. Quien hoy pisotee los derechos humanos sienta las bases para los conflictos de mañana.
Por regla general, los gobiernos a los que les incumbe rendir cuentas de su conducta en el marco de la democracia se preocupan más por el bien de su pueblo. Así lo requiere el mandamiento supremo de la democracia, con el que están vinculados los principios de tolerancia y pluralismo. Ahora bien, se trata de un pluralismo que no está exento de valores, sino que se rige por los mencionados derechos humanos. No importa que la gente sea exterminada por razones de raza o clase social. No hay motivo político alguno para oprimir a nadie, ni desde el punto de vista de la extrema derecha ni desde la perspectiva de la extrema izquierda.
En un mundo global los derechos humanos han dejado de ser un asunto interno. Por eso, es fundamental que se continúe reforzando el reconocimiento universal de la globalización de estos derechos. Los derechos humanos constituyen un conjunto indivisible. La universalidad de los derechos humanos demuestra que su implantación se ha convertido en pauta para el progreso, la civilización y la cultura en la política y la sociedad. Como agente global, la Unión Europea ha de fomentar el respeto de los derechos humanos, tanto dentro de sus fronteras como fuera de ellas, y, a este fin, ha de fortalecer su política en materia de derechos humanos. Ha de erigirse en comunidad de valores. Debe emprender acciones preventivas en el ámbito de la política exterior y de seguridad y en el terreno de la política de desarrollo, al tiempo que debe responder a situaciones de crisis mediante sanciones y medidas de apoyo. En este marco, la política global en materia de derechos humanos ha de ocupar un lugar cada vez más importante en la política exterior.
También es cierto que tenemos que comenzar por desplegar una política de derechos humanos más responsable en nuestra propia casa. Los demócratas que se rigen por los derechos humanos, que incorporan los derechos fundamentales a sus constituciones y desean llevarlos a la práctica, han de mostrarse dispuestos a luchar contra el extremismo de la derecha y de la izquierda en la escena política, puesto que los derechos humanos no pueden violarse bajo ningún concepto. Por eso, creo que a este respecto debemos dejar muy claro ante todas las tendencias políticas que, en nuestra opinión, dichos derechos humanos no pueden ser utilizados para justificar o descalificar determinado sistema político, ya que se trata de derechos individuales de los ciudadanos y de la dignidad humana. Pues bien, desde esta perspectiva es inaceptable todo motivo político que de alguna forma o en alguna fase de desarrollo disculpe la violación de los derechos humanos. Por todo ello, es fundamental que los demócratas se pongan de acuerdo sobre este asunto para que puedan hacer frente común contra cualquier manifestación de extremismo, no sólo de derechas sino también de izquierdas.

Cushnahan
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, acojo con satisfacción la declaración del Consejo de esta mañana y, si bien hago míos los sentimientos expresados por el Presidente, debemos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué están haciendo la UE y sus Estados miembros para dar expresión a esos loables principios? Convengo con el Sr. Martinez cuando ha subrayado la importancia de que se brinde protección y apoyo adecuados a las víctimas. Sin embargo, también debemos adoptar medidas para velar por que en el futuro haya menos víctimas. La única forma segura de lograrlo es la de enviar un mensaje claro a los culpables de crímenes contra la Humanidad de que pagarán sus pérfidas acciones ante la Justicia.
Los tribunales en los que se está juzgando actualmente a los culpables de atrocidades en los Balcanes envían un mensaje claro. Además, el caso Pinochet en el Reino Unido aunque ha acabado en cierto modo en un fiasco, ha tenido aspectos positivos. La innovadora resolución de la Cámara de los Lores ilustra una forma como los países interesados pueden demostrar a los que cometen crímenes contra la Humanidad que no habrá escondrijo para ellos.
Por digna de beneplácito que sea esa evolución, hay que hacer más. Se debe continuar por esa vía y la creación de un Tribunal Penal Internacional fue un importante avance en la esfera de los derechos humanos. Sin embargo, simbolizará poco más que una declaración de trivialidades y retórica vacía, si no entra en vigor su Estatuto. Para ello, hace falta la ratificación por parte de sesenta Estados miembros lamento decir que y de los siete que lo han hecho sólo uno es de la UE, a saber, Italia.
Quisiera decir al Consejo y a la Presidencia esta mañana lo siguiente: si quieren velar por que quienes cometan violaciones del derecho humanitario comparezcan ante la Justicia, si quieren enviar un mensaje claro, si quieren impedir que haya más víctimas en el futuro, deben utilizar su Presidencia para iniciar una campaña al menos entre los Estados miembros de la UE para que ratifiquen el Estatuto de Roma. Deben ejercer toda la influencia que tengan en el mundo a fin de alcanzar esa meta mágica de sesenta para que el estatuto del Tribunal Penal Internacional entre en vigor.

Nielson
. (DA) Señor Presidente, me adhiero plenamente a la declaración del Consejo relativa a la enorme importancia que las Convenciones de Ginebra han tenido en el desarrollo de la legislación humanitaria. También estoy de acuerdo en que las convenciones son hoy igual de necesarias como lo eran hace cincuenta años. Permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar todo mi reconocimiento hacia la gran labor humanitaria que la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones humanitarias desempeñan, tanto a la hora de difundir los principios humanitarios recogidos en las Convenciones de Ginebra como a la hora de prestar ayuda a las víctimas de la guerra en todo el mundo. En mi opinión, hoy hay dos problemas vinculados a las Convenciones de Ginebra. En primer lugar, media un abismo entre los principios y el cumplimiento que de éstos se hace y en segundo lugar, hay condiciones fundamentales que no están cubiertas por las Convenciones. Permítanme ilustrar este abismo cada vez mayor entre los principios incluidos en las Convenciones y el cumplimiento que de ellos se hace actualmente mencionando que a lo largo de la última década han muerto asesinados en conflictos diez veces más civiles que militares. Es poco más o menos la situación opuesta a la registrada durante la Primera Guerra Mundial. Este abismo cada vez más mayor entre los principios y su cumplimiento obedece en mi opinión a que el carácter de las guerras ha variado en los últimos cincuenta años. Cada vez más guerras se llevan a cabo en condiciones de anarquía en las que no existen estructuras estables y en las que las zonas en conflicto no están controladas por ningún gobierno.
El mundo también ha sido testigo de cómo aumentaba el número de guerras donde las armas han sido dirigidas conscientemente contra la población civil y donde el objetivo de la guerra ha sido la aniquilación de determinados grupos sociales. En estas situaciones, la ayuda humanitaria a las víctimas naturalmente no es bien recibida, lo cual deja al mundo ante un terrible dilema. El segundo problema es que las Convenciones de Ginebra no tratan suficientemente la cuestión de la actuación de los agentes humanitarios. Aunque las Convenciones de Ginebra contienen disposiciones relativas al derecho a prestar ayuda humanitaria en situaciones de guerra, también queda establecido que este derecho exige el consentimiento del gobierno del país afectado. Éste es sobre todo el caso cuando se trata de conflictos internos. El principio de acceso humanitario o el derecho de la sociedad internacional a prestar ayuda y proteger a los necesitados si un estado es incapaz de -o es reacio a- hacerlo él mismo, no se aplica por tanto universalmente. Esto supone una grave violación del principio humanitario y en algunos casos es una falta funesta que es culpable de muchas víctimas de la guerra. Precisamente la cuestión de facilitar un acceso normal a las organizaciones humanitarias fue el punto fundamental de mi visita a la zona de Chechenia a comienzos de febrero.
En mi opinión, hoy una cuestión importante es dilucidar en qué medida las circunstancias exigen una revisión de las Convenciones de Ginebra y de qué forma. Creo que tenemos dos posibilidades de elección que no son mutuamente excluyentes. La primera es modificar las Convenciones, de modo que puedan resolver mejor las complejas crisis que se producen en la época actual, por ejemplo, estableciendo el derecho a prestar ayudar humanitaria a los necesitados. La segunda posibilidad es garantizar el cumplimiento de hecho de los principios humanitarios establecidos en las Convenciones de Ginebra, por ejemplo, mejorando los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. La primera posibilidad, replantearse el contenido de las Convenciones para rellenar todos sus huecos, es una posibilidad complicada y arriesgada. Complicada, porque la guerra cambia su cariz constantemente, y arriesgada porque no puede excluirse que la apertura de las Convenciones a nuevas negociaciones pueda conducir a que no se alcance ningún nuevo consenso. Sin embargo, permítanme decirlo claramente, respaldo con todo mi corazón que quede establecido el principio de acceso humanitario en todas las situaciones y que se refuerce el derecho de los necesitados a recibir ayuda humanitaria. En lo que respecta a la segunda posibilidad, garantizar un mejor cumplimiento de los principios existentes, creo que el enjuiciamiento de los infractores es una de las posibilidades más prometedoras que deben seguirse. El compromiso de los estados a la hora de procesar a los criminales de guerra quedó establecido en las Convenciones de Ginebra, sin embargo, es evidente que no resulta suficiente. De ahí que me adhiera de todo corazón a la exigencia para que se ratifique rápidamente el estatuto del TPI, el Tribunal Penal Internacional. Algo que también se ha mencionado durante el debate de hoy. Quiero en nombre de la Comisión insistir en la necesidad de que trabajemos juntos en la solución de esta tarea y logremos convertirla en una realidad judicial.

El Presidente
Muchas gracias, señor Nielson.
He recibido 4 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

Derechos humanos, racismo, xenofobia y antisemitismo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
el informe anual (A5-0060/2000) de la Sra. Malmström, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre los derechos humanos en el mundo y sobre la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos (11350/1999 - C5-0265/1999 - 1999/2002(INI));
el informe anual (A5-0050/2000) del Sr. Haarder, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1998-1999) (11350/1999 - C5-0265/1999 - 1999/2001(INI));
el informe (A5-0049/2000) de la Sra. Ludford, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión Europea (COM(1999) 268 C5-0310/1999 + C5-0015/2000 -1999/2205(COS));
el informe (A5-0055/2000) del Sr. Belder, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión: "Lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los países candidatos" (COM(1999) 256 C5-0094/1999 -1999/2099(COS)).

Malmström
. (SV) Señor Presidente, han pasado cincuenta años desde la Declaración de los Derechos Humanos. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, muchos sintieron el anhelo de un mundo mejor y de un futuro más humano. Desgraciadamente, esos deseos, en muchos aspectos, se han visto frustrados. Una gran parte de los habitantes del planeta vive todavía oprimida, privados de muchos de sus derechos fundamentales. Leemos diariamente informes acerca de graves atropellos por motivos de sexo, religión, origen, ideas políticas, preferencias sexuales, etcétera.
La Comunidad Europea se formó para impedir la repetición de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La CE no sólo ha llegado a ser una asociación económica sino que también una comunidad de valores, que se fundamenta en el respeto a los derechos humanos. El trabajo internacional y la política exterior descansan sobre este fundamento. El Parlamento Europeo siempre ha considerado la defensa de esos derechos como una de sus tareas más importantes. Con los años, este trabajo ha llegado a ser aún más relevante. Nadie puede negar, por ejemplo, el interés existente en esta Asamblea.
La UE tiene, en muchos aspectos, una buena política en materia de derechos humanos, pero, desgraciadamente, es demasiado "desordenada" e incongruente. Por eso, la UE necesita urgentemente una política coordinada, estratégica y consecuente en esta materia. Un buen primer paso fue el informe del Consejo de octubre del año pasado. El Parlamento estaba esperando este informe desde hacía muchos años, y confiamos en que se repita en el futuro. Es importante, pero contiene muchas deficiencias y hay que completarlo. Creo que una de esas deficiencias está unida a impedimentos estructurales y a la falta de una estrategia común en el ámbito comunitario en materia de derechos humanos. Se necesita más coordinación, no sólo entre las instituciones comunitarias sino que también entre la UE y los países miembros.
Los derechos humanos deben integrarse de manera natural en las actividades de la UE: en las ayudas al desarrollo, en el comercio y en la cooperación económica, cultural y política. Se necesita una política consecuente, que tenga credibilidad y que sea previsible. La UE tiene que tener una sola voz y emitir señales inequívocas a los países que atropellan los derechos humanos. No deben existir dudas acerca de la postura de la UE. Algunos derechos fundamentales son universales. Su violación, por tanto, jamás podrá excusarse con referencias a la religión, la cultura o las tradiciones. Las violaciones graves, aquellas especificadas en las convenciones internacionales, no pueden, ni deben, considerarse como asuntos internos de un país. Por eso quiero instar al Consejo para que estudie una estrategia encaminada a mejorar el trabajo, a hacerlo más riguroso y, espero, más exitoso. Algunas propuestas que podrían incluirse en esta estrategia son, por ejemplo, que el Consejo desarrolle indicadores propios sobre el estado de los derechos humanos, para ser usados en relación con los acuerdos comerciales. Esas cláusulas pueden usarse constructivamente, pero habrá que precisar su aplicación, su puesta en práctica y las sanciones.
Además, podemos crear un grupo de consejeros con representantes de las instituciones comunitarias. Éstos podrían reunirse periódicamente para discutir la defensa de los derechos humanos a corto y largo plazo. También deberían participar expertos de las delegaciones de la UE en terceros países. Tenemos que trabajar más sistemáticamente en la recogida de datos, de información, de material de referencia y en las evaluaciones. Además, necesitamos una página web en la que se presente el trabajo relacionado con los derechos humanos, por ejemplo, quién hace qué y los resultados obtenidos. Esta página, además, puede tener conexiones con diferentes organizaciones.
También quisiera decir algunas palabras sobre los derechos de la mujer, asunto que he elegido como tema especial en este informe. La Comisión denominó al año 1999 como el Año de la Lucha contra la Violencia sobre las Mujeres. La iniciativa fue loable, pero la campaña fue más bien discreta. Se necesita un esfuerzo a largo plazo, no campañas temporales. En todo el mundo se violan sistemáticamente los derechos de la mujer. Nos llegan informes de violencia en el hogar, de violaciones, de violencia ritual y de atropellos en las cárceles. Durante la década pasada se practicó sistemáticamente la violación como acto de guerra en muchos conflictos armados. Esto podría ser conocido por el Tribunal Penal Internacional. Actualmente, la violación es el delito más común de violencia contra las personas en el mundo.
Desde la ONU nos llegan informes de que cada año mueren más mujeres como consecuencia de la violencia hogareña que la totalidad de las muertes ocasionadas por accidentes de circulación, malaria, guerras y cáncer. El comercio con mujeres y niños crece de forma alarmante. En algunos países, los gobiernos ponen en práctica verdaderas políticas de segregación contra las mujeres. Cada día, miles de muchachas sufren la ablación de sus genitales
La violencia ejercida contra las mujeres es un problema global que debe tener un lugar preferente en la agenda internacional y un papel protagonista en la política comunitaria, especialmente en las relaciones con los países en que se cometen atropellos. Esta materia debe estar presente en las relaciones diplomáticas y en las negociaciones con los países candidatos.
Los países de la UE deben ratificar tan pronto como sea posible el protocolo del Tribunal Penal Internacional, para que pueda empezar a trabajar. La UE puede desempeñar un importante papel a la hora de instar a los países para que ratifiquen diferentes convenciones internacionales que protegen los derechos humanos.
Permítanme terminar diciendo que de los informes que se discutirán a continuación se deduce que también en el seno de la UE se atenta contra los derechos humanos. Es obvio que tenemos que hacer algo para impedirlo. Si queremos tener credibilidad en el terreno interno, también nuestra política externa tendrá que ser adecuada.

Haarder
Señor Presidente, los derechos humanos no son algo que nos hayamos sacado de la manga ni que hayamos buscado en los programas políticos. Son universales, es decir, son comunes independientemente del país o del partido. No tratan de opiniones, sino de acciones, protegen frente a las agresiones y a la discriminación. Deben ser claros y comprensibles, no estar compuestos de meras palabras que se lleva el viento. Debemos pisar sobre una base firme cuando hablamos de derechos humanos, de ahí la obligación de basarnos especialmente en las Convenciones a las que los países se han adherido y en la práctica jurídica que el Tribunal de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha desarrollado de forma tan exquisita desde la Segunda Guerra Mundial. La UE no debe rehacerlo o volver a inventarlo. En su lugar, la UE debe tener estatuto de persona jurídica y adherirse a las Convenciones sobre Derechos Humanos y con ello garantizar el cumplimiento de los derehos humanos, también allí donde la UE decide.
La práctica jurídica a la que se ha hecho mención no es estática. Afortunadamente, evoluciona todo el tiempo, véase por ejemplo la última sentencia sobre equiparación de los homosexuales que ha hecho modificar a Gran Bretaña su legislación y es de esperar que pronto pase lo mismo en Austria. Espero que pronto también haya una sentencia que garantice no sólo el derecho de los ciudadanos a formar sindicatos sino también su derecho a estar exentos de pertenecer a ellos. También las Convenciones reciben constantemente nuevos añadidos. Hemos obtenido Convenciones sobre bioética, protección de los datos personales y la vida privada, sin embargo, hoy quiero llamar la atención sobre dos nuevas convenciones de 1995 y 1998 relativas a las Minorías Nacionales. Creo que Bosnia y Kosovo nos han enseñado a todos nosotros que las minorías nacionales constituyen el mayor polvorín para la Europa del futuro. Hemos de exigir a los nuevos países miembros y a Turquía que si quieren formar parte de la Comunidad garanticen que las minorías nacionales puedan vivir en paz y con la lengua que han hablado siempre en su territorio. Los nuevos países no sólo deben cumplir esta exigencia ahora, también deben garantizar que lo harán en el futuro y en consecuencia deben firmar y ratificarlas como también les gustaría hacer si no lo han hecho ya. Y así también han de hacerlo nuestros países miembros. Roguemos por ello encarecidamente a los países que no han ratificado estas Convenciones sobre las Minorías Nacionales para que lo hagan ahora. Tras cinco años, dos países todavía no han firmado la Convención sobre Protección de las Minorías Nacionales, se trata de Bélgica y Francia que luego por otro lado muestran tanto interés en la situación existente en otros países. Creo que deberían poner en orden las cosas en sus propios países y firmar estas Convenciones.
Lo que les exigimos a otros también hemos de exigírnoslo a nosotros mismos. Hemos de decirles a los quince gobiernos: vuelvan a casa y firmen y ratifiquen las Convenciones. Recuerden también el pacto sobre lenguas minoritarias y lenguas regionales y recuerden el Convenio sobre el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra que sólo Italia ha ratificado. Hemos de ratificarlo todos, pues la única forma de luchar contra el círculo perverso de odio y de la justicia tomada por cada uno es llevando a los criminales de guerra ante el Tribunal y juzgándolos. También quiero mencionar la Convención contra la Tortura que Irlanda no ha ratificado y que ni Bélgica, Irlanda o Gran Bretaña han reconocido todavía que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas puede tramitar reclamaciones de individuos. Podría hablar largo y tendido sobre la situación de los solicitantes de asilo en nuestros países miembros. Si sólo la mitad de lo que aparece en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch es cierta, la situación es insostenible en lo que respecta al trato de los solicitantes de asilo. Podría mencionar también la cuestión de los derechos de los niños que es también un grave problema en algunos de los países solicitantes. Podría mencionar la discriminación continua que sufren los disminuidos y me gustaría insistir al hilo de la intervención de la Sra. Cecilia Malmström en que cuando se trata de la equiparación de las mujeres, seguimos teniendo carencias, también en los países miembros de la Unión. Por último, quiero decir que quizá vayamos a tener ciertos nuevos instrumentos con los que vigilar la situación de los derechos humanos y que cuando se trata de las minorías nacionales, quizá fuera buena idea que vigiláramos en contacto con el centro de vigilancia del racismo de Viena el trato que reciben las minorías nacionales, también me gustaría mencionar mi propuesta de una instancia de vigilancia encargada de la protección de los datos personales y la vida privada. La tecnología evoluciona y por tanto así también han de hacerlo nuestros instrumentos en materia de derechos humanos.

Ludford
Señor Presidente, este informe se basa en una excelente labor previa llevada a cabo en el Parlamento Europeo y otras instituciones de la UE. Su punto de partida es el Año Europeo contra el Racismo 1997, pero el marco ha variado en gran medida. Acojo con el mayor beneplácito la colocación de la lucha contra la discriminación racial firmemente en un marco de derechos humanos al incluirla en este debate conjunto, porque ése es en gran medida el planteamiento adoptado en este informe.
El primer asunto destacado es el de que en el último año hemos establecido dos hechos en la legislación y en la práctica. El primero es la competencia jurídica de la Unión Europea para luchar contra el racismo. El segundo es el de que la discriminación racial es una violación de un derecho fundamental y de la legislación de la Unión Europea. Así se refleja en la confirmación mediante el proceso de adhesión, muy en particular en la comunicación de la Comisión sobre la cual versa el informe del Sr. Belder -y lo felicito al respecto- y según la cual el respeto de la igualdad racial y de los derechos de las minorías está en consonancia con los criterios de Copenhague. Permítaseme decir simplemente, como acotación al margen, que las enmiendas del Grupo ELDR al informe del Sr. Belder no están reñidas con su informe, sino que lo amplifican y fueron presentadas porque, lamentablemente, no se votó sobre la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores
El segundo asunto subrayado en mi informe es el de acoger con satisfacción la diversidad como fuente de vitalidad social, prosperidad económica e influencia internacional. La identidad europea no es la de una cultura blanca homogénea y se puede y se debe ampliar para abarcar la experiencia y la cultura de las comunidades minoritarias.
En tercer lugar, en mi informe se observa que el prejuicio y la discriminación raciales envenenan toda nuestra sociedad, incluidos los blancos. Las encuestas muestran que el racismo ha aumentado y hay un incremento de la violencia racista y del apoyo a los partidos extremistas. Por otra parte, también hay avances, por desiguales que sean, y algunas regiones y ciudades de Europa están empezando a habituarse a una forma de vida multirracial y multicultural. Puedo citar Londres, a la que represento, como la capital multirracial de Europa. Desde luego, creo que debemos hablar mucho del racismo y la diversidad y la identidad, no marginar las cuestiones ni hablar en clave. Puede que haya quienes consideren rotundo el lenguaje de mi informe y, desde luego, mi intención ha sido la de que fuera claro y sin ambigüedades. En este informe se subraya un planteamiento basado en los derechos y en particular se acoge con beneplácito la perspectiva de la legislación antidiscriminación de la UE basada en el artículo 13 y otras medidas legales, tales como una mejora de los derechos de los ciudadanos. Pero eso no puede ser el punto y final, por lo que se han propuesto medidas en las esferas de la educación, los medios de comunicación y la política, la justicia y el orden público, la política de inmigración y de asilo, encaminadas a contribuir a la aplicación de la legislación.
Permítaseme abordar tres aspectos que, según tengo entendido, plantearon problemas a algunos miembros del Grupo PPE-DE. El primero es la mención de Austria y la entrada del partido de Haider en el Gobierno y el recuerdo de la declaración formulada por el Parlamento en febrero. He de decir que sería perverso examinar la reacción más firme de la Unión Europea ante el racismo sin mencionar ciertos acontecimientos recientes que han constituido un hito a la hora de dejar sentado que la Unión Europea es una comunidad de valores basada en el respeto de los derechos humanos. El segundo aspecto sobre el que hubo, al parecer, vacilaciones en el Grupo PPE-DE se refiere a la ampliación de los derechos de los ciudadanos de terceros países con residencia legal, cuyo número asciende a unos 20 millones en la Unión. Tal como yo lo veo, nada hay en este informe que el PPE no haya podido aceptar en el pasado. El tercer aspecto que, según tengo entendido, plantea alguna dificultad al Grupo PPE-DE es la idea de que este informe viola la subsidiariedad al mencionar asuntos como la educación y el orden público. Pero, como he dicho al comienzo, la combinación de los artículos 6 y 7, del artículo 13 y del artículo 29 de los Tratados han dejado sentado que la lucha contra la discriminación racial es un objetivo y una competencia de la Unión Europea, incluida la esfera del orden público.
Puedo aceptar algunas enmiendas del Grupo PPE-DE, si bien tal vez sea una lástima que no hicieran más aportaciones en la fase de examen en comisión. Permítaseme pedir a los diputados de ese Grupo que aborden en explicaciones de voto los aspectos con los que no concuerdan. Creo que este informe logrará un apoyo mayoritario aquí, en el Pleno. Lo aprobó una gran mayoría en comisión y algunos de los partidarios de los conservadores y los demócratas cristianos podrían no apreciar que no formaran parte de esa mayoría.
Permítaseme decir, por último, que puedo aceptar algunas enmiendas del Grupo de los Verdes y del Grupo GUE, en particular una que acojo con beneplácito, en el sentido de substituir el término "holocausto" por "Shoah" . Existe cierta confusión en el Grupo GUE sobre el objeto de la vigilancia étnica, que consiste simplemente en la confección de estadísticas sobre los avances logrados por las minorías étnicas para que sirvan de base con vistas a la política futura. No es el de identificar a quienes practican la discriminación, por lo que espero que entiendan que voy a rechazar sus enmiendas al respecto.
Espero encarecidamente que el informe consiga una gran mayoría, cuando se vote más adelante.

Belder
. (NL) Señor Presidente, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo son totalmente incompatibles con los fundamentos políticos de la Unión Europea. Permítame que añada algo a continuación. Estos lamentables y tristes fenómenos humanos están, además, completamente en contra de la Biblia. La palabra de Dios menciona repetidamente y con énfasis la necesidad dar albergue y ser misericorde con el extranjero y profesar, de verdad, amor al prójimo como consecuencia del amor profesado a Dios, nuestro Creador.
Entre tanto, la realidad de todos los días es decepcionante. El racismo, la xenofobia y el antisemitismo son reales en Europa Oriental y Occidental. Esta situación no puede dar lugar a difamaciones o reproches mutuos que paralicen la situación. Al contrario, un peligro social común necesita de un esfuerzo político común.
De ahí la oportunidad de la comunicación de la Comisión de mayo del año pasado y el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores que está ante nosotros. El informe y el dictamen evidencian que el Parlamento Europeo concede una gran importancia a la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los estados candidatos. Esta atención concreta exige, a su vez, un autoanálisis. El informe de la Sra. Ludford da fe de ello. Las normas morales de la Unión Europea respecto de los candidatos se aplican, al fin y al cabo, a los propios Estados miembros.
Estos últimos no se ven libres, de ninguna manera, de manifestaciones racistas, xenófobas y antisemitas. Aún más grave, los movimientos de ultraderecha de Europa Occidental buscan contactar con sus correligionarios en Europa Central y Oriental y avivar allí esta llama siniestra. Llama que ya fue prendida por los servicios secretos de los antiguos regímenes comunistas. De ahí que salten a la vista los graves problemas de los romaníes en Europa Central y Oriental y ello desde una doble perspectiva. Cuantitativamente, ya que se trata de bastantes millones de personas, y cualitativamente, puesto que está en juego la desolada existencia de este grupo de población tan diferenciado.
Con esto, tan sólo hemos tocado fugazmente, por otra parte, la complejidad de la cuestión de los romaníes. Por ejemplo, ¿cómo combinar la ruptura del aislamiento social y la prácticamente discriminación general a que se ven sometidos los romaníes con la preservación de su identidad? ¿Cómo lograr que los propios romaníes se movilicen para participar en la sociedad y fomentar el necesario cambio de mentalidad?
Para nuestra satisfacción, escuchamos tales preguntas de forma oficial y oficiosa en los estados candidatos. El resultado se traduce en iniciativas y proyectos internos bien razonados y esperanzadores. Sí exigen éstos un extraordinario desembolso de dinero. En resumidas cuentas, un llamamiento directo a la solidaridad de los miembros de la UE hacia sus futuros compañeros. O, ¿acaso surte efecto la crítica aguda del científico occidental hacia la Unión Europea en cuanto al rechazo de los romaníes solicitantes de asilo? Cito: "por una parte, se pone en la picota a los países de Europa Central y Oriental por su política de discriminación estructural y, por otra, la mayoría de los países de la UE expulsan colectivamente a los romaníes en tanto solicitantes de asilo económico" .
En la triada racismo, xenofobia y antisemitismo en los estados aspirantes, no puede faltar desgraciadamente este último. Tras el holocausto, tras los deliberados asesinatos en masa de millones de judíos europeos, no desapareció ni ha desaparecido el antisemitismo de Europa Central y Oriental. La extrema izquierda y la extrema derecha no abandonan esta política detestable y dañina como medio de lucha.
En efecto, el antisemitismo parece no depender, en forma alguna, de la presencia numérica de judíos. Así, los demagogos muestran predilección por el presunto origen judío de sus odiados rivales políticos. Así se reimprimen una y otra vez en toda la región los protocolos notoriamente antisemitas de los Sabios de Sión, esta falsificación del servicio secreto del zar de 1897 sobre la conquista de la supremacía mundial por el poder judío en toda la región. Más increíble aún, resultan las ideas intrigantes del conspirador ultranacionalista, conforme a las cuales los llamados enemigos tradicionales, léase, las minorías nacionales de varios estados candidatos, se relacionan sistemáticamente con los judíos. Dentro de esta óptica, resulta que los judíos y los húngaros son para Rumania los traidores de su patria. Lo mismo sucede con los judíos y los alemanes, respectivamente judíos y checos para Eslovaquia, de la misma forma que judíos y alemanes en Polonia, y judíos y turcos en el caso de Bulgaria.
El párrafo 32 del proyecto de resolución debe analizarse desde esta tétrica perspectiva. El Parlamento Europeo insta a una vigilancia política y social constante a ese respecto y a una persecución constitucional más estricta de las incesantes manifestaciones de antisemitismo en los distintos estados candidatos, también teniendo en cuenta la relativa amplia diseminación de sentimientos e ideas antisemitas que continúan latentes.
El informe que está ante ustedes se presenta de esta forma gracias a la discusión profundamente fructífera acontecida en la Comisión de Asuntos Exteriores, sin olvidar los dictámenes de los ponentes de otras comisiones. Las enmiendas se han sopesado cuidadosamente en la Comisión de Asuntos Exteriores. Se han aceptado muchas. Solamente estamos en condiciones de apoyar algunas partes de las enmiendas nuevamente presentadas, a fin de, sobre todo, evitar repeticiones. Con todo y con eso, el informe que está ante nosotros pide, en mi opinión un seguimiento regular, el adelanto de su reevaluación. El cumplimiento de este deseo satisfará a su ponente.

Moraes
Señor Presidente, quisiera acoger con satisfacción la pasión con la que el Sr. Belder ha presentado su informe sobre los romaníes y sobre la situación en la Europa oriental. Los versiones más extremosas del racismo en los extremos de Europa son las que nos inquietan. Cuando se estaba produciendo el debate sobre Austria -que tiene muchos elementos, muchas complejidades-, nos dimos cuenta de que en los extremos de Austria había importantes países candidatos, que, si bien estaban logrando avances en cuanto a aspectos económicos y sociales, representaban un problema real respecto del trato a las minorías. En Eslovaquia, la República Checa y Hungría, había problemas importantes con el trato que reciben los romaníes. Lo que debemos comprender es que, al ampliar Europa, tenemos la importante obligación de velar por que cualquier país que desee adherirse a la Unión Europea reforme también su trato a las minorías y su forma de abordar toda la cuestión de la discriminación racial.
Voy a formular otras dos o tres observaciones muy simples. Lo que revela la situación de los romaníes, lo que revela el informe del Sr. Belder, es que en toda la Unión Europea existe claramente una versión extrema de la discriminación; de lo contrario, no estaríamos debatiendo sobre esta cuestión. Hay muchas preguntas que debemos formular y debatir: ¿hasta qué punto impulsaremos la cuestión del artículo 13? ¿Queremos de verdad protección contra la discriminación racial en toda la Unión Europea? La respuesta es afirmativa. Debemos contar con ella rápidamente y con una legislación exhaustiva. Si paseamos la mirada por las instituciones europeas y por el Parlamento, veremos que hay muy pocos rostros procedentes de minorías étnicas. Esa situación está mejorando, pero, en última instancia, tenemos instituciones que carecen de representación. Lo que ahora debemos abordar es la representación y otras cuestiones similares. La del racismo es una cuestión compleja. Hemos empezado a examinarla adecuadamente, pero nos falta mucho camino por recorrer.

Van Hecke
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Malmström por su muy equilibrado y centrado informe. Del debate que se ha mantenido en la comisión, se deduce que existe un amplio consenso en el Parlamento en cuanto a los principios en materia de derechos humanos, y ante este hecho, no puedo por menos que alegrarme. Así mismo, respaldo la elección de la ponente de entrar ampliamente en la cuestión de los derechos de las mujeres. Este tema es más actual que nunca ante el avance de la sharia en distintas partes del mundo. La situación sigue siendo sumamente preocupante en Afganistán, donde, desde la llegada del Gobierno talibán, las mujeres no pueden salir de casa para ir a trabajar, son golpeadas públicamente por llevar indumentaria vergonzosa y casi no tienen acceso a los cuidados médicos. Según los informes que me han llegado en los últimos días, el número de mujeres intelectuales que se han suicidado se ha incrementado en las últimas semanas de forma dramática.
El ejemplo de Afganistán muestra que la discriminación de las mujeres no constituye un hecho cultural sino político. Afganistán no es, por lo demás, el único país en el que los derechos de la mujer se violan de forma masiva. Millones de mujeres en el mundo son sometidas a la ablación u obligadas a casarse. En muchos países de África, las mujeres no pueden tener propiedades o abrir una cuenta bancaria sin la autorización del marido. Otras prácticas, tales como la poligamia o la herencia de viudas son insostenibles en esta época de SIDA. No es sorprendente que en África más mujeres que hombres se vean afectadas por este virus. Debemos condenar todas las prácticas que conducen a la mutilación o la muerte de las mujeres. Dentro de la Unión Europea, la ablación debe estar penada. No se trata de una tradición o una cultura, es un asunto de derechos humanos elementales. No obstante, las atrocidades que se cometen en el resto de mundo no nos deben impedir ver las atrocidades que tienen lugar en nuestros propios países. La violencia doméstica continúa siendo un gran problema en la Unión Europea. Debemos atrevernos a luchar duramente contra ella. También penalmente. Igualmente grave es el comercio de mujeres y adolescentes para la explotación sexual: 500.000 por año, enviadas tan sólo a Europa Occidental. Un negocio que el PNUD evalúa en siete mil millones de dólares. Es necesario un planteamiento serio y coordinado entre todos los Estados miembros para luchar contra esta vergonzosa forma de comercio humano.
Señor Presidente, este informe constituye una seria señal dirigida al Consejo y a la Comisión. Invito insistentemente a ambas instancias a que hagan algo tangible, concreto y constructivo al respecto. Juzgaremos a ambas instituciones por sus actos, no por sus palabras.

Fava
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera expresar mi aprecio por la propuesta de resolución de la Sra. Malmström. Los derechos humanos son una materia que se presta a fáciles y genéricas afirmaciones de principio y que, con frecuencia, corre el riesgo de tratarse como una cómoda y útil limosna. Por el contrario, en esta resolución se plantea la mutabilidad de los derechos humanos, la necesidad de adaptar continuamente nuestros instrumentos de garantía y nuestras capacidades de indignación ante los riesgos, las emergencias y las necesidades actuales.
Otro mérito de esta resolución es el de considerar, reconsiderar y reafirmar los derechos humanos como un elemento esencial de la identidad de la Unión Europea, una Unión Europea que debe ser una comunidad de valores y en la cual los derechos humanos han de ser el objetivo prioritario de todos nuestros esfuerzos y razonamientos. La Unión Europea o será un lugar de derechos o no será nada: o tendremos la capacidad de reclamar el respeto de los derechos humanos a todos los terceros países con los cuales la Unión Europea mantiene relaciones económicas y políticas o la Europa de los Quince estará condenada a quedarse única y exclusivamente en un convenio económico.
Señor Presidente, quiero subrayar rápidamente dos puntos que parten de la conciencia de que con frecuencia Occidente no es sólo actor, sino también protagonista de las violaciones de los derechos humanos. Por esto, consideramos útil que en esta resolución se haya incluido la solicitud a los Estados de la Unión Europea de promover la condonación de la deuda de los países del Tercer Mundo. Estimamos que el derecho al desarrollo es una prioridad global y una condición ineludible para que las políticas en materia de derechos humanos en esos países sean políticas realmente practicables.
Por una cuestión de pura sensibilidad es necesario asimismo considerar los nuevos derechos violados que los procesos de globalización nos plantean. Pienso en los derechos económicos y sociales, al objeto de evitar un futuro de pocos privilegiados que estarán en paz con sus conciencias, gracias a las llamadas nobles y genéricas luchas contra, por ejemplo, la pena de muerte, y de demasiados excluidos, condenados a muerte por los procesos de exclusión y de marginación económica.
Creo asimismo que hay que prestar especial atención -éste es el objeto de una enmienda que presentaremos mañana en el Pleno- al derecho a la confidencialidad. Somos hombres, mujeres, ciudadanos y no sólo números. Queremos proteger nuestro derecho a resguardar pensamientos, sentimientos, emociones de la injerencia de los Grandes Hermanos que nos hace pensar en el reciente caso Echelon que este Parlamento abordará dentro de poco.
Por último, quiero aprovechar esta ocasión para recordar a sus Señorías que se han recogido más de cien firmas de diputados europeos para apoyar la candidatura de las Madres de la Plaza de Mayo al premio Nobel de la Paz. Es importante no solo desde el punto de vista simbólico, sino también porque reafirma el derecho a la memoria como derecho absolutamente inalienable: nuestro derecho y a la vez nuestro deber a no olvidar. Pedimos a este Parlamento que, por el civismo político que expresa y por los valores de que es portador, ayude a la Humanidad a conservar, en cualquier ocasión, la memoria de toda violencia impune, de todo derecho violado, de la Plaza de Mayo a la Plaza de Tiananmen.

Thors
Señor Presidente, distinguido Comisario, quiero felicitar de la manera más calurosa a los ponentes Malmström y Haarder por estos excelentes, innovadores y sistemáticos informes. Ellos sugieren a la Comisión y al Consejo, y también al Parlamento, muchas ideas sobre actividades para mejorar y garantizar los derechos humanos. Tomemos, por ejemplo, la propuesta de Malmström sobre la existencia de un representante especial para proteger a los activistas de derechos humanos. La permanente vigilancia de los derechos humanos en los países candidatos constituye también una obligación del Parlamento. En realidad, poseemos amplios conocimientos, pero hay que coordinarlos, de modo que éstos sirvan para influir en la ampliación y se favorezca el respeto a los derechos humanos.
También me satisface especialmente que Haarder se haya ocupado de los derechos de las minorías. Éste sería un momento histórico si se aprobase el informe Haarder, que revela el poco respeto existente y los atentados que se cometen contra los derechos de las minorías en el seno de la UE. Es hora de poner fin a las señales ambiguas en esta materia, cuya consecuencia ha sido que exigimos más a los países candidatos que a nosotros mismos. No dudo en decir que la aprobación del informe Haarder será un hecho histórico, no hubiera sido posible hacerlo antes.
Para terminar, quiero destacar una cosa que siento muy profundamente, esto es, el respaldo del informe de Cecilia Malmström al trabajo de la Comisión en favor de los derechos de los niños. La Comisión necesita este apoyo. También tenemos que darle respaldo para destinar recursos presupuestarios al trabajo relacionado con los derechos de los menores. En este campo, creo que hay que cuidar que los niños no se conviertan en un producto comercial. Tampoco se respetan las normas de la Convención de La Haya. En los países candidatos hay enormes y graves problemas en esta materia,.

Wuori
Señor Presidente, tenemos entre nuestras manos un informe sobre los derechos humanos de una calidad excepcional, y estoy hablando concretamente del informe de la Sra. Malmström, que es alentador también porque en su elaboración se ha colaborado estrechamente con organizaciones no-gubernamentales. Sin la participación de la sociedad de los ciudadanos, nos encontraríamos en un atolladero. No podremos respirar, si no recibimos estímulos desde el exterior, desde las raíces.
Este informe contiene numerosas, excelentes y bien pensadas propuestas. Aquí voy a concentrarme sólo en tres de ellas, en cuya elaboración mi propio Grupo ha sido activo. La necesidad de intervenir en los ataques a periodistas independientes, la necesidad de defender a insumisos y a desertores, así como la necesidad de desarrollar sanciones inteligentes, smart sanctions, que no suman en la miseria a amplios grupos de población, sino que estén destinadas a los políticos tiranos que han acumulado riquezas. Ésta es el arma de precisión que debemos usar cada vez más.
En un plano más general, como ya expresó la propia Sra. Malmström, afirmo que debemos impulsar fórmulas estratégicas para afrontar todos estos problemas de los que estamos hablando hoy. Debe tratarse de una estrategia dinámica que se infiltre en todos los planos la realidad cotidiana. No podemos dejar a expensas de unos compromisos retóricos todas esas penurias que deben ser resarcidas. Un escritor finlandés, Samuli Paronen, escribió: " los grandes crímenes necesitan muchos autores, millones de ellos: ¡todos aquéllos que se cruzan de brazos!" .

Sylla
Señor Presidente, estimados colegas, creo que los informes que acabamos de escuchar esta mañana son elocuentes. El racismo y el antisemitismo se han desarrollado en la Unión Europea, y fuera de ella. Lo primero que debemos hacer es no resignarnos y denunciar públicamente la situación.
Por su lucidez, el informe de la Sra. Ludford participa activamente en este combate. Denunciar el racismo, incluyendo los discursos racistas, no es un acto de censura con respecto a la libertad de opinión, tal y como quieren hacernos creer algunos, porque el racismo no es una opinión, sino un delito, dado que atenta contra la dignidad del hombre. El racismo es un comportamiento asocial que llega incluso a afectar a la integridad física de los individuos. Esto lo hemos visto recientemente en El Ejido, en España, o hace varios años, en los atentados contra las viviendas de trabajadores turcos en Rostock, o con la muerte del joven Ibrahim Ali, asesinado en 1995 en Marsella por miembros del Frente nacional que pegaban carteles. En cada uno de estos casos, se ha armado ideológicamente a la gente para que pasara a la acción.
Y además, existe otro racismo, hecho de vejaciones y de humillaciones cotidianas. Se observa en las discriminaciones para el acceso a la vivienda, al ocio, al empleo. Todos ustedes conocen el ejemplo -dado a conocer recientemente por la prensa francesa- del joven de Estrasburgo que envió dos curriculum vitæ rigurosamente idénticos a la misma empresa. En uno de ellos figuraba un nombre con connotaciones extranjeras, y en el otro, un nombre típicamente francés. Les dejo adivinar cuál de los dos "candidatos" fue citado para una entrevista ...
Tampoco podemos contentarnos hoy con defender a los que han sido catalogados con la etiqueta de "minoría" ; debemos salir de este otro ghetto. No hay ninguna minoría que proteger, sino una ciudadanía europea que construir, que tiene valores comunes, una mayoría para un destino común, una mayoría para construir una sociedad dónde todos podamos realizarnos, una mayoría para rechazar toda veleidad que nos lleve a sucumbir ante la barbarie.
A lo largo de su historia, Europa ha sido capaz tanto de lo mejor, como de lo peor. Lo mejor, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra, y lo peor, el colonialismo, la shoah, el estalinismo, el nazismo. Debemos enseñar todo esto a nuestros niños. Debemos definitivamente optar por lo que refuerza a Europa y rechazar lo que la debilita, enviando al mismo tiempo un mensaje claro sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Lo digo sin ambages: los que piensan que puede ser conveniente aliarse con los extremistas para ganar unas elecciones, serán barridos y arrojados para siempre a la papelera de la Historia, porque aliarse con un Haider o con un Le Pen, es como comer con el diablo: hay que tener una cuchara larga, y para comer con ésos, la cuchara nunca será suficientemente larga. Y quiero recordarles, a los que proclaman una concepción étnica de la nación, lo que decía Clémenceau: "El patriotismo es el amor hacia tu país, el nacionalismo, el odio hacia los demás" . Decididamente, han tomado partido.
Ahora, todo esto debe traducirse en medidas concretas, en medidas legislativas. Hay que armonizar la legislación contra el racismo y darle un sentido a las palabras. La igualdad de oportunidades consiste en permitir que todos los niños nacidos en suelo europeo puedan acceder a la ciudadanía europea, y que puedan disfrutar del derecho de suelo desde su nacimiento. La igualdad de derechos consiste en acceder al derecho al voto, luchar contra todas las formas de discriminación, ya sean espaciales, geográficas, sociales o raciales. De este modo podremos aportar por fin una respuesta sólida en cuanto a los valores por los que combatimos.

Speroni
Señor Presidente, como subrayé ayer, me parece importante que el tema de los derechos humanos se aborde en esta tierra francesa que es un poco la cuna, junto con América del Norte, de estas afirmaciones de principio. Sin embargo, me parece que a veces no se recuerdan exactamente cuáles son estos derechos y que se incluyen o se quieren incluir derechos no contemplados en los Convenios, en los Tratados internacionales. Por ejemplo, no existe el derecho a la inmigración. Por supuesto, para el inmigrante, para quien viene desde fuera de la Unión, existe el derecho a gozar de sus derechos, pero el hecho de imponer límites, de imponer controles a la inmigración no puede catalogarse como racismo, no puede catalogarse como xenofobia, precisamente porque el derecho a inmigrar no esta contemplado en ningún texto. Por otra parte, es impensable una inmigración totalmente descontrolada, si por más no fuera por razones numéricas y territoriales. Además, junto con los derechos, a veces, se deberían recordar también los deberes.
Se ha hablado, por hacer un ejemplo, de los gitanos. No cabe duda de que los gitanos tienen sus derechos y no deben discriminarse, sin embargo, muchos de ellos - no digo la mayoría, sino muchos, como muestran las estadísticas - no viven legalmente. Muchos de ellos viven explotando a sus mujeres y explotando sobre todo a sus niños. Es fácil ver a niños maltratados, desaliñados a propósito para suscitar la piedad de los transeúntes y para conseguir una limosna. Lamentable y frecuentemente, las autoridades hacen la vista gorda, del mismo modo que hacen la vista gorda ante otras actividades ilegales de ciertas personas que muy difícilmente demuestran que pagan impuestos y que están integradas plenamente en nuestra sociedad.
Por otra parte, dentro de nuestras sociedades parece que existen zonas francas para algunas violaciones de los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a ciertas prácticas de mutilación sexual que tienen lugar muy a menudo y que no se reprimen adecuadamente.
Ahora bien, es justo que el inmigrante tenga sus derechos, pero es justo que respete las reglas de los países en los que se encuentra, porque no hay que olvidar que la civilización europea -civilización cristiana, civilización ilustrada- tiene sus raíces y no acepta que se las arranquen, a pesar de que es hospitalaria, a pesar de que está abierta a otras culturas. Hemos de evitar convertirnos en minorías y ser discriminados nosotros mismos en nuestra Europa.

Blokland
Señor Presidente, el informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la UE en 1998 y 1999 supera bastante sus propios límites. Se presta una atención desmesurada a la ampliación de las competencias europeas en el ámbito de los derechos humanos, hecho en el que, evidentemente, se ponen muchas esperanzas. La política de asilo se detalla mucho, así como el apartado "modos de vida y modalidades de relación" . Se presta una atención desproporcionada a los derechos de los homosexuales y se imponen todo tipo de requisitos a los Estados miembros. Curiosamente, se hace un silencio escandaloso cuando se trata de los derechos de los verdaderamente más débiles: ancianos, bebés y minusválidos ¿Cuál es su derecho a la vida? ¿Dónde está la protección de la familia?
En resumidas cuentas, un informe bienintencionado, que, sin embargo, parece centrarse en un planteamiento individualista de la persona y de la sociedad, y que no hace suficiente hincapié en la protección de la dignidad de la vida en sí misma.
El racismo, la xenofobia y el antisemitismo deben ser combatidos enérgicamente. Estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento que se recoge en el informe Ludford. No obstante, contrariamente a lo que figura en el informe, el planteamiento limitado de la sociedad multicultural como "fuente de vitalidad social" no constituye una solución para evitar el racismo y la xenofobia. Esa idea manifiesta una cierta ingenuidad intelectual. Los Países Bajos siguieron una política similar en años pasados, dirigida al logro de una sociedad multicultural. No ha tenido éxito, esto se constata por el hecho de que ahora se habla del "drama multicultural" . Muchos inmigrantes han quedado atrapados en un estrato social bajo por el desarrollo de esta política, con todas las consecuencias que ello conlleva.
En lugar de relativizar la propia cultura, una toma de conciencia buena y positiva, tanto de sus aspectos positivos como negativos, puede conducir a una mejor convivencia con los demás y a una aceptación de las diferencias culturales de ambas partes.
Por último, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo se dan, desgraciadamente, en todo tiempo y lugar. A este respecto, adoptemos sinceramente el secular mandamiento bíblico "ama a tu prójimo como a ti mismo" .

Hager
Señor Presidente, como la condena preventiva de Austria por parte de los catorce Estados miembros me dejó perplejo, acojo con satisfacción el informe HAARDER, puesto que en comparación con otros Estados miembros la situación de los derechos humanos en Austria sale muy bien parada. No esperaba menos de este país situado en el corazón de Europa. Todo ello confirma mi opinión de que las acciones emprendidas por los Catorce carecen de fundamento objetivo, señor Schulz.
El informe critica entre otras cosas que Austria no haya aún ratificado la Carta Europea de las lenguas minoritarias de 1998. Pues bien, quisiera subrayar que la ratificación de esta Carta de las lenguas minoritarias constituye precisamente uno de los puntos del programa de gobierno. La coalición se ha comprometido a someter la Carta al Consejo Nacional a más tardar en enero del 2001. De este modo, ese Gobierno que ha sido objeto de críticas tan virulentas continúa puliendo la imagen ya de por sí excelente de que goza Austria en materia de derechos humanos.
(Aplausos de la derecha)

Cornillet
Señor Presidente, en calidad de ponente ficticio del Grupo PPE, intervengo en relación al informe sobre los derechos humanos que será sometido a votación en nuestra Asamblea, con el simple objetivo de recordar cuáles son los principios del Grupo, y cuál ha sido el análisis que sobre este punto hemos realizado.
Tenemos varios principios simples.
El primero es el de no haber querido ir más allá del marco temporal de este informe, que se refiere a los años 1998 y 1999, evitando de este modo las observaciones coyunturales derivadas de la política actual.
El segundo consiste en evitar, en la medida de lo posible, que este informe sea un saco destinado a albergar objetivos, deseos piadosos o peticiones de principio, que de hecho no serían derechos justiciables, es decir, concretos, verificables y de efectivo ejercicio en los países de la Unión.
El tercer hilo conductor de nuestra actitud refleja las convicciones de siempre del Grupo PPE, es decir, que si no pensamos ser menos generosos ni menos abiertos a los demás que otros Grupos, tampoco deseamos menos que ellos que se recojan derechos realmente justiciables, lo cual nos ha conducido algunas veces a votar en contra de un cierto número de derechos, que estimamos por otra parte totalmente legítimos y dignos de ser apoyados, pero que no tienen cabida en un informe sobre el estado de los derechos humanos en la Unión.
Hemos deseado igualmente evitar, en la medida de lo posible, que cierto países fueran mencionados o que se les sacara a relucir, dado que el informe sobre los derechos de este año no contiene un análisis sistemático país por país.
Por añadidura, siempre hemos querido situar esto en el marco de la subsidiariedad, recordando que corresponde a los Estados miembros poner en práctica la protección de los derechos humanos, y a las jurisdicciones nacionales sancionar los eventuales excesos que se cometan.
Finalmente, deseamos que el informe del año próximo tenga en cuenta la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales, para que podamos disponer a partir del año que viene de un informe fiel a la realidad, y que permita, gracias a la paralela elaboración de la Carta, proceder a un análisis país por país, derecho por derecho. Esperamos que el próximo informe que sea sometido a votación sea aguardado con más temor aún, y que demuestre claramente todo el interés que nuestra Unión tiene por los derechos humanos dentro de nuestra comunidad territorial.

Titley
Señor Presidente, en este gran debate sobre los derechos humanos resulta sorprendente con qué poca frecuencia vemos mencionados a los niños: las personas que menos pueden protegerse en relación con los derechos humanos. En realidad, los niños están invisibles en los Tratados de la UE. Los animales tienen derechos; los niños, no. Sin embargo, los niños se ven afectados por las leyes que la UE aprueba y por el Mercado Único. La revolución electrónica parece haber brindado mayor libertad a los explotadores, los pedófilos y los pornógrafos que a los industriales.
En un siglo XXI en el que nos consideramos civilizados, sigue existiendo un tráfico de esclavos en el que se compran y se venden niños para su explotación sexual en todo el mundo. Tenemos problemas en los países candidatos. Tenemos un escándalo en este momento en Letonia, que, según cuentan, llega hasta el corazón mismo del Gobierno. Tenemos imágenes en nuestros televisores casi todos los días de niños soldados que combaten en conflictos de todo el mundo. Y, naturalmente, tenemos las tan conocidas historias del trabajo infantil.
Tenemos que adoptar medidas más duras. Tenemos que colocar a los niños en un puesto destacado de nuestro orden del día. Con eso no quiero decir que la legislación de la UE deba empezar a ser responsable de la política relativa a los niños, pero podríamos comenzar velando por que la legislación de la UE sea inocua para los niños. Debemos velar por que las medidas formuladas por la Comisión tengan una dimensión infantil específica. Debemos velar por que haya alguien en la Comisión que se ocupe de los asuntos relativos a los niños.
En 1998 mi Gobierno nombró a un experto en derechos humanos de Save the Children para la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth a fin de que formulara estrategias y proyectos prácticos en relación con los derechos de los niños. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo?
En Gran Bretaña tenemos también una Comisión Especial de los Niños que puede investigar los malos tratos infligidos a niños e interrogar a testigos expertos. ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Podríamos procurar que en la Carta de Derechos Fundamentales figurara una sección relativa a los niños? Sé que tenemos comunicaciones. Tenemos planes de acción y convenios, pero lo que necesitamos es acciones, no buenas intenciones.

Van den Bos
Señor Presidente, ¿por qué continúan los derechos humanos tan atrasados con respecto a los avances de la humanidad? La ciencia, la tecnología y las comunicaciones; las personas saben más cada vez y pueden hacer más. Sin embargo, las violaciones masivas de derechos humanos asolan todavía el mundo. Las causas principales son las guerras, la pobreza y el abuso de poder. Por tanto, todos nuestros esfuerzos deben dirigirse a luchar contra éstas.
Así mismo, los patrones de valores culturales constituyen la base de las violaciones. Por ello, la Sra. Malmström pide con mucho acierto en su excelente informe atención especial para la posición de la mujer. Ésta continúa siendo, en muchas sociedades, la víctima del abuso de poder institucionalizado y, a veces, legalizado de mi propio sexo. Deben ser decisivas en nuestra condena no las costumbres colectivas, sino las consecuencias para las personas individuales. Esto da lugar a que, por ejemplo, la ablación no deba respetarse en tanto tradición antigua, sino que debe ser combatida con todos los medios a nuestro alcance. La política exterior europea se deja influir demasiado unilateralmente por intereses puramente económicos. Es el momento de que los derechos humanos reciban la prioridad que merecen, no sólo de palabra, sino también en la práctica. Con ello, Europa puede contribuir al progreso, al avance de la civilización.

Boumediene-Thiery
Señor Presidente, queridos colegas, ya que estamos debatiendo informes relativos a los derechos humanos dentro y fuera de la Unión, se presenta muy oportunamente la ocasión de interrogarse acerca de las influencias cruzadas entre el interior y el exterior.
Es evidente que el mejor medio con que cuenta la Unión para defender su modelo de los derechos humanos es la experiencia vivida por los emigrantes. Precisamente, a ellos les afectan nuestras mayores carencias en materia de derechos humanos.
Dos ejemplos para ilustrar esta idea. Para comenzar, solo cabe la inquietud ante la forma que han tomado los acuerdos de readmisión que suponen una amenaza directa para los derechos fundamentales, como el derecho de asilo, o el derecho a vivir con la familia propia. La Unión reafirma su adhesión a los Convenios de Ginebra y de Dublín, instituyendo el principio de no-expulsión. Ahora bien, es inadmisible que acuerdos de readmisión puedan permitir la expulsión de un súbdito de un tercer país a su país de origen, sabiendo que, con demasiada frecuencia, no existe ninguna garantía de que se respeten los derechos humanos ni las libertades democráticas. Es igualmente inaceptable ver cómo hay familias destrozadas, incluso a veces cómo niños menores quedan desamparados debido a la expulsión de sus padres, que no tienen derecho de residencia alguno, aunque algunos vivan y trabajen en Europa desde hace casi una década.
¿ Qué visión de los derechos humanos piensan ustedes que estas personas tendrán al volver a sus países, después de haber sufrido dudosas condiciones de vida, la humillación del cacheo corporal, de los insultos, de estar fichados, del interrogatorio en las comisarías, en los centros de aislamiento o en los centros de detención ? Terminamos por enviarles a los países de los que precisamente intentan huir, a menudo por motivos tanto políticos y económicos como humanitarios.
Estos acuerdos de readmisión son peligrosos, tanto para los solicitantes de asilo como para la difusión de los derechos humanos en el mundo y para la talla internacional de la Unión Europea.
Si la Unión quiere que se le tome en serio en el respeto a los derechos humanos, hay que frenar rápidamente estas expulsiones, regularizar a todos estos hombres y mujeres privados del disfrute de todos los derechos, entre los cuales están el derecho a vivir en familia o el derecho a la libre circulación, y que hoy son mantenidos en la clandestinidad oficial.
Otro atentado flagrante contra los derechos humanos afecta, de nuevo, a personas extranjeras: la ciudadanía. ¿Cómo pedirle a un residente de un país tercero que se integre, y a sus hijos que respeten la ley, que crean en la realidad de los derechos democráticos, si ni siquiera se les permite ejercer estos derechos ?
En un momento en que la Unión estudia la definición de una Carta de los Derechos Fundamentales, ¿con qué fundamento podríamos crear ciudadanos de segunda categoría ? Se trata verdaderamente de derechos fundamentales. ¿Cómo aceptar que algunos queden excluidos de ellos ? En materia de derechos humanos, la Unión podría sentirse orgullosa de ser históricamente la primera en definir la ciudadanía con arreglo a un principio de residencia, en lugar de establecer una discriminación basada en la nacionalidad.

Marset Campos
Señor Presidente, efectivamente este debate tiene lugar en un momento importante para nuestro Parlamento. Los excelentes informes de la Sra. Malmström y los Sres. Haarder, Ludford y Belder nos ofrecen a los europeos una oportunidad para el análisis y, sobre todo, para la autocrítica.
Este año es especialmente significativo. A un año de llevar a cabo una guerra contra Yugoslavia en nombre de los derechos humanos, asistimos impasibles a una superior violación aún más grave de estos derechos por parte de Rusia en Chechenia. Hace dos semanas, España y Gran Bretaña, bajo el patrocinio de los Estados Unidos, dejamos que Pinochet eludiese sus responsabilidades ante la justicia por gravísimas violaciones de los derechos humanos. Y también este año hemos visto el acceso al gobierno de un partido racista y xenófobo en Austria, así como también, en España, el estallido de la violencia racista en El Ejido. Hemos constatado tras estas elecciones que el alcalde de esa ciudad ha recibido un apoyo del 75%. Este año también ha sido el año en el que la Iglesia Católica ha pronunciado un mea culpa sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas a lo largo de la historia.
Por ello, nosotros podríamos en la Unión Europea desarrollar una actitud más constructiva. Propongo pues cinco puntos, que son las aportaciones del Grupo GUE/NGL a los diferentes informes.
Primero, abandonar toda hipocresía y tener un mismo rasero con los distintos países; segundo, comprometerse con la defensa a ultranza de los derechos humanos en todos los sitios, incluso, en el ámbito de la economía, en las fábricas; tercero, mostrar especial preocupación por los derechos humanos en todo el mundo, en América Latina (en México, en Argentina, en Perú) etc.; cuarto, aceptar sin reservas la causa de los derechos humanos de las mujeres; y, por último, recomendar la ratificación del Tribunal Penal Internacional.

Krarup
Me veo obligado a destruir el buen ambiente existente en la sala pues mi experiencia tras veinticinco años debatiendo intensamente y analizando la situación de los derechos humanos me demuestra que las buenas intenciones combinadas con un desconocimiento enorme de la realidad producen resultados terroríficos, o dicho en danés llano: " todos hablan pero nadie toma cartas en el asunto" . No se trata tanto de lo que dicen y cuanto más se habla de los derechos humanos, peores son las violaciones de éstos. Me gustaría decir tres cosas. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con mi compatriota y ponente del informe, Sr. Haarder, cuando dice que hemos de exigirnos lo mismo con respecto a la protección de las minorías que les exigimos a los países solicitantes. Deberían haberlo tenido en cuenta las instituciones comunitarias los años 1991 y 1992 cuando en contradicción con las normas en vigor sobre protección de las minorías reconocieron primero a Eslovenia y luego a Croacia atizando así el fuego de lo que más tarde en convirtió en la catástrofe de los Balcanes. El segundo punto retoma el hilo del debate de ayer. Empeñarse en introducir la carta de derechos humanos en la constitución comunitaria -en el Tratado de la UE- no sólo acarreará problemas constitucionales enormes e insalvables, especialmente en un país como Dinamarca, convertirá el tratado de la UE en una auténtica constitución con derechos fundamentales. Dicen que cuanto mayores derechos tengamos, mejor, sin embargo, los derechos juegan un complicado papel dentro de los sistemas. El resultado de una carta de la UE será un lodazal constitucional y jurídico de dimensiones colosales. ¿Quién será la instancia encargada de decidir? ¿Son mejores los derechos de la Convención de Derechos Humanos que las cartas de la UE? ¿Es mejor ésta que las constituciones nacionales? Es un cuestión que no tiene ningún sentido. Por último, mi tercer comentario es una felicitación al ponente, Sr. Haarder. En el punto 61 observo con satisfacción y gran interés que se subraya el derecho colectivo a formar sindicatos. Sin embargo, la vieja causa del Sr. Haarder del derecho del individuo a permanecer fuera de los sindicatos no ha sido incluida como recomendación. Quiero felicitar al Sr. Haarder por los nuevos conocimientos políticos que aquí se reflejan.

Sichrovsky
Señor Presidente, el informe contiene requisitos indispensables para los futuros países candidatos. De este modo, sitúa los problemas de los derechos humanos en el mismo nivel que las condiciones económicas. Nos alegramos sobre todo de que se haga referencia al problema de la libertad de religión, puesto que en algunos países, y muy en concreto en la República Checa, se han promulgado leyes sumamente restrictivas de cara a las minorías religiosas. También es interesante el fragmento acerca de la situación de los derechos humanos en la UE. Demuestra que no tenemos derecho a dar lecciones en este sentido a los nuevos países candidatos.
Nosotros, los austríacos, hemos llegado a una situación -en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere- en la que ya no se sabe si hay que reír o llorar. Hace unas semanas los taxistas de Bruselas se negaron a llevar pasajeros austríacos. En los hoteles y restaurantes de Bélgica y Francia no se admitía a clientes austríacos. Los profesores de francés de nuestros asistentes manifestaron que no querían seguir impartiendo clases a nazis y los programas de intercambio de alumnos fueron anulados. Se causaron daños a los coches de los austríacos que trabajan en el extranjero, se lanzaron piedras contra sus casas y sus hijos fueron objeto de amenazas en la escuela. Hoy se ha dado a conocer que se retira la invitación del jinete austríaco que tenía previsto participar en el concurso hípico de Grenoble. El Ayuntamiento de Grenoble ha discutido mucho sobre la admisión del caballo, pero al final tampoco será invitado, puesto que no se ha distanciado expresamente del Gobierno austríaco.
Cualquier día de éstos se borra a Mozart de los carteles de los teatros de la ópera internacionales. ¿Quién sabe dónde puede acabar todo esto? Quienquiera que asuma la responsabilidad política de este teatro de guiñol antifascista aquí en esta Casa o en los respectivos países de la UE, realmente puede sentirse orgulloso de su conducta. También puedo tranquilizar al orador que me ha tachado de amigo del diablo asegurándole que no se oculta ningún atributo del diablo debajo de este pupitre. Cuando resulta tan fácil instigar en la UE un odio colectivo de esta envergadura hacia un pueblo entero, aún estamos muy lejos de poder dar lecciones a otros países.
Si todas estas buenas personas que toman la palabra aquí hubieran vivido hace sesenta años o antes ¡cuántas cosas se hubiera ahorrado Europa!

Coûteaux
Señor Presidente, señoras y señores, nuestra obstinación en vincular los derechos humanos al proyecto europeo tiene algo de irrisorio, ya que la propia lógica de este proyecto, a nuestro juicio, los deja en entredicho e incluso los amenaza.
Para nosotros, en efecto, ningún derecho del hombre es concebible fuera de una sociedad política, y particularmente, de la forma suprema de sociedad política pacificada que es la nación, tanto en lo relativo a la paz civil como en lo que atañe al equilibrio entre las naciones, y por tanto a la paz internacional. Ahora bien, Europa pretende construirse en contra de esta misma base y destruirla con los dos elementos fundamentales para ella, que son, por una parte, la res publica, y por otra, la soberanía.
No es casual que en Francia coincidieran la Declaración de los Derechos del Hombre y la afirmación de la soberanía nacional. De Gaulle decía justamente que el primer derecho del hombre es la soberanía nacional, por la simple razón de que no existe derecho alguno fuera de una sociedad política libre respecto a los feudalismos por una parte, y a los imperios por la otra, es decir, fuera de la soberanía popular y de la soberanía nacional, lo cual precisamente destruye lenta pero firmemente el proyecto europeo.
Igualmente, consideramos imposible luchar contra el racismo, el antisemitismo o la xenofobia sin hacer de los hombres ciudadanos, es decir, sin separarles, al menos en el plano político, de sus afiliaciones privadas, o sea, de las etnias o de lo que hoy denominamos minorías. Vemos cómo éstas resurgen no solamente en distintos informes de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sino también en nuestra política misma, tal y como la hemos aplicado en Kosovo, lo cual nos parece muy peligroso.
Al rehabilitar las etnias, al rehabilitar las minorías, abrimos peligrosamente la puerta a las afiliaciones particulares contra las afiliaciones políticas que son las afiliaciones nacionales, y esta caja de Pandora no tardará en incendiar nuestro continente. He aquí porqué nos parece totalmente irrisorio deleitarnos con los derechos humanos en un entorno que nos expone, a un plazo más o menos largo, a las peores regresiones.

Buttiglione
Señor Presidente. Señorías, he leído con mucho interés el informe Ludford y quiero felicitar a la señora ponente por sus observaciones sobre Austria y la situación austríaca. Sin embargo, debo subrayar que dichas observaciones no corresponden a un informe sobre los derechos humanos. Cuando realizaremos un debate sobre Austria, cuando elaboraremos un texto sobre la situación austríaca -siempre que este Parlamento lo estime oportuno- podremos encomendar a la Sra. Ludford la tarea de redactar un texto que discutiremos todos juntos. Estas observaciones no corresponden a un texto sobre los derechos humanos, del mismo modo que no corresponden al espacio de tiempo asignado a la baronesa Ludford, motivo por el cual adquieren el amargo sabor de una instrumentalización política de algo muy serio como son los derechos humanos.
La segunda observación que quiero hacer sobre este informe se refiere al derecho de los europeos a tener una identidad. En todo el texto la identidad de los europeos, de las naciones europeas, no se menciona ni una sola vez en sentido positivo: siempre como posible fuente de xenofobia y racismo. Soy un hombre religioso, convencido de mi religión: ¿es éste acaso un motivo para considerarme sospechoso de xenofobia? Diremos más bien que la degeneración del sentimiento religioso puede llevar a la xenofobia. La religión como tal es un factor que une a las personas. Soy un patriota italiano convencido: según el apartado O de este texto, se me considera sospechoso de xenofobia. Me parece que esto revela una actitud cultural que fomenta la xenofobia, porque fomenta el miedo ante la globalización que empuja a muchas comunidades locales a encerrarse en sí mismas y a rechazar el diálogo, un diálogo que se basa en identidades.
Debemos afirmar que existe una identidad cultural europea, basada en la herencia griega, en la herencia judeocristiana y en la Ilustración que entabla libremente un diálogo con otras identidades. Una Europa multicultural en la que faltase la cultura europea sería el inicio de un desastre y de la destrucción de la cultura. No se trata de una cultura blanca: la cultura no tiene colores; la cultura se refiere a valores y no a colores.
Existen muchas cuestiones que tienen que ver con la xenofobia y el racismo, pero las mismas deben someterse a la decisión de las comunidades locales. A nosotros no nos corresponde establecer cupos en el mercado de trabajo, a nosotros no nos corresponde establecer cupos en el mercado de trabajo de los policías, a nosotros no nos corresponde establecer cupos en otros mercados de trabajo. Éste es un camino que no fomenta la integración, sino que la dificulta.
Y una última observación: ¿estamos realmente convencidos de que todos los que no son favorables a una inmigración totalmente descontrolada, son racistas? Y ¿estamos convencidos de que todas nuestras Constituciones son racistas cuando en materia de ciudadanía tienen criterios distintos de los enunciados por la baronesa Ludford? Creo que hay que considerar atentamente estas cosas y que muchas de ellas deben cambiarse, si no será difícil lograr un consenso general respecto a este informe en el Pleno.

Soares
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar felicitando a la Sra. Cecilia Malmström por su informe y a todos cuantos han contribuido a él. Es un informe que me parece bastante completo y con algunos aspectos muy incisivos. Quisiera señalar a la atención del Pleno tres aspectos principales para mi reflexión sobre los derechos humanos en este momento.
Uno de ellos respecto de la cuestión del agua: dentro de poco, en el fin de semana, va a celebrarse en la Haya un foro sobre el agua, en el que se considera el agua un bien económico, un bien escaso. Eso es grave, porque, si bien es verdad que el agua es cada vez más un bien con gran importancia económica, también lo es que el del agua es un derecho humano y social de todos los pueblos.
Por eso, quisiera señalar a la atención de esta Asamblea esa cuestión del agua precisamente, que va a ser uno de los puntos debatidos durante todo este año. La situación es cada vez más grave, pero se tiene que ver también el derecho al agua como un derecho humano.
La segunda cuestión a que quisiera referirme aquí muy brevemente es también la de Angola. En el informe se dice que se han tratado con excesiva discreción diplomática los atentados a los derechos humanos en Angola. Creo que así ha sido exactamente: ha habido una cortina de silencio sobre lo que sucede en Angola, país que lleva cuarenta años en guerra permanente y veinte en guerra civil. Era necesaria una visión más informada y clara de lo que sucede en Angola, como dije aquí cuando se habló sobre la cuestión de los derechos humanos de los periodistas atacados.
Pero lo que más me preocupa y lo que más me preocupa en Angola es el derecho de los niños, a los que ambos bandos obligan a la fuerza a hacer la guerra, y el derecho de las mujeres, que son quienes más sufren las consecuencias de esa guerra cruenta.

Di Pietro
Señor Presidente, Señorías, intervengo para expresar los motivos de un voto en contra y de una perplejidad frente a dos temas incluidos en la resolución a instancia de algunos diputados interesados, en mi opinión, en utilizar instrumentalmente la credibilidad del Parlamento Europeo para defender intereses particulares que no coinciden con los intereses generales de la colectividad comunitaria e italiana en particular. Me refiero, señor Presidente, al punto 38 y a los puntos 41 y 42 del informe Haarder. Al efecto de garantizar la imparcialidad del juez, en el punto 38, retomado de manera peyorativa en la enmienda 22, ratificada hoy en el Pleno, se pretende imponer a Italia -quién sabe por qué única y exclusivamente a Italia- no la separación entre el poder judicial y el poder político, como nos enseñó Montesquieu, sino la separación, dentro del poder judicial, entre el poder de instrucción y el poder de juzgar. La conclusión de este absurdo razonamiento es que quien actualmente, como sucede en Italia, forma parte de la autoridad judicial como poder de instrucción, luego acabará dependiendo del poder ejecutivo, con el peligro real -esto sí- de que las investigaciones sobre la corrupción, sobre los abusos del poder político ya no podrán realizarse con la debida tranquilidad.
Con referencia a los puntos 41 y 42 debo expresar mi aprecio por el hecho de que ningún ciudadano, ni siquiera los descendientes varones de las antiguas casas reales, pueden verse privados de la libertad de entrar en su territorio de origen, sin embargo, expreso mis perplejidades con respecto a que esto tenga que afectar sólo a Austria e Italia: existen otros Estados de la Comunidad que tienen reyes e hijos de reyes que residen en el extranjero. Por lo que se refiere a Italia en particular, establecer un plazo no superior a seis meses, transcurrido el cual se impondrán sanciones, me parece que va en contra de la Constitución italiana que prevé justamente una resolución constitucional.

Ceyhun
Señor Presidente, los informes anuales sobre los derechos humanos, el racismo y la xenofobia son una excelente ocasión para que este Parlamento adopte una actitud crítica o, mejor dicho, autocrítica ante los Estados de la Unión Europa. En realidad, los países candidatos y sus diputados -pienso por ejemplo en algunos diputados del Parlamento turco- pueden aprender mucho de estos informes. Así, observarán hasta qué punto los diputados actúan y deben actuar de forma independiente en lo que a la situación de los derechos humanos en su propio país se refiere. Hay que admitir, sin embargo, que aún nos queda mucho por hacer. No basta con ser autocríticos. Nos honra, pero no es suficiente.
Cuando condenamos en nuestros informes los casos de tortura y trato inhumano de personas arrestadas y encarceladas por las fuerzas de orden público o los funcionarios de los centros penitenciarios, hemos de reconocer que hasta la fecha los responsables del sector no han adoptado las medidas necesarias. Lo mismo sucede con el trato que reciben los refugiados en numerosos países de la Unión. ¿Hasta cuándo seguiremos debatiendo la situación de muchos centros de detención como un problema conocido pero indebidamente regulado? Si se trata de reinsertar en la sociedad a las personas que se encuentran detenidas, debemos admitir que la mayoría de los centros penitenciarios europeos en este momento no están preparados para dicha tarea.
Criticamos con razón la violación de los derechos humanos y la discriminación en los países candidatos, por ejemplo en Turquía o en algunos países de la Europa Oriental en el caso de los romaníes y las demás minorías. Precisamente por eso hemos de dar el ejemplo en lo que al respeto por los derechos humanos en la Unión Europea se refiere. En este sentido estoy muy agradecido.

Krivine
Señor Presidente, los informes que hemos escuchado van por el buen camino, pero no podemos suscribir los considerandos de autosatisfacción de los tratados actuales.
Para ser eficaz, la lucha contra las discriminaciones exige medidas más amplias y, sobre todo, más concretas. Así, hay que abolir toda restricción vinculada a la nacionalidad en el acceso a los empleos de la función pública. Las instituciones de la Comunidad y los estados deben dar ejemplo. Igualmente, una ciudadanía plena supone el derecho al voto de los extra-comunitarios residentes en la Unión, y esto para todas las elecciones. Mientras los extranjeros sean apartados de sus derechos políticos, serán blanco de discursos demagógicos y de medidas discriminatorias. Si su estatuto de contribuyente justifica su acceso a este derecho, ¿porqué limitarlo a los niveles local y europeo?
Finalmente, se impone en Europa la regularización de todos los ilegales. Permitirá combatir el tráfico de mano de obra y el odio xenófobo que se ha desencadenado por ejemplo recientemente en Europa. Esto supone romper con las disposiciones de los Tratados de Schengen, de Amsterdam y de Dublín, verdaderos insultos al derecho de asilo.
Para terminar, pensamos que la lucha contra el racismo no depende fundamentalmente de un arsenal jurídico, por muy bueno que sea, sino de medidas concretas que terminen con el paro y la exclusión, y se espera que actuemos en este campo.

Andrews
Señor Presidente, podemos escribir todo lo que queramos sobre los derechos humanos y podemos informar y debatir esa cuestión, pero, si no seguimos adelante con nuestras intenciones y los informes, carecen de sentido. Van acumulando polvo en los estantes de la Comisión y en las oficinas de personas y gobiernos bien intencionados. Debemos tomar la iniciativa, como también los medios de comunicación, las instituciones educativas y las iglesias; no han dado muestras de ello en el pasado. Debería darnos vergüenza preterir a Mozambique durante tanto tiempo y hacer tan poco y tan tarde. Somos un continente que envía armas por valor de 2.000 millones de dólares de los EE.UU. a una Etiopía azotada por la sequía y no podemos encontrar un par de helicópteros para enviarlos urgentemente a salvar a las personas que están a punto de ahogarse en Mozambique. Resulta vergonzoso, la verdad, que ni nosotros ni las demás instituciones europeas podamos reaccionar ante ese tipo de desastres. Debería darnos vergüenza permitir que los niños del Irak mueran al ritmo de 5.000 al mes. Medio millón han muerto desde la aplicación de las sanciones. Sigue habiendo una bárbara guerra en el Irak. Se sigue bombardeando despiadadamente y sin que se informe al respecto. Es una guerra contra niños y los ciudadanos inocentes de ese país.
Debemos intervenir individual y colectivamente ante el Consejo de Seguridad para velar por que se entreguen medicinas a las personas. Debería darnos vergüenza permitir la venta de armas a la región de los Grandes Lagos. Debería darnos vergüenza no erradicar de la Unión Europea el racismo y la xenofobia, que son endémicos en mi país y en la UE en general. El racismo es un delito: un delito que no es perseguido en la Unión, un delito contra una ley que no se aplica en la Unión. Tenemos la obligación de hacer algo al respecto. Y no estamos haciendo nada.
Los ciudadanos de esta Unión son nuestros jueces y jurados. Si no tomamos la iniciativa ante ellos y no ven que tengamos una meta, una orientación, en los próximos años emitirán sus fallos. Si no abordamos el racismo y la xenofobia en la Unión Europea, les habremos fallado. Quiero decir a mi Gobierno que lo mismo debemos hacer en Irlanda.

Oostlander
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega, el Sr. Belder, por su concienzudo informe sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los estados candidatos. A fin de cuentas, se trata de en qué filosofía se inspira uno en cuanto a las personas y la sociedad y el Sr. Belder es muy claro al respecto. El informe parte de la unidad familiar humana, una manifestación cristiana que constituye una barrera sólida contra incidentes de naturaleza racista. Se podría hablar de la gente a imagen y semejanza de Dios. Esto imposibilita completamente que se vea al prójimo como una amenaza o como el origen de la violación de su dignidad. El Sr. Belder no parte explícitamente de la ideología, que algunos llaman conservadora, relativa a la defensa de la identidad de las comunidades contra la influencia cultural exterior. Semejante ideología valora en exceso el interés común, tal filosofía cuenta con pocas barreras contra las propensiones a la discriminación. Rechazo semejante ideología conservadora.
En los estados candidatos, se cree que la Unión Europea es una comunidad de derecho basada en la aceptación de valores, por lo general, de origen judeocristiano. Es lógico que sigamos estos valores. Esto no concuerda siempre con sus reacciones primarias ni con las nuestras, pero eso es lo que caracteriza a los buenos principios. No siempre nos resultan favorables. La gente debe superar su miedo y sus intereses a corto plazo. Debemos ayudar a los estados candidatos de una forma crítica y constructiva, y no evitar llamar a las cosas por su nombre. El informe Belder aporta algunas indicaciones concretas a este respecto. Las iglesias, los sindicatos, las asociaciones de mujeres, los centros de formación profesional y otros centros docentes tienen, sobre todo, un papel decisivo. Mi Grupo no ve la necesidad de presentar enmiendas.
Respecto del informe de la Sra. Ludford, pertenezco en mi Grupo a la minoría que considera que las deficiencias del informe no son lo suficientemente serias como para votar en contra. Las propuestas relativas al derecho de voto de los extranjeros no son pertinentes, en realidad, en un informe sobre xenofobia, pero sí queremos hacer una recomendación al respecto. He contribuido a la materialización de este principio en los Países Bajos durante unos 25 años, empezando por los malucos del sur. No tengo en absoluto ningún problema respecto de la oferta de empleo público. Ciertamente, para mí no se trata de una cuestión de ideología, pero, echando un vistazo a las representaciones de la Unión Europea en el extranjero, veo que los servicios de la UE están plagados de extranjeros, incluso en lo que a funciones delicadas respecta. Las administraciones actúan sabiamente si, por ejemplo, se empeñan en que las minorías étnicas sean visibles en las fuerzas policiales. Considero que la limitación de posibilidades al respecto no resulta nada práctica, y tampoco quiero hacer de ella una condición ¿A quién interesaría eso? Si el informe Ludford no se modifica de forma negativa mediante enmiendas, la minoría que represento votará a favor.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, tengo dos breves observaciones respecto al comentario del orador previo, el estimado Sr. Oostlander. Es positivo que se muestre dispuesto a respaldar el informe Ludford. Sin embargo, no considero tan positiva su pretensión -por eso, quiero corregirla inmediatamente- de considerar la Unión Europea como una comunidad de valores cristianos. Si bien es cierto que el cristianismo aporta mucho al catálogo de valores de la Unión Europea, no podemos olvidar que dicho catálogo se fundamenta asimismo en otras corrientes. Estimo sumamente importante que esto se haga constar.

Con su permiso quisiera hacer, en nombre de mi Grupo, algunas observaciones técnicas sobre los informes Ludford y Haarder. El Sr. Haarder ha presentado un excelente proyecto de informe a la comisión. Sin embargo, se presentaron en comisión 170 enmiendas y 22 enmiendas de transacción. Suman 192 propuestas de modificación en total. La comisión tardó varios días en debatirlas todas, luego aprobó un informe modificado con una mayoría relativamente amplia y ahora nos encontramos aquí en el Pleno con otras 69 enmiendas más. Aunque eso no es dramático en sí, es preocupante que prácticamente la mitad de las enmiendas procedan del denominado Grupo TDI, a saber, el Grupo Técnico de Diputados Independientes.
Es una mezcla entre la Sra. Bonino y el Sr. Le Pen, lo cual es una mezcla sensacional de por sí, además de que este club no participa nunca en las deliberaciones de índole técnica. Estas señoras y señores no están nunca presentes en la comisión. No colaboran nunca en el análisis detallado de los problemas. Así las cosas ¿por qué siempre presentan enmiendas? Lo explican sus discursos, como los que hemos podido escuchar hoy. Desean utilizar este foro para echar al mundo sus trivialidades, de ser posible ante un repleto auditorio. Debates técnicos, no gracias. Provocaciones baratas, sí por favor. ¡Es ésta la estrategia política de la extrema derecha de esta Casa!
El segundo punto que quiero destacar aquí es el siguiente. Al referirnos a la situación de los derechos humanos en el seno de la Unión Europea nos referimos, como bien dice el Sr. Ceyhun, al ejercicio de introspección al que estamos obligados cuando pretendemos pronunciarnos sobre los derechos humanos en otras partes del mundo o cuando queremos convencer a los países candidatos de que nos mostramos autocríticos con nosotros mismos y que nos ponemos el listón muy alto en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere. Esto es tanto más importante cuanto que sólo el que adopte una postura crítica consigo mismo tiene derecho a criticar a los demás.
Por todo ello, ambos informes -tanto el informe contra el racismo de la Sra. Ludford como el informe sobre los derechos humanos del Sr. Haarder- nos orientan. El debate anual sobre estos temas marca la pauta para el rumbo general que ha de seguir la organización política de la Unión Europea. Ahora bien, cuando veo que estos informes se ponen al servicio de intereses infames de política interior, solamente puedo concluir que quienes se prestan a esta bajeza están mal aconsejados. Me refiero al artículo 38 del informe Haarder que aboga por la separación de las carreras entre magistratura que juzga y magistratura que instruye así como a la enmienda que presenta el Sr. Cornillet al respecto y que únicamente tiene por objeto la carrera de jueces y fiscales en Italia. ¡Me pregunto qué tiene que ver esto con los derechos humanos! Quien utilice un informe sobre los derechos humanos para fines de política nacional yerra el blanco al cien por cien.
Tampoco entiendo a qué viene la alusión a los príncipes saboyanos y su derecho a entrar en Italia en los artículos 41 y 42, donde supuestamente se habla de violaciones de derechos humanos. Con esto quiero decir que, si queremos discutir seriamente sobre los derechos humanos en la UE, tenemos que hablar de derechos humanos y no podemos intentar utilizar estos informes valiosos y bien hechos para un juego táctico de política interior.
(Aplausos)

Malmström
Señor Presidente, el debate aún no ha terminado, pero quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias por los comentarios y el apoyo de los colegas y por la cooperación habida en la Comisión de Asuntos Exteriores en torno a este informe.
Señor Comisario, señor Presidente del Consejo, después de este debate debiera estar absolutamente claro que los derechos humanos no son algo de lo que sólo se habla los domingos, vistiendo ropas finas. Los derechos humanos deben integrarse en todas las formas de colaboración política de la UE. Se necesita consecuencia, paciencia y una bien pensada estrategia para transformar las bellas palabras en hechos con resultados.
Espero que se haya entendido el mensaje y que pronto se presenten propuestas concretas para el trabajo futuro en esta Asamblea.

Knörr Borràs
Señor Presidente, a pesar de la buena dirección, no todo es color de rosa.
En algunos Estados no se respeta, por ejemplo, el derecho básico a la educación y expresión en la propia lengua. En el País Vasco donde, a pesar de los problemas, podemos elegir la lengua en que queremos que se eduquen nuestros hijos, el Tribunal Supremo español ha declarado ilegal que los ayuntamientos se mancomunen para impulsar el desarrollo de la lengua, en un claro ejemplo de cómo se fuerzan las interpretaciones legales con intenciones políticas y de cómo todos los derechos no son respetados aquí y ahora en la Unión Europea.
Y ¿qué decir de la proclividad a hablar de derechos humanos en lugares a miles de kilómetros de distancia, mientras en casa se hace lo contrario o se gradúan posiciones por intereses políticos o comerciales?
Chirac habla de los derechos de los inuits en Quebec, pero ignora los derechos lingüísticos en Francia. Se recrimina a Jospin por llamar por su nombre a Hizbulah, mientras se pontifica sobre otra clase de organizaciones y se presume de colaboración antiterrorista con España. El Presidente español habla de Chechenia como de un asunto interno, convirtiéndose en aliado objetivo del exterminio del pueblo checheno.
No podemos estar en modo alguno de acuerdo con esta forma de entender la política, suplantada por la hipocresía pura y dura.
Finalmente, para los ciudadanos vascos a los que represento, no pueden existir excusas de asuntos internos ni de oportunidad política. Para nosotros existen, aquí y fuera de aquí, personas, ciudadanos portadores de derechos inalienables sobre los que queremos basar nuestra convivencia.

Cossutta
Señor Presidente, la Constitución italiana sanciona solemnemente que a los ex reyes de la dinastía de los Saboya, a sus consortes y a sus descendientes varones les está prohibida la entrada en el territorio nacional. La Constitución italiana es fruto del gran consenso histórico entre todas las fuerzas democráticas en la lucha antifascista y en la guerra de liberación nacional. Es intolerable que el Parlamento Europeo pida que se viole el texto de dicha Constitución que es una de las constituciones más democráticas y progresistas del mundo. En este sentido, vale la pena recordar aquí que los Saboya no solo apoyaron la implantación de la dictadura fascista, respaldaron la agresión fascista contra la España democrática y promovieron la guerra imperialista fascista contra Etiopía, sino que permitieron la alianza con el régimen racista de Hitler e incluso aplicaron las vergonzosas leyes racistas contra los judíos en Italia. Tras llevar a Italia y a toda Europa a la desastrosa Guerra Mundial, huyeron de Roma y abandonaron de manera vergonzosa a las tropas italianas a su destino, sin ordenes ni a las ordenes de nadie, en el momento del armisticio con las fuerzas aliadas. Por otra parte, los Saboya nunca han querido reconocer la soberanía de la República y la inapelabilidad de la elección republicana, reconocida por la Constitución. Señor Presidente, Señorías, no se pueden tener dudas ni vacilaciones a la hora de rechazar la solicitud, inopinadamente formulada en este Pleno, de violar la Constitución de la República italiana. En consecuencia, no pueden haber vacilaciones a la hora de reiterar que en mi país no hay espacio para los descendientes de los ex reyes de Italia.

Varaut
Señor Presidente, estos dos informes Ludford y Haarder reflejan ciertamente el ímpetu con el que algunos parecen empeñarse en imitar a los Estados Unidos de América en cuanto a su escasa contribución al desarrollo de nuestras sociedades.
He seleccionado tres puntos particularmente característicos. Se nos invita a proceder a una diversificación étnica de nuestro personal, lo cual significa la instauración, en un primer momento, de una clasificación étnica de éste. Ante esto, a mí, por ejemplo, que pertenezco a la etnia parisina, me preocupan el modo en que vamos a poder estar suficientemente representados en las instancias de la Unión, y la manera útil de poder crear los ficheros étnicos que permitirán velar por esta diversificación étnica. Vamos a crear ficheros controlados, sancionados, en otros términos, a aplicar una política de discriminación racial bajo la forma masoquista de racismo que se denomina discriminación positiva.
Se nos invita igualmente a reconocer a todas las nuevas comunidades religiosas y, por descontado, a otorgarles los mismos derechos y el mismo ser que a las religiones del Libro. Esta es una consecuencia harto desagradable de una decisión tomada ayer por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo, y que le da a la Iglesia de la cienciología la satisfacción de ser tratada como todas las demás religiones europeas.
Para terminar, se nos sugiere que concedamos a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las familias. Esto supone olvidar el hecho de que, si las familias basan sus derechos en el estado y en las naciones, es evidentemente porque permiten que el estado y las naciones continúen existiendo, y porque tienen un interés común.

Gollnisch
Señor Presidente, como cada primavera, entre la floración del ciruelo y la de los cerezos, surge el pase de modelos de las elegancias morales e intelectuales que apelan al combate contra Satán, sus pompas y sus obras, o mejor dicho, según la expresión consagrada, contra la xenofobia, el racismo y el antisemitismo.
Soy universitario, profesor de lenguas y civilizaciones de Extremo Oriente, a las cuales había dedicado mi vida antes de introducirme en la política, y antiguo decano de una facultad dónde se enseñan veintiocho lenguas y civilizaciones extranjeras, por lo que no creo ser xenófobo. Por todo ello, me resulta aún más fácil decirle a ustedes que todas estas verborreas supuestamente antirracistas tienen rasgos comunes, siendo el primero de ellos la nulidad intelectual, y el segundo, la función liberticida.
Nulidad intelectual: ni tan siquiera se definen los términos empleados. ¿Qué es el racismo? ¿Qué es la xenofobia? ¿Qué es el nacionalismo? ¿Qué es el extremismo? ¿Qué encierran estos conceptos? ¿Cuáles son sus orígenes filosóficos? ¿Qué doctrinas los mencionan? ¿Merecen a los que se acusa de ello este oprobio? Nadie lo sabe o nadie lo quiere saber. Y es que, si se precisaran sus contornos, su verdadera utilidad quedaría debilitada: participar en la estupefacción de los corazones y los espíritus por medio de la repetición hechicera de la misma amalgama, y de la amenaza de diabolización de los recalcitrantes.
De lo que se trata en realidad es de asimilar fraudulentamente el sentimiento patriótico con el nacionalismo expansionista, el rechazo legítimo de la política de emigración con la xenofobia, el deseo de las naciones de conservar su identidad con el racismo. Todo esto es absurdo. El racismo es la voluntad de imponer la dominación de una raza sobre otra. ¿Quién es racista en Europa hoy en día ? La xenofobia es el rechazo a una presencia extranjera. Pueden ustedes hacer sobre ella juicios morales de condena pero, políticamente, deberían reflexionar sobre el hecho de que, en su acepción literal, la xenofobia se encuentra en el origen de todos los movimientos de liberación nacional que alabamos en el pasado.
En lo que respecta al antisemitismo, que, al parecer, estaría resurgiendo en Europa, ¿porqué no plantear al fin las verdaderas cuestiones? La propuesta que el filósofo de izquierdas Jean­Paul­Sartre ha desarrollado en un libro, según la cual el judío es esencialmente una creación artificial del antisemitismo, es evidentemente falsa, al igual que el resto de las ideas de este filósofo, pero ¿no sería cierta la propuesta contraria, a saber, que ciertos círculos judíos necesitan el antisemitismo para existir, para formar su identidad e incluso para asentar su autoridad moral, política e incluso financiera?
En cualquier caso, esto es lo que afirman judíos intelectualmente honestos y valerosos, que llegan hasta deplorar la perversa utilización del recuerdo de la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, designada globalmente con el término vago y religioso de "shoah" , recuerdo cotidiano, obsesivo, exclusivo e incluso a veces delirante, con fines políticos y financieros, que ya no tienen nada que ver con el culto a los muertos y con la evocación de su memoria.
Pero el problema del supuesto antirracismo no es la búsqueda de la verdad, ni incluso el apoyo... Señor Schulz, ¡mi familia no ha aceptado jamás a un kapo alemán, y no va a empezar a hacerlo con usted!...ni incluso el apoyo, digo, que hay que brindar a los emigrantes. No, se trata de cortar de raíz todas las veleidades que podrían tener las naciones para oponerse a la destrucción de su identidad. La religión antirracista tiene sus dogmas, tiene sus sacerdotes, sus inquisidores, sus procesos de brujería. La Historia condenará con severidad a los protagonistas de esta ideología infame que nos enorgullecemos de combatir a cada instante.

Tannock
El filósofo inglés John Locke dijo en cierta ocasión que un país sin ley es un país sin libertad. Cincuenta años después de la firma del Convenio Europeo de Derechos Humanos, veinte años después del Acta Final de Helsinki, diez años después del hundimiento del Muro de Berlín y un año después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, sigue habiendo en el corazón de Europa disposiciones constitucionales que pertenecen a la época medieval: disposiciones que están fuera de lugar en una Europa moderna.
Por ejemplo, Víctor Manuel de Italia se vio obligado a abandonar su país natal -Italia- cuando era un niño de nueve años, que no entendía lo que sucedía, y durante cincuenta y tres años no ha podido regresar. Si navega desde su hogar en Córcega hacia las aguas territoriales italianas, se movilizan los guardacostas mediante moderna tecnología por satélite y se le indica con altavoces que debe dar media vuelta. Su hijo de veintiocho años de edad sólo ha estado una vez en Italia, cuando su avión fue desviado al aeropuerto de Milán por mal tiempo. El avión fue rodeado por policías y se le dijo que no podía bajar del avión. ¿Qué tiene él que ver con lo que su bisabuelo hiciera durante la época fascista? El 80% de los italianos afirmaron en una encuesta reciente que se debería permitir a esas personas regresar sin limitaciones. Ninguno de los dos representa una amenaza imaginable para el Estado italiano. No se trata, como algunos han intentado decir, de una cuestión que afecte sólo a unas pocas personas; afecta al núcleo del compromiso de la Unión Europea de respetar el Convenio de Derechos Humanos, sus propios Tratados y el Estado de Derecho.
Se habla mucho de una Carta de Derechos Fundamentales. Si este Parlamento no hace antes todo lo que pueda para abordar las violaciones del Tratado que se dan actualmente, dicha Carta resultará extraordinariamente vacía. Hablo como una persona que siente un profundo y duradero amor por Italia y su pueblo, pero he de decir hoy aquí a Sus Señorías y al Presidente Ciampi que Italia no tiene derecho legal ni moral a firmar el Tratado de Amsterdam hasta que haya eliminado de su constitución esa violación de lo más flagrante del Convenio.
Lo mismo ocurre con Austria, donde obligaron a Otto von Habsburg a negar su identidad y renunciar a los derechos que le asisten a él y a su familia a entrar en Austria. En mi opinión, los derechos establecidos en el Tratado no son condicionales. El Tratado no discrimina a familias particulares, por lo que se está violándolo. El derecho a entrar, vivir y morir en el país propio son derechos fundamentales, sacrosantos, por lo que espero que este Parlamento los confirme. Así, pues, recomiendo los párrafos 41 y 42 a esta Asamblea.

Swiebel
Señor Presidente, el respeto de los derechos humanos constituye la base de la Unión Europea. Así figura en los Tratados y nos lo recordamos continuamente. Así mismo, resulta positivo que el Parlamento Europeo realice un informe anual sobre el respeto de los derechos humanos en la propia Unión Europea. Aunque tan sólo soy miembro del Parlamento desde el año pasado, sé que la tramitación de este informe anual sobre derechos humanos ha ocasionado mucha conmoción política y desconcierto en los últimos años. Esta conmoción está justificada, dada la naturaleza de la materia, pero el desconcierto no lo está. Me alegra mucho que este año se trate de un informe muy desequilibrado y centrado en lo fundamental, salvo el accidente laboral al que ya se ha referido nuestro colega, el Sr. Schulz, y sobre el que por todas partes hemos tenido que escuchar manifestaciones bastante repudiables. Afortunadamente, podemos mostrar nuestro rechazo golpeando las mesas. Exceptuando esto, quisiera agradecer mucho al ponente, el Sr. Bertel Haarder, su gran dedicación y la colaboración constructiva que he vivido con él, en tanto ponente en la sombra del Grupo Socialista. Las discusiones que hemos mantenido me han hecho profundizar mucho en la materia y quiero, sobre todo, elogiar aquí, públicamente, su actitud abierta.
En lo que al contenido del informe respecta, quiero tocar algunos asuntos ¿No resulta más que irónico que, precisamente, las cuestiones en materia de asilo e inmigración, una de las máximas prioridades políticas de la agenda política europea, hayan tenido una resonancia tan clara en este informe. Realmente, ¿no debería dar lugar el planteamiento europeo en materia de asilo e inmigración a, precisamente, menos violaciones de los derechos humanos en este ámbito? La pregunta se contesta por sí misma. Debe continuar vigilándose el respeto de los derechos humanos de las minorías más numerosas de Europa. Las personas que pertenecen a estos grupos, muchas de ellas económicamente vulnerables, corren un gran riesgo de ser objeto de discriminación. La realidad es que millones de personas viven sumidas en la pobreza en nuestra rica y privilegiada Europa. El informe describe, justificadamente, esta problemática de la pobreza y de la marginación en términos de derechos humanos, y me parece que esto supone un avance en la discusión.
El informe dedica más atención que en años pasados a la cuestión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la igualdad de trato de las diferentes modalidades de relación y modos de vida. La libre elección que efectúa la gente en su vida privada y que no perjudica a nadie, debe ser aceptada con respeto ante la diversidad y garantizando el principio de igualdad de trato. Tal como figura en algunas enmiendas, la lucha no ha terminado, ni mucho menos, en lo que a esto respecta.
Señor Presidente, hay todavía muchos, también en esta Casa, tal como el debate ha evidenciado, que quieren dar un trato privilegiado al matrimonio y a la familia y, con ello, ofender y discriminar abiertamente a quien hace otra elección en su vida privada. Mi Grupo enarbola, en cambio, el principio de la igualdad de trato. Los derechos humanos son para todos.

Haarder
. (DA) Señor Presidente, me gustaría dar las gracias por el amplio apoyo que han recibido las líneas maestras de este informe. Los derechos humanos tratan de aquello que compartimos todos más allá de partidos y fronteras nacionales, y de ahí la importancia de alcanzar un amplio consenso en este Parlamento al respecto, pues un derecho no puede ser universal si la mitad del Parlamento está en contra. Me gustaría dar las gracias especialmente a la Sra. Swiebel, tanto por sus amables palabras de hoy como por la intensa colaboración que hemos mantenido y que naturalmente le han dado una influencia considerable. También querría decirle que será para mí un placer votar a favor de las enmiendas adicionales que ha presentado y que vamos a votar mañana. No obstante, también querría expresar mi agradecimiento al Sr. Pirker y a la Sra. Palacio. Me gustaría dar las gracias por el amplio consenso existente en torno a este informe. Algo que me parece positivo, precisamente este año, en el que los derechos humanos han ocupado un lugar tan preeminente en el orden del día del Parlamento Europeo. Por último, querría decirle al Sr. Krarup que no debe alegrarse por la modificación del punto 61, pues se trata únicamente de un error. Son diez palabras que se han caído de la edición danesa. Si lee la edición inglesa, podrá ver cuál debe ser el tenor del punto.

Gahrton
Señor Presidente, el presente informe contiene críticas a China. Estoy de acuerdo con esas críticas, a pesar de que como Presidente de la delegación para las relaciones con China corro el riesgo de que Pekín me mande una nueva carta de protesta preguntándome si el Parlamento Europeo realiza alguna campaña en contra de China. Apoyándome en los informes de Haarder y de Malmström, puedo contestarles con firmeza: "No, no hay campañas contra China, pero sí a favor de los derechos humanos, en todo el mundo" .
Los informes critican a una veintena de países de otros continentes, a casi todos los países comunitarios y a los países candidatos. Realmente pienso enviar estos informes a la Asamblea Nacional Popular de Pekín, al comité de la UE, dándoles la idea para que hagan algo parecido. ¿Por qué no un informe autocrítico de la Asamblea Nacional Popular sobre los derechos humanos en el mundo y en la UE, visto desde la perspectiva china? Dialogaremos con los chinos sobre los derechos humanos. Entonces ellos tienen que dialogar y no sólo protestar.

Korakas
Señor Presidente, nos preocupa especialmente la hipócrita invocación selectiva a los derechos humanos en el ejercicio de la política exterior de la Unión Europea, sobre todo cuando sirve de pretexto para fundamentar intervenciones incluso militares.
Al mismo tiempo la Unión Europea cierra los ojos a situaciones de violación salvaje de los derechos humanos y pone en primer plano, naturalmente, sus intereses imperialistas. Un ejemplo escandaloso nos lo brinda su posición ante el régimen turco. La reciente y prolongada incursión en Kosovo, con el pretexto de los derechos de las minorías, y las increíbles y onerosas exigencias que se le hacen a Yugoslavia constituyen un ejemplo clásico de consagración de la intervención militar como principio general de derecho internacional en detrimento del principio de soberanía nacional.
Por otra parte, la política que ejerce la Unión Europea en su interior quebranta sustancialmente numerosos derechos fundamentales. Los derechos políticos y sociales son vulnerados; los derechos individuales son conculcados, las libertades democráticas son pisoteadas.
Los resultados de esta política se hacen ya patentes en el robustecimiento de las fuerzas que profesan el fascismo y el racismo más extremistas, y no sólo en Austria. Sin embargo, el informe sobre la lucha contra el racismo no muestra que se hayan extraído las conclusiones necesarias.
Llamamos a los pueblos a la lucha contra la conculcación, por quienes se presentan a sí mismos como sus salvadores, de unos derechos que han ganado con duros combates y sacrificios; los llamamos a dar al traste con el actual curso de las cosas, que sólo a sus explotadores beneficia.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, ponderación, mesura y pulso: esos son los términos que califican el excelente trabajo del Sr. Haarder, a quien felicito. Y, además, yo, que he tenido el honor de trabajar con él en anteriores informes anuales sobre los derechos humanos, sé lo difícil que es. Le deseo, como él lo ha pedido, un amplio respaldo de la Asamblea y espero que lo consiga. Se lo merece.
Señor Presidente, decía el Sr. Haarder, al comenzar su primera intervención, que Europa no ha inventado los derechos humanos, y es verdad. Pero lo que sí caracteriza a Europa es que, al haberlos sacado de la esfera privada a la esfera pública a través de su justiciabilidad, ha hecho de los derechos humanos la bandera, la seña de identidad que nos caracteriza como europeos.
Se ha hablado de la defensa de esos derechos humanos y yo quiero insistir ahora en la idea de que la proclamación de los derechos humanos tiene como corolario la posibilidad de su ejercicio. Y a todos los aspectos que se han mencionado al respecto, y que yo respaldo, voy a añadir otro: el relativo a aquellos que no pueden ejercer sus derechos porque se saben presionados por fuerzas, por organizaciones.
Para no poner más que un ejemplo, hace poco vinieron aquí los integrantes del Foro de Ermua, y recuerdo a la Asamblea que sus miembros forman parte de todo el arco político, desde la izquierda hasta la derecha; que son intelectuales, que son hombres y mujeres que viven en el País Vasco y que no pueden ejercer sus derechos, que no pueden ejercitar la libertad de expresión porque se sienten permanentemente presionados por el brazo político de ETA, esto es, Herri Batasuna.
Para sólo dar un ejemplo, había una invitación intimidatoria el domingo pasado para que los vascos no acudieran a votar. Afortunadamente, la sociedad vasca, haciendo prueba de valor -porque hay que vivir aquello para saber el valor que hace falta- se presentó en masa a votar.
Señor Presidente, termino como he empezado: desde esta Asamblea tenemos que decir alto y fuerte que el primer corolario del respeto de los derechos humanos es la defensa de su ejercicio -la defensa plena de su ejercicio- contra todos y en particular contra aquellas fuerzas y organizaciones que impiden la libertad de expresión.

Evans, Robert
Señor Presidente, quiero hablar por unos momentos sobre el informe Ludford relativo a la lucha contra el racismo en la Unión Europea. Se trata de un asunto muy importante. Es decisivo para la construcción de una Europa pacífica y armoniosa, una Europa unida en su objetivo y en paz consigo misma y con sus ciudadanos. Eso es, desde luego, lo que en este sector de la Asamblea creemos. Ése es el propósito de este informe. Pero, al parecer, el PPE y otros de ahí enfrente, está claro que no lo quieren. Hace unos momentos hemos escuchado un discurso vergonzoso del Sr. Gollnisch, en nombre de su partido. La Sra. Palacio, que en este preciso momento se marcha, ha dicho que se necesitan los derechos humanos en un lugar público y en el núcleo. Y, sin embargo, con sus enmiendas al informe Ludford, pretenden dividir a Europa y ganar millones con nuestros hermanos ciudadanos de segunda clase de las minorías étnicas. Ése es el claro objetivo de las enmiendas presentadas por el Sr. Hernández Mollar y sus colegas y se da sistemáticamente en todas las enmiendas del PPE -el supuesto Partido Popular Europeo-, que en realidad se revela con sus enmiendas como un partido para algunos de los ciudadanos, pero no para todos.
Las enmiendas del PPE van encaminadas a dividir a las familias. Ponen objeciones a la unidad familiar. Su enmienda nº 12 va encaminada a suprimir la referencia a la necesidad de la unidad familiar en Europa. Al parecer, el PPE no quiere reconocer que las minorías étnicas se sienten alienadas del proceso electoral. No creen que el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deban reflejar la diversidad étnica de Europa. Ése es el objetivo de la enmienda nº 13. La suprime del informe. Están contra la diversidad étnica y no aceptan los beneficios que brindan a nuestra sociedad todas esas personas. No aceptan que todo el mundo tenga un papel que desempeñar en el proceso electoral.
Si se presentan en la Unión Europea enmiendas como ésas, no podemos quejarnos de lo que sucede en los Estados candidatos. Tampoco parece creer el PPE que se deba estimular a las minorías étnicas a votar. Su enmienda nº 21 suprime el llamamiento para que se estimule a las minorías étnicas a participar en las elecciones votando o presentando candidaturas. ¿Es eso lo que queremos? No lo creo. En este sector de la Asamblea, rechazamos esa posición completamente. Haremos pública la posición del PPE y sus enmiendas, tanto si se aprueban como si no. Deploramos la orientación propugnada por el Sr. Hernández Mollar y su colega. Instamos al Grupo Liberal a que se desvincule del PPE respecto de esas enmiendas, porque ha demostrado tener instintos racistas.
En caso de que se aprueben las enmiendas del PPE a este informe, nos opondremos a todo el informe. Las enmiendas del PPE menoscaban el informe y empeorarían la actual posición de este Parlamento. La debilitarían tanto, que nos opondríamos a ella. Sería un paso atrás. Así, pues, insto a todos Sus Señorías a que rechacen las enmiendas presentadas por el Partido Popular Europeo y sus colegas de la extrema derecha.

Ludford
Señor Presidente, doy las gracias a todos cuantos han hablado sobre mi informe. Quisiera simplemente aclarar unos pocos malentendidos.
En primer lugar, en ningún punto de este informe se dice que la lucha contra el racismo signifique que no se deban aplicar controles de inmigración. Dice que dichos controles no deben ser discriminatorios por razones de raza y no deben exacerbar las actitudes xenófobas ni la hostilidad contra las minorías étnicas. Las referencias a la ampliación de los derechos para los ciudadanos de terceros países significan, naturalmente, derechos para quienes sean legalmente residentes.
En segundo lugar, sobre la religión y la identidad, se afirma que no hay exclusividad. Convengo con el Sr. Schultz. El cristianismo ha hecho una importante contribución a los valores europeos, pero no tiene el monopolio de ellos.
En tercer lugar, se ha hecho referencia a cuotas. En este informe no se habla en absoluto de cuotas. Como liberal que soy, me opongo a las cuotas.
En cuarto lugar, sobre Austria, se afirma que no debemos mencionar a Austria por el marco cronológico del informe. Este informe es para el debate anual sobre el racismo en el año 2000. Se refiere a la situación en que nos encontramos en este momento.
Acojo con beneplácito las observaciones formuladas por el Sr. Oostlander y su apoyo al informe. Como gesto de buena voluntad, voy a aceptar cinco enmiendas menores del PPE, aunque ninguna -dicho sea de paso- de las mencionadas por el Sr. Evans. Espero encarecidamente que más miembros del Grupo PPE/DE apoyen este informe.

Wyn
Señor Presidente, lo que no se ha subrayado suficientemente hasta ahora en el debate es -creo yo- la democracia y la subsidiariedad. Muchas de las atrocidades ocurridas en los Balcanes de las que hemos hablado antes y gran parte del racismo y del antisemitismo se deben a que en todas partes hay comunidades a las que se les ha negado la posibilidad, en consonancia con el concepto de subsidiariedad, de desarrollar dentro de ellas la democracia que los pueblos necesitan en todas partes, para evolucionar y crear en sus regiones y naciones los derechos sociales, la justicia, el respeto de las minorías, la coexistencia de pueblos diferentes y el respeto de todas las razas y pueblos.
El artículo 3b del Tratado de Maastricht sigue limitando, señor Presidente, la relación entre la Unión Europea y los Estados miembros a la subsidiariedad. Las regiones y las naciones sin Estado se ven preteridas. Así, pues, los pueblos sufren dentro de sus comunidades. No pueden crear estructuras que necesitan para que los derechos humanos puedan prosperar y se pueda eliminar por siempre jamás la plaga del racismo.
En nuestra nación, Gales, por ejemplo, no tenemos competencia para formular nuestras propias leyes contra el racismo y defender los derechos humanos. Los principios de cohesión y el impulso para limitar la pobreza y la depravación en nuestras comunidades son un concepto bien arraigado en la Unión Europea. Sin embargo, si quiere inspirar al mundo en su impulso con vistas a derrotar el racismo y defender los derechos humanos, debe imponer respeto para las minorías en todas partes.

Morgantini
Señor Presidente, agradezco muy sinceramente a las señoras y a los señores ponentes el trabajo realizado. Cada vez más debemos traducir las palabras en acciones concretas. La violación de los derechos humanos, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo no existen sólo en los demás continentes, existen en nosotros mismos, en nuestras vidas y en nuestras instituciones. También en este Parlamento se expresan posiciones racistas y xenófobas. Debemos empezar por nosotros mismos con el fin de poder lograr un mundo en que cada uno pueda servir de ayuda a los demás. Nuestra acción en los países que niegan la existencia de los derechos humanos y sociales -desde los derechos de los kurdos, de los palestinos, de los chechenos a los de las mujeres afganas- puede tener más fuerza si actuamos sin hipocresía.
Muchos son los Haider en Europa. Se es Haider cuando -y sólo cito un pequeño ejemplo- como ocurrió en Roma la pasada semana, se deportan, de un modo indiscriminado y con el consentimiento del alcalde, refugiados gitanos bosnios devolviéndoles a los lugares de conflicto y separando los hijos de las madres, los hermanos de las hermanas; se expulsan sin dejarles siquiera tiempo de llevarse algo consigo, y se apartan de la escuela niños nacidos en Italia, integrados y queridos por sus compañeros de clase. Se es Haider cuando en Roma los partidos de la oposición de derecha y del nuevo centro incitan a la población al odio e impiden al Ayuntamiento ubicar a los gitanos en lugares seguros, provistos de agua y luz. Digo esto sin hacer concesiones a los comportamientos ilegales de muchos gitanos o de muchos inmigrados.
Quisiera poder compartir con todas y todos el sentir de que nadie es extranjero en nuestros Estados. Por esto apoyo muy especialmente las propuestas contenidas en las resoluciones: dar fuerza y ayudas a todas aquellas energías que practican una cultura de convivencia y de ciudadanía.

Gahler
Señor Presidente, ante todo quisiera detenerme en algunos puntos del informe Belder, que ofrece un buen análisis de la situación actual en los países candidatos. Como ya se ha dicho, con respecto a estos candidatos no podemos causar la impresión de que les imponemos criterios más estrictos de los que cumplimos nosotros mismos. No debemos comparar la situación real de estos países con nuestros textos jurídicos ideales, sino con nuestra propia realidad. De lo contrario, los candidatos inevitablemente saldrían mal parados.
Es incontestable que por ejemplo los países candidatos a la adhesión que recuperaron su independencia hace poco, como es el caso de Estonia, Letonia y Lituania, tienen todo el derecho a volver a definir y articular primero su propia identidad nacional. Dado que la dictadura comunista que sufrieron estos países lógicamente no fomentó una cultura pluralista de diálogo, muchas manifestaciones actuales de identidad nacional nos parecen descomunales o incluso indirectamente contrarias a las minorías del propio país o de algún que otro Estado vecino.
Mientras se trate de etapas provisionales en el camino hacia la autodefinición no debemos condenar estos fenómenos de antemano en tono moralizador y arrogante. Lo que sí tenemos que hacer es prestar la ayuda concreta necesaria para evitar que estos Estados, en su camino hacia la Unión Europea, definan su identidad antes que nada a través de lo que los diferencia de las minorías o del vecino.
Quisiera aducir la situación en Estonia y Letonia como ejemplo de una evolución positiva nada evidente entre dos grupos de población. No es nada evidente debido al lastre histórico de la ilegítima ocupación y deportación, el forzoso traslado a estos Estados de ciudadanos procedentes de otras regiones por razones políticas y la opresión de toda manifestación de autodeterminación nacional hasta finales de los años ochenta. El hecho de que los carros de combate rusos llevaran la palabra ¡Volveremos! cuando se retiraron en 1994 ciertamente tampoco redundó en beneficio de la reconciliación entres bálticos y rusos. Pero pese a estos lastres no se ha registrado ningún caso de enfrentamiento violento entre la mayoría y la minoría de la población. Por eso, los estonios y los letones merecen nuestro expreso elogio por haber mantenido la sangre fría a pesar de las adversidades y por mostrarse dispuestos a tener en cuenta nuestros argumentos de cara a la adaptación de su legislación relevante a los estándares europeos.
Por todo ello, estimo que sobra el requerimiento explícito del punto 14 del informe Belder que pide la continuación de las medidas destinadas a la integración de la minoría rusa. Es algo que ya se está haciendo y la mención explícita no hace otra cosa que causar la impresión de que éste no es el caso.

Karamanou
Señor Presidente, es un hecho que durante los últimos años, paralelamente al aumento de la corriente migratoria, ha ido incubándose un ambiente de prejuicios, que la violencia racista se ha ido haciendo cada vez más frecuente, y que incluso se han creado partidos políticos fundamentados en la ideología racista. Se crea, pues, un clima social, que se ha manifestado en un ala de nuestro Parlamento esta mañana, que nos indica que la protección de la dignidad humana, el derecho a la diferencia, los valores democráticos y la solidaridad social no constituyen aún una conquista sólida.
Por ello nuestra acción en pos del respeto a los derechos humanos y de la creación de una sociedad justa en la que las personas convivan de forma creativa tendrá que incluirse en una amplia gama de medidas y políticas que se propongan la mejora de las condiciones económicas y sociales para todos, que impulsen la lucha contra el paro, contra la pobreza y contra la exclusión social. La nueva realidad multicultural de Europa requiere una política que garantice la integración de los inmigrantes, de los diferentes grupos sociales y de las minorías en la vida social, política y económica de las sociedades nacionales. Necesitamos, sin duda alguna, una política europea común de asilo y extranjería, fundamentada en los valores del humanismo europeo.
Singular relevancia adquiere también, qué duda cabe, el ámbito de la educación; tendrán que introducirse importantes mejoras en la educación de los hijos de los inmigrantes y de los gitanos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación están llamados a su vez a contribuir con sus armas a la lucha contra los prejuicios, a mostrar la belleza multicolor y multicultural de las sociedades contemporáneas. En este marco, claro está, se ha de dar por supuesto el respeto a cuantos objetan razones de conciencia, por ejemplo, a su incorporación al ejercito. Quisiera, a propósito, asegurar al Parlamento Europeo que lo que en Grecia constituía un problema en el pasado no constituye ya problema alguno tras la adopción y aplicación de la correspondiente legislación el 1-I-1998. La mención al respecto, pues, en el, por otra parte, excepcional informe del Sr. Haarder, carece hoy de sentido.

Cauquil
Deseo expresar mi indignación por el hecho de que Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, que pretende ser la vanguardia de la civilización, aplique la pena de muerte a una escala cuasi-industrial. Independientemente del riesgo de error judicial, ¿qué pensar de una sociedad que, para vengarse de actos innobles y bárbaros cometidos por ciertos individuos, pone en práctica todo un aparato jurídico material para perpetrar conscientemente, en frío, un acto tan bárbaro, adoptando de este modo un comportamiento incluso peor que el que condena ? Cuando se pretende defender los derechos humanos, exigir la supresión de la pena de muerte en todas partes es lo mínimo que puede hacerse.
En las prisiones americanas, los condenados esperan a veces durante muchos años su ejecución. Más concretamente, me gustaría elevar mi voz contra la amenaza de ejecución que pesa sobre Leonard Peltier y Moumia Abou Djamal, ambos víctimas de la maquinación de una policía y de un sistema judicial podridos de racismo, ambos condenados a muerte, en realidad, por sus ideas políticas. Después de haber soportado durante, respectivamente, 26 y 18 años esa tortura innoble que es la espera en el corredor de la muerte, deben ser inmediatamente puestos en libertad.

El Presidente
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, el debate se interrumpe en este punto. Se reanudará a las 15.00 horas.

VOTACIONES
Lannoye
. (FR) Señora Presidenta, desearía simplemente ser preciso y claro en relación a las enmiendas que se nos presentan: hay 29, más una enmienda a la totalidad de la posición común. Se da por descontado que, como ponente, apoyo las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Por otro lado, quiero hacer constar que apoyo igualmente todas las enmiendas que pretenden restaurar la posición adoptada por el Parlamento Europeo en primera lectura. Por el contrario, y hablo en calidad de ponente, deseo que quede claro que no puedo respaldar las enmiendas que se alejan demasiado de la posición adoptada en primera lectura. Esta opinión se refiere en particular a las enmiendas 17, 16 y 19. Claro está que tampoco puedo apoyar la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Unida Europea, es decir, la enmienda 8.

La Presidenta
Gracias, Señor Lannoye, estas precisiones estaban totalmente claras.
Después de la votación:

Jackson
Señora Presidenta, ¿puede confirmar la Comisión si ha aceptado la enmienda nº 1 de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor? Eso significaría que se podría aprobar la directiva por mayoría cualificada, con lo que podríamos acabar ya con esta directiva. Los belgas y los franceses podrían disfrutar con el chocolate británico tanto como los británicos han disfrutado con el chocolate francés y belga.

(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0054/2000), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un sistema comunitario revisado de atribución de la etiqueta ecológica (10656/2/1999 - C5-0223/1999 - 1996/0312(COD)) (Ponente: Sr. Schnellhardt)
(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0056/2000), en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, relativa a la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la incineración de los residuos (11472/1/1999 - C5-0274/1999 - 1998/0289(COD)) (Ponente: Sr. Blokland)
(La Presidenta declara aprobada la posición común tras ser modificada)
Informe (A5-0062/2000) del Sr. Davies, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al ozono en el aire ambiental (COM(1999)125 - C5-0048/1999 - 1999/0068(COD))
(El Parlamento adopta la resolución legislativa)
Informe (A5-0063/2000) de la Sra. Myller, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo que fija máximos nacionales para la emisión de ciertos contaminantes atmosféricos (COM(1999)125 - C5-0047/1999 - 1999/0067(COD))

Myller
. (FI) Señora Presidenta, quiero hacer una observación sobre un error de traducción en relación con las enmiendas 18 y 30. Esto se ha puesto en conocimiento de los servicios responsables y también se menciona en el listado de votación que se nos ha entregado aquí, pero quería recordárselo a ustedes para que lo tengan presente a la hora de votar.

La Presidenta
Totalmente, Señora Myller, me indican que los servicios lingüísticos ya están al corriente de estos errores. Podremos por tanto señalarlos, efectivamente, en su momento.
Antes de la votación de la enmienda 18

Myller
En ambas enmiendas, tanto en la 18 como en la 30, debe poner: " el índice crítico de concentración no deberá ser rebasado" . En lugar de la palabra ' rebasado' , se puede leer ' alcanzado' , lo cual significa todo lo contrario.

La Presidenta
Muy bien, todo el mundo lo comprenderá.
(El Parlamento adopta la resolución legislativa)
Propuesta de resolución común sobre el Consejo Europeo extraordinario que se celebrará en Lisboa el 23 y 24 de marzo de 2000.
(El Parlamento adopta la resolución)

Poettering
Señora Presidenta, estimados colegas, quedaría muy agradecido si todavía pudiéramos pronunciarnos ahora acerca de la resolución de nuestra colega Caroline Jackson, de la Comisión de Medio Ambiente. Podemos zanjar esta cuestión en tres o cuatro minutos. Les agradecería mucho que resolviéramos este asunto ahora en un momento.

La Presidenta
Creo que no vamos a perder más tiempo con este tema. Voy a consultar a la Asamblea.

Lienemann
Señora Presidenta, le ruego tome usted buena nota de que los socialistas franceses presentes en esta sala no participarán en la votación. Opinan que la moción que se les propone no es equitativa. Desean, en efecto, que las directivas medioambientales sean aplicadas e integradas en el seno de las políticas europeas, pero deben serlo en bloque, es decir, no sólo la Directiva Natura 2000 y la que se refiere a las aves migratorias. Piensan también que la aplicación de las directivas compete al Derecho, a la Justicia, a la Comisión y al Tribunal de Justicia. En consecuencia, no desean tomar parte en esta votación, que consideran partidista.

La Presidenta
De todos modos, aún no sabemos si vamos a votar esta mañana, dado que iba a consultar a la Asamblea sobre este punto.

Barón Crespo
Señora Presidenta, quería recordarle que usted había dicho que la anterior era la última votación, y también quiero señalar que esta resolución, que es la consecuencia de una desgraciada acumulación de dos preguntas orales en contra del Reglamento y las costumbres, está generando problemas complicados en todos los Grupos y no creo que esta sea la mejor manera de darle curso.

La Presidenta
Queridos colegas, creo que hay que enfocar bien las cosas. Al principio de la votación, dije que llegaríamos hasta la Resolución sobre el Consejo Europeo de Lisboa. Lo dije claramente. Dije que terminaríamos a las 13.15 horas, y hemos respetado este horario. Creo que debemos respetar lo que se ha decidido.

Poettering
Señora Presidenta, no estoy de acuerdo con esta decisión. El Parlamento tiene el derecho de decidir libremente si votamos dicha resolución ahora o no y, por eso mismo, ruego que votemos si la votación se celebra ahora.
(La Presidenta consulta a la Asamblea, quien decide interrumpir la hora de las votaciones)

Banotti
Señora Presidenta, por haber llegado un poquito tarde, no quería interrumpir la votación. ¿Podríamos pedir que tocaran los timbres un poquito antes? Las personas que estaban en el duodécimo piso han tenido grandes dificultades para llegar aquí, a la votación, pues el ascensor ha parado en todos y cada uno de los pisos y no hemos podido llegar antes. El ascensor estaba lleno de Vicepresidentes, Cuestores y toda clase de personas que bajaban del duodécimo piso.

La Presidenta
Totalmente, Señora Banotti. Tomamos buena nota.
EXPLICACIONES DE VOTO
Recomendación para la segunda lectura Lannoye (A5-0047/2000)

Maes
Señora Presidenta, al presentar las enmiendas a la directiva del chocolate, pretendíamos dar una mejor protección a los consumidores que quieren saber si se les ofrece verdadero chocolate o un producto que, en lugar de manteca de cacao, contiene también grasas de otro origen. Lamentablemente, estas enmiendas no han sido aceptadas. Nuestra preocupación continúa centrándose también en los productores de cacao del tercer mundo. Prevemos que, pese a la introducción de posibles mejoras para los productores de otras grasas vegetales, el equilibrio global resultante será, en cualquier caso, negativo para el tercer mundo. Hay que lamentar que el estudio relativo a las consecuencias de la nueva directiva para los países del sur no se haya efectuado con antelación. A partir de ahora, el chocolate deja de ser un producto totalmente elaborado a base de manteca de cacao. El término chocolate también se utiliza en algunas partes de la Unión cuando éste contiene sucedáneos. Lamentamos que la uniformidad se logre a expensas del consumidor, de los productores de cacao y motivada por el afán de lucro.

Montfort
Señora Presidenta, "sustancia alimenticia hecha con granos de cacao tostados o molidos con azúcar, vainilla y otras plantas aromáticas" , ésta es la definición tradicional del chocolate que puede usted encontrar hoy en día en los diccionarios. Pero he aquí que se perfila otra definición: "antiguo nombre de un producto auténtico, sano y de calidad, producido en otra época según una tradición ancestral, y a la que permanecen apegados algunos nostálgicos deliciosamente anticuados. Se emplea en la actualidad para designar un producto negro, marrón o blanco, o de cualquier otro color, que contiene materias grasas vegetales o industriales, o cualquier otra cosa, siempre que el resultado final encuentre un mercado, preferentemente mundial" .
He aquí, en efecto, la nueva directiva que se nos presenta hoy aplicada hasta las últimas consecuencias, y que podría perfectamente terminar por sustituir a la definición del chocolate que conocemos; es cierto que los productos sustitutivos son una especialidad del lobby industrial que parece haber inspirado esta apabullante directiva.
Nuevamente, parece que la ley de "todo es negocio" , es decir, la del más fuerte, ha sido elegida por encima de la defensa de los consumidores, de las PYMES y de nuestros artesanos...
(El Presidente retira la palabra a la oradora)

Isler Béguin
Señor Presidente, en este momento, como consecuencia de la votación catastrófica de hace un rato sobre el chocolate, deseo expresar mi opinión, y no estoy demasiado orgullosa de lo que hemos votado. En efecto, creo que hay que recordar que el Parlamento Europeo ha asumido la responsabilidad de modificar la composición misma del chocolate aceptando la introducción de aceites, de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao.
Me gustaría decir que el Parlamento Europeo no está en absoluto en línea con su opinión pública, por un cierto número de razones. En primer lugar, no es coherente con respecto a la demanda de los consumidores, que reclaman un etiquetado claro. No les hemos ofrecido este etiquetado en el chocolate. No está en línea con la opinión cada vez más reticente en relación a los organismos genéticamente modificados (OGM). Por tres votos, hemos renunciado precisamente a los OGM en el chocolate.
Además, nos hemos basado en el principio de la prudencia al rechazar los estudios de impacto previos en relación al efecto que tendrá esta directiva sobre los países productores, etc... No ha pasado nada. La pregunta que podemos hacernos es a quién beneficia verdaderamente la manipulación y...
(El Presidente retira la palabra a la oradora)

Titley
Señor Presidente, saboreo la dulce victoria para los productores de chocolate británico en nuestra votación de hoy en su lucha para lograr el reconocimiento del buen chocolate británico en toda Europa como el producto delicioso y de la mayor calidad que es. Los vencedores no son sólo los fabricantes de chocolate británico, sino también los consumidores de chocolate de toda Europa, que ahora tendrán libertad para deleitarse con Dairy Milk, Galaxy y Milky Way a voluntad. Un etiquetado claro permitirá a los consumidores elegir y disfrutar el chocolate que quieran. Sus papilas gustativas dejarán de verse privadas de él por la policía chocolatera de Europa.
Los países en desarrollo son también los vencedores. Esta legislación tiene en cuenta las necesidades de los agricultores más pobres del mundo. Esas grasas vegetales permitidas serán de origen tropical y también habrá un examen de las repercusiones de la directiva al cabo de tres años. Lo mejor de todo es que la directiva contribuirá al aumento de las ventas globales de chocolate en todas partes, con lo que aumentará el mercado de la exportación de los países en desarrollo. Conque los adictos al chocolate pueden ahora comer tranquilos sabiendo que están haciendo su contribución al tercer mundo.
Estoy seguro de que Sus Señorías convendrán en que en el pasado la UE se metió en un berenjenal de chocolate y algunos gobiernos también, al intentar proteger sus industrias chocolateras. Sin embargo, ha llegado el crujir de dientes por haber quedado tan mal. Ya era hora de que el Parlamento Europeo hiciese un corte de mangas a los horteras del chocolate.

Banotti
Hace ahora dieciséis años que se inició el debate sobre el chocolate en el Parlamento Europeo.
Creo que no deberíamos habernos metido en el lío de esta directiva.
Los debates sobre los gustos y los productos nacionales nos brindan una esfera demasiado amplia para debates ridículos.
Los consumidores elegirán independientemente de lo que haga la UE y así es mejor.
En el debate sobre el chocolate se ha hecho notar con demasiada frecuencia el patrioterismo nacional.

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) La Directiva de la Comisión de Bruselas relativa a la autorización para integrar en la composición del chocolate un cierto número de grasas vegetales más baratas que la manteca de cacao favorece manifiestamente los intereses de las cinco multinacionales que se reparten las tres cuartas partes del mercado europeo.
En la medida en que el producto abusivamente denominado chocolate ni siquiera será más barato, el consumidor no recupera en el precio de compra lo que pierde en transparencia con respecto a la naturaleza del producto.
Dado que no compartimos las preocupaciones proteccionistas que se esconden tras la defensa del "verdadero chocolate" , no vemos ninguna razón para votar a favor de la directiva de Bruselas.

Carlotti
. (FR) Tras más de dos años de aplazamientos, el Consejo adoptó, en octubre de 1999, una posición común sobre la Directiva relativa a los productos del cacao y del chocolate.
En estas condiciones, el texto no permite ni proteger los intereses de los consumidores, de los artesanos chocolateros y de los productores de cacao, ni garantizar la calidad del chocolate. En efecto, banaliza el empleo de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao, no contempla una información rigurosa para el consumidor, y tiene escasamente en cuenta la ausencia de un método fiable de análisis y medida de las grasas presentes en el chocolate. Así, esta propuesta no responde en absoluto a las preocupaciones expresadas por los diputados europeos con ocasión del voto en primera lectura el 23 de octubre de 1998.
Este texto abre la puerta de par en par a la producción industrial de productos equivalentes a la manteca de cacao hechos con aceite de palma, cuyo precio es muy inferior al del cacao. Su adopción produciría una caída de ingresos dramática para los once millones de personas que viven del cacao en África Occidental y para el conjunto de las regiones productivas
Para que asimilemos mejor este amargo trago, se ha intentado conferir al texto un trasfondo social, argumentando que permite defender los intereses de los países productores de manteca de karité más pobres, tales como Mali o Burkina-Faso.
Sin embargo, no existe garantía alguna en cuanto a la utilización por parte de la industria del chocolate del aceite de nuez de karité, que de todos modos no puede remplazar a la manteca de cacao más que en una proporción del 50%.
Nos referimos aquí a una oposición muy artificial entre productores de cacao y productores de karité, entre países pobres y países aún más pobres. En realidad, esta propuesta de directiva expresa sobre todo la postura de las multinacionales del chocolate, y al final sólo defiende claramente sus intereses. En consecuencia, no puede dejarme satisfecho.
Por todo ello, apoyo plenamente las enmiendas que anteponen los problemas de los artesanos chocolateros, los intereses de los consumidores y el futuro de millones de campesinos productores de cacao.

Caudron
. (FR) Deseo de entrada felicitar al ponente por la tenacidad que ha demostrado en este informe "chocolate" .
Recordaré brevemente las grandes líneas de este informe. En 1996, la Comisión Europea nos propuso modificar la Directiva de 1973 que autorizaba al Reino Unido, a Irlanda y a Dinamarca a derogar la normativa en vigor, remplazando en el chocolate una parte de la manteca de cacao por otras materias grasas vegetales (MGV) en una proporción máxima del 5% del peso total. Efectivamente, con la adhesión de nuevos Estados miembros, el número de países que autorizaban las MGV distintas a la manteca de cacao se incrementó hasta siete con Finlandia (que permite un 10%), Austria, Portugal y Suecia. Los ocho restantes las prohiben (Alemania, Bélgica, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos). Consecuentemente, la propuesta a la que nos referimos tiene por objetivo conceder a los Estados miembros la posibilidad de autorizar la incorporación de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao a los productos de chocolate en una proporción máxima del 5% del peso total del producto acabado.
Evidentemente, esto no ha dejado de suscitar debates a veces tumultuosos y, sobre todo, de despertar preocupaciones legítimas en los consumidores. Estos últimos, que hace algunos años se sintieron particularmente amenazados cuando Europa, por medio de directivas de armonización, intentaba imponernos "europroductos" , han manifestado su voluntad de defender sus tradiciones culinarias. Posteriormente, se ha perfilado una tendencia salvadora a promover la calidad de la alimentación al tiempo que la diversidad alimenticia.
Ahora bien, si en este informe es indiscutible que los Estados miembros que emplean MGV en lugar de manteca de cacao tienen derecho a comercializar sus productos, queda por saber si es legítimo comercializarlos bajo la denominación "chocolate" . Efectivamente, la sustitución de la manteca de cacao por otras MGV plantea la cuestión de la salvaguardia de la naturaleza misma del chocolate. Por tanto, hay que dotar a este mercado de garantías suficientes para los consumidores, es cierto, pero también para los productores de cacao. Debemos exigir:
un método de análisis que permita determinar el contenido exacto de MGV distintas de la manteca de cacao, lo cual no había sido contemplado por la Comisión Europea; por desgracia, esta exigencia no ha sido retomada por la posición común del Consejo, pero sigo pensando que se trata de una condición sine qua non para el respeto de la regla del 5%.
una mención muy explícita destinada a los consumidores para que puedan comprar con conocimiento de causa;
la reserva de la mención "chocolate de calidad" para los productos que contienen manteca de cacao;
la limitación de las MGV de sustitución a las materias vegetales tropicales que no se obtienen a partir de procesos productivos enzimáticos y que no se derivan de la ingeniería genética;
una evaluación del impacto de una medida de este tipo sobre las exportaciones de cacao en los PVD.
Suscribo estas exigencias, que se encuentran reflejadas en las enmiendas presentadas por el ponente. Soy, efectivamente, un consumidor preocupado por la calidad y por el sabor del chocolate tradicional. Por otra parte, pienso que la política de protección de los consumidores, elevada al rango de política comunitaria, no se limita a la seguridad alimentaria y a la protección de la salud. ¡Debe aspirar a promocionar una alimentación de calidad, que forma parte de una filosofía más general, la de la calidad de vida!

Darras
. (FR) Esta propuesta de directiva de 1996 se enmarca dentro de la realización de la armonización del mercado interior, en la que la Comisión concede a los Estados miembros la posibilidad de autorizar la incorporación de materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao a los productos de chocolate, en una proporción máxima del 5% del peso total del producto acabado. Contempla también la comercialización de estos productos de chocolate que contienen materias grasas vegetales (MGV) en todos los Estados miembros, siempre que vayan provistos de una etiqueta que mencione la lista de ingredientes.
Al igual que el ponente, soy de la opinión de retomar la primera lectura que nuestro Parlamento hizo en 1997, y no autorizar ni esta incorporación ni esta comercialización. Sigo pensando que debemos reservar la mención "chocolate de calidad" únicamente para los chocolates que no contengan MGV de sustitución, y sigo proponiendo un estudio del impacto sobre las exportaciones de cacao de los países en desarrollo; finalmente, sigo deseando que los consumidores dispongan de un etiquetado claro y preciso.
He aquí una posición de base, difícilmente negociable, dado que afecta a la defensa de los productos de calidad y a la del consumidor que todos somos. Por ello, invito a nuestra Asamblea a votar a favor de las enmiendas presentadas por nuestro ponente, y por tanto, a expresarse en contra de la postura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

Lang
. (FR) Estamos perdiendo el norte. En una Europa que proclama su voluntad de proteger al consumidor, que habla de etiquetas de calidad y autenticidad, henos aquí, ante una posición común del Consejo que prefiere desnaturalizar un producto hasta ahora de calidad, el chocolate, antes que perjudicar a las multinacionales agroalimentarias.
Por otra parte, ni siquiera deberíamos extrañarnos, porque esta misma Europa produce vacas locas, corderos con tembladera, pollos con dioxinas, e importa carne con hormonas y cereales modificados genéticamente.
Es cierto que se "informa" al consumidor de que el producto que compra está adulterado. ¡Pero qué hipocresía! ¡Qué información! En letras minúsculas, con un lenguaje incomprensible, en la parte trasera del envase.
Tienen ustedes por costumbre hacer lo que haga falta en nombre de sus dogmas, de la libre circulación, de la libre competencia. Por favor, no sigan haciendo cualquier cosa con nuestras tradiciones gastronómicas, nuestros productos de calidad o de nuestra tierra. No jueguen más con la alimentación. Eso será un verdadero progreso.
Lo han captado ustedes: mis colegas de la coordinación de la derecha europea y yo mismo votaremos a favor de la "opción cero" , cero materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en el chocolate.

Lulling
. (FR) ¿Pueden ustedes creerlo? Más de veinticinco años después del primer debate del Parlamento Europeo sobre el chocolate, me encuentro de nuevo inmersa en una discusión sobre la gran incógnita de saber si un producto puede ser llamado chocolate cuando no está fabricado exclusivamente a partir de manteca de cacao.
Hoy, al igual que hace veinticinco años, esta cuestión divide al Parlamento, hasta el punto de que mi Grupo no ha hecho lista de voto, y no ha aplicado la disciplina de Grupo, lo cual en estas circunstancias me parece maravilloso. Por tanto, he podido pronunciarme libremente a favor de la solución que me parece mejor para los fabricantes del verdadero chocolate, tal como lo aprecian los gourmets que piensan que se debe llamar al pan, pan, al vino, vino, y al chocolate, chocolate, siempre que efectivamente esté fabricado con manteca de cacao.
Lamento mucho que no hayamos podido ponernos de acuerdo sobre la solución que me parecía más sensata, o sea, que la denominación "chocolate" se reserve para los productos que incorporen el 100% de materias grasas vegetales derivadas del cacao, y que la presencia de otras materias grasas se indique visiblemente en el envase de los productos que las contengan, a fin de informar al consumidor y no llevarle a error, dando por sentado que la comercialización en el mercado único de estos productos estaría garantizada.
Tanto en materia de chocolate como en otros campos, sabemos que hay culturas y tradiciones variadas. Sobre gustos no hay nada escrito. En paralelo al tema "sabor y calidad del producto" , aparece desde luego la vertiente "política de desarrollo" : en efecto, los países asociados, los ACP, temen perder alrededor de 160 millones de dólares de sus ingresos si nuestros grandes fabricantes industriales de chocolate empiezan a emplear otras grasas vegetales en una proporción del 5%, cifra prescrita pero no controlable.
Como las cosas son lo que son, habría preferido que la posición común se hubiera rechazado, al igual que prefiero el buen chocolate artesanal a un producto industrial actualmente no controlable. Por desgracia, una pequeña mayoría dentro del Parlamento no se ha pronunciado en la forma que hubiese permitido a los consumidores disfrutar del chocolate bueno y verdadero.

Miranda
Rechazamos de entrada los principios de admisibilidad y generalización a todos los Estados miembros de la fabricación de chocolate con un porcentaje de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. Y lo hacemos por motivos que tienen que ver con la salvaguardia de los legítimos intereses de los países productores de cacao y también con la defensa de los consumidores.
En efecto, semejante medida tendrá inevitablemente consecuencias negativas en los países productores de cacao, a lo que se suma, como motivo determinante de nuestra posición, que no se considere siquiera la posibilidad de hacer un estudio de las repercusiones de dicha medida en los países en vías de desarrollo productores de cacao.
Entretanto, la fijación de un límite de 5% de otras grasas vegetales -distintas de la manteca de cacao- en la fabricación del chocolate constituye también un peligroso precedente en la medida en que, con el tiempo, podría propiciar no sólo su utilización en un porcentaje superior al que ahora se ha fijado, sino también abrir las puertas a la fabricación en el futuro de chocolate con otro tipo de grasas, incluidas, en última instancia, las obtenidas mediante modificación genética.
Por lo demás, es cierto que falta incluso por determinar un método de análisis que permita establecer con rigor la cantidad efectiva de esas grasas en la fabricación del chocolate, a lo que se suma la no obligatoriedad de un etiquetado que al menos permitiera distinguir con claridad el chocolate auténtico, compuesto exclusivamente de manteca de cacao, del compuesto de otras grasas.

Roure
. (FR) Esta directiva modifica la definición misma del chocolate, que pensamos debería estar fabricado con granos y manteca de cacao.
No tenemos derecho a llevar al consumidor a error utilizando la denominación chocolate para designar productos que no están necesariamente hechos a partir del cacao.
Los consumidores exigen una información clara y precisa. Ya no toleran ser engañados. La votación de hoy iba claramente más allá del mero problema del chocolate. Es la confianza de nuestros conciudadanos lo que está en juego.
Por ello, he votado a favor de todas las enmiendas que pretendían mejorar esta directiva y que eran presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor.

Rovsing
. (DA) La base del bienestar en la UE es la competencia. Y lo que se busca con la aprobación de una nueva directiva sobre productos de chocolate es precisamente mejorar la competencia dentro de la UE. En lo que respecta a la política alimentaria y de protección de los consumidores, hemos de ser muy cuidadosos. Sin embargo, aquí no se trata de la salud o de la protección del medio ambiente. Se trata únicamente de si debemos permitir la libre competencia sin ningún riesgo para la salud en la industria del chocolate, de forma que todos los fabricantes de chocolate puedan vender sus chocolates en todos los países comunitarios y no sólo en los siete países que hasta ahora siguen autorizando las grasas vegetales en cuestión. Viéndolo desde el lado de los consumidores, únicamente es una cuestión de gusto. De ahí que no sea correcto que los políticos decidan entre lo que los consumidores tienen derecho a elegir. Los artículos deben ser ofertados y debe estar claro su contenido, pero hemos de confiar en el propio criterio de los consumidores. No podemos hacer otra cosa. ¡Los consumidores deben descubrir por sí mismos cuál es el que mejor sabe!
El hecho de que hoy observemos en el Parlamento una oposición considerable hacia esta propuesta, no puede ser visto más que como un intento por parte de ciertos fabricantes de chocolate de frenar la competencia. Si se ve de dónde proviene la oposición, también queda claro que ésta más allá de los grupos proviene ante todo de los países que protegen su industria chocolatera en base a las normas en vigor.

Savary
. (FR) A pesar de los loables esfuerzos de Paul Lannoye, yo personalmente no he votado a favor del texto que nos ha sido presentado, que pretende autorizar la inclusión del 5% de materias grasas vegetales (MGV) en el chocolate, porque es el prototipo de reglamento europeo que suscita la incomprensión de nuestros conciudadanos y sienta las bases del euroescepticismo.
Allí dónde una obligatoriedad de etiquetado claro y sin ambigüedades habría sido suficiente para la comercialización de todas las variedades de chocolate existentes en Europa, se nos propone uno de esos compromisos surrealistas que tan bien se nos dan: no será el 0% de MGV como en 8 países, no será el 10% como en otros, ¡la ruleta ha marcado el 5% en toda Europa! 5% de MGV sin duda alguna no controlables, para mayor provecho de la industria, a la que faltará tiempo para inundar el mercado de chocolate falsificado a buen precio, y para provocar por otra parte un incremento de los precios del verdadero chocolate, erigido en producto de lujo para consumidores privilegiados.
¿Armonizaremos mañana la composición del ketchup, de la mostaza, de la charcutería, de los quesos, de la cerveza o de las pizzas, en nombre de un mercado único que pretende promover un sabor único, con el único fin de facilitar el negocio alimentario?
Si, por motivos de salud pública, es legítimo promulgar legislaciones relativas a los procesos de fabricación y a la rastreabilidad de los productos, no lo es menos el querer imponer un uniforme gastronómico a toda Europa en beneficio únicamente de la gran industria.
Aunque la construcción del mercado único sea un medio para fortalecer a Europa en la competencia mundial, no debe erigirse en dogma totalitario ni inmiscuirse en todos los campos de nuestra vida doméstica.
En particular, la diversidad de la gastronomía y de las costumbres alimentarias en Europa forma parte de su patrimonio y de su cultura, aunque con la contribución de especificidades locales que quedan fuera del mercado interior.
Los europeos no desean una Europa con consumidores estandarizados, que coman todos del mismo plato en un gran mercado interior uniformizado. De Europa, esperan una gran ambición política, más que reglamentos puntillosos y accesorios.

Souchet
 Los avatares de la nueva "directiva del chocolate" ilustran ante todo la pesadez y lentitud extraordinarias del proceso legislativo comunitario. Iniciada en el Consejo de Edimburgo en 1992, la "simplificación" de la Directiva de 1973 llegó a su fin hasta 1996 en una propuesta de la Comisión, examinada en primera lectura por nuestro Parlamento, en 1997, y fue preciso esperar todavía cerca de dos años y medio para que el Consejo estableciera una posición común que hoy se nos presenta.
¿Concluye, por lo menos, una elaboración tan larga en un texto útil? La respuesta es manifiestamente negativa. La nueva Directiva no responde a ninguna necesidad. La Directiva de 1973 definía claramente, sin ambigüedad alguna qué es el chocolate, un producto integrado de azúcar y cacao. Con el propósito de tener en cuenta las costumbres alimentarias de algunos países del Norte, se habían previsto algunas derogaciones. Por tanto, la situación era satisfactoria. ¿Por qué cambiarla? ¿Por qué, con el pretexto de "simplificarla" en realidad se trata de destruir la Directiva de 1973? ¿No sería, pues, intocable el acervo comunitario?
De hecho, si se cambia el contenido de la Directiva, se debe a la presión de cinco multinacionales (Nestlé, Suchard, Mars, Cadbury y Ferrero) que se reparten más del 70% del mercado europeo, pero cuya doble legislación actual estorbaba todavía la producción. Una fábrica implantada en Francia, por ejemplo, no puede producir chocolate que no corresponda a las normas francesas, según las cuales no puede incluir materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao. Sin embargo, para estas multinacionales se trata de reducir al mínimo el coste de sus materias primas. Mala suerte si el precio es una desnaturalización de la composición del chocolate. Efectivamente, la manteca de cacao representa del 8 al 9% del precio total del chocolate. La manteca de karité vale una tercera parte del precio de la manteca de cacao y el del aceite de palma es diez veces más bajo.
Al adoptar una lista de sustitutos de la manteca de cacao y previendo un porcentaje de ésta, la nueva Directiva abre una brecha, y ahí está lo esencial. Mañana bastará con ampliar, incrementar el porcentaje y añadir, por ejemplo, la soja a las materias grasas vegetales que hoy se nos proponen. La manteca de karité ha servido de pretexto y sus productores experimentarán entonces los mismos efectos que ahora van a afectar, es decir una baja de las cotizaciones, a los productores de cacao, debido a la adopción de una directiva que ignora decididamente sus propias consecuencias en materia de desarrollo y deja cínicamente su examen para el día del juicio final.
Con tal de lograr sus fines, producir y vender menos caro un chocolate falso con el nombre de chocolate en todos los lugares de la Unión, estas multinacionales no pararon hasta que las derogaciones de 1973 se convirtieron en norma, sin tener en cuenta los intereses de los chocolateros y de los productores de cacao.
La posición común estima plenamente sus reivindicaciones proponiendo erigir en regla uniforme y obligatoria para el conjunto de los quince Estados miembros una derogación que correspondía a una costumbre alimentaria limitada a algunos de ellos. ¿Se eleva con ello, por lo menos, el nivel de exigencia y calidad para el conjunto de los Estados miembros? En lo más mínimo. Todo lo contrario. El alineamiento se hace, como de costumbre, de acuerdo con el denominador común más bajo. Lo que se generaliza con ello es el grado inferior de calidad, para imponer finalmente un "eurogusto" normalizado, en detrimento de la calidad gustativa. Además, ¡la carga de la prueba de calidad incumbe paradójicamente al artesano chocolatero al que no se le prohibe, que se consuele con ello, señalar que no ha añadido otras materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao!
¿Permitirá el nuevo texto, por lo menos, que el consumidor distinga fácilmente entre chocolates verdaderos y falsos? No, ya que el texto de la Directiva es un texto carente de honradez, habida cuenta de que prevé la posibilidad de introducir en el proceso de fabricación del chocolate un porcentaje sumamente preciso (5%) de materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao, cuando no disponemos, como todo el mundo lo sabe, de un método de análisis fiable que permita controlarlo. La Comisión fija, pues, un porcentaje que sabe que no puede verificarse. Eso se llama un engaño.
El texto implica igualmente disposiciones no honradas en materia de etiquetado. Nuestro Parlamento había adoptado oportunamente en primera lectura, a iniciativa del Sr. Lannoye, una enmienda que prevé la obligación de hacer figurar, en el frente del producto, una mención claramente legible que señale la presencia de materias grasas vegetales distintas a la manteca de cacao. Habida cuenta que esta enmienda no fue retenida por el Consejo, el consumidor no será, por tanto, correctamente informado. En todos los países y para todos los consumidores que quieren un chocolate auténtico, la apelación de chocolate podrá de ahora en adelante abarcar con toda legalidad un producto totalmente desnaturalizado.
Gracias a un mecanismo comunitario que tiene constantemente por efecto diluir la responsabilidad de cada cual, cambiando así la definición de un producto básico de nuestra alimentación con el único objetivo de permitir a unas multinacionales sacar el máximo de beneficios. ¡Amantes del chocolate, saboreen con reverencia sus próximos huevos de Pascuas! Esta será la última vez que podrán estar seguros de que están fabricados con verdadero y auténtico chocolate, el de antes de la gran armonización. Y después del chocolate, ¿a quién le toca?

Thomas-Mauro
 Etiquetado, cuánto nos importas...
Esta es una señal distintiva a escala europea a la que queremos darle aquí nuevo vigor. Esta etiqueta, al igual que la marca francesa NF Environnement, es de aplicación voluntaria, es decir, que corresponde a los industriales pedirla. Se basa en el principio de un enfoque global, que toma en consideración todo el ciclo de vida del producto.
No obstante, no todas las señales nacionales han de ponerse en segundo plano. Efectivamente, los consumidores, los compradores, tienen sus propios códigos y su confianza se ha forjado en los logotipos que conocen. La voluntad de suplantar el logotipo nacional vendría una vez más a confundir al ciudadano que habita en la Unión Europea, perdido entre las listas de ingredientes, las etiquetas de calidad, los logotipos, las referencias a las regiones... un laberinto de indicaciones. Casi nos creeríamos ante una tableta de chocolate...
Queriendo defender a las PYME en materia de facilidades de acceso a las etiquetas ecológicas comunitarias que deban ser previstas, damos nuestro apoyo al ponente.

Titley
Señora Presidenta, apoyo de todo corazón las iniciativas de Europa para pasar a ser un continente respetuoso con el medio ambiente. Esta medida es una nueva prueba más del compromiso de la UE con el medio ambiente.
Desde 1992, el logotipo de la euroflor ha llegado a ser un distintivo de los productos inocuos para el medio ambiente, que van de las lavadoras al papel para escribir. Sin embargo, el entusiasmo de la industria por los productos verdes aún no está a la altura del de los consumidores. Sin embargo, es de esperar que las medidas que figuran en esta estrategia trienal convenzan a los fabricantes.
En la lucha en pro de la limpieza de nuestro planeta, el Gobierno laborista de Gran Bretaña ha estado, naturalmente, en la vanguardia. En Kioto, por ejemplo, el Primer Ministro Adjunto John Prescott consiguió, pese a que parecía imposible, un acuerdo para reducir las emisiones mundiales. Gran Bretaña lleva ya un gran trecho recorrido hacia la consecución de la meta de reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 20% en el año 2010. No contento con eso, el Gobierno ha aumentado la meta a 60-70% en el año 2050.
Esta Asamblea debe retar a otros Estados miembros para que sigan el ejemplo de Gran Bretaña. Podrán recoger el guante en la próxima conferencia complementaria de la de Kioto, que se celebrará en la Haya el próximo noviembre.
Naturalmente, la protección del planeta significa mucho más que una simple limpieza de la atmósfera. Significa también la protección del medio natural en el terreno. Una vez más, el Gobierno laborista de Gran Bretaña ha tomado la iniciativa. Su reciente proyecto de ley sobre la fauna y la flora, por ejemplo, brindará mayor protección que nunca a las especies en peligro. Además, la legislación sobre el "derecho a vagabundear" brindara al público británico la libertad para disfrutar y apreciar nuestro hermoso paisaje.
Señora Presidenta, se necesita urgentemente una acción coherente en los niveles local, nacional y europeo para limpiar nuestros aires, mares y tierras. La euroflor es tan sólo un elemento de la estrategia medioambiental más amplia que se necesita para salvar el planeta. Nuestros ciudadanos quieren ver acciones concretas. No quieren que los políticos les ofrezcan pura palabrería, que simplemente contribuye al calentamiento atmosférico. Aprovechando el poder de la euroflor, todos podemos contribuir a un mundo más limpio y más verde.
Recomendación para la segunda lectura Blockland (A5-0056/2000)

Banotti
El Sr. Blokland plantea un asunto que inspira profunda preocupación en materia de eliminación de deshechos, incluida la incineración.
Como procedo de un país con más del 90% de utilización de vertederos, he de afrontar la conclusión de que una incineración con los controles idóneos es necesaria e inevitable.
El compromiso por parte del Gobierno irlandés con un reciclaje y una separación de residuos en serio no resulta evidente precisamente. La separación de residuos, incluida la utilización de residuos orgánicos para compost, debe ser una prioridad en cualquier estrategia sobre residuos.

Caudron
 La gestión de los residuos es una tarea muy compleja y la presión ejercida por el grupo de interés es importante. Por ello, la Unión Europea adoptó una estrategia global para hacer frente a este desafío medioambiental y sanitario de capital importancia.
La Directiva que hoy nos ocupa forma parte de esta estrategia puesto que está encaminada a reglamentar el tratamiento térmico de los residuos peligrosos o los no peligrosos. Debo decir que, personalmente, siempre he estado inquieto al ver tratar, en el seno de la misma legislación, la incineración de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos. Ya comuniqué mis preocupaciones e interrogaciones durante la primera lectura.
Una mayoría decidió en el sentido de la coincineración, que no me parece satisfactoria. Por ello, ahora, lucho para que se tomen medidas destinadas a garantizar que no se disminuyan las normas de emisión de los residuos peligrosos.
Todo el mundo sabe que el volumen de residuos por incinerar en el interior de la Unión Europea va a aumentar. En lo relativo a los residuos municipales, se incineraron 34 millones de toneladas en 1990, y este año la cifra será superior a 56 millones. Son varias las razones que lo explican, que se deben al aumento del volumen de residuos producidos y al descenso de la cantidad de residuos enviados al vertedero.
Ahora bien, se sabe que la incineración de los residuos da lugar a emisiones de sustancias que contaminan gravemente el aire, el suelo y el agua y, por tanto, resultan peligrosas para la salud. Las sustancias contaminantes emitidas dependen de la naturaleza de los residuos que se tratan y las tecnologías utilizadas para tratarlos. Esta es la razón por la que nuestra atención se centra en las emisiones de metales pesados, de dioxinas y furanos.
El debate se ha centrado más especialmente en torno a las instalaciones de coincineración. Recuerdo que estas instalaciones utilizan residuos peligrosos como combustible en la producción de energía o de elementos materiales. Efectivamente, las disposiciones de las directivas aplicables imponen limitar la utilización de los residuos peligrosos como máximo al 40% de los combustibles utilizados. ¡Este porcentaje es demasiado elevado! Deben aplicarse normas de control especialmente estrictas a estas instalaciones y éstas deben ser tan estrictas como las impuestas a los incineradores.
Por lo demás, quiero insistir en el hecho de que esta generalización de la explotación de los residuos peligrosos no debe llevarnos a conformarnos con la producción de tales residuos.
Efectivamente, existe un riesgo especialmente importante de escuchar mañana que se hicieron inversiones para construir coincineradores y qué ahora, ¡es preciso rentabilizarlos! Rechazo de antemano enérgicamente estos argumentos que llevarán a aumentar el volumen de los transportes de materias peligrosas con todos los riesgos que ello conlleva para el medio ambiente y la seguridad.
En conclusión, sin dejar de recordar que es preciso sancionar las infracciones y ayudar a las colectividades que se las arreglan para que sus incineradores cumplan las normas, es necesario insistir en el hecho de que nuestra prioridad es y debe seguir siendo la prevención de la producción de residuos, sean peligrosos o no.

Collins
La Unión Europea ha estado en la vanguardia a la hora de concebir nuevas estrategias para la gestión de los residuos en los últimos años. De hecho, el objeto de esta directiva que hoy examinamos aquí es el de reducir los efectos perjudiciales de la incineración en el medio ambiente y en la salud humana reduciendo considerablemente los niveles de emisiones de varios contaminantes principales en el aire. Esta directiva va encaminada también a controlar el vertido de los residuos en nuestros sistemas de suministro de agua.
Ahora tenemos este informe ante nosotros en segunda lectura. Tomo nota de que una de las recomendaciones del Consejo Europeo es la de que, si la empresa concesionaria de una instalación de incineración de residuos no peligrosos se propone comenzar a incinerar residuos peligrosos, debe obtener una licencia para el control y la prevención integrados de la contaminación. Creo que se trata de una propuesta particularmente acertada.
Es muy importante que la Unión Europea presente activamente nuevas propuestas sobre la gestión de los residuos. En Europa se han producido desechos al ritmo de más de un kilogramo por persona y por día. Todos los años se producen en la UE 2.000 millones de toneladas de residuos. La Unión Europea tiene clara su posición respecto de un aspecto de nuestro problema en materia de eliminación de residuos. El futuro de la eliminación de residuos no radica en que las autoridades locales a lo largo y a lo ancho de este territorio busquen nuevos emplazamientos para vertederos. Existe una preocupación en aumento sobre las consecuencias medioambientales de los vertederos en general. Nada que no sea un importante cambio de rumbo para pasar de la dependencia de los vertederos a planes integrados de gestión de residuos será suficiente.
La Unión Europea apoya plenamente las metas estrictas, ambiciosas, pero alcanzables, en materia de reciclaje y recuperación que ha establecido el Gobierno irlandés. Dichas metas, que se deben alcanzar en los quince próximos años, son, entre otras, las siguientes:
Una desviación del 50% del conjunto de residuos domésticos de los vertederos.
Un mínimo del 65% de reducción en los residuos biodegradables actualmente destinados a los vertederos.
El desarrollo de instalaciones de recuperación de residuos empleando tecnologías medioambientalmente beneficiosas para tratar hasta 300.000 toneladas de residuos biodegradables por año.
Todas esas medidas reflejan un cambio en las opiniones públicas respecto de la cuestión de la eliminación de residuos. La vida de los vertederos está tocando ahora a su fin y se debe substituirlos por tecnologías más medioambientalmente beneficiosas. Existe un apoyo unánime a esa posición en los quince Estados miembros de la Unión Europea.

Montfort
 El impresionante volumen de residuos generado por nuestras sociedades urbanas industrializadas constituye sin duda alguna uno de los grandes desafíos a los que deberá hacer frente la Unión Europea en el curso del siglo XXI: progresiva e insensiblemente se inunda el planeta y, cada año, los Estados miembros de nuestra Comunidad no producen menos de 2.000 millones de toneladas de residuos.
En estas condiciones, resulta inconcebible percibir la gestión de estos residuos según la ley del menor coste inmediato: en efecto, la floreciente industria (decenas de miles de puestos de trabajo, miles de millones de euros) que está desarrollándose debido a esta creciente necesidad deberá tener, sin duda alguna, una gran inventiva para cumplir correctamente su misión evitando, especialmente, contaminar a su vez, amparándose en la valorización: la incineración devuelve a la atmósfera partículas de metales pesados y dioxinas, la depuración genera lodos indeseables y algunos materiales reciclados no han encontrado su(s) mercado(s).
La mejor protección posible del medio ambiente y de la salud requiere, pues, importantes progresos en la aplicación de la legislación relativa a la gestión de los residuos, cuya transposición todavía está lejos de ser satisfactoria, según un reciente informe de la Comisión.
Por tanto, efectivamente, es conveniente estimular a los Estados miembros y a sus industrias a hacer rápidamente los esfuerzos de adaptación necesarios. Adaptación de su legislación nacional a los principios de precaución y protección del medio ambiente en lo que concierne a los Estados y de sus técnicas con el fin de erradicar y no de desplazar el problema de la contaminación, en lo que atañe a las industrias. Sin embargo, al mismo tiempo, sería acertado que el Parlamento Europeo trace vías realistas hacia objetivos que pueden ser alcanzados, en lugar que dejarse llevar por sus inclinaciones líricas y sus enunciados idealistas en detrimento de su credibilidad: en materia de medio ambiente, la manera de preservar las oportunidades de lograr lo deseable de manera sostenible es a través de lo inmediatamente posible.
Por ello, el Grupo Unión por la Europa de las Naciones no brindó su apoyo a las enmiendas que no pueden aplicarse en nuestros Estados y cuyas consecuencias económicas previsibles resultarían sumamente nefastas.
Por lo demás, y en mi calidad de cargo local, espero que una fusión y una simplificación de las directivas comunitarias haga más claro y más fácil el marco reglamentario en el que deben inscribirse los planes departamentales de gestión de los residuos.

Moreira da Silva
La aprobación de esta directiva relativa a la incineración de residuos, que se aplicará a partir de 2005, mejora considerablemente el marco actual de gestión de residuos en Europa, al promover criterios tan importantes como la salud pública y la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Por lo demás, si esta directiva entrara en vigor de inmediato, cosa, que, por desgracia, no ocurrirá hasta 2005, sería prácticamente imposible que el Gobierno portugués prosiguiera su estrategia de coincineración. En todo caso, por ser una directiva que impone elevadas restricciones técnicas, jurídicas y procesales a todos los procesos de incineración y coincineración en Europa, resultará más evidente que la estrategia seguida en Portugal es profundamente equivocada.
Así, aunque yo habría deseado que se hubiera podido ir más lejos en las restricciones a los procesos de incineración y coincineración, no puedo por menos de congratularme de los resultados conseguidos, dado que esta directiva
1 - establece valores-límite de emisiones más rígidos, en particular de óxidos de carbono y de polvos;
2 - equipara, en el nivel de los valores-límite, las instalaciones de incineración y coincineración, y acaba con el régimen de excepción de que éstas disfrutaban;
3 - considera, sin lugar a dudas, que sólo se podrán utilizar la incineración y la coincineración como último recurso, una vez agotados todos los demás planteamientos técnicos;
4 - pone condiciones muy rígidas al nivel de gestión global de residuos -de la ubicación y dimensiones de las instalaciones de incineración y coincineración- y que se deben cumplir antes de la concesión de cualquier licencia;
5 - aumenta el poder de intervención de las autoridades competentes ante el posible incumplimiento de los valores-límite en las instalaciones;
6 - reduce drásticamente la posibilidad de que se utilicen los residuos resultantes de la coincineración y de la incineración, en particular en la construcción civil;
7 - introduce la indicación continua de dioxinas como un requisito obligatorio de los procesos de incineración y coincineración;
8 - aumenta la participación de los ciudadanos en el proceso de decisión sobre la ubicación de las instalaciones;
9 - asegura la obligatoriedad de la publicación anual de un informe medioambiental que determine el cumplimiento o no de los valores-límite;
10 - limita considerablemente las exenciones vigentes para las instalaciones en cementeras;
11 - establece por primera vez un valor-límite para las emisiones de amoníaco (NH3), dada la acidificación que ese compuesto químico produce en la atmósfera.

Ries
La propuesta de directiva sobre la incineración de los residuos constituye un expediente complejo y técnico cuyas implicaciones, tanto medioambientales como económicas, deben sopesarse con todo cuidado.
A raíz de la primera lectura, el Parlamento Europeo había dejado una profunda huella en los debates proponiendo la fusión de dos Directivas relativas a la incineración de los residuos domésticos y la incineración de los residuos peligrosos.
Hoy día, pienso que la posición común que nos presenta el Consejo constituye un muy buen compromiso, al que puedo suscribirme. No obstante, desearía abordar un punto en particular, el de la coincineración en hornos de cemento y justificar mi voto negativo en dos enmiendas.
Por un lado, la primera parte de la enmienda 25, en el Anexo II, que fija los valores límite de emisión para la industria del cemento y, en especial, el valor de 15 mg/m³ para las partículas. La mayor parte de los Estados miembros tienen actualmente valores límite de 50 mg/m³. En un reciente análisis de coste/beneficios, la Comisión concluyó que el mejor compromiso es de 30 mg/m³. Imponer normas de 15 mg/m³ implicaría un coste medioambiental excesivo y no resultaría rentable.
Por otra parte, la enmienda 14, sobre la definición de los residuos municipales, reintroduce una definición de los residuos municipales mixtos cuando ésta ya está prevista en el apartado 3 del artículo 3. Una mala interpretación de este artículo podría llevar a excluir la utilización de los residuos municipales en hornos de cemento. Ahora bien, este tipo de tratamiento está previsto por los planes de gestión de residuos de varias autoridades públicas.
Este voto no contradice mis preocupaciones medioambientalistas, puesto que la coincineración en hornos de cemento no es especialmente perjudicial para el medio ambiente: efectivamente, los hornos de cemento están sometidos a estrictas normas de emisión. Además, la coincineración a veces forma parte integrante de la política de gestión de los residuos de algunos Estados o de algunas regiones, en condiciones aceptables tanto a nivel económico como medioambiental.

Sacrédeus y Wijkman
. (SV) Sería muy necesario que las reglas de las instalaciones de incineración fuesen más rigurosas. Sin embargo, es dudoso que se apliquen las mismas reglas para las instalaciones destinadas a la incineración de residuos no clasificados que para otras destinadas a la incineración de determinados residuos, es decir, de residuos clasificados.
Las instalaciones para residuos no clasificados necesitan más equipamiento. Si se ponen las mismas exigencias a todas las instalaciones de incineración, el efecto puede ser que se obstaculice la clasificación de residuos y que se dificulte el reciclado, incluido el compostaje de los residuos orgánicos.
Por esta razón, los democristianos suecos instamos a la Comisión a tener muy en cuenta estas opiniones en el futuro trabajo en materia de basuras y residuos.

Souchet
 Examino este informe en mi calidad de alcalde, puesto que la propuesta de la Comisión se refiere principalmente al fortalecimiento de la legislación en vigor en materia de incineración de los residuos municipales, lo que, de paso, muestra bien la utilidad para un diputado europeo de poder ejercer el mandato tan complementario de alcalde, posibilidad que el actual gobierno francés se propone prohibirnos de manera tanto injusta como absurda, ya que no redunda en interés de nadie alejar a los diputados europeos del terreno.
El objetivo de la Directiva es loable: se trata de prevenir y de reducir los efectos negativos de la incineración y la coincineración de los residuos.
Sin embargo, no podemos sostener la propuesta cuyo objetivo es someter todas las instalaciones a las mismas normas de emisión. Esta no es la vía por la que podremos tratar la cuestión de la sobrecarga de los incineradores en Europa. El ponente está de acuerdo con ello: algunos flujos de residuos son más fáciles de tratar en el marco de una instalación de coincineración. A nuestro juicio, algunas modificaciones propuestas en la posición común en realidad corren el riesgo de perturbar la puesta a nivel de las instalaciones existentes y penalizar la coincineración de residuos peligrosos en hornos de cemento, lo que afecta esencialmente a Francia y Bélgica.
En lo relativo a los residuos municipales, formularé varias observaciones. En primer lugar, no es oportuno crear una confusión en lo relativo a la definición de los "residuos municipales mixtos" en el marco de la coincineración. Asimilar, como lo hace la enmienda 14, "los residuos parcialmente separados" a "los residuos municipales mixtos no tratados" , corre el riesgo de afectar al desarrollo de los procedimientos de selección de los residuos, que tratamos de desarrollar, y cuyos restos o ciertas fracciones podrían ser coincinerados.
Por otra parte, si se modificara el apartado 4 del artículo 7, retirando de este modo la cualificación de "no tratados" a los residuos municipales, ello equivaldría a prohibir la coincineración de fracciones de residuos municipales seleccionados (papel, cartón...) que no podrían ser reciclados, salvo si se recogieran por separado.
Por último, no puede aceptarse reducir el umbral de 6 toneladas por hora, por encima del cual las instalaciones existentes de incineración de residuos domésticos están sometidas a un valor límite de emisión atmosférica de 200 mg por metro cúbico para los NOx, ya que los planes de las colectividades locales para la adaptación de los equipos existentes se realiza tomando como base este umbral (cf. letra a) del Anexo V).
Incluso si, como sabemos, la incineración no constituye una solución perfecta, representa un avance importante para numerosas colectividades que, por lo demás, han accedido a hacer importantes inversiones para desarrollar una gestión moderna del servicio municipal de los residuos domésticos y asimilados. Es preciso tenerlo en cuenta, incluso si, claro está, debe continuarse la reflexión y la investigación. No cabe duda alguna que en el futuro, la industria del tratamiento de los residuos tendrá mucho que inventar para evitar contaminar a su vez. En consecuencia, deberemos elaborar estrategias de gestión de los residuos más amplias y favorecer activamente la investigación y el desarrollo en este ámbito esencial para la vida y el porvenir de nuestras colectividades locales.

Titley
Me parece increíble, dada la histeria anti-Bruselas de sus aliados del PI del Reino Unido que el Sr. Blokland haya podido preparar semejante informe con semejante exceso monstruoso de reglamentación. Pero al menos estas propuestas permitirán que la basura antieuropea propugnada por el Sr. Blokland y el PI sea eliminada de forma respetuosa para el medio ambiente.
El objetivo de estas propuestas es el de mejorar la calidad del aire y proteger la salud humana. La incineración es en muchos casos el método más eficaz e inocuo de eliminación de residuos. Sin embargo, a veces puede soltar substancias químicas peligrosas, como las dioxinas, en la atmósfera. Así, pues, reviste importancia decisiva que se vigilen esos subproductos y se impida su vertido en el medio ambiente.
Ya existe tecnología para limpiar los humos de las instalaciones de incineración de los residuos. Lo único que debemos hacer es lograr que se utilice. Las acertadas medidas presentadas por la Comisión deben fomentar la utilización de dicha tecnología.
La hipocresía del PI me resulta increíble. Desafío al PI a que explique a sus partidarios cómo puede ser que estén aliados con unos partidarios tan evidentes de la excesiva reglamentación de la UE. Si bien pretenden ser los enemigos de los eurócratas, son, en realidad, claros amigos suyos.
Temo que la limpieza del medio ambiente resulte pan comido en comparación con la tarea de convencer al PI para que haga sus deberes medioambientales. Lamentablemente los perdedores serán nuestros ciudadanos.

Thomas-Mauro
 Según los textos de los Antiguos, la eliminación de los residuos ya planteaba problemas en la Roma antigua, a pesar de que, desde entonces, dichos residuos han hecho felices a generaciones de arqueólogos. En esa época, la mayor parte de los residuos eran biodegradables, lo que está lejos de ocurrir hoy día.
Hemos hablado del chocolate. Pues bien, ésta es una manera concreta de ilustrar la cuestión siguiendo, por ejemplo, el itinerario del embalaje de una tableta de chocolate, de la basura a la planta de incineración y descubriendo allí que la combustión de la hoja de aluminio produce gases tóxicos.
En materia de gestión de residuos, nos vemos enfrentados a un desafío muy importante. Sin embargo, creo que algunos países no están preparados para ello ni material ni intelectualmente. Hoy día, la tercera parte de los residuos domésticos y asimilados tratados por el parque francés de instalaciones de eliminación ha sido confiado a trescientos incineradores. La incineración genera emisiones contaminantes: partículas, metales y dioxinas que es necesario controlar gracias a un sistema de tratamiento de humos. La reglamentación en materia de limitación de las emisiones se ha reforzado paulatinamente. Naturalmente, se precisan acciones para hacer cumplir las normas, porque es preciso proteger la salud y el medio ambiente, pero no deseamos, en lo que concierne a la coincineración, que se modifiquen ni el campo de aplicación ni la definición de sus instalaciones.
Es preciso tener cuidado, a fuerza de consolidar algunas de estas reglamentaciones y complicar las otras, de no suscitar una desconfianza respecto a la legislación europea en materia de medio ambiente, que predica una cosa y luego otra, dejando a algunas profesiones e industrias en la incertidumbre. Por otra parte, al cambiar la legislación aplicada a los coincineradores o al tratamiento específico de los residuos peligrosos, provoca distorsiones del coste e incluso un "turismo" injustificado de los residuos.
Existe un verdadero riesgo, el de favorecer a uno u otro procedimiento en detrimento de los demás a través de valores límite mal ajustados, cuando necesitamos los cuatro procedimientos incineración: la que se especializa en los residuos peligrosos, la especializada en los residuos no peligrosos, la coincineración y la incineración mediante instalaciones de combustión adaptadas.
Llamo la atención de mis compañeros sobre otro punto, ciertamente secundario. Sin embargo, a mi juicio, se requiere un trabajo de comunicación a raíz de la fusión de estas directivas. En efecto, la población tiene la impresión de que los residuos especiales, los peligrosos, los no peligrosos, los municipales, todos van a mezclarse y recibir un tratamiento común, en el mismo horno, en una misma planta. La selección de los residuos parecería, pues, inútil a su nivel. Por tanto, sería preciso llevar a cabo un verdadero trabajo de información y explicación.
Informe Davies (A5-0062/2000)

Caudron
En este combate sobre la calidad del aire, nos ocupamos, a través del informe Davies, del problema de la presencia de ozono en el aire ambiente.
Todos los especialistas coinciden: es imperativo elevar las normas de calidad del aire para que, en toda la Unión Europea, los ciudadanos estén protegidos de manera eficaz contra los riesgos para la salud que implica la presencia de ozono en el aire. Los efectos del ozono sobre la salud son diversos: irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta, insuficiencia respiratoria, tos, dolor de cabeza, etc. El ozono contribuye también a provocar crisis de asma, a deteriorar las funciones respiratorias y a incrementar la reactividad de los bronquios. A largo plazo, puede incluso provocar un envejecimiento prematuro de los pulmones.
¡Esta enumeración es realmente espantosa, por lo que acojo con la mayor satisfacción esta propuesta de directiva! En realidad, está encaminada a modificar la legislación comunitaria existente en materia de ozono, de conformidad con lo estipulado en la Directiva 96/62/CE del Consejo relativa a la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente.
Fija los objetivos a largo plazo así como los valores objetivo intermedios que esperan alcanzarse para el ozono en el aire ambiente. Asimismo, introduce un marco de normas encaminado a proteger la salud humana y el medio ambiente. Por último, pide a los Estados miembros que vigilen las concentraciones de ozono y que comuniquen los resultados al público. La directiva será, pues, un instrumento de referencia en lo que atañe el nivel de ozono en el aire ambiente.
Con el propósito de fijar los objetivos a largo plazo, la Comisión propone utilizar los valores indicativos adoptados por la Organización Mundial de la Salud en 1997 en relación con la calidad del aire. La finalidad primera es impedir que se superen estos límites y, por tanto, evitar los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente. No obstante, las propuestas de la Comisión no fijan una fecha para su realización, lo que es de lamentar.
En una primera etapa, se han establecido valores límite. El objetivo consiste en alcanzarlos, en la medida de lo posible, para 2010. Estos valores también se fundan en los valores indicativos de la OMS, pero se admite que puedan superarse un determinado número de días por año. Es preciso destacar que la propuesta de la Comisión no tiene en cuenta los cambios que podrían implicar los compromisos adquiridos por la Comunidad en materia de cambio climático. Ahora bien, éstos prevén una reducción del 8% para los gases de efecto invernadero. Y, si se cumple con estos compromisos, los Estados miembros deberían ser más ambiciosos en lo relativo a los valores objetivo para la reducción de los niveles de ozono.
En conclusión, estoy relativamente satisfecho del texto de esta propuesta de directiva ya que constituye una etapa importante en la realización del objetivo principal fijado en el quinto programa de acción en materia de medio ambiente: que no se superen nunca los niveles críticos de ozono en el aire ambiente.
Informe Myller (A5-0063/2000)

Caudron
Hoy nos ocupa una propuesta legislativa que nos incumbe a todos directamente puesto que está destinada a mejorar la calidad del aire ambiente. Se trata de una propuesta de directiva sobre los valores límite de emisiones nacionales para algunos contaminantes atmosféricos (una directiva correspondiente a la directiva marco sobre la calidad del aire). Esta se inscribe en el V Programa de Política y Actuación en materia de Medio Ambiente y desarrollo sostenible.
El objetivo principal es limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y los precursores del ozono con la finalidad de mejorar la protección del medio ambiente y de la salud humana contra los efectos nocivos provocados por la acidificación, la eutrofización de los suelos y el ozono troposférico. Los valores límite señalados en este texto deben ser cumplidos a más tardar en 2010.
En esta perspectiva, los Estados miembros deben elaborar programas destinados a la reducción paulatina de sus emisiones anuales nacionales y rendir cuentas a la Comisión antes de finalizar el año 2002. Los programas deberán revisarse y actualizarse en 2006. Asimismo, han de preparar, para 2010, y actualizar periódicamente los inventarios de emisiones y las previsiones de emisiones nacionales para las sustancias SO2, NOx, COv y NH3. Estos inventarios y previsiones deben comunicarse anualmente a la Comisión.
La ponente propuso enmiendas destinadas a fortalecer esta propuesta. Sugiere, principalmente, fijar normas más estrictas que han de cumplirse en términos de emisión de los cuatro contaminantes que nos ocupan. En lo relativo al principio, no puedo sino adherir a tales propuestas. Efectivamente, tratándose de la salud y del medio ambiente, se pretende mejorar la situación es preciso mostrar ambición. No obstante, colocar el listón demasiado alto puede revelarse contraproducente. Por esta razón, pienso que, por el momento, es mejor atenerse a los objetivos fijados en los convenios internacionales, sin dejar de tener presente que será posible revisar los valores límite a la luz de los progresos realizados. Por lo demás, el informe pide a la Comisión proponer nuevas enmiendas a la Directiva de ahora al 2004. Por este medio, podrá revisar los valores límite fijados en el texto, los objetivos medioambientales provisionales y las nuevas medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de los valores límite. Estas posibles correcciones permitirán adaptar la directiva a los progresos técnicos y científicos y, llegado el caso, permitirían alcanzar los objetivos para 2010. A mi juicio, es un buen compromiso.
Asimismo, la ponente propone fijar fechas límite para lograr los objetivos planteados; me parece indispensable. Efectivamente, sin un plazo para cumplirlos, los textos quedarían con demasiada frecuencia en declaraciones de intención sin seguimiento. En el mismo sentido, debe establecerse un dispositivo de sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones de la directiva a la mayor brevedad posible.

Malmström, Olsson, Paulsen y Olle Schmidt
Estamos de acuerdo en que la UE fije, mediante normas marco, valores límite en materias medioambientales, ya que la mayoría de esos problemas son de carácter general e internacional. Los países miembros tienen diferentes tradiciones y condiciones, por lo que ellos mismos deben encargarse del debido cumplimiento de los objetivos comunes.
Hemos optado por votar en contra de las enmiendas 16 y 17, puesto que esas propuestas, de manera general y poco matizada, liberan a los países del cumplimiento de los objetivos medioambientales fijados.
Propuesta de resolución para el Consejo Europeo de Lisboa

Ainardi
La ambición del pleno empleo, expresión que vuelve a inscribirse en el orden del día con el retorno de un cierto crecimiento, es efectivamente una intención loable, pero si no se resuelven las causas reales del paro, resultará difícil lograrlo.
Todos sabemos que a pesar del crecimiento, la creación de empleo en Europa es notablemente insuficiente. Asimismo, es precaria, especialmente en lo que se refiere a las mujeres y a los jóvenes. Es preciso dejar a un lado las simples declaraciones de intención, todo lo positivas que sean. Se hace cada vez más urgente, habida cuenta de las expectativas sociales tan fuertes, definir objetivos que puedan medirse y controlarse.
Hubiera deseado profundamente que se adoptara un compromiso en relación con las propuestas formuladas en la resolución de mi Grupo, en forma, por ejemplo:
del lanzamiento de un proceso de reducción del tiempo de trabajo, sin bajar el salario y sin flexibilidad;
una revisión de las directivas sobre los comités de empresa europeos y los despidos colectivos, con la finalidad de reforzar los derechos y la fuerza de los asalariados y de sus organizaciones sindicales, especialmente en caso de fusión y de reestructuración;
la instauración, en el ámbito comunitario, de un impuesto que grave los movimientos especulativos de capitales y un fortalecimiento de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Lamento profundamente que no se participe en un nuevo tipo de desarrollo sostenible, fundado en un reparto más justo de las riquezas, en el aumento del poder de compra de los hogares y en el resurgimiento de las inversiones públicas y sociales.
Por todas estas razones, no votaremos la resolución común.

Caudron
Portugal, que preside la Unión Europea durante este primer semestre del año 2000, decidió organizar a finales de este mes, en Lisboa, un Consejo Europeo extraordinario que girará en torno a la problemática siguiente: "El empleo, la reforma económica y la cohesión social -Hacia una Europa de la innovación y el conocimiento" .
¡Sólo puedo alegrarme de tal iniciativa! Efectivamente, el paro, así como la pobreza y la exclusión social que resultan de éste, constituyen plagas de las que es preciso ocuparse de lleno. Para ello, ¡parece indispensable la elaboración de una estrategia coherente y sobre todo coordinada a nivel de todos los Estados miembros! Ante todo, debemos dotarnos de objetivos ambiciosos. Los enunciados en el documento de la Presidencia portuguesa lo son: la vuelta al pleno empleo; un crecimiento estable; un proceso de cohesión social auténtico; la igualdad de oportunidades; la lucha contra la pobreza.
Como destacó el Sr. Guterres, Presidente en ejercicio del Consejo, hemos sido capaces de coordinar nuestras políticas económicas para asegurar el lanzamiento del euro. ¡Ahora la Unión Europea debe aceptar el desafío y proceder de la misma manera proponiendo líneas directrices en favor de la política del empleo y de la inclusión social!
Asimismo, me felicito de la idea de fijar objetivos cuantificados así como los objetivos que han de alcanzarse, especialmente para el crecimiento medio anual a nivel de la UE (3%) y la tasa de empleo (70%). De manera complementaria, me parece indispensable introducir un sistema transparente de contraste de los resultados con la finalidad de evaluar los progresos realizados por los Estados miembros en la realización de estos objetivos, mediante un sistema abierto de evaluación por parte de los demás y de coordinación.
El documento de la Presidencia insiste también en el fortalecimiento necesario de la convergencia social, la modernización de nuestros sistemas de protección social. La condición sine qua non es, naturalmente, la garantía de una elevada tasa de empleo. Ello requiere la creación de empleo, especialmente en el sector de los servicios, pero no cualquier tipo de empleo, sino un empleo de calidad. Asimismo, requiere que se mantengan los puestos de trabajo en Europa, ya que, efectivamente, en estos últimos tiempos, la tendencia son los despidos generalizados y sistemáticos. Requiere también una adaptación de la mano de obra a las nuevas tecnologías de la información.
Por ende, suscribo en gran parte a este programa. ¡Espero que sus objetivos se traduzcan, durante la Cumbre de Lisboa, en medidas concretas y ambiciosas capaces de satisfacer las expectativas legítimas de los ciudadanos(as) europeos(as)!

Theonas
Una cumbre europea más, a iniciativa esta vez de la Presidencia portuguesa, viene, en nombre del «impulso» a propuestas y medidas de apoyo al empleo y de lucha contra el paro, a aportar su contribución al robustecimiento y a la intensificación de las neoliberales políticas monetaristas -responsables precisamente de la adversa situación actual- que se oponen a cualquier política social, a cualquier política de empleo, y conducen a un dramático aumento del paro, a la inseguridad laboral, a las discriminaciones, a la exclusión social y a la generalización de la pobreza. Contradicción, ironía, hipocresía, una verdadera provocación a los trabajadores constituye el hecho de que se propongan como medidas contra el paro el reforzamiento de la competitividad de las empresas mediante la disminución del coste del trabajo, mediante la liberalización y flexibilización absolutas del mercado de trabajo, mediante el estímulo de modalidades irregulares de empleo.
El mantenimiento e impulso del Pacto de Estabilidad, la prioridad que se concede a los criterios de convergencia nominal, la total subordinación de la política social a criterios y exigencias de carácter financiero... Todo esto es precisamente lo primero que debería ser desmantelado si es que queremos hablar de auténticas políticas de empleo.
El gravamen de los movimientos especulativos de los capitales, la eliminación de los paraísos fiscales, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, la redistribución de la riqueza y de la renta a favor del trabajo, el control de las ayudas a las empresas, el fin inmediato de las facilidades brindadas a las reconversiones, fusiones y deslocalizaciones que conducen a los despidos masivos, el desarrollo de una protección social basada en la solidaridad e independiente de intereses económicos y comerciales... Estas serían las prioridades inmediatas si en el centro de atención de la UE se encontrara realmente el empleo y no el cómo "dorar la píldora" a los trabajadores, para burlarlos y reducir así la reacción social a su política social y económica antiobrera y antipopular.
Si el objetivo fuera la mejora del nivel de vida de los trabajadores y el aumento de su capacidad adquisitiva; si el objetivo fuera garantizar puestos de trabajo estables, se reforzarían las inversiones públicas y sociales, la igualdad de oportunidades y la lucha contra toda forma de discriminación relacionada con el acceso al empleo y con las relaciones laborales, se pondría freno a las políticas basadas en las privatizaciones, en los salarios bajos y la falta de protección social, en la flexibilidad y la precariedad del trabajo, en la persistente exclusión del mercado de trabajo de las mujeres, de los jóvenes y de las personas discapacitadas.
Lo que promueven, sin embargo, las directrices de política social y económica, lo que se les reserva en la práctica a los trabajadores es un nivel mínimo de pobreza y no un nivel mínimo de bienestar. El bienestar se destina al gran capital, al que se le abren brillantes perspectivas, desde el momento en que se le concede cada vez más inmunidad, se avanza en una desregulación aún mayor -en nombre del aumento de la productividad y de la competitividad- del mercado de trabajo, se arremete con cada vez más violencia contra conquistas fundamentales y derechos sociales, y se impulsa la concepción de que el estado (anti)social contemporáneo debe asegurar tan sólo un mínimo a los pueblos, a niveles de caridad.
Los más de 60 millones de personas, víctimas del paro de larga duración y de la exclusión social, y el conjunto de los trabajadores europeos, no van a mostrarse -como angustiosamente pretenden convencerlos- "adaptables" , "solidarios" , "disciplinados" y "colaboradores" ante semejantes opciones. Los encontrarán enfrente, rebeldes, inconformistas, luchando, sin retroceder un paso, reivindicando empleo a tiempo completo y estable, un sistema de política social que incluya, seguro, salud, pensión, protección de los parados, verdadera igualdad de oportunidades, enseñanza de calidad y auténtica formación profesional; los encontrarán luchando por una Europa social, democrática y solidaria, por una Europa de los trabajadores y de los pueblos. Allí nos encontrarán también a nosotros, luchando con ellos.
(La sesión, interrumpida a las 13.35 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Derechos humanos, racismo, xenofobia y antisemitismo (continuación)
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cuatro informes relativos a los derechos humanos, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

Brie
Señora Presidenta, quisiera manifestar mi más sincera gratitud hacia el Sr. Belder por su informe. El racismo, la xenofobia y el antisemitismo constituyen un problema acuciante, también en la propia Unión Europea. Su erradicación figura entre los objetivos de prácticamente todos los Grupos políticos de este Parlamento. Aunque el Parlamento esté dispuesto a adoptar una actitud reservada y diplomática en muchos ámbitos, ¡no es el caso en este ámbito concreto! Y eso es positivo. El Sr. Belder sabe que la comisión y yo hubiéramos preferido que los rasgos específicos de los problemas sufridos por cada uno de los países candidatos se hubieran definido de una forma más directa. La Sra. Ludford ha presentado algunas enmiendas que tienen por objeto suplir esta carencia y que, por tanto, merecen mi apoyo.
En general, considero que la lucha contra las causas sociales del racismo en los países candidatos y el planteamiento altamente significativo de las políticas en materia de asuntos sociales y empleo son las consecuencias de una política antirracista coherente. El hecho de que el Sr. Belder se mostrara dispuesto a abordar de lleno la cuestión del antisemitismo fue sin duda uno de los resultados más importantes del proceso de deliberación. Señor Belder, también por eso le quiero dar las gracias.
Los pareceres emitidos por la Comisión, el Parlamento, el Consejo de Europa y el Observatorio de Viena revelan que el antisemitismo aparece como una forma particular y particularmente peligrosa de racismo en muchos titulares, pero que de ahí no se pasa. Apenas existen análisis y evaluaciones y también escasean los programas especiales destinados a la erradicación de este problema. Y es más, señor Comisario, en los programas de la Comisión para los países candidatos las referencias a esta cuestión ni siquiera escasean, es que simplemente no las hay. A mi juicio, se trata de una negligencia inaceptable y, por eso, me dirijo sobre todo a usted. No cabe duda de que el antisemitismo está muy difundido y que suele estar presente de forma latente, lo cual dificulta su erradicación. Esta mañana lo hemos vivido aquí en este Parlamento en una de sus manifestaciones más repugnantes cuando se reiteró una vez más la viejísima tesis de que la culpa del antisemitismo la tienen los propios judíos. ¡Por todo eso, es fundamental que tanto nosotros como la Comisión abordemos este tema considerándolo como una tarea específica muy, pero que muy concreta!

Cushnahan
Señora Presidenta, la presentación por el Consejo de un primer informe anual de la UE sobre derechos humanos ha sido una contribución digna de beneplácito al debate en curso. En particular, acojo con beneplácito la información que en él figura sobre el diálogo UE-China en materia de derechos humanos. Si bien dicho diálogo puede desempeñar -y desempeña- un papel en la transformación de las cuestiones relativas a los derechos humanos en China, sólo dará fruto si la Unión Europea habla y actúa con una sola voz. En el pasado los Estados miembros de la UE se han dejado chantajear con demasiada frecuencia por China.
En anteriores períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, cuando algunos Estados miembros estaban planteando la atroz ejecutoria de China en materia de derechos humanos, acabaron retirándose uno tras otro ante la amenaza de China de aplicar sanciones comerciales.
La capitulación ante China fue inmoral y cobarde. Fue inmoral conceder mayor prioridad a la importancia de los intereses comerciales que a los derechos humanos y contrasta notoriamente con nuestra actitud en relación con los acuerdos comerciales bilaterales que tenemos con los países en desarrollo. También fue cobarde. La Historia ha mostrado coherentemente que la actitud correcta es hacer frente a los matones. Los matones siempre interpretan los intentos de avenencia como debilidad y China es uno de esos matones.
Lo vemos en su respuesta a las legítimas preocupaciones internacionales por su ejecutoria en materia de derechos humanos. Adopta una actitud de desprecio para con las opiniones procedentes del mundo exterior. Volvimos a presenciarlo en la conferencia del Congreso Nacional del Pueblo celebrada en Beijing la semana pasada. Su tono belicista en relación con Taiwán es inaceptable y constituye una injerencia directa en la elección presidencial de Taiwán. Tampoco se puede tolerar su arrogancia en el trato dispensado a los seguidores de Falun Gong y a los disidentes.
En Ginebra, y en otros lugares, la UE debe aprovechar todas las oportunidades para expresar, unida, su disgusto. Si bien apoyo firmemente la admisión de China en la OMC, debemos dar a China una dosis de su propia medicina. Debemos utilizar las negociaciones como resorte para velar por que China no sólo escuche las preocupaciones de la UE sobre su continua violación de los derechos humanos, sino que, además, adopte medidas para mejorar su ejecutoria.

Roure
 Señora Presidenta, Señorías, para fortalecer la protección de los derechos humanos en la Unión, es importante que nos ocupemos ante todo de las personas más frágiles, es decir, esencialmente las personas más pobres.
La primera violación de los derechos humanos es no permitir a todos y cada uno vivir con dignidad. Debe guiarnos el respeto de la persona humana y, este respeto, debe llevarnos a no dejar que la miseria pueda destruir a los individuos ni a las familias, a que los niños no sean arrancados a sus padres a causa de la miseria, a que no se niegue el simple derecho de asociación a aquellos que no tienen siquiera derecho al trabajo.
El objetivo es crear condiciones de vida decentes para cada ciudadano. Todos tienen derecho a estar a salvo de la pobreza y la exclusión. Todos tienen derecho a la educación, a la cultura, a la salud. Todos tienen derecho a una vivienda digna y a un ingreso que les permita vivir con la cabeza en alto.
Debemos afirmar que rechazamos la miseria. Debemos afirmar que todos y cada uno tienen derecho a la integridad física y mental y que esta integridad implica el derecho a una vida digna.
¿Podría convertirse la idea de fraternidad en la noción clave del siglo XXI? La necesidad de soñar se mantiene viva en cada ser humano y, hoy día, la fraternidad es lo que traduce lo esencial de nuestras expectativas en favor de los más pobres. La fraternidad es lo que da un sentido a la solidaridad, que rechaza la exclusión y la soledad y permite respetar las diferencias. La fraternidad es lo que debe inspirar los derechos de los más pobres.
Nuestro siglo será un siglo de progreso, un siglo en el que las utopías más descabelladas se harán realidad. La fraternidad forma parte de estas utopías y hemos de realizarla juntos.

Coelho
Señora Presidenta, Señorías, una vez más estamos dedicando una parte de nuestro tiempo de Pleno a uno de los asuntos más nobles de nuestra labor parlamentaria, la defensa de los derechos humanos, sea cual fuere su expresión y en cualquier parte del mundo.
Quisiera felicitar a la Presidencia por su acertada decisión de que examinemos conjuntamente estos cuatro informes. Si bien es cierto que nos falta tiempo para conceder a cada uno de ellos la debida importancia, el caso es que, al examinar los derechos humanos ahí fuera -en el resto del mundo-, no excluimos un análisis serio de lo que falta por hacer aquí dentro, en el espacio de la Unión Europea. Si bien es cierto que, por fortuna, en el espacio de la UE no encontramos las violaciones flagrantes que tanto nos preocupan en otros Estados, no menos cierto es que también en nuestros Estados miembros hemos de mejorar el respeto de dichos derechos, derechos económicos y sociales, derechos civiles y políticos, con relieve especial del respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal, derechos de los niños, de las mujeres, de los refugiados inmigrantes. En cuanto a la violencia policial y en las cárceles y a la lucha contra el racismo y la xenofobia, aún falta mucho por hacer.
Por lo que se refiere a terceros países, es esencial y urgente que la Unión Europea disponga de una estrategia común que debe elaborar el Consejo con la participación de este Parlamento y que debe dar coherencia a todas las políticas de la Unión Europea, en particular la de cooperación para el desarrollo. Carece de sentido que, en función de la realpolitik, seamos más exigentes en unas partes que en otras, que observemos a algunos Estados con más condescendencia que a otros y que prosigamos políticas de cooperación con Estados que no respetan derechos fundamentales de la persona humana, donde el Estado de derecho no funciona y quedan impunes graves irregularidades. Si seguimos apoyando política y económicamente a países en los que se da esa situación, somos cómplices de regímenes que no respetan los derechos humanos y respecto de los cuales podemos preguntarnos legítimamente si las ayudas comunitarias llegan a los pueblos cuyo desarrollo se pretende promover o si tan sólo alimentan la vanidad, la opulencia y las cuentas secretas de algunos de sus dirigentes.

Paciotti
Señora Presidenta, intervengo con relación al informe del Sr. Haarder, a quien felicito. Se trata de un informe que encuentro completo, equilibrado, documentado y exhaustivo. Lamentablemente, en contra de la voluntad del ponente, se ha manchado con la inoportuna inclusión de temas específicos, relativos a polémicas nacionales que poco tienen que ver con la dimensión europea de los derechos humanos. Ya se han referido a ellos los Sres. Di Pietro, Schulz y Cossutta. El Parlamento italiano está examinando el asunto del exilio de la antigua casa real italiana. Sorprende que los partidarios a ultranza del principio de subsidiariedad, recordado aquí por el Sr. Cornillet, sean los mismos que pretenden una iniciativa europea para dirimir cuestiones de política nacional.
Es sorprendente la pretensión de convertir una cuestión opinable de ordenamiento judicial en una cuestión de respeto de los derechos humanos. Se quiere imponer la división de las carreras entre magistratura que juzga y magistratura que instruye y la posibilidad de que los exponentes del mundo político eludan el juicio de los jueces que forman parte de esas asociaciones profesionales consideradas como dignas interlocutoras por el Consejo de Europa. Se pretende que ninguno de los que han desempeñado las funciones de ministerio fiscal pueda desempeñar funciones de juez. En Francia y en Italia rige la regla que se opone a la unicidad de las carreras, en otras partes no, pero el resultado es similar. Por ejemplo, el Sr. Bruener que acabamos de nombrar director de la OLAF, fue juez en Alemania: primero, desempeñó funciones de juez, luego de fiscal, más tarde de juez y por último de fiscal, sin escandalizar a nadie, sin violar ningún derecho humano. Actualmente, en Italia la cuestión está sometida a un próximo referendo, sin embargo, lo cierto es que nada tiene que ver con el encomiable informe del Sr. Haarder que, en todo caso, merece nuestro aprecio que no se ve mermado por este modesto intento de utilizar para fines impropios una sede que, como la inmensa mayoría de las intervenciones de hoy ha demostrado, merece atender preocupaciones mucho más serias y dignas.

Nassauer
Señora Presidenta, señoras y señores, si intentamos dejar de lado nuestros prejuicios, nos daremos cuenta de que en el amplio centro de este Parlamento ciertamente no hay rastro alguno de racismo. Si este Parlamento discute acerca de un informe sobre el racismo, ello no se debe al racismo del Parlamento sino más bien al informe.
Así por ejemplo, el presente informe no se limita a elogiar la lucha contra el racismo, sino que trata asimismo algunos temas como el derecho de voto de los nacionales de terceros países en algunos Estados o el Derecho de los funcionarios -el acceso a la función pública- que permiten adoptar una decisión en uno u otro sentido, pero que no tienen nada que ver con el racismo. Y desde este punto vista el informe se convierte en una obra mal hecha e interesada. Es algo que quiero dejar muy claro. Es decir, de este modo la lucha contra el racismo con la que nos tenemos que comprometer todos se malbarata y se utiliza como pequeña moneda política. Es por eso por lo que el informe en su formulación actual no merece nuestro apoyo.
Me opongo rotundamente a que se reste importancia al racismo de esta manera, transformándolo, como ya he dicho, en objeto del debate político. Es nuestra principal crítica al planteamiento de este informe. Todos estamos en contra del racismo. Todos ponemos nuestro granito de arena. Así las cosas, debería obtenerse una amplia mayoría en este Parlamento. Pero no vale que un ala de la Asamblea acapare este concepto convirtiéndolo en el tema central de una lucha política. Hemos de procurar que una cuestión de estas características se plantee en unos términos aceptables para todo el mundo, y éste no es el caso aquí.

Ford
Señora Presidenta, felicito a los cuatro ponentes por su labor y, en particular, a la baronesa Ludford por llevar a cabo una labor que yo, entre otros, contribuí a iniciar hace casi un decenio y medio con la primera Comisión de Investigación sobre el Racismo y el Fascismo en Europa, cuyo ponente fue, de hecho, un miembro excelente del Grupo Cristiano Demócrata y de Nea Dimokratia, Dimitrios Evregenis, de cuya labor ha dicho el Sr. Le Pen que utilizará todos los medios a su alcance para impedir que se ponga en práctica.
Quiero formular dos observaciones sobre los informes que tenemos ante nosotros; una sobre el informe Belder, en el que figura una versión de una enmienda que he presentado sobre el trato dado a las minorías rusófonas en Estonia y Letonia. Creo que no está fuera de lugar aquí. Lo que sucedía hace quince años en Austria fue que el Sr. Haider estaba persiguiendo, de hecho, a la minoría de habla eslovena en aquella región. Fuimos muy pocos los que nos alzamos y dijimos algo entonces. Tenemos que decir a los estonios y a los letones que, si continúan con ese trato, sus perspectivas de ingreso en la Unión Europea mermarán en la misma medida.
En segundo lugar, en el informe Ludford figuran una serie de enmiendas presentadas por los demócratas cristianos en las que se oponen a varios párrafos que originalmente figuraban en el informe Evregenis hace quince años -y fueron aprobados por los demócratas cristianos entonces- sobre la enmienda del Estatuto de los funcionarios para permitir que miembros de las minorías étnicas pasaran a formar parte del personal de la Comunidad Europea. Respecto de los derechos de voto, de la selección de los candidatos de las minorías étnicas, lo que no entiendo es si es que carecen de memoria institucional o si -evolución mucho más siniestra- ha cambiado su posición política.

Pirker
Señora Presidenta, mi Grupo y yo hemos respaldado con entusiasmo el informe sobre los derechos humanos del Sr. Haarder, ya que su planteamiento nos ha convencido. Encontrábamos muchas buenas razones para darle nuestro visto bueno.
Sin embargo, mi Grupo y yo albergamos serias dudas respecto al informe Ludford, puesto que so capa de la lucha contra el racismo y la xenofobia se discuten numerosas medidas políticas que no tienen nada que ver con lo que se entiende por análisis y que, de todas formas, no vienen a cuento en este informe, sin olvidar otra serie de medidas que, como es natural, sí merecen nuestro apoyo. Explicaré cuáles son los puntos que no podemos aceptar y por qué. Se trata de los elementos que rebasan los límites del período al que ha de circunscribirse el informe, a saber los años 1997 y 1998. Si Sarah Ludford pretendía que el informe se ocupara del 2000, debe ser poco menos que visionaria, puesto que ese año aún no se ha terminado.
En segundo término, nos oponemos a todos los puntos que atentan contra el principio básico de la solidaridad. El Sr. Nassauer ya ha señalado que se pretende modificar el Derecho de la función pública. A este respecto quisiera preguntar a la ponente si ya ha intentado hacerse funcionaria en Marruecos, por ejemplo. La forma en que se accede a la función pública y a la policía en cada uno de los países miembros es un tema que incumbe exclusivamente a los Estados miembros.
En tercer lugar, se plantean cuestiones que no vienen a cuento en este informe, por ejemplo el derecho de voto de los nacionales de terceros países en las elecciones europeas o las elecciones municipales.
Por último, quisiera referirme a un aspecto que estimo fundamental. Como austríaco no puedo aceptar un informe en el que se adopte una postura indebida y enormemente injusta frente a mi país, Austria, en el que las acciones motivadas por razones político-partidistas y las medidas de boicoteo injustificadas promovidas por los Catorce se aprueban y se respaldan expresamente. En última instancia, dichas medidas redundan en perjuicio de la juventud, la economía, el deporte y la población de mi país, que es Austria. Todo ello no tiene nada que ver con el informe. ¡El contenido del informe no se ajusta al título!

Thorning-Schmidt
Señora Presidenta, gracias al señor Haarder por el excelente trabajo que ha efectuado. Hay, sin embargo, un punto donde debo manifestar mi desacuerdo con el señor ponente. Cuando leí la edición danesa del informe del Sr. Haarder, creí durante un breve instante que el Sr. Haarder había ganado en sabiduría con los años y se había dado por enterado de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo danés que establece que los llamados "acuerdos de afiliación obligatoria" no están reñidos con los derechos humanos. Creía y esperaba poder mostrarme de acuerdo con el Sr. Haarder en subrayar el derecho del individuo a estar afiliado a un sindicato. Sin embargo, al leer el informe en otras lenguas se puede ver que el Sr. Haarder no ha ganado en sabiduría o bien que lo esconde muy bien. En algunas redacciones poco claras parece como si el señor ponente prosiguiera su cruzada contra el modelo danés donde los empresarios y los trabajadores pueden acordar que sólo los miembros de un determinado sindicato puedan ser empleados en una determinada actividad. A nadie se le priva de su derecho a trabajar, a nadie se le priva de su derecho a afiliarse a un sindicato, sin embargo, los particulares no pueden beneficiarse de los amplios acuerdos sociales sin ser también miembros de justamente el sindicato que ha creado los acuerdos. El Sr. Haarder llega más lejos en su ataque pues trata indirectamente de reforzar a los sindicatos que precisamente no reconocen los enormes avances colectivos que han contribuido a la creación del bienestar y de los derechos humanos en cuyo debate hemos empleado todo el día.

Vidal-Quadras Roca
Señora Presidenta, veo que no ha llamado usted al Sr. Hernández Mollar, y éste me había dejado su intervención para que yo la pronunciara en su nombre. Por tanto, le rogaría, señora Presidenta, que me concediera los dos minutos del Sr. Hernández Mollar, para que yo pueda presentar su contribución, y después los cuatro minutos para la mía, si usted no tiene inconveniente.
Paso, pues, a presentar la intervención del Sr. Hernández Mollar.
Señoras y señores diputados, señora Presidenta, el debate sobre la xenofobia y el racismo siempre es un debate de hondo calado político y social.
El informe Ludford contiene puntos muy aceptables que cualquier demócrata puede y debe ratificar, pero también tiene otros puntos que van más allá del rigor político o incluso del jurídico. La ciudadanía europea es un concepto abstracto que carece de virtualidad jurídica. Los Estados miembros regulan los derechos políticos de sus ciudadanos en virtud de sus propias leyes democráticas, al igual que ocurre en muchos de los países de origen de los ciudadanos que emigran a territorios europeos.
Pedir la participación política en elecciones locales, nacionales o europeas, o incluso el acceso a la función pública de quienes no son nacionales de los Estados miembros sin ni siquiera plantear el principio de reciprocidad, es ir más allá del realismo político y del rigor jurídico.
Una propuesta en este sentido es de imposible cumplimiento y, por esto, pido a la Sra. Ludford que lo retire para poder votar favorablemente su informe.
La xenofobia y el racismo se combaten mediante la educación, la integración laboral y social, mediante la atención en el ámbito de la vivienda, la salud o los servicios sociales, pero no hagamos fácil demagogia en una cuestión que exige sobre todo rigor y seriedad.
Hasta aquí la intervención del Sr. Hernández Mollar.
Y ahora empieza la mía, señora Presidenta.
La existencia de una panoplia de derechos fundamentales civiles, económicos, sociales y políticos, plenamente garantizada por el ordenamiento constitucional y por los poderes públicos, es uno de los elementos esenciales de la civilización occidental moderna.
Las distintas Cartas y Declaraciones de derechos que jalonan la historia de la política europea-americana primero, y mundial después, son hitos que ennoblecen la vida colectiva de la humanidad, elevándola en hombros de los valores cristianos y de las luces de la Ilustración hasta el ideal democrático actual.
La Unión Europea ha considerado siempre uno de los ejes medulares de su espíritu inspirador y ha esculpido en el frontispicio de sus Tratados constitutivos el respeto a los derechos humanos fundamentales. Sin ese componente irrenunciable de nuestra concepción moral de la organización social, la misma existencia de la Unión carecería de sentido, porque, además de articular un vasto espacio de libertad económica, los ciudadanos y ciudadanas de los quince Estados miembros desean, por encima de todo, ofrecer al resto del planeta un ejemplo de respeto escrupuloso a estos derechos.
Pero esa voluntad firme e inequívoca debe ser ejercida dentro del rigor jurídico y, sobre todo, del sentido común. Los nacionales de Estados que no son miembros de la Unión y que residen legalmente en nuestro territorio han de ser tratados en términos de igualdad con los ciudadanos de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso a la educación, la sanidad y la protección social. Y todo ello con pleno respeto a sus creencias religiosas y rasgos culturales específicos. El más mínimo brote de racismo, intolerancia o xenofobia ha de ser atajado de raíz en cualquier Estado miembro en el que se produzca.
Pero, una cosa es la condición administrativa de residente y otra la condición política de ciudadano. Los ciudadanos de la Unión, en sentido político, lo son como ciudadanos de alguno de los Estados miembros y ello los capacita para la plena participación política y, en particular, para emitir su sufragio en las elecciones, para asumir responsabilidades representativas de carácter electivo o para concurrir a puestos permanentes en las administraciones públicas.
La construcción artificiosa de una ciudadanía europea ajena a la condición previa e indispensable de ciudadano de un Estado miembro, de una ciudadanía europea que flote sobre las constituciones de los Estados que componen la Unión, sin base jurídica ni fundamento político sólido, atribuida precipitadamente a titulares de pasaportes de terceros países, por muy residentes que sean, representa una fuente de confusión y un riesgo de vulneración de los derechos de los nacionales de los quince Estados miembros.
La Unión Europea ha de ser un ámbito de acogida generosa, abierto a todas las personas que vengan a contribuir con su esfuerzo y su trabajo a la prosperidad general o que busquen asilo y refugio frente a la opresión o a la persecución. Pero la plena ciudadanía política ha de ser adquirida de acuerdo con lo establecido en el marco legal de cada Estado miembro.
En su célebre conferencia de la Sorbona "Qué es una nación" , Ernest Renan nos advertía: "No abandonemos el principio fundamental de que el hombre es un ser razonable y moral antes de estar ubicado en tal o cual lengua, antes de ser miembro de tal o cual raza, antes de ser un adherente de tal o cual cultura" . Muchas de las tragedias europeas del siglo XX han traído su causa del olvido de este sabio consejo.
Refresquemos, pues, la memoria en la línea indicada por Renan, pero sin excesos poco razonables y dudosamente morales.

Wiersma
Señora Presidenta, manifiesto mi respeto por el informe de nuestro colega, el Sr. Belder. Quisiera hablar hoy sobre el mismo.
El informe plantea muchas cuestiones relevantes. Efectivamente, son muchas, puesto que el tema del racismo y la discriminación en los estados candidatos necesita de mucha atención. Espero, así mismo, que los estados candidatos a la UE se esfuercen por cumplir las recomendaciones que figuran en este informe. Espero que nuestros futuros socios, los países de la ampliación, también se sumen rápidamente al programa de acción comunitario contra la discriminación que se debatirá dentro de poco en este Parlamento.
Sin embargo, quiero centrar mi intervención en la situación de los romaníes o, los también llamados, gitanos. Muchos romaníes viven en circunstancias muy deplorables en los estados candidatos. Con frecuencia, son víctimas de todo tipo de discriminaciones. Bajo el régimen comunista fueron sometidos a una política de asimilación; más tarde, a partir de 1989, fueron más o menos abandonados a su suerte. Durante mucho tiempo se les prestó escasa atención, pero, afortunadamente, el Consejo de Europa fue el primero en dar la señal de alarma. La Comisión ha declarado ahora, con razón, sus problemas como prioritarios con motivo de la ampliación.
También muchos gobiernos han actuado activamente en este punto en los estados candidatos afectados. La súbita afluencia en masa de grupos de gitanos a algunos Estados miembros nos ha llamado la atención a muchos. El Parlamento pretende lograr una mayor comprensión y visión de conjunto de todas las acciones de la Unión Europea y de la Comisión; y, por ello, pide a esta institución la elaboración de un programa coherente, que se realice conforme a una coordinación reforzada y en el que se establezcan objetivos y un calendario. Queremos que la Unión Europea se comprometa más directamente a abordar el problema de los romaníes. No sólo la Comisión Europea, sino también el Parlamento deben prestar mucha más atención a esta cuestión.
En primer lugar, desde un planteamiento más amplio. No se trata sólo de luchar contra las discriminaciones y cambiar la mentalidad de la gente. También deben abordarse las causas de las discriminaciones. El desarrollo regional y una buena política social son indispensables para ello. Los romaníes viven con frecuencia en zonas en las que la vida resulta difícil para todos. Queremos un planteamiento que se elabore desde una perspectiva local.
El papel clave para la solución de los problemas de los romaníes reside en las comunidades locales y en los gobiernos locales. Los programas de mejora deben realizarse en ese nivel, en el ámbito de la enseñanza, el alojamiento y el trabajo; y, así organizados, toda la población debe beneficiarse de los mismos. La cooperación local es una buena arma contra los prejuicios y las discriminaciones. El círculo negativo de la marginación y la discriminación solamente puede romperse en el ámbito local.
Así mismo, es importante la participación de los propios romaníes. En lo que a mí respecta, esto constituye un punto clave. Los romaníes deben poder defenderse más por sí mismos. Deben estar directamente implicados y ser corresponsables de la mejora de su situación. El reconocimiento oficial de los romaníes como minoría puede contribuir, en mi opinión, a una mayor autonomía política.
Así mismo, se necesitan más acciones especiales dirigidas a cambiar la mentalidad. La propensión a discriminar está muy asentada, también en el aparato de la administración. Debe, por tanto, prestársele una atención especial. Abogo por que se establezca una estrecha colaboración entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. Debemos utilizar mejor la experiencia desarrollada en ese foro.
Por último, quisiera subrayar que, sobre todo, es necesario que se logren resultados rápidos y visibles. Se han organizado muchas acciones con muy buena voluntad, también la Unión Europea es muy activa. Hay que reconocerlo. No obstante, al mismo tiempo, quisiera pedir a la Comisión que se esfuerce por lograr resultados rápidos y visibles que tengan como mira la primera ampliación de la Unión Europea, de manera que podamos mostrar a nuestros ciudadanos que hemos hecho algo al respecto. Algunas inversiones requieren mucho tiempo y se tarda mucho en ver los efectos, pero otras cuestiones, como el alojamiento y el hecho de abordar los problemas de empleo pueden conducir a resultados rápidos y visibles.
Los problemas de los romaníes deben abordarse ahora en los propios estados candidatos, ya que en ellos vive esa gente. Además, cuanto antes, a fin de evitar que dentro de unos seis años se convierta en nuestro problema.

Fiori
Señor Presidente, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho son el principio y el final de cualquier política. Los damos por descontados, sin embargo, en la civilísima Europa parece que no sea así. El Sr. Haarder nos ha expuesto la situación en el interior de los Quince Estados miembros y el resultado es que seguramente queda mucho por hacer. Cito algunos ejemplos. Es inadmisible, casi desconcertante, que hoy todavía Amnistía Internacional condene a algunos países por no respetar los derechos humanos más básicos. Es absurdo que algunos Estados, entre los cuales, lamentablemente, también hay que incluir a mi país de origen, sean condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la excesiva duración de los procedimientos judiciales. Asimismo es inconciliable con cualquier principio de derecho humano el hecho de que en algunos Estados miembros exista o continúe estando en vigor la figura del exilio.
No cabe duda de que si la Unión Europea quiere ampliarse y convertirse en un compacto sistema de referencia de la comunidad internacional, es necesaria una reacción fuerte y coherente por parte de las Instituciones europeas, aunque también es preciso que cada uno de nosotros trascienda su interés político nacional y se dedique al bien de la Unión a través de un voto política y humanamente responsable de estos temas. Todos nosotros sabemos muy bien que este informe no será vinculante para nuestros Gobiernos. Hasta que no se elabore la Carta de derechos fundamentales y no se incorpore a los Tratados, nuestro juicio no podrá ser más que una mera invitación a los Estados miembros. La responsabilidad política deberá superar este obstáculo.
En el momento en que la Unión está tratando de dotarse de un cuerpo militar autónomo para intervenir allí donde se cuestiona el Estado de Derecho, en el momento en que los criterios de Copenhague son parte integrante del acervo comunitario que los países candidatos deben transponer, es inadmisible que la situación de los derechos humanos dentro de los Quince sea tan heterogénea. Debemos ir más allá e instar a nuestros Gobiernos a que sean europeos hasta el fondo. Muchos antes que yo me lo han repetido: la Unión Europea no es, no puede ni debe ser sólo economía. La Unión Europea es algo mucho más profundo, tiene una raíz común y un sueño por el cual habrá que luchar, especialmente a través de los derechos civiles.

Souladakis
Señor Presidente, podríamos caracterizar a la sesión de hoy de sesión solemne dedicada a los derechos humanos. Alguien, con segundas intenciones, podría decir que Europa lava sus culpas. Yo creo que Europa da alas a sus esperanzas y a sus perspectivas.
Los asuntos relacionados con los derechos humanos constituyen un capítulo fundamental, uno de los pilares del avance europeo. Y en asuntos semejantes nosotros no debemos en modo alguno hacer rebajas. Pedimos a los países candidatos a la adhesión, y a otros países, de cualquier parte, diversos criterios. Por ejemplo, la cuestión de la pena de muerte. Y, sin embargo hay un país aliado, los Estados Unidos -lo digo como dato de sarcasmo internacional -, en el que la pena de muerte existe y se aplica. Y digo esto porque, si queremos edificar una Europa que se base en los principios del humanismo, no deberá hacer nunca concesiones en asuntos de intereses políticas, de una manera madura, claro, mirando al futuro.
Los cuatro informes que vamos a votar son buenos informes. Necesitan algunas mejoras y creo que todo el Parlamento contribuirá sin intereses inconfesables ni segundas intenciones. Especialmente el informe del Sr. Belder, que se refiere a los países candidatos a la adhesión, es un informe muy bueno y espero que al final sea incluso mejor.
Y la tentación de la calidad me impulsa, así, por razones de participación y de acuerdo, a leer dos parágrafos, dos propuestas que atañen a dos países candidatos a la adhesión.

Sobre Chipre: Chipre cumple los criterios de Copenhague, sin embargo, y dicho sea entre paréntesis, desgraciadamente escasos progresos se han hecho en la cuestión de la división de la isla.
Sobre Turquía: el informe de la Comisión no recoge ningún progreso en el fundamental asunto kurdo. En pocas palabras, el país sigue sin cumplir los criterios de Copenhague.
Estamos a favor de la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Sin embargo, rebajas en los principios no debemos hacer para nadie.

Swoboda
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señores Comisarios, con respecto al informe Belder hay una cosa que quiero dejar muy claro. Se trata de un informe excelente, muy serio y muy importante. Merece mi más sincero apoyo. Parte de la base de los valores fundamentales europeos, que de por sí se oponen radicalmente al racismo, a la xenofobia y al antisemitismo. Creo que solamente quien defienda estos valores fundamentales en el seno de la Unión Europea puede criticar las violaciones de los mismos en otros países. Por eso me parece tan importante el debate acerca del Gobierno austríaco, siempre y cuando sea un debate serio, claro está. A fin de cuentas, se trata de respetar estos valores fundamentales europeos y de representarlos dentro y fuera de la Unión.
Diversos sectores de la población de los países candidatos a la adhesión merecen nuestra especial consideración y atención. En primer lugar, quisiera referirme, como ya se ha hecho antes, a los romaníes y a los sinti. Hemos de preguntarnos cómo podemos integrar eficazmente a este amplio grupo de la población en la sociedad. En este contexto debemos ser conscientes de que se plantea un problema, puesto que los romaníes y los sinti tienen su propia idea sobre cómo debe llevarse cabo esta integración. Sin embargo, debemos ayudarles en el ámbito de la formación. Debemos ayudarles a encontrar trabajo y hemos de desplegar acciones informativas para evitar que vuelva a repetirse lo ocurrido hace poco. Obviamente, me refiero al emparedamiento, en el sentido verdadero de la palabra, y a la separación de los romaníes y los sinti de los demás vecinos de un municipio.
El segundo grupo del que quiero hacer mención son los kurdos. Turquía -que es un país candidato aun cuando de momento no se hayan iniciado las negociaciones correspondientes- no reconoce a las minorías, ni siquiera a la minoría kurda. Me parece una equivocación y una contradicción, también de cara a las declaraciones del Consejo de Europa. Pero aunque Turquía no reconozca a los kurdos como minoría y no les confiera derechos colectivos, debe admitir que está violando los derechos individuales del pueblo kurdo en lo que a la libertad cultural, la libre expresión y las libertades y derechos económicos se refiere. Por todo ello, estimo fundamental que ayudemos a los kurdos a imponer sus derechos de una forma inteligente, de una forma pacífica. Es otro aspecto que queda muy bien reflejado en el informe Belder.
Les quiero recordar un tercer grupo que se concentra sobre todo en Estonia y Letonia, a saber, las minorías rusohablantes. Comprendo muchos de los argumentos que me han llegado a los oídos en los países bálticos, por ejemplo el hecho de que resulta difícil tratar y aceptar como iguales a unas minorías que no son autóctonas, sino que han entrado junto con las tropas de ocupación. Aunque haya numerosas trabas emocionales que lo impidan, es importante que se dé este paso y, en realidad, ya se ha recorrido parte del camino. Ahora bien, lo importante es que estos pueblos tengan el valor de seguir adelante y de sobreponerse al pasado y a las experiencias que han sufrido bajo la ocupación a fin de que en los países bálticos se abra un futuro común en el que también tenga cabida la población rusohablante.
El siete de abril se inaugura en Viena el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. En nombre de mi Grupo he instado a la Presidenta de esta Casa a que acuda a esta cita, independientemente de la situación que se vive en Austria, puesto que objetivamente hablando me parece un acontecimiento muy importante. Espero que dicho instituto no sólo reciba apoyo, publicidad y atención en el día de su inauguración sino que el Parlamento, así como el Consejo y la Comisión, lo sigan respaldando enérgicamente en los próximos años.

Martelli
Señor Presidente, Señorías, estoy a favor del informe Haarder en su conjunto, incluido el apartado 38. Por consiguiente, disiento del planteamiento del grupo de trabajo socialista al que pertenezco, ya que considero que los cuatro puntos enumerados en el apartado 38 -la excesiva duración de los plazos de prisión preventiva, la excesiva duración de los juicios, la no división de las carreras entre fiscales y jueces, el riesgo de que jueces politizados se ocupen en sus investigaciones de exponentes del mundo político- son en su conjunto unos elementos que deben hacernos reflexionar y aconsejar un voto favorable.
Por otra parte, cuando yo era ministro de Justicia en Italia emprendí esta batalla y tuve a mi lado al más importante, al más célebre, al mejor de los jueces italianos, Giovanni Falcone que, como yo y como nosotros, sostenía la necesidad de separar las carreras de los magistrados, no para castigarles -lo cual es evidente- sino para responder a las distintas vocaciones de quien instruye y, por lo tanto, es parte y acusación y de quien, por el contrario, es juez y, en consecuencia, debe ofrecer garantías de equilibrio y de imparcialidad. El hecho de que el Parlamento Europeo intervenga en esta materia no me parece en absoluto un abuso ni un exceso; por el contrario, me parece que responde a una idea y a una visión de la justicia europea, equilibrada y garantizada, especialmente en orden al buen funcionamiento de las autoridades públicas.

Seixas da Costa
Señora Presidenta, Señorías, no voy a extenderme mucho en esta intervención. Considero que el debate que hemos celebrado hoy aquí es de la mayor importancia y que las diversas sensibilidades que se han expresado en las lecturas de los diferentes informes han planteado algunas cuestiones interesantes, algunas de ellas de forma bastante polémica, otras subrayando aspectos de naturaleza contradictoria, algunas de ellas conviniendo en cuanto a la forma, pero probablemente no en cuanto al contenido. En cualquier caso, creo que son cuatro informes que en conjunto plantean problemas de la mayor importancia y de gran actualidad para todos nosotros, en particular en el momento en que la Unión Europea procura -tanto en el plano interior como en el de su afirmación exterior- dar contenido y subrayar un conjunto básico de valores que son, en el fondo, el fermento que podría servir de base para su propia unión política. Consideramos que, si no estamos dispuestos, también entre nosotros, a garantizar un criterio común de principios y que dichos principios sean también la base esencial de nuestra propia proyección exterior, es imposible garantizar una profundización de la Unión Europea.
He dicho proyección exterior y dimensión interior. Hoy se ha hablado mucho aquí, directa o indirectamente, de la actitud adoptada en relación con Austria, lo que a veces se ha hecho de forma relativamente emocional, comprensiblemente emocional -podríamos decir incluso-, por personalidades relacionadas con ese país. Como la posición que los 14 países de la Unión Europea expresaron en su relación bilateral con Austria llevaba el título de la Presidencia portuguesa, del Primer Ministro portugués, quisiera que quedara muy claro lo siguiente: nosotros no hacemos interpretación negativa alguna de la forma como se ha comportado Austria en el plano internacional y, en particular, como ha cumplido sus deberes y obligaciones en el marco de la Unión Europea. Ese aspecto es indiscutible: Austria ha sido un país cumplidor dentro de la Unión Europea.
Pero debemos comprender una cosa, que resulta definitiva respecto del modo como interpretamos la situación europea: todos nosotros somos ciudadanos austríacos. Hoy en la Unión Europea la ciudadanía es europea. El ciudadano austríaco es ciudadano portugués. Un ciudadano portugués es ciudadano austríaco. No hay cuestiones de carácter nacional cuando determinadas ideologías y fuerzas políticas propagan y defienden cierto tipo de ideologías, aun cuando después, por razones de carácter táctico, retrocedan respecto de las posiciones adoptadas. No se puede considerar que eso sea indiferente a los otros países.
Hoy estamos trabajando en un espacio europeo, en un espacio común, que deseamos vinculado con un conjunto básico de principios, como muchos de los que los informes aquí en debate subrayan. Debemos tener una perspectiva europea sobre estas cuestiones y no podemos refugiarnos sistemáticamente en la coartada de la subsidiariedad para decir que esas cuestiones son de dimensión nacional y que se trata de una intromisión en los asuntos interiores de determinado país. No es verdad. Como he dicho, los asuntos interiores austríacos lo son también de la Unión Europea. Al defender la necesidad de que el comportamiento en el ámbito de la vida política austríaca siga las bases y los principios que la Unión Europea defiende y que Austria se comprometió también a defender en el plano de la Unión Europea, no nos parece que estemos cometiendo una injerencia en sus asuntos interiores. Independientemente de las cuestiones de carácter emocional y, evidentemente, de los reflejos que ese tipo de situaciones puedan tener, consideramos que es necesario reflexionar profundamente sobre lo que ha significado ese acto, que ha tenido -conviene decirlo- una dimensión de carácter bilateral y que es un acto -seamos claros- de profilaxis política. Creemos que la profilaxis política tal vez sea la mejor forma de evitar en el futuro los males y, en particular, que viejos fantasmas puedan resucitar en el plano europeo.
En el plano de las relaciones exteriores creemos, señora Presidenta, Señorías, que la Unión Europea tiene hoy un marco ya basado en valores que la profundización, en particular mediante estos informes, va a garantizar y mejorar sin lugar a dudas. En esa esfera hay varias cuestiones evidentemente controvertidas. Hay varias esferas que merecen interpretaciones diferentes. Cuando hablamos de racismo y de estar todos contra el racismo, afirmación que es unánimemente aceptada por toda esta sala, no sé si estaremos realmente todos de acuerdo, si estamos todos a favor de medidas concretas para luchar contra el racismo. Cuando todos decimos que estamos contra la xenofobia, no sé si somos todos capaces de aceptar medidas activas de integración de los ciudadanos extranjeros dentro de la Unión Europea y de aceptar medidas de protección de los intereses de los extranjeros en el espacio de la Unión. Por lo demás, vamos a tener una prueba interesante, que va a ser la Carta de Derechos Fundamentales de los ciudadanos de la Unión.
Si dentro de la Unión hay voluntad de que se haga extensiva dicha Carta a los ciudadanos extranjeros que viven en ella, estaremos dando una señal de que nuestra acción contra la xenofobia comienza ya dentro de casa y con las medidas que nosotros mismos decidimos aplicar en el nivel político interno. Además, quisiera decir que, respecto de la antidiscriminación y las diversas formas de discriminación que los distintos informes abordan, hay, evidentemente, un mar de medidas diferentes. Y nosotros sabemos que incluso en el nivel de la legislación interna de nuestros Estados existen grandes diferencias en el tratamiento de algunas de esas cuestiones. Pero también creo que el modo como se plantean esas cuestiones en esta Asamblea, la forma como estos informes nos ayudan a reflexionar sobre estos problemas, constituyen una sacudida en la conciencia colectiva y un elemento importante para que podamos seguir profundizando en un debate sobre este tipo de cuestiones y que no compete sólo a los gobiernos, sino también a las organizaciones no gubernamentales, a los lobbies sociales, a los lobbies políticos. Y se debe mantener esa cuestión en nuestro orden del día y a eso se debe la importancia de este debate.
Por último, y para concluir mi intervención, quisiera señalar a la atención de Sus Señorías el conjunto de medidas que ya en el pasado el Consejo de la Unión Europea ha venido aplicando a este respecto, las diferentes acciones comunes que se han llevado a cabo. Entre otras, se han adoptado un conjunto de iniciativas relacionadas con el Año Europeo contra el Racismo, en 1997, y quisiera subrayar un aspecto muy importante y del que probablemente no nos hayamos dado aún completa cuenta: lo que representa el nuevo Tratado de Amsterdam. No es fácil encontrar consenso: cuando negociamos el Tratado de Amsterdam, y yo estuve en esa negociación, no fue fácil encontrar consenso en el sentido de integrar el conjunto de medidas hoy plasmadas en los artículos 6 y 7. Probablemente, y de acuerdo con la experiencia actual, sería conveniente mejorar las disposiciones que en ellos figuran, sería conveniente mejorar esa normativa. Vamos a ver si, en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, conseguimos encontrar un consenso que nos permita avanzar a ese respecto.
Pero quisiera señalar también a la atención de Sus Señorías la importancia de un acto que se va a celebrar, simbólicamente, en Viena el día 8 de abril: el lanzamiento del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia. Esa estructura va a ser muy importante y creo que también va a ser muy importante garantizar la colaboración de todos en el sentido de promover una lucha efectiva contra el racismo y la xenofobia en el ámbito de la Unión Europea, para lo que es en el fondo el desarrollo de lo que podemos llamar "el pilar ético" de esta Unión. Ésta es una Unión de principios, una Unión que debemos profundizar, y, si no conseguimos garantizar que se compartan esos principios en una gran parte del espacio comunitario, no habrá Unión política futura.

Patten
Señora Presidenta, al final de este debate extraordinariamente interesante tal vez pueda explicar la división o el reparto del trabajo en la Comisión. Voy a referirme principalmente a los informes Malmström y Belder y mi colega el Sr. Vitorino abordará los otros dos importantes informes, aunque, evidentemente, habrá puntos de superposición entre nosotros. Permítaseme comenzar con el informe Malmström.
Creo que el primer informe anual de este nuevo Parlamento Europeo es riguroso y oportuno. Oportuno, porque antes de la interrupción estival esta Comisión igualmente nueva aprobará -espero- una comunicación sobre los derechos humanos en las políticas exteriores. Abarcará muchos de los sectores abordados en el informe y todas las recomendaciones del Parlamento Europeo hacen aportaciones extraordinariamente útiles a nuestra labor. No puedo responder a todos los puntos del informe en este momento. Lo que haré será ocuparme de ellos, incluidos los debates con el Parlamento Europeo, durante los próximos meses para que preparemos una comunicación atinada y reflejemos los importantes argumentos que figuran en este informe.
Quiero centrar mis observaciones introductorias en los derechos de las mujeres y los niños, pues la ponente ha optado por centrar la atención en esos asuntos importantes. Es una opción oportuna, en vista de la plataforma Beijing +5 para la acción de este año en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Beijing confirmó que los derechos de las mujeres son derechos humanos universales y que corresponde a las mujeres desempeñar un papel fundamental en la construcción de sociedades democráticas y justas. La iniciativa europea en pro de la democracia y los derechos humanos lo refleja. Se incluye explícitamente a las mujeres como grupo beneficiario del apoyo. Las acciones abarcan una gran diversidad de aspectos: de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones en los Balcanes al apoyo a las trabajadoras domésticas en Costa de Marfil. Se han calificado acertadamente como cuestiones relativas a los derechos humanos cuestiones, como, por ejemplo, la violencia contra las mujeres. Como tales, se las debe promover vigorosamente, pues forman parte de nuestra política exterior y de la asistencia para el desarrollo. El informe de la Sra. Malmström expone algunas de las duras realidades de la violencia que se perpetra contra las mujeres en muchas formas y en todos los niveles de la sociedad. De los horrores de la violación a la mutilación genital, del hogar a la celda carcelaria.
Nuestros programas DAPHNE y STOP son los pilares de la reacción de la Comisión. DAPHNE ha apoyado el aprovechamiento mutuo de la información y los procedimientos idóneos entre las ONG y los Estados miembros mediante más de 100 proyectos transnacionales. En diciembre de 1999 se aprobó un nuevo programa DAPHNE para el período 2000-2003 en el nivel de cinco millones de euros al año. En respuesta a una resolución del Parlamento Europeo de 1997 la Comisión ha llevado a cabo una campaña de sensibilización sobre la violencia doméstica en los Estados miembros. Debemos aprovechar lo que aprendamos durante esa clase de campañas y compartir esos conocimientos con los países candidatos, tal vez en el marco de DAPHNE.
Tomo nota de lo que dice el informe sobre la espantosa costumbre de la mutilación genital y la falta de datos al respecto. En la Comisión buscaremos formas de contribuir a la búsqueda de una solución.
La Comisión está trabajando también con otras instancias para poner fin al abyecto tráfico de mujeres, que ha ido en aumento en los últimos años. En 1998 presentamos una comunicación al respecto. Entonces se centró la atención en la prevención, la investigación, la aplicación de las leyes, la condena efectiva de los traficantes y el apoyo a la víctimas. Como sabe Su Señoría, estamos trabajando a ese respecto con las ONG, la OSCE y los países candidatos.
En cuanto a los derechos de los niños, el programa STOP ha cofinanciado 67 proyectos sobre el tráfico y la explotación sexual de niños con un presupuesto de 6,5 millones de euros para los cinco primeros años. Está previsto que este año se inicie un nuevo programa STOP, en el que podrán participar los países candidatos.
Pasando a cuestiones más generales, he mencionado la próxima comunicación sobre los derechos humanos y las relaciones exteriores. Mi objetivo es el de adoptar un planteamiento más eficaz y coherente en materia de políticas y de gasto y en particular mejorar la gestión de nuestros programas en ese sector.
Los proyectos en materia de derechos humanos son muy diferentes de los proyectos para construir puentes o fortalecer la enseñanza primaria. Las ONG y los interlocutores de la sociedad civil participan íntegramente en su ejecución, que con frecuencia se hace en condiciones delicadas o peligrosas en el terreno. Quienes se encargan de la ejecución de los proyectos pueden ver incluso amenazados sus propios derechos y ésa es sin duda la razón por la que las ONG se sienten con frecuencia un poco agraviadas por tener que entregar a la Comisión una caja de zapatos llena de recibos cuando vuelven a la oficina.
Los procedimientos financieros de la Unión Europea, incluido el reglamento financiero, son poco propicios -por no decir algo peor- para las ONG, lo que obliga a preguntar: ¿debemos dejar de financiar a las ONG o debemos cambiar los procedimientos? Lo primero es claramente tan imposible como totalmente indeseable. No podríamos trabajar sin ONG. La reforma de nuestros procedimientos, muchos de ellos formulados por los Estados miembros en una época en que las ONG apenas existían, va a requerir tiempo, pero estamos trabajando al respecto, como parte del conjunto global de reformas. Por desgracia, no va a haber un cambio de la noche a la mañana.
Esto me da pie para pasar a ocuparme del presupuesto y la propuesta del Parlamento de una declaración conjunta sobre los aumentos anuales en el gasto en materia de derechos humanos.
No se puede separar el tamaño del presupuesto de la cuestión de nuestra capacidad para gestionarlo. De lo contrario, haremos demasiadas promesas que, sencillamente, no podemos cumplir y a la hora de apoyar a las ONG con frecuencia se dispone de un presupuesto muy reducido. Las promesas incumplidas pueden propiciar rápidamente la quiebra. Tenemos muchísimos proyectos que acabar de ejecutar y en el pasado no hemos gastado todo el presupuesto para derechos humanos y me resultaría muy difícil justificar un aumento en el gasto hasta que hayamos puesto orden a ese respecto. Pero quiero que quede esto claro: quisiera situarme en una posición, en cuanto pueda, en la que gastemos hasta el último céntimo y, por tanto, podamos justificar un gasto mucho mayor.
La posibilidad de crear la agencia de derechos humanos prevista en Viena y Colonia podría ayudarnos a este respecto. Creo que semejante agencia debería ser operativa y no consultiva. Lo estudiaré en la comunicación. También se deberían considerar las posibilidades de una agencia en el marco de la reforma más amplia de nuestra ayuda exterior y de la externalización en conjunto.
Ahora paso a las cuestiones planteadas en el informe Belder, que responde a la comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo en los países candidatos. Lo hago en mi propio nombre y en el de mi colega el Comisario Verheugen. Quisiera felicitar a los autores de ese completo informe. Naturalmente, critica la falta de propuestas concretas en la comunicación de la Comisión, pero conviene observar que la aprobación de dicha comunicación se produjo después de la dimisión del Colegio de Comisarios en marzo de 1999, cuando la Comisión no estaba precisamente -y lo digo suavemente- en las mejores condiciones para elaborar nuevas propuestas. Espero que esta respuesta inspire algunas sugerencias para el futuro.
La lucha contra el racismo es un elemento esencial de las políticas de la Unión en materia de derechos humanos y de la estrategia de preadhesión. Tiene dos elementos principales: aprobación y ejecución del acervo comunitario por los países candidatos, incluida la Acción Común de 1996 relativa al racismo y la xenofobia y el Convenio de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre los solicitantes de asilo y los refugiados y la utilización eficaz de nuestros programas básicos.
Durante el proceso de selección y durante las conversaciones bilaterales y en los comités de asociación se plantea la compatibilidad de la legislación relativa a las minorías. Por ejemplo, hemos examinado las leyes lingüísticas en Lituania, Estonia y Eslovaquia, asunto planteado durante los debates, y legislación relativa a los romaníes en la República Checa y en Eslovaquia. Esas conversaciones han dado algunos resultados concretos.
El segundo elemento -nuestros programas de cooperación- está compuesto de los programas nacionales PHARE, el programa Democracia PHARE y el programa MEDA. En PHARE se ha concedido la mayor prioridad, en consonancia con las propuestas de los ponentes, a la reforma de la policía, la justicia penal y los sistemas de asilo. Esa reforma contribuye a propiciar los necesarios cambios de actitudes en las instituciones.
También se incluyó en el marco del programa europeo de formación de la policía en la Europa central y oriental el objetivo de sensibilizar a la policía respecto del racismo y la xenofobia.
Perseveraremos con medidas semejantes. También estamos dispuestos a aprovechar las oportunidades para fortalecerlos. Un objetivo fundamental común a los informes Malmström y Belder es la necesidad de fortalecer nuestra relación con las ONG de los países candidatos. El nuevo Programa de Adhesión, que substituye los programas LIEN y de Asociación va encaminado a fortalecer la sociedad civil.
Por último, respecto de los romaníes, cuya condición han mencionado varios oradores, la Comisión pretende dar mayor coherencia a su apoyo a las comunidades romaníes. Nos proponemos participar en la reunión que organizará el Observatorio Europeo y a la que están invitados representantes del Parlamento Europeo: se trata de una reunión convocada para estimular ideas con vistas a mejorar la asistencia de la Unión Europea a las comunidades romaníes.
Estos informes abarcan cuestiones extraordinariamente importantes. Son cuestiones que cada vez preocupan más a los ciudadanos de la Unión Europea, pues diariamente se ven asediados por escenas en los medios de comunicación de violaciones de los derechos humanos, ya sea en el Cáucaso, Colombia, los Balcanes, Sierra Leona, China y demás. Estoy deseoso de que la Unión Europea plantee dichas violaciones en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, a la que asistiré el 27 de marzo.
Agradezco al Parlamento su oportuna aportación. La Comisión y el Parlamento están en perfectas condiciones para colaborar en materia de derechos humanos. Estamos en condiciones de tomar la iniciativa firmemente y dar ejemplo a otros. Estoy deseoso en particular de colaborar con los diputados a este Parlamento para velar por que la comunicación que presentemos este año brinde un ejemplo intelectual y político sobre esa cuestión y las ONG, los parlamentarios y otros lo consideren la indicación de una vía para el debate de esas cuestiones fundamentales.

Haarder
. (DA) Señora Presidenta, interpreté los comentarios de mi buen amigo, el Sr. Seixas da Costa, como una defensa de las sanciones contra Austria y por ello me gustaría preguntarle para mayor precisión si presentó esta propuesta como señor Presidente del Consejo, es decir, en nombre del Consejo, o si fue en nombre de los catorce gobiernos.

Pirker
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera saber en qué calidad ha prestado esta declaración. En segundo término, quiero dejar claro que al referirme a la solidaridad tenía en mente aquellos puntos del informe que suponen una intervención en los derechos de los Estados nacionales que, de conformidad con el Tratado, corresponden inequívocamente a éstos últimos. Y si me lo permite, señor Da Costa, quisiera hacer una tercera observación que va dirigida a usted. Está claro que las cosas que suceden en un país determinado de la Unión Europea interesan igualmente a los demás países. Al fin y al cabo es una de las razones por las que somos miembros de esta Unión Europea. También entiendo que uno recabe información y muestre interés. Pero, a mi juicio, mostrar interés significa asimismo informarse acerca de un país de forma objetiva, verter críticas allí donde éstas estén justificadas y adoptar medidas cuando se hayan cometido delitos, no de manera preventiva o siempre que sea posible desde perspectivas políticas.
Señor Ministro, quisiera invitarle en nombre de la delegación austríaca a recabar in situ esta información, de la que usted, y posiblemente muchos otros -probablemente los Catorce-, no tienen conocimiento. Si desea saber quién ha votado a este partido, que forma parte del Gobierno, a saber el Partido Liberal, debo comunicarle que el 50% de los trabajadores que antes se pronunciaban a favor del socialismo ahora han votado a este partido y que la mitad de los jóvenes han votado a este partido. No ha sido la extrema derecha que, al igual que en los demás países, desafortunadamente también está presente en Austria, donde tal vez alcance un 3% o un 5%. Los motivos son otros. Gran parte del electorado ha votado simplemente en contra del antiguo Gobierno y del socialismo buscando una alternativa.
Le rogaría que antes de venir a pronunciar aquí juicios de valor se informara debidamente y se limitara a criticar aquello que realmente merece ser criticado en lugar de guiarse por conjeturas o sospechas.

Schulz
Señora Presidenta, el Sr. Pirker no se ha referido al Reglamento, pero, como es muy listo, ha pronunciado un pequeño discurso de dos minutos y medio bajo el pretexto de exponer una cuestión de orden, lo cual hemos de perdonarle habida cuenta de que es austríaco y, además, de Carintia. Yo sí tengo una cuestión de orden. Lo que el Sr. Pirker ha hecho aquí no se ajusta al Reglamento. Quiero hacer un llamamiento al Presidente del Consejo en nombre de mi Grupo. ¡No baje la guardia y mantenga la misma actitud crítica ante el racismo y la xenofobia que ha manifestado aquí, sea en la calidad que sea!

Seixas da Costa
Señora Presidenta, agradezco esta oportunidad que me brinda de aclarar una vez más en calidad de qué formulé esas observaciones. Es evidente que el Presidente del Consejo Europeo y Primer Ministro portugués formuló su toma de posición en nombre de los catorce países de la Unión Europea, aparte de Austria.
La formuló en una dimensión que desde el principio -tuve oportunidad de aclararlo el día 2 de febrero en una intervención ante el Parlamento Europeo- no tenía reflejos en el funcionamiento de la máquina comunitaria. Por eso, los tres niveles de reacción de los 14 países respecto de Austria tienen una dimensión bilateral. La circunstancia de que llevara el título del Presidente del Consejo es una cuestión de mera coordinación de la posición conjunta de los diversos países. Vuelvo a decir y a subrayar lo que afirmé respecto del comportamiento de Austria en el plano comunitario hasta ahora: considero que he sido suficientemente claro al decir que Austria ha sido un socio leal dentro de la Unión Europea y en este momento no está en entredicho el comportamiento de ese país ni infracción alguna por su parte lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam.
Por eso, las sanciones de carácter bilateral lo son en un plano puramente bilateral y no en un marco de funcionamiento comunitario. Ninguna esfera de dimensión oficial del funcionamiento de la Unión Europea se ha visto afectada durante esta Presidencia en relación con la situación austríaca. Hay dimensiones de carácter oficioso que podrían haberlo sido, pero en el plano oficial, en este momento, la representación austríaca se hace en el nivel de los grupos de trabajo del Consejo, en el nivel de los Consejos de Ministros, en el nivel del Consejo Europeo que próximamente se celebrará.
Respecto de la cuestión del carácter político que Su Señoría plantea y respecto de la actitud que los Estados miembros adoptaron antes del funcionamiento efectivo del Gobierno austríaco, quisiera subrayar algo que a veces no es suficientemente subrayado en esta cuestión austríaca: que también para Austria, también para la vida política austríaca, la situación actual no es business as usual. No es casualidad que el segundo partido más votado en las elecciones austríacas no fuera invitado a formar gobierno. No es casualidad que fuera invitado a formar gobierno el partido más votado y después se pasara al tercer partido por el número de votos obtenido. No es casualidad que el Presidente de la República de Austria obligara a los dos componentes de la coalición gubernamental a hacer una declaración en el sentido de responsabilizarse de un conjunto de principios básicos. ¡No es casualidad! Es porque tampoco en la vida política austríaca la situación actual es necesariamente business as usual y ésa es la razón por la que, del mismo modo que los austríacos abrigan dudas sobre de esta situación, nosotros tenemos todo el derecho a abrigarlas y a expresarlas en el plano bilateral.
Mientras Austria se comporte plenamente como un socio en el plano comunitario, como lo ha hecho hasta ahora, nada funcionará contra Austria. Ése es un aspecto claro. Pero, en el plano bilateral, debemos tener la responsabilidad, el derecho y el deber de estar atentos respecto de lo que consideramos la infracción de un ambiente de confianza que determinadas personalidades, por las afirmaciones que hicieron en el pasado, por las propuestas de naturaleza política que presentaron, no nos garantizan. Ése es un aspecto político, es una afirmación de carácter político, de la que sacamos las consecuencias en el plano bilateral, en el que nadie puede negarnos el derecho a sacar conclusiones sobre nuestras relaciones con Austria.
Lamentamos que deba ser así y esperamos que una evolución de la situación en Austria nos permita proceder de otro modo.

Vitorino
 Señora Presidenta, como mi compañero, Chris Patten, lo dijo con toda claridad, a mí me corresponde expresar la posición de la Comisión sobre los otros dos informes que nos ocupan esta tarde: el informe Haarder y el informe Ludford.
Ante todo, quisiera decir que la Comisión comparte la opinión del Parlamento Europeo respecto a que el nuevo contexto jurídico, a raíz de la adopción del Tratado de Amsterdam, da a la Unión competencias y responsabilidades más amplias en materia de derechos humanos.
En este contexto, la Comisión se felicita de la iniciativa del Consejo Europeo de elaborar una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que dará una mayor visibilidad a estos derechos y también, lo espero, una mayor seguridad jurídica, al menos si, como lo desea el Parlamento y, ya lo he dicho, la Comisión, esta Carta se convierte en un instrumento jurídicamente vinculante y bajo tutela jurisdiccional.
En este marco, y en mi calidad de representante personal del Presidente de la Comisión en el seno de la convención encargada de la redacción de esta Carta, tengo la intención de defender el punto de vista de que los beneficios de la Carta deberán ampliarse a los nacionales de los países terceros que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Por lo demás, la Comisión observa con satisfacción que sus puntos de vista y los del Parlamento Europeo sobre la naturaleza y el contenido de esta Carta son muy parecidos. Así quedó de manifiesto en el debate que tuvimos ayer sobre el informe Duff y Voggenhuber y los es también para las conclusiones del informe del Sr. Haarder, al que felicito calurosamente.
La Comisión comparte el deseo de la acción, y no solamente un deseo retórico, de dar una cierta coherencia a las normas que se aplican en materia de derechos humanos tanto por los tribunales nacionales como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
A este respecto, no cabe duda, a nuestro juicio, que la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos permitiría aclarar la jerarquía de las jurisprudencias y daría una tutela exterior en materia de derecho comunitario como, por lo demás, ya se hace en relación con el orden jurídico de los Estados miembros. A nuestro juicio, reitero, esta adhesión no es incompatible con la elaboración de una Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante.
En lo relativo al contenido del informe del Sr. Haarder, voy a concentrar esencialmente mi contribución al debate en los sectores que están directamente bajo mi competencia en el seno de la Comisión.
Creo que las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere brindan un marco político muy claro a la política de la Unión Europea en materia de respeto y el fomento de los derechos de los inmigrantes en el sentido amplio del término. Los Jefes de Estado y de Gobierno han destacado que las políticas comunes en los ámbitos de la inmigración y del asilo que han de desarrollarse tomando como base el Tratado de Amsterdam deberían fundarse en principios que sean a la vez claros para los ciudadanos y ofrezcan garantías a aquellos que buscan protección en la Unión Europea o piden acceder a su territorio.
Por otra parte, las conclusiones de la Presidencia definen los cuatro pilares que en el futuro sentarán las bases de la política europea común en materia de asilo y de inmigración: una asociación con los países de origen, un régimen de asilo europeo común, un trato justo para los nacionales de países terceros y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías.
Quisiera sobre todo insistir en la necesidad, para la Unión Europea, de tener un enfoque global de la inmigración que aborde los aspectos políticos, los derechos humanos y las cuestiones de desarrollo en los países y las regiones de origen y de tránsito: la lucha contra la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de empleo, prevención de los conflictos, consolidación de los Estados democráticos y el respeto de los derechos humanos, incluidos los de las minorías.
Quiero reafirmar la importancia que la Unión y sus Estados miembros dan al respeto absoluto del derecho a solicitar asilo tomando como base la aplicación integral y global del Convenio de Ginebra. Asimismo, quiero destacar la ambición de desarrollar una política enérgica en materia de integración de los nacionales de países terceros que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros de la Unión. Por último, es preciso reconocer que si estas medidas son necesarias para garantizar la paz social en nuestros Estados miembros, también es preciso reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y garantizar la protección de los derechos de las víctimas de redes criminales que organizan esta inmigración, reservando una atención especial a la situación de los derechos de las mujeres y los niños.
Por tanto, comparto las preocupaciones del ponente y también, espero, del Parlamento. La Comisión quiere llamar su atención sobre el hecho de que para responder a sus preocupaciones, a nuestras preocupaciones y a las exigencias del mandato de Tampere, tenemos la intención, en el curso del año 2000, de presentar al Parlamento y al Consejo los principales instrumentos de la política de asilo en su conjunto: procedimientos comunes, revisión del Convenio de Dublín y el instrumento final de Eurodac. Sin embargo, al mismo tiempo, la Comisión tiene la intención de presentar al Parlamento, en otoño, una comunicación sobre la política de inmigración en la Unión Europea. Creemos que es preciso revisar la comunicación de 1994 y actualizar el enfoque de los aspectos relacionados con la política migratoria en la Unión, a la luz de las conclusiones del Consejo de Tampere.
En lo relativo, Señorías, a las insuficiencias de los servicios judiciales puestas de relieve durante el debate, la Comisión no tiene la intención de abordar algunas de estas cuestiones teóricas y prácticas, por lo demás muy interesantes, tales como la estructura de las carreras de las magistraturas nacionales o la duración de los procesos en varios Estados miembros, ya que creo que a este respecto es preciso sobre todo respetar el principio de subsidiariedad y reconocer que la elección de opciones esenciales corresponde a cada Estado miembro.
La Comisión quiere destacar a este respecto que un libro verde sobre la ayuda judicial constituye una buena contribución a la necesidad de definir las normas comunes en materia de protección de los acusados, tales como la garantía de la ayuda de intérpretes y traductores en los procesos transfronterizos y el establecimiento de un programa más global de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales.
En lo relativo a la justicia civil, pensamos que la comunitarización de varios instrumentos de justicia civil es una manera eficaz de asegurar la justiciabilidad efectiva de los derechos humanos. La Comisión ya ha propuesto la comunitarización del conjunto de los convenios existentes y que no están en vigor, especialmente el relativo a la transmisión de los procedimientos, a la que se añaden el Convenio de Bruselas II y el convenio sobre las quiebras. Asimismo, propusimos la transformación en reglamento del convenio tan importante de Bruselas de 1968 sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las decisiones en materias civil y comercial. Todos estos instrumentos están siendo actualmente examinados por el Consejo. Incluso el Reino Unido e Irlanda decidieron unirse a los Estados miembros, y Dinamarca, que no tiene la misma facultad de participar en los trabajos de la cooperación judicial civil, también está buscando soluciones cuyo examen se está llevando a cabo actualmente.
Por último, respecto a los capítulos relativos a los derechos del niño y de la mujer, incluso si abordan sobre todo materias que entran en la competencia de los Estados miembros, creo poder recordar a la Asamblea que la Comisión y yo mismo, nos hemos comprometido a presentar aquí a finales del año un paquete de medidas sobre estos temas. Estas medidas tratarán de ir más allá de la acción conjunta de febrero de 1997. Tratarán las definiciones, las incriminaciones y las sanciones relativas a la lucha contra la trata de los seres humanos con fines de explotación sexual y contra la explotación sexual de los niños.
Pasando ahora al informe Ludford, acojo con el mayor beneplácito la oportunidad de responder al informe del Parlamento sobre el racismo y la xenofobia. El compromiso de la Unión de apoyar las derechos fundamentales y luchar contra la discriminación quedó claramente plasmado en el Tratado de Amsterdam, lo que constituye, para mí, una novedad decisiva en el mensaje europeo.
El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea introduce nuevos poderes para reaccionar en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos fundamentales por un Estado miembro. El artículo 13 del Tratado CE dispone medidas para luchar contra la discriminación por razones de sexo, religión o credo, discapacidad, edad, orientación sexual y -de la mayor importancia para nosotros hoy en este debate- origen racial o étnico y en él incluimos (lo digo para aclarar la pregunta formulada por el Sr. Brie) la lucha contra el antisemitismo.
Muchas fuerzas se conjuntaron para llegar a un acuerdo sobre el artículo 13 en la última Conferencia Intergubernamental, como ya nos ha recordado el representante del Consejo, y la Comisión está decidida a cumplir con el compromiso del Tratado con una sociedad libre de discriminación. Ésa es la razón por la que presentamos nuestro conjunto de propuestas para luchar contra la discriminación tan sólo dos meses después de tomar posesión el año pasado.
Mi mensaje de hoy, como complemento del informe Ludford, es el de que seguimos esperando que el Parlamento conceda prioridad a la emisión de su dictamen sobre ese conjunto de medidas para que podamos aprobar las dos directivas y el plan de acción al final de este año, a más tardar. Pero, además de eso, creo que en muchos medios hay un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de medidas europeas contra el racismo. Ésa es la razón por la que en las propuestas conforme al artículo 13 podemos lograr más avances -me parece a mí- en materia de discriminación racial que de otros asuntos. Nos pareció que era políticamente posible. Esperamos sinceramente que los hechos no defrauden nuestra esperanza.
Como saben Sus Señorías, el conjunto de propuestas que la Comisión ha presentado se compone de dos directivas y un programa de acción. Los dos proyectos de directiva proporcionan un marco legislativo para los derechos legalmente aplicables, incluidas las disposiciones sobre diversas cuestiones decisivas, tales como la protección contra el acoso, el ámbito de aplicación de la acción positiva, los recursos idóneos y las medidas ejecutivas. Las directivas propuestas van complementadas con la propuesta de un programa de acción. Sabemos que, para luchar contra la discriminación, son necesarias medidas prácticas para llegar hasta las personas y ayudarlas a cambiar las actitudes y la conducta discriminatorias en el terreno. Ahora nuestra máxima prioridad es la de conseguir que los Estados miembros aprueben el conjunto de medidas antidiscriminación.
Aun siendo importante, el conjunto de medidas con arreglo al artículo 13 es sólo una parte de un proceso en curso para formular nuevas formas de abordar la discriminación racial. La Unión está comprometida con la integración de la lucha contra la discriminación por razones de raza y origen étnico a las políticas sectoriales y recientemente organizamos una importante conferencia al respecto. Nos proponemos seguir impulsando ese proceso mediante los Fondos estructurales, el Programa-Marco de Investigación, la Estrategia Europea de Empleo, la nueva iniciativa EQUAL y el nuevo Programa de Acción Social, que esperamos aprobar en el verano. Nos proponemos utilizar todos esos instrumentos para luchar contra la discriminación y, como saben Sus Señorías, también se ha iniciado la labor sobre la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Al Parlamento corresponde desempeñar un papel decisivo a ese respecto. Reviste importancia primordial para la Comisión que el Parlamento contribuya al impulso en aumento sobre estas propuestas emitiendo sus dictámenes sobre el conjunto de medidas lo antes posible y participando plenamente en la labor de redacción de la Carta de Derechos Fundamentales.
Voy a concluir como he empezado: la Carta representará la máxima prioridad que la Unión en conjunto concede a la lucha contra el racismo y la discriminación y la protección de los derechos humanos. Espero sinceramente que, durante nuestro debate sobre esta cuestión el año que viene, nos congratulemos de haber logrado, con la Carta, un nuevo instrumento para luchar contra el racismo y la xenofobia en la Unión.

Flemming
Señora Presidenta, permítame que introduzca una pequeña corrección en las palabras del Presidente del Consejo. Señor Presidente del Consejo, ya hay dos jefes de Gobierno que han sido llamados al orden por sus respectivos Parlamentos por haber adoptado medidas contra Austria. Por tanto, no tenían derecho a hablar en nombre de sus países, sino que actuaron claramente en su calidad de jefes del Partido Socialista. Así que, en el mejor de los casos, señor Presidente del Consejo, puede usted hablar de doce Estados.

La Presidenta
Señora, le propongo no volver a abrir el debate sobre Austria, que ya fue objeto de un intercambio de puntos de vista. Voy a dar la palabra al Sr. Schulz que deseaba hacer una observancia del Reglamento porque ayer durante el debate se le puso personalmente en tela de juicio.

Schulz
Señora Presidenta, no suelo servirme de este instrumento, pero esta vez me veo obligado con vistas al Acta. Durante el debate el Sr. Gollnisch, diputado de la extrema derecha francesa, ha arremetido contra mi persona. Por eso, quisiera aportar algunas aclaraciones para que consten en el Acta. No pienso retirar ni una palabra de mi afirmación, ya que es cierto que los extremistas utilizan los derechos de esta Casa para sus discursos sediciosos. En las explicaciones que me ha dirigido, el Sr. Gollnisch ha mencionado que su familia, como ha dicho él, nunca aceptaría el fascismo. Pues parece ser que en esto el Sr. Gollnisch se distingue claramente de su familia. Él sí acepta el fascismo o, mejor dicho, él es fascista. En tercer lugar quisiera hacer constar en el Acta que me asombra que en esta Casa puedan pronunciarse este tipo de discursos y que el fuerte aplauso del caudillo Le Pen me ha hecho caer en la cuenta de que sigue pisando este Parlamento aun cuando en el fondo haya perdido su elegibilidad como boxeador a sueldo en la lucha electoral francesa.

La Presidenta
Señor Schulz, tomamos nota de su declaración.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Eurodac
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre:
Las preguntas orales con debate de la Sra. Terrón I Cusi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos (B5-0013/2000), del Sr. Ceyhun, la Sra. Boumediene-Thiery, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (B5-0017/2000), del Sr. Pirker, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos (B5-0019/2000) al Consejo, sobre Eurodac.

Terrón i Cusí
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, en primer lugar quiero dar las gracias a la Presidencia en ejercicio del Consejo por su presencia de alto nivel en esta Asamblea y por su buena disposición.
El año pasado, este Parlamento fue consultado dos veces sobre el establecimiento de un sistema para la comparación de las impresiones dactilares. En principio, el sistema sirve para aplicar correctamente el Convenio de Dublín. El 13 de abril de 1999, este Parlamento rechazó la propuesta del Consejo de ampliar el sistema Eurodac a los inmigrantes ilegales mediante un protocolo. Después, este Parlamento fue consultado de nuevo con arreglo a las disposiciones de Amsterdam. Se nos insistió en que se quiere desarrollar este sistema para aplicar correctamente el Convenio de Dublín.
A mí esto me parece bien, con los límites que introducía el Parlamento en su último informe, con modificaciones que iban desde nuestras reservas a admitir la inclusión de menores de 14 años en el sistema hasta el ruego de que se aplicara este sistema Eurodac solamente al Convenio de Dublín.
Puesto que se nos informó de que no va a aceptarse ninguna de nuestras sugerencias, quisiera preguntar al Consejo si está dispuesto a tener un verdadero diálogo con el Parlamento. La pregunta no es banal. Estamos empezando a construir, a levantar los instrumentos de "comunitarización" del espacio de justicia, seguridad y libertad, y, como no nos cansaremos de decir aquí, esto no puede hacerse sin los Parlamentos nacionales y sin el Parlamento Europeo, porque son cuestiones demasiado importantes para los ciudadanos como para no contar con un consenso social fuerte.
La otra pregunta que quiero hacer al Consejo es si está de acuerdo en que este sistema debería estar administrado por la Comisión, para lo cual ésta debería dotarse del personal y de los medios suficientes.
Volviendo al contenido del informe, la negativa a aceptar las enmiendas del Parlamento y la ambigüedad de algunas de sus disposiciones, así como alguna información que he obtenido, me llevan a preguntarles, y a insistir en ello una vez más, cuáles son exactamente las intenciones del Consejo con respecto al ámbito y a las funciones del sistema Eurodac; el por qué de la inclusión de otros extranjeros; y, especialmente, quiero preguntarle, señor Presidente en ejercicio del Consejo, si el Consejo tiene alguna intención de ampliar la utilización del sistema Eurodac más allá de la aplicación del Convenio de Dublín.
Espero sus respuestas a esta pregunta y le agradezco, una vez más, que haya venido a contestar esta pregunta oral antes del debate sobre el nuevo Reglamento Eurodac, que espero también llegue a esta Asamblea.

Ceyhun
Señor Presidente, respecto a la Presidencia del Consejo, me congratulo de que nuestras relaciones sean tan positivas, especialmente en lo que a la colaboración en el ámbito de la política interior se refiere. Todos hemos conseguido una colaboración muy fluida con usted y, por supuesto, también con el Comisario Vitorino, menos en el caso de Eurodac, donde se plantea un problema.
Nosotros, como Parlamento, hemos adoptado una decisión y hemos explicado por qué no podemos aceptar Eurodac, en contra de lo que desearían el Consejo y la Comisión. Hemos argumentado nuestra postura. Nos amparamos en motivos humanos, nos amparamos en motivos relacionados con los niños y, en concreto, con el límite de edad. No podemos admitir, por ejemplo, que el límite se fije en 14 años. Todos estos problemas han sido puestos sobre el tapete a través de una resolución del Parlamento. En virtud de ello, a nosotros, a mi Grupo, evidentemente nos importa mucho saber hasta qué punto usted nos toma en serio como Parlamento, observar la forma en que trata nuestras propuestas. A la postre esperamos que podamos continuar diciendo con el mismo orgullo y la misma felicidad que nuestra colaboración es todo un éxito. ¡La cuestión es si usted está dispuesto a escucharnos cuando formulamos una petición y necesitamos urgentemente su apoyo!

Pirker
Señor Presidente, estimado Comisario, señor Presidente del Consejo, la discusión sobre Eurodac y la implantación de dicho sistema es algo así como una never ending story. De hecho, todo comenzó con el Convenio de Dublín, en el año 1990. En noviembre de 1999 nosotros, como Parlamento, y supongo que a usted, señor Comisario, le sucedería lo mismo, nos creímos que Eurodac por fin podía convertirse en realidad. En más de una ocasión nos hemos quedado a mitad de camino y, a decir verdad, en última instancia nos felicitamos -yo realmente me he alegrado de ello, lo cual no es muy habitual en mí- de que a raíz de la votación en el Parlamento el Consejo haya decidido no adoptar las enmiendas aprobadas por la mayoría de los diputados, y debo puntualizar que nosotros votamos en contra. Reconozco que ahí adoptaron una actitud enormemente positiva.
Mirándolo bien, me gustaría que este sistema comenzara a funcionar, por la sencilla razón de que permitiría aplicar correctamente el Convenio de Dublín, ya que tiene por objeto determinar inequívocamente la competencia del Estado miembro al que le corresponde tramitar el procedimiento de asilo, lo cual entraña indirectamente un cierto reparto de los gastos. Además, de este modo podríamos evitar la presentación de múltiples solicitudes de asilo y los abusos correspondientes y, si usted se lo propone, incluso diría que puede contribuir indirectamente a la lucha contra la ilegalidad. Es decir, en conjunto se trata de un sistema muy positivo y absolutamente imprescindible, tanto en el contexto de la política de asilo e inmigración como desde la perspectiva de la responsabilidad de los Estados miembros.
Sin embargo, lo que me ha asombrado es que posteriormente el Consejo, en su reunión del dos de diciembre, lo echara todo por tierra al no aceptar que las competencias de ejecución residan en la Comisión y que el comité de reglamentación correspondiente pueda actuar bajo la Presidencia de la Comisión. Ello significa que, en última instancia, no hemos logrado nuestro propósito, a saber, la comunitarización del sistema, sino que el Consejo ha contrariado nuestros planes en la medida en que, por así decirlo, ha vuelto a apropiarse del tema. El resultado es que no será la Comisión la que administre este instrumento en beneficio del interés comunitario, sino que el Consejo está de nuevo abandonado a sí mismo, puesto que la Comisión, y por tanto también el Parlamento, han quedado eliminados. Es algo que no queremos ni podemos tolerar, tanto más cuanto que ello tiene implicaciones enormemente trascendentes, porque, en última instancia, no se podrá llevar a cabo un control de la eficacia del sistema, no será posible realizar estudios estadísticos para analizar la situación y evaluar el impacto y se producirá un retraso totalmente inaceptable, ya que necesitamos este sistema.
Quisiera formularle la siguiente pregunta. ¿Cuándo podremos contar con el sistema Eurodac, que llevamos ya tanto tiempo esperando? ¿Cuándo se podrá poner en marcha? ¿En qué consistirá este sistema al final? ¿Se garantiza de conformidad con las normas y nuestros deseos que la Comisión se encargará plenamente de la ejecución del mismo? En tal caso, habríamos conseguido nuestro verdadero objetivo, puesto que una parte del sistema volvería a europeizarse. No olvidemos que en el ámbito que nos ocupa es fundamental que esta comunitarización se lleve a la práctica.

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, respecto de las cuestiones que se han planteado voy a responder muy directamente, entre otras cosas para evitar que haya duda alguna respecto de la posición del Consejo, y creo que es importante que eso quede bien claro.
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación del sistema EURODAC, quisiera recordar que el artículo 1 de la propuesta de reglamento sobre la creación de ese sistema es muy clara -y paso a leer el texto-: "Se crea un sistema denominado EURODAC cuyo objetivo consiste en contribuir a determinar el Estado miembro responsable, conforme al Convenio de Dublín" - "conforme al Convenio de Dublín" , repito- "mediante el análisis de una solicitud presentada en un Estado miembro y en facilitar, en otros aspectos, la aplicación del Convenio de Dublín conforme al presente reglamento" . Ése es el único y exclusivo objetivo de este reglamento, que reviste carácter instrumental ante el Convenio de Dublín y no supere ese objetivo.
En cuanto a la intervención de la Comisión Europea, el artículo 3 de la propuesta de reglamento establece claramente la creación de una unidad central en la Comisión. La Comisión ya ha comenzado, por lo demás, según sabemos, a trabajar en ese sentido y están en marcha los preparativos para la creación de una unidad central.
Respecto de la cuestión de la intervención del Parlamento Europeo, quisiera aclarar lo que sólo puede ser resultado de un malentendido y afirmar claramente que en ninguna circunstancia anunció el Consejo su oposición a todas las enmiendas del Parlamento, ni solicitó a la Comisión Europea que presentara propuesta nueva alguna. La verdad es que se han integrado algunas de las enmiendas del Parlamento Europeo en el texto del proyecto de reglamento, aspecto que se debe subrayar. Además, me permito recordar que todas las propuestas elaboradas por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior sobre este asunto fueron sometidas a la apreciación de este Parlamento, que, por lo demás, ya se pronunció en tres ocasiones a este respecto: el 15 de enero de 1998, el 18 de marzo de 1999 y el 11 de noviembre de 1999.
En este momento, como saben Sus Señorías, y por razones que escapan un poco a la substancia de la materia y que tienen que ver con otras circunstancias de carácter político, no se ha logrado aún un consenso en el Consejo en cuanto a la nueva propuesta que se someterá a apreciación de este Parlamento. Esperamos que así sea en breve, tal vez durante la Presidencia portuguesa incluso.
Respecto de otras cuestiones abordadas aquí, la primera es la cuestión de la edad mínima para la obtención de huellas dactilares, que se ha fijado en 14 años. Se comprende que haya preocupación a ese respecto, pero yo quisiera decir que se desprende de criterios aplicados en los Estados miembros, que, en algunos casos, permiten incluso la obtención de huellas dactilares de niños con edades inferiores a 14 años. Y quisiera subrayar un aspecto importante que, probablemente, no se tiene en cuenta al hablar de ese límite de edad: es que son cada vez más numerosos los casos de solicitudes de asilo por parte de menores, por lo que es necesario seguir esas situaciones bajo esa tutela de carácter técnico.
En cuanto a la cuestión del seguimiento por parte del Parlamento y de los tribunales, considero que lo que dispone el artículo IV del Tratado de Amsterdam es suficientemente explicativo sobre lo que es la tutela por parte de este Parlamento y lo que compete al Tribunal respecto de este problema.
En cuanto a la salvaguardia de la intimidad, considero que está debidamente asegurada por las disposiciones que figuran en el artículo 18 del proyecto de reglamento, que quisiera señalar a la atención de Sus Señorías y que, por lo demás, remite también a los derechos ya consagrados en la Directiva 95/46. Además, y como se desprende del artículo 1 de la propuesta de reglamento -y eso también es muy importante decirlo y reafirmarlo aquí-, es evidente que la aplicación de EURODAC se regirá siempre por los principios consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Considero que esos elementos permiten afirmar que se trata de un sistema seguro, un sistema que no entraña elementos que puedan poner en entredicho los derechos de los ciudadanos. Pero tenemos que comprender que la creación de un conjunto de mecanismos en el ámbito de la Unión Europea para la regulación de todas esas cuestiones frente a solicitudes de asilo debe ser objeto de un tratamiento de carácter técnico riguroso, pero no se debe interpretar que pueda al mismo tiempo constituir un menoscabo de los derechos de los ciudadanos.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, las declaraciones del Presidente del Consejo dan en el centro de la problemática que planteamos hoy aquí. El propio Grupo Socialdemócrata está dividido -no quiero ocultarlo- a propósito de cómo ha de resolverse el problema de los menores de 18 años a la hora de tomar las impresiones dactilares. Algunos colegas sostienen que es preciso dejar fuera a los menores de entre 14 y 18 años de edad. Personalmente, no comparto esta opinión. No podemos expresar nuestro deseo de bajar la edad para participar en las elecciones a los 16 años al tiempo que reclamamos que a un menor de 18 años no le sean tomadas las impresiones dactilares. No es muy coherente.
En última instancia, lo importante es que se cree un sistema que se ajuste al Estado de derecho. Si nos garantiza que el Consejo no tiene reparos en que las competencias de ejecución residan definitivamente en la Comisión, de modo que el Parlamento pueda ejercer el debido control -al menos en el ámbito de las competencias de la Comisión- habremos dado un paso importante. ¡Sin embargo, hasta el momento el Consejo no nos ha comunicado nada por el estilo! Por eso mismo, he acogido sus palabras con satisfacción. Hay un punto sobre el que quisiera llamar su atención. Si a escala europea establecemos sistemas susceptibles de atentar contra las mismas libertades fundamentales de las personas -no olvidemos que el trato antropométrico de una persona, el trato coercitivo de una persona atenta contra sus derechos individuales-, repito, si creamos a nivel europeo órganos de estas características y con estos derechos, es imprescindible que el poder ejecutivo se someta al control del Parlamento, del mismo modo que las personas afectadas por la presente medida deben tener acceso a la justicia. Prácticamente todos los sistemas que establecemos en el marco de la seguridad interior de la Unión Europea presentan estas dos lagunas: un control parlamentario deficiente y falta de garantías judiciales precisas. Aunque éstas existen por principio, nunca se describen minuciosamente. Lo mismo digo con respecto al control parlamentario.
Por todo ello, le decimos que estamos de acuerdo siempre y cuando las competencias de ejecución residan en la Comisión y el comité de reglamentación se cree bajo la Presidencia de esta institución. De lo contrario, hemos de advertir al Consejo que no puede ser que el Consejo retire las competencias de ejecución a la Comisión, al tiempo que pretende que el sistema se financie a través del presupuesto comunitario. En tal caso, el Parlamento se verá obligado a reflexionar sobre el presupuesto y la financiación del sistema a través del presupuesto comunitario. ¡Tenga por seguro que nos tomaremos muy en serio esta tarea!

Ludford
El objetivo del Convenio de Dublín y de Eurodac es el de asignar a un solo Estado miembro el cometido de examinar una solicitud de asilo y la justificación para el reglamento propuesto es la de que es necesario ampliar la toma de huellas dactilares a ciertas categorías de inmigrantes ilegales, en vista de que un número importante de ellos ya han solicitado asilo anteriormente o se proponen hacerlo. El problema estriba en que algunos lo han hecho y otros no, por lo que el reglamento propuesto rebasa los términos estrictos de Dublín al suponer o prever la existencia de una solicitud de asilo. Así, el Convenio de Dublín es, como dijo el Comité Especial de la Cámara de los Lores del Reino Unido sobre las Comunidades Europeas, un edificio poco sólido a partir del cual crear un sistema de obtención e intercambio de datos sobre huellas dactilares de quienes aún no han presentado -y puede que no presenten- una solicitud de asilo. Se trata de un fundamento jurídicamente incierto para la legislación, cosa que me preocupa.
Tampoco existe claridad en la definición de los inmigrantes ilegales a los que se aplicará el reglamento. Se pide a los Estados miembros que tomen las huellas dactilares de todos los ciudadanos de terceros países mayores de 14 años que sean detenidos en relación con el cruce irregular de su frontera: eso no es demasiado preciso. La toma de huellas dactilares es una invasión grave de la intimidad y conviene sopesar detenidamente la compatibilidad de semejantes requisitos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No estoy segura de que se haya hecho realmente.
También hay motivos de preocupación en relación con la protección de datos, razón por la cual el Parlamento quería ampliar las disposiciones sobre la eliminación de los datos para incluir, por ejemplo, a quienes obtengan algún tipo de estatuto jurídico para permanecer en un Estado miembro, aun cuando no tengan el de refugiados. Me alegro de que la propuesta modificada recoja la petición del Parlamento de que se eliminen los datos cuando una persona tenga una forma subsidiaria o temporal de protección, pero me gustaría saber si abarcaría, por ejemplo, el permiso excepcional de permanencia que se da en el Reino Unido, el sistema que mejor conozco.
Por último, sea cual fuere la justificación para ampliar el sistema Eurodac de huellas dactilares a algunas categorías de inmigrantes ilegales, personalmente no estoy, señor Presidente, convencida de que sea jurídicamente impecable. ¿Están convencidos de ello el Consejo y la Comisión?

Nassauer
Señor Presidente, señoras y señores, estamos colocando las primeras piedras de un Derecho comunitario de asilo e inmigración. Ello significa que debemos disponer de los instrumentos necesarios para poder ejercer el debido control. Derecho comunitario de inmigración implica ausencia de fronteras interiores, pero también implica que en las fronteras exteriores nos hagamos responsables de quiénes entran en la Unión Europea.
Es incontestable que se producen abusos, por ejemplo en el marco de la solicitud de asilo. En todos los Estados europeos el número de personas que solicita asilo por razones distintas a la persecución política supera con mucho el número de personas que son reconocidas como refugiados políticos. En este contexto, los abusos no sólo consisten en solicitar un asilo que no existe, sino también en presentar la misma solicitud de asilo en diferentes Estados. Hasta que no se implante de una vez por todas el sistema de impresiones dactilares Eurodac, que llevamos tanto tiempo esperando, y hasta que el Consejo no se disponga a ponerlo en funcionamiento no estaremos en condiciones de poner coto a estos abusos.
El sistema ya ha demostrado su eficacia en muchos ámbitos, aparte de que constituye una de las condiciones para que el asilo sea aceptado por todos. Por eso, ponemos todo nuestro empeño en que el Consejo se decida ya mismo a fin de que Eurodac, un sistema que permite comparar impresiones dactilares en toda Europa, pueda por fin convertirse en realidad. En este momento es ésta la tarea que corresponde al Consejo.

Boumedienne-Thiery
Señorías, como nos dijeron nuestros representantes del Consejo, las enmiendas adoptadas por el Parlamento e integradas en el texto permitieron mejorar, o permiten mejorar, el proyecto de reglamento. Sin embargo, este proyecto de reglamento sigue siendo para nosotros inaceptable en el sentido en que estigmatiza a los nacionales de los países terceros y tiene tendencia a convertir en criminal una causa civil. Ahora bien, hoy día, en el momento en el que hablamos de una Carta de Derechos Fundamentales, cuando hablamos, como ayer, por otra parte, de un informe sobre los derechos humanos, ¿podríamos vivir en una Europa fortaleza, a salvo, cuando del otro lado, incluso en el seno mismo de esta fortaleza, se cometen violaciones?
Además, este proyecto de reglamento nos molesta sencillamente porque se tiene la impresión que hoy día está fuera de lugar. Se tiene la impresión de empezar la casa por el tejado. Se utilizan y establecen instrumentos incluso antes de pensar en una verdadera política armonizada del derecho a la libertad de circulación, del derecho de vivir en familia, del derecho de asilo. Comencemos, pues, por armonizar esta política y, luego, veamos los instrumentos de aplicación y de control.
Por último, hay un tercer punto que nos molesta de manera especial. El que no se respete la opinión del Parlamento. En efecto, esta es una cuestión importante que se refiere al crédito democrático que se concede a los diputados del Parlamento Europeo. Es una lástima, a pesar de todo, que tengamos la impresión de no servir para nada. Se nos habla de abstención, pero de hecho es un poco normal, puesto que las opiniones de los diputados no son tomadas en cuenta.
Quisiera concluir con una palabra: el establecimiento de este espacio de libertad, de seguridad y de justicia tiene, efectivamente, necesidad de instrumentos, pero esta seguridad sólo podrá establecerse si hay una verdadera justicia y la libertad sólo podrá existir si hay derechos que se respetan.

Frahm
Señor Presidente, estimados compañeros, hemos empleado todo un día en debatir en el Parlamento Europeo derechos humanos y altos ideales y por ello es vergonzoso que cuando la Unión actúa en el mundo real, la situación presente un aspecto radicalmente distinto. Con Eurodac la Comisión y el Consejo van en mi opinión demasiado lejos en su deseo de controlar a los solicitantes de asilo y a otros ciudadanos de terceros países que cruzan la frontera de Fuerte Europa. La iniciativa Eurodac es una serie de disparates y de violaciones de los derechos humanos. En primer lugar, conservar las huellas digitales de menores de edad -a partir de los catorce años- que no han cometido ningún acto delictivo choca con la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas que nos pide que protejamos a los niños, que nos pide que para los niños respetemos la edad penal de los 18 años, si nosotros no hemos fijado otra por ley y la Unión, por lo que yo sé, no lo ha hecho. Conservar las huellas digitales hasta diez años, incluso aunque la persona en cuestión no haya delinquido e incluso aunque la persona en cuestión quizá sea encima residente legal en la Unión, viola el derecho recogido en la Convención Europea de Derechos Humanos sobre el respeto a la vida privada. Unir los solicitantes de asilo con los inmigrantes ilegales choca con la Convención de Ayuda a los Refugiados. Los derechos humanos y los derechos fundamentales de los que tanto se habla no tienen ningún valor si no somos capaces de garantizarlos en la práctica, también para las personas que pudieran colarse en Fuerte Europa. La impresión con la que la gente vuelve a casa o que tiene mientras esté aquí del "espacio de libertad, seguridad y justicia" no refleja los valores que en otras ocasiones solemnes son tildados de globales y universales. De ahí mi petición a la Comisión y al Consejo: Queridos amigos, permitid que Eurodac muera tranquilamente como merece.

Camre
Señor Presidente, en nombre del grupo de las Naciones de Europa me gustaría hacerme eco de nuestra confianza en el tratamiento de este asunto por parte del Consejo e igualmente exhortar a éste como otros han hecho antes a que adopte la decisión de establecer Eurodac. Hablamos de poner en pie un espacio amparado en un alto grado de seguridad jurídica y me parece extraño que en la frase siguiente mostremos nuestra desconfianza hacia la posibilidad de realizar una administración responsable de este régimen. En mi opinión, el propósito es garantizarles sus derechos a las personas cuya petición de asilo está justificada y no se trata de ninguna violación de los derechos de los individuos que justificadamente y sin pena ni gloria llegan y solicitan asilo. Me parece inconcebible que el Consejo o la Comisión pudieran desear poner en pie este sistema de tal forma que incluyera algún tipo de limitación de libertad para los ciudadanos que respetan las leyes. Esto está conforme con la creación de un espacio de libertad y justicia y lo respaldamos.

Karamanou
Señor Presidente, las vacilaciones en relación con la adopción del sistema Eurodac han creado muchos y justificados interrogantes tanto sobre las intenciones como sobre la efectividad del sistema de comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes para la correcta aplicación del Convenio de Dublín.
Por lo que a mí respecta, me cuento entre los que mantienen no pocas reservas con respecto al sistema. De hecho, muchos de sus elementos constituyentes refuerzan nuestra inquietud sobre eventuales violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Protección de la Vida Privada, así como del Convenio de la ONU de los Derechos del Niño, desde el momento en que se propugna la toma de las impresiones dactilares incluso de niños de 14 años.
Más allá de esto, el propio sistema de huellas dactilares sugiere asociaciones de ideas negativas y remite a la investigación, por parte de las autoridades policiales, de hechos criminales, y a delitos penales. Automáticamente, pues, la extensión del sistema a los solicitantes de asilo identifica indiscriminadamente a todos los refugiados e inmigrantes con la criminalidad y la ilegalidad, algo que considero totalmente injusto y al margen de cualquier noción de derecho internacional y de respeto a los derechos humanos, tal y como exigen los Convenios de Ginebra, cuyo 50º aniversario hemos celebrado esta mañana con el prolongado debate que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo.
Además, la aplicación del sistema, como en muchas ocasiones ha ocurrido en casos penales, no garantiza al 100% una segura verificación de la identidad, y, por consiguiente, no puede considerarse que facilite la correcta aplicación del Convenio de Dublín y evite abusos en el derecho de asilo.
En cualquier caso, el Parlamento Europeo pide tener la posibilidad de ejercer control parlamentario cuando el Consejo y la Comisión decidan definitivamente sobre el asunto. Pienso, no obstante, que lo mejor que pueden hacer la Comisión Europea y el Consejo es avanzar en la legislación de una política de asilo e inmigración común, fundamentada siempre en los valores democráticos, en los valores del humanismo europeo y en el respeto a los derechos humanos.

Vitorino
Señor Presidente, la Comisión quisiera agradecer, en primer lugar, la clarísima declaración hecha por el representante del Consejo, en el sentido de que el de Eurodac es tan sólo un sistema concebido para aplicar el Convenio de Dublín. También quisiera confirmar, como ya ha dicho el representante del Consejo, que existe un problema respecto de la aplicación territorial del reglamento Eurodac. También puedo confirmar que el Consejo no pidió a la Comisión que presentara una propuesta revisada. No obstante, se trata de una cuestión muy delicada, como ya ha demostrado el debate, y uno de los pocos casos en que las tres instituciones no tienen la misma posición, como declaré con toda claridad ante el Parlamento. En este caso la Comisión tiene una posición diferente tanto del Consejo como del Parlamento. Ésa es la razón por la que, aunque no se nos pidió que presentáramos una nueva propuesta, llegamos a la conclusión de que, para aclarar las opciones políticas que están sobre la mesa, debíamos hacer una labor suplementaria y acudir ante el Consejo con una propuesta revisada.
En su propuesta revisada, la Comisión acepta la solución propuesta por el Parlamento de que en cuanto se reconozca a una persona como refugiada se eliminen sus datos de la base. Por otra parte, no compartimos la idea del Parlamento sobre el límite de edad para la obtención de huellas dactilares. Consideramos que el de 14 años constituye una solución adecuada. Tal vez se deba a que procedo de un país -del que también procede el representante del Consejo- en el que a los niños, cuando cumplen los diez años, se les toman las huellas dactilares para expedirles su primer carnet de identidad. Me resulta inconcebible aceptar que mi país criminalice a todos los niños de 10 años simplemente porque se les tomen las huellas dactilares para expedirles su primer carnet de identidad. Sigo recordando que en mi adolescencia la obtención de mi carnet de identidad fue un acontecimiento importante.
No obstante, reconozco que se trata de una cuestión muy delicada. En consecuencia, la Comisión cree que debe aclarar ante el Parlamento dos ideas muy claras y estrictas. Primero, no debemos pedir a Eurodac que dé respuestas que no puede dar. Por eso, consideramos que algunas de las cuestiones planteadas por la baronesa Ludford y algunas de las cuestiones planteadas por la Sra. Boumediene-Thiery -que son muy importantes- tienen que abordarse en el marco del reglamento sobre la protección temporal y sobre la protección subsidiaria que la Comisión está preparando activamente. En los próximos meses acudiremos al Parlamento y al Consejo con propuestas.
Esta semana acabamos de preparar un documento de trabajo para reevaluar el propio Convenio de Dublín. Queremos lanzar un debate no sólo sobre las cuestiones técnicas de Eurodac, sino también sobre las soluciones esenciales para el actual Convenio de Dublín. No queremos perder tiempo. Queremos tener un panorama lo más amplio posible para todos los instrumentos que se refieren a la política de asilo.
¿En qué radica la diferencia entre la Comisión y el Consejo? Desde luego, el Consejo ha sido generoso, en el sentido de que ha puesto en manos de la Comisión la gestión y el funcionamiento técnico del sistema. Pero hay un aspecto en que la Comisión no está de acuerdo con el Consejo. No estamos de acuerdo en que el Consejo se reserve para sí los poderes de aplicación del sistema. Según el acuerdo sobre comitología, no hay suficiente fundamento para que el Consejo se reserve los poderes de aplicación para sí en lugar de delegarlos en la Comisión. La propuesta de la Comisión es la de que los poderes ejecutivos, los poderes de aplicación del sistema, deben ser delegados en la Comisión, asociada con un comité compuesto de representantes de todos los Estados miembros. En nuestra opinión ésa será una forma más coherente y transparente de gestionar el sistema y fortalecer la capacidad del Parlamento para supervisar la gestión y el desarrollo por parte de la Comisión del sistema Eurodac.
Tal vez mediante esa solución equilibrada sea posible abordar de forma más relajada y confiada algunas de las reservas y las dudas políticas que algunos diputados al Parlamento han planteado durante este debate. Tal vez esté dando muestras de obstinación, pero eso es lo que creo sinceramente.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.

Policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0044/2000) del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1999) 456 - C5-0239/1999 - 1999/0217(COD)) por la que se modifica la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina.

Graefe zu Baringdorf
. (DE) Señor Presidente, en este informe se trata de reconducir una disposición ya vigente, puesto que entró en vigor el 1 de julio de 1999, a la situación anterior al 1 de julio de 1999. La Comisión motiva su decisión argumentando que los Estados miembros no han cumplido con sus obligaciones de elaborar un sistema de control y que, por tanto, se ve obligada a restablecer provisionalmente la situación anterior.
Aunque respaldemos la crítica implícita de la Comisión a los Estados miembros, que no han hecho sus deberes, lamentamos profundamente el que volvamos a hallarnos en una situación en la que no podamos llevar a la práctica las modificaciones y las mejoras de un sistema de control que ya habían sido adoptadas y que, en realidad, ya habían entrado en vigor, simplemente porque los países no han cumplido sus compromisos. A pesar de ello, apoyamos la propuesta de la Comisión, ya que opinamos que la normativa anterior ofrece suficientes garantías, tanto más cuanto que la Comisión solamente ha solicitado una prórroga de un año.
No obstante, la Comisión ha dejado una puerta abierta puesto que, a raíz de las disposiciones del acuerdo alcanzado con el Consejo, a raíz de la Decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 sobre comitología, pretende implantar otro período de transición de tres años, lo cual consideramos en este Parlamento como algo un tanto insólito. Si realmente ha de durar cuatro años, debería haber solicitado este plazo de cuatro años desde el principio, señor Comisario, puesto que ahora está lanzando una señal a los Estados miembros que fomenta el razonamiento siguiente. Si la Comisión deja abierta la posibilidad de conceder una prórroga de tres años ¿por qué tenemos que cumplir nuestros deberes?
Pero pese a todo, hemos dicho que estamos dispuestos a aceptar otra prórroga. Hemos presentado una enmienda destinada a reducir el período de transición propuesto a dos años y en las conversaciones con la Comisión ha quedado claro que ella se dispone a respaldar esta enmienda. Luego hemos podido comprobar que, curiosamente, nos ha detallado en una prosa amplísima las declaraciones contenidas en la decisión sobre comitología en tanto que había acordado con el Consejo hacía tiempo que presentaría una versión más concisa de las referencias a los artículos.
Por tanto, nosotros hemos correspondido a este requerimiento y a este trato que tiene con el Consejo presentando una enmienda por nuestra parte y en mi nombre que aboga por la adopción de estas nuevas disposiciones. Con la particularidad de que, como el fundamento jurídico se basa en los artículos 35 y 152, usted no sólo nos ha presentado el artículo 17, sino también el artículo 17 bis, argumentando que, en un caso, se aplica el procedimiento de consulta y, en el otro, el procedimiento de codecisión. En virtud de la decisión sobre comitología, en el procedimiento de codecisión surte efecto el artículo 8, en tanto que el artículo 37 dispone lo contrario.
Consideramos que no hace falta presentar dos propuestas separadas y, por eso, hemos elaborado una enmienda única de la que le informaré a continuación. Somos partidarios de suprimir el artículo 17 bis. La enmienda debe rezar como sigue: "De hacerse referencia a este artículo se aplicará el procedimiento de regulación conforme al artículo 5, de acuerdo con el artículo 7, y, si hubiere lugar a ello, se aplicará el artículo 8 de la Decisión 99/468/CE en el procedimiento de codecisión conforme al artículo 251 del Tratado" .
Espero que la Comisión pueda aceptar esta modificación. Nos hallamos en un procedimiento de codecisión. Si la Comisión y el Consejo pueden aprobar nuestras modificaciones, se podrá optar por el procedimiento simplificado, lo cual sería sin duda positivo habida cuenta de que nos movemos en un espacio jurídico un tanto incierto desde el 1 de julio de 1999. Hemos mantenido conversaciones intensas con anterioridad. Tengo curiosidad por saber qué postura acabarán adoptando. Espero que tengan en cuenta nuestras consideraciones, que hemos vuelto a exponer durante las conversaciones, tanto más cuanto que en el fondo no discrepamos.

Stevenson
Señor Presidente, estamos examinando aquí unas enmiendas a una directiva relativa al comercio intracomunitario de animales bovinos y porcinos. Quisiera comenzar felicitando al ponente por su informe y expresando mi concordancia entusiasta con las observaciones que acaba de formular. Durante la fase en comisión del debate, propuse una sola enmienda, que fue aceptada, sobre la necesidad de que los Estados miembros creen un sistema adecuado de controles e inspecciones al azar para velar por la aplicación eficiente de estos reglamentos. En mi enmienda se pide a la Comisión que supervise a los Estados miembros para ver si realizan las necesarias inspecciones prescritas en estos reglamentos, porque, para que organicemos una campaña lograda con vistas a contener y erradicar la tuberculosis y la brucelosis, la aplicación adecuada de esos reglamentos será esencial.
Permítaseme decir también que, lamentablemente, esos reglamentos son en este momento en gran medida académicos en el caso de mi Estado miembro, porque, naturalmente, durante los cuatro últimos años se nos ha prohibido la exportación de bovinos vivos procedentes del Reino Unido. De hecho, incluso la exportación de bovinos muertos sigue bloqueada en ciertos países, porque, pese a que el 1 de agosto de 1999 se levantó la prohibición de exportación de carne de bovino procedente del Reino Unido, como todos sabemos, Francia y Alemania han seguido manteniéndola ilegalmente hasta hoy mismo.
En el caso del sector porcino, también está sufriendo el comercio de exportación, porque durante los dos últimos años la industria porcina ha experimentado dificultades graves. De hecho, en Escocia, mi propio país, hemos presenciado una reducción del 25% en la cabaña nacional en los doce últimos meses. Si el Gobierno del Reino Unido no adopta medidas urgentes, otro 25% desaparecerá en los próximos meses. Ahora bien, esta situación consternadora ha sido consecuencia de una combinación de cuestiones como la fuerza de la libra esterlina, el elevado costo de las normas de higiene y bienestar impuestas por el Gobierno del Reino Unido y los costos suplementarios resultantes de la crisis de la EEB. Esos factores están expulsando del sector a los criadores de ganado porcino del Reino Unido, a medida que cada vez más detallistas y supermercados del Reino Unido recurren a importaciones baratas.
Ahora resulta que la situación podría deteriorarse aún más, pues se prevé que en el año 2006 los países candidatos a la adhesión de la Europa central y oriental habrán aumentado en casi un 300% sus exportaciones netas de carne de porcino. Al mismo tiempo, intentarán conseguir exenciones de la UE que les permitan producir carne de cerdo con niveles de bienestar e higiene que, con arreglo a la legislación de la UE, se considerarían ilegales.
Para que Gran Bretaña reactive una vez más un comercio intracomunitario dinámico de ganado bovino y porcino, es necesaria una ayuda inmediata para mitigar la catastrófica situación que afecta a la Gran Bretaña rural y a nuestros sectores bovino y porcino. Espero que este mensaje llegue al Ministro de Economía británico.

Pesälä
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el ponente en las cuestiones fundamentales que plantea y, naturalmente, puedo apoyar de buen grado la enmienda que propone que el período de transición sea solamente de dos años. Nos encontramos ante omisiones por parte de los Estados miembros en cuanto a la aplicación práctica de las normas y del sistema en cuestión. Se trata de graves enfermedades animales, y yo creo que lo esencial en este debate es la necesidad de adoptar rápidamente este sistema, con el fin de evitar que se prorrogue, dos o más veces, la entrada en vigor de unas disposiciones que deberían aplicarse lo antes posible.
El Sr. Stevenson señaló que las importaciones desde Europa del Este están aumentando; señores míos, es que ahora estamos ampliando la UE y acogemos a los países de Europa del Este en el seno de la UE. Si nuestros propios sistemas no están en buenas condiciones, ¿cómo podemos exigir que los nuevos Estados miembros estén en tales condiciones que puedan vincularse a nuestro sistema de política agraria e integrarse en el mismo? Nosotros destacamos que nuestro punto de partida y que nuestra visión de futuro deben ser la seguridad alimentaria y el modelo agrario europeo, mientras que, al mismo tiempo, omitimos en nuestros Estados miembros elementos primordiales, a través de los cuales se controlan los sistemas que permitirían que esto fuese verdaderamente así. Por ello, en el futuro debemos estar seriamente atentos a que los Estados miembros pongan realmente en práctica los sistemas que adoptamos aquí mediante decisiones conjuntas. En otro caso, deben establecerse sanciones que permitan corregir satisfactoriamente estas cuestiones.

Hyland
Señor Presidente, quisiera sumarme a los oradores anteriores a la hora de felicitar al ponente. Ha abordado este asunto con su convicción y gran dedicación habituales. Me ha complacido mucho oírle decir que no hay un conflicto real en los principios y los objetivos de la directiva propuesta. No me cabe duda de que el Comisario contribuirá a que se logre una resolución satisfactoria, porque el Parlamento y la Comisión tienen un fin común en relación con ese sector, muy importante y decisivo.
La directiva sobre el comercio intracomunitario de ganado bovino es fundamental para la supervivencia económica de los ganaderos, en particular de mi país, Irlanda, donde exportamos hasta el 90% de toda nuestra producción ganadera, una gran proporción de la cual consiste en exportación de ganado vivo a la Europa continental y a otras zonas. A ese respecto, apoyo las propuestas de una nueva actualización de la directiva de 1997 con la advertencia de que se debe hacer con sensatez. Tenemos que eliminar la burocracia innecesaria y al mismo tiempo disponer de una rastreabilidad total de los movimientos del ganado y salvaguardar la salud pública.

Titford
Señor Presidente, esta propuesta introduce una prórroga de una exención actual de la Directiva 64/432 aplicable al Gobierno de España. Sin dicha exención, tendría que aplicar un sistema de controles veterinarios en materia de tuberculosis y brucelosis en todos las reses exportadas desde esa zona. Se trata de unos controles que, naturalmente, muchos otros Estados aplican.
Esa exención tiene consecuencias importantes para mi país. Mientras que se concede la exención a España, la industria de la carne británica sufre las graves consecuencias de la aplicación de una directiva conexa que exige la aplicación en nuestros mataderos de controles veterinarios muy onerosos. Tan rigurosos son los requisitos de supervisión veterinaria, que no tenemos veterinarios británicos suficientes para llevar a cabo esa labor. Pero, en lugar de concedernos más tiempo, la Comisión ha incoado procedimientos de infracción.
Para no acabar ante el Tribunal Europeo de Justicia, mi Gobierno ha tenido que reclutar gran número de veterinarios de la UE, 300 de ellos procedentes de España. Si España tiene tan gran número de veterinarios excedentes como para enviarlos en tan gran número a mi país, ¿cómo es que encuentra tanta dificultad para aplicar el sistema de controles veterinarios impuestos por esta directiva? No me parece bien que se haga pasarlas negras a los mataderos británicos a consecuencia de una acción de la Comisión, mientras se permite a España incumplir sus obligaciones.
¿Por qué concede la Comisión a España tantas facilidades? ¿Es que no debería preguntarse por qué puede España enviar tantos veterinarios al Reino Unido para aplicar una directiva conexa y tal vez insistir en que algunos de esos funcionarios permanecieran en su país para aplicar la legislación comunitaria en su propio país?
En vista de ello, creo que esta directiva propuesta es inadecuada y voy a votar en contra de ella.

Doyle
El interés irlandés en esta directiva rectificativa se centra en una solicitud de nuestro país de que se permita la realización de las pruebas de la tuberculosis previas a la exportación en centros de reunión y no sólo en las explotaciones originarias, como se hace ahora en Irlanda; tengo entendido que tenemos unos dos años para examinar con la Comisión cualesquiera dificultades que tengamos al respecto y me complace que el Comisario esté hoy aquí.
De conformidad con las normas comerciales de la UE y en pro de la inocuidad de los alimentos y de la confianza de los consumidores en las condiciones de la salud animal, se prescriben pruebas anuales para mantener el estado oficial de ausencia de tuberculosis en nuestra cabaña. Como Irlanda ha tenido una cabaña de entre siete y ocho millones de cabezas en los últimos años, se han realizado unos 10,5 millones de pruebas de tuberculosis anualmente en unas 138.000 manadas. Desde 1954, cuando se introdujo nuestro plan sobre la tuberculosis, en Irlanda -país pequeño- hemos gastado 2.540 millones de euros en pruebas de tuberculosis y posteriormente de brucelosis. Creo que constituye un testimonio de nuestra determinación de proteger el estado de salud de nuestra cabaña de Irlanda.
De hecho, a raíz del descubrimiento de una reacción, se aplica un programa especial de pruebas contiguas para manadas colindantes con las restringidas. Una unidad especial de investigación de la tuberculosis se encarga de analizar los datos de las pruebas con carácter permanente. Los exámenes post-mortem habituales corren a cargo de cirujanos veterinarios dependientes del departamento en todos los animales sacrificados. Los animales que reaccionan positivamente a la prueba de la tuberculosis son sacrificados. Desde las primeras fases del plan de erradicación de la tuberculosis bovina, el Departamento de Agricultura y Ganadería ha reconocido los positivos resultados de las pruebas previas a los traslados, por lo que pedimos que se adopte una actitud favorable respecto de nuestra enmienda a la directiva rectificativa.
El aspecto que quisiera pedir al Comisario que considerara en particular es el de que la única prueba establecida en la UE y conforme a la legislación irlandesa es la prueba intracutánea comparativa única, prescrita en la Directiva 64/432 de la CE. Tengo entendido que se ha llevado una labor considerable en materia de análisis de sangre en laboratorio para detectar la tuberculosis. La prueba del interferón gamma es la más prometedora y se utiliza en condiciones prácticas en el terreno como complemento de la prueba de tuberculina en las manadas. Me gustaría que el Comisario indicara cuál es el estado actual de la cuestión y cuánto se tardará en disponer de un análisis de sangre aceptado por la UE. La prueba de la tuberculosis que utilizamos ahora está indicada para las manadas, no para los animales individuales. Necesitamos pasar a una fase en que podamos fiarnos de los análisis de sangre para los animales individuales.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario, el Derecho en materia de salud animal no sólo desempeña un papel primordial desde el punto de vista económico, sino también desde la perspectiva de la política del consumidor. Además, las enfermedades animales producen enormes pérdidas económicas. A fin de garantizar la seguridad y la transparencia la directiva está sobre todo encaminada a la creación de bases de datos electrónicas que permitan consultar datos relativos a las especies bovina y porcina y al transporte de estos animales.
Estas bases de datos pendientes de creación constituyen al mismo tiempo parte integrante del sistema de identificación y registro de los bovinos, de conformidad con la directiva. Pero como la transposición de la directiva y la excesiva duración del proceso de codecisión han planteado dificultades, la Comisión ha concluido que es preciso adoptar medidas transitorias para evitar posibles problemas en el ámbito del comercio de bovinos y cerdos vivos.
El ponente está de acuerdo en que los Estados miembros son lentos en transponer disposiciones comunitarias que les resultan molestas cuando se les concede un período de transición demasiado largo. Por eso, debemos preguntarnos si el margen de tres años realmente tiene razón de ser. En mi opinión, la enmienda del Sr. Daul, que propone un plazo de dos años, sería un buen compromiso. En este contexto quisiera señalar una vez más que, en lugar de seguir reforestando la jungla de párrafos y excepciones, haríamos mejor en roturarla.
¡Es fundamental que tengamos en cuenta las objeciones del Comité Económico y Social acerca de la delimitación estricta de las cláusulas de excepción y la armonización de las disposiciones veterinarias! No puedo comprender que, mientras unos países hacen sus deberes, otros estén siempre buscando excusas y se queden atrás. Habida cuenta de que esta situación conduce a la competencia desleal soy partidaria de que, sea como fuere, la normativa entre en vigor para todos lo antes posible.

Costa, Raffaele
Señor Presidente, trataré de ser muy breve y no emplearé todo el tiempo de que dispongo. Me limitaré a lanzar el siguiente mensaje: esta mañana, al intervenir en este Pleno, un colega ha dicho que sin reglas no hay libertad. Sin embargo, creo que cuando existe un exceso de reglas la libertad entra en colisión con la confusión Me parece que esta propuesta adolece precisamente de este exceso de reglas. Con respecto a esta materia, a partir del año 1964, hemos tenido una serie de normas que se han ido sucediendo en el tiempo: unas normas que se han aplicado en algunos casos y en otros muchos no; unas normas que se han aplazado en parte; unas normas que no han sido transpuestas por los Estados nacionales.
Ahora, muy probablemente se deberá considerar inadecuado el comportamiento de algunos Estados nacionales que no se han adaptado a determinadas directivas. Sin embargo, cabe preguntarse por qué ocurre esto y por qué afecta a una pluralidad de Estados. Muy probablemente ocurre porque existen dificultades a la hora de aplicar las directivas. Muy probablemente la adaptación de la legislación nacional tarda porque la adaptación es costosa, concienzuda y, con frecuencia, también improductiva. Por lo tanto, mi mensaje es el siguiente: cuando existe un exceso de reglas -en este caso las reglas se contemplan abundantemente en las propuestas preparatorias de este texto que se presenta y que, en sustancia, puede aceptarse- cuando la multiplicación de los textos hace difícil la aplicación, se llega al aplazamiento y se corre el riesgo de crear lagunas no sólo de carácter legislativo, sino también de orden práctico. De carácter legislativo por la superposición de las competencias y por la confusión normativa, y de orden práctico porque, evidentemente, en muchos sectores existe el riesgo de una falta de control que explica que también la política del consumidor corra el riesgo de no resultar apropiada.

Byrne
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar expresar mi agradecimiento a Sus Señorías por el interés que han prestado a la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva 64/432 sobre los problemas de salud que afectan al comercio intracomunitario de ganado bovino y porcino. Siento una gratitud particular para con el Sr. Graefe zu Baringdorf por su informe sobre esta propuesta y para con los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por el apoyo prestado a la mayoría de las modificaciones propuestas por la Comisión y por las enmiendas incluidas en el informe inicial de la comisión.
Los Estados miembros encontraron graves problemas comerciales al aplicar las normas actualizadas sobre salud animal para el comercio intracomunitario establecidas en la Directiva 64/432, que entró en vigor el 1 de julio del año pasado. Para facilitar el paso a las nuevas normas de la Comisión, basándose en los artículos 37 y 152 del Tratado, propuso enmiendas a la directiva entre las cuales figuran medidas de transición para resolver los problemas comerciales más peliagudos, correcciones y aclaraciones menores en los anexos y un mandato general encomendado a la Comisión para que formule medidas de transición de conformidad con el nuevo procedimiento de comitología incluido en la propuesta.
La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo acordó dos enmiendas presentadas por el Sr. Graefe zu Baringdorf a la propuesta de la Comisión. La primera enmienda obliga a los Estados miembros a velar por la aplicación plena de la directiva y a los Estados miembros y la Comisión a realizar controles sobre la aplicación. La segunda enmienda va encaminada a limitar el período de aplicación de las medidas de transición a dos años. La Comisión puede aceptar esas dos enmiendas núms. 1 y 2 y, por tanto, debe oponerse a la enmienda de la Sra. Auroi, en la que se pide la supresión de cualesquiera medidas de transición.
Sin embargo, lamento no poder aceptar la enmienda escrita nº 3, que el Sr. Graefe zu Baringdorf presentó la semana pasada. Modifica el procedimiento sobre comitología, al proponer medidas de aplicación relativas al artículo 37 para introducir un procedimiento de gestión con derecho de examen. Eso es claramente incompatible con el artículo 2 de la Decisión del Consejo 99/468 sobre comitología, que establece los comités de reglamentación para las cuestiones relativas a la salud animal y parece que tal vez no la acepte el Sr. Graefe zu Baringdorf, a raíz de las detalladas conversaciones con mi gabinete en el sentido de que ésa es la posición. Pero me parece que el Sr. Graefe zu Baringdorf podría haber interpretado mal la comitología y tal vez se propone volver a enmendarla durante este Pleno.
Permítaseme expresar mi sorpresa y preocupación a este respecto. Lamento no poder aceptar la nueva enmienda de Su Señoría, que substituye los artículos 17 y 17a por un solo artículo nuevo que comprende todo el procedimiento de comitología. Introduce un comité de reglamentación con derecho de examen para el Parlamento y -cito de la carta que me envió- "en el caso de un procedimiento de codecisión basado en sus artículos 251 y 8" , es decir, el artículo 8 de la Decisión del Consejo 99/468 sobre comitología.
Puedo asegurar a Sus Señorías la importancia que atribuyo al papel del Parlamento en el proceso legislativo, en particular en relación con la comitología en el procedimiento de codecisión. El objetivo global es el de lograr resultados rápidos y eficientes para plasmar la política en actos legislativos. El marco para el procedimiento de comitología está claramente establecido en la Decisión del Consejo antes citada. El derecho de examen por parte del Parlamento está previsto para esferas relativas a la codecisión, es decir, el artículo 8. La Directiva 64/432 modificada se basa en los artículos 37 y 152 del Tratado. Las nuevas disposiciones relativas a los poderes de aplicación concedidos a la Comisión para formular las medidas de transición pueden tener efectos directos en la salud pública.
Ésa es la razón por la que en este caso la Comisión propone el artículo 17a, que se refiere a un comité de reglamentación con derecho de examen por parte del Parlamento. Remito a Sus Señorías al artículo 3 de la directiva que modifica el artículo 16 del original, en el que se dice lo siguiente: "en caso necesario, para facilitar la transición a las nuevas disposiciones establecidas en esta directiva, la Comisión, de conformidad con los procedimientos establecidos en el artículo 17a, puede adoptar medidas de transición aplicables a un período no superior a tres años". Ése es, según me ha informado el servicio jurídico, la forma apropiada de abordar esta cuestión.
En cualquier situación en la que una disposición legislativa básica establezca la modificación por un procedimiento de comitología, debe incluir en la disposición básica el procedimiento concreto de comitología. Ésa es la razón por la que cada una de las disposiciones concretas que establezcan semejante modificación deben hacer una referencia muy clara al procedimiento. Así, pues, el poder que se confiere a la Comisión para prorrogar el período de tiempo que figura en el artículo 3 selecciona claramente el artículo 17a como el apropiado para abordar este asunto, que incluye el artículo 8 de la Decisión del Consejo del pasado mes de junio, con lo que concede al Parlamento poderes plenos de examen en relación con cualquier propuesta de esa clase.
En los casos en que se hace referencia al artículo 17 en la versión actual de la Directiva 64/432, tiene que ver con las medidas de aplicación relativas a la salud animal, es decir, basadas en el artículo 37, que no afectan -o, en escasísimos casos, muy remotamente- a la salud pública. Así, pues, dichas medidas no deben estar sujetas al derecho de examen del Parlamento. Por ejemplo, dichas medidas de aplicación se refieren a la aprobación de procedimientos e instalaciones para la limpieza y la desinfección, la modalidad de notificación de enfermedades, la aprobación de los centros de reunión, la formulación de garantías suplementarias para los Estados miembros libres de enfermedades no transmisibles a las personas, tales como la rinotraqueitis infecciosa bovina o la gastroenteritis transmisible en los cerdos.
Ahora voy a formular algunas observaciones sobre las consecuencias de la enmienda propuesta para el equilibrio institucional. Los poderes de aplicación de la Comisión figuran establecidos en el tercer guión del artículo 202 del Tratado CE en conjunción con la Decisión del Consejo 99/468 a la que me he referido antes, que es la decisión apropiada del Consejo por la que se establece el procedimiento idóneo para la comitología. Ese sistema va claramente encaminado a formular exactamente los papeles respectivos de los poderes legislativo y ejecutivo en el instrumento legislativo básico. En consecuencia, en el acto legislativo básico debe quedar claro desde el principio qué medidas de aplicación se basan en los procedimientos de codecisión, es decir, el artículo 152 y qué disposiciones no tienen como objetivo directo la protección de la salud pública, por lo que no estarían sujetas al derecho de examen del Parlamento.
El procedimiento debe quedar claro en la disposición legislativa básica que requiere su modificación mediante la comitología. Cualquier redacción que deje margen para la negociación atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso pondría en peligro el delicado equilibrio institucional y también socavaría gravemente la transparencia. La redacción propuesta en la nueva enmienda para el procedimiento de reglamentación con derecho de examen -y cito- "en el caso del procedimiento de codecisión basado en el artículo 251 y del artículo 8" propicia una falta de certeza jurídica y no está en consonancia con la aplicación acordada en la decisión del Consejo sobre comitología.
Tomo nota de que en el documento que el Sr. Graefe su Baringdorf ha distribuido esta tarde figura un pasaje en el que indica su intención de presentar esa enmienda en esta fase. Dice: "Creo que no es necesario incluir dos referencias casi idénticas al procedimiento de comitología simplemente para velar por que el Parlamento Europeo no pida derechos que no tiene" . Permítaseme asegurar al Parlamento que no tengo intención, al establecer esos dos procedimientos -artículos 17 y 17a-, de velar por que el Parlamento Europeo no pida derechos que no tiene.
Estoy firmemente comprometido con el procedimiento de codecisión y también con los procedimientos establecidos en la comitología. Estoy firmemente comprometido con la idea de que el Parlamento podrá examinar plenamente las propuestas de la Comisión en circunstancias en las que las estructuras jurídicas de la Unión Europea, es decir, el Tratado y la directiva, permitan esa situación. Desviarse de eso es correr el riesgo de impugnación en el Tribunal Europeo, cosa que debo evitar. También debo responder al Sr. Graefe zu Baringdorf diciendo que las dos, como él dice, casi idénticas referencias al procedimiento de comitología no son idénticas, en realidad. Son muy diferentes y se deben abordar por separado completamente. Sin embargo, conviene a las dos instituciones que los procedimientos estén formulados claramente y sean transparentes para todos.
Además, aprobar la enmienda significaría retrasar el procedimiento legislativo que, de lo contrario, se podría concluir después de la primera lectura.
En conclusión, deseo confirmar que acepto las enmiendas del Sr. Graefe zu Baringdorf núms. 1 y 2, pero no la enmienda sobre el procedimiento de comitología que ha propuesto esta tarde. En consecuencia, tampoco puedo aceptar la enmienda de la Sra. Auroi.
En cuanto a las cuestiones concretas planteadas por los oradores esta tarde, en primer lugar respecto de esas observaciones formuladas por el Sr. Graefe zu Baringdorf a las que aún no me he referido, dicho diputado hace referencia a la extensión del texto y a que existe un acuerdo con el Consejo para que los textos sean más sucintos. Su Señoría tiene, desde luego, toda la razón a ese respecto. Sin embargo, se llegó a ese acuerdo en el Consejo después de la redacción inicial de este documento. Ésa es la razón por la que se redactó así. Es anterior al acuerdo. Será modificado automáticamente de la forma establecida en el acuerdo con el Consejo. Así, pues, las preocupaciones que tiene Su Señoría en relación con este asunto serán satisfechas automáticamente de conformidad con dicho acuerdo.
Su Señoría ha propuesto también que, si la Comisión acepta su propuesta, haya un procedimiento abreviado. En respuesta a eso, si el Sr. Graefe zu Baringdorf retira esta enmienda, habida cuenta de lo que he dicho aquí esta tarde, también es apropiado decir que el procedimiento resultará abreviado y se podrá abordar este asunto en primera lectura. Existe un riesgo importante de que, si se aborda de ese modo y si el Consejo vota de conformidad con la propuesta presentada por la Comisión, este asunto pase a segunda lectura, lo que provocará más retrasos.
Se me ha indicado hoy mismo, en consulta con los miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que existe una preocupación de la que yo no estaba enterado: la de la interacción entre los artículos 37 y 152. He dicho con claridad que estoy dispuesto a responder rápidamente a cualquier invitación que la comisión desee hacerme para examinar esta importante cuestión constitucional de la interacción entre los artículo 37 y 152. Lo digo en unas circunstancias en las que también insto al Sr. Graefe zu Baringdorf a que considere detenidamente, a la luz de lo que acabo de decir, la posibilidad de retirar esa enmienda determinada, habida cuenta de las graves dificultades jurídicas que existen en relación con ella.
En respuesta al Sr. Hyland y a la Sra. Doyle, que están preocupados por la cuestión de las pruebas, he tomado nota de lo que dicen a ese respecto y voy a hacer las averiguaciones oportunas.

Graefe zu Baringdorf
. (DE) Señor Presidente, con su permiso quisiera hacer otra pregunta al Comisario Byrne. Nos hallamos en una situación en la que nos presenta un texto que ya no se corresponde con el procedimiento habitual acordado con el Consejo. Es algo que nos ha llamado la atención. A continuación elaboramos nuestras enmiendas, que usted considera correctas tanto en cuanto a los principios como desde el punto de vista del procedimiento. Pero luego hace una distinción entre la situación de los dos informes que nos presenta: uno se ajusta únicamente al artículo 152, en tanto que el otro se ajusta a los artículos 37 y 172. Y nos dice que por eso mismo necesitamos una doble referencia a la comitología.
Como usted se puede imaginar, nosotros también hemos consultado a nuestro servicio jurídico y el texto que le he leído en voz alta recoge dicha alusión a la comitología. Por tanto, el texto jurídico queda debidamente consagrado. Sin embargo, estamos ante la intransigencia de la Comisión, que se empeña en mantener su propuesta, como ya ha ocurrido en otra ocasión. Por eso, señor Byrne, le ruego que, en lugar de sugerirme a mí que retire mi enmienda, usted considere la posibilidad de aceptarla, ya que se inscribe en el marco de la decisión sobre la comitología. De ese modo, podemos aplicar el procedimiento simplificado. ¡Corresponde a la Comisión dar muestras de generosidad, no al ponente!

El Presidente
No tiene sentido continuar el debate. Le ruego al señor Comisario que conteste con la mayor brevedad.

Byrne
Me temo que lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf ha dicho revela una interpretación errónea de la cuestión. En primer lugar, el acuerdo que se alcanzó con el Consejo en relación con la abreviación del texto es algo que se abordará automáticamente de conformidad con el acuerdo que he mencionado hace un momento.
En segundo lugar, sobre la cuestión relativa a la comitología, lo único que puedo hacer es repetir lo que he dicho: que en cualquier texto básico que autorice a la Comisión a modificarlo por comitología, dicho texto debe mencionar, a su vez, el procedimiento que se adopta. Lo que el Sr. Graefe zu Baringdorf propone en su enmienda es conferir un poder discrecional para abordar la cuestión atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, por lo que el texto que será modificado hará referencia al artículo 17, pero en el artículo 17 figurará una facultad discrecional sobre si se aplicará el artículo 7 o el artículo 8 de la decisión 1999/468; eso significa que alguien -es decir, la Comisión- tendrá que determinar en esas circunstancias cuál de los dos artículos es el apropiado, según se trate o no de un caso de codecisión.
Sostengo que eso es inapropiado, porque confiere en realidad un poder a la Comisión para adoptar una decisión sobre esa cuestión, por decirlo así, en su despacho, en lugar de permitir al lector consultar el texto -el texto básico- en cualquier circunstancia en la que la Comisión esté facultada para modificar una disposición por comitología y remitirse a ese texto básico. De ese texto resulta claro cuál procedimiento de comitología es el apropiado y que se debe aplicar: ya se trate del artículo 17 en la versión propuesta por la Comisión, que se aplica a todas las circunstancias en esta directiva determinada, o del artículo 17a, en el que figura el procedimiento de examen de la comitología y que es apropiado para las circunstancias establecidas en el artículo 3, es decir, en los casos en que haya una prórroga suplementaria más allá del 31 de diciembre de 2000 y la Comisión pueda decidir otra prórroga, como hemos visto. Eso da claridad a la situación. Evita cualquier ejercicio de una facultad discrecional por parte de la Comisión o de cualquier otra instancia. Indica con claridad a cualquiera que lea el texto cuál es el procedimiento apropiado que regirá esa situación determinada.
Lamento no poder exponerlo con mayor claridad y no poder acceder a la petición de Su Señoría. Quisiera pedirle de nuevo, a la luz de lo que he dicho sobre mi disposición a acudir a la comisión de Su Señoría, que examine la interacción entre los artículos 152 y 37 y considere en serio la posibilidad de retirar esta enmienda por su propia iniciativa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Este tema seguirá discutiéndolo la comisión pertinente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0201/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.
Está hoy con nosotros el Presidente en ejercicio del Consejo Sr. Seixas da Costa. Tiene que abandonar el hemiciclo a las 7 de la tarde, por lo que vamos a procurar ser muy ágiles y a hacer un esfuerzo colectivo, de tal forma que podamos realizar la mayor parte de las preguntas.

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, a quien sustituye la Sra. Avilés Perea
Pregunta nº 1 formulada por (H-0141/00):
Asunto: Derechos humanos de las mujeres en Europa El 19 de enero de 2000, la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas se reunió para preparar la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará los días 5 a 9 de junio de 2000 en Nueva York, en la que se pasará revista a la situación de la mujer transcurridos cinco años de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, en la que se había adoptado un plan de acción para hacer frente a los problemas de la mujer a escala mundial.
En el transcurso de los trabajos, la Sra. Ruth Dreifuss, Ministra de Asuntos Sociales de Suiza, declaró que trescientas mil (300.000) mujeres son víctimas de la trata de seres humanos en Europa.
¿Está de acuerdo la Comisión con dicha declaración? ¿Considera que las medidas que adopta son suficientes para proteger la seguridad y la dignidad de las mujeres europeas frente al peligro de la trata de seres humanos? ¿Qué medidas adicionales se propone tomar para hacer frente a un posible agravamiento de la situación en vista de la ampliación, dado que la mayor parte de las mujeres afectadas proceden de países en vías de adhesión a la Unión Europea?

Seixas da Costa
Señor Presidente, Señorías, antes de nada quisiera recordar que los Estados miembros de la Unión Europea desempeñaron un papel muy importante en la Conferencia de Pekín, en 1995, y en la elaboración de su plataforma de acción. Después de la aprobación de dicha plataforma, las instituciones europeas y los Estados miembros han venido ocupándose activamente de su aplicación en el nivel nacional y en el de la Unión Europea.
En cuanto a la cuestión concreta del tráfico de mujeres, tratada en el capítulo sobre la violencia contra las mujeres, los objetivos son muy claros. Las medidas adoptadas por los Gobiernos de los países de las organizaciones regionales e internacionales de origen, tránsito y destino son diversas y Su Señoría señala muy atinadamente la violación de la seguridad y la dignidad de las mujeres en Europa frente a la amenaza del tráfico.
Puede estar segura de que las otras instituciones están afrontando esa cuestión muy en serio y, de hecho, ya se han adoptado algunas medidas destinadas a luchar contra el tráfico, asunto que quisiera a exponer de la forma más sintética posible.
En primer lugar, conviene señalar que desde noviembre de 1993 el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior acordó una serie de recomendaciones sobre el comercio de seres humanos para fines de prostitución destinadas a luchar contra el tráfico de seres humanos. Dos años después, este Parlamento hizo suyo el asunto: además de adoptar algunas resoluciones, preparó también un informe y una resolución específicos precisamente sobre el tráfico de seres humanos.
A su vez, la Comisión emitió su primera comunicación sobre la cuestión del tráfico de mujeres y lanzó el llamado programa STOP con una dotación anual de 6,5 millones de euros en 1996, es decir, justo un año después de la aprobación de la plataforma de Pekín. Considero que no se debe subestimar la importancia de ese programa, pues contribuye a financiar muchos proyectos y se ha revelado verdaderamente eficaz.
En tercer lugar, la Comisión y la Organización Internacional para las Migraciones organizaron en Viena, ya en 1996, una Conferencia con un planteamiento interdisciplinario, a la que asistieron representantes de los Estados miembros, de las instituciones, de la Unión Europea, de medios académicos y de diversas organizaciones no gubernamentales. De ese trabajo se desprende un conjunto de conclusiones.
Por último, también en 1996, el Consejo aprobó una acción común destinada a luchar contra el tráfico de seres humanos y la explotación sexual de los niños. En 1997, la Conferencia Ministerial de La Haya concluyó con la declaración ministerial de La Haya relativa a las directrices europeas sobre medidas eficaces destinadas a prevenir y luchar contra el tráfico de mujeres para fines de explotación sexual. Por último, en 1998, la Comisión aprobó una nueva comunicación sobre nuevas acciones de lucha contra el tráfico de mujeres.
También desearía señalar que periódicamente se analiza esa cuestión en el ámbito del diálogo transatlántico, porque se trata de un fenómeno que afecta igualmente a países como el Canadá y los Estados Unidos y no se reduce a la dimensión concreta de la proximidad inmediata de la Unión Europea. Consideramos que cada vez es más importante el intercambio de opiniones con otros países de destino a fin de hacer una comparación o evaluación del fenómeno y aplicar un conjunto de formas armonizadas de control.
Como es natural, esa cuestión ha figurado en el orden del día regular de los contactos con los países de la Europa central y oriental, que son países de tránsito e incluso países de origen de gran parte de ese tráfico. En esa esfera, hay campañas que son financiadas por el programa PHARE, algunas de ellas con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones.
El Consejo no desea -me gustaría que esto quedara claro- comentar la cifra de 300.000 mujeres víctimas del tráfico en Europa, mencionada por la Ministra de Asuntos Exteriores de Suiza. No hay ningún dato estadístico sobre esa cuestión de carácter tan preciso, porque se deba partir de cifras que son muy difíciles de obtener, dado que se refieren a problemas de inmigración ilegal, por un lado, y de empleo ilegal, por otro, y, evidentemente, nos parece, de entrada, que esa cifra es bastante elevada. Creemos que se debe hacer un esfuerzo de evaluación más correcta de dicha cifra y, a pesar de todo, no debemos dejarnos llevar por una evaluación de ese género, que no nos parece fundamentada.
De cualquier modo, hay que afrontar el problema muy en serio no sólo por la cantidad de personas afectadas, sino también porque el tráfico de mujeres es un tipo de delincuencia organizada que está manifiestamente en expansión en todo el mundo, pues produce lucros elevados con riesgos relativamente reducidos para los traficantes. Parte de ese tráfico es de pequeñas dimensiones, pero hay grandes empresas y redes internacionales que están originando una industria compleja y bien organizada con el apoyo político y recursos económicos en países de origen, de tránsito y de destino. Ésa es la razón por la que se debe abordar esta cuestión en el más alto nivel, en particular en colaboración con las Naciones Unidas.
Su Señoría ha de saber con certeza que se está examinando un proyecto de protocolo destinado a prevenir, eliminar y castigar el tráfico de personas, en particular mujeres y niños, que viene a complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada. Para ello, el Consejo adoptó recientemente una decisión que autoriza precisamente a la Comisión a negociar ese protocolo.
Los Estados miembros de la Unión Europea están desempeñando también un papel muy activo en el período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que está preparando el período extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la mujer.
Para concluir, quisiera reiterar la importancia que el Consejo sigue atribuyendo a esa cuestión del tráfico de niños y mujeres y espero haber conseguido, con lo que he dicho, tranquilizar un poco a Su Señoría, al menos en cuanto a la resolución del Consejo respecto de esa cuestión.

Avilés Perea
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco sinceramente la completa respuesta que ha dado a esta pregunta aludiendo a los programas que, según nos recuerda, se han realizado.
Pero en la pregunta se hacía hincapié en que se trata de un problema que se ha agravado recientemente, precisamente por la permeabilidad de las fronteras; que se trata de un tráfico que tiene su origen, fundamentalmente, en los países del Este candidatos a la adhesión; que son mujeres en situación ilegal, en la mayoría de los casos; que se trata de una inmigración en las peores condiciones y que esas mujeres se hallan en situación de desamparo y son víctimas de todo tipo de marginación y de problemas.
Creo que se ha hecho un esfuerzo a lo largo de los últimos años, pero insisto en que habría que prestar una atención especial ahora y prevenir para el futuro, ya que, previsiblemente, este es un problema que va a agudizarse.

Seixas da Costa
Señor Presidente, quisiera añadir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Su Señoría y que es una preocupación de la Unión en el ámbito de las negociaciones sobre la ampliación y, en particular, en el marco de las relaciones exteriores en materia de justicia y asuntos de interior mantener con los países candidatos un diálogo muy concreto sobre todas las cuestiones relativas a la libre circulación de personas y, en particular, a la inmigración ilegal.
Creemos que. sin poner en entredicho la necesidad de que la Unión Europea tenga una política de tolerancia respecto de la inmigración y una política de acogida de los refugiados de carácter económico, deberíamos intentar evitar que por esa vía se creen mecanismos que faciliten la explotación, en particular de mujeres, y vías de desarrollo de formas de delincuencia vinculadas precisamente con la libre circulación de personas. Creemos que el trabajo que se ha venido haciendo y la concienciación que existe por parte de los países candidatos de la importancia que reviste mantener con la Unión Europea, durante el período que precede a su adhesión, una profundización de los mecanismos de control y de trabajo al respecto puede llegar a dar resultados concretos. Considero que la Comisión concede a ese asunto una atención muy específica y creo que la circunstancia de que, precisamente durante la Presidencia portuguesa, se vayan a abrir con los países candidatos de la llamada fase de Luxemburgo varios capítulos que tienen que ver con ese asunto, en particular en materia de justicia y asuntos de interior y de libre circulación, puede ayudar desde ahora mismo a crear una cultura común que es la que en el fondo tendrán que compartir los países candidatos, más adelante, en relación con el respeto del acervo comunitario.

Martin, David
Si bien me sumo al agradecimiento expresado al Consejo por su rápida respuesta, quisiera insistir al Consejo sobre un asunto conexo. La BBC presentó recientemente pruebas de que en Rumania había "úteros" -así decían- en venta, que se pagaba a mujeres a fin de que tuvieran hijos para su exportación a los Estados miembros de la Unión Europea. Además, la BBC afirmó que se hacía con el consentimiento tácito de las autoridades rumanas, porque así obtenían divisas. ¿Planteará el Consejo esa cuestión en su diálogo con Rumania en relación con la candidatura de Rumania a la adhesión a la Comunidad?

Seixas da Costa
Agradezco la pregunta de Su Señoría, que aprovecho para aclarar una acción muy recientemente llevada a cabo por la Presidencia portuguesa en Rumania. Sobre esa cuestión tuve ocasión de cambiar impresiones con las autoridades rumanas hace menos de diez días: no sólo sobre la cuestión del tráfico de niños, sino también sobre los problemas de las poblaciones gitanas. Son cuestiones que las autoridades rumanas dicen afrontar con la mayor seriedad y, por lo que pude comprobar, consideran que se derivan de una situación de carácter cultural y que afectan a ciertos sectores de la población.
La determinación de las autoridades rumanas con vistas a abordar esa cuestión, tanto más cuanto que saben que tiene consecuencias concretas en el modo como los Quince ven su candidatura a la Unión Europea, nos parece auténtica. Me parece haber advertido un gran empeño de las autoridades rumanas en luchar lo más posible contra ese tipo de situaciones.

El Presidente


Olivier Dupuis, a quien sustituye el Sr. Casaca
Pregunta nº 2 formulada por (H-0148/00):
Asunto: Artículos 6 y 7 del Tratado CE El pasado 2 de febrero el Consejo declaró que tiene intención de amonestar a Austria por la entrada en el Gobierno del FPÖ (Partido Liberal de Austria), de conformidad con los artículos 6 y 7 del Tratado CE.
En su Resolución de 3 de febrero de 2000 el Parlamento Europeo "pide al Consejo y a la Comisión que estén dispuestos, en caso de violación grave y persistente por parte de cualquier Estado miembro de los principios enumerados en el apartado 1 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, a adoptar las medidas contempladas en el artículo 7 del Tratado [...]".
Por su parte, en la respuesta de la Comisión a la pregunta H-0826/99 -sobre el hecho de que Italia es el país que más ha sido condenado por el Tribunal de Derechos Humanos debido a la lentitud y a los disfuncionamientos de su sistema judicial y de que en Bélgica los procesos relacionados con la pederastia se tramitan con lentitud y silencios preocupantes- se señala que a la Comisión "no le corresponde interferir con la administración de justicia de los Estados miembros", que "ha fundado una estructura administrativa" la cual "llegado el caso (...) se encargará de examinar casos de violación grave y persistente de los derechos fundamentales por un Estado miembro" aplicando "los criterios y principios ya formulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas" y que "por el momento, no se está examinando ningún caso de violación grave y persistente de los derechos humanos por parte de un Estado miembro".
¿Puede excluir el Consejo que los hechos expuestos constituyen una violación grave y persistente de los derechos fundamentales tal y como se definen en el artículo 6 del Tratado CE y, en caso afirmativo, por qué motivos? En caso negativo, ¿tiene intención de iniciar los procedimientos contemplados en el artículo 7 del Tratado CE?

Seixas da Costa
Hoy ya hemos abordado, señor Presidente, esta cuestión más de una vez en este marco. Tenemos que comprender que la cuestión austríaca, en particular, y la mencionada respecto a Italia y a Bélgica en la pregunta transmitida se aparta -hemos de decirlo- de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. El artículo 6 del Tratado de Amsterdam -y éste es un aspecto que es muy importante mencionar, porque se trata de cuestiones inéditas respecto del contenido de los Tratados- dispone que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el Estado de derecho. Aunque todos nosotros sabemos que la Unión Europea no es signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el mismo artículo hace una remisión, al decir que la Unión respeta los derechos fundamentales, garantizados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
En cuanto al artículo 7, que, por lo demás, es una propuesta portuguesa que tuve oportunidad de presentar en el grupo de reflexión de la Conferencia Intergubernamental anterior, creó un mecanismo específico -y ése es el aspecto al que se refiere la pregunta- de sanción contra cualquier Estado miembro que viole de forma grave y persistente algunos de los principios enunciados en el artículo anterior, en el articulo 6. Dicho mecanismo se remonta a algo que ya se había propuesto en el proyecto Spinelli, en 1984, y que tiene que ver con la necesidad de prevenir las violaciones de los principios democráticos dentro de un Estado miembro y, en particular, formas que puedan atentar contra los principios del Estado de derecho.
Los hechos a los que se refiere el Sr. Olivier Dupuis en su pregunta no constituyen -y es importante decirlo- una violación de principio alguno mencionado en el artículo 6 del Tratado. No se debe invocar ese artículo para perpetrar tipo alguno de intromisión en la administración de los asuntos interiores de los Estados miembros, en particular en la esfera de la justicia. La existencia de violación de un principio enunciado en el artículo 6 debe ser verificada -y éste es también un punto importante y ésa es la razón por la que no se ha puesto en marcha ningún mecanismo- por el Consejo a propuesta de un tercio de los Estados miembros o por iniciativa de la Comisión Europea, tras la emisión de un dictamen conforme por parte de este Parlamento. Ahora bien, ninguna de las entidades con derecho de iniciativa ha desencadenado ese procedimiento y, a nuestro entender, la situación no está incluida en lo dispuesto en el artículo 7.
Respecto de la Declaración del Consejo del pasado día 2, vuelvo a repetir -ya que fui yo quien la pronunció en este Parlamento- que la formuló la Presidencia del Consejo, pero en nombre de 14 Estados miembros y, naturalmente, los efectos de esa declaración y de los elementos que contiene en la relación con Austria vinculan sólo bilateralmente a cada uno de los Estados miembros. No vinculan al Consejo ni afectan al libre y normal funcionamiento de las instituciones comunitarias, en las que Austria sigue, por lo demás, participando plenamente.

Casaca
Señor Secretario de Estado, me parece que ha aclarado de forma exacta y cabal la cuestión técnica de los artículos 6 y 7. A ese respecto, nada hay que decir. Lo fundamental que hay que tener aquí en consideración es lo siguiente: estamos ante una Europa que ha avanzado inmensamente desde el punto de vista económico, en el Mercado Único, en la moneda única, y nada o muy poco ha habido en la esfera de la seguridad y la justicia. Seguimos teniendo un marco de seguridad y justicia que es casi todo puramente nacional ante realidades que son claramente transnacionales. Y permanentemente afrontamos esa contradicción en lo relativo a los derechos de los niños, ámbito en el que a veces se ven envueltos varios países y las víctimas no sólo no reciben notificación del Estado en el que se hace el juicio, sino que, además, no gozan de apoyo judicial.

Rübig
Señor Presidente del Consejo, quisiera manifestarle mi más sincera gratitud por haber dejado claro en el último turno de preguntas que en el caso de Austria no se han vulnerado los artículos 6 y 7 y que se trata de una condena preventiva. Mi pregunta está relacionada con la decisión ad hoc de los jefes de Gobierno. Han dictaminado sanciones bilaterales sin consultar a los Ministros de Asuntos Exteriores y los Parlamentos de los Estados de Europa. Además, han pasado por encima de las instituciones de la UE, que se han encontrado luego ante los hechos consumados.
Por eso, quisiera hacerle unas preguntas. ¿Qué sucederá en el futuro, abstracción hecha del caso de Austria? ¿Condenarán los jefes de Gobierno a otros países de Europa en el futuro? ¿Basta con una mayoría de ocho votos o se requieren otras mayorías? ¿Hasta qué punto pierden el Consejo Europeo y las instituciones europeas poder y capacidad de organización como consecuencia de estas intervenciones? ¿Nace aquí una nueva lucha de competencias entre las instituciones europeas y los Estados nacionales?

Seixas da Costa
Señor Paulo Casaca, quisiera decirle que, a pesar de todo, no soy tan pesimista sobre la evolución de la Unión Europea con vistas a la creación de una dimensión ética y, en particular, a dotarse de mecanismos de naturaleza jurídica que le permitan afrontar situaciones nuevas, en particular las que ha citado. Debemos tener en cuenta que, en el marco de la evolución del Tratado de Amsterdam, se hicieron transferencias de competencias y en los cinco próximos años habrá un proceso de transferencias de competencias de lo que era el antiguo tercer pilar al primer pilar de la Unión, sobre todo en materia de visados, cooperación judicial en la esfera civil y cooperación aduanera. Aún mantenemos en el ámbito del tercer pilar cuestiones de cooperación judicial en materia penal y cuestiones de cooperación policial, pero en este momento estamos trabajando con vistas a la creación de un espacio europeo de libertad, justicia y seguridad, a la que esperamos que la Comisión responda con la presentación de un scoreboard que nos ofrezca un repertorio de las medidas ad hoc.
Por otro lado, quisiera subrayar que la Carta Europea de Derechos Fundamentales, que se está debatiendo, puede ser muy probablemente un elemento de fortalecimiento de esas nuevas dimensiones y va a contribuir con toda seguridad a dar a la Unión Europea un cuerpo muy sólido de principios que puedan ser jurídicamente argumentables, como alguno de nosotros -y el Consejo, en particular- deseamos.
Respecto de la cuestión planteada sobre Austria, reitero lo que he dicho sobre el cumplimiento de los artículos 6 y 7 por parte de Austria hasta el momento. Ha estado bien oír de labios de Su Señoría la expresión "decisión ad hoc": es evidente que fue una decisión ad hoc adoptada en el ámbito de 14 Estados miembros respecto de su relación con el Gobierno, el cual no está en entredicho, sino el tipo de formación política que tiene. En un debate anterior dije que hoy todos somos austríacos en la Unión Europea. Y vuelvo a decirlo.
Todos somos austríacos porque el espacio de la Unión es uno en materia de derechos, de ciudadanía, y yo quiero tener en Austria los mismo derechos que los ciudadanos austríacos deben tener en mi país. Por consiguiente, no me apetece verme tutelado por un partido que tiene comportamientos y hace afirmaciones de carácter racista y xenófobo ante los cuales es legítimo que abriguemos ciertas preocupaciones. En este momento se expresan dichas preocupaciones en una dimensión política bilateral y no en nombre de la Unión Europea, porque en ese caso, sí, sólo habrá lugar a algún tipo de decisión en el caso de que haya una infracción de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam. Pero lo que en el futuro debemos, Señoría, evaluar es en qué medida se desvincula el comportamiento del FPÖ de la matriz ideológica de su pasado, porque ese elemento es fundamental. Es importante que el FPÖ aclare si se mantiene fiel a los principios a que sus anteriores declaraciones lo vincularon, en particular al tipo de personalidades que hicieron ese tipo de declaraciones, porque, en caso contrario, no veo otra solución que la de que los otros Estados miembros sigan manteniendo, respecto de este Gobierno austríaco, el mismo tipo de reticencias, con las consecuencias que ello entraña. Y, como he dicho, exclusivamente en la esfera bilateral. Los austríacos tienen todo el derecho a tener el gobierno que quieran. Nosotros tenemos todo el derecho a tener también nuestra opinión respecto del Gobierno austríaco.

Kauppi
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha dicho que en Austria hay un partido político en el poder, el cual ha hecho comentarios racistas en público. Aquí, en el Parlamento Europeo, hablan las personas, no los partidos. En su respuesta a la pregunta formulada por el Sr. Dupuis, usted alegó que las sanciones aprobadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de catorce Estados miembros son de naturaleza bilateral. ¿Es posible, entonces, renunciar a las sanciones también bilateralmente, o sea, puede un Estado miembro levantar las sanciones en nombre propio y volver a la normalidad? Si esto es así, ¿cuándo tiene planeado el Consejo liberar oficialmente a los ciudadanos austríacos de este suplicio que viola sus derechos democráticos?; ¿o es que cada Estado miembro deberá renunciar individualmente a las sanciones antes de que el Consejo entre en razones y derogue esta decisión?

Seixas da Costa
Su Señoría debe haber oído mal lo que yo he dicho o habrá habido un error de interpretación. En ningún momento he dicho que el Gobierno austríaco sea un gobierno racista. Que quede bien claro. Conozco a personas de ese Gobierno, con las que he trabajado en el pasado y con las que espero seguir trabajando en el futuro, o los que en modo alguno se puede relacionar con tipo alguno de ideología racista. Lo que digo claramente es que de ese Gobierno forma parte un partido algunos de cuyos dirigentes no sólo han hecho declaraciones extraordinariamente graves en materia de racismo y xenofobia, sino que, además, han llegado a proponer medidas de carácter legislativo (en el plano interior) que constituyen claramente una ideología racista. Y hasta hoy no hemos visto por parte del FPÖ una declaración en la que reniegue completamente de su vinculación con ese tipo de ideología.
En cuanto a la otra cuestión que ha planteado, la respuesta es afirmativa. Cualquier país puede desligarse del compromiso contraído en el ámbito de los 14 Estados miembros. Se trata de 14 países libres, que libremente adoptaron la decisión de manifestar, desde el punto de vista bilateral, a Austria su desagrado respecto de la fórmula de Gobierno elegida. La misma libertad que los movió a juntarse podría moverlos mañana a separarse en cuanto a esa decisión, si hicieran una interpretación diferente de la evolución de la situación en Austria.
Su Señoría pregunta, por otro lado, cuándo permitirá el Consejo al pueblo austríaco escapar de esa presión. En primer lugar, no hay decisión alguna del Consejo. Como digo, hay los 14 países. Y esta cuestión no se plantea en el ámbito de la Unión Europea. Quisiera que quedara claro que, en todo lo que se refiere al funcionamiento formal de las instituciones de la Unión Europea, Austria ha participado total y completamente y va a seguir participando. Lo que no se puede exigir, Señoría, es que algunos miembros de los Gobiernos de la Unión Europea se sientan satisfechos de sentarse junto a figuras que consideran adeptas a ideologías que recuerdan manifiestamente a otro pasado histórico y despiertan viejos fantasmas europeos. Eso atañe a la opinión de cada cual. A mí no me gusta sentarme al lado de fascistas.

El Presidente


Alexandros Alavanos, a quien sustituye el Sr. Korakas
Pregunta nº 3 formulada por (H-0151/00):
Asunto: Energía para la democracia - República Federativa de Yugoslavia El invierno que estamos atravesando es uno de los inviernos más duros de las últimas décadas, dado que ha afectado de forma significativa a bastantes países europeos. Entre estos últimos se cuenta también la República Federativa de Yugoslavia, que hace frente, además, al embargo de combustibles, de modo que no disponen de calefacción hospitales y escuelas, que se han visto obligados a suspender o restringir su actividad. En algunos casos, la falta de combustibles ha costado vidas humanas. Dado que el embargo continúa al igual que la crudeza del invierno, ¿se propone el Consejo tomar medidas para que el programa "Energía para la democracia" se extienda lo antes posible y se cubran las necesidades de hospitales y escuelas?

Seixas da Costa
Como es sabido, señor Presidente, en el ámbito de las sanciones en materia energética aplicadas a la República Federal de Yugoslavia se decidió, mediante propuesta debatida en el Consejo, promover algunas medidas de excepción respecto de municipalidades tuteladas por las fuerzas democráticas. Era una medida destinada a enviar un mensaje de apoyo a las fuerzas democráticas y servir de estímulo precisamente para quienes en la República de Yugoslavia, pese a todas las condiciones adversas, se empeñan en tener un comportamiento y una actitud más congruente con la defensa de los derechos democráticos y de posiciones que más interesan al pueblo yugoslavo. Ese programa comenzó con dos municipios encabezados por la oposición. Después la Unión Europea, a propuesta de varios Estados miembros, resolvió ampliar ese mismo régimen a otros cinco municipios. Se trata de un proceso complejo, un proceso que entraña grandes costos para el presupuesto y la Comisión ha hecho en ese plano un esfuerzo muy grande con vistas a intentar encontrar los medios para hacer esa ampliación de las acciones. Esperamos que esa señal dada por la Unión Europea sea entendida por las fuerzas democráticas en Serbia. Lamentamos profundamente que se deba mantener el régimen de sanciones de carácter energético aplicado a Yugoslavia, pero forma parte del conjunto de medidas determinadas como una forma de presión sobre el régimen y, en particular, una forma de presión respecto del modo como el Sr. Milosevic dirige aquel país. Es evidente que eso afecta a las poblaciones civiles. Tenemos conciencia de ello. Pero debemos comprender que la situación política vivida por Yugoslavia y el modo como el Sr. Milosevic sigue comportándose en el plano internacional justifica, en opinión hasta ahora unánime del Consejo, que se siga manteniendo ese tipo de sanciones.

Korakas
Asistimos a una rápida, diría, preparación de una nueva fase de la guerra sucia contra Yugoslavia, contra su pueblo, y todo cuanto ocurre fuera de Kosovo estos días lo pone de manifiesto.
Por otra parte, como hemos oído también hoy, el famoso programa «Energía para la democracia» no es sino un bárbaro chantaje de la OTAN y de la Unión Europea en perjuicio del pueblo yugoslavo, para la imposición de su Nuevo Orden, para el absoluto sometimiento de ese pueblo.
La cuestión que se plantea es si un pueblo tiene derecho a definir su destino, a elegir su gobierno. Y en Yugoslavia, el pueblo en su momento decidió democráticamente, tiene su gobierno y su presidente. Nos guste o no, así son las cosas.
¿Cómo podemos caracterizar la lógica que para castigar al supuesto opresor de un pueblo propugna castigar a sus supuestas víctimas? Señor Presidente, eso es lo que ocurrió con los bárbaros bombardeos y eso es lo que ocurre igualmente con el embargo de combustibles a Yugoslavia. Que no es sino una nueva edición aumentada de la política de genocidio contra un pueblo que no acepta las opciones que pretenden imponerle los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea.
La pregunta que planteamos es la siguiente: puesto que ya, a causa de las bajas temperaturas, ha habido un importante número de muertos, ¿se pondrá fin al embargo de combustibles y se dejará al pueblo yugoslavo decidir libremente su destino?

Seixas da Costa
Señor Presidente, confieso que no puede dejar de sonarme extraña la palabra "genocidio" aplicada a una acción contra el Gobierno yugoslavo, el mismo Gobierno yugoslavo que llevó a cabo acciones en Kosovo que constituyen precisamente esa misma modalidad de comportamiento. Tampoco puedo dejar de recordar que ese mismo Gobierno fue el fautor en el pasado de muy diversas situaciones de desestabilización de Bosnia-Herzegovina y de Croacia y ha sido sistemáticamente un factor desestabilizador en toda la región.
Comprendo perfectamente cuando Su Señoría se refiere a la necesidad de que cada pueblo decida su destino, no queremos nada más que eso. Pero queremos que eso signifique el acceso a los medios de comunicación social, la libertad de expresión plena de los medios de la oposición, total y completo disfrute de los derechos, libertades y garantías individuales, el Estado de derecho y una total transparencia por parte de las instituciones. Si eso es lo que Su Señoría ve en Serbia, entonces queda todo claro.

El Presidente


Rosa M. Díez González
Pregunta nº 4 formulada por (H-0155/00):
Asunto: Censo de ciudadanos de la Unión Europea condenados a muerte Ante la ausencia de respuesta del Consejo a la pregunta nº P-2697/99, contraviniendo los plazos establecidos en el Reglamento del Parlamento Europeo,
¿Conoce o no conoce el Consejo el número, la identidad, la situación jurídica, las condiciones de detención y la situación personal y familiar de los ciudadanos nacionales de Estados miembros de la Unión Europea condenados a muerte en el resto del Mundo? ¿Ha establecido algún censo al respecto y puede transmitirlo a esta diputada y al Parlamento Europeo? Si ignora el Consejo esta información, ¿no considera necesario emprender acciones encaminadas a establecer un control sistemático de estos casos, y qué acciones considera oportunas para subsanar esta falta de información?

Seixas da Costa
La cuestión planteada por Su Señoría es importante, pero debo confesar que el Consejo no dispone de las informaciones solicitadas por lo que se refiere al censo de los ciudadanos de la Unión condenados a muerte en terceros países. Ahora bien, hay un trabajo -quisiera ser claro a este respecto- que se está haciendo en este momento en materia de cooperación consular entre los Estados miembros a fin de seguir y salvaguardar los intereses y los derechos de los ciudadanos de cualquier Estado miembro en terceros países, en particular cuando se trate de condenados a muerte.
Con ese fin concreto y siempre que un ciudadano de un Estado miembro esté amenazado con la pena de muerte en un tercer país, hay en este momento un mecanismo de coordinación que permite que las misiones de la Unión Europea en esos países hagan démarches conjuntas ante los gobiernos de esos países. De esa cooperación entre las misiones de los Estados miembros formará parte también el aprovechamiento mutuo de informaciones relativas a los ciudadanos que puedan estar amenazados con la pena de muerte. Considero, pues, que con el tiempo podremos responder concretamente a esta pregunta y, en particular, disponer de una información concreta y actualizada, pero eso dependerá, naturalmente, del grado de evolución de esa cooperación de naturaleza consular que la Unión Europea está procurando consolidar.

Díez González
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradezco sus palabras pero no el contenido de las mismas. Quiero decir, que le agradezco su preocupación pero no el contenido -insisto- de la información que me transmite. Y no es por falta de tiempo, porque esta parlamentaria hizo esta pregunta al Consejo hace tres meses y éste no contestó por escrito. No contestó en el plazo previsto y contesta ahora, oralmente, con dos meses de retraso.
¿No cree usted, señor Presiente en ejercicio del Consejo, que un censo de ciudadanos europeos condenados a muerte en el mundo sería un instrumento muy útil para defender el derecho a la vida, para que las instituciones políticas de la Unión Europea defendieran el derecho a la vida?
¿No cree usted que es bastante difícil de aceptar que una potencia económica y política como es Europa, capaz de construir satélites, de mandar hombres a la luna, de hacer una moneda única, -en fin- una importante potencia, sea incapaz de saber cuántos ciudadanos europeos están condenados a muerte en el mundo? ¿No cree que esto es bastante difícil de entender para los ciudadanos europeos?
Sé que requerimos el compromiso de los Estados miembros, pero ¿no cree usted que lo que requerimos fundamentalmente es una voluntad política que, hasta el momento presente, no he visto por ninguna parte?

Seixas da Costa
Señoría, ha planteado dos cuestiones: la primera tiene que ver con la respuesta y el tiempo de respuesta por parte del Consejo. A ese respecto, como sabe Su Señoría, hay una cuestión de procedimiento relacionada con los plazos fijados unilateralmente por el Parlamento Europeo. El Consejo no participó en la aprobación de los plazos, nunca los aceptó y, por tanto, la posición del Consejo consiste en así declararlo sistemáticamente.
En cuanto a la observación que ha planteado, quiero decirle que tiene toda la razón -lo reconozco- y que ésta es una de las cuestiones que sin lugar a dudas debe formar parte rápidamente del orden del día en esa esfera. Lo que dice Su Señoría tiene el mayor sentido. De hecho, es importante que la Unión Europea, que, como dice Su Señoría, es una potencia y crea diversos instrumentos y mecanismos para su propio refuerzo, sepa proteger convenientemente los derechos de sus ciudadanos en el exterior. También ha de comprender que la cooperación consular en el ámbito de la Unión Europea es una práctica reciente.
Los modelos sistemáticos de articulación de la cooperación consular y los modelos comunes de coordinación de acciones consulares se han desarrollado en los últimos años. Supongo que están atrasados. Creo que, en realidad, Su Señoría tiene toda la razón y, en mi opinión, la presión sobre el Consejo a este respecto es digna de beneplácito.

El Presidente
Me permito añadir que comparto la opinión de la Sra. Rosa Díez y también puedo compartir que la Unión Europea tiene capacidad de poner un hombre en la luna, pero todavía no lo ha demostrado.
Es un reto que todavía no se ha cumplido pero entiendo cuál era el sentido de dicha afirmación.

El Presidente


Claude Turmes
Pregunta nº 5 formulada por (H-0158/00):
Asunto: El Parlamento y Euratom ¿Querrá el Consejo solicitar del Parlamento que emita su opinión general sobre los acuerdos internacionales suscritos al amparo del Tratado Euratom, para que se siga el procedimiento 'KEDO' acordado en 1998 entre la Comisión y el Parlamento y, de no ser así, querrá el Consejo solicitar su opinión en cada una de las ocasiones y, en todo caso, con ocasión del Acuerdo con Ucrania actualmente sobre el tapete y del Acuerdo US-Euratom sobre fusión, actualmente en preparación? ¿Está el Consejo preparado a formalizar el procedimiento KEDO, modificando el Tratado Euratom en la CIG, o a fijarlo al menos como Acuerdo Interinstitucional sobre Euratom entre las tres instituciones, para compensar así la debilidad democrática del Tratado Euratom? ¿Está el Consejo de acuerdo en que, en tanto que una de las partes de la autoridad presupuestaria, el Parlamento debería ser consultado previamente sobre el inminente préstamo Euratom a Ucrania de k2/r4, particularmente dados los últimos incidentes relacionados con la seguridad tanto en la central de Khmelnitsky como en la de Rivne y la disminución de la producción y consumo de electricidad y la paralización de la reforma del mercado energético, que arroja aún más dudas sobre la viabilidad del préstamo y sobre la de su reembolso?

Seixas da Costa
Señor Presidente, el artículo 101 del Tratado EURATOM es el fundamento jurídico para los acuerdos internacionales en la esfera nuclear, como el Acuerdo de Adhesión de la Comunidad Europea de la Energía Atómica a la Organización para el Desarrollo Energético de la Península de Corea, "KEDO".
Dicho artículo dispone que sea la Comisión la que negocie los acuerdos o convenios con terceros países, conforme a directivas establecidas por el Consejo, y los concluya con la aprobación del Consejo, que deliberará por mayoría cualificada. Al Consejo cabe respetar y aplicar las disposiciones pertinentes del Tratado EURATOM, que no establece para esas materias -se trata de algo que tiene que ver con los Tratados- la consulta al Parlamento Europeo.
Recuérdese que el Consejo, como institución, no está habilitado para hacer modificación alguna del Tratado, como es natural, por lo que, normalmente, una cuestión de ese tipo sólo se puede plantear en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental. En mi calidad de Presidente del grupo preparatorio, no dejaré de tener en cuenta también esa solicitud a la Conferencia Intergubernamental.
Respecto de las cuestiones planteadas sobre las centrales nucleares de Ucrania, cuyo nombre difícilmente puedo leer -Jmelnitsky y Rivne-, he de recordar que compete a la Comisión hacer las evaluaciones técnicas relativas a las centrales nucleares a fin de determinar su mantenimiento o su cierre. El Consejo aprobó en marzo de 1994 una decisión que autoriza a la Comisión a contraer empréstitos EURATOM hasta 1.100 millones de euros, destinados a apoyar la financiación de las actividades encaminadas a mejorar la eficacia y la seguridad de las centrales nucleares de algunos terceros países.
Pero hasta ahora ningún tercer país ha utilizado ese mecanismo. Ese procedimiento se basó, por lo demás, en el Tratado EURATOM y tampoco presupone la consulta al Parlamento Europeo. En conclusión, las cuestiones presentadas abordan unos problemas delicados que, como sabemos, se han venido planteando en esta Asamblea en los últimos años, en el sentido de obtener más competencias para lo que el Parlamento ya ha llegado a utilizar su propia autoridad presupuestaria como elemento legítimo de presión.
En el caso concreto de KEDO, quisiera recordar que el Parlamento bloqueó en 1998 los fondos relativos a aquel año y sólo fue posible superar aquella situación mediante una transacción con la Comisión, en la que esta institución se propuso informar al Parlamento al comienzo de cada año sobre los acuerdos EURATOM en negociación a fin de que pudiera analizarlos.

Turmes
Gracias, señor Ministro. Por continuar con la cuestión de la CIG, es probable que el Parlamento exprese, de conformidad con las reformas institucionales y en particular el capítulo sobre los procedimientos de adopción de decisiones, su deseo de emitir un dictamen conforme sobre los acuerdos internacionales y que se aplique el procedimiento de codecisión a otros asuntos. Conque, ¿tiene usted una idea de cómo pueden desarrollarse esos debates en la CIG?

Seixas da Costa
Señoría, la de la ampliación de la codecisión en materia legislativa es una cuestión que se ha venido examinando en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y hay, como sabe Su Señoría, la posición tradicional más radical apoyada, por lo demás, por muchos Estados miembros, según la cual todas las decisiones de carácter legislativo adoptadas por mayoría cualificada en el ámbito del Consejo deberían ser sometidas a la codecisión del Parlamento Europeo.
Se trata de una posición que ha tenido una acogida expresiva en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental, mientras que hay Estados miembros partidarios de un análisis atendiendo a las particularidades de cada caso en cuanto a la sujeción al procedimiento de codecisión, incluso en los casos de materia legislativa. Respecto de la ratificación de los acuerdos internacionales, ya tuve oportunidad de plantear esa cuestión en el ámbito de la Conferencia Intergubernamental y, en una primer planteamiento que se hizo, esa reclamación y posición tradicional del Parlamento Europeo no mereció nada que se pueda denominar acogida expresiva por parte de los Estados miembros, razón por la que, pese a no ser ésa una cuestión del orden del día, pues esas cuestiones se mantienen en el orden del día hasta el final de la Conferencia, no nos parece que en esta fase pueda haber un avance significativo al respecto. No obstante, no dejaremos de mantener el diálogo con el Parlamento Europeo sobre ese asunto. El próximo martes celebraré una reunión en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que no dejaré de debatir esa cuestión y explicar un poco más en detalle la forma como el grupo preparatorio de la Conferencia Intergubernamental está abordando ese tipo de cuestiones y, en particular, la lista de reclamaciones y propuestas presentadas por el Parlamento Europeo, que enriquecerá, como esperamos, la resolución que se votará el día 23.

El Presidente


Efstratios Korakas
Pregunta nº 6 formulada por (H-0160/00):
Asunto: Indemnización de las víctimas de la guerra fascista Numerosas sentencias de tribunales griegos han confirmado las indemnizaciones a que tienen derecho los ciudadanos griegos víctimas del régimen nazi. Sin embargo, siguen aún pendientes las reparaciones de guerra que Alemania debe a Grecia, así como la liquidación del préstamo impuesto por Alemania al Banco de Grecia en 1943 durante la ocupación.
¿Tiene previsto el Consejo emprender iniciativas para que las víctimas de la guerra fascista obtengan su legítima indemnización y se liquiden los préstamos de ocupación, a la luz del reciente acuerdo firmado por Alemania sobre la indemnización de las personas forzadas a trabajar en la industria alemana, por un importe de 10 000 millones de marcos, teniendo en cuenta que, tras la reunificación de Alemania, ha perdido su validez el argumento formal invocado por Alemania a la hora de satisfacer estas legítimas y plenamente justificadas reivindicaciones?

Seixas da Costa
Señoría, resulta muy fácil responder a esta pregunta: se trata de una cuestión cuyo ámbito no es competencia del Consejo, sino que corresponde a las relaciones bilaterales entre Grecia y Alemania. Por consiguiente, el Consejo no está habillitado para hacer gestión alguna al respecto, en particular las que propugna su Señoría.

Korakas
Señor Presidente, me permitirá considerar la respuesta del señor Presidente en ejercicio respuesta de Poncio Pilatos. ¿Cómo están las cosas? En los años de la ocupación, el gobierno alemán de ocupación obligó al gobierno griego de ocupación a concederle un préstamo que hoy, con los intereses y la inflación, se eleva aproximadamente a la cantidad de 25.000 millones de dólares. Es un préstamo firmado, una obligación. Se trata pues, para abordar el asunto, de una cuestión de intercambios entre dos países miembros de la Unión Europea y no puede el Consejo Europeo cerrar los ojos ante el hecho de que -a causa, sin duda, de su poder- Alemania se niega a cumplir con sus obligaciones y satisfacer su deuda. Los préstamos que hace, sin embargo, los cobra hasta el último céntimo.

El otro aspecto es el de los enormes desastres que Alemania causó en Grecia con sus tropas de ocupación. Este capítulo alcanza los 40.000 millones de dólares. Otros países han cobrado. Grecia no cobra. ¿Por qué? Por supuesto, tienen también los gobiernos griegos alguna responsabilidad, pero alguna vez tendrá que analizarse todo esto. En ocasiones Alemania ha reconocido su obligación. Sin embargo, con diferentes pretextos, no la ha satisfecho. Ahora no hay ya ninguna justificación, de manera que está obligada a pagar y el Consejo no puede lavarse las manos. Considero intolerable la respuesta del señor Presidente en ejercicio.

Seixas da Costa
Quisiera explicar a Su Señoría que el Consejo está perfectamente dispuesto a intervenir a ese respecto, en cuanto Su Señoría nos aclare cuál es el fundamento jurídico en que puede basarse para hacerlo, a la luz de los Tratados.

El Presidente


Ewa Hedkvist Petersen
Pregunta nº 7 formulada por (H-0162/00):
Asunto: Ayudas al cine europeo El cine europeo es muy importante para la diversidad y la herencia cultural de los países europeos y de Europa. A pesar de ello, entre el 80% y el 90% de las películas que se exhiben en Suecia proceden de Estados Unidos. En la actualidad, la UE autoriza ayudas estatales a la cinematografía de hasta un 50% por producción. Al parecer, actualmente se está debatiendo en la Comisión la posibilidad de reducir los límites de las ayudas estatales, a fin de bajar el techo de las subvenciones a la cultura a un 30%. Ello pondría en peligro la producción cinematográfica europea, pues producir cine significa incurrir en costes elevados y asumir riesgos comerciales enormes, sobre todo en los países pequeños.
¿Conviene el Consejo en que las ayudas estatales son importantes para promocionar la cultura europea? ¿Considera que es esencial fomentar una producción cinematográfica europea diversificada?

Seixas da Costa
Señor Presidente, respecto de la cuestión planteada por Su Señoría, que reviste la mayor importancia, no tenemos información de que la Comisión tenga intención de reducir los apoyos estatales en esa esfera. Por lo demás, el Consejo tiene conocimiento de que, en el ámbito de su acción, la Comisión está debatiendo ese mismo asunto con los Estados miembros.
Quisiera aclarar que ese tipo de apoyo es, en el marco de las acciones nacionales, competencia y responsabilidad de los Estados miembros, dentro de determinados límites legales establecidos por el Tratado. Por otro lado, está previsto que el actual programa MEDIA-II y el futuro programa MEDIA-PLUS brinden medidas de apoyo financiero complementario destinadas a fortalecer la presencia del cine europeo, por lo que se trata de una línea de acción esencial que la Unión Europea ha venido prosiguiendo con vistas a mantener y proteger su diversidad cultural, línea que, por lo demás, forma parte de las orientaciones que transmitió en su propia posición en el ámbito de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, en particular en lo relativo al sector audiovisual.

Hedkvist Petersen
Agradezco la respuesta del representante del Consejo. En primer lugar, quiero decir que hay muchas diferencias entre producir, por ejemplo, coches y camiones y producir películas. Sabemos que la producción de películas depende de ayudas, ya que es una mezcla de cultura y producción comercial. También sabemos que las películas europeas, especialmente las que se producen en idiomas minoritarios, tienen dificultades para producir tanto como sería deseable. Por eso las subvenciones nacionales e internacionales son muy importantes, como también lo es que se acepte la costumbre de dar ayudas estatales de un 50 por ciento a las producciones cinematográficas en el futuro.
Quisiera preguntarle al representante del Consejo si él estima que es importante continuar con esta práctica de ayudar hasta con un 50 por ciento a la producción de películas en idiomas minoritarios.

Seixas da Costa
Señoría, teniendo en cuenta la situación que ha mencionado sobre los Estados de menor dimensión de la Unión, comprenderá que me muestre particularmente sensible ante ese asunto. Se trata de una cuestión que también nos preocupa. Es evidente que en el pasado se autorizó a todos los Estados miembros de la Unión, precisamente en virtud de la especificidad de la diversidad cultural en el ámbito de la Unión Europea y por la necesidad de velar que se supere la mera interpretación economicista de la industria del cine respecto de dicha especificidad, a mantener apoyos específicos para las industrias cinematográficas. Esperamos que se sigan preservando esos apoyos e incluso que lleguen a ser perfectamente compatibles con las nuevas normas de la Organización Mundial del Comercio, en particular en el ámbito del nuevo ciclo que ha de comenzar -esperamos- tarde o temprano.
En este momento el apoyo financiero se mantiene en el 50% como límite a la financiación comunitaria en relación con el costo global de cada proyecto, pero ese porcentaje puede ser incluso del 60% en casos expresamente previstos en el programa. En este momento no tenemos ninguna indicación de que la Comisión esté examinando la posibilidad de reducirlo y mucho menos en el importe y el porcentaje que Su Señoría ha mencionado.

El Presidente


Jens-Peter Bonde
Pregunta nº 8 formulada por (H-0166/00):
Asunto: Información a los ciudadanos ¿Podría el Consejo elaborar una lista positiva de partidos a los que los ciudadanos podrían votar sin correr el riesgo de que su país se vea marginado?

Seixas da Costa
Es evidente, señor Presidente, que no forma parte de las atribuciones de la Unión la de intervenir en el proceso de organización constitucional de los Estados miembros, como tampoco compete a la Unión establecer una denominada lista positiva de partidos a los que se deba votar. Si entráramos en eso, estaríamos, de hecho, cayendo en un terreno peligroso. Eso no significa que lo que subyace a la pregunta no tenga algún sentido de carácter político: como sucede en varios países, por ejemplo, el mío, un partido nazi o un partido fascista no tienen derecho a inscribirse en un tribunal constitucional. Y, por tanto, se puede aceptar como partido legítimo en la vida democrática. Otros países tienen sistemas diferentes y son tan respetables como el mío. Lo que tenemos que ver es que, cuando entramos en un espacio comunitario más amplio, ninguna situación que se dé en un país en la esfera de los derechos democráticos es indiferente a los demás países y a sus ciudadanos. Todos somos ciudadanos europeos y de una Europa políticamente inspirada en un conjunto de principios básico. Si se ven afectados dichos principios, tenemos el derecho y el deber de dar la alarma. Ahora bien, esperemos que nunca existan en el ámbito de la Unión Europea listas de partidos deseables o indeseables.

Bonde
Sí, pero el problema es el siguiente. Porque Austria tiene un Presidente en Klagenfurt que se ha expresado de una forma que tanto a ustedes como a mí me resulta sumamente odiosa, han castigado a un país con sanciones y están castigando a una población con sanciones, incluso a aquellas personas que pudieron haber votado en contra del partido en cuestión sin que hayan precisado en qué consiste el delito. Hasta ahora sólo son opiniones las que castigan y no acciones. Si fueran acciones, quizá fuera Dinamarca la que tendría que ser castigada por una prohibición contra la inmigración que el FPÖ no ha conseguido llevar a cabo. Luego son opiniones las que han castigado y no acciones. Me gustaría saber cuando vaya a votar la próxima vez si Portugal y otros países -fuera del Consejo- propondrán sanciones contra mi país si, por ejemplo, el gobierno de turno acoge a ministros del Partido Socialista Popular o de la Lista Única, contrarios ambos a la Unión Económica y Monetaria, o si impedirán el nombramiento de un gobierno con el Sr. Fogh Rasmussen del Partido Liberal, si éste está fundado en el apoyo del Partido Popular Danés, que según muchos periódicos sería el partido equivalente al FPÖ austríaco. Sería una información útil para los consumidores. No obstante, es muy posible que nos arrepintamos de la acción de los catorce Primeros Ministros.

Seixas da Costa
Su Señoría no desconoce lo que se ha dicho en las respuestas anteriores: en el caso concreto de Austria, subyacente -como yo sabía- a su pregunta, no estamos trabajando en un marco comunitario, sino en un proceso de relación bilateral. La actitud adoptada por algunos Estados miembros respecto del Gobierno austríaco tuvo que ver con una interpretación negativa del carácter del nuevo Gobierno austríaco, lo que no afecta al marco comunitario. No estamos trabajando en el ámbito del Consejo, la Unión Europea no ha adoptado ninguna medida discriminatoria para con Austria. Libremente, los 14 Estados miembros decidieron manifestar a las autoridades austríacas su desagrado por el modelo de gobierno que crearon y muy en particular por que formara parte de él un partido que defiende o defendió -no se sabe bien cuándo acaba el pasado y el presente en las declaraciones del FPÖ- cierta ideología y cierta forma de interpretar los valores europeos. Pero Su Señoría no puede confundir necesariamente la Unión Económica y Monetaria con el régimen nazi, son cosas ligeramente distintas. Es evidente que todos los partidos pleno derecho a oponerse a la Unión Económica y Monetaria o al Acuerdo de Schengen o a cualquier otra cosa o incluso a la Unión Europea. Como se sabe, hay partidos que están en contra de la Unión Europea, pero no por eso dejan de ser partidos incluidos en la esfera democrática. Lo que ocurre -y Su Señoría lo sabe tan bien como yo- es que hay partidos que defienden ideologías que ponen en entredicho el propio sistema y que afectan al conjunto de valores que constituyen la esencia de la Unión Europea, que en el fondo hasta forman parte de la justificación de la propia creación de la Unión Europea. Por tanto, Señoría, es natural que haya cierto malestar en algunos gobiernos, que malestar se plasma sólo en relaciones de carácter bilateral. No confundimos la dimensión comunitaria con la dimensión bilateral.

El Presidente


William Francis Newton Dunn
Pregunta nº 9 formulada por (H-0169/00):
Asunto: Secreto de los procedimientos legislativos en el Consejo En el turno de preguntas de enero, el Presidente en ejercicio dijo en respuesta a mi pregunta que toda la información sobre las sesiones legislativas del Consejo, como el sentido de cada uno los votos expresados, las actas y las reseñas, estaba a disposición del público.
Yo expresé mis dudas, pero, en respuesta a mi pregunta complementaria, el Presidente en ejercicio se comprometió a enviarme, antes del turno de preguntas de febrero, una carta dándome todos los detalles sobre la forma y lugar en que esos datos están a disposición del publico.
No he recibido carta alguna del Presidente en ejercicio, lo que confirma mis peores sospechas respecto al obsesivo secretismo del Consejo.
¿Piensa el Presidente en ejercicio comunicar finalmente dónde y cómo está a disposición del público esa información - el sentido de cada uno los votos expresados, las actas y las reseñas, tal como afirmó en el turno de preguntas de enero?

Seixas da Costa
Señor Presidente, la actividad del Consejo puede ser seguida por el público mediante relaciones mensuales, elaboradas por la Secretaría General del Consejo y que se publican en el site del Consejo en la red Internet, relativas a los actos legislativos y no legislativos aprobados desde enero de 1999, incluidos los resultados de las votaciones, las declaraciones de voto y las declaraciones para el acta, cuando el Consejo delibera en su calidad de legislador.
Cuando se trata de actos legislativos definitivos aprobados por el Consejo, en las relaciones se menciona, llegado el caso, el resultado de la votación, así como las declaraciones para el acta hechas por el Consejo, por la Comisión y por los Estados miembros. Ahora bien, sólo dan fe, evidentemente, las actas definitivamente aprobadas, cuyos extractos difunde la Secretaría General del Consejo por la red Internet a partir del sitio EUDOR, gestionado por el Servicio de Publicaciones Oficiales de la Comunidad Europea en su rúbrica "Transparencia de las actividades legislativas del Consejo" . Por lo demás, ésa es una de las conquistas del tan vilipendiado Tratado de Amsterdam, que vale la pena -me parece a mí- subrayar sistemáticamente.
Después de cada sesión del Consejo, se emite un comunicado a la prensa en el que figuran informaciones sobre las decisiones por él adoptadas y se indican las decisiones respecto de las cuales se han facilitado al público las declaraciones para el acta y que se pueden obtener en el servicio de prensa. Existe también la posibilidad de obtener informaciones sobre la transparencia legislativa del Consejo mediante correo electrónico.
La cuestión relativa al derecho de acceso público a los documentos del Consejo corresponde al ámbito del artículo 255 del Tratado de la Unión Europea, que establece un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor del Tratado de Amsterdam para que el Consejo formule los principios generales y los límites para el ejercicio de dicho derecho. Conviene tener presente que esa disposición del Tratado de Amsterdam brinda a las diversas instituciones la posibilidad de reglamentar el acceso a sus propios documentos y, dada la particular delicadeza de ciertas materias en que están en juego sectores muy delicados, como la política exterior y de seguridad común y las dimensiones de la justicia y los asuntos de interior, debemos entenderlo. Es necesario que ese reglamento refleje un conjunto de preocupaciones que, sin poner en entredicho las normas de la transparencia, no transformen la transparencia en una forma de volver totalmente ineficaz cualquier tipo de trabajo del Consejo. Y, por tanto, como he dicho, ese mismo artículo dispone el establecimiento en los reglamentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de disposiciones específicas sobre el acceso a sus documentos. Esa cuestión corresponde a las normas generales de transparencia de las instituciones europeas, que, por lo demás, fueron formuladas en las conclusiones del último Consejo Europeo de Helsinki, como -y cito- "un elemento importante para aproximar a la Unión a los ciudadanos y aumentar su eficacia" .
Durante la Presidencia finlandesa se registraron importantes avances en la esfera del acceso a los documentos mediante la utilización de las modernas tecnologías de la información, en particular la red Internet. También se aprobó una decisión del Consejo relativa a la mejora de las informaciones sobre las actividades legislativas y al registro público de documentos del Consejo. Y, de conformidad con esa decisión -y vuelvo a citar-, "la Secretaría General del Consejo debe facilitar al público el acceso a una lista de puntos del orden del día provisional de las reuniones del Consejo y de sus instancias preparatorias en los casos en que el Consejo actúa en el ejercicio de sus poderes legislativos" . La Presidencia actual ha venido siguiendo ese criterio.
En cuanto al registro público de los documentos del Consejo, la decisión dispone que se incluya igualmente una referencia a la signatura y a los asuntos de los documentos clasificados, exceptuados los casos en que la divulgación de informaciones al respecto pueda poner en entredicho la protección del interés público, del individuo y de la vida privada, del secreto comercial e industrial, de los intereses financieros de la Comunidad y/o de la confidencialidad solicitada por una persona física o jurídica que haya facilitado alguna información que figure en el documento o exigida por la legislación del Estado miembro que haya facilitado dichas informaciones.
La Presidencia portuguesa manifestó desde el comienzo su empeño en lanzar los trabajos para el debate sobre el acceso público a los documentos, así como su intención de atribuir el seguimiento de ese dossier al grupo "Amigos de la Presidencia", después de que la Comisión presentara la propuesta de reglamento relativo al acceso público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. Esa propuesta fue presentada por la Comisión, en el Colegio de Comisarios, el pasado día 26 de enero y procura, como he dicho, dar cumplimiento a los objetivos de fortalecimiento de la transparencia, en particular proponiendo modificaciones importantes en el Código de Conducta de 1999. La Presidencia inició inmediatamente el examen de la propuesta, que se presentó en la reunión del COREPER de 2 de febrero y se analizó en dos reuniones posteriores. Se trata, por tanto, señor Presidente, de un conjunto de tareas que se han venido formulando en el ámbito del Consejo a partir de propuestas de la Comisión y que me parecen configurar una voluntad real de aumentar la transparencia de esos trabajos.

Newton Dunn
Quisiera agradecer al Presidente en ejercicio su larguísima, detallada y seria respuesta. Como no hablo portugués, estudiaré la respuesta antes del próximo turno de preguntas y volveré a dirigirme a usted al respecto en abril. De momento, quisiera que me diese una respuesta sencilla a una sencilla cuestión de principio.
¿Conviene usted en que, en relación con la legislación en una situación democrática, como aquella en la que estamos en la Unión Europea, el público, al que afectan las leyes, debe poder ver y oír lo que sus representantes elegidos hacen para aprobar las leyes? No creo que sea así en el Consejo, que el público pueda en realidad ver y oír todo lo que sus representantes dicen y hacen cuando aprueban leyes. ¿Aceptaría usted ese principio?

Seixas da Costa
Señoría, ésa es una cuestión compleja que, naturalmente, tiene que ver con el tipo de procedimiento legislativo y, en particular, con la similitud entre los procedimientos legislativos que se adoptan en la Unión Europea y en los Estados miembros. En los Estados miembros, hay competencias de carácter legislativo que tienen que ver con los parlamentos, en que el debate se hace abiertamente y en público y hay competencias legislativas que recaen, ya sea por delegación del Parlamento, por derecho propio, en el ámbito de los Gobiernos. El debate en el ámbito de los Gobiernos de las propuestas legislativas no es de dominio público, pero sí que lo es el resultado de esas propuestas legislativas, que se pueden presentar al Parlamento o no. En el plano de la Unión Europea, no me parece que se pueda ir más lejos de lo ya establecido, es decir, la posibilidad de que se conozcan los resultados de los debates en el ámbito del Consejo, en particular que se conozca el sentido de la votación y las declaraciones relativas a ella. Considero que eso es suficiente al respecto, pero, como digo, se trata de una posición que adopto a título individual, en la medida en que se trata del carácter filosófico del propio procedimiento en el ámbito del proceso legislativo de la Unión.

Seppänen
Señor Presidente, durante la Presidencia finlandesa daba tiempo a tratar una veintena de cuestiones en el turno de preguntas. La vez pasada, bajo la Presidencia portuguesa, se trataron una docena. Parece ser que hoy tampoco dará tiempo a tratar más.
Pero mi pregunta en sí tiene que ver con la carta que el Presidente de la Comisión, el Sr. Prodi, ha dirigido al Parlamento Europeo, en la cual se censura al Defensor del Pueblo, Sr. Jacob Söderman, por haber participado en el debate sobre la divulgación expresando su deseo en favor de la publicación abierta de determinados documentos y por haber expuesto su postura de que hay que aumentar la transparencia en la Unión Europea. Yo le pregunto al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo: ¿considera el señor representante del Consejo que la actuación del Presidente de la Comisión es la correcta y que está justificada, y si desea el Consejo también limitar la libertad de expresión del Defensor del Pueblo para pedir más transparencia?

Seixas da Costa
Dos observaciones, Señoría. En primer lugar, si fuese ésa la interpretación de este Parlamento, también nosotros podríamos dar no veinte, sino treinta, respuestas a las preguntas que Sus Señorías formularán. Pero voy a responder en quince segundos y sin el detalle que corresponde -me parece- a la voluntad de la Presidencia de profundizar en las cuestiones y llegar lo más lejos posible en una respuesta concreta a las preocupaciones de Sus Señorías. Pero también podemos optar por una respuesta burocrática, oficiosa, rápida, sintética y, probablemente, no satisfactoria. Entonces podríamos tener éxito, cuantitativamente, en materia de respuestas en este Parlamento.
Llevo aquí desde las nueve de la mañana y no me parece que se pueda acusar al Consejo de no haber hecho un trabajo serio en el sentido de responder a las preguntas de Sus Señorías. Respecto de la cuestión que plantea sobre esa discrepancia entre el Parlamento y la Comisión, es evidente que el Consejo será la última institución en inmiscuirse en esa discrepancia y dejará que las dos instituciones, autónomamente, resuelvan esa posible diferencia.

Nicholson
Como complemento de la pregunta formulada por el Sr. Newton Dunn sobre las decisiones adoptadas en secreto en el Consejo, ¿podría el Ministro enumerar las asambleas legislativas del mundo a que se ha referido en las que se adopten las decisiones en secreto?

Seixas da Costa
Señoría, le agradecería que formulara de nuevo la pregunta, porque no he entendido. Pido disculpas, pero le agradezco que formule de nuevo la pregunta.

Nicholson
Ha dicho usted que el Consejo no es el único órgano legislativo que adopta sus decisiones en secreto. Me gustaría saber si podría ofrecernos ejemplos de otras organizaciones gubernamentales similares que adopten esas decisiones del mismo modo.

Seixas da Costa
Señoría, o mucho me engaño o la mayoría de los gobiernos no transmiten sus sesiones en el momento en que ejercen su capacidad legislativa. Los gobiernos ejercen normalmente su capacidad legislativa en sesiones restringidas y a puerta cerrada, en cualquier Estado del mundo. No me parece que haya gobiernos que hagan una labor de carácter legislativo en sesiones públicas, sólo los parlamentos la hacen y, como hay competencias legislativas tanto de los parlamentos como de los gobiernos hay dos formas diferentes de proceder en materia de competencias legislativas. Por tanto, en la mayoría de los países del mundo, según me parece saber, los gobiernos trabajan en sesiones a puerta cerrada y sin acceso del público.

El Presidente
El Sr. Seixas da Costa nos había anunciado que debería retirarse a las 7 de la tarde. También nos ha dicho que lleva trabajando con nosotros desde las 9 de la mañana. Yo creo que hoy se ha ganado su salario de ministro y de Presidente en ejercicio del Consejo. Por lo tanto, vamos a cerrar el turno de preguntas dándole las gracias por su presencia.
Las preguntas 10 a 38 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.
(Se levanta la sesión a las 19.00 horas)

