Aprobación del Acta de la sesión anterior
La Presidenta
El acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Aparicio Sánchez
Señora Presidenta, es una enmienda breve al acta. En la modificación al orden del día del jueves próximo se trató el tema del submarino británico en Gibraltar e intervinieron tres oradores. Las intervenciones de los Sres. Poettering y Barón Crespo quedan recogidas fielmente en el acta en el sentido de que uno pidió y otro concedió el compromiso político del Grupo del Partido Popular para que fuera introducido en el orden del día de diciembre. Pero hubo una tercera intervención, la del Sr. Galeote Quecedo, que no figura en el acta, sólo figura su nombre.
Permítame la explicación, que refleja temores, a nuestro juicio injustificables, para quien lea objetivamente la propuesta de resolución que presentamos, y eso nos hace temer que pueda producirse un nuevo escamoteo en diciembre. Pero, en fin, ésta es una explicación. Lo que yo pido, con todo respeto, es que figure en el acta la intervención del Sr. Galeote Quecedo.

La Presidenta
Gracias, señor Aparicio Sánchez. Completaremos, por tanto, el acta con la declaración del Sr. Galeote Quecedo.

Bethell
Señora Presidenta, algunos de nosotros esperábamos un anuncio de la Presidencia ayer sobre el premio Sajarov: a quién se había concedido, cuáles habían sido los resultados de las votaciones y cuándo se presentaría en Pleno. ¿Podría darnos alguna información sobre eso hoy o lo antes posible?

La Presidenta
Señor Bethell, esto no afecta a la aprobación del acta pero, con mucho gusto, puedo decirle que la Conferencia de Presidentes ha decidido conceder a la asociación 'Basta Ya' el premio Sajarov de este año. Este premio será entregado a la asociación 'Basta Ya' en la sesión de diciembre próximo.
(El acta queda aprobada)

Carta de los Derechos Fundamentales
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación de los Sres. Duff y Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la aprobación del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (A5-0325/00).

Voggenhuber
Señora Presidenta, en mi calidad de diputado procedente de Salzburgo, yo quiero manifestarle en primer lugar mi inmensa gratitud por las palabras de aprecio y de consuelo que tuvo usted la bondad de pronunciar ayer. Yo sé que cuando el viernes se celebren en la catedral de Salzburgo los funerales por la mayor catástrofe que ha sufrido mi país en las últimas décadas, esta Asamblea formará parte de la comunidad de dolientes y yo le agradezco sus palabras de pésame y de consuelo dirigidas a los familiares.
Señora Presidenta, Señorías, tras nueve meses de trabajos y largos forcejeos en busca de un consenso, ahora tenemos sobre la mesa un proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales. Hoy sólo nos corresponde aceptarlo o rechazarlo y los ponentes recomiendan al Pleno de esta Asamblea que acepte esta Carta de los Derechos Fundamentales y le dé su voto afirmativo. Lo decimos con pleno convencimiento. Yo sé que muchos de ustedes lamentan, al igual que yo, que hoy sólo podamos aprobarla o rechazarla y no tengamos la posibilidad de transmitir al Consejo otros mensajes políticos que tal vez serían necesarios en este contexto y con los que quisiéramos expresar el apoyo crítico de esta Asamblea a la Carta de los Derechos Fundamentales, que sólo puede constituir un primer paso, puesto que todavía está muy lejos de cumplir las aspiraciones que formuló el Parlamento con respecto a este proyecto político en marzo de este año.
También es preciso recordar, no obstante, el valor que tendrá la Carta, si se llega a adoptar. Yo creo que existe un derecho fundamental primordial no escrito y éste es el derecho de las personas a conocer sus derechos. Ahora se va a cumplir este derecho fundamental. Las formulaciones vagas y los principios jurídicos de la Unión se han plasmado en un sistema de derechos fundamentales claros, con carácter vinculante para todas las instituciones de la UE y para toda aplicación del Derecho europeo en los Estados miembros. El valor de la Carta también reside en que transforma los derechos inscritos en el Derecho internacional -inscritos, pero no con carácter vinculante; inscritos, pero sin la posibilidad de exigir su cumplimiento ante los tribunales; inscritos, pero sin garantías- en derechos fundamentales de la propia Unión, en principios constitucionales incluso, y ello generará sin duda una dinámica gracias a la cual llegará un día en que esta Carta de los Derechos Fundamentales será jurídicamente vinculante.
El hecho de que la Carta recoja por primera vez los derechos sociales en un plano de igualdad con los derechos humanos y los principios clásicos, como no ocurre en la recopilación de derechos fundamentales de ningún Estado miembro, supone, no obstante, una revolución en el contexto del debate sobre los derechos fundamentales y de su historia. La Carta también constituye la afirmación de una base de valores comunes ante los países candidatos a la adhesión, ante todos los Estados que desean adherirse a esta Unión Europea, y transmite, justamente en el ámbito de los derechos sociales, una clara señal que indica a los países candidatos que deben cumplir estos criterios sociales.
Yo tengo el profundo convencimiento de con ella también se abre el proceso constituyente que esta Asamblea ha reclamado tantas veces y con tanta insistencia, aunque algunos jefes de Estado y de Gobierno no quieran reconocerlo. Estoy convencido de que con esta Carta de los Derechos Fundamentales se ha puesto la primera piedra de una futura constitución europea y un proceso constituyente europeo. Yo creo que esto puede ser un motivo para que todos votemos afirmativamente esta Carta aunque, si la consideramos en detalle, pueda resultar difícil admitir o aceptar que no incluya muchos derechos, muchos derechos fundamentales, que el Parlamento ha reivindicado, justificadamente y por buenas razones, para los habitantes de Europa. Resulta incomprensible que la Carta no incluya el derecho a un salario justo y que hayamos topado con resistencias insuperables a la inclusión del derecho a unos medios de subsistencia mínimos dignos, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda. Yo creo que va a ser necesario completar esta Carta en el futuro si ésta ha de ser la base de una constitución europea. Sin embargo, esto no debe impedirnos dar con decisión este primer paso.
Yo confío en que, aun cuando hoy se limite a dar su voto afirmativo a esta Carta, esta Asamblea va a dejar indubitablemente claro en las próximas semanas que pide al Consejo la obligatoriedad de la Carta y que ésta también incluya la posibilidad recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. Yo espero que la Asamblea respalde con firmeza estas exigencias por una gran mayoría en su resolución sobre el Consejo de Niza.
Antes de acabar, permítanme que exprese mi agradecimiento a mi co-ponente por el inmenso, comprometido y admirable trabajo que ha realizado, y también les agradezco a todos su apoyo.

Duff
Señora Presidenta, independientemente de lo que pensáramos sobre el mandato del Consejo Europeo de Colonia, resultó bastante sorprendente que la convención creada para redactar la Carta lograra cumplirlo totalmente. Afrontábamos una tarea extraordinariamente compleja para la inscripción de los derechos y libertades fundamentales que figuraban en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y también en los principios generales del derecho de la Unión.
En mi opinión, la convención ha logrado alcanzar un equilibrio correcto entre el comedimiento y la aspiración. Nos hemos abstenido de substituir los Tratados, pero hemos logrado su máxima repercusión al hacer por primera vez clara y visible la relación entre el ciudadano y la Unión. Algunos se sentirán decepcionados de que la Carta no haya podido ir más lejos, pero, naturalmente, se trata de una transacción fraguada en el crisol de la convención y representa un equilibrio entre tendencias políticas, nacionalidades y culturas en competencia.
Dicho equilibrio imponía un amplio consenso dentro de la convención y debe imponerlo también dentro del Parlamento Europeo. El Parlamento ha desempeñado un papel destacado en la formulación de la Carta. Hemos aprovechado la intensa participación en el proceso y los ciudadanos a los que representamos se beneficiarán de su solemne proclamación, en particular porque el artículo 52.3 dice que la Unión puede conceder después una protección más amplia de los derechos europeos fundamentales a medida que avance la integración.

Moscovici
. (FR) Señora Presidenta, señoras y señores Presidentes, señoras y señores diputados, quisiera, antes de nada, unir las condolencias de la Presidencia a las del Parlamento Europeo con motivo de la catástrofe ocurrida cerca de Salzburgo, en Austria, y decir que compartimos totalmente el dolor de las familias de las víctimas de este accidente tan grave.
Estoy especialmente contento de estar hoy ante ustedes para debatir en profundidad un bello proyecto como es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, antes de que ustedes adopten la posición final sobre este texto. En verdad, ya hemos tenido intercambios a este respecto en dos ocasiones, la primera vez el 3 de octubre pasado, con motivo de una interpelación oral del Presidente de la Comisión Institucional, Giorgio Napolitano, y después el 24 de octubre, cuando vine a presentarles los resultados del Consejo Europeo informal celebrado los días 13 y 14 de octubre en Biarritz, en el que la Carta era justamente uno de los puntos de mayor importancia del orden del día.
Pero, a mi modo de ver, el debate está hoy lejos de constituir por ello una repetición inútil. Por el contrario, es especialmente importante, porque hoy es cuando esta Asamblea va a decidir si, como inducen a ello las conclusiones del Consejo de Colonia, proclamará este texto, junto con el Consejo y la Comisión, en el Consejo Europeo de Niza que tendrá lugar dentro de menos de un mes. Se trata, evidentemente, de una decisión política capital y de una ocasión nueva de mostrar a los ciudadanos europeos esta iniciativa en toda su amplitud.
Por tratarse de una posición defendida por la Comisión Constitucional, cuyos ponentes Sres. Duff y Voggenhuber, a los que quiero testimoniar mi gratitud, acaban de expresarse, comprendo que les invite a ustedes a adoptar el texto de la Carta en su estado y, por consiguiente, a facultar a la Presidenta para que en nombre de ustedes proclame la Carta en Niza, junto con los Presidentes del Consejo y de la Comisión. Esta posición se une, como ustedes saben, a la adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Biarritz en el que ellos mismos aprobaron, unánimemente y sin reservas, la Carta y, por lo tanto, yo sólo puedo invitarles, en nombre del Consejo, a seguir esta posición, pero haciéndoles algunos razonamientos.
Esta Carta simboliza, en opinión de la Presidencia del Consejo, un doble éxito. En primer lugar, un éxito en cuanto al método seguido: el de una instancia, el Convenio, compuesta por miembros del Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, de la Comisión Europea -y aprovecho la ocasión para resaltar la presencia del Sr. Vitorino que ha aportado toda su competencia- y de representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno, todos ellos bajo la clarividente presidencia del Sr. Roman Herzog, antiguo Presidente a la vez del Tribunal de Karlsruhe y de la República Federal Alemana.
La diversidad y la calidad de los miembros designados, creo que han constituido, y esto es innegable, un factor de riqueza. Así mismo, la doble preocupación que ha tenido el Convenio de trabajar con absoluta transparencia y en perfecta interactividad con los ciudadanos, especialmente a través de Internet, me parece también relevante. Así, en su afán de apertura que ha sido provechoso, ha oído, en el transcurso de sus trabajos, a las grandes organizaciones no gubernamentales europeas, a los agentes sociales de nuestro continente y, lo que también es importante para el futuro, a los países candidatos a la adhesión. Esta transparencia y esta apertura han contribuido activamente a la mejora progresiva de las diferentes versiones del proyecto de Carta y ha permitido que la última sea la buena.
Sé que la experiencia de el Convenio aparece ya claramente como uno de los caminos, no digo como el camino sino como uno de los caminos que Europa podría seguir de ahora en adelante para ser más transparente y estar más a la escucha de sus ciudadanos. Algunos miembros de esta Asamblea, en nuestro anterior debate principalmente, ya expresaron el deseo de poder repetir esta experiencia. Por mi parte, no tengo ninguna duda de que esta ocasión se presentará.
El segundo y principal éxito, es el resultado al que ha llegado el Convenio. La Carta es, en primer lugar -y es suficientemente raro como para ser subrayado, lo veo principalmente preparando la CIG-, un documento claro y bien ordenado. Reuniendo una cincuentena de artículos, lo que le hace ser un texto corto, repartidos en seis capítulos, cuyos títulos resultan acertados, quizás una nueva divisa para Europa: dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía, justicia, responde innegablemente a los deseos de concisión y de claridad y, por tanto, también a los deseos, a las esperanzas de nuestros conciudadanos.
La Carta es después un texto totalmente coherente. Sus redactores han sabido respetar una doble exigencia que no era fácil de satisfacer: por una parte, no crear derecho ex nihilo y, por otra, hacer la fotografía exacta pero evolutiva, dinámica, del alcance de los derechos fundamentales en vigor en la Unión.
Pero sobre todo es por la fuerza de su contenido por lo que la Carta, estoy seguro de ello, hará época. En primer lugar, reafirma con nitidez los derechos fundamentales tal como salieron, en lo esencial, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por ello, los redactores de la Carta han tenido el deseo constante de evitar -lo que figuraba también en el cuaderno de condiciones- cualquier riesgo de divergencia de jurisprudencia entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, responsable del respeto al Convenio, y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, principalmente retomando la redacción salida del Convenio del Consejo de Europa ya que ésta parecía suficientemente lograda. Así mismo, en cuanto a las disposiciones generales, el artículo 52, apartado 3, determina que, cuando la Carta contenga derechos correspondientes a derechos garantizados por el Convenio "su sentido y su alcance son los que les confiere la Convención".
Pienso muy sinceramente que, de este modo, los redactores, con precisión, han limitado lo más posible el riesgo de una jurisprudencia divergente entre el Tribunal de Luxemburgo y el de Estrasburgo. Por otra parte, y cuando acabamos de festejar los 50 años del Convenio Europeo de Derechos Humanos, creo que podemos confiar en los jueces de las dos jurisdicciones para alimentar y prolongar un diálogo que ya mantienen y que constituye, sin duda alguna, un seguro a todo riesgo de una Europa de los derechos humanos de dos velocidades que algunos han podido evocar.
Muy evidentemente, la Carta, pues sin ello habría sido un poco decepcionante, no se contenta con reafirmar derechos preexistentes, sin perjuicio de reactualizarlos. Contempla numerosos derechos nuevos que no figuran en el Convenio y que se corresponden con la evolución de nuestras sociedades, ya se trate del desarrollo de las tecnologías, de la aparición de nuevas dependencias, o incluso de la creciente complejidad de nuestros sistemas administrativos y públicos. Es especialmente importante que los ciudadanos sepan, por ejemplo, que la Unión prohibe la clonación humana con fines reproductores, o incluso que garantiza a sus ciudadanos la protección de sus datos personales.
Me alegro, por último, lógicamente, de la importancia que este texto concede a los derechos económicos y sociales. Francia ha abogado con fuerza para que este aspecto sea sustancial, pero también era la voluntad de muchos otros Estados miembros, la voluntad del Parlamento Europeo, la voluntad de numerosos parlamentarios nacionales, de lo que la Presidencia no puede más que congratularse. Lo mismo sucedía, en efecto, con la fuerza innovadora y con la capacidad de convocatoria de la Carta y con la consolidación del modelo social europeo, al que estamos tan profundamente consagrados.
En primer lugar hay que subrayar la importancia de la inclusión de un capítulo titulado "Solidaridad". Quiero, por tanto, honrar de nuevo la figura del Presidente Herzog que, creo, es su precursor. Este valor de solidaridad es, en efecto, el que mejor resume el modelo social europeo, que es consustancial a la construcción comunitaria. Y es justamente esta solidaridad la que garantiza la Carta, a través del derecho a la educación gratuita, a través del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, a través del derecho a la negociación y a la acción colectiva, incluida la huelga, aun cuando esto no ha sido fácil de incluir en el texto, pero también a través del derecho a la protección contra el despido injustificado, el derecho a la protección social o incluso la prohibición del trabajo infantil.
Insistiré también en el artículo 23, que enuncia de forma especialmente clara la igualdad entre hombres y mujeres, especificando que esta igualdad debe existir en todos los campos y que este principio no impide recurrir a dispositivos que prevean ventajas específicas a favor del sexo infrarrepresentado.
En resumen, diré que este texto representa innegablemente el mayor avance colectivo en materia de afirmación de derechos sociales, tanto por la importancia de los derechos incluidos como por el hecho de que estos derechos figuren por primera vez en el mismo texto que los derechos cívicos y políticos, lo que muestra de forma solemne la indivisibilidad del conjunto de derechos fundamentales.
Bien es verdad, sin embargo, que se han podido formular algunas críticas sobre el contenido de la Carta. Algunos censuran este texto por reflejar "las opciones políticas de los promotores de una Europa liberal". Critican "la obligación de consenso" como modalidad de adopción de la Carta en la Convención. Cito aquí los términos de un llamamiento de algunos parlamentarios, principalmente europeos, lanzado recientemente, solicitando una revisión de la Carta. Sobre el método, quiero recordar que la propia Convención ha establecido sus normas de procedimiento, sin que nadie ajeno le obligara a ello, y que la regla del consenso aparece como una vía especialmente constructiva en un recinto tan diverso como era la Convención. Estoy seguro de que los miembros de la Convención que se expresen aquí podrán confirmarlo. Para mí, esta elección ha contribuido ciertamente a conseguir un texto que considero equilibrado y ambicioso.
Por su parte, la Confederación Europea de Sindicatos ha podido denunciar lo que ella considera lagunas, como la falta de referencia al derecho a un salario mínimo, por ejemplo. Por tanto, quisiera hacer algunas precisiones a este respecto. La Carta tenía por objeto, podemos lamentarlo, esto vendrá quizás más tarde, reunir los derechos fundamentales y no constituir, en esta fase, un tratado social y el mandato de la Convención, fijado en el cuaderno de condiciones inicial, no le permitía crear ex nihilo derechos sociales totalmente nuevos. Estoy seguro de que habrá otras etapas en esta vía.
Por otra parte, la Carta no es la única iniciativa de la Presidencia francesa de la Unión en materia social, muy al contrario. La Presidencia, en efecto, ha puesto en el centro de sus prioridades la promoción de una Europa más solidaria. De este modo, ya lo saben ustedes, la Presidencia, basándose en las conclusiones del Consejo de Lisboa, ha lanzado la iniciativa de una Agenda social, que debe permitir determinar las acciones que la Unión Europea llevará a cabo los próximos años para tomar en cuenta las necesidades existentes, garantizando principalmente una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo, así como una mayor cohesión social.
Estos propósitos -la Carta, por una parte, y la Agenda social, por otra-, son para mí complementarios y traducen realmente la voluntad de situar la dimensión humana en el corazón de nuestra construcción europea.
Quiero también señalar algunos motivos de satisfacción para la Presidencia y creo que para las demás instituciones, en la posición global de la Confederación Europea de Sindicatos, que subraya la relación que hay entre la Carta y la Agenda social y que, en conclusión, indica que la propuesta de la Convención, adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno, constituye un paso importante en "la marcha hacia una Europa social y de los ciudadanos". Creo que se trata de una toma de posición importante y que acojo favorablemente.
Preocupados por esta voluntad, los Jefes de Estado y de Gobierno, por su parte, si bien no han adoptado -esto ocurrirá en Niza- al menos han aprobado el texto de la Carta. El equilibrio encontrado por los redactores ha sido proclamado por todos y la Presidencia no desea la reapertura de las discusiones y creo que tampoco sus ponentes.
Me refiero ahora, para terminar, a una cuestión que ya hemos abordado, como es la del valor jurídico de la Carta. He oído a los ponentes desear nuevamente que la Carta sea el preámbulo de un tratado constitucional y ya se sabe que, por mi parte, estoy a favor de ello. Pero quisiera recordarles, porque estamos obligados a una gran precisión considerando lo que esta ocurriendo hoy, que en Biarritz, el Consejo Europeo sólo ha podido constatar que una mayoría de Estados miembros no estaba dispuesta a discutir, al menos por el momento, la inclusión de esta Carta en los Tratados. Puedo, pues, asegurarles, puesto que esta cuestión no podrá plantearse formalmente hasta después de Niza, que la Presidencia francesa tiene la intención de tratar de incluir esta perspectiva en las conclusiones del Consejo Europeo de Niza.
Sin embargo, diversas personalidades, y en especial los miembros del Parlamento Europeo, han propuesto que se incluya una referencia explícita a la Carta de los Derechos Fundamentales en el artículo 6 del Tratado de la Unión, que ya hace referencia a la Convención de Derechos Humanos. Han subrayado así lo que, efectivamente, constituye una paradoja, es decir una situación en la que el Tratado no mencionaría un texto nuevo y propio de la Unión Europea, mientras que menciona un texto existente que pertenece al Consejo de Europa.
Ya saben ustedes que a título personal he manifestado mi apertura, e incluso mi apoyo, a esta propuesta, y lo reitero aquí. Pero la Presidencia, basándose una vez más en los contactos bilaterales que mantiene, sólo puede constatar que varios Estados miembros no lo desean. Además, quisiera informar al Parlamento Europeo que por iniciativa de la Presidencia, ayer hubo una discusión sobre este asunto en el grupo preparatorio, el cual me comunica que la discusión no ha sido totalmente concluyente, lo que quiere decir que, quizás, algunos gobiernos podrían inspirarse en una toma de posición clara del Parlamento Europeo en su conjunto.
Queda que este texto, estoy convencido de ello, por su claridad, por su coherencia, por su contenido, se imponga como texto de referencia del que la Unión tenía una necesidad tan patente. Y, por tanto, en nombre de la Presidencia del Consejo, no me queda más que animarles, una vez más, a adoptar la Carta de los Derechos Fundamentales con el fin de proclamarla conjunta y solemnemente en Niza. Estoy seguro que allí tendrá lugar uno de los momentos más importantes de este Consejo Europeo que pone fin a la Presidencia francesa.

Poettering
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, una de las primeras tareas de los diputados directamente elegidos del Parlamento Europeo, que representan a 370 millones de ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea, es la aproximación de Europa y de la labor de unificación europea a las personas. Por esto fue acertado e importante que el Parlamento Europeo concediese una importancia destacada a la elaboración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y participase intensamente y de manera constructiva en su gestación.
Para el Parlamento fue un gran éxito conseguir -y los Grupos hicimos frente común en este aspecto, lo cual es un resultado positivo- que el Parlamento Europeo estuviese representado por 16 diputados en la Convención sobre los derechos fundamentales. El resultado que ahora se presenta también demuestra que conceder al Parlamento Europeo una participación decisiva fue un método acertado.
Permítanme que dirija desde aquí unas palabras de especial y sincero reconocimiento y gratitud a nuestros representantes en la Convención, bajo la dirección de nuestro colega Méndez de Vigo. Estimadas y estimados colegas -e incluyo a todos los miembros del Parlamento Europeo que colaboraron en la tarea-ustedes han contribuido de manera decisiva a que el difícil encargo del Consejo Europeo de Colonia se haya cumplido con éxito en muy poco tiempo, pero aun así con el máximo esmero. En nombre de nuestro Grupo, yo quiero dar las gracias no sólo a las y los colegas del Grupo, sino también muy especialmente al vicepresidente del Parlamento Ingo Freiedrich, que coordinó nuestros trabajos. También debemos hacer extensivo, además, nuestro agradecimiento a todos los miembros de la Convención y en particular a su Presidente, en el antiguo presidente de la República Federal de Alemania, Roman Herzog, a quien quiero desear también un pleno restablecimiento desde aquí.
Nuestro Grupo apoya unánimemente la Carta con la sola excepción de la delegación británica. El proyecto presentado es equilibrado y, siendo como es la expresión de un consenso europeo, ya ha obtenido una amplia aprobación desde todos los sectores. La Carta no puede satisfacer, desde luego, todos los deseos. Cualquier compromiso implica que éste no puede dar satisfacción a todo. Europa sólo podrá avanzar y definir así su identidad si todos estamos dispuestos a contribuir a que se alcance un buen resultado. Así ha sucedido en el caso de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Dicha Carta de los Derechos Fundamentales se basa en una diversidad de fuentes jurídicas europeas y nacionales. Reconoce el patrimonio espiritual y moral de nuestro continente y también los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Carta que se propone se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Garantiza una amplia transparencia en la medida en que sitúa a la persona en el centro de su actuación, a la vez que establece el fundamento de la ciudadanía de la Unión y de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Indica con claridad a las ciudadanas y los ciudadanos los derechos fundamentales que les corresponden. Deja claro ante las instituciones, los órganos y los servicios de la Unión Europea las posiciones jurídicas que deben contemplar y respetar en sus actuaciones en nombre de la población de Europa.
La Carta que hoy se presenta constituye, a mi parecer, una gran apuesta y puede convertirse en la tarjeta de presentación de Europa, tal como señalaba un gran diario europeo en un titular el 26 de septiembre de 2000. En el debate del Pleno sobre la Cumbre europea de Biarritz del 3 de octubre de este año ya señalé que lo que está en juego es el futuro posterior de la Unión Europea.
Con nuestra aprobación, señora Presidenta, le encomendamos que en la Cumbre europea de Niza, que se va a celebrar dentro de pocas semanas, proceda a la proclamación conjunta de la Carta con el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea. Sin embargo, a nuestro parecer, la ceremonia de Niza sólo puede ser un paso transitorio. Actualmente ya hace tiempo que la Unión Europea es mucho más que una comunidad económica. Si queremos seguir impulsando con ambición y compromiso la unificación de nuestro continente en nuestra calidad de representantes y abogados de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión Europea y de toda Europa, la proclamación solemne sólo puede ser un primer paso. El Partido Popular Europeo aboga en su totalidad y de manera unánime por que la Carta de los derechos fundamentales se incorpore lo más pronto posible a los Tratados, con el fin de que también tenga fuerza de ley directa para los habitantes de la Unión Europea.

Señor Presidente del Consejo, usted ha expuesto su posición al respecto y yo comprendo muy bien la problemática, que también se refleja en sus palabras; sin embargo, yo quiero manifestar con toda claridad, en nombre del Partido Popular Europeo, que pedimos que en Niza se alcance un resultado ambicioso, no sólo en lo que respecta a los requisitos necesarios para la ampliación de la Unión Europea, sino también en cuanto a la Carta. Por esto, en nombre de los diputados del Partido Popular Europeo, yo pido a la Presidencia del Consejo que realice renovados esfuerzos para conseguir que en Niza se elabore un calendario para el enraizamiento jurídico de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado de la Unión. ¡Le deseamos que tenga éxito en este empeño en su calidad de miembro de la Presidencia francesa del Consejo! ¡Su éxito será también un éxito para el Parlamento Europeo y para todos los habitantes de la Unión Europea!
(Aplausos)

Barón Crespo
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, en la historia de la integración europea hay determinados momentos que se pueden considerar como puntos de inflexión histórica, y éste es uno de ellos, porque la adopción de la Carta por el Parlamento será un paso más hacia la realización de los sueños y de los proyectos de los padres fundadores. Quiero recordar que la primera vez que se habló de la declaración de derechos fue en el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya, en 1948; ahí radica el origen del Convenio Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Ahora volvemos, en la dimensión de la Unión Europea, a afirmar que ésta es una comunidad de valores; hemos dotado de contenido real a la ciudadanía europea, reconocida en el Tratado de la Unión, y hemos consolidado nuestro espacio, no sólo como un mercado interior, sino como un espacio de derecho en el que se reconocen los derechos fundamentales de las personas.
Para los socialistas y los socialdemócratas de toda Europa, la aprobación de la Carta representa también el cumplimiento de un compromiso con nuestros electores; concurrimos a las elecciones con un manifiesto en el que había veintiuna prioridades; una de ellas, fundamental, era impulsar una Carta Europea de Derechos para consagrar los derechos fundamentales cívicos, económicos, sociales y culturales de las ciudadanas y los ciudadanos de la Unión.
La Cumbre Europea de Colonia, bajo la Presidencia alemana del canciller Schröeder, propuso precisamente, por una parte, el recinto que se convirtió en convención y, por otra, que se redactara esta Carta; dio el mandato y nombró a un ex Presidente de la República, Roman Herzog, presidente de esta instancia. Creo que hay que subrayarlo en el día de hoy porque el trabajo que hemos realizado no es patrimonio exclusivo de ninguna familia política y este gesto honra a la Presidencia alemana en su momento y demuestra que todos juntos debemos avanzar en la realización de los valores fundamentales. Creo que también lo hemos hecho en el Parlamento Europeo. Yo he tenido ocasión de expresar mi admiración por el trabajo realizado por Íñigo Méndez de Vigo, como presidente de la delegación del Parlamento Europeo. También quiero destacar el papel esencial que cumplió mi compañera Pervenche Berès, cuando dirigió la delegación del Grupo socialista. Creo que todos podemos sentirnos orgullosos de este éxito, que es un éxito compartido.
Hoy Europa es algo más que un mercado común y además tenemos una pieza fundamental de lo que debe ser una futura constitución; sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, falta todavía un paso fundamental para que nos podamos dar por satisfechos -y lo digo pensando en la Cumbre de Niza-, que es el último punto que ha mencionado el Presidente del Consejo: la inclusión de la Carta en el artículo 6 del Tratado. Creo que, aparte de la adhesión personal reiterada del Presidente en ejercicio del Consejo, hay una serie de elementos a favor; actualmente, la mayoría de los Jefes de Estado y de Gobierno pertenecen a nuestra familia política; otros no, pero están a favor de esa inclusión y de una Europa reformada y democrática.
La Carta dota de una legitimidad fundamental a la Unión como comunidad de valores, y esto hay que subrayarlo. Porque también hemos vivido acontecimientos que demuestran que el artículo 7 debe tener una apoyatura mucho más sólida. Nuestros Gobiernos necesitan obtener en Niza resultados concretos que ofrecer a los ciudadanos -los temas institucionales son importantes, pero, como bien saben el Presidente del Consejo y el Comisario, son difíciles de vender a la opinión pública.
La Carta constituye asimismo una concreción de los criterios de Copenhague, que consideramos fundamentales en las negociaciones de adhesión; y yo diría más, pensando en los países que están negociando con nosotros, también les ofrece garantías frente a nosotros; es decir, no se trata de una mera declaración, sino de un elemento que entra perfectamente en el proceso de negociación. Por lo tanto, mi Grupo sigue pensando que es absolutamente fundamental incluir una referencia a la Carta en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado. Como creo que el Presidente del Consejo va a pasar un fin de semana muy ocupado con el próximo cónclave, le pido que envíe un mensaje al mismo, para que los Ministros de Asuntos Exteriores lo transmitan a los Jefes de Gobierno. Es el siguiente: si el Consejo Europeo de Niza no logra incluir la Carta de esta manera, temo que el Parlamento Europeo tendrá dificultades para aprobar la reforma de los Tratados. Creo que es un mensaje positivo que el Presidente del Consejo debe enviar a sus colegas, porque todavía estamos a tiempo de incluir la Carta en el artículo 6 de los Tratados. Después de Niza podremos empezar a hablar de la constitución europea. Por ahora, lo fundamental es que se consolide esta etapa.
Ésta es nuestra propuesta.

Malmström
Señora Presidenta, permítame empezar felicitando en nombre del Grupo ELDR a los ponentes y a todos los que han participado en la convención.
Ellos han demostrado que es posible tratar los asuntos europeos de una manera nueva y ejemplar, una manera mucho mejor que la conferencia intergubernamental, dado su trabajo democrático y abierto, con gran transparencia y que posibilita la participación de los ciudadanos.
Se ha dicho en numerosas ocasiones que la cooperación europea no sólo se fundamenta en acuerdos de carácter económico. Esto ha quedado de manifiesto en el último año. El desarrollo de movimientos xenófobos y antidemocráticos agudiza el tema de los valores comunes europeos.
Simultáneamente con el aumento del poder de las instituciones sobre los ciudadanos, es importante ponerle límites. En la Carta que se propone se considera al ciudadano y a sus derechos de una manera inmejorable. Esto se ha logrado, obviamente, gracias a pactos políticos, ha habido concesiones y rechazos, pero, en general, estamos frente a un moderno catálogo de derechos comunes que claramente resume la comunidad europea de valores. Puesto que existe una cierta preocupación, es necesario puntualizar que la Carta complementa y no pretende desplazar a la Carta de Derechos Humanos del Consejo Europeo. Por este motivo es importante que en Niza se creen las condiciones jurídicas para que la UE firme la convención del Consejo Europeo.
En la Cumbre de Niza se aprobará al Carta como una declaración política. Ésta no debe convertirse solamente en una ceremonia con declaraciones anodinas. Los ciudadanos están cansados de este tipo de reuniones. Hay que dejar en claro que la Carta es obligatoria desde un punto de vista moral.
Tan pronto como sea posible después de la Cumbre, la Presidencia sueca debe fijar el procedimiento para continuar el trabajo en torno a la Carta, con el objetivo de que después de ciertas modificaciones llegue a ser obligatoria y forme parte de la futura constitución europea.

Boumediene-Thiery
Señora Presidenta, Señorías, la Carta de los Derechos Fundamentales -etapa esencial de la construcción europea- ha suscitado numerosos debates. Para unos es un éxito, para otros es hoy una esperanza frustrada. Fueron muchos los que pensaron que Europa tenía al fin la posibilidad de salir de la única zona de libre cambio y del atolladero liberal para sentar las bases de una Europa de los ciudadanos.
Todo contribuía a reforzar esta esperanza: la composición de la Convención que constituía un precedente original en comparación con el método intergubernamental habitual, los debates públicos y el conjunto de textos disponibles en un portal de Internet accesible a todos, así como la sociedad civil llamada a hacer oír su voz. Pero la transparencia no sustituyó al déficit democrático puesto que las ONG sólo pudieron expresarse durante cinco minutos y sus reflexiones fueron muy raramente tomadas en cuenta.
Sí, hay algunos avances pero son insuficientes en comparación con las lagunas. Se han necesitado varias semanas de lucha para incluir el derecho de huelga. El derecho al trabajo se ha transformado en derecho a trabajar. El derecho a la sanidad, a la seguridad social, a la vivienda, al salario mínimo son inexistentes o únicamente del orden de la solidaridad. La libertad de prensa ya no es una "garantía", es "respetada". El derecho de las minorías es minimalista. La discriminación entre europeos y residentes de terceros países está admitida, como ocurre con la libertad de circulación prevista en el Tratado de Amsterdam, o el derecho a la reunificación familiar reconocido, sin embargo, en el Derecho Internacional. Algunos derechos, entre ellos los derechos políticos, son objeto de una preferencia europea que substituye a la preferencia nacional.
¿Dónde están, pues, nuestros sacrosantos principios de universalidad, indivisibilidad y unicidad del derecho? ¿En qué se ha convertido esta ciudadanía europea, corazón de esta Europa de la igualdad para todos los ciudadanos? Queda un sentimiento amargo. Esta Carta constituye la prolongación de una Europa liberal frente a la Europa social de los ciudadanos. ¿Qué actitud hay que adoptar hoy frente a este texto que no es mejor que nada pues está por debajo del existente?
En el estado actual, esta Carta no está en condiciones de ser "significativa" para los ciudadanos de Europa. Sólo aporta una plusvalía; no responde en modo alguno a sus expectativas ni a sus necesidades. En términos de derechos fundamentales ¿podemos aceptar un mínimo común denominador mientras que Europa se siente un modelo en cuanto a derechos humanos se refiere? Hay que rechazar contentarse con esta Carta minimalista como parece resignarse la socialdemocracia europea. La Carta no puede ser un valedor para la Presidencia francesa para enmascarar una CIG moribunda.
En la cumbre europea de Niza, en diciembre, la sociedad civil ha decido movilizarse para hacer oír su voz y proclamar su deseo de una Carta que ofrezca verdaderas garantías para los ciudadanos de Europa. Debemos apoyar estas acciones y, en lugar de aceptar un texto cojo, solicitar la continuación de los trabajos de la Convención después de Niza, con nuevos procedimientos y un amplio debate público. En ello va el porvenir de nuestra democracia, así como de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Kaufmann
Señora Presidenta, la Carta de los Derechos Fundamentales es un proyecto político muy importante para el futuro de la integración europea y yo la apoyo. ¿Por qué razones? En primer lugar, porque garantiza los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos frente a los órganos y servicios de la Unión Europea. En segundo lugar, porque colma una laguna en la protección de los derechos fundamentales de las personas que viven en la Unión. En tercer lugar, porque la Carta también garantiza en el ámbito de la Unión el nivel de protección que actualmente ofrece el Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y en parte incluso lo supera. En cuarto lugar, la Carta -y esto me parece particularmente importante- parte del principio de la indivisibilidad de los derechos humanos de ciudadanía y de carácter político y los derechos fundamentales de orden social. En mi calidad de miembro de la Convención, yo me manifesté a favor de unos derechos sociales todavía más amplios y, en particular, del enraizamiento en la Carta del derecho al trabajo y a un ingreso mínimo que garantice la subsistencia, cuya inclusión era absolutamente necesaria a la vista de la Carta Social actual.
Aun así, comparto la valoración general de la Confederación Europea de Sindicatos en el sentido de que, a pesar de la formulación restringida de los derechos sociales, la Carta de los derechos fundamentales constituye un paso importante para impulsar una Europa social y una Europa de las ciudadanas y los ciudadanos, y representa un valor añadido con respecto a la situación actual.
Señora Presidenta, yo creo que lo que ahora se requiere, sobre todo con vistas a la Cumbre de Niza, es un debate público amplio con las ciudadanas y los ciudadanos sobre el texto de la Carta, y también debemos considerar que deberían concedérseles la oportunidad de refrendar dicha Carta. Por esto, personalmente, yo apoyo la celebración de un referéndum a escala europea sobre la Carta, con objeto de que por fin podamos contar con una legitimación democrática de la construcción europea emanada de los propios ciudadanos y ciudadanas.

Muscardini
Señora Presidenta, con frecuencia se da mucha importancia a la firma de las Cartas y con frecuencia las firmas se mitifican. Ocurrió lo mismo con relación a la Carta de los Derechos de los Trabajadores, firmada en Estrasburgo durante un Consejo Europeo que parecía que había resuelto el compromiso de las Instituciones con la solución de los problemas ligados a la tutela de la dignidad del trabajador. Luego vino el desmentido: en Maastricht, en efecto, el Reino Unido no suscribió el Protocolo sobre la política social desmintiendo la copiosa retórica derrochada a manos llenas sobre la importancia fundamental de la firma de la Carta de los Derechos de los Trabajadores.
Pues bien, tratemos de que no ocurra lo mismo con relación a la Carta de los Derechos. Por esto, además de las firmas, es importante que existan compromisos políticos efectivos, cumplidos día a día - cada día - por todos los Estados y por todas las fuerzas políticas. La Carta no es enmendable, y ello produce un déficit democrático que nos hace compartir las conclusiones de Biarritz de no considerarla jurídicamente vinculante. En realidad, si la Carta fuera enmendable, si se recordara que la Carta no contempla deberes y presenta carencias en materia de derechos, sería más fácil: la Carta es demasiado débil en la defensa de la familia natural, en la protección de la infancia; ignora la necesidad de reglas para toda nueva tecnología que afecte a la información global; discrimina la educación privada de la pública; ignora, en la defensa del medio ambiente, la defensa de la salud y de los derechos de los animales; es genérica en la defensa del consumidor y deja abierta la puerta a la comercialización de alimentos perjudiciales para la salud. Asimismo, la Carta adolece de lagunas políticas: por ejemplo, no aborda el problema de los refugiados políticos.
Por esto, estimamos que la Carta es importante, como posición de principio, sólo para la puesta en marcha de un debate: un debate que consideramos útil de cara al futuro, a pesar de que es un debate que debe desarrollarse todavía y que debe avanzar junto con el proceso de unificación. Otorgaremos a esta Carta el valor de una declaración política comprometiéndonos juntos: por esto votaremos a favor de la recomendación y Alianza Nacional se compromete a un debate democrático que deberá integrar y perfeccionar el contenido de la Carta en los próximos meses y que deberá avanzar al mismo tiempo que la adhesión y la nueva ciudadanía europea.

Dupuis
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que esta Carta es simplemente la enésima demostración de la capacidad de la Unión y de nuestros Estados miembros para multiplicar los textos vacuos, las declaraciones de intenciones.
Esta Carta, como ustedes saben, no tiene ninguna base jurídica. Esta Carta no prevé ningún organismo que pueda hacer cumplir los principios y los derechos que enuncia. Esta Carta es un nuevo texto vacuo y no son los llamamientos hechos por el Sr. Barón y algunos otros para incluir la cuestión de la Carta en el artículo 6 y en el artículo 7 del Tratado los que van a cambiar algo. Sabemos, por el ejemplo austríaco, que Europa ha reaccionado fuera del Tratado con medidas bilaterales y que no ha tenido fuerza, ya que el artículo 6 y el artículo 7 no lo permitían, para hacer respetar los grandes principios de los que se hace publicidad.
La cuestión es más importante. En Colonia, el Consejo tuvo la genial idea de inventarse un hueso para el perro, siendo el perro el Parlamento Europeo. Se inventó esta Carta y nuestro Parlamento -como tiene cada más la costumbre de hacerlo- se ha tirado a roer el hueso y lo ha roído tantísimo que hoy tenemos la impresión de participar en un acontecimiento histórico; ahora bien, las verdaderas cuestiones en las que estamos enfrentados son las páginas blancas del documento de síntesis de la Presidencia francesa, la cuestión de la Comisión y la cuestión de la ponderación de los votos en el Consejo, y nuestro Parlamento, que siempre ha sido fuerte con los débiles y débil con los fuertes, que se muestra cada vez más vil en su forma de afrontar las cosas, no sabe que decir de la destrucción programada de la Comisión. Acepta esta deriva que transforma la Comisión ejecutiva en subconsejo, ejecutor de un Consejo que es y que será siempre más fuerte.
Lo que figura en el orden del día de la cumbre de Niza es la deriva intergubernamental anclada en los textos. Ustedes pueden aceptarla, ustedes pueden desquitarse de los grandes textos vacuos, pero aquí está la realidad y es desolador comprobar que los pequeños países de la Unión Europea, al persistir en querer un comisario por cada Estado miembro, refuerzan ese propósito que es el del debilitamiento de la Comisión.
Estamos programando un asesinato de la Comisión, un asesinato que es también un suicidio desde el momento en el que, la semana pasada, la Comisión se adhirió a las propuestas del Consejo. Entonces lloremos o pongamos cara de estar felices, celebremos este gran acontecimiento que no es más que un gran acontecimiento vacuo. Pienso que es conveniente que lo recordemos.
Que votemos a favor de esta Carta, que votemos en contra, que nos abstengamos, no cambiará nada.

Bonde
Señora Presidenta, nadie creería que el Sr. Dupuis y yo hablamos del mismo texto. Tras la votación de la Carta figura un mal disimulado orden del día destinado a crear la primera parte de una constitución para lo que podemos denominar los Estados Unidos de Europa. La inscripción de ésta en el Tratado tendrá lugar por primera vez, bien es verdad, en una conferencia institucional a celebrar en el año 2004, pero ya con la solemne ratificación de ésta por la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo dispondrá de una nueva fuente de inspiración para sus sentencias y el representante del Tribunal ya ha comunicado que se dejarán inspirar por la Carta. El representante de la Comisión en la convención de Torino atribuye significación jurídica al documento. Resulta por ello absurda la afirmación del gobierno danés de que en la Carta no hay nada nuevo. ¿Para qué nos servirá entonces este texto?
Por supuesto que hay novedades en la Carta con relación al derecho existente, por ejemplo, se prohíbe la discriminación de las minorías nacionales, lo que es positivo, y hay una nueva redacción de la discriminación positiva del género subrepresentado y nuevas normas relativas a la clonación y a la protección del individuo y asimismo al derecho de acceso del público a los documentos administrativos. El problema no es el contenido sino la intención, que es tratar de superar las constituciones nacionales y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia Europeo se convertirá en nuestro nuevo Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, también en todas las cuestiones relativas a derechos fundamentales y derechos humanos, convirtiéndose también en el último intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Durante la convención presenté varias propuestas encaminadas a que la Carta se rigiera por los Tribunales Constitucionales nacionales y el Tribunal de Derechos Humanos. No pudo aprobarse, lo que testimonia precisamente la intención constitucionalizadora. Por ello he de votar, señora Presidenta, desgraciadamente en contra.

Friedrich
Señora Presidenta, en primer lugar yo quiero agradecer sinceramente a mi amigo Méndez de Vigo, que dirigió la delegación, que se aviniese a intercambiar conmigo ese papel, dado que yo debía hacerme cargo al mismo tiempo de una conciliación en nombre del Parlamento. La Convención ha realizado un excelente trabajo. Con su resultado, señor Ministro, Europa también permite apreciar sus fundamentos espirituales. Éstos nos dan una medida del contenido más profundo de Europa. Se recogen muchos nuevos derechos de los niños, las personas mayores, las personas discapacitadas y, como otro aspecto que también considero interesante, un nuevo derecho a la libertad de empresa, que supone casi una prohibición del socialismo en la práctica.

Es lo que significa en la práctica. Además, ¡ahora ya ustedes ya no son socialistas, sino socialdemócratas! También me parece importante que en el Preámbulo su mencionen con toda claridad los principios espirituales, pues quien niega sus raíces, no puede crecer, y quien no puede crecer tampoco puede florecer. Sin embargo, nosotros queremos que Europa florezca, prospere y crezca. Por esto queríamos y debíamos recordar las raíces.
¿Cuáles son los próximos pasos? La Carta de los Derechos Fundamentales debe formar parte de un futuro tratado constitucional europeo -no de una constitución-, de manera que quede claro que la Unión Europea no es un Estado, que no se trata de un Estado nación, sino que la Unión sigue su propia vía particular. Los Estados nacionales seguirán conservando su posición preeminente. Sólo ellos pueden modificar los Tratados a través del procedimiento habitual de ratificación. Esto queda claro cuando se habla de un tratado constituyente y no de una constitución. Si queremos tener credibilidad, no podemos trasladar al desarrollo de la Unión Europea los conceptos de la teoría del Estado de los siglos XIX y XX, sino que debemos desarrollar nuestros propios conceptos. Por esto es totalmente acertado que no hablemos de Estado, sino de una Unión de Estados, y de la Comisión o del Ejecutivo y no de un gobierno, de un tratado constituyente y no de una constitución. Si queremos que Europa sea un éxito, tenemos que definir con claridad los conceptos; si queremos que Europa sea un éxito, necesitamos una Europa poco voluminosa. Nosotros queremos que Europa sea un éxito y esto requiere que los fundamentos sean adecuados, que los conceptos -claramente definidos- sean adecuados, que las competencias sean adecuadas, y en las próximas elecciones europeas del año 2004 ya tendremos quizá la oportunidad de presentar la propuesta de un tratado constituyente, una propuesta global capaz de ganarse la confianza de los ciudadanos y que también resulte convincente desde el punto de vista científico. ¡La claridad de los conceptos es el primer paso para alcanzar el éxito!
(Aplausos)

Berès
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, creo que el voto que nuestro Parlamento va a emitir para permitirle, señora Presidenta, proclamar esta Carta en nombre de nuestra Institución, es un voto importante. Después de la hora del mercado, la hora de la Europa de los derechos quizás ha llegado finalmente. El concepto de ciudadanía en la Unión Europea es un concepto relativamente nuevo.
Recordemos que fue una iniciativa de Felipe González, quien nos propuso este bello concepto. Desde entonces, se ha desarrollado y ha vivido. Hasta ahora, sólo vivía a través de un himno, un pasaporte. Me parece que ahora, con esta Carta, tendrá también un contenido, la definición de derechos tal como los damos a conocer en este bello texto. Es un bello texto porque es leíble, claro, preciso, redactado "como si" -ya veremos mañana-, pero mientras tanto, desde hoy, puede leerse como un texto de derecho, y eso es lo que queríamos. Es también un texto que para las mujeres representa un progreso, puesto que está redactado en género neutro.
Pero es también un texto del que podemos estar orgullosos del fondo, porque es equilibrado. Su primer derecho es el de la dignidad. Cómo no reconocer que en el siglo XXI, detrás del concepto de dignidad, es el conjunto de derechos, en su indivisibilidad, el que gana. Son al mismo tiempo los derechos de la persona, los derechos del ciudadano, pero también los derechos sociales.
Ya sé que el mandato de Colonia era difícil. Era un mandato equilibrado, dirán algunos, pero insuficiente, para otros; era un mandato que hemos utilizado en toda su dinámica, y casi diría que hasta el fin de su dinámica. En esta Asamblea, algunos, incluso dentro de mi propia familia política en sentido amplio, lamentan la ausencia del salario mínimo, del derecho a la vivienda, o la falta de una referencia explícita a la Carta social del Consejo de Europa y a la Carta comunitaria en las disposiciones generales del texto. Y, sin embargo, yo les invito a leer el texto con seriedad. En las intervenciones que he oído esta mañana, no estoy seguro de que todo el mundo hubiera leído realmente este texto, en toda su extensión.
Sobre su extensión, quiero decir algo. Cuando en materia de derechos sociales se dice que este texto no va demasiado lejos, invito a los que están en esta línea de pensamiento a que miren el valor jurídico de los textos con los que hasta ahora contábamos a nivel europeo en materia de derechos sociales. La Carta está redactada, en efecto, como un texto que puede tener un valor vinculante. Va mucho más allá de los textos con los que nos identificamos políticamente pero que, desde el punto de vista del dispositivo jurídico que los establece, incluso aunque se basen, lógicamente, en políticas comunes, en términos de derecho, no definen sin embargo derechos reales que algún día puedan ser reconocidos por un juez.
Este texto hay que darlo a conocer, hay que vivirlo. Retomando una expresión de Catherine Lalumière, diría que "hay que ponerlo en órbita". Para ello, todos tenemos que trabajar codo con codo, sobre la base de una votación lo más amplia posible, espero, de esta Asamblea. Esto supone nuestra movilización, parlamentarios europeos, la de nuestros colegas parlamentarios nacionales, del Consejo, naturalmente, la de los gobiernos, así como la de esta sociedad civil que nos ha acompañado en el proceso de elaboración del texto.
Una palabra sobre el valor jurídico. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, usted ha tenido a bien hacerse eco de los trabajos de la CIG, ayer por la noche. He tenido la impresión de que, pese a que varios gobiernos no lo desean, casi una mayoría podría inclinarse a favor de una inclusión en el artículo 6. No es el principio y el fin del estatuto de esta Carta. Deberá tener el lugar que le corresponde como preámbulo a una constitución, pero esto queda para una historia institucional futura. Por ahora estamos ocupados en esta referencia en el artículo 6. Este es el mandato que hemos dado a nuestros representantes. Para nuestro Parlamento, la etapa que vamos a franquear es fruto de una larga lucha, que iniciamos ya en 1975 y que al hilo de nuestras resoluciones, de nuestros proyectos Spinelli, de nuestros proyectos de constitución europea, ha sido recordada permanentemente. Espero que en el momento de la votación podamos estar el mayor número posible en esta Asamblea, para que su voz, señora Presidenta, sea una voz fuerte en el momento de la proclamación.

Thors
Señora Presidenta, la Carta comprende muchos aspectos beneficiosos. El derecho a una buena administración, a que hacía alusión también la Sra. Malmström, es uno de los avances más importantes. Este derecho no existe en otros documentos internacionales y está ausente en muchas constituciones de los Estados miembros.
El acceso a una administración más abierta es una de las mejoras más concretas que ofrece la Carta a los ciudadanos de la UE. La Carta significa también una apertura en beneficio de los derechos de las minorías, ya que el artículo 22 señala que la Unión respetará la pluralidad cultural, religiosa y lingüística. Este respeto, en combinación con la prohibición de discriminar, crea un soporte para la futura protección de las minorías.
El método de trabajo ha sido provechoso. Tan provechoso, que el Primer Ministro finlandés en su discurso el pasado viernes aludió a este método como una manera de promover ideas para la futura constitución europea. Opino que esto es importante. Sin embargo, también es primordial que la UE suscriba las convenciones sobre derechos humanos; ambas cosas van juntas.
Finalmente, puedo comprobar con satisfacción que se menciona a los niños. Espero que dé fundamento al Comisario Victorino para tomar medidas, de modo que la UE contribuya a la futura Cumbre sobre la situación infantil. También puedo comprobar con gran orgullo que un representante de mi grupo parlamentario en mi país, Gunnar Jansson, tuvo un importante papel en la formulación de esta Carta. Creo que él ha contribuido a la claridad a que se refería la Sra. Berés. La Carta es clara y concisa y constituye un ejemplo para muchas constituciones.

MacCormick
Quiero añadir mi felicitación y agradecimiento al Sr. Méndez de Vigo y a todos los que han trabajado a ese respecto. No sólo se lo agradezco, sino que, además, los envidio. Se ha hecho un trabajo extraordinariamente positivo.
Tenemos aquí un texto que expresa concisamente lo que Europa representa y declara los derechos que nos corresponden como ciudadanos de esta gran Unión. La verdad es que siento tristeza al ver que las filas de los conservadores británicos se han alineado contra la idea de que las instituciones de la Unión hayan de responder de las violaciones de los derechos de los ciudadanos de la Unión. Es triste que el partido de Churchill y Maxwell Fyfe haya llegado al punto de que, cuando por fin intentamos garantizar que las instituciones de la Unión no sean los tiranos de Bruselas, sino personas sujetas, en virtud del artículo 51, a las obligaciones que vinculan a todas las instituciones de la Unión, los conservadores británicos digan "no".
Aún no estoy seguro, porque no he tenido noticias al respecto, de hasta qué punto tendrán libertad los lebreles del Sr. Blair para hablar a las claras a favor de este brillante proyecto. Espero que el Sr. Martin, que hizo una labor tan excelente de contribución a esta convención, convenza a sus colegas de que ha llegado el momento no sólo de aprobar esta Carta, sino también de hacer que forme parte de nuestra legislación, que sea vinculante para los que nos gobiernan y no sea sólo una proclamación, sino también una parte vinculante de los Tratados. Tal vez lo mejor que podamos hacer de momento sea mencionarla en el artículo 6, pero eso sólo será un comienzo.
No es un documento perfecto; todos sabemos que no lo es. Nada en la vida es perfecto y tampoco lo es declarar derechos, pero no aplicarlos efectivamente. Tomo nota de que hay artículos sobre la presunción de inocencia y sobre los principios de legalidad y el derecho de defensa. Como dije anoche -y volveré a decirlo hoy-, en toda esta Unión hay muchas deficiencias a ese respecto y a veces, con nuestra impaciencia por desarrollar la cooperación judicial y policial, pasamos por alto la importancia de velar por que los inocentes no sean víctimas pasivas, daños colaterales de una guerra contra la delincuencia.
No debemos limitarnos a aprobar estos derechos, sino que debemos hacerlos realidad en los corazones y en la experiencia de nuestros ciudadanos y hacer que formen parte de nuestra legislación.

Ainardi
Señora Presidenta, no subestimo la muy importante ambición de afirmar una comunidad de valores humanos ni el hecho de que, por primera vez, en este tipo de texto se pongan en el mismo plano derechos civiles, políticos y sociales. Pienso también que el método inaugurado con la Convención ha sido innovador en un deseo de mayor información y transparencia. Sin embargo, al lado de todo esto queda una gran insatisfacción.
Hay un desfase importante entre la ambición del inicio y a lo que hemos llegado. Naturalmente, es posible resaltar tal o cual artículo, proclamar avances reales en la afirmación de un cierto número de nuevos derechos relacionados con la evolución de nuestras sociedades o la reafirmación de derechos fundamentales decisivos. También se pueden poner de relieve artículos muy por debajo de los derechos reconocidos en otros sitios, especialmente en el campo social.
No se trata de hacer una columna con lo positivo y otra con lo negativo, señora Presidenta. La última vez, usted habló del vaso medio vacío o medio lleno. Se trata de aprehender la Carta en la globalidad de su propósito y de su ambición y de plantearse la pregunta "¿está a la altura de las exigencias y de las expectativas de los ciudadanos europeos, les proporciona puntos de apoyo para afrontar los retos del período?"
Sí, he leído el texto, lo he leído y releído. Efectivamente, es un texto leíble. Comprendo los argumentos que han adelantado mis colegas, pero sigo considerando que en la Carta hay ambigüedades muy peligrosas y que el denominador común es el mínimo.
Por último, a pesar de las innovaciones de la Convención, de las que he hablado, hay que decir las cosas francamente. Los ciudadanos europeos han estado desinformados y si hubieran sido requeridos -como hubiera sido necesario- para contribuir a la elaboración de la Carta, su contenido habría sido ciertamente diferente.
Nunca es tarde si la dicha es buena. Niza no debería ser únicamente un punto de llegada para la Carta, el lugar de la autosatisfacción proclamada, sino que sería juicioso hacer de él el punto de partida de un debate "ciudadano" lo más amplio posible sobre esta apuesta tan importante de los derechos fundamentales.
Por último, justamente porque la decisión sobre la Carta es una decisión política capital, soy de los que en este Parlamento consideran que es prematuro pronunciarse hoy.

Berthu
Señora Presidenta, el proyecto de resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta de los Derechos Fundamentales se basa en la misma ambigüedad que los trabajos de la Asamblea. En uno y otro caso se nos pide que aprobemos un texto sin decirnos para que servirá. ¿Es una declaración política? ¿Es un complemento al Tratado? ¿Es la primera parte de una futura constitución? Se nos dirá más tarde, sin duda después de Niza. Esta incertidumbre introduce un vicio fundamental en los consentimientos dados con motivo del cierre de los trabajos de la Asamblea o de las votaciones de hoy. Algunos se tranquilizan, en efecto, pensando que un voto positivo no compromete a nada, pues la Carta debería quedarse en una simple declaración. Esto es un error. Este texto, como mínimo, si se adopta tal cual -y es una reserva importante, sobre la que volveré- se hará obligatorio a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En este proceso, dos aspectos me parecen fascinantes. El primero es que la Carta así adoptada nos llevaría directamente hacia una Europa uniformizada, a la que la inmensa mayoría de los miembros de esta Asamblea dice que tiene horror y cuyos electores no quieren en absoluto. Pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que mañana va a interpretar los derechos minuciosamente se aplicará de forma uniforme a toda Europa, privando a cada democracia nacional de su derecho de decisión autónomo. Mañana, señoras y señores diputados, ustedes no podrán decir que no lo sabían.
Segundo aspecto fascinante: estamos discutiendo hoy un asunto -los derechos humanos y del ciudadano- sobre el que la Unión no tiene ninguna competencia. Pero el Consejo de Colonia, ayudado por el recinto, que ha desempeñado de maravilla su papel de sembrador de confusión, ha terminado por hacer olvidar a todo el mundo que esto es competencia de los parlamentos nacionales y que estos últimos están siendo infrautilizados, al ser desplazados progresivamente.
En efecto, sobre la base de los Tratados actuales, la discusión de hoy es totalmente ilegítima. He aquí un malísimo presagio para una Europa que pretende querer hacer respetar los derechos fundamentales.
Es por lo que pienso -y aquí me dirijo muy especialmente a la Presidencia del Consejo- que si los gobiernos reunidos en Niza adoptan la Carta como declaración política, deberían hacerla preceder de una declaración preliminar que recuerde que la definición y la evolución de los derechos de los ciudadanos son, en todos los casos, competencia exclusiva de los parlamentos nacionales.

Speroni
Señora Presidenta, este año se celebra el quincuagésimo aniversario del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. La presente Carta me parece una mala copia de la misma: suscita perplejidades desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, cuando, en el apartado 2 del artículo 2, reza: "Nadie puede ser condenado a la pena capital" - y esto es correcto - y después: "ni ejecutado". ¿Cómo hace uno a ser ejecutado si antes no es condenado a la pena de muerte? Es algo excesivo, superfluo, absurdo. Se habla de libertad de cultos religiosos, sin límite alguno. La Constitución italiana prevé, por ejemplo, el límite de la buena conducta; la Convención prevé el límite de los derechos de los demás, del orden público. Por ejemplo ¿se admiten o no se admiten ritos satánicos, ritos orgásticos? Esto no está claro en absoluto.
Políticamente, además, falta el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, falta una clara definición que proteja a la familia natural. Por último, este procedimiento que no permite a ningún parlamento ni tampoco al Parlamento Europeo enmendar la Carta ni la propuesta de decisión, a mi entender, por una parte, proclama los derechos de los ciudadanos y, por otra, no hace sino negar los derechos de los representantes de los ciudadanos, es decir, los nuestros como diputados que no podemos siquiera proponer una enmienda.
Es por esto que, aun estando a favor de la Europa de los ciudadanos, no me identifico plenamente con esta Carta y, en consecuencia, no voy a votar a favor de la misma.

Van Dam
Señora Presidenta, mi respuesta a la pregunta de si el Parlamento Europeo debe participar en la promulgación solemne de la Carta es, sencillamente, no. Realmente, ¡no es bueno para nada! ¿A quién servimos con la proclamación de la Carta? No a los ciudadanos de los Estados miembros, ya que la mayor parte de los derechos que figuran en la Carta se formulan de una forma tan vaga que cualquiera, también las instituciones, puede utilizar lo que más le convenga. Además, si la Carta inesperadamente se convirtiera en jurídicamente vinculante, no estaría previsto de ninguna forma un buen sistema de protección jurídica.
Así mismo, el documento está lleno de derechos que no tienen nada que ver con la limitación de competencias de las instituciones. La Carta, por tanto, está dirigida sobre todo a los Estados miembros, pero éstos ya han recogido los consabidos derechos fundamentales en sus leyes fundamentales o constituciones. Todos los Estados miembros son parte del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos en tanto garantía adicional para una correcta protección de los derechos fundamentales.
¿Qué puede añadir la Carta además de una seria confusión? Según Joseph Weiler, el ciudadano europeo se enfrentará a partir de ahora a un exceso, más que a un déficit, de protección en materia de derechos fundamentales. Sinceramente, estoy de acuerdo con él. Un superávit de protección en materia de derechos fundamentales es tan perjudicial como un déficit. La Carta ha terminado convirtiéndose en una proyecto de prestigio. El Parlamento Europeo, en tanto defensor de los intereses de los ciudadanos, no debería participar en ello.

Hager
Señora Presidenta, yo estuve entre los defensores de la Carta de los Derechos Fundamentales desde un primer momento. Siempre me manifesté también a favor de su obligatoriedad. No obstante, aun así, no comparto la valoración eufórica dominante de la Convención como instrumento del futuro desarrollo constitucional. Más allá de los problemas en relación con el contenido de la Carta que ya se han señalado hoy, la mera incorporación de algunos parlamentarios nacionales no puede ser un sucedáneo de un examen en profundidad de las cuestiones de rango constitucional en los Parlamentos nacionales. En cualquier caso, yo quiero advertir contra el riesgo de confundir el instrumento de la convención con un deus ex machina de la Unión Europea.
Sólo un último comentario dirigido al Presidente del Consejo. En mi calidad de antiguo miembro de un Tribunal Supremo, yo puedo asegurarle que las competencias superpuestas de diferentes Tribunales Supremos darían lugar en muy breve tiempo a una jurisprudencia divergente y es de esperar que surgiesen divergencias en la jurisprudencia. No podemos perder de vista de ningún modo este problema.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, hoy en la votación de las 12 concluiremos un proceso que se inició en 1984 cuando este Parlamento aprobó el proyecto de Tratado de la Unión Europea, donde aparecía ya la petición de una declaración de derechos, un proceso que continuamos en 1989 con la Resolución de De Gucht.
La Carta de los Derechos Fundamentales ha sido siempre una prioridad para este Parlamento, en primer lugar, porque éste ha querido ver reflejados en un texto los principios y valores que unen a los europeos. Esto es particularmente importante en este momento, cuando iniciamos un proceso ambicioso de ampliación.
En segundo lugar, porque la Carta de los Derechos Fundamentales es un factor esencial de la marcha hacia la unión política.
Y, en tercer lugar, señor Presidente, y seguramente ésta es la razón más importante, porque una Carta de los Derechos Fundamentales va a acrecentar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea.
Por todo ello, mi Grupo -lo ha dicho antes su presidente, el Sr. Poettering- va a votar en favor de esta Carta.
Además, esta Carta refleja la opinión del Parlamento, tal y como recogimos en nuestra Resolución Duff/Voggenhuber el pasado 16 de marzo. La Carta ha sido elaborada con la participación de una delegación del Parlamento y, como presidente de esta delegación, quiero agradecer a todos los miembros que formaron parte de ella su trabajo, su compromiso y su apoyo en todos estos meses.
Es verdad -algún orador lo ha dicho- que tenemos que hacer un esfuerzo de información sobre la Carta, esfuerzo que puede empezar en este Parlamento. Cuando uno escucha las intervenciones de algunos diputados, se da cuenta de que esa información es más necesaria que nunca. Algunos, antes de intervenir, deberían leer la Carta para no decir las cosas que dicen.
Señor Presidente, déjeme decir unas palabras sobre los efectos de la Carta. Creo que existe un falso debate. Me parece que la referencia al artículo 6 es lógica y creo que la Presidencia del Consejo debe tomar buena nota de lo que ha dicho el Sr. Barón. El presidente del grupo de la mayoría de gobiernos de la Unión Europea ha dicho con toda claridad que el Parlamento -en todo caso su grupo- no aprobará la reforma del Tratado de Niza si no se contiene una referencia en el artículo 6.
La Carta va a tener efectos. Los va a tener esté o no en el Tratado. Y les diré algo más, los ha tenido ya. Si leen el informe de los tres sabios sobre la situación en Austria, verán que se menciona la Carta en tres ocasiones. Ese informe fue elaborado entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, cuando la Carta todavía no había sido redactada. Por tanto, la Carta, esté o no incluida en los Tratados, esté o no en el apartado 2 del artículo 6, ligará a la Comisión -y quiero saludar la importante labor del Comisario Vitorino en la redacción de la Carta-, ligará al Parlamento y ligará al Consejo, y tendrá efectos, señor Presidente, les guste o no a algunos miembros de esta Asamblea.

Martin, David
Señor Presidente, los diputados que esta mañana han sostenido que esta Carta no refleja tal o cual derecho con suficiente intensidad o en absoluto o que dicen que no es bastante demócrata cristiana o bastante socialista o bastante verde no parecen haberla entendido. Es una Carta que recoge derechos que no corresponden a ningún partido y corresponden a todos. Es una fusión de los valores europeos vigentes de forma contemporánea e imaginativa. Todos los sectores de la Asamblea interesados en el desarrollo de la Unión Europea deben acogerlo con satisfacción.
Como dice la Comisión en su excelente comunicación y como nos ha recordado el Sr. Moscovici esta mañana, esta Carta es excepcional, porque recoge los derechos sociales, civiles, políticos y económicos de un modo que no se da en ninguna de las demás cartas de derechos humanos o derechos fundamentales del mundo. Es también contemporánea, como señala la Comisión, porque aborda cuestiones tales como la bioética, la ingeniería genética y la protección de datos, así como el acceso a la información. Conque es un paso válido en la dirección correcta. La convención y su presidente, el Sr. Méndez de Vigo, son dignos de felicitación por ello.
La gran cuestión que ahora nos divide es para qué sirve esta Carta. Para mí tiene tres fines. En primer lugar, decir a los ciudadanos: Europa no es simplemente algo que nos suceda, es una comunidad que nos ofrece derechos, que nos ofrece garantías, que nos ofrece protección en ciertas circunstancias. En segundo lugar, decir a las instituciones: tienen el deber, que está expresado en esta Carta, de tratar a los ciudadanos de determinado modo. Cuando aprueben una legislación, cuando adopten medidas administrativas, cuando redacten documentos, deben atenerse al contenido de esta Carta. En tercer lugar, dice a los Estados miembros actuales y a los Estados candidatos que, cuando ingresamos en la Comunidad, ingresamos en una comunidad de valores. Hay ciertas condiciones que se deben mantener y alcanzar para ser miembro de la Unión Europea o mantenerse como tal. Se trata de un mensaje muy claro no sólo a los Estados candidatos, sino también a los Estados miembros actuales. Si pensamos en la frágil situación política en uno o dos de nuestros Estados miembros, se trata de un importante mensaje en este momento.
¿Cómo se utilizará la Carta? Convengo con los diputados que dicen que el Tribunal no va a pasar por alto una Carta proclamada solemnemente por las tres instituciones: la Comisión, el Consejo y el Parlamento. Cuando emita fallos, tendrá presente dicha Carta. Se debe acoger con beneplácito y no con miedo, como parece pensar el Sr. Bondi. El Sr. Dupuis e incluso el ministro de mi país han dado a entender que se trata de un documento vacuo o vacío. No puedo aceptarlo. Es un importante paso adelante en la construcción de Europa. Lo acojo con satisfacción.

Caveri
Señor Presidente, Señorías, una Carta para Europa, para los ciudadanos de la Unión, está bien. Lo digo como federalista, sabiendo que el principio al que habrá que hacer referencia algún día será el de la subsidiariedad, para conseguir más libertad para los pueblos europeos, incluido mi pequeño pueblo, el pueblo valdotano, que siempre ha practicado el federalismo en Italia y en Europa. Pero, lógicamente, hay que subrayar que la Carta es solamente el punto de partida y no el punto de llegada. Debo señalar que es una buena cosa hablar de las minorías nacionales y de la diferencia cultural lingüística en el capítulo dedicado a la igualdad. Hay que avanzar en el terreno de una verdadera constitución europea para dar una garantía internacional a las minorías lingüísticas.

Frassoni
Señor Presidente, el contenido de la Carta podía haber sido mejor. La cuestión de su naturaleza jurídica se podía haber resuelto ahora y no en un futuro muy incierto. Lo que ha impedido alcanzar ambos resultados es, señor Ministro, lo que impedirá alcanzar en Niza un resultado satisfactorio en términos de democracia y de eficacia: la obligación de la unanimidad sobre cada parte del texto. Quien está más atrás y es más retrogrado ha vencido una vez más a quien, en la sociedad civil en las instituciones, lucha para que los derechos fundamentales se apliquen a todos y sean una respuesta eficaz y jurídicamente vinculante a las nuevas cuestiones como los riesgos de la ciencia, los derechos de los nuevos ciudadanos, el derecho a un medio ambiente, etcétera. Por lo tanto, una vez más estamos decepcionados e insatisfechos. Cierto, votaremos a favor de la Carta, pero con el ánimo de que esto no conseguirá movilizar ese entusiasmo y esa participación de los ciudadanos, tan necesarios para Europa y, como de costumbre, serán los Gobiernos - y algunos Gobiernos más que otros - a cargar con la responsabilidad histórica de esto.

Di Lello Finuoli
Señor Presidente, es difícil negar que desde hace algunos años las políticas sociales de los Estados de la Unión dependen de las políticas económicas y monetarias, de las compatibilidades presupuestarias, de los Pactos de Estabilidad, de la flexibilidad y de la precariedad del trabajo por cuenta ajena, en aras del dios mercado y de la competencia, su inseparable compañera. La diferencia entre quien tiene mucho y quien tiene poco o nada es cada vez más grande, mientras que quien tiene mucho, precisamente en nombre de los principios sagrados antes mencionados, pide cada vez más sacrificios a quien tiene poco o nada.
La Carta de los Derechos Fundamentales, con la constante remisión a las legislaciones y a las prácticas nacionales para la eficaz consecución de los derechos sociales, tiende a convertir en irreversible esta subordinación, este mecanismo de apropiación inicua de la riqueza por parte de unos pocos y este modelo de sociedad liberal-librecambista que está surgiendo con una rapidez impresionante de las cenizas del pensamiento socialdemocrático europeo. En cuanto a los derechos sociales, esta Carta supone un retroceso respecto a las legislaciones de muchos Estados miembros y, precisamente por ese juego de remisiones, servirá como instrumento para modificarlas o empeorarlas. Los derechos civiles y políticos son derechos formales vacíos de contenido si no se basan en derechos sociales reconocidos y no sólo enumerados.
Parece que el siglo que termina, con todas sus luchas por la emancipación de las clases sociales desfavorecidas, ha pasado inútilmente y no nos ha enseñado nada. No podemos hacernos ilusiones de que esta Carta represente un primer paso hacia una Unión cada vez más solidaria. La misma, por el contrario, es el punto de llegada al nivel más bajo de las políticas sociales que tendremos en el futuro. Lo único que espero es que no se incluya en los Tratados y que vayan aumentando los movimientos que en la sociedad civil, en los sindicatos, en las organizaciones políticas piden una Europa más justa y realmente más solidaria.

Bigliardo
Señor Presidente, Señorías, con el debate sobre la Carta de los Derechos Fundamentales nuestro Parlamento entra en una nueva e importante etapa del camino de la Unión Europea hacia una Europa más unida y, espero, más justa y más honesta.
Voy a votar a favor de esta Carta, no porque esté convencido de que se aplicará correcta y eficazmente, sino porque no se puede no estar de acuerdo con los principios que la inspiran. Siguen existiendo profundas perplejidades causadas por preocupaciones que se pueden compartir: pienso en esos Estados de la Comunidad en que el derecho a la vida es y sigue siendo única y exclusivamente una afirmación de principio, cuando se suprime de manera indiscriminada la vida humana desde su concepción; pienso en los consumidores europeos que, gracias a la Carta, tienen muchos, nuevos e importantes derechos y a los cuales, por el momento, se le da lo que queda de las vacas locas, como ese capitalismo que engorda a expensas de la gente pobre; pienso en aquellos trabajadores que están en las fábricas que tendrían derecho a un empleo estable y a los que, en nombre de la globalización de los mercados, el futuro se les trueca por la deslocalización del trabajo donde cuesta menos; pienso en los estudiantes y en los profesores y en los derechos a la educación, y pienso en las estructuras ruinosas y obsoletas de muchos países que abdican de este papel; pienso, Señorías, en la libertad y en los derechos de opinión y pienso en aquellos que abarrotan las cárceles europeas sólo porque no piensan como los demás; pienso en el derecho a una vivienda y a una calidad de vida adecuada; pienso en los jóvenes que, en nombre de intereses a menudo mafiosos, no tienen siquiera el derecho al amor.
Pienso en todo esto y más y me preocupo, sin embargo, votaré a favor de la Carta, aunque fuera una utopía, porque a todos nosotros se nos pide una revolución que para ser llevada a cabo necesita una pizca, una pizca de raciocinante utopía.

Titford
Señor Presidente, en la recomendación sobre la que versa este debate el Parlamento aprueba la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Después ordena a su Presidente y a los Presidentes del Consejo y de la Comisión que proclamen la Carta de Niza. Pero esta Carta va encaminada claramente a intensificar la unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa. Según el coponente, Sr. Duff, se trata de un importante paso para mejorar la calidad de la integración europea.
Como representante de mi pueblo de Inglaterra y no de los pueblos europeos, lo único que puedo decir es que no tengo un mandato para intensificar la integración europea... y tampoco el Gobierno del Reino Unido, si representa de verdad a su pueblo. De hecho, la mayoría de la población del Reino Unido se opone totalmente a una mayor integración. Así, pues, como demócrata que soy, me disocio de esta iniciativa y votaré en contra de ella.

Cederschiöld
Señor Presidente, la Carta, junto con hacer visibles los actuales derechos, constituye un importante avance en Europa. En último término se debate si la UE se fundamentará en los principios normales del estado de derecho. La Carta llena un vacío en el derecho comunitario y fortalece la protección a los individuos frente a los atropellos de la policía europea, de las autoridades que combaten el fraude y de las autoridades que velan por la competencia. A pesar de que en la práctica ya aplicamos penas, carecemos de posibilidades de recurrir las violaciones a los derechos humanos, cosa que es necesaria en un estado de derecho.
Todos los individuos, mujeres, hombres, obreros y patronos, deben gozar de protección contra eventuales abusos políticos y administrativos en el seno de la UE. No existen razones decentes para oponerse a esto. Quien injustamente sufra un daño causado por los aparatos jurídicos de la Unión, debe tener derecho a acudir a los tribunales. Una Europa ampliada y con competitividad debe fundamentarse en los principios del estado de derecho. Se necesita un amplio respaldo político en favor del derecho de los individuos a defenderse ante los tribunales de los abusos. ¿De qué otro modo podría funcionar un territorio jurídico con más de 500 millones de personas?
La Carta constituye un fundamento equilibrado y sólido para la ampliación. Hay muchos malos entendidos en relación con su contenido material y con sus consecuencias. Esos errores deben ser aclarados. Para los que lo necesiten, les recomiendo que lean las explicaciones de la convención 49 y el case law de los dos tribunales relacionados con la Carta.
La Carta influirá en el desarrollo jurídico de la UE y es posible que sucesivamente vaya recibiendo más apoyo. Opino que el tribunal debe tomar en consideración especialmente los puntos relativos a la libertad de empresa, a las actividades emprendedoras y al derecho de propiedad. Antes de terminar, quiero agradecer muy sinceramente al jefe de la delegación, el competente Sr. Méndez de Vigo.

Paciotti
Señor Presidente, la propuesta y la aprobación del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales deberían alcanzar un consenso muy amplio. Me parece que la disensión sólo se justifica por parte de aquellos que están en contra de la Unión Europea y aquí hemos escuchado a algunos de ellos. No entiendo la disensión de quien la motiva porque la Carta no contempla todo aquello que querría ver incluido. Creo que ninguno de nosotros ve en ella totalmente realizadas sus aspiraciones, ya que la Carta no puede ser el espejo de una parte, sino ha de ser el punto de referencia común de todos aquellos que se sienten ciudadanos europeos, respetuosos con las diferencias y con la convivencia de los marginados.
¿Era posible hacer algo mejor? Creo que sí, al menos porque no todo lo que propuse ha sido acogido. Entonces, ¿es mejor no hacer nada? ¿No aprobar esta Carta? Está claro que no. Esta Carta, repito, convierte a la Unión en una comunidad de derechos; es un avance en el proceso de constitucionalización de la Unión, es el primer documento internacional que, según el principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales, junto con los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, contempla nuevos derechos. No alcanzo a comprender a quien dice que no sirve para nada, que se trata tan sólo de palabras genéricas y bonitas. Quien lo dice no conoce la historia de las Instituciones: también "liberté, egalité, fraternité" son palabras bonitas, sin embargo, en ellas se han basado muchos ordenamientos jurídicos en esta nuestra Europa. Es sobre la base de fórmulas como estos artículos que nuestras cortes han garantizado a lo largo del tiempo nuestros derechos fundamentales.
Dejemos al cinismo de los reaccionarios sostener que sólo cuenta la fuerza o el dinero y que el resto son sólo palabras. No, las palabras que encarnan nuestros principios, nuestros valores, nuestros derechos fundamentales tienen fuerza y poder, si nosotros las empuñamos como instrumentos de nuestra convivencia civil. En consecuencia, aprobemos la Carta y tomemos en serio las palabras, no dejemos que se minimicen, se desvirtúen y se olviden. Tomemos en serio nuestros derechos si queremos que los Gobiernos los respeten y que los jueces los garanticen.

Gahrton
Señor Presidente, durante largo tiempo he sido de los que dudan. La Carta contiene partes provechosas, pero también aspectos discutibles desde el punto de vista de los principios. Para mí ha sido decisivo el emplazamiento hecho por el movimiento popular francés Attaque, uno de los de más rápido crecimiento en Europa, que describe la Carta como un instrument de régression sociale, una herramienta para el desarme social.
Attaque señala que la Carta implica una paso atrás en relación con las reglas vigentes en los Estados miembros, en la ONU, en el Consejo Europeo y en la ILO. Attaque dice también que se ignoran los derechos sindicales y opina que en realidad se trata de asentar la libre circulación del capital.
Cuando el movimiento popular progresista de más rápido crecimiento, con raíces en Francia - patria de la primera revolución democrática - a la que no puede acusársele de euroescepticismo escandinavo o algo por el estilo, tan enérgicamente se opone a la propuesta de Carta, me resulta imposible votar a favor de ella.

Frahm
Señor Presidente, continuaré donde se quedó el Sr. Gahrton. Pienso que resulta problemático afirmar a un mismo tiempo que los derechos sociales deben ser indivisibles y universales y luego a continuación hacer referencia en el párrafo titulado "Solidaridad" a la legislación y a la práctica nacionales. Con ello se debilita precisamente el carácter indivisible y universal en estos ámbitos. Ésta fue la parte del contenido que me planteó problemas. No obstante, también me plantea problemas la construcción en la que nos hallamos inmersos. Si queremos reforzar realmente los derechos humanos en el ámbito europeo, debemos emplear nuestras energías en reforzar el trabajo del Consejo de Europa, hacer que la UE ratifique la Convención Europea de Derechos Humanos y las convenciones análogas sobre derechos culturales y sociales en lugar de levantar lentamente un sistema que compite con el Consejo de Europa, como estamos haciendo ahora. El Consejo de Europa representa a toda Europa, a todos los estados europeos. Nosotros sólo somos quince -todavía. Por último, está el problema de querer crear una constitución sin respaldo popular. Esto no aumentará el número de sufragios en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

Maij-Weggen
Señor Presidente, la Carta que estamos sometiendo a aprobación, es una obra de la que debemos sentirnos orgullosos. Por primera vez desde la creación de la Unión Europea, nos encontramos ante los cimientos de una constitución, una constitución para la estructura supranacional que configura la Unión.
Se trata, en nuestra opinión, de un buen texto, un texto del que también podemos decir, en tanto democristianos, que recoge de forma adecuada nuestros valores y normas. El derecho a la dignidad e integridad humanas se encuentra bien formulado. Eso también es aplicable al respeto de la familia y la vida familiar, y a la forma en que se redactan los derechos de los niños, ancianos y minusválidos. La Carta ofrece, por tanto, una protección adicional a las personas más vulnerables de nuestra sociedad europea, y eso es bueno.
La Carta también ofrece un equilibrio. Además de los derechos sociales, que están bien formulados, también se recoge ahora en el texto el derecho a la libertad de empresa y a la libertad profesional. De este modo, se ha logrado un buen equilibrio entre algunos derechos, en los que en su mayoría han hecho hincapié los sindicatos, y los derechos normalmente formulados por organizaciones empresariales y la pequeña y mediana empresa.
La tercera observación que quiero hacer se refiere a los derechos de los ciudadanos de terceros países. También tenemos artículos al respecto que protegen a los ciudadanos de la discriminación, por ejemplo en el mercado de trabajo. También ése ha sido un deseo de nuestro Grupo.
Ahora, la parte más importante de la Carta: el artículo 21, el gran artículo contra la discriminación. Prohíbe la discriminación en dieciséis ámbitos. Opino que supone la culminación de la Carta. Ese artículo resultará a menudo necesario cuando examinemos la evolución y la discriminación, el racismo y la xenofobia que encontramos en los Estados miembros.
Señor Presidente, ha sido un gran honor poder trabajar con sus Señorías y con colegas de los parlamentos nacionales en la elaboración de esta Carta. Agradecemos a Roman Herzog y a Íñigo Méndez de Vigo que hayan dirigido de forma inmejorable la convención, y esperamos sinceramente que esta Carta se adopte en Niza y lleve la firma de nuestra Presidenta, Nicole Fontaine.
Sobre todo, ojalá que los ciudadanos europeos utilicen a menudo esta Carta cuando sus derechos se vean afectados. Está destinada a estos ciudadanos y esperamos que la acepten en señal de agradecimiento.

Van den Burg
Señor Presidente, el 6 de diciembre me voy a manifestar en Niza. La Confederación Europea de Sindicatos y las ONGs han efectuado un llamamiento en ese sentido. Se espera que lo hagan 60.000 personar tan sólo por el llamamiento efectuados por las organizaciones de la CES. Estas manifestaciones no son en contra de la Carta. Parece que también se manifestarán en contra personas de este círculo, que piensan así y que tal vez quieran eso. No obstante, no han entendido nada. La manifestación es a favor de una Europa social y democrática, a favor de una Europa de los ciudadanos. La Carta forma parte del camino hacia eso, de la dinámica hacia una Europa fuerte y social.
Como ustedes saben, los derechos sociales y económicos han centrado profundamente mi atención. Además del CPDH, la Carta Social del Consejo de Europa también ha servido de inspiración y referencia para la Carta de la UE ¿Saben qué me llamó la atención la semana pasada cuando Prodi y Verheugen presentaron el informe en curso sobre la ampliación? Esa pequeña lista del final sobre la ratificación de los tratados relativos a los derechos humanos. Si esa pequeña lista se aplica a los actuales Estados miembros, resulta en cualquier caso, que su cumplimiento respecto de la Carta Social revisada del Consejo de Europa es peor que el de los países de la ampliación. Lo encuentro muy embarazoso.
La nueva Carta tendrá consecuencias jurídicas, también si no es vinculante, El Tribunal de Justicia en la última reunión de la convención, el día 2 de octubre, lo señaló de manera sencilla y clara. Las instituciones que ahora van a firmar solemnemente la Carta, no deben, sin embargo, dejar todo a los jueces. Para empezar, deben introducir una referencia en el artículo 6 del Tratado de la UE. Debe trazarse el camino que se seguirá para lograr recoger de forma vinculante los artículos de la Carta en el Tratado y deben establecerse procedimientos de control, obligaciones de informar, expertos independientes y procedimientos de resolución de conflictos. El Consejo de Europa cuenta, además de con el Tribunal de Derechos Humanos, con mucha experiencia en semejantes formas de control, que podemos aprovechar.
Con todo y con eso, debe quedar claro que Niza no supone el punto final de la Carta, sino el principio. Los derechos fundamentales, el corazón de Europa; el eslogan de campaña de la plataforma de la CES y de las ONGs seguirá resultando actual en el futuro cercano. Por eso saldremos a la calle en Niza.

Meijer
Señor Presidente, los derechos fundamentales de carácter social, los derechos de libertad individual y la protección del medio ambiente no se nombran en las constituciones nacionales existentes u ocupan un lugar demasiado modesto. Algunos defensores de una constitución europea o de una carta como paso intermedio en el camino hacia ella, ven en ella la posibilidad de superar de un solo golpe este retraso. También hay otros partidarios de una constitución europea. Quieren un documento propagandístico que, sobre todo, describa la actual Unión Europea y justifique la evolución hacia un superestado europeo sin que los habitantes de Europa puedan adquirir ningún nuevo derecho con ella.
Respaldo la primera corriente y rechazo la segunda. El proyecto de Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea constituye un compromiso poco claro entre estas dos concepciones opuestas, de las cuales predomina la segunda. Implica, incluso un paso atrás respecto de algunos derechos. De ahí que este documento no esté maduro para que se tome una decisión. A corto plazo, resulta mucho más importante que la Unión Europea suscriba el actual Convenio europeo para la protección de los derechos humanos del Consejo de Europa. El proyecto de Carta puede servir, por el momento, como un texto de discusión interesante sobre el futuro de la colaboración entre los pueblos europeos para los partidos, los sindicatos, las organizaciones medioambientales, las iglesias y otras muchas agrupaciones de los Estados miembros y de los países candidatos de la Unión.

Rack
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el poder requiere controles. Las instituciones europeas tienen poder y tenemos que limitar este poder para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Ya va siendo hora de que colmemos la laguna que ha existido hasta ahora en la protección europea de los derechos fundamentales. Se ha debatido durante muchos años si la Unión no debería adherirse simplemente al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, igual que lo están los Estados miembros. Yo me alegro de que por una serie de motivos no se llegara a hacer efectiva la adhesión de la Unión al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos.
A la vista del texto de la Carta que hoy vamos a aprobar -espero que por una gran mayoría-, resulta evidente que con nuestra Carta vamos a lograr una protección más amplia y también más actualizada de los derechos fundamentales que la que habría supuesto la adhesión al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Sólo alrededor de una tercera parte de la Carta reitera las garantías de dicho Convenio. El resto va más allá en lo que respecta a los derechos políticos de los ciudadanos de la Unión, en el ámbito de los derechos económicos y sociales, y finalmente pero no por ello menos importante, también en los ámbitos significativos con vistas al futuro de la protección del medio ambiente, de la salud y de los consumidores.
Para que pueda cumplir verdaderamente su función, la Carta debe quedar incorporada al Derecho europeo. Hoy sólo vamos a dar un paso en un camino todavía largo. La declaración solemne debe convertirse en Derecho constitucional europeo vinculante.
Con el paso que hoy vamos a dar ¿estamos iniciando un proceso que desembocará en un superestado europeo? ¡No! La reivindicación de unos derechos fundamentales de la Unión, vinculada a la aspiración de una constitucionalización de los Tratados, no significa que al final del camino se encuentren los Estados Unidos. No obstante, necesitamos disponer cuanto antes de un texto constitucional para Europa que ofrezca a los ciudadanos unos enunciados claros y comprensibles sobre su Europa, que les indique cuáles son sus propios derechos como ciudadanos, en qué ámbitos ha asumido competencias la Unión y cuáles seguirán siendo de la competencia de los Estados miembros también en el futuro, y cómo se propone cumplir Europa sus tareas, con todas las garantías de la protección de los derechos humanos propia de un Estado de Derecho. ¡Tenemos que seguir trabajando para conseguirlo! ¡Sigamos por este camino!

Seguro
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en primer lugar quisiera sumarme a las felicitaciones que se han dirigido muy justamente a todos los participantes en la Convención, en particular, al Sr. Méndez de Vigo y a mi compañera Pervenche Berès, y permítanme también que destaque con bastante orgullo la participación activa y comprometida del Comisario António Vitorino.
Quisiera insistir en tres aspectos que mis colegas han abordado ya aquí a lo largo de esta mañana. Primero: en el mérito del funcionamiento de esta Convención. Es un mérito que retener e incentivar para futuros trabajos, en particular futuras revisiones de los Tratados de la Unión Europea. Segundo: insistir en el carácter vinculante de esta Carta. Los ciudadanos europeos no comprenderían que esta Europa fuera más rápida en el mercado y en la moneda y lenta en la materialización efectiva de sus derechos de ciudadanía y sus derechos elementales. Tercero: insistir, como ya se ha hecho aquí, en que en las conclusiones de Niza, y en particular en la revisión del Tratado, exista esta referencia a la Carta de Derechos Fundamentales en el apartado 2 del artículo 6. No basta la pompa y la circunstancia de la firma de esta Carta y de su proclamación; es preciso que esos derechos tengan plasmación efectiva. A eso se debe, una vez más, nuestro llamamiento y nuestra insistencia para que la Presidencia pueda ejercer una función pedagógica ante sus pares del Consejo.
Por último, dos propuestas: que forme parte del acervo comunitario de los países candidatos a la adhesión la firma y a la ratificación por sus parlamentos de esta Carta de Derechos Fundamentales y que en las conclusiones de Niza quede establecido un calendario preciso para que las futuras Presidencias puedan pasar de esta Carta al Tratado y quisiera proponer que coincidiera en cuanto al plazo con la ratificación por todos los parlamentos de la nueva revisión de los Tratados después de Niza.

Tajani
Señor Presidente, Señorías, la Carta que hoy estamos a punto de votar con convicción europeísta es, sin duda, un avance hacia la construcción de la Europa política en la que creemos firmemente. Sin embargo, han sido muchos los que han puesto en evidencia que este texto no tiene el valor jurídico de un tratado. Por esto es necesario avanzar más. El objetivo final es tener una Constitución europea, una ley fundamental de una Unión que no puede limitarse a tener sólo una moneda única, sino que debe ser una realidad política, con una política exterior y de defensa realmente comunes, una interlocutora a la misma altura de los Estados Unidos y que sepa hacer frente al gran reto de la globalización que en los próximos años también protagonizarán los países del continente asiático, empezando por China.
Por lo tanto, señor Presidente, la Carta es sólo el principio de una trabajo difícil, comprometido y entusiasmante a un tiempo. El texto que hoy aprobamos y que, al ser el resultado de una transacción - lo decía el presidente Poettering - no nos satisface en algunas de sus partes, debe contribuir a implementar un gran debate sobre el futuro y sobre la futura Constitución europea. La Carta de los Derechos Fundamentales deberá sancionar con vinculante valor jurídico los derechos y establecer cuáles son los ámbitos de competencia de la Unión, de los Estados, de las regiones y deberá tener el sello de la voluntad popular. Por esto, tendrá que ser debatida y aprobada por este Parlamento y por los parlamentos nacionales.
Convencidos de que la Europa del futuro deberá velar cada vez más por los derechos de la persona y de la familia e impedir que vuelvan nuevos racismos y nuevos antisemitismos, los diputados de Forza Italia, junto con el Partido Popular Europeo, votarán a favor de la recomendación que acompaña a la Carta de los Derechos Fundamentales.

Lund
Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a los participantes en la convención, tanto a los participantes del Parlamento como a los participantes de la Comisión y del Consejo. Me parece que se ha llevado a cabo un trabajo muy cualificado. La Carta que hoy vamos a aprobar tanto refuerza como hace visibles los derechos fundamentales y los valores comunitarios en los que estará fundada nuestra comunidad. Es una carta cuyo centro ocupa en gran medida el individuo. Quiero subrayar un par de puntos fundamentales. Ante todo me parece positivo recalcar que la Convención de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo serán respetados. Es importante que no echemos por la borda la autoridad de estas dos instancias. Al mismo tiempo, me parece importante recalcar que los valores comunitarios deben establecerse teniendo en cuenta las diversas culturas y tradiciones que tenemos en Europa. Me parece importante tener esto bien presente si queremos alcanzar el respaldo necesario de los ciudadanos de Europa a la Carta.
También quiero destacar un elemento especialmente positivo de la Carta, me refiero a la cuestión de que en ella se establecen disposiciones sobre minorías de mucho alcance, disposiciones de mucho calado sobre la no discriminación. Me parece muy positivo. También me parece bien que hayamos sido visionarios e incluido nuevos ámbitos de protección en el cuadro general. Pienso tanto en materia medioambiental como en materia de biotecnología. Creo que la aprobación de la Carta en Niza será una clarísima señal a ciertos países solicitantes de la seriedad con la que la UE contempla el respeto de las libertades fundamentales. Y por último diré que estoy bastante satisfecho de que la Carta se apruebe en Niza como documento político. Creo que será una buena base para el diálogo que hemos de mantener con los ciudadanos de Europa sobre el desarrollo futuro de Europa.

Mombaur
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, es evidente que si la Carta la hubiese redactado uno de los Grupos de esta Cámara o una de nuestro más de un centenar de agrupaciones políticas, ésta sería distinta en muchos aspectos, pero todo esto es irrelevante. La Carta es fruto del consenso europeo y éste es el que ahora se nos presenta. Es el documento sobre los derechos fundamentales más moderno actualmente disponible en el mundo y esto sin duda merece una valoración generosa. La Convención condensa los derechos que merecen la consideración de derechos fundamentales procedentes de más de 31 fuentes jurídicas, si no me equivoco. Deja claros los valores en los que se fundamenta la Unión Europea y yo quisiera invitar a quienes han hecho uso de la palabra para manifestar, por ejemplo, que echan en falta en la Carta la responsabilidad de la política ante Dios, a que valoren el hecho de que en el Preámbulo se exprese que el texto se ha redactado siendo conscientes del patrimonio espiritual y moral.
Permítanme que me refiera ahora a otro aspecto. Lamentablemente, no fue posible incorporar a la Carta en suficiente medida los derechos de las minorías. La delegación del Parlamento Europeo deseaba que se prestase atención a las minorías étnicas. En la convención general no fue posible conseguirlo. Esto constituye, a mi modo de ver, una carencia que es preciso señalar desde aquí. Dicho esto, yo quisiera dirigir también unas palabras a nuestros críticos. Es habitual que los periodistas critiquen la política. Está bien que así sea y debe seguir siendo así, pero yo quisiera cambiar ahora las tornas y devolverles el cumplido a nuestros críticos, o sea, a los periodistas. ¡Han fallado sin paliativos! Durante nueve meses se ha estado trabajando en la elaboración de este texto sobre los derechos fundamentales con plena publicidad, mediante el procedimiento más transparente jamás visto, y la prensa europea ha fallado y no ha informado a los ciudadanos sobre lo que se estaba elaborando.

Cornillet
Señor Presidente, no voy a hablar mucho de los efectos de esta Carta a diferentes niveles: en el plano interno, el ciudadano europeo sabe que ahora Europa no es más que económica; en el plano de la ampliación, ningún país podrá pretender integrarse en la Unión si en su ordenamiento jurídico interno no respeta los principios de la Carta y, por último, en el plano mundial, es el mensaje de Europa.
Pero hay otros efectos, especialmente en nuestro ordenamiento jurídico interno. Me uno, naturalmente, a aquéllas y a aquéllos que desean incluir en el artículo 6 una referencia a la Carta y su integración posterior en los Tratados. Por otra parte, ¿quién puede creer por un momento que la adopción por nuestro Parlamente no producirá consecuencias jurídicas? Los parlamentos son tradicionalmente los guardianes de las libertades públicas y nosotros, aquí, tenemos un método un poco particular porque en derecho parlamentario no existe la proclamación.
En unos momentos vamos a adoptar oficialmente esta Carta, lo más solemnemente posible y deseo que con la más amplia mayoría, y ya habrá tribunales para sacar algunas conclusiones, aun cuando esta Carta no debería ser integrada inmediatamente en los Tratados.
Hay también otro efecto, que concierne a nuestros propios métodos de trabajo. Voy a ponerles un ejemplo. Mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas me han hecho el honor de nombrarme ponente del respeto a los derechos humanos en la Unión. Desde luego, hay un "antes" y un "después" de la Carta. Después de su adopción por este Parlamento, la Carta de los Derechos Fundamentales será mi guía de análisis para este informe y hasta donde mis medios personales e intelectuales y los medios en cuanto a colaboradores que se me faciliten me lo permitan, haré un análisis derecho por derecho, país por país del respeto a la Carta en los quince países de la Unión. Nosotros, como Parlamento, somos, en efecto, contables de las propias reglas que adoptamos con una filosofía que no debe ser la del atentado "cero" contra los derechos humanos: no nos creamos ángeles, seguramente habrá atentados contra los derechos humanos. Pero conjuntamente tenemos el deber de ver si se pueden denunciar estos atentados, si hay un tribunal para condenarlos, una administración pública para investigar y evitar su repetición. En cualquier caso, esta será la filosofía de este ponente, señoras y señores diputados, después de la adopción, dentro de unos momentos, de la Carta de los Derechos Fundamentales.

Tannock
Señor Presidente, el primer problema, tal como yo lo veo, que plantea la Carta Europea de Derechos Fundamentales, por noble que sea su intención, es la incoherencia interna de un documento que, aunque se refiere sólo a las instituciones europeas, se aventura por esferas de jurisdicción en las que la UE carece actualmente de competencias... con consecuencias potencialmente indeseables.
Por ejemplo, en la esfera del derecho penal la abrogación del derecho de extradición de fugitivos a países que permitan la pena de muerte podría hacer que Europa se convirtiera en un refugio para los asesinos americanos. La consagración del principio de excepción de cosa juzgada sería embarazosa para el Gobierno británico que acaba de decidir abolirlo. En segundo lugar, las disposiciones antidiscriminatorias son ridículamente amplias y se prestan a abusos. Esos derechos dan pie para peticiones de matrimonio y adopción homosexuales y las cláusulas relativas a la discriminación lingüística podrían prohibir la negativa a emplear a doctores de la UE en el Reino Unido que no hablen inglés. Podrían amenazar incluso las reformas de los sindicatos de Margaret Thatcher en el Reino Unido del decenio de 1980.
Lo más preocupante es la posibilidad orwelliana que brinda el artículo 52 de suspensión de los derechos fundamentales cuando los intereses de la Unión Europea estén en juego. Ya hemos visto el caso de Bernard Connolly cuyo libro crítico sobre la Comisión fue retirado de la circulación por orden del Tribunal de Primera Instancia. ¿Vamos a encontrarnos con una situación en la que sólo las declaraciones políticamente correctas sobre la UE sean toleradas en el futuro? Esta Carta no sólo es potencialmente perjudicial, sino también innecesaria, dado que ya tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fue apoyado en 1950 por el gran conservador Winston Churchill, y los artículos 6 y 7 del Tratado de Amsterdam.
Hemos presenciado la hipocresía de esta Asamblea cuando la izquierda no estuvo dispuesta a apoyar una propuesta sobre el restablecimiento de los derechos de la familia real italiana. Ya hemos visto los efectos del activismo judicial en Gran Bretaña, que ha privado de poderes a nuestro parlamento nacional. Ahora podríamos ver a jueces no elegidos ampliándolo en gran medida en Europa. Lo único que se conseguirá con eso es establecer una jurisdicción competitiva entre el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal de Derechos Humanos, lo que redundará en beneficio de abogados ya excesivamente remunerados. Por último, avivará las alegaciones de que la UE está empeñada en proclamar una constitución federal con una Carta como primer capítulo.

Bodrato
Señor Presidente, la aprobación de la Carta marca la continuación del camino hacia una Constitución europea. La Unión es un gigante de la economía mundial, pero si se queda sin alma, si crecen juntos la zona de libre cambio y el déficit democrático, aumenta el riesgo de que la competitividad entre en conflicto con la solidaridad y que el mercado sin reglas alimente la nostalgia del pasado en realidades sociales y territoriales que ven amenazadas sus tradiciones y su seguridad.
La Carta tiene muchos partidarios pero también muchos enemigos. Hemos escuchado las críticas de quien no quiere una Europa política. Esta diferencia de opiniones forma parte de las libertades que la misma Carta reconoce.
Sin embargo, los argumentos de los enemigos de la Carta convierten en aún más evidente el significado político, así como el valor jurídico que no se opone a los Tratados, sino que refuerza sus perspectivas democráticas. Para algunos la Carta es un paso demasiado corto, para otros es un paso demasiado largo. Los Populares que tienen raíces democratacristianas están convencidos de que la referencia al patrimonio espiritual y moral de Europa fortalecerá la cohesión de una Unión que valoriza las diversidades culturales y políticas. El método seguido por una convención transparente y abierta y el trabajo realizado por el Sr. Méndez de Vigo y por los demás diputados merecen nuestra total aprobación. Ahora esperamos de Niza una estrategia que haga de Europa una unión de derechos económicos, sociales y políticos.

Vitorino
. (FR) Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores diputados, la Comisión quisiera, en primer lugar, adherirse a los propósitos del Presidente Moscovici, y poner de manifiesto la contribución fundamental que los miembros del Parlamento Europeo han aportado al debate, a la Convención, en especial el papel que el Sr. Méndez de Vigo ha desempeñado en el praesidium de la Convención para la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Quisiera también subrayar el papel tan importante que el Presidente Herzog ha desempeñado no sólo animándonos, cosa esencial, a elaborar la Carta como si fuera a ser vinculante, sino que ha desempañado también un papel crucial en la negociación política, lo que nos ha permitido llegar a un consenso que, me parece, podremos presentar a nuestros ciudadanos como la visión común de los europeos sobre el papel de los derechos fundamentales en nuestra aventura común para hacer que nazca la Unión europea del siglo XXI.
Ya se ha hablado mucho del tema del valor añadido de esta Carta. Quisiera subrayar solamente dos puntos que, en opinión de la Comisión, son esenciales. En primer lugar, el principio de indivisibilidad de los derechos. No se puede contemplar el principio de indivisibilidad de los derechos políticos y de los derechos económicos y sociales como una cosa de poca importancia o un ajuste de cuentas con el pasado. Muy al contrario. El principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales es un compromiso político de cara al futuro, sobre todo cuando algunos piensan que la globalización salvaje, o que la hegemonía de los mercados financieros, debe estar garantizada a costa de sacrificar los derechos sociales de los ciudadanos.
Es importante decir que esta Carta no es rehén de una ideología. Es rehén del valor central del ser humano en la construcción europea, por un lado, y, por otro lado, la Carta es rehén de una cierta visión del modelo social, de un modelo social en el que la solidaridad y el respeto a los derechos fundamentales son compatibles con la competitividad económica a escala mundial. Esto no es algo de poca importancia, es una Carta política para el futuro.
Hay un segundo valor añadido: el principio de universalidad de los derechos fundamentales. A este respecto, debo subrayar que, por primera vez, en un documento de la Unión Europea se pone de manifiesto claramente que los derechos enumerados en la Carta se conceden, en su mayoría, a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad o incluso de su derecho de residencia. Esta síntesis es importante desde el momento en que la Unión tiene que establecer el estatuto jurídico, en términos de derechos y obligaciones, de los naturales de terceros países que están legalmente en la Unión Europea.
Naturalmente, esta Carta no es más que un comienzo. La veo como una base sólida sobre la que podrá proseguirse la evolución social, incluso en lo referente a su valor jurídico. Creo que el objetivo de indivisibilidad de los derechos fundamentales es esencial y que el Consejo, la Comisión, el Parlamento deberán hacer un esfuerzo especial para hacer publicidad, hacer propaganda de la Carta entre los ciudadanos, pero estoy totalmente seguro que más allá de la pedagogía política de la Carta, ésta va a mostrar sus efectos jurídicos, especialmente frente a las instituciones que la proclaman. Estoy seguro de que la Comisión, el Consejo, incluso el Parlamento, no podrán ignorar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el futuro, cuando actúen como legisladores o como ejecutivo. Y estoy seguro de que el Tribunal de Justicia Europeo tampoco va a ignorar la Carta. Y aquí lamento mucho oír las críticas hechas al activismo judicial, pues me pregunto si la mejor invitación a este activismo no estará justamente contenida en el artículo 6, párrafo 2, del Tratado, que remite a un concepto vago y abstracto como es la tradición constitucional común de los quince Estados miembros, en lugar de remitir a una Carta que tiene 48 artículos claros y leíbles.

Finalmente, ustedes saben que la Comisión opina que la Convención ha elaborado un texto que tiene vocación de ser incluido en los Tratados, tarde o temprano. Incluso se podría decir que la inclusión de la Carta en los Tratados, el reconocimiento de su valor jurídico vinculante, podía ser un vals de dos tiempos. Tiene vocación de integrarse en los Tratados y la Comisión considera que esta vocación debe ejercerse plenamente en la reorganización de los Tratados que hemos sugerido a la Conferencia Intergubernamental y que esperamos que el Consejo Europeo pueda aprobar en Niza. Pero, por ahora, sería incomprensible que el mismo día en el que los Jefes de Estado y de Gobierno van a proclamar solemnemente la Carta, puedan ignorarla en el artículo 6, párrafo 2, de los Tratados. Confío en el compromiso de la Presidencia francesa de conseguir el consenso para reconocer al menos la referencia a la Carta como fuente inspiradora de la interpretación de los derechos fundamentales de la Unión Europea, ya en Niza.
(Aplausos)

Moscovici
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, no podría hablar mejor que Antonio Vitorino, por lo tanto seré breve para subrayar la calidad de los debates en este Parlamento, calidad que sólo puede igualarse con la que se ha puesto de manifiesto en la Convención y quiero poner de manifiesto con ustedes la implicación de los miembros de este Parlamento -especialmente del Sr. Méndez de Vigo y de la Sra. Pervenche Berès- en este recinto. Escuchando este debate, me satisface ver perfilarse en sus filas, me parece, una mayoría clara y nítida a favor de este texto, aun cuando algunos de ustedes piden que se les convenza. Para unos el texto sería demasiado vinculante, incluso demasiado avanzado en relación con ciertas reformas que podría desmantelar, y para otros sería vacuo o insuficientemente vinculante. De ello deduzco que, quizás, este texto es la imagen de nuestra Europa, que avanza por compromiso entre concepciones diferentes, entre naciones diferentes, entre tradiciones diferentes, y aquí podríamos hacer nuestra la fórmula de Galileo "Y, sin embargo, gira".
No me referiré más que a algunos de los puntos más destacados de este debate. En primer lugar, Sr. Dupuis, yo no creo, con toda sinceridad, que este texto sea vacuo. Por el contrario, creo, como ha dicho el Sr. Antonio Vitorino, que ilustra una visión común de nuestra Unión, que le da, como ha dicho el Sr. Enrique Barón, una legitimidad fundamental y, por mi parte, tengo la convicción de que es una aportación primordial, que va en el sentido de las expectativas de nuestros conciudadanos, los cuales necesitan sentido, necesitan valores, necesitan el reconocimiento de sus derechos. Este texto, con sus imperfecciones y sus limitaciones, responde a estas necesidades. Y esto sirve también para los países candidatos, cuyos ciudadanos también tienen sed de derechos y de valores. La Carta, estoy convencido de ello, se integra así plenamente en el acerbo político comunitario.
Naturalmente, durante este debate, ustedes han reanudado la discusión sobre el valor jurídico de la Carta. Quiero asegurarles, como Presidente en ejercicio del Consejo, que he oído su mensaje, especialmente el que ha lanzado con mucha fuerza el Sr. Enrique Barón. Pero, vuelvo a decir que si de entrada hubiéramos planteado el principio de que la Carta debía ser vinculante, entonces este texto les habría decepcionado. Pues la elección estaba clara: se trataba bien de un texto substancial, que corría el riesgo de no ser vinculante por ahora o bien de un texto que quizás podría haber tenido alguna posibilidad de ser vinculante por ahora pero que, de golpe, habría perdido su contenido. Además, observo que en el Consejo Europeo la mayoría no parece inclinarse hoy a favor de este valor vinculante.
Construimos un edificio político mayor y cada etapa cuenta. Es por eso por lo que creo que la actitud razonable consiste en consolidar la cimentación que esta Carta representa, y después en preparar el siguiente nivel. No dudo que se hará en su momento.
El Comisario acaba de recordar el espíritu con el que se ha redactado esta Carta, como si algún día tuviera que ser vinculante. Por lo que a mí respecta, estoy convencido igual que él de que, por una parte, tendrá efectos únicos inmediatos y de que, por otra parte, será vinculante próximamente.
En cuanto al método, tengo la sensación de que el compromiso no ha debilitado en nada el texto y que, por el contrario, ha permitido subrayar una cierta unidad, incluso una cierta unanimidad, alrededor de los valores y de los derechos que compartimos.
Por lo que respecta al papel de los ciudadanos, que podría parecer insuficiente, considero esta crítica parcialmente injusta. En la historia de la reconstrucción europea nunca se ha aplicado el principio de transparencia con tanta determinación y éxito. Recuerdo que la CES, por ejemplo, que ha sido oída, representa a 60 millones de asalariados en Europa, que varios centenares de ONG han sido consultadas, que simples ciudadanos han podido hacer llegar su contribución y que centenares de estas propuestas han sido tenidas en cuenta por la Convención.
Termino por lo esencial, que es el contenido, para decir que a mi modo de ver la Carta tiene verdaderamente un contenido significativo -es decir que tendrá sentido para los ciudadanos- y un contenido ambicioso. La Convención ha optado por incluir derechos fundamentales inspirados en los diferentes instrumentos del Consejo de Europa, en los Tratados, en las constituciones de los Estados miembros. Los derechos humanos contenidos en la Carta son contundentes. Pienso, por ejemplo, en la inviolabilidad de la dignidad humana, en el derecho a la vida con la prohibición de la pena de muerte. Son modernos. Se abordan las posturas éticas y de libertad de las nuevas tecnologías y de la ciencia. Pienso, por ejemplo, en el derecho a la integridad de la persona, a la protección de los datos personales y, como lo ha recordado la Sra. Pervenche Berès, mi convicción es que los derechos sociales no deben ser denigrados.
La Carta afirma los valores sociales de la construcción europea. Garantiza que la Unión respeta y respetará su aplicación en los Estados. Esto contribuirá a reforzar la confianza que los ciudadanos deben tener en la Unión. La Carta, además, dedica una especial atención a ciertas personas más débiles, como las personas discapacitadas, los niños y las personas mayores. Afirma también con mucho vigor la igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, así como la no-discriminación. Estos derechos, me parece a mí, se enuncian con una fuerza extraordinaria, de la que la Unión puede enorgullecerse.
Por último, la Carta recoge los principios fundacionales de la Unión. Recuerda las libertades fundamentales de la Comunidad, valorando al propio tiempo a la ciudadanía europea. Enunciando un derecho a una buena administración, la Carta también aquí se muestra ambiciosa.
En el transcurso de este debate, he oído algunas fórmulas contundentes: la Carta sería un hueso para el perro -siendo el perro el Parlamento Europeo- o bien el taparrabo de las renuncias de una Presidencia francesa moribunda, principalmente en la forma de llevar la CIG. Dejo a sus autores estos juicios graves, que yo no comparto necesariamente y que, además, espero ver desmentidos en el momento en el que adoptemos el Tratado de Niza.
Lo que quería decir retomando lo que antecede, es que Niza es un punto importante. Pienso, especialmente, que hay que articular el artículo 6 pero también el artículo 7 y espero que lleguemos a hacer reformas en estos dos puntos. Niza es un punto importante, pero no es el punto de llegada: es una etapa en la construcción europea, etapa en la que creo que la Carta constituirá uno de los principales elementos, y me alegro de ver perfilarse las opciones de este Parlamente.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Turquía
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
(A5-0297/2000) del Sr. Morillon, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el informe periódico 1999 de la Comisión sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión (COM(1999) 513 - C5-0036/2000 - 2000/2014(COS));
(A5-0303/2000) del Sr. Seppänen, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(2000) 479 - C5-0454/2000 - 2000/0197(CNS)) por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE con el fin de establecer un programa especial de acción del BEI en apoyo de la consolidación e intensificación de la unión aduanera CE-Turquía.

Morillon
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el 13 de diciembre de 1999 el Consejo Europeo de Helsinki decidió conceder a Turquía el estatuto de candidato a la adhesión a la Unión Europea y establecer un partenariado de adhesión así como un marco financiero único para ayudar a la candidatura de Turquía a progresar de conformidad con los criterios de Copenhague.
Es con este espíritu con el que los trabajos que han fructificado en este informe se han llevado a cabo en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa y quiero resaltar aquí la contribución de todos mis colegas al análisis de este informe, que concluye -uniéndose a la Comisión- que Turquía no cumple hoy los criterios de Copenhague.
Desde la decisión de Helsinki, hay que resaltar los esfuerzos llevados a cabo por Turquía en la definición de un programa de evolución de su arsenal jurídico para satisfacer mejor las exigencias de la Unión especialmente en materia de respeto a los derechos humanos. Como testimonio de ello, entre otros, el informe elaborado bajo la dirección del Sr. Demiroc, Secretario del Alto Consejo de Coordinación de Derechos Humanos turco, proponiendo un muy voluminoso conjunto de reformas de la constitución. Pero obligado es también constatar y comprender la emoción suscitada en los diferentes partidos políticos y en la opinión pública turcos por la toma de conciencia de la importancia de estas reformas. Los ciudadanos tucos consideran que su entrada en la Unión necesitará no solamente una revisión sin dolor de sus instituciones y el abandono parcial de una soberanía a la que estaban celosamente apegados, sino también un cambio radical de sus hábitos y de sus mentalidades.
Esta es la razón que ha llevado a nuestro Parlamento a proponer la puesta en marcha de un foro euroturco, reuniendo en una reflexión profunda a los representantes cualificados de la comunidad turca y a los parlamentarios europeos que hayan recibido el mandato. La decisión relativa a la adhesión de Turquía tendrá demasiada importancia para el futuro de la Unión y de la propia Turquía como para que pueda tomarse sigilosamente -incluso en secreto- en los despachos. Harán falta largos debates, tanto en el Parlamento Europeo como en los Parlamentos nacionales, y por eso todo el mundo se apresta a reconocer que el camino será largo y difícil.
La puesta en marcha del foro propuesto por nuestro Parlamento debería permitir vencer los primeros obstáculos encontrados en este camino. Nuestro Parlamento, en este foro y en los debates, deberá decir muy claramente a nuestros socios turcos que no deben temer ninguna voluntad europea de injerir en sus asuntos interiores, sino que les proponemos un contrato en fase de definición más precisa, con motivo del partenariado de adhesión, señor Comisario y, naturalmente, de la Convención sobre la Carta de los Derechos Fundamentales. Corresponde a los turcos aceptarlo o rechazarlo.
En el estado actual de las cosas, corresponde también a nuestro Parlamento decir al pueblo turco que en este momento hay tres condiciones para su adhesión. En primer lugar, el respeto a la necesidad de identidad, manifestado aun más claramente a través de Europa por nuestros conciudadanos que tienen el más firme deseo de preservar sus raíces frente a los ineluctables progresos de la mundialización. Europa, consciente de que su riqueza se debe a su diversidad, está resuelta a reconocer esta necesidad de identidad y es por lo que insiste en los derechos y también en las obligaciones de las minorías. Con este espíritu es con el que está dispuesta a ayudar a Turquía a encontrar, principalmente, una solución al problema kurdo. El segundo problema que, así las cosas, deberá resolverse a la mayor brevedad es el de Chipre, ya que nadie entendería hoy que continuara dividida por un muro, pues felizmente se han derribado muchos otros en el último decenio, por ejemplo en Berlín, en Sarajevo y, más recientemente aun, entre las dos Coreas. Por último, en la medida en que la lucha contra el terrorismo puede ser considerada como finalizada, el peso del ejército turco en la elaboración de las decisiones políticas debería disminuir progresivamente.
He hablado de tres condiciones previas. Nuestro Parlamento ha reconocido el genocidio armenio en 1987. Algunos querrían hacer del reconocimiento de este genocidio por el Gobierno turco otra condición para la adhesión. Esto iría en contra del espíritu y de la letra del proceso establecido en Copenhague para todos los países candidatos. He sufrido demasiado, con todas las comunidades de Bosnia-Herzegovina, las trágicas consecuencias del recuerdo sistemático de las atrocidades de antaño para creer que se puede construir un futuro de paz y de estabilidad no dejando de reavivar los rencores del pasado.

Seppänen
. (FI) Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en este debate estamos abordando dos informes, de los cuales el informe del Sr. Morillon es de cariz más político, mientras que el mío es más técnico. El Consejo propone que Turquía sea acogido en el grupo de países con derecho a recibir préstamos del Banco Europeo de Inversiones avalados por el Fondo de Garantía de la Unión Europea. El Consejo propone unánimemente la inclusión de Turquía en el grupo de países autorizados a recibir la garantía, cosa sobre la que también ha habido unanimidad en la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Esta unanimidad no quiere decir que todos estemos satisfechos con la situación democrática de Turquía, ni con la forma en que Turquía respeta los derechos humanos; nosotros no lo estamos. Puesto que Turquía ha presentado su solicitud de adhesión a la Unión Europea, seguro que conoce bien los criterios para la adhesión establecidos en Copenhague. Desde el momento en que la Unión Europea aceptara en Helsinki a Turquía entre los países con los cuales se emprenderían las negociaciones sobre la adhesión, la situación de los derechos humanos en Turquía dejó de ser un asunto exclusivamente interno del país. Mediante su solicitud de adhesión, Turquía ha otorgado a la Unión el derecho de pronunciarse sobre los asuntos internos de este país.
Ha sido grande la tentación de establecer condiciones de tipo seudodemocrático a la concesión de los préstamos a Turquía, pero, en lo que respecta a este informe, no ha habido posibilidades técnicas para ello. Aquí se trata solamente de complementar la ya adoptada Decisión del Consejo 2000/2024/CE. Si se hubiese querido establecer condiciones, ello debería haberse hecho en la Decisión anterior del año pasado. Por aquel entonces no se sabía que Turquía, gracias a su evolución positiva, sería incluida en el grupo autorizado a recibir la garantía. Además, tampoco hubiese sido posible establecer condiciones bajo una decisión unilateral del Parlamento Europeo.
Quiero llamar la atención sobre las pocas posibilidades que tiene el Parlamento de influir en el funcionamiento del Banco Europeo de Inversiones y sobre el deficiente control que la Unión Europea ejerce, por lo general, sobre las actividades de este banco. El Fondo de Garantía de los presupuestos de la UE, que avala los préstamos de Turquía, está incluido entre las partidas de gasto obligatorias, por lo cual el Consejo no ha necesitado tener en cuenta las posturas del Parlamento. En el Parlamento Europeo está muy extendido nuestro deseo de que los préstamos concedidos por el Banco Europeo de Inversiones contemplen condiciones de índole medioambiental y relacionadas con la protección social de los ciudadanos de terceros países, y, en el caso concreto de Turquía, condiciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Pero la actual base jurídica del Fondo de Garantía no lo hace posible. Se requiere una acción mejor concertada entre las instituciones de la UE. Los problemas relacionados con el control y la inspección de la gestión del Banco Europeo de Inversiones también se derivan del hecho de que sus órganos directivos estén integrados sólo por representantes de los Estados miembros, y una parte de ellos quieren impedir que la Comisión y el Parlamento Europeo adopten posiciones en materia de asuntos bancarios. A raíz de ello, el Banco Europeo de Inversiones es uno de los últimos puertos de refugio de las actividades bancarias en el mundo. Ahí no salpican las olas del debate social.
Para terminar, quiero sacar a consideración un asunto que está en conocimiento de la Comisión -así que quiero llamar especialmente la atención del Consejo sobre el mismo-: el dinero del Fondo de Garantía para el ejercicio 2001 no es suficiente para cubrir todos los compromisos contraídos. Lo mismo ocurrirá seguramente en el ejercicio 2002. Si queremos cumplir los compromisos, habrá que revisar el importe máximo de las garantías. Éste es el único aspecto sobre el que el Parlamento puede pronunciarse legalmente. El Consejo está concediendo más préstamos y más garantías de lo que le permiten sus competencias legales.

Moscovici
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, señores ponentes, señoras y señores diputados, ustedes deseaban que procediéramos a un debate sobre las relaciones de la Unión Europea con Turquía, y ya conocen la importancia que la Presidencia del Consejo concede al reforzamiento de estas relaciones que han tomado un nuevo curso desde el reconocimiento en Helsinki de la candidatura de este país. El debate sobre los dos informes presentados por los Sres. Morillon y Seppänen se produce, por tanto, en el momento oportuno puesto que la Comisión acaba de trasmitirnos dos documentos muy importantes, por una parte, su último informe sobre los progresos alcanzados por Turquía en la vía de la adhesión y, por otra parte, su propuesta de partenariado para la adhesión de Turquía.
Empezaré, si me lo permiten, por el muy interesante informe del Sr. Morillon, que trata en conjunto las relaciones euroturcas y, más especialmente, el informe de progresos presentado en 1999 por la Comisión, unas semanas antes del Consejo Europeo de Helsinki. El cual, reconociendo la candidatura turca, siguió las recomendaciones formuladas por la Comisión en su informe, cuyos análisis, creo que todos suscribimos.
Desde entonces, la Unión y Turquía han tomado medidas para traducir en actos concretos las decisiones de Helsinki. Pienso, naturalmente, en los trabajos iniciados en el Consejo de asociación con vistas a ajustar la legislación turca al acerbo comunitario. Pero, pienso sobre todo, como también ha subrayado el Sr. Morillon, en los esfuerzos realizados por Turquía para adaptarse a las normas y a las prácticas europeas, en especial en materia de respeto a los derechos humanos y de consolidación del Estado de derecho. Queda mucho por hacer, lo sabemos, pero creo que en Turquía se empieza ha adquirir el hábito de las reformas. A nosotros, europeos, nos corresponde pues acompañar a este país en su largo y difícil camino hacia la adhesión. A este respecto, no dudo que la voluntad de cada uno de nosotros de ayudar a Turquía a progresar en la vía de la democratización ganará. ¿Quién mejor que esta Asamblea para hacerlo? Así, no puedo más que alegrarme de la propuesta que ustedes han adelantado de crear un foro euroturco de los derechos humanos y, de este modo, permitir a los ciudadanos turcos que midan toda la importancia de la perspectiva europea que se les ofrece, pero también sus exigencias.
Una vez planteado esto, sé, lógicamente, que la candidatura de Turquía sigue suscitando interrogantes. Percibo las reservas de muchos, no solamente dentro de este Parlamento, sino también en el conjunto de los Estados miembros. He tomado buena nota de su deseo, del que el Sr. Morillon ha sido un perfecto intérprete, de estar plenamente asociados a los destinos de las relaciones euroturcas. Sobre este punto quiero ser sumamente claro. No pienso que nadie tenga la intención de esquivar el debate sobre esta cuestión, muy al contrario. Ya ha habido un gran número de discusiones, a veces difíciles, pero, estoy convencido de ello, saludables, aquí mismo en el Parlamento Europeo así como en los Parlamentos nacionales de los Estados miembros. Por su parte, la Presidencia francesa no piensa sustraerse a este legítimo deseo de transparencia, de información y de debate. Creo que el excelente informe del Sr. Morillon demuestra la voluntad de ustedes de llevar a buen término este proceso de preadhesión de Turquía, dando al mismo tiempo pruebas de una gran y legítima vigilancia en lo que se refiere a las reformas siempre considerables que este país debe todavía llevar a cabo.
Estamos todos de acuerdo en que las negociaciones no podrán en ningún caso iniciarse -e insisto en ello- antes de que Turquía haya cumplido plenamente los criterios políticos de Copenhague. Por eso es por lo que he tomado buena nota de las sugerencias formuladas por el Sr. Morillon en relación con las condiciones previas a la adhesión de Turquía y merecen el mayor interés. Todos somos conscientes, en efecto, ustedes mismos, la Presidencia del Consejo y creo que la Comisión, que además lo ha subrayado en su último informe sobre los progresos de Turquía, de los esfuerzos que este país debe todavía realizar, de las reformas que debe poner en marcha en ámbitos tan esenciales como el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a las minorías principalmente -ámbitos en los que no podemos más que lamentarlo, los progresos son aún demasiado lentos, incluso insuficientes-. Pero conviene también abstenerse -y aquí su informe insiste en ello con mucha sensatez-, de imponer condiciones nuevas o desorbitadas a la candidatura turca.
Me permito insistir sobre esta cuestión de la igualdad de tratamiento a Turquía con respecto a los demás candidatos, porque se trata, a mi modo de ver, de un principio fundamental afirmado en Helsinki y que debe servir de guía al reforzamiento de las relaciones euroturcas. En efecto, de forma general, creo que sería lamentable dar la impresión a Turquía de que volvemos sobre los compromisos que hemos adquirido y sobre los principios que nosotros mismos hemos establecido en Helsinki. Por ello, en esta misma línea, la Unión debe cumplir los demás compromisos que ha suscrito con este país y que me parece indispensable respetar, especialmente en materia de ayuda financiera. La Presidencia francesa ha hecho de ello uno de sus objetivos y creo que avanzamos. Esta Asamblea ha sido invitada, naturalmente, a pronunciarse en varias ocasiones sobre este dosier, ya se trate del programa MEDA o de los pagos financieros propuestos por la Comisión para el acercamiento euroturco y para el acompañamiento de la Unión Aduanera, pero también están las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones, esenciales para acompañar al desarrollo económico de Turquía y para proseguir la reconstrucción iniciada después del terremoto.
A este respecto, me satisfacen las conclusiones del informe presentado por el Sr. Seppänen relativo al programa de acción especial del BEI para el reforzamiento de la Unión Aduanera con Turquía. Francia, en su anterior presidencia, en 1995, no escatimó esfuerzos para la conclusión de este acuerdo de Unión Aduanera ya en vigor desde el 1 de enero de 1996. Sin embargo, obligado es reconocer que la concesión de créditos a Turquía no ha reflejado siempre el nivel de los compromisos adquiridos entonces por la Unión. Pero las cosas avanzan, especialmente desde hace un año, y me alegro del incremento de los créditos a este país anunciado por la Comisión. Es importante, efectivamente, que los medios financieros puestos a disposición de Turquía estén a la altura de los objetivos que se han asignado. Por su parte, la Presidencia desea que este programa de acción especial de préstamo del BEI pueda ser adoptado por el Consejo muy rápidamente, sin duda en la reunión de Ministros de Economía y Hacienda del 27 de noviembre próximo.
Debo añadir que todos esperamos con interés la propuesta anunciada por la Comisión de un pago único destinado a coordinar el conjunto de fuentes de ayuda comunitaria a Turquía, tal como se fijó en Helsinki. En efecto, es lógico armonizar las modalidades de ayuda de preadhesión a este país con las que prevalecen para los demás candidatos sobre el modelo del programa PHARE. Esta Asamblea tendrá, lógicamente, ocasión de pronunciarse, llegado el momento, sobre esta cuestión. Pero, como ustedes saben, esta ayuda de preadhesión se destinará de forma especial a ayudar a Turquía a alcanzar los objetivos fijados en el futuro partenariado para la adhesión. Se trata de un instrumento esencial de la estrategia de preadhesión de este país, del que la Comisión, en su último informe de progresos, subraya muy acertadamente su importancia. El examen detallado de esta propuesta va a iniciarse, por tanto, en los recintos competentes del Consejo y ustedes comprenderán que como Presidente del Consejo no pueda, efectivamente, prejuzgar. Pero, independientemente del debate que comienza esta semana, creo poder decir que la Comisión ha hecho una propuesta muy constructiva, portadora de fuertes exigencias, tanto para la Unión como para Turquía.
A este respecto, me complace que esta propuesta reúna muchas de las recomendaciones muy bien recibidas hechas por el Sr. Morillon. Pienso en la intensificación de los esfuerzos de democratización, principalmente en el ámbito de la separación de los poderes o del levantamiento del estado de emergencia en algunas provincias de Turquía. El deseo de la Presidencia es que este proyecto se adopte rápidamente, si es posible de hecho el 20 de noviembre, por el próximo Consejo de «Asuntos Generales», y como ya he indicado, respetando las decisiones muy precisas tomadas en Helsinki. Corresponderá después a Turquía inspirarse en ellas para elaborar su programa nacional de adopción del acerbo y para establecer las reformas, todas las reformas necesarias, con el apoyo de la Unión.
Una gran tarea se nos ofrece, por tanto, y sabemos que es larga, que es compleja. Seamos exigentes, estemos vigilantes pero, al mismo tiempo, quedémonos dentro de la lógica de nuestra propia elección, es decir una apuesta, una cierta confianza en Turquía, en su voluntad de acercamiento a la Unión y también ayudémosla a reforzar su capacidad para poner en marcha las reformas necesarias, reformas necesarias que todos tenemos el derecho a esperar de ese país.

Verheugen
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, ante todo yo quiero agradecer muy sinceramente a los diputados Morillon y Seppänen sus informes, que son muy constructivos y políticamente muy acertados, y señalar que el presente debate se celebra en un momento muy oportuno, cuando tenemos la posibilidad de marcar tal vez una orientación decisiva con vistas a las relaciones entre la Unión Europea y Turquía.
Como ustedes saben, la Comisión presentó hace algunas semanas no sólo el informe periódico sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión correspondiente al año 2000, sino también, por primera vez en la historia de nuestras relaciones, una propuesta de asociación para la adhesión. Tengo la satisfacción de poder anunciar que el Gobierno turco ha aceptado entre tanto dicha asociación como base para nuestra futura colaboración, de manera que podemos abrigar esperanzas justificadas de que conseguiremos justamente el objetivo previsto, que es apoyar con nuestra política a las fuerzas reformadoras en Turquía, dar un nuevo impulso al proceso de reforma y hacerlo avanzar con vistas a la deseada adhesión a la Unión Europea.
El presente proyecto de resolución del Parlamento resalta nuestro objetivo común de aproximación de Turquía a la Unión Europea. No debemos dejar de reiterar con toda claridad que vincular firme y duraderamente a Turquía a nuestra comunidad de valores forma parte de nuestros intereses estratégicos europeos. Queremos que Turquía sea un país moderno y abierto, que respete la democracia y los derechos humanos, donde se cumplan los principios del Estado de derecho, y se proteja y respete a las minorías. Actualmente ya podemos afirmar que el proceso de Helsinki ha puesto en marcha una serie de transformaciones interesantes e importantes.
En la propia Turquía ya se observan los primeros indicios de que se ha puesto en marcha el proceso de reforma, un proceso que abarca una serie de reformas políticas fundamentales y de amplio alcance. Las relaciones greco-turcas han mejorado visiblemente. Los Ministros de Asuntos Exteriores griego y turco ratificaron hace sólo unos días la voluntad de ambos países de acordar y aplicar medidas encaminadas a fomentar la confianza mutua, de carácter bilateral y también el marco de la OTAN. Finalmente, debo añadir que también se han reanudado las conversaciones sobre Chipre en el marco de las Naciones Unidas. Hasta la fecha se han celebrado cinco rondas de conversaciones, lo que ya constituye de por sí un éxito importante.
No obstante, sigue siendo válido lo que manifiesta muy claramente la Comisión en su informe sobre los progresos realizados en el camino de la adhesión: Turquía, al igual que todos los demás países candidatos, debe cumplir los criterios de Copenhague como parte del proceso de aproximación. En estos momentos, nuestra atención se centra sobre todo en los criterios políticos, pues mientras éstos no se cumplan no se podrá contemplar el inicio de las negociaciones de adhesión. Lo repito: el inicio de las negociaciones de adhesión sólo se podrá plantear cuando hayamos podido confirmar que se cumplen las condiciones políticas. De momento, no es así.
En el Parlamento se ha expresado a menudo preocupación al respecto. Yo vuelvo a reiterar que debe preocuparnos que no se respeten suficientemente los derechos humanos y los derechos de las minorías, debe preocuparnos el papel del ejército y su enraizamiento en la Constitución, y sigue preocupándonos seriamente la situación de la población de origen kurdo y el estado de excepción que se mantiene en las cuatro provincias del sureste.
Ya he dicho que se observan resultados positivos en el contexto del proceso de Helsinki, así como también en el marco de otras transformaciones favorables. Lo más importante para mí es que a partir de Helsinki se ha iniciado en Turquía, entre la opinión pública turca, un debate sobre las condiciones para la adhesión de Turquía a la UE, un debate que da apoyo a las fuerzas reformadoras del país y fomenta su desarrollo. El informe sobre la práctica de la tortura en Turquía elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional turca es un ejemplo de ello, pero también lo es la correspondiente decisión del Gobierno turco sobre la adecuación de la Constitución turca y del sistema jurídico turco a los valores de la Unión Europea.
El factor decisivo será que cuanto se ha anunciado y se está debatiendo en Turquía se transponga efectivamente en la práctica. Yo creo que la asociación para la adhesión que proponemos es el camino más adecuado para facilitar dicha transposición y garantizar a la vez que la Unión Europea pueda ejercer la influencia necesaria sobre el proceso. En la propuesta indicamos las prioridades que debe cumplir Turquía a corto y medio plazo en el marco de un programa nacional con el fin de satisfacer los criterios de Copenhague. La cooperación financiera se ajustará a dichas prioridades.
Nuestro documento describe, en la parte dedicada a los aspectos políticos, las reformas fundamentales y de amplio alcance requeridas. Éstas incluyen la garantía constitucional de la libertad de opinión, de reunión y de religión, la abolición de la pena de muerte, la interrupción de la práctica de cualquier tipo de tortura, la adaptación del papel del ejército a las reglas del juego democrático, el levantamiento del estado de excepción en el sureste del país, y el reconocimiento de los derechos culturales de todos los turcos con independencia de su origen nacional.
En mis contactos con el Gobierno turco, siempre he resaltado que la Unión Europea espera un compromiso firme de Turquía de que va a dar pasos concretos para trasladar a la práctica estos objetivos de reforma. También debo añadir, no obstante, que estoy convencido de que el Gobierno turco tiene la firme voluntad de emprender con decisión las reformas necesarias. El presidente Sezar expresó con toda claridad en su discurso ante el Parlamento turco del mes pasado por qué también desde el punto de vista de Turquía no existe otra alternativa que seguir esta vía de reformas. Yo comparto plenamente las palabras del Presidente turco. Turquía debe llegar a ser una democracia plena, no sólo porque la Unión Europea así lo exige, sino porque el pueblo turco lo merece.
Todo esto significa que aún nos queda mucho por hacer. Esta constatación también incluye, por cierto, el cumplimiento de los criterios económicos y la capacidad de adoptar el acervo comunitario. También en este aspecto creo que coincidimos mucho con el informe del Sr. Morillon.
Como ya saben, la Comisión propuso en el mes de julio un reglamento por el que se crea el fundamento jurídico de la asociación para la adhesión y a la vez se establece un marco financiero unificado. Este texto se encuentra a la espera de su dictamen. Yo quisiera aprovechar la ocasión que me brinda el presente debate para pedirles que apoyen dicha propuesta. Sin ese fundamento jurídico, la asociación para la adhesión no podrá dar todos sus frutos políticos positivos -en los que creo firmemente-, puesto que en tal caso no será posible adoptar la correspondiente decisión.
En su calidad de candidata a la adhesión a la Unión Europea, pedimos a Turquía que lleve a cabo unas reformas de amplio alcance. Sin embargo, esto significa que por nuestra parte también debemos estar preparados para apoyar a Turquía en su proceso de reforma, tal como también estamos haciendo, con unos recursos financieros considerablemente más elevados, con todos los demás candidatos a la adhesión. Como posible aportación, la Comisión propone la concesión a Turquía de un crédito del Banco Europeo de Inversiones por un montante de 450 millones de euros. Éste se destinaría, en particular, a mejorar la competitividad de la economía turca para adecuarla al mercado común europeo.
La realización de las reformas políticas necesarias será uno de los núcleos centrales -si no el núcleo central- de las relaciones entre la Unión y Turquía. Yo me congratulo de que la semana próxima tengan la ocasión de mantener un intercambio de pareceres con sus colegas turcos sobre esta cuestión con motivo de la reunión de la Comisión parlamentaria mixta. También acojo con gran satisfacción las propuestas del informe a favor de una intensificación de la cooperación parlamentaria y una mayor participación de la sociedad civil. Muchas gracias por su atención.

Garriga Polledo
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente Sr. Seppänen por su informe tan útil en el marco general del debate sobre la adhesión de Turquía a la Unión. Aquí hablamos de establecer un programa especial que consolide la Unión Aduanera, ampliando el mandato del Banco Europeo de Inversiones, de manera que pueda cubrir la concesión de nuevos préstamos a Turquía en el período 2000-2004 por un valor de 450 millones de euros.
El informe fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuestos. Dado que este programa especial de 450 millones, del que la Unión garantiza el 65 %, especifica que con un tipo de aprovisionamiento del 9 % sólo habría que transferir de la reserva al Fondo de Garantía un importe de 26 millones de euros, sólo habría impacto presupuestario en el caso de impago, porque aquí habría que recurrir entonces a la garantía.
Con estos préstamos del Banco Europeo de Inversiones estamos apoyando las inversiones para la industria turca y sus infraestructuras en materia de transporte, energía y telecomunicaciones. Todo ello para aumentar la competitividad de Turquía en el seno de la Unión Aduanera y aminorar así el impacto negativo que el desarme arancelario produce en la economía turca.
La cuestión fundamental con Turquía no se plantea, por tanto, en el seno de la Comisión de Presupuestos -y esto hay que dejarlo muy claro-. La cuestión de fondo de la adhesión de Turquía sigue siendo una cuestión política y es competencia de otras comisiones parlamentarias. La Unión Aduanera y los préstamos del Banco Europeo de Inversiones son algo que funciona con Turquía desde hace ya muchos años. Lo que ahora se pretende es dar un impulso necesario en el escenario de una futura adhesión. Repito que los únicos problemas serios que podríamos tener vendrían si la ayuda macrofinanciera prometida alcanzara el importe máximo previsto, ya que en este supuesto la reserva residual para garantías se reduciría prácticamente a cero para los años 2001 y 2002. Recordemos que es interés de la Unión Europea financiar proyectos de seguridad nuclear en países terceros en el marco de Euratom. Un nivel cero de la reserva residual podría traer determinados problemas para financiar estas inversiones.
La situación general que plantea el informe se enmarca en una situación de negociación Parlamento/Consejo para el presupuesto 2001, en la que el Parlamento Europeo quiere ampliar sus derechos de información y consulta en el caso de compromisos exteriores de la Unión que tengan trascendencia financiera. Es la posición que el Grupo del Partido Popular Europeo defiende y que este Parlamento votó en primera lectura. Esperemos que se lleve al diálogo tripartito y a la conciliación.

Swoboda
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, ante todo yo quiero felicitar, en nombre de mi Grupo, a ambos ponentes por sus informes. En efecto, nunca resulta sencillo elaborar un informe sobre Turquía, pues la evolución es muy contradictoria. Por un lado, ha habido cambios muy positivos -pienso, por ejemplo, en el nuevo Ministro de Asuntos Europeos o en la creación de una secretaría general específica encargada de los asuntos europeos adscrita al Primer Ministro-, pero también es preciso señalar algunas lagunas lamentables en los preparativos para la adhesión a la Unión Europea. No se ha hecho nada para abolir la pena de muerte. No se ha hecho prácticamente nada para enraizar jurídicamente de manera más sólida los derechos de las minorías y los derechos humanos, aun cuando se han firmado algunos convenios de las Naciones Unidas.
También es de lamentar la señal que se emite con la elección para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de una persona que no ofrece necesariamente garantías de que se vaya a prestar mayor atención a los derechos humanos. Algo parecido ocurre también en relación con la cuestión kurda. También en este caso se han emitido algunas señales ligeramente positivas. Se manifestó que es perfectamente concebible que se puedan emitir noticias en lengua kurda por la televisión y la radio y que también podría haber un cierto reconocimiento de la cultura kurda. Por el otro lado, algunos alcaldes han sido detenidos y el partido Hadep ha tenido dificultades en el sureste, en los territorios kurdos.
Yo creo que estas contradicciones demuestran precisamente que en la propia Turquía se está desarrollando un forcejeo entre las fuerzas progresistas y las fuerzas inmovilistas, que sencillamente no quieren avanzar por el camino que conduce a Europa, y yo lo lamento mucho. Sin embargo, creo que el Comisario tiene toda la razón. Debemos hacer todo lo posible para apoyar y respaldar a las fuerzas positivas y de progreso en Turquía.
En este contexto, también quisiera mencionar sin rodeos la llamada cuestión armenia. Mi Grupo decidió por mayoría apoyar la enmienda 25, en una sesión a la que yo lamentablemente no pude asistir. No hay gran cosa que objetar contra dicha enmienda en cuanto a su contenido, aunque -y yo lo deploro- muchos aprovechan indebidamente las enmiendas relacionadas con Armenia y la masacre de los armenios para plantear por una vía indirecta objeciones de fondo contra la adhesión de Turquía a la Unión Europea, y esto me parece un error, y creo que también es arriesgado. No obstante, yo instaría encarecidamente a Turquía -no sé cuál será el resultado de la votación- a que también se tome en serio esta cuestión. Todos tenemos que saldar abiertamente y con sinceridad las cuentas con nuestra propia historia, incluidas las acciones de nuestros antiguos países y Estados. Yo creo que Turquía debería emprender una nueva vía y encargar, junto con Armenia, a los historiadores que investiguen lo ocurrido, para ponerlo al descubierto y aclararlo, y adoptar también una posición clara al respecto y reconocerlo claramente.
Yo creo que esa sería la vía más adecuada para superar esta difícil situación, puesto que siempre resulta más difícil imponer esta tarea desde fuera que emprender por propia iniciativa esta labor de clarificación. En este sentido, yo quisiera recordar de nuevo las palabras del señor Comisario. Él ha dicho que tenemos un interés estratégico en vincular firme y duraderamente a Turquía a nuestra comunidad europea de valores; espero haber recogido aproximadamente sus términos. Esto es lo que nos interesa y Turquía también debería tomar nota de ello. Aunque esta Asamblea mantenga una actitud crítica y aunque quizá se muestre más crítica de lo que pueden mostrarse el Consejo y la Comisión, deseamos que Turquía recorra ese camino y que, en cuanto lo haya conseguido, sea miembro de la Unión Europea.

Duff
Señor Presidente, el Grupo Liberal Europeo acoge con el mayor beneplácito el informe Morillon que nos parece franco y convincente. Vamos a oponernos a los intentos, algunos de ellos bastante espúreos, de desbaratar el equilibrio que el informe logra con éxito, en particular las enmiendas que pretenden hacer del Parlamento Europeo un tribunal del pasado.
Turquía se presta claramente a un debate sobre el pasado como parte de su autoexamen general sobre los derechos fundamentales. Esa autoevaluación equivaldrá a una auténtica revolución cultural. Debemos sentirnos satisfechos de que esté demostrado que ese proceso ha comenzado.
El informe Morillon y la adhesión a la asociación comprometen a la Unión Europea para con la candidatura de Turquía. Ahora incumbe a Turquía demostrar que está comprometida con la adhesión. El Parlamento Europeo desempeñará su papel en el fomento de las relaciones con los partidos políticos, las ONG y la prensa, además de desarrollar su delicada y a veces tirante relación con la Gran Asamblea Nacional. Los liberales europeos están, desde luego, dispuestos a desempeñar su papel para acercar la perspectiva de la adhesión de Turquía y la diseminación de la prosperidad, la estabilidad y la seguridad a todos los pueblos europeos.

Cohn-Bendit
Señor Presidente, señoras y señores, señor Morillon, le felicito por su informe, pero desgraciadamente, no ha conseguido usted, no hemos conseguido, resolver todos los problemas.
En primer lugar, es evidente que la estrategia consistente en aceptar la candidatura de Turquía ha sido la correcta. Ha sido la estrategia correcta - como lo ha señalado el Comisario -, porque el debate que hoy tiene lugar en Turquía para la integración en Europa equivale al debate para una reforma radical de la situación política en el país.
Nos encontramos en un momento histórico, importante para Turquía, que ha pasado de la fase del debate a la fase de la práctica, es decir, de la aplicación de las reformas de la Constitución y de las leyes, por ejemplo con una amnistía para los presos por delitos de opinión.
Turquía se encuentra ante esta fase. Debemos ser claros: no puede haber más etapas sin que Turquía haya pasado de la etapa del debate a la etapa de la práctica. Es exactamente lo que dice el informe Morillon.
Por otra parte, está la situación de Chipre. Y sobre este punto, debemos decirle a Turquía que es inconcebible que no acepte lo que se ha decidido en el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo. Turquía ha sido condenada varias veces. Debe acatar sin más dilación las decisiones del Tribunal de Justicia Europeo, en señal de aceptación de las relaciones internacionales tal y como han sido definidas por nosotros, y no únicamente por ella.
Llegamos así al problema fundamental. Hay en este Parlamento y en los Estados miembros varias estrategias. Están los que apoyan la candidatura de Turquía y la adhesión de Turquía, y que quieren que esta candidatura pase por la reforma en profundidad de la sociedad turca. Y por otra parte, están los que rechazan la adhesión, y que utilizan el necesario debate sobre la política y las reformas en Turquía para empujar a Turquía lejos de Europa. Es evidente que la sociedad turca siente perfectamente esta contradicción.
Estos son los motivos de que el último problema a resolver, el genocidio de Armenia, tenga tanta importancia. Ninguno de nosotros, y yo menos que nadie, niega que haya habido un genocidio contra los Armenios en la última etapa del Imperio Otomano. Es una evidencia clara, como es evidente que Turquía tendrá, al igual que toda sociedad civilizada, que hacerse a la idea de afrontar su pasado, por muy horrible que éste haya sido. Se trata de una condición ideológica y de civilización sine qua non para entrar en Europa.
Hay otra cuestión: si tenemos que votar sobre esto hoy, la mayoría de mi Grupo votará a favor de esta resolución. Personalmente, no estoy convencido de la utilidad de este acto, porque quiero llevar este debate al interior de Turquía. Es decir, que propongo que el propio Parlamento Europeo organice un debate sobre el genocidio de Armenia, la mayoría lo apoyará y prolongaremos el debate dentro de Turquía.

Brie
Señor Presidente, yo quiero agradecer en primer lugar los informes de los colegas Morillon y Seppänen. Señor Morillon, su informe es, a mi parecer, absolutamente realista y responsable. En los meses transcurridos desde la decisión del Consejo de Helsinki, el Gobierno de Turquía ha realizado, en efecto, algunos gestos simbólicos importantes. Sin embargo, no se ha modificado la deplorable situación en las cárceles turcas, la discriminación de los kurdos, ni la política turca en relación con Chipre. El papel inconciliable con los usos democráticos propios de un Estado de Derecho que la Constitución asigna al ejército se ha convertido sin duda en el tema clave para las ulteriores relaciones entre la UE y Turquía y la única manera de resolverlo es que el ejército renuncie a su poder. Si bien en mi Grupo existe una diversidad de pareceres sobre el informe Morillon, es evidente -y creo que otro tanto puede decirse de los demás Grupos- que no vamos a suavizar de ningún modo las críticas en relación con las cuestiones citadas. Casi siempre es posible alcanzar un compromiso, pero no en este caso.
Hasta ahora, el resultado más importante y efectivamente tangible ha sido el hecho de que en Turquía se ha iniciado un debate y una cierta diferenciación política. Esto es algo que debemos reconocer y apoyar activamente. Sin embargo, lo que pedimos no es únicamente que se cumplan los criterios de Copenhague, sino unas normas democráticas imprescindibles en cualquier caso. La adhesión de Turquía sobre esta base y no sólo atendiendo a consideraciones estratégicas de los Estados Unidos o de la OTAN enriquecería a la Unión Europea y constituiría un paso significativo hacia una Europa unida.
No se me escapan los problemas que supondría, por ejemplo, el hecho de que la UE se extendería en ese caso mucho más allá de los límites Europa y hasta regiones sumamente inestables desde el punto de vista de la política de seguridad. A la vista de las consecuencias, me parece inaceptable que, tanto en el contexto de la concesión del estatuto de candidato a Turquía como en relación con la actual ampliación al Este, los Gobiernos -ni tampoco la Comisión, señor Comisario- no aborden los problemas estratégicos del proyecto de integración europea ni los debatan con el Parlamento. Mi experiencia -la experiencia, por cierto, de una vida en la que he aprendido tanto de las conmociones sociales radicales como de la resistencia a reconocer a tiempo su necesidad- me dice que la sinceridad crítica es la única alternativa. Cualquier otra cosa sólo beneficiaría a quienes no desean esta adhesión, tanto en la UE como en Turquía. Y en este contexto, señor Comisario Verheugen, comienza a resultarme incomprensible el informe que usted ha presentado sobre los progresos de Turquía en el camino de la adhesión. Con motivo de su visita a Turquía en marzo pasado al menos mencionó por su nombre el problema de la población kurda, como también ha hecho hoy. En su informe, este problema no aparece citado de manera concreta. Yo creo que esto representa un lamentable retroceso con respecto al informe de 1999 de la anterior Comisión. La verdad exige que los conceptos coincidan con la realidad. Así lo consideraba, por lo menos, Georg Wilhelm Hegel. Hasta el momento, yo no veo que se hayan hecho verdaderos progresos en Turquía, pero los considero posibles. El informe de la Comisión constituye, en cambio, un verdadero retroceso a mi parecer.

El Presidente
Señorías, ¡siéntense, por favor, y dejen de hablar! Seguimos en el debate.
(Exclamación del Sr. Ferber: ¡Dígalo en alemán!) El Presidente. No serviría de nada, apreciado colega Ferber, pues hay personas que no tienen conectados los auriculares y que, al igual que usted, no dominan el alemán, sino que hablan en bávaro.

Queiró
Señor Presidente, Señorías, en la exposición de motivos del informe del Sr. Morillon se afirma que la decisión de adhesión de Turquía reviste demasiada importancia para el futuro de la Unión y de la propia Turquía como para que se pueda concluir con la comodidad del silencio o con el secreto de los gabinetes. Estamos enteramente de acuerdo con esa afirmación, pero lo que observamos es que la decisión del Consejo Europeo de Helsinki de conceder a Turquía el estatuto de país candidato no fue precedida del indispensable debate público y parlamentario que en la citada exposición de motivos se reclama también.
La candidatura de Turquía siempre ha dividido a la opinión europea y nos sorprende que siga sin celebrarse un debate coherente sobre los motivos que justificaron la modificación de la tradicional posición de reserva con que se abordaba esa candidatura. Desde luego, veamos el problema geográfico. ¿Es que ya no se considera que sólo una pequeña parte del territorio turco forma parte del continente europeo? ¿Qué nueva doctrina relativa al espacio europeo permite enmarcar ese nuevo concepto de frontera exterior que se desprende de la inclusión de Turquía en la Unión Europea? Hoy Europa tiene una frontera exterior de paz, pero, si un día Turquía entrara en la Unión Europea, Europa pasaría a tener una nueva frontera no sólo extraeuropea, sino también una frontera de guerra y conflicto. Basta con pensar en el Irán, el Iraq, Siria, Armenia o Georgia.
Por otra parte, ¿cómo resolver el conflicto con el modelo democrático común que los europeos desean y aceptan y resultante de las innumerables restricciones del ejercicio de los derechos fundamentales que se observan en Turquía, del que el mantenimiento de la pena de muerte es sólo el peor de los ejemplos, o también de la cuestión kurda, dado que el Estado turco no respeta los derechos elementales de identidad cultural de los millones de kurdos que viven en ese país?
Por último, no vemos puesta en entredicho la propia dimensión geográfica que la candidatura de Turquía representa y las dificultades que entrañará no sólo para la geografía, sino también, y sobre todo, para el ya difícil equilibrio entre Estados miembros grandes y pequeños. Termino como he comenzado: el sentido y el propósito de esta intervención mía ha sido el de señalar a la atención de sus Señorías que no se deben hacer cambios de esa envergadura sin un debate democrático y coherente, so pena de que siga agravándose el déficit de ciudadanía y participación que muchos europeos sienten en el modelo de la construcción europea.

Lang
Señor Presidente, el informe Morillon es, por sí solo, perfectamente revelador de las contradicciones fundamentales de la gestión comunitaria con respecto a Turquía.
En esta propuesta de resolución, encontramos de todo, y todo tipo de contradicciones. En primer lugar, muchas ilusiones, muchos considerandos embaucadores que, felizmente, son desmentidos de inmediato por la realidad, y evidentemente esta realidad turca no corresponde a las ilusiones y a los sueños europeos. Considerar que los Europeos van a llevar a los Turcos, y cito, "a un cambio radical de sus costumbres y de su mentalidad" revela al mismo tiempo una gran ingenuidad y una gran suficiencia. ¡Qué arrogancia por parte de la Unión Europea de querer imponer al pueblo turco sus propios valores, sus principios institucionales, su cultura política! Con todo, el siglo XX nos ha demostrado cómo los constructivismos, los voluntarismos, aislados de las realidades, y las ideologías de todo signo pueden conducir al desastre. Dejemos pues al pueblo tuco su derecho a disponer de sí mismo, a decidir su futuro, su derecho a la diferencia, su derecho a preservar valores de civilización que no son manifiestamente los nuestros.
Así pues, el único verdadero considerando que debería imponerse a todos nosotros es un considerando de realidad y de evidencia. Turquía no es un país europeo, sus valores no son europeos. En consecuencia, Turquía no debe formar parte de la Unión Europea. Esto por cierto no impediría en absoluto que Europa desarrollara relaciones económicas, diplomáticas, políticas y pacíficas con una Turquía libre e independiente. Esta postura clara tendría, entre otros, el mérito de no jugar con dos barajas frente a los gobiernos turcos, de dejar de decirles: sí, y más tarde, sí, pero con estas condiciones, sí, pero esto o lo otro. Las contradicciones de Europa y sus aplazamientos provocan incomprensión y humillación. No se puede jugar con la dignidad de los pueblos.
Votaremos por tanto en contra de este informe, como hemos votado en contra de todos los informes encaminados a incorporar a Turquía a la Unión Europea.

Belder
Señor Presidente, ¿está Turquía realmente dispuesta a solucionar importantes problemas internos y exteriores, tales como el conflicto sobre Chipre y la cuestión de las minorías, de la forma que quiere la Unión Europea? Esta pregunta acuciante fue formulada recientemente por el antiguo Ministro turco de Asuntos Exteriores, Mümtaz Soysal. Una pregunta absolutamente oportuna además, ya que ¿qué le cuesta realmente a Ankara la pertenencia a la Unión Europea? El precio es sabido: cumplir los criterios de Copenhague. Ello no se toma en consideración por el momento, según constata muy bien el ponente Morillon en su ponderado informe.
Señor Presidente, permítame que me refiera brevemente a tres cuestiones elementales del informe Morillon: la influencia política del ejército turco, el problema kurdo y la cuestión ya mencionada de la "tolerancia hacia otras religiones y culturas" .
Mediante la influencia política del ejército turco - que sigue existiendo hoy en día - está en juego nada menos que la primacía de la política civil ¿Por qué hacen trampas los políticos del país en esta cuestión crucial de poder? ¿O les gusta esconderse tras el aparato militar en asuntos relativos a las reformas europeas?
La concesión de una total autonomía cultural a los cerca de 12 millones de kurdos neutralizaría, en gran parte de forma efectiva, la delicada cuestión kurda.
¡Cuán difícil resulta, sin embargo, convencer a la clase política turca de esta solución ventajosa para ambas partes! Véase la postura intransigente del Presidente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, Kamran Inan. Este consejero de la política turca de asuntos exteriores descarta categóricamente toda concesión respecto de Chipre y los kurdos. Una pertenencia incierta a la Unión Europea no merece, en definitiva, que se renuncie a los intereses nacionales, según Inan.
De paso, el ultranacionalista MHP subrayó con toda seriedad el día del partido, hace una semana y media, la "superioridad de la raza turca" . Atención, según las últimas encuestas de opinión, el MHP es el movimiento político más popular de Turquía.
Los herederos del legendario Atatürk no deben contemplar la Unión Europea como un "club cristiano exclusivo" , según señala el colega Morillon en el considerando D. No, continúa, la Unión Europea es una comunidad de valores, entre los que no ocupa el último lugar la " tolerancia hacia otras religiones y culturas"
La realidad nos obliga a decir que la posición de la minoría cristiana de Turquía, es peor grosso modo que la de los grupos musulmanes en Europa. En realidad, resulta considerablemente más fácil construir una mezquita en Europa que una iglesia en Turquía, cuestión que merece seria atención tanto por parte de la Comisión como del Parlamento en los contactos que mantienen con las autoridades turcas.

Raschhofer
Señor Presidente, Señorías, el informe que hoy se debate me llena de inquietud. Los problemas son tan graves que la adhesión de Turquía en un futuro previsible queda totalmente descartada. Yo quiero plantear tres objeciones. Turquía tiene un problema absolutamente no resuelto con las minorías que viven en el país. En segundo lugar, no se vislumbra el fin de la disputa siempre latente con Grecia en relación con la isla de Chipre. En tercer lugar, Turquía cuenta con un sistema penal que sigue estando basado en la pena de muerte, un castigo indigno de una democracia occidental, y en métodos de tortura policial. En la televisión alemana se presentaron hace poco espantosas imágenes de severos malos tratos infligidos por policías a los detenidos.
A Turquía todavía le queda, por lo tanto, un largo y dificultoso camino por recorrer, en el que sin duda necesitará nuestra ayuda. Nuestro objetivo es ayudar a Turquía a avanzar por el camino de la transformación en un país democrático libre, donde se respeten los principios del Estado de Derecho. El Consejo tendrá que preguntarse si con la concesión del estatuto de candidato no perjudicó, en lugar de favorecer, esta aspiración. El perjuicio reside sobre todo en que se despertó en Turquía la esperanza de una adhesión que, sin embargo, no se podrá cumplir debido a la situación política. ¡Las fuerzas islamistas sabrán traducir sin duda esta decepción en un triunfo político!

VOTACIONES
- Informe (A5-0274/2000) del Sr. Nisticò, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento

(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0279/2000) de la Sra. Paciotti, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos de la Comunidad y sobre la libre circulación de estos datos (COM (1999) 337 - C5-0149/1999 - 1999/0153(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Recomendación (A5-0325/2000) de los Sres. Duff y Voggenhuber, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la aprobación del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (4487/1/00 - C5-0570/2000 - 2000/2233(AVC))
(El Parlamento aprueba la decisión)
Informe (A5-0313/2000) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre una iniciativa de la República Francesa relativa al blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito (10232/2000 - C5-0393/2000 - 2000/0814(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa
Informe (A5-0312/2000) de la Sra. Karamanou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa en vista de la adopción de un Acto del Consejo por el que se elabora, sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del Convenio por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol), un Protocolo que modifica el artículo 2 y el anexo de dicho Convenio (9426/2000 - C5-0359/2000 - 2000/0809(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0314/2000) de la Sra. Roure, en nombre de la Comisión Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de un Convenio relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera (10213/2000 - C5-0394/2000 - 2000/0815(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0317/2000) de la Sra. Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa, de la República Francesa, del Reino de Suecia y del Reino de Bélgica con vistas a la adopción de una Decisión por la que se crea una Unidad provisional de cooperación judicial (10356/2000 - C5-0395/2000 - 2000/0816(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0310/2000) de la Sra. Langenhagen, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el Informe Especial nº 9/99 del Tribunal de Cuentas sobre las acciones de investigación en el ámbito de la agricultura y de la pesca: programa FAIR ("Fisheries, Agriculture & Agro-Industrial Research" ), acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0227/2000 - 2000/2133(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)EXPLICACIONES DE VOTO
Informe Paciotti (A5-0279/2000)
Fatuzzo (PPE-DE). (IT) Señora Presidenta, he votado a favor del informe Paciotti ante todo porque esta directiva trata de proteger las identidades, los datos, los nombres, los apellidos, las direcciones, las características de los ciudadanos de la Unión Europea. Las personas mayores y los pensionistas que tengo el gusto de representar en este Parlamento, demasiado a menudo son considerados como meros números. Sin embargo, las personas mayores no quieren que se les trate como números, quieren que se les trate como personas de carne y hueso. Éste es el principal motivo por el cual apruebo esta directiva, a pesar de que, lamentablemente, no ha sido aceptada la enmienda 65 presentada por los Sres. Ferri y Fiori que pedía una estructura colegiada del órgano encargado de la supervisión y de los controles.

Ferri
Señora Presidenta, me veo obligado a recalcar que con el informe Paciotti y con otras directivas y reglamentos que se nos van a proponer, estamos llamados a regular un gran poder: el poder informático. La recogida de datos no es indolora y los bancos de datos son de diferente tipo. Hay los reservados, de la policía judicial, los bancos de datos de los servicios: en definitiva, existe un poder enorme. Subrayo que el hecho de haber otorgado este extraordinario poder de control sobre los bancos de datos europeos a un órgano monocrático - con todo el respeto y la confianza que nos merecerá el Supervisor - se me antoja que ha sido una falta de atención precisamente hacia la importancia de la persona que, frente al poder informático, debe tener un marco de referencia de derechos y libertades garantizados. En mi opinión, la propuesta de un órgano colegiado habría respondido mejor a esta necesidad. Así y todo, en las próximas ocasiones en que vamos a debatir el poder informático, tendremos que darnos cuenta de que hace falta un control más amplio y, por lo tanto, más garantizador de la persona.

Krivine y Vachetta
. (FR) El informe Paciotti supone un primer paso para intentar recuperar el retraso acumulado en materia de defensa de la vida privada y de los datos personales. En este sentido, la creación de un "órgano independiente de control" es positiva.
Sin embargo, ninguna de las cuestiones esenciales relativas a la defensa de los derechos y libertades de las personas es abordada de manera realmente explícita, y el texto, a menudo técnicamente confuso, puede dar lugar a interpretaciones divergentes. Además, está muy por debajo de la legislación francesa sobre "informática y libertades" .
Deberían haberse contemplado en él otras propuestas: hay que hacer obligatoria la declaración de la existencia de cualquier base de datos; hay que prohibir el cruce de ficheros (particularmente, en los ámbitos de la vida privada, de la salud, de las situaciones sociales, etc.), para evitar la creación de gigantescas bases de datos; también hay que poner a disposición de los asalariados que manipulan datos privados los medios necesarios para resistirse a las presiones de sus empleadores, a través de la implantación de una carta de deontología y de una cláusula de conciencia del tipo de la de los periodistas.
Finalmente, hay que proporcionar a los ciudadanos medios para que protejan por sí mismos su vida privada, permitiendo cualquier forma de codificación en la transmisión de los datos. En este marco, es necesario que las técnicas de codificación estén garantizadas por organismos independientes.
Todas estas disposiciones esenciales deben ser tenidas en cuenta para una verdadera defensa de los datos personales. Por eso nos hemos abstenido.

Martin, David
Acojo con beneplácito este informe y voy a votar a favor de él. Los ciudadanos europeos están preocupados por la protección de su intimidad y no carecen de justificación para ello. Todos los días se captan, seleccionan y tratan cantidades enormes de datos personales. Así ocurre en relación con los pagos con tarjetas de crédito, el rastreo del movimiento de los teléfonos portátiles, el almacenamiento de conexiones telefónicas, la navegación por la red Internet, el tratamiento de otros datos tomados, por ejemplo, de formularios previamente rellenados, etc.
En el nivel de la UE, se contrarresta la amenaza de posible uso indebido de los datos personales con dos directivas, a saber, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y la Directiva 97/66/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las telecomunicaciones.
Ninguna de ellas es aplicable a las instituciones de la UE. Y, sin embargo, existe la necesidad de un conjunto de normas de protección de datos, pues las instituciones no sólo tratan datos internos (como los relativos a sus actividades autónomas, presupuesto e informes de personal), sino también datos sobre ciudadanos recogidos en el desempeño de los deberes de la UE (por ejemplo, concesión de subvenciones, investigación de asuntos relativos a la competencia, licitaciones públicas, investigación y estudios estadísticos, datos relativos a la preparación y la aplicación de la legislación).
Este informe debe contribuir en alguna medida a colmar ese vacío.
Recomendación Duff/Voggenhuber (A5-0325/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, ¿acaso el Partido de los Pensionistas podía no votar a favor de la Carta de los Derechos Fundamentales? Es el primer texto de esta importancia en todo el mundo que tiene un artículo, el 25, que lleva el título "Derechos de las personas mayores" que reza: "La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural". Por fin una importante organización de Estados, la más importante que existe, que es la organización de la Unión Europea, y el órgano más importante, el único elegido directamente por el pueblo, el Parlamento Europeo, reconocen que las personas mayores tiene un derecho en cuanto tales. Éste es el motivo por el cual he votado con mucho gusto a favor de esta carta.

Laguiller
Arlette Laguiller, Armonia Bordes y Chantal Cauquil han votado en contra de la Carta. Sabemos que, en esta sociedad de clases dónde solo cuentan las relaciones de poder, las cartas no suponen una verdadera protección para los trabajadores. Esta Carta rechaza la inclusión de derechos tan elementales como el derecho a una jubilación decente, a un salario mínimo, a una vivienda digna, a una atención sanitaria. En cuanto al artículo que prohíbe el trabajo infantil antes del fin de la escolaridad obligatoria, admite derogaciones, lo cual es grave cuando sabemos que, en varios países europeos, un número inaceptable de niños trabaja, es explotado, no tiene derecho a una verdadera educación. Este texto no ofrece protección adicional y proporciona a los gobiernos y a las clases adineradas medios suplementarios para atacar en este campo. El propio derecho de huelga únicamente es reconocido con la restricción "de acuerdo con las legislaciones y prácticas nacionales" .
Por tanto, la Carta no tiene ningún valor imperativo para los países cuya legislación social está por debajo de lo poco contenido en ella. Por el contrario, en los países dónde la legislación es más favorable para los trabajadores, la Carta podría ser invocada. En lugar de elevar los derechos humanos y los derechos sociales, facilitará las operaciones destinadas a degradar su nivel.

Speroni
Señora Presidenta, no he participado en la votación sobre la Carta de los Derechos Fundamentales porque no estoy de acuerdo con el procedimiento: el Parlamento no ha podido examinar las posibles enmiendas no sólo al texto de la Carta, sino también al texto de la recomendación. No hemos podido hacer otra cosa que aceptar o no aceptar. Al no estar de acuerdo con este procedimiento, he optado por no participar en la votación.

Alyssandrakis
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea está muy atrasada en relación con la Proclamación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, y con muchas de las constituciones de países miembros de la Unión Europea. La afirmación de que por primera vez se hace referencia a derechos sociales no se puede sostener, puesto que tales referencias las encontramos en convenios internacionales como los convenios internacionales sobre el empleo.
Señalamos indicativamente:
El artículo 15 que dice que "toda persona tiene derecho a ejercer una profesión"; pero no se le reconoce el derecho al empleo asalariado,
El artículo 16 con el que, por primera vez se reconoce la libertad empresarial en un documento internacional,
El artículo 28 que da la posibilidad de cierre patronal a los empleadores y de dejar de lado a los sindicatos en las negociaciones con la patronal,
El artículo 3 que deja amplios márgenes para toda clase de experimentos genéticos,
El artículo 14 que aunque reconoce el derecho a la educación, lo interpreta como una simple facilidad de asistencia gratuita, y esto sólo en la educación obligatoria.
Se trata de la reducción y no de la ampliación de los derechos, y las razones de ello son evidentes. Los inspiradores de la Carta aspiran a fomentar, con un documento de prestigio, su política agresiva contra todo cuanto la clase trabajadora ha conquistado con su lucha, su sacrificio y su sangre en los últimos 150 años. La posible adopción de la Carta en la próxima Cumbre de Niza, con su incorporación a los Tratados o simplemente como una proclamación, será un cambio negativo. No hay duda de que su destino final es ser el preámbulo de una futura Constitución Europea que, a su vez, será la coronación de la marcha de la Unión Europea en la federalización en donde, ya de forma legislada, tomarán las decisiones los pocos poderosos y todos las aplicarán. El objetivo principal es prestar servicio a los intereses del capital monopolístico de la Unión Europea, a costa de los intereses de los trabajadores y, en general, de los pueblos.
Naturalmente, no ignoramos el hecho de que para algunos países, la Carta puede significar cierto progreso en determinadas cuestiones. Sin embargo, para la mayoría de los países, así como en relación con lo que está en vigor internacionalmente, se trata de un retraso. Nuestra meta debe ser progresar y no ir a peor.
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista Griego hemos votado en contra del texto que, no sólo es inútil, sino también peligroso.

Bernié
. (FR) La adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales se justificaría si existiese ya un Estado europeo, basado en una constitución adoptada por sufragio universal. No es el caso hoy.
Los derechos contemplados por la Carta ya forman parte de las constituciones nacionales y son defendidos por los parlamentos nacionales, próximos a los pueblos y a sus culturas.
Además, la Carta es un compromiso, basado en el menor denominador común, que perjudicará a las ventajas sociales conseguidas en un gran número de nuestros Estados miembros.
Así, el derecho a la vivienda se reduce al "derecho a una ayuda para la vivienda" , mientras que el derecho al trabajo es reemplazado por un derecho "de acceso a los servicios de colocación" .
No se contempla recorte alguno a la libertad de expresión, de dónde se deduce que las declaraciones delictivas (incitación a la violencia, al odio racial) no podrían ser condenadas a partir de ahora.
Finalmente, la Carta no dedica ningún artículo a los deberes que son, sin embargo, la contrapartida de los derechos.
Por tanto, no vemos motivo alguno para adoptar hoy un texto como éste, si no es el de ocultar el fracaso programado de la Conferencia Intergubernamental y del Consejo Europeo de Niza.

Berthu
. (FR) En mi intervención de esta mañana, he expuesto motivos de base para oponerme a la Carta, a los cuales, por cierto, los miembros del Intergrupo SOS Democracia me han señalado que se adherían plenamente. Desearía en este momento enumerar reservas que se refieren a determinados artículos, sobre los cuales tuve la ocasión de presentar enmiendas durante los trabajos del recinto. Estas reservas se pueden agrupar en cinco grandes categorías:
Artículos que invaden las competencias de los Estados. Un caso típico aparece en el artículo 2-2, "nadie puede ser condenado a la pena de muerte, ni ejecutado" . Esta afirmación no corresponde a ninguna competencia europea. Su presencia en la Carta, como la de otros muchos artículos del mismo tipo, deja entrever la duda sobre la honestidad del artículo 51-2, que por su parte declara: "la presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nueva para la Comunidad ni para la Unión, y no modifica la competencia de misiones definidas por los Tratados" . Por descontado que, si la Carta pasara a ser imperativa, el artículo 2-2 lo sería también, con un poder sin duda más fuerte que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del cual un país siempre tiene derecho a retirarse.
Artículos que tienden a instaurar nuevas obligaciones no fundamentadas. Varios artículos van más allá del derecho vigente. Por ejemplo, el artículo 19-1, que menciona que: "se prohíben las expulsiones colectivas" , no especifica que esta prohibición puede ser suspendida en caso de guerra o de graves perturbaciones del orden público. Ciertamente, el artículo 52-b prevé que, "en la medida en que la presente Carta entrega derechos que corresponden a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, su sentido y alcance serán iguales a los que le confiere dicho Convenio" . Pero esta frase es demasiado imprecisa. Ya hemos visto la afirmación de que las expulsiones colectivas quedan prohibidas en cualquier caso.
Otra obligación nueva: el artículo 21 añade nuevos supuestos de no-discriminación a los ya contemplados por el artículo 13 del TCE. El artículo 21-2 dice incluso que cualquier discriminación basada en la nacionalidad está prohibida en el ámbito del Tratado de la Unión Europea, lo que ningún texto dice hoy.
Tercer ejemplo: el artículo 45 afirma que "se podrá conceder la libertad de circulación y de residencia a los nacionales de terceros países residentes legalmente en el territorio de un Estado miembro" , mientras que este derecho, contemplado efectivamente por el artículo 62 del TCE, no está actualmente en vigor, y quizás no lo esté nunca si no se verifican las condiciones necesarias para ello.
Artículos que fijan de forma ilegítima situaciones evolutivas. Es el caso concreto de los derechos económicos y sociales enumerados en el Capítulo IV de la Carta. Por ejemplo, el artículo 29 afirma que "toda persona tiene derecho a acceder a un servicio de colocación gratuito" . Pero esta es una afirmación absolutamente circunstancial, que en otro momento podrá ser interpretada de manera diferente.
Artículos que ignoran las reglas naturales de vida de las sociedades. Mientras los países de Europa se encuentran en una situación demográfica alarmante, la Carta trata los problemas familiares de un modo muy ligero. En ningún sitio se dice, a pesar de nuestras demandas, que la familia se compone de un hombre y de una mujer que educan a unos hijos, ni que constituye la célula fundamental de la sociedad. El artículo 24, relativo a los derechos del niño, consigue incluso no mencionar, nuevamente a pesar de nuestras peticiones, que todos los niños tienen derecho a vivir con sus padres. Paralelamente, la carta es demasiado discreta en cuanto a la existencia de las comunidades nacionales y en cuanto a su derecho a establecer normas que les sean propias. Por ejemplo, la nueva exigencia de no-discriminación por motivos lingüísticos, que aparece en los artículos 21 y 22, contradice la Constitución francesa, que establece que la lengua de la República es el francés.
Artículos que ensombrecen o que falsean el marco general de la Carta. Ya he mencionado el artículo 51-1, que contra toda evidencia afirma que la Carta no modifica para nada las competencias definidas por los tratados. En realidad, la Carta encierra tantas contradicciones, que será necesario que alguien las aclare tarde o temprano. Asimismo, me he referido al artículo 52-2, que pretende que el sentido y el alcance de los derechos de la Carta son los mismos que los del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En realidad, esta comparación es muy difícil de realizar, porque de la lectura de la Carta se deriva que nunca se sabe si estamos ante un artículo que ha pretendido respetar el Convenio, o bien ante un artículo que ha querido voluntariamente apartarse de él. Finalmente, hay que recordar también el artículo 52-1, que señala que se pueden imponer limitaciones a los derechos si... "responden efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión" ... Si la Carta pasara a ser obligatoria, sería de temer que una frase como esta viniese a limitar la soberanía de los Estados.
De manera más amplia, lamentamos que el Preámbulo de la Carta no haya devuelto la perspectiva a este documento, recordando que la Unión Europea es una asociación de naciones, y que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de ver respetadas las decisiones que toman democráticamente en el ámbito nacional. Como he dicho en el debate que ha precedido a esta votación, espero que, si quieren adoptar esta Carta como una declaración política, los gobiernos reunidos en Niza le antepongan una declaración preliminar que recuerde esta situación, así como la competencia fundamental de los Parlamentos nacionales en cuanto a los derechos de los ciudadanos.

Berthu, Bonde, Camre, Deva, Hannan, Helmer, Ribeiro e Castro y Sumberg
S.O.S. Democracy rechaza la Carta de Derechos Fundamentales por tres razones. Primera, es innecesaria. Segunda, es ademocrática. Y, tercera, lo más probable es que limite, en lugar de intensificar, la libertad de los pueblos de Europa. Vamos a ofrecer una breve explicación de estas tres objeciones por orden.
Ratificar la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales sería uno de los pasos más ambiciosos jamás dados por la Unión Europea. Antes de hacer algo de esa magnitud, debemos formular la siguiente pregunta: ¿dónde en la Europa occidental se da la monstruosa violación de los derechos humanos que este documento corregiría? Al fin y al cabo, se trata de 15 democracias modernas, no 15 Ruandas.
Todos los Estados miembros están obligados a observar el Convenio de Derechos Humanos, la Declaración Universal de las Naciones Unidas y una multitud de acuerdos de menor rango. ¿Por qué necesita la UE, como tal, meterse en ese terreno?
Nadie ha respondido aún a esa pregunta. De hecho, Roman Herzog, Presidente de la Convención encargada de la redacción, se ha tomado la molestia de afirmar que la Carta no creará derechos nuevos. En ese caso, parece extraño promulgar una revolución constitucional de tal envergadura para obtener un resultado tan pequeño.
Puede que los derechos humanos no estén inmediatamente amenazados en la UE, pero la responsabilidad democrática sí. La Carta obligará al Tribunal Europeo de Justicia a adoptar diversas decisiones, en esferas tan diversas como las de la legislación sobre el empleo, la política en materia de extradiciones, la inmigración y la familia. En la medida en que nadie ha elegido a los jueces, ello representa una disminución del gobierno democrático.
Más aún: la Carta obligará al Tribunal Europeo de Justicia a revocar actos legislativos nacionales o incluso disposiciones de las constituciones estatales en varios sectores normativos nuevos. Como el Tribunal Europeo de Justicia, a partir del texto mucho más restrictivo de los Tratados europeos vigentes, ya ha revelado una preocupante tendencia al activismo judicial, ese problema podría resultar particularmente grave.
Incluso quienes aceptan la necesidad de una constitución escrita de la UE deben vacilar al observar algunas de las disposiciones de la Carta.
Lo más preocupante es el artículo 52, que dispone que se dejen de lado los derechos mencionados en el resto del documento cuando entren en conflicto con el "interés general reconocido por la Unión". Así se reintroduce el concepto de "raison d'État", que el Consejo de Europa lleva el último medio siglo intentando erradicar. El derecho de un gobierno a dejar de lado arbitrariamente su constitución es la característica definitoria de una tiranía. En la Alemania nazi, por ejemplo, existía esa disposición en virtud de la Ley de Habilitación.
Dicho con menos dramatismo, aunque no sea menos importante, la Carta está mal redactada. Tómese, por ejemplo, el artículo 21, que prohíbe "toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, los orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convenciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual". Tomado literalmente, este artículo significaría que un partido socialista no podría discriminar a conservadores que quisieran presentarse como candidatos suyos o que una compañía de ópera tendría que ofrecer papeles de soprano a los hombres. A saber cómo podrían ser utilizadas disposiciones de un tenor tan vago en manos de un tribunal activista.
Los derechos humanos ya son respetados en la UE y están salvaguardados por disposiciones constitucionales nacionales conforme a los diferentes usos de los Estados miembros. La Carta brinda ahora un mecanismo para circunscribir o anular esos derechos sin aparentar siquiera ofrecer otros nuevos.
Muchos europeos nos jactamos con orgullo de ser libres para hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibida por la ley. Sin embargo, ahora se nos propone que los jueces europeos nos "den" nuestros derechos. S.O.S Democracy rechaza la idea de que debamos depender de la UE para que nos otorgue nuestras propias libertades. Como dijo Aldoux Huxley: "Las libertades no se dan: se toman".

Bonde, Eriksson, Frahm, Krarup, Sandbæk, Seppänen y Sjöstedt
. (SV) En el capítulo VII Disposiciones Generales, artículo 51.2 del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales se estipula que "La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados" . Por este motivo la Carta carece de verdadero significado para los derechos de los ciudadanos.
El debate sobre la Carta ha sido vivamente aplaudido por los federalistas comunitarios, que quieren verla como el comienzo de la constitución de la Unión Europea.
Sin embargo, podemos apreciar un gran peligro. Esta carta amenaza con desvirtuar el trabajo del Consejo Europeo en favor de los derechos humanos, con el riesgo de que en el futuro los países europeos se ocupen de ellos de maneras diferentes.
Votamos en contra de esta Carta, ya que, en general, no la queremos. Esto no significa que estemos en contra de los derechos humanos. No obstante, opinamos que esos derechos pueden ser garantizados por instancias distintas a la Unión Europea. Creemos que la propuesta de Carta es un producto defectuoso que hay que abandonar. En cambio, instamos a la UE a ratificar la convención europea de derechos humanos y otras convenciones sobre derechos sociales y culturales.

Caudron
. (FR) La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que nuestro Parlamento Europeo ha adoptado hoy es un documento particularmente importante.
Ciertamente, esta Carta adolece todavía de lagunas, tanto en el fondo como en la forma.
¡Ciertamente, a mí me habría gustado, personalmente, que su dimensión social fuese mucho más consecuente!
¡Ciertamente, habría preferido que estuviese directamente integrada en nuestros tratados europeos!
Mientras tanto, no debemos aguarnos la fiesta, y no debemos negar ni el considerable trabajo realizado ni los importantes resultados obtenidos hoy.
¡La Carta de los Derechos Fundamentales es un documento y una Carta común a todos los ciudadanos europeos!
Ahora debemos difundirla ampliamente, darla a conocer a todos y cada uno, hacer que el mayor número posible de ciudadanos reflexione sobre sus propuestas. ¡Y de esta forma impregnará progresivamente, a través de la jurisprudencia, al conjunto de nuestras legislaciones nacionales y europeas!
Es un resultado muy positivo para la Presidencia francesa de la Unión Europea y para nuestro Parlamento Europeo.
Sin duda, mañana nos hará falta hacerla evolucionar y completarla. Muy rápidamente, nos hará falta integrarla en nuestros tratados. Nos hará falta, de paso, poner en marcha una Constitución europea para una Europa democrática, transparente, eficaz y ciudadana.
Pero, lo repito hoy, tenemos todos los motivos para sentirnos orgullosos de las condiciones en las que hemos culminado esta importante etapa para Europa.

Crowley
He votado a favor de la Carta y convengo en que no debemos oponernos a los derechos que en ella figuran.
Sin embargo, como ya he dicho antes en esta Asamblea, me opongo a que la Carta sea vinculante. Mi Gobierno y yo la consideramos una declaración política.
Debemos velar por que los derechos vigentes que se desprenden del Convenio Europeo de Derechos Humanos y apoyados por la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no resulten menoscabados ni desdibujados.
Todos los Estados miembros son signatarios y han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha acumulado un considerable cuerpo legal y de derechos y ha demostrado su capacidad para evolucionar junto con la sociedad.
Así, pues, apoyo la Carta votada hoy, pero no voy a apoyarla como texto vinculante.

Gahrton
. (SV) En el capítulo VII Disposiciones Generales, artículo 51.2 del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales se estipula que "La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados" . Por este motivo, la Carta carece de verdadero significado para los derechos de los ciudadanos.
El debate sobre la Carta ha sido vivamente aplaudido por los federalistas comunitarios, que quieren verla como el comienzo de la constitución de la Unión Europea.
Sin embargo, puedo apreciar un gran peligro. Esta carta amenaza con desvirtuar el trabajo del Consejo Europeo en favor de los derechos humanos, con el riesgo de que en el futuro los países europeos se ocupen de ellos de maneras diferentes.
Voto en contra de esta Carta, ya que, en general, no la quiero. Esto no significa que esté en contra de los derechos humanos. No obstante, opino que esos derechos pueden ser garantizados por instancias distintas a la Unión Europea. Creo que la propuesta de Carta es un producto defectuoso que hay que abandonar.

Goebbels
. (FR) Considero que la Carta de los Derechos Fundamentales es un avance válido. Sin embargo, me he abstenido en la votación final, porque creo que ciertos derechos sociales están formulados de un modo menos franco que los derechos económicos. Tanto el "derecho al trabajo" como el "derecho de huelga" son mencionados únicamente de forma indirecta. Los Europeos tienen "derecho a trabajar" (lo contrario hubiera sido sorprendente); tienen derecho a defender sus intereses sociales con "acciones colectivas" , "incluida la huelga" . ¿Porqué no reconocer directamente el derecho de huelga?
Además, habría preferido una Carta relativa no solamente a los "derechos" de los ciudadanos, sino también a los "deberes" de éstos frente a la sociedad. El artículo 17 dice con gran timidez que "el uso de los bienes" puede ser regulada en función del interés general. Pero no hay señal alguna de la obligación social del derecho a la propiedad.
La Carta enumera las libertades fundamentales de las que deben poder disfrutar mis conciudadanos. Pero en ningún sitio se menciona la obligación para todo hijo de vecino de respetar los derechos de los demás. Una sociedad que solo conoce derechos, y no deberes, se convierte en una sociedad egoísta.

Hager
. (DE) Los diputados liberales del Parlamento Europeo se han abstenido, a pesar de la innegable importancia de los derechos fundamentales para los ciudadanos de la Unión, porque por un lado algunos problemas de contenido de la Carta (como que sólo se prohiba la clonación de seres humanos con fines reproductivos, pero no con fines terapéuticos) no permiten votarla afirmativamente y por el otro lado, la Convención parece un instrumento más que discutible para el futuro desarrollo constitucional. Sin embargo, ante todo consideramos que la previsible duplicidad de competencias entre el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entraña el riesgo de que se desarrolle una jurisprudencia divergente y, por consiguiente, de una desigualdad de trato de los ciudadanos en relación con estas cuestiones sensible que atentaría directamente contra los derechos fundamentales. Además, estamos convencidos de que la mera participación de algunos parlamentarios nacionales no puede ser un sucedáneo de un examen en profundidad de las cuestiones de rango constitucional en los Parlamentos nacionales.

Inglewood
Una de las grandes críticas a la UE en Gran Bretaña es la de que parece rebasar el ámbito de competencias que se le han concedido, tanto en cuanto a riqueza de detalles como en el alcance de la aplicación. Nosotros, del Partido Conservador, estamos examinando formas de circunscribir las competencias para que se ajusten a la letra y al espíritu de los Tratados y reconozcan la posición de los Estados miembros en el centro del proceso político europeo.
La enumeración y la consolidación de las características inalienables del sistema que garantizan derechos a las personas y determinan los límites del proceso político en diversos Estados miembros comprendidos en una única zona jurídica ofrecen una vía fructífera por explorar para intentar alcanzar esos fines deseables.
El problema que plantea la Carta de Derechos Fundamentales es el de que es un híbrido: ni un sistema de derechos jurídicamente consolidado ni un código político de conducta que agrupe de algún modo derechos jurídicos, económicos y sociales, lo que provoca confusión y falta de claridad.

Jonckheer
. (FR) Voto en contra de la aprobación de la Carta de los Derechos Fundamentales principalmente porque no deseo involucrarme en una operación simbólica y mediática, que pretende lanzar un mensaje de identidad y de esperanza a las opiniones públicas europeas basándose sobre todo en falsas apariencias.
El método consensual adoptado por los miembros de la Convención ha culminado, como suele suceder cuando se impone la unanimidad, en una Carta mínima cuya redacción presenta importantes lagunas y ambigüedades. La idea inicial de la Convención era la de tener un texto consensual que permitiera a los quince gobiernos transformarlo en vinculante por medio de su incorporación a los tratados. Finalmente, no se ha conseguido nada: el texto es efectivamente débil, y no es vinculante.
Los ciudadanos europeos no necesitan para nada una declaración solemne sobre los derechos fundamentales, que por otra parte ya les son reconocidos por convenios internacionales y por los ordenamientos jurídicos nacionales. No creo que un resultado como este convenza a mucha gente del interés de desarrollar la Unión Europea. ¡Pasemos página! La Carta es un ejercicio pernicioso. El simbolismo y el unanimismo excesivos matan a la política.
Para que los ciudadanos sientan que la Unión Europea, sus políticas y sus instituciones les conciernen, corresponde en particular a los parlamentarios reflejar mejor las elecciones cruciales, las contradicciones, las diferencias de intereses y de proyectos que albergan los actores económicos y sociales en la escena europea. La actualidad cotidiana - transporte marítimo o harinas animales - nos indica que hay que regular y controlar mucho más los mercados y los operadores económicos, y oponerse a los intereses imperantes de beneficio y de corto plazo. Necesitamos una legislación europea mejor al servicio de una calidad de vida para todos y de la solidaridad social. Es nuestro combate prioritario para que la afirmación de los derechos fundamentales se materialice en elecciones políticas.

Krivine y Vachetta
. (FR) La social-democracia nos prometió que Europa dejaría de ser únicamente un mercado económico, una moneda y una máquina de liberalizar. Enriquecida por una carta de los "derechos fundamentales" , la Europa social se convertiría por fin en social.
Pero de eso, nada. Desde el punto de vista democrático y de las libertades, esta Carta supone una regresión social, muy por detrás de los tratados vigentes. Habrán hecho falta numerosas presiones para que el derecho a sindicarse y a ir a la huelga se haya incluido finalmente. Exceptuando algunas generalidades, las mujeres tienen derecho a "casarse y a formar una familia" . Por su parte, los inmigrantes tienen derecho a no ser "expulsados colectivamente" .
En cuanto a los derechos sociales, están ausentes. No hay derecho al trabajo, sino "derecho a trabajar" ; no hay derecho a la protección social o a una vivienda, sino "derecho a una ayuda social y a una ayuda para la vivienda" ; no hay derecho a la jubilación o a unos ingresos mínimos; los despidos no quedan prohibidos, sino que hay una "protección contra cualquier despido improcedente" . En realidad, la lucha contra la exclusión social queda relegada al rango de la asistencia, en lugar de imponer la exigencia de derechos elementales vinculantes para los empleadores y para los Estados. Por el contrario, la Carta, evidentemente, sitúa al derecho de propiedad y a la libertad de empresa en un lugar privilegiado.
Por todas estas razones, esta Carta no debe ser incorporada a los tratados de la Unión, y no podemos aceptar este texto en su estado actual.

Lienemann
. (FR) El procedimiento elegido para la elaboración y la adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales no deja al Parlamento Europeo, de hecho, más que una alternativa: aceptar o rechazar la Carta actual. Ante una elección tan binaria, mi voto no tiene ambigüedad alguna, aprueba el avance que supone esta Carta, un avance sin embargo muy relativo, tanto en relación con su contenido como en cuanto al alcance de este texto.
En primer lugar, conviene recordar el procedimiento empleado. A pesar de que el método de la Convención es interesante y fecundo para establecer un texto de base, buscando un amplio compromiso, nada justifica que se prive al Parlamento Europeo, que encarna la representación de los pueblos europeos, de la posibilidad de enmendar, de enriquecer el texto.
Sin embargo, cuando el historiador examina el modo en que han sido establecidas la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o las declaraciones internacionales de este tipo, descubre hasta qué punto el debate parlamentario, el mecanismo de la enmienda, han sabido aportar aliento, pertinencia, pero también ambición, a estos textos fundadores, todavía hoy llenos de fuerza.
Mientras que el debate institucional se compromete concomitantemente a la adopción de la Carta, todas y todos los que, como yo, deseamos una constitución europea, y pensamos que esta Carta puede servir de punto de partida para el preámbulo de una constitución como esa, deberíamos exigir que el Parlamento Europeo esté en condiciones de votar su contenido, en el marco de su intervención parlamentaria normal, a saber, deliberativa en cuanto al fondo.
En relación con este debate institucional, la inscripción de la Carta en nuestros Tratados de la UE es esencial, con el fin de que los derechos así promulgados puedan estar garantizados para todos, y de que las políticas públicas necesarias para su puesta en práctica puedan ser desarrolladas, bien por los Estados miembros, bien por la propia Unión, sin entrar en contradicción con los textos jurídicos existentes. No podemos dejar de constatar, en efecto, que la ley de la libre competencia, del mercado único, se impone con demasiada frecuencia a todas las demás exigencias y, de hecho, desprecia los derechos sociales y fundamentales. Ya hemos visto demasiados textos declarativos que no han tenido efecto alguno. He aquí, por tanto, la primera prioridad: dar a esta Carta un alcance jurídico efectivo.
Por otro lado, el contenido actual es, en algunos puntos, ambiguo e insuficiente. De entrada, las diferencias en la traducción entre el alemán y el francés no disipan las incógnitas sobre la referencia a los valores "religiosos" o "espirituales" . Por mi parte, estoy convencida de que el laicismo es un valor emancipador y de actualidad. Lamento la ambigüedad de los términos y la ausencia de una referencia más clara al laicismo.
En segundo lugar, el derecho al trabajo no se enuncia de manera directa. Todos nos damos cuenta de en qué medida una mención de que "toda persona tiene derecho a trabajar" es poco ambiciosa en este campo. Entre el hecho de no prohibir el acceso al trabajo y la acción encaminada a permitirlo, hay más que un matiz. Nuestra Carta debería haber enunciado claramente el derecho al trabajo, como también el derecho a la vivienda, proclamado igualmente con una fórmula indirecta y poco protectora.
Esta Carta debe ser mejorada, y nuestro Parlamento debe proponer una estrategia que permita su actualización y su enriquecimiento.

Martin, David
Voy a votar a favor de este informe y deseo hacer constar mi felicitación al Sr. Duff y al Sr. Voggenhuber por su función rectora del Parlamento en este asunto decisivo.
Estoy deseoso de que en Niza se proclame solemnemente la carta de Derechos Fundamentales.

Meijer
No niego que en la Carta figuran puntos con los que puedo estar de acuerdo. Los mismos puntos se recogen también en las constituciones nacionales, en el Convenio europeo para la protección de los derechos Humanos y en la Carta Social Europea. Hay muchas cosas que faltan en la Carta, a pesar de que los sindicatos, las organizaciones medioambientales y las asociaciones que defienden los derechos humanos han insistido en ello. Esto convierte a la Carta en un documento superfluo. Un documento de propaganda que da la impresión de regular algo precioso, pero que, en realidad, no lo hace. Es, además, un documento jurídicamente confuso, por el que las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo entrarán en conflicto con las del Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo. De esta forma, la Carta no es más que un instrumento de propaganda, a fin de mostrar cuán positiva es la existencia de una Unión Europea a la que todos debemos estar contentos de pertenecer. Sí afecta a las competencias nacionales de los Estados miembros, pero, además, no añade nada para los habitantes de Europa. No estoy de acuerdo con la adopción de la Carta, si no se introducen enmiendas que hagan más hincapié en los derechos fundamentales de carácter social y en el medio ambiente.

Modrow
. (DE) La "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" constituye un paso importante para concretar los valores comunes universalmente compartidos de la Unión Europea. Aun así, los siguientes motivos han determinado mi decisión de abstenerme a pesar de todo en la votación.
1. La Carta establece los derechos fundamentales importantes y en su presente forma no responde en aspectos importantes a las exigencias de la justicia social, tal como yo la entiendo. Por ejemplo, no incluye el derecho al trabajo ni el derecho a una vivienda. También faltan los deberes sociales vinculados a la propiedad. Ahora mismo ya se da por sentado que la Carta podría ser la base de una constitución europea. Con mayor razón es imprescindible el enraizamiento de los derechos sociales fundamentales en la misma.
2. La Carta es el resultado del trabajo de una Convención con una composición amplia, reunida en sesiones públicas. Esto representa sin duda un progreso cuando se trata de elaborar documentos de una importancia tan fundamental. No obstante, con ello no se cumple la pretendida concepción de la Unión Europea como una unión de pueblos y de sus ciudadanos. Para que la Carta pueda ser la expresión de los valores comunes de los pueblos de la Unión Europea es preciso que éstos también puedan discutirla. Por lo tanto, la Carta no se debería decidir y proclamar en el Consejo de Niza, sino que en dicha Cumbre se debería impulsar un debate europeo sobre la misma. Yo creo que esto sería una oportunidad para seguir configurando una Europa de los pueblos y con una amplia participación ciudadana.
3. En la Carta se formulan en parte grandes aspiraciones, pero falta la correspondiente obligatoriedad, de manera que las ciudadanas y ciudadanos no pueden exigir su cumplimiento ante los tribunales. La Europa de los ciudadanos a la que aspiramos debe ofrecer esta posibilidad.
Por estas consideraciones yo me he abstenido en la votación en el Pleno del Parlamento Europeo.

Provan
He votado a favor de la Carta de Derechos Fundamentales como declaración de intenciones.
Las cláusulas básicas son indiscutibles y todo el mundo debería apoyarlas. No va a haber un cambio en el equilibro de poderes entre la UE y los Estados miembros. Esta Carta es un documento declaratorio y esclarece la posición de la UE... en particular, para quienes pretenden unirse a la Europa ampliada.
Sin embargo, debemos oponernos firmemente a cualquier campaña en pro de una Carta jurídicamente vinculante, que sólo crearía incerteza jurídica. Evidentemente, este documento no es el idóneo para llegar a ser vinculante, pues no es un texto jurídico.

Queiró
Me he abstenido en la votación sobre la Carta de Derechos Fundamentales por entender que, antes de su aprobación o rechazo, era indispensable conocer el destino que le reservará el Consejo Europeo de Niza. ¿Tendrán sus cláusulas en el futuro un valor meramente proclamatorio o pasarán a ser, al contrario, vinculantes para las instituciones comunitarias y, por tanto, para los ciudadanos europeos?
Conocemos perfectamente la posición mayoritaria de este Parlamento. Los entusiastas del federalismo europeo ven en este catálogo de derechos el embrión de una futura constitución europea, a la que deberán ajustarse las constituciones nacionales de los Estados miembros. Comprendemos su posición cuando intentan atribuir un significado político cualitativamente diferente a un texto sobre derechos fundamentales, que no sólo es impreciso y genérico, sino que, además, resulta de discutible utilidad en una UE que no tiene déficit importantes ni en el plano normativo ni en el de la defensa y la aplicación de dichos derechos.
Por fortuna, la tendencia predominante de los Gobiernos nacionales parece indicar el camino del sentido común, es decir, la aceptación de la Carta con un alcance meramente político y no vinculante. Por tanto, el gran debate político sobre la Carta se dará primero entre los Gobiernos nacionales y después, si acaso, cuando este Parlamento afronte su decisión. En este momento y en consonancia con lo que he afirmado al comienzo de esta explicación de voto, no podría adoptar otra actitud que la de la abstención.

Sacrédeus
. (SV) El texto de la Carta de los Derechos Fundamentales contiene muchos aspectos importantes, esenciales desde la perspectiva del principio de la dignidad humana, que los cristianodemócratas suecos aplaudimos.
He optado por abstenerme en la votación en atención a la gran incertidumbre que reina en Suecia acerca de las ventajas de la obligatoriedad de la Carta y de su capacidad para concretar las aspiraciones que dice garantizar.

Scallon
En el debate celebrado hoy en esta Asamblea sobre la Carta de Derechos Humanos Fundamentales, el representante de la Comisión declaró que esta Carta era un primer paso hacia un documento jurídicamente vinculante. Orador tras orador, con pocas excepciones, se han referido a la necesidad de una Europa con derechos constitucionales.
Esas declaraciones confirman las preocupaciones expresadas en mi país, en el sentido de que esta Carta vaya encaminada a ser el preámbulo de una Constitución Europea.
Recientemente, nuestro Taoiseach, Sr. Ahern, declaró claramente que la Carta Europea de Derechos Humanos Fundamentales debe seguir siendo un documento político, no jurídico. Miembros del Gobierno irlandés han planteado recientemente cuestiones sobre si Bruselas amenaza la identidad irlandesa y el Sr. Ahern, al tiempo que afirmaba la adhesión de Irlanda a la UE como fundamental para su prosperidad y éxito económico, se resistió firmemente a cualquier paso rápido a una Europa más federal -centralizada-, pues rebasaría en gran medida lo que la mayoría de los Europeos desean -o están dispuestos a aceptar- actualmente.
A la luz de la posición nacional de Irlanda y en consonancia con los deseos de los ciudadanos de mi circunscripción, he de votar contra esta Carta de Derechos Humanos Fundamentales que, pese a ser una simple declaración política en este momento, va encaminada -resulta evidente- a ser un preámbulo de una Constitución Europea que tendrá prelación sobre la constitución de mi país y la voluntad del pueblo irlandés.

Souchet
. (FR) He votado en contra, absolutamente en contra del proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales que nos ha sido presentado.
Lo he hecho ante todo para denunciar el proceso antidemocrático del que es la culminación. De principio a fin, su elaboración habrá dado lugar a una serie de abusos de autoridad.
Abuso de autoridad semántico, desde el principio, con la cuestión del nombre de la instancia de la que emana esta Carta. Creada como "asamblea" por la Cumbre de Colonia, se autoproclamó "Convención" , un nombre que recuerda desafortunadamente a 1793 y a las implicaciones terroristas de la Revolución Francesa materializadas por otra Convención.
Abuso de autoridad contra los parlamentos. ¡Este texto, cuya versión definitiva ha sido ultimada por una Mesa de opaco funcionamiento, va a ser impuesto por el Tribunal de Justicia a los ciudadanos de nuestros países, a pesar de que ni siquiera habrá sido ratificado por nuestros parlamentos nacionales, que sin embargo ostentan una competencia exclusiva en materia de derechos humanos! En cuanto a los parlamentarios europeos, no solo se les ha impedido presentar enmiendas al texto de la Carta, sino que se les ha impuesto que la propia resolución no pueda ser votada más que en bloque, despreciando las reglas democráticas más elementales.
Abuso de autoridad contra una serie de derechos fundamentales que, de manera preocupante, han sido eliminados del texto. Así, el derecho absolutamente elemental y fundamental que tiene el niño a vivir con su padre y su madre no ha sido incluido, a pesar de que su inscripción ha sido expresa y reiteradamente solicitada por un cierto número de "convencionales" . El derecho elemental a una nación, igualmente reclamado, igualmente fundamental, también ha sido censurado. Cualquier referencia a la herencia religiosa de nuestras naciones, mencionada no obstante de forma expresa por la mayoría de los textos fundamentales que rigen nuestros Estados, incluida Francia, con la mención al Ser Supremo, ha sido eliminada, tras figurar en el texto inicial de la Carta, suprimida por presiones diversas, ejercidas especialmente, al parecer, por los representantes de máximo nivel de ciertos Estados miembros, en nombre de un oscurantismo que confunde el legítimo laicismo con la exclusión de cualquier referencia religiosa en el campo de las actividades públicas.
Al final, el regateo en el que inevitablemente desembocan este tipo de procesos ha terminado por situar en un lado de la balanza la noción de "herencia religiosa" de los Europeos, y en el otro la promoción de la "libre empresa" . Adivinen cuál de las dos se ha impuesto. Los límites de la regla del consenso aplicada en un marco como éste se ponen de manifiesto observando las descabelladas elecciones a las que conduce.
El texto de la Carta no tiene finalmente nada de europeo. Podría ser adoptado, en su configuración actual, por cualquier país del planeta. El destino de los procesos como éste es culminar en textos que forzosamente se sitúan en el menor denominador común. Más allá incluso de su carácter ilegítimo, ya que la Unión Europea no tiene ninguna competencia en materia de derechos humanos, ni siquiera es posible ver bien qué interés tiene el fondo de un ejercicio como éste, dado que, en Europa, nuestras libertades están admirablemente protegidas por los textos fundadores de nuestras naciones y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A cambio, el método empleado, las exclusiones proclamadas y la ambigüedad que rodea la propia naturaleza de este texto arrojan una luz bastante cruda sobre las nuevas efervescencias totalitarias que actúan en el corazón mismo del proceso de integración europea.
Informe Marinho (A5-0313/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, este informe del Sr. Marinho comienza a crear el futuro Derecho penal europeo. Los pensionistas están a favor de reforzar el Derecho penal no solo nacional, sino sobre todo europeo, ya que, lamentablemente, la delincuencia ya no es exclusiva de nuestros Estados, sino también de personas de otras nacionalidades. Los pensionistas y las personas mayores son de preferencia las víctimas de las acciones de la delincuencia. Evidentemente no de la delincuencia a gran escala que lleva al blanqueo de dinero contra el que luchamos, sino de aquellos pequeños delitos que genera y que hacen tan difícil la vida de todos, en particular de las personas mayores.

Berthu
. (FR) Ayer por la tarde examinamos cuatro proyectos de textos relativos a la lucha contra la delincuencia organizada, que en conjunto nos parecen bienvenidos, aunque los informes y las enmiendas del Parlamento Europeo sean, por su parte, más discutibles.
Estos textos tienen dos puntos en común. En primer lugar, se completan entre sí, ampliando las competencias de Europol, creando una unidad provisional de cooperación judicial, mejorando la ayuda judicial que los países miembros pueden prestarse mutuamente, y definiendo mejor las condiciones de la lucha contra el blanqueo de dinero, que es el resultado, la causa, o en todo caso el elemento obligado de numerosos delitos muy graves.
Además, todos estos textos se basan en iniciativas de países miembros, dado que quedan bajo la competencia bien del tercer pilar, bien del artículo 67 del TCE, en los que la Comisión no detenta el monopolio de la iniciativa. Subrayo de paso que a lo largo de este periodo de sesiones, un total de siete informes están originados por iniciativas nacionales, lo que demuestra que este sistema, allí dónde existe, es en el fondo muy productivo. Adicionalmente, desarrolla una cooperación más respetuosa con las soberanías nacionales, como queda probado por la iniciativa de la República Francesa relativa a la colaboración judicial en materia penal, objeto del informe Roure, que consigue conciliar la cooperación judicial con el respeto a los intereses esenciales de los Estados miembros.
En general, hemos apoyado estas iniciativas, salvo en los casos en que las enmiendas del Parlamento Europeo tendían a desnaturalizarlas demasiado en el sentido federalista. En cambio, lamentamos profundamente la devolución a comisión de un quinto texto, el informe Ceyhun, relativo a las dos iniciativas de la República Francesa destinadas a endurecer la represión de la inmigración clandestina. Los argumentos esgrimidos por el Parlamento Europeo son absolutamente falaces. En realidad, nuestra Asamblea quiere meterse en todo, pero huye de apoyar las decisiones que sin embargo son la esencia de las responsabilidades de los Estados para proteger a sus pueblos. Afortunadamente, el Parlamento Europeo todavía no tiene en este campo más que una función consultiva, a la espera de una aplicación total del Tratado de Amsterdam, pero encuentra la forma de ejercerla en el sentido equivocado, frenando las decisiones correctas.

Caudron
. (FR) Ya me he referido, este año, a la propuesta de modificación de la Directiva de 1991 relativa al blanqueo de dinero. El Parlamento Europeo ya había puesto de relieve las lagunas de esta directiva. La Comisión ha presentado recientemente una propuesta que tiene en cuenta las observaciones del Parlamento. La posición común del Consejo no se conoce oficialmente.
El informe que debatimos hoy refleja correctamente el compromiso que se asumió con ocasión del Consejo Europeo de Tampere, en Octubre de 1999, de luchar contra la plaga que supone el blanqueo de dinero, que representa anualmente entre el 2 y el 5% del PIB mundial.
La Presidencia francesa ha hecho de ello una prioridad de su agenda. Por ello, y a través de un conjunto de medidas legislativas, la Presidencia francesa pretende crear un marco jurídico suficientemente amplio para englobar el delito de blanqueo de capitales.
Por una parte, se nos propone ampliar las competencias de Europol al blanqueo de capitales (informe Karamanou); por otra, se nos propone una serie de medidas para favorecer la cooperación internacional en el ámbito de la colaboración judicial en materia penal (informe Roure). Ambos informes han sido sometidos a votación hoy. He votado a favor.
Por su parte, el informe Marinho pretende extender el principio del reconocimiento mutuo de las medidas nacionales de identificación, de detección, de retirada o de incautación y confiscación de los instrumentos y de los productos del delito, establecido por la posición común 98/6399/JAI en 1998, a las decisiones previas a la fase de enjuiciamiento, particularmente a las que permitiesen a las autoridades competentes actuar rápidamente para obtener elementos de prueba e incautarse de bienes fácilmente transferibles.
Estas medidas voluntaristas son absolutamente indispensables para combatir este fenómeno, que no ha parado de desarrollarse e internacionalizarse. "Está en la esencia misma de la delincuencia organizada. Hay que erradicarlo allí dónde exista" (Consejo Europeo de Tampere, en su conclusión 51).
Por ello, he votado a favor del informe Marinho, apoyando de este modo los esfuerzos de la Presidencia francesa.

Eriksson, Frahm, Seppänen y Sjöstedt
Aunque respaldamos la lucha contra el blanqueo de dinero y por ello nos sumamos también a la necesidad de que se dote a las autoridades relevantes de los instrumentos adecuados para tal objeto, no podemos votar a favor del informe del Sr. Marinho. Puesto que este informe, junto con los informes de las Sras. Karamanou y Roure, que asimismo votamos también hoy, propone una aproximación de los procedimientos penales de los Estados miembros para establecer marcos penales para el blanqueo de dinero, pensamos que con ello se da indirectamente un paso hacia la construcción de un sistema judicial comunitario dotado de tribunales, policía, jueces, normas de procedimiento, etc., un desarrollo que ni podemos ni queremos apoyar.
La lucha contra el blanqueo de dinero en cualquier caso se lleva a cabo en diversos ámbitos y partimos de la base de que no creemos necesario establecer marcos penales para ello en el ámbito comunitario.

Hager
. (DE) Es indiscutible que combatir el lavado de dinero tiene sentido y es una necesidad ineludible. En cambio, existen discrepancias en cuanto al procedimiento. La estipulación de unas penas mínimas en virtud de esta decisión marco genera, por ejemplo, problemas elementales de jurisdicción estatal. Dicha estipulación de unas penas mínimas entra en contradicción con los sistemas penales nacionales cuidadosamente meditados. Además, lo que se requiere es una armonización del marco penal, pero no su homogeneización.
La definición del marco penal debe seguir siendo competencia de los Estados como núcleo central de su soberanía interna, tal como se desprende de diversas consideraciones democráticas y constitucionales básicas.

Martin, David
Acojo con beneplácito este informe. En 1999 se propuso en Tampere una acción especial contra el blanqueo de capitales. El Consejo Europeo, tras tomar nota de que formas graves de delincuencia presentan cada vez más aspectos fiscales, pidió a los Estados miembros que se prestaran asistencia jurídica mutua en la investigación y persecución de ese tipo de delitos y para la aproximación de la legislación y los procedimientos penales en materia de blanqueo de capitales. Se aceptó que se debía aplicar el principio del reconocimiento mutuo también a las órdenes prejudiciales, en particular las que permitirían a las autoridades competentes obtener rápidamente pruebas y decomisar activos, que son fácilmente trasladables.
Mediante esta iniciativa, la Presidencia francesa propone la adopción de una decisión-marco para la aproximación de la legislación y los procedimientos penales sobre blanqueo de capitales (por ejemplo, rastrear, congelar y confiscar los fondos).
La aprobación de este informe y la iniciativa francesa contribuirán indudablemente a la lucha contra el blanqueo de capitales.

Meijer
La frontera entre hacer negocios y la delincuencia de cuello blanco y corbata resulta a menudo difícil de trazar. El tráfico de drogas, el tráfico de armas, el vertido ilegal de residuos, el desconcertar a los consumidores con productos de mala calidad, el secreto bancario y los paraísos fiscales contribuyen indudablemente al con frecuencia defendido crecimiento económico. Sin embargo, están claramente en contra de los intereses de la humanidad y de la conservación de nuestro medio de vida. El derecho a la propiedad parece casi sagrado. Hace un siglo era así y, después de conseguir que retrocediera algo, vuelve ahora con fuerza. De ahí que todo lo que se pueda hacer para expropiar a los que se benefician de prácticas financieras ilegales, signifique ir un paso por delante. Al mismo tiempo, esta cuestión debe ser abordada mediante el refuerzo de la cooperación policial europea. A veces, parece que este objetivo es en sí más importante que la lucha contra la delincuencia de cuello blanco y corbata. Semejante colaboración podría utilizarse en la práctica para perseguir otros objetivos que la lucha contra el blanqueo de dinero. Esto tendría consecuencias negativas para los derechos de los ciudadanos que no son culpables de esta forma de criminalidad. La mejor solución es, por tanto, la total publicidad de los libros de los bancos y de otras empresas, y el desarrollo de un control democrático de la economía.

Titley
Felicito a mi colega socialista el Sr. Marinho por su excelente informe sobre la intensificación de la lucha contra el blanqueo internacional de capitales y la delincuencia organizada. La delincuencia es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos a los que representamos y muchos de ellos son decididamente partidarios de que se encierre bajo llave a los delincuentes. Debemos ser severos con el delito y con las causas del delito de modo que de Manchester a Madrid nuestros ciudadanos estén seguros y reciban plena protección contra los delincuentes en toda Europa.
El blanqueo de capitales alimenta el comercio de tráfico de drogas. Es evidente que la legislación en vigor en la UE no es suficiente para detener la oleada de los 590.000 millones de dólares que, según se afirma, se blanquean todos los años a escala mundial. Acogemos con beneplácito la iniciativa de la Presidencia francesa encaminada a mejorar la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de afrontar el blanqueo de capitales y establecer penas uniformes. Todos los Estados miembros deben tipificar el blanqueo de capitales como un delito penal castigado como mínimo con una pena de cuatro años de reclusión.
Esta semana el Parlamento Europeo va a votar medidas suplementarias con vistas a adoptar una actitud severa con la delincuencia internacional. Estamos examinando la posibilidad de ampliar las atribuciones de Europol -la Oficina Europea de Policía- para que comprendan los delitos internacionales graves. También queremos eliminar los obstáculos jurídicos que impiden la extradición de delincuentes acusados de blanqueo de capitales u otros delitos conexos que entrañen la utilización de fondos ilícitos. Será un instrumento importante para permitir que los delincuentes sean juzgados en toda Europa.
Estos informes son decisivos para que el Mercado Único no se convierta en un mercado libre para delincuentes. Lo último que queremos es que el Mercado Único permita a los delincuentes entrar en el Mercado Único por la puerta trasera y sin ser vistos. Estas medidas formuladas por diputados socialistas al PE son un paso importante para luchar contra la delincuencia internacional, por lo que insto a la Asamblea a que apoye estos informes.
Informe Karamanou (A5-0312/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Karamanou que tiene otra finalidad importante en la lucha contra la delincuencia, esto es, crear una policía europea. Sin embargo, tengo una duda, ya que el otro día una pensionista, la Sra. Lucia Boroni, me dijo: "Estaba caminando por la calle y me robaron el bolso. Entonces allí cerca vi a un policía que llevaba escrito en su chaqueta "policía europeo" y le dije: ¿Por qué no persigue al ladrón que me ha robado el bolso? Y el policía me respondió: Existe el principio de no interferencia en las competencias nacionales, el principio de subsidiariedad. El ladrón era italiano, debía perseguirle un policía italiano. Yo soy el futuro policía europeo."
Espero que siga siendo una duda y no una realidad. ¡Quién sabe!

Kirkhope
Aunque vamos a apoyar el informe, nosotros, los conservadores británicos, abrigamos reservas particulares sobre los siguientes aspectos del informe: aplicación de la votación por mayoría cualificada -respecto de Europol el Consejo actuará mediante mayoría de dos tercios conforme al artículo VI del Tratado (letra b) del apartado 1 del artículo 1: enmienda 3); centralización de las competencias de Europol: el Tribunal de Justicia tendrá jurisdicción para dictaminar sobre cualquier diferencia o conflicto entre Estados miembros respecto de la interpretación o aplicación del Convenio (letra d) del apartado 1 del artículo 1: enmienda 5).

Martin, David
Si bien acojo con beneplácito una más estrecha cooperación entre las fuerzas de policía de los Estados miembros entre sí y por mediación de Europol, comparto las preocupaciones de la ponente sobre la falta de rendición democrática de cuentas de Europol.
Como el blanqueo de capitales adquiere vastas proporciones en todo el mundo, es evidente que Europol debe tener competencias para luchar contra él con vistas a idear una estrategia europea en materia de cooperación policial y judicial. Sin embargo, reviste importancia decisiva que los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo tengan acceso a la información sobre las actividades de Europol a fin de garantizar la rendición política de cuentas y velar por que el Tribunal Europeo desempeñe un papel a la hora de garantizar la responsabilidad judicial.
Informe Roure (A5-0314/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, he votado a favor del informe Roure. También éste es un texto que pretende luchar contra la delincuencia a través de la armonización de las normas penales. A este propósito, sin embargo, debo decir que el sábado pasado, en Curno, la ciudad donde resido, delante del banco en que cada mes los pensionistas van a cobrar su pensión, vi una larguísima cola de personas mayores y de pensionistas. Una de ellas, la última de la cola, me reconoció y me preguntó: "¿Por qué hay una cola tan larga?" Lo averigüé y le contesté: "Están comprobando si hay dinero negro, dadas las nuevas normas". "No importa" me dijo la pensionista, "blanco o negro, yo cobro el dinero de la pensión".
Esto es lo que espero que no ocurra con la implementación de este texto.

Knörr Borràs
. Los partidos que represento en esta Asamblea, Eusko Alkartasuna y Esquerra Republicana de Catalunya, apoyan plenamente el informe Roure relativo a la mejora de la asistencia judicial en materia penal, especialmente en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada, el blanqueo de los productos de infracciones y la delincuencia en materia financiera. Y apoyamos asimismo la futura creación de una convención que facilite la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de dinero, así como las diferentes medidas propuestas para alcanzar esos fines. La idea de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa es, obviamente, una aspiración que compartimos.
La limitación estricta de los motivos de denegación de la asistencia judicial por parte de los Estados únicamente a "intereses esenciales", superando así las nociones de soberanía, orden público y seguridad nacional vigentes hasta el momento, nos parece un paso hacia adelante, pero todavía insuficiente. Y ello, principalmente porque todavía nos parece inadmisible que se permita que un Estado pueda apelar a un "interés general" para poder negar la cooperación judicial en materia penal. Ello demuestra, una vez más, que a los Estados les queda mucho por aprender sobre el significado de soberanía compartida. Además, debo recordar, como diputado que represento a vascos y catalanes, que se sigue insistiendo en la cooperación entre Estados, sin tener en cuenta que en la UE operan otros cuerpos de policía que no son de ámbito estatal.
Este informe y, en general, el espacio de libertad, seguridad y justicia en Europa, se funda en la democracia y en el Estado de Derecho que debe reinar en la UE. Por ello, lo que más me preocupa del futuro de la cooperación judicial en la UE es que actualmente ciertos Estados están actualmente proponiendo reformas penales que rozan la vulneración de los derechos humanos. Como bien sabrán sus Señorías, el Gobierno español ha impulsado una reforma penal para endurecer las penas de ciertos tipos de delitos. En concreto, esta legislación especial contempla penas de reclusión de hasta diez años de cárcel para niños de 14 años, por no citar otras medidas.
Señorías, estamos convencidos de que Europa debe construir ese espacio de libertad, seguridad y justicia que tantas veces citamos en nuestras intervenciones. Seremos los primeros en apoyarlo. Pero llamo la atención sobre posibles reformas penales que pueden tener lugar en diferentes Estados -como, por ejemplo, en el Estado español, con el Partido Popular en el poder- aprovechando una coyuntura determinada, porque estas reformas no dejan de ser preocupantes para la Europa de las libertades y de la democracia.

Martin, David
Acojo con beneplácito el informe de la Sra. Roure sobre otra iniciativa de la Presidencia francesa: esta vez encaminada a intensificar la cooperación en la esfera jurídica para velar por que no se pongan obstáculos a fin de impedir la extradición de delincuentes acusados de blanqueo de capitales u otros delitos conexos que entrañen la utilización de fondos ilícitos.
El proyecto de convenio propone que no se pueda utilizar el secreto bancario como razón para rechazar una solicitud de información de un Estado miembro a otro sobre una persona de la que se sospeche que haya participado en un delito financiero. Además, la intención es que, los Estados miembros faciliten detalles, cuando se les soliciten, de todas las cuentas bancarias de que sean titulares los sospechosos. El objetivo del nuevo convenio es el de obligar a los Estados miembros a perseguir activamente las transacciones sospechosas.
Informe Gebhardt (A5-0317/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, éste es un texto - sobre el cual he votado a favor - que pretende lenta y gradualmente llegar a la creación de un juez único europeo. En efecto, se crea una Unidad provisional, integrada por un representante de los jueces o de los policías que ejercen una actividad de juez en nuestros quince Estados miembros. Sin embargo, me habría gustado que se incluyera en este órgano a un representante de los abogados de cada uno de los Estados, ya que creo que en el momento en que se ha de crear algo nuevo en el ámbito jurídico, conviene escuchar no solo a los jueces que juzgan, sino también a los abogados que tienen una amplia experiencia en la materia. Digo esto no sólo porque mi hija acaba de licenciarse en Derecho con todos los honores.

Frahm y Sjöstedt
La finalidad no disimulada del informe Gebhardt de institucionalizar y colocar por encima de los estados la cooperación judicial mediante la creación de Eurojust está fundada en una premisa que resulta especialmente problemática. No hay una, sino quince culturas diferentes en materia de política judicial y quince sistemas judiciales diferentes en la UE. Incorporar estas diferentes tradiciones judiciales a la burocracia comunitaria daría por resultado un sistema elitista y opaco sin ninguna forma de respaldo popular. Un sistema semejante tampoco podría solucionar los problemas a los que se enfrentan los países miembros.
También nos oponemos firmemente a convertir la UE en un "Estado de derecho" mediante el establecimiento de órganos provistos de "un equilibrio y un funcionamiento independiente de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial" . Siguen siendo los países miembros como Estados de derecho quienes deben constituir el núcleo de la cooperación europea. Por ello votamos en contra del informe.
Informe Langenhagen (A5-0310/2000)

Fatuzzo
Señora Presidenta, éste es el único informe que no he apoyado. He votado en contra de este texto porque me sorprendí al leer la exposición de motivos de la ponente, Sra. Langenhagen, que afirma claramente que los procedimientos empleados en la ejecución de este programa que ha asignado 665 millones de euros, no han sido correctos. Lamentablemente, se menciona que algunos miembros de las comisiones que debían asignar los fondos europeos para la investigación en los sectores de la caza y de la pesca eran también beneficiarios de estas investigaciones. Por lo tanto, creo que hay que prestar más atención que la que se presta a la gestión de nuestras actividades financieras en lo que a los planes de investigación de refiere.
(La sesión, interrumpida a las 12.52 horas, se reanuda a las 15 horas)

Turquía (continuación)
Sommer
Señor Presidente, en mi calidad de miembro de la Comisión parlamentaria mixta UE-Turquía, dedico una intensa atención al proyecto de adhesión de Turquía. Yo quisiera resaltar en particular hoy aquí la petición del colega Morillon por la que se propone la creación de un Foro euroturco en el marco de esta Asamblea y pedir, además, a los Parlamentos nacionales de nuestros Estados miembros que adopten posición públicamente sobre el proyecto de adhesión de Turquía. Por una parte, esto es importante para Turquía, pero sobre todo también lo es para los Estados miembros y para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Nuestros Gobiernos aprobaron en Helsinki la posible adhesión de Turquía. Esta decisión sorprendió a las respectivas poblaciones y muchos todavía no logran comprenderla, puesto que no se ofrece a la propia población un foro donde poder discutirla y, como resultado, el tema se discute a hurtadillas, sin información objetiva y sin conocer el trasfondo de la decisión de Helsinki. Esto genera una posición en contra que no podemos permitirnos, habida cuenta de los numerosos emigrantes turcos que ya viven entre nosotros, y que tampoco debemos permitir a la vista de la creciente xenofobia.
Mis colegas de la Gran Asamblea Nacional Turca también lamentan esta situación, concretamente, que nadie se muestre dispuesto a hablar abiertamente con ellos, ningún miembro de los Gobiernos o Parlamentos nacionales, pero tampoco casi ningún representante de las instituciones europeas. Evidentemente se celebran conversaciones informales, pero prácticamente ningún encuentro oficial. Una casi tiene la impresión de que existe algún tipo de "pacto de caballeros" por el que sólo se habla de la adhesión de Turquía a hurtadillas, lejos de las miradas de todos. ¿Qué es lo que se teme? ¿La decisión de Helsinki fue precipitada? La euforia inicial del Consejo y la Comisión se ha enfriado visiblemente. Justamente en lo que respecta a los criterios políticos, Turquía no ha realizado hasta ahora ningún progreso significativo más allá de algunas declaraciones de intenciones.
Por consiguiente, es particularmente importante que el proyecto de adhesión de Turquía se empiece a debatir ya, casi un año después de Helsinki, en nuestros Parlamentos nacionales y con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Se lo debemos a Turquía y también a nuestra propia población. Además, un debate de esas características quizá también podría contribuir a la integración de los emigrantes procedentes de Turquía que viven entre nosotros.

Färm
Señor Presidente, si Turquía fuese miembro de la UE sería el país con más población después de Alemania. Sería el primer miembro geográficamente unido con Asia y con una gran tradición musulmana. Desgraciadamente, no sólo es un gran país, sino que, además, da la impresión de que su democracia es inestable.
Todos estos factores demuestran que la solicitud de adhesión de Turquía es uno de los asuntos más importantes para el futuro de la Unión. El informe periódico sobre ampliación de la Comisión confirma los avances. Pero demuestra también grandes deficiencias en materia de democracia, de derechos humanos y de trato a las minorías étnicas, por ejemplo, los kurdos. Turquía no ha hecho los avances que se esperaban. Todavía se tortura y los militares tienen un papel político demasiado grande. Tampoco es aceptable el papel de Turquía en Chipre.
Mi tarea aquí es representar a los diputados del PSE en la Comisión de Presupuestos. Obviamente en materias económicas. Desde un punto de vista económico, la pobreza, la inflación y el déficit presupuestario son problemas de carácter general, de igual manera que las injustas consecuencias sociales de los avances económicos. En este campo se necesitan profundas reformas estructurales.
El informe Seppänen se ocupa de extender las facultades y el mandato del Banco Europeo de Inversiones para que pueda actuar en Turquía. Institucionalmente, este asunto se funda en la unión aduanera existente con Turquía desde hace muchos años. Sin embargo, esa unión aduanera necesita ser fortalecida mediante un programa especial de medidas del Banco Europeo de Inversiones, puesto que Turquía, desde el punto de vista del Banco, todavía no forma parte del círculo de países que pueden obtener ayudas de preadhesión.
Creemos que es muy importante que la UE, a través del BEI, apoye activamente el desarrollo en Turquía, para que cuanto antes pueda poner en marcha un proceso concreto que le permita cumplir con los criterios de Copenhague. Por eso, las exigencias en materia de democracia y de derechos humanos también deben incluirse en las actividades de financiación del BEI. Concretamente, se trata de la posibilidad de financiar proyectos en Turquía por una cantidad de 450 millones de euros hasta el año 2004. Turquía ya tiene derecho a ayudas financieras en muchos contextos, pero la Comisión quiere apostar por el fortalecimiento económico, especialmente en materia de infraestructuras, para aumentar la competitividad del país.
Permítanme hacer un comentario sobre los principios que rigen el procedimiento, independientemente del tema de fondo. Éste es un procedimiento de consulta, pero lo razonable sería obviamente un procedimiento de codecisión, puesto que estas decisiones van a tener como consecuencia que sea necesario ajustar los presupuestos. Esto vale especialmente en esta etapa en la que cada vez más utilizamos los dineros del BEI pero sin cubrir completamente los riesgos económicos que tomamos. Cuando el BEI presta dinero a países que no son miembros de la Unión, debería hacerlo previa consulta con el Parlamento sobre las prioridades políticas que conviene hacer en estas actividades del Banco, esencialmente vinculadas con la política exterior.
El actual problema presupuestario es que se están terminando las reservas de los fondos de garantía. Aumentamos los compromisos del Banco Europeo de Inversiones pero las reservas de préstamos del presupuesto comunitario no aumentan en la misma medida, y nos hemos comprometido a financiar el 65 por ciento si un préstamo no puede ser pagado. Las reservas de los fondos de garantía son tan exiguas que podrían llegar a impedir a la Unión usar al BEI como instrumento si ocurriesen nuevos hechos que necesitasen medidas de este carácter.
A pesar de esta preocupación, la Comisión de Presupuestos propone que el Parlamento apruebe la propuesta de la Comisión. Sin embargo, respaldamos la crítica del ponente en cuanto a que se necesita una evaluación en torno a la concesión de préstamos del BEI y a que hay deficiencias en materias de transparencia y de control democrático en las actividades del Banco.
Votamos a favor porque opinamos que es importante contribuir a un desarrollo más favorable en algunos campos en los que Turquía aún tiene deficiencias y, en este caso, especialmente en el económico.

Ludford
El Sr. Morillon ha escrito un buen informe en el que subraya que ni las objeciones religiosas ni las consideraciones geoestratégicas son factores decisivos para la adhesión de Turquía.
El imperativo de Turquía con vistas a cumplir los criterios de Copenhague es el de reformar no sólo la constitución, sino también su inspiración política e intelectual. En la Europa occidental las ideas de pluralismo e identidades diferenciadas dentro del mismo Estado han propiciado el reconocimiento de los derechos, políticos, lingüísticos y culturales y el traspaso de competencias. Turquía debe adoptar esas ideas europeas modernas de la diversidad y del derecho a ser diferente. La ideología kemalista, que era moderna en el decenio de 1930, no lo es en 2000. A eso se deben mis enmiendas sobre la necesidad de una solución política para el pueblo kurdo.
Es inaceptable que la Comisión omitiera mención alguna a los kurdos en el documento sobre la asociación para la adhesión, pese a que se mencionaran en sucesivos informes periódicos y el Sr. Verheugen los ha mencionado esta mañana.
Espero que el Parlamento y el Consejo remedien esa omisión. No ayuda a Turquía ni a la Unión Europea a adoptar una actitud pusilánime sobre esta cuestión, la causa más importante de la deficiente ejecutoria de Turquía en materia de derechos humanos. Mientras no haya una solución para los kurdos, no se cumplirán los criterios de Copenhague, por lo que pido al Parlamento que apruebe mis enmiendas y al Consejo y al Parlamento que insistan en que una solución para los kurdos es la clave para desbloquear el problema del cumplimiento por parte de Turquía de los criterios de Copenhague.

Isler Béguin
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, como miembro de la delegación de los tres países del Cáucaso Meridional - Georgia, Armenia, Azerbaidjan -, apoyo totalmente el informe del Sr. Morillon y respaldo muy particularmente su artículo 18, que invita al gobierno turco a mejorar las relaciones con sus vecinos del Cáucaso.
Si existen relaciones privilegiadas entre Azerbaidjan y Turquía, no podemos decir lo mismo de Armenia, país contra el que Turquía mantiene un bloqueo comercial inaceptable tras haber obtenido el estatus de país candidato a la Unión Europea. El contencioso relativo al reconocimiento del genocidio armenio debería igualmente ser resuelto, con el fin de que las relaciones diplomáticas y comerciales pudieran normalizarse, más aún considerando que Turquía desempeña un papel primordial en el proyecto de construcción de un oleoducto que conducirá el petróleo del Mar Caspio hacia el puerto turco de Djian, sobre el Mediterráneo.
Turquía tendrá también que asimilar la idea de medio ambiente, en particular para los proyectos tales como la creación de grandes presas, que influirán necesariamente sobre el funcionamiento hidráulico de los países vecinos.

Zaharakis
Señor Presidente, quiero felicitar al general Morillon por el informe tan juicioso que ha redactado en unas condiciones como estas. Todos sabemos cuán difícilmente se hace frente, en casos problemáticos semejantes, a la aspiración de servir a intereses y conveniencias políticas, económicas, etc. en detrimento de los principios y de las normas del derecho, normalmente con el método de los dos pesos y las dos medidas.
Por eso, destaco la franqueza que en general, caracteriza el informe Morillon. Aunque creo que una formulación más llana de algunos de sus puntos daría una imagen más exacta de los elementos con que contamos para evaluar la marcha de Turquía hacia la adhesión. En este marco subrayo la conclusión básica del artículo 22 que dice que Turquía no cumple los criterios políticos de Copenhague y hago notar la cantidad de condenas de sus acciones y de sus omisiones en el ámbito de los derechos humanos, de las libertades democráticas y de su comportamiento internacional, así como las recomendaciones relativas del Parlamento Europeo a este país para que se avenga a los valores europeos debidos.
Por otra parte, a pesar de la mención expresa de los apartados I, J, 12 y 17 de flagrantes infracciones turcas de estos valores, sobre todo con el ejército chipriota de ocupación, que Turquía debe retirar, el hecho es que sería preferible la denuncia inequívoca de la responsabilidad histórica y actual de Turquía en problemas como su constante intransigencia y el consiguiente callejón sin salida de la cuestión de Chipre -en que debemos señalar que ya se entrevé la intención de Turquía de provocar una nueva crisis-, el desprecio a los tratados internacionales mediante su política expansionista frente a Grecia, el silenciamiento de la verdad histórica sobre el genocidio de los armenios, el desprecio de los derechos fundamentales que como minoría merecen los kurdos.
Algo así quizá le sería útil a la propia Turquía porque daría un mensaje más correcto a cualquiera de sus fuerzas que aspire realmente a su modernización, y reforzaría sus esfuerzos por garantizar las condiciones imprescindibles para su perspectiva europea, para que, posiblemente, se convenzan cuantos - muchos - ponen en duda con argumentos de peso, incluso la fiabilidad de esta perspectiva.

Katiforis
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, estimados colegas; tal como ha dicho hoy por la mañana el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, nuestro debate es muy de actualidad porque viene a coincidir con los textos que ha preparado la Comisión, el informe sobre los progresos de Turquía y, por supuesto, principalmente con el texto sobre la asociación.
Es el primer paso importante que tiene lugar en el proceso de adhesión de Turquía para que este último se empiece a aplicar en la práctica. Por nuestra parte creemos que esto es algo que debemos aplaudir. Turquía, con toda su diferenciación, siempre ha sido y sigue siendo una parte inseparable de la realidad europea. Las antiguas rivalidades no pueden anular la presencia de Turquía en la vida de los estados europeos. Creo que si Europa consigue aceptar positivamente y anexionar a Turquía en su seno, con su diferenciación, habrá realizado un gran salto político y cultural. Habrá demostrado la universalidad de nuestros principios, que no se basan en el aplastamiento del carácter de los socios, sino en la síntesis de sus distintas idiosincrasias.
Naturalmente, para que haya síntesis, debe haber también un espacio común. Nuestro ponente, con su excelente informe, por el que yo también quiero expresarle mi agradecimiento, ha buscado y ha indicado a Turquía este espacio común. El espacio común se llama democracia, que presupone la expresión libre de la opinión, es decir, derechos humanos y políticos iguales para todos, independientemente del origen, y también la elección libre del gobierno con elecciones libres, elecciones realmente libres y solamente libres, algo que, por supuesto, es incompatible con el funcionamiento de centros de poder autónomos, y mucho más incompatible con centros de superpoder militar. Si hay algo más que se pudiera pedir del informe Morillon es que en este punto podría ser más claro en que no puede haber funcionamiento de la democracia y adhesión de Turquía sin anular este superpoder militar, que además está consolidado constitucionalmente. La democracia es incompatible con funcionamientos políticos legislados de las fuerzas armadas y naturalmente es contraria a la intervención esencial del ejército en la vida política, amparada o sin amparar por la Constitución.
También es natural exigir a un país democrático un comportamiento pacífico frente a sus vecinos, especialmente cuando resulta que estos van a ser futuros socios. Y desde este punto de vista es acertada la referencia condenatoria al bombardeo de la aviación turca a Kendakor, y también es natural subrayar y recordar al Gobierno turco ayudar en las negociaciones entre turcochipriotas y grecochipriotas sin condiciones preparatorias.
Señor Presidente, nos intranquiliza el hecho de que no se oiga en estos días ningún empuje en esta dirección por parte de la prensa ni de las personalidades turcas, sino que más bien hay un intento de reacción. Espero que Turquía vuelva a estudiar la cuestión de una forma más seria y que asuma sus responsabilidades.

Nicholson of Winterbourne
Señor Presidente, es de lamentar que nuestro debate de hoy haya quedado empañado por un pequeño grupo de enmiendas hostiles. Las han presentado los Grupos TDI, GUE y otros. Me parecen impropias, desacertadas, inoportunas e inadecuadas, porque son enmiendas que utilizan tres palabras "genocidio", "musulmán" y "asiático" de un modo racista, peyorativo y discriminatorio y que causa la erección de obstáculos impenetrables y falsos contra la adhesión de Turquía a la Unión.
Los musulmanes siguen una de los tres credos abrahámicos. El islam es hermano del cristianismo y del judaísmo: en este contexto, se emplea "asiático" como un deplorable término racista que se debe suprimir. Turquía no es responsable de la matanza armenia. Si aceptamos eso, ¿colocaremos después todos los crímenes contra la Humanidad del Imperio otomano a las puertas de la Turquía moderna? De hecho, no se ha ampliado el Convenio de las Naciones Unidas de 1948 para que incluya la tragedia armenia. Hasta que así sea, no creo que este Parlamento deba actuar de forma diferente. Acojo con beneplácito los prudentes avances de Turquía hacia la Unión y apoyo a la Comisión y el informe Morillon.

Boudjenah
La adhesión de Turquía a la Unión Europea se ha convertido más que nunca en un tema a la orden del día.
No soy de los que esgrimen el argumento religioso para rechazar esta posibilidad. Pienso en concreto en el reconocimiento del genocidio armenio en 1915. Ahora que Francia preside la Unión, el Senado acaba de cumplir con este trámite, dos años y medio después que la Asamblea Nacional.
Reconocer este genocidio no viene a significar que la Turquía de hoy en día sea una nación bárbara. Por el contrario, una nación no puede dejar de engrandecerse al mirar de frente a su pasado. ¿Cómo podría Europa tener credibilidad frente a los actos violentos perpetrados por los Estados hoy en el mundo, que a veces llegan al genocidio, si acogiese a Turquía borrando la historia? Además, la negación y la represión continuadas contra el pueblo kurdo siguen siendo tan escandalosas como inaceptables. La diputada Leyla Zana, titular del Premio Sakharov, encarcelada desde 1995 por el mero hecho de haber hablado en kurdo dentro del Parlamento turco, sigue en prisión. Nuestro Parlamento ha reafirmado estos hechos en varias ocasiones. Nada justificaría que los omitiésemos hoy.

Sacrédeus
Señor Presidente, en el punto 17 del informe Morillon se señala que el Parlamento Europeo "insta al gobierno turco a que retire sus tropas de ocupación del norte de Chipre" . Yo soy el autor de este párrafo, mediante la enmienda 72 aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa el 10 de octubre de 2000.
Quisiera dirigirme especialmente al Comisario Verheugen, responsable de la ampliación, y a la Presidencia francesa. Casi el 40 por ciento de Chipre está ocupado por tropas extranjeras, por soldados turcos. Nicosia es hoy, doce años después de la caída del muro de Berlín, la única capital europea dividida. Chipre, la isla de San Pablo y San Bernabé, históricamente no ha estado dividida, pero sí lo ha estado los últimos 26 años, a causa de una invasión extranjera.
Las cuatro libertades de la UE no pueden aplicarse en toda la isla a causa de la división. ¿Es posible que Turquía pueda iniciar negociaciones de adhesión sin que las cuatro libertades sean aplicables en Chipre? ¿No debería ser Nicosia una ciudad unificada y Chipre un país unificado? ¿No tendrían que retirarse las tropas de ocupación?
En anteriores intervenciones se ha mencionado el genocidio en Armenia. Tuvo lugar sólo 24 años antes de la era de Hitler y antes de la Segunda Guerra mundial, en la que éste puso en marcha el exterminio judío. El mismo Hitler aludía a este genocidio como algo olvidado. ¡Turquía tiene que ajustar cuentas con la verdad!

Schulz
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas. El Sr. Morillon expone en el punto D de su informe una consideración fundamental, que yo creo que debería ocupar un lugar significativo en el presente debate.
El Sr. Morillon dice que Turquía debe procurar no ver a la Unión Europea como un "club cristiano exclusivo" que desea excluirla. Esta afirmación exige la declaración recíproca de que la Unión Europea no es un "club cristiano exclusivo" que quiera, pueda o deba excluir a Turquía con argumentos religiosos o de relativismo cultural. Dicha declaración debe señalar que un Estado dotado de una constitución laica y habitado por una población predominantemente musulmana, basado en los valores sobre los que también se fundamenta la Unión Europea -libertad, igualdad, tolerancia- podría enriquecer a la Unión Europea. Ésta, en efecto, no se basa en valores religiosos, sino en valores procedentes de la Ilustración y que se han incorporado a las constituciones de los Estados miembros, con total independencia de la orientación religiosa de cada persona o de cada Estado y sus habitantes, y también a la concepción de los derechos fundamentales propia de la Unión, tal como hemos podido constatar hoy en el debate sobre la Carta de los Derechos Fundamentales. Es decir, que Turquía como un Estado democrático de Derecho con una división de poderes y basado en unos valores fundamentales, tal como nosotros los entendemos, supondría un enriquecimiento para la Unión Europea.
El informe del Sr. Morillon también señala, no obstante, a la vez que Turquía está lejos de cumplir estos requisitos. Los criterios de Copenhague son hasta cierto punto criterios económicos, pero también se centran exactamente en los puntos citados. Lo que debemos preguntarnos es: ¿en qué medida se han hecho realidad en Turquía la tolerancia, el Estado democrático de Derecho, la división de poderes y su respeto? En este sentido debemos constatar -y así lo indica también el informe del Sr. Morillon- que esto no se cumple aún en un grado suficiente y que Turquía debe seguir perseverando en sus esfuerzos.

Papayannakis
Señor Presidente, no estamos debatiendo sobre cómo va a entrar la Unión Europea en Turquía, sino Turquía en la Unión Europea, en lo que estoy completamente de acuerdo. Además creo que el informe de nuestro colega, Sr. Morrillón muestra el camino por el que esto se puede hacer. Y por esta razón quisiera dirigirme al Sr. Comisario y al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo y preguntarles, ya que estén tan de acuerdo con el informe Morrillon -como nos han dicho- ¿por qué no se inspiran y enriquecen el texto de la asociación, que tal como está formulado faltan temas de debate serio con Turquía, como el de los kurdos, la cuestión de Chipre, la coexistencia pacífica y sin amenazas con los países limítrofes de Turquía?
En cuanto al genocidio de los armenios, señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo en que no debe ser una condición para la anexión de Turquía. Sin embargo, aquí estamos debatiendo sobre lo que decimos y recordamos. Turquía será un país plenamente democrático cuando aprenda a vivir con su pasado, igual que la Alemania democrática aprendió a vivir con el suyo y se lo pedimos también a ella.

Langen
Señor Presidente, yo quiero felicitar sinceramente al general Morillon por su informe, pues en él demuestra sobre todo capacidad de diagnóstico, sin olvidar no obstante la claridad. Además de aclarar cuánto le falta todavía a Turquía para cumplir los criterios de Copenhague, el Sr. Morillon enumera las condiciones adicionales que también debe cumplir. Entre éstas figuran, por una parte, la cuestión de Chipre y el papel del Ejército turco y, en particular, del Consejo de Seguridad Nacional -cuya preeminencia contradice el principio de la democracia-, pero sobre todo también la cuestión kurda y, no en último término, también el conflicto virulento con Grecia, que será necesario desactivar contando también con la iniciativa de Turquía.
El señor Comisario Verheugen ha expuesto que sobre todo es necesario que se cumplan los criterios políticos. Como todos ustedes saben, en nuestro Grupo existía un gran escepticismo en relación con el reconocimiento del estatuto candidato; no obstante, también nos complace constatar que, ahora que ya tiene el estatuto de candidato, Turquía se ha puesto manos a la obra y ha adoptado la decisión de realizar reformas con el fin de cumplir las exigencias de la Unión Europea. La responsabilidad es de Turquía.
Yo quisiera añadir algunos criterios económicos. En primer lugar, la alta tasa de inflación, que era superior al 100% y todavía supera el 50%, el fuerte endeudamiento público, condicionado por la sobrecarga del presupuesto estatal debido a los gastos militares y al conflicto militar con el PKK, los elevados tipos de interés reales, un sector estatal que sigue siendo dominante, enormes diferencias regionales dentro de Turquía, con diferencias interiores en los niveles de bienestar del orden de 1:10, que en la Unión Europea serían absolutamente inadmisibles, un nivel educativo distinto, analfabetismo, que todavía es de un 27,6% entre las mujeres, una serie de cuestiones, en suma, que le corresponde a Turquía resolver.
El optimismo del Primer Ministro en funciones, Mesut Yilmaz, por ejemplo, en el sentido de que en 2002 ya se podrían cumplir los criterios de Maastricht, es exagerado a mi parecer. Turquía debe saber que ha iniciado un camino difícil, que tendrá que renunciar a parte de su soberanía y que tiene que hacer un esfuerzo. Nosotros estamos dispuestos a acompañarla en este camino, a no ponerle obstáculos y, sobre todo, a cumplir nuestros compromisos financieros.

Poos
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, queridos colegas, deseo tomar la palabra en este debate en mi condición de ponente para la adhesión de Chipre. Dado que Turquía y Chipre son candidatos a la adhesión a la Unión Europea, cada vez es más evidente que la solución a la cuestión chipriota se convierte en un problema de política interior. Nos ha sido confirmado por el Comisario Günther Verheugen que Chipre juega un papel importante en las negociaciones actualmente llevadas a cabo con Turquía. No podría ser de otro modo, dado el peso político y militar de Turquía en la zona norte de la isla de Chipre.
Nuestro ponente, el Sr. Morillon, merece nuestra enhorabuena por haber mencionado la solución al problema de Chipre como una de las condiciones previas a la adhesión de Turquía. Nadie comprendería, escribe, que Chipre estuviese dividida por un muro, igual a los muchos que felizmente se han derribado a lo largo de la última década. Para que este muro anacrónico caiga, ahora es necesario que Turquía se pliegue a las resoluciones del Consejo de Seguridad que le invitan a retirar sus tropas de ocupación del norte de la isla. El Párrafo 17 de nuestra propuesta de resolución lo pide expresamente.
Es el momento de que Turquía escuche a los chipriotas turcos, cuya inmensa mayoría quiere superar las discrepancias del pasado e integrarse en Europa con los ciudadanos chipriotas griegos. Si, por el contrario, Turquía sigue alimentando las veleidades independentistas, incluso anexionistas, del régimen no reconocido del norte de Chipre, hará fracasar las negociaciones locales y será responsable de ello. A medio plazo, una actitud como ésta será un obstáculo insuperable para la adhesión de Turquía. Una de las tres condiciones mencionadas por el informe Morillon y que el Parlamento hará suya seguirá entonces quedando en suspenso.
En cuanto las autoridades de Ankara hayan comprendido que el statu quo es inaceptable para Europa y para el resto del mundo, se podrán realizar importantes progresos: la isla podrá ser reunificada y mañana se aportará una reglamentación global justa, duradera y conforme con el derecho internacional.

Van Orden
Señor Presidente, hay muchos aspectos loables en esta resolución sobre el avance de Turquía hacia la adhesión: en particular, la petición a la Comisión de que aplique una estrategia de preadhesión con los recursos adecuados. Pero, ¿dónde está el beneplácito ante la decisión de Helsinki de conceder a Turquía la condición de candidato? ¿Dónde está el reconocimiento en la resolución -y aquí cito de la exposición de motivos que acompaña la resolución- de "los notables esfuerzos que está haciendo Turquía para adaptar sus estructuras a las prescripciones de la UE"? De hecho, es una lástima que no se hablara de Turquía en el debate más amplio sobre la ampliación en el marco de los otros países candidatos.
Naturalmente, los pueblos de origen kurdo, así como otras minorías culturales y lingüísticas no deben ser objeto de discriminación política, económica ni de otra índole y deben tener la oportunidad de expresarse con libertad, pero esa expresión debe ser con medios enteramente pacíficos sin intimidación ni terrorismo. Debemos recordar que la retirada de Turquía de la órbita occidental era un objetivo primordial de la política soviética a lo largo de todo el período de la guerra fría y que el PKK fue apoyado como instrumento de esa política. ¿Dónde está la petición en esta resolución de que los representantes de las minorías renuncien a la violencia? La paz civil es un requisito previo para la inversión y el progreso económico. El terrorismo ha sido un obstáculo para ese progreso.
También debe quedar claro que frustrando el avance turco hacia la adhesión no se contribuirá a la resolución de problemas extraordinariamente difíciles como el de Chipre, que requiere el asentimiento de toda la población de Chipre. Al fin y al cabo, Turquía, junto con Grecia y el Reino Unido, es una de las potencias garantes en relación con Chipre.
Advierto un nerviosismo en aumento en este Parlamento sobre las posibles repercusiones de la adhesión de Turquía a la Unión. Podríamos decir que hay un nerviosismo en aumento entre los ciudadanos de muchos de los Estados miembros actuales sobre la paz y la intensidad de la integración política dentro de la UE y el hilo izquierdista que recorre ese tejido resulta cada vez más visible. ¡Cuánto más deseable y aceptable sería el objetivo de una comunidad menos rígida de Estados-nación que comerciaran en libertad y actuaran al unísono respecto de una gama limitada de sectores normativos y cuanto más fácil resultaría entonces dar cabida a un país como Turquía!

Korakas
Señor Presidente, no podemos votar a favor del informe Morillon porque estamos seguros de que, contrariamente a lo que afirma, y muchos en Turquía así lo esperan, el proceso de adhesión no va a mejorar la vida de los pueblos. Por el contrario la va a hacer más difícil. A qué fin está sirviendo, objetivamente, el informe se ve en el proyecto de resolución con las referencias al producto interior bruto de Turquía, al elevado porcentaje de sus intercambios con la Unión Europea, a las reformas económicas, liberales antipopulares, a la aceleración de las privatizaciones y al refuerzo de las normas del libre mercado que ha votado el Parlamento Turco por exigencias del Fondo Monetario Internacional.
Es característica también la alegría que se expresa en la resolución por la intención de Turquía de poner a disposición de la UE parte de su potencial militar en el marco de la política común europea de seguridad y de defensa. Es decir, estamos hablando de una sumisión aún mayor de Turquía a los objetivos económicos, políticos y militares del gran capital de la Unión Europea.
Por supuesto, no ignoramos las referencias positivas de la resolución, como los derechos humanos; aunque entiende algunos artificios del régimen como progresos, ignorando el número de los 10.000 a 15.000 presos políticos. También son positivas las referencias a la cuestión de Chipre y a la demanda de la retirada de sus tropas de ocupación, así como a la necesidad de respetar las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como en el caso Loizidou, a la necesidad de una solución política del problema kurdo, a los bombardeos de Irak. Pero nos tememos que, una vez más, todo se va a quedar en nada. De verdad, ¿por qué no se incluye todo esto en el informe de la Comisión Europea?
Para nosotros, queda sin resolver el tema principal: A pesar de lo que muchos afirman, Turquía, con la Unión Aduanera en 1995 y con su proclamación como país candidato a la adhesión en 1999, no sólo no ha mejorado la vida de sus pueblos, sino que, en algunos sectores, la ha hecho más difícil. Seguro que el proceso de su adhesión y la propia adhesión van a dificultar aún más su vida, sobre todo en los sectores económico y social. También es seguro que su financiación, sea cual sea, va a ser utilizada para reforzar los mecanismos de represión y a animar al régimen a continuar con su política actual.
Por otra parte, no reconocemos en los círculos principales de la Unión Europea el papel de defensor de los derechos humanos. Su acción hasta ahora ha demostrado lo contrario. Precisamente por eso, nuestro sentimiento de solidaridad con los pueblos de Turquía nos hace ser contrarios a su adhesión y, consiguientemente, a los informes que la fomentan.

Moscovici
. (FR) Señor Presidente, señoras y señores diputados, señor Comisario, el camino hacia la adhesión de Turquía la Unión Europea será largo y difícil, como lo han señalado varios parlamentarios hoy.
Varios de los que han intervenido han expresado su preocupación por la situación de los derechos humanos, por el trato a las minorías, con la cuestión kurda en particular, por el peso del ejército en la vida política, por el sistema judicial, por la pena de muerte, temas todos ellos muy serios. No podemos dejar de compartir estas preocupaciones, de las que por cierto la Comisión se ha hecho eco perfectamente en su último informe anual.
Pero, al mismo tiempo, creo que no debe pintarse la situación demasiado negra. Se han hecho progresos, se perciben signos alentadores. El gobierno ha anunciado toda una serie de reformas. El Presidente Sezer se ha comprometido personalmente a favor del proceso de modernización de su país. Por tanto, pienso que tenemos que animar a las autoridades turcas a avanzar para adecuarse a los criterios políticos de Copenhague, lo cual es necesario. Al mismo tiempo, debemos estar atentos a la efectiva puesta en práctica de las medidas anunciadas. Creo que éste es el equilibrio que preconiza el informe del Sr. Morillon.
La estrategia adoptada en Helsinki el pasado diciembre marcó un giro en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Este es el marco equilibrado en el que tendremos que proseguir resueltamente con nuestra actuación para favorecer el acercamiento entre la Unión y Turquía.
Por consiguiente, concluyo diciendo: seamos exigentes, seamos vigilantes, marquemos nuestras condiciones, y no añadamos quizás demasiado, porque tenemos también que respetar nuestros compromisos, y la Unión Europea hizo, en Helsinki, una importante elección.

Verheugen
Señor Presidente, para cerrar el debate yo quisiera señalar que, obviamente, existe una relación entre informe de la Comisión sobre los progresos realizados -o no realizados- por Turquía y la asociación para la adhesión.
Varios oradores han criticado que la Comisión no haya abordado determinados problemas. Sólo me cabe inferir que dichos oradores no han leído el informe, pues en él se contemplan todos los problemas que aquí se han citado y que supuestamente no habría abordado la Comisión. Tampoco es cierto que no se mencione por su nombre el problema kurdo. Cuando se habla de la lengua kurda, de la cultura kurda, de los núcleos de población kurdos y de los partidos kurdos, se utiliza obviamente la palabra "kurdo" . Quien diga que ésta no figura en el informe, es evidente que no lo ha leído. Yo tengo que rechazar la impresión que se ha creado al insinuar que el informe del año 2000 se aparta en su terminología de la línea del informe de 1999. Esto no es cierto.
Lo que es nuevo es la propuesta de la asociación y ésta incluye una disposición muy importante. En efecto, establece que el país candidato debe ocuparse de todos los temas que se contemplan en el informe sobre los progresos realizados. Por lo tanto, existe una vinculación interna entre ambos. La asociación para la adhesión propiamente dicha es un documento muy ponderado que se basa en lo esencial en las conclusiones de Helsinki. Yo debo señalar al Parlamento que esto parece haber inducido a algún orador a suponer erróneamente que todo ello ya es una realidad. De momento se trata de una propuesta y yo no estoy en condiciones de poder decirles esta tarde si el proyecto pasará de esta fase, sobre todo no si el Parlamento hace suyas algunas propuestas que se han planteado aquí esta mañana y esta tarde. No me corresponde a mí dar consejos al Parlamento ni criticarlo, y tampoco me propongo hacerlo. Sólo estoy obligado a señalarles las consecuencias que pueden tener las decisiones. Si abordamos la cuestión armenia en el contexto de la adhesión a la UE -y les ruego que escuchen bien lo que digo: si abordamos la cuestión armenia en el contexto de la adhesión a la UE- el proyecto que hoy estamos debatiendo no llegará a arrancar; así de sencillo.
El proyecto también fracasará si las conclusiones de Helsinki con respecto al problema de Chipre se modifican en el sentido que han pedido algunos oradores, esto es, si la solución del problema de Chipre se plantea como una condición previa para la adhesión. Justamente esta es la posición que modificamos el año pasado con un gran respaldo del Parlamento. En ocasiones pasadas hemos dicho que no es una condición previa y que sólo podemos pedirle a Turquía que haga sincera y seriamente cuanto esté en su mano para alcanzar una solución. Sin embargo, no debemos olvidar en ningún momento que la solución de este problema es cosa de dos y no de uno solo. Por consiguiente, no pueden exigirle ustedes a Turquía más que un esfuerzo serio, constructivo y creíble, pero una solución sólo se les puede pedir a quienes se han marcado como objetivo resolver conjuntamente el problema.
Antes de acabar, me parece importante volver a recordar que con la estrategia de Helsinki le hicimos una oferta a Turquía. Ahora nos proponemos poner en práctica el primer paso de dicha estrategia de Helsinki y no me parece justo que ésta se juzgue ahora, como si ya hubiese fracasado, cuando todavía ni siquiera se ha dado el primer paso. Lo que ahora se propone es que demos el primer paso y a ustedes les corresponde decidir, en el ejercicio de su responsabilidad como diputados del Parlamento Europeo, si podemos dar este primer paso o no.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Conferencias Euromediterráneas en Marsella
El Presidente
De conformidad con el orden del día, el Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, procede a formular preguntas orales al Consejo (B5-0551/2000) y a la Comisión (B5-0552/2000) sobre las conferencias euromediterráneas que se celebrarán en Marsella en noviembre de 2000.
El autor de las preguntas -el Sr. Brock- debería haber sido el primero en hacer uso de la palabra, pero estaba en una reunión con la Presidenta y ya está en camino hacia aquí. Como vamos tan mal de tiempo, ¿tendría a bien el Sr. Moscovici contestar a la pregunta antes de que se formule reglamentariamente, puesto que conoce su contenido?

Moscovici
. (FR) Señor Presidente, señores Comisarios, señoras y señores diputados, efectivamente voy a responder antes de que el Sr. Brok vuelva de su reunión con la Presidenta, porque yo mismo debo acudir a una reunión con la Presidenta, y por consiguiente estamos limitados por este orden del día tan cargado.
Le agradezco al presidente Brok que me permita hacer balance de la política mediterránea de la Unión, dado que, como ustedes saben, estamos hoy en vísperas de la celebración, en Marsella, de la Cuarta Conferencia de los Ministros de Asuntos Exteriores del Partenariado Euromediterráneo.
No ignoran ustedes en qué medida la Presidencia francesa del Consejo, que por cierto lo ha considerado como una de sus prioridades a lo largo de este semestre, ha apostado por el reforzamiento de la dimensión mediterránea en las relaciones exteriores de la Unión. Por lo demás, también es la razón de nuestra insistencia en que se haga balance de los cinco primeros años de ejecución del proceso de Barcelona, para que en Marsella, precisamente, estemos en condiciones de establecer las orientaciones necesarias. El Comisario Patten, al que aprovecho para saludar, ha formulado por cierto interesantes líneas de reflexión en este sentido en su comunicación "Revitalizar el proceso de Barcelona" .
El Sr. Brok se ha referido a la estrategia común para el Mediterráneo, adoptada en Feira en junio pasado. Estamos ante una contribución importante y útil. Pero sobre todo se trata, a diferencia del partenariado euromediterráneo que une a los Quince con doce socios del litoral sur del Mediterráneo, de un instrumento de disciplina interno a la Unión, destinado, de alguna manera, a reforzar la coherencia y la coordinación del conjunto de los instrumentos comunitarios y de las políticas de los Estados miembros frente al Mediterráneo.
De ahora en adelante, la Presidencia ha establecido prioridades para la aplicación de esta estrategia común, que fueron presentadas al Consejo de Ministros el pasado septiembre. La Presidencia se ha centrado más concretamente en identificar los aspectos en los que la Unión y sus socios del Sur debían concentrar sus esfuerzos para relanzar el proceso de Barcelona, en particular el reforzamiento del diálogo en materia política y económica, una mayor eficacia de la ayuda comunitaria, la puesta en práctica de una cooperación sub-regional y de la integración Sur-Sur, y también la materialización de iniciativas en el ámbito de la justicia y de los asuntos interiores.
Este es también nuestro objetivo de cara a la Conferencia de Marsella. A lo largo de los dos días de reunión, la Presidencia pretende conseguir, con la ayuda de todos, dar un nuevo impulso a este proceso. Sería sin duda superfluo recordar aquí con detalle el contexto político en el que se celebra esta Conferencia. Pero creo muy sinceramente que las actuales dificultades de Oriente Próximo hacen más necesario que nunca este diálogo euromediterráneo.
En consecuencia, la Conferencia de Marsella no debe replantear sus objetivos a la baja por el hecho de que la situación en Oriente Próximo sea difícil. No digo, desde luego, que el contexto actual no tenga impacto alguno en este encuentro. En concreto, me refiero a la Carta de Paz y de Estabilidad, que ha sido objeto de un debate muy profundo entre los 27 socios, pero cuya adopción requiere probablemente de un entorno regional tranquilo.
El Sr. Brok, que se ha unido a nosotros, se preguntaba precisamente por los retrasos sufridos por la negociación. ¿Debemos hablar de retraso? Que el debate es largo y a veces delicado, es indudable, incluso diría que es normal, teniendo en cuenta, concretamente, el contexto político de Oriente Próximo. A mi modo de ver, lo esencial es que prosigamos con los trabajos y que este proyecto no se abandone.
Sobre este punto, creo que los 27 socios están decididos a adoptar este texto en cuanto las circunstancias lo permitan. No olvidemos que el proceso de Barcelona es reciente, tiene solamente cinco años. Y cuando lanzamos el partenariado en 1995, ya teníamos conciencia de iniciar una labor a largo plazo. No era nada evidente el hacer cohabitar de la noche a la mañana a 27 socios tan distintos en un contexto político con frecuencia tenso, incluso a veces más que tenso, y en un marco original como el de Barcelona. Sin embargo, hemos conseguido mantener el diálogo, y a veces sobre temas sensibles: la estabilidad, el terrorismo, la emigración, los derechos humanos, por ejemplo. Crean ustedes que tenemos la intención de continuar en esta línea.
Esta cooperación en materia política y de seguridad, lo que se denomina el "primer capítulo" de Barcelona, es esencial, aunque sepamos que es la más delicada y la más lenta de aplicar. Pero también están los demás "capítulos" de Barcelona, el capítulo económico y financiero, por una parte, el capítulo social, cultural y humano, por otra. Y esto me lleva a subrayar un principio fundamental de la política mediterránea de la Unión, con lo que responderé así directamente a la pregunta del Sr. Brok.
Desearía referirme a la globalidad del proceso de desarrollo paralelo y equilibrado de estos tres capítulos, que fundamenta el espíritu y la originalidad de Barcelona y que debemos preservar. Y aunque sea cierto que el capítulo económico de Barcelona, a pesar de su lentitud, es el que mejor funciona, lo esencial es no perder de vista esta globalidad, sin la cual el proceso quedaría condenado a no ser más que una simple zona de librecambio de las muchas que hay, sin visión política, sin visión humana a largo plazo, y sería lamentable. Nuestros socios mediterráneos son nuestros vecinos más cercanos. Compartimos muchas cosas con ellos, un patrimonio, una cultura, intercambios, intereses compartidos. Finalmente, como el Sr. Brok ha puesto de relieve, nos enfrentamos a retos que debemos encarar juntos, contra el racismo, la intolerancia y la xenofobia.
Se presentan también amplias perspectivas en la cooperación en materia de lucha contra los tráficos de todo tipo, de emigración, y de reforzamiento del Estado de derecho. Nosotros, los Europeos, tenemos una experiencia que aprovechar. También nos interesa acompañar a nuestros socios en su proceso de reformas estructurales, de adaptación y de apertura de sus economías a la competencia. De esta forma, en Marsella, este nuevo impulso que deseamos dar al proceso tendrá que basarse en todos sus elementos políticos y económicos que son, repito, complementarios y están indisolublemente ligados entre sí.
Es cierto que Barcelona es un proceso, un partenariado ambicioso, que requiere de los medios adaptados a los objetivos que le han sido asignados. El Sr. Brok menciona los recursos financieros. Está claro que nunca serán suficientes. Los retos son de tal magnitud, las necesidades de los países del Sur son tan importantes, que los medios de la Unión parecerán siempre insuficientes, más aún cuando los compromisos exteriores de la Unión se han intensificado extraordinariamente a lo largo de los últimos años. Es un debate que ya hemos mantenido en varias ocasiones dentro del Consejo, como ustedes saben, y que constituye el eje, creo poder decirlo, de la reforma emprendida por iniciativa del Comisario Patten.
Además, el Consejo ha hecho un esfuerzo, en particular desde 1995, por dotar al Mediterráneo de medios más importantes, a la medida de los retos del partenariado. La Presidencia francesa se empleó a fondo en ello desde 1995, particularmente con ocasión del Consejo Europeo de Cannes, dónde conseguimos reequilibrar la dotación de la política mediterránea con respecto a la concedida precisamente a los países de Europa Central y Oriental.
Siguiendo esta idea, se lanzó el Programa MEDA I, con 3400 millones de euros de compromiso entre 1995 y 1999. Ahora debemos establecer el importe plurianual para 2000-2006, y solo puedo desear - aunque me es imposible dar cifras en este momento - que está a la altura de las pretensiones mediterráneas de la Unión.
Saben ustedes que en este mismo momento los Quince intentamos alcanzar un acuerdo, para lo cual celebraríamos mañana, si fuese necesario, una sesión extraordinaria del Consejo en Marsella. Ya hemos conseguido ponernos de acuerdo sobre las modalidades del Reglamento Financiero MEDA II. Creo que, de ahora en adelante, dispondremos de un instrumento más eficaz, más rápido, más visible, y por consiguiente más creíble en su conjunto. La gestión del programa se simplificará, el ritmo de los reembolsos y desembolsos se acelerará. Y además, seguimos teniendo los préstamos del BEI, que son esenciales para el desarrollo de los países socios, particularmente gracias a sus grandes proyectos de infraestructuras.
Creo que con una dotación de varios miles de millones de euros para el Mediterráneo en el periodo 2000-2007, estaremos en disposición de responder a las expectativas de los socios del Sur a lo largo de los próximos años, y esto es indispensable. Hoy, en vísperas de Marsella, la Presidencia francesa desea, por descontado, ver confirmada esta prioridad mediterránea de la Unión, también en términos financieros. En realidad, ya no se trata únicamente, como en 1995, de restablecer un equilibrio con el Este de Europa, sino también de preparar la futura ampliación de la Unión.
No olvidemos que Barcelona, como el conjunto de las relaciones exteriores de la Unión, es parte integrante del acervo comunitario, y que conviene que los Estados candidatos estén preparados para ver a los países mediterráneos como socios privilegiados, porque son los socios privilegiados de nuestra Europa. Es éste un reto mayor para la Europa del futuro, cuyo centro de gravedad, es cierto, se desplazará hacia el Este del continente, pero sin contradicciones con el Sur. Razón de más, en nuestra opinión, para afirmar la dimensión mediterránea de la Unión, que pretende ser un actor global en el mundo, y para la que el Mediterráneo debe seguir siendo, y seguirá siendo, un "mar que une" , en latín un "mare nostrum".

Brok
Señor Presidente, que el Presidente del Consejo haya respondido ya a las preguntas que todavía ni siquiera le he planteado demuestra su vitalidad. Yo quiero agradecer explícitamente a la Presidencia francesa sus esfuerzos para volver a insuflar el impulso necesario al proceso de Barcelona. Este es, de hecho, un asunto de extraordinaria importancia y quiero decirlo también en mi calidad de centroeuropeo. Los centroeuropeos tenemos que reconocer nuestro propio interés común en el debate sobre el proceso de Barcelona, del mismo modo que pedimos a los europeos del sur que comprendan que la ampliación a los Estados de Europa central y oriental favorecerá el interés común. Cuando todos así lo entendamos y le concedamos la debida importancia, habremos empezado a avanzar por un camino razonable y adecuado.
Los objetivos son, por un lado, ampliar la Unión Europea y por el otro, tener buenos vecinos. Ambos favorecen el interés común y la Unión Europea estaba y sigue estando dispuesta a poner a disposición los fondos presupuestarios necesarios en ambos casos. Evidentemente nos preguntamos cómo se va a seguir financiando todo el proceso en el futuro, a partir de los datos de las actuales perspectivas financieras y una vez incluida las políticas en los Balcanes, pues paulatinamente comienza a plantearse la duda de que esto sea sostenible a largo plazo. Por lo tanto, esperamos, naturalmente, que el plan Patten tenga éxito y la Comisión esté en condiciones de poder transponer estos proyectos con mayor rapidez que en el pasado.
Es sumamente importante que sepamos ver las ventajas del proceso de Barcelona. En efecto, éste también permite impulsar, con nuestra ayuda, el desarrollo económico y social necesario en dichos países, con el fin de que los habitantes de esas regiones también tengan perspectivas para el futuro. Esto también está vinculado con la posibilidad de evitar la emigración. A la larga, la necesidad de emigrar por motivos de penuria social tendría que desaparecer también en toda el área mediterránea -como ya ocurre en la Unión Europea- y el deseo de emigrar debería responder a otras consideraciones. Yo creo que debemos contribuir a que así sea. Cuando existan dichas perspectivas económicas y sociales también se cumplirá una condición importante para una posible transposición de los derechos humanos y una democratización del conjunto de Estados de la región.
Todo esto es, naturalmente, de un enorme interés para nosotros desde el punto de vista de la política de seguridad. Es decir, que no sólo ofrece una oportunidad de ampliar el comercio y fomentar el cambio, sino que también es, en una medida extraordinariamente grande, pura política de seguridad. Tenemos que explicárselo con claridad a nuestros ciudadanos, con el fin de conseguir la aceptación necesaria. La xenofobia, el terrorismo de Estado y otras formas de terrorismo forman parte asimismo de este empeño y yo espero que tengamos ocasión de arreglar la situación también en este aspecto. Podemos incluir igualmente en el mismo contexto la evolución de los acontecimientos en algunos Estados del norte de África, que en el pasado ha sido motivo de preocupación y sigue siéndolo, y yo espero que consigamos incorporar a todos los Estados del norte de África a este proceso sin reticencias ni reparos.
La actual situación en Oriente Medio indica cada vez con mayor claridad cuáles son las medidas que es preciso adoptar en el marco de las políticas comunes y de la cooperación. Hoy quiero aprovechar justamente esta oportunidad para expresar mi esperanza de que ninguno de los dos interlocutores actualmente enfrentados en Oriente Medio dé esta semana un paso unilateral que dificultaría enormemente un retorno a la mesa de negociaciones en las próximas semanas. Deberíamos intentar contribuir a ofrecer a las gentes de Palestina una oportunidad de desarrollo autónomo, de un futuro y un Estado propios, por la vía de un acuerdo con Israel y sobre la base de la salvaguardia del Estado de Israel.
Yo espero que en Marsella la Unión Europea se muestre dispuesta a seguir impulsando este proceso mediterráneo y que podamos volver a cuidar conjuntamente del mare nostrum, como lo ha llamado con acierto el Sr. Moscovici. Éste es el Mediterráneo, en torno al cual nacieron las tres grandes religiones monoteístas que se han visto involucradas en parte en algunos enfrentamientos en la actualidad. También tenemos que lograr volver a restablecer el diálogo sobre esta base tan fundamental. Yo creo que a la Unión Europea le corresponde cumplir un papel especial en este contexto, pues los Estados y los habitantes de estas regiones esperan que haga sentir su influencia política, ya que puede aportar un alto grado de imparcialidad y credibilidad. Yo confío que el hecho de que se espere que ejerzamos esta influencia política y que intervengamos como actores contribuya a que en Marsella se siga avanzando por esta vía y se la dote de la credibilidad necesaria, con el fin de que podamos contribuir de este modo a la paz en la región y a nuestra propia estabilidad.

Patten
Señor Presidente, como usted sabe, en inglés se dice que, cuando la estrella no aparece en una función, es como una representación de Hamlet sin el primer enterrador. Ante la ausencia -temporal, pero totalmente comprensible- de mi amigo al comienzo de este debate, he sentido la tentación de decir que sería como Hamlet sin el príncipe, pero me encanta que esté con nosotros para aportar su sabiduría y sentido común a este debate extraordinariamente importante que se está celebrando a iniciativa de su Señoría.
Como ha dicho el Ministro hace un momento, la Conferencia Euromediterránea se celebra esta semana en Marsella sobre el fondo de la persistente crisis en el proceso de paz del Oriente Medio. Todos habíamos abrigado la esperanza de que las circunstancias hubieran sido mucho mejores y casi fueron mucho mejor. Muchos de nosotros nos sentimos encantados, sorprendidos incluso, por la amplitud de los avances que parecían haberse logrado este verano en Camp David y dimos un intenso aplauso al Presidente Clinton y a su administración por todo lo que hicieron para hacer avanzar el asunto. Estuvimos tan cerca de conseguirlo, que las dificultades, la tragedia, de las últimas semanas resultan tanto más tristes. Las noticias de las agencias de esta mañana y esta tarde han seguido siendo desalentadoras. Las dificultades actuales deben animarnos a intensificar las gestiones para fomentar la cooperación en el marco euromediterráneo.
A nadie se le ocurriría negar que el proceso de Barcelona y el proceso de paz del Oriente Medio están interconectados. El gran avance en las relaciones euromediterráneas logrado en Barcelona fue posible en parte por el gran avance logrado en Madrid y después con los acuerdos de Oslo. También es verdad que los contratiempos en el proceso de paz han aminorado los avances de Barcelona. Se trata de una realidad que debemos afrontar. Pero no debemos olvidar que el proceso de Barcelona ha avanzado a lo largo de cinco años. Se ha logrado pese a las dificultades existentes en el Oriente Medio.
Una cosa está clarísima. No debemos permitir que el proceso de Barcelona resulte rehén del proceso de paz de Oriente Medio. Barcelona tiene su propio impulso. Tiene sus propios objetivos, que siguen siendo totalmente válidos. A todos nos interesa demostrar resistencia y ambición en Marsella esta semana.
La Comisión se ha sentido alentada por la reacción, generalmente positiva, ante las propuestas que expusimos sobre la revitalización del proceso de Barcelona en la Unión Europea y entre los interlocutores mediterráneos. Tal vez pueda referirme simplemente a algunos de los elementos principales del planteamiento estratégico que hemos propuesto y que espero que sea objeto de cierto acuerdo en Marsella.
Primero, acelerar la negociación y la ratificación de los acuerdos de asociación. En primer lugar con Egipto, pero también con Argelia, Siria y el Líbano. De hecho, concluimos nuestras negociaciones con Egipto hace 18 meses y deseo que ahora podamos avanzar rápidamente para rubricar el acuerdo y después en su momento firmarlo plenamente.
También quisiera que iniciáramos negociaciones más serias sobre acuerdos de asociación con los demás países. Presentamos el argumento de que debemos abordar la delicada cuestión del comercio agropecuario. A nuestro juicio, debemos examinar lo que se debe hacer para velar por que los acuerdos sean plenamente compatibles con la OMC al final del período de transición. Propugnamos el aumento del comercio Sur-Sur alentando la firma de acuerdos de libre comercio entre los asociados. En ese marco la Comisión se encarga de prestar asistencia técnica sobre asuntos decisivos como las normas de origen y los asuntos aduaneros. Queremos que haya una mancomunación de políticas sobre las cuestiones relativas al Mercado Único y acuerdo para introducir la acumulación de origen junto con los acuerdos regionales de libre comercio para que todos los interlocutores mantengan relaciones de libre comercio entre sí y adopten el protocolo armonizado sobre normas de origen.
También queremos que aumente el atractivo de la región para los inversores. Además de las reformas económicas, a ello contribuirán las recién creadas redes de cooperación entre los organismos de fomento de la inversión y entre las federaciones de empleadores, como también la introducción de un nuevo mecanismo regional de capital de riesgo. El logro de un acuerdo sobre un nuevo programa regional en materia de justicia y asuntos de interior que abarque la migración en el sentido más amplio, la lucha contra la delincuencia organizada y la cooperación en asuntos judiciales son otros temas sobre los que esperamos celebrar un intercambio positivo de opiniones.
Tampoco hay que olvidar la cuestión que tuvimos muchas oportunidades de debatir en esta Asamblea: la de mejorar la ejecución de MEDA. La revisión del reglamento de MEDA y la reforma ya anunciada del sistema exterior de la Comisión contribuirá a lograrlo y permitirá también disponer de más recursos humanos. Con la descentralización de la entrega de la ayuda, nuestros asociados participarán mucho más en todas las fases de formulación y aplicación de políticas.
A todos nos interesa velar por que MEDA esté estrictamente centrado en los objetivos idóneos. Nos proponemos lograrlo mediante un estrecho diálogo con nuestros interlocutores en todas las fases. Pero no podemos pasar por alto que aquellos de nuestros asociados que han afrontado los imperativos inherentes al proceso de asociación son los que deben recibir más apoyo.
Por lo que se refiere a los derechos humanos, proponemos un planteamiento estructural consistente en el examen del rendimiento obtenido por los países con el tiempo. Pero a ese respecto hemos de ser francos una vez más. A un país que inspire poderosas dudas sobre su ejecutoria en materia de derechos humanos, democracia y Estado de derecho y no esté dispuesto a debatir esos asuntos de forma transparente no le resultará fácil encajar en la nueva tónica mundial y tendrá menos probabilidades de prosperar a largo plazo.
Tan sólo quiero decir una cosa más sobre MEDA y la reforma de nuestra ayuda exterior y que es pertinente para los debates que sus Señorías están celebrando en otras instancias.
Para velar por que nuestra ejecución de los programas sea más rápida en el Mediterráneo y en otras zonas del mundo, necesitamos -como sus Señorías han de reconocer racional e intelectualmente- más recursos para gestionar de hecho nuestros programas, por lo que la Comisión ha presentado propuestas razonables para hacerlo. Algunos diputados creen que deberíamos consignar esos recursos suplementarios en la reserva hasta que hayamos alcanzado otros objetivos determinados.
He de decir a sus Señorías, con la mayor buena fe, que llega un momento en que deben confiar en nosotros y deben dejarnos intentar desempeñar nuestra tarea, porque no es concebible que podamos ejecutar nuestros planes más eficazmente, si no se pone a nuestra disposición a las personas que necesitamos para gestionarlos hasta que hayamos demostrado en realidad que nuestra gestión puede ser más eficaz. Es una situación absurda, por lo que ruego a todos sus Señorías que tienen alguna influencia en relación con esos asuntos que reconozcan que, para que podamos llevar a cabo con seriedad el proceso de reforma, deben darnos la oportunidad de demostrar si podemos estar o no a la altura de nuestras afirmaciones. Si no podemos, habremos de afrontar las consecuencias y el Comisario de Asuntos Exteriores tendrá que afrontar las consecuencias en su momento, pero no nos coloquen en una situación en la que se aprueben los fines, pero sus Señorías no nos den los medios hasta que hayamos demostrado que podemos lograr los fines. Carece del menor sentido. Es una cuestión que resulta extraordinariamente importante parta todos los países mediterráneos y espero que podré asegurarles esta semana que tenemos la firme intención de mejorar mucho la ejecución de nuestros programas en el futuro.
Espero que todos los ministros que se reunirán en Marsella reconozcan la necesidad de llegar a un acuerdo sobre este conjunto de propuestas realistas para revitalizar el proceso de Barcelona, precisamente ahora que en el Oriente Medio se están experimentando graves dificultades.
Tendré mucho gusto en informar al Parlamento sobre los resultados de la reunión de Marsella lo antes posible. En el pasado hemos comprometido una enorme cantidad de recursos para esta asociación. No los hemos gestionado todo lo bien que deberíamos haberlo hecho, pero hemos comprometido una cantidad enorme de recursos y eso refleja la prioridad que el Parlamento, la Comisión y el Consejo conceden al fortalecimiento de la asociación en torno a nuestro "mar del medio".
En los próximos años el éxito de esa asociación será aún más importante que nunca y espero que esta semana en Marsella y en semanas posteriores logremos que esta empresa tenga aún más impulso y energía que en el pasado.

Fiori
Señor Presidente, podría parecer sencillo dar una repuesta acerca de los acontecimientos del Mediterráneo si el Ministro Moscovici pudiera interpretar los deseos del Sr. Brok explicando cuál es la situación que estamos viviendo con gran aprensión en la región del Mediterráneo. Nos hemos enterado con satisfacción que la Comisión está dispuesta a dar un nuevo impulso al proceso de Barcelona. Sin embargo, consideramos que con respecto a esta región fronteriza de la Unión Europea se están jugando bazas importantes y necesitamos que la lista de los compromisos y de las propuestas que el Comisario Patten acaba de formular se cumpla realmente en plazos diferentes de los que hemos vivido en los últimos años.
Consideramos el proceso de paz indispensable para el desarrollo de la asociación en el Mediterráneo, no obstante, están a la vista de todos las dificultades que han impedido llevar a buen puerto la Carta de Estabilidad y de Paz. Por lo tanto, a finales de este año o a más tardar en los primeros seis meses del próximo, son necesarias nuevas propuestas, quizá en momentos más concretos, que permitan llegar al Pacto de Estabilidad. Asimismo están todo el contexto de los acuerdos de asociación, las cuestiones comerciales y el programa MEDA. Seguramente se han concluido algunos acuerdos, sin embargo, quedan muchas, demasiadas cuestiones sin resolver o al menos pendientes: la amplitud de los plazos, los plazos de ratificación de los acuerdos, muchas dificultades creadas por la falta de flexibilidad en el mandato de negociación que el Consejo ha otorgado a la Comisión. No quiero entrar siquiera en el fondo de las dificultades burocráticas que hemos encontrado a lo largo de estos años.
Estimamos que las iniciativas de apoyo para mejorar la gestión del programa MEDA son importantes y pueden ofrecer una aportación sustancial de cara a realizar significativos progresos en el ámbito de la asociación económica y financiera que nos permitan alcanzar resultados significativos para la región del Mediterráneo, unos resultados que contribuirán a la estabilización económica, al proceso de liberalización y de privatización y a las adaptaciones estructurales necesarias para las inversiones y, no por ser menos importante, a la cooperación descentralizada, a la política de gestión común de los flujos migratorios y del empleo, unas políticas que permitirán a la Unión Europea alcanzar un nuevo futuro desarrollo en el sur de sus territorios.
Y un último comentario acerca de las cuestiones presupuestarias: es preciso preguntar a la Comisión si los recursos humanos actualmente disponibles en su presupuesto son realmente suficientes para relanzar el proceso de Barcelona. Esta consideración se debe al hecho de que en el presupuesto general no se habla de revisar los recursos financieros. No quisiera entrar en el fondo de las previsiones, dado que ya han sido objeto de un exhaustivo debate en comisión. Por lo tanto, en el caso de que las dotaciones financieras destinadas a las regiones en cuestión tuvieran que sufrir ajustes, como ha pedido el Parlamento Europeo, ¿cómo modulará la Comisión sus acciones?

Napoletano
Señor Presidente, cinco años después de la Conferencia de Barcelona ha llegado el momento de hacer balance. En el mes de marzo el Parlamento Europeo aprobó una resolución que examina de manera crítica las políticas y los instrumentos de asociación y propuso algunos ajustes sustanciales. En junio de 2000 el Consejo aprobó en Feria una estrategia común para el Mediterráneo y la Comisión Europea, tras haber propuesto y conseguido la modificación del reglamento MEDA, recientemente ha presentado un documento sobre el relanzamiento del proceso de Barcelona. Todo esto significa reconocer lo impropio de los resultados conseguidos hasta la fecha, a pesar de que las respuestas, en mi opinión, no están todavía a la altura de la situación, aunque hay que decir que cinco años no son muchos para procesos tan complejos.
Sin embargo, el proceso abierto en Barcelona, basado en tres pilares - político, económico y cultural - se ha caracterizado por tres límites, generalmente reconocidos, y que han tenido eco también en la intervención del Comisario Patten. El primero se refiere a la preferencia dada al librecambio vinculado al proceso de liberalización económica y comercial frente al codesarrollo, a la integración económica, a las políticas sociales, al diálogo cultural, a la formación y a la valoración de los recursos humanos. El segundo límite se refiere al tipo de relación entre la Unión Europea y los países socios mediterráneos. En efecto, se observa que la dimensión bilateral, nada fácil de negociar y larga de ratificar, que domina actualmente, puede conducir a modular cada vez más las economías de estos países en función de sus intercambios comercial con la Unión obstaculizando el desarrollo de la dimensión Sur-Sur también por las dificultades de los países socios a la hora de establecer relaciones de cooperación entre sí. El tercer límite se refiere a la insatisfactoria participación de las sociedades civiles europeas y mediterráneas en este proceso que continúa estando demasiado dominado por el centralismo y por el papel casi exclusivo de los Gobiernos.
He destacado estos aspectos porque en ellos hay que buscar la clave para relanzar el proceso, y a todo esto hay que añadir la ampliación de la agenda política de Barcelona. De hecho, es impensable que hoy la política agrícola, la gestión de los flujos migratorios y la deuda no sean el centro de la asociación euromediterránea. En cuanto a la agricultura, quiero recordar que el Parlamento se ha comprometido a organizar una conferencia en la próxima primavera.
La dramática interrupción del proceso de paz en Próximo Oriente cambia totalmente el escenario de la región. Lamentablemente la Unión Europea había planteado toda su política desde la perspectiva del éxito de los acuerdos de Oslo. La estrategia común del Consejo iba en esa dirección. La Conferencia ministerial euromediterránea que se inaugurará mañana en Marsella, al contrario, coincide con una situación dramática que convierte en aún más delicado el papel de Europa en la región y empuja a Europa a desempeñar un papel político más significativo en el conflicto entre israelíes y palestinos. El hecho de que en este marco los 27 socios hayan confirmado, al menos hasta este momento, su voluntad de reunirse en Marsella es ya de por sí un gesto que significa que no todo está perdido, aunque concuerdo totalmente con el Comisario Patten en que la política de asociación euromediterránea no puede estar subordinada al proceso de paz. Y diré más, en el pasado esto sirvió de excusa no sólo a Europa, sino también a los países socios mediterráneos para no atreverse a más. Por esto creo que el debate que hoy abordamos puede servir para que tomemos conciencia de la importancia de esta política para toda la Unión.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías; en primer lugar, queremos felicitar la iniciativa de nuestro colega Brok para favorecer este debate antes de que empiece la reunión de Marsella.
Como ha señalado el Comisario Patten, se ve que la falta de una paz consolidada en Oriente Medio está distorsionando todo el proceso que se dibujó en la Conferencia Euromediterránea y, en particular, la propia y correcta aplicación de los fondos MEDA.
El Partido Europeo de los Liberales apoya, evidentemente, las acciones de la Comisión en favor de una política mediterránea, como se dibujó hace cinco años en Barcelona, y deseamos que se consolide. Hace pocos días, en Barcelona, en unas reuniones del Círculo de Economía, el Secretario General del Consejo, Sr. Solana, nos decía que las prioridades de la acción exterior europea están, en primer lugar, en nuestros vecinos; y nuestros primeros vecinos son los mediterráneos. Y no se nos escapa que la fuente de conflictos potenciales que tenemos a medio plazo, por razón de la evolución demográfica, del desequilibrio de renta, de la evolución de las expectativas, de las diferencias culturales, está también ahí. Por lo tanto, ha de ser nuestra prioridad el asegurar la paz y la seguridad de la Unión Europea en el Mediterráneo y hemos de hacer todos los esfuerzos posibles en aras de esta cooperación y para que los fondos comprometidos se apliquen eficazmente, en función de la ­digamos- egoísta generosidad de la Unión Europea. Hemos de ser generosos con respecto al Mediterráneo, pero con una posición egoísta, que es salvaguardar la estabilidad que tanto necesitamos para los ciudadanos de la Unión Europea, para la sociedad europea.

Piétrasanta
Señor Presidente, presentamos el informe MEDA a principios de septiembre, y este informe nos ha permitido detectar, ciertamente, disfunciones, pero también y sobre todo ha representado la ocasión de proclamar a los cuatro vientos la voluntad euromediterránea tanto de nuestra Asamblea como de la Comisión.
He leído, señor Comisario Patten, el artículo que ha publicado usted hoy en Le Monde. Lo suscribo íntegramente. He oído lo que ha dicho el Ministro, señor Moscovici, hace un rato: es exactamente lo que ha dicho usted mismo. Y lo que aquí hemos aprobado por una enorme mayoría (502 votos a favor, contra apenas 17 míseros votos en contra), demuestra claramente que todos estamos de acuerdo en relanzar y enriquecer este proceso euromediterráneo.
Me gustaría concretar, ahora que se va a celebrar la Conferencia de Marsella, un cierto número de puntos, para estar seguro de que obtendrán respuesta, porque no basta con hacer elucubraciones, puesto que todos estamos de acuerdo. Hay que actuar también de forma concreta, tener respuestas precisas. Además, analicé la situación el jueves por la tarde con el Sr. Josselin, Ministro francés que se ocupa de estas cuestiones, y me consta también que la Presidencia francesa está totalmente de acuerdo en promover el proceso tal y como lo enfocamos.
En primer lugar, me gustaría hablar del presupuesto. ¿En qué punto de este tema nos encontramos? Se ha dicho que estaban previstos, aproximadamente, ocho mil millones de euros entre 2000 y 2006, pero esta cantidad parece oscilar. ¿Cuál es por fin el presupuesto para 2001? Harían falta, al menos, mil millones de euros anuales, pero por el momento no están asignados, y se habla de 200 millones de euros, que se sacarían de un área de flexibilidad relacionada con los créditos de Kosovo y de Serbia. Todo esto no está claro. No se trata de que todas estas necesidades compitan entre sí, sino de que encontremos nuevos fondos.
Coincido plenamente con el Comisario, señor Patten: para hacer algo concreto y correcto, es absolutamente necesario que los créditos sean concedidos. Hago un llamamiento vibrante a todos nuestros colegas, con el fin de que planifiquen los créditos necesarios para que podamos actuar y para que podamos tener en cuenta los informes. En segundo lugar, me gustaría señalar que hay que relanzar la cooperación descentralizada, que parece estar de capa caída. Es una gran preocupación para las colectividades locales, para las organizaciones no gubernamentales. El forum que tuvo lugar en Marsella el 12 de noviembre precisó muy bien estos aspectos.
Además, hay que incrementar la dotación regional para hacer posibles las relaciones transversales, los intercambios comerciales, pero también la protección del medio ambiente, la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas, la emigración y la integración, y para progresar hacia los derechos humanos, tal y como lo hemos demandado.
Preguntamos qué disposiciones tiene pensado adoptar la Comisión para echar mano de proyectos, con la participación de la sociedad civil, y para el tratamiento y el seguimiento de los informes.
Estas son las cuestiones importantes y específicas que me gustaría plantear, y le agradezco al Sr. Brok el que haya autorizado este debate justo antes de que la Presidencia y la Comisión puedan debatir estos temas.

Boudjenah
Señor Presidente, señor Comisario, comparto la voluntad expresada de dar nuevo impulso sin demora la asociación euromediterránea. Sus propios iniciadores se dan cuenta de ello: el proceso de Barcelona está parado -es la expresión que se utiliza- y está lejos de haber cumplido todas sus promesas. La resolución que hoy nos ocupa está, desde ese punto de vista, muy por debajo de la ambición manifestada. Los pueblos del Sur a menudo son críticos y se muestran inquietos ante este fracaso. Yo comparto su impaciencia, incluso su decepción y su cólera, ante la lentitud, pero también ante las insuficiencias y los primeros estragos de esta asociación.
Las disparidades entre las dos orillas del Mediterráneo siguen siendo muy importantes y mantienen a las poblaciones del Sur en una situación económica y social explosiva: pobreza y paro, especialmente entre los jóvenes. El camino hacia la zona de prosperidad compartida ha quedado, pues, por el momento saldada por acuerdos de asociación guiados por intereses estrictamente económicos y financieros que niegan las necesidades de las poblaciones. Sin embargo, éstas padecen ya el peso de la deuda, la caída de los precios de las materias primas, las maniobras estructurales impuestas.
La zona de libre comercio corre el riesgo de acentuar considerablemente estos desequilibrios, cuando la urgencia impone, por el contrario, una mayor colaboración a fin de responder a las necesidades. Pienso especialmente en los servicios públicos, y en particular en el ámbito del agua, la educación, la salud, los transportes colectivos, o incluso la vivienda. Esta asociación sólo tendrá porvenir si es objeto de una estrecha cooperación con los representantes de los ciudadanos afectados, las asociaciones, las ONG; los sindicatos y el conjunto de las sociedades civiles.
Por otra parte, el sueño de paz en ambas orillas debería ser escuchado y atendido con la mayor rapidez. El engranaje de la violencia en el Próximo Oriente, la guerra emprendida con violencia y determinación contra la población palestina, a la que Israel sigue negando su derecho a ser un Estado, amenazan el porvenir de toda la región. Los dirigentes palestinos lo piden expresamente: la Unión Europea debe comprometerse desde ahora sin cortapisas a acallar el ruido de las balas, alentar el diálogo eficaz y militar activamente en favor de la aplicación de las resoluciones de la ONU.
La Conferencia de Marsella habría podido utilizarse en esta óptica. El fracaso -en fin, el fracaso relativo- de la carta de paz y de estabilidad prueba que la "seguridad" de Europa no puede conseguirse sobre la base de la marginación del Sur y el cierre de las fronteras. Lo comprobé en Marsella, estos últimos días, se han levantado múltiples voces en este sentido a la atención de la Conferencia ministerial en favor de la anulación de la deuda, sustituir la liberalización por relaciones de codesarrollo solidario...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Turchi
Señor Presidente, los temas del diálogo euromediterráneo deben abordarse, en mi opinión, desde el punto de vista social, político y cultural, en la continuación de ese proceso - la Conferencia Euromediterránea - iniciado en Barcelona en noviembre de 1995, cuando por primera vez se habló de política mediterránea, pese a las dificultades debidas a la complejidad de la materia.
El mundo va hacia una globalización imparable y en este contexto es necesario organizarse en grandes bloques que actúen como protagonistas en el gran escenario de la competición mundial. Esta necesidad empuja a la Europa de los Estados nacionales a configurarse como un bloque político, económico y comercial único para organizar e impulsar un mercado de más de 350 millones de consumidores y para relacionarlo con los demás mercados. Para hacerlo es necesario crear estructuras adecuadas que puedan ser políticas y económicas a un tiempo. Sin embargo, ante todo hacen falta estrategias políticas que no dejen a la burocracia espacio ni tiempo.
Europa es portadora de grandes valores: la paz, la libertad y el progreso, unos valores que hay que defender día a día precisamente por ser fruto de conquistas que han costado muchos sacrificios.
El progreso económico de Europa hoy se vuelve a poner en tela de juicio por el proceso de mundialización en curso que expone a nuestro continente a un grave riesgo de recesión por los retos del sudeste asiático - donde el coste laboral es diez veces inferior al nuestro - de Estados Unidos y de Japón. Actualmente, la política mediterránea si articula en un mundo de intereses muy diferentes y de estabilización latente, y por ello debe abarcar varios aspectos: el desarrollo de las iniciativas en favor de la paz - pero no sólo, en mi opinión, y quiero subrayarlo - la creación de proyectos de asociación que impliquen al norte y al sur de Europa, dado que el objetivo de convertir el Mediterráneo en una zona de diálogo, de tolerancia, de cooperación y de garantía de la paz y de la estabilidad no puede alcanzarse sin una firme voluntad política y sin un desarrollo social y económico duradero y equilibrado de los pueblos menos favorecidos, un desarrollo social de las poblaciones ribereñas que mejore las posibilidades de empleo, al objeto de poner fin a los problemas que plantea la masiva emigración procedente de la cuenca que ya está afectando a todos los Estados de la Unión.
En consecuencia, estamos convencidos de que la política mediterránea de la Unión debe tener en cuenta su cuna mediterránea y, por ello, debe convertir el Mediterráneo en un proyecto, sin olvidar que los derechos de los pueblos están antes de los individuos, si más no fuera porque los conflictos instalados entre naciones acaban perjudicando las posibilidades de vida y de desarrollo de cada ciudadano. Los "mil Mediterráneos" de Braudel, las antiguas civilizaciones que durante años se han mirado con hostilidad desde ambas orillas de la cuenca hoy tienen la oportunidad de emprender un camino común que, con la fuerza del diálogo y con la voluntad política brindará posibilidades reales de progreso y de desarrollo económico y social.

Stenzel
Señor Presidente, así como en Niza la Unión Europea tiene que encontrar el equilibrio entre la profundización y la ampliación, en Marsella debería alcanzar una relación equilibrada entre su función centroeuropea y su responsabilidad mediterránea. Es preciso establecer prioridades, lo cual significa consolidar Europa desde el centro a través del proceso de ampliación, forzar el proceso de estabilización en el Sureste europeo y en los Balcanes occidentales y no descuidar el proceso de Barcelona, que avanza dando bandazos desde hace cinco años.
Se pueden plantear consideraciones hipotéticas sobre si una política balcánica unitaria y decidida de la UE hubiese permitido evitar las guerras en los Balcanes y la Unión se hubiese podido ahorrar así los costes de las consecuencias de la guerra. Hoy, en vísperas de Marsella, lo que importa es garantizar que la ayuda a los Balcanes no se aporte a expensas de los programas MEDA y viceversa, y todo esto respetando el marco financiero aprobado en Berlín. En el Consejo extraordinario de Marsella tendría que ser posible alcanzar un acuerdo bajo estas condiciones que no se limite a resaltar una vez más las líneas de fisura dentro la UE.
También es imprescindible que la Comisión no retrase con obstáculos burocráticos los programas de ayuda en el marco de MEDA y que la identificación de los proyectos por parte de los países del área mediterránea implicados se desarrolle igualmente con mayor rapidez. Resulta decepcionante que los países mediterráneos hayan solicitado tan sólo apenas una cuarta parte de los 4.700 millones de euros consignados para el programa MEDA I, que expiró en 1999. Sin embargo, esto también indica que es preciso evaluar de manera más realista la capacidad de absorción de los países ribereños del Mediterráneo. En este contexto, yo acojo con satisfacción el plan de la Comisión de agilizar los acuerdos de asociación y valoro muy positivamente la revisión del Reglamento del programa MEDA que se ha realizado.
En mis anteriores consideraciones he omitido deliberadamente establecer una vinculación entre el encuentro Euromed y el conflicto en Oriente Medio. Ya debe considerarse un éxito que dicho encuentro se pueda llegar a celebrar, que Israel y los palestinos hayan confirmado su participación y que las amenazas de boicot de la Liga Árabe hayan fracasado según parece. Esperemos que la Conferencia de Marsella no se desvirtúe con el fin de convertirla en una plataforma para la polémica y que la importante puesta en marcha de una política mediterránea de la Unión Europea y una reactivación del proceso de Barcelona no quede frustrada.

Obiols i Germà
Señor Presidente, si mañana y pasado mañana se celebra la Conferencia Euromediterránea en Marsella con la presencia de todos los países firmantes de la Declaración de Barcelona, creo que podremos congratularnos. Será un éxito que demostrará que el proceso de Barcelona, que empezó en la onda de los acuerdos de Oslo, ha alcanzado una madurez y una solidez suficientes como para no quedar encapsulado en las vicisitudes del proceso del Próximo Oriente. Más aún, con su continuidad puede ejercer la mejor aportación posible, colateral pero significativa, a la reanudación de los diálogos en el Próximo Oriente.
Sin embargo, en los balances que se prodigan esos días de cinco años de proceso de Barcelona abunda la idea de que podemos darnos por satisfechos por la simple continuidad del proceso, por el hecho de que haya habido reuniones ministeriales con presencia de representantes de Israel, de la Autoridad Palestina, de Siria, del Líbano, etc. Y es, tal vez, un triste consuelo. El balance es hoy contrastado y, desde luego, el desarrollo estratégico de la política euromediterránea no puede quedar condicionado por un balance de coyuntura. Es la continuidad en el tiempo lo que puede ofrecer resultados y los resultados positivos serán finalmente medidos en función del desarrollo de los países del sur del Mediterráneo. Estos países topan con una dificultad enorme para encontrar un encaje de desarrollo y de integración económica en el plano de la globalización y nosotros debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para contribuir al reequilibrio de una situación marcada por abismos de distancia entre el Norte y el Sur.
Si siguen las tendencias actuales podemos ser pesimistas de cara al futuro. Hoy un europeo es estadísticamente doce veces más rico que un magrebí y dentro de diez años lo será veinte veces, a no ser que consigamos dar la vuelta a la situación. Para ello es positiva la propuesta de un nuevo impulso que ha realizado la Comisión y coincidimos plenamente con las dos prioridades que ha marcado el Sr. Patten en sus intervenciones y reiterado esta tarde aquí. Hay que agilizar los procesos de acuerdos de asociación. Sobre todo, hay que impedir que dentro de cinco años tengamos que hacer un balance de la aplicación de MEDA que nos lleve a la conclusión de que sólo se ha utilizado en un 26 %.
Sin embargo, esto no es suficiente. Probablemente haya que abrir una perspectiva más a medio plazo y yo sólo puedo enumerar los tres temas que me parecen, en este sentido, esenciales: El primero, unos proyectos europeos que estructuren un espacio regional en los países del Sur. El segundo, una política en el aspecto humano de gestión de los flujos de migración, fundamentalmente. El tercero, la reflexión y la búsqueda de agregaciones y consensos en el desarrollo de una política agrícola común en el Mediterráneo, sin la cual probablemente no podremos conseguir a medio plazo un balance positivo.

Morgantini
Señor Presidente, dar un nuevo impulso y una orientación concreta al proceso de Barcelona supone preocuparse por los aspectos del libre mercado, económicos y comerciales, y relanzar eficazmente una política de cooperación y de desarrollo y de defensa de los derechos humanos en toda la región; significa emprender las reformas sociales necesarias considerando prioritario el problema del empleo, así como la necesidad de la reducción y de la condonación de la deuda para relanzar la economía del Sur; significa fomentar un intercambio económico, cultural y político no solo con los países del Norte, sino entre los mismos países del Sur; significa atribuir un papel más relevante a la sociedad civil. Sin embargo, es inútil esconder que el proceso de Barcelona se encuentra en un momento crítico no sólo por la falta de impulso o por la ralentización del compromiso europeo por los acontecimientos de los Balcanes o por la ampliación de la Unión, sino también por las dramáticas condiciones de los conflictos abiertos en el Mediterráneo que condicionan su relanzamiento.
La cuestión palestina vuelve a ser fundamental. El Comisario Patten dice que no hay ser esclavos de la situación entre Palestina e Israel. Cierto, pero no se puede eludir. Si no se afronta con urgencia el problema del reconocimiento de un Estado palestino, un Estado que pueda convivir con Israel, si no se pone fin a la ocupación militar de Cisjordania y Gaza, la cuestión no se puede resolver: en primer lugar, para poner fin a los sufrimientos del pueblo palestino y para convertir en más estable la región. Espero que en Marsella la Conferencia de los Ministros de la Unión sepa adoptar respecto a este problema una posición coherente con lo que viene repitiendo continua y pomposamente, es decir, que los derechos humanos no deben ser violados. El relanzamiento es indispensable y hay que hacerlo, pero hay que hacerlo sabiendo que no se elude la cuestión principal que se plantea en el Mediterráneo.

Hernández Mollar
Señor Presidente, desde la Conferencia de Barcelona y a las puertas ya de la Conferencia de Marsella, como aquí se ha dicho, muchas cosas se han movido en la región mediterránea. Es verdad que esta Conferencia se va a celebrar dentro de un contexto de violencia y de crisis de paz como consecuencia del conflicto de Oriente Medio, pero también es verdad que la celebración de la misma permitirá mantener encendida la llama del proceso euromediterráneo y que éste no se vea contaminado por el trágico conflicto. Son muchos los problemas comunes que hoy afectan a la zona euromediterránea: la inmigración ilegal, la pobreza, la deuda exterior, los derechos humanos, la sequía y el terrorismo, que destruye sin piedad la vida de seres humanos y familias inocentes, como trágicamente estamos experimentando en España, en Argelia o en el próximo Oriente Medio.
Hoy más que nunca tenemos que proclamar que sólo la cooperación regional, el diálogo con la sociedad civil, los intercambios económicos y culturales, la solidaridad y el mutuo entendimiento pueden hacer de las dos orillas del Mediterráneo una zona próspera y pacífica. La Comisión y el Consejo deben emprender con urgencia lo acordado en Feira, deben hacer viable una política común para el desarrollo de la región mediterránea. No podemos ni debemos desaprovechar nuestros recursos humanos, nuestros recursos agrícolas, industriales o artesanales que, unidos a productos tan vitales como el petróleo, el gas o las nuevas tecnologías, deben ser instrumentos básicos para el desarrollo de una sociedad mediterránea mucho más equilibrada, justa y competitiva que la actual.
Señor Presidente, vuelvo al conflicto de Oriente Próximo; no hace dos meses, el Presidente del Parlamento de Israel y el de la Asamblea Palestina, en esta sede, unieron sus manos con la Presidenta del Parlamento Europeo en una invocación a la paz y a la concordia; todos los parlamentarios nos unimos en un fuerte aplauso hacia aquel gesto. Cuando las armas sustituyen a las palabras, al diálogo y a la comprensión, fracasa la base y sustancia de la democracia que es el parlamento; ése es también nuestro fracaso. Es un toque de atención para que la Unión Europea desempeñe un papel mucho más activo en la zona mediterránea que histórica y culturalmente enriqueció y engrandeció nuestro continente europeo. Sería un error no asumir el protagonismo que la historia nos exige.
Por otra parte, creo también, señor Comisario, que las fronteras que la geopolítica exige deben servir para que no puedan circular libremente quienes hacen del crimen organizado, del tráfico de armas, de la droga o de los seres humanos, y muy especialmente del terrorismo, una forma de vida condenable por todos los países civilizados. Hagamos de las fronteras un verdadero filtro del delito y de los delincuentes y no una barrera al desarrollo, a la cultura o a la prosperidad de los pueblos. La Unión Europea necesita una nueva cultura de la inmigración y una mejor gestión de los flujos migratorios. La Unión Europea es corresponsable, con los países originarios, de la inmigración, de la ordenación de estos flujos migratorios, tan necesarios para el desarrollo de la región.

Caudron
Señor Presidente, Señorías, cada día que pasa se mueve a la cadencia de la crisis actual en el Oriente Medio y cada día que pasa nos muestra, si acaso todavía era preciso, que todo lo que ocurre en el Sur -alrededor del Mediterráneo- nos concierne directamente, incluso en nuestra vida diaria. Cuando el Sur va bien, la paz es posible. Se hacen progresos democráticos, hay un mayor desarrollo económico y menos emigración salvaje: en resumen, hay esperanza. Pero, cuando el Sur va mal, se suceden las guerras, la violencia, el integrismo -incluido en nuestros países, en nuestros barrios- y no menciono los riesgos de una nueva crisis petrolera.
El día de hoy, otra vez es posible lo peor. Se percibe con claridad cuando se observa la actualidad. Todo esto, lo repetimos algunos aquí desde hace años. Lamentablemente, también desde hace algunos años, la ampliación de Europa al Este, las crisis en los Balcanes y las guerras han alejado al Sur del espíritu de la mayoría de los europeos, de ahí los múltiples retrasos en los procesos y las políticas mediterráneas.
Se presencia una disminución de los créditos y sobre todo se experimentan dificultades para movilizar esos créditos. Las negociaciones generales se estancan, las negociaciones de los contratos de asociación se atrasan y las ratificaciones más todavía, lo que genera muy graves decepciones en nuestros socios del Sur y nuestro peso político, el peso de Europa, ha disminuido aunque seguimos siendo, a pesar de todo, los primeros financiadores del Sur.
Por tanto, nos es preciso -y lo hemos dicho varios esta tarde- afianzar desde ahora nuestros objetivos políticos en dirección del Sur, respetar los créditos inscritos, acelerar los contratos de asociación con los países socios, dar de nuevo prioridad a la Carta para la paz y la estabilidad, hacer esfuerzos para ayudar al desarrollo y actuar sobre el peso de las deudas de los países más pobres, abrir por fin nuestros mercados a sus productos y armonizar nuestros reglamentos de acogida y de asilo de las personas que inmigran a nuestros países.
En resumen, es preciso dar de nuevo confianza en Europa, en su voluntad de una verdadera asociación con el Sur. Todos lo saben. Se precisa un esfuerzo cuantitativo, pero sobre todo un esfuerzo cualitativo. La Comisión y el Consejo nos dicen que lo desean. Estamos dispuestos a creerles, pero los países del Sur necesitan más que promesas o discursos: nos corresponde atenderlos.
Marsella es sin duda alguna la última oportunidad de hacerlo. Es una de las grandes apuestas de la Presidencia francesa.

Vachetta
Señor Presidente, la Cumbre de Marsella quiere ser un paso más hacia la creación de una zona de libre mercado, una especie de mercado único que favorezca la adhesión a la OMC, tal como usted la describe muy bien, Sr. Patten, en el diario Le Monde del día de hoy.
Se ha dado prioridad al pilar económico. La Unión Europea busca todavía -como durante la reunión de ASEM III en Seúl, hace un mes- exportar su modelo económico y sus capitales. En Marsella también, la otra cumbre, reunía miembros de asociaciones de sindicatos, de organizaciones políticas de todas las orillas del Mediterráneo. Estos buscaban juntos, con toda determinación, respuestas a las necesidades de sus poblaciones. A mi juicio, se precisan forzosamente nuevos medios, por tanto, la anulación de la deuda.
Sin embargo, todavía mucho más grave, en el mismo momento en que en este hemiciclo intercambiamos serenamente puntos de vista a veces divergentes, se siguen matando más palestinos. La Unión Europea -y es una urgencia- debe condenar firmemente la agresión israelí contra el pueblo palestino, cuya reivindicación de vivir en paz en un Estado es legítima y, por tanto, debe ser satisfecha.

Gutiérrez-Cortines
Señor Presidente, Europa, a veces, tiene mucha prisa y, a veces, el que tiene prisa se deja cosas atrás. Y yo observo que en todos estos documentos sobre el refuerzo del acuerdo de Barcelona nos olvidamos de algunas cosas. Una de ellas es que la liberalización, el mercado único no pueden hacerse sin atender algunos aspectos importantes, como las personas y la cultura o la educación. Si hacemos una liberalización de los mercados y fomentamos un impulso para integrarlos olvidando lo anterior, se corre el peligro de que, al final, lo que consigamos en vez de una cooperación sea una colonización.
Es preciso que Europa piense al margen del principio de subsidiariedad o supere este principio y se dé cuenta de que es preciso aportar una ayuda importantísima para elevar el nivel de los países receptores, tanto en lo que respecta a los hombres como a las mujeres, no sólo en educación básica sino, incluso, en una educación mínima que en Europa se considera que debe ser para todos los ciudadanos. Por tanto, no se puede hablar sólo de productos y de la organización de mercados y no pensar en esos ciudadanos.
En segundo lugar, creo que también estamos olvidando otro tema importante, que es el medio ambiente. Europa no ha hecho ninguna política en materia de desertificación ni de agua benefactora de los países mediterráneos y es preciso pensar en hacer una política de medio ambiente mediterránea, que entienda las coordenadas, las lógicas e incluso la diversidad climática del Mediterráneo.
La política tal y como está planteada hoy no se podría trasladar a muchos países del sur del Mediterráneo. En este sentido, hay que tener en cuenta que en Europa hay una grave presión de los ciudadanos del norte hacia el sur del Mediterráneo, a través del turismo. Con la subida del crudo va a haber todavía mucha más presión sobre el Mediterráneo. Ello se traduce en el consumo del territorio, en una política de vertidos medioambientales absolutamente inaceptable. Y tampoco podemos exigir a los ciudadanos europeos que sean buenos en su política medioambiental y no aplicar esta política a otros países.

El Presidente
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar el debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana miércoles a las 11.30 horas.

Ayuda a la reconstrucción
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0324/2000 del Sr. Lagendijk, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a la Agencia Europea de Reconstrucción (COM(2000) 628 - C5-0526/2000 - 2000/0112(CNS))
A5-0330/2000 del Sr. Westendorp y Cabeza, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta modificada de reglamento del Consejo relativo a la ayuda a Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, a la República Federativa de Yugoslavia y a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3906/89, la Decisión 97/256/CE y el Reglamento (CEE) nº 1360/90 (COM(2000) 628 - C5-0525/2000 - 2000/0111(CNS))

Lagendijk
Señor Presidente, Comisario, la Comisión ha tardado en presentar una propuesta final en materia de ayuda a los Balcanes occidentales. Como ya es sabido, en mayo ya había una propuesta, pero hemos tenido que esperar hasta septiembre antes de que apareciera una propuesta definitiva. Todo se ha debido al debate existente en el seno de la Comisión respecto de la búsqueda de otra manera de prestar la ayuda exterior. En otras palabras, la propuesta actual refleja esta discusión y constituye, en mi opinión, un primer ejemplo de cómo debería realizarse esto en el futuro. Eso también significa que ha merecido la pena la espera de la nueva propuesta de la Comisión porque, tanto la propuesta que se refiere al reglamento completo sobre los Balcanes como la relativa a la agencia de Kosovo, muestran de forma transparente y clara cómo la Comisión Europea piensa prestar la ayuda en el futuro. Tal vez, de forma un poco solemne, se trate también de una especie de nuevo comienzo en la prestación de la ayuda, basado en las experiencias extraordinariamente negativas de Bosnia y también, en la experiencia positiva de Kosovo. Ahora estamos ante un reglamento que, en mi opinión, permite a la Unión Europea prestar ayuda a tiempo y de manera eficaz, y emplear el dinero de la UE de forma adecuada en los países de los Balcanes occidentales. Con ello, y esto es muy importante, - vuelvo a ello en seguida - se ha logrado un buen equilibrio entre la responsabilidad de la Comisión, por una parte, y la necesidad de implicar a los Estados miembros de una u otra manera. Equilibrio por otra parte, que, en mi opinión, y creo que también a juicio de la Comisión, sí se perdió a veces en el pasado, ya que los Estados miembros intentaron demasiado meter baza en la prestación de la ayuda. Las actuales propuestas son mucho más equilibradas. Por supuesto, y con ello me refiero al informe del Sr. Westendorp y al mío, es posible introducir mejoras. Todo el que examine y lea los informes propuestos, observará que se sugieren ciertas mejoras en determinadas partes. Por ejemplo, prestar atención explícita a la reconstrucción de la sociedad civil, atención explícita al respaldo de los medios de comunicación, atención explícita al importante papel de la enseñanza. Casualmente, estuve la semana pasada en una conferencia en Zagreb y, una vez más, resulta importante que las futuras generaciones de, digamos, pequeños habitantes de los Balcanes, no sean educados conforme a los antiguos estereotipos y enemistades, y que también se produzca en ese ámbito una renovación. Considero importante que este reglamento estipule que la Comisión Europea también en el futuro, al igual que ahora, destinará dinero a esos proyectos. Sin embargo, quiero destacar dos líneas políticas generales.
La primera se refiere - y lamento tener que molestar de nuevo al Comisario con ello - a las finanzas. Por decirlo claramente, si conseguimos emitir hoy y mañana un buen dictamen sobre este reglamento, habremos hecho una parte de nuestro trabajo, diría que la primera mitad. Entonces, quedaría plasmado en el papel cómo debería ser esa ayuda en el futuro. Si, sin embargo, no aportamos en diciembre los medios para ejecutar este reglamento, hoy habremos mantenido un debate carente de contenido. No es un reproche a la Comisión. Esta institución ha podido comprobar que hago un llamamiento explícito para recoger de forma expresa en este reglamento la evaluación de costes efectuada por esa institución, los famosos 5.500 millones de euros para los próximos siete años; ya que, por decirlo claramente, en caso contrario, nos ocupamos hipócritamente del asunto. No podemos adoptar aquí, en el Parlamento, un reglamento sabiendo que no contaremos con los medios necesarios para su ejecución. De ahí que ésta sea la primera parte de la batalla para poder prestar una buena ayuda a los Balcanes. La segunda parte se presentará en diciembre cuando nuestros colegas de la Comisión de Presupuesto y, finalmente, todo el Parlamento, deba decidir fundamentar sólidamente la financiación del reglamento. Es lamentable en este sentido, que el Sr. Moscovici no se halle presente en este momento, ya que creo que el Consejo tiene, sobre todo, responsabilidad en ese punto; los Estados miembros deben estar preparados para reconocer que lo que ellos quieren y lo que nosotros pretendemos con este reglamento cuesta dinero y que ese dinero debería salir del presupuesto de la Unión Europea.
El segundo punto, dentro de la cuestión general relativa a la prestación de la ayuda, es el equilibrio que debería lograrse - de ahí la enmienda al respecto - entre, por una parte, la necesidad de que se note la presencia de la UE en los Balcanes y, por otra, la necesidad de respaldar también proyectos más pequeños. En realidad, es un hecho - y todo el que haya estado en los Balcanes puede confirmarlo - que los Estados Unidos son extraordinariamente buenos dando la impresión de que con mucho menos dinero, son capaces de hacer mucho más. Que la Unión Europea emplee de hecho mucho más dinero pero su presencia se note mucho menos, ha conducido a mucha gente a la conclusión de que es necesario estar presente en los Balcanes de forma mucho más apreciable. Estoy de acuerdo con esa valoración. Eso implica casi automáticamente que debe emplearse mucho dinero en los grandes proyectos: en carreteras, puentes, en los proyectos en los que se puede colocar una bandera europea. Una vez más, esto es necesario para que la presencia de Europa se note más. No obstante, y ésta es mi advertencia, ello no puede dar lugar a que todo tipo de proyectos más pequeños, que hasta ahora contaban con nuestro respaldo, sean las víctimas de esta fijación de prioridades. De ahí mi llamamiento para que se logre un buen equilibrio dentro de este reglamento entre la percepción de la presencia, eso significa grandes proyectos, y por otra parte, la importancia de seguir prestando atención a los proyectos democráticos, a los proyectos que tienen que ver con la seguridad, proyectos que frecuentemente no son tan perceptibles, pero que son tanto más necesarios para garantizar la seguridad en los Balcanes.
Ahora, la agencia de Kosovo. Siendo positivo, pienso y espero que la agencia, considerando cómo ha funcionado hasta ahora y de la manera en que funcionara en el futuro, debería constituir un ejemplo de cómo tendría que funcionar la ayuda prestada a los Balcanes, y también la prestada a otras partes del mundo. Mis experiencias tras diferentes visitas a la agencia son tan positivas porque, en mi opinión, a pesar de todos los errores que se siguen cometiendo, y digo todos, la ayuda sí se está prestando de una manera nueva y buena. Cuando nos referimos al refuerzo de la eficacia, el objetivo general de este reglamento, cuando implicamos en ello a la agencia de Kosovo, el refuerzo de la eficacia no puede significar otra cosa que un retroceso del papel de los Estados miembros. Muy concretamente, el retroceso del consejo de administración vinculado a la agencia. También nosotros hemos criticado mucho en el pasado la forma en que la Comisión Europea prestaba la ayuda. A menudo, resulta demasiado burocrática. Se trata de procedimientos complicados, pero ni debemos ni queremos cerrar los ojos, y espero que los Estados miembros tampoco lo hagan, ante el papel que han desempeñado en ello. Los Estados miembros intentan con demasiada frecuencia meter baza en la prestación de la ayuda. Demasiado frecuentemente, eso ha ocasionado retrasos, ineficacia y la protección de los intereses nacionales. En lo que a mí respecta, y éste es uno de los mensajes centrales de mi informe relativo a la agencia, los Estados miembros deberán intervenir en el futuro con menor frecuencia y menor influencia, ya que se ha demostrado que eso ocasiona un retraso en la prestación de la ayuda.
Para terminar, señor Presidente y Comisario, una última cuestión. Existe la tendencia entre algunos de mis colegas a querer ampliar todavía más allá de lo decidido hasta ahora las actividades de la agencia. La agencia tiene ahora su sede en Kosovo, y el Consejo ha decidido, en mi opinión correctamente, ampliarla a Serbia y Montenegro. Creo que habría que parar ahí, ya que del trabajo que la agencia efectúa ahora, la reconstrucción física, puede aprenderse una lección para hacerlo igualmente bien en Serbia y Montenegro. La prestación de la ayuda a los Balcanes en el marco del CARDS en países como Croacia, Albania y Macedonia exige otras particularidades, otras capacidades. Así mismo, quisiera decir que dejemos que la agencia actúe en lo que es buena, es decir, en la reconstrucción física. Resultará difícil hacerlo igual de bien en Serbia. Limitémonos a ello y no nos difuminemos con la ampliación de las capacidades de la agencia más allá de las fronteras de la antigua Yugoslavia.

Westendorp y Cabeza
Señor Presidente, señor Comisario, soy consciente de que los Balcanes no son el terreno más propicio para el optimismo. Sin embargo, no creo pecar de optimista si digo que la Unión Europea está recogiendo los frutos de una acción coordinada y persistente. Y esos frutos, después de la tragedia que sufrieron los Balcanes, ya aparecieron hace unos meses en Croacia con unas elecciones libres, con un sistema deseoso de respetar los derechos humanos, y acaban de mostrarse ahora en Belgrado, donde los ciudadanos han confirmado su voluntad de vivir en paz y en libertad entre ellos e integrarse en la familia europea.
No debemos defraudar sus expectativas y ahora más que nunca todos esos países necesitan nuestra ayuda. Es necesario seguir en ese proceso de estabilización de la región y prepararlos para una perspectiva más a largo plazo de integración en las instituciones europeas. Con ello, está claro que nos jugamos nuestra credibilidad y nuestra propia estabilidad. Ahora bien, si queremos ayudarles, debemos hacerlo más eficazmente que hasta ahora y de una manera más coordinada; de lo contrario se produciría lo que el Sr. Lagendijk ha denominado la pérdida de visibilidad de la Unión Europea, que corre con la carga financiera más importante en los Balcanes y, sin embargo, tiene una visibilidad mucho menor que países como los Estados Unidos, que pueden reaccionar en tiempo prácticamente real a cualquier necesidad que se presente en el país. Tan es así que, cuando yo estaba en Bosnia-Herzegovina y visitaba algún pueblo, me recibían alborozados diciendo: "qué bien, que ustedes los americanos están aquí para ayudarnos" . Hasta ese punto había perdido visibilidad la acción de la Unión Europea.
En el informe que he preparado sobre la ayuda a los Balcanes occidentales, en estrecha colaboración con el Sr. Lagendijk, en los dos temas que hoy nos ocupan y que es un ejemplo de cooperación entre dos comisiones, hemos constatado una serie de limitaciones: por un lado, de tipo geográfico; eso implica que hay que ampliar la acción de la agencia no sólo a Kosovo, sino también a Yugoslavia. También hemos encontrado algunas limitaciones funcionales. En primer lugar, que las organizaciones internacionales que realizan estas operaciones como UNMIK en Kosovo o la oficina del Alto Representante en Sarajevo también necesitan beneficiarse de esta ayuda.
Por otra parte, hay una serie de acciones -me refiero concretamente al programa CARDS-, que deben ir más allá de la reconstrucción y extenderse a la formación, a la educación, a la reconstrucción de la sociedad civil en estrecha colaboración con las ONG. Es importantísimo que las ONG colaboren en este tema, pero también que tengan una cierta coordinación entre ellas, si queremos realmente que su acción sea más eficaz y que llegue a todas las partes de aquellas regiones.
También es necesario poner el acento en los medios de comunicación. Los medios de comunicación en aquella región han sido responsables muchas veces de la tragedia que ha vivido y son necesarios unos medios totalmente libres y que actúen conforme a las reglas que imperan en nuestras democracias. Es también muy importante el conseguir que el poder judicial sea realmente independiente. También nos hemos encontrado con algunas limitaciones de funcionamiento, que son unas de las causas de la falta de visibilidad. Limitaciones en el funcionamiento que hacen referencia al sistema de gestión de la ayuda. A veces hay demasiada burocracia, demasiado "red-type" y demasiadas vacilaciones en el momento del otorgamiento de la ayuda. Por lo tanto, es importante que, en lo que se refiere al programa CARDS, el comité de gestión sea un comité que se limite a las grandes líneas de programación plurianual, pero que no haga un "micro-management" demasiado detallado día a día, porque de lo contrario podríamos tener, otra vez, los mismos problemas que en el pasado.
También es importante que las labores del comité de gestión de CARDS y las labores de la Agencia de Reconstrucción en Kosovo no se confundan entre sí y que no exista un doble empleo, ni un solapamiento, sino una perfecta división de funciones. También es importante reforzar el papel del Parlamento Europeo y yo creo que con las enmiendas, que previsiblemente van a ser votadas mañana, el Parlamento Europeo podrá tener un mayor papel consultivo en un proceso de colaboración interinstitucional.
Por último, quiero referirme al paquete financiero. El señor Presidente sabe perfectamente que es muy difícil que hoy día se repita el milagro de los panes y de los peces y con los escasos panes y peces con que contamos ahora va a ser prácticamente imposible que podamos afrontar todas las obligaciones exteriores que tiene la Unión Europea. Tenemos que realizar una ayuda más eficaz y más coordinada, recogiendo todos los elementos dispersos.
Concluyo diciendo -repito con ello las palabras de la Comisión- que estas dos propuestas constituyen la piedra angular de un proceso que debe conducir a que esos países que han tenido y tienen tantos problemas puedan integrarse plenamente en las estructuras europeas. Yo estoy firmemente convencido de que los Balcanes tienen una solución, de que el maleficio balcánico puede ser conjurado, pero para ello necesitan todo nuestro apoyo y estos dos programas van en esa dirección.

Gargani
. (IT) Señor Presidente, creo que el contenido de esta importante propuesta ha sido explicado ágil y exhaustivamente por el presidente Westendorp. Nosotros, como Comisión de Cultura - comisión que tengo el honor de presidir - hemos contribuido con nuestra opinión a subrayar la importancia que reviste esta labor de reconstrucción en los Balcanes como posibilidad de integrar estas zonas en el conjunto de Europa. Y al mismo tiempo, para darle un contenido y un significado exquisitamente cultural, no en términos abstractos o vagos, sino en términos de solidaridad, hemos propuesto unas enmiendas que han encontrado eco favorable en la Comisión de Industria y que creo que contribuyen a caracterizar, por un lado, la ayuda económica, civil y de solidaridad, con la vuelta de unos territorios tan desdichados a una realidad y a una vida civil y, por otro, la posibilidad de una solidaridad cultural e institucional, subrayo institucional - para que dichas zonas se sientan vinculadas a Europa, pero vinculadas también en el plano civil, en el plano de las iniciativas culturales.
El hecho de que las enmiendas, formuladas como opinión por la Comisión de Cultura, hayan sido acogidas y aprobadas por unanimidad es, a mi entender, un hecho importante que se somete a la consideración y a la valoración de este Pleno.

Staes
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, está ante ustedes un hombre afortunado, un hombre afortunado en tanto ponente de opinión, ya que la mayor parte de las enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario han sido aceptadas en lo esencial por la Comisión. Todos debemos alegrarnos de ello. Nuestro trabajo ha dado algún fruto.
Así mismo, soy afortunado porque creo que el Parlamento ha tenido éxito al lograr dar la vuelta a una situación que originariamente no era tan buena debido a que ha mantenido una presión continua. Como muy bien ha señalado el ponente Lagendijk, no se extraía ninguna lección del pasado con la propuesta originaria de la Comisión, ninguna lección respecto de las observaciones que el Tribunal de Cuentas ya había efectuado, ninguna lección en cuanto a las experiencias de la Agencia Europea para la Reconstrucción, ninguna lección respecto de las observaciones que ya pudimos leer el año pasado en el informe de la Sra. Pack, ninguna lección en relación con los resultados de la delegación ad hoc que enviamos a Kosovo y que formuló recomendaciones muy importantes bajo la dirección de Doris Pack y Terry Wynn.
Cuando en julio esbozaba mi informe, en seguida consideré que esta propuesta originaria no era buena. Entonces, pedí a la Comisión que retirara la propuesta. Me alegra que lo hiciera y que haya presentado una nueva.
Desde el cuatro de octubre contamos con una nueva propuesta, propuesta en la que estamos trabajando. Creo que debemos estar satisfechos por ello, gracias a la presión ejercida por el Parlamento.
¿De qué se trata? Debemos velar por que la ayuda suministrada a los Balcanes por la Unión Europea mediante los reglamentos que están ante nosotros, se preste en el lugar de forma rápida, flexible y no burocrática y en colaboración con la población y las autoridades del lugar. Esto no se ha logrado de forma suficiente en años anteriores. Para ello, necesitamos un instrumento flexible, una estructura ligera y no burocrática. Es lamentable que el Presidente de Consejo no se encuentre presente. Es sobre todo el Consejo, sobre todo los Estados miembros, los que se han comportado en años pasados como granos de arena en un engranaje. Han convertido en imposible lo que podía haber sido posible.
Estoy satisfecho, por tanto, con la propuesta actual. Puedo decirles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, que respaldamos todas las enmiendas. Por supuesto, también estamos muy contentos por el hecho de que la enmienda relativa a la OLAF se haya adoptado. En efecto, la unidad de lucha contra el fraude debe poder realizar de forma plena su trabajo en los Balcanes occidentales.
Por último, una pequeña observación más a título personal que en nombre de la Comisión de Control Presupuestario. En este momento me ocupo de un informe relativo al empleo de los medios financieros en Bosnia y Herzegovina. Un informe de seguimiento de un informe especial elaborado por el Tribunal de Cuentas. Señorías, en el reglamento relativo al CARDS deberemos velar por que se destine suficiente dinero a Bosnia y Herzegovina. La labor allí no ha terminado. Queda todavía un largo camino por recorrer. Se trata de una situación precaria e inestable. Tengámoslo bien en cuenta de cara al futuro.

El Presidente
Lamento tener que empezar el debate de los Grupos sin que la Presidencia del Consejo pueda estar con nosotros. Me prometen que en breve estará aquí.

Pack
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, los informes Langendijk y Westendorp, sobre la Agencia y el programa CARDS, respectivamente, que en realidad son inseparables, se basan para presentar sus enmiendas en los conocimientos adquiridos a través de la experiencia del anterior programa OBNOVA y también de la Agencia de Kosovo. Yo creo que todos tenemos claro que sólo unas estructuras más ligeras y eficaces permitirán consolidar, también con vistas al futuro, el buen trabajo que ha realizado la Agencia de Kosovo en los últimos meses.
En adelante debemos concentrar la responsabilidad en unas pocas personas o en un director, si así lo prefieren, con objeto de que una persona asuma realmente la responsabilidad frente al organismo que selecciona los programas concretos. A mi parecer, el trabajo europeo sobre el terreno sólo podrá alcanzar también una mayor visibilidad si lo concentramos en un número muy reducido de responsables. En Bosnia pudimos observar repetidamente cómo los americanos conseguían una buena imagen con muy pocos recursos financieros. En muchos ámbitos en los que hemos aportado la mayor parte de los fondos y seguimos aportándola, de hecho no somos visibles porque el dinero se nos va de algún modo de entre las manos y no se adscribe realmente a una sola institución.
También pienso que se debe evitar la duplicidad innecesaria del trabajo del consejo de dirección y del comité de gestión y las innecesarias reuniones ritualizadas de sus miembros, cuando de hecho es el director responsable quien debe adoptar las decisiones necesarias en el momento oportuno. Yo espero que la Comisión y el Consejo acepten las propuestas del Parlamento. Lo repito una vez más: es absolutamente imprescindible evitar gastos innecesarios en reuniones innecesarias. Ese dinero se necesita con mayor urgencia sobre el terreno y tiene mayor utilidad allí.
Para el contribuyente sería, naturalmente, muy favorable que el Consejo por fin se decidiese a aprender de sus errores, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de mi informe sobre la Agencia de Kosovo. Los objetivos del programa CARDS eran, de hecho, acertados, pero al programa le faltaba algo muy importante, concretamente un objetivo importante: el apoyo a la educación y la formación en esos países. Sin educación y formación todo lo demás no sirve de nada. Por esto yo me alegro de que las y los colegas de todas las comisiones me hayan apoyado en la presentación de esta enmienda. Si le he entendido bien, el Comisario también considera que este debe ser un objetivo importante del programa CARDS.
También es necesario, no obstante, que el Consejo haga suyo este objetivo. Yo confío mucho en que el Ministro de Educación francés, Jacques Lang, podrá persuadir a su gabinete para que en la próxima reunión del COREPER el Gobierno francés no se oponga a la inclusión de los objetivos educativos en el programa CARDS. Yo creo que esto sería contraproducente y estoy segura de que el Sr. Jacques Lang cuanto esté en su mano y si el Sr. Moscovici estuviese allí, seguramente también lo haría. Yo quiero dar las gracias, por lo tanto, a todas y todos los colegas que han considerado importante este objetivo y me congratulo de que en el futuro podamos aportar algo más a estos países en este contexto, también en lo que respecta a los contenidos.

Wiersma
Señor Presidente, quisiera realizar hoy algunas observaciones generales respecto de lo que denominaría "la reconstrucción política de la zona de los Balcanes" . El Sr. Swoboda dirá algo más, en nombre de mi Grupo, sobre lo que quisiera llamar "la reconstrucción de la UE, esfuerzos de reconstrucción" , ya que esto también figura en el orden del día, de la mano de los informes de los Sres. Lagendijk y Westendorp, a los que manifiesto mi reconocimiento.
En sí misma, la evolución acontecida el año pasado en los Balcanes se califica de positiva. Se han logrado muchos avances en un año y la dinámica interna de algunos países refuerza, por fin, el papel de la comunidad internacional; y eso cuando la crisis de Kosovo está todavía fresca en la memoria. Kosovo es y continuará siendo una preocupación constante.
El resultado de las elecciones locales fue positivo. Por supuesto, eso sucede siempre que ganan los moderados, pero la situación interna continúa tensa, tal como testimonia el asesinato reciente de cuatro romaníes que en tanto refugiados regresaron de Bélgica a Kosovo. Naturalmente, prevalece la pregunta de cuál es el futuro de Kosovo dentro de Yugoslavia. Nosotros, el PSE, nos oponemos a fantasear sobre la independencia de Kosovo. De ahí que esperemos con impaciencia el primer encuentro entre el Presidente Kostunica y el Sr. Rugova. Tal vez la Unión Europea todavía pueda desempeñar ahí un papel mediador.
Sin embargo, no debemos fijarnos solamente en Kosovo. También hay cambios positivos. Ciertamente, quisiera verlos como una vuelta lenta a la normalidad. El año pasado esto quedó reflejado en la evolución de la verdadera democracia y de los políticos, que rechazaron utilizar el nacionalismo como única fórmula política. Reemplazaron y reemplazan a los tres dirigentes que representaban por excelencia la parte negativa de la antigua Yugoslavia en los años 90. Se trata de Tudjman, Milosevic e Izetbegovic.
En Zagreb, hay un gobierno que coincide con nosotros en cuanto al futuro de la región, que invierte de forma efectiva en la democracia y la estabilidad. Mañana recibimos en esta Casa al nuevo Presidente de Yugoslavia. En lo que a mí respecta, son los nuevos héroes de los Balcanes y, por supuesto, son más que bien recibidos.
Croacia debe ahora reforzar rápidamente sus lazos con la Unión Europea. Es el primer país de la antigua Yugoslavia, aparte de Eslovenia, que en mi opinión, entrará en consideración dentro de un tiempo de cara a la pertenencia a la Unión Europea.
Serbia necesita, sobre todo, ayuda material en este momento, cuanto antes. Europa debe mostrar claramente que su respaldo supone una diferencia, ya antes de las elecciones parlamentarias de Serbia. Sin embargo, el premio gordo de esta semana lo merece, en mi opinión, el dirigente de los socialdemócratas de Bosnia y, entre paréntesis, la población eslovaca que no ha mordido el anzuelo en el referéndum pedido por la oposición al gobierno, pero eso constituye un capítulo aparte.
Leí en algunas noticias relativas a las elecciones bosnias que los ultranacionalistas habían ganado las elecciones parlamentarias en Bosnia y Herzegovina. Parece ser así a primera vista, especialmente en la República Sprska y en la zona croata. En la zona bosnia, la posición de los nacionalistas se ha visto por primera vez afectada. En cualquier caso, los cambios en Croacia y Serbia ya empiezan a tener su influencia.
Los socialdemócratas lo han hecho llamativamente bien en esa región. No es algo tan particular en Europa ni, incluso, en los Balcanes, pero lo que sí puede considerarse llamativo es que este partido sea multiétnico y lo manifestara abiertamente en los recientes acuerdos de Sarajevo; el dirigente de este partido, Zlatko Lagumdzija, introdujo junto a serbios, croatas, montenegrinos, albaneses y otros representantes de la región, el concepto de reconstrucción del espíritu. Con ello, llegó al núcleo del problema. Debemos invertir especialmente en la reconstrucción física de la antigua Yugoslavia, pero sólo tiene sentido si también cambia algo en la cabeza de la gente.
Los políticos que abiertamente se esfuerzan por ello no sólo merecen nuestra admiración, sino sobre todo nuestro apoyo. Son los únicos que pueden debilitar el bastión nacionalista. La estabilidad de la región dependerá de en qué medida logran los nuevos dirigentes mantener el espíritu nacional dentro de la botella y pueden desarrollar otra mentalidad. Su suerte política dependerá, así mismo, del éxito de la ayuda de la Unión Europea. Los informes de los colegas Westendorp y Lagendijk contienen los elementos para abordar eficazmente este asunto.

Haarder
Señor Presidente, el Grupo Liberal apoya los informes que estamos debatiendo y apoyamos los intentos de la Comisión por agilizar el complicadísimo trabajo que la Unión lleva a cabo en favor de los Balcanes. La ayuda ha sido demasiado burocrática y lenta porque la Comisión ha trabajado de forma demasiado centralizada y gestionada desde arriba. Se ha llevado a cabo una dirección demasiado detallista y el Parlamento es corresponsable de ello en ciertos puntos. Es nefasto que la agencia haya sido dividida en una sede central en Salónica y en un centro operativo en Pristina. Hemos estado en contra de esta división desde el principio. Y ahora también ha sido criticada por el Tribunal de Cuentas. Es positivo que el presupuesto de este año destine 175 millones a Kosovo y 200 millones a la ayuda de emergencia destinada a Serbia. No obstante, es terrible que las partidas presupuestarias destinadas a la administración de las Naciones Unidas en Kosovo, a la región báltica y a la fuerza de reacción rápida se hayan puesto en reserva.
Es lamentable que no tengamos constancia de cuánto dinero tendremos para Serbia el próximo año. Lo cual es especialmente desafortunado considerando que el Presidente de Serbia elegido por el pueblo serbio nos visitará mañana. Es también desafortunado que una serie de programas se hayan puesto en la llamada reserva de actuación, "opførselsreserven" . Sé bien que el Parlamento con ello forzará a la Comisión a portarse mejor, no obstante, uno no debe coger como rehenes a sus propios hijos, sería mejor que diéramos manos libres a la Comisión para agilizar el trabajo, reservándonos el derecho a criticar a la Comisión si tal cosa no se logra. No debemos convertirnos en cómplices de que programas que deseamos se vean dañados llegado el caso. Demos a la Comisión mayores partidas presupuestarias y permitámosle delegar responsabilidades, de modo que sea más fácil adoptar decisiones rápidas y readaptar el trabajo. Festejemos la visita del presidente serbio elegido por el pueblo serbio de mañana dándole hoy en serio una oportunidad a la Comisión para que encauce nuestra ayuda por una nueva y mejor vía.

Alyssandrakis
Señor Presidente, las financiaciones que estamos debatiendo son un mecanismo más de intervención extranjera en esta región extremadamente sensible de Europa. El imperialismo internacional sabe muy bien cómo dar una de cal y otra de arena, cómo intercambiar las incursiones con la ayuda humanitaria, la destrucción con la reconstrucción. Su objetivo final es la sumisión de los pueblos al nuevo orden de cosas.
Me pregunto cómo pueden hablar de reconstrucción quienes han sembrado la destrucción; de dónde sacan, los asesinos de los niños y de la población civil, la desvergüenza de dar clases de democracia, de estado de derecho y de derechos humanos a sus víctimas. Lo que deben hacer las potencias imperialistas en Yugoslavia es pagar indemnizaciones de guerra y no limitarse a la ayuda humanitaria. Los acontecimientos que han tenido lugar en Yugoslavia hace unas semanas, el supuesto levantamiento popular, tenía detrás por lo menos los cien millones de dólares de la contribución extranjera para la llamada "oposición democrática". Puede que los propios hechos hayan creado un clima de euforia en el liderazgo del imperialismo, pero ellos mismos saben bien que no han subordinado el espíritu de resistencia del pueblo yugoslavo y de otros pueblos. Además, por esta razón, preparan fuerzas militares y policiales ágiles.

Moscovici
Señor Comisario, señoras y señores diputados, todos estamos conscientes de que los Balcanes occidentales constituyen un desafío de capital importancia para la Unión Europea y la credibilidad de su política exterior, a la vez debido al alcance de nuestro compromiso humano, político y financiero en la región, pero también por nuestra voluntad de favorecer la estabilización mediante la construcción, el desarrollo y in fine la reintegración de los Balcanes en la familia europea.
Este año comenzó felizmente con el cambio democrático en Croacia, con las elecciones legislativas y presidenciales. Ha continuado con otro acontecimiento de gran envergadura, que es la victoria de las fuerzas democráticas en la República Federativa de Yugoslavia y la caída de Milosevic. Terminará, lo deseamos, con la consolidación de la democracia el próximo 23 de diciembre, con motivo de las elecciones legislativas en Serbia.
La Unión Europea -ustedes lo saben- ha participado con determinación para contribuir a estos cambios históricos. Reaccionó inmediatamente al nuevo orden en Croacia, participando en el proceso que llevará, con ocasión de la cumbre de Zagreb, el próximo 24 de noviembre, es decir, en diez días, a la apertura de las negociaciones de un acuerdo de estabilización y asociación con ese país. Como se comprometió ante el pueblo serbio, ha tomado las disposiciones necesarias desde la elección del Presidente Kostunica que ustedes recibirán mañana: levantar las sanciones contra la República Federativa de Yugoslavia, ayuda de emergencia de 200 millones de euros decidida por el Consejo Europeo en Biarritz y la integración de la República Federativa de Yugoslavia en la comunidad internacional con el fin de sostener el proceso de consolidación de la democracia.
Quisiera hablar un poco más largo y tendido sobre las prioridades en favor de los Balcanes occidentales. Habida cuenta de la cumbre de Zagreb, hemos deseado concentrar la acción de la Unión en la consolidación de la democracia y la valorización del proceso de estabilización y de asociación. Así, tenemos dos objetivos: primero, el desarrollo de la cooperación regional, luego, la aplicación de una verdadera política de aproximación entre estos países y la Unión Europea.
En Colonia, el Consejo Europeo había ofrecido una perspectiva de adhesión a la Unión. En Feira, reconoció la calidad de candidatos potenciales a la adhesión a los países participantes en el proceso de estabilización y de asociación. Deseamos confirmar esta oferta en la cumbre de Zagreb, pero también ir más lejos definiendo, para cada país, las etapas que ha de superar y las reformas que ha de llevar a cabo en este sentido. Por último, deseamos concretar un apoyo comunitario de primera importancia para acompañar este proceso.
A iniciativa de Francia, la cumbre de Zagreb reunirá, por primera vez, a los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de los países de los Balcanes occidentales que participan en el proceso de estabilización y de asociación: Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República Federativa de Yugoslavia. Esta cumbre brindará, pues, la ocasión de sacar las consecuencias, al más alto nivel, de los cambios democráticos decisivos que han tenido lugar en la región y, por tanto, permitirá reafirmar que de ahora en adelante la vía está abierta para la aproximación de todos los países de la región con la Unión en el marco del proceso de estabilización y de asociación.
Nosotros deseamos valorizar este proceso, especialmente marcando, en Zagreb, la conclusión de las negociaciones del primer acuerdo de estabilización y asociación con la Antigua República Yugoslava de Macedonia, o confirmando un enfoque individual adaptado a la situación de cada país y, como ya lo señalé, trazando las perspectivas para cada uno de nosotros.
La cumbre tendrá igualmente como objetivo consolidar la democracia en la República Federativa de Yugoslavia, apoyar el proceso de reconciliación entre este país y los países vecinos y alentar el desarrollo de una cooperación confiada entre los países de la región. Así, sin esperar la entrada en vigor de los acuerdos de estabilización y asociación, la Unión recordará que espera de los cinco países interesados que se comprometan a establecer entre ellos, desde ahora, convenios de cooperación regional. Estos convenios de cooperación regional, previstos en los acuerdos de estabilización y asociación, deberán, según nosotros, incluir el establecimiento de un diálogo político, de una zona regional de libre comercio, así como una estrecha cooperación en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores, en especial para el fortalecimiento de la justicia y de su independencia en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el lavado de dinero y cualquier otro tipo de tráfico criminal. La aproximación con la Unión Europea está efectivamente estrechamente vinculada, a juicio del Consejo, al desarrollo de la cooperación regional.
El examen de los informes Westendorp y Lagendijk sobre las propuestas de reglamentos relativos, uno al programa marco y, el otro, a la Agencia Europea de Reconstrucción nos da la ocasión de volver a hablar sobre la magnitud del apoyo que la Unión quiere conceder a los Balcanes occidentales con el fin de acompañar el proceso de estabilización y de asociación. Estos dos informes van en la dirección correcta. La Presidencia comparte, en efecto, su preocupación de que el programa marco establezca los principios de la reforma de la gestión de la ayuda exterior de la Unión: menos procedimientos, más coordinación sobre el terreno, menos compromisos en retraso. Del mismo modo, apoyamos que se extienda al conjunto de la República Federativa de Yugoslavia el campo de intervención de la Agencia Europea de Reconstrucción que ya ha demostrado su eficacia en Kosovo. Deseamos que sea más eficaz y más rápida en la puesta en práctica de los programas cuya ejecución le delegue la Comisión.
El objetivo de la Presidencia es llegar a un acuerdo sobre las propuesta de reglamentos relativos al programa CARDS y a la Agencia Europea de Reconstrucción durante el Consejo "Asuntos Generales" de finales de noviembre, es decir, la semana próxima, para anunciarlos en Zagreb el 24 de noviembre. Reitero las principales prioridades asignadas al programa CARDS: el fortalecimiento institucional en el sentido de la democracia y el Estado de derecho, el desarrollo económico y la reconstrucción; la cooperación regional. CARDS debería de este modo dar mayor coherencia, mayor eficacia, mayor visibilidad a la ayuda de la Unión en la región.
Unánimemente, en especial durante el Consejo "Presupuesto" del pasado 20 de julio, los Estados miembros desearon reemplazar el debate sobre el montante de la asignación financiera prevista para CARDS por el período 2000-2006 en el contexto del respeto del límite de la rúbrica 4 de las perspectivas financieras establecidas en el Consejo Europeo de Berlín. Este montante, que integrará una ayuda en favor de la República Federativa de Yugoslavia, resultará de un arbitraje global sobre el reparto de los 10.000 millones de euros disponibles dentro del límite de la rúbrica 4 entre los dos programas de ayuda, MEDA II y CARDS, cuya aprobación figura entre nuestras prioridades.
Por último, la Presidencia hizo aprobar, durante el Consejo "Asuntos Generales" del pasado 18 de septiembre, preferencias comerciales asimétricas en favor de los países que participan en el proceso de estabilización y asociación. Estas medidas conceden un acceso preferencial al mercado comunitario para los productos agrícolas e industriales de estos países. De este modo, la Unión ha hecho un gesto excepcional, puesto que esta liberalización, especialmente para los productos agrícolas, se ofrece casi totalmente sin contingentes y con cero derechos. Estas medidas entraron en vigor el 1 de noviembre. El Consejo trabaja actualmente para ampliarlas a la República Federativa de Yugoslavia.
La Presidencia francesa se había impuesto, en favor de los Balcanes occidentales, objetivos ambiciosos que están por alcanzarse: el desarrollo del proceso de estabilización y asociación, la aprobación del programa CARDS, la aprobación de preferencias comerciales asimétricas, hablando solamente de las medidas comunitarias más destacadas. La victoria tan esperada de la democracia en Croacia, luego en la República Federativa de Yugoslavia, impone, lo sabemos, a la Unión Europea ir mucho más lejos. Es por ello que nos es preciso dar, en la cumbre de Zagreb, un mensaje político muy fuerte, a la altura de las esperanzas de paz y de reconciliación que los pueblos de los países de la región han depositado en este cambio democrático. Toca a la Unión Europea no tener miedo de decir a estos países: sí, su lugar, su porvenir está en el seno de la familia europea.

Collins
Señor Presidente, mi impresión inicial del Presidente Kostuniça es la de que ha sido muy pragmático en sus tratos políticos desde que asumió el poder en la República Federal de Yugoslavia. Ha consolidado su victoria, pero también ha tenido tacto en sus relaciones con otros dirigentes de la región. Ya ha visitado Sarajevo, ha asistido a una reunión oficiosa en Skopje y también ha estado en Moscú. La Unión Europea estuvo acertada al reaccionar positivamente ante el acceso del Presidente Kostuniça al poder. Se han aligerado las restricciones en la concesión de visados y ahora se ha levantado el embargo de petróleo y aéreo. Es loable que la Comisión haya asignado 200 millones de euros para asistencia de emergencia de las ONG. Espero que el Presidente Kostuniça y sus partidarios consoliden continuamente su posición como nueva dirección democrática en todos los niveles políticos de la República Federal de Yugoslavia.
Las elecciones al Parlamento serbio están fijadas para el 23 de diciembre. Acojo con beneplácito que el Presidente Kostuniça haya reconocido la importancia de la cooperación con el Tribunal de Crímenes de Guerra de La Haya. Se ha hecho una invitación al Presidente Kostuniça para que participe, como nuevo Presidente de Yugoslavia, en la próxima cumbre de Zagreb. En lugar de ser un premio para Croacia y un escaparate de su actuación en pos de la democratización, dicha cumbre habrá de ser ahora inevitablemente la celebración de los logros del Presidente Kostuniça. Es muy importante asegurar a los demás participantes de los Balcanes que el regreso de Yugoslavia a la comunidad internacional en modo alguno disminuirá el apoyo que reciben de la Unión Europea. Se debe prestar la atención debida a las sensibilidades de todos los países de la región balcánica y asegurarles que, con la euforia general por el acceso al poder del Presidente Kostuniça, no se los desatenderá.
Otros objetivos de la cumbre de Zagreb deben ser los siguientes: un anuncio de programas de la Comunidad en materia de asistencia y reconstrucción, democratización y estabilización para los Balcanes occidentales, una confirmación del establecimiento progresivo de una zona de libre cambio entre la Unión Europea y los Balcanes occidentales y un compromiso por parte de los países de la región con vistas a la cooperación regional y a la creación de un régimen de libre cambio entre ellos.

El Presidente
Este debate que se interrumpe ahora continuará a las 21.00 horas. La Sra. Pack pide una cuestión de orden. Le ruego que sea una cuestión de orden y no una continuación del debate con el Sr. Moscovici.

Pack
El Sr. Moscovici, lamentablemente, no ha podido estar presente en el momento de mi intervención. Yo desearía que me dijese si apoya que los objetivos incluidos en el programa CARDS se completen con uno más, a saber, el apoyo a la educación y la formación en el Sureste de Europa. Este sería un nuevo objetivo importante en el marco del programa CARDS. La Comisión lo apoya y me gustaría saber si el Consejo también está a favor.

Moscovici
Esta es un pregunta que me parece interesante y me parece que cuenta con el apoyo de la Comisión; por tanto, vamos a examinarla en el seno del Consejo.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0553/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.

William Francis Newton Dunn
Pregunta nº 1 formulada por (H-0818/00):
Asunto: Dispositivo de Reacción Rápida ¿Por qué no se ha debatido formalmente esta propuesta bajo la Presidencia francesa del Consejo, a pesar de que los trabajos al respecto ya se iniciaron bajo sus predecesores?

Moscovici
 - (FR) La Comisión presentó, el pasado 10 de mayo, al Coreper, una propuesta encaminada a establecer un dispositivo de reacción rápida con miras a responder a las expectativas expresadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en Helsinki. Estos pidieron, durante el Consejo Europeo y en el marco del informe sobre el desarrollo de la capacidad europea de gestión militar y civil de las crisis, que se instituyeran mecanismos de financiación rápida, por ejemplo, la creación por parte de la Comisión de un fondo de reacción rápida, con la finalidad de permitir una financiación acelerada de las actividades de la Unión Europea para contribuir a las operaciones dirigidas por otras organizaciones internacionales y financiar, llegado el caso, la actividad de las ONG.
De conformidad con el mandato concedido por el Coreper, el estudio de este proyecto se continúa en el marco del grupo de consejeros en relaciones exteriores del Consejo. El 6 de noviembre se llevó a cabo un primer examen. El objetivo es la aprobación de un reglamento a la mayor brevedad posible, dejando bien claro que para ello, el Consejo debe disponer de un dictamen en debida forma de la parte de su Asamblea.

Newton Dunn
Gracias por su respuesta. Cuando presenté esta pregunta, había, de hecho, un atolladero en el Consejo y no había debate, lo que constituyó la razón para presentarla. Pero acojo con satisfacción que ahora se esté moviendo el Consejo y de que en la Comisión de Asuntos Exteriores tengamos una copia de su documento en el que se dice cuál va a ser el compromiso.
Señor Presidente en ejercicio, quiere usted el dictamen del Parlamento y tenemos entendido que se propone adoptar una decisión el próximo mes de diciembre. Si le digo que el Parlamento va a debatir este asunto en enero, me gustaría saber si esperará a que emitamos nuestro dictamen antes de adoptar su decisión.

Moscovici
Sólo puedo repetir la conclusión de mi respuesta, a saber, que nuestro objetivo es la adopción de un reglamento a la mayor brevedad posible, pero que, para ello, el Consejo debe disponer de un dictamen como es debido de la parte del Parlamento Europeo. Así debe ser.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes las preguntas nº 2 y nº 3 se contestarán conjuntamente.

Yasmine Boudjenah
Pregunta nº 2 formulada por (H-0819/00):
Asunto: Sahara Occidental Los pasados 13, 14 y 15 de septiembre, una delegación del Intergrupo sobre la paz para el pueblo saharaui del Parlamento Europeo, de la que yo misma formaba parte, visitó los campamentos de refugiados saharauis del sudeste de Argelia.
Allí nos entrevistamos con los altos cargos de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), y en particular con su Presidente, así como con los representantes de la Minurso. Esta última ha realizado un trabajo de identificación notable, destinado a la elaboración del censo electoral; se trata de un paso previo a la celebración del referéndum de autodeterminación previsto en el plan de arreglo del Secretario General de las Naciones Unidas y que han firmado el Gobierno marroquí y el Frente Polisario. Marruecos, en particular, ha interpuesto un elevado número de recursos, que son un obstáculo manifiesto a la realización del referéndum.
La delegación ha podido constatar las terribles condiciones de vida de los refugiados. El aplazamiento constante del referéndum y el fracaso de las negociaciones de Berlín el pasado 28 de septiembre son motivo de gran preocupación y de una enorme decepción entre la población.
Asimismo, tuvimos ocasión de comprobar que se desea ver un compromiso más claro por parte de la Unión Europea para solucionar un conflicto que hace imposible la estabilidad en la región.
¿Qué iniciativas va a adoptar la Presidencia del Consejo, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución de 16 de marzo de 2000, para desempeñar un papel más activo con el fin de garantizar la aplicación total y absoluta del plan de paz de la ONU?

Laura González Álvarez
Pregunta nº 3 formulada por (H-0846/00):
Asunto: Referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental Las conversaciones en curso entre el mediador internacional James Baker, delegado del Secretario General de la ONU, y las partes en conflicto para la celebración de un referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental, están bloqueadas. En la reunión celebrada el pasado 28 de septiembre en Berlín, las autoridades marroquíes han evocado la posibilidad de abandonar el Plan de Paz para la organización del referéndum. De otra parte, el Presidente de la Comisión tiene programada una visita a Marruecos y a Argelia para el mes de noviembre.
¿Qué iniciativas está desarrollando o se propone desplegar el Consejo en apoyo al Plan de Paz, para que el referéndum se celebre cuanto antes, evitando los peligros que para la región supondría la reanudación del conflicto? ¿Cuál es la valoración política del Consejo sobre el impasse actual y cuáles son sus orientaciones para contribuir a una justa solución del conflicto?

Moscovici
 - (FR) El Consejo de la Unión Europea aporta su apoyo al proceso en curso a las Naciones Unidas. Apoya los esfuerzos realizados actualmente por el enviado especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. James Baker, que por ahora me parece un poco ocupado con otras obligaciones, pero eso acabará por pasar, con el fin de encontrar una solución justa y mutuamente aceptable en el Sahara Occidental. El Consejo está dispuesto a ayudar a crear un clima de confianza entre las partes y a tratar de instaurarlo. Un arreglo del conflicto del Sahara Occidental debe contribuir a la estabilidad del Maghreb y a su desarrollo económico y social. Sin embargo, resulta que este expediente es competencia de la Organización de las Naciones Unidas y del delegado del Secretario General, cuya acción perseverante en este complejo expediente debe recibir nuestro apoyo.
Desde hace varios meses, la misión del Sr. Baker persigue un doble objetivo. Efectivamente, se trata a la vez de intentar resolver las dificultades que presenta la puesta en práctica del plan de arreglo, que debe llevar a la celebración de un referéndum de autodeterminación el pueblo sarahui y, por otra parte, tratar de llegar a un acuerdo político. Acaba de concederse a las partes un nuevo plazo de cuatro meses -es la resolución 1324- para esforzarse en progresar en ambos frentes. No obstante, al Consejo le preocupa la situación de las poblaciones de los campos de Tindouf en el plano humanitario y alimentario. El compromiso activo de la Unión Europea merece destacarse a este respecto. La Unión Europea es el proveedor más importante de ayuda humanitaria a los refugiados saharuis a través del programa ECHO -se han previsto 10,58 millones de euros para el período 1999-2000, así como una ayuda de 9 millones de euros a partir de noviembre de 2000 por un período de ocho meses, que se encuentra actualmente en curso.

Boudjenah
 Gracias por su respuesta. Usted habla de una solución mutuamente aceptable. Yo misma visité los campos de Tindouf donde la situación, muy difícil, perdura desde hace 25 años.
En todo caso, nos vemos obligados a constatar que una de las dos partes -Marruecos, en este caso- que tiene un peso diplomático y goza de todos los medios de un Estado, hace menos esfuerzos por garantizar la aplicación del Plan de Paz, es decir, los acuerdos de Houston que, con todo, firmó. Continúa hablando de un problema de integridad territorial: son los términos empleados por el rey, especialmente durante su último discurso del trono. Ahora bien, se trata del proceso de autodeterminación de un pueblo y de la aplicación de resoluciones de las Naciones Unidas. Cualquiera que sea el resultado del referéndum -la independencia o la integración a Marruecos- me parece que es la vía democrática, y por tanto eficaz, que permitirá resolver por fin este conflicto. De lo contrario, la exacerbación de la tensión actual y la posibilidad de que vuelvan a recurrir a las armas serían peligrosas para toda la región en el momento en que se está hablando -se hablaba de ello aquí hace un momento- de dar nuevo ímpetu a la asociación euromediterránea.
¿Cómo lograr dar este nuevo ímpetu sin la resolución de este conflicto? Se conocen los estrechos vínculos que existen entre la Unión Europea y Marruecos, y más especialmente entre Francia y Marruecos. Quisiera formular aquí la siguiente pregunta al Sr. Moscovici: ¿qué contenido, qué tipo de discusión mantienen ustedes actualmente con el Gobierno marroquí sobre el Sahara Occidental?

Moscovici
El Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos entregó al finalizar la reunión en Berlín, el 28 de septiembre de 2000 -creo que usted lo sabe­ una declaración en la que reafirma su disponibilidad para agotar todos los medios posibles con vistas a elaborar una solución durable y definitiva. Rabat parece haber comprendido ahora que su propuesta no respondía a las expectativas del Secretario General de la ONU y de su delegado, y que debía ser el punto de partida de la exploración de una solución justa y definitiva.
Por tanto, Marruecos ha enviado a su Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación a Nueva York, el 26 de octubre, con el fin de tener una audiencia en sesión privada con el Consejo de Seguridad después de la audiencia del Secretario General del Polisario, que tuvo lugar el 19 de octubre. En el curso de su intervención, el Sr. Ben Aissa señaló que se presentaría un expediente completo sobre la dimensión y el contenido de la propuesta marroquí en la próxima reunión de las partes, bajo la égida del Sr. Baker. Según el Sr. Ben Aissa, Marruecos sólo había adelantado en Berlín una propuesta de diálogo y había esbozado los contornos.
La posición de Francia es considerar que la disponibilidad anunciada por Marruecos en Berlín constituye un primer paso dirigido a salir del estancamiento actual del proceso de arreglo, que ese paso debe ser entendido como el punto de partida de la exploración de una solución, pero que deberá precisarse y adquirir más substancia para constituir una oferta política que pueda ser tomada en consideración por todas las partes. Esto es lo que exponemos a nuestros socios marroquíes.

Posselt
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, yo creo que la UE podría ejercer una influencia mucho mayor en el Magreb si la vinculación con el proceso de reformas en Marruecos fuese aún más sólida. Yo quisiera preguntarle en qué situación se encuentra el acuerdo de asociación con Marruecos. Como usted sabe, aquí ya debatimos el acuerdo pesquero. También en este caso es preciso alcanzar una solución. Pero yo creo que el tema del acuerdo de asociación es muy urgente.

El Presidente


Nuala Ahern
Pregunta nº 4 formulada por (H-0820/00):
Asunto: El transporte seguro de materiales radiactivos en la UE ¿Qué consultas se han llevado a cabo entre el Consejo (los ministros de Transporte, Medio Ambiente y Energía) y la Presidencia francesa y el Grupo permanente de trabajo (expertos) sobre el transporte seguro de materiales radiactivos en la UE, con anterioridad, o posterioridad, al anuncio del Gobierno alemán en septiembre de 2000 de que reanudaría el transporte transfronterizo de materiales radiactivos, suspendido en mayo de 1998 por razones de seguridad?

Moscovici
 - (FR) El transporte de materiales radiactivos en Francia se realiza de conformidad con una legislación pertinente. Se trata especialmente de la Directiva núm. 94/55/CEE del Consejo, del 21 de noviembre de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera, y la Directiva núm. 96/49/CEE del Consejo, del 23 de julio de 1996, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros respecto al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, que se aplican al transporte de materiales radiactivos y fijan diversas prescripciones técnicas en lo que concierne a los vehículos, marcas y embalajes.
La organización del transporte de materiales radiactivos entre Francia y Alemania es objeto de consultas bilaterales entre ambos países. Ni el Consejo de Ministros, ni la Presidencia francesa como tal participan en esas consultas. Simplemente puedo señalarle que Francia y Alemania -aquí ya no me expreso como Presidente del Consejo- mencionaron estos asuntos en el curso de una cumbre bilateral en Vittel, la semana pasada, y que se decidió constituir un grupo de trabajo con el fin de remediar el problema.

Ahern
Lamento informar al Ministro de que en realidad no ha respondido a mi pregunta. He preguntado qué consultas se celebraron entre el Consejo, la Presidencia francesa y el grupo de trabajo permanente de expertos. He formulado esa pregunta porque sólo tres semanas después de que el grupo de expertos del Consejo, el grupo de trabajo permanente sobre transporte sin riesgos de materiales radiactivos, publicó un informe en abril de 1998 en el que daba el visto bueno sanitario a la forma como se transportaban los residuos nucleares, se descubrió que los transportes estaban contaminados, como sabe el Ministro perfectamente. Como están a punto de reanudarse, según he oído decir -y me alegro de saber que se están celebrando todas esas consultas-, ¿podemos conceder crédito alguno al grupo de trabajo sobre residuos? Dijo que todo iba a las mil maravillas, pero después se descubrió que los transportes estaban contaminados. A la luz de ese descubrimiento, ¿por qué hay sólo representantes de la industria nuclear y de los gobiernos en ese grupo de trabajo de expertos? ¿Por qué no pueden participar expertos independientes y aportar información detallada que podría ser pertinente? ¿Podría pedir al Ministro que no se vaya por las ramas en su respuesta?

Moscovici
Decidimos -una vez más, lo repito- el establecimiento de un grupo de trabajo. En lo esencial, se trata de una cuestión bilateral. Sin embargo, tenga la seguridad de que realmente tenemos la intención de lograrlo. No se trata de dejar de lado uno u otro elemento, sino con el fin de acabar con ese problema.

El Presidente


Ioannis Souladakis
Pregunta nº 5 formulada por (H-0826/00):
Asunto: Iniciativas comunitarias en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán Tras el largo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que ha supuesto una grave paralización del desarrollo económico y un fuerte impacto en las sociedades de ambos países, se observan últimamente esfuerzos recíprocos de acercamiento que permitirían a estos países salir del estancamiento en que se encuentran actualmente y avanzar en la reconstrucción. Así, se han celebrado recientemente por lo menos 11 reuniones entre los presidentes de Armenia y de Azerbaiyán, Robert Korachián y Geitar Aliyev respectivamente (según publica el International Herald Tribune de 7 de septiembre de 2000). Hasta la fecha, la Unión Europea ha observado con indiferencia los esfuerzos realizados por ambos países y no ha adoptado ninguna iniciativa al respecto, dejando así campo libre a movimientos intencionados de otros factores estratégicos.
¿Qué iniciativas diplomáticas piensa adoptar el Consejo en favor del acercamiento entre Armenia y Azerbaiyán, de la solución de los contenciosos bilaterales y del fomento de la colaboración entre ambos países?

Moscovici
 - (FR) La estabilidad y el desarrollo del Cáucaso representan una de las prioridades estratégicas de la Unión. Como usted sabe, la Unión Europea sostiene los esfuerzos de mediación en curso para encontrar un arreglo político a todos los conflictos en la región, teniendo como base el respeto de la integridad territorial de los Estados interesados y un grado de autonomía adecuado. Por ende, la Unión sigue de cerca los contactos entre Armenia y Azerbaiyán con miras a encontrar una solución al asunto del Alto Kharabakh. Es por ello que saluda las reuniones que se celebran periódicamente entre los dos presidentes y hace votos por que esas reuniones permitan llegar a un arreglo político.
La Unión Europea sigue estando convencida de que el grupo de Minsk, de la OSCE, ha de jugar un papel central en la perspectiva de un arreglo del conflicto del Alto Kharabakh, incluso si los diferentes planes de arreglo propuestos por este grupo en 1997 y 1998 fueron rechazados a la vez por Yerevan y Bakú. La Unión recurre además a todos los instrumentos de los que dispone en el marco del acuerdo de asociación y cooperación para contribuir a mejorar las relaciones entre ambos países. Gracias a las diferentes instancias de cooperación, es posible establecer un diálogo político periódico encaminado a facilitar los intercambios entre Armenia y Azerbaiyán.
Al mismo tiempo, la Unión continúa aportando una ayuda material importante a estos dos países, por el intermediario de sus diferentes programas, especialmente TACIS. Ha ofrecido financiar proyectos transfronterizos de interés común con miras a contribuir al restablecimiento de relaciones de buena vecindad entre ambos países. El compromiso de la Unión Europea ha sido públicamente reconocido por Armenia y Azerbaiyán, que se declararon abiertos a un fortalecimiento de las relaciones entre sus países y la Unión.

Souladakis
Permítanme decir que la respuesta del Sr. Presidente en ejercicio del Consejo no es satisfactoria. Tiene el elemento típico de un trámite operativo y no el elemento político de una iniciativa. Debemos señalar que para estabilizar la región del Cáucaso hacen falta unas iniciativas y un proyecto más amplios. Y una Unión Europea que recientemente - por lo que he leído en los periódicos - ha cambiado de estrategia en sus problemas energéticos y se orienta más hacia la antigua Unión Soviética - con lo que esto significa para la región más amplia - está claro que no se puede quedar pasiva ante el curso de los acontecimientos. En este sentido pues, y ya que la pregunta no ha sido formulada para expresar la satisfacción de que todo va bien, sino para expresar una reflexión, creo que puede ser el punto de partida de una política integrada, como la que estamos debatiendo últimamente sobre los Balcanes, es decir, un nuevo pacto de estabilidad para la región del Cáucaso, con la iniciativa política de la Unión Europea, con prioridades y objetivos políticos relacionados con el desarrollo, la autonomía y la democracia en esta región.

Alavanos
Señor Presidente, para empezar voy a hacer mía la pregunta que ha planteado el Sr. Souladakis, es decir, ¿qué tipo de iniciativas ha emprendido la Unión Europea en este gran problema, que estanca y condena a una región rica a estar en esta situación? Más concretamente, una de las grandes cuestiones significativas que crean grandes problemas en la región es el embargo que ha impuesto Turquía a Armenia, quisiera preguntar al señor Presidente en ejercicio del Consejo si en las negociaciones y conversaciones mantenidas con Turquía se ha planteado, aunque sea como un debate académico, el levantamiento del embargo de Turquía a Armenia, que condena a este último país a la pobreza y a la desgracia.

Moscovici
 Comprendo los puntos de vista expresados por los dos señores diputados. No tengo mucho que añadir sobre la acción de la Unión, tal como ha sido dirigida.
En lo que respecta a la discusión con Turquía, salimos de un importante debate sobre este tema y ustedes conocen exactamente las posiciones de la Unión Europea a este respecto.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 6 decae.

Jonas Sjöstedt, a quien sustituye la Sra. Frahm
Pregunta nº 7 formulada por (H-0832/00):
Asunto: Propuestas legislativas para evitar el encubrimiento de refugiados La Presidencia francesa ha propuesto medidas destinadas a endurecer la legislación para las personas que transporten o encubran a refugiados que no tengan derecho a encontrarse en la UE. Las propuestas afectan a todo aquel que encubra a un refugiado, incluso a quienes lo hagan sin ánimo de lucro. Estas propuestas dan también a los Estados miembros diversas posibilidades de penalizar a las organizaciones que encubran a refugiados, e incluso de disolverlas. ¿Considera la Presidencia que esta posibilidad de disolver una organización debe aplicarse también a las asociaciones con fines no lucrativos, como las iglesias, los conventos y los partidos políticos?

Moscovici
 - (FR) El drama de Douvres, el pasado mes de junio, puso cruelmente de manifiesto la necesidad de luchar más eficazmente contra las redes de inmigración clandestina.
El Consejo Europeo de Feira, el pasado mes de junio, pidió al Consejo que aplicara de manera acelerada las medidas de lucha contra las redes clandestinas previstas en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de octubre de 1999.
Las medidas a las que se refiere el autor de la pregunta consisten en un proyecto de directiva del Consejo y un proyecto de decisión marco destinados, el primero, a definir la noción de ayuda a la entrada, la circulación en estancia irregular y, el segundo, a reforzar precisamente el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada y la estancia irregular definida como tal.
Estos textos, que han sido transmitidos al Parlamento Europeo para consulta, están actualmente en curso de examen en los grupos competentes del Consejo. Están encaminados esencialmente a luchar contra el tráfico de seres humanos que tiene lugar a través de la ayuda a la inmigración clandestina por redes organizadas. El objetivo es poder desmantelar y sancionar a las organizaciones criminales que se dedican a este tipo de tráfico.
La pregunta del señor diputado brinda, pues, a la Presidencia la ocasión de disipar ciertas confusiones. Los textos pertinentes no tienen como finalidad impedir que los refugiados potenciales ejerzan su derecho a pedir asilo en el territorio de la Unión.
En efecto, el señor diputado estará de acuerdo en que un refugiado potencial no es ipso facto un inmigrante clandestino. Estos textos tampoco tienen como finalidad impedir a las organizaciones sin ánimo de lucro cumplir con su cometido, siempre y cuando respeten, claro está, las leyes aplicables. Por tanto, se trata efectivamente de luchar contra las organizaciones criminales implicadas en el tráfico de seres humanos y no de desmantelar organizaciones no gubernamentales, caritativas, políticas o religiosas, salvo, claro está -pero ni siquiera puedo imaginarlo- si sus actividades sirven para encubrir maniobras ilegales.

Frahm
Estamos de acuerdo en que la situación de Dover pide a voces nuestra reacción, pero pienso que también muestra otra cosa. En los medios de comunicación daneses hemos visto a un chico afgano de catorce años que decía que si uno va a volar, debe tener un agente. Ésta fueron sus palabras -un agente-, pero muestra algo de las dificultades a las que se enfrentan las personas huidas para llegar hasta una zona en la que puedan solicitar asilo y aquí es donde radica todo el problema. Me gustaría preguntar cómo ve el Consejo que así se contribuya aún más a la criminalización de las acciones humanitarias. Nos hallamos en un vado donde los dos grupos de inmigrantes y refugiados son confundidos a menudo. ¿Qué opina el Consejo al respecto? Criminalizar aún más este ámbito contribuirá a que sólo queden las personas sin escrúpulos, los cínicos y aquellos que quieren lucrarse con ello. ¿Es realmente la política del Consejo contribuir a que el dinero de las personas perseguidas y pobres acabe en los bolsillos de la mafia y de organizaciones similares?

Moscovici
Creo que el espíritu de los textos europeos quiere que cada Estado miembro tome las medidas necesarias para considerar como una infracción el hecho de facilitar intencionalmente, con ayuda directa o indirecta, la entrada y la circulación, o la estancia irregular en su territorio, de un extranjero no ciudadano de un Estado miembro de la Unión. Esa es la filosofía general.

Martin, David
Señor Presidente, acojo con satisfacción la respuesta del Consejo a la pregunta original. Sólo quiero que el Ministro vuelva a insistir en que esta legislación propuesta va dirigida contra quienes explotan y se benefician de personas que están en una situación desesperada y no va encaminada a criminalizar al inmigrante o al inmigrante potencial. Va encaminada a poner coto a las bandas que obtienen beneficios económicos de los inmigrantes. Eso es lo que ocurrió en Dover. Era un negocio organizado que acabó con la muerte de unas personas en el recinto trasero de un camión, porque otras personas estaban obteniendo beneficios económicos con ellas. A eso es a lo que debemos poner fin.
¿Alentará también el Consejo a los Estados miembros -y en esto es en lo que convengo con la Sra. Frahm- a diferenciar con mayor claridad a los solicitantes de asilo de los inmigrantes ilegales? En este momento parece que los Estados miembros están empezando a olvidar sus obligaciones internacionales. Tenemos la obligación internacional de tratar adecuadamente a los solicitantes de asilo y aplicarles determinados procedimientos. Algunos Estados miembros parecen confundir ahora a los solicitantes de asilo con los inmigrantes ilegales.

Moscovici
Confirmo la lectura que hace el Sr. Martin. Se trata efectivamente de luchar contra las organizaciones criminales implicadas en el tráfico de seres humanos, y no de echarse atrás respecto a los textos de tradición que permiten a los refugiados potenciales ejercer su derecho a pedir asilo en el territorio de la Unión. Se trata efectivamente de eso y no de otra cosa. Y añado una precisión suplementaria: se trata especialmente, en estos dos textos, de reforzar el marco penal para luchar contra las redes organizadas de pasadores. Es efectivamente este tipo de actos y este tipo de organización que deseamos combatir con toda resolución.

Schmidt, Olle
Señor Presidente, señor Ministro, aunque se me ha explicado, sigo sin entender completamente por qué se ha presentado esta imprecisa y parcialmente inhumana propuesta. ¿No sería más razonable y adecuado que los gobiernos de la UE y el Consejo de Ministros reflexionasen sobre las causas de la inmigración ilegal hacia Europa? Quisiera preguntar al Ministro a cuántos países exigen visados actualmente los Estados miembros de la UE ¿ a 10 países, a 50 países o quizás a 100 países? Según los últimos informes que tengo en mi poder serían 127 países. ¿Es esta cifra correcta? Si es así, ¿opina usted que esto es razonable y que implica una política de asilo humanitaria?

Moscovici
No tengo otro elemento complementario de respuesta que añadir.

El Presidente


Maj Britt Theorin
Pregunta nº 8 formulada por (H-0836/00):
Asunto: Asesinatos por honor en Turquía En Turquía mueren asesinadas cada año varias decenas de mujeres por cuestiones de honor. Es verdad que la Ley turca otorga a las mujeres los mismos derechos que a los hombres, pero en la práctica muchos hombres siguen matando a mujeres porque han sido violadas, han cometido adulterio o simplemente han tenido contacto con otros hombres. Por lo general, las penas impuestas a los asesinos no son largas, algunos salen del paso con condenas de solamente dos años.
Turquía está preparando una nueva ley que prohibe la reducción de las penas. Se trata de una reforma necesaria, pero es aun más importante que los altos cargos religiosos condenen los asesinatos por honor, que son contrarios al Islam. No sólo se requieren leyes, sino también medidas destinadas a alentar el debate y concienciar a la opinión pública.
¿Qué va a hacer el Consejo para que Turquía adopte medidas más eficaces para combatir los asesinatos por honor?

Moscovici
 - (FR) La señora diputada ha llamado la atención del Consejo sobre el asunto de los crímenes por honor en Turquía. Estas prácticas parecen encontrarse en franca regresión y ya sólo serían, según se nos ha dicho, residuales en las zonas rurales. El Consejo sigue, no obstante, preocupado por esos crímenes que se llevan a cabo a menudo en condiciones intolerables. El Gobierno turco ha introducido reformas importantes destinadas a luchar mejor contra tales actos, naturalmente prohibidos por la legislación nacional.
En el informe que el Consejo de Ministros turco aprobó el pasado 21 de septiembre como programa de reforma, figuran en la parte de las modificaciones legislativas varios proyectos: inscribir en el código civil medidas que refuercen la igualdad efectiva de los hombres y las mujeres en los ámbitos socioeducativos; luchar mejor contra las violencias familiares; condenar mejor esas violencias mediante la creación de jueces especializados en el ámbito de la familia y, por último, prohibir la posibilidad de una reducción de pena por crimen de honor.
Tenga la seguridad de que el Consejo se mostrará particularmente vigilante respecto a la aplicación de estas medidas que participan del respeto de los criterios de Copenhague ampliamente mencionados hace un momento. En todo caso, los crímenes de honor no son un problema específico a Turquía, ya que afectan a un gran número de países en el mundo. Por tanto, el Consejo ha sostenido la iniciativa neerlandesa de introducir este año, en el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un proyecto de resolución contra estos crímenes, que todavía se encuentra en curso de examen. El Consejo observa que Turquía también ha brindado su apoyo a esta iniciativa.

Theorin
Sin entender cómo se puede justificar un fenómeno tan bárbaro como los asesinatos por honor, podemos comprobar que cada año docenas de mujeres son asesinadas a sangre fría por sus hermanos, padres, primos o maridos, diciendo que es para mantener el honor de la familia.
Para la familia, y especialmente para los hombres de la familia, la condición, el honor y la honra están avalados por una serie de pertenencias, incluidas las mujeres de la familia. Según este concepto, muchos miembros de la familia tienen la potestad y el deber de asesinar a una mujer de la familia cuyo valor ha menguado por haber sido deshonrada. No importa si ella ha pecado voluntariamente o involuntariamente o si ha sido violada.
Es positivo que el Consejo destaque las iniciativas que se han adoptado y también es importante prohibir que se rebajen las penas, pero lo es aún más oponerse a la aceptación general de los asesinatos por honor. Mi pregunta al Consejo es: ¿existe la disposición de actuar enérgicamente para romper esta espiral de violencia exigiendo, por ejemplo, que los líderes musulmanes rechacen oficialmente los asesinatos por honor?

Moscovici
Creo efectivamente que es preciso luchar en contra de estos crímenes por todos los medios, absolutamente todos los medios, y compruebo que tanto el Consejo de la Unión como la Asamblea General de las Naciones Unidas y, a mi juicio, el Gobierno turco, están dispuestas a hacerlo. Es preciso que este tipo de crímenes regresivos, de otra época, desaparezcan.

El Presidente


Othmar Karas
Pregunta nº 9 formulada por (H-0839/00):
Asunto: Actitud del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos con respecto a Austria En una entrevista con el canal de televisión francés "France 3" el Ministro francés encargado de Asuntos Europeos, Pierre Moscovici, ha vuelto a subrayar su rechazo con respecto al Gobierno austríaco. Ha afirmado que sigue estando convencido de que la coalición gubernamental entre el ÖVP y el FPÖ es "anormal" y que el FPÖ es un "partido racista y xenófobo" .
¿Cómo justifica el Consejo que un representante oficial de la Presidencia francesa del Consejo, incluso después del juicio positivo sobre Austria emitido en el informe de los "sabios" y de la consiguiente supresión de las "sanciones" injustificadas contra Austria, siga manteniendo, sin que se le contradiga, una actitud de rechazo, agresiva e hiriente de esta índole frente a un miembro de pleno derecho de la Unión Europea? ¿Puede explicar el Consejo si las declaraciones del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos representa la actitud de la Presidencia francesa del Consejo de la UE o si, por el contrario, se trata de la opinión privada del Sr. Moscovici? ¿Puede confirmar el Consejo que de las declaraciones y de la actitud del Sr. Moscovici no resultarán para Austria ni su Gobierno desventajas ni trato desigual de ningún tipo a la hora de realizar los importantes y amplios proyectos europeos previstos? ¿Cuándo va a tener lugar un distanciamiento público de las afirmaciones de Moscovici y una clarificación por parte del Consejo?

Moscovici
 - (FR) Es verdad que, al leer esta pregunta, me pregunté qué podía haber contado ese Ministro francés encargado de Asuntos Europeos que, cito la pregunta: "ha vuelto a subrayar su rechazo con respecto al Gobierno austríaco. Ha afirmado que sigue estando convencido de que la coalición gubernamental entre el ÖVP y el FPÖ es "anormal" y que el FPÖ es un "partido racista y xenófobo" . El autor de la pregunta continúa: ¿Cómo justifica el Consejo que un representante oficial de la Presidencia francesa del Consejo, ... siga manteniendo, sin que se le contradiga, una actitud de rechazo, agresiva e hiriente de esta índole frente a un miembro de pleno derecho de la Unión Europea?
"¿Puede explicar el Consejo si las declaraciones del Ministro francés encargado de Asuntos Europeos representa la actitud de la Presidencia francesa del Consejo de la UE o si, por el contrario, se trata de la opinión privada del Sr. Moscovici? Por último, "¿Puede confirmar el Consejo que de las declaraciones y de la actitud del Sr. Moscovici no resultarán para Austria ni su Gobierno desventajas ni trato desigual de ningún tipo a la hora de realizar los importantes y amplios proyectos europeos previstos? ¿Cuándo va a tener lugar un distanciamiento público de las afirmaciones de Moscovici y una clarificación por parte del Consejo?"
No esta noche, y ahora contesto, ya que conozco al ministro en cuestión y voy a darle una respuesta del Consejo. En respuesta a la pregunta formulada por el Sr. diputado, la Presidencia recuerda que la situación política en Austria y las medidas bilaterales adoptadas por los demás Estados miembros con respecto a este país, que luego fueron retiradas, no son competencia del Consejo, puesto que se trata de medidas bilaterales. Por tanto, la Presidencia no tiene por qué dar una respuesta sobre este punto. Sin embargo, cae por su propio peso que, una vez retiradas estas medidas, no existiría en lo sucesivo ningún tipo de desventaja ni trato desigual para Austria ni su Gobierno, puesto que no hay medidas a este respecto.
En cambio, a título personal, puedo confirmarle que las declaraciones expresadas por dicho ministro en France 3 reflejan efectivamente lo que piensa sobre este asunto.

Karas
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, con su respuesta, usted acaba de demostrar que se ha apropiado a nivel personal del Consejo. También ha demostrado que sus prejuicios personales, que se contradicen con la realidad austríaca y con el informe del "comité de sabios" también condicionan fuertemente su actuación como Presidente del Consejo, como queda patente en su itinerario para preparar la "gira de las capitales" del Primer Ministro y el Presidente del Consejo franceses. En consecuencia, yo le pregunto: ¿cuándo va a decidirse a ejercer sus funciones respetando plenamente el espíritu de Robert Schumann y sobre la base del contenido del informe del "comité de sabios" y de la realidad austríaca, sin dejarse guiar por sus prejuicios personales.

Moscovici
No se trata de un asunto de prejuicios personales. Yo puedo tener, como todo el mundo, aquí y en todos lugares, un análisis político sobre la naturaleza del gobierno. Observo, por lo demás, que los sabios se pronunciaron y que, por ejemplo, los adjetivos racistas y xenófobos figuran en su informe, en todo caso en forma de pregunta.
Por lo demás, puedo asegurarle que en mi calidad de Presidente en ejercicio del Consejo, estos puntos de vista personales no tienen ningún tipo de influencia. Reitero: ninguna. El Gobierno austríaco es el gobierno legítimo de un país de la Unión Europea. Su forma puede aprobarse o desaprobarse. En todo caso, se tomaron medidas precisamente porque los otros 14 países la desaprobaban. Hoy, ya no hay medidas y, por tanto, vamos a tratar a ese Gobierno como a cualquier otro. Por otra parte, siempre ha sido así en el marco de la Unión, puesto que las medidas mencionadas fueron bilaterales, se los recuerdo.
Por tanto, le tranquilizo plenamente, en el marco de la Unión, el Gobierno austríaco se considera totalmente en pie de igualdad con los demás. Participa en todos los Consejos en el marco de esta Presidencia. En lo relativo al viaje del Jefe de Estado, del Presidente de la República, Jacques Chirac, naturalmente que se detendrá en Viena, es evidente. Añado que el Presidente de la República irá acompañado, como es la tradición, de un ministro de su Gobierno, ya sea el Ministro de Asuntos Exteriores, o yo mismo. La semana próxima, habrá una reunión de la Conferencia Europea, a invitación mía, en Francia, es decir con los países candidatos. Me anuncian que vendrá la Sra. Ferrero-Waldner. La recibiré con mucho gusto.
En todo caso, es preciso distinguir bien entre dos cosas. Una es la Presidencia francesa de la Unión Europea, que tiene sus deberes y los ejerce en toda objetividad, y otra es la opinión política que un hombre político puede tener sobre una situación política. Y en este sentido, no la cambio.

Flemming
Señor Presidente, yo comparto la opinión del señor Presidente del Consejo en el sentido de que los partidos de extrema derecha no tienen cabida en los Gobiernos. En Austria esto tampoco sería posible en ningún caso, pues los partidos de esas características están prohibidos. Mi pregunta al señor Presidente del Consejo es la siguiente: ¿Cómo se explica que los partidos de extrema derecha no estén prohibidos en Francia y qué opina el señor Presidente del Consejo sobre la participación de partidos de extrema izquierda en los Gobiernos? Señor Presidente del Consejo, permítame que añada una pequeña observación: yo amo a Francia y también a los franceses, y el encanto de los hombres franceses es por regla general - digo por regla general- insuperable.

El Presidente
Las disgresiones sobre Francia y sobre el encanto de los hombres franceses son muy interesantes en este Parlamento pero el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo debe contestar en su condición de tal. No como varón francés ni en clave de política interior.

Moscovici
 Simplemente me preguntaba por qué utilizó usted la expresión "por ejemplo" , tratándose del encanto de los franceses, creo que es totalmente general, al menos, así lo espero.
Sencillamente quería decir que no hay discriminación alguna en la materia respecto a uno u otro país. Pongo un ejemplo: si el día de mañana en mi país, Francia -y aquí me expreso en mi calidad de ministro- llegara al poder un partido de extrema derecha, yo desearía que se tomaran en contra de mi país medidas del tipo que se tomaron en contra de Austria. Por tanto, no hay discriminación con respecto a uno u otro país. Creo que hay un cierto número de valores que son los valores de la Unión Europea y que toleran mal, efectivamente, la accesión de ciertos países a ciertas responsabilidades. Esa es la posición política.
Una vez dicho esto, quisiera precisar, estimada señora, que quiero a Austria y quiero a los austríacos en general.

Rübig
Señor Presidente, en Niza se va a tratar el tema de la reforma de las instituciones. ¿Cree usted que el modelo que se ha seguido en el caso de Austria, esto es, la adopción de decisiones bilaterales mayoritarias, se podría utilizar en el futuro como un instrumento para adoptar decisiones al margen de las instituciones europeas y crear una nueva institución o un nuevo grupo, con el fin de poder eludir la norma de unanimidad en el Consejo?
Otra pregunta complementaria: ¿cuál es su posición en lo que se refiere a los partidos de extrema izquierda y qué opina al respecto?

Moscovici
 Voy a contestarle sobre el primer punto de manera muy clara. Esas medidas bilaterales demostraron su alcance y sus límites. Se tomaron y se retiraron, y creo que, efectivamente, es preciso proponer un mecanismo jurídico inscrito en los Tratados. Y a este respecto, varios países, entre ellos Austria, hicieron propuestas de modificación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, con miras a instituir un mecanismo de prevención y de alerta, que permita a un país del que cabe pensar que no está en conformidad con los valores de la Unión Europea, recibir recomendaciones sin dejar de ser escuchado. Esa es la propuesta del Gobierno austríaco, por ejemplo. Puedo asegurarle que esta propuesta se tiene perfectamente en consideración, y estoy convencido de que debemos lograr, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, una reforma del Tratado que vaya en este sentido.
Por lo demás, yo no pronuncié aquí las palabras "extrema izquierda" ni "extrema derecha" porque correríamos el riesgo de tener un debate sobre la definición. Cuando usted explica que los partidos de extrema derecha están prohibidos en Austria, está muy bien. Pero también cabe interrogarse sobre qué es o qué no es la extrema derecha. Por mi parte, yo he querido hablar de valores: hablé de valores tal como figuran en nuestro textos, hablé de valores tal como se han reafirmado en la Carta de los Derechos Fundamentales y hablé especialmente -es verdad- de la lucha contra todas las discriminaciones, que está inscrita en el frontispicio de los textos europeos. Eso es lo que debemos hacer respetar.

El Presidente


Alexandros Alavanos
Pregunta nº 10 formulada por (H-0842/00):
Asunto: Respuesta del Consejo a la carta del Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ismail Cem En una intervención complementaria durante el turno de preguntas del 5 de septiembre de 2000 (pregunta H-610/00), tuve la ocasión de preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo cuál era su respuesta a la carta dirigida por el Ministro turco de Exteriores Ismail Cem a sus homólogos comunitarios, con la que pretendía promover su interpretación personal de las decisiones de la Cumbre de Helsinki.
La réplica del Presidente, en la que afirmaba no tener una respuesta concreta a esta cuestión y aludía a la Cumbre de Helsinki como nuestra pauta común, no constituye, desde luego, una respuesta a las observaciones tan concretas que se hacen en la carta de Ismail Cem.
¿Cuál es la respuesta del Consejo al punto de la carta de Ismail Cem en el que se sostiene que en la asociación no puede vincularse la cuestión chipriota con las relaciones UE-Turquía, y que dicha vinculación constituiría una vulneración de las condiciones de Helsinki?

Moscovici
 - (FR) El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Sr. Cem, dirigió efectivamente una carta a sus homólogos de los Estados miembros de la Unión Europea. La carta no se presentó al Consejo, pero la Presidencia, naturalmente, contestó al Sr. Cem. Los términos de esta respuesta fueron comunicados al conjunto de los Estados miembros.
En lo relativo a la asociación de adhesión de Turquía que usted menciona, la Comisión presentó sus propuestas el pasado 8 de noviembre, al mismo tiempo que sus informes sobre los progresos realizados por cada uno de los 13 candidatos a la adhesión. El Consejo debe ahora examinar esta propuesta. La Presidencia mantiene su objetivo de adopción de la asociación durante el Consejo "Asuntos Generales" del 20 de noviembre. ¿No pudo, por tanto, mencionarse a fondo este asunto de la asociación en la respuesta dirigida por el Sr. Vedrine al Sr. Cem? Sin embargo, la Presidencia pone de relieve en esta ocasión la importancia que se concede a hacer de esta asociación un instrumento útil para las definiciones del futuro programa nacional de recuperación del acervo comunitario por parte de Turquía y para la puesta en práctica de la estrategia de preadhesión de este país, de conformidad con la letra y el espíritu de las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki. Creo, además, que el debate que tuvimos hace un momento sobre Turquía permite ilustrar el espíritu en el que desean trabajar tanto el Consejo como la Comisión.

Alavanos
Agradezco al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo que haya mencionado tan correctamente la propuesta sobre una decisión del Consejo sobre la asociación, que es un elemento nuevo. Por eso mis preguntas van a ser muy concretas, basándome en el texto de la Comisión. Primero, ¿le es posible al Consejo aceptar un texto sobre Turquía en el que no hallamos la palabra minoría, ni la palabra kurdo? Segundo, ¿le es posible al Consejo admitir un texto en el que, en los objetivos a largo plazo, no está siquiera la postura de Helsinki sobre las "diferencias fronterizas, como dice, entre un país candidato a la adhesión y un país miembro de la Unión Europea"? Y tercero, ¿Puede ser que en un texto de este tipo, en relación con el problema de Chipre, leamos esta ridícula postura de la Comisión "que Turquía apoye los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas" en lugar de "que Turquía admita una solución basada en las decisiones de las Naciones Unidas"?

Moscovici
Tratándose de minorías, especialmente del problema kurdo, creo que todo aquel que haya escuchado el debate de hace unos momentos sabe bien que estos temas son conocidos tanto por la Comisión como por el Consejo y que ambos los tienen en cuenta.
Tratándose del arreglo político en Chipre al que usted se refiere, Sr. Alavanos, este asunto seguirá tratándose con Turquía, tal como nos comprometimos a hacerlo en Helsinki. Les recuerdo que este diálogo político constituye, a la par de la futura asociación para la adhesión, uno de los elementos de la estrategia de preadhesión de Turquía definidos en esta ocasión. El Consejo "Asuntos Generales" del próximo lunes, 20 de noviembre, debatirá precisamente la propuesta de asociación de adhesión que acaba de formular la Comisión y que implica referencias sumamente claras, explícitas, precisas, a las conclusiones de Helsinki. Este es el espíritu en el que vamos a trabajar. La Presidencia del Consejo hará todo lo que esté a su alcance para llegar a un buen acuerdo.

Korakas
Señor Presidente, quisiera expresar mi sorpresa. Es decir, tenemos la situación siguiente sobre la que quisiera que nos contestase el Sr. Ministro. Para empezar, en las conclusiones de Helsinki dice que la solución a la cuestión de Chipre no es una condición para su anexión. Y el problema de Chipre no es un problema cualquiera. Es una cuestión concreta de un ataque y una ocupación de una parte significativa del territorio de un país miembro de las Naciones Unidas, candidato a la adhesión a la Unión Europea, por parte de otro país, también miembro de las Naciones Unidas y también candidato a la adhesión a la Unión Europea. ¿Y decimos que el fin de esta ocupación no es una condición para solucionar la cuestión de Chipre? Además, ¿cómo ve la postura del Sr. Cem -no ha respondido el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Moscovici- que dice que para avanzar en la asociación de Turquía con la Unión Europea, no es posible tomar en cuenta la cuestión de Chipre? Es decir, hay alguna posibilidad de que se fomenten esta asociación y la anexión de Turquía a la Unión Europea sin poner fin a la ocupación de Chipre y sin que Turquía se lleve de Chipre a sus habitantes? Porque si es así, no nos acusen cuando consideramos a la Unión Europea un organismo imperialista.

Moscovici
Yo estuve presente en el Consejo Europeo de Helsinki, incluso en la sala, en el momento en que se trataron esos temas. Sé que aceptamos, y cuando digo aceptamos, hablo de los Quince, incluida pues Grecia, la candidatura de Turquía. Lo hicimos tomando conclusiones que son sumamente precisas, que nos comprometen, que siguen comprometiéndonos. Y de eso es lo que se trata. Todo eso, y nada más que eso.

Korakas
Es una cuestión de traducción. Yo no dije que es verdad que hay un régimen imperialista en Turquía, dije que si la Unión Europea acepta esta lógica, es decir, la posibilidad de que Turquía se adhiera a la Unión Europea sin dejar de ocupar una gran parte de Chipre, no hay que decir que no tenemos razones para tratar a la Unión Europea de imperialista.

Moscovici
No había problema de traducción en mi respuesta.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 11 decae.

María Izquierdo Rojo
Pregunta nº 12 formulada por (H-0850/00):
Asunto: Consecuencias de un Acuerdo de Pesca con Marruecos y sus características Según las últimas negociaciones mantenidas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos para la consecución de un Acuerdo de Pesca ¿podría alcanzarse este Acuerdo antes de finalizar este mes de noviembre de 2000? ¿Qué características tendría este nuevo Acuerdo de Pesca? ¿Satisface las necesidades fundamentales del sector? ¿Atiende preferentemente a las necesidades de las regiones Objetivo 1 afectadas?

Moscovici
 - (FR) El objetivo de la Comunidad es concluir lo más rápidamente posible las negociaciones destinadas a un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. En este sentido, el calendario de las negociaciones que acabamos de convenir y que consiste en una reunión semanal, nos permite mostrarnos optimistas en cuanto a la conclusión rápida de estas negociaciones.
Aunque resulte difícil prever, en esta etapa, las características finales de dicho acuerdo, queda de manifiesto que deberá establecer un marco de cooperación y de asociación en el ámbito haliéutico más vasto que el acuerdo que lo precedió, a la vez que amplía su campo de acción al conjunto del sector de la pesca. El acuerdo tendrá en cuenta también la necesidad de asegurar una explotación sostenible de los recursos y la necesidad de contribuir al desarrollo del sector marroquí de la pesca.
Si todavía es demasiado pronto para evaluar las características del futuro acuerdo en relación con las expectativas del sector, el Consejo puede, no obstante, asegurar a la señora diputada que su objetivo principal para la Comunidad es el de salvaguardar el interés del sector comunitario, practicar una pesca sostenible en las aguas marroquíes. El Consejo tiene muy presentes, se lo aseguro, de las necesidades de todas las regiones interesadas y, especialmente, de aquellas cuyas economías dependen en gran parte de este acuerdo. La Comunidad procurará que el acuerdo tenga en consideración esas necesidades.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, le agradezco mucho al Presidente del Consejo esta respuesta tan positiva, en cierto modo optimista, esperanzadora. Hay que tener en cuenta que el acuerdo de pesca con Marruecos es mucho más que un simple acuerdo de pesca y que, como él sabe, si no se llegara a este acuerdo, teniendo en cuenta lo que ello significa, este hecho podría esconder un deterioro de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos.
Yo quisiera preguntarle si la Presidencia francesa, en estas próximas semanas, va a impulsar el que por fin se llegue a este acuerdo.
Es muy necesario, señor Presidente del Consejo, que la Presidencia francesa impulse esta recta final porque el Comisario Fischler carece de la imaginación mediterránea necesaria para poder alcanzar un acuerdo. Es más difícil que él llegue a tener éxito en algo que es puramente mediterráneo, que Pitres, pueblo granadino de La Alpujarra, consiga su puerto y, digo más, la ampliación de su puerto.
Dada esta realidad, mi pregunta es si la Presidencia francesa, que sí tiene voluntad e imaginación, hará posible que consigamos un acuerdo de pesca, necesario después de once meses de flota amarrada. Andalucía y Galicia, regiones del Objetivo 1, lo necesitan y son muchos los europeos del mar y de la tierra que precisan este éxito.

Moscovici
No lo sé, ya que no es exactamente un mediterráneo que negocia este acuerdo de pesca, sino el Comisario de Agricultura y Pesca, Franz Fischler. Pero, no tengo la menor duda de que demostrará, sin embargo, imaginación. Mi respuesta no quería ser una muestra de optimismo ni esperanza, sino indicar sobre todo una voluntad, la de la Presidencia francesa de la Unión Europea, a saber, que deseamos poder concluir un acuerdo, un buen acuerdo.
¿Qué es un buen acuerdo? Es un acuerdo que respete las ideas comunitarias, que se preocupe de los intereses del conjunto de las regiones de la Unión Europea, y he escuchado muy bien las preocupaciones que ustedes expresaron y que al mismo tiempo permiten encontrar buenos términos de entendimiento con Marruecos. Estamos trabajando en ese sentido y ésta es, sin duda alguna, la vía que vamos a seguir.

Nogueira Román
Señor Presidente, voy a hacer una pregunta, no se preocupe. En todo caso, permítame que diga que ni es mediterráneo el Sr. Fischler, ni tampoco es atlántico y, además, tenemos la desgracia de que hay un Director General de Pesca que es del norte del Atlántico y que conoció los problemas de la pesca cuando fue nombrado recientemente para ese cargo. En este sentido, la pregunta que yo le hago al Sr. Ministro es la siguiente: La propuesta que conocemos de Marruecos, en principio, se referiría a que se pretende reducir, como mínimo al 25 %, la flota de Galicia, Andalucía, Canarias y también de Portugal que faena en las aguas de Marruecos. El acuerdo que propone es para dos años en lugar de cinco y, además, pretende que la Unión Europea le pague los 21.000 millones de pesetas que le está pagando actualmente. Permítame que diga que la voluntad política manifestada en la práctica -no en teoría- por parte de los negociadores comunitarios fue absolutamente nula o, en todo caso, insuficiente. Por ello, he de manifestar mi escepticismo sobre el resultado. Le pregunto al Sr. Ministro lo siguiente: ¿Cree que es admisible negociar sobre la reducción que he mencionado y sobre el mantenimiento del coste para la Unión Europea del Acuerdo con Marruecos?

Moscovici
Mi respuesta sobre los orígenes nórdicos o mediterráneos era una salida para responder a la ocurrencia del presidente, era a su vez una ocurrencia. El Comisario se encarga de la agricultura y de la pesca, en nombre de toda la Unión Europea, poco importa que venga del sur, como del norte, el centro o el este.
Simplemente quiero recordarles cuál ha sido el desarrollo de las negociaciones en materia de pesca. El Comisario Fischler se entrevistó con las más altas autoridades marroquíes en diferentes ocasiones. Se celebraron dos reuniones técnicas en Rabat, el 25 de julio de 2000, y en Bruselas, los días 27 y 28 de septiembre de 1999. Durante esas reuniones técnicas, la delegación comunitaria, encabezada por el Director General Smith, presentó las acciones que le era posible avizorar en el marco de una nueva asociación con Marruecos, con el fin de favorecer el desarrollo del sector pesquero marroquí.
Asimismo, trató de precisar un calendario de negociaciones. Con este motivo, es preciso reconocer que la parte marroquí no ha respondido a la oferta comunitaria. La impresión, que tenemos nosotros, de estancamiento de las negociaciones llevó al Comisario Fischler a pedir una nueva reunión con el Primer Ministro Youssoufi, el 16 de octubre de 2000. Se entrevistó con el Rey Mohammed VI, el Primer Ministro Youssoufi y el nuevo ministro de pesca marítima, Sr. Chbaatores. Estas entrevistas parecen haber impulsado por fin las negociaciones y se celebró una nueva reunión con una delegación marroquí el 30 de octubre de 2000. Es, pues, muy reciente. Por ello, pienso que es necesario fijar una meta, no mostrar un optimismo excesivo, pero tampoco un pesimismo poco razonable.

El Presidente


Neil MacCormick
Pregunta nº 13 formulada por (H-0854/00):
Asunto: Derechos fundamentales y justicia penal ¿Es consciente el Consejo de que las condiciones de detención preventiva que padecen los camioneros presos en determinados puertos del Canal de la Mancha incumplen generalmente los requisitos exigidos por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos para las detenciones y en relación con el derecho a un juicio justo? ¿Es asimismo consciente de la grave situación equivalente en que se encuentra el sistema judicial penal portugués? ¿Piensa el Consejo presentar en consecuencia alguna propuesta de reconocimiento recíproco de sentencias en asuntos penales hasta que todos los Estados miembros cumplan plenamente los requisitos mínimos en materia de derechos humanos?

Moscovici
 - (FR) Señor Presidente, señor diputado, no corresponde al Consejo pronunciarse en relación con los comportamientos mencionados por el Sr. diputado, comportamientos constatados en el territorio de uno u otro Estado miembro y que serían contrarios a los principios enunciados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos firmado y ratificado por cada uno de ellos.
Tratándose de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, cabe observar que este principio debe permitir el fortalecimiento de la cooperación de los Estados miembros, pero también de la protección de los derechos de las personas. El principio de un reconocimiento mutuo de las decisiones penales supone una confianza recíproca de los Estados miembros en sus sistemas de justicia penal. Esta confianza se basará precisamente en normas mínimas, especialmente en materia de procedimiento, cuya adopción constituye un requisito previo a la aplicación del reconocimiento mutuo.
Los Estados miembros de la Unión Europea tienen en común la adhesión a los principios de la libertad, de la democracia, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales así como el Estado de derecho. El Consejo continuará sus trabajos en materia de reconocimiento mutuo de las decisiones penales atendiendo a estos valores inscritos en el Tratado de la Unión Europea.

MacCormick
Señor Presidente, tengo en mi escritorio un documento que presentaron a un ciudadano de mi circunscripción en la cárcel de Longuenesse, en el norte de Francia, tres meses después de su detención como sospechoso de haber cometido delitos relacionados con las drogas. Está en francés... y no se facilitó una traducción ni una interpretación al interesado. Lleva ya cinco meses detenido. Tengo la carta de la hermana de otro ciudadano de mi circunscripción que, según me señala, lleva encarcelado en situación similar desde el 28 de marzo de 2000.
A esos presos no se les brinda la oportunidad de elegir a sus abogados. Se les asigna un abogado para defenderlos. Son pocas las oportunidades en que dichos abogados los visitan o les explican los cargos que pesan contra ellos.
Se trata de ciudadanos de Escocia, donde, después de 110 días de detención, cualquier persona acusada de un delito debe ser juzgada o puesta en libertad y nunca se puede volver a acusarla de ese delito. En la Unión Europea no tenemos normas comunes de justicia y, mientras tengamos esas normas divergentes y haya un incumplimiento total de las normas establecidas en el artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos, será inaceptable sacar adelante las propuestas del Consejo.

Moscovici
Sí, simplemente quería decir que precisamente porque somos sensibles a este problema es posible un programa de medidas destinadas a aplicar el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones penales. Esa es, efectivamente, la finalidad.

MacCormick
Señor Presidente, mi cuestión de orden se refiere a que aún tenemos veinte minutos de turno de preguntas, hay muy pocos diputados en la Asamblea y no hay riesgo de que nos excedamos en el tiempo. Le pido que resuelva, en el sentido de que se permitan dos preguntas complementarias.

El Presidente
Las preguntas complementarias tienen que ser de otros diputados. Usted ha reformulado su pregunta según el Reglamento.

El Presidente


Mihail Papayannakis
Pregunta nº 14 formulada por (H-0855/00):
Asunto: Política energética de la UE La Comisaria de Energía declaró recientemente que la cuestión energética en Europa no es una competencia comunitaria sino nacional. Al inicio de las conversaciones sobre la Conferencia Intergubernamental (1996/1997) se propuso incluir en el Tratado de Amsterdam disposiciones específicas que permitirían la elaboración de una política energética común. La propuesta fue rechazada por los 15, como ya lo había sido en ocasión del Tratado de Maastricht. Naturalmente hay acciones relacionadas con la energía (el Libro Blanco, el programa SAVE, un billón de euros del V programa marco de investigación, fuentes alternativas de energía, etc.), pero a pesar de todo las previsiones indican que en el futuro la dependencia energética global de la UE (gas, petróleo, carbón y uranio) irá en aumento. Dado que la evolución de los mercados del petróleo impone a la UE una política más dinámica en el sector energético, ¿de qué modo considera el Consejo que puede conseguir reducir la dependencia del petróleo de la economía europea? ¿Se han tomado medidas específicas (por ejemplo, seguridad del suministro, eficacia energética) para que las economías de los Estados miembros se resientan menos de las crisis externas? ¿Cuáles son las medidas y las prioridades del Consejo a corto y medio plazo en cuanto al rendimiento energético y el ahorro de energía?

Moscovici
 - (FR) El Consejo es consciente de la importancia creciente de la dependencia energética global de la Unión Europea y recuerda al señor diputado sus conclusiones de mayo de 2000.
En este contexto, el Consejo concede la mayor prioridad a la continuación de sus trabajos en los siguientes ámbitos: promoción de las fuentes de energía renovable, eficacia energética, seguridad del suministro energético y diversificación de las fuentes de energía.
En lo relativo al expediente de las energías renovables, actualmente ocupa las instancias competentes del Consejo una propuesta relativa a la promoción de la electricidad procedente de este tipo de energía, con el fin de llegar a un acuerdo durante la próxima sesión del Consejo en diciembre, siempre y cuando el Parlamento Europeo haya entregado su dictamen oportunamente.
En lo relativo a la eficacia energética, la Comisión presentó un plan de acción durante la sesión del Consejo del pasado mes de mayo. Tomando como base ese plan, el Consejo debería aprobar, el próximo mes de diciembre, conclusiones en las que figure una relación de acciones prioritarias que debería permitir a la Comisión evaluar los temas para los cuales los Estados miembros desean medidas comunitarias o, por el contrario, prefieren limitarse a medidas coordinadas.
Por otra parte, la Comisión, en la comunicación que aprobó el 4 d octubre de 2000 sobre el suministro petrolero de la Unión Europea, señala que quiere presentar, en el Consejo Europeo de Goteburgo, un plan de ahorro energético y diversificación de fuentes de energía que debería contribuir a fortalecer la eficacia energética, especialmente en los edificios y los transportes.
En lo que atañe a la seguridad del suministro energético, la Comisión tiene la intención de presentar en el curso del mes de noviembre de 2000, un Libro Verde sobre el porvenir y el lugar de las diferentes fuentes de energía en el marco de una mejor seguridad del suministro energético de la Unión Europea. Esta comunicación abordará tanto la energía nuclear como las energías renovables. Desde su transmisión, el Consejo no dejará de concederle la mayor prioridad. Por lo demás, la Presidencia ha convocado una conferencia sobre la seguridad de los suministros, en París, el 24 de noviembre de 2000.

Papayannakis
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no le oculto que la finalidad de mi pregunta era ante todo disponer de una lista de proyectos y de un calendario. Usted los ha presentado y se lo agradezco, pero también era para ver si podía dar informaciones o estimaciones que el Consejo pudiera adelantar, quizás, hacia una cooperación reforzada, hacia una especie de comunitarización de la política energética, dado que, como se ha visto recientemente en la última crisis, los países miembros avanzan en orden disperso y se hacen competencia entre ellos, tanto para los suministros como para los precios, y que el resultado es más bien lamentable para el conjunto de Europa.
Tampoco le oculto que quizás buscaba ideas. Ciertos diputados han propuesto -y yo también me sumo a esta propuesta- disponer de informaciones, intenciones que irían, por ejemplo, en el sentido de una política que impondría el euro como medio de pago del petróleo en algunos países. Son sobre todo esas cuestiones que me interesan y que, a mi juicio, interesan a todos los ciudadanos de la Unión, porque no es solamente una cuestión de dependencia cuantitativa, sino también una dependencia económica y financiera

Moscovici
Estas sugerencias son interesantes y merecen un debate, pero yo no puedo responder aquí en nombre del Consejo. Creo, efectivamente, que sobre los asuntos energéticos en general debemos buscar las condiciones de una mejor expresión común, ya que se trata efectivamente de problemas que deberían tratarse por lo menos de manera coordinada en el seno de la Unión Europea.

El Presidente


Konstantinos Alyssandrakis
Pregunta nº 15 formulada por (H-0858/00):
Asunto: Nuevo proyecto de ley estadounidense sobre el embargo a Cuba Tanto en Cuba como en diversos países europeos ha desatado una serie de enérgicas protestas el nuevo proyecto de ley que se está tramitando en los EE.UU. por el que, con el pretexto de levantar la prohibición que pesaba sobre las ventas a Cuba de productos de primera necesidad, medicamentos y equipamiento médico procedentes de los EE.UU., se refuerza sustancialmente el embargo y se multiplican los obstáculos a los intercambios entre ambos países, por ejemplo, intensificando las restricciones que afectan a los viajes a Cuba de ciudadanos estadounidenses o endureciendo las disposiciones -inaceptables según las normas del comercio internacional- que impiden la financiación de las ventas por organismos o bancos de los EE.UU. y prevén una garantía por parte de terceros países o su pago en metálico.
¿Qué iniciativas piensa tomar el Consejo para detener la votación del citado proyecto de ley estadounidense, que vulnera las normas del comercio internacional, y qué acciones piensa emprender para lograr el levantamiento total del embargo contra Cuba y el restablecimiento de relaciones comerciales normales entre dicho país y el resto de la comunidad internacional, especialmente los países miembros de la UE?

Moscovici
 - (FR) Las medidas a las que se refiere el señor diputado figuran en el proyecto de ley presupuestaria firmado por el Presidente Clinton el 28 de octubre de 2000. La posición de la Unión sobre las medidas extraterritoriales decretadas por los Estados Unidos no ha cambiado. Creo que los miembros del Parlamento Europeo la conocen bien. La Unión aprovecha cada ocasión para recordarla a los Estados Unidos. No obstante, es preciso constatar, lamentablemente, que el Gobierno estadounidense todavía no ha cumplido sus propios compromisos en el contexto del acuerdo concluido en la Cumbre de Londres en mayo de 1998. Pedimos al Gobierno estadounidense cumplirlo, ya que consideramos que éste es un punto esencial de la solución de este desacuerdo.
El objetivo de la Unión Europea con respecto a Cuba, tal como quedó establecido en la posición común sobre Cuba, aprobada por el Consejo el 2 de diciembre de 1996, consiste en alentar un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como elevar y mejorar de manera durable el nivel de vida del pueblo cubano. Incitar al régimen cubano a hacer que la legislación cubana, así como su aplicación, se conformen a las normas internacionales también forma parte de este objetivo.
Con este espíritu, hicimos, con motivo de la votación de la resolución sobre el embargo, en el marco de la tercera comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 9 de noviembre, un llamamiento a las autoridades cubanas para que cooperen plenamente con los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. La Unión Europea observa con satisfacción que Cuba ha seguido muy activa en diferentes foros internacionales y regionales. Asimismo, reconoce que el Gobierno cubano ha tomado medidas para proteger mejor a su país desde el punto de vista económico en la región. La Unión marca la necesidad de una apertura progresiva e irreversible de la economía cubana hacia el exterior. Afirma su deseo de ser socia de Cuba en ese proceso.
Por último, la Unión Europea toma nota con preocupación de las constataciones sobre el terreno de los organismos y programas de las Naciones Unidas. Deplora las consecuencias negativas, y a menudo dramáticas, del embargo económico americano sobre la población cubana, en especial las mujeres y los niños.

Alyssandrakis
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, gracias por su respuesta. De ella me he quedado con algunos de sus comentarios en relación con que en Cuba no se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales. Claro, usted ya se imaginará que no voy a estar de acuerdo con su opinión; pero, de cualquier forma, considero que un juicio así es intervenir en los asuntos internos de un país. Y por su postura, me pregunto si al final hay alguna diferencia entre el objetivo final de la política de la Unión Europea y el de la americana en cuanto a Cuba. Me parece que al final los dos quieren revocar el sistema socialista de este país.

Moscovici
Es extraño cómo pueden darse problemas de traducción, ya que no tengo la más mínima impresión de que yo haya dicho eso. Recordé las divergencias muy claras entre los Estados Unidos y Europa sobre las medidas extraterritoriales decretadas por los Estados Unidos. Observé con satisfacción, en nombre del Consejo, que Cuba ha seguido mostrándose muy activa en diferentes foros internacionales y regionales. Reconocí que el Gobierno cubano había tomado medidas para integrar mejor desde el punto de vista económico su país en su región y reafirmé el deseo, que es el de Europa, de ser socio de Cuba en este proceso. Por último, recordé que la Unión Europea tomaba nota con preocupación de las observaciones hechas sobre el terreno por los organismos y programas de las Naciones Unidas y, por tanto, deploraba las consecuencias negativas y a menudo dramáticas del embargo económico para la población cubana. Por tanto, dije más o menos lo contrario de lo que usted acaba de decir.
Y, al mismo tiempo, he de recordarle la posición de la Unión Europea hacia Cuba, tal como la fijó el Consejo, el 2 de diciembre de 1996, que es la de alentar un proceso de transición pacífica hacia el pluralismo democrático, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales así como elevar y mejorar de manera sostenible el nivel de vida del pueblo cubano. Por tanto, no adopta una posición respecto a la naturaleza del régimen sino quizás un determinado número de estímulos o incitaciones a la evolución de las prácticas de ese régimen.
Si no ve usted diferencia entre ésta y una u otra posición, quizás se deba a ciertas incomprensiones eventualmente voluntarias.

El Presidente


Efstratios Korakas
Pregunta nº 16 formulada por (H-0859/00):
Asunto: Violación de derechos de soberanía por Turquía en el marco de la OTAN Turquía ha cuestionado de facto los derechos de soberanía de Grecia, al interceptar aviones griegos que participaban en las maniobras de la OTAN denominadas Destined Glory por no aceptar la FIR griega de 10 millas y los corredores aéreos sobre las islas de Limnos e Ikaria, ignorando incluso los dictámenes del servicio jurídico de la OTAN e infringiendo los planes de las maniobras previstos por el mando de la OTAN, lo que llevó al Gobierno griego a retirar sus tropas.
¿Cómo juzga el Consejo este acto de cuestionamiento de los derechos de soberanía de un Estado miembro de la UE en el marco de la OTAN? ¿Piensa realizar alguna gestión ante las autoridades turcas para que cesen las provocaciones? En caso afirmativo, ¿de qué gestiones se trata? ¿Cuáles serán las repercusiones de estos hechos en las relaciones de la UE con Turquía, sobre todo en el contexto de la PESC, dada la condición de candidato a la adhesión del citado país?

Moscovici
 - (FR) En lo relativo al incidente en el que se vieron implicadas aeronaves griegas y turcas durante las maniobras Destined Glory, ha de destacarse que éstas se sitúan en el marco de una maniobras de la OTAN entre dos miembros de la Alianza Atlántica. Corresponde, pues, a la OTAN tomar las disposiciones que juzgue necesarias para que no puedan volver a producirse. Por otra parte, este incidente no fue mencionado en el seno del Consejo de la Unión Europea.
En el contexto de los litigios que oponen, en el mar Egeo, a Turquía y Grecia, el Consejo recuerda las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki que insisten en el principio de arreglo pacífico de los desacuerdos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y que piden insistentemente a los países candidatos hacer todo lo que esté a su alcance para arreglar sus posibles controversias fronterizas, así como otros asuntos del mismo orden. De lo contrario, deberían llevar sus litigios ante el Tribunal de Justicia en un plazo razonable. De aquí a finales del año 2004, a más tardar, el Consejo Europeo hará el balance de la situación en lo relativo a los litigios que subsistirían, en especial los que tengan implicaciones sobre el proceso de adhesión y con el fin de fomentar su arreglo a través del Tribunal Internacional de Justicia.
En general, los asuntos relativos al arreglo de los litigios greco-turcos forman parte del diálogo de política reforzada en el marco de la estrategia de preadhesión para Turquía y de la asociación de adhesión que la Comisión acaba de proponer y que la Presidencia francesa del Consejo -lo confirmo- desea hacer aprobar rápidamente. Por otra parte, el Consejo se felicita del hecho que los ministros de Asuntos Exteriores turco y griego, durante su encuentro en Budapest, el pasado 31 de octubre, se hayan puesto de acuerdo para continuar estableciendo medidas de confianza en el marco de la OTAN y en el plano bilateral.

Korakas
Señor Presidente, para empezar consideramos inadmisible que, como ha dicho el Sr. Presidente en ejercicio del Consejo, el Gobierno griego no haya planteado el tema al Consejo, a pesar del justificado revuelo que se ha creado en Grecia.
Segundo, el Consejo en su respuesta, cual Poncio Pilatos, remite a la OTAN, sin tomar postura frente a la duda tan ofensiva de Turquía sobre los derechos de soberanía de Grecia, duda que se ha planteado en esta ocasión con motivo de las maniobras militares de la OTAN. ¿No comprende el Consejo que se trata de un problema extremadamente político y que no puede guardar las mismas distancias frente a la víctima y al sacerdote?
Además, es un hecho que Turquía pone en tela de juicio el FIR griego de las diez millas y de los corredores aéreos sobre las islas de Limnos e Icaría, algo que ya han regulado los Tratados de Lausanne y Montreaux, así como los tratados interestatales Turquía - Italia, Italia - Grecia.
Tercero, el mismo Consejo Jurídico de la OTAN no toma en consideración que dictaminó a favor de los derechos griegos referidos anteriormente de conformidad con los tratados internacionales, independientemente de si, después la OTAN, presionada por Turquía modificara a ultima hora su maniobra militar. ¡El propio Consejo de Jurisdicción de la OTAN!
Cuarto, ¿no cree que al final, con su respuesta, lo que hace es animar a Turquía, país candidato a la adhesión, en su política actual de cuestionarse los derechos de soberanía de Grecia, miembro de la Unión Europea, reconociendo indirectamente que hay problemas fronterizos ya solucionados, tal como hemos dicho, en virtud de los tratados internacionales.

Moscovici
Recordé lo que el Consejo había hecho o lo que no había hecho, lo que debía hacer, o creía deber hacer, pero en lo que concierne a lo demás, creo que ahora contamos con un marco para tratar estos problemas especiales, a saber, las conclusiones de Helsinki. Ha de recordarse que estas conclusiones son nuestra normativa común, ya que fueron adoptadas -naturalmente- unánimemente por todos los Estados miembros. Ese es el mandato que se fija el Consejo para continuar el examen de esta candidatura, que ya fue objeto hoy de un largo y profundo debate.

El Presidente
Tengo que comunicarles, señores diputados -aunque sean pocos voy a hacer esta declaración solemne-, que por primera vez en la legislatura nos ha dado tiempo a agotar el turno de preguntas. No sé si a satisfacción de todos, pero es un hecho casi histórico del que tomamos muy buena nota.
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 18.55 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Ayuda a la reconstrucción (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate conjunto sobre la ayuda a la reconstrucción.

Folias
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, para empezar la Comisión debe aplicar las conclusiones de Feira a sus propuestas. Para todos nosotros, que estamos en la Unión Europea y que, se supone que, tenemos una postura responsable, se nos presenta un gran desafío. Considero que hoy tenemos la oportunidad histórica de demostrar que nuestras acciones coinciden con la declaración de buenas intenciones hacia los Balcanes occidentales. Las cantidades de las que se debe disponer para los Balcanes deberán recordar en calidad y en cantidad un nuevo proyecto Marshall; deben ser tantas que puedan ser un trampolín para un nuevo comienzo para los países de los Balcanes occidentales. Y deberemos tener en mente que los países de los Balcanes occidentales no son países terceros, sino que son países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y como tales debemos considerarlos.
Es cierto que a menudo acusan a la Unión Europea de que aunque promete ayuda a países afectados por distintas calamidades o desastres, tarda tanto en depositar, en materializar estas promesas económicas y, o da la impresión de haberse arrepentido de lo que ha prometido, o cuando da el dinero ya es demasiado tarde. Afortunadamente hay una luminosa excepción a esta regla, porque realmente es una regla. Esta excepción es la Oficina para la Reconstrucción cuya sede está en Salónica y el centro operativo en Kosovo. Por una parte, esta oficina cubre la decisión de la Comisión de descentralizar, y por otra puede presentar unos resultados excepcionales en la labor que realiza. Ya ha firmado convenios por el 90% del presupuesto del año 2000, algo asombroso. Ha desembolsado más o menos el 30 % de las cantidades de las que se ha dispuesto para el año 2000. Y algo insólito, para el año 2001 han pedido una reducción de los gastos para las nóminas. Así pues propongo, señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, no sólo que dejemos hacer su trabajo, tal y como lo vienen haciendo, a estas personas que tienen tantas ganas y tanta dedicación, no sólo que no alteremos la forma de funcionamiento de esta oficina dándoles, por supuesto, la responsabilidad de la República Federal de Yugoslavia y de cualquier otro sitio que lo necesite, sino también que solicitemos que les den conocimientos técnicos también a otras comisiones, de las que sabemos muy bien lo mal que trabajan, con qué poca eficacia y con resultados tan pobres. Quiero creer que mediante estos dictámenes podremos dar algo mejor para esta región, que sufre y tiene problemas.

Swoboda
Señor Comisario, estimados colegas, aunque son pocos los que han encontrado el camino a esta sala, antes que nada quisiera felicitar sinceramente a los ponentes, y especialmente al ponente aquí presente, por su trabajo y su excelente colaboración.
El orador anterior se ha referido a una especie de Plan Marshall para la región que nos ocupa y le doy toda la razón. Cuando uno ofrece dinero tiene indiscutiblemente el privilegio de establecer con toda claridad los objetivos políticos, y eso es lo que ha venido haciendo el Comisario. Ello no obstante, quisiera volver a resumir brevemente el estado de las cosas en nombre de mi Grupo.
En primer lugar, lamentamos comprobar que la situación sobre el terreno no ha variado: los derechos humanos y de las minorías no se respetan como es debido. Es un hecho innegable. Por eso mismo, debemos ante todo prestar ayuda dondequiera que podamos, allí donde se manifieste una mayor voluntad de aceptar estos derechos en el futuro.
En segundo término, está claro que en esta región los acuerdos internacionales son puestos una y otra vez en tela de juicio. Al final, éste también ha sido el caso del acuerdo de Dayton. Cuando pienso en las elecciones celebradas en Bosnia-Herzegovina estimo que uno de los fenómenos colaterales más tristes de este proceso electoral ha sido el distanciamiento de los políticos más preeminentes respecto al citado acuerdo, no en el sentido de que sean partidarios de ir más allá o lograr una mayor estabilización, sino porque optan por la desestabilización. Aquí se impone un no rotundo. Por lo que al acuerdo internacional se refiere -asimismo en relación con Dayton- también es preciso tener en cuenta la cooperación con el Tribunal de La Haya. A ese respecto hemos de actuar con decisión -sin dejar de mostrar cierta tolerancia- tanto hacia Kostunica, al que recibiremos aquí mañana, como ante las nuevas autoridades yugoslavas. Si bien es verdad que se registran algunas señales positivas, éstas ciertamente no son suficientes.
En tercer lugar, las fronteras no pueden modificarse unilateralmente, ni en el caso de Montenegro ni en el de Kosovo. En este terreno también tenemos que hablar claro. Es otro ámbito en el que, a mi modo de ver, debemos brindar una oportunidad a la nueva Yugoslavia. Espero que la aproveche. No descarto que las fronteras acaben por modificarse, tan sólo pretendo excluir esta posibilidad ahora por si una de las partes tuviera la intención de emprender acciones unilaterales en ese sentido. Las modificaciones de este tipo solamente pueden llevarse a cabo en el marco de un acuerdo.
El cuarto punto reviste una importancia especial para nosotros. Se trazan nuevas fronteras, pero hay quien las rebasa levemente de forma permanente, a saber todas las organizaciones criminales y sus actividades delictivas. Éstas no respetan las fronteras. Es nuestro deber luchar contra las actividades ilegales transfronterizas, trátese de tráfico de drogas, cooperación delictiva o tráfico de seres humanos.
Las fronteras están para ser desmanteladas, pero no por actividades criminales, que en esta región, además, rebasan desafortunadamente también las dimensiones establecidas en otros ámbitos. Desde este punto de vista estamos ante unos objetivos que hemos de cumplir sin falta con la ayuda de los medios e instrumentos financieros que diseñemos ahora. Creo que la Comisión y el Consejo comparten el firme deseo de lograr decididamente nuestra meta en los próximos años usando los medios que estén a nuestro alcance. ¡En todo caso, nuestro dinero no debe ir a parar allí donde falte la voluntad!

Souladakis
Señor Presidente, mañana va a venir a hablar a nuestro Parlamento el Sr. Kostunica, el nuevo Presidente de la República Federal de Yugoslavia. Esta presencia puede dar una perspectiva a la política global que seguimos. Una segunda observación es que los ponentes anteriores han dicho que paga la Unión Europea; pero se oye a América. Pero es que esto es lógico, porque América ha llevado a cabo acciones políticas en Bosnia con el acuerdo Daton, porque América ha realizado acciones políticas en Kosovo con la iniciativa que emprendió en relación con los bombardeos y con cualquier otra cosa.
¿Qué significa esto para nosotros? Que la política debe ser antes, o en todo caso, debe moverse paralelamente para tener objetivos políticos. ¿Cuáles deben ser estos objetivos políticos? Está claro que la parte legislativa, el funcionamiento correcto de la democracia, es una prioridad en la región más amplia. Porque este funcionamiento correcto de la democracia va a crear las condiciones para que respeten a las minorías en las distintas regiones. Este funcionamiento correcto de la democracia va a funcionar a favor de la normalidad en la región. Sin embargo, debe apoyarse también en personas. Debemos ver que, en muchas ocasiones, personas que han servido a conveniencias durante este periodo de transición no han sido la expresión sana de la vida política de la región. En este sentido, debemos revisar el concepto de personas, cosas y situaciones.
El segundo tema que quiero tocar es lo que tiene relación con la estrategia en la región. Muy claramente la unificación de las perspectivas políticas con las económicas y legislativas es un cambio positivo. Sin embargo, para que los cambios positivos tengan más resultados deben contar con una visión y un horizonte estratégico. Desde este punto de vista, considero que volver a una cuestión ya concluida, hace aproximadamente un año, con el informe Pack sobre la sede de la Agencia Europea de Reconstrucción no presta ningún servicio positivo. Y sería correcto que el Comisario, Sr. Patten, que tiene una gran experiencia - por no llamarla sabiduría - en la gestión de las crisis internacionales, fuera a la sede de esta oficina junto con las visitas que ha realizado a distintas regiones de la península Balcánica, que fuera a Salónica para ver cómo trabaja este servicio. En este sentido, estoy de acuerdo con cuanto ha dicho mi colega, el Sr. Folias y lo repito.
En cualquier caso, la parte quejumbrosa ha terminado y vamos ahora a la parte positiva. El informe Lagendijk, independientemente de la crítica que haya podido ejercer en algún punto, es un documento muy bueno, así como la propuesta de la Comisión. Creo que están creando un marco de iniciativas políticas que debe construirse más allá, para que demos nuevas concepciones. Debemos ver esta región como una región de Europa y no como una región de competencias de los estados y de las políticas nacionales de Europa o de América. Si vemos la región como una región de virtuales competencias políticas cometeremos un error. En cualquier caso, creo que estamos en el buen camino.

Gawronski
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes los excelentes informes que hoy nos han presentado. El mensaje que el Parlamento lanza a través de estos documentos es claro y concreto. Mi deseo es que la Comisión y el Consejo le dediquen la debida atención y que modifiquen de manera adecuada ambos reglamentos.
Todos nos damos cuenta de la importancia que la ayuda de la Unión Europea reviste para la región de los Balcanes. La restauración de un sistema político democrático en Serbia es el principio de un nuevo capítulo. Sin embargo, la Unión debe ser protagonista de esta nueva etapa y no una pasiva y lenta observadora, como ha venido haciendo hasta ahora. Nuestra ayuda económica y técnica debe ser ingente y eficaz: es lo mínimo que la Unión puede hacer para garantizar a la región y a todo el continente un futuro de estabilidad. Debemos ser conscientes de que el camino hacia la paz en los Balcanes es todavía largo y de que continúan existiendo puntos de potencial fricción que podrían devolvernos al pasado. Pero esta región, la región más atormentada de Europa, nunca ha estado tan llena de esperanza como hoy. El régimen casi despótico croata ha sido sustituido por un régimen democrático y pro occidental. Los frágiles países que circundan lo que queda de Yugoslavia han conseguido sobrevivir al conflicto y no sólo esto, ya que Bulgaria, Albania y Macedonia han realizado progresos económicos.
En el juego de los frágiles equilibrios que hoy rigen la región de los Balcanes, la responsabilidad de la Unión Europea es grande, enorme y si hablamos de Unión, hablamos tanto de los Estados miembros como de la Comisión Europea y del Parlamento. Los Estados miembros hacen importantes declaraciones de intenciones que, sin embargo, se han de materializar en un compromiso financiero concreto. La Comisión Europea debe asumir la responsabilidad del buen funcionamiento de estos programas y esto es el primer objetivo de los dos informes que vamos a votar mañana. El Parlamento debe ser consultado e informado regularmente, y es ésta la segunda solicitud que formulan los ponentes y que todos nosotros tendremos que respaldar.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, señoras y señores, a través de los presentes textos la Comisión y el Parlamento han cifrado los daños de guerra provocados por los bombardeos de la OTAN en Serbia, sin tener en cuenta a Kosovo, en 4.000 millones de euros. De este modo han asumido indirectamente parte de la responsabilidad que les corresponde por los daños materiales producidos por esa guerra. Con su intervención, la OTAN pretendía evitar que la tragedia adquiriera mayores dimensiones. Sin embargo, el número de desplazados, muertos y heridos causados por esta guerra es muy superior a las cifras correspondientes a los doce meses aparentemente decisivos que precedieron a la acción militar de la OTAN. ¿Fue la guerra de la OTAN la que provocó la verdadera desestabilización de la zona? Al fin y al cabo, la intervención de la OTAN en los Balcanes sirvió para legitimar su nueva estrategia y el denominado automandato.
Habida cuenta del alcance de los daños de guerra así como del hecho de que la situación se agravó como consecuencia de la intervención de la OTAN, los pagos han de efectuarse por el importe total de las estimaciones de los daños de guerra, no por la mitad. Es más, en lugar de conceder créditos, la UE -especialmente los países de la UE que pertenecen a la OTAN- debería pagar indemnizaciones por los daños causados.

Patten
. (EN) Ha sido éste un excelente debate, aunque a estas horas de la tarde la audiencia se limite a los cognoscenti. Sin embargo, es agradable ver algunas caras familiares en la Cámara.
No es mi intención intervenir acerca de las observaciones que ha hecho anteriormente el Ministro sobre la Cumbre de Zagreb. Suscribo totalmente todos los objetivos que él ha planteado. Esa Cumbre se está celebrando en unas condiciones mejores de las que podíamos imaginar cuando la presidencia la concibió.
Quiero centrarme en los reglamentos. Antes que nada, me gustaría agradecer a la Cámara su excelente y rápido examen de los borradores de los reglamentos. Me gustaría felicitar a los ponentes de las comisiones pertinentes: en primer lugar al Sr. Westendorp y Cabeza, quien tiene mucha experiencia práctica en estos asuntos de Bosnia, así como al Sr. Lagendijk, con quien tenemos un diálogo regular sobre el Sudeste de Europa. Él es al menos otro ser humano con el que puedo compartir la peculiaridad de haber leído a Misha Glenny acerca de los Balcanes. También me gustaría expresar mi agradecimiento a los siguientes diputados: al Sr. Staes, el Sr. Färm y el Sr. Gargani por la calidad de sus informes y opiniones.
Estas dos propuestas responden a dos prioridades clave de la Unión: proporcionar ayuda al Sudeste de Europa y proporcionarla tan rápidamente como sea posible. Los Consejos europeos de Lisboa y Faro subrayaron la importancia que otorga la Unión a la integración de la región en la corriente principal económica y política de Europa. Nuestra política para lograrlo son los procesos de estabilización y asociación. Indudablemente la Unión Europea está haciendo una contribución importante en ese proceso para la realización del Pacto de Estabilidad. Los jefes de gobierno han confirmado también la determinación de la Unión de respaldar ese proceso con ayuda técnica y económica. El regreso de la democracia en Serbia, gracias a la determinación y el coraje del pueblo serbio y las fuerzas democráticas, ofrece la posibilidad ahora de construir prosperidad en toda la región.
Más que nunca la Unión Europea tiene que cumplir los compromisos que contrajo. Para hacerlo debemos disponer de los instrumentos legales apropiados, aplicar unos procedimientos flexibles y un tratamiento eficaz. La reforma de la ayuda exterior que adoptó la Comisión el 16 de mayo demuestra nuestra decisión de aumentar radicalmente el ritmo y la calidad y visibilidad de la ayuda exterior. En el Sudeste de Europa esta decisión ha dado ya resultados concretos.
En Kosovo el grupo de operaciones que desplegamos en los días del final del conflicto y, en los pasados seis meses, la Agencia Europea para la Reconstrucción han logrado una marca récord en la distribución de ayuda en tiempo y forma eficaz. Las cifras nos lo confirman: el 84% de los fondos asignados para la reconstrucción bajo Obnova -en 1998 hasta 2000, 444,5 millones de euros- terminaron de ser entregados a finales de octubre de 2000. El setenta por ciento de los fondos entregados ha sido comprometido, y el 43% de los fondos comprometidos se ha pagado.
También hemos obtenido resultados inmediatos en Serbia, donde la Comisión, en el transcurso de sólo cuatro semanas, redactó un programa de ayuda de emergencia por valor de 200 millones de euros. La Comisión lo acordó la semana pasada y los primeros camiones de combustible para calefacción empezaron a rodar por Serbia el fin de semana, adelantándose en la agenda del programa y a muchos otros donantes. De ahora en adelante este programa se va a desarrollar sin vuelta atrás: se ha firmado con la Compañía Eléctrica Serbia un contrato de importación de 30 millones de euros en electricidad y entrará en vigor dentro de unos días. En esta situación cada día que pasa cuenta.
Nuestras reformas han empezado a dar resultados también en Bosnia, donde la puesta en práctica de la ayuda, en términos de cantidades comprometidas y desembolsadas ha mejorado radicalmente desde que se reforzó y se delegó autoridad a nuestra delegación en Sarajevo el año pasado. Los resultados obtenidos son sumamente alentadores.
Estos son los resultados que deben enorgullecer al Parlamento Europeo. Fue el Parlamento Europeo quien hizo sonar la alarma sobre la débil administración en Bosnia. Fue el Parlamento quien apoyó la propuesta de la Comisión de crear la Agencia Europea para la Reconstrucción. Fue el Parlamento quien insistió en un marco regulador único para la ayuda a la región y fue el Parlamento también, en su papel de autoridad presupuestaria, quien se aseguró de que los fondos de ayuda de emergencia a Serbia estuvieran disponibles sin retraso. Es éste un gran progreso, pero es necesario seguir avanzando. Hay todavía mucho espacio donde hacerlos. Este es el propósito de estas dos propuestas.
Los diputados al Parlamento han presentado una cantidad significativa de enmiendas. Quiero comentarlas en la medida en que hacen referencia a nuestras dos propuestas sobre la agencia y el reglamento.
La Comisión ha propuesto un reglamento de ayuda deliberadamente simple y claro. Establece los objetivos generales de la ayuda de acuerdo con los principios que gobiernan nuestro programa, la comitología para los programas, pero no para proyectos individuales. También propone procesos simples de toma de decisiones en los programas dirigidos por la Agencia Europea para la Reconstrucción.
Déjenme tratar una serie de puntos generales que ha planteado el Parlamento, en primer lugar el papel de la Comisión y sus responsabilidades económicas en relación con el funcionamiento de la agencia. La Comisión asume seriamente sus responsabilidades en la aplicación del presupuesto comunitario. Unas pocas enmiendas subrayan esta responsabilidad refiriéndose al Artículo 274 del Tratado. Pero para ejercer esta responsabilidad necesitamos instrumentos legales que nos permitan actuar de modo flexible y rápido.
En segundo lugar, el Parlamento nos pide que hagamos una mayor referencia a las prioridades sectoriales. A la luz de la experiencia, nuestro deseo es conservar la máxima flexibilidad posible. Pero podemos aceptar varias de las enmiendas parlamentarias que nos animan a mencionar las prioridades sectoriales clave como la ayuda en el área de la educación, la formación profesional, el medio ambiente, la sociedad civil y las ONG, la reconciliación étnica y el regreso de las personas desplazadas. Con el mismo espíritu podemos aceptar la propuesta de incluir en el preámbulo del reglamento una referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de Faro. La resolución del Parlamento sobre la comunicación de la Comisión acerca del proceso de estabilización y asociación también merece mención en el preámbulo. Pensamos que tiene más sentido hacerlo allí que incluirlo en el artículo de la condicionalidad.
Naturalmente, también podemos aceptar la propuesta de que la directiva que adopte la Comisión refleje la búsqueda de más eficacia subrayada en nuestras reformas.
Sólo quiero añadir la cuestión de que, tras proponer un reglamento cuyo objeto es simplificar las cosas, es importante no permitir que los reglamentos se vean obstaculizadas por advertencias y modificaciones y cantidades ingentes de burocracia.
Como ha señalado el Sr. Staes: no queremos que la gente obstaculice el proceso. Si no podemos tener un reglamento simple claro, entonces, francamente estaríamos mejor si careciésemos de él. Para ser claros: podemos aceptar el espíritu a condición de que en algunos casos se introduzcan cambios en la redacción de las Enmiendas Nº 1, 2, 5, 6, 7, la primera parte de la 11, la primera parte de la 13, una parte de la 16, una parte de la 17, 16, 19, y la primera parte de la 20, 21, 24, 28, y parcialmente la 31 y la 37.
De sobra es conocida la posición de la Comisión sobre la suma total que hemos estimado necesaria para la región, la llamada cantidad de referencia y su compatibilidad con las perspectivas de financiación. Como sabe la Cámara, no creemos necesario hacer una referencia explícita a esto en el reglamento. A pesar de la elocuencia del Sr. Lagendijk no creo que sea necesario, sin embargo él ha hecho una observación plenamente acertada que también la hizo, en otro sentido, el Sr. Westendorp: ambos afirmaron que estos reglamentos son apropiados, pero que si no disponemos de un presupuesto adecuado para satisfacer las prioridades políticas de la Unión Europea, estamos perdiendo el tiempo.
El Sr. Westendorp dijo que el Consejo no puede -creo que eso es lo que implicaban sus observaciones- emular el Nuevo Testamento y hacer el milagro de los panes y los peces. Quizás algunos miembros de algunos consejos consideren un tanto brutal este comentario sobre los poderes del Consejo, pero es totalmente cierto. Tenemos que contar con presupuestos limitados, pero espero con optimismo que el presupuesto disponible para las acciones exteriores de la Unión Europea refleje las prioridades políticas de la Unión Europea. Hemos discutido este asunto con el Consejo durante las últimas semanas y meses, y la Comisión y el Parlamento no han salido mal parados de esta discusión. Yo debería haber pensado, en particular, que la experiencia de los dos últimos meses ha mostrado que la propuesta de la Comisión sobre la financiación no era tan desmesurada como algunos sugirieron en su momento.
Permítanme ahora referirme a la segunda propuesta presentada, la Agencia Europea para la Reconstrucción y, al hacerlo, quiero rendir un efusivo homenaje, igual que el Sr. Lagenddijk hizo en sus observaciones, al excelente trabajo que la junta, el director y su personal han hecho sobre el terreno en Kosovo. Forman un equipo formidable y no me sorprende que los resultados que han alcanzado sean tan impresionantes. Se han ganado una gran reputación por los resultados que han obtenido y he sabido que la propia delegación del Parlamento en Kosovo en Mayo se sintió igual de impresionada que yo.
Tiene mucho sentido aprender la lección que nos proporcionan los pasados seis meses de operaciones de la Agencia para aumentar la eficacia de nuestra ayuda. Esto es esencial ahora que la Agencia va a ser responsable de toda la RFY.
Nuestro principal objetivo es clarificar el papel de la junta de gobierno. Tiene que asumir la responsabilidad del examen y la aprobación de los programas de reconstrucción que serán sometidos a la decisión de la Comisión. También queremos simplificar la toma de decisiones. De acuerdo con el nuevo reglamento la Comisión podrá aprobar los programas propuestos por la Agencia sin consultar previamente al comité de gestión.
Permítanme aclarar que la responsabilidad de la aprobación formal de los programas sigue perteneciendo a la Comisión. Es la Comisión la que decide sobre la deseabilidad de esos programas; es la Comisión la responsable de la aplicación del presupuesto; es la Comisión la que aprueba los programas.
Algunas enmiendas persiguen asegurar que la Agencia actúe bajo la responsabilidad única y directa de la Comisión y asegurar así que la Comisión sea la única responsable de la administración de la Agencia ante el Parlamento Europeo, el Tribunal de Cuentas y la OLAF. Quiero aclarar esta cuestión. La Agencia tiene cierto grado de autonomía, como todas las agencias europeas. Esta es su situación bajo el vigente marco institucional, y la autonomía de la que ahora disfruta la Agencia debe respetarse mientras no se modifique su estructura institucional. Esto no desvirtúa la plena responsabilidad que asume la Comisión, como requiere el Tratado, de la ejecución del presupuesto comunitario. Me gustaría agradecer al Parlamento la sensatez y el pragmatismo con el que ha aceptado la estructura actual de la Agencia. Conozco las opiniones del Parlamento sobre esta cuestión, y la Comisión debe tomar esto en cuenta cuando nombre otras futuras agencias ejecutivas.
El régimen lingüístico es otra cuestión delicada. Espero que el Parlamento comprenda el sentido de las propuestas que presenté en mayo y que seguirá trabajando constructivamente con otras sobre esta difícil y compleja cuestión, pero no puedo ofrecer mi apoyo a la enmienda del Parlamento de eliminar el requisito de unanimidad, porque entraría en contradicción con la opinión de la Junta de Cuestores.
Podemos aceptar las enmiendas que sugieren eliminar el requisito de una decisión adicional del Consejo para ampliar el mandato de la Agencia a toda la RFY. Puedo aceptar también las enmiendas que se refieren a la decisión de Asuntos Generales del 9 de Octubre, a la cooperación con las ONG, a la restauración de la sociedad civil y el imperio de la ley, al pago de los servicios prestados por la Agencia a terceras partes, a la posibilidad de crear otros centros operativos, y a la responsabilidad del director de ejecución del programa de trabajo y la estructura presupuestaria de la Agencia.
Esto significa que aceptamos la esencia de las enmiendas núms. 1, 2, 6, 8, parte de la 10, y las núms. 11, 37, 16, 27 y 33, con la condición de que se introduzcan cambios en ciertos casos en la redacción. Analizaremos minuciosamente si es deseable producir una lista explícita de las cuestiones que debe examinar la junta directiva. Y lo haremos con el objeto de aclarar su papel; esto concierne a las enmiendas núms. 21 y 22. También examinaremos el calendario que proponen para la aprobación del presupuesto de la Agencia respetando el principio de una programación presupuestaria adecuada y la compatibilidad con los procedimientos presupuestarios de la Comunidad. Esto concierne a las enmiendas núms. 29 y 30.
Permítanme reiterar mi agradecimiento al Parlamento por el arduo trabajo que ha realizado sobre estas cuestiones. Hemos hecho un progreso real en el Sudeste de Europa. Esta propuesta nos permitirá aprovechar la nueva oportunidad que tenemos para que la Unión Europea contribuya de modo decisivo a conseguir una paz y prosperidad duraderas en toda la región.
Debo decir que la Unión Europea no salió muy bien parada en la historia del Sudeste de Europa durante la década de 1990. Espero que hagamos mejor las cosas en la siguiente década y que este reglamento nos proporcione algunos medios prosaicos para hacerlo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

ASEM III (Seúl, los días 20 y 21 de octubre de 2000)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el tercer encuentro Asia-Europa (ASEM III - Seúl, los días 20 y 21 de octubre de 2000).

Patten
. .(EN) Señor Presidente, permítame un breve salto a otro continente. Antes de informar sobre la tercera cumbre ASEM y evaluar sus resultados, permítame decir unas palabras breves sobre el proceso ASEM. La primera cumbre de 1996 se celebró en un momento de enorme optimismo sobre Asia cuando la gente hablaba del milagro económico asiático. La segunda cumbre se celebró en 1998, en un momento de crisis económica cuando mucha gente decía que Asia ya la había pasado y que se había exagerado mucho. En la tercera cumbre hemos podido percibir cierta realidad. En Asia no se produjo un milagro económico, pero sí acontecieron allí muchas cosas emocionantes y en su mayor parte se ha recuperado rápidamente de su crisis de 1997/1998. Allí donde se ha recuperado mejor lo ha hecho combinando la reforma económica y la política. Este ha sido el telón de fondo de estas cumbres.
El desafío para la tercera cumbre de Seúl fue profundizar en el proceso ASEM tanto para los participantes gubernamentales como para el público más amplio. Tuvo que demostrar que no era necesario que ocurriesen acontecimientos radicales para justificar las reuniones de los jefes de estado o de gobierno europeos o asiáticos. Perfilamos nuestros objetivos del ASEM III en nuestro Grupo de trabajo, los discutimos con el Parlamento Europeo antes de la cumbre en dos ocasiones, en el grupo de trabajo de la ASEAN y en la sesión plenaria que, creo, tuvo como resultado la resolución del 5 de octubre, cuyos objetivos no sólo tenemos en cuenta, sino que en la mayoría de los casos intentamos alcanzarlos.
Además de aprobar estos importantes documentos, los líderes de la cumbre participaron activamente en discusiones sobre cuestiones delicadas como los derechos humanos, el Mar del Sur de China, Timor Oriental y Birmania. Prometieron promover y proteger los derechos humanos fundamentales y respetar la democracia, el imperio de la ley, la igualdad, la justicia y la preocupación por el medio ambiente. Se acordó intensificar el alto nivel de diálogo político del ASEM obteniendo la fuerza de todos los diputados sin excluir, no obstante, ninguna cuestión. Los líderes acordaron un marco 2000 ampliado y actualizado de cooperación entre Asia y Europa que constituye el programa de trabajo para la década venidera. Se confirmó la necesidad de esfuerzos comunes para ejecutar el Protocolo de Kyoto, se defendió un diálogo entre consumidores y productores para estabilizar los precios mundiales del petróleo así como una cooperación más estrecha con el fin de desarrollar tecnologías para el ahorro de energía. Se discutió sobre el crimen internacional, la explotación de los inmigrantes, el tráfico de personas, la lucha contra las drogas ilegales y todas esas cuestiones que, por desgracia, forman el lado más oscuro de la globalización.
La cumbre aprobó la declaración separada de Seúl en pro de la paz en la península de Corea, acogiendo con agrado la cumbre intercoreana de junio, pidiendo a ambas partes que sigan apoyándose en su éxito y subrayando la importancia de implicar a la República Popular Democrática de Corea en un diálogo multilateral. Sobre la ampliación, se aprobó un enfoque dual de acuerdo con el cual un país candidato necesita primero el apoyo de sus socios regionales antes de buscar apoyo de otra región. La decisión final se toma por consenso, por los jefes de Estado o Gobierno. En el ASEM III no se habló de candidatos concretos.
En el campo de la cooperación económica y financiera los líderes acordaron trabajar juntos para afrontar los desafíos que plantea la globalización, la tecnología de la información, el comercio por correo electrónico y la división digital extendiendo redes de investigación e información entre las dos regiones. Los líderes confirmaron también la preparación de informes anuales voluntarios sobre el estado de los esfuerzos para superar las barreras impuestas al comercio tal y como se identifican en el plan de acción para facilitar el comercio.
Los participantes de todos los ASEM aceptaron trabajar para una nueva y más extensa ronda de la OMC tan pronto como fuese posible, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo. En el campo social y cultural los líderes reconocieron la importancia vital de la mejora de los vínculos en el área de la educación, con iniciativas concretas para promover la conciencia mutua, incluido un aumento de la cooperación interuniversitaria y de la conexión electrónica por la red entre escuelas. En el campo de la relación entre pueblos, afín al anterior, se mantuvo el principio de abrir el proceso del ASEM a un segmento mayor de la sociedad civil, aunque la iniciativa de las ONG de establecer un foro social no se puede llevar a cabo debido a la oposición de ciertos participantes asiáticos.
Estoy seguro de que el Parlamento puede comprobar que estos resultados están en la línea de la resolución del 5 de octubre que antes he mencionado. Los derechos humanos y el imperio de la ley están implicados en el proceso; se comprendió con claridad la necesidad de que empiece cuanto antes una ronda ampliada de la OMC, pero no estoy seguro de que esto se haya reflejado totalmente en las discusiones de las reuniones de la APEC en Brunei. Aunque la propuesta de establecer un foro social no ha sido aceptada, nos hemos implicado activamente con la sociedad civil y las ONG y espero con optimismo que se hagan progresos en esta cuestión en el transcurso del ASEM IV de Copenhague.
Por último, los líderes acordaron fomentar la intensificación de los contactos entre parlamentarios, tal y como se dispone en el marco de cooperación. Inevitablemente, el ASEM III estuvo dominado por los trascendentales desarrollos en la península de Corea que han dado como resultado la muy valiosa nominación para el Premio Nobel de la Paz del Presidente de Corea del Sur, un hombre cuya carrera se ha distinguido tanto por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley como, más recientemente, por su compromiso con la reconciliación entre el norte y el sur de la península.
En mi opinión estas cuestiones nos recuerdan el importante papel que representa Europa en Asia, no sólo en términos económicos y comerciales, aunque debe decirse que una de las razones de la recuperación de Asia es que hemos mantenido nuestra palabra de mantener abiertos nuestros mercados a las exportaciones de Asia durante los últimos dos años. Este año es muy probable que China tenga un excedente de 40 billones de euros con la Unión Europea. Hemos mantenido nuestra palabra en los asuntos económicos y comerciales, hecho que, entre otras cosas, anima a Asia a tomarnos más en serio. Es importante recordar que también representamos un papel político en Asia, no sólo por nuestra defensa de la democracia y el buen gobierno, sino también por la contribución que hemos hecho en la península de Corea y en todas partes para la estabilidad y la seguridad futuras. El proceso ASEM es importante. Se trata de una reunión valiosa. El proceso se está desarrollando y reforzando con el tiempo y tengo mis esperanzas puestas en la próxima reunión del ASEM en Dinamarca dentro de un par de años, en la que estoy seguro de que podremos apoyarnos en el progreso que ya hemos hecho.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Comisario, creo que la escasa presencia de diputados se debe a que esta noche los debates se han desarrollado con celeridad, de modo que algunos colegas que pensaban tomar la palabra aún están cenando. Ruego, por tanto, que no se interprete la exigua afluencia como un indicio de que no concedan ninguna importancia al tema que estamos tratando aquí.
Señor Comisario, en primer lugar comparto su opinión de que el proceso ASEM reviste una gran transcendencia. Es muy importante desde el punto político y económico. Desearía que este Parlamento así como algunos colegas de la Comisión apreciaran en su justo valor el alcance de las relaciones entre Asia y Europa, también en el marco de la política de pesca de la Unión, con el permiso de mi colega española y el Sr. Fischler. Desde una perspectiva en la que el desarrollo político y económico en este mundo multipolar se concibe a largo plazo, las relaciones mutuas entre Asia y Europa adquieren una relevancia especial. Desde este punto de vista nos alegra que se haya celebrado la Cumbre de Seúl y que salvo una o dos excepciones todos los jefes de Estado asistieran a ella. Fue un evento muy importante.
Usted tiene razón. En cierto modo la Cumbre asiática se vio eclipsada por el cariz que tomaron los acontecimientos en ambas Coreas. Como consecuencia de ello se dedicó mucho tiempo a la evaluación y calificación del acercamiento entre ambas partes de Corea, lo cual fue sin duda muy positivo, pero no se pudo celebrar un debate serio sobre el proceso asiático. De todas formas, deberíamos estar contentos de que se haya producido dicha aproximación. Quisiera, sin embargo, formular una observación que va dirigida al pobre representante del Consejo que en algún momento tendrá que redactar el acta. Realmente resultó embarazoso que en Seúl algunos Estados miembros de la UE anunciaran la reactivación del intercambio diplomático con Corea del Norte y otros no. Habría sido mucho más inteligente -ojalá tuviéramos una política exterior y de seguridad común- que los 15 países hubiesen decidido conjuntamente reanudar sus relaciones con Corea del Norte en el mismo momento y en las mismas condiciones. De esta forma, nos habríamos ahorrado las ostentosas actuaciones de algunos jefes de Estado y de Gobierno.
Es positivo -lo reconozco plenamente- que se haya consensuado un programa marco para la cooperación entre la UE y Asia. Pero, seamos sinceros, señor Comisario, ¿ha comprendido usted la esencia del acuerdo marco? Personalmente tengo serias dificultades para entender el verdadero sentido de lo que se ha acordado para el próximo decenio. Considero que el Parlamento debe participar en el proceso de puntualización del marco para la cooperación entra la UE y Asia, aun cuando en este momento seamos pocos. Algunos ya leerán el acta y, de todos modos, nosotros, los pocos expertos, seguiremos ocupándonos del tema. De todas formas, me parece que el Parlamento adopta una actitud demasiado pasiva. Dado que usted es un buen interlocutor, señor Comisario, deberíamos intentar ponernos de acuerdo sobre el contenido y lanzar desde el Parlamento nuevas ideas sobre la concreción del marco decidido por usted antes de Copenhague y antes de las conferencias.
Me alegro mucho de que la parte europea se haya pronunciado claramente acerca de los derechos humanos, pero nos resta hablar con toda tranquilidad sobre las consecuencias, sobre lo que esto significa exactamente. Creo que hemos formulado una excelente declaración política, pero aún quedan por resolver algunos problemas.
Estimo que como Parlamento tenemos el deber de retomar aquello que la parte europea ha incorporado a las conclusiones -lo cual es sin duda de agradecer-, es decir la cooperación entre el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados asiáticos de conformidad con el Primer Encuentro ASEM celebrado en Estrasburgo hace unos años. Es una misión importante y espero que el Parlamento pueda organizar el próxima encuentro el año que viene, antes de Copenhague. Debería celebrarse en Asia puesto que la primera reunión tuvo lugar en Estrasburgo. Precisamente porque la cooperación entre Europa y Asia se enfoca desde el punto de vista de la democracia y los derechos humanos, estimo fundamental que estrechemos nuestra colaboración con los parlamentos de los países asiáticos impulsando una evolución positiva a este respecto.

El Presidente
Señor Jarzembowski, con respecto a su comentario sobre el número - limitado - de asistentes, podemos decir que si contamos también al Comisario, los oradores asistentes alcanzan un 75%. ¡No está nada mal!

Maaten
Señor Presidente, hace un mes hablamos de todo este asunto y mantuvimos, entonces, un buen diálogo con el Comisario. La esperanza palpitaba en nuestros corazones. Un aspecto positivo es, por supuesto, la apertura hacia Corea del Norte, que finalmente se ha logrado. Lástima que por nuestra parte no hayamos reservado los medios realmente necesarios. Por otra parte, en lo que a nosotros respecta, el resultado es, sin embargo, un poco escaso y lo digo amablemente. Nuestro problema con la ASEM III no consiste tanto en lo que sí se ha logrado, ya que proyectos relativos al blanqueo de dinero, el HIV y el sida, la seguridad alimentaria y cuestiones semejantes, por supuesto, son positivos. Incluso se han adoptado dos propuestas concretas, a saber, una mesa redonda sobre la globalización y el duo fellowship program, 4300 fellowships por un valor de 25 millones de dólares americanos. Por supuesto, eso no es nada despreciable, pero sin embargo, tenemos algunos interrogantes al respecto. Vuelvo más tarde sobre ello.
Resulta más importante lo que no se ha adoptado. Podía haberse hecho mucho más en cuestiones relativas a la estabilidad financiera, el comercio y la inversión, las infraestructuras. Se sugirió la creación de un centro medioambiental ASEM. Han sido asuntos positivos. Lo que consideramos grave es que no haya habido resultados en materia de derechos humanos. Se han dicho cosas, pero no hemos encontrado nada al respecto en los proyectos que se han acordado y tampoco incluso en el ámbito, por ejemplo, de una reserva adecuada, y eso sí que podía haberse hecho. Esa reserva adecuada tiene también, por otra parte, algo que ver con la globalización. Hemos acordado ocuparnos de la globalización y, especialmente, de sus efectos negativos. En lo que a nosotros respecta, la globalización tiene precisamente efectos positivos. Los efectos negativos existen, pero debemos concentrarnos también en los positivos.
En cuanto al fellowship program, consideramos incomprensible que su secretaría se haya establecido en Seúl. La ASEF funciona de forma excelente en Singapur ¿Por qué no se ha establecido allí?
Sabemos que la Comisión se toma sumamente en serio la ASEM y apoyamos totalmente a esta institución en lo que a ello respecta. La pregunta que nos formulamos es si nuestros Ministros ASEM se la han tomado lo suficientemente en serio. Creemos que han mostrado una lamentable falta de ambición y no merecen por ello un aplauso.
Se ha avanzado en cuanto al diálogo entre Asia y Europa. Tal vez podamos lograr en tanto parlamentarios lo que los Ministros no han conseguido. La Comisión Europea merece nuestro apoyo, ya que estamos convencidos de que está en el buen camino. Sin embargo, opinamos que los Ministros debían haber logrado un resultado mucho mejor.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Organizaciones Regionales de Pesca (ORP)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0275/2000) del Sr. Jové Peres, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(1999) 613 - C5-0108/2000 - 2000/2068(COS)): Participación de la Comunidad Europea en las Organizaciones Regionales de Pesca (ORP).

Jové Peres
. Señor Comisario, las organizaciones regionales de pesca están cobrando una importancia creciente, particularmente los caladeros de soberanía compartida o para la gestión de poblaciones migratorias o transzonales. Dada su adaptación a las características específicas de sus pesquerías, constituyen un instrumento especialmente adecuado para la gestión racional de los recursos. Por ello, es prioritario que la Unión Europea se dote de los mecanismos necesarios para asegurar una participación plena y digna. La comunicación de la Comisión se limita a tratar los aspectos relativos a las competencias que corresponden a la Comunidad y a los Estados miembros en las tareas derivadas de la participación en las mismas. Este enfoque es necesario pero insuficiente, puesto que conviene adoptar un esquema claro, uniforme y homogéneo para la participación de la Unión Europea en las organizaciones regionales de pesca; teniendo en cuenta la diversidad de las organizaciones regionales existentes, la participación de la Comunidad en cada una de ellas debe ser adecuada a sus particularidades. Sin embargo, tiene que responder a los mismos principios básicos desde un punto de vista jurídico e institucional. Por esta razón, el proyecto de informe de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo propugna la búsqueda de un reparto de funciones uniforme entre la Comunidad y los Estados miembros para el conjunto de las organizaciones regionales de pesca.
El protagonismo en la acción comunitaria corresponde a la Comisión, garante del interés comunitario. Sus servicios deberán ocuparse no sólo de las funciones de representación a las que hasta ahora parecen limitarse por escasez de medios; en el futuro, los servicios de la Comisión no podrán limitarse a desempeñar un papel de fachada; tendrán que asumir de forma clara y precisa todos los aspectos relativos a la participación de la Comunidad en estas organizaciones regionales, tanto en el ámbito de la representación, del control de la transmisión y verificación de datos, como en la participación en foros científicos: en general, la dirección de la acción comunitaria, incluido el control de las pesquerías que se realicen en el marco de estas organizaciones.
El control de las pesquerías afecta a las potestades jurisdiccionales de los Estados miembros y, por consiguiente, en cierta medida, afecta al núcleo de su soberanía. Dicho control debe transferirse a un órgano netamente comunitario para que la Política Pesquera Común sea aplicable a todos los Estados miembros y a todos los barcos y profesionales, con independencia de su nacionalidad, evitando riesgos de quiebra del principio de igualdad de trato. Por ello, la dirección del control y, progresivamente, su ejecución material, deben encomendarse a los servicios de la Comisión y, consiguientemente, su coste debe sufragarse a cargo del presupuesto comunitario.
Es necesario mejorar los mecanismos existentes en la transposición del Derecho comunitario, para aumentar la seguridad jurídica y superar su lentitud actual. Ahora bien, la aceleración de la transposición al Derecho comunitario de las normas adoptadas en el seno de las organizaciones regionales no excluye el cumplimiento por el Consejo y el Parlamento de sus funciones en cuanto a la dirección de la política pesquera comunitaria.
Ante la creciente importancia de las organizaciones regionales de pesca (ORP), la Unión Europea debe asumir plenamente sus competencias en materia pesquera; esto presenta, ante todo, un problema de recursos humanos y materiales. La Comisión, quizá para esquivar el problema de los recursos, ha decidido proponer una reformulación de las funciones que deben desempeñar la Comunidad y los Estados miembros, sin modificar las competencias respectivas. Este enfoque, que podría ser aceptable de modo transitorio, podría presentar serios problemas de rigor y, sobre todo, institucionales si se desease hacer permanente.
El reparto de funciones propuesto por la Comisión reservaría para la Comunidad la representación, que se podría calificar de alto nivel, y delegaría en los Estados miembros la representación en los comités científicos y técnicos; la contribución a los trabajos de las organizaciones regionales de pesca también quedaría confiada a los Estados miembros así como las misiones de inspección y control. Es decir, la condición de parte contratante de la Comunidad quedaría reducida a la mera condición de fachada.
La construcción europea no puede limitarse al campo de las declaraciones vacías de contenido, mientras exista una Política Pesquera Común y la Comunidad tenga competencias en materia de pesca, debe dotarse de los medios humanos y materiales para hacer frente a sus obligaciones, tal y como exige el principio de suficiencia de medios de la Política Pesquera Común. Del mismo modo, si la Comunidad es parte contratante en las ORP, debe comportarse como tal y desempeñar el papel que le es exigible. La aplicación de este principio tiene implicaciones financieras y requiere desarrollos jurídicos y, quizás, cesiones de soberanía; pero si se opta por un determinado modelo de construcción política es necesario poner los medios para que dicho modelo se pueda llevar a la práctica.

Fraga Estévez
Señor Presidente, sin duda, las organizaciones regionales de pesca son hoy y deben serlo aún más en el futuro, la mejor garantía, si no la única, para la gestión de los recursos pesqueros mundiales. Tal importancia ha sido perfectamente entendida por el ponente, que ha elaborado un excelente informe, que pone de relieve el verdadero punto débil de la comunicación. Muy buenas intenciones que sólo podrán cristalizar si existe una auténtica voluntad política.
Si partimos de la base de que de todos los Estados ribereños que hay en el mundo son poquísimos los que cuentan con el potencial económico, jurídico, legislativo y político con que cuenta la Unión Europea, se comprenderá hasta qué punto debemos preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad. Sin embargo, la Comunidad no se implica ni lidera; como mucho, reacciona. Pero reacciona con tan escasísimos medios y tan poca previsión que al final es como si enviara a David contra Goliat. Sólo que en la Biblia David ganó, lo que aquí no es el caso.
He sido observadora en algunas organizaciones regionales y les puedo asegurar que es patético ver cómo dos o tres funcionarios de grado medio intentan reaccionar, agotados y casi sin dormir, ante problemas que se veían venir desde hace meses y ante delegaciones potentísimas, bien por su propia condición de grandes potencias, como Estados Unidos o Japón, bien porque han seguido de antemano una inteligente política de alianzas. Como la Dirección General de Pesca está en proceso de reestructuración y ello puede conllevar más personal y mejores medios, creo que debemos exigir que prioritariamente se refuerce este ámbito. Ello significaría, en primer lugar, no tener que limitarse a reaccionar ante actuaciones como la del Acuerdo de Galápagos y su intención manifiesta de ampliación unilateral de las aguas jurisdiccionales de cuatro países contra las normas mínimas de Derecho internacional del mar o contra intentos de expulsión arbitraria de flotas comunitarias, unas de las pocas que llevan consigo normas y reglamentaciones estrictas.
Igualmente, es obligación de la Comisión no sólo representarnos dignamente en el ámbito marítimo internacional, sino también tomar la iniciativa. Por ello debería impulsar la creación de nuevas organizaciones regionales, empezando allí donde ya existe presencia comunitaria, como es el caso del Pacífico occidental y del Pacífico sur. Ante la reestructuración prevista, quiero pedir expresamente la creación de una unidad de grandes migradores, cuya necesidad ya ha detectado la propia Comisión al redactar una serie de reglamentos exclusivos para estas especies, objetivo principal de las banderas de conveniencia, una plaga pirata que inexplicablemente se extiende cada vez más.
Concluyo reiterando mi apoyo al magnífico informe del Sr. ponente.

Stihler
Señor Presidente, quiero dar las gracias al ponente y al Comisario.
Las organizaciones regionales de pesca y la participación de la Comunidad en ellas son un asunto importante. Esas organizaciones, que abarcan casi todos los mares abiertos, proporcionan un instrumento para garantizar la conservación y la administración activa del recurso de la pesca. Es de este precioso recurso de lo que me gustaría hablar.
Afrontamos una reducción de las existencias que sitúan la pesca en una situación de crisis. Hay exceso de pesca, contaminación en nuestros mares, se está produciendo un cambio climático -podemos percatarnos de ello en la actual conferencia de la Haya- y la alteración física del medio ambiente presiona aún más sobre estos recursos limitados.
La reforma de la PCP es importante, pero conseguir las reformas adecuadas es incluso más importante. En Escocia la Federación Escocesa de Pescadores y el Fondo Mundial para la Naturaleza se han unido para proponer el concepto de administración regional de zona. El plan de administración de pesquerías implicaría a todos los grupos de interés de una región determinada. Aunque inicialmente sus recomendaciones eran puramente consultivas, se espera que si demuestra su eficacia y eficiencia con el tiempo se ganará un papel administrativo.
El desarrollo de una regionalización de la PCP será importante porque garantizará la acción local. Las organizaciones de las pesquerías regionales con un papel a escala internacional y administración regional o zonal pueden hacer que lo global se convierta en local. Esto contribuirá realmente a que las pesquerías sean sostenibles.

Nogueira Román
Señor Presidente, sólo tengo un minuto para atestiguar mi apoyo al excelente informe de nuestro colega Salvador Jové, que trata de forma muy certera una parte de la Política Pesquera Común que acaba de no ser reconocida en la Unión como elemento fundamental de ella.
Obcecados con sus disputas en las aguas comunitarias, los Estados europeos ignoran, en la práctica, que la pesca tiene una dimensión mundial, tanto en lo relativo a la conservación de los recursos marinos y a la producción como a los mercados y al carácter de las flotas. A consecuencia de ello, hay países de la Unión, como Galicia, al que represento, que padecen de forma especial y grave esta situación y la consiguiente insuficiencia de medios humanos y materiales que padece la Comisión Europea en la aplicación de la Política Pesquera Común para las organizaciones regionales de pesca.
El ponente critica con razón esas carencias y propone soluciones muy apropiadas, con las cuales concordamos.

Langenhagen
Señor Presidente, señor Comisario, en todo el mundo el estado de los recursos pesqueros -a estas alturas ya lo sabemos todos- es preocupante. Como se nos ha dicho hace un momento ello es debido en gran parte a la contaminación medioambiental, a la que han contribuido entre otros factores los últimos accidentes sufridos por petroleros, que, por cierto, no han sido pocos.
Sin embargo, la razón principal está en la sobreexplotación de los recursos marinos como consecuencia de las excesivas capacidades de pesca de las flotas pesqueras. En beneficio no sólo del medio ambiente sino también de los pescadores debemos esforzarnos por garantizar una gestión sostenible de los recursos pesqueros. A fin de lograr este objetivo la Comunidad ha de dar algunos pasos importantes más, aunque en realidad no nos queda mucho tiempo.
En su comunicación al Consejo y al Parlamento la Comisión critica la ausencia de una normativa uniforme para la pesca dentro y fuera de las zonas económicas exclusivas. En alta mar continúa imperando la ley del más fuerte. Dicha ley se fundamenta en la aplicación del principio de libertad. El mar no tiene fronteras. Pocos peces están en un lugar fijo. Pienso ahora en las numerosas poblaciones de peces migratorios. La sobreexplotación de unos cuantos produce un efecto dominó. La gestión de los recursos pesqueros, por meticulosa que sea, no puede dar ningún resultado si los demás se empeñan en defender sin escrúpulos sus intereses económicos pisoteando el mandamiento de la protección de los recursos.
En términos globales la UE dispone de la cuarta capacidad de pesca más importante del mundo, pero no por ello la UE tiene el derecho de adoptar medidas para sí sola: éstas han de estar en consonancia con sus obligaciones internacionales. Debido al carácter global de la pesca se impone la colaboración internacional. Sin embargo, hemos de tener claro -y con esto volvemos a la base de dicha colaboración- que las organizaciones regionales de pesca figuran entre los gremios más relevantes. Aparte de que el Acuerdo de Nueva York de 1995 las consagra como tales, son de por sí los mecanismos más idóneos para promover la pesca responsable. Estas organizaciones son las únicas en saber ajustar la aplicación de las normativas adoptadas a nivel suprarregional a las circunstancias propias de cada lugar. Llevan a cabo programas estadísticos y se encargan de los sistemas de inspección y control. Desde luego disponen de los mecanismos más eficaces para evitar que las normas se infrinjan.
Dado que las organizaciones regionales de pesca revisten una importancia de primer orden en el desarrollo de la pesca sostenible, considero indispensable que en cada una de ellas se reserve un lugar para la UE para que, por fin, todos podamos tirar de la misma cuerda.

Varela Suanzes-Carpegna
 presidente de la Comisión de Pesca. Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, a punto de salir hacia una de estas organizaciones regionales pesqueras, hacia Marrakech, a donde acudiré pasado mañana para participar como observador de este Parlamento, en nombre de la Comisión de Pesca, quiero participar en este debate del informe de nuestro colega Salvador Jové, magnífico informe, donde la posición de nuestra comisión está muy clara.
Estamos apoyando las organizaciones regionales de pesca, estamos pidiendo más organizaciones regionales de pesca y más peso de la Comisión en ellas. Cuando decimos más organizaciones, nos referimos a las que se pueden y deben crear en el Atlántico Sur o en el Pacífico Sur -como se ha dicho aquí- y a que la Comisión pueda liderarlas. Creo que el futuro de la pesquería en aguas internacionales depende de estas organizaciones y todos los esfuerzos de la Comisión, señor Comisario, son pocos. Para defender la postura de las Naciones Unidas, tanto en la Convención de 1982 como en la de Nueva York, a la que se ha hecho referencia aquí, debemos tener una presencia muy activa en estas organizaciones en favor de la pesca responsable. No le va a faltar el apoyo de la Comisión de Pesca de este Parlamento, incluso para adoptar más medios materiales y personales que, como aquí se ha expuesto, hacen falta. Somos autoridad presupuestaria y creo que debemos incidir en esta línea, porque en estas organizaciones y en estas aguas nos jugamos mucho en el futuro de la pesca en los próximos años.
Quiero, por tanto, resaltar la opinión prácticamente unánime del Parlamento Europeo y, por lo tanto, que entienda la Comisión que somos aliados en esta lucha constructiva para que la Comisión pueda tener más peso -más funcionarios, se ha dicho. Evidentemente, frente a otras naciones, la representación de la Unión Europea es pequeña y tenemos que estar más y mejor representados, Sr. Fischler. Quiero decirle que vamos a seguir con esta estrategia de convocar previamente a nuestra comisión para que nos informe de cuáles son los planteamientos que se van a defender. Lo haremos con el sector pesquero para que tengamos una opinión conjunta y común. Luego habrá que volver de nuevo a la comisión parlamentaria, para que la Comisión pueda rendir cuentas en ella.
Concluyo, señor Presidente, felicitando una vez más a nuestro ponente, el Sr. Jové, por el magnífico informe que ha realizado.

Nicholson
En primer lugar me gustaría aprovechar la oportunidad de celebrar el informe y decir que la cuestión de la administración, el control y la conservación de las existencias de las pesquerías constituye un problema importante se mire por donde se mire. Todos somos muy conscientes de él en toda la Unión Europea e incluso más allá de sus fronteras.
También ha sido una fuente de enormes desavenencias entre los pescadores, por un lado, y los científicos por otro. Hasta cierto punto, los que somos políticos estamos en medio. No somos ni pescadores ni científicos e intentamos encontrar una vía y la verdad entre lo que nos dicen ambos. Es esta una posición sumamente difícil para intentar encontrar un camino.
Lo que voy a decir a esta Cámara y al Comisario es que todos nosotros, científicos, pescadores y políticos, necesitamos información de máximo nivel y calidad. Esta es la razón por la que creo que la Comisión tiene un papel importantísimo para animar a los pescadores a ponerse al frente, cooperar con ella y proponer una solución con la que estemos todos de acuerdo.
La Comisión debería tener en cuenta las opiniones de las autoridades y la industria regional nacional. Cuando el Comisario contestó a mi informe el mes pasado, me pareció que mezclaba ligeramente sus situaciones geográficas: no sabía si iba a Escocia, a Irlanda o a Irlanda del Norte. De pronto descubrí que fue a Escocia y a la República de Irlanda, pero no llegó a Irlanda del Norte. Esperemos que en el futuro se sitúe geográficamente mucho mejor. Sé que él sabe dónde está Irlanda del Norte y espero desde luego que venga en el futuro a visitar a los pescadores de allí.
Antes de que tomemos una decisión que acabe con el caos -porque creo que todos somos conscientes de la situación de los comités consultivos técnicos y las cuotas a la que nos enfrentamos en Diciembre-, quiero decir que va a ser extraordinariamente difícil no sólo para las áreas regionales y nacionales y los pescadores, sino también para la Comisión. Necesitamos una mejor manera de abordar esta cuestión en un momento mejor del año, con mayor implicación y más cooperación de la que hemos tenido en el pasado. Pido a la Comisión que considere esta cuestión.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores diputados, antes que nada quisiera agradecerles su apoyo a nuestros esfuerzos por fomentar y reforzar la participación de la Comunidad en las organizaciones regionales de pesca. Comparto la opinión de todos los que aboguen por un mayor número de organizaciones regionales de pesca y coincido con el Sr. Varela y otros diputados en que la Comisión está llamada a desempeñar un papel relevante en estas organizaciones.
También estamos de acuerdo con este Parlamento en que el tema del control debe constituir una piedra angular de la política de pesca regional. Sin embargo, al mismo tiempo me veo obligado a reafirmar el punto de vista de la Comisión en el sentido de que la vigilancia en el marco de las organizaciones regionales de pesca no le incumbe exclusivamente a ella. De conformidad con la estructura básica de la Unión Europea corresponde en primera instancia a los Estados miembros encargarse del control. En virtud de los derechos soberanos que poseen como Estados de pabellón deben liberar los necesarios recursos tanto humanos como financieros y materiales para que la Comunidad pueda cumplir con sus obligaciones internacionales.
Es por eso por lo que la Comisión concluye firmemente en su comunicación que, desde la perspectiva de las actividades de control, la OPANO constituye una excepción a la regla que en ningún caso puede convertirse en regla. La Comisión ha de poner todo su empeño en su propia misión, que consiste en controlar y coordinar la aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas de control en el marco de las organizaciones regionales de pesca. Además de esto, la Comisión debe hacerse cargo de todo tipo de tareas relacionadas con las negociaciones que han de llevarse a cabo en el contexto de las organizaciones regionales de pesca.
Sería simplemente inapropiado que no se tuviera en cuenta la práctica institucional comunitaria vigente en materia de control de buques que faenan en alta mar.
A este respecto quisiera recordarles dos puntos fundamentales. Por una parte, las actuaciones de la Comunidad deben ser coherentes, independientemente de que las medidas de control se ejerzan en aguas comunitarias o en alta mar.
Por otra parte, los puntos de vista que se adoptan acerca de este tema han de estar en consonancia con las opiniones que se defienden en el marco del actual debate sobre las denominadas actividades clave de la Comisión. Por eso mismo el debate sobre las medidas de control rebasa los límites de las organizaciones regionales de pesca. Hemos de optar por un procedimiento amplio que abarque todas las actividades pesqueras de la Comunidad, con independencia de que se realicen en aguas de la UE o en alta mar.
Si entre todos queremos volver a reflexionar sobre las tareas que le corresponden a la Comisión en el ámbito de las actividades de control dentro y fuera de las aguas comunitarias, considero conveniente que ello se haga en consonancia con los preparativos de la reforma de la política común de pesca. Ello significa que a lo largo del próximo año se nos presentarán numerosas ocasiones en las que estas cuestiones podrán debatirse profundamente. Es todo cuanto quiero decir respecto al principal tema del informe.
Con su permiso quisiera referirme brevemente a algunos otros aspectos. Respecto al plazo para la transposición de las decisiones de las organizaciones regionales de pesca reconozco que el balance de la Comisión puede y debe mejorarse. Aunque en este terreno ya se han logrado algunos avances, es preciso ajustar el calendario.
En lo que se refiere al problema de las infracciones y las sanciones, la Comisión siempre se ha esforzado por incluir las sanciones en las normativas de control, puesto que un control sin sanciones no conduce a nada. Desafortunadamente, hasta la fecha no hemos conseguido imponer este criterio debido a la renuencia del Consejo. Ello no obstante, intentaremos avanzar en este tema en el marco de los trabajos en curso con vistas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, tal y como se afirmó y se decidió en la Cumbre de Tampere.
Por último quisiera detenerme en el reproche formulado en el punto 16. En él se dice que la Comisión pretende excluir al Parlamento del proceso de participación comunitaria en las diferentes organizaciones regionales de pesca. Les aseguro que esto no es cierto; pretendemos todo lo contrario. A este respecto hemos acatado siempre las reglas de colaboración entre el Parlamento y la Comisión y siempre hemos respetado lo acordado en el Acuerdo Interinstitucional.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

Carne de porcino (OCM)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0305/2000) del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(2000) 193 - C5-0225/2000 - 2000/0076(CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759/75 por el que se establece la organización común de mercados del sector de la carne de porcino.

Ford, Glyn
Señor Presidente, tengo el mismo problema que Nicholson, pero en mi caso es incluso más grave. Me presenté a mi debate sobre el ASEM III en el momento indicado para descubrir que el debate ya había tenido lugar. No sé cuál es el problema. Creo que uno o dos diputados están ausentes, lo que hace que se adelante la discusión, y eso significa que más y más gente llega después del debate. No sé cómo podemos resolver este problema, pero presento mis disculpas a la Cámara por no estar presente cuando debería haberlo estado. No sé cómo podemos afrontar este problema en el futuro.

Garot
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, esta tarde hemos de debatir sobre la situación del sector porcino y de su organización común del mercado que se ha revelado inadaptada frente a la última crisis que acaba de producirse.
En efecto, entre 1998 y 2000, la producción se aceleró de manera desmesurada, con un aumento de 20 millones de cabezas para alcanzar el nivel anual de 205 millones de cerdos sacrificados en la Unión Europea. Hemos registrado, pues, una caída del 30% de las cotizaciones, con su cortejo de consecuencias a menudo insostenibles para los productores, en particular para los jóvenes y los más endeudados. En quiebra, algunos criadores no han tenido más opción que cambiar de estatuto social, para convertirse en simples asalariados de empresas cooperativas o privadas, permaneciendo en su antigua explotación. No es esa, señor Comisario, Señorías, la traducción del modelo agrícola europeo que la Unión quiere hacer reconocer en el escenario internacional.
Resulta evidente que, en relación con los objetivos contenidos en el Reglamento 2759/75 modificado, se impone comprobar la inadaptación y la insuficiencia de los instrumentos de la organización común de los mercados del sector de la carne de porcino, a saber, el almacenamiento privado y las restituciones: el almacenamiento privado, que interesa tanto menos a los explotadores en la medida en que se ha puesto en práctica en un contexto de crisis estructural, y las restricciones, siempre útiles, pero dependientes de los acuerdos internacionales que las limitan cada vez con mayor severidad. Por lo tanto, cabe imaginar nuevos instrumentos para prevenir toda crisis grave que pudiera surgir de nuevo, a pesar de un nivel muy elevado del consumo interior y una buena utilización de las oportunidades de exportación.
En efecto, la continua mejora de la productividad de los criaderos genera ya un crecimiento de la oferta y si ésta debiera acompañarse de una ampliación sin límites del aparato de producción, se produciría de nuevo, ineluctablemente, un fuerte desequilibrio del mercado. Sin embargo, y es la última crisis la que nos lo ha enseñado, el restablecimiento de los mercados ahora se produce con menos rapidez ya que los criaderos especializados mantienen, en su mayoría, globalmente su producción esperando días mejores.
En estas condiciones, Señorías, el problema concierne menos el futuro de la producción que el futuro de los productores. Esa es la razón por la que resulta imperativo dotar a la Unión de instrumentos flexibles de prevención y de gestión de las crisis del sector porcino.
A este respecto, la Comisión nos propone incorporar a la organización común de los mercados un nuevo instrumento: los fondos de regulación. La idea es ciertamente buena, pero como su aplicación es facultativa para los Estados miembros y los productores y, visto que exige como contrapartida congelar la producción sin aportar, en período de crisis, ninguna solución adecuada para los criadores, presenta en definitiva poco interés. Tal como se encuentra sería probablemente inoperante.
Por esta razón, consciente de la importancia del problema, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, tomando como base mi informe, ha introducido una serie de enmiendas para hacer esta propuesta más atractiva y más eficaz. En este caso, se trata de permitir el establecimiento de previsiones fiables relativas al mercado mediante un buen conocimiento de los medios de producción, instaurar fondos de regulación en todos los Estados miembros, con una ayuda comunitaria para su establecimiento con el fin de que todo criador de la Unión, ya sea productor o cebador, deseoso de suscribirse pueda hacerlo mediante el compromiso de estabilizar su producción durante cinco años; establecer la cofinanciación de esos fondos por los criadores o sus asociaciones y por la Unión Europea, con el fin de alentar la adhesión de los productores; introducir modulaciones en el abono de las ayudas de estos fondos durante los períodos de crisis; por último, de comprometer a los Estados miembros a tomar, con la Comisión, las medidas que les parezcan más adaptadas para restablecer el equilibrio de los mercados en caso de crisis probada, dando por sentado que este esfuerzo de restablecimiento del mercado debe aplicarse teniendo en cuenta las evoluciones de la producción en cada Estado miembro y debe repercutirse sobre los criadores que no adhieran al fondo de regulación.
Señor Comisario, Señorías, estas son las soluciones que recomienda la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Estamos convencidos, por nuestra parte, que están encaminadas a prevenir las crisis porcinas, incluso a administrarlas en caso de que tengan que volverse a producir. Así, mediante instrumentos flexibles, complementarios y, por tanto, indisociables, y con un coste razonable para la Unión, hemos de reconocerlo, podemos hacer que el porvenir resulte menos problemático para nuestros criadores.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, como ponente en la sombra del informe Garot sobre el establecimiento de una organización común en el sector de la carne de porcino quisiera volver a insistir sobre los defectos del mismo. El informe, que en esencia aboga por la creación de un fondo de regulación para criadores de cerdos y, por tanto, va más lejos que la propuesta de la Comisión, fue adoptado en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. En nombre de nuestro Grupo he solicitado para mañana una votación por partes puesto que personalmente rechazo la idea de un fondo de regulación para criadores de cerdos. ¡No tengo ningún inconveniente en que tengan una hucha, pero me opongo radicalmente a la creación de un fondo de regulación para productores de cerdos que para colmo se financiaría en parte con dinero europeo!
En mi opinión no necesitamos más normativas e intervenciones estatales. El libre mercado se fundamenta precisamente en el principio de que los precios se establecen en virtud de la oferta y la demanda. Es cierto que los criadores de cerdos han sufrido una caída histórica de los precios, pero antes de esta crisis gozaron de unas relaciones económicas estables. La situación de los precios se vio favorecida por la relativa escasez de la oferta como consecuencia de la peste porcina y el debate sobre la EEB y el importante volumen de las exportaciones a terceros países. Por otra parte, nuestros agricultores ruegan continuamente que en la medida de lo posible se deje fuera a la política. Aquí tenemos otra prueba de ello. ¡Creo que la histeria realmente no viene al caso!
Todo manual de agricultura que se precie habla de dos clásicos ciclos porcinos. Los acontecimientos de los tres últimos años forman parte de este clásico ciclo porcino aun cuando adquirieran unas dimensiones desproporcionadas. El mercado porcino es ciertamente uno de los pocos mercados agrícolas que han estado a salvo de las intervenciones estatales, y los cebadores de cerdos de mi país se felicitan por ello. La creación de un fondo de regulación invitaría a una mayor concentración en el sector porcino europeo puesto que de este modo el riesgo inherente a grandes inversiones de capital puede ser transferido al fondo común.
Soy consciente de que en Europa reinan filosofías agrarias muy diversas. Es evidente que la filosofía del sistema federal alemán no tiene nada que ver con la que pueda imperar en el sistema centralizado francés. Rechazo con vehemencia la propuesta de cofinanciación por la UE. Me opongo a que se intensifiquen las intervenciones estatales. ¿Normas europeas? ¡Las justas y necesarias, cuantas menos mejor! ¿Cómo se supone que vamos a afrontar otras posibles crisis agrícolas, por ejemplo en el sector avícola? No podemos llenar en cada ocasión una nueva hucha comunitaria. Sería el cuento de nunca acabar. Sería mucho más conveniente que en lugar de ello cada criador de cerdos se preocupara por constituir su propia reserva. Así, cada criador de cerdos tendría su propia hucha. ¡Eso es lo que yo pretendo!

Martínez Martínez
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión reconoce que el mercado de la carne de porcino en la Unión Europea está sujeto a movimientos cíclicos con períodos de oferta equilibrada y precios satisfactorios, seguidos por períodos de abundante oferta en los que los precios se desploman. Los períodos de crisis son cada vez de mayor intensidad. La última originó, desde mediados de 1998 hasta principios de 2000, un descenso en los precios de más del 30 %. El resultado es la desaparición de las explotaciones familiares, cuya única salida es cerrar o entrar en lo que se llama producción integrada, es decir, aquella en que el productor pierde su autonomía como ganadero y se integra en una estructura empresarial -cadenas de distribución, supermercados- quién les dicta las pautas de producción a cambio de cierta estabilidad económica. A veces hemos llegado a preguntarnos en qué medida la propia crisis cíclica del mercado no viene provocada por la acción especulativa de las citadas estructuras empresariales, que así se van asegurando el control del sector en función de sus intereses.
La Comisión admite que las dos únicas medidas de apoyo al mercado, almacenamiento privado y restituciones, son insuficientes para luchar contra la crisis y, sin embargo, nos hace una propuesta pacata e ineficaz. Sorprende su falta de imaginación y su falta de ambición. Más que una medida para garantizar los ingresos de los productores cuando los precios se hunden, parece apenas un consejo paternalista: ahorren ustedes en épocas de vacas gordas para resistir luego cuando lleguen las vacas flacas.
Lo que la propuesta llama mecanismo de regulación consiste en autorizar al Estado miembro que lo desee a la creación de un fondo financiado por los productores que voluntariamente se adhieran al mismo durante un período mínimo de cinco años, adquiriendo el compromiso de no incrementar su cabaña. La aportación del presupuesto comunitario es cero y la Comisión se limita a autorizar en el seno del comité de gestión los umbrales de tasa y el abono de fondos. La voluntariedad del sistema supone que el esfuerzo de control de la producción recaería sobre unos pocos, mientras que el resto anularía este efecto produciendo sin límite hasta la llegada de una nueva crisis. Por todo ello, el texto de la Comisión nos decepciona y nos parece inaceptable. No resuelve la inestabilidad cíclica del sector, rompe con el principio de solidaridad financiera de la PAC y constituye un elemento claro de renacionalización y de distorsión de la competencia.
De ahí que defendamos el informe de nuestro coordinador socialista, el señor Georges Garot, y las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura. Éstas hacen de la propuesta algo muy diferente al introducir, en primer lugar, el carácter obligatorio de esa medida para los Estados miembros; en segundo, la cofinanciación comunitaria del fondo y la contribución con ayudas decrecientes a la puesta en marcha del mismo; en tercer lugar, la participación de la Comisión en las medidas de gestión de la crisis y, en cuarto, la ampliación del campo de aplicación de esta medida a los productores de lechones y a las explotaciones de ciclo cerrado. También se hace referencia a la necesidad de fomentar las organizaciones de productores, cuya implantación difiere mucho de un Estado miembro a otro.
Las enmiendas aprobadas por la Comisión de Agricultura constituyen para los socialistas el marco aceptable para la creación de los fondos que se nos sugieren y, por ello, quisiéramos pedir a la Comisión que, si no está dispuesta a asumir dichas enmiendas, retire su propuesta, que en sus términos actuales merece tanto nuestro rechazo como el del sector.

Busk
Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría comenzar mi intervención dando las gracias al Sr. Garot por su informe, aunque no esté de acuerdo con su contenido. Estoy de acuerdo en que ha habido una crisis en el sector porcino, pero no estoy de acuerdo con las propuestas del Sr. Garot sobre cómo solucionar crisis futuras. El sector porcino ha sido el único sector que ha podido arreglárselas solo hasta ahora en condiciones de mercado con muy pocas intervenciones, como las ayudas a la exportación y el almacenamiento privado y así debe seguir haciéndolo. El fondo de regulación planteado en la propuesta del Sr. Garot, si se conceden las ayudas comunitarias, quizá sí redunde a corto plazo en beneficio de los pequeños productores y contribuya a mantenerlos artificialmente con vida a costa de los mayores y más productivos productores, que son el futuro de la producción porcina en Europa.
La ayuda extra comunitaria planteada en el informe del Sr. Garot es, a mi modo de ver, contraria a toda cordura en estos años, cuando con la Agenda 2000 y la próxima ampliación hacia Europa Central y Oriental debemos reformar nuestra política agraria. Y esto no lo conseguiremos creando nuevos regímenes de ayuda -tampoco, dicho sea de paso, hay dinero en el presupuesto para ello. Me gustaría que la Comisión explicara si esta propuesta está de acuerdo con los acuerdos comerciales contraídos con la OMC y con la Agenda 2000. A mi modo de ver, choca claramente con la política agraria común la creación de fondos nacionales que supondrán una competencia desleal para los productores porcinos europeos. Pero lo que quizá sea peor es que tal cosa puede contribuir a que se produzca una renacionalización de la política agraria. Me gustaría pedir por ello que se vote no al informe del Sr. Garot y también a la propuesta de la Comisión, de modo que continúe la línea liberal que ha dominado en el sector porcino hasta ahora.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, señor Comisario, ¡éste es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con las organizaciones comunes de mercados! Felicito al ponente. Si todas las organizaciones comunes de mercados fueran tan anticíclicas como ésta o si todas las organizaciones de mercados redundaran en beneficio de las empresas más pequeñas -algo que acaba de criticar el Sr. Busk- la estructura de las empresas agrícolas en Europa sería distinta. Las organizaciones de mercados, tal y como han funcionado hasta la fecha, fomentaban el proceso de concentración en lugar de impedirlo.
Es interesante observar que las cosas están cambiando. La presente propuesta cuenta con el respaldo de quienes como yo están en contra de la organización de mercados tal y como se venía practicando hasta ahora. ¡La Sra. Keppelhoff-Wiechert, que se opone por todos los medios a que se revoquen las demás organizaciones de mercados o se introduzca en ellas el principio de cofinanciación, sostiene que aquí la cofinanciación tampoco viene al caso! Si aplicáramos el concepto de cofinanciación que se maneja en este informe, es decir, el 50%, a las demás organizaciones de mercados, por ejemplo a la del azúcar, donde el PPE rechaza enérgicamente toda modificación, se liberaría de súbito una enorme cantidad de recursos.
Mientras que en este caso al Sr. Busk le preocupa la posible reacción negativa de la OMC, adopta la actitud contraria en el marco de la organización de mercados del azúcar. ¡Es partidario de que esa organización de mercados sí se defienda frente a la OMC! Los americanos han formulado una propuesta similar a la nuestra. Pretendemos introducir un régimen de seguro y está claro que se fundamenta en criterios sociales. En mi opinión, el ponente ha realizado un excelente trabajo que demuestra que la administración da mucho juego cuando se persigue una finalidad claramente definida, como es el caso. Señora Keppelhoff-Wiechert, a usted no le conviene el objetivo. Debería decirlo con toda claridad, porque es un tema que se puede someter a debate. A mi sí me conviene el objetivo, y vuelvo a insistir en que hoy día dispondríamos de una estructura muy diferente si lo hubiéramos aplicado a otras organizaciones de mercados.
En lo que se refiere a la cofinanciación y la participación de la UE, la Comisión ha lanzado la propuesta de ampliar la organización de mercados existente con un régimen de seguro que se financiaría exclusivamente con dinero procedente de las propias empresas. ¿Qué clase de propuesta es ésta? La Comisión puede volver a retirarla quedándose con la anterior, que tampoco sirve de nada porque ha fomentado la concentración. De hacerse algo, tiene que estar en línea con lo que ha diseñado el Sr. Garot. Ha transformado la nefasta iniciativa de la Comisión en una propuesta inteligente y anticíclica que pretende preservar la estructura. Por todo ello, nuestro Grupo aprobará el informe y espero que mañana reciba el apoyo de la mayoría del Parlamento. Tengo curiosidad, señor Garot, por saber qué ocurrirá a escala europea cuando llegue a manos de los responsables de las decisiones en el Consejo. No creo que tenga posibilidades de salir adelante. Precisamente porque el informe persigue la finalidad que acabo de describir es muy probable que acabe en la papelera, a no ser que la Presidencia francesa se saque algo de la manga que le permita imponerse. ¡Así que muy probablemente asistiremos a un entierro de primer orden, y de un gran interés!

Fiebiger
Señor Presidente, las modificaciones de las organizaciones de mercados son siempre decisiones difíciles. A la hora de elaborar estas decisiones se trata ante todo de regular debidamente el mercado, fomentando de tal forma las intervenciones en la oferta y la demanda que la producción, en este caso la producción de porcino, estabilice los ingresos de los agricultores. Durante mucho tiempo esto no fue así.
El informe encuentra resistencia y rechazo. Algunas de las reclamaciones van más allá y tienen su origen en el hecho de que la producción de vacuno y porcino deja mucho que desear. Los nuevos casos de EEB darán lugar a una disminución de la producción sin precedentes. En este caso la globalización de la economía se convierte en trampa, y ello no tiene nada que ver con crisis cíclicas. El ganado se transporta de un lado de Europa a otro, la cabaña es desmantelada con subvenciones públicas y, por otra parte, se construyen grandes instalaciones ecológicas. Obviamente, el presente informe no ofrece remedios para todos estos males; para ello se necesitan muchas más cosas. Sin embargo, procura atajar la producción sobre la base del principio de voluntariedad y la creación de agrupaciones de productores. Estamos ante una propuesta sincera y creíble. Recomendaré a mi Grupo que no rechace el informe.

Souchet
Señor Presidente, en el momento en el que la seguridad alimentaria está más que nunca al orden del día y sobre todo en el momento en que el conjunto del sector de la carne se ve afectado, en Europa, por la crisis de las vacas locas, es especialmente importante que la reforma de la organización común de los mercados de la carne de porcino se apruebe sin demora.
El mercado de la carne de porcino experimenta fluctuaciones cíclicas, bien conocidas por los economistas, pero la crisis de 1998/1999 ha experimentado una duración y un alcance sin precedentes que puso de manifiesto la amplificación de este fenómeno, que cada vez lleva a la quiebra a numerosas explotaciones familiares y empuja cada vez más a la concentración y a la integración del sector.
Esta crisis ha demostrado con toda claridad la insuficiencia de los mecanismos actuales muy ligeros de la organización común de los mercados de la carne de porcino y la necesidad de prever un mecanismo de regulación que permita estabilizar la renta de los productores gracias a un sistema de exacciones, en períodos de coyuntura favorable, y de pago, en los períodos de crisis, como lo propone finalmente la Comisión Europea sobre el modelo del sistema francés stabi-porc. No obstante, esta propuesta resultaría totalmente insuficiente si dejara a los Estados miembros la posibilidad de rechazar estos sistemas de regulación y si se dejara que las reservas destinadas a sostener las rentas en período de crisis estuvieran constituidas únicamente por las cotizaciones de los productores, ya que entonces se vería crearse una producción porcina a dos velocidades.
Por un lado, los productores más importantes, o los que están integrados con las empresas de producción, no participarían en este dispositivo, prefiriendo los sistemas que ya tienen: ahorro individual, préstamos bancarios, fondo de compensación. No tendrían que adquirir ningún compromiso de limitación de producción y conservarían sus derechos de crecimiento. De este modo, serían la propia fuente de la próxima crisis de sobreproducción que provocaría indefectiblemente la quiebra de los fondos de regulación.
Por otra parte, los productores más modestos, las explotaciones familiares aceptarían el juego de la solidaridad, aceptarían limitar su producción, cotizarían a un fondo de regulación nacional que los arrastraría a la quiebra en la próxima crisis de sobreproducción.
La actual organización común de los mercados de carne de porcino es sumamente ligera y demasiado tímida. Este proyecto de reforma es el primero, por poco significativo que sea, que propone la Comisión desde 1975. Las enmiendas de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la batuta de Georges Garot, cuyo trabajo saludo, transforman este texto limitado en un texto de envergadura. Las modificaciones aportadas por nuestra comisión son, efectivamente, de capital importancia. La participación de todos los Estados miembros a este nuevo sistema será obligatorio. Todo criador, cualquiera que sea el lugar donde se encuentre en la Unión, podrá acogerse a este dispositivo. La participación del presupuesto comunitario también es esencial, ya que sin ella los que adhirieran a uno de estos fondos de regulación tendrían, de hecho, únicamente las limitaciones, y el sistema no resultaría en lo más mínimo atractivo.
Los esfuerzos no pueden provenir de los productores solos. Por ello, nuestro ponente propone un compromiso más importante de la Unión a través una cofinanciación de los fondos de regulación. Lejos de crear de este modo un sistema excepcional con respecto a la práctica internacional, con este mecanismo flexible se aproxima, por el contrario, y con un coste razonable, de prevención y de gestión de las crisis, de lo que se practica en algunos terceros países tales como los sistemas de seguro de renta en vigor en los Estados Unidos y en Canadá.
Por tanto, apoyamos la propuesta de la Comisión ejecutiva tal como ha sido profundamente enmendada por los trabajos de nuestra Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y votaremos en favor del informe Garot.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, permítanme que les diga de antemano que en principio aplaudo la propuesta de la Comisión de crear un fondo de regulación, también en el marco de la agricultura austríaca.
Dicho fondo puede convertirse en un instrumento idóneo para contrarrestar las pérdidas sufridas por los criadores de cerdos en tiempos de crisis. Sobre todo la crisis porcina de los años 98 y 99 ha puesto de manifiesto que los mecanismos de la actual organización común de mercados para el sector de la carne de porcino, tales como el almacenamiento privado o las subvenciones a la exportación, son insuficientes. En mi opinión la propuesta supone el primer paso hacia la futura prevención y gestión de este tipo de crisis.
Sin embargo, hay un punto importante que falta en la propuesta de la Comisión, a saber, la cofinanciación. Considero que el principio básico de la financiación comunitaria de las organizaciones comunes de mercados también ha de aplicarse a la OCM en el sector de la carne de porcino. De este modo quedaría garantizada la participación activa de los agricultores y se lograría indirectamente una disminución de la producción.
El informe propone que el fondo sea creado por los Estados miembros. Desde mi punto de vista debe garantizarse que todos los Estados miembros se comprometan a ello para que los agricultores de toda Europa tengan la misma posibilidad de participación. Respecto a la gestión de los fondos es preciso que la administración pública se reduzca a un mínimo. Con ello quiero decir que corresponde a los Estados miembros autorizar y controlar los fondos, pero no administrarlos. Deben dejar la gestión en manos de las agrupaciones de productores, por ejemplo. Es imprescindible que los agricultores puedan adherirse a los fondos con carácter voluntario. Ahora bien, una vez que decidan participar, tienen que comprometerse por un período de cinco años.
Estoy convencida de que estos instrumentos proporcionarán una mayor estabilidad al mercado y brindarán a los agricultores la posibilidad de gestionar mejor las crisis recurrentes de carácter cíclico.

Pesälä
Señor Presidente, señor Comisario, el ponente de este informe, el Sr. Garot, ha abordado con objetividad y con mucha precisión esta propuesta de la Comisión sobre la creación de fondos para el sector del ganado porcino. La aspiración a equilibrar con carácter preventivo la producción y la comercialización repercute en beneficio de la cadena de producción y en el interés común de todas las partes. Sin embargo, quisiera destacar que no deberíamos aplicar una economía de regulación al sector porcino a estas alturas. Comulgo ampliamente con nuestro colega, el Sr. Busk, cuando señala que tenemos por delante la ampliación hacia el este, y en tales circunstancias, obligados como nos veremos dentro de unos años a intervenir seriamente en toda la Política Agrícola, creo que no es conveniente integrar a un solo sector en una economía de regulación; esto no sería nada inteligente en estos momentos.
En este punto, existe un claro enfrentamiento entre el norte y el sur: el sur se inclina más por una financiación conjunta, mientras que la economía del sector porcino del norte parte de que la financiación debería basarse muy ampliamente en la voluntariedad, y a partir de esta voluntariedad sería posible empezar a crear sistemas en los que podrían participar -tal y como acaba de decir aquí la Sra. Schierhuber- los ganaderos de porcino de las diferentes partes de Europa. La Comunidad podría financiar a un nivel más bien técnico, en el marco de las cuestiones técnicas que surjan en los primeros pasos, y apoyar así la puesta en marcha del sistema. A mi juicio, los fondos de financiación voluntaria contribuirán en el futuro a la estabilidad de los mercados también en el sector porcino.

Nicholson
Señor Presidente, en primer lugar, sería absolutamente erróneo por nuestra parte venir aquí esta noche para criticar el informe o a la Comisión por seguir adelante con la propuesta. Me gustaría agradecer al ponente su informe. Es la primera vez que celebramos un debate constructivo sobre los problemas que afronta la industria porcina en toda la Unión Europea en los once años que llevo en el Parlamento. No digo que el informe sea apropiado, tampoco que estoy de acuerdo con él, pero sí que es la primera vez que celebramos un debate constructivo sobre este tema.
No hay duda alguna de que, sean ustedes de donde sean, los criadores de cerdos han vivido la época más difícil de su historia. He visto criaderos familiares abandonar el negocio; he oído a esposas de criadores preguntarse cómo iban a sobrevivir con los problemas que está afrontando la industria. La pregunta que me hago es muy franca y simple: ¿aliviará sus penalidades esta propuesta a largo o a corto plazo? Tengo reservas extraordinariamente serias sobre si puede ayudar o no al criador de cerdos tanto a corto como a largo plazo. La cofinanciación es un aspecto, pero tengo la terrible sospecha de que podría crear un campo de juego desigual en muchos países de la Unión Europea.
Tengo que preguntar al Comisario si esta propuesta será obligatoria para los Estados Miembros, ya que su respuesta es lo único que podría sernos útil a algunos de nosotros. Si se aplica en todos los Estados Miembros entonces existirá un cierto grado de justicia. Si no se aplica en todos los Estados, entonces será injusta. Existirá la sospecha de que los productores de otro Estado Miembro tienen una ventaja injusta. ¿Podría el Comisario responder a esta pregunta? Mi voto en contra o a favor depende de su respuesta.
Debe evitarse a toda costa la competencia desleal. El precio de los cerdos siempre ha tenido enormes altibajos, como ha dicho la Sra. Keppelhoff-Wiechert. Cuando el precio ha sido alto, entonces el productor lo estaba haciendo bien. Cuando el precio ha sido bajo, entonces la familia no lo estaba haciendo bien. Es una cuestión de equilibrio.
Este es el problema actual de la industria porcina. ¿Va el Comisario a abordar el mismo problema en la industria avícola, en la de los champiñones, los tomates, en otras industrias que tengan alguna dificultad particular en un determinado momento en el futuro? Esto es lo que nos tenemos que preguntar: ¿puede la política agrícola común afrontar realmente los desafíos que se le plantean en el presente?
Aunque la política es buena, y aunque yo le rindo homenaje, tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a considerarla. Tenemos que hacer más consultas y cooperar más para encontrar un camino en el que podamos presentar una propuesta en lugar de pedir a los productores, que actualmente se encuentran bajo una gran presión. que paguen por algo que no pueden permitirse. Examinemos cómo podemos apoyar mejor la industria a largo plazo.

Maat
Señor Presidente, lo bonito de este debate es, sin embargo, que de él se deduce lo que se puede y no se puede regular en la política agrícola común. En este sentido, es una tarde memorable, especialmente en lo que al Grupo de los Verdes se refiere. He entendido que se quiere una organización de mercado para la explotación ganadera intensiva y el derrumbamiento de la política agrícola cuando está vinculada a la tierra, cuando se trata de un producción extensiva. A fin de cuentas, hemos reconocido que esta forma de agricultura es, de cara al futuro, el modelo agrícola más duradero, más respetuoso con el medio ambiente. En sí, resulta curioso. Ciertamente, volveremos sobre este asunto en futuras discusiones con el Grupo de los Verdes.
Antes de nada, quisiera felicitar al ponente, el Sr. Garot, por haber realizado un esfuerzo extraordinario por ver si se puede hacer algo cuando el sector de la producción porcina entre en crisis. Eso en sí merece un elogio. En segundo lugar, ¿es su medicina la adecuada? Tengo grandes dudas al respecto. Francamente dicho, no creo en esa medicina. Les diré por qué. Creo que una organización de mercado sólo tiene sentido cuando se habla de cofinanciación, financiación europea, y cuando también se establecen acuerdos respecto de la cantidad que se produce. Si eso no se hace, el peligro de que el mercado o las rentas se nivelen es, ciertamente, grande, pero lo es, sobre todo, el peligro de entrar en una espiral descendente, y ése no puede ser el objetivo. En ese caso, prefiero un mercado libre para la ganadería porcina en el que el mercado sea el que finalmente determina cómo se desarrollan los precios. Preferiría, en caso de que nos decidamos por una organización de mercado y el refuerzo de la política de la misma, una mejora de las organizaciones de productores, de forma que tengan más poder en el mercado, un mercado que, por el lado de la demanda, cada vez se concentra más y cuenta con una posición cada vez más fuerte. Uno puede preguntarse en qué medida la agricultura y horticultura europeas pueden encontrar ahí una buena respuesta. En ese supuesto, prefiero un refuerzo de las organizaciones, especialmente a fin de lograr una mejor posición en el mercado y lograr mejores acuerdos.
En este sentido, debo decir, sin embargo, que el colega Garot llega a otra conclusión y que yo también, casi puedo decir sí, puedo estar casi de acuerdo con la propuesta de la Comisión tal como está, pero seamos sinceros, realmente no figura en ella la esencia del problema.
Señor Presidente, éste es el planteamiento que me gustaría elegir, por el que rechazo de nuevo la medicina que propone el Sr. Garot, pero siento gran respeto por los notables esfuerzos que ha efectuado a fin de examinar si existe la posibilidad de lograr más apoyo social para la ganadería porcina.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Garot, por su excelente informe sobre la introducción de un fondo de regulación en la organización común de mercados del sector de la carne de porcino. En realidad, la crisis sufrida por el sector porcino -que por fortuna está superada- fue el punto de partida de la propuesta de la Comisión. Afortunadamente, en la actualidad nos hallamos en la fase económicamente más ventajosa del ciclo porcino, que se caracteriza por una disminución de la oferta y una sustancial mejora de los precios desde la perspectiva de los agricultores. Desde hace varios meses los productores reciben entre 140 y 150 euros por cada cien kilos de carne y los pronósticos de los expertos siguen siendo favorables. Así, la evolución del mercado demuestra que el ciclo porcino continúa en vigor y conserva toda su validez, y que después de las épocas malas vienen tiempos mejores. No podemos perder de vista esta realidad en el debate sobre el presente informe.
Estamos debatiendo aquí un instrumento destinado a regular las rentas de los productores en tiempos de crisis. No se trata de una nueva organización de mercados en el sector de la carne de porcino. Ya existe una organización de mercados y no deberíamos cometer el error de poner en tela de juicio la organización de mercados existente, puesto que en términos generales surte el efecto deseado.
Al examinar las enmiendas presentadas en el informe quisiera centrar mi atención en aquellos puntos que se alejan manifiestamente de las propuestas de la Comisión. Mi primera observación concierne al tema de la cofinanciación. En cierto modo esta cuestión constituye el eje del presente debate y aparece asimismo en las enmiendas 11 y 12. Debo, sin embargo, subrayar que los propios criadores de cerdos son los principales responsables del equilibrio del mercado y del nivel de precios correspondiente. Son ellos, los productores de cerdo, los que deciden sobre el volumen de la producción y de esta forma determinan indirecta y automáticamente la futura evolución de los precios. Considero equivocada la propuesta de eximir a los productores de su responsabilidad. Aparte de esto, la cofinanciación conlleva el riesgo de que los criadores de cerdos no capten bien las señales del mercado. Por todo ello, no puedo suscribir la idea de que la solución consista en aplicar una política de precios anticíclica. La puesta en marcha de una política de estas características no haría otra cosa que intensificar el ciclo porcino.
Además, hoy he aprendido algo nuevo. Me he dado cuenta de que algunos diputados son partidarios de introducir la cofinanciación en todas las organizaciones de mercados. En caso de que este concepto acabe incorporándose a todas las organizaciones de mercados, posiblemente no se excluirá la cuestión porcina. Pero a mi entender éste no es el tema del debate.
El segundo punto importante tiene que ver con el carácter voluntario del sistema. La propuesta de la Comisión deja que los Estados miembros decidan si desean o no crear un fondo, en tanto que las enmiendas obligan a todos los Estados miembros a adquirir este compromiso. Con todo y con eso, no podemos perder de vista que la producción de carne de porcino se manifiesta y se organiza de distinto modo en los diferentes países y que la colaboración entre los diferentes niveles de la cadena de producción tampoco es idéntica en todas partes. Es ésta la razón por la que un gran número de Estados miembros y también muchos productores de cerdos de estos mismos países se oponen de antemano a la creación de un fondo de regulación, aduciendo como argumento que no lo necesitan, ya que disponen de otros instrumentos para afianzar sus rentas en los momentos más críticos del ciclo.
Sin embargo, hay otros países que abogan incondicionalmente por la creación de un fondo de regulación. Pues bien, a esos les diré sin ambages que si nosotros lanzamos ahora una propuesta en la que obliguemos a los Estados miembros a crear un fondo de regulación nos podemos olvidar de todo, puesto que no obtendrá en ningún caso la mayoría en el Consejo.
Paso ahora a comentar la idea de incluir a los criadores especializados en cochinillos en el sistema propuesto, tal y como se formula en las enmiendas 7 y 13. Me parece altamente problemática, primero porque el desarrollo de la producción de cochinillos es muy heterogénea, y segundo porque los criadores de cochinillos no necesariamente precisan de ayuda en la misma fase cíclica que los cebadores. A esto se añade que el peso de los cochinillos varía enormemente: oscila entre 8 y 30 kg. No existe tampoco un sistema uniforme de cotización para -podríamos llamarlos- cochinillos estándares y, por tanto, carecemos de una base en la cual nos podamos apoyar. A este respecto considero mucho más conveniente que el equilibrio económico entre el precio de los cochinillos y el precio de los cerdos de matanza se establezca a través del mercado y no mediante medidas artificiales. No olvidemos tampoco que en muchos países los agricultores que crían cochinillos los engordan luego ellos mismos, de modo que tienen acceso directo al fondo de regulación a través de los cerdos de engorde vendidos.
La Comisión no puede aceptar la enmienda 16 puesto que supone una drástica intervención en la libertad de decisión de los agricultores que no se adhieran al fondo con objeto de salvaguardar su independencia. Es más, las medidas no se definen, de tal forma que en realidad continúan siendo los Estados miembros los que deciden sobre las acciones que deben emprenderse. Ello daría lugar a una auténtica renacionalización, cosa que no puedo consentir.
La propuesta de reducir la producción en los diferentes Estados miembros en función de la producción anterior vuelve a aproximarse peligrosamente al régimen de cuotas. Además, ocasionaría un enorme revuelo burocrático, también desde el punto de vista de las medidas de control. En opinión de la Comisión está plenamente justificado que sólo se exija mayor rigor a los agricultores que participen en el fondo de regulación, puesto que al fin y al cabo éstos reciben unas rentas estables a cambio, en tanto que aquellos que no se adhieren no obtienen ninguna compensación. Aparte de estas cuatro cuestiones clave que se plantean en el debate sobre el presente informe se han presentado diversas otras enmiendas menos sustanciales. Se refieren prácticamente todas a detalles de índole normativa, detalles que a mi modo de ver no deben incorporarse al reglamento del Consejo sino a las disposiciones de ejecución.
Respecto a la adaptación de las ayudas al volumen de la cabaña debo señalar que la propuesta de la Comisión ya prevé un fundamento jurídico para tal procedimiento.
Permítanme que para finalizar me detenga brevemente en un tema que se expone principalmente en la enmienda 6, a saber, el perfeccionamiento de la información estadística acerca de la evolución de las cabañas porcinas y las posibilidades de prever la evolución futura de la producción. En mi opinión, no necesitamos una nueva ley, y tampoco una nueva disposición. Estimo más importante que los Estados miembros y sus servicios estadísticos se comprometan a una correcta y exhaustiva aplicación de las disposiciones existentes. Mis servicios han llamado la atención de nuestros colegas de Eurostat encargados de llevar a cabo estas averiguaciones sobre los problemas pendientes, instándoles a lograr mejores resultados. En los últimos meses se ha deliberado mucho al respecto y ha quedado de manifiesto que las deficiencias no son debidas a una falta de normas, sino a una falta de profesionalidad: no se toman en serio las disposiciones vigentes, el seguimiento de las cabañas porcinas deja mucho que desear y los Estados miembros no responden debidamente a las preguntas que se les formula.
De mi discurso se desprende que me resulta imposible aceptar sus enmiendas. Ello no obstante, les estoy muy agradecido por el serio debate que se ha desarrollado aquí y espero que, pese a todo, el Consejo alcance un acuerdo sobre la base de la propuesta de la Comisión. No olvidemos -lo digo con toda claridad- que seguimos teniendo el mismo problema que antes, en el sentido de que las opiniones de los Estados miembros al respecto divergen considerablemente.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, con su permiso quisiera formular una pregunta al Comisario porque estoy un tanto irritado. Ha dicho que la Comisión no pretende bajo ningún concepto modificar la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino. No obstante, el título reza: "sobre la propuesta de reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2759//75 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino". Así las cosas, ¿qué es lo que nos ha presentado la Comisión? Si los cambios que desea introducir no son tan radicales como los nuestros podemos entendernos, pero si, al contrario, no quiere cambiar nada, el texto es incorrecto. Agradecería que el Comisario aclarase este punto. Cuando ustedes nos presentan una iniciativa, el Parlamento hace uso de la libertad de formular sus propias propuestas al respecto. ¡Es nuestro pleno derecho!

Fischler
Señor Presidente, déjeme que se lo explique. No he dicho que la incorporación de la propuesta de la Comisión no implique una modificación de la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino. No cabe duda de que sí implica un cambio, es evidente, pero en el debate algunos han dado a entender que se trata de introducir una organización común en el sector de la carne de porcino, y ante esta situación yo me he permitido puntualizar que ya disponemos de ella.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.10 horas)

