Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el período de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 4 de julio de 1996.

Declaración del Presidente
El Presidente
Señorías, hace un año exactamente recibimos la noticia de la caída de Srebrenica. Los habitantes de Srebrenica confiaban en que, en abril de 1993, su ciudad había sido declarada, lo recordarán ustedes, zona de seguridad de la ONU. Su decepción fue terriblemente amarga cuando las tropas serbias, encabezadas por el general Mladic, tomaron la ciudad en julio de 1995.
Ante los ojos de los soldados de las Naciones Unidas, los hombres de credo musulmán fueron separados enseguida de su familia, mientras que las mujeres y los niños fueron echados de su ciudad. Desde entonces, hay unas 8.000 personas declaradas desaparecidas. Probablemente fueron muertas. Toca ahora a las investigaciones en curso poner en claro este episodio entre el horror de los osarios. La matanza de Srebrenica es una de las más terribles de la guerra de Bosnia, una -desgraciadamente- entre muchas otras.
La comunidad internacional no podrá descansar hasta que se esclarezca todo sobre esta matanza. Mientras los culpables no hayan recibido el castigo que merecen. Se lo debemos a las víctimas de Srebrenica y a sus familias. Se lo debemos a la justicia, que el Tribunal de La Haya se esfuerza por imponer.
Les pido, Señores y Señoras diputados del Parlamento Europeo, estimados compañeros que se unan a mí para rendir homenaje a las víctimas de la matanza de Srebrenica observando un minuto de silencio.
(La Asamblea, en pie, guarda un minuto de silencio)

Spencer
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. Ocupo la sala 238 del IPE 2, desde la que normalmente tengo el placer de contemplar la campiña francesa. Sin embargo, me encuentro con que ahora tengo delante un muro de hormigón, del que los Cuestores aparentemente no saben nada. ¿Podría decirnos si el resto de los moradores del segundo piso va a tener que aguantar esto de forma permanente, o nos recomendaría que nos mudáramos a Bruselas hasta que tengamos la oportunidad de tener oficinas que nos devuelvan otra vez las vistas de la campiña francesa?

El Presidente
Señor Spencer, he tenido la ocasión de visitar yo misma una de esas oficinas prácticamente tapiadas, como la que describe usted. Me parece totalmente abominable. Me pregunta si hay muchas oficinas parecidas. Las oficinas situadas en el primer piso, el segundo piso y los pisos superiores tienen vista. Creo que es preciso que examinemos este problema y pensaba someterlo a la reunión de la Mesa de esta tarde.
No puedo decirle más por el momento, pero comparto perfectamente el sentimiento que experimentan usted y sus compañeros ante esta situación.

Ahern
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. Sólo quiero decir que yo he tenido la misma experiencia. A los diputados de esta Asamblea se nos mantiene a la sombra y cubiertos de estiércol como a los champiñones, y ¡ya es hora de que esto acabe! ¡En mi oficina no tengo luz natural y es tremendamente insultante!

El Presidente
Acabo de decirle lo que pienso y, según escuchó usted, comparto este sentimiento. Vamos a ver qué podemos hacer.

Crowley
Señora Presidenta, para una cuestión de procedimiento. Pido su venia y la de la Asamblea para pedirle, en nombre de este Parlamento, que exprese usted nuestra indignación por la capitulación del Gobierno británico, de la Real Policía del Ulster (RUC) y de las fuerzas de seguridad de Irlanda del Norte ante la norma de desórdenes de la Orden de Orange; que exprese también nuestra indignación por el primer atentado que ha tenido lugar en Irlanda del Norte en los dos últimos años, producido durante el fin de semana. No hubo, afortunadamente, víctimas mortales. Asimismo, que exprese nuestra indignación por el atropello de un católico por un vehículo blindado de la RUC durante una manifestación pacífica en la ciudad de Derry; que condene el uso de más de 4.000 pelotas de goma por la Real Policía del Ulster contra católicos y nacionalistas, frente a las 150 pelotas de goma utilizadas por la RUC contra la Orden de Orange cuando se mofaba de la ley; que exprese nuestra indignación por la quema y la huida de sus hogares por familias católicas y nacionalistas en Belfast y Derry mientras estaban al lado las fuerzas de seguridad; y que haga un llamamiento a todas las partes para que se vuelva a conversaciones no excluyentes que garanticen que podamos restablecer no sólo el proceso de paz, sino también la justicia, la igualdad y un tratamiento imparcial para todos los ciudadanos.
Es una absoluta vergüenza la forma en que la RUC, el ejército británico, el Gobierno británico y la Orden de Orange han decidido que van convertir definitivamente los seis condados del nordeste de Irlanda en un Estado protestante, un Estado orangista, para una población orangista, y olvidarse de los derechos humanos y civiles de los nacionalistas y católicos que allí viven.

El Presidente
Señor Crowley, tomo acta, claro está, de su declaración. No podemos, como puede usted imaginarse, iniciar ahora un debate. Como sabe usted, esta situación tan grave será examinada en el momento oportuno en el curso de nuestro actual período de sesiones. Le pediría que tuviera la amabilidad de no iniciar, en forma de una moción de procedimiento, un debate sobre este punto. Tendrá usted ampliamente la oportunidad de expresarse, sobre todo el miércoles por la mañana, durante la presentación de la Presidencia irlandesa.

Ahern
Señora Presidenta, no voy a convertir esto en un debate, pero, puesto que se ha planteado el tema, quiero que confirme que estará en el orden del día y que la Presidencia hará una declaración. Es algo manifiesto que Irlanda del Norte está sin gobernar y puede que sea ingobernable con las estructuras actuales. Los ciudadanos de ese Estado no tienen los mismos derechos.

El Presidente
Totalmente de acuerdo, señora Ahern. Eso es precisamente lo que propuse.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones.
(El Presidente da lectura a las modificaciones del orden de día del martes)

Martens
Señora Presidenta, Señorías, quisiera recalcar que soy fiel al acuerdo al que se ha llegado en la Conferencia de Presidentes en torno a las declaraciones que han de realizarse, y que, como Conferencia de Presidentes, hemos encargado que un grupo de trabajo reflexione sobre ello para intentar elaborar un texto consensuado.
Este no ha sido del todo el caso, pero los objetivos a los que aspiramos son sumamente importantes para este Parlamento, que sobre todo en los últimos tiempos es objeto de innumerables agresiones. Pienso que para la credibilidad del Parlamento es sumamente importante que esta semana tomemos una decisión. Para nosotros sigue existiendo una dificultad mínima. Pienso que es necesario definir, y la Mesa del Parlamento podría hacerlo, qué son regalos y donativos. Pienso que en este Parlamento puede lograrse un consenso al respecto. Por otra parte, constatamos en diferentes Estados miembros, entre otros mi país, que se llega rápidamente a un acuerdo sobre los principios de declaraciones que se realizan con respecto al patrimonio. La dificultad reside en su aplicación. Pensamos que la Mesa del Parlamento ha de desempeñar un papel muy importante en este contexto, que por cierto está previsto al final del propio texto.
Ello también podría hacerse por lo que respeta a los regalos y donativos. Podría hacerse rápidamente. A nuestro entender ha de suceder antes de finales de año. Sea como fuere, quiero confirmar nuestra lealtad hacia el acuerdo y nuestra voluntad de lograr un consenso y un acuerdo. Pienso que, esta semana, con una mayoría de 314 votos a favor, hemos de aprobar el texto, en el bien entendido de que también deseamos que se encargue a la Mesa de este Parlamento que elabore una definición que consideramos importante para la aplicación. Ello no implica que propugnemos un retraso. Se trata de una medida de precaución, pero insistimos en que hemos de poder decidir esta semana en el Parlamento. Nos parece muy importante dadas las circunstancias. Me arriesgo al proponerlo en el Parlamento, pero lo hago en el convencimiento de que hemos de mantener alta la credibilidad de este Parlamento en períodos en que es objeto de diferentes agresiones. Durante muchos años, determinadas personas en el Parlamento han luchado por obtener más competencias e influencia. Pienso que ello debe concordar con una gran credibilidad. En este sentido pienso que ahora hemos de tomar la decisión de votar esta semana sobre este texto.

El Presidente
Señorías, les recuerdo, en caso necesario, que nos encontramos en la etapa de fijación del orden del día. Por tanto, hago la observación de que no cabe iniciar un debate. Respecto al fondo, claro está, el Sr. Martens acaba de explicarnos las razones por las que desea que este punto se inscribiera de nuevo en el orden del día de nuestro período de sesiones. Tengo varias peticiones de Presidentes de Grupo para tomar la palabra. Me parece importante que puedan expresarse.
Como saben ustedes, los medios de comunicación tienen los ojos puestos en nosotros. Se trata de un punto sumamente sensible. Por tanto, voy a dar la palabra al Sr. de Vries, que me la pidió, luego a la Sra. Green, luego al Sr. Puerta. Queda bien claro que no iniciamos un debate, pero creo que antes de votar para saber si volvemos a inscribir ese punto en el orden del día o no, es totalmente esencial que los Presidentes de Grupo se expresen.

De Vries
Señora Presidenta, este Parlamento ha expresado repetidas veces el deseo de la población europea de que exista una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones europeas. Con demasiada frecuencia, estas instituciones son consideradas opacas, oscuras y misteriosas. Muchas veces injustificadamente, pero a menudo esta crítica tiene un núcleo de verdad. Por consiguiente, si queremos recalcar nuestro punto de vista de que ha de haber más transparencia en la Comisión y en el Consejo de Ministros, tendremos que estar dispuestos a establecer la misma transparencia en el funcionamiento de nuestro Parlamento. Una parte esencial es la transparencia con respecto a los intereses económicos de los diputados. Por ello, mi Grupo considera esencial que esta semana se vote, no sólo sobre el informe Ford, sino también sobre el informe Nordmann, y por ello queremos apoyar la propuesta de los cristianodemócratas. Pero, señora Presidenta, con una advertencia. Estamos dispuestos a ayudar a los cristianodemócratas a encontrar también en ese Grupo la mayoría necesaria para la modificación del Reglamento, pero no a costa del principio. El principio es que los regalos están prohibidos y deben seguir estándolo.
No hay ninguna razón para que este Parlamento permita regalos a los diputados. Por consiguiente, si luego encargamos a la Mesa que declare qué son los regalos, al hacerlo tendrá que tener en cuenta el texto y el espíritu del Reglamento que vamos a aprobar. Una prohibición es una prohibición, y las únicas excepciones son, en lo que a mi respecta, un ramo de flores y un café.
(Aplausos)
Green
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Martens por reiterar su compromiso personal con el acuerdo celebrado entre los presidentes de los grupos para garantizar que el informe Nordmann sea aprobado por la Asamblea antes de las vacaciones de verano. Querría además recordar a la Asamblea que el acuerdo de los presidentes incluía un compromiso absolutamente claro de que los diputados deberán abstenerse de recibir ningún regalo, pago o beneficio. Es importante que la Asamblea lo comprenda. Es importante que la Asamblea comprenda la trascendencia de que salga aprobado el acuerdo para poder hacer gala de la transparencia de la que hablaba el Sr. de Vries.
Mi grupo apoyará que el informe Nordmann figure en el orden del día siempre que quede claro que, en lo que a nosotros respecta, el acuerdo sigue vigente. La pasada semana no estaba tan claro para el Grupo del Partido Popular Europeo. El Sr. Martens ha manifestado su deseo de que se mantenga. Nosotros le apoyaremos poniendo nuestros votos a favor del claro compromiso suscrito por los presidentes de los grupos este año.

Puerta
Señora Presidenta, con la misma seriedad y con el mismo compromiso que los demás presidentes, deseo exponer la preocupación de mi Grupo por el modo en que llega al Pleno del Parlamento el informe Nordmann.
A nuestro juicio, no está claro que hayan cambiado las condiciones de la semana pasada. Quisiera recordar a los diputados y diputadas que la Conferencia de Presidentes retiró, por mayoría, el informe Nordmann el jueves por la tarde; y lo retiró porque las enmiendas que se iban a presentar planteaban un gravísimo problema en cuanto a los regalos o donativos que podían recibir los diputados. Ya no estábamos de acuerdo anteriormente y en las reuniones de presidentes o delegados de presidentes dejamos constancia de que las fórmulas empleadas -por las que se permite, aunque utilizando el registro y de modo transparente, que haya un apoyo externo en material o en personal- son muy peligrosas, a pesar de las tradiciones de algunos países en reglamentar este tema. Seguimos pensando de la misma manera.
Esta enmienda que ahora se quiere interpretar, que deja a la discrecionalidad de la Mesa del Parlamento la distinción entre regalos o privilegios, nos parece muy confusa. Estoy de acuerdo con los demás presidentes en que es necesario mantener ante la opinión pública una claridad total, en no permitir que haya demagogia ni que se vaya en contra de la credibilidad del Parlamento y, precisamente por eso, nos vamos a oponer con la misma lealtad que otros presidentes, pero con diferente opinión y con diferente decisión, a que se reincorpore el informe Nordmann a los debates del martes de cara a su posible aprobación.

Aelvoet
Señora Presidenta, los Verdes en el Parlamento están de acuerdo con que se trate el informe Nordmann, a condición de que se haga con gran claridad. Esta gran claridad queda reflejada en las palabras del Sr. De Vries. En lo que dice el Sr. Martens veo un indicio, pero no una claridad completa. Él dice: quiero atenerme al acuerdo que se logró en la Conferencia de Presidentes, un acuerdo que nosotros consideramos minimalista, pero un acuerdo que cambia gracias a una enmienda de los cristianodemócratas. Si se nos pregunta si estamos de acuerdo en tratarlo, podemos decir que sí, por lo que respecta a la definición de qué son los regalos, etc. Estamos plenamente de acuerdo, pero ello ha de implicar también que ya no se presente la enmienda del Sr. Donnelly en nombre del Grupo del PPE, en la que se dice que se trata de regalos en la medida en que no puedan influir en la postura, pues con ello volveríamos a sembrar confusión.

Fabre-Aubrespy
Señora Presidenta, yo también quisiera a mi vez decir que somos favorables al debate, durante este período de sesiones, del informe Nordmann. No obstante, recordaré que si se habla de reinscribir este informe en el orden del día, es porque la Conferencia de Presidentes lo retiró, por mayoría, y que nuestro Grupo no estaba a favor de esa supresión, aprobada por mayoría simple de la Conferencia de Presidentes.
A menudo se invoca aquí, en este hemiciclo, -como ocurrió hace un momento- la supuesta conciencia de un supuesto pueblo europeo. Las poblaciones de los diferentes países de Europa esperan que sus responsables, y en particular sus responsables en el Parlamento Europeo, aprueben reglamentaciones claras, transparentes, sobre los temas que les preocupan.
¿Cómo no señalar, en efecto, el temor de muchos de nuestros compañeros ante la aprobación de una mera reglamentación? Esta se refiere a la publicidad de los patrimonios. No se trata de devolverlas -¿cómo no señalarlo?- devolverlas, decía, a las legislaciones nacionales. El Parlamento Europeo puede, sobre este punto, aprobar una reglamentación. Nuestros compañeros no quieren que haya una transparencia de los ingresos, no quieren la prohibición de donativos. Nosotros somos favorables a obtener un máximo de transparencia porque los responsables, para ser irreprochables, deben aprobar una reglamentación sumamente clara sobre estos puntos, muy importantes para la opinión pública.

Pasty
Señora Presidenta, el Grupo Unión por Europa, así como el Grupo Europa de las Naciones y el Grupo del Partido Popular Europeo votaron en la Conferencia de Presidentes para que se conservara el informe Nordmann en el orden del día. Por tanto, seremos totalmente coherentes con ese voto: votaremos por la reinscripción porque somos favorables, nosotros también, a que haya una transparencia total en este asunto, mientras que la enmienda propuesta introducía, de hecho, una duda sobre este tema. Por tanto, estamos a favor de la transparencia, sin ninguna demagogia, diría yo, y esa es la razón por la que me parece positivo que la Mesa pueda, efectivamente, ejercer una especie de magistratura moral sobre lo que conviene denominar «donativo» o «no donativo».
Por lo demás, la solución propuesta por el Sr. Martens sólo tiene por efecto hacer explícito lo que ya era implícito. Recuerdo, en efecto, que cuando confiamos una misión de «intercesión» al Sr. Jean-Pierre Cot, se propuso, efectivamente, que correspondiera a la Mesa definir lo que constituye o no un «donativo». Tampoco nuestro Grupo tiene ninguna reticencia, antes al contrario, en votar en favor de la reinscripción del informe Nordmann en el orden del día. Deseamos que este informe obtenga los 314 votos necesarios y sea aprobado en el curso del presente período de sesiones.

Lalumière
Señora Presidenta, queda claro que nuestro Grupo está dispuesto a examinar el informe Nordmann y someterlo a votación. No obstante, con arreglo al acuerdo de procedimiento que fue establecido entre los presidentes de Grupo, queremos votar el texto de compromiso, sin enmiendas. Lo que introdujo una gran confusión, fue la enmienda presentada por los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo, enmienda en la que se reconocía la posibilidad de que los parlamentarios recibieran regalos. Esperamos que hayamos entendido mal.
En todo caso, sí estamos de acuerdo en que se examine el informe Nordmann, en cambio, rechazaremos que ese informe sea desvirtuado y que sus conclusiones sean desvirtuadas a través de enmiendas, que acabarían por reconocer la posibilidad de recibir regalos, lo que no se encuentra en modo alguno entre las intenciones de nuestro Grupo. Las cosas deben quedar claras y no complicarse a través de enmiendas de último minuto.

Nordmann
Señora Presidenta, este ponente desea la reinscripción de su informe en el orden del día, no por vanidad personal, sino porque estoy plenamente convencido de que si el informe se aplazara de nuevo, se impondría la imagen de un Parlamento Europeo incapaz de reformar su reglamento en el sentido de una mayor transparencia.
Por ello quisiera decir, personalmente, mi disponibilidad a trabajar en un compromiso. En el seno de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades hemos realizado progresos hacia el consenso. Lo hicimos manteniéndonos fieles a las orientaciones del grupo de trabajo que se constituyó con esta finalidad.
La enmienda, o el compromiso, evocado por el Sr. Martens, supone, bien que van a presentarse nuevas enmiendas, bien que en forma de una enmienda oral, se proponga a la Asamblea una fórmula de compromiso en el momento de la votación del miércoles, si el informe se reinscribe en el orden del día.
Creo que el procedimiento correcto sería ponernos de acuerdo en un texto que pueda obtener la mayoría efectiva de 314 votos. Ello supone que ese texto se sitúe en el espíritu de las conclusiones del grupo de trabajo, es decir, recupere la abolición de donativos y privilegios, devolviendo a la Mesa -en caso necesariolas precisiones de aplicación que esta reglamentación podría generar. Sin embargo, no es necesario que esta devolución a la Mesa aparezca como la negación de lo que acaba de votarse inmediatamente antes.
Este es, señora Presidenta, el espíritu en el que el ponente desearía proseguir su trabajo, una vez más, con una disponibilidad total y recordando para ello las palabras del rey más radical socialista de los reyes de Francia: »París bien vale una misa».
(El Parlamento aprueba la solicitud)

Novo
Señora Presidenta, yo creo que todos los diputados leyeron en las respectivas prensas nacionales la decisión del Gobierno americano de prohibir la permanencia en suelo americano de una empresa canadiense en virtud de la aplicación de la Ley Helmes-Burton, que refuerza el embargo contra Cuba. Yo creo que esa decisión, además de las protestas que ha provocado, puede afectar a gran número de empresas europeas. Basta con recordar que el 45 % del comercio con Cuba se hace por mediación de empresas europeas.
Yo creo que en diversas ocasiones nos hemos manifestado en este Parlamento contra el embargo a Cuba y contra las medidas de refuerzo de dicho embargo, ya se tratara de la Ley Torricelli o de la Ley Helmes-Burton. Me parece que no podemos dejar de reaccionar contra esta medida de los Estados Unidos.
Por eso, dado que el Consejo se reúne hoy, lunes, y está haciendo un examen de la situación -y señalo a la atención de Sus Señorías este hecho, que es, por decirlo así, nuevo-, considero, en efecto, en nombre de mi Grupo, que es importante la introducción de una declaración del Consejo sobre ese asunto. Sé que nuestro orden de los trabajos del miércoles está extraordinariamente sobrecargado. Ahora bien, creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo, y el Consejo también, para conceder una importancia especial a este asunto. Si lo hiciéramos más adelante, en septiembre, habría un desfase respecto del momento en que el Consejo lo hace y lo hace hoy, en este momento.
Creo que no podemos dejar esta cuestión para más adelante.

El Presidente
¿Aceptaría usted, Sr. Novo, que ese punto importante se evoque en la declaración de la Presidencia o bien desea usted que sea una declaración por separado?

Novo
Señora Presidenta, yo creo que nuestro Grupo podría aceptar esa propuesta de la Presidencia, en caso de que el Consejo declarara, ahora mismo, que incluiría este asunto en el debate del miércoles. Si así lo hiciera, estoy totalmente receptivo; si no lo hiciese, creo que deberíamos dar autonomía a la cuestión.

El Presidente
Muy bien, señor Novo, haremos del conocimiento del Consejo los deseos de nuestra Asamblea. No hay ninguna objeción respecto a la manera de tratar este punto, por lo que así lo haremos.

Martens
Señora Presidenta, para ser sincero, porque el Sr. Galeote ha contraído un compromiso muy urgente que no podía prever.

El Presidente
Señor Martens, como es de su conocimiento, los ponentes pueden pedir que se les reemplace.

Martens
Señora Presidenta, por consiguiente ruego a la asamblea que acepte los motivos del Sr. Galeote. Se trata de una obligación que no podía prever, inesperada. Así que soy muy franco con usted, rogamos que se borre del orden del día o que se aplace.

Miranda de Lage
Señora Presidenta, si el Grupo del Partido Popular Europeo estuviera tan interesado en el rechazo o aplazamiento de este informe, presentaría sus argumentos ante esta Asamblea. Como no conocemos sus argumentos, mi Grupo votará en contra de la propuesta del PPE.

Ford
Señora Presidenta, estoy a favor de que se aplace, ¡siempre que se vuelva sobre ello un viernes por la mañana como punto final del orden del día!

(El Parlamento decide mantener inscrito el informe en el orden del día)

Green
Señora Presidenta, quisiera plantear algo sobre el orden del día del martes; no modificarlo, sino pedir que me haga una aclaración. El martes por la mañana tenemos el debate sobre la política de información de la Comisión acerca de la EEB (enfermedad de las vacas locas). En la Conferencia de Presidentes había un deseo absoluto de que fuera el propio Sr. Santer quien se dirigiera al Pleno sobre este tema, porque no es un asunto que competa al Comisario de Agricultura, sino que pertenece a la política de información de la Comisión. ¿Podría comunicarnos, por favor, si será el Sr. Santer?

El Presidente
Señora Green, puedo contestarle inmediatamente que, efectivamente, el Sr. Santer y el Sr. Fischler estarán ambos presentes, habida cuenta la importancia que este tema reviste para todos nosotros.

Bienvenida
El Presidente
Deseo dar la bienvenida a una delegación de la Dieta japonesa que acaba de llegar a la tribuna de invitados.
(Vivos aplausos) Hago la precisión de que esta delegación está integrada por miembros de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Asesores y que está encabezada por el antiguo Primer Ministro, el Sr. Tsutomu Hata.
Nuestros compañeros japoneses, a los que saludamos calurosamente, se encuentran hoy en Estrasburgo para participar en el decimoséptimo encuentro interparlamentario entre el Parlamento Europeo y Japón, bajo la copresidencia del Sr. Bertel Haarder, Presidente de la delegación del Parlamento Europeo.
Señores diputados de la Dieta, en nombre de todos los miembros de nuestra Asamblea, les deseo una cordial bienvenida al Parlamento Europeo y mucho éxito en nuestros trabajos comunes.
(Aplausos)
Accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0224/96) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumido, sobre la posición común del Consejo (C4-0222/96-94/0014(SYN)) relativa a la propuesta de directiva del Consejo sobre el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Ponente: Sr. Bowe).

Bowe
Señora Presidenta, antes de comenzar, quiero decir que vengo como ponente de este informe en segunda lectura. Me hice cargo de él al principio de la presente legislatura, cuando una gran parte del trabajo ya había sido hecha por un colega mío, Claude Delcroix. Antes de pasar a hablar sobre el informe, quiero tan sólo expresar mi agradecimiento por el trabajo que hizo el Sr. Delcroix en la pasada legislatura y decir que buena parte del trabajo que hoy les ofrezco y que ha realizado el Parlamento se consiguió bajo su dirección. Creo que estamos en deuda con él.
Tenemos ante nosotros una directiva que va camino de una tercera revisión, habiéndose considerado necesario revisarla a la luz de la experiencia, del progreso técnico y de los conocimientos derivados de su funcionamiento. No tendríamos que subestimar la importancia que tiene precisamente esta directiva. Con demasiada frecuencia, muchas de las instalaciones que tiene el fin de salvaguardar funcionan silenciosamente y sin obstáculos sin que la gente se dé cuenta del gran peligro que representan. Sólo cuando ocurre alguna tragedia -explosiones o incendios graves y personas heridas o muertas- nos damos cuenta de lo importante qué es esta legislación para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Europa y que nuestra industria pueda funcionar no sólo de forma económica y rentable, sino también segura.
La posición común que tenemos hoy ante nosotros es, en general, una con la que el Parlamento estará de acuerdo. No modifica la estructura general de la propuesta. De hecho, ha sido mejorada sin duda al añadirse algunas de las enmiendas del Parlamento en primera lectura. Pero pensamos que hay algunas áreas en las que, si se aceptaran algunas enmiendas más del Parlamento, el texto podría mejorar aún más. Por ello ofrecemos al Consejo y a la Comisión enmiendas en segunda lectura para introducir mejoras en las áreas que expongo a continuación. En primer lugar, objetamos a que se reduzca el alcance de la directiva concediendo dispensas de obligaciones tales como el informe de seguridad, los planes de emergencia y la información al público. Opinamos que ello quita mucha fuerza a la directiva y que habría que mejorarlo. En segundo lugar, nos preocupa que queden excluidas de la directiva algunas instalaciones, concretamente establecimientos militares, vertederos y algunas zonas de almacenamiento temporal intermedio, como las situadas en estaciones ferroviarias, muelles y otros lugares. Nos parece que habría que seguir trabajando en este área. En tercer lugar, pensamos que falta claridad en lo que respecta a los plazos necesarios para adaptarse a las disposiciones de la directiva y que las obligaciones que se imponen a algunos agentes económicos no son suficientemente vinculantes para garantizar que observen plenamente las disposiciones de la directiva dentro de unos plazos adecuados.
Por otro lado, está el problema de la ordenación territorial. Ésta ha quedado por principio demasiado debilitada en la directiva en relación con la primera lectura, justo en un momento en que se están intensificando los problemas de la expansión urbana y el crecimiento de las ciudades en torno a estos lugares inseguros y peligrosos. Creemos que es importante que el Parlamento, el Consejo y la Comisión volvamos a reexaminar estas cuestiones para garantizar que el desarrollo normal de las grandes y pequeñas ciudades no cree o amenace con crear nuevos peligros. Es también esencial que haya una verdadera participación de los ciudadanos y que a éstos se les informe y se les dé información completa sobre los procedimientos de planificación y de concesión de licencias para estos lugares, en especial los de nueva construcción. Hicimos especial hincapié en ello en la primera lectura y no nos parece que hasta ahora la Comisión ni el Consejo hayan tomado suficientemente en consideración nuestras preocupaciones en la propuesta.
Hay además otros aspectos técnicos relativos a la armonización de algunos criterios de notificación y a la armonización de determinados aspectos de la inspección de estas instalaciones. Sin embargo, reconocemos que este el tipo de legislación que tiende a crecer y ahora avanza hacia la tercera lectura. Es legislación que crece a medida que vamos conociendo los mayores peligros que existen a nuestro alrededor y suponemos que la veremos crecer, quizá como resultado de la futura revisión en años venideros. Sin embargo, ello no exime en modo alguno a la Comisión ni al Consejo de garantizar la seguridad de las personas que viven en los alrededores de estas instalaciones químicas peligrosas y de otras grandes instalaciones peligrosas que tienen el potencial de crear daños cataclísmicos.
Por ello, apelaremos a la Comisión y al Consejo para que enmienden de nuevo la propuesta y admitan más enmiendas del Parlamento a fin de que podamos seguir a la cabeza del mundo. Hemos estado a la cabeza del mundo, y nos enorgullece haberlo estado, en la seguridad de las instalaciones químicas y la protección de la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. Pensamos que es lo que hay que estar haciendo ahora y para el próximo siglo.

Schleicher
Señora Presidenta, Señorías, en estos días se conmemora el vigésimo aniversario de Seveso. Este grave accidente tuvo lugar en 1976. Desde 1982 existe en la Unión Europea una normativa sobre los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales. En 1987 y 1989 se le introdujeron pequeñas modificaciones. La Comisión ha comprobado la gran eficacia de estas disposiciones, en particular las referentes a los aspectos técnicos, a la protección y a la lucha contra accidentes y a las medidas en caso de emergencia. Aun así, no se ha podido evitar que haya habido unos 130 accidentes graves desde 1982. La normativa se ha aplicado hasta ahora a 1866 empresas.
Nuevos desarrollos técnicos y la experiencia adquirida en los diez años de vigencia de la actual normativa han dado lugar, tras diversas solicitudes del Parlamento Europeo y del Consejo, a la presentación del texto que consideramos hoy en segunda lectura. No estamos ante una mera reelaboración de la Directiva de 1982, sino, en muchos aspectos básicos, ante una directiva completamente nueva que supone un nuevo comienzo, a lo que ha contribuido la labor del ponente, Sr. Bowe.
A nuestro juicio, tiene que haber todavía más protección para las personas y el medio ambiente que se encuentren próximos a las plantas potencialmente peligrosas. El objetivo primordial es prevenir accidentes graves con sustancias peligrosas y limitar, en caso de accidente, las consecuencias para las personas y el medio ambiente. Nuestro Grupo apoya absolutamente este objetivo. Tengo, sin embargo, ciertas dudas de que vayamos a alcanzarlo, dada la práctica que los Estados miembros han desarrollado hasta ahora en la aplicación e instrumentación de esta normativa y dadas también ciertas consideraciones fundamentales.
Me parece importante asimismo la concordancia con otras disposiciones que se ocupan de la misma materia. Por eso me alegra que el Consejo, a instancia del Parlamento Europeo y, sobre todo, de las reiteradas críticas de mi Grupo, haya extraído por fin, en su posición común, ciertas consecuencias de las que ha resultado una armonización, por lo menos en algunos puntos, del contenido de las directivas en vigor, por ejemplo, en lo que respecta a la definición respecto a la Directiva IPPC. También en conexión con las Directivas IPPC se han incluido ciertas obligaciones del operador en relación con la información. Las disposiciones sobre difusión de la información concuerdan con la directiva en vigor sobre el libre acceso a la información sobre el medio ambiente.
Por este motivo, mi Grupo está en contra de algunas enmiendas que pueden poner en peligro tal concordancia. El problema principal es el siguiente: la Comisión no ha conseguido hasta ahora presentar las correspondientes propuestas para los anexos y, según el artículo 9, que regula los informes de seguridad de elaboración obligatoria, hay que establecer estos criterios. Siento que la Comisión no los haya presentado a tiempo. Ya en la comisión señalé este asunto a la atención de la Comisión, pero no he obtenido respuesta. Esta decisión no corresponde ni al Parlamento ni al Consejo, es competencia exclusiva de la Comisión. Por eso deploro que no se haya hecho partícipe al Parlamento de la misma.

Baldi
Señora Presidenta, Señorías, después de haber transcurrido diecisiete meses, ha vuelto al Pleno, para la segunda lectura, la propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva 82/501/CEE relativa a los riesgos de accidentes graves en determinadas actividades industriales, llamada «Directiva Seveso».
La posición común aprobada por el Consejo debe ser acogida de forma favorable, habida cuenta de que, al alcanzar un equilibrio satisfactorio, se ajusta al dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo. No cabe duda de que podrían potenciarse ciertos aspectos, en particular, los que se refieren tanto a la definición a escala comunitaria de la disposiciones fundamentales que deben cumplir los sistemas de control establecidos por los Estados miembros, como la adopción por parte de los Estados miembros de las medidas necesarias para garantizar la formación adecuada de los operadores encargados de elaborar los planes de urgencia externos y para tomar las decisiones en caso de accidentes graves, así como de los trabajadores y contratistas de establecimientos de elevado riesgo.
A pesar de coincidir respecto a la necesidad de definir el concepto de conato de accidente grave, que hasta la fecha carece de definición, sin embargo, consideramos que la propuesta del ponente no es satisfactoria. Asimismo, estamos totalmente en contra respecto a incluir las instalaciones militares en el ámbito de aplicación de esta normativa que, no hay que olvidarlo, debe respetar el principio de subsidiariedad.
Asimismo, en lo que concierne a la rigidez de los plazos propuestos en las enmiendas no acogidas por el Consejo, la misma correría el riesgo de penalizar todavía más las actividades industriales y productivas, sin conseguir los resultados deseados.
Por último, considero importante llegar cuanto antes a la adopción de esta directiva y a su aplicación en los Estados miembros para mejorar los sistemas puestos a disposición de la industria y de las autoridades competentes, limitar el riesgo de accidentes graves y simplificar los criterios de aplicación, convirtiéndola en más flexible en respuesta al desarrollo de la industria.

Eisma
Señora Presidenta, en otro tiempo tuvieron que ocurrir graves accidentes, como en Bhopal y Basilea, para lograr un ajuste de la directiva, pero afortunadamente la actual revisión no se ha realizado a raíz de un accidente grave, y de eso podemos alegrarnos.
Considero que la Comisión Europea ha hecho una buena propuesta, que sin embargo todavía puede mejorarse más. Siguen siendo necesarias algunas enmiendas del Parlamento Europeo para reforzar esta directiva. Si escucho al ponente, no sólo hoy, sino en los últimos meses, puedo asegurarles que los liberales apoyarán todas las enmiendas que ha propuesto el ponente. No las mencionaré todas, sobre todo en una tarde calurosa como la de hoy, pero quisiera hacer una excepción en lo que respecta a las instalaciones nucleares y las instalaciones y depósitos militares. Los liberales consideramos que la seguridad de los ciudadanos sólo puede aumentarse incluyendo este tipo de instalaciones en la directiva. Por lo tanto, no comprendo por qué la Sra. Baldi dice que, en base a la subsidiariedad, las instalaciones militares no tienen que entrar en esta directiva, pues las instalaciones militares están expuestas a los mismos peligros que las instalaciones civiles similares. No logro comprender por qué estas últimas sí y las primeras no pueden entrar en la directiva. También cuando hablamos de centrales nucleares, comprendemos que la radiactividad está bien regulada en el Tratado de Euratom, pero las demás sustancias peligrosas con las que tenemos que ver en las instalaciones nucleares han de entrar en la directiva; eso aumenta la seguridad de los ciudadanos. Por consiguiente, votamos a favor de las enmiendas y rogamos a la Comisión que otorgue su apoyo a las enmiendas del Parlamento Europeo que tienen como único objetivo proteger mejor a los ciudadanos de los peligros que supone la concentración de sustancias peligrosas, concretamente en las zonas urbanas.

Papayannakis
Señora Presidenta, quisiera antes de nada felicitar al Sr. Bowe por su exposición y manifestarle que estoy de acuerdo con él en que nos encontramos en la dirección acertada. No obstante, señora Presidenta, y teniendo en cuenta la experiencia de Grecia (hace poco corrimos el grave riesgo de que se repitiera el accidente de Seveso en el transbordador), quisiera hacer tres observaciones:
En primer lugar, la directiva que ahora debatimos se basa en el riesgo de accidente por sustancias peligrosas debido a la falta de control sobre los procesos químicos industriales. Sin embargo, esto no lo es todo. También el simple almacenamiento de las sustancias peligrosas puede desencadenar accidentes, por ejemplo, incendios, liberaciones tóxicas naturales y no necesariamente de carácter químico, y otros problemas que debemos tener en cuenta. En nuestra opinión, éste es el primer problema.-En segundo lugar, con mucho acierto y gracias a la presión del Parlamento, en la presente directiva se aborda por fin la ordenación territorial, el uso del suelo, pero los criterios se decidirán más adelante. No obstante, hay casos como el que he mencionado antes del transbordador, en los que las instalaciones industriales y las viviendas están muy próximas, literalmente mezcladas. ¿No tendríamos que prever medidas para su remodelación, incluso para cambiar de ubicación algunas de dichas actividades? Algo tendremos que hacer, porque hay algunas regiones que son verdaderas bombas en potencia. Me he referido al caso del transbordador, pero hay otros muchos.-En tercer lugar, creo que el Sr. Bowe estará de acuerdo conmigo en que los residuos, en particular los tóxicos, no son lo mismo que las sustancias de desecho. Creo que tenemos que diferenciar para incluir los residuos en la directiva, pero excluir los desechos.
McKenna
Señor Presidente, apoyo al Sr. Bowe y su informe, así como las enmiendas presentadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Estoy totalmente en desacuerdo con la Sra. Baldi. Da la impresión de que es fundamentalmente una portavoz de los sectores militar e industrial. El Parlamento tiene el deber de apoyar lo que propone la Comisión de Medio Ambiente. Tiene el deber de incrementar la seguridad de los ciudadanos a los que amenazan peligros derivados de la concentración de sustancias peligrosas en la atmósfera, en particular en las zonas urbanas. El deber del Parlamento debería ser primero y ante todo hacia los ciudadanos, y no hacia la industria o los militares.
Suscribo casi todo lo que han dicho otros oradores en relación con los veinte años transcurridos desde Seveso y, asimismo, con lo que hemos aprendido por el desastre de Sandoz. Es absolutamente inaceptable que se hagan excepciones en el sector militar, los vertederos y cosas similares. Apoyo también al Sr. Bowe en lo que se refiere a la participación de los ciudadanos. Es indispensable.
Procedo de Irlanda, donde, en un informe publicado recientemente por el Hospital Universitario de Cork -uno de los dos centros designados para tratar víctimas de accidentes nucleares o químicos-, se afirma que actualmente no se dispone de medios para que el hospital pueda cumplir esta tarea. Realmente, Irlanda está muy mal dotada para hacer frente a grandes accidentes en la industria química. La negligencia llega al extremo de que el hospital situado cerca de la mayor concentración de industrias químicas de Irlanda carece de una unidad de descontaminación para tratar a los trabajadores de estas industrias u a otros ciudadanos que sean víctimas de accidentes graves.
En 1993, un incendio en la fábrica Hickson de Cork despertó la conciencia ciudadana sobre la amenaza que representa la industria química, pero las autoridades irlandeses no han aprendido ninguna lección desde entonces. Han sido imprudentes al permitir que la multinacional noruega Dinochem comience la construcción de una fábrica de pegamento en Marino Point. En la isla cercana viven 14.000 personas y, si se produjera un accidente de importancia, su único punto de salida sería un puente que se encuentra tan sólo a 300 metros de la nueva fábrica. En tal situación, la posibilidad de que quedara incomunicada tanta gente resulta alarmante.
Hace falta ya legislación de la UE para que los Estados miembros tengan en cuenta la necesidad de alejar suficientemente de los centros de población las fábricas que representen un gran peligro. Las autoridades irlandesas decidieron jugar con fuego cuando se dispusieron a fomentar el desarrollo industrial mediante industrias químicas multinacionales instaladas en Irlanda sin mirar las consecuencias a largo plazo. El Sr. Bowe ha dicho que es esencial que participen los ciudadanos y también que tendría que haber una formación adecuada. Casi todos los accidentes se deben a algún fallo humano. Es sumamente importante que se haga hincapié en la formación de los ciudadanos.
El Parlamento debería apoyar lo que propone la Comisión de Medio Ambiente. Es nuestro deber situar en primer lugar los intereses de los ciudadanos y no los de la industria o las empresas químicas. ¡Las personas deben ser lo primero! En Bhopal, en la India, todavía hay personas sufriendo. No han recibido ninguna compensación. ¿Qué ha ocurrido con esas personas?

Ewing
Señor Presidente, el Parlamento quizá recuerde que intenté conseguir una excepción para los almacenes públicos de whisky -casi todos los cuales están en terrenos situados lejos de áreas de vivienda, aunque algunos más antiguos y pequeños se encuentren más cerca de las mismas-, pero no tuve éxito. La verdad, nunca he sido capaz de considerar el whisky como un producto químico peligroso. Quizá tenga algunos prejuicios, dado que represento a casi todo el whisky escocés del mundo. Pero me alegra decir que hay una excepción para una parte de las disposiciones sobre procedimiento.
No hay nada más seguro que un almacén público de whisky, por la razón de que está protegido por la policía a causa del valor de los impuestos del whisky que contiene. Es un poco como ir a Fort Knox para ir a visitar un almacén de whisky. Así que me alegro de que haya habido al menos una excepción parcial.

Blokland
Señor Presidente, el Consejo ha aprobado su posición común por unanimidad. Y con ello se han aprobado bastantes enmiendas procedentes de la primera lectura. Es esperanzador. Por otra parte, es extraño que, en un primer momento, la Comisión Europea no estuviera dispuesta a apoyar algunas de las enmiendas aceptadas por el Consejo. Sea como fuere, la actual posición común supone una mejora con respecto a la anterior. No creo que los restantes puntos planteen problemas importantes para la Comisión Europea y el Consejo.
Quiero elogiar la forma en que el ponente ha tratado este tema. Sus enmiendas han señalado siempre una dirección clara. La seguridad y la publicidad han sido sus premisas. Parece que la nueva directiva Seveso será una parte clara y viable de la legislación.
La protección de los trabajadores y de los ciudadanos en general es suficientemente importante como para aspirar a una legislación de máxima calidad. Soy consciente de que la seguridad de las empresas es en primer lugar un asunto de las mismas empresas. Pero ello no implica que sobre un buen marco legal.
Ahora se ha establecido que en el 90 % de los accidentes graves entran en juego los fallos humanos. Por consiguiente, las medidas de seguridad interna y la formación de los trabajadores revisten la máxima importancia. En la primera lectura del Parlamento ya se aprobó una enmienda sobre la información, formación y equipamiento obligatorio de los trabajadores. Lamento que esta enmienda no se haya incluido en la posición común.
¿Podría explicar la Comisión por qué no ha adoptado esta enmienda? La formación, los cursillos de reciclaje y los ejercicios de prevención de incendios ocupan ya un lugar importante en muchas empresas químicas, pero todavía existen excepciones desfavorables. Las empresas siguen necesitando una obligación legal. La falta de atención, la pereza que se introduce poco a poco, y la habituación a las situaciones peligrosas, son riesgos ya presentes.
Un última cuestión: desde las empresas se oye la queja de que con la ampliación de las obligaciones en esta directiva se les está aplicando una carga demasiado pesada. Se afirma que la carga adicional es desproporcionada en comparación con la seguridad adicional. Quisiera que la Comisión respondiera a estas afirmaciones. ¿Cuáles son las cargas adicionales? ¿Se sabe algo al respecto?

Trakatellis
Señor Presidente, los graves accidentes acaecidos en los últimos años han puesto de manifiesto los riesgos que amenazan a la humanidad por la existencia de determinadas instalaciones industriales, que no por ser imprescindibles dejan de ser peligrosas, si no se adoptan y prevén medidas estrictas para garantizar la seguridad de su funcionamiento. Resulta inconcebible que vuelvan a producirse en el futuro accidentes como los de Chernobil o Seveso.
El objetivo concreto de la presente directiva es prevenir los riesgos de accidentes graves causados por sustancias peligrosas que se producen y utilizan en plantas industriales. Esta nueva directiva sustituirá a la anterior Directiva nº 82/501, denominada «Directiva Seveso» y adoptada en 1982 como resultado de una serie de accidentes relacionados con sustancias peligrosas. Posteriormente, se introdujeron algunas enmiendas en ella a raíz de dos graves accidentes, el de Bopal y el de los vertidos en el Rin a su paso por Basilea. Transcurridos 14 años desde la redacción de aquella directiva, la valiosa experiencia acumulada en este período debía incorporarse a la legislación vigente. Así pues, la presente directiva contempla los conocimientos y experiencias más recientes, para prevenir en el futuro de forma más eficaz los accidentes graves relacionados con las sustancias peligrosas.
Quiero hacer hincapié en el significado de inventariar e intercambiar a nivel europeo toda la información relativa a los accidentes originados por sustancias peligrosas, pues constituye un elemento importante de la nueva directiva. El intercambio de datos, la información con carácter general y, por lo tanto, la revisión periódica de los informes relativos a la seguridad facilitan el necesario proceso de continua adaptación.
También nos parece importante la enmienda que hemos presentado en relación con llevar un registro de los «conatos» de accidente grave, es decir, los que se evitaron gracias a una intervención a tiempo, programada o no; la concurrencia de acontecimientos que dio como resultado que no se produjera un accidente grave. A nuestro juicio, este registro aportará una valiosa información para fomentar la seguridad. Hay que tener presente que los «conatos» de accidente superan en número a los que llegan verdaderamente a producirse.
Para terminar, señor Presidente, quisiera resaltar la importante labor del ponente, el Sr. Bowe, y pedir a la Comisión que admita las enmiendas aprobadas por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, principalmente las que introducen el concepto de «conato» de accidente grave.

Bjerregaard
Señor Presidente, para comenzar quiero agradecer a la Comisión de Medio Ambiente, y en especial al ponente, David Bowe, el esfuerzo y la atención de que ha sido objeto este informe. Esta directiva tiene un fondo serio y será de gran importancia para los ciudadanos y para el medio ambiente, como han subrayado el ponente y la mayor parte de los oradores. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que se trata de una propuesta importante y útil que garantizará a los ciudadanos de la UE la seguridad de la mejor manera posible.
La propuesta que estamos tratando hoy es el resultado de una modificación radical de la directiva, como ya ha subrayado la Sra. Schleicher, y está basada en las experiencias cosechadas con la directiva actual. Las enmiendas están basadas en los principios de la directiva actual, pero una serie de ámbitos claves han sido ampliados y reforzados. Se trata de la planificación física, de los sistemas de control de seguridad y especialmente del libre acceso a la información, de la participación del público y de las mejoras para la continuidad de la aplicación de la directiva.
Después del debate de hoy, tengo la impresión de que, en cuanto a la Directiva Seveso y a la presente modificación, el Parlamento y la Comisión están fundamentalmente de acuerdo sobre las obligaciones políticas expresadas en la directiva, es decir, el aumento de la seguridad de los ciudadanos y del medio ambiente que también está expuesto a los riesgos de las sustancias peligrosas. Tenemos el mismo objetivo en este caso. Comentaré las enmiendas presentadas y expondré la actitud de la Comisión ante cada una. Muchas enmiendas aumentan la calidad y la claridad de la propuesta, y la Comisión acepta plenamente o el principio de las siguientes enmiendas: 1, 4, 5, 10, 11, 13, 25, 27, 33, 37, 39, 40, 42, 44 y 45. Aceptamos parcialmente las enmiendas núms. 2, 29, 30 y 32. No obstante, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 38, 41 y 43. Se ha dicho que seis de las enmiendas presentadas expresan preocupación por el número de excepciones previstas a la directiva. Se trata, en mi opinión, de una preocupación razonable, y la Comisión ha intentado, en lo posible, tenerla en cuenta. Por este motivo, está dando prioridad a las actividades que se realizan actualmente en tal sentido. Ya hemos iniciado un análisis detallado de las canalizaciones mencionadas en la enmienda nº 2 y del almacenamiento temporal intermedio incluido en la enmienda nº 17 y, en caso necesario, presentaremos propuestas especiales relativas a estos ámbitos, tal como indicamos durante el debate en la primera lectura.
La enmienda nº 15 suprime las instalaciones militares, y tanto el ponente como varios oradores han comentado este tema. Comprendo la preocupación del Parlamento, pero este tema no es competencia de la Comunidad. Las enmiendas núms. 3 y 18 tienen por fin incluir los vertederos de residuos en el ámbito de aplicación de la directiva. La Comisión está de acuerdo en que hace falta una reglamentación comunitaria para las instalaciones de residuos, y por este motivo estamos elaborando una nueva propuesta relativa a los vertederos. Se ha dicho también que siete enmiendas se refieren a la necesidad de incluir los «casi accidentes», los llamados near misses . Estos se incluyen en el Anexo 6 de la posición común, pero varias de estas enmiendas han sido aceptadas por aumentar aún más la protección en este importante ámbito.
En cuanto a las enmiendas núms. 1 y 42, y debido a los debates celebrados en la Comisión de Medio Ambiente sobre la importancia de una cooperación eficaz con terceros países respecto al intercambio de sistemas de información y de alarma, la Comisión acepta el principio en que se inspiran. Reconoce al respecto que el Convenio de las Naciones Unidas sobre accidentes transfronterizos tiene importancia especial, e intentará proponer un texto más detallado en la nueva propuesta para reflejar de forma apropiada la preocupación del Parlamento.
La Sra. Schleicher me ha hecho una pregunta relativa al Anexo sobre criterios armonizados, y en respuesta quiero subrayar que, en opinión de la Comisión, es necesario crear grupos de expertos especiales para elaborar información detallada sobre los criterios armonizados. La forma más apropiada y más eficaz para fijar estos criterios es la del procedimiento en comisión previsto en la directiva en vigor. Este procedimiento ha demostrado su validez en la elaboración de normas para diferentes ámbitos, incluido el análisis de accidentes e informes y sistemas de seguridad.
Como conclusión quiero decir que las enmiendas aceptadas mejorarán aún más la propuesta. Estoy convencida de que con su aplicación podremos todos esperar un aumento del grado de protección tanto de las personas como del medio ambiente contra los peligros de los grandes accidentes en la industria, con sus catastróficas consecuencias.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Contratos de agua, energía, transportes y telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0022/96) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo ((COM(95)0107 - C4-0162/95-95/0080(COD)) por la que se modifica la Directiva 93/38/CEE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

Langen
Señor Presidente, Señorías, el Parlamento delibera hoy por segunda vez sobre la propuesta de la Comisión de modificar la Directiva sectorial. Los términos de referencia para ello son los establecidos en el primer Acuerdo GATT sobre contratación pública que la Unión Europea ha celebrado en el marco de la Ronda Uruguay. El objetivo es una mayor liberalización y expansión del comercio mundial.
El nuevo Acuerdo sobre contratación pública (GPA) va bastante más allá que el hasta ahora vigente. Según estimaciones de la Comisión, abarca operaciones por valor de 350.000 millones de ecus al año. El Parlamento manifiesta expresamente su satisfacción por este Acuerdo. En su propuesta, la Comisión hace hincapié en que para la aplicación del Acuerdo no resulta imprescindible introducir modificaciones en el Derecho comunitario. El Parlamento, por un lado, y el sector industrial afectado y la Comisión, por otro, han mantenido un diálogo muy completo sobre la cuestión de hasta qué punto el nuevo Acuerdo de la OMC exige una modificación de la Directiva sectorial vigente. Tras este diálogo, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial propone casi por unanimidad rechazar la propuesta de la Comisión en primera lectura.
El Parlamento ha intentado durante más de un año conseguir un compromiso razonable a través de numerosas deliberaciones con la Comisión y previa audiencia de las organizaciones del sector industrial afectado. Personalmente, estoy muy agradecido al Comisario Monti porque, por encima de la disparidad de criterios existente entre el Parlamento y la Comisión, siempre ha acentuado la disposición de ésta a considerar el contenido de los argumentos del Parlamento. Lo que nosotros queremos es, exclusivamente, que se adopte una nueva normativa, que se necesita urgentemente, sobre ciertas cuestiones problemáticas, como la de los umbrales. Aquí sí se requiere una adaptación. No queremos una modificación completa de las directivas sobre contratación pública que vaya más allá del Acuerdo OMC y, sobre todo, que afecte a sectores de los que no se ocupa el Acuerdo, como el de las telecomunicaciones. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial llegó a un acuerdo con el Sr. Monti, según el cual la Comisión intentaría retirar su propuesta y presentar otra nueva al Consejo y al Parlamento.
Estamos convencidos de que sólo así se podrá garantizar que en las deliberaciones ulteriores se tomen adecuadamente en consideración la propuestas del Parlamento. El Sr. Monti se ha declarado dispuesto a apoyarnos en las cuestiones fundamentales y también en este aspecto de nuestra posición. Por cuestiones técnicas de procedimiento, no ha conseguido, sin embargo, que la mayoría de la Comisión le apoye. Por eso nos vemos más o menos obligados a rechazar hoy la presente propuesta de directiva, para que en otoño la Comisión, tras concluir esta fase del procedimiento, pueda presentar una nueva propuesta modificada y previamente acordada en gran medida con el Parlamento.
El examen de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, no ha aportado ningún dato nuevo, de tal manera que la comisión vuelve a someter hoy el presente informe, aprobado el 24 de enero de 1996 por 47 votos contra 1. Existen diferencias y motivos de debate sobre todo en lo que respecta al llamado diálogo técnico en los proyectos de contratación pública complejos y tecnológicamente exigentes. En este ámbito, el Parlamento es contrario a que empresas que hayan participado durante la fase preparatoria del concurso público en la elaboración de un proyecto técnico exigente no puedan optar después a la adjudicación del contrato. Estamos convencidos de que esto supondría un obstáculo considerable al progreso tecnológico y conllevaría notables desventajas para la industria europea sometida a la directiva.
A nuestro juicio, el procedimiento seguido hasta ahora en esta cuestión ha acreditado su eficacia. La aplicación del GPA reviste una gran importancia para la competitividad de la industria europea, sobre todo para los ámbitos de alta tecnología de la Directiva sectorial. En este contexto, la Comunidad Europea debe conservar su competitividad en calidad de «agente mundial» fuerte, incluso en relación con la apertura de mercados que garanticen su futuro económico. Por esta razón, al incorporar al Derecho comunitario las disposiciones sobre contratación pública, no deben desempeñar un papel decisivo consideraciones de tipo administrativo tales como las referentes a una transposición sistemática u otros argumentos de carácter más o menos jurídicoformal. Lo decisivo es, en nuestra opinión, el respeto de la reciprocidad estricta, tal como la exigió el Parlamento Europeo en su resolución de hace unos meses sobre la Conferencia del G7. Con el fin de lograr la clarificación necesaria, la transposición del GPA debería tener lugar mediante una directiva adicional que recogiera las excepciones y disposiciones especiales e hiciera referencia, por lo demás, a las directivas de la UE existentes en materia de contratación pública.
Esperamos que la Comisión, como organismo colegiado, comparta nuestra visión y tenemos confianza en las seguridades que el Sr. Monti nos ha dado. Me permito aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Monti su permanente disposición al diálogo y a los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial la buena y consensuada labor de análisis de esta directiva. Espero que podamos concluir pronto las deliberaciones y que consigamos una aplicación cabal.

Tappin
Quisiera dar las gracias a mi colega el Dr. Langen por todo el trabajo que ha dedicado a este tema y creo que puedo decir, en nombre del Grupo Socialista, que el enfoque ha sido verdaderamente bipartidista.
Los efectos de llevar a la práctica las propuestas que contiene el documento de la Comisión serán inmensos. Todas las empresas que tengan algún trato con entidades adjudicadoras en cualquiera de los sectores de servicios públicos deberán adaptar sus métodos de trabajo para ajustarse a las normas que les imponemos. Antes de hacer esto, tenemos el deber de asegurarnos de que dichas normas son necesarias, de que servirán para potenciar los derechos y oportunidades de las empresas europeas y de que contribuirán a abrir mercados mundiales en nuestra lucha por mejorar el empleo y crear un terreno de juego equitativo.
Aunque se trata de una directiva interna, no puede considerarse aisladamente, de la misma manera que no puede considerarse aisladamente la Unión Europea. El hecho de que se estén introduciendo estas propuestas para eliminar las desventajas creadas por la aplicación del GPA demuestra hasta qué punto estamos todos interconectados. Así que, para evaluar estas propuestas en conjunto, habría que ver contra qué competimos y qué prácticas, o prácticas comunes existen en el mercado.
Cuando observamos a nuestros principales rivales, en primer lugar Japón, vemos que los japoneses no están haciendo ningún intento por elaborar una legislación similar a la que ha propuesto la Comisión. En cuanto a los Estados Unidos, no sólo no se ha introducido legislación interna para adecuar su mercado nacional al GPA, sino que ni siquiera se ha introducido el propio GPA y, lo que es más, no se tiene ninguna intención de hacerlo antes de las elecciones de este año, si es que se llega a hacer. En segundo lugar, con respecto a Estados Unidos, no sólo no se ha introducido legislación interna para adecuar su mercado al GPA, sino que no se ha eliminado la ley «Buy American». Hace más de dos años prometieron hacerlo, pero no se ha dado ningún paso. Se han pronunciado fallos en sus tribunales de que ninguna legislación extranjera puede crear precedente para la legislación interna, lo que legitimiza su régimen comercial proteccionista. Ahora, con la Ley Helms-Burton, sucede incluso que el Gobierno estadounidense puede llevar a juicio a empresas extranjeras a causa de las relaciones mercantiles con Cuba. Es algo que no condonamos: instamos a la Comisión a que se ocupe activamente de la cuestión e insista en que se apliquen plenamente todos los acuerdos firmados a escala internacional.
Queremos que la legislación interna elimine las desventajas, aunque sean de poca importancia, de los umbrales introducidos por el GPA, y que establezca controles para proteger a los ciudadanos y empresas de la UE contra la corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Esto es muy importante porque está en juego el dinero de los contribuyentes.
También necesitamos asegurarnos de que, sean cuales sean las medidas que se establezcan, se dejará a nuestras empresas en una situación lo más competitiva posible, tanto a nivel interno como frente a la competencia transoceánica.
El problema es que, en este momento, sencillamente no sabemos cuáles son las prácticas correctas. Los representantes de todos los sectores de la industria indicaron, en una audiencia pública, que observaban grandes problemas en las propuestas de la Comisión. Al contrario que ésta, no consideraban que las propuestas supusieran una ventaja, sino una carga, y eran unánimes en su oposición. Más de una vez hemos pedido a la Comisión que proporcione información sobre los efectos prácticos de sus propuestas, y no lo ha hecho. Pido a la Comisión una vez más que meditemos detenidamente sobre los efectos de cada una de las enmiendas que desea poner en práctica. Conozcamos los costes. Tengamos justificaciones. Hagamos consultas. La Unión paga una fortuna en estudios cada año. Si ha habido alguna vez un caso claro de necesidad de un estudio, es este de los contratos públicos.
Hemos oído hablar mucho a la Comisión sobre las distorsiones del mercado interior causadas al introducir algunos sectores en el ámbito de aplicación de la directiva y dejar otros fuera. Esta es una cuestión. Otra es si, al modificar la categoría de los sectores, no estamos distorsionando el mercado actual.
La Comisión ha propuesto también introducir el sector privado en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE: en consonancia, efectivamente, con el GPA, aunque el sector privado está excluido del GPA. ¿Espera la Comisión que las empresas lleven dos sistemas, uno para las transacciones internas y otro para las externas, aumentándose con ello los costes?
Nos han dicho que la Comisión tiene la obligación legal de seguir adelante con la legislación. No sabemos si es cierto. No hay ninguna prueba de que esto se haya expuesto a la comisión parlamentaria pese a las reiteradas peticiones por nuestra parte. En el Parlamento debemos ser prudentes. Estamos tratando de cuestiones que quizá sean sencillas sobre el papel, pero que tienen gran trascendencia para los puestos de trabajo. Lo que realmente necesitamos es tiempo. Hay tiempo para que la directiva quede bien, porque no se ha de poner en práctica hasta 1998. Pediría a la Comisión que escuche las preocupaciones del Parlamento y de la industria y que tengamos una nueva directiva; después podremos hacer un informe, dar nuestra respuesta y aprobarla rápidamente en el Parlamento. La Comisión sabe lo que queremos y nosotros podremos actuar con equidad y eficacia, y lo más rápidamente posible, cuando nos llegue esa propuesta.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo seguirá al Sr. Langen, ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. En efecto, el Grupo por Europa no puede aceptar la manera en que la Comisión interpretó el contenido de los acuerdos del GATT. ¿De qué se trata, en el fondo?
Las negociaciones sobre la ampliación del Acuerdo sobre Contratación Pública del GATT, en 1980, concluyeron en diciembre de 1993, con el nuevo acuerdo del GATT sobre las contrataciones públicas que forman parte del nuevo acuerdo relativo a la Organización Mundial del Comercio. La transposición de este acuerdo reviste una importancia crucial para la competitividad de la economía europea. Esta comprobación se da especialmente en el ámbito de la directiva sobre los sectores específicos que dependen de las tecnologías de punta. En este contexto, la Comunidad Europea debe garantizar, especialmente cuando abre sus mercados, su porvenir económico preservando su condición de agente mundial, fuerte y competitivo.
Lo esencial, a mi juicio, es la preservación de una estricta reciprocidad, tal como nuestro Parlamento lo exigió ya para las relaciones económicas con los países terceros en su resolución sobre la Conferencia del G7 y, por tanto, una identificación clara de todas las especificaciones en las ofertas procedentes de países terceros que han suscrito el acuerdo sobre las contrataciones públicas.
Habida cuenta que rebasa, debido al régimen que prevé, el campo de aplicación del acuerdo, la propuesta que estamos examinando debe ser rechazada resueltamente. En efecto, la Comisión propone modificar la directiva 93/38/CEE, en el sentido en que todas las enmiendas propuestas, salvo las obligaciones estadísticas, se ampliarían a los servicios de investigación y desarrollo, a las entidades públicas y las entidades privadas que beneficien de derechos especiales y exclusivos como las concesiones, a todos los sectores abarcados por la directiva, incluidos los cuatro sectores mencionados: distribución de gas y energía térmica, extracción de petróleo y gas, transporte por ferrocarril no urbano y telecomunicaciones, que no están cubiertos por el acuerdo sobre la contratación pública.
Tal como ha sido propuesta, la transposición del acuerdo a través de una modificación de directivas existentes no permite percibir con claridad suficiente, en la práctica, cuáles son los ámbitos que quedan excluidos del campo de aplicación, ni qué disposiciones específicas se aplican a los contratos que puedan publicarse y adjudicarse conforme al acuerdo. Esto es lo que se puso claramente de manifiesto en la audiencia de las asociaciones y empresas europeas, organizada el 31 de octubre de 1995 por el Parlamento Europeo. Si quiere garantizarse un grado de precisión suficiente, cabe entonces completar la transposición del acuerdo mediante una directiva adicional que recogiera a la vez las excepciones y reglamentaciones especiales y las directivas existentes en materia de contratación pública.
En otros términos, es preciso saber que el texto de la directiva propuesto por la Comisión significaría conceder a los proveedores extranjeros -y en primer lugar a los americanos- un acceso total al mercado europeo, mientras que los proveedores europeos sólo podrían operar en el mercado público americano. Ahora bien, en los Estados Unidos, el mercado público sólo representa una parte esencialmente minoritaria del conjunto del mercado.
Por tanto, el Sr. Langen cuenta con nuestro apoyo en este asunto. Es preciso que el Sr. Monti revise su copia.

Hautala
Señor Presidente, constituye un hecho positivo que el Parlamento Europeo haya adoptado una postura seria y constructiva ante la voluntad del Parlamento Europeo de esclarecer más detalladamente el significado, en la práctica, de la entrada en vigor del acuerdo de la OMC. Por regla general, el problema reside en el hecho de que, cuando se decide dar rienda suelta a las fuerzas del mercado y liberalizar la economía, sus consecuencias no se dejan sentir necesariamente en el momento en que se toman las decisiones. Sin lugar a dudas, ya se ha ratificado el acuerdo sobre la OMC y, por lo tanto, una vez entrado éste en vigor, no existen motivos para albergar vanas esperanzas en torno a un proteccionismo como el que existía en el pasado, si bien, eso sí, deberemos prestar una gran atención a este tema. También el Grupo de los Verdes apoya plenamente las conclusiones del señor Langen, de acuerdo con el cual la Comisión debería presentar ante el Parlamento Europeo una nueva propuesta. Sería oportuno que el Comisario Monti aclarara en cierta medida, por ejemplo en el marco de este mismo debate, sobre qué bases está previsto que se prepare esta nueva propuesta. A este respecto, las cuestiones que más nos preocupan, al menos por lo que respecta a nuestro grupo, son dos: en primer lugar, cuáles serán los sectores que, a la postre, quedarán al margen de este acuerdo; en segundo lugar, qué problemas ocasionará la existencia simultánea de dos sistemas distintos, es decir, éste que ahora estamos sometiendo a debate y la directiva mediante la cual se han venido aplicando con anterioridad disposiciones análogas en el seno de la Unión Europea. Sin lugar a dudas, se trata de ingentes sumas de dinero, ya que en el marco de este acuerdo mundial se manejan anualmente alrededor de 350.000 millones de ecus. Si bien estas cifras ofrecen indudables posibilidades a la Unión Europea, es conveniente aplicar de manera firme el principio de reciprocidad, razón por la cual me muestro de acuerdo con el precedente orador, que ha expresado la necesidad de contar con un poco más de tiempo y de claridad.

Katiforis
Señor Presidente, Señorías, la principal observación que debo hacer a este Parlamento respecto al informe Langen se refiere a la necesidad de delimitar el ámbito jurídico que abarca la propuesta de la Comisión.
Se barajan aquí instrumentos jurídicos de dos naturalezas diferentes: por una parte, el Acuerdo Internacional sobre Contratación Pública y, por otra, las directivas comunitarias sobre este mismo tema. El Acuerdo Internacional regula, como es natural, las relaciones entre los Estados miembros de la Unión y los demás países.
Las directivas comunitarias se aplican a la legislación vigente en los Estados miembros. Estas directivas no pueden modificar la situación internacional para conceder a proveedores externos a la Unión derechos que perjudiquen a las empresas de suministros de los Estados miembros. Lo que la Comisión ha pretendido, muy acertadamente, con las directivas que ahora debatimos, ha sido adaptar el Derecho comunitario a los acuerdos internacionales y, sobre todo, velar por que las empresas de suministros de los Estados miembros disfruten al menos de los mismos derechos que garantiza el GATT a las empresas no europeas. El argumento de que empeora la situación de las empresas europeas no es correcto ni está bien planteado. El argumento de que los proveedores se han manifestado en contra de las propuestas de la Comisión no debe sorprendernos. ¿Qué esperábamos que dijera este sector?
Señor Presidente, es sabido que el sector de los contratos de obras y suministros públicos adolece de problemas especiales en muchos países. La corrupción está profundamente arraigada en este sector; baste recordar la «Tangentópolis» en Italia o cómo hace 15 días los titulares del Finantial Times se hacían eco de la detención de quince altos funcionarios alemanes que, en combinación con varios empresarios, habían estafado al erario público alemán dinero destinado a la construcción del segundo terminal aéreo del aeropuerto de Frankfort. Estas cosas ocurren en toda Europa, y precisamente en Bélgica se suicidó hace tiempo un militar por un asunto parecido.
Es encomiable la voluntad de la Comisión de endurecer la situación. Sin embargo, parece obvio que en esta ocasión su propuesta no resultará aprobada, porque esto es lo que proponen los dos sectores principales de este Parlamento. Pero la Comisión debe saber que al menos muchos de nosotros consideramos que su propuesta es excelente y merece nuestro apoyo.

Monti
Señor Presidente, Señorías, antes que nada deseo dar las gracias al ponente Sr. Langen y recordar el contexto en el que estamos actuando. El Acuerdo sobre Contratación Pública (GPA) forma parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario tras la decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1994, que aprobó los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación de la Ronda Uruguay. En consecuencia, el GPA entró en vigor en la Comunidad el 1 de enero de 1996, tal como prevé el artículo XXIV. Su aplicación en la Comunidad no requiere de por sí ninguna medida de transposición.
Sin embargo, la Comisión propuso una serie de modificaciones de la directiva a fin de evitar cualquier discriminación en perjuicio de las empresas comunitarias, otorgarles las mismas ventajas que gozan las empresas de terceros países gracias al GPA y garantizar la coherencia entre los dos regímenes jurídicos, simplificando así su efectiva aplicación. Hay que apuntar que dichas modificaciones no implican una apertura unilateral de los contratos comunitarios a las empresas de terceros países. El GPA regula las relaciones entre la Comunidad y los terceros países y, por ello, el propio GPA establece y define los derechos de los que se benefician las empresas de terceros países para participar en los contratos comunitarios. Las directivas comunitarias, por el contrario, enmendadas o no, regulan exclusivamente las relaciones intracomunitarias, es decir, las que mantienen las entidades contratantes y las empresas comunitarias. Las mismas, por lo tanto, no establecen derechos en favor de las empresas de terceros países.
Con su propuesta la Comisión se plantea el objetivo de garantizar a las empresas comunitarias un tratamiento igual al de las empresas de terceros países. A parte de algunas modificaciones rigurosamente técnicas y de escasa importancia, la Comisión se limitó a proponer la modificación de las directivas sólo en el caso de que fuera necesario, a fin de evitar discriminaciones en perjuicio de las empresas comunitarias. En el contexto actual, las empresas comunitarias, aún cuando participan con empresas de terceros países en el mismo procedimiento de contratación, no gozan de los mismos derechos y ventajas que gozan las empresas de terceros países signatarios del GPA desde el 1 de enero de 1996. Las empresas comunitarias no tienen el derecho de conocer, en caso de rechazo de su oferta, los motivos de la decisión, así como las informaciones sobre las características y ventajas de la oferta seleccionada; no tienen derecho a acceder libremente a los sistemas de clasificación; no tienen derecho al mismo tratamiento en materia de diálogo técnico; no tienen las ventajas relativas a las formas de presentación de las ofertas; no tienen las ventajas derivadas de las informaciones adicionales que deben figurar en los anuncios periódicos; no tienen las ventajas relativas a las condiciones aplicables en los procedimientos restringidos o negociados.
Por las razones mencionadas por el Sr. Katiforis, quizás no afloraron todas estas cuestiones en las audiciones llevadas a cabo. En este momento, las empresas comunitarias no gozan de estos derechos y ventajas. Por consiguiente, las consecuencias negativas que se derivan para las empresas comunitarias son evidentes y graves. Habida cuenta de esto, siento que los esfuerzos llevados a cabo para hallar un compromiso con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios no hayan logrado un informe que hoy nos permita debatir el fondo de las propuestas y las posibles enmiendas específicas. Está claro que es necesario modificar cuanto antes la directiva a fin de restablecer a la mayor brevedad un level playing field entre las empresas de terceros países y las empresas europeas. Éstas son, por lo tanto, las razones fundamentales por las que la Comisión está convencida de que es necesario modificar la directiva.
A lo largo de los debates se expresaron también otras preocupaciones. Tal como ya manifesté, y como el Sr. Langen reconoció amablemente, la Comisión tiene la intención de tener en cuenta estas preocupaciones y, a este fin, ya formulé las propuestas de modificación específicas ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Por consiguiente, puedo confirmar que la Comisión se propone presentar una propuesta modificada con arreglo a las indicaciones expresadas entonces. Concretamente, se trata de aclarar más todavía, si cabe, que no es en virtud de la propuesta objeto de examen que las empresas de terceros países tendrán acceso a los contratos públicos de la Comunidad; volver a formular el texto de la disposición relativa al diálogo técnico para hacerla más flexible; volver a estudiar algunas enmiendas para limitarlas lo más posible al ámbito de aplicación del GPA.
En conclusión, puedo resumir mi posición diciendo que es mi intención presentar una propuesta modificada de directiva que tenga en cuenta las preocupaciones manifestadas durante el debate en el seno de la comisión parlamentaria. Confío en que de esta forma se pueda llegar cuanto antes a un entente con el Parlamento y obtener un resultado -creo que todos lo desean- que restablezca el level playing field entre las empresas de terceros países y las empresas europeas en un contexto de seguridad jurídica adecuado.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Productos vitivinícolas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0210/96) de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, respecto de la posición común aprobada por el Consejo (C4-0288/96-95/0287(COD)) con vistas a la adopción del reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 1601/91 por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas (Ponente: Sr. P. Martin).

Martin, Philippe-Armand
Señor Presidente, Señorías, me limitaré a recordar que las tres enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 14 de marzo de 1996, han sido incorporadas en la posición común adoptada por el Consejo el 29 de abril de 1996.
No obstante, cabe señalar que esta posición común incorpora nuevos elementos relativos al Reglamento 1601/91, especialmente la enmienda de la letra (i), del punto 1 del artículo 1 relativo al primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 2, del Reglamento (CEE) nº 1601/91, que consistía en modificar la forma con el fin de que la nueva redacción del primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 pueda mantener la coherencia de conjunto y no haya ninguna anomalía jurídica perjudicial. Por tanto, la posición común, adoptada por el Consejo el 29 de abril de 1996, integra esta enmienda en su nueva formulación.
La enmienda de la letra i) del punto 1 del artículo 1 relativa al penúltimo párrafo de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 se ha incorporado en su totalidad a la propuesta común. Por tanto, se han tomado en consideración los argumentos propuestos por el Parlamento.
La enmienda del punto 3 del artículo 1 relativo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento nº 1601/91 se ha incorporado, en gran parte, en la nueva redacción de la posición común. Voy a recordar que esas modificaciones comportan tres partes diferentes: la sustitución de «productos intermediarios» por «productos en curso de elaboración», la sustitución de «se podrán determinar» por «estarán determinados» y la supresión de la frase «los Estados podrán aplicar reglas específicas en este ámbito en la medida en que estas reglas sean compatibles con el derecho comunitario». Esta modificación es importante ya que su formulación podía dar a entender que cada Estado miembro podía elaborar su propia legislación en cuanto a las prácticas y tratamientos enológicos. Eso podría haber dado lugar a extrapolaciones indeseables y a una distorsión tecnológica puesto que no todos los Estados miembros cuentan con una tradición en materia vitivinícola.
Hubo otras modificaciones, especialmente las relativas a la definición del «glühwein», que refuerza, como lo deseábamos, el aspecto de producto tradicional, tal como lo defendimos durante la primera lectura.
Las demás modificaciones se refieren principalmente a la versión italiana de los apartados 2 y 5 del artículo 2 del Reglamento nº 1601/91 y consisten en la adición de sinónimos de algunas denominaciones y menciones. Por tanto, se deben aceptar estas modificaciones en su estado actual.
En lo que respecta la definición del «Kalte Ente», la supresión de la referencia al sabor a limón permite responder a la realidad del mercado y de las empresas interesadas. Se debe, por tanto, aceptar esta modificación tal cual.
Como conclusión, la posición común incorpora las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, desarrolla la noción de producto tradicional, tal como se define en la exposición de motivos y en los debates que tuvieron lugar en el Pleno del 13 de marzo de 1996.

Lulling
Señor Presidente, por una vez, podemos aprobar de buena gana la posición común del Consejo, porque en esta posición común se integraron las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura y felicitamos al Consejo por esta decisión tan sabia.
En efecto, el Consejo ha entendido nuestra preocupación de desarrollar la noción de producto tradicional, lo que, en este ámbito como en otros, reviste una importancia capital para garantizar a nuestros productos de calidad buenos la confianza de los consumidores.
En lo que se refiere al vino, aromatizado o no, esperamos que los consumidores serán cada vez más numerosos en todos los Estados miembros en consumir, para cuidar su salud, los productos vitivinícolas de los que sabemos que, consumidos con moderación, poseen numerosas propiedades fisiológicas y organolépticas que se pueden resumir así: el vino es un alimento, es tónico, es un equilibrante nervioso, un digestivo, un diurético, un remineralizante, un bactericida, un antialérgico. Se dan cuenta cuán importante es decir, también en esta ocasión, que es preciso estimular el consumo de vino en nuestros Estados miembros.
Estoy especialmente satisfecha porque el Consejo se adhirió a nuestro punto de vista en lo que se refiere a la definición de «Glühwein», que sólo debe venderse con agua cuando se vende en botella ya preparada con las especies, el azúcar, etc. Debo decir que me sorprendió un poco enterarme de que el «Glühwein» se ofrece así ya preparado al consumidor, con todos esos ingredientes y que basta sencillamente con calentarlo, cuando, hasta ahora, sólo lo había conocido y consumido recién preparado y según las buenas recetas de nuestras abuelas. Puesto que así son las cosas, evidentemente cabe incluir en las reglamentaciones comunitarias una definición del «Glühwein» para evitar que los que lo fabrican vendan al consumidor agua en lugar de vino.
Quisiera, por tanto, felicitar a nuestro ponente, el Sr. Martin, por haber conducido la barca hasta tan buen puerto en esta materia. Ya que el Comisario nos hace el honor de estar presente, no puedo, sin embargo, dejar de aprovechar esta ocasión para lamentar que el Consejo todavía no haya adoptado su posición común sobre la reforma de la organización común del mercado vitivinícola, que tratamos aquí en primera lectura hace 14 meses. Espero que la Presidencia irlandesa logrará finalmente ofrecernos una posición común, lo que los franceses, los españoles y los italianos, los más grandes productores de vino de la Comunidad, no fueron capaces de hacer cuando tuvieron la Presidencia.

Cunha
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quería comenzar felicitando muy sinceramente a nuestro colega Philippe-Armand Martin por el magnífico trabajo que ha hecho con este informe, como, por lo demás, ha hecho con otros informes, siempre que se celebran debates sobre el vino. En nuestra Comisión de Agricultura, el Sr. Philippe Martin es el que se ocupa de ese asunto y, de hecho, es una autoridad en esa materia. Una vez más ha demostrado su autoridad, entre otras cosas porque sus recomendaciones y propuestas, que nosotros aprobamos en la Comisión de Agricultura, fueron aprobadas íntegramente por el Consejo. Y, por eso, no resulta difícil apoyar esta posición común, dado que está llena de sentido común.
Creo que los cocktails a base de vino y los aromatizados a partir de vino son productos que reconocemos como tradicionales en algunos mercados y para los consumidores. Creo que este debate es en sí mismo positivo, dado que estamos hablando de productos que garantizan la salida al vino y lo valorizan mediante los diversos productos derivados. Todo eso es importante, siempre que queden claras las reglas del juego en materia de claridad y disciplina.
Quisiera terminar esta intervención mía repitiendo lo que dije a la Sra. Lulling. Quisiera recordar al Comisario que hace tres años precisamente la Comisión -y entonces usted no era todavía Comisario, lo era su antecesor René Steichen- presentó un documento de trabajo, de reflexión, sobre la organización común del mercado del vino. Hace dos años apareció la propuesta correspondiente de la Comisión. Entretanto, el Parlamento Europeo, hace un año y medio, aprobó una propuesta de transacción, una opinión muy interesante, pero no se ha vuelto a oír hablar de ella. Pregunto al Comisario: ¿en qué cajón está la OCM del vino? Estaría bien que la examináramos.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, tratese del sector vitivinícola en particular, o de la agricultura, en general, me he dedicado a la defensa de los terruños y las tradiciones, sin por ello caer en la trampa de la reglamentación social, incluso de la regresión económica.
Como lo subrayó la Sra. Lulling hace un momento, hay que alegrarse de que las enmiendas incorporadas en el informe del Sr. Martin por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural hayan sido retomadas en la posición común.
En lo que respecta a los vinos aromatizados, como por ejemplo los Glühweine , para los que se suprime la posibilidad de añadir agua en el vino, pudieron tomarse en cuenta las principales demandas, en lo que se refiere, especialmente, a la tasa mínima de vino del 75 %, la utilización de los mostos de uva y una clasificación así como una definición más clara de los productos. Pienso especialmente en Fernet Branca .
En nombre de mi Grupo, insto a todos mis compañeros a adoptar esta posición común, reflejo de un consenso de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y que se sitúa efectivamente en la lógica del fortalecimiento de nuestra identidad agrícola europea.

Schreiner
Señor Presidente, también yo me permito felicitar cordialmente al ponente, Sr. Martin, por su informe. Sin embargo, he de hacer una consideración crítica en la segunda lectura de esta posición común.
Estamos hablando de vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. Todos implican la palabra «vino». El vino es, según todos los códigos vigentes en Europa sobre productos alimenticios, una bebida que se obtiene a partir de la fermentación de uva fresca. Hemos de tener presente que al utilizar la palabra vino para designar una mezcla, concretamente los vinos aromatizados, que contiene como máximo un 75 % de vino estamos aguando un poco este proceso natural, que la humanidad practica desde hace más de 5.500 años.
Creo que tenemos que responder en este ámbito con designaciones claras. El consumidor, cuando adquiere y consume este producto, ha de reconocer con claridad que se trata de una mezcla. Ha de poder confiar en que no se le está ofreciendo una falsificación.
Me sumo a la opinión de mi antecesor de que hemos de aprobar lo antes posible una organización común de mercado para el vino y de que hemos de encontrar una solución común. Creo que ésta es también una contribución importante para la confianza de los productores de vino y los consumidores, que tienen derecho a que en Europa se les sirva un buen producto.

Lindqvist
Señor Presidente, Suecia no es un país productor de vino, pero sí consume los vinos y otros tipos de bebidas de que trata el informe. El informe gira en torno a la definición, designación y presentación de los vinos aromatizados. La línea a que se ciñe es la del respeto por los métodos tradicionales y los productos tradicionales del modo como se los define en otros países miembros.
Mi intervención en este debate se centra precisamente en el respeto por los distintos patrones de consumo y de producción de los países miembros y por su política tradicional en materia de bebidas alcohólicas, ya que ambas cosas se complementan. Todo esto no es igual en el sur que en el norte de Europa. Si Suecia y otros países del norte respetan los métodos tradicionales de producción y definición de la zona vinícola, también se debería respetar nuestra política social relativa al alcohol y nuestra normativa más rigurosa tanto para la producción e importación como para el consumo y la venta de bebidas alcohólicas.
No creo que menoscabe el informe el hecho de que solicitemos un respeto por nuestra normativa más estricta en cuanto a la importación, que se basa en cuotas sobre las cantidades importadas, así como en cuanto a nuestras normas más duras en cuanto a la venta de vino, bebidas aromatizadas a base de vino y otros tipos de alcohol, así como en cuanto a la posibilidad de comercializar el alcohol a través de unos establecimientos especiales como los que tenemos en Suecia bajo el llamado Systembolag. Yo considero natural que se respete la producción vinícola y agrícola de otros países miembros, a condición de que estos últimos también respeten las condiciones en materia de política de salud, de producción y de consumo que tenemos en Suecia, entre otras cosas manteniendo las normas de excepción para la importación de vino y alcohol que tenemos actualmente. Esperamos que estas normas sigan siendo válidas en el futuro.
La mía ha sido, señor Presidente, una pequeña advertencia a la Comisión y al Consejo, y espero que tomen nota de las distintas normativas en cuanto a la producción y los distintos patrones de política en torno a la salud que existen en Europa y entre los países miembros de la UE, y que con ello permitan que este informe sea un informe de principio para las decisiones tradicionales que se adopten sobre normas de producción y de consumo de alcohol que deban aplicarse también a un país como Suecia.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, como ustedes recordarán, al considerar en primera lectura la propuesta de hoy pude aceptar todas las enmiendas presentadas. Seguramente, también saben que todas ellas han sido recogidas en la posición común del Consejo de 29 de abril de 1996. Por eso me alegra poder constatar hoy que también estamos de acuerdo en la segunda lectura.
La posición común del Consejo contiene pocos aspectos nuevos y aporta sólo modificaciones en la redacción. La conformidad de la Comisión con respecto a la posición común se comunicó al Parlamento el 23 de mayo. Me alegra contar para la segunda lectura con la inalterada recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de su ponente, el Sr. Martin, lo que debe permitir que el Consejo acepte sin demora la propuesta.
Para finalizar, agradezco ante todo al Sr. Martin, pero también a la comisión, el trabajo realizado, que ha permitido encontrar una solución.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Asistencia en tierra en los aeropuertos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0229/96) de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la posición común aprobada por el Consejo (C4-0220/96-94/0325(SYN)) con vistas a la adopción de una directiva del Consejo relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (Ponente: Sr. Seal).

Seal
Señor Presidente, quiero comenzar diciendo, como ponente, que es inaceptable que a uno se le diga el viernes anterior a que dé comienzo el período parcial de sesiones que en realidad se ha modificado la programación de este punto y se ha adelantado un día. No es sólo por los inconvenientes que a mí me ha causado, sino que además había muchas personas interesadas en este debate concreto y que habían hecho planes para estar aquí mañana. Me parece muy poco profesional por parte del Parlamento hacer modificaciones del orden del día en el último minuto, cuando la gente no se entera y no puede cambiar sus planes.
Dicho esto, he de decir que estoy profundamente desilusionado, como ponente, por tener que recomendar al Parlamento que rechace la posición común. Los miembros de la Comisión de Transportes y Turismo queríamos tener una actitud positiva hacia este proyecto de directiva. Queríamos mejorar el servicio que se ofrece en los aeropuertos a los pasajeros, a las líneas aéreas, a todo el mundo relacionado con los aeropuertos. Queríamos aumentar las posibilidades de elección. No estamos contra la liberalización. Lo que queríamos era más posibilidades de elección, pero unas posibilidades que mantuvieran los niveles de seguridad y protección de los pasajeros. Ninguna persona de la comisión parlamentaria estaba a favor de una desregulación absoluta con pase gratuito para todos. Por ello nos pareció que la propuesta de directiva de la Comisión sobre asistencia en tierra se quedaba realmente muy corta. No pareció que era incompleta. Nos pareció que no había evolucionado a partir del diálogo con las partes interesadas. De hecho, el diálogo con las partes interesadas había sido insignificante, según descubrí cuando empecé a reunirme con ellas en mi calidad de ponente.
Querría felicitar a los miembros de la Comisión de Transportes que trabajaron en el informe. Trabajaron mucho para modificar la propuesta de directiva; para convertirla en algo que fuera aceptable, y algo que funcionara. Dedicamos a ello mucho tiempo. Como ponente, yo estaba muy orgulloso del resultado. La propuesta de directiva modificada fue aceptada entonces por todas las partes: las líneas aéreas, los aeropuertos, los servicios independientes de asistencia en tierra, los sindicatos. A todo el mundo le parecía que la directiva modificada ya era aceptable.
Así pues, ¿qué sucedió con el Consejo? El Consejo aplicó entonces un enfoque que me temo se está haciendo demasiado común. No sólo rechazó casi todas nuestras enmiendas, sino que la postura que adoptó hacia el Parlamento se parecía mucho a «lo tomas o lo dejas»: una postura muy despótica que ha utilizado también en las redes transeuropeas y que pretende utilizar en relación con el medio ambiente. No hubo diálogo. Desde luego, aunque éste es un procedimiento de cooperación, el Consejo no admitió tan siquiera conversaciones informales con el Parlamento.
¿Qué tenemos entonces? Por los motivos expuestos tenemos una posición común que es totalmente inaceptable. Es totalmente inaceptable para todo el mundo, incluso para el Sr. Jarzembowski, que parece haber dado un giro de 180 grados en el último momento. Déjeme que le indique, Sr. Jarzembowski, que, al igual que todos los demás, los servicios independientes de asistencia en tierra la encuentran inaceptable. Quieren que se rechace. No quieren un cambio tipo «Big Bang» ni quieren que se abandonen los contratos actuales, pero eso es lo que dice la posición común. Las líneas aéreas no están contentas. Quieren que se rechace. Incluso en el Reino Unido, para mi sorpresa, tanto British Airways como British Midland opinan que esta posición común debería rechazarse y han pedido a los diputados que lo hagan. Los aeropuertos no están contentos con la posición común. Ésta no sólo les quita gran parte de su autoridad, sino que no les dejará gestionarse en la forma en que necesitan gestionarse como aeropuertos. Me temo que, sin embargo, les preocupa que la Comisión adopte una postura mucho más dura si esta posición común es rechazada. Espero sin duda -y digo esto al Comisario que acaba de llegar- que no intenten eludir al Parlamento si la posición común es rechazada.
Por último, en lo que respecta a los trabajadores, éstos están muy descontentos con nuestra posición común. También piensan que el Parlamento debería rechazarla. El Comité de Usuarios ha quedado mutilado y en general se ha hecho caso omiso de las garantías sociales que el Parlamento consideraba muy importante que se insertaran en el proyecto de directiva.
Déjenme decir además que los clientes no están contentos. Estoy convencido de que, si supieran algo del compromiso sobre seguridad y protección, estarían más que descontentos. También en el Parlamento deberíamos estar muy descontentos no sólo porque no hubo ninguna conversación formal, sino además porque, en lo que respecta al Consejo, intenta eludir al Parlamento y establecer un órgano consultivo completamente diferente. Está entrando en el terreno de la comitología y eso es algo que desde luego no podemos permitir.
Pienso que el Parlamento está deseando que haya más competencia, deseando abrir las posibilidades de elección. Pero no está dispuesto a tolerar este enfoque inaceptable que nos ha propuesto el Consejo. Insto al Parlamento a rechazar la posición común.

Simpson
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, este asunto de los servicios de asistencia en tierra ha sido una epopeya interminable que, de hecho, iniciaron las propias líneas aéreas. Cuando el comité de expertos hizo su informe, sólo fue un informe por mayoría. Faltó en él la unanimidad.
Me hago cargo de la dificultad para el Comisario, porque es un tema que ha heredado más que instigado, pero he de apoyar la opinión del ponente de que hay algo que falla profundamente en la posición que ha aprobado el Consejo de Ministros.
El PSE no pone objeciones a que exista competencia en los aeropuertos en el área de la asistencia en tierra, ni se opone a la liberalización sólo porque sí. Pero creemos que donde hay liberalización hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta. En este área concreta de la asistencia en tierra, al decidir sobre cualquier legislación debe darse la máxima importancia a los aeropuertos de las zonas periféricas, los aeropuertos con tráfico estacional y las consecuencias sociales para los puestos de trabajo y las condiciones de los servicios y de la seguridad.
El Parlamento reconoció estos problemas en la primera lectura y enmendó la propuesta en consonancia, sobre todo en el ámbito de la protección social. Sin embargo, el Consejo prefirió pasar por alto la opinión del Parlamento y acordó una posición común que es inaceptable y que le pasa como a la comida del perro: es muy difícil encontrar a alguien a quien verdaderamente le guste o que esté de acuerdo con ella, con la excepción del grupo de enfrente. Incluso algunos Estados miembros, a quienes pertenece la posición común, han tenido el valor de acercarse a los diputados por ver si podían deslizar enmiendas para mejorarla.
¿Qué tenemos entonces con esta posición común? Tenemos algo que no agrada a los aeropuertos; tenemos algo, como ha mencionado el ponente, que no agrada a las líneas aéreas -y no olvidemos que son ellas las que iniciaron todo el proceso-; tenemos algo que no agrada a los servicios de reabastecimiento de combustible y a los servicios de asistencia en tierra; tenemos algo que no agrada a los sindicatos y tenemos algo que no agrada a algunos Estados miembros.
En estas circunstancias, es obligado plantearse una pregunta: si hay tanta gente a la que no agrada esta posición común en concreto sobre asistencia en tierra, ¿por qué, como partido, tendríamos que votarla?. A mi grupo le parece que sólo está abierta una vía posible de actuación, que es la del rechazo. Recuerdo que, siendo profesor, si un niño hacía un trabajo que estaba mal de arriba a abajo, que era inadecuado o que no se correspondía con lo que tenía que hacer, se le intentaba ayudar y se le ayudaba, pero al final se ponía «Empieza otra vez e intenta responder a la pregunta». Estas son palabras, en mi opinión, que deberían ponerse al final de la posición común del Consejo. Mi grupo apoya la recomendación de rechazo que ha presentado la Comisión de Transportes y Turismo a través de su ponente.

Jarzembowski
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, creo que esta vez debe usted hablar con sus laboristas británicos. Sólo puedo constatar que, en consonancia con los esfuerzos unánimes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, la posición común del Consejo propone una apertura prudente, en algunos casos limitada, del acceso al mercado de la asistencia en tierra en los aeropuertos. Concretamente, en lo que respecta a la autoasistencia a partir de 1998, y en lo que respecta a la asistencia por terceros a partir de 1999 (esta última con disposiciones transitorias hasta el año 2002). Brian y Barry, no puedo entenderos. Por supuesto que me he encontrado con el mismo problema: los aeropuertos no estaban muy satisfechos y las compañías aéreas tampoco. Pero todos han dicho que es mejor contar con una regulación que carecer de ella. Por eso sólo puedo decir que la realidad se os escapa. Si no hubiera ninguna directiva común, tanto los aeropuertos como las compañías aéreas quedarían en cierta medida a la merced de mi amigo van Miert y de sus colaboradores, ya que no existirían más que demandas individuales según los artículos 85 y 86. Por esta razón apoyo la solicitud que hace el Comisario Kinnock de una normativa legal básica para que los aeropuertos y las compañías aéreas puedan ajustarse a ella teniendo una idea de cuáles van a ser las disposiciones jurídicas de los próximos años y para que puedan planificar con seguridad. Y lo mismo vale para los trabajadores, querido Brian, querido Barry. Los trabajadores deben saber en qué dirección viaja el tren.
Los cristianodemócratas apoyamos la liberalización de la asistencia en tierra. Señor Comisario, quizá pueda usted organizar otro seminario restringido para sus diputados laboristas. Quisiera señalar que, a mi juicio, la liberalización que propone en este momento el Consejo es un compromiso equilibrado entre objetivos que en parte se complementan y en parte se excluyen. Entre otras cosas, se trata de aprovechar de forma efectiva la infraestructura del tráfico aéreo por la vía de la competencia y no de las estructuras monopolísticas, de conseguir una dirección eficaz y económica de las respectivas empresas de aeropuertos, en caso necesario (en esto soy de la misma opinión que el diputado de la Comisión de Asuntos Sociales, Thomas Mann, con condiciones sociales de adaptación pactadas. Se trata también de ofrecer posibilidades justas de acceso al mercado a nuevos servicios de asistencia en tierra y, sobre todo, de que las compañías aéreas tengan la posibilidad de elegir si quieren prestar ellas mismas tales servicios, si éstos siguen siendo prestados como hasta ahora por los aeropuertos o si son preferibles unos servicios independientes. En última instancia, se trata de alcanzar un alto nivel de seguridad en los aeropuertos y tengo la impresión, Barry y Brian, de que os olvidáis de que está en juego el mejor servicio para los usuarios. Los aeropuertos no son para las compañías aéreas, sino para los usuarios. Y por ello hemos de esforzarnos en conseguir una liberalización razonable.
Por descontado que hay una serie de puntos con los que no estamos enteramente satisfechos. Espero que la Comisión acepte nuestras enmiendas en la votación de mañana. Por ejemplo, la Comisión de Asuntos Económicos pide que en las circunstancias excepcionales del artículo 9 se incluya preventivamente un elemento discrecional separado, que las empresas de los aeropuertos puedan probar y así lo hagan que la ampliación del aeropuerto no es posible por motivos pertinentes, objetivos y transparentes. En mi opinión, las grandes compañías aéreas no pueden ser objeto de discriminación al elegir a los prestadores del servicio; han de gozar también de oportunidades justas de acceder al mercado. Además, y en esto soy de tu misma opinión, Barry, se ha de dejar claro que la directiva de liberalización no puede conducir a nuevas restricciones del mercado ni ser utilizada en contra de los contratos existentes.
Señoras y señores, Señorías, señor Comisario, señor Presidente, creo que estamos ante un compromiso en cierta medida equilibrado. Cuando todos tienen algo que objetar y ninguno está insatisfecho, es signo de que estamos ante un buen compromiso y de que hemos de aprobarlo.

Donnay
Señor Presidente, Señorías, mañana, al adoptar con las enmiendas la posición común propuesta por el Consejo, o rechazándola, nuestro Parlamento tendrá la elección entre asumir sus responsabilidades políticas o, una vez más, descreditarse.
Lo que pone en juego esta propuesta de directiva sobre la asistencia en tierra es importante. Todos estamos de acuerdo en que el texto de esta posición común es poco satisfactorio, ya que compartimos la misma preocupación por garantizar la mayor seguridad posible y el mejor servicio, respetando al mismo tiempo los imperativos sociales.
Yo mismo propuse, en primera lectura, un determinado número de enmiendas que expresaban estas preocupaciones y lamento, como todos mis compañeros, que el Consejo haya aceptado un número tan reducido de estas enmiendas, sin embargo, fundamentales, que habíamos adoptado. La opción ante la que nos vemos confrontados es simple. Primera opción, adoptamos una propuesta de principio, es decir que hacemos notar el descontento del Parlamento rechazando la posición común. En ese caso, es preciso medir las consecuencias de nuestros actos. Si no hay unanimidad en el Consejo, será preciso recomenzar todo el proceso desde el principio, lo que tomará varios meses, incluso varios años. Habrá, como consecuencia, un vacío jurídico.
Bien lo saben ustedes, Señorías, la naturaleza tiene horror del vacío. Como consecuencia, asistiremos a múltiples contenciosos jurídicos largos y complejos. Tampoco olvidemos que en la ausencia de directiva, la Comisión Ejecutiva recuperaría toda la libertad de juicio y reglamentación en virtud del apartado 3 del artículo 90 de los Tratados. Es preciso pesar todas las consecuencias.
Segunda opción, enmendamos la posición común. El Parlamento demostrará con ello un espíritu crítico constructivo defendiendo los puntos esenciales insuficientemente tomados en cuenta en la posición común.
Por mi parte, prefiero esta segunda opción. Por ello, votaré contra el rechazo de la posición común y en favor de las enmiendas pidiendo una mayor seguridad, una mejor calidad del servicio y la preservación del imperativo social.

Wijsenbeek
Señor Presidente, quiero felicitar a la Comisión. En sí está claro: cuando nadie está satisfecho, está claro, entonces se alcanza un compromiso del cual se podría decir que satisface a todo el mundo, pero que no satisface a nadie. Se ha presentado un gran número de enmiendas. En sí es significativo e implica que, si se decide por mayoría de un voto en la comisión rechazar la posición común, de hecho se lucha desde una posición perdida. Me parece una tarea sumamente peligrosa con respecto a la dignidad y la posición del Parlamento.
Mi Grupo no apoyará de ningún modo este rechazo y tampoco lo ha hecho en la comisión. El Grupo del Sr. Donnay no lo hará, el Grupo del Sr. Jarzembowski tampoco lo hará, y esto significa simplemente que no habrá rechazo. Ello no implica que el actual compromiso sea ejemplar, y quisiera que el Comisario me dijera, ahora que ha oído sobre todo desde la izquierda y también desde la derecha todas las objeciones presentadas, las objeciones desde el terreno, si está dispuesto a reconsiderar la cuestión para mejorarla, pues pienso también - y el Comisario lo sabe- que en realidad los ministros tampoco estaban satisfechos. Por consiguiente, apelo al derecho de iniciativa de la Comisión y quiero recomendar al Parlamento que, sea como fuere, no rechace la posición común, pues más vale algo que nada.

Moreau
Señor Presidente, la directiva sobre la asistencia en tierra en los aeropuertos, propuesta en segunda lectura, no toma en cuenta las principales enmiendas adoptadas en primera lectura por el Parlamento Europeo. Esta directiva está destinada a desregular este sector de actividad para librarlo a la libre competencia. Con ello se abrirían las actividades aeroportuarias a agentes externos, a los que no se les pide ninguna garantía.
Algunas compañías estadounidenses, esencialmente motivadas por la contabilidad financiera, multiplican las presiones en todas las instancias en favor de la adopción de esta directiva. Tuve la ocasión, durante nuestro debate de noviembre de 1995, de hacer hincapié en la gravedad de las consecuencias económicas y sociales de esta directiva, consecuencias que de ninguna manera fueron evaluadas por la Comisión y que tratan sobre el empleo, la flexibilidad, una mayor precariedad del empleo, la puesta en tela de juicio del servicio público, el desmantelamiento de los estatutos del personal, el desarrollo de la subcontratación y el estímulo del dumping social.
Inaceptables desde el punto de vista social, esas consecuencias no pueden dejar de tener repercusiones sobre ese aspecto esencial del transporte aéreo: la seguridad. La posición común adoptada por el Consejo tampoco tuvo en cuenta los análisis y las propuestas de las organizaciones sindicales, que en este caso se constituyeron en un frente unido. ¡Qué desprecio ante las aspiraciones de los ciudadanos y las reglas más elementales de la democracia! ¡Esta es la cara oculta de tantos discursos sobre la Europa social!
La Comisión de Transportes y Turismo se pronunció -me felicito por ello, ya que contribuimos con ella- en favor del rechazo por el Parlamento de la posición común del Consejo. Este rechazo debe confirmarse en el Pleno, para enviar una señal clara al Consejo y a la Comisión: »su proyecto es inaceptable, es preciso modificarlo profundamente».
Primeramente, todo proyecto nuevo debe elaborarse tomando en cuenta la opinión de los sindicatos. Debe proceder a la evaluación del coste y de las consecuencias sociales de la aplicación de la directiva, tal como la Comisión se comprometió a hacerlo ante nuestra Asamblea. Han de incluirse medios eficaces de lucha contra la competencia desleal y contra el dumping social en este proyecto, así como el respeto de las misiones de servicio público, la mejora de la seguridad y la garantía de las conquistas sociales.
Por tanto, el Parlamento se honraría rechazando esta directiva negativa y favoreciendo la elaboración de un proyecto que responda a los intereses comunes de los usuarios, que quieren transportes aéreos seguros y fiables en todos los ámbitos, y del personal, que rechaza legítimamente la deterioración de sus condiciones de trabajo y de vida, ¡en el umbral del siglo XXI!

Sánchez García
Señor Presidente, Señorías, el informe Seal refleja una vez más el interés de este Parlamento por las cuestiones de transporte. La votación, en la última reunión de la Comisión de Transportes y Turismo, vino a confirmarlo. Todos los Grupos políticos movieron sus peones, sus ejércitos, tanto de diputados como de funcionarios, en un lobby inusual. En aquella ocasión defendimos, en el Grupo ARE, la abstención porque creíamos que era muy fuerte y duro, en términos políticos, rechazar la posición común del Consejo sin haber votado las enmiendas presentadas por los distintos Grupos.
Hoy, el Grupo ARE ha debatido este informe y ha llegado a las siguientes conclusiones:
En primer lugar, lamentar que una serie de enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura, especialmente las de mayor contenido social, no hayan sido aceptadas por el Consejo, por lo que denunciamos su actitud rodeada de cierta insensibilidad social, quizás derivada, a su vez, de un excesivo afán liberalizador al tratar del paquete de medidas en el sector del transporte aéreo.
En segundo lugar, habríamos preferido apoyar la posición común, siempre y cuando hubiese incorporado nuestras dos enmiendas referidas a los artículos 4 y 5, que tratan respectivamente de la separación de cuentas en la gestión de los aeropuertos y del comité de usuarios de los mismos.
Ante esta situación tan radical, no queda más remedio que anunciar nuestro rechazo a la posición común del Consejo. Sin embargo, quedamos a la espera de los acontecimientos políticos que pudieran suceder de aquí a la hora de la votación.

Van der Waal
Señor Presidente, consideramos que la posición común del Consejo no es en absoluto ideal. Pero esto no es para nosotros razón suficiente para rechazarla, como aconseja el ponente, el Sr. Seal, en nombre de una mayoría de la Comisión de Transportes. La actual situación con relación con la asistencia en tierra no responde a las exigencias del mercado interior y no permite a las compañías aéreas recibir unos servicios que satisfagan sus necesidades a cambio de un precio razonable. Si se rechaza la posición común, esta situación indeseable perdurará. En las querellas entre los aeropuertos y las compañías aéreas, el juez tendrá que pronunciarse en cada caso, lo cual supondrá una falta de coherencia y la ausencia de una línea de conducta clara.
La posición común incluye varias deficiencias. Me refiero concretamente a la posibilidad de que las compañías aéreas queden completamente excluidas del mercado de la asistencia en tierra. Pero también hay diversos elementos en los que el Consejo ha satisfecho al Parlamento, como la protección de los derechos de los trabajadores y la liberalización muy cautelosa, además, con algunas medidas de excepción.
Resumiendo, se trata de un pequeño paso cauteloso en la buena dirección. La posición común puede mejorarse aún más aprobando algunas enmiendas. Sólo quien no quiera que se produzcan cambios tiene razones para rechazar la posición común.

Belleré
Señor Presidente, la posición común aprobada por el Consejo y referente al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad corre el riesgo de no ser aceptada. El Sr. Seal hizo bien en intentar que se entendiera que dicha posición no había agradado a nadie, a pesar de la importancia que reviste la problemática por el interés de algunos de sus aspectos. No agradó a varias comisiones, en primer lugar, a la Comisión de Transportes, competente para el fondo, y a la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, competentes para opinión. En cierto modo coincido con el Sr. Seal. La posición común de la Comisión no es aceptable para la Comisión de Transportes y Turismo que llevó a cabo un buen trabajo, mientras que el Consejo no prestó suficiente atención a los deseos del Parlamento Europeo. En efecto, el Parlamento Europeo intentó mejorar la propuesta de directiva presentando un gran número de enmiendas que, sin embargo, no fueron acogidas por el Consejo en su mayor parte.
La Comisión debe tener debidamente en cuenta la función de las líneas aéreas en los servicios de asistencia en tierra y reconocer al Parlamento Europeo la atención demostrada en materia de problemas sociales que tienen que ser objeto de defensa, sobre todo por lo que se refiere a los servicios de asistencia.
La posición común que es totalmente inaceptable, debe ser modificada y deben ser acogidas algunas enmiendas. Por consiguiente, el Parlamento deberá manifestarse en lo referente a algunos aspectos en sesión plenaria.

Lüttge
Señor Presidente, Señorías, una vez más comprobamos cómo, so pretexto de una liberalización completa y global presuntamente necesaria, se ponen en cuestión estructuras sociales y económicas importantes en aeropuertos que funcionan de manera excelente. Y todo ello en detrimento de los trabajadores y también de las empresas.
Además, hay que añadir varios elementos negativos por lo que respecta al procedimiento. Que el Consejo no esté dispuesto ni siquiera a debatir informalmente las mejoras que el Parlamento ha pedido por abrumadora mayoría constituye una desconsideración hacia éste ante la que sólo cabe constatar impotencia. La gran mayoría de las enmiendas presentadas por nosotros no ha sido aceptada y la misma suerte correrán seguramente las demás enmiendas si nuestra propuesta de rechazar la posición común no cuenta con la mayoría necesaria.
Se han producido mejoras y progresos en relación con la insuficiente propuesta inicial de la Comisión, pero siguen faltando elementos importantes. Se ha desatendido casi completamente el componente social pedido por el Parlamento y lo mismo ha sucedido con las enmiendas que se orientaban más bien a hacer factible la directiva. Por ello, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos pide que se limite el número de operadores en una o varias categorías de servicios de asistencia en tierra en todos los aeropuertos o en parte de ellos, y que se aseguren a los aeropuertos la rentabilidad suficiente, la amortización de las inversiones necesarias y la fijación de unos planes de inversión cuando motivos pertinentes, objetivos y transparentes así lo requieran. Los aeropuertos han de poder dirigir también la administración técnica y operativa de la infraestructura. Pedimos, además, que se cree un Comité de Usuarios que cuente con representación de los trabajadores y pedimos asimismo una ampliación de la posición común que desarrolle el concepto profesional de asistente de avión para contribuir así a la cualificación y a la seguridad.
Por último, pedimos que se apoye a las organizaciones de trabajadores en su labor en pro de la seguridad laboral y social y de los niveles de participación en las transformaciones estructurales. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos rechaza de plano, como ya se vio con claridad en la Comisión de Transportes y Turismo, el reproche de que los sindicatos han hecho trampas. Apoya la posición de los sindicatos porque la realidad y la evolución actual les dan la razón y confirman la posición adoptada por nosotros. Se crean filiales, se reducen los sueldos y los salarios, se modifican a la baja los niveles sociales, el trabajo a tiempo parcial sustituye ya a relaciones laborales acreditadas durante décadas. Nosotros, el Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, no queremos esta realidad.

Mann, Thomas
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la competencia es un elemento irrenunciable de nuestra economía social de mercado. ¿Quién se opone a la liberalización de la competencia? ¿Quién estaría a favor de que se desborde el poder del mercado? Ahora bien, lo que se acepta en el plano de los principios debe concordar también en los detalles. Las condiciones de la competencia han de ser justas. No se puede aceptar el dumping en los precios o en las condiciones. Se han de definir claramente los criterios de los ofertantes y de sus servicios. En el caso de los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad, se debe tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, la situación de los propios aeropuertos, con las diferencias existentes en lo que respecta a su capacidad espacial, pues muchos de ellos no se pueden ampliar por motivos de espacio o medioambientales. En segundo lugar, la garantía de calidad de la asistencia, en beneficio, precisamente, de los viajeros y de las compañías aéreas. Y en tercer lugar, las capacidades de los ofertantes. No todos están en disposición de garantizar la necesaria seguridad técnica, laboral y empresarial y de cumplir con los elevados requisitos medioambientales.
La posición común del Consejo ha aceptado sólo una parte de las propuestas del Parlamento, entre ellas la confirmación expresa de que los Estados miembros garantizarán un nivel elevado de protección social. Se ha de considerar el derecho de los trabajadores a la formación y a la seguridad. La posición común también contiene la limitación de la autoasistencia en los aeropuertos por motivos de espacio o capacidad. Sin embargo, no incluye una garantía equilibrada de los intereses del consumidor, es decir, del pasajero del avión y de los trabajadores del aeropuerto.
Pero todavía hay más cuestiones que han de incluirse en la posición común. Primero. Si tiene lugar una reconversión, se ha de dar prioridad al empleo existente y a la protección social de los trabajadores.
Segundo. Como garantía de calidad, que es un elemento esencial de la productividad laboral europea, hay que perseguir el nivel más alto de formación según la norma ISO 9000. Que no haya ningún error en la asistencia, que la precisión sea la regla y no la excepción redunda en beneficio del pasajero. Un asistente de avión acreditado colabora de modo fundamental al mantenimiento de las normas de seguridad más estrictas.
Tercero. La definición de autoasistente ha de ser clara. Cuando la sociedad matriz y la filial se dedican exclusivamente a asistirse entre ellas, hay que preguntarse seriamente si con ello se garantiza la competencia.
Cuarto. Deben formar parte del Comité de Usuarios previsto representantes de las empresas de viajes y de los trabajadores del aeropuerto, para que puedan representar los intereses de los trabajadores. El presidente del Comité debe ser independiente de los usuarios y del aeropuerto, para garantizar la neutralidad del mismo.
Insto a la Comisión a hacer suyos estos puntos. Si mañana nos apoya en estas enmiendas y en otras más, el rechazo de la posición común no tendrá ningún argumento. Hemos aproximado nuestras posturas. Den ustedes ahora el paso decisivo.

Alavanos
Señor Presidente, quiero manifestar que, en mi opinión, el ponente, el Sr. Seal, ha realizado un excelente trabajo, no sólo por la manera de enfocar el tema, sino también por su propuesta de rechazar la posición común del Consejo.
Creo que, si en estas condiciones, no rechazamos la posición común, seguimos adelante y «nos sometemos» a ella cuando ninguno de nosotros la considera satisfactoria, entonces puede decirse que el Parlamento renuncia a sus funciones y se pone en ridículo ante el Consejo. No es de recibo el argumento de «aceptémosla porque es menos mala que la situación actual». Para eso sería mejor que cada uno de nosotros se quedara en su país tomando el sol.
Por lo tanto, yo también quiero apoyar el rechazo de la posición común del Consejo y decir que esto no va ni en contra de la competencia ni de la liberalización, ni en favor de los monopolios ni del anacrónico «status quo» que existe actualmente en muchísimos aeropuertos. Considero que deben darse las condiciones que muchas de sus señorías han mencionado y que guardan relación con la seguridad, la calidad de los servicios, el carácter regional de muchos aeropuertos y los derechos sociales de los trabajadores.

Lukas
Señor Presidente, si se aprueba la posición común en su forma actual, las compañías aéreas serán objeto de una seria discriminación en su base nacional de operaciones. La directiva autoriza desde el principio a cualquier empresa de aeropuertos a prestar servicios de asistencia en tierra sin restricciones y sin limitación temporal sin tener que someterse, como las compañías aéreas, a un proceso de selección. Desde una perspectiva económica, no hay ninguna justificación para que se trate mejor a una empresa aeroportuaria que a una compañía aérea que utiliza ese aeropuerto como base nacional de operaciones.
Esa compañía aérea dispone en su base nacional de operaciones de las instalaciones necesarias y del personal cualificado. Se debe permitir en cualquier caso que la misma pueda emplear a su personal, pero también que pueda utilizar de manera óptima todas las instalaciones, ya que en su aeropuerto puede ofrecer un paquete completo de servicios de asistencia por terceros y de autoasistencia. El Consejo no puede pretender la destrucción de los puestos de trabajo existentes en las compañías aéreas y de los que éstas puedan crear en el futuro.

Farthofer
Señor Presidente, Señorías, estamos hoy ante un informe que nos preocupa mucho desde hace meses. Por eso quisiera subrayar una vez más que nuestro objetivo prioritario es, y tiene que seguir siéndolo, el mantenimiento de los aeropuertos como entidades económicas independientes. Por eso hemos impuesto en dos lecturas condiciones estrictas a los autoasistentes. Sólo así se pueden mantener las posibilidades de inversión de los aeropuertos y sólo así se puede proteger la asistencia en los aeropuertos frente a la posición de dominio de mercado de las compañías aéreas nacionales. Además, también es imprescindible, en mi opinión, que los trabajadores estén representados en el Comité de Usuarios.
Los interlocutores sociales deben ser tenidos en cuenta en cualquier caso al tomar decisiones tan importantes. Unos niveles de formación y de seguridad armonizados beneficiarían a todos, compañías aéreas, pasajeros y trabajadores. Sucede pocas veces que una posición común sea rechazada en la comisión competente. Las diversas posiciones adoptadas por todos los Grupos, sin embargo, nos han confirmado en nuestras decisiones.
Tiene que estar claro para todos: el Consejo y la Comisión han fracasado en su intento de encontrar una solución de compromiso equilibrada entre los intereses de las compañías aéreas, de los aeropuertos y de los trabajadores. Si el Sr. Comisario no nos garantiza hoy su apoyo a nuestras enmiendas, al Parlamento no le queda más solución que el rechazo.
El Consejo debe darse de una vez por todas por enterado de que nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y de que a todo el mundo le consta que las consideraciones del Parlamento han sido en gran medida recibidas con aprobación por los afectados.

McIntosh
Señor Presidente, acojo con agrado la propuesta de la Comisión que intenta introducir un grado de liberalización y competencia en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos a partir de 1998. Lamentablemente, la posición común debilita toda la base de la propuesta de la Comisión, retrasando gravemente la introducción de la liberalización y la competencia.
Quisiera hacer constar la situación que existe hoy en día en el Reino Unido, donde hay liberalización y competencia en los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos y donde se permite que las líneas aéreas se encarguen ellas mismas de dichos servicios. ¿Por qué no permitir que los viajeros británicos tengan el mismo nivel de servicios del que se dispone actualmente en el Reino Unido cuando viajan a Francia, Alemania, Italia, Grecia o España? Yo mismo me encuentro en una posición sumamente incómoda, ya que, a pesar de todo el trabajo efectuado por la Comisión, por la Comisión de Transportes y Turismo (sobre todo nuestro ponente, el Sr. Seal) y por las líneas aéreas, los aeropuertos y todas las partes interesadas, la posición común fracasa rotundamente en conseguir los objetivos de la propuesta inicial de la Comisión.
Personalmente, me temo que con los artículos 85 y 86 del Tratado se avanzaría más en el propósito de abrir a la competencia los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos europeos, venciendo a los monopolios nacionales y terminando con la posición privilegiada y protegida de que gozan muchas compañías aéreas europeas. Quiero lo mejor para los viajeros europeos, un excelente servicio a un precio razonable. Actualmente, los viajeros reciben un mal servicio por un precio elevado. Debemos dar a los viajeros posibilidades de elección e introducir la competencia.
Quiero que todos y cada uno de nosotros nos levantemos, hagamos peso y votemos a favor de la competencia, de la libre elección y de precios más reducidos.

Theonas
Señor Presidente, doy mi apoyo a la propuesta de la Comisión de Transportes de rechazar la posición común y quiero felicitar por ello al Sr. Seal.
Parece que la posición común del Consejo no puede resolver ninguno de los problemas que ha provocado en la industria aeronáutica europea la política de total liberalización de los transportes. Esta política se lleva a cabo de forma peligrosa y afecta también a los aeropuertos europeos.
El Consejo ha venido rechazando con aire de provocación las propuestas y enmiendas del Parlamento Europeo. Ha desoído las consecuencias sobre la calidad de los servicios, pero también sobre la seguridad del transporte aéreo. Ha desoído las consecuencias sociales y las propuestas en las que se pedía la participación de representantes de los trabajadores en la comisión de usuarios de los transportes. Por último, ha desoído los intereses particulares de las empresas de transporte aéreo que cubren más del 25 % del movimiento de un aeropuerto, y los convenios especiales que afectan a los aeropuertos insulares.
Como consecuencia de lo anterior, creo que la obligación del Parlamento Europeo es votar en contra de la posición común.

Malone
Señor Presidente, las propuestas del Consejo por las que se liberalizan los servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos podrían tener de hecho consecuencias muy graves para los puestos de trabajo y la seguridad del aeropuerto de mi propia circunscripción electoral, Dublín, y, claro está, en otros grandes aeropuertos de toda Europa, como han mencionado otros oradores.
Aunque, al igual que la Srta. McIntosh, en principio doy la bienvenida a una mayor competencia, las propuestas que presenta actualmente el Consejo están mal pensadas y mal estudiadas. Supondrían miles de puestos de trabajo perdidos en toda Europa en los servicios de reabastecimiento de combustible para los aviones, mantenimiento, limpieza, atención a los pasajeros y facturación de equipajes. Darían lugar asimismo a un grave deterioro de los niveles de seguridad, una cuestión que nos debe preocupar mucho a todos.
Las sugerencias del Consejo han sido rechazadas por todos los directamente implicados en la actividad -en particular, por las líneas aéreas y los sindicatos- y ello debe decirnos algo. Aer Lingus calcula que peligrarían directamente 200 puestos de trabajo si se le obliga a salir de los servicios de asistencia en tierra, mientras que el principal y representativo Consejo de Sindicatos del Aeropuerto de Dublín prevé un descenso en picado de la seguridad. Lamento realmente la forma en que el Consejo ha rechazado debatir el tema como es debido con el Parlamento. Se ha negado a aceptar ninguna de nuestras sugerencias para proteger los puestos de trabajo y garantizar que mejoren los niveles de seguridad. El Consejo ha rehusado incluso debatir el tema de manera informal con la Comisión de Transportes y Turismo. Estoy segura de que el Sr. Seal y sus colegas han tomado nota de esta postura.
Voy a instar a los diputados a que voten en contra de la posición común del Consejo y confío en que logremos conseguir el número de votos necesario.

Stenmarck
Señor Presidente, la cuestión de la liberalización en cuanto al acceso al mercado de asistencia en tierra de los aeropuertos de la Unión se parece a la mayor parte de las propuestas de liberalización debatidas en el Parlamento Europeo en los últimos tiempos. Una y otra vez, socialistas y otros diputados del flanco izquierdo se han opuesto y han intentado detener el desarrollo hacia unos rasgos más característicos de la economía de mercado en los sectores que se han sometido a debate. La liberalización de los servicios postales es un ejemplo, la asistencia en tierra de los aeropuertos otro. Parece como si los socialistas, los Verdes y otros diputados tuvieran la intención de mantenernos en una sociedad llena de reglamentos y de normas obsoletas, una sociedad donde no se fomenta la libre iniciativa y donde el Estado regula el acceso a los diversos mercados.
En mi opinión, el partido laborista de la Gran Bretaña al que pertenece Barry Seals ha intentado hasta la fecha borrar esta imagen y llevar en su lugar una política más moderna y de liberalización de mercados. Éste no es el caso actualmente, lo cual es claramente lamentable.
Los esfuerzos de la Comisión por crear más competencia en los aeropuertos de la Unión son encomiables y excelentes. El aumento de los participantes en el mercado incrementa la competencia y da como resultado unos precios más bajos. Los que salen beneficiados son la industria aeronáutica y en último término los viajeros. Incluso las empresas que se ven afectadas por la competencia salen ganando a la larga porque se las obliga a desarrollar y mejorar sus actividades.
Evidentemente, existen sectores y ámbitos donde resulta difícil abrir el mercado, especialmente allí donde los servicios requieren una infraestructura especial, por ejemplo, la facturación de equipajes y el suministro de combustible. A pesar de esto es mi opinión que, mediante un tratamiento positivo de la posición común del Consejo, cabe dar muestras de nuestra voluntad de llevar a feliz término las intenciones de la Comisión. Creo que una liberalización gradual del tipo que aquí se propone es sumamente positiva.

Sarlis
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar debo decir que la posición común del Consejo es con seguridad mejor que la propuesta de la Comisión. El Consejo ha perfeccionado sus propuestas y todas las recomendaciones de la Comisión, y también debo decir que determinadas disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo en primera lectura han sido bien acogidas por el Consejo.
Sin embargo, ahora también tendré que preguntar lo siguiente: si la posición común es rechazada, ¿cuál será la situación dominante? Parece que los diputados del otro grupo político no han pensado en ello, quizá porque tienen la sensación de que al final la posición común no será rechazada. Si es rechazada, nadie puede garantizar que la Comisión vuelva sobre el mismo tema o que el Consejo esté dispuesto a examinarlo de nuevo. La situación que tendremos será la siguiente: los servicios de tierra se regirán por las directivas generales sobre la competencia del Comisario Van Miert, y por lo tanto reinará en el transporte aéreo europeo la misma situación que se produjo en los Estados Unidos con la liberalización de los transportes aéreos durante la Presidencia de Ronald Reagan.
Con los datos de que disponemos creo que debemos apoyar la posición común en su actual formulación, aunque mejorada de la mejor forma posible. Nuestros colegas de todos los grupos políticos ya han presentado enmiendas, y creo que si la Comisión las aprueba en su totalidad o parcialmente (y me estoy dirigiendo ahora al señor Kinnock), esto simplificará mucho las cosas y constituirá un poderoso instrumento de presión sobre el Consejo para que admita las enmiendas que vamos a votar.
Esto es cuanto quería decir y considero que tendremos que centrar nuestra atención en adoptar aquellas enmiendas que mejoren verdaderamente la posición común. Será una gran contribución a este esfuerzo si contamos con el Sr. Comisario como aliado y colaborador.

Cornelissen
Señor Presidente, constato que un gran número de enmiendas han sido presentadas por diferentes grupos, incluso grupos que preconizan un rechazo de la posición común. Para algunos diputados de este Parlamento, saber cuál es la postura de la Comisión frente a estas enmiendas podría tener importancia a la hora de determinar su voto con relación con la recomendación de rechazar la posición común. Por ello quiero preguntarle al Comisario si, antes de la votación, podemos recibir por escrito la posición de la Comisión sobre estas enmiendas.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, a lo largo de los años ha habido muchas ocasiones en las que he estado de acuerdo con el Sr. Seal y vuelvo a encontrarme en la misma situación, desde luego en lo que respecta a las observaciones que hizo justo al principio de su intervención de esta tarde.
Hasta el jueves pasado, este debate estaba programado para mañana. Al igual que varios diputados de esta Asamblea, acepté, por consiguiente, importantes compromisos públicos. Sin embargo, los procedimientos de esta Asamblea significan, al parecer, que pueden cambiarse asuntos importantes con muy poco plazo. Por lo tanto, para poder asistir a este importante debate sobre asistencia en tierra en los aeropuertos tuve que cancelar mis compromisos el pasado viernes. Considero importante que el comisario de la cartera correspondiente esté presente en la Cámara para responder sobre los asuntos de los que es responsable. Este es el motivo por el que tuve que hacer cancelaciones. Decir que estaba enfurecido y avergonzado por tener que cometer tamaña descortesía con el gran número de personas a las que tuve que defraudar es quedarse muy corto. He de decir que, aunque no me preocupa en lo más mínimo la inconveniencia personal -ésta no importa en absoluto-, debo instar a las autoridades de la Cámara a que reformen los procedimientos tanto por el bien y el buen nombre del Parlamento como por respeto al gran público, algunos de cuyos componentes, por supuesto, deseaban poder asistir a este debate, habían arreglado las cosas para estar aquí mañana y les ha sido imposible modificarlo para venir hoy.
Señor Presidente, tal como hemos oído esta tarde, la propuesta de la Comisión sobre asistencia en tierra ha mostrado ser controvertida, algo que no es de extrañar, y ello, por supuesto, queda demostrado por la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo de que la Asamblea rechace la posición común. Lo lamento. Me gusta estar de acuerdo con la comisión parlamentaria tan a menudo como puedo y desde luego entiendo las razones que justifican su punto de vista.
No obstante, no puedo sino reconocer la realidad de que los servicios de asistencia en tierra de casi todos los aeropuertos de la Comunidad con frecuencia siguen siendo monopolio del aeropuerto o de la línea aérea dominante y esta situación no responde, desde luego, a los requisitos del mercado único. Ni puedo olvidar el hecho de que la Comisión, el Consejo y, claro está, esta Asamblea, llevan años insistiendo en la necesidad de ocuparse de la liberalización de la asistencia en tierra en la Comunidad.
El principal objetivo de la propuesta, por lo tanto, es introducir unas normas básicas para garantizar que los transportistas aéreos cuenten con verdaderas posibilidades de elección entre suministradores a fin de poder obtener servicios que respondan a sus necesidades a un precio razonable. En un esfuerzo por garantizar que la liberalización se desarrolle con la mayor suavidad posible y que tenga en cuenta los intereses de todos los afectados, sobre todo los aeropuertos y los trabajadores, la propuesta se ha formulado de forma equilibrada.
Así pues, al igual que en el sector de las líneas aéreas, estamos proponiendo unos planes que den a los afectados un período razonable de transición. Esta tarde hemos oído cómo algunas personas lo describían como «demasiado razonable» y «un período de tiempo demasiado largo» para la transición, pero si estamos haciendo esto es para evitar cambios abruptos que tengan grandes consecuencias sociales. La introducción gradual de la nueva organización de mercado y la posibilidad de conceder exenciones en casos excepcionales darán a los Estados miembros tiempo suficiente para adaptarse a la nueva situación. Algunos aeropuertos, obviamente, podrán cumplir las disposiciones más rápidamente que otros y en algunos servicios será más fácil que en otros poner los cambios en práctica. Por esta razón, la posición común adoptada por el Consejo prevé el pleno acceso al mercado y la libertad para ocuparse uno mismo de los servicios de asistencia en tierra en la parte terrestre del aeropuerto.
Sin embargo, en la parte aérea, donde los servicios están claramente sujetos a mayores restricciones en cuanto a seguridad, protección, espacio y capacidad, será posible limitar el número de suministradores o de compañías aéreas que quieran ocuparse ellas mismas de los servicios. Por otro lado, en circunstancias específicas, el Estado miembro podrá conceder exenciones bajo la supervisión de la Comisión. La razón que alegan los Sres. Seal y Simpson y sus colegas para rechazar la posición común se refiere a la insatisfacción de los diversos afectados. Entiendo su punto de vista, ya que el cambio provocará siempre la oposición de grupos de interés que intentan defender su posición establecida, sean representantes de los trabajadores o en algunos casos de las líneas aéreas o, en algunos casos, de los aeropuertos o los suministradores.
He de decir, sin embargo, que por su propia naturaleza esta propuesta no puede dar satisfacción absoluta a ningún grupo de afectados, ya que intenta tener en cuenta los problemas de cada uno. Desde luego, si fuera el profesor al que ha hecho referencia en una intervención el Sr. Simpson, debería tener en cuenta dos factores al puntuar el trabajo. En primer lugar, la necesidad de observar las normas de competencia de la Comunidad y, en segundo lugar, la diversidad de los intereses que intervienen en la asistencia en tierra. Si, como profesor, tuviera en cuenta estos dos aspectos espinosos e ineludibles, daría por lo menos un 8 al contenido, un 9 al esfuerzo y un 10 a la originalidad.
El problema que aquí se ha planteado no es motivo de discordia entre las líneas aéreas y los aeropuertos, pese a los esfuerzos de algunas personas por utilizar el vocabulario del campo de batalla: el tema tiene que ver directamente con la aplicación de las normas del Tratado sobre actividades comerciales a los monopolios o a las situaciones cuasimonopolísticas, independientemente de que quien mantenga el monopolio sea el propio aeropuerto o la línea aérea que domine en el mismo. Tiene que ver además con la necesidad de garantizar que nuestras líneas aéreas, cuyo principal mercado es Europa, no se vean frenadas por desventajas competitivas frente a los Estados Unidos o a competidores del Lejano Oriente.
La Comisión tiene el vivo deseo de garantizar que la apertura del mercado no tenga consecuencias negativas para el empleo. Por ello pretendíamos establecer una aplicación por fases que se adapte cuidadosamente a las circunstancias. También tenemos presente que en los casos en que se ha liberalizado la asistencia en tierra, desde varios puntos de vista la consecuencia ha sido un incremento de las oportunidades de empleo. A petición del Parlamento, la posición común incluye la posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas para garantizar un nivel mínimo de protección social y de respeto por la legislación social nacional.
Podríamos aceptar asimismo que se añadieran algunas referencias que tengan en cuenta y defiendan los derechos sociales, especialmente en la cláusula de aprobación o en las normas y condiciones técnicas del procedimiento de selección.
Es difícil, por supuesto, introducir normas especiales que ofrecieran excepciones por razones de protección social únicamente para el sector de la asistencia en tierra, o introducir enmiendas que limitarían la apertura del mercado reduciendo así el alcance de la directiva.
Por otro lado, la Comisión no está en situación de modificar el ámbito de aplicación de la Directiva 77/187 sobre traspasos de empresas haciendo referencia a su aplicación en el texto relativo a la asistencia en tierra. Está claro que la Directiva 77/187 indudablemente será aplicable en muchas situaciones. Pero su aplicación en circunstancias concretas dependerá del modo en que éstas se adapten a los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia Europeo.
En este contexto, deseo responder ante las enmiendas a la propuesta que han presentado diversos grupos de la Cámara. En primer lugar, la Comisión puede aceptar en parte las enmiendas núms. 1, 8, 9 y 39 y las enmiendas núms. 27, 31, 34, 37, 38, 40, 42, 43 y 45 en su totalidad, ya que han sido aceptadas en primera lectura y contribuyen a mejorar el texto.
En segundo lugar, la Comisión puede aceptar en principio, siempre que se hagan algunos cambios de redacción, las enmiendas núms. 7, 11, 15, 17, 20, 21, 30, 33 y 36. Sin embargo, no puede aceptar algunas partes de las enmiendas núms. 1, 8 y 39 ni ninguna de las enmiendas núms. 2, 3, 12, 13, 14, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 35 y 44, bien porque no se corresponden con el ámbito de aplicación de la directiva o porque lo reducen demasiado. No podemos aceptar parte de las enmiendas núms. 9 y 39 ni ninguna de las enmiendas 4, 5, 10, 24 y 41, relativas a los umbrales, las fechas, la subsidiariedad y la comitología.
Es muy difícil llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones con los Estados miembros reunidos en el Consejo, y la Comisión ha de resistirse a reabrir cualquiera de los temas, ya que ello, con toda seguridad, desviaría y retrasaría el progreso en la legislación de forma muy negativa.
Por último, la Comisión no puede aceptar las enmiendas núms. 6, 16 y 19, que se consideran inapropiadas en este contexto o son contrarias a la práctica comercial habitual.
Respondiendo a la pregunta del Sr. Cornelissen, claro que puede obtener en forma resumida las explicaciones o razones de que las enmiendas se acepten o rechacen, y se pondrán a su disposición poco después del debate.
En términos generales, la posición común -que, por cierto, fue adoptada por un Consejo de Ministros de Transporte, en el cual había ocho ministros socialistas- se corresponde con el enfoque equilibrado que todos hemos intentado adoptar sobre este tema de la liberalización de la asistencia en tierra.
Por diversas razones, a veces opuestas, la mayoría de los aeropuertos y líneas aéreas ahora la y prefieren aceptar el texto propuesto antes que hallarse en un estado de continua incertidumbre. La directiva es necesaria para completar el proceso de liberalización en el sector del transporte aéreo. Para subrayarlo, llamo la atención sobre el hecho de que la Comisión ha recibido varias quejas a lo largo de los años acerca de los elevados precios y de la calidad de los servicios de asistencia en tierra en muchos aeropuertos en los que estos servicios son prestados en condiciones monopolísticas. Es, por tanto, necesario mejorar la situación con una medida amplia que garantice un grado mínimo de liberalización del mercado en todos los aeropuertos de la Comunidad en beneficio de los usuarios y pasajeros, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros los medios para garantizar unos niveles suficientes de seguridad y protección, por supuesto, de respeto por los derechos de los trabajadores.
La posición común cumple estos requisitos y yo, por ello, animo al Parlamento a que la apoye.

El Presidente
Con esto concluye el debate. Velaré por que las observaciones que ha hecho sobre la programación de los asuntos sean consideradas por la Conferencia de Presidentes.

Cornelissen
Señor Presidente, me complace su última observación. Me sumo plenamente a la observación crítica del Comisario. Considero que lo sucedido es sumamente doloroso, sobre todo para las personas que intentan seguir nuestros debates. Yo mismo me enteré tan sólo el viernes. Nadie se tomó la molestia de informar a los presidentes de las comisiones implicadas. El viernes rogué al secretariado que llamara por teléfono al mayor número de implicados posible para evitar que vinieran mañana. Por favor, señor Presidente, espero que lo consulte y nos comunique el resultado de esta consulta.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a la 20.09 horas)

