Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida.
¿Hay alguna objeción?

Cox
Señor Presidente, respondo a una invitación hecha ayer tarde por el Presidente de la Asamblea para hablar en nombre de mi Grupo sobre un asunto al que se hace referencia en el Acta. Me refiero al punto 11 del orden del día.
En primer lugar, creo que la cuestión planteada ayer por el Presidente del Grupo Socialista sobre el restablecimiento del debate con el Presidente de la Comisión acerca del programa estratégico quinquenal era suficientemente importante para otros oradores que deseaban hacer observaciones breves al respecto como para que se le diera cabida. Deseo expresar esa opinión, pese a que discrepo respetuosamente y voté contra la propuesta del Presidente del Grupo Socialista.
La segunda observación que quisiera formular -y que me habría gustado hacer ayer antes de la votación- es la de que este Parlamento, como observaron ayer otros oradores, sólo puede tener repercusión de verdad, si trabaja en estrecha cooperación y sinergia con la Comisión Europea. También deberíamos tener la humildad de reconocer que, si queríamos celebrar un debate estratégico acompañado no sólo de una exposición y aclaración por parte del Presidente de la Comisión, sino también de un programa quinquenal, deberíamos contar con los mecanismos correspondientes más de una semana antes del debate en esta Asamblea para poder debatir y transmitir nuestros deseos a tiempo a la Comisión.
Quisiera que extrajéramos una enseñanza básica de esto. Cuando haya debates monográficos importantes programados entre esta Asamblea y la Comisión Europea en el futuro, debemos exponer con claridad, y un mes antes, todo lo que esperamos mutuamente al respecto. Primero tiene que haber claridad entre todos los Grupos de esta Asamblea y después entre esta Asamblea y la Comisión. No debemos encontrarnos al final en la desafortunada situación de que una u otra institución cree una fractura innecesaria en las relaciones institucionales.
Tras examinar algunos de las crónicas de la prensa el viernes pasado, creo que la Comisión y su Presidente dieron pruebas de un encomiable autocontrol en sus comentarios públicos. Eso es algo que agradezco profundamente. Espero que aprovechemos esas enseñanzas y no repitamos esa operación innecesaria, debida -estoy convencido- a un malentendido respecto de lo que se esperaba más que a mala fe alguna por parte de ninguna de las dos instituciones. No se debe dramatizar y atribuirle mayor importancia de la que tiene.

El Presidente
Muchas gracias, señor Cox. Comprendo el sentido de su intervención y tomamos nota de ello.

Wynn
Señor Presidente, respecto del punto 11 del Acta sobre el orden de los trabajos, ayer acordamos que el informe Bourlanges figurara en el orden del día de hoy. Sin embargo, anoche fue retirado de la Comisión de Presupuestos sin que se hubiera examinado ni votado. Así, pues, hay que retirarlo del orden del día de hoy.

El Presidente
Lo que usted señala es evidente, señor Wynn. Por consiguiente, se retira el informe del orden del día.

Ahern
Señor Presidente, respecto de las observaciones formuladas ayer por la Sra. Lynne sobre la salud y la seguridad en este edificio, supongo que se refería a los desagües, porque en el quinto piso de la torre hay un espantoso olor a desagües. Se debe revisar, porque es un claro indicio de que algo no funciona nada bien. No quiero sacar a relucir sin cesar la cuestión de este edificio, pero se trata de un problema grave.

El Presidente
Tomamos nota de su observación, señora Ahern. Permítame que le ruegue que comunique a los cuestores este caso particular, que afecta a los ventiladores de una planta concreta, ya que en realidad se trata de un asunto de su competencia. De todos modos, también lo pondremos en conocimiento de nuestros servicios. Muchas gracias.
(El Acta queda aprobada)

Reforma de la política europea de competencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A5-0069/1999 del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (COM(1999) 101 - C5-0105/1999 - 1999/2108(COS));
A5-0078/1999 del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXVIII Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia - 1998 (SEC(1999) 743 - C5-121/1999 - 1999/2124(COS));
A5-0087/1999 del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y a otros sectores en la Unión Europea (COM(1999) 148- C5-0107/1999 - 1999/2110(COS));
A5-0073/1999 del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1998 de la Decisión nº 2496/96/CECA, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (Código de Ayudas a la Siderurgia) (COM(1999) 094 - C5-0104/1999 - 1999/2107(COS)).

von Wogau
. (DE) Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la Comisión ha suscitado con su Libro Blanco sobre la modernización de las normas europeas de competencia un intenso y vivo debate entre la opinión pública interesada. Las reacciones de los expertos y los afectados oscilan desde el absoluto rechazo hasta el apoyo sin reservas. ¿Cuál es el contenido de dicho Libro Blanco?
El actual régimen de las normas europeas de competencia data de los primeros años de la Comunidad Europea. Dicho régimen, basado en un procedimiento centralizado de notificación y autorización, sin duda era adecuado para las condiciones existentes en aquel momento. El citado procedimiento ha cumplido un papel fundamental en la creación de una cultura europea de la competencia. Sin embargo, el marco de condiciones se ha modificado radicalmente en los 40 años transcurridos desde su instauración. La Comunidad se ha ampliado de 6 a 15 Estados miembros y se encuentra en puertas de una ampliación adicional a 27 Estados miembros. En cambio, el régimen normativo prácticamente no se ha modificado.
De ahí que sea urgentemente necesaria su reforma. Este es un aspecto que no se discute desde ninguna de las posiciones en el marco del presente debate. Aun así, algunos de quienes mantienen posiciones críticas consideran exageradas las propuestas de la Comisión. Ésta desea suprimir el régimen de notificación y autorización y reforzar, en cambio, el papel de las autoridades y tribunales nacionales en la aplicación de las normas de competencia. En otras palabras, se pasaría del régimen de autorización al régimen de excepción legal. Se seguiría manteniendo, no obstante -y este es un punto importante-, el principio de prohibición.
Por principio, yo considero que si una autoridad a la cual se reprocha una propensión a la burocratización y al centralismo formula una propuesta a favor de una reducción de la burocracia y de una descentralización, es preciso examinarla seriamente como mínimo. En su formulación actual, la propuesta de la Comisión se refiere únicamente a los acuerdos entre empresas que restrinjan la competencia y a los abusos de una posición dominante. Se mantiene, no obstante, la obligación de notificar las ayudas estatales y las concentraciones de empresas.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios aprobó dichas propuestas de la Comisión con un solo voto en contra y dos abstenciones. Sin embargo, sólo será posible emitir un dictamen definitivo una vez que la Comisión haga pública la correspondiente normativa.
Aun cuando yo también estoy básicamente de acuerdo con las propuestas de la Comisión, se tendrían que mejorar o al menos clarificar diversos aspectos. Voy a enumerar brevemente algunos. Muchos de quienes critican el Libro Blanco alegan que la descentralización iría en detrimento de la coherencia en la aplicación de las disposiciones comunitarias. En su opinión, no todas las autoridades nacionales y sobre todo no todos los tribunales nacionales están en condiciones de poder cumplir el papel que la Comisión se propone asignarles en la aplicación de las normas de competencia.
Es cierto que, por un lado, las autoridades nacionales de defensa de la competencia se han familiarizado suficientemente con la aplicación de las normas de competencia en el transcurso de los pasados decenios. Y, por el otro lado, con la actual jurisdicción, los tribunales nacionales ya son competentes para aplicar el apartado 1 del artículo 81 y los artículos 82 y 86. No obstante, aun así sigue siendo particularmente importante que la Comisión asista a las autoridades y tribunales nacionales con reglamentos de exención por categorías, orientaciones y comunicaciones. También será preciso intensificar la colaboración entre las autoridades nacionales y la Comisión, así como entre estas últimas.
Por lo que respecta a la competencia de los tribunales, el informe propone que se prevea la concentración de los procedimientos relativos a la legislación antimonopolista en tribunales especializados, tal como ya se hace con buenos resultados en algunos países miembros.
Por parte de las empresas se teme que ello vaya en detrimento de la seguridad jurídica. A fin de disipar dichos temores, las empresas deberían seguir teniendo oportunidad de solicitar una aclaración previa a la Comisión en determinados casos. He señalado sólo algunos aspectos fundamentales que debe tener en cuenta la modernización de las normas europeas de competencia. Sin embargo, todavía nos encontramos apenas en los inicios del procedimiento. El debate proseguirá hasta que finalmente se presenten unas propuestas legislativas concretas. Con el Libro Blanco hemos empezado a avanzar, no obstante, por el buen camino; de eso estoy convencido.
En los pasados decenios se ha consolidado una cultura europea de la competencia. La descentralización que propone la Comisión responde al principio de la subsidiariedad, que ahora también está enraizado en el Tratado. Esto reforzará la aplicación de las normas europeas de competencia en el ámbito nacional y regional, y ofrecerá así la posibilidad de asentar la cultura europea de la competencia sobre una base amplia.
Para acabar, yo quisiera señalar que la reforma de la política de competencia que estamos iniciando es imprescindible y que en este contexto será particularmente necesario dejar claro que la política de competencia de la Unión Europea es una condición esencial para hacer realidad una economía social de mercado. La Comisión y el Parlamento Europeo deben resaltar con mayor claridad que en el pasado que la política de competencia, la competencia entre las empresas y el hecho de que la Comisión Europea vele por su cumplimiento favorecen en primerísimo lugar los intereses de los ciudadanos.

Rapkay
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, hoy celebramos un importante debate sobre la política de competencia de la Unión Europea. Su tema es un procedimiento de modernización de las normas antimonopolio europeas, concretamente el informe von Wogau, que ha sido muy discutido, muchísimo más de lo que tal vez indica el resultado de la votación en la Comisión de Asuntos Económicos.
Yo quiero dejar bien claro que personalmente considero equivocada la propuesta de la Comisión en este caso concreto y que todavía no está claro que esté realmente justificado usar el término modernización para designar el contenido del Libro Blanco sobre los artículos 81 y 82, o si en este caso no sería más adecuado hablar de un retroceso. Hoy también se debaten, no obstante, el informe sobre las ayudas públicas y el informe general sobre la política de competencia - 1998, y mi intervención en este debate conjunto se refiere a este último.
Evidentemente, ambos informes -el informe sobre la competencia y el informe sobre las ayudas públicas-también comparten, sin embargo, un planteamiento de fondo común con el citado Libro Blanco. Este tema de fondo es la necesidad de una modernización y la futura idoneidad de la política de competencia europea. La lectura de ambos documentos de la Comisión muestra que en 1998 se continuó y en algunos aspectos se completó el proyecto de modernización iniciado en 1997, como también sabemos por nuestros trabajos parlamentarios en curso.
Permítanme que exponga dos consideraciones de principio. La Comisión, en su calidad de autoridad competente, siempre ha mantenido una actitud consecuente al servicio de la libre competencia, que no siempre ha sido bien acogida por los Estados miembros o las empresas afectados. La Comisión debe continuar avanzando por este camino. Sin embargo, señor Comisario esto no va a dejar de resultar complicado en el futuro; sólo quiero recordar los retos plantean la ampliación de la Unión, la profundización del Mercado Único, el progreso tecnológico y la mundialización. En efecto, no sólo es importante una modernización del Derecho comunitario, sino también, más que en ningún otro momento, la transparencia de las decisiones en cada caso individual, la posibilidad de que las decisiones también resulten inteligibles, toda vez que el éxito de la política de competencia europea dependerá de su aceptación entre la población, así como entre los organismos políticos y empresas interesados.
Sin embargo, sin transparencia no habrá aceptación y, por lo tanto, tampoco es posible una modernización sin transparencia. El informe sobre la competencia en 1998 no es una mala base en este sentido, pero todo es mejorable. En nuestra resolución le planteamos una serie de propuestas, señor Comisario, pero yo quisiera resaltar ahora un aspecto particular: la transparencia y la obligación de rendir cuentas van unidas. No es mi intención volver a remover el tema del reparto de competencias entre la Comisión y el Parlamento. La Comisión es el órgano ejecutivo y el Parlamento no debería pretender erigirse en tal, en interés de su propia independencia, pero el Parlamento es un órgano de control y ¿existe acaso un lugar más adecuado que el Parlamento democráticamente elegido para justificar las decisiones que se adoptan, precisamente en el marco de un debate parlamentario permanente? También en este aspecto, deberíamos continuar avanzando por el camino iniciado, consolidando e intensificando esta orientación.
No obstante, también quiero resaltar con toda claridad que el Parlamento es el órgano legislativo; ¡es un verdadero escándalo que sólo se nos conceda el derecho de consulta justamente en relación con el derecho de competencia! Yo pido, por lo tanto, al Consejo y a la Conferencia Intergubernamental que introduzcan el procedimiento de codecisión en el ámbito del derecho de competencia. En cuanto a la Comisión, espero que agote hasta sus últimas consecuencias todas las posibilidades de participación parlamentaria, que en caso de duda se incline a favor de la participación del Parlamento, ya en el marco de las actuales disposiciones del Tratado. También espero que la Comisión apoye activamente nuestras reivindicaciones del derecho de codecisión en el procedimiento legislativo. Esto sentaría un precedente para una cooperación razonable entre ambas instituciones.
Por mucho que respetemos el principio de competencia, ésta no constituye un objetivo en sí misma. La competencia es un instrumento y no siempre conduce a soluciones óptimas. Una de las nociones económicas fundamentales es que el mercado no funciona en una serie de aspectos y quien lo niegue no es más que un ideólogo. La finalidad de la competencia ha de ser establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda, y garantizar un reparto óptimo de los recursos y factores económicos. La eficiencia óptima no se establece, sin embargo, invariablemente por sí sola. Es imprescindible un marco de condiciones destinadas a evitar los abusos, por ejemplo por medio de las leyes antimonopolios. Pero éstas básicamente sólo sirven para evitar abusos, no bastan por sí solas para alcanzar los objetivos socialmente legitimados.
Competencia, sí; limitación de las ayudas públicas, cuando sea posible y necesario. No obstante, dado que las ayudas públicas ocupan la parte más importante del informe sobre la política de competencia en 1998, quisiera añadir un comentario al respecto, sin prejuzgar el informe del colega Jonckheer. Desde luego es posible y también debe ser factible conceder ayudas públicas a las pequeñas y medianas empresas, en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico, para el desarrollo de la política regional y en el ámbito de la política medioambiental. Deben permitirse las ayudas públicas destinadas a estos fines siempre que no generen distorsiones intolerables de la competencia. Precisamente en este ámbito es de especial importancia que las decisiones sean justificables, más aún que en el caso de las disposiciones que regulan los cárteles y fusiones.
No se pueden poner en la picota todas las ayudas; éstas se deben considerar de manera diferenciada y también se deben evaluar en términos de su contribución a la consecución de los objetivos antes citados. Esta última observación va dirigida sobre todo, más que a la Comisión, a las y los colegas del Grupo del PPE.

Jonckheer
. (FR) Señor Presidente, señor Comisario, mis queridos colegas, el informe que hoy tengo la ocasión de presentarles es una opinión sobre el informe anual de la Comisión relativo a las ayudas estatales en vigor en el seno de la Unión Europea y sobre las que la Comunidad tiene competencia en virtud de los artículos 87, 88 y 89 de los Tratados.
El informe de la Comisión tiene un carácter fundamentalmente descriptivo que describe la evolución de las ayudas estatales en el sector de la industria, así como en otros sectores, según diferentes tipologías, como el modo de financiación y los objetivos que se persiguen. Me permito remitirles a la exposición de motivos para la parte cuantitativa del informe y me limitaré a indicar aquí que el importe medio anual para el período que nos ocupa es del orden de 95.000 millones de euros, lo que representa una disminución de aproximadamente el 13% con respecto al período 1993-1995, disminución que obedece, básicamente, a la reducción de las ayudas en la República Federal Alemana.
En definitiva, el nivel de las ayudas estatales declarado se ha mantenido, grosso modo, estable como media durante el período abarcado y se sitúa en torno al 1,2% del PIB comunitario, es decir, casualmente el equivalente aproximado del presupuesto de la Comunidad para un ejercicio. Dicho esto, las diferencias entre los Estados miembros son considerables y pueden medirse de distintas formas, en particular, en porcentaje del valor añadido y por asalariado. Creo que es igualmente interesante añadir las ayudas estatales y las intervenciones comunitarias que, en cierto modo, pueden compararse con las ayudas estatales. Al hacerlo, vemos claramente que los cuatro países que encabezan la clasificación son los mismos que se benefician, entre otros, del Fondo de Cohesión.
Paso a continuación a la propuesta contenida en el informe. Constatamos, en primer lugar, que la Comisión estima que los datos, tal y como éstos son presentados en el informe anual de la Comisión, están demasiado agregados como para poder hacer una evaluación exhaustiva de la política de las ayudas estatales, lo que es a la vez legítimo y sensato en el plano de los intereses nacionales, además de muy importante desde el punto de vista del respeto de la competencia, incluso en virtud de las disposiciones del Tratado. La Comisión sólo puede recoger y analizar los datos que le proporcionan los Estados miembros. Por ello, corresponde a los Estados y a las regiones velar por la calidad de los datos proporcionados, y nuestra comisión estima que deben realizarse esfuerzos complementarios en este sentido.
En este mismo espíritu, nuestra comisión parlamentaria defiende la idea ya antigua de un registro público de las ayudas estatales al que se pueda acceder, en particular, a través de Internet. Si dispone de datos mejores, más detallados, en particular, con respecto a los objetivos que se desean alcanzar y a los resultados constatados, la Comisión Europea podrá realizar por sí misma o encargar regularmente la realización de estudios sobre la evaluación socioeconómica de las políticas nacionales y regionales de ayudas estatales. Y en la medida en que ya existan algunos de estos estudios, dar a conocer de una manera más abierta sus propios comentarios en cumplimiento de los objetivos de los Tratados, que son no sólo garantizar la competitividad de la economía europea, sino también el desarrollo sostenible y la cohesión económica y social.
Al insistir así, en primer lugar, en la calidad de la información proporcionada, nuestro debate en comisión y, por tanto, el informe que tengo el honor de presentarles, ha evitado el simplismo que consistiría en afirmar a priori que el importe de las ayudas estatales en lo absoluto es o bien demasiado elevado o no lo suficientemente elevado. Una mayoría de los miembros de la comisión ha seguido buscando un punto de equilibrio entre, por un lado, la necesidad de velar por el cumplimiento por parte de los Estados, así como por parte de las empresas, las normas de la competencia y, por otro, el reconocimiento del interés de semejantes ayudas con vistas a contribuir a los objetivos del Tratado, en particular, como ya he dicho, en materia de desarrollo sostenible, de investigación y desarrollo y de cohesión económica y social.
En este sentido, en comisión se han aprobado diferentes enmiendas al proyecto inicial del ponente, en las que se hace hincapié, en particular, en la necesidad de un reembolso efectivo de las ayudas consideradas ilegales, así como de la elaboración de una lista de resultados. Se han vuelto a presentar siete enmiendas a este Pleno. La mayoría de ellas traducen de hecho las diferencias políticas que existen entre nosotros respecto a la oportunidad y a la eficacia de las ayudas estatales, habida cuenta de las insuficiencias, reconocidas o no, de las únicas inversiones privadas, market failures o insuficiencias del mercado. Hay una enmienda en particular, lo subrayo, relativa al sector de la energía, que, como ponente, me parece especialmente importante.
Quisiera concluir esta presentación, señor Comisario, insistiendo, por un lado, en la preocupación de los miembros de la comisión y, por otro, en un requisito de nuestra comisión. La preocupación es relativa al proceso de preadhesión de los países de la Europa central y oriental desde el punto de vista de la política de competencia y de las ayudas estatales. Se trata aquí ciertamente de una cuestión compleja sobre la que desearíamos que la Comisión nos dé a conocer el estado actual del dossier, en particular, desde el punto de vista de la capacidad de las economías en vía de adhesión de cumplir las normas de competencia y, en lo que respecta a las ayudas estatales, la probable necesidad de establecer normas específicas en materia de ayudas estatales que favorezcan la reestructuración de sus sectores.
Y por último, y termino con esto, el requisito es relativo a las futuras competencias del Parlamento Europeo en las materias que nos ocupan, la política de la competencia y las ayudas estatales, en la perspectiva de la Conferencia Intergubernamental. Nuestro informe, como usted sabe, señor Comisario, defiende la idea de que el procedimiento de codecisión esté en vigor para la legislación de base en materia de ayudas estatales.

Langen
. (DE) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mi participación en el presente debate tiene como tema el Código de Ayudas a la Siderurgia, o sea las ayudas públicas otorgadas en Europa de conformidad con dicho Código y controladas por la Comisión. En 1998 se examinaron un total de 27 casos, sobre los que la Comisión ha elaborado su propio informe.
El Tratado CECA va a expirar muy pronto. Por lo tanto, el tema que hoy debe preocuparnos es sobre todo el de la futura aplicación de las ayudas a la siderurgia El Parlamento Europeo acoge con satisfacción las decisiones que expone la Comisión en su informe, incluida la relativa a la devolución de una ayuda recibida en un caso concreto, en aplicación del artículo 88 del Tratado CECA. La comunicación más reciente de la Comisión, que aun no se ha debatido en el Parlamento, también se refiere, sin embargo, al tema de la competitividad de la industria siderúrgica europea.
La prohibición general de las ayudas públicas que se establece en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE también se aplica a la industria ferrosiderúrgica, igual que a los demás sectores. De conformidad con dicho artículo, las ayudas estatales son incompatibles por principio con el Mercado Común. Sólo se admiten excepciones en casos exactamente definidos. De conformidad con el artículo 88, la Comisión tiene la obligación de controlar las ayudas estatales. En 1998, el caso más importante fue la aportación de capital propio por un montante de 540 millones de euros a la empresa Preussag en Alemania. Los Estados miembros deben comunicar, además, previamente a la Comisión las ayudas que se proponen otorgar.
Las normas aplicables en el sector de la industria siderúrgica se establecieron el 18 de diciembre de 1996. De conformidad con las mismas, sólo se podrán conceder ayudas en favor de la industria siderúrgica en determinados casos exactamente definidos. Esto es: ayudas a la investigación y el desarrollo, ayudas a la protección del medio ambiente, ayudas sociales para fomentar el cierre de instalaciones siderúrgicas y ayudas para el abandono definitivo de la actividad en el caso de las empresas no competitivas. Además, existe una excepción para Grecia, con un límite máximo de 50 millones de euros.
En los últimos años, ha habido, sin embargo, problemas evidentes en la aplicación práctica del Código de Ayudas a la Siderurgia que no se exponen en todos sus detalles en el informe. Desde el punto de vista del Parlamento, es importante que se empiece a debatir ya una regulación consecutiva para el momento en que expire el actual Código de Ayudas a la Siderurgia. No se deberían suavizar las líneas fundamentales de dicho Código. Nadie desea abrir las puertas a una competencia incontrolada basada en las subvenciones en Europa. Esto afectaría seriamente el funcionamiento del mercado interior, incluso tras la consolidación de la industria siderúrgica en los últimos años. El Parlamento considera necesario, por lo tanto, que se modifique el Código de Ayudas a la Siderurgia en lo que respecta a la desigualdad de trato denunciada por la industria y que la Comisión presente al Consejo una regulación consecutiva.
Es sabido que el Consejo se ha negado hasta ahora a adoptar una regulación consecutiva. Esto se debe, entre otras cosas, a que se espera poder actuar libremente, sin los molestos controles de la Comisión Europea, una vez que haya expirado dicho Código. Nosotros reclamamos, por consiguiente, que tras la expiración del Tratado, las ayudas estatales se regulen en virtud de un reglamento del Consejo, de conformidad con el artículo 94, pues sólo así será posible conseguir la obligatoriedad jurídica y la claridad necesarias.
La prohibición estricta de todas las ayudas no cubiertas por el Código sólo puede imponerse por esa vía. Un reglamento del Consejo es un acto legislativo de aplicación directa que también deben cumplir los gobiernos regionales. Es preciso evitar también en el futuro la perturbación de las condiciones de competencia y las distorsiones graves del equilibrio de los mercados.
Es criticable asimismo la práctica de la Comisión de autorizar reiteradamente ayudas a empresas siderúrgicas que considera no incluidas en las categorías del Código de Ayudas, aun cuando el Tribunal de Justicia Europeo haya sancionado dicha desigualdad de trato en algunas decisiones concretas. En un informe relativo al año 1999 que todavía se está redactando, se insta a la Comisión a que exponga de manera detallada su participación activa en la elaboración de planes de reestructuración y las excepciones autorizadas, a fin de poder realizar una evaluación objetiva de las circunstancias globales sobre esta base.
Tras la aprobación unánime del informe con dos abstenciones en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, yo pido al Pleno que lleve adelante en todos sus aspectos pleno la propuesta que ahora presentamos.

Cederschiöld
 Señor Presidente, estimados colegas, el mercado interior no está consumado. Todavía hay subvenciones, monopolios y trabas a la competencia que frenan a los mercados y al desarrollo. Los gobiernos nacionales otorgan subvenciones y prometen que es la última vez, pero se vuelven a conceder. Las subvenciones influyen negativamente en la distribución de recursos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
Se necesita una sucesiva eliminación de las subvenciones estatales y se tienen que abrir más mercados a la competencia, tanto aquellos que han sido monopolizados por manos privadas como por el Estado. Lo más frecuente es que los monopolios estatales se eliminen a regañadientes. Una mayor competencia y la creación de nuevas empresas podrían dar buenos resultados para el Estado del bienestar, incluso en el sector educativo, en el sanitario y en el de servicio social. Los monopolios estatales tienen que ser sustituidos por estructuras competitivas. Europa tiene que modernizarse, acostumbrarse a la creación de nuevas empresas y adaptarse a un ambiente más competitivo, tanto para los consumidores como para las empresas. Una competencia eficaz baja los precios y sube los niveles de vida. La política de consumidores se ha ocupado muy tímidamente de los niveles de precios. La política de competencia y la de consumidores están relacionadas entre sí.
El mercado interior es la base de nuestro trabajo. Sus normas se aplicarán a todos, tanto a los países grandes como a los pequeños. Se necesita un estudio sistemático de las legislaciones nacionales para eliminar las trabas a la competencia. Incluso las normas comunitarias pueden necesitar un análisis.
El nuevo modelo que ensaya la Comisión no debe conducirnos a un proceso de nacionalizaciones que desvirtúe los logros alcanzados en materia de política de competencia. Para ser eficaz tendrá que estar bien afianzado en las autoridades nacionales de los Estados miembros. Dentro de unos seis meses sería prudente analizar los resultados y estudiar los efectos de la nueva situación en el papel de la Comisión. La idea de organizar un congreso que abarque a todas las instituciones y que siente las bases para un debate abierto, con una amplia perspectiva, con los representantes de los diferentes grupos interesados, es la solución al problema de qué hacer para seguir avanzando. Allí se podrían establecer nuevos principios y revisar las modificaciones más profundas que se han discutido. También habría oportunidad de buscar nuevas soluciones comunes y de analizar las enmiendas presentadas tras el debate en comisión.
La aplicación de la ley en materia de competencia debe ser correcta. Si la política de competencia se aplica de manera equivocada se pueden ocasionar perjuicios de carácter jurídico y menoscabar el derecho de propiedad, principio importante y fundamental que debemos proteger. Tenemos ante nosotros un debate bastante interesante. Una conferencia en la que se discutan estos asuntos posibilitaría la aclaración de malentendidos y, tal vez la mejora de algunos puntos.
El Parlamento y la Comisión pueden reforzar conjuntamente sus esfuerzos para alcanzar una política de competencia eficaz y crear así nuevas posibilidades y nuevos recursos para los ciudadanos. Justamente en Estocolmo, mi circunscripción electoral, hay muchos buenos ejemplos de aumentos de oferta y mejoras de calidad producidos como consecuencia del sometimiento a la competencia de sectores que estaban totalmente monopolizados. Impulsamos la continuación de este amplio debate, que se ha fortalecido durante la tramitación de los informes de los Sres. von Wogau y de Rapkay. Esperamos que se otorgue a los puntos de vista legales la importancia que merecen en un Estado de derecho.

Radwan
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, en mi calidad de eurodiputado novel, es una satisfacción para mí poder intervenir por primera vez en el Pleno, aunque sea con un cierto retraso. Ante todo, quiero agradecer a los ponentes von Wogau, Langen, Rapkay y Jonckheer, así como a la Comisión, la excelente colaboración mantenida.
La competencia es sin duda alguna el fundamento de la economía social de mercado y la política de competencia europea tiene un historial de éxitos, el más reciente en el sector de la energía y las telecomunicaciones, donde se han reducido visiblemente los precios y ha mejorado el servicio. Todo ello en beneficio del consumidor. Ahora hemos alcanzado, sin embargo, un punto en el que es preciso seguir desarrollando la política de competencia. La Comisión ha presentado un Libro Blanco sobre esta cuestión, que aborda dos temas centrales: supresión de la notificación obligatoria y transferencia de la ejecución de la norma. La primera permitiría reducir indiscutiblemente la burocracia y los gastos administrativos. Al mismo tiempo, con el nuevo sistema los actores económicos individuales también deberían asumir, obviamente, una mayor responsabilidad. Ya no podrían limitarse a presentar una notificación y esperar la autorización, sino que cada uno debería asumir su propia responsabilidad, y quizá esto explique el malestar que la propuesta ha generado entre algunos. Sin embargo, yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para demostrar que Europa también es capaz de emitir una señal a favor de una reducción de la burocracia.
El segundo punto es el de la transferencia de la ejecución de la norma. Para poder llegar a desarrollar una cultura jurídica europea, es necesario, sin duda, que la aplicación de las normas no recaiga exclusivamente en la Comisión, en los órganos centrales, sino que también sea competencia de las autoridades y los tribunales nacionales. No se discute la exigencia de que toda la legislación de la UE se decida exclusivamente desde los órganos centrales. Sin embargo, justamente durante la fase de adaptación se producirá una cierta inseguridad jurídica y, en este contexto, parece ciertamente necesario que en el marco del procedimiento legislativo previsto se desarrolle un instrumento que ofrezca seguridad jurídica a las empresas y les permita apelar a la Comisión. Se deberían mantener abiertas las puertas para la creación de una Oficina europea de defensa de la competencia, que sin duda se debatirá en el futuro. La política de competencia debe ser, sin embargo, más transparente. Es necesaria una mayor participación del Parlamento y la creación de un registro que permita comprobar el grado de cumplimiento estatal también podría contribuir a mejorar la disciplina entre los Estados miembros, a mi parecer.
Existen, sin embargo, dos aspectos que me preocupan especialmente en relación con el futuro de la competencia. El primero es el tema de la subsidiariedad. Todos estamos de acuerdo en que la competencia es necesaria para la economía y que contribuye a fomentar el rendimiento, y en este sentido yo creo que también deberíamos permitir la competencia entre las regiones. Ésta no debilitaría a la Unión Europea, sino que contribuiría sin duda a fortalecerla. Cabe citar, por ejemplo, el tema de las ayudas agrícolas, el ejemplo de las cajas de ahorro y los bancos de los Estados federados, y el del sello de calidad. Casos en los que una región ha contribuido con su propio esfuerzo a la comercialización de sus productos. No podemos permitir que esta capacidad de iniciativa autónoma se destruya desde el ámbito europeo.
A mi modo de ver, también es necesario que se suprima la norma de minimis. Tendríamos que hacer todo lo posible para forzar la competencia entre las regiones. El segundo aspecto es la necesidad de un debate sobre la competencia y la economía social de mercado, y no me refiere ahora a un fracaso del mercado. Ya me he mencionado el sector de los bancos y cajas de ahorro locales, pero ahora quisiera situar en un primer plano lo que continuamente se repite desde diferentes sectores. Actualmente, a la persona que vive en una residencia de ancianos se la considera incluida dentro del sector social. Sin embargo, también sería posible considerarla como un cliente, y yo creo que deberíamos debatir con mucha claridad y sin demora en qué aspectos el sector social y las estructuras que se han ido creando constituyen un freno para la competencia. De lo contrario, cabe la posibilidad de que se designe a cualquiera, a cualquier sector como clientes y se provoque un fuerte desmantelamiento de los sectores sociales.
Antes de acabar, una última consideración sobre el principio de subsidiariedad: a mi parecer es urgentemente necesario que se mantenga la competencia de las regiones y los municipios para recaudar impuestos en los casos en los que los Estados miembros lo permiten, y que ésta no se regule de manera uniforme desde Europa.

El Presidente
Muchas gracias, Señoría. Permítame que le felicite por lo que en el parlamentarismo alemán se designa -injustificadamente en su caso- como el "discurso de estreno" (Jungfernrede).

Poos
Señor Presidente, señor Comisario, queridos colegas, intervengo en nombre de mi colega Robert Goebbels, que ha debido ausentarse para atender a un compromiso político.
En el seno de la Comisión Económica y Monetaria, el informe Jonckheer ha suscitado ásperas controversias en torno al funcionamiento del mercado. Una escasa mayoría de derecha ha conseguido eliminar toda referencia a las insuficiencias del mercado. Aunque nuestro Parlamento persiguiera mayoritariamente este concepto ultraliberal de un mercado supuestamente perfecto, el mundo no cambiaría por ello. Las relaciones económicas en el mundo real demuestran sobradamente que la eliminación de toda intervención pública en el mercado no produce en absoluto una competencia perfecta ni una distribución óptima de los recursos. Aunque el mercado ha sido desde la noche de los tiempos el lugar de intercambio privilegiado de los seres humanos, jamás ha sido perfecto. El mercado da prioridad al corto plazo y a los beneficios inmediatos. En el mercado, las relaciones de fuerza entre la oferta y la demanda son, generalmente, en desventaja de los más débiles, los consumidores y los trabajadores. El mercado necesita normas para funcionar. El espíritu de iniciativa necesario y precioso debe tener como corolario el sentido de las responsabilidades ante la sociedad. Nosotros, los socialistas europeos, estamos a favor de una economía de mercado con fines sociales. El mercado no es un fin en sí mismo; debe estar al servicio de la mejora de la condición humana. La Unión Europea, los Estados, no deben sustituir a los agentes económicos, sino que los poderes públicos deben definir las normas y los objetivos que permitan un desarrollo sostenible de la economía. Por último, las ayudas permiten realizar reestructuraciones, ofrecer una formación, salvar puestos de trabajo y, en definitiva, actuar con buen tino. La política de competencia de la Unión no puede tener como principal objetivo una reducción del nivel global de las ayudas. Es necesario orientar estas ayudas hacia los objetivos de la Unión, en particular, la cohesión económica y social, el desarrollo sostenible y la investigación.
La Comisión debe perseguir las ayudas ilegales y aquellas que realmente ponen cortapisas al mercado interior. Suprimir toda ayuda pública sería un grave error. Internet no es un producto del mercado, sino el resultado de la investigación financiada por el ejército norteamericano. La World Wide Web, que ha hecho posible el desarrollo fulgurante de la sociedad de la información, fue obra de la CERN de Ginebra financiada, una vez más, con ayudas públicas. El salvamento del grupo Holzmann por parte del Gobierno alemán ha sido criticado como una cortapisa injustificable a la economía de mercado. El Presidente Duisenberg ha intentado incluso atribuir la debilidad, que por otra parte ha sido relativa, del euro frente al dólar, a este intervencionismo estatal. No he oído al Sr. Duisenberg criticar el salvamento del Hedge Fund LTCM por parte de las autoridades monetarias norteamericanas. Querer salvar 60.000 puestos de trabajo es, al parecer, un pecado contra el mercado, pero el salvamento de capitales no parece plantear ningún problema a los defensores del libre mercado.
Los fondos públicos son movilizados para reparar los daños de la especulación internacional, como ha ocurrido en México, en Asia y en Brasil. En cambio, el trabajo de las personas es considerado un simple factor de ajuste. Nosotros, los socialistas, nos oponemos a esta abstracción liberal. Queremos una auténtica cultura de la competencia en Europa. La mano de los Estados debe permanecer visible para poner marco al mercado y la Comisión debe hacer de árbitro.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, estimado Comisario y estimados compañeros, comenzaré expresando mi agradecimiento al Sr. Rapkay por el buen informe que ha realizado y la buena colaboración. A usted, Comisario Monti, quiero agradecerle la estupenda colaboración que ha brindado y decirle que en este cambio de siglo tiene una función especialmente importante que desempeñar. Debe barrer las huellas dejadas por los gobiernos nacionales que tienen grandes visiones en materia de política de la competencia, pero sólo la imaginación pone límites a las catástrofes que pueden ocasionar los gobiernos nacionales. En este punto puedo mencionar los últimos ejemplos de los que hemos sido testigos: Holzmann, una empresa que recibe considerables ayudas del gobierno alemán, serrerías en la antigua Alemania Oriental y especialmente las ayudas a los astilleros. Son tres ámbitos en los que muchas empresas danesas atraviesan graves problemas y se están viendo empujadas fuera de sus mercados. Quiero decirle al Sr. Poos que estoy muy de acuerdo con el Sr. Duisenberg en que estos casos ejemplifican cómo algunos de los países miembros europeos no están en condiciones de reestructurar sus economías y con ello contribuyen a minar el valor del euro.
El Grupo Liberal ha presentado 80 enmiendas en la comisión, relativas todas ellas a las ayudas estatales. Son propuestas que pensamos contribuyen a aportar transparencia y claridad, cualidades muy importantes de cara a lograr un buen funcionamiento del mercado interior. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a mis compañeros en la comisión por su apoyo a las enmiendas del Grupo Liberal. Nuestras propuestas, como he dicho, se refieren a la transparencia y me gustaría destacar la enmienda que exhorta a la Comisión a que presente criterios y condiciones uniformes para el tipo de ayudas estatales que consideramos legal, precisamente para garantizar que las empresas pueden predecir su situación.
Otro punto es la cuestión sobre qué hacer cuando la ayuda estatal es declarada ilegal. ¿Cómo nos aseguramos de que nos sea devuelta la ayuda estatal declarada ilegal? Hoy no existe ninguna regla común en este terreno y exhortamos firmemente a la Comisión a que se ocupe de armonizar las normas en materia de devolución. Éste es el camino a seguir para garantizar condiciones homogéneas a la hora de competir.
Por último, proponemos la elaboración por una parte de un registro, tal y como han mencionado varios de mis compañeros, y por otra parte también de una tabla de resultados que muestre la situación de los países con respecto a las ayudas estatales. Usted nos ha mostrado el camino, señor Monti, con la tabla de resultados para el mercado interior. Ésta es la fuente de inspiración de nuestra propuesta de una tabla similar para las ayudas estatales.
Espero y confío en que usted, Comisario Monti, respalde estas propuestas y aguardo sus comentarios y su postura al respecto.
Para finalizar, quiero dar la bienvenida al informe sobre la competencia de la DG XXVIII de la Comisión, al que una vez más se ha dedicado una cantidad considerable de trabajo. Sin embargo, como ya he mencionado, nuestro último propósito debe seguir siendo la transparencia y la claridad. Sigue siendo preciso mejorar la eficacia en los ámbitos mencionados, y por ello hay motivos suficientes para seguir trabajando con la vista puesta en resolver los problemas relacionados con la falta de transparencia y claridad en el ámbito de las ayudas estatales. Sobre todo es necesario con relación a la próxima ampliación y querría expresarle mi agradecimiento al Sr. Jonckheer, quien ha tratado en su informe muy concienzudamente todos los problemas relacionados con la ampliación y con cómo asegurarnos de que estos países cumplan nuestros requisitos y también de que compitamos en igualdad de condiciones. Es evidente que como liberales y verdes tenemos diferentes concepciones del mundo, sin embargo, en nuestros objetivos estamos en gran medida de acuerdo y trataremos de hallar una solución razonable a nuestros problemas.

Lipietz
Señor Presidente, señor Comisario, sencillamente debemos responder a dos preguntas. ¿Son legítimas las ayudas estatales a las empresas o son legítimos los acuerdos entre empresas en una economía de mercado, y quién debe controlar estas excepciones a las reglas absolutas de la economía de mercado?
Respecto al primer punto, afirmamos abiertamente que, para tomar en consideración las necesidades del desarrollo sostenible que suscribe la Unión Europea, es indispensable que en determinados casos existan ayudas estatales a las empresas, ya sea en forma de desgravación fiscal, de un régimen fiscal diferenciado o sencillamente de ayudas directas. Es igualmente legítimo que existan acuerdos entre las empresas, acuerdos de autolimitación, todos esos acuerdos que permiten paliar los efectos nocivos de la competencia sobre las necesidades sociales o las necesidades ecológicas.
Por tanto, respondemos con toda claridad sí: es legítimo que puedan existir ayudas, que existan acuerdos, pero afirmamos que cada uno de estos acuerdos debe estar sujeto expresamente a una argumentación. El informe von Wogau propone devolver el control de esta legitimidad a nivel nacional. Eso nos parece relativamente peligroso, pero no obstante le daremos nuestro voto favorable, porque reconocemos que la Comisión no puede hacerlo todo. Exigimos que se aplique la mayor transparencia y que se otorgue a la Comisión un mayor poder de investigación para verificar a posteriori la legitimidad de estas excepciones.

Theonas
Señor Presidente, una vez más debatimos la política de competencia de la Unión Europea. ¿En qué condiciones, sin embargo, se desarrolla realmente este debate y a qué conclusiones deberíamos llegar?
Lo que caracteriza la realidad actual es la materialización de gigantescas absorciones, fusiones y compras de descomunales empresas de carácter monopolista y la formación de grupos tremendamente poderosos de ámbito planetario. Francamente, ¿no debería ocuparse nuestro debate de esta situación? ¿Qué política de competencia quiere y puede instaurar controles a la actuación de estas empresas monopolistas? Ciertos ramos de la industria europea, como la construcción naval, el transporte aéreo, la siderurgia, afectados por la política de competencia que se aplica, han sufrido terribles consecuencias. Han perdido posiciones e importantes porciones del mercado mundial y cientos de miles de puestos de trabajo. ¿Nos vamos a ocupar alguna vez de esta realidad? La escandalosa concentración de poder en sectores de importancia estratégica pone en manos de grupos multinacionales especuladores la economía de países enteros, incluidos países miembros de la Unión.
A pesar de todo esto, nosotros insistimos en debilitar aún más el sector público y estamos dispuestos a endurecer aún más la política de competencia, al considerar ayudas estatales incluso los encargos o pedidos de las administraciones públicas a empresas públicas. Por otra parte, la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo conduce a un explosivo aumento del paro. Los trabajadores se enfrentan a la mayor agresión a sus derechos laborales y sociales. Los consumidores asisten a la merma de su nivel de vida, a la generalización de la pobreza y a la desarticulación y disolución del sector público y de la base productiva de la mayoría de los países de la Unión, en nombre de una violenta y desoladora competencia, en nombre de la economía de mercado absoluta y del impulso de los intereses monopolistas del gran capital. Nosotros consideramos también responsable de todo esto a la política de competencia que se ejerce, y expresamos nuestro completo rechazo a esa política.

Caullery
Señor Presidente, señor Comisario, en el transcurso de este año bisagra, antes de pasar a la moneda única, la Comisión no ha escatimado esfuerzos para que el euro nazca en un entorno favorable. La política de la competencia ha contribuido, en el marco de estos medios, a este acontecimiento. Por nuestra parte, seguimos oponiéndonos firmemente a la moneda única que, lejos de traernos ventajas y la flexibilidad de una moneda común, nos ata al yugo artificial impuesto a los pueblos de Europa.
Dicho esto, gobernar es prever, es también ser responsable y en este nuevo contexto impuesto, el derecho de la competencia debe desempeñar naturalmente un papel fundamental. En este ámbito, la Comisión ha dado prioridad a varios ejes de acción: actuar sobre la estructura de los mercados a través de la búsqueda activa de prácticas de lucha contra la corrupción, orientar la actividad de control de sus servicios únicamente hacia los asuntos que presentan un interés comunitario manifiesto y marcar su voluntad de modernización del Derecho de la competencia.
En lo que respecta a las ayudas estatales, hay que velar por que no se sobrecargue el dispositivo, y la introducción de un registro público, en el que se consignen todas las ayudas, no nos parece deseable, porque esta pesada obligación iría en contra de los intentos de aligerar las trabas burocráticas.
Por último, en lo relativo a la modernización de la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, no creemos que una aplicación descentralizada sea necesariamente el camino adecuado. En realidad, la Comisión no sólo mantiene el poder de sustraer un asunto a la competencia de las autoridades nacionales, sino que además impone la clara obligación a las jurisdicciones nacionales de evitar cualquier conflicto con las decisiones de la Comisión. Los Estados nacionales se convertirían así en el brazo secular de la Comisión para el cumplimiento de la aplicación de unas normas que escapan a su competencia.
Para terminar, diré que aunque determinadas medidas están bien encaminadas, nos mantendremos vigilantes con el fin de evitar un engranaje federalista que iría en detrimento de Europa y de la soberanía de los Estados.

Della Vedova
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, expresamos un juicio básicamente positivo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la competencia, en particular en lo que se refiere a la supresión del sistema de notificaciones y autorizaciones, sin embargo, también tenemos alguna perplejidad, o mejor, más de una. Ante todo existe el riesgo de que la descentralización de las competencias, en muchos sentidos necesaria en el ámbito de los diferentes Estados, provoque un desarrollo anómalo de las iniciativas en materia de competencia, así como de que alguien se deje llevar por la tentación de utilizar el antitrust no como garantía última del buen y previsible funcionamientos de los mercados, sino como instrumento de política económica e industrial, de planificación y de interferencia con las dinámicas normales de los mismos mercados o, incluso, como instrumento de políticas proteccionistas. Al respecto, creo que nos van a ayudar los escritos de von Eieck y, sin duda, también los de un gran liberal italiano, Bruno Leoni, que alertaba sobre los riesgos de un desarrollo anómalo de las políticas anticompetitivas.
Hoy por hoy, la injerencia del Estado en la economía causa los más graves perjuicios al mercado, la competencia y la libertad de elección de los usuarios y de los consumidores europeos. Existen las ayudas estatales a las empresas, ya hemos hablado de ellas, sigue habiendo una fuerte presencia pública en la economía -piénsese en que el Tesoro italiano controla el 15% de la capitalización bursátil-, existen las trabas que gobiernos y bancos centrales ponen a las operaciones de fusión y adquisición; durante estas semanas se ha hablado con frecuencia del caso Vodafone-Mannesmann y del salvamento de la empresa Holzmann.
Por último, señor Comisario, no podemos olvidar que siguen estando en manos públicas amplios sectores económicos como las televisiones públicas, financiadas obligatoriamente por los contribuyentes, las oficinas de comunicaciones y algunos sistemas de seguro obligatorio, incluidos los de asistencia sanitaria y previsión, gestionados por monopolios públicos ineficaces que no dejan escapatoria a los usuarios, salvo a los más pudientes.
Señor Comisario, sé perfectamente cuáles son los vínculos de los Tratados, sin embargo, creo que también en esta ocasión es importante reiterar que la economía europea sufre en la competición con la americana, también y sobre todo, por la falta de aperturas y de competencia. Lo que se está haciendo es probablemente muy importante pero continúa siendo insuficiente.

Blokland
Presidente, tenemos un debate peculiar: sobre la política de competencia y sobre las ayudas estatales, la mano izquierda y derecha de la administración, por así decirlo.
Mientras los criterios de la UEM obligan a los Estados miembros a que reduzcan sus gastos, se mantiene el alto nivel de ayudas estatales a la empresa privada.
Es comprensible, porque el Estado miembro que empiece reduciendo las ayudas estatales corre el riesgo de que las empresas se vayan, con las correspondientes consecuencias negativas para el empleo. Pero al mismo tiempo es incomprensible, porque el mal sentido empresarial y los puestos de trabajo inviables no deben ser apoyados con el dinero de los contribuyentes. En principio sólo se pueden aceptar las regulaciones horizontales, porque apenas alteran, o no lo hacen en absoluto, la competencia. Por eso, las enmiendas 6 y 7 del ponente merecen nuestro apoyo.
Las enmiendas 1 y 5 señalan el fenómeno del fracaso del mercado, ya que los instrumentos de mercado por si solos no nos conducen a la sociedad ideal. Los más desfavorecidos están justo donde más palos caen. El funcionamiento del mercado debe ser aprovechado de forma calculada para que se desarrolle al máximo la responsabilidad de los ciudadanos y de las empresas. Si esta apuesta falla, la administración debe intervenir.
El Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de la política de la competencia se parece más a un documento de debate. La defensa de la descentralización para aliviar la saturación laboral en la DG de la Competencia suena simpática, pero la manera en que la Comisión quiere realizarla sobrecargará al poder judicial. Y esto iría en detrimento de la seguridad jurídica de las empresas privadas. ¿Se disminuirá verdaderamente el exceso de trabajo de la Comisión si los jueces nacionales están obligados a informar a la Comisión? ¿Qué opinión tiene el Consejo acerca de esto y está el Comisario dispuesto a reconsiderar profundamente estas cuestiones?

Thyssen
Señor Presidente, un Libro Blanco, por definición, no está hecho para tomar o dejar, su función es la de provocar respuestas y este Libro Blanco lo ha conseguido. Es una buena base para el debate y en ese sentido le damos la bienvenida. Comprendo los puntos de partida de los autores y los comparto. Confío también en que usted, Comisario, quiera mantener la reputación y el trabajo hecho por sus predecesores y que sus servicios tengan el mismo objetivo. No me puedo imaginar que la Comisión desarrolle iniciativas para deseuropeizar o renacionalizar drásticamente. Sin embargo, estoy preocupada y tengo algunas preguntas.
En primer lugar tengo una pregunta sobre la coherencia de la aplicación de la política. Por regla general soy una gran partidaria de la diversidad cultural, pero no en el ámbito de la competencia en el mercado interior. El mercado interior necesita una política de competencia uniforme, no sólo en el concepto sino también en la aplicación. Bien es verdad que se redactan regulaciones europeas y comunicaciones interpretativas. La Comisión tendría el derecho de conocimiento y daría directrices a las autoridades nacionales de la competencia. Sin embargo, me pregunto si no corremos el riesgo de meternos en una procesión de Echternach donde antes de poder dar dos pasos hacia adelante hemos de dar cada vez uno hacia atrás. Por lo tanto, Comisario, me gustaría que me informara un poco más sobre cómo va a garantizar la Comisión esta aplicación uniforme en la práctica y si usted mismo ve factibles los caminos que se esbozan a partir del punto cien del Libro Blanco.
En segundo lugar comprendo las preocupaciones de la empresa privada por la seguridad jurídica. Justo por esa razón hay tantas notificaciones. En el futuro desaparecerá este instrumento. Usted dice en el Libro Blanco que la Comisión seguirá concediendo autorizaciones singulares que pueden servir como directriz, pero ¿cuáles van a ser los criterios para conceder o no dichas autorizaciones singulares?
En tercer lugar me gustaría saber si la Comisión ha investigado cuáles serán las consecuencias de su nueva política en cuanto a la estrategia de las empresas. Me preocupa sobre todo la suerte que corren las PYME que van a perder parte de la protección jurídica y económica según la nueva exención por categorías vertical del sector de la distribución.
En cuarto lugar me gustaría saber por qué la Comisión no opta en caso de infracciones evidentes de las reglas de la competencia por permitir que entre en funcionamiento la sanción de nulidad ex tunc.
En quinto lugar está la inminente ampliación y me pregunto si los países candidatos están preparados para nuestro juego. Es como si estuvieran entrenándose todavía. ¿Qué garantías tenemos de que evolucionarán hasta jugadores de primera división en la liga del mercado interior?
En sexto y último lugar señalo una cuestión que ya recordé en mi informe sobre las restricciones verticales, es decir el "legal privilege" de los abogados de empresa. Si la Comisión realiza sus propuestas del Libro Blanco, me parece que se aumentará la discriminación en el mercado interior entre los asesores jurídicos externos e internos y que se hará por lo tanto más inaceptable. ¿Cuenta la Comisión con emprender alguna acción para conceder un "legal privilege" a los juristas "in house" de todos los Estados miembros?
Señor Comisario, le hago estas preguntas como defensora del mercado interior y espero que en este sentido seamos socios y que la discusión entre estos socios no se haga en balde sino que dé sus frutos.

Berenguer Fuster
Señor Presidente, quiero que mis primeras palabras, al iniciar mi intervención sobre el Libro Blanco, sean de felicitación al ponente, Sr. von Wogau. Del alto grado de coincidencia del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos con su informe es prueba evidente que se haya presentado en este trámite una sola enmienda.
Estamos, pues, de acuerdo con el informe, de la misma forma, señor Comisario, que estamos de acuerdo con las líneas fundamentales del Libro Blanco.
El Derecho comunitario de la competencia ha constituido, desde la entrada en vigor del Tratado, uno de los apartados básicos de la política comunitaria. Ahora bien, tras cerca de cuarenta años de vigencia, esas normas han empezado a dar síntomas de agotamiento. Era por ello urgente una modernización. Esa modernización se hacía particularmente necesaria en cinco puntos. En primer lugar, el sistema de autorizaciones; en segundo lugar, la aplicación descentralizada; en tercer lugar, las normas de procedimiento; en cuarto lugar, la aplicación judicial; y en quinto y último lugar, el excesivo formalismo.
El sistema de autorizaciones singulares precisaba una urgente reforma, que era pedida unánimemente por las empresas, los estudiosos y los abogados especializados. No he asistido a un solo foro de especialistas en derecho de la competencia en el que no se solicitara un cambio del sistema. Un sistema capaz de ofrecer tan escasas decisiones, sea de autorización o sea de prohibición, como el vigente, es cualquier cosa menos un sistema válido.
Los artículos 81.1 y 82 podían, desde hace tiempo, ser aplicados por las autoridades nacionales de la competencia. Sin embargo, éstas no podían aplicar el artículo 81.3, lo cual impedía en cierta medida una aplicación coherente del artículo 81.1. En la actualidad, saben sus señorías que hay pendientes dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, planteadas por sendos tribunales alemanes, en las que se cuestiona si es posible aplicar el artículo 81.1 sin poder aplicar el 81.3. Era también, por lo tanto, necesaria una reforma en ese punto.
El procedimiento en materia de competencia está básicamente contenido en el Reglamento nº 1762. Las voces en favor de su modificación eran unánimes. El hecho de que no fijara un auténtico procedimiento, que no se establecieran plazos, que no se regulara el acceso de los interesados al expediente o no se reconocieran adecuadamente los derechos de la defensa, eran motivos que provocaban la unanimidad en la petición de reforma.
El Tribunal de Justicia ha aceptado, desde hace tiempo, que el Derecho comunitario de la competencia podía ser aplicado por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, y la Comisión ya publicó, en el año 1994, una comunicación sobre ese tema. Era, pues, necesario facilitar esa vía.
Una de las críticas más frecuentes que se hacen del Derecho comunitario de la competencia es su excesivo formalismo. Como consecuencia de la tradición jurídica continental, la consideración de que determinados acuerdos sean o no anticompetitivos depende más del análisis de sus cláusulas que de los efectos en el mercado. Era, pues, necesario introducir el análisis económico.
El Libro Blanco pretende resolver esos problemas y, por lo tanto, apoyamos sus propuestas.
Es cierto que notamos también ciertas deficiencias que se han puesto de manifiesto en el informe. Entre ellas, en primer lugar, que a pesar de tratar de la modernización de los artículos 81 y 82, pone exclusivamente el peso en el artículo 81 y no en el artículo 82. En estos momentos, en los que los procesos de concertación de empresas, o de privatización de los monopolios, han mantenido posiciones dominantes e incluso las han incrementado, la persecución de las conductas abusivas se hace especialmente importante. En segundo lugar, el Reglamento nº 1762 debe ser derogado y sustituido por un nuevo reglamento. En esos términos, vamos a apoyar el informe.
Ahora bien, si se aprueban algunas de las enmiendas, particularmente las presentadas por el Grupo parlamentario del PPE, consideraríamos que el informe quedaría desvirtuado, se convertiría en un documento contradictorio, falto de rigor y, en ese supuesto, reconsideraríamos nuestro apoyo.

Gasòliba I Böhm
Señor Presidente, Señorías, entre los diversos temas que se contemplan en este debate conjunto, desearía hacer una reflexión sobre el que ha tratado nuestro colega Berenguer, es decir, la modernización de la política de la competencia, a la que hace referencia el Libro Blanco de la Comisión.
Francamente, creo que esta modernización ha sido satisfactoria. El Comisario Monti obtiene buenos resultados en su gestión, igual que su predecesor y, evidentemente, ha establecido la garantía de que, de manera paralela a la creación y al desarrollo del mercado interior europeo, ha sido capaz de establecer los correspondientes correctivos para que la economía de mercado dentro de la Unión funcione adecuadamente, sin las desviaciones que los economistas sabemos que pueden existir cuando se amplia el mercado, como ha ocurrido en la Unión Europea a partir del año 1993.
Si funciona bien, si estamos satisfechos, si la actuación básica de la Comisión ha sido correcta, ¿por qué la modificación? Se han presentado diversos argumentos a su favor. El Sr. Berenguer ha ofrecido un análisis muy ajustado, justificando su necesidad y las consecuentes reformas para mejorar el funcionamiento de la competencia, pero mi preocupación es la de asegurar que los estándares y criterios que se aplicarán a través de las correspondientes administraciones de los Estados miembros sean realmente en todas partes idénticos. Porque si no es así, nos encontraremos ante la paradoja de que sea la propia Comisión la que introduce elementos de competencia desleal en el funcionamiento del mercado interior europeo. En ese caso no habríamos avanzado sino que, por el contrario, habríamos retrocedido en la aplicación de la política de competencia dentro de la Unión.

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, quisiera hacer constar en primer lugar mi reconocimiento a la Comisión por la mejora que representa el XXVIII informe sobre la política de competencia en la Unión, respecto a ediciones precedentes. Quiero, asimismo, destacar la labor llevada a cabo por el ponente, Sr. Rapkay, quien ha diseccionado de una forma concisa un texto tan denso y amplio como éste. Y también le quiero apoyar plenamente en su comentario sobre la necesidad de dejar a las regiones -como el País Vasco, al cual represento- un margen de acción en virtud del principio de subsidiariedad.
Sin embargo, no puedo olvidar las críticas realizadas en numerosas ocasiones tanto por los Estados miembros como por los operadores del mercado, que, ante el amplio margen de maniobra, de discrecionalidad, reconocido a la Comisión para evaluar cada caso concreto, alegan la existencia de una inseguridad jurídica, al no existir unas reglas claras de juego que permitan a los interesados prever la posición de la autoridad y, así, efectuar ajustadamente sus solicitudes de ayuda al fomento de la actividad económica y del empleo, el planteamiento de fusiones de empresas, etc.
La única garantía ha venido siendo la de buscar previamente una autorización favorable, recurriendo a expedientes individuales que no se resuelven en un plazo menor a los seis u ocho meses, un plazo excesivamente dilatado que no hace sino añadir problemas de falta de agilidad a la actividad generadora de riqueza y empleo.
Por ello, yo echo en falta y, en consecuencia, sugiero, la conveniencia de establecer una mayor normativa, de promulgar unas reglas de juego claras, con las cuales podremos salir ganando todos: empresarios, inversores, trabajadores y ciudadanía en general.

Turchi
Señor Presidente, Señorías, quiero subrayar que, en una época de grandes cambios desde el punto de vista tecnológico -basta con ver lo que está ocurriendo en el sector de la información o en otros sectores como la energía y los transportes- la protección de la competencia revestirá una importancia fundamental para nuestro futuro.
Considero que, desde el punto de vista del crecimiento económico y, por lo tanto, del aumento del empleo y de la riqueza, defender una política de competencia en nuestros Estados se convierte en un factor determinante y, sin duda, fundamental para nuestro futuro. Éste es el motivo por el cual expreso un juicio básicamente positivo sobre el presente informe. He notado que, en estos últimos tiempos, la Comisión se ha esforzado para que dicho principio sea respetado de forma específica y contundente, al objeto de salvaguardar esa flexibilidad de los mercados tanto para los productos como para los servicios. Repito que esto será muy importante para nuestro futuro, para la economía de Europa y, sobre todo, para proteger nuestras riquezas y el desarrollo tecnológico de Europa en general.

Evans, Jonathan
Señor Presidente, para los conservadores británicos la aplicación eficiente y uniforme de la política europea de la competencia es fundamental para lograr un mercado único eficaz en toda la Unión Europea. Así, pues, de ello se deduce que cualquier propuesta sobre una reforma importante del mecanismo de aplicación de la política de la competencia debe ser examinada detallada y detenidamente. La verdad es que el mercado único aún no está concluido.
Durante los seis meses que llevo de diputado en este Parlamento he visto claramente la determinación de muchos diputados de sacar adelante el llamado proyecto europeo. Diariamente oímos hablar de la necesidad de fomentar una Europa más amplia y más profunda. Pero todo eso es, en realidad, pura y simple retórica, cuando vemos los obstáculos nacionales, regionales y locales que siguen bloqueando el funcionamiento de un auténtico mercado único europeo. Ése es el marco en el que quiero examinar las propuestas de la Comisión.
Quisiera decir con toda claridad que tenemos la mayor confianza en el Comisario Monti y lo respetamos profundamente. Lo consideramos la persona idónea para erradicar los cárteles. Pero ha de reconocer que, igual que en los demás casos, tenemos que examinar estas propuestas suyas y someterlas a un examen riguroso. Eso es lo que ha hecho nuestro ponente en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el Sr. von Wogau. Quiero felicitarlo, pese a que, lamentablemente, no está presente, por la forma completa y rigurosa como ha emprendido la preparación de su informe... ¡y también por haberme soportado como una espina clavada en su costado! Antes ha dicho que el informe se ha aprobado con una mayoría importante, pero no con mi apoyo. De modo que, aunque puedo no compartir sus conclusiones, creo que ha ilustrado en su informe muchas de las cuestiones que la Comisión debe abordar.
La primera es las posibilidades de renacionalización de la política de la competencia. Sé que la Comisión se opone a ello, pero esas posibilidades existen. Sigo preocupado por la capacidad de los tribunales nacionales y de las autoridades nacionales encargadas de la competencia. Sigo preocupado por el funcionamiento en conjunto del proceso judicial. El otro día pregunté al Comisario Monti qué ocurriría, si resultara no estar en lo cierto y hubiera una efectiva renacionalización. El Sr. von Wogau ha dicho que podemos recurrir al Tribunal Europeo. En fin, en Gran Bretaña hemos recurrido en este momento al Tribunal Europeo. Hemos visto que el Tribunal Europeo no puede facilitarnos medidas provisionales en cierto litigio que tenemos con Francia en este momento, en el que contamos con el apoyo de la Comisión. Siempre que no todo el mundo considere que se trata de una observación puramente nacionalista, en el caso Factortame, en el que el demandado era el Gobierno británico, el Tribunal Europeo necesitó diez años para dictar sentencia. De modo que, judicialmente, hay que hacer algo. Pregunto a la Comisión qué se puede hacer para acelerar la aplicación en ese sector determinado.
En relación con la seguridad jurídica, hago mía la observación formulada por la Sra. Thyssen. Es importante que las empresas tengan seguridad jurídica. Recientemente se lo mencioné otra vez al Comisario Monti. Dijo que no siempre debemos dejarnos llevar por abogados. He de declarar un interés como abogado, pero también como ex-Ministro de la Competencia en el Reino Unido. Parece que todos tenemos nuestras historias con las que cargar, pero es importante que las empresas tengan seguridad jurídica.
Quisiera preguntar a la Comisión si se ha emprendido un análisis de las consecuencias de ese cambio para las empresas: un análisis coste-beneficio del tipo que ahora está dándose mucho más en la política europea. Sé que ha habido un análisis de las consecuencias del cambio para la Comisión. Se nos ha dicho que actualmente se está desperdiciando el tiempo de los ciudadanos y que, por tanto, los cambios podrían ser beneficiosos. Pero la verdad es que en estas circunstancias queremos saber cuáles son las consecuencias para las empresas.
Por último, nosotros, como conservadores británicos, buscamos un cambio de orientación hacia el establecimiento de un organismo independiente encargado de la competencia. Me gustaría oír lo que tiene que decir el Comisario Monti al respecto.

Randzio-Plath
Señor Presidente, la política de competencia de la Unión Europea ha sido de central importancia desde que se inició la integración europea. Dicha política se insiere dentro del campo de tensiones, implícito también en el proyecto de integración europea, entre la solidaridad entre los Estados miembros y su cooperación para crear un marco de condiciones mejores y más eficientes para las personas y la economía, por un lado, y la competencia que debe generar los estímulos necesarios para mejorar la competitividad y la futura viabilidad de la Unión Europea como tal, por el otro lado.
La política de competencia es, por lo tanto, justificadamente una de las políticas más importantes. Podemos enorgullecernos de contar con una cultura europea de la competencia, como un medio para hacer realidad en la práctica la economía social de mercado. Podemos estar orgullosos del control de los cárteles y las fusiones. Sin embargo, debemos mantenernos vigilantes ante los actores que operan a escala mundial, a cuya actuación ya no se pueden imponer límites desde los Estados nacionales. Esto nos obliga a recordar la frase de la escritora francesa Vivienne Forestier, quien describe la situación en el mundo como el terror de la Economía. La sociedad se abandona al mercado. Esto es justamente lo que no queremos que ocurra en la Unión Europea. Sabemos que en la era de las estrategias de alianzas y fusiones del milenio -en 1998 se pagaron 2.400 millardos de dólares estadounidenses en operaciones de adquisición-, la contención de las prácticas perjudiciales para la competencia no se limita a nuestras propias normas sino que, mientras no exista un derecho de competencia internacional -¡que es imprescindible que se establezca!-, también pasa por la cooperación bilateral con los Estados Unidos o Japón, o con otros países.
La política de competencia europea -a menudo lo olvidamos- no sólo es importante para garantizar una competencia leal como fin en sí misma, sino también para la formación de los precios y para el crecimiento y el empleo, y por consiguiente también para las ciudadanas y los ciudadanos. Yo también pido, como los demás colegas, el derecho de codecisión del Parlamento Europeo en el ámbito del derecho de competencia. ¡Es algo que hay que lograr de una vez!
Es importante resaltar asimismo la interrelación entre la política de competencia y la protección del consumidor. Yo me congratulo de que el Comisario Monti se proponga avanzar en este ámbito por medio del diálogo con el Parlamento Europeo, pero también a través del diálogo con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de consumidores y los ciudadanos. Una mayor transparencia también contribuirá a la aceptación de las decisiones en materia de política de competencia entre la opinión pública. Permitirá apreciar que la reducción de los precios de la energía y las telecomunicaciones son un resultado de la política europea de competencia y que Bruselas no siempre merece ser atacada cuando adopta decisiones relativas a las ayudas públicas que, como es lógico, crean indiscutiblemente problemas en un momento concreto o a escala local.
Unas normas de competencia claras también son particularmente importante con vistas a la ampliación de la UE. En este contexto es preciso resaltar -y el informe Jonckheer también lo señala muy claramente- que una política relativa a las ayudas estatales debe seguir concediendo a cada Estado la libertad de definir y configurar con autonomía sus tareas públicas y su régimen de propiedad. En este sentido, debe quedar claro que las ayudas públicas pueden tener una función útil para compensar las deficiencias del mercado y promover objetivos sociales.
Unas palabras sobre el Libro Blanco: la revisión de los artículos 81 y 82 marca un cambio de rumbo en la política antimonopolista. Yo mantengo, por lo tanto, una posición contraria a la de la mayoría de la Asamblea y también la de la mayoría de mi propio Grupo político, ya que considero que el sistema de la excepción legal es claramente inferior desde el punto de vista de la política de competencia a un sistema de prohibición con una cláusula de reserva administrativa y creo que entraña el riesgo de una renacionalización. El sistema vigente favorece la transparencia, ofrece seguridad jurídica a las empresas, ha fomentado sin duda alguna la disciplina y ha tenido un efecto disuasorio a través de la notificación obligatoria. El problema de la sobrecarga de trabajo que la Comisión sitúa en un primer plano no es motivo suficiente para proceder a una modificación de gran calado del sistema jurídico. Además, también es discutible que esto sea siquiera posible sin una modificación de los Tratados.

Huhne
Señor Presidente, me alegro mucho de que la Sra. Randzio-Plath haya mencionado el importantísimo marco de nuestro debate, porque hasta ahora ningún orador lo ha hecho. El advenimiento del euro al comienzo del año pasado liberó enormes fuerzas competitivas en las empresas europeas, que están afrontando una oleada de fusiones de proporciones inusitadas. Por ejemplo, las cifras correspondientes al año pasado revelan ahora que el valor total de las fusiones en la zona europea ascendió a 1,4 billones de euros, lo que representa siete veces el nivel de fusiones en el momento culminante del último período de afluencia de fusiones en 1990.
Eso plantea enormes obstáculos para la política de la competencia y espero que ésta pueda afrontarlos, porque no cabe duda de que muchas de esas fusiones van a ir encaminadas a proteger los márgenes de beneficio de las empresas contra la competencia en lugar de aumentar simplemente la productividad y capacitar a esas empresas para funcionar en una escala mayor. El Comisario Monti y sus colegas tienen ante sí un desafío tremendo y en el Grupo ELDR nos preocupa que haya una debilitación en el impulso de la política de la competencia tanto en el examen de las fusiones como en la supervisión de los métodos restrictivos. Delegar en las autoridades nacionales está muy bien, pero quisiéramos subrayar lo que el Sr. von Wogau ha dicho en su informe sobre la necesidad de una supervisión periódica de las autoridades nacionales para velar por que no haya una reducción por la parte europea y quisiéramos pedir en particular al Comisario Monti que nos tranquilice, en el sentido de que habrá comprobaciones aleatorias al respecto.

Knörr Borràs
Señor Presidente, en el reducido tiempo de que dispongo, quiero apoyar la labor realizada por todos los ponentes y compartir muchas de las cosas que se han dicho aquí, particularmente por mi compañero Jonckheer, criticando la excesiva agrupación de datos y la necesidad de transparencia y de balance socioeconómico de las ayudas. También comparto la crítica de que no se ha puesto énfasis en el desarrollo del artículo 82, sobre todo cuando podemos asistir a conductas abusivas en un contexto de concentración del mercado.
Deseo formular, como diputado del País Vasco, mi total apoyo a las medidas de aplicación de la debida competencia del mercado. Lo digo por si cupiera alguna duda por las críticas que hemos dirigido a la Comisión, en general, y al Sr. Monti, en particular, por su persecución de los incentivos a las empresas vascas y por el hecho de considerarlas como ayudas estatales.
Nuestra discrepancia subsiste en la medida en que la Comisión sigue sin entender el carácter del sistema general y de corresponsabilidad de nuestro concierto, que hacen que nuestras normas fiscales vascas tengan la misma naturaleza, fundamento y finalidad que las normas de los Estados de la Unión, y que se aplican con carácter general a todos los contribuyentes que, en virtud de los puntos de conexión, quedan sometidos a las mismas.

Markov
Señor Presidente, señor Comisario. Sí, desde luego necesitamos competencia. Necesitamos competir en el ámbito de la máxima reducción del desempleo, de la mejora de la atención sanitaria, de la justicia social, de unas normas sociales exigentes y además -los anteriores son criterios de competitividad político-económica- también necesitamos competir, naturalmente, en el ámbito económico empresarial: máxima calidad de los productos, equiparación de las condiciones de acceso al mercado para todas las empresas, oferta de productos respetuosos con el medio ambiente. Es decir, que debemos ser capaces de combinar los necesarios criterios de competitividad político-económica con los criterios de la economía empresarial. Yo a veces tengo la impresión de que, a diferencia de lo que ocurría en mi país -en la RDA-, donde se primaba por encima de todo la competitividad desde el punto de vista político-económico, sin prestar atención a la competitividad empresarial, ahora se hace muy a menudo todo lo contrario y la sociedad piensa casi exclusivamente en términos de la economía empresarial. Lo digo desde mi posición de empresario absolutamente interesado en este aspecto. Pero un sistema no puede funcionar así. La única vía posible es un enfoque combinado.
Voy a exponerles un ejemplo. La Unión Europea concedió acertadamente ayudas a la acería Grönitz de Brandenburgo, a pesar de que sus 5 000 puestos de trabajo ahora han quedado reducidos a sólo 700. Pero éstos son competitivos, pues dicha acería es actualmente el segundo productor de herramientas de acero de la República Federal de Alemania. Quienes ahora ponen en peligro la producción de esta acería al exigir la devolución de dichas ayudas, no sólo amenazan a la acería, sino también a un empleador de dicha región, del que además también dependen, naturalmente, varias pequeñas y medianas empresas. Desde luego, ésta no puede ser la política de competencia de la Unión Europea.
Si queremos competencia, tenemos que lograr combinar las exigencias político-económicas con los requisitos de la economía empresarial. Esta es, además, la única posibilidad de establecer circuitos económicos regionales en las regiones subdesarrolladas, que permiten ofrecer una seguridad social a las personas y mejorar su poder adquisitivo. Como parte de este enfoque, también debemos tomar más decididamente en consideración la política económica orientada a la demanda en vez de centrarnos exclusivamente en la política económica orientada a la oferta.

Gallagher
Señor Presidente, desde que fui elegido a este Parlamento en 1994, nunca había visto un informe con semejantes afirmaciones y connotaciones antiirlandesas como el informe Jonckheer que hoy estamos debatiendo.
Quisiera citar del informe lo siguiente: La mayor ayuda estatal por habitante corresponde a Italia, Alemania e Irlanda. Si agrupamos los fondos nacionales y los regionales y sociales comunitarios, Irlanda ocupa claramente el primer puesto. Creo que el ponente se limita a jugar con las cifras. Me resulta difícil de entender cómo puede incluir los fondos regionales y sociales en esa ecuación matemática. Quisiera recordar a Su Señoría que la Unión Europea ha aprobado las nuevas directrices en materia de ayuda regional para el período que se inicia en 2000. Fue una simple ampliación de los objetivos de la política encaminada a concluir el mercado interior en Europa. Para que el mercado interior dé resultado y prospere, hay que reducir las disparidades regionales.
Acojo con beneplácito el hecho de que a partir del año 2000 vaya a permitirse la concesión de una ayuda en forma de subvención del 40% y un suplemento del 15% para inversiones fijas de las PYME a las empresas que se instalen en regiones del Objetivo 1 en Europa. He de recordar al Sr. Jonckheer que las empresas irlandesas o extranjeras radicadas en Irlanda siguen teniendo que cruzar dos mares para llegar al mercado de la Europa continental. Ningún otro Estado miembro se encuentra en semejante situación de desventaja.

Konrad
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, la prohibición de los cárteles constituye el núcleo de un sistema de competencia operativo en Europa. La Comisión considera insatisfactoria la manera en que se ha llevado a cabo en la práctica la supervisión de dicha prohibición, con lo cual de entrada también podemos estar de acuerdo. Sin embargo, las opiniones empiezan a divergir en lo que respecta a la solución. La propuesta de la Comisión no se aparta formalmente de la prohibición de los cárteles, pero el resultado supone pasar de la prohibición con una reserva de autorización a la autorización con una reserva de prohibición. Esto equivale a pasar del principio de prohibición al principio del abuso. Al igual que otros colegas, yo también rechazo este cambio de sistema tan perjudicial. No acepto que un problema de transposición en la práctica sea un motivo para modificar el ordenamiento jurídico. Modificamos la norma para que vuelva a ser posible su aplicación; yo creo que esto no es aceptable. La Comisión renuncia a su competencia exclusiva en materia de autorización. Con el trasfondo del sistema de excepción legal previsto se permite la limitación discrecional de la competencia sin mayores requisitos, siempre que se cumplan las condiciones que establece el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CEE. Desaparece la obligación de notificar las decisiones a Bruselas, o sea, que la Comisión tendrá que operar en adelante a ciegas en este ámbito. Esto me parece inaceptable.
El proyecto de la Comisión se completa con un control retrospectivo reforzado de las autoridades nacionales y los tribunales de los Estados miembros. Sin embargo, si esto tiene lugar en el marco de una renacionalización, nos encontraremos con una colcha de retales en el ámbito de la política de competencia en Europa. Esto me parece inaceptable. Supone debilitar un elemento central de la política europea. El nuevo sistema previsto por la Comisión Europea en el ámbito de la legislación antimonopolista es sumamente arriesgado desde el punto de vista de la política de competencia. El sistema existente ya ofrece suficientes alternativas para garantizar la libertad de los mercados y la libre competencia.
La propuesta de la Comisión supone, además, el retorno a anteriores propuestas, que ya se plantearon en los años cincuenta y sesenta. Entonces ninguna consiguió un respaldo mayoritario. La fuerte insistencia de Francia en la excepción legal, le permitió obtener una compensación en forma de concesiones en el ámbito de la política agraria. Al cabo de cuarenta años se vuelve a poner sobre la mesa la misma propuesta, que creará un margen de maniobra -de eso estoy seguro- para la constitución de cárteles, en detrimento de los consumidores, en Europa. ¡Yo creo que esto es inaceptable!

Caudron
Señor Presidente, queridos colegas, en este importante debate sobre la competencia, esta mañana me referiré en particular al texto del Sr. Langen, relativo al código de ayudas a la siderurgia.
Como reconoció el Tribunal de Justicia en 1996, el sector siderúrgico es especialmente sensible a las perturbaciones de la competencia. En este sentido, elaboré hace unos años un informe relativo a los puntos fuertes y los puntos débiles de la siderurgia europea. Por ello es legítimo instaurar un sistema de ayudas a este sector para garantizar la supervivencia de empresas muy eficientes y a pesar de que existe una contradicción con el artículo 4 del Tratado de la CECA.
Ése es, en efecto, el objeto del sexto código de ayudas a la industria siderúrgica, pero al mismo tiempo, conviene evitar cualquier ataque a las condiciones de competencia y toda perturbación grave de los mercados, de ahí la importancia de reglamentar estas ayudas. Por ello es necesario continuar limitando las ayudas estatales a la investigación, al desarrollo, a la protección del medio ambiente y a los casos de cierre de empresas.
En el mismo orden de ideas, es primordial que los Estados miembros cumplan con su obligación de rendir cuenta a la Comisión de las ayudas concedidas a sus empresas siderúrgicas. La Comisión sugiere plazos más cortos. Apruebo esta petición.
Al igual que el ponente, aunque me felicito del informe de la Comisión, deploro, sin embargo, que éste no contemple todos los aspectos de las ayudas. A pesar de que el código de ayudas a la siderurgia se ha formulado de una manera muy clara, la Comisión ha autorizado la concesión de ayudas a empresas siderúrgicas que no pertenecen a las categorías previstas en el código. Por el bien de la igualdad, hay que aplicar el código o hay que modificarlo.
Por último y para terminar, señor Presidente, a raíz de la expiración del Tratado de la CECA, será necesario revisar las normas, porque creo que el sistema de ayudas deberá perdurar más allá del 2002 y por ello estoy a favor de un reglamento del Consejo que garantice la seguridad en este ámbito. Esperamos pues y espero propuestas de la Comisión Europea en este sentido.

González Álvarez
Señor Presidente, me voy a referir yo también al informe del Sr. Langen sobre las ayudas a la siderurgia.
Estoy de acuerdo con el ponente en dos cuestiones. En primer lugar, en la necesidad de garantizar condiciones iguales de ayuda a todos los Estados miembros y, en segundo lugar, en la transparencia de esas ayudas. Criticamos, con el ponente, que, a pesar de las normas que emanan de ese Sexto código de ayudas a la siderurgia, la Comisión haya autorizado frecuentemente ayudas a empresas que no se corresponden con las categorías del código.
En todo caso, lo que más nos preocupa, señor Presidente, es la disminución de los precios en un 30% debido a las importaciones. La razón de esa disminución de los precios es la competencia desleal de Corea del Sur y de Taiwán, en el caso de la siderurgia, por sus condiciones laborales y de ayudas diferentes. Los pedidos de la siderurgia y del sector naval -de este tema también hablamos hace poco- han disminuido drásticamente, con la subsiguiente pérdida de empleo. Yo vivo en una región en la que el sector naval ahora mismo tiene muy serios problemas: Asturias.
Con mercados de alcance mundial, serían necesarias normas laborales de alcance mundial y ayudas de alcance mundial. Sé que es difícil conseguirlo ahora, pero si no conseguimos normas laborales justas para todos los trabajadores, allá y acá, y no conseguimos también ayudas justas para todos los países, acá y allá, será muy difícil mantener el empleo, en Europa y allá.

Karas
Señor Presidente, señor Comisario, señor Director General, Señorías, en primer lugar yo quisiera manifestar lo siguiente en relación con el informe von Wogau. Los esfuerzos de la Comisión para abrir un proceso de discusión y proponer medidas de reforma concretas, haciendo tabla rasa de las férreas normas de procedimiento hasta ahora vigentes, son muy de agradecer. Yo felicito al ponente Karl von Wogau, que ha recogido la propuesta, pero a la vez también pide aclaraciones muy concretas, apunta algunas medidas complementarias necesarias y señala críticamente por su nombre los problemas que actualmente se articulan en torno a esta cuestión.
El Libro Blanco y el informe son aportaciones iniciales en el marco de un proceso necesario de reflexión, debate y reforma que aun no está cerrado, puesto que todavía quedan diversas cuestiones pendientes que deberemos aclarar juntamente con los jueces, los Estados miembros y, sobre todo, las PYME afectadas. La política de competencia se debe seguir decidiendo de manera centralizada y no se debe renacionalizar, lo cual pondría en peligro el Mercado Único y la posición de Europa como espacio económico en el marco de una economía mundial global. Sin embargo, su europeización debe seguir el enfoque de la subsidiariedad. Yo también me congratulo, por lo tanto, de que la responsabilidad recaiga sobre cada actor individual, sin que esto suponga que la Comisión abdique de su responsabilidad.
Las experiencias en la práctica -sólo se denegaron nueve solicitudes y un 94% de los casos que examinó la Comisión no se resolvieron formalmente, sino sólo por la vía de una carta administrativa legalmente no vinculante y que no se hizo pública, o sencillamente por prescripción del plazo- indican claramente que en la era de la globalización y la ampliación de la UE el trabajo de la Comisión topa con unas limitaciones de tiempo, de personal y financieras.
Para acabar, quisiera señalar lo que espero de esta reforma: una competencia equitativa y acceso a la misma en igualdad de condiciones, seguridad jurídica para todas las empresas, aplicación unificada de la política de competencia, una simplificación del procedimiento según el principio de la "ventanilla única" , coordinación de las autoridades nacionales competentes en materia de competencia, que yo creo que deben ser independientes, una estrecha coordinación entre las autoridades y los tribunales nacionales y la Comisión, así como una clara división de competencias entre las autoridades y los tribunales nacionales en cuanto a la aplicación del Derecho de competencia y antimonopolista europeo; y por parte de la Comisión, espero que se concentre en lo esencial, en cumplimiento de su cometido de guardiana máxima de las políticas de competencia europeas. Por mi parte, aguardo con expectación la forma en la que se acabarán plasmando en una propuesta legislativa los debates que se están desarrollando en amplia escala.

Bordes
El informe de la Comisión confirma que, excepto en Alemania, las ayudas estatales a las empresas van en aumento. Es algo que no preocupa a la Comisión desde el punto de vista de las condiciones de competencia.
Por nuestra parte, nos situamos en la perspectiva del interés de las clases trabajadoras. La sociedad no gana nada con estas enormes transferencias de fondos públicos a empresas privadas. Contemplemos el automóvil, sector en el que las subvenciones y ayudas diversas de los Estados aumentaron en un 24% durante el período de referencia. ¿Con qué fin? No es para preservar los puestos de trabajo. Todas estas empresas han procedido a la supresión de empleo e incluso a los despidos. No es para mejorar las condiciones de trabajo, porque en el intento de producir más con menos obreros, se agravan las condiciones de trabajo. ¿Necesitaban estas empresas ayudas estatales para sobrevivir? No, las empresas de automóviles obtienen beneficios colosales desde hace años.
Las ayudas estatales no sólo son perversas, porque como reconoce el informe Jonckheer, dan lugar a la caza de subvenciones a través de las deslocalizaciones de un país a otro, además son inaceptables, porque destinan el dinero público al enriquecimiento de un puñado de accionistas particulares. Precisamente porque en todos lados se favorece a los más ricos con dinero del Estado, en toda Europa se está reduciendo la protección social, se están abandonando los servicios públicos y cerrando hospitales.
El significado de mi voto en contra del informe Jonckheer es el de reafirmar la necesidad de una política distinta, es decir, la necesidad de poner fin a todas las ayudas a las empresas privadas y destinar los fondos públicos economizados gracias a esta medida al desarrollo de los servicios públicos y a la contratación de personal.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, el debate que hoy abordamos es extraordinariamente importante porque el principio de competencia ha sido probablemente la piedra angular del mercado interior. En aplicación del principio de competencia, el ordenamiento ha desarrollado los artículos 85 a 94, la política de competencia propiamente dicha, la revisión de todas aquellas ayudas estatales y las disposiciones fiscales que pudiesen alterar la competencia. Primero, las disposiciones fiscales de carácter indirecto; recientemente, gracias al Comisario Monti, las disposiciones directas, y muy especialmente el código de buena conducta.
Esto ha funcionado bastante bien pero, como en la famosa película Casablanca, el tiempo pasa y es necesario adaptar el ordenamiento que hasta ahora hemos aplicado a las nuevas circunstancias. En este sentido he observado un consenso importante en todas las intervenciones. Primero, es necesario que, en el diseño del ordenamiento, se conciban normas claras y completas. Probablemente en esta parcela del ordenamiento es más repugnante que en otras la existencia de normas confusas, de vacíos normativos o de normas que sólo consagren conceptos jurídicos indeterminados. Mucho más -como es el caso en la segunda parte de esta reforma- cuando la aplicación del ordenamiento se encomienda a las autoridades nacionales.
En tercer lugar, me parece importante el papel que la Comisión tiene que desempeñar, contra la tentación de crear agencias independientes que desnaturalizarían la misma esencia de la Comisión, para garantizar una aplicación uniforme por los organismos internacionales.
En cuarto y último lugar -y ya se ha aludido a ello-, el orden jurídico internacional ha cambiado. Lo hemos visto en la abortada Conferencia de Seattle y lo estamos viendo en las conferencias bilaterales con distintas regiones o países del mundo. El principio de competencia debe tener ya aplicación universal. Y debemos vigilar por que se cumplan los estándares medioambientales, los estándares laborales, para evitar el dumping en este terreno, por que se respeten escrupulosamente los derechos de propiedad, que se revisen las ayudas estatales, que -como se ha dicho aquí- en muchos sectores distorsionan la competencia y destruyen empleo dentro de nuestra propia casa y, en definitiva, por que se apliquen condiciones similares que impidan que las ayudas, las distorsiones internas de otros países se trasladen al terreno internacional mediante trampas en definitiva.

Kauppi
Señor Presidente, estimado Comisario, señor Monti, en el informe del Sr. Jonckheer sobre las ayudas estatales a la siderurgia y a otros sectores hay muchas cosas buenas. En primer lugar, en dicho informe se refleja la determinación del Parlamento a reducir sistemáticamente las ayudas estatales para garantizar el perfecto funcionamiento del mercado interior.
Sin embargo, muchas de las conclusiones del informe causan grave preocupación, al menos en el ámbito de nuestro Grupo. Por ejemplo, el hecho de que el nivel y el importe de las ayudas estatales por habitante varíen considerablemente en los diferentes Estados miembros es una prueba de la necesidad de este tipo de estudios globales. Las ayudas derivadas de intereses nacionales egoístas conceden ventajas desleales a las empresas, y ello distorsiona la competencia y conduce, desde el punto de vista de toda Europa, a un reparto ineficaz y poco rentable de los escasos recursos financieros. Tampoco da exactamente igual el tipo de ayuda que se asigne. Deben ser preferenciales las ayudas estatales que exijan esfuerzos a los beneficiarios de las mismas. Por ejemplo, las garantías del Estado, sobre las cuales la Comisión acaba de dar a conocer su posición, deben ser consideradas, obviamente, como ayudas estatales, pero se trata, a mi juicio, de una alternativa mejor que las ayudas concedidas directamente a las empresas.
El informe sobre la política de competencia sigue destacando la confianza de la Comisión en un firme intervencionismo, en lugar de concentrarse en los argumentos de rentabilidad económica que influyen en la competitividad. La economía europea nunca alcanzará la competitividad deseada, si no demostramos nuestra confianza en el funcionamiento de los mercados. Si supeditamos la política de competencia a los objetivos de la política social y de la política medioambiental, la eficacia real y el crecimiento económico no pasarán de ser un sueño. Hay que considerar la política de competencia como parte del conjunto de la economía y debe ser evaluada, por ejemplo, en relación con la política comercial y los derechos de propiedad intelectual, y no limitarnos a subrayar la dimensión social. Como mejor pueden alcanzarse los objetivos sociales es a través del crecimiento económico, y no con compromisos en las decisiones en materia de política de competencia.
En el informe del Sr. Rapkey se hace también hincapié en la dimensión internacional del derecho de competencia. En mi opinión, sería bueno que se llegara a un acuerdo a nivel internacional sobre determinados principios básicos del derecho de competencia. En cambio, la aspiración de establecer normas mínimas uniformes conduce fácilmente a elegir el camino más llano y desembocaríamos en el denominador común más bajo, lo cual aguaría todos los objetivos de la política de competencia.

Gemelli
Señor Presidente, señor Comisario Monti, considero que la modernización de la normativa de la competencia debe ser un compromiso para la Unión Europea, no solo a la vista y como consecuencia de los cambios registrados en estos años, sino también en previsión de la ampliación de la Unión. Agradezco al ponente, Sr. Karl von Wogau, el esfuerzo realizado y aprecio sus reflexiones. Valoro asimismo las consideraciones y las observaciones que me ha remitido el profesor Tesauro, presidente de la Autoridad italiana, que seguramente el profesor Monti con gran espíritu de colaboración tendrá en debida cuenta.
No cabe duda de que el verdadero problema que tenemos es poner en marcha una mayor liberalización del mercado y, sobre todo, convertir en uniformes los distintos mercados nacionales que, hoy por hoy, presentan fuertes diferencias que resultan evidentes si se comparan los mercados inglés, italiano y francés. En este último hay fuertes elementos de proteccionismo estatal que no existen en el inglés y que son muy limitados en Italia.
Otro problema lo plantean las economías de los países implicados en la ampliación que están expuestas al riesgo de quedarse en economías asistidas en el caso de que no se prevea una adaptación gradual. A mi juicio, sería necesario crear un umbral por debajo del cual se deberían incorporar dos aspectos significativos que caracterizan nuestro tejido económico: las pequeñas y medianas empresas que representan el elemento de conjunción del universo económico europeo, y la protección social que Europa ha garantizado siempre a las capas económicas menos favorecidas. La protección de la función social del mercado constituye la diferencia entre el liberalismo a secas y un sistema que esté en función de la mejora de la calidad de vida de la persona.
Un aspecto que hay que considerar en la nueva normativa es la economía de las regiones ultraperiféricas e insulares que debe protegerse. Por lo tanto, estimo que sería oportuno pensar en la creación de dos frentes de un mercado exterior estableciendo una proficua relación con Rusia y con los países del Mediterráneo, al objeto de convertir en menos periféricas las economías. Espero -y en este sentido le doy las gracias al profesor Monti- que se dé a la nueva normativa un corte lo más amplio posible desde el punto de vista de la política económica y que se garantice su función social.

Peijs
Presidente, la competencia es el corazón y la fuerza de la política europea del mercado interior. Un mercado libre y abierto sólo puede existir gracias a una competencia que esté limitada por reglas de juego claras y uniformes. Karl von Wogau lo expresa muy bien en su informe. Pero Europa cambia. Las economías crecen y nos ampliaremos hasta ser entre 25 y 30 Estados miembros. La Comisión Europea quedará saturada si se continúa la política actual. Por ello la modernización de la política de la competencia se hace imprescindible. No hay discusión sobre este punto.
Habiendo dicho esto, me sigue preocupando la descentralización propuesta. ¿Cómo va a garantizar la Comisión, como guardiana de los Tratados, que se decida de manera uniforme en cuestiones de competencia en Londres, Palermo, Helsinki y después en Budapest y Ankara? Eso es necesario para evitar una desigualdad jurídica y que se produzca un flujo de expedientes en materia de competencia al tribunal donde se falle de forma más indulgente. No es suficiente que se diga que en los Estados miembros ya hay 40 años de experiencia. En los Países Bajos las autoridades de la competencia están todavía en pañales. Este país se enfrenta a un mercado muy pequeño que al mismo tiempo se define lamentablemente como el mercado relevante. Esto en contraste con Alemania, donde el muy experimentado "Kartellamt" ejerce sus competencias en un mercado gigantesco.
La confianza de la Comisión Europea en que la interpretación de la legislación se hará casi automáticamente idéntica en todas las regiones, es lo que llamamos en el catolicismo "fe ciega" y eso está prohibido. Habrá que trabajar por la uniformidad. Pienso al respecto en jurisdicciones nacionales especializadas con posibilidades de hacer una apelación directa a una sala especial de la competencia del Tribunal Europeo. Esta sala especial es imprescindible por la necesidad de acumular experiencias. Además, los enormes intereses económicos y sociales que están en juego con este tipo de cuestiones no permiten que se tarde dos años en pronunciarse como es habitual ahora. ¿Qué opina el Comisario sobre esto?
Quiero terminar con una cuestión importante para la pequeña y mediana empresa. Para ofrecer mayor seguridad a la pequeña y mediana empresa, la Comisión Europea misma debe redactar un reglamento de exención para la pequeña y mediana empresa de modo que, aparte de las exenciones verticales, sean posibles también las exenciones horizontales. Las pequeñas empresas independientes deben poder armarse contra las grandes cadenas por medio de la cooperación. No puede ser la intención de la política europea de la competencia que se haga la vida imposible a las pequeñas empresas. Habrá que reflexionar también si no sería mejor manejar un sistema de avisos previos para las pequeñas empresas, una especie de tarjeta amarilla, en lugar de señalar directamente la tarjeta roja que sería como una multa y que amenazaría la supervivencia de la empresa.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, intervenir en último lugar me da el privilegio, señor Comisario, de decirle que, mayoritariamente, esta Asamblea respalda su iniciativa y ha mostrado una total, y creo que muy justificada confianza, en la forma de conducir usted este barco. Pero en este barco queremos ser nosotros también remeros, estamos en el mismo barco y queremos remar con usted. Y por eso creo que es absolutamente necesario que se establezca un diálogo interinstitucional para llegar a buen puerto, para perfilar, para matizar esa importantísima reforma.
Las muchas ideas que han surgido aquí podrían agruparse en tres grandes bloques. En primer lugar, está la preocupación que algunos han expresado, en particular la Sra. Randzio-Plath, Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, de que este nuevo sistema de excepción legal sea absolutamente compatible con el Tratado. Yo suscribo su preocupación y creo que debemos examinar este aspecto.
En segundo lugar, está la cuestión de la seguridad jurídica de las empresas. Y es verdad, señor Comisario, que la Comisión no es una máquina de fabricar seguridad jurídica. Todos estamos de acuerdo. Pero no es menos cierto -y se ha repetido desde todos los sectores de esta Asamblea- que el tejido industrial europeo es un tejido de pequeña y mediana empresa, y que la Comisión, muchas veces, juega un papel de auctoritas, de legitimación, de legitimidad, de lo que es el mercado interior.
Y en este punto voy a dar mi opinión sobre algo que ha dicho el Sr. Karas. Sólo ha habido nueve decisiones de rechazo. Pero yo ahí cuento mi experiencia como abogado. ¡Cuántas veces un abogado con dos empresas y un proyecto, ante una orientación de la Comisión dada ex ante, ha cambiado ese proyecto para que estuviera de acuerdo con las reglas de competencia! Por lo tanto, ese es un aspecto a considerar.
Y en tercer lugar, está el problema de la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Ahí, la excelente intervención de la Sra. Thyssen no puede ser mejorada. Creo que la biodiversidad es buena, incluso la diversidad cultural, pero no la diversidad de aplicación del Derecho, de lo que es el núcleo esencial del mercado interior, es decir, el derecho de la competencia. Ahí hay que perfilar. Sólo en algún país, por ejemplo Alemania, hay una jurisdicción especializada. Quizá sea una vía a explorar, pero tenemos que explorar otras vías.
Lo que no podemos, señor Comisario -y con esta idea me gustaría terminar-, es dar pie, dar armas, a quienes presentan las instituciones europeas como un asunto para los grandes, para los importantes, para los ricos, no para el ciudadano, no para la pequeña y mediana empresa, que se vería abocada en la peor visión -que no llegará a ser realidad porque para evitarlo se aplicarán las medidas suficientes- a unos tribunales que dan sentencias dispares, muy tarde, sin ninguna posibilidad real de controlar esto salvo con aquello que los franceses llaman "le parcours du combatant", es decir, al cabo de no sé cuántos años, cuando se pronuncia el Tribunal de Luxemburgo, Tribunal que sabemos que en estos momentos está muy saturado.
Señor Comisario, estamos ante una reforma que no hay calificativos que resulten exagerados para decir cuán importante es. Trasciende a la competencia, trasciende a la cohesión del mercado interior, creo que afecta profundamente a lo que es el sentido de la integración europea, el sentido de la legitimidad de la integración europea. Por lo tanto, contamos, señor Comisario, con ese diálogo interinstitucional para perfilar una reforma que todos esperamos y a la que consideramos que llevaremos a buen puerto con su pilotaje y nuestra cooperación.

Monti
Señor Presidente, Señorías, agradezco muy calurosamente a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y a todo el Parlamento Europeo el gran interés mostrado por los temas de la competencia. Señor Presidente, en mi opinión, este debate conjunto es el testimonio más vivo y valioso de ello.
Hemos escuchado consideraciones muy profundas que, al mismo tiempo, son de filosofía de la política económica y de análisis de la estructura institucional.
Nuestro intento común es modernizar y reforzar la política de competencia, pilar de la economía social de mercado y de la construcción europea. El hilo conductor de todos estos aspectos de reforma de la política de competencia, del cual nos vamos a ocupar conjuntamente, es un hilo conductor orientado a garantizar una protección más eficaz de la competencia, a reducir el peso burocrático que grava sobre las empresas y a acercar los procesos de generación de decisiones a los ciudadanos.
Quiero agradecer personal y profundamente al Sr. von Wogau el empeño con que ha examinado el dossier relativo al Libro Blanco y la calidad de su informe.
Quisiera agrupar las consideraciones que se han hecho a lo largo del debate sobre el informe von Wogau en cuatro puntos que yo no considero como críticas a la Comisión, sino aportaciones fundamentales, dado que existen preocupaciones que es justo tener y que queremos superar juntos: la cuestión de la eficacia, la cuestión del riesgo de la renacionalización, la cuestión de la coherencia en la aplicación, la cuestión de la seguridad jurídica. Voy a examinarlos uno a uno muy rápidamente.
La eficacia: estoy convencido de que esta reforma permite reforzar y no debilitar la protección de la competencia en el ámbito del mercado único. Señorías, el actual sistema de la notificación ya no permite alcanzar este objetivo, porque no garantiza la información de la Comisión sobre las restricciones más graves -recuerdo que en treinta y cinco años sólo nueve decisiones de prohibición han sido adoptadas después de una notificación y a falta de denuncia- no garantiza la transparencia y no aporta una verdadera seguridad jurídica a las empresas que, en la mayor parte de los casos, reciben una simple carta administrativa de archivo. El sistema propuesto permitirá mejorar la protección de la competencia, ante todo porque permitirá a la Comisión concentrar su acción en las restricciones más graves y, por lo tanto, porque implicará en mayor medida a las autoridades nacionales y de la competencia en la represión de las violaciones y, por ultimo, porque permitirá a las víctimas de las infracciones acudir directamente a los jueces nacionales, cuya misión es proteger los derechos subjetivos.
La cuestión de la renacionalización: antes que nada, aunque es superfluo, quisiera recordar y subrayar, a ser posible tres veces, que el Libro Blanco no afecta en lo más mínimo a las concentraciones y las ayudas estatales -no estamos pensando en una devolución en estas materias- sino, por lo que se refiere al Reglamento nº 17, existe el riesgo de renacionalización. Figúrense si no nos hemos planteado este problema: nos lo hemos planteado y lo estamos estudiando con mucha atención, también gracias a las preocupaciones que ustedes han mostrado. Francamente, no creo que este temor esté justificado. La propuesta de la Comisión reconoce a la Comisión un papel central en la determinación de las orientaciones de política de competencia. La reforma no implica ninguna reducción de las actividades de la Comisión, sino un replanteamiento de éstas respecto a los expedientes más importantes. La reforma conducirá a un progresivo desarrollo -me permito subrayarlo porque me han llamado mucho la atención los términos que, por otra parte, comparto plenamente, utilizados por la presidenta Sra. Randzio-Plath- de la cultura europea de la competencia. La reforma llevará a un trasplante, a un enraizamiento en el terreno de la cultura europea de la competencia -allí donde hoy se dan plantas distintas no uniformes- de las distintas culturas nacionales de la competencia. Habrá un progresivo abandono de los quince Derechos nacionales en beneficio de una mayor aplicación del Derecho comunitario que podrá aplicarse por un mayor número de actores. Ésta, me permito recalcarlo, es una comunitarización del Derecho de la competencia y no su renacionalización.
La cuestión de la coherencia en la aplicación: el riesgo de una aplicación incoherente de las normas de competencia ha de tenerse muy en cuenta, sin embargo, creo también que no debe exagerarse. Después de todo, como muchas otras disposiciones del Tratado, los artículos 81.1 y 82 se aplican por parte de las autoridades y los jueces nacionales desde hace décadas, y no me parece que esto haya planteado grandes problemas. En un régimen de excepción legal, el mantenimiento de la coherencia dependerá ante todo del grado de transparencia de las normas materiales. La Comisión no escatimará esfuerzos para definir el marco legislativo tanto mediante actos de alcance general como a través de su práctica de toma de decisiones. En segundo lugar, hará falta poner a punto sistemas eficaces de prevención de los conflictos, y el Libro Blanco señala mecanismos de información y de consulta. Al respecto, quisiera dedicar algunas palabras a la idea, que me parece excelente, expuesta por los Sres. Riis-Jørgensen y Huhne, es decir, la idea del monitoring of the implementation.
Así, pues, ésa es la idea de la supervisión de la aplicación. He de decir que me parece una idea muy buena que probablemente aceptaremos. Aunque tenemos el mayor respeto por la labor de los organismos nacionales encargados de la competencia y demás, es evidente que vamos a examinar muy detenidamente cómo aplican las autoridades y los tribunales nacionales el derecho comunitario. Ésa es la razón por la que la Comisión quiere conservar el derecho a retirar un caso de un organismo nacional encargado de la competencia, si se da una aplicación incorrecta. Eso es un paso al menos con vistas a aliviar sus preocupaciones, señora Peijs.
(EN) Respecto de la observación del Sr. Evans sobre las repercusiones para las empresas, es importante que el análisis del costo-beneficio se haga con seriedad. Al fin y al cabo, la finalidad de la publicación del Libro Blanco es la de recopilar observaciones de las empresas y de otras fuentes. Hemos recibido muchas observaciones y contribuciones excelentes que nos brindan el material para hacer un análisis del costo-beneficio para las empresas. Antes de hacer una propuesta legislativa de un nuevo reglamento, vamos a examinar todo ese material detenidamente.
Hay una observación sobre las repercusiones para las empresas que reviste gran importancia. La han formulado la Sra. Thyssen, la Sra. Peijs y la Sra. Palacio Vallelersundi: la cuestión de las PYME. Muchos oradores lo han subrayado. La Comisión está prestando atención particular a la certeza jurídica para las PYME. Vamos a proponer un sistema que mejora considerablemente la certeza jurídica para las PYME. ¿Por qué? ¿Se trata de un simple gesto político? No. En el sistema proponemos la reforma de nuestras normas substantivas de tal modo que la mayoría de las PYME queden abarcadas por la reglamentación relativa a las exenciones por categorías, como en la esfera de las restricciones verticales. La mayoría de las PYME tienen, en realidad, menos del 30% de la cuota de mercado.
Tenemos una notificación de minimis en la que figura la declaración de que, como las PYME no participan en un dominio del mercado, no suelen estar sometidas a la prohibición estricta que figura en el apartado 1 del artículo 81. Estamos trabajando en otras exenciones por categorías y directrices que tendrán en cuenta, todas ellas, la peculiar situación de las PYME y nuestro Libro Blanco sobre la modernización mejorará también la situación de las PYME, primero eliminando la burocracia resultante del sistema actual de notificación y, en segundo lugar, haciendo que sea directamente aplicable el apartado 3 del artículo 81, lo que beneficiará a las PYME en particular.
(IT) La cuarta cuestión concierne a la seguridad jurídica. Señora Evans, cierto que la seguridad jurídica, soy el primero en reconocerlo, es importante para las empresas y no sólo para los profesionales del Derecho que también desempeñan un papel muy importante en favor de la construcción europea. La seguridad jurídica es fundamental para las empresas. Es un tema cuya importancia resaltó, en su última intervención, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, Sra. Palacio Vallelersundi, a quien agradezco el interés con que sigue en todo momento los temas del mercado único en sentido amplio y, por consiguiente, en este caso, el tema de la competencia. Estoy convencido de que esta propuesta aumentará la seguridad jurídica de las empresas y ello por tres razones: permitirá autorizar, sin decisión previa, en virtud del efecto directo del artículo 81.3 todos los acuerdos restrictivos de la competencia que cumplen las condiciones de ejecución; admitirá la posibilidad de ayudar a las empresas en caso de duda interpretativa mediante la publicación de dictámenes motivados; irá acompañada de reglamentos de exención y de directrices destinadas a aclarar las normas y a asegurar su certeza.
(FR) La Sra. Thyssen también se ha referido a la cuestión del privilegio jurídico de los juristas de empresa. Permítame recordar solamente que el Tribunal de Justicia zanjó esta cuestión, como usted sabe mejor que yo, en 1982. Esta jurisprudencia sigue siendo válida y nada justifica que vuelva a ser cuestionada. El Libro Blanco impone que vuelva a examinarse únicamente uno de los aspectos de la cuestión: el intercambio de datos confidenciales. Las garantías que deben otorgarse a las empresas son actualmente objeto de negociaciones.
(IT) Señor Presidente, ahora voy a pasar muy rápidamente al informe del Sr. Rapkay, al cual agradezco muy calurosamente la calidad de su trabajo y su apoyo al XXVIII Informe anual de la Comisión sobre la política de competencia. Me parece que existe una amplia coincidencia de opiniones, sin embargo, en el informe Rapkay figuran unos comentarios que deberemos considerar muy atentamente. Voy a señalar sólo dos de ellos por razones de brevedad. El primero se refiere a un ulterior incremento de la transparencia. Este Parlamento sabe hastsa que punto todos nosotros consideramos importante el tema de la transparencia en la política de competencia, y yo personalmente, desde el primer día, el 1 de septiembre de 1999, en que comparecí ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Señor Rapkay, por lo que respecta a la dimensión internacional de la política de competencia, puedo confirmarle que la Comisión está dispuesta a facilitar al Parlamento un informe sobre este tema respecto al cual también la Sra. Randzio-Plath nos ha llamado la atención y en el ámbito del cual puedo decir que mantenemos relaciones bilaterales muy satisfactorias con las autoridades homólogas de los Estados Unidos, Canadá y Japón y que estamos trabajando para que, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, nazca un verdadero volet competencia.
Le agradezco también muy calurosamente a usted, Sr. Jonckheer su informe sobre el séptimo informe de las ayudas estatales en la Unión Europea. No abordo aquí la cuestión de la codecisión, pero no porque no la considere importante. La misma reviste una importancia institucional muy significativa que, obviamente, va más allá del tema específico de la competencia. En consecuencia, no tengo derecho a pronunciarme y este tema pertenece, obviamente, al contexto más amplio de la Conferencia Intergubernamental.
Por lo que respecta a sus sugerencias, Sr. Jonckheer, usted ya sabe que mis servicios están -pese a la escasez de recursos, aunque muy cualificados, que los caracteriza- trabajando muy activamente en la elaboración del registro de ayudas estatales y del indicador de ayudas estatales. Espero con gran interés los resultados del séptimo informe cuyos plazos previstos son: creación de los servicios ahora, en enero, y aprobación de la Comisión en el mes de marzo de 2000, para valorar si se confirman las ultimas tendencias.
Los Sres. Jonckheer, Thyssen y Gemelli se han referido a la situación de preparación de los países candidatos en materia de competencia en general y en materia de ayudas estatales. Sólo puedo decir que estamos trabajando con ellos activa y concretamente. Se están preparando, todos ellos tienen ya leyes de competencia y están instituyendo las autoridades correspondientes.
En cuanto a las preocupaciones en materia energética y sobre todo medioambiental que, como saben, son también mías, puedo decir que estamos ultimando el trabajo de revisión de la incorporación de las ayudas estatales en el medio ambiente. Quiero destacar asimismo, en el contexto de los problemas de las ayudas estatales, el tema planteado, entre otros, por la Sra. Riis-Jørgensen de la recuperación de las ayudas ilegales. En el mes de abril de 1999 la Comisión aprobó un nuevo reglamento de procedimiento que introduce reglas específicas en materia de recuperación. A lo largo de los próximos meses -esto se lo aseguro- comprobarán hasta qué punto pensamos tomar en serio dichas reglas.
Por último, señor Presidente, una palabra para agradecer calurosamente al Sr. Langen su informe, cuyo objeto es más sectorial, pero no menos importante en cuanto a aportación. Puedo decir que el informe de la Comisión sobre esta materia de las ayudas estatales a la siderurgia, como saben, no abarca las decisiones individuales tomadas con arreglo al procedimiento excepcional contemplado en el artículo 95 del Tratado CECA, al tratarse de decisiones que trascienden al ámbito del código de las ayudas a la siderurgia. Respecto a las futuras disposiciones en materia de ayudas a la siderurgia que entrarán en vigor a partir del mes de julio de 2002, tomaremos medidas a fin de que continúe aplicándose una normativa rigurosa, cuya necesidad resulta compartida por los mismos sectores industriales. En cuanto hayamos puesto a punto nuestra propuesta con relación a las nuevas reglas y elegido la forma jurídica más adecuada, me será muy grato exponerles nuestra visión.
Señor Presidente, lo que me llevo conmigo tras este debate que agradezco sobremanera al Parlamento, es un respaldo intelectual y político -creo que sin distinciones- del Parlamento Europeo a la política de competencia, un reconocimiento sustancial al trabajo que está realizando la Comisión y una confianza para que pueda continuar realizándolo en el futuro, cosas que agradezco muy especialmente. Continuaremos, sobre todo con la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, pero más en general con el Parlamento, ese diálogo interinstitucional que se ha establecido. En este sentido, señora Palacio, me han gustado sus palabras: todos debemos remar y, a ser posible, en la misma dirección. La competencia no es un objetivo, como justamente ha observado el Sr. Rapkay, sino un instrumento extraordinariamente importante de nuestra construcción europea. Como decía al principio del debate el Sr. von Wogau, la competencia, a la postre, no es algo abstracto: es en interés de los ciudadanos, es la base de la economía social de mercado. Y quisiera añadir que la competencia ha tenido y continuará teniendo un valor civil y no sólo económico en la construcción europea.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Monti.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

Protección penal de los intereses financieros de la Unión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0002/2000), de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, que contiene las recomendaciones del Parlamento a la Comisión sobre el establecimiento de una protección penal de los intereses financieros de la Unión.

Theato
Señor Presidente, año tras año tenemos noticia, sobre todo a través de los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas, de las pérdidas de fondos del presupuesto de la Unión Europea debido al despilfarro, mala gestión, irregularidades e incluso presuntos fraudes en toda la regla. Estas anomalías condujeron hace ya bastante tiempo al Parlamento a plantearse el proyecto de proponer por propia iniciativa medidas encaminadas a proteger el dinero de los contribuyentes europeos, del cual se alimenta en última instancia el presupuesto de la Unión.
En este contexto merece una especial atención la lucha contra el fraude, su investigación, castigo y disuasión. La constitución de la UCLAF a partir del grupo operativo y la posterior creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, fueron pasos importantes, al igual que el Reglamento que regula la protección de los intereses financieros de la Comunidad y los controles sobre el terreno.
La Unión sólo puede sancionar los casos descubiertos en el marco del Derecho administrativo. La exigencia de que se reembolsen a la Comisión los fondos obtenidos indebidamente ha conseguido hasta ahora sólo mediocres resultados. Las medidas penales son competencia de los Estados miembros. Puesto que ambos aspectos jurídicos a menudo se solapan y las infracciones transfronterizas contra el presupuesto de la Unión van en aumento y a veces también son obra de grupos delictivos organizados, la delimitación de las competencias de los Estados miembros no está clara. A ello se agregan las diferencias entre las disposiciones legales nacionales concretas y las lentas o jamás satisfechas peticiones de colaboración mutua. El Convenio y los dos protocolos sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad firmados por el Consejo Europeo en 1995 no han cambiado nada. Su entrada en vigor requiere que sean ratificados por los 15 Estados miembros. Hasta ahora, al cabo de cinco años, sólo cuatro de ellos lo han hecho.
Ante este punto muerto en el que nos encontramos y que amenaza con minar la credibilidad de la Unión, el Parlamento ha tomado la iniciativa de solicitar la creación de un Ministerio público europeo. Esto no supone en modo alguno la creación de un ordenamiento penal y judicial transnacional. El objetivo es sobre todo dotar a la Unión de instrumentos específicos para la protección de sus intereses financieros, respetando el principio de subsidiariedad.
Con el presente informe retomamos este proyecto y solicitamos a la Comisión que presente propuestas legislativas que permitan hacer realidad este objetivo. El informe recoge todas las aspiraciones expresadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos en su informe de opinión, así como las de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.
Presentamos dos recomendaciones que se desprenden de la creación de la OLAF y que tienen como finalidad garantizar su eficacia operativa y jurídica, la transparencia y la protección de los derechos individuales. Para ello se requiere -este es el contenido de la primera recomendación- un acto normativo que contemple los delitos contra los intereses financieros de la Unión y los principios rectores. En una enmienda, yo propongo que se establezca el 30 de septiembre como plazo para la presentación de la propuesta de la Comisión.
La segunda recomendación se refiere al procedimiento penal. La Comisión debería presentar -hasta el 31 de mayo del 2000 según otra enmienda mía- una propuesta de reglamento para la creación de un organismo europeo independiente que ejerza, bajo la competencia institucional de la Comisión, funciones de coordinación y de control de la regularidad de las actividades de investigación de la OLAF. El comité de control que ya existe sólo puede controlar la independencia del director de la Oficina. La propuesta del citado acto jurídico debería incluir un estatuto de independencia y funciones del organismo, que estarían limitadas a las investigaciones y diligencias internas de la OLAF relacionadas con los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y a sus relaciones con las autoridades nacionales.
Dicho reglamento no influiría para nada en la administración de justicia de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia se encargaría de supervisar la regularidad de los actos. Además, dirigimos un llamamiento a la CIG para que incluya en su programa de trabajo el debate sobre la creación de un fiscal europeo competente para el conjunto de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, inspirado dentro de lo posible en el estudio realizado por renombrados científicos y ya ampliamente reconocido, en el llamado Corpus Juris y en los posteriores estudios sobre las posibilidades de aplicación en la práctica.
El segundo informe del llamado "Comité de los Cinco Sabios" también recomienda este enfoque. La Comisión, los Sres. Barnier y Vitorino, y también algunos Estados miembros se muestran asimismo receptivos a la idea.
Yo les ruego, estimadas y estimados colegas, que voten afirmativamente el presente informe, que fue adoptado por la Comisión de Control Presupuestario con una gran mayoría. Con él podemos emitir una nueva señal de que el Parlamento trabaja activamente para prevenir la mala gestión y sobre todo el fraude, y también para que se imponga un castigo en los casos en sea necesario.

Palacio Vallelersundi
. Señor Presidente, me satisface tomar la palabra en el debate de este informe, felicitando a la Sra. Theato.
Creo que éste ha sido un informe en el que la cooperación entre comisiones ha funcionado muy bien, y el resultado, que nos llega hoy, es un informe sobrio y sereno en una materia especialmente delicada. Sobriedad y serenidad que, por lo tanto, son especialmente necesarias en el desarrollo del artículo 280.4. Porque si tuviéramos que dar un premio al artículo más difícil de entender, menos claro, más confuso -como lo quieran llamar-, indudablemente la competición estaría muy reñida, porque el Tratado es un muestrario de artículos complejos, pero éste, sin duda, es uno de los candidatos firmes a obtener dicho premio.
Y a la vez, es una cuestión especialmente delicada porque se trata de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, como muy bien ha dicho la Sra. Theato. Todos somos conscientes -y este Parlamento ha lanzado esa preocupación o ha sido gran adalid de esa preocupación- de la necesidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad. Pero cuidado, como dicen los franceses, "ne jettons pas le bébé avec l'eau du bain" , es decir, en la protección de los intereses financieros de la Comunidad han de respetarse, por una parte -y lo ha dicho la Sra. Theato- las competencias de los Estados nacionales, pero también otras cosas que afectan a los ciudadanos, que afectan a las garantías esenciales. Las conclusiones del informe Theato las salvaguardan perfectamente.
Por lo tanto, en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, y desde luego en mi calidad de diputada, espero que mañana esta Asamblea respalde con una mayoría amplia el informe y que tenga una buena ejecución por parte de la Comisión.

Morgan
Señor Presidente, este informe es, como ha dicho la Sra. Theato, decisivo. Es un informe propuesto por la Comisión de Control Presupuestario y es un informe de iniciativa propia. Una de las razones por las que nos interesaba mucho presentarlo era la de que, nos guste o no, la Unión Europea es conocida por los fraudes y la mala administración. A veces se exagera al respecto, pero así es. Tenemos que hacer algo al respecto.
Algunas de las medidas que hemos adoptado en el pasado no han sido aplicadas por algunos Estados miembros... y no debemos olvidar que los Estados miembros son los encargados de la aplicación del 80%, aproximadamente, del presupuesto de la UE. Muchos de ellos no han firmado, no han ratificado el Convenio sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, por lo que resultaba claro que había que hacer algo más radical.
Debemos tomarnos en serio este cometido. Es necesario que se pueda procesar a las personas que cometan fraudes contra la Unión Europea. La cuestión es: ¿quién procesa? Entonces es cuando encontramos en verdad dificultades. ¿A quién corresponde ese cometido cuando se trata de un órgano que cruza tantas fronteras?
También debemos ser sensibles a las preocupaciones de los Estados miembros. La propuesta de creación de un ministerio fiscal europeo es muy delicada. Todos sabemos que un planteamiento totalmente federal y una situación en la que una autoridad judicial europea tenga prelación sobre las autoridades judiciales nacionales es un paso demasiado avanzado para algunos. Pero es necesario iniciar el debate al respecto, por lo que vamos a pedir a la CIG que inicie los debates al respecto.
De la mayor importancia para el Parlamento, como custodio del presupuesto de la Unión Europea, es cómo abordar la cuestión de las personas que trabajan en las instituciones de la Unión Europea. En un momento en que estamos examinando todo el proceso de reforma reviste importancia decisiva que enviemos la señal atinada. Los ciudadanos deben entender que, si cometen un fraude, serán procesados y en este momento no es así. La Sra. Palacio ha expuesto en líneas generales la cuestión de si tenemos la autoridad legal para hacerlo.
Quisiera decir con toda claridad que mi Grupo va a proponer una enmienda para suprimir los detalles sobre cómo debe la Comisión abordar esa cuestión. Sabemos que se trata de un debate delicado. Sabemos que la Comisión puede necesitar tal vez un margen para negociar una situación que fuera aceptable para todas las partes. Permítaseme decir con toda claridad que en este caso no se trata de un compromiso con un corpus juris, de un compromiso con un ministerio fiscal europeo federal. Pero sí de un compromiso claro para cambiar el status quo, que es totalmente inaceptable.

Mulder
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando a la Sra. Theato por su informe. Creo que es un informe estupendo que en gran parte será apoyado por mi Grupo parlamentario. Sólo tengo la sensación de que en el fondo ella quería haber ido aún un poco más lejos en este estadio. Teniendo en cuenta los debates de los últimos cinco, seis meses, podría haber sido el caso. Todos sabemos que en 1995 se acordó que había que implantar una mejor protección penal de los intereses financieros de la Unión. Pero los Estados miembros no han participado. Esto es simplemente un hecho político que me parece que no podemos remediar ahora. Existe ahora la posibilidad de que la Comisión, sobre la base del artículo 280 del Tratado, tome nuevas iniciativas y quisiera sugerir a la Comisión que lo haga efectivamente con la mayor rapidez posible. Mi Grupo, en contra del anterior orador que ya ha desaparecido, es muy partidario de la creación de un Ministerio público europeo. Mi colega Jan-Kees Wiebenga sin duda entrará en detalles al respecto, ya que salió de su mano un informe sobre este tema.
Lo que nos hace falta a mi juicio, es que se llegue a nivel europeo lo más pronto posible a una definición de lo que es fraude exactamente y lo que es una irregularidad. Yo mismo he formado parte de una comisión de investigación relacionada con el régimen de tránsito comunitario. Uno de los grandes problemas en ese campo era que si hacías algo incorrectamente, y se trataba sobre todo de los ingresos de la Unión Europea, se consideraba en un país una irregularidad y en otro un delito. Esto ya no puede seguir así, me parece, y menos en este momento.
Voy a terminar con una cuestión de política general. Digamos lo que digamos de las elecciones europeas, la baja participación es un hecho. Esto se puede mejorar persiguiendo con rapidez los delitos en Europa y eso ha de hacerse a nivel europeo.

Rühle
Señor Presidente, yo también quiero expresar mi agradecimiento a la ponente. El informe de la Sra. Theato puede contribuir a restablecer la confianza en las instituciones europeas. Yo creo que esto es sumamente necesario para todos nosotros, si pensamos en los resultados de las últimas elecciones europeas, en las cifras de participación electoral. Cada año se repite, no obstante, el mismo problema. El Tribunal de Cuentas hace público su informe, en el que se denuncian diversos fraudes en los Estados miembros, pero las instituciones europeas disponen hasta ahora de demasiado pocas posibilidades de intervenir en esta cuestión, de procurar que se apliquen realmente medidas y se ponga remedio a ello. Justamente este modo de actuar vuelve a erosionar cada año la confianza.
Yo creo que el informe de la Sra. Theato y su propuesta pueden contribuir a invertir esta situación y a dejar claro que las instituciones europeas velan por que los fondos europeos se dediquen a los fines previstos y no se cometan fraudes. Es importante que tras el primer paso que ya se ha dado con la conversión de la UCLAF en la OLAF, una institución independiente, demos ahora el segundo paso y creemos un marco legal que permita actuar a la OLAF en un contexto jurídico sólido. Para ello necesitamos un Fiscal General Europeo que ofrezca una garantía judicial clara, también para los sospechosos.
Lamento tener que decir, no obstante, que mi Grupo político no va a votar en bloque a favor de su informe. Yo confío en que el debate todavía logre convencer a algunos. Sin embargo, lamentablemente sigue siendo demasiado grande el temor de que esto conduzca a la creación de una institución europea que restrinja la subsidiariedad. En cualquier caso, yo voy a contribuir en la parte que me corresponde a engrosar el apoyo a favor del informe de la Sra. Theato.

Di Lello Finuoli
Señor Presidente, estamos básicamente a favor de la resolución que se nos ha presentado, aunque pensamos que ésta no puede sino ser una invitación del Parlamento al Consejo para que, a través de una modificación de los Tratados, se garantice una protección penal eficaz de los intereses financieros de la Unión.
La institución de un Fiscal europeo y el establecimiento de figuras delictivas comunes a todos los Estados de la Unión es, sin duda, una buena idea, sin embargo, considero imposible pensar en llevarla a la práctica sin antes haber creado un ordenamiento judicial de la Unión. Estamos hablando, en efecto, de Derecho penal, un campo en que la resistencia de los Estados nacionales a la comunitarización es y será siempre fuerte. De hecho, es impensable que se puedan establecer normas jurídicas sustantivas y procesales para un solo ámbito como el de la protección de los intereses financieros, sin haber creado antes un ordenamiento judicial europeo. Basta con leer las precisas y exhaustivas motivaciones del informe Theato para darse cuenta de cuántos y cuáles son los problemas todavía pendientes de solución. Con todo, esta idea debe promoverse y no cabe duda de que en este intento de proteger los intereses financieros nos daremos cuenta de la necesidad de disponer de un corpus juris comunitario que deberá incorporarse en los Tratados. En nombre de mi Grupo y en el mío, expreso asimismo el deseo de que el alma financiera de la Unión sirva de guía de cara al establecimiento de un ordenamiento judicial europeo respetuoso de los derechos y de las garantías de los ciudadanos, es decir, de un ordenamiento judicial que aumente las garantías que, lamentablemente, en muchos Estados no alcanzan niveles aceptables. En consecuencia, en nombre de mi Grupo, expreso un juicio favorable sobre el informe Theato; sin embargo, considero que, en el aspecto substancial, se trata de un tema que ha de incluirse en el orden del día de la Conferencia Intergubernamental.

Berthu
Señor Presidente, el informe de la Sra. Theato sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea propone, en particular, en una primera fase, centralizar las diligencias penales a través de la creación de un fiscal europeo. Esta propuesta va radicalmente en contra del espíritu del sistema actual, en el que el Derecho penal y el procedimiento penal, que constituyen el núcleo de los sistemas jurídicos nacionales, deben depender de la soberanía de cada pueblo y ser competencia exclusiva de cada Estado.
Ahora bien, la idea de un fiscal europeo, por el contrario, apunta a ir relegando con el tiempo a los Estados a un papel subordinado en estas cuestiones. Además, esta propuesta desencadenaría una sucesión de reformas absolutamente imprevisibles.
Según el informe Theato, el fiscal europeo sería necesario, en particular, para enmarcar mejor las investigaciones de la Oficina de lucha contra el fraude, la OLAF. Pero paralelamente nos enteramos, en el informe Van Hulten que se debate hoy, de que el fiscal europeo sería a su vez vigilado por un tribunal de la Unión Europea. Es así como una pequeña reforma europea puede esconder otra mediana y una mediana puede esconder una grande. Sin contar con que la grande puede, a su vez, esconder otra gigante, porque no tardaremos en asistir a la propuesta de un Derecho penal europeo y, por qué no, a continuación, un ministro de Justicia europeo, controlado por una extensión de los poderes del Parlamento Europeo.
Creo, por consiguiente, que debemos reflexionar detenidamente sobre el equilibrio de poderes que corre el riesgo de ser trastocado con la presentación de este tipo de reformas, aparentemente puntuales. Nos parece, por último, que propuestas como la del fiscal europeo manifiestan la incapacidad de imaginar Europa de otro modo que no sea en forma piramidal y centralizada, organizada en torno a un super-Estado. El Grupo Unión por la Europa de las Naciones quiere, por el contrario, una Europa en la que existan múltiples centros en torno a la cual se asocien las naciones. Y la red podría traducirse, por ejemplo, en una mejor coordinación entre las autoridades judiciales nacionales, con la posible creación de formaciones nacionales especializadas en las infracciones contra las finanzas comunitarias. El marco jurídico, señor Presidente, ya existe. Su principio es bueno. Solamente hay que perfeccionarlo.

Martinez
Señor Presidente, la Sra. Theato nos propone una revolución institucional por un doble motivo. A la opinión pública, que permaneciera indiferente ante veinte millones de parados y ante las miles de vacas locas, le preocupa al parecer el fraude que podría poner en peligro los intereses financieros, y estos dos motivos justificarían un doble dispositivo: un código penal europeo que recoja los delitos anticomunitarios y un fiscal general europeo. La Sra. Theato ha olvidado probablemente una prisión europea, habida cuenta de que el FBI, la policía europea, ya existe a raíz de la creación de la OLAF. Todo ello sería instituido a través de dos reglamentos, uno para el fiscal y otro para el código penal, reglamentos que tendría como fundamento el artículo 280 del Tratado, es decir, a partir del derecho derivado, ya que lo propio del derecho derivado es permitir todo tipo de derivas.
En efecto, existe una doble deriva. En primer lugar, la deriva ideológica clásica, eurofederalista, un mercado único, un IVA único, una diplomacia única, un ejército único y ahora un derecho penal único y un fiscal único. Todo ello para luchar contra un fraude que no alcanza los mil millones de euros, mientras se permite la pérdida de decenas de miles de millones de euros a causa de los SPG, de las zonas de libre comercio, de los regalos aduaneros a Chiquita y los miles de millones perdidos en el cuarto recurso, el PIB, resultante del pacto de racionamiento presupuestario. A continuación viene la deriva puritana: la Europa alemana del Norte, la Europa luterana, calvinista y quaker quiere imponernos su orden moral. En el fondo, mientras más se relajan las costumbres, más nos aferramos a la billetera.

Stauner
Señor Presidente, Señorías, en estos momentos es más imprescindible que nunca una protección penal eficaz de los intereses financieros de la Unión Europea. Los escándalos de los fraudes y corrupciones pasados han conmocionado de manera duradera la confianza de los ciudadanos de Europa.
La credibilidad de los esfuerzos que realizamos desde el Parlamento para que los recursos financieros se utilicen debidamente depende, para bien y para mal, de los esfuerzos que hagamos para acabar con dichos escándalos y evitarlos en el futuro. Para ello no sólo se requieren cambios administrativos, sino también estructurales; es decir que debemos crear instrumentos que permitan garantizar una protección penal. La Conferencia Intergubernamental 2000 ofrece un foro de debate para tratar este tema.
Evidentemente, es posible adoptar la posición según la cual el Derecho penal y procesal son materias constitutivas del Derecho nacional de los Estados miembros, a las que resulta inconcebible aplicar el régimen del principio de subsidiariedad. Yo mismo me cuento sin lugar a dudas entre quienes defienden dicho principio y se oponen cualquier ampliación de las competencias de ámbito europeo. Como parte de lo que esperamos de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, una petición central debería ser justamente que se delimiten de manera clara las competencias. Esto no supone, sin embargo, ninguna contradicción, puesto que la petición de un instrumental penal y procesal, tal como se expone en las recomendaciones 1 y 2 del informe, en realidad persigue la defensa de los intereses propios de la UE y, en consecuencia, no lesiona los intereses jurídicos de los Estados miembros, sino que por el contrario los apuntala directamente, como mínimo.
La compatibilidad con los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, confirmada por expertos, demuestra que Europa también tiene mucho en común en el ámbito del Derecho penal, por ejemplo en cuanto a la lista de delitos que se contemplan.
A la vista de estas consideraciones, yo creo que la creación de un marco penal y procesal como el que se propone es pertinente y también indispensable para el ulterior desarrollo de la OLAF.

Blak
Señor Presidente, ¿podrá un fiscal europeo acabar con el fraude en los fondos comunitarios? No lo creo. Por otro lado, nosotros sí podemos llegar lejos con los instrumentos ya existentes. Una alternativa a los fiscales europeos bien pudiera ser Eurojust, tal como se propuso en la última cumbre. Eurojust debe ser el equivalente por su diseño a Europol y apoyar la investigación de causas criminales. Es precisamente esta cooperación práctica la que hace falta. La OLAF, Europol y el Convenio sobre extradición y asistencia judicial mutua deben ser aprovechados al máximo y cuando el Convenio contra el fraude de 1995 sea por fin ratificado por los países miembros, también podremos llegar lejos con él. No obstante, estoy de acuerdo con el Sr. ponente: es absolutamente inaceptable que la mayoría de países miembros no lo haya ratificado todavía. Sencillamente es terrible y comprendo perfectamente que la gente se impaciente y exija en su lugar un fiscal europeo común. No obstante, hablamos de la construcción de un gran mastodonte. Ya que sólo son los casos más graves los que tienen consecuencias penales. El 90% de los casos serán expedientes disciplinarios por negligencia o incompetencia. En su lugar, hace falta una vigilancia interna adecuada y mejorar las posibilidades para despedir a alguien. Debemos modificar el Estatuto de Personal, los procedimientos disciplinarios y sobre todo modificar la práctica. Actualmente, el artículo 52 del Estatuto de Personal sobre despido por causa de grave negligencia nunca se utiliza. ¡Debemos ocuparnos de limpiar a fondo y atender nuestros propios asuntos antes de lanzarnos a levantar nuevas instituciones excesivamente seguras de sí mismas!

Wiebenga
Señor Presidente, todos queremos aportar algo a la lucha contra el fraude europeo. Pero ahora la pregunta que nos formulamos es: ¿la Unión Europea hace algo al respecto? La respuesta es que sabemos bien poco de esto. La Cumbre de Tampere trató de la lucha contra la delincuencia. Todo el mundo estaba como muy satisfecho, pero en realidad se ha visto poco progreso. No hay ninguna legislación europea vigente en materia de lucha contra el fraude, porque los Estados miembros, ya se ha dicho, no ratifican los tratados. Ahí hay mucho que hacer, por lo tanto. ¿Y qué es lo que hay que hacer?
Hay que hacer dos cosas y el informe de la Sra. Theato lo formula muy claramente y muy bien. En primer lugar, en todos los Estados miembros de la Unión Europea debe estar vigente el mismo derecho penal en materia de fraude europeo. Ha de haber una unificación en ese campo determinado.
En segundo lugar, se tiene que crear efectivamente un Ministerio público europeo con dos tareas: en primer lugar para ayudar a los fiscales nacionales en la persecución penal del fraude europeo y en segundo lugar, para tener un control judicial sobre Europol y la OLAF, ya que son dos servicios de investigación que en este momento pueden actuar sin ser controlados judicialmente.
El ministerio fiscal europeo no es nada temible, eso son fantasmas que rondan por ahí. Es justamente algo muy positivo, tal como Europol. Europol, la cooperación policial, no está por encima de los servicios policiales nacionales, sino que sirve para el intercambio de información entre los servicios policiales. Exactamente lo mismo que debería hacer el fiscal europeo. Pero no en la fase de investigación, sino en la fase de persecución penal.
El Parlamento está a favor. El Comité de Expertos está a favor. Hago un llamamiento al Consejo de Ministros y a la Comisión Europea para que adopten esta medida.

McKenna
Señor Presidente, quiero centrarme en la cuestión del corpus juris. Quisiera apoyar lo que la Sra. Morgan ha dicho sobre esta cuestión. Corpus juris es algo que fue creado sin ningún tipo de debate o participación públicos. La idea de un ministerio fiscal europeo a partir del modelo inquisitorial continental con jurisdicción absoluta en todos los territorios de la UE tendría repercusiones importantes en los sistemas tradicionales de Irlanda y del Reino Unido. La idea de un único código penal y del ministerio fiscal europeo es algo sobre lo que los Estados miembros tienen derecho a estar informados. De hecho, cuando se redactó el plan en un principio, se dijo que se limitaría a los casos de fraude contra el presupuesto de la UE. Pero, cuando se lanzó el corpus juris efectivamente en 1997 en San Sebastián -ante un auditorio muy selecto de 140 juristas, sin invitación a los medios de comunicación-, el Presidente del Parlamento Europeo de entonces, Sr. Gil-Robles y Gil-Delgado, dijo que lo consideraba embriónico y que la intención era la de ampliar la competencia de la UE en asuntos penales a todos los sectores de la actividad delictiva.
Es necesario un debate público a este respecto. Es necesario que los Estados miembros y los ciudadanos de los Estados miembros estén informados adecuadamente. Es necesario abordar la cuestión de la amenaza para el sistema jurídico tradicional de Irlanda y del Reino Unido. Debe haber mucha más transparencia sobre esta cuestión que hasta la fecha. Es inaceptable que se haya endilgado algo así a los Estados miembros de la UE sin un debate público apropiado.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, en nombre de los diputados radicales, me he abstenido en la votación sobre este texto en la Comisión de Control Presupuestario, porque comparto las preocupaciones expresadas, de forma tan autorizada, por la representante de otra cultura jurídica, sin duda, importante como lo es la cultura de la common law. Indudablemente, con este texto forzamos la mano, ya que consideramos que existen aspectos que han de resolverse y que es decisivo reprimir e yugular el fraude comunitario. Sin embargo, la manera en que nuestra comisión, con el ímpetu y la tozudez de la presidenta Sra. Theato, pretende llevar adelante este texto no puede estar libre de críticas.
Otra crítica importante al texto concierne al Derecho derivado. El artículo 280 del Tratado permite al Consejo adoptar las medidas necesarias para luchar contra el fraude. No obstante, nos produce alguna perplejidad que se preconice una Institución que representaría un salto cualitativo, sin prever ya desde ahora sus efectos, esto es, que se descuide el aspecto de la defensa y, por ende, la posibilidad de que acusación y defensa puedan funcionar eficazmente en un sistema jurídico tan importante. Mediante la abstención en la comisión hemos querido expresar estas perplejidades.

Costa, Raffaele
Señor Presidente, creo que es necesario hacer una reflexión en voz alta sobre este tema en la sede del Parlamento Europeo, en el Pleno y en las comisiones, aunque es evidente que el debate no puede prescindir del mundo de la cultura, de la cultura jurídica y de los ambientes en que se abordan los asuntos institucionales.
Nos encontramos ante episodios muy graves que en el pasado parecían ser una costumbre. Hoy algo ha cambiado, por lo menos en los sistemas, sobre todo en lo que al control se refiere, pero no estamos satisfechos todavía, especialmente cuando en las sedes competentes se llega a hablar incluso de un Fiscal europeo, de delitos, de fraudes, de malversación y de revelación de secretos a escala europea. Creo que debemos proteger los intereses de la Comunidad y su imagen, así como la relación con los contribuyentes que son una parte indispensable y fundamental de la vida de la Comunidad. Por esto es justo plantearse el problema de una protección de los intereses de carácter general y universal acordándose mejor con la justicia en el ámbito de cada uno de los Estados. A propósito de esto se plantea el problema más delicado: ¿cómo se coloca a un Fiscal europeo dentro de las relaciones con las diferentes comunidades nacionales y con la justicia, tal como está estructurada? Considero que hay que tratar todavía este tema tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista práctico. Hoy corremos el riesgo de superponer una nueva Institución a las múltiples y diversas Instituciones que ya existen en cada uno de los Estados.

Kuhne
Señor Presidente, yo voy a referirme muy brevemente a dos cuestiones. En primer lugar, no quisiera pronunciarme sobre los aspectos filosóficos de la subsidiariedad y la soberanía de los Estados miembros, a pesar de que soy muy partidario de que éstos se debatan, pues en mi calidad de espectador habitual de las televisiones británicas estoy al corriente de las quejas de los políticos nacionales de dicho país por lo que consideran como una amenaza del continente contra su cultura jurídica nacional. A veces rozan lo teatral y yo creo que ello merece un debate. Sin embargo, este no es el tema al que quiero referirme.
El tema que me interesa es el informe de la Sra. Theato. Yo creo que, ante las dificultades jurídicas que plantea esta cuestión -y es evidente que la Unión Europea sólo dispone de una vía muy estrecha para conseguir que dichos delitos sean perseguibles judicialmente como delitos europeos- se ha perdido el rumbo jurídico. Me refiero a las recomendaciones 1 y 2. En ellas ya no se habla de un fiscal europeo sino que, por razones jurídicas, éste se ha convertido ahora en una autoridad europea independiente, un organismo lo ha llamado antes la Sra. Theato. En este aspecto, salta a la vista que tenemos dificultades con el fundamento jurídico.
También tenemos dificultades en lo que se refiere a los delitos. Este punto no se ha modificado. Sigue incluyendo delitos que en cierto modo rebasan, o al menos pueden rebasar, el marco de los delitos europeos, como el blanqueo y receptación, y la asociación ilícita. En este contexto subsisten, a mi parecer, algunos puntos jurídicamente confusos, que habría que aclarar. Aun así, es imprescindible -y por esto vamos a votar a favor del punto 1 excluida esta recomendación- es que el Parlamento transmita a la Comisión y al Consejo una señal clara de nuestra voluntad de que se ponga fin, mediante un acto normativo claro, a las situaciones que han acabado arraigando.

Marinho
Señor Presidente, el Parlamento ha reivindicado, desde hace años, una protección penal específica y uniforme de los intereses financieros de la Unión. La verdad es que la frustración aumenta cuando se comprueba la fragilidad del Convenio (y los protocolos relativos a dicha protección), que, cinco años después de su firma, aún no ha sido ratificado ni ha entrado en vigor.
Por otra parte, intentos más voluntaristas, como la actual OLAF, no superan inquietudes legítimas sobre el sistema de garantías de los derechos individuales. Las propuestas del informe de la Sra. Theato encaminadas a instar a la Comisión a presentar un acto normativo material sobre la protección penal de los intereses financieros con tipificación de los delitos, en particular el fraude al presupuesto comunitario, son, a nuestro entender, un intento serio de instituir un nuevo y cada vez más necesario derecho penal uniforme comunitario. Al mismo tiempo piden la existencia de un organismo europeo independiente que coordine y controle la regularidad de las investigaciones de la OLAF, sin perjuicio de la administración de justicia de cada uno de los Estados miembros y con supervisión del Tribunal de las Comunidades.
Por último, en consonancia con lo acordado en Tampere, el informe reafirma la figura del Ministerio Fiscal Europeo, que en buena hora salió a escena por decisión del Comisario António Vitorino, y solicita a la CIG que incluya en su orden del día la creación de esa nueva figura, considerada hoy indispensable por todos.
Por reafirmar la necesidad de disciplinar jurídica y eficazmente la vida de las instituciones, cerrando el sistema financiero de la Unión con un derecho material y procesal europeo adecuado a la credibilidad de la vida económica comunitaria, este informe merece nuestra aprobación. Ahora bien, se plantean algunos interrogantes muy sencillos. ¿Habrá fundamento jurídico suficiente en la actualidad para justificar legalmente la creación de un nuevo derecho penal específicamente comunitario que, aunque se pueda considerar subsidiario, siempre hará competencia en la práctica y en ciertos sectores al derecho penal tradicional y parcelario de los Estados miembros? ¿No sería políticamente más correcto, en caso de duda, incluir la reforma del sistema judicial en el orden del día de la CIG, introduciendo esas propuestas en la reforma más general del sistema judicial de la Unión, a imagen y semejanza de lo que se pide para el Ministerio Fiscal Europeo?
¿No serían estas medidas del mayor interés para una revisión de los Tratados que contribuya a la solidez del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión?

Färm
Señor Presidente, la UE está siendo objeto de rigurosos controles. La confianza en la Unión está seriamente dañada. Para remediar esta situación se necesita acción. Por eso damos la bienvenida al aumento de recursos para la OLAF, que permitirá una más eficaz investigación de todas las dudas. Asimismo, estimamos que es obvio que quienes cometan delitos contra la UE respondan ante la justicia.
Es lamentable que la convención sobre protección de los intereses financieros de la Unión se aplique en tan pocos Estados miembros. Por este motivo, opinamos que es lógico que se encargue a la Unión la presentación de propuestas que impliquen un desarrollo del marco judicial ya existente.
En cambio, no estoy convencido de que esta clase de perfeccionamiento requiera normas europeas comunes o centralización de la lucha contra la delincuencia. En la actualidad, la idea de un fiscal europeo me produce escepticismo, es algo que parece impracticable en el marco de los tratados vigentes. Creemos más en EUROJUST, donde colaboran los fiscales nacionales. El gran problema no es la adopción de medidas legales para combatir los delitos, sino que éstos se cometan con tanta asiduidad y que se descubran con tan poca frecuencia.
El reto para la Comisión y para nosotros es, sin embargo, encontrar el equilibrio. Las estafas y las irregularidades no deben encadenarnos a una burocracia jerárquica, que mediante controles exagerados impida el desarrollo de una moderna administración. Por eso damos la bienvenida al dinamismo contenido en el informe de van Hulten. La idea central debe ser que cada administración responda por su propio control. Nuestras experiencias en materia de administración moderna nos señalan que la apertura, la descentralización de las responsabilidades y las evaluaciones bien hechas son a menudo tan eficaces como los controles burocráticos detallados. El gran reto es, por eso, la creación de una administración moderna y eficaz, sin menoscabar la seguridad jurídica ni el control. Esto requiere formación del personal, métodos de reclutamiento más modernos y, especialmente, apertura y transparencia. Unas buenas inspecciones a la administración son la mejor protección contra las irregularidades.

Schreyer
Señor Presidente, señora Ponente, Señorías, recuperar la confianza de las ciudadanas y ciudadanos en la labor de las instituciones europeas y en la política europea es una de las tareas más importantes que debemos abordar. La Comisión se comprometió a ello y el anteproyecto del paquete global de reformas internas es una prueba de este compromiso. El Parlamento también se comprometió a asumir dicha tarea y el presente informe constituye una prueba convincente de dicho compromiso. Yo quiero manifestar a la ponente el reconocimiento de la Comisión por la dedicación con que ha vuelto a examinar el tema francamente difícil de los fundamentos jurídicos que es posible crear y las modificaciones institucionales que se pueden introducir para intensificar la lucha contra el fraude en detrimento de los intereses de la Unión Europea.
Con la ratificación del Tratado de Amsterdam, todos los Estados miembros han expresado su voluntad de otorgar a la lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la Unión Europea la misma prioridad que conceden a la lucha contra el fraude en detrimento propio. Sin embargo, la realidad es que sólo cuatro Estados miembros han ratificado el Convenio acordado en 1995. La Comisión coincide totalmente con la ponente en que esta situación es inaceptable.
Un acto jurídico, una directiva, que defina de manera uniforme los delitos, como por ejemplo el blanqueo de dinero o la corrupción, y que establezca como un objetivo su persecución penal obligatoria puede permitir avanzar un paso importante en este contexto y, por consiguiente, yo voy a recomendar a la Comisión que examine muy pronto esta posibilidad.
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, es uno de los instrumentos más importantes de los que se vale la Comisión para cumplir su compromiso de combatir el fraude. Por esto, la Comisión no admitió que los dos bancos europeos, el BCE y el BEI, discutiesen el derecho de la OLAF a investigar también ambas instituciones, apelando a su independencia. En su última sesión, la Comisión ejercer una acción contra ambos bancos por este motivo y yo espero que el Parlamento apruebe este paso.
La segunda recomendación del presente informe se refiere al control de la regularidad de las actividades de investigación de las diferentes instituciones europeas realizadas por la OLAF. El comité de control de la OLAF, que se estableció en el momento de su creación, tiene la misión de garantizar su independencia, pero no puede cumplir la tarea de controlar las investigaciones internas de la OLAF a la que se refiere el informe. Yo estoy totalmente de acuerdo con dicho comité y con la ponente en este sentido. Esto significa que en este aspecto existe un vacío que es preciso colmar y yo me propongo examinar la vía que propone el informe con vistas a su posterior desarrollo.
No obstante, permítanme que les haga un ruego. Yo creo que es necesario evitar que el debate sobre una posible ampliación del fundamento jurídico de la OLAF conduzca a la interpretación errónea de que ésta carece ahora de autoridad suficiente. No, esto no debe minar la autoridad de la OLAF y yo creo que tampoco es esta la intención de la ponente. Por consiguiente, yo les pido que den también todo su apoyo a la labor de la OLAF bajo se presente forma.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

VOTACIONES
Propuesta modificada de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (versión codificada) (COM(1999)0109 - C5-0067/1999 - 1997/0357(COD)) (Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior)

(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)

Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Señor Presidente, sobre una cuestión reglamentaria, para pedirle una aclaración del reglamento: a saber, el apartado 2 del artículo 133 y el apartado 4 del artículo 138. Los dos versan sobre las votaciones. ¿No es cierto que las votaciones distintas de la votación nominal, deben celebrarse inicialmente a mano alzada y sólo si hay alguna duda se debe utilizar el sistema electrónico?

El Presidente
Efectivamente, querido colega, he procedido a una votación a mano alzada, porque ningún grupo había solicitado una votación nominal. Como usted sabe, únicamente se procede a la votación nominal o a la verificación electrónica cuando los colegas así lo solicitan. En este caso, le aseguro que ha habido una inmensa mayoría a favor de la directiva sobre la que acabamos de votar.

Heaton-Harris
Señor Presidente, no me refería a esa votación determinada, sino a las votaciones en general. Resulta evidente que algunos presidentes no atienden a las manos, por decirlo así, sino que pasan directamente al sistema de votación electrónica. Me gustaría saber si ése es el procedimiento correcto. Sé que se tarda más, pero, ¿no deberíamos siempre enseñar las manos primero?

El Presidente
Le aseguro, querido colega, que estaré muy atento a las manos que se alcen. Espero que se alcen muchas manos en el momento de votar.
Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (versión codificada) (COM(1999)0113 - C4-0212/1999 - 1999/0090(COD)) (Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior)
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Propuesta de reglamento (CE, Euratom) del Consejo por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (versión codificada) (COM(97)0652 - C4-0018/98 - 1997/0352(CNS)) (Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior)
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión)
Procedimiento sin debate:
Informe (A5-0106/1999) del Sr. Varela Suanzes-Carpegna, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la República de Santo Tomé y Príncipe sobre la pesca frente a las costas de Santo Tomé y Príncipe durante el período comprendido entre el 1 de junio de 1999 y el 31 de mayo de 2002 (COM(1999)0550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Recomendación para la segunda lectura (A5-0105/1999), de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, respecto a la posición común (C5-0208/1999 - 1998/0106(COD)) aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los requisitos mínimos aplicables al examen de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable (Ponente: Sra. Koch)

Schreyer
Señor Presidente, Señorías, la Comisión sólo puede aceptar una enmienda propuesta por el Parlamento en el marco de la segunda lectura. La Comisión hace suya dicha enmienda y la acepta.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)
Informe (A5-0104/1999) de la Sra. Koch, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 94/55/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera (COM(1999)0158 - C5-0004/1999 - 1999/0083(COD))
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Informe (A5-0108/1999) de la Sra. Schroedter, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión "Los Fondos estructurales y su coordinación con el Fondo de Cohesión. Directrices para los programas del período 2000-2006" (COM(1999)0344 - C5-0122/1999 - 1999/2127(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0107/1999) del Sr. Berend, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómicas de las regiones de la Unión Europea (SEC(1999)0066 - C5-0120/1999 - 1999/2123(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0069/1999) del Sr. von Wogau, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (COM(1999)0101 - C5-0105/1999 - 1999/2108(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0078/1999) del Sr. Rapkay, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia - 1998 (SEC(1999)0743 - C5-0121/1999 - 1999/2124(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0087/1999) del Sr. Jonckheer, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el séptimo informe sobre ayudas estatales a la industria y a otros sectores de la Unión Europea (COM(1999)148 - C5-0107/1999 - 1999/2110(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0073/1999) del Sr. Langen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre el Informe de la Comisión sobre la aplicación en 1998 de su Decisión nº 2496/96/CECA, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas estatales a favor de la siderurgia (Código de Ayudas a la Siderurgia) (COM(1999)94 - C5-0104/1999 - 1999/2107(COS))
(El Parlamento aprueba la resolución)
Explicaciones de voto- Recursos propios

Martinez
. (FR) La Unión Europea se financia, aparentemente, a través de cuatro recursos propios. En realidad, el presupuesto europeo se alimenta del IVA y de la retención sobre el PIB, sobre todo desde que el abandono de la preferencia comunitaria y la multiplicación de las zonas de libre comercio han hecho desaparecer los derechos arancelarios y la exacción reguladora agrícola común, ya amputados por los SPG.
Desde entonces, los fraudes contra el IVA comunitario y las distorsiones en el cálculo del PIB, base imponible del cuarto recurso, afectan, en proporciones considerables, los rendimientos y la justicia de los recursos comunitarios.
Desde entonces también, la Europa de pretensiones federales se financia más que nunca como la banal organización intergubernamental que es, pero que niega ser. Lo vemos perfectamente en el reglamento que nos ha sido presentado. En el reglamento existe la preocupación acerca de la «contabilidad de los recursos propios», de su «puesta a disposición» o por el «control» de los importes de los derechos constatados puestos a disposición de la Comisión.
Por otra parte, el nuevo comité consultivo que se ha creado está compuesto por representantes de los Estados miembros contribuyentes. Estamos lejos de las derivas del «Derecho penal comunitario», el «fiscal general comunitario» o la policía comunitaria, con la OLAF. Aquí aún no existe un impuesto federal europeo.
Pero es cierto que la Europa de 25 querrá un impuesto sobre los ingresos europeos, a menos que sea sobre los beneficios o que la tributación del CO2 financie este presupuesto 2025.
Informe Koch (A5-0105/1999)

Caudron
. (FR) Acojo con gran satisfacción este informe relativo a una mejor armonización de la formación de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas.
En el transcurso de los últimos años, los transportes nacionales e internacionales de mercancías peligrosas han aumentado considerablemente, lo que ha incrementado los riesgos de accidentes. Algunos de estos accidentes han sido debidos a la falta de conocimiento de los riesgos inherentes a estos transportes. Por ello, en el marco de la realización del mercado interior, se ha revelado necesario adoptar medidas destinadas a garantizar una mejor prevención de los riesgos. La Directiva 96/35/CE responde a esta necesidad.
Las empresas de transporte de mercancías peligrosas y aquéllas que realizan las operaciones de carga o descarga relativas a este transporte han visto cómo se les imponía, acertadamente, el cumplimiento de normas en materia de prevención de riesgos, ya se trate del transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable. Para facilitar la realización de este objetivo, la Directiva 96/35/CE ha previsto el nombramiento de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, que hayan recibido una formación profesional adecuada. Esta formación profesional de los consejeros debía tener como objetivo el conocimiento de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas fundamentales aplicables a estos transportes.
Aunque en aquella época la medida constituyó un progreso, la falta de disposiciones específicas relativas a la armonización de las condiciones del examen resultó ser un problema. Por ello se consideró indispensable suplir esta laguna para conseguir consejeros de seguridad de un nivel elevado y uniforme de formación, pero también para evitar desigualdades entre los costes de formación y, por consiguiente, repercusiones sobre la competencia entre las empresas de los Estados miembros.
El objetivo de la propuesta de la Comisión es garantizar una formación uniforme de los consejeros de seguridad. La propuesta fija el contenido mínimo de los exámenes y define las funciones de la autoridad competente, así como los requisitos que deben cumplir las instancias examinadoras. Nuestro Parlamento se ha mostrado favorable a este texto. No obstante, ha presentado varias enmiendas, la mayor parte de las cuales se han mantenido en la posición común del Consejo, en particular, en lo que respecta a la necesidad de elaborar un cuestionario y declaraciones relativas a la autorización de determinados documentos en el marco "de las especificaciones de las modalidades del examen propuestas por el organismo examinador" .
Apoyo, por otra parte, el aplazamiento de la fecha de aplicación a tres meses a partir de la entrada en vigor de la directiva con vistas a hacerla más realista.
Quisiera terminar insistiendo en el hecho de que la armonización de la cualificación profesional de estos consejeros contribuirá a mejorar la calidad del servicio en beneficio de los usuarios, a minimizar los riesgos de accidentes que pueden ocasionar la degradación del medio ambiente, así como daños graves contra la integridad física de toda persona que entre en contacto con las mercancías peligrosas.
Informe Koch (A5-0104/1999)

Caudron
. (FR) El pasado octubre intervine en relación con el informe Hatzidakis sobre el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
Las palabras que diré hoy no difieren de las que dije entonces. Se resumen en lo siguiente: lamento que en un ámbito tan crucial como el transporte de mercancías peligrosas, siempre dejemos para mañana la adopción de normas armonizadas, en detrimento de la seguridad de las personas y del medio ambiente. Recordaré que el 1 de enero de 1997 entró en vigor una directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros con respecto al transporte de mercancías peligrosas por carretera. Esta directiva incluía una serie de disposiciones transitorias, válidas hasta el 1 de enero de 1999. A partir de esa fecha, habríamos debido pronunciarnos sobre una propuesta de la Comisión Europea destinada a poner fin a estas derogaciones.
Según el procedimiento en uso, el Comité Europeo de Normalización (CEN) es el que propone las normas en este ámbito, que, acto seguido, son incluidas en el Acuerdo Europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera suscrito en Ginebra en 1957 (más conocido por el acrónimo ADR), que se aplica en toda Europa y cuyas disposiciones sirven de base a la legislación aplicable en la UE.
El CEN no fue capaz de llevar a buen puerto sus trabajos en el plazo previsto. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión que hoy debatimos tiene por objeto modificar la directiva para solucionar estos problemas a corto plazo y no poner fin al régimen transitorio, como debería haber sido. Es exactamente lo que ha ocurrido en el caso del transporte de este tipo de mercancías por ferrocarril, excepto esta diferencia: se había fijado un plazo. Hoy no tenemos la menor idea de cuándo el CEN estará en condiciones de presentarnos propuestas concretas. Hasta entonces, es realmente inútil que los Estados miembros modifiquen sus normativas nacionales.
El informe acepta asimismo que se instaure una cierta flexibilidad y reconoce a los Estados la posibilidad de adoptar o aplicar normas diferentes. Estos últimos podrían así seguir aplicando sus propias normas para el transporte de determinados equipos a presión, para los que no existen normativas europeas. Asimismo pueden adoptar disposiciones diferentes para el transporte de carácter local y para los transportes ad hoc.
Por ello, hoy he querido manifestar, a través de esta explicación de voto, mi profunda insatisfacción y mi gran preocupación.
Informe Schroedter (A5-0108/1999)

Maes
Señor Presidente, quisiera aclarar mi voto por medio de esta exposición oral con motivo del informe Schroedter respecto al desarrollo regional. Quiero hacer un llamamiento tanto a los Estados miembros como a la Comisión para que dediquen la suficiente atención a las grandes diferencias de bienestar que siguen existiendo entre las diferentes regiones de Europa. No sólo la diferencia de ingresos per capita, sino sobre todo las grandes diferencias en los niveles de empleo me siguen preocupando.
A pesar de que la Comunidad, por medio de los Fondos Estructurales entre otros, dedica medios considerables a la lucha contra las diferencias entre las posibilidades de desarrollo de nuestras regiones en Europa, estas diferencias siguen persistiendo. Por consiguiente, me pregunto si la Comunidad no debería cambiar totalmente de rumbo y, basándose en unas evaluaciones muy estrictas, realizar un cambio de dirección y un cambio de objetivos que hagan posible luchar con mayor eficacia contra las diferencias de bienestar y empleo.

MacCormick
Señor Presidente, en relación con el informe Schroedter, sé -y he pedido al Sr. Barnier que me lo confirme- que las normas sobre la adicionalidad en el caso de los Fondos estructurales sólo se aplican en el nivel de los Estados miembros y no de forma transitiva y transparente dentro de los Estados miembros a favor de regiones autónomas como Gales y Escocia. Lo considero muy insatisfactorio. Espero que podamos volver a examinar esa cuestión en el futuro. Quiero que quede claro que, aunque he votado a favor del informe, abrigo esta importante reserva.

Fitzsimons
El informe Schroedter habla de la necesidad de fomentar asociaciones en relación con el gasto de los Fondos estructurales en Europa para el período 2000-2006. Creo que es particularmente importante, pues los Fondos estructurales se gastan siempre de un modo que aprovecha al máximo el desarrollo económico de las diferentes regiones, cuando las autoridades regionales y locales participan en el proceso de adopción de decisiones sobre el gasto de dichos fondos. Como diputado al Parlamento Europeo por la circunscripción de Leinster, siempre he abogado por que se apliquen sistemas de consulta a los beneficiarios apoyados con cargo a los fondos nacionales procedentes de la UE. Creo que el Gobierno irlandés y la Comisión Europea y los diferentes Gobiernos de la UE no pueden decidir por sí solos las prioridades concretas en materia de gasto. Creo que las autoridades y los grupos locales del sector privado y voluntario deben participar plenamente en el proceso de adopción de decisiones sobre el gasto de los Fondos estructurales europeos.
Por ejemplo, hemos visto el éxito de los planes Leader I y Leader II en Irlanda en cuanto a los puestos de trabajo que se han creado mediante la administración de esos programas en zonas rurales de Irlanda y en Europa. El plan Leader III se va a aplicar este año. El programa Leader, en su esencia, brinda una oportunidad a los grupos públicos, privados y voluntarios para mancomunar sus talentos colectivos a fin de crear puestos de trabajo sostenibles a largo plazo en pequeñas y medianas empresas de zonas rurales. Es un ejemplo clásico de cómo funciona el concepto de asociación, por lo que se deben apoyar esos planes en su más amplio ámbito de aplicación.
El Fondo Europeo para la Paz y la Reconciliación ha tenido también éxito en la creación de puestos de trabajo en los condados fronterizos de Irlanda. Una vez más hay una participación activa de grupos de los sectores privado, público y voluntario que indican la forma mejor de gastar los fondos para contribuir a proyectos locales de creación de puestos de trabajo en esa región. Durante la próxima ronda de los Fondos estructurales de la UE 2000-2006, funcionarán otras iniciativas de la UE, como "Equal" " y "Urban" . Esas iniciativas deben entrañar también la participación de las autoridades y las comunidades locales para procurar determinar la forma mejor de gastar los Fondos estructurales europeos.
La ponente se refiere a la necesidad de aplicar un planteamiento integrado de los planes y programas de los nuevos Fondos estructurales de la UE. Deben fomentar una cooperación descentralizada, eficiente y amplia basada en las aptitudes y el compromiso de todos los sectores de las autoridades regionales y locales. Es muy acertado, porque, si no hay una integración decisiva entre los fondos nacionales, europeos y locales, no se podrán superar las dificultades sociales y económicas en nuestro país.

Darras
. (FR) El presente informe nos devuelve a la pregunta de ¿para qué la política regional? Para reducir las desigualdades regionales, naturalmente. Pero sobre todo, porque aunque el mercado europeo nos garantiza, a priori, un mejor funcionamiento de la economía, éste también puede dar lugar a desigualdades. Jacques Delors solía decir que el mercado es miope, de ahí la necesidad política de reducir las desigualdades. Se trata de ese fenómeno de solidaridad, que se encuentra en el origen mismo del modelo social europeo que todos defendemos y del que nace la cohesión económica y social.
Este auténtico objetivo político, con los mismos derechos que los asuntos económicos y monetarios, se elabora en colaboración con los Estados miembros, las regiones y las colectividades locales. La Comisión es a su vez responsable de indicar a los Estados miembros, a través de las orientaciones, la dirección a seguir para alcanzar los objetivos deseados en el marco de la programación.
Es el motivo por el que apoyaré este informe, al tiempo que lamento que, por motivos de calendario, el Parlamento Europeo sólo haya sido consultado de forma muy tardía sobre las orientaciones que se supone deben ayudar a los Estados miembros, a las regiones y a las colectividades locales en la programación de los objetivos 1, 2, y 3. Por otra parte, deseo que nuestra Asamblea tenga asimismo en cuenta la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que añade todo un plan de reflexiones sobre ámbitos fundamentales, como la lucha contra la exclusión social, el apoyo a la economía social y la puesta en marcha de la estrategia en favor del empleo.
El trabajo de la Sra. Schroedter es un paso más hacia la transparencia y la eficacia de las ayudas estructurales. Realza el papel creciente y primordial de todos los agentes y, principalmente, de los interlocutores locales, los únicos capaces de definir los pormenores y los problemas sociales, y de ahí nuestro deseo de asegurarnos de que los interlocutores a los que se recurra sean auténticos interlocutores, descentralizados y que incluyan a todos los agentes afectados. Es el motivo de nuestra petición reiterada de crear en los Estados miembros un centro de gestión de la ayuda estructural, que se encargue de coordinar la realización y la gestión de la ayuda. Para ello, hay que abrir los comités de seguimiento a los diputados europeos y a las asociaciones, a los industriales afectados por los proyectos y a la sociedad civil.
Estas orientaciones representan un paso hacia una mayor eficacia de las ayudas estructurales comunitarias. Tras haber sido modificadas de nuevo como tales por el informe Schroedter, van en la dirección acertada. Además defienden un debate general sobre el devenir de la política de cohesión a partir del 2006, pero eso es otro debate. Mientras tanto, apoyemos este primer paso.

Titley
En este informe se piden reducciones drásticas del nivel de ayuda estatal ilegal concedida por algunos Estados miembros. Aunque apoyo sin reservas ese objetivo, preferiría que se eliminara totalmente. A mi juicio, la ayuda estatal ilegal equivale a poco más que un dumping social patrocinado por el Estado. Todos nos oponemos al dumping social cuando lo perpetran las industrias potentes, pero también debemos oponernos a él cuando lo perpetran los gobiernos.
Para que tengamos un mercado único eficaz que haga mundialmente competitiva la industria europea y cree riqueza y empleo para todos los europeos, debe haber un terreno de juego igual para todos. En cambio, la ayuda estatal ilegal destruye las empresas competitivas y crea desempleo.
Naturalmente, hay casos en que la ayuda estatal puede ser necesaria y legítima: por ejemplo, para ayudar a las empresas a reestructurarse. Sin embargo, en todos esos casos se deben cumplir unos criterios estrictos y se debe obtener la aprobación previa de la Comisión Europea. Ya se trate de la carne de bovino en el caso de Francia o de sobornos a la industria, no se debe permitir que los Estados miembros incumplan la ley.
Apoyo con entusiasmo la propuesta del informe de publicar un "marcador" en el que se muestre la cantidad de ayuda estatal por Estado miembro. Se debe nombrar y avergonzar a los países que afirman encontrarse en el corazón de Europa, pero que sistemáticamente violan sus normas y se debe revelar su hipocresía. No se puede permitir a los Estados miembros proclamar la solidaridad europea en público, mientras intentan socavar el Mercado Único en privado.
Me resulta ligeramente alentador que, al parecer, se estén reduciendo los niveles de ayuda estatal a la industria en Europa. Sin embargo, falta mucho por hacer y pido a la Comisión que sea mucho más firme a la hora de poner al descubierto a los adictos a las subvenciones de Europa.

Figueiredo
Como los principales instrumentos de la Comisión para superar las disparidades regionales son los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión, es fundamental que el Parlamento Europeo participe en la elaboración de sus orientaciones indicativas generales sin poner en entredicho el principio de subsidiariedad, dado que la formulación de la estrategia de desarrollo de cada país corresponde a los Estados miembros. Lamentablemente, la Comisión Europea ya ha avanzado en sus orientaciones y poco vale la posición del Parlamento para los programas del período 2000-2006.
Ahora bien, conviene insistir en la necesidad de que esos fondos tengan como principal prioridad el desarrollo de los países y de las regiones con mayores dificultades y de las regiones ultraperiféricas, de que son ejemplo Portugal y las regiones de las Azores y de Madeira, con el objetivo de conseguir la cohesión económica y social. Ahora bien, la verdad es que las orientaciones de la Comisión no se ajustan totalmente a esos objetivos.
Por otro lado, es importante que haya indicaciones precisas y fondos suficientes en los sectores de la creación de empleo de calidad y con derechos, así como de la efectiva promoción de la igualdad de derechos y oportunidades, en los apoyos a la economía social y de solidaridad, al desarrollo rural, a los pequeños y medianos empresarios, a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones urbanas de zonas necesitadas, en particular en el sector de la vivienda social, con vistas a un desarrollo urbano sostenible.

Poli Bortone
. (IT) Si los contenidos del artículo 158 del Tratado están orientados a promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, hemos de decir que la consecución de la supresión de las diferencias está todavía lejos, o mejor, en algunos casos, como para las regiones de Italia que forman parte del objetivo 1, paradójicamente, las diferencias aumentan, sobre todo por la todavía escasa capacidad de aproximación a los procedimientos comunitarios por parte del aparato estructural y de la persistente farragosidad de los procedimientos. De hecho, a pesar de las iniciativas normativas, la agilización de las estructuras comunitarias aún debe llevarse a cabo. Si no habrá ante todo una simplificación administrativa, difícilmente se podrán alcanzar los objetivos comunitarios de reformas inspiradas en la eficacia y la concentración. En este sentido, el documento de la Comisión adolece de cualesquiera recomendaciones a los Estados miembros orientadas a simplificar los procedimientos y las normativas nacionales en materia de presentación y tramitación de los proyectos por parte de las autoridades nacionales, así como en materia de financiación, actuación y control. Las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y los artesanos, en particular, continúan siendo "sujetos débiles" , dado que precisamente las trabas normativas y administrativas impuestas por algunos Estados miembros, entre ellos Italia, les plantean grandes obstáculos de cara a acceder a los Fondos estructurales.
Un handicap considerable es la incapacidad y la imposibilidad de las regiones y de los demás agentes de programar a tiempo, por lo que la Comisión que, sobre la base de la Decisión 97/99 sobre las líneas directrices (informe Howitts)) tenía que haber consultado en su día al Parlamento, de hecho encontró una especie de cómoda excusa en el establecimiento de la reducida fase de programación en los Estados miembros y ya hizo publicas las directrices en julio de 1999, antes de que el recién elegido Parlamento emprendiera sus actividades legislativas impidiendo al Parlamento incidir en la actual estructura de las líneas directrices. Por este motivo revestirá mucha importancia la valoración intermedia del artículo 42 del Reglamento nº 1260/99.
Por lo general, las directrices actuales carecen de claridad y de transparencia. A pesar de su importancia, las mismas tan solo aluden al tema de la posibilidad de medir los progresos realizados en función de objetivos comprobables y en total sintonía con las estrategias de las políticas comunitarias y no se detienen suficientemente en las repercusiones de la ampliación, ya que no contienen disposiciones específicas o aclaraciones al respecto ni para las autoridades regionales y nacionales ni para los países candidatos. Dicho esto, puede valorarse positivamente el diferente planteamiento de directrices que, dejando a un lado los objetivos geográficos, obedecen a políticas sectoriales. En teoría, si esto puede responder a las exigencias de concentración y, por lo tanto, de eficacia de las intervenciones, surge espontánea la pregunta de si la situación actual de las regiones del objetivo 1 es tal que permite, de hecho, una política de intervenciones integradas, para cuya consecución es necesario un instrumento operativo de coordinación de las ayudas. En teoría, podríamos incluso responder positivamente a la petición de la Comisión de crear un centro de gestión para la promoción estructural en los Estados miembros, encargado de coordinar la actuación y la gestión de las ayudas estructurales in situ, con tal que dicho centro no resulte ser un instrumento centralizador de carácter supranacional y garantice una efectiva atención a aquellas regiones -vuelvo a repetirlo- que, por una serie de factores negativos convergentes, no han alcanzado todavía niveles correctos de utilización de los Fondos estructurales, por lo que la sustitución del objetivo geográfico por las políticas sectoriales, en la práctica podría resultar una intervención negativa.
Las directrices, tal como se aprobaron por la Comisión, presentan un grave límite, ya que, en vez de responder al objetivo de indicar unas orientaciones, facilitan un catálogo de posibles medidas, un catálogo que, al carecer de una definición progresiva de las prioridades, podría incluso despistar a los Estados miembros y orientarles hacia un abanico de propuestas que está en conflicto con la deseada concentración.
Así las cosas, podríamos decir que una vez más se ha perdido la ocasión de potenciar realmente el desarrollo urbano sostenible, mediante una contención del creciente fenómeno del traslado masivo de la población hacia los centros industrializados y de la consiguiente degradación del entorno. No ha sido valorada adecuadamente la importancia del instrumento de la subvención global que podría revelarse extraordinariamente útil de cara al reequilibrio entre zonas urbanas y rurales confiriendo, por otra parte, una justa dignidad a las entidades locales que, en su autonomía, podrían determinar condiciones de desarrollo territorial en plazos más cortos y contribuir de hecho a los esfuerzos de reforma de los Fondos estructurales y a los objetivos de eficacia, concentración y agilización administrativa. El entorno rural debe considerarse como un recurso en el cual hay que invertir cada vez más con vistas a estimular a los jóvenes a quedarse en las zonas rurales para evitar su desintegración económica y social.
Es un hecho que para alcanzar este objetivo habrá que crear en las zonas rurales puestos de trabajo relacionados no tan solo con la agricultura, entendida de manera tradicional, aunque es importante para la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, sino con sectores como el turismo rural, el deporte, la cultura, el medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas, los servicios.
Un vacío propiamente dicho en las directrices se debe a la falta de orientaciones concretas para llevar a cabo la coordinación entre el Fondo Social Europeo y las estrategias para el empleo, una coordinación que, precisamente porque se aplica por primera vez en el período de programación 2000-2006, implica que los Estados miembros necesitan "directrices" . Debe señalarse asimismo que una vez más la Comisión elude el problema de las acciones concretas en el ámbito de la igualdad de oportunidades. En conclusión, nos encontramos ante un documento no especialmente satisfactorio y en algunos aspectos decepcionante.
Informe Berend (A5-0107/1999)

Miranda
Compartimos, en lo esencial, la evaluación y las consideraciones que el ponente formula respecto del sexto informe periódico sobre la situación social y económica y el desarrollo de las regiones de la Unión Europea. Por consiguiente, nos limitamos a subrayar algunos aspectos.
En primer lugar, y como dice la Comisión, el hecho de que la fuerte progresión del PIB por habitante de algunas regiones más pobres entre 1991 y 1996 vaya en gran medida determinado por la inclusión de los nuevos Länder alemanes en los cálculos de la media comunitaria, a partir exactamente del primero de aquellos años, lo que, evidentemente, determinó una reducción sensible del nivel del PIB por habitante de la Unión.
Además, consideramos particularmente importante la observación de que la recuperación habida en algunas regiones -en las que se produjo- fue acompañada de un mínimo aumento del empleo, lo que impone, consiguientemente, nuevas estrategias de desarrollo, con bastante mayor nivel de preocupación al respecto. Situación ésta que contradice la remisión de la adopción de medidas de fomento del empleo al dominio interno exclusivo de los Estados miembros, como se hace en el informe.
Por último -y no es poco importante-, una referencia a la propuesta del ponente en el sentido de que en el futuro este tipo de informe incluya también, y entre otros aspectos, un análisis de la evolución interregional de la cohesión en cada uno de los Estados. La multiplicidad de situaciones y la evolución diferenciada que se da de región a región, dentro del mismo Estado, imponen, en efecto, una evaluación más profunda de esta cuestión a fin de permitir y garantizar correcciones en las políticas regionales (y de otra índole) con vistas a garantizar la cohesión en el nivel interno de cada uno de los Estados miembros.

Thomas-Mauro
. (FR) El informe Berend nos ofrece un análisis interesante de la situación y del desarrollo económico de las regiones de la Unión Europea. No obstante, la delegación francesa del Grupo Unión por la Europa de las Naciones no puede por menos que discrepar con algunas de las afirmaciones que contiene. Así, el apartado 26 "hace hincapié en la necesidad de consolidar el presupuesto como condición previa para el éxito de la Unión Económica y Monetaria y de la ampliación de la Unión."
En unos momentos en que los Estados miembros se ven obligados a seguir una dieta de adelgazamiento presupuestario para cumplir los criterios de convergencia, dieta que, por otra parte, se han impuesto de motu propio, los federalistas dan muestras de una glotonería pecuniaria muy sorprendente. En señal de reconocimiento del fracaso de la política de cohesión y de la UEM, la insuficiencia de los resultados obtenidos se incluye en la cuenta de descubiertos y todos rivalizan en elocuencia para reclamar más créditos, sin que nadie se pregunte acerca de la eficacia de los fondos utilizados. ¿Qué se puede decir de una gestión presupuestaria que consiste en establecer un objetivo de gastos, en vez de un límite máximo de gastos, en buscar a toda costa proyectos para gastar a toda costa los créditos aprobados, en vez de conceder créditos para proyectos existentes? El gasto se convierte en un fin en sí mismo y en el testimonio del éxito de un programa.
Las estadísticas publicadas por la Comisión Europea en su sexto informe demuestran, sin embargo, como subraya el Sr. Berend, los límites de la política seguida:
Las regiones más ricas de la Unión Europea han visto reforzado su peso entre 1986 y 1996, lo que demuestra una concentración de riquezas, de empleo y de actividades en determinadas zonas: Hamburgo, Bruselas, Amberes, Luxemburgo, Ile-de-France, Darmstadt, la Alta Baviera, Bremen, Viena, Karlsruhe y Emilia-Romaña. Contrariamente a lo que afirma el ponente, la creación de la Unión Económica y Monetaria vendría a agravar la desertización de las regiones más periféricas, de las más rurales y de las menos pobladas en beneficio del eje central de la Unión (Benelux, Alemania del Noroeste, Italia del Norte, Ile-de-France...)
Las regiones más pobres suplen poco a poco su retraso de desarrollo. El promedio de las 10 regiones más pobres se elevaba al 41% del PIB comunitario en 1986. En 1996 era del 50%. La progresión resulta especialmente clara en Portugal e Irlanda.
En realidad, aunque los ricos son cada vez más ricos y los muy pobres, menos pobres, resulta que las regiones intermedias, aquellas que dependen del objetivo 2, experimentan una reducción, en ocasiones, nada despreciable de su PIB, así como un empeoramiento de la situación del empleo. Esto resulta especialmente claro en Francia: la región Champagne-Ardennes, que tengo el honor de representar, ha visto su PIB pasar del 105 al 94% de la media comunitaria, el de Pays-de-Loire se ha debilitado desde el 95 hasta el 91%, el de Auvergne, del 89 al 83%. La tendencia es general, de la que no se salvan ni Rhône-Alpes, ni Alsace. Tendencia que se confirma en Suecia y en Finlandia, donde el paro ha aumentado en proporciones alarmantes en el transcurso de estos últimos años, al igual que en varias regiones del Reino Unido.
Por ello, puede parecer extraño que se haya sacrificado el objetivo 2, destinado a las regiones industriales y rurales en vías de reestructuración económica, a raíz de la reforma de los Fondos estructurales y en beneficio de los objetivos 1 y 3: su dotación para el período 1999-2006 será de 22.500 millones de ecus, una suma más o menos parecida a la del período 1994-1999. Las regiones rurales con derecho a integrarse en el objetivo 5b figurarán entre las principales víctimas de esta situación: en Francia, el 27% de la población con derecho a beneficiarse de los Fondos estructurales perderá su derecho al final del período de transición, cifra que en ocasiones es mucho mayor en determinadas regiones, como Pays de la Loire, Alsace o Basse-Normandie, bastiones electorales de la derecha, víctimas del clientelismo político del Gobierno de la izquierda plural.
Basada sobre semejantes opciones, es dudoso que la política regional pueda contribuir a una ordenación territorial armoniosa de los Estados miembros de la Unión Europea.
Informe von Wogau (A5-0069/1999)

Ainardi
. (FR) Habida cuenta de la situación del empleo en la Comunidad y de la ambición pregonada por la Unión Europea de luchar enérgicamente contra el paro, el análisis de las concentraciones realizado por la Comisión debería tener en cuenta otros elementos además de la competencia. Me refiero, por ejemplo, a la reestructuración de la empresa ABB-Alsthom Power, de la que una importante delegación de asalariados de toda Europa se encuentra hoy en Estrasburgo.
La dirección de ABB-Alsthom Power, que es el resultado de una fusión realizada en junio de 1999, ya ha anunciado una reestructuración con perspectivas de reducción de puestos de trabajo en varios países.
Esta situación nefasta para el empleo plantea numerosos interrogantes, en particular, acerca de la información facilitada al Comité de Empresa Europeo, que existe desde 1996. Exige una actualización y una intensificación de la directiva comunitaria sobre los comités de empresa europeos.
Exige asimismo un control de las concentraciones que tome en consideración el empleo, el medio ambiente y a los consumidores. El informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios es insuficiente desde este punto de vista, motivo por el que me he abstenido.

Figueiredo
Al pretender aplicar el principio de subsidiariedad en el nivel de la política de competencia comunitaria, la Comisión delega en las autoridades y tribunales nacionales la competencia en materia de decisiones y de abusos de la posición dominante respecto de acuerdos de empresas que creen distorsiones del mercado, aunque continúen en el régimen de notificación cuestiones de concentración de empresas y ayudas estatales.
La posición ahora adoptada va encaminada a crear formas más expeditas y con menores costos de aplicación de la política de competencia, con lo que pasa a aplicarse el derecho comunitario en el nivel de los tribunales nacionales y no en el nivel del Tribunal de Justicia Europeo y se habla incluso de la posibilidad de tribunales especializados. Esa renacionalización parcial de la política de competencia podría tener mayores costos para los Estados miembros.
Por otro lado, como recuerda el ponente, muchas veces, en nombre de la política de competencia, se han substituido monopolios públicos por monopolios privados con las privatizaciones de importantes sectores y empresas públicos, como ha ocurrido en Portugal, con consecuencias negativas para el país y para los trabajadores.

Berthu
. (FR) El Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (81 y 82 nuevos) ciertamente no propone una "renacionalización" de la política de competencia, como temen algunos en el Parlamento Europeo. Pero en todo caso deja entrever posibilidades de evolución bastante interesantes para la Unión Europea.
En efecto, tras haber tomado nota del atasco de sus servicios a causa de las notificaciones previas de acuerdos de empresas susceptibles de torcer el comercio y por temor a que su número siga creciendo con la llegada de nuevos países miembros, la Comisión propone la supresión del régimen de autorización previa de estos acuerdos y una aplicación más descentralizada de las normas de competencia a nivel de los Estados miembros. Lo más destacable, en mi opinión, es la señal que nos envía esta propuesta: la Comisión se anticipa a las consecuencias de la ampliación y comprende que ésta implica necesaria y casi mecánicamente una reforma del sistema centralizado. Claro es que, en este caso, la reforma consiste en favorecer la flexibilidad y no en el desmantelamiento. Sobre el papel está previsto que la Comisión conservará el control y la dirección central del nuevo sistema. Por otra parte, el informe von Wogau, que el Parlamento Europeo acaba de aprobar, le anima en este sentido. Pero al mismo tiempo, se percibe perfectamente que la sacudida ocasionada por la ampliación puede traer consigo una limitación de las competencias comunitarias y una mayor subsidiariedad. Al final podría perfilarse una Europa diferente.
¿No es esto precisamente lo que preocupa a los socialistas del Parlamento Europeo? Los socialdemócratas alemanes han votado en contra del informe von Wogau, porque según ellos podría fragmentar la política europea de competencia, es decir, en definitiva, perjudicar al super-Estado uniformador. Extrañamente, una parte del empresariado se ha unido a ellos, porque prefiere el sistema de "ventanilla única" europea, que le parece más económica y más estable jurídicamente. En realidad es una ventaja del sistema actual. Pero por otro lado, hay que considerar también, en un término más amplio, que el principio de descentralización que hoy se inicia puede terminar por traer consigo una mayor libertad para tener en cuenta las necesidades de cada país, lo que beneficiará a todos.
Informe Rapkay (A5-0078/1999)

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) Los elegidos de la lucha obrera no votarán a favor de estos informes sobre la política de competencia europea. La competencia, es decir, la guerra que libran las grandes empresas entre sí, se traduce siempre en despidos, en cierres de empresas, por no hablar de los enormes despilfarros a nivel de la utilización de las capacidades de producción. Tenemos un nuevo ejemplo con el plan de reducción de plantilla en Europa del consorcio ABB Alsthom Power. En la Unión Europea existen 18 millones de parados y 50 millones de pobres, a pesar de ser una de las regiones más ricas del mundo: he aquí el resultado de esta competencia que las instituciones europeas se proponen favorecer.
La voluntad de reglamentar las condiciones de competencia en el mercado europeo manifestada por la Comisión es irrisoria, porque la única ley que acata la competencia es la ley de la selva, en la que los más poderosos aplastan o devoran a los más débiles. Es indignante, sobre todo en el plano social.
El informe de la Comisión Europea demuestra con toda crudeza que las instituciones de la Unión sólo se interesan por los grandes grupos capitalistas que libran esta guerra económica, y en absoluto por las víctimas de esta guerra. Nada para impedir el crecimiento del desempleo, nada para proteger a los asalariados, nada para impedir que las grandes empresas empujen a la miseria a un sector de la población, sencillamente para un enriquecimiento aún mayor de sus accionistas.
Aunque reconocemos que este informe tiene un mérito, el de demostrar que la mayoría trabajadora de la sociedad no tiene nada que esperar de las instituciones europeas para preservar y, menos aún, para mejorar sus condiciones de existencia.

Figueiredo
Al pronunciarse sobre el informe anual de la Comisión relativo a la política de competencia, el ponente recuerda que la política de competencia no puede ser disociada de la política social y medioambiental, pues debe contribuir al empleo, la cohesión económica y social, la protección medioambiental y la defensa del consumidor.
Ahora bien, cuando se habla de algunos instrumentos esenciales para conseguir los objetivos citados, el ponente se limita prácticamente a criticar varios aspectos de las ayudas estatales y a exigir la armonización de las normas relativas al reembolso de ayudas estatales ilegales, con lo que pone en entredicho el derecho de los Estados miembros de economías más débiles y estructuralmente más frágiles a apoyar sectores económicos víctimas de la liberalización y de la competencia internacional.
Por otro lado, el ponente pasa por alto las principales causas de la distorsión de las normas de la competencia, en particular la concentración en aumento de empresas y sus consecuencias en la distorsión de las normas de la competencia; la transformación de empresas públicas en monopolios privados con graves consecuencias sociales, en particular en el empleo y en el precio de los servicios públicos; el abuso de las posiciones dominantes de diversos grupos monopolísticos con métodos inadmisibles en los sectores medioambientales y sociales, incluidos los despidos de millares de trabajadores.
A eso se debe nuestro voto en contra de este informe.

Krivine y Vachetta
. (FR) Al votar en contra de este informe, nos convertimos en portavoces de todas aquellas y de todos aquellos que han expresado su rechazo en Seattle y en toda Europa a un mundo reducido a la estricta lógica mercantil. Votamos en contra de este informe en nombre del desarrollo de los servicios públicos y, en particular, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Paddington, que murieron víctima no de la fatalidad, sino de una obstinación absurda de introducir la competencia allí donde sería necesaria la regulación.
En el fondo, este informe es un texto primitivo que no tiene otra inspiración que la ley de la selva, porque la competencia no puede resolver ninguno de los problemas que a los que se enfrenta la humanidad en este cambio de siglo. Tanto si trata del equilibrio de la biosfera, de la promoción de la cultura o de la cooperación con el Tercer Mundo, la competencia a ultranza es un factor de regresión y de inseguridad.
Y los 18 millones de parados que existen en Europa, ¿creen ustedes que son víctimas de una aplicación demasiado tímida de esta política de competencia? Estamos convencidos de lo contrario, y tampoco creemos que las ayudas estatales sean, por definición, demasiado elevadas. ¿Con respecto a qué norma inquebrantable, a qué criterios de eficacia lo serían? Por último, ¿después de Seattle, les parece serio preconizar un mayor papel de la OMC? Únicamente los asesores jurídicos de las multinacionales pueden demostrar semejante obstinación.
Informe Jonckheer (A5-0087/1999)

Caudron
. (FR) Me felicito por la calidad del séptimo informe de las ayudas estatales en la UE, del carácter ya anual de su publicación y del hecho de que la Dirección General de la competencia difunda en su página de Internet información general y especial destinada al gran público.
Me satisface el enfoque del ponente con respecto a las ayudas estatales y le felicito por ello. Con demasiada frecuencia, existe la tendencia a fustigar a las ayudas estatales, como medidas que falsean la competencia. Es cierto que una política de competencia eficaz constituye una condición previa para el buen funcionamiento del mercado interior y de la Unión Económica Europea. No obstante, como subraya el ponente, dichas ayudas son a veces indispensables y hacen posible, además de la supervivencia de esta o aquella empresa, una contribución al desarrollo sostenible (artículo 6 del Tratado), a los servicios de interés general (artículo 16) y a la cohesión económica y social (artículo 158). Es evidente, no obstante, que estas ayudas deben ser controladas, misión que recae sobre la Comisión Europea.
Las ayudas que los Estados miembros de la Unión destinan cada año a los sectores considerados alcanzaron un total de 95.000 millones de euros durante el período 1995-1997, del que un 40% correspondió a la industria. Las ayudas han disminuido considerablemente con respecto al período anterior, 1993-1995 (un descenso del 13% del importe total y de entre el 3,8% y el 2,6% del importe de las ayudas a la industria). Este retroceso de las ayudas obedece principalmente a la disminución de las ayudas concedidas a los nuevos Estados federales alemanes.
Deploro, al igual que el ponente, que las cifras presentadas en el informe no cubran todas las ayudas estatales. La Comisión Europea debe paliar estas carencias con más celeridad. Asimismo debe cooperar con los Estados miembros para mejorar la calidad de los datos en tiempo hábil, es decir, para el noveno informe. Sería bueno que la Comisión publicara un registro que recoja el importe de las ayudas estatales desglosado por Estados miembros.
Lamento también que el Parlamento Europeo quede totalmente excluido del comité consultivo sobre las ayudas estatales. Para compensar esta situación, la Comisión Europea se debe a la elaboración, para el Parlamento Europeo, de informes regulares.
Terminaré con un aspecto de la utilización de las ayudas estatales que me parece especialmente peligroso: se trata de las ayudas que desembocan en la deslocalización de empresas desde un Estado miembro hacia otro, que encierra el riesgo de una caza de subvenciones que nada aporta a los objetivos comunes de la UE. Es por lo que deseo que el próximo informe sobre las ayudas estatales incluya una evaluación de las repercusiones que estas ayudas tienen sobre el empleo, así como sobre los sectores de la industria y del artesanado, en los países beneficiarios.
Informe Langen (A5-0073/1999)

Caudron
. (FR) Esta mañana he intervenido en el importante debate sobre la competencia en relación con el texto del Sr. Langen, relativo a la aplicación en 1998 del 6º código de las ayudas estatales a la siderurgia.
Como reconocía el Tribunal de Justicia en su mandamiento judicial de 3 de mayo de 1996, el sector siderúrgico es especialmente sensible a las perturbaciones de la competencia. Es el motivo por el que es legítimo instaurar un régimen de ayudas a este sector, que tenga por objeto garantizar la supervivencia de las empresas eficientes, a pesar de que el punto c del artículo 4 del Tratado de la CECA prohibe toda ayuda estatal a la siderurgia. En realidad, es el objeto del 6º código de ayudas a la industria siderúrgica.
Al mismo tiempo, es importante, naturalmente, evitar cualquier daño de las condiciones de competencia y toda perturbación grave de los mercados, por lo que es importante reglamentar estas ayudas. Es necesario, por consiguiente, continuar limitando las ayudas estatales a aquéllas a la investigación, al desarrollo, a la protección del medio ambiente y a las ayudas concedidas en caso de cierre de instalaciones.
En el mismo orden de ideas, es primordial que los Estados miembros cumplan con su obligación de informar a la Comisión sobre las ayudas concedidas en favor de sus empresas siderúrgicas, según establece el artículo 7 del código en cuestión. La Comisión sugiere que los Estados envíen estos informes en un plazo de dos meses a partir del fin de cada semestre y, en todo caso, sobre una base anual, sin necesidad de que la Comisión deba repetírselo.
Al igual que el ponente, acojo con satisfacción el informe de la Comisión, pero he deplorado que este informe no cubra todos los aspectos de las ayudas. A pesar de que el código de las ayudas a la siderurgia está formulado con toda claridad, la Comisión ha autorizado, en varias ocasiones, la concesión de ayudas a empresas siderúrgicas que no responden a las categorías contempladas en el código. En aras de la imparcialidad, convendría aplicar estrictamente el código de ayudas o bien modificarlo en caso de que la Comisión quiera autorizar ayudas distintas a aquéllas legalmente admitidas actualmente.
Por último, se plantea el problema de las consecuencias de la expiración del Tratado de la CECA. Será necesario que el sistema de ayudas se mantenga más allá del 2002. Respecto a este punto, soy de la opinión de que únicamente un reglamento del Consejo podrá ofrecer la seguridad jurídica necesaria y garantizar la prohibición formal de todas las ayudas que no estén contempladas en el código.
Por todas estas razones, he votado a favor del informe Langen y espero que la Comisión atienda ahora a nuestras peticiones y a nuestras exigencias.
(La sesión, interrumpida a las 13. 05 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Marea negra en Francia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre la marea negra en Francia.
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. de Palacio para abrir el debate.

De Palacio
. Señor Presidente, quiero en primer lugar agradecer la ocasión que me brinda el Parlamento de debatir sobre la catástrofe ocurrida en las costas francesas como consecuencia del hundimiento, el pasado 12 de diciembre de 1999, del petrolero Erika y que ha contaminado más de 400 kilómetros de costa con el petróleo vertido, que ha supuesto la muerte de miles de aves y que ha tenido otros efectos enormemente negativos desde el punto de vista medioambiental y del mantenimiento de nuestros mares y de unas costas saludables y conformes a los mínimos que debemos exigir dentro de una sociedad desarrollada.
De alguna manera, el naufragio del Erika representa la antítesis de aquello por lo que venimos luchando todos: el desarrollo duradero, el desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Es un caso clarísimo de violación de esa forma de entender el desarrollo y el progreso, un caso flagrante de cómo no se deben hacer las cosas.
Podría extenderme sobre los datos concretos que han hecho posible este suceso. No lo haré. Son conocidos por todos y lo único que quiero manifestar es que la Comisión comparte la indignación no sólo de los ribereños afectados en primer lugar por este desastre de las costas francesas, sino de todos los europeos -y no sólo europeos- ante semejante hecho.
La Comisión manifestó inmediatamente su solidaridad y ha pretendido contribuir por todos los medios de los que dispone a luchar contra las trágicas consecuencias de este acontecimiento. Pero en mi opinión no basta con luchar contra las consecuencias sino que de lo que se trata es de plantear soluciones y propuestas que permitan evitar al máximo que se repitan acontecimientos como éste.
Así, desde el punto de vista medioambiental, tengo que decir que, en colaboración con y a petición de las autoridades francesas, inmediatamente después del naufragio, la Comisaria Wallström, responsable del medio ambiente, creó una célula de crisis medioambiental. Esta célula puso en marcha el Grupo de trabajo comunitario "Contaminación marina" y ofreció a las autoridades francesas los mejores expertos europeos en la lucha contra la contaminación. La Comisión participó también en el despliegue de instrumentos de lucha contra la contaminación en el lugar de la catástrofe, coordinando la acción de once Estados miembros de la Unión, que han enviado más de 26 kilómetros de barreras flotantes al lugar. Entendemos que la coordinación y los resultados suponen un cierto avance y un éxito en el sentido de que existe una auténtica solidaridad europea.
Este estado de cosas es fruto, en parte, del trabajo realizado por la Comisión desde hace varios años. Este trabajo se plasmó en particular en la creación de un sistema comunitario que recopila todas las informaciones relativas a los medios de lucha existentes en la Comunidad contra este tipo de contaminaciones, en la instauración del Grupo de trabajo comunitario y en la financiación conjunta del proyecto de formación y mejora de las técnicas de lucha contra la contaminación en el ámbito de la Unión Europea.
Por encima de la propuesta de emergencia, es necesario mantener también, a largo plazo, la capacidad de hacer frente a otras catástrofes similares.
Así pues, la Comisión se alegra de la favorable acogida que el Parlamento Europeo ha concedido en primera lectura a su proyecto de decisión relativo a la instauración de un marco jurídico que permita mejorar la cooperación en el ámbito de la lucha contra la contaminación accidental. La Comisión espera que los recientes acontecimientos permitan agilizar la aprobación definitiva de este texto en el Parlamento y en el Consejo y, por lo tanto, que se desbloquee la situación actual.
Pero si me refiero al ámbito de los transportes, quiero decir que el naufragio del Erika plantea de nuevo el problema de la prevención de los accidentes marítimos y, más concretamente, el de la seguridad del transporte de productos contaminantes. En este caso en el ámbito marino.
En este ámbito creo que, en primer lugar, es esencial destacar que la Unión Europea no ha permanecido inactiva desde el famoso naufragio del Amoko Cadiz en el año 1978, también frente a las costas francesas. Aunque quizás debemos preguntarnos si no se debería hacer más y, por lo tanto, si no debemos hacer más.
En los seis últimos años se han adoptado una quincena de reglamentos y de directivas comunitarias. Esta legislación es aún reciente. Los Estados disponen ahora de un fundamento jurídico que les permite luchar contra los pabellones de conveniencia, así como contra todos aquellos que no respetan sus obligaciones de seguridad.
Ahora les corresponde a los Estados miembros demostrar que tienen la voluntad política de dotar a sus administraciones marítimas con los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas de control y aplicación de las normas comunitarias, de aplicar y de exigir adecuadamente el cumplimiento de estas normas comunitarias ya aprobadas. Y, desde luego, la Comisión debe velar por asegurar que en todos los Estados miembros se aplican estas normas de manera homogénea.
Con respecto al naufragio del Erika, los resultados de la investigación preliminar realizada por las autoridades francesas sobre las causas del accidente se han comunicado ya a la Comisión. El informe muestra la ligereza -utilizando un eufemismo- de los controles que se han aplicado en este caso.
Tengo que decir que la Comisión, por su parte, a partir del 21 de diciembre de 1999 se ha dirigido a las autoridades italianas encargadas de las inspecciones en los puertos, así como a la sociedad de clasificación RINA, responsable de las últimas clasificaciones del Erika, con el fin de obtener explicaciones sobre la forma en que se ha controlado al Erika. En efecto, la Comisión debe comprobar si se aplicaron correctamente en este caso las directivas comunitarias pertinentes, tanto por parte de las autoridades italianas, como Estado de puerto, como por la sociedad RINA, como sociedad de clasificación. Esta comprobación, señor Presidente, es primordial para perfeccionar las directivas en el futuro y para que así podamos mejorar lo que se está haciendo.
En cualquier caso, quiero comunicar al Parlamento que se desplazará el día 28 del mes que viene una misión especial de la Comisión para inspeccionar a la sociedad RINA y que, en función de las conclusiones que resulten de esa misión, tomaremos las medidas pertinentes. Cuando digo "tomaremos las medidas pertinentes" incluyo la posibilidad de suprimir la sociedad RINA de las lista de sociedades calificadas por la propia Comisión.
La Comisión presentó además, Señorías, una solicitud similar a la autoridad marítima de Malta -éste era el pabellón del Erika- que, tengo que decir, nos ha ofrecido su plena y total colaboración hasta el momento.
No obstante, sin prejuzgar los resultados de todas estas investigaciones -cómo ha sucedido el naufragio, cuáles son las razones últimas y cuál ha sido la actuación en las inspecciones realizadas, tanto por la sociedad RINA como por las autoridades portuarias italianas-, todo indica ya que el accidente del Erika ha revelado una serie de cuestiones que merecen una reflexión minuciosa y que nos obligan a actuar -en mi opinión- con la máxima urgencia.
Señorías, la Comisión preparaba ya una comunicación sobre la seguridad en el tráfico marítimo, la seguridad en los puertos. Pero, indudablemente, estos sucesos nos obligan a acelerar la presentación de esta comunicación y a concentrarnos, sobre todo, en el transporte de productos peligrosos, contaminantes, especialmente de petróleo, gas o productos químicos.
Este documento irá acompañado de una serie de propuestas legislativas destinadas a reforzar la seguridad marítima en aguas de la Comunidad. La Comisión prevé adoptarlo antes de junio de este año, de modo que los debates sobre las medidas propuestas puedan comenzar, tanto aquí, en el Parlamento, como en el Consejo, a partir del segundo semestre de 2000, bajo Presidencia francesa.
En cuanto al contenido de esta comunicación, nos proponemos abordar esencialmente los temas siguientes:
En primer lugar, el refuerzo de los controles de los buques de riesgo, cualquiera que sea su pabellón -aunque hay datos estadísticos que hablan por sí solos: en las inspecciones en puerto, los buques de pabellón de los quince Estados miembros de la Unión Europea tienen del orden de 5,9 incidencias por cada 100 inspecciones realizadas. La media mundial está en torno a 15,6 incidencias por inspecciones realizadas en puertos europeos. En el caso de buques de pabellón de Malta -como es el caso del Erika- la cifra es de 19,7 y en el caso de otros pabellones, aún mucho más altas. Para reforzar los controles procederemos a modificar las directivas existentes relativas a las sociedades de clasificación, al control de los buques en los puertos y a la frecuencia de las inspecciones, relacionándolas con la edad y con el pabellón del buque. En el caso de los coches, todos sabemos que a partir de los cuatro primeros años hay que someterlos a una inspección técnica todos los años. Sin embargo, en los barcos, lamentablemente la situación no es esa. Queremos impulsar estas actuaciones -que, por otro lado, han sido incorporadas a los últimos acuerdos internacionales celebrados en el seno de la OMI (Organización Marítima Internacional) a través de los acuerdos SOLAS (Convenio sobre la Seguridad de la vida humana en el mar) y MARPOL (Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques)- y hacerlas obligatorias.
En segundo lugar, se debe fomentar la utilización de petroleros respetuosos con el medio ambiente por lo que respecta a la utilización de los puertos europeos. Es decir, que los petroleros que vienen a nuestros puertos se vayan transformando en petroleros de doble casco, en lugar de los petroleros monocasco, que presentan más riesgo de contaminación en caso de accidente. Estos últimos deberían ser objeto de medidas destinadas a acelerar su abandono progresivo a imagen y semejanza de lo que está sucediendo en Estados Unidos, con lo cual también evitaremos un riesgo que vivimos actualmente: que petroleros que no pueden arribar a los puertos norteamericanos vean su tráfico desviado a los puertos europeos.
En tercer lugar, Señorías, la comunicación abordará la compleja y delicada cuestión de la responsabilidad y de la compensación de daños en caso de contaminación debida a una catástrofe. La Comisión tiene intención de salir del actual embrollo jurídico y presentar propuestas para elevar los límites máximos de responsabilidad de las partes implicadas y, además, incorporar nuevos responsables en la cadena de responsabilidades que, en este momento, recae toda prácticamente en los armadores, en los dueños de los barcos.
Más concretamente, tenemos la intención de instaurar un sistema que permita definir y exigir la responsabilidad del propietario o del transportista de la carga -en efecto, si hay armadores de conveniencia se debe a que hay fletadores poco atentos a la calidad de los buques que fletan-, además de incrementar la cifra del seguro por parte de los armadores respecto a la cifra total de los seguros por buque.
Finalmente, la Comisión piensa proseguir sus esfuerzos para mejorar la transparencia en lo que respecta a la calidad de los buques que frecuentan las aguas europeas. En este orden de cosas, la Comisión se propone acelerar la implantación del sistema Equasix, que debe ser una realidad a partir del mes de mayo de este año, que no es ni más ni menos que un sistema de información en tiempo real sobre la situación de la flota internacional de todos estos barcos. Este programa se está desarrollando de común acuerdo con las autoridades francesas y permitirá disponer en tiempo real de una información completa sobre la situación de los distintos barcos, por no hablar de la formación de las tripulaciones, un elemento también importante.
Señorías, en conclusión, se trata no sólo de hablar de la catástrofe del Erika y de lo que se ha hecho hasta ahora, sino de sacar conclusiones para evitar que catástrofes de este tipo se vuelvan a producir. Tenemos que garantizar la eficacia de la aplicación de las normas sobre seguridad marítima. La Organización Marítima Internacional -todos lo sabemos- no tiene capacidad ni de control ni de hacer obligatorias las normas suscritas por algunos Estados que, a menudo, olvidan los compromisos adquiridos o hacen la vista gorda -por decirlo suavemente- sobre lo que han firmado en estos convenios.
En segundo lugar, debemos seguir intentando conseguir una mayor competitividad del sector naviero europeo, que es un sector capaz y de enorme seguridad, manteniendo el nivel de exigencia, pero debemos también ser capaces, en lo que se refiere a los pabellones de conveniencia, de luchar contra los abusos que se producen al amparo de estas banderas.
Al final, Señorías, se trata de luchar contra la irresponsabilidad de algunos armadores, de algunos fletadores, de algunos Estados, de algunas sociedades, de algunos actores en el terreno del transporte marítimo que, con su irresponsabilidad, ponen en peligro nuestro medio natural y pueden crear catástrofes como la que lamentablemente han soportado en estos días las costas francesas.

Madelin
Señor Presidente, intervengo en nombre del PPE, pero también en mi calidad de elegido bretón, afectado directamente y consternado por estos acontecimientos. Junto con Françoise Grossetête y el PPE, hemos presentado una propuesta de resolución. Henos aquí hoy con una propuesta de compromiso, lo cual me alegra.
El naufragio del Erika es en realidad un asunto europeo, por un lado, porque mutila y ensucia algunas de las playas europeas más bellas con consecuencias muy graves para el turismo, los profesionales del mar y los defensores del medio ambiente y, por otro, porque lo que está en cuestión es la reglamentación y el control, que tienen una evidente dimensión natural europea. Una catástrofe semejante, casi con toda seguridad, no se habría producido frente a las costas norteamericanas. ¿Por qué? Porque los norteamericanos supieron aprender la lección de la catástrofe del Exxon Valdez y porque en 1990 establecieron la Oil Pollution Act que tiene a la vez un ámbito más amplio de responsabilidades, porque puede implicar la responsabilidad del fletador, es más vinculante y sobre todo está mejor controlada a través de diversas reglamentaciones y, en particular, debido a la existencia del cuerpo de guardacostas norteamericanos.
Sin hubiéramos contado con semejantes disposiciones, repito, la catástrofe sin duda no se habría producido. Por eso creemos que hay que revisar los textos aplicables y, en particular, el protocolo de 1992, que ha exonerado a los fletadores, en este caso al petrolero fletador, de toda responsabilidad. Ahora bien, si el fletador es exonerado, ciertamente se implicará menos en los controles que son responsabilidad de las compañías petroleras. Por ello hay que revisar la reglamentación y le agradezco, señora Comisaria, que haya señalado todas las insuficiencias actuales de las disposiciones europeas.
Por otra parte, como usted ha dicho, debemos sobre todo reforzar los controles: los controles del Estado del pabellón y aquéllos de las sociedades de clasificación. Usted nos ha dicho que la sociedad RINA es un registro de clasificación italiano reconocido por la Comisión. ¿En qué condiciones se realiza este reconocimiento? ¿Cuáles son las garantías de fiabilidad? La Comisión enviará una misión. Esperamos los resultados con gran interés. También hay que reforzar los controles de las autoridades marítimas y el control en los puertos europeos. Existe, hay que recordarlo, un memorándum de París que implica un mínimo de control, una cuarta parte de los buques que hacen escala en los puertos europeos deben ser controlados por las autoridades marítimas del país en cuestión. Esta obligación no se respeta ni en Francia ni en muchos otros países europeos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias que ha sacado o que piensa sacar la Comisión de esta situación? Considero igualmente necesario reforzar el control del fletador, en este caso, el petrolero. Si su responsabilidad financiera está comprometida, sin duda se ejercerá un mayor control.
Por último, es necesaria una coordinación de las autoridades marítimas para conseguir una especie de dispositivo europeo análogo a los Guardacostas que vigilan las costas de los Estados Unidos.

Simpson
En primer lugar, quisiera dar las gracias a los colegas de mi Grupo que se ocupan del medio ambiente y que han abordado este problema junto con el equipo encargado del transporte. Este desastre es tan medioambiental como de transporte y no está limitado a un sector.
Una vez más nos encontramos en este Parlamento debatiendo sobre otro desastre marítimo. Podría recitar de un tirón la lista de desastres que han afectado a esa industria en los 10 años que llevo en este Parlamento, pero sólo dispongo de tres minutos.
No cabe duda de que ya es hora de que no sólo los Estados miembros, sino también ese tigre desdentado denominado Organización Marítima Internacional y las compañías petroleras y los propietarios de los buques -a los que caben no menos responsabilidades- asuman sus responsabilidades adoptando medidas para poner fin a esas tragedias ecológicas y humanas que se repiten año tras año. ¿Cuántos Erika más habremos de soportar antes de que quienes tienen el poder nos doten de un control del Estado del puerto idóneo y eficaz en toda la Unión Europea y no sólo en ciertas zonas de ella?
¿Cuánta contaminación más debemos soportar antes de que la industria nos dote de buques con tanques segregados y con doble casco? ¿Cuántas aves marinas más deben morir antes de que las compañías de transporte marítimo pongan fin al procedimiento de limpiar sus depósitos en el mar, que, como señala nuestra resolución, causa más contaminación que desastre alguno del tipo del de Erika?
Si bien reconozco que se han logrado algunos avances en sectores como los de control por el Estado del puerto y normas sobre tripulación mínima, seguimos afrontando lo que nuestro difunto colega Ken Stewart llamaba "buques de la vergüenza que entran en nuestras aguas de la Unión Europea y salen de ellas: cubos oxidados y con tripulación deficiente". Es necesario que los Estados miembros actúen rápida y decisivamente. Es necesario que nuestros gobiernos aporten los recursos financieros necesarios para dotarnos de un control eficaz y también que dejen de dar largas al asunto de la seguridad marítima.
El Erika no se ha cobrado vidas humanas, pero puede haber arruinado los medios de vida de muchas personas. Igual que el Sea Empress, igual que el Braer. No cabe la menor duda de que los tres nos dejaron un desastre ecológico.
Mi Grupo expresa su condolencia a la población de Bretaña que ha visto su zona saqueada por ese desastre, como también se lo expresó en ocasiones anteriores a la población del Gales occidental y a la de las islas Shetland. ¿Acaso no es hora ya de que dejemos de manifestar condolencias y empecemos a comunicar requerimientos para librarnos de esos buques de la vergüenza en pro de la seguridad de los mares? De lo contrario, más adelante volveremos a debatir, este mismo año, una nueva propuesta de resolución cuando otro buque-cisterna con pabellón de conveniencia se hunda y vierta a borbotones su crudo por todo el mar.
Ya ha pasado el momento de las resoluciones. Ahora lo que se necesita son acciones. Lamentablemente, el Consejo volverá -me temo- a dejar de actuar y en el futuro volveremos a debatir sobre otro desastre marítimo y ecológico.

Davies
Señor Presidente, siempre que hay un desastre de este tipo, se dice que no debe volver a suceder. En realidad, nunca podemos poner fin a los accidentes que suceden en el mar, pero nos incumbe aprender las enseñanzas que se desprenden siempre que se produce un accidente de este tipo y aplicarlas para reducir los riesgos en el futuro.
El accidente del "Erika" fue grave, en particular para la población de Bretaña más directamente afectada, pero fue devastadora para la fauna y la flora de gran parte de Europa. Hay quien dice que es el peor accidente que haya sucedido jamás a la vida de las aves de esta parte de Europa. La Sociedad Real para la Protección de las Aves cree que nada menos que 400.000 aves, tal vez araos principalmente, pueden haber muerto. Las fotografías que muchos de nosotros hemos visto de aves empapadas de petróleo y que veterinarios oficiales estaban sacrificando eran a un tiempo penosas y trágicas.
Todos queremos que existan las normas más estrictas para los buques, cualquiera que sea el pabellón que enarbolen. Debemos imponer el cumplimiento de los reglamentos y velar por que se aplique el principio de que "el que contamina paga" para que se utilicen sanciones y también incentivos financieros a fin de presionar a los propietarios de los buques y las compañías petroleras y lograr que se introduzcan los procedimientos mejores.
Estoy de acuerdo con todas las palabras que la Comisaria ha pronunciado en sus observaciones, pero la cuestión es: ¿cuánto se tardará en lograr que se presenten las medidas encaminadas a abordar ese problema como ella propone? Como político, debe recordar a sus funcionarios lo difícil que sería que hubiera de volver a este Parlamento dentro de un año, si se produjera un accidente similar, igualmente devastador, en caso de que algunas de las medidas que ha propuesto hoy siguieran, sencillamente, siendo bonitas palabras y no hubiese tenido la oportunidad de ponerlas en práctica. La idea de que un accidente de este tipo ocurra en un futuro próximo debe hacer que su cabeza y las de sus funcionarios se concentren intensamente.

Isler Béguin
Señor Presidente, señora Comisaria, le he traído un pequeño regalo: una torta de aceite pesado que me ha enviado una habitante de la isla de Noirmoutier, que me escribe lo siguiente: "con cada marea, la playa se cubre de aceite pesado que escapa del Erika. Con cada marea, voluntarios, militares, bomberos retiran inmensas tortas de este alquitrán negro, viscoso y espeso. ¿Cuándo volverá a estar limpia y para cuándo el fin de este accidente devastador?"
Sí, este accidente del Erika, al igual que el del buque ruso en Turquía, es inaceptable e intolerable precisamente cuando la alta tecnología está en todo su apogeo. Es tanto más inaceptable que se produzca veinte años después de la catástrofe del Amoco Cadiz, a pesar de que ya se había dicho y repetido en varias ocasiones "¡nunca más algo así!" Naturalmente es responsabilidad de los políticos, y por tanto nuestra, garantizar la seguridad de los transportes marítimos. Debemos realmente garantizar a los ciudadanos que un desastre semejante no volverá a producirse. Ahora bien, al escucharla, señora Comisaria, nos sentimos algo frustrados, porque aquellos que ya se han ocupado de estas cuestiones saben que la Comisión y el Parlamento habían preparado, creo que en 1992, un texto muy interesante que ya incluía todas las propuestas contenidas en la resolución que hoy presenta la Comisión de Transportes. Porque es cierto que hay que decirlo y repetirlo: el Erika es la catástrofe que colma el vaso.
Por ello es urgente que la Unión Europea se comprometa a realizar una revisión drástica de sus directivas en materia marítima para hacerlas más vinculantes y establecer un régimen de responsabilidades claro y preciso de los propietarios de los cargamentos. Debe saberse, por ejemplo, que Shell y British Petroleum se negaron a que el Erika transportara su petróleo. ¿Por qué, en semejantes condiciones, no se reconoce la responsabilidad del fletador, que es Total? Es necesario asimismo que la Comisión imponga en sus propuestas el doble casco y el cumplimiento, por fin, de la prohibición de limpiar los fondos de los buques en el mar. Hay que crear un cuerpo europeo de inspectores que controle efectiva y eficazmente el estado de los buques. Por otra parte, es igualmente urgente que la Unión Europea se comprometa a reformar la OMI. ¿De qué sirve la implantación de directivas vinculantes si, después la mayoría de los buques hacen lo que quieren cuando están en alta mar?
Por último, señoras y señores, quisiera dedicar un pensamiento emocionado a todos los voluntarios, amigos de la naturaleza y de los pájaros, que de forma espontánea y generosa responden presentes y corren a socorrer a las aves embadurnadas de crudo y organizan su salvamento con los medios disponibles. Puedo dar testimonio de este trabajo extraordinario. Como sin duda saben ustedes, aproximadamente 200.000 pájaros perecerán como consecuencia de esta marea negra, una de las mayores catástrofes ecológicas que prácticamente no tiene precedentes. También saben a ciencia cierta lo difícil que resulta actualmente preservar las especies y lo difícil que resulta preservar los espacios. Y, en este sentido, señora Comisaria, no ha dicho nada sobre cómo se propone la Comisión contribuir a la restauración de la naturaleza y del medio natural. Una vez más, no habrá ningún responsable claramente definido. Mientras tanto, siempre paga el pato la naturaleza.

Wurtz
Señor Presidente, mi Grupo ha pedido la celebración de este debate para brindar a nuestro Parlamento la oportunidad de expresar su solidaridad a las personas directamente afectadas por esta catástrofe ecológica, a la vez en su actividad económica y en sus relaciones afectivas con su medio natural.
Permítaseme, a ese respecto, acoger con satisfacción la presencia en nuestras tribunas de la Sra. Javette-Le Besque, portavoz del colectivo "Marée noire" ( "Marea negra" ), constituido por ciudadanos del departamento de Morbihan.
Expresar su solidaridad es algo que muchos voluntarios de Francia y de diferentes países europeos han hecho al echar una mano a las víctimas sobre el terreno. Expresar nuestra solidaridad, como Parlamento Europeo, significa en primer lugar actuar para conseguir el desbloqueo inmediato de una ayuda de emergencia a las familias afectadas por la marea negra y, al mismo tiempo, exigir un fortalecimiento cualitativo, a escala europea e internacional, de las reglas y las normas de seguridad de los transportes marítimos para establecer controles mucho más frecuentes y sanciones claramente más disuasorias para los infractores.
Nuestras propuestas se refieren en particular a la edad de los petroleros. De entre los que fueron controlados y considerados infractores el año pasado, 15 tenían veinte años o más, algunos más de treinta e incluso más. Eso ya no es tolerable. Además, los pabellones de conveniencia. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, más del 40 por ciento de los buques naufragados en 1998 llevaban pabellón de conveniencia, símbolo del beneficio y de la explotación de los hombres en detrimento de la seguridad. Eso ya no es tolerable. Por último, la falta de transparencia. Se hace todo lo posible para volver lo más opaca posible la concatenación de las responsabilidades y la identidad de los propietarios y de quienes de verdad deciden. Eso ya no es tolerable.
En todos esos planos, debemos conseguir cambios reales y significativos, entre ellos la fijación de una fecha-límite para la observancia de las normas nuevas, incluido el doble casco, bajo pena de prohibición de fondear en los puertos de los Estados miembros o cruzar sus aguas territoriales.
También debemos conseguir un mayor rigor tanto en la expedición de los certificados de navegabilidad como en la comprobación de la edad y del mantenimiento de los buques. Por último, debemos conseguir que todos los responsables de una catástrofe contribuyan a las reparaciones. En el caso presente pienso, en particular, en el grupo Total-Fina.
La Unión Europea puede, señor Presidente, hacer la misma gestión ante la Organización Marítima Internacional. Así demostrará su utilidad ante una opinión pública que esta vez espera actos claros y concretos.

Souchet
Señor Presidente, señora Comisaria, como representante de la costa atlántica francesa, representante de Vendée, quisiera expresar ante todo el sentimiento de rebelión de las poblaciones víctimas de la marea negra del Erika ante los desastres ocasionados no por una catástrofe natural como el huracán que acaba de golpearnos, sino por un delito.
Con la urgencia, ante la adversidad, se ha manifestado un magnífico impulso de solidaridad: solidaridad local, solidaridad nacional, solidaridad intergubernamental. Lo que ahora esperan las poblaciones siniestradas, quienes lo han perdido todo, en particular entre los profesionales del mar y del turismo, aquellos cuya actividad está comprometida para varios años, es no sólo que los contaminadores reparen los daños que han causado, sino también que se haga todo lo necesario para que su desgracia actual sirva en el futuro a los demás para impedir la repetición de semejantes delitos.
Estamos pagando -resulta más que evidente- el precio de nuestras dejaciones. Porque nuestros Estados, con la bendición de la Comunidad, no han considerado oportuno seguir teniendo su propia flota mercante y han dejado desaparecer una pericia rigurosa en materia de construcción naval, ya no disponemos de una rastreabilidad clara de los buques y vemos auténticos barcos-basura surcar nuestras aguas con pabellón de conveniencia, a merced de los intereses a corto plazo de las compañías multinacionales. Hay que poner fin a toda costa a la cascada de irresponsabilidad, fletadores irresponsables, armadores inencontrables, sociedades de certificación complaciente. Ahora bien, hoy estamos inmersos en la mayor confusión. Se deben tratar esos asuntos -resulta más que evidente- en el nivel mundial, pero las normas internacionales actuales de la OMI son muy insuficientes y mucho más laxistas y ni nuestros países ni la Comunidad han procurado con tesón volverlas más rigurosas, pese a las catástrofes recientes. Cierto es que el Fondo internacional contra la contaminación con hidrocarburos (FIPOL) existe, pero diluye las responsabilidades y su nivel de prescripciones es totalmente insuficiente, y se debe revisar. Hay que revisar imperativamente la cuestión de los pabellones de conveniencia en el marco de la OMI. Corresponde a los Estados miembros y a la Comunidad adoptar las iniciativas necesarias para ese fin. He de recordar que el Erika llevaba pabellón de conveniencia de un Estado candidato al ingreso en la Unión.
Por otra parte, existen directivas comunitarias, pero no se aplican o se aplican poco por falta de un número suficiente de controladores nacionales. Hay que remediar urgentemente esa carencia. Desde hace muchos años, está en preparación una directiva sobre la seguridad marítima, pero avanza muy despacio. Desde ese punto de vista, hay una inercia inadmisible y una carencia inaceptable por parte de la Comisión. Se debe adelantar imperativamente la fecha de presentación de la comunicación de la Comisión dedicada a esa cuestión esencial, perpetuamente aplazada y ahora prevista para julio.
En cuanto a las disposiciones de fondo que se deben establecer, deben ser particularmente claras y estrictas. Voy a mencionar tres que nuestro Grupo considera prioritarias. En primer lugar, la responsabilidad de los propietarios de los cargamentos de petróleo debe quedar establecida claramente y las víctimas de la contaminación deben poder entablar acciones judiciales sin ambigüedad contra los responsables. La mejor prevención para el futuro es la certeza de los fletadores de que, si no están extraordinariamente vigilantes sobre la seguridad de los buques que elijan, recibirán severas condenas civiles, penales y financieras. En segundo lugar, se debe imponer lo más rápidamente posible la condición de un doble casco para los petroleros a los que se permita surcar las aguas comunitarias y no se debe dejar para las calendas griegas. En tercer lugar, se debe establecer rápidamente una limitación estricta de la edad de los buques a los que se permita surcar las aguas comunitarias. Podría ser de quince años como máximo.
De no conseguirse un marco reglamentario comunitario suficientemente claro, estricto y riguroso, se debería autorizar a los Estados miembros que lo deseen, por su parte, a establecerlo para proteger a su población y su territorio, del mismo modo que los Estados Unidos han sabido, por su parte, aprovechar las enseñanzas de la catástrofe del Exxon Valdez exigiendo el doble casco y vedando sus aguas a todos los buques de más de veinte años. Así, los Estados Unidos denegaron al Erika el acceso a sus aguas. Si la Comunidad hubiera hecho lo propio, se habría evitado una inmensa catástrofe. Procuremos, señor Presidente, señora Comisaria, aprovechar esta vez la enseñanza de verdad, aun cuando haya decaído la emoción parlamentaria y en los medios de comunicación.

Bernié
Señor Presidente, Torrey Canyon, Olympic Bravery, Haven, Amoco Cádiz, Gino, Tanio: se trata de nombres de siniestro recuerdo. Y ahora Erika. ¿A quién le toca ahora? Veintiún años después del Amoco Cádiz, esta enésima marea negra, la séptima desde 1967, demuestra la irresponsabilidad de nuestros sucesivos gobernantes. El oeste atlántico paga una vez más el caro precio de su incapacidad para reaccionar, de su capitulación ante las multinacionales. Cuesta comprender por qué franceses y europeos autorizan lo que los americanos deniegan y por qué Europa, habitualmente tan dispuesta a legislar en materia de medio ambiente, no ha hecho lo propio con la seguridad marítima. El resultado está ahí. El Erika, buque que enarbolaba pabellón maltés, pecio ambulante clasificado entre los petroleros más peligrosos, ha mancillado nuestras costas a lo largo de más de 400 kilómetros, lo que representa una contaminación mucho más grave que la provocada por el Amoco Cádiz. Como representante de Loira-Atlántico, puedo, por desgracia, atestiguarlo. Esas catástrofes repetitivas nada tienen de natural, nada deben a la fatalidad. Son la consecuencia de la inconsecuencia de los hombres. Se trata sin lugar a dudas de una catástrofe ecológica. Sólo quienes están separados de las duras realidades del terreno han podido dudarlo. Se trata también de una catástrofe económica para todos los que viven del mar y del turismo: pescadores, ostreicultores, conquilicultores, salineros, comerciantes, etc.
El fallo del Erika debe ser el último de la serie. Antes que nada, debemos aclarar totalmente ese naufragio. ¿Por qué no se nombra una comisión de investigación parlamentaria o se permite la participación de los diputados en la misión que acaba de anunciar la Comisión? Después, debemos legislar urgentemente, y ante todo, para que se conozcan las características exactas de las mercancías transportadas. En efecto, según los expertos, el petróleo del Erika debía manar por el fondo y nunca llegar a las costas. Ya sabemos lo que ocurrió. Además, habría que instaurar un control técnico fiable, semejante al control técnico obligatorio que se hace en Francia de los vehículos de más de cinco años. Habría que reglamentar la utilización de los pabellones de conveniencia, exigir el doble casco para el transporte de las materias contaminantes o peligrosas, innovar en materia tecnológica para lograr tratar o recoger los hidrocarburos en el mar. Sería -me parece a mí- lo mínimo, al alba del tercer milenio. Habría que prohibir a los buques que no se ajusten a las normas el acceso a las aguas europeas, determinar la responsabilidad de los contaminadores, armadores, fletadores, en nombre del principio de que "quien contamina paga", reforzar la vigilancia marítima para evitar cualquier tipo de limpieza de los fondos en el mar, imponer un control serio y fiable de los buques-cisterna, restablecer una línea presupuestaria consecuente sobre catástrofes naturales, para los países miembros y, entretanto, desbloquear una ayuda comunitaria excepcional y permitir que los departamentos afectados por el siniestro reciban ayuda con cargo a los Fondos estructurales. También he presentado, en nombre del Grupo EDD, un proyecto de resolución al respecto.

Kronberger
Señor Presidente, en los últimos años los petroleros han causado repetidas catástrofes en todo el mundo sin que se hayan adoptado medidas apreciables o eficaces para evitarlas. Esta vez la situación es particularmente grave, no en último término porque afecta a un gran Estado europeo, un hecho que se puede repetir en cualquier momento. Necesitamos urgentemente una directiva que limite estos riesgos. Las 15 normas que tenemos no son, al parecer, suficientes. Éstas ofrecen como mínimo -sin pretender ser exhaustivo- tres garantías: ningún petrolero o buque de carga en condiciones para el desguace podrá hacer ya escala en ningún puerto de la Unión Europea; todas las partes que intervengan, incluido el consignatario del transporte, deberán responder por los daños causados y deberán suscribir pólizas de seguro suficientes. Sólo de este modo será posible garantizar que los perjudicados puedan hacer valer su derecho a una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Sin embargo, debemos tener claro que el objetivo a largo plazo ha de ser mucho más amplio. En otras palabras, tenemos que evaluar los verdaderos costes de todo nuestro sistema de abastecimiento de energía.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, permítame que empiece dando las gracias a la Comisaria De Palacio por su respuesta clara, adecuada y también muy firme. Muchísimas gracias. Esto significa también que tengo en cualquier caso mucho respeto por la comunicación de la reunión que envió el 10 de enero, pero también por las medidas que ha anunciado hoy. La catástrofe del Erika demuestra que cuando faltan regulaciones ajustadas en materia de tráfico y transporte a nivel europeo e internacional, entonces la naturaleza y el medio ambiente quedan malparados. El daño infligido, también en materia medioambiental, no se puede cuantificar en dinero. De ahí que mantengamos ahora este debate conjunto con los colegas de transporte y protección medioambiental.
En las vacaciones navideñas, cuando los medios de comunicación neerlandeses iban prestando atención a la catástrofe del Erika, miré en Internet para averiguar qué había para tomar medidas, sobre todo después de que el primer ministro Jospin hubiera dicho que Europa debería hacer más. Lo que deduje de todo aquello es que en realidad hay suficiente regulación, pero el problema estriba en que no se controla. Permítanme que mencione unas cuestiones aquí, que han sido señaladas también por la Señora Comisaria.
En primer lugar el "port-state control" , el 25% de los barcos que debe ser controlado. No solamente creo que hay que mantener ese 25% sino que hay que procurar que se controle más, o sea que se aumente ese 25%. Además, cuando ya no se permite que un barco navegue, no sólo hay que controlar los hechos sino que debe haber un sistema jurídico que establezca: es recomendable que ya no navegue o ya no se permite su navegación. Pero esto no existe. Presidente, con respecto a esta cuestión quisiera que se emprendiera una acción.
Como punto final, en lo respecta a los requisitos técnicos para los barcos, mis colegas también acaban de señalar que desde 1999 en los Estados Unidos los petroleros deben disponer de doble casco. Me parece que en esta cuestión hemos de ir más lejos y también opino que habrá que estudiar bien el convenio MARPOL, que entrará en vigor en 2001.
Presidente, también convendría mirar críticamente a las negociaciones para el ingreso de Malta y agradezco y admiro a las muchas ONG que han remangado la camisa para salvar a los animales.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, ya hemos celebrados este mismo debate en muchas otras ocasiones. Hasta ahora no hemos conseguido nada y hemos desperdiciado la oportunidad de adoptar una posición unánime desde la Unión Europea. Por esto, yo creo que el presente debate sólo puede tener sentido si todo lo que hoy digamos y lo que usted ha anunciado, señora Comisaria, se traduce realmente en una norma legislativa, o sea, si todos ustedes les dicen a sus Jefes de Gobierno y a sus ministros que deben adoptar dichas propuestas en el Consejo de Ministros.
Ante todo, yo quiero recordar que estamos hablando de un desastre ecológico que también tiene consecuencias económicas y que amenaza los medios de vida de las personas.
¿Qué debemos hacer ahora? No voy a remontarme al pasado. Prefiero dirigir la mirada al futuro. ¿Qué debemos hacer ahora? Yo voy a decirles algunas cosas que debemos hacer. Desde luego, necesitamos buques con doble casco. Esto es evidente, pero es algo que sólo surtirá efecto a medio o largo plazo. ¿Qué necesitamos de inmediato? Necesitamos una inspección técnica de los buques, concretamente una inspección técnica bianual obligatoria, sin cuya certificación no pueda operar ningún buque. Necesitamos dicha inspección a escala europea y también a escala internacional, como una ITV, como la inspección técnica de vehículos, que en Alemania se debe pasar cada dos años. Si no se obtiene el certificado, el vehículo no puede circular. Necesitamos hacer lo mismo en el caso de los buques.
En tercer lugar, tenemos que establecer un control de dichos certificados y de la certificación del seguro en los puertos, en cada uno de los puertos de la Unión Europea. El buque que no presente dicho certificado y la certificación del seguro quedará inmovilizado y no podrá abandonar el puerto, por altos que sean los derechos portuarios. Tenemos que mantener una posición unánime en este sentido, en todos los puertos de la Unión Europea, desde Marsella hasta Wilhelmshaven y Cuxhaven, pasando por Rotterdam y cualquier otro lugar al que arriben los buques.
En cuarto lugar, es necesario establecer la responsabilidad del armador y no sólo por la ridícula suma de 12 millones de dólares, sino por 400 millones de dólares como mínimo, que el armador deberá cubrir mediante la certificación del seguro suscrito. También es necesario establecer, además, la responsabilidad del país bajo cuyo pabellón navega el buque. Tenemos que tener la seguridad de que el país del pabellón asumirá la responsabilidad en caso de dudas. ¡Sería un excelente control! Yo les aseguro que los países que ceden su pabellón ya se preocuparían entonces de no tener que responder por ningún daño.
En quinto lugar, necesitamos tener la garantía de que estas exigencias se impondrán a todos los buques que arriben a un puerto y naveguen en las aguas de la Unión Europea, así como también de los países candidatos a la adhesión. Es decir, que las condiciones que he citado se apliquen en todas las aguas.
Finalmente, necesitamos lo más importante de todo: necesitamos un buen planteamiento, pues en el futuro vamos a hablar más a menudo de normas legislativas. Vamos a hablar más de normas medioambientales. Y yo no quisiera que entonces alguien venga y declare que estas condiciones están provocando la pérdida de puestos de trabajo en los puertos. Que vengan a quejarse los sindicatos, y la industria. Necesitamos un buen planteamiento, Señorías. Yo puedo ver desde aquí a muchos de ustedes que jamás se han situado a la cabeza del movimiento a favor de la defensa del medio ambiente. Vuelvan a sus países y digan: hasta ahora jamás nos habíamos preocupado de las normas medioambientales. Necesitamos un buen planteamiento para contemplar las condiciones que se imponen en los puertos. Necesitamos un buen planteamiento para poder decir: estamos de acuerdo en lo que se refiere a los derechos portuarios y a las condiciones que se impondrán en los puertos, y en la Unión Europea no vamos a contraponer lo uno a lo otro.
Si lo conseguimos, dentro de un par de años quizá habremos logrado mejorar la situación.

Thors
Señor Presidente, la Sra. Roth Behrendt expresó muchas de mis ideas. Estamos ante una lista perfecta de medidas. Pero, ¿cómo usamos la conciencia de crisis que nos ha despertado esta catástrofe ecológica?
Hago la comparación con la marca de Plimsoll, que era un indicador que establecieron las generaciones anteriores para evitar los fraudes en los seguros de las naves en mal estado. ¿Dónde está esa conciencia de crisis que tenían las generaciones que nos precedieron? Creo que hay que tratar de obtener la homologación a la que se refería Roth Behrendt, esos distintivos verdes para los barcos petroleros de los que se está hablando en algunos puertos. Además, tenemos que hacer un examen crítico de las sociedades de clasificación. Creo que no debemos aceptar sus procedimientos. Necesitamos procedimientos independientes y con transparencia.
Finalmente, quiero decir que cuando mi país otorga ayudas medioambientales a los armadores que quieren mejorar la calidad del medio ambiente, hay departamentos en el seno de la Comisión que las considera como subvenciones no permitidas a los astilleros. En la Comisión no sabe una mano lo que hace la otra. No es aceptable un procedimiento en el que no se puedan tomar medidas para mejorar el medio ambiente, cosa que está de acuerdo con las directrices de la Comisión, porque tales medidas se consideran como subvenciones no permitidas a los astilleros.

Cauquil
Señor Presidente, vamos a votar a favor de la resolución del Grupo GUE/NGL, porque denuncia la responsabilidad de Total-Fina en esta catástrofe ecológica y subscribo la propuesta de prohibir los pabellones de conveniencia y la utilización de buques que hayan superado el límite de edad o imponer la obligación de un doble casco para los buques petroleros. Tan sólo añadiré que lo mínimo sería que Total financiara íntegramente la reparación de los daños directos e indirectos causados por la marea negra. ¿Cómo vamos a impedir que se reproduzcan catástrofes semejantes sin imponer medidas draconianas contra los grandes trusts del petróleo, como, por lo demás, muchos otros que, para lograr beneficios suplementarios, se arriesgan a volver inhabitable el planeta? ¿Cómo no indignarse cuando un banco se niega a revelar el nombre de los propietarios del Erika, invocando el secreto bancario, sin que los gobiernos reaccionen? El fondo del problema es que todos los gobiernos, como todas las instituciones europeas, reconocen a los grandes trusts como Total-Fina y a todos sus semejantes el derecho de lograr el máximo de beneficios en detrimento tanto de sus asalariados como del medio ambiente. Reconocen a las empresas y a los bancos el secreto de los negocios, aun cuando dicho secreto proteja actos propiamente delictivos. En esas condiciones, incluso las mejores resoluciones seguirán siendo peticiones de principio impotentes para impedir que los grandes trusts causen daños.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo estoy a favor del endurecimiento de las normas relativas a las inspecciones de los Estados portuarios y a las sociedades de clasificación. Sin embargo, también debemos atenernos a los hechos. El Erika fue inspeccionado cuatro veces en los últimos dos años. El número de inspecciones no puede ser lo determinante; es mucho más importante garantizar la intensidad de los controles. En los debates de la semana pasada, oí decir que los Estados miembros no tienen dinero para financiar los controles. Esto me parece inaceptable. Si los Estados miembros deciden conjuntamente con nosotros que un 25% de los buques serán controlados mediante inspecciones realizadas por los Estados portuarios, también deben aportar el personal necesario. Y los controles no deben consistir en que el inspector se limite a subir a bordo y comprobar que no falte ningún extintor, sino que debe realizarse un examen de los materiales, pues este buque al parecer se partió debido a la fatiga de los materiales. Esto sólo se puede comprobar si se realizan controles más intensos. Nuestro objetivo debería ser garantizar que los controles de los estados portuarios no sean superficiales, sino que incluyan los materiales.
En segundo lugar, yo también comparto las insinuaciones que ha apuntado la Sra. Comisaria y quisiera alentarla a que siga adelante por ese camino. Si se demostrase que una o varias sociedades de clasificación han concedido certificados de conveniencia, habrá que suprimirlas de la lista de sociedades calificadas. Es la única medida disuasoria posible para evitar que otras también concedan certificados de conveniencia. Apreciada colega Roth-Behrendt, ya tenemos una ITV para los buques. ¡Las sociedades de clasificación son la ITV de los buques! También las hay que funcionan bien. Usted conoce algunas que funcionan bien, nuestros colegas franceses conocen algunas que funcionan bien, pero tenemos que comprobar meticulosamente cuáles no cumplen los requisitos necesarios y suprimirlas de la lista.
Finalmente, deberíamos decirle con toda claridad a Malta que si desea llegar a ser miembro de esta Comunidad, antes de la adhesión debe aplicar unas normas de registro y de control en el Estado del pabellón que respondan realmente a nuestras exigencias, pues el medio ambiente es uno y compartido, y no se puede dividir.

Poignant
Señor Presidente, señora Comisaria, el Erika se hundió delante de mi casa y allí sigue, con 20.000 toneladas en sus flancos, con los que no sabemos qué va a ocurrir. Habría podido hundirse en otra parte. Se hundió allí, por azar, y Bretaña, de la que yo procedo, no tiene que excusarse por ser geográficamente una península, ya que es ella la que con frecuencia soporta los naufragios.
Pienso en primer lugar en los 26 marineros indios, de los que no se habla y que fueron salvados. Podría haber habido muertos en aquella catástrofe y la seguridad marina significa en primer lugar la vida de los hombres. Hoy están lejos. Es un milagro que se salvaran. Conque vuelta a empezar como hace veinte años con el Amoco, un golpe en la costa septentrional, otro en la costa meridional, otro en la costa occidental. Y así puede continuar.
Quisiera, señora Comisaria, desgranarle rápidamente, ya que aquí el tiempo está muy racionado, los siete puntos que nos parecen -y usted ha citado, por lo demás, algunos- esenciales para trabajar: el doble casco lo antes posible en nuestras aguas; el control por el Estado del puerto más severo posible. Es necesario, en particular, que las sociedades de clasificación tengan la obligación de hacer públicos sus informes, pues no los conocemos. Además, la armonización de las sanciones entre los quince Estados miembros; no deben ser diferentes, sino las mismas, en todas partes. Hay que endurecer los pabellones de conveniencia, no porque sean forzosamente barcos malos, sino porque hay muchos barcos malos con esos pabellones; mejorar la información sobre todos los buques del mundo, pero eso está previsto; poner la mira bien en la responsabilidad y endurecer.
A ese respecto, me gustaría saber quién es el propietario del Erika, pues una cosa es el concepto de persona jurídica en nuestro derecho, pero siempre hay por detrás accionistas físicos: ¿dónde están los propietarios del Erika? Tal vez en hermosas quintas delante de hermosas playas dorándose al sol. Nos gustaría conocer sus nombres y sus rostros. Y, por último, la mejora de la formación de las tripulaciones. En nuestra sociedad no hay riesgo cero y debe haber al menos una precaución máxima.

Chichester
Señor Presidente, acojo con beneplácito la declaración de la Comisaria. Como yo mismo he pasado mucho tiempo en el mar, conozco perfectamente el poder y la fuerza destructiva del mar, por lo que un diseño y un mantenimiento idóneos de los buques resultan esenciales. Quisiera expresar mi condolencia a todos cuantos están afrontando las consecuencias de la rotura y el hundimiento del buque-cisterna Erika.
Ha sido un desastre medioambiental y un deplorable desperdicio de recursos. Conviene observar que la industria petrolera, mediante los Fondos Internacionales de Compensación de la Contaminación por Petróleo, se considera responsable, conforme al Convenio de 1969 y su Protocolo de 1992, de más del 90% del costo, calculado aproximadamente, de este accidente, es decir, unos 170 millones de dólares de los EE.UU. Eso me hace pensar que deberíamos recurrir a los propietarios del buque, al Estado del pabellón y a las autoridades de inspección para que arrostren su parte de responsabilidad. Sin embargo, antes de apresurarnos a presentar un montón de nuevas medidas y nuevos reglamentos, debemos examinar detenidamente los acuerdos vigentes para asegurarnos de que se aplican adecuadamente. Es mejor hacer caso a las peticiones de modificación y mejora de la legislación vigente que lanzarse a formular nuevas propuestas.
En ese marco apoyo las peticiones de que fortalezca el control del Estado del puerto para garantizar una inspección plena y eficaz. Apoyo las peticiones de que las sociedades de clasificación supervisen eficazmente las condiciones estructurales de los buques y se las considere responsables de sus acciones. Las peticiones de mejoras en el diseño de los cascos, en particular la de que los buques lleven doble casco, son acertadas, pero su aplicación en toda la flota requiere tiempo. No pueden substituir una inspección periódica y rigurosa.

Miguélez Ramos
Señor Presidente, quisiera agradecer a mis compañeros socialistas, fundamentalmente de las comisiones de Transportes y de Medio Ambiente, que no hayan olvidado que este desastre afecta también al sector pesquero. Porque, además de los daños irreparables para el medio ambiente, de los daños al ecosistema y de las pérdidas para el sector turístico, la marea negra es un mazazo para la pesca, para la conservación de los recursos en el medio marino, y serán necesarios largos años para la recuperación del litoral dañado.
No es una casualidad, señora Comisaria, que las zonas afectadas sean siempre aquellas regiones europeas con retrasos de desarrollo, aquellas que viven malamente del binomio turismo-pesca y que no disponen, en la mayoría de los casos, de otros recursos. Son las mismas, señora Comisaria, que ya soportan durante todo el año prácticas desaprensivas de ciertos armadores que limpian los fondos de sus buques frente a sus costas, fuera de todo control.
Procedo de una región, Galicia, que ha sufrido en el pasado accidentes similares. Bretaña y Galicia, los dos Finisterres europeos, son víctimas permanentes de la irresponsabilidad de quienes prefieren incumplir las normas de seguridad y transportar el petróleo crudo en embarcaciones que son en sí mismas potenciales mareas negras.
Por eso, creo que es necesario actuar en dos sentidos. De una parte, pidiendo a la Comisión que, dentro de las ayudas previstas para el sector pesquero, arbitre medidas especiales para paliar los efectos de esta catástrofe en el sector productivo de las zonas afectadas, y pidiéndole, además, que exija, a los organismos internacionales y a sí misma, un control extremo de los buques bajo bandera de conveniencia.
En este sentido, el actual proceso de negociación para la adhesión de Malta a la Unión Europea debe servir para exigir a este país que controle rigurosamente a los petroleros bajo su pabellón.
Por otra parte, es necesario prevenir. Portugal es un país que ha demostrado sobradamente su sensibilidad hacia los temas relacionados con el mar. Yo pediría a la Presidencia portuguesa que estudiase la posibilidad de poner en marcha una estrategia integral de prevención de accidentes marítimos a nivel europeo, concentrando todos los medios que ya tenemos a nuestro alcance -tecnológicos, estructurales y socioeconómicos- para evitar que en el futuro pueda repetirse una catástrofe como ésta.
Quiero, por último, señor Presidente, resaltar el trabajo realizado por los voluntarios y las autoridades locales, que me recordaron viejos tiempos en los que -yo entonces alcaldesa- viví situaciones similares. Es necesario agradecer a quienes, desde la indefensión y la falta de medios, han luchado con coraje contra los graves efectos de este desastre para las regiones costeras, el ecosistema marino y los recursos pesqueros de Europa.

Hatzidakis
Señor Presidente, en mi condición de Presidente de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, quisiera felicitar a la Comisión, y especialmente a la Comisaria, Sra. Loyola de Palacio, por su reacción ante este suceso, que ha sacudido realmente a toda Europa.
En la Comisión de Transportes, debo decir, estamos preparados para debatir la comunicación de la Comisión sobre la seguridad marítima y, por supuesto, estamos también preparados para debatir posteriormente las implicaciones jurídicas que se desprendan del examen de esta comunicación.
Dicho esto, quisiera hacer algunas observaciones:
Primero, la Comisión ha hecho bien en centrar su investigación en las responsabilidades de la sociedad italiana de clasificación RINA, porque tenemos que comprobar si aplicó el derecho comunitario. Por ahí debe comenzar nuestro esfuerzo.
Segundo, además de las responsabilidades de los armadores, bueno será que en casos como éste depuremos también las responsabilidades de los fletadores; de las compañías petroleras, por ejemplo, que tienen también su responsabilidad en el desencadenamiento de desastres ecológicos como éste, y, por supuesto, en la reparación de los daños. A partir de ahí, la reacción ante el desastre ecológico está totalmente justificada. No deberá, sin embargo, conducirnos a la culpabilización del conjunto de la marina mercante, que es un sector muy importante para la economía, habida cuenta de que cubre aproximadamente un tercio de los transportes, y por ello, nuestras reacciones deberán ser mesuradas; severas, pero ajustadas.
No soy en absoluto contrario a estudiar la modificación del derecho comunitario en el sentido de hacerlo más severo, pero, como otros colegas han señalado, tenemos que empezar por aplicarlo, porque ya existe un marco jurídico -y es algo que no debemos olvidar en ningún momento- en el ámbito de la Unión Europea. Se trata de un marco jurídico bastante avanzado -al menos si se compara con lo que ocurre en el resto del mundo-, y, por consiguiente, los países miembros, con la supervisión de la Comisión, deben emprender el esfuerzo de aplicar realmente el derecho comunitario.

Piecyk
Señor Presidente, yo creo que debemos acoger ciertamente con satisfacción las sensatas y objetivas declaraciones de la Sra. Comisaria, que no ha hecho como otros, que se han entregado a una hipócrita lamentación colectiva. La catástrofe del Erika no nos coge por sorpresa. Yo no sé cuántos buques que prácticamente son bombas de relojería flotantes navegan a diario por las aguas comunitarias, pero son muchísimos, y tal como están las cosas, cualquier día puede volver a repetirse otra catástrofe similar.
En esta Cámara hace más de diez años que lo sabemos: la Comisión presentó entonces una comunicación y nuestro colega Ken Stewart elaboró su informe, en el que ya se enumeraban todos los aspectos en los que era preciso adoptar disposiciones legales. En este asunto intervienen los buques, la tecnología, el equipamiento; intervienen los puertos, su organización y las exigencias que imponen; y evidentemente también interviene la calidad de las tripulaciones. Sabemos muy bien de dónde ha procedido en los últimos años la oposición frente a cada medida legislativa concreta. La oposición ha procedido siempre de los Estados miembros, del Consejo de Ministros, donde ha habido que forcejear tenazmente por cada pequeño detalle para conseguir avanzar un poco.
Si, por un lado, esperamos del ciudadano que conduce un automóvil que esté sano y que cumpla los debidos requisitos personales, y por el otro lado, éste está obligado a someter su vehículo a un control periódico, lo mismo se les tiene que poder exigir a los buques. La palabra clave en este contexto es control. En efecto, ¿es en verdad casual que estos buques naveguen siempre bajo el pabellón de prácticamente los mismos Estados? ¿Por qué no se establece entonces una lista negra? Si por las aguas europeas navegan buques desvencijados, inseguros y peligrosos, ¿por qué no se declara, como se hace en otros lugares, que estos buques no pueden entrar en aguas europeas ni arribar a ningún puerto europeo?
Yo desearía, por lo tanto, que su lista de medidas para este verano incluya también una revisión total de todos los petroleros que en estos momentos navegan por aguas europeas y también me gustaría conocer los datos más recientes sobre las normas y convenios de la OMI que efectivamente hayan suscrito entre tanto los Estados miembros de la Unión Europea y también sobre su transposición, pues sigue existiendo un retraso en este aspecto. Lo ocurrido en el caso del Erika no es, a mi modo de ver, una chapuza, sino una irresponsabilidad colectiva criminal y el Parlamento tendrá la oportunidad de demostrar en los próximos meses si se toma en serio este asunto, concretamente cuando se debata el tema de las instalaciones destinadas a la inmovilización de los buques en los puertos, que afecta a los Estados miembros.
Entonces volveremos a vernos y a hablar de esta cuestión, y ojalá todos sigan pensando igual que hoy.

García Orcoyen Tormo
Señor Presidente, señora Comisaria, creo que el lamentable incidente del Erika debería, en efecto, como se ha dicho aquí esta tarde, ser el punto de inflexión definitivo que marque el antes y el después de este tipo de accidentes en la Unión Europea donde, desde 1967, ha habido diecisiete accidentes de grandes petroleros, más de uno cada dos años.
Los daños sociales y económicos, de los que ya se ha hablado aquí hoy, en términos tanto de pérdida de empleo como de recursos pesqueros y turísticos, son de tal magnitud que justifican con creces una acción decidida y contundente por parte de las instituciones comunitarias.
Yo también, señora Comisaria, quisiera agradecerle la rápida respuesta de su departamento a este incidente y las medidas que se están tomando ya y que están en marcha. Y confío en que estas medidas den lugar, en pocos meses, a un instrumento legal claro y contundente -una directiva, posiblemente- que acabe de una vez por todas con estos piratas del siglo XXI, que nos arrebatan a todos la riqueza y la belleza del mar.
Quisiera hacer una observación, al hilo de una de las medidas a tomar mencionadas por la Comisaria y por varios de mis colegas. Me refiero al doble casco, que consiste en una doble capa de acero, estando los depósitos divididos en dos cisternas.
Señora Comisaria, hay muchos expertos que consideran que el doble casco no es suficientemente seguro y proponen el llamado "casco ecológico" en el que, en caso de accidente, el agua del mar penetra en los depósitos y, debido a la presión, el petróleo es transferido a otros tanques.
Creo, señora Comisaria, que es el momento de apostar por las medidas más seguras técnicamente posibles. En este sentido, creo que limitarnos a reproducir una legislación vigente en otros países no es suficiente. Creo que podemos y debemos mejorar la legislación existente al respecto.
Cualquier análisis coste-beneficio, que contabilice realmente todo el daño a las personas y al medio ambiente de estos accidentes, nos dará la razón.

Savary
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quisiera en primer lugar que nos felicitáramos todos del procedimiento seleccionado y que requiere que, después de que cada uno de los Grupos políticos se haya movilizado, haya manifestado su emoción, se presente al final un proyecto de resolución común. Creo que, en semejantes circunstancias dramáticas, no se entendería y resultaría indecente, en el plano de los principios, que hubiera diferentes voces. Por otra parte, el hecho de que el Parlamento emita hoy con una sola voz una resolución, respecto de la cual se ha visto la convergencia entre los diferentes oradores que me han precedido, brinda -me parece a mí- la oportunidad para que las dudas o las fintas de ciertos gobiernos sean sometidas tal vez a presión parlamentaria y se trata -creo yo- de un acto parlamentario muy firme que ponemos en manos de la Comisión para preparar un espacio marítimo europeo.
Creo que está muy claro -y ésta es la primera conclusión que podríamos sacar de la catástrofe del Erika- que la opinión pública no comprendería que se reglamentara el chocolate, pero no se reglamentara el transporte marítimo. La opinión pública no entendería que se hable de espacio judicial común, que se hable de espacio aéreo común, que se hable de espacio ferroviario común, de Mercado Único y no de espacio marítimo, por lo que creo que se trata hoy de una labor que se debe iniciar con una voluntad absoluta de continuidad y de continuidad concreta.
La Comisaria nos ha indicado los tres grandes capítulos por elaborar: nivelación de nuestra legislación, con la que podemos formular la normativa. Por lo demás, he observado con gran satisfacción que incluso los Grupos soberanistas o euroescépticos piden que Europa reglamente y creo que ése es el nivel adecuado, en efecto, para hacerlo. A veces, reglamentamos cosas que podrían ser en gran medida subsidiarias. En esa esfera debemos dar una respuesta a las opiniones públicas. Es muy importante y todo el mundo debe sentirse incumbido, pues, al fin y al cabo, somos una península a escala mundial.
Así, pues, es necesario que haya un derecho de continuidad, después de la nivelación de nuestra legislación, hay que establecer también controles sistemáticos y, por último, aplicar el principio de responsabilidad "el que contamina paga", que es, naturalmente, un principio preventivo. Voy a concluir y quisiera decir que, personalmente, he solicitado una audición pública de la Comisión de Transportes, que nos permitiría dar curso inmediatamente al expediente del Erika y alimentar nuestras reflexiones futuras. Espero que todos los Grupos políticos quieran apoyarnos en esta petición de audición pública.

Peijs
Presidente, el petrolero Erika, cuya propiedad queda difusa por empresas de apartados de correos en Malta y tal vez Italia y Grecia, fletado por Total-Fina para el transporte de petróleo, se ha hundido delante de la costa bretona con todas las consecuencias desastrosas que eso conlleva. Las consecuencias para el medio ambiente, la flora y fauna del entorno marítimo europeo son enormes.
Habrá que buscar la causa de la catástrofe en la estructura debilitada del petrolero. O sea, hay la gente duda de la seguridad de los barcos que transportan mercancías peligrosas o contaminantes. La organización marítima internacional ha instaurado una regulación internacional para ello. Los estados pueden realizar inspecciones en el puerto.
En Europa la regulación es más estricta hay una obligación de controlar el 25% de los barcos entrantes según la directiva "port-state control" . No obstante, parece que en ningún Estado miembro se alcanza este porcentaje por la falta de inspectores. Está claro que no hay falta de regulación. Me parece que la Comisaria tiene toda la razón al respecto. Donde falla es en el control de la regulación existente. Pero estimada Comisión, ¿cómo vamos a hacerlo si hay efectivamente una falta de inspectores? ¿La Comisión puede asegurarnos que se aplique correctamente la directiva 93/75 respecto a los requisitos mínimos para barcos que abandonan un puerto europeo y que transportan mercancías peligrosas o contaminantes? ¿No se debería intensificar el control de esta aplicación? ¿No sería recomendable que se empezara a corto plazo a controlar según un sistema de puntos, siguiendo el ejemplo de Rotterdam, en que se computan por ejemplo la antigüedad de la embarcación, si dispone de casco simple o doble, si navega bajo bandera barata? Dicho de otra forma, hay que dar mayor prioridad al control de barcos más antiguos de categorías inferiores que a los barcos que cumplen todos los requisitos de calidad. El Erika fue construido en un astillero japonés y es de casco sencillo. Hay todavía cuatro buques gemelos que navegan en este momento. Pararon entonces la construcción porque el peligro de corrosión en este tipo de barco fue mayor de lo normal. Algunos de ellos navegan bajo bandera maltesa. ¿Esperamos a la siguiente catástrofe?
¿No debería haber sanciones, como ha dicho la Comisaria, para la "classification society" ? La sociedad RINA está ahora en entredicho. Malta va a empezar con las negociaciones de ingreso. Creo que la Unión Europea sólo puede admitir a Malta si se garantiza que la bandera maltesa navegará de ahora en adelante sin accidentes.

El Presidente
Señorías, yo les agradecería que se disciplinaran porque nos estamos retrasando, y este retraso va a incidir negativamente en el tiempo dedicado al turno de preguntas a la Comisión.

Hulthén
 Señor Presidente, instantes antes de bajar a la Asamblea, recibí un mensaje por el correo electrónico que contenía un relato bastante sensible de una mujer sueca que había decidido pasar la Nochevieja en la costa francesa de Bretaña, en lugar de quedarse en casa para celebrarla con sus parientes. Igual que centenares de voluntarios, ella ha visto la destrucción, ha lavado pájaros y ha limpiado, ya que los responsables no estuvieron en la costa en las tardes y noches cuando realmente se les necesitaba. Me pregunto, igual que tanta gente, dónde están los responsables. ¿Dónde están los navieros y los que han encargado los transportes cuando ocurren estas catástrofes? Quizá haya llegado el momento de empezar a pensar en constituir una autoridad común para combatir los delitos medioambientales, que se encargue de este tipo de delitos.
No es la primera vez que vemos vertidos de petróleo, con o sin intención.
(La oradora es interrumpida por el Presidente)

Tannock
Quisiera agradecer a la Sra. Grossetête y a sus colegas la presentación de esta propuesta en el Parlamento. Los medios de comunicación británicos han informado ampliamente sobre el desastre medioambiental del hundimiento del Erika ante las costas de Bretaña y el vertido de 10.000 toneladas de petróleo. Aunque Gran Bretaña y Francia han tenido diferencias recientemente, puedo asegurar a Sus Señorías que existe considerable solidaridad en mi país para con los afectados.
Las imágenes televisivas de los daños causados a las costas y la fauna y la flora del país de Sus Señorías, en particular las aves y las poblaciones de peces, ya en disminución, han vuelto a traer recuerdos de desastres británicos similares, como el del Torrey Canyon en 1967, y han movido a muchos voluntarios británicos a prestar ayuda.
Acojo con satisfacción esas actuaciones conjuntas para reparar los daños. Se trata claramente de un problema para todas las costas, que requiere soluciones imaginativas. En lugar de permitir que los costos de esos desastres recaigan sobre las comunidades más afectadas y mercados de seguros como Lloyds en Londres, debemos crear nuevas tecnologías para recuperar del mar mucho más que el 10% del petróleo perdido. Actualmente, existen pocos incentivos financieros para ello, cuando el mercado de seguros carga con los gastos. En última instancia, el que contamina debe pagar.
Además, debemos preparar una directiva del Consejo que aborde la imposición del cumplimiento de las normas internacionales en materia de seguridad de los buques y prevención de la contaminación velando por que se cumpla el objetivo de inspección del 25% de los buques que hagan escala en puertos de la UE y que se haga una inspección de alto nivel. Además, si bien no me opongo a que los propietarios de buques los registren en el país que prefieran, creo que es necesaria una aplicación más estricta de la reglamentación internacional. En lugar de prohibir los pabellones de conveniencia, lo que violaría el derecho de todo Estado soberano a contar con una flota mercante, conforme a la directiva de la UE de 1995 relativa al control del Estado del puerto, las autoridades marítimas nacionales deben imponer sanciones más eficaces a los Estados del pabellón que no cumplan con las obligaciones que les imponen los tratados internacionales. Espero sinceramente que, en particular durante la Presidencia francesa en la segunda mitad de este año, la Comisión y el Consejo examinen detenidamente todas estas opciones y recomiendo encarecidamente esta resolución al Parlamento.

Langenhagen
Señor Presidente, casi parece increíble que volvamos a encontrarnos reunidos aquí, tal como se ha repetido regularmente desde hace casi diez años, a causa de una desgracia causada, no por una fuerza superior, sino por la mano del hombre y debido a la falta de discernimiento humana. Afuera esperan los afectados. Ellos desean recibir respuestas. No quieren más promesas que luego no se cumplen, no quieren más trabajos que luego se transponen. La población se pregunta con razón: ¿nuestras regiones van a engrosar ahora el grupo de las definitivamente condenadas? ¿Quién nos va a dar un nuevo empleo?
¿Cuándo comprenderán por fin los causantes del desastre que la protección de los recursos naturales no es una actividad de tiempo libre, no afecta a un solo sistema ni representa únicamente un nuevo sector de trabajo, sino que es un reto común europeo? Por esto, señora Palacio, yo acojo con gran satisfacción su plan de trabajo. También esto es importante. Prevenir es más importante que curar. Pero es necesario poder hacer también esto último. La intervención del buque polivalente alemán Neuwerk -está amarrado justo delante de mi casa en Cuxhaven- fue un rápido gesto de auxilio de un vecino europeo. Debemos expresar nuestro agradecimiento a toda la tripulación por su difícil misión. Se hizo un valioso acopio de experiencias, pero también se constató que incluso las más modernas técnicas no bastan para controlar este tipo de catástrofes medioambientales. Por esto, con toda la razón, pedimos controles, sanciones y medidas de prevención más adecuados.
Yo vengo luchando desde hace casi diez años desde esta Asamblea a favor de la creación de una guardia costera medioambiental europea. El tema conserva toda su actualidad. Por mi parte, no voy a escatimar en adelante mi apoyo, sino que me propongo colaborar con otros para conseguir mejoras y proyectos capaces de aportar soluciones en el marco de una cooperación europea e internacional.

De Palacio
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer muy sinceramente no sólo las iniciativas de distintos grupos, de la Sra. Grossetête y del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sino también las iniciativas del Sr. Wurtz y del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, en el sentido de proponer este debate, que nos ha permitido generar una discusión positiva e importante.
Me propongo presentar antes de que termine el mes de marzo una comunicación y en ella es posible que ya pueda presentar textos legislativos, es decir modificaciones de directivas concretas para que se pueda iniciar su discusión en el Consejo y en el Parlamento.
Quiero decirles que, efectivamente, no se trata sólo de un problema medioambiental; es un problema medioambiental importantísimo, pero también es un problema social importantísimo; hay hombres y mujeres que dependen del marisqueo, de la pesca, del sector de servicios o del turismo en esas zonas de costa; son zonas frágiles desde el punto de vista medioambiental, pero también frágiles desde el punto de vista del desarrollo social y de equilibrio territorial. Y por eso tenemos que tener un especial cuidado para evitar, en la medida de lo posible, que se reproduzca una situación como ésta.
Decía la Sra. Roth-Behrendt que nunca se había hecho nada. Yo creo que sí se han hecho cosas antes en la Comisión, pero hay que hacer todavía más. Y la prueba es que los norteamericanos, después del Exxon Valdez, en un año sacaron una legislación, enormemente rigurosa y enormemente dura, que amenaza, como ya he señalado, con desviar hacia aquí barcos no aceptados en los puertos norteamericanos. En Europa, después del Amoko Cadiz, o del Urquiola en las costas españolas, en el año 1976, o del Torrey Canyon, también en la misma fecha, o de tantos otros casos que ha habido, hemos empezado de verdad a legislar a partir de 1994 y 1995, y sobre todo en estos últimos años.
Se ha insistido, además, fundamentalmente, en estos años pasados, en la seguridad del transporte de pasajeros. Esta es la realidad. En mi opinión, hay que hacer ahora un esfuerzo importantísimo y urgente por enfrentarse a nuevos problemas, derivados también de la legislación norteamericana, insistiendo en la seguridad de los transportes de mercancías peligrosas en el sector marítimo.
Yo, señorías, me he referido a una serie de cuestiones que detallaremos con más precisión, si quieren, en una comparecencia mía en comisión específica para este tema, o si no cuando les presente las iniciativas concretas en los próximos meses.
Mi pretensión es -insisto- que a partir de finales de marzo empecemos a discutir, coincidiendo además con un Consejo de Ministros, y desde luego, que antes de que termine el semestre de la Presidencia portuguesa, ya tengamos textos sobre los cuales discutir.
Los pabellones de conveniencia son un problema, pero no es el único. Rumania no es un pabellón de conveniencia y, sin embargo, tiene un altísimo índice de incidencias cuando se hacen inspecciones. Más que los pabellones de conveniencia.
Malta y Chipre han pedido su ingreso en la Comunidad. Hay que ser exigentes en esta cuestión y sobre ello se está negociando. Eso nos va a obligar a reconsiderar los registros de la Unión Europea, y a plantear el famoso problema, que seguro que volverá a surgir, de la pretensión de un registro comunitario. Yo creo que eso será difícil pero, en cualquier caso, debe llevarse a cabo una revisión de lo que son los registros de los países de la Unión Europea.
En cuanto a los controles, cuestión clave en gran medida, lo primero que hay que ver es cómo ha funcionado la legislación de que ya disponemos, como ha dicho el Sr. Hatzidakis. Tenemos ya una legislación. Según la información que me suministran los servicios de la Comisión, esta legislación no se aplica suficientemente en muchos Estados miembros por falta de personal, de medios y de inspectores. El problema no es que se controle sólo un 25%, sino cómo se seleccionan, cómo se buscan los barcos que tienen más riesgo, por la edad de los buques o por la historia de riesgo de los pabellones. Lamentablemente muchas veces se cubre el 25% con pabellones de los que se sabe que van a cumplir todos los requisitos: las inspecciones son más rápidas y el trabajo se hace más fácilmente.
Por lo tanto, más que modificar, habrá que tomar medidas para controlar lo que ya se hace, aparte de algunas exigencias suplementarias en cuanto a revisiones, sobre todo en función de la edad de los distintos barcos. Y ahí están SOLAS (Convenio sobre la seguridad de la vida humana en el mar) y MARPOL (Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques), dos convenios de la Organización Marítima Internacional que habrá que hacer obligatorios en su momento en todos los Estados de la Unión y controlar cómo se aplican.
En cuanto a la cuestión de los inspectores de la Unión, creo que el principio de subsidiariedad justifica permitir que sean los Estados miembros quienes hagan esas inspecciones, lo cual no quiere decir que la Comisión no tenga que controlar que los Estados llevan a cabo adecuadamente su tarea.
Por último, quisiera insistir en la cuestión de la responsabilidad. No sólo en los importes máximos, que yo creo que deben ser parecidos a los norteamericanos. Nosotros fijamos 180 millones de dólares; en Estados Unidos están hablando de 1.000 millones de dólares de techo máximo para cubrir indemnizaciones. Creo que hay que aumentar la cantidad actual, acercarnos a niveles parecidos a los de Estados Unidos, pero obligar también a reconsiderar el monto de los seguros de los barcos, y por lo tanto de la responsabilidad de los armadores, y a incluir en esta responsabilidad a aquéllos que contratan los barcos, a los dueños de la carga. Mientras no se exija responsabilidad a los dueños de la carga, señorías, no se terminarán de arreglar, en mi opinión, estos problemas.
Termino, no me voy a extender más. Tendremos ocasión de hacerlo en otros momentos. Pero, obviamente, como algún orador ha dicho -y les agradezco a todos sus intervenciones totalmente positivas y pertinentes-, no podemos permitir que, dentro de uno, dos o tres años, volvamos a decir otra vez que no hemos hecho lo que debíamos.
Por mi parte, puedo decir, después de haberlo debatido en el Colegio de Comisarios, que la Comisión está dispuesta a traer al Parlamento y al Consejo las medidas legislativas, las modificaciones y las directivas necesarias para dotarnos de los mayores niveles de seguridad posibles. Hace falta la voluntad política de este Parlamento -y compruebo que cuento con ella- como también la del Consejo de Ministros.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria. Hemos tomado buena nota de su disponibilidad.
He recibido 8 propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, para cerrar la presente declaración de la Comisión.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12 horas.

Tempestades en Europa
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre las tempestades en Europa.
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Barnier.

Barnier
Señora Presidenta, Señorías, se acaba de hablar de las consecuencias humanas, ecológicas, sociales de la marea negra que una vez más ha afectado a las costas francesas. Y ahora hablamos -cosa de la que, personalmente, me alegro mucho- de las consecuencias de una tormenta histórica, de un auténtico huracán que ha afectado, también y en un período simultáneo a Francia, pero también a la República Federal de Alemania y a Austria.
Señorías, cuando se habla de las consecuencias de semejantes accidentes o tormentas, no se trata sólo de daños ecológicos o patrimoniales. Se habla también, yo quiero hablar también, en relación con las consecuencias de la tormenta, como también de la marea negra, de los hombres y de las mujeres, como ha dicho hace un momento la Sra. Loyola de Palacio, de las familias que están en verdad -puedo atestiguarlo- traumatizadas, heridas, lastimadas, desanimadas para mucho tiempo y, las más débiles de ellas, desesperadas.
Me parece bien que se manifieste hoy aquí la expresión de la solidaridad europea, que esa solidaridad se plasme en palabras de apoyo moral, pero debe ser ante todo humana. Esa solidaridad es la que quiero expresar en nombre de todo el Colegio de Comisarios y, en particular, en el nombre de mis colegas del Colegio que no olvidan sus raíces ni su ciudadanía: Franz Fischler en el caso de Austria, Michela Schreyer o Günther Verheugen en el de Alemania y Pascal Lamy y yo en el de Francia. Esa expresión viene a sumarse a la que ya han manifestado las autoridades nacionales de esos países mediante el formidable despliegue de generosidad y voluntariado que ha habido. Y, puesto que hablamos de Europa, quiero también descubrirme ante la espontaneidad, la disponibilidad de voluntarios de servicios públicos de electricidad, teléfono, bomberos, agentes de vías y obras públicas que han acudido desde toda Europa, espontáneamente, para ayudar a restablecer aquí la circulación, allá la electricidad o el teléfono. Señorías, hasta ayer o anteayer no han recuperado algunas familias el teléfono o la electricidad en ciertas regiones francesas.
A petición del Presidente Romano Prodi, la Comisión celebró un primer intercambio, un primer examen, durante su primera reunión del año, sobre toda esta cuestión, por lo que, como nos ha pedido el Presidente, quiero exponer el resultado del trabajo que hemos hecho entre nosotros, para encontrar todas las respuestas que la Unión puede aportar, en el marco de los reglamentos, del presupuesto, después de haber expresado su solidaridad humana y moral, en el plano de la reconstrucción, de lo que ha resultado afectado en el patrimonio económico, social o cultural.
Señorías, la Comisión movilizará, por tanto, todos los instrumentos de que dispone para ayudar a los Estados miembros afectados en su reconstrucción y prestar la ayuda que se pueda prestar a las personas y a las empresas afectadas a fin de acompañar, de completar los apoyos, las ayudas que ya han decidido las autoridades nacionales o regionales. Como saben Sus Señorías, la Comisión dispone de varios instrumentos que pueden prestar una ayuda en ese esfuerzo de rehabilitación y reconstrucción y nos proponemos utilizar todos esos instrumentos, con el mismo voluntarismo que el expresado por Loyola de Palacio, cuando hablaba de las enseñanzas que se deben extraer de la catástrofe del Erika.
Por lo que se refiere a la política estructural, voy a examinar personalmente cómo se pueden utilizar las decisiones en curso sobre la nueva generación de estrategias de desarrollo económico, que se aplicarán durante los siete próximos años y cómo pueden servir los planes financieros, ya atribuidos, en particular para las regiones en reconversión rural, industrial, urbana, para las zonas de pesca, es decir, todas las regiones cubiertas por el objetivo 2, para esa reconstrucción. La Comisión ha interrumpido la zonación del objetivo 2, después de consultar a los diferentes gobiernos. En el caso de Alemania, la decisión de la Comisión fue adoptada en el mes de diciembre y hoy mismo la Comisión ha establecido el mapa del objetivo 2 no sólo en lo relativo a Luxemburgo y Suecia, sino también a Francia y Austria.
En el caso de Francia, donde los daños son objetivamente los más importantes, los créditos totales disponibles para el nuevo objetivo 2 ascienden a 5.400 millones de euros para el período 2000-2006. Un primer análisis de los servicios de la Comisión demuestra que, a partir de una asignación financiera establecida mediante prorrateo de la población abarcada, el 70 por ciento de las poblaciones afectadas por la tormenta podrán disfrutar de ayudas con cargo a dicho objetivo 2. Así, pues, los 69 departamentos franceses siniestrados podrían recibir unos 4.100 millones de euros en los siete próximos años. En los casos de Alemania y Austria, los importes globales correspondientes ascienden a 3.000 millones de euros en el de Alemania y a 600 millones de euros en el de Austria.
He de recordar igualmente, Señorías, que las zonas siniestradas que no figuran en ese nuevo mapa -y, por desgracia, las hay- y que no corresponden al objetivo 2, pero que sí que correspondían a la zonación anterior para el objetivo 2 y el objetivo 5b, podrán tener acceso también a los créditos disponibles del nuevo período de programación, como apoyo transitorio. Así, pues, deseo indicar de la forma más clara que los créditos estructurales podrán contribuir en gran medida a la rehabilitación económica de las zonas siniestradas. No se trata, naturalmente, de ayudas urgentes -por lo demás, Sus Señorías saben perfectamente que hace dos años se suprimieron los modestos créditos disponibles en el presupuesto europeo para la ayuda urgente-, se trata de restablecimiento, de rehabilitación duradera, en el marco de programas que están en preparación y eso es, desde mi punto de vista, lo más importante.
La programación de las acciones y la elección de las prioridades están -como saben Sus Señorías- descentralizadas en el nivel de cada uno de los Estados y, por tanto, cada uno de los Gobiernos va a tener que establecer, en las condiciones que acabo de decir, sus prioridades y elegir entre diversas opciones. Probablemente nuevas prioridades para tener en cuenta las consecuencias de esa tormenta o de la marea negra. Compete a los gobiernos de los países afectados repartir el apoyo financiero comunitario entre las diferentes regiones que tienen derecho a recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales y, por tanto, proponer a la Comisión los planes para las acciones que se deberán llevar a cabo en el terreno.
Pero, a título de ejemplo, y para ser más concretos, quiero recordar que todos esos programas, en las regiones siniestradas, podrán financiar la reconstitución del patrimonio histórico y cultural, las zonas de actividad económica, las zonas industriales o zonas artesanales, las vías y obras públicas necesarias para la circulación de materias primas y productos industriales, las infraestructuras portuarias: puertos comerciales o deportivos; las infraestructuras aeroportuarias que tienen interés para los viajes de negocios o de turismo; las inversiones industriales productivas; las ayudas a las empresas; el patrimonio histórico y cultural de interés turístico, así como la formación del personal competente conforme al Fondo Social Europeo.
Así, pues, la Comisión está a disposición totalmente de cada uno de los Estados miembros a fin de ajustar, de redesplegar de la mejor forma posible, más eficaz, esa programación y ello es aplicable -quisiera subrayarlo- a quienes han sufrido los efectos de otras tormentas, al comienzo del mes de diciembre, en Dinamarca, en el Reino Unido, en Suecia. Sé que a ese respecto el Parlamento adoptó el pasado 16 de diciembre una anterior resolución.
También es aplicable -permítaseme recordarlo, porque me he trasladado allí dos veces- a Grecia, en lo relativo a las consecuencias del temblor de tierra del comienzo del mes de septiembre y del objetivo 1 del Fondo de Cohesión.
Señorías, mi colega Franz Fischler sigue el mismo planteamiento en lo relativo al desarrollo rural. Después de la reforma de la Política Agraria Común que este Parlamento aprobó el año pasado, el FEOGA-Garantía puede por primera vez cofinanciar las medidas de desarrollo rural en todo el territorio rural de la Unión. Francia recibirá, así, 760 millones de euros al año, Alemania 700 millones de euros y Austria 423 millones de euros. Esas ayudas están a disposición de las regiones siniestradas sin que se aplique la limitación de la zonación que estoy obligado a aplicar en el caso del objetivo 2. Entre las medidas adoptables con cargo al FEOGA-Garantía, quiero citar la reconstitución del potencial de producción agrícola y silvícola dañado, la reforestación, las infraestructuras para las vías y obras públicas rurales, las infraestructuras de prevención y protección, tales como los diques o los sistemas de alerta. En ese marco, la cuestión probablemente más específica es la de la industria maderera, que ha resultado particularmente afectada por esas tormentas y que será objeto de nuestra atención desde el punto de vista económico y desde el medioambiental. Me interesa decir que el FEOGA podrá atribuir una cofinanciación comunitaria para el almacenamiento de madera.
Por otra parte, en la esfera de la pesca, también es posible movilizar los instrumentos estructurales para confinanciaciones. Así, Francia tiene acceso a 225 millones de euros para el período 2000-2006. Así, pues, la ayuda comunitaria podrá contribuir a la indemnización de los pescadores y propietarios de buques por la interrupción temporal de sus actividades en caso de acontecimientos imprevisibles y durante un máximo de dos meses al año. También se puede pensar en la asistencia por parte del instrumento financiero de orientación de la pesca, el IFOP, en su utilización, para los proyectos de inversiones clásicas. Me refiero al equipo acuícola, a los equipos colectivos, a la reestructuración, a las instalaciones acuícolas, al equipo de los puertos pesqueros, a la modernización de los buques, y ya he hablado de esas cuestiones con Franz Fischler. Por último, la Comisión subraya que se pueden considerar las ayudas estatales destinadas a remediar los daños causados por las calamidades naturales o por otros acontecimientos extraordinarios compatibles, después de celebrar consultas, naturalmente, con los servicios de mi colega Mario Monti, con el mercado común y, por tanto, serían autorizadas, en esas condiciones, por la Comisión.
Así, pues, desde este momento ya se pueden emprender diferentes acciones, por ejemplo, en materia de energía, en el marco del programa de redes transeuropeas de la energía. Sé perfectamente que, en materia de transporte de la energía, los problemas técnicos son numerosos, en particular en el caso del transporte de energía de muy alta tensión. No obstante, recordando el período bastante reciente en que yo era ministro de Medio Ambiente en Francia y luchaba por el soterramiento de las líneas, he de recordar, como uno de Sus Señorías ha dicho antes, que, en esa esfera como en muchas otras, resulta mucho menos caro prevenir que curar. Así, pues, desearía que los Estados miembros favorecieran, cuando sea posible técnicamente, el soterramiento de las redes telegráficas, telefónicas o eléctricas y que se los instara a hacerlo.
Esto, Señorías, por lo que se refiere a la presentación de los instrumentos comunitarios que ofrecen un gran número de posibilidades de intervención muy concreta. La Unión Europea no hace ni hará todo. Pero puede hacer mucho, a condición de que se sepa movilizar esos instrumentos, que Sus Señorías lo hagan saber y que, después de esas tormentas, los Estados miembros puedan establecer sus prioridades y adoptar sus decisiones. Así, pues, es muy importante que esta Asamblea, como la Comisión, transmita a todos los socios interesados, a las personas interesadas y afectadas, esa información y ese mensaje concreto de solidaridad. Por lo que a mí respecta, Señorías, voy a dedicarme esta misma semana a hacerlo trasladándome, pasado mañana, a dos departamentos franceses que han resultado particularmente afectados por las tormentas: Charante-Maritime, también afectada por el huracán y la marea negra, y Creuse. También presentaré la decisión, que data de hoy, relativa al objetivo 2. Mañana, 19 de enero, mi colega Michaele Schreyer visitará la región, que es una de las más siniestradas de Alemania, la Selva Negra, en el Land de Bade-Würtenberg.
Al tiempo que agradezco su comprensión a Sus Señorías, quisiera concluir esta relación, señor Presidente, mencionando un asunto que me es caro y que es una de las enseñanzas que se desprenden de estas catástrofes, no todas naturales, pero con frecuencia sí. Estamos convencidos de que semejantes catástrofes abonan la necesidad, dentro de nuestra Unión, de una mejor coordinación de los medios que existen en cada uno de los Estados para la reparación, el socorro urgente, o la protección civil. La Comisión cuenta ya con una unidad de coordinación en la esfera de la protección civil, que depende de mi colega Margot Wallström. Por lo demás, cuando ha habido que afrontar la marea negra, encontrar buques, proteger las playas, máquinas para limpiar en la medida de lo posible las aves cubiertas de petróleo, esa unidad ha funcionado bien. Se han movilizado los medios de once países europeos, cosa que a veces se ignora y justifica que me descubra ante esa solidaridad espontánea de todos los países europeos.
Sin embargo, creo que hay que avanzar más. El Presidente Prodi, Margot Wallström y yo estamos convencidos de que habría que desarrollar de forma más sistemática una capacidad de intervención europea que se apoye en los dispositivos nacionales existentes, en unidades especializadas -bomberos, equipos de vacunación, de protección civil, de perros de rastreo en casos de aludes y demás-, cuyos miembros, aun permaneciendo en su país, seguirían formaciones y entrenamientos comunes y podrían, en caso de necesidad, ser movilizados tanto en el territorio de la Unión Europea, como se ha visto con esta tormenta y con el temblor de tierra de Grecia, como fuera de la Unión, como ha ocurrido en el caso de Turquía, América del Sur o América central, a raíz de los trágicos acontecimientos que ya sabemos. En realidad, la cuestión que se plantea es la de si es oportuno crear una auténtica fuerza de protección civil europea.
Hoy aún estamos muy lejos de eso, aunque el Consejo de Helsinki dio un paso adelante en esa dirección y los servicios de Margot Wallström trabajan en la ampliación del papel de la "fuerza de intervención y búsqueda". Naturalmente, de momento la Comisión no tiene ni los medios humanos ni los medios financieros para hacerse cargo de semejante misión, pero Margot Wallström y yo, y bajo la autoridad del Presidente Romano Prodi, pensamos que ésa es ahora una de las enseñanzas que se desprenden de esa sucesión de catástrofes, naturales o no, de consecuencias dramáticas. Sería, desde el punto de vista de la eficacia y también la inteligibilidad política, el símbolo de la idea que tenemos de la Unión Europea. Por lo que a mí respecta, tengo la intención de hacer avanzar en el Colegio de Comisarios esa idea como una de las enseñanzas de esas catástrofes.

Martin, Hugues
Señor Presidente, los últimos días del año 1999 fueron barridos por una tormenta de una violencia inusitada, que afectó principalmente a Francia, pero también a Alemania, España, Gran Bretaña y Suiza. Por desgracia, se han contado más de 100 muertos, 88 de ellos en Francia. Los daños humanos son enormes, pero también los materiales, equipos públicos y bienes privados han resultado destruidos o gravemente dañados. Millones de hogares se han quedado sin electricidad, teléfono o agua corriente. Se han interrumpido actividades económicas. Tan sólo en Francia, los aseguradores calculan ya el costo de los daños en un importe de 35.000 a 40.000 millones de francos, de 5.000 a 6.000 millones de euros.
Esa catástrofe natural, sin precedentes, movilizó a todas las fuerzas disponibles y suscitó solidaridades dentro y fuera de las fronteras de la Comunidad. Por eso, quisiera dar las gracias aquí a todos cuantos acudieron a echar una mano a los servicios de socorro, a las colectividades o a las empresas públicas desbordadas ante la amplitud de la tarea. A todos, desde el fondo del corazón, gracias por esa ayuda preciosa.
Una vez pasada la conmoción, una vez restablecidas las funciones vitales de nuestras colectividades, me pregunto -y pido a la Comisión y al Consejo que hagan lo propio- por la oportunidad de restablecer en el presupuesto de la Comunidad una línea dedicada a la ayuda urgente para afrontar ese tipo de sucesos. No se deben pasar por alto los riesgos relacionados con los accidentes climatológicos y, ante las consecuencias de semejantes catástrofes y la rapidez de intervención que entrañan, creo que estaría bien que la Comunidad se dotara de nuevo de esos medios. Esa ayuda urgente que antes existía debería estar exenta de las estrictas normas aplicadas a los Fondos estructurales.
También estoy de acuerdo con la propuesta del Comisario Barnier de crear progresivamente una fuerza de seguridad civil europea, que lanzó hace ya unos meses y de la que hablamos, señor Comisario, en el momento de los temblores de tierra. Es evidente que se debe responder afirmativamente a la pregunta que formulo sobre la oportunidad de restablecer una ayuda comunitaria de urgencia.
Además, quisiera abordar los inmensos problemas que encuentra un sector particularmente afectado por esa tormenta. Me refiero al sector silvícola, que ve su actividad particularmente comprometida por los estragos causados en los bosques por las intemperies. Hay que comprender que el bosque no es una simple dimensión paisajística y medioambiental. Constituye también un sector socioeconómico de la mayor importancia en ciertas regiones, que no se debe desatender.
En Francia, más de 120 millones de metros cúbicos de madera han sido derribados por el viento, lo que representa unos tres años de cosecha plena para los productores. Las consecuencias son inmediatas. Algunos silvicultores lo han perdido todo. Parcelas enteras han resultado devastadas, lo que dentro de unas semanas planteará el problema de la seguridad y de la lucha contra los incendios. Ya se han desplomado los precios en vista de la enorme disponibilidad de madera, habida cuenta de la saturación del mercado. Las infraestructuras van a padecer una afluencia inhabitual de camiones de carga pesados y máquinas de transporte y manipulación de árboles.
En esas condiciones, es urgente restablecer el acceso a las parcelas, restablecer los terrenos y aplicar soluciones técnicas que permitan acondicionar zonas de almacenamiento, apoyar los precios de la madera y, a más largo plazo, habrá que facilitar, por todos los medios, la reforestación. Se trata de toda una serie de medidas que conviene adoptar, señor Presidente, y me alegro de las indicaciones que ha dado el Comisario, en vista de que no todo queda cubierto por el objetivo 2. Así, señor Comisario, Médoc queda fuera y, en esas condiciones, deseo que sea el FEOGA el que substituya en ese caso al objetivo 2.

Patrie
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, nuestro Parlamento no debe considerar las tormentas de una violencia fuera de lo común que se abatieron sobre diferentes regiones europeas como un fenómeno esporádico, dramático, desde luego, pero excepcional.
Esas tormentas y sus consecuencias constituyen, al contrario, una acontecimiento político de gran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué no es un asunto excepcional? En primer lugar, porque hoy sabemos que la aparición de semejantes fenómenos climáticos nunca es totalmente imprevisible. Ahora sabemos que semejantes tormentas están relacionadas con frecuencia con fenómenos de cambio climático, con fenómenos propios del efecto de invernadero, respecto de los cuales nuestros conciudadanos esperan que la Unión Europea formule una estrategia global de estudios y previsiones.
Pero, aparte de eso, lo que está en juego en este caso -y por eso digo que para nosotros es un fenómeno político de una amplitud excepcional- es la capacidad de Europa para ser lo que afirma ser: una Europa próxima a sus ciudadanos. Eso significa, naturalmente, que hoy debemos dirigir un mensaje sólido de solidaridad a todos cuantos han resultado afectados por la tormenta, a las familias que han perdido a un allegado -he de recordar que se deplora la muerte de al menos 90 personas durante esa tormenta-, a los artesanos que han perdido sus herramientas de trabajo, a los agricultores que han visto desaparecer en unos instantes años de trabajo y a todos cuantos han festejado el paso al siglo XXI con frío y alumbrados por velas.
A ese respecto, me felicito de los trabajos que se han hecho estos últimos días en este recinto entre los diferentes Grupos políticos para conseguir una resolución común, que será aprobada -espero- mañana. Pero concretamente, y más allá de las palabras, esa solidaridad debe plasmarse, evidentemente, en una movilización financiera importante que permita reconstruir los sectores económicos siniestrados, las redes de comunicación destruidas, y devolver pura y simplemente a la población condiciones de vida decentes.
He oído decir, desde luego, que una parte de las zonas siniestradas podrá recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales comunitarios y que se hará el máximo para movilizarlos lo más rápidamente posible. Pero permítaseme decir a Sus Señorías que no es suficiente. No es suficiente porque el redespliegue de esos créditos de importe constante a favor exclusivamente de la reparación de los daños castiga a los proyectos de inversión y desarrollo previstos a largo plazo. Y, sobre todo, esa solución me parece inaceptable en el plano de nuestra responsabilidad política europea ante nuestra opinión pública.
Nuestros conciudadanos no comprenden por qué puede la Unión Europea desbloquear, de forma excepcional y urgente, sumas importantes para ayudar a terceros países víctimas de catástrofes naturales, aun cuando esas ayudas sean totalmente legítimas. De modo que, si queremos que Europa no sea vista por nuestros conciudadanos como una máquina de producir reglamentaciones complejas y puntillosas, debemos cambiar eso. Debemos imaginar un nuevo dispositivo presupuestario que permita a corto plazo movilizar con urgencia fondos suficientes y, a la luz de la gran movilización logística y humana que hemos visto, con técnicos procedentes de toda Europa, debemos efectivamente favorecer la creación de un eurocuerpo de seguridad civil. En la desgracia se reconoce a los allegados y se aprecia su solidaridad, creo que la construcción de una Europa de los ciudadanos lo requiere.

Isler Béguin
Señor Comisario, quiero agradecerle las palabras que ha pronunciado, en particular por las propuestas totalmente concretas sobre los siniestrados que esperan enormemente de la Unión Europea, de la ayuda que podemos prestarles. Personalmente, en los primeros días de después de esa terrible tormenta, le envié una carta para pedirle que solicitara a las autoridades francesas un reajuste de los perímetros del objetivo 2 a fin de que todas las zonas siniestradas por las tormentas, tanto en Francia como en otros países, pudieran beneficiarse del objetivo 2. Creo que se ha hecho, porque no se ha referido usted a ello. En efecto, todos sabemos que, si no se forma parte de un perímetro del objetivo 2, se encontrarán todas las dificultades del mundo para obtener esas ayudas. Así, pues, más vale remediar en seguida ese problema.
También sabe usted que no se plantea el problema tan sólo a corto plazo, sino también a medio y largo plazo. Me explico. Yo estaba en Lorena cuando se produjo esa terrible tormenta, que devastó el 20%, aproximadamente, del bosque de árboles frondosos. Efectivamente, para ciertos municipios llamados forestales, siniestrados en un 20%, representa una pérdida enorme. Sabemos, por ejemplo, que hacen falta entre 150 y 200 años para que un árbol llegue a su madurez. Así, pues, la pérdida que van a sufrir esos municipios no durará un año, dos años, cinco años, sino muchos más. Los municipios afectados consideran que durará 40 años. Por consiguiente, creo que será en verdad muy difícil compensar las pérdidas en el nivel de los ingresos financieros de esos municipios rurales mediante subvenciones. Creo que se trata de un aspecto que debemos grabar en nuestra memoria para no olvidarlo en nuestras diferentes políticas.
Cierto es que el problema del sector maderero es terriblemente complejo. En efecto, ha hablado usted de desbloquear fondos para el almacenamiento de madera, porque no debe depreciarse. Por un lado, los municipios que no se han visto afectados por las tormentas van a sufrir también un perjuicio, ya que el Instituto Forestal Nacional ha decidido congelar las talas forestales durante cuatro años. Así, pues, esos municipios que no han sufrido pérdidas van a ver disminuir sus ingresos, de todos modos. Con todo esto quiero decir que el problema es eminentemente complejo y vuelvo a agradecer a la Comisión que profundice al máximo el análisis de esta situación.
También quisiera señalar que hay -cierto es- una catástrofe económica, pero que las verdaderas catástrofes ecológicas están por venir. Lo ha dicho usted mismo, señor Comisario, esas catástrofes, esas tormentas, no siempre son naturales y consideramos que son las primeras señales del cambio climático. Así, pues, debemos revisar nuestras políticas para integrar ese dato.

Ainardi
Señor Presidente, señor Comisario, Francia está aún conmocionada por esa terrible catástrofe que ha causado la muerte de decenas de personas. Ningún sector se ha librado: las infraestructuras de carreteras, aéreas, ferroviarias, portuarias, eléctricas y telefónicas, las viviendas, los edificios escolares, los monumentos históricos, sin olvidar, naturalmente, la agricultura y el bosque, devastado en numerosas regiones.
Si bien la población ha quedado traumatizada allí donde los daños han sido más importantes, nadie ha cedido ante la fatalidad. Desde los primeros días, se desarrolló un formidable despliegue de solidaridad, de generosidad, y que aún sigue hoy día. Representantes elegidos, empleados municipales, ciudadanos de Francia y de toda Europa se movilizaron para prestar su ayuda. Quiero rendir un homenaje particular al empeño y al desvelo de los agentes de los servicios públicos que se han desvivido sin cuento con el único objetivo de acudir en ayuda de las personas siniestradas, restablecer unas condiciones de vida normales en cuanto a electricidad, transportes, teléfono, equipos. En esos momentos agotadores, al demostrar su eficacia, el servicio público ha recordado a todos que es un elemento indispensable para nuestra vida social. Creo que eso invita a reflexionar, en particular para detener los procesos de desreglamentación y privatización que están en marcha. La urgencia obliga también, naturalmente, a seguir vendando heridas, preparando la reconstrucción y el restablecimiento sacando todas las enseñanzas de esa catástrofe excepcional.
He escuchado atentamente al Comisario Barnier, cuyas propuestas aprecio, desde luego, pero, personalmente, yo no opondría la urgencia y el largo plazo. Al contrario, me parece que la situación vuelve pertinente a posteriori la propuesta que hizo mi Grupo de restablecer una línea presupuestaria específica para las catástrofes naturales en la Unión. Naturalmente, conviene también aumentar los Fondos estructurales en favor de las regiones siniestradas para su reconstrucción, en particular los créditos dedicados al desarrollo rural, a las medidas agroalimentarias, a la silvicultura. He tomado nota, en particular, de las propuestas relativas al objetivo 2. Por último, se ha emitido, efectivamente, la hipótesis según la cual ese tipo de catástrofes está relacionado con los cambios climáticos debidos a las consecuencias de las actividades humanas para el medio ambiente. Si se confirmara, convendría también que la Unión desplegara muchos más esfuerzos para hacer respetar los compromisos contraídos en la conferencia de Kyoto y conceder prioridad a la salvaguardia del planeta más que a la carrera desenfrenada por la rentabilidad.

Souchet
Señor Presidente, todos los que han llegado aquí en automóvil, en tren o en avión han podido comprobar la amplitud de los daños causados, particularmente en Francia, por los huracanes de una violencia inusitada que afectaron a Europa al final del mes pasado.
Ante una catástrofe de semejante amplitud, ¿qué pueden hacer los diputados al Parlamento Europeo? En primer lugar, quiero felicitar a todos mis colegas alcaldes, representantes locales, que en el plano cotidiano han tenido que tranquilizar a la población, organizar la solidaridad, cooperar con los servicios públicos. Han merecido la confianza de sus conciudadanos. A continuación quiero dar las gracias a los servicios de socorro y a las fuerzas armadas de los Estados miembros de la Unión, que, en el marco de una cooperación intergubernamental ejemplar, han acudido a respaldar las intervenciones de sus colegas franceses.
También quisiera preguntarme por la paradójica situación en la que nos encontramos en materia de ayuda de urgencia. Si esta catástrofe hubiera sucedido en Guatemala o en Turquía, habríamos podido recurrir inmediatamente al presupuesto comunitario en favor de las víctimas, pero para nuestros países nada semejante es posible, a falta de líneas de crédito adecuadas.
También debemos pedir a la Comisión que no impida a las colectividades locales y a los Estados que acudan en ayuda de las empresas siniestradas por la catástrofe, en nombre de una aplicación demasiado estrecha de las normas comunitarias de la competencia. Pienso muy en particular en las empresas de pesca y de conquilicultura particularmente afectadas. Como ha dicho usted, señor Comisario, es necesario que se puedan indemnizar las interrupciones forzosas de las actividades y que las inversiones que se deben volver a hacer enteramente puedan recurrir al IFOP.
Además, creo que la aplicación mecánica de los POP ya no es idónea en las regiones costeras siniestradas. Así, pues, pido a la Comisión que renuncie a ello para ayudar, al contrario, a los profesionales del mar a hacer nuevas inversiones que, para ellos, revisten urgencia.

Gollnisch
Señor Presidente, Señorías, las tormentas que devastaron Francia en la noche del 26 al 27 de diciembre causaron -ya se ha dicho- 90 muertos, 75.000 millones de francos, es decir, 11.000 millones de euros, de daños. Casi tres semanas después del siniestro, varios millares de personas seguían privadas de electricidad y teléfono, 500.000 hectáreas de macizos forestales y 1.000 millones de metros cúbicos habían quedado devastados, el patrimonio histórico había resultado afectado también, como lo demuestra el triste ejemplo del parque del castillo de Versalles.
Parece bastante natural que, ante semejante desastre, la solidaridad nacional y europea juegue a favor de las regiones siniestradas y las personas más afectadas. Ahora bien, como han dicho los oradores anteriores, y como lo ha dicho usted, señor Comisario, en una respuesta a mi colega Jean-Claude Martinez sobre otro drama, el de las inundaciones de noviembre en el sudoeste de Francia, ha tomado usted nota -cierto es- con preocupación de las catástrofes, pero no puede usted limitarse a recordar la supresión de la línea presupuestaria, de los créditos urgentes por lo que se refiere a las catástrofes naturales, lo que conduce a la chocante paradoja, subrayada por el orador anterior, de que es más fácil, mucho más fácil, acudir en ayuda de las víctimas de las catástrofes naturales fuera de la Unión que en su territorio.
Se limita usted, señor Comisario, y lo comprendemos, a remitirnos a una hipotética y lejana posibilidad de recibir ayuda con cargo a los Fondos estructurales del nuevo Objetivo 2 o del régimen transitorio de los Objetivos 2 o 5b. Ésos son los términos de la respuesta escrita que dio usted a mi colega el 11 de enero de 2000. Tengo la copia a su disposición. Comprenderíamos perfectamente que no pudiera usted decir otra cosa, ante la irresponsable actitud que no es sólo la de la Comisión, sino también la de este Parlamento, que, a falta de marco jurídico y financiero, nada puede hacer. Pero, por favor -y lo digo sin agresividad para con usted- no presente como una ayuda a las víctimas de la tormenta créditos ya previstos anteriormente, en el marco de una política regional que nada tiene que ver.
Así, pues, es necesario restablecer con urgencia, en el marco de un presupuesto complementario, la línea presupuestaria que teníamos asignada para catástrofes naturales. Hay que utilizar los créditos de ayuda de la Cumbre de Berlín y hay que modificar la política forestal que se sigue en la mayoría de los Estados de la Unión, pero ése es otro problema.

Mathieu
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, Europa está sometida a una dura prueba en este comienzo de milenio. En primer lugar, quiero expresar mi profunda simpatía a las familias enlutadas por las tormentas que han devastado Europa el pasado mes de diciembre.
La tormenta es una catástrofe ecológica sin precedentes para nuestros bosques. Permítanme tener un pensamiento particular para el macizo forestal de mi región, Lorena, que ha resultado considerablemente destruido. Felicito a las colectividades territoriales, los voluntarios y las empresas públicas por su ejemplar movilización, pero, por desgracia, aún no van a poder descansar. Europa tiene el deber de respaldarlos y completar, así, el esfuerzo de los gobiernos de los Estados miembros afectados por la catástrofe.
Acojo con satisfacción la declaración del Sr. Barnier y, por lo demás, también las medidas anunciadas por la Comisión. Desde luego, no olvido la dimensión económica de la cuestión, el sector maderero se encuentra devastado y toda una población sufre sus dramáticos efectos. El programa de acciones comunitarias en pro de la protección civil instituido por decisión del Consejo del pasado 9 de diciembre se inició el 1º de enero de 2000. Pido a los Estados que aprovechen esta ocasión: ese programa debe funcionar a pleno régimen. Si bien fue eficaz en ciertas esferas -y no dudo de la sinceridad de las palabras del Comisario Barnier-, lamento que sean balbucientes en la esfera silvícola. En espera de que se desbloqueen los fondos en el nivel comunitario, la prioridad corresponde, en efecto, a la ayuda material en el marco de intercambios de cooperación entre los Estados miembros.
Así, resulta urgente reforzar las vías y obras forestales públicas, restablecerlas lo más rápidamente posible. El préstamo de material forestal y la cesión de personal competente en materia de explotación forestal forman parte también de ese dispositivo. El imperativo siguiente será el de evitar los problemas fitosanitarios relacionados con el abandono de volúmenes considerables de madera en los bosques y las contaminaciones de la capa freática debidas a los almacenamientos igualmente importantes de madera. Por último, es imperativo aminorar la explotación de los bosques intactos, a fin de dar preferencia a la compra de los árboles derribados. Esas ventas de madera deberán ser respaldadas por informaciones sólidas de los medios de comunicación en el nivel de los Estados miembros. Esa ayuda a la movilización de los bosques no constituye, naturalmente, sino la primera etapa de un apoyo que revista la forma de una ayuda a la reconstitución de los bosques y de una ayuda a la ordenación del espacio rural. Pido a la Comisión que la integre en una labor de reflexión sobre la gestión del período posterior al de urgencia.
Se trata de una tristísima oportunidad que aprovechar para que Europa renueve su patrimonio forestal en la medida del papel que éste desempeña en la conservación de la vida salvaje y del medio natural y en la economía de nuestros países. Por ahora, es el momento de la solidaridad y la cooperación entre los Estados miembros ante una calamidad ecológica y económica. Corresponde a Europa proponer acciones prioritarias de salvaguardia del sector maderero para que esa solidaridad cobre todo su sentido.

Kronberger
El huracán "Lothar" debería servirnos de acicate para abandonar nuestro principio de acción exclusivamente reparadora -que vuelve a ocupar muy visiblemente el primer plano también en este momento- y adoptar el principio de prevención, el cual requiere que también se exijan responsabilidades a los causantes potenciales. Es preciso acelerar la aplicación de los programas actuales. Con los actuales planteamientos de la Comisión no se pueden cumplir, por ejemplo, los compromisos de Kioto.
La tráfico de certificados de emisiones es inmoral, a mi modo de ver, y no resuelve el problema sino que únicamente lo aplaza. Es necesaria una ecologización de todo el sistema fiscal a medio plazo. Es preciso agilizar la aplicación de los procedimientos previstos en el Libro Blanco en favor de las fuentes de energía renovables, que permitirían reducir enormemente las emisiones de gases de invernadero.
Todas las propuestas que ha presentado hasta ahora la Comisión en este sentido distan mucho de ser satisfactorias y son muy insuficientes.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Comisario, señor Presidente, Señorías, hasta ahora Lothar -Lotario- era un nombre común y corriente, pero por desgracia acaba de adquirir una triste notoriedad. El huracán del mismo nombre arrasó Europa causando numerosas víctimas, sobre todo en Francia y Alemania, pero también en Suiza, y dejó una estela de desolación. El vendaval derribó postes del tendido eléctrico, tejados, señales de tráfico y finalmente también los bosques. Las noticias de que la tormenta derribó en un breve tiempo alrededor de 120 millones de metros cúbicos de madera en Europa son sólo estimaciones.
Señor Comisario, he escuchado con mucha atención sus palabras y acojo con una gran satisfacción que se proponga acudir a examinar el desastre sobre el terreno en Francia y Alemania. Si la Sra. Schreyer viaja en los próximos días a la Selva Negra, algún agricultor quizá le preguntará: ¿qué ayuda me puede prestar ahora la Comisión? ¿Qué ayuda me puede dar Europa? ¿Qué le van a responder al silvicultor cuya explotación tal vez no se encuentra en una zona del Objetivo 2, ni en una zona del Objetivo 5? ¿Qué respuestas va a ofrecer la Comisión sobre el terreno, después de decirle al silvicultor que apoyan la silvicultura, que apoyan la construcción de diques de contención, que se proponen reconstruir el patrimonio cultural, que van a impulsar las ofertas turísticas, etc.? Todo ello son sugerencias bienintencionadas, pero yo misma procedo de una región silvícola del norte de Alemania y les aseguro que estos enormes daños ya están afectando a nuestra región. No se realiza el aclareo necesario de los bosques y éstos no se cuidan como es debido.
Lo que también necesitamos urgentemente de la Comisión es que se aprueben las ayudas nacionales, a fin de evitar que luego se vuelva a sacar a colación tal o cual situación en materia de competencia.

Gebhardt
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, permítanme que empiece por recordar dos hechos. Primero: a principios de 1999, la OTAN, con la participación de la mayoría de los Estados miembros, arrasó Kosovo con sus bombardeos en nombre de la libertad. Ahora estamos intentando volver a poner en pie el país y ayudar a sus gentes con un coste gigantesco. Y es justo que así sea.
Segundo: a finales de 1999 soplaron increíbles vendavales y provocaron la destrucción de amplias franjas del territorio de la UE. En Bruselas, la Comisión se encogió de hombros ante las peticiones de auxilio de los afectados. No tenemos recursos ni posibilidades de ayudar, fue la respuesta.
Estimadas y estimados colegas, ¡esto no está bien! Nadie puede comprenderlo y mucho menos quién sufre el temor a perder su medio de vida. Los habitantes de la Unión Europea esperan una respuesta solidaria, también dentro de la Comunidad. Tienen derecho a la solidaridad, añado yo. En este momento de necesidad, el Parlamento Europeo debe velar por que se haga efectivo este derecho. Yo exijo que la Comisión no se haga rogar demasiado y se adelante a ofrecer ayuda a las víctimas de la tempestad. Ella conoce mejor que las organizaciones y autoridades locales los medios y las vías para canalizar la ayuda. Estimadas y estimados colegas, yo les pido su apoyo para hacerle comprender a la Comisión que, más que posibilidades de prestar ayuda, lo que falta es buena voluntad en algunas oficinas de Bruselas.
Permítanme otra observación adicional: en el caso de los efectos de los temporales resulta menos evidente, pero el accidente del petrolero deja bien claro que también debemos impulsar a la Comisión a dar un paso en relación con otro tema. La Unión Europea necesita urgentemente unas normas que regulen la responsabilidad por los daños medioambientales. No se puede seguir admitiendo que la colectividad tenga que pagar por los daños causados por actores individuales, a menudo como resultado de actos delictivos. Tenemos que establecer la responsabilidad de los causantes de cualquier tipo de daños a nuestro medio ambiente. Entonces todos se lo pensarán, por ejemplo, antes de decidir transportar petróleo en un petrolero que está a punto de caerse en pedazos.
Cuando me incorporé a la Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Cámara en 1994, hace más de cinco años, se me asignó la tarea de ponente para el ámbito de la responsabilidad medioambiental. Desde entonces vengo esperando una iniciativa de la Comisión en la que poder trabajar. Esto es un escándalo que se tiene que acabar cuanto antes y yo espero que este tema no vuelva a quedar aplazado en febrero.

Messner
Señor Presidente, señor Comisario, este temporal en torno a las fechas del cambio de milenio debería servirnos de estímulo para reflexionar sobre algunos problemas. Ha quedado claro que, hoy como ayer, el hombre no puede escapar a las catástrofes naturales. Siempre ha habido desastres naturales y seguirán ocurriendo. En este contexto es necesaria, evidentemente, la solidaridad. Es preciso contar sin duda con un sistema de protección civil de ámbito europeo y también se debe consignar dentro del presupuesto de la UE una línea presupuestaria destinada a hacer frente a las catástrofes naturales.
Sin embargo -y esto es lo más importante-, en las relaciones entre el hombre y la naturaleza los errores los comete siempre el hombre -aunque a menudo éstos tengan lugar a lo largo de siglos-, no la naturaleza, que no puede equivocarse.
En este caso, los daños aparecen asociados a la densidad de población, la forma de las infraestructuras y evidentemente también al abundante monocultivo, en el caso de los bosques. Yo apoyo, como es natural, que prestemos ayuda en la medida de lo posible. Pero en el contexto de dicha ayuda se debería tener en cuenta que en adelante quizá convenga que el tendido eléctrico y las líneas telefónicas discurran más a menudo bajo tierra. Debemos prestar atención a los ciclos biológicos menores y dar prioridad en la reforestación a los bosques mixtos estables frente a los monocultivos.
Sin embargo, el debate más importante en este contexto es el relativo al clima. Hasta ahora, en Europa seguimos gozando de una situación privilegiada, pues contamos con la corriente del Golfo y ésta todavía funciona. En América y en el Sureste asiático la situación es mucho peor en lo que se refiere al clima y los huracanes. Nosotros tenemos la suerte de contar con la corriente del Golfo, pero también sufrimos las consecuencias del efecto invernadero como todos los demás. Éste -aun cuando resulte difícil demostrar el cambio climático con ejemplos matemáticos- es en parte de origen humano.
Tenemos que prestar mayor atención al cumplimiento de las directrices de la Conferencia sobre el Medio Ambiente de Kioto. Tenemos que reducir las emisiones de CO2, utilizar fuentes de energía renovables y preguntarnos en general, dentro de este contexto, cuál es el estado de los bosques de Europa.

González Álvarez
Señor Presidente, creo que lo que tenemos que lamentar en primer lugar son las víctimas. Es una pérdida irreparable. En segundo lugar, saludamos la solidaridad entre departamentos y ciudadanos franceses, y la del resto de los países con Francia, que es el país más afectado.
Como tengo muy poco tiempo, señor Presidente, quisiera incidir en dos cuestiones de nuestra resolución. La primera creo que la reconoce implícitamente el Sr. Comisario en su intervención cuando se pregunta si las catástrofes son naturales o no. Es decir, que los expertos están cada vez más convencidos de que el cambio climático y las actuaciones del hombre, en términos generales, tienen que ver con el aumento en los últimos años de catástrofes naturales. De hecho, en esta última década, la temperatura ha subido más que en el resto del siglo. Por ello Europa debe comprometerse claramente con el Protocolo de Kioto y llevar adelante propuestas concretas.
En segundo lugar, yo fui ponente de la protección civil en Europa y estoy completamente de acuerdo con la propuesta del Sr. Comisario de crear un cuerpo de protección civil europea. Además, se debe utilizar una línea presupuestaria extraordinaria, como extraordinaria es la situación catastrófica.

McCartin
En primer lugar, quisiéramos expresar nuestra condolencia a todas las familias y comunidades que han perdido a algún miembro en esa terrible tragedia. La pérdida de vida es la que en verdad hace que este desastre particular resulte extraordinario en Europa.
Es lamentable que no tengamos un instrumento con el que prestar asistencia en situaciones como ésta. Quiero agradecer al Comisario su detallada declaración sobre este asunto y su propuesta de que nos organicemos en el nivel europeo para prestar asistencia a los Estados miembros y aquellas de sus regiones que padecen tragedias como ésta. Eso es importante.
Otra cosa que debemos recordar es que en el pasado sí que tuvimos una línea presupuestaria. Era muy pequeña. No podía hacer gran cosa, pero los diputados a esta Asamblea abusaron de ella repetidas veces al proponer acciones cuando los desastres ni siquiera eran importantes. Los funcionarios y ministros de los Estados miembros acudían a Bruselas, cuchicheaban con la Comisión, obtenían unos euros y se apuntaban un tanto político al volver con ayuda para sus circunscripciones. De modo que no hubo demasiada compasión por esa línea presupuestaria, cuando se la abolió.
Creo que debemos restablecer esa línea presupuestaria. Cuando hubo el terremoto en Grecia, que fue un gran desastre, la Comunidad carecía de un instrumento con el que ofrecer su condolencia o solidaridad a los griegos. Lo mismo ocurrió cuando hubo inundaciones en Francia y lo mismo ahora. Ésos son desastres importantes y deberíamos contar con un instrumento, que no tenemos. Debemos restablecer ese instrumento y debemos hacer que las normas sean muy estrictas para que sólo en situaciones en las que ocurran desastres graves recurramos a ese instrumento determinado. Podemos guardarlo de un año para otro y velar por que, cuando suceda algo importante, contemos con un instrumento para afrontarlo.
Esta vez en Irlanda no ha sido tan grave, aunque hemos tenido vendavales muy fuertes del Atlántico. También hemos tenido inundaciones en Irlanda, por lo que quiero expresar mi solidaridad con las personas de Irlanda que las han padecido.

Savary
Señorías, no deberíamos, unos y otros, perder la memoria. Es cierto que hay una decisión conjunta de la Comisión y del Parlamento destinada a suprimir las líneas de urgencia. Es cierto también que hay mucho dinero europeo -el Comisario Barnier ha indicado que, en el caso de la ostreicultura y la agricultura, se recurriría al artículo 30 del Reglamento relativo al desarrollo rural, en el de la silvicultura al artículo 33, en el de las empresas a las derogaciones de la legislación sobre la competencia enunciada en el apartado 2 del artículo 87 del Tratado, en el de los equipos públicos, a los Fondos estructurales.
Aun así, no se va a desbloquear hoy ni un céntimo más de lo que estaba distribuido antes de la tormenta para manifestar una solidaridad concreta, activa. Se trata simplemente de que los Estados jueguen a los vasos comunicantes y tomen aquí lo que darán en otro sitio. Es insuficiente y me alegro de que el Sr. Barnier haya mencionado aquí una idea que me agrada mucho y que, por lo demás, expresé ante la prensa de Burdeos, a saber, la constitución de una política reforzada de seguridad civil europea.
Si queremos que la ciudadanía europea que deseamos exista, si queremos que sea efectivo este mandato al que nuestra Presidenta, la Sra. Fontaine, ha atribuido como distintivo el acercamiento de la Unión y de los ciudadanos de Europa, creo que la urgencia debe ser palpable para nuestros conciudadanos. Así, pues, creo que un Eurocuerpo de Seguridad Civil, la constitución de auténticos Cascos Azules de socorro civil, presentes en los lugares con dificultades, dentro de la Unión, ya que actualmente no tenemos un procedimiento de urgencia, pero también fuera, si se deja sentir su necesidad, en Venezuela o en otro sitio, sería algo que deberíamos propugnar, por lo que deseo decir al Comisario Barnier que en mi persona encontrará a un aliado activo de esa idea, que considero generosa y europea.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en Europa estamos relativamente a salvo de los huracanes, en comparación con la frecuencia con que se producen en otras regiones del mundo. Aun así, los temporales de la última semana de diciembre demostraron cuáles pueden ser sus consecuencias y que todavía pueden causarnos grandes problemas. Cuantos hayan viajado hasta Estrasburgo en coche o en tren habrán podido constatar la violencia con que sopló el temporal también en Alsacia.
Yo quiero expresar, por lo tanto, mi condolencia a todas las ciudadanas y ciudadanos y a las regiones tan seriamente castigadas por el temporal, y resaltar al mismo tiempo en esta Cámara la importancia del apoyo a dichas regiones y a sus habitantes. Todos sabemos que otras regiones de Europa pueden verse igualmente afectadas en el futuro. Ahora es preciso retirar cuanto antes toda la leña abatida. Todos sabemos, en efecto, que pueden producirse desastres aún más graves si ésta permanece abandonada en el bosque durante demasiado tiempo. También conviene recordar, por ejemplo, que el barrenillo o perforador de la corteza encuentra en los árboles caídos un medio óptimo para su propagación y para depositar sus larvas, lo cual puede tener ulteriores consecuencias todavía imposibles de evaluar. Es imprescindible, por consiguiente, retirar la madera dañada antes de que llegue la temporada cálida.
El verdadero alcance de los daños sufridos en el sector de la silvicultura sólo se podrá apreciar dentro de varias décadas. Todos sabemos, en efecto, cuánto tarda un árbol en crecer. Es un proceso de décadas, no de años.
También quiero recordar, además, que la silvicultura no está asociada, desde luego, únicamente a la producción de madera, sino que en algunas regiones es sobre todo un factor esencial para el mantenimiento de las reservas forestales. En consecuencia, me siento muy orgullosa de poder anunciar que los técnicos forestales austríacos también se han ofrecido...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

Scallon
Señor Presidente, expreso mi más profunda solidaridad a todos cuantos resultaron afectados por las tormentas. A veces en la Comunidad no somos conscientes en realidad de lo que está ocurriendo en otros países. En Irlanda se informó muy poco sobre el buque-cisterna que se hundió.
Se me ha pedido que ponga de relieve los efectos de las tormentas en Irlanda. Tuvimos vendavales y lluvias prolongadas, inusitadas, que, sumadas a las dificultades existentes, tuvieron como consecuencia la sumersión de miles de hectáreas, a veces hasta cinco metros de profundidad. Experimentamos el sufrimiento humano provocado por la inundación de hogares y granjas, la pérdida de los servicios sanitarios, la falta de agua potable y los desastres medioambientales de agua infectada por la bacteria E-coli. Hablé con agricultores cuyas ovejas estaban abortando a consecuencia de haber bebido agua infectada. Los hábitats naturales quedaron destruidos. Conque pido que se recuerde a Irlanda en este caso.
Doy las gracias al Comisario y apoyo totalmente su propuesta de fuerza europea de protección.

Liese
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, yo me sumo a las palabras de cuantos ya han expresado su solidaridad con las víctimas del temporal. También quisiera volver a resaltar sus importantes consecuencias para la silvicultura en toda Europa. Esto va a tener, en efecto, enormes repercusiones para la silvicultura en todas las regiones de Europa y yo creo que es necesario empezar a plantearse desde un punto de vista a largo plazo cómo se van a abordar estos problemas en el futuro. Desde luego, no pretendemos que se establezca una ordenación común de mercados para el sector forestal, pero a la larga tendremos que impulsar algún sistema, tal vez en colaboración con el sector de los seguros privados, que permita mitigar de algún modo las consecuencias para los afectados.
Lamentablemente, debemos contar con la posibilidad de que en el futuro se repitan catástrofes graves de este tipo. Existen indicios en este sentido, como ya se ha comentado aquí; aunque todavía no se ha demostrado, existen sin embargo claros indicios de que el incremento de los temporales en todo el mundo está relacionado con la catástrofe del cambio climático. Los científicos todavía no mantienen una opinión unánime al respecto, como es lógico. Pero la mayoría se manifiestan relativamente convencidos de que si continuamos emitiendo gases de invernadero como hemos venido haciendo hasta ahora, los temporales se abatirán, obviamente, aun con mayor fuerza sobre nosotros en este siglo que acabamos de inaugurar. Yo creo que en este contexto deberíamos volver a recordar una propuesta que planteó en esta Asamblea un antiguo colega, Tom Spencer, en el sentido de que no deberíamos bautizar a los huracanes con nombres masculinos o femeninos corrientes, sino con el nombre de los causantes del efecto invernadero; él citó entonces a las grandes compañías petroleras. En cualquier caso, habría que excluir, desde luego, a las compañías Shell y BP, que se han orientado hacia otra política y no se concentran exclusivamente en la venta de combustibles fósiles dañinos para el clima, sino que también invierten en otras formas de energía sostenibles. Tenemos que tener presente esta vinculación; yo no estoy de acuerdo con quienes declaran sin matices que el efecto invernadero es el responsable del huracán, pero parece relativamente seguro que debemos temer nuevas catástrofes si no viramos pronto.

Barnier
Señor Presidente, en primer lugar quisiera darle las gracias por haber hecho la propuesta de prolongar este debate para que conserve su unidad. Además, quisiera decir que, como Comisario, pero también como ciudadano francés, me han emocionado extraordinariamente los testimonios de simpatía y solidaridad expresados por muchos diputados europeos de toda la Unión, con lo que se ha dado, gracias a este debate, la idea, en la que creo, de una Europa que no se resume en un supermercado, sino que sea también una Europa humanista. Quisiera dar las gracias a la Sra. Scallon, al Sr. Martin, al Sr. McCartin, a la Sra. González Álvarez y al Sr. Savary, que han recogido o respaldado, en particular, la idea que propongo de una respuesta más común, más operativa, más inteligible, en materia de seguridad civil o protección civil, que podría plasmarse en la creación de una fuerza europea de seguridad civil y vamos a seguir haciendo avanzar esa idea y próximamente daremos cuenta a Sus Señorías al respecto.
Muchos de Sus Señorías -y he escuchado con atención a la Sra. Gebhardt, a la Sra. Patrie, a la Sra. Isler Béguin, al Sr. Souchet, al Sr. Gollnisch, al Sr. Savary- han dicho que no hay bastante dinero o, mejor dicho, que no hay dinero suplementario. Pero, Señorías, yo fui diputado durante mucho tiempo y, aunque no pretendo dar lecciones, Sus Señorías conocen el presupuesto, conocen el reglamento general de los Fondos estructurales, votan dicho presupuesto y, por tanto, saben muy bien en qué marco trabajo yo. No quiero contar cuentos, sino que quiero hacer mi trabajo en serio, lo que no me impide pensar que, en efecto, se podría restablecer con rigor, con un pliego de condiciones extraordinariamente preciso, la línea de socorro urgente, que, por lo demás, ascendía tan sólo a unos millones de euros. Eso nada tiene que ver con la amplitud de las catástrofes y las consecuencias que padecemos.
Sus Señorías conocen ese presupuesto. Es el marco en el que yo trabajo y, por lo que se refiere a mi propia responsabilidad, intento, junto con la Sra. Diamantopoulou en lo relativo al presupuesto relacionado con el objetivo 3, y junto con el Sr. Fischler en lo relativo al FEOGA, hacer que, al reaccionar ante esas catástrofes con urgencia y a medio plazo, podamos atribuir la máxima eficacia a ese dinero europeo. Por tanto, no me opongo a que evolucionen esas normas presupuestarias, volveremos a hablar de ello en el momento del próximo presupuesto, tal vez para establecer, en particular, al menos en el plano simbólico, la línea de urgencia que se suprimió hace dos años.
Entretanto, hay mucho dinero, mucho dinero, y no puedo permitir que el Sr. Gollnisch diga que servirá en un período hipotético y lejano. Ese dinero está disponible ahora, este año. Y, si las autoridades nacionales hacen bien su trabajo -y creo que lo harán-, se podrán movilizar los créditos para problemas y proyectos precisos, a partir de mediados del año 2000 y para los años siguientes. Y es un dinero abundante, aunque, por tratarse del objetivo 2, no cubra todas las zonas siniestradas. Se podría movilizar en parte: se lo digo al Sr. Liese, a la Sra. Mathieu -no he hablado de política balbuciente, señora Mathieu, en lo relativo a la silvicultura-, a la Sra. Keppelhoff-Wiechert y a la Sra. Schierhuber. Más allá del objetivo 2, en lo relativo a la silvicultura, que es para mí algo muy importante, de la reconstrucción del patrimonio forestal, hay posibilidades, fuera de la zonación, para los substanciales créditos del FEOGA-Garantía.
Por último, quisiera decir, o repetir, que todas esas catástrofes no son forzosamente naturales. Lo digo con mucha humildad. Entre Sus Señorías hay diputados extraordinariamente competentes y entendidos a ese respecto, si bien yo he tenido ocasión de escribir varias obras sobre los asuntos ecológicos y de medio ambiente. En efecto, creo que hay ciertas catástrofes cuyas consecuencias se podrían limitar con voluntad política. Así me parece en el caso de las inundaciones y también de las tormentas. El Sr. Kronberger, el Sr. Messner, la Sra. González Álvarez, han mencionado los grandes imperativos climáticos y no puedo dejar de decir que probablemente haya alguna relación entre las consecuencias de esas catástrofes naturales y las políticas, respecto de las cuales Europa debe seguir siendo uno de los elementos motores de prevención en lo relativo a los grandes imperativos en materia de medio ambiente.
Señor Presidente, quiero darle las gracias, y también al Parlamento, por haber brindado a la Comisión la oportunidad de expresarse. Ahora vamos a trabajar, en el marco del presupuesto y de las normas actuales, para que los créditos disponibles, que Sus Señorías han puesto a nuestra disposición, se utilicen de la forma más útil y rápida para afrontar las consecuencias de dichas catástrofes y representen una respuesta económica, política y humana para las familias que se han visto afectadas gravemente.

El Presidente
He recibido siete propuestas de resolución presentadas de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Seguridad alimentaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la comunicación relativa a la seguridad alimentaria y la Comisión procede a hacer una declaración.

Byrne
Señor Presidente, me complace mucho aprovechar esta primera oportunidad disponible para exponer al Parlamento las líneas principales del Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria, aprobado el pasado miércoles 12 de enero, junto con mi colega el Sr. Liikanen.
En mi audición del pasado septiembre, prometí una rápida conclusión de este Libro Blanco. Me complace que hayamos podido hacerlo tan rápidamente. El Libro Blanco representa de tres a cuatro meses de trabajo intenso desde el nombramiento de la Comisión el pasado septiembre. Tiene en cuenta las extensas consultas celebradas en los dos años transcurridos desde la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre la legislación alimentaria. También refleja nuestras experiencias de las recientes alarmas alimentarias en sectores como los de la dioxina y los lodos, así como la crisis de la EEB.
El Libro Blanco refleja también las preocupaciones de este Parlamento, que Sus Señorías han expuesto ante el Presidente Prodi y ante mí en las numerosas ocasiones en que hemos debatido la seguridad alimentaria en esta Asamblea desde que fu nombrada la Comisión.
No necesito recordar a Sus Señorías que la confianza de los consumidores en el régimen de seguridad alimentaria de Europa ha resultado gravemente afectada por las crisis y alarmas de los años y meses recientes. La Comisión está plenamente comprometida con el restablecimiento de dicha confianza estableciendo el régimen de seguridad alimentaria más eficaz y actualizado del mundo. Cuando lancé el Libro Blanco la semana pasada, dije que el carrito de los supermercados es una de las armas más potentes sobre la faz de la tierra. Las decisiones más exigentes son las que adoptan los consumidores de Europa. Si se menoscaba su confianza, eso se refleja en las decisiones a la hora de comprar. Eso tiene, a su vez, consecuencias espectaculares para los agricultores, los productores y la industria en general.
En una industria cuyo volumen de negocios asciende a 600.000 millones de euros al año, incluso un ligero descenso en los niveles de confianza puede tener consecuencias importantes. Entre el sector agroalimentario y el sector agropecuario cuentan con más de 10 millones de puestos de trabajo. Para aumentar los puestos de trabajo y la competitividad, son necesarios niveles altos de confianza.
Esa crisis de confianza ha tenido también la desafortunada, pero inevitable, consecuencia de erosionar la fe de los consumidores en los sistemas e instituciones en los niveles nacional y europeo que deben supervisar y garantizar los más altos niveles de seguridad alimentaria.
Al decir todo esto, quisiera que quedara claro que Europa tiene, no obstante, una de las industrias alimentarias mejores del mundo y también uno de los sistemas de control alimentario más seguros. El imperativo es el de hacer que dichos sistemas sean los mejores de todos.
Así, pues, el objetivo general del Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria es el de establecer la legislación y las estructuras necesarias para garantizar el más alto nivel posible de protección de la salud para los consumidores resultante del consumo de alimentos. Vamos a establecer un programa ambicioso y estimulante para el cambio. Para que logremos la realización de nuestras ambiciosos programas, la Comisión va a necesitar el pleno apoyo del Parlamento Europeo. También vamos a necesitar el máximo apoyo del Consejo y de otros interesados decisivos.
En el Libro Blanco sobre la seguridad alimentaria se expone toda una amplia serie de medidas necesarias para complementar y modernizar la legislación alimentaria vigente en la UE. Todas esas medidas van encaminadas a volverla más coherente, comprensible y flexible. Queremos promover una mejor aplicación de la legislación y brindar una mayor transparencia a los consumidores.
El detallado plan de acción en materia de seguridad alimentaria establece un calendario preciso para la adopción de medidas a lo largo de los tres próximos años. Están previstas más de 80 medidas. Nuestro objetivo es el de establecer un corpus legislativo coherente y actualizado al final de 2002.
También estamos pensando en la posibilidad de crear un organismo alimentario europeo en 2002 como complemento esencial del nuevo régimen de seguridad alimentaria. Esa idea será objeto de muchos exámenes minuciosos y debates. Ya ha inspirado muchos comentarios, incluidas las reacciones de los diputados al Parlamento.
El capítulo del Libro Blanco dedicado a la creación de un organismo alimentario europeo va encaminado claramente a suscitar opiniones y observaciones. Deseamos que se nos hagan llegar las opiniones en abril, a más tardar, sobre lo que nos proponemos. Dentro de unos momentos volveré a referirme a ese proceso de consultas.
La Comisión cree que en nuestro sistema de seguridad alimentaria es necesario un importante cambio estructural para garantizar la consecución de los dos objetivos: garantizar el mayor nivel de seguridad alimentaria y restablecer la confianza de los consumidores. ¿Por qué habría de ser un organismo alimentario europeo una parte esencial de esa estructura de cambio? La primera preocupación fundamental es la independencia. Los interesados decisivos, incluidos los consumidores, buscan un sistema que sea independiente y que todos ellos consideren independiente de toda clase de intereses creados.
También debemos garantizar la excelencia y la transparencia. Hemos logrado muchos avances en los dos años transcurridos desde que se aprobó el sistema reformado de asesoramiento científico como consecuencia de la crisis de la EEB. Sin embargo, la Comisión cree que debemos avanzar más. Debemos crear un sistema permanente y de verdad independiente, excelente y transparente de evaluación de riesgos. La misión principal de ese organismo será la evaluación de riesgos en la esfera de la seguridad alimentaria. Tenemos previsto que se transfiera a ese organismo la labor de los cinco comités científicos que ahora se ocupan de la seguridad alimentaria. Puede ser que no se los transfiera en su forma o estructura actual: se trata de una cuestión sobre la que vamos a solicitar opiniones antes de formular nuestras propuestas definitivas sobre la creación de ese organismo.
Sin embargo, si propusiéramos un simple traslado de sillas, es evidente que no sería suficiente. Como queda claro en el Libro Blanco, el nuevo organismo debe ser una estructura con valor añadido.
Yo opino que hay que fortalecer el sistema vigente de asesoramiento científico. Creo que el organismo debe contar con un apoyo científico y de otra índole mucho mayor para los científicos independientes. También tengo previsto que ese organismo sea mucho más previsor que nuestro sistema actual: que se adelante en lugar de reaccionar, que reconozca los problemas antes de que se conviertan en crisis. Ese planteamiento previsor debe llegar a ser el sello distintivo de ese organismo. En el Libro Blanco se señalan diversos sectores nuevos que ha de abarcar ese nuevo organismo para ser previsor. Entre ellos figuran una función de vigilancia y de recopilación exhaustiva de información, la coordinación de la información científica en la UE y la creación de redes sólidas con los organismos y órganos de seguridad alimentaria de los Estados miembros. Como parte de su ámbito de competencias, también hemos pensado que ese organismo debe contar con un sistema de alerta rápida en materia de alimentos y piensos.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que no es apropiado ni viable transferir competencias en materia de gestión de riesgos a ese organismo. Creemos que las decisiones relativas a la gestión de riesgos deben seguir siendo dominio exclusivo de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. No me disculpo por ese planteamiento; estoy firmemente convencido de que es el correcto. Cierto es que hay quienes sostienen que deberíamos conceder competencias legislativas a semejante organismo. No acepto esas opiniones y las rechazo con cierta pasión.
Tan sólo hace un año que se modificó el Tratado para conceder al Parlamento un papel mucho mayor en el proceso legislativo. Atribuir ese papel a un organismo a estas alturas sería, en mi opinión, un paso atrás y representaría un debilitamiento de la rendición democrática de cuentas. Me interesará mucho oír las opiniones del propio Parlamento a ese respecto. También hay quienes sostienen que la Comisión podría pasar por alto en realidad el asesoramiento del nuevo organismo. También rechazo ese argumento. ¿Cómo iba a poder un Comisario de Salud y Protección del Consumidor rechazar o pasar por alto el asesoramiento científico independiente y fundamentado en relación con la seguridad alimentaria? ¿Redundaría en provecho de los ciudadanos de Europa? En mi opinión, no cabe la menor duda de que no, a no ser que ese rechazo de los argumentos científicos estuviera acertadamente fundamentado, racionalmente argumentado y totalmente justificado. Parece difícil de concebir que se dé semejante situación.
Puedo asegurar aquí a Sus Señorías que la Comisión, al desempeñar sus funciones en materia de gestión de riesgos, tendrá plenamente en cuenta el asesoramiento científico de ese organismo. Ya he dicho que el organismo estará encargado de establecer redes con las agencias y los órganos nacionales de seguridad alimentaria de los Estados miembros. Se trata de una misión de la mayor importancia.
Debemos lograr una mayor certidumbre en la ciencia que respalda la seguridad alimentaria en la Unión Europea. El organismo debe pasar a ser la fuente autorizada de asesoramiento e información científicos sobre las cuestiones de seguridad alimentaria. No se llegará a esa situación con la simple creación del organismo, sino a medida que el propio organismo se granjee, con el paso del tiempo, la confianza.
No creo que podamos adoptar una actitud prescriptiva en la esfera de la ciencia y del asesoramiento basado en la ciencia. Sin embargo, gracias a la solución de las redes dinámicas con los órganos y agencias científicos, el organismo adquirirá una posición preeminente en la escena europea. También estoy deseoso de oír las opiniones del Parlamento a este respecto.
Como parte integrante de una estructura con valor añadido, en el Libro Blanco se propone que el organismo desempeñe un papel primordial en materia de notificación de riesgos: difundir información científica compleja de forma asequible para los consumidores; ser el destinatario evidente e indispensable de los datos más recientes sobre riesgos; tener un gran relieve público; dar las buenas noticias sobre los alimentos; ser previsor.
En el Libro Blanco figuran también propuestas muy importantes respecto de los controles. Se trata de un componente enormemente importante del sistema de mecanismos de control para velar por que los Estados miembros y las empresas cumplan la legislación comunitaria. Quiero que haya un auténtico mercado interior en funcionamiento en la esfera de los controles. En ese marco vamos a proponer también un fortalecimiento importante de la función de control desempeñada por la Oficina Alimentaria y Veterinaria con sede en Dublín.
Ese marco comunitario revisado tendría tres elementos básicos: criterios operativos establecidos en el nivel comunitario, directrices comunitarias en materia de controles y mayor cooperación administrativa en la formulación y la puesta en práctica de los controles. Como parte de nuestras propuestas en esa esfera -que espero presentar al final de este año-, voy a examinar si se deben conceder a la Comisión competencias suplementarias, además de los procedimientos de infracción. Podrían ser, entre otros, la retirada del apoyo comunitario o la reducción de los fondos ya comprometidos para un Estado miembro. Se deben considerar estas propuestas como parte de nuestra misión de dotarnos de los niveles más altos del mundo en materia de seguridad alimentaria, aumentar la confianza de los consumidores y los mercados para los agricultores y productores de la Unión.
Además de las propuestas sobre un nuevo organismo alimentario europeo y un sistema perfeccionado de controles en el nivel comunitario, el Libro Blanco propone un plan de acción con una gran diversidad de medidas, que abarquen todos los aspectos de los productos alimenticios desde las explotaciones agropecuarias hasta las mesas, para mejorar la legislación comunitaria y darle coherencia.
Expone más de 80 medidas distintas previstas para el futuro inmediato y se propone colmar las lagunas jurídicas existentes en la legislación actual. El nuevo marco jurídico abarcará los piensos para animales, la salud y el bienestar de los animales, la higiene, los contaminantes y los residuos, los nuevos alimentos, los aditivos, los condimentos, el envasado y la radiación. Comprenderá una propuesta de legislación general sobre los alimentos en la que se plasmarán principios de seguridad alimentaria tales como responsabilidad de los fabricantes de piensos, agricultores y empresas alimentarias, rastreabilidad de piensos, alimentos e ingredientes y análisis adecuado de los riesgos mediante, por ejemplo, la evalución de riesgos, es decir, asesoramiento científico y análisis de datos; gestión de riesgos, es decir, reglamentación y control; notificación de riesgos y aplicación del principio cautelar cuando proceda.
Por lo que se refiere al principio cautelar, podría añadir que la Comisión está ultimando actualmente una comunicación que será aprobada -espero- muy pronto.
Estoy impaciente por participar esta tarde en un útil intercambio de opiniones con los diputados al Parlamento que, si hubiera habido un foro parlamentario apropiado y disponible habrían preferido -está claro- celebrarlo la semana pasada. Sin embargo, habida cuenta de mis contactos con los presidentes de las comisiones competentes, reconozco que no era viable. Pero también sé que vamos a tener muchas más oportunidades en los próximos meses de examinar las propuestas del Libro Blanco sobre el organismo. Ahora disponemos de unos meses para celebrar el necesario debate sobre las ideas de la Comisión que figuran en el Libro Blanco acerca de la creación de un organismo alimentario europeo. El Parlamento desempeñará un papel decisivo en dicho debate. El Parlamento desempeñó un papel decisivo en la reacción de Europa ante la crisis de la EEB. Ha estado particularmente activo desde entonces a la hora de poner en primer plano las preocupaciones de los ciudadanos sobre las cuestiones de seguridad alimentaria. Espero que la contribución del Parlamento al debate sobre el organismo sea igualmente incisiva y constructiva.
Si bien disponemos de varios meses, hasta el final de abril, para debatir la cuestión y recoger las opiniones de Sus Señorías, reconozco plenamente que se trata también de un marco temporal muy justo. Así, pues, quisiera pedir al Parlamento que adopte las disposiciones adecuadas para velar por que pueda formular sus opiniones lo más rápidamente posible. Es esencial que la Comisión cuente con la contribución del Parlamento a la configuración de un componente decisivo para alzar la protección de la salud de los consumidores a un nuevo plano y con ello restablecer la confianza de los consumidores en el régimen de seguridad alimentaria de la Unión Europea.
El organismo alimentario europeo será un componente decisivo del régimen de seguridad alimentaria de la UE en los próximos años. Es esencial que hagamos la mezcla correcta.

Ahern
Señor Presidente, agradezco al Comisario su declaración. Quisiera acoger con beneplácito la división del trabajo que ha hecho para que la gestión alimentaria siga siendo competencia de las instituciones europeas, incluidos la Comisión y el Parlamento. Ése es el planteamiento en verdad correcto. Pero hay una palabra que no le he oído mencionar aquí esta noche. Espero que podamos llegar a un acuerdo al respecto. Necesitamos un corpus de legislación alimentaria, como ha dicho usted, y necesitamos acordarlo juntos. Es muy importante que incluyamos la responsabilidad en ese proceso. Ésa es la palabra a la que me refiero.
Hasta ahora el problema es que, cuando algo ha tenido consecuencias negativas, quienes han pagado los costos han sido los contribuyentes. Eso no puede continuar. Cuando haya una crisis, debemos señalar claramente y por anticipado que, si hay un problema, los responsables deberán pagarlo.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, el Libro Blanco es excelente y yo no tengo nada que decir con respecto a la creación de dicha oficina. Mis preguntas se refieren a la lista positiva de piensos. Este aspecto no queda claro en el Libro Blanco. ¿Cuál es el calendario previsto, cuándo se propone presentar usted una lista positiva? ¿Cuándo se van a imponer los mismos requisitos a los piensos y su producción que ya se exigen en el caso de la producción de alimentos y su control? La parte final de mi pregunta es la siguiente: ¿Cuándo se establecerá la obligatoriedad de los análisis para la detección de la EEB en todos los Estados miembros? También en este aspecto se muestra usted algo impreciso en su Libro Blanco en lo que se refiere a la obligatoriedad.

Jackson
Gracias, Comisario, por su declaración. Creo que la exposición que ha hecho usted sobre el organismo de Seguridad Alimentaria es un reconocimiento de la realidad. Los Estados miembros no aceptarían un organismo reglamentador, por lo que carece de sentido que lo proponga.
Algunos sectores de la industria alimentaria necesitan claramente una mejor reglamentación, cosa que resulta clara en materia de piensos y alimentos para animales. Sin embargo, como Presidenta de la Comisión que parece no ocuparse de otra cosa que de los alimentos en los tres últimos años, he de preguntar lo siguiente: si Europa tiene el sistema más seguro de control alimentario, como ha dicho usted, ¿por qué necesitamos 24 nuevas directivas y reglamentos y 20 directivas rectificativas? En segundo lugar, ¿no agravará eso el problema de la excesiva reglamentación de Bruselas y la insuficiente aplicación en los Estados miembros? Estamos deseosos de celebrar un diálogo fructífero con usted al respecto.
Respecto de la ampliación: ¿qué planes tiene la Comisión para que los Estados candidatos participen en los debates sobre esa nueva legislación, dado que, como resulta evidente, la Comisión espera que la legislación prevista en el Libro Blanco forme parte del acervo comunitario en 2003, a más tardar?

Byrne
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer a la Sra. Ahern, a la Sra. Roth-Behrendt y a la Sra. Jackson sus palabras de apoyo en relación con el Libro Blanco. Me resulta estimulante y estoy deseoso de participar en nuevos debates con ellas y otros diputados al Parlamento en relación con las cuestiones que han planteado. La Sra. Ahern ha planteado la cuestión de la responsabilidad. Naturalmente, no se aborda concretamente en el Libro Blanco, exceptuada la referencia a que estableceremos disposiciones -y ya hay algunas- relativas a la cuestión de la rastreabilidad. Una vez hecho eso, se podrán abordar cuestiones como la de la responsabilidad. No he examinado detalladamente las cuestiones relativas a la responsabilidad, pese a mis antecedentes, pero me parece que puede entrañar cuestiones subsidiarias. Pero he tomado nota de su propuesta y la examinaré más detenidamente.
La Sra. Roth-Behrendt me ha preguntado por la confección de una lista positiva. Ésa es una de las cuestiones que abordamos en el anexo a la legislación y tenemos la intención de confeccionar una lista positiva sobre el material de los piensos. De momento, la lista es, como he dicho, negativa y se le hacen las adiciones procedentes. La confección de la lista positiva es una de las cuestiones expuestas en el anexo con una fecha atribuida: 2002, en realidad.
El sistema de alerta rápida en el caso de los piensos es algo que hemos señalado como una laguna en la legislación. Existe la alerta rápida en el caso de los alimentos, pero no en el de los piensos. Es lamentable e inapropiado y creemos que es importante señalarlo y formular una legislación que colme esa laguna, cosa que se hará. La labor relativa a la EEB en los Estados miembros y el establecimiento de pruebas aleatorias para descubrir los niveles de infección en los Estados miembros está en curso. Sé que la Sra. Roth-Behrendt me ha formulado esta pregunta antes y he dicho que se estaba avanzando rápidamente, pero, según tengo entendido, se trata de una consulta entre servicios de la Comisión y actualmente esa labor está en curso. Espero que la próxima vez que Su Señoría me formule la pregunta, esté en condiciones de facilitarle una información más detallada.
La Sra. Jackson se ha centrado en el hecho de que haya 24 instrumentos legislativos nuevos y 20 rectificativos y pregunta si eso agrava el problema de la excesiva reglamentación. He de decir que los instrumentos legislativos que hemos propuesto van encaminados a colmar lagunas de la legislación vigente. No se trata tanto de establecer nuevos regímenes o una reglamentación suplementaria, aunque eso forma parte de la labor, sino de descubrir dónde hay lagunas en la cadena que va de las explotaciones agrarias a las mesas y colmarlas.
Hay una referencia a los Estados candidatos y eso es algo que tenemos presente. Las normas relativas a la seguridad alimentaria y, de hecho, otros sectores de la seguridad revisten, evidentemente, importancia decisiva en relación con la ampliación y se trata de un asunto que he señalado a la atención del Sr. Verheugen.

Florenz
Señor Comisario, la ignorancia de algunos Estados miembros ha provocado una gran crisis en el sector alimentario en Europa y yo lamento tener que volver a manifestar mi malestar por que una vez más el Consejo en pleno esté ausente hoy en el momento de la presentación de su interesante informe.
Yo desearía saber cómo se propone garantizar que esta nueva oficina, cualquiera que sea luego su denominación concreta, pueda influir también sobre el Consejo, y quién tendrá la última palabra en la misma, quién dará las órdenes. Evidentemente, no debemos prejuzgar ningún aspecto de contenido, pero yo insisto en que el Parlamento debe conservar e incluso ampliar las competencias adquiridas a partir de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam. Me preocupa mucho que volvamos a establecer una oficina que sobrevuele anónimamente Europa como un satélite, una oficina de esas características me gustaría tan poco como al diablo el agua bendita. ¡Espero que esto no llegue a ocurrir!

Lynne
También yo acojo con beneplácito el Libro Blanco. Pero, ¿piensa usted que el Organismo Alimentario Europeo va a tener capacidad suficiente para prevenir algo como la guerra de la carne de bovino que ha habido y la negativa de Francia a levantar la prohibición? Ha dicho usted que la Comisión podría retirar las subvenciones a los países que actúan como lo está haciendo Francia. ¿Propondría usted también que la Comisión hiciera pagos provisionales, por ejemplo, similares al que están pidiendo los ganaderos británicos en este momento?

Myller
Señor Presidente, señor Comisario, en el acto informativo que tuvo lugar la semana pasada, usted dijo que pensaba que la futura Agencia de Seguridad Alimentaria de la UE no debería ubicarse en la periferia, pero no mencionaba cuál era exactamente esa periferia. Por ejemplo, el funcionamiento de la unidad que la UE tiene en Dublín ha demostrado que actualmente la distancia geográfica no representa ningún obstáculo para ejercer una acción eficaz y mantener los contactos necesarios. Las funciones que se han propuesto para la futura Agencia de Seguridad Alimentaria son la recogida de datos, la publicación y coordinación, la presentación de recomendaciones para desarrollar la seguridad alimentaria y -como usted ha dicho- la recogida de información científica y la divulgación de la misma entre los consumidores. Todo esto se puede llevar a cabo desde cualquier zona de la Unión Europea mediante la tecnología actual. Así pues, pregunto: ¿en qué se basa su idea sobre el lugar de ubicación?

Byrne
En relación con la composición del organismo: en primer lugar, contará con científicos internos que se mantendrán en contacto y celebrarán consultas con científicos expertos en la esfera determinada que se esté examinando en un momento determinado. Además, el organismo de seguridad alimentaria tendrá un consejo. Como se verá en el Libro Blanco, no hemos concretado la composición de dicho consejo. Se trata de una cuestión que el Parlamento y la Comisión examinarán -espero- en las próximas semanas y los primeros meses.
Tengo previsto que el consejo esté compuesto por interesados o representantes de los interesados. Habrá que exponer detalladamente su función en la propuesta que llevaré a la Comisión en septiembre. No lo hemos hecho aún, pero se hará en septiembre. No espero que el consejo desempeñe función alguna en la orientación de la labor de los científicos. Eso erosionaría la independencia del asesoramiento científico. Pero tendría una competencia general, en particular a la hora de pedir, por ejemplo, al organismo que estudie sectores determinados que requieran investigación.
El Sr. Florenz pregunta si tendrá voz al respecto el Parlamento. Ésa es una cuestión que se debe examinar y debatir. Puede haber diferentes opiniones a ese respecto. Habrá quienes opinen que sería inapropiado que el Parlamento o diputados al Parlamento -o incluso representantes nombrados por el Parlamento- fueran miembros del consejo. Otros pueden opinar que sería valioso que el Parlamento, por mediación de representantes nombrados por él o incluso diputados al Parlamento, pudieran tener la oportunidad de examinar qué cuestiones se deberían investigar. Es una cuestión que se debe examinar, pero aún no se ha descartado.
El Sr. Florenz ha planteado también la cuestión del anonimato. Me alegro de que lo haya hecho, porque es particularmente importante para ese organismo ocupar un lugar destacado. Debe tener relieve público. Debe ser conocido. Los consumidores de la Unión Europea deben conocer la existencia del organismo alimentario. El Director Ejecutivo del organismo debería ser alguien conocido, que apareciera periódicamente en la televisión para hablar de cuestiones relativas a los alimentos, en particular en relación con las buenas noticias alimentarias en materia de nutrición, dieta y cuestiones de ese tipo, para que, si surge otra crisis alimentaria, los consumidores conozcan la existencia del organismo. Conocerán lo que hayan oído sobre el organismo antes, en otras circunstancias, y tendrán -es de esperar- una firme base de confianza ya arraigada en los dictámenes del organismo. Así, pues, es esencial que el organismo no sea anónimo. Debe tener relieve público. Yo haré todo lo que pueda para fomentar ese papel destacado del organismo.
La Sra. Lynne pregunta si tendrá suficiente capacidad el organismo. Supongo que esa pregunta se centra en la cuestión de dónde comienza y acaba la competencia del organismo y dónde empiezan y acaban la competencia y la autoridad de las agencias de seguridad alimentaria de los Estados miembros. Tendría que haber una interacción en el nivel científico. Es evidente que no es conveniente que se presenten situaciones en que científicos que trabajen para el organismo de seguridad alimentaria en el nivel comunitario o le presten asesoramiento discrepen de un dictamen científico en el nivel de los Estados miembros. Ésa es una situación inconveniente, no queremos que se produzca esa situación en el futuro.
Hay varias cosas que socavan la confianza de los consumidores: una de ellas es la falta de información. Pero una información que comprenda una discrepancia fundamental entre científicos sobre cuestiones básicas relativas a la seguridad alimentaria es también una cuestión que suscita grave preocupación. Debemos intentar evitarlo y crear estructuras para velar por que haya una difusión adecuada de la información entre los científicos, por que haya debates y consultas en toda regla y que el organismo en el nivel comunitario tenga la oportunidad y el cometido de solicitar el asesoramiento y la opinión de científicos independientes de todos los Estados miembros y, de hecho, de otros países incluso, donde haya expertos.
Con el tiempo, como he dicho hace un momento, no sólo adquirirá el organismo un lugar destacado, sino que, además, su competencia, su autoridad moral, aumentarán para que se acepten y no se impugnen sus dictámenes.
Se puede lograr esa situación al cabo de un período de tiempo. No se puede legislar para lograr la confianza de los consumidores. Es algo que se consigue al cabo de un período de tiempo. Sin embargo, la Comisión tendrá la posibilidad de procurar que se apliquen los dictámenes del organismo sobre asuntos científicos mediante la promulgación de legislación, que es la función de la Comisión, del Parlamento y del Consejo. Comprendo que todo eso requiere tiempo, pero, aun así, la formulación de legislación fundamentada en los dictámenes del organismo es -no me cabe la menor duda- la vía que se debe seguir. Cualquier incumplimiento de la legislación se puede ver en los tribunales de la forma normal. Una de las cuestiones que puede que hayamos de abordar con el tiempo es la de la rapidez de respuesta en esas circunstancias. Espero que podamos establecer algo para obtener una respuesta más rápida del proceso judicial.
En relación con las subvenciones: sí, se ha examinado esa cuestión. Requerirá el asesoramiento de servicios jurídicos y se solicitará, en particular teniendo presente que puede brindar una respuesta rápida ante un incumplimiento del derecho comunitario en espera de una sentencia de los tribunales.
En relación con la pregunta de la Sra. Lynne sobre los pagos provisionales: se trata de una cuestión que podría perfectamente abordar el Parlamento, pues está relacionada con los asuntos presupuestarios. Después la Sra. Myller me ha preguntado por la ubicación del organismo. No se ha adoptado otra decisión a ese respecto que la de que es más probable que el organismo esté ubicado en el centro y no en la periferia. Reconozco que la Oficina Alimentaria y Veterinaria está ubicada en Dublín y, aunque yo mismo procedo de esa parte del mundo, ¡he de reconocer que no es el centro de Europa! Pero esa Oficina tiene una situación muy diferente del Organismo de Seguridad Alimentaria. La Oficina está compuesta de científicos y veterinarios independientes que viajan desde un punto en el que hay un aeropuerto: es evidente que en Dublín tenemos un aeropuerto.
La situación del Organismo de Seguridad Alimentaria es totalmente diferente. Debe estar cerca de la Comisión por la necesidad de interacción entre los científicos que participen en él y quienes participan en la presentación de legislación. Una parte importante de la comunicación entre las dos instituciones será, evidentemente, la de velar por que quienes participamos en la formulación de la legislación entendamos clara y perfectamente lo que quieren decir los científicos, qué problemas han descubierto, qué legislación es necesaria para abordar las cuestiones que planteen. Igualmente, los científicos desearán recibir aportaciones sobre el proceso jurídico o el de formulación de políticas o el de redacción de legislación para velar por que la legislación aborde las deficiencias que hayan descubierto.
Me parece conveniente que un organismo de ese tipo esté ubicado en el centro. Habrá científicos internos, pero también será necesario que estén en contacto con otros científicos para la celebración de consultas y, en esas circunstancias, como los científicos tendrán que viajar, probablemente sea mejor que se trasladen a un punto central, en el que radican -repito- las estructuras parlamentarias, la Comisión y el Consejo. Ésa es mi opinión en este momento. Puede ser un tema de debate aquí y en otros foros y escucharé todas las propuestas que se hagan, pero mi primera conclusión es la de que ese organismo debe estar ubicado en el centro y no en la periferia.

El Presidente
Señorías, me encuentro en una posición muy difícil, porque no puedo cambiar el orden del día. Quisiera proponer a Sus Señorías que consulten este asunto con sus Grupos políticos y lo planteen en la Conferencia de Presidentes. Si consideran que estas sesiones después de una declaración de la Comisión son importantes, quisiera proponer que solicitemos más tiempo que la media hora que tienen asignada. En esta ocasión ha habido seis minutos de preguntas formuladas por los diputados y 29 minutos de respuestas del Comisario, junto con su declaración.
Como pueden ver Sus Señorías, media hora en modo alguno es tiempo suficiente para semejante sesión. Espero que puedan examinarlo en sus Grupos políticos para que en ocasiones futuras dispongamos de una sesión mejor estructurada con la Comisión.
El debate queda cerrado.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B5-0003/2000). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Les comunico que dedicaremos a este turno de preguntas aproximadamente una hora y 15 minutos. Vamos a hacer un pequeño recorte de nuestro tiempo porque los intérpretes hoy están trabajando en sesión continua.
Tiene la palabra el Sr. Purvis para una cuestión de orden.

Purvis
Desapruebo que reduzcamos el tiempo del turno de preguntas; es una de las pocas ocasiones en que los diputados de a pie tienen la oportunidad de hacer uso de la palabra, por lo que le pido que lo amplíe a una hora y media, como figura en el orden del día. Ése es el orden del día y creo que debemos atenernos a él.

El Presidente
Lo que ocurre, estimado colega, es que el orden del día decía que comenzaríamos a las 17.30 horas, y ustedes tienen el reloj a la vista. Espero que no lleguemos a la sesión nocturna en todo caso.
Primera parte

El Presidente


Ioannis Souladakis
Pregunta nº 28 formulada por (H-0781/99):
Asunto: Construcción de una central nuclear en Turquía, vulnerable a los seísmos Los dos recientes seísmos de intensidad superior a los 7 grados en la escala Richter ocurridos en Turquía suscitan enormes dudas en relación con la insistencia de dicho país en construir unos costosísimos reactores nucleares en Akköy, mientras que las reservas energéticas de la presa Ataturk se exportan a terceros países y la UE, recortando su presupuesto, paga por los daños provocados por los seísmos. Los proyectos nucleares turcos, que ignoran los riesgos que entrañan para los habitantes y ecosistemas de Turquía y de toda la región, dan pie para sospechar que tras ellos se esconden planes preconcebidos de la jerarquía político-militar turca para adquirir la tecnología nuclear que posibilite la construcción de armas nucleares, dado que se pretende adquirir reactores de procedencia canadiense semejantes a los que poseen India y Pakistán.
¿Qué medidas ha tomado o piensa tomar la Comisión para que se eviten los accidentes nucleares y la proliferación de armas nucleares en un país que desea ingresar en la UE y gasta sumas enormes en programas nucleares, mientras percibe fondos europeos como ayuda económica?
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Verheugen.

Verheugen
La Comisión está siguiendo con interés los planes de construcción de una central nuclear en Akköy, Turquía, y reconoce la importancia de garantizar que la construcción de la nueva central se ajuste a los más estrictos criterios de seguridad nuclear internacionalmente aceptados. Según la información de que disponemos, no se ha decidido aún la elección de un licitante.
La Comisión reconoce que Turquía ha firmado y ratificado el convenio sobre la seguridad nuclear y que la responsabilidad de conceder licencias y regular el establecimiento, la elección del emplazamiento, la puesta en marcha, el funcionamiento y el cierre definitivo de centrales nucleares en Turquía corresponde completamente a la Autoridad Turca de Energía Atómica. La Comisión no está facultada para imponer límite alguno a las decisiones adoptadas por ningún país en lo que se refiere a la producción de energía, incluida la opción nuclear.
Tal como señaló la comisaria Wallström durante las audiencias del Parlamento Europeo de septiembre de 1999, la Comisión abordará el tema de la seguridad nuclear y la protección radiológica en toda reunión pertinente con el Gobierno turco en el futuro y me satisface informarles de que yo tendré una reunión con el ministro turco de Asuntos Exteriores dentro de un par de días y que desde luego plantearé la cuestión.
En particular, la Comisión es consciente de las preocupaciones de los ciudadanos acerca de la actividad sísmica registrada en la zona de la falla Ecemis, situada en las proximidades del lugar propuesto para la central. De acuerdo con la información recibida del Organismo Internacional de Energía Atómica, el diseño de la central tiene en cuenta la posibilidad de terremotos más intensos que cualquiera de los jamás registrados en el área y, en particular, terremotos de una intensidad 10 veces mayor que el registrado en junio de 1998 en Adana. Se están dando grandes márgenes de diseño con el fin de garantizar un funcionamiento seguro de la central de acuerdo con las condiciones del entorno.
La Comisión es consciente asimismo de las preocupaciones sobre la posible intención de utilizar la central para fabricar material con destino bélico. Reconoce el hecho de que Turquía ha firmado y ratificado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y que ha suscrito posteriormente un acuerdo exhaustivo de garantías con el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Souladakis
Gracias por la respuesta. Quiero destacar los siguientes extremos: Turquía es ahora un país candidato a la adhesión. Con este proyecto se propone incrementar en un 2% su potencial energético. Al mismo tiempo pretende adquirir reactores tipo Candu, de Canadá, que, como es sabido, ya han sido utilizados para las armas nucleares de la India y el Pakistán. En este sentido, existe el serio peligro de que algún estúpido considere que los nuevos equilibrios geoestratégicos en el Cáucaso exigen la presencia de un país cercano con tecnología nuclear de carácter militar. Esto por lo que respecta a los aspectos políticos. Me refiero ahora a los aspectos técnicos. El coeficiente de seguridad en obras de semejantes características -y hablo como ingeniero- no tiene relación con el aumento 10 ó 20 veces de los niveles de seguridad contra el colapso. En tales casos, cuando hay incertidumbre, se recurre a los simuladores. Pero, no es posible utilizar simuladores en asuntos que se refieren a la energía nuclear. En este sentido, todas las zonas de alto riesgo sísmico deber ser excluidas, o son excluidas a priori, para instalaciones nucleares como ésa. Así pues, y habida cuenta de que las posibilidades de la Unión Europea y de la Comisión ante Turquía son ya diferentes, bueno será debatir algunas cuestiones tanto sobre la seguridad de la región en su conjunto como sobre la evolución pacífica de Turquía en el seno de la Unión Europea.

Verheugen
Hace un par de semanas mantuvimos un debate en el Parlamento sobre el tema de la seguridad nuclear, prestando especial atención a los países candidatos. He explicado la postura de la Comisión. Han de aceptar el hecho de que no existe un acervo comunitario en materia de seguridad nuclear. Por ello lo que hicimos fue emplear medios políticos para convencer a algunos países candidatos de que tiene que haber planes de desmantelamiento de algunos reactores que no se consideran susceptibles de mejora.
En el caso de Turquía la cuestión es diferente. La central aún no existe. Ya he dicho que Turquía es parte del TNP y del Convenio sobre la Seguridad Nuclear.
Si llegamos a observar en el desarrollo de esa central nuclear motivos de preocupación en materia de seguridad, lo hablaremos con Turquía. Si la conclusión es que Turquía está planeando construir una central nuclear que no responde a los criterios normales de seguridad europeos, entonces haremos lo mismo que hicimos con Lituania, Eslovaquia y Bulgaria.

Purvis
Señor Presidente, el Comisario ha dicho que Turquía ha firmado el Tratado de No Proliferación, que ha firmado los tratados de seguridad nuclear: ¿por qué habrían de existir dudas de ningún tipo salvo que la central nuclear de Turquía no vaya a ser tan segura como cualquiera de la Comunidad?, ¿estaría dispuesto el Comisario a adoptar una postura bastante más enérgica junto al Sr. Souladakis a este respecto?

Verheugen
Creo que todo diputado al Parlamento está en su derecho de manifestar sus propias preocupaciones y miedos. Yo no tengo tales preocupaciones. Estoy convencido de que Turquía reconoce plenamente las normas y criterios del Convenio sobre la Seguridad Nuclear y del Tratado de No Proliferación, pero no cabe duda de que los ciudadanos de Europa sí tienen preocupaciones y creo que es muy justo discutirlas aquí en el Parlamento.

El Presidente


David Robert Bowe
Pregunta nº 29 formulada por (H-0786/99):
Asunto: Armas con uranio empobrecido ¿Ha realizado estudios la Comisión sobre los efectos que la contaminación transfronteriza originada por la utilización de armas con uranio empobrecido durante el conflicto kosovar puede tener sobre los Estados de la UE? De no ser así, ¿por qué motivos no los ha efectuado?
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, la Sra. Wallström.

Wallström
Gracias, señor Bowe, por su pregunta.
La Comisión Europea ha vigilado los efectos medioambientales del conflicto desde el comienzo de la intervención de la OTAN. Ya el mes de junio pasado la Comisión financió un primer estudio. Éste fue llevado a cabo por el Centro Regional del Medio Ambiente para la Europa Central y Oriental y en él se llegaba a la conclusión de que no se había producido ninguna catástrofe ecológica de gran escala. Ninguna de las evidencias o análisis posteriores han echado abajo esa valoración inicial.
La Comisión también ha estado estrechamente vinculada a la elaboración del reciente informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente -grupo operativo para los Balcanes (BTF). Es el informe más detallado y completo realizado hasta la fecha acerca de los efectos del conflicto de Kosovo sobre el medio ambiente y lo recomiendo a todos aquellos que no lo hayan estudiado todavía. El uso de armas con uranio empobrecido fue uno de los muchos temas considerados, y el informe está ahora ampliamente disponible también en Internet.
El grupo operativo para los Balcanes vio entorpecida su labor por el hecho de que se disponía de muy poca o ninguna información sobre el uso real de estas armas durante el conflicto. Durante la misión de indagación de hechos del BTF no se hallaron indicios de contaminación en Kosovo. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que haya zonas de Kosovo contaminadas por uranio empobrecido. A partir de una valoración de despacho unida a una misión de campo, el informe llega a la conclusión de que los riesgos, de existir, se limitan a los alrededores de los objetivos.
Las actividades futuras se inscribirán en el marco del pacto de estabilidad para Europa sudoriental. También se está elaborando un plan especial de reconstrucción medioambiental regional, que servirá de marco para prestar ayuda de emergencia para combatir los daños ocasionados por la guerra en caso de que resulte necesario.

Bowe
En primer lugar, señor Presidente, quiero dar las gracias a la Comisaria por su muy útil respuesta. Está claro que la Comisión ha prestado cierta atención a este problema y me satisface que en estos informes que se han elaborado hasta el momento se haya estudiado detenidamente el tema.
Pero quisiera señalar que la preocupación por las armas con uranio empobrecido reside en la forma en que se utilizan. Este uranio pasa a la atmósfera, es inhalado y ahora lo podrían estar portando efectivamente miembros de la población de Kosovo, con unos efectos bastante más a largo plazo de lo que hasta ahora se ha podido determinar. Este parece ser el patrón seguido por los acontecimientos después de la utilización de armas con uranio empobrecido en la guerra del Golfo.
Por lo tanto, querría preguntar a la Comisión si desearía considerar la posibilidad de proseguir el seguimiento y durante cuánto tiempo podría contemplar proseguirlo en el futuro para ver los efectos a largo plazo, no sólo de las armas con uranio empobrecido, sino también de algunos de los otros efectos sobre el medio ambiente que sabemos se han producido, al menos de forma localizada, en Kosovo.
¿Durante cuánto tiempo continuará observando los efectos de estas armas?

Wallström
Gracias, señor Bowe, por esta pregunta. Hemos de decir otra vez que aún no existe confirmación de que se utilizara uranio empobrecido en el conflicto y no se ha detectado uranio empobrecido en la limpieza de Kosovo. Pero esos síntomas y esos problemas que usted ha mencionado podrían encontrarse allí y ser la consecuencia del uso de uranio empobrecido. También esto se menciona en el informe.
No se han detectado efectos transfronterizos y casi todas las armas se habrán utilizado en el territorio de la República Federal de Yugoslavia. El problema es que el actual aislamiento político del país supone que el acceso a la zona está restringido. Las Naciones Unidas tienen una gran responsabilidad, ya que a ellas se dirige este informe, de modo que tienen que asumir la responsabilidad. Pero mediante este plan de reconstrucción regional y medioambiental podemos proseguir el seguimiento y la ayuda que podamos prestar y este es, por ahora, el tipo de marco que podemos dar al trabajo de la Unión Europea.
Es importante hacer un seguimiento y ello da a los Estados miembros, al igual que a las Naciones Unidas y a la Comisión, algo en que pensar cuando están en juego secretos militares y sus efectos sobre el medio ambiente. También tiene un efecto a largo plazo sobre las ideas cuando se trata de utilizar armas de este tipo.

Rübig
Señor Presidente, señora Comisaria, dentro de pocos meses centenares de miles de veraneantes viajarán a la costa del Adriático para pasar sus vacaciones allí. Sabemos por las noticias difundidas por los medios de comunicación que se dejaron caer bombas y otras armas en las proximidades de esa costa. ¿Puede confirmar usted que los veraneantes podrán bañarse sin peligro en el Adriático este verano y se ha previsto alguna medida para estudiar los riesgos existentes?

Wallström
Ojalá pudiera ofrecer garantías para muchas cosas, pero desgraciadamente no puedo. Formulamos nuestros juicios a partir de informes como éste y de las misiones que organizamos para comprobar cosas como ésta. Eso es en lo que nos basamos cuando aconsejamos a la gente sobre qué hacer.
Lo que hemos visto es que la guerra afecta al medio ambiente a largo plazo y es peligrosa. En materia medioambiental acabamos de aprobar una directiva sobre la contaminación marina, que incluye asimismo proyectiles, armas, etc. y sirve de sistema de alerta rápida. Desgraciadamente, no podemos ofrecer garantías y lo único que podemos hacer es proseguir el seguimiento e intentar llevar a cabo las operaciones de limpieza.

McKenna
Quisiera preguntar a la Comisaria si es cierto que los soldados de las fuerzas armadas de la OTAN ahora estacionadas en la región se someten a controles especiales contra la radiación nuclear y que no se aplican las mismas medidas a los civiles que viven en la zona.

Wallström
No puedo responder a esa pregunta. En lo referente a pruebas médicas, etc., no dispongo de toda la información necesaria para responder adecuadamente. Lo que sabemos desde el punto de vista medioambiental es lo que ya he mencionado: que ahora existe un plan de reconstrucción medioambiental; pero en lo referente a las pruebas médicas no tengo información al respecto. Desde luego puedo volver y ver si podemos obtener la información necesaria.

El Presidente


Thomas Mann
Pregunta nº 30 formulada por (H-0793/99):
Asunto: Designación por la Unión Europea de un responsable para el Tíbet En 1998, el Gobierno tibetano en el exilio informó de que más de 4.000 tibetanos buscaban la libertad huyendo de su país a través del Himalaya a riesgo de sus vidas. Muchos de ellos sufrieron graves congelamientos y muchos otros perecieron.
El grupo de trabajo intergrupo "Tíbet" está profundamente preocupado por el empeoramiento de la situación en el Tíbet, y, además, se ha puesto de manifiesto la insuficiencia de la política actual de la Unión Europea para poder paliar las graves violaciones de los Derechos humanos a que cotidianamente están expuestos los tibetanos.
Profundamente preocupado por las continuadas violaciones de los Derechos humanos en el Tíbet, y en apoyo a la propuesta del Dalai Lama de dialogar con el Gobierno chino para solucionar la situación en el Tíbet, el grupo de trabajo intergrupo "Tíbet" pide a la Comisión que designe a un responsable para el Tíbet que se ocupe de los asuntos de la Unión Europea al respecto y encamine sus esfuerzos a conseguir que las autoridades chinas y tibetanas, o sus representantes, establezcan un diálogo.
¿Cuándo piensa la Comisión designar a un responsable para el Tíbet?
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Patten.

Patten
Las preocupaciones expresadas por el Parlamento Europeo acerca del Tíbet son ampliamente compartidas. Creo desde hace mucho en la necesidad de exponer firmemente y con franqueza a las autoridades chinas nuestras opiniones sobre las cuestiones de derechos humanos, Tíbet incluido. Así lo hizo la Unión Europea en la Cumbre Unión Europea-China de Pekín del mes pasado, en la que hicimos presión ante los chinos en varias cuestiones de derechos humanos, entre ellas la del Tíbet. Exhortamos una vez más a los chinos a iniciar un diálogo con el Dalai Lama. Yo les insto de nuevo en este sentido. Seguiremos planteando el tema del Tíbet a las autoridades chinas. También estamos haciendo algunas otras cosas: en el diálogo sobre derechos humanos Unión Europea-China, hemos centrado la atención en varias medidas de índole práctica, entre ellas enviar expertos en misión al Tíbet, planificar programas de ayuda al desarrollo y actividades relativas a la salud, la educación y la formación de los tibetanos.
La designación de un enviado especial de la UE para el Tíbet sería un tema que primordialmente tendría que decidir el Consejo, de modo que quizá el Parlamento quiera someter la cuestión directamente a su consideración. Pero, por mi parte, no estoy seguro de que ello añadiera mucho valor práctico a nuestros esfuerzos. Es poco probable que influyera mucho en las autoridades chinas y ya disponemos de cauces efectivos de comunicación con la comunidad tibetana en el exilio. También es mi deseo evitar un crecimiento exponencial del número de enviados especiales, por muy loable que sea la causa.

Mann, Thomas
Señor Presidente, señor Patten, usted tiene obviamente excelentes experiencias sobre el terreno como resultado de su vida en China y sabe muy bien que los tibetanos están realizando grandes esfuerzos para que se llegue a celebrar un diálogo, que hasta ahora se ha impedido siempre. Sin embargo, si su respuesta es que debemos dirigirnos a "Míster PESC" , o sea, al Sr. Solana, yo mucho me temo que esto se traduzca en una orientación unilateral en el ámbito de la política exterior.
Su enfoque, que yo desde luego apoyo como un enfoque coherente, está inspirado, en efecto, en el tema de los derechos humanos; yo coincido plenamente con usted en que debemos ocuparnos del tema de los derechos humanos. Las detenciones, las torturas, las violaciones de mujeres jóvenes y muchas otras cuestiones del mismo orden podrían ocuparnos, desde luego, tardes enteras de debates. Yo mucho me temo que estas cuestiones relacionadas con los derechos humanos no saldrán a la luz si reducimos el tema a la declaración de que el Consejo también es competente en este ámbito. La posibilidad de resaltar, por un lado, los aspectos económicos y comerciales, pero incluyendo desde luego también los derechos humanos, sería una medida para la cual de hecho esperamos poder contar con la colaboración de la Comisión y que no se diga que esto es asunto del Consejo.

Patten
Permítanme dejar claro a Su Señoría cuál es la situación. No he dicho otra cosa que la verdad cuando he afirmado que la designación de enviados especiales es asunto del Consejo. Resulta que nosotros nos ocupamos de las consecuencias presupuestarias y el Consejo hace la designación. Algunos podrán pensar que el aspecto presupuestario debería estudiarse a su debido tiempo.
No olvidando esto, puesto que así es la situación, no significa que no tengamos una opinión y unas competencias en temas de derechos humanos. Tengo la gran esperanza de que en los próximos meses la Comisión pueda elaborar una comunicación sobre derechos humanos en la que se señale, entre otras cosas, que el respeto hacia los derechos humanos en China u otras partes del planeta y los intereses comerciales y de otro tipo de la Unión Europea no están ni mucho menos desconectados. Creo desde hace mucho tiempo que todos debiéramos reconocer que los países en los que es mejor hacer negocios son aquéllos que tratan más correctamente a sus propios ciudadanos, en todas partes del mundo.
Repito que hemos dado a conocer nuestra postura sobre el Tíbet a los chinos. Durante los pocos meses en que he sido comisario, ello se ha hecho en dos ocasiones, la primera en Nueva York en nuestra reunión con el ministro Tang y la más reciente en la reunión de Pekín, y seguiremos haciendo ostensible esta preocupación.
Si puedo hacer una recomendación literaria a Su Señoría, a quien reconozco que le interesan estos temas, le recomiendo un libro publicado justo antes de Navidades, escrito por Isabel Hilton, la reputada periodista, sobre los problemas del Tíbet.

Messner
Señor Presidente, permítame que abra mi pregunta complementaria con el saludo tibetano, que significa nada menos que paz y felicidad. En el Tíbet no sólo están amenazados los derechos humanos y el medio ambiente, sino también un patrimonio cultural único, que puede transmitir a los europeos valores importantes como los de la tranquilidad, la pausa y la compasión, como la llama el Dalai Lama. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas puede adoptar la Comisión para apoyar de manera más concreta la propuesta de Su Santidad, el Dalai Lama, a favor de una solución pacífica del problema del Tíbet? Yo quiero recordar que la inacción acabará suponiendo la muerte de la cultura tibetana y la extinción del pueblo tibetano.

Patten
Me solidarizo con lo que ha dicho Su Señoría sobre la herencia cultural y la tradición budista. Como Su Señoría, he leído la autobiografía del Dalai Lama. Es una descripción sumamente emotiva, no sólo de sus responsabilidades en y hacia el Tíbet, sino también de sus puntos de vista espirituales.
La Comisión, como otros, ha instado al diálogo. El Dalai Lama ha dejado claro que lo que desea es un diálogo pacífico. Ojalá las autoridades chinas hubieran respondido de forma consecuente y positiva a esa apertura del Dalai Lama. Por la época de la visita del presidente Clinton a China, el Presidente de la República Popular de China daba la impresión de tener el diálogo en su agenda. Sería muy beneficioso, no sólo para el Tíbet y para todos los que creen en la paz y la estabilidad en Asia, sino que también lo sería mucho para la reputación del Gobierno de la República Popular de China, que respondieran a esos intentos de entablar un diálogo.

El Presidente


Eija-Riitta Anneli Korhola
Pregunta nº 31 formulada por (H-0795/99):
Asunto: Reglamentación relativa a la buena administración de la UE rechazada por la Comisión Según informaciones aparecidas en la prensa, la Comisión ha rechazado la propuesta del Sr. Jacob Söderman, Defensor del Pueblo europeo, sobre el derecho de los ciudadanos a una buena administración en la UE. La propia Comisión ha aceptado la idea de una reglamentación en la materia, pero no ha admitido en este momento la propuesta concreta realizada, sino que se ha limitado a dar una serie de instrucciones complementarias sobre la mejora del servicio.
¿Es cierta esta información? ¿Cuál es el motivo de la actuación de la Comisión y cómo piensa explicar ésta la diferencia que su proceder genera entre las palabras y los hechos en lo que se refiere a la reforma de la administración de la UE? ¿Considera la Comisión que lo ocurrido está en consonancia con el programa quinquenal acordado en septiembre por el Parlamento Europeo y la Comisión? ¿Está dispuesta la Comisión a presentar una propuesta detallada sobre la reglamentación relativa a la buena administración de tal forma que también el Parlamento pueda opinar sobre ella?
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Patten.

Patten
Las informaciones aparecidas en la prensa a las que hace referencia Su Señoría son, a mi parecer, engañosas e inexactas.
En noviembre de 1999 la Comisión aprobó en primera lectura un código de buen comportamiento administrativo para incorporar a su Reglamento. En este momento la Comisión está consultando a los representantes de su personal acerca del documento, un proceso que estará finalizado en las próximas semanas. La Comisión aprobará entonces el código en segunda lectura.
Hay que precisar que la nueva Comisión dio curso inmediato a la decisión del Defensor del Pueblo europeo de 28 de julio de 1999 con su consulta por iniciativa propia acerca del código. La Comisión querría destacar en particular que en la redacción del código ha tomado en consideración todos los proyectos de recomendaciones del Defensor del Pueblo europeo. El código será un documento que tratará exclusivamente de las relaciones de la administración de la Comisión con los ciudadanos. Se aprobará mediante una decisión jurídicamente vinculante de la Comisión que se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El documento se ha elaborado teniendo plenamente en cuenta las disposiciones recogidas en el borrador elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo europeo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de los Tratados, el legislador responsable de establecer el Reglamento de la Comisión es la propia Comisión. Sin embargo, huelga decir que la Comisión se adhiere al principio de mantener un diálogo político regular con el Parlamento Europeo sobre todos los aspectos de la reforma administrativa.

Korhola
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Comisario y le preguntaría todavía que ¿cuándo está previsto que entren finalmente en vigor estas instrucciones?, habida cuenta que éstas llevan realizándose desde el año 1997.

Patten
Las informaciones aparecidas en la prensa eran engañosas. Yo no creo que exista ninguna diferencia entre nosotros y el Defensor del Pueblo. Está la cuestión de la base legislativa, sobre la que nos hemos asesorado bien, y creo que pisamos terreno firme a ese respecto. Quiero reiterar que los diputados que, al igual que la diputada que ha formulado la pregunta, tengan un especial interés en este tema, querrán mantener un diálogo sobre el mismo. Es sumamente importante y entiendo la preocupación de Su Señoría.

Sjöstedt
Quiero dar las gracias a la Comisión por algo que considero una respuesta muy positiva. Para estar seguro, quisiera una confirmación de que realmente no hay nada en la propuesta de Jacob Söderman, en cuanto a la Comisión y a la buena administración, que la Comisión encuentre inaceptable. ¿Es exacto que se va a aprobar el contenido de la propuesta en todas sus partes?

Patten
Déjeme leer lo que dice en mis notas -¡y puesto que está en mis notas debe ser cierto! "Quisiera volver a destacar que la Comisión ha aceptado todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo contenidas en su borrador de recomendaciones de julio de 1999" . Ambos documentos, esto es, el documento de la Comisión y el borrador del Defensor del Pueblo, tocan en gran medida los mismos puntos.
La única cuestión de importancia que ha surgido es la de la base legislativa. Puedo entrar en detalle si Su Señoría lo desea, pero no cabe duda de que estamos en completa armonía con el Defensor del Pueblo en este importante tema.

El Presidente
Con mucho gusto incorporamos a la bibliografía las notas del Sr. Patten, como otro libro de cabecera que tendremos en cuenta los diputados.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 32 decae.
Le pido disculpas al Sr. Vitorino por esta descortesía parlamentaria, que lamento. Queda exonerado, según el Reglamento, de contestar. Le deseo muy buenas tardes.
Segunda parte
Preguntas dirigidas al Sr. Nielson, a quien sustituye el Sr. Patten

El Presidente
Las preguntas 33 y 34 de la segunda parte del turno de preguntas a la Comisión tenían como destinatario al Sr. Nielson. El Sr. Nielson no puede estar presente hoy por encontrarse en Sudáfrica. Tengo que decirles que la vicepresidenta de la Comisión, Sra. Loyola de Palacio, me ha enviado una atenta carta dando todo tipo de explicaciones y comunicando que el Sr. Patten será el que conteste estas preguntas.

Maj Britt Theorin
Pregunta nº 33 formulada por (H-0829/99):
Asunto: Integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en la política de ayuda al desarrollo de la UE En 1995 el Consejo de Ministros elaboró las directrices para la integración de la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en toda la política de ayuda al desarrollo de la UE. Estas directrices exigen que todo el personal que trabaja en cuestiones de desarrollo reciba una formación continua en materia de igualdad. No obstante, hasta ahora sólo unas 50 personas han recibido dicha formación, que sigue sin ser obligatoria en el seno de la Dirección General encargada de esta ayuda.
La integración de la dimensión de la igualdad implica la toma en consideración de la igualdad entre mujeres y hombres como parte integrante de cualquier política, estrategia o iniciativa en el ámbito del desarrollo. Para conseguir este objetivo, la directrices del Consejo deben aplicarse en su integridad. El personal actual debe recibir formación obligatoria en cuestiones de igualdad y una formación de 1-2 días en tales cuestiones debe ser un elemento esencial en los cursos introductorios de la Dirección General para el nuevo personal. ¿Se propone la Comisión aplicar estas medidas?

Patten
Quisiera antes de nada destacar cuánto ha sentido mi colega el Sr. Nielson no poder estar aquí, pero a los diputados que les interesan estas cuestiones de desarrollo sabrán lo importante que es su misión, intentando garantizar que sobreviva nuestro acuerdo con Sudáfrica.
La Comisión está dispuesta a considerar la posibilidad de que haya en los cursos de iniciación para el nuevo personal una parte dedicada a la igualdad entre hombres y mujeres en la política de ayuda al desarrollo, algo que ya se ha hecho pero, admitámoslo, no de forma regular. La formación del personal que se traslada a las delegaciones en las diferentes regiones es otro punto de acceso. La formación se realizaría entonces automáticamente sin ser obligatoria.
También nos proponemos incluir la formación sobre estos temas en la formación básica que reciben nuestros funcionarios dentro de la gestión del ciclo de los proyectos. En la medida de lo posible, queremos que este tipo de formación entre automáticamente en los programas al principio, en lugar de tener que ser abordada aparte y posteriormente. Mi propio punto de vista como antiguo ministro de desarrollo es que estos temas deben pasar a ser una parte básica de la formación y ser abordados dentro del núcleo de ésta, no convertirse en una especie de añadido opcional.

Theorin
El anhelo de alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los niveles debe formar parte del trabajo de la Dirección General de Ayudas al Desarrollo. No debe considerársele como un tema "periférico" . Obviamente esto implica la reformulación de las estrategias y de los objetivos del desarrollo, además de un cambio en las instituciones y en los procesos, de manera que las prioridades y las necesidades, tanto de las mujeres como de los hombres, se vean reflejadas de manera más adecuada. También hay que tomar medidas contra las desigualdades que se fundamentan en el género. La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no sólo debe estar presente en los proyectos y programas, sino también en todos los objetivos generales, en los planes de acción y en las estrategias. Parece que estamos de acuerdo en este punto.
Pero la responsabilidad de prestar atención a los temas de igualdad de oportunidades es de los jefes de departamento y de los jefes de oficina. Si los jefes no tienen la idoneidad profesional requerida, entonces no pasará nada; no darán importancia al gender mainstreaming. Muy pocos jefes de la Dirección General de Ayudas al Desarrollo, es decir, jefes de departamento y aun jefes más altos, han participado en los cursos sobre el género que se han organizado. Sólo un jefe ha participado en uno de estos cursos, medio día. Esto es inaceptable. ¿Qué está dispuesta a hacer la Comisión para que los jefes de departamento y otros altos jefes asistan a los cursos sobre el género? Estos cursos, a veces, se han incluido en la formación obligatoria de los nuevos funcionarios, pero su duración ha sido de una o dos horas. Sin embargo, en el último tiempo estos pequeños cursillos han sido suprimidos.
Como he señalado en mi pregunta, no hay que dedicar a esta materia una o dos horas, sino que uno o dos días. Mi pregunta es: ¿está realmente dispuesta la Comisión a cumplir con las directrices aprobadas para el gender mainstreaming en la Dirección General para las Ayudas al Desarrollo?

Patten
Bien, desde luego me tomo en serio la incorporación de las cuestiones de igualdad entre los sexos como aspecto básico de las políticas, al igual que lo hace mi colega el comisario Nielson. No debo seguir mencionando libros, pero he estado leyendo últimamente el libro de David Landis Barnhill, que trata sobre qué hace que algunos países sean prósperos y otros menos prósperos, y es interesante ver la importancia que concede a los temas de igualdad entre los sexos, en la prosperidad económica y la estabilidad política de las sociedades, remontándose varios milenios.
En segundo lugar, desde mi punto de vista, aunque la formación de la que hablamos no debiera ser obligatoria -al fin y al cabo no existe formación obligatoria sobre ninguna cosa en la Comisión-, sí debiera ser esencial. Y, puesto que debiera ser esencial, yo esperaría que todo el mundo se ocupara de contar con una adecuada formación en la materia. Esto es válido para todos, sea cual sea su rango. No es algo que los funcionarios que tengan un cargo más alto puedan considerar adecuado para sus subalternos y pensar que ellos son demasiado mayores o tienen demasiada antigüedad para recibirlo ellos mismos.
En tercer lugar, uno de los mejores enfoques de este tema es el de integrar las cuestiones de igualdad entre los sexos como tema transversal en los cursos más populares para los funcionarios dedicados a temas de desarrollo y, sobre todo, quizá para el curso de gestión del ciclo del proyecto, que es fundamental para una buena gestión de los proyectos sobre el terreno. Por lo tanto, me solidarizo mucho con lo que ha dicho Su Señoría. Espero que el enfoque que estamos siguiendo demuestre a la vez el carácter práctico y la necesidad imperiosa de dar a esto la atención que merece.

El Presidente


Bernd Posselt
Pregunta nº 34 formulada por (H-0831/99):
Asunto: Ayudas destinadas a Asia Central ¿Qué ayudas al desarrollo y ayudas humanitarias presta la Comisión a los Estados de Asia Central y cómo evalúa los resultados de estas ayudas?

Preguntas dirigidas a la Sra. Diamantopoulou
Patten
Desde 1991 la Comunidad ha prestado una considerable ayuda financiera a los Nuevos Estados Independientes, incluidos los países de Asia central. La mayor parte de la ayuda de la Unión Europea se ha prestado dentro del programa TACIS. En 1998 y 1999 Kirguizstán, Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán recibieron asistencia técnica por valor de 75 millones de euros.
Esta ayuda ha producido beneficios en todos los sectores, en particular la agricultura, el desarrollo de infraestructuras, la economía privada y el fortalecimiento de las instituciones. Consideraciones de seguridad han impedido que Tayikistán se beneficiara plenamente de TACIS, pero en 1998 y 1999 ha estado en marcha un programa de rehabilitación de 7,2 millones de euros.
Además de los programas nacionales, la Unión Europea ha apoyado importantes acciones regionales en los sectores de la energía, el transporte y el medio ambiente. En 1996 se iniciaron programas de seguridad alimentaria en Asia, tras un período de dos años en los que la Unión Europea prestó ayuda alimentaria en especie. Estos programas han beneficiado a Kirguizstán y, en una medida algo menor, a Tayikistán. La financiación de programas con NGO en Tayikistán ascendió a 7,42 millones de euros en 1998 y 1999. Durante el mismo período, Kirguizstán recibió 17 millones de euros.
Desde 1993, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea de la Comisión, ECHO, ha estado prestando ayuda a los grupos y sectores más vulnerables en Tayikistán y Kirguizstán. En 1998 y 1999 se concedieron a Kirguizstán 3,8 millones de euros, y Tayikistán recibió más de 35 millones de euros, principalmente para alimentos, suministros médicos, agua y saneamiento. Los frecuentes informes de seguimiento y de situación han puesto de manifiesto que la ayuda de la Unión Europea está contribuyendo a la estabilidad de estos países y, por lo tanto, al proceso de paz en marcha.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, Asia central y la zona del mar Caspio amenazan con convertirse en los Balcanes del siglo XXI. Por esto también es precisamente muy importante la estabilización de los grandes Estados de Turkmenistán y Uzbekistán. Por consiguiente, yo quisiera preguntarle por un tema de su competencia, a saber, cuál es el estado de las negociaciones de los acuerdos de cooperación con ambos países, o sea, de las relaciones políticas. Esto es de su competencia directa; mi otra pregunta se refiere al ámbito de competencias del colega Nielsen, concretamente a la cooperación ecológica, en particular en lo que se refiere al agua y a la problemática de los monocultivos de algodón, que agravan la sequía.

Patten
Hace un par de semanas, en la cumbre de Estambul, pudimos reunirnos y mantener conversaciones con algunas de las repúblicas de Asia Central. Es mi ferviente deseo que intensifiquemos nuestras relaciones con ellas. Si lo desea, puedo enviar a Su Señoría un análisis pormenorizado de en qué punto se encuentra exactamente la negociación de los acuerdos de asociación y cooperación con cada una de las repúblicas de Asia Central.
Obviamente, todo el mundo esperará que su predicción de lo que pueda pasar en el futuro sea más bien pesimista. Pero no tengo ninguna duda de que tiene razón al señalar la importancia estratégica de Asia Central. También he escuchado a Su Señoría hablar del Cáucaso en el pasado. Tiene toda la razón al afirmar que una Unión que habla de prevención de conflictos tendría que ver qué puede hacer en estas áreas concretas para garantizar que en el futuro no haya el tipo de conflicto que tanta devastación ha causado en los Balcanes y que nos ha costado muchísimo más de lo que habríamos podido gastar de otro modo, si hubiéramos tomado más medidas preventivas de haber sido posible. Por lo tanto, las reflexiones de Su Señoría acerca de la importancia estratégica de estas regiones están extremadamente bien realizadas.
Estamos contribuyendo a programas en la región que tienen alguna repercusión ecológica. Nuestros programas alimentarios están directamente relacionados con reformas estructurales en el sector agrario, así como con la erradicación de la pobreza. Estos programas en sí están destinados a garantizar que la agricultura tenga una posición más sólida en esas sociedades y que no consista simplemente en esquilmar la tierra. Hay un aspecto ecológico al que debemos continuar dando prioridad.

El Presidente
Tomamos muy buena nota también de que el diputado autor de la pregunta ha aplaudido la contestación del Sr. Comisario. No es un hecho habitual. Y además no le ha citado bibliografía el Sr. Comisario en este caso. Muchas gracias, Sr. Patten, por sus intervenciones de hoy.

El Presidente


Mihail Papayannakis
Pregunta nº 35 formulada por (H-0778/99):
Asunto: Plan de acción griego para el empleo Según los resultados de la evaluación del plan de acción para el empleo, Grecia constituye, junto con Italia, el principal objetivo de las observaciones de la Comisión en lo que concierne a su inconsecuencia en cuanto a las medidas y políticas de apoyo al empleo. El informe menciona que Grecia e Italia no han logrado aún los objetivos referentes a la mejora de la "empleabilidad", y es incierto si las políticas que prevén aplicar permiten satisfacer las directrices relativas a la prevención del desempleo de larga duración y la lucha contra el mismo. Con respecto a Grecia, se afirma igualmente que carece de todo proyecto para adoptar a corto y medio plazo medidas dirigidas a reducir las cargas fiscales y sociales del trabajo con el fin de utilizar de modo satisfactorio los recursos del FSE destinados a apoyar las políticas de empleo, y que no hay datos concretos sobre el empleo. ¿Puede indicar la Comisión si el Gobierno griego ha adquirido compromisos concretos sobre el modo en que piensa abordar el problema del desempleo juvenil y de larga duración, y, en caso afirmativo, de cuáles se trata? ¿Ha instaurado y aplicado un sistema idóneo de detección, registro y control de las oscilaciones del desempleo, o sigue limitándose la mayoría de las medidas a un mero recuento de los desempleados?

Diamantopoulou
 - (EL) Por lo que respecta a la pregunta del Sr. Papayannakis, en el paquete de medidas de 1999 para el empleo, la Comisión proponía ciertas recomendaciones para Grecia con el objetivo de aumentar la eficacia de las medidas para el empleo. Las más importantes se refieren a la necesidad de reforzar el proceso de reforma de los servicios públicos, en los que hay problemas, la necesidad de mejorar el sistema estadístico de seguimiento, y la necesidad de aplicar políticas preventivas de acuerdo con las directrices 1 y 2 del paquete para el empleo.
Hemos de decir que el gobierno griego, en el marco de la aplicación de la política contra el paro, tenía dos programas concretos en 1999: «sí a la vida profesional» y «de nuevo al trabajo». Carecemos por el momento de resultados definitivos de estos programas para constatar si se han alcanzado los objetivos cuantitativos.
Hoy el gobierno griego reconoce el problema existente en cuanto a la imposibilidad de registrar el flujo de personas que consiguen y pierden los puestos de trabajo, y por ello se ha comprometido, primero, a una reorganización de los servicios públicos de empleo del país; segundo, a la creación de oficinas de empleo eficaces -este programa ya está en marcha, pero no se ha completado todavía-; tercero, a la introducción de un sistema de tarjetas electrónicas de empleo y al uso de los sistemas electrónicos adecuados para garantizar el seguimiento de todas estas políticas.
En el nuevo programa presentado para el período 2000-2006, financiado por el Fondo Social Europeo, se tendrán que activar, con el apoyo también de la Comisión, los recursos necesarios y las políticas adecuadas para la materialización de los objetivos a los que me he referido.
La Comisión seguirá de cerca la acción del gobierno griego en cumplimiento de los compromisos que ha contraído.

Papayannakis
Agradezco su respuesta a la señora Comisaria. Con todo, señora Comisaria, nos encontramos en la siguiente situación: ocupamos el segundo lugar en cifras de paro en Europa, es decir, el 11,3% -no lo ocupábamos anteriormente-, tenemos el mayor índice de aumento del paro, gastamos menos que nadie en los parados, es decir, menos del 1% del PIB, cuando los demás países gastan el 3 ó el 4% (Francia, Bélgica y Alemania, por ejemplo), y además no está claro cómo se gastaron los dineros del Fondo Social Europeo concedidos, entre otras cosas, para la lucha contra el paro. Me dice usted que han hecho ciertas recomendaciones desde la Comisión. Lo acepto y me congratulo por ello; ojalá que las recomendaciones sean observadas. Sin embargo, desde hace tiempo me pregunto: ¿qué ha pasado con las anteriores políticas? ¿Ha encontrado alguien trabajo? Durante los dos años anteriores, si es que no puede darnos datos de este año. ¿Qué ha pasado con la formación? ¿Esos famosos centros de formación están para emplear a los formadores o para que encuentren empleo quienes allí reciben formación? ¿Tenemos datos? ¿Tenemos, pues, la posibilidad de controlar de alguna manera cómo se está desarrollando esta política del gobierno griego?

Diamantopoulou
 - (EL) Señor Papayannakis, lo que podría responderle es que realmente el gobierno griego tendrá que redoblar los esfuerzos para implantar el registro estadístico electrónico y para dotarse de estructuras que permitan, por una parte, que los programas que se aplican arrojen los resultados cuantitativos a los que usted se refiere, y, por otra, que pueda hacerse un seguimiento que facilite el trazado de las políticas adecuadas.
Grecia presenta un aumento del porcentaje de empleo y un aumento también -por lo que veo aquí- de la productividad. Lo que la Comisión puede hacer atañe a las directrices concretas. Como usted sabe, las directrices, por las que cada uno de los países es juzgado, son veintidós. Se refieren al acceso a la formación, al porcentaje de acceso de hombres y mujeres a la formación, y a las medidas especiales para los parados de larga duración. La Comisión intentará, en todos estos ámbitos, porcentualizar las magnitudes y disponer de los datos concretos, sobre la base de la materialización del nuevo marco comunitario 2000-2006.

El Presidente


Jens-Peter Bonde, a quien sustituye el Sr. Krarup
Pregunta nº 36 formulada por (H-0782/99):
Asunto: El sistema danés de prejubilación ¿Puede indicar la Comisión si se ha reconocido el sistema danés de prejubilación en su totalidad y si existe alguna discrepancia entre Dinamarca y la Comisión en otros ámbitos sociales?

Diamantopoulou
 - (EL) Con el sistema danés de jubilación, el sistema Efterløn, se pueden jubilar sólo los residentes en Dinamarca que hayan completado los períodos de trabajo exigidos en dicho país. Hay trabajadores que se han quejado a la Comisión Europea porque no tiene derecho a la jubilación. Las autoridades danesas no se consideran obligadas por la legislación comunitaria a desembolsar compensación alguna a los trabajadores prejubilados cuando éstos no cumplen los requisitos fijados por la ley de Dinamarca.
Hay que señalar que el reglamento en vigor dedicado a los sistemas de seguridad social no menciona en su redacción actual nada referido a la prejubilación. La Comisión ha propuesto ciertas modificaciones al reglamento, las cuales, sin embargo, están pendientes del Consejo.
Hasta ahora no existe jurisprudencia sobre el Efterløn en el Tribunal Europeo, pero se podría defender con fundamento que el requisito de residencia es incompatible con las disposiciones generales hoy vigentes que prohiben las discriminaciones basadas en la nacionalidad.
Los servicios de la Comisión Europea han iniciado un proceso de encuentros y reuniones con el Gobierno danés, a fin de hallar una lengua común y un tratamiento común de la cuestión. La última reunión dedicada a este asunto tuvo lugar en noviembre de 1999 y estamos a la espera de las propuestas definitivas de los servicios de la Comisión para considerar si habrá que abrir procedimiento por infracción contra Dinamarca.

Krarup
He observado que la señora Comisaria no ha respondido directamente a la pregunta de si el régimen danés de jubilaciones anticipadas ha sido aprobado en su totalidad por la Comisión, no obstante, de su respuesta indirectamente se desprendió que la respuesta es negativa. Me gustaría pedirle la señora Comisaria que certificara explícitamente que el régimen no ha sido aprobado por la Comisión.
Y tanto más cuando la señora Comisaria indicó que se está considerando seriamente someter toda la cuestión del régimen danés de jubilaciones anticipadas al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, precisamente sobre la base de que existe una discriminación de hecho con respecto a los asalariados no daneses que no pueden cumplir las condiciones como consecuencia de que el tiempo durante el que han desempeñado un trabajo asalariado no es el que se exige en el sistema danés. Me gustaría preguntarle a la señora Comisaria si puede dar algún margen de tiempo aproximado en este asunto, pues es un problema que precisa ser aclarado en el debate danés en materia de política social. Le estaría agradecido a la señora Comisaria si pudiera profundizar en esta cuestión.

Diamantopoulou
 - (EL) Señoría, lo que yo quiero resaltar es que tanto en Dinamarca como en muchos otros países hay problemas de interpretación de las directivas y de incorporación de las directivas al derecho nacional. Éste es uno de esos casos, y en estos momentos hay un debate en curso entre el Gobierno danés y la Comisión, a fin precisamente de que el problema pueda resolverse del mejor modo posible en beneficio de los trabajadores que cumplen los requisitos y que, de acuerdo con el régimen vigente, tienen derechos a esa jubilación.

Martin, David W
Brevemente, sólo para continuar con el último punto. Invito a la Comisión a que deje absolutamente claro que sus objeciones, tal y como se presentan, no infringirán en modo alguno los derechos de los ciudadanos daneses a beneficiarse de este sistema, sino que simplemente se preocupa, tal como tiene derecho a hacer de acuerdo con el Derecho comunitario, de garantizar que el sistema sea aplicable a todos los ciudadanos de la UE que cumplan las condiciones.

Diamantopoulou
 - (EL) Creo que la respuesta es breve y precisa. Naturalmente, es como usted acaba de decir. No habrá ningún problema para los ciudadanos daneses; no está ahí el problema. El problema afecta a ciudadanos, daneses o no daneses, no residentes en Dinamarca.

El Presidente


Gerard Collins
Pregunta nº 37 formulada por (H-0791/99):
Asunto: Directiva relativa al tiempo de trabajo ¿Podría indicar la Comisión qué medidas propone para garantizar un nivel de protección equivalente al establecido en la Directiva relativa al tiempo de trabajo de 1993, para los médicos generalistas que trabajen en hospitales, que quedaron excluidos de dicha Directiva y que han vuelto a quedar excluidos de la propuesta de directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 93/104/CE (COM(98)0662-C4-0715/98 -98/0318(SYN))?

Diamantopoulou
 - (EL) Hay una propuesta de directiva para la modificación de la directiva en lo que respecta al tiempo de trabajo de los médicos en prácticas que trabajan en hospitales. El contenido de la propuesta atañe a la jornada semanal media de 48 horas de los médicos, con posibilidades, mediante negociación, de que llegue a las 54 horas. En este asunto hay acuerdo entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento por lo que respecta al contenido; hay desacuerdo, sin embargo, en cuanto al período transitorio para la aplicación práctica de la directiva. Y es así que la propuesta del Parlamento es cuatro años, la de la Comisión es siete, y la del Consejo, trece años.
Esta propuesta sigue siendo objeto de debate entre el Consejo y el Parlamento, de conformidad con el procedimiento de codecisión. A pesar de este desacuerdo, debemos destacar que en el contenido hay acuerdo de los tres órganos, y que se está haciendo el mayor esfuerzo posible para que este asunto tan importante y delicado, que atañe a un número extraordinariamente elevado de trabajadores médicos en toda Europa, pueda tener un tratamiento común.

El Presidente


María Antonia Avilés Perea
Pregunta nº 38 formulada por (H-0805/99):
Asunto: Medidas para hacer frente a la igualdad entre hombres y mujeres Uno de los grupos de trabajo de los Comisarios anunciado por el Presidente Prodi tiene como objetivo promover medidas para hacer frente a la igualdad de los hombres y mujeres (mainstreaming).
¿Quiénes son los Comisarios que forman el grupo? ¿Cuántas veces se ha reunido hasta ahora? ¿Cuáles son las medidas concretas que han sido discutidas?

Diamantopoulou
 - (EL) La pregunta contiene diferentes apartados. Se refiere al grupo especial de la Comisión dedicado a los asuntos relacionados con la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres. Los Comisarios que participan son: el Presidente Prodi, el Vicepresidente Kinnock, el Sr. Reding y yo misma. Las reuniones del grupo son abiertas y la primera reunión se celebró el día 11 de enero. Se trataron tres serios asuntos: en primer lugar se debatió por primera vez sobre el quinto programa para las mujeres, del que yo presenté un primer análisis; en segundo lugar se trató del informe del Sr. Busquin sobre investigación y sobre la participación de las mujeres en la investigación y la ciencia; el tercer asunto, finalmente, fue presentado por el Sr. Kinnock, que informó a la Comisión del esfuerzo que se está haciendo para que se tome en consideración la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres en la reforma general que se está impulsando en la Comunidad.

Avilés Perea
Muchas gracias, señora Comisaria, por su respuesta, aunque tengo que lamentar que este grupo de trabajo haya tardado tanto en reunirse, siendo éste un asunto de la mayor importancia; nosotros confiábamos en que esta Comisión, desde el principio, empezara a trabajar en todo lo que se refiere a conseguir una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Espero que en el futuro las cosas cambien y que las reuniones sean frecuentes, porque hay muchos asuntos que requieren la atención de la Comisión para agilizar y llevar a buen término, en el menor plazo posible, las medidas que faciliten una mayor igualdad entre hombres y mujeres.

El Presidente
Sra. diputada, se trata de una exhortación y no de una pregunta. Pero si la Sra. Comisaria quiere dar doctrina o buenas intenciones...

Diamantopoulou
 - (EL) Me dará, en todo caso, la oportunidad de decir sólo una cosa: estoy de acuerdo en que esa primera reunión del grupo debería haberse celebrado antes, pero nos compensa el contenido, puesto que se tomaron inmediatamente decisiones importantes.

El Presidente


Emmanouil Bakopoulos
Pregunta nº 39 formulada por (H-0807/99):
Asunto: Iniciativa comunitaria EQUAL El 13.10.1999, la Comisión aprobó la iniciativa comunitaria EQUAL, que tiene por objetivo la colaboración transfronteriza con el fin de encontrar y desarrollar nuevos modos de combatir la discriminación y la desigualdad en el mercado laboral, principalmente en lo que concierne a los solicitantes de asilo. En este marco, cada Estado miembro presentará propuestas a través de un Programa de Iniciativa Comunitaria que abarcará su territorio.
¿Con qué criterios aceptará o rechazará la Comisión los citados programas de los Estados miembros?
¿Qué órgano comunitario controlará la financiación del grupo de dirección y del comité de supervisión así como la aplicación fiable y correcta del programa?
Teniendo en cuenta que la contribución del Fondo Social Europeo para el período 2000-2006 ascenderá a 2.487 millones de euros y que la iniciativa EQUAL es de financiación conjunta con los Estados miembros, ¿cuál será la tasa de contribución de Grecia?

Diamantopoulou
 - (EL) La iniciativa EQUAL no se circunscribe a determinados grupos de personas. Se propone hacer frente a la discriminación en el espacio laboral. La decisión de poner en marcha esta iniciativa se tomó en Berlín y allí se decidió que tomara en consideración e incluyera en sus acciones a los grupos profesionales de las personas solicitantes de asilo. Lo menciono como aspecto importante de esta iniciativa.
El Programa de Iniciativa Comunitaria de cada uno de los estados miembros tiene que ajustarse a los reglamentos, que son iguales que el reglamento del Fondo Social Europeo, es decir, la iniciativa EQUAL se atiene al reglamento del Fondo Social Europeo. Ha sido presentada al Parlamento y esperamos el próximo mes el dictamen del Parlamento. Debo destacar que la iniciativa EQUAL responde a necesidades nacionales y a planes nacionales, que se definen con arreglo a la estrategia europea acordada. Responsables en primera instancia de la constitución de las agencias comunes, de la presentación de las propuestas, de la elección de las personas que materializarán los programas -y también del control en primera instancia- son los gobiernos nacionales. En la Comisión Europea, la Dirección General de Empleo tiene competencias sobre la aplicación, mientras que el control financiero será ejercido, claro está, por la Dirección General de Control Financiero, así como por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y por el Tribunal de Cuentas.
La última pregunta se refiere a la cantidad concedida. A Grecia se le han concedido 98 millones de ECUs y la obligación de participación es del 80%, mientras que para las regiones insulares, y sobre todo para las islas griegas más alejadas, la participación de la iniciativa llega al 85% con participación propia correspondiente del 15%.

Bakopoulos
Señor Presidente, soy de la opinión de que las directrices sobre la iniciativa comunitaria EQUAL, y especialmente las cuatro actuaciones que en ella se describen, conducen a un esquema burocrático muy complejo y, paradójicamente, poco transparente. Por ejemplo, uno se pregunta de que manera una asociación para el desarrollo podrá demostrar que tiene espíritu de colaboración o capacidad de representación como dice la acción 2 en el párrafo 33 de las directrices. Por otra parte, la obligatoriedad de colaboración interestatal y las complejas exigencias al planeamiento y a la plasmación de una asociación para el desarrollo remiten fatalmente a grandes formaciones, que son los únicas que pueden responder a semejantes exigencias. Esto, sin embargo, entra en contradicción con la pregonada voluntad de los objetivos generales, que contemplan planes de acción descentralizados, y, precisamente en el ámbito de la administración local y del mundo rural. Y además, al mismo tiempo, hace la participación de los realmente más desfavorecidos -como los solicitantes de asilo, los emigrantes y otros- imposible o meramente simbólica. Finalmente, si se considera la cantidad global, que es más bien pequeña -2.800 millones de euros para 15 países y objetivos tan ambiciosos-, me temo que lo único que finalmente conseguiremos será demostrar que el paro es una cosa muy mala.

Diamantopoulou
 - (EL) En primer lugar, diría que ya que nos encontramos en la fase de elaboración por el Parlamento, realmente nos ayudará mucho que se nos hagan propuestas concretas, que serán tomadas por nosotros en consideración. En segundo lugar, tengo que decir que el objetivo de la iniciativa EQUAL no es la reducción del paro. Esta iniciativa no puede plantearse la cuestión de la reducción del paro, ni tampoco el apoyo a la creación de empleo. Para estos objetivos está la estrategia europea para el empleo, está el Fondo Social Europeo, con cantidades verdaderamente grandes y extraordinarios recursos, especialmente para países como Grecia. La iniciativa EQUAL tiene una misión concreta. Estimular, ayudar el impulso; elaborar datos estadísticos, animar investigaciones e instancias que apoyen a los grupos de población con problemas de discriminación. Lo que pedimos, por tanto, es la colaboración entre grupos locales, instituciones de la administración local, entre los países, de suerte que se propicie el intercambio de experiencias, que es lo que ante todo pretendemos, que un país transmita su experiencia a otro para que pueda reproducirse. Con esta lógica se ha estructurado la inicativa -por ello su presupuesto es el que corresponde-, y nuestro objetivo es asociar a la iniciativa al máximo de agentes del desarrollo, a organizaciones no gubernamentales, a los poderes locales, de manera que llegue lo más cerca posible de los ciudadanos.

El Presidente


Michael Cashman
Pregunta nº 40 formulada por (H-0808/99):
Asunto: Artículo 13 del TUE y empleo El proyecto de directiva de la Comisión por la que se establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo prevé una excepción para las organizaciones religiosas (apartado 2 del artículo 4). ¿Podría la Comisión informar al Parlamento de las circunstancias y de los grupos a que se refiere el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea que previsiblemente se verán afectados por dicha excepción?

Diamantopoulou
 - (EL) Hace un mes la Comisión presentó una propuesta que establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo, de acuerdo con el mandato del Tratado para la materialización del artículo 13. La prohibición de la discriminación es la norma que preside el paquete de directrices y programas que hemos presentado. A propuesta, sin embargo, de la Comisión, y tras unos dos años de consultas -con agentes sociales, con los estados miembros, con el Parlamento Europeo-, se han introducido ciertas excepciones. Y estas excepciones afectan a profesiones que han de ser ejercidas por personas con una especialización profesional genuina. Y voy a poner un ejemplo muy concreto para que quede claro. En un colegio religioso, es lógico que se solicite, y sea aceptada, la excepción; de suerte que los docentes profesen la confesión a la que pertenece el colegio religioso en cuestión. La excepciones son, pues, de este tipo. Es evidente que no se trata de una excepción general, sino que estas diferencias de trato que permiten a los estados miembros tener disposiciones especiales están justificadas sólo cuando atañen a esta singular especialización profesional.

Cashman
Esta es una interpretación perversa de la terminación de la discriminación. Por ejemplo, las escuelas religiosas podrían decir a un católico romano, con bastante razón: no queremos emplearle a usted porque es homosexual o porque es lesbiana. Aquí tenemos por parte de la Comisión un refuerzo de la jerarquía de la opresión. Seguramente lo que tendríamos que estar haciendo, y espero que usted esté de acuerdo, Comisario, es contratar a la persona para que haga el trabajo basándonos en su capacidad, y no consagrar esa intolerancia y esos prejuicios, por mucha sinceridad con que se sostengan.

Diamantopoulou
 - (EL) Debo destacar que esta excepción no puede adoptar la forma de negación de trabajo por cualquier razón. Por lo que usted ha mencionado, por razones de orientación sexual, a causa de la discriminación nacional o cualquier otra. Ofrece sencillamente, y sólo donde se requieren determinados requisitos que tienen relación directa con la actividad, la posibilidad de selección. Se trata, por consiguiente, de una discriminación positiva. En el ejemplo que usted ha puesto, en el colegio católico parece lógico que los profesores sean católicos. Sólo este tipo de excepción puede ser aceptado.

El Presidente


María Izquierdo Rojo
Pregunta nº 41 formulada por (H-0813/99):
Asunto: Promoción de empleo para las mujeres en zonas muy desfavorecidas A la vista de las enormes dificultades que tienen las mujeres en algunas zonas muy desfavorecidas para acceder a empleos y teniendo en cuenta que muy frecuentemente no disponen del mínimo capital económico, de tradición empresarial o cooperativa ni de facilidades de formación y viven en zonas rurales en las que el umbral de pobreza llega a afectar al 80% de la población, ¿qué medidas o acciones se prevén para que estas mujeres puedan superar las barreras sociales de su entorno? ¿Propondrá la Comisión políticas de mínimos adecuadas a estas situaciones límite pero reales? ¿Se quedarán de nuevo estas mujeres al margen de las nuevas políticas de empleo?

Diamantopoulou
 - (EL) Es evidente que para las zonas muy desfavorecidas de Europa existe la política de cohesión, y para la política de cohesión están la colaboración y la acción conjunta de los Fondos Estructurales, del Fondo Social Europeo y del Fondo Agrícola. Hay que decir que los recursos disponibles para las regiones con problemas representan un tercio del presupuesto total. Estas políticas regionales, que se llevan a cabo, siguiendo las directrices acordadas en común, claro está, en cada uno de los estados miembros -es decir, cada uno de los países es responsable de la aplicación de este programa-, persiguen el objetivo de incrementar las oportunidades de trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. Tenemos que decir que el 70% de la financiación para el período 2000-2006, que es de 195.000 millones de euros, se concederá a las regiones más desfavorecidas de Europa.
Por lo respecta, ahora, especialmente al asunto del acceso de las mujeres a las oportunidades que se presentan, hay que decir, primero, que en el Fondo Social Europeo se contempla todo un eje de actuación, que debe ser materializado por los estados miembros, que se refiere a la igualdad de oportunidades, es decir políticas específicas para las que se deben usar los fondos del Fondo Social y que atañen a las mujeres. Segundo, en la iniciativa LEADER, que en estos momentos está todavía en estudio, se concede prioridad especial a las estrategias de desarrollo que se proponen un apoyo específico a las mujeres en pequeñas empresas en el sector agrícola, en el turismo rural, con el fin de incrementar la participación e intervención de las mujeres en las zonas rurales.

Izquierdo Rojo
Gracias, señora Comisaria, porque me ha dado una respuesta bienintencionada, hecha con rigor y que valoro en sus términos. Sin embargo, le aseguro que, con los medios existentes -a los que usted alude- no llegamos a estas zonas muy desfavorecidas. Porque son zonas donde las carencias se superponen y hay que equipararlas con aquellas zonas en las que trabajamos en cooperación, donde casi no existe nada. Por eso, mi pregunta es si no podría usted estudiar la posibilidad de que algunas de las políticas de microcréditos, que han dada resultado en la cooperación, pudieran también aplicarse a estas mujeres en zonas muy desfavorecidas, que tienen todo en contra. Soy buena conocedora de los programas a los que usted alude. Le puedo asegurar que no llegamos allí donde más falta hace.
Con esas previsiones de la política estructural -que conozco muy bien-, con las previsiones de LEADER y de desarrollo rural no llegamos a formentar, como hace falta, el empleo de las mujeres en las zonas muy desfavorecidas. Por eso, ruego que estudien la posibilidad de aplicar políticas de microcréditos.

El Presidente
La Sra. Comisaria asiente y toma buena nota de la intervención de la Sra. Izquierdo Rojo.

Jan Andersson
Pregunta nº 42 formulada por (H-0817/99):
Asunto: Planes de la Comisión en relación con la presentación de un nuevo programa de acción social Es importante que la Comisión presente cuanto antes un nuevo programa de acción social en el que exponga un plan concreto, incluyendo el calendario para su aplicación, tanto en lo que respecta al trabajo legislativo en el ámbito de la protección social como en lo referente a la iniciativa para un acuerdo marco en el ámbito del diálogo social.
¿Que planes concretos tiene la Comisión en relación con la presentación de un nuevo programa de acción social?

Diamantopoulou
 - (EL) Calculamos que el nuevo programa para todo cuanto atañe a la acción social de la Comisión durante los próximos cinco años estará listo a finales del verano del 2000. Para que este programa se complete y podamos presentarlo, tendrán, antes, que culminar las consultas con el Parlamento, con los agentes sociales y con las organizaciones no gubernamentales. Un debate que ahora empieza, pero tendremos que tomar nota de los resultados de Lisboa.
En el Consejo Europeo de Lisboa se va a intentar una nueva aproximación al problema de la exclusión social, la conexión de la exclusión social con la sociedad de la información y con la política económica y las reformas. Estos resultados serán muy importantes para la configuración del programa social de la Comisión.
He repetido en el Parlamento Europeo que en abril, después de la reunión de Lisboa, se celebrará una reunión común del Parlamento y la Comisión, al objeto de debatir todos los aspectos de la cuestión y propiciar la cristalización definitiva del programa social para el período 2000-2006.

Andersson
Está claro que el nuevo programa de acción social tendrá que tomar en cuenta el desarrollo habido, por ejemplo, en el campo de la tecnología de la información, y deberá ser un programa moderno. ¿Puede usted confirmar aquello que digo en mi pregunta, es decir, que el programa contendrá un calendario concreto para las diferentes clases de trabajos legislativos planificados por la Comisión en el ámbito social y para sus iniciativas en materia de diálogo social entre las partes del mercado laboral?
Queremos ver las alternativas concretas y las iniciativas de acuerdos que presentará la Comisión en el próximo período.

Diamantopoulou
 - (EL) Puedo expresar mi completo acuerdo con usted; primero, en que se tendrá en cuenta la sociedad de la información; es algo que yo misma he mencionado. La exclusión social, el programa para las mujeres, el esfuerzo que hacemos en el ámbito de la protección social, todo ha de contemplarse desde el prisma de la nueva realidad de la sociedad de la información.
Segundo, es evidente que habrá calendarios en los que deberán materializarse las iniciativas, y habrá también un seguimiento sistemático. A lo que ya no puedo yo comprometerme es a lo que entraña su mención a la tarea legislativa en el ámbito de la seguridad social, que, como usted sabe, no está incluida en los artículos del Tratado; no hay base jurídica para cuestiones de seguridad social en el Tratado.

El Presidente
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 43 decae.

Anneli Hulthén
Pregunta nº 44 formulada por (H-0819/99):
Asunto: Posibilidad de los discapacitados de beneficiarse de la libre circulación en la UE De conformidad con el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, todos los ciudadanos de la UE deberán poder beneficiarse de la libre circulación en la Unión. Sin embargo, la libre circulación sigue siendo muy limitada para las personas con discapacidades físicas, que necesitan transportes adaptados y una asistencia personal.
¿Qué medidas va a tomar la Comisión para mejorar las posibilidades de los discapacitados de beneficiarse de la libre circulación?

Diamantopoulou
 - (EL) El 26 de noviembre de 1999, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas para la lucha contra las discriminaciones. Por lo que respecta al paquete en cuestión y a las personas discapacitadas, hay una directiva dedicada a la erradicación de las discriminaciones, especialmente en el ámbito laboral.
La Comisión Europea considera que esta iniciativa de lucha contra las discriminaciones contribuirá a un mayor nivel de empleo de las personas discapacitadas y, en definitiva, a la promoción de la libre circulación de las personas.
Está claro que es especialmente importante el libre acceso de las personas discapacitadas a los medios de transporte, a los servicios, a todo tipo de instalaciones, de suerte que para los discapacitados sea materialmente posible la libre circulación. La Comisión Europea ha aprobado una propuesta de directiva relativa a ciertas disposiciones especiales para autobuses, autocares y otros, al objeto de que en estos vehículos se facilite el acceso a personas con problemas de movilidad, a personas que utilizan silla de ruedas.
Hay que decir, además, que el 4 de junio de 1988 el Consejo aprobó una recomendación para la implantación de un modelo paneuropeo de tarjeta de aparcamiento para personas discapacitadas; algo que pretende contribuir a la libre presencia de estas personas con una tarjeta común en todos los países miembros, de modo que puedan beneficiarse de todos los aparcamientos organizados existentes en Europa.

Hulthén
Agradezco a la Comisaria por su respuesta. Mi pregunta se refiere, en primer lugar, a las posibilidades de los discapacitados para cruzar las fronteras en Europa. Resulta bastante caro viajar de Gotemburgo a algún otro sitio de Europa, de vacaciones o en visita de estudios, si se está en una silla de ruedas y hay que tener un asistente personal para ayudar en lo que sea necesario.
Doy las gracias a la Comisión por haber redactado un plan de acción. No obstante, si se tienen discapacidades físicas, resulta fundamental que se tengan medios económicos y posibilidades para cruzar las fronteras. Sería interesante saber si la Comisión también está dispuesta a destinar recursos económicos para que las personas con discapacidades puedan llegar más lejos que lo que les permite la silla de ruedas.

Diamantopoulou
 - (EL) Me he referido a la directiva que ha propuesto la Comisión para la adaptación obligatoria de todos los medios de transporte colectivo, a fin de que puedan ser utilizados por personas discapacitadas. Esto no ha sido impulsado todavía por el Consejo; se encuentra en fase de consultas. Creo que semejante decisión estratégica puede tomarse en el ámbito europeo. Considero, por el contrario, excepcionalmente difícil especializarnos en programas de apoyo y para el transporte de cada persona en particular. Eso o bien puede darse a través de programas especiales que existen para la educación, los jóvenes, las mujeres y los intercambios, o bien ha de constituir asunto de las políticas nacionales.

El Presidente


Ole Krarup
Pregunta nº 45 formulada por (H-0006/00):
Asunto: Cumplimiento de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores La Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores todavía no se aplica en Dinamarca a pesar de que ya ha vencido el plazo previsto. La propuesta de ley presentada en el Folketing no contiene norma alguna que regule los derechos de los trabajadores como consecuencia de los convenios colectivos. En virtud del apartado 8 del artículo 3 de la Directiva, las condiciones de trabajo y de empleo deben ser conformes a "los convenios colectivos celebrados por las organizaciones de los interlocutores sociales más representativas a escala nacional y que sean ampliamente aplicados en el conjunto del territorio nacional". No obstante, no se puede imponer a los interlocutores sociales la aplicación de un convenio de este tipo, es decir, fuera de su campo personal, sin un fundamento jurídico. Por lo tanto, existen dos posibilidades: que la Directiva no se pueda aplicar en Dinamarca o que la Directiva obliguea Dinamarca a introducir convenios de aplicación general.
¿Puede confirmar la Comisión que la Directiva relativa al desplazamiento de los trabajadores no se puede aplicar en Dinamarca en lo que respecta a los convenios colectivos ... de aplicación general ..., de conformidad con el apartado 1 del artículo 3, teniendo en cuenta que en la legislación danesa no existe este tipo de convenios? En caso negativo, ¿puede indicar la Comisión cómo se debe cumplir la Directiva en este punto?

Diamantopoulou
 - (EL) La directiva de la Unión Europea relativa al desplazamiento de trabajadores establece que las normas obligatorias referidas a los términos y condiciones de trabajo y empleo vigentes en el país de acogida han de considerarse vigentes también para los trabajadores desplazados al país en cuestión. Lo que se contempla es que pueden tener validez dos enfoques: o la legislación del país de acogida o los convenios colectivos, que han sido adoptados como normas de aplicación general en un sector determinado. Dado que Dinamarca carece de un sistema de adopción de los convenios colectivos como normas de aplicación general, ha de prever en la legislación de aplicación que, además de las condiciones de trabajo vigentes establecidas por la legislación, las horas de los convenios colectivos que tienen aplicación general y han sido acordados por las organizaciones más representativas deben considerarse vigentes también para los trabajadores desplazados. O sea, dicho de forma más sencilla, Dinamarca tiene dos opciones: o legislar, o, por vía en cualquier caso legislativa, elegir un convenio colectivo y activarlo jurídicamente.
La cuestión se está debatiendo entre la Comisión Europea y Dinamarca, y esperamos que Dinamarca anuncie la incorporación de esta directiva a su derecho nacional. El plazo del que disponía para responder a las preguntas de la Comisión venció el 6 de diciembre de 1999. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta alguna. Seguimos a la espera; ya veremos cuáles serán los pasos siguientes.

Krarup
Gracias por darme una respuesta tan clara que -si mi interpretación es correcta- apunta a que la directiva en materia de desplazamientos laborales implica el compromiso para el Estado danés de establecer un sistema de convenios de aplicación general. Es una respuesta muy clara, aunque también es una respuesta, y debo llamar la atención sobre ello, que coloca a las organizaciones danesas, al Gobierno danés y al Parlamento danés en una situación política muy, muy difícil, pues es bien conocida la existencia de problemas elementales vinculados a la relación existente entre el modelo danés, fundado muy claramente en los convenios colectivos, y el modelo continental, que prima la legislación. El desacuerdo y la correspondencia a los que usted, señora Comisaria, hace referencia, afectan sobre todo a otra directiva, la directiva sobre jornada laboral; no obstante, ahora podemos prever un nuevo escrito de requerimiento y un futuro recurso por incumplimiento, como consecuencia de que el Gobierno danés no tiene la intención o ha manifestado expresamente que no quiere poner en práctica la legislación y recuperar los convenios de aplicación general.

Diamantopoulou
 - (EL) Primero, no hay ningún intento de que cambie ni el sistema de Dinamarca ni el de ningún otro país. Como ya he dicho en mi respuesta anterior, siempre hay problemas de interpretación de las directivas de la Comisión Europea, y ello porque su marco es muy general y porque los sistemas son muy diferentes de país a país.
En cuanto a la pregunta que usted plantea, el problema en cuestión no lo tiene sólo Dinamarca. No es Dinamarca el único país que tiene cuestiones pendientes. Cinco países han incorporado la directiva a sus legislaciones nacionales, los demás se encuentran en fase de estudio. Lo que hay que hacer, y para ello han tenido lugar consultas y conversaciones entre la Comisión y el Gobierno danés, como con otros gobiernos, es encontrar el mejor modo de que algo que ha sido aprobado en el ámbito europeo por todos los países, y constituye el marco general, pueda incluir también a los trabajadores de otros países desplazados a Dinamarca. Y en este sentido esperamos que se muevan el Gobierno danés y otros nueve gobiernos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Comisaria, por su dedicación. Ha conseguido usted cumplir su objetivo de hoy: contestar todas las preguntas. La felicitamos.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas 46 a 68 serán contestadas por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.50, se reanuda a las 21.00 horas)

Aprobación de la gestión 1997
El Presidente
De conformidad con el orden del día, pasamos al informe (A5-0004/2000) de la Señora van der Laan, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión (SEK(1998) 520 - C4-0350/1998, SEK(1998) 522 - C4-0351/1998, SEK(1998) 519 - C4-0352/1999) y sobre el cierre del balance presupuestario para la ejecución del plan presupuestario general de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1997 (planes individuales: I - Parlamento; II - Consejo; III - Comisión; IV - Tribunal de Justicia y V - Tribunal de Cuentas).
La Señora Comisaria no se encuentra aquí en este momento, pero espero y deseo que llegue en los próximos minutos. Propongo que, no obstante, comencemos ya, en la esperanza de que la Señora. Comisaria, si se encuentra en su despacho, pueda seguir las intervenciones, en particular la de la ponente.

Van der Laan
Señor Presidente, estoy segura de que la Sra. Scheyer debe tener un motivo muy importante para no estar aquí presente porque de lo contrario su ausencia sería inexcusable. Quisiera empezar agradeciéndoles a mis colegas su colaboración en este informe, éste no sería lo que es hoy sin ese espíritu de colaboración.
Señor Presidente, la aprobación de la gestión de 1997 se aplazó a principios del año pasado porque resultaba imposible que el Parlamento pudiera exonerar a una Comisión dimisionaria, que no podía asumir ninguna obligación de cara al futuro. El Parlamento estableció en su resolución que la aprobación de la gestión podría tener lugar una vez que la nueva Comisión Europea nos presentara propuestas de reforma serias y ambiciosas. Este informe se examina en un momento crucial: la víspera de las reformas del Sr. Kinnock. Es una oportunidad excelente para que el Parlamento imprima un sello radical a estos planes relativos a la reforma. Ya en la primera fase, la Comisión efectuó promesas muy importantes basadas en sus ideas iniciales. Solicitábamos un sistema de denuncias y se ha adoptado. El Parlamento quería una separación entre el control financiero y las funciones de auditoría. Ya la tenemos. El Parlamento exigió un código de conducta para los Comisarios y los gabinetes. También lo hemos logrado. El Parlamento pidió a la Comisión que abandonara sus privilegios desmedidos. También lo ha hecho. Además, la Comisión se ha comprometido a colaborar con el Parlamento en el ámbito del SEM-2000. También se examinarán los cambios fundamentales llevados a cabo en las oficinas de asistencia técnica.
Estos primeros pasos positivos muestran que si el Parlamento quiere, los cambios no sólo son posibles sino que también se pueden convertir rápidamente en hechos. Sin embargo, queremos todavía más. La Comisión debe adoptar un programa ambicioso y avanzado. No sólo es necesario para contar con una administración pública seria. Es una conditio sine qua non para el restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en Europa. Ahora exigimos a la Comisión Europea compromisos claros sobre las siguientes cuestiones.
En primer lugar, el Parlamento debe tener pleno acceso a todos los documentos de la Comisión. Ello implica que debemos adoptar rápidamente un reglamento interno para poder garantizar la confidencialidad de los documentos sensibles. En el contexto de la información, quiero llamar la atención de la Comisión en cuanto a nuestra preocupación sobre los planes relativos al acceso del público a los documentos. Si el proyecto actual es cierto, se trata de un tremendo retroceso respecto de la situación actual. Se debe poner fin a la posibilidad de que las organizaciones financieramente sólidas, que cuentan con representantes en Bruselas, sí puedan acceder a la información y el ciudadano de a pie, no. Tampoco es admisible que una institución pública posea el copyright de documentos públicos.
Además, queremos descripciones claras de las tareas de cada funcionario europeo, de manera que un funcionario que tenga objeciones de conciencia, pueda oponerse con mayor facilidad a conductas que no son éticas o legales.
Así mismo, debe ser posible que cuando el Tribunal de Cuentas señale que una falta se ha cometido, no un año, sino dos años seguidos, la gestión sea responsable y tenga repercusiones en el desarrollo de la carrera profesional. Finalmente, también hay que mejorar la cooperación entre el Tribunal Europeo de Cuentas y los correspondientes tribunales nacionales.
Este Parlamento también pide a la Comisión que presente su primer esbozo de la reforma de la política de ayuda exterior el 31 de marzo de este año. No puede permitirse por más tiempo que Europa sí sea una potencia económica, pero que carezcamos de influencia política porque, si llega el caso, no podemos prestar una ayuda efectiva en territorios que la necesitan mucho. Como ejemplo, me refiero a Gaza. Es inaceptable que la Comisión construyera un hospital en 1996 y que hasta la fecha no haya en él ni un solo paciente.
Señor Presidente, la aprobación de la gestión ha adquirido un importante significado desde 1996. Es uno de los instrumentos más poderosos con que cuenta el Parlamento y debe, por ello, utilizarse con cuidado. De ahí que, con toda probabilidad, aprobemos mañana la gestión. Sin embargo, no cedemos el control de esta arma sin colocar una bomba de efecto retardado. La gestión de 1999 será aprobada si las irregularidades financieras señaladas por el Tribunal de Cuentas se solucionan en su totalidad.
Por último, este informe sobre la gestión está, por supuesto, dirigido a la Comisión. No obstante, ello no quita que el Parlamento Europeo también tenga que poner sus asuntos internos en orden. Mientras no contemos con un estatuto, no seremos creíbles en tanto motor de las reformas de la Unión. Las reformas de las instituciones europeas son una condición necesaria para seguir construyendo Europa. Sólo podemos lograr una Europa dinámica y justa si es transparente y democrática. Todas las instituciones deben darse ahora la mano para luchar por esa Europa.

McAvan
Señor Presidente, la Comisión de Industria decidió actuar y redactar un informe sobre la aprobación de la gestión de 1997 aunque específicamente no se nos instara a ello. Lo hicimos porque sentíamos que debíamos comenzar en este Parlamento de acuerdo con la forma en la que queremos seguir actuando, es decir, asegurándonos de cuidar adecuadamente el dinero de los contribuyentes europeos.
Durante el transcurso de nuestro trabajo se hizo evidente que existen problemas persistentes en las áreas de gasto que están bajo el control de nuestro presupuesto. No son exclusivos del año 1997 y parece que discurren por dos líneas. La primera de ellas es la tendencia de la Comisión a embarcarse en programas muy ambiciosos, particularmente en terceros países, careciendo de suficientes estudios acerca de la viabilidad de la puesta en práctica y de una adecuada financiación. La segunda comprende serios defectos de gestión de la Comisión, especialmente en relación con la coordinación entre departamentos y la gestión de contratos externos.
Me consta que todas las instituciones tienen cierta responsabilidad por la creciente carga de trabajo de la Comisión y por parte de la falta de recursos. Esto no puede excusar todo con lo que nos hemos topado. Los ciudadanos europeos esperan que las instituciones europeas sean gestionadas adecuadamente y hacen bien al esperarlo. Esta es la razón por la que quisiera hacerme eco de las palabras de mi colega sobre la importancia del proceso de reforma que el Sr. Prodi y el Sr. Kinnock han prometido a los ciudadanos europeos. Por lo que he visto del proceso de reforma, éste tiene buen aspecto. Hoy he visto algunos de los documentos del Sr. Kinnock, he escuchado algunas de las cosas que tenía que decir. Tengo la absoluta certeza de que si nosotros y los políticos europeos le prestamos nuestro apoyo podremos ver el tipo de reforma que necesitamos. Pero ese proceso de reforma es necesario.
Muchas de las cuestiones generales planteadas en el informe de nuestra comisión han sido tratadas en el informe de la Sra. van der Laan. Es un informe excelente y todos deberíamos felicitarla por el mismo. Hace mención a todas las cuestiones relevantes sin ser, como algunos de los informes anteriores, una mera enumeración de detalles. Lo que hace es agruparlas y eso es muy importante.
Hay dos asuntos sobre los que quisiera llamar su atención. Uno es la seguridad nuclear en Europa del Este aquí debemos actuar adecuadamente. El Comité de expertos independientes afirmó que la Comisión no estaba gestionando esta cuestión acertadamente. Esto debemos remediarlo. El segundo trata de los mecanismos de evaluación. Necesitamos que la Comisión nos facilite materiales que nos ayuden a evaluar el gasto. Necesitamos información pertinente que nos sea facilitada adecuadamente y debemos tomarnos todo este proceso con mucha más seriedad que en el pasado. Ha sido contemplado como un proceso burocrático que debe ser completado de la forma más rápida posible, en el menor tiempo posible.
Espero que mis colegas en esta Asamblea apoyen los fundamentos para la aprobación de la gestión de 1997 y, al mismo tiempo, que la Comisión avance en el proceso de reforma que está muy atrasado. Solo de esta forma podemos crear una nueva cultura en la Comisión y al mismo tiempo recuperar la confianza pública.

Stauner
Señor Presidente, estimados colegas, el Pleno del Parlamento debe adoptar ahora una decisión sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 1997, denegada el 4 de mayo del año pasado. Ante esta situación, verdaderamente histórica para la UE, debemos preguntarnos: ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué justificaría hoy la aprobación de la gestión? Por un lado, tenemos ­al menos en parte­ una nueva Comisión. Tenemos una enorme cantidad de declaraciones de intenciones y de anuncios de reformas, todos poco concretos. Hasta ahora se ha obviado la redacción de un código de conducta para los miembros de la Comisión y sus gabinetes.
Hoy he tomado nota de las manifestaciones de hoy de la Señora Schreyer sobre la demanda interpuesta contra los dos bancos y sobre su apoyo a la creación de un régimen de protección jurídico-penal de los intereses financieros de la UE. También son éstos signos positivos. Sin embargo, ha de reconocerse que representan un coste relativamente reducido para la Comisión. La Comisión ha anunciado que presentará el programa de reformas en febrero de 2000. Pero una cosa son anuncios y declaraciones de intenciones y otra el cumplimiento de promesas. Los esfuerzos de la Comisión sólo pueden medirse por sus resultados concretos, pues solo así puede recuperarse la confianza perdida de los ciudadanos europeos que la UE ha sufrido por sus deficiencias e intrigas poco claras.
El balance que podemos hacer desde mayo de 1999 no obliga, ni mucho menos, a adoptar un acuerdo de aprobación de la gestión. Si, a pesar de ello, se concede la aprobación de la gestión para el ejercicio, ésta supondrá un ­nuevo­ gran anticipo de confianza por nuestra parte. Si nuestros ciudadanos, a la vista de las graves equivocaciones que cometió la anterior Comisión y que, como es natural, pesan sobre la actual, no comprenden ese nuevo anticipo de confianza por parte del Parlamento, la institución de control elegida democráticamente, ya es otro asunto. A ello se le añade, y es algo importante para la impresión general que reciba la población, que hasta ahora ­cuanto menos, según conozco­ el Tribunal de Cuentas no ha emitido ninguna declaración de fiabilidad de las cuentas desde que se creó este instrumento.
Con todo, apoyo la aprobación de la gestión para ejercicio 1997 y, asimismo, pido a los colegas que voten en sentido afirmativo, pues así puede producirse un corte definitivo, un signo de un nuevo comienzo, y darse a la actual Comisión la oportunidad, también visible desde fuera, de comenzar de nuevo para superar la ­reconozcámoslo­ difícil herencia. Esto significa, por otro lado, que todos los fraudes e irregularidades han de seguir siendo perseguidos y completamente aclarados.
Si ahora se aprueba la gestión de la Comisión para 1997, ello no debe entenderse como un certificado de buena conducta en el pasado o como un permiso para una gestión económica deficiente en el futuro. Porque, como se sabe, donde hay dinero se acaba la amistad. Esta es una expresión que también vale para las relaciones entre el ciudadano y las Instituciones europeas. La amistad, que en este caso significa la confianza en la seriedad del trabajo de las Instituciones europeas, es hoy más necesaria que nunca. En particular, la inminente ampliación de la UE con los estados de Europa Central y del Este entrañará problemas de mayor calado y sobrecargará su estructura interna y las tareas administrativas. Una Comisión sacudida por escándalos financieros podría muy bien convertirse en pelota de un juego de intereses y objetivos que seguramente no se encuentran en el catálogo de objetivos del Tratado de Amsterdam.
Por desgracia, los problemas surgidos en el pasado, en particular en el año objeto de este informe, se dieron en los sectores de las ayudas, por ejemplo, en los Fondos Estructurales y en la actuación de los departamentos de ayuda técnica. Debe ponerse freno inmediatamente a estos actos ilícitos, pues no podremos exigir a los nuevos miembros lo que nosotros mismos, los antiguos Estados miembros, no cumplimos. Tampoco resuelve nada que la Comisión y los Estados miembros se señalen con el dedo y se echen la culpa unos a otros.
Como Ponente del Presupuesto para el ejercicio 1998 puedo anunciar ya que en las próximos semanas y meses observaré muy atentamente si y cómo la Comisión da cumplimiento a sus propuestas de reforma y cómo desarrolla sus relaciones con el Parlamento en este ámbito.

Morgan
Señor Presidente, estoy seguro de que la Comisión se sentirá aliviada al escuchar que es improbable que la aprobación de la gestión de 1997 vaya a tener el mismo impacto que la de 1996, la cual, como todos ustedes saben perfectamente, condujo a la dimisión forzada de la Comisión Santer. El Grupo Socialista va a votar por la aprobación de la gestión. Estoy seguro de que también sentirán alivio al escuchar esto.
Pero esto no quiere decir que estemos satisfechos, ni que todo el monte sea orégano. Está claro que hace tiempo que una revisión radical de la Comisión es necesaria. Sin embargo, expresa el reconocimiento por nuestra parte de que se están dando pasos en la dirección correcta.
Quisiera destacar algunos de los asuntos que nosotros, en tanto socialistas, hemos planteado en la forma de enmiendas. Confiamos en que sean llevadas adelante ya que son importantes por el modo en que van a afectar en la futura reforma.
En primer lugar la inmunidad de los funcionarios: ésta debería ser levantada cuando y si lo solicita un fiscal nacional. Debemos conseguir que sea más fácil enjuiciar a funcionarios que son culpables de fraude o corrupción.
Es imprescindible mencionar que la Comisión ha fracasado demasiado a menudo en la ejecución de las reformas recomendadas por el Tribunal de Cuentas. El informe del tribunal tiene su razón de ser, nuestra respuesta al mismo tiene su razón de ser y es importante que se siga en toda su extensión. Acabo de escuchar que la Comisión va a crear un órgano de evaluación de progresos. Incluso si no llega a nuestros oídos nada más sabemos que se está avanzando en la dirección correcta en relación con la reforma que todos nosotros queremos ver. En demasiadas ocasiones hemos hecho recomendaciones y éstas no han sido llevadas a cabo a pesar de que muy a menudo ustedes dijeran que lo harían. En el futuro deseamos ver un cumplimiento mucho más amplio.
La otra cuestión es el acceso a documentos oficiales. En el pasado hemos tenido problemas en términos de responsabilidad al aprobar la gestión porque no hemos tenido acceso a documentos a los que debíamos haberlo tenido. Entendemos que en esto también tenemos la responsabilidad de que si se nos entregan documentos tenemos que garantizar que los documentos confidenciales ciertamente van a seguir siendo confidenciales. Hemos presentado una enmienda a tal efecto.
Un asunto al que se hace mención en el informe van der Laan es toda la cuestión del hospital de Gaza. La situación allí es totalmente inaceptable. No vamos tolerarlo por mucho más tiempo y esperamos que se emprendan acciones inmediatas respecto de este asunto.
Me gustaría felicitar a Lousewies van der Laan. No suelo entretenerme en felicitar a la gente, pero creo que ha elaborado un informe muy convincente y merece nuestra gratitud.

Lagendijk
Señor Presidente, Señorías, Comisario, seamos realistas, nos encontramos en una situación algo extraña. Hablamos de la aprobación de la gestión de un año que ha quedado atrás, pero también de la responsabilidad de la Comisión. Quiero referirme a los problemas que todavía se acumulan ante nosotros. La posibilidad de no aprobar la gestión depende un poco de en qué se haga mayor hincapié. El asunto afecta a una Comisión que ya no existe. Tenemos una nueva Comisión. Por tanto, es lógico aprobar la gestión, puesto que de qué puede culparse a la actual Comisaria si se trata del año 1997.
Los problemas siguen existiendo y empiezan a surgir dudas por ello. Tenemos que decidir sobre las buenas intenciones de la Comisión, pero todavía no hay una visión de conjunto sobre las mismas. El Sr. Kinnock presentará su propuesta el próximo mes. Todos esperamos mucho, aunque todavía no sabemos nada y tenemos que resolver ahora sobre la gestión.
Está claro que se trata de un dilema al que el ponente también se ha enfrentado. Ese dilema afecta a más ámbitos de los que ya he mencionado. Por ejemplo, respecto de las promesas de la Comisión. Éstas, en sí, parecen buenas. He leído algunos documentos del Sr. Kinnock y confiamos plenamente en ellos. No obstante, tengo dos ejemplos en los que no es obvio que las buenas intenciones que ahora ha manifestado la Comisión, conduzcan a un buen resultado. El acceso, la confidencialidad de los documentos. El orador anterior ya ha dicho algo acerca de esta cuestión. Actualmente circula un documento por la Comisión, no en todos los niveles sino en las altas esferas, conforme al cual, el acceso a los documentos, no se amplía, sino que, precisamente, se reduce. Constituye un ejemplo de cómo estas bellas promesas no dan lugar automáticamente a un buen resultado. Esto también se aplica a las denuncias. El Sr. Kinnock ha dedicado unas bellas palabras a esto, pero, al mismo tiempo, no está completamente claro; en este momento tenemos que decidir todavía sobre esta cuestión, qué sucede, por ejemplo, con los denunciantes que internamente no tienen ocasión de decir lo que quieren, pero sí lo comentan fuera, a la prensa, al Parlamento. Todavía no se ha dado repuesta a semejante tipo de preguntas cruciales en este ámbito. Por tanto, existe la duda, ahora que debemos decidir, acerca de si estas promesas de la Comisión son lo suficientemente firmes.
Eso se aplica también, por ejemplo, a los proyectos muy concretos que la Comisión de Industria ha puesto sobre el tapete. Creo que la Comisión y el Sr. Kinnock deben mostrar sus buenas intenciones, deben presentar planes adecuados respecto de la política de personal, respecto de la gestión financiera, pero todo Comisario responsable de un ámbito en el que se han dado importantes inexactitudes en el pasado, debe presentarnos proyectos adecuados para mejorar la situación y no bonitas propuestas de carácter general.
En este momento, existe todavía compasión y paciencia en nuestro Grupo con la Comisión porque no puede ser responsable de muchas faltas cometidas en el pasado, pero esa paciencia es limitada. Los progresos deben ser claros y manifiestos. Confiamos ahora en que la Comisión presente esas buenas propuestas, pero esto no es automático.
Por último, señor Presidente, la aprobación de la gestión de 1996 supuso el principio del final de la anterior Comisión. Manifiesto mi esperanza, pero más firmemente aún, realmente quiero exigir a la Comisión actual que la aprobación de la gestión de 1997 suponga el inicio de una reforma real de la política financiera de la Comisión, ya que, en caso contrario, esta aprobación de la gestión no habrá tenido ningún valor.

Sjöstedt
Cuando se discute la aprobación de la gestión de la Comisión, hay que fundamentar las decisiones en lo que realmente ocurrió ese año presupuestario, en este caso, en el año 1997.
Nuestro Grupo no ve que la administración económica en 1997 haya sido mejor que la del año 1996. Ese año votamos en contra de la aprobación de la gestión. Consecuentemente, votaremos también en contra de la aprobación de la gestión del año 1997. Creemos que nuestros criterios se ven confirmados por los dictámenes del Tribunal de Cuentas.
Nos parece bien y necesario que se prometan reformas. Sin embargo, esas promesas tendrán que ser cumplidas, incluso en lo que se refiere a la transparencia. Por eso votaremos a favor de las reformas que se proponen en la resolución, pero en contra de la aprobación de la gestión.

Camre
Señor Presidente, en primer lugar, unas palabras de elogio hacia el muy competente trabajo que la Sra. Van der Laan ha hecho con este informe. El Grupo de la Europa de las Naciones no puede votar a favor de la aprobación de las cuentas de 1997. El informe sobre la llamada aprobación de la gestión contiene un análisis exhaustivo y sumamente crítico de las cuentas. Apoyamos estos comentarios críticos y por ello debo señalar que parecería totalmente asburdo en estas circunstancias decir sí a la aprobación. No le ha sido posible al Tribunal de Cuentas emitir una declaración auditora sobre la legalidad de las disposiciones incluidas en las cuentas y nos parece un problema sumamente grave que como miembros de este Parlamento debiéramos votar a favor de unas cuentas sin tener la seguridad de la legalidad de las disposiciones.
La mayoría ha condicionado su aprobación a la puesta en marcha por la nueva Comisión de una serie de reformas destinadas a garantizar que los acontecimientos que conocimos durante la anterior Comisión no se repitan. Nuevamente debo decir que se trata de una mezcolanza muy desafortunada de la responsabilidad de la antigua Comisión en lo que a 1997 se refiere y de la responsabilidad de la nueva Comisión de cara al futuro. Nos parece una equivocación hablar de la responsabilidad de la Comisión como institución. Los errores cometidos hasta 1999 son achacables a las personas que eran responsables en aquel entonces y si la nueva Comisión lo puede hacer mejor, todavía no tenemos posibilidad de saberlo.
Con este extraño procedimiento, el Parlamento se impide a sí mismo depurar responsabilidades por las disposiciones de las cuentas de 1997 allí donde se sitúan estas responsabilidades, es decir, en la anterior Comisión. Fueron las cuentas de 1996 las que hicieron caer a la anterior Comisión y las cuentas de 1997 presentan exactamente los mismos vicios. No existe ningún motivo por el que cual dadas las circunstancias debiéramos aceptar la aprobación de la gestión.
En lo que a la decisión sobre el cierre de las cuentas se refiere, nos abstendremos en la votación y en lo que a la propuesta de resolución se refiere, pondremos énfasis en los numerosos y acertados consejos que ésta incluye y votaremos a favor.

Theato
Señor Presidente, el acuerdo de aprobación de la gestión para el ejercicio 97 fue aplazado porque la Comisión, a cuya gestión se refería el acuerdo, había presentado su dimisión por aquel entonces y ocupaba su cargo solamente en funciones. Hoy se propone en el informe de la Sra. van der Laan ­en el que ha trabajado afanosamente, por lo cual le estoy sinceramente agradecido­ aprobar la gestión de la Comisión para el ejercicio 1997. Uno puede preguntarse por qué la actual Comisión recibe la aprobación de la gestión presupuestaria de su antecesora ­como el Sr. Camre acaba de comentar­, máxime cuando se denegó la aprobación de la gestión para el ejercicio 1996.
El asunto es muy simple. A partir del momento en que asume el cargo, la Comisión debe asumir la responsabilidad de los aciertos, pero también de los fallos en su actividad en el pasado. Dado que, por razón del sistema colegial de la Comisión la aprobación de la gestión sólo puede concederse, suspenderse o denegarse para la totalidad de sus miembros, ya no reviste importancia alguna que cuatro Comisarios de la Comisión anterior, cuya gestión no ha sido aún aprobada, sean miembros actuales de este mismo órgano. Esta cuestión debería haberse planteado en el momento de la constitución de la nueva Comisión.
Si el Parlamento aprueba esta semana la propuesta de la Comisión de Control Presupuestario y acuerda la aprobación de la gestión, la Comisión no deberá entenderlo como un cheque en blanco. En mi opinión, la tercera parte del informe de la Señora van der Laan es la más importante, y ésta es la propuesta de resolución. Las condiciones allí contenidas, redactadas bajo ocho epígrafes son parte integrante de la aprobación, condiciones de cuyo cumplimiento parte nuestro acuerdo.
Con ocasión de la aprobación de la gestión para los próximos ejercicios ­ya se está trabajando en la de 1998­ el Parlamento deberá analizar cuidadosamente si ha coronado de laureado a la Comisión demasiado rápido. Pronto dispondremos de una piedra de toque, cuando la Comisión presente su programa de reformas. Con motivo de la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998 examinaremos si la Comisión muestra eficiencia, transparencia y responsabilidad, así como una inequívoca actitud de apertura informativa frente a la autoridad que debe conceder la aprobación a la gestión para el ejercicio 1998.

Bösch
Señor Presidente, la colega van der Laan recomienda aprobar la gestión para el ejercicio 1997, y lo interpretamos como un gesto de buenas intenciones frente a la nueva Comisión, como han señalado los anteriores oradores. Esta aprobación se concede ante el anuncio de que la Comisión quiere llevar a cabo amplias reformas, tal como dice el punto 1 de la resolución. Pero el que crea que tras la denegación de la aprobación de la gestión para 1996 todo está de nuevo en orden, está muy equivocado. A mi juicio, queda aún por responder la pregunta de hasta qué punto la Comisión está realmente dispuesta a someterse a sí misma y a sus funcionarias al control del Parlamento y de la Justicia.
Un ejemplo: uno de los primeros asuntos de que tuvimos que ocuparnos como Comisión de Control Presupuestario recién constituida fue el llamado caso Fléchard, un caso de fraude en la exportación de mantequilla a la extinta Unión Soviética a principios de los años noventa. El 7 de enero de 1994, funcionarios de alto rango de la Comisión acordaron condonar a la empresa en cuestión una multa, aún pagadera, por un importe de casi 18 millones de euros. Esto representaba una infracción manifiesta de disposiciones comunitarias. Tuvimos conocimiento de los hechos a través de una carta anónima recibida a finales de 1998.
Todo lo que he oído hasta ahora de miembros de la Comisión Prodi puede resumirse en que no se siga insistiendo en casos ya pasados, sino que se mire al futuro. Lo terrible del asunto es que los Directores Generales y Directores le digan a uno con toda su inocencia que el acta de la reunión decisiva, de 7 de enero de 1994, ha desaparecido desgraciadamente de un modo inexplicable. No había un solo ejemplar, sino varios. Cada uno de los participantes recibió una copia, pero todas se han perdido, ¡todas!. Llegado este punto ya no se puede decir: ¡vamos a dejarlo pasar!. Este es un asunto que debería estar en la lista de los casos con implicaciones internas que ha de investigar la OLAF, pero, que yo sepa, sigue sin estar incluida. Este es también uno de los casos que deberían notificarse al órgano jurisdiccional competente, pues al fin y al cabo la sustracción de documentos y actas no es un delito carente de reprobación social, sino que está penado expresamente en el artículo 241 del Código Penal belga. Sólo puedo decirles una cosa: volveremos con toda seguridad a este asunto en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1998.

Hyland
Señor Presidente, todos recordamos que el Parlamento decidió posponer la aprobación de la gestión del ejercicio de 1997 hasta que hubiera compromisos acerca de la reforma interna por parte de la nueva Comisión Europea. En respuesta a esto la Comisión ha adquirido ciertos compromisos y ciertamente ha adoptado numerosas medidas de reforma. Es justo decir que el nuevo Presidente, el Sr. Prodi, y su equipo están verdaderamente comprometidos con la ejecución de los requisitos de control financiero tal y como fueron planteados por este Parlamento. No obstante, la reforma de la Comisión Europea debe ser encuadrada ahora en el contexto del debate que va a tener lugar durante los preparativos de la próxima Conferencia Intergubernamental y la reforma de varias de las políticas e iniciativas de la UE.
Los Tratados existentes de la UE van a ser enmendadas de suerte que se garantice, por ejemplo, el éxito del proceso de ampliación. No me cabe la menor duda de que la posterior reforma de las instituciones europeas será analizada en el transcurso de este debate. Pero desde la perspectiva de los Estados miembros más pequeños es importante que la reforma de la Unión Europea sea llevada a cabo de modo que se garantice que los Estados miembros más pequeños sigan teniendo representación en la Comisión.

Blak
Señor Presidente, ahora la Comisión obtiene la aprobación de su gestión durante 1997; no obstante, realmente no se la merece. 1997 pertenece al mandato de la antigua Comisión y por ello la nueva piensa que no puede asumir la responsabilidad. Es cierto que la puesta en marcha del presupuesto de 1997 fue competencia de la antigua Comisión. No obstante, la nueva Comisión se ha comprometido en cambio a limpiar a fondo tras los antiguos escándalos y he de reconocer que no estoy nada impresionado. La mentalidad del pasado de ocultar las cosas debajo de la alfombra y defender a los amigos sigue existiendo lamentablemente. Hay algunos que piensan que lo que más nos conviene es enterrar anteriores pecados y empezar de cero. Creo que no podemos empezar de cero si no limpiamos a fondo. Me refiero especialmente a los anteriores escándalos en la ECHO. Me irritan terriblemente las enormes dificultades para recibir documentos sobre este asunto. Soy ponente de la ECHO en la Comisión de Control Presupuestario y tengo grandísimas dificultades para desempeñar mi trabajo si la Comisión no me facilita las informaciones necesarias. Desde fuera da la impresión de que la Comisión tuviera algo que ocultar. Mis investigaciones desgraciadamente apuntan a que tal pudiera ser el caso. La Comisión no pone todo sobre la mesa y con ello repite antiguas prácticas en la Comisión. Fueron estas prácticas las que llevaron a la caída de la Comisión. De ahí que me adhiera plenamente a la petición para que se dé al Parlamento acceso ilimitado a los documentos. De lo contrario, no podemos llevar a cabo nuestro trabajo.

Schreyer
Señor Presidente, Señora Ponente, estimados señoras y señores Diputados, espero poder responder con un sí a la pregunta de si merecemos la aprobación de nuestra gestión. Junto al informe del Tribunal de Cuentas, el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio presupuestario informa al ciudadano que paga sus impuestos la información acerca de si y hasta qué punto los fondos presupuestarios se han empleado adecuadamente y con sujeción a las prioridades políticas, dónde se han cometido fallos, y, sobre todo también, qué medidas hay que adoptar para corregirlos.
La opinión pública sabe que el procedimiento de aprobación de la gestión que se sigue en el Parlamento Europeo no es un simple rutina, sino que se tramita con todo rigor, y lo sabe también la Comisión desde el año pasado, cuando no se concedió la aprobación, lo cual supuso el primer paso hacia la dimisión de la anterior Comisión. Con el debate de hoy sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1997 se cierra, por tanto, un largo proceso, un proceso que ha pasado revista a casi todos los asuntos de que se ha ocupado la Comisión en sentido amplio.
El informe de la Señora van der Laan aborda todos estos instrumentos. El informe es muy ambicioso. Se concentra en las medidas de reforma que se han adoptado, y sobre todo en las que deben adoptarse. La Comisión comparte la ambiciosa postura de la Ponente. Debo felicitarla, Señora van der Laan, por este informe decididamente ambicioso.
Querría examinar ahora de forma más detenida algunos puntos del informe. Por un lado, la cuestión, a la que con toda razón se dedica un gran espacio, relativa a la externalización de tareas. Ya en comisión discutimos profusamente este asunto, así como en el marco del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2000. La Comisión se ha comprometido frente al Parlamento a adoptar próximamente medidas a este respecto.
En el ámbito de la BAT, la política exterior desempeña un papel fundamental. Mi colega Chris Patten, junto a los demás comisarios competentes en materia de política exterior, constituyeron a finales del año pasado un grupo review que revisa con gran rapidez las actuales BAT en lo relativo a las tareas y examina que tareas deberían cumplirse en un futuro de una forma distinta.
Este grupo se ha propuesto presentar propuestas específicas para este ámbito de la política exterior una vez se haya presentado el paquete de reformas generales. La Comisión no podrá posiblemente presentar una propuesta detallada sobre este punto antes del 31 de marzo, pero sí esperamos hacerlo poco después.
En su informe ha resaltado el concepto general. Dicho concepto general es un elemento integrante del paquete de reformas. No obstante, también quiero mencionar que se están preparando medidas específicas ­también en el sentido del informe del Señor Bourlanges­ para este ámbito de la política exterior.
Otras exigencias del informe tienen como objetivo aumentar la transparencia. También a este respecto quiero asegurarles que con ello aluden a un objetivo de reforma de la propia Comisión. Quiere ser una Comisión abierta, y sólo restringir la información a este Parlamento cuando deban salvaguardarse intereses dignos de protección. Estoy convencido de que todas estas cuestiones podrán regularse en el Acuerdo Interinstitucional.
La Comisión mejorará asimismo el contenido informativo de sus cuentas anuales, más allá de las obligaciones jurídicas existentes, tal como ustedes y el Tribunal de Cuentas lo exigen. En el debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas ya me comprometí a asumir este punto igualmente contenido en su informe, a saber, el de hacer un follow up sistemático, pues lo considero necesario. La Comisión ha acordado a mi propuesta que los auditores de cuentas estén obligados, ya para el ejercicio 1999, a llevar las cuentas de tal modo que tengan en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, relativas a practicar en los libros una anotación separada de los pagos anticipados, para tener preparada la información sobre los mismos.
La lucha contra el fraude ha de aumentar en intensidad. Esta mañana hemos hablado brevemente sobre el OLAF. Permítanme que me refiera ahora al aumento de personal previsto en los presupuestos para el año 2000. Señora Stauner, el recurso del que he hablado esta mañana no está sólo anunciado, sino que ya se ha presentado. Creo que ello muestra igualmente que la Comisión no está dispuesta a aceptar que algunas Instituciones quieran eludir esta normativa acordada por el Parlamento y el Consejo, sino que dicha normativa se extiende a todas las Instituciones de la Unión Europea.
Por último, plantea usted la exigencia de un mejor diálogo, más diálogo con los Estados miembros sobre las mejoras necesarias en los ámbitos en que estos deciden sobre el uso de fondos comunitarios. También en este caso me sumo a sus exigencias y cuidaré de su puesta en práctica en la medida que incumba a la Comisión.
Sobre las cuestiones relativas al hospital de Gaza y el Parlamento palestino puedo comunicarle que el hospital se abrirá el 15 de julio para pacientes externos y estará preparado para hospitalizaciones de pacientes a partir del 15 de octubre de 2000. En segundo lugar, la Comisión informará al Parlamento Europeo sobre la evolución de las obras de acondicionamiento del hospital y sobre los avances en la elección de los consultants, que prepararán la documentación relativa al concurso para la construcción del Parlamento palestino. Todas las medidas de reforma que he mencionado son parte de un concepto general. Mi colega Kinnock les presentará este concepto general en nombre de la Comisión y les hablará sobre las prioridades políticas de este mandato, así como sobre el concepto en detalle, en atención a una planificación temporal concreta, pero sobre todo verificable y comprensible.
La aplicación de estos planes debería dar a la Unión Europea y a las Instituciones una mayor robustez y transparencia. La tarea del Parlamento consiste, en particular en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, en controlar la actividad de la Comisión. La Comisión es verdaderamente consciente del modo tan detallado y riguroso en que el Parlamento Europeo lleva a cabo este control. Por ello estoy tanto más contento de que las medidas de reforma introducidas reciban su valoración positiva y de que estén dispuestos a concluir de manera positiva el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 1997.

El Presidente
Muchas gracias, Señora Comisaria Schreyer.
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará mañana a las 12.00 horas.

Seguimiento del segundo informe del Comité de Expertos Independientes
El Presidente
De conformidad con el orden del día sigue el informe (A5-0001/2000) del Sr. van Hulten en nombre de la Comisión de Control Presupuestario sobre las medidas que deben adoptarse a raíz del segundo informe de la Comisión de Expertos Independientes sobre la reforma de la Comisión.

Van Hulten
. (EN) Señor Presidente, el año pasado por estas fechas el Parlamento Europeo creó un comité de expertos independientes, presidido por el Sr. Middlehoek, para investigar las acusaciones de fraude, nepotismo y corrupción de la Comisión Europea. El 15 de marzo el comité hizo publico su primer informe concluyendo que: "se está haciendo difícil encontrar a alguien que tenga el menor sentido de responsabilidad". Horas después de la presentación del informe el Presidente Santer anunció la dimisión de todo su equipo. La dimisión marcó el final de una amarga lucha entre un Parlamento Europeo cada vez más seguro de sí mismo y una Comisión Europea inmersa entre acusaciones de escándalo. Como el paisaje de Bruselas ha cambiado de tal modo que casi es irreconocible, se ha elegido un nuevo y reforzado Parlamento y se ha confirmado el ejercicio de una nueva Comisión. Cuando el Presidente Prodi se dirigió a esta Asamblea el 21 de julio se comprometió a tener en cuenta en toda su extensión el segundo informe del Comité de Expertos Independientes sobre la reforma de la Comisión, el cual contiene 90 recomendaciones detalladas y estamos debatiendo hoy aquí.
La comisión ya ha dado pasos importantes para alejarse del modo en que solía operar. Se ha adoptado un código de conducta para los Comisarios y sus oficinas privadas. En un gesto simbólico pero importante los Comisarios han renunciado voluntariamente a la compra libre de impuestos de alcohol, tabaco, combustible y bienes de consumo. Se han establecido y puesto en práctica nuevas reglas que rigen el nombramiento de altos funcionarios. El número de departamentos se ha reducido. En mi opinión, la Comisión ha mostrado un compromiso claro y sin precedentes por el cambio, y por esta razón deben ser felicitados. El fin general de las reformas debe ser la creación de una administración pública europea sólida y honesta, preparada para llevar a cabo sus tareas de forma eficiente y efectiva, una administración en la que los funcionarios dispongan de los medios para ejecutar sus tareas, una administración que reconozca y recompense el mérito y estimule a los funcionarios para que desarrollen todo su potencial. Para alcanzar esto es necesario actuar en cuatro áreas.
En primer lugar, se debe mejorar la gestión y el control financiero en la Comisión. Uno de los principales problemas es la ausencia de un sistema operativo de control financiero. Las DG de la Comisión deben ser completamente responsables de su propio gasto, incluyendo el control financiero. Se debe establecer un nuevo servicio independiente de auditoría. Las DG deben publicar sus propias cuentas anuales para posibilitar una clara identificación de las áreas problemáticas y para establecer objetivos anuales para la reducción del fraude y las irregularidades. A cambio de este mayor grado de autonomía los gestores deberán ser completa y personalmente responsables de sus actos.
Es evidente que la transición a un nuevo sistema de ese tipo llevará su tiempo. Será necesario hacer cambios en el reglamento financiero y el Parlamento tendrá mucho que decir sobre esos cambios. Pero mientras la Comisión debe garantizar que respeta el Tratado y el Reglamento financiero durante la fase de transición esto no debe constituir una excusa para la inercia. Los cambios urgentes son necesarios hoy.
En segundo lugar, debe reforzarse la lucha contra el fraude, la mala gestión y el nepotismo, primero creando una cultura en la que no puedan prosperar. Esto requiere el ejemplo de los Comisarios y del alto funcionariado así como una formación adecuada y, segundo, reforzando los actuales mecanismos para tratar el fraude. OLAF, la agencia de la Comisión establecida a comienzos de este año, debe ponerse bajo la dirección de un fiscal público europeo independiente cuyo trabajo consistirá en realizar los preparativos para el enjuiciamiento por tribunales penales nacionales de delitos contra los intereses financieros de la Unión cometidos por miembros y funcionarios de las instituciones europeas. Se puede presentar una propuesta y se debe presentar una propuesta, con base en el artículo 280 del Tratado, a mediados de este año.
En tercer lugar, las pautas de la vida pública europea deben ser confirmadas. La crisis política que condujo a la caída de la Comisión a principios de año demostró claramente la necesidad de reglas de conducta sin ambigüedades y ejecutables. Desde entonces se han establecido varios códigos de conducta. Estos deben ser evaluados por el Parlamento y debe otorgárseles obligatoriedad legal. Las instituciones europeas deberían seguir el ejemplo de algunos países, especialmente el reino Unido, e instituir un comité para las pautas de la actividad pública, con el mandato de prestar consejo en cuestiones de ética profesional y normas de conducta en las instituciones europeas. Los denunciantes de malas prácticas que actúan de buena fe deben ser protegidos. A finales del año pasado el Sr. Kinnock anunció nuevas medidas para la protección de los denunciantes de malas prácticas. Éstas deben ser ejecutadas sin dilación.
A pesar de que tales medidas no pueden ser nunca una alternativa a una correcta gestión deben constituir una válvula de escape para cuando las cosas no funcionen bien. Es muy importante que las reformas no se limiten a la Comisión. El Propio Parlamento debe considerar la necesidad de hacer mejoras en sus normas internas, procedimientos administrativos y su gestión.
Por último, la política de recursos humanos de la Comisión debe ser modernizada. Es evidente que ya no se adecua a las necesidades de una organización moderna y multinacional. El diálogo social ha operado en ocasiones como un freno para la reforma y su revisión hace mucho tiempo que se retrasa. La carrera en las instituciones europeas debe hacerse más atractiva. Demasiados funcionarios jóvenes abandonan sus trabajos apenas después de unos pocos años. El mérito debe ser reconocido y recompensado, el desarrollo específico de ciertas habilidades debe constituir una condición sine qua non para la promoción a un nivel superior. El proceso de promoción debe hacerse más justo y más transparente.
Finalmente, el paquete de salarios y beneficios debe ser revisado. Debe ser más flexible y más responsable respecto de las condiciones del mercado laboral. Deben eliminarse algunos de sus elementos más obsoletos, y debe confrontarse con las legítimas quejas del público, que no puede entender por qué los funcionarios europeos deben recibir una subvención indefinida por expatriación en una Europa sin fronteras, o hacer frente a un nivel impositivo que en muchas ocasiones es mucho más bajo que el de los Estados miembros.
El Comisario Kinnock presentará mañana su comunicación sobre la reforma. Esta comunicación debe incluir un calendario nítido. Con una nueva Comisión y un nuevo Parlamento el impulso para la reforma es más fuerte ahora de lo que lo ha sido nunca y probablemente será. La ampliación de la Unión solo dista unos pocos años. Ahora es el momento de que Europa ponga su propia casa en orden, de imbuir a sus instituciones -como probablemente hayan dicho los expertos independientes- un sentido de la responsabilidad.
En junio del año pasado los votantes europeos dieron una clara señal de que estaban hartos de estas interminables historias sobre nepotismo y mala gestión. Hay un modo muy sencillo de enfrentarse a estas historias. Desembaracémonos del nepotismo y de la gestión deficiente.

Zappalà
Señor Presidente, no quiero que se me malinterprete, y espero que no ocurra, y, por lo tanto, antes que nada diré que estoy a favor de la lucha contra el fraude y que respaldo con fuerza las reformas precisas.
Se trata de un tema difícil que merece un estudio mucho más exhaustivo, sin embargo, me limitaré a destacar algunos puntos, al objeto de que, a ser posible, se tome conciencia de lo que estamos hablando. Cualesquiera expertos pueden facilitar informaciones y noticias, dar opiniones y consejos, pero, justamente, carecen de responsabilidad política y electiva. Creo que los políticos, por el contrario, deben examinar lo que se puede aprovechar de un informe de expertos y qué no puede ser tomado enteramente con un espíritu que, en algunos casos, me ha parecido y parece de autolesión.
Creo -aprovecho sólo algún ejemplo- que en los miembros de este Parlamento sólo puede actuar e influir este Parlamento y nadie más porque, de lo contrario, la autoridad y la representatividad del Parlamento Europeo resultarían profundamente debilitadas en los próximos años y esta Institución no progresaría como, en cambio, es justo que haga.
Asimismo estimo importante que nadie pueda o deba negar documentación alguna al Parlamento Europeo y a sus comisiones. La moral, la disciplina y la confidencialidad respecto a las cuestiones delegadas debe ser propia de los miembros de este Parlamento y no impuesta por nadie. Quiero subrayar que no existe una justicia europea, sino una justicia diversificada para cada uno de los Estados miembros. Corremos el riesgo de delegar asuntos por delitos iguales que luego, en cambio, serán sancionados de manera distinta. Concuerdo en que ha de ponerse en marcha un sistema de investigación, pero estoy profundamente convencido de que hay que reconocer una misma dignidad y, en cualquier caso, una misma necesidad al derecho a la defensa. No comparto el hecho de que se puedan incriminar con extrema facilidad y sencillez los funcionarios de la Comunidad Europea: la denuncia es un sistema que ya no pertenece al tercer milenio.
En conclusión, señor Presidente, considero que de este Parlamento debe partir un principio de democracia: han de realizarse reformas que vean crecer al Parlamento y ampliar sus poderes y no retroceder.

Elles
Este debate sobre el informe van Hulten nos aproxima a uno de los periodos más traumáticos para las instituciones europeas desde su creación en 1957. La negativa del Parlamento Europeo a aprobar la gestión y el definitivo rechazo del presupuesto de 1996, la moción de censura presentada por diversas causas en esta Asamblea hace un año, y el primer informe del Comité de Expertos sobre la reforma de la Comisión que condujo a la dimisión masiva de la propia Comisión, constituyen ahora parte del folklore europeo. Aquellos de nosotros involucrados en esos acontecimientos históricos somos muy conscientes de que ninguno de los cambios se hubieran producido si no hubiésemos ejercido la presión del poder parlamentario para forzar el cambio en el modo en que operaba la Comisión.
Recuerden que el Consejo de Ministros, esta noche de nuevo ausente del debate, aprobó la gestión de 1997 -no la de 1996- el 15 de marzo, el mismo día en que la propia Comisión dimitió.
Ahora abordamos el segundo informe de la Comisión de Expertos Independientes que ya tuvimos la oportunidad de saludar y debatir brevemente el pasado septiembre. Nuestra mayor preocupación en el PPE es asegurar que se recupere la confianza pública en la Comisión Europea. Los pasos futuros para construir una Europa fuerte serán en balde si los pueblos europeos perciben que no existe un sistema adecuado de responsabilidad democrática para funcionarios con exceso de celo. Bajo ninguna circunstancia vamos a ceder el terreno que hemos ganado en los últimos meses y que creemos que lo ha sido en interés de la apertura y la transparencia. Por ello, nos preocupa contemplar que en breve se vayan a incluir en un Libro Blanco la batería de anuncios de la Comisión, que han sido realizados en las últimas semanas por el Comisario Kinnock, sugiriendo propuestas políticas de diversa naturaleza. Al expresar el deseo de proceder rápidamente también se da la impresión de que la Comisión tiende más bien a transmitir que a escuchar.
Nuestra preocupación crece si se confirma el rumor difundido hace algunos días -en concreto que la Comisión tiene la intención de limitar severamente el acceso del Parlamento a la información. Después de todo, este fue uno de los motivos de la caída de la última Comisión. ¿No se ha aprendido la lección?
Saber que el marco de las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea aun debe ser negociado propició nuestro desacuerdo con el ponente al debatir su informe en comisión. De ningún modo podíamos estar de acuerdo con su opinión de que sería humillante para el Parlamento Europeo establecer instrucciones detalladas relativas a lo que deseamos que la Comisión incluya en su paquete de reformas. Señor van Hulten, cuanto menos precisos seamos en nuestras resoluciones, más espacio se otorgará a la Comisión y a sus antiguos colegas del Consejo para hacer lo que les plazca. Creemos que la mayoría de las recomendaciones del informe de los Sabios debe ser puesta en práctica. Nosotros, como Grupo PPE-DE, hemos presentado todas las recomendaciones del informe de los Sabios a la comisión y muchas de ellas han sido ahora incluidas en el informe, cambiando totalmente la naturaleza del informe van Hulten en comisión.
Hemos vuelto a presentar algunas enmiendas que fracasaron en comisión, en especial nuestro deseo de que se revisen específicamente los códigos de conducta para poder incluir la referencia al mérito y la capacidad gestora que usted, señor Comisario aceptó -con ocasión de nuestro debate del pasado septiembre- debían ser incluidas en estos códigos de conducta, especialmente a la hora de considerar nombramientos y promociones.
Contemplando el futuro nos consta que nos encontramos al principio de un largo proceso de reforma continuada en la Comisión Europea. En particular queremos ver que en el mundo exterior se constate que, por norma, los funcionarios de la Comisión son altamente competentes y trabajadores -reputación que ha sido oscurecida por la conducta inadecuada de unos cuantos individuos.
Señor Comisario, por su presencia en la última Comisión usted sabrá por qué se desencadenó la crisis. En pocas palabras: se gestionaban programas para los que no se disponía de suficientes recursos humanos. Le instamos a que aproveche la oportunidad para determinar las verdaderas necesidades de personal de la Comisión con base en las actividades esenciales de las que es responsable. Nuestra posición respecto de este asunto quedó muy clara en el presupuesto para el año 2000. En los próximos cinco año permaneceremos vigilantes para asegurar que las reformas que ahora se sugieren sean ejecutadas en toda su extensión y apoyaremos los esfuerzos realizados para modernizar las instituciones. Pero, de la misma forma, no dudaremos en retirar nuestro apoyo, financieramente o de otro modo, si se dieran pasos que no se adecuasen a la apertura prometida por el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, con antelación a su nombramiento.
Confiemos en que podemos evitar trastornos institucionales manteniendo un dialogo continuo que asuma desde el principio que el Parlamento va a ser un interlocutor en igualdad ala hora de decidir sobre el resultado de la reforma de la Comisión.

Morgan
Señor Presidente, debo empezar excusándome por no poder ser tan dramático en mi intervención como el Sr. Elles. En primer lugar quiero dar las gracias al Sr. van Hulten por su informe. Se trata de un informe excelente. Hubiera sido un error del Parlamento tomar a la fuerza cada una de las recomendaciones procedentes de un órgano externo porque el Parlamento debe tener su propia opinión sobre estos asuntos. Es acertado que tengamos un informe específico, que es lo que el Sr. van Hulten ha elaborado. Me gustaría invitar al Sr. Elles a que no pusiera el carro delante de los bueyes. Ciertamente, muchos asuntos fueron perdidos por los socialistas, pero aun no han sido batidos en el Pleno, y quisiera advertirle de que probablemente mañana no se de el caso.
Me gustaría dar las gracias al Comisario Kinnock por todos los esfuerzos realizados hasta la fecha. Ha sido muy claro acerca de que su compromiso ha sido provocar un cambio radical. En esto ha sido esencial el intento de crear y generar responsabilidad. Es evidente que es necesario que esto se desarrolle a todos los niveles y que es necesario reconocer las demandas de cada nivel en el seno de la Comisión.
Esta claro que necesitamos ver cambios en el Reglamento Financiero. Esto es importante. Es necesario que demos fin a que la gente se pase el balón los unos a los otros. Allí donde se produzcan fallos en la Comisión debemos pedir responsabilidades personales. Debemos tener la seguridad de que un rendimiento deficiente constante conduce al despido. Esto resulta natural en cualquier otro lugar pero parece ser una sugerencia extremadamente radical cuando se aplica a la Comisión.
No podemos continuar con una situación en la que la incompetencia, la gestión deficiente y el fraude estén costando el dinero de los contribuyentes europeos y esté provocando la prestación de un pobre servicio. Les voy a dar un ejemplo de ello. En el informe del Tribunal de Cuentas sobre 1998 un error de cálculo del tipo de cambio en relación con el vino italiano les costó a los contribuyentes europeos de 8 a 10 millones de PIB. Es evidente que esto es inaceptable. ¿Qué ocurrió con la persona responsable del error de cálculo? Necesitamos un sistema que otorgue incentivos y la posibilidad de promoción, así como necesitamos saber que ésta se fundamenta en el mérito. Reconocemos que la mayoría de los funcionarios de la Comisión son excelentes trabajadores. Pero también nos consta que algunos de los procedimientos están obsoletos. Esperamos leer la propuesta completa de la Comisión relativa a la reforma y esperamos poder desarrollar los detalles junto a la Comisión porque, en contra de lo que el Sr. Elles acaba de decir, el Comisario se ha comprometido a discutirlo con el Parlamento en el tiempo que media entre hoy y el 1 de marzo.
También es necesario reconocer que la gente que vive en casas de cristal no debería arrojar piedras. El Parlamento Europeo no ha sido precisamente limpio en su aproximación a algunos asuntos a lo largo de su historia. Nos queda un largo camino hasta que nosotros mismos alcancemos la perfección. Nuestra propia política de personal es obsoleta. Algunos de nuestros métodos de trabajo precisan cambios radicales. Confío en que el Parlamento se aferre a la Comisión en este proceso de reforma.
Reconocemos las propuestas relativas al presupuesto basado en las funciones. Reconocemos que implica disciplina por parte de los funcionarios de la Comisión y reconocemos que en el seno del Parlamento tenemos una responsabilidad respecto de la disciplina cuando hablamos de prioridades negativas.
Por último, debo decir que la Comisión necesita trabajar en su relación con el público. Es necesario dar garantías a los contribuyentes europeos. El destino de la Comisión, de toda la Unión Europea, descansa en el resultado (DELIVERY) de esta reforma. Este es el asunto clave, la DELIVERY de las propuestas.

Mulder
Señor Presidente, quisiera empezar felicitando al ponente, el Sr. Van Hulten, por su primer informe. Siento una especial admiración por él, ya que no se le cayó el alma a los pies cuando se vio abrumado por tantas enmiendas. Creo que el informe de los Sabios ha resultado un informe útil, así como creo que también es útil para este Parlamento -ya lo ha señalado la Sra. Morgan- que, nosotros mismos, pidamos a expertos independientes que investiguen cómo funciona nuestra administración. Hemos presentado una enmienda en ese sentido.
De los muchos puntos del informe del Sr. Van Hulten, quisiera hacer hincapié en algunos, no según su importancia, sino de forma puramente arbitraria. En primer lugar, creo que la Comisión debe prestar mucha más atención a la buena conservación de los documentos. Los archivos de la Comisión dejan mucho que desear en este sentido. Lo señalamos cuando tuvimos que examinar el asunto Flechard, asunto, por otra parte, en el que todavía queda mucho por resolver. Curiosamente, muchos documentos muy importantes desaparecieron de los gabinetes, incluso del presidente, y de las distintas direcciones generales, y esto es algo que en absoluto puede volver a suceder. Si el Parlamento quiere realizar un buen control, estos documentos deben estar disponibles y quisiera saber qué piensa hacer la Comisión para introducir mejoras en este ámbito.
Ahora algo sobre el control a posteriori, la DAS. Esto ya se ha tocado parcialmente en el informe Van Hulten. Creo que sería positivo que demos notas sobre cómo se ejecuta el presupuesto por categoría y por sector. Existe ahora la impresión general de que en Europa todo lo relacionado con el presupuesto anda mal. Está claro que se ha manifestado una tendencia a la mejora en agricultura y un empeoramiento en relación con los gastos estructurales en los últimos años, ¿Cómo es posible? Quisiera proponer a la Comisión que fije un deadline para poner en práctica las reformas. Si aceptamos la entrada de nuevos Estados miembros, no es admisible que todavía no tengamos nuestra propia Casa en orden.

Staes
Señor Presidente, antes de nada quisiera dar las gracias a nuestro colega, el Sr. Van Hulten. Es el primer informe que presenta al pleno. Mi más sincera enhorabuena, aunque lamento, por supuesto, que no haya presentado este informe en su lengua materna.
Señorías, estamos ante un informe que ha entrañado dificultades y que, quizá, llega demasiado tarde. En mi opinión, esto tiene que ver sobre todo con los dimes y diretes que enfrentan a los dos grandes grupos en la Comisión de Control Presupuestario. Seamos sinceros. El segundo informe del Comité de Sabios se presentó en septiembre. Han transcurrido ahora cuatro meses. Mientras tanto, el Sr. Van Hulten se ha visto abrumado con las enmiendas, más de 100 enmiendas en la primera vuelta. Se puso otra vez de manos a la obra, redactó de nuevo su informe, tuvo en cuenta bastantes sugerencias, pero, de nuevo, en la segunda vuelta, se presentaron casi 100 enmiendas. Me temo un poco que todo esto ocasione un informe tal vez demasiado detallado, demasiado amplio y presentado demasiado tarde.
Además, tal como me han dicho, la Comisión acaba de adoptar hoy un informe sobre la reforma de esa institución, que será remitido a las distintas instituciones, también al Parlamento, espero, a fin de realizar una consulta ¿Podría el Sr. Kinnock desvelar ya algo esta tarde?
Señor Van Hulten, el Grupo de los Verdes y Regionalistas respalda los esfuerzos de la sesión plenaria de mañana a mediodía a fin de mejorar todavía más este informe. Al fin y al cabo, no tiene sentido que se recojan las numerosas buenas recomendaciones del Comité de Sabios en su informe, palabra por palabra. Por tanto, si mañana votamos en contra de algunas enmiendas o de algunos párrafos, no se debe con toda seguridad a su contenido, sino a fin de lograr que su informe sea más legible. En cualquier caso, debe quedar claro que mi Grupo, por supuesto, respalda plenamente las recomendaciones del Comité de Sabios.
En cualquier caso, espero impacientemente el documento que la Comisión ha adoptado hoy. Espero impacientemente el Libro Blanco que debe presentarse en febrero. De todas formas, debo comunicarle, señor Comisario, que tanto el informe del Comité de Sabios como el informe del Sr. Van Hulten se convertirán en cuestiones de peso para nuestro Grupo, cuestiones de peso que determinarán si podemos confiar o no en la Comisión Prodi.
Termino con esto. Pedimos respecto del Libro Blanco relativo a la reforma de la Comisión lo mismo que en el caso de el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que se adoptó la semana pasada, se ha hecho público y en el que se establece una fecha límite. Creo que esto es necesario porque la opinión pública espera el cambio y mi Grupo desea, en cualquier caso, que a finales de 2002 se efectúe un cambio claro.

Meijer
Señor Presidente, es positivo que este informe esté ante nosotros, pero realmente se necesita algo más. El fraude, la mala administración y el amiguismo político no surgen casualmente. Tienen mayores oportunidades si el control democrático sobre los flujos monetarios es escaso. Una parte importante del presupuesto europeo se maneja a través de los fondos estructurales. Esto tan sólo es sensato cuando se trata de la solidaridad con que los Estados miembros ricos contribuyen en materia de ingresos y de desarrollo a ayudar a los Estados miembros más pobres. No obstante, también se maneja el dinero de tal manera que vuelve a los mismos Estados miembros ricos, pasando por Bruselas. Los ayuntamientos y las administraciones regionales consideran que se trata de su propio dinero, pero sólo pueden conseguir ese dinero dedicando mucho capital y recursos humanos a acciones de presión y a negociar.
Ante cada uso involuntario de ese dinero y, con toda seguridad, ante el fraude, se efectúa un llamamiento para introducir controles más estrictos. Incluso los controles más severos no pueden solucionar este problema. A lo sumo, ocasionarán más burocracia y dejarán menos espacio a la actuación de las democracias locales y a la participación de la población en cuanto a la elección y realización de proyectos. Es mejor que este dinero sea directamente entregado por las administraciones nacionales a las administraciones bajo su control, sin la injerencia europea.
En los próximos años, debemos reflexionar de nuevo sobre la posibilidad de transformar los fondos estructurales en un fondo de compensación que se limite a prestar apoyo presupuestario a los Estados miembros, o a sus regiones, que cuenten con bajos ingresos per cápita. Éste es probablemente el único camino para lograr que disminuya el fraude, los costes overhead, y haya más transparencia y democracia.

Turco
Señor Presidente, aún no ha pasado un año y ya es evidente la diferente manera en que este Parlamento está a punto de valorar el primer y segundo informe.
El primer informe se hizo público ampliamente y se debatió y utilizó solemnemente, al igual que las polémicas y las filtraciones que lo precedieron, para acabar ante todo con el Presidente de la Comisión y luego con la mayoría de los Comisarios europeos, a pesar de que nada tenían que ver con fraudes, mala gestión y nepotismo.
Al leer ahora lo que ocurrió hace ahora casi un año, lo que está claro es que ese informe tenía que servir para todo menos para tratar de decir la verdad o de reformar, como se suele decir hoy, tanto es así que este segundo informe que, en cambio, podía plantear elementos mucho más consistentes, fue encargado con el mandato concreto de no abordar casos específicos, ya que no interesa perseguir los ilícitos contenidos en este informe. No les interesa a los grandes Grupos de este Parlamento ni a la inmensa mayoría de los sindicatos, volcados de palabra en la defensa de la función pública europea pero, de hecho, dedicados a la protección corporativa de sus miembros, para lo cual utilizan de forma discutible los amplios poderes que tienen conferidos.
Los representantes sindicales están en el Comité disciplinario del Estatuto con el fin de convertir en inamovible al funcionario infiel y de mantener inmovilizado el Estatuto. Incomprensiblemente, los representantes sindicales forman parte asimismo de las comisiones relacionadas con los concursos y no me sorprendería que los miembros del sindicato formaran parte de la OLAF causando un grave perjuicio a esta Institución que debería, por lo menos formalmente, garantizar que está por encima de las partes.
Ahora me explico la razón de que nos reunamos a esta hora que suele destinarse a otras actividades y no al debate, al intercambio de opiniones y a la información.

Van Dam
Señor Presidente, el Parlamento subraya en el informe Van Hulten la amarga necesidad de que se lleven a cabo reformas profundas en la gestión financiera. El control de los gastos debe mejorar mucho, tanto por parte de la Comisión como por parte de los Estados miembros. Para ello, el Tribunal de Cuentas y los tribunales nacionales de cuentas deben reforzar su colaboración. Además, es necesario que se adopte un sistema para las llamadas denuncias. Respaldamos plenamente todas las recomendaciones. Sí quiero hacer algunas observaciones.
Una de las conclusiones del Comité de Sabios señala que el marco jurídico actual de la lucha contra el fraude en la Unión Europea es incoherente e incompleto ¿Cómo tenemos que enfocarlo? No asumiendo competencias de los Estados miembros y transfiriéndolas a un ministerio público europeo. Algo semejante supone un derecho penal europeo y éste no existe en absoluto. Esto afecta, además, al núcleo de la soberanía de los Estados miembros. Entonces, tenemos que buscar la solución en la mejora de la cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de la justicia. La coordinación puede llevarse a cabo mediante la creación de una especie de fiscal europeo. Él mismo no debe perseguir los delitos, sino que debe transmitírselos a las autoridades judiciales nacionales.
El informe del Comité de Sabios también tiene algo que decir respecto del Consejo y del Parlamento. Así, el Consejo debe otorgar mucho más peso al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión. De la misma manera, el Parlamento debe aceptar el desafío. Ya es hora de que se adopte el estatuto de los eurodiputados y dietas de viaje basadas en los gastos reales. Se plantea la cuestión de si el Parlamento todavía está dispuesto a salir de este callejón sin salida. El dictamen Rothley se ha discutido esta semana en la Comisión de Asuntos Jurídicos y no hay nada que apunte en ese sentido.

Theato
Señor Presidente, ante la perspectiva de su reforma, la Comisión se encuentra en un dilema. Tras los acontecimientos que condujeron a la dimisión de la anterior Comisión se han generado grandes expectativas. A veces tengo la impresión de que las propuestas reciben en este Parlamento una mejor acogida cuanto más radicales suenen. Por otro lado, la situación no se arregla de un día para otro con un borrón y cuenta nueva, y las dificultades comienzan en cuanto llega el momento de la puesta en práctica de las medidas, en cuanto ha de hablarse sobre los detalles. Esta es posiblemente la explicación de por qué en la Comisión de Control Presupuestario tuvimos con este asunto más dificultades que las esperadas. A pesar de ello puede verse los resultados, ahora sobre la mesa, y quiero agradecer expresamente al colega van Hulten su trabajo en este informe.
Si este informe pierde de nuevo su consistencia mediante la aceptación de enmiendas, concedemos a la Comisión una clara y evidente ventaja en varios puntos decisivos. Permítanme que les cuente las principales ventajas. No queremos que se supriman los controles financieros. Debe seguir siendo posible que el auditor examine las asignaciones de recursos y los pagos antes de que se hagan efectivos, si bien no en todo caso, sí cuando exista alguna incertidumbre o riesgo. Por ello la Comisión emite señales equivocadas, por ejemplo, cuando cambia de nombre la Dirección General de Control Financiero, pasando a llamarla Dirección General Audit. Resulta sencillo cambiar el organigrama de la Comisión, pero será más complicado cuando la Comisión pase a los textos, en particular al reglamento presupuestario.
No lo he contado con exactitud, pero el procedimiento presupuestario de la Comunidad y sus disposiciones de desarrollo hablan en casi cien lugares distintos del interventor, de su independencia y de las tareas que se le asignan. Esto no puede ni ignorarse ni eludirse, ni tampoco con el llamado soft law como se oyó decir en una ocasión en una reunión de nuestra comisión. Con independencia de tales consideraciones de orden jurídico, sería un error imperdonable, por razón de la naturaleza del asunto, suprimir el control financiero en sentido clásico justamente en el momento en que las personas competentes en dicha materia de la Comisión ya no se hallan solos, sino que están integrados en una cadena de mecanismos de control e investigación en funcionamiento. Según nuestras previsiones, en un futuro tres mecanismos acabarán por incidir recíprocamente: el control independiente previo del interventor, el controles de acompañamiento y complementarios del servicio de revisión aún en fase de constitución, también llamado servicio Audit, y, finalmente, el control de la nueva oficina de lucha contra el fraude, la OLAF, que buscará cualquier signo de irregularidad.
Es positivo que el informe del colega van Hulten establezca la conexión entre los tres ámbitos y que ponga de manifiesto dónde se encuentran las principales deficiencias que hay que atajar. Sólo diré a modo de aseveración que los procedimientos disciplinarios resultan insuficientes, en particular cuando se trata de pedir cuentas a funcionarios por comportamientos desviados, también en materia financiera. Hay una gran zona gris y muchos puntos poco claros cuando se trata de imponer sanciones penales, y justamente a este respecto los anuncios que ha hecho la Comisión son más bien vagos. ¡Sólo puedo decir que estas son las nueces duras de verdad que hay que cascar de una vez por todas!

Van den Berg
Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar sinceramente a mi colega, el Sr. Van Hulten. Es agradable poder decir que pertenece a nuestra delegación y puedo estar un poco orgulloso de él, creo yo. En cualquier caso, felicidades por su informe.
Señor Presidente, la dimisión de la Comisión ha ocasionado una sensación de miedo a muchos funcionarios de la escala jerárquica y burocrática. Me parece fundamental todo el alegato acerca de efectuar un cambio hacia una cultura de la responsabilidad.
En la Comisión de Desarrollo he podido ver muy de cerca cómo miles de proyectos se paralizaban; cómo, a veces, hasta el 80 por ciento del dinero no se invertía, creándose, en ocasiones, una enorme bolsa de dinero. Y esto, no porque no sea totalmente necesario, no porque no haya buenas propuestas, sino porque todo el sistema se atasca por sí mismo. Falta de responsabilidad, demasiada ex ante, muy poca ex post y de ahí surge una cultura basada en la realización de muy pocas inversiones verdaderamente efectivas. Gastar el dinero de forma eficaz y organizar todo el trabajo en torno a esto; sería fantástico que diéramos una señal en esa dirección con este informe.
Espero con ansiedad que la contribución que realizaremos aquí, si el primer borrador de informe de la Comisión se convierte en informe oficial el 1 de marzo, nos permita ver cambios reales. Sin lugar a duda, se tratará de un servicio, señor Presidente, prestado al público europeo y, gracias a los resultados que mostremos, reconquistaremos y recuperaremos algo de lo que obviamente hemos perdido en los últimos años. Éste es el mejor respaldo que podemos dar a la democracia europea. Si con ello salimos de la cultura de los años 50 y pasamos al siglo que viene, viviremos aquí una experiencia agradable.

Van der Laan
Señor Presidente, en primer lugar mi enhorabuena a Michiel Van Hulten por su primer informe. Se trataba de una novatada difícil, pero en los Países Bajos tenemos un bonito dicho. Uno aprende a nadar antes si se lanza enseguida por donde cubre. Señoría, creo que tras esta prueba puede clasificarse para las olimpiadas. Hay dos puntos que, en mi opinión, merecen especial atención por parte del ELDR.
En primer lugar, la responsabilidad individual de los Comisarios. Ésta debe regularse durante la CIG. Preferimos, sin embargo, que esta importante cuestión no quede completamente en manos del Consejo y, por ello, hemos presentado una enmienda en la que pedimos que se adopte un acuerdo interinstitucional entre la Comisión y el Parlamento, a fin de asegurarnos una especie de fall back-position y no dejar nuestra suerte totalmente en manos del Consejo.
El segundo punto, y mi colega, el Sr. Mulder, ya lo ha dicho, es que el ELDR considera que el Parlamento Europeo debe ser investigado por expertos independientes. Esto contribuirá mucho a recuperar, en particular, la confianza de los ciudadanos europeos en esta institución. No podemos oponernos con credibilidad a esta Comisión reformada en tanto no hagamos un examen de conciencia y el Parlamento Europeo también ponga sus asuntos en orden. Solamente si reformamos todas las instituciones europeas, lograremos finalmente la Europa abiertamente democrática y dinámica que merecen nuestros ciudadanos.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a mi compañero Van Hulten por este primer trabajo que presenta en el Pleno. Estoy seguro de que le va a servir, entre otras cosas, para que su segundo informe gane en flexibilidad y para trabajar buscando más el consenso de todos los Grupos.
A estas alturas, el proceso de reforma de la Comisión que pide la ciudadanía es inaplazable. Este Parlamento ha escuchado muchas veces, incluso de Presidentes de la Comisión, su deseo de reformarla. Ahora parece ser que va más en serio. Después de que una Comisión haya dimitido y de que un comité de expertos haya señalado un número casi inagotable de insuficiencias, tiene lógica la promesa que el Sr. Prodi hizo el día 14 de septiembre de presentar ante esta Asamblea un proyecto completo de reforma para el mes de febrero. Esta Asamblea espera, con ansiedad, ese programa completo de reforma.
El informe que ahora debatimos pretende dar fuerza política a buena parte de las recomendaciones del comité de expertos encargado por este Parlamento. El Sr. Prodi dijo que actuaría de todas formas, que prefería acertar, pero que el miedo a no acertar no le impediría actuar.
Por eso, nosotros solicitamos que su programa sea valiente, pues, si lo fuera, le puedo asegurar que este Parlamento estará con la Comisión en ese proceso de reformas. Queremos una Comisión fuerte, que pueda ejercer sus funciones con independencia y neutralidad pero con sentido político. Los Comisarios no deben considerarse altos funcionarios sino políticos en ejercicio. Por eso, el informe les permite la militancia política y la pertenencia a órganos políticos colegiados en sus partidos. Tal vez la referencia a los cargos sea inexacta. No sé cuál será exactamente, señor Kinnock, su apreciación al respecto, pero es claro que queremos unos Comisarios políticamente fuertes y políticamente comprometidos. Y queremos una estructura que permita la eficacia del gasto de cada euro, pues estamos demostrando, en cada cierre de cuentas, que esto no sucede.
Por eso, señor Comisario, animamos al Sr. Prodi a que acuda aquí con un programa valiente, y comprobará que puede tener problemas con aquellos colectivos que se puedan sentir perjudicados en su statu quo, pero no precisamente con este Parlamento, que espera cambios profundos y valientes.

Bösch
Señor Presidente, la Comisión Santer fracasó también porque el control financiero falló en todos sus frentes. Por ello, el futuro de esta nueva Comisión dependerá en buena medida de hasta qué punto se lleven a cabo reformas con rapidez y el control financiero vuelve a ser eficaz.
En este contexto se ha dicho aquí en varias ocasiones que la Comisión quiere mejorar y reforzar sus controles complementarios de forma eficiente, y que dichos controles deben llevarse a cabo con absoluta independencia, sin que en el futuro tenga que barrerse nada debajo de la alfombra. Cómo es lógico, estas medidas se acogen con satisfacción.
Lo que no comprendo es que, digámoslo así, como precio que haya que pagar por ello, deba renunciarse a controles independientes ­insisto, independientes. Hasta ahora, los pagos sólo pueden efectuarse cuando el autorizado a ordenar el pago ha firmado la solicitud y el interventor ha dado su aprobación mediante visto bueno. Se aplica por tanto el principio de las dos llaves. En un futuro bastará con una sola llave. El interventor ya no podrá examinar con carácter previo, por lo menos de acuerdo con los planes de reforma, tal y como se están discutiendo en el seno de la Comisión. Con su permiso, Señor Kinnock, esto es un poco como si se suprimiera la policía porque no fuera capaz de impedir la comisión de delitos.
Lo importante sería diseñar los controles de manera más eficaz. Ello puede conseguirse si en futuro se deja de obligar a los interventores a que den su visto bueno sin excepción a toda operación de pago. El que quiere controlar todo acaba por no controlar nada. Los controles previos deben producirse únicamente donde existan incertidumbres o riesgos. Los funcionarios competentes para el control financiero deberían colocados de manera descentralizada, es decir, en las Direcciones Generales operativas junto al resto de sus compañeros funcionarios que ejecutan el gasto, de modo que pueda acudirse a ellos en cuanto surjan problemas y los controles resulten menos pesados y exijan menos tiempo.
Pero quienes ejecuten el control financiero deben trabajar de manera independiente. Esta es la diferencia decisiva con los que la Comisión proyecta cuando habla de descentralización. Los funcionarios que efectúen el control financiero no deben estar sujetos a los distintos Directores Generales, como la Comisión abiertamente propone. Así nos lo enseñan los hechos del caso Leonardo, en el que los interventores internos de la Dirección General competente efectuaron advertencias, pero ni fueron observadas ni comunicadas a los superiores.
Independencia es, por tanto, el requisito de unos controles eficaces. Esta es la posición que la Comisión de Control Presupuestario ha adoptado de manera claramente mayoritaria. Para los controles suplementarios sí se decanta la nueva Comisión a favor de esta independencia. ¿No es lógico entonces que también se dé esta independencia en los controles previos?
Creo que en la votación de mañana deberíamos poner de manifiesto esta cuestión de forma inequívoca. Nuestra colega la Señora Theato así lo ha expresado. A este respecto sólo me queda prestarle mi más firme apoyo.

Haarder
Señor Presidente, hace un par de años la anterior Comisión trató de ajustar cuentas con las rígidas y anticuadas estructuras. Este intento tuvo como resultado huelgas y campañas de difamación por parte de algunos sindicatos obstinados, después de lo cual se abandonaron las propuestas y fueron sustituidas por un laxo compromiso. Fue la estupidez de la anterior Comisión y el Parlamento no fue de ninguna ayuda en aquel entonces. Al leer el capítulo del Sr. Van Hulten sobre política de personal, me da miedo que el Parlamento vuelva a fallar en puntos decisivos manteniendo un discurso débil y banal. Hay demasiados derechos, demasiadas normas y demasiado poco espacio para el liderazgo. Faltan la espina dorsal y los dientes. ¿Dónde está la carne? Y también quiero decirle lo siguiente, señor Comisario: Por favor, entréguenos la carne aunque sea británica. El Señor Prodi prometió una revolución. Sus propias palabras han sido positivas y firmes, sin embargo, ¡cuidado ahora y no ceda en aquellos puntos decisivos donde duele! ¡Despeje esa selva que son las subvenciones de personal! ¡Manténgase firme en la exigencia de movilidad, no como un derecho, tal como aparece en el informe, sino como una herramienta de liderazgo! ¡Ocúpese de que el esfuerzo formativo sea también una herramienta de liderazgo! ¡No escuche la exigencia del informe de convertir en fijos a los empleados temporales! Son puestos que llegado el caso habrá que hacer fijos, y no necesariamente los empleados eventuales actuales son quienes han de pasar a ser fijos.
Por último, señor Presidente, como antiguo miembro de la Mesa -hasta hace medio año-, me gustaría pedirle que se ocupara de este asunto en la Mesa, de manera que este Parlamento cumpliera al menos en nuestra propia administración los requisitos que les pedimos a otros. No lo hemos hecho hasta ahora y usted debe contribuir a que esta situación cambie.

McCartin
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. van Hulten por su informe y decir que vote a favor del mismo. Así, me referiré a aquello con lo que no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo con los párrafos relativos al Parlamento. Este informe versa sobre la Comisión. El Parlamento es una cuestión separada. No tenemos ninguna necesidad de incluir al Parlamento en la discusión acerca de la Comisión.
Además está el asunto de las tiendas libres de impuestos. Esa fue una vara usada por los grupos de presión de las tiendas libres de impuestos para flagelar a la Comisión resentidos por el hecho de que la Comisión suprimiese las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. Tampoco merece la pena incluirlo en este informe.
La mayoría del informe trata del control financiero. Esto resulta razonable porque proviene de la Comisión de Control Presupuestario. Pero no deberíamos dar la impresión de que se están arriesgando ingentes cantidades de recursos por la negligencia de la Comisión Europea. Después de todo, en comparación con el gasto nacional solo constituye un 1% del PIB. Esto ya lo hemos vivido antes pero algunos de los miembros de este Parlamento son jóvenes y no parecen percatarse de lo escasos que son los recursos financieros de la Comisión Europea y de que el 80% de los mismos son gastados por los Estados miembros. Así, la negligencia en el seno de la comisión respecto del gasto financiero no supone arriesgar ingentes cantidades de dinero. Deberíamos tener esto en cuenta. Es importante recordar esto.
La cuestión de la Comisión Europea tiene poco que ver con el gasto de dinero. Disponen de muy poco. Tienen una responsabilidad mucho mayor. Esa mayor responsabilidad comprende la gestión del medio ambiente, la seguridad de los alimentos, el comercio exterior, el mercado interior y muchas otras responsabilidades que le hemos otorgado sin los recursos necesarios para hacerles frentes.
No soy una de esas personas que opinan que hay una gran falta de confianza. Si existe, la hemos propiciado en esta Asamblea a lo largo del año pasado. Llevo aquí 20 años y he encontrado confianza absoluta entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Hemos tenido nuestros problemas y hemos contemplado dificultades, pero no ha existido una situación en la que los ciudadanos de la Unión Europea desconfiasen, dudasen o temiesen a esta Comisión burocrática por que estuviese gestionando defectuosamente nuestros asuntos. Esta es una enorme exageración de las dificultades existentes. Esta Comisión no debe vivir por siempre a la sombra de los errores que causaron la dimisión de la Comisión precedente. Si bien hubo problemas -y tenemos que resolverlos en previsión de la ampliación, por ejemplo- en algunas ocasiones llevamos los aspectos negativos demasiado lejos.

Blak
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Sr. ponente por su estupendo informe. Espero que la Comisión lo emplee en sus trabajos de reforma. El proceso de reforma lleva ya en marcha algún tiempo y aparentemente reina en la Comisión una especie de estado de excepción. El funcionamiento administrativo de la Comisión sencillamente no es muy bueno. Por supuesto que en la Comisión hay trabajadores buenos y competentes y que éstos son la mayoría. No obstante, necesitamos llevar a cabo una profunda reforma. Hay demasiada poca acción y demasiada burocracia innecesaria. La gente debe tener competencias claras de cara a la toma de decisiones y en consecuencia también deben asumir la responsabilidad de las decisiones que adopten. El régimen financiero debe ser modificado. Estamos de acuerdo en que debemos disponer de un mejor control sobre el dinero. La cuestión es simplemente cómo. La Comisión y el Comité de Expertos abogan por suprimir completamente el control previo. Hemos de ser cuidadosos en este punto. Debemos mantener alguna forma de control previo sobre el dinero. No basta únicamente con el control mediante muestreo cuando el dinero se ha gastado. De esta forma pueden sacarse adelante demasiados proyectos irregulares. En su lugar, debemos reformar y descentralizar el control.

Thors
Señor Presidente, estimados Comisarios, en primer lugar, no puedo dejar de pensar en que este debate, en lo que refiere a los oradores, es neerlandés-inglés-escandinavo. Quizás sea un poco inquietante.
Espero, como muchos otros, que esté desapareciendo el estado de excepción de las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. No está bien que sigamos corriendo de un lado para otro para apagar incendios. Por el contrario, como dijo Blak, hay que crear un sistema con funciones claras.
En primer lugar, necesitamos un sistema de normas sólidas, cuya aplicación sea posible. No basta con códigos de conducta ni con comités de ética. Tiene que haber normas consistentes que, entre otras cosas, señalen lo que se puede descentralizar, lo que se puede encargar a otros y lo que es independiente. Me parece un poco alarmante que en este debate se hable de independencia, sin definirla y sin precisar el derecho de decisión. Por tanto, en la UE se necesita un sistema básico de normas administrativas, para sus instituciones y para sus relaciones con los países miembros. Esto no existe. Hemos señalado hace falta una Fiscalía y un Derecho penal comunitarios, pero también se precisa un Derecho administrativo comunitario. Avanzaríamos bastante si la Comisión aprobase como norma obligatoria la propuesta de código de conducta para buenas prácticas administrativas hecha por el delegado. El informe Van Hulten constituye un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente.
En segundo lugar, hay que aclarar nuestro propio papel en las revisiones. El Tribunal de Cuentas estudia si algo está en concordancia con las normas, pero no se ocupa de controlar su utilidad. Es el Parlamento Europeo el encargado de hacer las evaluaciones políticas. Nosotros no perseguimos delincuentes, es tarea de la OLAF. Díganme, por ejemplo, a qué parlamento nacional se envían los documentos de un sumario. Quiero decir, con la tozudez del borracho, que el reglamento de publicidad de documentos tendrá que ser mucho mejor que el borrador que ha circulado por Internet; en caso contrario, no llegaremos a ninguna parte en esta lucha.

Pronk
Señor Presidente, quiero dar las gracias sinceramente al ponente por su informe. Me alegra poder dirigirme ahora a él en neerlandés, después de haberlo hecho el Sr. Van den Berg. En caso contrario, quizás me hubiera sentido algo culpable. Quiero decir que este informe supone una increíble mejora, también mediante las enmiendas. Pertenezco a la Comisión de Asuntos Sociales y un ponente nuestro siempre está orgulloso de recibir 100 enmiendas, ya que, entonces, sabe que se trata de un tema interesante. Creo que éste es también el caso, pero opino que es un poco exagerado hablar demasiado de las 100 enmiendas. Quiero señalar además, que nuestro coordinador de la Comisión de Control Presupuestario es el Sr. Pomés Ruiz, que es español y, por tanto, la contribución española ha sido muy relevante en este debate.
Señor Presidente, creo que una de las cosas más importantes que se han mencionado es la propuesta del ponente relativa a la creación de un Comité permanente sobre Normas en la Vida Pública. Se trata de una propuesta muy importante. Únicamente me sorprende que el Grupo Socialista quiera eliminar esta propuesta mediante la propuesta de la Sra. Morgan, ya que ésta pretende anularla totalmente. No entiendo en absoluto por qué. Por una parte, dirige todo tipo de elogios al ponente, pero, al mismo tiempo, la Sra. Morgan quiere seguir en este punto, al igual que respecto de otros puntos importantes, una especie de estrategia de tierra quemada que, en el fondo, vacía completamente de contenido este informe. No sé si es para satisfacer los deseos del Sr. Kinnock. No obstante, conozco al Sr. Kinnock; le gustaría escuchar nuestras pretensiones y está muy preparado para apartarse de las mismas si lo considera necesario. No creo que realmente sea necesaria semejante táctica radical de tierra quemada.
Por último, la cuestión de los funcionarios. No estoy del todo de acuerdo con el Sr. Haarder. Coincido en que el informe sobre los funcionarios se ha desarrollado de forma totalmente insuficiente. En primer lugar, no se ha hecho hincapié en la importancia de un servicio público en general. En segundo lugar, se han mencionado todo tipo de propuestas sobre las que hay que preguntarse si realmente son tan sensatas y si verdaderamente suponen una mejora. Por ejemplo, estamos ocupándonos de esas OATs, es una cuestión importante, y, al mismo tiempo, queremos eliminar el personal temporal de la Comisión. Las dos propuestas se oponen diametralmente y realmente no entiendo cómo ha salido a relucir semejante sugerencia.

Casaca
Señor Presidente, desde la República de Platón el mundo occidental ha intentado sistemáticamente la substitución del gobierno del pueblo por el gobierno de los sabios. Nuestro Parlamento invitó primero a los sabios para que le ayudaran a apreciar la gestión de la Comisión Europea y aquéllos aprovecharon la invitación para tomar en sus manos el destino que había de dársele.
En este segundo informe, los sabios dan ya un nuevo paso y critican a los Grupos políticos que vacilaron en el Parlamento a la hora de imponer la dimisión de la Comisión Europea en función de la afiliación política común con algunos de sus miembros y consideran que, para superar ese problema, hay que prohibir la pertenencia de los Comisarios a Grupos políticos.
También según los sabios, el Parlamento debería dejar de tener el poder de controlar a la Comisión Europea y debería ser substituido en esa tarea por un comité de garantía de las buenas costumbres en la vida pública, permanente y no elegido, constituido presumiblemente por otro grupo de sabios. En este segundo informe, los sabios nos enseñan que Italia está financiada por el Fondo de Cohesión, que el FEDER y el Fondo Social representan las dos terceras partes de los Fondos estructurales, que el principio de adicionalidad y de complementariedad en los Fondos estructurales son equivalentes, que el grupo de intereses agrarios impuso la financiación del desarrollo rural por el FEOGA-Garantía, que el principio de cooperación sólo se aplica a la Comisión y a los Estados miembros. Es una lección de sapiencia con 100% de ideología y 0% de conocimiento. No es así como contribuiremos a la reforma de las instituciones europeas con pleno respeto de las instituciones democráticas.
El informe van Hulten comenzó siendo un informe brillante y quiero rendir aquí el más profundo y sincero homenaje a lo que aquí ha hecho nuestro colega van Hulten. Por desgracia, después fue modificado una y otra vez en la peor de las direcciones, con lo que se lo convirtió en un documento que, de hecho, hace la apología de algo que nosotros no podemos aceptar.

Palacio Vallelersundi
Señor Presidente, señor van Hulten, su trabajo, en castellano, merece calificativos relevantes: esforzado, ímprobo, complejo, y creo que es importante en un primer informe. Entienda, por lo tanto, lo que voy a decir a continuación como una crítica desde la leal contradicción, que creo que es la que enriquece este debate.
Este informe me parece redundante, prolijo, confuso y carente de precisión en los conceptos utilizados.
"Redundante" quizás es el calificativo más grave, y usted no es responsable, es la responsabilidad del Parlamento. Es decir, si este Parlamento encarga a un comité de expertos -y no voy a repetir lo que ha dicho el Sr. Casaca, pero coincido bastante con él- el análisis de un problema, qué sentido tiene entrar aquí en una tradición medieval de glosar a los glosadores y así ad infinitum. Evidentemente estamos esperando esa reforma de la Comisión, estamos esperando las propuestas que nos va a hacer la Comisión y este Parlamento deberá pronunciarse sobre ellas. Entre tanto, tenemos que dar un voto de confianza a la Comisión.
"Prolijo" . No voy a mencionar la extensión de este informe. No sé si bate el récord de todas las resoluciones presentadas aquí pero, desde luego, de este tipo de resoluciones sin lugar a dudas. No creo que haya habido antes una resolución -y mire que en este Parlamento hacemos resoluciones complejas- que haya tenido párrafos de más de 16 líneas sin un punto.
Además es "confuso" . No voy a volver sobre lo que se ha dicho sobre el análisis de cuestiones que conciernen al Parlamento. Eso debería ser objeto de otro informe y habremos de hacerlo y es necesario que reflexionemos, pero no en este informe. Y por último, francamente, señor Presidente, no voy a poner ejemplos, pero hay muchos en los que se utiliza el lenguaje jurídico con una falta de precisión alarmante.
Por lo tanto -y resumo-, espero -somos muchos los que esperamos-, señor Comisario Kinnock, su informe para, de verdad, pronunciarnos por él, que es lo que debe hacer el Parlamento.

Langenhagen
Señor Presidente, el ámbito y la prolijidad de las propuestas de medidas de reforma necesarias permiten deducir en la importancia de tal reforma. A la vista de los acontecimientos que estos esfuerzos han provocado, la necesidad se hace particularmente manifiesta. Los Comisarios Prodi y Kinnock despertaron aún mas esperanzas y expectativas con sus rotundas manifestaciones. En el informe llama particularmente la atención el concepto de transparencia. Garantizar ésta es uno de nuestros principales deseos. La importancia de un trabajo controlable tampoco puede dejar de resaltarse. Pero no se trata únicamente de una reforma burocrática, sino más bien de una demostración de buena voluntad ante el ciudadano. Ha de recuperarse su confianza en la política de la UE. El ciudadano desea ejercer su derecho a un acceso rápido y abierto a la Institución y a la inteligibilidad de las disposiciones. De ellas extrae su entendimiento, y quiere una política de resultados que concibe como un servicio a un ciudadano ya mayor de edad cuya prestación se sobreentiende.
El éxito de la reforma depende esencialmente de la propia iniciativa de la Comisión. Sin embargo, me molesta escuchar hoy que la Comisión dice ahora que quiere discutir el informe provisional con el Parlamento de manera solamente informal. Su intervención, Sr. Kinnock, en la Comisión de Control Presupuestario el martes próximos no debe ser una calle de dirección única, sino que nosotros en cuanto parlamentarios queremos y debemos colaborar. Y también choca con mi idea de la política que en esta semana se celebre una rueda de prensa antes de que en la Comisión de Control Parlamentario hayamos discutido en detalle el informe. Señor Kinnock, creo que, a pesar de todos sus éxitos personales, la Comisión debe hacer algo más por satisfacer nuestras justificadamente ambiciosas expectativas.

Kinnock
. (EN) Me gustaría comenzar, para que conste en Acta y para ilustrar a la Sra. Langenhagen, diciendo que la decisión de que no comparezca mañana ante el Pleno y por tanto no estar disponible para dar respuestas formales relativas al informe no ha sido mía ni de la Comisión - ¡ha sido una decisión de este Parlamento! Por tanto, si tiene alguna lección que dar más vale que las de en esta Asamblea. Me conoce suficientemente bien como para saber que a todos los niveles en los que a lo largo de cinco años hemos trabajado juntos no ha habido ni una sola ocasión en la que me haya negado a responder completamente, formalmente y en detalle de todo lo que he hecho.
Señor Presidente, permítame empezar rindiendo tributo al Sr. van Hulten por el sufrido trabajo que ha supuesto la elaboración de su informe que, además, por lo que he podido oír, ha sido un sufrimiento aceptado de buena gana. Aunque relativamente nuevo en esta Asamblea, también es relativamente veterano en algunos aspectos, ciertamente en la familiaridad con la Instituciones por su calidad de antiguo funcionario - y creo que el valor de esto queda patente en su habilidad para lidiar con esta cuestión que, como han dicho varios diputados, reviste tanta importancia para todas nuestras Instituciones. Le doy las gracias y le deseo una larga y distinguida carrera como diputado.
Señor Presidente, como usted sabrá, el informe del Sr. van Hulten sobre el segundo informe del Comité de Expertos Independientes es necesariamente largo y dado que deseo dar una respuesta completa, especialmente a los asuntos relativos a la gestión y el control financiero, apelo a su indulgencia. Naturalmente no voy a emplear el tiempo de la Asamblea más allá de lo que sea absolutamente necesario.
Cuando el pasado septiembre esta Asamblea trató el segundo informe del Comité de Expertos, en nombre de la Comisión entrante, prometí que el informe sería considerado como uno de los ingredientes fundamentales de las propuestas de reforma de la Comisión. Nuestros esfuerzos por hacer honor a esta promesa se harán evidentes a esta Asamblea cuando se proceda a debatir el paquete de reformas aprobado por la Comisión en el día de hoy, sobradamente dentro del exigente plazo que nos impusimos hace cuatro meses. Estoy seguro de que esto animará al Sr. Pomes Ruiz. La mayoría de las propuestas del documento son muy semejantes a las señaladas por el Sr. van Hulten y - me dirijo a él y al Sr. Staes - el documento incluye un calendario muy explícito de las acciones que se han de tomar para acometer la reforma. No hay, por tanto, nada que se hay dejado abierto o sea vago sobre el informe que he tenido el honor de compilar.
El punto de vista de este Parlamento en el periodo de consulta de las próximas cuatro o cinco semanas va a ser, por razones obvias, de gran importancia. Le diría al Sr. Elles que definitivamente estamos en posición de escuchar. Pero seguro que sabrá apreciar - con su acostumbrada generosidad - que para que nosotros podamos escuchar la respuesta a lo que estamos proponiendo es necesario que antes transmitamos lo que estamos proponiendo. Por lo tanto, he aquí la transmisión. Aunque el tiempo me impide en este debate, señor Presidente, comentar ante la Asamblea cada uno de los elementos de la resolución, puedo inmediatamente asegurar que los detalles serán tratados como una aportación importante a nuestras propuestas de reforma durante todo este periodo de consulta y, ciertamente, a nuestro trabajo en otras áreas relevantes.
Volviendo a los asuntos principales de la resolución voy a realizar las siguientes observaciones. Se insiste acertadamente en la necesidad de mayor transparencia, porque una mayor transparencia en el modo de operar de la Comisión mejorará la eficiencia y desmitificará aquello que realiza la Comisión. Esto es esencial para una administración ejecutiva que debe ser responsable, no sólo ante esta Asamblea, sino ante el público europeo. Naturalmente, se necesitan salvaguardias coherentes para proteger información especialmente sensible, pero los casos en las que éstas sean necesarias deben reducirse al mínimo. He enfatizado esto repetidas veces, y ciertamente no solo como Comisario, sino durante 25 o 30 años. Esta es, con toda seguridad, la intención de la Comisión.
Evidentemente, la gestión y el control financiero constituyen un área esencial de la reforma. Como le consta a la Asamblea y ha dicho en repetidas ocasiones, la escala y el espectro de las intervenciones financieras de la Unión han aumentado inmensamente durante la última década sin un crecimiento proporcional del personal o un ajuste de los procedimientos. Varios diputados han vuelto a mencionar esta circunstancia en el transcurso del debate de hoy. Compartimos la opinión, necesariamente citada por el Comité de Expertos Independientes y repetida en esta resolución provisional, de que ha llegado la hora de una extensa revisión de nuestras normas y procedimientos. Los medios para realizar esto se establecen en la estrategia para la reforma y la Comisión presentará en abril sus propuestas para reformulación radical del Reglamento Financiero.
El apoyo parlamentario será absolutamente vital para discurrir por ese esencial camino hacia el cambio. Comparto la opinión expresada por la Sra. Theato de que no sería aceptable de ningún modo que intentásemos hacer nuevos ajustes sin un cambio jurídico.
El cambio de la ley es fundamental. Hay ciertos deberes que pueden realizarse y están establecido y especificados con todas las garantías en la estrategia para la reforma, pero la promulgación de un cambio legislativo es, evidentemente, de crucial importancia para el funcionamiento del nuevo sistema. Esencialmente - y con un cambio legislativo - la Comisión se alejará sistemáticamente del actual sistema centralizado de la previa autorización del Interventor Financiero para cada transacción financiera y, en su lugar, reforzará los sistemas internos de control dentro de los departamentos de gasto de suerte que los Directores Generales estén mejor dotados para asumir la responsabilidad por las decisiones que tengan influencia en el presupuesto de la Unión Europea.
Además, y para lograr mayores garantías que las prestadas por el sistema actual, el nuevo sistema de control descentralizado debe ser complementado estableciendo un servicio interno de auditoría - "la segunda llave" como dijo el Sr. Bösch, planteado de una forma prácticamente coincidente con las recomendaciones del Comité de Expertos. Este servicio se abriría el 1 de mayo de este año. Sería dirigido por un miembro profesionalmente cualificado del mundo de la auditoría y su independencia debe y será garantizada por un nuevo precepto que deberá añadirse al Reglamento financiero. El nuevo servicio responderá ante mí y será acompañado por un Consejo de Desarrollo del Control de Cuentas presidido por mi colega, la Sra. Schreyer, a quién celebro ver esta noche en la Asamblea. Como Comisario para el presupuesto, entre las correspondientes responsabilidades ya se encuentran las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Este Consejo de Desarrollo del Control de Cuentas garantizará un seguimiento efectivo y riguroso de la auditoría interna.
Quisiera enfatizar que cambiar nuestros sistemas de control no va significar en absoluto que éstos se relajen. El cambio propuesto los hará más efectivos tanto en términos de insumos como en términos de resultados mensurables y contrastables.
También puedo asegurar específicamente a la Asamblea que no buscamos lo que algunas veces se denomina una "aproximación de big bang" . Al control financiero de autorización ex ante para cada departamento de gasto sólo se renunciará cuando y en tanto el sistema de control interno de un departamento se muestre plenamente adecuado.
Estoy algo sorprendido de que no aparezca el párrafo 10 para tratar las críticas fundamentales realizadas por ambos informes del Comité de Expertos Independientes al funcionamiento del actual sistema centralizado de control financiero. Ese Comité fue muy claro sobre la necesidad de abolir el sistema centralizado de autorización ex ante. También fue muy claro sobre la necesidad de separar la auditoría interna del control financiero.
Además, no creo que el párrafo 10 refleje completamente la opinión del Tribunal de Cuentas acerca de 1997. Naturalmente, el Tribunal de Cuentas podrá dar su apreciada opinión sobre los cambios propuestos para el reglamento Financiero pero resulta útil recordar los comentarios realizados a esta Asamblea el mes pasado por Sr. Karlsson. "El control interno de la Comisión" , dijo, "no es suficientemente enérgico para prevenir el funcionamiento incorrecto. Por ejemplo, el interventor Financiero concedió autorización ex ante en la mayoría de los casos de mala gestión o irregularidad recientemente descubiertos. Al mismo tiempo, la función de auditoría interna es llevada a cabo de forma descoordinada por varios órganos, especialmente por el mismo Interventor financiero, la Inspección general y ciertas unidades de Direcciones Generales."
El sistema de autorización ex ante fue, sin duda, diseñado originalmente para asegurar la cautela pero, a lo largo de los años, ha desplegado el efecto perverso de reducir el punto hasta el que se sienten responsables los gestores por sus decisiones. No creo que hay ningún verdadero desacuerdo entre nosotros respecto de esto. Del párrafo 10 infiero que la preocupación subyacente de sus Señorías es que debe haber una transición cuidadosamente gestionada. Con toda seguridad ese va a ser el tenor del cambio como podrán comprobar sus Señorías cuando lean el documento de la estrategia para la reforma. Nuestro objetivo, el objetivo del comité, el objetivo del Tribunal de Cuentas no es el de abolir el control financiero, sino el de desembarazarnos del control financiero centralizado y mejorar sobre la base del mismo.
Antes de dejar este tema quisiera añadir que coincidimos con el ponente en que la función existente de auditoría interna debe conservarse mientras se esté a la espera del establecimiento del nuevo sistema independiente de auditoría interna que tendrá lugar en cuestión de meses.
Cambiando rápidamente a la parte de la resolución dedicada a la lucha contra el fraude, la corrupción, la mala gestión y el nepotismo: la nueva propuesta más importante del informe versa sobre la denuncia de los funcionarios cundo perciben malas prácticas. Como dije claramente durante los debates del pasado septiembre y en otras ocasiones, todos creemos que es positivo definir lo mejor posible los mecanismos a tal efecto aunque, evidentemente, esperamos que rara vez se hagan necesarios.
Desde junio del año pasado el Reglamento de la OLAF ha orientado mejor al personal sobre la denuncia de posibles irregularidades. Proponemos completar estas disposiciones definiendo los derechos y obligaciones del personal a la hora de denunciar las sospechas de malas prácticas mediante canales internos aunque no exclusivamente a través de la misma línea jerárquica. También se tratara la posibilidad de recurrir a canales externos específicos. Lo que estamos persiguiendo es la implementación de las mejores prácticas. Se garantizará la respuesta seria a las denuncias, la confidencialidad en los primeros niveles y la protección profesional de aquellas personas que comuniquen de buena fe malas prácticas, y se hará de un modo en el que no se comprometan las investigaciones por una revelación inoportuna. Como corolario existirán salvaguardias para los funcionarios objeto de falsas acusaciones.
Una comunicación que se emitirá más tarde durante el transcurso del año dará todos los detalles. No creo que el Parlamento quede decepcionado con lo que vamos a proponer. No obstante, me convence la sugerencia del párrafo 34 del informe relativa al uso de órganos externos para reforzar las disposiciones existentes sobre responsabilidad financiera. Ya estamos proyectando la reforma de los actuales procedimientos disciplinarios para garantizar la profundidad, la equidad, la coherencia y la profesionalidad. Y vamos a proponer el establecimiento de una Comisión Disciplinaria Interinstitucional -otro asunto en el que vamos a necesitar el apoyo y la comprensión del Parlamento. En junio, una comunicación formulará la propuesta de reforma en toda su extensión.
Las normas de la actividad pública constituyen la siguiente sección principal del informe ante la Asamblea. Con la introducción de una serie de códigos de conducta, la Comisión actual ha comenzado a desarrollar un marco ético explícito. Esto será llevado más allá con una propuesta en junio para realizar un acuerdo interinstitucional que establezca una comisión sobre normas de la actividad pública. Una función importante de esta comisión será prestar consejo acerca de normas y ética así como supervisar los códigos de conducta comunes y específicos de las instituciones. Saludo el apoyo del Parlamento para esta cuestión.
Actualmente también estamos examinando el modo en el que vamos a poner en práctica, de forma más efectiva, la propuesta de un sistema de clasificación de documentos, contenida en el párrafo 50 del informe del Sr. van Hulten.
La resolución provisional recuerda acertadamente que la Comisión es responsable ante este Parlamento. El Presidente Prodi y la Vicepresidenta de Palacio, así como otros colegas han demostrado el compromiso material de la Comisión respecto de ello. Confío en que pronto podamos acordar un código de conducta para las relaciones entre nuestras instituciones que incluya normas actualizadas sobre el acceso a documentos. La cuestión fue acertadamente planteada por el Sr. Elles, y la Sra. Thors también hizo referencia a la misma. Estoy seguro de que ambos están al corriente de que a mediados de diciembre recibimos oficialmente el provisional acuerdo marco con el Parlamento. Ahora estamos aguardando a que el Parlamento decida cuando desea comen zar las negociaciones sobre el texto. Nos sentimos satisfechos de poder proceder tan rápidamente como sea posible.
El informe enfatiza acertadamente la importancia esencial que la política de recursos humanos debe tener en la reforma. Celebro poder decirles a los Sres. Hulten y Haarder que las detalladas recomendaciones relativas al reclutamiento, formación, evaluación y el nombramiento para puestos de gestión se encuentran en la misma línea de nuestras propias propuestas y nuestra propia concepción. Yo también quisiera avanzar hacia un sistema de carrera lineal ya que el actual sistema de categorías ya no se adapta a las necesidades de nuestras instituciones. Ciertamente, bloquea el progreso y la movilidad de personas con capacidades probadas. Aquellos de sus Señorías que durante el transcurso de este debate han alabado a los funcionarios de la Comisión, quienes típicamente y en su gran mayoría son completamente íntegros, tienen gran capacidad y son excelentes trabajadores, han hecho unos comentarios absolutamente acertados.
Mientras el Libro Blanco sobre la estrategia para la reforma va a perfilar nuestras ideas sobre estas y otras cuestiones, es evidente que los detalles y las precisiones son esenciales. Por lo tanto, una serie de comunicaciones irá apareciendo a lo largo de los próximos meses. Cada un de ellas estará a disposición de este Parlamento para la reflexión y la respuesta. Entretanto, está claro que será necesario que trabajemos estrechamente con el Parlamento, como institución, en asuntos esenciales, especialmente los salarios y las pensiones y la revisión de los reglamentos de personal.
Respecto de este último tema estamos considerando si sería útil adoptar un reglamento marco que estableciera disposiciones comunes para las cuestiones más importantes tales como los salarios, las condiciones, los derechos de representación del personal etc., pero que permita actuar a las diferentes instituciones promulgando normas para otras cuestiones. Las primeras impresiones del Parlamento respecto de esta idea serían especialmente bienvenidas.
Termino haciendo referencia al párrafo 15 de la resolución ante el Parlamento concerniente a los recursos necesarios para nuestras políticas para el cambio. Desde luego, esto es de la mayor importancia. Estamos seguros de que surgirá un importante "dividendo de la reforma" a medida que las medidas de reforma comiencen a propiciar una mayor eficiencia y una mejor gestión del uso de los recursos. Está muy claro, no obstante, que algunos sectores de los servicios de la Comisión ya se despliegan hasta el límite. El Parlamento ha comentado frecuentemente esta circunstancia. En segundo lugar, también está claro que la reforma precisará algunas nuevas inversiones para formación tecnológica y de habilidades. En tercer lugar, está muy claro que se han de emprender más preparativos para la ampliación. Éstos ya están teniendo repercusión en la disponibilidad de recursos.
También es evidente que, si aceptamos nuevas tareas -cosa que el Consejo y el Parlamento nos pedirán que hagamos- deberemos identificar las llamadas "prioridades negativas" y abandonarlas para poder crear capacidad de ahorro. Un elemento fundamental de la reforma lo será, por tanto, un procedimiento más riguroso para anudar el proceso de establecimiento de prioridades a la asignación de recursos bajo un sistema de gestión basado en la actividad. Quisiera enfatizar, no obstante, que mientras la Comisión va a introducir con toda seguridad la disciplina interna en el establecimiento de prioridades, solo puede ser completamente efectivo si el Parlamento y el Consejo lo comparten y adoptan una actitud igualmente estricta respecto de lo que se demanda de la Comisión.
Por ello, la Comisión saluda el párrafo 15 del informe del Sr. van Hulten.
Termino, señor Presidente, agradeciéndole a la Asamblea la atención prestada durante una intervención inevitablemente larga y expresando mi gratitud al ponente, a la Comisión de Control Presupuestario y al resto de comisiones que dieron su opinión. Esperamos seguir colaborando estrechamente con esta Asamblea en la conclusión del paquete de estrategias para la reforma y, lo más importante, seguir trabajando con esta Asamblea en su ejecución a lo largo de los años que será necesaria en situaciones complejas de este tipo.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(La sesión se levanta a las 23.15 horas)

