Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

von Habsburg
Señor Presidente, quiero decir algo sobre las actas literales de las sesiones. Alguien me ha llamado la atención al respecto. Normalmente no leo mis propios textos, pero se me ha leído este. Hay dos palabras que me gustaría se suprimiesen pues no eran parte de mi intervención sino que iban dirigidas a otro diputado. Se trata de las palabras: cállese usted. Alguien me ha molestado y le he exigido con bastante energía que se callase. Me ha molestado realmente mucho. No me dirigía a la Sra. Lalumière, por lo que debe sacarse del acta de la sesión.

El Presidente
Muchas gracias, señor von Habsburg, en cualquier caso eso no figura en el Acta, pero sí en el Acta Literal de la Sesión. Se va a resolver ese problema.

Ford
Señor Presidente, simpatizo con el Sr. von Habsburg. No obstante, se supone que nuestros procedimientos deben ser recogidos con exactitud y eso es, claramente, un aspecto exacto de los procedimientos. Creo que tenía razón cuando hizo sus comentarios, pero también creo que debe recogerse el rico tapiz de esta Asamblea, en vez de la versión aséptica que más nos convenga para parecer más papistas que el papa.

Kerr
Señor Presidente, en el documento Session news se recoge mi espléndida intervención en la que ataco al Gobierno británico por no incorporarse a la moneda única, sacrificando así 100.000 puestos de trabajo en Gran Bretaña. Lamentablemente, se indica que soy miembro del Partido de los Socialistas Europeos, y estoy seguro de que éstos no desean tener que avergonzarse de ello. Quizá se podría rectificar para que se me reconozca como diputado Laborista independiente que comparte escaño con los Verdes en el Parlamento.

Lindholm
Señor Presidente, ayer decidimos que debatiríamos el informe Schaffner pero que esperaríamos para la votación. El aplazamiento se debe a que el documento de Veil sólo está en francés. Ayer olvidé señalar algo que yo, sin embargo, espero que sea obvio, es decir, que el plazo para las propuestas de enmiendas tenga relación con el momento de la votación, o sea que los grupos puedan presentar propuestas de enmiendas cuando todos tengamos los textos, de modo que todos los puedan leer. Espero que así sea.

El Presidente
Señora Lindholm, creo que su observación tiene razón de ser. Quiero decirle que, aunque no se celebre la votación, se celebrará el debate. Resulta evidente y de sentido común que habrá que prorrogar el plazo de presentación de enmiendas. Así se hará.
(El Parlamento aprueba el Acta)

Modificación del Reglamento (nuevo artículo 44 bis)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0054/98) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la inserción de un nuevo artículo 44 bis en el Reglamento del Parlamento Europeo (otros informes e informes anuales de otras instituciones).
Dado que el ponente, por algún motivo de fuerza mayor, aún no está presente, comprenderán Sus Señorías que conceda el uso de la palabra al Sr. Ford. Así, pues, comenzamos el debate con la intervención del Sr. Ford.

Ford
Señor Presidente, quería sugerir que quizá deberíamos tratar primero sobre el informe del Sr. Dell'Alba que será muy breve y también es relativo al Reglamento, pero si desea que se haga de la otra manera, estoy dispuesto a comenzar. Quizá este cambio daría al Sr. Crowley unos minutos para que llegue, si el Sr. Dell'Alba está presente.

El Presidente
Señor Ford, su propuesta sería extraordinariamente interesante, yo mismo lo habría hecho si ya estuviera presente el Sr. Dell'Alba. Pero tampoco lo está, por lo que le ruego que inicie el debate. No puedo pasar a otro informe, porque no está presente el Sr. Dell'Alba.

Ford
Señor Presidente, muchas gracias. Tenía previsto intervenir para felicitar al Sr. Crowley por este informe. Y no quiero dejar de felicitarle en su ausencia. Se trata de un informe que realmente aclara la situación con respecto a la proliferación de informes anuales que se presentan a esta Asamblea. Inicialmente surgieron algunas dificultades en la Comisión de Reglamento y transcurrió bastante tiempo hasta que este informe pudo por fin emerger de dicha comisión, pero cuando emergió, lo hizo por unanimidad. Ahora estamos de acuerdo, al menos en la Comisión de Reglamento, con respecto a toda esta plétora de informes anuales, y ello significa que hemos establecido claramente un procedimiento que podemos seguir en el futuro y nos evitaremos el constante debate sobre qué ruta, qué ruta institucional, debe seguir un informe determinado. El Grupo Socialista, por consiguiente, apoyará el informe, y felicito al Sr. Crowley por el mismo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Ford, por el tenor de su intervención y por el favor que ha hecho a la Mesa, al facilitar el comienzo de nuestros trabajos.

Donnelly, Brendan
Señor Presidente, en los sistemas políticos y económicos actuales, lo que importa es la flexibilidad, y creo que el informe del Sr. Crowley merece una buena acogida, porque es una contribución a dicha flexibilidad. El Sr. Ford, y estoy seguro de que el Sr. Crowley lo hubiera hecho de haber estado aquí, ha apuntado a nuestra falta de flexibilidad en la organización de un aspecto de nuestro trabajo; la respuesta que damos a informes procedentes de comisiones o de organismos externos. El informe del Sr. Crowley devuelve dicha flexibilidad al Parlamento, a la Conferencia de Presidentes y a las comisiones correspondientes, y acojo con satisfacción el informe por estos motivos.
En la comisión se han hecho algunas sugerencias en el sentido de que quizá el presente informe no modifique formalmente la posición, sino que tan sólo la reordene y aclare. Si es así, me parecería muy bien, porque creo que la función del Reglamento no es meramente ofrecer un marco mínimo, un enfoque que se limite a simplificar las reglas, sino fomentar unos resultados correctos y racionales. Durante los próximos meses y años, en el Pleno será muy difícil conseguir tiempo, y sin duda es acertado que el informe del Sr. Crowley nos brinde la oportunidad de ser más flexibles, de ser más racionales y de ser más eficaces.
Puesto que tenemos dificultades para dirigirnos al Sr. Crowley y al Sr. Dell'Alba, permítame hacer una observación general sobre el trabajo de la Comisión de Reglamento. Cabe lamentar, salvo, naturalmente, por las personas que hoy se encuentran presentes, que la asistencia a la Comisión de Reglamento no siempre sea demasiado buena, y sin embargo, lo curioso es que, al igual que sucede con la enseñanza, el Reglamento es algo sobre lo que todo el mundo tiene una opinión, tanto en los grupos, como en el Pleno. Ojalá que en el futuro, los asuntos tan interesantes que debatimos en la Comisión de Reglamento atraigan la atención que merecen de los colegas.

Wijsenbeek
Señor Presidente, deseo dar las gracias al Sr. Crowley por este excelente informe y comentar el carácter típicamente irlandés del mismo, porque no sólo no está presente el ponente, sino que además es una no solución a un no problema. Imposible hacerlo mejor. Resulta bastante sorprendente que el ponente del próximo informe, Dell'Alba, tampoco esté presente. Oh, acaba de llegar. Estupendo. ¡Eso es ser oportuno!
Lo cierto es que en el pasado sólo teníamos un informe anual de la Comisión. Ahora tenemos una proliferación de informes anuales de las diferentes instituciones. Resulta, sin embargo, que existe una diferencia entre, digamos, los informes anuales que son presentados por las instituciones tal y como exige el Tratado, y los demás informes anuales. Lo que me hubiera gustado encontrar en el informe del Sr. Crowley es una propuesta sobre qué podemos hacer con los informes, y de eso no se dice nada. Nos limitamos a celebrar un debate o no. Eso no es una solución.

Wibe
Señor Presidente, empezaré como todos los otros oradores agradeciendo al ausente ponente por un trabajo excelente. Como se sabe, el objetivo de este informe es intentar simplificar el tratamiento parlamentario de todas las memorias anuales que se nos presentan. Creo que el ponente en su informe cuenta hasta 25 memorias diferentes que se estudian a fondo en este Parlamento, lo que significa que cada período de sesiones, en promedio, tal vez trata dos o tres memorias anuales. Este fenómeno ha mostrado también una tendencia a aumentar. Si esto continúa, creo que dentro de algunos años tendremos que dedicar la mayor parte del trabajo parlamentario al estudio de estas memorias. No creo que haya otro Parlamento en el mundo que en los últimos años haya estudiado y opinado de modo tan profundo sobre las actividades de diferentes autoridades.
Además, creo que hay una relación entre esta enorme cantidad de opiniones que se producen y la baja participación en las votaciones en este Parlamento. El año pasado conté, es decir, antes que tuviéramos una conexión con un incentivo económico para participar en las votaciones, que la cantidad promedio de votantes en esta Asamblea era del 50 ó 60 por ciento, que creo que es la cifra más baja de todas las asambleas democráticamente elegidas del mundo. Cuando hablo con la gente, a menudo se me pregunta por qué la cantidad de votantes es tan baja en el Parlamento. La respuesta más simple es que una gran parte de nuestro trabajo consiste en manifestar opiniones que tienen muy poca importancia.
Si ahora podemos simplificar esto mediante el informe Crowley, de modo que no dediquemos tanto tiempo a producir opiniones sobre esas memorias sino que, por el contrario, nos concentremos en los asuntos grandes, importantes y de principios, entonces creo que habremos hecho algo que va a hacer progresar mucho el trabajo parlamentario.
Con estas palabras doy las gracias al ahora presente ponente y escucho atentamente sus opiniones.

Corbett
Señor Presidente, es una innovación muy interesante que este debate sea completado con la intervención del ponente, y ¡por qué no!
Acojo con satisfacción el informe del Sr. Crowley. Es una útil adaptación del Reglamento. Nada era tan absurdo como ver a este Parlamento debatir una y otra vez informes sobre informes, especialmente, por ejemplo, el informe que presenta cada año la Comisión de Asuntos Institucionales -generalmente con el Sr. Valverde López como ponente- en el que se informa al Parlamento sobre los informes anuales del Consejo Europeo sobre la Unión Europea. Se trata, naturalmente, de un informe sobre el ejercicio anterior. Generalmente nos llega a mediados del año siguiente. La Comisión de Asuntos Institucionales redacta entonces un informe sobre dicho informe, y nosotros terminamos debatiendo un año y medio más tarde los acontecimientos que se produjeron un año y medio antes sobre la base de un informe sobre un informe.
Naturalmente, eso es un disparate y hay muchos ejemplos de disparates como éste. Esta modificación del Reglamento nos permitirá librarnos de este tipo de disparates, y cuando no tengamos una muy buena razón para elaborar un informe especial sobre otro informe, o un debate especial sobre un informe, ya no deberemos hacerlo. Por ello acojo con satisfacción esta modificación del Reglamento.

Crowley
Señor Presidente, no necesitaré los cinco minutos, ya que mis estimados colegas han tratado sobre los aspectos más fundamentales del informe. Deseo presentarle mis disculpas, señor Presidente, y a la Asamblea. Lamentablemente tuve un pinchazo en la silla de ruedas esta mañana y eso ha retrasado mi llegada; tuve que llevarla a reparar.
Quisiera asegurar a los diputados que no se trata de un intento de eliminar ciertos asuntos del orden del día y evitar que sean debatidos en el Parlamento ni de impedir a las comisiones que elaboren los informes que consideren políticamente importantes para ellas. Por el contrario, es un intento de poner orden en los trabajos propiamente dichos de este Parlamento, de dar más tiempo a esta Asamblea y a esta Cámara para poder responder con mayor rapidez a los acontecimientos políticos que cambian con tanta rapidez.
Mi colega el Sr. Corbett ya ha mencionado que en el caso de algunos informes debatimos un informe sobre otro informe. Yo iría incluso más lejos y diría que en otros informes anuales que se han presentado a este Parlamento, no sólo tratamos sobre un informe que puede tener dos años de antigüedad, sino que estamos regurgitando y reciclando información presentada en un informe anual tres o cuatro años antes, y sin embargo pensamos que hay que volver a incluirlo todo cada año, año tras año. Ciertamente eso es una pérdida de tiempo para este Parlamento; pone a los servicios bajo una enorme presión para traducir a las 11 lenguas de trabajo grandes cantidades de documentos que no todos los diputados leen, que no todos los diputados toman en consideración y, lo que es más importante, a los que la opinión pública y los medios de comunicación no hacen el menor caso.
El motivo por el que, en un inicio, surgieron dificultades acerca de este informe fue debido a que algunos diputados -y mencionaré al Sr. Ford, que tenía un informe anual sobre el racismo en la Unión Europea- temían que se eliminaran del orden del día temas que ellos consideran importantes. Espero que mi enmienda, que fue aprobada en comisión, disipe dichos temores. También será necesaria un poco de diligencia por parte de la Conferencia de Presidentes para garantizar que no abusan de esa poca libertad de acción que le otorga el presente informe.
Por último, deseo decir a la Asamblea y a los diputados que les recomiendo el presente informe de todo corazón y con todo el poder de persuasión de que soy capaz. También deseo informar a los diputados de que, debido a las modificaciones introducidas en el Tratado de Amsterdam con respecto al funcionamiento de esta Asamblea, trataremos sobre más informes de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades del Parlamento, que tendrán mucho mayor alcance y serán innovadores en cuanto al funcionamiento de este Parlamento.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Modificación del artículo 141 del Reglamento
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0111/98) del Sr. Dell'Alba, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del artículo 141 del Reglamento del Parlamento Europeo, relativo a las subcomisiones.

Dell'Alba
Señor Presidente, lamento no haber podido contribuir a la posible inversión de los dos informes. Dicho esto, deseo comenzar a ilustrar mi informe que, permítanme decirlo, estoy muy contento de que haya conseguido llegar por fin al Pleno, porque el tema reviste cierta importancia y sirve sobre todo para subsanar una situación que de hecho ya conocemos, que nos ha permitido trabajar pero que, a mi entender, era necesario subsanar desde el punto de vista reglamentario.
¿De qué se trata? Del hecho de que el Reglamento, en su forma e interpretación actuales, deja entender que en las subcomisiones -tenemos tres subcomisiones en este Parlamento- pueden sentarse sólo los miembros titulares o suplentes de la comisión principal. En realidad, esto crea y ha creado una dificultad de aplicación práctica a nivel de los Grupos políticos. Sabemos que la naturaleza de estas subcomisiones es compleja: pienso, entre todas las demás, en la Subcomisión de Derechos Humanos y al hecho de que dicha subcomisión trata de los derechos humanos dondequiera en el mundo y, en consecuencia, en muchos de esos países, por ejemplo, del tercer mundo que, a la postre, son competencia, por así decirlo, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo. Por lo tanto, existe un interés general, no sólo entre los miembros de la comisión principal, en este caso de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino también de otras comisiones de sentarse en la Subcomisión de Derechos Humanos. El mismo interés, aunque en menor grado, lo hemos constatado respecto a las otras dos subcomisiones, tanto es así que esta norma y esta interpretación del Reglamento han sido regularmente incumplidas por el Parlamento Europeo que, a través de sus Grupos políticos, ha nombrado -las estadísticas están anejas a mi informe- para las subcomisiones diputados de nuestra Casa que no eran miembros de la comisión principal, incumpliendo así no tanto el Reglamento, sino al menos su interpretación.
Fuimos encargados del asunto por parte del Presidente que fue requerido precisamente por algunos miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos y la Comisión de Reglamento se ha encontrado en un gran apuro: reafirmar el derecho -un derecho, sin embargo, violado y no cumplido en realidad- o, no digo adaptarse a la realidad, sino reconocer que, de hecho, esta situación podía no ser la más ideal.
En consecuencia, habiendo sido encargado de este informe, he intentado sintetizar en cierta medida las opiniones de unos y de otros, llegando a una solución que puede parecer una solución de compromiso, pero que en realidad nos pareció la mejor para garantizar ese vínculo orgánico con la comisión principal, aunque, al mismo tiempo, esa flexibilidad que consideramos indispensable para asegurar una mayor participación, una mayor implicación de todos los colegas en la importante actividad de las subcomisiones que, como sabemos muy bien, es una actividad muy a menudo de reflexión, de debate, de profundización, más que una actividad legislativa u operativa. Por lo tanto, nos pareció que no iba en contra de la norma general proponer a sus Señorías la enmienda al Reglamento -que votaremos más tarde- que consiste en esta simple fórmula: los miembros titulares de las subcomisiones deben ser miembros titulares o suplentes de la comisión principal -y de esta forma mantenemos el vínculo orgánico al que acabo de referirme y mantenemos el principio de que la Mesa de esta subcomisiones estará, en consecuencia, constituida necesariamente por miembros de la comisión principal- pero no precisamos y, por lo tanto, dejamos vía libre a la posibilidad de que puedan nombrarse como suplentes también a los miembros del Parlamento que no sean miembros o suplentes de la comisión principal.
Ésta nos pareció una forma elegante de admitir la que es la práctica de este Parlamento, permitir este flujo en las subcomisiones también a los demás miembros y, haciéndolo, mantener firmes dos principios: el vínculo orgánico y la posibilidad de una mayor implicación. Ésta es la propuesta que les presentamos y que esperamos -yo personalmente lo deseo de todo corazón- que pueda ser aprobada por nuestro Pleno.

Ford
Señor Presidente, felicito al Sr. Dell'Alba por su informe sobre la composición de las subcomisiones. Como nos ha dicho, en estos momentos hay tres subcomisiones: de Seguridad, de Derechos Humanos y de Asuntos Monetarios. Desde hace algún tiempo resulta evidente que personas ajenas al ámbito de los Asuntos Exteriores -por ejemplo, aquellos que se ocupan del Desarrollo- sienten especial interés en formar parte de la Subcomisión de Derechos Humanos. También ha habido un cierto interés por parte de la comisión a la que pertenezco, la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que se ocupa de los derechos humanos en la Unión Europea, pero que también se interesa por la situación de los derechos humanos en los países aspirantes, aspecto del que, técnicamente, en estos momentos se ocupa la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa.
Acogemos con satisfacción la propuesta del Sr. Dell'Alba de aclarar la actual situación, según la cual, para ser miembro de pleno derecho de una subcomisión hay que haber pertenecido a la comisión; lo que, por analogía, implica que los substitutos en las subcomisiones pueden proceder también de otras comisiones.
Observo que el apartado 3 del artículo 163 dice que sin perjuicio de las excepciones previstas en el momento de la votación - posiblemente mediante una enmienda oral-, dichas reglas entrarán en vigor el primer día del período parcial de sesiones siguiente a su aprobación. El próximo período parcial de sesiones comenzará el 11 de mayo -por lo que el aplazamiento, según me acaba de informar el Sr. Corbett, será el más largo de nuestra historia, desde marzo hasta mayo- y en esa fecha descubriremos que la Subcomisión de Asuntos Monetarios no se ve afectada, pero que de repente, dos miembros de la Subcomisión de Seguridad y Desarme dejarán de tener derecho a convertirse en miembros, junto con tres miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos. Debemos aclarar esto. Ciertamente, el Grupo Socialista aceptará encantado que esta nueva modificación entre en vigor al comienzo del próximo Parlamento. Pero eso es algo que debe proponer el Sr. Dell'Alba, o de lo contrario, las consecuencias serán las que he descrito.
Por último, agradezco una vez más al Sr. Dell'Alba que haya resuelto un problema que, a diferencia de la última intervención del Sr. Wijsenbeek, tiene ciertamente una dimensión política y se trata de un problema que nos interesa resolver.

Donnelly, Brendan
Señor Presidente, al igual que el Sr. Ford, quisiera felicitar al Sr. Dell'Alba por un informe excelente. Al presentarlo, parecía algo reacio a calificarlo de compromiso. Quizás para su temperamento radical italiano, la idea de compromiso despierta más recelos que para el pragmático británico. Por el contrario, considero positivo y ventajoso que el informe sea un compromiso muy sutil entre dos deseos, dos consideraciones, una de las cuales es que en las subcomisiones exista una amplia representación de opiniones y especializaciones, y la otra que se delimiten claramente las responsabilidades entre las subcomisiones y sus comisiones principales.
No estoy muy seguro de que, si lo adoptamos tal como está, el informe tenga los efectos que teme el Sr. Ford. Al fin y al cabo, hasta ahora hemos hecho caso omiso de las disposiciones relativas a la interpretación. Sería un poco sorprendente si nos volviéramos más dogmáticos y más draconianos en nuestra aplicación como resultado de lo quizá aprobemos hoy.
Una última observación. El Sr. Dell'Alba, acertadamente, no ha insistido demasiado en el problema de que, en realidad, no se hace ningún caso de la actual interpretación. No me gustaría sentirme comprometido con la opinión de que si no se cumple una regla, ésta deba modificarse necesariamente. Si la regla es mala, debe modificarse; si la regla es buena, debe aplicarse. Es un principio válido en un ámbito mucho más general que simplemente en lo relativo al Reglamento.

Evans
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Dell'Alba por su informe. Es un informe breve, pero también importante. Ha permanecido durante mucho tiempo en comisión, ha tenido un largo período de gestación y a pesar de que el Sr. Ford propone -y creo que tiene razón- que aplacemos su nacimiento, seguirá siendo muy importante.
Siempre es responsabilidad de la comisión principal enterarse de lo que está ocurriendo en sus subcomisiones. Una subcomisión tiene el deber de mantener informada a la comisión principal. Por ello, la comisión principal debe estar segura de que las subcomisiones tienen metas claras, son coherentes en la labor que realizan y de que existe una continuidad entre la subcomisión y la comisión principal. La anterior regla, que era muy clara, no se cumplía.
Respaldo el argumento del Sr. Donnelly de que el mero hecho de que se ignore una norma, no es motivo suficiente para modificarla. Pero había una anomalía en el modo en que se estaba interpretando el artículo anterior, ya que la subcomisión podía celebrar una reunión -aunque es posible que nunca lo hiciera- en la que ninguno de los miembros de la subcomisión fuera en realidad miembro de la comisión completa. Ahora, con esta modificación del artículo, queda perfectamente claro que todos los miembros deberán serlo también de la comisión principal.
Nos planteamos la posibilidad de que fuera la mayoría de los miembros, pero al final nos decidimos por la totalidad. Eso garantizará que las comisiones no sólo sean independientes, sino que además exista una interdependencia entre la subcomisión y la comisión principal. Por estos motivos, apoyaré el informe.

Wibe
Señor Presidente, como los demás oradores, deseo empezar dando las gracias a Dell'Alba por este excelente informe. Según mi entender, cumple con dos exigencias. La primera es que se fortalece la relación entre una subcomisión y la comisión principal mediante la estipulación de que todos los miembros ordinarios también deben pertenecer a la comisión principal. En segundo lugar, se permite, sin embargo, una cierta flexibilidad dejando que los suplentes vengan de otras comisiones. Esto puede ser necesario, ya que justamente como dice Dell'Alba, hay muchas ocasiones en que los asuntos necesitan coordinación. Por eso es valioso que miembros de otra comisión puedan participar en el tratamiento de un determinado asunto.
Se han manifestado algunos temores en relación con esta construcción, o sea, que posibilitaría que un ponente que pertenece a una subcomisión pueda pertenecer a otra comisión principal, es decir, que él podría ser suplente en la subcomisión y entonces llegar a ser ponente de una materia que después se trataría en la comisión principal. Esto implicaría que alguien que no es miembro en una comisión principal podría presentar un informe a nombre de esta comisión. Como yo lo veo, es éste un riesgo de carácter teórico ya que en todo caso es la comisión principal la que nombra a los ponentes para los diferentes asuntos. Tenemos que poder confiar en que la comisión principal no nombre a ponentes que no sean miembros de ella.
Con estas palabras deseo agradecer una vez más a Dell'Alba por este excelente informe que estoy seguro que hoy será aprobado por una gran mayoría.

Dell'Alba
Señor Presidente, deseo aceptar la sugerencia del Sr. Ford que me parece acertada. En consecuencia, quisiera proponer, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Reglamento, que conste en Acta que la entrada en vigor de esta disposición se fijará cuando se reanuden los trabajos, después de las vacaciones de verano, por lo tanto, el 14 de septiembre, a fin de permitir adecuar la situación como se ha indicado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la librecirculación de personas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre el informe (A4-0108/98) de la Sra. Schaffner, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre el informe del Grupo de Alto Nivel (C40181/97) sobre la libre circulación de las personas presidido por la Sra. Simone Veil.

Schaffner
Señor Presidente, Señorías, antes de presentar este informe elaborado por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores sobre el informe del Grupo de Alto Nivel -presidido por la Sra. Veil-, que había encargado la Comisión, desearía hacer la siguiente observación. Lamento, en efecto, que dicho texto no esté disponible en versión francesa, y puedo muy bien imaginarme la dificultad que habrán tenido mis colegas al no poder apreciar en su totalidad un informe elaborado sobre la base de un informe del que no disponen de traducción. Pero, con todo, me sorprende esta ausencia de traducción puesto que las comisiones para opinión han trabajado sobre dicho informe: el Sr. Newman, en nombre de la Comisión de Peticiones, que es inglés; la Sra. Todini, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, que es italiana; la Sra. Thors, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que es finlandesa; o la Sra. Glase, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que es alemana. No puedo explicarme este misterio. Para que mis colegas puedan eventualmente apreciar este informe, ayer acordamos que se sometiera a votación en un período parcial de sesiones posterior, pero temo que esta situación conduzca a un estancamiento. Intentaremos conseguir una traducción de este informe.
La principal conclusión del Grupo de Alto Nivel consiste en que en líneas generales se aplica una legislación en materia de circulación de personas en nuestra Unión. De hecho, las dificultades obedecen sobre todo a problemas de aplicación en el ámbito administrativo, debidos a veces a la ignorancia de los funcionarios nacionales y también, en parte, a cierta falta de buena voluntad. Para allanar todas estas dificultades, el Grupo de Alto Nivel ha formulado 80 recomendaciones, sobre las que mi comisión y yo hemos reflexionado.
Es cierto que nuestra Asamblea conoce muy bien estos problemas, tanto a través de la Comisión de Peticiones como del informe que nos proporciona regularmente el Defensor del Pueblo o simplemente por el conocimiento individual que de los mismos todos nosotros tenemos como diputados, que debemos atender a los requerimientos de los ciudadanos de base que se encuentran con dificultades.
Por otro lado, no hay que olvidar que el Informe Veil no ha podido integrar los logros del Tratado de Amsterdam, por ser anterior. Nuestra Comisión de Libertades Públicas ha querido tener en cuenta dicho Tratado de Amsterdam, al prever la integración de los logros de Schengen en el marco comunitario y la posibilidad de tomar decisiones por mayoría.
Hemos sentido la necesidad de definir la libre circulación de las personas de una manera mucho más amplia de lo que algunos imaginan a priori . La libre circulación supone evidentemente cruzar sin controles las fronteras, el derecho de libre establecimiento, pero también la posibilidad de participar en la vida económica, en particular los estudiantes y jubilados. No debe existir discriminación por motivos de nacionalidad. El derecho a la libre circulación es un derecho primario, pero se trata también de un derecho vinculado a la nacionalidad. La ciudadanía de la Unión Europea se adquiere con la ciudadanía nacional, con la nacionalidad, y también se pierde con la nacionalidad de un Estado miembro.
Por lo tanto, deseamos una asistencia jurídica para permitir que los ciudadanos ejerzan este derecho, es decir, la creación de oficinas de asistencia, al menos en un centenar de ciudades de la Unión, y una legislación menos compleja. Los Estados miembros deberían establecer los instrumentos necesarios y decidir un acuerdo en el marco de la política de asilo, de inmigración, de visados y de fronteras exteriores. A falta de dicho acuerdo, la resistencia a la libre circulación procedería de los propios ciudadanos.
La Comisión de Libertades Públicas ha subrayado la dificultad de resolver dichos problemas si se mantiene la regla de la unanimidad. Ésta es consciente de la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad. La comisión subraya asimismo la necesidad de completar el Reglamento 1408/71, para diferenciar las prestaciones de la seguridad social, que son "exportables», de las prestaciones de la asistencia social, que están vinculadas a la residencia y que no son contributivas ni "exportables». Es conveniente allanar las dificultades prácticas en el marco de los permisos y los seguros y abordar los problemas de fiscalidad, ya que ésta también guarda relación con las prestaciones sociales. Hay que evitar que los ciudadanos puedan ser penalizados a causa del ejercicio del derecho de libre circulación. Pero hay que evitar, en cambio, que puedan jugar con distintas situaciones, sobre todo en las regiones fronterizas, para obtener un provecho. Para que sea efectiva, la libre circulación debe facilitar asimismo la reunificación familiar, tanto de los hijos y de los ascendientes que estén a cargo de sus hijos como de los ascendientes que no estén a cargo de sus hijos, aunque considero que estos últimos podrían gozar de un derecho específico a la libre circulación.
Doy las gracias a todos mis colegas de las demás comisiones, quienes han formulado, a través de sus opiniones, numerosas recomendaciones que han apoyado ampliamente este informe.

Thors
Señor Presidente, señora Comisaria, estimado ponente, el grupo de Veil ha hecho un trabajo excelente. Como dijo Schaffner, se trata ciertamente de problemas que han estado en conocimiento de este Parlamento durante muchos años. Sin embargo, se necesita un trabajo importante ahora cuando la circulación tiene que aumentar y va a aumentar en relación con el euro. Sabemos que todo ha ido bien en relación con las otras tres libertades, pero en esta materia no ha sido así, entre otras cosas, por la falta de herramientas jurídicas, pero también, creo yo, por la ausencia de voluntad política. Además, hemos despreciado demasiado la posición de los ciudadanos de terceros países.
Lamento que ni siquiera el grupo de Veil haya podido ponerse totalmente de acuerdo sobre cómo resolver el asunto de los impuestos. El documento refleja también el hecho de que las normativas de las naciones ya no corresponden a la realidad de la gente. Existen diferentes tipos de circulación de personas: simplemente se desplazan entre los diferentes países miembros, se mueven en las regiones limítrofes viviendo en un Estado miembro y trabajando en otro y tienen vínculos sólidos con varios países miembros. Esto es algo sabido en el país de la Comisaria y en el mío. Hemos conocido casos de coches que han sido retenidos por las autoridades justamente en uno de ambos países porque consideran que una determinada persona tiene su verdadera morada en el otro país.
Por eso quiero subrayar la propuesta del grupo de trabajo sobre la necesidad de una definición común de lo que se considera lugar de domicilio en materia de fiscalidad. Aquí deseo preguntar a la Comisión qué medidas ha tomado en relación con las propuestas presentadas por el grupo de Veil. En esta argumentación opino también que es importante destacar que hay una base jurídica en el Tratado, el artículo 100, que en otros asuntos fiscales ha contemplado el derecho a la coordinación.
Además, estimo que hay que aprovechar la propuesta de que los países miembros puedan leer las llamadas smart card tratándose de seguros sociales. Sólo los expertos entienden el enrevesado formulario E 111 y otros parecidos. Es el momento de aprovechar la coordinación.
Finalmente deseo decir que hay un error en la versión sueca referente a las funciones de los representantes nacionales, pero que no aparece en las demás versiones.

Schiedermeier
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la ponente. Ha realizado un gran trabajo. Como la Sra. Anne Karin Glase se encuentra hoy impedida, me permito exponer de forma extractada su informe en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo.
La complejidad de la problemática global exigía que nuestra comisión se limitase a los campos del acceso al empleo y a la situación social y familiar. La red EURES creada en 1994 tiene como objetivo la creación de transparencia para el mercado de puestos de trabajo europeo. Pero el punto flaco de este sistema sigue siendo que el banco de datos de puestos de trabajo contiene muy pocas ofertas. EURES es muy poco conocido entre los empresarios y trabajadores, por lo que es aún insuficientemente actualizado y empleado.
Un problema que se produce en el sector privado es el reconocimiento de los certificados de capacitación. En lo que se refiere a las profesiones no reguladas, lamentablemente ni los empresarios ni tampoco los trabajadores reconocen el valor de la cualificación demandada u ofrecida en los otros mercados laborales. Los intentos realizados hasta ahora en este campo, han fracasado entre otras cosas ante los rápidos cambios profesionales y ante el hecho de que sólo se tienen en cuenta las titulaciones de formación básica pero no la experiencia profesional o la formación continuada.
En lo tocante a las profesiones reglamentadas, entretanto se han logrado unos resultados realmente satisfactorios exceptuando algunos pocos puntos que están aún sin solucionar. En el sector público, debido a la poco desarrollada libertad de circulación de personas existente en este campo, la situación es diferente. Con frecuencia, para una colocación se exige la correspondiente nacionalidad.
A la libertad de circulación de las personas van unidos derechos sociales y la situación familiar de los ciudadanos de la Unión. Las disposiciones basadas en los Reglamentos 1408/71 y 574/72 han hecho posible una efectiva coordinación entre muy diferentes modelos de seguridad social. A pesar de ello, quedan abiertas algunas cuestiones.
Se puede diferenciar entre dos tipos: aquellas que se pueden solucionar en el marco de las normas existentes y aquellas en las que esto no es posible debido a las diferentes legislaciones nacionales existentes. Como complemento al principio de libertad de circulación de las personas, se incluye el derecho a la reunificación familiar en el país de acogida. En contrapartida, muchos beneficios sociales se reservan solamente a los nacionales del país. Surgen otros problemas cuando un cónyuge tiene la nacionalidad de un tercer Estado. A este respecto, se debería examinar a fondo qué normas del Reglamento 1408/71 se podrían aplicar.
En caso de divorcio, debería conservarse durante un tiempo una protección mínima para no ejercer una presión potencial sobre uno de los cónyuges debido a una cierta dependencia. No obstante, no comprendo en absoluto que ciertos círculos del Parlamento Europeo, utilizando la situación familiar intenten hacer posible una inmigración hasta ahora injustificada. Esta tendencia se refleja, por ejemplo, en los puntos 9 y 14 de la opinión, por cierto, en contra de los votos del Grupo del Partido Popular Europeo.

Guinebertière
Señor Presidente, ante todo deseo felicitar a la ponente por su importante trabajo.
La Sra. Schaffner nos propone, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, un excelente informe sobre las conclusiones del Grupo de Alto Nivel -presidido por la Sra. Veil-, relativas a la libre circulación de los ciudadanos.
El importante resultado de estos trabajos es bien recibido y afecta tanto a los trabajadores como a los ciudadanos europeos. Nuestro Grupo, en efecto, aprueba la idea según la cual el ciudadano europeo migrante debe gozar del mismo trato que el ciudadano que no abandona su país. Todos los ciudadanos tienen el derecho de establecerse en otro Estado de la Unión Europea, de participar en la actividad económica, de que se le proteja contra todo tipo de discriminación basada en la nacionalidad y de gozar de un nivel social, familiar y cultural.
En segundo lugar, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación del Parlamento Europeo, y a la vista de la reflexión de nuestra colega Todini, que hoy no puede estar presente, desearía insistir en algunos puntos que me parecen particularmente importantes, puesto que la Unión debe tender a la creación de una verdadera zona europea de movilidad.
En líneas generales, puede constatarse que la información referente a las personas que circulan en la Unión Europea y destinada a éstas debe ser objeto de importantes mejoras. Continuemos, por ejemplo, la campaña "Ciudadanos de Europa». Hay que emplear todos los medios para facilitar el acceso al empleo en otro Estado miembro, lo cual no siempre ocurre en la práctica. El reconocimiento de las cualificaciones europeas debe reforzarse y completarse por el reconocimiento, no menos necesario, de la experiencia profesional y del perfeccionamiento. Hay que señalar que el acceso al sector público también ganaría mucho si se flexibilizase.
¿Debo acaso repetir el interés que reviste el aprendizaje de las lenguas, para facilitar la libre circulación y los intercambios culturales?
Finalmente, insistiré en la importancia de los programas comunitarios en materia de educación y formación. Es urgente que se den facilidades, sin trabas fiscales o en materia de seguridad social, para que nuestros jóvenes, nuestros docentes, sobre todo nuestros investigadores, y también los demás profesionales, puedan beneficiarse de los mismos.
El marco legislativo de la circulación de las personas es, en conjunto, operativo. Quedan pendientes algunas cuestiones relativas a las deficiencias administrativas, que los Estados deben resolver.
La construcción de la Europa del ciudadano es difícil. En el papel todo es muy simple. Desgraciadamente, en la práctica aún existen muchas situaciones complejas.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, la colega Schaffner ha realizado un muy meritorio trabajo como ponente del Parlamento Europeo sobre un trabajo también muy meritorio del grupo de expertos de alto nivel bajo la Presidencia de la Sra. Veil. Aunque me permito decir por adelantado que tengo una opinión diferente a la de la Sra. Schaffner en casi todos los puntos -enseguida diré porqué-, tengo que felicitarla. Ha trabajado con gran cuidado y de este modo nos ha facilitado ver cuál es la interpretación que el lado conservador de esta Asamblea tiene de la libertad de circulación de las personas. Muchas gracias a la colega Schaffner por hablado claramente en su informe. Cuando se habla claramente se puede hacer algo. Ayuda a hacer visibles las diferenciaciones.
La Sra. Veil plantea 80 propuestas y recomendaciones para superar las dificultades descritas por la ponente y coponente, a las que se ven enfrentadas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión Europea cuando intentan hacer uso de la libertad de circulación establecida en el Tratado de Maastricht. Tengo la sensación de que en el informe Schaffner aunque se toma nota de lo que dice la Sra. Veil, sin embargo luego se describe cómo se pueden endurecer aún un poco más las dificultades que la Sra. Veil quiere eliminar. En lo esencial, se trata de que diferenciemos, por lo que expreso también mis felicitaciones al Sr. Schiedemeier por haber hablado con tanta precisión aunque lo haya hecho sustituyendo a la Sra. Glase. En primer lugar: ¿quién se beneficia de la libertad de circulación de las personas? Los ciudadanos de la Unión dicen todos. Y la Sra. Schaffner dice que ciudadanos de la Unión son sólo aquellos que poseen la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea y que las ciudadanas y ciudadanos que están legalmente, de modo permanente y con todas las autorizaciones en la Unión Europea, no son ciudadanos de la Unión, sino de terceros Estados, por lo que deben ser tratados de otro modo.
¿Qué pasa con el hombre de negocios norteamericano que, por ejemplo, trabaja para el Banco Chase Manhattan en Francfort y que vive allí con su familia, gana allí su dinero, lo gasta y participa en la vida? Solamente puede hacerlo en Alemania. Si es enviado a otro país, comienza para este hombre en la Unión Europea una fase muy difícil de su vida. Tiene que sortear toda una serie de obstáculos existentes en la Unión Europea contra ciudadanos de terceros Estados. Pongo como ejemplo expresamente a este hombre de negocios norteamericano porque no quiero ponérselo a sus Señorías tan fácil y hablar sobre otras personas que son las que realmente tienen in mente cuando se trata del debate sobre ciudadanos de terceros Estados. Les pregunto por ello: ¿que ocurre con este hombre de negocios norteamericano?
Me parece muy bien que queramos crear oficinas de asistencia jurídica aunque no me parece tan bien que las y los ciudadanos de la Unión Europea sean asesorados allí por estudiantes, colega Schaffner. Creo que este asesoramiento jurídico cualificado debería ser realizado por personas con una formación terminada, con lo que no quiero menospreciar a los estudiantes pues, a veces, son más listos que diputados o abogados.
El concepto de libertad de circulación de personas establecido en el Tratado de Maastricht tiene algo que ver con que las personas tengan los mismos derechos que el capital, los servicios y las mercancías. Se ha dicho que el capital, los servicios, las mercancías y las personas se pueden mover libremente en la Unión Europea. Esto lo garantizamos el 1-1-1993. Precisamente, en su informe se constata que se pueden introducir en cualquier momento del día o de la noche mercancías, servicios y capitales, al lugar que le dé la gana. Pero la libertad de circulación de las personas no se ha hecho aún ni mucho menos realidad en la "Unión de la Desconfianza» que usted desea.

Nassauer
Señor Presidente, tomo nota con satisfacción de que ha permitido que el colega Schulz pueda hablar durante un minuto más y estoy totalmente seguro de que me lo concederá también a mí. En primer lugar, quiero decir sinceramente que considero el informe de la colega Schaffner algo mejor que el informe en que se basa.
No obstante, no quiero negar mi reconocimiento tampoco al informe Veil y deseo indicar que hemos tomado nota con gran satisfacción del hecho de lo avanzada que está jurídicamente y en la práctica la libertad de circulación de personas en Europa. La constatación primera y fundamental de este informe es que en nuestros países existe una considerable libertad de circulación en provecho de todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Para culminar la libertad de circulación de personas, no se trata tanto de crear nuevas reglas como de hacer realidad las ya existentes en el espíritu de la libertad de circulación. También tienen que ver aquí algo todas las autoridades que se ocupan del tema y que a veces actúan de un modo algo meticuloso e interpretan el sentido de la libertad de circulación de un modo más estricto que generoso y amplio. El haber llamado la atención al respecto es el mérito del informe Veil y también de la Sra. Schaffner, quien así lo ha subrayado claramente.
Naturalmente, hay problemas. Hay problemas, por ejemplo, en el acceso al empleo para los trabajadores. Por un lado, esto se debe a que los certificados y diplomas no han sido reconocidos aún por completo y también a que las lenguas en Europa no sólo puede ser algo que una sino también que separe a la hora de acceder a un trabajo. Yo tampoco tengo una solución para este problema. Otras instituciones multinacionales de la Historia han tenido con frecuencia un idioma común. Por ejemplo, el latín de la antigua Roma o los idiomas que se hablaban en los diversos imperios. No veo en ello un ejemplo para solucionar nuestro problema, pero sí me permito indicar al margen que el hecho de que no tengamos un idioma común que fomente la identidad es un problema.
El Sr. Schulz ha llamado la atención sobre la situación jurídica de los ciudadanos de terceros Estados. De hecho, según el Tratado existe una diferencia entre pertenecientes a terceros Estados y ciudadanos de la Unión. Esto se fundamenta en los Tratados y el hecho de que los pertenecientes a terceros Estados no puedan reclamar los plenos derechos de los ciudadanos de la Unión es algo que depende en primer lugar de ellos mismos. Pueden decidir libremente adquirir la nacionalidad de un Estado miembro, pero la mayoría no lo quiere. Así pues, depende de una decisión propia eliminar una barrera de este tipo.
Este informe demuestra que hemos logrado mucho en el tema de la libre circulación de las personas. Y hacer esto en un día en el que dos Estados, Austria e Italia, se han adherido a la libre circulación de personas y han sido acogidos en el área de Schengen, es algo que creo podemos destacar con orgullo, un orgullo por lo que ya hemos logrado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Nassauer. Quisiera decirle, en relación con el comienzo de su intervención -le pedía que se pusiera los auriculares- y la observación que ha hecho sobre el tiempo de uso de la palabra, que el Grupo Socialista, dada la ausencia del Sr. Newman, no ha hecho otra cosa que distribuir el tiempo que le correspondía entre dos oradores: un minuto para el Sr. Schultz y otro, aún no utilizado, para la Sra. Zimmermann.
Se trata de un derecho potestativo de los Grupos políticos que no es competencia de la Mesa y por eso se ha atribuido un minuto más al Sr. Shultz. En cuanto a la facultad de la Mesa para permitir que los oradores puedan hablar un poco más, todos los Grupos políticos se han beneficiado de ese criterio mío indulgente.

Kaklamanis
Señor Presidente, el informe de la Sra. Schaffner alude a temas que ocasionan problemas económicos, políticos y sociales a las personas o los ciudadanos que viven o circulan dentro de la Unión Europea. Quisiera felicitar a la Sra. Schaffner porque intenta dar respuestas y proponer soluciones relacionadas con dichos problemas. En ese sentido el informe de la Sra. Schaffner resulta muy progresista y en ningún caso conservador, porque conservador significa no proponer soluciones, no enfrentarse a los problemas. En cambio, progresista significa ser consciente de los problemas, proponer soluciones y enfrentarse a ellos. El problema no es si existe o no una legislación comunitaria sobre todos los temas. Sabemos muy bien que los tres órganos institucionales se han ocupado de estos asuntos. El problema consiste en que las legislaciones nacionales en los Estados miembros de la Unión Europea o no existen o no están reguladas en una dirección común, con una línea política común que facilite la solución de dichos problemas. Quisiera hacer referencia a un tercer punto: mi grupo votará gustosamente a favor del informe de la Sra. Schaffner pero estamos en desacuerdo con las enmiendas 8, 9 y con la segunda parte de la enmienda 11, por razones concretas, sustanciales y formales; porque tenemos la obligación de solucionar en primer lugar los problemas del ciudadano europeo, reforzando la cohesión social de Europa y después ocuparnos de los problemas de los que proceden de otros países.

Wiebenga
Señor Presidente, dentro de poco se introducirá la nueva moneda europea, el euro. Ésa es la pieza final de la libre circulación de capitales y mercancías. Desde luego que el diputado Schulz tiene razón al señalar que esa libre circulación de capitales y mercancías ahora, con la introducción del euro, está completamente regulada, pero que todavía existen fallos en la libre circulación de personas.
El Grupo Veil ha realizado un buen trabajo y quiero decir desde estos bancos que estoy orgulloso de que la Sra. Veil haya sido presidenta del Grupo Liberal de esta Casa y más tarde Presidenta aquí, en el Parlamento Europeo. El texto denota su planteamiento liberal.
Sin embargo, la libre circulación de personas no es todavía tan buena como a veces se sugiere. Debo recordar que hace poco hemos discutido aquí tres directivas a propuesta del Comisario Monti, que hemos adoptado y que ahora están en el Consejo, de las que no hemos vuelto a saber nada. Se refieren a la supresión de los controles de las personas en las fronteras interiores; a la libre circulación de los ciudadanos de otros países, de terceros países; y a la supresión de las limitaciones a la residencia de los trabajadores. El Consejo de Ministros debe mover ficha y creo que el Parlamento también debe retomar este debate y dar un nuevo toque de atención.
Deben adoptarse disposiciones relativas a la organización, por supuesto, pero también otras. De entre las primeras extraigo una. Creemos que en la próxima Comisión Europea un único Comisario europeo debe ser responsable de todo el ámbito relacionado con la libre circulación de personas.
Además, aunque las oficinas de reclamaciones son muy importantes, se trata más de que el funcionariado, especialmente la burocracia europea preste un servicio y sea más amable con el ciudadano.
Señor Presidente, concluyo con una última frase. El Grupo Veil ha realizado un buen trabajo y la ponente también. Ahora tienen la palabra los responsables políticos y los funcionarios europeos.

Mohamed Alí
Señor Presidente, la libre circulación de personas en la Unión Europea debe ser uno de los primeros objetivos en la construcción de la Europa política, teniendo en cuenta que la libre circulación y su efectiva puesta en práctica está íntimamente vinculada al concepto de ciudadanía de la Unión.
Es necesario mejorar muchas cosas para conseguir una verdadera circulación de personas en la Unión, y el informe del Grupo de Alto Nivel, presidido por la Sra. Simone Veil, así lo recoge en sus conclusiones y recomendaciones, señalando, sobre todo, que el principal problema en este ámbito es un problema de aplicación de directivas y reglamentos y no un problema de falta de legislación.
Me gustaría destacar que tanto el informe del Grupo de Alto Nivel como el informe de la Sra. Schaffner han hecho hincapié en los problemas ligados a la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea, dejando en un segundo plano los problemas ligados a los ciudadanos de terceros Estados, que no son pocos.
Si queremos construir una Europa integrada, pero a la vez solidaria y abierta a las aportaciones sociales y culturales de otras civilizaciones, también debemos ocuparnos de mejorar y hacer más transparente el estatuto jurídico de los nacionales de terceros Estados.
Para conseguir una verdadera ciudadanía que tenga en cuenta a los ciudadanos de terceros Estados deben mejorarse los procedimientos de concesión de visado, debe existir una mayor información y transparencia en dichos procedimientos y hay que ampliar y reforzar el derecho a la reagrupación familiar, asegurando siempre el respeto de los derechos fundamentales y el derecho a un trato digno así como a la vida privada. En este sentido, también resulta necesario suprimir la desigualdad de trato establecida por algunas leyes nacionales de extranjería entre los ciudadanos de la Unión y los nacionales de otros Estados.
La libre circulación de personas, según los Tratados, debe aplicarse también a los ciudadanos de terceros Estados que residan legalmente en la Unión y, por tanto, tenemos que reivindicar que estos ciudadanos sean tratados en lo relativo a sus derechos políticos, sociales y económicos de la misma manera que cualquier ciudadano de la Unión.
En definitiva, debemos apostar por una Europa que considere el encuentro con otras culturas y civilizaciones como un enriquecimiento social y cultural, y no como un peligro para el orden público y la seguridad interna. Queremos una Europa abierta y solidaria, no una Europa convertida en una auténtica fortaleza.

Lindholm
Señor Presidente, el documento del Grupo de Alto Nivel dirigido por Simone Veil sobre libre circulación de personas ha sido recibido favorablemente por Schaffner. Quizá sea posible que Schaffner por lo menos tenga algo de razón. Pero a pesar de una argumentación brillante y completa en el informe, es imposible poner el informe de Schaffner en relación con el documento del Grupo de Alto Nivel, ya que éste sólo existe en francés. Espero muy sinceramente que se ponga fin a esta situación inaceptable, en la que faltan documentos imprescindibles en uno o varios o idiomas. Esto mina la confianza de los ciudadanos tanto en los Diputados como en el Parlamento.
Puesto que no sé mucho francés, aquí puedo comentar solamente el informe de Schaffner. La conclusión principal del informe es, a grandes rasgos, que la libre circulación ya se ha materializado. Creo que somos muchos los ciudadanos en la UE que no estamos de acuerdo y que continuamente tenemos problemas o encontramos personas que los tienen. El problema tampoco puede reducirse a un asunto burocrático-administrativo, sino que se debe obviamente a la voluntad del Consejo de realizar algo que se tuvo que haber hecho el 1 de enero de 1993. Es un término que se aplaza todo el tiempo y quisiera saber hasta cuándo.
Lo que me sorprende enormemente como sueco es que en esta situación no se usen las experiencias y los conocimientos que el Acuerdo Nórdico de Libre Circulación de Personas, con cuarenta años de vida, puede ofrecer. Es un concepto diferente pero creo que en él hay mucho que es valioso.
Schaffner hace una distinción tajante entre los ciudadanos de la UE y los de terceros países. Ella propone, incluso, una forma de discriminación. Leo en el punto 23 lo siguiente: »insto a la Comisión para que clara y contundentemente disponga que trabajadores de terceros países no pueden gozar de completa libertad de circulación» dentro de la Unión. Esto es, de acuerdo a nuestro punto de vista, totalmente inaceptable. La libre circulación tiene que regir para todos los que se encuentren legalmente en la Unión. Libre circulación es ciertamente algo más que mostrar el pasaporte.
Schaffner está también de acuerdo con las medidas compensatorias. El Grupo de Los Verdes siempre ha reprobado las medidas compensatorias, y lo hace también en esta ocasión. Con ellas no hay libre circulación. Nos llevan a una zona gris, con controles.
También rechazamos que en el documento se cuente con la cooperación de Schengen y con que el Tratado de Amsterdam ya está firmado y ratificado. Dos países celebrarán plebiscitos sobre el tratado de Amsterdam y no sabemos qué pasará. En la Unión y en el Parlamento no tenemos que ir tan rápido como para poner en vergüenza a la democracia.

Pradier
Señor Presidente, el informe Schaffner es un buen informe, y las felicitaciones de rigor deben dejar sitio a un sincero reconocimiento por la calidad de este trabajo. El mismo recoge las conclusiones del informe publicado por el Grupo de Alto Nivel, encargado por la Comisión, y subraya claramente las trabas, los reparos, que aún subsisten en el plano de la libertad de circulación de las personas, aunque con un tono moderado.
Pero, para hablar claro, vivimos una situación realmente escandalosa y a todas luces inaceptable, de la que el Consejo, los Estados miembros y las administraciones nacionales son responsables. Escandalosa porque los Tratados imponían la instauración de una verdadera libertad de circulación a partir del 31 de diciembre de 1992, y hay que decir que hoy estamos en 1998. Escandalosa porque, a pesar de las repetidas sentencias del Tribunal de Justicia, que mantiene el rumbo firme en cuanto al respeto de los Tratados, la situación prácticamente no progresa. Escandalosa, finalmente, porque los gobiernos de los Estados miembros siguen siendo remisos a la hora de aplicar la libertad más importante para nuestros conciudadanos. En efecto, se han incrementado escrupulosamente los ajustes necesarios para que los capitales, los servicios y las mercancías circulen con facilidad. Los capitales y las mercancías son muy importantes. Pero con respecto a la circulación de las personas, los Estados y los gobiernos han efectuado todo tipo de maniobras para obstaculizar las iniciativas del Parlamento y de la Comisión tendentes a crear una verdadera Unión de ciudadanos europeos con libertad de movimiento.
El Consejo es la institución clave con respecto a estos reparos. La pusilanimidad, las restricciones, los egoísmos intangibles apenas disimulados, frenan las responsabilidades de nuestros países. Los Estados miembros, que aplazan la puesta en práctica de las directivas que rigen la libertad de circulación, deben ser sancionados por no aplicar las decisiones del Consejo, a pesar de la falta de audacia de las mismas. En cuanto a las administraciones nacionales, éstas siguen fieles a su tradicional inmovilismo y pusilanimidad, y se niegan a aplicar las directivas, fomentando así el número considerable de peticiones sobre la libertad de circulación y de recursos ante el Defensor del Pueblo. La propia Comisión observa una gran moderación en el uso de su derecho de actuar legalmente contra los Estados miembros que cometen infracciones.
Debemos saludar la iniciativa de reunir en un solo texto claro las disposiciones relativas a la libre circulación para que por fin estos textos, en su conjunto, sean accesibles a los ciudadanos y a los operadores del Derecho europeo. La propuesta de un único comisario responsable de la libre circulación de las personas se orienta en este mismo sentido y debe apoyarse activamente. Sin embargo, el informe adolece de un defecto bastante preocupante. En su apartado 23, expresa que los trabajadores de terceros países no tienen el derecho a la libre circulación de que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Sólo pueden permanecer y trabajar en otro Estado miembro en el marco de la libre prestación de servicios de su empleador. Es sencillamente inaceptable. Debemos lograr una situación en la que cualquier persona que resida y trabaje legalmente en el territorio de un país de la Unión esté en regla en todos los países de la Unión. Debe estar estrictamente prohibido reconocer a un empleador el ejercicio de una libertad que suplanta la libertad de la persona humana.
Creo que este texto original debe ser sustituido por dos enmiendas presentadas por la Sra. Zimmermann, las enmiendas 8 y 9. El voto de los miembros del Grupo de Coalición Radical Europea dependerá de la aprobación de estas últimas por la Asamblea.

Berthu
Señor Presidente, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la circulación de las personas en Europa ha decepcionado quizá a algunos de sus precursores, ya que no propone modificaciones fundamentales de la legislación actual, y podría ser por eso que los diputados tienen tantas dificultades para conseguir una traducción de dicho texto. Nunca se sabe.
Por consiguiente, este informe considera que ya está establecido el marco legislativo general y que ahora es necesario ante todo esforzarse por aplicar correctamente los textos existentes. Como hablo y leo francés, he podido conocer el informe de base y puedo informar a mis colegas que dicho texto revela una falta de idea preconcebida, lo que contrasta gratamente con la literatura habitual sobre la cuestión. Por ejemplo, el informe no se opone sistemáticamente a los controles de personas en las fronteras entre los países miembros e incluso afirma que la abolición de los controles no podrá ir en detrimento de la seguridad.
Asimismo, el informe se abstiene celosamente de mezclar la circulación de los ciudadanos europeos con la circulación de los ciudadanos de terceros países, como desgraciadamente ocurre a menudo en nuestras instituciones. Mejor aún, se subraya que el derecho de libre circulación de los ciudadanos europeos, según establece el Tratado, no debe entenderse necesariamente como el derecho de desplazarse o de residir sin cumplir con los requisitos específicos.
Finalmente, el grupo de trabajo acaba con la idea de que la libre circulación de los ciudadanos de los países miembros significa que éstos deberán necesariamente gozar de los mismos derechos en todas partes. Por el contrario, cada Estado debe conservar algunas legislaciones propias, y, para simplificar la vida de 5, 5 millones de personas que han optado libremente por vivir fuera de su país, no puede complicarse la existencia de los otros 360 millones de europeos que viven en su país y no piden nada. Sería de desear que este principio basado en el sentido común se aplicara en todas las políticas europeas, y en particular con respecto a la moneda única.
Una vez establecido este marco razonable, resulta más fácil examinar las propuestas presentadas, que son desiguales, algunas incluso cuestionables, como la referente a la función pública; pero hay otras que son interesantes, como los dispositivos que permiten seguir gozando de ciertos derechos sociales en caso de que se tenga que trabajar sucesivamente en varios Estados miembros.

Stirbois
Señor Presidente, Señorías, deseo ante todo felicitar a la Sra. Schaffner por su informe, que constituye un enfoque moderado de la libre circulación. Está lleno de buenas intenciones. Además, existe la voluntad de reforzar los controles en las fronteras exteriores, el establecimiento de nuevos medios de recurso para los particulares que encuentran problemas en el ejercicio de sus derechos, la modernización de los derechos en materia de seguridad social, el aprendizaje de lenguas, los intercambios culturales; no podemos menos que felicitarnos por todo ello.
Sin embargo, eso no nos impide denunciar algunos puntos que creemos inaceptables. En efecto, la Sra. Schaffner propone una definición más restringida de los empleos de la función pública reservados a los ciudadanos nacionales, o sea, flexibilizar, al parecer, los criterios de acceso a la función pública. En ningún caso podemos admitir que la función pública, donde aún se mantiene la preferencia nacional, resulte menoscabada. En Francia y en casi todos los países de Europa la función pública está reservada a los ciudadanos nacionales, y debe seguir siendo así.
El informe propone también una interpretación más flexible de la legislación sobre la reunificación familiar. Yo siempre he defendido la noción de familia, puesto que considero que garantiza la supervivencia de nuestras naciones. No obstante, la noción de reunificación familiar no puede extenderse hasta el infinito, y sobre todo no debe servir de pretexto para la entrada masiva en un Estado de nuevos inmigrantes, que tendrán como único requisito de entrada alegar la existencia de un familiar lejano que reside en el territorio de acogida.
También se propone mejorar la situación de los ciudadanos de terceros países que residen en un Estado miembro. ¿Pero acaso ya no está todo previsto para su acogida, para su inserción en el país de adopción? En Francia, los extranjeros que residen legalmente en el territorio gozan de los mismos derechos, de los mismos privilegios que cualquier francés que haya nacido en el país. ¿Deben pretender aún más? Creemos que no, eso sería discriminatorio.
Finalmente, este informe desea favorecer la libre circulación de los ciudadanos de los Estados miembros de Europa. Muy bien; pero el árbol no debe esconder el bosque. La prueba es que hoy no es factible la aplicación estricta de los acuerdos de Schengen, que ésta es catastrófica para la seguridad de los Estados. Abolir los controles en las fronteras interiores, sustituirlos por hipotéticas fronteras exteriores comunes, significa la libre circulación de la droga, su comercio, su consumo, significa la inmigración clandestina, la inseguridad, la delincuencia internacional, que no han cesado de crecer.
Hay que rendirse a la evidencia: desgraciadamente, aún no se reúnen las condiciones de seguridad nacional, de pleno empleo, de tranquilidad social, como para realizar un espacio europeo sin fronteras.
Así pues, como en el informe de la Sra. Schaffner, nosotros proponemos reforzar el control en las fronteras, pero ello también debe suponer, Señorías, una política de inmigración coherente, disuasiva, armonizada, a través de un desarrollo de la cooperación policial y judicial, de una armonización de las formas de adquirir la nacionalidad, que deben estar basadas en la filiación, y a través de una política restrictiva de la reunificación familiar.

Zimmermann
Señora Comisaria, me alegra que esté hoy presente. Estimadas y estimados colegas, si creemos que ya se ha logrado la libre circulación de personas en Europa, estamos muy equivocados. Muchos de nosotros han dicho ya algunas cosas sobre los muchos obstáculos pero creo que precisamente el informe del grupo de expertos del alto nivel de Simone Veil muestra también cómo se pueden lograr cambios. En los 80 puntos que se han incluido se ve muy claramente qué problemas existen. Problemas que yo misma conozco muy bien desde hace 27 ó 28 años. Desde 1970 vivo como holandesa en Alemania. Alguien podría decir: ¿y qué significa eso? Como ciudadana de la Unión no se tiene ningún problema. Les puedo mostrar muchos que tengo aún hoy. Claro, ahora tengo un pasaporte diplomático alemán. De este modo es algo más fácil, pero además tengo un permiso de residencia. Esquizofrénico, pero hay que decir que es así. Esto les pasaría a muchos de nosotros si quisieran hacer realidad lo que se dice en el Tratado de Maastricht. En el Tratado de Maastricht se dice también que aquí podría haber más personas que yo, que tienen otra nacionalidad a la del país que representan. También se dice allí que tenemos el derecho a realizar nuestro trabajo en un país y a vivir en otro, por ejemplo, como los trabajadores transfronterizos que viven en un país y tienen sus seguros en otro país.
Conozco todos estos problemas -provengo de la región fronteriza de Aquisgrán- y sé qué dificultades hay allí. Pero ¿qué pasa si estas personas además se permiten hacer lo que ocurre en casi uno de cada tres matrimonios, es decir, divorciarse? Entonces se plantean los grandes problemas con los derechos a jubilaciones, seguros sociales, derechos relacionados con el subsidio familiar por hijos, etc. Se podrían indicar aún muchas más cosas.
Saludo que nos ocupemos de este problema y que en el informe Veil se traten muchos aspectos de este tema. Pero solamente he hablado de los que tienen un pasaporte de la Unión. Veamos aquellos que no poseen un pasaporte de la Unión y que también -consciente o inconscientemente- quizás por los mismos motivos que yo no han cambiado de nacionalidad, pero que viven desde hace 30 años entre nosotros. Los hemos buscado para que trabajen para nosotros. Por así decirlo, han cumplido su labor y ahora tienen que decidir dónde se quedan. Estas personas tienen muchas dificultades. Cuando el Sr. Schiedermeier dice que esas personas quieren entrar por una puerta trasera, quiero decirle que este es un problema que yo tengo ahora. La familia en cuestión tiene la nacionalidad alemana; dos hijos hicieron su formación escolar en el extranjero y cuando tenían 16 años no estaban en Alemania, lo que significa que no tienen ningún derecho de residencia. Seis hijos viven en Alemania y tienen un derecho de residencia al igual que el padre y la madre. Los otros dos tienen que volverse. ¿Qué Estado es éste que expulsa a estas personas y no les concede ni siquiera la oportunidad de quedarse entre nosotros?
Si vemos que en la función pública -yo misma estuve 30 años en la función pública- solamente se permiten alemanes y que para los no alemanes existen a su vez muchas excepciones, como ninguna relación de trabajo permanente, etc., entonces creo que aún tenemos una gran tarea ante nosotros.
Espero que se acepten nuestras enmiendas, pues sería una oportunidad para mostrar a los Estados miembros adónde queremos ir a comienzos del siglo XXI: a una Europa común donde todas las ciudadanas y ciudadanos, independientemente de la nacionalidad que posean, tengan los mismos derechos y oportunidades para construir entre todos esta Europa.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, no es muy frecuente que yo pueda, para alabar justamente el trabajo realizado por un ponente, suscribir las palabras del Sr. Schulz. Pero, en efecto, señor Presidente, creo que hay dos calificativos que se aplican al informe de la Sra. Schaffner: es equilibrado y está de acuerdo con el Tratado vigente. El Sr. Schulz ha dicho que el informe es «maastrichtiano». Bueno, si lo quiere decir, es «maastrichtiano». Está de acuerdo con el texto del Acuerdo vigente y, por lo tanto, lo suscribo.
Señor Presidente, se han dicho hasta ahora muchas cosas con las cuales estoy de acuerdo. Permítame, por lo tanto, reflexionar sobre dos cuestiones de índole más general que me parecen de relevancia.
En primer lugar, efectivamente, estamos en un territorio de frontera en donde lo acometido hasta ahora arroja luces y sombras. Desde luego sombras, señor Schulz, pero también luces y muchos logros. Y en respuesta a una excelente intervención del Sr. Pradier, he aquí mi primera reflexión: señor Pradier, efectivamente, la cuarta libertad está aún por desarrollar, pero no olvidemos que uno de los grandes logros del Tratado de Maastricht es que da carta de naturaleza política a esa cuarta libertad a través del artículo 8, a esa libre circulación de personas, y si eso es así, así ha de ser también el derecho derivado.
Por lo tanto, además de la libre circulación de bienes y capitales, además de la libre circulación de servicios -sin olvidar tampoco, señor Pradier, que detrás de un servicio, como usted ha puesto de relieve, normalmente hay una persona que tiene los derechos que cualquier Estado social y democrático le reconoce-, la cuarta libertad -la libre circulación de personas- se constituye en eje político fundamental que traslada el centro de gravedad de la Unión Europea del binomio consumidor-mercado al binomio ciudadano-derecho. Ese es un gran logro y así hemos de destacarlo, con todas sus consecuencias.
Por supuesto, a partir de aquí, el Tratado de Amsterdam nos plantea un reto: incorporar al acervo comunitario lo que hasta ahora es -lo vuelvo a repetir- el territorio de frontera de ese tercer pilar, de esa libre circulación de personas, en particular. Ese es nuestro reto y, qué duda cabe, este reto entraña muchos problemas. Pero además, está incluido en el Tratado de Amsterdam, y eso es un gran logro, un logro que habrá que desarrollar con todas las cautelas que sean necesarias.
La segunda cuestión, que me parece relevante y que no se ha resaltado, es la necesidad de asegurar, de consolidar, el efecto directo del artículo 8 A. Porque si bien es cierto que los artículos 8 y 8 A sólo constituyen fundamentos jurídicos supletorios para la aprobación de normas de derecho derivado, el derecho de circulación y de residencia de los ciudadanos de la Unión se fundamenta en el propio Tratado y no en las directivas. Eso hay que recordarlo. Estos derechos son inseparables de la ciudadanía de la Unión, lo mismo que ocurre con los demás derechos contenidos en los apartados b), c) y d) del artículo 8.
El informe del Grupo presidido por la Sra. Veil defiende esta tesis del efecto directo y reclama que cualquier ciudadano de la Unión pueda invocarlo para fundar la aplicación del principio de no discriminación. Señalemos que el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado todavía, y esperemos que, próximamente, cuando se pronuncie, contribuya a consolidar esta tesis.
De cara a la Comisión hay que señalar que, en los recursos que se están viendo en el Tribunal, la Comisión ha mantenido esta tesis del efecto directo. Pero, sin embargo, en el segundo informe sobre ciudadanía, que se está debatiendo en este Parlamento en estos momentos, la Comisión se limita a afirmar algo muy ambiguo: que lo lógico sería que los artículos 8 y 8 A combinados generasen derechos en materia de entrada y residencia. Pero, sin embargo, se remite en última instancia a los fundamentos jurídicos de los artículos 49, 54, 56 y 6 del Tratado.
Entiendo, y con esto termino, señor Presidente, que hay que decir, además, que subsistiría una falta de un fundamento jurídico único para la libre circulación. Esos son, a mi modo de ver, los retos fundamentales que, a partir de aquí y con el Tratado de Amsterdam en la mano, debemos desarrollar.

Blokland
Señor Presidente, de las cuatro libertades que se mencionan en relación con el mercado interior es la libre circulación de personas la que todavía resulta dificultosa. Desde luego que sí ¿Se percataron en aquel tiempo los redactores del Tratado de la amplitud con que debería interpretarse esta libertad? ¿Y se imaginaron las consecuencias trascendentales que puede presentar la libre circulación de personas?
Así, resultó que la supresión de las fronteras interiores en realidad solamente puede tener lugar a condición de que existan medidas compensatorias y una frontera exterior muy fuerte ¿Ha adelantado tanto a fin de cuentas el ciudadano con ello? La fortificación de la Unión en cualquier caso ha sido una consecuencia inevitable del ideal de fronteras abiertas.
En el informe de la Sra. Schaffner se toma en consideración la aportación del Grupo de Alto Nivel relativa al debate sobre la libre circulación de personas. El informe Schaffner va, por lo que a mí respecta, demasiado lejos por ejemplo en la interpretación de las disposiciones del Tratado y en el ensalzamiento de la llamada Ciudadanía Europea, un concepto irreal, muy alejado del ciudadano, que debe imponerse mediante campañas de promoción.
Las enmiendas tanto de los Verdes como de los Socialistas son verdaderamente inaceptables. En lo que respecta a los Verdes, la referencia al artículo del Tratado de Amsterdam que prohíbe las discriminaciones es innecesaria en un informe relativo a la libre circulación de las personas. No obstante, si se cita debe citarse enteramente ¿Por qué una enmienda que añade la orientación sexual y la edad a los minusválidos, pero no el sexo, el origen racial, la religión o las convicciones?
Por lo visto, los socialistas con sus enmiendas quieren que los ciudadanos de terceros países tengan todavía más derechos que los ciudadanos de los países de la CE. La lógica de esto se me escapa. Actualmente, la situación es todavía ésta: un ciudadano francés puede establecerse libremente en los Países Bajos a condición de que pueda ganarse su sustento, ya que el interesado no es un ciudadano neerlandés al que se aplica la legislación neerlandesa. Por tanto, hay una limitación. Y en mi opinión, una limitación necesaria, de otra forma se originarían anomalías en el terreno social en los distintos Estados miembros. Si para los propios ciudadanos de la CE existen limitaciones, ¿por qué no deberían existir éstas para los ciudadanos de terceros países? Sí, ¿por qué deben conseguir éstos todavía más libertades que los ciudadanos de la CE? Estas enmiendas no son realistas y si se adoptan, seguramente votaremos en contra de este informe.

Cellai
Señor Presidente, al felicitar, en nombre de la delegación de Alianza Nacional, a la Sra. Schaffner, comprobamos también que el informe del Grupo de Alto Nivel representa una importante toma de conciencia del gran número de problemas que existen en el ámbito de la libre circulación de las personas. A pesar de que a lo largo de estos años las mejoras han sido notables, se advierte la necesidad de eliminar las distorsiones que siguen retrasando la plena aplicación de las disposiciones en esta materia. Leyendo el informe de la Sra. Veil se entiende que los principales problemas en materia de libre circulación de las personas son debidos no tanto a un vacío legislativo, sino más bien a un defecto de aplicación de las directivas y de los reglamentos, cuya complejidad a veces es desmedida. Existe, asimismo, un problema de adaptación del Derecho comunitario al Derecho nacional, dado que, en muchos casos, el primero se transpone sólo en parte y no en su totalidad orgánica.
Se advierte, por lo tanto, la necesidad de poner orden; debemos emplearnos a fondo a fin de regular los diferentes aspectos de la materia sometida a examen con directivas y reglamentos únicos y evitar, así, el problema de una normativa compleja e indescifrable.
Al mismo tiempo, a través de esta tarea de simplificación, se definirán mejor los derechos de los ciudadanos. El ciudadano que decide instalarse en otro Estado de la Unión debe beneficiarse de una igualdad de trato, respecto a quien no abandona su país de origen, y no debe ser penalizado por su elección. El concepto fundamental debe ser uno solo y basarse en la igualdad de trato, la lucha contra las discriminaciones y el respeto de los derechos humanos.

Van Lancker
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, me gustaría empezar realizando un llamamiento a este Parlamento Europeo y a todos mis colegas, este Parlamento ha sido siempre el motor de la libre circulación de personas en tanto libertad fundamental. Espero que al discutir y votar el informe de la Sra. Schaffner esto continúe así. El Parlamento Europeo debe continuar reaccionando contra las tendencias que existen en muchos Estados miembros a fin de terminar con las barreras institucionales y reales que impiden la libre circulación de personas e incluso discriminan a los ciudadanos, por supuesto, por razón de nacionalidad. Quisiera centrar mi exposición en una cuestión particular, es decir, en la situación de los terceros países en el marco de la libre circulación de personas.
En mi país, en Bélgica, existe actualmente un debate sobre el derecho de voto en las elecciones municipales de los inmigrantes que ya llevan años establecidos en nuestro país. Mi partido, el Partido Socialista, está a favor de ello, pero se trata de un debate terriblemente laborioso, un debate que debe enfrentarse con el miedo de las personas, con las reflexiones racistas. Sin embargo, es inimaginable cuántas otras discriminaciones existen respecto de ciudadanos de terceros países que, no obstante, están establecidos en Europa de forma permanente. En el ámbito del derecho de residencia, en el ámbito de las posibilidades de trabajar por cuenta ajena o establecerse por cuenta propia; e incluso, Sr. Schiedermeier, el derecho a vivir en familia, que es un derecho humano fundamental que figura en los convenios internacionales, no es una evidencia para estas personas y es cuestionado por usted. Aunque el mandato del Grupo Veil fue limitado, éste ha realizado buenas propuestas también a este respecto. Creo que nosotros, como Parlamento, debemos apoyarlas ¿O encontramos normal que un emigrante turco establecido en Genk no pueda buscar un trabajo en Aquisgrán, que se encuentra a 35 kilómetros, mientras que su vecino italiano sí lo puede hacer? ¿Tal vez, encontramos normal que los jóvenes turcos deban solicitar un visado para ir a Londres con su equipo de fútbol, mientras que su amigo español no lo necesita? ¿Encontramos entonces normal que las personas de terceros países en muchos casos no puedan hacer venir a sus familiares enfermos, a sus padres enfermos, incluso si se hacen cargo de su sustento?¿O, tal vez es humano que una mujer abandonada por su marido todavía pueda ser expulsada del país única y exclusivamente porque no es ciudadana de la Unión Europea?
Mi grupo, Señorías, está a favor en cada caso de la supresión de toda forma de discriminación entre ciudadanos de los Estados miembros, entre los ciudadanos de la Unión y los ciudadanos de terceros países que están establecidos aquí de forma permanente. Éste es el significado de algunas de nuestras enmiendas. Por lo demás, observo que se ha dado un paso adecuado en esta dirección tanto en el Grupo Veil como en algunas propuestas que la Comisión ha presentado recientemente; y espero que sus Señorías puedan apoyar nuestra filosofía. No obstante, tras este debate, no me hago más ilusiones sobre la actitud de algunos de los grupos de este Parlamento. Doy las gracias por el momento a los miembros de ARE y a los verdes, y a todos aquéllos que apoyarán de buen grado nuestras enmiendas.

Cederschiöld
Señor Presidente, la libre circulación dentro de la Unión es para los ciudadanos quizá la más concreta expresión de la cooperación europea. Se podrá elegir vivir y trabajar en diferentes países y en qué país avecindarse por un tiempo largo o corto.
En el plebiscito sobre la adhesión de Suecia a la UE fue justamente la libre circulación uno de los argumentos decisivos para la adhesión. Sin embargo, muchas personas que trabajan al otro lado de las fronteras tienen todavía problemas para obtener sus jubilaciones y pensiones y dificultades para establecerse en otros países.
La libre circulación está en vías de realización pero ciertos gobiernos la frenan. Aquí hay motivos para mostrar ejemplos y llamar la atención. Por esta razón quiero poner sobre la mesa el tema de Thor. En la UE impedimos la discriminación de ciudadanos de otros países, pero ¿está en consonancia con el Tratado la discriminación de los propios ciudadanos del país?
En Suecia hay muchas empresas que necesitan personal altamente calificado y que luchan con el problema a la hora de contratar a personas idóneas. La compañía de telecomunicaciones Ericsson ha amenazado trasladar todo el departamento de investigación y la dirección de la empresa a otro país si la compañía no puede contratar personas del extranjero con conocimientos de tecnología punta para trabajar en Suecia. Sin embargo, esas personas no quieren hacerlo a causa de los impuestos. Para resolver el problema de los elevados impuestos quiere el gobierno sueco establecer rebajas impositivas especiales basadas en la nacionalidad. Los trabajadores suecos de a pié tendrán que seguir viviendo con un impuesto a las rentas del trabajo de más del 50 por ciento, al mismo tiempo que los trabajadores con altos estudios, de fácil desplazamiento, serían redimidos de los impuestos - esto, como es sabido - con el beneplácito de la Comisión, que así apoya el dumping de impuestos en aras de la localización de empresas. Esas excepciones para los trabajadores con altos estudios va a conservar una política fiscal que, de otro modo, habría sido inviable. La libre circulación nos llevaría, en otro caso, a la obtención de impuestos más bajos e igualación de condiciones entre los países miembros.
La competencia fiscal actual ha demostrado que una menor presión fiscal fomenta el establecimiento de nuevas empresas. Pero si los que se quedan en el país son discriminados, o si los que se van están obligados a seguir pagando impuestos en el país de origen, entonces desaparece la confianza en la UE.
Ahora se cimienta en nuestro país el principio de estándar de vida según la nacionalidad y con eso se establece el principio de diferentes remuneraciones para diferentes trabajos. Los países nórdicos son un muy buen ejemplo tratándose del Acuerdo Nórdico de Libre Circulación de Personas, pero uno muy malo tratándose de los impuestos. ¡Todavía hay muchísimo que hacer por la libre circulación y la libertad!

Elliott
Señor Presidente, permítame decir, para comenzar, que intervengo no sólo en nombre del Grupo Socialista, sino también y particularmente, en nombre de los diputados Laboristas británicos que apoyan firmemente las propuestas y los objetivos del Grupo de Alto Nivel encabezado por Simone Veil. Detectamos numerosos problemas que limitan la libertad de circulación, en particular, la falta de conocimientos de idiomas y el no reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en otros Estados miembros, aspecto sobre el que hace un año presenté una opinión en nombre de la Comisión de Cultura.
También está la cuestión de la coordinación de las prestaciones sociales y de las pensiones. Todas estas cosas son obstáculos. Continuamente nos recuerdan que necesitamos la libertad de circulación o de lo contrario, la situación no funcionará en Europa, y que la economía de libre mercado funcionó en los Estados Unidos gracias a la libre circulación. Ciertamente en el pasado, muchos de los grupos que se desplazaban de un lugar a otro en los Estados Unidos, las comunidades judías, las comunidades negras, terminaron en guetos donde llevaban vidas de ciudadanos de segunda clase. No es eso lo queremos aquí.
Apoyo firmemente las enmiendas al presente informe presentadas por la Sra. Schaffner para garantizar que todas las personas que residen legal y permanentemente en los Estados miembros no son tratadas como ciudadanos de segunda clase, sino que gozan de los mismos derechos de libertad de circulación y de participación en cualquier tipo de actividad legal en que deseen participar como los ciudadanos de los Estados miembros.
Antes de terminar, debo decir que hay tres puntos en el informe que resultan especialmente difíciles para los diputados Laboristas británicos, a saber las letras A y L y el apartado l. Son relativos a la necesidad de garantizar la abolición total de los controles fronterizos, y parecen pasar por alto la opción de exclusión durante cinco años en este ámbito, aprobada en la Conferencia de Amsterdam en junio del pasado año. Creo que las repercusiones del Acuerdo de Amsterdam deben ser tenidas en cuenta en este asunto, y nos veremos obligados a votar en contra de dichos puntos, aunque espero que no tengamos que oponernos al informe en su totalidad.

De Esteban Martín
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, yo también quiero agradecer a la ponente y al Grupo de Alto Nivel, presidido por la Sra. Veil, su trabajo.
Creo que uno de los logros más importantes de la Unión Europea es el mercado único, que tiene un alcance mucho más amplio que el puramente económico. Este mercado único supone también nuevas libertades y oportunidades para los ciudadanos en su condición de empleados, de consumidores o de miembros de una familia.
Hoy, ser ciudadano comunitario ha adquirido por tanto una nueva dimensión. Sin embargo, debemos ser conscientes de que todavía subsisten muchas dificultades para conseguir la completa realización de esta libertad de circulación que debería ser un hecho desde 1993.
La conclusión general es que la legislación existente es suficiente. El problema que hay que resolver, por tanto, es el de velar por que las normas comunitarias sean efectivamente aplicadas, y éste -creo- es un gran reto.
Como miembro de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Cultura puedo asegurarles que los problemas, principalmente de reconocimiento de las cualificaciones profesionales y de diplomas académicos, los problemas relacionados con los permisos de residencia, o temas tan cotidianos como la utilización de vehículos de motor, repercuten directamente en la vida privada y personal de los ciudadanos y sus familias.
No podemos tampoco olvidar que la información insuficiente sigue siendo una de las causas principales no sólo de los obstáculos a la libre circulación, sino también de un gran número de decepciones cuando los ciudadanos se dan cuenta de que sus expectativas no son compatibles con el Derecho comunitario. Por ejemplo, un gran número de personas no es consciente de los pasos que hay que cumplimentar para que les sean reconocidas sus prestaciones sociales cotizadas en otro Estado; o, por poner otro ejemplo, los costes de las transferencias de dinero al extranjero constituyen un grave inconveniente para las personas que -como los jubilados- residen largos períodos fuera de sus países.
En mi opinión, y coincido en esto con el informe, las lagunas de este tipo podrían remediarse reforzando las campañas de información sobre los derechos de los europeos. Asimismo, es necesario promover la cooperación administrativa entre órganos e instituciones nacionales y comunitarias con el fin de lograr la transparencia y la comprensión de la legislación comunitaria, lo que conlleva para el ciudadano una mayor facilidad a la hora de saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones.
Sería también de gran ayuda la posibilidad de realizar cursos de formación para los funcionarios de órganos administrativos en torno a los problemas más habituales con los que se encuentran, para que éstos se pudiesen resolver de forma más cercana a los ciudadanos.
Por último, me gustaría resaltar las medidas que se presentan en el ámbito de la educación. El aprendizaje de las lenguas, los intercambios culturales y la consideración de los problemas de los becarios y aprendices son también problemas a los que debemos prestar una especial atención.
Señorías, la construcción de un espacio educativo común es, en mi opinión, el puntal más importante para conseguir nuestro último propósito, que es la construcción de un verdadero espacio de libertad y seguridad en el seno de la Unión Europea y por el que debemos trabajar todos.

Gradin
Señor Presidente, estimados Diputados, doy la bienvenida al informe de Schaffner sobre el documento acerca de la libre circulación de personas elaborado por el Grupo de Alto Nivel bajo la dirección de Simone Veil. La libre circulación y el derecho a avecindarse libremente dentro de la Unión son unas de las libertades fundamentales y que parecen necesitar mucho, mucho tiempo para realizarse. Esta fue también la razón por la que la Comisión nombró este grupo de trabajo. La misión era, por una parte, estudiar los impedimentos concretos que existen para la libre circulación de personas dentro de la Unión y, por otra, formular soluciones adecuadas.
La conclusión del grupo de trabajo fue que, en gran medida, ya existe legislación para la libre circulación de personas, pero que la mayoría de los problemas pueden ser identificados y resueltos sin modificaciones a esa legislación. El grupo opina que el mayor problema sería la aplicación de esos derechos. Para facilitar a los individuos el ejercicio de esos derechos también en la práctica, el grupo de trabajo ha formulado cerca de ochenta recomendaciones que se refieren fundamentalmente a la calidad de la información, a los derechos que atañen a la libre circulación, a una mejor cooperación entre los Estados miembros, a la capacitación de los funcionarios nacionales y a facilitar la búsqueda de empleo a quienes desean trabajar en otro Estado miembro. Yo pienso que el debate de hoy trata justamente de estos problemas.
Se habla en el documento de los ciudadanos de terceros países. Principalmente se destaca la coordinación de los sistemas de seguridad social que tienen que ampliarse para alcanzar, en todo o en parte, a esos ciudadanos. Además, el grupo recomienda una mayor movilidad de los ciudadanos de terceros países que trabajan en el sector de los servicios. El documento plantea también la movilidad de los familiares del ciudadano del tercer país. Sin embargo, yo me había esperado de este documento un posicionamiento de principios para los ciudadanos de terceros países que permanecen legalmente en nuestros quince países miembros. Creo que ellos se lo esperan de nosotros.
El ponente Schaffner corrobora las muchas y valiosas recomendaciones entregadas por el Grupo de Alto Nivel. Algunas de esas recomendaciones se discuten aquí en el Parlamento, por ejemplo, la propuesta de derechos de jubilación complementarios para trabajadores que se trasladan dentro de la Unión y la propuesta de ampliación del sistema de seguridad social a los ciudadanos de terceros países que se trasladan dentro de la Comunidad.
Estoy de acuerdo con la opinión de Schaffner de que se necesitan considerables aportaciones en materia de información, tanto a las personas como a las autoridades. Como la Asamblea sabe, la Comisión también ha tomado iniciativas en este terreno. Ejemplo de esto es la campaña de información sobre la Europa de los Ciudadanos que se lanzó en 1996 y el Programa Carolus para intercambio de funcionarios entro de las administraciones de los Estados miembros. El objetivo aquí es que la legislación que rige para la libre circulación en el mercado interno también deberá aplicarse en la práctica por todos nuestros funcionarios. Necesitamos, en otras palabras, funcionarios que den buen servicio a todos nuestros ciudadanos.
Para poder responder a las peticiones que el documento hace a la Comisión, quiero también nombrar otras dos medidas importantes que se han presentado y que contribuirán a la realización del principio de la libre circulación. La primera iniciativa es un plan de acción para el mercado interior. Uno de los objetivos de ese plan es la creación de un mercado interno que favorezca a todos los ciudadanos. Para alcanzar esto se lleva a cabo actualmente un trabajo para erradicar los controles de personas en las fronteras, revisar la reglamentación sobre residencia, protección de los derechos sociales y facilitar aún más el movimiento de las personas en los mercados de trabajo dentro de la UE. Se toman medidas también para mejorar el diálogo con los ciudadanos.
La otra iniciativa que me gustaría destacar es un plan de acción para la libre circulación de trabajadores que la Comisión aprobó en noviembre de 1997 y que también se refiere a muchas de las recomendaciones presentadas por el grupo de Veil.
Otras recomendaciones presentadas por el grupo de Veil se encuentran en el Tratado de Amsterdam. La Comisión trabaja tan velozmente como puede para poder aplicar esas modificaciones del Tratado en la práctica política. Tanto el documento del Grupo de Alto Nivel como el informe Schaffner constituyen buenos cimientos para continuar los debates acerca de las medidas concretas que se necesitan para plasmar una verdadera libre circulación para los ciudadanos de Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señora Gradin.
El debate queda cerrado.
La votación queda aplazada hasta que el documento de base esté disponible en todas las lenguas.

Ampliación y cooperación en los ámbitos dela justicia y de los asuntos de interior
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0107/98) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.
Tiene la palabra el Sr. Schulz para una cuestión de orden.

Schulz
Señor Presidente, me remito al artículo 96 del Reglamento y le ruego que no abra ahora el debate. Fundamento mi solicitud como sigue: nos quedan 6 minutos hasta el comienzo de la votación. Cualquiera que venga regularmente a esta Asamblea sabe qué es lo que va a pasar en pocos momentos, a saber, una entrada muy indisciplinada de masas de diputados a los que sólo les interesa que comience la votación pero que no tienen ningún interés en el debate. Lo lamento por los colegas Posselt y por la señora ponente Spaak así como por las oradoras y oradores que deberían hablar esta tarde. Sin embargo, debemos hacer justicia a la dignidad del Parlamento y que los debates se mantengan en una forma en cierto modo aceptable y esto no es posible hacerlo ahora.
En segundo lugar, señor Presidente, le ruego que presente a la Mesa del Parlamento la protesta al menos de los miembros socialdemócratas de la Comisión de Asuntos Interiores. En cada ocasión, tenemos el extraordinario placer de poder debatir nuestros informes en momentos como el actual, lo que considero inadecuado ante la importancia de los temas. Quizás se pueda tener en el futuro en cuenta en la planificación de los horarios.

El Presidente
Corresponde a la presidencia decidir el aplazamiento del debate. Veo, por los aplausos, que hay conformidad, pero daré la palabra al ponente, Sr. Posselt, para que indique su posición.

Posselt
Señor Presidente, lamento las circunstancias que han movido al Sr. Schulz a hacer estas justificadas declaraciones. Las considero justificadas y quiero decir con toda claridad que en nombre de mi grupo político, pero también como ponente, quiero protestar por el modo y forma con que se dirige esta sesión. No tengo en absoluto nada en contra de que se debatan informes el jueves por la tarde o el viernes por la mañana. Yo estoy en cualquier caso aquí y creo que cualquier día y hora de sesiones tiene el mismo peso e importancia.
Sin embargo, creo que hay determinados temas que interesan a un amplio espectro de la opinión pública y entre ellos no se incluye sin duda la cuestión de orden de enorme importancia que hemos tratado esta mañana, que nos afecta internamente pero que no interesa en absoluto a la opinión pública. Quiero protestar contra el absurdo de que debatamos sobre cuestiones de orden que afectan a esta Asamblea por la mañana, a la hora más eficaz para la prensa y que aplacemos para la noche los temas que más despiertan el interés del público.

El Presidente
De acuerdo con lo que se ha manifestado, propongo a la Asamblea aplazar el debate hasta las 5 de la tarde.
(El Parlamento da su conformidad)
(La sesión, interrumpida a las 11.55 h., se reanuda a las 12.00 h.)

Bienvenida
El Presidente
Señorías, tengo el placer de saludar hoy a la delegación de 12 miembros del Parlamento de Malta, que se encuentran en la tribuna oficial, y viene encabezada por su Presidente, el Sr. Spiteri.
La delegación ha venido a Estrasburgo con ocasión de la décima reunión de la comisión parlamentaria mixta. Han celebrado reuniones hoy con sus colegas del Parlamento Europeo, tanto sobre la Agenda 2000 como sobre las relaciones de Malta con la Unión Europea y sus perspectivas futuras y han mantenido intercambios de opiniones sobre los distintos ámbitos de la cultura, educación, investigación y desarrollo, cooperación en política sobre inmigración y lucha contra el terrorismo y tráfico de drogas, y política mediterránea de la Unión, en especial el proceso euromediterráneo.
Les deseo una estancia agradable y un debate muy fructífero.
Tiene la palabra el Sr. Chichester para una cuestión de orden.

Chichester
Señor Presidente, quería expresarle mi agradecimiento por haber previsto una interrupción de los trabajos entre los debates de esta mañana y el inicio de las votaciones de las 12.00 horas para permitir que los diputados ocupen sus escaños. Lamento que algunos colegas hayan tardado tanto en hacerlo, pero muchas gracias de todos modos.

Votaciones
El Presidente
El Sr. Dell'Alba tiene la palabra para hacer una precisión sobre la fecha de entrada en vigor.

Dell'Alba
Señor Presidente, deseo confirmar únicamente lo que pedí durante el debate, esto es, que esta disposición pueda entrar en vigor el 14 de septiembre, a fin de que las subcomisiones afectadas tengan tiempo de adaptar su actividad a esta nueva reglamentación.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Dührkop Dührkop
Señor Presidente, rogaría que se hiciera una revisión de las traducciones en las distintas versiones lingüísticas; sobre todo, en la versión alemana, donde he constatado que algunas traducciones pueden inducir a errores de comprensión.
Antes de la votación sobre el apartado 8

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, desearía intervenir antes de la votación de la enmienda de transacción 22, relativa al conjunto del apartado 8. En caso de ser aprobada, la misma sustituiría dos enmiendas: la enmienda 11 del Grupo GUE y la enmienda 19 presentada por el Grupo Europa de las Naciones. Naturalmente, por tratarse de una enmienda de transacción, se somete a votación en primer lugar.
Ahora bien, nuestra enmienda 19, relativa al apartado 8, sexto guión, tenía dos objetivos. Por una parte, añadir el texto "uso más riguroso»; por otra, suprimir una parte. Yo estoy totalmente dispuesto a suprimir el añadido de nuestra enmienda 19, pero ¿sería posible votar por separado el texto que se pretendía suprimir por esta misma enmienda 19, es decir, este sexto guión del apartado 8A: "la eventual incorporación del FED en el presupuesto comunitario»?
Esto es lo que solicito.

El Presidente
Sí, señor Fabre-Aubrespy. La enmienda de transacción no excluye las enmiendas que usted ha mencionado. Se someterán después a votación.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Samland
Señor Presidente, hemos votado sobre este informe. Supongo -es una observación dirigida al Consejo de Ministros, quienes deberían escuchar- que la positiva votación que ha realizado el Parlamento no significa que de este modo se produzca automáticamente la transferencia de los créditos de la reserva a la línea, sino que esperamos que las promesas realizadas por parte de la Presidencia del Consejo en esta Asamblea se respeten también a la hora de aplicar la resolución en el Consejo. Si no fuese así, los créditos permanecerán en la reserva para que aquellos que tienen que decidir en el Consejo tengan claro que esta opinión no es sólo una opinión para el "apartado P», es decir, para la papelera, sino que debe recogerse en la directiva, tal como lo hemos acordado aquí.

Swoboda
Señor Presidente, lo que ha acaba de decir el colega Samland en nombre de la Comisión de Control Presupuestario es algo que, naturalmente, teníamos claro. En la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa se comparte sin fisuras esta posición. Creo que el Consejo y el Presidente del Consejo tienen la conciencia de que ahora tienen que actuar para poner créditos a disposición de Bosnia-Herzegovina. La Comisión de Asuntos Exteriores apoya plenamente lo que ha dicho el colega Samland.

Schwaiger
Señor Presidente, ayer en la respuesta del Sr. Henderson a mi ruego para que expusiese su opinión sobre los diferentes puntos, tuve la impresión de que existe una disposición a hablar y de que esta actitud va a perdurar durante las próximas semanas. En cualquier caso, tras esta votación, considero que mi mandato como representante de la Comisión de Asuntos Exteriores y también del Parlamento, significa que debo a mantener aún una conversación con el Sr. Henderson sobre los puntos que todavía no ha podido aprobar, para lograr que nuestras ideas se apliquen al máximo. Hay que hacer realidad aún algunos importantes puntos que afectan a la capacidad de actuación de la Comisión. Debemos lograr esto no sólo en interés del Parlamento sino también de la Unión Europea en su totalidad, para que nuestra ayuda a Bosnia Herzegovina sea por fin efectiva y podamos equipararnos a los norteamericanos.

Spencer
Señor Presidente, no quiero iniciar un debate, pero para que entendamos la relación que existe entre lo que recomendaba la Comisión de Asuntos Exteriores y lo que acaba de decir mi colega, el presidente de la Comisión de Presupuestos, quisiera confirmar para que conste en Acta, que me impresionó lo que dijo ayer en respuesta a nuestras enmiendas el Sr. Henderson, en calidad de Presidente en ejercicio del Consejo desde el escaño de la Presidencia. Estoy convencido de que ahora tendremos tiempo de proseguir el debate antes de que el Consejo adopte una decisión definitiva. No quiero retrasar, al igual que tampoco la Comisión de Asuntos Exteriores quiso retrasar en ningún momento, la entrega de ayuda a Bosnia ni tampoco retrasar esta normativa.
En el ámbito más amplio de nuestras relaciones con el Consejo con respecto a la PESC y otros asuntos, considero importante que exista un consenso total entre los Grupos de esta Asamblea, que es el motivo por el que no he insistido antes en este asunto, como usted sabe que podríamos haber hecho. Ahora me basta con las promesas que nos ha hecho el Sr. Henderson y estoy seguro de que podremos avanzar, y me sentaré antes de que usted golpee la maza.

El Presidente
Muchas gracias, señor Spencer. Pero su intervención hubiera quedado mejor entre las explicaciones de voto. Proseguimos con las votaciones.

Cabrol
Señor Presidente, votaré en contra de esta enmienda que hace referencia a un sistema ISBT-128 de codificación. Votaré en contra, primeramente, porque el autor no ha sido capaz de explicarme en qué consistía este sistema, y debo señalar que cuando se presenta una enmienda con referencias como esta, al menos tienen que proporcionarse los documentos correspondientes.
Votaré en contra, en segundo término, porque finalmente he podido saber de qué se trata. Es un sistema de codificación de barras, de inspiración norteamericana, y que costará caro, mientras que existe un sistema de codificación muy simple, un sistema eurocódigo, que no costará casi nada. Creo que en estas condiciones, no cabe ninguna duda: hay que rechazar esta enmienda.
Después de la votación sobre el texto del punto 8 del anexo II

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, sentimos muchísimo que en toda esta fila de asientos de aquí atrás no haya funcionado ninguna máquina de votar -lo que se puede comprobar- y todos habríamos votado en contra. No ha sido posible.

El Presidente
No sabe usted lo que lo siento. Tomaremos nota para el Acta e irán los funcionarios a comprobarlo.

Wijsenbeek
Señor Presidente, aquí también fue un fila completa, un bloque completo de maquinas de votación que no ha funcionado ¿Podría repetir la votación?, ya que tengo la idea de que aquí hay un motivo oculto para desconectar todas nuestras máquinas.

El Presidente
Señor Wijsenbeek, como presidente que ha sido usted de la Comisión de Reglamento, sabe que una vez proclamado el resultado de una votación no se puede repetir.

Langen
Señor Presidente, le ruego que mande repetir la votación. En la traducción alemana se han traducido sus palabras de modo siguiente: por favor, levantar claramente la mano. Nadie se ha percatado de que se trataba de una votación electrónica. Por ello, es necesaria una repetición.

El Presidente
Efectivamente, ha podido haber un error de interpretación en mis palabras. Eso sí me lo creo.
(El Presidente procede a repetir la votación)

de Vries
Señor Presidente, no sé de qué depende, pero en estas últimas votaciones existe una clara divergencia entre las cifras que usted lee y las cifras que mi grupo tiene en su lista de votación, que coinciden con las cifras de que disponen otros grupos. Por esta razón existe una verdadera confusión respecto de lo que exactamente debemos votar ¿Podría mencionar los números, señor Presidente?, ya que tengo registradas votaciones, por ejemplo, sobre la enmienda 21, la enmienda 25 y sobre algunas partes de texto original en las que, por lo demás, no está del todo claro de que se trata. Creo que es un asunto importante y quiero saber exactamente qué votamos.

El Presidente
Señor de Vries, acabamos de someter a votación el texto original del punto 8 del anexo II.
Después de la votación sobre el anexo III

Falconer
Señor Presidente, quisiera informarle que estoy presente en la Asamblea, estoy votando y mi máquina funciona.

El Presidente
Muchas gracias, señor Falconer. Así se hará.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Jackson
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. ¿Podría informar a la Asamblea, antes de que comencemos con el informe de la Sra. Lalumière, si habrá votaciones nominales en el transcurso de la votación?

El Presidente
Creo que no hay ninguna votación nominal, señora Jackson. Lo iré anunciando a medida que se sometan a votación los textos.

Falconer
Señor Presidente, ¿no cree que la información que acaba de facilitar a la Sra. Jackson va en contra del objetivo del ejercicio? Si sabemos que no habrá votaciones nominales, todos podemos marcharnos ahora a almorzar.

El Presidente
Señor Falconer, estoy convencido de que los diputados de esta Asamblea no necesitan que les indiquen por anticipado si hay o no votaciones nominales para cumplir con su obligación.
Antes de la votación sobre la enmienda nº 5

Lenz
Señor Presidente, como las enmiendas del Grupo del PPE y del Partido de los Socialistas Europeos se oponen fuertemente en sus objetivos, estamos de acuerdo con la del Grupo Socialista si éste está de acuerdo en colocar detrás de la palabra "Rusia» la palabra "democrática». La frase sería entonces: "considera necesario que la Unión Europea a una Rusia democrática...»
(El Parlamento da su conformidad a la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)

Schleicher
Señor Presidente, el aire aquí no solamente está muy caliente sino que además es asfixiante, lo que hace que se reduzca la atención. Le ruego que se revise para que a las 15.00 horas tengamos un aire mejor en esta sala.

El Presidente
Lo traslado a los servicios de la Asamblea para que comprueben su solicitud y la pongan en práctica.

Berthu
El informe del Parlamento Europeo sobre las orientaciones del futuro presupuesto del año 1999, redactado en lenguaje diplomático, intenta ocultar las dos principales contradicciones que habrá que resolver, la de los Fondos estructurales y la de la moneda única, sin mencionar la cuestión de la ampliación, que se planteará más adelante.
En cuanto a los fondos estructurales, la aplicación de las perspectivas financieras para 1993-1999, aprobadas por el Consejo de Edimburgo en 1992, habida cuenta de los retrasos de pagos, situaría el presupuesto de 1999 en el 1, 325 % del PNB comunitario en créditos para compromisos y en el 1, 235 % en créditos para pagos, o sea, un importe superior al techo del 1, 10 % establecido en enero durante el debate de orientación (inferior al techo máximo del 1, 27 % establecido en Edimburgo). Esta progresión plantea el problema de la inflación de los Fondos estructurales y de su utilidad, que mi Grupo ya había planteado en un reciente estudio: ¿Europa-providencia o Europa de las Naciones?
También plantea el problema de la naturaleza jurídica de los acuerdos institucionales como el de Edimburgo, que pretenden vincular definitivamente el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Es evidente que estos acuerdos no tienen valor de tratado y que el Consejo, en particular, tiene siempre el derecho de cambiar de opinión si las circunstancias lo exigen.
El segundo problema se refiere a la entrada en vigor de la moneda única. Es de prever, sin duda alguna, que ésta se traducirá por la necesidad de aumentar los gastos comunitarios destinados a una nivelación interregional. Esta subida interferirá en la voluntad de los Estados de continuar reduciendo sus déficits públicos en los próximos años (ya que el importe del 3 % es un techo, pero en modo alguno un nivel ideal) y, en general, de mantener los gastos comunitarios dentro de unos límites razonables.
Si el euro comienza a aplicarse el 1 de enero de 1999, ¿el aumento de los gastos se hará sentir a partir del próximo año? La resolución del Parlamento Europeo pretende creer que esto no ocurrirá, y quizá sea cierto, ya que el nuevo sistema no producirá inmediatamente todos sus efectos. Pero, por prudencia, el Parlamento prevé una puerta de salida, al recordar que el presupuesto de la Unión debe respetar siempre los términos del artículo F3 del Tratado de la Unión Europea, según el cual: "La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas».

Desplaces
La Comisión ha definido las grandes orientaciones para el anteproyecto de presupuesto, y ha subrayado la necesidad de aprobar un presupuesto riguroso a fin de atenuar la presión que recae sobre los Estados miembros que se preparan para la UEM. Por consiguiente, el presupuesto debería aumentar un 3 %, en el momento que la erosión monetaria de los Estados miembros es de una media del 1, 8 %. El alza real del presupuesto debería ser, por tanto, del orden del 1, 2 %.
Ahora bien, si se analizan las principales partidas presupuestarias, la situación es muy heterogénea: +8 % para los Fondos estructurales, + 3 % para los programas destinados a los PECOs y a los países mediterráneos, +3 % para las políticas interiores y 0 % para el presupuesto agrícola.
De ello podemos deducir, por lo tanto, que la Comisión considera el presupuesto agrícola como un elemento secundario. Ahora bien, hay que subrayar que en 1997 los ingresos de los agricultores descendieron alrededor del 3 % y que los gastos agrícolas son muy inferiores de los que se establecen en las orientaciones (línea directriz agrícola).
Nuestro Grupo pide un aumento de los gastos agrícolas en 1999 por un importe equivalente al propuesto en el anteproyecto de presupuesto y en el proyecto de presupuesto de 1998. Hay que recordar, en efecto, que el presupuesto final de 1998 se había reducido en 550 millones de ecus.
En este sentido, nuestro Grupo ha presentado seis enmiendas a las conclusiones del informe de la Sra. Dührkop-Dührkop. En efecto, debe recordarse que es esencial mantener la ayuda a los ingresos de acuerdo con el dispositivo previsto por la reforma de la PAC de 1992, ya que, en caso contrario, la credibilidad de la PAC para garantizar un medio rural viable podría ser puesta en entredicho.
Cuando se analizan las propuestas agrícolas del "paquete» Santer que nos fueron presentadas el pasado 18 de marzo, hay que reconocer que se pueden plantear muchos interrogantes en cuanto al futuro de la PAC. Si este principio de mantenimiento de las ayudas a los ingresos no se respeta en el proyecto de presupuesto de 1999, nuestros temores estarían totalmente justificados.
A la vista de la actitud de la Comisión y del Parlamento Europeo, hemos querido señalar, en otra enmienda, el carácter obligatorio de los gastos agrícolas, tanto desde el punto de vista de los precios como de la ayuda a los ingresos.
Finalmente, como ponente sobre la fijación de los precios agrícolas para 1998/1999, ya he podido analizar pormenorizadamente las propuestas de la Comisión. Como ha dicho el Sr. Comisario Fischler, el "paquete-precios» se mantiene estable en su casi totalidad. En realidad, como ya he señalado a mis colegas de la Comisión de Agricultura, los precios y las ayudas agrícolas conocerán una doble baja. Ante todo, la erosión monetaria del 1, 8 % con respecto al año anterior, pero también una baja, a contar desde el 1 de enero de 1999, de alrededor del 3 % en el caso de los Estados miembros que participen en el euro, y ello debido a la supresión del ecu "verde». En este anteproyecto de presupuesto, no hay rastros de una posible compensación de la pérdida de ingresos en relación con dicho ecu "verde».
Los agricultores tendrán, pues, la impresión de que son ellos los únicos que financian la aplicación del euro, a la vez por las restricciones presupuestarias que de ello se derivan y por la supresión del ecu "verde». ¡Esto es intolerable!

Le Gallou
El presupuesto de 1999 será el último presupuesto de la Unión Europea, antes de la adopción por el Consejo de Ministros de las nuevas perspectivas financieras para el 2000-2006 y del supuesto del euro.
La Sra. Dührkop se encuentra frente a un serio dilema: ¿cómo mantener el rigor presupuestario aprobado por los Estados miembros e integrar al mismo tiempo en el presupuesto europeo las consecuencias financieras de la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria, del Tratado de Amsterdam, de la Agenda 2000 y de la preadhesión de los países de Europa Central y Oriental? En el informe no hay ninguna respuesta a esta pregunta.
Por el contrario, la Sra. Dührkop procura conciliar intereses contradictorios, sin establecer verdaderas prioridades, y satisfacer a las numerosas clientelas y lobbies que se benefician del maná comunitario. Excepto la agricultura, que está sujeta a un presupuesto estricto, el rigor presupuestario no aparece por ninguna parte. Con los 150 millones de ecus aprobados en la Cumbre de Luxemburgo, el empleo hace el papel de pariente pobre en el presupuesto europeo. En realidad, se trata de simples medidas cosméticas.
Este conformismo presupuestario es el sello de las orientaciones presupuestarias del Parlamento Europeo para 1999. No rompe con sus malas costumbres pasadas, que hemos denunciado repetidas veces y que tienen un nombre: clientelismo, fraude, despilfarro, politización, desviaciones onusianas.
Informe Cabrol (A4-0112/98)
Ahlqvist, Andersson, Hulthén y Theorin
Hemos elegido votar a favor del buen informe de nuestro colega Cabrol. Sin embargo, queremos subrayar que en lo relativo a la idoneidad de los donantes de sangre y plasma y al examen selectivo de sangre donada, tienen que aplicarse dos principios:
protección a la población contra los riesgos de contagio en las transfusiones de sangre, -ningún grupo debe ser excluido a priori por su inclinación sexual o su profesión.Ser donante de sangre no es un derecho humano. Se debe dar primacía a la seguridad de los receptores de sangre. Pero si aceptamos el principio de la discriminación sin espíritu crítico, aceptamos también entonces, implícitamente, el examen selectivo de sangre en el caso de las transfusiones y el control de los donantes no tendrá el grado de control de seguridad que es exigible.

Caudron
Siempre presto mucha atención, en este hemiciclo, a los trabajos de nuestro colega Cabrol, ya que nos aporta una ayuda profesional muy valiosa, a la que se añade un gran sentido de la responsabilidad en el ámbito de la salud pública.
Por consiguiente, estimo que las enmiendas propuestas por el ponente están encaminadas a ofrecer una mayor seguridad tanto a los donantes como a los receptores de sangre. En este sentido, las mismas pueden devolver la confianza a estas dos partes, confianza que hoy es muy necesaria.
No hay que olvidar, en efecto, los problemas causados en la Unión Europea por la escasez de sangre y de productos derivados. Afortunadamente, la Comisión ha tomado en consideración los criterios de calidad y de seguridad, los cuales pueden borrar en Francia y en Europa el estigma de la sangre contaminada y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Si bien puede considerarse que ya casi no existen riesgos en relación con el sida, es necesario tomar todas las disposiciones conocidas hasta ahora para eliminar completamente los riesgos de transmisión del virus de la EEB. Las enmiendas del Sr. Cabrol responden a esta exigencia de seguridad.
Finalmente, con respecto a la sangre importada, es preciso evitar a toda costa reincidir en ciertos errores del pasado, a fin que las personas sometidas a transfusión recobren plena confianza en estos procedimientos. Existe un deber de aumentar la transparencia y la vigilancia.
Finalmente, desearía insistir en la gratuidad de las donaciones de sangre o de plasma. Al evitarse un sistema remunerado se previenen los intentos de desviación. Era necesario reafirmarlo. Con este informe se ha conseguido. Y somos muchos lo que luchamos por ello, seamos donantes de sangre -como yo- o no, los que apoyamos estas propuestas.

Ephremidis
El control clínico y de laboratorio, realizado de forma legal y fiable es la condición necesaria para el proceso de recogida y administración de sangre. En ese sentido, son de especial importancia las propuestas contenidas en el informe Cabrol y constituyen un paso positivo para conseguir el control que debe efectuar tanto a los donantes como al proceso de conservación y administración de sangre y sus derivados.
Para que no se repitan esos fenómenos de control deficiente que se han visto multiplicados en el ámbito de la UE con la consiguiente propagación de graves enfermedades que han producido una preocupación social justificada, consideramos que la responsabilidad de la recogida y administración de sangre y sus derivados la deberán asumir de forma exclusiva las entidades estatales que tengan la experiencia y la infraestructura necesaria y que garanticen que este importante medio terapéutico, que ofrece una verdadera ayuda a enfermos que padecen enfermedades graves y crónicas o a quienes precisan servicios médicos de urgencia, no sea un medio lucrativo para el gran capital multinacional.
Además, las donaciones de sangre deben ser voluntarias y nunca efectuadas previo pago y sólo deberá administrarse de forma gratuita a aquellos que la necesiten.
A largo plazo el problema de la falta de sangre a nivel nacional requiere la existencia de normas comunes aplicadas por las entidades nacionales que deben disponer de un sistema permanente de información acerca del proceso de extracción, de las reservas existentes y de los medios de su conservación y transporte para garantizar el uso seguro y puntual de las reservas de sangre en toda Europa.
No podemos garantizar jurídicamente los aspectos éticos. Sin embargo, es necesario asegurar todas aquellas condiciones que ayuden a evitar cualquier aspecto contrario al derecho de la sociedad y del individuo a la salud y a la vida. La sensibilización del público, conseguir una investigación científica de alto nivel, el control por parte de las entidades nacionales y científicas para evitar la producción de sustancias que puedan perjudicar a la salud de los ciudadanos son las claves necesarias para garantizar la seguridad y evitar fenómenos criminales relacionados con la circulación de sangre infectada y sus derivados.
Comprendemos la necesidad de controlar la sangre recogida y exigimos el análisis sistemático y el control de los datos relativos a los indicadores de enfermedades víricas para poder evitar cualquier riesgo de contagio. No podemos más que denunciar los intentos de crear un nuevo apartheid con las propuestas hechas acerca de la exclusión de donantes que hayan viajado a África. Tampoco podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por los intentos de realizar importaciones poniendo como pretexto medidas de seguridad para la salud, ni por las inaceptables medidas previstas por el Tratado de Schengen para la intromisión en la vida privada del individuo estableciendo cuestionarios sobre su conducta sexual y sus relaciones sexuales que no van a evitar ningún riesgo y sólo van a utilizarse como pretexto para que comience a aceptarse socialmente y como algo habitual la violación de la vida privada y de la dignidad del ciudadano.

Grossetête
Quiero dar las gracias al profesor Cabrol por su informe sobre la propuesta de recomendación del Consejo relativa a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea.
Deseo reafirmar que por razones éticas, pero también para garantizar la seguridad con respecto a los productos sanguíneos, a los donantes y a los receptores, es absolutamente indispensable que las donaciones sean voluntarias y no remuneradas.
Este texto debería permitir lograr un nivel máximo de seguridad. En efecto, los criterios de exclusión de los donantes que deberán imponerse en el conjunto del territorio comunitario (Anexo 5), con excepción del criterio relativo a los homosexuales, que me ha parecido totalmente discriminatorio, contribuirán a garantizar esta seguridad que cada ciudadano tiene el derecho de esperar.
Por otro lado, el establecimiento de un sistema único y común a todos los Estados miembros sobre la identificación y el registro de los donantes constituirá un progreso. Esta centralización de los datos permitirá una consulta más rápida de éstos, lo que constituye una garantía adicional para la seguridad de los productos. Estos datos deben ser, como es natural, estrictamente confidenciales; la identificación de los donantes mediante una codificación única y común para todos los Estados es una de las principales garantías para ello.

Hory
Puede parecer extraño que un diputado vote contra un informe cuyos objetivos comparte.
Todos están de acuerdo, en efecto, en mejorar la seguridad de las transfusiones y, por lo tanto, en tomar precauciones con respecto a las donaciones de sangre, con el fin de garantizar la salud de los receptores. Pero esta garantía debe ser técnica y no ocultar ideas preconcebidas de orden político, moral o religioso.
En este sentido, considero que la recomendación del Consejo -apenas mejorada por las propuestas de nuestra comisión y de su ponente- se aparta de las preocupaciones relativas a la salud pública, para dar un valor jurídico legislativo a unos prejuicios muy discriminatorios.
En primer lugar, la creación de un fichero de donantes excluidos es contrario al principio de confidencialidad que debe enmarcar el cribado y el tratamiento de ciertas enfermedades, en particular del sida. Aun cuando se pudiese garantizar la confidencialidad del fichero, éste proporcionaría, no obstante, datos personales sobre estas enfermedades a personas distintas de los enfermos y de sus médicos de cabecera, lo que contradice la legislación de la mayoría de los países de la Unión.
Sobre todo la parte 5 de la exposición de motivos, los considerandos 21 y 25, la parte 5 de la recomendación del Anexo 2 de este texto, son, globalmente considerados, totalmente inaceptables. En efecto, allí se recoge que, desde el punto de vista del Consejo, quedan excluidos de las donaciones de sangre y deben probablemente ser fichados como tales: los homosexuales, las personas que hayan tenido relaciones sexuales en África, las personas que hayan tenido una actividad sexual en un país distinto de los países de África (que deberá precisarse). También deben declararse los viajes realizados fuera de Europa occidental y de América del Norte.
De estas propuestas resulta que, para los supuestos científicos que han elaborado este texto, la peligrosidad de una persona no se deduce de un comportamiento de riesgo (lo que podría ser comprensible y admisible por todos), sino de su orientación sexual, de su lugar de residencia y de su raza.
El Parlamento Europeo se honraría si rechazase tales propuestas de un modo mucho más enérgico de lo que lo hace el ponente.
Ya hemos visto, con ocasión de otros informes recientes, que el infierno puede estar empedrado de buenas intenciones. La legítima compasión por las víctimas de accidentes en las transfusiones de sangre no debe dejar en un segundo plano los principios de no discriminación sobre los que se basa la Unión Europea ni permitir el mínimo retroceso de las libertades públicas esenciales.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado a favor del informe del Sr. Cabrol. El informe, el cual es una recomendación a los Estados miembros, apoya los deseos daneses sobre la cesión voluntaria y a título gratuito de la sangre. Con el Tratado de Amsterdam se introduce en el artículo 129 un elevado nivel de protección sanitaria en la política comunitaria, incluso medidas para el establecimiento de un alto estándar con vistas a la calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, sangre y productos sanguíneos. Esto es una garantía contra el que la sangre y los productos sanguíneos se conviertan en una mercancía corriente.

Lienemann
El informe Cabrol trata, evidentemente, un problema primordial, es decir, la seguridad del abastecimiento de sangre en Europa.
Sin embargo, podemos interrogarnos sobre la eficacia del principio de la creación de un registro de exclusión de donantes y de ficheros europeos en la materia. Pero, sobre todo, a pesar de las referencias a la confidencialidad, el propio principio de la constitución de este fichero plantea graves problemas con respecto a la protección de las libertades y de los individuos, en la medida en que los criterios adoptados para esta exclusión contienen a menudo aspectos discriminatorios (homosexuales, prostitutas, etcétera).
Si bien es aceptable la existencia, en cada centro de transfusión, de un registro de exclusión, el hecho de extenderlo a los países europeos es muy arriesgado.
Por eso pienso que es preferible que el Consejo revise su posición. Así pues, he votado contra este informe.
Lindqvist, (ELDR), Eriksson, Seppänen y Sjöstedt (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Krarup y Sandbæk (I-EDN), por escrito. (DA) Los miembros firmantes hemos votado en contra del informe del Sr. Cabrol sobre la propuesta de recomendación al Consejo sobre la idoneidad de los donantes de sangre y plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea. Esto lo hemos hechos por varias razones.
En primer lugar, pensamos que es totalmente innecesario instaurar un registro centralizado y así llevar a cabo un registro centralizado de donaciones de sangre y donantes. Además, la cantidad y tipo de los datos que se quiere registrar son abrumadores. Pensamos que los datos podrían transmitirse mucho mejor directamente de un país a otro en el caso de esto fuera preciso.
En segundo lugar, el informe y la recomendación al Consejo conculcan la inviolabilidad de la vida privada. No vemos ningún motivo en absoluto para que un donante deba informar sobre una hipotética actividad sexual en África y aún menos sobre con quién, hombre o mujer, dado el caso ha estado y cuándo.
En tercer lugar, nos gustaría mucho que el Consejo de Europa, el cual durante años se ha ocupado de este campo, siguiera también haciéndolo. En nuestra opinión, no hay motivo alguno para que la Unión también vaya intervenir en este ámbito.

Verwaerde
Felicito a nuestro colega, el profesor Cabrol, por su informe sobre la recomendación del Consejo relativa a la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea.
Esta recomendación está encaminada a garantizar un nivel elevado de seguridad; para ello las donaciones deben ser voluntarias y gratuitas. Los donantes deben asimismo responder a una serie de preguntas enumeradas en el Anexo 2 y a ciertos criterios enumerados en el Anexo 5, que no deben, naturalmente, ser discriminatorios.
Un sistema único y común para el conjunto del territorio comunitario a fin de identificar y registrar a los donantes, así como sus datos correspondientes, permitirá un acceso y una consulta mucho más rápidos. La confidencialidad de estas informaciones, por otra parte, estará garantizada por un sistema de identificación codificado.
Informe Posselt (A4-0060/98)
Posselt
Señor Presidente, me he abstenido en el informe Lalumière a pesar de que es realmente excelente. Sin embargo, algunas enmiendas han aguado algo su carácter. El informe hace justicia a la tarea de describir con precisión a Rusia como uno de los interlocutores más importantes de la Unión Europea y de determinar una clara estrategia de la Unión Europea para la cooperación con Rusia. Lamento en cualquier caso que debido al va y viene alrededor de la cuestión de la adhesión o no adhesión de Rusia a la Unión Europea, haya surgido la impresión de que se estuviese debatiendo al respecto. Esto no ha sido ni es objeto del debate. Creo que con esta aclaración podemos estar satisfechos con el informe.

Ojala
Señor Presidente, he votado a favor del informe de la Sra. Lalumière, un informe extremadamente importante. No obstante, desearía aprovechar esta ocasión para señalar que algunos puntos del informe -y especialmente de esta votación- relacionados con la política exterior y de seguridad, y de modo más específico con la cooperación UE/UEO/OTANRusia, no coinciden con mis puntos de vista. Sin embargo, creo que es extremadamente importante que la UE apoye también por todos los medios la cooperación y el progreso de las relaciones entre la OTAN y Rusia. Se trata, en definitiva de un importante informe que apoyo, aun sin estar de acuerdo con la totalidad de las conclusiones que se han aprobado en este Pleno.

Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Theorin, Waidelich y Wibe
En la propuesta de informe, punto 54, se expresa que la UE deberá desarrollar vínculos fuertes con Rusia, más allá del pacto de asociación y colaboración, pero se subraya también que la adhesión de Rusia a la Unión no parece ser adecuada en consideración al tamaño del país y a sus intereses euroasiáticos y debido al fuerte carácter integrado de la UE.
Es francamente inconveniente que el Parlamento Europeo se manifieste unilateralmente sobre la eventual adhesión de Rusia a la Unión cuando Rusia, en el hecho, no ha solicitado tal adhesión.
Por el contrario, la UE debe tener interés en establecer vínculos sólidos con Rusia, que puedan convertirse en una colaboración cercana para fortalecer y garantizar la paz y la seguridad internacionales.
Sería realmente inconveniente aprobar el punto 54. Si se aceptase un motivo de principios como éste para el caso de Rusia, también podría hacerse valer cuando se discuta la eventual adhesión de Bielorrusia y Ucrania.
En el punto 46 se subraya que los vínculos de seguridad con Rusia sólo se podrán desarrollar cuando se haya tomado una decisión de integrar la UEO con la UE. No se debe olvidar que la ampliación de la OTAN significa para Rusia, según el conjunto de las instituciones rusas, un aumento de la intranquilidad desde el punto de vista de la política de seguridad. La Unión Europea tiene por eso un papel muy importante para contribuir a atenuar el desasosiego que la ampliación de la OTAN ha significado para Rusia, y no a aumentarlo.

Caudron
Este informe presentado por nuestra colega Catherine Lalumière es importante por varias razones y demuestra una gran seriedad con respecto a una difícil cuestión. No se podía esperar menos de su redactora, y deseo felicitarla muy cálidamente por ello.
Si bien todos podemos alegrarnos por la transición democrática y económica, que mal que bien continúa su proceso, siguen existiendo verdaderos interrogantes y elementos de preocupación.
Creo realmente necesario iniciar una verdadera colaboración en relación con la lucha contra la delincuencia organizada, ya que ésta se considera una creciente amenaza no sólo en Rusia, sino también en toda Europa. Naturalmente, esta colaboración no es factible sin la ayuda de Rusia, a través de una lucha frontal contra la corrupción endémica en su territorio.
Este esfuerzo permitiría, por otro lado, asentar relaciones económicas duraderas y saneadas entre la Unión Europea y Rusia. No puede existir una verdadera zona de librecambio sin esta condición previa. Debemos decirlo a nuestros homólogos rusos. ¿Son capaces de entenderlo?
Con el desmantelamiento de la URSS y de sus satélites, surgió la esperanza de un espacio europeo pacífico y estable. Debemos constatar que estamos muy lejos de la verdad. Naturalmente, podemos pensar legítimamente que el riesgo de un conflicto mayor está descartado, pero Yugoslavia y Kosovo nos hacen recordar la emergencia de los conflictos de baja intensidad, que podría desembocar en crisis mayores.
Finalmente, al manifestar mi apoyo a este texto deseo asimismo subrayar que comparto la posición de Catherine Lalumière sobre la no oportunidad de una adhesión de Rusia a la Unión Europea. Una posición que no parece desear ninguna de las partes. Es mejor que paralelamente a la Unión Europea se organice otro conjunto democrático en torno a Rusia, conjunto que negociaría acuerdos económicos, culturales y políticos con la Unión Europea.

Ephremidis
Las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea con Rusia no pueden darse más que en un clima de igualdad y mutuo beneficio. Los esfuerzos coordinados emprendidos por los organismos que representan los intereses del gran capital multinacional con la intención de someter a los mismos al pueblo de Rusia también se ven expresados por desgracia a través de los esfuerzos de la Unión Europea que, siguiendo las alternativas de la OTAN, intenta confeccionar para Rusia un modelo de desarrollo acorde con sus propios intereses y que ignore las consecuencias que ello va a suponer para el pueblo ruso y para el riesgo de desestabilización y conflagración de esa zona.
Tras la caída de la URSS, el fomento y apoyo directo, o indirecto, a la llamada mafia rusa, que controla una gran parte de la vida económica y social de ese país, se están promoviendo ahora proyectos para la llamada consolidación del proceso de democratización con vistas a la marginación completa del pueblo ruso y a su sometimiento a las alternativas geoestratégicas de la OTAN y de los E.E.U.U. Las ampliaciones de la OTAN y de la Unión Europea tienen como objetivo crear una nueva línea fronteriza que ponga en contacto directo a las fuerzas y los intereses de la OTAN con Rusia. Es característico que la estrategia de la Unión Europea ante Rusia fomenta, a través de programas financieros, y especialmente a través del programa TACIS, la reestructuración de la construcción política en Rusia, llegando al punto de subrayar la necesidad del surgimiento de una clase media que apoye al poder político.
En el marco de la nueva distribución de los mercados los grandes intereses de los monopolios de la Unión intentan abrirse paso e instalarse con vistas a asegurarse el mercado ruso para sus intereses económicos y geopolíticos e intensificar la explotación de los trabajadores.
Estamos de acuerdo con las propuestas destinadas a promover las relaciones directas y el diálogo entre los órganos y las instituciones de igual rango de Rusia, de la Unión Europea y de sus Estados miembros que tengan como objetivo la investigación de las posibilidades y la formulación de las condiciones del desarrollo de una cooperación integral que cubra las necesidades de la creación de un ambiente de paz y bienestar en Europa y que evite los conflictos y enfrentamientos entre las partes. Sin embargo, estamos en completo desacuerdo con el contenido que da hoy la Unión Europea al fomento de un diálogo que tiene como único objetivo la aniquilación en dicho país de cualquier oposición a la aceptación del papel de líder mundial que juega Estados Unidos seguido de la Unión Europea en el ámbito europeo e internacional.
Es necesario que la postura de la Unión Europea cambie radicalmente, que se revisen los objetivos que hasta hoy había establecido y los métodos que utiliza, que acepte el importante papel que Rusia está llamado a representar en la evolución europea e internacional, que se reconozca el hecho de que sólo a través de relaciones igualitarias, basadas en el beneficio mutuo, puede lograrse la paz y la estabilidad en la zona y dejar que el pueblo de Rusia se cure las heridas producidas por la caída de la URSS de la manera que él mismo elija.

Lindqvist
Rusia es un país con una democracia inestable. Hay que impedir, a cualquier precio, la construcción de una UE y de una cooperación europea que Rusia sienta como una amenaza. Se puede hacer integrando a Rusia en la cooperación europea tanto como sea posible. Aquí está también la OTAN, la que, sin embargo, no está incluida en el informe.
La peor manera de crear unas buenas relaciones con Rusia es continuar la construcción de una UE orientada hacia una forma de estado comunitario.

Souchet
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha votado a favor del informe de iniciativa propia de la Sra. Lalumière, relativo a nuestras futuras relaciones con Rusia.
El tono general de este texto es acertado cuando subraya que el actual debilitamiento de Rusia representa una transición en la historia de este país y que en los próximos años el equilibrio del continente europeo estará ampliamente determinado por el papel que desempeñará Rusia en el mismo. Nuestro propio desarrollo está asimismo ligado al de Rusia: basta con pensar en el inmenso potencial de recursos naturales y energéticos que supone Siberia, y que es esencial que Rusia valorice con nuestra ayuda activa.
La prioridad que reconoce el ponente a la consolidación de la sociedad rusa es totalmente pertinente. No confundamos la Rusia de hoy con un país en vías de desarrollo cuyas dificultades económicas plantearían una ayuda financiera clásica. La joven Rusia democrática pide ante todo que tomemos en consideración los esfuerzos gigantescos que debe realizar para hacer frente a los desafíos que le han legado 80 años de comunismo. Debemos ayudar a Rusia a superar los traumatismos heredados tras 80 años de economía planificada y de confiscación de la vida política y social por el partido único, que hoy se traducen por la ausencia de una elite formada fuera de la "nomenclatura», la ausencia de clases medias y de una larga maduración de la sociedad civil. ¡Estas lagunas no se llenan en un día! Hay que volver a empezar: Rusia debe restablecer, tras un muy largo y doloroso paréntesis, el dinamismo y el impulso que había conocido a principios de siglo y que la revolución de 1917 había roto de un golpe.
El informe Lalumière tiene el mérito de situarse deliberadamente por encima de dos visiones caricaturescas de la Rusia actual: la visión anecdótica y catastrofista que difunden con satisfacción muchos de nuestros medios de comunicación y la visión amenazadora que mantienen quienes aún no han comprendido la amplitud de las transformaciones que se han producido, y que quieren creer que la Rusia de Yeltsin no ha hecho más que tomar el relevo de la URSS de Brézhnev.
Aquellos que conocieron la Rusia de Brézhnev y la primera elección presidencial democrática rusa pueden, sin embargo, darse cuenta del abismo que separa estas dos épocas. Los rusos pasaron claramente una página y rechazaron definitivamente el régimen comunista a través de unas elecciones libres y abiertas como no habían conocido nunca.
Debemos multiplicar los vínculos con esta Rusia que se ha vuelto a encontrar a sí misma más allá de la Unión Soviética que la había anexado y desfigurado: restablecer los antiguos vínculos, multiplicar las nuevas relaciones a todos los niveles. El principal de estos vínculos es evidentemente el de las relaciones intergubernamentales, sobre el que la ponente es demasiado discreta. En efecto, corresponde a los Jefes de Estado y de Gobierno -al menos a aquellos que desean tener una política activa respecto a Rusia- romper con una actitud de observación distante, que hasta ahora comúnmente se había generalizado, trazar las líneas maestras de una cooperación intensa con objetivos ambiciosos y audaces y comprometerse decididamente con los reformadores rusos. Debemos felicitarnos en este sentido del clima de confianza en el que acaba de desarrollarse la reciente Cumbre tripartita entre los Presidentes francés y ruso y el Canciller alemán. Los programas comunitarios de cooperación pueden contribuir útilmente, a su nivel, a fomentar el desarrollo de una amplia asociación en todos los ámbitos. Ciertamente, como establece el artículo 31, debe llevarse a cabo un control estricto de los fondos entregados a Rusia, pero la ponente hubiese podido insistir, de manera simétrica, en la necesidad de que la Comisión ejerza un control igualmente estricto de sus propios servicios que operan en suelo ruso, que aún no han dado la imagen de integridad y seriedad que todos deseamos fomentar.
En cualquier caso, es preciso que los Estados miembros de la Unión Europea se cuiden de no inscribir su acción en una lógica de bloque, que por su parte los rusos han rechazado y que podría levantar rápidamente un nuevo muro totalmente artificial en el continente europeo.
Sí, la seguridad, nuestra seguridad, es en lo sucesivo un ámbito de cooperación con Rusia. Y en este sentido hay que lamentar en particular las condiciones en las cuales la mayoría de los miembros europeos de la OTAN han dejado que Washington les impusiera una ampliación de la Organización capaz de suscitar más desconfianza que confianza en los dirigentes y en la opinión rusos. Ya es hora de que los europeos superen las dudas, las desconfianzas, los prejuicios tenaces y las inercias heredadas de la guerra fría, para renovar a fondo el enfoque de su defensa común y la manera en que ésta debe organizarse, asociando estrechamente a Rusia.
(La sesión, interrumpida a las 13.34 h., se reanuda a las 15.00 h.)

Debate de actualidad y urgencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre asuntos de actualidad, urgencia y especial importancia.

El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B4-0391/98 de los diputados Bertens y Eisma, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0396/98 del Sr. Dell'Alba y otros, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0404/98 del Sr. Azzolini y otros, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre los incendios forestales en Sudamérica y en el Sudeste asiático; -B4-0405/98 de la Sra. González Álvarez y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los incendios forestales en Brasil; -B4-0410/98 de los diputados Van Putten y Newens, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre los incendios forestales en Sudamérica y en el Sudeste asiático; -B4-0415/98 del Sr. Habsburg-Lothringen y otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre la grave situación que atraviesa particularmente el Perú y el Ecuador a causa del fenómeno del Niño; -B4-0418/98 del Sr. Telkämper y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los nuevos incendios forestales en el Sudeste asiático; -B4-0421/98 de la Sra. Aelvoet y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre los incendios forestales en Brasil.
Bertens
Señor Presidente, señor Comisario, los pulmones del mundo están ardiendo en América Latina, Brasil y Asia. Kalimantan y Brasil llevan ya semanas siendo asolados por grandes incendios. El gobierno brasileño no acepta ayuda y con ello parece, seamos sinceros, prestar apoyo a los grandes terratenientes. Es escandaloso que con esta concepción de miras estrechas se persigan beneficios económicos a corto plazo a costa de la partes más bonitas y más indispensables de la naturaleza. Naturalmente, Europa no debe cruzarse de brazos. Es importante para nosotros que los incendios sean apagados cuanto antes.
Debemos presionar a los países para que acepten todo apoyo internacional y la Unión Europea, además de las Naciones Unidas, debe prestar también asistencia técnica a fin de apagar de forma efectiva estos incendios. Las líneas presupuestarias existentes de la Unión no se aprovechan bien, al menos no lo suficientemente. Naturalmente, deben adoptarse medidas estratégicas para evitar la repetición de estas catástrofes. Los países del Sudeste Asiático y de América Latina deben introducir una legislación eficaz y adoptar otras medidas para combatir o dirigir mejor los métodos de tala y de limpieza de los bosques con fuego.
La Comisión debe, así mismo, acelerar la marcha de la redacción de directivas relativas a la importación de madera dura tropical en la Unión. Debe prestarse más apoyo a los cultivos sostenibles y el megaproyecto del arroz debe ser considerado, por lo menos, de forma crítica. La erosión y la deforestación deben prevenirse. La Unión podría adoptar la iniciativa para organizar una conferencia internacional sobre esta cuestión. Espero que el Parlamento apoyará más tarde mi enmienda relativa a este asunto.
Por último, señor Presidente, se culpa a El Niño de todo. Que esos países tengan en cuenta que El Niño se va hacer adulto y que la situación entonces incluso empeorará. Ahora, todavía pueden controlar a ese pequeño.

Girão Pereira
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera plantear una cuestión previa en este debate sobre catástrofes. El Parlamento Europeo, con una periodicidad notable, ha venido ocupándose de este fenómeno, este problema de las catástrofes: adopta deliberaciones, pero, la mayor parte de las veces, se desconoce el seguimiento que se les da. Eso quiere decir que las deliberaciones no pasan de ser meras declaraciones de intención o meras manifestaciones de solidaridad, entre otras cosas porque se ha retirado cualquier apoyo -o posibilidad de apoyo- presupuestario directo para atenuar sus efectos.
Por eso, a raíz de una propuesta que hicimos aquí hace tres o cuatro meses, consideramos que la Comisión debería poner en práctica una estrategia comunitaria en la que se formulara no sólo el tipo de acciones por adoptar, sino también el seguimiento que se les debe dar, con acompañamiento periódico y constante de los resultados.
En este caso no se trata de una catástrofe en un territorio europeo, sino en esa zona particularmente delicada e importante que es la Amazonia, verdadero pulmón del mundo. Y las noticias que llegan son preocupantes. Según una nota que he recibido hoy mismo de la embajada del Brasil, las crónicas más recientes indican la existencia de veinte focos de incendios en un frente de cerca de 400 kilómetros de extensión y las fotografías de satélite muestran también la aparición de incendios de intensidad equivalente en la Guyana y de intensidad mayor en Venezuela. Destaca, además, esa nota que en la zona se encuentran cerca de mil soldados del ejército y bomberos, en particular de Argentina, y se espera la llegada de 500 hombres más y de especialistas de las Naciones Unidas.
Es evidente que lo que sucede en la Amazonia o en los grandes bosques tropicales -ya sea en Indonesia o en África- interesa al mundo. Por tanto, estamos ante un problema de interés y responsabilidad internacionales, por lo que se deben conjuntar las medidas, la asistencia y la solidaridad internacionales. Creo que no bastará con acusar a esos países de inercia o de incuria. En nuestra opinión, y en lo relativo a la Amazonia, se debería concertar, con la égida de las Naciones Unidas, un acuerdo o tratado internacional en el que participaran todos los países amazónicos y que formulara claramente una política de protección y desarrollo sostenido en toda esa zona.
La comunidad internacional debería contribuir a ese esfuerzo de medios humanos y financieros. La Unión Europea debería desempeñar también, a nuestro entender, un papel importante al respecto. Apoyamos la propuesta que figura en la resolución común sobre la reunión del G8. Creemos que sería una ocasión importante y con la fuerza necesaria para desactivar ese problema y precipitar su solución. Por último, quisiera preguntar cuándo habrá en Europa una clara política común de la Unión sobre los bosques. Nos parece que la política vigente carece de audacia y apoyo, en particular para la reforestación de las zonas del sur, amenazadas por una desertización en aumento. No corresponde sólo a los otros proteger los bosques. También es de interés universal que nosotros, los europeos, cuidemos los nuestros.

Van Putten
Señor Presidente, por el momento hablaré en inglés y le leeré el comienzo de un artículo aparecido hace algunas semanas en el New Scientist . "El infierno de Indonesia nos hará sudar a todos. Las turberas que han ardido en los devastadores incendios forestales de aquel país podrían arrojar a la atmósfera más dióxido de carbono durante los próximos seis meses que todas las centrales eléctricas y todos los automóviles de Europa occidental durante un año. Los resultados confirman los temores de que los incendios pueden tener repercusiones importantes sobre el calentamiento del planeta.» Éste es El Niño del que habla el Sr. Bertens.
El artículo prosigue: "La combustión de turba tiene consecuencias ambientales mucho más graves que la simple quema de los restos vegetales acumulados durante el año». Nos trae una catástrofe de proporciones mundiales. No sólo Indonesia, todos nosotros podemos ser víctimas de lo que está ocurriendo. Quiero pedir la atención de todos, especialmente la del Sr. Pinheiro. Me complace enormemente que esté presente, porque él está informado sobre el sur. Puede que no esté incluido en su cartera, pero estoy segura de que sacará el tema. En Indonesia -me estoy limitando a Indonesia, mi colega abordará más tarde el problema del Amazonas- nos enfrentamos a una situación con estos incendios en que los megaproyectos para la producción de arroz van en contra de la Ley de aquel país. Nunca se ha realizado un estudio sobre el impacto ambiental, como exige la Ley indonesia. Hay ministros indonesios que se han pronunciado en contra de este megaproyecto en el que se están quemando los bosques en zonas especiales de bosques tropicales y está ardiendo la turba que, como dice el artículo, es aún más peligroso.
Asimismo, un instituto de Indonesia afirma que el 70 % de la superficie del terreno utilizado en estos megaproyectos para la producción de arroz no es adecuado para este cultivo y, algo que no es sorprendente, que el hijo del Sr. Suharto participa en el proyecto -él será el máximo beneficiado, aunque ni siquiera se sepa con seguridad si se producirá o no arroz. Si llega a producirse, se exportará, pero al mismo tiempo, más de un millón de lugareños se habrán quedado sin su producción en la zona. O sea que se ha apoderado de unos fondos que podrían haber sido utilizados en medicamentos y alimentos en el próximo siglo, por lo que, a largo plazo, todos nos veremos afectados. También se está abusando de los pesticidas. Es trágico lo que está ocurriendo en aquel país. Por todo ello, quisiera pedir a la Comisión Europea que presione sobre el Gobierno indonesio para que ponga fin inmediatamente a este estúpido proyecto y, quizá, inste al Banco Mundial a imponer dicha condición en sus negociaciones.

Weber
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que todos los incendios de los bosques tropicales en Indonesia son intencionados, y que el Gobierno indonesio está ciertamente implicado. Conocemos el sistema de concesiones. Siempre hay un promotor para pasar un abultado sobre a un miembro del gobierno o de su familia, y, después de explotar los bosques tropicales, estas tierras se transforman en plantaciones.
Considero que los llamamientos de las ONGs para boicotear los bosques tropicales están, ahora más que nunca, plenamente justificados. Tendríamos que encontrar un sistema que garantice la transparencia para los consumidores, en particular sufragando los sistemas de certificación como el FSC.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que por un lado estoy muy contento de que nos ocupemos en esta resolución de los incendios forestales en Brasil e Indonesia. Sin embargo, en nuestra urgencia se esconde una cierta ambigüedad porque mezclamos dos elementos. Por un lado, las catástrofes medioambientales e incendios forestales, por así decirlo, ocasionadas o provocadas por el hombre y, por otro, el fenómeno de El Niño, que tiene un grado de influencia mucho más amplio que los incendios forestales. Hay que tratar de ambas cosas, ambas cosas son necesarias y yo diría que se trata de dos catástrofes que se complementan entre si pero que no están necesariamente unidas.
Hoy hablamos sobre Brasil e Indonesia. Si incluimos El Niño, mañana vendrán a sumarse muchos más países y pasado mañana quizás nosotros mismos. Esta mañana he recibido de la Embajada peruana algunos datos sobre los daños que El Niño ha provocado allí hasta ahora. Actualmente, hay que lamentar unos 300 muertos, 70.000 personas sin hogar, 15.000 casas y 120 puentes destruidos, la central hidroeléctrica en Machu Pichu ha sido destruida totalmente por avalanchas y se han producido unos 1.200 millones de dólares de daños. Esto corresponde a aproximadamente el 3, 5 % del producto interior bruto de este país.
Si contemplamos las dimensiones de esta catástrofe, que no afecta solamente al Perú sino también al Ecuador, y que puede afectar exactamente igual a Brasil o a Indonesia, para mí es una señal muy clara de que debemos intensificar mucho más nuestra solidaridad internacional, de que debemos hablar mucho más sobre cómo podemos influir para reducir al máximo las repercusiones de este fenómeno del El Niño y, por otro lado, sobre cómo podemos superar las catástrofes mencionadas y ejercer también una cierta presión sobre los correspondientes Gobiernos.
En este contexto, quiero indicar que es muy lamentable que en la cumbre sobre el clima celebrada en Nueva York en 1997, su pleno rechazase el Convenio Internacional para la protección de los bosques, que fue presentado también por la Unión Europea. Ya que hablamos tanto sobre incendios forestales, quiero aprovechar la ocasión para rogar a la Comisión y a las personas competentes que presenten de nuevo en la próxima ocasión este convenio, pues lo necesitamos urgentemente a nivel internacional.

McKenna
Señor Presidente, el 15 de enero, aproximadamente 40.000 indígenas y campesinos perdieron sus poblados, sus provisiones y sus tierras. Una cuarta parte del Estado brasileño de Roraima ya ha sido arrasada por los incendios forestales. Estamos hablando de una extensión equivalente a Bélgica y los Países Bajos juntos.
No obstante, el Gobierno brasileño se ha mostrado más que reacio a ayudar, y aún más reacio a pedir ayuda internacional. La primera vez que solicitó dicha ayuda fue hace dos semanas y, para entonces, la prensa internacional ya había dado la señal de alarma y el Presidente, por fin, se vio obligado a reconocer que se había producido una catástrofe en la región. No es sólo una catástrofe, es además una tragedia ocasionada por el hombre.
El Gobierno no hace nada por frenar los incendios, porque están en juego grandes intereses monetarios. Brasil ha hecho grandes concesiones a compañías mineras internacionales y debido a que la zona es rica en recursos minerales, las reservas indias han sido siempre un obstáculo para los intereses de las compañías mineras. En lo que a ellas respecta, la total destrucción de la zona es una buena noticia, porque es el método más fácil de librarse del problema indígena. Según los científicos, serán necesarios unos cien años o más hasta que la población local vuelva a tener sus bosques y pueda llevar una vida natural y normal. Esto quiere decir que durante aproximadamente cien años no habrá indios que se interpongan a los intereses de la minería. Los indios tienen derecho a utilizar la tierra, pero no tienen ningún derecho sobre lo que hay debajo. En otras palabras, no obtendrán ni un céntimo de la minería. Y lo que es más, ni siquiera la población brasileña se beneficiará de los recursos mineros, que serán sacados del país hacia los países industrializados.
Sinceramente creo que carece de sentido solicitar programas de ayuda para la zona. Lo que debemos preguntarnos realmente es si es aceptable el modelo económico de expoliación de los recursos naturales, sin ninguna consideración por las personas ni la ecología. Lo que aquí está sucediendo es neoliberalismo, que es muy similar al neocolonialismo, y se está haciendo con la ayuda del Gobierno brasileño. Si es éste el resultado de nuestros acuerdos comerciales internacionales, creo sinceramente que debemos comenzar a cambiar esta situación y cambiarla rápidamente.

Newens
Señor Presidente, los destructivos incendios a gran escala ocurridos en Sudamérica y el Sudeste asiático ocasionaron durante el año pasado daños sin precedentes en las selvas tropicales del planeta.
En el Estado de Roraima en Brasil, los informes indican que en tres meses se han destruido 700.000 hectáreas de pastos y bosques y, hasta hace muy poco, uno de los frentes se extendía a lo largo de 400 kilómetros. Misericordiosamente ya han llegado las fuertes lluvias en ayuda de los bomberos de Brasil, Argentina y Venezuela, que han estado intentando parar el avance de esta desastrosa conflagración y muchos de los fuegos han sido extinguidos. No obstante, es vital que se adopte una nueva estrategia si queremos salvar las selvas tropicales.
Amazonia es el hábitat de una variedad increíblemente rica de vida vegetal, especies terrestres y de varios centenares de culturas amerindias. Las selvas tropicales del planeta tienen además una enorme importancia para las condiciones ambientales y climáticas de todo el mundo. Es muy preocupante que no se hayan puesto a disposición más medios y con mayor rapidez para luchar contra los incendios.
Deben hacerse las previsiones necesarias para dar una respuesta mucho más eficaz y rápida en el futuro. La Unión Europea, sus Estados miembros y las Naciones Unidas deben participar. Quizá pueda darse prioridad a este asunto en la denominada reunión del G8 de mayo, que tendrá lugar en Birmingham, en el Reino Unido.
El fenómeno El Niño ha agravado la situación, pero los incendios fueron ocasionados en su mayoría por la práctica agrícola de quemar rastrojos, que luego quedó fuera de control. Lo ocurrido este año podría ser una premonición de incendios aún peores en el futuro. Es vital que se tomen medidas preventivas con antelación. Hacen falta desesperadamente una reforma agraria que proporcione a las personas sin tierra alternativas a la quema de bosques, una legislación eficaz y la provisión de asesoramiento para prevenir incendios por imprudencia. Al igual que en el Sudeste asiático, debe cesar la tala.
Hay que poner fin a la destrucción de los bosques. En 1995, aparte de los incendios, se talaron 29.000 kilómetros cuadrados de bosque, todo un récord. A pesar de que el Gobierno brasileño restringió la tala al 20 % de cualquier posesión, las posesiones de menos de 250 hectáreas quedaron excluidas. Aunque respetamos los derechos soberanos de las personas de los países en vías de desarrollo, la protección de la selva tropical y la prevención de incendios les incumbe aún en mayor medida que al resto del mundo.
Se ha prestado ayuda internacional a través del Banco Mundial, pero las experiencias del pasado año en el Sudeste asiático y en Sudamérica destacan la necesidad de adoptar ahora una nueva estrategia. Espero realmente que la Comisión esté dispuesta a decirnos algo acerca de la contribución que está dispuesta a hacer en el proceso de dilucidar e implementar la nueva estrategia a la que me refería.

Amadeo
Señor Presidente, las catástrofes medioambientales que han afectado a Brasil y el Sudeste asiático son una prueba más, por si no bastara, de que las reglas del mercado no deben y no pueden ser las únicas líneas directrices de las comunidades nacionales e internacionales. Muchas de las catástrofes naturales y de otro tipo, acaecidas en los últimos años, y muchas de las situaciones insostenibles a nivel de contaminación medioambiental en las que se hallan las metrópolis y las megalópolis del mundo entero, se deben precisamente a la falta de un autocontrol de las poco precisas reglas de mercado.
El mercado, por ejemplo, pide que se fabriquen y vendan más y más vehículos, pero al propio mercado no le importa si nuestras ciudades europeas están ya llenas hasta lo inverosímil de dichos vehículos, que nuestros hijos ya no tengan espacios para jugar, que el aire sea irrespirable y que los centros históricos sufran daños irreparables para el patrimonio cultural.
Todo esto sirve de fundamento para afirmar que no son las reglas del mercado, sino la política y, por lo tanto, los intereses de los pueblos y de las comunidades los que deben regular o dirigir los sistemas de vida.
Pasemos ahora al asunto que estamos abordando, o sea, los incendios y la destrucción de los bosques tropicales amazónicos del Sudeste asiático. Es indudable que dichos incendios devastadores son la consecuencia de la avidez mercantil y de una ciega perspectiva de vida. En efecto, ciegos e insensibles se ha de ser para no considerar las nefastas consecuencias para todos y, por lo tanto, también para los propios especuladores, derivadas de dichas catástrofes naturales: las hectáreas y hectáreas de bosques que se incendian, responden al calentamiento de la atmósfera terrestre con la creación de fenómenos como el efecto invernadero y El Niño que provocan inundaciones, huracanes y cambios climáticos asombrosos a escala mundial.
La política, en consecuencia, no muere, no debe morir. Los Estados nacionales o las comunidades supranacionales como la Unión Europea, deben hacer todo lo posible y tienen que ponerse de acuerdo entre sí y encontrar los instrumentos de presión adecuados con objeto de que, en el ámbito de la comunidad internacional, aquellos Estados o aquellos especuladores que no tiene ningún interés por la salud y por el futuro del medio ambiente terrestre, recapaciten.
Si el Mar Negro es, de hecho, uno de los mares más contaminados del mundo y este mismo mar desemboca en el Mediterráneo, los países ribereños no pueden dejar de intervenir a fin de que acabe la contaminación letal. Lo mismo sucede en lo que atañe a los incendios de los bosques tropicales y subtropicales asiáticos.

Dell'Alba
Señor Presidente, voy a saludar la presencia del señor Comisario Pinheiro, así como la decisión de la Comisión que, salomónicamente, habida cuenta de que nos estamos ocupando de Asia y de Sudamérica, pensó en que respondiera el Comisario responsable de África.
Qué duda cabe de que estamos muy preocupados y, a la vez, contentos de que haya sido posible incluir este asunto como prioridad absoluta entre los problemas de urgencia de este período parcial de sesiones. Sabemos perfectamente que, más allá de El Niño, las responsabilidades humanas son muy notables tanto en el continente asiático como por lo que respecta a las autoridades brasileñas que siguen demorando la llegada de esa misión de las Naciones Unidas que tenía que estar operativa desde hace varios días. Señor Comisario Pinheiro, debo decir, no obstante, que estamos muy preocupados por el estado de utilización de la línea presupuestaria de la Unión Europea -que fue exigida por nuestro Parlamento- relativa a los bosques tropicales, línea que, como usted sabe, sufre -al igual que muchas líneas correspondientes a acciones externas- retrasos muy importantes en cuanto a su ejecución. También gracias a esta resolución, lo que pedimos es un esfuerzo más.

Pinheiro
Señor Presidente, la Comisión Europea sigue muy de cerca la evolución de la situación en el Sudeste asiático y, en particular, en Indonesia, desde que se declararon los incendios forestales a gran escala en 1997. Aunque en Sumatra y Java han llegado las lluvias, en el resto del país no llueve y puede que no lo haga hasta mayo de 1998. El 19 de enero se detectó la reaparición de nuevos focos, la mayoría de ellos en las zonas del norte de Kalimantan Oriental, donde no ha llovido desde diciembre de 1997.
Como ustedes saben, los únicos medios de que dispone la Comisión para dar una respuesta a corto plazo es la ayuda humanitaria. Me complace afirmar que mi colega, Emma Bonino, ha destinado a través de ECHO más de 1, 5 millones de ecus para paliar la acuciante necesidad de alimentos y de asistencia sanitaria en Indonesia, en particular, en las regiones más duramente afectadas por los incendios y la sequía. Los fondos han sido canalizados a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y también de Médicins sans frontières de Belgique .
En abril, ECHO llevará a cabo una misión en Indonesia para determinar otras necesidades humanitarias en zonas vulnerables, incluido Kalimantan. La misión permitirá a la Comisión programar su ayuda durante 1998 en las zonas en que las necesidades humanitarias son más urgentes.
Asimismo y en una perspectiva a más largo plazo, en 1997, la Comisión y los Estados miembros establecieron conjuntamente en Yakarta el EUFREG, un grupo de la Unión Europea de lucha contra incendios, compuesto por expertos en incendios forestales procedentes de diferentes proyectos de la Comisión y los Estados miembros en Indonesia. La tarea de este grupo consiste en proporcionar al gobierno información pertinente y asesoramiento en caso necesario para vigilar y evaluar la situación día a día y determinar las posibles necesidades, por ejemplo, en materia de equipos de lucha contra incendios para mejorar la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno.
Al mismo tiempo, la Comisión está trabajando con el equipo de United Nations Disaster Assessement and Coordination (UNDAC) al objeto de evaluar las repercusiones sobre la región a corto y largo plazo de fenómenos como El Niño. Continuaremos financiando el proyecto para la prevención y el control de incendios y el sur de Sumatra que esperamos sea un caso piloto que se extienda a otras regiones.
Con respecto a Brasil, hoy hemos oído que gracias a las lluvias que han caído en estas últimas horas, aproximadamente el 90 % de los incendios están ya prácticamente extinguidos, y eso es una buena noticia. Según hemos podido saber, más de 34.000 kilómetros cuadrados han sido devastados por estos incendios de Roraima. A corto plazo, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea -ECHO- prevé canalizar fondos hacia las comunidades afectadas por los incendios forestales, especialmente las comunidades indígenas. Varias organizaciones no gubernamentales europeas se han mostrado interesadas en trabajar en las zonas afectadas. ECHO está analizando sus solicitudes de financiación y hoy, 2 de abril, se celebra una reunión en la Delegación de la Comisión Europea en Brasilia. En dicha reunión participan, entre otros, Oxfam, el Consejo Indígena de Roraima, y representantes de las embajadas de los Estados miembros para coordinar la ayuda europea.
No obstante, como han mencionado varias Señorías, el problema no es sólo a corto plazo: se trata además de idear perspectivas a largo plazo para una gestión sostenible y una política sostenible de las selvas tropicales. Me alegra poder decir que la Unión Europea ha financiado algunos proyectos en este sentido. Uno conocido como PRODESQ es relativo a la vigilancia de incendios y al control de reforestación, y un segundo conocido como ECOFORCA tiene el objetivo de desarrollar y aplicar tecnologías de vigilancia de bajo coste para la detección de incendios en zonas forestales.
Aparte de estos dos proyectos específicos, existe además otro mayor que se conoce bajo la sigla de PP-G7, que abarca no sólo la promoción y el mantenimiento de la gestión sostenible de los bosques, sino además algunos programas de investigación y casos piloto destinados a algunas de las comunidades.
Creemos que, independientemente de todos estos esfuerzos, la idea de celebrar una conferencia internacional sobre esta problemática sería acogida muy favorablemente, porque las consecuencias de dichos incendios no sólo perjudican a los países en los que se producen, sino a toda la humanidad.
Deseo decir que desde 1992 hasta 1997, se ha destinado un total de 300 millones de ecus bajo el instrumento financiero para las selvas tropicales, que el Parlamento ha garantizado a la Comisión. Lamentablemente y a pesar de este compromiso, sólo se han desembolsado 130 millones de ecus durante dicho período. Por este motivo hemos decidido solicitar una evaluación de todos nuestros proyectos a un experto externo independiente, porque debemos corregir este desfase entre compromisos y desembolsos.
Por último, deseo decir que, aunque no tengamos líneas presupuestarias específicas para catástrofes, la Comisión se toma en serio las resoluciones. Si sus Señorías desean hacer un seguimiento de lo que ha sucedido, hay algo que solía venir después del turno de preguntas y que se denominaba "les suites données» , que es muy aburrido, pero que permite identificar cuál ha sido la continuación de las propuestas presentadas en esta Asamblea. Segundo, es muy difícil identificar previamente las catástrofes que pueden producirse, pero mi colega, Emma Bonino, y ECHO merecen nuestra simpatía, porque siempre han sabido responder con gran rapidez y eficacia al objetivo de mitigar en la medida de lo posible todas las catástrofes que se han producido, al menos desde el lado humanitario.

El Presidente
Muito obrigado, senhor Pinheiro. Le pido que no considere usted mi mala pronunciación del portugués como una agresión a esta hermosa lengua, a la que tanto aprecio tengo.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 16.30 horas.

El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
Detención de Dino Frisullo en Turquía -B4-0409/98 del Sr. Vinci y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Dyarbakir (Turquía); -B4-0411/98 del Sr. Vecchi, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, sobre el arresto y la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Turquía; -B4-0412/98 del Sr. Graziani, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre el respeto de los derechos humanos en Turquía; -B4-0420/98 del Sr. Orlando y otros, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre la detención del ciudadano italiano Dino Frisullo en Dyarbakir (Turquía);
Camerún -B4-0392/98 de los diputados André-Léonard y Fassa, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0401/98 de los diputados Hory y Scarbonchi, en nombre del Grupo de Coalición Radical Europea, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0403/98 de los diputados Pasty y Azzolini, en nombre del Grupo Unión por Europa, sobre la libertad de expresión en Camerún; -B4-0408/98 del Sr. Pettinari, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre los derechos humanos en Camerún; -B4-0417/98 de los diputados Aelvoet y Telkämper, en nombre del Grupo V, sobre la libertad de expresión en Camerún; 
Pena de muerte en los Estados Unidos -B4-0407/98 del Sr. Manisco y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, sobre el caso de Mumia Abu-Jamal en los Estados Unidos; -B4-0423/98 de los diputados Orlando y Roth, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, sobre el caso de Mumia Abu-Jamal en los Estados Unidos.
Detención de Dino Frisullo en Turquía
Vinci
Señor Presidente, creo que todos hemos visto en la televisión en estos días las agresiones de la policía turca contra la población kurda de Diyarbakir que celebraba pacíficamente un festejo. Hemos visto a mujeres mayores kurdas pataleadas y a fotógrafos y periodistas apaleados. En esa ocasión, fueron detenidos tres italianos y uno de ellos, Dino Frisullo, permanece todavía en la cárcel. Ésta es la realidad de los derechos humanos, las libertades democráticas y los derechos del pueblo kurdo en Turquía. Éste es el grado de respeto de los tratados firmados con la Unión Europea por la clase dirigente, política y militar de Turquía.
Hoy, además, hemos sabido que el Gobierno turco responderá a la entrada de Chipre en la Unión Europea con la anexión de la parte norte de la isla ocupada por las tropas turcas. En el pasado y a lo largo de los años, la Unión Europea sostuvo que era preciso animar a Turquía, que se considera laica, intencionada a democratizar el país y que era necesario proteger a Turquía del llamado «peligro fundamentalista». Por estos motivos y pese a todas las reservas, firmamos la Unión Aduanera. Sin embargo, la tragedia de Turquía es precisamente su clase dirigente turca laica. En nombre de la modernización de Turquía, el expansionismo militar y la limpieza étnica dentro del país forman parte del código genético de esa clase dirigente. Esta clase dirigente, política y militar turca entiende sólo el lenguaje de la fuerza.
En conclusión, la Unión Europea debe suspender la Unión Aduanera; los Estados de la Unión Europea deben cesar los suministros de armas a Turquía; los Estados de la Unión Europea, por último, deben requerir formalmente a Turquía a que se abstenga de anexionar el norte de Chipre y de llevar a cabo actos hostiles contra dicho país.

Graziani
Señor Presidente, es realmente penoso tener que constar una vez más que el Gobierno turco no quiere entender por qué no se han puesto en marcha las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, no lo quiere entender hasta el punto de que se ceba sobre una manifestación libre del pueblo kurdo, en la que participaron pacifistas europeos, entre los cuales mi paisano que actualmente es huésped forzoso de las cárceles turcas, no quiere entender que no respetando los derechos humanos, el país no puede integrarse en la Unión Europea.
No se trata, como se ha dicho, de la cuestión del «club cristiano» que rechaza el país islámico; más bien y aquí coincido, en buena medida, con el Sr. Vinci cuando dice que ese algo de totalitario y dictatorial se encuentra en la misma componente laica, tanto es así que la laicidad de ese país está garantizada por las fuerzas armadas, una anormalidad que no creo que exista en ninguna otra parte del mundo.
Por eso, señor Presidente, será preciso, también para los que conmigo apoyaron profundamente convencidos la necesidad de aprobar la Unión Aduanera, reexaminar nuestras posiciones con respecto a Turquía, al menos hasta cuando no se respeten los derechos de los pueblos, en especial los del pueblo kurdo.
Señor Presidente, deseo recordar que los kurdos, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, sobre la base del Tratado de Sèvres, tuvieron el derecho a la independencia en un país que se habría llamado Kurdistán. Posteriormente, dicho Tratado, como muchos otros que se refieren a las minorías como la kurda, se convirtió en papel mojado y del mismo ya no queda rastro en la memoria, en nuestra historia.
Hay que volver a retomar este discurso, hay que decirle al Gobierno turco, así como a los Gobiernos limítrofes que tienen poblaciones kurdas dentro de sus países, que ya es hora de devolver la independencia y la confianza a un pueblo que en este momento no tiene más confianza que la de los que visitan las cárceles turcas, como la colega a quien le otorgamos el Premio Sájarov hace dos años.

Tamino
Señor Presidente, como acaban de manifestar los oradores que han intervenido antes que yo, el 21 de marzo se celebraron las fiestas kurdas para recibir el nuevo año, el Newroz, durante las cuales hubieron manifestaciones en pro de los derechos del pueblo kurdo que contaron con la participación de representantes de organizaciones no gubernamentales, de pacifistas y de diputados de varios países europeos. Tras dichas manifestaciones, se sucedió una acción inaceptable de la policía que cargó y pegó a muchos participantes y arrestó varios de ellos, entre los cuales también al Sr. Dino Frisullo que se halla todavía en la cárcel.
Conociendo personalmente al Sr. Dino Frisullo, puedo garantizar que se trata de una persona que en todo momento ha mostrado intenciones pacíficas e interés por opciones no violentas, orientadas a fomentar el diálogo entre las partes.
El Gobierno turco, sin embargo, en lugar de intentar el diálogo con el pueblo kurdo, ha optado por la represión impidiendo el legítimo ejercicio del derecho de expresión y de manifestación de los ciudadanos kurdos, turcos y de los ciudadanos de varios países europeos.
En este contexto de falta de respeto de los convenios internacionales y de represiones inaceptables de los derechos humanos por parte de un país que, no sólo mantiene relaciones de cooperación con la Comunidad Europea y ha conseguido la Unión Aduanera con la Unión Europea, sino que aspira, desde un cierto punto de vista legítimamente, también a formar parte de la misma, es indispensable que la Unión Europea y en particular el Parlamento Europeo apoyen la acción del Gobierno italiano que ha solicitado con firmeza la inmediata puesta en libertad del Sr. Dino Frisullo.
Creo que debemos hacer entender al Gobierno turco que la opinión pública europea, conjuntamente con la opinión pública italiana, no puede tolerar que un país con el que la Unión mantiene tales relaciones, pueda violar de esta forma los derechos humanos.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, con toda sinceridad, creo que aquí no se está debatiendo tanto el problema del ciudadano italiano, Sr. Dino Frisullo, sino más bien el del Gobierno turco y del papel que Turquía quiere desempeñar en sus relaciones con la Unión Europea. Las cuestiones fundamentales que se plantean son dos: en primer lugar, el respeto de los derechos humanos en Turquía y, en segundo, el apoyo que la Unión Europea siempre ha ofrecido a la cuestión kurda y, más en general, a los derechos de las minorías dondequiera que se encuentren. Turquía, hoy por hoy, se encuentra ante una encrucijada, debe elegir de qué lado inclinarse. Es una encrucijada histórica y cultural en la que muy a menudo se ha encontrado ese importante país. Su Gobierno, no obstante, debe convencerse de que, si quiere mantener relaciones serias con la Unión Europea, el camino que ha tomado no es ciertamente el camino a seguir.
Camerún

André-Léonard
Señor Presidente, Camerún es signatario del Convenio de Lomé, el cual estipula que la ayuda al desarrollo está supeditada al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, por lo tanto, al respeto de la libertad de expresión.
La condena a dos años de prisión del periodista Pius Njawé y la condena a seis meses de prisión del periodista Michel Michaut Moussala son inaceptables en la medida en que la libertad de expresión está normalmente garantizada por la Constitución y las leyes de la República y por la ley que reglamenta la comunicación social.
¿Existen varias interpretaciones de la ley por la justicia camerunesa? Me temo que sí, ya que las violaciones y los ataques a las libertades se multiplican peligrosamente y reflejan el agravamiento de la situación en materia de respeto de los derechos humanos. No existe democracia en un Estado que practica la censura contra los medios de comunicación. El hecho de querer amordazar la prensa e impedir que difunda la información constituye un grave ataque a las libertades fundamentales.
Por lo tanto, recurro a las autoridades camerunesas para que cesen estas prácticas, para que los periodistas sean liberados y para que el derecho vuelva a ocupar su lugar en un Estado que se respete.

Scarbonchi
Señor Presidente, señor Comisario, Pius Njawé, director del grupo de prensa privado Le Messager , detenido desde el 26 de diciembre de 1997, acaba de sufrir una dura condena a dos años de prisión firme. Su delito es haber permitido que su diario publicara un artículo intitulado: "¿Biya está enfermo?», donde se hacía referencia a una crisis cardíaca del Presidente de la República camerunesa.
Otro periodista, Michel Michaut Moussala, ha sido condenado a seis meses de prisión firme. Varias veces encarcelado, Pius Njawé, considerado como el padre de la libertad de prensa en el continente africano, paga una vez más su tributo al necesario combate por la libertad de los medios de comunicación en países en los que aún subsiste la tradición del partido único y que no toleran ningún contrapoder.
La libertad de expresión es sagrada. Constituye uno de los pilares del proceso democrático, que la Unión Europea fomenta y acompaña. Por consiguiente, pedimos la liberación inmediata de ambos periodistas, el respeto de los derechos del hombre y de las libertades, y de libertad de expresión en particular, que es fundamental.

von Habsburg
Señor Presidente, quien conozca el Camerún -y yo conozco el Camerún-, seguro que tiene mucha simpatía por ese país, cuya población es especialmente amable y avispada y además, si se compara de modo general con sus vecinos, es un país relativamente bien gobernado. Es, por ello, aún más lamentable que allí ocurran cosas que están en absoluta contradicción con nuestros principios.
Pero quiero llamar aquí la atención sobre algo: tenemos un Convenio de Lomé con esos Estados cuyo artículo 5 no deja ninguna duda. Pero ¿qué ocurre con el artículo? Tengo que decirles sinceramente que cada vez tengo más la sensación de que este artículo solamente existe en el papel y que no se cumple. Si no extraemos las consecuencias de lo que exigimos, no nos debemos extrañar si los Gobiernos y la población vuelven de nuevo a una tradición que no es aún tan antigua. Las personas que allí viven han conocido una situación muy diferente. Si no insistimos en que se cumplan nuestras normas, no deberemos sorprendernos. Deberíamos hacer una especie de examen de conciencia: ¿somos creíbles con estos puntos que defendemos?, ¿somos creíbles con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos?, ¿somos realmente creíbles y utilizamos las grandes posibilidades de que disponemos para lograr lo que siempre anunciamos en voz alta no sólo moralmente sino también en el terreno económico y social?
Creo que deberíamos utilizar precisamente el caso de un país tan simpático como el Camerún, pero no para criticar al Camerún sino a nosotros mismos, para que gocemos por fin de credibilidad.

Fassa
Señor Presidente, Señorías, el tema de Camerún plantea un problema de carácter más general, esto es, el de la libertad de expresión e ideológica y, en particular, de la libertad de prensa en algunos países en desarrollo, debo decir especialmente en algunos países africanos.
A lo largo de mi experiencia de diputado europeo no es la primera vez que me encuentro ante una cuestión de este tipo. Un periodista fue procesado y condenado por el hecho de haber transmitido, difundido noticias falsas y tendenciosas. Ésta no es la forma correcta de interpretar la libertad de prensa, ya que no puede censurarse la falsedad o la no falsedad de la noticia para imponer unas sanciones que sobrepasan lo que la conciencia de cualquier pueblo civilizado puede soportar. Éste es nuestro problema.

Vanhecke
Señor Presidente, desde luego que he leído con mucho interés el presente compromiso de resolución sobre la libertad de expresión en Camerún y, desde luego, puedo, digo yo, estar de acuerdo con las recomendaciones sobre esta cuestión; especialmente con la posición claramente prominente que ocupa la libertad de expresión en el conjunto de derechos fundamentales de cada persona. Sin embargo, permítaseme señalar en este Parlamento que la libertad de expresión, lamentablemente, seguro que no sólo está en entredicho en Camerún, y que, por ejemplo, el propio Parlamento, en resoluciones anteriores, ha querido limitar la libertad de expresión, especialmente, en sus hasta más no poder tradicionales resoluciones que, bajo el lema de la lucha contra el racismo y la xenofobia, en el fondo abogan por leyes que amordazan a las personas que no consideran irreflexivamente que la llamada sociedad multicultural sea un ideal que deba perseguirse.
No obstante, constato que en nuestro propio continente, por ejemplo en Francia, como consecuencia de la ley comunista Gayssot, todavía muy recientemente, se ordenaron penas severas especiales e incluso hasta sanciones millonarias por la simple manifestación de una opinión.
Hace un instante, hace sólo unos minuto, nuestro colega Jean-Marie Le Pen ha sido condenado por una simple trifulca electoral a dos años de pérdida de todos sus derechos políticos y, por tanto, también de su mandato en este Parlamento. Me pregunto qué dicen en Camerún sobre este tipo de cuestiones y si su parlamento votará ahora una resolución sobre la libertad política en Francia.
Así mismo constato -un ejemplo entre tantos- que en mi propio país el ministro de Justicia ha puesto en marcha una reforma del derecho penal conforme a la cual los delitos de prensa, y sobre ello hablamos hoy, ya no serán analizados por un jurado popular, sino por un consejo de jueces políticamente designados y que, además, el ministro de Justicia dice explícitamente que su objetivo es parar los pies a la libertad de expresión de un partido de la oposición, mi partido.
Cuando hoy, por tanto, condenamos la disminución de la libertad de expresión en Camerún, debemos saber que uno no puede preocuparse sólo un poco y que no puede abogar únicamente por la libertad de expresión en Camerún, sino que también debe hacerlo en su propio país y en su propio continente.

Posselt
Señor Presidente, por supuesto que me pronuncio con toda decisión en favor de la liberación de los Sres. Hjawé y Moussala. También creo que deberíamos ejercer una mayor presión sobre la cuestión de la libertad de prensa precisamente en los Estados signatarios del Convenio de Lomé, que están especialmente vinculados con nosotros.
No obstante, creo que debemos ver el problema en un contexto más amplio. Estoy muy satisfecho de que en la resolución se acentúe tanto el artículo 5 del Convenio de Lomé. Creo que en la mayoría de los Estados signatarios del Convenio de Lomé la libertad de prensa está en peligro de vez en cuando y que es cierto que el Camerún es el tuerto entre unos cuantos ciegos. Si se echa un vistazo por la región y se contempla, por ejemplo, a Nigeria o el Congo, se pueden ver unas circunstancias muy diferentes. Por ello, creo que el Camerún es uno de los países que goza de una relativa estabilidad, también en lo que se refiere al respeto de unas normas compatibles con un Estado de derecho. Sin embargo, no se puede naturalmente disculpar estos hechos. Deberíamos extraer de ellos consecuencias para toda nuestra política.
Como hoy está presente el Sr. Pinheiro, con diferencia uno de nuestros mejores Comisarios, quiero aprovechar la ocasión para apelar a la Comisión y a los Estados miembros para que dediquen más que hasta ahora nuestra ayuda al desarrollo a fomentar programas en el campo de la formación inicial y continuada que cimienten el Estado de derecho. Es necesario formar jóvenes capas políticas dirigentes, funcionarios y jueces así como todos aquellos que tienen que ver con los medios, entre los que, naturalmente, se incluyen los periodistas, pues de todas partes amenazan peligros para la libertad de opinión. Creo que tenemos una gran tarea en el campo de la formación inicial y continuada para formar a jóvenes capas dirigentes que rompan con el círculo vicioso y logren que en la mayoría de los Estados signatarios del Convenio de Lomé se siga una política que haga honor a su artículo 5. Tenemos aquí una gran tarea a la que, por fin, nos debemos enfrentar.

Wolf
Señor Presidente, creo que el Sr. Posselt tiene tanto razón como falta de razón. Realmente nos encontramos ante una gran tarea, pero no como los grandes maestros del planeta sino como personas solidarias que no tienen que enseñar a los africanos cómo funciona. Pues si examinamos la historia del siglo XX en Europa o la historia del comportamiento de Europa en África durante los últimos 300 años, se ve claramente que no estamos en situación de dar lecciones a nadie. Tenemos una tarea común de solidaridad desde abajo. Por ello, sobre todo se debería buscar la cooperación con organizaciones no gubernamentales y Gobiernos elegidos democráticamente. Juntos con ellos debemos encontrar formas y desarrollar iniciativas que no hagan parecer que el invocar los derechos humanos y cívicos en África no sea más que una frase vacía de contenido.
Pena de muerte en los Estados Unidos

Manisco
Señor Presidente, Señorías, si es cierto que el silencio mata, lo que es menos cierto es que las palabras, los llamamientos, a veces incluso angustiosos de este Parlamento bastan para salvar la vida de un hombre: un hombre justo, un hombre inocente, un verdadero defensor de la libertad y de la igualdad racial como el Sr. Mumia Abu-Jamal que desde hace años espera en el corredor de la muerte de la cárcel de Greene en el estado de Pensilvania.
Sucedió una vez, hace menos de dos años, cuando la protesta, no sólo de este Pleno, sino de casi todos los jefes de Gobierno y de Estado occidentales, surtió el efecto deseado: aplazar, pero sólo aplazar, su ejecución. El 1 de octubre del año pasado, los abogados de Mumia presentaron un recurso de revisión del proceso ante el Tribunal Supremo del Estado soberano de Pensilvania. Han transcurrido cinco meses y el Tribunal todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque existen fundadas razones para creer en lo peor, porque la táctica del aplazamiento, bajo el manto de una disimulada, silenciosa indiferencia hacia el caso, podría resultar letal para el Sr. Mumia Abu-Jamal.
Es por eso que el Parlamento Europeo debe romper de nuevo esta cortina de silencio, alzar su voz y conseguir que no se trate sólo de un flatus vocis , de un cumplimiento formal en el marco del business as usual, de un llamamiento al buen corazón de las autoridades de un estado que desde el año 1982, desde el bombardeo aéreo con artefactos incendiarios de un barrio de Filadelfia, sede del movimiento negro Move, se ha mostrado despiadado hacia quien, como el Sr. Mumia, lucha por la emancipación y la igualdad de los afroamericanos. Por eso, es sumamente oportuno que nuestra resolución en favor del Sr. Abu-Jamal y contra la pena de muerte en los Estados Unidos, se incluya, se convierta en más contundente y operativa con la enmienda que invita a los empresarios europeos a trasladar sus inversiones en los Estados Unidos a los estados donde todavía no ha entrado en vigor la pena de muerte.
El tiempo aprieta y no sólo para Abu-Jamal, sino para los más de 3.000 condenados a muerte en la gran República de las estrellas. En junio, cuando nuestra delegación parlamentaria va a encontrarse con los congresistas americanos en Houston en Tejas, cerca de Huntsville, llamada la capital de las ejecuciones USA, otros 28, quizás 35 seres humanos, entre los cuales se encuentra otra mujer, habrán subido al patíbulo y no podrán seguir el éxito, por otra parte, descontado, de esos intercambios interparlamentarios a través del Atlántico.

Tamino
Señor Presidente, tras la amarga y lúcida intervención del Sr. Manisco, no me queda más que decir que coincido con lo que ha manifestado. Deseo sólo añadir algunas consideraciones. Ante todo, quiero mencionar la firme oposición del Parlamento Europeo a la aplicación de la pena de muerte, repetidamente expresada en anteriores resoluciones, incluidas las relacionadas con el caso de Mumia Abu-Jamal. En este momento, debemos recordar que, mientras estamos debatiendo estos asuntos, otras personas están en el corredor de la muerte y algunas de ellas acaban de ser ejecutadas en base a la lógica de la pena de muerte como, por ejemplo, en el reciente caso de una mujer americana. A esto debemos añadir el terrible deterioro de las condiciones de vida de los detenidos, especialmente, como pudimos constatar, en la prisión de Greene en Pensilvania.
Por ello, consideramos oportuno que la Unión Europea y, en particular, el Parlamento Europeo, no sólo reafirmen su tajante «no» a la pena de muerte y pidan la suspensión de la pena para el Sr. Mumia Abu-Jamal, sino que exijan también la revisión del proceso que sabemos perfectamente que fue declarado nulo.
Además de esto sólo quiero señalar que hemos presentado una enmienda con objeto de invitar a todas las sociedades europeas que tienen intención de invertir en los Estados Unidos a que privilegien esos Estados donde no se aplica la pena capital.

Lenz
Señor Presidente, ya se han dicho algunas cosas. Nos encontramos de nuevo ante un caso de pena de muerte. En esta ocasión se trata del caso Abu-Jamal y del Estado de Florida. Lo que sobre todo nos mueve como europeos y Parlamento Europeo en estas cuestiones es el hecho de que, en primer lugar, aún exista la pena de muerte en los Estados Unidos y, en segundo lugar, las circunstancias bajo las que se ejecutan.
Cada caso que se enjuicia o condena de este modo tiene su propia tragedia y también su propio dramatismo. Hace poco, con motivo de la Comisión sobre los Derechos Humanos de la ONU, tuvimos ocasión de hablar con un abogado tejano que está en contra de la pena de muerte. Nos llamó en especial la atención sobre un factor que creo no conocemos. En primer lugar, las personas de los Estados Unidos apenas saben porqué y cómo se pronuncian las penas de muerte. No se enteran ni tampoco les interesa de modo especial. La mayoría de las veces solamente se enteran de los casos muy dramáticos. A ello viene a añadirse que la forma en que se pronuncian las sentencias son totalmente diferentes de Estado a Estado.
Solamente hace falta dar un paso al otro lado de la frontera de un Estado para que por el mismo hecho no se le condene a uno a muerte. Esta diferencia de punibilidad es algo que también nos preocupa, muy en especial cuando se trata de la última pena, la pena de muerte.
No existe una jurisprudencia unitaria en este campo. El mismo hecho es castigado de modo diferente. A veces se trata de un asesino en masa y otras de un asesino que comete su primer crimen. Asesinato es asesinato. En cualquier caso es algo terrible. Creo que deberíamos decir claramente a los norteamericanos porqué nos preocupa tanto la pena de muerte en los Estados Unidos.

Pradier
Señor Presidente, un gran país, una gran nación, un gran pueblo, los norteamericanos, a los que todos los ciudadanos europeos les están agradecidos, que enviaron a sus jóvenes para liberarnos del nazismo, muchos de los cuales cayeron en las playas de Normandía y hasta más allá del Rin, ese gran país que defiende con ardor los derechos humanos, el derecho de pensar, de expresarse, de asociarse, de publicar, acepta que el derecho más elemental, el derecho a la vida, sea atacado por el propio Estado.
Esta concesión a la violencia, que se traduce por la ejecución de un inocente doce años después de haber sufrido una condena altamente cuestionable, que también se traduce por poner armas de fuego en las manos más ineptas y a disposición de las mentalidades más frágiles, lo que provoca la muerte de decenas de inocentes, esta concesión colectiva a la violencia debe ser señalada con el dedo. Es un llamamiento que lanzamos los europeos, en esta Asamblea, a los ciudadanos de Pensilvania: pónganse de pie, hagan que cese esta violencia que el Estado protege, exijan que cese la ejecución de personas y hoy en particular la de Munia Abu-Jamal.

Pinheiro
Señor Presidente, espero que mi castellano tampoco lo considere como una agresión.
Señor Presidente, con respecto a la cuestión de la detención del Sr. Frisullo, permítame recordar que el pasado 4 de marzo la Comisión aprobó su informe anual sobre la evolución de las relaciones con Turquía desde la entrada en vigor de la unión aduanera. En el mismo, la Comisión constata que la situación de los derechos humanos y el proceso de democratización no han registrado avances sustanciales durante el año transcurrido. Por consiguiente, en su comunicación sobre una estrategia europea para Turquía, aprobada el mismo día, la Comisión confirmó su intención de continuar su ayuda financiera a las ONGs turcas que trabajan en favor de la mejora de la situación de los derechos humanos en Turquía. La Comisión desea igualmente cooperar con las autoridades turcas, sobre todo en la formación de las fuerzas policiales.
A pesar de la reciente decisión de Ankara de suspender todo diálogo político con la Unión Europea tras las conclusiones del Consejo Europeo de Luxemburgo, la Comisión espera seguir comunicando a sus interlocutores turcos las preocupaciones de la Unión sobre las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el respeto del principio democrático. Dentro de este espíritu, la Comisión no dudará en plantear el caso del Sr. Frisullo frente a las autoridades turcas y en pedir una información más amplia y explicaciones al respecto.
En cuanto a la libertad de expresión en Camerún y el caso de los dos periodistas, debo decir que comparto las preocupaciones de ustedes sobre su reciente condena. La misma hace pesar una grave amenaza sobre la libertad de expresión de los periodistas, una libertad que constituye, como todos sabemos, uno de los factores esenciales de una auténtica democracia y que, además, está establecida por las disposiciones del artículo 100 del Convenio de Lomé.
En efecto, estos últimos tiempos se advierte en Camerún, como desgraciadamente en otros países africanos, una tendencia del poder constituido a limitar la libertad de expresión, con la ayuda de un sistema judicial que carece de autonomía con respecto al ejecutivo.
A pesar de todo, conservo la esperanza de que la audiencia, que precisamente examina hoy el recurso interpuesto por el Sr. Njawé, no confirme esta tendencia. Pero deseo que sepáis que la Comisión, a través de la DG VIII, ya había comunicado a las autoridades camerunesas sus preocupaciones al respecto. Puedo asegurarles que la Comisión continuará velando por el respeto del artículo 100 del Convenio de Lomé y que seguirá atentamente la evolución de la situación de los derechos humanos en Camerún y en particular de los dos periodistas de que se trata.
Para terminar, señor Presidente, el problema de la pena de muerte vuelve a plantearse una vez más en este Parlamento. La posición de la Comisión es conocida porque a menudo la hemos repetido. Desearía decir solamente que, con respecto a los Estados Unidos, nosotros consideramos que es absolutamente necesario que se respeten todas las garantías consagradas por el International Pact on Civil and Political Rights y otros instrumentos pertinentes. La Comisión piensa que el sistema judicial norteamericano procurará que dicho instrumento sea respetado. Pero es de lamentar que un país civilizado como los Estados Unidos, uno de los principales poderes del mundo, continúe practicando una barbarie como la pena de muerte.
(Aplausos)
El Presidente
Muito obrigado, senhor Pinheiro.
Señorías, como decía la Sra. André-Léonard, nuestros debates se han sucedido con celeridad, pero sin que ello haya disminuido ni su calidad ni la importancia de los temas tratados, pero hemos llegado al final de nuestros debates. Por lo tanto, les propongo que interrumpamos la sesión hasta las 16.30 horas.
Tiene la palabra el Sr. Posselt para una cuestión de orden por el tiempo máximo de un minuto.

Posselt
Señor Presidente, quiero hablar sobre uno de mis temas preferidos, es decir, sobre la Conferencia de Presidentes. Como usted es uno de los pocos Presidentes en ejercicio que informa de lo que se dice aquí en el Pleno, quiero indicar que es algo extraño que la Conferencia de Presidentes halla rechazado poner en el orden del día un tema tan importante como Kosovo con la justificación de que falta tiempo.
Lamentablemente, no se pudo ganar para este tema a la mayoría de la Asamblea. La consecuencia ha sido que hoy hemos tratado tres temas, que tenemos una interrupción de la sesión de veinte minutos y que no se ha tratado sobre un foco actual de crisis en plena Europa. Creo que deberíamos tratar de la configuración de nuestro orden del día de un modo mucho más competente y objetivo a como actualmente lo hace la Conferencia de Presidentes y ruego que se vuelva de nuevo al debate de urgencia para que se disponga también de tiempo para los temas necesarios.

El Presidente
Muchas gracias, señor Posselt. No hay duda de que eso va a constar en Acta y que los presidentes de los Grupos que componen la Conferencia de Presidentes van a leer y a tomar buena nota de su intervención. Yo soy vicepresidente y miembro de la Mesa, pero no miembro de la Conferencia de Presidentes. En todo caso, en mi responsabilidad actual, recojo sus palabras como es ya costumbre y las trasladaré a quien corresponde.
(Se interrumpe la sesión hasta las 16.30 h.)

Provan
Señor Presidente, si recorre el hemiciclo con su mirada, notará la ausencia de un gran número de mis colegas que no pueden estar presentes esta tarde, debido a los horarios de vuelo que dificultan el regreso a Londres y al Reino Unido en general desde Estrasburgo. Mi colegas presentan sus disculpas, pero creo que es muy difícil para cualquier miembro de esta Asamblea cumplir con su deber si no puede venir y volver, como expuso la Sra. Green cuando intentaba llegar aquí a comienzos de semana. Los problemas para volver a Londres desde Estrasburgo son igual de graves y ha habido colegas que han tenido que salir de aquí a las 12.00 horas de hoy para poder estar allí mañana por la mañana. Es una situación ridícula y espero que la Mesa del Parlamento la examine, porque se han tomado disposiciones relativas a los diputados y a su participación en las votaciones, que ahora se están viendo interrumpidas por los horarios de los vuelos a los que tienen que ajustarse para venir a Estrasburgo y volver a Londres.

El Presidente
Señor Provan, su observación contiene dos partes. En cuanto a la primera, continuaremos presionando a las compañías aéreas y a los gobiernos correspondientes al objeto de que mejore el servicio. Y respecto a la segunda, esta situación será tenida en cuenta cuando revisemos el funcionamiento del sistema de votación nominal, lo que haremos en breve.

El Presidente
Se procede a la votación sobre los problemas de actualidad y urgencia.

Votaciones (continuación)
El Presidente
La ponente propone sustituir, en todo el texto de la versión francesa, el término "contrôle démocratique» por "responsabilité démocratique».
¿Hay alguna objeción?
(El Parlamento aprueba la enmienda oral)
Antes de la votación del apartado 5

El Presidente
La ponente, que lamentablemente no puede estar presente esta tarde, me ha pedido que proponga una enmienda oral. Donde ahora dice "to hold the ECB to account», la ponente solicita que sea sustituido por "for the ECB to be answerable to».
(El Presidente constata que hay más de 12 diputados que se oponen a la votación de esta enmienda oral)

von Wogau
Señor Presidente, quiero disculparme porque quería preguntar a la ponente, que lamentablemente no está presente, si puede repetir la pregunta. Se trata del artículo 5. Me encuentro en una situación difícil. Soy Presidente de la comisión y me habría gustado oír lo que la ponente dice al respecto. Pero me he enterado de lo que se ha acordado, una enmienda oral de mi colega la Sra. Randzio-Plath, quien quería exponerla aquí, pero que no conozco. Bajo estas condiciones, recomendaría una votación por separado y dar nuestra aprobación a la primera parte hasta "tiene que establecerse». La segunda parte "de modo que el Parlamento Europeo, como único órgano elegido directamente, representa a este nivel una institución especialmente adecuada frente a la que es responsable el BCE» no la aprobaría en la forma actual sino sólo en la que la colega Randzio-Plath quería exponer. Este era el problema.

Green
Señor Presidente, creo que es importante decir por qué la Sra. Randzio-Plath no se encuentra presente, habida cuenta de que su ausencia podría despertar alguna oposición. Como sabrán, se sentía muy afligida a la hora del almuerzo por el hecho de que no se hubiera votado su informe, debido a que su marido se encuentra enfermo y ella tenía que volver a casa. Creo que es algo que todos podemos entender y quisiera pedir a los colegas aquí presentes, que saben que es una mujer muy trabajadora, que por favor comprendan su decisión. Esta mañana intentó que se votara el informe, como ustedes saben, pero muchos de nuestros colegas abandonaron el hemiciclo y no se quedaron a la votación. Es lamentable, se sentía muy afligida, y quisiera pedirles a todos que, por favor, muestren comprensión al menos en este aspecto.

Samland
Señor Presidente, la Sra. Randzio-Plath les ha comunicado la enmienda oral que el Sr. von Wogau no conoce. En esta Asamblea ha habido colegas -lamentablemente, también de su propio grupo político, señor von Wogau- que se han levantado cuando el Presidente preguntó si se autorizaba la enmienda oral. Como la cifra era lo correspondientemente numerosa, el resultado ha sido que se rechazase la enmienda oral. Este es el problema ante el que nos encontramos. De lo contrario, no habría surgido ninguna duda. La Sra. Randzio-Plath ha depositado ex profeso la enmienda oral con anterioridad ante el Presidente porque no podía estar hoy presente. Por ello, ruego que se vote en la forma actual. Pues nosotros no lo hemos impedido sino los colegas que se han levantado. Así veremos quién tiene una mayoría.

El Presidente
Intentemos mantener la calma en este asunto. Varios diputados han pedido la palabra por cuestiones de orden.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, es lamentable que no haya sido posible votar sobre la enmienda oral acordada. Son responsables aquellos que en todo el proceso han estado jugando a las adivinanzas y ahora lo siguen haciendo. Ahora deberíamos votar sobre el texto originario.

Herman
Señor Presidente, el problema se ha creado únicamente por la ausencia de la Sra. Randzio-Plath, ya que se trata de un compromiso que habíamos alcanzado tras un acuerdo en el seno de la comisión, votado globalmente. Este acuerdo era perfecto, pero no se había encontrado el término para traducir el texto sobre el que nos habíamos puesto de acuerdo: "to hold to account» , término que algunos consideraban demasiado agresivo con respecto al Banco. Se propusieron dos o tres términos, pero nuestros colegas ingleses consideraron que no eran apropiados, sin que se pudiera encontrar hasta esta misma mañana el término apropiado, que hemos hallado la Sra. Randzio-Plath y yo.
(Reacciones diversas) Es lamentable que, para impedir un acuerdo, doce personas se hayan levantado.
Dicho esto, señor Presidente, para salir de este callejón sin salida, podemos votar en primer término la propuesta del Sr. von Wogau, luego la Asamblea votará el resto. La diferencia es prácticamente nula. Es una cuestión de matices. La gente se ha puesto tan histérica con respecto a estos matices que han hecho de ello un drama inexistente.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, para que conste en Acta quería decir que la propuesta del Sr. von Wogau y del Sr. Herman debe seguirse, que, naturalmente, compartimos todo el dolor con la Sra. Randzio-Plath y que, a fin de cuentas, nadie de nuestro grupo ha intervenido en el boicot de esta propuesta, la cual, usted, además, no ha leído en voz alta.

El Presidente
He entendido mal su última observación. He leído la propuesta en voz alta y con toda claridad.

Friedrich
Señor Presidente, muchas personas en esta Asamblea saben que precisamente en este informe casi todas las palabras son decisivas. Teníamos una formulación de la que podíamos suponer que una amplia mayoría la iba a aceptar. Pero una parte de nuestros colegas no sabía que en este caso, por los motivos que ha expuesto Fernand Herman, se ha llegado a una situación tal que no se puede solucionar ahora realmente con la interpretación usual de los Estatutos. Si adoptamos ahora una resolución que no tenga en cuenta esta enmienda oral, haremos algo que no quería la mayoría de esta Asamblea.
Propongo dos vías de solución que creo son correctas para salir de este atolladero. Si usted, señor Presidente, plantea de nuevo la pregunta de si se desea autorizar la enmienda oral, ahora que los colegas saben de qué se trata, podríamos apelar a los que antes se han levantado con buenas razones y lograr quizás que permanezcan sentados. Si tuviésemos la posibilidad de votar sobre la enmienda oral, tendríamos el resultado que la gran mayoría de la Asamblea quiere y la mayoría sería correcta. Si esto no fuese posible, deberíamos volver a lo que Karl von Wogau ha propuesto. No obstante, creo que la primera vía sería más correcta.

von Wogau
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que en la comisión nos hemos esforzado mucho conjuntamente -reconozco expresamente los grandes esfuerzos de la colega Randzio-Plath- para llegar a un acuerdo. En la comisión llegamos prácticamente a un acuerdo en todos los puntos, tal como ha expuesto el colega Herman. Fue aprobado por casi todos los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. Solamente quedó abierto el punto 5 en el que la expresión "es responsable» les pareció muy fuerte a muchos miembros de mi grupo político. Luego se dijo que íbamos a encontrar un acuerdo al respecto. Tengo que decir que yo mismo no he participado ya en este debate sino que lo ha hecho el colega Herman. Dice que ha encontrado ahora esta palabra y que es la palabra correcta. Sin embargo, tengo la sensación de que no todos en esta Asamblea han entendido cuál es esta palabra correcta.
Tengo que decir que tampoco la tengo por escrito. Por ello, aunque esté un poco al filo del procedimiento, propongo que roguemos de nuevo al colega Herman que nos diga de modo totalmente claro cuál es el objeto de la enmienda oral, tal como ha propuesto el colega Ingo Friedrich. Propongo que nos pongamos de acuerdo de algún modo. Creo que es de sentido común proceder así.

El Presidente
Es evidente que si la enmienda oral se sometiera a votación, se aprobaría. No hay ninguna duda al respecto. Pero existe un Reglamento que protege a las minorías de esta Asamblea, y ésa es la finalidad de que 12 diputados puedan ponerse en pie y rechazar una enmienda oral. Ninguno de los Grupos que votaron en contra de la enmienda oral se ha opuesto o ha dicho que haya entendido mal. Ahora hay una persona de cada uno de estos dos Grupos que piden la palabra. Oiré qué tienen que decir, antes de tomar una decisión.

Giansily
Señor Presidente, soy uno de los doce colegas que se han levantado hace un momento. Desearía manifestar lo siguiente. La Sra. Randzio-Plath está ausente, pero el coordinador de nuestro Grupo también está ausente. Él es quien nos hubiese informado. Yo conocía la existencia de este debate en el seno de la Comisión de Asuntos Económicos y sabía que había un intento de conciliación. Me parece bien que haya habido un acuerdo entre la Sra. Randzio-Plath y el Sr. Herman. Pero nuestro Grupo no ha sido informado del acuerdo, ni tampoco los demás grupos. Y desearía recordar en este caso que en el Parlamento no hay sólo dos grupos, sino muchos.
Si hubiese estado bien informado habría votado la enmienda oral de la Sra. Randzio-Plath, pero creo que, por razones de principios, los dos grandes grupos no deberían ignorar a los demás grupos que existen en el seno de este Parlamento.
(Aplausos)
Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, usted es el encargado de presidir nuestros debates, y desearía que lo hiciera aplicando nuestro Reglamento.
No es normal haber preguntado si doce colegas se oponían a la enmienda, cuando la primera vez éramos más de doce, de conformidad con el artículo 150. Tampoco es normal que se permita ejercer presiones sobre los diputados. En función del artículo 2, nosotros ejercemos un mandato sin estar sujetos a instrucciones de nadie, y quienes se han levantado lo han hecho libremente, en conciencia, de conformidad con el Reglamento.
Hace alrededor de cinco minutos que tratamos una cuestión que ya ha sido aprobada. Debemos continuar, pero de conformidad con el Reglamento. Para poder celebrar una votación por partes, la solicitud debe presentarse al menos una hora antes del inicio de la sesión.
Por lo tanto, prosigamos con nuestros trabajos, conforme a la lista de votaciones que tenemos delante. Es así como se respeta el Reglamento.

Harrison
Señor Presidente, me pregunto si podemos hacer un grano de arena de esta montaña en particular. Usted ha actuado correctamente de acuerdo con el Reglamento. Se han puesto de pie doce diputados; lamento que se hayan puesto de pie, pero lo han hecho. Volvamos, no obstante, al texto original que muchas personas, con mucha buena voluntad, han intentado modificar, porque han percibido un matiz demasiado fuerte en algunos términos del texto original. Mi opinión personal es que se trata de una diferencia muy sutil y, en realidad, decir que queremos que el Banco Central Europeo rinda cuentas de su gestión es, en términos generales, aceptable para la mayoría de las personas de esta Asamblea. Le aconsejaría que prosiga con la votación. Si desea realizar una votación por separado, de acuerdo, pero mi consejo a la Asamblea es que votemos ambas partes y que votemos a favor.

El Presidente
Señor Harrison, eso es exactamente lo que me propongo hacer.
Después de la votación sobre el apartado 5

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, me opongo formalmente al procedimiento seguido.
El artículo 116 autoriza al Presidente a fijar un plazo distinto, pero no autoriza en el último momento a aceptar una votación por partes que no ha sido solicitada en el plazo previsto.
Dicho plazo está fijado, para el conjunto de los grupos y de los diputados, a las 21.00 horas del día anterior. Si el plazo no se modificó antes de la sesión, usted no puede autorizar una solicitud de votación por partes.
Si lo prefiere, le voy a leer el artículo 116...

El Presidente
Señor Fabre-Aubrespy, no sé si usted estaba presente a las 12.00 horas y no sé si estaba despierto entonces, pero hace sólo cuatro horas hicimos precisamente esto. No es ningún precedente. Es algo que hacemos regularmente en esta Asamblea.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Berthu
Señor Presidente, durante todo el transcurso de la Conferencia Intergubernamental que preparó el Tratado de Amsterdam los negociadores aplicaron rigurosamente una consigna: ¡no se habla de la moneda única, no se debe volver a abrir la caja de Pandora!
El resultado es que hoy, a un mes de la elección de los países participantes, a nueve meses de la fecha teórica del lanzamiento del euro, algunos se dan cuenta con pavor de que el Tratado de Maastricht ha despojado de su poder a las democracias nacionales, sin crear un control equivalente a otro nivel, y que nadie controlará la Unión Monetaria. Uno se pregunta si no se convertirá en un monstruo que devorará a todos.
Entonces, el Parlamento Europeo, para hacer creer que intenta reaccionar -cuando éste es el responsable de la situación-, toma la iniciativa de aprobar un informe sobre el control democrático en la tercera fase de la UEM. Pero se trata de una operación meramente cosmética, por tres razones.
En primer lugar, es evidente que el Parlamento Europeo no puede corregir el Tratado. Por lo tanto, trabaja al margen, como hoy, para mejorar la presentación de los informes del BCE o el procedimiento de designación de sus dirigentes. Estas propuestas - admitiendo incluso que las demás instituciones las acepten- no cambian fundamentalmente el sistema.
En segundo lugar, para que el BCE trabaje en un entorno democrático, como ocurre con los Bancos Centrales nacionales, aun cuando se consideran independientes, sería necesario que existiera un Estado europeo, condición que no se cumple ni podrá cumplirse, humanamente hablando.
Finalmente, la situación actual resulta de la voluntad plenamente consciente de los redactores del Tratado de Maastricht. Como no existía, ni existe aún, una democracia europea, se había optado por hacer creer que la moneda única podría ser una cuestión puramente técnica, capaz de gestionarse sin ninguna interconexión con la política. Todavía hoy los dirigentes alemanes se aferran a esta ficción, para que su pueblo no pierda la ilusión, mientras se toman las decisiones definitivas.
Por eso es por lo que el informe Herman, que había cometido el error de plantear la cuestión del control democrático con demasiada claridad, fue repentinamente retirado del orden del día del presente período parcial de sesiones. Por lo tanto, los pueblos deberán esperar estar inmersos en la unificación monetaria para descubrir, por fin, la verdadera naturaleza de este sistema.

Mann, Thomas
Señor Presidente, he votado a favor del informe sobre el Banco Central Europeo, si bien tras unas considerables correcciones en nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. Ha fracasado el intento de imponer modificaciones en el Tratado en lo tocante al nombramiento del Comité Ejecutivo del BCE por parte del Parlamento Europeo. No se va a producir con razón ningún voto de desconfianza contra el Presidente del BCE ni el órgano de control "comisión bancaria». Debemos responder ante las ciudadanas y ciudadanos en el sentido de que no se va a socavar la independencia del BCE. Como futuro defensor de la moneda debe poder trabajar sin verse sometido a presiones políticas de ningún tipo. Sólo entonces alcanzará la misma elevada reputación que goza en mi país el "Deutsche Bundesbank». Aporta la garantía de que no se desvíe un ápice de la estabilidad y disciplina presupuestarias.
El diálogo entre el BCE y el Parlamento Europeo tiene que ser constructivo y dirigirse a sus objetivos adoptando decisiones concretas y coherentes entre la política monetaria y económica así como social y de empleo. Así pues, decimos sí a un intercambio abierto de opiniones pero no a la desconfianza y a unos abstrusos procedimientos de control.
Una buena noticia: esta mañana nuestro Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda contra el euro. De este modo, queda expedito el camino para la introducción de nuestra moneda común.

Andersson y Hulthén
Queremos dar las gracias al ponente por un informe de gran relevancia sobre el control democrático en la tercera etapa de la UEM. Somos conscientes de que el Tratado de Maastricht establece que el Banco Central Europeo va a ser independiente en cuanto a personal, organización, función, economía y políticas. Sin embargo, estimamos que esta forma de organización no elimina en todos los aspectos una mayor responsabilidad democrática del BCE, lo que también se deduce del artículo 109b.3 del Tratado sobre el papel del Parlamento Europeo.
Considerando el significado de la moneda común para el desarrollo de la Unión Europea en cuanto al empleo, el desarrollo sostenido y el bienestar social, es de gran relevancia también señalar la necesidad de control democrático y transparencia del BCE. Por este motivo es muy bienvenido este informe sobre el fortalecimiento de la transparencia y el control democrático.
Estimamos que el Parlamento Europeo, como la única institución de la Unión que tiene una raigambre popular, debe tener un rol activo, junto con el BCE, para contribuir al control democrático y a la transparencia en la UEM. Además, opinamos que el fortalecimiento de los controles democráticos y de la transparencia refuerzan la legitimidad de la UEM sin comprometer la independencia y credibilidad del BCE. El Parlamento Europeo debe tener un papel protagonista en este proceso.
Consideramos que tampoco debería afectar a la independencia del BCE que todas las decisiones que se tomen en su seno, y las motivaciones de ellas, sean dadas a conocer poco tiempo después de haber sido tomadas. El Banco central de Estados Unidos tiene normas similares, sin que esto afecte de modo importante su actividad.
Finalmente, quisiéramos destacar la necesidad de que el Consejo, la Comisión y el Instituto Monetario Europeo estudien seriamente el informe y sus propuestas sobre control democrático en la tercera etapa de la UEM.

Bébéar
En el momento de su fundación, el Banco Central Europeo necesitaba un grado de independencia sin precedentes, mayor que el de cualquier Banco Central nacional, ya que se estaba realizando la Unión Económica y Monetaria.
Hoy el enfoque no puede ser tan restrictivo. Ya hemos madurado y el próximo 2 de mayo nos pronunciaremos, en una sesión extraordinaria, sobre los países que se adherirán al euro a partir de la introducción de la moneda única.
El Banco Central Europeo ya no padece un déficit de credibilidad financiera. La soberanía monetaria está en trance de serle transferida progresivamente y ya nadie duda que ésta pueda contribuir a un crecimiento duradero. El Banco Central Europeo necesita, pues, del Parlamento Europeo para reforzar y promover mejor su acción, gracias al control democrático de una Asamblea elegida por sufragio universal.
Por consiguiente, apruebo el informe de la Sra. Randzio-Plath.
Las exigencias demasiado maximalistas presentadas durante los debates en la comisión parlamentaria deben dejarse a un lado. El BCE no puede ser una pálida imitación de la FED estadounidense. Por el contrario, para el Tratado de Maastricht, el Parlamento Europeo es un punto esencial del dispositivo legislativo. El mismo nos permite participar de manera positiva en la conducción de la política monetaria de la Unión Europea. Construyamos, pues, una base de diálogo democrático regular y una red de informaciones recíprocas: pero no nos convirtamos en una herramienta de bloqueo.
El euro debe ser objeto de una responsabilidad conjunta de todos los ciudadanos de la Unión Europea para que pueda ser una apuesta de prosperidad y de empleo.

Blokland
En el debate sobre este informe, el concepto «independencia» resulta fundamental. El problema es que la ponente intenta en su informe tantear las fronteras de ese concepto. La cuestión central es hasta qué punto se puede, desde la clase política, influir, controlar y, si es posible, incluso corregir la política monetaria sin que la independencia formal del Banco Central Europeo entre en juego.
En mi opinión, éste es el punto de partida erróneo de este informe, que debería tratarse sobre la responsabilidad democrática. Implícitamente también se recoge en él la idea de que con la política monetaria pueden realizarse objetivos considerados importantes por la política económica, tales como un suficiente grado de inversión, empleo y un crecimiento del bienestar. Durante la comparecencia de la Subcomisión de Asuntos Monetarios en la primavera de 1997, el Sr. Duisenberg, hoy día presidente del IME, convino claramente que el alcance de la política monetaria es limitado.
Por lo que parece, la ponente no ha recogido (todavía) este punto. Esto aporta poca confianza en el futuro, cuando se aboga por que la Subcomisión de Asuntos Monetarios desempeñe un importante papel en el llamado proceso de responsabilidad democrática. Éstas son las principales razones por las que he votado contra este informe.

Caudron
He conocido con agrado el informe de nuestra colega Randzio-Plath, y me he alegrado al ver que algunos responsables políticos tenían el valor de pedir un mayor control democrático sobre quienes detentan el poder económico, que no siempre poseen la legitimidad necesaria. Yo deseaba subrayar esta demostración de valentía en estos tiempos de liberalismo exacerbado, cuyos méritos se alaban abiertamente.
Sí, queridos colegas, hay que decir lisa y llanamente que independencia no casa necesariamente con irresponsabilidad y que, por el contrario, es a través de un verdadero control democrático y, en consecuencia, de una mayor transparencia, como el Banco Central Europeo logrará su legitimidad frente a los ciudadanos europeos. El trabajo de nuestra colega no pretende, ciertamente, poner en entredicho la independencia del Banco Central, sino hacerse eco de algunos interrogantes sobre el procedimiento para la aplicación de este necesario ejercicio democrático.
Los debates en comisión fueron difíciles e interesantes. Por lo tanto, aun cuando lamente que se haya abandonado la idea de la moción de censura, sin dejar de reconocer que en este sentido una modificación del Tratado hubiese sido difícil, debo aceptar que hemos conseguido un compromiso digno y que constituye un progreso importante para el control del BCE.
Y puedo asegurarles que estaré vigilante respecto a la cuestión de la consolidación jurídica en relación con la designación de los candidatos, que en lo sucesivo está subordinada a la aprobación del Parlamento Europeo.
Ante un debate de esta importancia, y en el capítulo de las quejas, deseo insistir brevemente en la cuestión del empleo y en la cuestión del comité bancario en el seno del Parlamento. Con respecto a este último, me pregunto sobre la naturaleza profunda del rechazo de algunos grupos, por cuanto dicho comité no posee una vocación de control, sino que desempeña un papel informativo y de iniciativa.
Dieciocho millones de parados, un número similar de precarios, una Cumbre sobre el empleo y gobiernos que luchan para hacer retroceder el desempleo en sus respectivos países, y aún existen responsables políticos que consideran que la lucha contra el desempleo no es una prioridad.
Esto es lo que deseaba decir sobre el informe de nuestra colega Randzio-Plath, a quien apoyo y felicito nuevamente.

Darras (PSE) y Berès (PSE)
El BCE conducirá a una política monetaria única para todos los Estados miembros que participan en la Unión Monetaria Europea; el control democrático debe ejercerse, por consiguiente, en el plano europeo. Por tanto, el Parlamento Europeo, única institución elegida directamente en este plano y a la que el Tratado confía determinadas competencias en la materia, es particularmente apropiado para servir de interlocutor político privilegiado del BCE.
La conmoción de la moneda única se producirá antes de la realización de la Unión política. Ahora bien, en democracia, la legitimidad tiene su origen en el sufragio universal. Existe, por lo tanto, el riesgo de que, si el BCE actúa sin interlocutor político, se le considere a fin de cuentas responsable de todos los males, lo que llevaría a que la opinión pública condenara el conjunto del proyecto. El Banco Central será independiente, pero tendrá que ser responsable.
Su independencia implica que es necesario definir con respecto a quién y procurar que su homólogo político sea igualmente fuerte, si no, no habrá equilibrio. Su responsabilidad implica que ha de organizarse un diálogo y una transparencia entre el BCE y la opinión pública, a través de los órganos representativos, que son el Consejo y el Parlamento Europeo. Por eso nosotros aprobamos plenamente las propuestas de nuestra colega Christa Randzio-Plath para organizar esta responsabilidad.
Dentro de este espíritu, el informe anual del BCE, cuando se refiera al modo en que la política monetaria apoya las políticas económicas generales en la Comunidad, deberá tomar claramente en consideración el crecimiento y el empleo.
A la larga, somos muchos los que deseamos una modificación del Tratado, para permitir que el Parlamento Europeo, por una parte, tenga en esta materia los mismos poderes que para la designación de la Comisión y, por otra, que someta al Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, para que decida, una moción de censura contra el Presidente del futuro BCE, en caso de que no se respete el Tratado. Esta evolución aumentaría la legitimidad de las decisiones del BCE.
En cuanto a la coordinación de la política económica en Europa, el Consejo Europeo de Luxemburgo impulsó la idea de una mayor coordinación de las políticas económicas nacionales, en particular aquellas que afectan al empleo. Nosotros consideramos que el Parlamento Europeo deberá tener una mayor participación en este proceso. Es el gran campo de trabajo de los próximos años y es la condición sine qua non de un funcionamiento equilibrado de la Unión Económica y Monetaria. En la tercera fase de la UEM, la responsabilidad democrática afecta a la vez al BCE y a la coordinación de las políticas económicas. Ahora bien, hoy el polo monetario de la Unión está más estructurado que su polo económico.
Para convertirse en realidad, la dinámica iniciada requiere un impulso político: no bastará únicamente con el orden económico de las cosas. Ello supone una gran responsabilidad para los socialistas del Parlamento Europeo, y la espera de nuevas propuestas.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo votaron durante el período de sesiones en Estrasburgo comprendido entre el 30 de marzo y el 3 de abril a favor del informe sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM. El informe menciona entre otras cosas:
1) la necesidad de que el futuro BCE informe de qué definiciones y objetivos operativos se sirve para alcanzar el objetivo establecido de estabilidad de precios.
2) que los protocolos de los encuentros del Consejo de Gobierno del BCE deben ser de dominio público.
3) la necesidad de asegurar un diálogo entre el Parlamento Europeo y el BCE sobre asuntos monetarios y económicos.
Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo han votado a favor del informe a partir de la postura totalmente fundamental de que debe garantizarse la mayor transparencia y apertura posible en las instituciones comunitarias. En este sentido debe subrayarse que los socialdemócratas en el Parlamento Europeo siguen pensando que las cuatro reservas danesas no están abiertas a discusión, incluida las reservas sobre la tercera fase de la UEM.
Lindqvist (ELDR), Eriksson y Sjöstedt (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Krarup y Lis Jensen (I-EDN), por escrito. (SV) La UEM es un proyecto centralizador, de alto riesgo y con débil arraigo popular. En la UEM se da primacía a la estabilidad de los precios y a la baja inflación. Hay un gran riesgo de que el ya alto desempleo crezca aún más. Las diferencias regionales entre regiones de crecimiento y zonas de despoblación podrían acrecentarse. La UEM conduce a una fuerte centralización de las políticas monetarias y de divisas lo que a su vez podría llegar a comprender también a las políticas fiscales y financieras. La UEM es un proyecto político que amplía los aspectos federalistas de la UE y fortalece la orientación hacia la formación de un estado.
La UEM y el Banco Central Europeo, BCE, gozarán de mayor independencia y poder que todos los demás bancos del mundo, contando el Banco Central de Estados Unidos. Los miembros del BCE, elegidos cada ocho años y que no pueden ser destituidos, tendrán un poder enorme sobre la política de divisas e intereses y sobre el resto de la política económica que afecta directamente a la gente, a las regiones y a las naciones. La UEM centraliza y entrega la política económica a un puñado de banqueros, lo cual desvirtúa gravemente la democracia. Las propuestas de mayor transparencia y control democrático que se presentan en este informe pueden, mínimamente, alivianar el menoscabo democrático en la tercera etapa de la UEM.
Por estas razones, hemos votado en contra del informe.

Nicholson
El presente informe está lleno de buenas ideas acerca de cómo el nuevo Banco Central Europeo cumplirá con su responsabilidad democrática ante este Parlamento. Refleja los criterios que establece el Tratado de Maastricht en lo relativo a consultar al Parlamento sobre la adopción de medidas.
No obstante, me temo que no habrá más transparencia ni responsabilidad democrática en este sentido de la que ha habido en el procedimiento hasta la fecha. Hasta ahora, la Comisión ha impulsado su propia estrategia, sin preocuparse por la transparencia ni la responsabilidad democrática. En este sentido, la Comisión nos hizo la extraña declaración la semana pasada de que once países son lo suficientemente fuertes económicamente para incorporarse a la UEM, entre ellos Bélgica e Italia. La inclusión de estos dos Estados miembros en la lista de países de la primera ronda demuestra claramente que no se han respetado los criterios de Maastricht y que la manipulación de cifras es una práctica aceptable. Italia y Bélgica no se acercan ni mucho menos al criterio de reducir la deuda pública a un 60 % como máximo del PIB. De hecho, los índices de dichos países sobrepasan en más del doble dicho límite. Espero que cuando los Jefes de Gobierno se reúnan bajo la Presidencia británica el mes próximo para la votación formal, muestren mayor consideración por los criterios que la que ha demostrado la Comisión.
Habida cuenta del compromiso de la Comisión de impulsar el proyecto sin consideración por las circunstancias económicas en cada Estado miembro, resulta difícil no sacar la conclusión de que la Comisión examina el plan desde una perspectiva política. El resultado sólo puede ser inestabilidad en el sistema y graves consecuencias económicas para los Estados miembros que se queden fuera. La naturaleza política del proyecto también debilitará sin duda la posición del Banco Central, y dificultará el cumplimiento de la responsabilidad económica.

Smith
A pesar de que, en términos generales, apoyo los valiosos objetivos de mayor transparencia y responsabilidad en el funcionamiento del BCE, encuentro que el presente informe, que utiliza continuamente la frase "responsabilidad democrática», en realidad, confunde la responsabilidad democrática con la obligación de rendir cuentas.
La definición que da el diccionario de responsabilidad es "ser responsable ante alguien o de alguna acción». Por tanto, es equivocado sugerir que el BCE es, de algún modo, responsable ante el Parlamento. En mi opinión es un error dar la impresión de que el derecho del Parlamento a ser informado se traduce en una forma de responsabilidad, en la acepción reconocida de la palabra.
En consecuencia, no apoyaré este informe porque depende en gran medida en la suspensión de incredulidad.

Spiers
He votado a favor del informe Randzio-Plath, porque el grado de responsabilidad que solicita es mejor que nada. No obstante, reconoce -e incluso acoge con satisfacción- el hecho de que el Banco seguirá siendo totalmente independiente. El Banco controlará la política monetaria, y lo hará con un objetivo predominante: lograr la estabilidad de los precios, aunque ello frene el crecimiento o cree desempleo. Nada que el Parlamento o Ecofin pueda decir lo impedirá.
Un auténtico control democrático del Banco Central exigiría la creación de su análogo, un gobierno central europeo. Sin eso, tenemos la creación de una Europa de libre mercado, dedicada sobre todo a los intereses de los banqueros. Algo que ha sido descrito como the spectatorship of the proletariat (la asistencia del proletariado como espectador), aunque esto es sólo parte de la historia.
Esto no quiere decir que debamos intentar crear un gobierno central europeo. No existe consentimiento para ello, y la forma anterior de la UE -la PAC, etc- no ofrece ninguna confianza de que dicho gobierno central sería un éxito.
La excesiva prisa por crear una moneda única nos ha dejado en un buen atolladero, y nos encontramos poniendo parches como último recurso en un vano intento de arreglar las cosas.

Theonas
La transferencia de la política monetaria a terceros es una cesión importante de la independencia nacional. Las dimensiones que adquiere una actuación de tal índole cuando va a efectuarse de forma simultánea por un grupo países constituye un fenómeno inédito en la historia moderna.
Dicha actuación, incluso en el caso de que pueda suponer un beneficio para los pueblos, debería prepararse con especial atención y prudencia, debería estudiar y conseguir los métodos que garanticen el control de aquéllos que hubiesen asumido esa responsabilidad para que actúen de tal modo que sirvan a los intereses del pueblo llano y del bienestar social.
Nos encontramos hoy ante un hecho consumado y aceptado. El Banco Central Europeo ha sido ya creado y será el encargado de formular y administrar la política monetaria que concierne indirectamente a millones de ciudadanos que no van a tener la posibilidad de ejercer control democrático alguno y no sólo por parte de los países que van a participar en el euro ni por sus propios gobiernos, ni siquiera por el propio Parlamento Europeo ni por las instituciones de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha sido creado con vistas a servir a los grandes intereses económicos y políticos, con vistas a establecer las circunstancias apropiadas para el incremento de sus beneficios y no en pos de la consecución de los objetivos de bienestar social, de aumento del nivel de vida de los trabajadores y de los países de Europa, ni para combatir el desempleo con el consiguiente empobrecimiento progresivo de las capas más desfavorecidas de la población.
El informe que hoy debatimos es la muestra. Constata la inexistencia de un control democrático declarando, aunque de forma indirecta, que la creación del BCE ha sido la expresión del esbozo del gran capital por evitar cualquier control nacional y popular, incluso del ínfimo control que pudieran ejercer los bancos centrales nacionales.
Pero los defensores del Tratado de Maastricht conocían muy bien cuando votaban cómo iba a ser su criatura y cuáles serían sus consecuencias. Aunque entonces no se habían dado cuenta tendrían que haber exigido la modificación del citado tratado con la revisión del Tratado de Amsterdam. Pero ni siquiera han hecho eso. Al contrario, cualquier debate relativo a la UEM ha sido excluido de la revisión de los tratados por parte de la conferencia intergubernamental.
La declaración de garantizar el control democrático del BCE o la ampliación de sus objetivos a otros que no sean los de la estabilidad monetaria, es un intento de desorientación consciente. Todo ello no sólo no está previsto en los tratados, al contrario, está previsto todo aquello que garantice la independencia del BCE de cualquier posibilidad de intervención del pueblo a través de disposiciones para que haya un número limitado de miembros en su administración, hecho que no garantiza la representación de todos los Estados miembros, y mediante la larga duración de los mandatos de dichos miembros para garantizar su independencia de cualquier correlación entre fuerzas políticas.
Apoyamos cualquier medida que pueda introducir elementos de transparencia o al menos de información hacia los órganos elegidos democráticamente en lo relativo a la política y funcionamiento del BCE. Pero creemos que tales medidas no podrán cambiar la inaceptable situación originada con la fundación de dicho BCE. La única solución es la derogación del Tratado de Maastricht y la no ratificación del Tratado de Amsterdam. Por tal razón, fijamos firmemente nuestra atención en el objetivo de que se realicen referéndum nacionales sobre dichos tratados y dar así la oportunidad a los pueblos de que expresen su desacuerdo con dicha política y con la cesión de importantes derechos fundamentales a órganos supranacionales incontrolables.

Trizza
El Grupo de Alianza Nacional votará a favor del informe de la Sra. Randzio-Plath. Sin embargo, consideramos necesarias algunas precisiones. En particular, el Parlamento Europeo que será consultado en el momento del nombramiento del Presidente y de los demás miembros del Comité Ejecutivo, deberá obtener anualmente, en sesión plenaria, un informe anual sobre la actividad llevada a cabo por el Banco Central Europeo en el cual, tras explicar brevemente las razones de la política monetaria en curso y de la llevada a cabo durante el año anterior, el mismo demuestre la imparcialidad de sus elecciones. Asimismo serán extremadamente importantes las reuniones específicas con las comisiones parlamentarias competentes que deberán celebrarse a instancia del Parlamento Europeo o del propio Banco Central. La transparencia y la publicidad de las intervenciones ante el Parlamento Europeo constituyen uno de los medios más eficaces para lograr informar a la opinión pública a través de la prensa.
Por último, considero necesario poner el acento en una última cuestión: con la entrada en vigor de la moneda única, los Estados perderán completamente su peso monetario como instrumento de gestión de los ciclos económicos. Los efectos directos e inmediatos de las elecciones en materia de política monetaria son claros y evidentes para todos, especialmente cuando se llevan a cabo de forma rígida.
Es preciso, por lo tanto, que el Banco Central Europeo, pese a reconocer su derecho a desarrollar una función única y coordinada de ejecución de la política monetaria europea, lo haga de forma unitaria y que sobre todo sea consciente del hecho de que una misma acción puede producir efectos diferentes según los contextos económicos y las situaciones coyunturales de cada uno de los Estados destinatarios.
En otras palabras, es necesario evitar situaciones en las cuales las políticas monetarias únicas afecten de forma diferente a las distintas economías nacionales y obliguen las perjudicadas, una vez agotados los instrumentos fiscales nacionales, a poner en marcha políticas defensivas en perjuicio de la economía real y del empleo.

Wolf
La cuestión de la obligación democrática de rendir cuentas y la inclusión aquí del Banco Central Europeo es sin duda la última gran cuestión abierta en la fase previa a la introducción del euro. Hay que dejar claro que no se trata de limitar la independencia del BCE ni del SEBC -pues es una condición esencial para el funcionamiento del dinero- sino de interpretarla correctamente. A la utopía monetarista del "dinero apolítico» que se convierte en una quimera peligrosa cuando los dogmáticos la llevan a la práctica político-económica, oponemos la idea realista de que la política monetaria sigue constituyendo una dimensión específica de la totalidad de la política económica, en la que permanece inmersa mediante disposiciones vinculantes e institucionalizadas. El presente informe da un primer y tímido paso en la dirección correcta. Es de lamentar que la lógica de "gran coalición» que impera en esta casa haya hecho que se aguase el informe originario siendo ahora mucho menos consecuente. No hemos caído en la ilusión de que nuestras enmiendas fuesen a cambiar algo. Lo que hay que constatar aquí es hasta qué punto el Grupo de los Socialistas Europeos se ha quedado por detrás del enfoque originario de la ponente.
Informe Daskalaki (A4-0106/98)
Eriksson y Sjöstedt
Hemos votado favorablemente este informe. Estimamos que es necesario continuar con la presencia internacional en Bosnia, basada en el mandato de la ONU. Pensamos también que es importante no contribuir a la tensión en la región mediante exportación de armas. Sin embargo, rechazamos la exigencia de usar el articulado del Tratado de Amsterdam sobre actos militares o la anticuada alianza militar UEO. Los países miembros de la Unión pueden contribuir al mantenimiento de la paz basándose en medidas de la ONU o de la OSCE.

Kirsten Jensen, Blak, Sindal e Iversen
Los socialdemócratas daneses han votado en el día de hoy en contra del informe sobre la estrategia post-SFOR, pues Dinamarca goza de una excepción en el terreno de la política de seguridad y exterior común.
Informe Marset Campos (A4-0120/98)
Hyland
La Comunicación de la Comisión sobre una estrategia para reducir las emisiones de metano es oportuna. Presenta algunas propuestas valiosas y otras que necesitan ser reconsideradas.
El metano tiene reclamos negativos, pero también positivos. Es negativo en el sentido de que es un gas de efecto invernadero, superado tan sólo por las emisiones de dióxido de carbono o CO2 . Es positivo en el sentido de que puede ser aprovechado como una fuente de energía más limpia y menos contaminante. También puede ser utilizado en la fabricación de productos industriales como caucho sintético y fibras químicas.
Entre los orígenes naturales del metano se incluyen los animales, los pantanos y la flora marina, mientras que entre los orígenes antropógenos están la combustión de combustibles fósiles, las emisiones de vertederos, las aguas negras y el tratamiento del cieno de cloaca. Estos últimos producen el 70 % del metano existente.
A pesar de que, actualmente, el incremento de las emisiones de metano parece disminuir, ello no es motivo para permanecer de brazos cruzados. Los vertederos son una fuente importante de emisiones de metano que pueden aprovecharse en beneficio nuestro.
Básicamente, lo que hace falta es un plan de acción adecuado para frenar o reducir las emisiones de metano. No obstante, la agricultura no debe convertirse en el chivo expiatorio. La Comisión considera que para tener en cuenta los hábitos digestivos de las cabañas de rumiantes, en otras palabras, el ganado vacuno y lanar, debe producirse una reducción de las cabañas. Esa solución no es viable. En primer lugar, eso ya está sucediendo debido a las cuotas lecheras y a la EEB. En segundo lugar, abriría la puerta a la competencia de terceros países. Como ha señalado la Comisión de Agricultura, debemos pedir más investigación sobre cómo mejorar las dietas de los animales y hacer una mejor gestión de los efluvios en regiones de producción agrícola intensiva.
Si son serias nuestras intenciones sobre el desarrollo sostenible, estudiemos la explotación del potencial del metano para fines energéticos e industriales. Puede generarse electricidad aprovechando el metano de los vertederos. Esto podría, además, abrir nuevas oportunidades para pequeñas compañías. Deberían preverse incentivos financieros adecuados.
Necesitamos más investigación, más información pública. Es un desafío que, si se enfoca debidamente, puede conducir a una serie de nuevas oportunidades.

Ampliación y cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0107/98) del Sr. Posselt, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior.

Posselt
Señor Presidente, la Unión Europea se encuentra ante su mayor transformación desde su fundación en los años cincuenta. Nos encontramos ante una gran ampliación y, al mismo tiempo, ante una profunda reforma. Junto a la cuestión de la Unión Monetaria, sobre la que se acaba de votar, hay sobre todo tres procesos que nos interesan en gran medida. En primer lugar, está la cuestión de la ampliación. Esta semana se comenzó en concreto con las negociaciones para la ampliación. Es un momento histórico pues se trata de la mayor ampliación en la historia de la UE.
En segundo lugar, se encuentra la ratificación del Tratado de Amsterdam que va a tener lugar asimismo este año y que va a reformar nuestras instituciones al menos parcialmente, si bien no de modo suficiente, y que va a abrir un amplio campo de desarrollo y cooperación ante todo en los campos de la justicia e interior.
En tercer lugar, se encuentra la ratificación del Convenio sobre Europol que está teniendo lugar actualmente, con el que se pretende que esta autoridad policial europea sea por fin operativa. Hay que interrelacionar todos estos procesos de modo razonable pues en cinco años, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, se van a comunitarizar importantes sectores: asilo, inmigración y protección de las fronteras exteriores. Pero también se trata de dotar a la Europol de unos poderes operativos y sería un error si no utilizásemos el proceso paralelo de ampliación hacia el Este de la Unión Europea y de las negociaciones sobre dicha ampliación, para diseñar todas estas nuevas políticas de un modo paneuropeo e incluir lo más intensamente posible a los países candidatos. Por ello, somos de la opinión de que debemos adoptar las medidas necesarias para que la Unión Europea prepare ya ahora el camino para la correspondiente inclusión de estos países.
En el caso de Austria que, afortunadamente, es desde ayer miembro pleno del Convenio de Schengen o que lo aplica plenamente, teníamos el problema de que primero ingresó y sólo luego se comenzó a crear ciertas condiciones. No deberíamos repetir este error en la ampliación hacia el Este. Debemos utilizar los años que restan hasta el 2003, 2006, 2008 o cuando tenga lugar la ampliación en su primera fase, para ayudar a construir un Estado de derecho en una región que ha padecido durante decenios bajo la dictadura y la represión. Es necesario desarrollar allí criterios de Estado de derecho que son tan necesarios como los tan frecuentemente citados criterios monetarios.
Somos de la opinión de que estos Estados han logrado muchísimo por sus propios esfuerzos, al liberarse y construir estructuras de Estado de derecho con grandes sacrificios. Naturalmente, nosotros debemos ayudar. Por ello, uno de los puntos centrales de mi informe es la formación inicial y la continuada, la formación de jóvenes capas dirigentes en la Justicia y en la Administración que puedan aplicar luego el derecho europeo y el acquis communautaire que se está además ampliando de modo enorme actualmente.
La Ministra checa de Justicia ha dicho muy claramente que hasta ahora sólo ha podido trasponer poco derecho europeo en su país y lo poco que ha podido trasponer no pueden aplicarlo sus funcionarios pues no tienen la formación adecuada. Es urgentemente necesario marcar una prioridad ampliando nuestros programas a los Estados de la Europa central y oriental dotándolos materialmente del modo adecuado.
Por ello, en un segundo paso, propongo crear una Academia Europea de Seguridad Interior, a ser posible en el espacio fronterizo actual entre la Unión Europea y los países candidatos, por ejemplo en la Baja Baviera o en el Alto Palatinado. Por ejemplo, Deggendorf, donde hasta ahora había una gran instalación de protección de fronteras, sería un lugar adecuado. Esta Academia Europea debería trabajar para un objetivo lejano que perseguimos, a saber, una policía europea encargada de la protección de las fronteras, pues creemos que a la larga los diversos Estados no pueden hacerse cargo del control de las fronteras exteriores sino que esto debe regularse a nivel comunitario.
Naturalmente, la situación es hoy tal que tenemos unos órganos nacionales encargados de la protección de las fronteras que funcionan bien y se han acreditado. Tras una ampliación hacia el Este necesitaremos unos plazos transitorios en las fronteras exteriores actuales. Austria nos muestra sin embargo que todos los plazos transitorios finalizan. Hoy tenemos que desarrollar ya perspectivas para el tiempo posterior al plazo transitorio. Por ello, se ha desarrollado la idea de una protección europea de fronteras que ha encontrado un amplio consenso en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. En este contexto, quiero expresar mi agradecimiento a los demás grupos políticos de esta Asamblea por su intensa cooperación en mi informe, sobre todo, al colega Schmid, del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Mi agradecimiento también a otros colegas que han hecho que se logre un consenso sobre la futura vía a seguir.
Creo que precisamente en los campos de la lucha contra el crimen, el tráfico de drogas y la trata de personas así como la grave problemática del blanqueo de capitales, es necesario un amplio consenso en la Unión Europea. En los países candidatos existe también un interés al respecto pues aquí no se trata de tutela sino de cooperación. En este campo ambas partes dan y reciben. Por ello, creo que esto se puede lograr también aprovechando el impulso de la ampliación de la Comunidad.

Goerens
Señor Presidente, intervengo en nombre de la Sra. Spaak; este es el fruto de sus reflexiones.
La Comisión de Asuntos Institucionales comparte la preocupación de la ponente en el sentido de que los países que solicitan su adhesión se doten de instituciones estables, que garanticen la democracia y el Estado de Derecho, así como su capacidad para asumir las obligaciones que se desprenden del Tratado y para asumir el "acervo» comunitario.
La primera enmienda de la Comisión de Asuntos Institucionales pone de manifiesto tres problemas: primeramente, el plazo de cinco años para la adopción de medidas tendentes a garantizar la libre circulación de las personas; en segundo lugar, la aplicabilidad a estas materias del procedimiento del artículo 189 B; finalmente, la decisión de recurrir a una cooperación más estrecha.
La Comisión de Asuntos Institucionales insiste, pues, en que las disposiciones relativas a los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior sean revisadas con ocasión de la reforma institucional que debe efectuarse antes de la primera ampliación. La Comisión de Asuntos Institucionales manifiesta su preocupación por el riesgo, agravado por la ampliación, de fragmentación del espacio judicial europeo. En efecto, la facultad de que disponen los Estados de decidir, mediante una declaración, si aceptan o no la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia en el ámbito del Título VI, es peligrosa para todos, pero lo es aún más para los Estados candidatos, habida cuenta de sus dificultades de adaptación de sus sistemas judiciales.
Finalmente, deseo llamar la atención de la ponente sobre la enmienda 4 al apartado 17, aceptada por la Comisión Institucional y rechazada por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores. Esta enmienda trata de los delicados problemas de los períodos de transición, que sólo pueden ser resultado de una evaluación precisa y concreta, en el momento de la adhesión, de la situación existente en los nuevos Estados miembros. Esta modesta enmienda tiene el mérito de abreviar y simplificar los apartados 17 y 18, manteniendo lo esencial.

Schulz
Señor Presidente, Señorías, quiero adelantar que el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos va a dar su voto favorable al informe del Sr. Posselt. Lo hacemos por varios buenos motivos, entre otros, por aquellos que no se refieren directamente al texto sino al ponente, al que me voy a referir un momento.
Cuando llegué a esta Asamblea, se me describió al colega Posselt con los epítetos más llamativos. No quiero repetir todo lo que se me dijo de él, pero él me permitirá que diga que "irreductible exégeta de derechas» es aproximadamente lo que se puede decir de modo resumido. En el curso de los años he constatado que en esta Asamblea es sencillamente más fácil ser un irreductible exégeta de izquierdas o de derechas. Uno se entiende mejor si habla abierta y sinceramente. Es muchísimo mejor hablar con claridad en lugar de desarrollar formulaciones vagas con las que nadie se siente identificado.
Por ello, señor Posselt, hemos podido trabajar bien con usted también en este informe. Sorprendentemente, usted no sólo ha mantenido un estilo abierto de cooperación en nuestra comisión sino que además ha recogido en este informe toda una serie de propuestas nuestras. Le expresamos nuestro agradecimiento por ello, pues contribuye a quitar hierro en un tema sobrecargado ideológicamente, además por partida doble.
El debate sobre la ampliación de la Unión Europea hacia el Este es difícil entre otras cosas porque arrastramos con nosotros la carga de un pasado de 50 años, desde la segunda guerra mundial, caracterizado por la división del continente europeo y la dictadura represora comunista. Sabemos que precisamente en los campos en los que tenemos que cooperar, el de la justicia y de la policía, hay aún fuerzas que tenían algo que ver con esa represión. Por ello, debemos prestar mucha atención y decirlo aunque no sea tan simple. Cuando se habla con interlocutores que ahora se han decidido por la democracia pero se silencia que no siempre eran democracias y que, naturalmente, en el aparato actual del Estado encargado de mantener el orden, han quedado los restos del aparato represor, es una verdad que hay que tener sencillamente en cuenta.
Esto explica porqué es tan necesaria una formación, porqué debemos ofrecer una introducción en las estructuras básicas del Estado democrático de derecho también a aquellos que no tienen tanta experiencia con las mismas. Por ello es tan positiva la propuesta de instalar una Academia Europea de Seguridad Interior. Señor Posselt, si esto tiene que hacerse en Deggendorf, no lo sé. Dejémoslo para la campaña electoral bávara. Comprendemos que lo haya propuesto. Puede hacerse en cualquier otro sitio, pero Deggendorf es un lugar bonito.
Precisamente al comienzo de las negociaciones para la ampliación, el colega Posselt ha intentado mostrar claramente en su informe y en el debate -lo que ha repetido hoy con razón- que la ampliación de la Unión Europea no debe limitarse a debates económicos, financieros o monetarios. No, debemos tener un interés vital en que se preste una especial atención precisamente a los campos del tercer pilar en este crecimiento conjunto. En todos los lugares donde sabemos que se realiza una transición de una economía centralista a una economía de mercado, constatamos que si no se acompaña este proceso con las suficientes medidas legislativas, florece y crece la economía sumergida, mejor dicho, el crimen organizado encuentra un campo de actuación inmejorable. Y si no se coopera suficientemente a nivel policial y de justicia, ya sea por carencias estructurales o de información, los resultados son desastrosos. Por ello, es urgentemente necesario lo que usted propone en su informe.
Precisamente cuando pienso en los Estados candidatos a la adhesión con los que hemos iniciado las negociaciones, me parece que el punto central es el blanqueo de capitales. En ningún otro lugar se puede ver más claramente donde existe un gran imán para el crimen que allí donde es posible transformar dinero adquirido ilegalmente en capital de apariencia legal. Por ello, hay que prestar una atención especial en estas negociaciones a la legislación antiblanqueo de capitales y a la cooperación.
Existe un déficit en el tercer pilar que hoy practicamos. Se trata del déficit democrático que siempre denuncio. El Parlamento Europeo no tiene los suficientes derechos o competencias para trabajar como legislador. Esto se va a complicar aún más cuando vengan a sumarse más Estados si la cooperación policial y de justicia sigue en el tercer pilar y si no se produce una transferencia suficiente de competencias a la Unión. Incluso intensificaremos el déficit democrático que hoy padecemos si aunque sabemos que existe una necesidad urgente de armonizar para combatir el crimen existente en la Unión Europea, nos seguimos permitiendo el lujo de seguir alegando reservas de soberanía nacionales. Debemos intentar -sobre lo que ha llamado la atención el Sr. Posseltque con este informe se despierte la conciencia del Consejo y de los Gobiernos. Entonces podremos avanzar.

Habsburg-Lothringen
Señor Presidente, si quisiera comenzar de modo similar a como lo ha hecho el Sr. Schulz, diría que probablemente no les extraña que el Grupo del PP vaya a dar su voto favorable a este informe. Pero, probablemente, no porque Bernd Posselt sea un irreductible derechista sino porque, al igual que el Sr. Schulz, nos lo ha descrito con gran precisión, elaborando un informe que expone la realidad tal como es y que muestra las necesidades que existen en este campo. Si hablamos aquí de realidades, permítanme que comience con una pequeña corrección de concepto o una pequeña observación. En esta Asamblea se utiliza continuamente el concepto de ampliación hacia el Este. Como austríaco, esto es algo que me choca cuando pienso que dos de los países candidatos a la adhesión en la Unión Europea tienen sus capitales un buen trecho al oeste de Viena. La ampliación de la que tratamos es una ampliación hacia el centro de Europa. Si hablásemos de una ampliación en Bielorrusia o Ucrania, entonces aceptaría el concepto de ampliación hacia el Este.
Un aspecto que me parece enormemente importante en el informe es el hecho de que mediante este informe vemos que la Comunidad Europea, la Unión Europea va cambiando cada vez más de una comunidad económica a una política y, en consecuencia, a una comunidad de seguridad. Muestra la dimensión de seguridad que debemos transmitir a los Estados que desean adherirse a la UE. Esto me parece enormemente importante, pues la imagen que transmite la Unión hacia el exterior o que otros transmiten de ella es, lamentablemente, una imagen meramente económica. Sin duda, esto no es correcto.
Los Estados que quieren ingresar en la UE esperan ciertos enfoques de solución precisamente en estos campos relacionados con la seguridad. Todos estos Estados tienen sus problemas con minorías, al igual que en cualquier país miembro de la Comunidad Europea sin excepción. Si llamamos aquí la atención sobre las causas de estos problemas e intentamos proponer soluciones como, por ejemplo, en el apartado 4 que nos afecta a nosotros, por el que los sectores de la justicia e interior deben incluirse necesariamente en la próxima reforma institucional que debe realizarse antes de la ampliación, entonces creo que esto es especialmente importante.
Otro punto que quiero destacar en este informe -sobre el que ha hablado también el Sr. Posselt- y que como austríaco me parece especialmente importante, es la necesidad de crear una unidad europea destinada a la protección de las fronteras. En Austria hemos sido testigos de lo que significa estar sometido a unos cambios tan rápidos. En el curso de los últimos años hemos tenido que ir llevando de un lugar a otro a nuestras unidades destinadas al control de las fronteras. Gracias a Dios, desde hace un día y medio o dos existe al apertura de fronteras con Alemania y en el sur con Italia. Este es el último gran paso que se ha dado en nuestro país para los próximos tres o cuatro años. Luego cambiarán algunas cosas tan pronto como tenga lugar realmente la ampliación de la Unión Europea. No considero especialmente razonable que hoy exijamos unos enormes cambios en el sector del aseguramiento de las fronteras a aquellos Estados que quieren adherirse a la UE y en cuyas infraestructuras tienen que invertir muchísimo, pues tienen grandes dificultades para ponerlo realmente en marcha. Creo que este es también uno de los puntos centrales del informe.

Goerens
Señor Presidente, la casualidad hace que la fecha del comienzo de las negociaciones de ampliación de la Unión Europea con los países de Europa Central y Oriental coincida con el informe Posselt sobre las repercusiones de la ampliación de la Unión Europea en lo que respecta a la cooperación en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior.
El presente informe se inscribe en la voluntad de crear un espacio europeo de justicia. Por otra parte, las acciones emprendidas en este ámbito serán objeto de una evaluación anual que la Comisión transmitirá al Consejo y al Parlamento Europeo. Esto es importante, ya que dicha evaluación nos permitirá juzgar la capacidad de los países de Europa Central y Oriental para cumplir con dos de los tres criterios de Copenhague, es decir, los criterios políticos y la capacidad de los Estados candidatos a la adhesión a la Unión Europea para asumir el "acervo» comunitario.
El reto es importante tanto para la Unión Europea -y la infatigable Sra. Spaak no cesa de insistir en la necesaria profundización de la Unión Europea, como condición previa a cualquier ampliación- como para los países de Europa Central y Oriental, para los cuales el reto es doble. En efecto, no sólo se trata de adoptar en un tiempo "record» las disposiciones tendentes a transponer en el Derecho nacional disposiciones que son objeto del presente debate, sino también de asociarse al esfuerzo de cooperación, iniciado por los Quince, en los ámbitos de la justicia y de los asuntos interiores.
Para los países de Europa Central y Oriental se trata, en este caso, más de un problema de cambio de mentalidad que de medios presupuestarios. Si bien la tarea que tenemos ante nosotros es todavía larga y si bien las iniciativas y las acciones que se deben llevar a cabo en la materia son aún considerables, debemos reconocer el admirable trabajo que ya han realizado los países de Europa Central y Oriental.
El notable espacio de libertad individual recobrado en la mayoría de los países que no hace mucho sufrían la dictadura comunista debe considerarse como parte del activo de los países candidatos, y resulta asimismo muy prometedor con miras al futuro.
Señora Presidenta, Lech Walesa, el ex Presidente de la República de Polonia, habría dicho un día: "Es fácil transformar un acuario en sopa de pescado», luego comparó la tarea que nos espera, diciendo: "El grado de dificultad que acompaña la transición de un Estado totalitario a un Estado de Derecho digno de ese nombre es semejante a la tarea que consiste en transformar una sopa de pescado en acuario». Creo que no se equivoca del todo, y a la luz de esta sabia constatación hay que valorar los esfuerzos realizados por los países de Europa Central y Oriental.

Voggenhuber
Señora Presidenta, Señorías, después de haber escuchado las alabanzas recíprocas que se han dirigido los irreductibles hombres de derechas e izquierdas -hay que poseer por lo visto el atributo de irreductible para ser miembro de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores-, estoy muy contento de poder renunciar a ese para mí muy cuestionable atributo como miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales. Solamente quiero recordar a los miembros de la Comisión de Asuntos Interiores que lo son también de la Comisión de Libertades Públicas, algo que continuamente olvidan.
Hay muchas frases llamativas en el Tratado de Amsterdam, pero una de las disposiciones más llamativas es sin duda el artículo 29, que se cita también en este informe. Allí se dice: el objetivo que persigue la UE es ofrecer a los ciudadanos en un marco de libertad, seguridad y derecho un elevado grado de seguridad. No se repite la libertad ni tampoco el derecho. Solamente se repite la seguridad. Esta asimetría es también la asimetría de este informe.
Quien en base a esta asimetría de los valores del derecho, la libertad y la seguridad hace una asimetría de la política e interfiere en este equilibrio, practica una política con el miedo de las personas. No elimina el miedo sino que lo azuza. Un punto de crítica esencial a este informe es la asimetría de este espacio de derecho y libertad en relación con la política de la seguridad. Plantea exigencias de garantías de Estado de derecho y de estabilidad de las instituciones democráticas. Pero no lo hace, tal como podríamos creer, dirigiéndolas a nosotros mismos donde estas cuestiones dejan mucho que desear, sino a los Estados de la Europa central y oriental. Como si en el campo de la seguridad el Estado de derecho estuviese garantizado con la existencia el Tribunal Europeo de Justicia o como si con el derecho de consulta del Parlamento estuviesen protegidos los derechos ciudadanos con un catálogo de derechos fundamentales. Como si las críticas por la inestabilidad de las instituciones o por las deficientes estructuras de Estado de derecho no se debiesen dirigir en primera línea a nosotros mismos. Este informe no dice ni una palabra al respecto.
Exige una política de asilo común pero no dice ni una palabra sobre la Convención de Ginebra que precisamente como consecuencia de la política de la Unión Europea va desapareciendo poquito a poco. Se invoca el Estado de derecho pero sólo como obligación para los demás. Esta asimetría es una grave asimetría de nuestra percepción de valores.
Raras veces se ha expresado con tal nitidez la segunda asimetría de este informe. Me refiero a la asimetría de las cargas que nos imponemos a nosotros mismos y a los Estados de la Europa oriental. Con esta política, convertimos a los Estados de la Europa oriental en un tampón de seguridad de la Unión Europea, en un tampón para la migración y los refugiados. Los convertimos en un parapeto al encargarles que solucionen nuestros problemas esenciales pero sin ayudarles a hacerlo.
Schengen antes de la adhesión, una política de visados antes de la adhesión y la recepción de la política de asilo común antes de la adhesión sin ninguna contraprestación. Esto no es una política con la que surja un espacio de libertad y de derecho.

Buffetaut
Señora Presidenta, Señorías, durante la Conferencia de Yalta, los Estados del Oeste de Europa habían comprado, en cierto modo, su libertad a costa de la servidumbre y de la ruina de los países de Europa Central y Oriental. Y hay que lamentar, desgraciadamente, que los Estados miembros de la Unión y la propia Unión Europea no hayan contribuido realmente a la liberación de dichos países, sino que éstos se liberaron solos y gracias a hombres de una dimensión excepcional, como Lech Walesa, Václav Havel -podría citar otros- y, ciertamente, como Juan Pablo II. Y si hoy Europa respira por fin con sus dos pulmones, como ha dicho este gran Papa, es ante todo gracias a la resistencia y a la libertad de pensamiento de estas personas y de estos pueblos.
Por consiguiente, nosotros tenemos una deuda con estos países. Tenemos una deuda y es necesario ayudarlos a encontrar el camino a través de la libertad y de lo que significa un Estado de Derecho. En estos países, muchos jueces -como se ha dicho hace un momento-, muchos policías y funcionarios no han conocido más que el funcionamiento totalitario y represivo del Estado. Por lo tanto, deben volver a aprender lo que es una sociedad respetuosa de los derechos de la persona, de los derechos civiles y políticos.
Por ello, en nombre de esta deuda moral que soportamos colectivamente, el Sr. Posselt tiene toda la razón en pedir una mayor cooperación con los países candidatos a formar parte de la Unión Europea, para ayudarlos a construir, de manera efectiva, este Estado de Derecho. El ponente ha subrayado, también con razón, que las disposiciones del Tratado de Amsterdam sobre el cruce de las fronteras exteriores, la abolición de los controles en las fronteras, el asilo y la inmigración, serán particularmente difíciles de aplicar para estos países, en un primer tiempo, y en esto coincido también con el Príncipe de Habsburgo-Lorena.
Si bien es verdad que tenemos el deber de facilitar la evolución de los Países del Este, de contribuir a que restablezcan los lazos con una sociedad respetuosa de los derechos de las personas, también es evidente que debemos hacerlo con tacto, sin pretender dar lecciones a nadie.
En conclusión, rendiré homenaje al hecho de que el Sr. Posselt haya recordado nuestros deberes frente a las naciones del Este. En las relaciones internacionales puede aplicarse lo mismo que en las relaciones humanas: la vida no está hecha sólo de derechos, sino también de deberes.

Thors
Señora Presidenta, estimada Comisaria, quisiera destacar cuatro cosas, pero primero voy a decir que me alegra mucho que sea justamente la Comisaria Gradin quien esté presente, considerando su interés por la lucha contra el comercio con niños y mujeres, lo cual también es una parte de este informe.
Vamos a las cuatro cosas que quiero decir. En primer lugar, espero que la redacción de acquis que se iniciará respecto de los países solicitantes, se haga para todos de la misma manera, independientemente de si negocian o no lo hacen. Hemos escuchado rumores peligrosos de que no es así.
Lo segundo se trata de la cooperación que se iniciará entre las administraciones, es decir, que las 1500 personas que irán de los países miembros a los países solicitantes para trabajar allí, realmente trabajen dentro del ámbito judicial y jurídico. Se trata de ayudas de persona a persona, en el terreno, sobre materias jurídicas, lo que nosotros, sobre todo, necesitamos.
En tercer lugar, no basta con adherirse a convenciones, sino que ellas tienen que aplicarse, por ejemplo, la convención sobre menores de la ONU. Son estas cosas las que tomamos en consideración en las propuestas de enmienda del Grupo ELDR.
En cuarto lugar, me preocupa que en los países solicitantes no sólo hay comercio con personas, sino también comercio con órganos. Desgraciadamente, hemos sabido sobre la existencia de semejante comercio en Finlandia.

Gradin
Acojo con enorme satisfacción el informe del Sr. Posselt sobre la ampliación y los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior. La justicia y los asuntos de interior tendrán una importancia mucho mayor en esta ampliación que en las anteriores. Los motivos son numerosos: la existencia de un acervo comunitario mucho más amplio; la integración de Schengen; el aumento del crimen organizado transfronterizo en materia de tráfico de drogas y de personas; y lo que no es menos importante, debido a la seria preocupación de los ciudadanos europeos en lo que respecta a la seguridad y la justicia. Evidentemente, existe una relación entre la seguridad que podemos proporcionar a nuestros ciudadanos contra el crimen y la violencia, y la libre circulación que también ofreceremos a los ciudadanos de los países candidatos.
Veo el proceso de ampliación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior como sigue. Los ministros de Justicia y de Asuntos de Interior y yo no hemos escatimado esfuerzos para garantizar que en las conversaciones de adhesión se dé prioridad a estos asuntos. Hemos logrado un buen equilibrio entre la necesidad de permanecer en el marco único aprobado en Luxemburgo y la necesidad de responder al deseo de la sociedad de que dediquemos especial atención a la justicia y a los asuntos de interior.
Quisiera hacer una distinción entre negociación y asistencia. La negociación con los países candidatos deberá prepararse necesariamente dentro de la estructura clásica del Consejo. Esta estructura ya la conocemos de la ampliación anterior. Está compuesta del Grupo para la ampliación, el COREPER y el Consejo de Asuntos Generales. Las negociaciones propiamente dichas se llevan a cabo en conferencias bilaterales intergubernamentales con cada país candidato. Dichas conferencias dieron comienzo hace dos días. La negociación conduce a los tratados de adhesión; éstos son relativos principalmente a los períodos de transición. Esto significa: ¿en qué momento deberá el nuevo Estado miembro adoptar el acervo para convertirse en miembro?
Los tratados de adhesión no tratan sobre la calidad de la transposición y la aplicación en la práctica. Los tratados de adhesión, en realidad, presumen que el acervo se aplica debidamente desde el mismo día en que ha sido adoptado. Por lo que es necesario ocuparse con carácter de urgencia de los temas relativos a la aplicación en forma de asistencia técnica y vigilancia judicial.
Actualmente nos encontramos en el proceso de identificar el acervo. De ello, en un esfuerzo conjunto, nos ocupamos la Comisión y la Presidencia, con la participación plena del Comité K4. En primer lugar, gran parte del actual acervo en materia de justicia y asuntos de interior se compone de leyes blandas, como resoluciones o declaraciones no vinculantes, incluso para nuestros Estados miembros. Este acervo no requiere períodos de transición. En segundo lugar, el Estado de derecho propiamente dicho, en el significado del primer criterio de Copenhague, no es negociable. No puede estar sujeto a un acuerdo transitorio.
En lo que respecta a la Unión Aduanera, que es un acervo del Primer Pilar, a menos que se pueda garantizar un servicio aduanero seguro y fiable en la frontera exterior, el alcance de los períodos de transición también parece pequeño. Hará falta mucha asistencia técnica.
Esto nos lleva al acervo de Schengen, en particular, a su mecanismo de salvaguarda. Este acervo exige asimismo un control fronterizo eficaz y un alto grado de fiabilidad. El Consejo se encuentra aún en el proceso de decidir cómo el acervo de Schengen pasará a ser un acervo comunitario en virtud del Tratado de Amsterdam. Cuando se haya logrado, espero que dicho acervo sea tenido en cuenta plenamente. No existe la posibilidad de ser miembro a medias del acervo de Schengen. Schengen, como tal, así como las ventajas correspondientes, como la desaparición de los controles fronterizos, sólo será aplicable en la práctica siempre y cuando se cumplan todas sus condiciones. La conclusión es que el acervo en materia de la justicia y los asuntos de interior debe aplicarse desde el primer día de la adhesión si queremos que estén garantizadas todas las libertades contempladas en el Tratado. Es un enorme reto que requerirá mucha asistencia técnica previa. La Comisión presentará el acervo comunitario a todos los candidatos en el contexto del denominado ejercicio de evaluación de los recursos humanos y financieros que comenzará en abril.
La Presidencia aportará su asistencia a la Comisión en esta tarea cuando deban analizarse la justicia y los asuntos de interior. A medida que avancen las negociaciones deberán añadirse a este ejercicio nuevos acervos. Los procedimientos para las negociaciones se decidieron en el Consejo Europeo de Luxemburgo. El Consejo de Asuntos Generales y el COREPER deberán dirigirse al Comité K4, como organismo de consulta y coordinación en los temas de justicia y asuntos de interior a lo largo de todo el proceso de negociación. Esto dará a los ministros de Justicia y de Asuntos de Interior una voz importante en la preparación de la negociación. Estaré dispuesta a informar al Parlamento a intervalos regulares sobre los avances que se vayan produciendo.
Permítanme pasar a continuación a la vigilancia y la asistencia. La vigilancia y la asistencia serán, por lo menos, tan importantes como la negociación. La Comisión siempre ha visto en este ámbito un papel muy constructivo para los Estados miembros y sus expertos. El reto en este caso consiste en determinar dónde, cuándo y cómo deben desplegarse los monumentales esfuerzos en asistencia técnica. Creo que eso puede hacerse de muchas maneras. Primero, la Presidencia ya ha presentado su declaración de apertura a cada país candidato admitido en las negociaciones. Ésta contiene algunos mensajes clave para el candidato, incluido un lenguaje muy directo en materia de justicia y asuntos de interior.
En segundo lugar, el Consejo de Asuntos Generales ha ultimado las prioridades para futuros acuerdos de asociación de cara a la adhesión. También aquí, el Consejo ha utilizado un lenguaje directo para tratar sobre las inquietudes de los ciudadanos en materia de seguridad y justicia. Quisiera recordar la decisión adoptada en Luxemburgo de que en el caso de Chipre debe establecerse una estrategia de preadhesión especial. Se hizo especial hincapié, en particular, en la justicia y los asuntos de interior.
En tercer lugar, en el contexto de los acuerdos de asociación de cara a la adhesión, los países candidatos recibirán próximamente sus programas nacionales para la adopción del acervo comunitario. El desafío consistirá entonces en identificar qué asistencia necesitarán para la aplicación del acervo. En los ámbitos de justicia y asuntos de interior, la asistencia la proporcionarán principalmente expertos de las administraciones públicas de los Estados miembros. La importante tarea entonces consistirá en elegir a los expertos correspondientes, ponerlos a disposición de los países candidatos y financiar toda la operación. La Comisión ha insistido reiteradamente en el papel fundamental que desempeñarán los expertos de los Ministerios de Justicia a la hora de apoyar a los países candidatos en sus preparativos para la adhesión. La Comisión, por su parte, está dispuesta a financiar los salarios y los gastos relacionados con el envío de los expertos. El proceso ya se ha puesto en marcha, gracias a la red de centros de contacto establecida el verano pasado.
Entre los programas de asistencia que se han puesto en marcha se encuentran muchos de los que ha mencionado el Sr. Posselt, y, como ustedes saben, en el nuevo programa PHARE, el 30 % de los fondos ha sido destinado a la creación de instituciones, en lo que se incluye el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, el funcionamiento del sistema judicial, los enfoques ante el asilo y la migración, los controles fronterizos, etcétera. También tenemos intención de hacer extensivos los programas comunitarios actuales, como ODYSSEUS, OISIN, GROTIUS y FALCONE, a los países candidatos que ya son posibles beneficiarios, aunque su participación en los programas por derecho propio requiere una decisión horizontal que incluirá otros aspectos además de la justicia y los asuntos de interior. En lo que respecta a la formación policial, quisiera mencionar que tres academias de policía diferentes ya han iniciado sus actividades en países de la Europa central y oriental. Tengo mis dudas acerca del valor añadido del establecimiento de otra más.
En cuarto lugar, la asistencia que se prestará a través de la asociación con vistas a la adhesión será condicional. No se renovará automáticamente un proyecto determinado si no estamos convencidos de su calidad. Además, los distintos programas se irán adaptando a los problemas que se vayan detectando durante las negociaciones o en conexión con los procedimientos de revisión regulares adoptados en Luxemburgo. El procedimiento de revisión regular ha sido ideado para los diez candidatos procedentes de la Europa central y oriental. El procedimiento está basado en un informe de la Comisión, y se elaborará por primera vez a finales del presente año. La justicia y los asuntos de interior ocuparán un lugar destacado en este examen. Podría mencionar asimismo el pacto contra el crimen organizado, que será aprobado por el Consejo Europeo de Cardiff. Todas estas iniciativas se apoyan entre sí y hacen hincapié en la prioridad absoluta de la justicia y los asuntos de interior en la futura ampliación, y esa lista no es exhaustiva.
Por consiguiente, el proceso de ampliación durará varios años. Todo el mundo coincide en señalar la importancia de los acontecimientos en justicia y asuntos de interior y que tendrán un papel crucial en el éxito del proceso de ampliación en su conjunto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
Doy ahora la palabra al Sr. Schulz, que la ha solicitado en aplicación del artículo 108 del Reglamento.

Schulz
Señora Presidenta, me remito a este artículo del Reglamento porque no quiero dejar sin responder a la intervención del Sr. Voggenhuber en lo que a mi se refiere.
Quiero realizar tres observaciones que me afectan personalmente y también me molestan personalmente. Primera: quiero rechazar con toda firmeza la declaración de que aquí ha hablado la coalición de los irreductibles -este es el sentido de lo dicho por el Sr. Voggenhuber. He descrito lo que se me dijo sobre el Sr. Posselt y resumiendo dije que era un irreductible exégeta de derechas. Era pues una cita pero no mis propias palabras. Quiero constatar esto.
Segundo: he anunciado el apoyo del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos con la argumentación de que el Sr. Posselt nos había salido mucho al encuentro. Ahora digo porqué: él ha convertido en el mensaje central de su informe los aspectos de las libertades fundamentales, de los derechos humanos y de las minorías, el afianzamiento del Estado de derecho, la supresión de las normas discriminatorias y la recepción del creciente acervo de la UE. Constato esto. Por ello, en tercer lugar constato también que como esto es así, se puede saber o, mejor dicho, se debe saber si se participa en este debate -una observación dirigida al Sr. Voggenhuber- que el Reglamento no prohíbe a los diputados que lean los informes antes de hablar sobre ellos.

(El Sr. Voggenhuber pide la palabra)

El Presidente
Señor Voggenhuber, no podemos iniciar un debate. No obstante, le doy la palabra para una cuestión de orden, suponiendo que la pide a este efecto. El Reglamento no prevé que se responda a un colega que ha invocado el artículo 108. Pero le concedo la palabra para una cuestión de orden.

Voggenhuber
Señora Presidenta, quiero reclamar este artículo creo que con más derecho ya que he sido mencionado por mi nombre, lo que yo no hice en mi intervención pues no mencioné al Sr. diputado si bien le reconozco el derecho a hacerlo. Creo que si el Sr. Schulz me hubiese escuchado se habría dado cuenta de que precisamente la base en que se apoya ha sido uno de los puntos principales de mi crítica, a saber, que las garantías jurídicas, la exigencia de estructuras de Estado de derecho y la exigencia de estabilidad de las instituciones no las dirigimos a nosotros mismos tal como requerirían las circunstancias, sino que se plantean con una increíble arrogancia moral a los Estados de la Europa central y oriental. Creo que he mostrado claramente que precisamente esta es la crítica, que en este tercer pilar, en esta cooperación entre justicia e interior no se ha aclarado la posición del Tribunal Europeo de Justicia, que no poseemos ningún catálogo de derechos fundamentales, que no tenemos ningún control parlamentario y judicial sobre este campo y que se debería dirigir el dedo acusador moral hacia nosotros mismos antes de señalar a otros. Este es un fallo totalmente evidente de este informe: es significativo que no diga ni una palabra al respecto.

Posselt
Señora Presidenta, se me ha mencionado dos veces, por lo que de conformidad con el artículo 108, debería poder intervenir también dos veces. Quiero expresar a los colegas mi agradecimiento por su apoyo y cooperación, incluyendo también al colega Schulz y otros. Pero también quiero decir que el Sr. Voggenhuber en el futuro debería leer los informes o si no tiene el tiempo para hacerlo que cambie la persona que le escribe las intervenciones, pues mi informe realiza con toda claridad un equilibrio muy cuidadoso entre la exigencia de estructuras de Estado de derecho y la seguridad interna. Por cierto, he recogido también sugerencias y enmiendas de la colega Roth, no todas las que quería, pero sí bastantes. No me importa reconocerlo. Aquí se incluyen algunas modificaciones esenciales, lo que ha permitido llegar a un amplio consenso. La colega Roth se ha abstenido por lo demás en la votación final. Todos los demás han votado positivamente en la comisión. No ha presentado ninguna enmienda para el Pleno ni tampoco usted. Me pregunto porqué no lo han hecho. Visto así, creo que se trata de una acción "standby» a la que no debemos dar demasiada importancia.
(Aplausos del Grupo del PPE)

El Presidente
Señor Posselt, en cualquier caso, independientemente del artículo 108 del Reglamento, es evidente que no se puede negar la palabra a un ponente.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
Señor Voggenhuber, creo que se extralimita usted. No me importa concederle la palabra, pero no tiene mucho sentido. La explicación ha sido muy clara.

Voggenhuber
Señora Presidenta, no tengo ninguna intención de abusar de su paciencia pero si en un debate no sólo soy mencionado personalmente dos veces sino atacado, entonces tengo el derecho a tomar la palabra frente a los dos oradores. No voy a excederme y le expreso mi agradecimiento por su generosidad.
Sólo quiero decir una cosa sobre la no lectura de informes. No sé si se puede escribir informes sin leerlos, pero por si algunos colegas pueden hacerlo voy a citar un único pasaje que también ha citado el Sr. Posselt como si se refiriese a la misma UE aunque, tal como he expuesto, se debe entender expresamente como una condición previa de adhesión para los Estados de la Europa central y oriental. Quizás se pueda ser en este Parlamento un irreductible exégeta de derechas pero creo que al menos se debería conocer los propios informes para poder defenderlos algo mejor.

Asistencia judicial en materia penal
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0122/98) del Sr. Buffetaut, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (5202/98 - C4-0062/98-98/0902(CNS)) y sobre el proyecto de acción común sobre buenas prácticas de asistencia judicial en materia penal (13300/97 - C4-0069/98-98/0903(CNS)).

Buffetaut
Señora Presidenta, Señorías, el refuerzo de la cooperación entre los Estados de la Unión Europea adquiere plena legitimidad en el respeto del principio de subsidiariedad, en el momento que es evidente que este trabajo en común es más eficaz que la acción particular de cada Estado miembro. Ahora bien, ¿existe un ámbito con mayor legitimidad para esta cooperación que la lucha contra la delincuencia internacional? En efecto, sería muy paradójico que los principales beneficiarios de la libre circulación de bienes y de personas sean malhechores, delincuentes internacionales y la delincuencia internacional organizada. La supresión de los controles en las fronteras no podría sino favorecer esta desviación. Por consiguiente, más que nunca es necesario facilitar de una manera concreta, práctica, realista y eficaz la asistencia judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea.
En su apelación, que fue famosa, siete magistrados europeos habían subrayado que frente a la Europa en construcción, visible, oficial y respetable -utilizo sus términos- se escondía una Europa más vergonzosa, la de las actividades criminales y mafiosas. Para luchar contra ella, los magistrados habían pedido concretamente la revisión del Convenio europeo de asistencia judicial y preconizado una serie de medidas prácticas, como la posibilidad de que los jueces europeos puedan dirigirse directamente a otro juez europeo.
Esta es la preocupación a la que responden, en parte, el proyecto de convenio relativo a la asistencia judicial y el proyecto de acción común sobre buenas prácticas de asistencia judicial. Estos dos textos se inscriben, por otra parte, en el marco del plan de acción contra la delincuencia decidido por el Consejo Europeo de Amsterdam.
Es evidente que los Estados miembros se han topado con dificultades porque, de hecho, se nos ha sometido un texto algo incompleto y no definitivo. En efecto, ya están circulando versiones modificadas, que no nos han sido sometidas. Es bastante exasperante y poco satisfactorio para nosotros pronunciarnos sobre unos textos que se sabe que ya han sido modificados. Conviene subrayar que, además, el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del pasado mes de diciembre decidió no tratar determinadas cuestiones particularmente delicadas y remitirse a un protocolo adicional del que no tenemos conocimiento. Esta forma de actuar no es muy satisfactoria, ni para nosotros ni tampoco para quienes aplican el derecho, que deberán referirse a textos dispersos en diferentes instrumentos jurídicos. La misma traduce, por otra parte, una de las principales dificultades con que tropiezan los negociadores en el delicado ámbito de la justicia: la falta de confianza recíproca de los Estados miembros en sus respectivos sistemas judiciales.
Por lo tanto, se trata de naciones que, todas ellas, reconocen el Estado de Derecho, pero las tradiciones jurídicas y las filosofías son diferentes de un Estado a otro. Common law , derecho romano, Código Napoleónico. Además, el derecho y los procedimientos penales afectan a elementos esenciales de la libertad de las personas y de la soberanía nacional.
Si deseamos obtener resultados, en estos ámbitos debe prevalecer el pragmatismo. La cooperación interestatal es sin duda la vía más eficaz, ya que tranquiliza a los Estados y evita las oposiciones de principio.
Dicho esto, ¿cuál es el espíritu de las enmiendas aprobadas por la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores? Hacer más eficaz, más audaz, el texto del Consejo. Por lo tanto, nos ha parecido necesario recordar la importancia estratégica de la cooperación judicial para la lucha contra la delincuencia organizada, subrayar la necesidad de poner a disposición de los profesionales de la justicia instrumentos coherentes y de fácil aplicación, confirmar la importancia de desarrollar la confianza recíproca de los sistemas judiciales, tomar en consideración las exigencias de una instrucción y un proceso rápidos y equitativos, tratar de eliminar los obstáculos que restringen la cooperación judicial, tener en cuenta las exigencias de la defensa y, finalmente, fomentar la comunicación directa entre las autoridades judiciales.
Desearía insistir en este último punto. Se trata, en efecto, de una de las peticiones recurrentes de los profesionales de la justicia, y necesaria para que ésta pueda ser administrada eficazmente. El proyecto de convenio establece esta facultad, pero a continuación otorga a los Estados miembros la posibilidad de no aplicar este mecanismo simplificado. Ahora bien, esta comunicación directa constituye un elemento esencial de eficacia. Por eso creemos que el hecho de permitir exonerarse de la misma podría, en la práctica, vaciar el convenio de uno de los aspectos más interesantes de su contenido. Por esta razón les proponemos suprimir esta posibilidad.
Para concluir, desearía dar las gracias a todos mis colegas de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, quienes me han brindado su apoyo con competencia y cortesía, y lamentar que el Consejo nos pida que nos pronunciemos sobre unos textos que ya han sido modificados.

Ullmann
Señora Presidenta, de nuevo nos vemos confrontados con una legislación que nos revela de modo doloroso la contradicción existente entre un auténtico derecho de la Unión y las simples regulaciones interestatales. El Convenio y la acción común son solamente una prosecución del Convenio Europeo sobre Asistencia Judicial de 1959 y de un Convenio similar del Benelux de 1962, que se deben poner al día como consecuencia de Schengen y de las adaptaciones a las técnicas de hoy día.
¿Se ha logrado este objetivo? Las enmiendas de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores muestran cuánto queda aún por hacer. Las enmiendas propuestas por el Sr. Buffetaut, inclusive el acortamiento de los plazos por él solicitado, deberían ser aprobadas en cualquier caso por esta Asamblea, ya que se trata de una precisión absolutamente necesaria. Estimado colega, permítame que mencione una excepción: en la enmienda nº 23, se debería dar preferencia al texto del Consejo en lo que se refiere a la letra b). La modificación propuesta apunta en mi opinión a un debilitamiento, lo que no corresponde a la tendencia general de sus enmiendas.
¿Hemos obtenido con ello unos instrumentos jurídicos que puedan enfrentarse a los requerimientos actuales en la lucha contra el crimen y a la protección jurídica? No lo creo. Al igual como tampoco se logró la llamada comunitarización de la regulación de Schengen mediante el Tratado de Amsterdam. Lo que necesitamos no son prosecuciones de acuerdos anticuados con nuevas burocracias sino la auténtica europeización de las dimensiones jurídicas que precisan entretanto de una regulación, en el tráfico fronterizo, en el derecho sobre refugiados y de asilo así como en la protección de los derechos fundamentales para los ciudadanos de la Unión. Pero ¿dónde está la voluntad política para tal europeización? Es esta una cuestión que se plantea en primer lugar al Parlamento Europeo, es decir, a nosotros mismos.

Schulz
Señora Presidenta, Señorías, el Convenio perseguido y la acción común provienen del plan de acción del Consejo para la lucha contra el crimen organizado. Espero que no me tenga que enfrentar de nuevo con personas del público o con diputados cuando digo que la lucha contra el crimen organizado es necesaria e irrenunciable.
Por ello, tenemos también que discutir que el Convenio que se nos presentó el 14 y el 20 de enero represente en primer término una aportación esencial del Consejo para aplicar también lo que se persigue en los planes de acción. El colega Ullmann ya ha indicado que se debe seguir desarrollando el convenio existente. El objetivo es desarrollar, complementar y facilitar la aplicación del Convenio del 20 de abril de 1959 sobre Asistencia Judicial en cuestiones penales, su protocolo adicional del 17 de marzo de 1978, el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen del 14 de junio de 1990 y el Convenio del Benelux sobre extradición y auxilio judicial en asuntos penales del 27 de junio de 1962.
Pueden ver en el listado de los Convenios y de los datos que he mencionado la dificultad del problema al que nos enfrentamos y a qué difícil tarea tuvo que enfrentarse el colega Buffetaut. Tuvo que realizar el intento de hacer justicia a los requerimientos derivados de la integración de Europa y, en especial, de la integración económica de Europa, en base a antiguos acuerdos adoptados en unos tiempos en que no se podían imaginar ni en los sueños más atrevidos las estructuras que hoy tenemos. La realidad es la siguiente: la actividad económica ilimitada que es posible en la Unión Europea conduce también a una actividad económica ilimitada en la sombra, lo que se ha intentado combatir en primer lugar en la Unión Europea con una mayor cooperación policial. Repito la palabra "intentado», pues Europol no se ha puesto aún en marcha como sería necesario, por no hablar de la grave carga que tiene que soportar la Europol, al menos en opinión del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Esta carga consiste en que está aún en un futuro muy lejano que la Europol pueda actuar a nivel de la Unión.
Supongamos que existiese esta policía europea, dotada de derechos y, naturalmente, también de potestades de control ajustadas al Estado de derecho -para que el colega no se excite de nuevo-. Incluso entonces no se habría logrado aún que los resultados que aportase una actividad policial de este tipo se pudiesen utilizar en la medida necesaria en la Justicia. Este es exactamente el punto sobre el que se debe debatir en relación con el informe del colega Buffetaut.
El presente proyecto precisa los procedimientos en los que se concede ayuda jurídica así como también las formas y procedimientos que debe respetar el Estado miembro que presenta la solicitud. Se describe la devolución de objetos obtenidos por un hecho delictivo, los procedimientos necesarios al respecto y la cooperación con los medios de telecomunicación entre los Estados miembros, un importante capítulo éste. Se determina cómo debe realizarse el envío y entrega de documentos, inclusive las necesarias traducciones que se deben entregar. Además, se determina qué posibilidades se tiene en las tomas de declaraciones, cómo pueden realizarse éstas a través de video-conferencias y cómo deben realizarse las correspondientes traducciones en las video-conferencias.
Se describen muchas otras cosas que no quiero mencionar aquí pero que eran necesarias para hacer posible la cooperación de justicia entre un Estado y otro, respetando las correspondientes estructuras del otro Estado. Si multiplican esto por 15 Estados que, bajo un estricto respeto de sus sistema actuales, cooperen en los procedimientos desde la confiscación de objetos obtenidos ilegalmente, pasando por las video-conferencias, hasta la traducción de todas las propuestas que se hagan, me van a crecer de nuevo pelos en la calva. De esto estoy plenamente convencido. Así no podemos avanzar. Lo que necesitamos -y lo que el colega Buffetaut ha sugerido ha sido sorprendente para nosotros- es la profundización de la armonización.
Debemos llegar a la armonización en unos campos claros y determinados de cooperación judicial. Sé que tampoco puedo decir esto en mis propias filas sin que se me critique. Armonización significa para mí lo siguiente: si la Unión Europea quiere poder actuar a largo plazo en el campo de la justicia, entonces los Estados nacionales tienen que transmitirle los derechos necesarios. En los últimos meses hemos delegado a la Unión Europea derechos que caían dentro de la soberanía nacional. Todos estamos contentos de que tengamos pronto una moneda única en la Unión Europea y esperamos que todos los Estados miembros tengan el euro como medio de pago. Sabemos que precisamente en este Parlamento todos los grupos políticos que dan su apoyo al euro lo hacen porque esperan de ello una profundización de la integración. Por otro lado, tenemos la gran dificultad -lo que refleja el debate sobre el informe Buffetaut- de que allí donde el Estado nacional se muestra más poderoso -la policía y la justicia- no estamos dispuestos a realizar la transferencia de competencias.
Si creamos un espacio económico de este tipo, dotado de una moneda única, pero nos aferramos como los niños a sus juguetes alegando que sólo nuestros fiscales en la República Federal de Alemania o sólo los Procureurs franceses o los "procureurs du Roi» en Bélgica están en situación de combatir el crimen sobre la base de sus correspondientes derechos nacionales, en algún momento me puedo convertir yo mismo en un delincuente. En Europa esto es más sencillo que hacer un trabajo honrado.
Estamos debatiendo aquí sobre la capacidad de actuar de la Unión Europea en el futuro. Veo a todos los queridos y simpáticos juristas también de mi comisión, los veo sentados allí diciendo "está de nuevo perorando, no tiene ni idea de cómo funciona un sistema jurídico. Si supiese qué obstáculos existen no hablaría así». Pero precisamente porque necesitamos el valor de los que no son juristas para poder avanzar en la cooperación en el campo de la justicia, les digo de nuevo que, en opinión del Grupo de Partido de los Socialistas Europeos, lo mejor en el informe Buffetaut es que intenta mostrar claramente -lo que, por cierto, es extraño en un hombre de su grupo político- que sólo mediante una profundización de la armonización en el marco de la aplicación de medidas comunes y de métodos que se han acreditado sobre la base de experiencias comunes en la cooperación judicial, podremos avanzar en la ayuda judicial en asuntos penales.
Una última observación sobre el procedimiento al que está expuesto este Parlamento. Si se nos consulta, el Consejo debe tener claro que el procedimiento de consulta es parte integrante del procedimiento legislativo. No se trata de un acto de gracia al Parlamento sino que es parte del procedimiento legislativo. Si, tal como ha indicado el Sr. Buffetaut, en este procedimiento legislativo el Parlamento debate sobre el texto del Consejo que se nos ha presentado, por cierto, sometido a una gran presión en este informe porque queríamos respetar el calendario marcado por el Consejo, y a la mitad de dicho debate el Consejo viene y modifica su texto, lo que ahora hacemos es en parte de nuevo sólo un sin sentido. Hay que decir a los representantes del Consejo -el que está aquí presente probablemente no tiene la culpa y debe comunicáselo a sus superiores- que este Parlamento no va a permitir que el Consejo pisotee permanentemente sus derechos, precisamente en temas que afectan al tercer pilar. Esto es pisotear también la democracia, lo que deberían evitar unos Gobiernos elegidos democráticamente.
(Aplausos)
Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo empezaré diciendo que este Grupo apoyará el informe del Sr. Buffetaut, que representa un trabajo excelente del ponente y una buena colaboración de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores.
Dicho esto, señor Presidente, me va a permitir que me dirija simbólicamente a quienes nos están escuchando desde la tribuna e interprete lo que ellos tienen que sentir viéndonos, hoy, aquí, discutir lo que estamos debatiendo y de la forma en que lo estamos haciendo. Supongo que tienen que sentir una mezcla de perplejidad y de impotencia ante lo que de hecho estamos reconociendo. Porque, señor Presidente, el problema es muy claro.
Hemos visto manifestaciones multitudinarias en distintos Estados miembros contra el crimen organizado, desde las manifestaciones contra el terrorismo, en España, hasta las manifestaciones de la «marcha blanca», en Bruselas, pasando por todo tipo de protestas. En todos los Estados miembros hay una conciencia común de que este es un problema común que sólo en común podemos abordar.
Y frente a esto, la iniciativa política, el impulso político de los Estados miembros se queda muy atrás. A la hora de hacer declaraciones, se habla de la necesidad de crear un espacio judicial, policial y jurídico único. Pero a la hora de llevar a la práctica esas declaraciones continuamos perdiéndonos en un piélago de normas; normas para las que muchas veces, incluso a los más avezados expertos juristas, les es difícil encontrar una brújula para no perderse en ellas.
Y mientras tanto, como se ha dicho desde todos los escaños -porque en esto creo que es unánime el sentir-, el mercado interior beneficia, sobre todo, a los malhechores, aunque resulte una macabra ironía.
Pues bien, señor Presidente, este informe, que indudablemente aporta ideas, ha de ser bienvenido, pero significa un avance con pasos muy pequeitos. Y casi, si me permiten una cierta ironía, aunque la gravedad del tema no lo merece, este, además, es un paso «a la pata coja». ¿Y por qué digo «a la pata coja»? Porque en este caso, señor Presidente, y enlazo con todo lo que también se ha dicho desde todos los escaños de esta Asamblea, se ha faltado, de entrada, al respeto interinstitucional, y mucho más al respeto de la ciudadanía.
Señor Presidente, ya no es que se nos envíe un proyecto de acto que no corresponde con el que actualmente se está debatiendo. Es que, además, este proyecto de acto no lo es tal. No podemos considerar como proyecto de acto un acto que, de entrada, es incompleto. Tenemos artículos, como por ejemplo el artículo 4, cuyo único contenido es «(suprimido) ». E igual los artículos 8 y 9. ¿Qué forma de elaborar normativas es esa? ¿Qué contenido jurídicamente vinculante tiene eso? Y luego tenemos la modalidad de los puntos suspensivos: apartado 2 del artículo 12, tres puntos suspensivos; letras e) y g) del apartado 6 del artículo 12, tres puntos más tres puntos, seis puntos suspensivos; apartado 6 del artículo 15, más puntos suspensivos, y también en el artículo 16. Y además tenemos una modalidad, para nosotros desconocida -el Consejo nos debería explicar a qué obedece-, que son los «corchetes», que corresponden, en lenguaje del Consejo, a cuestiones que están debatiendo los Estados miembros. Pero no sabemos qué significa pedir la opinión del Parlamento sobre esas frases incluidas entre «corchetes».
Señor Presidente, no es satisfactoria esta forma de proceder. Lo hemos denunciado muchas veces en esta Asamblea. No podemos admitir este juego de procedimiento. Pero no sólo porque debamos defender nuestras competencias institucionales -y expreso desde aquí nuestro agradecimiento a la Comisión que, por el contrario, muestra una deferencia en estas materias del tercer pilar digna de elogiar-. No sólo porque debamos defender nuestras competencias como institución sino, sobre todo, porque aquí estamos representando a la ciudadanía europea. Ciudadanía que hoy está ahí y que, supongo, se llevarán una idea muy confusa de los progresos que en estos momentos estamos realizando en el tercer pilar.

Hager
Señor Presidente, teniendo en cuenta los puntos de crítica y propuestas de cambio expuestas con razón por el ponente, considero el Convenio sobre asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea en que se basa el informe, como un instrumento perfectamente adecuado si no para acabar con las deficiencias existentes en la lucha contra el crimen transfronterizo, sí al menos para reducirlas.
El control telefónico internacional debe ser posible respetando los correspondientes ordenamientos jurídicos nacionales así como los envíos controlados, el envío lo menos complicado posible de documentos procedimentales, la toma de declaración a los testigos y peritos mediante medios audiovisuales más allá de las fronteras así como un intercambio espontáneo de informaciones entre las autoridades encargadas de perseguir los delitos penales.
Estos son instrumentos de que dispone desde hace mucho tiempo el crimen organizado. Se debería reducir la ventaja técnica de que dispone éste ampliando dichos instrumentos entre las autoridades penales. Por ello, apoyamos plenamente el informe.

Gradin
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, el estimado Diputado Buffetaut, por este valioso informe sobre el proyecto de convención y asistencia judicial mutua en materia penal. Ambos instrumentos son necesarios en la lucha contra la delincuencia organizada. También significa que protegemos la seguridad de los individuos ante la ley en una Europa sin fronteras.
Durante largo tiempo he argumentado para facilitar la cooperación entre los tribunales y otras instancias legales entre los países miembros. En el trabajo de combatir el fraude con recursos comunitarios, he sido testigo de cómo las demoras en el intercambio de información entre los diferentes sistemas judiciales benefician directamente al delincuente. El llamamiento de Génova, hecho por diferentes fiscales, nos da otro ejemplo de que hay que hacer algo. No podemos enfrentarnos a la delincuencia organizada actual sin una cooperación judicial eficiente.
La convención sobre asistencia judicial mutua en materia penal tiene por objeto facilitar y completar la cooperación actual. Un punto de partida es que los tribunales en los diferentes países miembros puedan intercambiar información y pedir ayuda directamente a sus colegas. Éste es un principio importante. Opino que las excepciones a este principio deben limitarse a un mínimo. La convención va a facilitar también, entre otras cosas, las pruebas testimoniales y los medios probatorios entre los distintos países. Al mismo tiempo, la convención deja espacio para mejorar aún más esta colaboración.
El estimado Diputado Buffetaut se lamenta de que no se hayan reglamentado más materias en esta convención. En el informe se señala, por ejemplo, que las inspecciones domiciliarias y los embargos se han dejado fuera para ser reglados posteriormente en un protocolo adicional de la convención. La misma cosa ocurre con la protección informática y el papel del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Comprendo las aflicciones del ponente, pero es así, una cooperación profunda en materia penal no se consigue de un día para otro. Es un trabajo a largo plazo, que constituye un proceso, en el cual simultáneamente fortalecemos la cooperación concreta y trabajamos para armonizar nuestras reglas comunes.
Además, propone el ponente que Europol tenga un papel como receptor y conductor de las demandas de asistencia judicial entre los países miembros. Europol tiene buenas posibilidades de hacer llegar un petición en forma rápida al destinatario correcto. Por eso estimo que la propuesta es interesante. Está también la discusión que actualmente se lleva a cabo sobre el otorgamiento a Europol de liaisons officers , un papel de coordinación para las letters rogatory.
La acción común es un complemento importante de la convención. Ella establece una serie de principios acerca de cómo los países miembros deben tramitar peticiones mutuas de asistencia judicial. Doy especialmente la bienvenida a las normas sobre plazos de tramitación. Obviamente que se puede discutir, como lo hace el ponente, si una medida común o una convención es el mejor instrumento para establecer los principios de tramitación. Sin embargo, creo que lo importante, tanto para el ponente como para mí, tiene que ser, en cualquier caso, la obtención de una aplicación rápida y eficiente de los principios en los países miembros.
Las memorias anuales son, en este contexto, documentos importantes. Ellos se deben poder usar para evaluar la situación en cada país miembro y para poder hacer comparaciones entre ellos. Igual que el Diputado Buffetaut, estimo que la red judicial europea tiene que participar en la realización de la memoria. La red va a contribuir con conocimientos y experiencias sobre la forma cómo desarrollar y profundizar la asistencia jurídica mutua entre los países miembros.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Privación del derecho de conducir
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0121/98) de la Sra. Reding, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir (5217/98 - C4-0061/98-98/0901(CNS)).

Reding
Señor Presidente, las cifras hablan por sí solas: 45.000 muertos, 1, 6 millones de heridos en nuestras carreteras, con sus consecuencias de dolor y tristeza; cada muerte cuesta a la Unión Europea 1 millón de ecus. Estas cifras son impresionantes, señoras y señores, y frente a esta situación abrumadora, las soluciones previstas son de dos órdenes: por un lado, la prevención y, por otro, la represión.
La prevención se realiza mediante campañas de sensibilización al problema de la conducción bajo los efectos del alcohol, mediante la lucha contra las drogas ilegales, mediante los controles técnicos obligatorios de los vehículos, mediante la mejora de la señalización, etcétera. Estas medidas preventivas están destinadas a mejorar la seguridad vial en general y a evitar, en una fase anterior, cierto número de causas de accidente. Junto con la prevención, también hay que organizar la represión, ya que las mejores campañas de prevención no impiden que algunos de nuestros conciudadanos no respeten las reglamentaciones del Código de Circulación. En todos nuestros Estados miembros existen sanciones que pueden ir de una multa, por una infracción leve, hasta la privación del derecho de conducir, por infracciones más graves.
Las instituciones europeas ya han sido muy activas en el ámbito de la prevención. En el marco de este convenio, se trata de reforzar el aspecto represivo de la acción europea. El convenio propone inaugurar, en el plano europeo, el reconocimiento por el Estado de residencia de una decisión de privación del derecho de conducir declarado en otro Estado miembro. En otras palabras, se trata de procurar que la decisión de privación de un Estado miembro también sea aplicada en el Estado de residencia y, en consecuencia, en todos los sitios en que se necesite un permiso para conducir un vehículo. En el futuro los "cow-boys» de las carreteras no estarán protegidos de las denuncias en su país de residencia por hechos que han tenido lugar en otro Estado miembro.
Dicho esto, algunas organizaciones y varios colegas me han comunicado sus preocupaciones en cuanto a la protección del ciudadano contra las consecuencias de la aplicación del nuevo convenio. Puedo tranquilizarlos. El convenio, cuya elaboración ha sido laboriosa, ha establecido barreras contra toda clase de abusos o de complicaciones injustificadas con respecto a las personas afectadas; y, por otra parte, la Comisión de Libertades Públicas ha aprobado algunas enmiendas que refuerzan aún más la protección del ciudadano. No voy a enumerarlas todas; citaré solamente las más importantes.
En primer lugar, el convenio no se aplica a delitos menores. El catálogo de delitos sólo comprende infracciones muy graves, que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos. Por lo tanto, no se trata de regatear con respecto a las infracciones leves del Código de Circulación, sino, por el contrario, de frenar a los conductores peligrosos.
En segundo lugar, la privación del derecho de conducir no depende de una supuesta burocracia centralizadora de Bruselas, sino de las autoridades competentes del Estado de residencia, que son las únicas que pueden decidir aplicar o no el convenio. Por consiguiente, no es una entidad lejana y poco conocida la que decide, sino una autoridad cercana a los ciudadanos.
Finalmente, el convenio establece algunos casos en los que éste no se aplica. Cito algunos de ellos: en particular el caso en que los hechos incriminados no son pasibles de una privación en el Estado de residencia. Por ejemplo, si un luxemburgués es privado del derecho de conducir en otro Estado miembro debido a un índice de alcoholemia en la sangre del 5 por 1000, esta decisión no será aplicable en Luxemburgo, donde el límite es del 8 por 1000.
El convenio no es aplicable si se prueba que la persona afectada no ha tenido oportunidad de defenderse adecuadamente, sobre todo por vicios de forma o problemas lingüísticos, ya que el derecho a la defensa constituye un derecho fundamental, que debe ser respetado.
Por otro lado, se puede subrayar que el Convenio establece varios procedimientos de aplicación, a fin de tener en cuenta las diferencias en cuanto a los métodos administrativos o judiciales en los diferentes Estados miembros.
Por consiguiente, considero que, aun cuando el convenio todavía presenta lagunas, las enmiendas del Parlamento lo hacen lógico, jurídicamente más correcto y transparente y, de esta forma, protegen mejor los derechos de los ciudadanos. El convenio así enmendado contribuye, respetando el Derecho y la transparencia, a combatir una situación insostenible, y por imperfecto que sea, señor Presidente, constituye un importante paso adelante. Pido, pues, al Parlamento que apoye al Consejo en esta iniciativa.

Zimmermann
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Sra. Reding acaba de hablar muy extensamente sobre su informe, por el que quiero felicitarla. Creo que lo que ha expuesto y también los contenidos de las enmiendas que se han aprobado unánimemente, muestran que este informe no sólo ha sido preparado bien sino que además trata los puntos relevantes. Aunque solamente estén presentes pocos colegas, quiero indicar que este informe nos afecta a todos pues a cualquiera de nosotros le puede pasar que cometa en otro país una infracción del tráfico que tenga como consecuencia la retirada del permiso de conducir en ese país pero no en otro. A pesar de que en este convenio se prevé que el correspondiente país de residencia puede decidir si se retira el permiso de conducir, hay algunos puntos a los que debemos prestar atención para que no se retire el permiso a las ciudadanas y ciudadanos aunque en su país no se le retirase.
Ante todo, es necesario que a nivel europeo lleguemos en lo tocante al reglamento de tráfico a unas normas unitarias que se apliquen también unitariamente. Tal como dice la Sra. Reding, se ha dado un paso en la dirección correcta y espero también que a este paso sigan otros. A pesar de que hay países en los que cuando se trata del alcohol permitido para circular el límite se encuentra en 0, 0 por mil y otros en los que ese límite es del 0, 8 por mil, habría que eliminar esas diferencias si queremos llegar a una Europa unitaria. Saludaría si en muchos campos, tanto si se trata del sobrepasamiento de la velocidad máxima, del límite para el alcohol o de otros aspectos del reglamento de tráfico, obtuviésemos en Europa unas normas unitarias para que no surjan más normas mediante acuerdos bilaterales sino que dispongamos en Europa de normas unitarias para la retirada del permiso de conducir.

Nassauer
Señor Presidente, Señorías, el acto jurídico sobre el que debatimos aquí afecta potencialmente a todos los conductores de vehículos y, en consecuencia, a una cifra considerable de personas. Esto le garantiza la atención de muchos pero justifica también la necesidad de ocuparse atentamente del tema. En primer lugar, hay que eliminar malentendidos. No se trata de una armonización de las normas de tráfico europeas, ni de la comunitarización de las consecuencias de las infracciones de tráfico. Este acuerdo apunta solamente a la retirada del permiso de conducir, lo que para un conductor puede tener, en cualquier caso, graves consecuencias. Este acuerdo se ocupa solamente de la retirada del permiso de conducir.
Se pregunta: ante las diferentes regulaciones existentes en Europa ¿se puede adoptar una regulación unitaria de este tipo? Si como europeos reclamamos la totalidad del espacio de la Unión Europea como conductores, entonces debemos también aceptar que en principio se apliquen también unas normas unitarias. Así pues, si en un Estado europeo un conductor comete una infracción tan grave que allí supone la retirada del permiso de conducir, entonces tiene que aceptar que esto tenga también consecuencias en su país.
O por decirlo de otro modo: los gamberros del tráfico no pueden salir sencillamente bien librados sacudiéndose sencillamente el polvo de los pies de un país miembro y seguir conduciendo en casa como si no hubiese pasado nada. Por ello, esta regla es en el fondo correcta. Las asociaciones de conductores han planteado objeciones al respecto. Tienen todo el derecho a examinar críticamente una regulación de este tipo y nosotros vamos a ocuparnos del tema.
Se trata de la cuestión de si, ante la diversidad de reglas y de sistemas jurídicos, es defendible aplicar la retirada del permiso de conducción también en el propio país. Se trata de la vieja cuestión: ¿cuánta Europa necesitamos? O como ha escrito hace muy poco un gran periódico alemán: ¿cuánta Europa soportamos? Esta regla no es válida sin límites. Está delimitada por disposiciones jurídicas de seguridad. En primer lugar, este convenio sólo es aplicable a infracciones que se detallan en un catálogo, es decir, no a cualquiera, sino sólo a infracciones graves.
En segundo lugar, se determina que la retirada del permiso de conducir solamente se podrá ejecutar en casa si se trata de un delito que en el propio país es también punible. El famoso ejemplo de que si a alguien se le retira en Suecia el permiso de conducir por circular con un nivel de 0, 3 por mil de alcohol, no ocurre en Alemania pues este comportamiento no es punible, al menos, de modo general.
Existe toda una serie de reglas que muestran claramente que son aplicables los principios de Estado de derecho. Pero existe aún otra objeción, a saber, la diferencia entre los sistemas jurídicos y, como colofón, un ejemplo algo chistoso. En uno de los Estados miembros más simpáticos de la Unión Europea, un funcionario de policía, tal como allí se llaman, puede observar, por ejemplo, un sobrepasamiento de la velocidad con un ojo oficial ciego. Naturalmente, esto no se reconocería en todos los sitios. Por ello, se puede debatir sobre si esto tiene sentido. Pero si aceptamos que todos los Estados miembros en Europa son Estados de derecho, entonces se puede tener confianza en que las autoridades judiciales actúen conforme a tal Estado de derecho y si uno entra en el ámbito de soberanía de un Estado de este tipo, entonces hay que aceptar que allí se apliquen unas normas ligeramente diferentes. Pero en general, Europa es un espacio de Estado de derecho y podemos tener confianza en Europa también en este campo.

Thors
Señor Presidente, estimada Comisaria, el trámite en el Parlamento Europeo de este proyecto de convención demuestra una vez más que es justamente este Parlamento quien puede tutelar los derechos de los ciudadanos y las materias de seguridad jurídica. Si el Consejo hubiese escuchado al Parlamento en lo referente a Eurodac o a la penalización de actividades en organizaciones, creo yo que se tendrían normas más claras que las que parece que tenemos hoy en el Consejo de Ministros.
Como segunda cosa, espero que esta convención, en contraposición con muchas otras, verdaderamente se haga realidad.
En tercer lugar, opino realmente que las enmiendas del ponente hacen más atractivo para los países miembros adherirse a la convención. Pienso en la enmienda 13 en el artículo 8 y también en la enmienda del artículo 9.
Lo que, sin embargo, me despierta alguna sospecha es la propuesta de enmienda del artículo 14 ya que, por ejemplo, en los países nórdicos, tenemos una buena colaboración entre las policías. Me puedo imaginar que necesitaríamos algo de esto para conseguir el sistema de cohesión que es propio de nuestro sistema judicial. Por eso tengo mis reticencias respecto de esta enmienda.

Amadeo
Señor Presidente, la consecución de la libre circulación de las personas en la Unión convierte en urgente la propuesta objeto de examen. Agradecemos a la Sra. Reding su excelente trabajo y, en espera de la armonización de las legislaciones nacionales, confiamos en que la propuesta del Consejo sirva al menos para proceder a escala europea al reconocimiento por parte del Estado de residencia de una decisión de privación del permiso de conducción tomada por otro Estado miembro.
El tema requiere prestar atención a los documentos de reconocimiento en general. Aprovechando la ocasión, quiero denunciar una situación paradójica que es la de la obligatoriedad del pasaporte para varios ciudadanos comunitarios dentro de la Unión: por ejemplo, y esto les causa enormes dificultades, los jóvenes italianos nacidos en Bélgica que no tienen la nacionalidad belga, no son titulares de un documento de identidad, sino de una simple tarjeta de residencia que no les permite viajar por Europa.
Pedimos, por lo tanto, la creación de un verdadero documento de identidad europeo y la transformación de la actual y anacrónica tarjeta de residencia comunitaria en una tarjeta de residencia y de libre circulación.

Rübig
Señor Presidente, en principio tenemos dos métodos para garantizar los objetivos de la seguridad en el tráfico. Uno son las penas sobre las que hoy debatimos. Quiero indicar también que la retirada del permiso de conducir representa para muchas personas un problema existencial. Se producen muchos suicidios tras la retirada del permiso. Se trata realmente de una medida extrema y se debería tener mucho cuidado al respecto.
Tenemos un segundo método, el del estímulo. Deberíamos apostar muy intensamente por las medidas de formación precisamente en el sector del tráfico, por un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Deberíamos apostar por medidas de investigación para mejorar la seguridad de los vehículos, de los conductores y de las carreteras y deberíamos apostar también por las infraestructuras, es decir, sistemas electrónicos, para hacer sencillamente más seguro el tráfico. Creo que la combinación de los dos métodos nos conducirá a la postre al éxito en Europa.

Hager
Señor Presidente, nadie quiere que los gamberros del tráfico pongan en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos. Debe saludarse la tendencia del presente informe, pero no nos parece que haya sido muy afortunada la aplicación de la idea. Independientemente de la construcción jurídica muy sui generis del artículo 3 en relación con el artículo 5, el problema principal radica en mi opinión en que en los procedimientos en el extranjero, precisamente a la hora de la determinación de los hechos, por los más diversos motivos se cometen errores que a su vez quedan sin subsanar también por los más diversos motivos. La vinculación del Estado del domicilio a las constataciones que se realizan en la decisión del Estado en que tiene lugar la infracción, no parece garantizar que el afectado pueda hacer uso de todas las posibilidades de defensa que le corresponderían según el derecho de su país.
En nuestra opinión, la posibilidad de rechazo de la ejecución por parte del Estado miembro para el caso de violación de normas de defensa no es, por consideraciones prácticas, un elemento corrector suficiente. Preferiríamos que los procedimientos se llevasen a cabo en el correspondiente país del domicilio.

Gradin
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Sra. Reding por su valioso informe sobre el Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir.
Como todos ustedes saben perfectamente, el número de accidentes en las carreteras de Europa es demasiado alto. Muchos de ellos son ocasionados por conductores imprudentes o que no tienen permiso de conducción. La privación del derecho de conducir ha demostrado ser una herramienta eficaz en la labor de mejorar la seguridad vial. Actualmente, una persona a la que se le haya retirado su permiso de conducción en un país que no es el suyo, legalmente puede volver a obtenerlo cuando regrese a su país. Es absurdo. El Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir colmará algunas de las lagunas existentes.
La Comisión comparte la opinión de la Sra. Reding de que es urgente que el Consejo adopte una decisión sobre el convenio. Puedo informar al Parlamento de que el Consejo de Justicia y de Asuntos de Interior del 19 de marzo alcanzó un acuerdo político, lo que supone un paso en la dirección acertada, y la Presidencia del Reino Unido es muy optimista con respecto a las posibilidades de que se apruebe el convenio en la próxima reunión del Consejo, a finales de mayo.
El convenio establece un mecanismo de notificación entre el Estado en que se produjo la infracción y el Estado de residencia del infractor. El Estado de residencia garantizará que se cumple la sanción impuesta en el extranjero o que al infractor se le impone la sanción idónea en su país y que, en caso necesario, se notificará a otros Estados miembros la retirada del permiso de conducción en cuestión. El informe apunta a la conveniencia de introducir plazos estrictos para los procedimientos de notificación, reconocimiento y aplicación de la sanción. La propuesta es interesante. Haría posible una mayor previsión y una mayor seguridad en lo que respecta a garantizar que las medidas necesarias se adoptan puntualmente.
En su informe, la Sra. Reding también hace hincapié en la importancia de la viabilidad de la cooperación en virtud del convenio. Debemos intentar establecer el procedimiento más rápido y simple posible. Es una aspiración digna de alabanza.
También acojo con satisfacción la propuesta de la Sra. Reding de que, en el futuro, un Estado miembro sólo notifique modificaciones del procedimiento que garanticen su simplificación. No obstante, al mismo tiempo debemos recordar que el convenio es el resultado de un proceso de negociación. Sin duda habrá espacio para mejoras, por lo que debemos hacer una evaluación del funcionamiento del convenio durante un par de años a partir de su entrada en vigor.
Con más de 45.000 muertes cada año en las carreteras de Europa, debemos tomarnos muy en serio la seguridad vial. Una vez que entre en vigor, el Convenio relativo a las decisiones de privación del derecho de conducir se convertirá en un instrumento eficaz para combatir este tipo de infracciones.

El Presidente
Doy las gracias a la Sra. Comisaria y a la ponente, la Sra. Reding.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Supresión de las ventas libres de impuesto
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales con debate, dirigidas a la Comisión:
B4-0279/98-0-0073/98 del Sr. Cornelissen, entre otros, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, sobre las consecuencias sociales y regionales de la supresión de las ventas libres de impuestos en las regiones implicadas por la medida; -B4-0283/98-0-0087/98 de la Sra. Ewing y del Sr. Castagnède, en nombre del Grupo ARE, sobre el sistema de ventas libres de impuestos.
Cornelissen
Señor presidente, la decisión de 1991 del ECOFIN de suprimir a partir de julio de 1999 las ventas libres de impuestos en el interior de la Unión Europea para los viajeros ha exaltado últimamente los ánimos. Esto no es extraño y, en sí, tampoco es alarmante. Lo preocupante son los mensajes que indican que esta supresión conducirá a la pérdida de un elevado número de puestos de trabajo en algunas regiones y sectores. Pongo el ejemplo de los servicios regulares de barcos transbordadores, los aeropuertos regionales y determinadas regiones turísticas. El ministro irlandés de transporte espera que se pierdan de 30 a 50.000 puestos de trabajo. El propio sector multiplica esas cifras. La lucha contra el paro y el desarrollo de las regiones retrasadas son prioridades de la Unión Europea. Así mismo, teniendo en cuenta la preocupación de muchos trabajadores de los sectores implicados, opinamos que debe existir claridad sobre este asunto. Por tanto, pregunto a la Comisión si está dispuesta a que se realice un estudio independiente sobre las consecuencias esperadas, especialmente en el caso de los sectores y regiones más afectados. Señor Presidente, confío en una respuesta positiva considerando las promesas de la primera comisaria responsable de esta cuestión, la Sra. Scrivener, durante los debates parlamentarios de 1990 y 1991.

Ewing
Señor Presidente, es probable que esta Asamblea sepa que, como representante de las Highlands and Islands, mantengo un estrecho vínculo con el sector del whisky escocés, con sus cientos de destilerías y sus cientos de tipos de whisky; un sector que da trabajo a muchas personas en zonas en las que no suele existir ninguna otra alternativa de empleo. Quisiera continuar al hilo de lo que ha dicho el Sr. Cornelissen: no necesito repetir lo que él ha dicho, pero apoyo su petición de que se realice un estudio exhaustivo. Lo que me irrita es que eso ya lo prometió la Comisaria responsable de Fiscalidad en noviembre de 1990 y mayo de 1991. El Comisario Monti acudió a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ocasión en la que estuve presente y en la que le presentamos estos argumentos, y el Comisario no parecía arrepentirse y se mostraba bastante despreocupado de que se hubiera hecho semejante promesa y de que ésta se hubiera roto. Aún me pregunto si la Comisión podría darnos una explicación sobre los motivos por los que no se cumplieron la promesa.
Ha habido otros estudios, naturalmente. Hemos recibido un estudio de un departamento de investigación del Parlamento que ha despertado una cierta inquietud entre los ciudadanos, porque, como decía el Sr. Cornelissen, no sabemos cuántos puestos de trabajo están en juego. Pero algunas estimaciones apuntan a que pueden perderse muchos más de 40.000 puestos de trabajo, precisamente en unos momentos en que el índice de desempleo es enormemente alto. El efecto sobre las zonas periféricas sería muy grave, porque, como ya he dicho, dichas zonas tienen muy pocas alternativas de empleo.
Hemos recibido justificaciones del Consejo por su rechazo a replantearse este asunto. Una de ellas es que así lo exige el mercado único; pero ¿no es bastante irónico que no tengamos un mercado único para las bebidas alcohólicas? Aún no hemos conseguido una fiscalidad que se ajuste a una normativa sensata, por ejemplo, sobre la graduación de las bebidas alcohólicas. No disponemos de unas reglas del juego equitativas en lo relativo a las bebidas alcohólicas. Por lo que me parece que la primera justificación no se sostiene.
La segunda justificación -es probable que el Comisario pueda presentar muchas otras- es que la pérdida de estos impuestos supondría unos costes de 2.000 millones de ecus. Pero algunos de los estudios sugieren que no hay ninguna prueba de que se llegue a esa suma, aunque se supriman las ventas libres de impuestos. Naturalmente no hay ninguna duda acerca de que, en muchos casos, las ventas libres de impuestos afectan al coste de las tarifas de aeropuertos y a los precios de los transbordadores. Sabemos que eso es cierto, no ocultamos esa realidad. Pero vuelvo sobre los efectos que tendrán dichos costes sobre las zonas periféricas, en el caso de que haya que subirlos. Existe una enorme preocupación entre la ciudadanía. Sé que tendría que ser por unanimidad, pero, por favor, en vista de la preocupación existente, ¿no podríamos pedir al Consejo que vuelva a plantearse su postura una vez más?

Monti
Señor Presidente, la Comisión tiene conocimiento de las cuestiones planteadas en algunos Estados miembros sobre la situación que se producirá a partir de junio de 1999, fecha en que se pondrá fin a las ventas libres de impuestos en la Unión Europea, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo de Ministros en 1991.
Estoy seguro de que ustedes reconocerán asimismo que la Comisión tiene conocimiento de que la gran mayoría de los ministros de Finanzas dejaron perfectamente claro en noviembre de 1996 y marzo de 1998 que no se replantearían la decisión adoptada en 1991 de poner fin a las ventas libres de impuestos en el seno de la Comunidad. La Comisión, por consiguiente, sigue convencida de que el período de transición de más de siete años, concedido al sector de la venta libre de impuestos, es suficiente para solucionar la legítima preocupación del sector del comercio libre de impuestos por la desaparición gradual de dichas ventas.
Se ha preguntado a la Comisión en varias ocasiones, incluso durante la presente sesión, si tiene intención de realizar un estudio sobre las repercusiones de la supresión de las ventas libres de impuestos. La respuesta es breve. La respuesta es "no». No hay ningún motivo para ello. Permítanme que explique una vez más por qué. Cuando en 1989 y 1991, la Comisión debatió con este Parlamento sobre los arreglos fiscales para el establecimiento del mercado interior, la entonces Comisaria responsable de Fiscalidad se declaró dispuesta a realizar un estudio sobre las consecuencias sociales y económicas para todas las profesiones cuyo futuro se viera afectado por la entrada en vigor de los acuerdos en materia de mercado interior el 1 de enero de 1993, y a buscar soluciones adecuadas en caso necesario.
Dicha declaración se hizo con el fin de apaciguar, entre otros, los temores manifestados por el Parlamento por las consecuencias de la supresión inmediata de las ventas libres de impuestos el 1 de enero de 1993, y para analizar si se justificaban y eran posibles algunos arreglos para la desaparición gradual de esta actividad. Ante esta perspectiva, la Comisión, que no había presentado ninguna medida específica en favor de esta actividad en su propuesta, se declaró en las negociaciones que siguieron en el seno del Consejo a favor de la introducción de un régimen de excepción de más de siete años. Además mantuvo informada a la comisión competente del Parlamento sobre las soluciones aprobadas entonces. Debo hacer hincapié en que, tras recibir dicha información, su Institución no volvió a mencionar el estudio previsto originalmente hasta fecha muy reciente.
El Consejo, al adoptar dicho régimen específico que supera ampliamente la necesidad de un estudio -siete años y medio son más que un estudio-, tomó en consideración las dimensiones socioeconómicas de la actividad de la venta libre de impuestos, ya que ésta queda claramente reflejada en los considerandos de las directivas pertinentes. En consecuencia, la Comisión sigue convencida de que este régimen específico fue una respuesta apropiada y práctica a la inquietud manifestada entonces por el Parlamento Europeo.
Comparando este largo régimen de excepción con las soluciones que se presentaron para otras profesiones afectadas por la legislación sobre el mercado interior, por ejemplo, para los transportistas aduaneros, que recibieron fondos para la reconversión y demás por un valor aproximado de 30 millones de ecus, el período de siete años, que ha hecho posible unos beneficios anuales de aproximadamente 7.500 millones de ecus, no parece haber sido un trato desfavorable.
Además, el lanzamiento de un estudio ahora no sólo es injustificado, sino que además sería ligeramente irresponsable por nuestra parte. Lanzar un estudio ahora, cuando falta poco más de un año para el final del actual régimen de excepción, sería de lo más contraproducente, ya que podría ser considerado por el sector de la venta libre de impuestos como una reapertura del debate y retrasaría aún más lo inevitable. Iría en contra del ajuste necesario y pendiente del sector, que fue la principal causa para permitir un período de siete años. La Comisión no tiene intención de dar las señales equivocadas.
Quisiera profundizar en los efectos regionales que se plantean en la pregunta. Acojo con satisfacción esta dimensión regional que se centra en algunos problemas reales, específicos y limitados que podrían surgir como consecuencia de la supresión. La Comisión, no obstante, hace hincapié en el hecho de que corresponderá a los distintos Estados miembros afectados analizar si y en qué medida pueden producirse dificultades regionales específicas, y adoptar las medidas apropiadas, incluida la investigación, la valoración y la evaluación de los efectos locales y regionales sobre los que podrían basarse las solicitudes de los propios Estados miembros.
Puede perfectamente darse el caso de que se pongan a disposición fondos comunitarios para mitigar cualquier problema específico ocasionado por la supresión de las ventas libres de impuestos. No obstante, serán los Estados miembros los que identifiquen posibles problemas de este tipo y, a continuación, evalúen, en su caso, qué tipo de acción sería la adecuada. Si los Estados miembros desean entonces solicitar ayuda comunitaria, deberán hacerlo de acuerdo con los procedimientos actuales: por ejemplo, aquéllos aplicables a los Fondos estructurales. Los casos serían examinados conjuntamente con la Comisión, y las decisiones se tomarían en base a los méritos de cada caso individual.
En el caso de los Fondos estructurales, las intervenciones están encaminadas a reducir las disparidades regionales y sociales. Junto con los Estados miembros y las regiones afectadas, la Comisión ha establecido un marco para dichas intervenciones que cubre asuntos como las prioridades, los recursos financieros y las formas de asistencia que, generalmente, se aplican a través de un programa operativo. El actual programa dura hasta finales de 1999. El próximo período de programación para los Fondos estructurales será desde el 2000 hasta el 2006.
El 18 de marzo del presente año, en el marco de su paquete de la Agenda 2000, la Comisión aprobó su nuevo proyecto de reglamento sobre el funcionamiento de los Fondos estructurales. En su nuevo artículo 4, permite a los Estados miembros proponer para beneficiarse bajo la nueva cuota nacional del Objetivo II a cualquier zona que se enfrente o se vea amenazada por un alto índice de desempleo como consecuencia de la reestructuración en marcha o prevista de una actividad de importancia clave para los sectores agrícola, industrial o de servicios. El transporte aéreo y el transporte marítimo forman parte del sector servicios.
Las normativas comunitarias también proporcionan a los Estados miembros los medios para perseguir objetivos legítimos de servicio público para las conexiones de transporte cuando los operadores comerciales son incapaces de realizar dichos objetivos sin ayuda pública. Ya existen directrices comunitarias en este ámbito -por ejemplo, sobre ayuda a las conexiones del transporte marítimo.
Sus Señorías comprenderán, por consiguiente, que ya existen procedimientos bien conocidos y probados a través de los cuales los Estados miembros y la Comisión pueden colaborar para prestar ayuda en situaciones en las que pueden surgir problemas específicos en relación con la supresión de las ventas libres de impuestos a nivel comunitario, lo que tendrá lugar el 30 de junio de 1999.

Miller
Señor Presidente, gracias señor Comisario Monti por su explicación. Creo que si consulta las Actas de esta Asamblea, descubrirá que el estudio se pidió hace ya bastante tiempo. No es sólo un fenómeno reciente; hace ya varios años que venimos pidiendo el estudio.
La presente propuesta solicita un estudio sobre las repercusiones económicas y sociales de la supresión de las ventas libres de impuestos. No aboga por el mantenimiento de las mismas. Creo que es algo que debemos dejar claro desde el comienzo. He escuchado atentamente lo que usted ha dicho, señor Comisario, y sé que en más de una ocasión, usted ha dicho no a la realización de dicho estudio, a pesar de haber sido aprobado con anterioridad. Comprendo los motivos que ha expuesto. Cuando, en un comienzo, la Comisión dijo que las ventas libres de impuestos se suprimirían el 1 de enero de 1993, se imponía la realización de un estudio preliminar, pero cuando se acordó la excepción hasta 1999, como usted ha dicho, el estudio dejó de ser pertinente.
En el pasado, usted señaló asimismo que durante el período de intervención de siete años y medio, el lobby de las ventas libres de impuestos debía reducir sus operaciones, pero lo cierto es que han hecho exactamente lo contrario; dichos grupos de interés han expandido sus actividades. Tomo nota de estas observaciones. Hemos comprobado que se han realizado varios estudios, muchos de los cuales apuntan a la desaparición de puestos de trabajo, otros indican exactamente lo contrario. Permítame afirmar que no doy fe a ninguno de ellos. No doy fe a ninguno de los estudios de ambas partes, porque ninguno de ellos ha sido realizado por un asesor independiente. Todos ellos obedecen a intereses creados y, por consiguiente, creo que lo apropiado en estos momentos es que conozcamos la imagen real, la imagen clara de lo que sucederá después de la desaparición de este sistema de ventas. Por eso necesitamos una evaluación independiente. Pero como le he oído decir, señor Comisario, usted sigue negándose a ello.
Permítame que le remita a una reunión, una audición conjunta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Transportes y Turismo que se celebró el pasado año sobre la cuestión de las ventas libres de impuestos, en la que usted dijo que estaba dispuesto a analizar el modo de paliar los efectos de la posible pérdida de puestos de trabajo. La pregunta que debo hacer es ¿cómo puede analizar el modo de paliar dichos efectos sin un estudio? Usted intentó desviar la cuestión en su respuesta de hace un momento, diciendo que corresponde a los distintos Estados miembros analizar eso y buscar las formas de utilizar los Fondos estructurales desviándolos hacia estos ámbitos en los que puede aparecer desempleo como consecuencia de la abolición de la venta libre de impuestos. Yo diría que ése no es el deber de los Estados miembros, porque si hacemos eso, de repente nos encontraremos con una política fragmentada sobre los Fondos estructurales, y eso es lo último que queremos en esta Asamblea, especialmente cuando nos disponemos a revisar los Fondos estructurales.
Otra cosa que también debemos analizar son las consecuencias económicas y, en este sentido, hay varias preguntas que también han quedado en el aire. Un ejemplo que se ha utilizado en muchas ocasiones es el caso del viaje en transbordador entre dos países de la UE que cruza aguas internacionales, ¿a qué tienen derecho los pasajeros? ¿Tienen derecho a beneficiarse de las ventas libres de impuestos o tienen derecho a pagar los aranceles en el puerto de salida o tienen derecho a pagar los aranceles en el puerto de llegada? Son cuestiones económicas que necesitan una respuesta y, por lo tanto, creo que un estudio restablecería este equilibrio y, por lo tanto, quisiera instarle a que actúe en consecuencia.

Cornelissen
Señor Presidente, estoy asombrado y desengañado por la respuesta negativa del Comisario. Es apenas imaginable que las autoridades adopten medidas en el año 1999, sin que se conozcan las consecuencias para el empleo y el desarrollo regional. Quiero, así mismo, señalar las reiteradas palabras del Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, en este Parlamento quien deseó mantener una buena cooperación con el Parlamento Europeo. Esta respuesta de la Comisión no se corresponde con lo anterior. También atestigua poco respeto por los miles de trabajadores del sector que están muy preocupados. Señalo la marcha del otoño pasado en Bruselas en la que participaron 5000 personas. La respuesta igualmente va en contra de la Europa de los ciudadanos de la que la Comisión tan gustosamente habla. Deseo, por tanto, preguntar con gran insistencia al Comisario si esta dispuesto a hablar al Presidente de la Comisión, el Sr. Santer, de nuestro desengaño y, así mismo, teniendo en cuenta la reciente solicitud del Consejo de Transportes, realizar con rapidez el informe solicitado en interés de los miles de ciudadanos preocupados, de manera que cada uno sepa de qué estamos hablando. Nada más y nada menos, señor Presidente. Eso puede difícilmente despacharse calificando la realización de un estudio como algo equivocado. Somos lo suficientemente adultos, señor Presidente, para evaluar esto con exactitud. Por favor, señor Comisario, en interés de nuestra Europa, escuche a los representantes elegidos del pueblo.

Fitzsimons
Señor Presidente, intervengo para apoyar al Sr. Cornelissen, a la Sra. Ewing y al Sr. Miller. Mi Grupo apoya la resolución. Ya se ha dicho que la Comisión prometió ante esta Asamblea que se emprendería un estudio sobre las repercusiones sociales y económicas de la supresión de las ventas libres de impuestos. El Sr. Cornelissen ha puesto el dedo en la llaga.
Lo cierto es que los representantes de la Comisión continúan negándose a la realización de cualquier tipo de análisis, a pesar de la decisión adoptada por el Consejo de Transportes el pasado marzo de solicitar un estudio de la situación. Independientemente de la posición que mantengan los distintos diputados de esta Asamblea sobre si merece la pena o no mantener las ventas libres de impuestos, mi Grupo apoya firmemente esta propuesta porque viene a corregir la falta de un proceso democrático, ya que la Comisión continúa haciendo caso omiso de los deseos de aquellos que han sido elegidos por los ciudadanos de Europa. Son ellos los que tienen derecho a esperar que se representen sinceramente sus intereses. Por ello debe realizarse el estudio y, después, podremos tomar las decisiones necesarias al respecto.

Cox
Señor Presidente, cuando aprobamos leyes que afectan a personas, al comercio y a lugares, todos tenemos el deber de actuar con cautela y el deber de interesarnos. Consciente de ello, hace ya más de siete años, antes de la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos, propuse una enmienda para que se realizara un estudio. Como ya se ha dicho, la Sra. Scrivener prometió en los términos más claros ante el Parlamento que se realizaría dicho estudio. La promesa nunca se cumplió. Deploro y lamento que la Comisión no haya obrado de buena fe.
Hace dos años escribí al Comisario Mario Monti recordándole mi solicitud de un estudio. Rechazo, por consiguiente, las opiniones de aquellos que hoy sostienen que este debate es un intento tardío de hacer descarrilar la supresión de las ventas libres de impuestos. Si la Comisión hubiera mantenido su palabra, hace mucho tiempo que nos habríamos ocupado del estudio y de sus consecuencias. Sin prejuicio de la cuestión fundamental -la supresión de las ventas libres de impuestos-, la petición de un estudio sigue siendo tan válida hoy como lo fue antes, y la renuevo ahora.
Para muchos, la cuestión de las ventas libres de impuestos ha adoptado un cierto significado simbólico con respecto a la armonización fiscal y al mercado único, un simbolismo desproporcionado para su cuota de mercado y su esencia. Esto ha derivado en la aparición de defensores y detractores por igual, que prestan una atención desmedida a las consecuencias prácticas de la supresión. La Comisión, con cierta justificación, apunta a la negativa del sector a hacer ajustes. Por lo que también la Comisión tiene argumentos para responder. No todas las cuestiones de la supresión están relacionadas con el sector; afectan a ámbitos importantes de la política pública, como son las políticas regional, de turismo y de empleo, y éstas no son cuestiones que afecten únicamente al sector.
En cuanto a los ingresos y la erosión fiscal, una pregunta: ¿puede decir el Comisario con certeza judicial cuál será la situación en términos de tributos para los distribuidores, los Estados miembros y los consumidores tras la supresión en 1999? ¿Variarán los impuestos sobre el consumo en el caso de las ventas a bordo de transbordadores y aviones que crucen aguas territoriales? ¿Habrá cero impuestos de consumo en aguas internacionales? ¿Tiene prevista la Comisión alguna política que aborde semejante caos? Lamento que esta noche no hayamos recibido ninguna promesa de que se realizará un estudio. El estudio está pendiente y es necesario. Políticamente, creo en una Comisión política. Lamento que esta noche hayamos recibido una respuesta de burócratas.

Aelvoet
Señor Presidente, no tendríamos este debate, Señorías, si no se tratara de un poderoso grupo de presión que ha hecho todo lo posible para que la opinión pública se suba por las paredes y que, incluso, ha tenido éxito al servirse de la mayoría de los grupos. Ya desde hace mucho, se sabe que el Consejo y la Comisión han propuesto conjuntamente que se ponga fin a este asunto, se ha dado un plazo de más de siete años y es absolutamente ilógico mantener algo así en un mercado común.
Además, es evidente que la mayoría de las tiendas libres de impuestos no sufrirán en absoluto por la supresión; porque la gente compra allí, no porque sea más barato, puesto que con frecuencia es más caro, sé muy bien de qué hablo, sino porque se tiene tiempo en ese momento, porque se quiere tener un detalle con alguien y cosas semejantes. Apoyamos tanto al Consejo como a la Comisión. Sí opinamos que un estudio no es superfluo, aunque sólo sirva para elaborar un programa de acción concreto, que demuestre que solamente se trata de desplazar el lugar de trabajo y eso, especialmente, en las regiones periféricas en las que, por supuesto, podrían surgir problemas sociales y problemas de comunicación en el tráfico que deben enfrentarse de forma seria. Eso es lo que respaldamos, nada más, pero tampoco nada menos.

Nicholson
Señor Presidente, el presente debate sobre el futuro de las ventas libres de impuesto me parece realmente ridículo, por expresarlo en términos suaves. Si alguna vez hemos intentado privar al público de algo que éste quería conservar, con esto lo hemos conseguido. La amplia mayoría de las personas que viajan al extranjero, ya sea de vacaciones o por motivos de negocios, quieren que se mantengan y les gustan las compras libres de impuestos. Es una pequeña compensación que tienen.
¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo privarles de esta pequeña ventaja. ¿Y qué alcanzaremos con ello? Lo único que conseguiremos es enfurecer a los ciudadanos europeos que viajan, y todo ello en nombre de la Unión Europea y el mercado único. Además de todo esto, dejaremos a un montón de gente sin trabajo. Creía que nuestro deber era velar por la conservación y la creación de puestos de trabajo, y no dejar a la gente en el paro.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para instar a la Comisión y al Consejo a que, en vez de responder, como han hecho esta tarde de una manera muy burocrática, como decía el Sr. Cox, reconozcan el profundo sentir y la preocupación que existe en torno a este asunto entre los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. Una inquietud que irá en aumento, ya que muchas personas aún no se han enterado de lo que sucederá dentro de muy poco. Pido que, en vez de permitir que se agudice ese resentimiento contra la Unión Europea, tomemos medidas positivas para garantizar que eso no ocurra.

El Presidente
He recibido, para concluir el debate, seis propuestas de resolución.
La votación de estas propuestas tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Piecyk
Señor Presidente, tengo que acostumbrarme a convivir con el hecho de que me llamo Piecyk pero que mi nombre siempre se pronuncie mal. No supone para mí ningún problema. Señor Presidente, al contrario que el colega Cornelissen, no estoy tan sorprendido por la declaración del Comisario. Me lo había imaginado. Sin embargo, señor Comisario, creo que la política debe estar en situación de comprobar y hacer que se comprueben las decisiones adoptadas en el banco de pruebas de la realidad de la vida de las personas. Pues puede ocurrir que a veces, bajo determinadas circunstancias, hayamos decidido algo y que los resultados no sean como quizás habíamos planeado y deseado.
Tengo la sensación de que quiere eludir la recogida de datos según el lema: si no dispongo de datos tampoco tengo ningún problema, por lo que tampoco tengo que hacer nada. Me parece extraño -lo que se ha dicho aquí ya con frecuencia- que se tenga que reclamar hoy algo en base a una promesa de la Comisaria que había en 1991. Hace varios años la Comisión nos hizo la misma promesa. Se trata también de una cuestión de confianza entre el Parlamento y la Comisión.
En el aire pende también otra cuestión, la de que todos aquellos -entre los que me encuentro yo- que están a favor del mantenimiento de tax free , además por miedo a que se pierdan puestos de trabajo, que se les achaque que alegan cifras pavorosas de la industria y de las asociaciones "duty-free». Este es el motivo para decir que necesitamos por fin un estudio correcto, comprobable y diferenciado para que podamos llegar a una conclusión razonable y racional.
No sé si realmente están en juego 140.000 puestos de trabajo en la Unión, pero sí que solamente en mi región de SchleswigHolstein, desaparecerían varios miles de puestos de trabajo en el Báltico en el sector del turismo y de los ferrys. No sé que aeropuertos o líneas aéreas se verían afectadas pero sí que se verían especialmente afectados los aeropuertos pequeños, regionales, las líneas de comunicación con los territorios más alejados y el tráfico de ferrys en el Báltico, en especial con Finlandia.
Tampoco sé exactamente qué repercusiones fiscales tendría la supresión del "tax-free» y del "duty-free», pero sé perfectamente que luego -usted mismo lo ha apuntado- las ayudas para el sector del transporte en las regiones afectadas y para gastos de seguridad social de los parados estarían de nuevo en el orden del día. Por todos estos motivos digo que antes de hablar durante más tiempo sobre el si y el cómo, necesitamos un estudio correcto y adecuado. Me puedo imaginar que usted lo desea. Pero el Consejo de Ministros de Transporte lo ha exigido ya ahora, el Parlamento lo va a exigir y si no me equivoco mañana por la mañana tendremos sobre la mesa una propuesta de resolución conjunta presentada por muchos grupos políticos. Por ello, la Comisión no debería negarse durante más tiempo sino elaborar ese estudio para que podamos mantener a continuación un debate razonable al respecto.

Langen
Señor Presidente, Señorías, hemos realizado en nuestra comisión una audiencia y además existe un informe del colega Garosci. Hay que diferenciar entre la exigencia de un estudio y la supresión del duty free . Comparto la opinión del colega Piecyk de que un estudio podría aportar claridad a los falsos mensajes del lobby pues aquí la democracia parlamentaria es sometida masivamente a presión con unos medios totalmente ilícitos. No debe quedar duda de que las regiones marítimas especialmente afectadas recibirán, llegado el caso, unas ayudas concretas. Por otro lado, hay un debate por el que se trata de echar atrás la supresión de los duty free acordada en 1991. El debate es alentado por los colegas que provienen de Estados en los que existe un elevado impuesto sobre los bienes de consumo o que tienen frontera con estos países. Se trata, pues, de Estados en los que se utilizan ventajas fiscales que no están justificadas en el sentido de la totalidad de la población de la Unión Europea. En charlas dominicales se subraya aquí siempre la importancia de la armonización fiscal, pero tan pronto como ha pasado el domingo todos exigen su propia ventaja especial.
Señor Comisario, por ello coincido con usted en que el duty free debe desaparecer, pues bajo este nombre se esconde el concepto de compras baratas, con frecuencia, un engaño muy claro a los consumidores. Los que dicen que se ponen en peligro aeropuertos, hay que plantearles la pregunta de si la gran masa de los ciudadanos normales tienen que subvencionar a los viajantes comerciales concediéndoles la posibilidad de realizar compras libres de impuestos. No lo considero justificado y no hay en absoluto ningún motivo para permitir ventajas especiales si, en el marco del euro, queremos armonizar determinadas normas fiscales. Señor Comisario, todo esto lo podemos debatir mucho mejor y usted se encontrará en una posición más favorable si manda elaborar un estudio sobre las repercusiones regionales, destruyendo de este modo los argumentos de este lobby.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nos encontramos aquí sumidos en un debate un poco curioso. En la Cámara Baja neerlandesa, a petición de un colega del partido, el ministro de Hacienda respondió que la Comisión Europea no quería realizar semejante estudio. Aquí, el Comisario dice que el Consejo Europeo de Finanzas no desea un estudio semejante. Y así, nos andamos con rodeos. No digo que debamos mantener permanentemente estas facilidades libres de impuestos, pero lo que encuentro excepcionalmente perjudicial es que, por una parte, digamos a la sociedad: esto lo desmantelamos y, por otra, las autoridades no lleven a cabo lo que habían planeado, especialmente la armonización fiscal, que en este momento debería estar más avanzada de lo que está, y la realización del mercado interior. Encuentro excepcionalmente perjudicial, señor Comisario, que nosotros propongamos hechos consumados a la sociedad y no los Estados miembros ni la Comisión ¡Sólo por eso, deberíamos realizar un estudio!
Aplausos

Ephremidis
Señor Presidente, tengo la impresión de que con la intervención del Sr. Comisario se ha interferido el tema, porque ahora nos hemos encontrado ante un doble reto.
Señor Comisario, el primer reto es que usted ha dicho que tras un período transitorio de siete años no es necesario un informe; que no vamos a redactar ningún informe. Por otra parte, ha declarado que habrá consecuencias para el empleo, para los puertos, para los trayectos y para el mercado.
El segundo reto serán esas consecuencias. Cada país se deberá hacer cargo de reparar y afrontar dichas consecuencias. Pero ¿quién ha ocasionado esas consecuencias? ¿La política de cada estado por separado o la política comunitaria? Como se decía antiguamente: "el que hiera que cure». Esa política comunitaria deberá correr con la responsabilidad de contribuir de forma eficaz a la reparación de las consecuencias. Mientras tanto, señor Comisario, los trabajadores del sector dicen que van a perder 145.000 puestos de trabajo y que se trata principalmente de jóvenes que son los que trabajan en los comercios libres de impuestos.
Le pregunto: ¿qué va a pasar con ellos? ¿Sabe por qué está retrasando el proyecto? ¿Sabe por qué no lo va a presentar nunca? Porque no le interesa ver qué va a pasar con esas personas. Por eso lo evita. Porque sería fácil aportar datos, enumerar las consecuencias, señalar los beneficios fiscales. Pero no quiere tocar ese tema. Los 150.000 trabajadores que van a ir a la calle y que son gente joven que van a engrosar la cifra de desempleo, una larga cola de 20 millones de desempleados ocasionada por el famoso mercado único y por las políticas aplicadas para su fomento.

McKenna
Señor Presidente, en primer lugar, creo que es descabellado y muy irresponsable por parte de la Comisión perseguir algo sin disponer primero de una evaluación independiente de sus consecuencias. Especialmente para los Estados isleños de la UE, entre los que se encuentra Irlanda, el estudio merece especial atención, y me pregunto qué teme el Comisario para negarse a que se realice el estudio que tantas personas han solicitado. Con la armonización del sistema fiscal, la UE está adoptando paulatinamente todas las características de un Estado único.
Los políticos irlandeses de los principales partidos políticos hacen cola ahora para apuntarse tantos en esta cuestión, pero merecen ser criticados por el decidido entusiasmo que mostraron en el pasado por el mercado único. Por ejemplo, el líder de nuestro Gobierno de Irlanda, el Sr. Ahern, es un converso reciente a la causa en favor de las ventas libres de impuestos. Cuando en 1991 era ministro de Economía de Irlanda, se unió a otros ministros de Economía de la UE para aprobar el cese de las ventas libres de impuestos a finales de la década. Sinceramente creo que es irresponsable por parte de la UE impulsar algo sin haber realizado un estudio adecuado y, como decía el Sr. Miller, todos los estudios realizados hasta ahora han defendido intereses creados de ambas partes. Necesitamos estudios adecuados que sean independientes y nos ofrezcan la imagen completa, y la Comisión es responsable de que eso se lleve a cabo.

Hendrick
Señor Presidente, permítame comenzar diciendo que si a alguien se le ocurriera inventar mañana la venta libre de impuestos y llegara a presentar esa idea, estoy seguro de que nunca se adoptaría. Pero no estamos en esa situación. La razón principal sobre la que originalmente se basaban las ventas libres de impuestos ha perdido su razón de ser, y está claro que las personas que tuvieron esa idea nunca previeron el mercado único que en estos momentos nos esforzamos por sacar adelante. Lo mismo es válido para algo como el consumo de tabaco. Si hubiéramos podido prohibir el tabaco antes de que se extendiera su consumo, estoy seguro de que lo habríamos hecho, pero es evidente que lo único que podemos hacer ahora es intentar disuadir a la sociedad. Porque existe, debemos hacer algo al respecto. La cuestión es, ¿qué podemos hacer? Debido a que muchos de los que pertenecemos a este Parlamento viajamos con frecuencia, todos sabemos que algunos puertos y aeropuertos utilizan los beneficios de las ventas libres de impuestos para reducir las tasas que abonan los pasajeros. En mi región, en particular, tenemos dos aeropuertos, el de Manchester y el de Blackpool, y ambos obtienen considerables beneficios de las ventas libres de impuestos y, ciertamente, hay puestos de trabajo que dependen de esta actividad.
Hay un argumento que ya ha sido presentado por muchos otros oradores: no se ha realizado ningún estudio independiente, y necesitamos uno. Hay puestos de trabajo que están juego. No sabemos si desaparecerían 140.000 puestos de trabajo, como sostiene el Sr. Ephremidis. No cabe duda de que algunas personas que trabajan en este tipo de tiendas seguirán haciéndolo, y habrá otras que dejen de hacerlo, porque disminuirán los beneficios. Lo que necesitamos saber es cuáles serán las repercusiones, cuántos puestos de trabajo se perderán y, acto seguido, podremos decidir qué debemos hacer. Dicha decisión podría incluir reajustes de la financiación las regiones al objeto de tener en cuenta este hecho. Al igual que el Sr. Miller, no creo que deba hacerse un enfoque fragmentado de esta problemática, no obstante, si la Comisión o cualquier otra institución pusiera a disposición fondos adicionales para tener en cuenta este hecho, estoy seguro de que las regiones afectadas no los rechazarían.
Necesitamos un modo de avanzar, debemos ser objetivos al respecto, no debemos ceder ante los intereses creados. Necesitamos un análisis objetivo, y pido a la Comisión y al Consejo que presenten propuestas en este sentido.

Langenhagen
Señor Presidente, ¿debemos seguir siendo fieles bajo todas las circunstancias al principio básico del mercado interior o nos interesan también las personas? Visiten el balneario de Cuxhaven en el Mar del Norte de donde yo provengo. Tiene un gran atractivo para muchas personas entre otras cosas también por el duty free . Hablen con los afectados que, según declaraciones del armador, tendrían que ser despedidos. No existen allí puestos de trabajo alternativos. Luchamos por la economía pesquera pues solamente tenemos unos pequeños astilleros. Las tierras circundantes son áreas rurales con cultivos y pastos con pocas PYMES. En resumen, una región periférica de débiles estructuras, además sin ayudas 5-b. Señor Monti, el nuevo objetivo II de la Agenda 2000 no proporciona tampoco ninguna seguridad.
En mi región de la costa del Mar del Norte, la tasa de desempleo se encuentra en el 11 % y la tendencia es ascendente. Similar es la situación en las demás regiones de los 80.000 kms de costas europeas. Pueden ver que el problema no está limitado localmente. Estamos con el agua al cuello y estamos trabajando en futuras soluciones. Los objetivos a largo plazo son redes de puertos pequeños y medianos, la gestión de costas, la protección de las aguas bajas en las costas del Mar del Norte, la ampliación sostenible de sistemas marítimos de información y tecnológicos así como unos centros de turismo atractivos. Los países que poseen costas podrían lograrlos con éxito si Europa les ayuda. Contamos con ello. Es nuestro futuro.
Estamos ampliando con créditos de la UE nuestro puerto en Cuxhaven, pero ustedes, los enemigos del duty free nos bloquean la entrada al puerto. Un puerto sin barcos es como un mar sin peces. La simbiosis entre la costa y el interior, es decir, entre las regiones económicamente débiles y fuertes se logra con el duty free . El volumen de negocios ha ascendido rápidamente desde 1991 y, en consecuencia, también el número de puestos de trabajo. Ni siquiera un moderno programa económico como el de las redes transeuropeas ha logrado hasta ahora una tal cooperación económica y social.
Sé que tiene que ocurrir algo increíble para dar la vuelta a la resolución del Consejo, pero yo no soy el Consejo. Yo soy una representante del pueblo. ¿Qué debo responder a las familias que se ven afectadas por los despidos? No creo que nadie sea tan insensible en Europa como para querer destruir con sus propias manos lo que se ha construido. El volumen de la ayuda para el paro y para las medidas de reestructuración es muy superior al de las pérdidas fiscales derivadas de las ventas libres de impuestos y además no está aún a la vista una armonización fiscal.
Por ello, exijo que se realicen más estudios sobre las repercusiones regionales. Quizás exista una interpretación jurídica que permita una regulación de excepción, como en su día se hizo para el tráfico marítimo con la isla de Helgoland, una perla en el Mar del Norte. El Consejo de Ministros de Transporte ha adoptado entretanto una decisión en este sentido. Quiero rogar al señor Monti y a mis colegas que están en contra que marchen por este camino.

Thors
Señor Presidente, cuando el Comisario se remite a que se pueden obtener ayudas para paliar el tráfico que tal vez desaparezca, quiero decirle que, en primer lugar, las líneas de transbordadores no pueden obtener la ayuda de la RTE, ni siquiera cuando ambos puertos formen parte de la red transeuropea.
En segundo lugar, las ayudas estructurales no son ayudas operativas. Esto se lo digo como respuesta a sus referencias a las ayudas.
En tercer lugar, deseo decirle que usted habla mucho de que las ventas libres de impuestos son una ayuda indirecta. Pero las ayudas indirectas que hoy son factibles mediante las reglas de banderas de conveniencia son mucho mayores y pueden tener consecuencias mucho peores, es decir, el registro en terceros países que será la consecuencia para las líneas de transbordadores si desaparecen las ventas libres de impuestos.
Además, me pregunto por qué la Comisión es tan reticente a hacer esta investigación cuando, al mismo tiempo, se sostiene que ella tiene datos sobre las líneas de transbordadores que están más amenazadas. Pienso en lo que me llega más directamente al corazón, es decir, en la línea de transbordadores de Norra Kvarken, la más septentrional de Europa, con tráfico todo el año. Para respaldar esta vía de comunicación se reunieron miles de firmas, mucho antes de que se iniciara alguna labor de pasillos, señora Aelvoet. El Comisario Monti no aceptó esas firmas, desgraciadamente. Se quiere asegurar los puestos de trabajo en el sector, pero, además, hay una razón medioambiental para avalar el tráfico de transbordadores. Según un estudio, se ahorran millones de marcos finlandeses en el sector medioambiental si se usan los transbordadores.

Ford
Señor Presidente, permítame decir, en primer lugar, que reconozco la lógica de la supresión de las ventas libres de impuestos. En Europa debemos trabajar por la eliminación gradual de las anomalías en el tejido del mercado único, y una de estas anomalías es la venta libre de impuestos en el seno de la Comunidad. Pero en Europa también debemos armonizar otras cosas, o al menos aproximarlas -los niveles de impuestos al consumo, el IVA y demás impuestos. Sin embargo, el problema del contrabando a nivel comunitario de bebidas alcohólicas y tabaco con derechos pagados alcanza probablemente una mayor magnitud que la pérdida de ingresos por la continuación de las ventas libres de impuestos en la Comunidad.
La cuestión es ¿por qué llega la supresión ahora, por qué es tan urgente y por qué lo hacemos a escondidas? Varias personas han realizado diferentes estudios. Muchos de dichos estudios sobre ambos aspectos del argumento son posiblemente imperfectos, pero en varias ocasiones apuntaban a la posible pérdida de entre 112.000 y 147.000 puestos de trabajo en el UE, un 90 % de dichas pérdidas se produciría en un período de dos años a partir de la supresión de las ventas libres de impuestos en el seno de la Comunidad, y tendría especial repercusión sobre el empleo en España, Francia y el Reino Unido. La Comisión Europea ha sostenido que las ventas libres de impuestos cuestan al erario público de los Estados miembros 2.000 millones de ecus por la pérdida de ingresos, aunque algunos estudios sostienen que los más perjudicados por la supresión de las ventas libres de impuestos serán los Estados miembros, debido al incremento de los costes de los transportes y otras pérdidas de impuestos.
No falta quien sostiene que al pasajero medio que tome un vuelo chárter le costará en costes implícitos, sumando todos los costes, 14 libras esterlinas más cada vez que viaje desde su Estado miembro y de vuelta. Otros afirman que los destinos de la UE se volverán menos competitivos que otros destinos cercanos no comunitarios, que Turquía se beneficiará a costa de Grecia, que habrá una pérdida de 635.000 salidas al año desde el Reino Unido hacia otros puntos de la UE, pérdida que se verá en parte compensada por un aumento de 124.000 visitas adicionales a destinos no comunitarios.
Éste es el problema al que nos enfrentamos. A pesar de lo que ahora digan los ministros de Economía, lo cierto es que el 17 de marzo de este año -hace menos de tres semanas-, la delegación irlandesa en el Consejo de Transportes, con el respaldo de otros ocho Estados miembros, a saber, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Finlandia, Portugal, España y el Reino Unido, solicitó un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en junio de 1999. El Comisario Monti afirma que dos entuertos no hacen un acierto; puesto que el estudio prometido no se realizó en el momento adecuado, ahora es demasiado tarde para hacerlo. Es una situación sin salida. El Comisario afirma que podrían ponerse a disposición fondos comunitarios para mitigar las repercusiones, pero las repercusiones se dejarán sentir fuerte e inmediatamente a partir de la supresión. Sin embargo, se niega a que se realice una evaluación previa de las repercusiones sobre el empleo regional.
Mañana el Parlamento votará a favor de la resolución que pide dicho estudio. El Consejo de Ministros ya está a favor del estudio por nueve votos contra seis, como mínimo. ¿A qué se debe que sólo la Comisión se oponga frontalmente a dicho estudio, que inicialmente había prometido? Si los argumentos son tan poderosos a favor de la supresión, señor Comisario Monti, ¿por qué no lo demuestra encargando el estudio?

Bourlanges
Señor Comisario, debo decirle que me ha decepcionado profundamente. Hace muchos años que, como muchos colegas, lucho por explicar a los diferentes lobbies que el duty free en el marco del mercado interior deben ser suprimido. Y bien, debo decir que la arrogancia con la cual la Comisión ha respondido a nuestros legítimos interrogantes nos clava, literalmente, un puñal en la espalda. Creo que es necesario que sean conscientes de ello. La argumentación que usted ha desarrollado en respuesta a la pregunta del Sr. Cornelissen era, permítame que se lo diga, bastante lamentable.
Usted nos ha dicho dos cosas: en primer lugar, no haremos este estudio porque el mismo había sido prometido en el marco de una decisión inmediata; como la decisión se ha prorrogado, no tenemos que hacer este estudio. Como ahora si fuese superfluo, como si el análisis de los efectos de una decisión fuesen superfluos a partir del momento en que se había cambiado la fecha de aplicación de dicha decisión. Con este razonamiento usted puede decir que un ciego puede conducir un coche, siempre que vaya despacio. No es verdad.
El segundo argumento que usted emplea es el del carácter tardío. Entre la promesa de la Sra. Scrivener y el hecho de que usted esté hoy presente, sin haber cumplido esta promesa, han pasado muchos años. ¿De quién es la culpa? Ni Usted puede acusarnos de intervenir tardíamente en el debate, cuando, después de tantos años, no nos ha respondido; y hace un momento se ha dicho que esta Asamblea le había formulado preguntas. Hay un proverbio en latín, un adagio de derecho romano que usted conoce: "Nemo auditur propriam turpitidinem allegans» (nadie puede alegar su propia torpeza).
En cualquier caso, señor Comisario, no tiene derecho a negar a esta Asamblea, ni tampoco a los ciudadanos europeos, el análisis de los efectos de las decisiones que usted toma, simplemente porque ya se ha adoptado una decisión.

Malone
Señor Presidente, yo también estoy asombrada de que el Comisario Monti, habiendo tenido tiempo para reflexionar sobre los debates que mantuvimos esta misma semana en el turno de preguntas y tras haber oído los fuertes sentimientos que tenemos la mayoría de los miembros de la Asamblea, los mensajeros del pueblo, acerca de este asunto, no esté dispuesto a dar marcha atrás, a pesar de que el tiempo apremia, y ofrecernos una respuesta más positiva. Diciendo "no» se limita a esconder la cabeza en la arena.
El éxito del ministro irlandés en el Consejo de Transportes ha sido documentado aquí. Hay actualmente nueve miembros del Consejo alrededor de la mesa de Transportes que están dispuestos a solicitar un estudio. No hay ningún motivo para pensar que no se obtendría la misma mayoría o más, si el Comisario encargara un estudio y diera a los ministros de Ecofin la oportunidad de estudiar este asunto una vez más de un modo claro y objetivo. Los políticos no ven nada vergonzoso en ello. Los muchos miles de trabajadores que se manifestaron en las calles de Bruselas recientemente -trabajadores de aeropuertos, trabajadores del sector, en su mayoría del sector de las ventas libres de impuestos- no deberían tener que implorar por sus puestos de trabajo. Tienen derecho a recurrir a nuestras instituciones para proteger sus puestos de trabajo. Por cada medida que tomamos aquí, se supone que debemos encargar una auditoría sobre el empleo. ¿Cómo puede entonces el Comisario resignarse a que todos esos puestos de trabajo desaparezcan de golpe? La acusación que ha hecho aquí el Comisario de que lo hace por las personas que están a favor de la supresión, y que los que estamos en contra queremos apoyar las subvenciones secretas a las bebidas alcohólicas, al tabaco y al sector de los transportes de pasajeros, no es cierta. Es muy simplista. Lo que aquí sucede es que hemos analizado todas las partes del asunto y nos hemos decidido, de manera sopesada, en favor del empleo.
Apelo al Comisario a que nos dé una respuesta más favorable esta noche, porque la votación de mañana se inclinará a favor del estudio, y ya es hora de que el Comisario se enfrente a ello.

Monti
En primer lugar, quisiera agradecer a cada uno de ustedes sus observaciones. La Comisión no está presentando ninguna propuesta en particular. Algunas de las observaciones dan por sentado que la Comisión debía presentar propuestas. Fue una decisión adoptada por unanimidad en el Consejo Ecofin en 1991. La Comisión no está presionando en ningún sentido. Como ha quedado claro, la referencia al estudio que hizo mi predecesora, la Sra. Scrivener, era al objeto de determinar si la decisión de suprimir las ventas libres de impuestos debía entrar en vigor el 1 de enero de 1993, al igual que todas las demás medidas relativas al mercado único. Ustedes saben cuál fue el resultado: no habría estudio, pero sí un aplazamiento de siete años y medio.
En cuanto a la supuesta solicitud del Consejo de Transportes de un estudio, el resultado del Consejo de Transportes de 17 de marzo fue que la Presidencia del Consejo observó el fuerte apoyo de la mayoría de las delegaciones a la intervención irlandesa, y decidió notificar al Consejo Ecofin sobre la posibilidad de que, en caso necesario, los ministros de Economía decidieran sobre medidas adicionales. El Consejo Ecofin ha hecho hincapié reiteradamente en sus reticencias a pedir a la Comisión que realice dicho estudio.
Ha habido preguntas relativas al importante tema de si existen normas claras que se aplicarán a partir de junio de 1999. Sí, puedo afirmarlo y tranquilizarles en ese sentido. Existen normas en términos del IVA y legislación sobre el impuesto al consumo que se aplican actualmente y que se seguirán aplicando a partir de junio de 1999. Me refiero al apartado 1 del artículo 23 de la Directiva 92/12 y al artículo 8 y siguientes de la Sexta Directiva sobre el IVA.
En cuanto a la pregunta específica formulada por el Sr. Miller, el mero paso a través de aguas internacionales no modifica la normativa sobre el mercado interior. La normativa sólo cambia si el buque toca puerto en territorio de un país tercero.
Como pueden imaginar, soy tan sensible como ustedes al tema del empleo. Existen modos serios de enfocar los temas de empleo. Algunos de ellos tienen que ver con el régimen fiscal. Como sabrá el Parlamento, la Comisión -y yo personalmente- estamos realizando serios esfuerzos con el apoyo del Parlamento y, en particular, de la comisión competente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, para alcanzar algún tipo de coordinación fiscal, que es la respuesta seria que dan los instrumentos fiscales al reto del empleo. La Comisión está dispuesta, como ustedes saben y apoya el Parlamento, a plantearse una reducción de los tipos de IVA sobre los servicios de mano de obra intensiva. Y lo que es aún mucho más importante, estamos realizando enérgicos esfuerzos para luchar contra la competencia desleal en materia fiscal. Ustedes saben, como yo, que en este continente se ha reducido el régimen fiscal sobre el capital en un 10 % durante los últimos 15 años. El régimen fiscal sobre el trabajo ha aumentado en un 7 %. ¿A qué se debe esto? Se debe a la falta de coordinación.
En diciembre de 1997, por primera vez, persuadimos a los 15 ministros de Economía para que aprobaran un paquete de medidas contra la competencia desleal en materia fiscal. Es el primer paso hacia la eliminación de los paraísos fiscales en Europa, al objeto de que pueda reducirse ligeramente el régimen fiscal sobre el trabajo. ¿Cómo puedo acudir a los ministros de Economía y presionarles para que mantengan esta política fiscal seria en favor del empleo que el Parlamento apoya, y pedirles al mismo tiempo que, por favor, estudien la posibilidad de permitir que sigan existiendo paraísos fiscales localizados, como son las ventas libres de impuestos?
(El Sr. Cox interrumpe al orador) Nadie puede escapar a la lógica. Créame, estoy firmemente comprometido a introducir una política fiscal en Europa que sea favorable para el empleo.
(El Presidente interrumpe al orador)
El Presidente
Señorías, les ruego que no interrumpan al Comisario.

Monti
Agradezco a aquellos de ustedes -y ha habido algunos- que han tomado nota del enfoque constructivo que he presentado aquí esta noche. Un estudio puede tener dos componentes. Uno para identificar las dificultades específicas que puede tener un aeropuerto regional en concreto o una compañía de transbordadores. Nadie está en mejores condiciones de detectar dichas dificultades que el Estado miembro afectado. Hay un modo en que la Comisión puede ser de utilidad, y ése es identificar qué instrumentos de política regional, de política de transportes podrían ser de utilidad en caso de que surjan problemas graves. Yo he prometido que la Comisión hará eso, no el estudio fantasma que a estas alturas, en la percepción de la opinión pública, podría asociarse a un replanteamiento del plazo definitivo para la supresión de las ventas libres de impuestos.
Por último, no me corresponde a mí juzgar si la Comisión es un organismo políticamente adecuado o si le ha dado a ustedes respuestas burocráticas esta noche. No obstante, puedo asegurarles que la Comisión, en su responsabilidad política, no está dispuesta a decepcionar a los ciudadanos europeos haciendo algo que, en realidad, iría en contra de una política de empleo seria, basada en la coordinación fiscal. La Comisión no está dispuesta a hacer nada por el mantenimiento de una subvención soterrada, en el sentido de que no es transparente, sino regresiva, porque la paga el contribuyente de a pie, que generalmente gana menos que los viajeros con acceso a las ventas libres de impuestos, y que, en gran medida, van destinadas a subvencionar el consumo de bebidas alcohólicas y de tabaco.

Ford
Señor Presidente, en su respuesta al debate, el Comisario se ha referido al supuesto deseo del Consejo de Transportes de que se realice un estudio. Quisiera leerle una carta de Gavin Strang, Presidente del Consejo de Transportes de la UE, dirigida a Gordon Brown, Presidente de Ecofin. Dice así: Querido Gordon, como sabrás, en el Consejo de Transportes de 17 de marzo de 1998, el ministro irlandés planteó el tema de la supresión de las ventas libres de impuestos en la CE bajo el punto "ruegos y preguntas», y solicitó que se realizara un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en 1999. Ocho Estados miembros apoyaron la solicitud del ministro irlandés, a saber, Suecia, Bélgica, Francia, Alemania, Finlandia, Portugal, España y el Reino Unido. En mi sumario del debate, acepté comunicarte estas opiniones, en tu calidad de Presidente de Ecofin. Sin duda Ecofin deseará tener en cuenta el apoyo dado por los ministros de Transportes a la solicitud irlandesa en el sentido de que la Comisión encargue un estudio sobre los posibles efectos financieros y para el empleo de la supresión de las ventas libres de impuestos en la CE.
En mi opinión no se trata de una "supuesta» decisión del Consejo de Transportes, sino de una decisión. Puede que al Comisario Monti no le guste, pero existe.

El Presidente
Señor Ford, le doy las gracias. No se vuelve a abrir el debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.05 horas)

