Apertura del periodo anual de sesiones
El Presidente
Declaro abierto el período de sesiones 2001-2002 del Parlamento Europeo.

Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?
(El Acta queda aprobada)   

Helmer
Señor Presidente, tomo la palabra para preguntarle si comparte mi preocupación por la reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el caso Bernard Connolly. ¿No le parece que es una afrenta vergonzosa a la libertad de expresión y que va directamente en contra de lo que preconiza la denominada Carta de Derechos Fundamentales? En caso afirmativo, haga el favor de escribir al Tribunal de Justicia Europeo para informarle de nuestra inquietud acerca de esta cuestión.

El Presidente
Tomo nota de su solicitud, señor Helmer.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, intervine en enero porque los vuelos que salían de Amsterdam siempre se cancelaban. Dije entonces que se suprimía uno de cada dos vuelos. Ayer volvió a suceder lo mismo: otra vez se canceló el vuelo procedente de Amsterdam. Quisiera pedir a la Presidenta que organice esto mejor con Air France.

El Presidente
Intervendremos, señora Plooij-van Gorsel.

Decisión sobre la urgencia
Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural rechaza esta solicitud de urgencia por parte del Consejo. Somos de la opinión de que tenemos tiempo para elaborar el informe adecuado. No vamos a retrasarlo pues existen acuerdos verbales entre los Grupos políticos para terminar este informe hasta mayo para presentarlo en el mismo mes ante el Pleno para que sea sometido a votación, por lo que hay tiempo suficiente para votar sobre este asunto. Tampoco queremos la urgencia pues ya saben que en Niza no logramos para el Parlamento Europeo la codecisión en el sector agrícola. Nos haríamos coautores pues si aprobamos ahora la urgencia nos quedaremos fuera y somos de la opinión de que el Consejo está muy dividido en esta cuestión y que las cuestiones decisivas y las fórmulas de compromiso decisivas deben ser encontradas por el Parlamento Europeo, por lo que les ruego que rechacen esta urgencia.
(El Parlamento rechaza el procedimiento de urgencia)

Orden del día
El Presidente
Les recuerdo que ayer el Parlamento Europeo tomó la decisión de principio de incluir en el orden del día una declaración del Consejo y de la Comisión sobre la epizootia de fiebre aftosa. Al presentar el orden del día de la sesión de mañana una enorme carga de trabajo, la única posibilidad de incluir este punto sin suprimir otro es reducir la duración del turno de preguntas. Les propongo, en consecuencia, de acuerdo con las demás Instituciones, modificar de la forma siguiente el orden del día de la sesión de mañana, miércoles 14 de marzo:
De las 17.30 a las 18.15 horas: declaraciones del Consejo sobre la epizootia de fiebre aftosa, seguidas de un debate de treinta minutos. Les propongo además que estas declaraciones no vayan seguidas de presentación de propuestas de resolución;
de las 18.15 a las 19.00 horas: Turno de preguntas al Consejo.
Ahora concederé el uso de la palabra a un orador a favor y a otro en contra.

Swoboda
Señor Presidente, creo que es una buena propuesta. Ayer debatimos al respecto. Hemos sido bastante unánimes en que, por motivos de actualidad, debemos modificar la decisión originaria de la Conferencia de los Presidentes. Si se hace una cosa por motivos de actualidad, naturalmente alguna otra tiene que pagar las consecuencias. Está claro. No nos gusta renunciar al turno de preguntas pero si ésta es la única posibilidad, lo apoyaré plenamente también en nombre de mi Grupo político.

Posselt
Señor Presidente, por el momento tampoco veo otra posibilidad pero, sin embargo, quiero protestar porque el turno de preguntas se están convirtiendo de modo creciente, por así decirlo, en la cabeza de turco de la planificación. Es decir, cada vez que se producen cuellos de botella se recorta el turno de preguntas. No me parece correcto pues el turno de preguntas está garantizado en los Tratados. Es un derecho parlamentario elemental. Me parece inadmisible que se ahorre siempre en este punto. Los diputados presentan dentro de plazo sus preguntas y tienen también un derecho a que se respondan.

(El Parlamento aprueba la modificación del orden del día)

Sanciones impuestas a los transportistas que trasladan a la Unión a nacionales de países terceros desprovistos de los documentos necesarios
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0069/2001) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo (10701/2000 - C5-0470/2000 + 14074/2000 - C5-0005/2001 - 2000/0822(CNS)) relativa a la armonización de las sanciones impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de terceros países desprovistos de los documentos necesarios para su admisión.

Kirkhope
Señor Presidente, este debate sobre mi informe es sumamente oportuno, pues tiene lugar solamente dos días antes del primer Consejo de Ministros del interior y de justicia bajo la Presidencia sueca. Los progresos realizados en relación con la directiva y la decisión marco que fija penas comunes por facilitar la entrada y la residencia en la UE estarán en el orden del día de esa reunión del Consejo.
He sido Ministro del Reino Unido encargado de la responsabilidad de los transportistas y otras cuestiones referentes a la inmigración, y siempre he estimado que, aunque el Reino Unido tenía normas estrictas acerca de la responsabilidad de los transportistas, el sistema propiamente dicho se prestaba a la crítica porque era desequilibrado e inequitativo hasta cierto punto. A algunos transportistas no se les prestaba ninguna atención, y en la Unión Europea en su conjunto las discrepancias que había entre la forma en que diferentes Estados-nación se ocupaban de esta cuestión hacían que hubiera lagunas y deficiencias en lo que debería ser una esfera de cooperación y coordinación.
Como la carga se repartía de forma inequitativa entre los países, tenemos aquí una oportunidad de hacer algo positivo. La Presidencia francesa tomó la iniciativa pero espero que mi informe haya mejorado lo que preconizaba esa iniciativa, en una forma que se estime que trata de forma equitativa y razonable lo que sin duda alguna es un problema dificilísimo.
Mi informe vela por que la responsabilidad de los transportistas se extienda a todos los transportes al Reino Unido de nacionales de terceros países que carecen de documentos. Eso es normal y, aunque algunas agrupaciones de transportistas individuales se molesten por la mera existencia de responsabilidad, si dicha responsabilidad se extiende a todos los transportistas responsables será de utilidad para todos ellos.
Ahora bien, también me parece que la responsabilidad de los transportistas debe estar limitada. Algunos han sugerido que se les exija que vuelvan a llevarse a las personas que han traído o que remedien la situación. Eso sería demasiado severo y excesivo. Lo más natural es que los transportistas pongan la cuestión en manos de la policía o de otras autoridades apropiadas, que entonces adoptarían las medidas necesarias.
Es perfectamente apropiado que, si más adelante una persona recibe asilo, la pena impuesta al transportista se le devuelva. Esto es algo que hasta ahora no ha sucedido nunca, pero se menciona en mi informe.
Para acabar diré que las penas deben estar armonizadas en toda la Unión. En la actualidad algunos países no imponen pena alguna, otros imponen una multa muy pequeña y en algunos países las multas son, quizá, demasiado graves. La armonización de las multas ayudará a interrumpir esta actividad y a conseguir que la gente colabore.
Es importante que nos ocupemos de esta cuestión. No hay que dejar abandonados a los transportistas; también las autoridades tienen sus responsabilidades. Queremos ser humanitarios pero se trata en este caso de una cuestión que puede y debe ser resuelta por la Unión Europea en su conjunto. Sobre la base de lo antedicho, recomiendo mi informe al Parlamento.

Hernández Mollar
Señor Presidente, el tráfico ilegal de seres humanos se ha convertido en uno de los más despreciables crímenes que deben ser perseguidos y reprimidos desde la legalidad y desde la cooperación internacional.
Los Gobiernos de la Unión Europea se han comprometido a ello en los Acuerdos de Tampere y ello exige, además, una colaboración necesaria de los países de origen y especialmente de los agentes que intervienen en el transporte y traslado de viajeros.
El problema es cómo armonizar las legislaciones de los Estados miembros y buscar fórmulas de aproximación. No cabe duda de que los transportistas tienen que asumir la obligación de verificar que los extranjeros transportados cumplen los requisitos de entrada. No parece desacertada la fórmula propuesta por la presente iniciativa de establecer un importe mínimo, como sanción, que no sea inferior a 5.000 euros por persona transportada, aunque se debería imponer también, no como posibilidad sino como sanción efectiva, el decomiso de los vehículos y de los medios utilizados por los transportistas.
Parece también necesario que no se considere sancionable el transporte de quien, en virtud del Convenio de Ginebra, está en condiciones de que le sea admitida a trámite una solicitud de asilo.
En definitiva, señor Presidente, Señorías, se trata de que los Gobiernos de la Unión hagan el mayor esfuerzo posible para que los transportistas, la policía de fronteras y la policía de aduanas cumplan con sus obligaciones debidamente coordinados, y eviten que las redes mafiosas puedan traficar con seres humanos.
No es ésta la única vía para combatir el tráfico ilegal de personas. Se trata de compartir la responsabilidad ante un grave problema que el conjunto de la sociedad europea está obligada a afrontar.
Por ello, Señorías, urge que esta iniciativa, que lleva muchos meses de discusión, sea una realidad cuanto antes.

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras sean para reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado por el colega Kirkhope. Ese reconocimiento incluye las dificultades que sabemos ha encontrado en su trabajo sobre la presente iniciativa. Pero esa falta de criterio que ha habido, esas dificultades que ha tenido el colega Kirkhope, entiendo que han sido debidas, en gran parte, a la falta de claridad y a los cambios que, desde el Consejo, se han ido introduciendo en el texto, confirmando que no hay unanimidad en esta cuestión, lo que ha hecho el trabajo muy complicado, no sólo para el colega Kirkhope, sino para toda esta Asamblea y, desde luego, para los miembros de la Comisión de Libertades, que hemos tratado de mejorar el texto.
Hay que recordar que el Consejo Europeo, en su reunión de Tampere de octubre de 1999 -como todos sabemos- acordó que las cuestiones distintas, pero estrechamente relacionadas, del asilo y la inmigración exigen desarrollar una política común de la Unión Europea, y se sentaron los elementos que deberían incluir la colaboración con los países de origen, un sistema europeo común de asilo, el trato justo a los nacionales de terceros países y la gestión de los flujos migratorios.
Se subrayó igualmente la necesidad de adoptar un enfoque amplio de la gestión o regulación de los flujos migratorios, incluyendo cuestiones políticas, cuestiones de derechos humanos, de desarrollo y, desde luego, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas, implicando a los países de origen y de tránsito.
Por todo ello, pienso que es imprescindible que no sólo en el caso de esta iniciativa, sino en otras que vamos a ver hoy mismo a continuación, y en las que sin duda seguiremos debatiendo en los próximos años, la Unión Europea adopte principios claros y equitativos y, por supuesto, que sean conformes al Convenio de Ginebra de las Naciones Unidas de 1951.
La respuesta de la Unión Europea a la inmigración clandestina no debe limitarse exclusivamente a su estricto control. No debemos rehuir las responsabilidades que tenemos respecto a la defensa y promoción de los derechos humanos. Derechos que tienen que estar reflejados en esta iniciativa. Tenemos que regular con todos los mecanismos a nuestro alcance el flujo migratorio, pero reconocer que cada año puede recibirse a un número de personas suficiente como para poder evitar la clandestinidad y alejar a las mafias.
Quisiera recordar a esta Asamblea el artículo 31 de la Convención de Ginebra, que cita el caso de que exista un miedo real y fundado de persecución para justificar la entrada ilegal en el territorio de un país de asilo.
En estos casos tal persona quizás podrá recurrir a documentos falsos como único medio de escapar a amenazas inminentes a su vida o libertad. Por eso, la exención a los transportistas de penas en el caso de los demandantes de asilo tiene que estar garantizada en aras de conseguir un área de libertad, seguridad y justicia.
Tenemos el objetivo de mejorar la gestión de los movimientos migratorios en el marco de una estrecha cooperación con los países de origen y de tránsito, reforzando la lucha contra esta inmigración y combatiendo a los sectores criminales implicados, garantizando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.
Hay que lamentar que este texto, presentado por la Presidencia sueca, no suponga ningún avance importante en relación con el texto inicial de la iniciativa francesa. Desgraciadamente, la realidad de la inmigración necesita de iniciativas globales, coherentes, coordinadas y no de acciones puntuales, como es la actual, ya que se trata de una puntualización restrictiva del artículo 26 del Convenio de Schengen. Es imprescindible salvaguardar la institución del asilo. Es necesario eximir de sanción a los transportistas que trasladen a extranjeros, si estos solicitan asilo tras llegar al país de acogida, aunque la solicitud sea posteriormente rechazada, y no podemos obligar a los transportistas a examinar los motivos del solicitante de asilo suplantando el papel que le corresponde a los Estados.
Por todo ello, hemos creído necesario solicitar la retirada del presente texto con el intento de lograr una iniciativa mejor que contribuya a la construcción de una verdadera política comunitaria al respecto.

Wiebenga
Señor Presidente, hay dos elementos que desempeñan un papel en esta propuesta. Un elemento es la lucha contra la introducción ilegal de inmigrantes en tanto parte de un crimen grave. Casi todos estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo posible para luchar contra la inmigración ilegal que está sistemáticamente organizada. Leemos y vemos demasiado a menudo de qué manera tan indigna se juega con la vida de las personas. El ejemplo de los chinos en Dover es más que desagradable.
El otro elemento es el derecho al asilo. No se puede reprochar nada a las personas que huyen de la pobreza, la miseria o la guerra ¿Que haríamos nosotros en tales circunstancias? Europa tiene una tradición humanitaria desde muy antiguo y ésta debe continuar existiendo. Hay que encontrar, por tanto, un equilibrio entre el respeto del Convenio sobre el Estatuto de Refugiados, por una parte, y la lucha contra el crimen, por otra. Ahí entra en juego otro elemento en relación con esta propuesta. No se trata en este caso de introducir o no sanciones económicas contra los transportistas. Todos los países de Schengen cuentan desde hace muchos años con semejante regulación y también la aplican. No obstante, tal como el ponente ha dicho, también los países que no pertenecen a Schengen, como es el caso de Gran Bretaña y por ejemplo Canadá, tienen este tipo de mecanismo de sanciones. La propuesta de hoy tan sólo intenta armonizar estas sanciones económicas.
Con todo y con eso, señor Presidente, el grupo ELDR considera que debe buscarse un mejor equilibrio entre esos dos elementos. De ahí que hayamos presentado la enmienda 11 del Sr. Watson y la baronesa Ludford, según la cual este sistema de sanciones no se aplica cuando una persona busca asilo. Esperamos que esta enmienda sea aceptada y también consideramos que la armonización es aceptable en su totalidad.

Sörensen
Señor Presidente, Señorías, quiero señalar en relación con el informe Kirkhope que, en efecto, el problema debe abordarse, pero que mi Grupo y yo tenemos, sin embargo, algunos reparos: debe evitarse que los inocentes se vean afectados, es decir, transportistas y camioneros en general. Se enfrentan a menudo a una gran presión social, deben respetar un determinado horario y, además, a veces no saben que transportan gente.
Los transportistas pueden ser intermediarios que colaboran en la red criminal y deben ser castigados por trata de seres humanos e introducción ilegal de inmigrantes. No obstante, también pueden colaborar en la lucha contra la red criminal al denunciar que en sus camiones se transportan personas de forma ilegal. El transportista también puede, sin embargo, ser un conductor de taxis que recoge personas, por ejemplo, en Sangatte o en el centro de Calais y cruza con ellos una frontera ¿Debe entonces controlar sus papeles?
Además, pueden presentársele problemas con la gente que a veces sí viaja con papeles, pero que pueden ser difícilmente controlables. Así mismo, puede darse el caso de personas que viajan y que dicen que van a pedir asilo, pero no lo hacen inmediatamente y desaparecen en la clandestinidad. Quisiera que quedara clara la cuestión de quién va a examinar en el futuro estos documentos. Creo que no hay suficiente gente disponible para controlar todos los documentos.

Frahm
Señor Presidente, esta propuesta es una propuesta dirigida a tratar los síntomas de una enfermedad singularmente grave. Desgraciadamente, es una propuesta que no sólo hace caso omiso de la enfermedad, sino que también agrava tanto los síntomas como la enfermedad. La idea es que tenga efecto disuasorio, pero me gustaría saber a quién se cree que disuadirá. ¿A quién creemos que disuadirá la propuesta actual? A las organizaciones humanitarias. A la gente de la iglesia. A la gente que tiene el corazón en su sitio y que tiene que responder de dónde viene su dinero y cómo lo emplea. ¿Quién creemos que saldrá ganando con esta propuesta? Las mafias. Las personas sin escrúpulos.
Cojamos un país como Afganistán, que ahora está casi rodeado por fronteras cerradas. Pakistán no quiere acoger a más refugiados. No hay sitio para más campamentos en la zona limítrofe, como algunos de nosotros la llamamos. No pueden acoger a más, pero sigue habiendo gente que tiene que huir y que han de pagar para salir del país. ¿A quién queremos que paguen? ¿A las mafias o a la iglesia y a las organizaciones humanitarias? Si aumentamos las penas, tendremos precios más altos. Las personas que deban huir pagarán caro esta propuesta que ahora debatimos. Una pena mayor significará asimismo una menor oferta en este mercado. Menos se ofrecerán a ayudar a las personas obligadas a huir. Los que queden serán las mafias. Pueden poner el precio que quieran. Poco a poco alcanzarán una posición de monopolio en este ámbito. Tengo entendido que hay países entre los Estados miembros que están muy preocupados por esta propuesta. Tengo entendido que la Presidencia sueca está intranquila ante la propuesta. Quiero exhortales muy encarecidamente a que hagan uso del derecho de veto en el Consejo y la detengan.
Además, quiero recomendar que durante el debate de la propuesta al menos se garanticen dos cosas. En primer lugar, que se distinga entre las organizaciones que actúan por el dinero, por el lucro y las organizaciones que lo hacen por motivos caritativos y humanitarios. Esta distinción es fundamental para la situación en la que ponemos a los refugiados. En segundo lugar, me parece importante que no dejemos nuestra responsabilidad a la compañía transportadora ocasional. No puede estar bien que un empleado al azar de Sabena, Air France o SAS tenga la responsabilidad de valorar qué debe suceder en un caso de asilo. Ésta es nuestra responsabilidad.

Andrews
Señor Presidente, el mundo está plagado de conflictos y de dictaduras, de privaciones y de pobreza, y son las víctimas inocentes las que lo pagan. Hay bandas de delincuentes organizados, que disponen de inmensos recursos y operan con toda impunidad. Necesitamos que haya más cooperación internacional entre los órganos encargados de hacer cumplir la ley.
No es un secreto para nadie que en algunos países los políticos y la policía se aprovechan de la trata de seres humanos y avisan a los responsables de la trata cuando se va a lanzar alguna operación contra ellos.
Muchas de las cuestiones que se están discutiendo esta mañana, como la inmigración, la protección temporal para las personas desplazadas y la cuantía de las penas armonizadas que van a imponerse a los transportistas que traen o llevan a personas que carecen de los documentos necesarios, están vinculadas con ese mundo tenebroso de conflictos y oportunismo penal.
En los diez últimos años se ha registrado un incremento sin precedentes de las migraciones forzadas y voluntarias en todo el mundo. Los conflictos de la antigua Yugoslavia y de Kosovo y de otros lugares se han traducido en enormes movimientos repentinos de población y en la necesidad de facilitar protección temporal. Al mismo tiempo, las cuestiones relativas al asilo están cobrando una importancia cada vez mayor. El año pasado 390.000 personas solicitaron asilo en la Unión Europea. Las Naciones Unidas estiman que la trata moderna de seres humanos representa actualmente cinco mil millones de libras; el 10% de los que llegan ilegalmente a Europa vienen a través de los Balcanes.
Según ACNUR mi propio país, Irlanda, viene en tercer lugar en Europa después de Eslovenia y de Bélgica por lo que se refiere al número de solicitantes de asilo que acogió el año pasado, en comparación con la población total. Los solicitantes de asilo en Europa provienen principalmente de la República Federativa de Yugoslavia, Iraq y Afganistán. El número de solicitantes del Irán se ha duplicado holgadamente. Esas personas no obtienen en Irlanda la acogida que cabría esperar, especialmente teniendo en cuenta nuestro propio historial de migración.
No hay más remedio que decir, sin gran entusiasmo, que los irlandeses han sido todo menos generosos por lo que se refiere a su aceptación de los movimientos de población que les afectan. Para nosotros se trata de un nuevo fenómeno, pero me apena ver cómo personas que estimo que son decentes y que obran con compasión actúan de forma racista y xenófoba, y en eso incluyo a muchos de los habitantes de mi propia circunscripción. Lo digo con verdadera pena.

Turco
Señor Presidente, intervengo en nombre de los diputados electos de la Lista Bonino para anunciar nuestro voto en contra del informe Kirkhope y de la iniciativa de la República Francesa, o sea, de la enésima iniciativa de carácter represivo en materia de inmigración.
No cabe duda de que las consideraciones formuladas por las Sras. Cerveira, Sörensen y Frahm, así como en la última intervención están fundadas; sin embargo, para entrar en el fondo de este informe y de esta iniciativa hay que tener en cuenta una cuestión de principio, esto es, que hemos llegado a una parcelación en lo que respecta al problema de las políticas de inmigración, ya que, de lo contrario, deberíamos declarar, mejor dicho, el Consejo debería declarar que no ha sido capaz de gobernar este fenómeno, o sea, que no ha sido capaz de prever qué podía ocurrir, que no ha sido capaz de prevenir y que aún hoy no es capaz de tomar medidas con propuestas de Gobierno.
Estamos bombardeados por las propuestas del Consejo y de cada uno de los Estados miembros que, por una parte, sostienen que quieren construir una política de inmigración común y global y que, por otra, complementan y armonizan segmentos de Derecho represivo, sin definir en absoluto los contenidos y los criterios que estarán - mejor dicho, deberían estar - en la base de la futura política europea de inmigración.
No creemos que este informe y esta iniciativa puedan contribuir a poner a punto una política de inmigración; por el contrario, pensamos que son precisamente estas iniciativas las que contribuyen a que se produzcan sucesos como los de Dover, donde hubo víctimas humanas. De este modo lo que se hace es contribuir al enriquecimiento de las mafias.

Klamt
Señor Presidente, quiero recordar de nuevo que la iniciativa francesa que se nos ha presentado pretende combatir la inmigración ilegal y felicito expresamente al Sr. Kirkhope por su equilibrado informe. La idea es impedir el intento de entrar ilegalmente ya desde el principio, por lo general, en el país de origen. Actualmente, empresas de transporte favorecen indirectamente la entrada ilegal al no realizar ningún control de los documentos de viaje. Sólo a la llegada a un Estado miembro de la UE las autoridades aduaneras pueden constatar el intento de una entrada ilegal.
La Comisión propone aquí una solución simple y eficaz. Las empresas de transporte deben controlar ya en la partida si existen los documentos de viaje o visados necesarios y, en su caso, denegar el transporte. Para garantizar estos controles y, al mismo tiempo, frenar la ayuda consciente a las entradas ilegales, en la UE se deberían aplicar multas unitarias. Sólo así se podrá garantizar una posición común coherente frente a las entradas ilegales. Sin embargo, la propuesta de que no se impongan multas en caso de una solicitud de asilo, es contraproducente pues por lo general casi siempre se presenta una solicitud de este tipo. Por ello, solamente se debería devolver la multa a la empresa de transportes si se concede la solicitud de asilo.
Se puede exigir perfectamente a las empresas de transporte que junto con el billete de viaje o de vuelo controlen también los documentos de viaje necesarios para entrar en el país de destino. Esto debe aplicarse a todos los modos de transporte, también al ferrocarril. Por el contrario, no se puede exigir a las empresas de transporte que se hagan cargo del viaje de retorno. Esto debe confiarse a la policía o entidad encargada del orden en el país. Sólo así se podrá garantizar un retorno real y adecuado. No obstante, en esta propuesta hay que criticar que los aspectos razonables de una política común de inmigración y de asilo deberían tenerse en cuenta en el marco de un concepto global y no introducirse demasiado pronto como medidas aisladas en el procedimiento legislativo.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo a la preocupación de nuestro Grupo por la proliferación de medidas parciales, fragmentarias, difícilmente compatibles a veces con los Tratados y casi siempre con la lógica comunitaria, que no sabemos muy bien si nos llegan de los Estados miembros o del Consejo. Respuestas que, como demuestran algunas de las últimas intervenciones, me parecen peligrosas, porque dan soluciones falsas, aparentemente simples, a problemas que son reales y complejos.
Creo que ese tipo de propuestas -y vamos a ver más durante la mañana- son realmente inviables sin un marco global que realice las decisiones del Consejo Europeo de Tampere, pero que las realice todas, como intenta hacer la Comisión.
La tendencia del Consejo a desarrollar aspectos represivos, sin tener aún claros los marcos de referencia de una imprescindible política de inmigración común, es un problema, señor Presidente.
La Comisión nos ha presentado un documento que pretende abordar el problema de la trata de seres humanos. Quisiera que nos llegara también de la Comisión un documento que definiera tanto el delito de tráfico de personas como unas sanciones comunes, y que esto se enmarcara en una política común de inmigración.
Señor Presidente, vamos a sancionar a los transportistas que lleven a personas insuficientemente documentadas. Muy bien. Todos los traficantes de personas saben que están cometiendo un delito. Lo saben absolutamente todos. No creo que vayamos a detenerlos con ese tipo de medidas.
Lamento la posición del ponente en este tema, porque normalmente nuestra comisión ha manifestado una cierta unanimidad en la no aceptación de este tipo de propuestas. Respecto de ésta, tengo, además, algunas preocupaciones particulares que ya se han señalado aquí: el aumento de la responsabilidad de control por parte de personas privadas, y el problema serio y real de los refugiados. Creo que los transportistas no son ángeles de la guarda y no se van a resignar a poder recibir una sanción si ayudan a personas que están realmente en peligro. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta.
Por todo esto, señor Presidente, mi Grupo está mayoritariamente decidido a pedir el rechazo de esta propuesta y que la Presidencia francesa y la sueca pidan a la Comisión la presentación de una propuesta global sobre una futura política común de inmigración para la Unión.

Lambert
Señor Presidente, antes que nada he de decir que no estoy en contra de la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada y contra la inmigración ilegal de por sí, pero me opongo totalmente en principio a la responsabilidad de los transportistas. Me parece que es una especie de privatización poco ortodoxa de los procedimientos de inmigración y, como ya han dicho otros, se transfiere la responsabilidad de la comprobación de los documentos al personal de vigilancia o a los chóferes en vez de dejarla en manos del personal oficial del servicio de inmigración, al que se le debería capacitar para que obrase de forma humana y no racista. Es una lástima que este servicio quedara fuera de la directiva del Consejo sobre la lucha contra la discriminación en el marco del artículo 13.
Me opongo firmemente a que recompensemos y devolvamos el dinero pagado a los que han conseguido introducir ilegalmente inmigrantes que han obtenido un premio en la lotería de la inmigración ilegal. Como otros, creo también que se trata de una iniciativa equivocada en términos pragmáticos, que forma parte de un enfoque gradual encaminado a crear una política común de inmigración, de la que ya hemos oído hablar demasiado en este Parlamento. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un marco y ver a continuación cuál es la mejor manera de ponerlo en práctica y si esa armonización es apropiada. Ése otro sistema fragmentado no es coherente ni juicioso.
Recomiendo al Parlamento las enmiendas que han recibido el apoyo de tres grupos: las enmiendas 10, 11 y 13. Hay otras enmiendas de este informe que también vale la pena considerar. Soy partidario de la enmienda 12.

Kaufmann
Señor Presidente, el informe Kirkhope no es una aportación progresista a la política común de asilo y de inmigración. Se quiere ampliar e intensificar una práctica ya fracasada y condenada con toda razón por las Iglesias y organizaciones de derechos humanos consistente en la obligación de retorno que se contempla en el Acuerdo de Schengen. Se impone a los empleados de las compañías aéreas el papel de policías auxiliares. Los Estados miembros crean de este modo las condiciones para que las bandas dedicadas al tráfico de personas garanticen sus beneficios.
Si en el futuro las empresas de transporte que no cumplan sus llamadas obligaciones deben pagar hasta 5.000 euros de multa, uno se puede imaginar ya ahora a qué va a conducir esto. La UE va a intensificar aún más su carácter de comunidad amurallada. Este no puede ser el camino a seguir en el futuro con los refugiados e inmigrantes. Más de 2000 personas han muerto el último año en las fronteras exteriores de la Unión según apreciaciones de la organización antirracista de derechos humanos UNITED. Esta es una circunstancia absolutamente inaceptable.
Si queremos andar el camino hacia una legislación marco europea en lo tocante al asilo, deberemos también adoptar las medidas necesarias para que los que buscan asilo puedan venir a nosotros. De lo contrario, cualquier directiva, aunque invoque formalmente el Convenio sobre Refugiados de Ginebra, será sólo mera hojarasca violando en el fondo su espíritu.
Permítanme para finalizar que realice una observación sobre mi propio país. Lamentablemente, el Ministro del Interior alemán es hoy uno de los protagonistas más importantes de una política de amurallamiento europea.
Alemania bloquea prácticamente en todos los campos la humanización de la política de refugiados y de inmigración. Cualquier propuesta de la Comisión que apunta en este sentido es rechazada por el Ministro del Interior alemán. El Sr. Schily apoyaría con seguridad sin objeciones una propuesta como la que tenemos hoy sobre la mesa pues él transpira el espíritu de defensa y de aumento de la densidad de control.
Les insto a todos para que no permitan que se imponga este espíritu de amurallamiento de Europa y de defensa antes personas que buscan ayuda. Voten contra el informe Kirkhope.

Ceyhun
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, queda fuera de toda duda que todos estamos a favor de un control razonable de la inmigración también mediante el aseguramiento de las fronteras exteriores de la Unión. Creo que en este aspecto estamos todos de acuerdo y que no necesitamos debatir sobre ello. Pero por otro lado, creo que también estamos de acuerdo -el Sr. Kirkhope como antiguo Ministro británico del Interior me dará la razón- en que con todas estas medidas aisladas a la postre no vamos lograr mucho y que nos ocupamos de un sector en el que no queremos solucionar los problemas de base pero sí deseamos lograr al menos algo dando pequeños pasos.
Si esto es así, entonces también está claro que tenemos que debatir del modo más libre de ideologías posible. Si estamos de acuerdo en que queremos debatir de este modo y sabemos que no se puede impedir totalmente la inmigración ilegal -es decir, con independencia de lo que se haga, va a existir siempre inmigración ilegal- entonces tenemos que reconocer naturalmente que sólo con medidas punitivas para las empresas de transporte a la postre sólo lograremos muy poco. Si también estamos de acuerdo en esto, entonces, señor Kirkhope, tendremos que reconocer que si queremos lograr algo tendremos que mantener conversaciones precisamente con las empresas de transporte.
Actualmente, estoy manteniendo conversaciones con representantes de los sindicatos internacionales de transportes y creo que aún hay margen para la búsqueda de vías comunes. Pero cuando se habla precisamente con estas empresas, se comprueba que sus propuestas, señor Kirkhope, no son en absoluto de ayuda y que usted desea tratar de un modo aún más restrictivo la iniciativa francesa que es rechazada ya por las empresas de transporte. Entonces me pregunto por qué nos ocupamos de un informe de este tipo que nadie apoya.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, no todo lo que es legal es también legítimo ni todo lo que es ilegal es ilegítimo. Hemos hablado hoy aquí mucho sobre delincuencia. Pero, en mi opinión no es delito ayudar a entrar en la UE a las personas que necesitan ayuda y que quieren hacerlo sólo porque esto sea ilegal sino que el delito es la política de amurallamiento de la UE. Esto lo ve así incluso el ACNUR. En un estudio sobre traficantes de personas ha constatado que el problema es la política de amurallamiento de la UE y que sólo se podrá cambiar algo si se abren más las fronteras y no con medidas contra los llamados traficantes.
Un segundo problema al que quiero referirme sobre este informe que quiere que las empresas de transporte respondan más: en Alemania esto ha conducido a comportamientos racistas y además que las autoridades hayan movido a los taxistas a comportamientos racistas. Dicen que reconocen si alguien es ilegal o no cuando se encuentra en la frontera germano-polaca y solicita de ellos que les transporten pues los conductores de taxi mismos no tienen la posibilidad de comprobar los papeles de estas personas. Así pues, se ha dicho: a esta gente se la puede reconocer. Pero ninguna persona es ilegal y menos aún se puede reconocer si una persona está en situación ilegal o no.
Un último punto que despierta en mi un gran escepticismo es que en los tiempos en que aún existían la DRA y la RFA, en que había dos Alemanias, en los años 70 el máximo Tribunal alemán emitió en una ocasión un fallo diciendo que el hecho de introducir personas es legítimo, es decir, lo mismo que acabo de decirles e incluso que es legítimo pedir dinero por ello. Es decir, la ayuda comercial por evadirse que sus Señorías criminalizan aquí se alabó en gran manera en aquellos años. Tengo pues que temer que todo este tema se instrumentalice, que no se atreva a actuar contra los refugiados y los ilegalizados, por lo que se necesitan nuevas víctimas. Por ello buscan las personas que les ayuden a escapar, tanto si son pagadas como si no lo son. Precisamente ellas tienen nuestro apoyo para que más gente pueda pasar las fronteras por menos dinero.

Vitorino
. (EN) Señor Presidente, antes que nada haré una observación acerca del procedimiento. Estos debates en sesión plenaria sobre la base de iniciativas provenientes de Estados miembros son incompletos porque falta algo: el autor de la iniciativa no toma la palabra ni responde a los argumentos del Parlamento.
Permítanme que les diga con toda franqueza que la Comisión se encuentra en una situación muy violenta en estos debates porque no somos los autores de las iniciativas. Ni siquiera tenemos derecho a presentar una propuesta modificada, lo único que podemos hacer es participar en el debate. Por eso es difícil para la Comisión tomar la palabra y defender la propuesta, o atacarla, porque, hasta cierto punto, se nos deja al margen del debate. No hace falta decir que comparto la preocupación del Parlamento en el sentido de que un enfoque poco sistemático no es la forma adecuada de abordar estas cuestiones tan sensibles de la inmigración ilegal.
Hemos tratado de prestar cierto apoyo a un enfoque coordinado e integrado de la inmigración ilegal, y a la inmigración como cuestión de ámbito más amplio, pero tenemos que ocuparnos de las iniciativas que plantean los Estados miembros, como por ejemplo ésta que tenemos ante nosotros. En consecuencia, la Comisión se limitará a formular tres observaciones principales. La primera, que quizá es una sencilla perogrullada, es que la cuestión de la responsabilidad de los transportistas es una cuestión complejísima y delicadísima. Como algunos de los anteriores oradores, la Comisión estima que la responsabilidad de los transportistas puede ser un instrumento efectivo para luchar contra la inmigración ilegal pero la efectividad de la responsabilidad de los transportistas depende en gran parte de que haya un enfoque bien equilibrado. Es difícil conseguir un enfoque bien equilibrado porque es necesario tener en cuenta los intereses legítimos de todas las partes, no solamente de los Estados miembros sino también de las personas que necesitan protección humanitaria, así como los intereses de la industria de transportes. Los debates de esta mañana en el Parlamento y los que están teniendo lugar en el Consejo han indicado que es dificilísimo encontrar un equilibrio que sea aceptable para todos.
No creo que estemos privatizando la lucha contra la inmigración ilegal. He de decir que yo lo veo de una manera diferente. Me parece que la gestión de la inmigración es de la responsabilidad de los Estados miembros, de las autoridades públicas, pero tenemos que conseguir que la sociedad civil también participe en la gestión de la inmigración. Este amplio concepto no sólo entraña la responsabilidad de los transportistas sino también la participación de ONG en la gestión común de la política de inmigración. Aquí tenemos ya un criterio estricto para analizar la propuesta francesa. La iniciativa será muy oportuna si entraña un valor añadido para las disposiciones ya existentes del Artículo 26 de la Convención de aplicación de Schengen.
El proyecto que estamos examinando hoy no es más que un primer paso. A la larga será necesario profundizar más en la cuestión y ocuparnos de forma coherente de todos los medios de transporte, incluido el transporte en flete. Por consiguiente, la Comisión, por su parte, asumirá su responsabilidad sobre esta cuestión y trataremos de preparar el terreno en estrecha cooperación con todas las partes interesadas en favor de un enfoque más armonizado de la Unión Europea. Estimamos que podemos presentar una propuesta que abarque todos los medios de transporte, y aprovechar la estrecha cooperación con organizaciones humanitarias y con los propios transportistas, así como con los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0077/2001) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(2000) 303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS)) relativa a unas normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida.

Wiebenga
Señor Presidente, quiero sumarme a lo que el Comisario Vitorino acaba de decir: los Estados miembros de la Unión Europea faltan, en el fondo, a sus compromisos en cuanto al establecimiento de una política de asilo europea. Tal vez los líderes gubernamentales tuvieran buena voluntad en 1999 en Tampere, pero Tampere no ha pasado de ser una lista de deseos. Más claro es el cuadro de indicadores de la Comisión Europea de 2000, en el que la medidas que se deben adoptar figuran en un esquema. No obstante, ya ahora parece que el Consejo de Ministros de Justicia se retrasará respecto de los objetivos que se persiguen. Eso también es aplicable a la adopción de una norma de acogida para desplazados. El actual proyecto de directiva es la tercera propuesta que se presenta al Parlamento Europeo, transcurridos ya cuatro años desde que la primera se presentara en 1997. El Parlamento Europeo estuvo de acuerdo con las dos primeras propuestas, pero el Consejo de Ministros no puede lograr que se adopte la decisión. Nunca ha quedado claro qué Estados miembros se oponen, ya que todo se decide a puerta cerrada. El Consejo de Ministros guarda silencio y ésa es la política de asilo europea en su peor forma.
Todo esto es reprobable, puesto que de qué se trata. Esta propuesta se refiere a situaciones como las que hace unos años se dieron en Bosnia y, más tarde, en Kosovo; de situaciones en las que la afluencia masiva de personas desplazadas debe ser acogida en la Unión Europea; situaciones en las que la gente es expulsada de su casa y de su hogar, en las que los pueblos son saqueados y en las que la gente no sabe dónde ir. Se trata de cientos de miles de personas a la vez. Naturalmente que estas personas deben ser acogidas de forma humana. Por supuesto que los Estados miembros deben repartir la responsabilidad de forma justa, llegando a buenos acuerdos. Esto no se ha logrado de forma suficiente en casos anteriores. Y de nuevo las predicciones: si vuelve a suceder la misma tragedia en Macedonia, o tal vez, en Algeria, la Unión Europea continúa sin estar preparada.
Señor Presidente, la Comisión Europea ha efectuado un buen trabajo. La actual propuesta es mejor que las dos anteriores. El reparto de la responsabilidad entre los Estados miembros figura ahora en la norma y ya no puede desvincularse de ésta. Ese aspecto entra en vigor al mismo tiempo que el resto de la norma. Hay también otros asuntos diversos que se han detallado mejor que en las propuestas anteriores, pero en los que no profundizaré ahora. Son buenas noticias.
Ahora un par de cosas que deben mejorarse. Pienso, en primer lugar, en la relación con el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados, especialmente en su principio más importante, a saber, el principio non refoulement, el principio de que los refugiados no pueden ser devueltos sin más. Éste debe detallarse mejor en la propuesta. El Consejo de Ministros debe respetar el plazo para la toma de una decisión en lo que a la puesta en acción de la protección temporal de personas desplazadas se refiere, y el Parlamento Europeo - también es ésta una vieja queja, señor Presidente - debe estar mejor implicado en la toma de decisiones.
La propuesta no da la talla en un punto: el reparto de la responsabilidad - antes hablábamos de reparto de cargas, ahora de reparto de responsabilidad - entre los Estados miembros. Se trata de qué Estado miembro hace qué esfuerzos en la acogida de un gran número de personas desplazadas. En el caso de Bosnia y Kosovo, países como Alemania, los Países Bajos y Austria acogieron a muchos desplazados, mientras que otros Estados miembros hicieron muy poco. La Comisión propone ahora que primero se llegue a un reparto financiero de las cargas basado en el Fondo Europeo para los Refugiados. Señor Presidente, estoy convencido en tanto ponente de que realmente debe reforzarse este reparto. Se trata en primer lugar de ejecutar el Tratado CE, en el que figura explícitamente que el Consejo debe fomentar el equilibrio en cuanto a los esfuerzos de los Estados miembros en este terreno. Esa palabra, equilibrio, implica más que la palabra solidaridad que figura ahora en la propuesta. Se trata, antes de nada, de lograr un reparto de los desplazados entre los Estados miembros conforme a una clave de distribución; para ello sirven las enmiendas 4 y 11. Espero, claro está, que sean aceptadas por esta Casa. Además, debe suprimirse la disposición que permite a los Estados miembros eludir totalmente la acogida de personas desplazadas. Al contrario, cada Estado miembro debe motivar bien su oferta de acogida, y eso figura en las enmiendas 31 y 32.
Señor Presidente, con todo y con ello, se trata de una propuesta razonable que espero esta casa pueda aceptar.

Nassauer
Señor Presidente, tras un título increíblemente complicado de este proyecto de directiva se esconde un problema relativamente sencillo. Se trata de la cuestión de la distribución de cargas en la acogida de refugiados de guerras civiles. Parece como si la complejidad de este título reflejase lo desagradable que es esta cuestión para los europeos. Pues el modo cómo los europeos han tratado hasta ahora el tema de la burden sharing solamente se puede calificar de conflicto anunciado.
El problema es conocido desde hace muchos años. Hemos experimentado en nuestras propias carnes con grandes trastornos lo que ocurre cuando en el entorno, por ejemplo, de la antigua Yugoslavia se producen guerras civiles y las personas huyen en decenas y centenas de miles, naturalmente allí donde encuentran protección frente a las persecuciones y la guerra. Y estos países fueron en el pasado en especial Austria, también Italia, los Países Bajos y Alemania.
Mi país ha acogido, por ejemplo, en la guerra de Bosnia el doble de refugiados que todos los demás juntos. Por ello, los afectados insisten desde hace años para que se solucione por fin esta cuestión. Pero en el Consejo no se ha logrado hasta ahora más que declaraciones generales sobre la solidaridad en la acogida de refugiados. Recuerdo los altamente desafortunados intentos de la predecesora del Comisario Vitorino, la Sra. Gradin. Los interesados deberían recordarlo.
Por ello, señor Vitorino, le agradezco que se enfrente a todos estos problemas con energía después de Tampere. Añado que al contrario que el punto anterior del orden del día aquí tampoco se trata de la iniciativa de un Estado miembro sino de la Comisión y del Comisario competente. Por ello, también tiene responsabilidad por ello. A pesar de que saludo su modo de actuar, también tengo que plantear objeciones ante algunos detalles.
La cuestión de la división de cargas va unida a un único problema. ¿Se va a regular que todos los países tengan que acoger refugiados o no se va a regular? Si usted, señor Vitorino, se aferra al principio de la llamada doble decisión voluntaria, lo que significa que los refugiados pueden decidir ellos mismos a qué país quieren ir y que los Estados miembros solamente acojan voluntariamente a refugiados, entonces todo quedará como hasta ahora y no cambiará nada en absoluto. Pues la carga de la acogida no se puede compensar con prestaciones financieras.
Lo primero que debería ocurrir es que los Estados miembros no puedan escudarse en una aportación financiera sino que todos estén obligados a acoger realmente a refugiados según un sistema determinado que, naturalmente, tenga en cuenta las posibilidades de acogida de cada país y todos los demás aspectos y que tenga también en cuenta que las familias no sean desgarradas y que en el marco de una cuota se consideren naturalmente también los deseos de los mismos refugiados. Pero hay que determinar que todos los Estados miembros estén obligados a realizar una aportación personal para acoger refugiados. Este es el primer punto flaco de su proyecto. Afortunadamente, la Comisión de Asuntos Interiores lo ha corregido y espero que el Pleno siga la opinión de la Comisión de Asuntos Interiores.
El segundo punto, señor Vitorino, es la reagrupación familiar. El concepto sin límite de familia que usted aplica no se puede imponer a todos los Estados miembros. Quien más allá de la familia en sentido estricto desee incluir a todos los parientes con derecho a percepciones que lo haga. Pero esto no se puede imponer a los Estados miembros sino que se debe incluir de modo facultativo. Esta es nuestra segunda objeción grave.

Evans, Robert J
Señor Presidente, para empezar quisiera felicitar al ponente, Sr. Wiebenga, por su informe, que ataca en sus raíces al problema del cual nos ocupamos: la protección temporal de personas que se hallan en circunstancias de máxima dificultad.
Lamento que el Sr. Nassauer haya pasado por alto lo que dijo el ponente acerca de la utilización del idioma y que haya hablado de "compartir la carga" , porque la cuestión estriba realmente en determinar de qué forma diversos Estados miembros aceptan sus responsabilidades y de procurar tratar de forma humana a personas que se hallan en una situación sumamente desesperada.
El ponente ha mencionado también, con razón, la crisis de Kosovo, en la que los Estados miembros no supieron asumir sus responsabilidades, y Estados más pobres como Albania quedaron abandonados para que se ocuparan de grandes números de refugiados. Con el nuevo mecanismo eso debería evitarse. Si hay una entrada en masa de refugiados en la Comunidad, los Estados miembros han convenido en principio en compartir la responsabilidad.
Esta protección temporal necesita abarcar no solamente las entradas espontáneas en masa en territorio comunitario, sino también las entradas no espontáneas, cuando, por ejemplo, las personas han sido evacuadas de zonas difíciles en avión por Estados miembros, o quizás por otras partes, y posiblemente han recibido asistencia para venir a la UE. Tenemos que conseguir que se apliquen disposiciones adecuadas en el punto de partida.
Otra cuestión importantísima respecto de la cual mi Grupo ha presentado una enmienda -enmienda 44- trata de la velocidad y posibilidades de aplicación de la directiva. Cuando se plantea una crisis de refugiados, es absolutamente imperativo que los Estados miembros actúen lo más rápidamente posible. Aplaudo al ponente por haber introducido un plazo de tiempo para la decisión del Consejo. Ahora bien, mi Grupo ha presentado una enmienda en favor de otro plazo. Estimamos que tres meses no es un plazo aceptable y pedimos que el plazo sea de solamente un mes. Sé perfectamente cuáles son las dificultades logísticas y organizativas que nuestra propuesta presenta, pero tenemos que pasar a la acción con toda urgencia y una reunión de emergencia del Consejo es un pequeño precio que hay que pagar para conseguir que los necesitados reciban protección.
Las enmiendas 45 y 46 se refieren a los derechos personales. Una vez que una persona se halle en un Estado miembro tiene derecho al asilo y a la protección. Tenemos que velar por que esas personas no queden obligadas a regresar a sus países si ello va a crearles problemas sin solución.
Los Estados miembros tienen que esforzarse por hacer más para integrar a los refugiados en la sociedad. A los jóvenes se les debe dar enseñanza y a los adultos se les debe dar la oportunidad de trabajar lo antes posible, para que puedan ser considerados como participantes activos y útiles de la sociedad.
Espero que situaciones como la de Kosovo no vuelvan a suceder, pero si tropezamos de nuevo con ellas es preciso que estemos bien preparados. Mi Grupo apoyará este concepto con las enmiendas que acabo de mencionar.

Ludford
Señor Presidente, me gusta el informe del Sr. Wiebenga, no solamente porque refuerza los arreglos prácticos para compartir la responsabilidad en situaciones como la de Kosovo, lo que, estoy seguro, nuestros ciudadanos pueden considerar como una demostración de solidaridad europea, sino también por la insistencia del Sr. Wiebenga en que un régimen de protección temporal no tiene que socavar ni sustituir al Convenio de Ginebra y a los derechos de los beneficiarios a solicitar asilo. El Sr. Wiebenga ha añadido algunas enmiendas útiles que refuerzan el texto de la cláusula que figura ya en la propuesta de la Comisión: por ejemplo, la insistencia en el non-refoulement, la insistencia en que no se aplique la Convención de Dublín y en que el Estado miembro anfitrión examine la solicitud de asilo, así como la participación de ACNUR. Todas esas propuestas son dignas de éxito.
Lamento que el Grupo PPE-DE insista en que se acepten sus enmiendas del artículo sobre la reunión familiar. Me parece que la cláusula acerca de las parejas no casadas que dice que los Estados miembros pueden admitir a una de las personas no casadas si la legislación del Estado miembro trata a las parejas no casadas de la misma forma que a las parejas casadas, es bastante perversa. Me parece que hubiera sido más bien absurdo tratarlos de forma diferente si la legislación nacional no lo hace.
La otra cuestión a la que quería referirme es el contraste entre el informe del Sr. Wiebenga y el informe anterior del Sr. Kirkhope. El informe del Sr. Wiebenga se basa en una propuesta de la Comisión que está en consonancia con las conclusiones de Tampere y con los resultados. La propuesta pasó a través de nuestra Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores de forma positiva y sin disensiones importantes, y su resultado es un informe que mejora claramente las propuestas de la Comisión. ¡Qué contraste con las series de propuestas de los Estados miembros!. El Sr. Vitorino ha dicho educadamente lo que muchos de nosotros, parlamentarios, decimos con mayor crudeza: que el Consejo y los Estados miembros necesitan actuar conjuntamente en las cuestiones del asilo y la inmigración. El informe del Sr. Wiebenga ha sido un modelo de la forma en que la Comisión y el Parlamento pueden trabajar juntos constructivamente. Todo lo que necesitamos es que el Consejo trabaje igual de constructivamente con nosotros.

Sörensen
Señor Presidente, Señorías, primero y sobre todo, quiero felicitar al ponente Wiebenga por su trabajo. Europa se ha enfrentado por primera vez desde la segunda Guerra Mundial a una emigración forzosa, en una escala que no era comparable ni cualitativa ni cuantitativamente con lo que conocíamos hasta entonces, debido a las grandes corrientes migratorias de personas que huían de los conflictos y de los peligros a ellos asociados en la antigua Yugoslavia.
El concepto de un marco legal para la protección temporal en caso de afluencia masiva se ha desarrollado en los decenios pasados y varía según los Estados miembros, que tienen diferentes reglamentaciones respecto de los derechos sociales de que goza la gente durante esa protección temporal. Algunos Estados miembros reconocen el derecho al trabajo y a la reagrupación familiar, otros no lo reconocen.
La nueva propuesta de la Comisión recoge todas las consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, refleja las discusiones que han tenido lugar en el seno del Consejo y la respuesta de los Estados miembros a la crisis de refugiados en y alrededor de Kosovo. La propuesta forma parte de las iniciativas recientes de la Comisión en relación con la política de asilo con motivo del nuevo Tratado.
Las ONGs, sin embargo, están preocupadas por que una normativa relativa a la protección temporal pueda socavar la política internacional de protección de los refugiados si no se asegura una prevención suficiente contra el abuso. La Comisión reconoce este riesgo cuando señala que la protección temporal entraña una responsabilidad crucial para la Unión Europea, pero tiene que dejar claro que su objetivo no es socavar la protección de los refugiados.
Compartimos entonces la opinión del ponente en cuanto a que la propuesta de directiva contiene un número considerable de mejoras respecto de las dos propuestas anteriores. El reparto de las cargas entre los Estados miembros ya no se desvincula de la normativa. No obstante, quisiera poner un ejemplo extremo: no olvidemos a los refugiados de Sangatte y Calais, que tienen una gran necesidad de esta protección temporal.

Frahm
Señor Presidente, también quiero dar las gracias al ponente por su informe y a la Comisión por tener finalmente esta propuesta encima de la mesa y es de esperar que pronto convertida en realidad. Me alegré mucho cuando escuché al Sr. Nassauer emplear la palabra solidaridad. Me pareció una buena palabra hasta que caí en la cuenta de qué quería decir. Se refería a la solidaridad con nosotros mismos. Resulta interesante que el Sr. Nassauer -y el Grupo PPE, supongo- piense que esta propuesta debe tratar ante todo del reparto de cargas. Creía que ante todo debía tratar de salvar la vida de las personas. Personas que son víctimas de una guerra, de una guerra civil o de conflictos similares que comportan éxodos masivos y que necesitan ayuda. En realidad es absurdo: los países más pobres del mundo en Asia y África no necesitan normas específicas sobre éxodos masivos, pero sí nosotros, los miembros de la rica y bien organizada UE. Pero así están las cosas. Las autoridades de nuestros países no han podido mostrar la suficiente flexibilidad dentro de las normas vigentes, y por ello esta propuesta es una necesidad obvia.
En mi opinión, la propuesta aún presenta unos cuantos problemas, pero, en conjunto, mi Grupo acabará por respaldar el informe y con ello esta iniciativa, vista la necesidad de ponerla pronto en marcha. Y en cualquier caso haré todo lo que pueda para evitar que la cuestión del reparto convierta en rehenes a las víctimas de catástrofes de nuestras peleas internas y de nuestra solidaridad con nosotros mismos. Hace falta solidaridad en este mundo, no con nosotros mismos, sino de puertas afuera.

Hager
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente por su informe que está orientado a la solución de los problemas. Austria ha desempeñado siempre un importante papel en la acogida de refugiados y desplazados contribuyendo de un modo por encima de la media a la solución de los problemas derivados de ello. Quiero felicitar expresamente al Sr. Nassauer por haber complementado en este punto al ponente. Pero el problema se tiene que solucionar por fin en toda Europa y no sólo se puede exigir la solidaridad general de todos los Estados miembros.
La propuesta de la Comisión habla en relación con la acogida de personas por los Estados miembros sólo de la solidaridad de la Comunidad. Pero este concepto debe precisarse en el sentido de la letra b), apartado 2 del artículo 63 del Tratado. También es necesario incluir en el objetivo del artículo 1 que los refugiados tienen que ser distribuidos entre los Estados miembros teniendo en cuenta del modo adecuado sus posibilidades de acogida. El mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros debe incluir en cualquier caso ambos aspectos, es decir, el de la solidaridad financiera y el de la solidaridad personal.

von Boetticher
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo también me voy a referir a los dos puntos de nuestra crítica a la propuesta de la Comisión. En primer lugar, está la cuestión de la doble voluntariedad en la distribución de los refugiados de guerras civiles, es decir, la posibilidad de un refugiado de escoger un país y la posibilidad de un país de rechazar a cualquier refugiado.
La casa europea fue concebida por los padres fundadores en especial como una casa de solidaridad. Actualmente, esta solidaridad se refleja, por ejemplo, en el apoyo a regiones de estructuras más débiles con créditos europeos. Por ello, la exigencia de más justicia en la distribución de las cargas en el marco de la acogida de refugiados es no sólo una exigencia justificada sino que es expresión de dicha solidaridad entre los pueblos de Europa. En el pasado -sobre lo que se ha llamado ya la atención aquí en varias ocasiones- sólo pocos Estados han soportado las cargas de las guerras civiles en la antigua Yugoslavia. La Sra. Frahm acaba de pronunciar un gran discurso; para ella es fácil hacerlo o quizás no, pues viene de un país que hasta ahora no se ha destacado especialmente en esta solidaridad.
Al contrario que los gobiernos en la cumbre de Niza, nosotros, como diputados directamente elegidos de Europa, debemos superar las animosidades nacionales y decidirnos a favor de una solución europea en el sentido de una distribución de cuotas de refugiados siguiendo el principio de la capacidad. La doble voluntariedad hace superflua la propuesta de la Comisión que, por lo demás, en positiva en su enfoque.
El segundo punto importante es la reunificación familiar. También aquí se trata de un principio básico de nuestra Comunidad, a saber, el principio de subsidiariedad. Hoy se decide sobre la cuestión de si la UE se hace cargo y regula de modo centralista la definición de la familia o si primero se establece como base el concepto de núcleo familiar y las regulaciones que vayan más allá se dejan al arbitrio de los Estados miembros. Esto último es lo que se contiene en la propuesta de compromiso del ponente Wiebenga. Es tradición de esta Asamblea defenderse frente a los esfuerzos de la burocracia de Bruselas por recabar para si competencias de los Estados miembros. Hoy tienen la posibilidad de mostrar qué es lo que significa para sus Señorías el concepto de subsidiariedad. Voten a favor de la positiva tradición de esta Asamblea y los principios fundamentales de nuestra comunidad de valores y no coloquen en primer plano unos intereses puramente nacionales o partidistas. Voten a favor de las propuestas de compromiso del ponente Wiebenga en estos importantes puntos.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar al ponente por el esfuerzo que ha hecho de mejora de este informe.
Europa se ha visto en los últimos años confrontada a situaciones que pensábamos definitivamente erradicadas de nuestro entorno. A la luz de estos acontecimientos, creo que no podemos ignorar por más tiempo la obligación moral y política de tener mecanismos establecidos para hacer frente, si todos los demás mecanismos de prevención fallan, a una catástrofe humanitaria.
La Unión Europea debe hacerlo solidariamente. Quiero decir en nombre de mi Grupo que nosotros estamos a favor del reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. No voy a utilizar aquí la palabra carga porque, después de haber visto las caras de hombres y mujeres en campamentos de refugiados en Macedonia, que son como usted y como yo, señor Presidente, me parece odioso y repugnante llamarles carga. Creo que eso debe hacerse en un marco claro de cómo asumir la situación y creo que debe haber un mínimo de flexibilidad, que el ponente reconoce, solamente para escuchar la voluntad de los refugiados y para impedir que éstos, debido a su debilidad momentánea, se conviertan efectivamente en carga dispuesta a ser transportada a donde nosotros, sin tener en cuenta en absoluto su opinión, decidamos.
Quiero también felicitar al ponente por el esfuerzo que ha hecho de clarificar los plazos, de clarificar que en este caso es especialmente necesaria la atención a los plazos en los que se deciden las cosas, y apoyar la enmienda que nuestro Grupo ha presentado para acabar de especificar y para acortar estos plazos.
En relación con la reagrupación familiar, quiero decirle al Sr. Nassauer que no entiendo esta obsesión que ustedes tienen. La derecha nos ha convencido, incluso a las personas más refractarias de la izquierda, de que la familia es un bien necesario y de que la familia es un pilar importante en nuestra sociedad. ¿Es que esto vale sólo para los europeos? Señor Nassauer ¿es que van ustedes a dejar a su madre o a su hermano en una situación de especial necesidad si se diera una situación de violencia en sus países? ¿Es que no podemos, para la protección temporal, tener en cuenta estas situaciones de especial gravedad y que pueden causar especial dolor para poder traer a estas personas junto a sus familiares a la Unión Europea? Realmente creo que sí debemos tenerlo en cuenta. Y en cuanto a la definición de familia, me parece que la posición de la Comisión de que cada Estado miembro aplique su propia definición de familia es más que razonable y vamos a apoyar esta posición.
Espero que el Consejo no nos haga esperar otros cuatro años para decidir sobre esta cuestión. Creo que el Sr. Wiebenga no sabía que asumía una responsabilidad tan amplia cuando hizo su primer informe, y que no le importará dejar de ser ponente vitalicio para este tema.

Buitenweg
Señor Presidente, también yo quiero agradecer al Sr. Wiebenga su excelente trabajo. Puedo decirle que en los Países Bajos es excepcional que nuestros grupos estén de acuerdo en el ámbito de la política de refugiados.
Aunque apoyamos sinceramente el informe en líneas generales, mi Grupo también efectuará ahora algunas observaciones, entre las que quiero mencionar dos.
La primera se refiere al artículo 13, apartado 1 del que ya se ha hablado mucho. La Comisión propone que los Estados miembros que han equiparado la parejas de hecho a los matrimonios en su derecho nacional, hagan lo mismo con la reagrupación familiar. No se trata, por tanto, de imponer generalizadamente el derecho de familia, pero sí la igualdad de trato dentro de un Estado miembro. En mi opinión, es una propuesta modesta, pero se trata de un principio importante. Me decepciona también que eso se haya suavizado en el informe, es decir en la enmienda 22, lo que deja sin contenido a esta modesta propuesta. Ahora se recoge que los Estados miembros pueden permitir la reagrupación de las parejas no casadas. No es necesario un acuerdo europeo para ello, ya que también se puede hacer en la actualidad. La propuesta de la Comisión parte de la solidaridad entre los Estados miembros y la indulgencia en cuanto a la capacidad de acogida, pero no figura un acicate. El ponente intenta que el principio de acogida sea más vinculante, y le apoyo en ello, pero la solidaridad no obtiene concreción financiera. Al igual que el ponente y algunos más aquí, estoy convencida de que es necesario un reparto de la responsabilidad a nivel europeo a fin de evitar que los Estados miembros declinen su responsabilidad. Además, opino que es irresponsable movilizar gente sin necesidad. Conforme al artículo 24, el Fondo Europeo para los Refugiados debe encargarse de la solidaridad financiera. No obstante, este Fondo cuenta con un máximo anual de 10 millones de euros para los desplazados. Esto sólo da para dos tiendas y una bolsa de agua caliente. En tanto no se aumente sustancialmente dicho Fondo, temo por la hospitalidad de Europa.

Berthu
Señor Presidente, la propuesta de directiva para la definición de un régimen europeo de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de países terceros sustituye a propuestas de acción común sobre el mismo tema que discutimos en 1997, pero que no se han aplicado por las reticencias, a mi juicio justificadas, de varios Estados miembros.
Desafortunadamente, la propuesta de hoy, aunque flexibilizada en algunos puntos, sigue siendo a pesar de todo susceptible de varias críticas importantes. La primera es que la institución de esta protección temporal vuelve de hecho a crear un segundo estatuto, paralelo al de refugiado, de beneficiario del asilo político reconocido por el Convenio de Ginebra de 1951, pero mucho más amplio que éste. Efectivamente, los beneficiarios de este nuevo régimen no serían únicamente las personas que responden a los criterios precisos que permiten disfrutar del asilo político, sino amplias categorías de nacionales de países terceros que hubieran debido abandonar su país de origen por diversas razones.
Sin duda, el artículo 63-2 introducido por el Tratado de Amsterdam prevé la institución de un régimen así, pero lo que menciona es una protección temporal. Ahora bien, la propuesta de la Comisión, aunque limitada en teoría a protecciones de dos años como máximo, puede crear de hecho situaciones que tendrán muchas posibilidades de ser duraderas, ya que la salida no está prevista de otro modo que no sea la salida voluntaria de los interesados. En este sentido, la propuesta de la Comisión nos parece por tanto gravemente incompleta.
Segunda crítica importante: aunque el acuerdo de los Estados sea necesario para el reparto físico de las personas protegidas - y se trata de un progreso con respecto a la versión anterior -, el texto actual parece que libera de responsabilidad a los países miembros. Para evitar este inconveniente, hubiera sido necesario que la decisión básica adoptada por el Consejo para iniciar el régimen de la protección temporal se adoptase por unanimidad. Pero la propuesta de la Comisión prevé únicamente adoptarla por mayoría cualificada lo que, a nuestro juicio, no era jurídicamente necesario y parece, en el fondo, completamente inadecuado en un ámbito tan destacado.

Hernández Mollar
Señor Presidente, dentro de este desordenado debate sobre algunos aspectos de la inmigración nos encontramos ante una propuesta de directiva de gran importancia porque trata de regular el esfuerzo equitativo y solidario que los Estados miembros están obligados -y subrayo obligados- a realizar para acoger a las personas desplazadas o refugiados de terceros países.
No perdamos de vista que estamos ante un problema humanitario de primer orden. Nadie abandona su tierra, su cultura, su familia por gusto. La primera premisa es, pues, cómo entender y aplicar la solidaridad para atender a estas personas y hacerles menos gravosa su terrible situación.
Además de afrontar de inmediato sus necesidades humanitarias, surge, como estamos viendo en este debate, el problema de su ubicación. ¿Es correcta la solución de repartir numéricamente a los refugiados según un sistema de cuotas, suprimiendo el doble principio de la voluntariedad de los Estados y de los propios refugiados? Creo sinceramente que no. ¿No es más solidario el Fondo Europeo para los Refugiados, como propuso España, bien dotado económicamente y no como está ahora, para ayudar a los Estados que más refugiados reciben? Creo que sí.
El problema además es que se rechaza una gran cantidad de solicitudes de asilo porque no son auténticamente refugiados políticos quienes lo solicitan sino inmigrantes económicos. Estamos todavía -como se está viendo aquí también- ante un debate muy confuso donde no se delimitan los diferentes ámbitos de la inmigración económica con los que originan el asilo por razones humanitarias o políticas. La cuestión está en solucionar los problemas que se derivan del actual procedimiento de asilo, que haría mucho más racional el número de solicitantes y reduciríamos en sus justos términos el reparto de responsabilidades.
Finalmente, Señorías, me complace que de la protección temporal se haya excluido a quienes hayan cometido acciones delictivas con objetivos pretendidamente políticos. Es un paso más de la Unión Europea para combatir el terrorismo. La enmienda que presenta la delegación española de nuestro Grupo en comisión avala el voto favorable del informe a pesar de algunas de nuestras reservas sobre algunos aspectos del mismo.

Swiebel
Señor Presidente, el proyecto de directiva relativo a las personas desplazadas supone un nuevo paso en la dirección de una política de asilo europea. No obstante, estamos todavía lejos del objetivo final, entre otras cosas, porque el Consejo hasta ahora no se ha visto obligado a decidir sobre las propuestas de la Comisión. Por lo que yo sé, no existe todavía un acuerdo en el grupo de trabajo del Consejo en cuanto a la directiva relativa a la reagrupación familiar. Tal vez la tramitación de esta directiva relativa a la protección temporal pueda ser más rápida, ya que aquí el Consejo no se ve "obstaculizado" por el procedimiento de codecisión. Sin embargo, uno puede preguntarse cuán acuciantes deben ser todavía los problemas antes de que el Consejo pueda superar las diferencias de opinión subyacentes y llegar a un planteamiento verdaderamente europeo. No obstante, percibo hoy dos aspectos positivos.
En primer lugar, la energía con que la Comisión asume su tarea de legislador en la Unión Europea y el esmero con que mantiene un equilibrio entre los intereses nacionales y el objetivo final de Tampere. El Comisario Vitorino merece todo el respaldo por esta habilidad.
En segundo lugar, el contenido de la propia directiva. Se ha matizado y, por ello, es aceptable en líneas generales. En primer lugar figura que los derechos y obligaciones de los desplazados deben equipararse en la medida de lo posible a los de las personas que se encuentran en otra situación en cuanto a la residencia. En el debate celebrado en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha abogado, además, por que se aclare la relación entre el estatuto de desplazado y el procedimiento regular de asilo. El primero no debe excluir al segundo. Al fin y al cabo, la aplicación del instrumento para la protección temporal solamente se efectúa en caso de necesidad urgente, algo que no puede dar lugar a que se socave el derecho individual de asilo.
Además, estoy satisfecho con que se haya establecido más claramente que todos los Estados miembros deben participar de forma proporcional en la acogida efectiva de las personas desplazadas. Agradezco al Sr. Wiebenga que haya matizado la directiva en el sentido preciso. No obstante, me sumo también a la crítica enérgica de las Sras. Terrón y Buitenweg en cuanto al muy decepcionante compromiso, que realmente no puede denominarse como tal, respecto de la definición de "la familia". Oiremos mucho al respecto.

Banotti
Señor Presidente, los italianos tienen un dicho que a mí siempre me ha encantado: tutto il mondo e i paesi, y hoy estamos hablando de una diversidad de normas legislativas referentes a lo que, claramente, es una cuestión que ha sido objeto de los más apasionados debates y que, en muchos casos, ha pasado a convertirse en una norma legislativa inadecuada en nuestra Comunidad. La tragedia de la gente atrapada en las guerras civiles, que es evidentemente la finalidad principal del informe del Sr. Wiebenga, no es más que una de las cuestiones con que nos enfrentamos. Muchos colegas han tomado hoy la palabra para explicarnos de qué forma se ocupan sus propios países de todas estas cuestiones.
Durante demasiado tiempo la Comisión o el Consejo, reunidos a puerta cerrada y expresando muy a menudo su solidaridad acerca de estas cuestiones, han retenido lo que realmente necesitábamos saber acerca de la política futura de inmigración, asilo, refugiados, etc. en nuestra Comunidad.
Vengo de un pequeño país de la periferia en el que muy a menudo la dificultad de llegar hasta él ha evitado que nos convirtiésemos en un punto de convergencia para todos los que buscan asilo o intentan conseguir un estatuto de refugiado, y por eso a veces me siento poco a gusto cuando tengo que discutir estas cuestiones con colegas que tienen una experiencia mucho mayor que la mía y cuyos países tienen que ocuparse muy a menudo de compartir una enorme responsabilidad por personas desplazadas trágicamente a causa de la guerra civil, como ha sucedido recientemente.
Es evidente que compartimos nuestra responsabilidad. Tenemos que hacerlo. Como seres humanos ésa es nuestra obligación respecto de otros seres humanos, pero lo que tenemos que dejar bien sentado en todas nuestras políticas de inmigración, y no solamente en el contexto de los desplazamientos masivos de personas en caso de guerra civil, es que hemos de tener una política mucho mejor preparada, mucho más humana y generosa, y, sobre todo, mucho más clemente respecto de todos los que vienen a nosotros en busca de ayuda en esas trágicas situaciones.

Cerdeira Morterero
Señor Presidente, quiero felicitar al ponente, Sr. Wiebenga, por el trabajo que ha realizado y por la voluntad manifiesta que tiene en mejorar el texto que se nos ha presentado. Asimismo, creo que es de justicia felicitar al Comisario Vitorino, porque, evidentemente, la propuesta de directiva, el proyecto que hoy se nos presenta, mejora con creces las propuestas que anteriormente se han presentado a este Parlamento.
Aunque ya mis colegas han destacado aspectos importantes del tema que nos ocupa, no quisiera dejar pasar por alto algunos aspectos que desde mi punto de vista son fundamentales.
Creo que es importante que quede clara la garantía del derecho a la reagrupación familiar de estas personas desplazadas en las mismas condiciones que los titulares de un documento de residencia y, aunque sea de índole personal, creo que el tema de las parejas de hecho no está suficientemente tratado. Comprendemos las dificultades que ha habido para analizar este problema y apoyaremos los pasos que conduzcan a su solución.
Otro tema que me parece importante es la claridad sobre el reparto de las responsabilidades entre los Estados cuando se produce una afluencia masiva de personas desplazadas. Los Estados miembros deben afrontar este tipo de situaciones de una manera homogénea y solidaria.
Igualmente es importante dejar claro que las personas que se hayan beneficiado de este régimen de protección temporal también tienen el derecho de poder presentar una solicitud de asilo y de que se respete al máximo la Convención de Ginebra, con el mantenimiento del principio de no devolución.
El papel del Parlamento Europeo debe reforzarse y, en los casos de protección temporal, su consulta debe ser necesaria e imprescindible. Tenemos que evitar entre todos que se produzcan restricciones de visado, como ocurrió en el caso de Kosovo, que a todos nos avergonzaron.
Creo que en esta ocasión el Parlamento ha hecho su trabajo. La Comisión también ha demostrado su voluntad y ha hecho su trabajo. Solamente cabe esperar que el Consejo cumpla con sus deberes.

Vitorino
Señor Presidente, señoras y señores, la propuesta de directiva de la Comisión sobre la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas se incluye a nuestro juicio en una visión global de la instauración del régimen de asilo europeo. La Unión Europea debe disponer de un mecanismo excepcional que le permita reaccionar con rapidez a los flujos masivos y aportar una respuesta inmediata a la necesidad de protección de las personas desplazadas, situación que ya hemos conocido en Bosnia y en Kosovo.
Este mecanismo tiene como objetivo el de apoyar el funcionamiento duradero del régimen de asilo asegurando un vínculo coherente con el acceso al procedimiento normal de asilo y al Convenio de Ginebra.
Hemos construido nuestra propuesta sobre la idea de que la protección temporal ha de concederse en los Estados miembros, de acuerdo con una decisión del Consejo, que constata la situación de afluencia masiva, y adoptarse por mayoría cualificada. Esta protección se concede para una duración máxima de dos años pero el Consejo puede también, en cualquier momento, si se reúnen las condiciones, ponerle fin de forma conjunta.
Creo que, si la directiva permite a los Estados miembros, por una parte, cierta flexibilidad para gestionar el sistema de asilo durante el período de protección temporal ésta garantiza, por otra parte, el acceso absoluto de los beneficiarios al procedimiento de asilo y, en todos los casos, en el momento en el que termina el periodo de protección temporal. Hemos fijado finalmente no sólo unos derechos equitativos para todos aquellos que disfrutan de la protección temporal sino también unos principios que gobiernan los retornos.
En Tampere, los Jefes de Estado y de Gobierno señalaron la necesidad de garantizar la solidaridad entre los Estados miembros en materia de protección temporal. Y nosotros sabemos hasta qué punto el Parlamento Europeo es partidario de este principio. Creo haber discutido sobre esta cuestión con el Sr. Nassauer hace más de siete años. Por ello, la Comisión ha intentado concretar con claridad el concepto de solidaridad comunitaria y profundizar en el contenido del artículo 63, número 2, párrafo b, dedicado al equilibrio de los esfuerzos y de las responsabilidades entre Estados miembros.
La solidaridad está, en primer lugar, constituida por un apartado financiero gracias a los vínculos creados con el Fondo europeo para los refugiados. Sé que la dotación financiera del Fondo no es muy ambiciosa, pero quizás es éste un ámbito en el que se podría trabajar de forma más razonable preguntándose de qué forma puede contribuir el Fondo a reforzar la solidaridad financiera. Al mismo tiempo, y debo señalarlo, hemos conservado en esta propuesta el principio del reparto de responsabilidades desde el punto de vista de la acogida física de los refugiados. Esta solidaridad en la acogida por parte de los Estados miembros se expresa en el principio del doble voluntariado.
Comprendo el problema del Sr. von Boetticher y comparto incluso su observación que da cuenta de algunas dificultades. La idea del doble voluntariado apareció bajo la Presidencia alemana y ha dado ya su rendimiento. Por supuesto, este doble voluntariado presupone la voluntad de los Estados miembros de una disposición para la acogida y también la voluntad de las personas beneficiarias que no se encuentran aún en el territorio de los Estados miembros. Por ello, la decisión de conceder la protección temporal precisa de entrada la capacidad de acogida de los Estados miembros o las razones excepcionales que no les permiten recibir nuevas personas desplazadas. Pero quiero señalar que debe tratarse de razones verdaderamente excepcionales.
La idea básica es que el rechazo a aceptar nuevos refugiados en caso de conceder una protección temporal ha de ser totalmente excepcional. Además, el doble voluntariado introduce un sistema de transparencia. Y este sistema de transparencia en las decisiones constituye un elemento esencial ya que la presión de los iguales tiene una función que desempeñar: debe llevar a todo el mundo a aceptar un esfuerzo solidario en materia de acogida, incluso de acogida física de los beneficiarios de la protección temporal.
No puedo garantizarles que el sistema vaya a funcionar. En cualquier caso hemos intentado elaborar un instrumento que permita garantizar tanto el principio de la solidaridad en la acogida física como el de la solidaridad financiera.
Doy las gracias muy encarecidamente a los diputados por su contribución a este debate. Debo señalar muy especialmente la contribución del ponente, Sr. Wiebenga, cuyo informe es excelente. Hoy estoy un poco nervioso porque me han enseñado mucho sobre este tema y, en cierto modo, me siento en la piel del estudiante frente a su profesor. Soy enseñante de oficio. Saben por tanto de qué hablo. Pero de todas formas, debo decir que hemos tomado muy buena nota de todas las enmiendas que se han propuesto. Creo que esas enmiendas, incluso las relativas a la solidaridad, son una fuente de inspiración para las semanas de negociaciones que nos esperan en el Consejo y que deberían concluir con algún resultado final en mayo - espero que lo consigamos en el Consejo de mayo.
Algunas de sus enmiendas modifican el nivel de los derechos de los beneficiarios y la Comisión sigue muy interesada en un nivel equitativo y no revisable a la baja. En cuanto a la solidaridad, señalamos el refuerzo de algunas disposiciones principalmente sobre la acogida entre los Estados miembros y en perjuicio de la sensibilidad de esta cuestión, trabajamos lo mejor que podemos para llegar a un resultado realista, equitativo y sobre todo precisable. A partir del momento en el que se respeta el principio del doble voluntariado, algunas enmiendas, si no en su forma exacta al menos sí en su espíritu, podrían servir como ya indiqué anteriormente para concluir las negociaciones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino. A propósito de su comentario sobre profesores y alumnos, había un grandísimo hombre de teatro napolitano - era napolitano, pero italiano y europeo - que decía que los exámenes no acaban nunca.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Examen de solicitudes de visado / Control y vigilancia de las fronteras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0066/2001 del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre 1. la iniciativa de la República de Finlandia con vistas a la adopción del Reglamento por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (11834/2000 - C5-0559/2000 - 2000/0805(CNS)) y 2. la iniciativa de la República de Portugal con vistas a la adopción del Reglamento por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de ejecución de controles y vigilancia en las fronteras (5736/2001 - C5-0044/2001 - 2001/0802(CNS));
A5-0075/2001 de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo (8210/2000 - C5-0286/2000 - 2000/0806(CNS)) relativo al período durante el cual los nacionales de terceros países exentos de la obligación de visado, pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros;
A5-0065/2001 del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo (10130/2000 - C5-0398/2000 + 13968/2000 - C5-0004/2000 - 2000/0819(CNS)), relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países.

Deprez
Señor Presidente, Señorías, la iniciativa de la República finlandesa, que se nos ha presentado en el día de hoy, tiene como objetivo esencial el de reservar al Consejo unos poderes ejecutivos en lo que respecta a ciertas disposiciones detalladas y modalidades prácticas relativas al examen de las solicitudes de visado. La iniciativa de la República portuguesa plantea de hecho el mismo objetivo, reservar al Consejo poderes ejecutivos, pero en concreto al control y vigilancia de las fronteras.
En lo que respecta al problema fundamental, quisiera hacer un llamamiento a esta Asamblea para que rechace ambas iniciativas que a mi juicio incurren en cuatro faltas políticas graves. Una falta política, en primer lugar, contra el espíritu comunitario y contra el espíritu del Tratado de Amsterdam. Cuando éste decidió el paso del acervo de Schengen del tercer al primer pilar, lo hizo para que la materia afectada escapase a las prácticas intergubernamentales y las integrase en el marco jurídico institucional normal. Al reservarse los poderes ejecutivos, el Consejo niega de hecho el espíritu del Tratado de Amsterdam, perpetuando en la práctica los métodos intergubernamentales que se producían anteriormente.
La segunda falta del Consejo diría que es de orden institucional. Debo recordar, efectivamente, a sus señorías que el artículo 202 del Tratado de la Comunidad Europea no es un artículo cualquiera. Pertenece a las disposiciones institucionales en sentido estricto del Tratado, las cuales disfrutan, ante el Tribunal de Justicia, de una verdadera primacía. Al reservarse los poderes ejecutivos, considerando que se trata de un caso específico, algo que por otra parte no llega a motivar de forma circunstanciada, el Consejo toma a mi juicio unas libertades con una disposición fundamental del Tratado de la Comunidad Europea, algo que, a mi modo de ver, resulta inaceptable.
La tercera falta cometida por el Consejo lo es con respecto a la Comisión. Para justificar el hecho de que desea reservarse los poderes ejecutivos, el Consejo invoca la sensibilidad del ámbito de los visados y de la política de gestión de las fronteras. Este argumento no resiste el análisis, en especial cuando se sabe que el reglamento relativo al formato uniforme de los visados reserva, de forma expresa, las medidas de ejecución, que por otra parte son secretas, a la Comisión, cuando se trata con toda evidencia de una materia especialmente sensible. Me importaría por cierto saber durante cuánto tiempo aún va a asistir a la Comisión de las Comunidades europeas sin reaccionar al verdadero desplume de sus poderes al que se entrega el Consejo con respecto a ella. No solamente ejerce en su lugar el poder de iniciativa, sino que ahora además desea privarla, tal como lo piden los tratados, del poder de ejecución.
La cuarta falta afecta directamente a esta Asamblea. Al reservarse los poderes ejecutivos - es preciso que todos los diputados lo sepan -, el Consejo priva al Parlamento Europeo de cualquier información a la cual tendría derecho en lo que se llama el marco normal de la comitología. Este rechazo de información es tanto más grave en la medida en que algunas decisiones ya se han adoptado y seguirán adoptándose en el futuro en el marco de procedimientos protegidos por el secreto. Así, por ejemplo, en virtud del procedimiento llamado de consulta previa, algunos nacionales de países terceros que desean venir a uno de los países de la Unión, del espacio Schengen, no podrán tener acceso porque uno de los países, de los cuáles nunca conoceremos su identidad y que no es necesariamente el país de destino, haya emitido un veto contra esta persona, por razones que nunca conoceremos y que jamás habrán de ser justificadas.
Sin duda, no quiero mezclar las cosas pretendiendo que debemos tener un derecho de control sobre las decisiones individuales que afectan a cada solicitud de visado, pero no puedo aceptar el hecho de que en materias tan fundamentales que afectan a las libertades esenciales de los ciudadanos el Consejo no tenga que rendir cuentas ante nadie ni sobre sus prioridades, ni sobre los criterios de sus decisiones. No se trata solamente de un déficit democrático, es una verdadera falta de democracia. Ésta es la razón por la cuál pido a esta Asamblea, siguiendo en ello a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, que lo ha hecho por unanimidad, que rechace pura y simplemente las iniciativas de la República de Finlandia y de la República de Portugal.

Frahm
Señor Presidente, éste es seguramente uno de los informes más insulsos que esta Asamblea haya debido debatir en mucho tiempo, y es de esperar que ésta también sea la última vez que me ocupo de una tarea semejante. Si el Grupo Socialista y el Grupo PPE quieren, quizá incluso los grupos pequeños también podamos elaborar informes sobre cosas interesantes. Este informe versa sobre una iniciativa portuguesa que aborda uno de los problemas vinculados a la política de visados. Sin embargo, esta propuesta, la iniciativa portuguesa, desgraciadamente creará una serie de problemas porque no es consistente con las demás normas Schengen y puesto que la Comisión dentro de poco tiempo, en abril, según tengo entendido, presentará una iniciativa que aborde todos los problemas relacionados con la libertad de desplazamiento entre los Estados miembros, y puesto que también la Comisión comparte mi inquietud ante los problemas que el informe creará, quiero recomendar muy encarecidamente que se vote a favor de mi informe y con ello se rechace la iniciativa portuguesa en favor de la futura iniciativa que presentará la Comisión.
Sin embargo, cuando debatimos estos temas, creo que sería bueno que de vez en cuando hiciéramos balance de qué es lo que hacemos realmente cuando adoptamos estas iniciativas, ramificaciones todas ellas del Convenio Schengen y de las ideas de un "ámbito de democracia, libertad y justicia" , del que tanto hablamos. Las propuestas que hoy serán debatidas, y las propuestas que hemos debatido anteriormente, son propuestas que en su mayor parte hablan de cerrar este ámbito de democracia, libertad y justicia, o de que éste se está cerrando en torno a sí mismo. Todos sabemos que nuestro continente necesitará mano de obra dentro de pocos años. Sabemos que varios Estados miembros afrontan ya la necesidad de una inmigración considerable si quieren mantener un nivel de vida que siga pareciéndose al que disfrutan ahora. Y si también acariciamos el sueño de disfrutar de una vejez tranquila, lo que significa que sean otros los que trabajen, mientras que nosotros descansamos - en el mejor de los casos. Por ello resulta inconcebible que sigamos sin dejar entrar a la gente en nuestro territorio, que aceptemos que la gente muera en su viaje a la UE, que aceptemos ver cómo llegan hasta las costas de la UE los cadáveres de los refugiados o de las personas que buscan fortuna, que prefiramos verles como cadáveres antes que como ciudadanos o como individuos útiles en nuestro territorio. Resulta sumamente difícil de comprender.
Mi propio país, Dinamarca, figura entre los peores. Los ministros responsables hablar de colocar a los refugiados en islas desiertas, y al hacerlo, el nivel de debate se vuelve tal que de repente todo está permitido. En mi país, la palabra guerra cultural suena a que todas las culturas deben ser combatidas si no son cristianas. Los liberales de mi país piensan que todos los refugiados deben ser agrupados en campamentos en las zonas más pobres del mundo. Por ello y vistas las cosas, celebro que mi país no participe en la política de refugiados comunitaria y con ello no tenga influencia en las políticas que la UE elabora actualmente, pues ésta será a pesar de todo un poco mejor de lo que habría sido si Dinamarca hubiera tenido influencia en ella.
Cuando el muro cayó en 1989, todos creímos en una Europa sin barreras, sin embargo, ahora nos hallamos inmersos en la tarea de levantar otros muros. No los construimos entre nosotros, los construimos a nuestro alrededor. Debemos preguntarnos cómo puede ser que nosotros, el continente más rico del mundo, optemos consecuentemente por soluciones represivas. ¿Cómo creemos que puede construirse un ámbito de democracia, seguridad y justicia, cuando se opta consecuentemente por soluciones represivas, dirigidas contra los refugiados?

Nassauer
Señor Presidente, Señorías, el Sr. Comisario Vitorino se ha quejado esta mañana de que tenía que exponer su opinión sobre una iniciativa que no era la suya. Se va a encontrar ahora de nuevo ante la misma dificultad pues hablamos sobre una iniciativa francesa. Se refiere al reconocimiento recíproco de decisiones en materia de expulsión y es otro caso ejemplar de que la idea del monopolio de iniciativa de la Comisión tiene sus buenas razones. La Comisión está evidentemente mucho mejor en situación que los diversos Estados miembros de representar el interés comunitario ya que aquellos por separado se centran en sus propios intereses. Este es un nuevo motivo para que nos pronunciemos a favor del monopolio de iniciativa de la Comisión en las propuestas legislativas.
Esta iniciativa proviene del tiempo final de la Presidencia francesa cuando el balance de dicha Presidencia amenazaba ya con ser extraordinariamente magro en resultados. Poco antes de cerrar las puertas se han lanzado con rapidez al mercado toda una serie de iniciativas para mejorar algo el balance, todas ellas elaboradas sin el menor cuidado. Para las personas interesadas en temas jurídicos les recomiendo que pongan uno al lado del otro el primer y el segundo proyecto. El primero consiste sólo en buena voluntad y en política y en el segundo han venido los letrados y han hecho de todo este asunto algo que se puede calificar con algún derecho como de iniciativa de ley. Es decir, la modificación de la calidad legislativa de la primera a la segunda iniciativa es considerable.
También se debe reconocer el objetivo político y jurídico perseguido. No significa más ni menos que una disposición de expulsión que, digamos, se adopte en París, sea vinculante para toda la Comunidad. Esto tiene sentido. No tiene en absoluto sentido que en el espacio común de seguridad, libertad y derecho, una decisión adoptada en París se revise de nuevo en Helsinki, en Berlín o en cualquier otro país miembro. Sólo que la Comunidad necesita para un proceder de este tipo un fundamento jurídico y el objetivo político positivo que se persigue no sustituye al fundamento jurídico.
Esto es lo que nos ha dicho precisamente el Tribunal Europeo de Justicia en su sentencia sobre la directiva relativa a la publicidad del tabaco. En este caso también se trataba de un objetivo político y jurídico perfectamente digno de debate, pero el Tribunal ha aclarado que para esta decisión debe existir un fundamento jurídico en los Tratados. La Comisión de Asuntos Interiores ha llegado en dos ocasiones de modo unánime al convencimiento de que no existe un fundamento jurídico para la iniciativa francesa. El gobierno francés apoya su modo de proceder en el artículo 63 del Tratado de la CE. Allí encontrarán el fundamento jurídico para un derecho de expulsión europeo pero esto es algo diferente a un reconocimiento recíproco de decisiones de expulsión adoptadas a nivel nacional. Un derecho de expulsión comunitario sería una directiva en la que la Comunidad determine en un procedimiento legislativo ordinario bajo qué condiciones puede ser rechazado un ilegal o posiblemente incluso expulsado, pero para ello todos los países miembros deberían reconocer recíprocamente lo que está regulado en sus correspondientes fundamentos jurídicos nacionales sobre disposiciones de expulsión y similares. Esto es cualitativamente algo diferente. Como en los últimos tiempos actuamos de un modo algo más cuidadoso con la cuestión de si la Unión Europea y, en especial, su parte comunitaria, puede hacer todo lo que le gustaría hacer, en la Comisión de Asuntos Interiores hemos llegado a la clara conclusión de que apoyamos políticamente este modo de proceder pero que no vemos su fundamento jurídico. Por ello proponemos devolver esta iniciativa.
Hemos realizado también una propuesta de solución. Está totalmente claro que se puede solucionar esta situación problemática si existiese un derecho europeo de expulsión. La consecuencia de todo esto sólo puede ser que instemos a la Comisión para que presente un proyecto de directiva para un derecho de expulsión europeo, comunitario que sea además vinculante en la Comunidad. Entonces se podrán solucionar todos los problemas que van unidos a esta iniciativa.

Hernández Mollar
Señor Presidente, tal y como está transcurriendo el debate esta mañana, me pregunto si estamos en un seminario, en una gran conferencia o estamos en un Parlamento cuya obligación es legislar y dar soluciones a los problemas que en estos momentos tiene la sociedad europea. Creo, Señorías, que es muy preocupante el rechazo en bloque, por parte de este Parlamento, de iniciativas del Consejo como las que aquí estamos analizando y que está demostrando un gran desorden en el proceso legislativo al que nos obliga el Tratado.
La libre circulación, por ejemplo, es un elemento fundamental, que requiere una legislación clara y diáfana tanto para los ciudadanos de la Unión Europea como para los de los terceros países.
Comparto los razonamientos que la Sra. Frahm expone en su informe para rechazar la iniciativa y esperar que la Comisión cumpla con los objetivos propuestos en el marcador, porque, efectivamente, es necesario contemplar todos los supuestos en que se pueden encontrar los nacionales de los terceros países que están autorizados a circular por el territorio de los Estados miembros y es necesario también que, en aras de esa coherencia jurídica, las soluciones propuestas no se contradigan precisamente con los Tratados.
Otro tanto se puede decir del informe del colega Nassauer, en el que ha hecho una buena exposición y en el que critica, con razón, la falta de rigor jurídico de las iniciativas del Gobierno francés sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión.
Tendríamos que preguntarnos de verdad si las instituciones europeas están dando una respuesta rigurosa a lo que la sociedad europea les pide en estos momentos, que es la elaboración de una política sobre migraciones que responda a los principios de libertad, de igualdad y de justicia, consustanciales a la cultura europea.
La inmigración y todo cuanto la rodea necesita un pacto tripartito del Consejo, la Comisión y el Parlamento que ponga orden en este debate. Los grupos mayoritarios de esta Asamblea, al igual que ocurre en nuestros propios países, necesitaríamos consensuar los grandes principios que inspiran el Título IV del Tratado y su desarrollo legislativo. Debemos llegar al consenso y a la reflexión conjunta.
Me parece, Señorías, que el camino de la confrontación por el que vamos no ayudará a solucionar el problema sino, precisamente, a agudizarlo, con peligrosas consecuencias para todos.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, mi intervención en este momento podría ser cortísima. Tan corta que se reduciría al monosílabo "no". No a estas tres iniciativas. Pero como estamos confrontados una vez más a un simulacro de debate, en el que los autores de la propuesta no están y estamos aquí tranquilamente hablando -como nos recordaba el Sr. Comisario- él y nosotros sobre este tema, voy a usar los minutos que reglamentariamente esta Asamblea me da para que consten en acta, y espero que lleguen al Consejo, algunas observaciones.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los ponentes por un trabajo serio de análisis jurídico de las propuestas, trabajo que a veces parece que los propios autores de las mismas no hacen.
Voy a separar el informe del Sr. Nassauer de los otros dos porque me parece que se refieren a temas distintos.
En relación con el informe del Sr. Nassauer, quisiera repetir lo que ya he dicho esta mañana. Nos encontramos demasiadas veces ante propuestas aparentemente simples a problemas que son reales y complejos. Claro que a cualquiera que le digan, y no esté demasiado acostumbrado a nuestra literatura, que una persona a la que se ha expulsado de un Estado debe ser expulsada de todos los Estados miembros va a decir que sí, que parece razonable y lógico. Pero las cosas no son tan sencillas. Para que esto sea así, respetando los derechos individuales de las personas, se requiere un marco jurídico claro, una efectiva política de inmigración común y saber cómo y por qué una decisión de expulsión tiene que ser atendida en todos los Estados miembros. Quiero felicitar al Sr. Nassauer por no haber caído víctima de esta aparente simpleza ­que no simplicidad- de la propuesta del Consejo.
En relación con los informes del Sr. Deprez y de la Sra. Frahm, creo que estamos realmente en una situación muy preocupante. No podría explicar mejor de lo que lo han hecho ellos las cuestiones técnicas y los motivos jurídicos que les inducen al rechazo de esta propuesta, pero quisiera referirme a una cuestión que me parece de la máxima importancia política. En la propuesta que ha sido objeto de estudio por parte del Sr. Deprez se puede leer la siguiente frase: "Dado que los Estados miembros tienen un mayor protagonismo por lo que se refiere al desarrollo de la política de visados". Ello refleja el delicado carácter político de este tema referido en particular a las relaciones políticas con terceros países y argumenta que el Consejo debe ejercer las competencias en este campo. Creo que esto es realmente preocupante cuando estamos discutiendo una lista común de visados y cuando estamos aplicando ya la libre circulación de personas.
¿Tendrán, tanto el Parlamento como la Comisión, que volver a defender el principio de la libre circulación y las bases comunitarias para el ejercicio de este principio, retrotrayéndose a debates anteriores a 1992? Espero que el Consejo tome nota y que esto no sea necesario.

Schmidt Olle
Señor Presidente, señor Comisario, Europa siempre ha sido el continente de las paradojas, y lo es hoy también. Al mismo tiempo que derribamos muros, creamos otros nuevos para impedir que la gente entre a Europa. Paralelamente al levantamiento de esos muros, cada vez más gente queda a merced de personas sin escrúpulos, intermediarios que se lucran con la angustia, el miedo y el deseo de sobrevivir de los que huyen y quieren dar a sus familias un futuro mejor.
Es sabido que sólo en el último año cientos de personas han perdido la vida en la búsqueda de un futuro más prometedor en nuestro continente; en las costas turcas, en aguas españolas y en Dover; niños que se esconden bajo autobuses y camiones. Hace algunos días un joven kurdo fue herido por balas de la policía en una ciudad sueca. Nadie sabe exactamente qué pasó. Lo que sí se sabe es que carecía de documentos de identidad vigentes y que iba a ser expulsado del país.
Señor Presidente, la política de asilo interesa a toda la UE, pero las disparatadas y a veces desesperadas propuestas que recibe el Parlamento Europeo ponen en peligro los valores esenciales del humanismo. Es obvio que las personas que huyen y quieren permanecer en la UE deben tener derecho a que se estudien sus solicitudes. Los líderes europeos deberían reflexionar sobre las causas del dramático aumento del tráfico de personas hacia Europa.
El Secretario General de la ONU ha sido muy crítico respecto a la UE y a su obligación de proteger los derechos de los refugiados. Señor Comisario, exigir visados a 130 países no es digno de la Europa democrática. La norma esencial debería ser que las personas pudiesen entrar libremente en el territorio de la Unión. La Comisión, señor Vitorino, debería esforzarse para acortar la lista de países a los que se exige visado; la colaboración de Schengen debería versar sobre este tema.
Señor Presidente, el Grupo ELDR lamenta que no se haya presentado una estrategia de asilo coordinada. También lamentamos que no se le haya relacionado con la parte correspondiente de la política del mercado laboral y de la política de inmigración. Como están las cosas, no hay una visión de conjunto ni criterios amplios que abarquen la totalidad de la materia. En el fondo, estos problemas no se resuelven con más mano dura, con amenazas de expulsión ni con exigencias de visados.
Soy acérrimo partidario de la UE y desde hace tiempo he estado demandando normas comunes en materia de asilo y de política de refugiados, pero los liberales no estamos dispuestos a aceptar una Europa cercada. Señor Presidente, ¡el telón de acero no debe ser sustituido por una moderna variante electrónica!

Nogueira Román
Señor Presidente, al intervenir en este debate pienso, naturalmente, en la realidad que, respecto de la grave cuestión de la inmigración, están viviendo los ciudadanos del Estado español. El Gobierno central, apoyado por su mayoría en el Parlamento y con la oposición de las restantes fuerzas políticas, ha impuesto una ley de extranjería que deniega derechos -derechos humanos básicos: entre otros, los de asociación y sindicalización- a los llamados inmigrantes "ilegales". Ahora bien, en las playas del sur de la Península aparecen personas muertas, muchas de ellas mujeres o niños, fallecidas cuando intentaban llegar a tierra en busca de trabajo y de los medios de vida de que carecen en sus países de origen.
La visión de los cadáveres refleja de forma dramática la realidad de que nos encontramos ante un problema en la esfera humanitaria que no se puede abordar con medidas timoratas o xenófobas, sino con racionalidad, generosidad y sentido del futuro, como han hecho los ponentes. Comparto las posiciones de la Comisión de Peticiones respecto del informe Nassauer sobre una iniciativa de la República Francesa en el sentido de que se debe resolver esta cuestión decisiva concibiendo la Unión Europea, ante la realidad de la inmigración, como un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y no como una sociedad de exclusión y expulsión trágicamente representada por los jóvenes muertos en las playas que nos separan de África.
El tratamiento global de la inmigración en sus aspectos humanitarios, económicos, culturales y políticos debe correr a cargo de este Parlamento y de la Comisión de forma prioritaria. No olvidemos, por otro lado, que la ampliación de la Unión a los Estados de la Europa oriental originará inevitablemente extraordinarios movimientos migratorios internos, que crearán una situación social inabordable, si no resolviéramos el grave problema de la inmigración procedente de terceros países.

Boudjenah
Señor Presidente, ¿de qué forma se puede perseguir mejor a todos los indeseables? ¿Qué barreras suplementarias se pueden añadir a la fortaleza de Schengen para protegerse de las amenazas exteriores?
Éste es el efecto que producen en mí algunos aspectos de los informes que hemos de votar en el día de hoy, al tiempo que doy mi aprobación a las tres desestimaciones.
Menos de un mes después del drama del East Sea, embarrancado en las costas francesas, con 908 personas amontonadas en las bodegas de un viejo carcamán, y entre ellas tres bebés nacidos durante la travesía, el riesgo que se corre es el de perpetuar la imagen de una Europa sospechosa del otro y deseosa de reforzar ante todo sus fronteras, aunque declare públicamente su voluntad de luchar contra el tráfico de seres humanos.
La Unión Europea no puede proseguir con una política de inmigración puramente policial, como ha declarado precisamente el presidente de la Liga francesa de los derechos humanos hace algunos días.
En cuanto la actualidad nos sumerge cada día más en el horror, todo el mundo se pone de acuerdo para expresar su indignación y su emoción. Las imágenes de esas familias kurdas que soñaban con la paz y la libertad en busca de un futuro sin persecuciones, no pueden, efectivamente, más que turbarnos. Se suceden a las de los 58 inmigrantes chinos llegados a Douvres, pero encontrados muertos entre cajas de tomates, a las de los fugitivos de Bangladesh, de Pakistán, de Albania o de Irak, de África, o de cualquier otro foco de miseria y de guerras.
El artículo 14 de la Declaración universal de los derechos humanos nos recuerda que, frente a la persecución, cualquier persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutarlo en otros países. Por tanto ha llegado la hora de reforzar el derecho de asilo tal como quedó establecido por el Convenio de Ginebra, y en este mismo sentido la idea de protección temporal no prejuzga el reconocimiento de este estatuto. La existencia de un tráfico de seres humanos y de redes criminales es conocida. Las sumas fabulosas procedentes de la explotación de esta miseria están acordadas. La lucha eficaz contra este tipo de tráfico supone por tanto atacar también las raíces del mal. Sólo la represión no es suficiente. Si bien es necesario sancionar con severidad a los autores y a los responsables de este tipo de tráfico, es necesario igualmente combatir las razones que hacen que algunos individuos, gravemente explotados, se vean rebotados de país en país, de continente en continente - globalización liberal obliga -, buscando un Eldorado.
No se puede confundir a los traficantes con las víctimas. Los explotadores del trabajo ilegal han de ser buscados y sancionados. No hay apartado de inmigración sin apartado económico. Sin embargo, la propuesta de armonización que propone sanciones contra los transportistas podría revelarse como una pista falsa, e incluso ser utilizada contra individuos que no hacen más que socorrer a hombres y mujeres en peligro. No debemos crear un delito de solidaridad y de humanidad.
Mientras la política de desarrollo de la Unión Europea se pretende, con toda justicia, humana, hemos de afirmar que no hay desarrollo posible sin circulación de las personas, de su saber, de su cultura, al igual que de sus sufrimientos y de sus esperanzas. La libertad para circular debe quedar garantizada. Una sociedad que se conforma con la expedición parsimoniosa y selectiva de permisos de residencia, de visados, de plazas en centros de retención, es una sociedad cerrada y sectaria. ¿Queremos nosotros una Europa cerrada al mundo, queremos una Europa que separa, que reparte en buenos o malos refugiados, en inmigrantes aceptables o exiliados para siempre?
¿Para cuándo las iniciativas del Consejo y las propuestas de directiva elaboradas en un espíritu de apertura al mundo, de acogida y humanidad, y no marcadas por una visión únicamente policial y de seguridad?
"Deseamos caminar siempre en compañía del hombre, de todos los hombres", escribía Frantz Fanon. Deseo de todo corazón que Europa pueda por fin ofrecernos esta libertad.

Turco
Señor Presidente, intervengo en nombre de los diputados de la Lista Bonino.
Consideramos que en el pasado período parcial de sesiones pasó algo que en muy raras ocasiones suele ocurrir en este Parlamento, y ocurrió con ocasión de la votación sobre el informe Ceyhun, cuando este Parlamento rechazó casi por unanimidad una propuesta de un Estado miembro. El debate sobre estos tres informes, así como sobre el informe Kirkhope, pone de manifiesto un problema muy simple: no estamos discutiendo sobre el fondo, sino sobre el método. En consecuencia, espero que durante este período parcial de sesiones el Parlamento apoye una vez más a los ponentes, así como el voto de la Comisión de Libertades con el que se pide el rechazo de las propuestas del Consejo y de los Estados miembros.
Confío ante todo en un gesto político, esto es, que en materia de justicia y asuntos interiores, este Parlamento esté reencontrando la dignidad que debería tener una Institución elegida democráticamente y que representa a los ciudadanos. Me explicaré mejor: de hecho, nuestro Parlamento tiene los mismos poderes que una organización no gubernamental en este ámbito. Con frecuencia, nosotros los diputados nos olvidamos de ello o preferimos olvidarlo, sin embargo sabemos que, según el Tratado, no podemos tener ninguna capacidad decisional o influencia en el resultado del procedimiento legislativo.
Pensamos que es un escándalo que esto sea así, especialmente en un ámbito que afecta a las libertades y a los derechos individuales de los ciudadanos europeos. Pensamos que es un escándalo que, con relación a estos temas, el control democrático lo ejerzan los funcionarios del Consejo. Pensamos que es un escándalo que los trabajos de nuestro Parlamento, los trabajos de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, resulten boicoteados por propuestas que estamos obligados a debatir, una propuestas presentadas por los distintos Estados miembros, por grupos de Estados miembros, por el Consejo y por los Estados que asumen la Presidencia, unas propuestas que adolecen de un fundamento jurídico correcto. Con frecuencia, casi siempre, dichas propuestas son manifiestos políticos de Estados miembros que se dan perfecta cuenta de que sus propuestas nunca serán aprobadas por el Consejo. De esta manera, nos encontramos aquí abordando cuestiones que jamás verán la luz o que tendrán que ser reexaminadas porque el Consejo no llegará nunca a formular una conclusión definitiva.
Por estos motivos, y dando las gracias a los ponentes por haber tomado una posición de rechazo radical a las propuestas del Consejo - una posición que consideramos dictada por un reflejo institucional - garantizamos nuestro voto y esperamos que de ahora en adelante este Parlamento no se limite a protestar, así como que el Comisario Vitorino no se limite a tomar nota de una situación, sino que se adopten iniciativas concretas para cambiar este estado de cosas.

Berthu
Señor Presidente, tomo la palabra por la iniciativa de la República francesa acerca del reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento de los nacionales de países terceros, que pretende evitar la libre circulación, la circulación no controlada en la Unión, de extranjeros afectados por una medida de expulsión. Nos parece por tanto muy oportuna en un momento en el que se incrementa la presión de la inmigración ilegal y lamentamos que, como por casualidad, el Parlamento Europeo tenga la intención de rechazarla.
La iniciativa francesa pretende instituir una especie de aplicación mutua de algunas decisiones judiciales, es decir, una forma de cooperación nueva cuyo principio merece más atención. Cuando un Estado miembro ha adoptado una decisión de alejamiento contra un nacional de un país tercero que representa una amenaza para el orden público o que se encuentra de forma irregular, otro Estado miembro, según este proyecto, en el territorio del que este extranjero se encontrara, podría ejecutar de oficio la medida de alejamiento, con la reserva evidentemente de los preceptivos recursos legales. A pesar de las ventajas de esta propuesta, la comisión competente del Parlamento Europeo la rechaza por dos motivos que no me parecen convincentes.
En primer lugar, el artículo 63.3.b del Tratado por el que se constituye la Comunidad no constituiría una base jurídica pertinente. Es inexacto ya que este artículo plantea justamente unas medidas de cooperación para el repatriamiento de extranjeros cuya estancia sea irregular. Es decir, es precisamente el caso que nos ocupa, ya que el reconocimiento mutuo constituye efectivamente una medida que depende de esta categoría.
En segundo lugar, se nos dice una vez más que la iniciativa francesa es demasiado represiva y que sería necesario poner en práctica, en primer lugar, una política europea global de inmigración. Se trata evidentemente de una maniobra dilatoria, ya que sus autores se han guardado bien de utilizar el mismo argumento cuando discutíamos hace unos momentos sobre la protección temporal de los extranjeros de países terceros.
La iniciativa de la República francesa sobre reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento merece por tanto ser aprobada.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera comenzar manifestando mi apoyo total a la posición defendida por el Sr. Deprez, en el sentido de rechazar tanto la propuesta de iniciativa portuguesa como la propuesta de iniciativa finlandesa. Esas dos propuestas ponen en entredicho el artículo 202, que establece el principio general de que la competencia de ejecución de los actos establecidos por el Consejo está reservada a la Comisión, aunque aquél pueda reservarse el derecho a ejercer directamente competencias de ejecución en casos concretos y fundamentados.
La justificación presentada de que el Consejo pretende reservarse el derecho de ejercer esas competencias de ejecución durante un período transitorio de cinco años, teniendo en cuenta que los Estados miembros desempeñan un papel más relevante en materia de política de visados, lo que refleja la sensibilidad política de la cuestión, no es, por sí solo, motivo suficiente para infringir un principio general de carácter jurídico comunitario. Y no es pertinente, dado que contradice el principio que figura en el protocolo de integración del acervo de Schengen en el ámbito de la Unión Europea que transfiere explícitamente esos asuntos al marco jurídico institucional de la Unión.
En cuanto al informe Frahm, creo que se debe apoyar igualmente la posición de la ponente en el sentido de rechazar la iniciativa portuguesa. Entre otras razones, se justifica porque provocaría una falta de coherencia en las normas que rigen la circulación de ciudadanos de terceros países en el territorio de los Estados de Schengen; es que el Convenio de Schengen abarca tres categorías de ciudadanos de terceros países autorizados para circular por el territorio de los Estados miembros: los que están sujetos a la obligación de presentar visado, los que están exentos de ella y los que tienen un permiso de residencia. Esta iniciativa abarca sólo la segunda de esas categorías, cosa que fragmenta el derecho de circulación de los ciudadanos de terceros países y no indica en qué medida esas normas revocan, substituyen o modifican el acervo de Schengen.
El informe Nassauer propone también, y acertadamente, el rechazo de la iniciativa francesa. Frente a esas tres propuestas que pensamos rechazar, está justificado un llamamiento al Comisario António Vitorino y a la Comisión: que sea ella la que tome la iniciativa en esa esfera garantizando la coherencia global del edificio comunitario cuya custodia institucional es.

Karamanou
Señor Presidente, desgraciadamente, a falta de una política integrada y de cohesión sobre el asilo y la migración, nos encontramos ante una fábrica de iniciativas de los Estados miembros, que están intentando intervenir en temas complementarios, casi individualmente y, a menudo, ignorando o evitando el marco legislativo y jurídico de la Unión Europea; como en este caso hacen las iniciativas de Francia, Finlandia y Portugal, que con justicia ha rechazado el Parlamento Europeo, tal como lo proponen nuestros Sres. ponentes, a quienes doy mi enhorabuena.
Debemos subrayar una vez más en esta sala, que el Consejo puede ejercer sus competencias de ejecución y no confiárselas a la Comisión sólo en ocasiones especiales - y después de un análisis detallado. Hoy el Consejo presenta como un caso especial el examen de solicitudes y de visado y cruce de fronteras, y se reserva competencias de ejecución que son de la Comisión. Por supuesto, también ignora al Parlamento Europeo y el procedimiento previsto de la consulta, puesto que modifica decisiones sin contar con el Parlamento.
Con esta táctica, el Consejo, en lugar de acelerar los procedimientos de formación de una inmigración política europea común, crea dificultades, no toma decisiones, el proceso de Tampere anda como los cangrejos, y la consecuencia de esto es que en Europa se mantenga un clima que favorece el racismo y la xenofobia y que haya accidentes del tipo de Dover. No cabe duda de que, con vistas a crear un espacio europeo común de seguridad y justicia, debemos dejar pasar la toma unilateral de decisiones por parte de los Estados miembros y avanzar en regulaciones unitarias. Para conseguir una entrada y una estancia normales, los que pasen por las fronteras deberán someterse a las mismas reglas y a las mismas obligaciones. El examen de las solicitudes no se puede dejar a juicio de cada Estado y del régimen jurídico de cada ocasión. Por supuesto, no hace falta subrayar una vez más que ni dificultar el cruce de las fronteras ni reforzar las medidas policiales van a disminuir las presiones ni el cruce ilegal mientras siga habiendo una diferencia de bienestar entre nuestros países y nuestros vecinos.
Así pues, lo mejor que puede hacer el Consejo es autorizar a la Comisión, basándose en el procedimiento de Tampere, para que pueda emprender las iniciativas necesarias, y mediante acuerdos, llegar a una política de inmigración común lo antes posible, que regule con justicia, todas las cuestiones pendientes y que se apoye en nuestros valores humanitarios comunes europeos y en nuestras tradiciones democráticas.

Korakas
Señor Presidente, los tres debates que estamos debatiendo hoy, tienen como tema común la aplicación de la política de la Unión Europea ante la inmigración. Responden a las demandas de algunos Estados miembros de la Unión Europea, bien sobre una mayor flexibilidad en la duración de la estancia de los inmigrantes y una relajación del marco legislativo comunitario, como hace Portugal, bien para acelerar las decisiones de Tampere sobre el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de extranjeros, por parte de todos los Estados miembros, como hace Francia. Los tres informes han sido rechazados por la comisión competente por cuestiones de forma.
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia vamos a abstenernos de votar los informes Deprez y Frahm, y sin embargo vamos a votar a favor del informe Nassauer, que rechaza la demanda de Francia, porque por supuesto, no estamos de acuerdo con el fondo del asunto de la demanda de Francia; no es por la forma. La cuestión que se plantea es por qué esta continua preocupación por el tema de los inmigrantes. ¿Acaso nos falta el marco legislativo? Todo lo contrario. Tanto la legislación de la Unión, como las legislaciones nacionales han transformado el terreno de la Unión Europea en una fortaleza muy bien defendida en donde no hay sitio para los principios del humanismo ni de la solidaridad y ni siquiera para el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos.
En este sentido, se está debatiendo estos días en mi patria, en Grecia, una nueva ley sobre la llamada política de inmigración, que ve la inmigración ni más ni menos como un delito, y como cómplices en dicho delito, a todos cuantos no denuncian o, o aún peor, a cuantos ayudan al inmigrante. En nuestra opinión, las causas de la inmigración se hallan en la propia política de los países capitalistas desarrollados y de la Unión Europea, que saquean la riqueza y el sudor de los pueblos de los países de origen de los inmigrantes condenándolos al subdesarrollo y a la miseria. Precisamente esta situación es la que impulsa la inmigración masiva. También encontramos causas de inmigración en las intervenciones imperialistas que fomentan nacionalismos y guerras locales, creando flujos migratorios terribles.
Esta inmigración masiva de nuestros días, este mercado de esclavos actual viene bien también a los intereses del capital en los países en los que acaban los inmigrantes. ¿Hay alguna duda, señor Presidente, de que aquí también se da una combinación inhumana entre los inmigrantes y los intereses de los negreros actuales, de los imperialistas amantes de la guerra y los de quienes explotan a los inmigrantes en los llamados países de acogida que, esencialmente, como dueños de esclavos de la actualidad, utilizando como palanca el paro y los inmigrantes ilegales, atacan de la forma más brutal los intereses y las conquistas de los trabajadores locales? He aquí por qué la consolidación de los derechos de los inmigrantes, legales e ilegales, debe ser para el movimiento popular una de las obligaciones prioritarias y urgentes...
(El Presidente interrumpe al ponente)

Vitorino
Señor Presidente, señoras y señores diputados, el debate conjunto del día de hoy trata de cuatro iniciativas de Estados miembros relativas a las decisiones de alejamiento, a los poderes ejecutivos en materia de procedimiento de expedición de visados y en materia de control de las fronteras exteriores Schengen y, finalmente, al derecho de circulación en el espacio Schengen sin fronteras.
Comenzaré por los aspectos que se refieren a las disposiciones que se incluyen en el marco Schengen. Ante todo, debo felicitar al Sr. Deprez por su examen preciso y profundo, que trata principalmente de las relaciones institucionales en materia de competencias ejecutivas de las reglas fijadas por el Consejo, competencias que afectan a la comitología tal como está previsto en el artículo 202 del Tratado de las Comunidades. Efectivamente, la Comisión es de la opinión de que algunas disposiciones incluidas en la instrucción consular común, en el manual común y en el pliego de condiciones de la red de consultas Schengen deben ser susceptibles de enmiendas, de adaptación o actualización mediante un método simplificado propio de la comitología. Podemos suscribir las iniciativas de la República de Finlandia y de Portugal, pero no podemos suscribir una parte esencial del dispositivo propuesto, que reserva los poderes ejecutivos al Consejo sin probar de manera circunstanciada sin embargo que se trata de un caso específico de excepción a la regla general fijada por el Tratado.
La Comisión comparte el análisis y la argumentación presentados por el Sr. Deprez en su exposición de motivos. La instrucción consular común, el manual común y el pliego de condiciones de la red de consultas Schengen han sido incluidos como base jurídica en los artículos 62 y 67 del Tratado de las Comunidades Europeas, es decir en el Título IV. Ahora bien, el Título IV no incluye ninguna excepción institucional con respecto al artículo 202 del Tratado. Por otra parte, la mayor parte de las medidas de ejecución vinculadas a esos instrumentos presentan únicamente un carácter técnico. No constituyen más que la formulación práctica de las decisiones de naturaleza política decididas por el Consejo en actos normativos superiores que son ellos mismos regidos por las disposiciones pertinentes del Título IV.
En consecuencia, debo manifestar la total satisfacción de la Comisión por la posición expresada por este Parlamento, posición que está en sintonía con la de la Comisión. Y por el momento, la Comisión no solamente señala su acuerdo sino que desea que los argumentos del ponente, que espero suscriba el Parlamento y los, parecidos, de la Comisión, sean oídos y aceptados por el Consejo. En caso de interpretación diferente, se considerarán sin duda otras medidas que adoptar,...

... medidas que pueden compartir por otra parte la Comisión y el Parlamento.
La Comisión puede suscribir el objetivo de la propuesta portuguesa de un reglamento relativo al período durante el cual los nacionales de países terceros que están exentos de visado pueden circular por el territorio de los Estados miembros. En efecto, el Tratado, en su artículo 62, invita al Consejo a dictar, en el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas que establezcan las condiciones por las cuáles los nacionales de países terceros pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros por una duración máxima de tres meses.
Sin embargo, el Tratado, y aquí se produce claramente una contradicción con la propuesta portuguesa, fija un periodo máximo de tres meses y no se limita en ningún modo solamente a los nacionales de países terceros exentos de la obligación de visado. Por ello comparto la observación de la Sra. Frahm, su ponente, según la cuál no es oportuno regular la situación de una sola categoría, como también me parece evidente que no se puede prolongar la duración de la estancia en el territorio de los Estados miembros más allá de 3 meses, hasta un total de 6, sólo sobre la base de acuerdos de reciprocidad.
La Comisión comprende, y sin duda se puede compartir fácilmente, la razón subyacente a la iniciativa portuguesa, que el objetivo principal consiste en permitir la salvaguarda de una serie de acuerdos bilaterales que existen entre los Estados miembros y, por ejemplo, países terceros como los Estados Unidos de América, Canadá, Japón o Australia.
(FR) No obstante, como creo que lo he dejado claro, el método utilizado por esta iniciativa portuguesa no parece de acuerdo con el Tratado, y la limitación a una única categoría de personas tampoco parece oportuna.
Por nuestra parte, podemos confirmar la intención de la Comisión de presentar próximamente un proyecto global relativo al derecho de viajar en la zona Schengen, con el fin de evitar un planteamiento fragmentado que pueda dañar la transparencia, la visibilidad para los ciudadanos y la seguridad del derecho.
Pasaré ahora a la propuesta de directiva relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones de alejamiento que presentó el pasado mes de julio la Presidencia francesa. Si nos situamos en una perspectiva a largo plazo, podría parecer deseable prever que una decisión de expulsión producida en un Estado miembro se ejecutase en otro Estado miembro, sin que este último debiera emitir una nueva decisión de expulsión. La iniciativa de la República francesa no debe considerarse más que como un primer paso hacia la consecución de este objetivo que es necesario reconocer como un objetivo ambicioso.
No se ha definido hasta este momento ninguna política comunitaria en materia de retorno en el marco de la política de asilo e inmigración. Por ello, creo que sería mucho más oportuno, en un primer momento, dictar normas y principios comunes que permitieran posteriormente fijar un marco jurídicamente vinculante en materia de reconocimiento mutuo de todas las medidas que ponen término a la residencia, en especial en lo que respecta a las decisiones de expulsión.
Con vistas a definir una política así, la Comisión va a elaborar - ya lo ha incluido en su programa de trabajo para el año 2001 - una comunicación sobre una política común relativa al retorno. Una política así debe incluir principios comunes al igual que normas y medidas comunes.
El principio común más importante es, por ejemplo, la primacía que se concede al retorno voluntario con respecto al retorno forzoso. El Fondo europeo para los refugiados prevé medidas de apoyo a los esfuerzos realizados por los Estados miembros en este ámbito. Los debates que se produzcan tras esta comunicación, y que incidirán en todos los aspectos de la política en materia de retorno, prometen ser sin duda muy difíciles, a causa de las tensiones que se producen entre las necesidades de los Estados miembros en materia de ejecución de las decisiones y, por otro lado, la evidente dimensión humana.
A mi juicio, las personas que no cumplen o que ya no cumplen las condiciones previstas para disfrutar de un estatuto jurídico permanente o temporal deberían ser normalmente invitadas a abandonar el territorio de la Unión Europea si los Estados miembros no tienen la obligación, desde cualquier perspectiva, de tolerar la estancia de estas personas.
Si deseamos concebir una política común en materia de inmigración tan completa como sea posible, no podemos dejar de lado la cuestión del retorno, que constituye - si se me permite la expresión - el reverso de la moneda.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Prevención de la delincuencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0070/2001) de la Sra. Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia con vistas a la adopción de la decisión del Consejo (13464/2000 - C5-0717/2000 - 2000/0824(CNS)) por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia.

Angelilli
. (IT) Señor Presidente, Señorías, todos los estudios y las estadísticas sobre las grandes necesidades sociales ponen de relieve que el derecho a la seguridad es una de las exigencias más fuertes de los ciudadanos europeos. La delincuencia, en sus múltiples manifestaciones, es percibida por nuestros ciudadanos no solo como un peligro para la integridad física, sino también como una auténtica e insoportable amenaza, siempre al acecho, para la libertad de moverse, de trabajar, de vivir una vida normal. Esta inquietud psicológica ha generado una progresiva desconfianza en las instituciones y un cada vez mayor recelo en los demás. Esta sensación de inseguridad afecta a todo el mundo: las empresas, las familias, los particulares, en especial las mujeres, las personas mayores y los niños.
En este contexto, a menudo es muy difícil marcar un límite entre la delincuencia organizada a gran escala, entre los grandes fenómenos de delincuencia y la llamada microdelincuencia. Esto ocurre sobre todo en las ciudades y, en este sentido, pienso, por ejemplo, en la difusión y en el tráfico de droga.
Señor Presidente, antes la gente nos pedía sobre todo rapidez en la represión de la delincuencia y certeza de la pena para los delincuentes. Ahora la situación ha cambiado: la gente nos pide ante todo seguridad y, en consecuencia, prevención quizás porque van en preocupante y creciente aumento fenómenos de delincuencia especialmente odiosos. Quiero recordar el aumento de todos los delitos relacionados con la pedofilia y la explotación sexual de mujeres y de menores. La prevención, por lo tanto, debe entenderse y se entiende como certidumbre para vivir nuestra libertad y los ciudadanos nos piden precisamente un esfuerzo para poner en funcionamiento todos los instrumentos posibles para desalentar la difusión de los fenómenos de delincuencia.
Creo que el valor de la prevención de la delincuencia ha sido subrayado en repetidas ocasiones por este Parlamento que ha elaborado muchos textos en esta dirección y que ha sido expresa e inteligentemente reconocido en el Tratado de Amsterdam y repetido una y otra vez hasta el Consejo de Tampere que ha propuesto expresamente un reforzamiento de la cooperación internacional en materia de prevención de la delincuencia a través de la creación y constitución de una red de autoridades nacionales competentes en materia de prevención del delito. Esta propuesta ha sido acogida por la Presidencia francesa y por la sueca que, a través de una propuesta de iniciativa legislativa, se proponen crear dicha red de información, de intercambio de experiencias y de mejores prácticas para prevenir los fenómenos de delincuencia. Entre otras cosas, su compromiso consistiría también en intercambiarse informaciones, noticias en el plazo más breve posible precisamente para estudiar los fenómenos de delincuencia desde su origen, del mismo modo que en otro ámbito actúa el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa que sigue desde su origen los cambios relativos a la difusión de las drogas. En consecuencia, se trata de estudiar los fenómenos delictivos desde su origen siguiendo la gran capacidad de transformación y de verdadera metamorfosis del delito para adaptarse a las formas de represión y encontrar, en consecuencia, nuevas formas para afirmarse.
En conclusión, se trata de una red de información, de intercambio de las mejores prácticas y no de sustituir a los Estados miembros en las decisiones fundamentales sobre las políticas de seguridad que, obviamente, corresponden a cada uno de los Estados y, por lo tanto, a cada Parlamento y Gobierno nacional. Creo que sólo se trata es demostrar a los ciudadanos que Europa está trabajando para conseguir un auténtico espacio de libertad y justicia.
Agradezco a todos mis colegas su colaboración y en particular a la Sra. Terrón su enmienda que ha enriquecido y completado el trabajo realizado.

Bienvenida
El Presidente
Me es grato señalar la presencia en la tribuna oficial del Presidente de la Asamblea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, el Sr. Stojan Andov. En nombre del Parlamento me complace dar la bienvenida al Presidente Andov y espero que su visita al Parlamento Europeo se desarrolle de la mejor manera posible y sea útil y provechosa.

Prevención de la delincuencia (continuación)
Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la iniciativa que tenemos entre manos para la creación de la red europea de prevención de la delincuencia pretende atender la necesidad cada vez mayor de prevención de la delincuencia. Se ha sentido la necesidad de una mayor y mejor cooperación internacional en esa esfera, en particular en el nivel de la Unión Europea. Pero sabemos que esa cooperación resulta menoscabada por la existencia de diferencias entre las definiciones, los procedimientos, las estructuras, entre otras cosas. De modo que es necesario que existan datos comparables en el nivel de los estudios que se hacen, de los datos estadísticos, de las políticas penales, de los factores estructurales, etc., sobre delincuencia, victimización y justicia penal en la Unión Europea.
El gran objetivo es el de evaluar las diversas actuaciones, procurando formular, en las esferas prioritarias, las medidas fundamentales que se puede y se debe adoptar, mejorando la capacidad de respuesta de la Unión Europea y la eficacia de las políticas preventivas de la delincuencia en los niveles nacional e internacional.
Ésas fueron las orientaciones políticas resultantes del Consejo Europeo de Tampere, gracias a las cuales en la Conferencia de Alto Nivel celebrada en el Algarve, en Portugal, en mayo de 2000, se concluyó que era necesario abordar la cuestión de la prevención de la delincuencia en un marco multidisciplinario y de cooperación. Es esencial garantizar la seguridad del ciudadano europeo que quiere vivir con tranquilidad, lo que entraña cada vez más no sólo la represión eficaz del delito, sino también la adopción de políticas inteligentes de prevención que entrañen también la capacidad de comprender los fenómenos psicológicos y sociológicos que provocan o aumentan la sensación de inseguridad y reaccionar ante ellos.
Esa prevención, que es necesaria para reducir tanto cuantitativa como cualitativamente la existencia de delitos o sus causas, debe abarcar todos los tipos de delincuencia, incluida la organizada, sin olvidar una atención especial a las esferas de la delincuencia urbana, juvenil y relacionada con la droga. Éste es un proyecto importante y ambicioso, pues la delincuencia no conoce fronteras. De este modo esta red va encaminada a promover la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, recoger y analizar informaciones relativas a las acciones llevadas a cabo y a los procedimientos óptimos existentes en el ámbito de la prevención, con el objetivo de contribuir a una reflexión sobre las futuras decisiones por adoptar al respecto.
En la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos estuvieron en cierto modo presentes dos concepciones diferentes: la que pretendía reservar a esta red la intervención en las esferas relacionadas directamente con la dimensión europea e internacional y otra, la que se centraba exclusivamente en la microdelincuencia. Creo que la propuesta de transacción aprobada fue una buena solución al no excluir ninguna de las dimensiones de la prevención de la delincuencia. Sabemos perfectamente que los fenómenos de delincuencia organizada y de microdelincuencia son dos realidades distintas, que exigen respuestas diferentes: la primera constituye uno de los objetivos prioritarios de la Unión y de sus Estados miembros, mientras que la segunda es resultado de una competencia primordial de las instituciones locales, regionales y nacionales. Para su prevención, el papel de la Unión debe limitarse a favorecer el intercambio de informaciones entre las autoridades nacionales a fin de proporcionar un intercambio de los procedimientos y pesquisas óptimos en nombre del principio de subsidiariedad. La población de la Unión Europea tiene derecho a exigir que la Unión afronte con eficacia el problema de las amenazas en aumento de la delincuencia contra su libertad y sus derechos.

Ceyhun
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo político quiero felicitar primero a la ponente Angelilli por el informe. Pero también quiero felicitarme por el trabajo realizado por nuestra comisión ya que precisamente en este campo hemos logrado aprobar unánimemente este informe.
Creo que en la lucha contra la delincuencia, sólo podremos lograr avances en la lucha con la misma si trabajamos conjuntamente. Sobre la base de este informe ahora va a ser posible crear una red eficiente que, por un lado, permita la coordinación en la lucha contra la delincuencia en toda Europa y, por otro, no restrinja los márgenes de actuación. Europa no intenta acaparar competencias sino optimizar el intercambio de informaciones entre las correspondientes autoridades de los Estados miembros.
Junto a este objetivo, el informe trata también de la inclusión en la red de instituciones de carácter civil, universidades e instituciones europeas, como por ejemplo Europol o Eurojust, para combatir la delincuencia. Esto hace justicia a nuestros objetivos, pues de este modo no se inventará de nuevo en cada país cada forma de lucha contra la delincuencia sino que los recursos existentes se utilizarán mejor, lo que es de saludar.
También en otro aspecto esta red es de importancia para la lucha contra la delincuencia. El Consejo y la Comisión recibirán a través de ella las informaciones necesarias para poder desarrollar estrategias adecuadas para la prevención de la delincuencia. Esto es positivo pues entonces las instancias nacionales tendrán un mayor interés en intercambiar con la red, no en último lugar para poder presentar sus deseos en toda Europa.
El proceso de coordinación de estrategias nacionales puede ganar de este modo claramente en velocidad. Precisamente en lo referente a la delincuencia organizada y a las modernas formas de delincuencia esto es muy de saludar ya que algunas instancias nacionales se quejan con frecuencia de que están en inferioridad de condiciones respecto a los delincuentes porque no han podido reaccionar con suficiente rapidez ante las estratagemas y formas de delincuencia cambiantes. En este aspecto, se puede crear una red que contenga informaciones que estén a disposición de todos y que pueda mejorar sensiblemente la velocidad de reacción en la lucha contra la delincuencia.
También de cara a los candidatos a la adhesión la red es muy importante pues puede contribuir a controlar mejor problemas que pueden surgir debido a los períodos transitorios. En este sentido, apoyamos el informe con nuestras enmiendas complementarias y nos alegramos mucho de que por fin aquellos que son competentes para la aplicación reciban del Parlamento y el Consejo el apoyo necesario.

Crowley
Señor Presidente, quisiera sumarme a mis colegas para felicitar a la ponente por este informe que nos ha presentado, del cual apoyo la mayoría de las propuestas que hace. En el seno de la Unión Europea se ha instituido un nuevo marco institucional para la lucha contra la delincuencia organizada, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Ese marco dispone el desarrollo de acciones comunes en la esfera de la cooperación policial y judicial en asuntos penales, al mismo tiempo que preserva la responsabilidad del Estado miembro por el mantenimiento de la ley y el orden y por la defensa de las seguridades internas.
Paralelamente a lo antedicho, el Consejo Europeo lanzó dos planes de acción para la lucha contra la delincuencia organizada, encaminados a superar disparidades con los procedimientos nacionales en el establecimiento de una cooperación judicial más eficaz. La mayor parte de esas recomendaciones han sido puestas en práctica enteramente. De ello se sigue un papel mejor para Europol, lo que representa un importante paso adelante en este contexto.
Las conclusiones de la reunión del Consejo de Tampere representan un firme mensaje político, pues reafirman el deseo de la Unión de superar las dificultades con que se tropieza en la persecución de todas las formas de delito transfronterizo, al mismo tiempo que se protegen las libertades y los derechos legales de las personas y los agentes económicos. Es importante que todas las instituciones de la UE trabajen juntas para conseguir que haya una estrategia coherente en la lucha contra la delincuencia organizada. El motivo principal de gran parte de la delincuencia organizada es el delito financiero. La política de la UE para la lucha contra el fraude financiero se persigue simultáneamente en el marco del primero y tercer pilares de los Tratados. Soy partidario de que se amplíe el mandato de Europol para que pueda investigar las cuestiones relativas al blanqueo de dinero. Tiene que haber un acuerdo político de ámbito europeo acerca del marco de las decisiones relativas a la identificación, el decomiso y la confiscación del producto del delito. En todo caso, desde el punto de vista irlandés, el establecimiento de la Oficina de cuestiones penales en 1996 ha tenido mucho éxito en la lucha contra ese tipo de delito.
El establecimiento de la seguridad y la confianza en la esfera de los ciberdelitos es otra cuestión que requiere una respuesta colectiva en el plano mundial, en vista de la dimensión mundial de Internet. Los delitos relacionados con la informática no respetan las fronteras convencionales de los países. Es evidente que las actividades que son ilegales en otros ámbitos no cesarán de ser ilegales por el mero hecho de desarrollarse en línea. Un número considerable de acciones encaminadas a luchar contra el ciberdelito están ya en curso en los foros internacionales. El Consejo de Europa está dando los últimos toques a la primera convención internacional del mundo sobre el ciberdelito. La Comisión Europea ha presentado también una propuesta legislativa para luchar contra la pornografía infantil en Internet, en consonancia con las disposiciones de la Convención del Consejo de Europa sobre el ciberdelito.
Estoy de acuerdo con el programa marco que expone la Comisión Europea para la lucha contra la trata de seres humanos, mediante el desarrollo de una cooperación eficaz en toda la Unión Europea en la esfera judicial a dicho respecto, y también mediante el establecimiento de vínculos más estrechos con los países que han solicitado el ingreso en la UE.

Turco
Señor Presidente, parece como si tuviéramos que votar sobre un problema que no existe, o sea, si este Parlamento es favorable o contrario a la delincuencia. Estamos debatiendo algo totalmente diferente de lo que hemos venido haciendo hasta la fecha: estamos debatiendo si creamos o no creamos otro monstruo burocrático. Nosotros estamos en contra y lo estamos, aunque sabemos que no existe ni un solo diputado en este Parlamento, mejor dicho, que no existe ninguna persona con sentido común, creo, que no esté en contra de la delincuencia y a favor de la prevención. Un monstruo burocrático es otra cosa. Sabemos que, cuando la Unión Europea no es capaz de dar respuestas de Gobierno, recurre a los observatorios, a las redes, a las instituciones. Observatorios, redes, organismos que, de hecho, conculcan los derechos democráticos de los ciudadanos confiándolos a instituciones que escapan del control democrático. Se ha mencionado el Observatorio de Lisboa. No quisiera abrir aquí el capítulo de una Unión Europea que financia ampliamente un órgano de las Naciones Unidas que lucha contra la delincuencia. Las Naciones Unidas han tomado la decisión de llevar a cabo una investigación interna para saber cómo se gasta este dinero. Naturalmente la Unión Europea no siente esta necesidad. Hablábamos de monstruos burocráticos como Europol, Eurodac, Eurojust. Pues bien, son precisamente estos últimos los que hoy no permiten gobernar las políticas en materia de delincuencia.
Hay otro motivo por el cual votamos en contra. Sin menospreciar el trabajo realizado por la ponente, es precisamente la iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia que está orientada a no cumplir el que debería ser un principio de subsidiariedad en este terreno. No alcanzamos a comprender todavía cuál es el concepto de prevención de la delincuencia que nunca se define en esta iniciativa ni tampoco en el informe. Por estos motivos, votaremos en contra del informe y en particular porque respalda esta red europea.

Mathieu
Señor Presidente, la iniciativa de Francia y Suecia sobre la cooperación entre los organismos nacionales en los ámbitos de la delincuencia juvenil, de la criminalidad y de la droga es consecuencia de la Cumbre de Tampere.
Esta estrategia europea parte del principio de que una intervención de la Unión aporta forzosamente un valor añadido a la política de los Estados miembros. Pero actualmente nos encontramos frente a una maraña de programas y a un verdadero apilamiento de medidas sin coherencia. Sólo en el ámbito de la justicia y los asuntos interiores se nos propone hoy un sexto programa, Hipócrates. Podemos preguntarnos legítimamente si aumentando el número de estos programas se aumenta la eficacia en la lucha contra la criminalidad, y ello tanto más en la medida en que estos programas tienen unos presupuestos irrisorios. ¿Qué se va a hacer con el millón de euros asignado anualmente a este programa? Además, Hipócrates no es claro. En lo que respecta a la financiación, por ejemplo, la parte a cargo del presupuesto comunitario quedaría limitada a un 70 % del coste total. Sabiendo que los socios de la Comisión podrán ser universidades, administraciones, ONG, ¿cómo se financiarán los 30% restantes?
Con respecto a la definición de las formas de prevención propuestas y de la criminalidad organizada, tampoco se ha dicho nada claro. También se encuentran medidas bastante anecdóticas, como por ejemplo en el artículo 3, la entrega anual del premio europeo de la prevención de la criminalidad.
Se crea, se instaura sin retroceso en cuanto a la pertinencia y la eficacia de las medidas. Sería el momento para realizar análisis en lugar de correr el riesgo de quemar etapas, muy necesarias en la construcción de una cooperación eficaz entre políticas nacionales de prevención.

Vitórino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera felicitar a su Señoría por su informe y decir muy simplemente, dada la hora en que estamos debatiendo, que la Comisión apoya la iniciativa francosueca de creación de una red europea de prevención de la delincuencia. Es una iniciativa que representa un buen ejemplo de ejercicio del derecho de iniciativa por los Estados miembros, porque ha sido estrechamente coordinada con la propia Comisión. Consideramos que dicha red debe centrarse prioritariamente en la prevención de la microdelincuencia, es decir, de la delincuencia urbana, juvenil y relacionada con la droga; hemos de añadir que la propuesta de comunicación de la Comisión sobre la prevención de la delincuencia propone la creación de un foro europeo de prevención de la delincuencia que deberá conceder prelación a la prevención de la delincuencia organizada; consideramos que hay mucho que hacer para establecer la relación entre la delincuencia organizada y la pequeña delincuencia urbana, por lo que nos congratulamos de que el Parlamento apoye esta iniciativa de la República Francesa y del Reino de Suecia.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Vitorino, por su intervención tan sucinta y concisa pero llena de contenido.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
Se procede al turno de votaciones.

VOTACIONES
Informe (A5-0069) del Sr. Kirkhope, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo relativa a la armonización de las sanciones impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de los Estados miembros a nacionales de países terceros desprovistos de los documentos necesarios para su admisión (10701/2000 - C5-0470/2000 + 14074/2000 - C5-0005/2001 - 2000/0822(CNS))

El Presidente. Tiene la palabra el Sr. Watson para una cuestión reglamentaria.
Watson (ELDR). (EN) Señor Presidente, a juzgar por los resultados de la votación y por el informe diría que, en realidad, hemos rechazado la propuesta del Consejo.

El Presidente
Seguimos sentando bien, señor Watson, el precedente del informe Ceyhun.
Antes de proceder a la votación del proyecto de resolución legislativa, tiene la palabra la Sra. Terrón i Cusí para una cuestión de orden.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, estamos ante una extraña votación, igual que el mes pasado, sobre este extraño y nuevo método de iniciativa legislativa por parte de los Estados miembros. Hemos rechazado la iniciativa modificada. Tenemos ahora que votar, en primer lugar, una enmienda de nuestro Grupo que pide que se le diga al Consejo que se rechaza esta iniciativa, y a la Comisión que haga una nueva propuesta en el marco de su capacidad de iniciativa y, después, vamos a votar la propuesta de resolución legislativa, sobre la que deberá votarse a favor para decirle al Consejo que rechazamos su iniciativa. Es complicado, pero es la misma situación en la que nos encontramos en el Pleno anterior y que el Sr. Watson explicó. Es decir, que no decae la próxima enmienda, sino que, consecuentemente, tenemos que votar aún a favor del rechazo.

Ceyhun
Señor Presidente, yo soy el ponente que ha sido testigo el mes pasado de lo mismo. Pero lo que no puedo comprender en estos momentos es lo siguiente: nos hemos pronunciado y hemos adoptado una decisión. ¿Para qué hay en esta sala representantes del Consejo? Al menos, deberían exponer ahora su opinión y que digan cuál es su actitud antes de que sigamos con la votación.

El Presidente
Señor diputado, la presidencia comparte su criterio, pero no tiene poderes para obligar a los representantes del Consejo a levantarse y expresarse. Su silencio es, de por sí, expresivo de la posición del Consejo. Por lo tanto, todos los aquí presentes saben qué valoración han de hacer de la actitud del Consejo y de su silencio.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

 
Informe (A5-0077/2001) del Sr. Wiebenga, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo relativa a unas normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a estas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida (COM(2000) 303 - C5-0387/2000 - 2000/0127(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

 
Informe (A5-0066/2001) del Sr. Deprez, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre:
I. la iniciativa de la República de Finlandia con vistas a la adopción del Reglamento por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (11834/2000 - C5-0559/2000 - 2000/0805(CNS))
II. la iniciativa de la República de Portugal con vistas a la adopción del Reglamento por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (5736/2001 - C5-0044/2001 - 2001/0802(CNS))
El Presidente. Examinamos en primer lugar el texto de la iniciativa de la República de Finlandia, al que no se ha presentado ninguna enmienda.
Debo recordarles que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores propone a la Asamblea rechazar esta iniciativa. Por lo tanto, para ser consistentes con la propuesta de la Comisión de Libertades, hay que votar contra la iniciativa.
(El Parlamento rechaza la iniciativa de la República de Finlandia)
El Presidente. El Consejo no desea intervenir.
Tiene la palabra el Sr. Watson.

Watson
Señor Presidente, a este respecto y en relación con los dos informes sobre los que vamos a votar subsiguientemente, creo que deberíamos votar ahora a favor de la resolución legislativa que rechaza la propuesta del Consejo.

El Presidente
Sometemos a votación el proyecto de resolución legislativa en el sentido que ha expresado el presidente de la Comisión de Libertades.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
El Presidente. Se procede a la votación de la iniciativa de la República de Portugal.
El procedimiento es idéntico al anterior.
(El Parlamento rechaza la iniciativa)
El Presidente. El Consejo, impertérrito, no desea expresarse.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa así modificada)

 
Informe (A5-0075/2001) de la Sra. Frahm, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Portuguesa con vistas a la adopción del Reglamento del Consejo relativo al periodo durante el cual los nacionales de terceros países, exentos de la obligación de visado, pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros (8210/2000 - C5-0286/2000 - 2000/0806(CNS))
El Presidente. Estamos ante un procedimiento análogo al anterior. Someto a votación en primer lugar el texto de la iniciativa de la República de Portugal, al que no se han presentado enmiendas.
La Comisión de Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores hace la misma recomendación que anteriormente.
(El Parlamento rechaza la iniciativa de la República de Portugal)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

 
Informe (A5-0065/2001) del Sr. Nassauer, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países (10130/2000 - C5-0398/2000 + 13968/2000 - C5-0004/2000 - 2000/0819(CNS))
(El Parlamento rechaza la iniciativa de la República francesa)
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

 
Informe (A5-0040/2001) del Sr. Hatzidakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión referente al informe del Grupo Permanente de Trabajo para el transporte seguro de materiales radiactivos en la Unión Europea (COM(1998)0155 - C4-0034/1999 - 1998/2083(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)

 
Informe (A5-0076/2001) del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre las recomendaciones del PE a la Comisión respecto a las negociaciones emprendidas en el marco de la OMC sobre la agenda incorporada
En relación con la enmienda 33

Randzio-Plath
Señor Presidente, deseo retirar el texto en la enmienda nº 33 tras las primeras 29 palabras, de modo que se vote sólo sobre las 29 primeras palabras. Esto se ha comunicado antes al ponente.

El Presidente
El ponente pide la palabra.

Schwaiger
Señor Presidente, quiero indicar que la política de competencia es una política importante pero que no pertenece a la agenda "Built-in" . Por ello, insisto en que no se vote a favor de esta enmienda.

El Presidente
Se nos pide por parte de la autora de la enmienda que sólo se vote la primera parte. La voy a leer para que no haya ningún malentendido, porque tiene todo el derecho a retirar una parte de enmienda: "Pide un sistema de competencia internacional en el marco de la OMC y solicita al Consejo y a la Comisión que, con ocasión de las negociaciones de la OMC, elaboren un marco vinculante de normas multilaterales en materia de competencia". El ponente está en contra.
(El Parlamento rechaza la enmienda 33)
(El Parlamento aprueba la resolución)

El Presidente
Tiene la palabra el Sr. van den Bos para una cuestión de orden.

Van den Bos
Señor Presidente, no he podido llegar hoy a tiempo para la votación debido a la conexión aérea extraordinariamente mala existente entre Amsterdam y Estrasburgo. Por desgracia, Air France no está en condiciones de efectuar esta conexión sin serios retrasos. Eso implica, por tanto, que no podemos llegar a tiempo a nuestro trabajo y poder hacerlo como es debido. Vuelvo a protestar aquí por ello.

El Presidente
Tomo nota de su protesta y se tendrá en cuenta. Incluso a efectos de los cómputos de votación, los cuestores estarán advertidos de la cuestión.

 
EXPLICACIONES DE VOTO
Informe Daul (A5-0081/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, le ruego que me escuche hasta el último segundo de los sesenta de los que dispongo para las explicaciones de voto, antes de expresar un juicio sobre la cuestión.
Esta mañana he participado en una importante reunión, organizada por el Sr. Pronk, sobre las pensiones en Francia. El director de la Caisse des retraites francesa nos ha explicado cómo funciona o, mejor dicho, cómo no funciona la Caisse française des retraites. Los pensionistas en Francia y también en Europa deberán apretarse el cinturón, se jubilarán después de 45 años de trabajo, deberán esperar hasta los 70 años en toda Europa y, probablemente, se promulgará una ley que dirá que deberán comer una sola vez al día. Es por esto que he votado a favor del texto sobre el azúcar: porque es importante para dorar la píldora a los pensionistas que necesitarán mucho azúcar en toda Europa.

El Presidente
Gracias, señor Fatuzzo, aunque creo que muchos pensionistas toman más bien sacarina.

Konrad
Señor Presidente, Señorías, el informe Daul está a favor de una prórroga del reglamento de mercado para el azúcar. Por ello lo he rechazado. El sistema no tiene nada que ver con el mercado sino que más bien es comparable a una economía planificada, una combinación de cuotas de producción, precios mínimos, aranceles de importación y subvenciones a la exportación. En general, todo esto no se puede valorar positivamente sino que debe considerarse muy críticamente, en especial porque para el contribuyente europeo es muy caro. Los Estados asignan a los fabricantes de azúcar determinadas regiones y cuotas y a continuación este azúcar se vende en un mercado nacional protegido. Hay que considerar que 100 kg. de azúcar blanquilla cuestan 28 euros en el mercado mundial y que el precio de intervención, el precio de garantía de la Unión Europea asciende a 65 euros. Esto es demasiado caro y malo para el consumidor y los transformadores del azúcar en la Unión Europea. Esta no es una solución de futuro.

Figueiredo
Concordamos, en general, con la posición del ponente que rechaza lo fundamental de la propuesta de la Comisión, en particular en relación con la reducción de las cuotas de azúcar en 115.000 toneladas.
Ahora bien, lamentamos que se haya rechazado nuestra propuesta encaminada a corregir una injusticia de la Comisión en la cuota atribuida a Portugal, que asciende actualmente a sólo 70.000 toneladas, pues los derechos de producción están totalmente atribuidos a los agricultores y representan tan sólo el 20% del consumo del país.
Ahora bien, en el futuro podría estar en riesgo la viabilidad económica de la única fábrica de transformación de remolacha del Portugal continental, que se encuentra en Coruche, si ésta no alcanza una elaboración próxima a las 100.000 toneladas. Por eso, propugnamos un aumento de 30.000 toneladas. Esa corrección permitiría garantizar una situación de equidad para los agricultores portugueses y garantizar la sostenibilidad de la producción de remolacha, que, por lo demás, se puede y se debe aumentar cuando entre en funcionamiento la presa del Alqueva.
Igualmente, en relación con las Azores, consideramos fundamental garantizar la viabilidad de la única fábrica existente, en la isla de S. Miguel, y cuyo funcionamiento es fundamental para aquella región ultraperiférica.

Gill
. (EN) El motivo de que haya votado en contra de la propuesta modificada era que el informe proponía que se mantuviera un sistema que no se ha vuelto a examinar durante 32 años. La OCM para el azúcar es inviable a la larga, en vista de las limitaciones de la categoría 1 (presupuesto agrícola).
Además, tiene importantes repercusiones para los contribuyentes europeos, para el número de puestos de trabajo en las empresas que fabrican alimentos y bebidas, y para los consumidores. Aún más importante, este informe rechaza toda mejora de la gestión del régimen de azúcar, del cual una medida relativamente pequeña era la propuesta de la Comisión de que se aboliera la tasa sobre el almacenamiento.
Mi oposición a que se restablezca el plan de tasas por almacenamiento se basa en tres factores. En primer lugar, la tasa acaban por tener que pagarla los consumidores. La supresión del sistema, por lo tanto, significará que los fabricantes de azúcar tendrán que hacer frente a los gastos de almacenamiento. En segundo lugar, la supresión del plan de tasa por almacenamiento inyectará un elemento de competencia en un mercado sumamente distorsionado. Esto será una ventaja para las industrias que usan azúcar y para los consumidores, además de permitir que los observadores puedan determinar los efectos de una competencia limitada en el sector azucarero de la UE. Por último, los recursos presupuestarios asignados al sistema (300 millones de euros al año) se podrían encauzar hacia otros gastos agrícolas.
El segundo motivo principal de inquietud que me brinda este informe es que las enmiendas de Daul ampliaron el régimen actual hasta 2005-2006, en contra de la propuesta de la Comisión de que hubiera un régimen provisional que durase dos años. Me opongo a que haya otra prórroga de cinco años. Las peticiones de reforma están aumentando. Los precios del azúcar en la UE son de 2,5 a 3 veces superiores al nivel mundial. Un sistema de ese tipo amenaza con perjudicar la credibilidad de la UE en relación con la próxima ampliación y con las obligaciones para con la OMC. Este informe ignora también las conclusiones de un reciente informe del Tribunal de Cuentas, que denunciaba al régimen por despilfarro y mala gestión y que indicaba que el actual sistema es fuente de costos sustanciales para el presupuesto de la UE y los consumidores.
Siento mucha simpatía por la industria agrícola y estoy dispuesto a apoyarla, y sé también que muchos de los interesados reconocen que es preciso iniciar una reforma seria y considerada para cerciorarse de que el sector azucarero pueda hacer frente a las demandas del futuro. En cambio, las consecuencias de otra prórroga serían reducciones cada vez mayores de las cuotas, lo que perjudicaría a la base de la industria de la UE y conduciría al desempleo. De forma análoga, tampoco se pueden sostener precios artificialmente elevados. Son perjudiciales para las industrias que usan azúcar y para los consumidores, y es preciso introducir en ese sector cierto grado de competencia.
Otra de las esferas de preocupación es que actualmente se están llevando a cabo amplios estudios destinados a evaluar alternativas viables para el régimen actual, que tengan en cuenta las repercusiones para los productores y consumidores a fin de que la Comisión pueda elaborar propuestas más detalladas encaminadas a seguir reformando el régimen del azúcar sobre la base de esos informes.

Maaten y Manders
Por supuesto, queremos felicitar al ponente por el resultado logrado. Las enmiendas de Jan Mulder (Grupo ELDR) pueden contribuir especialmente a que por fin se reflexione sobre la política agrícola europea. Aunque no estamos de acuerdo con el contenido de la actual política azucarera, hemos votado a favor del informe enmendado, ya que la política debe respetar ante todo los compromisos acordados, tal como en el caso de la Agenda 2000. Sí queremos subrayar que realmente debe realizarse la evaluación con las posibles reformas en 2003. Hablar solamente de reformas y consecuencias que retrasan después la toma de decisión es, en nuestra opinión, una estrategia equivocada que conducirá finalmente a una disminución del apoyo social a la agricultura.
La actual política agrícola ya no se adecua a estos tiempos. La época de las primas compensadoras seguras a los productos debe ser rápidamente reemplazada por otro sistema. El paisaje por el que se preocupa una buena parte del sector agrario debe ser preservado, y nos imaginamos que para lograrlo, se reforzarán las ayudas directas. Los ciudadanos europeos lo entenderán.
Además, queremos hacer una observación general sobre los ponentes y sus posibles intereses en relación con la materia de sus informes. Le rogamos que introduzca en los reglamentos la obligación de comunicar los posibles intereses de antemano, de forma que se evite incluso la sombra de un conflicto de intereses.

Raymond
La agricultura es una actividad económica completa que necesita de perspectivas a largo plazo. En un momento en el que los agricultores deben hacer frente a nuevos desafíos (garantizar un abastecimiento de productos de calidad) con una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, es necesario dotarlos de los medios para proyectarse en el futuro. El mercado mundial del azúcar es enormemente inestable; conviene por tanto dotar a este sector de instrumentos de estabilidad indispensables para nuestros productores, pero suficientemente flexibles sin embargo para que puedan sacar el mejor partido de las situaciones económicas más favorables.
Los países ACP y la India nos han señalado la importancia que reviste para el desarrollo de su industria azucarera la garantía de precios que les ofrece el acuerdo de Cotonou en su preparación para afrontar la globalización de la economía. La Unión Europea debe hacer valer los compromisos que ha asumido en su lugar.
Apoyamos la solicitud hecha a la Comisión de presentar estudios de impacto sobre los diferentes apartados de la OCM, sobre las alternativas posibles a esta producción. A la vista de estos resultados, será posible considerar, en caso necesario, una revisión del OCM pero no antes de 2006, fecha considerada para una revisión global.

Sacrédeus
. (SV) En mi condición de cristianodemócrata sueco, he votado en contra de este informe.
Hay que respaldar todas las iniciativas para reformar la política agrícola común, incluso esta tímida propuesta de la Comisión sobre una reducción limitada de las cuotas de azúcar. Opinamos que la UE debe abrir su sector agrícola hacia el tercer mundo.
Por este motivo, es errónea la postura de la Comisión de Agricultura de defender la continuación de la actual política basada en subvenciones e imposición de aranceles aduaneros a terceros países.

Tannock
. (EN) Como otros miembros de la Delegación de Conservadores Británicos, he votado hoy a favor de una prórroga limitada del actual régimen azucarero de la UE según se expone en el informe Daul. Todos queremos y estamos resueltos a llevar a cabo una reforma amplia de la política agrícola común, pero es más probable que suceda y se lleve a cabo de forma completa y sistemática si como parte de un conjunto general de medidas para el año 2006 se considera también la posibilidad de reformar otros sectores, aparte de que no hay ninguna garantía absoluta de que poniendo término antes al régimen del azúcar resultará necesariamente en precios inmediatos del azúcar más baratos para el consumidor. Además, la actual crisis con que se enfrentan nuestros agricultores de Gran Bretaña requiere como prioridad que esta reforma quede aplazada por el momento a fin de evitar un nuevo deterioro de las circunstancias económicas y para preservar la estabilidad de nuestras comunidades rurales.

Titley
. (EN) Me opongo firmemente al informe del Sr. Daul sobre el mercado del azúcar, que tiende a prolongar el actual sistema, sin ningún cambio, hasta el año 2006.
Me parece que la dosis de reforma del mercado azucarero que propone la Comisión es mucho más fácil de . La reforma del mercado azucarero es de importancia capital para abordar el exceso de producción y los altos precios del mercado de la UE. Además, es necesario cumplir las normas de la OMT. Es importante para los consumidores europeos y para los contribuyentes europeos. Quisiera que la cuota de producción disminuyera en 115.000 toneladas cada año, y quisiera abolir el reembolso de las cantidades correspondientes al almacenamiento. En el año 2003 habrá que aceptar cambios radicales cuando la Comisión estudie el sector de los cereales, las semillas oleaginosas y los productos lácteos.
Necesitamos efectuar reducciones en el presupuesto agrícola, que necesita verdaderamente una reforma. Lo menos que se puede hacer es reparar y reformar radicalmente la política agrícola común. Estamos gastando demasiado dinero de los contribuyentes en relación con este presupuesto, y tenemos que prepararnos cuidadosamente para reestructurar y reformar nuestra política agrícola en la UE.
No apoyaré este informe, que en vez de dejar un dulce recuerdo deja un sabor de boca más bien amargo.
Informe Kirkhope (A5-0069/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, como la mayor parte de ustedes, he votado en contra de este texto que trata de armonizar las sanciones comunitarias impuestas a los transportistas que trasladan al territorio de la Unión a los inmigrantes ilegales. Creo que es mucho más importante - y como yo lo creen todos los pensionistas que me enviaron a este Parlamento Europeo - así como mucho más eficaz combatir la clandestinidad de los extranjeros que llegan a Europa reforzando los controles en las fronteras de la misma. Más que castigar y hacer pagar multas a aquellos que son pescados mientras les trasladan al territorio europeo, convendría emplear más medios y dinero en controlar mejor las fronteras de Europa.

Berthu
He dado mi apoyo al proyecto de directiva del Consejo orientado a armonizar las sanciones a los transportistas que introducen en el territorio de los Estados miembros a inmigrantes ilegales. Al contrario de lo que algunos oradores han pretendido en el transcurso del debate, no se trata de hacer que los transportistas cumplan la función de policía de fronteras, ya que es muy evidente que no tienen los medios para verificar la autenticidad de los documentos de residencia y de viaje de las personas transportadas. En realidad, el proyecto no prevé sanciones más que en el caso de inmigrantes ilegales totalmente desprovistos de cualquier documento, lo que evidentemente un transportista no debería ignorar.
De acuerdo con su estrategia habitual, el Parlamento Europeo ha comenzado por votar unas enmiendas que destruyen completamente el equilibrio del proyecto. En particular, ha eximido a los transportistas de cualquier sanción cuando el viajero ilegal solicite el asilo inmediatamente después de su llegada al territorio del Estado de destino. Esta exención no es aceptable, ya que resulta notorio que la mayor parte de las solicitudes de asilo son infundadas, y no sirven más que para ganar tiempo. En rigor, se hubiera podido imaginar que las multas a los transportistas se devolvieran si el viajero obtiene efectivamente el asilo. Pero resulta difícil hacer más sin estimular una inflación de las solicitudes de asilo de conveniencia.
Una vez desequilibrado así el texto, el Parlamento Europeo lo ha rechazado, manifestando su malhumor al ver a los Estados presentar tales textos "represivos", por medio del derecho de iniciativa que poseen aún provisionalmente en este ámbito. Al contrario, hemos considerado que el proyecto de directiva del Consejo merece continuar, ya que el Parlamento Europeo no tiene afortunadamente en esta materia más que una función consultiva.

Caudron
Ante una iniciativa de la Presidencia francesa, se presentó al Parlamento Europeo en septiembre de 2000 un primer texto. Este planteamiento pretendía tomar en consideración los trágicos acontecimientos en los cuáles se ven implicados transportistas poco escrupulosos y dispuestos a explotar la angustia y la miseria humana. Me felicito por ello.
Creo que ya es momento de enfrentarse al problema para evitar que se repita el drama de Douvres o el de Saint Raphaël.
El objetivo de esta directiva es completar el artículo 26 del Convenio de Schengen y definir las condiciones de su aplicación. Esta iniciativa francesa define las obligaciones de los transportistas que introducen en el interior de la Unión extranjeros cuya solicitud de asilo ha sido rechazada. Propone armonizar las sanciones penales, hasta el momento muy variables de un Estado a otro, para los transportistas que no hayan hecho frente a su obligación de control.
Debo confesar que me ha decepcionado el texto de la Presidencia sueca y que representa un retraso con respecto al texto inicial de la iniciativa francesa. Se limita a una mejora muy parcial de la situación en el contexto mismo del artículo 26 del Convenio de Schengen, mientras que el Protocolo que integra el acervo Schengen en el marco de la Unión Europea permitía proceder a un avance más sustancial.
Esta falta de ambición es real en términos de campo de aplicación del texto, que no se aplica al tráfico ferroviario internacional, de definición de las obligaciones y de sanciones pecuniarias (una multa disuasoria de un importe mínimo de 2.000 euros por persona).
Las excepciones a las sanciones no son, además, aceptables. Así, está previsto que la sanción contra el transportista no es aplicable, desde el momento en el que el nacional de un país tercero solicita el asilo inmediatamente después de su llegada al territorio del Estado de destino, y ello aunque la solicitud se vea rechazada con posterioridad. No le corresponde sin embargo al transportista examinar la elegibilidad del demandante de asilo sino al Estado. En el mismo orden de ideas, el transportista está exento de sanciones cuando se haya concedido a la persona transportada el estatuto de refugiado o una autorización de residencia en forma de protección subsidiaria.
Si bien estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa y el planteamiento de la Presidencia francesa, considero que algunas modificaciones aportadas al texto propuesto eran inaceptables. Por ello las he rechazado.

Evans, Robert
. (EN) Mis colegas y yo, miembros del Partido Laborista Británico del PSE, hemos votado a favor de algunos aspectos del informe Kirkhope. Con ello hemos reconocido que las propuestas distaban mucho de ser perfectas pero que, por lo menos, procuraban mejorar una parte, aunque no sea más que una parte, de lo insatisfactoria que es la actual situación.
La Unión Europea y los países a título individual tienen que hacer más para conseguir enfrentarse con los problemas y las circunstancias en los países de origen que hacen que la gente procure encontrar refugio en la Unión Europea. En esta esfera no se puede mejorar la situación de un día para otro, y mientras tanto los intereses de las personas desesperadas, que como es lógico huyen de los conflictos, las persecuciones o cualquier otra situación de privación, no saldrán ganando si se les coloca en manos de delincuentes sin escrúpulos, los que quieren ganarse la vida mediante la trata de seres humanos.
Es responsabilidad de todos y de cada uno conseguir que los traficantes no aprovechen la situación. Algunos de mis colegas y yo mismo hemos estado en Calais y hemos visto lo que sucede. He podido presenciar directamente la actitud sumamente desenvuelta de muchos de los conductores de camiones y de sus empresas. Esos transportistas tienen que hacer más: tienen que comprobar debidamente todos los vehículos y todos los modos de transporte para evitar que vuelva a suceder otra tragedia como la de Dover. Todas las empresas que son propietarias de los camiones y de otros vehículos y todos los transportistas de todo tipo tienen que asumir la responsabilidad por lo que hacen, tiene que haber una responsabilidad social a todos los niveles, desde el más alto hasta el más bajo.
También hay una razón válida para esforzarse por armonizar las multas en los diversos Estados a fin de conseguir que haya un frente común contra esos tratantes. Eso significa, a su vez, que todos los Estados miembros, como Gran Bretaña, Francia, Bélgica y otros, tienen que velar por que haya en vigor sistemas adecuados y por que se cumplan las leyes.
Al apoyar algunas partes del informe Kirkhope nos hemos percatado de lo compleja que es la cuestión y seguiremos esforzándonos en favor de un sistema común pleno y amplio de asilo para la Unión Europea, un sistema que sea humanitario y que defienda los intereses de los más vulnerables que acuden a él.

Hager
. (DE) En relación con la armonización de las multas y penas pecuniarias para las empresas de transporte que traen a territorio de los Estados miembros a ciudadanos de terceros países sin que tengan los documentos necesarios para la entrada, quiero constatar en nombre del Grupo de los Liberales en el Parlamento Europeo que estamos a favor de unas medidas eficaces en contra de la entrada ilegal pero que dichas medidas deben aplicarse en el marco y respetando los sistemas sancionadores nacionales existentes. En consecuencia, hemos votado en contra de las multas mínimas previstas sin cuestionar por ello el objetivo básico de una lucha eficaz contras la inmigración ilegal.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt
. (SV) Hemos votado en contra del informe Kirkhope sobre la responsabilidad de los transportistas que trasladan a la Unión a personas desprovistas de documentación e instamos a Francia a retirar su iniciativa de multar a los transportistas que trasladan a pasajeros sin los documentos de identificación necesarios. La iniciativa del Consejo es una más de la serie de propuestas fragmentarias cuyo único objeto es impedir la entrada de personas a la Unión Europea.
Nos es imposible pensar que los Estados miembros deleguen su responsabilidad de controlar los pasaportes en las fronteras en empresas privadas de transportes. No es razonable que el personal encargado de la facturación de billetes en puertos y aeropuertos, azafatas y conductores, tengan derecho a decidir quiénes podrán ingresar a la Unión Europea. Ésta sería justamente la consecuencia si se aplicasen las normas de la Convención de Schengen y las propuestas de multas del Sr. Kirkhope.
De acuerdo con la Convención de Ginebra, el derecho de asilo debe ser la piedra angular de la colaboración de Schengen y de la política de refugiados y de inmigración de la Unión. Las sanciones que propone el Consejo constituyen una amenaza considerable al derecho de asilo. Las numerosas personas que actualmente logran huir de las guerras y de la opresión y alcanzan las fronteras externas de la UE, jamás lo habrían logrado si se hubiesen impuesto multas, nuevas o más altas, a los transportistas.
La libre circulación en el ámbito de la Unión no debe conseguirse a costa de levantar muros contra los demás países. La tradición europea de ofrecer una política de refugiados generosa, en la que el derecho de asilo esté asegurado, debe caracterizar la colaboración futura en el marco de Schengen y la política común de inmigración y refugio.

Meijer
Es cierto que Europa no puede dar cobijo a toda la humanidad y que por traer aquí a todos no resolvemos los problemas del mundo. No obstante, también es una ilusión que podamos mantener cerrada la fortaleza europea para la gente que debe o quiere escapar del mundo exterior. Resulta que esas personas emplean muchísimo dinero y afrontan muchísimos riesgos para entrar en Europa. Sólo lograremos que eso cambie si contribuimos a que mejoren las cosas fuera de Europa, por ejemplo, no sacando materias primas y productos semifacturados a un bajo precio y no haciendo negocios con regímenes represivos. La imposición de sanciones mínimas socava la autonomía de los Estados miembros en el ámbito del derecho penal, y el aumento propuesto de 3000 a 5000 euros tan sólo agrava esto. La propuesta Kirkhope conduce únicamente a más inmigración ilegal y a más ganancias para la mafia. Ésta es la consecuencia cuando se sanciona a los ayudantes con ideales y se cortan las posibilidades legales de acceso. Como ya dije el 15 de febrero con motivo del informe Ceyhun sobre la entrada ilegal, es absurdo sancionar la solidaridad de los grupos de acción y de las iglesias hacia los refugiados políticos y las víctimas de guerra.

Sacrédeus
. (SV) Los socialdemócratas suecos comprendemos los problemas que ha suscitado la propuesta, pero, aún así, optamos por que se devuelva al Consejo y a la Comisión e instamos a esas instituciones a desarrollar una propuesta que contenga una visión de conjunto en relación con la política de asilo comunitaria.
La propuesta que discutimos es problemática, puesto que se corre el riesgo de entregar la decisión de concesión de asilo a los transportistas, sin que éstos posean la competencia ni los conocimientos necesarios para hacerlo. La consecuencia puede ser que el derecho a solicitar asilo pierda su contenido, tomando en cuenta, especialmente, las dificultades de los refugiados para conseguir pasaportes y visados.

Titley
. (EN) Felicito a la última Presidencia francesa por sus planes acerca de la imposición de penas graves en toda la UE para los transportistas que llevan ilegalmente a nacionales de terceros países a los Estados miembros.
La inmigración ilegal y la trata de seres humanos constituyen una cuestión fundamental para la Unión Europea, y tenemos que trabajar juntos para poder aceptar el desafío. Mientras que, evidentemente, hay razones de peso para que los solicitantes de asilo sinceros hagan la demanda a través de las vías usuales, la entrada de inmigrantes ilegales que entran de contrabando en los puertos británicos, a menudo con la ayuda de bandas que se dedican a la trata de seres humanos, es alarmante. Tenemos que enviar un firme mensaje a los tratantes diciéndoles que, operen donde operen en Europa, las penas que les esperan serán duras. La respuesta a la propuesta Reino Unido-Italia en favor de equipos de la UE de agentes de policía y de inmigración para que trabajen en los Balcanes Occidentales ha sido, por lo tanto, estimuladora. Los chóferes de camiones tienen que formar parte de esta operación y llevar a cabo cuidadosas verificaciones de sus vehículos para asegurarse de que no llevan a nadie en ellos.
Ahora bien, lo más indignante son las atroces condiciones en que esos inmigrantes realizan su viaje en camiones y camionetas. No hace falta decir que las víctimas están dispuestas a correr riesgos graves para entrar en los países de la Unión Europea. Por eso deberíamos ocuparnos también de averiguar las causas profundas de los desplazamientos, para ver si se trata de casos de persecución en sus países de origen, si se trata de casos de pobreza o si hay otros motivos. Todos nosotros tenemos la gran suerte de vivir en países prósperos y democráticos, y yo soy uno de los que esperan que podamos abrir nuestras puertas a los que no viven en circunstancias tan afortunadas como nosotros. Se trata de medidas de mero sentido común que ayudarán a evitar que se introduzca a la gente de contrabando en países de toda Europa.
El Gobierno laborista británico está adoptando medidas para acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y está procurando que el sistema sea más equitativo y más rápido, para así animar a la gente a que recurra a las solicitudes oficiales en vez de arriesgar la vida en camiones, barcos y trenes.
Informe Wiebenga (A5-007/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, esta mañana he hablado por teléfono con el Sr. Fitto, italiano como yo y diputado que fue de este Parlamento Europeo que nos dejó para convertirse en presidente de la Región de Apulia, en Italia. Naturalmente está muy interesado en todo lo que afecta a las personas desplazadas que llegan a su región, Apulia, que está frente a Albania, desde donde han afluido masivamente. Me ha reñido por teléfono diciendo: "¿Acaso es éste el momento de intervenir en favor de los Estados y de las regiones que acogen a las personas desplazadas? ¿No podíais haber pensado en esto hace uno o dos años, cuando se produjo? Llegáis con retraso, con mucho retraso." Creo que tiene razón para reñirme a mí en lugar del Parlamento Europeo, porque efectivamente yo quisiera - y lo pido en esta ocasión - que el Parlamento Europeo tuviera poderes para intervenir en estas situaciones rápidamente y no dos años después.

Berthu
He votado en contra de la propuesta de la Comisión relativa a la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas que huyen de los conflictos de diversa naturaleza en países terceros. En efecto, cuando ya manifesté en el debate objeciones importantes, las enmiendas del Parlamento Europeo han venido a agravarlas, al igual por otra parte que las explicaciones que ha dado la Comisión.
En especial, la propuesta de directiva parecía admitir que un país miembro no podría verse obligado por los demás en contra de su voluntad a admitir una cuota de refugiados. Ahora bien, el Comisario Vitorino acaba de hacernos una presentación muy diferente. Según él, el artículo 25 prevé la posibilidad para los Estados miembros de declararse incapaces de acoger a estas personas, pero esta declaración ha de estar justificada, y la justificación debe ser verdaderamente excepcional.
Por otra parte, ha recordado que la decisión de apertura del régimen de la protección temporal había sido adoptada por mayoría cualificada, sobreentendiendo así que no podía existir derecho de veto de aquellos de los Estados miembros que se declararan incapaces de acoger refugiados. El Parlamento Europeo ha apostado más, suprimiendo directamente, en sus enmiendas, la posibilidad para un Estado miembro de sustraerse a un reparto físico de estos refugiados decidido por mayoría.
Por otra parte, el Parlamento Europeo ha estimulado las propuestas de la Comisión que tratan de organizar la situación de los refugiados temporales como si debieran quedar definitivamente en los países de acogida, aceptando sobre todo el derecho a la reagrupación familiar.
Pensamos que cada Estado miembro debe seguir siendo dueño de su territorio, que no se le puede imponer la presencia de extranjeros no deseados, y que los casos de protección temporal, si bien son a veces necesarios, deben ser pensados principalmente en la óptica del retorno.

Boumediene-Thiery
En un mundo en el que las fronteras están abriéndose, la ola de refugiados no está dispuesta a secarse. Aquellos que se alegran de los progresos de la globalización pero que desean añadir un apartado social a su componente económico no deben olvidar que la circulación de mercancías implica también la de las personas.
La llegada a las costas francesas el pasado 19 de enero de un grupo de 910 refugiados kurdos ilustra bien la importancia creciente que tienen los grupos criminales organizados en la inmigración clandestina.
Pero sobre todo, esta llegada masiva de refugiados plantea sin rodeos la cuestión del derecho a la búsqueda de asilo en suelo europeo actualmente. Pone a la luz la existencia, en el interior de nuestras fronteras, de un verdadero tráfico humano que, según algunos expertos, rivalizaría en la actualidad con el de la droga, un tráfico que no se puede desanimar más que instaurando verdaderas vías de acceso legales para la inmigración.
La organización de canales legales de inmigración en Europa contribuiría a reducir sensiblemente la presión que sufre el derecho de asilo por el hecho de que es el único que existe realmente, con el reagrupamiento familiar para las personas perseguidas en su país de origen, ya que el derecho a buscar asilo es, en efecto, en virtud del Convenio de Ginebra (1951) un derecho individual fundamental e inalienable que ha de ser reforzado y preservado de cualquier consideración política. Reforzado porque los refugiados no sufren solamente persecuciones por parte de los Estados; porque con mucha frecuencia el objetivo no son los individuos, sino familias enteras.
Si bien las grandes líneas de la propuesta que se nos ha presentado en el día de hoy parecen ir en este sentido, las medidas propuestas sólo son muy parciales a la vista de los objetivos fijados por la aplicación de un verdadero sistema de asilo europeo común.
Ya es hora de que Europa reflexione sobre la aplicación de un estatuto legal de protección temporal para esas personas que huyen de sus países por causa de la guerra u otras crisis; un estatuto que no les cierre el acceso a un procedimiento de asilo; un estatuto que no ignore el principio de no devolución, consagrado por el Convenio de Ginebra, según el cual los refugiados no pueden ser devueltos al lugar de donde proceden.
Ya es hora de que la Unión Europea inicie sin más espera una verdadera reestructuración del derecho de asilo, ya que la urgencia y la gravedad de las situaciones en las cuáles se ven estas personas desplazadas no esperan debates sobre plazos institucionales.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt
. (SV) Consideramos que es provechoso contar con una política común para proteger temporalmente a las personas perseguidas, especialmente para asegurarse de que todos los Estados miembros acojan a las personas que se ven obligadas a huir de regiones azotadas por las guerras. Sin embargo, es importante que esta protección temporal, que se extiende por un máximo de dos años, no signifique que se amenace el derecho a solicitar asilo.
Según la Convención de Ginebra, siempre hay que velar por el derecho de asilo y, consecuentemente, por el permiso de residencia permanente. La protección temporal en los Estados miembros de la Unión no debe ser un impedimento para solicitar asilo a la llegada a un Estado miembro o durante el tiempo que dure esa protección.
Informe Deprez (A5-0066/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, yo también he votado en contra de la iniciativa de la República de Finlandia y de la República Portuguesa de regular con una directiva las solicitudes de visado y los controles en las fronteras, porque no compete a estos Estados presentar de esta manera estos textos. Sin embargo, señor Presidente, lo he hecho muy a mi pesar porque la cuestión que han planteado estos Estados es correcta y justa y yo me pregunto a qué estamos esperando para regular con una directiva, inmediatamente ejecutiva en todo el territorio europeo, las modalidades con arreglo a las cuales deben efectuarse los controles en las fronteras de Europa. También en este texto se recalca la importancia de un reglamento europeo, pues Europa es una en sus fronteras.
Informe Frahm (A5-0075/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, el informe Frahm - lo digo para los que me están escuchando en este momento y no han participado en la votación - se refiere a la obligación de visado para aquellos que, aun sin ser nacionales de nuestros Estados miembros, llegan a Europa y circulan por nuestro territorio. También en este caso he votado en contra de la iniciativa de la República Portuguesa porque realmente no había motivo para acogerla. Sin embargo, me pregunto: "¿Por qué entonces la comisión competente no ha modificado esta propuesta de modo que pudiese ser aceptada por nuestro Parlamento?" En efecto, es importante regular bien y de manera uniforme la circulación por el territorio europeo de los extranjeros que entran en Europa con visados provisionales.
Informe Nassauer (A5-0065/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, por tercera vez he votado en contra de la solicitud de un Estado miembro de la Unión Europea de intervenir con una directiva: en este caso se trata del reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países. Debo decir que la República Francesa ha hecho bien en presentar esta iniciativa, aunque haya sido rechazada. Digo esto porque es evidente, señor Presidente - y usted estará de acuerdo conmigo - que es indispensable tener unas normas uniformes en los quince Estados en lo que respecta a quién debe ser expulsado y a quién, por el contrario, debe ser aceptado en el territorio de la Unión Europea. Una vez más, por lo tanto, aprovecho la ocasión de esta directiva para insistir en que se intervenga con un reglamento europeo por el que se establezcan las modalidades, las condiciones y las normas para expulsar a las personas no gratas que entran en Europa.

Boumediene-Thiery
La iniciativa que se ha presentado aquí plantea permitir la ejecución de la medida administrativa y nacional de expulsión adoptada contra un extranjero, y ello aunque entretanto se encuentre en otro Estado miembro.
El objetivo claramente declarado de esta propuesta es el de facilitar la ejecución de las medidas de alejamiento de los nacionales de países terceros. Para hacerlo, la propuesta introduce un mecanismo de reconocimiento mutuo de estas decisiones. Así, una declaración de alejamiento adoptada en un Estado miembro puede ejecutarse en otros.
A primera vista puede parecer loable pretender regular y controlar la circulación de extranjeros afectados por medidas de expulsión en nuestros Estados miembros. Se iría así, tal como preconizan las conclusiones del Consejo europeo de Tampere (octubre de 1999) hacia una mejor gestión de los flujos migratorios. Pero la lectura completa de la iniciativa revela rápidamente toda su ambigüedad, su aproximación y sus debilidades jurídicas.
Cuando ya es momento para los Estados de la Unión Europea de dotarse de una verdadera política de inmigración, ¿qué se puede pensar de un texto que no solamente no regula en nada las cuestiones relativas al alejamiento, sino que parece despreciar la realidad humana?
Pretender tratar el problema de la inmigración es también atreverse a mirar a esos ciudadanos no comunitarios amenazados o afectados por una expulsión que, una vez dentro del espacio bien guardado de Schengen, se encuentran frente a las administraciones recalcitrantes.
Si la Unión Europea desea ser y continuar siendo un espacio de libertad, de justicia y de seguridad, necesita adoptar instrumentos jurídicos que por encima de su eficacia tengan en cuenta el factor humano. Y no unas medidas que, al igual que esta iniciativa, sólo plantean en el fondo una política de seguridad en la que el extranjero, al que se considera un peligro, no puede disfrutar ya de sus derechos y libertades y donde la palabra justicia ya no quiere decir nada.
Además, la base jurídica en la que se fundamenta la propuesta, es decir, el párrafo 3º del artículo 63 del TCE parece difícilmente admisible. No se contemplan más que las medidas adoptadas en el ámbito de la inmigración en circunstancias precisas, y en especial las condiciones en las cuáles un nacional procedente de un país tercero puede ser devuelto o expulsado, contra su voluntad, a su país de origen. Ahora bien, el proyecto de directiva no trata estas cuestiones. Se conforma solamente con el aspecto de reconocimiento mutuo de las decisiones ya adoptadas. La propuesta no desea por tanto fijar normas comunitarias en materia de alejamiento.
Por tanto, sería peligroso adoptar una iniciativa que depende de un tema tan sensible como la inmigración. Cualquier norma que se adopte en esta materia deberá serlo en el respeto por los valores humanitarios y universalistas que gobiernan el edificio europeo. En caso contrario, nuestras políticas comunitarias ya no tendrían sentido.
Informe Hatzidakis (A5-0040/2001)

Fatuzzo
Señor Presidente, un guardia de tráfico para un camión articulado en Alemania. A dicho camión articulado se le ha dado el alto porque iba a demasiada velocidad. El guardia controla la carga: se trata de material radiactivo, con todos los permisos en regla. El guardia que se encuentra en el centro de Düsseldorf, una ciudad alemana muy poblada, cuando se da cuenta del peligro que comportan las mercancías radiactivas transportadas, le pregunta al chófer: "¿Por qué ha pasado usted precisamente por Düsseldorf, donde hay tanta gente? ¿Acaso no podía usted haber dado una vuelta más larga, por donde no pasa nadie? ¡Esta mercancía es muy peligrosa!" "Señor guardia," le contesta el chófer, "usted no sabe que hoy mismo el Parlamento europeo acaba de aprobar el informe del Sr. Hatzidakis - que es un grandísimo, un importantísimo y un excelente diputado - que en el apartado 2 de la página pagina 8 pide que los Estados miembros apliquen al transporte de material nuclear el principio de la distancia más corta. Entonces, yo he seguido el camino más corto para transportar el material radiactivo." Esto me obliga a decir que hay algo que se tendría que modificar: es mejor el camino más largo si es menos peligroso que el camino más corto si es más peligroso.

Ahern
. (EN) Recientemente ha habido un incidente sumamente alarmante en el que un tren que transportaba bombonas de combustibles nucleares radiactivos, propiedad de BNFL, descarriló en la estación de Torness, cerca de Dunbar, East Lothian (Reino Unido). Ese incidente demuestra el riesgo constante que plantea el transporte de materiales nucleares.
La radiactividad representa graves peligros para la salud y para el medio ambiente. Las radiaciones ionizantes transfieren energía a niveles que pueden inducir cambios en cualquier materia que penetren, e incluso pueden causar daños irreversibles a las células humanas.
El peligro depende de la duración de la exposición y de la intensidad y el tipo de la radiación. Con una dosis de 10.000 mSv (milisieverts) o superior, la muerte tiene lugar casi instantáneamente (dosis de esa importancia sólo se han registrado en explosiones de armas nucleares o en graves accidentes en centrales nucleares). Las radiaciones pueden tener también efectos retardados, como se comprobó en particular después del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, en forma de cánceres o de daños hereditarios. Las personas expuestas a niveles de radiación de 200 mSv o más quedan sometidas a un incremento del riesgo de cáncer. Esto significa que la inhalación de unos cuantos microgramos de plutonio puede originar cáncer de los pulmones o de la lengua. De forma análoga, la dispersión de 1.200g de plutonio en polvo infligiría dosis letales de radiación por inhalación dentro de un radio de más de dos kilómetros.
El riesgo de proliferación nuclear es mayor durante el transporte que en cualquier otra fase del ciclo del combustible. Los convoyes corren peligro de ser víctimas de un ataque terrorista encaminado a robar los bultos que contienen sustancias muy radiactivas. Basta con unos cuantos kilos de plutonio separado para poder fabricar un dispositivo explosivo nuclear tosco.

Caudron
Como sabemos, cualquier debate que toca de cerca o de lejos el tema de la energía nuclear tiende a convertirse en muy emotivo y a transformarse en un debate de principios. Ése no era el objetivo de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo. El debate sobre las ventajas y los inconvenientes de la energía nuclear tiene lugar en primer término en cada uno de los Estados miembros, en los que sigue su propio curso. Se trataba en este informe de concentrarse en la cuestión del transporte propiamente dicho, con sus diferentes aspectos: racionalización, observancia de los dispositivos legislativos en materia de transportes, información sobre los transportes de materiales radiactivos, etc.
Las materias radiactivas se transportan con regularidad y a través de largas distancias en el interior de la Unión Europea, pero también proceden de la Unión Europea hacia otros continentes o tienen a ésta como punto de destino. E incluso si varios Estados miembros de la propia Unión han decidido detener el reprocesamiento o "abandonar la energía nuclear" de forma progresiva, deben producirse aún transportes en dirección a países que han firmado contratos de reprocesamiento con el fin de repatriar sus residuos actualmente almacenados en centros de reprocesamiento. El incremento de los transportes de forma general, y el incremento del tráfico por carretera, del tráfico ferroviario, fluvial y aéreo, aumenta sin embargo la probabilidad de accidentes y las exigencias de seguridad para los transportes de materiales radiactivos. La seguridad debe tener prioridad absoluta sobre la rentabilidad y el abastecimiento, por ello la industria nuclear debe someterse de forma estricta a las reglamentaciones internacionales en materia de transporte.
Tomadas en consideración estas observaciones, doy mi apoyo a las peticiones de la comisión parlamentaria a la Comisión orientadas a realizar un análisis de los transportes de materiales radiactivos en el interior y en las fronteras de la Unión Europea y a evaluar su justificación económica y social (principalmente en materia de salud pública), con el fin de proponer medios para racionalizar estos transportes, y disminuirlos en cantidad y en volumen, en función de los riesgos identificados, en el respeto por el principio de prevención, si se demuestra que los riesgos son superiores a las ventajas. Es necesario por otra parte que los Estados miembros implicados pongan en práctica el principio del trayecto más corto en todos los transportes de materiales nucleares y eviten en la medida de lo posible atravesar regiones de gran densidad de población.
Terminaré señalando la importancia de la transparencia en este ámbito. Es necesario difundir de forma permanente y amplia una información completa acerca del los riesgos que se corren.

De Rossa
. (EN ) Me opongo a la reelaboración nuclear y estimo que deberían ser cerradas todas las plantas de reelaboración del Reino Unido y de otros países. He votado a favor de este informe aunque tengo reservas acerca de algunos de sus aspectos. En particular, estimo que la seguridad tiene que prevalecer sobre todas las demás consideraciones.
No se deberían transportar nunca desechos nucleares a través de zonas densamente pobladas. El "principio del itinerario más corto" debe ser menos importante que el "principio del itinerario más seguro" . Los irlandeses, como todos los europeos, viven con la constante inquietud de que un accidente en el Reino Unido o en Francia o una colisión en el Mar de Irlanda puedan tener efectos devastadores e inmediatos para todos nosotros.

Markov
. (DE) No es ningún procedimiento excepcional que un informe se modifique de tal modo mediante enmiendas que el ponente no reconozca su intención original y dimita en su función.
Pedro en el presente caso, lo que no se puede entender es el modo de proceder. Si, en el sentido literal de la palabra, de la noche a la mañana Grupos políticos se apartan de las propuestas de compromiso negociadas y de repente redactan lo contrario a sus declaraciones originarias, hay que dudar en la seriedad de este procedimiento.
Naturalmente, mi Grupo político es consciente de que un informe sobre el transporte de sustancias radiactivas no es un informe general sobre la energía nuclear, pero la mayor seguridad que existiría sería si no tuviesen que transportarse. Por ello, en este contexto hay que incluir en el debate la cuestión de la minimización de la producción o del reprocesamiento de las barras combustibles nucleares. Que sólo el 5%, es decir, unas 75.000 unidades enviadas pertenecen al circuito de materiales combustibles nucleares, dice algo sólo sobre la cantidad pero no sobre la calidad del potencial de los peligros.
No podemos entender el rechazo de la propuesta de adoptar una iniciativa de ley con normas unitarias para el transporte de materiales radiactivos dentro de la UE y en sus fronteras respetando el principio de subsidiariedad.
Tampoco es comprensible porqué no puede ser aceptable un mayor control del cumplimiento de las normas jurídicas para el transporte de sustancias peligrosas. Asimismo, somos de la opinión de que se dedica demasiada poca atención a la cuestión de los umbrales de exposición. El Grupo GUE/NGL rechaza el informe en la presente forma.

Meijer
Recuerdo los años 50, cuando casi todos pensábamos que la fisión nuclear generaría en el futuro una cantidad ilimitada de energía limpia y segura. Después, algunos países construyeron numerosas centrales nucleares y han hecho el suministro de electricidad dependiente en un alto porcentaje de la fisión nuclear. Desde los año 60 surgen cada vez más críticas al resultar que las centrales nucleares pueden estallar y que los residuos nucleares continuarán amenazando el medio ambiente durante muchísimo tiempo. Las catástrofes de Harrisburg y Chernóbil han frenado una mayor expansión de la energía nuclear y algunos países ya la han abandonado completamente o se preparan para hacerlo. No obstante, también después de que esto suceda tendremos que enfrentarnos durante miles de años al peligro de los residuos radiactivos. Dados los riesgos del transporte de estos residuos, creo que ahora lo mejor es que los enterremos en las centrales nucleares que se van a cerrar y que ya no se transporten a otro lugar. Se han seguido, con razón, muchas acciones para poner fin a este transporte. El ponente muestra alguna comprensión hacia las mismas y quiere limitar los peligros, pero continúa permitiendo semejante transporte y justificándolo. No estoy de acuerdo con esta elección.
Informe Schwaiger (A5-0076/2001)

Vlasto
Señor Presidente, el Parlamento Europeo debía pronunciarse sobre este tema, sobre todo a causa del ambiente de confusión que reina en vísperas de la apertura de una próxima sesión de la OMC. El Parlamento Europeo lanza un mensaje claro, portador de una visión coherente para el futuro de la OMC. Por consiguiente, he votado a favor del informe del Sr. Schwaiger que se pronuncia a favor de una transparencia creciente de la OMC y de la dirección de sus reuniones.
Estoy satisfecha del mandato claro y preciso que se ha dado a la Comisión en materia de recursos, en el principio de precaución en el seno de la OMC en materia agrícola. Lamento sin embargo que el Parlamento Europeo no se haya pronunciado a favor de la consideración por parte de la OMC del concepto de multifuncionalidad de la agricultura, que no debería ser abandonado en beneficio de una agricultura intensiva y de masas que los consumidores europeos no desean por otra parte y sobre todo en este momento de forma clara.

Fatuzzo
Señor Presidente, esta explicación de voto llega en el momento justo, a la hora del almuerzo. He votado a favor. ¿Por qué? Porque me gusta el gorgonzola, señor Presidente: el queso gorgonzola y el queso taleggio de los valles de Bérgamo. Usted dirá: "¿Pero esto qué tiene que ver con el informe Schwaiger?" Sí que tiene que ver, señor Presidente, sí que tiene que ver: en la página 9, apartado 31 del informe que hemos aprobado se dice que se espera "extender la protección de la denominación geográfica concedida a los vinos y a las bebidas alcohólicas también a otros productos" procedentes de nuestro territorio. Ya que a mi me gusta el gorgonzola, me gustaría que se protegiese también el gorgonzola y, en consecuencia, he votado a favor del informe Schwaiger. ¡Buen provecho!

Alyssandrakis
Las conversaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio en Seattle se han sellado con reacciones populares de gran alcance que han mostrado que no se aceptan los propios principios de la OMC. Las movilizaciones en las que participaban manifestantes de todo el mundo han sido un factor definitivo para el fracaso de las conversaciones. Paralelamente, las posturas contrarias y las competencias en el marco del sistema imperialista mundial causan dificultades y retrasos que el movimiento popular puede explotar.
La OMC que fue creada para acelerar la liberación total del mercado, es uno de los apoyos más importantes del nuevo orden mundial. No es sólo que acompañe a la mundialización, sino que intenta darle forma y validez de ley. Por consiguiente, no creemos que en la nueva ronda de conversaciones, los gobiernos de la Unión Europea defiendan los intereses de sus pueblos. Por el contrario, van a intentar reivindicar un porcentaje mayor para los monopolios europeos, en competencia con los otros centros imperialistas de poder de los Estados Unidos y de Japón.
El "modelo agrícola europeo" tan debatido, que el informe Schwaiger defiende es la consecuencia de una conciliación a costa de los pequeños y medianos agricultores europeos y de los productos agrícolas mediterráneos. Una consecuencia inmediata es la reducción de la renta agrícola, así como la de la población agrícola y el aumento del paro. Sacrifican la producción agrícola de Grecia y de otros países para proteger los productos industriales de los países de Europa central y del norte y para que tengan un lugar mejor en los mercados internacionales.
Las normas que condicionan las relaciones económicas internacionales y el mercado deben estar al servicio de los intereses de los trabajadores, no dañar los derechos sociales fundamentales, deben fomentar el desarrollo de los países menos desarrollados, respetar el medio ambiente y respetar el derecho de todos los pueblos a ejercer ellos mismos su propio control y a decidir su futuro.
Contrariamente a todo lo que el informe Schwaiger apoya, la OMC no se puede democratizar con la participación en él de portavoces elegidos de los países. La democratización presupone respeto y protección de los derechos de los trabajadores. La OMC no puede funcionar así por su propia naturaleza, puesto que es un edificio imperialista y está interesado en el mayor beneficio posible del capital y por las formas de movimientos de capital más flexibles y sin barreras, especialmente del capital comercial y del financiero.
Los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia hemos votado en contra del informe Schwaiger porque, en su mayor parte, está conforme con los proyectos del gran capital de una liberalización sin freno, con su ataque contra las conquistas de los trabajadores y de los derechos de los pueblos de todo el mundo.
El movimiento en contra de la "mundialización" y de la OMC, a pesar de su diversidad y de su semejanza, constituye un nuevo contraataque a la dictadura del capital monopolístico y de sus intereses económicos. Manda un mensaje de resistencia y de contraataque a los millones de trabajadores, de parados, de pequeños y medianos agricultores, a todas las víctimas del orden capitalista mundial que quiere imponer la OMC.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson y Theorin
Cuando mencionamos un modelo agrícola europeo nos referimos a una política agrícola común. No obstante, esto no significa que aceptemos la actual política agrícola, que está dirigida por los productores, orientada hacia la producción masiva, y que se fundamenta en la concesión de cuantiosas subvenciones. Tampoco respaldamos los aranceles aduaneros que se cobran a los países del tercer mundo.
Por el contrario, queremos una política agrícola común, pero vemos que es arriesgado que cada país fije sus propias subvenciones. La nueva política agrícola común debería fundamentarse en el desarrollo de las zonas rurales y en la producción ecológica y en pequeña escala. El sector agrícola tiene que hacer suyos y empaparse de los criterios del desarrollo sostenible a largo plazo, por ejemplo, en temas medioambientales y económicos.

Berthu
Finalmente, he votado en contra del informe Schwaiger a pesar de su calidad, ya que el debate que se produjo en el día de ayer, y especialmente las respuestas del Comisario Lamy a mis tres preguntas, me dejaron muy insatisfecho.
A la primera pregunta (¿No es peligroso negociar por separado sobre la Agenda incorporada?), el Comisario Lamy responde que las negociaciones que se están produciendo en Ginebra sobre la agricultura y los servicios no son verdaderas negociaciones sino simples preparativos de negociaciones. Esta distinción es válida quizá desde un punto de vista abstracto, pero en la práctica no me parece que se pueda sostener.
A la segunda pregunta (¿No es necesario redefinir el mandato de negociación en función de la evolución de los acontecimientos y de la opinión pública?), la respuesta de la Comisión es negativa: seguimos en el mandato que se definió en la época de la Agenda 2000. El Parlamento Europeo acaba por otra parte de reforzar esta posición rechazando de forma explícita dos enmiendas que pedían que se renegociara el acuerdo de Blair House.
A la tercera pregunta (Antes de abrir nuevas negociaciones, ¿no sería necesario en primer lugar definir mejor el control de los negociadores?), el Comisario Lamy ha mencionado sobre todo el acuerdo marco entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Es un punto no despreciable, pero mi pregunta se refería esencialmente al control que debe ejercer el Consejo, que da a la Comisión sus objetivos de negociación, y los parlamentos nacionales, que son a mi juicio quienes deciden en última instancia. Ahora bien, en torno a estos aspectos sigue la confusión.
Lamento enormemente que el protocolo que figuraba aún en el mes de noviembre en el anteproyecto de Niza no haya sido avalado, al menos en lo que respecta al control de la dirección de las negociaciones en la OMC. En éste se podía leer que la Presidencia y los Estados miembros pueden acompañar a la Comisión a las reuniones de la OMC, que la Comisión transmite sin dilación todos los documentos de los que dispone, que ésta debe dar curso obligatoriamente a los deseos de un Estado miembro de proceder a una consulta, que la posición común defendida por la Comisión la fija el Consejo, y que éste puede en cualquier momento remitir directrices de negociación a la Comisión. El respeto por estas normas me parece indispensable, de una o de otra forma, para un buen control de las negociaciones de la OMC.

Meijer
El libre comercio es algo más que el cruce de fronteras o poner fin a un proteccionismo anticuado. Significa ante todo que el precio de un producto cobra más importancia que todas las otras restantes consideraciones. Quien puede producir más barato se hace con el mercado y echa fuera de él a los productores más caros. Uno puede traerse materias primas baratas o productos finales baratos de cualquier parte debido a unos costes de transporte cada vez más bajos. La competencia se verá obligada a elegir entre producir más barato o hundirse. Los defensores de este mecanismo alegan que esto convierte a los productores en ingeniosos y prácticos, y los consumidores se benefician. De ahí que deba existir una competencia ilimitada, deseada, a fin de cuentas, a escala mundial. Sin embargo, hay buenas razones para que existan más costes de producción y para proteger esta producción frente a competidores más baratos. Tales motivos son: la seguridad en el trabajo, un pago adecuado a los trabajadores, el rechazo del trabajo infantil, una buena distribución regional del empleo, la preocupación por el medio ambiente, una disminución del maltrato a los animales, combatir el tráfico innecesario y la producción de suministros que no suponen una ganancia dentro de la lógica del mercado, pero que sí son necesarios y deseables. Ésa es una tarea de una administración democráticamente elegida, pero los acuerdos de la OMC la subordinan a la obcecación del mercado. Aunque considero insuficiente la propuesta del ponente, no votaré en contra de algo que puede frenar esta evolución.
(La sesión, interrumpida a las 13.40 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Acuerdo final sobre la reforma del sistema de transferencias internacionales de futbolistas
La Presidenta
Señorías, les invito a tomar asiento. Aún no son ustedes muy numerosos, lo justo para constituir un equipo de fútbol, lo que me lleva a introducir el tema que nos interesa.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre el Acuerdo final sobre la reforma del sistema de transferencias internacionales de futbolistas.

Reding
Señora Presidenta, recordará que el pasado 7 de septiembre intervine ante este Parlamento para informarle sobre la posición de la Comisión en relación a la reforma de las reglas de la FIFA que regulan las transferencias internacionales.
En aquella ocasión anuncié la intención de la Comisión de iniciar un debate con la FIFA y con las demás partes interesadas, bajo la dirección de mi colega Mario Monti, y con la colaboración de Anna Diamantopoulou, con el fin de compatibilizar las normas de la FIFA con el derecho comunitario respetando, por una parte, la especificidad del deporte y, por otra, la autonomía de las organizaciones deportivas.
Por otro lado, la declaración sobre las características específicas del deporte adoptada en Niza por el Consejo europeo el pasado mes de diciembre ha confirmado plenamente este planteamiento.
Actualmente y tras debates intensivos entre los servicios de la Comisión, la FIFA y las demás partes interesadas, es para mí un placer poder anunciarles el resultado al que hemos llegado. Este resultado, señora Presidenta, señoras, señores, respeta los principios que acabo de mencionar y en los que todos estamos muy interesados.
En todo este asunto, se ha acusado con mucha frecuencia a la Comisión de no comprender el deporte, peor aún, de querer desestabilizar el fútbol. Ahora bien, el resultado de los debates demuestra que se trataba claramente de acusaciones sin fundamento; creo que los debates nos han permitido precisamente demostrar una vez más que el derecho comunitario y la especificidad del deporte son perfectamente compatibles. Creo por tanto que no es necesario modificar el derecho comunitario. La Comisión ha demostrado en este asunto flexibilidad para integrar las características propias del deporte en los textos existentes.
Los debates han permitido realizar progresos claros al menos en tres ámbitos clave. En primer lugar, y esto siempre había sido un deseo del Parlamento Europeo, proteger a los jóvenes jugadores sometidos a movilidad en la Unión Europea, garantizándoles una formación general y una formación deportiva adecuada. Estos principios figurarán en un código de conducta que las federaciones de fútbol deberán establecer, y concedo una importancia especial a este punto ya que, a mi juicio, es mucho más eficaz elaborar un marco adecuado para los jugadores que fijar limitaciones a su movilidad - limitaciones, por cierto, incompatibles con el principio de libre circulación.
No debemos olvidar que en fútbol hay muchos llamados pero son pocos los elegidos, y no todos los jugadores llegarán a ser estrellas del balón. Por consiguiente, resulta esencial ocuparse de su formación deportiva y profesional. Con las nuevas disposiciones, la Comisión desea enviar una señal importante a todos esos jóvenes que invierten en el deporte: no todos llegarán a triunfar en el plano deportivo, pero todos serán tomados en consideración en el plano humano y también en el de su desarrollo individual.
El segundo elemento consiste en estimular y compensar el esfuerzo que realizan los clubes, que se dedican a la formación de jóvenes dando de este modo una dimensión social a su actividad deportiva, dimensión social que por otra parte es la característica de la dimensión europea del deporte. Para hacerlo, la FIFA debe introducir reglas que incidan en: primeramente, la compensación de los gastos de formación hasta la edad de 23 años, sobre la base del coste real, tal como lo ha definido el Tribunal en la sentencia Bosman, y, en segundo lugar, la creación de un fondo de solidaridad que será alimentado por una deducción del 5% de cada pago de compensación de transferencia, quedando destinado este fondo a los clubes formadores que obtendrán así una parte del valor añadido del jugador.
La aplicación en detalle de estos principios corresponde ahora a la FIFA, y la Comisión velará para que en el marco de sus competencias la transposición de estos principios a las normas de la FIFA se realice de forma efectiva, y estoy segura, señora Presidenta, de que la Comisión no estará sola, sino que estará en este trabajo de control que seguirán al mismo tiempo los ministros de Deporte y los diputados comprometidos a nivel nacional. Estamos pues convencidos de que es posible encontrar un equilibrio entre la movilidad del jugador y la necesaria compensación del club formador, en los límites de lo que ha establecido el Tribunal en la sentencia Bosman.
El tercer punto es la introducción de elementos de estabilidad en las competiciones deportivas para garantizar la equidad y la regularidad.
Éstos son los mecanismos. En primer lugar, que no se autorizará la rescisión unilateral del contrato más que al final de la temporada. De este modo, el aficionado tendrá la seguridad de ver jugar al mismo equipo durante toda la temporada. Es para ver jugar a ese equipo y no a otro, en ocasiones aligerado de sus mejores elementos, para lo que ha comprado su abono.
En segundo lugar, se han previsto sanciones deportivas contra aquellos jugadores y clubes que rescindan los contratos sin ajustarse a la legalidad durante las dos primeras temporadas del contrato.
Otros puntos importantes completan estos principios, como los periodos de transferencia limitados en el tiempo o la duración de los contratos, escalonada entre uno y cinco años.
Señorías, en el transcurso de estos debates, nos hemos reunido con la FIFPRO que representa a los jugadores. Algunas de sus demandas se han visto satisfechas. Así, las normas FIFA ya no prohibirán a los jugadores acudir a la justicia, pero igualmente se creará un tribunal arbitral, compuesto de forma paritaria y que podrá decidir con carácter de urgencia resolver los conflictos relativos a las asignaciones de formación, a las transferencias y a las sanciones deportivas. Concedo una importancia especial a un arbitraje paritario independiente. La introducción de una instancia así, y a la que pueden acudir tanto jugadores como clubes, debería resolver situaciones de litigio de forma equitativa, rápida y eficaz. Debo recordar también que la Comisión señaló, a lo largo de este expediente, que los debates que ésta celebraba con la FIFA y las demás partes interesadas no prejuzgan en nada la compatibilidad de las normas revisadas de la FIFA con el derecho nacional aplicable, y principalmente con el derecho del trabajo. Corresponde a la FIFA garantizar que estas reglas se apliquen en el respeto por las legislaciones nacionales que evidentemente no pueden inaplicarse.
La FIFA nos ha anunciado que los principios así acordados serán aplicados mediante una revisión de las reglas de la propia FIFA durante su congreso mundial de julio, en Buenos Aires. La Comisión ha alentado a la FIFA a buscar un diálogo estrecho con las demás partes interesadas con vistas a esta aplicación y más en particular, por supuesto, con los jugadores.
Desde el punto de vista de la Comisión, el asunto de las transferencias ha demostrado con claridad que el diálogo a todos los niveles constituye una necesidad y que deberían explorarse todos los medios para organizarlo, incluidos los convenios colectivos a nivel europeo. Por otra parte, la Sra. Diamantopoulou se ha ofrecido para impulsar un diálogo permanente nivel europeo.
Permítanme que concluya esta declaración recordándoles que la FIFA preparará, dos años después de la entrada en vigor de este nuevo acuerdo, un informe sobre la aplicación de este sistema. Dispondremos entonces de elementos cuantitativos y cualitativos que nos permitirán extraer las lecciones apropiadas.
Entretanto, creo que debemos felicitarnos por el resultado de estos debates. Conseguirlo, señora Presidenta, no siempre ha sido fácil sin embargo. La presión ejercida por algunos Jefes de Estado y de Gobierno, fuerte pero inútil y sobre todo perjudicial, ha retrasado en más de una ocasión la conclusión del asunto. De cualquier modo, la Comisión se ha mantenido en su lugar y ha sabido al fin y al cabo demostrar que no es necesario modificar las normas del Tratado para respetar la especificidad del deporte, y ha mantenido por tanto la dirección en el respeto estricto de sus competencias. Este resultado permite a mi colega, Mario Monti, decidir no proponer a la Comisión que adopte una decisión negativa con respecto a las normas de transferencia de la FIFA.

Pack
Señora Presidenta, señora Comisaria, muchas gracias por estar hoy aquí. Todos nos hemos alegrado de que por fin exista un compromiso y siempre le he dado la razón en que está claro que la Comisión no desea destruir el fútbol. En mi país he sido objeto de muchas críticas por estar de su lado pero entretanto también el descortés Beckenbauer habrá reconocido que no se le va a destruir el fútbol. Por ello, me alegro sobre el compromiso pero le pregunto si, independientemente de aquellos que son los beneficiarios de este compromiso por los más diversos motivos -deportistas jóvenes, pequeños clubes, grandes clubes- no temen que este compromiso con el trato diferenciado que da a los deportistas hasta los 28 años y por encima de esta edad, que esta violación del principio de igualdad no pueda ocasionar que al final existan aún más "casos Bosmann" , es decir, que los Tribunales ordinarios sean de una opinión diferente a la de este compromiso. ¿No teme que esto pueda origina una avalancha de procesos?

Reding
Sra. Pack, no podemos prohibir a un ciudadano que recurra al Tribunal de Justicia. Si un ciudadano, ya sea futbolista o no, ya forme parte de uno u otro club, decide solicitar el dictamen del Tribunal, es libre de hacerlo. Nosotros hemos insistido además para que esta libertad se especifique en el compromiso, porque el Tribunal Arbitral, que será específico para el mundo del fútbol, servirá por supuesto para solucionar los conflictos que se produzcan, pero nosotros preferiríamos que estos conflictos pudieran resolverse en el seno de la familia del fútbol, y no necesariamente en la calle. Sin embargo, la libertad del ciudadano exige que si alguien no encuentra solución en el seno de la familia del fútbol, pueda dirigirse a los Tribunales, ya sean nacionales o europeos.

Medina Ortega
Señora Presidenta, la exposición de la Sra. Reding me ha tranquilizado bastante, porque parece que la Comisión ha hecho un esfuerzo por combinar esos tres principios, el principio del reconocimiento del Derecho comunitario, el principio de la autonomía de las organizaciones profesionales y el principio de la especificidad del deporte.
Me ha tranquilizado también la última declaración en cuanto a que las vías de acceso a la jurisdicción nacional -o comunitaria, eventualmente- quedan abiertas.
Simplemente querría que la Sra. Comisaria me precisara un poco si esa transferencia de facultades de aplicación de las normas a la FIFA y a otras organizaciones profesionales no podría acarrear una posible transferencia de facultades legislativas, por parte de las instituciones europeas, a organizaciones no gubernamentales como son la FIFA, la FIFPRO o la UEFA.

Reding
Se ha añadido una declaración al Tratado de Amsterdam, que estipula que las federaciones deportivas tienen cierta autonomía. Y ha sido en el respeto pleno por esta declaración como ha actuado la Comisión. Basándose en los Tratados y tomando también en consideración los deseos de los Jefes de Estado y de Gobierno manifestados en Niza en la declaración sobre el deporte, ésta ha elaborado un marco con la FIFA, reconociendo que la forma como éstas van a ocuparse de solucionar los detalles constituye un elemento de la autonomía de las instancias deportivas. En ese sentido, el acuerdo propuesto por la FIFA no ha sido firmado por la Comisión, pero ésta, mediante una carta del Sr. Monti, responsable del expediente en cuanto al fondo, al Sr. Blatter, ha dicho que si los grandes principios incluidos en esta propuesta de la FIFA se ponen en práctica, la Comisión podría no manifestar una prohibición.

Cushnahan
Señora Presidenta, Comisaria, desde un punto de vista irlandés me satisface esta cláusula de compensación y el fondo de solidaridad porque los clubes de fútbol irlandeses son la cuna de muchos jóvenes futbolistas que juegan en la primera liga de Inglaterra y en otras ligas. Quisiera hacer a la Comisaria un par de preguntas sobre esta cuestión.
Antes que nada, doy por supuesto que el fondo de solidaridad es un fondo general. ¿Hay alguna posibilidad de que una parte de la prima de transferencia para menores de 23 años pueda ir directamente a poder del club de aficionados que cultivó sus aptitudes? Tampoco hay que olvidar las academias de fútbol de Inglaterra a las que van a parar desde una edad muy temprana los jóvenes futbolistas de Irlanda. ¿Habrá algún tipo de indemnización para ellos?
La escandalosa explotación de los jóvenes futbolistas africanos es un problema del que me gustaría que se ocuparan ustedes una vez más, porque no creo que quede resuelto con la prohibición de efectuar transferencias entre clubes. Los agentes encontrarán una forma de soslayar la dificultad. Reconozco que se trataba de un compromiso difícil pues había que abordar el problema -las consecuencias potencialmente desastrosas de la libertad de movimiento absoluta- y al mismo tiempo había que reconocer la necesidad de respetar la nueva ley.

Reding
. (FR) Señora Presidenta, permítame dar las gracias al Sr. Cushnahan por su apoyo; sí, hemos conseguido ir más allá de la pura solución al problema de Derecho comunitario al garantizar la estabilidad, pero también la solidaridad y la protección de los jóvenes. Por lo que respecta al Fondo de solidaridad, existen dos sistemas de solidaridad para remunerar a los clubes fundadores. En primer lugar, cuando se produce un traspaso, el trabajo de formación es remunerado al club que ha formado al joven, y ello hasta la edad de 12 años. Ahora bien, estas compensaciones no pueden ser demasiado altas, y ello por dos razones. La primera es que debemos atenernos a la sentencia Bosman. En segundo lugar, si las compensaciones por formación fueran demasiado elevadas, los futbolistas jóvenes, exceptuando los mejores, tendrían dificultades para ser traspasados de un club a otro. Ahora bien, nosotros debemos proteger también a los futbolistas muy jóvenes y adolescentes. Por esa razón, las compensaciones por formación no deben ser demasiado altas.
El segundo elemento es el Fondo de solidaridad. Este Fondo será alimentado con el 5 % de las compensaciones por traspaso. A este respecto, es el valor del jugador, y no el dinero invertido en la formación, lo que contará. Existirá, por tanto, este doble sistema de traspaso para los clubes formadores. Mi esperanza - y he negociado en este sentido - es el que dinero vuelva a los clubes de base, que son necesarios para dar una dimensión social al deporte europeo. En nuestros pueblos y ciudades pequeñas, los clubes de base desempeñan un papel social de primera línea, y debemos darles la posibilidad de seguir desarrollando esa tarea.
En cuanto a los jóvenes africanos o, como usted han dicho, los jóvenes procedentes de terceros países, hemos preferido, para respetar también la libre circulación de nuestros menores, no impedir su libre circulación, pero imponer a los clubes formadores determinadas condiciones de trato hacia ellos. De hecho, el problema no es que los jóvenes viajen, sino el trato que reciben en el país de acogida. Con el Código de conducta se pretende que los clubes formadores se hagan cargo de esos jóvenes y los traten como tales, en otras palabras que no sólo les den una formación deportiva, sino también una formación para la vida, pues no todos los que hayan recibido una formación deportiva llegarán a ser estrellas del balón ni vivirán de ello necesariamente. Por supuesto, los jóvenes que sean acogidos en la Unión Europea se beneficiarán del mismo trato, aunque procedan de terceros países. No sólo no se hará ninguna diferencia entre los jóvenes europeos y los originarios de países candidatos a la adhesión en lo concerniente a este Código de conducta, sino que los jóvenes admitidos legalmente en la Unión tendrán la posibilidad de ser tratados como los demás. Estén seguros de que la Comisión velará atentamente por que se elabore y se aplique este Código de conducta, y estoy segura, Señorías, de que también ustedes, en su trabajo sobre el terreno, vigilarán el modo en que se aplica este Código de conducta.
En cuanto a la libre circulación de los jóvenes procedentes de terceros países, la FIFA ha declarado que no es una cuestión de nuestra incumbencia, pues sólo tenemos poder de reglamentar dentro de la Unión Europea y que, fuera de la Unión Europea y países asociados, pretende prohibir pura y simplemente el traspaso de jóvenes menores de 18 años. Esta decisión corresponde únicamente a la FIFA, que debe aplicarla, en consecuencia, a los ciudadanos procedentes de terceros países.

Andreasen
Gracias, señora Presidenta, y enhorabuena a la señora Comisaria Reding por el resultado del largo partido de fútbol. Parece que a todos nos satisface. Tengo una única duda que me gustaría pedirle a la Comisión que me resolviera. ¿Implican las nuevas normas la misma situación jurídica para los jugadores menores de 23 años vigente antes de la sentencia Bosman en caso de que surgiera un conflicto entre los clubs por la cifra de indenmización? ¿Se arriesgarán los jugadores, aunque haya expirado el contrato, a no poder cambiar de club? ¿Cómo está la seguridad jurídica de los jugadores en esta situación? ¿Corren el riesgo de quedar atados durante un período durante este conflicto legal?

Reding
. (FR) Señoría, la edad de 23 años sólo cuenta para la formación, porque había que fijar edades. La FIFA nos las propuso. La formación se sitúa entre los 12 y los 23 años, y se abonan los gastos de formación en caso de traspaso hasta la edad de 23 años. Se considera que, a partir de los 23 años, la formación ha concluido.
En cuanto a la duración de los contratos y la posibilidad de rescindirlos, siempre hemos dicho, desde un principio, que pacta sunt servanda: si personas adultas celebran un contrato, ese contrato está hecho, no para ser roto, sino para ser cumplido, sin contar con que también están las reglas del deporte. Si, durante el campeonato, los clubes empiezan a comprar jugadores a diestro y siniestro, falsean el equilibrio del campeonato. Y si, durante un campeonato, hay jugadores que abandonan su equipo, con razón o sin ella, no es sólo una cuestión personal, sino que desestabilizan al equipo. Todas estas consideraciones que son específicas del deporte nos han llevado a prever medidas que garanticen la estabilidad de los contratos.
Por tanto, independientemente de la edad, no se puede romper un contrato durante el campeonato y no se puede romper un contrato fuera de dicho período si el contrato lo rebasa, salvo por razones bien precisas, por ejemplo un jugador lesionado o un cambio de sistema en el equipo. Corresponderá al tribunal, al tribunal de arbitraje, juzgar quién tiene razón. Si se rompe el contrato sin una razón específica durante los dos primeros años, se impondrán sanciones deportivas. Hemos intentado limitar las sanciones deportivas lo más posible, porque inicialmente las instancias deportivas hablaban de un año, incluso dos, de sanciones deportivas, lo que destruiría por completo la carrera de un jugador profesional. Por esta razón, llegamos al acuerdo de cuatro meses de sanciones deportivas, que pueden elevarse a seis en los casos de reincidencia o de que se haya hecho esta jugadita varias veces.
Por tanto, para garantizar la estabilidad de los equipos y del campeonato, hemos convenido en que se adopten medidas de este tipo, que no debe instaurar la Comisión, sino las federaciones nacionales, europeas e internacionales. Debo decirles también esto: no queríamos que se adoptasen sanciones deportivas únicamente contra los jugadores, porque a menudo, son los clubes los que venden a sus jugadores por razones puramente comerciales, y no por razones deportivas. Pues bien, también habrá sanciones deportivas para los clubes, y habrá sanciones para los representantes que inciten a los jugadores a abandonar su club en detrimento de la estabilidad de los contratos.

La Presidenta
Gracias, señora Reding. Permítanme recordarles brevemente las normas del ejercicio: preguntas cortas y respuestas también lo más cortas posible.

Lagendijk
Señora Presidenta, yo era un gran defensor de los intentos realizados por la Comisión para poner coto al actual sistema de transferencias que, en mi opinión, ha conducido a excesos absurdos. Por ello, estoy decepcionado, al contrario que mis colegas, por el resultado de las negociaciones que estamos discutiendo. Por supuesto, en la propuesta figuran puntos positivos tales como, por ejemplo, el abono de una indemnización en concepto de formación. Tengo, sin embargo, una pregunta al respecto, ya que no considero satisfactoria la respuesta de la Comisaria a mi pregunta anterior. Si se trata del abono de una indemnización en concepto de formación, también cuando finaliza un contrato, también en el momento en que un club quiere deshacerse de su jugador, eso no se adecua, en mi opinión, a la sentencia Bosman. El pago es tan bajo que no constituye, por tanto, un pago real de los costes de formación, o el pago es tan alto que entra en conflicto con la sentencia mencionada, en la que se determina que al final de un contrato no hay que abonar ninguna indemnización al club.
Mi mayor decepción se refiere, sin embargo, señora Comisaria, al elemento central del sistema actual de transferencias, a saber, la existencia de indemnizaciones económicas. Debe reconocer que la Comisión no ha logrado cambiar ese elemento. Así mismo, resultará posible en el futuro que el club y el jugador acuerden en un contrato común las indemnizaciones económicas, a las que no se pone ningún límite y que pueden alcanzar el mismo nivel absurdo de ahora. Creo que debería ser sincera y decir que la Comisión ha sufrido una grave derrota en ese punto y que el núcleo del sistema actual se mantiene. No puedo ver otra cosa que un lavado de cara en la propuesta de la FIFA y una mejora del sistema actual en algunos puntos, pero el núcleo de ese sistema, la existencia de las indemnizaciones económicas, continúa existiendo.

Reding
. (FR) Señora Presidenta, su Señoría tiene razón. No hemos modificado el importe de las compensaciones por traspaso, porque es un punto sobre el cual no se nos ha consultado. No hemos recibido ninguna queja al respecto, sólo a propósito del sistema de traspasos internacionales, que es en el que hemos intervenido.
Ahora bien, cuando al finalizar el contrato no se prevea ninguna compensación, la sentencia Bosman prevé el pago de una compensación por formación, si bien ésta debe corresponder a los gastos reales. Estos son los términos de la sentencia Bosman, y es lo que el acuerdo celebrado con la FIFA se dirige a poner en práctica.

McCarthy
Señora Presidenta, me gustaría expresar mi agradecimiento por la paciencia y la moderación de que ha dado pruebas el personal de la Comisaria en los siete últimos meses. Muchos de nosotros no comprenden que lo que han hecho no se podía hacer en siete minutos, pues es evidente que tenemos principios que respetar.
Como muchos de mis colegas, me interesan las repercusiones que esto pueda tener en los clubes del noroeste de Inglaterra, que al fin y al cabo es la cuna del fútbol.
Todavía no hemos recibido ninguna respuesta acerca de la cuestión de la compensación por la capacitación. A los clubes de mi región les preocupa que el dinero que invierten en la adquisición de jugadores quizá no sea rentable y, como ha dicho el Sr. Cushnahan, no tiene interés en organizar academias de fútbol y en invertir en la comunidad local si no obtiene un dividendo con sus inversiones. Hasta ahora no veo de qué manera la compensación por entrenamiento puede ayudar a obtener ese dividendo.
En el Times de hoy la UEFA y la FIFA dicen claramente que eso permitirá reducir las primas de transferencia, lo que tiene consecuencias que pueden ser mortales, en particular para los clubes más pequeños de mi circunscripción.
Comisaria, hay una cláusula de examen que estará a prueba durante dos temporadas: a continuación, ¿tiene usted la intención de tomar medidas para conseguir que haya una buena corriente libre de transferencia de dinero entre clubes o va a dejar que sean las autoridades las que actúen en esa esfera?
Ahora que hemos cerrado este capítulo, Comisaria, me gustaría también invitarle a que visite la parte noroeste del país para que vea un partido de fútbol con uno de nuestros buenos equipos. Esté segura de que a todos les agradará mucho que les visite usted.

Reding
. (FR) Acepto con gusto la invitación, porque, créame, antes de tomar decisiones en este expediente, he hecho visitas sobre el terreno. He visitado pequeños clubes y centros de formación. Y sí, la teoría es una cosa y la realidad del terreno, otra. Lo comprendí justamente cuando el acuerdo acababa de celebrarse - el lunes. El martes me reuní con la Football League inglesa y los representantes de los clubes de segunda división. Me pidieron, preocupados, que les explicase los términos del acuerdo. Y me respondieron que, si esos eran los términos, estaban totalmente tranquilos.
Por supuesto, hay que ver cómo se traduce todo esto en la práctica de los clubes. Créanme, lo seguiremos muy de cerca. Por otra parte, debo decirle que las críticas efectuadas por la Football League no iban dirigidas a la Comisión, sino más bien a los directivos de la UEFA y a los directivos del fútbol europeo en general que declararon que no se les había consultado nunca. La Liga nunca habló con la UEFA y, sin embargo, creo que en una democracia, que también debe ver la luz en nuestras federaciones deportivas, el diálogo entre los principales interesados debería ser la norma. Y debo decirle también a este respecto que mi colega Anna Diamantopoulou, responsable de la libre circulación de los trabajadores, está desagradablemente sorprendida por la falta de diálogo entre los clubes y los jugadores, por ejemplo. Ha ofrecido sus buenos oficios para que este diálogo que se encuadra en las negociaciones colectivas europeas pueda tener lugar en el futuro. La transparencia debe llegar también al mundo del deporte.

Heaton-Harris
Comisaria, ha mencionado usted la evaluación constante que llevará usted a cabo durante los dos próximos años. Me pregunto si no hubiera sido más sensato haber llevado a cabo una evaluación de las consecuencias económicas para los clubes pequeños, antes de llegar a ese punto de sus propuestas. Muchos de los clubes más pequeños de mi región, que forman jugadores para los clubes del noroeste del Reino Unido, se sienten particularmente preocupados por lo que acabo de decir.
Hoy se ha hablado aquí mucho de fútbol, pero usted mencionó el deporte y éste es concretamente una esfera deportiva. En otros deportes hay también primas de transferencia y me gustaría saber en relación con qué otros deportes ha discutido usted esta cuestión.
Me parece muy interesante que los jugadores tengan ahora derechos diferentes según su edad y que 23 años sea una de las edades más importantes de ese punto de vista. Me agradaría saber si el Comisario Diamantopoulou piensa que esto sienta un precedente para otras normas legislativas europeas sobre el empleo.
Por último, Comisaria, ha hablado usted de cambios de las normas y cláusulas de la FIFA. El cálculo en que se basa el costo efectivo del entrenamiento lo indicó recientemente la FIFA en su espacio Web. La FIFA declara que sería imposible hacer el cálculo para cada jugador, y en consecuencia prefieren hacerlo por ligas y por tipos de club. Esa recomendación significa que cuanto más pequeño sea el club, más pequeña será la cantidad de dinero que el club reciba a título de indemnización por los gastos de entrenamiento. Las categorías son las siguientes: primera categoría, club de nivel máximo con un centro de entrenamiento de alta calidad; segunda categoría: un club de la misma categoría profesional pero de nivel inferior -por ejemplo, los clubes de segunda división en el Reino Unido; tercera categoría: todos los tipos de clubes de tercera división, como en el Reino Unido; cuarta categoría: jugadores aficionados -la Conferencia Vauxhall y otros futbolistas aficionados. ¿No estamos estableciendo otro tipo de discriminación en el fútbol, cosa que, para empezar, no era necesaria?.

Reding
. (FR) No quisiera inmiscuirme en asuntos internos de su país, Señoría. Creo que los organismos de fútbol de su país, que tienen su autonomía, porque esa autonomía ha sido plenamente reconocida, deben hacer su trabajo en casa. Y en opinión de la Comisión, ese trabajo debe realizarse con transparencia, con diálogo entre todos los interesados, clubes ricos, clubes menos ricos, jugadores importantes, jugadores jóvenes o medianos. Deseo vivamente que la transparencia y la democracia entren en juego.
Paso ahora a los gastos de formación. Para nosotros, está muy claro. No pueden ser prohibitivos, porque, en ese caso, obstaculizarían la libre circulación y entrarían en clara contradicción con la sentencia Bosman. Por tal razón, se les impondrán unos límites máximos. La segunda cuestión - lo he dicho ya en mi introducción -, para nosotros, la solidaridad es un elemento extremadamente importante. Por tanto, los gastos de formación y el Fondo de solidaridad deben funcionar en cascada, precisamente para proteger a los clubes pequeños. Lo he dicho muy claramente, y así se ha inscrito en la Declaración de Niza. En materia de deporte, tenemos una responsabilidad social, que se ejerce sobre todo en la base de la pirámide.
Creo que con este acuerdo hemos conseguido dos cosas, señora Presidenta. Hemos conseguido reforzar la base de la pirámide, sin cortarle la punta. Era un reto, no era fácil, pero esperamos que, en la práctica, porque ahora hay que ver cómo funciona en la práctica, se preservará también este bello logro.

Ribeiro e Castro
La Comisaria ha concluido su intervención inicial diciendo que este acuerdo revela que no será necesario modificar el Tratado para respetar la especificidad del deporte y del fútbol, es decir, que en el fondo también la Comisión reconoce la especificidad del deporte. Ahora bien, la pregunta que quisiera hacer es la siguiente: si es así, ¿cómo es que no propugnó la Comisión, antes de la Cumbre de Niza, que se incluyera claramente en el Tratado el principio de especificidad del deporte junto a la cultura, sino que dio señales de parecer oponerse a que así se hiciera? Es que las cosas no son iguales, porque puede quedar alguna inestabilidad y persiste la vulnerabilidad de una decisión del Tribunal de Justicia sobre algunos de esos aspectos regulados o de otros que están pendientes y, de hecho, las especificidades del deporte y, en particular, del fútbol no están salvaguardados, porque no se reconocieron claramente en los Tratados. A eso se debe la pregunta que le hago: ¿mantiene la Comisión su idea de que no es necesario ni útil incluir claramente en el Tratado el reconocimiento de la especificidad del deporte?

Reding
. (FR) Empecé a ocuparme de este expediente, como Comisaria europea encargada del deporte, en el verano de 1999. Desde ese momento, toda la política de la Comisión ha tenido en cuenta la especificidad del deporte. Por otra parte, ya en diciembre de 1999, en el momento de la Cumbre de Helsinki, se remitió a los Jefes de Estado y de Gobierno una declaración de la Comisión sobre la dimensión social del deporte. Desde entonces, nada ha cambiado, al contrario. Hemos hecho de la especificidad del deporte mucho más que una simple declaración: la hemos convertido en una aplicación. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de que, mañana, un futuro tratado incluirá un artículo sobre la especificidad del deporte.
No obstante, Señorías, ello no abolirá ni el derecho de la competencia, ni la libre circulación, ni ninguno de los derechos fundamentales consignados en el Tratado, porque los deportistas no están por encima del Tratado. Esto debe quedar bien claro. La inscripción de la especificidad del deporte me resultaría muy útil, a mí, Comisaria de deportes, porque podría - ¡al fin! - concebir un programa específico para el deporte, algo que no puedo hacer directamente ahora. Siempre debo pasar indirectamente por la educación, la salud, la cultura, es decir, todos los demás ámbitos que están consignados en el Tratado. Por consiguiente, la especificidad del deporte, sí, la hemos respetado siempre. Una excepción deportiva, deseada por algunos, en el sentido de que no se apliquen al deporte las normas del Tratado, se lo digo con toda claridad: ¡no!

Martens
Señora Presidenta, también yo estoy satisfecho de que las negociaciones hayan tenido como resultado un acuerdo, y creo que es positivo, en efecto, que se evalúe de nuevo dentro de dos años, si hemos fomentado verdaderamente lo que intentábamos fomentar. Estoy especialmente satisfecho con las indemnizaciones en concepto de formación, los códigos de conducta para los jugadores jóvenes y los mecanismos de solidaridad. Mi pregunta se refiere a este último punto. La Comisaria dice al respecto que espera que los clubes más pequeños se beneficien del mismo. Quisiera saber qué garantías se han introducido para que esos mecanismos de solidaridad también beneficien realmente a los clubes más pequeños y a los clubes de formación, y contribuya, en efecto, a la función social del deporte. Estoy pensando, por ejemplo, en la composición y en los criterios para otorgar dinero ¿Se ha pensado algo al respecto?

Reding
. (FR) Tenemos un compromiso claro y preciso en este sentido de la FIFA. Tenemos el compromiso de que se producirá una especie de efecto de cascada con repercusión hasta el club que se haya hecho cargo del jugador a partir de los 12 años, y tenemos el compromiso de que el 5% de los importes de los traspasos revertirán en este Fondo. Por supuesto, habrá que ver si las cosas funcionan en la práctica de acuerdo con los compromisos y, si surgen problemas, dejaremos oír nuestra voz claramente.
Permítame, señora Presidenta, que lleve el razonamiento un poco más allá, porque se trata de dos decisiones muy importantes: la solidaridad entre clubes más ricos y clubes menos ricos y la protección de los jóvenes a través del Código de conducta. Soy de la opinión, y pienso presentar una propuesta en este sentido a los ministros de Deportes bajo la Presidencia belga, de que medidas de esta índole podrían extenderse muy bien a otras disciplinas deportivas, porque la protección de los jóvenes no es una cuestión que afecte sólo al fútbol, sino a todos los deportes, igual que la solidaridad entre los clubes que juegan en primera división y los pequeños clubes que hacen el trabajo inicial. Todo esto nos servirá, por tanto, para presionar a otras instancias deportivas, de otras disciplinas deportivas, para que tomen iniciativas en el mismo sentido.

O'Toole
Señora Presidenta, para empezar me gustaría felicitar a los Comisarios Reding, Monti y Diamantopoulou. Hemos progresado mucho desde el pasado mes de agosto. Este trabajo conjunto ha sido muy valioso pues ha demostrado que podemos llegar a un acuerdo sobre el particular. Los principios que se han establecido, especialmente acerca de carácter específico de los deporte, son importantísimos.
Ahora bien, lo que me inquieta son las asociaciones de jugadores. Sé que la Comisaria puede decir que ésa es una cuestión que incumbe a las familias de los deportistas, pero a fin de cuentas tendremos que aclararla ya que, si las asociaciones de jugadores se niegan a dar su acuerdo o si los jugadores pasan a la acción, entonces es muy posible que el acuerdo se quede en agua de borrajas.
En primer lugar, ¿qué va a hacer la Sra. Reding para conseguir que las asociaciones de jugadores den su acuerdo? En segundo lugar, ¿hay algún problema particular que en opinión de la Sra. Reding podemos resolver por lo que se refiere a los jugadores?

Reding
. (FR) Como he explicado ya, nos gustaría que los clubes y los jugadores, que son los dos interlocutores sociales, se sentasen a una mesa y empezasen a negociar. La Sra. Dimantopoulou acaba de escribir a los clubes y a los jugadores para que se entable, por fin, este diálogo social.
En segundo lugar, los comisarios encargados del expediente han recibido regularmente a los representantes de los jugadores, porque hemos estimado que habría sido normal que la gran familia del fútbol se encontrase en una buena armonía. Por desgracia, en la práctica no siempre ha sido así. Por esta razón, a lo largo de la evolución de este expediente, hemos hablado con unos y con otros.
Quisiera decirle también que nuestro deseo permanente ha sido garantizar los derechos que los Tratados confieren a los trabajadores, aun cuando exista la especificidad del deporte, y que para el buen funcionamiento del deporte, un jugador profesional de fútbol no puede ser tratado del mismo modo que un trabajador siderúrgico. Todo el mundo lo entiende. Y por otro lado, ciertos elementos del acuerdo están claros: la protección de los jóvenes contempla específicamente a los jóvenes jugadores. Las sanciones deportivas se han limitado considerablemente con respecto a lo que se había pedido y previsto en un principio. Ello representa una ventaja para los deportistas. ¿Y a quién beneficia la estabilidad de los campeonatos y de los equipos? En primer lugar, al deporte, a los aficionados y a los espectadores después, pero también a los profesionales. En efecto, ¿qué ganarían jugando si se destruyese el deporte?
El tribunal de arbitraje: hemos insistido para que estuviera compuesto en un 50% por jugadores y en un 50% por representantes de los clubes. Considero que se trata de un progreso capital para los jugadores. Espero que la mano tendida por mi colega, Anna Diamantopoulou, sea estrechada, para que también en este campo pueda entablarse un auténtico diálogo social.

Prets
Señora Presidenta, yo también felicito a la Comisaria por su intervención personal en estas negociaciones. Tengo que plantear dos breves preguntas: ¿en qué período se va a elaborar el sistema para el cálculo de la indemnización por la formación o desarrollar el código de honor? Pues creo que es muy importante disponer también aquí de un programa fijo y de un marco temporal también fijo. La siguiente es el importe de la transferencia que sigue siendo ilimitado. Por ello, se plantea la pregunta de cómo debe funcionar el mecanismo de solidaridad para que llegue también realmente a los clubes más pequeños. Usted ha dicho que se distribuiría el 5% de la suma de la cláusula de rescisión. Pero la cuestión decisiva es la siguiente: ¿cómo se va a distribuir esta suma y va a llegar realmente a las capas más bajas de los clubes?

Reding
. (FR) Me pregunta cuándo se pondrá en práctica todo esto. Sepa que la FIFA celebrará su congreso mundial en Buenos Aires a principios de julio y que, con tal ocasión, intentará recoger en sus normas todos los grandes principios que hemos decidido juntos. Esos grandes principios deberán encontrar una traducción en la aplicación de las nuevas normas del fútbol mundial.
En lo que se refiere más concretamente a las compensaciones por traspaso: ya he respondido a una pregunta al respecto. No hemos sido consultados sobre ninguna queja relativa al importe de las compensaciones por traspaso. Tengo mi opinión sobre el asunto y supongo que usted también. Pero la autonomía de las federaciones debería permitir resolver este asunto con facilidad, mediante la fijación de unos mínimos y unos máximos, por ejemplo. Podría haber una norma según la cual sólo los clubes que no registren un déficit espectacular estén autorizados a efectuar traspasos a título oneroso, pero no corresponde a la Comisión resolverlo todo en todas partes. Las responsabilidades están bien definidas y las federaciones nacionales y europea tienen que asumir su parte de responsabilidad en el sistema.
Del mismo modo, repito, lo que acabamos de decidir no sustituye al Derecho nacional. Las normas del Derecho nacional, y en particular las normas del Derecho laboral, podrían adaptarse en los Estados miembros a la especificidad del deporte. Hemos observado un gran compromiso por parte de algunos Jefes de Estado y de Gobierno en favor del fútbol. Pues bien, si ese compromiso se materializa sobre el terreno, en los Estados miembros, se aplicará al fútbol y al deporte en general.

Mantovani
Señora Presidenta, señores Comisarios, he acogido con satisfacción la conclusión del acuerdo sobre el traspaso de futbolistas. Los términos del acuerdo parecen positivos. No cabe duda de que se trataba de una materia que debía regularse.
En particular, me satisface que la Comisión haya conseguido resaltar, en el ámbito de un acuerdo estrictamente económico y normativo, también los aspectos relacionados con la solidaridad con las pequeñas sociedades deportivas y valorado los esfuerzos que éstas dispensan a la formación de los jóvenes.
Quiero asimismo dar las gracias a la Comisaria, Sra. Reding, así como al Comisario Monti que precisamente esta mañana me han brindado la oportunidad de presentar, junto con la Federación de la Prensa Deportiva Italiana y la Coordinadora de los Hinchas, la idea de crear un comité europeo del deporte y, en su caso, de una agencia europea para el deporte, que se encarguen de promover una sana actividad deportiva y de hacer frente en el ámbito europeo a las diferentes temáticas relacionadas con la cultura, la educación, la libre circulación de personas, la no discriminación y la lucha contra la violencia, el racismo y el dopaje.
En definitiva, el camino elegido es el correcto, sin embargo, es necesario hacerlo con esa tenacidad que, sin duda, no le faltará a la Sra. Reding. Pues entonces, ¿cuál va ser la próxima etapa?

Reding
. (FR) Sí, señora Presidenta, su Señoría tiene toda la razón: no basta con resolver los problemas que nos plantea el Derecho comunitario, hay que ver más allá. El deporte es una actividad social de una importancia capital, la actividad cultural de toda una sociedad, y en este sentido, propongo que aprovechemos la ocasión que nos brindan los Juegos Olímpicos de Atenas, que regresan a la cuna del olimpismo, con todos sus ideales de competición equilibrada y juego limpio.
Voy a proponer, en una declaración sobre el deporte que someteré primero a la Comisión y después al Parlamento, que se declare el año 2004 Año Europeo del Deporte y que, con esta perspectiva, se prepare a los jóvenes en las escuelas en esta otra dimensión del deporte, que nada tiene que ver con el deporte "negocio total" , sino con el deporte del juego limpio, con los auténticos valores de nuestra sociedad. También podríamos, dentro del programa Juventud, por ejemplo, proponer a jóvenes voluntarios que colaboren durante los Juegos Olímpicos. Puedo decirles ya que he mantenido una entrevista con la presidenta del Comité organizador de "Atenas 2004" para que la antorcha, símbolo del olimpismo y símbolo de sus valores, pueda recorrer los países europeos antes de llegar a Atenas, para que, en torno a esta antorcha, en cada país europeo, se pueda hablar de los verdaderos valores del deporte y, quizás así, recuperarlos un poco en todas partes en la práctica.

Lynne
Señora Presidenta, me alegra que haya habido acuerdo. Es evidente que ahora todos van a leer cuidadosamente la "letra pequeña" y, aunque estábamos muy alegres cuando por fin llegamos a un acuerdo, me parece que muchos van a estimar que va a ser bastante difícil determinar si el acuerdo va a ser beneficioso para algunos de los clubes más pequeños -en particular los clubes de academias-, tanto como nos hubiera gustado que lo fuera. Sé que ya se ha mencionado esta cuestión, pero Stoke City, en mi circunscripción, tiene un club de academia tan bueno como el Manchester United y lo que temo es que reciba menos dinero porque no juega en la primera liga.
Me gustaría que la Comisaria nos dijera si va a estudiar de nuevo el texto para ver si todos los clubes pueden recibir el mismo trato. Sé que la FIFA lo ha recomendado. Tengo entendido que un jugador húngaro cuya transferencia ha quedado momentáneamente en suspenso quizá recurra a los tribunales. ¿Qué sucederá si su demanda tiene éxito? ¿Tendremos que empezar de nuevo desde el principio?

Reding
. (FR) Señora Presidenta, el acuerdo celebrado no prejuzga en nada las acciones pendientes ante el Tribunal de Justicia. Es evidente que ni la Comisión, ni su Parlamento podrían interferir nunca en el trabajo de los jueces. Afortunadamente, la democracia se asienta en la separación de poderes. Corresponde, pues, a los jueces del Tribunal de Luxemburgo decidir en qué sentido van a orientarse.
No obstante, quisiera destacar que el año pasado los jueces decidieron en dos asuntos extremadamente importantes para el deporte. Las sentencias dictadas demuestran que el Tribunal de Luxemburgo ha tenido en cuenta la independencia de las federaciones y la dimensión social del deporte. Se trata de la sentencia Lehtonen y de la sentencia de Lieja. En cuanto a la sentencia Balog, hay que encomendarse al fallo del Tribunal.
Con respecto al temor un tanto generalizado de que la transferencia de dinero de los clubes más ricos a los clubes menos ricos no funcione correctamente, no puedo, por desgracia, decirles nada más. El sistema se ha querido, sus mecanismos han sido decididos y su aplicación nos demostrará si funciona o no.
Espero también, señora Presidente, que los diputados interesados en este expediente informen a la Comisión cuando observen, en su circunscripción, que las cosas no van como deberían de conformidad con el acuerdo celebrado entre la Comisión y la FIFA. Creo que deberíamos colaborar más en este sentido, porque lo que deseamos todas y todos es proteger efectivamente la dimensión social del deporte, proteger a los clubes pequeños y proteger a los jóvenes. ¡Controlemos, pues, juntos cómo marchan las cosas sobre el terreno!

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, éste ha sido un proceso bastante largo y difícil que, además, no ha terminado aún. Podemos considerar que esto, por su parte, puede sentar precedente, en cuyo caso se plantea naturalmente la cuestión de cómo tratar en el futuro al resto de los deportes de pelota en equipo y a los deportes individuales y de qué manera deberán, posiblemente, modificarse sus normas, habida cuenta que cada especialidad deportiva es diferente de las demás y también lo son los límites de edad y los requisitos de preparación. ¿Podemos considerar esta solución como precedente para esas otras especialidades? También quisiera preguntar sobre la valoración de la formación deportiva y los criterios para calcular el valor de la misma en dinero: ¿cómo se define el trabajo del voluntariado y qué valor pecuniario puede atribuírsele? Y en tercer lugar, ¿podrán seguir aplicándose sus propias normas a los deportes puramente nacionales, aquéllos que únicamente se juegan o practican en un solo Estado miembro, o habrá que esperar a la formalización de este precedente?

Reding
La Sra. Matikainen sabe mucho de deporte, porque lo ha practicado a muy alto nivel, y tiene toda la razón al decir que esto puede sentar un precedente. Por otra parte, deseo que así sea. Por esa razón, durante el Foro europeo del deporte - del que se celebrará la décima edición, al que se dará toda la envergadura necesaria, al que se invitará también a los diputados y en el que estarán representadas todas las disciplinas deportivas -, pediré seguramente la participación de otras disciplinas deportivas.
El trabajo voluntario: es cierto, no se habla lo suficiente de él. Se habla de sumas enormes por traspasos, pero no se habla de los cientos de miles de personas que emplean su vida privada, su tiempo libre, para comprometerse en favor de los jóvenes y sus clubes deportivos. He aquí la dimensión social del deporte. ¿Cómo podría existir el deporte europeo sin esas personas? Tiene toda la razón, señora Matikainen. Creo que, cuando hablemos de la información de los jóvenes en las escuelas y en los clubes, hablaremos también del voluntariado, porque son actividades indisociables de la dimensión social del deporte en Europa.
En cuanto a los cálculos, señora Matikainen, las federaciones deportivas deberán ponerse de acuerdo en unas sumas realistas. Nunca podrá evaluarse el trabajo voluntario, porque si se pagase, el deporte sería imposible en los pueblos, en las ciudades pequeñas, y sólo quedaría el deporte profesional. Y eso no es lo que queremos. Por tanto, en mi nombre, y creo que en nombre de todo el mundo, muchísimas gracias a todos los voluntarios.

La Presidenta
Gracias, señora Reding.
El debate queda cerrado.
Quisiera dar las gracias a todos los diputados que han intervenido, así como a la Comisaria, por sus respuestas tan sustanciosas como convencidas.

Obtención de pruebas en materia civil y mercantil
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0073/2001) del Sr. Marinho, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil y mercantil (11808/2000 - 5-0519/2000 - 2000/0823(CNS)).

Marinho
Señora Presidenta, no fue casualidad que la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobara, con un solo voto en contra, este informe sobre la iniciativa alemana relativa a la aprobación de un reglamento comunitario que promueve la cooperación entre los tribunales de los Estados miembros a fin de facilitar las diligencias de obtención de pruebas en las esferas civil y comercial. No lo hace porque tenga prejuicios contra el expediente de las iniciativas gubernamentales o estatales en el ámbito de la creación de un espacio judicial común, como cualquier interpretación menos atenta podría hacer creer a partir de lo sucedido esta mañana. Al contrario, me inclino a creer que, fuera de las esferas de la inmigración y del asilo -al fin y al cabo, fuera del marco de la libre circulación de personas- iniciativas como ésta son, naturalmente, dignas de beneplácito.
Lo que no pueden hacer -y eso es lo que preocupa al Parlamento- es substituir las incongruencias de los Estados miembros que provocan el atolladero legislativo, sacudiéndose cada cual el "agua del abrigo" con iniciativas parciales a su gusto y a su modo, dejando fuera una verdadera visión de conjunto comunitaria, una responsabilidad común y un cuerpo legislativo serio y coherente, como va demostrando la Comisión que es posible hacer -y pongo la vista en el Comisario António Vitorino- en una de las esferas más delicadas, la relativa al modelo de convivencia europeo y a sus correspondientes libertades fundamentales, en este caso la de las personas.
Ahora bien, en lo relativo, muy en particular, a este informe, en el que el funcionamiento del Mercado Interior entraña la profundización del espacio social europeo, todo lo que parece, incluso en los Estados miembros, encaminado a eliminar y reducir conflictos y litigios de raíz transfronteriza es, naturalmente, digno de beneplácito, como demostrará -creo yo- la votación de mañana.
¿De qué se trata, en definitiva, en esta iniciativa alemana? De conceder a un tribunal de cualquier Estado miembro la facultad de requerir, durante una acción relativa a ciertos hechos civiles y comerciales que se produjeron en otro país comunitario, que el tribunal de ese país diligencie la obtención de pruebas indispensables para el procedimiento de la acción principal en el tribunal del país requiriente. Hasta ahora, la cooperación internacional en materia de presentación de pruebas estaba regulada por el Convenio de La Haya, de 1970, que, en la medida en que, que yo sepa, sólo ha sido ratificado por once Estados miembros, tiene un alcance limitado para los países europeos.
Así, sin un instrumento jurídico que abarque los quince Estados de la Unión y los que los seguirán, no todos los ciudadanos que recurren a los tribunales gozan de las mismas facilidades ante la ley, pues éstas dependen de que su país y el país requerido hayan ratificado o no el Convenio. Con este nuevo reglamento, todos los tribunales pasarán a depender de la misma ley y, naturalmente, los ciudadanos a estar protegidos de igual forma, dado que en este instrumento comunitario se da preferencia al contacto directo entre tribunales de diferentes nacionalidades. Fundamentalmente, se acaban eliminando obstáculos a la existencia de un espacio judicial europeo, ya sea instituyendo un formulario tipo europeo que deban utilizar los tribunales de los Estados requirientes en la lengua de los tribunales requeridos a fin de facilitar la comunicación entre ambos, creando un organismo central en cada país que reciba y distribuya las solicitudes de presentación de pruebas por parte de un tribunal nacional de otro Estado o estableciendo el principio de que toda solicitud reciba respuesta, al obligar los tribunales europeos requeridos a presentar pruebas deberá hacerlo en el plazo de seis meses y, si, una vez que haya expirado, no lo han hecho, deberán dar explicaciones al tribunal requiriente.
En las enmiendas que he hecho a esta propuesta de la República Alemana he introducido, entre otras, la obligación de que los organismos centrales elaboren guías de legislación sobre lenguas oficiales reconocidas para cada tribunal en cada uno de los Estados miembros, así como la de que divulguen gabinetes de traducción jurídica acreditados.
Por último, ante este marco innovador que facilita mucho la celeridad del funcionamiento de los tribunales en todos los Estados miembros -y me parece que ésta es también una de las preocupaciones fundamentales de la iniciativa alemana-, propuse que sólo excepcionalmente el contacto directo entre tribunales previsto en el reglamento fuera preterido en favor de las tradicionales diligencias consulares que, a mi juicio, son, naturalmente, lentas, burocráticas, un poco distantes de la acción y muy responsables de los retrasos en la justicia en estos asuntos cuando hay conflictos o acciones de carácter transfronterizo.
Algunos de los diputados de otros Grupos que votaron contra esta enmienda, cuyo alcance, a mi juicio, es meramente representativo de determinada concepción de Europa que profeso -comunidad de derecho propio, de derecho comunitario, más que mera comunidad diplomática o de derecho internacional-, no entendieron bien este aspecto. Por eso, vuelvo a incluir esta enmienda con la esperanza de que la mayoría de mis colegas entiendan, de hecho, este pormenor, que no lo es tanto.

Wuermeling
Señor Presidente, señor Vitorino, señor Marinho, me alegra mucho que recibamos hoy este informe. Les expreso mi encarecido agradecimiento por los preparativos de una materia que a primera vista parece muy técnica pero que -lo acaba de subrayar usted con razón- es una aportación muy sustancial a una Europa de los ciudadanos, pues las operaciones económicas transfronterizas están aumentando. Tenemos un mercado interior y tenemos una moneda común europea de la que pronto dispondremos también en forma de monedas y de billetes. Mediante el tráfico comercial electrónico se va a producir un crecimiento exponencial de contratos transfronterizos y, lamentablemente, ocurre que en los contratos surgen a veces dificultades y litigios jurídicos.
El núcleo de un litigio jurídico es casi siempre la práctica de las pruebas pues las cuestiones jurídicas se aclaran con frecuencia pronto, pero cuando se trata de los hechos ocurre que se producen también con frecuencia diferentes interpretaciones. Si hay que aclarar un hecho que tiene lugar en otro Estado miembro, la situación actual es sencillamente que la ayuda jurídica es anacrónica y se realiza a través de vías diplomáticas según el Convenio de La Haya, por lo que es muy complicado, tarda mucho tiempo y además no es fiable. Con frecuencia un proceso se paraliza porque no se puede aclarar un hecho, porque no se dispone sencillamente de los medios de la ayuda jurídica. Por ello, es tan importante que la República Federal de Alemania haya presentado esta propuesta que nuestro Grupo político apoya expresamente pues esta iniciativa aporta más seguridad, un derecho más rápido y, a la postre, más justicia para el ciudadano en la Unión Europea.
Este acto jurídico es también una aportación para frenar una tendencia que veo cada vez más escépticamente. Me refiero a la tendencia a recurrir a procedimientos extrajudiciales para superar los litigios, es decir, no ir a los Tribunales sino buscarse árbitros neutrales o someterse a cualesquiera instancias de arbitraje. Esta es una evolución que se opone en realidad a la idea del Estado de derecho. Se trata de una evolución -lo digo precisamente ante esta Asamblea- que se opone también a la democracia parlamentaria pues en realidad nuestro sistema consiste en que los Parlamentos aprueben las leyes y que jueces independientes las apliquen. Todo lo que se aparte de estos procesos no corresponde en realidad a la idea originaria del estado de derecho que todos tenemos presente.
Si facilitamos el tráfico jurídico transfronterizo, entonces facilitaremos también para las empresas y los ciudadanos la posibilidad de permanecer en estos sistemas garantizados por el Estado. El mercado interior necesita un ordenamiento jurídico eficiente pues, de lo contrario, todos nuestros esfuerzos por crear competencia y un bienestar creciente en la Unión Europea penderán de un hilo.
Para finalizar, quiero reconocerles que tengo una sensación algo extraña cuando nos ocupamos permanentemente de propuestas de los Estados miembros. Lo puedo decir con especial convencimiento pues se trata de una iniciativa del Estado miembro del que provengo. Me parece penoso que como Parlamento Europeo no estemos en situación de presentar tales iniciativas. Este informe debería ser un motivo para nosotros para recapacitar de nuevo sobre si el Parlamento Europeo no debería disponer de un derecho de iniciativa precisamente en este campo tan sensible para los ciudadanos.

Crowley
Señor Presidente, también yo quisiera dar gracias al ponente por el trabajo que ha dedicado a este informe.
El reglamento del que nos estamos ocupando se aplica exclusivamente a cuestiones civiles y mercantiles, cuando un tribunal de un Estado miembro puede pedir la actuación judicial de otro tribunal competente de otro Estado miembro de la Unión Europea. El reglamento dispone la determinación de autoridades centrales que no son responsables de la transmisión de los documentos pero que responderán a las demandas de suministro de información provenientes de los organismos interesados. Hemos de recordar que los Tratados de la Unión Europea incorporaban ya la cooperación judicial en cuestiones civiles en 1993. Ésta es una cuestión que, sin duda alguna, es de interés común para los Estados miembros y, en realidad, complementa al mercado interno. El establecimiento de una zona de libertad, justicia y seguridad confiere a los miembros de la judicatura un papel esencial que desempeñar para el buen funcionamiento de la Unión.
Esta cuestión quedará aún más en relieve el año que viene, cuando se introduzca y utilice la moneda única. Estoy totalmente de acuerdo en que haya cooperación en asuntos judiciales dentro de la Unión Europea, pero no soy partidario de que se establezca un fiscal público europeo. No soy partidario de que se establezca semejante órgano porque estimo que los derechos de nuestros ciudadanos deben quedar totalmente protegidos. En Gran Bretaña y en Irlanda tenemos regímenes jurídicos diferentes -el antiguo sistema de la common law- al que pertenecen la mayoría de los demás Estados miembros. El problema para un fiscal público europeo es, sencillamente el de determinar la base jurídica para poder actuar. ¿Observa uno la norma de que una persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad -que existe en el sistema de la common law- o aplica uno otra base jurídica que exista en otros Estados miembros de la Unión? Me parece que el problema de esta cuadratura del círculo no se puede resolver.
La cooperación en asuntos judiciales es importante porque complementa la labor del mercado interno y de la moneda única, como ya se ha indicado. Europol es un órgano eficaz y hay que apoyarlo para conseguir que delitos como la trata de seres humanos, el ciberdelito, etc., se puedan enjuiciar dentro de los territorios de la Unión Europea. Sin embargo, me parece que el establecimiento de la oficina del fiscal público es un paso exagerado. Me parece que es algo poco viable y que sería una decisión mal acogida que no obtendría el apoyo de los ciudadanos de la Unión Europea.
Ahora bien, soy partidario del reglamento que tenemos hoy ante nosotros. Tengo la convicción de que la aplicación de este reglamente relativo al servicio de documentos judiciales y extrajudiciales en asuntos civiles y comerciales mejorará sin duda alguna y acelerará los trámites transfronterizos.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la cooperación en materia de obtención de los medios de prueba constituye uno de los ejemplos concretos de la cooperación judicial en materia civil establecida en el artículo 65 del Tratado de las Comunidades Europeas.
Tras la inclusión de esa referencia expresa en el Tratado, el Consejo incluyó esa cuestión en el plan de acción de Viena, en las conclusiones del Consejo de Tampere, recogidas posteriormente en el scoreboard de la Comisión para la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia. Como ha dicho el ponente, a quien quisiera felicitar por su excelente informe, en el pasado ya se había abordado esta cuestión, en la Convención de La Haya de 1970 sobre la obtención en el extranjero de pruebas en materia civil y comercial, que hasta ahora sólo han ratificado once Estados miembros de la Unión Europea.
El aumento de la movilidad de las personas en ese espacio común de la Unión Europea constituyó uno de los factores que contribuye decisivamente a un aumento del número de procesos con repercusiones transfronterizas. En la esfera de la obtención de pruebas, los procesos judiciales correspondientes a la jurisdicción de un Estado miembro entrañan cada vez más, por ejemplo, la audición de testigos residentes en otro Estado miembro. Por eso, resulta necesario adoptar normas claras y eficaces en materia de cooperación entre los tribunales de los Estados miembros en el sentido de facilitar la obtención de pruebas en esas situaciones así descritas. Dichas normas representarán, sin duda, un avance importante en la labor en curso para mejorar el acceso a la justicia de los particulares y las empresas, así como en la persecución del objetivo general de creación de un espacio europeo en materia civil.
Por tanto, este reglamento añade valor a la ciudadanía europea, la protección y la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos, además de tener un valor económico no despreciable, en la medida en que, al permitir y facilitar la obtención de medios de prueba, viabiliza una administración de justicia más rápida y eficaz y sobre todo más conforme con las nuevas necesidades de la realidad económica, del Mercado Interior, de la moneda única y de la democracia electrónica.
Entre estas consideraciones, la Comisión se congratula de la propuesta alemana de un reglamento sobre esta materia. Por lo demás, la Comisión no tiene prejuicio alguno contra las iniciativas de los Estados miembros, sobre todo cuando se ajustan a las prioridades fijadas por el Consejo Europeo de Tampere. La propuesta alemana nos brinda también la oportunidad de avanzar y modernizar las normas de la Convención de La Haya de 1970 con el valor mayor resultante de la aprobación de un instrumento comunitario aplicable uniforme y directamente en el orden jurídico de cada uno de los quince Estados miembros.
Se trata de una primera fase que tiene como objetivo fundamental el de crear mecanismos para reforzar la confianza mutua entre los sistemas jurídicos y los sistemas judiciales de los quince Estados miembros. Una vez hecho el balance de la aplicación del reglamento, esta primera fase deberá dejar margen para objetivos más ambiciosos, en particular los que se plasmarían en la posibilidad de que el tribunal requiriente requiera un procedimiento especial para utilizarlo en la ejecución de un acto judicial por el tribunal requerido, así como la posibilidad de que el tribunal requiriente participe en la ejecución del acto judicial por parte del tribunal requerido.
Por eso, nos complace el apoyo prestado por el ponente a esta iniciativa. Y la Comisión comparte las consideraciones generales que ha formulado, así como el tenor de las enmiendas que ha propuesto. Y puedo asegurar que, por nuestra parte, seguiremos atentamente los debates sobre la propuesta en el comité pertinente del Consejo a fin de encontrar un texto que corresponda exactamente a las preocupaciones que el Parlamento expresa en el informe Marinho.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Lucha contra el fraude (1999)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0078/2001) del Sr. Bösch, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe anual 1999 de la Comisión Europea sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude (COM(2000) 718 - C5-0066/2001 - 2001/2036(COS)).

Bösch
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, 1999 ha sido en lo referente a la lucha contra el fraude un año en el que se ha dado un gran salto hacia delante. Tras la dimisión de la antigua Comisión, en sólo unas pocas semanas se ha logrado llegar a un acuerdo sobre los textos jurídicos para la creación de una nueva Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento, el Consejo y la Comisión han tenido y podido demostrar que la Unión es capaz de actuar en la lucha contra el fraude, la corrupción y la mala gestión económica. Sin embargo, la plena aplicación de lo acordado entretanto hace más de dos años se revela como algo mucho más difícil de lo que se suponía. En el primer informe anual del comité de supervisión de la OLAF se han desatado por ello con plena razón las alarmas.
El nuevo director, el Sr. Brüner, lleva al frente de su cargo más de un año pero hasta ahora no ha logrado formar un nuevo equipo de dirección para esta institución sobre todo porque la Comisión le ha forzado a mantener una guerra de trincheras sobre los procedimientos según los cuales se debe contratar al nuevo personal dirigente. En la sala pende naturalmente también la cuestión de la independencia de esta oficina y de su director. La actitud de la Comisión es contradictoria en este punto. Cuando se trata de la contratación de nuevo personal dirigente la Comisión desea comprobar exactamente cada paso y codecidir. Pero cuando se trata de despedir a personal que no cumple con el nuevo perfil que exige esta oficina, entonces la Comisión se comporta como si no tuviese que ver nada con ello. Y eso que se trataba de la Comisión que transfirió sencillamente en bloque la totalidad del personal de la anterior "task force" UCLAF a la OLAF creando de este modo la mayor parte de los problemas de los que ahora tiene que ocuparse el director de la OLAF.
Señora Schreyer, esta transferencia se realizó a pesar de las advertencias expresas planteadas por esta Asamblea. El Parlamento ha tirado en consecuencia del freno de mano y ha colocado en la reserva los puestos adicionales previstos para el ejercicio en curso. Está ahora en las manos y es responsabilidad de la Comisión eliminar las barreras descritas. Sólo bajo esta condición tiene sentido levantar la actual reserva.
Señora Schreyer, usted misma y la Comisión en general han llegado al convencimiento de que la lucha contra el fraude sin una fiscalía europea es algo a medias. Al descubrimiento de fraudes y de otros delitos contra los intereses de la Unión tiene que seguir también su castigo. Nos meteremos en grandes apuros si en uno o dos años se revela que una oficina en la lucha contra el fraude, que espero trabaje muy efectivamente, descubre muchos más fraudes e irregularidades que hasta ahora pero hay dificultades en el castigo de los responsables.
Sintomáticamente, el informe anual de la Comisión contiene muchas estadísticas pero ninguna cifra sobre los que han sido condenados en firme por haber cometido fraudes. Estoy seguro de que si se hubiesen indicado estas cifras habrían sido muy penosas. Pero un castigo no puede funcionar sin alguien que realice una acusación y que defienda los intereses de los contribuyentes europeos. Esto es aplicable muy en primer lugar a las mismas instituciones de la Unión. Solamente serán creíbles si se demuestra de modo palpable que la tan cacareada política de tolerancia cero no es una palabra hueca sino que se aplica realmente. Para ello hace falta un fiscal. Debo indicar que lo que aquí exige por enésima vez el Parlamento Europeo es un fiscal con competencias exclusivas para las instituciones de la Unión. Esta es una propuesta que ya realizaron en septiembre de 1999 los cinco expertos independientes en su segundo informe sobre la reforma de la Comisión. También el comité de supervisión de la OLAF se ha pronunciado desde entonces en varias ocasiones con total claridad y de modo unívoco a favor de un fiscal -llamémosle así- interno.
Para que no surjan malentendidos: un fiscal de este tipo no podría, en la situación jurídica actual, actuar él mismo como demandante ante los tribunales nacionales sino que tendría una función de apoyo y de asesoramiento para las fiscalías nacionales competentes. Al mismo tiempo, tendría la tarea de supervisar las investigaciones internas de la OLAF dentro de las instituciones y sería de este modo el interlocutor del director de la OLAF. Actualmente, el director de la OLAF tiene que llegar a un acuerdo con los secretarios generales de las instituciones si la OLAF quiere realizar investigaciones internas por lo que se le achaca con facilidad que no puede actuar realmente de modo independiente. Con una fiscalía para procedimientos internos se solucionaría en gran medida este problema.
No existe un automatismo en la ampliación de las competencias de un fiscal de este tipo más allá de las instituciones de la Unión. Para ello sería necesaria una modificación de los Tratados y esto fracasó en Niza ante la resistencia de algunos Estados miembros. Pero precisamente ahora, la Comisión no debe ni puede cejar en sus empeños. Ahora tiene que mostrar que se toma realmente en serio la lucha contra el fraude y sobre la base del actual artículo 280 someter a prueba con imaginación y valor político los límites de lo factible. Una cosa debe estar clara: los documentos de debate, los Libros blancos y verdes no son suficientes. De estos los hay a montones. Lo que ahora es necesario es una propuesta concreta de reglamento que se debería aprobar en el procedimiento de codecisión entre el Consejo y el Parlamento. En otras palabras, la Comisión debe hacer uso de su derecho de iniciativa. Lo que necesitamos de nuevo es un gran salto hacia delante.

Stauner
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, un año y medio después de la toma de posesión de la Comisión Prodi, sus anuncios a bombo y platillo de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción, acompañados de promesas del antiguo y nuevo Comisario Kinnock de hacer de esta Comisión la mejor administración del mundo, siguen sonado muy bien en nuestros oídos. Lamentablemente, al cabo de un año y medio de Comisión Prodi los deseos y la realidad siguen estando terriblemente alejadas entre si. Ante la deficiente actuación en los llamados casos antiguos y el no impedimento de nuevos casos de fraude, solamente se puede preguntar a esta Comisión porqué no aprovecha la oportunidad para un nuevo inicio real.
Por desgracia, hasta ahora no se puede notar ningún viento fresco si se hace caso omiso del viento producido por las toneladas de papeles de reforma del Comisario Kinnock, reformas que amenazan ya fracasar ante la resistencia interna de los empleados. No se atacan los problemas reales en la lucha contra el fraude y la corrupción, como la ya más que necesaria reforma del procedimiento disciplinario. Todas las sugerencias realizadas al respecto por el Parlamento las ha ignorado la Comisión arrogantemente. Exactamente igual se comporta con las exigencias del Parlamento para que se cree una fiscalía europea y la garantía de independencia de la Oficina de Lucha contra el Fraude, la OLAF.
La estrategia de la Comisión en la lucha contra el fraude no debería ser ocultar, encubrir o disfrazar. Un ejemplo sobre cómo no debe hacerse es el caso Fléchard que data de comienzos de los años noventa. Debido a la arbitraria e ilegal decisión adoptada por el gabinete Delors en enero de 1994 se crearon las condiciones para que esta empresa desempeñase un papel determinante en el nuevo escándalo de fraude con mantequilla adulterada en los años 1995 hasta el 2000. No se ha aclarado, ni es previsible que se haga, su alcance y consecuencias tanto en el aspecto financiero como en lo relativo al peligro para la salud de amplias capas de la población. El trato que se dé a este caso es, en mi opinión, el gran examen que deberá superar la Comisión en el camino hacia una mejora de la situación. Pues en este caso, por primera vez no se trata sólo de considerables pérdidas financieras que ha sufrido la Comunidad debido al fraude sino además de un peligro para la salud de los ciudadanos en Europa y en terceros países. Por ello, es necesario más que nunca una actuación rápida y consecuente.
La Comisión no puede escudarse, como ocurre con frecuencia, detrás de la protección de intereses económicos sino que debe realizar una ponderación entre estos intereses económicos y la protección de la salud de la población.
El control presupuestario se incluye aquí en el Parlamento Europeo, al igual que en todos los Estados democráticos, entre los primeros derechos y obligaciones de los diputados. Por ello, la Comisión no debería impedir dicho control mediante argucias. Quien no tiene nada que ocultar no debe temer un control. Si la Comisión, de motu propio, retiene documentos clasificados como confidenciales o se los entrega a unos diputados y a otros no, se trata de una violación clara de principios fundamentales del Estado de derecho, como el de la igualdad de trato o de la prohibición de discriminación.
El acuerdo marco del 5 de julio del 2000, que fue elaborado muy a la ligera y que legitima aparentemente a la Comisión para proceder de este modo, debe medirse con estos principios fundamentales y finalmente suprimirse.
Quiero felicitar expresamente el colega Bösch por el informe y espero que prosiga esta fructífera cooperación por encima de las fronteras entre los partidos en estos temas tan importantes.

Casaca
Señor Presidente, señora Comisaria, el informe anual de la OLAF correspondiente a 1999 está, naturalmente, marcado en gran medida por el desmontaje de la organización delictiva para la falsificación de mantequilla y defraudación de fondos públicos con su centro en Nápoles y ramificaciones en el centro de Europa.
Además de felicitar al ponente por su excelente informe, me parece plenamente justificada una felicitación especial no sólo a la OLAF, sino también a las organizaciones judiciales italianas y francesas cuya labor conjunta permitió desmantelar esa red de delincuencia organizada. Según las últimas informaciones disponibles, el plan de adulteración de mantequilla montado por algunas familias de la Camorra napolitana habrá producido 130.000 toneladas de mantequilla total o parcialmente falsa, lo que situará este caso -supongo- como el de mayor fraude jamás cometido contra Europa en el ámbito de la Política Agraria Común.
La primera pregunta que conviene hacer aquí es cómo es posible que una política que ha de servir a las comunidades rurales y a los agricultores acabe sistemáticamente financiando grandes complejos agroindustriales y que éstos con frecuencia se muestren tan poco escrupulosos a la hora de respetar el presupuesto comunitario, a los consumidores y a los agricultores en nombre de los cuales son financiados. La segunda pregunta que conviene hacer es la de cómo es posible que no se haya descubierto un fraude de esa dimensiones, minuciosamente planeado y puesto en práctica durante tres años y que entrañó sumas astronómicas de subvenciones comunitarias, que la Comisión no haya podido descubrir lo que quiera que fuere. Después de las insistentes revelaciones de fraude en la utilización de leche en polvo subvencionada para alimentación de terneros, falsas exportaciones de mantequilla y productos lácteos, tenemos ahora este megaescándalo sin que la Comisión parezca dispuesta a revisar profundamente todo su sistema de intervención de los productos lácteos.
El carácter paneuropeo de este fraude, en el que participaron grandes empresas de productos lácteos en países como Bélgica, Francia, Italia y Alemania, hace que resulte inaceptable la permanente remisión a los Estados miembros de las políticas necesarias para luchar contra la falsificación alimentaria. Y vuelve más urgente la adopción de medidas directas por la Comisión para luchar contra la adulteración de productos como el aceite, el vino y los lácteos. La Comisión se ha negado a divulgar los nombres, a colocar bajo vigilancia especial o a adoptar medidas preventivas contra las innumerables empresas de productos lácteos afectadas con el argumento del secreto judicial y la presunción de inocencia.
Con todo, no puedo dejar de observar que la discreción de la Comisión en este caso contrasta absolutamente con la forma como ha tratado a la viuda de un consejero de una ex Comisaria, a quien se exige ahora la devolución de 18 meses de salario del fallecido cónyuge. Si hay empresas de productos lácteos incapaces de distinguir millares de toneladas de mezclas hechas con residuos de animales, aceites y productos químicos de la mantequilla verdadera, ¿cómo pueden los consumidores confiar en su competencia para garantizar la calidad de sus productos? También se trata de saber si la Comisión nos considera a todos en pie de igualdad o si, cuando se trata de grandes empresas y grandes intereses, hay unos que son claramente más iguales que otros.

Mulder
Señor Presidente, quisiera empezar haciendo un cumplido al Sr. Bösch: mi Grupo tiene la impresión de que este informe está en buenas manos. Eso no significa que no hayamos presentado algunas enmiendas a su informe. Partimos de que este Parlamento no es un tribunal, que no tiene que emitir un fallo sobre determinados asuntos. Debemos esperar primero a ver qué figura en el informe y evaluar a continuación si la Comisión ha realizado bien su tarea. De ahí que en este momento no tengamos ningún juicio sobre el fraude de la mantequilla, un asunto que, en efecto, previsiblemente es muy amplio, al igual que el fraude del lino en España y eventualmente en otros países, sobre la mantequilla neozelandesa y sobre Estocolmo. Estamos a la espera de todos los informes y analizaremos cómo ha actuado la Comisión en todas estas situaciones, entonces emitiremos un juicio.
Respaldamos las observaciones del Sr. Bösch en relación con el papel de la OLAF. El director debe utilizar sus derechos y, en lo que a nosotros respecta, será respaldado por el Parlamento. La independencia es un gran bien. Así mismo, apoyamos las observaciones relativas a un fiscal público europeo, aunque debo admitir que una minoría de mi Grupo opina otra cosa. Consideramos que es necesario que la Comisión presente cuanto antes propuestas para la protección de los intereses financieros, y hemos recogido en una enmienda el 1 de junio de 2001 como fecha límite. Desde luego, es necesario que la Comisión, los Estados miembros y los tribunales de cuentas europeo y nacionales colaboren más estrechamente. Tal vez sea bueno - y también hemos presentado una enmienda al respecto - que la Comisión defina primero con precisión qué se considera fraude y qué, irregularidad. Esa separación debe eliminarse. Podemos respaldar las últimas enmiendas del Sr. Bösch sobre Suiza. Este país es clave en Europa en el ámbito de la lucha contra el fraude, y esto lo deberemos tener muy en cuenta. Lástima que el pueblo suizo sienta tan poco entusiasmo por Europa, hecho que tampoco podemos perder de vista.
Una última cuestión: no consideramos que el Parlamento deba tener un acceso ilimitado a todos los documentos de la OLAF. La naturaleza del trabajo de la OLAF justifica que determinadas cosas deban seguir siendo confidenciales e, incluso tal vez, secretas.

Staes
Señor Presidente, Señorías, señora Comisaria, primero y ante todo, felicito, por supuesto, al colega Bösch por su impecable y meticuloso informe ¿Cuáles son los puntos sensibles?
En primer lugar, la necesaria independencia de la OLAF. En efecto, eso significa que el director de la OLAF tiene autonomía plena y poderes amplios para iniciar investigaciones en todas las instituciones europeas. Eso implica también que la Comisión se abstiene de toda injerencia en los nombramientos ¿Puede decirme la Comisaria Schreyer cuál es la reacción de la Comisión ante los párrafos 3 a 6?
Segunda cuestión sensible: el fiscal público europeo. Sabemos que para ello es necesaria una modificación de los tratados. Un intento que fracasó en Niza, a pesar de la iniciativa emprendida, entre otros, por la Comisión. Debemos continuar, por tanto, presionando a los Estados miembros. Lo que ahora pedimos va en realidad menos lejos. Queremos que se introduzca un anexo al reglamento de la OLAF, conforme al artículo 82, que haga posible el nombramiento de un fiscal público, con competencias que se limiten a hechos punibles cometidos por los miembros y el personal de la Unión Europea en relación con el presupuesto. Comisaria Schreyer, ¿qué opina al respecto?
Tercera cuestión sensible: la colaboración entre los Estados miembros. El asunto del tabaco en Nueva York contra Reynolds y Philip Morris constituye, en efecto, un buen ejemplo de la exactitud con que actúa la Comisión Europea contra los gigantes del tabaco. Estoy especialmente satisfecho de que muchos Estados miembros, entre ellos el mío, se hayan sumado a esa acción. Así puede acabarse por fin con la asociación de los gigantes del tabaco a las prácticas mafiosas que cuestan muchos miles de millones de euros a la Unión cada año.
Cuarta cuestión: la transparencia de la información. Soy uno de los que rechazó el acuerdo marco entre la Comisión y el Parlamento. No hace falta que me extienda sobre ello, y me sumo plenamente a las condiciones del colega Bösch.
Por último, lamento que el nacionalismo y el chovinismo vagabundeen quisquillosamente por toda esta Casa. Lo que va mal en España en el asunto del lino, y en Italia, Francia, Bélgica y Alemania con todo el asunto de la mantequilla falsa, puede mencionarse en este informe. Mi grupo no respaldará las enmiendas que minimizan o enmascaran estos asuntos.

Seppänen
Señor Presidente, señora Comisaria, en la Comisión de Control Presupuestario se está manteniendo en estos momentos el debate sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 1999. Se trata de un asunto difícil. El Tribunal de Cuentas de la CE ha considerado que no puede recomendar dicha aprobación. El Parlamento asumirá una gran responsabilidad política si aprueba la gestión; antes debemos tener garantías de que se perseguirá el fraude y se encontrará a los culpables.
Quedan aún asuntos sin resolver que hablan en contra de la aprobación de la gestión. La Comisión sabe cuáles son estos asuntos. La Comisión de Control Presupuestario ha presentado a la Comisión una lista detallada de las irregularidades. El asunto más importante es el llamado caso Fléchard, cuyas primeras implicaciones políticas se remontan a principios de la década de 1990. La investigación de este caso debe extenderse desde el gabinete Delors hasta la Comisión Prodi. Se han falsificado certificados de exportación, se ha adulterado la mantequilla, se han extraviado actas, se han dictado sentencias de indemnización que han sido condonadas con posterioridad y se ha seguido colaborando con personas implicadas en el fraude. Y aún hay cosas que se mantienen en secreto. Esto no es permisible. El Sr. Bösch tiene razón: este asunto marca la hora de la verdad para la Comisión Prodi.

Van Dam
Señor Presidente, mantequilla, lino, cigarrillos, oficinas de empleo se convierten en sinónimos de fraude en la Unión Europea. Millones de euros son devueltos incorrectamente o, como en el caso del contrabando de cigarrillos, sustraídos a los impuestos. No se trata aquí del fraude de las instituciones de la Unión Europea, sino del cometido en los Estados miembros. Como muy bien señala el ponente Bösch, la aclaración de todos estos casos graves de fraude constituye una prueba de eficacia para la OLAF. Añado a ello, que la aclaración de todos estos casos de fraude depende también de la colaboración de los Estados miembros implicados. A fin de imponer esta colaboración, la Comisión debe introducir sanciones. Considero justo, por tanto, que los Países Bajos no reciban actualmente dinero del Fondo Social Europeo hasta que se aclare totalmente el empleo irregular de ese dinero ¿Qué sanciones se impondrán a España para que aclare el fraude del lino?
Las empresas implicadas en el fraude deben ser incluidas en una lista negra de manera que no sean nuevamente consideradas para la concesión de una subvención europea. Parecen ser pasos lógicos, pero no lo son para la Comisión. Así, la empresa Fléchard parece formar parte de un culebrón europeo: ¡continuará!
La eficacia de la OLAF se ve en peligro por un déficit de personal. Si la lucha contra el fraude es un punto clave para el Presidente Prodi, él y su Comisión tienen el deber de solucionar cuanto antes el retraso en la contratación de personal cualificado para la OLAF. De ahí que la Comisión tenga que evitar todo conflicto de intereses. No puede ser que comisarios que posiblemente estén implicados en los fraudes del lino y de la mantequilla, influyan en el nombramiento de funcionarios que van a investigar su papel en ello.
En tanto representante elegido por el pueblo, este Parlamento tiene, entre otras cosas, una labor de control. Desgraciadamente, la Comisión dificulta ese control una y otra vez. La transparencia es para ella una palabra opaca. Transparencia es lo que quiere este Parlamento y, a fin de lograrla, tiene que ser competente para examinar los informes de la OLAF.

Ilgenfritz
Señor Presidente, la repetición de delitos de fraude en la Unión y el comportamiento de la Comisión son escandalosos. Solamente los daños financieros debidos a la mantequilla adulterada ascienden a más de 45 millones de euros. A ello viene a sumarse que por lo visto se trata de actores reincidentes. Por recomendación de la Comisión se impuso una fianza penal por un importe de 17,6 millones de euros a una empresa que está ahora de nuevo bajo sospecha. Es por ello urgentemente necesario que actúe y se estructure rápidamente la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude. Pero también es importante que el trabajo de esta nueva oficina sea apoyado por las autoridades en los Estados miembros. Pero si se analizan en detalle los informes, uno no está siempre seguro de ello. Por ello, aquellos Estados miembros que no apoyen el trabajo de la OLAF deben ser también sancionados imponiéndoles la Comisión multas y se debe prever también una compensación financiera por los delitos de fraude permitidos.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, este es un informe que se inscribe en la evolución entre la UCLAF y la OLAF en el que, como han dicho otros oradores, quisiéramos que la transición fuera más rápida. Necesitamos una OLAF independiente y que haga su trabajo de forma eficaz.
Quiero felicitar a Herbert Bösch por su excelente informe. Ha sabido captar, en el texto que nos propone, que la lucha contra el fraude no es algo que esté sometido a la lucha partidaria ni a la política interna de los Estados miembros, sino que todos por igual estamos persiguiendo el fraude allí donde se produce y haciendo responsables a los causantes del mismo. Todos los Grupos queremos que se recupere el dinero, que se mejoren los controles de gestión, y tenemos la sensación de que estamos avanzando en la lucha contra el fraude. No habría que dar a los ciudadanos una impresión distinta a ésta. Es cierto que la Cumbre de Niza no respondió a nuestra petición de un fiscal europeo, que tanto nos habría ayudado para descubrir el gran fraude de este año -que es el fraude de la mantequilla adulterada-, que no sólo es un fraude a las arcas comunitarias sino que empieza a poner en evidencia que, en cuanto a seguridad alimentaria, todavía tenemos mucho que avanzar.
Estamos, por tanto, ante un buen informe. Quiero repetir que estamos todos empeñados en perseguir el fraude y en recuperar el dinero. Creo que habría que hacer un llamamiento a la Comisión para que, en el caso concreto del fiscal europeo, nos dé algunas indicaciones sobre su papel, para ver si la oportunidad perdida en Niza puede recuperarse con unas propuestas concretas. No es suficiente la colaboración de los fiscales nacionales y, así como en algunos casos está demostrado que las autoridades nacionales saben hacer su trabajo coordinado, es necesario que desde la Comisión haya alguien que pueda dirigir estos trabajos.

Ferreira
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, debo felicitar al ponente por el trabajo que ha realizado. Pero debo destacar también los escollos que han jalonado ese ejercicio, pues el Sr. Bösch ha tenido que hacer frente a las veleidades de algunos diputados de la Comisión de Control Presupuestario que quisieron recentrar el informe en casos antiguos y, por lo demás, ya tratados en otros documentos.
A este respecto, no comparto la opinión de los diputados que han intervenido cuando declaran que el caso Fléchard es la cuestión central de la aprobación de la gestión. Ciertamente lo es si se considera el tiempo y la energía que hemos tenido que dedicarle, como también la Comisión, pero no lo es, desde luego, por su importancia.
No obstante, centraré mi atención en el problema de los fraudes y las irregularidades.
En efecto, en un informe anterior, la Comisión de Control Presupuestario declaró que no se debía tolerar más el menor fraude hacia el presupuesto comunitario. Si este llamamiento a la tolerancia cero es de lo más loable, no se puede ignorar que su aplicación exige unos medios en recursos humanos muy importantes y difícilmente compatibles con la multiplicidad de acciones que llevamos a cabo y con la diversidad de territorios en que estamos presentes.
En ese informe se proponía suprimir la distinción entre fraudes e irregularidades, argumentando que, en el momento en que se señalan, se ignora si los actos en cuestión pueden dar lugar o no a diligencias penales.
Quiero expresarles mi preocupación ante una posición semejante, y ello por dos motivos. Por un lado, debemos velar por que nuestra lucha contra el fraude no anticipe las conclusiones de las investigaciones que llevan a cabo diferentes órganos. Por otra, correríamos el riesgo de proyectar el descrédito sobre las políticas seguidas por la Unión Europea, y en la propia Unión Europea, al denunciar tasas de fraude muy superiores a la realidad de los casos justiciables. Pienso, por el contrario, que debemos realizar un gran esfuerzo por dar la imagen más justa posible de esos hechos delictivos, porque no se pueden mezclar los problemas derivados de pequeños errores administrativos con los fraudes organizados a gran escala. Apoyo las palabras que acaba de pronunciar el Sr. Mulder en cuanto a la jerarquización de las irregularidades.
En el mismo espíritu, debemos centrar nuestro trabajo en los casos de fraude cuya actualidad y magnitud requieran una intervención consecuente e inmediata. A este respecto, varias personas acaban de mencionar el asunto de la mantequilla adulterada. La Comisión debe ayudarnos a realizar este objetivo. Sin embargo, me permitiré lamentar su actitud, ya que a veces tarda en responder a las peticiones del Parlamento Europeo, o responde de forma incompleta. En la lucha contra el fraude, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo deben colaborar más. Pero esto no significa que el Parlamento Europeo renuncie a su poder de sancionar a la Comisión cuando ésta no cumpla sus misiones, en particular en materia de protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Una cooperación de este tipo es necesaria, porque en ello va nuestra credibilidad ante los ciudadanos europeos que han depositado su confianza en nosotros.

Virrankoski
Señor Presidente, el informe de la Comisión que estamos tratando ilustra bien la gran extensión que alcanza la distribución de los fondos de la UE. Al mismo tiempo, muestra que los Estados miembros gestionan una gran parte de los presupuestos de la UE, puesto que, entre otras cosas, administran la utilización del ochenta por ciento del total del gasto.
El Sr. Bösch ha elaborado un meritorio informe que merece mi mayor gratitud. El informe revela la gran importancia que tuvo la creación de la OLAF en el año 1999. Creo que en la lucha contra el fraude sería importante tener presentes ciertos principios: en primer lugar, el principio de legalidad, según el cual hay que cumplir la ley en la instrucción e investigación de las irregularidades, sin especulaciones sobre el resultado final antes de que se dicte sentencia judicial firme. Hay que simplificar el aparato administrativo, pues el incremento de la burocracia y del control no siempre mejorará la utilización de los fondos. Hay que aumentar la responsabilidad personal -en este sentido, la reforma de la Comisión ocupa un lugar clave-, así como mejorar la colaboración entre la Unión Europea y los Estados miembros, pues esto también es clave de cara al futuro.

Turmes
Señor Presidente, si creamos nuevas autoridades entonces dichas autoridades deberían poder trabajar con eficiencia. Tenemos en la UE el caso de que las instituciones se encuentran ubicadas en diversos lugares o que se pueden ubicar de nuevo. Es razonable ubicar las nuevas instituciones allí donde se encuentren geográficamente cerca de las demás instituciones de la UE con las que en el futuro tienen que cooperar mucho. En este sentido, soy de la opinión de que la fiscalía europea deberá trabajar mucho con el Tribunal Europeo de Justicia y mantener también estrechos contactos con el Tribunal de Cuentas Europeo. Lo mismo es aplicable a la OLAF, que deberá trabajar intensamente también con los Tribunales mencionados. Por ello, pienso que estas autoridades deben ubicarse total o parcialmente en Luxemburgo para garantizar dicha cercanía geográfica y la eficiencia de las autoridades.

Theato
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Bösch por su informe. Ha realizado realmente un buen trabajo. Su conclusión de que en la lucha contra el fraude no se han notado aún mejoras sensibles coincide por lo demás con la opinión del comité de supervisión de la OLAF. La misma Comisión dice varias veces en su informe que en 1999 no se han producido cambios esenciales respecto a años anteriores e incluso que la suma de los fondos empleados ilícitamente ha aumentado, por ejemplo, en los Fondos estructurales. Siempre repito que se trata de fondos procedentes de impuestos y que tenemos que garantizar su protección del mejor modo posible.
Para llegar al límite de tolerancia cero prometido por la Comisión hay que fortalecer sobre todo la independencia de la Oficina para la Lucha contra el Fraude, OLAF que se creó en 1999. Por un lado, hay que reclutar al personal de fuera sin que se inmiscuya la Comisión. Apoyo la propuesta del Sr. Bösch de que la comisión de nombramientos sea dirigida por una personalidad independiente. Por otro lado, el mismo director debe realizar una clara estructuración de las tareas. Está claro que no queremos una antigua UCLAF bajo el nuevo nombre de OLAF. Lamentablemente, en Niza se ha dejado pasar de largo la oportunidad de fortalecer a la OLAF mediante la creación de una fiscalía financiera europea bajo control judicial.
A pesar de la antigua exigencia del Parlamento y de los esfuerzos, en especial del Comisario Barnier y de la Sra. Schreyer, este tema ni siquiera se colocó en el orden del día en Niza. Así pues, tengo que plantear algunas preguntas a la Comisión: ¿se van a presentar propuestas para llegar a una así llamada fiscalía limitada hasta el 1 de enero del 2001, tal como se prevé en los puntos 9 hasta 12 en el informe Bösch?
Otra pregunta dirigida a la Comisión: aún no han ratificado todos los Estados miembros el Convenio para la protección de los Intereses Financieros de la Unión impidiendo de este modo su entrada en vigor. ¿Qué países no lo han hecho aún y qué puede hacer la Comisión para solucionar esta situación insostenible?
Además: ¿qué hace la Comisión para -tal como se expone en el punto 7/1 de su informe- superar la diferente interpretación nacional del derecho comunitario en el cobro de recursos propios? Para finalizar, me voy a referir a la exigencia de devolución del dinero empleado ilícitamente: en el informe de la Comisión faltan datos numéricos para el año 1999. ¿Puede indicarme la Comisión cuánto ha exigido que se devuelva y cuánto ha recibido en comparación con las pérdidas calculadas, en especial en lo que se refiere a los recursos propios en FEOGA y en los fondos estructurales?

Izquierdo Collado
Señor Presidente, señora Comisaria, quiero felicitar al ponente del informe, porque creo que introduce factores enormemente positivos en el mismo e intenta seguir un camino que evita tanto la exageración como la indiferencia.
Para no mirar hacia otro lado, me voy a centrar concretamente en uno de los asuntos del informe -el del lino- y dejar constancia en esta Asamblea de algunas cifras. Cifras como las de que, en mi país, en España, durante la campaña 1994-95 se cultivaron 3.376 hectáreas de lino, mientras que en la de 1998-99 había ya 100.000 hectáreas de lino cultivadas. La subvención inicial para 1994-95 fue de 411 millones de pesetas, mientras que para 1998-99 fue de 10.000 millones de pesetas.
Denunciado el fraude por las autoridades regionales españolas, en la campaña 2001 se pasó milagrosamente de las 100.000 hectáreas a menos de 1.000 hectáreas de lino cultivado y, lógicamente, a una subvención inferior a los 100 millones de pesetas.
A pesar de estos datos, quien entonces era responsable del Ministerio de Agricultura sostenía que todo era una campaña de la oposición y, desde luego, hace poco tiempo cambió de opinión y dijo que no era así, pero que era culpabilidad fundamentalmente de la oposición.
Yo quisiera, señor Presidente, centrarme en qué tipo de responsabilidad puede solicitar este Parlamento. En primer lugar, la responsabilidad penal. Una responsabilidad penal que está alrededor de ciertos propietarios de plantas transformadoras, que son los que tenían la información privilegiada -que no es el conocimiento de la normativa, que es pública, sino el conocimiento de cómo burlarla, que tenían el capital suficiente para poner en funcionamiento las empresas y, sobre todo, que estaban perfectamente instalados en altos cargos del Ministerio de Agricultura.
Precisamente, para ellos y para los productores que entraron en el juego hay que reclamar una responsabilidad estrictamente penal. Eso es lo que debe hacer el Parlamento y es lo que deben hacer las instituciones correspondientes.
Hay otra responsabilidad: la política, muy concreta, que consiste en preguntarse si alguno de estos actores que intervinieron directamente en el fraude tenía un cargo político público nombrado por una institución española. Hay que reconocer que sí, que el Ministerio de Agricultura tenía en su seno, al más alto nivel, como presidente del Fondo Europeo de Garantía Agraria, a una persona -y ella misma lo reconoce- que estaba directamente relacionada con empresas que transformaban el lino.
Y por último, también existe una responsabilidad administrativa. Si existe, pidámosla a la Comisión, a las autoridades nacionales, a las autoridades regionales, pero no generemos confusión y vayamos en la línea que propone el Sr. Bösch de exigir minuciosamente las responsabilidades.

Kuhne
Señor Presidente, tras las muchas palabras de alabanza para el Sr. Bösch ya no sé que puedo decir. Creo que él sabe que aprecio su trabajo. Por ello, quiero decir algo sobre algunos puntos que han desempeñado un papel en el debate.
Punto 1: saludamos -lo que hasta ahora no se ha mencionado aún- que el informe de la OLAF sobre el caso Fléchard haya llegado la última semana. Esto debe valorarse positivamente e incluirse en los posteriores debates. En este informe no se indica ni tampoco se intenta hacerlo cuál es la posición del Parlamento Europeo sobre este caso. Esto es asunto de la aprobación de la gestión presupuestaria que tendremos en un mes en el orden del día.
Aprovecho la oportunidad para dar un buen consejo a la Comisión. Sería muy importante para los posteriores debates sobre la aprobación de la gestión presupuestaria si recapacitase de nuevo sobre las posiciones expuestas hasta el momento sobre este caso y aprovechase la oportunidad que va a existir por ejemplo la próxima semana en la reunión de la Comisión de Control Presupuestario. Esto podría impulsar decididamente los posteriores debates relacionados con al aprobación de la gestión presupuestaria.
Hay otros dos puntos que tienen algo que ver con malentendidos: el Sr. Mulder se ha referido a uno que se ha patentizado en la intervención del Sr. Seppänen. Me refiero a la confusión y a meter en el mismo saco las irregularidades y el fraude. En este informe, mediante la enmienda que el mismo Sr. Bösch ha presentado y la presentada por el Sr. Mulder como complemento, tenemos que precisar de nuevo que no tenemos ningún interés en que se echen en el mismo saco a estas dos categorías. Voy a mostrar esto en base a un ejemplo, a la intervención del Sr. Seppänen. Ha calificado el caso Fléchard literalmente como de irregularidad y lo ha puesto en relación con la no concedida declaración de garantía del Tribunal de Cuentas para la gestión presupuestaria de la Comisión. Con este modo de proceder, entremezclamos todo y posiblemente despertemos entre nuestros visitantes en la tribuna la sensación de que un error de asiento contable puede ser un caso de fraude. No se puede tener ningún interés político en ello. Debemos ocuparnos de que esto se mantenga separado.
El segundo posible malentendido no se refiere a uno que se haya producido entre nosotros sino a uno producido fuera de esta Asamblea. Me refiero al caso Flachs. Tal como se me ha informado, en un Estado miembro se ha expuesto la resolución de la Comisión de Control Presupuestario como si ésta hubiese decido un cambio de la responsabilidad del nivel nacional al regional. En nombre de mi Grupo político digo que, independientemente de la organización interna de los correspondientes Estados miembros, queremos garantizar que frente a la Unión Europea se siga dando prioridad a la responsabilidad del nivel nacional para la correcta ejecución de programas de la Unión Europea.

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, señor ponente, muchas gracias por su informe. Se refiere desde el primer momento al informe anual de la Comisión de 1999 sobre la protección de los intereses financieros y la lucha contra el fraude que la Comisión presentó el 13 de noviembre del año pasado y que contiene en especial también las estadísticas sobre qué casos de irregularidades y fraude han sido denunciados por los Estados miembros, quienes están obligados a hacerlo.
Pocos meses antes, la Comisión presentó un extenso informe estratégico en el que se dice que la lucha contra el fraude se aplica a los más diversos niveles de actuación y que contiene los más variados instrumentos, comenzando con el control legislativo hasta la propuesta de una fiscalía europea que realizó la Comisión en Niza y que, lamentablemente, no fue aprobada allí por los Jefes de Estado y de Gobierno.
En el informe, la Comisión también expuso el papel central que desempeña la Oficina Europea para la Lucha contra el Fraude, OLAF. Me voy a referir en primer lugar a los puntos a los que se han referido sus Señorías aquí en el debate y en el informe del Sr. Bösch en lo tocante a la OLAF.
El Consejo y el Parlamento crearon en 1999 el fundamento jurídico de la OLAF que, naturalmente, es también para la Comisión la base de negociación. Mediante este fundamento jurídico, la OLAF ha sido creada como una institución que es parte de la Comisión en sentido administrativo, es decir, los funcionarios de la OLAF, son funcionarios de la Comisión y están sometidos al estatuto. Esto significa también que si, por ejemplo, surgiesen problemas o irregularidades en lo referente al comportamiento de funcionarios de la Comisión que trabajan en la OLAF, se demandaría a la Comisión. Para tener esto en cuenta, la Comisión ha dicho que quiere que exista un procedimiento transparente para la selección de los puestos dirigentes de la OLAF, al igual que ocurre en las demás instituciones o departamentos de la Comisión. Esto significa que, en primer lugar, un comité asesor examine las solicitudes y dirija recomendaciones a aquel que, a la postre, adopte la decisión. En el caso de la OLAF, a la postre, es el director quien adopta la decisión sobre la colocación y el nombramiento de personas. El comité asesor está compuesto de tal modo que las personas que no están asignadas directamente a la Comisión o que provienen de la OLAF tienen claramente la mayoría. En el comité asesor están representados el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Europeo de Justicia y el comité de supervisión y creo que la solución que hemos encontrado es una solución muy buena. Recuerdo de nuevo que esta solución sirve para la transparencia en el nombramiento de personal dirigente, si bien el nombramiento definitivo es realizado por el director o el director general de la OLAF.
Espero que se llegue muy pronto a una solución en lo referente a la cuestión de la ocupación de los puestos de la OLAF pues solamente puedo repetir que radica en mi interés y también de la Comisión en general poner a disposición de la OLAF lo antes posible todos los puestos que se han acordado. Creo que en interés también de los diversos afectados sería importante mantener un diálogo ya que el comité de supervisión ha planteado más condiciones para que de este modo se pueda presentar por fin el presupuesto rectificativo y se pueda solucionar esta cuestión.
Permítanme que me refiera brevemente a un punto que han mencionado en el informe y que ha sido sacado a colación aquí en varias ocasiones. Me refiero a la accesibilidad a los informes de la OLAF. En el fundamento jurídico para la creación de la OLAF se regula claramente que, por un lado, el director o el director general de la OLAF deciden sobre la elaboración de los informes y no la Comisión. En segundo lugar, en el fundamento jurídico se dice también que la OLAF debe tener naturalmente en cuenta cuestiones relacionadas con la protección de los datos, el secreto profesional y también los procedimientos indagatorios y esto es naturalmente un punto de importancia central. La Comisión tiene dudas de que lo que se exige en el informe tenga fundamento jurídico. Naturalmente, dentro del Parlamento Europeo deberá también debatirse si, en el caso de que la OLAF realice una investigación en el Parlamento, deberá transmitir el informe, por ejemplo, a la Comisión de Control Presupuestario o a la de Asuntos Jurídicos o a sus presidentes. Creo que aquí se tocan cuestiones que afectan a todas las instituciones y me parecería muy oportuno que esto se debatiese en un encuentro interinstitucional, llamémosle dialogo tripartito.
En lo referente a la cuestión de la capacidad de trabajo de la OLAF o a las actividades y éxitos que hasta ahora se han demostrado, quiero indicar que el descubrimiento del fraude que denominamos como butter case, es decir, las adulteraciones de la mantequilla, es también un éxito de la OLAF. El descubrimiento se ha debido también a que la OLAF pudo poner a disposición de los Estados miembros que realizaban las indagaciones sus informaciones por lo que -al menos, según las informaciones de la OLAF- ha contribuido a que se pudiese averiguar en un tiempo relativamente corto quienes estaban involucrados.
Pero la cuestión de cuándo informa la OLAF depende también de cuándo la OLAF recibe de los Estados miembros el plácet para poder informar ya que éstos son los que tienen la responsabilidad primaria. Pues la OLAF depende en todo su trabajo de una estrecha y buena cooperación con los Estados miembros. Esto es algo de importancia central para la toda la estructuración de la OLAF y espero que se convierta en una plataforma de intercambio de informaciones.
En lo tocante al caso Fléchard de 1991 o de 1994, la Comisión expondrá su posición en la Comisión de Control Presupuestario y responderá también en un plazo adecuado al cuestionario que se ha elaborado.
Respecto al butter case me permito decir de nuevo que se encuentra totalmente inmerso en los procedimientos judiciales de los diversos Estados miembros que se han visto afectados. En lo referente al caso Estocolmo, que han expuesto también en su informe, puedo decirles que también está actuando un tribunal. Espero -naturalmente también en interés de la Comisión- que el tribunal sueco llegue muy pronto a un resultado.
En lo tocante a la cuestión del "pequeño fiscal" -lo califico ahora así al contrario que el concepto global- el examen ha arrojado que aquí falta también el fundamento jurídico y esta es también la apreciación jurídica de la OLAF, lo que significa que sería necesaria una modificación del Tratado en este sentido.
Se han referido también al tema que voy a calificar de supervisión jurídica de la actividad de la misma OLAF. Sin duda, se trata también de una cuestión abierta. El director general de la OLAF ha prometido presentar muy pronto un manual para mostrar transparentemente qué reglas aplica la OLAF cuando decide iniciar o concluir una investigación o indagación.
Quiero indicar aún que la Comisión ha presentado desde el último debate que hemos mantenido aquí, una demanda contra dos consorcios tabaqueros a causa de la probable implicación en operaciones de contrabando internacional. Esto se ha mencionado aquí. Señor Bösch, me alegro de que apoye esto en su informe. La Comisión ha introducido además un early warning system en su contabilidad para proporcionar lo más rápidamente posible indicaciones a las más diversas instancias administrativas cuando, por ejemplo, se proyecte un contrato con alguien que ya ha cometido irregularidades.
En lo que se refiere a la pregunta de la Sra. Theato sobre la situación en la firma del Convenio para la Protección de los Intereses Financieros de la Comunidad Europea, siguen faltando firmas. Puedo mencionar tres países que aún no han ratificado: por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. Pero hay otros Estados no han ratificado aún todo. Por este motivo -ya hemos tenido la oportunidad de hablar al respecto en esta Asamblea- la Comisión va a presentar un proyecto de directiva para transferir los contenidos de dicho convenio a una directiva, lo que significa obligar más intensamente a los Estados miembros a que incluyan en su derecho nacional una definición unitaria del fraude en perjuicio de los intereses europeos. Espero que esto se haga en abril. La Comisión trabaja junto con la OLAF en un Libro Verde para la creación del fiscal europeo pues, evidentemente, no renunciamos al tema sino que aprovechamos ahora la ocasión para mantener un debate más público y amplio. Nuestro objetivo es muy claro y consiste en que con motivo de la nueva revisión de los Tratados en el 2004 esperamos que tengamos entonces un apoyo tan amplio que los Jefes de Estado y de Gobierno ya no puedan ignorar sencillamente esta propuesta.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Acceso del público a la información medioambiental
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0074/2001) de la Sra. Korhola, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental (COM(2000) 402 - C5-0352/2000 - 2000/0169(COD)).

Korhola
. (FI) Señor Presidente, tenemos la costumbre de empezar dando las gracias y yo, en mi calidad de ponente del informe, tengo ahora todos los motivos para hacerlo. La propuesta de directiva relativa al acceso del público a la información medioambiental ya era acertada y ambiciosa cuando fue entregada por la Comisión. Nuestra colaboración mutua ha sido extraordinaria durante todo el proceso de tramitación y nos ha sido fácil comprender nuestros objetivos respectivos. También los representantes del Consejo -me refiero a los representantes de Francia y Suecia- mostraron una actitud estimulante y se mantuvieron muy informados sobre el tema. También agradezco la actitud de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor; me causó gran alegría que la comisión adoptara las veinte enmiendas que yo presenté, a las que se sumaron otras enmiendas importantes presentadas por otros miembros de la comisión.
Se trata de un informe que no sólo es importante para los ciudadanos, sino también para toda la política comunitaria en materia medioambiental. El acceso a la información es un importante instrumento de carácter horizontal en el marco de la política medioambiental de la UE, y la modificación de la Directiva vigente ha durado ya bastante tiempo. Esta propuesta de directiva tiene tres objetivos principales: aprovechar las experiencias obtenidas de la Directiva adoptada en 1990 y subsanar las carencias observadas, incluir en la nueva Directiva las partes del Convenio de Aarhus que guardan relación con esta materia y adaptar la Directiva precedente a los avances de las tecnologías de la información.
Una de las cosas que considero más importantes en mi informe es la obligación de crear registros. Se trata de la condición previa indispensable para la efectividad de la Directiva. Los ciudadanos deben saber qué documentos están disponibles y qué autoridades se encargan de su gestión. He notado con satisfacción que también un miembro de nuestra comisión, el Sr. Cashman, presenta este mismo requisito en su informe relativo a la transparencia.
He puntualizado también los detalles relativos a la privación de información. Si se deniega una petición por estar la información solicitada en curso de elaboración, siempre se informará al solicitante sobre la fecha en que estará disponible el material y sobre la autoridad competente en la materia. Otra puntualización relativa a la privación de información afecta a los casos excepcionales mencionados en el punto 2 del artículo 4. Las emisiones contaminantes quedan excluidas del ámbito del secreto comercial e industrial y siempre deberán ser declaradas. Yo he presentado una enmienda según la cual el grado de emisiones contaminantes se anunciará incluso cuando se trate de proteger informaciones de otra índole. El efecto nocivo de las emisiones no depende del carácter de la actividad en que se originan: desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los ciudadanos, es exactamente igual si la fuente de emisiones es de carácter público o comercial.
He considerado necesario introducir un artículo completamente nuevo sobre la calidad de la información medioambiental. Obviamente, la calidad es un factor central a la hora de evaluar la idoneidad de la Directiva. Al examinar esta propuesta de directiva, me he dado cuenta de que no existe ningún requisito expreso en el sentido de armonizar de forma global los criterios de medición de las emisiones. Efectivamente, hay gran diferencia entre medir las emisiones a la salida de la chimenea, a medirlas a un kilómetro de distancia con un cazamariposas. En otras palabras: hay que anunciar el método de medición empleado.
Una cuestión difícil en esta propuesta de directiva fue la relativa a la definición de autoridad pública: ¿afecta la normativa únicamente a las llamadas autoridades tradicionales, o afecta también a aquellas entidades que tengan atribuidas competencias propias de las autoridades, por ejemplo, a empresas que, en virtud de acuerdos contraídos con las autoridades, posean la información prevista por la ley? Ahora hemos acertado con una redacción que ojalá satisfaga a la mayoría de los Estados miembros.
Ha habido gran unanimidad en torno a esta propuesta de directiva. Cuando me he visto obligada a rechazar alguna enmienda, lo he hecho más bien por razones estilísticas. Como se trata de una directiva marco, su objeto no es satisfacer todos los deseos específicos, por bellos y buenos que sean, que se puedan desprender del principio de transparencia. En su calidad de texto legislativo, es mejor que éste sea conciso.
Algunos miembros de la comisión parlamentaria han querido reducir los plazos establecidos para que las autoridades proporcionen la información solicitada. En la propuesta de la Comisión se reduce el plazo establecido a un mes y, en casos de gran complejidad o extensión de la información solicitada, se prorroga a dos meses. En todos los casos se requiere que la información se facilite tan pronto como sea posible. Sigo considerando que se trata de un objetivo realista y, en determinados casos, la reducción de los plazos puede incluso repercutir de forma negativa en la calidad de la información proporcionada. Por ello, no apoyo las propuestas de la comisión parlamentaria sobre la reducción de los plazos.
Podemos considerar que, en su conjunto, esta Directiva establece un estándar para los Estados miembros en materia de transparencia de la información medioambiental. La enmienda que he realizado en el punto 2 del artículo 8 contempla que este estándar debería aplicarse también a las instituciones de la UE. De este modo, esta Directiva contribuirá a fomentar adecuadamente la transparencia en toda la UE.

Ludford
- (EN) Señor Presidente, una de las contribuciones importantes hecha a este informe por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos es el relieve que da a que el acceso a la información medioambiental es un derecho, y no una concesión. También hemos aportado la cláusula según la cual las normas referentes a los Estados miembros deben aplicarse también a las instituciones de la UE. La contribución de mi Comisión sobre los arreglos prácticos incorporados en el informe final incluye diversas enmiendas que me gustaría que examinara la Comisión de Medio Ambiente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inclusión de la energía y combustibles nucleares y de análisis financieros y también económicos, al establecimiento de registros accesibles o de listas de información disponible, a la idea de que no se puede cargar al solicitante más que un costo razonable, que es el precio de costo por la recopilación de la información, y la insistencia en que tiene que haber una prueba de los beneficios o perjuicios para las excepciones, es decir que el perjuicio tiene que superar los beneficios de la revelación.
Ahora bien, por lo que se refiere al alcance de la propuesta, estoy un poco desilusionado, si no sorprendido, por la sugerencia de que el Gobierno del Reino Unido y los parlamentarios conservadores y laboristas británicos deben esforzarse por excluir a las empresas privadas cuyas actividades afecten al medio ambiente. Éste es el tipo de laguna que ha permitido que el anterior Gobierno conservador exonerara a las empresas de agua privatizadas. Esas enmiendas no consiguieron su finalidad pero lo que me preocupa es que la enmienda que sí que la consiguió por la vía del Artículo 2 2) c) pueda limitar demasiado el alcance. Una de las finalidades de la nueva propuesta era colmar las anteriores lagunas que permitían que los servicios públicos privatizados soslayaran la obligación. El texto de la Comisión abarcaba claramente a los servicios públicos privatizados. ¿Estima el Comisario que las enmiendas del Artículo 2 2) c) que adoptó la Comisión de Medio Ambiente aseguran que empresas privatizadas que suministran gas, electricidad, agua, etc., siguen teniendo la obligación de proporcionar esa información?

Gutiérrez-Cortines
Señor Presidente, he pedido intervenir porque me parece que, además de apoyar a la Sra. Korhola, que ha hecho un gran trabajo, había que defender algo más profundo que el mero hecho de la información medioambiental.
Creo que lo que estamos debatiendo es un trabajo de gran trascendencia, porque afecta al derecho de los ciudadanos y al desarrollo de los derechos de los ciudadanos europeos, más allá de los Estados, de las regiones y de cualquier otro interés de control del poder.
El control de la información es una forma de poder más vieja que el tiempo y, por tanto, nosotros tenemos que tratar de que el control de la información no se asimile al poder y de que el ciudadano tenga derecho a estar informado.
En segundo lugar, creo que en el tema del medio ambiente uno de los grandes problemas reside en que del principio de subsidiariedad se desprende, precisamente, que la única defensa del medio ambiente corra a cargo de los ciudadanos. Los ciudadanos han de estar informados y la Comisión debe informar doblemente en aquellos temas que son subsidiarios, para que los ciudadanos puedan erigirse en los defensores de sus propios intereses y exigir a sus Gobiernos lo que han de hacer. Por tanto, también la Comisión debe realizar un gran esfuerzo en los temas que son subsidiarios para conseguir esa información, para definir cuáles son las reglas del juego de la información, para exigir que todos los países, cualquiera que sea la manera de llevar a cabo las políticas, estén obligados a informar, tanto a nivel de Estado como a nivel de región.
Las recientes catástrofes están demostrando que el ciudadano tiene cada vez más derecho a gestionar sus riesgos y a hablar, pedir y exigir compromisos de salvaguarda de sus propios intereses en cuanto a temas como la salud.
Por tanto, en aras de la realización y de un buen ejercicio del principio de subsidiariedad, no coloquemos al poder por encima de los ciudadanos. La información es un derecho que tiene todo individuo y, ello significa saber y conocer incluso la debilidad de su sistema, ya sea para apoyarlo, para decidir acerca de su financiación y otras muchas cosas.

Malliori
Señor Presidente, señora Comisaria, la información es uno de los principios básicos de la democracia. El libre acceso, la transparencia y la difusión de las informaciones sobre el medio ambiente son derecho fundamental de todo ciudadano interesado en la calidad del espacio en que vive y trabaja. La accesibilidad a los datos relacionados con el medio ambiente de que disponen las autoridades públicas son de una importancia primordial, no sólo para mejorar la sensibilización del público, sino también para garantizar la confianza y la participación democrática de los ciudadanos.
En la aplicación de la Directiva 90/313 se han constatado bastantes carencias que han hecho necesaria su revisión. La firma del Convenio Aarhus y los avances señalados en la tecnología de la información han hecho que la Comisión presente una nueva propuesta de directiva que, en gran medida, cubre los puntos mencionados anteriormente. Sin embargo, las enmiendas presentadas tienen como objetivo ampliar aún más la propuesta de la Comisión y, en concreto, se deben incluir en el concepto de autoridad pública instituciones y entidades que trabajan por cuenta de la autoridad pública. La directiva se refiere a informaciones relacionadas con el medio ambiente, y debe incluir todo tipo de forma disponible, como la escrita, visual, auditiva, etc.
Toda persona física u organización puede solicitar información medioambiental sin ser necesario demostrar un interés legal. En cuanto al plazo en el que la administración debe contestar a una solicitud de información medioambiental, creo que dos semanas son suficientes para que los interesados puedan utilizar la información oportunamente.
Creo que es fundamental, en relación con temas especialmente importantes, como los relacionados con las emisiones de gases, salidas y vertidos u otro tipo de liberaciones en el medio ambiente, que no haya compromiso en el suministro de informaciones, ni excepciones. Es igualmente necesario, cada vez que las autoridades públicas se nieguen a proporcionar información, basándose o no en las excepciones, que justifiquen exactamente el por qué de su negativa. La directiva determina que las autoridades públicas podrán cobrar una tarifa por facilitar una información. Creo que dicha tarifa debe limitarse al coste real de la reproducción de las informaciones, para facilitar el acceso del público a la información lo más posible.
Para terminar, quisiera dar mi enhorabuena a la ponente, Sra. Korhola, por su informe tan importante, y creo firmemente que va a ser como una palanca hacia la participación activa de los ciudadanos en la lucha contra los problemas medioambientales.

Paulsen
Señora Presidenta, señora Comisaria, la Sra. Korhola ha realizado un excelente trabajo. La propuesta de la Comisión era buena y ha sido mejorada por la Comisión de Medio Ambiente. Espero que después de la votación en el Pleno sea aún mejor.
Es evidente que los problemas medioambientales de nuestro tiempo y del futuro deberán ser resueltos en todos los ámbitos. Algunos asuntos son de carácter europeo, otros son propios del ámbito nacional, pero, hablando sinceramente, la mayoría de ellos van a ser de carácter local. Un componente de la democracia es que los ciudadanos puedan influir y, obviamente, que tengan derecho a acceder a la información necesaria para actuar como ciudadanos en sus sociedades. Por ese motivo, quisiéramos que se aprobasen las enmiendas 6, 16 y 30 en el Pleno de mañana. En ellas se fija un plazo de dos semanas, de cuatro semanas en casos complejos, para que las autoridades y empresas respondan preguntas. Esto corresponde a la postura del Parlamento en el denominado informe Cashman sobre apertura en la Unión.
Además, es importante que se aprueben las enmiendas 19 y 20, en las que se establece la responsabilidad de las autoridades de ayudar a los ciudadanos y organizaciones a obtener información. Se les debe ayudar a encontrar lo que buscan, a escribir y hablar correctamente y a preguntar en el sitio adecuado. Éste es un servicio elemental de las autoridades en un país democrático.

Hautala
Señor Presidente, quiero sumarme a todas esas muestras de agradecimiento de las que ha sido objeto la ponente durante este debate. Puedo afirmar que tenemos aquí un ejemplo modélico de cómo una comisión parlamentaria puede realizar verdaderamente su trabajo en toda regla y presentar al Pleno una propuesta casi unánime, en la cual las discrepancias han sido reducidas al mínimo, como es el caso. Quisiera destacar que se trata de una modificación realmente importante que se puso en marcha a partir del Convenio de Aarhus.
La ponente ha elaborado un informe que aborda la aplicación práctica del primer cometido del Convenio de Aarhus sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información medioambiental. Los cometidos siguientes conciernen al derecho de los ciudadanos a participar en el proceso de toma de decisiones y al derecho a recibir justicia en los casos en que sean objeto de un trato injusto. Cabe subrayar que no es cuestión de que queramos que las autoridades muestren buena voluntad para con los ciudadanos, sino que se trata de un derecho fundamental inalienable que los ciudadanos deben poder ejercer, sin que se les pida explicaciones sobre los fines para los que desean la información.
Yo misma he participado estrechamente en la elaboración del informe del Sr. Cashman, y al conocer más detalladamente el informe de la Sra. Korhola, me he puesto a pensar si sería conveniente añadir al informe del Sr. Cashman un punto en el que se declare que la información relativa al medio ambiente y a la salud tampoco podrá ocultarse cuando dicha información pertenezca al ámbito del secreto comercial. Es posible que, si no se establece esta limitación, se pueda mantener oculta al público mucha información en materia medioambiental y de salud.

Sjöstedt
Señor Presidente, también quisiera sumarme al coro de elogios y decir, en nombre de la Izquierda Unitaria, que apoyamos este informe que, en nuestra opinión, ha mejorado una buena propuesta.
El acceso a la información medioambiental no sólo es un derecho, sino que es también una herramienta de poder. En muchos asuntos medioambientales se enfrentan el interés ciudadano por la existencia de un ambiente sano y poderosos intereses económicos privados. El acceso a la información es esencial para la formación de la opinión pública y para que los ciudadanos puedan influir en la política. En esta perspectiva, la transparencia en asuntos medioambientales también atañe a la democracia.
La propuesta que discutimos se fundamenta esencialmente en la Convención de Århus que, a nuestro juicio, es un ejemplo extraordinariamente positivo y lúcido de colaboración internacional en esta materia. La legislación que estamos debatiendo no abarca a las instituciones comunitarias; éstas van a ser tratadas en una propuesta posterior. Considerando las negociaciones sobre apertura - artículo 255 - desgraciadamente parece que el resultado va a ser mucho peor que lo establecido en la Convención de Århus en materia medioambiental; un resultado así sería totalmente inaceptable.
Además, respecto a la legislación futura, es importante que otras instituciones, por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, también sean cubiertas por la Convención de Århus, ya que sus actividades tienen efectos medioambientales bastante amplios.

Fitzsimons
Señor Presidente, me parece muy bien que tengamos hoy ante nosotros tantos informes sobre el medio ambiente. De hecho, lo que tengo que decir acerca del informe Korhola se relaciona con el informe de Oomen-Ruijten y con el de Myller, y es oportunísimo que el presente debate tenga lugar especialmente cuando estamos conmemorando el décimo aniversario de la Cumbre sobre la Tierra, que se celebró en Río en 1992. Utilizo la palabra "conmemorando" con reticencia porque no me parece que podamos celebrar el décimo aniversario de la primera Cumbre sobre la Tierra.
El hecho de que los Estados Unidos y la Unión Europea no pudieran llegar recientemente a un acuerdo acerca del nivel permitido de emisiones futuras de gases es, sin duda alguna, poco agradable. Espero que los Estados Unidos y la Unión Europea puedan llegar a un buen acuerdo que permita reducir de forma sostenida el nivel de gases de efecto invernadero. Lo realmente importante es que cuanto mayor sea la reducción de gases de invernadero, mayor será el efecto que tenga para el cambio climático que, a su vez, tendrá un efecto devastador para las comunidades costeras e isleñas, no solamente de Europa sino de todo el mundo.
Estoy perfectamente al corriente de los preparativos de la Unión Europea para la cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible, que va a tener lugar en Sudáfrica el año 2002, y apoyo las cuatro líneas de acción que ha redactado la Comisión Europea en sus preparativos para la mencionada cumbre mundial. La Unión Europea procurará proteger los recursos naturales que se hallan en las raíces del desarrollo económico, luchar por la promoción de la ecoeficiencia, promover la utilización sostenible del agua, de la tierra y de la energía, y procurar conseguir que se quiebre el círculo vicioso de la pobreza y la degradación ambiental, y todo esto es mejor conseguirlo en el marco de las Naciones Unidas.
Diez años después de Río siguen sin cumplirse las expectativas. Las presiones sobre el medio ambiente han empeorado y la pobreza sigue ganando terreno en el mundo. Tenemos que redoblar todos nuestros esfuerzos para estar seguros de que la cumbre mundial del año próximo estará en condiciones de conseguir que el desarrollo se lleve a cabo de forma sostenida y también de forma que proteja a las comunidades existentes.
El Quinto Programa de acción medioambiental de la Comunidad protege a las personas contra los efectos adversos de la contaminación atmosférica. Como se sabe con claridad que el objetivo a largo plazo establecido por el Quinto Programa de acción medioambiental no se conseguirá fácilmente, la Comisión ha resuelto, como procede, seguir un enfoque gradual que determine sus denominados objetivos medio ambientales provisionales para el año 2010. La Comisión de Medio Ambiente seguirá desempeñando un importante papel de coordinación a ese respecto, y me gustaría felicitar al ponente por el informe.

Bernié
Señor Presidente, preconizar la transparencia, favorecer el acceso del público a la información medioambiental, es un objetivo que suscribo plenamente. Pero el informe Korhola deja entrever muchas dificultades para todos los que desean mayor claridad. Lamento, en particular, que no vaya más lejos. Lamento asimismo que el texto sólo se refiera al acceso del público a los documentos y no también de los diputados que actúan en el marco de su mandato.
Como prueba, baste un ilustrativo ejemplo que yo mismo padecí. En febrero de 2000, tuve la osadía de pedir la publicación anual del balance científico, técnico y financiero de las operaciones Life, programa que goza de una dotación de 613 millones de euros. En agosto de 2000, como no llegaba nada, recurrí al Director General de Medio Ambiente y al Secretario General de la Comisión Europea, a fin de obtener información sobre el programa Life - salvaguardia del lago de Grandlieu - aparentemente estampillado "secreto prohibido" . Para gran sorpresa mía, sólo se me remitieron algunos documentos insignificantes precisándome que la relación detallada de los gastos de este proyecto contenía datos personales, lo que me impedía tener acceso al mismo.
¿Me pueden explicar por qué la comunicación del precio de compra de las parcelas adquiridas exclusivamente con dinero público representa una violación de la vida privada y no el control legítimo de los fondos públicos que debería ejercer todo elegido que se respete? En cuanto a los estudios científicos efectuados en el marco del famoso Life, es igualmente imposible tener acceso a los mismos, por la sencilla razón de que la Comisión no los tiene, lo que es el colmo. Ésta me sugiere que me dirija directamente al promotor, que no está obligado en absoluto a informarme, y que por lo demás no lo ha hecho, lo cual no me sorprende, teniendo en cuenta que el programa ha conducido a una auténtica catástrofe ecológica.
Para evitar este género de abusos, votaremos este texto, que va en la buena dirección, pero ¿podemos esperar realmente conseguir algún día cierta transparencia sobre la utilización de los fondos comunitarios?

Coelho
Señor Presidente, Señorías, quisiera comenzar felicitando a la Sra. Eija-Riita Korhola y a la Comisión de Medio Ambiente por las mejoras que proponen al texto que se nos ha presentado. Y las felicito también por haber acogido la mayor parte de las contribuciones que aprobamos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, en la que fui ponente en la sombra para el trabajo de la baronesa Ludford.
El Parlamento ha estado -y acertadamente- en la primera línea de la tendencia a incrementar una mayor apertura y transparencia en lo relativo a la actividad llevada a cabo por las autoridades públicas, así como al acceso a los documentos. Se debe considerar el acceso a la información en materia medioambiental uno de los pilares esenciales para una política medioambiental efectiva, porque contribuye a una mayor sensibilización del público sobre las cuestiones medioambientales, porque mejora, así, la protección y la calidad del medio ambiente, porque permite que se haga un control más eficaz de si se está aplicando plena y eficazmente la legislación comunitaria en materia de medio ambiente y, por último, porque permite a los ciudadanos participar más eficazmente en la adopción de decisiones en materia de medio ambiente que pueden afectar a su vida.
Con esta iniciativa proponemos que se substituya la directiva de 1990, sobre todo con el objetivo, entre otros, de adaptarla a la evolución de las tecnologías de la información creando una directiva de segunda generación que refleje los cambios en la forma como se produce hoy la información en nuestra sociedad.
Para concluir, quisiera subrayar dos aspectos: el primero es la cuestión de los plazos en que las autoridades públicas están obligadas a facilitar las informaciones solicitadas lo más rápidamente posible y a más tardar en el de un mes. Y la segunda es que hayamos limitado el ámbito de las excepciones: si bien es aceptable que, para proteger intereses legítimos, deban existir disposiciones que excluyan la revelación de ciertas informaciones, es fundamental que se defiendan rigurosamente y se interpreten de modo restrictivo dichas excepciones para que no menoscaben el principio general de acceso y para que la directiva pueda cumplir, de hecho, su objetivo.

González Álvarez
Señor Presidente, yo comparto la intervención de mi compañero, Jonas Sjöstedt, pero querría intervenir para defender el informe de la Sra. Korhola -aprobado por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente-, sobre todo desde el punto de vista de la Comisión de Peticiones, y el papel que los ciudadanos juegan en el cumplimiento del Derecho comunitario.
Yo soy miembro de la Comisión de Peticiones y he de decir que el 40% de las peticiones proceden de ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que defienden el cumplimiento del Derecho comunitario medioambiental, y su trabajo sería imposible si no tuviesen la información suficiente y en los plazos debidos. Nuestra experiencia es que en muchas de esas peticiones las dificultades con que se encuentran los peticionarios es no sólo comprender el Derecho comunitario -a veces muy complejo y muy difícil de abordar-, sino también obtener de las administraciones locales, autónomas y nacionales la información suficiente para presentar debidamente las peticiones en la Comisión de Peticiones y, a veces, las quejas en la Comisión Europea, que también conoce la Sra. Comisaria. Por eso, es imprescindible que esta directiva se apruebe y se lleve al Derecho de los Estados miembros de la forma más rápida posible, porque uno de los problemas que tuvo la anterior Directiva 90/313/CEE fue precisamente la tardanza en pasarla al Derecho interno de los Estados y su mala aplicación durante todos estos años.
Esta nueva revisión de la directiva propone, desde luego, que nos adecuemos al Convenio de Aarhus, amén del estudio de las experiencias de la mala aplicación de la Directiva 90/313/CEE.

Doyle
Señor Presidente, la finalidad general de la enmienda de la Directiva 90/313/EEC sobre el acceso a la información acerca del medio ambiente, es conseguir que la Comunidad y los Estados miembros cumplan determinadas provisiones de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación pública y la adopción de decisiones, y el acceso a la justicia en cuestiones medioambientales.
En Irlanda hemos incorporado ya las disposiciones generales, incluidas, por supuesto, la enmienda 15 relativa al Artículo 2 2) y la definición de "autoridad pública" . Esa enmienda no me plantea ningún problema sustantivo, pero me preocupa que algunas partes puedan intentar volver a la propuesta original de la Comisión sobre 2 2) c), que se refiere a la realización de servicios de interés económico general "que afectan o pueden afectar ..." . Si acordásemos lo antedicho -si, dicho con otras palabras, volvemos a la posición original de la Comisión- resultaría dificilísimo, si no imposible, convertirla en reglamentos nacionales. Probablemente dará como resultado el que traigamos órganos que no son autoridades públicas, para que cuenten con un terreno de juego equivalente, hablando en términos de competitividad. En Irlanda, por ejemplo, Telecom Eireann, que ahora es Eircom, sería incluida como antigua autoridad pública. Entonces ya no tendríamos más que Telecoms del sector privado y otras operaciones de Telecom. Esto no encaja con la interpretación de rhus, o sea que puede plantear problemas.
El plazo de tiempo propuesto en la enmienda 16 relativa al Artículo 3 2) a) no es razonable. Como esa directiva se aplica a todos los documentos relativos al medio ambiente, en muchos casos los expedientes quizá estén almacenados a trasmano y quizá no se hayan computarizado. La propuesta de la Comisión de que la entrega se haga lo antes posible y, como máximo, dentro de un plazo de un mes, es razonable. Representa una reducción del 50% sobre la posición actual y está en consonancia con las disposiciones vigentes en Irlanda sobre la libertad de la información.
Por último, no me acaba de convencer la enmienda 24. Hay que ser discretos sobre la disposición relativa a las cargas, sujetos, naturalmente, a la publicación y dejando un margen de tiempo para las investigaciones, particularmente cuando haya repetidas solicitudes de información. Sugiero que sigamos ese camino, dejando un margen suficiente de discreción por lo que se refiere a la publicación de las cargas.

Wallström
Señor Presidente, Señorías, los mejores resultados medioambientales se obtienen cuando todos los ciudadanos afectados pueden participar en el proceso. Un mejor acceso a la información medioambiental implica una mayor conciencia medioambiental. Para realizar los cambios necesarios que garanticen un desarrollo sostenible, habrá que poner al ciudadano en el centro de la política medioambiental. En la Declaración de Río de Janeiro ya se manifestaba la importancia de la participación ciudadana en la formación y ejecución de la política medioambiental. Sin acceso a la información, será muy difícil que los ciudadanos participen y ejerzan presiones. Por esa razón esta propuesta sobre acceso del público a la información medioambiental es tan trascendente.
El año 1998 los Estados miembros firmaron la Convención ONU/ECE sobre acceso a la información, participación del público en los procesos de decisión y acceso a herramientas jurídicas en asuntos medioambientales: la Convención de Århus. Este documento representa un gran avance para la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro y para la continuación del proceso de apertura que se inició con la directiva 90/313/EEG sobre el acceso a la información medioambiental. Antes de que la comunidad ratifique la Convención, habrá que adaptar las legislaciones vigentes en la Unión. Éste es uno de los objetivos principales de la propuesta. Otro, es corregir las deficiencias que se han detectado en la aplicación de la Directiva 90/313/EEG, aprobada en 1990.
Uno de los principales elementos de la propuesta de nueva directiva de la Comisión es otorgar derecho a la información medioambiental, en lugar de libre acceso a esa información. También se define más ampliamente la información medioambiental y se establece un plazo más corto para que las instituciones entreguen la información que se les solicite. Además, se definen claramente las excepciones y se propone que las instituciones sólo podrán negarse a entregar información si ésta pudiese dañar determinados intereses privados y públicos protegidos por las excepciones y se señala, además, que las autoridades deberán tomar iniciativas para informar al público.
Puesto que se ha mencionado a las autoridades, puedo manifestarles que la Comisión ha aprobado la enmienda de la Sra. Korhola que contiene una definición de "autoridad" . Está en plena concordancia con la Convención de Århus. Cuando los servicios públicos se privatizan, como ocurre actualmente en el Reino Unido, deberán ser las autoridades nacionales responsables las que se encarguen de la información a los ciudadanos.
La propuesta de la Comisión comprende las principales obligaciones de la Convención de Århus y, en algunos aspectos, va aún más lejos. Sin embargo, la propuesta permite a los países miembros decidir cómo se ejecutarán esas obligaciones en la práctica. La propuesta de la Comisión ha sido mejorada sustancialmente durante los últimos meses y quisiera agradecer a la Sra. Korhola y al Parlamento Europeo su trabajo. Estoy convencida de que gracias a este excelente trabajo podremos aprobar una postura común en la reunión de junio del Consejo.
Algunas de las enmiendas del Parlamento tienen por objeto ajustar exactamente la propuesta de la Comisión al texto de la Convención de Århus. En general, la Comisión aprueba esas enmiendas. En cambio, rechazamos aquéllas que difieren sustancialmente de la Convención de Århus. Con todo, opinamos que algunas enmiendas implican una regulación demasiado detallada. Quisiera subrayar que se trata de una directiva marco. Su objetivo primordial es establecer las condiciones fundamentales para asegurar el acceso del público a la información medioambiental. Por eso, creo que los Estados miembros deben tener espacio para incorporar la directiva en la legislación nacional con cierta flexibilidad.
Durante el debate ha surgido el tema de los registros. La propuesta presupone la posibilidad de crear registros en los países miembros, pero no es una obligación, no se estipula que los Estados miembros deban crear registros.
Por último, quisiera referirme brevemente al acceso del público a la información medioambiental en poder de las instituciones de la Unión, puesto que este asunto ha sido mencionado en el debate. Estoy estudiando diferentes opciones para garantizar que las instituciones comunitarias también cumplan con las obligaciones que se derivan de la Convención de Århus y volveré a informarles sobre este tema tan pronto como sea posible. Obviamente que primero habrá que esperar la tramitación de la propuesta que estamos discutiendo. La Comisión rechaza las enmiendas que se refieren a este tema específico, ya que quedan fuera del campo de acción de esta directiva, que atañe a los Estados miembros.
También quisiera decir algunas palabras al Sr. Bernié sobre el Programa Life y los diferentes proyectos Life. Opino que es extraordinariamente importante que informemos y que obremos con completa transparencia en relación con estos proyectos. No obstante, nos encontramos con que los Estados miembros dicen que se trata de información que ellos han producido y, por ese motivo, no aceptan que la Comisión la haga pública. Justamente se estudia este problema en relación con la discusión del artículo 255. Es conveniente que volvamos a discutir estos asuntos en torno a una propuesta sobre la adaptación de las instituciones de la UE a la Convención de Århus; les prometo que lo haremos tan pronto como sea posible.
En resumen, la Comisión aprueba toda la enmienda 3 y parcialmente las enmiendas 1, 11, 15, 19, 21, 24, 25, 26 y 28. La Comisión respalda en principio las enmiendas 13, 17, 19, 20, 21, 23 y 24. Sin embargo, la Comisión rechaza las enmiendas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 27, 29 y 30.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0018/01). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Primera parte

El Presidente


Lennart Sacrédeus
Pregunta nº 47 formulada por (H-0191/01):
Asunto: Etiquetado de origen de la carne En febrero, los sondeos de opinión del Eurobarómetro mostraron que el apoyo a la ampliación a los países del Este ha disminuido gravemente en varios Estados miembros. En los tres más poblados, es decir Alemania, Francia y Gran Bretaña, una mayoría de los encuestados estaban en contra de la ampliación. Esta información aparece al mismo tiempo que la enfermedad de las vacas locas causa estragos sin precedentes en algunos Estados miembros. Con la ampliación y la adhesión de nuevos miembros, el área geográfica de procedencia de nuestros productos agrícolas aumentará de manera considerable. Ello significa que a los ciudadanos de la UE les resultará todavía más difícil que en la actualidad saber de dónde procede un determinado producto.
Para remediar la falta de confianza en los productores de carne, ¿está dispuesta la Comisión a proponer la introducción de un etiquetado obligatorio de los productos cárnicos en el que figure su procedencia, ya sea nacional o regional, a fin de proporcionar mejor información a los consumidores?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en julio del año 2000 una regulación sobre el etiquetado obligatorio para la carne de vacuno que se comercializa en la Comunidad bien fresca o congelada, representó un importante avance para mejorar la transparencia y recuperar la confianza de los consumidores. Hoy, en que nos encontramos ante una segunda y grave crisis en el sector de la carne de vacuno, el sistema de etiquetado obligatorio puede demostrar su validez pues entretanto cada pieza de carne de vacuno se puede seguir hasta su origen y está asimismo claro dónde se ha sacrificado y troceado al animal. A partir de comienzos del próximo año se va a añadir a este etiquetado el lugar de nacimiento y el lugar donde se ha criado.
En lo referente al etiquetado de los productos que incluye a todo tipo de preparados alimenticios que contienen carne de vacuno, la Comisión debe atenerse al calendario que figura en el artículo 21 del Reglamento 1760/2000 por el que deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo hasta el 14 de agosto del 2003 un informe y, en su caso, propuestas adecuadas para el etiquetado de dichos productos.
En cualquier caso, la Comisión está trabajando en el marco de las normas generales de etiquetado en una propuesta sobre la indicación del contenido en carne y en productos derivados de la matanza de todos los alimentos. Esta propuesta supondría otro progreso esencial para lograr mayor transparencia en los productos cárnicos.

Sacrédeus
Agradezco al Comisario Fischler su respuesta y compruebo que en relación con el rastreo de la carne, el próximo año se mencionará el lugar de nacimiento y de crianza. ¿Se indicará el nombre de la explotación de la que procede o solamente el de la región? Formulo esta pregunta debido a la poca confianza que cada vez más consumidores tienen en el sector agrícola. Esto es especialmente válido para la industria de la carne en Europa. Por ese motivo es importante que, tan pronto como sea posible, se materialice el etiquetado con los datos sobre el origen de la carne y de otros alimentos.
Permítanme informar al Comisario Fischler acerca de una empresa que hay en mi tierra natal, Mora, en la región de Dalarna. La empresa, que se llama Siljanet y cuyo creador es Anders Lindberg, ha inventado un sistema de etiquetado informático que se está patentando y que permite conocer el origen de la carne hasta la explotación en particular que la produjo. Este tema cobró especial actualidad en una conferencia en Bruselas el 6 de marzo.

Fischler
Señor Presidente, por mostrarlo de nuevo de un modo algo más claro: ¿porqué existe esta diferenciación? Lo que entró en vigor el 1 de septiembre del año pasado afecta a datos de la etiqueta que se pueden determinar en el lugar de la matanza. Cada animal tiene un número en la oreja y si paso dicho número a la carne puedo seguir el camino de la carne hasta el animal. En segundo lugar, sé más claramente en el lugar del sacrificio dónde ha sido sacrificado el animal y también puedo determinar dónde ha sido troceado.
El otro problema que es agudo desde el 1-1-2001 es que también queremos proporcionar informaciones sobre la cría y el lugar de nacimiento. Pero esto no lo puedo constatar en el lugar de sacrificio sino, que por así decirlo, el animal tiene que traer consigo su historia para lo que es necesaria la correspondiente base de datos así como el correspondiente registro informático para que esto funcione. Aquí es donde está el problema y este es también el motivo por el que podemos comenzar con este sistema de modo general más tarde ya que no en todos los Estados miembros existen suficientes datos que lleguen tan atrás ni se ha registrado informáticamente el lugar de nacimiento de todos los animales
El 1-1-2002 tampoco se va a disponer de estos datos de todos los animales, pero se podrá diferenciar con gran exactitud. La carne de calidad y la carne etiquetada como tal, tendrá estos datos en la etiqueta, si bien será un código y no un nombre escrito. La demás carne no podrá ser comercializada ya como carne de calidad. Este es el modo de proceder.

El Presidente


Rosa Miguélez Ramos, a quien sustituye el Sr. Medina Ortega
Pregunta nº 48 formulada por (H-0193/01):
Asunto: Ayudas al sector ganadero de los Estados miembros afectados por la EEB En varios Estados miembros se están descubriendo en los últimos años reses afectadas por la encefalopatía espongiforme bovina, después de que desde el Reino Unido se exportaran harinas animales hacia estos Estados, cuando su comercialización había sido ya prohibida en dicho país.
En su momento la Unión Europea concedió importantes ayudas al Reino Unido para afrontar la crisis. Ahora, cuando otros Estados conocen casos de ganado afectado por el mal de las vacas locas, la opinión pública espera ayudas comunitarias similares a las que se le concedieron al que estuvo en el origen de este mal. De no ser así, nos enfrentaríamos de nuevo a la paradoja descrita por el Presidente Prodi en el PE durante la presentación del programa para 2001 de "una Europa cada vez más necesaria y sin embargo percibida como cada vez más distante".
¿Con qué cantidades y con qué porcentajes ha financiado la Unión Europea las medidas adoptadas para resolver la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina en el Reino Unido?
¿De qué medios dispone y con qué porcentajes tiene previsto cofinanciar la Unión Europea las medidas de apoyo en favor de los países afectados por esta nueva crisis de la EEB?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, para solucionar los problemas de la primera crisis de la EEB, cuando se prohibió la exportación de animales vivos y de carne de vacuno del Reino Unido, se destruyó allí en el marco de la llamada regulación de los 30 meses la totalidad de la carne de animales que cuando se sacrificaron tenían más de 30 meses de edad. Además, se ofreció una prima por el sacrificio temprano de terneras para su tratamiento pero no sólo al Reino Unido sino también a Francia, Portugal e Irlanda.
En los cuatro años comprendidos entre 1996 y el 2000, en los que existió en Gran Bretaña esta regulación de los 30 meses, los costes para el presupuesto de la UE ascendieron a 1.275,4 millones de euros. Esta suma corresponde al 70% del precio de compra de estos animales pues el 30% del precio de compra y la totalidad de los costes de eliminación tenía que costearla Gran Bretaña. El 80% de esta cantidad se pagó cuando los animales fueron sacrificados y el 20% restante cuando se demostró que la harina cárnica elaborada con estos animales había sido incinerada. Sin embargo, debe observarse que la totalidad de los costes por el sacrificio y también por la eliminación no dañina de los animales los tenía que soportar Gran Bretaña.
La prima por el tratamiento de las terneras fue financiada al 100% por el presupuesto de la Comunidad. Para los cuatro países miembros mencionados a los que se ofreció, esto ocasionó unos gastos totales de 326,6 millones de euros, de los que 235,4 fueron al Reino Unido. Pero la medida de la Comunidad para superar la primera crisis de la EEB incluye también una financiación plena del almacenamiento público y una prima por comercialización temprana para las terneras así como unas ayudas directas adicionales por un importe de 1.309,9 millones de euros. Estas ayudas directas -la prima por la comercialización temprana y el almacenamiento público por el que se almacenaron más de 700.000 toneladas de carne- beneficiaron a todos los Estados miembros.
Para superar la actual crisis, la Comisión no ha puesto en el 2001 a disposición solamente 238 millones de euros para intervenciones y 700 millones para el capítulo de destruction, sino que además hace poco ha presentado al Consejo y al Parlamento un paquete de medidas para el sector de la carne de vacuno que contiene tanto medidas de intervención como medidas comerciales especiales para reducir en el período comprendido entre el 2001 y el 2003 la producción de carne de vacuno.
Esto ocasiona unos gastos adicionales de 157 millones en el 2001 a los aproximadamente mil millones que se autorizaron para el presupuesto del 2001, unos gastos adicionales de 1.445 millones en el 2002 y 181 millones en el 2003. Los costes por la medida de compra y las regulaciones especiales son soportados asimismo en un 70% por la Comunidad; todos los demás costes deberán ser soportados por los Estados miembros. El almacenamiento de intervención será financiado como hasta ahora al 100% por la Comunidad.

Medina Ortega
Señor Comisario, muchas gracias por la información que nos ha suministrado. En la forma exponencial en la que está creciendo el gasto comunitario en este sector, ¿cree el Sr. Comisario que en los diferentes Estados miembros afectados por la segunda crisis de las vacas locas podrán realmente atenderse esas necesidades con los medios de que, previsiblemente, va a disponer la Comisión en los próximos años 2002 y 2003?

Fischler
Señor Presidente, hemos añadido al paquete de medidas que hemos presentado una fiche fiancière y esto muestra muy claramente qué gastos se van a producir y cómo queremos financiar estos gastos. Visto así, estos créditos están garantizados desde nuestro punto de vista. Naturalmente, contamos con que también en el presupuesto del 2002 quedaremos por debajo del límite acordado en Berlín, sobre todo debido a la evolución de la relación dólar/euro no prevista en Berlín y a que las exportaciones, en especial, de trigo transcurren muy bien y además en algunos otros sectores no se han tenido que realizar tantos gastos. Es decir, de este modo, por un lado, estamos en situación de aprovechar los espacios libres que se han desarrollado aquí y de ayudar a los ganaderos sometidos a presión y, por otro, respetar a pesar de ello los ceilings tal como se acordaron en Berlín.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Comisario, en Galicia existe una enorme preocupación. Es una región objetivo nº 1 que está sufriendo la EEB y aplicando con rigor modélico un plan de lucha contra esta enfermedad.
Yo querría saber si en estas medidas, de las que habla el señor Comisario, se están habilitando o se van a habilitar ayudas directas a los ganaderos. Y, en concreto -porque me lo piden así-, si se pueden autorizar o si se tiene previsto autorizar medidas específicas para hembras de bovino de 9 a 24 meses y modificar la prima especial del sacrificio de macho, cambiando el criterio de edad por el de peso: 185 kilos. Esto es lo que me piden y sería importante desde el punto de vista de la lucha contra esta enfermedad.

Fischler
Señor Presidente, siento que siempre tarde algo pero la traducción necesita algo más de tiempo que el que emplea el orador. Respecto a las preguntas del Sr. Varela Suanzes-Carpegna quiero decir lo siguiente: en primer lugar, estamos ya dando la totalidad de los créditos de los que se dispone en el marco de los puntos que hemos propuesto. Para el presupuesto del 2001 no disponemos de más créditos que podamos dedicar, por ejemplo, a ayudas directas a los agricultores. Se trata también de una situación diferente a la que existía en la primera crisis de la EEB pues en ésta se aplicaban aún las antiguas agricultural guidelines que eran mucho más generosas; ahora se aplican los límites aprobados de un modo sensiblemente más estrecho en Berlín para los gastos y estos límites se han ratificado de nuevo en la cumbre de Niza. Esto significa que la Comisión no tiene ninguna posibilidad de sobrepasar dichos límites.
En lo que se refiere en concreto a los territorios del objetivo 1, no son aquí posibles ayudas operativas sino a lo sumo ayudas que se refieren a inversiones o a medidas medioambientales agrícolas o cosas de este tipo. Por ello, no veo ninguna posibilidad de pagar una ayuda especial a las rentas a los agricultores en el marco de los créditos de ayuda para el objetivo 1.
En tercer lugar, quiero indicar que debido a este hecho, está abierta naturalmente una posibilidad pero también sólo dentro del marco que existe en la regulación nacional de las ayudas. Dentro de este marco, los Estados miembros pueden proporcionar ayudas nacionales. Sin embargo, condición previa es que, primero, se notifiquen y, segundo, no superen los límites determinados en las regulaciones estatales de las ayudas.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, he hecho dos preguntas muy concretas al Sr. Comisario. Una la ha contestado, pero la relativa a las primas del bovino ha quedado sin respuesta y es una cuestión que, quizá al Sr. Comisario no le llegó a través de la interpretación y me gustaría, si lo permite, repetírsela: ¿va a autorizar las medidas específicas para hembras de bovino de 9 a 24 meses y modificar la prima especial de sacrificio de bovino macho, cambiando el criterio de edad por el de peso, 185 kilos? A esto no me ha respondido.

Fischler
Señor Presidente, sólo existe una prima por sacrificio. La prima por sacrificio se encuentra regulada en el reglamento de mercado y es igual para todos los animales. Por ello, no puedo darle una respuesta al respecto, al menos en lo que me ha llegado en la traducción como pregunta.

El Presidente


Mary Elizabeth Banotti
Pregunta nº 49 formulada por (H-0137/01):
Asunto: Convención de 1996 sobre la protección de los niños La Convención de 1996 sobre la protección de los niños es considerada por aquellas personas comprometidas con la protección de los niños como un instrumento de gran valor que aportará una contribución esencial a una amplia gama de sectores relacionados con la protección de los niños. Es sumamente importante que el establecimiento de un nuevo sistema de protección de los niños en la UE no impida la aplicación de la Convención de 1996.
Dado que, a nivel de la UE, se han suscitado ciertas cuestiones en materia de competencia en este ámbito, ¿puede garantizar la Comisión que los Estados miembros procederán a ratificar la Convención de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre la jurisdicción, el derecho aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de "responsabilidad parental y de medidas para la protección de los niños" a la mayor brevedad posible?

Vitorino
. (EN) Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, que se tradujo en la transferencia de la esfera de cooperación judicial en asuntos civiles al primer pilar, el Consejo adoptó en mayo de 2000 el reglamento Bruselas II sobre jurisdicción y reconocimiento y cumplimiento de los juicios sobre cuestiones matrimoniales de responsabilidad parental para los hijos de los dos cónyuges. Este reglamento fija normas sobre jurisdicción, reconocimiento automático y cumplimiento simplificado de los juicios sobre cuestiones matrimoniales y las cuestiones de responsabilidad parental respecto de los hijos.
Como resultado de ello, el acceso a la Convención de 1996 sobre Responsabilidad Parental, a la que se ha referido su Señoría, ha pasado a ser una cuestión de la competencia de la Comunidad. Eso significa que en los asuntos que he mencionado, los Estados miembros no pueden ratificar la Convención de la Haya de 1996 sobre responsabilidad parental por su propia cuenta.
La Comisión sabe perfectamente bien que es necesario reforzar las actividades de la Unión Europea en esta esfera, tanto en el plano interno como en el plano externo, y, como ha sugerido su Señoría, debe hacerlo sin demora. Para ello, la Comisión tiene la intención de adoptar este mes un documento de trabajo sobre el reconocimiento mutuo de decisiones relativas a responsabilidad parental. En este contexto se está examinando actualmente la adhesión de la Comunidad a la Convención de La Haya de 1996 sobre responsabilidad parental.

Banotti
Señor Comisario, ¿está en condiciones de decir si hay apoyo universal en favor de la ratificación de la Convención de la Haya de 1996? Para evitar toda confusión diré que no se trata de la Convención de La Haya sobre el secuestro parental de niños, cuya fecha es 1981. Me estoy refiriendo a la otra Convención.
Tengo entendido que quizá haya problemas en materia de ratificación por algunos Estados miembros. Si los hay, ¿podría decirnos: a) qué tipo de problemas son, y b) de qué Estados miembros se trata?

Vitorino
. (EN) Tenemos que dejar bien sentado que la conclusión de la Convención de 1996 es en parte de la competencia exclusiva de la Comunidad, porque las normas del reglamento de Bruselas II quedan también afectadas, y en parte de la competencia de Estados miembros, porque la Convención tiene un ámbito mucho más amplio que excede de los límites de la responsabilidad parental derivada del reglamento de Bruselas II.
El documento de trabajo que la Comisión va a producir este mes tendrá dos finalidades principales. La primera es el seguimiento del reglamento Bruselas II, del que ya hemos hablado en una ocasión anterior, porque reconocemos que es necesario ir más allá de la finalidad del reglamento de Bruselas II a fin de poder garantizar la responsabilidad parental en el plano comunitario. Ahora bien, por otra parte hay margen para que los Estados miembros adopten la Convención y, por consiguiente, estimamos que deberían hacerlo sin demora.
Hemos de reconocer que es necesario aclarar de qué forma la Unión puede adherirse a la Convención, para mejorar las condiciones en las que los Estados miembros pueden ratificar las partes de la Convención que no son de la responsabilidad de la Comunidad.
No tengo ninguna indicación de que haya Estados miembros que tropiecen con dificultades específicas en relación con la Convención de 1996, pero sí que sé que solamente un Estado miembro -los Países Bajos- la ha ratificado hasta ahora.

Martin, David
Señor Presidente, el Comisario ha dejado bien sentado que la Convención en cierto modo se divide en dos partes: las partes que abarca el derecho comunitario, y las partes que abarca el derecho nacional de los Estados miembros. Ahora bien, como ha indicado la Sra. Banotti, la Convención es un documento holístico y sería una lástima que algunos Estados miembros sólo hubieran ratificado una parte de la Convención por conducto del método jurídico comunitario y no ratificaran la otra. Ya sé que eso es parte de la responsabilidad del Comisario, pero no sabemos si el Comisario, esforzándose por que tenga lugar la ratificación de la parte comunitaria de la Convención de 1996, ha indicado con toda claridad a los Estados miembros que no estaría mal que ratificaran el resto de esa Convención al mismo tiempo para que no hubiera disparidades entre la Convención y la forma en que se aplica en diferentes Estados miembros dentro de la Comunidad.

Vitorino
. (EN) Estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque pero, como reconocerá su Señoría, sería sumamente útil que aclarásemos en primer lugar las condiciones en las que la Comunidad puede acceder a la Convención, pues hay algunos problemas jurídicos porque la redacción de la Convención sólo prevé que sean partes en la Convención los Estados miembros. O sea que necesitamos incorporar el hecho de que la comunitarización de los temas de la Convención da a la Comisión y a la Comunidad una competencia exterior exclusiva. Una vez que aclaremos la cuestión, facilitaremos el camino para que los Estados miembros ratifiquen el resto de la Convención con el pleno apoyo de la Comisión, porque la Comisión tiene que resolver su propio problema sin demora.

El Presidente


Juan de Dios Izquierdo Collado
Pregunta nº 50 formulada por (H-0149/01):
Asunto: Coste de las transferencias bancarias ¿Considera la Comisión que las transferencias bancarias en el ámbito de la Unión Europea, en la zona euro, deben tener el mismo coste que las transferencias nacionales, según demandan reiteradamente las asociaciones de consumidores?
¿Estima la Comisión abusivos los costes actuales que gravan en origen y destino dichas transferencias con altas cantidades que no tienen en cuenta nuestra situación de moneda única y mercado único?
¿Qué medidas normativas o de negociación piensa poner en práctica la Comisión para conseguir el coste mínimo de las transferencias bancarias en el territorio euro y en el de la Unión?

Bolkestein
. (EN) Para empezar quisiera dar gracias a su Señoría por su pregunta. La Comisión comparte sus preocupaciones. Nuestro objetivo político es conseguir que el coste de las transferencias transfronterizas y domésticas converja para que no sea más caro transferir dinero al extranjero que transferirlo dentro de las fronteras de un solo país.
Esta declaración y este objetivo han sido repetidos por la Comisión en diversas ocasiones. Por ejemplo, en la comunicación sobre pagos al por menor en el mercado interior de enero de 2000; en mi respuesta al Parlamento en relación con el informe Peijs del 26 de octubre de 2000, así como en la conferencia de mesa redonda de la Comisión sobre el establecimiento de una zona de pago único, de 9 de noviembre de 2000.
Me gustaría insistir en que es intolerable que una zona de moneda única que carga las transferencias transfronterizas rebase en varios grados de magnitud el costo de las transferencias nacionales. Ahora bien, la determinación de las cargas y de los ingresos debe dejarse a la competencia y a las fuerzas del mercado: la legislación europea no debe estar encaminada a ningún reglamento de precio.
La introducción del euro solamente tiene efectos limitados para los gastos de transferencia. La razón es que los costos convergentes de la moneda no son más que un elemento del total de los gastos de transferencia. En realidad los gastos de convergencia monetarios representan aproximadamente el 20% del total. El resto -o sea un 80%- de las altas cargas persistentes impuestas a las transferencias transfronterizas se deben principalmente a la insuficiencia en materia de automatización y normalización. En ese caso la Comisión apoya y de hecho promueve la iniciativa encaminada a modificar y mejorar la situación actual.
La Comisión seguirá observando la situación y mantendrá presión sobre los bancos de la Unión Europea para que se establezcan sistemas de pago transfronterizo al por menor más eficientes.

Izquierdo Collado
Señor Comisario, efectivamente sé que usted ha intervenido ya en más de una ocasión al respecto de mi pregunta pero, en este sentido, me hago eco de las asociaciones de consumidores y usuarios. Ellos no están contentos sólo porque hablemos; lo que normalmente agradecen es que nosotros solventemos los problemas. Han puesto sobre el tapete este problema en no pocos casos y todavía saben que sus consumidores se quejan por una realidad que es realmente difícil de aceptar, porque las transferencias no solamente tienen un alto costo en origen, sino que también tienen un alto costo en destino, hasta tal punto que la banca en estos momentos está facturando costes injustificados cuando emite la transferencia y el banco receptor está emitiendo costes injustificados del mismo nivel cuando recibe el dinero. Es decir, estamos llevando a cabo una actuación que no parece corresponderse con los objetivos de la moneda única que entrará en circulación el 1 de enero de 2002.
¿Qué acción concreta de negociación puede hacer la Comisión, en este sentido, para dar alguna satisfacción a los consumidores?

Bolkestein
. (EN) Reitero y destaco que la Comisión comparte el enfado de los consumidores. Como ya dije en mi primera respuesta, no es aceptable que los pagos transfronterizos sean mucho más caros que los pagos hechos dentro de los límites de las fronteras de un país, o sea que los intereses de su Señoría los comparte la Comisión.
Ahora bien, he de repetir que la Comisión no tiene por qué ocuparse de regular los precios: la Comisión tampoco puede decir a los bancos lo que han de cargar. La Comisión puede instar a la industria bancaria y a las administraciones nacionales a que intensifiquen sus esfuerzos en las siguientes esferas: normalización, infraestructura del sistema de pagos, y simplificación de las obligaciones de presentar informes.
Para empezar por el último párrafo de los que he citado, la Comisión ha podido conseguir cierto éxito en sus esfuerzos por evitar la necesidad de informar sobre operaciones de cuantía inferior a 12.500 euros. El Parlamento y la Comisión están contentísimos y querrían aumentar el correspondiente límite a 50.000 euros por transferencia. Así lo dije claramente cuando me referí al informe Peijs. O sea que por lo que se refiere a la cuestión de la simplificación de las obligaciones en materia de presentación de informes, la Comisión ha podido dar un paso adelante.
En cuanto a la cuestión de la normalización, ahora contamos con el IBAN, que es el número de cuenta bancaria internacional, y con el BIC, que es el código de identificación bancaria. Con estos dos códigos, las transferencias de dinero deberán ser más sencillas, más rápidas y más baratas. La Comisión se está esforzando activamente por familiarizar al público en general con el IBAN y con el BIC, a fin de convencer a la población de que los use para las denominadas transferencias de tramitación directa que, por lo tanto, resultarán más baratas.
Hablemos ahora de la infraestructura. La Comisión se está ocupando de nuevo activamente de esta cuestión y ha introducido un nuevo sistema para el pago de cantidades pequeñas -un sistema particular para efectuar pequeños pagos- llamado Step 1 por la Euroasociación bancaria. Ese sistema está funcionando desde el 20 de noviembre de 2000 y debería representar un incremento de la eficacia y, por lo tanto, precios más bajos.
Aparte de lo que acabo de decir, hay algunos sectores que han establecido sus propios sistemas, pero esos sistemas sólo están disponibles para miembros o asociados de esas organizaciones.
Todo esto es para asegurar al Parlamento que compartimos sus preocupaciones. No incumbe a la Comisión regular los precios: el control de los precios es algo que pertenece al pasado. Las cuestiones de que se ocupa la Comisión son, como ya he dicho, la normalización, la infraestructura y la simplificación de las obligaciones y procedimientos en materia de presentación de informes. La Comisión se esfuerza activamente por mejorar la situación. No hay duda de que, como resultado también de la competencia, los precios bajarán, pero por el momento son demasiado altos y eso no es aceptable.

Titley
Señor Presidente, convengo con la Comisión en que su misión no es la de fijar precios. Sin embargo, sí que lo es velar por que haya una competencia auténtica en el mercado de la UE. ¿No es cierto que los bancos han constituido un cártel en materia de precios y están manteniéndolos deliberadamente altos porque con la mundialización haya cada vez menos bancos, lo que significa cada vez menos competencia? ¿Qué medidas va adoptar la Comisión para velar por que los bancos no apliquen precios anticompetitivos como forma de mantener altas sus comisiones?

Bolkestein
Señor Presidente, en este momento no estoy en condiciones de convenir con la afirmación del Sr. Titley de que cada vez hay menos competencia en la banca. Para ello, habría que hacer una investigación más profunda. Sin embargo, la de procurar que impere la competencia sí que es sin lugar de dudas tarea de la Comisión. Como comprenderá el Sr. Titley, mi colega el Sr. Monti es quien se ocupa de la competencia. Sé que el Sr. Monti ha hecho ciertas investigaciones, pero se referían más al cambio de divisas. Este asunto presenta dos aspectos diferentes: en primer lugar, el costo de la transferencia de dinero, sobre lo que versaba la pregunta original que se me había formulado, y, en segundo lugar, el costo del cambio de las divisas. Las investigaciones de la Comisión a ese respecto no han permitido aún sacar una conclusión. Dicha conclusión será, naturalmente, cosa del pasado para los doce Estados miembros de "Eurolandia" a partir del 1 de enero de 2002.

El Presidente


Laura González Álvarez
Pregunta nº 51 formulada por (H-0226/01):
Asunto: Salvaguardia del empleo en la fusión entre Aceralia, Arbed y Usinor Aceralia, Arbed y Usinor anunciaron en Bruselas la fusión de estos tres grupos siderúrgicos para formar una nueva sociedad que copará el 60% del mercado europeo del acero. Según declaraciones del presidente de la nueva sociedad, Francis Mer, "la fusión logrará unas sinergias que permitirán un ahorro de 300 millones de euros el primer año y, progresivamente, alcanzar los 600 millones de euros antes de 2006, mediante una mejora de los costos y de la productividad, con unos efectivos razonables en el tiempo". Estas declaraciones han provocado la inquietud de las organizaciones sindicales. El mismo día de la fusión, Usinor anunció el cierre del alto horno de Charleroi. Existe también una enorme preocupación en mi país por la posible perdida de empleos en Asturias, el País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana. Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la Cumbre de Lisboa por el pleno empleo:
¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para garantizar que el nuevo grupo siderúrgico mantenga los centros productivos y la mano de obra existente?
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Verheugen
Diamantopoulou
Señor Presidente, es cierto que vivimos en una era de cambio y reconstrucción industriales. Es cierto que todos los días hay nuevas adquisiciones y operaciones de fusión y que a veces la reestructuración es sinónimo de pérdidas de puestos de trabajo, lo que puede tener consecuencias trágicas para el tejido social de cualquier región, pero en particular de aquellas en que hay pocas posibilidades de creación de puestos de trabajo.
La Comisión comprende que los ciudadanos y los trabajadores necesiten sentir seguridad en esta época difícil. Creemos que la piedra angular de una adaptación lograda al cambio es el diálogo en todos los niveles, basado en una información completa y transparente.
Las ideas básicas que la Comisión se propone destacar son las siguientes. La primera es la de que las decisiones y la reestructuración empresarial son a un tiempo una prerrogativa y una responsabilidad de la dirección. Eso quiere decir que, al examinar la posibilidad de adoptar medidas que vayan a tener consecuencias sociales, las empresas deben siempre intentar activamente encontrar soluciones menos negativas y perjudiciales.
En segundo lugar, cuando los despidos resulten inevitables, se debe hacer todo lo posible para ayudar a la redistribución de los afectados, lo que requiere una planificación previa, preparación en el momento oportuno y una gestión eficaz de esos procesos. En tercer lugar, nada es más importante que el diálogo social. Se debe informar y consultar oportuna, eficaz y exhaustivamente a los representantes de los trabajadores y, naturalmente, antes de que se lancen o se anuncien públicamente las iniciativas.
La participación de los trabajadores no es sólo un derecho fundamental, sino también una necesidad, para que se acepte la reestructuración empresarial. Conforme a la legislación europea vigente, se puede informar y consultar a los representantes de los empleados en las empresas afectadas por operaciones de fusión sobre las posibles consecuencias sociales de la medida anunciada. Hay directivas europeas concretas que se han traspuesto en la legislación nacional relativas a los ajustes de plantilla, las transferencias de empresas y los comités de empresa europeos.
Pero no compete a Europa intervenir en este momento en lo relativo al cumplimiento de las directivas. Se han traspuesto debidamente en la legislación nacional de los Estados miembros y corresponde a las autoridades nacionales pertinentes evaluar cualquier conflicto o litigio resultante de la aplicación de las normas.
En mi primera observación me he centrado en el diálogo social y la aplicación de la legislación europea vigente. Mi segunda observación se refiere a tres empresas afectadas por una operación de fusión en particular, porque tienen considerable experiencia a la hora de reestructurar y abordar las consecuencias sociales y el diálogo social y los interlocutores sociales. En particular, si se adoptaran medidas sociales para prestar asistencia a los trabajadores afectados con vistas a su redistribución, prestarles apoyo en forma de ingresos temporales o sacarlos del mercado laboral mediante la jubilación anticipada antes de que expire el Tratado CECA el 23 de julio de 2002, la Comisión, a petición del Gobierno interesado, podría prestar ayuda suplementaria conforme al artículo 56 del Tratado. Se trata de la ayuda comúnmente conocida como ayuda para la readaptación.

González Álvarez
Señor Presidente, deseo manifestar mi agradecimiento a la Sra. Comisaria por su amplia explicación. Comparto plenamente muchas de las cosas que dice. Como ella, pienso que es necesario el diálogo y que se apliquen las directivas que tienen que ver con los derechos laborales y con los comités de empresa europeos.
Sin embargo, usted comprenderá nuestra preocupación si le digo que vivo en Asturias. Asturias es una región que ha sufrido la reconversión del carbón, de la minería, de la fabricación de armas y de la construcción naval. Ha habido diálogo y acuerdos con los trabajadores y ha habido jubilaciones y prejubilaciones, que es lo que propone uno de los presidentes de estas tres empresas de las que hablamos hoy para, por ejemplo, el horno de Charleroi, que parece ser uno de los primeros que se va a cerrar.
La pregunta muy concreta, señora Comisaria, que probablemente ya tenga respuesta, es: si en los acuerdos de Lisboa se habló de pleno empleo, ¿no es terrible utilizar recursos públicos para esa creación de empleo y, por otra parte, perder continuamente empleo por las reestructuraciones, privatizaciones y fusiones de empresas? El problema en Asturias, donde hubo jubilaciones y prejubilaciones, es que hoy los jóvenes no tienen futuro porque se suprimieron más de 30.000 empleos.

Diamantopoulou
Naturalmente, comparto con su Señoría las preocupaciones que acabamos de mencionar, porque se trata de una zona con muchos problemas. Pero, como sabe su Señoría, toda la zona -Asturias y Valencia- corresponde al objetivo 1 del apoyo marco. Dentro de ese marco, el gobierno de Asturias puede hacer algunos cambios al programa propuesto para los seis próximos años y tal vez pudiera conseguir algunos fondos, conforme al reglamento sobre la ejecución del programa marco europeo y a las normas estatales. Es necesario combinar el Fondo Social, la estrategia en pro del empleo y su financiación y la aplicación de las legislaciones europea y nacional, en este caso, española.
Lo que estamos intentando hacer en este caso es encontrar una combinación de medidas en el marco de esa información y consulta. Así podríamos organizar cursos de formación y financiarlos; podríamos ayudar a los afectados a organizar su propia actividad por cuenta propia o una pequeña empresa. En algunos casos -y este es uno de los casos en que es posible- disponemos del sistema de jubilaciones anticipadas.
De modo que debemos encontrar una combinación y abordar la situación. Evidentemente, no podemos impedir a las empresas que hagan operaciones de fusión o adquisiciones.

Garriga Polledo
Señor Presidente, usted también ha nacido en la región asturiana y, por tanto, es normal que se preocupe por los temas de nuestra región.
Una pregunta complementaria a la Sra. Comisaria: ¿Cree usted que la principal función que debe tener la Comisión en esta materia de creación o de ayuda a las grandes empresas es crear un entorno económico suficientemente eficiente y competitivo? Quiero decir: nosotros creemos que es mucho más sencillo garantizar el empleo a través de unas empresas que estén en un entorno suficientemente eficiente como para permitir la competencia con las empresas de otros sitios que mantener una política social restrictiva que a menudo se opone a los intereses de los propios trabajadores.

Diamantopoulou
La de su Señoría es la pregunta fundamental sobre cómo podemos combinar las políticas económica y social. Ése es el problema principal que afrontamos en Europa: cómo combinar la competetividad con la cohesión.
Por lo que se refiere a esta operación de fusión, se trata de una esfera con muchos problemas. Tenemos importantes adquisiciones y operaciones de fusión en toda Europa. La única forma de abordarlo no es mediante la legislación o las restricciones en materia de puestos de trabajo. Después de cada operación de fusión o reestructuración en la esfera industrial, debemos examinar no sólo el número de puestos de trabajo perdidos, sino también el número de puestos de trabajo salvados. En algunos casos las operaciones de fusión, modernización y adquisición son muy importantes para el futuro del sector. De modo que lo que tenemos que hacer ahora es abordar los dos aspectos: apoyar la competitividad de nuestras empresas y ver cómo podemos abordar las repercusiones de esas operaciones de fusión en nuestras sociedades. Es lo que acabo de explicar.
En este caso hay tres elementos principales. Se puede recurrir al Tratado CECA. Sólo nos queda un año para hacerlo. En el caso de Asturias se pueden conceder subvenciones conforme al Tratado. En segundo lugar, se puede recurrir al marco europeo. Y, por último, se pueden utilizar fondos nacionales para organizar o aplicar políticas sociales en ese sector.

El Presidente


Alexandros Alavanos
Pregunta nº 52 formulada por (H-0134/01):
Asunto: Plan de incorporación a Turquía de los territorios ocupados de Chipre El Gobierno turco ha decidido aplicar un plan de incorporación a Turquía de los territorios ocupados de Chipre. Las medidas previstas en el plan hacen referencia, entre otros aspectos, a la concesión de la ciudadanía turca a los turcochipriotas y a los colonos turcos, la distribución de tierras y la creación de asentamientos en la zona ocupada, la subordinación a Ankara del llamado catastro turcochipriota, etc. Estas medidas, corroboradas por el Sr. Cem, Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, en una entrevista concedida a un diario turco, se han tomado cuando se está elaborando el plan nacional previsto por la asociación para la adhesión UE-Turquía, que requiere una postura positiva por parte de Turquía ante la cuestión chipriota.
¿Considera la Comisión que la decisión de incorporar a Turquía los territorios ocupados de Chipre es compatible con las decisiones de las Cumbres de Helsinki y de Niza, con las previsiones de la asociación para la adhesión UE - Turquía sobre este tema y con las resoluciones de las Naciones Unidas? ¿Qué se propone hacer la Comisión para que se revoquen estas medidas?

Verheugen
Señor Presidente, la Comisión está informada de que Turquía ha aprobado un protocolo financiero por un importe de 350 millones de dólares a favor de la parte norte de Chipre para los próximos tres años. En este importe se trata de una ayuda presupuestaria que pretende que la parte norte de Chipre esté en situación de aplicar el plan de consolidación del presupuesto anunciado el año pasado. Esta resolución se adoptó en la cuarta reunión del llamado Consejo de Asociación entre Turquía y la parte norte de Chipre el 12 de enero del 2001.
Otros puntos tratados en esta reunión se refieren a medidas para facilitar el comercio. Estas medidas pretenden contribuir también al desarrollo económico de la parte norte de Chipre. El ministro turco Gürel declaró antes de la reunión que esas medidas apuntan a superar la crisis económica en la parte norte de Chipre y ha negado que se pretenda la integración de esta zona como la 82ª provincia turca.
La Comisión espera que la parte turca no escatime esfuerzos para contribuir constructivamente a encontrar una solución global a la cuestión chipriota en el marco del proceso de paz de la ONU. Para poner de nuevo en marcha las conversaciones bloqueadas de la ONU, ambas partes tienen que mostrar una auténtica disposición para reiniciar de nuevo el diálogo y mantener negociaciones sustanciales. La Comisión seguirá apoyando ilimitadamente los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas y de todas las partes afectadas para lograr una solución pacífica duradera.
Esto es válido tanto en un sentido político como de cara a la puesta a disposición de las necesarias informaciones sobre aquellos aspectos del acerbo comunitario que se deben tener en cuenta en la solución de la cuestión chipriota. La Comisión aprovecha cualquier ocasión para mostrar a las partes afectadas su posición. La cuestión chipriota será tratada junto a otros temas en el marco del diálogo político intensificado entre la Unión Europea y Turquía que inició el Consejo Europeo en su reunión de Helsinki en diciembre de 1999.

Alavanos
Le agradezco al Sr. Comisario que haya hablado en su lengua, porque a veces nos da la impresión de que, ante un Parlamento políglota, con todo mi respeto hacia la lengua inglesa, tenemos una Comisión de habla inglesa.
Sin embargo no le agradezco la respuesta que me ha dado. Creo que no le da la importancia debida al tema; creo que tenemos unas declaraciones claras del Sr. Cem sobre la perspectiva de incorporación y sobre las amenazas de incorporación a Turquía de la parte de Chipre ocupada por las tropas turcas, en vista de la adhesión; y quisiera plantear una cuestión al Sr. Comisario, que ha hablado como si las responsabilidades fueran iguales para las dos partes: Chipre, la República Democrática de Chipre es el primero de todos los países candidatos a la adhesión, en relación con sus expedientes, concluidos y aprobados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nos dirigimos a la capacidad plena de Chipre, técnicamente, para anexionarse; pero no se soluciona el problema político. ¿Tienen los dos la misma culpa? ¿Tienen la misma responsabilidad el Sr. Dektas y el Presidente de la República Democrática de Chipre? ¿Qué iniciativas va a tomar la Comisión? Turquía debe tomar una postura clara en este tema.

Verheugen
Me permito asegurar al Sr. diputado que la Comisión no infravalora esto de ningún modo sino todo lo contrario. La Comisión no dispone de las informaciones que, por lo visto, tiene el Sr. diputado. Hace sólo unos pocos días, el ministro turco de Asuntos Exteriores no me ha dicho en las extensas conversaciones que ha mantenido conmigo lo que usted por lo visto ha leído o escuchado en algún lugar. Tampoco he escuchado de ningún otro miembro del Gobierno turco que se proyecte una anexión del norte de Chipre. Desconozco esto. Si ocurriese así sería en contra del derecho internacional y tendría las correspondientes consecuencias. He indicado esto ya públicamente en numerosas ocasiones y lo hago también aquí.
Usted ha preguntado qué va a ocurrir. En primer lugar, proseguimos las negociaciones con Chipre sin aminorar la velocidad. Es un principio importante que nuestras negociaciones de adhesión con Chipre no deben sufrir las consecuencias de que no se haya aún solucionado el conflicto político. Paralelamente a ello, tal como ya he indicado, apoyamos con todas nuestras posibilidades el proceso de paz y creemos que ambos procesos -el de paz y el de ampliación- se apoyan y fortalecen recíprocamente. Por el momento, como sabe, hay un parón pero le puedo decir aquí sin traicionar por ello ningún secreto, que se están realizando esfuerzos muy intensos en muchas partes del mundo y en muchas capitales para poner de nuevo en marcha estas negociaciones.
Aprovecho la ocasión que me ofrece su pregunta para apelar muy encarecidamente a los representantes de la comunidad turca en Chipre para que retornen a las conversaciones y estén dispuestos a contribuir a una solución sustancial y duradera del problema en base a las propuestas de las Naciones Unidas.

Sacrédeus
Gracias señor Presidente, solamente quiero decir al Comisario Verheugen que en el otoño pasado el Parlamento Europeo, en relación con el informe Morillon sobre Turquía, instó a ese país a retirar sus tropas de ocupación del norte de Chipre. Esta propuesta, presentada por mí, fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores y en la Sala. Pido al Comisario Verheugen que requiera al Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Cem, para que aclare lo que ha dicho y señale cuáles son sus intenciones y las del gobierno turco. Lo que se ha dicho aquí en el turno de preguntas es, a mi juicio, muy grave.

Verheugen
Señor Presidente, señor diputado, le estoy agradecido por la observación. El Parlamento no defiende aquí ninguna otra posición que la de la Comisión y el Consejo. Ya lo he tratado muy frecuentemente con todos a los que les afecta pero en el próximo encuentro con el Gobierno turco que está previsto para dentro de pocas semanas quiero sacar a colación de nuevo su sugerencia, el tema. Le puedo decir gustosamente que tampoco va a cambiar nuestra opinión de que el mantenimiento de la ocupación de la parte norte de Chipre por tropas turcas representa una violación del derecho internacional.

El Presidente


Bernd Posselt
Pregunta nº 53 formulada por (H-0220/01):
Asunto: Disposiciones transitorias para Polonia y la República Checa ¿Qué opina la Comisión sobre la actual discusión en relación con los plazos transitorios para Polonia y la República Checa en los ámbitos de la libre circulación, la libertad de establecimiento y la libre adquisición de terreno?

Verheugen
Señor Presidente, señor diputado, las negociaciones de adhesión parten del principio de que los candidatos a la misma reconocen el llamado acervo comunitario que es innegociable y que lo aplicarán desde el momento de la adhesión. Sólo en casos fundamentados correspondientemente se podrán aprobar medidas transitorias por las que se pueda aplazar temporalmente la aplicación de una parte del acervo comunitario. En el documento estratégico para la ampliación que aprobó la Comisión el 8 de noviembre del año pasado y que el Presidente Prodi y yo mismo presentamos el mismo día a este Parlamento, la Comisión presentó los principios básicos para el trato a dar a las solicitudes de medidas transitorias.
Los Estados miembros han aprobado estas propuestas y son ahora nuestra base de trabajo. Se pueden resumir del siguiente modo: las medidas transitorias no deben referirse a la esencia del acervo comunitario sino solamente al aplazamiento de su aplicación durante un tiempo determinado. No deben ocasionar distorsiones de la competencia dignas de mencionar. Deben ir acompañadas de un claro plan de aplicación también en lo que se refiere a las, en su caso, necesarias inversiones y en los campos que dependen del mercado interior las medidas transitorias no deben ser demasiado numerosas y tienen que ser de corta duración.
La libertad de circulación, la de establecimiento y la libre circulación de capitales son elementos básicos del mercado interior. Según el calendario acordado para las negociaciones, la Unión Europea se ha comprometido a formular a más tardar hasta finales del primer semestre una posición común siempre que lo permitan las informaciones transmitidas por los candidatos a la adhesión. Actualmente se están realizando consideraciones al respecto y también sobre algunas de las solicitudes de medidas transitorias colocando como base los principios antes mencionados. Esto es válido también para Polonia y la República Checa y quiero además indicar que es parte integrante de nuestra base de negociaciones que la Comisión pueda realizar también por su parte propuestas para medidas transitorias si esto radica en interés de la totalidad de la Unión.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, usted sabe que estoy a favor del menor número posible de plazos de transición y de que sean lo más cortos y flexibles posibles, por lo que me alegra mucho su respuesta. No obstante, quiero preguntarle aún dos puntos concretos. Primero: ¿considera usted posible que en los tres campos mencionados no vayan a existir plazos de transición de ningún tipo para los dos países? Segundo: ¿considera posible que en caso de que existan plazos de transición, se compensen las regulaciones de excepción para grupos de personas en la libertad de circulación, por un lado, por regulaciones de excepción en la libertad de establecimiento para determinados grupos de personas, por el otro?

Verheugen
Señor Presidente, señor diputado, la segunda parte de su pregunta la puedo responder con un no categórico. No solamente no lo considero posible sino que sobre todo para nosotros no sería negociable. Opondríamos desde el principio una decidida resistencia a un intento de este tipo pero debo decirle muy sinceramente que tampoco veo que alguien desee hacer un intento de este tipo que se opone plenamente al espíritu del proceso de ampliación.
¿Qué considero yo como posible? Considero como posible que en los tres campos que ha mencionado podamos definir intereses dignos y necesitados de protección en ambos lados y que una vez realizada la definición de tales intereses lleguemos de hecho a un sistema de regulaciones de transición muy flexible, muy diferenciado y también muy específico. Por el momento, no puedo predecirlo de un modo preciso. Usted sabe que el proceso de formación de opinión y el decisorio sobre estas cuestiones acaba de comenzar. Estamos aún al principio del todo. No obstante, cuento con las primeras decisiones ya en las próximas tres o cuatro semanas.

Rübig
Señor Presidente, señor Comisario, estamos continuamente discutiendo sobre los plazos de transición y los problemas. ¿Puede imaginarse que recapacitemos en principio sobre plazos de transición negativos, que mediante acuerdos bilaterales entre los países comencemos ya ahora a solucionar antes de tiempo los problemas desarrollando para ello un sistema de estímulos y que en los sectores centrales que ya conocemos hoy y que se mencionan continuamente consideremos un sistema de estímulos sobre cómo podemos encontrar de antemano una solución a dichos problemas, es decir, antes de la adhesión?

Verheugen
Señor diputado, la situación es que actualmente están en vigor Acuerdos Europeos con todos estos países y dichos Acuerdos permiten a todos los Estados miembros y a todos los países candidatos realizar acuerdos bilaterales en lo referente a la libertad de circulación. Pero los Estados miembros han hecho uso de esta posibilidad en muy, muy pequeña medida. Si estoy bien informado, sólo Austria y Alemania, por lo que debo extraer la conclusión de que hasta ahora no ha existido una necesidad especial al respecto. Como los Acuerdos Europeos siguen estando en vigor, se pueden adoptar naturalmente también acuerdos bilaterales.

El Presidente


Gary Titley
Pregunta nº 54 formulada por (H-0238/01):
Asunto: Organizaciones locales y ampliación En el marco de la campaña de información sobre la ampliación tanto en los Estados miembros como en los países candidatos, ¿prevé la Comisión fomentar la ampliación a nivel de organizaciones locales como, por ejemplo, ayuntamientos, escuelas e instituciones similares? ¿Se han propuesto medidas como, por ejemplo, el hermanamiento de ciudades?
Preguntas dirigidas a la Sra. Reding
Verheugen
Señor diputado, en su estrategia de comunicación sobre la ampliación, la Comisión está de acuerdo expresamente en incluir a los actores sociales como los municipios y ayuntamientos, los mandatarios regionales, escuelas, cámaras de comercio y de artesanos, sindicatos, iglesias, asociaciones y clubes como representantes que gozan de credibilidad en la sociedad.
La estrategia de la comunicación se aplica descentralizadamente. Nuestras delegaciones en las capitales de los países candidatos y las representaciones en las capitales de los países miembros elegirán in situ en el marco de una estrategia que tenga en cuenta las necesidades de información nacional y regional, a sus interlocutores para la cooperación. Naturalmente, estos interlocutores para la cooperación deben ser preferentemente actores locales.
Aquí es aplicable el principio de que debido al carácter limitado en el tiempo y en los contenidos de este proyecto, no podemos crear unas estructuras totalmente nuevas. Tampoco tenemos el suficiente dinero para poder reclamar para nosotros los instrumentos de la comunicación de masas, es decir, no podemos comprar anuncios ni realizar spots en televisión, por lo que es muy lógico que utilicemos las estructuras de comunicación existentes en la sociedad, por así decirlo, como medios de transporte para nuestro mensaje. Todas las instituciones y organizaciones que menciona son en mi opinión medios de transporte adecuados.
Señor diputado, le agradezco mucho su pregunta sobre todo porque me concede la oportunidad de saludar el compromiso de los diputados de esta Asamblea a favor de esta estrategia de comunicación e indicar que la campaña en los Estados miembros está por el momento bajo mínimos, en realidad aún no ha comenzado seriamente porque los créditos destinados a este proyecto en el marco de la línea presupuestaria PRINCE aún no se han liberado. Apelo así pues a sus Señorías para que nos ayuden para que se liberen lo antes posible los créditos previstos para la campaña de información y podamos comenzar también con la aplicación concreta, pues el tiempo se nos escapa lentamente. Sería un poco tarde si informásemos a las personas en los Estados miembros sobre la ampliación cuando los Tratados estén ya concluidos.
Ya he dicho que la Comisión no proyecta ninguna campaña publicitaria sino que se trata de información, comunicación y también de la posibilidad de participación. En el punto central se encuentran naturalmente las grandes cuestiones como la de aseguramiento de la paz, la ampliación de la zona de estabilidad en Europa o la cuestión de un dividendo de paz que se puede utilizar tras el fin de la guerra fría.
Vamos a hablar sobre la utilización económica de una zona de crecimiento sostenible en la Europa Central y Oriental que alcanza desde el Báltico hasta Istria. Hablamos sobre el empleo eficiente de la distribución sin fricciones del trabajo que surge en el mercado interior ampliado que alcanza dimensiones continentales y que debe enfrentarse con éxito a la competencia mundial con Asia oriental y Norteamérica. Hablaremos sobre la aplicación de las normas de la UE en los países candidatos que, por ejemplo, en el sector medioambiental, en la seguridad del tráfico, en el derecho de competencia, en la seguridad interior, en la higiene de los alimentos y en otros muchos, muchos campos radican en interés de todas las ciudadanas y ciudadanos de la Unión.
Otro importante tema es el uso del capital humano, de las experiencias históricas y sociales sin parangón de los ciudadanos de los países candidatos para el futuro proceso de integración. Permítame decir en una frase que de lo que se trata es de crear consciencia, de que tengamos la oportunidad histórica de superar definitivamente la división de Europa que se nos impuso desde fuera.

Titley
Agradezco al Comisario su completísima respuesta y le formulo tres preguntas.
En primer lugar, ¿conviene conmigo en que tenemos que hacer propaganda sobre la ampliación para convencer al respecto, en particular, a los ciudadanos de la Unión Europea? Si no lo hacemos, es probable que tengamos dificultades con la ratificación.
En segundo lugar, ¿cómo consiguen acceso a los fondos estas organizaciones? ¿Deben pasar por las oficinas nacionales de la Comisión? ¿Hay información disponible sobre cómo lo hacen?
Por último, no se ha referido a mi observación sobre el hermanamiento. ¿Son posibles proyectos que hermanen, por ejemplo, escuelas de los Estados miembros con escuelas de los países candidatos y también a las autoridades locales de los Estados miembros con autoridades locales de los países candidatos para examinar las repercusiones de la ampliación y lo que significa para los países candidatos? ¿Sería posible preparar propuestas así?

Verheugen
Señor diputado, respecto a la primera pregunta: sí, es urgentemente necesario acercar más la ampliación a las ciudadanas y ciudadanos de los Estados miembros. Usted sabe que es uno de los grandes temas a los que dedico una especial atención y del que me ocupo con una gran dedicación personal. Ha mejorado algo pero aún no es satisfactorio. Este tema no es algo que se venda por si sólo sino que hay que aclarar a las personas de qué se trata y tenemos que enfrentarnos a los miedos, preocupaciones y temores que van unidos a la ampliación y decir con total seriedad y claridad a las ciudadanas y ciudadanos qué es lo que hacemos para que no se produzcan los riesgos temidos por ellos.
Segundo: las solicitudes de participación en este proyecto tienen que pasar realmente por nuestras representaciones en las capitales pues la totalidad del proyecto está descentralizado como ya he dicho y porque, naturalmente, también queremos aprovechar los efectos sinergéticos en los Estados miembros y en los países candidatos. No somos los únicos que hacen algo aquí. La responsabilidad está distribuida de modo algo más amplio. Otros también tienen que participar en la comunicación y es razonable que nos esforcemos también por la coordinación y la sinergia. Por ello, si conocen organizaciones o grupos que desean participar aquí, la respuesta correcta sería que se pongan en contacto con la representación en la correspondiente capital.
En lo que se refiere al hermanamiento de ciudades, escuelas, concejos municipales, etc., para mí cae dentro del concepto de "estructuras de comunicación ya existentes" . Personalmente me parece que precisamente el hermanamiento de ciudades puede ser un instrumento extraordinariamente útil en este contexto pues podemos apoyarnos en contactos ya establecidos y no tener que crearlos de nuevo. También considero como extraordinariamente adecuadas las relaciones de intercambio entre políticos municipales y escuelas. Nuestras delegaciones y representaciones en las capitales tienen las correspondientes instrucciones para que tales programas puedan ser promovidos en el marco de esta campaña.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, sólo quiero plantear la pregunta adicional de hasta qué punto están vinculadas las Euroregiones a su estrategia y hasta qué punto los países candidatos mismos reciben créditos para informarse sobre ellos mismos entre nosotros pues creo que no es sólo nuestra tarea informar a los países sino también hacer posible que los países se acerquen más a nosotros. Creo que hay proyectos como el Centro de Europa en Asch y otros muchos. Quería preguntarle si hay algo así en su planificación.

Verheugen
Señor diputado, sí, las Euroregiones están naturalmente incluidas. Son incluso un elemento esencial porque ya disponemos allí de redes muy tupidas de información y de comunicación que podemos utilizar. No creo que fuese inteligente si la Comisión pusiese a disposición de los Estados candidatos dinero para su propio trabajo de cara la opinión pública. Tengo que decir con total claridad al respecto que se sobrepasaría un límite de injerencia que no debemos sobrepasar. Aquí se trata de dinero político, de un dinero muy sensible y ningún país debería aceptar de una tercera instancia dinero que se dedique a finalidades de información o de trabajo de cara a la opinión pública. Los candidatos aún no han solicitado que le demos tales créditos pero usted sabe que están llevando a cabo tales acciones.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario. Dada la escasez de tiempo, les ruego que, si no es absolutamente necesario, renuncien a formular preguntas complementarias. La Sra. Reding se ha comprometido a contestar conjuntamente, cuando llegue el turno, las preguntas 56, 57 y 58.

El Presidente


John Walls Cushnahan
Pregunta nº 55 formulada por (H-0188/01):
Asunto: Explotación de futbolistas africanos ¿Qué medidas ha emprendido la Comisión para evitar la continua explotación a la que los representantes y clubes de fútbol europeos someten a los jóvenes futbolistas africanos?

Reding
. (FR) Su Señoría ha formulado esta pregunta porque sabe que la explotación de los jóvenes futbolistas africanos por parte de los clubes o los representantes he tenido mucho eco en la prensa y que dicha explotación comprende varios problemas que hay que diferenciar.
En cuanto a los representantes, todavía está pendiente ante los servicios de la Comisión un procedimiento basado en las normas de la competencia, y las conversaciones entabladas han llevado a la FIFA a modificar las modalidades de organización de la profesión. Las nuevas reglas entraron en vigor el 1 de enero de este año.
Algunos Estados miembros han optado también por legislar para regular más estrictamente las actividades de los representantes. En efecto, dotar a la profesión de un mayor rigor moral es una preocupación compartida por las autoridades públicas y los órganos representativos del fútbol. Pero no se debe reprochar al conjunto de la profesión los comportamientos abusivos de algunos representantes.
El segundo problema son las transacciones comerciales relativas a los jóvenes jugadores. La Comisión ha tenido ocasión recientemente de manifestar su preocupación al respecto. En el informe de Helsinki sobre el deporte, así como en el Foro europeo del deporte de octubre de 2000 en Lille, se ha apuntado esta problemática. En Lille, se dedicó incluso un taller entero a la protección de los jóvenes. Sin embargo, por razones de competencia, corresponde a los Estados miembros legislar si lo estiman necesario. Un Estado miembro ya lo ha hecho.
En general, todas las cuestiones relacionadas con la explotación de los jóvenes futbolistas africanos son motivo de profundas reflexiones por parte de las autoridades públicas y, en su Declaración de Niza de diciembre de 2000, el Consejo Europeo expresó, y cito: "su preocupación por las transacciones comerciales cuyo objeto son los deportistas menores de edad, incluidos los procedentes de terceros países, por cuanto no se ajustan a la legislación laboral en vigor o ponen en peligro la salud y el bienestar de los jóvenes deportistas. Hace un llamamiento a las organizaciones deportivas y a los Estados miembros para que investiguen tales prácticas, las vigilen y adopten, en su caso, medidas adecuadas" . Esto se ajusta a la línea de conducta que nos hemos fijado y, estimado colega Cushnahan, usted sabe muy bien que, como he respondido en el debate sobre las normas de traspaso en el fútbol, se ajusta también a las nuevas normas que la FIFA quiere adoptar en materia de protección de los jóvenes.

Cushnahan
Como la Comisaria no dispone de mucho tiempo, voy a renunciar a mi derecho a formular una pregunta complementaria. Agradezco a la Comisaria que me haya dado una respuesta muy completa y detallada hoy a esta y otras cuestiones. Sólo quiero agradecérselo.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 56, 57 y 58 se contestarán conjuntamente.

Astrid Thors
Pregunta nº 56 formulada por (H-0219/01):
Asunto: Efectos del Año Europeo de las Lenguas para las lenguas regionales o minoritarias 2001 ha sido proclamado, como sabemos, Año Europeo de las Lenguas, un evento que acaba de comenzar de manera oficial. En opinión de la Comisión, ¿qué consecuencias tiene el Año Europeo de las Lenguas para las lenguas regionales o minoritarias? ¿Qué seguimiento va a dar la Comisión a este Año Europeo de las Lenguas a fin de que tenga un efecto duradero, a la vista de la situación en que se encuentran estas lenguas?

Michl Ebner
Pregunta nº 57 formulada por (H-0239/01):
Asunto: Programa plurianual para lenguas minoritarias Distintas organizaciones y representantes de minorías esperaban que a partir de la cumbre de Niza las cuestiones culturales se decidieran por mayoría cualificada, para que ningún Estado miembro pudiera bloquear las decisiones en favor de minorías y lenguas minoritarias, como ha venido ocurriendo en el pasado.
¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre la situación actual, después de Niza, referida concretamente a las lenguas minoritarias y a un programa plunianual para éstas?

Concepció Ferrer
Pregunta nº 58 formulada por (H-0245/01):
Asunto: Sobre el desarrollo del Año Europeo de la Lenguas 2001 Recordando que el año 2001 fue considerado por la Unión Europea como el Año Europeo de las Lenguas,
Teniendo en cuenta que el Año Europeo de las Lenguas tiene por objetivo fomentar el conocimiento y aprendizaje de los idiomas oficiales de la Comunidad, junto con el irlandés, el luxemburgués y otros idiomas indicados por los Estados miembros,
Considerando el Preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el que se afirma que "la Unión contribuye a la preservación y al fomento de estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa (...)" ,
¿Podría la Comisión avanzar qué idiomas han sido indicados por los Estados miembros como susceptibles de beneficiarse de medidas previstas con motivo del Año Europeo de las Lenguas?
Preguntas dirigidas al Sr. Barnier
Reding
. (FR) Intentaré responder a las tres preguntas al mismo tiempo. No son iguales, pero van en el mismo sentido.
Es demasiado pronto para saber qué repercusión tendrá el Año Europeo de las Lenguas, pues hace muy poco que se ha iniciado. Pero puedo decirles ya que en toda Europa ha suscitado un debate muy amplio. En nuestras regiones, en nuestras universidades, entre el público en general, se observa un entusiasmo extraordinario en torno a este Año y no sólo en torno a las lenguas oficiales, sino alrededor de todas las lenguas, lo cual es muy importante. Por otra parte, varios eventos y proyectos financiados durante el año 2001 van a contribuir a este debate y algunos de ellos se concentran exclusivamente en las lenguas regionales y minoritarias. Se esperan otras contribuciones: el Parlamento Europeo ha financiado un estudio sobre las lenguas regionales y minoritarias, el Comité de las Regiones prepara un dictamen de iniciativa sobre esta cuestión, y la Comisión ha lanzado también un estudio sobre los aspectos económicos y prácticos de la salvaguardia de las lenguas.
Gracias a todas estas iniciativas y todos estos debates, análisis e investigaciones, la situación a finales del año 2001 estará mucho más clara, y podremos valorar las opciones que se nos presentan con relación a las exigencias jurídicas, políticas y prácticas de nuestra actuación en este ámbito. Será, pues, al final del Año Europeo de las Lenguas cuando la Comisión extraerá conclusiones de todas estas actividades para definir qué iniciativas pueden lanzarse para salvaguardar la diversidad lingüística en Europa.
Por lo que se refiere ahora a la diversidad lingüística. Es hermoso ver que ningún país miembro, en la decisión que se adoptó sobre el Año Europeo de las Lenguas, excluyó ninguna lengua. No ha habido exclusiones. En todos los Estados miembros, ha habido una apertura absoluta. Esto me parece muy importante y muy bello y, al mismo tiempo, quisiera recordar que la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, en su artículo 22, resalta la diversidad lingüística. En los Estados miembros, esta diversidad lingüística se ha puesto en práctica para el Año Europeo de las Lenguas.

Thors
Gracias señora Comisaria por su respuesta. Esta claro que es muy temprano para sacar conclusiones, pero creo que se podría avanzar, tanto en relación con la cooperación en torno a los métodos para el aprendizaje de las lenguas como al mantenimiento de las lenguas menos comunes.
Me consta que la Comisión es consciente de las dificultades existentes en torno a la cooperación para conservar las lenguas pequeñas y espero que utilice su experiencia para velar por el mantenimiento y desarrollo de las culturas y lenguas correlativas.

Reding
. (FR) Visito mucho los países europeos durante este Año Europeo de las Lenguas y siempre comienzo mis discursos en luxemburgués, para demostrar que no hay lenguas pequeñas ni grandes. Sólo hay lenguas maternas, que configuran al individuo y su entorno. Por tanto, como luxemburgués, pueden creerme, voy a luchar por la diversidad lingüística de Europa, por que todas las lenguas sean respetadas y por que progrese la enseñanza de todas esas lenguas.
Por otra parte, existen ya posibilidades de cooperación a través de Socrates-Comenius, y puedo decirle que muchas escuelas aprovechan las posibilidades que les ofrece el proyecto Comenius para desarrollar el aprendizaje de las lenguas regionales.
Mi lema para el Año Europeo de las Lenguas es doble: lengua materna +2, y aprender la lengua del vecino. En una Europa regional - y me alegra que el Comisario responsable de la Europa de las regiones esté a mi lado -, sobre todo en las regiones transfronterizas, hay que aprender la lengua del vecino para que pueda funcionar la Europa de las regiones. Por tanto, la lengua del vecino y la lengua materna + 2; las lenguas regionales van ahí incluidas.

Ebner
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar a la Sra. Comisaria por su compromiso en este campo y expresarle mi agradecimiento. Se ha dedicado con gran interés y entusiasmo a esta tarea. Pero, lamentablemente, las sensaciones no son en todos los lugares como en Luxemburgo y en este aspecto hay que hacer aún mucho. Por este motivo, me ha dolido en especial que en la Conferencia de Niza no haya sido posible introducir este campo en las decisiones mayoritarias. Tenemos que solucionar preventivamente las situaciones de las minorías. Necesitamos una estrategia preventiva. Tenemos 60 situaciones de minorías en la Unión Europea. En el continente hay en total 300.
Creo que aunque se haya continuado en el principio de unanimidad, con lo que determinadas políticas son difícilmente viables, quizás se podría intentar encontrar un camino mediante los Fondos estructurales. Señora Comisaria, quizás pueda usted decirme su opinión al respecto.

Reding
. (FR) En respuesta al diputado Ebner, quisiera decir que los luxemburgueses somos absolutamente trilingües, pero también pueden serlo otros. No tienen más que imitar el ejemplo de Luxemburgo, donde se inicia el aprendizaje de varias lenguas a la edad de 5-6 años, y funciona.
Ahora, en cuanto a la unanimidad y la mayoría, es cierto que la cultura requiere siempre la unanimidad, de modo que es bastante difícil llegar a tomar, los Quince, decisiones que vayan adelante. Por esa razón, el Año Europeo de las Lenguas depende de la educación. Muy conscientemente, he incluido este Año en el sector de la educación, de lo educativo, de la diversidad lingüística, del aprendizaje de varias lenguas, porque este ámbito se rige por la mayoría.

Ferrer
Señor Comisario, en primer lugar, quiero agradecerle su respuesta y muy brevemente pedirle que, puesto que la Comisión es garante de los Tratados y que los Tratados prevén que la Comunidad debe contribuir al fortalecimiento de las culturas de los Estados miembros y al respeto de la diversidad regional, vele para que aquellos Estados miembros en cuyo interior coexisten diversas lenguas que tienen también el carácter de oficiales puedan participar en la organización de los actos previstos en el marco del Año Europeo de las Lenguas. Es decir, nos ha dicho ya que ningún Estado había excluido a ninguna lengua para que pudiera participar. Esto es ya, de por sí, una buena noticia, pero no es suficiente con que puedan participar. Es muy importante que en el órgano previsto para la organización de los actos, tal como está en el informe que aprobamos en su momento, puedan participar también los representantes de los pueblos que tienen estas lenguas, para garantizar su presencia y su enriquecimiento.

Reding
. (FR) Puedo asegurar a la Sra. Ferrer que el catalán no ha sido excluido. Sería muy raro, porque las bases jurídicas del Año Europeo de las Lenguas estipulan que las lenguas reconocidas en un Estado miembro, aunque no sean lenguas oficiales de la Unión, participan en el Año Europeo de las Lenguas.
Al elegir los proyectos seleccionados, he velado por que estuviera presente la diversidad lingüística de Europa y estoy muy feliz de ver que las cosas se están desbloqueando y que, quizás gracias a este Año Europeo de las Lenguas, quizás también porque ha llegado el momento, hay un modo menos rígido de abordar la cuestión lingüística. Por otra parte, si se aborda la cuestión lingüística a través del aprendizaje, del multilingüismo, se plantean menos problemas que si se aborda desde la perspectiva del regionalismo.
Segunda respuesta, parece que tenemos todas las cartas en la mano para el futuro. Su Señoría recordará que he citado la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece la diversidad lingüística, pues bien, será un elemento fuerte del desarrollo futuro de nuestras políticas lingüísticas en Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señora Reding, por estas contestaciones y por esta ratificación de que la lengua catalana estará muy presente en este año 2001.

El Presidente


Mihail Papayannakis
Pregunta nº 59 formulada por (H-0132/01):
Asunto: Avance de grandes proyectos y calidad de las obras ¿Podría efectuar la Comisión, sobre la base de los datos o progresos actuales, una nueva estimación de las fechas previstas de conclusión de las llamadas "grandes obras" en Grecia? ¿Considera que se respetarán los plazos establecidos para la materialización de las obras, así como el coste calculado para cada una de ellas? ¿Existen nuevos datos detallados sobre los controles de calidad de dichas obras (posible mejora de su calidad) así como sobre las sanciones previstas contra empresas y organismos? ¿Cuál es el resultado de los expedientes -con la lista de las obras que presentan graves deficiencias- ya enviados al fiscal?

Barnier
. (FR) Haciéndome eco del debate anterior, quisiera manifestar a la Sra. Ferrer y a otros diputados la importancia del catalán, que tuve ocasión de comprobar, el viernes, en una visita a Barcelona.
Si les parece, paso a la pregunta que me ha formulado el Sr. Papayannakis sobre los grandes proyectos realizados en Grecia, y en particular en Atenas, dentro del marco comunitario de apoyo. Señoría, la expresión "grandes proyectos" tiene un sentido extremadamente preciso en los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales, pues define los proyectos dotados de un presupuesto superior a 50 millones de euros. En Grecia, como los proyectos de este tipo, que gozan de una cofinanciación del Fondo de Cohesión o de los Fondos Regionales, esencialmente en el sector del transporte, el medio ambiente y la energía, son bastante numerosos, me resulta difícil dar hoy una respuesta precisa y completa en unos pocos minutos.
Quisiera recordarle, Señoría, que la concesión de una cofinanciación comunitaria para un proyecto, no modifica en nada el hecho de que su ejecución es responsabilidad de las autoridades nacionales. Por lo demás, como es natural, la información de que dispone la Comisión le es facilitada en primera instancia por dichas autoridades. Desde luego, nos interesamos, puede estar seguro, por la marcha de los proyectos y la evolución de su coste. Velamos - y es una preocupación constante - por que los recursos financieros concedidos a Grecia por la Comunidad contribuyan en la mayor medida posible al progreso y a la calidad de vida de los ciudadanos de su país, y esta preocupación es la misma para todos los demás Estados miembros.
Por lo que se refiere a los grandes proyectos de su país, se dividen en tres partes, o mejor en tres categorías: los que ya se han realizado, y pienso en el metro de Atenas o el aeropuerto de Spata, que se inaugurará el próximo mes de mayo. Algunos de estos proyectos se han realizado en el marco y sobre la base de contratos de concesión. Una segunda categoría - podría citar otros proyectos de la primera - engloba los proyectos que están en curso y que se han realizado también en el marco de contratos de concesión. Es el caso del periférico de Atenas o el puente Rio-Antirio. El periférico de Atenas debería concluirse antes de finales del año 2003, y el puente en 2004. Hay naturalmente - no tengo tiempo de citarlos - otros proyectos que se realizan generalmente en el marco de contratos de concesión.
Señoría, me resulta difícil hablar de la fecha prevista de conclusión de estas obras, porque hay muchos proyectos, y por tanto muchas fechas que se van a escalonar en el tiempo. ¿Quiere esto decir que la presión sobre la marcha de estos proyectos o de otros, como la prolongación del metro de Atenas, se haya relajado? Ciertamente, no. No debemos olvidar que, de acuerdo con el nuevo reglamento de los Fondos Estructurales, que usted conoce, Señoría, los gastos correspondientes a los programas que cubren estos grandes proyectos deben evolucionar en armonía con el programa y, de no ser así, los Estados miembros podrían incurrir en sanciones financieras.
Por tanto, quisiera tranquilizarle, Señoría, y decirle que los servicios de la Comisión seguirán de cerca el ritmo de avance y la evolución de los costes de estos programas y proyectos en la Unión en general, y en su país en particular, y por lo que se refiere a Atenas, puesto que estoy interesado, como usted mismo, en el éxito de la preparación de los Juegos Olímpicos de 2004, sigo con gran atención el buen desarrollo de los proyectos financiados por los Fondos Estructurales europeos, que van a contribuir al éxito de la organización de los Juegos Olímpicos.
Añadiré unas últimas palabras sobre el control de calidad. No hace mucho, el 29 de enero, los servicios de la Comisión solicitaron al Gobierno de Atenas información concreta sobre los controles independientes que se han decidido para los proyectos cofinanciados en Grecia. Tan pronto disponga de esa información, podré informarle, Señoría.
Por otra parte, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha indicado que, en esta fase, no se ha recibido ninguna comunicación de las autoridades griegas sobre la base del Reglamento 1681/94 relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidas abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia.
Esta es, Señoría, la información que puedo darle hoy.

Papayannakis
Señor Comisario, le doy las gracias muy sinceramente. Sin embargo, el objetivo de mi pregunta era más obtener de usted una relación de las previsiones actuales. Tengo en mis manos una relación de hace cinco años, en la que se indican plazos. Fue elaborada por su predecesora, la Sra. Wulf-Matthies, y las fechas previstas entonces no se han respetado. Me gustaría saber qué sucede.
La segunda cuestión tiene que ver evidentemente con la calidad. Siempre se ha preguntado si habría una lista negra de las empresas o las personas responsables de la mala calidad, para que no puedan participar en más concursos de contratos. Es muy importante. Y en cuanto al coste - el coste comparativo - me gustaría saber cuánto cuesta un kilómetro de metro en Barcelona, en Atenas, en París, etc., para poner analizar el estado de salud del dinero europeo.
Señor Comisario, terminaré precisándole que no estoy muy interesado en los Juegos Olímpicos. Más bien me habría opuesto. Pero, dado que se había previsto un tren y ese tren lleva un retraso lamentable, me gustaría tener una respuesta.

Barnier
. (FR) Señoría, no tengo problema en realizar una investigación sobre el coste de un kilómetro de metro en Barcelona, Atenas u otras ciudades. Naturalmente, serán datos relativos, ya que, por lo que respecta al metro de Atenas, por ejemplo, usted sabe también como yo que las obras han permitido descubrir emplazamientos, vestigios, que han ido acompañados de excavaciones importantes. Por tanto, cuando se tropieza con estos condicionamientos, que no son forzosamente negativos, se generan costes adicionales. Y las razones varían según los lugares. Dicho esto, la investigación, con mis servicios, de los elementos comparativos que desea no me plantea ningún problema.
Voy a tomar la relación que ha mencionado y que fue elaborada, me dice, por la Sra. Wulf-Matthies. Si mira esta lista objetivamente, todas las obras, las grandes obras, se han emprendido, y algunas se han concluido. Como las he citado hace un momento, no quisiera volver sobre ellas. Por lo que respecta a las aguas residuales de Atenas, la traída de aguas, el gasoducto, no creo que la verdad sea totalmente negra, roja o verde. Probablemente haya retrasos. Algunos informes, Sr. Papayannakis, nos han permitido observar también que hay problemas de calidad en estas obras en general: mala calidad de los materiales, insuficiencia de los sistemas de control, etc. Todo esto existe. Me esfuerzo por ser objetivo, por asumir mis responsabilidades.
Por esta razón, por ejemplo, me he tomado el tiempo necesario, antes de empezar a firmar esta semana los primeros programas operativos, para ver si realmente va a haber detrás de cada uno de esos programas operativos, que van a movilizar mucho dinero, decenas de miles de euros, una agencia de gestión que funcione correctamente. Y no firmo estos programas uno por uno hasta que tengo esa seguridad - y tengo aún que firmar varios este mes.
He tomado buena nota de las preguntas complementarias que me ha formulado, y si le parece, le enviaré próximamente por correo una información lo más objetiva posible.

El Presidente


Glenys Kinnock
Pregunta nº 60 formulada por (H-0142/01):
Asunto: Cierre de industrias siderúrgicas en Gales ¿Puede indicar la Comisión si se han producido avances en relación con los esfuerzos realizados para garantizar la concesión de fondos con carácter de urgencia para los trabajadores, las familias y las comunidades afectadas por el cierre del grupo siderúrgico Corus en Gales?

Barnier
. (FR) Señora Kinnock, como sabe, la mayoría de las pérdidas de empleo de Corus, en el País de Gales, se concentran en la fábrica de Newport y en la fábrica de hojalata, que pertenecen, respectivamente, a una región del objetivo 2, East Wales, y una región del objetivo 1, West Wales and the valleys. La fábrica de Shutton, en la que también se producirán despidos, se encuentra en una región del objetivo 3, East Wales.
Hace unas semanas, el 2 de febrero, en un comunicado de prensa, la Comisión indicó, desde el inicio de la agravación de esta crisis, que estaba dispuesta a discutir cualquier propuesta tan pronto la Asamblea galesa y otros interlocutores decidiesen que había que recentrar, reorientar, los programas de la Unión Europea para tener en cuenta la evolución de la situación. En ese mismo comunicado, indiqué claramente que, si bien los programas existentes pueden recentrarse o reorientarse, no tenemos, en el marco de los reglamentos de los Fondos Estructurales o de otras políticas, la posibilidad de aportar, desde la Unión, fondos adicionales.
Esta respuesta, que le confirmo, la he dado también en el caso de una reciente catástrofe natural en Portugal, o incluso con respecto a Grecia, cuando se produjo el terremoto. No tenemos ninguna línea presupuestaria para afrontar gastos excepcionales y de tanta magnitud, pero lo que sí podemos, y lo hacemos, es reorientar los fondos y las dotaciones asignadas a las regiones afectadas.
El 28 de febrero, nuestros servicios se reunieron con una delegación de la Asamblea Nacional galesa. Las propuestas que se estudiaron ese día tenían por objeto la ayuda a la formación, el desarrollo de las empresas, la rehabilitación de los emplazamientos, el apoyo a las colectividades y la ayuda a las infraestructuras, y esperamos que, en el marco de estas orientaciones, se nos presenten propuestas más detalladas sobre la base de la cooperación regional.
Añado, señora Kinnock, que la ayuda del Fondo Social Europeo puede concederse a través del documento único de programación del objetivo 1, que abarca la región West Wales and the valleys y asciende a 591 millones de euros. La región East Wales está amparada por el programa del objetivo 3, que goza de un presupuesto de 132 millones de euros. Estos dos programas contienen medidas que pueden contemplar la formación y la readaptación profesional de las personas despedidas, así como medidas destinadas a ayudar al personal a través de la formación permanente. Por último, hasta el mes de julio de 2002, la Comisión dispone asimismo de recursos procedentes del presupuesto de la CECA. Este tipo de pagos podrían concederse individualmente a obreros siderúrgicos despedidos, a fin de facilitar su reconversión a otro empleo. Las sumas correspondientes no son considerables, pero representan, sin embargo, un máximo de 3.000 euros por persona, y el Estado miembro de que se trate está obligado a aportar una contribución del mismo importe.
Esta es la información que quería darle como complemento del comunicado que hice público junto con la Comisión el pasado 2 de febrero.

Kinnock
Señor Comisario, le agradezco su enorme apoyo y compromiso para con Gales en un momento muy difícil por las pérdidas de puestos de trabajo en la industria siderúrgica.
Me ha interesado mucho saber, señor Comisario, que se ha reunido con diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional de Gales y me gustaría saber si ha recibido alguna información sobre los períodos de tiempo previstos antes de que se haga propuesta alguna de programas.
En segundo lugar, Comisario, mi colega laborista galés y yo le escribimos la semana pasada para pedirle que acudiera a Gales y viera con sus propios ojos cuáles son los problemas y lo que se debe hacer y tuviese también la oportunidad de reunirse con algunas de las personas principales de la Asamblea Nacional y de otros sectores. Así, pues, abrigo muchas esperanzas, señor Comisario -aunque no espero una respuesta ahora- de que examine detenidamente esa petición y de que dentro de poco lo veamos en Gales.

Barnier
. (FR) Muchas gracias por su invitación, señora Kinnock. En efecto, he recibido con sumo gusto su invitación y la de su colega, y le comunico mi acuerdo de principio para ir, porque, de todos modos, tengo intención de visitar todas las regiones del Reino Unido, como hice en Escocia hace algunas semanas, y dialogar con la Asamblea Nacional del País de Gales, con los interlocutores locales de movimientos asociativos y con los responsables socioprofesionales. Acepto, pues, en principio su invitación, aunque no puedo darle en esta fase ni hoy mismo una fecha formal.
Pasaremos bastante rápido a la aplicación de las reorientaciones de ciertos programas tras el primer diálogo que ha tenido lugar con los representantes de la Asamblea Nacional del País de Gales. Le he dicho que esperábamos, en el marco de las orientaciones que se esbozaron el otro día, propuestas concretas. Tan pronto reciba esas propuestas de reasignación, concentración o reorientación para dirigir ayudas más precisas en favor de los hombres y las mujeres afectados por estas reestructuraciones siderúrgicas, le prometo que actuaré muy rápido. Por lo que se refiere a East Wales, que pertenece al objetivo 2, espero que podamos concluir la adopción del programa de objetivo 2 antes del 31 de marzo próximo. Es una fecha que quería confirmarle con ocasión de su pregunta.

El Presidente


Giorgio Celli
Pregunta nº 61 formulada por (H-0144/01):
Asunto: Retraso en el gasto de los fondos estructurales 1994-1999 en Italia Italia no ha gastado aún un 25% de los fondos estructurales que le fueron asignados en el marco de la programación para 1994-1999. La Comisión ha impuesto como fecha límite para la utilización de dichos fondos finales de 2001. Una situación semejante se produjo con respecto a los fondos del período 1989-1993, con la consiguiente pérdida de aproximadamente un 3% de los recursos asignados. Como consecuencia del retraso, las regiones italianas y la Comisión han tenido que reprogramar las inversiones, con el riesgo de tener que financiar proyectos que no sean compatibles con los principios de desarrollo respetuoso del medio ambiente y de utilización razonable de los recursos naturales. ¿Puede garantizar la Comisión que esto no volverá a suceder y que, de ser necesaria una reprogramación, ésta se orientará hacia inversiones que promuevan un desarrollo sostenible (en sectores como la energía, el transporte, la biodiversidad, el turismo, los productos agrícolas, los recursos humanos, etc.)? Y si ello no fuera posible, ¿puede garantizar que en última instancia se retirarán dichos fondos? ¿Puede garantizar en particular que se excluirán inversiones dudosas en el sector de las infraestructuras viales y de las obras hidráulicas y de gestión de los recursos hídricos, como los diques o las canalizaciones?

Barnier
. (FR) Lo más brevemente posible, quiero decir al Sr. Celli que hemos comprometido la totalidad de los créditos de compromiso previstos para el período 1994-1999 para los objetivos 1, 2, 5b, así como las iniciativas comunitarias. Lo cierto es que, según los últimos datos que nos ha comunicado el Ministerio del Tesoro italiano, la situación es mucho menos buena con respecto a los pagos, y tengo intención, Señoría, de detallarle, en un correo próximo, la tasa actual de ejecución de los pagos para cada uno de los objetivos. No son satisfactorios, en particular, en lo que se refiere a las iniciativas comunitarias. En varias ocasiones he indicado a las autoridades italianas la necesidad de acelerar el ritmo de los gastos y reforzar la actividad de control, a fin de completar los proyectos y efectuar los pagos en los plazos previstos.
Por otro lado, les recuerdo, señoras y señores diputados, que las reglas de la gestión financiera para el período 1994-1999 nos impiden reprogramar los recursos después de la fecha límite para la realización de los compromisos. Las últimas reprogramaciones se efectuaron, pues, en 1999.
En cuanto al período de programación que acaba de comenzar, 2000-2006, quiero decir que la coordinación entre nuestros servicios ha mejorado, a fin de buscar una mejor articulación entre la aplicación de la Directiva Hábitat y la programación de los Fondos Estructurales. Comparto, Señoría, su preocupación por garantizar el respeto del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el marco del principio de subsidiariedad. Corresponde a los Estados miembros identificar los programas y proyectos que deben financiarse dentro de la observancia de la legislación vigente.

Celli
Señor Comisario, quisiera saber si realmente todos estos proyectos modificados y quizás corregidos han estado en línea con estudios tranquilizadores sobre el impacto medioambiental. En el pasado, lamentablemente, tuvimos que enfrentarnos con situaciones muy variadas en distintos contextos. En Italia, por ejemplo, la defensa del lago Trasimeno ha consistido en un asentamiento de maíz en las orillas del lago que, al captar agua, hace que se reduzca su nivel; también hemos tenido la Directiva 2078 que ha autorizado la compra de insecticidas, en lugar de reducir su utilización. Por lo tanto, quisiera saber lo siguiente: ¿En este momento, son compatibles todos estos proyectos que han sido modificados porque los fondos no se habían utilizado hasta poco antes de su fecha límite? ¿Ha vigilado realmente la Comisión al efecto de que el medio ambiente no tenga que sufrir daños precisamente en el momento en que, en cambio, debería ser protegido?

Barnier
. (FR) Señoría, no voy a poner puntos malos o buenos a toda la gestión pasada. No estoy seguro de que todos los proyectos, ni aquí ni en otros países, hayan sido impecables, pero, a decir verdad, no estoy muy satisfecho de haber tenido que proceder a esta reprogramación a finales del año 1999, con urgencia y por sumas tan importantes, en su país y en otros, al comprobar que los proyectos inicialmente previstos no eran o ya no eran realizables. No me gustó esta reprogramación masiva de los últimos meses del período anterior, 1994-1999, pero lo hice para que el dinero no se perdiese, y espero hacer lo necesario para que en el nuevo período no nos encontremos en la misma situación. El reglamento general de Berlín pone a nuestra disposición más sanciones y medios de apremio hacia los Estados miembros, a fin de evitar este tipo de reprogramaciones.
Ahora, en cuanto a lo que se hizo a finales de año, señor Celli, todas las intervenciones de los Fondos Estructurales deben ser coherentes con las políticas comunitarias y, por tanto, respetar la legislación vigente, en particular en materia de medio ambiente. Ahora bien, si se identifican irregularidades o infracciones - ya sea porque ustedes nos las indiquen, ya sea porque procedamos nosotros a investigaciones o evaluaciones, ya sea porque los Estados miembros nos las indiquen también - la Comisión puede, en virtud de la reglamentación, corregir dichas irregularidades en cooperación con el Estado miembro y prever la reducción, o incluso en ocasiones la supresión, de determinadas contribuciones financieras. Le garantizo a este respecto, para el período del que soy directamente responsable, que es el 2000-2006, que, junto con los Estados miembros, se observará la mayor vigilancia sobre la cuestión medioambiental, que siempre ha sido, en lo que me concierne personalmente, uno de mis compromisos políticos principales.

El Presidente
Muchas gracias, señor Barnier.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 62 a 113 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 20.00 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Contaminación atmosférica procedente de grandes instalaciones de combustión
El Presidente
De conformidad con el orden del día sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0068/2001) de la Sra. Oomen-Ruijten en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, salud Pública y Protección del Consumidor sobre la posición común del Consejo (KOM(2000) - C5-0562/2000 - 1998/0225(COD)) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para limitar las emisiones al aire de sustancias contaminantes de grandes instalaciones de combustión.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, le agradezco mucho que me haya concedido la palabra. Estoy convencida de que hay tantos colegas presentes por el debate de esta materia tan importante. Tengo entendido que un gran número de colegas británicos ha coincidido en el bar para impedir que hiciera uso de la palabra. No han tenido éxito. Quiero agradecer desde aquí de todo corazón a mis colegas españoles: se han portado con mucha corrección desde la perspectiva procedimental y lo considero loable, ya que a pesar de no estar de acuerdo en cuanto al contenido, están presentes. Bravo por los españoles. Sin embargo, en lo que a mis colegas británicos se refiere, ya no puedo mostrar más respeto, puesto que han intentado a mis espaldas, en mi propio grupo, suprimir todos los debates de esta tarde.
Señor Presidente, ya desde el otoño de 1998 nos ocupamos de esta directiva con la que deben modificarse las reglas relativas a la emisión de sustancias contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. A pesar de toda la oposición por parte de algunos Estados miembros y a pesar de todas las advertencias y protestas de algunos que tienen intereses en el sector eléctrico, podemos modificar, en mi opinión, el reglamento originario sin problemas.
Las posibilidades técnicas están disponibles en gran medida y las reglas modificadas son ya obligatorias en un gran número de Estados miembros de la Unión Europea y, por tanto, política habitual. Las exigencias medioambientales que se han introducido en algunos países para luchar contra los focos de combustión, son generalmente más estrictas, ya que todavía no se ha acabado con la contaminación de nuestro medio ambiente. Si uno piensa en el problema del ozono - usted sabe que muchos conciudadanos sufren problemas de respiración, éstos tienen su origen, entre otras cosas, en los óxidos de nitrógeno procedentes del tráfico y del sector del que hoy hablamos - entonces, abordar estos problemas, cuando es posible hacerlo de forma sencilla y efectiva, debe ser para todos en esta Casa casi una cuestión de honor.
La propuesta originaria de la Comisión para modificar la directiva de 1998 no constituyó un gran éxito: la normativa era floja y las instalaciones existentes quedaban fuera del alcance de la directiva. El Parlamento mostró en la primera lectura sus puntos fuertes e hizo lo que debía esperarse de los representantes del pueblo, es decir, dotar de contenido a la preocupación por las personas, la naturaleza y el medio ambiente en general.
La posición común del Consejo se adoptó con todo tipo de dificultades. Se prestó oídos al deseo del Parlamento Europeo en cuanto a que las instalaciones existentes cayeran en el ámbito de aplicación de la directiva y la normativa se hiciera algo más estricta.
Había gato encerrado - y eso es lo que lamentan mis colegas españoles -: cada país negociaba de nuevo sus propias excepciones y, como dependía del Consejo de Ministros, uno podía continuar usando las centrales contaminantes hasta el día del juicio final sin realizar las adaptaciones técnicas. La posición común carecía de toda perspectiva, era un revoltijo de lo que quería cada uno.
Además de los argumentos de naturaleza higiénico-medioambiental, he incluido en la exposición de motivos otras pruebas que muestran la necesidad de un endurecimiento de la posición común: además de la necesidad de una protección de la salud pública (ozono troposférico), he incluido un par de alternativas económicas. Ello se debe a que queremos que Europa cuente con una industria medioambiental. Si comparamos los criterios de emisión del Consejo con las normas que se aplican en este momento en Estados Unidos y Japón, no salimos bien parados.
Se ha alegado que no es necesario introducir criterios para las instalaciones de combustión, ya que gracias al informe de la Sra. Myller, contamos con techos de emisión. Si satisfacemos las expectativas de los defensores de la liberalización del mercado de la energía, en otras palabras, si no introducimos criterios o permitimos excepciones para que las centrales viejas y contaminantes generen electricidad, el mecanismo de mercado se verá perturbado y recompensará con una ventaja, gracias a sus precios más baratos para la energía, a los que descuidan el medio ambiente. Ése no puede ser el objetivo de la legislación medioambiental europea.

Goodwill
Señor Presidente, quería intervenir antes de que se iniciara el debate, porque en la reunión de nuestro Grupo se nos había dado a entender que uno de los otros Grupos políticos había presentado una enmienda conforme al artículo 146, en la que se pedía que se aplazara este debate hasta el próximo período parcial de sesiones. Tengo entendido que no se ha presentado, por lo que me habría gustado hacerlo con mi nombre en ese momento.
Como ya hemos iniciado el debate, no podemos hacerlo, pero quisiera simplemente expresar mi preocupación por que no se me haya concedido el uso de la palabra antes de iniciarse el debate.

El Presidente
Estimado colega, para que no exista ningún malentendido: como sabía que se podían plantear tales solicitudes, antes de conceder la palabra a la ponente he mirado atentamente a la sala para ver si había alguien que quería intervenir para una cuestión de orden.

En ese momento este no era el caso. Ahora le remito a una posibilidad que podrá utilizar mañana antes de la votación. El apartado 1 del artículo 144 dice: "La devolución a la comisión puede ser solicitada por un Grupo político o por 32 miembros al determinarse el orden del día, antes de iniciarse el debate o en la votación final" . Lo siento, pero esa es la única posibilidad que le queda mañana. Naturalmente, está abierta para usted.
Pero repito de nuevo. Yo mismo he mirado en la sala. El Sr. Gorbachov dijo en una ocasión: "A quien llega demasiado tarde le castiga la vida" . Lo siento.
(Risas)
Supongo que las demás solicitudes sobre cuestiones de orden tienen el mismo objeto. ¿Es así? Parece que es así. Entonces no necesito invocarlas.

Florenz
Señor Presidente, no quiero castigar a nadie sino que deseo llegar con relativa rapidez al tema. Es cierto que la Unión Europea ha logrado introducir reglas del juego europeas en la cuestión de las instalaciones de combustión. Estas reglas del juego europeas son importantes por la sencilla razón de que en la Comunidad Europea tenemos un mercado de la electricidad liberalizado y porque es evidente que los estándares, por ejemplo, para la contaminación del aire en este mercado liberalizado deben ser equiparables en toda Europa. Por ello, la Comisión ha reaccionado correctamente dirigiendo en especial su atención a las viejas instalaciones para las que, lamentablemente, no existe ninguna regulación desde 1987 y que han causado en toda Europa una contaminación relativamente elevada. Puedo confirmar expresamente que la Comisión ha intervenido aquí activamente. Lo saludo mucho y creo que es un paso en la dirección correcta.
Naturalmente, se puede discutir sobre si se puede aplicar a las centrales energéticas muy pequeñas esta o aquella regulación de excepción o ampliarla uno o más años. Este no habría sido para nosotros en absoluto ningún problema en la búsqueda de un compromiso. Lástima que no hayamos llegado a dicho compromiso. La vía es la correcta. Y quien crea -quiero decirlo a pesar de todos los enfados que se han expresado aquí- que la política de medio ambiente es una tarea nacional se equivoca, pues la mayoría de la porquería que sale de las centrales energéticas aterriza sobre nuestros colegas en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. Creo que estamos obligados solidariamente a encontrar una respuesta. Creo que hemos encontrado esta respuesta y también vías para las instalaciones pequeñas para prever aquí en los próximos años regulaciones de excepción.
Creo que la ponente ha presentado un buen informe. Debemos proseguir en este sentido.

Bowe
Señor Presidente, tenemos ante nosotros hoy un importante instrumento legislativo. Va a afectar a la calidad de nuestra atmósfera y de nuestra agua y a la calidad general de nuestro medio ambiente en toda Europa y fuera de ella en los próximos años, si logramos su materialización. Es decir, si los Estados miembros así lo quieren, naturalmente. Ahora la propuesta ha llegado a su segunda lectura. En la primera lectura insistimos muy enérgicamente en que se adoptaran las medidas más estrictas para controlar las emisiones gaseosas resultantes de las grandes instalaciones de combustión en toda la Unión por los gases ácidos que se forman y por los efectos en el medio ambiente y en la salud humana.
Ahora hemos llegado al punto en que tenemos ante nosotros la posición común. Tengo entendido que el Consejo ha trabajo denodadamente para lograrlo y propone nuevos y mejores niveles de emisiones. Sin embargo, mi Grupo cree que se puede avanzar más. Mi Grupo cree que, junto con varios otros factores -el informe de la Sra. Myller que va a seguir, por ejemplo-, es posible añadir un poquito más a esta propuesta. A ese respecto, quisiera recomendar las enmiendas a sus Señorías, en particular las referidas a los artículos y al anexo que controlan los valores-límite de emisiones de las grandes instalaciones de combustión.
Me parece que esta noche afrontamos una alternativa muy difícil, porque debemos elucidar si lo que votamos esta noche es al menos en parte aceptable para el Consejo. El Consejo ha indicado que no está dispuesto a aceptar más enmiendas del Parlamento. Si mañana logramos las votaciones idóneas, esa falta de disposición pasará a ser una obligación y el Consejo tendrá que sentarse a negociar con el Parlamento. Eso no puede ser negativo desde el punto de vista del reconocimiento de la capacidad de este Parlamento para lograr un alto nivel de protección medioambiental para los ciudadanos de Europa. Me parece que lo que podemos hacer mañana en la votación es dar algunos pasos más adelante para lograr un poquito más en cuanto a provecho para el medio ambiente. Se debe equilibrarlo con las posibles consecuencias para las estrategias energéticas y las industrias energéticas de la Unión Europea.
Lo tenemos muy presente. Si sus Señorías examinan esta noche las enmiendas que los socialistas van a apoyar, se ve que hay períodos de tiempo relativamente largos para que estos nuevos reglamentos pasen a formar parte de la legislación de la UE. Debemos dar este paso adelante, pero inevitablemente debemos tener en cuenta que en dicho paso no se debe tener en cuenta sólo el medio ambiente, sino también la economía.
Sus Señorías tienen ante sí un informe con las enmiendas, la mayoría de las cuales puede apoyar el Grupo Socialista, pero creemos que algunas de ellas van demasiado lejos. Sin embargo, quisiera recomendar el informe a la Asamblea.

De Roo
Señor Presidente, el informe de la Sra. Oomen-Ruijten es bueno. Las grandes instalaciones de combustión, capítulo 2, es también un informe importante. Se trata de la acidificación, de la clásica contaminación del aire y del ozono troposférico. Acidificación era una palabra importante en los años 80, cuando todo empezó. Muchos ciudadanos creen que este problema ya se ha solucionado, pero no es así. Queda todavía un largo camino por recorrer.
Al mismo tiempo, se ha liberalizado el mercado de la energía. Eso significa que será más difícil mantener el respeto de las reglas medioambientales. Por ejemplo, en mi propio país, los Países Bajos, una sociedad belga compra centrales de gas neerlandesas y las convierte en centrales de carbón. Éstas son mucho más contaminantes y también malas en lo que a las emisiones de CO2 se refiere.
De ahí que necesitemos reglas medioambientales, y bien estrictas. Afortunadamente, la Comisión de Medio Ambiente ha apoyado esto, pero por desgracia, las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente no se aceptarán: no lograrán previsiblemente los 314 votos. No obstante, queremos saber, en tanto Grupo de los Verdes, quién es responsable de ello. El Grupo de los Verdes respaldará con pena las enmiendas de los democristianos, que son más flojas porque dejan fuera el amoníaco equivocadamente. Es una concesión innecesaria hecha a su base campesina. Sin embargo, apoyaremos las concesiones, ya que los Verdes también se han hecho adultos.

Alyssandrakis
Señor Presidente, sin duda debe haber límites en las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes, para proteger el medio ambiente y la salud.. Sin embargo, las medidas propuestas en la posición común son unilaterales. Esencialmente se propone anular el lignito, y el carbono como fuentes de energía, en nombre de la protección del medio ambiente; pero acallan e ignoran otras grandes fuentes de agentes contaminantes, como por ejemplo, los coches. También se ignora que en los Estados Unidos el 70%, y en Japón el 50% de los nuevos centros de producción de energía eléctrica utilizan combustibles sólidos, principalmente carbono, porque la producción es más barata, aunque la inversión original haya sido más cara. Igualmente señalamos que si se deja de utilizar lignito y carbono, van a cerrar muchas unidades de producción de energía eléctrica y aumentará el volumen del ya crecido paro, cuando podríamos solicitar más medidas de protección, contra los agentes contaminantes, por ejemplo, filtros, zonas periféricas de verde, etc. Quizás la unilateralidad a costa de los combustibles sólidos provenga de la intención de fomentar el gas natural porque esto presta servicio a algunos intereses de la Unión Europea.
En Grecia utilizamos el lignito como una de las fuentes básicas de energía, que desde el punto de vista económico es satisfactoria. También, presionamos para tener más medidas de protección posibles. Si pensamos que, tal como sostienen los especialistas, las reservas de gas natural son suficientes para un siglo y las de los combustibles sólidos para dos siglos y medio, deberemos debatir sobre la mejor utilización de todas las fuentes de energía, y no sobre la anulación de algunas de ellas, sobre todo cuando el problema energético es de la máxima importancia e influye en el coste de vida de los trabajadores.

Blokland
Señor Presidente, las grandes instalaciones de combustión ocasionan conjuntamente el 63% de las emisiones de dióxido de azufre y el 21% de óxidos de nitrógeno de la Unión Europea. Se puede conseguir, por tanto, una importante ventaja ambiental en este sector. La ponente Oomen-Ruijten ha realizado buenas propuestas para lograrlo. El Consejo ha modificado la directiva en su conjunto, pero hay bastantes motivos para introducir todavía algunas adaptaciones.
En primer lugar, los valores límite de emisión deben adaptarse a las posibilidades técnicas actuales. Si pensamos que las instalaciones de incineración de residuos y los hornos de cemento solamente pueden emitir 40 mg de dióxido de azufre, me asombra que los valores límite de emisión puedan situarse en los 2.00 mg en el caso de las instalaciones de combustión. Puedo comprender que se imponga un régimen menos estricto a las grandes instalaciones de combustión, pero considero inaceptable que sea cuarenta veces menos rígido. Es bien posible reducir las emisiones de SO2 hasta 100 dado el desarrollo técnico actual.
Los valores límite propuestos por la Comisión de Medio Ambiente, que varían entre 1200 a 300 para las instalaciones actuales, ciertamente no son demasiado rígidos. Pueden imponerse normas estrictas a las nuevas instalaciones, dadas las nuevas técnicas que pueden utilizar. Las enmiendas que hemos presentado conjuntamente con el Grupo de los Verdes fijan valores límite de 400 para las instalaciones pequeñas y 200 para las grandes.
En segundo lugar, las extrañas disposiciones relativas a las excepciones deben desaparecer. Resulta inaceptable que se permita a las grandes instalaciones viejas contaminar mucho 2200 horas por año, al igual que permitir la transgresión de las emisiones si el combustible, tal como el altamente contaminante lignito, es extraído de la propia tierra. Así mismo, las excepciones para España y las islas de Creta y Rodas son, en mi opinión, inaceptables. Con la liberalización del mercado de la energía tenemos que garantizar las mismas exigencias medioambientales, por tanto, deben eliminarse las excepciones mencionadas a fin de evitar distorsiones en la competencia. Además, hay que dar incentivos a las instalaciones viejas muy contaminantes para que introduzcan mejoras o innovaciones, en lugar de permitir que continúen contaminando seriamente el aire.
En tercer lugar, las turbinas de gas en alta mar tienen que cumplir también los criterios sobre emisiones. Sé que no es posible respetar los criterios estrictos de las emisiones en determinados momentos, debido a la composición cambiante del combustible. No obstante, si se permitiera que las turbinas de gas en alta mar quedarán totalmente al margen de la política aplicada, desaparecería todo incentivo para introducir mejoras. En las enmiendas que he presentado, propongo como alternativa valores límite de emisión muy flexibles.
Mi cuarto punto se refiere al vínculo entre esta directiva y la directiva sobre la incineración de residuos. En caso de que se mezclen diferentes combustibles, los valores límite de emisión de ambas directivas se alcanzan de forma distinta. No importa mucho de cara al resultado, pero en la práctica, la combinación de estos dos métodos de cálculo no sólo resulta complicada, sino también innecesaria. He propuesto una modificación en la enmienda 43.

Hulthén
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitándole por haber conducido el comienzo de este debate tan provechosamente que nos ha permitido contar con un documento para discutir. Sin embargo, me gustaría manifestar mi decepción respecto a algunos diputados, especialmente de la Comisión de Medio Ambiente, que no son capaces de aceptar el proceso democrático que se inició hace tres años, y que concluye ahora, e intentan anular este documento a última hora.
También quiero agradecer a la ponente su trabajo, aunque no siempre he entendido el camino que ha elegido, ni cómo ha ido avanzando ni por qué las pretensiones parecen ser menores hoy que al principio.
Es sabido que el uso de los combustibles fósiles no es sostenible. Es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Hace 30 años que conocemos estos problemas y ha llegado la hora de actuar. Lo he dicho anteriormente y lo reitero ahora: el Parlamento dio su respaldo a una estrategia contra la acidificación hace tres años. Ahora es el momento de realizar esta estrategia. Éste es el contenido de la directiva.
No se trata solamente de la acidificación en Suecia, Noruega o Dinamarca. Se trata de medio millón de personas que en diferentes lugares del planeta mueren cada año a causa del uso de los combustibles fósiles. Se trata de todos aquellos que contraen enfermedades crónicas, por ejemplo bronquitis crónica, a causa de la combustión de fósiles. Por eso no cabe hablar solamente de un endurecimiento de los valores límite sino que, en la misma medida, de la salud de los ciudadanos. Esto es algo que los diputados no deben olvidar.
Es posible mantener un buen servicio energético y, al mismo tiempo, trabajar para mejorar el medio ambiente. Vamos por ese camino. Seremos nosotros quienes decidimos la velocidad, si mañana 314 diputados tienen la valentía de tomar una decisión en favor de la opción más ambiciosa.
Resulta poco sorprendente que el Consejo presente un compromiso en un texto que es más blando que el aprobado por el Parlamento en su primera lectura. También es obvio que en la segunda lectura habría que volver a hacer las mismas exigencias, para presionar así al Consejo y alcanzar una mejor posición a la hora de negociar en la conciliación, que será inevitable. Está claro que hay que actuar hoy si queremos ver resultados en un futuro cercano. Tenemos que atrevernos a fijar valores límite estrictos para toda clase de instalaciones, nuevas y antiguas, grandes y pequeñas.
Los valores límite del Consejo no son tan estrictos. Parece que el Consejo ya no cree en que se puedan desarrollar nuevas técnicas. Es primordial que esta directiva comprenda las antiguas instalaciones existentes y que a éstas se les apliquen los mismos estrictos valores límite. No se obtendrían los resultados que se buscan si se concediesen demasiadas excepciones. No quedaría nada de los antiguos anhelos. Por eso las pequeñas instalaciones también deben someterse a la directiva.
Cabe señalar también que la directiva fija un marco para la liberalización del mercado energético actual. Sin un marco de esta naturaleza el mercado europeo sería totalmente anárquico. Se necesitan unas exigencias medioambientales mínimas para que sea posible crear reglas de juego comunes. Las exigencias que nos fijemos hoy en la Unión regirán también para los futuros países miembros. Hoy y mañana podremos frenar las emisiones peligrosas, mejorar la salud pública y sentar las bases para una exitosa ampliación futura de la Unión.

Goodwill
Señor Presidente, el mayor acontecimiento del calendario futbolístico de Gran Bretaña es la final de la liga de fútbol. En el descanso se ponen al fuego millones de teteras para que quienes no hayan estado bebiendo cerveza desde el comienzo del partido al menos tomen una taza de té. La demanda de electricidad -materia prima que no se puede almacenar- alcanza su nivel máximo. Para atender dicha demanda -o en ocasiones similares, como, por ejemplo, los días particularmente fríos en invierno- hay que poner en servicio algunas de nuestras antiguas centrales eléctricas de carbón. Las enmiendas a la posición común amenazan el futuro de algunas de dichas centrales y los puestos de trabajo de los mineros que proporcionan el carbón. Es técnicamente posible perfeccionarlas, pero en muchos casos sería más barato construir nuevas centrales de gas y retroadoptar dichas instalaciones con lavadores de gases.
El puntal principal de nuestra estrategia en materia de calidad del aire en ese sector son los valores-límite nacionales de emisión y, mientras se cumplan, los Estados miembros deben contar con cierto grado de flexibilidad. Una nueva central de gas ha contribuido ya a la consecución de sus metas por parte del Reino Unido. La de cómo cumple un Estado miembro sus obligaciones es una cuestión propia de la subsidiariedad. Algunas de las enmiendas propuestas resultarán contraproducentes. Por ejemplo, la inclusión de la fecha límite de 2012 hará que se utilicen las centrales antiguas más intensamente para aprovechar al máximo el tiempo restante, con lo que aumentará la contaminación durante esos cuatro años.
La posición común es ya una transacción y tiene en cuenta las enmiendas de la primera lectura al añadir medidas sobre las centrales existentes que no figuraban en la propuesta de la Comisión. No debemos desestabilizar el delicado plan de transacción intentando modificar aún más esta directiva que ya entraña mejoras medioambientales considerables y muy reales.

Korhola
Señor Presidente, esta Directiva es importante para la UE tanto desde el punto de vista del medio ambiente, como desde el punto de vista de la producción de energía y de la competitividad. Es necesario poner al día los valores límite establecidos para las grandes instalaciones de combustión tanto en los Estados miembros, como en los países aspirantes a la adhesión. Por ello, cabe dar las gracias sinceramente a la ponente de este informe, la Sra. Oomen-Ruijten, por la difícil labor realizada.
La comisión parlamentaria fija unos valores límite mucho más estrictos que los contemplados en la posición común, sin establecer suficientemente la diferencia entre las distintas instalaciones en virtud de su tamaño y su carácter. Las inversiones efectivas en nuevos dispositivos técnicos derivadas de la Directiva son iguales para todas las instalaciones independientemente de su tamaño. Esta situación amenaza particularmente la cogeneración de calor y electricidad, método considerado ecológico. Por ejemplo, en mi propio país esto significaría un paso atrás en materia medioambiental. En Finlandia esto causa preocupación en diversas instancias, entre otras, en el Ministerio de Medio Ambiente. Las enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor darían lugar a inversiones ineficaces en su relación costes-beneficio ecológico y complicarían no sólo la eficiente utilización combinada de la turba y la madera en la producción de energía, sino también la cogeneración de calor y electricidad. Esta última se lleva a cabo principalmente en instalaciones de mediano tamaño, que ahora serían tratadas igual que las grandes instalaciones.
Por su parte, la utilización de la turba está justificada. Contribuye a fomentar el aumento de la utilización de madera en las instalaciones de combustión, ya que la quema combinada mejora el control de la combustión, reduce los problemas de corrosión y asegura el abastecimiento de combustible. El informe tampoco apoya este objetivo tan estrechamente relacionado con el impulso de los biocarburantes. Podríamos incluso decir que, con respecto a algunas enmiendas, este informe peca de exceso de celo en materia medioambiental, por lo que existe el peligro de que se produzca una congestión en muchos objetivos ecológicos importantes. En cualquier caso, es importante que este informe sea aprobado y que la Directiva pueda entrar en vigor, puesto que ello contribuirá a contener la propagación a larga distancia de las emisiones y la caída de lluvia ácida sobre la naturaleza de otros Estados miembros.
Mediante las enmiendas consensuadas que presentamos, nuestro Grupo, entre otras cosas, aspira a facilitar que se siga practicando la cogeneración de calor y electricidad en las instalaciones pequeñas y medianas, mientras que, por su parte, las grandes instalaciones deberían ser obligadas a invertir en tecnologías que reduzcan los niveles de emisiones contaminantes. Además, estos compromisos aspiran a que la utilización de la turba, baja en azufre, no implique inversiones desproporcionadas en comparación con los combustibles que contienen un mayor índice de azufre. Esto se incluye en la enmienda 36. Estamos muy agradecidos a la Sra. Oomen-Ruijten por haber aceptado estos compromisos.
Nos volvemos a encontrar en una situación en que el poder legislativo debe afrontar el hecho de que los impactos son diferentes en circunstancias medioambientales diferenciadas. Si no podemos resolver esto, nuestra última carta, aunque no muy buena, será la creación de una directiva específica relativa a los combustibles en el marco de la dimensión nórdica.

Doyle
Señor Presidente, a Irlanda no le plantean problemas los valores-límite de emisión más estrictos para las nuevas instalaciones, pues se pueden incorporar simplemente a la concesión de licencias en materia de control integrado de la contaminación y contribuirán al cumplimiento de los valores-límite de emisión nacionales. Sin embargo, debemos poner en entredicho una regulación más estricta que supere la que figura en la posición común y preguntarnos si brindarán otros beneficios medioambientales importantes. La formulación de la posición común se hizo al tiempo que la Directiva relativa a los valores-límite nacionales de emisión y representa un planteamiento coherente y equilibrado para lograr los objetivos medioambientales con el tiempo. Las enmiendas propuestas no están justificadas desde el punto de vista de los beneficios medioambientales y los costos conexos y otras repercusiones y perturbaría el equilibrio logrado. Una regulación más estricta aumentaría los costos y reduciría la flexibilidad de los Estados miembros para cumplir las metas nacionales y aceleraría el aumento de la dependencia del gas natural con las consiguientes preocupaciones en materia de seguridad de los combustibles para la generación de electricidad, en particular en países como Irlanda.
No están justificadas restricciones suplementarias en las grandes instalaciones de combustión en el marco de los compromisos de los Estados miembros conforme a la Directiva relativa a los valores-límite nacionales de emisión para reducir las emisiones globales y la próxima aplicación de la Directiva relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación. Algunas de las enmiendas tendrán incluso efectos perversos. Por ejemplo, unas valores-límite de emisión estrictos y antieconómicos para las centrales pequeñas obstaculizarán el desarrollo combinado del calor y la energía eléctrica y otras no contribuyen a un planteamiento integrado en materia de medio ambiente. Las propuestas de volver más estrictos los valores-límite de emisión provocan costos desproporcionados con los beneficios y no reconocen que la posición común es un equilibrio entre la mejora de los resultados medioambientales y la reducción de los costos excesivos y otras consecuencias. No se aporta un análisis costo-beneficio para una mayor reducción de las emisiones de las centrales con concentraciones de emisiones ya bajas.
Una enmienda que me plantea problemas es la propuesta de reducir los valores-límite de emisión de Nox de 650 a 200. Resulta técnicamente viable, pero requeriría la instalación de costosos controles en los extremos de las conducciones, lo que requeriría un mayor aporte energético y tendría como consecuencia un aumento de las emisiones de CO2, la utilización de más materias primas y la producción de desechos peligrosos. Los valores-límite de combustión propuestos por el Consejo se podrían cumplir por medios primarios y con un costo muy inferior. Como ya se ha observado, esos costos suplementarios acabarían repercutiendo en última instancia en precios más elevados de la electricidad. Sin embargo, en modo alguno está claro que los beneficios en las reducciones de emisiones de Nox compensen los costos medioambientales y económicos conexos, es decir, que se trata de una propuesta que no es coherente con un planteamiento del medio ambiente en conjunto.

Wallström
Señor Presidente, la contaminación atmosférica sigue siendo una amenaza real para la salud y el bienestar de los ciudadanos en muchas partes de Europa. Nuestro ecosistema sigue padeciendo las consecuencias de la acidificación y la eutrofización. Se trata de una cuestión respecto de la cual Europa puede y debe actuar, ya que la contaminación atmosférica no conoce fronteras y esta directiva hará una contribución importante a la reducción de la contaminación atmosférica.
Permítaseme pasar a las cuestiones fundamentales que se están debatiendo. La cuestión de las centrales existentes ha sido el aspecto más importante en el debate sobre esta propuesta, tanto en la primera lectura en el Consejo como ahora en la segunda lectura. Después de un debate muy difícil en el Consejo, se logró la posición común por unanimidad. Ahora figuran en ella importantes prescripciones nuevas y más estrictas para dichas centrales, gracias a las cuales se reducirán considerablemente las emisiones de dióxido de azufre del sector de las grandes centrales de combustión de los Estados miembros actuales y en última instancia en una Comunidad ampliada.
Si bien considero que es necesario mantener un grado de flexibilidad en el planteamiento de las instalaciones existentes, comparto la opinión del Parlamento de que se debe fijar una fecha límite a partir de la cual resulten claras las obligaciones de cada cual. El Parlamento ha desempeñado un papel muy importante a la hora de señalar las consecuencias de las instalaciones actuales y agradezco a la Sra. Oomen-Ruijten sus gestiones como ponente.
El Parlamento ha propuesto varias enmiendas para volver más estrictos los valores-límite de emisiones en el caso de las instalaciones actuales y en el de las que se autoricen después de que entre en vigor la nueva directiva. La posición común entraña ya reducciones considerables de dióxido de azufre correspondientes al sector. Así, pues, en este momento veo poca justificación para volver más estrictos los valores-límite de dióxido de azufre correspondientes a las instalaciones actuales.
Sin embargo, en el caso de los óxidos de nitrógeno el efecto será menos importante, pues las normas que se aplican a las instalaciones actuales no son muy estrictas. Así, pues, tiene sentido volver más estrictos los valores-límite correspondientes a los óxidos de nitrógeno. En el caso de las nuevas instalaciones, las economías de escala que reducen el costo del cumplimiento permiten volver más estrictos los valores-límite correspondientes a los óxidos de nitrógeno y a los dióxidos de azufre.
Sobre la cuestión de los combustibles autóctonos, ha llegado el momento de acabar con el tratamiento divergente de los combustibles sólidos autóctonos y otros combustibles y ahora debe comenzar el proceso de eliminación progresiva, en particular en vista de la transformación de la naturaleza comercial del sector de la combustión en gran escala.
En este marco, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 3, 4, 7, 8 en parte; 9, 12, 13, segunda parte; 14, 16, 17 en el caso de las instalaciones de más de 300 MW; 18 y 19, ambas en lo relativo a las instalaciones de entre 100 y 300 MW; 21, 28 y 29, las dos en parte; 39 y 40. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 6, 13, primera parte, 15, 24, 25, 26, 30 a 38, 43, 44, 49, 50 y 51.
Quisiera hacer una observación breve sobre las otras enmiendas propuestas. Permítaseme asegurar a sus Señorías que la Comisión ha examinado detenidamente las 50 enmiendas presentadas. En conjunto, podemos aceptar veintitrés, totalmente, en parte o en principio. La Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 10 y 11, que simplificarán las obligaciones de las refinerías, y la enmienda nº 23 en principio, sujeta a la comprobación de que su aplicación es compatible con otras prescripciones legislativas sobre el acceso a ese tipo de información sobre las emisiones.
La Comisión puede aceptar también en principio la enmienda nº 1, que versa sobre instrumentos económicos; la enmienda nº 2, relativa al ajuste de la definición de biomasa con la directiva recientemente aprobada sobre la incineración de residuos, y partes de la enmienda nº 5, en la que se pide un examen suplementario de las emisiones de metales pesados del sector de las grandes instalaciones de combustión y las emisiones de las grandes centrales de combustión del sector marítimo. Sin embargo, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 20, 22 y 27, pues debilitarían la posición común o introducirían incoherencias con instrumentos legislativos conexos recientemente aprobados sobre la incineración de residuos.
Es preferible esperar a ver el resultado del examen en 2004 antes de incluir las turbinas de gas en las aplicaciones marinas. Aún no hemos evaluado todas las repercusiones técnicas, cosa que se hará en el examen de 2004. Por esa razón, las enmiendas núms. 42, 45, 46, 47 y 48 no son aceptables.
Como conclusión, quisiera decir que en las dos lecturas el Parlamento ha contribuido a mejorar esta propuesta legislativa, que tendrá repercusiones no sólo en la Unión Europea actual, sino también y en última instancia en una Comunidad ampliada.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0067/2001) de la Sra. Myller en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor sobre la posición común del Consejo (10674/1/2000 - C5-0563/2000 - 1999/0067(COD)) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los techos máximos de emisiones nacionales para determinados contaminantes atmosféricos.

Myller
. (FI) Señor Presidente, distinguidos representantes de la Comisión y del Consejo, quiero dar entrañablemente las gracias a todos los miembros de la comisión parlamentaria por el planteamiento tan constructivo con que se ha abordado esta propuesta de directiva, y también quiero dar las gracias a los secretarios. Nos encontramos en una situación algo especial, en el sentido de que la comisión ha conseguido incluso mejorar un poco en la segunda lectura los resultados de la primera lectura, y esto se debe -gracias de nuevo a los miembros de la comisión- a que la revisión aprobada ha refundido las mejores partes de la primera lectura y de la posición común del Consejo. Así, hemos conseguido entregar al Pleno unos objetivos muy ambiciosos sobre los techos de emisión para el año 2010. En la posición común adoptada el verano pasado, los resultados de la primera lectura del Parlamento apenas si se tomaban en cuenta. En cambio, la comisión ha querido apoyar de forma clara en su votación el resultado de esa primera lectura, de modo que ahora contamos con una posición buena y ambiciosa para la votación de mañana. Deseo que esta posición tenga éxito mañana también.
Por medio de esta Directiva se aspira a reducir determinadas emisiones contaminantes, a saber, el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, las emisiones de compuestos orgánicos volátiles y las emisiones de amoníaco, de tal modo que, a largo plazo, consigamos que estas sustancias no representen un peligro para la salud de las personas. Esto se persigue estableciendo objetivos intermedios para el año 2010. A través de estos objetivos intermedios, se conseguirá reducir a la mitad las zonas que superan los índices críticos de acidificación, reducir en dos tercios el nivel de las cargas de ozono de efectos nocivos para la salud y en un tercio los índices de ozono que superen el nivel crítico de impacto en la vegetación.
Lamentablemente, por medio de estas decisiones no llegaremos a alcanzar aún los objetivos que fueron aprobados en la estrategia comunitaria contra la acidificación. Por esta razón, el informe que nos ocupa propone establecer el año 2015 como fecha límite, tras la cual no se permitiría rebasar las cargas críticas, así como fijar para el año 2020 el objetivo final de no superar las cargas y niveles críticos. La propuesta de directiva incluye también la exigencia de efectuar una revisión en el año 2004. El objetivo de esta revisión será encauzar óptimamente las metas fijadas para el año 2010, analizar si vamos por el buen camino y presentar propuestas para la consecución de los objetivos.
La presente propuesta de directiva establece la exigencia a los Estados miembros de reducir los contaminantes atmosféricos a un nivel que no represente riesgos para la salud, pero los Estados miembros podrán elegir los medios para alcanzar este objetivo. Las mayores amenazas y, por lo tanto, las cuestiones más difíciles para los Estados miembros son las emisiones procedentes de la producción de energía, y, en este sentido, el informe que acabamos de debatir presentado por la Sra. Oomen-Ruijten es de lo más significativo, así que espero realmente que obtengamos el mejor resultado posible en las votaciones de mañana, porque ello repercutirá directamente en los métodos que nos permitan alcanzar los techos de emisión de esta Directiva.
La industria y el transporte son también motivo de preocupación. Entre ellos, la industria es el único sector que ha conseguido reducir sus emisiones durante las últimas décadas, mientras que el transporte no deja de aumentar constantemente sus propias emisiones. Por consiguiente, los Estados miembros deberán hacer algo al respecto. El transporte representa un verdadero reto. Debemos ser capaces de reducir el tráfico y de modificar nuestros comportamientos dando prioridad a alternativas menos contaminantes, como el transporte por raíles y el transporte colectivo, así como fomentando un desarrollo técnico que contribuya, por otros medios, a la reducción de emisiones en el sector del transporte.
Por último, quisiera aún señalar que las estimaciones realizadas en diversas ocasiones sobre los costes derivados de esta Directiva son demasiado altas. Si tomamos en cuenta lo ya acordado, por ejemplo en el Protocolo de Kioto, llegaremos a la conclusión de que podemos reducir a la mitad los costes estimados. Si consideramos, además, los beneficios que se obtendrán en cuanto a la mejora de la salud mediante esta Directiva, los beneficios globales serán muchísimo mayores que los costes.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la propuesta de directiva que examinamos relativa a los techos nacionales de emisión afecta a los mayores contaminantes del aire. Los puntos centrales de esta directiva son la reducción de las emisiones de las sustancias mencionadas por debajo de los niveles críticos y los impuestos. El elemento más importante de esta directiva, o mejor, la parte de esta directiva que más se ha discutido es, por supuesto, la tabla en la que se recogen las emisiones anuales por sustancia permitidas a cada país. Algo que ha desempeñado un gran papel en la discusión son las numerosas protestas que se produjeron cuando 36 países, entre ellos los Estados miembros de la UE, acordaron otras normas en el ámbito de la ONU, generalmente menos estrictas, para las mismas sustancias. En la primera lectura se abogó por sustituir la tabla de la Comisión Europea, que sí era ambiciosa, por la llamada "Tabla de Goteburgo" de la ONU que permite unos techos más elevados.
Ya señalé durante la tramitación en primera lectura que el razonamiento no era muy firme. Al fin y al cabo, los acuerdos de la ONU son siempre menos ambiciosos debido a que la situación de los países ricos, prósperos y, por tanto, a menudo más contaminantes es difícil de comparar con la situación de los países en desarrollo. Además, la emisión en nuestro propio continente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y también, aunque en menor medida, amoníaco, ocasiona efectos medioambientales directos.
En tanto Grupo del PPE, nos sumamos en la primera lectura al techo de la Comisión Europea. Sin embargo, hemos mejorado la tabla de amoníaco, también debido a que la posibilidad de propagación es menor.
La propuesta de compromiso del Consejo en relación con el SO2, los NOx y los COV dará lugar, en mi opinión, a más emisiones. Solamente puedo estar de acuerdo con el compromiso del Consejo en lo que al amoníaco respecta. La Comisaria conoce al igual que nosotros los problemas que rodean la ejecución de la directiva sobre nitratos: realmente ningún Estado miembro cumple lo establecido en la norma. Las propuestas de la Comisión para reducir más el techo no son factibles en mi opinión. Añado a ello que los efectos derivados de la emisión de amoníaco son en parte locales y que un objetivo más moderado también puede estar justificado.
Eso significa que estamos en gran parte de acuerdo con la ponente: respaldamos las primeras ocho enmiendas; la 9 no la apoyamos. En cuanto a la tabla, respaldamos lo que se establece en relación con el SO2, los NOx y los COV. Respecto del amoníaco, volvemos a la propuesta del Consejo. Así mismo, la idea de la ponente de que realmente deba ya lograrse en 2004 lo que queremos alcanzar en 2010, nos ocasiona problemas. Nos parece muy ambicioso.
Por lo demás, debo decir sinceramente que ha sido muy positivo trabajar con esta ponente y que también la coordinación con el trabajo relativo a las grandes instalaciones de combustión ha sido excelente. Mi agradecimiento por ello.

Hulthén
Gracias señor Presidente, muchas cosas que se dijeron en el debate anterior también tienen gran relevancia para esta directiva. Esos dos documentos constituyen el fundamento de la estrategia contra la acidificación que aprobamos hace tres años.
El lunes pasado, cuando se hicieron mediciones en mi propia ciudad, el grado de acidez era el más alto de los últimos tiempos. La acidificación sigue siendo un problema que no podemos dejar de lado.
Quisiera comenzar agradeciendo a la Sra. Myller su excelente trabajo y a los colegas de la Comisión de Medio Ambiente sus contribuciones para mejorar esta propuesta. Sin embargo, el problema es que el camino entre la comisión y la Sala es, a veces, particularmente arriesgado. Mientras más nos acercamos al día de la votación, parece que algunos de nosotros sienten más miedo. Una vez más vemos surgir el conflicto entre la industria, el empleo y el medio ambiente. Muchos de los que han luchado en pro del medio ambiente se transforman en continuistas nacionales y regionales. En sus ciudades abrazan y defienden las instalaciones de combustión de carbón. Cuando se menciona la necesidad de un entorno sano en el futuro, desaparecen súbitamente la responsabilidad y las metas a largo plazo.
En la primera lectura apoyamos los techos de emisión propuestos por la Comisión. Conviene destacar en este contexto que los techos y las cifras que presentó la Comisión se fundamentaban en los informes de los respectivos países. No eran cifras inventadas. Parece que hoy hay quienes las niegan. Esas cifras no expresaban un optimismo desorbitado y demostraban, tal como lo señaló la Sra. Myller, que los cálculos económicos correspondían a la realidad.
Cuando el Consejo aporte sus puntos de vista, tampoco será extraño que se obtengan peores resultados, que estén mucho más cercanos a las cifras del Protocolo de Goteburgo. En este contexto, quisiera recordar que la Comisión - al menos al principio - rehusó firmar el protocolo de Goteburgo, ya que opinaba que era insuficiente y que sus pretensiones eran muy escasas. Espero que la Comisión demuestre que apoya lo expresado por el Parlamento, especialmente por la Comisión de Medio Ambiente. Si optásemos por la línea del Consejo, habríamos elegido empeorar la salud de los ciudadanos, donde los niños y los asmáticos serían los principales afectados. También optaríamos por superar los niveles críticos de deterioro de cientos de miles de hectáreas de terreno. Esta lista podría llegar a ser muy larga. Espero que mañana tengamos la valentía de aprobar la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente.

Davies
Señor Presidente, en la primera lectura el Grupo Liberal dio su apoyo a las propuestas de la Comisión. Queremos que haya una importante reducción de la contaminación atmosférica en un período de tiempo que refleje los graves problemas medioambientales que afrontamos. La Comisión sostuvo que los beneficios económicos superarían con mucho los costos que entrañaría, pero los Estados miembros disintieron y dijeron que no podían superar las metas acordadas en el protocolo de Goteburgo. Así, pues, el Parlamento estaba acertado al apoyar a la Comisión. Me complace que en la negociación la Comisión pudiera vencer la resistencia de los Estados miembros, lograr algunos avances y conseguir metas más ambiciosas.
Pero en la segunda lectura estamos en una posición bastante diferente. La Comisión ha dicho que ha logrado un acuerdo firme con el Consejo y a él se atiene. No avanzará más, según dice. No apoyará las enmiendas presentadas por el Grupo PPE-DE o el Grupo Socialista. Me gustaría que los Estados miembros fueran más ambiciosos. Pero en primera lectura el Parlamento apoyó las propuestas basadas en un modelo de la Comisión que me parece diabólicamente complicado. A falta de apoyo de la Comisión ahora, no veo cómo, en cuanto legisladores y no expertos técnicos, podemos proponer metas más ambiciosas para los países concretos, a no ser que nos saquemos cifras de la manga, lo que me parece una forma de legislar muy deficiente y propia de aficionados. Así, pues, he aceptado que esto es lo máximo que podemos avanzar de momento.
Pero también sé que estamos en una partida de póker y yo soy un pésimo jugador de póker. Puede que los Estados miembros tengan bazas ocultas que estén dispuestos a ofrecer, si se los presiona en la conciliación. Puede que la Comisaria desee en secreto que el Parlamento saque adelante su programa original.
Si resulta ser así, no he entendido la partida. Espero con interés que la Comisaria diga si se ha guardado bazas en la manga o su posición pública sigue siendo la misma.

De Roo
Señor Presidente, señora Myller, felicidades por su excelente informe sobre los techos nacionales. Se trata de cuatro sustancias contaminantes. Para dos de ellas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, se da una respuesta adecuada en el informe de la Sra. Oomen- Ruijten relativo a las grandes instalaciones de combustión. El problema del amoníaco debe solucionarse en el ámbito local y nacional. Realmente nos falta todavía una parte de la legislación en relación con los compuestos orgánicos volátiles. Ya existen reglas para los compuestos orgánicos volátiles que se liberan al echar combustible a los automóviles, lo mismo sucede con la industria en relación con las mismas sustancias. Sin embargo, todavía no existen tales reglas en cuanto a los compuestos orgánicos volátiles de los hogares, que son responsables de un tercio de las emisiones. De ahí que pregunte a la Comisión Europea cuándo presentará por fin una directiva de la UE para las pinturas. Tenemos que lograr una pintura al agua, y ya es hora de que se adopten reglas en ese sentido.
El Protocolo de Goteburgo ha sido suscrito por 36 países. En él se aplica el derecho de veto. La posición común es solamente un poco más ambiciosa que ese Protocolo. En Europa se ha eliminado el derecho de veto en el ámbito de la legislación medioambiental. Si, en tanto Unión Europea, no estamos en situación de adoptar unas normas medioambientales sustancialmente más estrictas, es una vergüenza. Mañana, el Parlamento tiene la oportunidad de evitar esta vergüenza. Espero que 314 colegas o más voten a favor del excelente informe de la Sra. Myller.

Jackson
Señor Presidente, quisiera felicitar a la ponente y preguntar hasta qué punto podemos confiar en el Consejo. Que yo recuerde, no es una cuestión personal. Ésta es una de las poquísimas propuestas que ha llegado acompañada de una tarjeta con el precio exacto. Cierto es que está impresa en la página 112 de las propuestas originales. Ya no aparece en la versión presentada en la red Internet, pero estaba en la versión que se presentó originalmente al Parlamento. Nos revela el costo real de la aplicación de la propuesta directiva relativa a los valores-límite de emisión en el nivel nacional. Fue una novedad para los diputados belgas de mi comisión que esta propuesta fuera a costarles 1.000 millones de euros al año. Se lo mostramos a los diputados belgas y no les hizo la menor gracia.
¿Puede la Comisaria decir si se ha examinado en el Consejo el costo de lo que se propone y qué han dicho los belgas, por ejemplo, al respecto? ¿Y los franceses, para quienes esta medida costará otros 916 millones de euros más al año? ¿Y los griegos? Según el cálculo aproximado de la Comisión, les costará otros 338 millones de euros al año. Conque, ¿qué nivel de costo están dispuestos a pagar?
La Sra. Müller ha abordado este problema. En sus enmiendas núms. 1 y 6, rechaza la expresión "en líneas generales" y dice que los Estados miembros deben acceder, en realidad, a mantenerse "exactamente" dentro de los valores-límite de emisión. Si el Parlamento lo acepta, tenemos mayor derecho aún a preguntar hasta qué punto accederán los Estados miembros en realidad a cumplir esas propuestas. Cuando la Comisaria acuda a responder, ¿podría decir algo sobre la enmienda nº 8? ¿Se aplica la subsidiariedad en este caso o no? Si no se aplica, es de suponer que tengamos que esperar a que la Comisión Europea formule propuestas. En caso de que sí, como los instrumentos no pueden ser impuestos, que se aceptarán, ¿qué serán?

Sterckx
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, creo que estamos ante un importante informe. Considero muy bueno el objetivo de la directiva, es decir, la reducción drástica de la contaminación del aire. Así mismo, el hecho de que fijemos la nueva fecha de 2020, me parece algo positivo. Mis reparos residen, tal como la Sra. Jackson ya ha señalado, en la tabla del anexo 1 y, especialmente, en las modalidades de cálculo y sus consecuencias para los Estados miembros que cuentan con una superficie pequeña y una gran densidad de población.
Puedo admitir, señora Comisaria, que, tal como usted también dijo en el debate sobre la primera lectura, obtengamos en la revisión de 2004 un reparto más justo de las cargas, también para los Estados miembros pequeños. Votaré por ello en contra de la enmienda 10 que vuelve a incluir la vieja tabla de la Comisión en el anexo 1.

Arvidsson
Señor Presidente, la acidificación de los bosques, de la tierra y de los cursos de agua es el problema ecológico más importante en mi país. Casi todas las lluvias ácidas provienen de la producción de energía mediante la combustión de fósiles en otros países europeos. La acidificación en nuestro país es, por tanto, un problema "importado" .
El entorno natural en grandes extensiones del norte de Europa tiene escasa capacidad para paliar los efectos nocivos producidos por agentes externos. Por eso la lluvia ácida es tan perniciosa para Dinamarca, Suecia y Finlandia. Todos los años se hacen grandes esfuerzos para disminuir los daños mediante la calcificación de lagos y cursos de agua. No cuento con datos exactos, pero me atrevo a sostener que Suecia ha realizado mayores esfuerzos económicos para combatir la acidificación mediante la calcificación que lo que algunos Estados miembros han invertido para disminuir las emisiones acidificantes.
Algunas regiones - el sudoeste sueco, algunas zonas cordilleranas en el norte de Suecia y, especialmente, el sur de Noruega - son extremadamente sensibles a la lluvia ácida. Me dirijo a todos los diputados, de todos los países miembros. Para preservar la valiosa naturaleza en esas regiones necesitamos su ayuda. Les pedimos que analicen este problema desde una perspectiva europea y nos ayuden a resolver los grandes problemas derivados de la acidificación. Además, la disminución de las emisiones procedentes de la combustión es un importante tema que concierne a la salud pública de muchos países comunitarios. Muchas personas interesadas en el medio ambiente en mi país confían en lo que pueda hacer la Unión Europea. La ONU ha demostrado ser una organización que no ha dado suficiente impulso a los temas medioambientales europeos.
A mi juicio, los impuestos son un asunto de carácter nacional. Los parlamentos nacionales tienen que elegir el mejor camino para alcanzar los techos de emisión nacionales. Por esa razón no respaldo la propuesta de crear impuestos para combatir las emisiones.
También quisiera comentar el argumento del desempleo. En general, un medio ambiente sano y la buena salud no conllevan desempleo. A largo plazo, los esfuerzos para mejorar el entorno y la salud son una buena inversión. Los costes disminuyen y las inversiones implican una situación económica más favorable. La actual situación en Rusia habría sido mucho mejor si no hubiesen heredado la catástrofe ecológica y la insalubridad del desplomado sistema comunista.
La postura común del Consejo es sorprendente. Sus pretensiones son escasas y el Consejo no quiere fijar una fecha para la entrada en vigencia de las medidas. Así, podemos imaginarnos cómo será el cumplimiento de la directiva: simplemente no se cumplirá.
Por esa razón, el Parlamento debe reiterar las pretensiones contra la acidificación que fijó la Comisión en el denominado techo de emisión. La postura del Consejo será casi ridícula para los países miembros si el Parlamento y la Comisión forman un frente común en esta materia. Finalmente, quiero agradecer a la ponente Sra. Myller sus esfuerzos para obtener resultados en esta importante materia medioambiental.

Kauppi
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, estoy totalmente de acuerdo con el orador precedente en cuanto a que la acidificación, la eutrofización y el crecimiento de los niveles de ozono en la capa baja de la atmósfera son problemas a los que debemos hacer frente de forma eficaz en toda Europa. Por consiguiente, debemos fijar techos nacionales de emisión para los contaminantes más importantes.
Tras largas y difíciles negociaciones, el Consejo llegó a un acuerdo sobre los techos nacionales de emisión.. La Comisión apoya ,a su vez, la posición común del Consejo. Esta posición común del Consejo significaría una notable reducción de las emisiones. Quizá ésta no sea tan ambiciosa como el Parlamento deseaba en la primera lectura, pero tal vez se trate del mejor compromiso posible en estas circunstancias. Lamentablemente, nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor ha decidido presentar unas propuestas tan significativas y ambiciosas que, en caso de llevarse a cabo, pondrían en peligro el acuerdo alcanzado. En este sentido, comparto los puntos de vista expuestos anteriormente por el Sr. Davies.
Cuando se debatieron los techos de emisión en la primera lectura del Parlamento en marzo del año pasado, resalté que no deberíamos fijarnos nuevos objetivos antes de alcanzar los ya establecidos. La Comisión deberá velar constantemente por que se produzcan avances de forma continua en todos los Estados miembros y deberá impulsar medidas que ayuden a la industria a realizar los cambios necesarios. Es importante que los objetivos medioambientales sean alcanzados con la mejor relación coste-eficacia posible. Por ello, la pregunta formulada por la Sra. Jackson está más que justificada.
Por muy dignas que sean las reducciones en los techos de emisión realizadas por la comisión parlamentaria, deberíamos ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de nuestros deseos y de nuestros votos. La postergación de esta Directiva y la dilatación forzosa de su aplicación -ese juego de póker mencionado aquí antes- sería la peor alternativa desde el punto de vista del medio ambiente. Además, los beneficios medioambientales de estas reducciones serán muy escasos en comparación con los costes.

Wallström
Señor Presidente, quisiera comenzar agradeciendo a la ponente su trabajo sobre esta importante propuesta. Sé que su Señoría tiene mucho que hacer en relación con el programa de acción medioambiental y otras cosas. La propuesta de directiva relativa a valores-límite de emisión va encaminada a abordar simultáneamente la acidificación, la eutrofización y el ozono en el nivel del suelo. Así, pues, es muy importante para dos de los cuatro sectores prioritarios determinados en la propuesta de la Comisión para un sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: naturaleza y biodiversidad y salud y medio ambiente. Aún hay importantes zonas de la Unión en las que la naturaleza y la biodiversidad padecen las consecuencias de la eutrofización provocada por la lluvia ácida y los ciudadanos se ven afectados por el ozono en el nivel del suelo, como ya han observado diputados al Parlamento. Debemos resolver esos problemas.
Las enmiendas 10 y 13 van encaminadas a restablecer los valores-límite de emisión originalmente propuestos por la Comisión. En su posición común los Estados miembros hacen suyas las metas a largo plazo y los objetivos provisionales de la propuesta. Han vuelto a examinar los compromisos que formularon en el protocolo de Goteburgo y han aceptado la adopción de medidas suplementarias. Pero todos ellos consideran que hay incertidumbres y otros factores que pueden cambiar el panorama dentro de unos años: planes energéticos, adhesión y demás. Ésa es la razón por la que los Estados miembros han acordado examinar de nuevo esas cuestiones en 2004. La Comisión puede aceptarlo como primer paso a condición de que nuestro objetivo en 2004 sea el de compensar el déficit.
Me preocupa mucho que vaya a ser muy difícil celebrar debates logrados sobre las enmiendas 10 y 13 con el Consejo. Hay prescripciones diferentes para cada uno de los Estados miembros y quince puntos de vista en el Consejo. Así, pues, la Comisión no acepta las enmiendas núms. 10 y 13. Sin embargo, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 11 y 12. La verdad es que vamos a tener que examinar de nuevo la propuesta original de la Comisión de valores-límite de emisión en 2004 y ver si sería mejor compartir la carga de forma diferente a la luz de los acontecimientos más recientes. Las enmiendas 11 y 12 lo explican muy claramente.
En respuesta a las preguntas del Sr. De Roo, he de decir que la Comisión ha concluido dos estudios sobre los compuestos orgánicos volátiles. Ahora estamos haciendo la labor preparatoria y esperamos poder examinar las posibles propuestas con expertos antes del verano, en realidad. Tal vez sea ésa una información importante. Sobre los costos y sobre hasta qué punto están dispuestos, señora Jackson, los Estados miembros a pagar los costos. Como sabe su Señoría, se examinaron muy por extenso en el Consejo. Los Estados miembros creen que podemos cumplir la meta y han aceptado lo que creen que pueden hacer ahora. Quieren volver a examinar los costos en 2004, antes de aceptar más. Naturalmente, los costos son mayores para ciertos países que para otros, según la procedencia de las emisiones contaminantes. No todas las emisiones son iguales por las diferentes tendencias climáticas. También se tomó nota de ello en los debates celebrados en el Consejo.
Por lo que se refiere a las enmiendas restantes, las núms. 1 y 6 están relacionadas con la enmienda nº 10. El Consejo insertó la expresión "en líneas generales" como reconocimiento de que los valores-límite de emisión de la posición común no bastarán para cumplir los objetivos correspondientes a 2010, por lo que la Comisión no acepta esas enmiendas. La enmienda nº 4 fijaría fechas en las que se deberían cumplir las metas a largo plazo de esta directiva y la Comisión sigue pensando que con nuestros conocimientos actuales cualquier fecha sería conjetural, por lo que no debe figurar en un texto jurídico. Así, pues, la Comisión ha de rechazar la enmienda nº 4. Espero que tengamos una previsión más clara cuando examinemos la directiva en 2004, pero entonces -si me permiten un chiste-, tendrán que caer del cielo.
La Comisión conviene sin reservas en que las emisiones debidas al transporte internacional son importantes y se debe abordarlas eficazmente. También debemos examinar los efectos de las emisiones de las aeronaves. La Comisión puede aceptar totalmente la enmienda nº 2 y en principio la enmienda nº 3 en parte. Sin embargo, preferiríamos citar la Directiva 99/30 más directamente. No podemos aceptar la enmienda nº 5 ni la primera parte de la enmienda nº 7. No se pueden asignar a Estados miembros concretos las emisiones debidas al tráfico marítimo internacional y a las aeronaves de paso, sino que debemos complementar las medidas ya adoptadas por la Organización Marítima Internacional y elucidar qué más hace falta. La Comisión puede aceptar la enmienda nº 8 en parte y en principio. La presentación de propuestas sobre los instrumentos económicos es algo que vamos a examinar como parte de nuestro examen de la directiva en 2004. Podemos aceptar en parte y en principio la enmienda nº 8. Podemos aceptar en parte y en principio la segunda parte de la enmienda nº 7 y la enmienda nº 9. Además, la Comisión no puede aceptar la prescripción de que presente propuestas. Durante el examen se deben tener en cuenta todas las cuestiones destacadas por el Parlamento. Agradezco al Parlamento el tiempo dedicado a esta cuestión y expreso también mi esperanza de que logremos avances sobre este importantísimo expediente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Inspecciones medioambientales
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0041/2001) de la Sra. Jackson en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación sobre el proyecto común de recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo aprobado por el Comité de Conciliación (C5-0001/2001 - 1998/0358(COD)) sobre la determinación de criterios mínimos para inspecciones medioambientales en los Estados miembros.

Jackson
Señor Presidente, informo a la Asamblea después de una saga larga y no totalmente satisfactoria. La delegación del Parlamento Europeo quería que esta recomendación sobre la inspección medioambiental adoptara la forma de una directiva. Adoptamos una posición muy firme al respecto e intentamos persuadir a la Comisión para que adoptara una posición favorable al respecto. Pero no lo hizo. Intentamos persuadir al Consejo de Ministros para que conviniera con nosotros y no lo hizo. Es muy lamentable, pero se trata de una situación a la que, por desgracia, hemos tenido que resignarnos, porque, si no hubiéramos aceptado los textos que ahora tenemos ante nosotros, probablemente ni siquiera habríamos conseguido una recomendación.
Muchos de mis colegas -espero que todos- consideran que nos encontramos en una situación muy insatisfactoria. En efecto, no cesamos de aumentar el volumen de la legislación de la Unión Europea en materia de medio ambiente, con la positiva intención de mejorar nuestro medio ambiente, pero los Estados miembros se comprometen con una legislación que en muchos casos no pueden aplicar en la forma en que la aprueban. Al final puede que puedan alcanzar los niveles que aceptan, pero debemos preguntarnos cuánto se tardará. En algunos casos la Comisión sigue aún muy a obscuras sobre si los Estados miembros están cumpliendo de verdad la legislación, porque los Estados miembros tardan mucho en decir a la Comisión sobre el estado de aplicación en los informes que están obligados a enviar a Bruselas.
De modo que, si lo expresamos de la forma más dramática, el propio Parlamento Europeo resulta cómplice de un engaño a los ciudadanos europeos. Les estamos diciendo que tenemos una legislación medioambiental muy avanzada, pero en casos como el de la directiva relativa a los nitratos y la Directiva relativa a las aguas residuales vemos que, en realidad, los Estados miembros están tardando mucho más de lo establecido en cumplir la legislación. De hecho, el caso de la sanción que el Gobierno griego sigue pagando a Bruselas por no haber aplicado una directiva relativa a residuos revela que se puede tardar una cuarto de siglo hasta que se lleve a un Estado miembro ante los tribunales por no cumplir una legislación aprobada en el decenio de 1970.
El Parlamento consideró que la forma de abordarlo era tomar lo que originalmente era una recomendación sobre inspecciones medioambientales y utilizarla como una forma de imponer la aplicación de normas comunes en todos los Estados miembros convirtiéndola en una directiva a la que los Estados miembros prestarían -esperábamos- mayor atención. Como digo, los Estados miembros se oponían. Fue bastante esclarecedor asistir a la reunión del Comité de Conciliación, en el que resultó totalmente claro que a algunas delegaciones de Estados miembros no les interesaba ese asunto lo más mínimo y mucho menos aún en la reunión a la que hemos asistido esta noche. Ésta es una situación en la que sólo una minoría de Estados miembros están interesados de verdad en el cumplimiento. Para la mayoría, ocupa un puesto muy abajo en su lista de prioridades.
Así, pues, me temo que nos hemos conformado en cierto modo con algo menos que lo mejor. Seguimos abrigando esperanzas de que podremos volver a abordar esta cuestión. La verdad es que seguimos dispuestos a hacerlo, porque, aunque tenemos una recomendación, figura en ella una cláusula de revisión según la cual la Comisión volverá a comparecer ante el Parlamento durante esta legislatura -creo que no me equivoco al decir que será en 2003- para que intentemos evaluar cómo están actuando los Estados miembros en relación con esta recomendación.
Eso significaría que el Sr. Davies y yo, si nos libramos y logramos sobrevivir a la fiebre aftosa, a la EEB y a todo lo demás que parece estar aquejando al Reino Unido, podremos procurar que avancemos hacia la formulación de una directiva, en caso de que consideremos que la recomendación no nos lleva a parte alguna. Esperamos contar con el apoyo de la Comisión para que esa reevaluación en 2003 sea una operación en verdad seria. Estoy segura de que la Sra. Wallström, que está muy interesada en lograr un mayor cumplimiento, estará deseosa de apoyarnos a ese respecto.
También hemos logrado incluir en la recomendación la idea de que los informes sobre la inspección deben estar a disposición pública al cabo de dos meses de su conclusión y presentación a la Comisión. Queremos velar por que más personas en Europea se interesen por la cuestión del cumplimiento: más personas en todos los Estados miembros, no sólo en una selección de los septentrionales. Y, por último, permítaseme señalar a la atención de sus Señorías que, aunque no podíamos recogerlo oficialmente, hemos dicho que incluiremos en todas las directivas una cláusula de este simple tenor: "Los Estados miembros se comprometen a haber creado, en la fecha de entrada en vigor de la directiva, a más tardar, sistemas de inspección medioambiental que les permitan cumplir enteramente las disposiciones de la directiva". No vemos cómo podría oponerse a ello Estado miembro alguno.

Scheele
Señor Presidente, quiero comenzar con una felicitación a nuestra ponente. Me parece que la delegación del parlamento en el Comité de Conciliación ha luchado muy duramente y ha dado también con gran pesar su aprobación al resultado de la conciliación, al igual que mi Grupo político que dará su voto afirmativo también en el Pleno. Sin embargo, no podemos estar contentos con el resultado de la conciliación. El Parlamento Europeo quería una directiva vinculante en lugar de recomendaciones. Los Estados miembros han bloqueado y deben también aceptar la responsabilidad de que en la Unión no avance nada en lo que se refiere a la aplicación de la política medioambiental.
Actualmente, están en marcha más de 150 procedimientos por violaciones o no observancia de la legislación medioambiental en vigor. A pesar de todo lo que se alegra este Parlamento por cada avance en política de medio ambiente, sin embargo están justificadas las dudas en la seriedad de dicha política de la Unión si no se da el último paso, a saber, el de controlar la aplicación. La mejor legislación no sirve de nada si no se aplica.
Nuestras condiciones, la coordinación de las inspecciones entre los Estados miembros cuando se trata de delincuencia medioambiental transfronteriza, son una mejora así como también la publicación de los informes de inspección dos meses tras la realización de las inspecciones. Sin embargo, creo que la cláusula de revisión que ha descrito la Sra. Jackson es la exigencia más importante del Parlamento, es decir, que la Comisión presente al Parlamento al cabo de dos años un informe sobre la aplicación y eficacia de esta recomendación y en caso de ausencia de eficacia -lo que supongo ahora- presente también una propuesta de directiva.
Como no confío plenamente en las débiles formulaciones de esta cláusula de revisión -la Comisión debería presentar tal informe no en dos años sino lo más pronto posible-, quiero rogar a la Comisaria Wallströmm que confirme quizás de nuevo que se va a ocupar de que se nos va a presentar este informe en algo más de dos años. Naturalmente, espero que entonces se demuestre la eficacia de esta recomendación, que la legislación medioambiental es más efectiva y que se pueden constatar mejoras. Pero en el momento actual me falta la fe aunque escuche el mensaje.

Davies
Señor Presidente, no sé de nadie que no convenga en que la legislación medioambiental debe aplicarse igual y eficazmente en toda la Unión. Este informe nos ha brindado la oportunidad de adoptar algunas medidas prácticas. Me parece que durante más de un año y medio ha habido un diálogo de sordos y el resultado es que no hemos logrado nada válido. No culpo a la Comisaria, que lo heredó de su predecesora, pero la recomendación de la Comisión era muy deficiente y cayó pésimamente en los Estados miembros, que la apoyaron sólo porque no era vinculante y, por tanto, se podía pasarla por alto.
Muchos diputados al Parlamento acabaron compartiendo la opinión de los Estados miembros de que era demasiado prescriptiva. Pero en ningún momento hubo un debate serio entre el Consejo y el Parlamento sobre la forma mejor de lograr unos objetivos que deberían haber sido compartidos. Tal vez fuera un fallo por nuestra parte no adoptar iniciativa alguna.
Por otra parte, la propuesta -radical y, aun así, eminentemente sensata- formulada por la Sra. Jackson y respaldada por el Comité de Conciliación, no logró el apoyo de la Presidencia ni de la Comisión. Conque tal vez no fuera posible la armonización de las opiniones. Pero el compromiso logrado por parte de la Comisión de examinar la posibilidad de introducir algún tipo de directiva dentro de unos años, si bien es digno de beneplácito, dado el apoyo declarado de la Comisaria a la necesidad de que velemos por la aplicación de las normas y leyes eficazmente, es algo que no podía dejar de conseguirse, en cualquier caso, y nada añade a las declaraciones anteriores.
Considero un fracaso toda esta operación legislativa. Sencillamente, no hubo diálogo apropiado entre las instituciones. Me parece que hemos defraudado a los ciudadanos de nuestras circunscripciones de toda la Unión Europea. Retrospectivamente, creo que habría sido mejor que el Parlamento hubiera dejado hundirse el proceso de conciliación. El Grupo Liberal votará contra la aprobación de esta recomendación mañana. Espero simplemente que la próxima vez podamos actuar mejor todos.

Wallström
Señor Presidente, voy a mantener al Parlamento periódicamente informado sobre la ejecución y el grado de cumplimiento. Ésta es una de las cuestiones más importantes sobre las que debemos trabajar en los próximos años y ésa es también la razón por la que figura como una de las prioridades en el sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente. Debemos centrarnos en la ejecución. Naturalmente, volveré al Parlamento y, en caso necesario, presentaré proyectos legislativos. Es el denominado método de la guillotina. Presionaremos a los Estados miembros. Creo que quienes acuden al proceso de conciliación le dedican mucho tiempo, esfuerzo y energía y quieren llegar a un acuerdo, por lo que vale la pena.
Será útil que se mantenga informados a los ciudadanos de Europa sobre la ejecución y vamos a proponer diferentes formas de hacerlo. Acogeremos con agrado cualquier otra idea sobre cómo podríamos lograrlo y mantener la presión sobre los Estados miembros.
La diferencia de opinión radicó en cuál sería el mejor instrumento legislativo para cumplir los objetivos. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo sobre la forma y la redacción del instrumento aceptando las enmiendas del Parlamento.
También apoyo la propuesta de la Sra. Jackson de que se inserte esa frase en todas las propuestas a partir de ahora. Es un buen recordatorio para los Estados miembros. Las enmiendas volverán más estrictas las prescripciones de la recomendación. Por ejemplo, los informes sobre las visitas in situ deben estar disponibles dos meses después de haberse hecho la inspección. Ahora tenemos que velar por que se aplique plenamente la recomendación.
Quisiera agradecer el papel de la red IMPEL. Su trabajo sobre los criterios mínimos para las inspecciones contribuyó a la redacción de la recomendación y dichos criterios constituyen un instrumento muy importante. Ahora la red IMPEL tiene un mandato conforme a la recomendación para examinar los cuerpos de inspectores, los métodos de inspección y los procedimientos óptimos en materia de formación y capacitación de los inspectores.
Ahora la recomendación exigiría a los Estados miembros que informaran a la Comisión sobre su funcionamiento dentro de dos años. Después la Comisión examinará la posibilidad de presentar una propuesta de directiva amplia que abarque el ciclo completo de la inspección. Sin lugar a dudas volveremos sobre esto y espero que juntos podamos mejorar la aplicación del acervo comunitario en materia de medio ambiente.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques
El Presidente
De conformidad con el orden del día, sigue la recomendación para segunda lectura (A5-0055/2001) del Sr. Miller en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior sobre la posición común del Consejo (7074/1/2000 - C5-0615/2000 - 1998/0277(COD)) en lo tocante a la aprobación de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las instalaciones de calefacción de los vehículos de motor y de sus remolques y sobre la modificación de la Directiva 70/156/EWG del Consejo así como sobre la suspensión de la Directiva 78/548/EWG del Consejo.
En este lugar se muestra claramente lo importante que es para el destino de la Unión Europea lo que aquí hacemos.

Miller
Señor Presidente, quisiera comenzar señalando una corrección técnica. Es algo que se debería haber advertido en comisión, pero, por desgracia, no fue así. Se refiere al Anexo IV, 2.2, en el que figura la indicación de presión de 500 caballos de vapor, cuando, en realidad, debería referirse a 0,5 caballos de vapor. Agradecería profundamente que se hiciera esa pequeña corrección técnica. Estoy seguro de que también lo agradecerían todos los fabricantes de sistemas de calefacción para automóviles. Hay otras dos enmiendas al respecto. Las dos son muy técnicas y me las han indicado los representantes de ese sector industrial. Cuando las examiné, no vi problema alguno. Las he presentado a la comisión, que las ha aprobado.
El propio hecho de que haya recurrido al uso de la palabra para decir que los fabricantes me han presentado dos enmiendas más subraya el dilema que afronta el Parlamento con este tipo de directiva. El mes pasado presenté un informe sobre la forma de volver accesibles los autobuses para las personas discapacitadas. Algunos criticaron dicho informe, porque era demasiado técnico. En realidad, había eliminado muchos de los tecnicismos. Sin embargo, al pasar a este informe, me pregunto qué hago aquí, haciendo uso de la palabra a las 10,30 de la noche de un martes, hablando de tecnicismos. No es ésa una tarea propia del Parlamento. Debemos orientar la política, pero no debemos dedicarnos a examinar tecnicismos que se podrían abordar mejor en otras instancias.
Quisiera proponer a la Comisión que algunos de nosotros nos reunamos en algún momento del futuro inmediato para impedir que esta clase de informes lleguen al orden del día del Parlamento. Es una pérdida de tiempo para la Comisión y también para nosotros. Ya es más que hora de que examinemos formas de eliminar esos informes técnicos -que en modo alguno son políticos- del orden del día. En lugar de llegarme a mí, se debe examinarlos en los foros idóneos en los que ingenieros, técnicos, científicos, etc., o un grupo técnico de la clase que sea se ocupen de esas especificaciones. Yo no soy ingeniero: mi primera profesión fue la de lechero. No sé cómo se puede esperar que sepa yo en qué consiste la diferencia entre 0,5 y 500 caballos de vapor. Ruego a la Comisión que abordemos este problema. Espero que en el futuro podamos dormir las horas que necesitamos.

Harbour
Señor Presidente, la verdad es que sólo puedo repetir lo que mi amigo y colega, el Sr. Miller, acaba de decir. Él y yo nos alternamos de un lado al otro como ponente en la sombra de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre estos expedientes técnicos. También puedo revelarle que no sólo se me ha nombrado para esa tarea en la Comisión de Asuntos Jurídicos, sino que actualmente tengo en carpeta otros seis reglamentos técnicos: en mi otra calidad, para la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Tal vez porque fuera ingeniero en mi vida anterior.
Pero, hablando en serio, debemos examinar en primer lugar la forma como se debe llevar a cabo este trabajo. Ésta es una directiva importante. No debemos subestimar su importancia. Agradezco al Sr. Miller la labor que ha llevado a cabo organizándolo hasta en sus menores detalles, si bien, como él ha dicho, no es una tarea que debiéramos hacer nosotros.
Los servicios del Comisario Liikanen deben procurar resolver hasta los detalles más delicados. La verdad es que debería encargarse él de los detalles delicados de estos asuntos -los detalles técnicos sobre los que nos asesoran los fabricantes de automóviles o de piezas-, antes de que lleguen hasta nosotros. La verdad es que, ahora que la Comisión se ha adherido a los protocolos de la Comisión Económica para Europa, en Ginebra, que es la que se ocupa de la mayor parte de la legislación sobre los vehículos de motor en Europa, nos encontramos con otro conjunto de cuestiones -de la mayoría de las cuales se ocupa la Comisión de Industria en este momento- respecto de las cuales el Parlamento no tiene derecho a presentar enmiendas, como en el caso de esta directiva. Probablemente sea acertado, pero sigue habiendo elementos políticos que debemos examinar.
De hecho, el Sr. Miller va a recibir una invitación mía, por lo que me complace decir que ya había previsto lo que iba a pedirme que hiciera esta noche. Va a recibir una invitación mía a una reunión, que se celebrará la semana que viene, en la que la Comisión de Industria me ha pedido que reúna a un grupo de diputados interesados. Sé que los colegas dedicados a los asuntos de los vehículos de motor del Comisario Liikanen estarán bien representados y están muy interesados en asistir e intercambiar opiniones con nosotros, como también las asociaciones de fabricantes de automóviles y los fabricantes europeos y japoneses de piezas, para ver cómo abordamos esta cuestión que cada vez cobra mayor importancia y cómo la tratamos políticamente.
Esencialmente, estamos buscando algún tipo de estrategia y cuestiones fundamentales que requieren una aportación política para que después podamos dejar el aspecto técnico a la Comisión. Después puede haber, en el caso de los reglamentos CE, un simple derecho de veto al final o, si consideramos que no se ha hecho el trabajo adecuadamente, nos limitaremos a no aceptarlo hasta que al final vuelva completado. De modo que no debemos abordar esta clase de labor técnica.
Es de esperar que, cuando lleguemos a otro ciclo de estos procedimientos, el Sr. Miller y yo no estemos aquí una avanzada noche de martes hablando de detalles técnicos de calentadores, neumáticos o lo que sea, pero hayamos tenido la oportunidad de hacer una aportación política global al alcance del reglamento sobre los vehículos de motor. Sé que el Comisario Liikanen está interesado en que se agilice el proceso, no sólo en cuanto a los detalles técnicos delicados, sino también examinando las formas como se puede alentar a la propia industria a que formule sus propios reglamentos técnicos dentro de un marco normativo público y global y, de hecho, que, en relación con cuestiones decisivas como la de la seguridad, pueda ir más allá de ello y utilizar sus recursos técnicos para ayudar a lograr vehículos mejores, más seguros y más inocuos para el medio ambiente.

Liikanen
Señor Presidente, ha llegado a ser una costumbre para el Sr. Miller, el Sr. Harbour y yo que pasemos las noches aquí, en el Parlamento, y me complace ver a tantos diputados esperando para participar en el debate: la Sra. McNally, el Sr. Wijkman y el Sr. Chichester.
Quisiera agradecer al ponente, Sr. Miller, su informe. Ha habido quienes han preguntado por qué se ha presentado esta propuesta. La respuesta es que se trata de ampliar el ámbito de aplicación de la directiva. Espero que podamos encontrar algunas soluciones para que la Comisión, el Consejo y el Parlamento puedan centrarse en cuestiones de importancia política. A las personas de fuera puede resultarles difícil entender por qué dedicamos tiempo a directivas como ésta.
La propuesta que modifica la directiva del Consejo relativa a los sistemas de calefacción de los vehículos de motor va encaminada a ampliar el ámbito de aplicación para incluir todos los vehículos y no sólo los automóviles. Se introducen las disposiciones relativas a calefacciones de combustión para velar por que esos dispositivos cumplan las estrictas normas medioambientales y de seguridad ajustadas a la tecnología actual.
La industria lo apoya, pues esta armonización le brindará las ventajas del Mercado Interior.
Así, pues, me complace que el ponente esté de acuerdo en gran medida con la posición común. Ha propuesto dos enmiendas técnicas sobre las prescripciones específicas para las calefacciones de combustión. La Comisión puede aceptar dichas enmiendas, pues no afectan a las prescripciones en materia de seguridad que figuran en la propuesta.
La Comisión investigará más a fondo las prescripciones específicas correspondientes a las calefacciones de combustión de GPL que se añadirán al Anexo VIII. También tendrá en cuenta las repercusiones de la segunda enmienda. Este informe preparará el terreno para una aprobación rápida de esta directiva.
En conclusión, la Comisión puede aceptar las enmiendas núms. 1 y 2.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Eficacia energética
El Presidente
De conformidad con el orden del día, sigue el informe (A5-0054/01) del Sr. Wijkman en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía sobre la comunicación de la Comisión al Consejo (KOM(2000)247 - C5-0567/2000/2265(COS)), al Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones sobre un plan de acción para la mejora de la eficiencia energética en la Comunidad Europea.
Estoy seguro de que las calefacciones de los vehículos a motor desempeñan también el papel decisivo.

Wijkman
. (SV) Señor Presidente, aplaudimos la propuesta de la Comisión de un plan de acción para mejorar la eficacia energética. Asimismo, como ponente puedo comprobar que el Plan, en su forma originaria, tiene muchas deficiencias. Tengo la esperanza de que la propuesta que se contiene en la resolución del Parlamento constituirá un valioso complemento y de que la Sra. de Palacio, Comisaria responsable, la hará suya.
Durante la tramitación del plan de acción ha quedado muy claro que el ahorro energético, como sector político y en la sociedad en general, ha sido postergado. Muchas personas son conscientes de que hay que cambiar el curso de la política energética, que tenemos que disminuir nuestra gran dependencia de los combustibles fósiles. Si preguntamos cómo podríamos hacerlo, las respuestas son generalmente son muy escasas. Hay quienes proponen la energía renovable, pero muy pocos dirían que se podría lograr mediante un uso más eficaz de la energía. La explicación es, obviamente, que los conocimientos sobre lo que se puede hacer son deficientes. Además, hacen falta incentivos económicos que faciliten las inversiones para conseguir un uso más eficaz de la energía.
Un gran problema es que el ahorro energético es invisible. Cuando se invierte en energía eólica, no cabe duda del uso que se ha dado al dinero. Si se invierte la misma cantidad en medidas destinadas al ahorro energético, la inversión es mucho más difusa. Por eso, espero que se apruebe la propuesta de hacer de todas las instituciones comunitarias, es decir, de los edificios en los que trabajamos, símbolos del buen uso energético. Podemos empezar con este edificio.
En la UE es posible ahorrar mucha energía. A mi juicio, la Comisión es demasiado precavida en sus apreciaciones. Con una conducta racional podría ahorrarse al menos el 30 por ciento de la energía que se usa actualmente. Además, si se incluyeran en los precios los costes medioambientales para producir y consumir energía, las posibilidades de ahorro serían aún mayores. En este contexto hay que entender las exigencias del informe de nacionalizar los costes ambientales y de resolver los problemas por medio de la creación de impuestos que graven especialmente a la relación tonelada/kilómetro de los vehículos pesados y al petróleo para naves. Asimismo, es importante conceder ventajas fiscales a los vehículos y edificios que consumen poca energía y a los equipos que contribuyen a economizarla.
En este ámbito hay mucho por hacer para fomentar el ahorro energético. En general, se necesita una revisión de la política fiscal, con el objeto de fomentar aquello que sea bueno y positivo desde una perspectiva medioambiental y no lo contrario. Esto es particularmente importante ahora que se está liberalizando el mercado energético. La liberalización es excelente, pero ha significado que los precios bajen tanto que, por ejemplo, se han producido problemas en la red.
En el informe se aboga por una serie de nuevas directivas para estimular la eficacia energética en diferentes campos. Se menciona el sector de la construcción, el de la producción de calor, el de los equipos electrónicos de distintas características y el sector de los transportes. Además, una propuesta importante es asociar el uso inteligente de la energía con el Proceso de Lisboa. En la Cumbre de Lisboa se fijó la meta de que Europa llegaría a ser la economía más competitiva y productiva del mundo. Un programa de este tipo cojea considerablemente si no se contemplan los aspectos medioambientales. Éstos podrían incluirse si se exigiese que la eficacia energética en la Unión aumentase en un 2,5 por ciento anual. Aunque no se contemplasen los aspectos medioambientales, es muy aconsejable incluir la eficacia energética en la agenda del Proceso de Lisboa. El uso más eficaz de la energía sería una excelente contribución a la competitividad y a la productividad en el ámbito comunitario.
Señor Presidente, no podemos olvidar a los otros países. Estos aspectos son importantes para nosotros, pero también deben discutirse en las conversaciones con los países candidatos, en el proceso de ampliación y, obviamente, en relación con nuestras ayudas al desarrollo. Durante la preparación del informe he comprendido la importancia de trabajar a largo plazo y sistemáticamente con estas materias. Por eso he redactado junto a tres diputados - la Sra. McNally, Claude Turmes y Lousewies Van der Laan - la iniciativa "Energy Intelligent Europe" , que ya ha tenido el respaldo de representantes de diferentes Grupos y Estados miembros.
La intención es estimular de diferentes maneras el debate sobre ahorro energético y proponer iniciativas para conseguir un uso más inteligente de la energía en la UE y en los países miembros. En consecuencia, hay motivos suficientes para volver a debatir esta materia.

Kronberger
Señor Presidente, deberíamos tener en cuenta un aspecto adicional, a saber, que un ahorro del 18%, tal como se proyecta, supondría un impulso económico gigantesco. Un 18% de ahorro de energía significaría que se consumirían 1900 horas menos de teravatios. Esto representa un ahorro de 124.000 millones de euros que se podrían utilizar para la creación regional de valor dentro de la Unión Europea. Si se extrapola esto, mediante una ejecución consecuente de este programa se podrían crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo en la Unión Europea.
La segunda pregunta se refiere al cuidado de los recursos. Debemos ser conscientes de que el 90% del petróleo que hoy se extrae fue encontrado hace más de 20 años, es decir, proviene de fuentes que tienen más de 20 años. Sólo el 10% del petróleo que hoy se extrae se encontró en estos últimos 20 años. No quiero dejar de mencionar de nuevo en este lugar que la esencia del petróleo va unida de modo inseparable a la violencia militar. Lo vemos en Cercano Oriente, en el Cáucaso y en Africa.
Lo más importante en este campo es la formación de consciencia, el desarrollo de modelos inteligentes de producción combinada de electricidad y calor, modelos Contracting con financiación inteligente. Si nos lo tomamos en serio, es decisivo que hagamos vinculantes los objetivos que se formulan aquí. De lo contrario, nuestro trabajo será más bien estadístico pero no eficiente. Tenemos que eliminar los obstáculos fiscales, burocráticos y financieros.

Rübig
Señor Presidente, señora Comisaria, cuando hoy hablamos sobre la eficiencia energética, naturalmente primero pensamos en la seguridad del suministro de la energía que es sin duda uno de los temas número uno en la Unión Europea. Por ello, perseguimos la reducción de la intensidad energética. El objetivo político se encuentra actualmente en menos 2,5%. Y aquí hay que tener en cuenta por supuesto las más diversas situaciones de partida en la Europa de los Quince. Por este motivo, estamos a favor también de que se trate de un objetivo vinculante y habría que comenzar en aquel país en el que la eficiencia sea la mayor y donde se pueda tener más en cuenta la mejora.
También creemos que la proporción de mercado de la producción combinada de electricidad y calor se podría ampliar al 18% hasta el 2010 y al 25% hasta el 2015 y de este modo se puede colocar sobre una base segura también la producción de electricidad. Precisamente la producción combinada de electricidad y calor se puede obtener con energía fósil exactamente igual que con energías renovables. Apostamos en especial por las energías renovables y aquí hay ejemplos positivos, como la calefacción de pellets con la que se puede obtener esta producción combinada de electricidad y calor de un modo muy eficiente.
Además, es importante que la Comisión Europea lleve aquí a cabo una coordinación intensificada. La coordinación de las iniciativas europeas es muy exigente cuando se piensa en programas como SAVE, ALTENER o el Quinto programa marco de investigación y energía. Se dispone de muchos programas pero lo importante es su orientación exactamente dirigida a los objetivos.
El último punto a que quiero referirme es la licitación pública y la adquisición central. Aquí se debería pensar en especial en las pequeñas y medianas empresas, pues los costes deberían calcularse a lo largo de toda la duración útil, es decir, el precio de compra y el consumo de energía.

McNally
Señor Presidente, felicito al ponente, que ha logrado un nivel muy notable de consenso en toda esta Asamblea. El consenso propicia la iniciativa conjunta que ha mencionado y que mañana anunciaremos. Se trata de una labor de colaboración desusadamente positiva. Gracias también a la Comisaria, que trabaja dentro de los límites de un Tratado muy inadecuado. En el Tratado no hay un capítulo sobre la energía. Se trata de una grave laguna, por lo que debemos seguir presionando a los Estados miembros para lograr una política coherente. Esto es lo que me decepciona de este plan de acción. No parece formar parte de una política energética coherente con estrategias a corto, medio y largo plazo. Es un planteamiento poco sistemático en el que la insistencia varía según el momento de publicación.
La necesidad de eficiencia energética es clara e incontrovertible. Satisface los tres requisitos de una política energética: repercusiones medioambientales, seguridad del suministro y competitividad. Todos ellos se benefician de la eficiencia energética. De modo que, si es tan evidente, la pregunta obvia es la de por qué necesitamos un plan de acción. ¿Por qué no se produce automáticamente? Sabemos cuáles son los obstáculos para que se acepte una solución tan sensata: ignorancia de los datos, en particular en el nivel de los hogares y las empresas pequeñas; falta de incentivo: la energía en la Unión Europea es artificialmente barata por las subvenciones de que gozan las formas tradicionales de energía, que con frecuencia se desmienten, pero existen, y por no tenerse en cuenta los costos externos. En muchos Estados miembros no existe la prescripción de examinar siquiera la gestión de la demanda. Señora Comisaria, ¿qué ha sido de la directiva relativa a la planificación racional? Preséntela de nuevo, por favor. No ha concluido su recorrido por el proceso legislativo. El del transporte es, naturalmente, un sector particularmente difícil y es necesario adoptar medidas al respecto.
Este plan de acción de la Comisión no es ambicioso. Una mejora de 1% al año sería muy fácil de lograr. Necesitamos al menos 2,5%, lo que no es inalcanzable. Queremos que se examine seriamente la posibilidad de crear una agencia de programación energética con la tarea de formular la estrategia energética coherente a que me he referido. Podemos examinar los aparatos accionados por alguna forma de energía. Sin embargo, abrigo dudas sobre la posibilidad de que haya acuerdos voluntarios. El sexto Programa-Marco nos brinda una oportunidad de examinar la investigación y espero que mañana se sume, señora Comisaria, a nuestro deseo de lograr una utilización más inteligente de la energía en la Unión Europea.

Beysen
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, está probado que existe un gran potencial en la Unión Europea, en todos los sectores de la economía y también en el usuario particular, para mejorar la eficacia energética. De ahí que resulte esencial elaborar una estrategia acertada. Es tarea de la Comisión Europea formular propuestas para mejorar el código de construcción a fin de favorecer la eficacia energética de los aparatos eléctricos, para los que deben adoptarse más normas en relación con la función de espera y, last but not least, propuestas de medidas con el objeto de llegar a una política comunitaria para un sistema de transportes duradero. El Parlamento Europeo también tiene que cumplir, en mi opinión, con la misión de dar ejemplo ¿Por qué no se pueden instalar, por ejemplo, paneles solares en los edificios del Parlamento Europeo, tanto aquí como en Bruselas? Al fin y al cabo, la energía generada bastaría para suministrar electricidad a los cientos de ordenadores que hay en el Parlamento Europeo.
La eficacia energética no es sólo cuestión de instalar las técnicas más eficaces. Es, ante todo, un asunto de patrones de comportamiento. Por parte de los Estados miembros, en lugar de obsesionarse con el aumento de los impuestos o la introducción de un impuesto sobre el CO2, tienen que concentrarse precisamente en la creación de incentivos para invertir en la eficacia energética mediante, por ejemplo, una reducción de los tipo del IVA de los aparatos y servicios que ahorran energía, la introducción de una reducción del impuesto sobre los bienes inmuebles para los edificios que cumplan normas elevadas de eficacia energética y la concesión de ventajas fiscales especiales sobre todo para la producción combinada de electricidad y calor. Semejantes medidas constituyen incentivos esenciales para fomentar la eficacia energética, y creo que debemos insistir en que esto se lleve realmente a la práctica.

Chichester
Señor Presidente, existen razones para pensar que la eficiencia energética es la pariente pobre de la situación global en materia de suministro. Todos convenimos en que es positiva. Pero, de forma bastante parecida a San Agustín, que rogó a Dios que lo hiciera bueno, pero no inmediatamente, solemos aplazar la decisión de actuar al respecto. Deseo felicitar al ponente por su decidido esfuerzo para remediarlo, en su informe y en la iniciativa a que se ha referido mi compañero en pro de una Europa inteligente en materia de energía, si bien confieso que preferiría considerar la eficiencia y la conservación más como sentido común que inteligencia.
A donde quiera que miremos en el mundo rico en energía en que vivimos en Europa y, en particular, en los Estados Unidos, vemos ejemplos de extravagancia e incluso despilfarro energéticos. El imperativo radica en convencer al público de la necesidad de cambiar de actitudes. El ponente enumera muchos sectores en los que se pueden hacer mejoras: las autoridades, la industria, las empresas y los consumidores particulares. Sin embargo, no creo que sea necesario que haya un capítulo en el Tratado sobre la energía ni imponer una fiscalidad punitiva para lograr una mayor eficiencia. Es mejor actuar con una combinación de formulación de normas más estrictas y ofrecimiento de incentivos fiscales, junto con una campaña para convencer a las personas de la necesidad de cambiar. Por encima de todo, debemos cambiar las actitudes y alentar a las personas a que vean el mundo de forma diferente. Ésa es la vía para lograr la eficiencia energética.

Linkohr
Señor Presidente, la Comisión nos ha proporcionado un buen modelo. También quiero felicitar al ponente por la mejora esencial y enriquecimiento de estas ideas. Estas ideas en si no son nuevas. Hace 10-15 años hemos hablado ya al respecto. Hay informes, estudios y sabemos todo lo que queríamos saber. La cuestión es cómo podemos aplicarlo. ¿Cómo puede vincularse la técnica que existe con el dinero que también existe? Y me pregunto si el Banco Europeo de Inversiones no puede desempeñar un papel mayor.
El segundo problema al que quiero referirme afecta a cuestiones administrativas. Un pequeño ejemplo del Estado federado alemán del que yo provengo: allí hay varias universidades pero tomemos una como ejemplo. Se quiere aislar mejor allí a los edificios y mejorar el sistema energético. Ha tardado muchos años hasta que se ha logrado. ¿Porqué? Porque los edificios pertenecían al Ministerio de Hacienda pero el usufructuario era el Ministerio de Ciencia. Es decir, un Ministerio tendría que haber invertido y el otro habría obtenido un beneficio de ello. Pero como tienen una contabilidad diferente no se han llegado a un acuerdo. Han pasado muchos años y ha sido necesario por lo demás también un estudio de la UE hasta que se han podido llegar a uno. Absurdo, pero así es la realidad.
Dicho al margen: también en la ciudad de la que provengo se vende actualmente extraordinariamente bien un coche que consume muchísima gasolina mientras que coches que consumen poca gasolina tienen dificultades para encontrar compradores. Este es el tercer problema, se trata de un problema de comportamiento. También depende de los consumidores y no sólo del legislador. Si los tres unifican criterios podremos lograr algo. Espero con gran interés el modelo de la Comisión. Señora Comisaria, le puedo asegurar que le vamos a apoyar al respecto y que nosotros mismos vamos a adoptar iniciativas en este sentido.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, nuestra colega, la Sra. Wijkman, ha realizado un valioso y meritorio trabajo en la elaboración de este informe. Se trata de un asunto muy importante, pues estamos hablando de la protección del medio ambiente conectada con la seguridad del abastecimiento energético.
Todo Estado miembro que desee controlar sus emisiones de forma respetuosa con el medio ambiente mediante la aplicación de impuestos debe ser considerado responsable a nivel de toda la Unión y de nuestro hábitat común. Por nuestra parte, debemos encargarnos de no apoyar, en nombre de la libre competencia, la distorsión de la competencia en detrimento de la buena gestión medioambiental. Todo Estado miembro que gestione de forma responsable, por ejemplo, sus emisiones de dióxido de carbono no debe verse en una situación en que otros países, cuya producción de energía se realice con combustibles más contaminantes, obtengan una ventaja competitiva. En base a esto, la armonización de los impuestos ecológicos está justificada.
El ejemplo que acabo de poner describe una situación de competencia claramente distorsionada. Este escenario puede conducir a que, a largo plazo, los puntos de vista medioambientales no sean prioritarios a la hora de tomar decisiones en el marco de la política energética. Existe la amenaza de que, al liberalizarse los mercados de la electricidad, aquellos Estados miembros que cumplen sus obligaciones en materia de gestión de emisiones pierdan sus mercados en favor de países que no cumplen sus propias obligaciones.
Desde el punto de vista de la eficiencia energética, la cogeneración de calor y electricidad es muy importante. En este contexto, también se ponen de relieve las condiciones específicas de los países pequeños y de los países periféricos. Las condiciones climáticas excepcionales de los Estados miembros han de ser tenidas en cuenta a nivel comunitario. Espero que estos argumentos contribuyan a que la enmienda realizada por el Sr. Rübig reciba el apoyo de nuestros colegas.

Ayuso González
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, no hace mucho tiempo que la Comisión ha abierto de nuevo el debate sobre la seguridad del abastecimiento energético en la Unión Europea. El Libro Verde impulsado por la Comisaria constituye un importante instrumento para la política energética en la Unión Europea y deja claras algunas de las prioridades en este campo. Entre otras cosas, propone una actuación decidida respecto a la demanda de energía. Si se consigue mejorar la eficiencia energética en un 2,5% o en un 1% como propone la Comisión, habremos conseguido poner otro granito de arena para conseguir los objetivos de la política energética, que son respetar el medio ambiente, conseguir un mercado competitivo y dar mayor seguridad al suministro de energía.
En este sentido, no puedo sino felicitar a la Comisión por sus propuestas sobre fomento de energías renovables, eficiencia energética, seguridad del abastecimiento y biocombustibles, y al ponente, Sr. Wijkman, por sus referencias a futuras directivas sobre construcción de edificios y cogeneración de calor y electricidad, y confío en que el Consejo dé un impulso necesario a todas estas propuestas.
El PIB de la Unión Europea está creciendo una media del 3% y los ciudadanos europeos gozamos de un bienestar creciente. No queremos renunciar a este bienestar, pero podemos hacerlo más sostenible, especialmente en los sectores de la construcción y el transporte.
No creo que sea el momento de reabrir el debate sobre el impuesto de las emisiones de CO2, habida cuenta de la diferencia entre los tipos impositivos que aplican los Estados miembros y su incidencia sobre la inflación. Además, no tiene ninguna incidencia sobre la eficiencia energética.
Tampoco debemos separar esta cuestión de otras medidas adicionales que garanticen el correcto funcionamiento del mercado interior eléctrico.
Por último, debe quedar bien claro que la mejora de la eficiencia energética no reduce las emisiones de CO2, sino que simplemente las optimiza, pues éstas solamente se reducen con la disminución del uso de combustibles fósiles. Es importante que, al tiempo que debatimos este asunto, pensemos en el fomento de otras energías y en realizar unas políticas coherentes en otros campos.

De Palacio
. Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer al ponente, Sr. Wijkman, y a todos los parlamentarios que han intervenido hoy, la aportación que han hecho a este debate.
Como todos sabemos, la eficiencia energética es una cuestión que ha adquirido gran importancia a la hora de elaborar nuestra política energética. Es de esa manera coherente -como decía hace un momento la Sra. Ayuso- como hay que contemplarla. La eficiencia energética es uno de los elementos dentro de una política de la energía coherente y racional. Pero tenemos que decir que es uno de los elementos que nos puede permitir cumplir los objetivos de Kioto, que nos puede garantizar ese desarrollo duradero en el tiempo y que, además, puede ayudar a reforzar la seguridad de abastecimiento a largo plazo.
Como muy bien señala el Libro Verde, presentado el pasado mes de diciembre por la Comisión, sobre seguridad de abastecimiento y compromisos de Kioto, la eficiencia energética, el ahorro energético, son una contribución a la política energética, pues cada kilovatio ahorrado equivale a la necesidad de producir un kilovatio menos.
Soy consciente de lo difícil que ha sido la preparación del informe del Sr. Wijkman y de los esfuerzos que ha tenido que desarrollar para presentar un documento claro y conciso como el que nos presenta hoy. Quiero decirle al Sr. Wijkman, y a todas sus Señorías, que, en general, coincido plenamente con lo que ahí se señala.
El alcance del informe y las opiniones constructivas que en él figuran nos ayudarán a impulsar y a consolidar la aplicación del plan de acción en pro de la eficacia energética.
Sé que a algunas de sus Señorías les parece poco ambicioso plantearse como objetivo un 1% de incremento de la eficiencia energética de una manera sostenida durante los próximos diez años. Deben comprender, Señorías, el esfuerzo que supondrá en los próximos diez años mantener ese incremento de la eficiencia energética de un 1%. De ese margen aproximado del 18% que hemos calculado podría obtenerse de la eficiencia energética, sería posible conseguir de aquí al año 2010 los dos tercios, es decir, en torno al 12% de mejora en la eficiencia energética. Un 1% sostenido: no se trata de un 1% un año sólo, sino un esfuerzo mantenido en el tiempo.
Me alegra que el Sr. Wijkman plantee en su informe, como conclusión, que podemos seguir desconectando crecimiento económico y consumo energético. Es decir, que podemos crecer más y ser al mismo tiempo capaces de contener el crecimiento de la demanda energética.
Estoy totalmente de acuerdo con las demandas del Sr. Wijkman en favor de mejorar la eficacia en la construcción. Ya se ha distribuido entre los servicios una propuesta de directiva que regule precisamente la eficacia y las normas de construcción en el ámbito de la Unión Europea que garanticen una eficacia energética en los edificios, muy especialmente en los públicos.
La Comisión podrá presentar en breve esa directiva para la que espero su contribución.
Asimismo, pretendemos plantear una directiva marco relativa a los equipamientos eléctricos dentro de los edificios. Hasta ahora sólo ha habido regulaciones sectoriales o referidas a cierto tipo de aparatos eléctricos -la Sra. McNally planteaba estos asuntos también- y lo que pretendemos es hacer una regulación global que contemple todos los aparatos eléctricos que entran dentro de los edificios de todo tipo, de uso doméstico, industrial o comercial.
También quiero decirles que son totalmente coherentes con lo que estamos diciendo aquí y con lo que menciona el Libro Verde las propuestas que contempla el Libro Blanco sobre política de transportes que espero presentar en breve. En este sentido, espero contar una vez más, con su respaldo y apoyo a todas estas iniciativas.
La idea señalada por parte del Sr. Wijkman de que la Comisión y los Estados miembros debemos convertir los principales edificios públicos en elementos simbólicos de demostración me parece muy adecuada y es algo que ya he resaltado en alguna ocasión. Al hilo de la directiva sobre rendimiento energético de los edificios espero poder dar un paso adelante en ese sentido.
Quiero también señalar que comparto totalmente con el Sr. Wijkman la importancia del programa SAVE. Con objeto de garantizar el futuro de dicho programa y de determinar sus orientaciones y alcance, próximamente iniciaremos la elaboración de una propuesta de nueva decisión sobre la ejecución del programa a partir del año 2003 y, obviamente, las opiniones expresadas por el Sr. Wijkman y por el informe que aquí se discute se tendrán en cuenta.
En cuanto a la cuestión de la Agencia Europea de Programación Energética, eso suele ser más complejo, como bien saben, pero, en cualquier caso, lo importante no es tanto cuál es el organismo o la articulación administrativa para llevar a cabo esas actividades, sino que las actividades se desarrollen. Ahí coincidimos plenamente.
Quiero concluir señalando que las peticiones y observaciones del informe del Sr. Wijkman, con todas sus aportaciones, van a ser tenidas en cuenta -y algunas de ellas en muy breve plazo, como, por ejemplo, la directiva sobre edificios- y creo que son totalmente coherentes con la política general energética que está planteando la Comisión, de la cual ya han tenido sus Señorías pruebas concretas: la directiva sobre electricidad con fuentes de energía renovables, las comunicaciones -como ésta- sobre ahorro energético, el Libro Verde, y, dentro de poco, la directiva sobre eficacia energética en la construcción.
En el caso de hoy, aprobamos algo que no tiene que ver con el ahorro energético, sino con la eficacia de todo el sistema: la liberalización del sector del gas y la electricidad. Ello no está en absoluto reñido con la existencia de medidas complementarias que nos inciten a ahorrar y usar mejor la energía.
El comportamiento humano es esencial. Como han dicho algunas de sus Señorías -los Sres. Chichester y Beysen, entre otros- es clave la educación y la mentalización de la gente en cómo debemos ser absolutamente ahorrativos en la utilización de la energía, porque aunque podamos pagarla, hay unos costes más allá del precio de la propia energía que no debemos olvidar nunca. No podemos despilfarrarla.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria.
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Les agradezco a todos que se hayan atenido al tiempo de intervención. Esto hace que podamos apagar las luces aquí 45 minutos antes de lo proyectado ahorrando así mucha energía. Muchas gracias.
(Se levanta la sesión a las 23.14 horas)

