Reconocimiento y vigilancia de penas suspendidas, penas sustitutivas y condenas condicionales - Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal (debate)
Presidenta
El siguiente punto es el debate conjunto de los siguientes informes sobre sentencias y asuntos penales:
de la señora Esteves, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República Francesa con vistas a adoptar una Decisión marco del Consejo relativa al reconocimiento y la supervisión de las sentencias suspendidas, las sanciones alternativas y las sentencias condicionales [06480/2007 - C6-0129/2007 - 2007/0807 (CNS)];
del señor Varvitsiotis, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre el proyecto de Decisión marco del Consejo relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas de prisión o medidas de privación de libertad a efectos de su cumplimiento en la Unión Europea [09688/2007 - C6-0209/2007 -.
Franco Frattini
Vicepresidente de la Comisión. (EN) Señora Presidenta, apoyo estas dos iniciativas que, en mi opinión, son complementarias y que contribuirán a una mayor reintegración social de personas contra las que se haya dictado una sentencia, privativa o no de libertad, en un Estado miembro distinto al suyo habitual de residencia.
Apoyamos también iniciativas como esas, que aplican el principio del reconocimiento mutuo. Los textos propuestos para ambas iniciativas se han modificado mucho en el transcurso de los debates del Grupo de trabajo sobre cooperación en asuntos penales. Muchas de las enmiendas propuestas por la señora Esteves y el señor Varvitsiotis durante la primera consulta parlamentaria han sido ya incorporadas en debates posteriores. Quiero dar las gracias a los dos ponentes por sus interesantes informes y, en particular respecto a la primera iniciativa, la señora Esteves ha realizado un análisis jurídico muy riguroso del texto alemán/francés. Ha identificado como principales problemas las diferentes sanciones aplicadas en los Estados miembros y el problema de cómo aplicar el reconocimiento mutuo cuando el propio sistema no tiene un equivalente exacto.
El otro problema que la ponente ha destacado es cómo abordar el incumplimiento de las condiciones no privativas de libertad, y de qué Estado miembro -el que dicta la sentencia o el que la ejecuta- debe ser responsable de la sanción impuesta por ese incumplimiento.
Quiero comentar algunas de la enmiendas principales. Quiero referirme a la enmienda 1 al primer informe. Si se aprueba, habrá que cambiar el título, porque las condenas condicionales han quedado fuera del ámbito de aplicación. Lo mismo puede decirse de otra serie de enmiendas que hacen referencia a las penas condicionales.
La enmienda 12 se refiere a la definición de "residencia legal habitual". Eso se está debatiendo actualmente en el Consejo, al igual que la posibilidad de trasladarse a otro Estado miembro para trabajar o estudiar. Me refiero, en particular, también a la enmienda 16. Puedo informarles que los debates sobre el texto en el Consejo están yendo muy bien, y que la Presidencia portuguesa espera - con el pleno apoyo de la Comisión - alcanzar un acuerdo político de aquí a finales de diciembre de 2007, antes de que concluya la Presidencia portuguesa.
En cuanto a la segunda iniciativa, la iniciativa sobre la Orden de detención europea y los procedimientos de entrega, acojo con satisfacción el segundo informe del señor Varvitsiotis, según el cual las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en el primer informe ya se han tenido en cuenta en su mayoría. Eso es cierto: hemos tenido en cuenta las enmiendas y propuestas del Parlamento.
En cuanto a la única enmienda propuesta por el ponente con relación al nuevo considerando 2 bis, comparto plenamente el contenido de la afirmación de que los derechos procesales en el proceso penal son un elemento esencial para garantizar la confianza recíproca entre los Estados miembros, y estoy también de acuerdo con que es muy lamentable que este instrumento sobre derechos procesales no se haya aprobado, a pesar de contar con el respaldo de este Parlamento y a pesar de nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo sobre derechos procesales. Por desgracia, no ha sido posible.
Maria da Assunção Esteves
ponente. - (PT) Señora Presidenta, Comisario, debo primeramente expresar mi agradecimiento a los diputados que colaboraron estrechamente conmigo en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y que me han ayudado con sus aportaciones críticas, en particular al señor Guardans, al señor Demetriou y por supuesto no en último lugar, al señor Correia. Todos echamos mucho de menos al señor Correia, miembro del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y colega diputado portugués. Falleció después de haberme ayudado con este informe. Creo que el mejor homenaje que le puedo rendir es prometer públicamente que trataré, mediante mi participación en el Parlamento Europeo, de contribuir a hacer realidad sus ideas de Europa como proyecto de ambición y de visión, como gigante capaz de llevar al mundo su cultura de los derechos. Éste es el homenaje que quiero rendir hoy aquí a nuestro amigo y colega el señor Fausto Correia.
Quisiera resumir brevemente las cuestiones planteadas por este informe. Primeramente quiero destacar que este informe, como cualquier otro informe, está abierto: abierto a la búsqueda y descubrimiento de las mejores soluciones. Esta iniciativa de Francia y de Alemania tiene dos ventajas fundamentales, tal como ha subrayado el Comisario. La primera consiste en que, al estimular el reconocimiento y supervisión de las medidas alternativas a las sentencias de prisión, estaremos promoviendo una cultura política en la que será más fácil que los tribunales apliquen este tipo de medidas. Estamos promoviendo la humanización del derecho penal en los Estados miembros y la calidad del derecho penal europeo. La segunda ventaja se refiere al hecho de que este iniciativa contribuye a hacer más europeo el derecho penal, en el sentido de más armonizado y menos enfeudado dentro del espacio europeo.
En realidad, la integración europea, que dio un paso fundamental con el Tratado acordado en Lisboa el pasado fin de semana, ha alcanzado un nivel que el derecho penal en el ámbito europeo aún no ha podido igualar. Es fundamental que fomentemos cada día más una cultura no sólo de reconocimiento mutuo, sino también de armonización del derecho penal en el terreno de la redacción de las sentencias, de sus métodos de aplicación, de la relación de los infractores con la sociedad y de una mayor equiparación de las leyes penales de los Estados miembros, tanto sustantivas como procesales.
El artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, al referirse a un conjunto de derechos fundamentales que conforman los principios comunes de la Unión Europea, demuestra claramente que ello tiene sentido sólo si contamos cada vez más con leyes penales europeas. La mayor parte de estos principios están protegidos por la legislación penal. En relación con este informe quisiera hacer específicamente dos o tres comentarios que me parecen importantes. En primer lugar, la contribución del Parlamento ha hecho especial hincapié en la necesidad de un reparto de poderes entre el Estado donde se emite la orden y el Estado donde se ejecuta. Existe una lógica evidente en que el Estado que ejerce determinadas facultades aplique en éstas sus propias leyes. En segundo lugar, existe el principio de que el rechazo sea la excepción, de tal forma que la futura Decisión marco sea lo más eficaz posible. En tercer lugar, la lógica no obliga a no relativizar la sustancia de las medidas, ya que de otro modo se estaría poniendo en cuestión el principio de estricta legalidad penal. Por último, existe asimismo la necesidad de respetar el principio de dar audiencia al acusado en los casos relativos a la revocación de una sentencia suspendida o la imposición de una sentencia condicional.
Concluiré diciendo, señora Presidenta, que a pesar de todo estos progresos en el derecho penal europeo, dentro de poco éstos nos parecerán escasos. El proyecto europeo solamente se materializará cuando seamos capaces de crear leyes antropocéntricas y cosmopolitas, lo que incluye leyes penales más armonizadas y menos divididas por las fronteras.
Ioannis Varvitsiotis  
ponente. - (EL) Señora Presidenta, quisiera comenzar dedicando un recuerdo respetuoso a nuestro colega diputado fallecido, el señor Correia, quien contribuyó de manera importante a la preparación del acertado y amplio informe mencionado por el Vicepresidente de la Comisión.
Quisiera señalar que el asunto que estamos debatiendo hoy tiene una larga historia. Comenzó en 1983 con un convenio del Consejo de Europa que fue aceptado por todos los Estados miembros. Sin embargo, el convenio estipulaba que un detenido sólo podía ser trasladado de un país a otro con su consentimiento. En consecuencia, dicho convenio resultaba ineficaz. Se elaboró un segundo convenio en el que no se requería el consentimiento del detenido, pero no fue suscrito por todos los Estados miembros del Consejo de Europa, lo que hizo que fracasara.
A raíz de una nueva iniciativa por parte de tres Estados miembros de la UE - Austria, Finlandia y Suecia - se presentó un proyecto elaborado en su día por el Consejo y publicado como convenio marco. ¿Qué contempla esta decisión marco? Contempla que un ciudadano que haya sido sentenciado en un Estado miembro de la UE puede ser trasladado al Estado miembro del que sea nacional, o en el que tenga su residencia permanente o sus intereses principales. Esto es muy razonable, porque es evidente que cuando salga de la cárcel su rehabilitación será mucho más fácil: en el Estado miembro del que es nacional podrá estar más en contacto con su propio idioma, con sus amigos y parientes, y vivirá en un entorno más familiar.
Como usted recordará, señora Presidenta, este informe se aprobó en junio de 2006 por una gran mayoría del Parlamento. Sin embargo, en Polonia tropezó con obstáculos burocráticos, donde diversas estratagemas procedimentales retrasaron la aplicación de esta decisión marco. Así pues, otra vez nos encontramos inmersos en una nueva deliberación. Afortunadamente, haciendo alguna concesión a las demandas polacas, al fin el problema ha podido resolverse satisfactoriamente.
No obstante, permítame decir, señora Presidenta, que con esta forma de pensar no es posible hablar de una Europa unida. No es posible hablar de un consenso europeo si cada Estado miembro, por sus propias razones mezquinas, menoscaba una medida tan oportuna. Con situaciones como ésta, ¿de qué clase de Europa unida estamos hablando?
Quisiera destacar que afortunadamente el Tratado Constitucional presentado hace dos años por el Primer Ministro de Portugal contempla también en este aspecto una mayoría reforzada, por lo que será posible por fin superar el veto.
Para concluir permítanme dar las gracias al Vicepresidente de la Comisión señor Frattini por su contribución y expresar mis votos para que, 25 años después, esta acertada iniciativa se convierta cuanto antes en una realidad.
Panayotis Dimitriou
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (EL) Señora Presidenta, libertad, seguridad y justicia son tres palabras que oímos constantemente en la UE. Son los tres componentes del programa de La Haya que, juntos o por separado, fueron invocados en beneficio de todos los Estados miembros de la Unión.
El principio de mutuo reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales que el Consejo Europeo de Tampere describió hace ocho años, en 1999, como la piedra angular de la cooperación judicial, no está avanzando. Los pocos pasos que son precisos para aplicar este principio se están dando con gran lentitud. El señor Varvitsiotis ha identificado y analizado correctamente la raíz del problema: las posiciones individualistas y nacionalistas adoptadas por varios Estados. El tema abordado en el informe del señor Varvitsiotis es la Decisión Marco del Consejo sobre el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales en materia penal dictadas en otros Estados miembros de la UE que incluyan la privación de libertad. Esta Decisión pone de relieve cuán lentas y esporádicas han sido las acciones dirigidas a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, porque es tan sólo una de las muchas medidas que ya se deberían haber tomado, y porque en su preparación se ha tardado demasiado tiempo.
En cualquier caso, vemos con satisfacción la conclusión del procedimiento deliberativo y la adopción de una posición común sobre el tema del reconocimiento de las resoluciones judiciales en el ámbito penal.
El señor Varvitsiotis se ha hecho merecedor de nuestros elogios por su contribución al resultado positivo de la propuesta que hemos adoptado y que votaremos favorablemente.
El reconocimiento y supervisión de las sentencias suspendidas, sanciones alternativas y sentencias condicionales, objeto del informe de la señora Esteves, constituye ciertamente un paso más de los muchos que deberán darse para poner en práctica el principio de mutuo reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales.
La propuesta franco-alemana trata de reintegrar en la sociedad a las personas condenadas. Propone que puedan cumplir las sentencias suspendidas, las sanciones alternativas y las sentencias condicionales impuestas por los tribunales de otros Estados miembros en sus Estados miembros de residencia.
La ponente ha hecho un trabajo excelente y la felicito. Sin embargo, creo que la definición que da de "residencia legal y habitual" no es correcta. Por otro lado, el empleo de la palabra "inaceptable" en referencia a las violaciones de los derechos humanos es innecesario, porque no hay violaciones aceptables. Entiendo, no obstante, que existe un problema con la traducción de estas expresiones, y por lo tanto pido a la señora Esteves que plantee las enmiendas verbales necesarias para que puedan ser traducidas correctamente en todos los idiomas.
Andrzej Jan Szejna
en nombre del Grupo del PSE. - (PL) Señora Presidenta, Comisario, la Unión Europea no es simplemente una zona económica común. La dimensión europea debe ser entendida hoy también en términos de una mayor integración dentro de la Unión en el ámbito político y económico.
La Unión es un ejemplo de organización política que reúne los intereses de los Estados miembros individuales en el marco del régimen jurídico cosmopolita que está siendo desarrollado. Algunas de las disposiciones de los Estados miembros en materia penal se encuentran aún en la fase de armonización inicial. A pesar de ello, debemos alegrarnos por el hecho de que las relaciones entre los Estados miembros se caractericen por la confianza recíproca en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Esto facilita la cooperación, permitiendo que una resolución adoptada por las autoridades del Estado miembro donde se dicta sea reconocida por el Estado miembro donde deba ejecutarse.
Conviene destacar que la humanización del derecho penal impregna todo el sistema jurídico europeo. Naturalmente, este último está basado en el valor de la entidad fundamental, es decir, del ser humano. La política europea debe ser coherente en todos los aspectos relacionados con la emisión y ejecución de sentencias y con los vínculos entre los condenados y la sociedad. Facilitar la imposición de penas alternativas contribuirá a promover un enfoque humanitario de la legislación y jurisprudencia penal, y en consecuencia del derecho europeo. Se deberá prestar una atención especial a los derechos de los condenados y a las oportunidades de su reinserción social. Se debería estudiar una amplia gama de penas alternativas a las de reclusión. Es importante tener presente que, de acuerdo con los principios internacionales, la situación de los penados constituye el criterio para valorar en qué medida el sistema judicial de una comunidad política puede calificarse de civilizado.
Por consiguiente, las decisiones marco presentadas hoy sobre una mayor cooperación en el ámbito del derecho penal merecen nuestro apoyo. Después de todo, la actual armonización de las disposiciones de la legislación penal en todos los Estados miembros es una condición fundamental para la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
John Attard-Montalto
(EN) Señora Presidenta, quiero centrarme en un aspecto de la propuesta. Es evidente que la razón de ser de esta legislación específica es una base humanitaria. Si pensamos en por qué una sentencia dictada en un país puede aplicarse en otro con respecto a penas criminales y penales, veremos que, básicamente, lo que estamos haciendo es mejorar la vida de la persona que ha sido condenada: estar más cerca, quizás, de su familia; estar más cerca, quizás, de su lugar de origen.
De hecho, me sorprende que, aunque estemos enfocando esta legislación desde un punto de vista humanitario, uno de los criterios ausentes en la entrega de presos para que cumplan una pena en otro país es, en mi opinión, el aspecto humanitario. Estamos basando los criterios, básicamente, en la nacionalidad, la ciudadanía o la residencia legal permanente. Por otra parte, sí que hablamos, como propuesta o contrapropuesta, de "vínculos estrechos", pero el aspecto humanitario, como un criterio en sí mismo, está ausente.
Pongamos como ejemplo un caso concreto: un ciudadano extracomunitario que esté cumpliendo condena en un país de la UE no podrá ser trasladado más cerca de su país de origen, porque este aspecto -el criterio humanitario- se ha dejado fuera.
Presidenta
Se cierra el debate.
La votación tendrá lugar mañana.
