Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Puerta
Señora Presidenta, yo ayer no estuve en las votaciones y figuro votando de manera muy singular: aisladamente y siempre en contra de mi Grupo. Y no era esta mi intención. Entonces, debe anularse que yo he votado y, sobre todo, de esta manera. Solamente quería decirle esto. Aparece solamente: Sr. Puerta del Grupo GUE, votando todas las veces en contra de lo que piensa mi Grupo.

El Presidente
Muy bien, señor Puerta. Naturalmente, vamos a rectificar de acuerdo con su voluntad.
¿Hay alguna otra observación? No hay observaciones.
El Acta queda aprobada

Comunicación relativa a la aprobación de la gestión 1996
Theato
Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 6 del Anexo del Reglamento de nuestra Asamblea, tras la votación del 17 de diciembre sobre la aprobación de la gestión para 1996, la Comisión de Control Presupuestario debe informar al Parlamento en el siguiente período parcial de sesiones. Ayer nos hemos reunido y deliberado sobre el procedimiento a seguir. Nos hemos puesto de acuerdo unánimemente sobre el siguiente texto que la comisión me ha encargado les presente. Lo voy a hacer en inglés pues nos hemos puesto de acuerdo sobre este idioma para evitar malentendidos y errores de traducción. Su tenor es el siguiente:
La Comisión de Control Presupuestario tiene presente la votación del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 1998 en la que se rechazó su propuesta de aprobación de la gestión para el ejercicio 1996. En segundo lugar, señala que, de conformidad con el Anexo V de su Reglamento, aún no ha finalizado el procedimiento de aprobación de la gestión. En tercer lugar, la comisión está finalizando su rendición de cuentas correspondiente a 1996. En cuarto lugar, la comisión presentará ante el Parlamento un informe antes del 31 de marzo de 1999.

El Presidente
Muchas gracias, señora Theato, por esa información .

Agenda 2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0444/98 del Sr. Mulder, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0298/98-98/0112(CNS)) relativo a la financiación de la política agrícola común, -A-0494/98 del Sr. Garot, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0294/98-98/0109(CNS)) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno, -A4-0446/98 del Sr. Goepel, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo RuralI.sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0295/98-98/0110 (CNS)) por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos yII.sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0296/98-98/0111 (CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) nº 3950/92 por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, -A4-0496/98 del Sr. Fantuzzi, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo RuralI sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0292/98-98/0107(CNS)) que modifica el Reglamento (CEE) n- 1766/92 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales y que deroga el Reglamento (CEE) n- 2731/75 por el que se establecen las calidades tipo del trigo blando, el centeno, la cebada, el maíz y el trigo duro,
II sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0293/98-98/0108(CNS)) por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos,
A4-0480/98 del Sr. Graefe zu Baringdorf, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(98)0158 - C4-0299/98-98/0113(CNS) ) por el que se establecen las disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa de la política agrícola común.
Mulder
ponente. (NL) - Señora Presidenta, quiero empezar dando la bienvenida entre nosotros al Sr. Funke. Creo que es una buena costumbre que en los debates importantes sobre los temas agrícolas el Presidente del Consejo de Ministros haga un esfuerzo siempre para estar presente.
En cuanto a la financiación de la parte agrícola de la Agenda 2000, creo que es bueno que prolonguemos la tendencia de estos últimos años. Si cambia la política agrícola, naturalmente también tendrá que cambiar su financiación. La Comisión de Agricultura, en términos generales, ve con buenos ojos las propuestas de la Comisión. El FEOGA debe seguir siendo la principal fuente de financiación de la política agrícola europea. Al igual que ya ocurrió hace unos años con las reformas de MacSharry, opinamos que será útil adaptar su contenido. Si con las reformas de MacSharry fue la primera vez que se añadía una línea de crédito que no tenía mucho que ver con la propia política de mercado y de precios, también ahora se añaden todo tipo de capítulos nuevos.
En primer lugar está el capítulo sobre el desarrollo rural, y en opinión de la Comisión de Agricultura, eso es lógico. La política agrícola no sólo es una política de precios y una política de mercado, sino que es una política que lo abarca todo, también el desarrollo rural. En segundo lugar, la Comisión propone incluir también las medidas veterinarias y fitosanitarias. Nos parece lógico. En tercer lugar: la política de información. Otra propuesta de la Comisión para que se incluya también. La Comisión de Agricultura opina que también esta propuesta es buena. Opinamos que la política agrícola en general en Europa está excesivamente desprestigiada. Es necesario resaltar más sus facetas positivas, que las hay y muchas.
Lo que no consta, y la Comisión de Agricultura lo añade a las propuestas de la Comisión Europea, es que no se habla de una política de calidad de los productos agrícolas. Si hay algo que es necesario en Europa después de la crisis de la EEB y después de tanta conmoción sobre la calidad de nuestra alimentación, es que Europa desarrolle una política para la calidad de los productos agrícolas. Debe formar parte inseparable de la política agrícola europea.
Además, la Comisión de Agricultura opina que, también en el futuro, los agricultores deberán obtener sus precios en la mayor medida posible del mercado. A nadie le beneficia el rellenar toda suerte de formularios. Lo que más se desea es obtener mejores precios. Y esto puede conseguirse a través de una política de calidad, pero también mediante el desarrollo de nuevos mercados. Por ejemplo, el mercado de los usos de productos agrícolas para fines no alimentarios. Para el medio ambiente será muy conveniente que prescribamos determinados productos agrícolas para determinadas áreas. Así se desarrollarán nuevos mercados, lo que repercutirá positivamente en los precios.
Por último, en cuanto a la ampliación europea, no tenemos nada que objetar a que se incluya también en el reglamento, hasta cierto punto, la ayuda de preadhesión. En cuanto al poder del Parlamento: toda la política de mercado y de precios seguirá consistiendo, y así lo aceptamos, en gastos obligatorios. Todos los demás gastos, sabiendo que el Parlamento ha de tener su competencia sobre ellos, deben ser gastos no obligatorios, ya que el Parlamento tiene plena competencia de codecisión.
¿Qué es lo que, según la Comisión de Agricultura, no se incluye en el Fondo de Garantía? Todas las medidas estructurales que se comprendan en el objetivo número 1 y las iniciativas comunitarias. La administración de los fondos, naturalmente permanece bajo la responsabilidad de la propia Comisión. Cuando los gastos son efectuados por los Estados miembros a través de los organismos pagadores, deberán ser los mismos Estados miembros quienes se encarguen de su control. En vista de los acontecimientos de esta semana no sorprenderá que nosotros queramos introducir importantes mejoras en dicho control. Se necesita un control más fuerte. ¿Y cómo lo imaginamos? Según la propuesta de la Comisión, tres meses después del cierre del ejercicio financiero se emite un informe sobre las cuentas financieras, y dos años después de dicho cierre se emitirá un informe para evaluar si la gestión ha sido correcta. En cuanto a este punto, la Comisión de Agricultura presenta una serie de enmiendas para su mejora. Queremos ser informados inmediatamente -es decir, no a los dos años-, siempre que se rechace o se apruebe algo. Queremos seguir muy de cerca cualquier desarrollo en este campo. Esperamos de la Comisión que nos hagan llegar un informe cada trimestre. No es necesario que sea muy extenso, ya recibimos suficiente cantidad de papeles, pero es necesario que se haga con la mayor celeridad posible.
Para concluir, una observación sobre un elemento contencioso de nuestra propuesta, que trata de la cofinanciación de algunos de los gastos agrícolas. Se ha incluido una consideración en la que la Comisión de Agricultura se pronuncia con cautela a favor de dicha cofinanciación, pero en lo referente a un artículo concreto sobre ese punto se produjo un empate de votos. Dieciocho miembros de la Comisión de Agricultura se pronunciaron a favor de la cofinanciación de algunos gastos, dieciocho en contra y uno se abstuvo. Por tanto seguirá siendo un punto a someter al superior criterio del Pleno.

Garot
Señora Presidenta, Señorías, este informe sobre la carne de vacuno que se me ha encargado está concebido con la preocupación de tomar en consideración tres elementos esenciales: en primer lugar, las nuevas expectativas de los consumidores tras el fenómeno de las vacas locas, que tienen relación con la calidad sanitaria y gustativa de los productos; en segundo lugar la necesidad de corregir el desequilibrio estructural del mercado en el que la producción anual aumenta en un 2 % mientras el consumo se reduce en un 1 %; y finalmente, el fundamento del informe Cunha votado por el Parlamento, que propone conciliar la dimensión económica de la actividad agrícola con su vocación en materia social, ambiental y territorial.
Señorías, todos han podido constatar que la Comisión, en sus propuestas, ha planteado más bien una reforma en la que estas tres preocupaciones no son centrales. La Comisión pretende en primer lugar incrementar las cuotas de la Unión Europea en los mercados mundiales y aproximar nuestros precios a los de los PECO. Su lógica, al contrario que las reformas anteriores, la compromete sobre todo en el sentido de una regulación del mercado mediante los precios, de ahí el 30 % de bajada y el próximo abandono de la intervención pública que propone. Frente a esto, he estimado que el realismo lleva a considerar que el futuro de nuestra producción de carne de vacuno está ante todo vinculado a nuestro mercado europeo, al intervenir las salidas exteriores más como mercados puntuales de inhibición. Esta opción está tanto más justificada en la medida en que la crisis asiática y la crisis rusa ponen en evidencia el exceso de confianza de la Comisión en los mercados internacionales. La pertinencia de la estrategia comercial de la Comisión no se demuestra de esta manera por lo que respecta a este sector de la carne de vacuno en el que Argentina produce a un 50 % y Nueva Zelanda a un tercio de nuestros costes de producción. En ese contexto, avanzar a marchas forzadas hacia la aproximación de los precios mundiales podría resultar perjudicial para una gran parte de nuestros ganaderos, lo que sería naturalmente insoportable. Por ello las propuestas que he sometido a debate combinan una bajada razonada de los precios, una gestión voluntarista de los volúmenes, la indispensable promoción de una política alimentaria y la necesidad de mantener una política de ingresos decentes para los productores. Con respecto a la bajada de los precios, propongo que sea de un 15 % para obtener un efecto del relanzamiento del consumo y mantener una relación de competitividad correcta con las carnes blancas que van a beneficiarse de la bajada de los precios de los cereales. Con respecto al control de la producción, propongo completar las medidas propuestas por la Comisión mediante el refuerzo del apoyo a la extensificación, la puesta en marcha de una ayuda a la ternera de carne, el fomento de la reducción del peso de las canales, la instauración de cuotas individuales de bovinos machos. En materia de política alimentaria, además de la innovación en el acondicionamiento y la presentación de los productos a base de carnes, el esfuerzo ha de incidir de forma natural en el restablecimiento de la confianza de los consumidores. En este sentido es evidente que será exigiendo prioritariamente una calidad tanto sanitaria como gustativa en esta OCM como podremos recuperar todo su espacio para este producto entre los consumidores. Finalmente, con respecto a la renta de los ganaderos, la bajada del 15 % y la necesaria reducción de la producción van a agravar aún más su situación. La cuestión de la compensación está por tanto planteada. He propuesto tratarla en los límites presupuestarios atribuidos a esta OCM en Agenda 2000.
Este informe, sometido a votación de la Comisión de Agricultura en diciembre, no fue aprobado, probablemente por razones que sobrepasan el objeto mismo de su contenido. Sin embargo, se han producido votaciones mayoritarias sobre una serie de puntos: la bajada de los precios en un 15 %, el mantenimiento de la intervención pública, la revalorización del apoyo a los rebaños de nodrizas y las explotaciones extensivas, la necesidad de una prima a los terneros de carne y el mantenimiento de la prima a la desestacionalización. He retomado estos elementos para proponerlos con mi grupo político, el PSE, en el debate de la Asamblea plenaria. Posteriormente, nuevas enmiendas vienen a aportar respuestas a los problemas planteados por Italia, Alemania, Holanda, sobre el tratamiento reservado a los jóvenes bovinos machos. La medida esencial propuesta en este sentido consiste en reservar una suma de 1.800 millones de ecus con cargo a pagos suplementarios para la concesión de una prima al sacrificio relativa a los jóvenes bovinos machos, a las vacas nodrizas, a las vacas de leche, a las novillas y a los terneros de carne. La concesión de esta prima se basaría naturalmente en criterios comunitarios de un límite de sacrificios por país que se fundamente en bases históricas y con un límite de prima por animal para cada una de las categorías planteadas, con el fin de evitar distorsiones de competencia entre los Estados miembros. Esta medida de compromiso debería favorecer el reequilibrio esperado por los países productores de bovinos machos, sin por ello poner en crisis lo más esencial de la actuación seguida para conducir a las necesarias adaptaciones de esta OCM de la carne de vacuno. Por ello, señora Presidenta, creo que en este momento se reúnen las condiciones para que este informe sea aprobado próximamente por este Parlamento.

Goepel
Señora Presidenta, señor Presidente, las propuestas de la Comisión sobre el reglamento de mercado para la leche afectan en lo esencial a tres sectores, a saber, al apoyo a los precios, a las medidas compensatorias de las rentas para los productores de leche y a la regulación de las cantidades garantizadas. El apoyo a los precios que plantea la Comisión prevé una reducción del precio de la leche en un 17 % y una reducción del precio de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en un 15 %. Estas medidas se justifican con el fomento del consumo de leche y de productos lácteos en la Comunidad y con la mejora de la competitividad de estos productos en los mercados mundiales.
Sin embargo, ante el volumen de compensación propuesto, la reducción de precios debería ser en total claramente inferior a lo que persigue la Comisión. Con una reducción menor de los precios y manteniendo igual el volumen de compensación, se puede alcanzar más fácilmente una compensación total de estas rentas. Es decir, proponemos reducir el precio indicativo para la leche en un 12 % en lugar de en un 17 % y el precio de intervención para la mantequilla y la leche desnatada en polvo en un 10 y 15 % respectivamente.
En lo que se refiere a la compensación de las rentas, la Comisión propone cuatro elementos, una prima por vaca lechera (artículo 15), un pago adicional (artículo 16), un importe complementario a la prima por vaca lechera (artículo 12) y un importe complementario en el marco de importes globales (artículo 13). Estas propuestas son extraordinariamente complicadas y ocasionan graves problemas a la hora de llevarse a cabo o de controlarse. Debo indicar que estoy a favor de la prima por vaca lechera inclusive un importe complementario en el marco del reglamento sobre la carne de vacuno, pero no sobre la base de una vaca virtual de tipo europeo que suministre 5.800 kg de leche por año sino que la base para esta prima por animal tiene que ser la compensación financiera sobre las cuotas, debiéndose garantizar aquí plenamente el rendimiento nacional o regional por animal. Asimismo, como segunda regulación en el marco del reglamento de mercado para la carne de vacuno sería pensable una prima general por sacrificio para las vacas lecheras y compensar de este modo el descenso de los precios. De este modo, tendríamos prácticamente dos formas de pago de primas como compensación.
Respecto a la regulación de las cantidades garantizadas, apoyamos la propuesta de la Comisión de prorrogar la cuota hasta el 2006 y, con gran pesar, también la propuesta de elevar la cuota en un 2 %. En lo referente a la asignación del 1 % a los agricultores jóvenes y del 1 % a las regiones montañosas, se deberían tener en cuenta las zonas desfavorecidas en las regiones montañosas, si bien sólo en el marco de la cantidad asignada.
Cuando hablamos de una reforma de la organización de mercado para la leche, no podemos dejar de lado el problema de la supertasa. Se debería reducir más de lo que se obtiene por el descenso del precio orientativo para la leche y configurarse más flexiblemente, casi como elemento coyuntural, para que el productor activo de leche tenga la posibilidad de adaptar coyunturalmente su cuota mediante «leasing» o superación. Esto influiría sin duda en el precio de mercado para los «leasings» de cuotas en desventaja de los llamados «ordeñadores de sofá». Los productores europeos de leche o los transformadores de productos lácteos, a pesar de la regulación de cuotas, tendrían entonces la posibilidad de colocar en el mercado mundial más productos lácteos libres de reembolsos a la exportación.
Respecto a la vinculación entre tierras y cuotas solamente puedo decir que una causa de la creciente proporción de cuotas ajenas se debe a que tanto el derecho de la CE como las normas nacionales permiten que los no productores puedan poseer una cuota de esa cuota. Esto se debe al principio de la vinculación de tierras. Creo que la supresión o mantenimiento de la vinculación entre tierras y cuotas, es decir, la transferencia de la cuota lechera, solamente debería ser posible en caso de una transferencia proporcional de las tierras en los diversos Estados miembros, es decir, que debería existir una regulación facultativa. En el apartado 2 del artículo 7 se debería pues formular la disociación facultativa de tierras y cuotas con la autorización a los Estados miembros para introducir límites regionales a la transferencia de cantidades de referencia no ligada a las tierras correspondientes.
Hace dos días se dijo en la «dpa» (Agencia Alemana de Prensa) que la Presidencia del Consejo y la Comisión están convencidos de que todos los Estados miembros deberían mostrar una disposición al compromiso y que se deberían defender con claridad y sin prejuicios intereses nacionales. Precisamente esto es lo que yo quería hacer aquí como ponente. Coincido fundamentalmente con la Comisión en que la competitividad de la agricultura europea se debe fortalecer en el mercado mundial. Pero, señor Comisario Fischler y señor Presidente del Consejo Funke, no puedo relanzar la competencia y al mismo tiempo excluirla en regiones enteras de la Alemania del este con la amenaza de las degresiones. Puestos de trabajo en la agricultura los encontrarán en especial en explotaciones mixtas que producen sobre todo carne de vacuno o de cerdo y sobre todo leche. Dé a estas familias la misma oportunidad que a todas las demás en la Unión Europea.
Para finalizar, quiero expresar mi satisfacción porque casi diez años después de la unidad alemana haya podido acuñar como diputado de esta Asamblea un reglamento de mercado tan importante. Muchas gracias sobre todo a aquellos que me han apoyado y colaborado en este complicado pero interesante trabajo.

Fantuzzi
Señora Presidenta, en la Comisión de Agricultura se aprobaron algunas enmiendas a mi informe que no me han satisfecho totalmente como, por ejemplo, la de no practicar ninguna reducción de los precios de intervención de los cereales, pero sí de aumentar las ayudas. Creo que no es muy sensato aumentar la ayuda interna, con un gasto suplementario de algunos cientos de millones de euros, para un sector que, a pesar de que supone el 11 % de la producción agrícola bruta vendible de la Comunidad, absorbe por sí solo el 40 % del presupuesto de la Política Agrícola Común, esto es, 17 de los 40 millardos de euros totales. Confío en que la pausa navideña nos haya permitido reflexionar y que la votación del día 28 de enero en Bruselas lleve a arrepentirse de estas enmiendas.
Estoy convencido, por el contrario, de que una reducción del 20 % del precio de intervención -yo voy a proponer el 15- no es una prueba irracional de pesimismo de los funcionarios de la Dirección General VI. Actualmente, la diferencia entre el precio de intervención y el precio mundial es mayor; por tanto, en rigor, la reducción propuesta con la Agenda 2000 debería ser aún más importante, como nos recordó hace unas semanas el presidente del Tribunal de Cuentas en este Pleno. En efecto, el fantasma de los excedentes, del que después del año 1992 parecía que nos habíamos librado, vuelve a irrumpir en la escena comunitaria. Ha sido suficiente un 2 % más en la cosecha, un porcentaje del 5 % de retirada obligatoria de tierras, y he aquí que hoy nos encontramos con un excedente de cereales del orden de 20 millones de toneladas. Por ese camino temo que, por desgracia, tendremos que revisar a la alza las previsiones para el año 2006.
Por consiguiente, la urgencia de una reforma seria y profunda existe si lo que se pretende es ser serios y responsables. Es inútil simular no vender; con las falsas reformas a las que usted, señor Comisario Fischler, se ha referido, las que no molestan a nadie, creo que nos vamos a encontrar ahogados, una vez más, por los superávit de producción. Por eso, creo que no tiene sentido aplazar la cuestión, ya que significaría tener que abordarla dentro de poco, bajo la insignia de la urgencia y en condiciones aún más adversas que las actuales. En cuanto a los cereales, podemos evitar este peligro si afrontamos el sector en línea con la orientación de la Comisión. Ésta es al menos mi opinión; evidentemente, introduciendo algunos ajustes, como mínimo tres: el primero consiste en excluir de la prima única las semillas oleaginosas. Sufrimos un déficit de proteínas en la Comunidad que, tras la crisis de la EEB, es aún más agudo. Es absurdo invocar los límites de Blair House para decir que, con esta reducción de la prima de base, dejaremos de padecerlos. Es algo así como exultar cuando nos hacemos daño nosotros mismos, porque así dejamos de sentir más dolor por el daño que nos causan los demás. Lo que tenemos que hacer es coger el toro por lo cuernos, señor Comisario, sin atajos ilusorios y peligrosos, es decir, renegociemos Blair House.
El segundo ajuste es un porcentaje de retirada obligatoria de tierras del 10 %. La propuesta de establecer un porcentaje cero en el año 2000 no es viable ni realista. Hoy ya necesitaríamos un porcentaje positivo de retirada obligatoria de tierras, seguramente por los problemas de mercado ya comentados y para garantizar una efectiva viabilidad del propio sistema de retirada obligatoria de tierras.
El tercer ajuste se basa en un espíritu de cohesión y de solidaridad algo más consistente que el que hoy se respira en la organización común de mercado de los cultivos. Si es la misma Comisión la que reconoce en sus premisas que la reforma de la Política Agrícola Común de 1992 no ha favorecido las regiones y los productores más desfavorecidos en lo que respecta a los cultivos que representan el capítulo de gasto más consistente y a los que se destina la gran parte de la ayuda directa a la renta, no podemos quedarnos rígidamente aferrados a las lógicas de 1992. Precisamente para dar una señal de reequilibrio, propongo hacer referencia a los rendimientos productivos dados por la media ponderada, respectivamente por un tercio y dos tercios, del promedio de los pagos compensatorios y los pagos compensatorios históricos de la región afectada.
Espero que estos ajustes sean aceptados, ya que convertirán las ayudas en más justificadas desde el punto de vista social, si nos interesa su futuro. Creo, sin embargo, que estos aspectos han de figurar en otros informes sobre la Agenda 2000, por ejemplo, el informe sobre el Reglamento horizontal. Considero que se trata de una importante ocasión para reconciliar la Política Agrícola Común con el consumidor y con el ciudadano. La ecocondicionalidad, los topes, la modulación, no son caprichos intelectuales, sino pasos obligados para garantizar algún futuro a la madre de todas las políticas comunitarias. De lo contrario, ya no será posible defenderla. Con 40 millardos de euros destinados a 7, 5 millones de personas, cuando tenemos más del doble de parados, la justificación económica por sí sola, en mi opinión, a la larga ya no es suficiente, si no va acompañada de lógicas de tipo medioambiental, social, territorial que la sociedad nos pide con insistencia.
Estoy preocupado por el resultado de este debate en nuestro Pleno. Temo que con nuestra lucha para defender a los productores acabaremos por atenuar las tímidas novedades propuestas por la Comisión y por dejar sin efecto toda innovación. No se puede sostener que la crisis rusa o del Este asiático debe obligarnos a rechazar o revisar la bajada de los precios de los cereales, la leche y la carne. Nunca he creído en la «fortaleza Europa». Encerrarse en casa ha sido siempre un error para los europeos: es precisamente en los momentos de crisis que Europa debe mostrar su peso en la escena mundial atreviéndose un poco más. No se trata de una confianza dogmática en los mercados mundiales, se trata de la confianza en nosotros mismos, de lo contrario, no sirve implantar el euro para hablar al mundo y contar más. Este ensimismamiento, entre otras cosas, significa dar un pésimo mensaje a los PECO, a la otra Europa.
Es paradójico que la Agenda 2000, creada para acercar las dos Europas, hoy acabe por alejarlas. Señor ministro Funke, lamentablemente, el Consejo de Agricultura de los últimos meses no nos ha facilitado brillantes ejemplos de clarividencia. El Consejo de Agricultura merecería una moción de censura. No ha llegado a ninguna parte respecto a la reforma de la Política Agrícola Común durante semanas y no ha dejado de esgrimir los argumentos de siempre: el modelo agrícola, los dos pilares. No ha sido gran cosa y ha regalado un espacio inmenso al Consejo Ecofin que con sus hipótesis respecto a la cofinanciación y a la congelación del gasto primero ha complicado, y luego ha hipotecado seriamente el futuro de la reforma. También aquí, debemos evitar batallas demagógicas: rechazar la cofinanciación en nombre de la solidaridad comunitaria significa sembrar cizaña; debatirla seriamente es otra cosa, supone evaluar todas sus repercusiones. Con la lógica de los saldos netos, del sentimiento de fastidio de quien considera que extiende un cheque en favor de los países pobres del Sur, Europa, en mi opinión, no hace camino; sin embargo, erigir un monumento al sacrosanto principio de solidaridad para la Política Agrícola Común, tal como ésta, es una ofensa al sentido común. Se puede decir de todo, pero no se puede decir que la Política Agrícola Común es el mejor ejemplo de solidaridad comunitaria. Basta comparar la ayuda asignada a las producciones mediterráneas para darse cuenta de ello.
Para terminar, esperamos de usted, señor Ministro, una explicación sobre este nuevo entusiasmo por una reforma con coste cero. En mi opinión, si lo queremos es contener el gasto y afrontar los nudos estructurales de una ayuda excesiva, desequilibrada y con efectos distorsionadores, hay una manera de hacerlo y es la de realizar reformas más radicales y no de paralizarlo todo. Sería muy desagradable comprobar, después del mes de marzo, que tras el eslogan de la reforma sin coste se esconde el enésimo aplazamiento de cualquier reforma. Los agricultores necesitan de todo, excepto esperar hasta octubre.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, en primer lugar quiero realizar una aclaración formal: hablo aquí como ponente de la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural, tal como han hecho hasta ahora todos los oradores anteriores. No defiendo pues mi opinión ni la de mi grupo político sino la de la comisión. En la Comisión de Agricultura nos encontramos ante la situación especial de que en muchos campos no se han adoptado resoluciones, es decir, que no existía ninguna posición, si exceptuamos que se ha rechazado la posición de la Comisión. He tenido suerte como ponente pues, señor Fischler, puedo felicitarle: la comisión ha recogido plenamente la propuesta de la Comisión en lo que se refiere a los pagos directos y a la modulación de los mismos. Me encuentro pues ahora en la situación de informar y justificar su propuesta. Voy a ver si puedo hacerlo mejor de lo que lo ha hecho usted en su exposición.
La condición previa para esta propuesta son los pagos de primas que se introdujeron en 1992 en la llamada reforma MacSharry -hasta ahora se ha oído hablar poco de la reforma Fischler, que debemos aún introducir- cuando se redujeron los precios y se dijo que hay pagos compensatorios de los precios en forma de primas. Estos pagos compensatorios de precios no estaban vinculados cualitativamente, lo cual era lógicamente correcto ya que debían ser aumentados en proporción inversa al descenso experimentado por los precios. Que esto no era del todo justo y que se quitaba en total algo a la agricultura fue objeto de nuestros debates a la sazón.
Las repercusiones de estos acontecimientos fueron naturalmente dramáticas. Cito literalmente al Tribunal de Cuentas Europeo: «Ha ocurrido que el 40 % de estos créditos de primas han ido a parar al 4 % de las explotaciones». Y ha ocurrido que el 80 % de las primas han ido a parar al 20 % de las explotaciones y -prosigue el Tribunal de Cuentas- que una explotación puntera ha obtenido de Bruselas 6, 61 millones de marcos en un año. Esto significó que algunas explotaciones pudieron pagar su arrendamiento y su trabajo con las primas y que después aún les sobrase dinero. Naturalmente, para las explotaciones en las que se pensó menos, esto representaba una situación extraordinariamente difícil. Pues las primeras pueden soportar mucho mejor el descenso de los precios que las últimas. En consecuencia, la Comisión dijo que había que acabar con esa situación, lo que consideramos acertado en nuestra comisión.
Tenemos que colocar y tener más en cuenta el trabajo y el medio ambiente como criterios para los pagos de primas. La comisión está de acuerdo con ello. Sin embargo, al contrario que el Tribunal de Cuentas, quien ha dicho que hay que poner como tope 100.000 ecus -es decir, un límite superior de recortes-, usted se ha pronunciado acertadamente al igual que la comisión en favor de una degresión. Entre 100.000 y 200.000 ecus habría que deducir un 20 % y por encima de 200.000 ecus, un 25 %. Este sería el nivel de Bruselas. Entonces dice usted que los Estados miembros deben decidir libremente deducir otro 20 % en las explotaciones que tienen una media menor de trabajadores o, lo expreso de otra manera, tienen un grado de racionalización muy superior a otras explotaciones. Esto supondría una deducción de hasta un 45 %.
El enfoque de esta propuesta es razonable pues tiene en cuenta el trabajo para el pago de las primas, no en forma de una remuneración por el rendimiento aportado realmente sino en una forma estandarizada. Sin embargo, esto ocasionaría que las explotaciones con un elevado grado de racionalización serían pospuestas en el pago de primas y las explotaciones que ocupan mucha fuerza de trabajo obtendrían un pago superior. El problema en todo este asunto es solamente que las explotaciones afectadas solamente representan un 1 % o quizás ni siquiera eso y que la gran masa de explotaciones agrícolas no obtiene nada de esta degresión pues la deducción realizada arriba no aporta necesariamente algo abajo.
Señor Comisario, permítame informar sobre lo que hemos introducido en la Comisión de Agricultura pero que no ha sido votado y sobre lo cual se ha dicho en su Comisión, al menos oficiosamente, que se trata de una propuesta mejor que la suya. Sólo que no puedo defenderla pues la Comisión de Agricultura ha decidido otra cosa, sin embargo voy a trazar sus rasgos básicos: naturalmente, se puede decir que es necesario un esfuerzo administrativo muy elevado para demostrar a las explotaciones que trabajan demasiado poco. Podría ocurrir que se produzcan litigios jurídicos y que surjan dificultades. Por ello, hemos propuesto conceder a las explotaciones una opción, consistente en deducir inmediatamente el 45 % y que la explotaciones con muchos empleados puedan, si así lo desean, facturar sus costes laborales y de ellos se aplique el 50 %. Al realizar los cálculos se ha visto que si se aplicasen nuestras consideraciones no se vería afectado el 97 % de las explotaciones. Establecemos, pues, una regulación para explotaciones que tienen muchos empleados y que producen ecológicamente. En la mayoría de los casos, esto va unido entre si. Damos a tales explotaciones más que a las que han introducido una racionalización y esto me parece muy razonable. Las otras explotaciones son ya de por si competitivas al tener un elevado grado de racionalización. Muchas gracias, señora Presidenta, lo demás lo diré cuando hable en nombre de mi Grupo político.

Goepel
Señora Presidenta, tenemos que ser justos. Se lo ruego. Me habría gustado hablar dos minutos sobre la política del mercado lácteo. Le ruego que llame la atención para que se respete el tiempo asignado.
Aplausos

El Presidente
Señor Goepel, es muy difícil interrumpir a un colega, sobre todo a un ponente, y si usted hubiera sobrepasado su tiempo sabe bien que tampoco le habría interrumpido.
Los ponentes hacen un trabajo muy importante. Como presidente de sesión no puedo interrumpir bruscamente a un ponente.
Sabe usted bien que no lo hago. Quizá me equivoque pero no lo hago.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, la reforma de los cereales que se recoge en la Agenda 2000 incluye el abandono generalizado de la práctica forzosa del barbecho. Sin embargo, este documento no presta suficiente atención a las otras modalidades de cultivo. Sería razonable hacer hincapié en un mayor cultivo de las plantas energéticas, que representa uno de los modos alternativos para el aprovechamiento de las tierras.
En el mundo rural, la producción bioenergética genera una importante actividad laboral también desde el punto de vista económico. Las ventajas de la bioenergía residen en su carácter renovable, su limpieza, su implantación local y su capacidad de creación de empleo. Hasta el momento, los principales apoyos con que ha contado esta producción se relacionaban más bien con sus beneficios económicos indirectos en los ámbitos regional, nacional y medioambiental y con sus ventajas económicas, directas, desde un punto de vista empresarial. La adopción de tecnología más desarrollada abre ahora nuevas posibilidades de cara al aprovechamiento de la bioenergía, a la vez que proporcionará en el futuro la posibilidad de aumentar la autosuficiencia de la producción energética europea. Un mayor esfuerzo en el desarrollo de productos en el ámbito de la bioenergía se traducirá igualmente en unos beneficios económicos, necesarios, en relación con el resto de las fuentes energéticas.
En el marco de la aplicación del acuerdo sobre el clima de Kioto, la Comisión ha hecho público su objetivo de duplicar el aprovechamiento de las fuentes energéticas renovables en el territorio de la Unión de aquí al año 2010. Si la Agenda 2000 prestara atención también a la producción no alimentaria, se demostraría una seriedad de intenciones por parte de la Comisión. Para hacer de la bioenergía una fuente energética barata es necesario destinar ayudas a este campo, junto a las demás alternativas del futuro, para que pueda ocupar la posición que le corresponde en la política energética europea. Finalmente, desearía expresar mi agradecimiento al ponente por esta labor ardua y a la que ha debido dedicar tantas horas de trabajo.

Garriga Polledo
Señora Presidenta, en su Comunicación «Agenda 2000» la Comisión Europea incluye propuestas que mejoran y consolidan la cohesión económica y social a través de la reforma de las políticas estructurales, de la Política Agrícola Común y del desarrollo rural.
Dentro de las propuestas de reforma agrícola se da absoluta prioridad al compromiso de la Unión de mantener unas comunidades rurales viables y de proteger el patrimonio rural europeo. Para ello debe contarse con un sector agrario muy fuerte y competitivo a nivel mundial, todo ello dentro de un marco de desarrollo sostenible.
En este contexto, la Comisión nos expone sus propuestas respecto a los regímenes de ayuda directa en el marco de la Política Agraria Común relativos a todas las organizaciones comunes de mercado que conceden pagos directos.
La Comisión de Control Presupuestario, dentro de la propuesta de reglamento en cuestión, solicita a la Comisión de Agricultura que incorpore tres enmiendas con un objetivo común: la mejor información del Parlamento.
En efecto, la propuesta de la Comisión se inspira en el principio de subsidiariedad. Sin ánimo de cuestionar dicho enfoque, es necesario que las medidas adoptadas para garantizar los pagos a los agricultores beneficiados vayan acompañadas de un cierto grado de coordinación a nivel comunitario.
El régimen de sanciones que se aplique a los agricultores por incumplimiento de las normativas laborales o medioambientales debe aplicarse por los mismos motivos en todos los Estados miembros y deben ser similares en todo el territorio comunitario.
Por último, llamo la atención de que la Comisión quiere confiar la tarea de aplicación de la propuesta de reglamento a comités de gestión en los que participan el Consejo y la Comisión pero de los que el Parlamento está excluido. Respecto a este tema, quiero recordar que este Parlamento aprobó una resolución el pasado mes de septiembre en el cual pedimos que se garantice al Parlamento un control real de las medidas de ejecución. Por ello, la Comisión de Control Presupuestario insiste en que el Parlamento sea informado por la Comisión de las medidas que adopten los Estados miembros en la aplicación de este reglamento, y que el Parlamento Europeo tenga el derecho de intervenir durante un plazo determinado en relación con las propuestas de la Comisión relativas a las medidas de ejecución antes de que se adopte la decisión final.

Funke
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero expresarles mi agradecimiento por el caluroso saludo y por poder estar presente y hablar en la primera cita oficial como Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura y Pesca aquí en el Parlamento Europeo. Voy a exponerles los puntos centrales de la Presidencia alemana en los campos de la agricultura y pesca y espero que el Parlamento acompañe positivamente nuestro trabajo y nos apoye también activamente en los grandes proyectos. Saben que nos encontramos sometidos a una cierta premura de tiempo pues se van a celebrar nuevas elecciones a esta Asamblea. Doy una gran importancia a esta cooperación, Señorías.
Hoy van a debatir sobre la parte agrícola de la Agenda 2000. He seguido atentamente los debates mantenidos en las comisiones y en el Pleno del Parlamento Europeo y he llegado a la conclusión -sin duda, no sorprendente para ustedes- de que existe aún una gran divergencia de opiniones en las cuestiones centrales. Deduzco de ello que la Presidencia alemana va a tener que trabajar duramente para llegar a un compromiso.
Sin duda, la Agenda 2000, junto con la cuestión de la financiación, es el tema político central de la Presidencia alemana. El Gobierno federal se ha marcado como objetivo aprobar esta primavera la totalidad de la Agenda 2000. Una tarea realmente ambiciosa que solamente se logrará si el Parlamento, la Comisión y la Presidencia cooperan constructivamente y con total confianza y si desean realmente también el éxito político.
Las propuestas de la Comisión sobre el sector de la agricultura y de desarrollo rural son parte de un paquete y saludo que el Parlamento Europeo lo vea también así. Por ello, les ruego encarecidamente que concluyan a tiempo los debates parlamentarios para que podamos mantenernos en el calendario previsto. Creo que es de interés para todos que la Agenda tenga éxito y mostrar a las ciudadanas y ciudadanos en Europa que las instituciones europeas no solamente están en situación de trabajar sino de hacerlo además con éxito y con visión de futuro.
Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, el 1 de enero Alemania se ha hecho cargo por 11ª vez de la Presidencia. El Gobierno alemán es muy consciente de la gran responsabilidad derivada de ello, pues se trata de acontecimientos de trascendencia histórica, como el de allanar el camino a la ampliación hacia el Este y el de preparar las negociaciones sobre la OMC que comenzarán a finales de año. Por ello, la conclusión de las negociaciones sobre la Agenda 2000 tiene para nosotros la máxima prioridad. Podemos construir sobre los buenos trabajos previos realizados por las Presidencias austríaca, británica y luxemburguesa. Sin embargo, quiero añadir que es necesario intensificar mucho el trabajo para superar las, en parte, graves diferencias de opinión aún existentes y llegar a un compromiso viable.
A pesar de la ausencia de certeza sobre la financiación -aspecto sobre el que también se va a debatir intensamente- como Presidente del Consejo de Agricultura dirigiré las negociaciones sobre la parte agrícola de la Agenda en base a las propuestas de la Comisión. Así estaba previsto desde un principio. Entretanto, hemos creado un llamado high level group que ha iniciado las deliberaciones esta semana, comenzando con la carne de vacuno y la leche. Este grupo debe preparar las negociaciones en el Consejo de Ministros de Agricultura y mostrar los posibles compromisos, es decir, preparar unas propuestas de resolución muy avanzadas.
En el encuentro del Gobierno alemán con la Comisión de la UE celebrado el lunes de esta semana en Bonn, he acordado con el Comisario Fischler que en el caso de presentarse unas alternativas convincentes, la Comisión está dispuesta a revisar sus propuestas y, eventualmente, a presentar otras nuevas. Le expreso, así como a sus colaboradores, mi agradecimiento por ello y me alegro al respecto. Pues en la actual fase de las negociaciones es aún muy pronto para especular sobre compromisos. No me parece razonable. Sin embargo, hay que indicar -me adhiero expresamente a lo que ha dicho al respecto el ponente Goepel- que a pesar de todos los intereses existentes a nivel nacional, debemos estar dispuestos a contraer compromisos pues, de lo contrario, no obtendremos ningún resultado.
Quiero indicar claramente que considero irrenunciable mantener los intereses de la agricultura europea, llenar de contenido concreto el modelo agrícola europeo y fortalecer el área rural con un desarrollo sostenible. La agricultura europea del futuro debe ser competitiva para poder mantenerse frente a la competencia internacional.
Las organizaciones de mercado europeas tienen que adaptarse en este sentido y orientarse más intensamente a los requerimientos del mercado. No obstante, quiero añadir que nuestra tarea es y sigue siendo mantener y mejorar los elevados estándares de medio ambiente y de protección del consumidor así como asegurar del modo adecuado dichos estándares en los acuerdos de comercio internacionales en el sentido de una competencia leal.
Como Presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, quiero trabajar junto con la Comisión para que la protección del medio ambiente en la política agrícola tenga un peso aún mayor, que los Estados miembros y las regiones tengan una mayor influencia en la configuración de la política agrícola y en las áreas rurales y que la protección de los animales y una protección preventiva de los consumidores pasen a formar parte integrante de la política agrícola común. A este respecto el Parlamento Europeo ha realizado importantes sugerencias, de las que me alegro y por las que les expreso mi agradecimiento.
Subrayo de nuevo la necesaria sintonía a tres, si me permiten que me exprese así, entre el Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento en la política europea, si bien esa sintonía podría ser en otro orden, Parlamento, Consejo de Ministros y Comisión o como deseen, el orden no tiene importancia.
Aunque la Agenda 2000 va a ser el punto central de la Presidencia alemana, sin embargo en el campo de la agricultura y pesca hay algunos importantes proyectos que, a ser posible, se deben concluir. Como siempre, en el primer semestre se encuentran las negociaciones de los precios agrícolas, si bien su importancia -todos ustedes lo saben- ha disminuido. Les estaría agradecido si el Parlamento pudiese debatir de modo definitivo en esta legislatura las propuestas de la Comisión que aún restan.
Para hacer justicia a las esperanzas de los consumidores, el derecho comunitario debe desarrollarse sobre la base del Libro Verde. Toda la cadena de la producción de alimentos tiene que regularse con eficiencia y coherentemente. También queremos mejoras en el campo de la agricultura ecológica, tanto en la producción como en la comercialización. Concedemos también una gran importancia a los sectores de la protección animal y la lucha contra las epizootias. Me voy a referir a los temas más importantes de la protección de los animales. Se trata de las decisiones sobre un trato conforme a la especie de las gallinas ponedoras colocadas en jaulas en batería, la definición precisa de los requerimientos planteados a los barcos de transporte de animales, la actualización de los requerimientos mínimos para el sacrificio así como la aplicación de la recomendación del Consejo de Europa sobre la cría de animales agrícolas útiles en el derecho comunitario.
Ante el creciente comercio de animales vivos y de los daños provocados por las epizootias, la lucha contra éstas cobra una importancia cada vez mayor. Para ello se está intentando modificar la directiva sobre la peste porcina, sobre la fiebre aftosa así como sobre zoonosis. Esto es lo que quería decir respecto a la agricultura.
Me voy a referir brevemente a la pesca pues también aquí nos espera un gran trabajo. Las negociaciones sobre la Agenda 2000 tienen también repercusiones sobre el sector de la pesca. Por ejemplo, hay que decidir la cuestión central de la futura financiación de las ayudas a la pesca. Paralelamente a ello, hay que mantener negociaciones sobre el reglamento de política estructural pesquera, para garantizar a más tardar en junio de 1999 la aprobación de esta propuesta. Mi objetivo es presentar ya en marzo en el Consejo de pesca los elementos políticos esenciales de dicha propuesta para que se adopte una decisión.
Independientemente de ello, hay que desarrollar una política de pesca común con el objetivo de lograr una explotación duradera y equilibrada de las existencias piscícolas. Otro punto central lo constituyen los debates sobre la prosecución o renovación de los acuerdos de pesca con terceros Estados y la revisión de dichos acuerdos iniciada por el Consejo. Además, el Consejo de Pesca se ocupará de la nueva configuración de la organización común de mercado para productos de pesca.
Hasta aquí una breve exposición de las actividades en el campo de la política agrícola y de pesca y de los aspectos centrales durante la Presidencia alemana. Naturalmente, en los diez minutos que se me han concedido sólo he podido hablar someramente sobre algunas cuestiones y si he sobrepasado algo mi tiempo ruego se me disculpe en esta mi primera intervención ante esta Asamblea. Quiero asegurarles que como Presidente en ejercicio del Consejo de Agricultura y Pesca buscaré el intercambio de ideas con el Parlamento Europeo en el marco del llamado diálogo tripartito. Lo considero necesario y corresponde también a mi convencimiento.
Aplausos

El Presidente
Era, en efecto, su primera intervención en esta Asamblea y creo que, en nombre de esta misma Asamblea, puedo darle una afectuosa bienvenida.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, señor Presidente del Consejo, señoras y señores, les voy a anunciar ya desde el principio que voy a necesitar algo más de 10 minutos para poder referirme a todos los informes que se han presentado hoy aquí. Al final del debate intentaré ahorrar este tiempo si es posible.
En primer lugar quiero felicitar a todos los ponentes por el trabajo que han realizado. Los diferentes reglamentos de mercado se han tratado en los informes de los señores Fantuzzi, Garot y Goepel, el reglamento horizontal ha sido objeto del informe del señor Graefe zu Baringdorf y del reglamento sobre FEOGA se ha ocupado el señor Mulder.
El informe sobre la reforma del mercado del vino se va a presentar en el orden del día de febrero y los informes sobre el desarrollo rural y sobre las ayudas a la preadhesión fueron tratados ya en noviembre. Por ello, no necesito referirme a este informe si bien quiero incluir expresamente en mis felicitaciones a los ponentes, los señores Goerlach y Sonneveld.
Señores ponentes, todos ustedes han contribuido a que hayamos podido mantener hasta ahora el calendario sobre las propuestas de la Agenda 2000. Entretanto hemos entrado en la fase decisoria en el Consejo. Las cuestiones técnicas se han aclarado y el nuevo grupo de alto nivel ha iniciado su trabajo esta semana. Tan pronto como se produzca un acuerdo político, la Comisión creará todas las condiciones previas para que los textos jurídicos se puedan aprobar definitivamente antes de las nuevas elecciones al Parlamento Europeo.
Entretanto la mayoría de los agricultores y asociaciones de agricultores ven claramente que es inevitable una reforma de la Política Agrícola Común. El peligro de nuevos excedentes a pesar de la creciente demanda en los mercados agrícolas internacionales, la próxima ronda de la OMC y el creciente potencial de producción que va a seguir aumentando sustancialmente como consecuencia de la ampliación hacia el Este, determinan el debate sobre la futura orientación de la política comercial. Existe además un importante debate interno sobre los requerimientos sociales que se plantean a la agricultura. Las repercusiones medioambientales de la producción agrícola son parte de este debate así como la cuestión de los criterios sociales para la política agrícola, el deseo de una mejor calidad de vida, ya sea mediante unos estándares superiores de seguridad y calidad para nuestros alimentos o sea mediante un desarrollo sostenible de las áreas rurales y sus funciones para nuestra sociedad.
Como saben, hemos resumido este enfoque bajo el concepto de «Modelo agrícola europeo». Pero para que este modelo no se quede anticuado necesitamos una orientación más intensa a los consumidores y mercados así como un fortalecimiento de la política para las áreas rurales. Me opongo por ello a los intentos de aprobar solamente una así llamada reforma «light» o de dejar fuera de la misma a importantes sectores. No me parece adecuado suprimir las posibilidades de futuro de los agricultores y del sector transformador con medidas a medias y, por tanto, ineficaces, y arriesgarnos a tener que enfrentarnos en un tiempo muy breve a un nuevo debate sobre la reforma. La cuestión es cómo deben ser definitivamente las reformas para que la agricultura europea esté preparada para los próximos desafíos. El Parlamento Europeo ha participado activamente en la búsqueda de una respuesta a esta pregunta y ha preparado una serie de enmiendas al respecto.
Me voy a referir a continuación a las enmiendas más esenciales y voy a exponer mi opinión sobre las mismas. Permítanme que comience con la financiación. La transición del apoyo a los precios a pagos directos a las rentas no conduce directamente a ahorros en el presupuesto agrícola. Incluso ascenderán ligeramente los gastos de la política agrícola. Pero lo decisivo son los positivos efectos económicos alcanzados por la reforma. Institutos científicos independientes calculan los costes adicionales presupuestarios entre 3 y 4 mil millones de euros mientras que los ahorros de los consumidores ascienden a entre 10 y 17 mil millones de euros. Esto significa una reducción del índice de precios al consumo de entre 0, 3 y 0, 45 %, lo que supone una importante aportación a la estabilidad de Europa.
El objetivo más importante de nuestra propuesta para el nuevo Reglamento FEOGA es financiar en el futuro con la sección Garantía las medidas para el desarrollo de las áreas rurales situadas fuera de los territorios del Objetivo 1. De este modo, queremos tener en cuenta la multifuncionalidad y también se podría defender mejor a nivel internacional la Política Agrícola Común. Con la sección Garantía se deben poder además financiar una serie de medidas estructurales de acompañamiento en el sector agrícola, medidas veterinarias y fitosanitarias especiales y otras de carácter informativo sobre la Política Agrícola Común así como consolidar y simplificar las normas jurídicas existentes. Me alegra que usted, señor Mulder, apoye en su informe la ampliación de financiación mediante FEOGA-Garantía.
Permítanme que me refiera ahora a las diversas enmiendas. El fundamento jurídico del Reglamento es el artículo 43 del Tratado. Una serie de enmiendas pretenden que se fundamente también en el artículo 209. Señora Presidenta, esta propuesta afecta solamente a las normas específicamente financieras de FEOGA, por lo que está de sobra fundamentar este reglamento también en el artículo 209.
Una serie de enmiendas se refieren a la cofinanciación de acciones que actualmente solamente se financian con el presupuesto de la Comunidad. Se trata de una cuestión básica que debe regularse fuera de los reglamentos agrarios. Lo mismo es aplicable a la cuestión del carácter obligatorio o no obligatorio de los gastos agrícolas. Estos deben tratarse dentro del marco del Acuerdo Interinstitucional.
La enmienda que apunta a una modificación del ejercicio presupuestario significaría realmente también desde nuestro punto de vista una considerable simplificación. Pero tendría también como consecuencia que el ejercicio presupuestario en el que se realizase el cambio duraría doce meses y medio y que ocasionaría unos costes presupuestarios únicos de unos 800 millones de euros. Por ello, la Comisión solamente puede aceptar esta enmienda si se aclara cómo se van a financiar los gastos derivados de ello.
En lo que se refiere a las enmiendas relativas a la calidad de los productos agrarios, para mí queda también fuera de toda duda que las medidas de fomento de la calidad van a ser cada vez más importantes. Sin embargo, hoy pueden ser financiadas por la sección Garantía y son financiadas también en parte.
Lo mismo es aplicable al fomento del empleo de materias primas renovables. Si, por así decirlo, comenzamos ahora a exponer cualquier acción que nos parezca importante, tendríamos que citar una larga lista, lo que no tiene sentido.
Respecto al deseo de que la financiación mediante la sección Garantía no debe entorpecer la administración y ejecución de acciones no financiadas anteriormente por esa sección, quiero indicar que las medidas de acompañamiento de la reforma 92 se financian con la sección Garantía sin problemas especiales. Aunque las normas financieras de la sección Garantía son diferentes en lo que se refiere a la contaduría y al cierre de cuentas, sin embargo, afirmo que en general es ventajoso y se puede combinar con la financiación estructural. Además, se va a establecer una regulación especial de pagos previos para los programas dirigidos al desarrollo de las áreas rurales.
Otra enmienda destaca que los créditos no empleados de la sección Garantía deberían destinarse a final de año a una reserva especial para años futuros. Se trata de una idea interesante, pero las normas del Reglamento Financiero para el presupuesto de la Comunidad no lo permiten. Esto atentaría contra el principio de anualidad del presupuesto.
Para finalizar con el informe Mulder, quiero aclarar que voy a tener en cuenta la exigencia de presentar informaciones regulares sobre las decisiones relacionadas con el cierre de cuentas. Asimismo, incluiré en la financiación con la sección Garantía determinadas medidas de evaluación.
De este modo llego al informe del señor Garot sobre el sector de la carne de vacuno. Me alegra que en esta Asamblea consideren necesaria la reforma de esta organización de mercado. Es conocido que sin corrección de precios la carne de vacuno perdería irremisiblemente en el mercado interior. Es asimismo conocido que las exportaciones de carne de vacuno susceptibles de reembolsos de la Comunidad se van a reducir a solamente 820.000 toneladas anuales a partir de mediados el año 2000 debido a normas de la OMC. Si queremos que la industria de la carne de vacuno europea pueda mantener aproximadamente al nivel de producción actual, según nuestros análisis será absolutamente necesaria una reducción de los precios de intervención del 30 %. He examinado a fondo la propuesta alternativa de restablecer el equilibrio de mercado solamente mediante reducciones de la producción. No puedo adherirme a esta propuesta pues no puede garantizar el futuro de la ganadería europea de vacuno. En consecuencia, no puedo aceptar ninguna enmienda que apunte a reducciones menores de precios. Debemos dejarnos abierta la posibilidad de utilizar la previsible mejora en la evolución de los mercados. Pues si no lo hacemos nosotros lo hará sin duda la competencia. En lo tocante al importe de los pagos directos, aparte de la prima deben tenerse en cuenta también las restantes modificaciones proyectadas de la Política Agrícola Común así como los efectos que se espera tengan sobre los mercados. Por ello, no puedo aceptar tampoco las enmiendas dirigidas a elevar las primas por ganado vacuno.
Otra cuestión es cómo podemos encontrar una solución justa aplicando la forma de los pagos directos. En la UE tenemos dos tipos básicos diferentes de cría de ganado vacuno. Uno se basa fundamentalmente en los cereales o maíz ensilado y el otro tipo en el engorde a pasto. No veo ninguna posibilidad de solución si no tenemos en cuenta ambos tipos del modo adecuado. A ello viene a sumarse que en noviembre de 1996 el Consejo de Ministros de Agricultura se comprometió a examinar soluciones adecuadas para la situación especial de aquellas regiones que dependen de un sistema intensivo de cría de ganado. Por otro lado, reconozco que la Política Agrícola Común debe tener una orientación más compatible con el medio ambiente. La compatibilidad con el medio ambiente es uno de los elementos clave para el futuro éxito del modelo agrícola europeo. Ante estas normas básicas y la diversidad y complejidad de los sistemas de producción de la ganadería europea de vacuno, la Comisión opina que una solución sería reconocer la subsidiariedad por la vía del national envelopes . Pero parece que esta propuesta ha chocado con una gran resistencia no sólo aquí en el Parlamento, por lo que voy a seguir examinando el tema. Aunque hoy no puedo recoger las enmiendas por los motivos expuestos, me permito asegurarles que la Comisión se va a mostrar abierta si se revelan avances en los debates sobre la forma de la compensación, en especial, si es de esperar de ese modo una simplificación.
Otras enmiendas apuntan a recrudecer aún más los criterios para conceder primas por ganadería extensiva. Aunque en esta fase de los debates no puedo aceptar formalmente las enmiendas mencionadas, sin embargo, quiero indicar que esta cuestión tiene que seguir siendo examinada y que tengo una actitud positiva frente a las mejoras.
Me voy a referir ahora al sector lácteo. Sé que va a ser especialmente difícil encontrar un consenso, pues las opiniones siguen divergiendo mucho. Permítanme comenzar con el reglamento sobre las cuotas lácteas.
Me alegra que el Parlamento apoye la prórroga de la normativa otros seis años. En lo que se refiere a la situación tras el 2006, estoy de acuerdo en que hay que ocuparse ya antes del tema. En este contexto, la enmienda nº 45 me parece perfectamente aceptable. Sin embargo, ustedes proponen en parte también un aumento de las cuotas. Debe estar claro que cada punto de aumento de las cuotas significa la necesidad de reducir un 8 % los precios y aproximadamente 1.000 millones de euros de presupuestación adicional. Por otro lado, una prosecución de la regulación de las cuotas supone que tenemos que aceptar un cierto aumento de las mismas. Dicho políticamente, quien quiera la prosecución de las cuotas, deberá aceptar también una reforma del mercado.
En lo tocante a la asignación de las cuotas adicionales, hemos fundamentado nuestra propuesta en prioridades, tal como ha expresado el Parlamento en diversas ocasiones. Por ello, no puedo aceptar las enmiendas que alteren el delicado equilibrio que queremos obtener con las cuotas adicionales. La propuesta de emplear las sanciones como instrumento de gestión de los mercados en caso de sobrepasamiento de los contingentes de referencia puede que parezca atractiva a primera vista, pero en la práctica veo venir sobre nosotros enormes dificultades.
Tenemos que controlar los problemas que existen sobre todo en Alemania en lo tocante a los llamados «ordeñadores de sofá», sin separarnos radicalmente de los principios fundamentales de la regulación de cuotas. Tampoco podemos dejar de lado las posibles consecuencias jurídicas y eventuales reclamaciones por daños y perjuicios de algunas enmiendas. Por este motivo, no puedo apoyar las enmiendas que apuntan en esta dirección.
En lo que se refiere a las transferencias de cuotas, en nuestra propuesta lo que se pretende es ampliar y mejorar las posibilidades jurídicas de los Estados miembros sin limitar el margen de actuación que tienen en este campo. Por ello, el tenor literal intenta mantener un equilibrio ponderado entre la exigencia de subsidiariedad, por un lado, y el mantenimiento de los principios básicos de la regulación de cuotas, por otro. Creo que la mayoría de las enmiendas perturbarían más bien este equilibrio. Sin embargo, se está revisando la redacción en algunos puntos para poder alcanzar en cualquier caso el objetivo de la enmienda nº 12.
Permítanme que destaque de nuevo que los actuales acontecimientos en los mercados de la leche y nuestra política de cuotas me animan a proseguir la reforma del sector. De los debates mantenidos en los diversos gremios extraigo la conclusión de que nuestras propuestas representan una respuesta ponderada y razonable a los desafíos a los que está confrontado el sector lácteo. Por ello, no puedo apoyar las enmiendas que recomiendan más o menos los descensos de precios para la leche como punto de partida para la reforma.
En lo tocante a los pagos directos para compensar los descensos de los precios, los debates se han concentrado en tres sectores. En primer lugar, el importe de los pagos compensatorios: tampoco en este caso se pueden contemplar aisladamente los pagos compensatorios. El paquete de la Agenda 2000 contiene varias propuestas que van a ser de utilidad para los productores de leche ya que o conducen a un descenso de costes o a un aumento del output . Además, es improbable que el descenso de los precios institucionales en el sector lácteo se refleje totalmente en los precios de los productores. Por ello, no puedo apoyar las enmiendas que pretenden un aumento de los pagos compensatorios.
El segundo punto se refiere a los métodos de los pagos compensatorios: con la vinculación a las cuotas lácteas hemos intentado que la regulación fuese sencilla y justa. Lamentablemente, las diversas alternativas tratadas en el informe no corresponden a estos criterios. Por este motivo, no me veo en situación de referirme al respecto.
El tercer punto se refiere al sistema del national envelopes . Nuestra propuesta intenta proporcionar a los Estados miembros un margen de actuación para modelar las ayudas, para que puedan tener en cuenta las diversas situaciones de los productores. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión las normas nacionales antes de su promulgación. Esto se hace por motivos de garantía frente a distorsiones de competencia. Por ello, no comparto los temores que se han expresado al respecto. Pero cuando esté claro cómo va a quedar definitivamente el modelo de producción de carne de vacuno, va a ser necesario que acompasemos del modo adecuado a este modelo los pagos compensatorios en el sector lácteo.
Unas últimas palabras sobre el reglamento de base. No creo que sea razonable recoger en él disposiciones que no están directamente relacionadas con el reglamento común de mercado para la leche y los productos lácteos. Por ello, propongo llevar las normas sobre la protección de los animales, los aspectos de política estructural así como los de medio ambiente y de calidad de la producción de la leche allí donde pertenecen.
Con ello, quiero llegar a los cultivos: la evolución existente hasta ahora ha mostrado que la reforma del 92 aunque fue un gran paso en la dirección correcta, no llegó lo suficientemente lejos. la regulación actual significaría nuevos excedentes o bastante más del 17, 5 % de retirada de tierras de la producción. Ante la urgente necesidad de reforma, saludo todas las enmiendas que mejoran la propuesta de la Comisión pero no las que la aguan.
Varias enmiendas apuntan a aguar las reducciones de precios propuestas o incluso a suprimirlas. Me temo que una reducción de precios inferior al 20 % no sería de utilidad para nuestros objetivos. Una reducción limitada de precios conduciría a un mayor uso de las restituciones a la exportación y nuestras exportaciones de cereales, de carne de porcino y de ave se verían en consecuencia limitadas a los contingentes máximos de la OMC mientras que el comercio mundial aumenta de modo general.
En lo tocante a la retirada de tierras de la producción, no excluyo que de vez en cuando determinadas superficies tengan que retirarse de la producción debido a unas condiciones de mercado desfavorables. Sin embargo, esto debería ser la excepción ya que el mercado se debe descargar en primera línea mediante exportaciones y no mediante retiradas obligatorias de tierras de la producción. Si se hubiese de recurrir a esta medida, la Comisión propondrá al Consejo y al Parlamento no aplicar la tasa básica del 0 %. Por ello, todas las enmiendas al respecto no son necesarias.
Otro punto de debate son los pagos directos en función de las superficies. Las enmiendas presentadas proseguirían sencillamente el exceso de compensación que ha sido criticado severamente en especial por el Tribunal de Cuentas. No debemos olvidar que en el futuro los precios de mercado aunque van a fluctuar más, sin embargo van a estar por término medio sobre el precio garantizado. Algunas enmiendas prevén pagos adicionales en el marco de la retirada voluntaria, para fomentar de este modo las materias primas renovables.
Puedo apoyar plenamente los esfuerzos por lograr nuevos mercados de ventas para productos agrícolas en el sector industrial. Sin embargo, dudo que unos pagos diferenciados por retirada de tierras de la producción sean la respuesta adecuada a este problema. También tengo que indicar que cualquier nueva subvención de nuevos cultivos no cae bajo la llamada cláusula de paz y podrá ser impugnada con facilidad por los demás miembros de la OMC. Por ello, no debemos aceptar enmiendas de este tipo.
Otra es la situación con las numerosas enmiendas que apuntan a mantener la regulación actual para las semillas oleaginosas o el maíz. Esto no es un fomento de nuevos cultivos sino una prosecución o desarrollo de la regulación existente. En el caso del maíz quiero, sin embargo, subrayar dos cosas. En primer lugar, se debería demostrar que sigue estando justificado económicamente un trato especial para el maíz cuando la Comisión propone que se diferencie entre cultivos de regadío y de secano. Además, un trato especial para el maíz complicaría extraordinariamente el sistema de ayudas y supondría un privilegio aún mayor para el maíz ensilado.
En lo tocante a las semillas oleaginosas, al mantenerse una prima especial siguen estando en vigor las limitaciones «Blair-House», si bien en algunos casos debido a las sanciones masivas, las primas realmente pagadas han quedado por debajo del nivel que se pretende para el futuro. Por todos estos motivos, no puedo aceptar las enmiendas que afectan a los fundamentos de la propuesta.
Aquí solamente puedo referirme a los aspectos principales de las enmiendas. Sin embargo, debo decirles que la Comisión no puede aceptar enmiendas que pretenden redistribuir radicalmente las ayudas o recortar los instrumentos comunitarios como, por ejemplo, el cálculo de los importes para el sistema de intervención en las especificaciones nacionales de determinados Estados miembros a cargo de otros Estados miembros.
Quiero decir algunas palabras sobre el tema de la calidad de los cereales. Nuestra producción tiene que adaptarse a las necesidades del mercado y, en especial, a los requerimientos de los países importadores, es decir, tenemos que producir cereales de gran calidad. Este aspecto se trata en parte en la enmienda nº 4. Aunque no puedo aceptar la formulación elegida, sin embargo, comparto la preocupación del Parlamento. Por ello, la Comisión va a recapacitar sobre medios y vías para lograr una mejora de la calidad en el marco de la aplicación de la Agenda 2000.
Con ello, llego al último informe, el que trata sobre las regulaciones horizontales para los pagos directos. Es evidente que estos pagos directos deben orientarse a los objetivos generales de la Política Agrícola Común. Esto es válido tanto para los criterios sociales como para la compatibilidad medioambiental. El límite de recortes propuesto en los pagos directos pretende servir al equilibrio social. Si los países miembros quieren ir más allá, pueden introducir una modulación en función del trabajo empleado. Pero una aplicación obligatoria de esta norma a nivel comunitario chocaría con graves problemas, en especial, en lo tocante al control y a la definición de las unidades de trabajo diferentes en cada país.
Rechazo una ampliación del límite de recortes o de la modulación más allá de los pagos directos de los reglamentos de mercado ya que los pagos persiguen unos objetivos concretos en el marco del desarrollo rural. Por ejemplo, deben considerarse como remuneración por prestaciones al medio ambiente y no como un mero aseguramiento de las rentas. Ante la gran variedad de características ecológicas y agrícolas de la Comunidad, si se mira con realismo es muy difícil realizar a nivel comunitario una determinación de las condiciones medioambientales para la percepción de pagos directos. No obstante, los países miembros deben poder establecer el respeto de las normas medioambientales como condición previa para los pagos directos.
En lo tocante a los créditos ahorrados por los recortes, se ha propuesto dejar el dinero a los países miembros. Pero evidentemente esto tendría las correspondientes consecuencias presupuestarias. Se podría recapacitar sobre si no existen otras opciones adicionales a las medidas medioambientales en la agricultura, para lograr un empleo competitivamente imparcial de los créditos ahorrados en la modulación y en la cross compliance . Por ejemplo, se podría recapacitar sobre un empleo de créditos en el sector de las demás medidas de acompañamiento o también del suplemento compensatorio o de las medidas de forestación. Se debe rechazar el empleo para meras ayudas a las rentas o medidas estructurales.
Resumiendo, permítanme de nuevo subrayar que la Comisión no pretende imponer la Agenda, por así decirlo, porque sí. El núcleo de las diferencias entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo radica más bien en que para la Comisión la parte agrícola de la Agenda debe ser la base para las negociaciones en la OMC que se deben reiniciar a finales de año y que tendrán como resultado una mayor liberalización de los mercados agrícolas. Como todos están de acuerdo al respecto, la Comisión no considera aceptable imponer a las agricultoras y agricultores varias reformas seguidas en breve tiempo. Quizás esto sea más cómodo y en algunas asambleas quizás provoque más aplausos, pero la agricultura europea necesita -al igual que otros sectores económicos- unas condiciones marco estables. La Agenda las proporciona y permite además que la agricultura europea participe en el crecimiento del mercado agrícola. Una reforma «light» no lograría ninguna de ambas cosas.
En especial por motivos demográficos -pues la mitad de los agricultores europeos tiene más de 55 años- no intentamos impedir el inevitable cambio estructural sino que lo aceptamos y queremos configurarlo de un modo razonable. Les expreso mi agradecimiento por el amplio apoyo que nuestras propuestas han tenido en esta Asamblea en lo tocante al desarrollo rural. Puedo asegurarles que estoy abierto a todas las alternativas concretas que compartan nuestros objetivos, tal como ya he indicado aquí en lo referente al sector del vacuno y de la degresión.
Aplausos

Mulder
Señora Presidenta, quiero preguntar al Comisario si es posible que la Comisión haga llegar a este Parlamento una lista en la que ofrezca su opinión sobre todas las enmiendas presentadas a las propuestas de la Agenda 2000. Lo pregunto porque no procederemos a su votación hasta el día 28 de enero.

Fischler
Señora Presidenta, creo que es útil disponer de una lista de este tipo. Se la pondremos a disposición para votación del día 28.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, quiero plantear un pregunta al señor Comisario Fischler. Hemos tratado enmiendas sobre las que aún no se ha votado. Usted se ha adelantado algo. La situación es algo difícil, lo ha descrito antes. Pero esto puede ocasionar que tras la votación tengamos que preguntar de nuevo si acepta las enmiendas. Si no las acepta, existe la posibilidad de que las devolvamos a la comisión, cosa que hicimos ya en el caso de las medidas estructurales del segundo pilar. ¿Estará usted presente para, en su caso, proporcionar información y que podamos acordar si iniciamos este procedimiento?

Fischler
Sí, señor diputado, si Dios quiere estaré presente.
Risas

Rehder
Señora Presidenta, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, después de lo que ha dicho el señor Comisario le deseo una larga vida política, independientemente de los debates que mañana se van a celebrar y que espero constituyan de nuevo un punto álgido.
Estimadas y estimados colegas, quiero comenzar con la parte positiva y decir que en un punto estamos de acuerdo en este diálogo tripartito parlamentario: la reforma de la PAC es necesaria e irrenunciable y no se ha debatido al respecto solamente porque esté ante puertas una ampliación hacia el este. Esta es una argumentación que en los diversos países miembros, incluido el mío, conduce siempre a equívocos.
Los problemas del exceso de producción y de la ausencia de orientación ecológica en la actual política agrícola -señor Comisario, esto lo reconocemos expresamente nosotros los socialdemócratas- se han atacado en el pasado con frecuencia con éxito y en el caso presente también se han producido éxitos visibles. Sin embargo, y esta es nuestra opinión común, la reforma de la actual política agrícola es una obligación cívica de primer orden ante los numerosos -y esta es asimismo nuestra opinión-, graves y permanentes fallos. Aunque la Política Agraria Común funciona, sin embargo su parte social está dejando que desear en los últimos tiempos, existiendo el peligro de que la opinión pública europea así como las y los contribuyentes europeos la acepten cada vez menos así como los costes derivados de la misma.
Esta creciente falta de aceptación en la opinión pública no se puede considerar como algo sin importancia y, en consecuencia, sin repercusiones. En esta delicada situación, cada vez más puestos de trabajo en las áreas rurales estarán en peligro si no se realiza un análisis auténtico y, si es necesario, también sin concesiones, de los fallos. A este respecto, hemos avanzado juntos un buen trecho.
Señor Comisario, algunas de sus propuestas apuntan en la dirección correcta pero no son lo suficientemente consecuentes en estas partes y en el fondo siguen siendo simbólicas. Aquí falta algo de valor para avanzar y enseñar también en alguna ocasión los dientes para que a los más débiles les vaya mejor en Europa. Algunos detalles precisan de mejora, lo que ha mostrado también el informe de nuestro ponente del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Usted ha realizado propuestas, por ejemplo, en el sector lácteo, que debilitan aún más a los débiles y pequeños en las regiones menos favorecidas y -tengo también que decirlo- hacen que surjan algunas nuevas excrecencias burocráticas.
La condena a la descuartización era una de las penas más graves en la Edad Media. Por favor, no introduzca una descuartización de las primas por vaca lechera. Estamos mucho más avanzados y dicho al margen: salga a la calle e intente explicárselo a un europeo normal. Esto no lo entiende nadie, por no formularlo de un modo más duro.
Pero una crítica de detalles en esta Asamblea no debe conducir a la negativa total de una reforma que ya se hizo necesaria como consecuencia de la ampliación hacia el Este. Los socialdemócratas apelamos encarecidamente a todos los miembros de este Parlamento para que participen activamente en este análisis, apoyen alternativas sociales y medioambientales responsables y no las hagan depender de grupos de presión que niegan toda reforma. En varios países hemos tenido negativas experiencias. Quiero decirlo claramente: quien actúa y argumenta así, empleando para ello también los medios de comunicación, quita la esperanza de un futuro mejor a aquellos que se incluyen entre los más débiles y, con frecuencia, entre los perdedores de esta política agrícola.
Para nosotros, los socialdemócratas, no es aceptable que sólo una tercera parte de los créditos presupuestarios anuales para la agricultura vaya a parar a las empresas agrícolas activas. Esta circunstancia se convierte en grotesca cuando el 80 % de esas sumas va a parar a sólo el 20 % y aquí a su vez solamente a los agricultores más ricos. El Presidente del Tribunal de Cuentas ha calificado esto hace poco con razón como un escándalo.
Los socialdemócratas se niegan además a apoyar en el futuro una política que otorga al millonario del espacio rural, que ha convertido su explotación casi en una empresa unipersonal debido a masivas medidas de racionalización y que obtiene los mayores beneficios debido a su inmejorable acceso a los mercados mundiales, los mismos derechos a percibir ayudas que un agricultor en una región menos favorecida y que con frecuencia solamente puede sobrevivir mediante su autoexplotación. Quiero que quede totalmente claro que no sentimos envidia por el éxito económico de este global player agrario industrial. Pero en la política, que debe tener una orientación social, debemos prestar atención para que el pequeño, el débil, no quede marginado en Europa.
Señor Presidente del Consejo, la política europea de ayudas en las áreas rurales -y esto lo considero como uno de los elementos más importantes de los últimos debates, también en los tiempos de la nueva Presidencia del Consejo-, tiene que convertirse por fin en política social en sus elementos más importantes. Tenemos que decírselo muy claramente a los grupos de intereses. Tenemos que llegar a una política integrada para la totalidad el espacio europeo y rural. No sólo tenemos que asegurar los puestos de trabajo existentes sino crear otros nuevos en las áreas rurales y mejorar las infraestructuras para que se puedan crear también puestos de trabajo no relacionados con la agricultura en las áreas rurales y que de este modo éstas puedan sobrevivir. Si logramos llevar a la práctica política este enfoque que se contiene también en las propuestas de la Comisión sobre la Agenda 2000, no me preocupará su aceptación en la opinión pública.
Uno de los temas centrales de los social-demócratas europeos es que debemos hacer depender el volumen de los fondos de ayuda que se distribuyen en la agricultura de cuántos puestos de trabajo permanentes que cotizan seguros sociales se conservan y crean en estas explotaciones y aquí se incluyen naturalmente también los familiares.
El paro afecta también a las áreas rurales y a la agricultura y es uno de los grandes temas de la Presidencia del Consejo. Trabajemos conjuntamente para superar esta graves crisis.
Los socialdemócratas en el Parlamento Europeo calificamos a esta política como política para las áreas rurales. Se trata de una política integrada. En nuestro grupo político hemos mantenido un amplio debate. Hemos tenido que concluir compromisos y nos alegramos de poder hacerlo también en negociaciones directas con el Consejo y la Comisión. Me permito revelarles un secreto que en realidad no lo es, el secreto de los miembros demócratas de este Parlamento: queremos que en el futuro estas negociaciones no sólo lleven a una coparticipación sino que como representantes elegidos del pueblo europeo podamos decidir también en esta última parte del presupuesto europeo, pues para eso se nos ha elegido. Les pedimos su apoyo también para esto.

Gillis
Señora Presidenta, desearía comenzar agradeciendo al Sr. Garot su informe sobre la carne de vacuno. En su calidad de ponente, ha intentado suavizar las rigurosas propuestas que se han presentado para este sector.
El régimen del vacuno es el más complicado de todos los regímenes, principalmente porque es el que presenta los plazos de entrega más largos. Los ganaderos de vacuno continúan sufriendo aún las secuelas de la crisis de la EEB en el Reino Unido, que motivó la caída en espiral de toda la industria del vacuno y supuso grandes perjuicios al consumo de esta carne. Así pues, por ejemplo, los 23 millones de toneladas de carne de porcino y de ave que se consumen en la actualidad representan más del triple de las cifras de consumo de vacuno, que se sitúan en 7, 1 millones de toneladas anuales. Esto se explica únicamente en parte por los precios. Si a la producción nacional se añaden las importaciones de carne de vacuno en la Unión Europea, el total supera en casi un millón de toneladas la respuesta del mercado interior. Una de las principales dificultades se relaciona con las limitaciones del acuerdo de Blair House sobre el volumen de las exportaciones y el nivel de las restituciones susceptibles de pago, a lo que se une el desmoronamiento de la economía rusa y la estratégica presión a la baja de los precios que ejercen los mercados de otros terceros países a fin de obtener ventajas del problema ruso. Si por una parte nos enfrentamos a una mayor presión procedente de Occidente, especialmente de los Estados Unidos y del Grupo de Cairns, a medida que nos preparamos para iniciar las negociaciones de la próxima ronda de la OMC, por la otra, se registran también presiones desde el Este con objeto de rebajar los costes de la ampliación.
Resulta esencial que se preste la máxima atención a los ganaderos del sector vacuno. Es necesario mantener las primas por buey de 10 y 22 meses y las primas por desestacionalización. A pesar de ser una cuestión muy polémica, la prima por sacrificio que se ha propuesto no representa un buen sistema sustitutorio. Si bien es cierto que puede ser de fácil aplicación, no se relaciona de manera directa con la tierra, y no cumple los anhelados objetivos de la Comisión de fomentar unos sistemas de producción, basados en el consumo de pasto, que sean respetuosos con el medio ambiente, tal como acaba de mencionar el Sr. Comisario.
Igualmente, es de vital importancia que se estabilice el mercado recurriendo a la posibilidad de intervención continua, siempre que sea necesario y hasta el momento en que se restituya el equilibrio al mercado y se reduzcan las importaciones y la producción.
Finalmente, desearía decirle a la Comisión que comprendo lo que está intentando hacer, si bien, hasta que no transcurra el tiempo necesario para que el mercado del vacuno se reponga de la reciente crisis, es absolutamente necesario mitigar las rigurosísimas propuestas para permitir a los ganaderos continuar en este negocio. La Comisión tiene la responsabilidad de averiguar por qué razón están subiendo a un ritmo constante los precios al consumidor a la vez que los precios de los productos ganaderos siguen registrando fuertes caídas. Hay alguien en el medio que se está beneficiando. Debemos poner fin a esto para permitir que sean los consumidores quienes se beneficien de las reducciones en los precios de los ganaderos. Y sé que el Comisario está al corriente de esta circunstancia.

Mulder
Señora Presidenta, en primer lugar debo observar que, a pesar de todas las interesantes aportaciones ofrecidas a este debate, toda la discusión sobre la Agenda 2000 tiene algo de irreal. Porque, ya lo acaba de decir el Comisario Fischler, los cambios de la política implican que ésta se volverá más cara. En todos lados oigo lo mismo, disponemos de menos dinero. ¿Tiene sentido seguir hablando de los cambios de la política agrícola sin conocer exactamente nuestras perspectivas financieras? Ya es hora de que se informe a este Parlamento. ¿Cuáles son las finanzas disponibles para la agricultura? Me gustaría saber cómo el Comisario Fischler, con todas sus propuestas, piensa ajustarse a ellas.
El punto de vista del Grupo Liberal, en términos generales, es que se necesita un cambio de la política, sobre todo con motivo de la entrada de los países de Europa del este. Apoyamos una reducción de los precios de los productos más importantes. Sin embargo, y sobre todo porque la situación internacional se ha modificado substancialmente en comparación con la de hace dos años, la tendencia general muestra un descenso de precios inferior al previsto por la Comisión y, por otro lado, va hacia una compensación completa de dicho descenso de los precios.
Estamos a favor de la igualdad de tratamiento de los productos más importantes, y esto significa más concretamente un mismo tratamiento para los precios de la fécula de cereales y la de las patatas. Opinamos que debe mantenerse el instrumento de las cuotas, es decir que deben mantenerse las cuotas de la leche, pero también y sobre todo una retirada variable de tierras.
Por último, algo sobre la cofinanciación. Lo digo, sobre todo, al Ministro alemán aquí presente. El Grupo Liberal está a favor de la cofinanciación de las ayudas a la renta, no sólo para mejorar la posición de contribución neta de algunos países, sino sobre todo porque es inevitable con motivo de la entrada de los países de la Europa oriental. Si tuviésemos que pagar allí también las ayudas a la renta, significaría la quiebra de la política agrícola, y eso no lo desea nadie. Cofinanciación sí, pero bajo la condición de que pueda variar según cada región, que el pago por parte de los Estados miembros sea obligatorio y que éstos últimos sean sancionados por Bruselas si faltasen a dicha obligación. Sin embargo, la política deberá ser decidida siempre en Bruselas; las mismas condiciones de competencia en toda la Unión Europea, sin distorsión por las políticas nacionales. Esto, en general, señora Presidenta, es el punto de vista del Grupo Liberal y sobre ello volverán otros oradores de mi Grupo después de mi.

Rosado Fernandes
Señor Comisario, después de haber oído las reducciones que propone, dudo que se pueda mantener ese célebre modelo europeo de agricultura. Entre otras cosas, porque no hay un sólo modelo de agricultura, hay dos modelos: el modelo verde y el modelo pobre de la agricultura europea.
Por otro lado, también la célebre figura de la multifuncionalidad, de la que tanto se habla, será, de hecho, una realidad. Muchos agricultores van a tener que trabajar en otros sectores para ganarse el pan. Es interesante ver que los cinco informes han sido obra de diputados que proceden de las zonas ricas de Europa y que, naturalmente, han dado muestras de una notable imparcialidad; quiero felicitarlos a todos por ello.
Yo procedo de una zona pobre y como tal hablo. Quisiera también felicitar al Sr. Reader por haber pronunciado ahora, en este Pleno, un discurso de izquierdas, cosa que yo, de hecho, ya no estoy acostumbrado a ver en los socialdemócratas, en la medida en que en la Comisión, en general, sólo hablan de mercado y adoptan una posición profundamente capitalista. Por tanto, aquí tenemos algún cambio, espero que sea para bien.
En cuanto a la cofinanciación, debo decir que, para los países pobres, la cofinanciación es, naturalmente, una dificultad. Los países pobres tienen dificultades para mantener la cohesión, para mantenerse dentro de la cohesión, si, de hecho, no se sufragan todos los gastos obligatorios con cargo al presupuesto europeo.
En cuanto a la leche, es evidente que una atribución de cuotas más equitativa, la prestación de atención a las zonas más desfavorecidas, a los jóvenes agricultores, todo eso reviste para nosotros la mayor importancia; eso sí que corresponde al modelo europeo de agricultura. Por lo que se refiere a los cereales, es evidente que estamos de acuerdo; sólo no estamos de acuerdo con el importe en que disminuye el precio de los cereales. Pero estamos de acuerdo, por ejemplo, en que se deba incentivar las producciones no alimentarias, para que podamos seguir siendo agricultores. Estamos de acuerdo en que se mantenga la retirada obligatoria -y en eso sigo la opinión del Sr. Mulder- entre 0 y 17 %. Por lo que se refiere a la carne de bovino, el Sr. Garot es un especialista en ese asunto. Estamos prácticamente de acuerdo con lo que nos propone y, naturalmente, consideramos que la modulación es importante. Modulación que también considero importante observar detenidamente en el informe del Sr. Graefe zu Baringdorf. Es sólo importante una cosa: ¿quién va a juzgar la modulación? ¿Quién va a juzgar la cuestión de las unidades de trabajo en cada explotación?

Jové Peres
Señora Presidenta, señor Comisario, me voy a limitar a unas consideraciones generales sobre la Agenda 2000. Quiero reconocer el trabajo de los diferentes ponentes del Parlamento Europeo, y saben que mi Grupo siempre está abierto a la colaboración hasta el último momento. Además, algunos de estos informes han sido altamente valorados por mi Grupo político.
Señor Comisario, ante este debate es necesario tener en cuenta dos hechos fundamentales: primero, el resultado de las votaciones en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y, segundo, el debate sobre el informe Cunha.
Si bien es cierto que la Comisión de Agricultura no ha llegado a producir unos informes claros sobre las reformas de la organizaciones comunes de mercado, hay que tener en cuenta que las propuestas de la Comisión han sido rechazadas por amplia mayoría. Las razones de esta situación se encuentran claramente reflejadas en el informe Cunha y en las escasas competencias en materia agrícola de este Parlamento. Si esta Asamblea gozara de más amplias competencias -como sería deseable- en materia agrícola, la Comisión no hubiera, según mi criterio, podido presentar las actuales propuestas tras la aprobación del informe del Sr. Cunha.
Las propuestas de la Comisión no son más que una profundización de la reforma de la PAC de 1992. Y hoy, señor Comisario, por desgracia, conocemos efectos importantes de dicha reforma: altísimas tasas de desaparición de explotaciones agrícolas, destrucción de empleo agrario y una amplificación de los desequilibrios existentes en el apoyo recibido por las explotaciones en función de la dimensión, así como desequilibrios entre las producciones continentales y mediterráneas. En consecuencia, estas propuestas agravarían los problemas del tejido social en las zonas rurales. Las propuestas de la Comisión sobre la limitación y modulación de las ayudas directas, que es un tema fundamental, son tímidas e insuficientes y, al no corregir los desequilibrios entre los agricultores, no permitirán frenar el proceso de desaparición de explotaciones agrícolas.
Señor Comisario, con todo respeto, no se puede decir que su propuesta de modulación garantice el equilibrio social.
Es necesario reconocer que la Comisión debía ser consciente de las dificultades de presentar las propuestas de la Agenda 2000 cuando ha formulado un paquete de propuestas de desarrollo rural, intentando transmitir la idea de que compensarían los efectos negativos de las reformas de las organizaciones comunes de mercado. La realidad es que las propuestas de desarrollo rural -como le ha dicho, señor Comisario, el Parlamento- son insuficientes; algunas veces destruyen más que construyen, y todo el aspecto fundamental y novedoso, que mi Grupo apoya, de las ayudas agroambientales está en parte desnaturalizado por unos sistemas y propuestas de financiación que, de alguna manera, esconden una cierta renacionalización de la política comunitaria.
Después de los contenidos, señor Comisario, quiero hacer una breve referencia a las circunstancias que han originado la Agenda 2000. Aunque se manifieste que se trataba de preparar la ampliación de la Unión Europea a los PECO, dicho elemento sólo se puede identificar en la reducción, muy fuerte, de los mecanismos de regulación de los mercados. Sin embargo, no hay señales de cómo se aplicaría la PAC a los nuevos miembros, ni cómo se financiaría tras el 2006. Cabe preguntarse, señor Comisario, ¿qué vendrá después del 2006? ¿Profundización de los mecanismos de desmantelamiento de la regulación de mercados? ¿Definitiva renacionalización de la Política Agrícola Común? Incógnitas, incógnitas, incógnitas.
En realidad, las propuestas contenidas en la Agenda 2000 tienen menos que ver con la ampliación de la Unión Europea, según nuestro Grupo, que con el desarrollo de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio.
Y en este caso, señor Comisario, nos gustaría que no se ignoraran los últimos desarrollos legislativos de los Estados Unidos en materia agrícola, y que no se pretendiera llegar mucho más allá en los mecanismos que se están proponiendo de desprotección de la agricultura comunitaria.
Por último, una breve pincelada sobre los aspectos financieros de la Agenda 2000. Inicialmente, la propuesta presentaba aspectos deficientes derivados del juego de la Comisión con los euros corrientes y los euros constantes. Además, los efectos de la crisis tampoco se han analizado demasiado y seguramente se reducirá el margen, en la línea directriz agrícola, necesario para financiar el desarrollo rural. En este contexto, la falta de visión política de la Comisión ha producido una sugerencia de cofinanciación de las ayudas directas en el marco del informe sobre los recursos propios. Esto resulta ser una extralimitación de las atribuciones de la Comisión, conculca el artículo 2 del Tratado y el principio de solidaridad financiera y puede abrir la puerta a la renacionalización de la PAC.Usted mismo, señor Comisario, ha reconocido que el debate sobre la cofinanciación no habría que haberlo hecho en el marco de los reglamentos agrarios, sino en otros foros. Pero esto ha distorsionado fuertemente, señor Comisario, el debate que hemos mantenido en la Comisión de Agricultura. Creo que la Comisión ha dado señales claras en relación con sus mensajes.
Por último, quiero una vez más, al terminar, reconocer el trabajo difícil de los diferentes ponentes, algunos de cuyos trabajos, por otra parte, fueron muy valorados por mi Grupo político.

Graefe zu Baringdorf
Señora Presidenta, señor Comisario, nuestro grupo político considera el enfoque de la reforma como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, somos de la opinión de que en muchos campos hemos procedido a medias. De lo que se trata es de suprimir la intervención estatal y no de reformarla. Una reducción de precios dentro de la regulación de intervención es errónea, por lo que tenemos que marcarnos un plazo para acabar con dicha intervención. También es erróneo aferrarse a los instrumentos de las ayudas a las exportaciones. Aquí también tenemos que indicar cuándo los vamos a abandonar.
Considero que la política de reducción de precios así como la política en el sector de la carne de vacuno son un paso correcto hacia el abandono de la intervención. En el año 2006 hablaremos al respecto, pero se debería indicar ya un plazo. Lo mismo es aplicable al sector de la leche. Hay que indicar qué va a pasar en el año 2006. ¿Hay que contar con una suspensión de la cuota? Las explotaciones tienen que prepararse. La cuestión del comercio con cuotas, del valor de la cuota, está relacionado con ello. Afecta muy en especial a Alemania. Se debería aportar claridad al respecto. Señor Funke, esto es también un requerimiento dirigido a la Presidencia. Las explotaciones deben tener seguridad.
Señor Fischler, otro punto sobre el que debatimos no es nuevo para usted. No queremos mantener la antigua lógica en la orientación al mercado mundial. No queremos un closed shop . Queremos comercio y transformación pero también competencia por la calidad. Quien quiera producir para el mercado mundial que lo haga y que vea que tiene que coordinar su actuación con los otros interlocutores comerciales. Aquí tiene que mantenerse el Estado al margen. No se puede subvencionar esto con fondos del Estado.
Otro punto de crítica es que usted se orienta aún demasiado poco al mercado interior. Tras la ampliación hacia el Este, después de China seremos el mayor mercado interior del mundo. Aquí debería establecerse tanto el objetivo de la producción como el de la competencia por la calidad. Queremos el mercado y crear posibilidades para que los productores, las agricultoras y los agricultores se puedan orientar al mercado.
Tengo que alabarle por el establecimiento de una línea estructural propia y por dedicar a ello fondos de FEOGA-Garantía, aunque se haga algo vacilantemente. Debería hacerse algo más. Pero la resistencia contra esta orientación cualitativa es enorme. Quizás le haya abandonado el valor, pero siempre podremos apelar al mismo. En la próxima reforma en el año 2006 las actuales medidas de acompañamiento estarán en el punto central de la política agrícola. Así lo esperamos.
Permítanme que realice aún una observación sobre el comportamiento aquí en el Parlamento. Hasta que se celebraron las elecciones en Alemania, usted conoció las consecuencias del bloqueo del Gobierno alemán. Ahora conocemos las del bloqueo del Grupo del PPE. Nos pusimos de acuerdo sobre el sector agrario con todos los coordinadores de todos los grupos políticos. Queríamos encontrar un compromiso, una línea y en esta ocasión queríamos participar en la reforma suspendiendo la votación sobre este procedimiento, ganando influencia y fortaleciéndole también a usted las espaldas frente al Consejo en muchos campos. Esto solamente ha producido caos. Espero que en la votación en el Pleno encontremos una línea de actuación entre las fuerzas razonables para obtener una mayoría y poder ejercer esa influencia.
Señor Funke, le quiero decir como Presidente del Consejo y Ministro de Agricultura en Alemania que si Borchert hubiese permanecido, el Grupo del PPE habría participado para que hubiese habido un apoyo y ayuda de Bruselas y para que Borchert hubiese podido decir que Bruselas había planteado exigencias. Ahora se ha adoptado la dirección opuesta para que se pueda decir que el nuevo Ministro de Agricultura vende la agricultura y desciende los precios. Debe tener también esto en cuenta. Aquí está en juego la oposición y la actual oposición tiene que aprender aún a actuar en un sentido constructivo.
Espero que en las negociaciones del Consejo se encuentre una línea en la que el trabajo y el medio ambiente se coloquen en el centro de la política agrícola, para que en el año 2006 podamos por fin darle a ésta totalmente la vuelta.

Barthet-Mayer
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, el año pasado el Parlamento aprobó el informe del Sr. Cunha sobre la reforma de la PAC en el marco de la Agenda 2000. El Grupo ARE, en su opción por una Unión Europea federal y solidaria, ha contribuido y apoyado ampliamente el contenido político del modelo agrícola europeo propuesto.
En el marco del debate del día de hoy, hemos de situarnos en el espíritu del informe Cunha y de las medidas que el Parlamento ha aprobado, principalmente en lo que respecta a la futura financiación de la PAC. Las cargas de la ampliación a los PECO necesitan una reforma más ambiciosa y una revisión presupuestaria equitativa. Por segundo año consecutivo el ingreso medio agrícola por explotación ha bajado en la Unión. Desde hace más de un año, la Comisión aún no ha aportado respuestas a las demandas políticas del Parlamento Europeo. Debo recordar que si bien la reforma de 1992 llevó a una mejora temporal de los mercados, no ha corregido los principales fallos de funcionamiento de la PAC. La PAC ha de ser reformada en profundidad si se quiere ofrecer un sistema viable a la Unión Europea para los próximos diez años, frente a los desafíos de la ampliación y de la reapertura de las negociaciones en el seno de la OMC. Esta evolución ha de decidirse en común y debe ser controlada por el Parlamento. Proponer una bajada unilateral de los precios de intervención de los productos agrícolas no constituye en sí una política. Proponer que se abonen a los agricultores, como compensación parcial a las bajadas de los precios programados, ayudas directas nacionales que puedan ponerse en crisis inmediatamente, implica debilitar la agricultura, el empleo y el medio ambiente, y aumentar aún más las ayudas públicas.
Si hay consenso, Señorías, es sobre la necesaria reforma de la PAC. Y, en este sentido, podemos preguntarnos acerca de la motivación de la Comisión para dirigirla verdaderamente. Cambiar, pero ¿con qué objetivo? La Comisión, que declara mantener los principios de la PAC, orienta en la práctica su reforma hacia el abandono de la preferencia comunitaria, privilegiando la adaptación previa a una nueva apertura a las importaciones de los países terceros, en detrimento de una reforma en profundidad para uso comunitario, lo que implica entre otras cosas una disminución creciente de muchas explotaciones agrícolas.
En este contexto, ¿qué nuevas posiciones podemos adoptar sobre estos cinco informes, de los que ninguno se ha aprobado íntegramente en la Comisión de Agricultura por los repliegues nacionales, y ello en perjuicio de los esfuerzos de mis colegas ponentes a quienes hay que felicitar por su trabajo y tenacidad? Considero que el informe del Sr. Mulder mejora el texto de la Comisión, en particular por lo que respecta a las medidas agroambientales y las medidas técnicas de gestión. Pero el problema que subsiste sigue siendo el de la cofinanciación. Por lo que respecta al informe del Sr. Graefe zu Baringdorf, la propuesta de la Comisión que se ha aprobado sin modificaciones, propongo apoyar, en el mismo sentido que el ponente, las enmiendas que permitan mejorar las disposiciones relativas a los límites de las ayudas, principalmente sobre la base de medidas relativas al empleo y al medio ambiente. Por lo que se refiere al informe del Sr. Garot, que yo he apoyado totalmente, el compromiso en vías de elaboración que propone una prima de sacrificio limitado por categoría de animales debería obtener una mayoría en comisión y seguiré al ponente en el sentido de un reequilibrio de la renta débil de los ganaderos de vacuno con respecto a otras categorías de agricultores con muchas más ayudas.
Por lo que respecta a la leche, única OCM no reformada en 1992, se ha instaurado un equilibrio frágil con las cuotas. Es preciso preservarlo resistiendo a las tendencias inflacionistas y productivistas. Al igual que el ponente, estoy a favor de un desarrollo equilibrado en todas las regiones con ingresos equivalentes. Las cuotas suplementarias que no desequilibran el mercado han de asignarse prioritariamente a los jóvenes agricultores y a las zonas desfavorecidas, como las zonas de montaña, mejorando la ayuda a la transformación en productos lácteos de calidad.
Finalmente, es preciso apoyar la posición del Sr. Fantuzzi sobre una intervención más selectiva a nivel cualitativo y sobre la aplicación de normas mínimas a la importación. No podemos garantizar un reglamento único para los cereales y las oleoproteaginosas, mientras la Unión Europea sigue siendo fuertemente deficitaria en proteínas para alimentación animal. El rechazo de la Comisión a proponer un reglamento específico para oleoproteaginosas sería un mal presagio para futuras negociaciones de la OMC. En materia de retirada de tierras excepcional, la prima base debe seguir siendo débil y continuar permitiendo el control de la producción. En el mismo espíritu ha de revisarse la retirada voluntaria por motivos ambientales o con fines no alimentarios.
Como conclusión, una vez más, en nombre del Grupo ARE, solicito a la Comisión que ponga en marcha esta reforma necesaria y urgente de la PAC, reorientando las ayudas en una óptica decididamente favorable a la economía rural, al medio ambiente y a la calidad de los productos, en beneficio de los agricultores, de los consumidores y de los contribuyentes europeos. Por muchas razones que conocen todos ustedes, la PAC, en su forma actual, no es ni duradera ni perenne. La Comisión debe orientar la reforma de la PAC en el sentido de la preferencia comunitaria, basando sus acuerdos bilaterales en normas comerciales equitativas, favorables al mantenimiento del empleo agrícola y de un número de explotaciones en armonía con el territorio en la línea del desarrollo rural adoptado por este Parlamento. Separando la política tradicional del apoyo por los precios, la PAC no se orienta hacia una agricultura duradera y humanista. La futura PAC ha de respetar el derecho de los europeos a controlar su agricultura y alimentación. También es a este precio como la Unión Europea contará en el juego de la globalización. Una vez más, diré para concluir: no más ayudas, no menos ayudas, sino mejores ayudas.

Nicholson
Señora Presidenta, querría felicitar en primer lugar a los ponentes por su ardua labor y por la diligencia que han demostrado en la preparación de estos informes. Desgraciadamente, la comisión no les recompensó de la manera que hubiera correspondido cuando presentaron sus informes ante ésta. En el marco de la Agenda 2000, nos estamos embarcando ahora en una mayor reforma de la Política Agrícola Común. No cabe la menor duda de que, una vez que hayamos finalizado, ésta será más costosa y más difícil de defender. Hemos de hacer esfuerzos para encontrar un equilibrio entre, por una parte, el productor y, por la otra, el consumidor, ya que el contribuyente se muestra cada vez menos dispuesto a prestar su apoyo a la comunidad rural.
El conjunto de la agricultura en toda la Unión Europea se enfrenta a tiempos muy difíciles desde el punto de vista económico. Año tras año se viene registrando una reducción de los subsidios a los agricultores, a pesar de que se destinan importantes ayudas a la industria. Nosotros estamos de acuerdo con este apoyo. Hemos de garantizar la supervivencia de la industria ya que las explotaciones agrícolas familiares representan la columna vertebral de la Unión Europea. Hemos de garantizar la incorporación de los jóvenes agricultores en la industria, asegurarnos de que ocupen una posición favorable en esta industria y que se sientan satisfechos de formar parte de ella.
El sector lácteo representa una parte importante de esta industria. Numerosos ganaderos dependen de él en toda Europa, por lo que debemos dotarnos de una política equilibrada y correcta. Se deberían mantener, en principio, las cuotas del sector lácteo, si bien sería necesario modificarlas con arreglo a las cuotas por vacas y ovejas nodrizas. Los ganaderos de mi región que no se levantan de la cama por las mañanas para ordeñar vacas pueden arrendar sus cuotas y obtener beneficios más pingües que el ganadero que sí lo hace, pero que se ve obligado a pagar por el arriendo de su cuota a otro. Tiene que haber algo que no funciona en un sistema que da lugar a situaciones como ésta. Es necesario introducir reformas en dicho sistema y asimilarlo a otros regímenes de cuotas.
Por lo que respecta al sector vacuno, la industria de mi región ha quedado completamente destrozada, por lo que es necesario hacer algo para lograr su recuperación. No creo que el almacenamiento privado sea suficiente, así que debemos considerar el mantenimiento de todo el ámbito de intervención. Me opongo al pago de primas por novillas y toros, y creo que la Comisión debería reflexionar al respecto. No creo que sea de ninguna ayuda, habida cuenta de que no se dispone de fondos adicionales.
No puedo estar de acuerdo con el Comisario cuando habla de paquetes de medidas nacionales. Esta medida modificará de arriba abajo toda la Política Agrícola Común. Esta medida implicará desigualdades entre los distintos Estados, es decir, que los agricultores de una región tendrán ventajas en relación con los de otras regiones. No debemos seguir esta senda. Me gustaría pedirle al Comisario que abordara aún otra cuestión. Si vamos a atar las manos de los productores por lo que respecta a su manera de producir alimentos, no deberíamos importar alimentos de países no comunitarios que no fueran producidos con arreglo a los mismos niveles de alta calidad. No les aten más las manos a los agricultores. Ofrézcanles una competencia justa y leal con el resto del mundo. Asegúrense de que las importaciones de la Unión cumplen los mismos estándares que los alimentos que nosotros producimos.

Martínez
Señora Presidenta, señor Comisario, en apariencia, con el debate de esta Agenda agrícola 2000 y de sus 8 reglamentos, tenemos un hermoso edificio legislativo, con toda una serie de novedades seductoras. Se habla misteriosamente de dotación nacional, de desarrollo sostenido o global, de cofinanciación, de multifuncionalidad, de ecocondicionalidad, de subsidiariedad, de alta calidad, de desafíos que afrontar. En realidad, todo se resume en una sola palabra: continuidad.
Se trata de una nueva reforma de la PAC, de una reedición de la reforma de 1992. No ha cambiado nada: la bajada de los precios, - 15, 20, 30 % - el maltusianismo de la retirada de tierras excepcional, el racionamiento y la austeridad. Es incluso peor que en 1992, ya que las compensaciones no son ni siquiera íntegras.
Es cierto que al menos ha logrado usted una novedad táctica: ha conseguido dividir a la Comisión de Agricultura ya que se han rechazado los cinco informes. La Europa del Norte, británica, alemana, la Europa ultraliberal, la Europa de los contables, ha impuesto su presión, de ahí la sumisión que ha provocado la expoliación y, al final, la ilusión. Presión, sumisión, expoliación, ilusión: éste es el cuadrado trágico en el que se encierra a los agricultores europeos.
En primer lugar, la presión. Ésta es triple: presión presupuestaria producida por Alemania que pretende reducir su contribución - la comprendo, los franceses podrían estar en esta línea -; producida por los países de la cohesión, España, Portugal, Irlanda, que pretenden mantener sus fondos estructurales; producida por la apertura al Este que exigiría un suplemento de fondos estructurales. Presión precisamente de la apertura al Este, que dicta una bajada de los precios agrícolas de tal modo que una vez lleguen los Diez del Este, los gastos del FEOGA y de los precios garantizados no sufran incremento. Presión finalmente de las negociaciones 2000 y de la OMC, ya que la Agenda 2000 es el hijo natural de la OMC 2000. Se trata de disponer de reducciones de ayudas relativas a las tierras, reducciones de las ayudas a la exportación, de ahí la sumisión, una vez más, a los Estados Unidos.
Doble sumisión incluso: sumisión en primer lugar a Alemania. Es bajo la presión alemana como se busca la cofinanciación para disminuir los créditos agrícolas europeos y aumentar evidentemente los fondos estructurales para los países del Este que revisten un interés estratégico para Alemania.
Sumisión a Estados Unidos, como en 1992, es casi genética en el caso de la Comisión Europea. Antes incluso de comprometer las negociaciones, ésta comienza alineándose y no reclama a Estados Unidos un comercio equitativo que tenga en cuenta el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente, la protección social de los campesinos, la calidad alimentaria. No, ella se alinea. Se alinea más en la medida en que los Estados Unidos no dudan en desbloquear, con carácter excepcional, 6.000 millones de dólares de ayuda a los campesinos mientras ellos proponen la prohibición de las ayudas.
Esto hace que en lugar de ser ofensivos nos sometamos. El ejemplo perfecto es el expediente emblemático del plátano. Se aplica o se amenaza con aplicarnos la sección 301, y se evita por cierto dotarse del mismo arsenal legislativo. Si me permiten esta expresión: nos sometemos a campo raso, e incluso a campo arrasado, si se puede decir así.
De ahí la expoliación - es el tercer punto - de los campesinos. Ejemplo: sobre las líneas presupuestarias del FEOGA-Garantía, se bombean, se desvían 500 millones de ecus para financiar el Fondo de Preadhesión, es decir, que los agricultores del Oeste son sacrificados para financiar la llegada de los agricultores del Este. Los últimos en llegar serán los primeros en ser financiados. Es cierto que es muy cristiano: el obrero de la 25ª hora gana más que el de las horas anteriores.
Además, los créditos de la sección Garantía del FEOGA sirven para financiar la reestructuración, la flota pesquera, financiada hasta ahora por los fondos estructurales del IFOP: lo que quiere decir que para ayudar a las víctimas de la política pesquera se agrava la situación de las víctimas de la política agrícola. Y ésta es la ilusión trágica de la reforma.
Se nos dice, señor Comisario, que el objetivo de la reforma es el modelo agrícola europeo que ha desarrollado aquí Arlindo Cunha. Con la explotación familiar, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el desarrollo duradero, todos estamos de acuerdo.
Ahora bien, en realidad, obtienen ustedes rigurosamente la inversa: la bajada de los precios agrícolas no está compensada íntegramente, por consiguiente, se produce amputación de la renta agrícola, frente a la cual, el campesino, para restablecerse, busca otras compensaciones y, ¿dónde las encuentra? En la carrera por la hiperproductividad.
Lo que quiere decir concretamente que van a aumentar en detrimento de los jóvenes, de las explotaciones familiares, en detrimento de la repoblación del campo, de la supervivencia del modelo europeo. Van a reducir sus costes utilizando activadores de crecimiento, utilizando factores de producción baratos, los lodos de origen urbano, por ejemplo, utilizando antibióticos, de ahí la caída de la calidad, de la seguridad, de la protección del medio ambiente. Y, finalmente, tendrán ustedes más despoblamiento, más desertificación, más inseguridad, menos calidad, menos independencia alimentaria.
Es cierto, lo admito, que han tenido éxito en el desafío de volver a los años 60 cuando no pesábamos en el mercado mundial. Ahora bien, en ese marco, que es el de un Eurodisney agrícola, no hará usted el papel de Mickey, lo tiene el Sr. Kantor. No hará el papel del tío Gilito, lo tiene Alemania. No será el director, Walt Disney es americano. Le queda el papel de Pluto, el perro guardián de los intereses americanos. Pero estoy de acuerdo en que Pluto es un personaje al menos tan simpático como Sissí, lo que hace que Austria salga adelante. A pesar de todo es una lástima que abandonen ustedes las grandes óperas agrícolas por pequeñas operetas.

Colino Salamanca
Señora Presidenta, debatimos hoy sobre las propuestas de reforma de los diferentes sectores agrícolas sin conocer el posible impacto financiero de las mismas y, sobre todo, si éste encajará en las futuras perspectivas financieras. Ello impide que podamos abordar con realismo la cuestión elemental y básica de cómo financiar dichas propuestas.
Es cierto que la Comisión ha manejado hipótesis optimistas según las cuales no habrá problemas. Pero, como el propio Tribunal de Cuentas ha establecido, la realidad puede que vaya por otro camino, y especialmente llama la atención sobre si seremos capaces de gestionar una política agrícola en la que los nuevos Estados que se adhieran a partir del 2003 no recibirán ayudas directas. ¿Se podrá mantener en el tiempo y sin tensiones esta orientación?
La segunda consideración general es que, si bien la Comisión desea fomentar la competitividad de la agricultura europea, lo hace, básicamente, a través del instrumento de los precios, de la reducción de los precios garantizados. Pero esa orientación carece del complemento necesario, al no establecer la Comisión programas de promoción de la producción europea que garanticen una calidad elevada.
Establecidas estas premisas, quisiera decir que la orientación seguida por la Comisión -teniendo en cuenta las previsiones internacionales de crecimiento, una mayor competitividad para la agricultura europea, la apertura a los nuevos adherentes y las futuras negociaciones de la OMC-, parece correcta. Pero debería ser esta la ocasión para corregir, con sus propuestas, algunas anomalías que se arrastran del pasado. Por ejemplo, en el sector de los cereales parece demasiado optimista establecer un porcentaje cero de retirada obligatoria de tierras. Hay previsiones de que necesitaremos todavía, posiblemente, restituciones a la exportación y, seguramente, volver a reintroducir la obligatoriedad. Debería abrirse también la posibilidad de corregir, para algunos Estados miembros, los periodos de referencia respecto de sus planes de regionalización e incluso la aplicación de rendimientos diferentes para el maíz en relación con otros cereales. Igualmente, no parece necesaria la igualación de la ayuda por superficie de las oleaginosas con la de los demás cereales.
En materia de productos lácteos, aun aceptando la orientación de precios, las ayudas previstas según la llamada «vaca virtual» carecen de justificación. Los precios bajan por igual para todos los ganaderos y no tiene sentido que la definición de las ayudas beneficie precisamente a los más competitivos y penalice, por el contrario, a quienes están haciendo esfuerzos para que sus explotaciones puedan competir.
En el sector de la carne, la situación es similar. La reforma no puede consolidar la penalización de aquellos Estados miembros que posean menos unidades de prima, sean estas para las vacas nodrizas o para los bovinos machos, que se añaden, además, a las limitaciones de edad establecidas para recibir la prima a los ovinos.
La fórmula de que se encargue a los Estados miembros el reparto de una parte de las ayudas conforme a pautas nacionales nos parece, además, que suscita más problemas que soluciones y que, como ha señalado el propio Tribunal de Cuentas, la necesidad de respetar un marco comunitario mínimo sigue siendo, en las propuestas, una medida imprecisa. La descentralización propuesta podría crear dificultades a la hora de determinar con exactitud los gastos que pueden subvencionarse con fondos comunitarios.
Finalmente, y en relación con el Reglamento horizontal, aun aplaudiendo la intención de corregir algunos desajustes de la PAC, hay que lamentar, sin embargo, el riesgo de que sea inoperante. Es necesario preservar, en manos de las autoridades comunitarias, la definición de las obligaciones medioambientales de obligado cumplimiento, así como la fijación de unos límites globales para recibir las ayudas donde puede y debe tenerse en cuenta el empleo efectivo de mano de obra.
Apoyamos a la Comisión, pese a la timidez de la propuesta, no tanto por los ahorros que pueda producir dicha propuesta sino porque nos parece injustificable la concesión indiscriminada de subvenciones y, como ponen de manifiesto los propios datos de la Comisión, hay que recordar que entre los beneficiarios de ayudas superiores a los 100.000 ecus sólo se encuentra el 0, 2 % de los agricultores. Nos parece que ese mínimo esfuerzo que representa la propuesta de la Comisión no debería concentrar tantas críticas de la derecha.

Funk
Señora Presidenta, señor Presidente Funke. Casi somos tocayos. El informe Fantuzzi, sobre el que voy a decir algunas palabras ha despertado una gran atención -al fin y al cabo los grupos políticos han presentado 93 enmiendas, todas ellas más o menos justificadas. El colega Fantuzzi ha realizado un buen trabajo. Se lo tengo que reconocer. Además, es el que lleva las corbatas más bonitas en el Parlamento pues han sido fabricadas en Italia. Pero se ha pronunciado a favor de una reducción de precios del 20 % y aquí sí que estoy en contra por los siguientes motivos: un 20 % es más de lo que los agricultores pueden soportar. Un 10 % podríamos aún soportarlo torciendo el gesto, sobre todo porque solamente existirá un 50 % de compensación.
En mi región, en Baden-Württemberg no hay esas explotaciones de las que el señor Rehder afirma que reciben millones. Me lo debe indicar. En cualquier caso, en mi región no. Por el contrario. Los agricultores lo tienen difícil y sería casi una ofensa decir continuamente que pertenecen al grupo de los agricultores ricos.
Señor Funke, si queremos ser competitivos en el mercado mundial, entonces tenemos que saber si los agricultores lo pueden soportar. Me pregunto con quién se debe establecer la competencia. ¿Con países en los que los salarios representan el 10 % de nuestro nivel salarial? o ¿en los que se daña e medio ambiente? Rechazo tales condiciones de competencia y por ello tenemos que rechazar también reducciones de precios del 20 %.
La reducción de precios no es un medio adecuado para ayudar a la agricultura de modo permanente sino que necesitamos soluciones más inteligentes si queremos conservar los agricultores. Coincido con el señor Fantuzzi en que debemos fomentar las plantas oleaginosas y proteínicas así como las plantas energéticas e industriales. En este aspecto estamos atrasados en los mercados. Necesitamos una ayuda mejor para que la industria y las empresas transformadoras que hemos creado reciban también productos con futuro. Esas plantas representan un enriquecimiento de la variedad ecológica si las impulsamos; al mismo tiempo, tendría la ventaja de no plantar sólo cereales que, por lo demás, no podemos vender.
La producción agrícola no debe convertirse en un objeto de segunda clase como consecuencia de una continua reducción de precios. En un bocadillo solamente hay 1, 5 peniques de trigo y el panecillo cuesta 70 peniques. Probablemente, tras la reforma costará 80 peniques aunque el Comisario reduzca el precio del trigo en un 20 %. Esto no se lo puedo explicar a nadie. Señor Fischler, ¿puede usted hacerlo? Déme la receta para que vaya a la gente y les diga que está bien.
Dos terceras partes de los países de la UE son gobernados por social-demócratas y son incapaces de recoger las propuestas del señor Rehder. Señor Funke, ¿porqué no dicen esas dos terceras partes que el señor Rehder tiene razón y que van a llevar a la práctica esa política agrícola? Yo me beneficiaría de su afirmación de que el 20 % de los agricultores perciben el 80 % de las ayudas, pero no sé si él sabe realmente de qué habla. En el futuro me gustaría que se especificase algo mejor, pues es un tópico que circula por ahí y que desautoriza a la agricultura...
Exclamación
...en muchas regiones quizás también: señor Colino, también en Andalucía he visto tales explotaciones. Esto no nos alarma cuando se dice en concreto, pero debería decirse concretamente y no como tópico, de lo contrario habría que analizar en Baja Sajonia si todo está bien allí.
Señor Funke, rechazamos los tópicos -coincido con usted- y debemos decir a las cosas por su nombre. Ayúdenos a salir de esta situación lamentable y entonces le daré de nuevo la mano pues si uno se llama Funke, no está mal ¿verdad?

El Presidente
El señor Rehder se siente aludido personalmente. Espero que solamente quiera plantear una pregunta, pues no estamos manteniendo un debate entre nosotros.

Rehder
Señora Presidenta, sólo quiero indicar que no se trata de ningún invento del señor Rehder, a quien quizás se infravalora. Por favor, diríjase al Presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, quien le podrá presentar las cifras. No se pueden negar sencillamente las cosas que a uno no le gustan. Esta es una medicina que perjudica al pequeño agricultor. El señor Friedmann se lo expondrá con toda tranquilidad si no cree al infravalorado señor Rehder.

Anttila
Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, en la Cumbre de Luxemburgo se recogió también la exigencia de que la práctica agrícola debería poder seguir siendo un hecho en todo el territorio de la Unión Europea, también allí donde esta producción agrícola se enfrenta con problemas de carácter específico. La responsabilidad de hacer realidad esta declaración de voluntad política recae en el Consejo de Ministros de la Unión, al cual el Parlamento hace llegar ahora su opinión. Las condiciones para la práctica de la agricultura son muy distintas en todo el territorio de la Unión Europea. El sur es demasiado caluroso y muy poco húmedo, mientras que en el norte se da el caso opuesto: hace poco calor, lo cual reduce inevitablemente el nivel de las cosechas cultivadas y aumenta los costes de construcción y calefacción. A la hora de adoptar decisiones, es preciso tener en cuenta los perjuicios permanentes que ocasionan las condiciones climatológicas, tanto en las regiones meridionales como en las septentrionales.
El maíz no crece en todos los Estados miembros. Por este motivo, hay que pagar ayudas por el forraje de hierba, equivalentes a las que se pagan por los forrajes de maíz, a los productores de leche y de carne de vacuno de todos aquellos países en los que no se pueda cultivar maíz a causa de las condiciones climatológicas. De no ser así, las ayudas al maíz ocasionarán una distorsión de la competencia en el mercado único. El Parlamento ha aprobado ya en una ocasión, por medio del informe del señor Cunha, las ayudas al forraje de heno. El cultivo agrícola en las regiones septentrionales necesita un aumento de las ayudas a causa de las desventajas naturales con que se enfrentan. Allí, hasta hay que poner a secar los cereales.
Los duros tiempos de la guerra han enseñado a los pueblos europeos la vital importancia que reviste la producción propia de alimentos. En Finlandia, el miembro más septentrional de la Unión, la producción de alimentos es posible gracias a la corriente del Golfo. Las reducciones de los precios de producción que se recogen en la Agenda 2000 tienen un coste demasiado grande para los productores de las zonas más difíciles, puesto que los precios que éstos obtendrían del mercado no bastarían ya para cubrir siquiera los costes de producción. Esta circunstancia daría lugar a una producción ficticia.
Las crisis de la economía mundial en Asia, Rusia y Sudamérica han hecho caer los precios del mercado mundial de productos alimenticios. Hasta los EE.UU. se han visto obligados a conceder a sus productores ayudas por valor de ocho mil millones de dólares para evitar la quiebra de sus agricultores. Por este motivo, es preciso reducir a la mitad las propuestas de reducción de los precios de producción que se recogen en la Agenda 2000 y compensar plenamente a los agricultores por las caídas de estos precios para no poner en excesivos apuros a los productores europeos. Hay que enfrentarse seriamente con las transformaciones de la economía global, y no debemos dificultar con nuestras propias acciones la capacidad de supervivencia de los agricultores frente a estos grandes desafíos. Me gustaría plantear una pregunta al Presidente del Consejo de Ministros: ¿Cómo tiene previsto actuar para que las importantes caídas en los precios de producción que se proponen en la Agenda 2000 no desemboquen en una oleada de quiebras en Europa?
Para finalizar, desearía recordar que la comida es algo más que un producto con un precio. En Europa, la comida es cultura en su máximo exponente, y la elevada calidad de los alimentos se paga siempre.

Hyland
Señor Presidente, estaba previsto que la Política Agrícola Común continuara desempeñando un papel fundamental de cara a la planificación de la agricultura europea a medio y largo plazo. A pesar de sus limitaciones, la PAC ha resistido el paso del tiempo. Pero, dicho esto, es necesario que nos preparemos ante lo imprevisible.
Los agricultores atraviesan en la actualidad serias dificultades. Éstas no son el resultado de la reforma de 1992, sino que vienen motivadas por circunstancias imprevisibles como la EEB, el desmoronamiento de la economía rusa y, en algunos casos, la renacionalización de los mercados de alimentos. En mi opinión, no estamos ofreciendo respuestas ante estas dificultades a corto plazo. Puede que muchos agricultores y ganaderos no sobrevivan para poder beneficiarse de las medidas a largo plazo de la reforma propuesta, que constituye el tema de la Agenda 2000 y de este debate.
Solicito a la Comisión que aborde urgentemente estos problemas más inmediatos con seriedad. Sea cual sea su coste, no redunda en interés de la UE la rápida marginación a que se están viendo sometidas las explotaciones agrícolas de carácter familiar, que resultan cruciales para el modelo agrícola europeo. Tenemos el deber de ofrecer respuestas ante las dificultades que atraviesan. Y, en mi opinión, no se trata de una alarma infundada. Es posible que sus dificultades sirvan a los intereses ocultos de quienes no tienen el coraje necesario para afirmar públicamente que las explotaciones agrícolas familiares no tienen ningún futuro en la Europa del nuevo milenio.
Propongo en el día de hoy que se destinen algunas reservas financieras en el marco del presupuesto agrícola para hacer frente a las posibles situaciones de emergencia que pudieran tener lugar. Me preocupa la continuidad de la explotación agrícola de carácter familiar, ya que fuera de este ámbito se encuentran cada vez mejores oportunidades laborales. Tengo la impresión de que los jóvenes terminarán por no practicar la agricultura como su actividad profesional. Si dejamos pasar por alto este hecho, estaremos cerrando los ojos ante la realidad. Con el transcurso del tiempo, el Parlamento se verá obligado a encarar el grave problema de los recursos humanos en la agricultura con el fin de asegurar la continuidad de este sector agrícola.

Querbes
Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, Señorías, todo el mundo valora las condiciones excepcionales que parecen encerrar hoy nuestro debate en un callejón sin salida.
En efecto, si bien nuestra Comisión de Agricultura ha rechazado con claridad las propuestas de la Comisión, no ha podido elaborar propuestas alternativas coherentes a pesar de la calidad de los informes presentados. Hay al menos tres razones para esta situación.
La primera es la imprecisión y fragilidad de las previsiones de la Comisión. Parece claro en el día de hoy que estas previsiones se ven alteradas por las consecuencias de la crisis financiera, la infravaloración del coste real de la reforma y la aceptación previa de las exigencias americanas en la renegociación de los acuerdos de la OMC. La segunda razón de este callejón es el yugo financiero impuesto por el pacto de estabilidad en la puesta en marcha del euro. La tercera razón, la más fundamental, es la decisión de construir esta reforma a partir de las necesidades de rentabilidad de los capitales, que pasan por la bajada de los precios agrícolas, y no a partir de las necesidades de los productores, de los consumidores, de la sociedad.
Lo que se puede reprochar a la Comisión es en primer lugar haberse encerrado en la triple lógica uniforme de la bajada de los precios, del desmantelamiento de los instrumentos de gestión del mercado y de reducción de la intervención financiera de Europa. Lo que se le puede reprochar también es su voluntad de imponer sus ideas a todos a pesar de su impopularidad. Así, tras la Cumbre de Viena, el Presidente Santer calificó las tomas de posición de los Jefes de Estado y de Gobierno como «puramente tácticas» y afirmó que « será en torno a las propuestas de la Comisión como se va a estructurar el acuerdo final». Pensar esto es negarse a ver el foso que se abre entre las aspiraciones de los agricultores y los pueblos de la Unión con más empleo, con más renta, con más calidad de vida, y las concepciones ultraliberales de la Comisión.
Si los pueblos que sufren la hemorragia de la población activa agrícola, el desequilibrio creciente entre los productores, las producciones, los territorios y las incertidumbres sobre la seguridad alimentaria, tuvieran la posibilidad de censurar esta política - como la tendremos nosotros mañana - la censurarían.
En estas condiciones, les queda al Parlamento y al Consejo elaborar una política alternativa. Tenemos los medios. En primer lugar, nos hemos pronunciado en el Parlamento en dos ocasiones, por una concepción diferente de la PAC, basada en el empleo, en la ordenación equilibrada del territorio, en la preferencia comunitaria y que rechaza la cofinanciación.
Pienso también que con los votos de la Comisión de Agricultura sobre las enmiendas a los diferentes informes se ha dibujado una voluntad mayoritaria por rechazar el alineamiento sobre el precio mundial, por defender los ingresos agrícolas, por remunerar todas las funciones sociales de la agricultura, en materia de empleo, de ordenación del territorio, de medio ambiente, de poner topes y modular las ayudas públicas haciendo el reparto más equitativo, por mantener, mejorándolas, las organizaciones de productores y los instrumentos de gestión del mercado.
Esta voluntad constructiva alternativa puede expresarse de nuevo preparando la votación de este Parlamento del día 28 de enero o devolviendo los informes a comisión, lo que sería una señal importante para exigir de la Comisión otras propuestas.
Por lo que respecta al Consejo, su Presidencia ha reafirmado ayer, y todavía hoy, buenas intenciones. Desarrollar una agricultura más competitiva y ecológica, defender los intereses de los agricultores y hacer que progrese una política del empleo más eficaz. Pero, encerrando todas estas propuestas en el yugo de la austeridad presupuestaria y de la reducción de los gastos agrícolas, ¿podrá salir el Consejo de las contradicciones actuales de la construcción europea?¿No se corre el riesgo de agravar la regresión económica y social que amenaza a los pueblos, mientras que con toda evidencia la solución es incrementar los medios financieros de la Unión por medio de recursos nuevos, tomados de los beneficios de la actividad financiera. Ello se impone tanto más en la medida en que la producción agrícola y alimentaria está confrontada a los desafíos humanos y mundiales de los próximos milenios.
Este Parlamento había situado en el centro de su informe la necesidad de responder al desafío planteado a la humanidad, en la alimentación, la energía, el medio ambiente, el aprovisionamiento de agua y el desarrollo duradero. Las decisiones que adoptará esta Asamblea el 28 de enero han de seguir siendo fieles a estas ambiciones.

Hudghton
Señora Presidenta, el paquete de reformas de la Agenda 2000 constituye un importante desafío para los políticos europeos, y esto es algo que no voy a subestimar de ningún modo. Hay que equilibrar la necesidad de alcanzar un pronto acuerdo sobre este paquete con la importancia de garantizar la aprobación de un conjunto razonable y equitativo de propuestas.
Se debe claramente examinar y adaptar la Política Agrícola Común con objeto de encontrar un equilibrio entre, por una parte, el apoyo adecuado a nuestra industria de producción alimenticia y, por la otra, un buen uso de los fondos públicos. Naturalmente, es necesario crear unos sistemas adecuados y transparentes que permitan alcanzar los elevados niveles de control financiero que cabe esperar en todo momento.
En la nueva Política Agrícola Común, que habrá de ser diseñada para que cumpla fielmente su cometido, resultará claramente imprescindible que se tome en debida consideración la diversidad de condiciones existente en los sectores agrícolas de toda la Unión Europea. Mi región, el noroeste escocés, recibe algunas veces la denominación de granero de Escocia, ya que alberga algunos de los mejores ejemplos de producción agrícola, e incluso pesquera, de alta calidad en Europa. La carne de vacuno Angus de Aberdeen, los cereales, las oleaginosas, la carne de ovino y aves, la fruta deshuesada o las patatas, por sólo citar unos pocos ejemplos, son productos de una industria que resulta crucial desde el punto de vista económico para Escocia, con un volumen de negocio de 2 000 millones de libras y que ofrece empleo, directa o indirectamente, a uno de cada diez trabajadores escoceses.
Si bien nuestros agricultores conocen y aceptan la necesidad de la reforma de la Política Agrícola Común, el carácter de las propuestas finales del informe ha de reflejar las necesidades de la industria en Escocia como, por ejemplo, por lo que respecta a la definición del tamaño de las unidades de explotación. Desde una perspectiva política, Escocia se encuentra actualmente en una situación de desventaja, ya que la representación de sus intereses nacionales se lleva a cabo desde Londres. Espero que, una vez que se haya puesto fin a la reforma, el Gobierno del Reino Unido haga por fin una exposición adecuada de la situación que vive la industria agrícola escocesa y que el Comisario tome debidamente en cuenta cualquier representación directa procedente de Escocia.
Nuestros agricultores, al igual que nuestros consumidores y contribuyentes, tienen todo el derecho a esperar que estas reformas impliquen de cualquier manera una mejora real y que, una vez que se hayan acordado los cambios específicos, éstos puedan introducirse de manera paulatina para permitir a nuestros agricultores adaptarse adecuadamente a las transformaciones que tengan lugar. Los agricultores que conozco son gente muy trabajadora, muchos de ellos empleados en pequeños negocios familiares, que conocen -y aceptan plenamente- sus responsabilidades de cara al consumidor, al medio ambiente y a la economía rural.
Señora Presidenta, señor Comisario, trabajemos juntos por una Política Agrícola Común que fomente, y no que desaliente, sus esfuerzos por seguir sobreviviendo.

des Places
Señora Presidenta, señor Comisario, cuando en septiembre de 1997 redacté las opiniones de la Comisión de Agricultura sobre la comunicación Agenda 2000 y paralelamente los de la reforma de los Fondos Estructurales, especialmente en el objetivo 2, puse en evidencia los problemas financieros de la PAC así como las consecuencias dramáticas de las primeras propuestas de la Comisión sobre la renta de la agricultura europea. Durante más de un amo, estos problemas han sido más o menos ocultados tanto por la Comisión como por numerosas organizaciones profesionales agrícolas que, en aquella época, no comprendían la realidad de la situación.
Hoy, las dificultades se agolpan, desde la desaparición parcial del ecu verde a la bajada de la renta de los agricultores, a la reducción del número de agricultores - contraria por cierto a los objetivos de ordenación del territorio -, etc. Entonces, para resolver esta ecuación financiera, sólo se habla de bajada de los precios de los productos agrícolas, con la promesa sin duda de compensaciones totales o parciales por medio de ayudas que inevitablemente se verán puestas en tela de juicio en el marco de las futuras negociaciones de la OMC. Como esto no es suficiente para los equilibrios presupuestarios, para las necesidades de ampliación y para muchos otros problemas, algunos proponen la cofinanciación de la PAC, es decir, un aumento artificial del presupuesto europeo en total contradicción con el compromiso de Edimburgo y las reglas de los tratados.
Todo ello merecería, como ha dicho hace unos momentos nuestro colega Fantuzzi, una moción de censura, mientras que un buen plan de financiación, claro y preciso, que tome en consideración la evolución de los gastos en moneda corriente y en moneda constante hubiera podido clarificar nuestros debates y evitar que todas las propuestas de los ponentes se hayan criticado severamente. Debo recordar que la PAC es la única verdadera política común y observo con cierta sorpresa hoy que los defensores de una Europa federal están dispuestos a sacrificarla en beneficio de otros intereses.
Nadie duda de que es necesario reformar la actual PAC, señor Comisario, lo que lleva a pensar por otra parte que la primera mezcla no era buena o, al menos, estaba mal adaptada a la evolución de la agricultura y a las necesidades de la sociedad. Hemos tenido que gestionar el problema de la EEB, tendremos pronto el de los OGM que implican para los consumidores una voluntad comprensible de seguridad alimentaria.
Si hay una reforma que hacer, sería evidentemente en ese sentido, pero las propuestas de la Comisión - sus propuestas, señor Comisario - de bajada de los precios obligan a los agricultores a compensar esta bajada regular de sus ingresos mediante la búsqueda de una productividad cada vez más fuerte que pasa al mismo tiempo por el agrandamiento de sus estructuras, por la búsqueda de una disminución del coste de sus factores de producción, por la intensificación de su producción en detrimento de aspectos ambientales. Así, para muchos, será la búsqueda de una fertilización que utiliza lodos de origen urbano con todos los riesgos que ello implica. Para otros, será la utilización de activadores de crecimiento y la búsqueda de una alimentación animal menos onerosa.
Finalmente, seora Presidenta, cuando se asocian estas propuestas de reforma de la PAC a las demás propuestas sobre el bienestar de los animales, sobre la responsabilidad de los productores de artículos de consumo agrícolas, constatamos que los agricultores europeos están cogidos en un fenómeno de tijeras que sólo acelerará la desertificación de nuestros campos. ¿Es ése su objetivo? ¿Es ése nuestro objetivo? No lo creo. Desafortunadamente, estamos haciéndolo todo para que eso sea así.

Moretti
Señora Presidenta, como es sabido la Política Agrícola Común se basa en tres principios: unicidad del mercado, preferencia comunitaria y solidaridad financiera. Hoy, por desgracia, estos principios están cada vez más en entredicho. En particular, el principio de preferencia financiera sufre el ataque de las grandes multinacionales del sector de la alimentación que lo consideran un obstáculo para sus objetivos que tienden fundamentalmente a destruir las pequeñas y medianas empresas agrícolas de Europa.
En lo que respecta a la solidaridad financiera, parece que los Estados miembros anteponen las valoraciones de conveniencia entre costes y beneficios que cada uno de ellos puede obtener a raíz de la aplicación de la Política Agrícola Común. Somos conscientes de que el presupuesto comunitario pide encontrar recursos para financiar medidas laborales e infraestructurales, sin embargo, nos parece que estas maniobras, si deciden sacrificar la agricultura, marcan un paso atrás de Europa en un sector que es estratégico en el marco de la competición global.
Pido, por tanto, que se me explique cuáles son las garantías de los agricultores de Paduano y de Europa de cara al futuro, al objeto de proteger sus rentas y sus recursos técnicos y humanos.

Happart
Señora Presidenta, saludo el trabajo de los ponentes. Falta ver lo que hará usted, señor Comisario, en un momento en el que la Comisión se ve especialmente maltratada. Creo que la mejor prueba de nuestra voluntad, de nuestra capacidad para funcionar con el objetivo de mejorar el bienestar de la sociedad humana, en Europa y en el mundo, consistiría en decidir políticamente sobre nuestro futuro, en tomar decisiones sociales. Pero es preciso darse los medios para conseguirlo. En lugar de encerrarse en compartimentos presupuestarios en el interior de los cuales se hace política de manera necesariamente insatisfactoria, es preciso darse los medios financieros necesarios.
La política agrícola ha sido desde el principio el motor de la construcción del Mercado Común en primer lugar, de la Comunidad Europea en segundo y, ahora, de la Unión Europea, en espera de la llegada del Estado europeo. Nos encontramos en un estado de penuria política. Los dirigentes europeos están con frecuencia a sueldo de Estados Unidos. Los Estados Unidos nos han impuesto sus concepciones, sus formas de funcionamiento, sus métodos de producción, en perjuicio principalmente de nuestros agricultores - 40 millones de empleos perdidos en la agricultura desde 1960 - y de la dimensión cultural de nuestra agricultura europea.
Los Estados Unidos, tras habernos impuesto sus reglas asociales a través del GATT, pretenden imponernos sus hormonas esperando imponernos sus manipulaciones genéticas disparatadas. Esas prácticas, que representan unos dólares de más para los productores de ingeniería genética, pero escasamente más para los ingresos de los agricultores, minan la confianza de los consumidores en los productos alimentarios que ponemos a su disposición. Hay mucho camino entre el discurso sobre la calidad y las medidas adoptadas para poner en práctica esta calidad.
La fobia presupuestaria, añadida a la mala gestión de lo que se ha llamado la crisis de las vacas locas, ha minado muy fuertemente mi confianza en la Comisión, en su capacidad para prever políticamente el futuro - no solamente de los agricultores europeos - y en su planteamiento global de lo que se llama genéricamente el mundo rural, su función y su futuro, sin olvidar la preferencia comunitaria prevista por el Tratado de Roma.
Señor Comisario, se le pide, se nos pide que, a través de la Agenda 2000 reorganicemos la agricultura europea, con unos agricultores entre los cuales el 60 % tiene más de 50 ajos y con los que se hará, como acaba usted de decir, lo que se pueda, sin que exista una voluntad de adoptar medidas para hacer atractiva a los ojos de los jóvenes la profesión de agricultor, de gestor del mundo rural y del medio ambiente. Por tanto, no hay nada preciso, ni siquiera un esbozo creíble a 20 ajos sobre lo que se va a hacer por los agricultores al término de su vida laboral o por los jóvenes que podrían iniciarla.
Señor Comisario, le propongo que, si le dan tiempo, haga una prueba en su administración: ver cuáles serían las condiciones necesarias para que los funcionarios decidan abandonar la administración para retomar o crear una explotación agrícola en alguna parte de Europa, en el Sur o en el Norte. Estoy seguro de que ofreciendo unas condiciones basadas en las respuestas recibidas, se vería cómo los jóvenes se instalarían en la agricultura.
A través de la Agenda 2000, se nos pide igualmente que preveamos la ampliación al Este. Debo decirle de entrada que estoy a favor de la ampliación al Este. Pero, a partir del momento en que se declara que no habrá incremento presupuestario, que se conserva la misma dotación para la agricultura y los Fondos Estructurales, eso significa que la ampliación al Este la pagarán los países del Sur de Europa. Quiere decir esto que serán los pobres del Sur los que pagarán por los pobres del Este. Eso es inaceptable, señor Comisario.
Quisiera concluir diciendo y recordando que nuestro adversario común, políticamente se entiende claro está, es el Consejo. Será necesario que lo recuerde, señor Comisario, en su posición con respecto a las resoluciones votadas por el Parlamento.

Böge
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, para nosotros la Agenda consiste en un paquete. Digo conscientemente que al final solamente contarán los resultados y no exclusivamente el cumplimiento del calendario. Para mí, las propuestas de la Comisión en el sector agrícola van demasiado lejos. Creo que las votaciones en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural han mostrado claramente que para las propuestas de la Comisión, tal como son actualmente, no se va a encontrar una mayoría en esta Asamblea.
Si miramos hacia los Estados Unidos, constataremos que el farm bill está siendo debatido en algunas de sus partes ya a los dos años de su entrada en vigor. No cometamos el error estratégico de dejar de lado partes del bloque de negociaciones que necesitamos para la próxima ronda de la OMC. Señor Comisario Fischler, quien actúa así es que no ha negociado aún con ganado.
Señor Presidente del Consejo, quizás deberíamos decir conjuntamente a la opinión pública alemana y europea que no tenemos ningún problema en absoluto -con las necesarias adaptaciones en ambos lados- en integrar plenamente hasta el año 2004 la agricultura de los candidatos a la adhesión si al mismo tiempo se hacen realidad las libertades básicas del mercado interior -libertad de circulación para las personas, capitales, servicios y mercancías-, para que en esta Asamblea exista por fin un debate honesto sobre otras dificultades y obstáculos diferentes a los de la política agrícola.
Respecto a la financiación quiero decir que naturalmente que se somete a debate en el marco de la Agenda la cuestión de la justicia de las aportaciones y de un presupuesto equilibrado en el lado de los ingresos y de los gastos. La cuestión de la cofinanciación se incluye también en este paquete de negociaciones. El Parlamento se pronunciará definitivamente al respecto en febrero. Señor Presidente del Consejo, también tengo que reconocer que entre los agricultores alemanes la cuestión de la cofinanciación es discutida con tal vehemencia y controversia porque, vista la aplicación de las medidas de acompañamiento y la temerosa cofinanciación de algunos Estados federados, ven venir sobre ellos considerables problemas si se sigue este enfoque. Usted sabe que también la Baja Sajonia no se encuentra precisamente en la lista de los que mejor han aplicado las medidas de acompañamiento en Alemania.
Cada uno tiene sus peritos. Señor Comisario Fischler, quiero decir muy claramente que los peritos de los que se ha servido últimamente la Comisión que usted ha nombrado expresamente como testigos para las propuestas de la Comisión, han elaborado informes periciales que desde un punto de vista teórico se basan en unos fundamentos muy aventurados. Pues si se dice que mediante la reducción de precios se benefician los consumidores, que los interlocutores sociales van a tener en cuenta esta reducción y que va repercutir del modo correspondiente sobre los precios al consumo, entonces los precios de la carne de porcino deberían haber sido considerablemente mas bajos en los últimos meses.
Cuando en esta Presidencia del Consejo debatamos y deliberemos sobre la política de empleo, tampoco debemos olvidar que estos peritos parten de un considerable reducción de puestos de trabajo en la agricultura si salen adelante estas propuestas. Ya por ello deben modificarse radicalmente.

Kofoed
Señora Presidenta, el Parlamento está de acuerdo en la necesidad de llevar a cabo una reforma agrícola. La cuestión es si podremos ponernos de acuerdo en una reforma equilibrada para que no sea el sector agrario quien se vea obligado a soportar las mayores cargas y para que las cargas resultantes de la reforma que se va a llevar a cabo con vistas a la próxima ampliación y a las negociaciones de la OMC sean repartidas equitativamente.
Tengo un par de comentarios que hacer. En primer lugar, quiero hacer un comentario al informe del Sr. Fantuzzi sobre el grano. Creo que la reducción del precio del grano propuesta por la Comisión es demasiado elevada, pues no hay una compensación suficientemente grande. Me gustaría llamar la atención tanto del señor Presidente del Consejo como del señor Comisario sobre el hecho de que el grano es el elemento más importante dentro de la gestión de la producción agrícola. Si tenemos un precio bajo, éste se traducirá en un exceso de producción de productos animales tales como la carne de vaca, la carne de cerdo, los huevos y las aves de corral, pues los agricultores tendrán compensación y todos se aprovecharán del bajo precio del grano. Además, creo que el precio del grano se ha situado demasiado bajo y que la Comisión no está lo suficientemente interesada en emplear el set aside . El régimen del set aside es la mejor herramienta de regulación de la producción de grano. Así lo han demostrado los EE.UU. durante muchos años. Si la producción de grano es demasiado elevada, se pone la tierra en barbecho. Resulta más barato que almacenar grano.
Por último, señor Comisario, un comentario sobre ese cálculo según el cual el presupuesto se ahorrará de 3.000 a 4.000 millones de ecus y los consumidores, 10-15.000 millones. Según esto, la agricultura va a transferir 15.000 millones de euros a los consumidores y así saldrá perdiendo de la reforma, pues no habrá compensación a través del mercado. Tampoco es solución abastecer el mercado de productos ecológicos. Creo que faltan todavía muchas cosas antes de llegar a un acuerdo sobre una reforma agrícola, sin embargo, espero que así sea. Estoy de acuerdo en que éste debe llegar antes del mes de marzo. Haremos todo lo que esté en nuestras manos.

Poisson
Señora Presidenta, señor Comisario, señor Ministro, 1999 será un año determinante para el futuro de la agricultura europea. En el Consejo de Viena del pasado mes de diciembre persistían numerosas divergencias, algunos Estados deseaban reducir su contribución al presupuesto de la Unión, lo que pondría gravemente en tela de juicio la solidaridad financiera entre los Estados y la unidad de Europa.
Debo recordar, e insisto en ello, que la agricultura es el único sector que posee una política común en la que se ha basado durante cuatro décadas la construcción de Europa. En Agenda 2000, la Comisión nos ha propuesto una bajada de los precios de apoyo, un incremento de las ayudas directas a los productores, una cofinanciación por parte de los Estados miembros, etc., pero ha estado desesperadamente muda sobre la valorización no alimentaria de los productos agrícolas, y lo lamento profundamente.
Estoy íntimamente convencida de que la Unión Europea ha de llevar a cabo una estrategia de desarrollo de los productos agrícolas no alimentarios y que la Comisión ha de incluir un apartado específico sobre estas producciones en la reforma de la PAC. En efecto, las producciones agrícolas no alimentarias pueden responder a un gran número de necesidades de la agricultura y del desarrollo rural: el control de la producción alimentaria, de la diversificación, el empleo, el mantenimiento de la ruralidad en el ámbito de la industria, con la producción de nuevos materiales renovables, o bien en el interés general para la protección de la biosfera. Estas producciones contribuirán de manera muy positiva a la definición de un modelo específico de nuestra agricultura.
Por ello he presentado, en nombre del Grupo UPE, tres enmiendas en este sentido en el marco del informe Graefe zu Baringdorf.

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las propuestas de reforma de la PAC que la Comisión presenta no son sino un intento de dar seguimiento a la reforma de 1992, cuyos efectos discriminatorios entre agricultores, regiones y producciones son de sobra conocidos y cuyas consecuencias, en particular en mi país (en la disminución de las explotaciones agrícolas y en el empleo, en el abandono y la desertización del mundo rural y en la pauperización de la agricultura familiar) han resultado evidentes en los últimos años.
Por eso, hay que cambiar las propuestas modificando radicalmente las orientaciones. Hay que limitar drásticamente los apoyos a los grandes agricultores y a las grandes explotaciones agrícolas, hay que aumentar en gran medida las ayudas a la agricultura familiar y a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas mediante una verdadera y real modulación. Por otro lado, hay que establecer medios suficientes para financiar una política que es común y que pretende integrar a nuevos países luchando contra la disminución de precios y las exigencias americanas en el marco de la próxima ronda negociadora de la OMC. Por último, hay que reafirmar hoy y aquí que la reciente propuesta de cofinanciación, es decir, la reciente propuesta de renacionalización de los costos, sólo de los costos, de la PAC no es aceptable, ni a la luz de la solidaridad ni con arreglo a los Tratados. El reciente rechazo de las propuestas de reglamento en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo constituye una señal y debe ser respetada íntegramente por la Comisión y sobre todo -diría yo- por el Consejo.

Raschhofer
Señora Presidenta, una intención de la reforma de la PAC es la reducción de los precios de ayuda para ponerlos al nivel del mercado mundial y cumplir así con los convenios internacionales. Sin embargo, los pagos compensatorios a los agricultores no cubren las pérdidas sufridas en las rentas y ponen en peligro su existencia. Las propuestas de la Comisión están orientadas al mercado mundial, pero la estructura agrícola europea es muy variada y está estructurada en unidades menores, por ejemplo, que en los EE.UU, por lo que es difícil establecer una comparación directa.
Incluso expertos de los EE.UU han advertido que en caso de una liberalización total a los mercados agrícolas les espera el mismo destino que a los agricultores de los EE.UU, es decir, una pérdida de ingresos del 16 %, y se han pronunciado a favor de medidas estabilizadoras del mercado. Los elementos para regular los contingentes tienen que seguir formando parte de los reglamentos de mercado. Necesitamos agricultores que mantengan el equilibrio ecológico y que cuiden el paisaje.
Los pagos compensatorios vinculados a condiciones medioambientales son buenos e importantes, pero para ser justos tienen que realizarse en base a unos estándares unitarios europeos. El presente paquete de reformas arrojaría aún a más agricultores fuera del campo. Es inaceptable en la forma actual.

El Presidente
Muchas gracias, señora Raschhofer.
Se interrumpe el debate que proseguirá esta tarde a las 15.00 horas.

Votaciones
Monfils
Señor Presidente, el texto del Tratado es muy claro. Hemos manifestado nuestra intención de rechazar la posición común del Consejo. Éste ha de reunir ahora al Comité de Conciliación para ver en qué medida es posible ponerse de acuerdo sobre algunas modificaciones. Si no fuera el caso, si el Consejo lo rechaza, es probable que tras los debates la Comisión de Cultura presente una propuesta de rechazo de la posición común. Pero seguimos esperando establecer contacto con el Consejo, de forma que se elaboren en conjunto enmiendas que permitan al Consejo y al Parlamento ponerse de acuerdo sobre una solución que, por una parte respete las prerrogativas del Parlamento, y por otra, garantice la calidad cultural de las ciudades elegidas, en el 2005 y con posterioridad.

El Presidente
Agradezco al ponente, Sr. Monfils, por las aclaraciones que ha aportado. Esperaremos la reacción del Consejo y en función de ello definiremos nuestra posición.

Ullmann
Señor Presidente, ha llevado a cabo la votación a una velocidad impresionante, lo que me parece muy bien. Pero no he tenido la ocasión de intervenir. Quiero indicar a la Asamblea que en la enmienda nº 18 al artículo 5 existe una incompatibilidad en la traducción alemana que se tiene que modificar. Por un lado se dice «los Estados miembros velarán por» y en la segunda parte se dice «garantizarán». Pero esto supone una gran diferencia jurídica. Debe decirse: «garantizarán».

El Presidente
Señor Ullmann, lo examinaremos sin ninguna dificultad. Tenemos la posibilidad de corregirlo lingüísticamente. En cualquier caso, los compañeros aprobaron su informe por gran mayoría y le felicito por ello.

Sainjon
Señor Presidente, quisiera aportar dos precisiones con respecto a este informe. En primer lugar, se trata de tomar en consideración en el párrafo 2º de la resolución el hecho de que Portugal - y me felicito por ello - ha ratificado el convenio 138 de la OIT. Por consiguiente, es preciso suprimir la referencia a Portugal en el párrafo 2. Segunda precisión: estoy de acuerdo con la enmienda 9 del Sr. Kittelmann, en sustitución del párrafo 19.

El Presidente
Señor Sainjon, le agradezco sus aclaraciones. Naturalmente, el primer punto no se debate; es una corrección técnica de hechos reales. Por consiguiente, no es necesario que solicite la aprobación del Parlamento. Sobre el segundo punto, he tomado nota.

Barros Moura
Señor Presidente, tomo nota con mucho agrado de la declaración que el Sr. Sainjon ha hecho a propósito de la necesidad de eliminar la referencia, equivocada, a Portugal en el párrafo 2 de esta resolución. Ahora bien, ¿cuál es -pregunto a la Mesa- la forma técnica que vamos a utilizar para eliminar esa referencia? ¿Es el ponente el que hace la corrección o celebramos una votación por separado para eliminar esas dos primeras frases del párrafo 2?

El Presidente
Señor Barros Moura, dije precisamente que no era necesario proceder a una votación, es una corrección técnica de datos reales y, por consiguiente, la referencia a Portugal se suprime sin más procedimientos después de la observación hecha por el ponente.
Sobre la enmienda 9

Mann, Erika
Señor Presidente, me gustaría escuchar del Sr. Sainjon cómo piensa proceder con el apartado 21 si apoya la enmienda nº 9 del Grupo del PPE.

Sainjon
Como ha precisado, estimada colega Mann, acepto la enmienda 9 del Sr. Kittelmann, en sustitución del párrafo 19, quedando claro que el resto de la resolución, párrafos 20, 21 y 22, no se modifican.

Schwaiger
Señor Presidente, puedo confirmar que la conformidad con la enmienda Kittelmann para nosotros significa la conformidad con las enmiendas 20, 21 y 22. Me permito añadir que, en cualquier caso, la voluntariedad del code de conduite es un punto esencial. Debería figurar también en nuestro texto y entonces podríamos dar plenamente nuestra aprobación.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, en cuanto al apartado 19 deseo retirar la enmienda del Grupo liberal en favor de la enmienda número 9 del PPE a condición de que se añadan dos palabras, que son, después de «posibilidades profesionales&#x02BC; las palabras «para chicos y chicas&#x02BC;. Así lo acordé con el PPE, así que solicito su permiso para ello. Retiramos la enmienda número 4 en favor de la enmienda 9, añadiendo a dicha enmienda 9 las palabras «para chicos y chicas».
El Parlamento aprueba la propuesta resolución

Andersson, Hulthén y Sandberg-Fries
Opinamos que ha habido claros motivos para sopesar cuidadosamente la postura ante la propuesta de la comisión de rechazar la posición común del Consejo. Pensamos que el proyecto de capital cultural es importante en el ámbito comunitario. Para el futuro de este proyecto, es relevante que existan formas justas y eficientes tanto para la nominación de ciudades como para la distribución de las mismas en el tiempo.
Nuestra opinión es que la propuesta de acuerdo que ha presentado el Consejo, con un sistema de rotación automática y un debilitado procedimiento ante un jurado, adolece de considerables deficiencias. Por una parte, la propuesta da relevancia a las naciones y no al contenido del proyecto, esto es, a las ciudades, y por otra, el procedimiento empleado por el Consejo frente al Parlamento no es satisfactorio. En este punto es justa la crítica de la comisión, hecha en concordancia con anteriores decisiones. Sin embargo, también quisiéramos destacar la necesidad de que los Estados miembros consigan soluciones que puedan ser consideradas como aceptables por todos. De este modo se evitarían los continuos conflictos que se producen por las nominaciones y su orden.
Además, la propuesta del Consejo tiene la ventaja de su facilidad de vaticinio, que puede contribuir a facilitar la planificación y seguimiento en las ciudades elegidas. Nuestra posición en esta materia se funda en criterios sobre la contribución de posibles acuerdos futuros sobre el mejoramiento de la gestión de las candidaturas a Capital de la Cultura y a crear soluciones aceptables que eviten conflictos en el futuro.

Palm, Theorin y Wibe
Hemos optado por no dar nuestro voto a este informe. El Proyecto de Capital Cultural es uno de los más exitosos de la Unión. Para que los Estados miembros continúen dando la misma importancia al proyecto en el futuro es importante que se eliminen todas las semillas de conflictos en relación con la elección de ciudades. Es trascendental que la elección se haga con justicia.
La propuesta de acuerdo del Consejo -un sistema automático de rotación en que los turnos siguen a los de Presidencia y en que una segunda ciudad puede ser nominada en otro país- tal vez no sea la mejor solución pero, después de muchas controversias, todos los países miembros la aprueban.
Las críticas que se han formulado al proyecto de Capital Cultural han hecho alusión principalmente a la necesidad de que la planificación se haga a más largo plazo y a la falta de resultados duraderos. Mediante la aplicación de un sistema automático de rotación se da a los países y a las ciudades buenas posibilidades para preparar tanto su proyecto como otros nuevos a los que se pueda dar origen.
Sobre la recomendación Pollack (A4-0483/98)
Hautala
Señor Presidente, querría resaltar la importancia de este informe de la Sra. Pollack, que forma parte de los esfuerzos para mejorar la calidad del aire en toda la Unión Europea. Creo que es muy importante que el Parlamento continúe exigiendo valores límite vinculantes, entre otras, a las emisiones de partículas. Los estudios más recientes demuestran lo peligrosas que son las emisiones de partículas, lo cual es una cuestión muy grave que afecta a la salud de todos los ciudadanos. Espero que el Consejo de Ministros acoja también con seriedad la posición del Parlamento a este respecto.
Sobre el Informe Ullmann (A4-0507/98)
Rovsing
El Parlamento Europeo señaló la importancia de la legislación comunitaria en este campo el 17 de junio de 1998 en una decisión en la que manifestaba la necesidad de crear un marco legal a escala europea que garantice la confianza mutua en firmas digitales y que promueva el desarrollo de una serie de regímenes de certificación que puedan ser utilizados en ámbitos diversos, especialmente el comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas entre órganos públicos y los ciudadanos. La propuesta de directiva de la Comisión por la que se establece un marco común para la firma electrónica es una iniciativa positiva y un paso importante en la dirección correcta. No obstante, espero que las numerosas e importantes enmiendas presentadas por la comisión y que tienen por objeto precisar el texto de la directiva, sean recogidas durante su posterior tramitación.
Sobre el Informe Elchlepp (A4-0437/98)
Lindholm
Es provechoso que las negociaciones con los países candidatos sigan adelante y que se celebren pactos en muchas y variadas materias. En relación con la política de competencia, ella constituye un gran reto -espero que no demasiado grande- para los países.
Se calcula que los países candidatos habrán pasado en un plazo de diez años de un proceso de dictadura y economía planificada soviética a una democracia y a una economía de mercado. Además, hay que añadir la adaptación a la UE y sus normas. A pesar de esta tarea aparentemente imposible, muchos estados, incluídos los bálticos, han tenido grandes éxitos en corto tiempo.
No obstante, la presión política y económica sobre los países es enorma. Por eso, para tener éxito se necesita, por parte de la Unión, una gran flexibilidad y capacidad de adaptación en combinación con considerables ayudas económicas.
En relación con los estados bálticos, desde el principio los Verdes hemos demandado que las negociaciones de adhesión se hagan con los tres países a la vez, con el fin de que el desarrollo político y económico en la región no corra riesgos. Lamentamos profundamente que la Comisión haya elegido otra estrategia, que dificulta el logro de esos objetivos.
Sobre el Informe Seppänen (A4-0443/98)
Posselt
Señor Presidente, naturalmente que estoy a favor del acuerdo con Letonia y de su integración lo más rápida posible en la Unión Europea. Pero debo decir que a pesar de la aprobación del Informe Seppänen, veo graves problemas en su exposición de motivos pues reproduce de modo original lo que los nacionalistas rusos defienden en esta cuestión. Califica una pertenencia de Letonia a la OTAN como un peligro y se remite a la problemática de la minoría rusa. Sin embargo, no menciona que esta problemática de la minoría es consecuencia de una ocupación de decenios con una política de asentamientos en contra del derecho internacional. Ahora se intenta instrumentalizar este problema que, naturalmente, se debe solucionar con mesura -aquí no nos cabe la menor duda-, para cuestionar eventualmente la independencia de Letonia.
Por ello, creo que una pertenencia de Letonia a la OTAN no agudizaría este problema sino al contrario. Pues si Letonia sabe que su libertad e independencia ya no están amenazadas, procederá también de modo menos tenso con los problemas de las minorías.
Sobre el Informe Porto (A4-0445/98)
Kreissl-Dörfler
El presente acuerdo se encuentra en nuestros escritorios desde hace más de dos años. Pues la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa decidió por buenos motivos en abril de 1997 no conceder por el momento su aprobación.
Corea es miembro de la OCDE desde 1996 pero no ha cumplido sus obligaciones en lo tocante a su legislación laboral. Los sindicatos principales no están permitidos, el «hire and fire» se ha hecho costumbre y la situación en los puestos de trabajo es inaceptable.-Nefastas excrecencias de un régimen dictatorial, como la National Security Law y una legión de presos políticos están en contradicción con nuestra opinión de lo que es un Estado de derecho. Se siguen pisoteando los derechos fundamentales. Como el artículo 1 del acuerdo consta de una cláusula democrática y de derechos humanos, el acuerdo debería ser suspendido inmediatamente después de su entrada en vigor.-Sigue existiendo la pena de muerte, etc., etc.Con el cambio de Gobierno se despertaron muchas esperanzas. La crisis financiera en Asia ha modificado el panorama. Nada o casi nada ha ocurrido desde entonces en favor de los explotados. A pesar de ello, la industria, los comerciantes y determinadas fuerzas de la Comisión quieren mandar una señal de vía libre para el comercio bilateral. Llaman la atención sobre el desequilibrio de la balanza comercial, sobre las grandes oportunidades de mercado, sobre las liberalizaciones y todo el paquete de medidas que el FMI ha puesto como condición para su ayuda financiera. Por contra, los derechos humanos y laborales han desaparecido del discurso de los defensores.
Pero según todas las experiencias, no se puede apostar por un simple efecto Trickle-Down cuando se trata de derechos humanos. Ha habido ya demasiadas dictaduras cuyas notas económicas han sido excelentes mientras que las personas han vivido en la miseria o han desaparecido.
Si diésemos nuestro plácet, en el Parlamento perderíamos un importante medio de presión. Pues luego no tendremos ninguna posibilidad de influir. En lo tocante a la cláusula democrática y de derechos humanos, el Parlamento tiene que decir algo.
El debate de ayer por la tarde nos ha fortalecido a los Verdes en la opinión de negar nuestro asentimiento al acuerdo. Sir Leon Brittan nos ha asegurado que va a hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades diplomáticas para abogar en pro de una mejora de la situación en Corea. Lamentablemente, sabemos que el euro le está mucho más próximo que el bienestar social de las personas. Su negativa a presentar al Parlamento Europeo un informe anual sobre la situación en Corea no significa otra cosa que jamás tendremos una opinión de la Comisión al respecto. Su oferta de informar oralmente al Parlamento quizás suene prometedora pero con ello elude toda posibilidad seria de rendir cuentas.
Queremos unas buenas relaciones con Corea y el bienestar de sus habitantes. Por ello, no ha llegado aún la hora para el presente acuerdo.
Sobre el Informe Brok (A4-0488/98)
Posselt
Señor Presidente, me he abstenido en el Informe Brock no porque no comparta la mayoría de sus propuestas que, naturalmente, comparto. Precisamente esta semana estoy, de forma más vehemente que nunca, a favor de una parlamentarización de nuestra Comisión. Debemos procurar que el Parlamento no permanezca por más tiempo prisionero de la Comisión sino que, por el contrario, un Parlamento fuerte controle a la Comisión -que naturalmente tiene que ser también fuerte pero sustentarse en el Parlamento. Estamos viendo el desastre de esta semana, que resulta de que esto no había ocurrido hasta ahora. En la crisis actual estoy a favor de las medidas más duras, bajo determinadas circunstancias incluso hasta de una moción de censura. Sin embargo, hay algo que no comparto: se trata de la propuesta de acudir a las elecciones con un candidato a Presidente de la Comisión. Quizás lo hubiese aceptado en la formulación más suave de los social-demócratas pero no en la que se ha aprobado ahora, pues soy de la opinión de que una campaña electoral de este tipo no corresponde a un entramado multinacional como el de la UE. De tales problemas pueden deducirse con facilidad también problemas nacionales o de nacionalidades. Soy de la opinión de que la Comisión debe salir del Parlamento así como el Presidente de la Comisión, pero no creo en unas elecciones a la Presidencia a nivel de la UE.

Andersson, Hulthén, Lööw y Sandberg-Fries
El informe en general tiene relevancia para las enmiendas al Tratado de Amsterdam relacionadas con la designación del Presidente de la Comisión. Sin embargo, no compartimos totalmente los criterios contenidos en los puntos I.2, I.3 y I.4 puesto que pensamos que las exigencias contenidas en ellos van demasiado lejos y son demasiado detalladas.
En cambio, apoyamos las enmiendas del Grupo PSE a estos puntos, las que, en nuestra opinión, dan a los gobiernos de los Estados miembros mayor espacio para sus propias ponderaciones políticas, ya que se limitan a señalar que en el futuro sería un paso interesante que los movimientos políticos designaran a los candidatos para ocupar el cargo de Presidente de la Comisión.
La enmienda 2 también constituye una limitación al afirmar que sería razonable que los Estados miembros tomasen en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo al designar candidatos para la Presidencia de la Comisión. Además, en la enmienda se dice que, tan pronto como sea posible, se deberá votar en el Parlamento Europeo acerca de los candidatos de los Estados miembros.
Tampoco estamos plenamente de acuerdo con el contenido del punto II.1 puesto que vemos en él una delimitación que va demasiado lejos en cuanto a la cantidad de miembros de la Comisión que se podrán elegir entre los actuales diputados al Parlamento. En cambio, apoyamos la enmienda del Grupo PSE, que en este punto señala que se debe seguir desarrollando la hasta ahora exitosa costumbre de elegir a algunos de los miembros de la Comisión entre los diputados al Parlamento Europeo.
Tampoco estamos totalmente de acuerdo con la redacción del punto IV.3 ya que pensamos que el momento para la declaración del programa del candidato designado está formulada en términos demasiado precisos. En cambio, apoyamos la enmienda del Grupo PSE en esta cuestión que dice que la declaración del programa del candidato designado para el cargo de Presidente de la Comisión y su discusión posterior tendrán lugar, dentro de lo posible, durante el período de sesiones de julio de 1999.

Barros Moura
Éste es un debate necesario porque el Tratado de Amsterdam ha fortalecido el poder del PE en la investidura del Presidente (el voto ha pasado a ser vinculante) y ha fortalecido también el poder del Presidente designado para la elección de los Comisarios (por acuerdo entre los gobiernos nacionales y él) en la formulación del programa de la Comisión y, una vez nombrada ésta, en la coordinación y dirección política del Colegio de Comisarios. Por eso, es necesario fortalecer la legitimidad democrática y la responsabilidad política de la Comisión y, desde luego, de su Presidente. Ése es el principal propósito de la idea lanzada por Jacques Delors y suscrita, entre otros, por Mario Soares y Felipe González de organizar la campaña para las elecciones europeas en torno no sólo a un programa político, sino también a la elección del Presidente de la Comisión, y de que los partidos políticos puedan presentar públicamente al electorado su candidato a ese cargo.
La primera consecuencia deseable sería la personalización de la campaña electoral y, por ese motivo, un mayor relieve público de las instituciones, comprensión racional e identificación emocional de los ciudadanos con la propia Unión Europea y sus objetivos y políticas. La UE ganaría seguramente en prestigio, acercamiento a los ciudadanos y responsabilidad democrática.
El informe del Sr. Brok va encaminado a la consecución de esos objetivos, pese a que las exigencias de la Realpolitik -que quiere conservar intacto el poder de renegociación y elección por los primeros ministros de la personalidad que proponer al Parlamento Europeo- hayan anulado la claridad de la propuesta en beneficio de las fórmulas de transacción parlamentaria que siempre pueden decir todo y su contrario...
En todo caso, ha quedado -y me congratulo de que haya sido por una propuesta de enmienda por mí presentada- la propuesta de que el Consejo Europeo elija la personalidad que designar para Presidente de la Comisión teniendo en cuenta los resultados electorales . Por eso, no es admisible que el Gobierno alemán tenga la pretensión de iniciar el proceso de designación de la próxima Comisión en el Consejo Europeo de Colonia el 3 de junio de 1999, es decir, ¡antes de las elecciones europeas!
El método así propuesto no impide la imprescindible participación de las otras fuerzas políticas relevantes y proeuropeas en la Comisión por mediación de Comisarios en puestos importantes. Y, sobre todo, no entra en conflicto con la naturaleza intergubernamental que, en una síntesis original con carácter supranacional , la UE y sus instituciones siguen teniendo. Pero ese método es la única forma de que la designación y el futuro nombramiento de la Comisión correspondan a un acuerdo real (previsto en el Tratado de Amsterdam) entre el Consejo de los Gobiernos y el Parlamento elegido directamente por los ciudadanos. El Parlamento ganaría seguramente, a su vez, en legitimidad (porque habría más participación en las elecciones) y en responsabilidad.
El Presidente de la Comisión ganaría en autoridad ante los Comisarios y ante los Gobiernos. Y eso es imprescindible para garantizar que la Comisión sea el órgano independiente con la función de impulso político a la Unión Europea y de formulación del interés comunitario que debe representar en virtud de los Tratados. Y no la secretaría administrativa de un Consejo, así más fácilmente dominado por los grandes Estados miembros. Está claro que el sistema entrañaría un deseable fortalecimiento de la responsabilidad política de la Comisión y de sus miembros individualmente considerados ante el Parlamento.
La experiencia de nombramiento y desempeño de la Comisión Santer y de las circunstancias que han originado la presente moción de censura están ahí para demostrar que la Realpolitik en este caso no ha propiciado soluciones satisfactorias: ¡ni para la UE y su prestigio ni para los Estados miembros y sus ciudadanos ni para el Parlamento Europeo y su insubstituible función al servicio de la construcción de una democracia europea!

Bébéar
Desde el inicio de mi mandato como diputado europeo he conocido muchos ciudadanos europeos que deploraban la falta de diálogo democrático en el seno de las instituciones comunitarias y en especial ante la Comisión. El reproche más frecuente es la falta de base democrática directa de la Comisión, nacida en cierto modo de negociaciones más o menos secretas y que combina desequilibrios que escapan a la mayoría de nuestros electores.
Cuando el proceso de la moneda única está dando prueba de sus aptitudes, cuando la ampliación continúa según sus propias exigencias y en seis meses se va a renovar el Parlamento Europeo, sería saludable para la democracia europea comprometerse claramente en un proceso más amplio de reformas de la Comisión. Para satisfacer a los cerca de 370 millones de europeos, es hora de considerar seriamente la presentación de candidatos a la presidencia de la Comisión ya desde las elecciones del próximo mes de junio, permitirles que presenten un verdadero programa político y que arropen a los Comisarios elegidos entre los representantes del Parlamento Europeo.
El artículo 214 del Tratado de Amsterdam da nuevas prerrogativas al Parlamento y ajusta la duración del mandato de la Comisión al del Parlamento Europeo. Es muy fácil hoy conjugar esta posibilidad que se presentará en junio de 1999. La ventaja sería doble: dinamizar la campaña electoral proponiendo un nuevo desafío - la política europea de los próximos cinco años - e instaurar una Comisión más independiente y que aplique mejor el derecho comunitario, todo ello respetando el equilibrio político.
Una Europa más tangible, más cercana a los ciudadanos, nunca ha sido tan realista y realizable, gracias al informe Brok. Doy mi aprobación por tanto a sus disposiciones y hago votos para que en este principio de año la mayoría de nosotros se comprometa en esta vía que desean la mayor parte de los europeos.

Berthu
Las grandes maniobras federalistas para transformar definitivamente a la Comisión en un gobierno de Europa están de nuevo en su apogeo.
Ya, en el pasado octubre, el Presidente del Parlamento había saludado en este hemiciclo: «la función nueva atribuida a la Comisión por los Tratados de Maastricht y de Amsterdam », que según él exigía «el ejercicio (por ésta) de una dirección política, legislativa y presupuestaria ». Hoy, la Comisión de Asuntos Institucionales de esta Asamblea toma el relevo, por medio del informe Brok, intentando hacer de las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam los «catalizadores de cambios fundamentales en las relaciones interinstitucionales de la Comunidad ».
Estas nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam son voluntariamente bastante oscuras, según el bueno y viejo método federalista. En todo caso, nunca han sido explicadas claramente a los ciudadanos - como lo demuestra el debate que tiene lugar en Francia en la actualidad. La Comisión de Asuntos Institucionales se apoya principalmente en las modificaciones de los artículos 158-2 (designación del Presidente y de los miembros de la Comisión) y 163 (organización interna de la Comisión), para llevar al extremo la interpretación del Tratado en el sentido federalista: la progresiva transformación de la Comisión en una especie de gobierno, investido por el Parlamento Europeo sobre la base de un programa de «orientaciones políticas» que responde al resultado de las últimas elecciones europeas.
La base jurídica está negociada por las necesidades de la causa. En especial, las «orientaciones políticas » mencionadas en el artículo 163 del Tratado tienen como objetivo, en el contexto de este artículo, constituir un instrumento de disciplina interna de la Comisión, y no un «programa de investidura». Por otro lado, no se trata en ningún modo de un programa así en el artículo 158, que trata del nombramiento de la Comisión.
Más aún, el desplazamiento de la Comisión hacia un estatuto gubernamental, tal como propone el informe Brok, nos parece que desconoce la naturaleza de la Unión y sobrepasa los términos del Tratado de Amsterdam. En efecto, éste, a pesar de sus ambigüedades, reserva para el Consejo el papel motor de la iniciativa en la elección de los candidatos a los puestos de comisarios, y el poder de nombrar definitivamente al nuevo colegio (artículo 158). Estas disposiciones han de resituarse en la perspectiva general del Tratado, que reserva a los Estados miembros la función máxima, bien por el artículo D, que encarga al Consejo Europeo proporcionar a la Unión los impulsos y las orientaciones políticas necesarias, bien por el artículo 145 que confía al Consejo de Ministros el poder para adoptar decisiones, el de coordinar las políticas económicas y el de otorgar a la Comisión competencias ejecutivas.
Así, a pesar de la diligencia de los federalistas - que era de esperar - en pretender llevar a su terreno las disposiciones nuevas de Amsterdam, está claro para nosotros que, de conformidad con el marco general del Tratado y la naturaleza de la asociación de Estados que es la Unión, el Consejo ha de conservar su función de pivote. Nosotros desearíamos más bien reforzarla haciendo a la Comisión responsable ante el Consejo.
Finalmente, la idea «de independencia de la Comisión», sobre la que insiste el informe, nos parece muy ambigua. Si bien es cierto que esta independencia ha de verse reforzada frente a los grupos de presión (hemos presentado, por cierto, enmiendas en este sentido), no pensamos que tenga la menor utilidad con respecto a los gobiernos democráticos reunidos en el Consejo.
Como señalé ayer en el debate general, la teoría de la independencia de la Comisión ha inducido un sentimiento de superioridad ampliamente responsable de los comportamientos laxistas constatados hoy. El fraude es así el resultado natural de una mala disposición institucional europea. No debemos incrementar la independencia de la Comisión sino reducirla, y reducir principalmente los privilegios exorbitantes de los que dispone este organismo: monopolio de iniciativa, autocontrol, poderes discrecionales, etc.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Nos hemos abstenido en la votación del informe del Sr. Brok, que subraya la influencia y responsabilidad del Parlamento Europeo con respecto a la aprobación de la Comisión. Somos partidarios de esta forma de control de los miembros de la Comisión antes de su nombramiento, sin embargo, no nos parece posible presentarse a un puesto en la Comisión siendo o habiendo sido miembro del Parlamento Europeo. Hay muchas otras formas de adquirir experiencia parlamentaria de cara a poder desempeñar un cargo semejante. De la misma forma, tampoco nos entusiasma la idea de que cada grupo del Parlamento Europeo presente un candidato al cargo de Presidente de la Comisión como parte del proceso electoral. La Comisión debe mantener su independencia. El Parlamento debe mantener su independencia como órgano de control.

Blokland
Aunque originalmente el Informe Brok iba a ser debatido en otra sesión plenaria, ahora, con la despedida del Sr. D&#x02BC;Andrea, ha sido incluido en el orden del día en un momento de especial actualidad, ya que esta semana nos encontramos bajo el signo de la responsabilidad de la Comisión Europea frente al Parlamento.
He votado en contra del informe porque las propuestas del ponente van demasiado lejos. Entre otras cosas, no sería bueno que la elección del Presidente de la Comisión Europea durante las elecciones europeas llevara a una especie de «Ministro Europa&#x02BC;. Al fin y al cabo, la Comisión Europea representa el poder ejecutivo y, por tanto, en principio no tiene responsabilidades políticas.
El Tratado de Amsterdam da más facultades al Parlamento Europeo para el nombramiento del Presidente de la Comisión Europea. Una consecuencia lógica será que esto lleve a una mayor influencia en caso de disfuncionamiento de la Comisión Europea. Sin embargo, creo que el Parlamento Europeo ya podrá demostrar su poder, sobre todo, mediante el empleo de sus competencias en materia presupuestaria; esto sin perjuicio de la función del Consejo, ya que éste nombra a los miembros de la Comisión y por tanto tiene la primera responsabilidad a la hora de emprender acciones. El hecho de que este cometido del Consejo no figure en ningún momento en el informe, a mí me parece extraño.
El Presidente de la Comisión Europea no debe elegirse en base a un programa político, ya que la Comisión Europea, como ya he dicho, es un órgano ejecutivo del Consejo y del Parlamento.

Delcroix
Si bien la votación de la gestión para el presupuesto de 1996 pertenece al pasado, si bien la votación de censura de la Comisión se juega en el presente período de sesiones, es seguro que la propuesta de resolución que estamos examinando en la actualidad corresponde al futuro. Eso es señalar su importancia, ya que afecta no solamente al futuro de las relaciones entre este Parlamento y la Comisión, sino también al futuro de la democratización de nuestras instituciones. En ese sentido, esta declaración está sin duda destinada a todas las instituciones europeas, pero considero que se justifica ante todo como un documento de reflexión interna de este Parlamento, ya que pretende trazar el punto más democrático posible para nuestro rumbo parlamentario en el ao 1999.
Cuando la opinión pública conoció el Tratado de Amsterdam, consideró que la montaña de la Conferencia Intergubernamental había parido un ratón. Es cierto que el Tratado es complejo y que aquellos que esperaban avances institucionales que permitieran una ampliación sin bloqueo de la construcción europea se han sentido decepcionados. Sin embargo, éste aportaba una serie de novedades de las que hemos de sacar partido si no queremos traicionar nuestro mandato de representantes por sufragio universal.
Tres innovaciones de Amsterdam motivan nuestras palabras: En primer lugar, el Parlamento emitirá su dictamen conforme sobre la elección de Presidente de la Comisión propuesto por los Gobiernos: éste actuará en calidad de formador , según expresión utilizada principalmente en Bélgica. En segundo lugar, los miembros de la Comisión y el presidente designado serán sometidos de forma colegiada a una votación de aprobación del Parlamento. Y en tercer lugar, la Comisión cumplirá su misión en el respeto por las orientaciones políticas definidas por su Presidente.
Vemos así que se dibujan los contornos de una Unión Europea en la que un ejecutivo - la Comisión - se verá instaurado por dos instituciones legislativas, una que representa a los ciudadanos - el Parlamento- y la otra que representa a los Estados miembros - el Consejo. Se trata de una estructura tripolar que puede parecer a priori en un equilibrio delicado, incluso inestable. Eso es cierto, pero sabemos que la democracia es frágil y que las construcciones más elaboradas que deben respetar los derechos y los deberes de cada cual son las más frágiles. A pesar de todo funcionan, incluso si exigen grandes esfuerzos de escucha y de compromiso entre los diferentes socios.
Lo que parece evidente con la instauración de Amsterdam es que ni el Consejo ni el Parlamento tienen capacidad para instaurar su ejecutivo sin tener en cuenta las posiciones del otro. En realidad están condenados a entenderse y a negociar la composición, las orientaciones políticas y los modos de funcionamiento de la Comisión. El Parlamento posee por tanto ahora la capacidad para desempeñar una función claramente relevante en la instauración del colegio de miembros de la Comisión.
Un segundo círculo de reflexiones está vinculado a las posibilidades abiertas por las consideraciones que acabo de mencionar en relación con las elecciones europeas y la animación que pueden recibir en el seno de un proceso capaz de producir una mayor integración europea. En pocas palabras, las grandes líneas y las motivaciones de la propuesta avanzada por Jacques Delors me parecen pertinentes. Existe un contraste sorprendente entre la asfixia evidente de la arquitectura europea y las preocupaciones de la opinión pública que ve las consecuencias de las políticas europeas penetrar en su vida diaria y que sin embargo no reconoce en esa Europa las prácticas democráticas a las que está acostumbrada en los diferentes Estados miembros. Darle un nuevo dinamismo al debate europeo es hacer de la elección del futuro Presidente de la Comisión uno de los desafíos de la próxima campaa europea, es evitar que ésta se encierre en problemáticas exclusivamente nacionales, es finalmente inaugurar una vía política verdaderamente europea y, al mismo tiempo, altamente personalizada.
Un tercer círculo de reflexiones estará orientado a buscar una mejor relación política entre el Parlamento y la Comisión y reducir, en esta ocasión, el déficit democrático de la Unión. Resulta sorprendente para la opinión pública constatar que el Parlamento Europeo, que constituye un vivero del que se nutren los Estados cuando nombran a sus gobiernos, esté tan poco solicitado cuando se trata de elegir a los Comisarios y, entre ellos, al Presidente de la Comisión. Eso va contra los hábitos democráticos de nuestros países respectivos, y la credibilidad de este Parlamento se verá reforzada el día en que, como nuestra declaración lo demanda, un «número importante de miembros de la Comisión deberían ser elegidos entre los diputados europeos...». Creo que esto significa también que la paridad hombres/mujeres, tanto aquí como allá, deberá respetarse.

Deprez
Por una parte, muchos aquí están íntimamente convencidos desde hace tiempo de que a pesar de los progresos realizados al hilo de las reformas de los tratados, esta Asamblea no será un parlamento en su integridad hasta tanto no pueda, entre otras cosas, conceder la investidura a la Comisión responsable ante él mismo.
Por otra parte, es absolutamente necesario que las instituciones europeas se reformen en la perspectiva de la futura ampliación a los países de Europa central y oriental.
En esta futura Europa ampliada a veinte o veinticinco miembros, una Comisión que contara al menos con un Comisario por cada país miembro sería totalmente ineficaz. La indispensable reforma de la estructura y composición de la Comisión deberá otorgarle por tanto una legitimidad diferente de la que extrae en la actualidad del nombramiento nacional de sus miembros.
En cualquier estado democrático, el Gobierno es el fruto de la relación de fuerzas que existe en el seno de las asambleas representativas, que reproducen más o menos fielmente las situaciones de la sociedad que los ha elegido.
En una Unión Europea cada vez más estrecha, la verdadera legitimidad democrática residirá con toda evidencia en esta Asamblea elegida por sufragio universal directo. Es del Parlamento Europeo de donde la Comisión deberá extraer su nueva legitimidad.
En esta óptica, la aplicación de las propuestas que contiene el informe será un nuevo avance en la vía de la emancipación del Parlamento y de la unificación democrática del continente europeo.
Tengo un especial interés en señalar una vez más el carácter indispensable de la independencia de la Comisión con respecto a los Estados miembros y de su consecuencia lógica: el fortalecimiento del control parlamentario de esta institución que debe seguir siendo al mismo tiempo el centro del interés comunitario y el guardián de los tratados. También debe convertirse en el motor de arranque de la construcción europea.

Fayot
La intención de este informe era, entre otras, apoyar la propuesta de «Nuestra Europa», la asociación de Jacques Delors, que consiste en hacer del futuro presidente de la Comisión el reto de las elecciones europeas.
Doy mi apoyo a esta propuesta y por ello la he firmado.
Nuestra propuesta de personalizar las elecciones europeas dándoles un carácter político y dando una mayor participación a los electores en la designación del futuro Presidente de la Comisión se ha diluido hasta tal punto en el informe Brok que parece ridícula. Y eso se debe a los compromisos entre los grupos.
¿Por qué ocurre así?
Simplemente porque los Jefes de Estado y de Gobierno no quieren. Ya sean socialistas o conservadores, pretenden continuar cocinando sin debate democrático, prefieren el cónclave vaticanesco al debate democrático. En una palabra, quieren conservar la influencia en la designación del Presidente de la Comisión, sin interferencia exterior, ya sea de los electores o de los partidos políticos.
De este modo, corremos el riesgo de tener el esquema siguiente en lo que respecta al futuro Presidente de la Comisión:
los días 3 y 4 de junio de 1999, en la cumbre de Colonia, la Presidencia alemana tiene la intención de iniciar el proceso de renovación de la Comisión nombrando un Presidente de ésta; -el 13 de junio de 1999 tendrán lugar las elecciones europeas.Los electores no tendrán más que certificar el resultado de las negociaciones «in camera» de los Jefes de Estado y de Gobierno.
Estarán de acuerdo conmigo en que esto es el mundo al revés.

Lindholm
Los ponentes y el Parlamento quieren lograr, mediante la interpretación de determinados artículos en el aún no ratificado Tratado de Amsterdam y llevando éstos a su último extremo, la transformación de la Comisión en una suerte de gobierno. Esto se confirma en la exposición de motivos del informe.
Opino que esto se opone diametralmente a los artículos del Tratado que señalan que la UE es una cooperación interestatal entre países soberanos. Esto es un intento de dar a la UE una orientación federalista sin que medie debate ni resolución en los Estados miembros, lo cual no puedo aceptar.

Lindqvist (ELDR), Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm y Schörling (V), Lis Jensen (I-EDN)
El Informe Brok sobre la aprobación del Presidente de la Comisión y la «independencia» de ésta, refleja de manera clara la ideología dominante en la Comisión de Asuntos Institucionales y su fe en la creación de un estado federal. Queremos destacar que la Comisión nunca podrá ser considerada como independiente, ella trabaja junto con el Parlamento y, especialmente, con el Consejo.
En las conclusiones de la exposición de motivos se habla de pasar «del método interestatal al supraestatal» y de que se quiere reforzar el proceso de integración «hacia una Europa unida por bases federales» El objetivo es intentar preparar el camino para que la Comisión llegue a ser un gobierno nombrado directamente por el Parlamento Europeo y no por los Estados miembros.
En nuestra opinión, el informe hace interpretaciones exageradas de lo que realmente se expresa en el Tratado de Amsterdam. La comisión también se ha dejado impresionar por las declaraciones del anterior Presidente de la Comisión, Jacques Delors, en el sentido de que las elecciones comunitarias deberían ser para elegir al futuro Presidente de la Comisión y no para configurar el Parlamento Europeo.
El informe también es contradictorio. Por una parte, quiere cuidar de la independencia de la Comisión y, por otra, quiere que el Parlamento pueda negociar acerca de las personas que podrán integrar la Comisión, de las cuales «una gran cantidad será elegida entre los actuales diputados al Parlamento». Dado que somos contrarios al desarrollo de la UE hacia una superpotencia federal y que, en cambio, como línea fundamental propiciamos las relaciones interestatales, hemos votado en contra.

Palm
El informe se ocupa de muchos problemas institucionales existentes en la Unión, especialmente desde una perspectiva democrática.
Este informe otorga al Parlamento la facultad de pedir cuentas y destituir a Comisarios, herramienta que, según hemos visto la última semana, es importante que el Parlamento tenga en su mano. Esta facultad se inscribe en el punto 3.1 del informe. Desgraciadamente, en el mismo punto se señala que es importante que se mantenga a la Comisión como «único poseedor del derecho a iniciativa», cosa a la que me opongo firmemente. Esto constituye una gran deficiencia democrática en la cooperación actual. Opino que el derecho a la iniciativa no debe estar reservado sólo a la Comisión.
A mi juicio, la herramienta para destituir a Comisarios es tan relevante que votaré a favor del punto 3.1, pero quiero declarar que no apoyo la idea de que la Comisión sea la única con derecho a iniciativa.
A pesar de las buenas intenciones, hay algunas deficiencias en el informe. Muchas de ellas se mejoran a través enmiendas del Grupo PSE, a las cuales doy mi voto.

Theorin y Wibe
El informe sigue a grandes rasgos el Tratado de Amsterdam en lo que atañe al nombramiento del Presidente de la Comisión. Con todo, no estamos completamente de acuerdo con él. Los gobiernos de los Estados miembros deben tener mayor espacio para sus ponderaciones políticas, lo cual se destaca en la enmienda del Grupo PSE. Además, opinamos que el informe va demasiado lejos en su exigencia de que una gran cantidad de miembros de la Comisión deberán elegirse entre los actuales diputados al Parlamento.
No participamos de la idea de que sólo la Comisión goce de derecho de iniciativa. Esto, en la realidad, entrega el poder a la Comisión, a la que no se puede pedir cuentas ya que no es de elección popular. Vemos, por ejemplo, como algo significativo en la colaboración interestatal, que los parlamentos nacionales gocen de mayores facultades que las que han tenido hasta hoy.

Valverde López
El informe del Sr. Brok se sitúa en la línea de propuestas de desnaturalización de la originalidad de las instituciones de la UE, que en los últimos años va ganando apoyos. No obstante, hay que denunciar con energía estas desvirtuaciones que conducirán a la ruina del sistema institucional, que es revolucionario, en la historia del constitucionalismo.
El perfeccionamiento y progreso de las instituciones de la UE se conseguirán profundizando en la originalidad del modelo propuesto en los Tratados fundacionales. Toda tendencia a hacer evolucionar las instituciones de la Unión para que se parezcan a los caducos sistemas constitucionales del Estado nación será un fracaso. El sistema comunitario es una superación del Estado Nación, pues regula relaciones y realidades distintas. Comisión, Parlamento y Consejo son instituciones que únicamente pueden entenderse en su funcionamiento insterinstitucional y en su equilibrio interno. Si los Gobiernos de los Estados miembros designan al Presidente y a los miembros de la Comisión Europea, los Tratados, sabiamente, ponen en manos del Parlamento el contrapeso del poder de la moción de censura. Si el Parlamento y los Grupos políticos propusieran a los Comisarios y su Presidente, se rompería este equilibrio esencial y se politizaría el Colegio de Comisarios, que por exigencia de los Tratados debe ser independiente no ya sólo de los Gobiernos, sino también de todo grupo político. Por otro lado, si cada Grupo político propusiera un candidato para la presidencia de la Comisión, se crearía de facto una dependencia política de ese candidato a una tendencia política y por lo tanto, perdería la necesaria independencia. Además, en el Parlamento, se produciría el reflejo de la creación de unos grupos de apoyo u oposición, con lo que se desnaturalizaría el libre juego político en el Parlamento, donde de partida, todos los miembros son oposición y no tienen por qué apoyar a ningún presidente ni comisario. Se crean, en todo momento, mayorías según los temas del debate, y esto es mucho más libre y democrático.
El informe del Sr. Brok cae en profundas contradicciones. Dice defender la responsabilidad colegial de la Comisión y, al mismo tiempo, la posibilidad de pedir la dimisión de oficio de los miembros de la Comisión. También es contradictorio con una auténtica responsabilidad colegiada el dar una mayor capacidad de dirección al Presidente. Se olvida que la esencia de las instituciones comunitarias reside en el principio de dar todo el poder a las instituciones y no a ninguno de sus presidentes. Son responsabilidades institucionales y no personales. Por eso, la presidencia del Consejo es rotatoria, limitada a seis meses y sólo con una función de mera coordinación. El Presidente del Parlamento tampoco tiene ningún poder significativo y no sería nada bueno para mantener la unidad en la diversidad del Colegio de Comisarios una prepotencia de su presidente. Los presidentes de las instituciones tienen toda la auctoritas de su personalidad, pero no potestas . Y esto es bueno.
La independencia de la Comisión se consigue reforzando y exigiendo mucho el principio de la independencia política y evitando la presión de los Gobiernos en el sentido de una creciente politización de los funcionarios, imponiendo cuotas nacionales y de partidos. El Parlamento también debe ser consciente de que si tiene la competencia de controlar a la Comisión, debe adaptar su estructura de personal y sus métodos de trabajo a esa función, en vez de estar dispersos en múltiples actividades de comentar noticias de periódicos un mes después de producirse los hechos.
Sobre el Informe Sainjon (A4-0423/98)
Andersson, Hulthén Lööw, Theorin y Wibe
La globalización implica nuevas posibilidades y nuevas amenazas. Los códigos de conducta tienen un importante papel para garantizar que las empresas multinacionales respeten los derechos humanos. Tomando como base la declaración de la OIT sobre los principios básicos y otras normas internacionales mínimas, hay que elaborar códigos de conducta que las empresas multinacionales europeas ratifiquen voluntariamente. Es esencial que en la elaboración y realización de estas propuestas se colabore estrechamente con representantes de empresas, sindicatos y organizaciones no estatales.
Queremos subrayar especialmente la importancia de que la Comisión y los Estados miembros influyan en el seno de los órganos de decisión de la OMC para que, al estudiar las solicitudes de ingreso, se exija que los países candidatos cumplan con las reglas mínimas. A fin de que el sistema comercial multilateral se desarrolle de manera provechosa y para que se consiga reformar el sistema global de comercio, tiene que haber mucha responsabilidad, justicia y solidaridad. Los beneficios del comercio mundial deben utilizarse para crear bienestar en todo el mundo y para alcanzar una distribución más justa cuyo objetivo sea eliminar las diferencias entre ricos y pobres.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el comercio internacional. La UE debe adoptar como punto de partida la ratificación y el cumplimiento de las Convenciones de la OIT en los países miembros. Además, la UE debe tratar de incorporar a los acuerdos con terceros países una cláusula social basada en los principios de la OIT. Hemos votado a favor de hacer lo más vinculante posible el código de conducta para las empresas multinacionales europeas que parte de las Convenciones de la OIT. La experiencia demuestra el escaso cumplimiento de los códigos de conducta voluntarios. Resulta más efectivo aprobar condiciones marco en el ámbito europeo que puedan ir acompañadas de eventuales sanciones.

Deprez
La obligación de tomar en consideración la dimensión social en la liberación de los intercambios internacionales ha sido en el pasado invocada a veces por aquellos que deseaban en realidad reforzar el proteccionismo del mundo industrializado con respecto a los países en desarrollo.
Es preciso tener como enormemente legítima la exigencia de un respeto generalizado por algunos principios y reglas simples inscritos en los convenios internacionales de la OIT que inciden en la restricción sobre el trabajo de los nios, la prohibición de los trabajos forzados, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
En muchas ocasiones el Parlamento Europeo se ha pronunciado en este sentido y ha pretendido la inscripción de estas normas mínimas en una cláusula social, en el sistema unilateral y multilateral del comercio. Igualmente, se ha declarado dispuesto a apoyar, en el marco multilateral de la OMC, el principio de un diálogo profundo sobre la cuestión.
De nuevo es preciso ser creíbles ante nuestros socios en los numerosos foros de debate y de negociación en los que participen la Unión Europea y los Estados miembros! ¿Cómo podremos serlo en tanto algunos Estados miembros de la Unión no hayan ratificado la totalidad de los convenios de la OIT relativos precisamente a estos derechos fundamentales?
Comparto ampliamente las preocupaciones y los deseos de nuestro ponente, pero debo señalar especialmente que necesitamos antes que nada barrer delante de nuestra propia puerta. Por ello insisto en la necesidad, para los Estados que aún no lo han hecho, de ratificar los citados convenios. En consecuencia, invito a los colegas de esos países a utilizar en este sentido toda su fuerza de persuasión ante sus autoridades gubernamentales.

Lindholm
En la resolución y en el texto de la Comisión se aboga por el establecimiento de una cláusula social en el comercio internacional y por un apoyo más resuelto a la declaración de la OIT sobre principios básicos y derechos en la vida laboral, con el objeto de erradicar el trabajo infantil, tanto dentro como fuera de la Unión. Por eso apoyo el informe, aunque tengo algunas dudas en cuanto a su financiación.

Palm
Este año comienza el Año de la Infancia. La Convención sobre la Infancia de la ONU, ratificada por los gobiernos de todos los Estados miembros, cumple diez años. Da vergüenza ver las dificultades existentes en la Unión para cumplir con los artículos más elementales de dicha convención. Uno de los artículos, que yo considero fundamental, es el que se refiere al derecho de los niños a su infancia, a jugar y a aprender, y a no trabajar.
El informe tiene como objetivo que los Estados miembros subsanen las grandes deficiencias existentes en la protección de los niños en relación con el mercado laboral. Sin embargo, hay enmiendas que debilitan mucho las pretensiones del informe. La enmienda 10 es la única que considero que es provechosa, y voto a favor de ella.

Souchet
Aun cuando comporte algunas comparaciones abusivas -concretamente a propósito del trabajo de los niños en el Reino Unido- apoyadas en informaciones poco rigurosas (es evidente que no se puede poner en el mismo plano, por un lado, a niños en edad de ser escolarizados o a estudiantes que reparten un diario por la mañana y, por otro, a niños que trabajan doce horas al día fabricando alfombras), el Grupo Europa de las Naciones ha votado, sin embargo, a favor del informe del Sr. Sainjon, ya que hoy es evidente, en opinión de todos, la necesidad de acabar con el dumping social, que pervierte el sistema del comercio mundial tal como funciona actualmente en el marco definido por el acuerdo de Marrakech.
No obstante, no fuimos muchos quienes dijimos, en 1994, que la negociación de la Ronda de Uruguay pertenecía al mundo de la década de los 60; un mundo en que el comercio se desarrollaba esencialmente entre un número reducido de países de nivel homogéneo o equivalente, mientras que el final de la guerra fría y la mundialización de los transportes y de las comunicaciones ponían en competencia directa a países situados en universos sociales completamente diferentes. Ahora bien, las normas que son beneficiosas en un marco determinado, pueden resultar nocivas en un marco diferente. Este es el balance que estamos obligados a hacer a pocos años de la aplicación del acuerdo de Marrakech.
Al hacer el inventario de los medios de que todavía dispone la Unión Europea para luchar contra este dumping social, el Informe Sainjon debe reconocer que son escasos, y el ponente no está en condiciones de proponer dispositivos facultativos e incitativos. No se puede sino estar de acuerdo con la voluntad de luchar contra el trabajo forzado de los niños. La sugerencia que se ha hecho a la Comisión de intervenir en el seno de los organismos de decisión de la OMC para que se aplique como criterio de admisión el respeto de unas normas sociales mínimas por los países candidatos, es igualmente positiva. Es necesario exigir a la Comisión que aplique esta petición con determinación. Es evidente, en efecto, que el nivel decisivo no es, tampoco en este ámbito, el nivel europeo, sino el nivel mundial. La adopción de disposiciones europeas unilaterales podría incluso volverse en contra de nuestras propias empresas, si las empresas competidoras de los demás países no estuvieran igualmente sometidas a estas disposiciones.
Por lo tanto es en el ámbito mundial donde la Unión Europea y los Estados miembros deben hacer prevalecer la necesidad de aplicar dispositivos obligatorios que permitan acabar con las condiciones de trabajo inaceptables y con los fenómenos de distorsiones de competencia ligadas al dumping social que afectan directamente a nuestras empresas y a nuestros empleos.

Van Dam
La creciente liberalización del comercio mundial nos demuestra que también este ámbito de las actuaciones humanas no está exento de valores. Necesariamente hemos de ocuparnos de las normas en el comercio. Si no lo hacemos, correremos los riesgos de explotación a costa de determinados colectivos de personas. El reconocimiento internacional de las normas de trabajo constituye un instrumento útil para evitar esa explotación.
Por tanto, nos alegra constatar que la Comisión sentencia que la relación entre la liberalización del comercio mundial y el reconocimiento de las normas de trabajo no puede tacharse de absolutamente positiva. Como Unión Europea debemos adherirnos en la medida de lo posible a las iniciativas internacionales en este ámbito. Para poder hacer esto de manera creíble, es necesario que cada uno de los estados miembros de la Unión en primer lugar haga su propio examen de conciencia. Apoyamos al ponente en su apelación a varios de los Estados miembros de la Unión Europea a que reconozcan y respeten las normas de trabajo.
Sin embargo, el desarrollo de unas iniciativas europeas independientes, en opinión de nuestro grupo va demasiado lejos, por ejemplo cuando se trata del fomento de las posibilidades de formación de los jóvenes en otros países. Nos parece mejor incluir las normas de trabajo en otros terrenos de la política, como por ejemplo en la cooperación para el desarrollo. Por tanto, no hemos apoyado el párrafo 19 en la fórmula redactada por el ponente. Sí nos parecía bien la enmienda número 4.
Somos partidarios de un código de conducta europeo de carácter voluntario. Nuestra visión al respecto, en mi opinión, se refleja mejor en la enmienda número 10 del Sr. Howitt. Más adelante en esta semana volveremos a debatirla más detalladamente. Algunas otras enmiendas nos parecían poco importantes y por tanto no las apoyamos.
Nuestro grupo comparte la opinión del ponente cuando dice que el balance sobre los últimos cuatro años arroja un resultado pobre en cuanto a reconocimiento de normas internacionales. La adopción de esta resolución constituye un paso positivo hacia un comercio éticamente responsable. Por ello apoyamos gustosamente el informe del ponente. Especialmente porque pretende dar apoyo a las iniciativas internacionales en curso.
Sobre el Informe Danesin (A4-0372/98)
Bernardini y Darras
Desde 1996, al pronunciarse sobre el programa de acción 1995-2000 en el sector de la política común de transportes, este Parlamento se preguntaba sobre la oportunidad de recurrir al capital privado para la financiación de las RTE.
Frente a un retraso en la financiación, es todo un proyecto de relanzamiento del empleo el que está fracasando a escala de la Unión Europea. Todos sabemos que una de las razones de ese retraso reside en un retroceso de las inversiones en infraestructuras en los Estados miembros preocupados por reducir los déficits públicos.
El sector público por sí solo no puede asumir esta financiación, de ahí la llamada al sector privado. La comunicación de la Comisión, que es objeto del informe de nuestro colega, abre la vía a esta colaboración mediante la puesta en práctica de acciones de asociación entre organizaciones del sector público e inversores/empresas del sector privado.
Ahora bien, como en cualquier buena colaboración, es preciso, claro está, trazar los perfiles. Una asociación pública/privada (APP) debe tener por objeto la concepción, programación, financiación y construcción de un proyecto decidido por la autoridad pública. Y, para su realización, los riesgos han de ser comprendidos en función de la capacidad de cada cual para soportarlos. Ha de haber una garantía efectiva en caso de debilidad de una de las partes.
Finalmente, como sugiere nuestro ponente, para el éxito de las APP se impondrá una modificación de las directivas «mercados públicos», pero no es preciso que dediquen la mayor parte al liberalismo y, para contrarrestar este hipotético riesgo, sería deseable que se tomara en consideración la noción de servicios de utilidad pública.
Aunque este concepto de asociación pública/privada tuviera como soporte los grandes proyectos prioritarios, no dudemos que existe un máximo interés por los proyectos de infraestructuras de menor envergadura «que representan un interés considerable a nivel local o regional» (párrafo número 17 de la resolución).

Palm, Theorin y Wibe
El ponente opina que la movilización de capital privado es una condición para la realización de la política de transportes comunitaria y, especialmente, de la red transeuropea (RTE).
Con esta explicación de voto pretendemos puntualizar que consideramos de vital importancia que, al crearse sociedades mixtas para proyectos de infraestructuras, las infraestructuras básicas sigan estando en manos del estado. En tanto las sociedades mixtas tengan el carácter de empresas transitorias de proyectos dentro del marco de las contrataciones públicas, el flujo de capital privado es solamente provechoso, pero la cooperación no puede conducir, en ningún caso, a que se comparta la propiedad.
el Informe Jarzembowski (A4-0375/98)
Bernardini
El sector portuario trata más del 90 % de los intercambios de la Unión con los países terceros y alrededor del 30 % del tráfico intracomunitario, y acoge a más de 200 millones de pasajeros por ao. Esta constatación muestra la imperiosa necesidad de una Europa dotada de infraestructuras portuarias marítimas eficaces para hacer frente a los servicios importantes que el sector portuario está llamado a proporcionar. Igualmente, no olvidemos que los puertos constituyen un factor clave de la economía regional, en particular en las regiones marítimas periféricas y ultraperiféricas de la Unión.
El Libro Verde de la Comisión tiene el mérito de abrir un amplio debate entre todas las partes implicadas (autoridades portuarias, transportistas marítimos, expedidores, Estados miembros...) sobre las posibilidades de mejorar las infraestructuras y la eficacia económica de los puertos en Europa. Me felicito de que esta Asamblea pueda tomar parte en la reflexión y quisiera, como representante originario de una gran plaza portuaria del sur de Francia, formular dos observaciones.
El documento de la Comisión no toma en consideración el reconocimiento de la noción de servicios de interés general en el sentido del artículo 90-2 del Tratado. Ahora bien, un gran número de instalaciones, de prestaciones de servicio y de actividades en los puertos marítimos dependen de esta noción. Por tanto es preciso reparar este olvido.
Finalmente, el objetivo principal del Libro Verde es el de volver a examinar en detalle los reglamentos en vigor en el seno de los diferentes Estados miembros, de forma que los puertos europeos estén mejor adaptados al contexto internacional. Se trata en lo esencial de las condiciones financieras y de competencia. Estamos de acuerdo con la actuación que propone la Comisión, que es la de redactar un inventario de las financiaciones de los grandes puertos europeos antes de formular cualquier propuesta de directiva. No se puede partir sólo del postulado de la prohibición de las ayudas estatales a favor de este sector, sino que se ha de intentar que se corrijan las diferencias de desarrollo entre los puertos del sur y del norte de Europa. No se debe romper la función esencial de las plazas portuarias para el empleo a nivel local.

Girão Pereira
Hace mucho que se dejaba sentir la necesidad de formulación y aplicación de una política europea en el sector de los puertos y las infraestructuras marítimas.
A nuestro entender, los puertos constituyen una pieza fundamental de la red europea y transeuropea de transportes, no sólo con vistas a la competitividad europea en la economía mundial, sino también para el tráfico intracomunitario y para un desarrollo integrado de todo el territorio europeo. En particular en una Europa ampliada, el tráfico marítimo de pequeña distancia es la opción substitutiva del tráfico por carretera que provoca una congestión cada vez mayor de las carreteras europeas.
La huelga de camioneros franceses, por ejemplo, al paralizar una gran parte de la economía de algunas regiones, es el aviso de que Europa necesita opciones substitutivas en materia de transporte basadas en particular en el transporte marítimo y ferroviario. A ello se suma que, desde el punto de vista medioambiental, el transporte marítimo ofrece beneficios innegables.
A ello se suma también que un sistema portuario eficaz puede constituir un factor de desarrollo local y regional, en particular en las zonas periféricas e insulares, con lo que, además de acercar las periferias al centro, pasa a ser un factor preponderante en la cohesión económica y social.
Por eso acogemos con beneplácito la iniciativa de la Comisión, convencidos de que a ella seguirán otros pasos con vistas a una política portuaria definitivamente asumida.

Kestelijn-Sierens
El informe del Sr. Jarzembowski es un informe equilibrado. Viéndolo a la luz de la situación existente en los puertos de Flandes y de las prioridades de mi partido en este terreno, me alegra haber podido comprobar que el ponente pone los acentos adecuados.
Éstos son nuestros principales puntos de interés en cuanto a la política portuaria y de infraestructura marítima:
Un buen acceso a los puertos y la mejora de las comunicaciones con sus zonas de influencia en el interior. Una mejor accesibilidad de los puertos, por ejemplo mediante unas mejores comunicaciones ferroviarias con el interior, ayudará a aliviar la presión sobre la red vial y garantizará una movilidad a largo plazo. En este contexto quiero señalar la importancia de la modernización de la comunicación existente conocida por «Rin de Hierro&#x02BC; que une Amberes con la zona del Ruhr. También el puerto de Zeebrugge debe obtener mejores comunicaciones con el interior.-Más claridad sobre la financiación de la infraestructura, donde ha de quedar claro también que no es necesario que la supraestructura portuaria sea financiada por la Administración.-La igualdad de condiciones de funcionamiento para todos los puertos es esencial. Así, deben desaparecer todas las estructuras que fomenten la competencia desleal. No puede aceptarse más que la Comunidad de Flandes, en su condición de accionista del puerto de Zeebrugge, actúe a la vez como juez y parte interesada.-Además, quiero hacer hincapié en la importancia de los vínculos locales de cada puerto. Cada puerto debe conservar su autonomía.Al fin y al cabo, el éxito de un puerto dependerá también de la política económica y fiscal de cada país. Hemos de procurar que las medidas económicas, y sobre todo las sociales, no tengan un efecto limitador, y debemos evitar que una excesiva carga salarial y fiscal dificulten la competencia con otros puertos.
Apoyo el informe del Sr. Jarzembowski y espero que sigamos este ejemplo también en Flandes y que podamos aprobar pronto el decreto sobre los puertos de mar.

Lindholm
El transporte marítimo y consecuentemente los puertos, son de vital importancia para las personas y para el transporte de mercancías. Tiene que aumentar el significado de las vías marítimas como rutas de transporte para conseguir el objetivo de «una política de transportes sostenible». Creo que todos estamos de acuerdo en esto.
Al mismo tiempo, las condiciones costeras, climáticas, de densidad de población, de tradiciones pesqueras, etcétera, son muy distintas en los países miembros.
La competencia de la UE sobre los puertos es un asunto bastante discutible. También lo es la incorporación de los puertos a la RTE.
Una gran cantidad de instalaciones, servicios y actividades portuarias son, sin embargo, servicios de interés general y no son, por tanto, comparables con otros. Esto último pensando en el tema de la competencia y en la financiación pública.
En general, es necesario discutir esta materia mucho más, en los países miembros y con los grupos interesados.

Souchet
La importancia económica de los puertos marítimos en los países de la Unión Europea resulta del hecho de que el 90 % de los intercambios de los Estados miembros con los países terceros y cerca del 30 % de los intercambios intracomunitarios se efectúan por su canal.
Tradicionalmente considerados por los Gobiernos como polos de crecimiento, centros de desarrollo nacionales y regionales e instrumentos de planificación regional, los puertos de los Estados miembros de la Unión Europea, y en particular los grandes puertos, se han convertido hoy en puntos de interconexión entre transportes marítimos transoceánicos, transportes marítimos a corta distancia (cabotaje) y transportes terrestres y centros de transbordo y de servicios, de comercialización y de logística.
Teniendo en cuenta esta evolución, el problema prioritario es el de la financiación y fijación de los cánones para las infraestructuras marítimas y portuarias. Pero, es preciso señalar que los puertos de los diferentes Estados miembros se diferencian por su régimen de propiedad su estructura organizativa y administrativa. Esta complejidad estructural plantea un gran número de dificultades cuando se pretenden analizar las diferentes ayudas con el fin de poner en evidencia el nivel de equidad competencial.
Nuestro grupo apoya todos los puntos de la resolución de la Comisión de Transportes. Sin embargo, debe recordar que existe otra categoría de puertos. En efecto, algunos puertos o ciertas instalaciones, servicios y actividades portuarias son, por naturaleza, de interés general y deben por tanto, contrariamente a lo que propone el ponente, tener la posibilidad de recibir ayudas de explotación específicas. Como ejemplo, existen una serie de puertos de dimensión media o modesta que permiten conectar el continente con islas más o menos alejadas. Esos puertos tienen indiscutiblemente una misión de interés general ya que permiten a los isleños estar abastecidos.
Si se votara la propuesta de resolución en estas condiciones, esta categoría de puertos sería olvidada totalmente, algo que tendría consecuencias penosas desde el punto de vista económico y social. Ésta es la razón por la que nuestro grupo ha apoyado durante la votación las enmiendas 1 y 3 que permiten a esta categoría de puertos poder recibir ayudas de los entes territoriales y nacionales. No se debería, en nombre de la equidad de competencia, condenar la función de servicio público que desempeñan algunos puertos o algunas infraestructuras portuarias.

Theonas
Condenamos todo intento de intervención en el régimen de propiedad de los puertos. El objetivo de tal política es la disminución del papel que los puertos y las infraestructuras marítimas están llamados a representar, su orientación a la explotación privada y la creación de beneficios para las empresas monopolistas de la Comunidad. Con el propósito de facilitar la privatización directa o indirecta de la totalidad o de parte de las instalaciones portuarias y de liberalizar el mercado de los servicios portuarios, la Comisión trata a los puertos como empresas esencialmente comerciales, «entidades comerciales», tal y como las denomina, e impulsa la aplicación restrictiva del concepto de «bien público» para eludir su carácter inalienable y no comercial.
Con el Libro Verde que se debate, se anuncian propuestas legislativas concretas, como una propuesta de directiva para las tasas portuarias, un marco reglamentario para la liberación del mercado de los servicios portuarios, facilitar la participación del sector privado en las actividades portuarias, adopción de principios uniformes de precios, etc, supuestamente encaminados a fomentar la «competitividad» de los puertos, aunque lo que en realidad se propicia es la reducción del coste y el aumento de la especulación del capital privado con consecuencias negativas considerables para el conjunto de la sociedad, con la excusa de perspectivas ulteriores de desarrollo del comercio internacional, de aumento de las exportaciones y de intensificación de la competencia con los otros puertos de fuera de Europa.
En el ámbito de las famosas asociaciones entre los sectores público y privado, la Comisión, también en este ramo, intenta pasar a los armadores el pastel de las actividades rentables. Carga a la hacienda pública con la financiación de las infraestructuras e impone la participación del capital privado incluso en la planificación y concepción de inversiones, concediendo el derecho de explotación por períodos de larga duración. Las indicaciones de la Comisión sobre la forma de financiación de los puertos tienen como finalidad socavar las empresas públicas o de derecho público, dentro del anuncio para una aplicación sistemática y estricta del marco comunitario para las ayudas estatales.
La Comisión ignora que más allá de las competencias de transporte de carácter estrictamente comercial, los puertos y las autoridades portuarias realizan servicios importantísimos relacionados con el control de la aplicación de las exigencias de seguridad, efectuando investigaciones e inspecciones, ejerciendo competencias comerciales y administrativas, como por ejemplo en el ámbito de la aplicación del principio del control por el gobierno del puerto y servicios sociales hacia las regiones costeras e insulares a las que sirve.
Se prevén medidas en el régimen de precios que tendrán como resultado el aumento vertiginoso de los precios en nombre del principio de que el usuario es el que paga. El coste, por supuesto, no correrá a cargo del capital de armadores, que presiona en dicho sentido, sino que se reflejará en los precios finales, es decir en los pasajeros y en los precios que paga el consumidor por las mercancías. Se pasa totalmente por alto el hecho de que para países como Grecia, con un extenso complejo de islas, los transportes marítimos constituyen el medio fundamental de desarrollo local, comunicación y explotación turística y, en consecuencia, cualquier aumento en el coste del transporte se volvería en contra de las posibilidades de desarrollo de dichas regiones. Los planes de la Comisión para las tasas portuarias conducirán a una reducción considerable de los ingresos de los puertos pequeños que tengan un reducido volumen de negocio, con la consiguiente puesta en peligro de su viabilidad y funcionamiento.
También aparecen peligros graves para los derechos de los trabajadores en un momento en que los recortes de puestos de trabajo están a la orden del día. La Comisión pide un aumento de la flexibilidad en el ramo portuario, expresa reservas sobre la legalidad de que existan los registros de trabajadores y prepara el terreno para que las empresas privadas que pretende que entren en el mercado puedan utilizar a otro personal, aparte del de los registros, abriendo el camino para el aumento del mercado negro y la contratación de trabajadores portuarios con sueldos bajos, dando al traste con conquistas sociales históricas de los trabajadores de dicho ramo.
Por último, respecto a la integración de los puertos en la redes transeuropeas de transporte, queremos recalcar que dicha integración pretende, no sólo disponer de recursos comunitarios para su desarrollo, sino también imponer la implicación del capital privado en dicho sector. Nosotros consideramos que toda ayuda comunitaria deberá tener en cuenta las necesidades y peculiaridades de desarrollo de cada región y no que vengan dadas por las decisiones del gran capital multinacional.
Los trabajadores de mi país, así como de otros países, están ya inquietos por dichas propuestas, que algunos gobiernos ya intentan llevar a cabo mediante la modificación del marco legal nacional. OLP y OLT -aunque rentables- son organismos que están siendo privatizados ante el proceso de integración de Grecia en el euro y se encuentran en proceso de transformación en sociedades anónimas. En cualquier caso, nosotros apoyamos a los trabajadores en sus luchas para que no se aprueben dichas propuestas que no presagian nada bueno para ellos.
Sobre el Informe Lagenhagen (A4-0413/98)
Rovsing
La propuesta de la Comisión por la que se establece una estrategia comunitaria para el desarrollo de un sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) merece todo el apoyo del Parlamento. Hablamos de un campo en la que la UE ya mantiene hoy en día considerables intereses estratégicos, políticos, económicos, industriales además de otros en materia de empleo, seguridad y defensa. Existiendo un mercado mundial para el GNSS, que para el año 2005 se estima en 50.000 millones de euros, lo más lógico es dar prioridad al establecimiento de una estrategia europea.
El plan de acción propuesto por la Comisión supone un paso concreto de cara a desarrollar un sistema civil multimodal plenamente integrado en las redes de telecomunicaciones y transportes transeuropeas. Supongo que la ESA (Agencia Espacial Europea) actuará en este terreno como brazo tecnológico de la UE. He observado con satisfacción el paquete de recomendaciones y propuestas que la comisión ha presentado en su informe y en general estoy de acuerdo con ellas.

Souchet
El sector de los satélites ha conocido a lo largo de estos treinta años una verdadera revolución. Redes telefónicas y cadenas de televisión son los principales usuarios de esas tecnologías espaciales, pero numerosos servicios basados en sistemas por satélite se desarrollan también en diferentes sectores de actividad tales como el transporte, la agricultura, la pesca, la protección de los recursos naturales, etc...
En el plano de los transportes, por ejemplo, la navegación por satélite podrá contribuir a una aplicación más eficaz de las infraestructuras de transporte existentes, al aumento de la seguridad y a la reducción de la contaminación.
En el sector pesquero, los sistemas de navegación por satélite permitirán una aplicación generalizada e incuestionable de los controles en el marco de la política pesquera común, pero también y sobre todo la mejora de la seguridad para las tripulaciones de los barcos.
En la agricultura, los sistemas por satélite pueden permitir el control de la plantación de plantas perennes (arboricultura, viticultura), el análisis de los recursos de agua del suelo, el control de la irrigación...
En los próximos años van a desarrollarse aplicaciones nuevas: se instalarán redes mundiales de comunicación por satélite y se están considerando plataformas de investigación espacial. Ha de ponerse en marcha todo los posible para que los Estados europeos puedan disponer de una posición de privilegio en este mercado altamente competitivo de los satélites, actualmente dominado por Estados Unidos.
Tras haber desarrollado una actividad aeronáutica y aeroespacial basada en la cooperación de las empresas europeas de esos sectores, en función de las competencias y superando ampliamente los límites de la Europa comunitaria, hoy es necesario que los países europeos apliquen el mismo método en el sector de los satélites. El éxito de logros como Ariane y Airbus, que han tenido lugar en el campo de la acción directa de las instituciones europeas, demuestra que, para construir una Europa de alta tecnología podemos perfectamente prescindir del recurso a una tecnoestructura administrativa pesada. El ejemplo de los proyectos Ariane y Airbus, que han utilizado muy pocos fondos comunitarios y para los cuales la Comisión sólo ha desempeñado una función anecdótica, ha de servir de modelo para desarrollar esta industria europea de los satélites en los años venideros.
La sesión, interrumpida a la 13.10 horas, se reanuda a las 15.00 horas

Agenda 2000 (continuación)
El Presidente
La orden del día prevé la continuación del debate común sobre los cinco informes, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, relativos a la Agenda 2000.

Maes
Señor Presidente, quiero hacerle una petición en forma de moción de orden. Estamos todos muy ocupados con los preparativos de unas importantes votaciones. En la Comisión se hizo la promesa de que se nos entregaría la relación de los 157 estudios de la UCLAF. 27 de ellos están relacionados con el trabajo de la propia Comisión. Creo que para nosotros es de sumo interés que dispongamos de esa relación para poder evaluar correctamente el trabajo de la Comisión y su forma de operar en asuntos financieros. ¿Puedo pedirle a usted, como Presidente de este Parlamento, que efectúe las gestiones necesarias para hacernos llegar estos documentos, antes de que se proceda a las votaciones más importantes que afectan a la Comisión?

El Presidente
Señora Maes, ahora no disponemos de ninguna lista. Sin embargo, su petición será enviada y, de existir algo similar, se le comunicará inmediatamente.

Hardstaff
Señor Presidente, cuando intervine a finales del pasado año acerca del Informe Görlach sobre desarrollo rural, dije que este Parlamento debería ser sincero sobre si iba a afrontar con seriedad la reforma de la Política Agrícola Común. Un gran número de las enmiendas a los informes que sometemos hoy a debate nos demuestra desgraciadamente que algunos grupos políticos de este Parlamento están más interesados, en este período preelectoral, en las ventajas políticas a corto plazo que en lograr reformas realistas con el fin de establecer una política agrícola adecuada para una Europa de 20 a 25 países en el siglo XXI, que funcione en el marco de una economía mundial y que esté sujeta a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Resulta poco realista que algunos grupos políticos presenten grandes cantidades de enmiendas a todos los informes solicitando, año tras año, un aumento de los subsidios, al mismo tiempo que la Comisión propone una reducción progresiva de los mismos con objeto de rebajar el gasto agrícola y hacer posible la ampliación de la UE. De hecho, los acontecimientos de esta semana y del mes pasado habrán hecho preguntarse a los países candidatos la clase de organización a la que han presentado sus solicitudes de adhesión. O afrontamos con seriedad la construcción de una verdadera Europa que abarque a todos los países que han vivido cuarenta años separados de la Europa occidental por un accidente de la historia que debemos evitar que se repita -y adoptar todas las medidas que conozcamos para que así sea-, o una mayoría de este Parlamento apoyará las enmiendas que propugnan unos subsidios que sabemos que no podremos mantener, traicionando así este histórico momento de transformaciones.
A corto plazo, necesitamos efectivamente proteger a nuestros agricultores ante unos cambios demasiado rápidos, con el fin de permitirles sobrellevar este período de transición. Efectivamente, debemos alentar, con la excepción del tabaco, el desarrollo de cultivos no alimentarios de carácter renovable, especialmente en tierras retiradas con carácter voluntario. Efectivamente, debemos fomentar una cría de ganado más extensiva mediante ajustes en el pago de las primas. Efectivamente, se debe prestar asistencia económica a la actividad agrícola en las zonas más difíciles y ayudar a los agricultores de edad más avanzada a alcanzar la jubilación. Es preciso destinar los subsidios allí donde sean más necesarios y se debe establecer un límite máximo a la cuantía de las ayudas individuales, a no ser que se demuestre que un pago de sumas superiores redundara en un beneficio más amplio en el ámbito de la economía rural o del medio ambiente.
La necesidad de estas reformas se justifica claramente al margen de un contexto más amplio como es el de la Agenda 2000. Europa necesita una agricultura competitiva, pero también sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que produzca los alimentos de alta calidad que necesitan sus ciudadanos para llevar una dieta alimenticia sana, sin que todo ello de lugar a enormes superávit, contamine el medio rural u ocasione a los animales un sufrimiento innecesario. Hemos de apoyar, pagando cuotas especiales de orden medioambiental, a quienes conservan por nosotros nuestro medio rural y la belleza de nuestro campo. Es necesario que se creen nuevos empleos -sin relación directa con la agricultura- si no queremos sufrir desempleo rural, despoblación, o ver los pueblos convertidos en dormitorios de las ciudades, con todos los problemas de transporte y medio ambiente que ello supone.
Desafío a los grupos a que, cuando elaboren sus listas de voto, miren más allá de los beneficios electorales a corto plazo, y a que, en lugar de menoscabarla, contribuyan con su voto a fomentar y mejorar la aplicación de las propuestas de reforma que ha presentado la Comisión.

Olsson
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, cuando se habla de política agrícola se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde el punto de vista de los principios y a largo plazo y se puede reflexionar sobre lo que se puede conseguir hoy.
En principio, desearía una reforma mucho más profunda de las unidades de producción agrícola que la propuesta por la Comisión. Hemos heredado la política agrícola de los años 50. Esa política no se ajusta a lo que desearíamos, es decir, a un mercado mundial que funcione mejor, cosa que también la OMC anhela, un mercado mundial con una mayor demanda y un mercado -interno y externo- en que se valoren la calidad y los esfuerzos a favor del medio ambiente.
Sin embargo, han sucedido muchas cosas desde que la Comisión redactó la Agenda 2000. Por una parte, nos ha afectado una crisis económica, especialmente en el Sudeste asiático y en Rusia, y se han debilitado los mercados. Por otra, EE.UU. ha vuelto a contemplar ayudas para su sector agrícola.
Entonces el asunto es saber cómo vamos a actuar en la actual situación. Las experiencias de los años 1996 y 1997 fueron que los mercados subieron el nivel de precios. Hoy tenemos una situación en que el mercado baja el nivel de precios. Creo que en esta situación no es razonable bajar los precios más que lo que se pueda compensar con pagos directos.
En cuanto al asunto de la renacionalización, quisiera formular una pregunta al Comisario. ¿Puede usted prometer que es posible organizar pagos parciales y de carácter nacional de modo que los agricultores de los países que tienen gobiernos contrarios a la agricultura no se vean afectados por la competencia desleal?

Ephremidis
Señor Presidente, las nuevas propuestas de la Comisión constituyen medidas para hacer más asfixiante, más opresiva, la cama de Procrusto en virtud de la cual, durante todo este último período, se acaba con los ingresos de los agricultores mediante las reducciones de los precios, mediante las reducciones de las subvenciones o su supresión, mediante la supresión de las intervenciones a fin de ahorrar de esta forma recursos, sumas que se destinarán a financiar la campaña de explotación colonialista de los países de Europa central por parte del capital monopolista. Por otra parte, las mismas medidas, mediante cantidades arbitrarias inadmisibles, mediante las elevadas y salvajes multas compensatorias para que pueda extenderse allí el capital monopolista, mediante las injerencias en la explotación agrícola y aspiran a despojar al agricultor del derecho inalienable a que él y sus hijos cultiven su tierra y desarrollen su producción y a convertir al agricultor en un parado o permitirle que siga trabajando en el campo pero ya como un nuevo tipo de granjero. Por último, dichas medidas tienen como finalidad, señor Presidente, garantizar condiciones económicas, comerciales, para que en la negociación sobre los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, el capital monopolista pueda hacer concesiones para que pueda obtener algo a cambio por parte del capital americano en beneficio propio y a costa de los agricultores.
Todo ello, señor Presidente, quiso adornarlo el Comisario competente hablando durante más de media hora. Pero la cólera, la movilización de los agricultores va a acabar con todo eso. Y no crea que no va a suceder tal cosa, que no tendremos una nueva edición de la guerra de los campesinos. Tendremos un movimiento agrícola y laboral devastador para acabar con dicha política inadmisible.
El Presidente interrumpe al orador

Guinebertière
Señor Presidente, la reforma de la PAC es, sin duda, una etapa esencial de la vida comunitaria, ya que debe abrir las puertas del tercer milenio agrícola. En ello va la economía de Europa tanto como su cohesión y también la vida de nuestros campos. La PAC ha de evolucionar, por supuesto, pero reconozcámosle sus virtudes. Ésta ha permitido el desarrollo de la agricultura moderna, de las exportaciones agrícolas y del abastecimiento de nuestros mercados en productos seguros y de calidad. Ha asegurado la renta de los agricultores y ha sido la única política completamente integrada a escala europea.
Para esta reforma, ¿qué nos propone la Comisión? Una bajada generalizada de los precios, alineados en el mercado mundial, una compensación por ayudas directas, pero modelada según unos criterios, una participación de los Estados miembros en el reparto de dotaciones de flexibilidad y, al mismo tiempo, transformarse en apóstoles del bienestar de los animales, siempre en un mercado globalizado.
Nada de todo esto es aceptable en estas condiciones. Para probarlo están las duras negociaciones que se desarrollan tanto en el ámbito del Consejo como del Parlamento. Me preocupa especialmente la OCM de carne de vacuno, y todos los sistemas de producción extensivos en general. Su función es importante para la ocupación de los suelos y la protección del medio ambiente y no debe ocultarse, pero es ante todo el interés de los agricultores y el de los consumidores el que deseo defender con esta reforma.
En este sentido, apoyaremos la posición del ponente, Sr. Garot, en su demanda de bajada limitada de los precios combinada con un fortalecimiento del control de la producción, una investigación de calidad tanto gustativa como sanitaria y con la demanda de mantenimiento de la intervención pública. Por otro lado, la dificultad de gestionar esta reforma se complica por la reforma de la leche y de las medidas generales. En conjunto, la reforma de la PAC ha de llegar a preparar la agricultura europea para la aproximación a los PECO y a sus producciones agrícolas, a prepararnos también para las próximas negociaciones de la OMC, no cerrando desde ahora nuestros precios y alineándolos de entrada con los precios mundiales, sino afirmando nuestro modelo europeo, respetuoso con la vida de los hombres, respetuoso con la vida de la tierra.

Lambraki
Señor Presidente, hoy nos encontramos en la recta final para completar la aprobación de la parte de la Agenda 2000 que se refiere a la Política Agrícola Común, la parte, diría, más importante dado el carácter multifuncional y de muchos niveles del sector agrícola, así como la cuantía de participación de la directriz agrícola en el presupuesto comunitario.
Las propuestas de reglamentos para la financiación de los mercados de carne de vacuno, de cereales, lácteos y los regímenes de apoyo inmediato constituyen un paquete importante que hace referencia a las normas y procedimientos de financiación de la Política Agrícola Común al ocuparse de tres organizaciones comunes de mercado que absorben la mayor parte de la directriz agrícola. Por supuesto, el hecho de que esas tres OCM se refieran a los sectores principales de la actividad agrícola del Norte de Europa, muestra las desigualdades y su trato preferente en relación con los mercados de productos del Sur de Europa. Desigualdades que la revisión actual -así como las anteriores- pudo e intentó suavizar. En lo referente a los reglamentos de financiación, las propuestas de la Comisión, aunque no se alejan mucho del marco existente, dejan un vacío importante.
La adición de nuevas acciones en el ámbito de intervención de la parte de garantías FEOGA y, sobre todo, de las medidas para el desarrollo del campo y la ayuda previa a la integración para los países candidatos, plantea serios interrogantes sobre las posibilidades de financiación de dichas políticas en el futuro junto con los gastos derivados de las organizaciones comunes de mercado y teniendo en cuenta los recursos disponibles.
Un segundo problema, pero muy importante, originará la introducción de un sistema de cofinanciación de las ayudas de renta directas por parte de los Estados miembros. La posible adopción de una cofinanciación, señor Presidente, bajo presión de los Estados miembros que se consideran a si mismos donantes netos en el marco del presupuesto europeo es evidente que constituirá el primer paso para la renacionalización de la PAC y funcionará como un catalizador para aumentar las desigualdades y anular la marcha hacia la cohesión económica y social en el ámbito de la Unión.
El intento de renacionalizar la PAC es a la vez un intento por poner en duda el principio fundamental de la solidaridad financiera en la que se ha basado la, hasta ahora, única política común de la Unión Europea.
En lo referente a las OCM de la carne de vacuno, cereales y lácteos y dadas las dificultades existentes para crear políticas comunes que sean compatibles y que satisfagan a tantos y tan diversos intereses, las propuestas de la Comisión constituyen una buena base y están bien encaminadas. Es la primera vez que digo algo semejante a la Comisión. Sin embargo, creo que hay márgenes importantes para realizar una mejora y tengo que hacer dos observaciones: Una de contenido general y otra particular.
La observación general hace referencia a la necesidad de aumentar el apoyo a los pequeños productores, así como aquellos de las regiones montañosas y más desfavorecidas. La observación particular se refiere a las condiciones que existen en el mercado lácteo en Grecia debido a la distancia del resto de los mercados y a la existencia de un espacio insular extenso. Dichas condiciones, unidas a las necesidades reales de leche fresca, originaron una gran divergencia en relación con la cantidad de referencia existente.
Creo que la Comisión debe volver a contemplar con realismo la petición de aumento de la cantidad de referencia para Grecia en 150.000 toneladas. El problema no es nuevo, comenzó con la distribución de 1992 y, desgraciadamente, a pesar de que la Comisión alega que intenta acabar o disminuir las desigualdades entre productos de países y regiones, en el tema de la leche mantiene esa situación realmente lamentable para Grecia.

Cunha
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, a pesar de los esfuerzos de los ponentes, no ha sido posible llegar a una transacción sobre la reforma en el ámbito de la Comisión de Agricultura, lo que resulta muy lamentable y no prestigia la función y la reputación de este Parlamento.
Quiero destacar cuatro prioridades, por lo que se refiere a la reforma de la PAC, en armonía, por lo demás, con el informe aprobado el pasado mes de junio.
Primera prioridad: es fundamental que haya prudencia en la reducción de los precios. Las propuestas de 15 % para la carne de bovino y 10 % para los productos lácteos, presentadas por este Parlamento, nos parecen más aceptables que las de 30 % y 15 %, respectivamente, presentadas por la Comisión. La reducción de 0 % aprobada por el Parlamento para los cereales no nos parece realista.
Segunda prioridad: es fundamental hacer un gran esfuerzo de reequilibrio interno de la PAC, fortaleciendo su segundo pilar, en particular la política estructural, las medidas agromedioambientales y agroforestales, las ayudas especiales a las zonas desfavorecidas, los apoyos a los productos de calidad y, en general, a la diversificación económica y al desarrollo rural. Sin eso, no hay modelo europeo alguno de agricultura ni equidad de la PAC ante las diferentes agriculturas europeas, que son muy heterogéneas, como es sabido.
Tercera prioridad: es preciso desterrar una decisión ciega en materia de criterios para el establecimiento de diferentes tipos de cuotas, derechos de primas o superficies de referencia. Se deberán tratar de forma selectiva los casos, muy especiales, de países como el mío, Portugal, que tienen un gran atraso estructural y una enorme dependencia alimentaria del exterior.
Cuarta prioridad: es fundamental dar respuesta a un enorme déficit europeo en materia de oleaginosas y proteaginosas. Por eso, se debe mantener la diferencia de ayudas entre los cereales y las restantes oleaginosas y proteaginosas y mantener una superficie básica específica para el mijo.
Por último, quisiera decir que el de la opción de renacionalizar el 25 % de la financiación de la PAC es un debate que no se debe abordar en este marco de reforma. No puede ser en sí mismo un asunto prohibido o tabú, que no es, pero debe darse en otro plano, no en éste, es decir, el de la financiación y los recursos propios.
Por último, quisiera decir unas palabras al Presidente del Consejo. Al señor Presidente del Consejo, al que saludo de modo especial, quisiera recordarle que ayer su colega ministro de Asuntos Exteriores dijo aquí que una de las razones principales para reformar la Política Agrícola Común era la de reducir los gastos de la Unión Europea. Ahora bien, las Presidencias alemanas siempre han defendido la agricultura. Ahora parece que el nuevo Gobierno alemán ha cambiado de estrategia. Nos gustaría mucho que nos aclarara este asunto.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, señor Comisario, este Parlamento no se merece ningún premio, porque en una serie de expedientes no hemos podido llegar a un compromiso. Yo, personalmente, opino que hemos de ser realistas. La política agrícola no debe acaparar una parte aún mayor de los fondos europeos. Por eso me ha parecido extraordinariamente interesante que el Comisario Santer esta mañana dijera en su primera intervención que lamentaba mucho que este Parlamento no hubiese acogido con agrado la renacionalización parcial de las ayudas a la renta o de los presupuestos nacionales. Es una opción interesante. Podría ser una herramienta para la lucha contra el fraude, y con este sistema también sería más fácil introducir las exigencias medioambientales en cada Estado miembro.
Por tanto, opino que en realidad esta parte del debate debería tratarse con mucha mayor amplitud, porque tengo la impresión de que en la comisión financiera de esta Asamblea sí podría existir mayoría para esa propuesta.
Luego, señor Presidente, coincido con el Sr. Olsen en que en el fondo deberíamos ir mucho más lejos en cuanto a la renovación e innovación en la política agrícola. El ochenta por ciento de la población vive en las ciudades. Yo no, yo nací en el campo, pero soy consciente de que la realidad es esa. Allí se imponen exigencias al bienestar de los animales, exigencias al medio ambiente y a una política de calidad. Por ello es extraordinariamente importante que pongamos ahí los acentos.
También opino que cuando damos incentivos, deberíamos destinarlos más a la política rural, a la utilización de materias primas no alimentarias, como son las utilizadas en la construcción, y a la energía.
Por último quiero señalar las grandes oportunidades que nos brindan las tecnologías de la información para los nuevos impulsos en el sector agrario. Durante demasiado tiempo hemos considerado la agricultura como la producción de alimentos tal y como estábamos acostumbrados a verla desde hace muchos años. En este momento, lo más importante son las innovaciones.

Daskalaki
Señor Presidente, cuando hablamos de financiación de la PAC en el marco de la agenda 2000, debemos recordar que en Viena se firmó un acuerdo de prórroga. No se tomó una decisión ni sobre los mismos recursos, ni sobre la manera de repartir del coste de la ampliación. Las decisiones importantes se dejaron para marzo en Bruselas, y no hay una declaración del Consejo sobre la cuantía del coste de la ampliación que asumirá el ciudadano europeo.
Entre tanto, la única preocupación de la Presidencia alemana era informarnos de que deseaba reducir de forma considerable su contribución al presupuesto comunitario. Aquí es útil recordar que en Edimburgo se fijaron los mismos recursos del presupuesto comunitario en el 1, 27 % del PIB a condición de que aumentaran en un 2, 5 % durante el período 2002-2006 con una inflación comunitaria media del 2, 2 %. Todo eso significa, simplemente, una reducción estable de los gastos destinados a la agricultura de no observarse alguno de los requisitos previos o si, como señala la Agenda 2000, los gastos para la agricultura se hacen no obligatorios. Recordemos, además, que en los dos últimos presupuestos comunitarios el nivel máximo de los mismos recursos no superó el 1, 15 %, al haberse puesto también un límite a los Fondos Estructurales del 0, 4 % del PIB.
Dicha cofinanciación en la agricultura significa, en realidad, una renacionalización parcial y, desde luego, en un porcentaje considerable que va del 24 al 25 %, de acuerdo con la tercera solución del informe de la Comisión. Ya hemos admitido algunas intervenciones indirectas encaminadas a la cofinanciación de la OCM de las hortalizas de 1996, la reciente anulación de la intervención en el aceite y la posibilidad de volver a comprar las cantidades individuales no utilizadas en el tabaco. El porcentaje de cofinanciación debe ser similar al índice de fortaleza económica del Estado miembro y, asimismo, en dicho caso, debe conceder una atención especial a los productos agrícolas deficitarios de la Unión Europea.
Nosotros apoyamos los «requisitos justos» que, al menos, el ponente quiere fijar para la posible cofinanciación, pero no estamos de acuerdo con la elección del artículo 43 del Tratado para el procedimiento de toma de decisiones. Estamos a favor del artículo 209, ya que se trata de una modificación de carácter financiero que requiere la unanimidad del Consejo y nos oponemos a la renacionalización parcial y a la introducción de un mecanismo estructural generalizado.
Ahora, en lo referente a la reforma de la PAC, solicitamos la igualdad de trato de los productos mediterráneos y la compensación total de las pérdidas de los ingresos agrícolas por medio de ayudas directas, en especial de los pequeños productores y de las regiones menos favorecidas.
Por último, señor Presidente, en lo referente a los intensos desequilibrios más generales entre Norte y Sur a los que ya se ha hecho referencia y que se hacen patentes, querría recordar que el Fondo de Cohesión no era más que la compensación de la política del mercado único de la que se benefician principalmente los países industriales del Norte.

Alavanos
) Señor Presidente, en mi opinión, la reforma de la Política Agrícola Común no surge, en gran medida, de la misma dinámica interior de desarrollo y de hacer frente a los nuevos retos, sino de las presiones que ejercen ciertos Estados miembros fuertes con vistas a reducir el presupuesto de la Unión Europea y, sobre todo, su participación nacional. En este sentido, creo que nos dirigimos a toda velocidad hacia un empeoramiento de las condiciones para ejercer una política agrícola, que no puede abandonar la producción agrícola y el campo a las leyes del libre mercado, sino que debe tener en cuenta el elemento demográfico, medio ambiental y el riesgo de desertificación de grandes extensiones de la producción agrícola. Deseo expresar nuestra total oposición a cualquier intento, por medio de la financiación, de aprobar una especie de renacionalización de la Política Agrícola Común, que será especialmente insoportable para los países con los presupuestos nacionales y medios financieros más débiles y, asimismo, expreso mi oposición a dos grandes desequilibrios: Primero, entre los productos del Norte y del Sur y, segundo, entre los grandes y los pequeños productores.

Campos
Señor Presidente, escucho siempre con gran placer al Comisario Fischler, porque ya en varias ocasiones ha venido a este Parlamento muy preocupado por la profundidad de la reforma de la Política Agrícola Común y diciendo que pretende hacer una reforma para el futuro. Yo no comprendo cómo es posible que la Comisión afirme que va a hacer una reforma para el futuro de un sector en el que gasta la mitad del presupuesto de la Comunidad y en el que el 1 % de los más ricos de Europa reciben el 40 % del presupuesto de la Comunidad...
¡Es un abuso, señor Comisario Fischler! Es un abuso que algunos diputados y la Comisión hablen en nombre de los agricultores. Ustedes hablan aquí de una minoría privilegiada que, gracias al sistema de la Política Agrícola Común, va a buscar fondos públicos que nosotros deberíamos gestionar con todo cuidado, cosa que no hacemos, porque se los damos a personas que no los necesitan. Y hoy es imposible conciliar su discurso de defensa del medio ambiente, del empleo, de la seguridad y la calidad con el pago por la producción. Hoy no hay problemas con la producción, señor Comisario Fischler. La evolución tecnológica y las biotecnologías nos garantizan que la producción será cada vez mayor. Lo que hay es problemas con las personas. Esta política ha expulsado al 700 % de las personas del mundo rural desde el decenio de 1950 hasta ahora. Con esta política, el 2, 5 % de la población va a quedar vinculada al mundo rural. Y lo que el Comisario tiene que hacer es proponer que se ponga fin a todas las ayudas a la producción. Esas ayudas deber ser para la explotación, deben beneficiar a los pequeños agricultores, deber ser ayudas a la empresa familiar, al empleo, a la calidad. Deben ser ésas las ayudas y no este desperdicio fantástico de la mitad del presupuesto de la Comunidad, pagado posiblemente por aquellos que más necesitados están, para que lo distribuyan quienes no están necesitados. Le hago justicia, señor Comisario Fischler: usted es menos «lobbysta» que los diputados de la Comisión de Agricultura, porque los tres dossiers presentados por dicha comisión son peores que la propuesta de la propia Comisión en la medida en que aún quieren más, no para modular, no para poner un límite máximo justo, no para mantener a las personas en la agricultura, sino para producir más con destino a los excedentes, ¡para que nosotros después paguemos el almacenamiento, paguemos para no producir, y de nuevo paguemos para producir, paguemos para almacenar y paguemos para exportar! ¡No es posible, señor Comisario Fischler! ¡Acaben con esta política!

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a estas alturas del debate ya hemos ido desmenuzando todos y cada uno de los proyectos legislativos contenidos en la Agenda 2000. Por lo tanto, me van a permitir sus Señorías, y usted también señor Comisario, que dé únicamente algunas pinceladas sobre aspectos que no han sido tocados por mis compañeros, aunque podría hacer mías muchas de las palabras pronunciadas aquí tanto por el Sr. Goepel, como por los Sres. Funk, Cunha y Colino.
Daría tres pinceladas mayores y tres pinceladas menores, solamente puntuales. En cuanto a las pinceladas mayores, hablaría de la novedad que ofrece su Agenda 2000 sobre el desarrollo rural. Aunque no es un tema que hoy nos ocupe, usted nos ha dicho que más del 50 % de la población tiene más de 55 años. Por lo tanto, su principal objetivo en política agrícola, señor Comisario, tiene que ser el mantenimiento de la población en el medio rural, y ahí tiene usted dos grandes problemas: el problema de los jóvenes y el problema del mantenimiento de la mujer en el medio rural. Porque sin mujeres, mal que nos pese y constatando realidades, no hay solución a este problema. Los hombres se van detrás de ellas y el medio rural se nos queda despoblado y nos sobran todas las políticas agrícolas.
Otra pincelada mayor sería el tema de la cofinanciación. No rompa usted el principio de la solidaridad. Pienso que con la cofinanciación de las ayudas directas -ayudas de obligado cumplimiento por parte de los Estados miembros- podemos incurrir en una grave discriminación.
Y también le diría que debemos mantener las exigencias, y el control de esas exigencias, con respecto a los productos que vienen de países terceros. Esos productos han de cumplir los mismos requisitos que nos imponemos a nosotros mismos.
Respecto a las pinceladas menores, no puedo olvidar algunos problemas históricos. Le recordaría el tema de los rendimientos históricos, el incremento de la cuota de bovinos machos, ya reconocida en más de 70.000 y que debe aplicarse una vez más. También le agradecemos el incremento de la cuota de la leche aunque nosotros seguiremos reivindicando que no es suficiente.
Señor Comisario, tenemos definido un modelo de agricultura europea: Hágalo suyo, luche por él y luche, junto con todas las instituciones europeas, por esos agricultores a los que usted tanto está defendiendo.

Iversen
Señor Presidente, la Política Agrícola Común establecida en los años cincuenta, cuando los países miembros sólo eran seis, se enfrenta ahora a una necesaria reforma. Todos - o casi todos - reconocemos que esta política no está preparada para una ampliación en la que la Unión pasará a estar formada por más de veinte países. Estamos obligados a llevar a cabo ciertas modificaciones, queramos o no. A nosotros nos gustaría participar en estos cambios. La propuesta de la Agenda 2000 presentada por la Comisión nos parece una estupenda iniciativa, además de valiente. Conocemos sus ideas centrales: desaparecen los regímenes de ayuda generales y los agricultores habrán de competir en el mercado mundial. Son consecuencias de las negociaciones de la OMC que tenemos que aceptar, además, verdaderamente creo que esta liberalización será beneficiosa en el futuro para la agricultura como lo será también acercar los precios a los del mercado mundial. En mi opinión, este proceso hará necesaria en un plazo de tiempo un poco más largo la supresión del sistema de cuotas lácteas. Algunos lo lamentarán. Yo no lo lamento. Creo que sería una buena idea a largo plazo. En general, creo que hay que ser conscientes de que el proceso puesto en marcha con la Agenda 2000 traerá aparejado una liberalización cada vez mayor dentro del sector agrario. Los socialdemócratas daneses estamos muy satisfechos con la propuesta de la Comisión y nos parece una modificación necesaria teniendo en cuenta tanto los acuerdos OMC como el proyecto de ampliación y toda la situación financiera en la que nos encontramos.
Hemos presentado enmiendas a varias de las propuestas presentadas en el Parlamento. También tenemos otras enmiendas. Nosotros mismos creemos que la propuesta de la Comisión resulta más realista en muchos aspectos que el acuerdo al que llegó el Parlamento y esperamos que el Parlamento entienda la absoluta necesidad de apoyar la línea adoptada por la Comisión. Así, algunas enmiendas presentadas por el Parlamento y en contra de las que hemos votado, a pesar de lo cual lamentablemente todavía están encima de la mesa, implican un aumento del presupuesto en lugar de la reducción a la que se hace referencia en la propuesta de la Comisión. Estamos obligados a encontrar una solución que sea viable sin perder tampoco de vista el factor tiempo. Por ello es tan importante que comuniquemos nuestra postura en la votación a celebrar a finales de este mes en Bruselas sobre este asunto y que todo esté acabado a tiempo. Les deseo mucha suerte tanto al Sr. Presidente del Consejo como al Sr. Comisario de Agricultura de la Comisión y espero que todo esté resuelto en marzo.

Filippi
Señor Presidente, estoy de acuerdo con los colegas a los que les preocupa que el rico debate sobre la Agenda 2000 concluya con unos resultados mediocres desde el punto de vista de la reforma de la Política Agrícola Común. Las dificultades las conocemos, quedaron patentes en el debate que mantuvimos en la Comisión de Agricultura, donde no fuimos capaces de llegar a una posición común sobre la reforma de los grandes sectores, y han vuelto a aparecer esta mañana en la intervención del presidente del Consejo de Ministros de Agricultura, en la que se ha dicho que debemos tratar de alcanzar un compromiso en el seno del Consejo de Ministros, y todos sabemos cuantos obstáculos han surgido hasta ahora para alcanzar este compromiso.
Nos equivocaríamos, sin embargo, haciendo una de las interpretaciones que se ha barajado durante el debate, una interpretación según la cual tenemos, por un lado, una Comisión, innovadora, reformista y, por otro, un Parlamento incapaz de seguir el camino marcado por la Comisión. Lamentablemente, la verdad es muy distinta y lo hemos dicho desde el principio: la Comisión ha presentado unas propuestas interesantes e importantes, sin embargo, desde el punto de vista de la cantidad y de la cualidad, la transferencia de recursos no es suficientes para sostener esta propuesta. Por una parte, tenemos el Consejo Ecofin -ayer por la mañana el ministro alemán de Asuntos Exteriores repitió lo que ya había declarado el ministro de Exteriores del Reino Unido al comienzo de su semestre de Presidencia, es decir, que debemos intervenir en la agricultura para reducir los gastos - y por otra, tenemos a los agricultores, preocupados por las repercusiones de la bajada de los precios en sus presupuestos.
Debemos salir de esta situación y proyectarnos hacia delante. En consecuencia, el llamamiento que hago al finalizar esta intervención es que el Grupo de trabajo de alto nivel que nos ha sido anunciado esta mañana por el señor Comisario y que comienza sus tareas en estos días, intente realmente hacer un esfuerzo para tratar de tomar decisiones en beneficio de los productores agrarios y lograr una síntesis que, de alguna manera, esté en línea con los objetivos declarados de la reforma que eran muy ambiciosos.

Wilson
Señor Presidente, voy a hablar en líneas generales sin referirme a ningún informe en particular. Sean cuales sean las políticas de que dotemos a la agricultura europea a partir del año 2000, éstas deberán ser de fácil comprensión, fácil gestión y fácil control. Nuestras reformas deberán seguir utilizando la política común como un instrumento social. Durante las negociaciones del GATT, mantuvimos que nuestras políticas servían para ayudar a las economías de las regiones rurales más pobres, no para fomentar la producción. Si hemos sostenido esto en el pasado, no podemos afirmar ahora que es erróneo penalizar la eficacia.
Hemos de fijar un techo a la ayuda que se concede a las grandes explotaciones de cereales. Hemos de hacer uso de la modulación, pero de una manera justa y sensata. Hemos de asegurarnos de que las economías locales no son víctimas de injustos sufrimientos. Hemos de desarrollar unas políticas nacionales complementarias eficaces y eficientes, pero hemos de asegurarnos también de que estas políticas siguen siendo comunes a todos y de que mantendremos la financiación común. Hemos de resistir ante las acometidas por volver a nacionalizar la financiación y la toma de decisiones.
Si llegamos a un acuerdo sobre una financiación parcialmente nacional, el gasto exigido deberá tener un carácter obligatorio. La propuesta de pagos por superficie es meritoria. Es parte de nuestra responsabilidad social, si bien hemos de mantener las ayudas en favor de los agricultores de montaña y de otras zonas difíciles, así como asegurarnos de que las ayudas van a parar allí donde son necesarias, y no a manos de los grandes, los ricos y los poderosos. La redistribución ha de garantizar equidad. A la vez que debemos acoger con satisfacción las propuestas para aumentar la agricultura extensiva, hemos de asegurarnos de que somos capaces de supervisar el sistema de una manera simple y eficaz. No debemos instaurar una enorme burocracia a costa de los pequeños agricultores. Además, debemos garantizar que los costes en materia de sanidad y seguridad, de protección de los consumidores y los precios de control de los mataderos no se elevarán hasta alcanzar cotas que nadie pueda permitirse. En el País de Gales parece que en la actualidad hay más inspectores que ovejas.
Asimismo, debemos garantizar que, allá donde sean de aplicación los objetivos de política regional, éstos deberán servir para cooperar, y no para competir, con las políticas agrícolas. Estamos presenciando en toda Europa un empobrecimiento y una pérdida de vitalidad de las zonas rurales cada vez mayores, a la vez que tiene lugar un continuo enriquecimiento de las áreas urbanas. Las zonas rurales necesitan tanto ayudas económicas, como casas para los turistas y los jubilados más prósperos. Por medio de la PAC, la Agenda 2000 ha de ser un elemento del apoyo que precisan las economías rurales.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, Señorías, el desarrollo de la PAC es un deseo que todos compartimos. No obstante, quiero decir muy claramente que, en mi opinión personal, el descenso de los precios de intervención en la cantidad que indica la propuesta de la Comisión no es aceptable. Permítanme que exponga aún mi opinión sobre dos puntos del informe Graefe zu Baringdorf.
En primer lugar, sobre el concepto de las «buenas prácticas» agrícolas, es decir, que las empresas que trabajen según el principio de las buenas prácticas agrícolas perciban en el futuro los créditos de ayuda en toda su extensión, naturalmente, siempre que cumplan las condiciones marcadas en este reglamento. Cualquier prestación de los agricultores realizada en el marco de las medidas de protección del medio ambiente y que vaya más allá de las buenas prácticas agrícolas deberá remunerarse, por ejemplo, en el marco del Reglamento 20/78.
Los Estados miembros deben poder adoptar sanciones sobre la base de criterios objetivos si no se respetan las obligaciones medioambientales y estos criterios deben orientarse asimismo al principio de las buenas prácticas agrícolas. Este modo de actividad se debe reconocer a nivel europeo y aceptarse como base. Creo que los Estados miembros deberían desarrollar códigos que puedan impulsar también de modo correspondiente.
El segundo punto al que me quiero referir afecta a la situación del empleo en las áreas rurales. Todos sabemos que en el futuro hay que proporcionar a nuestras familias agricultoras nuevas oportunidades para garantizar sus rentas. La política debe crear las condiciones marco para que nuestros empresarios agrícolas innovadores y bien formados -así veo a los agricultores del futuro- puedan conservar atractivas las áreas rurales. La política agrícola ecosocial tiene que coordinarse con el mundo multifuncional de la agricultura y de las áreas rurales. En el Consejo de Luxemburgo se acordó el modelo de la agricultura europea. Este tiene que ser el criterio esencial para las próximas negociaciones de la OMC, pues la agricultura europea se diferencia esencialmente de la de nuestros interlocutores en la OMC.

Myller
Señor Presidente, señores representantes del Consejo y de la Comisión, uno de los aspectos fundamentales de la futura Política Agrícola Común ha de ser el esfuerzo por lograr una política rural activa y una claridad en la distribución del trabajo entre las políticas agrícola y rural. Es necesario percibir el mundo rural como una totalidad. El mundo rural ha de disponer de un espectro profesional variado, y este mismo mundo rural deberá desarrollarse en el respeto a los valores naturales y recreativos. Es preciso garantizar el acceso a estos valores de recreación que entraña el entorno rural. Se debe poder acceder a los bosques, los campos, los mares y los lagos. El derecho a disfrutar de la naturaleza no debe estar en ningún caso supeditado a los derechos de propiedad.
La política agrícola requiere reformas. La agricultura más respetuosa con la naturaleza ha de ser la regla, no la excepción. Cabe señalar que los puntos de vista de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y los de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor son bastante coincidentes a este respecto.
Hay que supeditar el pago de ayudas directas a la agricultura al cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente. Se debe prestar una seria atención, también en la política agrícola, a las decisiones que se adoptaron tanto con motivo del Tratado de Amsterdam como, posteriormente, durante la Cumbre de Cardiff acerca de la inclusión del medio ambiente, recurriendo a un principio de horizontalidad, en toda la política de la Unión Europea. Sin embargo, este principio no permite que la vinculación del pago de ayudas a la normativa medioambiental recaiga en el ámbito de decisiones de los Estados miembros. Con este punto de partida no será posible cumplir el objetivo de lograr una política agrícola y una agricultura más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, una práctica agrícola cuyos productos ofrezcan unos niveles fiables en materia de seguridad y sanidad.
A fin de poder tener plenamente en cuenta los planteamientos medioambientales, los Estados miembros deberán desarrollar de manera conjunta con la Comisión unas normas prácticas con vistas a una agricultura sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. Hay que destinar ayudas únicamente a aquellos agricultores que respeten las normas acordadas. Las ayudas agrícolas específicas de carácter medioambiental deberán pagarse exclusivamente a los proyectos que contribuyan a proteger el entorno natural o a mejorar la situación actual del medio agrícola. Es necesario prestar una especial atención a la protección de las aguas. Se debe fomentar la adopción de buenas prácticas en el campo de la agricultura mediante la posibilidad de recuperar los fondos con carácter retroactivo.
Es verdaderamente importante que se tenga presente la variedad de la Unión Europea, que se pueda practicar la agricultura de norte a sur. Así, por ejemplo, la producción de carne natural no es posible en Finlandia manteniendo fuera a los animales durante todo el año. En esta época del año, es muy posible que haya un metro de nieve y treinta grados bajo cero.

Sturdy
Señor Presidente, también yo desearía dar la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo. No quiero repetir lo que ya se ha dicho aquí hoy, pero sí desearía hacerle al Presidente en ejercicio algún comentario sobre uno de los puntos a los que él mismo ha aludido, el de la OMC. He sostenido durante mucho tiempo en el seno de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural que es importante lograr que encajen la Agenda 2000 y la OMC. Cuando se trata de negociaciones en la OMC, los americanos no son precisamente ángeles, por lo que hemos de ser muy precavidos para no perder terreno en estas negociaciones. Estoy prácticamente seguro de que está al corriente de la situación y de que hará todo lo posible para que podamos participar en las negociaciones de la OMC en una posición de fortaleza.
Me ha encantado escuchar al Sr. Comisario decir que el 50 % de los agricultores rebasa los 55 años de edad. Yo entro por poco en el grupo de los menores de 55 años, si bien no estoy seguro sobre si esta afirmación afecta también a la Comisión de Agricultura. Se trata de un punto muy sensible: hemos de preparar a la generación más joven, ya que si permitimos que decaiga el entusiasmo de la juventud morirán los cultivos y, con ellos, también las industrias.
Me gustaría aludir también a un par de cosas que ya se han dicho aquí. Estoy de acuerdo con el Sr. Wilson en que tenemos que adoptar decisiones claras y políticas uniformes, así como dar una muestra de continuidad, ya que lo que la práctica agrícola necesita es continuidad. Hay tres cuestiones principales que nos preocupan en la agricultura británica. Asistimos el pasado año a una caída del 40 % de nuestros ingresos y aún estamos hablando acerca de cosas como los paquetes de medidas nacionales y la renacionalización de la Política Agrícola Común, las cuales inspiran el temor más profundo entre los habitantes del Reino Unido, ya que permitirían al Gobierno controlar el gasto agrícola.
Uno de mis colegas se ha referido a la modulación. Uno de los problemas de la modulación es que se teme que no sea justa en un ámbito general. La modulación es una medida excelente siempre y cuando sea mayor que tu granja. Y estamos completamente en contra de esta circunstancia.
Finalmente, quisiera pedirles de nuevo que no permitan que la cofinanciación se convierta en una renacionalización de la Política Agrícola Común.

Haug
Señor Presidente, Señorías, estimadas y estimados colegas, todos sabemos que el éxito de las negociaciones sobre la Agenda 2000 depende estrechamente del éxito de todas sus partes, es decir, de un compromiso que deben soportar todos. Las reformas de la Política Agrícola Común son el pilar central de toda la obra del edificio de la Agenda, si bien debe ir acompañado por los demás pilares de reforma. Esto significa que hay que marcar el camino de la reforma financiera en relación con los acuerdos sobre la Política Agrícola Común.
Pero es evidente que no se pueden encontrar unas regulaciones adecuadas de las finanzas sin los correspondientes cambios en el sector agrícola, el sector que absorbe casi el 50 % del presupuesto europeo.
El Presidente Santer ha indicado con razón que las negociaciones sobre la futura financiación del presupuesto son uno de los elementos clave de las negociaciones sobre la Agenda 2000. Pero simultáneamente a la reforma financiera se deben apoyar las necesarias reformas agrícolas. No comparto la apreciación que ha realizado esta mañana el Comisario Fischler. La cofinanciación de medidas agrícolas que se propone en algunas enmiendas no debe regularse fuera de la reforma agrícola. Desde nuestro punto de vista, es uno de los elementos del éxito de la reforma propuesta para el sector agrario. Se encuentra dentro de la lógica directa de la reorientación propuesta por la Comisión, consistente en alejarse de las garantías de precios y acercarse a las ayudas a las rentas. Si es cierto que con esta reorientación podemos fomentar más eficazmente las áreas rurales, entonces la Comisión no debería haber echado el freno de mano a la mitad del salto y proseguir la reforma. Aquí se incluye que confiemos en el acreditado mecanismo de responsabilidad compartida entre la Unión y los Estados miembros por las medidas de política estructural también en el sector agrícola.
Por lo demás, señor Comisario Fischler, en su lugar yo no hubiese dejado pasar de largo el efecto dinamizador que parte de la cofinanciación. Sin duda, eleva la disposición para mantener un debate fundamentado sobre el volumen y estructura de la PAC. En los Estados miembros está creciendo de modo enorme la conciencia sobre la necesidad de reformas, tal como las ha propuesto la Comisión, cuando en el futuro los ministros de agricultura tengan que obtener una parte de la financiación de sus ministros de hacienda. La cofinanciación propuesta no es de hecho ninguna medida para superar los problemas de los contribuyentes netos sino que es una aportación central para restablecer, por un lado, el equilibrio entre política de mercado y de rentas y de la política estructural en las áreas rurales, por otro. No se trata de ninguna forma de renacionalización, temor que se ha expresado aquí. Junto con Gahona Boogerd-Quaak, espero que la Comisión de Presupuestos encuentre una mayoría para la cofinanciación. Pues casi el 50 % del presupuesto tiene que emplearse con efectividad y resultados positivos para que las ciudadanas y ciudadanos puedan aceptar el destino de sus impuestos.

Otila
Señor Presidente, por medio de la Política Agrícola Común se gestiona y dirige, desde Sicilia hasta Utsjoki, la agricultura de países sometidos a unas condiciones climatológicas completamente diferentes entre sí. Se trata de una tarea verdaderamente difícil, y existe siempre el temor -bastante justificado- de que, en las decisiones finales, se deje sin prestar atención a las condiciones específicas de las regiones periféricas.
Uno de los numerosos problemas relacionados con la reforma agrícola de la Agenda 2000 lo constituyen los planes para dar la vuelta a la política de los cereales. La caída de los precios de intervención para los cereales que propone la Comisión es problemática. Al mismo tiempo, la Comisión propone que la reducción de los precios administrativos se compense únicamente en un cincuenta por ciento. La rentabilidad de la producción de cereales en un país periférico como Finlandia ya es en la actualidad baja, por lo que una reducción de los precios mermaría aún más las condiciones de producción. En la reforma se deberán tener en cuenta las condiciones específicas de esta región, su volumen relativamente bajo de cosecha y el elevado nivel de los costes.
El mundo rural europeo seguirá necesitando en el futuro el buen funcionamiento de su agricultura para mantener su fuerza vital y su diversidad. El desarrollo de la agricultura repercute en el bienestar de todo el continente. El marchitamiento de la agricultura se traduciría en un debilitamiento de la industria alimenticia, de la industria de equipos agrícolas y de todo el comercio relacionado con estas áreas, así como en una reducción de las posibilidades de elección por parte de los consumidores.
Si bien la agricultura está obligada a transformarse con la liberalización del comercio mundial, nosotros hemos de ser capaces de influir en la dirección y la velocidad de estas transformaciones, y la dirección no deberá suponer una cuesta abajo para la práctica de la agricultura. El mantenimiento del modelo agrícola familiar depende de la voluntad política de la Unión Europea. Si confiamos en el futuro de la producción agrícola europea y logramos adoptar las decisiones necesarias con la suficiente unanimidad, durante el próximo milenio será posible seguir contando en Europa con una agricultura y un sector alimenticio plenos de vida y diversidad.

Baldarelli
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio de la Presidencia del Consejo, señor Comisario, la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común incluida en el marco del paquete de la Agenda 2000 que deberá realizarse a través del resorte de los Fondos estructurales y de las propuestas de reglamento que hoy abordamos, es un tímido intento digno de ser alentado. De hecho, sin embargo, las políticas de equilibrio nacional y la falta de una verdadera señal innovadora, están condicionando este tímido intento. La síntesis o el compromiso, como recordaba expresa y repetidamente el Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Funke, deben ajustar cuentas con una vieja cultura que nada tiene que ver con los intereses reales de los consumidores y de los productores.
El Grupo de alto nivel, la mediación de las diplomacias, los encuentros informales y la reivindicación de la intagibilidad del presupuesto, por una parte, y la voluntad de renacionalización, por otra, convierten en patente y virtual la distancia entre economía y política. La renta de los operadores agrarios ha sufrido un recorte. La bajada de los precios ha empujado las producciones europeas a una competencia que, con frecuencia, ha ido en detrimento de la calidad y de las garantías sociales y ha dado lugar además a una regresión en lo que a barreras higiénico-sanitarias se refiere.
Nunca podremos olvidar la EEB ni sus repercusiones en la relación de confianza con los ciudadanos. Lo que, sin embargo, lo más aberrante es que no se ha acabado con ese modelo de cultura productiva que ha generado la EEB. Producir por producir, para beneficiarse de las primas, la utilización perversa de la investigación científica, las normas de difícil control y de certificación de uso de productos transgénicos a nivel de los consumidores, el empleo de antibióticos y de técnicas para desarrollar los vegetales y los animales continúan. Se han alcanzado niveles de especialización y de sofisticación difíciles de descubrir y el fenómeno se ha ido extendiendo, incluso después de la crisis de la EEB. ¿Qué respuesta vamos a dar a estos interrogantes, a estos costes externos?

Fraga Estévez
Señor Presidente, como diputada española, he de manifestar mi decepción ante la propuesta de la Comisión sobre la organización común de mercado del sector lácteo, ya que, a mi entender, se ha perdido una gran oportunidad para presentar una auténtica reforma que reequilibrase dicho sector dentro de la Unión Europea.
Señor Comisario, usted sabe muy bien que un país como el mío viene solicitando un incremento de cuotas de un millón de toneladas, mientras que, en su proyecto, ustedes nos asignan una cantidad de alrededor de 220.000, muy por debajo de nuestras necesidades. Es evidente que carece de explicación el hecho de que un Estado como España, que cuenta con el 12 % de las explotaciones lácteas, el 11 % de la población y el 6 % del consumo, sólo tenga el 4, 67 % de la cuota láctea global comunitaria. Por el contrario, otros Estados miembros reciben importantes ampliaciones de cuota que ni la necesitan ni siquiera la han solicitado nunca.
Tampoco considero aceptable que, en la nueva reasignación de cuotas, se hayan olvidado de las zonas desfavorecidas, que deberían ser incorporadas junto con las zonas de montaña. Tampoco me parece aceptable que el método de cálculo de las primas a través del sistema de la «vaca virtual» vuelva a penalizar claramente a aquellos países que tienen una cuota insuficiente y en cuyo rendimiento son inferiores a la medida comunitaria.
Por último, señor Comisario, me parece también inaceptable el mantenimiento de la injusta e insuficiente referenciación sobre la grasa que tienen muchas explotaciones lecheras. Carece de explicación que un ganadero español sólo tenga posibilidad de producir leche con el 3, 63 % de materia grasa como promedio y que, en cambio, a un ganadero danés se le permita producir leche con un 4, 31 %.
Todo ello, como ustedes saben, implica graves consecuencias, no sólo en las rentas sino en la calidad y viabilidad de las explotaciones. Quizá, señor Comisario, una solución intermedia sería establecer una franquicia, sin supertasa, a toda la producción láctea con promedio de referenciación sobre la grasa inferior al 4 %.

Berger
Señor Presidente, señor Comisario, independientemente de cual sea el resultado de nuestra votación sobre el paquete agrícola de la Agenda 2000 y de lo que el Consejo de Ministros apruebe al final, creo que está claro que esperamos y debemos también esperar grandes cambios de los agricultores europeos. Sin embargo, tengo la sensación de que tanto a nivel nacional como europeo hacemos aún demasiado poco para facilitar a los agricultores esos cambios y apoyarles en esa tarea.
Desgraciadamente, con frecuencia son las mismas organizaciones tradicionales de agricultores las que, en su rechazo global a cualquier reforma, olvidan llamar a tiempo la atención de sus miembros sobre las nuevas oportunidades. A pesar de la dureza del paquete de reformas agrícola de la Comisión, existen esas nuevas oportunidades.
Para la mayoría de los agricultores en Europa -y estos son los pequeños agricultores- el paquete de reformas apunta en la dirección correcta, aunque con frecuencia con insuficiente energía e insuficiente vinculatoriedad con los criterios de ayuda ecológicos y sociales. Por lo demás, han sido los pequeños agricultores los que hasta ahora han estado más dispuestos a enfrentarse a los cambios activamente. Pero con frecuencia los dejamos solos.
Como comparación, menciono las importantes y correctas medidas que la Comisión y los Estados miembros han puesto en marcha para preparar a las empresas y a los bancos para el euro. Las empresas y los bancos no son precisamente organizaciones desvalidas. A pesar de ello, las hemos ayudado. Los diputados incluso hemos recibido ahora como regalo de la Comisión un llavero con un euro.
Mucho más importante sería poner en marcha una campaña con la que ayudemos a los agricultores no sólo en cuestiones prácticas relacionadas con los cambios y transformaciones sino que deberíamos enviarles algo así como apoyo moral. A veces entiendo bien a los agricultores cuando se sienten excluidos por la política europea y tienen la sensación de ser continuamente unos pedigüeños marginales.
Tenemos que revalorizar mucho más que hasta ahora las prestaciones no directamente productivas de los agricultores como auténticas prestaciones y trabajo y hacer más aceptable el cambio de las ayudas a los precios por las ayudas directas.

Virgin
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, la Agenda 200 es una propuesta a largo plazo de la Comisión para modificar la política agrícola. Se ha propuesto una reducción de los precios de la leche, de la carne de vacuno y de los cereales con el fin de acercarse a los niveles del mercado mundial. Estas reducciones son compensadas parcialmente con mayores remuneraciones en forma de subvenciones por superficie y por cantidad de animales. En mi opinión, es importante seguir el principio de la Comisión basado en que estas compensaciones se hagan de manera justa en relación con la producción, por ejemplo, de leche. En algunos casos el Parlamento propone mayores bajadas de precios y, consecuentemente, también menores compensaciones fijas. Tengo que decir que, en mi opinión, la propuesta de la Comisión es mejor y más elaborada, por lo que merece nuestro apoyo.
Es indudable que el presupuesto se va a ver recargado por el alza de las compensaciones, pero los consumidores y los contribuyentes europeos se beneficiarán de los menores precios de alimentos importantes. Con toda seguridad la carga presupuestaria va a disminuir con el tiempo. Según la mayoría de los pronósticos, los precios de muchos productos subirán en el mercado mundial, lo que permitirá la paulatina eliminación de las compensaciones fijas.
El riesgo está en que algunas propuestas del Parlamento no son completas, entrabando las operaciones de la agricultura europea en el mercado mundial y la competitividad, que es absolutamente necesaria para nuestra supervivencia a largo plazo.
También hay algunas imperfecciones en la propuesta de la Comisión. Se debería crear una compensación justa para aquellos países que no pueden cultivar piensos de maíz. En el debate se ha dicho que el 20 por ciento de los agricultores recibe el 80 por ciento de las ayudas, pero, de hecho, la mayoría de los agricultores está en el grupo del 20 por ciento; allí se encuentran las explotaciones familiares. Los agricultores ricos y que tienen muchas tierras constituyen, en este caso, un grupo extraordinariamente pequeño.

Thomas
Señor Presidente, desearía comenzar mi intervención lamentando que la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural no haya sido capaz de emitir en comisión ninguna opinión acerca de los presentes informes. Creo que se trata de una triste circunstancia a la que nadie se ha referido anteriormente. Sin embargo, cabe lamentar que, por lo que parece, muchos de mis colegas en la Comisión de Agricultura se guían de acuerdo con intereses nacionales en lugar de atender a una perspectiva global como la que ha expresado la Comisión. Es imprescindible que prevalezca este punto de vista global si queremos lograr algún avance en este sector.
Las reducciones en los precios de apoyo que ha previsto la Comisión no solamente son deseables, sino también vitales, con vistas a la ampliación y a los compromisos contraídos en la OMC, sin poder tampoco olvidar las fundadas preocupaciones de quienes han lanzado críticas acerca de la cuantía de las ayudas de que se beneficia este sector. Con todo, tengo mis dudas sobre si las propuestas lograrán el objetivo de rebajar el coste de los productos agrícolas a los consumidores, pero espero sinceramente que la Comisión no se haya equivocado en sus estimaciones.
Si bien es motivo de satisfacción que se introduzcan medidas ideadas para proteger nuestro medio rural y para fomentar unas prácticas agrícolas más extensivas, desearía llamar la atención sobre el grado de flexibilidad que se ha propuesto a los Estados miembros para tomar decisiones acerca de sus propias prioridades o, lo que es lo mismo, sobre los paquetes de gestión nacional para los sectores vacuno y lácteo, la aplicación de requisitos mutuos de conformidad y los criterios sobre la mano de obra. Si bien es recomendable una noción de flexibilidad, hemos de tomar precauciones para no crear una situación marcada por la falta de competitividad que pudiera dividir a los agricultores de Europa.
En conclusión, necesitamos reformas. Es algo que aceptamos casi todos en este Parlamento. Espero que mis colegas sean realistas a la hora de votar el 28 de enero y que garanticen, por lo menos, la aprobación de las propuestas que ha presentado la Comisión.

Trakatellis
Señor Presidente, la Comisión propuso acertadamente la ampliación del papel del Fondo Agrícola Europeo, que, en lo sucesivo, asumirá también otras actividades para el desarrollo del campo. Asimismo, la mejora de la calidad de los productos agrícolas debe constituir parte de la reforma del sistema de financiación. De esa forma se fortalece el productor en la competencia internacional, así como el consumidor como destinatario de los productos. Considero, asimismo, que la Sección Orientación debe financiar todas las medidas destinadas al desarrollo del campo, incluidas medidas estructurales, agroambientales y agroforestales e indemnizaciones compensatorias para las zonas más desfavorecidas.
La Política Agrícola Común constituye el pilar fundamental de la integración de la Unión y un avance en el desarrollo del sector de la agricultura. La eventual cofinanciación conduce básicamente a la renacionalización, aunque parcial, de la Política Agrícola Común y afectará principalmente a los países que económicamente están por debajo de la media comunitaria, esto es, Grecia y otros países del Sur, al tiempo que tendrá efectos negativos en el desarrollo de la agricultura comunitaria. Por ello, me opongo totalmente a propuestas, leyes y enmiendas que anulen el carácter fundamental de la Política Agrícola Común y socaven los principios de la cohesión económica y social y la solidaridad. La Unión no puede colocar la financiación de la agricultura europea en la cama de Procrustes para satisfacer las demandas de ciertos estados de reducir sus contribuciones al presupuesto. Y para ello sería útil, señor Presidente, que se examinase no sólo la contribución de dichos Estados al presupuesto, sino también sus ganancias procedentes del mercado común de los millones de compradores de la Unión Europea. Por tanto, creo que los principios de la cohesión y de la solidaridad exigen que la política agrícola siga siendo meramente común y que se comprenda que los intentos de renacionalización conducen al camino resbaladizo de la anulación gradual de dicha política, con la consiguiente erosión de la cohesión del tejido social de la Unión Europea.
Por último, no estoy de acuerdo con la propuesta de financiación previa a la integración de medidas destinadas a la agricultura de los países candidatos por la Sección Garantía y apoyo una cuota de ayuda previa a la integración con una categoría aparte, fuera de una directriz para la agricultura.

Santini
Señor Presidente, señor Comisario, desde hace siete años esperábamos esta reforma de la reforma. Ahora que ha llegado, no podemos decir que merece «fuegos artificiales» por como se presenta.
Hemos de decir una vez más que las propuestas de la Comisión marginan fuertemente los países del sur de los Alpes, esto es, la periferia meridional de Europa. No hay una capacidad de profundizar las verdaderas problemáticas a la hora de llevar adelante las propuestas para el futuro.
Otro motivo de insatisfacción se debe al trabajo que nosotros, los diputados, hemos realizado o, mejor dicho, no hemos realizado, ya que de los cinco informes sometidos a debate sólo uno ha merecido la aprobación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. No me atrevo a imaginar qué sucederá la próxima semana, cuando empezaremos a hablar de la OCM del vino.
En resumidas cuentas, tenemos que decir que esta serie de propuestas tiene una trascendencia tanto territorial como marcadamente temporal. Se hace referencia a un futuro objetivo con vistas al año 2006, no obstante, es probable que el efecto de este intento de reforma de manifestará mucho más adelante. En Europa se habla de apertura hacia el Este y, por encima de todo, se habla de prestar gran atención a lo que acontece en occidente, por lo tanto, a los condicionamientos de la Organización Mundial del Comercio. A lo mejor, señor Comisario, falta prestar algo más de atención al ser humano, al agricultor que ante estos acontecimientos quizás se encuentra algo desprevenido. Existe un reto que se llama globalización que le afecta en primera persona, sin embargo, quizás no se tiene bastante en cuenta el escaso nivel de competitividad que padece el agricultor europeo. El cambio es brusco y, por una vez, podremos decir que la burocracia ha anticipado incluso los ritmos de crecimiento y de adaptación del ciudadano europeo.
Quiero mostrar cierta satisfacción por la atención especial que esta reforma depara a las zonas periféricas, a las zonas de montaña, por ejemplo, con el reconocimiento de un 1 % más de cuota láctea, así como a los jóvenes empresarios. De hecho, señor Comisario, existe también un problema de extinción de la especie, ya que cada año perdemos el 3 % de los empresarios agrícolas.

Mayer
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, a la sombra de grandes acontecimientos se han dicho muchas cosas sobre el sector agrario, si bien no todos lo han hecho. Por ello, sólo quiero realizar una observación muy breve sobre el Informe Graefe zu Baringdorf, los pagos directos y la degresión. Es cierto que la agricultura europea necesita unas condiciones marco estables a largo plazo, pero también un aumento de la competitividad para, aparte de la producción de alimentos según el modelo agrícola europeo, poder superar las grandes tareas adicionales de toda la sociedad, por ejemplo, el mantenimiento del paisaje de cultivos o el cuidado del medio ambiente.
Las propuestas de la Comisión son consecuentes. Si se tira de un extremo, el otro sufre sacudidas. Sin embargo, la situación de las explotaciones individuales es poco tenida en cuenta. Los pagos compensatorios que se introdujeron en la reforma de 1992 son casi siempre sólo una compensación parcial por las pérdidas que los agricultores han sufrido antes y sufren aún por las reducciones de los precios. Son necesarios para poder mantener una agricultura extensiva. En este contexto, se deberían presuponer unas «buenas prácticas» agrícolas. En el caso de explotaciones planas y con mucho ganado, se pagan sin embargo grandes sumas que con frecuencia son motivo de crítica.
Creo que por ello es necesaria la degresión. En explotaciones muy grandes la degresión de costes es más fácil que en las pequeñas explotaciones familiares. Para poder hacer más o menos justicia a las explotaciones familiares, es necesaria la degresión. De lo que se trata es del «cómo» se realiza la degresión.

Lulling
Señor Presidente, señor Comisario, señor Ministro, en los dos minutos de que dispongo en este importante debate y ante la trascendencia de las presentes propuestas de reforma, tengo que limitarme a decir claramente que estas propuestas pueden tener unas repercusiones inaceptables para la agricultura así como para la economía y sociedad europea en general. No son aceptables si no se introducen correcciones en el sentido indicado por mi grupo político. Por lo demás, son incompatibles con las resoluciones de la cumbre de Luxemburgo de 1997.
Me permito recordar que tras el debate de principios de los ministros de agricultura sobre el modelo agrícola europeo, el Consejo Agrícola de la UE del 19 de noviembre de 1997 celebrado en Luxemburgo, exigió unánimemente que se configurasen las modalidades de la reforma agrícola de tal modo que se garantizase el mantenimiento del modelo agrícola europeo. En la cumbre de Luxemburgo de diciembre de 1997 se recogió esa exigencia. De este modo, los Jefes de Estado y de Gobierno no solamente se pronunciaron en contra de un desmontaje unilateral de la agricultura europea sino en favor del desarrollo de modelo agrícola europeo existente, con su papel multifuncional en todas las regiones. Esto significa que las modalidades de la reforma sobre las que hoy debatimos, deben configurarse de tal modo que se logren unas soluciones económicamente razonables y socialmente defendibles y que, de este modo, se puedan lograr unos ingresos adecuados para los agricultores.
¿Por qué la Comisión, al presentar sus proyectos, se ha ocupado tan poco de estas opciones adoptadas al máximo nivel político? En mi pequeño país, las propuestas supondrían en la forma actual unas drásticas pérdidas de ingresos de 650 millones de francos y, naturalmente, también una dependencia de la agricultura frente a las finanzas públicas. Esto no puede ser.
Unas palabras sobre la producción de leche, de gran importancia para la agricultura luxemburguesa. Hay que conservar las cuotas lácteas. Al menos coincidimos en eso. Pero nuestras propuestas, tal como las ha presentado el ponente Goepel son, sin embargo, el límite aceptable si es que queremos impedir la desaparición de la producción de leche de muchas regiones europeas. Señor Comisario Fischler, me temo que se trata del cuento de la lechera cuando nos quiere hacer creer que con las drásticas reducciones de precios que usted propone en perjuicio de los agricultores, los consumidores se beneficiarían de reducciones de precios por un importe de entre 10 mil y 17 mil millones de euros. El hundimiento de los precios en el sector de la carne de vacuno y de porcino nos ha mostrado que no es así y usted no posee el monopolio de la sabiduría política. Escuche un poco lo que le decimos nosotros y los agricultores y entonces encontraremos una regulación equilibrada.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, un error histórico cercena el desarrollo agroganadero de regiones españolas con atraso económico, como es el caso de Galicia, región del objetivo nº 1 de la política regional europea, con clara e histórica vocación ganadera: nos estamos refiriendo a la insuficiente cuota láctea asignada en el momento de su integración en la entonces CEE. España -y especialmente Galicia- viene por ello reclamando insistentemente una mayor cuota láctea.
Pedimos en nuestras enmiendas una especial consideración para la asignación suplementaria de cuota a ciertas regiones que sufren esta injusta desventaja y corregir así este grave desfase, en la cohesión económica y social de Europa, de ciertas regiones desfavorecidas, que precisan por ello de un programa específico de reestructuración, cofinanciado por la Unión Europea, para salir adelante y ser competitivas.
La deficiencia estructural del sector en estas regiones hace que pidamos la asignación de primas no en función del rendimiento lácteo medio comunitario, como solicita la Comisión, sino en función de la media nacional o regional real, que dista mucho de aquel rendimiento virtual comunitario. Y para colmo, la carne de vacuno, que podría venir a paliar en parte el problema, se encuentra excluida de las primas europeas que no contemplan los terneros. Demandamos su regulación e inclusión, rebajando la edad a un máximo de ocho meses para obtener la prima por sacrificio y poder paliar así la grave e injusta situación que viene soportando el que podría ser prometedor sector ganadero gallego. Apelamos a la comprensión de nuestros colegas europeos para que apoyen, por solidaridad y por justicia, nuestras enmiendas.

Klaß
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, Señorías, esperemos que el debate de hoy tenga algunos efectos según el refrán alemán «una gota continua horada la roca». Las familias agricultoras en Europa necesitan un marco político fiable. Con la reforma del 92 se introdujeron pagos directos para los agricultores debido a una reducción de los precios. Señor Comisario, ahora estos criterios para los pagos directos los formula la Comisión de un modo muy vago e incluso deja la decisión al arbitrio de los Estados miembros.
Pero precisamente aquí necesitamos una igualdad de trato de todas las explotaciones agrícolas en Europa. No puede ser de la incumbencia de los Estados cuál debe ser el importe de los pagos directos a los agricultores y qué condiciones adicionales deben cumplir. Para los agricultores tiene que existir una magnitud fiable con la que puedan calcular y planificar con éxito. Sólo así se podrán evitar las distorsiones del mercado y de la competencia.
La Comisión ve la necesidad de una adaptación al mercado mundial. Muy bien. La agricultura europea estaría expuesta a la competencia mundial pero tendría que soportar al mismo tiempo costes adicionales debidos a los elevados estándares medioambientales y sociales europeos. ¿Cómo se puede ser competitivo si las condiciones son tan diferentes en todo el mundo? Los pagos directos a la agricultura deben considerarse, entre otros, bajo el aspecto de unas condiciones de producción más difíciles. No olvidemos que las familias agricultoras cuidan y mantienen el paisaje de cultivos.
Insto a la Comisión para que decida fundándose en los criterios mencionados. Hay que partir del principio de las «buenas prácticas» agrícolas -a las que se han referido la colega Schierhuber y el colega Mayer. Tenemos que encontrar un marco para la agricultura europea en el que los agricultores de Europa puedan existir en el futuro también en el mercado mundial.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hay un refrán alemán que dice: hoy se ha dicho ya todo, sólo que no todo el mundo lo ha hecho. Raramente se habían depositado en una Presidencia de la UE tan elevadas esperanzas como en la Presidencia alemana del primer semestre de 1999. Llevar a buen fin la Agenda 2000 es casi como lograr la cuadratura del círculo.
Señor ministro Funke, quizás pueda llevar aún a tiempo a la mesa del Consejo la postura de rechazo hacia las propuestas. Los contenidos de la nueva política agrícola tienen que estar listos con rapidez, es decir, antes de finales febrero. Mi pregunta es la siguiente: ¿configuran los ministros de Agricultura aún la política o los Jefes de Estado y de Gobierno van a prescribir en la cumbre de marzo el marco financiero? La fase del catálogo de preguntas ha pasado ya hace mucho tiempo. Ahora se demandan opciones concretas y nuestros agricultores quieren saber por fin adónde va este viaje.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Fischer, exigió ayer aquí en el Pleno la reducción de los gastos agrícolas pero, al mismo tiempo, prometió ayuda a los agricultores europeos. Señor ministro Funke, usted podrá explicar sin duda este ejercicio acrobático a nuestros agricultores. Usted emplea un lenguaje muy sencillo que realmente me gusta mucho; no se ha acostumbrado a ese idioma de tecnócratas. Siga así. Pero obtener lo mismo con poco dinero y cada vez aún menos dinero lo considero algo muy difícil.
El margen financiero es estrecho cuando se buscan soluciones, la capacidad de maniobra no es especialmente grande. Quizás esta reforma sea también el último trago de hiel. Tras la ampliación hacia el Este, todas las señales apuntan hacia una liberalización. Esto lo saben nuestros agricultores, mientras que las soluciones a negociar ahora en la Agenda van a representar desde mi punto de vista sólo una etapa intermedia. La política agrícola estará en el banco de pruebas en el año 2005, es decir, tras el ingreso de los primeros candidatos de la Europa central y oriental.
Como agricultora, no puedo sumarme realmente al debate sobre la reducción de los precios. En veinte años de trabajo profesional en el campo de la política agrícola, nunca he visto que con unos precios agrícolas descendentes fuesen más favorables los precios al consumidor. Esta mañana el señor Funke se ha referido al respecto. Hay un proverbio alemán que dice: aunque el trigo se abarate, el panecillo se encarece. Podría aplicarlo a cualquier otra cosa: aunque la leche se abarate, el yogur se encarece; pueden estar bastante seguros de ello.
Respecto a la determinación de normas comunitarias para los pagos directos -esta era mi tarea como ponente en la sombra-quiero plantear aún la siguiente pregunta: señor Comisario, ¿qué compromisos de pago deben aceptar estas regiones frente a sus agricultores si, tal como ahora se piensa, pueden imponer unas condiciones medioambientales superiores? Sé de lo que hablo. Vengo del Estado Federal de Renania-Westfalia del Norte. Los agricultores quizás puedan vivir con unas condiciones medioambientales superiores, pero queda la pregunta: ¿quién lo paga?
La segunda y última pregunta afecta a la graduación del pago directo a los titulares de las explotaciones en función de los empleados, tal como siempre propone Grafe zu Baringdorf. Dígame solamente si acepta la enmienda 27 o no. Entonces estaremos de acuerdo.

McCartin
Señor Presidente, cuando el Sr. Andriessen fue nombrado Comisario, hace ahora muchos años, yo ya era miembro del Parlamento. Entonces, le dije que su gran desafío consistía en lograr la competitividad de la agricultura europea. Desde aquel momento no se han vuelto a escuchar voces en defensa de esta competitividad para la agricultura europea, por lo que me gustaría agradecer al Sr. Fischler que haya retomado esta cuestión y que, por lo menos, haya manifestado la aspiración de que la agricultura europea pueda ocupar la posición en el mundo y hacerse con la cuota del mercado mundial que le corresponden.
A pesar de que la población mundial crece cada año en ochenta millones de personas, no se debe ver todo de color negro. Debemos planificar y aplicar algún tipo de estrategia que nos permita desempeñar nuestro papel a la hora de suministrar este mercado. Me ha parecido extraordinario leer esta misma mañana que Argentina está actualmente importando carne de vacuno. Se trata de una región que siempre hemos visto como una gran competidora y como una amenaza. A causa de la situación climática, Australia está en posición de suministrarle esta carne. Todo esto nos permite comprobar que las cosas nunca permanecen inmutables. Cuando se introdujo la reforma MacSharry, propusimos reducir la producción y aumentar la importación de alimentos. Hoy estamos proponiendo ocupar una mayor cuota de los mercados mundiales. Esto me parece satisfactorio.
Me ha decepcionado en cierta medida que el Presidente del Consejo hablara más acerca del bienestar de los animales, de consideraciones sobre el medio ambiente y de la protección de los consumidores que sobre el medio de vida de los propios agricultores. Si bien acepto las opiniones que ha expresado en torno a estas cuestiones, no podemos considerar estas ideas al margen de la necesidad de proporcionar a los agricultores unos ingresos adecuados. Es posible que los agricultores se quejen de la Política Agrícola Común, pero, sin ella, nos enfrentaríamos en Europa a una situación más grave. Por todo ello, creo que cualquier intento por transferir de nuevo a los Estados miembros los costes o la toma de decisiones de la Política Agrícola Común sería motivo de una gran preocupación. No debemos permitir que suceda esto bajo ninguna circunstancia. En la Unión Europea existen muchos países y climas distintos, y la Política Agrícola Común nos ha librado de las tensiones que, de otro modo, habría ocasionado la gran caída de población que se ha registrado en el medio rural. Disponemos de una política que funciona; en estos momentos, está causando sufrimientos a los agricultores, pero lo mejor que podemos esperar es que se lleven a cabo los ajustes necesarios y que siga siendo una Política Agrícola Común para todos los europeos en la que haya cabida para los tres elementos y, en particular, para la solidaridad financiera.

Ebner
Señor Presidente, señores representantes de la Comisión y del Consejo, estimadas y estimados colegas, quiero hablar fundamentalmente sobre dos temas, la carne y la leche. En lo que se refiere a la leche y al informe del colega Goepel, a quien quisiera apoyar plenamente, lamento que algunas enmiendas no hayan encontrado una mayoría en la Comisión de Agricultura y de Desarrollo Rural. Sobre todo, hay que mencionar las importantes propuestas alternativas relativas al apoyo a los precios así como a las medidas compensatorias de las rentas de los productores de leche, sobre todo en las regiones montañosas menos favorecidas. Esto se debería tener más en cuenta y las distorsiones de la competencia se deberían evitar y compensarse.
Es absolutamente necesario adoptar también medidas publicitarias para el consumo de leche y de productos lácteos y hay que prever el correspondiente dinero para medidas de «marketing». Estoy a favor de dividir la cantidad de referencia de la leche de una explotación por la cifra que corresponda a la producción media de leche de la región. Esto sería un modo de proceder más justo con las regiones de montaña.
Finalmente, el pago de los Estados miembros debería realizarse según criterios objetivos, teniendo especialmente en cuenta las correspondientes estructuras de producción, sobre todo en las regiones de montaña, para que no dependan tanto de las oscilaciones del mercado. En cuarto lugar, considero la exigencia de ayudas al transporte financiadas públicamente como absolutamente necesarias e irrenunciables. En lo que se refiere a la situación de la carne de vacuno, se deberían tener también más en cuenta las regiones menos favorecidas, por ejemplo, en lo tocante a los derechos sobre las primas.
Los agricultores jóvenes deberían percibir ayuda financiera adicional. Creo que existe necesidad de actuar al respecto, tal como ha dicho el Comisario Fischler hoy en sus intervenciones. Sería deseable que la Comisión y sobre todo el competente Comisario Fischler, que viene de una región de montaña y conoce perfectamente la situación, así como el Consejo tuviesen en cuenta del modo adecuado mis objeciones.

Funke
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, se pueden imaginar que para mí ha sido de gran interés asistir a este debate, tomar nota de las diferentes aportaciones y procesarlas lo mejor que he podido esta mañana y esta tarde para llevarlas al debate que se va a celebrar en el Consejo de Agricultura. En mi intervención de esta mañana ya he indicado que doy una gran importancia a conocer su opinión y a debatir con ustedes. Además, creo que lo que ustedes dicen y opinan al respecto debe tener peso en los debates del Consejo. Muchas gracias por ello.
Me voy a permitir referirme a algunos puntos sin extenderme demasiado, ya que se me ha recabado que lo haga. Quizás pueda comenzar con la siguiente observación: por citar a la Sra. Keppelhoff-Wiechert, cuando comparo las diferentes intervenciones, a la hora de hacer una valoración general tengo también la sensación de que se trata de la cuadratura del círculo cuando se discute desde fuera sobre la agricultura. Se exige que los agricultores produzcan unos alimentos de alta calidad y que respeten el medio ambiente; al mismo tiempo, al producir deben conservar el paisaje de cultivos, así al margen, y hacer todo esto a unos costes económicos, a ser posible a los llamados precios del mercado mundial.
Esta es ya la cuadratura del círculo cuando se discute de este modo. Aunque probablemente haya que hacerlo así, pues no es posible de otra forma en sociedades pluralistas. Cuando se trata de recapacitar sobre pagos compensatorios -y esto es lo que me parece que ha ocurrido esta mañana y esta tarde- se dice por un lado que tienen que ser lo más justos posibles y que deben tener en cuenta las correspondientes estructuras. Todo esto lo entiendo y acepto. Pero al mismo tiempo se exige -a veces, en la misma intervención pero a más tardar en la siguiente, la segunda o la tercera- que se aplique del modo más sencillo y menos burocrático posible. Me parece que aquí se plantea de nuevo la cuadratura del círculo.
Quiero llamar la atención sobre una cosa, por comenzar prácticamente por una intervención que se ha hecho al final. Creo que ha sido el Sr. McCartin quien me ha dicho que he hablado mucho sobre la protección de los animales y el medio ambiente pero nada sobre la competitividad de la agricultura. Señor diputado, esta mañana estaba en una situación excelente pues se me pidió que no hablase libremente ya que el texto de mi intervención se había entregado a los intérpretes, por lo que me he atenido al papel que llevaba. Debo indicar que esta no es siempre mi costumbre. Por tanto, quiero indicar con toda modestia que lo que exactamente he dicho también lo he exigido. Cito: la agricultura europea del futuro tiene que ser competitiva para poder sostenerse frente a la competencia internacional.
Reconozco que una frase de este tipo puede pasarse por alto, pero como es central, quiero citarla de nuevo para decir que no es cierto que haya olvidado totalmente este aspecto de la agricultura. Habría sido muy negativo si hubiese sido así.
Permítame añadir lo siguiente. Se ha exigido con frecuencia que se diga la verdad a los agricultores. Creo que tenemos que aclarar una cosa: una agricultura europea, o como quieran definirla, reducida exclusivamente al papel de suministradora de materias primas para el mercado europeo, fracasará. Tenemos un mercado interior con un gran poder adquisitivo, 80 millones de habitantes solamente en Alemania. En total, si incluimos también a los candidatos a la adhesión, tendremos a nivel europeo un gran número de consumidoras y consumidores que pueden movilizar un enorme poder adquisitivo.
Cuando se llama la atención sobre este poder adquisitivo en el mercado interior que aumentará aún más cuando otros países se adhieran, tengo que indicar por otra parte que en Europa se ha alcanzado un cierto grado de saturación y que al menos en sectores parciales de la producción agrícola existen excedentes. ¿Cómo queremos desarrollar una imagen de futuro de la agricultura europea si no indicamos que tenemos que conquistar también mercados no europeos? No quiero profundizar aquí al respecto, pero esto se incluye necesariamente en una perspectiva de la agricultura europea. No es posible de otro modo. Quiero decirlo claramente.
Por otro lado: si la agricultura europea produce bajo unas condiciones muy determinadas -tanto si se trata de cultivos o ganadería- porque la sociedad así lo quiere y exige, pero otras agriculturas que compiten con la nuestra a nivel mundial no lo hacen porque sus sociedades reaccionan de otro modo ante determinadas formas de producción, entonces habrá que garantizar pagos compensatorios por un lado y una protección mínima exterior por el otro. Esto se incluye, si así se quiere, entre las condiciones comerciales honestas. Este es el punto clave que afecta también al tema de la OMC, Sr. Sturdy. Usted se ha referido a ello. Naturalmente, hay que tratar del asunto también en los debates que se mantienen al respecto. En cualquier caso, señor Sturdy, coincido con sus palabras.
Se ha indicado o se me ha preguntado muy directamente, creo que ha sido la Sra. Anttila, cómo voy a impedir como Presidente del Consejo que se produzcan quiebras debido a la reducción de los precios que propone la Comisión. A este respecto, tengo que decir algo evidente en política. Creer que la política puede evitar quiebras -con los instrumentos, modos de actuar o las condiciones marco que sean- es un error sobre el que se debe prevenir.
Esto nunca lo logrará la política, independientemente de las condiciones que haya. En todo caso podemos preguntar si ante las soluciones propuestas, las condiciones marco para la competencia son honestas o no y podemos discutir sobre si son adecuadas para el futuro de la agricultura. Pero esto no exonera a ningún agricultor de la decisión empresarial ni a mí, como gerente de una empresa, de la responsabilidad sobre qué decisiones se deben adoptar en mi empresa para poder asegurar a largo plazo su existencia con las condiciones marco existentes.
No podemos pedir demasiado a la política. Me parece que en el pasado hemos despertado quizás con demasiada frecuencia la sensación de que la política puede hacerlo. En el futuro quizás no deberíamos despertar más esta sensación. Comparto pues expresamente la opinión de que se necesitan condiciones marco fiables y competitividad. Comparto también la opinión de que debemos proceder ahorrativamente con el dinero.
En la cuadratura del círculo se incluye también que, por un lado, exijamos legítimamente el aseguramiento del máximo número de existencias en la agricultura y, por otro, que tengamos que explicar continuamente a la población no agrícola, aunque también a los mismos agricultores, que en total no es una suma pequeña la que se dedica a la agricultura, si sumamos el presupuesto europeo, los nacionales y, en parte, los de las regiones o Estados constituidos federalmente. Con todo, siempre tenemos que registrar una determinada tasa de abandonos de explotaciones y tampoco hemos logrado que la población rural esté contenta.
Este es un debate que quizás se debería profundizar de vez en cuando. Me parece muy importante. Quizás ocurra que gastamos mucho dinero, pero no siempre lo hacemos de modo que beneficie a aquellos que trabajan en las explotaciones agrícolas. Lo digo de nuevo con palabras muy sencillas. Merece la pena mil veces recapacitar al respecto. Algunas intervenciones han apuntado en esta dirección. En vista del tiempo que me queda, no me voy a referir ahora a ello si bien se debe al menos reseñar. En cualquier caso, la exigencia -que se ha planteado a veces aunque sea indirectamente, a no ser que yo lo haya mal interpretado- de más extensificación, más protección del medio ambiente, es decir, de salir más bien de una perspectiva meramente económica, manteniendo al mismo tiempo los gastos bajos, es también una cuadratura del círculo. Esto tampoco es posible y hay que saber que es así. Se puede hablar perfectamente sobre si se practica más extensificación o más protección del medio ambiente. Pero hay que saber que esto cuesta dinero, ya sea porque tenga que realizar pagos compensatorios in situ en base a condiciones locales o en el marco de una protección organizada contractualmente. Uno estará más a favor de una cosa y otro de otra, pero en cualquier caso cuesta dinero. Hay que ver también este contexto.
Creo que en lo esencial he tocado los temas que se me han planteado. Quizás me haya expresado más extensamente sobre algún que otro punto, pero quizás contribuya, ya que soy nuevo en este círculo, a que se me conozca mejor.
Respecto a la opinión de que quizás se debería nacionalizar la financiación de la política agrícola, es decir, que solamente haya dinero de Europa cuando antes se asignen créditos nacionales o exista el compromiso de hacerlo, permítanme que les diga que esto supondría el fin de una Política Agrícola Común. Por ello, tengo grandes dudas sobre si se debería andar por esta vía.
Aplausos

Cunha
Señor Presidente, quisiera hacer una petición de aclaración al Sr. Presidente del Consejo sobre una afirmación de su colega, el Ministro de Asuntos Exteriores, que ayer dijo aquí que deberíamos reformar la Política Agrícola Común para reducir los gastos de la Unión Europea. El Sr. ministro no me ha dado información sobre ese asunto, no me ha respondido, pero yo le he preguntado efectivamente si la Presidencia alemana había cambiado de opinión en relación con lo que era su posición tradicional. Es una cuestión políticamente muy relevante y, por eso, pido -e insisto en ello- que se me responda.

Funke
Señor Presidente, Señorías, señor diputado Cunha, no sólo la parte alemana se ha ocupado hasta ahora de las cuestiones financieras, en especial, de la política agrícola, sino que en base a las negociaciones de Consejo Agrícola, en las que he participado hasta ahora, y a los debates consiguientes mantenidos con los colegas de los diversos Estados, podemos indicar que se ha hablado y se habla sobre este tema en todos los sitios. En mi réplica he dicho expresamente que para mí lo esencial es preguntar si el dinero que gastamos en total para agricultura -me he referido tanto al presupuesto europeo, como al de los Estados nacionales o de las regiones o Estados constituidos federalmente- siempre se gasta de modo que beneficie a los que trabajan en las explotaciones agrícolas.
En mi opinión no se trata tanto del importe de los créditos que se ponen a disposición sino de la distribución. Quiero resaltarlo expresamente. Explicar a la larga que hay que poner a disposición de la agricultura el 45 % -algunos dicen el 50 %, no quiero discutir al respecto- y al mismo tiempo ver que las rentas agrícolas no aumentan, al menos en algunos sectores, sino que se reducen, nos debe obligar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. No podemos tomar la cosa sencillamente diciendo que cuanto más dinero pongamos la felicidad será mayor.
Creo que todos debemos entrar en este debate -en cualquier caso los agricultores. Si el Ministro de Asuntos Exteriores -no sé qué es lo que ha dicho al respecto- opina que se deben reducir de modo general los gastos sin decir cómo y en qué contexto, entonces tendría que decir que al igual que yo debería ponerme de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores antes de hablar sobre cuestiones de su incumbencia, el Ministro de Asuntos Exteriores se debería coordinar con el Ministro de Agricultura para hablar sobre cuestiones de política agrícola. Pero no sé qué es lo que ha dicho al respecto. Por ello, no puedo comentarlo ahora. Hablaré con él sobre el tema.
Para finalizar, sólo unas palabras para que quizás se recapacite. No puedo decirlo por los demás países de los Estados miembros de la Unión Europea -pues no tengo la experiencia para ello-, pero sí puedo decir por Alemania y todos sus Estados federados que casi independientemente -digo conscientemente «casi»- de qué instrumentos y puntos centrales hemos aplicado en la agricultura- desde el final de la guerra, es decir, en los últimos 50 años tenemos una tasa de abandonos en la agricultura del 3 % como media. Es notable que se ha producido en los últimos 50 años. Esta es exactamente una tasa de abandonos que coincide con el desarrollo de la productividad en la agricultura. La ciencia ya lo ha analizado y nos da unas respuestas relativamente claras. No lo quiero decir muy abiertamente, pero se me plantea la pregunta de si no tenemos que tomar nota de que paralelamente a la tasa de productividad, no experimentaremos necesariamente una transformación estructural con abandono de explotaciones en la agricultura mientras la economía sea la base de la política agrícola, añado yo. Para mí sería inimaginable que la economía ya no fuese la base de la política agrícola. Si no la tuviésemos como base, la consecuencia sería un gran derroche de recursos. Pero quizás deberíamos debatir algo más sobre este tema ante la opinión pública.

Fischler
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, Señorías, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en este debate. Creo que hoy hemos mantenido un debate constructivo, incluso ejemplar y espero que despierte la atención pública.
Respecto a las numerosas preguntas relacionadas con enmiendas determinadas, quiero recordar lo que ya he dicho esta mañana, que estoy dispuesto a distribuir una lista de la que se puede extraer qué enmiendas son aceptables para la Comisión. Además, he prometido ser breve en mi intervención final y quiero respetar la promesa.
El orador anterior ha tocado acertadamente el tema cuando hablamos de la competitividad de la agricultura europea. Tiene que ser competitiva en un sentido doble. Primero: nuestros productos tienen que ser competitivos y sólo pueden serlo si dedicamos a la calidad más atención que hasta ahora, si sabemos llevar a la práctica la nueva idea de calidad de nuestros consumidores y sobre todo si sabemos tener debidamente en cuenta la fortaleza de la agricultura europea que, como se sabe, se encuentra en el procesamiento de las materias primas agrícolas en productos finales de alta calidad.
La competitividad de la agricultura europea significa también que las prestaciones que van más allá de la producción de productos agrarios, tienen que ser valoradas económicamente e integradas en nuestro sistema de economía de mercado.
Se ha hablado mucho de hasta qué punto la política agrícola debe ser política social. Debemos ser realistas. La política agrícola debe tener una dimensión social pero no debe ser una mera política social. Sería realmente equivocado. La cuestión es cómo podemos lograr en el futuro unas distribuciones razonables, de modo que no se produzca otra vez una distribución descompensada como la actualmente famosa de 80 a 20.
En lo que se refiere a la política de medio ambiente, quiero recordar de nuevo sobre qué principio hemos basado nuestras consideraciones. No se trata de la cuestión de la importancia del medio ambiente dentro de la Política Agrícola Común sino de que en el futuro la concesión de los llamados pagos compensatorios -como se llaman hasta ahora- deben estar relacionados con el medio ambiente. Cualquier agricultor que quiera reclamar créditos públicos del presupuesto comunitario, debe respetar al menos las buenas prácticas agrícolas. Sobre la definición que se haga en función del sistema de producción, del área climática, etc. tenemos aún que discutir.
También creemos que las prestaciones que vayan más allá deben remunerarse separadamente, si bien deben ser voluntarias. No queremos introducir por la puerta trasera de nuevo una economía dirigida en Europa.
Con ello llego a la cuestión de la financiación. Al contrario de lo que se ha afirmado repetidamente, la Comisión no ha realizado una propuesta de cofinanciación sino que en el marco de su informe sobre recursos propios solamente ha mostrado posibilidades con las que se podría alcanzar un equilibrio mejor entre las aportaciones de los diversos Estados miembros. Es fundamentalmente de la incumbencia de los Estados miembros decir a cuál de estos modelos de financiación quieren dar preferencia, por lo que creo que aquí es necesario primero realizar una aclaración de fondo antes de que este acuerdo político se refleje del modo correspondiente en los textos jurídicos.
Pero, como sus Señorías saben, entretanto han surgido otras consideraciones, como la de los llamados modelos de estabilización, que son acreedores a un estudio. Estamos dispuestos a llevar a cabo los correspondientes estudios, pero una cosa debe quedar clara: independientemente del modelo que empleemos, sin la correspondiente financiación compensatoria para los cambios que se produzcan en la política de precios, no estaremos en situación de lograr un acuerdo entre los Estados miembros, o como se dice en Viena: «Sin dinero no hay música». De lo que realmente se trata es de poner a disposición los créditos reconocidos como necesarios, pues sólo así se podrá realizar una reforma razonable.
Para finalizar, quiero recordar una cosa: no olviden que en todos los lugares en que se trata de remunerar aquellas prestaciones que se van a colocar en el futuro en el marco del desarrollo rural, ya existe la cofinanciación y va a proseguir. Es decir, cuanto más impulsemos el desarrollo rural y marchemos en la dirección de reconocer la importancia económica de las prestaciones medioambientales y similares, tanto más se producirá automáticamente la cofinanciación, pero de una forma en la que la cohesión no se vea arrollada.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar el día 28 de enero próximo a las 9.00 horas.

Producciones biológicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes preguntas orales:
B4-0719/98 de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, al Consejo, sobre los regímenes relativos a la producción biológica (producción animal); -B4-0720/98 de la Sra. Barthet-Mayer, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión, sobre el reglamento relativo a la producción biológica (producción animal).
Barthet-Mayer
Señor Comisario, señor Presidente, como ponente de la Comisión de Agricultura para la cuestión de la ampliación del reglamento 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, les recuerdo que hemos logrado un consenso muy amplio en este Parlamento sobre el texto en cuestión. Para satisfacción de los diputados, la Comisión ha aprobado un número importante de enmiendas y las ha integrado en su propuesta modificada.
En 1998, las versiones sucesivas del texto a debate en el Consejo han terminado desafortunadamente por desembocar en una deriva importante. Ésta es la razón de mi doble pregunta oral, hoy, para alertar a la Comisión y al Consejo en nombre de la Comisión de Agricultura, y doy las gracias a mis colegas de la Comisión de Agricultura por su confianza y apoyo en una actuación que recoge sus preocupaciones.
Esta deriva tiene relación con tres puntos. En primer lugar, prolongaciones importantes de los períodos transitorios de conversión. No hacen falta 15 años para reducir el número de aves en una nave. En segundo lugar, una inflación de los regímenes derogatorios, que podrían terminar por desnaturalizar la propuesta. Así ocurre por ejemplo con el punto sensible de la alimentación, que en principio ha de ser íntegramente biológica en ese tipo de producción y para la cual la propuesta de la Comisión constituye ya en sí una excepción suficiente, ya que propone la alimentación biológica en un 90 %. Finalmente, se constata una introducción progresiva de las normas y umbrales que van mucho más lejos que la propuesta de la Comisión. Este reglamento corre el riesgo de convertirse en una especie de reglamento trastero que autoriza la intensificación en agricultura biológica, un verdadero sin sentido en esta materia.
Al conocer los desafíos económicos vinculados al atractivo reciente de los consumidores para este sector de producción en la UE y vinculados también al potencial de exportación para el futuro, yo debía reaccionar para alertar a los legisladores contra el riesgo interno que resultaría de un reglamento poco sólido, poco coherente y que presenta riesgos de distorsión de competencia en función de las interpretaciones nacionales y regionales y métodos de control, diferentes y en absoluto armonizados.
Alerta también en relación con el hecho de retrasar de nuevo la aplicación de un reglamento completo con el riesgo de ver que se imponen en la Unión Europea, pionera en este ámbito, sólo los planteamientos generales del Codex alimentarius , cuyo texto está debatiéndose en este momento, con lo que ello implica también en el ámbito de la naturaleza misma de las importaciones de países terceros.
Como en otros sectores agrícolas, en ausencia de una propuesta común fuerte, la Unión Europea correría el riesgo de quedar debilitada posteriormente en el seno de la OMC que sabe que el debate continúa en Estados Unidos para tratar de imponer a la agricultura biológica los OGM, la utilización de los lodos de origen urbano, la irradiación de los alimentos, incluso las hormonas naturales. Todo ello sigue estando muy alejado de nuestra concepción europea. La agricultura biológica ha de seguir siendo el signo de calidad más exigente, el más estricto y el más controlado, en beneficio tanto de los productores como de los consumidores que lo desean. Se trata de una actuación voluntaria y cada cual es libre de adherirse a ella o de irse a otro tipo de producción de calidad.
En consecuencia, pido a la Comisión que se mantenga firme en su propuesta, incluso que la retire si se viera demasiado desnaturalizada por el Consejo. Pero me atrevo a pensar que no será necesario llegar a ello. Y pido también, con mucha esperanza al Consejo que revise en profundidad esta propuesta, sabiendo que estamos claramente de acuerdo con su propuesta del pasado mes de diciembre, la cual establece los principios de la ganadería biológica. Pero reiteramos muy firmemente nuestra solicitud de revisión del texto del Consejo y esperamos, tal como el Sr. Funke nos ha dejado entender esta mañana, que la presidencia en ejercicio sabrá oír la voz conjunta del Parlamento y de la Comisión.
Por favor, señor Comisario, por favor, señor Presidente, no pongan en práctica una agricultura biológica a la baja.

Funke
Señor Presidente, Señorías, señora diputada, como sabrá, en el Consejo de Agricultura nos hemos ocupado de este tema los días 14 y 15 de diciembre y nos hemos puesto de acuerdo sobre las líneas maestras, si bien también hemos presionado en su sentido para que en la primavera de este año se llegue lo antes posible a una aprobación, pues en el Consejo se ha visto la necesidad de ello.
Actualmente no podemos aún decir qué texto legal, qué texto de reglamento se va a presentar. Hay que esperar, pero la opinión del Consejo ha sido que necesitamos una clara delimitación entre lo que es ecológico y lo que es convencional, aspecto al que usted se ha referido. Comparto aquí plenamente su opinión. Pero, por otro lado, tenemos que proceder con la necesaria flexibilidad y ponderación a la hora de regular las cosas. Flexibilidad también para hacer posible el cambio a aquellos que quieren dedicarse a una ganadería ecológica y facilitarles ese cambio. Por ello, hemos discutido entre otras cosas sobre los correspondientes plazos de adaptación. Una de las partes ha exigido quince años. Si recuerdo bien, nos hemos puesto de acuerdo en doce años. Sé que se ha producido un debate muy intenso y espinoso sobre estos doce años y que -usted sacude la cabeza pensativamente- se pueden defender también plazos más cortos. Pero, por otro lado, sabemos también que precisamente proveniente de la práctica se expresó el deseo de plazos de transición más largos. Le puedo asegurar que, de conformidad con sus deseos, vamos a llegar a una rápida aplicación y examinar de nuevo con gran rigor la precisión de la delimitación.

Fischler
Señor Presidente, Señorías, tal como ya ha indicado el Sr. Funke, en los debates del Consejo ha habido diversos problemas con la propuesta que ha presentado la Comisión tras ser tratada aquí en el Parlamento. ¿Cuál es en si el problema principal? El problema principal a la hora de tratar la propuesta consiste sobre todo en que algunos de los elementos de la misma no se pueden llevar a cabo sin más en todos los Estados miembros. Por ello, ha surgido un debate sobre excepciones transitorias para poder aproximar las normas que existen actualmente en la mayoría de los Estados miembros al futuro derecho comunitario.
Algunas de las enmiendas se refieren sobre todo a la procedencia de los animales, ya que éstos o sus alimentos pueden tener una procedencia convencional. No debemos olvidar que hay toda una serie de Estados miembros en los que hasta ahora apenas se practica una agricultura ecológica. Tenemos que dar a estos Estados la oportunidad de poder empezar con ella si así lo desean. Este es el motivo de que se quiera introducir aquí una disposición transitoria.
Quiero subrayar además que la armonización solamente puede avanzar paso a paso, sobre todo cuando la correspondiente ganadería ha estado regulada por normas nacionales o regionales. Para solucionar este problema se han propuesto asimismo determinadas enmiendas. Se refieren sobre todo al atado de los animales y a los requisitos de las superficies de que debe disponer cada animal para tumbarse o andar al aire libre.
No olvide que precisamente en las explotaciones pequeñas, durante siglos la forma normal de mantener el ganado ha sido atado y si un ganadero tiene su explotación en el medio de un pueblo no siempre es sencillo disponer de las correspondientes superficies al aire libre. Tampoco debe olvidar que precisamente a las pequeñas explotaciones que hoy son reconocidas como ecológicas se les tendría que retirar tal reconocimiento si no tuviesen un corral donde los animales pudiesen andar. Aquí tenemos que estar dispuestos a encontrar un compromiso.
Para finalizar, quiero indicar que las normas de excepción siempre están previstas para un período transitorio, por lo que esto no representa ninguna innovación. Tales disposiciones existen, por ejemplo, para simientes y plantones o para los ingredientes convencionales en los alimentos orgánicos. En lo tocante al proceder posterior, sólo quiero aclarar que la Comisión está dispuesta a defender su propuesta y, si es necesario, también a justificar porqué son necesarias provisionalmente ciertas excepciones.

Rehder
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, los social-demócratas en el Parlamento Europeo estamos muy satisfechos de que haya realizado estas aclaraciones. Estamos muy satisfechos de que haya triunfado el sano sentido común. Naturalmente, en el hermoso Tirol, en el casi tan hermoso Allgäu y en la también hermosa Baja Sajonia cae nieve, por lo que hay que llevar las vacas al establo.
Todo esto -usted sabe que defiendo a la Comisión y al Consejo en las cuestiones importantes- ha sido objeto en mi región de oportunistas propagandistas durante la campaña electoral. Se ha dicho que se va a prohibir la soga en los establos. Todo esto ha hecho que se critique de nuevo a los malvados «eurócratas». Me alegra que esto haya desaparecido y que el sentido común se haya impuesto en Europa. Muchas gracias, así podremos ocuparnos por fin en apoyar una producción razonable.

Ebner
Señor Presidente, señor Comisario, señor Presidente del Consejo, los agricultores que producen biológicamente han sido calificados en numerosas ocasiones como marginales y creo que si la cosa sigue así, lo seguirán siendo. Hay que crear condiciones marco para que no sigan siéndolo, si hacemos caso omiso de los ideólogos. Señor ministro, la flexibilidad, tal como la ha expuesto usted, es correcta, necesaria y razonable, pero la flexibilidad debe apuntar en la dirección correcta y no ser ninguna medida proteccionista para las grandes explotaciones industriales que quieren mantener producciones que aunque son económicas, a la postre perjudican la salud del pueblo. Creo que es esto lo que usted quería decir con flexibilidad. Yo al menos así lo interpreto.
Los períodos de adaptación son en mi opinión demasiado largos. Hay que suprimir o no introducir imposiciones sin sentido que dificultan en gran medida la agricultura biológica. Creo que son de enorme importancia y absolutamente necesarias medidas de marketing y de comercialización. Marketing para modificar los hábitos de consumo e iniciativas de comercialización para proporcionar posibilidades de venta a las pequeñas explotaciones.
Hace cuatro semanas, la Cámara de Comercio de Bozen en mi región de Tirol del Sur, nos ha presentado un estudio comparativo entre 1.500 cooperativas en la región alpina, desde Francia hasta Eslovenia, y hemos constatado que aquellas explotaciones que estaban organizadas en estas cooperativas, estaban por término medio en una situación mejor que otras en lo tocante al aseguramiento de las rentas. Como se trata fundamentalmente de pequeñas explotaciones, sería necesario que en este ámbito se fomentasen más las cooperativas. Si no dispone de dicho estudio, se lo puedo entregar gustosamente.
En Austria hemos constatado que casi el 20 % de la producción actual proviene de zonas de producción ecológica. Creo que esta es la vía correcta. Una ventaja para nuestros consumidores, para la salud, una mejor extensificación de las superficies y creo que una perspectiva de futuro para agricultores jóvenes, además si tenemos en cuenta que la edad media de la gente que trabaja en la agricultura es de 55 años.

Mulder
Señor Presidente, en cuanto al tema de esta tarde, estamos todos de acuerdo que entre los consumidores existe una creciente demanda de productos orgánicos. Para los productos de origen vegetal existe ya una normativa europea y existe una definición que prácticamente todo el mundo conoce. En cuanto a los productos animales todavía nos falta mucho. Es muy importante que limitemos al máximo las excepciones a las normas. Si existen excepciones, creo que el consumidor podría perder toda la confianza y, además, se producirían situaciones de competencia desleal. Creo que la oferta del Sr. Funke, que acaba de decir que deberíamos volver a estudiar algunas de estas cuestiones para la primavera, está muy bien.
Con toda seguridad, no todos los países podrán empezar en el mismo momento. Pero eso tampoco es lo esencial. De lo que se trata es que podamos vender algo al cliente que responda a las expectativas y que cumpla con determinadas normas de producción orgánica. Otros países podrán apuntarse más tarde. Lo fundamental es que el consumidor pueda estar seguro de que existe una definición determinada que corresponda a sus expectativas, y que los productores sepan para qué producen. Esa es la cuestión. Cualquiera que no encuentre esas respuestas, ni comprará esos productos, ni los producirá tampoco. Nuevamente, aguardamos con interés hasta la primavera.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, la historia del Reglamento sobre los cultivos biológicos comienza en 1992. Los primeros debates desembocaron en el reglamento sobre el sector del cultivo de plantas. A continuación, el Parlamento acordó y la Comisión se comprometió a que un año después seguiría el sector ganadero. Nos encontramos en 1999 y es cierto lo que ha dicho antes el Presidente del Consejo que lo que hay que hacer ahora es aprobarlo. Pero, señor Funke, no anteponga las prisas a la calidad ahora que ya hemos esperado tanto.
¿Cuál es la situación? El procedimiento legislativo está tan avanzado que el Parlamento ha emitido ya su dictamen. La Comisión ha recogido algunas enmiendas del Parlamento. Esta propuesta con las enmiendas modificadas del Parlamento solamente las puede rechazar el Consejo unánimemente si la Comisión insiste en su propuesta.
Me voy a referir a dos puntos, el atado del ganado y la ingeniería genética. El atado de ganado no se menciona en absoluto en la propuesta de la Comisión. Es decir, este aspecto debería introducirse a posteriori y la Comisión debería mostrar disposición al compromiso para que se tenga en cuenta esta problemática, ya que falta totalmente en el caso de los terneros y vacas. Estoy a favor de no apostar por una protección exagerada de los animales que, en lo esencial, no tiene nada que ver con una cría de ganado conforme a la especie. También es posible una cría conforme a la especie atando al ganado, si bien se deberían realizar aquí unas especificaciones exactas. No se debe echar lo bueno y lo malo en el mismo saco.
En lo tocante al empleo de organismos modificados genéticamente, la base es diferente. La Comisión recogió la propuesta de que en este reglamento, es decir, en el de los cultivos biológicos, no queremos el empleo de organismos modificados genéticamente. Es decir, una prohibición. Hay una prohibición de empleo de organismos modificados genéticamente y así debe seguir.
Pero ahora viene el problema: ¿qué se va a hacer con los organismos posiblemente contaminados? En el caso del atado del ganado estoy a favor de una actitud moderada, pero aquí soy estricto, pues si permitimos la contaminación y permitimos después en el Reglamento sobre los novel food un cierto porcentaje que no tiene que ser indicado, entonces se permite por la puerta trasera el empleo de organismos modificados genéticamente y si en un control se constata que se contienen tales organismos, perderemos nuestros mercados. Ruego que se proceda aquí muy concienzudamente. Además, la cuestión de la contaminación depende también de qué se va a hacer en los ensayos de liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, para que no se contaminen otras superficies. Señor Comisario, le ruego que tenga a este respecto una actitud estricta. Depende de usted. Si no busca el compromiso con el Consejo, éste no podrá hacer nada. Posiblemente, aplazaremos el asunto de nuevo, pero entonces no se debe dar preferencia a las prisas sino que la calidad tiene que estar en primer plano.

Souchet
Señor Presidente, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones ha cofirmado el proyecto de resolución común sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, ya que la propuesta de la Comisión es demasiado laxista. Ésta prevé demasiados supuestos de excepción y está en contradicción con el rigor de los pliegos de condiciones nacionales fijados por una serie de Estados miembros, entre ellos Francia. Incluso si en la última versión revisada está previsto que los Estados miembros puedan mantener disposiciones nacionales más exigentes que las que fueran prescritas a nivel europeo, sólo podemos temer una nivelación por abajo.
Somos conscientes en nuestro grupo de las oportunidades que pueden aportar a la agricultura de los Estados miembros las producciones biológicas de origen animal. El consumidor, después de la concienciación en torno a la EEB y a los OGM, desea un nivel de seguridad alimentario que las producciones biológicas están en condiciones de garantizarle.
El Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, antes de cofirmar la resolución común, ha exigido la incorporación de una serie de puntos que considera esenciales. Los supuestos de excepción han de quedar estrictamente limitados sólo a las producciones que sufran como imposición exterior unas condiciones climáticas extremas y excepcionales. Los regímenes transitorios han de quedar limitados en el tiempo, con el fin de permitir que los productores adapten sus sistemas de producción a las normas europeas más estrictas que las de su pliego de condiciones.
Al tener que determinar, el Codex Alimentarius , desde finales de junio de 1999, unas reglas relativas a la producción, al etiquetado y a la colocación en el mercado de los productos biológicos, la Unión ha de adoptar una posición clara que incorpore normas estrictas. Finalmente, con respecto al etiquetado, nuestro grupo se ha opuesto a la creación de un logotipo europeo único para los productos biológicos como desearían algunos. Al ser el nivel de los pliegos de condiciones nacionales diferente, el logotipo europeo único hubiera sido para el consumidor una fuente de confusión y hubiera provocado una nivelación por abajo de las cualidades sanitarias de los productos biológicos de origen animal.
Los Estados Unidos, en su legislación nacional, han tratado de autorizar la incorporación de OGM en los alimentos para animales destinados a la producción biológica. Los consumidores americanos han conseguido que se retire esta propuesta y nuestro grupo se alegra por ello. La agricultura biológica, mediante las obligaciones que impone en materia de pliegos de condiciones y de rastreabilidad de los productos, representa una oportunidad interesante para algunos productores. Constituye uno de los medios para vincular estrechamente la agricultura al territorio y permitir una diferenciación de los precios agrícolas a un nivel superior al estándar de los precios mundiales. Esta doble oportunidad, señor Presidente, no ha de abandonarse en beneficio del planteamiento puramente mercantil que adoptan algunos Estados miembros frente a la producción biológica.

Pinel
Señor Presidente, hoy coexisten dos agriculturas: la que responde a las exigencias de las multinacionales de dominio americano que reparte venenos en suelos y alimentos, la que por primera vez en la historia pretende patentar seres vivos y modificar el patrimonio genético, la que pretende comercializar semillas no reproducibles, la que multiplica desde hace 50 años los diferentes tipos de cáncer y que, a golpe de pesticidas, herbicidas y fungicidas, ha dividido por dos la espermatogénesis humana, y después hay otra agricultura, campesina, tradicional, que respeta el empleo, el medio ambiente y la salud humana, pero que ha sido sistemáticamente marginada por los grupos de presión hasta su mismo nombre de biológica, término ambiguo y opaco para el gran público.
El Frente Nacional, por su parte, prefiere hablar de agricultura tradicional y natural y elige esta agricultura que ha dado forma a nuestra civilización a lo largo de milenios. Los agricultores son las primeras víctimas de los métodos químicos. Los socialistas son los primeros cómplices de este sistema, ellos que no conceden, en Francia por ejemplo, más que 100 francos por explotación y por año para la conversión en agricultura biológica. Para la primera nación agrícola de Europa, frente al desafío de un mercado en plena expansión esto es ridículo. Los consumidores quieren algo más que vacas locas, hormonas y OGM, sustancias todas que hemos de prohibir. Frente a los desafíos de la contaminación, del apilamiento urbano, de la destrucción del mundo rural, la agricultura biológica sólo aparece como esbozo en la Agenda 2000 y esto es inaceptable.
¿Qué hacer entonces? En primer lugar, es preciso reforzar los medios dedicados a la conversión.
En segundo lugar, oponerse a cualquier nivelación por abajo, oponerse a cualquier supuesto de excepción que ponga en peligro la calidad y la credibilidad de los sectores agrobiológicos, sean cuales sean. Las normas francesas sobre la materia son excelentes, no las pongamos en duda. ¡No a la agricultura biológica rebajada!
En tercer lugar, es escandaloso que en 1999 unos productos que garantizan el empleo, la preservación del medio ambiente y la salud pública tengan la misma imposición que unos productos negociados, hormonados, procedentes de métodos químicos, transgénicos, dramáticamente destructores de los consumidores y del medio natural. Es necesaria una fiscalidad y un IVA del 0 % a favor de la agricultura biológica.

Hardstaff
Señor Presidente, el Reino Unido va a la zaga de la mayoría de los países de la Unión Europea en la producción de alimentos orgánicos. En la actualidad se reconoce como alimento orgánico apenas un 1 % de nuestra producción agrícola. Sin embargo, la demanda de estos productos ha crecido vertiginosamente en los últimos años, y no solamente debido a la crisis de la EEB. Nuestros supermercados, sencillamente, no pueden dar abasto para satisfacer la creciente demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores, incluso aunque recurriéramos a otros Estados miembros para compensar nuestro déficit.
La demanda está ahí, y los consumidores están dispuestos a pagar precios elevados por lo que consideran un producto más saludable y de mayor calidad. A pesar de todo ello, el período transitorio para los agricultores que adoptan la producción orgánica es a menudo extremadamente difícil, ya que han de afrontar unos costes extraordinarios durante varios años, antes de que sean admitidos plenamente como productores orgánicos, que es cuando se les permite establecer precios más elevados. Y, por otra parte, los consumidores tienen derecho a saber que están pagando más por un producto verdaderamente orgánico.
Al igual que otros diputados, también yo desearía solicitar a la Comisión y al Consejo que emprendieran urgentemente acciones para lograr la aplicación de las medidas de promoción de la agricultura orgánica de acuerdo con la recomendación de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha contado con una portavoz tan elocuente en esta cuestión como es la Sra. Barthet-Mayer.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, Señorías, voy a ayudar a ahorrar algo de tiempo. Creo que podemos afirmar que con el nuevo reglamento ecológico de la UE, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha dado unos pasos importantes hacia delante en algunos aspectos esenciales. El Gobierno alemán ha encontrado unos compromisos aceptables para lograr, en especial, desde una perspectiva nacional, objetivos centrales como la explotación de ganado, alimentos para animales y medicina veterinaria. Valoro este paso intermedio como una primera reacción. Es una base aceptable para lograr unas condiciones marco duraderas en la industria transformadora en el sector ecológico. Varios oradores lo han considerado como algo que es ya más que necesario. Ahora es posible concluir la modificación del reglamento ecológico de la UE bajo la Presidencia alemana dentro del primer semestre de 1999.
Tengo que plantear una pregunta sobre la marca de control. Quizás no esté bien informado. ¿Debemos tener ahora a nivel nacional todas las diversas marcas de control e independientemente de ello una a nivel de la UE, tal como el Sr. Mulder ha pedido ya en una ocasión en su informe? Creo que sería de ayuda tener aquí una respuesta suya. Pero quizás figure ya en el texto. ¿Va a haber una marca de control unitaria a nivel de la UE o varias diferentes a nivel nacional?

Fischler
Señor Presidente, Señorías, Señor Presidente, sólo quiero contestar muy brevemente a dos preguntas. A la pregunta de la Sra. Keppelhoff-Wiechert: la Comisión está trabajando en el desarrollo de un logotipo a nivel europeo, tal como se exige en la resolución.
En segundo lugar, sobre los organismos modificados genéticamente. Para nosotros no supone ningún problema y estamos a favor de no permitir su empleo. Pero tal como ha dicho acertadamente el Sr. Graefe zu Baringdorf, hay un problema con la contaminación. Queremos actuar aquí también tan restrictivamente como sea posible, por lo que no hablamos simplemente de contaminación sino de contaminación inevitable. De todos modos, esto tiene aún que perfeccionarse para que no se puedan poner excusas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Fischler.
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0004/98). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.
Señorías, doy la bienvenida al Sr. Verheugen, a quien deseamos la mejor colaboración durante estos días en que vamos a disfrutar de su compañía.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 1 y 2 se contestarán conjuntamente.

Pregunta nº 1 formulada por Patricia McKenna (H-1172/98): Asunto: Convenio sobre asistencia jurídica mutua e intercepción legal de telecomunicaciones
¿Querría el Consejo informar sobre los resultados del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores del 3-4 de diciembre de 1998 con particular referencia a lo debatido en torno al Proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua, y su correspondiente protocolo, y a todo debate o conclusiones alcanzadas sobre la intercepción legal de las telecomunicaciones (ENFOPOL 98, 10951/98, y 10951/1/98 REV 1 que modifica la Resolución del Consejo del 17 de enero de 1995 - ENFOPOL 87), así como a cualquier debate en curso que esté teniendo lugar en el Comité K4 y entre sus componentes?
¿Cómo puede el Consejo justificar el secreto y falta de consulta que rodea a estas iniciativas, siendo que de todos modos los documentos acaban siendo públicos y que el único resultado es la falta de debate democrático, ya sea en el Parlamento Europeo o en los parlamentos nacionales?
¿Por qué no debaten los Estados miembros este tema abiertamente por adelantado antes de llegar a acuerdos en el «grupo de veinte» países, ya que se trata de medidas cruciales de enorme alcance, con gran impacto potencial sobre el terreno de la privacidad? ¿De qué recurso jurídico exacto dispone el ciudadano si desean oponerse a estas normas que pudieran violar los derechos consagrados en los Tratados, o a las decisiones que se tomen bajo esas normas?

Pregunta nº 2 formulada por Inger Schörling (H-1236/98): Asunto: ECHELON
En un debate del Parlamento Europeo el 14 de septiembre se examinó, entre otras cosas, el sistema de vigilancia ECHELON. La Comisión afirmó que no tiene conocimiento de la existencia de ECHELON. En relación con esto, sería útil recibir información de lo que se trató en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 3 y 4 de diciembre de 1998, especialmente en lo que se refiere a la escucha y vigilancia de la telecomunicaciones y su relación con ENFOPOL 98, 10951/98 y 10951/1/98/REV 1 que modifican la resolución del Consejo de 17 de enero de 1995 .
¿Por qué el Consejo no considera adecuado discutir abiertamente estas cuestiones con el Parlamento Europeo, especialmente si se tiene en cuenta que estas cuestiones afectan a la vida privada de las personas y que los acuerdos a los que se llegue pueden ser directamente contrarios a las legislaciones de los Estados miembros?
Señor Verheugen, le propongo que responda usted conjuntamente a las preguntas de las Sras. McKenna y Schörling. Tiene usted la palabra y bienvenido otra vez.

Verheugen
Señor Presidente, voy a responder a la pregunta del modo siguiente: en sus respuestas a preguntas sobre este tema, el Consejo ya ha subrayado en varias ocasiones -sólo puedo repetirlo- que nunca se ha encargado al Consejo que se ocupe de cuestiones sobre el asunto al que se refiere la Sra. diputada en esta nueva pregunta. Ruego, por ello, a la Sra. diputada que comprenda que el Consejo no esté en situación de dar una respuesta al respecto.
Por lo demás, indico que con la intercepción de las telecomunicaciones, que es de lo que se trata en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, se sigue el objetivo de fomentar la cooperación internacional y controlar de este modo el crimen organizado. Con este tipo de intercepción no se persiguen otros objetivos que la lucha contra el crimen organizado.
Me permito añadir que las preguntas de la Sra. diputada están relacionadas con la intercepción de las telecomunicaciones con el objetivo del esclarecimiento de actos delictivos.Los gremios competentes del Consejo se están ocupando actualmente de un proyecto de resolución sobre nuevas tecnologías que, por un lado, debe verse en relación con la resolución del Consejo del 17 de enero de 1995 sobre la intercepción legal de las telecomunicaciones, por otro, con las deliberaciones sobre la intercepción de las telecomunicaciones en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales.
En la resolución del año 1995 se exponen de modo resumido las necesidades de las autoridades competentes en lo tocante a ejecutabilidad técnica de la intercepción legal de los modernos sistemas de telecomunicaciones. Hay que indicar que esta resolución no se ocupa del fundamento jurídico de la autorización e intercepción sino exclusivamente de los requisitos técnicos para las autoridades encargadas de realizarla sobre la base de una autorización válida.
La resolución del año 1995 se aplica en principio a los sistemas presentes y futuros de telecomunicaciones. Ante los continuos progresos logrados en la tecnología de las telecomunicaciones se está sin embargo recapacitando sobre si no se debe aclarar una serie de puntos, en especial, los relativos a las telecomunicaciones por satélite e Internet. Con esta propuesta de resolución se persigue precisamente el objetivo de realizar las necesarias aclaraciones.
En lo que se refiere al proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, tanto los especialistas como el mismo Consejo han examinado concienzudamente la posible inclusión de normas relativas a la intercepción de las telecomunicaciones con la finalidad de combatir el crimen. Los sistemas tradicionales de telecomunicaciones trabajan dentro de un único Estado, por lo que se parte del hecho de que la intercepción de las telecomunicaciones solamente puede tener lugar es ese Estado. Para los nuevos sistemas que funcionan a través de satélite, no son aplicables estas limitaciones técnicas. Por ello, son necesarias nuevas formas de cooperación.
En las deliberaciones en curso, se trata de una serie de cuestiones políticas muy sensibles. Estas deliberaciones se refieren además a cuestiones técnicas muy complejas.
Por supuesto, en este marco se debe conceder a los aspectos relacionados con los derechos humanos la atención que se merecen, en especial, a las disposiciones pertinentes del Convenio Europeo sobre la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
En su reunión del 3 y 4 de diciembre de 1998, el Consejo ha examinado las cuestiones políticas más difíciles. Estas cuestiones se referían a casos de intercepción con la finalidad de aclaración de delitos, facilitando técnicamente a un Estado la intercepción de un objetivo en otro Estado sin que este Estado prestase un apoyo técnico.
Una amplia mayoría de Estados miembros ha defendido la opinión de que el Estado en el que se encuentre el objetivo debería ser informado en estos casos y debería estar en situación de exigir que la intercepción no se realice o se interrumpa. Remitiéndose a la seguridad nacional, un Estado miembro se ha pronunciado en favor de prever excepciones.
Se han tratado también algunos otros aspectos, en especial la cuestión de hasta qué punto debe poder pedir el Estado en que se encuentra el objetivo que se destruya material ya recogido. En este contexto, hay que aclarar sobre todo la cuestión de si una mera información del Estado en que se encuentra el objetivo es suficiente o si este Estado debería ordenar la vigilancia en el marco de la asistencia jurídica según su situación jurídica.
Esta cuestión es de importancia pues una mera obligación de información conduciría a que se debiese configurar la técnica de tal modo que las personas en el territorio de su propio Estado pudiesen ser vigiladas desde otros Estados.

McKenna
De lo que estamos hablando aquí es de obligar a Internet a introducir los mecanismos necesarios para permitir a la policía entrar por la puerta de atrás. Si se materializaran estos planes, ENFOPOL podría controlar prácticamente cualquier modalidad de comunicación, lo cual supondría una flagrante violación del derecho a la vida privada de las personas y de las libertades ciudadanas fundamentales.
Existe un documento interno del Consejo que debía someterse a debate. Se ha introducido en Internet en alemán. En aras de la transparencia, este documento ha de estar disponible en todas las lenguas para que la gente pueda ver lo que pasa en estas reuniones del K4. A pesar de que intentan justificar esta medida, ustedes no mencionan cuáles serían las consecuencias o las repercusiones económicas para los proveedores de servicios de Internet de la introducción de estos mecanismos. Se les va a pedir que lo paguen ellos, para que la policía pueda, sin órdenes judiciales ni justificantes -y armados de este insulso documento suyo-, decir que actúa para combatir la delincuencia. Necesitamos apertura, hemos de saber qué es lo que ocurre. Se debe mantener informado al Parlamento, y los Estados miembros han de entablar este debate para permitir a los ciudadanos de los Estados miembros saber lo que pasa antes de que sea demasiado tarde.

Verheugen
Estimada colega, indico de nuevo que con la intercepción de las telecomunicaciones de que se habla en el marco del proyecto de Convenio sobre Asistencia Jurídica en Asuntos Penales, se persigue el objetivo de fomentar la cooperación internacional para controlar de este modo el crimen internacional.
Con este tipo de vigilancia no se persigue ningún otro objetivo que el de combatir el crimen organizado.

Schörling
Quisiera preguntar si el representante del Consejo tiene algún comentario respecto a la filtración de anotaciones o protocolos del Comité K4, en las que se menciona que la estructura general del sistema global de escuchas, según los planes de la UE y el FBI, va a quedar fuera del tercer pilar. Esta es una información bastante interesante. Podría suceder que la discusión no se realizase en el propio Consejo, sino fuera de él, por ejemplo en el Comité K4 o en otros comités o grupos de trabajo.
La pregunta, sin embargo, continúa siendo la misma: ¿Por qué considera el Consejo que no es adecuado discutir abiertamente estos asuntos con el Parlamento Europeo, especialmente en consideración a que estos temas atañen a la vida privada de las personas y a que los eventuales acuerdos que se alcancen podrían estar en contradicción con las legislaciones nacionales de los países miembros? Queremos que se dé respuesta a esta pregunta.

Verheugen
Comprendo plenamente las preocupaciones de la Sra. diputada y puedo decir al respecto que el Consejo se toma muy en serio dichas preocupaciones. Pero aún no han concluido los debates a los que usted se ha referido. Por ello, aún no se dispone de los resultados que usted ha mencionado.
Si el Consejo llegase a resultados, se hará naturalmente todo lo necesario para garantizar los derechos del Parlamento y también para proporcionar a los Estados miembros la posibilidad -que tendrán también antes en el proceso de debates- de exponer su opinión jurídica y velar porque no se afecte negativamente a las cuestiones básicas de la cultura jurídica en la Unión Europea.

Sjöstedt
Tengo dos preguntas complementarias. La primera de ellas se relaciona con la resolución de 1995 sobre escuchas lícitas de telecomunicaciones. Mi pregunta es: ¿Qué tipo de colaboración existe en esta materia con EE.UU. y con otros países que no son miembros de la UE? Ya hay en EE.UU. una legislación parecida.
Mi segunda pregunta se refiere a las escuchas telefónicas ilegales, esto es, al sistema Echelon, que es un sistemas global de escuchas militares que carece de fundamento legal. ¿Se ha discutido alguna vez el sistema Echelon en el Consejo de Ministros y están de algún modo relacionados los sistemas de escuchas legales existentes en el marco de la UE?

Verheugen
Me gustaría responder a la pregunta del Sr. diputado, pero no puedo hacerlo pues está tan alejada de la pregunta originaria que no me he podido preparar. Le ruego que comprenda que responda a estas dos preguntas por escrito.

El Presidente

Pregunta nº 3 formulada por Alexandros Alavanos (H-1174/98): Asunto: Cambios en el sistema de recursos propios de la UE
En el informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios de la UE se incluye una propuesta en virtud de la cual los Estados miembros continuarán desembolsando las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común sobre la base de la legislación comunitaria como hasta ahora, pero en vez de recibir una restitución del 100 % con cargo al presupuesto comunitario, recibirán únicamente una restitución parcial (75 %). Dado que, según los datos de la Comisión, un cambio de este tipo en el sistema de recursos propios no sólo perjudicará a los países de la cohesión y, en particular, a Grecia sino que además socavará los principios básicos y las normas que regulan la Política Agrícola Común, ¿puede confirmar el Consejo que no se han adoptado propuestas que privarán a los países de la cohesión de fondos por un importe de unos 1200 millones de ecus anuales, al mismo tiempo que se mantiene el inaceptable régimen de restituciones de que disfruta Gran Bretaña desde 1984 por un importe aproximado de 1300 millones de ecus anuales?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Alavanos.

Verheugen
Señor Presidente, voy a responder a la pregunta del siguiente modo: las negociaciones sobre la Agenda 2000 han entrado en su fase final y, de conformidad con el compromiso adoptado en la reunión del Consejo Europeo de Viena, concluirán en la reunión que celebrará el Consejo los días 24 y 25 de marzo de 1999. El Sr. diputado comprenderá que el Consejo, mientras duren las negociaciones y no se logre un acuerdo global, no puede hablar sobre aspectos particulares tratados durante las deliberaciones. No obstante, el Consejo puede indicar ya ahora que en la reunión que celebró en Viena se le instó expresamente para que realizase un examen a fondo de todos los elementos y opiniones planteados durante los debates para que se pueda alcanzar un acuerdo general.
Por lo demás, el Consejo Europeo ha pedido a todos los Estados miembros que contribuyan plenamente a lograr un resultado justo, equilibrado y aceptable por todos sobre la base de la solidaridad y de una gestión presupuestaria económica.

Alavanos
Señor Presidente, agradezco al Sr. Presidente su respuesta, aunque no debe ser categórica, porque las negociaciones continúan.
Desearía, más concretamente, preguntar si dicha propuesta de renacionalización esencial de una parte de las subvenciones de la Política Agrícola Común esta aún sobre la mesa de negociaciones. Porque, en las negociaciones, a veces desaparecen algunas propuestas iniciales, otras se añaden, etc. ¿Existe aún la propuesta para la nacionalización de una parte de la política agrícola en el marco de las negociaciones?.

Verheugen
Señor Presidente, señor diputado, la situación es tal que todas las propuestas que se han realizado en el curso del proceso actual, están en la mesa tanto de la Comisión como de los Estados miembros. Una condición previa esencial de la Presidencia alemana ha sido aclarar que ahora, en la fase final de las negociaciones, todas las propuestas se pongan de momento sobre la mesa. Esto no significa que en el paquete que se apruebe al final como compromiso se refleje todo lo que por el momento se encuentra sobre la mesa, pero todas las propuestas que ha realizado la Comisión y que entretanto han llegado de los Estados miembros son parte integrante de las negociaciones que mantiene en estos momentos la Presidencia.
Por lo demás, puedo asegurarle que precisamente para la Presidencia alemana tiene una importancia central la idea de la solidaridad en el marco de la financiación de la Unión Europea y de las decisiones sobre el presupuesto de la Unión Europea.

El Presidente

Pregunta nº 4 formulada por Eva Kjer Hansen, a quien sustituye la Sra. Spaak (H-1176/98): Asunto: Problemas institucionales relacionados con la ampliación
¿Puede indicar el Consejo si los problemas institucionales pendientes de solución en la UE significan, en realidad, que antes del año 2005 no tendrá lugar ninguna ampliación de la Unión? Debe tenerse en cuenta que todavía no existen proyectos concretos en cuanto a las medidas concretas que deban adoptarse en relación con el Protocolo sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea, de conformidad con el cual se reducirá el número de miembros de la Comisión a uno por Estado miembro, a condición de que se modifique al mismo tiempo la ponderación de los votos en el Consejo. Debe tenerse particularmente en cuenta, además, que el año 2000 se nombrará a veinte nuevos miembros de la Comisión para un mandato de cinco años; y que en el artículo 137 del Tratado de Amsterdam se establece que el número de diputados al Parlamento Europeo no debe exceder de 700, aunque en las próximas elecciones se elegirá a 626 diputados para un mandato de 5 años.
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta que ahora atribuimos a la Sra. Spaak.

Verheugen
Señor Presidente, el Consejo indica a la Sra. diputada que no ha entrado aún en vigor el Protocolo sobre las Instituciones, en lo referente a la ampliación de la Unión Europea y que debería constituir la base para un plan de adaptación de los órganos, ya que el Tratado de Amsterdam al que se añade como anexo este Protocolo, no ha sido ratificado aún por todos los Estados miembros. Tan pronto como se hayan depositado en Roma todos los documentos de ratificación, el Tratado y los Protocolos del Anexo al Tratado, que forman parte del mismo, entrarán en vigor el primer día del segundo mes siguiente al que se haya depositado el último documento de ratificación.
Señora diputada, esta frase era incluso en alemán tan incomprensible que prefiero traducirla. Esto significa que si hasta finales de marzo todos han ratificado, entrará en vigor el 1 de junio. Yo mismo he tenido dificultades para comprender esta frase.
En su reunión del 11 y 12 de noviembre celebrada en Viena, el Consejo Europeo estuvo de acuerdo en que la ratificación del Tratado de Amsterdam representa la máxima prioridad. En la reunión de Colonia, el Consejo decidirá cómo y cuándo deberán atacarse estas cuestiones institucionales no reguladas en este Tratado y que tienen que regularse antes de la ampliación. Señora diputada, la importante pregunta planteada por usted debe considerarse en este contexto.
El Consejo recuerda por lo demás que hasta ahora no se ha prometido formalmente una fecha para la conclusión de las negociaciones en curso con los países candidatos a la adhesión. El caso mencionado por la Sra. diputada no se encuentra pues en el orden del día.
En lo que se refiere a la pregunta sobre el artículo 189, el antiguo artículo 137 de los Tratados consolidados, hay que indicar que el número de 700 diputados a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam es válido para el número de Estados que pertenezcan a la Unión en ese momento. Sobre la distribución entre los diversos Estados miembros tras la ampliación, se negociará en el momento oportuno.

Spaak
Señor representante del Consejo, quisiera simplemente señalarle que el Tratado de Amsterdam no resuelve ninguno de los problemas institucionales que recuerda la pregunta de la Sra. Kjer Hansen. Esperar la ratificación del Tratado de Amsterdam me parece un plazo largo, sobre todo para los países que solicitan su adhesión.
Mi pregunta complementaria es la siguiente: ¿Ha iniciado ya el Consejo una reflexión sobre las diferentes propuestas, los diferentes problemas que la Sra. Kjer Hansen recuerda en su pregunta?

Verheugen
Señor Presidente, considero que la pregunta está absolutamente justificada y también comparto la inquietud que subyace a la misma. El Consejo todavía no se ha ocupado en concreto de las propuestas que menciona usted, sino que únicamente ha examinado cómo debe abordarse la solución de las cuestiones institucionales pendientes. La Presidencia alemana del Consejo ha asumido una tarea que, como bien sabe, data de sólo pocas semanas. Esta tarea consiste en preparar una propuesta de procedimiento para la cumbre de Colonia. En este momento nos ocupamos de llevar a cabo los debates necesarios, y ya he declarado en otra de las instancias parlamentarias que en este contexto se tendrá especialmente en cuenta el debate y la opinión del Parlamento, porque a esta institución le corresponde desempeñar un papel especialmente importante en lo que respecta precisamente al desarrollo del carácter institucional de la Unión.
Así pues, durante la Presidencia alemana no podremos ni querremos tomar una decisión sobre cuestiones de fondo de las reformas institucionales, porque primero hemos de atender a las cuestiones de procedimiento. Quisiera subrayar que en nuestra Unión -como sabe usted- alcanzar un acuerdo sobre un determinado procedimiento a menudo ya representa la mitad del acuerdo total.
En relación con la ampliación, quisiera decirle que, a juicio de la Presidencia, hay una coincidencia total en que los asuntos institucionales deben estar resueltos a más tardar cuando se produzcan las primeras adhesiones. La agilización, la decisión sobre los asuntos institucionales, también deseada por la Presidencia, será una señal positiva para los candidatos a la adhesión, y pienso que va en beneficio de nuestros intereses comunes que realmente podamos dar esta señal positiva.

Elliott
Si bien considero que el Presidente en ejercicio nos ha ofrecido una respuesta muy útil y alentadora, es cierto que no ha abordado algunos de los puntos que se mencionan en la pregunta. Soy miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Polonia. El Gobierno polaco ha manifestado que cree que su país estará preparado para la adhesión en enero de 2003. Es posible que no logren cumplir este objetivo, pero, ¿estamos nosotros cerrando efectivamente las puertas a cualquier ampliación por un período de cinco años? Me parece que nos enfrentaremos con serios problemas si la designación de los comisarios a finales de este año se efectúa con arreglo a los mismos criterios que hasta el momento. Y, en cierta medida, lo mismo se puede decir del Parlamento. Me pregunto si se ha reflexionado sobre estos temas. Si vamos a esperar -como mínimo- hasta el año que viene para empezar a pensar en estas cuestiones, pueden imaginarse las dificultades con las que nos encontraremos.

Verheugen
Señor Presidente, señor Elliot, le agradezco que me haga esta pregunta, porque me da la oportunidad de poner una cosa en claro. Con respecto a la fecha de las adhesiones no hay nada establecido. Ni hay nada establecido sobre aplazarlas a una fecha posterior, ni hay nada establecido sobre adelantarlas a una fecha más próxima: el plazo depende únicamente de la marcha de las negociaciones sobre los 31 paquetes de negociación, como sabe usted. Ya sabe cómo esta la situación: de los 31 paquetes hay tres aprobados provisionalmente y de otros cuatro la aprobación está relativamente próxima. Durante la Presidencia alemana queremos incluir en el proceso de negociación otras seis u ocho paquetes, para que a mediados de 1999 se haya decidido más o menos la mitad de las medidas en el proceso de negociación.
Entonces quizá estemos próximos ya al punto en el que se pueda reconocer cuánto tiempo adicional se necesita en realidad y entonces habrá que decidir si se fija o no una fecha para la adhesión. Yo no percibo ese peligro que tan claramente observa usted de que el retraso de la reforma institucional tenga repercusiones en la adhesión. Conforme al consenso que hemos establecido dentro de los Estados miembros, en el año 2001 -esa considero yo la fecha más tardía- deben estar solucionados los asuntos institucionales. Es altamente improbable que en el año 2001 se pueda concluir oficialmente la adhesión con algún país candidato.
Para responder con absoluta precisión, no creo que lleguemos a una situación en la que las negociaciones de adhesión estén concluidas, pero la Unión no esté capacitada para la ampliación porque las cuestiones institucionales no se han solucionado.
Para la Presidencia alemana esta es una cuestión de la máxima importancia, y me alegra poder observar que para el Parlamento también lo es. La credibilidad de todo el proceso de adhesión también depende, a mi modo de ver, de la seriedad con que trabajemos para llevar a su conclusión las reformas institucionales.

El Presidente

Pregunta nº 5 formulada por Paul Rübig (H-1183/98): Asunto: Seguridad en las ciudades
Durante el período parcial de sesiones de mayo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el Sr. Douglas Henderson, como representante de la Presidencia británica, aceptó la constitución inmediata de un grupo de expertos para estudiar el tema del aumento de la delincuencia en las ciudades europeas.
Quisiera saber cuál es la composición de este grupo asesor y qué actividades ha llevado a cabo hasta el momento, así como las prioridades, en lineas generales, de la Presidencia alemana en este ámbito.
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig.

Verheugen
Señor Presidente, respondo a la pregunta del modo siguiente: la seguridad en las ciudades es claramente uno de los ámbitos en los que sólo puede tener éxito un enfoque coordinado, interinstitucional e intersectorial. Dentro del Grupo del Consejo sobre cooperación policial hay expertos que se ocupan de la delincuencia en las ciudades europeas. Con anterioridad, los trabajos se han concentrado en la violencia en las ciudades, la cooperación policial y las bandas urbanas violentas.
Para mejorar el intercambio de información sobre los métodos experimentados y profundizar el intercambio de experiencias, así como para desarrollar la cooperación en la práctica, el Grupo se ha puesto de acuerdo para elaborar un programa de intercambio de funcionarios ocupados de la lucha contra la delincuencia en las ciudades. En octubre de 1998, en Francia, tuvo lugar un primer programa de intercambio para funcionarios de policía que se ocupan de la lucha contra la violencia en las ciudades. En el futuro se elaborarán más proyectos de intercambio.

Rübig
Señor Presidente, hace unos días el portavoz de prensa del Sr. von Wogau fue asaltado en la glorieta Schuman a las siete de la tarde. Fue ingresado en el hospital a causa de las heridas. Y este no es un caso aislado. En el último año, los diputados Voggenhuber, McCarthy, Schiedermeier, Doris Pack y muchos otros han sido víctimas de atracos en Bruselas. Mi despacho ha llevado a cabo una encuesta en el Parlamento Europeo y ha consultado unos 300 despachos; en un tercio de ellos se informó que en el último año se produjo alguna intrusión en Bruselas.
Pienso que es necesario garantizar mejor la seguridad de las instituciones europeas. El Parlamento belga cuenta con vigilancia del ejército y de la policía. Por lo que yo sé, las instituciones europeas no tienen vigilancia. Sólo en el Parlamento Europeo tenemos una media mensual de diez denuncias por robo. ¿Qué propuestas prevé la Presidencia del Consejo para mejorar esta situación?

Verheugen
Señor diputado, comprenderá que en primer lugar tengo que precisar que el mantenimiento del orden público y de la seguridad en el territorio de los Estados miembros es competencia principalmente de las fuerzas de policía nacionales. Hecha esta salvedad, he de decir que las circunstancias que ha mencionado usted han de tomarse muy en serio y que en la primera ocasión que se me plantee expondré el tema en las instancias adecuadas.

El Presidente

Pregunta nº 6 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-1185/98): Asunto: Participación del Parlamento Europeo en la I Cumbre Unión Europea - América Latina y Caribe
Habida cuenta de la gran importancia de la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea - América Latina y el Caribe que tendrá lugar el próximo mes de junio en Brasil, y teniendo presente que hasta el momento el Parlamento Europeo ha participado en las Conferencias Ministeriales de San José y del Grupo de Río tanto en la apertura solemne de las mismas como en las diferentes sesiones de trabajo, ¿en qué términos tiene previsto el Consejo incluir la participación del Parlamento Europeo en dicha Cumbre?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Salafranca.

Verheugen
Señor diputado, antes de nada he de decir que va a quedar usted decepcionado con la respuesta, pero espero lo comprenda: durante la Presidencia alemana aún no se ha celebrado ninguna reunión del Consejo. Llevamos doce días en el cargo y por ello el Consejo no ha podido examinar la cuestión de la posible participación del Parlamento en la Cumbre. El Consejo todavía no ha examinado este tema.

Salafranca Sánchez-Neyra
Quisiera decirle al representante del Consejo que la decepción en la respuesta no quiere decir que se pueda producir una decepción en la acción del Consejo.
Yo quisiera decirle que en la última Conferencia Ministerial de San José, en febrero del año pasado, bajo Presidencia británica, el trato dispensado a la delegación del Parlamento Europeo fue notoriamente incorrecto, hasta el punto de que fue peor que el dispensado a delegaciones de países terceros.
Yo quisiera pedir a la Presidencia en ejercicio que en el curso de esta Cumbre importante la delegación del Parlamento Europeo pueda ser tratada con arreglo al papel institucional que le corresponde y con arreglo a los méritos contraídos en el impulso de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.
En aquella ocasión, en el inicio de la Conferencia, se produjo un incidente serio, señor Presidente, y yo le agradecería a la Presidencia alemana que diese todas las garantías para que el Parlamento Europeo, como he pedido, pueda jugar el papel institucional que le ha venido correspondiendo.

Verheugen
Agradezco al Sr. diputado que haya manifestado esta preocupación. Constituye para nosotros la motivación necesaria para esforzarnos y procurar que durante nuestra Presidencia ya no haga falta plantear este tipo de objeciones.

El Presidente
Por tratarse de asuntos semejantes, las preguntas 7 y 8 se contestarán conjuntamente.

Pregunta nº 7 formulada por Freddy Blak (H-1192/98): Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos
Como vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, leí con enorme sorpresa la respuesta del Consejo a mi pregunta de 1 de octubre sobre la supresión de las ventas libres de impuestos. Como representante elegido por sufragio universal, mis electores y yo esperamos que las preguntas que se formulan reciban una respuesta seria. La respuesta que recibí el 19 de noviembre no era seria. Por consiguiente, vuelvo a formular la misma pregunta, esperando que esta vez se responda a lo que se pregunta.
El 30 de junio de 1999 se suprimirán las ventas libres de impuestos en la UE. En la Directiva del Consejo 92/12/CEE se dispone que antes de la supresión «es necesario un período de tiempo para adoptar las medidas pertinentes para paliar a la vez las repercusiones sociales en los sectores afectados y las dificultades regionales que podrían surgir.» (Directiva 92/12/CEE, considerando 23).
En su respuesta al Defensor del Pueblo, la Comisión afirma que no le incumbe realizar un análisis de las consecuencias en relación con dichos problemas.
La Comisión señala que nunca ha sido intención del Consejo imponer a la Comisión dicha obligación y que ello fue confirmado cuando se trató la cuestión en el Consejo de ministros de Economía en noviembre de 1996, y que, dado que se trataba de un intercambio informal de puntos de vista, las conclusiones no figuran en el acta oficial de la reunión, pero que el asunto fue tratado de nuevo en la reunión del Consejo de ministros de Economía del 19 de marzo de 1998 con el mismo resultado. (Observaciones de la Comisión en relación con la solicitud del Defensor del pueblo de información adicional. Queja presentada por Freddy Blak, ref. 0879/97).
¿Puede el Consejo confirmar la interpretación de la Comisión de las conclusiones del Consejo y explicar la manera en que esta posición es conforme con la mencionada directiva?

Pregunta nº 8 formulada por Gisèle M.H. Moreau (H-1227/98): Asunto: Aplazamiento de la entrada en vigor de la supresión de las ventas libres de impuestos intracomunitarias
El 19 de mayo de 1998, el Consejo confirmó que la decisión que adoptó en 1991 de suprimir las ventas libres de impuestos intracomunitarias se aplicará efectivamente a partir del 1 de julio de 1999.
Todos los estudios realizados destacan la considerable pérdida de puestos de trabajo que entrañará la supresión de las ventas libres de impuestos en los aeropuertos y los transbordadores. En Francia, por ejemplo, se suprimirían 12.000 puestos de trabajo en regiones que, de por sí, se ven gravemente afectadas por el desempleo.
¿No piensa el Consejo tener en cuenta las conclusiones de estos estudios de impacto y aplazar la fecha de aplicación de la supresión de las ventas libres de impuestos intracomunitarias?
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder conjuntamente estas dos preguntas.

Verheugen
Señor Presidente, la respuesta global a ambas preguntas es la siguiente: tal como hizo mi predecesor en el turno de preguntas de diciembre del pasado año a las preguntas escritas de los Sres. Cushnahan, Watts y Wibe, quisiera referirme a las conclusiones del Consejo Europeo sobre este punto, que rezan así: en lo que respecta a la Decisión de 1991 sobre la supresión de las ventas intracomunitarias libres de impuestos, el Consejo Europeo ha solicitado a la Comisión y al Consejo ECOFIN que estudien, antes de marzo de 1999, los problemas que podrían surgir en relación con el empleo y aborden, a partir de las propuestas de la Comisión, los posibles métodos para atajar estos problemas, entre ellos, la posibilidad de una ampliación limitada de las disposiciones transitorias. En el momento actual el Consejo no puede añadir nada más a esta cuestión.

Blak
Me gustaría dar la bienvenida al Sr. Presidente del Consejo y manifestarle la enorme alegría con la que he recibido su respuesta. Usted ha dicho que le parecería sensato que aprobáramos un aplazamiento de este asunto. Especialmente me alegra que usted hiciera mención de cómo el Consejo ha impuesto a la Comisión la elaboración de esta investigación y la obligación de dar una respuesta antes de marzo de 1999. He recibido una respuesta de la Comisión en la que ésta se sacude de encima toda responsabilidad y me comunica que ésta no es su tarea, por lo que quiero pedirle como Presidente del Consejo que le dé un buen puntapié a la Comisión y le pida que inicie la elaboración del informe que debe estar acabado para marzo de 1999. Me causó enorme alegría su contestación, que ha sido la que hubiéramos querido que nos diera la Presidencia austríaca en lugar de la respuesta poco inteligente del mes pasado. Lo considero un buen comienzo. Tiene usted nuestro agradecimiento.

Verheugen
Señor Presidente, agradezco al Sr. diputado su amable apreciación. No obstante, debo decir que el elogio es inmerecido. El mérito le corresponde a la Presidencia austriaca, ya que la decisión que he mencionado procede del comunicado de prensa de la cumbre de Viena. Esto es lo que se decidió en Viena. El Consejo Europeo ha pedido a la Comisión que presente un informe sobre el tema antes de marzo de 1999. Es decir, este plazo está muy cerca y, por supuesto, una de las tareas de la Presidencia será velar por que se cumpla la fecha fijada por el Consejo. Puedo prometerle que no esperaremos hasta finales de año para interesarnos por la presentación del informe.

Moreau
Señor Presidente, quisiera en primer lugar insistir en el hecho de que el estudio de la Comisión ha de ser realizado en unas condiciones objetivas habida cuenta de las graves consecuencias que para el empleo pueden derivarse de la supresión del duty free , y tengo ahí un artículo, una entrevista del Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Schroeder, que señala estas consecuencias graves para el empleo en el momento en que el Consejo precisamente hace hincapié en las cuestiones del empleo.
Mi pregunta es por tanto la siguiente: ¿No debería el Consejo apoyarse en el precedente que ha constituido la prolongación de la exención de los impuestos especiales para los países nórdicos, motivada por razones económicas, aceptada por el Sr. Monti en 1996, así como el dictamen remitido el pasado mes de septiembre por el Consejo Económico y Social Europeo a favor de una prolongación de este sistema?

Verheugen
Señor Presidente, como podrá figurarse, señora diputada, conozco bien la opinión del Presidente del Consejo, el canciller federal Schröder. La que ha citado usted es correcto. No obstante, yo no puedo avanzar ninguna conclusión; obviamente tendrá que ser primero el Consejo el que extraiga las conclusiones pertinentes una vez tenga el informe que ha solicitado. Le ruego que lo comprenda, y me remito una vez más a la primera parte de la decisión del Consejo que he citado, en la que se afirma que también puede examinarse la posibilidad de efectuar una ampliación limitada de las disposiciones transitorias.

Maes
Señor Presidente, al comienzo de la sesión de la tarde pedí que se nos entregara la relación de los 27 casos transferidos a la UCLAF, para que el Parlamento pudiera pronunciarse mañana con conocimiento de causa. Recibí la contestación por escrito mediante una nota redactada en alemán, con unas aclaraciones de alguien que hablaba francés -se trataba pues de unas conversaciones auténticamente europeas- y se me ha asegurado que dicha relación ha sido enviada a la Comisión de Control Presupuestario. Durante todo el tiempo que llevamos aquí reunidos en esta Asamblea, mis colaboradores han estado ocupados en la localización de dicha relación que supuestamente nos ha sido enviada. No la encontraron. La Sra. Theato, que merece todo mi respeto, nos remite a la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario. Pero precisamente hemos estado hablando durante la tarde con esa Comisión y con el Sr. Darras, el jefe del servicio. La relación no se encuentra. Quiero pedirle a usted, como Presidente, que haga las gestiones necesarias para que el Parlamento obtenga esta información antes de proceder a la votación.

El Presidente
Muchas gracias, señora Maes. Inmediatamente, los servicios de la Mesa van a ponerse en funcionamiento porque usted tiene toda la razón y hay que buscar dónde está esta lista para hacérsela llegar. Por lo tanto, hago mía su preocupación. Los servicios de la Mesa van a buscar esa lista para que esté, efectivamente, a disposición antes de la votación.

Corbett
Me gustaría subrayar las palabras del Presidente en ejercicio cuando hace hincapié en que el Consejo Europeo de Viena sólo habló de una posible prórroga del régimen de las ventas libres de impuestos y que dicha prórroga sería únicamente por un período limitado de tiempo. Me gustaría que el Consejo prestara la debida atención a estas dos condiciones.
Desearía preguntar al Presidente en ejercicio del Consejo si es consciente de que muchos diputados de este Parlamento no compartimos su opinión en el sentido de que la prórroga de las ventas libres de impuestos constituye una buena idea. El régimen de ventas libres de impuestos representa un respiro fiscal principalmente para las industrias del alcohol y del tabaco. Si los ministros de Finanzas de los Estados miembros tienen algo de dinero para gastar, me permitiría recordarles que hay mejores maneras de emplear este dinero que permitiendo respiros fiscales para seguir beneficiando a las industrias del alcohol y del tabaco, aun si estos beneficios favorecen únicamente a los viajeros internacionales.

Verheugen
Señor Presidente, puedo responder afirmativamente a esta pregunta. El Consejo sabe que en esta cuestión hay diversas interpretaciones en los Estados miembros y en el Parlamento. El Consejo es consciente del hecho de que la decisión adoptada en Viena prevé examinar la posibilidad y nada más por el momento.

Watts
¿Comparte el Consejo la opinión de mi Primer Ministro, el Sr. Tony Blair, en el sentido de que la desaparición de las ventas libres de impuestos ocasionaría en toda la Unión Europea la pérdida de su puesto de trabajo a miles de ciudadanos normales y corrientes? ¿Cree el Presidente en ejercicio que es útil, como un elemento más de este debate, que existan consultas con la industria, los sindicatos y las regiones a fin de garantizar que se atienden las preocupaciones de los ciudadanos?
¿Estaría de acuerdo conmigo en que un límite de cinco o seis años podría ser un período adecuado de prórroga? Éstos son los plazos que manejaron los Sres. Blair y Schröder en la Cumbre de Viena.

McIntosh
Lamentablemente, toda la intervención del Sr. Watts se ha desarrollado sin interpretación puesto que su micrófono estaba apagado.

El Presidente
Sí hubo interpretación. Quizá usted no oyó, pero sí hubo interpretación. La Presidencia, y creo que también el Sr. Verheugen, hemos podido escuchar al Sr. Watts.
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Watts.

Verheugen
Señor Presidente, he entendido la pregunta en los dos idiomas, señor diputado. Parto de la base de que la Comisión y el Consejo ECOFIN se basan en todas las fuentes relevantes para llevar a cabo la tarea que deben cumplir. A mi juicio, las fuentes que ha mencionado usted son relevantes y por consiguiente deben tenerse en cuenta en la recogida de datos y en las estimaciones que sí son importantes. Comprenderá que en la calidad en la que estoy aquí no puedo ni debo hacer comentarios sobre la opinión política del presidente de gobierno de un Estado miembro, pero por supuesto puedo decirle que las conclusiones de los informes solicitados se extraerán cuando se presenten los informes y que por el momento no se ha formulado ninguna conclusión, es decir, ni siquiera esa que ha mencionado usted.

El Presidente

Pregunta nº 9 formulada por Anne Caroline B. McIntosh (H-1193/98): Asunto: Inspecciones de higiene de las aves de corral procedentes de terceros países
¿Qué medidas de inspección aplica la Presidencia en ejercicio con objeto de comprobar que las aves de corral importadas de terceros países cumplen las normas de higiene de la UE?
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. McIntosh.

Verheugen
Señor Presidente, respondo a la pregunta del modo siguiente: el 15 de octubre de 1990, el Consejo aprobó la Directiva 90/539 (CEE) sobre las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y huevos para incubar procedentes de países terceros. Esta directiva está en vigor desde el 1 de mayo de 1992 y en su capítulo 3, artículos 20 a 28, contiene disposiciones para las importaciones procedentes de terceros países. Como sabe usted, señora diputada, compete a la Comisión velar por que se respeten las disposiciones establecidas. Si a su juicio existen objeciones al respecto, la Presidencia agradecería que se le informase correspondientemente. Además, creo que sería mejor dirigir esta pregunta a la Comisión.

McIntosh
Ya he formulado esta misma pregunta a la Comisión en varias ocasiones, ayer por última vez. ¿Tienen verdaderamente el Consejo de Ministros y la Comisión la intención de sacar del negocio a nuestros productores del sector avícola en beneficio de las importaciones de terceros países?
Mi pregunta está relacionada especialmente con la aplicación de la directiva sobre carne fresca, que se remonta a los años sesenta, en la que se establece que el control de las aves de corral sólo puede efectuarse con arreglo a unos criterios de producción, lo cual debería servir de ayuda a los productores. De hecho, estos controles han de efectuarse en inspecciones de una hora de duración. Se calcula que, sólo en el Reino Unido, el coste total de inspección por granja oscila entre cuarenta y cincuenta libras esterlinas. No puedo creer que ésta fuera la intención del Consejo de Ministros y de la Comisión. Existe además una directiva de 1972 relativa a la carne de aves que hace poco competitivos por igual a los productores de la UE y a los del Reino Unido. Desearía que el Consejo de Ministros me asegurara que no es su intención sacar del negocio a nuestros productores del sector avícola.

Verheugen
Comprendo perfectamente la preocupación de la Sra. diputada y pienso que sería necesario que la Comisión elabore una propuesta de cómo puede solucionarse el problema que justificadamente plantea.

El Presidente

Pregunta nº 10 formulada por David W. Martin (H-1195/98): Asunto: Democracia y derechos humanos en Myanmar
A la vista de los continuos informes sobre violaciones de los derechos humanos y la detención de diputados democráticamente elegidos en Myanmar, ¿podría el Consejo tratar con el Gobierno de Myanmar la cuestión de los 182 diputados elegidos y los 701 miembros de la Liga Nacional para la Democracia (LND) que todavía siguen detenidos en Myanmar?
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Martin.

Verheugen
Señor Presidente, la respuesta es la siguiente: la posición del Consejo en este asunto es muy clara. El Consejo ha exigido en reiteradas ocasiones la liberación inmediata de todos los presos políticos de Birmania/Myanmar. Y, precisamente, dado que el gobierno birmano ha desoído esta petición y el llamamiento de la Unión al SPDC para que fomente la democracia y la conciliación nacional, el 26 de diciembre de 1998, el Consejo formuló con mayor rigor y extensión su posición común sobre la situación en Birmania/Myanmar.
Por otra parte, el Consejo ha intentado examinar estas cuestiones con el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo. Con ocasión de la asistencia de la troika ministerial a la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 1998, la Presidencia presentó una propuesta que fue rechazada por el ministro de Asuntos Exteriores birmano.

Martin, David
Agradezco al Presidente en ejercicio su respuesta. Tiene toda la razón cuando dice que el Consejo ha mostrado sistemáticamente su oposición al régimen de Myanmar. Me gustaría pedirle que abordara esta cuestión durante la Presidencia alemana, incluyéndolo bien en la reunión informal de los Ministros de Asuntos exteriores, bien en el orden del día de los Jefes de Estado, para poder emprender más medidas que nos permitan plantar cara a este régimen. Estoy de acuerdo en que se trata de un objetivo muy difícil. A pesar de que no estamos obteniendo ningún tipo de cooperación por parte del Consejo de restauración del orden y del Estado del Derecho de Myanmar, la Unión Europea ha de continuar ejerciendo presiones sobre este régimen y el Consejo ha de seguir controlando e ideando nuevos modos de aplicar dicha presión.

Verheugen
Al plantear esta pregunta, el Sr. diputado ha acertado plenamente las intenciones de la Presidencia. Consideramos que este es un tema absolutamente esencial. La preocupación por las constantes violaciones de derechos humanos en Birmania es tan grande que puedo añadir que los ministros de Asuntos Exteriores volverán a debatir la situación. Habrá otras ocasiones en las que nuestra Presidencia abordará este tema, y también con los países de la zona.
En el ámbito de las relaciones internacionales, un objetivo absolutamente prioritario de nuestra Presidencia es defender un actitud clara e inequívoca de la Unión Europea a favor de los derechos humanos y de todo lo relativo a los derechos humanos en el exterior y, siempre que se dé el caso, no sólo expresar nuestra preocupación en materia de derechos humanos, sino también procurar ayuda para que se respeten.

El Presidente

Pregunta nº 11 formulada por Gerard Collins (H-1199/98): Asunto: Ampliación de los programas de cuidados para niños con discapacidades en régimen de voluntariado a nivel de la Unión Europea
Existe desde 1987 en la región medio-occidental de Irlanda un programa en régimen de voluntariado llamado»Have a Break» (tómese un descanso), destinado a permitir que los niños con discapacidades se tomen unas vacaciones en casa de otras familias mientras sus propias familias disfrutan de un descanso de los cuidados permanentes que tienen que prestarles.
¿Tiene intención la Presidencia en ejercicio del Consejo de considerar la posibilidad de que estos programas se extiendan a otros países de la Unión Europea y, en caso afirmativo, qué métodos piensa utilizar el Consejo para promover y desarrollar estos programas d nivel de la Unión?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Collins.

Verheugen
Señor diputado, lamento tener que decirle que el Consejo no ha recibido ninguna propuesta de la Comisión sobre un programa en los que se incluyan niños con discapacidades y que puedan equipararse al programa que ha descrito usted. Por tanto, sólo puedo decir que las informaciones que desea, en todo caso, podrá obtenerlas de la Comisión.

Collins, Gerard
Una vez oída su respuesta, ¿se plantearía el Presidente en ejercicio solicitar una propuesta por parte de la Comisión sobre esta importante cuestión?

Verheugen
Señor Diputado, considero que es una iniciativa muy interesante, pero ya sabe cómo son los procedimientos. En primer lugar tiene que debatirse en el Consejo y luego se podrá tomar la decisión correspondiente.

El Presidente

Pregunta nº 13 formulada por Liam Hyland (H-1207/98): Asunto: Inversión de la tendencia al éxodo rural
¿No considera el Presidente en ejercicio del Consejo que la amplitud del fenómeno del éxodo rural es causa de grave preocupación en la Unión Europea y que una política global de salvaguardia de la Política Agrícola Común y el fomento de nuevas acciones de desarrollo rural se deberían considerar un medio esencial para invertir dicha tendencia?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hyland.

Verheugen
Señor Presidente, la respuesta es la siguiente: el Consejo ha expresado siempre un interés especial por las cuestiones que afectan al mantenimiento de una estructura de población viable en el espacio rural. A este respecto quisiera señalar a los Sres. diputados que los problemas del empleo en las regiones rurales de la Unión Europea fueron objeto de un escrito que el Presidente del Consejo de Agricultura dirigió en noviembre de 1997 al Presidente del Consejo Europeo en el marco de la cumbre extraordinaria sobre el empleo.
En dicho escrito, uno de los temas centrales planteados se refería a las posibilidades de mantener una estructura viable en el espacio rural de todo el territorio de la Unión Europea. Dentro de los trabajos actuales del Consejo con respecto a las propuestas de la Agenda 2000 se podría concebir un modelo agrícola europeo que debe desarrollarse en el futuro, a saber, un modelo de agricultura implantada en todo el territorio, multifuncional, viable a largo plazo, competitiva, y también en las regiones con problemas específicos. Un programa que debe ser capaz de aportar una contribución esencial a la viabilidad del espacio rural.

Hyland
Me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si considera que las explotaciones agrícolas de carácter familiar constituyen la columna vertebral de la economía rural. ¿Está de acuerdo en que no siempre es posible evaluar la contribución a la sociedad de los agricultores en términos puramente económicos, y en que su papel como gestores del medio ambiente y garantes de la seguridad y la calidad de los alimentos les sitúa al margen de los criterios económicos de otras profesiones?
Finalmente, ¿está de acuerdo el Sr. Presidente en ejercicio en que la política de desarrollo rural no podrá desplegar todo su potencial aislada de una política regional integrada? Está previsto obligar a los Gobiernos nacionales a aplicar una política regional de estas características, con objeto de crear empleo en las regiones -y apoyar así a las comunidades rurales-, y de ofrecer puestos de trabajo no relacionados con la agricultura a aquellos agricultores con explotaciones que no resulten viables y al resto de la población rural.

Verheugen
Puedo decir al Sr. diputado que entiendo perfectamente su pregunta, porque yo mismo, como parlamentario que soy, procedo de una región similar y experimento esos problemas a diario. Por tanto, puedo decir en principio que el Consejo considera una tarea de máxima prioridad la conservación de un espacio rural viable. Así pues, debemos velar verdaderamente por que los habitantes del espacio rural tengan perspectivas de futuro. Estas oportunidades de futuro no tienen necesariamente qué ceñirse a las estructuras agrarias tradicionales. El cambio estructural, como saben muy bien, puede ayudar a crear también oportunidades de futuro.
Estoy completamente convencido de que, fundamentalmente en el marco de las reformas que se emprenderán en la Agenda 2000, conseguiremos orientar de un modo más eficiente hacia ese objetivo los recursos de que dispone la Unión Europea en el sector de la política estructural y regional. Es un objetivo esencial de la política estructural y regional de la Unión, al menos así lo considera la Presidencia. No se trata de equiparar modos de vida, se trata de que los paisajes culturales europeos significativos que se encuentran en el ámbito rural ofrezcan a los ciudadanos en el futuro posibilidades de trabajo y de vida.

Martin, David
Acojo con satisfacción tanto la pregunta del Sr. Hyland como la respuesta que ha ofrecido el Consejo acerca del éxodo rural. ¿Acepta el Consejo que la política agrícola es solamente un método para prestar ayuda a las regiones rurales? En especial, y atendiendo a la reforma de los Fondos estructurales, ¿tomará el Consejo en consideración el hecho de que no debemos fijarnos únicamente en los ingresos per cápita o en el desempleo, sino también en los índices de población y en el éxodo rural que se registra en las regiones con derecho a beneficiarse del Objetivo 1? Me estoy refiriendo con esto, si me permiten barrer para casa, a las Tierras Altas y a las islas de mi propio país. De conformidad con sus ingresos per cápita, estas regiones no serían aptas para dicho objetivo, a pesar de lo cual, habida cuenta del resto de sus problemas -y en especial del éxodo rural que registran-, creo que deberían poder permanecer en la zona del objetivo 1.

Verheugen
Estoy totalmente de acuerdo con el Sr. diputado. El problema que acabamos de plantear puede darse, desde luego, en todas las regiones de la Unión incluidas en los objetivos, con excepción, naturalmente, de las aglomeraciones urbanas. Puede suceder en las zonas del objetivo nº 1, en las zonas del objetivo nº 2, en las actuales regiones del objetivo nº 5b. Lo que necesitamos ahora es una política coherente que coordine todos nuestros recursos y los emplee de modo que se puedan contener los fenómenos que acabamos de mencionar.
Estoy totalmente convencido de que, además, las propuestas de reforma que se debaten en el marco de la Agenda 2000 mejorarán sustancialmente las oportunidades de vida de los habitantes del espacio rural. Por esta razón, el Consejo concede máxima prioridad a la adopción de la Agenda 2000.
En relación con el pacto europeo de empleo a que se aspira, importa no sólo tener presentes los ámbitos industriales clásicos o el desarrollo de la nuevas tecnologías, sino también los problemas específicos del espacio rural. Puedo añadir que la Presidencia alemana les prestará también gran atención.

Crowley
Tras haber escuchado las dos respuestas que el Presidente en ejercicio ha ofrecido a mis colegas Hyland y David Martin, me gustaría preguntarle si tiene alguna propuesta para lograr una mayor coordinación entre los fondos regionales y los fondos de desarrollo regional a fin de garantizar, mediante la creación de empleo en los sectores rurales no agrícolas, una remuneración adicional a la población de las regiones rurales que haya resultado afectada por la caída de sus ingresos.
¿Podría la Presidencia corroborar si va a tener lugar una coordinación de estas características? ¿Sería posible que el Presidente en ejercicio regresara al Parlamento para presentar su propuesta de modelo para una integración de este tipo que garantice, al mismo tiempo, que no se menoscabará el compromiso en materia de desarrollo rural y que la totalidad de la financiación destinada a la creación de empleo -tan importante para todos los europeos- no se limitará exclusivamente a las áreas urbanas?

Verheugen
Estoy de acuerdo, señor diputado, con que esa pregunta es muy importante, y puedo decirle que la Presidencia está convencida de que, sobre la base de la reforma de la política agrícola y gracias al nuevo impulso que se dará a la política de desarrollo del espacio rural, será posible desarrollar un segundo pilar de la Política Agrícola Común, y que este segundo pilar será el fundamento de una política global y coherente en beneficio de la población del espacio rural en la Unión Europea. Para alcanzar este objetivo, en la práctica será necesario fijar prioridades y conseguir una mayor coordinación de las diferentes políticas. No obstante, debo pedirles que entiendan que no podemos ser más precisos hasta que no se apruebe la Agenda 2000 y se empiecen a poner en práctica sus objetivos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 14 decae.

El Presidente

Pregunta nº 15 formulada por Pat the Cope Gallagher (H-1211/98): Asunto: Pesca
¿Puede decir el Consejo, bajo Presidencia alemana, qué importancia presta al desarrollo del potencial pesquero de regiones menos favorecidas como por ejemplo Irlanda, que tienen que hacer frente no solamente a la competencia en el interior de la Unión Europea sino también a la de terceros países, y cómo piensa plantear las futuras negociaciones con los países candidatos a la adhesión en relación con la política de pesca?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Gallagher.

Verheugen
Señor Presidente, esta es mi respuesta a la pregunta: en primer lugar, sobre la política estructural comunitaria, el Consejo querría recordar que todavía no ha concluido sus deliberaciones sobre las propuestas de la Comisión con respecto a la reforma de los Fondos estructurales, incluido el futuro de la política estructural en el sector de la pesca. Los diputados serán conscientes de que, en el contexto de estas deliberaciones, es decir, de la Agenda 2000, las decisiones sobre estas cuestiones se adoptarán sobre una base global. Estas decisiones abarcan el estatuto futuro de las regiones de la Comunidad desde el punto de vista de su clasificación por objetivos y las correspondientes ayudas financieras de la Comunidad en el ámbito de las medidas estructurales.
Al mismo tiempo, el Consejo señala que Irlanda seguirá disfrutando de las actuales ayudas financieras comunitarias, independientemente de los resultados de las decisiones, hasta finales del siguiente periodo de programación, en el marco de un régimen transitorio.
Con respecto a la ampliación futura, en lo que respecta a las negociaciones de adhesión en el sector pesquero, quisiera aludir a la posición general que mantuvo la Unión Europea en la apertura de la Conferencia de Adhesión del 31 de marzo de 1998. Según esta postura, no habrá ninguna excepción para los países candidatos en lo que respecta a la adopción y aplicación del acervo comunitario.
En caso de que se acuerden normas transitorias, deben seguir siendo una excepción, deben tener un plazo limitado y un ámbito de aplicación limitado. Deben ir acompañadas de un plan en el que se establezcan con total claridad las diversas etapas de la aplicación del acervo comunitario. De este modo es evidente que en estas negociaciones de adhesión no se trata de negociar una serie de concesiones mutuas, sino más bien de garantizar que los países que desean la adhesión puedan asumir la totalidad del acervo comunitario y estén en condiciones de aplicarlo con eficacia.
Para que los países candidatos a la adhesión tengan claras las obligaciones que entraña la pertenencia a la Unión, antes de comenzar las negociaciones se les somete a un examen analítico de la situación con respecto al acervo, que denominamos screening, de la que se encarga la Comisión. Los países candidatos plantean sus posiciones de negociación sobre la pesca. Está previsto que la Unión analice estas posiciones y presente su respuesta en el primer semestre de 1999. Como de costumbre, la Comisión presentará al Consejo una propuesta de posición común, y el Consejo establecerá la posición común de la Unión para las negociaciones. Por supuesto, todavía no se puede anticipar el contenido de esta posición común.

Gallagher
En primer lugar, permítanme agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta. En pocas palabras, supongo que es posible afirmar que, durante las negociaciones, todos los países candidatos deberán cumplir los criterios actuales y que cualquier acuerdo transitorio deberá ser de carácter limitado. Desgraciadamente, ésta es la situación pero, ¿puedo decirle esto a la Presidencia en ejercicio? Estoy seguro de que el Presidente en ejercicio comprenderá que en las regiones occidental y noroccidental de Irlanda que represento -y, de hecho, en toda la costa irlandesa- poseíamos en el pasado unos prolíficos bancos pesqueros hasta que fueron saqueados, no por pescadores irlandeses, sino por parte de nuestros socios europeos. Hemos aprendido una triste lección de todo esto, y no deseo que este hecho se repita en ninguno de los países que puedan incorporarse en el futuro a la Unión.
En las regiones y costas de nuestro país, que ocupa una isla, no contamos con más alternativas para la creación de empleo. Hay que otorgar una prioridad a esta circunstancia en cualquier negociación futura. Abordaremos el caso irlandés a la hora de revisar la política pesquera común, pero los otros Estados pequeños deberían tomar nota de la grave situación que se vive en Irlanda por no haber concedido a la pesca la misma importancia que a la agricultura o, especialmente, a la industria. Aprendamos del pasado y dejemos que otros Estados pequeños puedan beneficiarse de nuestras tristes experiencias.
Se ha hecho referencia a los Fondos estructurales, por lo que me gustaría preguntar al Presidente en ejercicio si cree que podrá incluirse a Irlanda en los acuerdos transitorios. Me permitirá el Sr. Verheugen, quien ya estará al corriente de que la costa occidental de Irlanda -en gran parte la región que represento- es candidata para el Objetivo 1, que le pida que exponga sus puntos de vista acerca del establecimiento de un objetivo 5 ó 6, o de un objetivo específico, para las regiones que registren una gran dependencia de la pesca, independientemente de que el país en cuestión recaiga dentro del ámbito del Objetivo 1.

Verheugen
Señor diputado, le estoy muy agradecido por la información y por las observaciones, que por supuesto tendremos en cuenta en el transcurso de las negociaciones de adhesión. Por lo demás, su país, Irlanda, es miembro de la Conferencia de Adhesión y tiene todas las posibilidades de introducir en el proceso de negociación todos los puntos de vista nacionales o supranacionales que ha planteado. Asimismo, estoy totalmente convencido de que así sucederá. Hoy no estoy capacitado para informarle sobre la aplicación de la nueva clasificación de las regiones incluidas en los objetivos y sobre los criterios que se aplican a dichas regiones, dado que la decisión de principio aún no se ha adoptado. Por supuesto, cada Estado miembro mantiene su postura. No obstante, como sabe, no hay una posición común del Consejo con respecto a la Agenda 2000. Así pues, sólo puedo basarme en suposiciones, y las suposiciones en este contexto no sirven para nada, desgraciadamente. Así pues, tenemos que tener paciencia hasta que se apruebe la Agenda 2000. No obstante, quizá le parezca importante saber que, durante el proceso de decisión en curso, la Presidencia ha acordado con el Parlamento mantener una relación de información y cooperación intensiva, regular e integral.

Killilea
Me gustaría expresar mi agradecimiento al Sr. Gallagher por su pregunta y al Presidente en ejercicio por la respuesta enormemente positiva que nos ha ofrecido. Al ser un hombre nuevo y recién llegado a este cargo, permítame recordarle que, por lo que respecta al tema de la conservación, en algún armario del Consejo o de la Comisión hay un informe científico muy importante acerca de las focas y los recursos vivos del mar del Norte.
Le pido a usted, como Presidente en ejercicio, que durante los seis meses de su Presidencia rescate este informe, haga que se revise el documento y se apliquen sus conclusiones, y que, finalmente, entable un debate abierto y espontáneo acerca de un problema de la máxima gravedad como es éste. Es un dato fidedigno que las focas del mar del Norte están comiendo actualmente un volumen de pescado blanco que rebasa el total de las capturas permitidas por la Comunidad Europea. Se trata de un asunto muy grave. Es una cuestión que ha de ser abordada urgentemente y que precisa un debate abierto y franco antes de que las focas acaben con las existencias.

Verheugen
Señor diputado, entiendo su pregunta como un intento de ayudar a la Presidencia a llevar a cabo su tarea. Se lo agradezco, y le puedo asegurar que las informaciones que me ha proporcionado y el problema de orden político a que ha hecho referencia se tendrán en cuenta en el proceso de negociación en curso.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 16 decae.

El Presidente

Pregunta nº 17 formulada por Brian Crowley (H-1215/98): Asunto: La lucha contra la delincuencia organizada
¿Puede trazar la Presidencia en ejercicio del Consejo las líneas generales de los asuntos políticos a los que se propone atender en relación con la lucha contra la delincuencia organizada, dar a conocer su posición en cuanto al consumo de drogas y exponer el modo en que desearía que se desarrollara la función de Europol?
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder al Sr. Crowley.

Verheugen
Señor Presidente, esta es mi respuesta: en lo que atañe a la delincuencia organizada, la Presidencia tiene la intención de impulsar activamente la ejecución del plan de acción aprobado por el Consejo Europeo en su reunión de junio en Amsterdam y comenzar a examinar las medidas reforzadas para la lucha contra la delincuencia organizada conforme a la petición del Consejo Europeo de Viena y al mismo tiempo garantizar la protección integral de los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, el Consejo examinará la posibilidad de adoptar medidas para reforzar la lucha contra el fraude y las falsificaciones. Ya se han iniciado los debates sobre un instrumento de derecho penal en la materia a partir de la Comunicación de la Comisión sobre un reglamento marco para la lucha contra el fraude y la falsificación en relación con los pagos no en metálico. Se proseguirán e intensificarán los trabajos iniciados bajo la Presidencia austríaca sobre la protección jurídica del euro. Aparte de esto, la Presidencia alemana adoptará una iniciativa penal contra las irregularidades y fraudes en la concesión de contratos en el mercado interior.
Se prestará especial atención a la creación de un espacio jurídico europeo. Esto se corresponde con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. Este espacio jurídico europeo se dotará o deberá dotarse de los instrumentos que sean necesarios para una cooperación eficaz en materia judicial y policial. La Presidencia orientará las iniciativas en un sentido que permita al Consejo examinar con detenimiento en qué medida y en qué ámbitos prioritarios es posible contribuir a una posible aproximación o armonización de las disposiciones legales de los Estados miembros para la lucha contra la delincuencia organizada.
Asimismo, la Presidencia continuará activamente los debates sobre el acuerdo de asistencia jurídica, que constituirá un importante instrumento para los empleados que se ocupan en la práctica de esta materia con vistas a la lucha contra la delincuencia organizada, así como el funcionamiento eficaz de la red judicial europea y del mecanismo introducido por el Consejo para la evaluación recíproca de las prioridades para la Presidencia. El inicio de las actividades de Europol es un propósito prioritario de la Presidencia alemana. Ya que el acuerdo entró en vigor el 1 de octubre de 1998, se harán todos los esfuerzos precisos para allanar los obstáculos jurídicos que aún quedan para que Europol pueda iniciar sus actividades.
En este contexto adquiere primordial importancia la clarificación de las últimas cuestiones aún pendientes con respecto a la adopción de normas para el órgano común encargado del control de la protección de datos. Europol emprenderá sus actividades en virtud de un mandato que se ampliará en primer lugar al terrorismo, así como a determinados aspectos de la trata de seres humanos. La ampliación de sus funciones al ámbito delictivo de la falsificación de moneda y la falsificación de medios de pago se producirá en breve. Además de esto, la Presidencia alemana tiene la intención de iniciar el examen del desarrollo de Europol conforme a lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam. A este respecto se examinará qué posición y qué funciones corresponden a los órganos de justicia en sus relaciones con Europol, en consonancia con la ampliación de las competencias de este organismo.
En lo que respecta al problema de las drogas, la Presidencia alemana proseguirá activamente las iniciativas vigentes, en especial en lo relativo a América Latina y Asia Central. También adquiere gran importancia la continuación de la estrategia para el periodo posterior a 1999, en cuyo contexto desempeñarán un papel muy importante las medidas de reducción de la demanda. Ese papel quedó confirmado en la breve reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como en la conferencia posterior celebrada en diciembre de 1998 en Viena. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías es un protagonista importante de la lucha a favor de la reducción de la demanda.

Crowley
Me gustaría expresar mi agradecimiento al Presidente en ejercicio por su respuesta. De hecho, estoy encantado de que considere que Europol desempeña un papel crucial en el desarrollo de la lucha contra la delincuencia organizada en toda Europa. Espero que la Presidencia pueda eliminar a un mejor ritmo las dificultades que aún persisten, recurriendo plenamente a la función de Europol y a las oportunidades que brinda la capacidad operativa de esta organización.
Sin embargo, me ha decepcionado en cierta medida que no haya ofrecido una respuesta por lo que respecta al consumo de drogas. El creciente consumo de drogas es un motivo común de preocupación en toda Europa. No basta con insulsas declaraciones como «la reducción de la demanda constituye un importante aspecto». Lo que queremos escuchar del Presidente en ejercicio son medidas específicas para aplicar una estrategia europea común que libre a las generaciones futuras de morir como consecuencia del consumo de estupefacientes.

Verheugen
Esta es una pregunta muy difícil. El Sr. diputado ya sabrá que para el segundo semestre de este año está previsto celebrar una cumbre extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno sobre el tema de la delincuencia organizada, bajo la Presidencia finlandesa, y que en el contexto de esta cumbre desempeñarán un papel central las cuestiones mencionadas por usted en relación con la lucha contra el consumo de drogas. De acuerdo con la Presidencia finlandesa, haremos todo lo que esté en nuestra mano para poner en marcha los preparativos y para que en la mencionada cumbre se tomen las decisiones que podamos adoptar actualmente. No obstante, quiero subrayar la limitación que tenemos, en el sentido de que actualmente sólo podemos adoptar decisiones orientadas a nuestras posibilidades, a nuestros medios, a nuestros instrumentos y a nuestras instituciones.
La Presidencia comparte plenamente la valoración política que subyace a su pregunta. Consideramos que la lucha contra el consumo de drogas es una tarea verdaderamente esencial de la política interior de los países occidentales, de todos los países. Naturalmente, también es una tarea común que debemos afrontar -en la medida de lo posible- en el contexto de la Unión.

El Presidente

Pregunta nº 18 formulada por María Izquierdo Rojo (H-1217/98): Asunto: Contenidos para la próxima Cumbre Euromediterránea de Stuttgart
¿Qué medidas o propuestas se preparan para dar contenido al «nuevo ímpetu» de la Asociación Euromediterránea, tal como se menciona en el punto 116 del Consejo Europeo de Viena? ¿Qué novedades se prevén para la Tercera Conferencia Ministerial Euromediterránea que tendrá lugar en Stuttgart en abril de 1999?
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. Izquierdo.

Verheugen
Señor Presidente, ruego me disculpen por esta respuesta, una vez más bastante larga, ya que la pregunta es muy compleja. Señora diputada, las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores que se celebran a intervalos regulares por lo general sirven para revisar la aplicación de la Declaración de Barcelona y para definir medidas que permitan realizar los objetivos de la cooperación, tal como está establecido en la propia Declaración de Barcelona.
Los trabajos de la Conferencia de Stuttgart cubrirán, por tanto, los tres apartados de la cooperación. Al igual que en las anteriores reuniones de ministros euromediterráneos, los participantes deberán ratificar su compromiso sin reservas con la cooperación, que ya ha demostrado sus frutos y que adquirirá nuevo ímpetu con la adopción de nuevas directrices. Además, es preciso subrayar la importancia de un desarrollo equilibrado de la cooperación en todos los capítulos de la Declaración de Barcelona y de su programa de trabajo.
Al igual que sucedió en la segunda reunión ministerial, el Consejo espera esta vez también una comunicación de la Comisión, que deberá presentarse a principios de marzo y que servirá como base para establecer la posición de la UE para la Conferencia de Stuttgart. Además será necesario mantener una estrecha cooperación con nuestros socios mediterráneos para garantizar un resultado con éxito de la conferencia. En el marco de la cooperación económica y financiera será necesario hacer especial hincapié en los trabajos de los expertos gubernamentales con respecto a la transición económica y la supervisión, en la que se incluyen las cuestiones del libre comercio y las repercusiones de la transición económica en la zona, conforme a las conclusiones de La Valetta. Estas servirán de base a las reflexiones sobre la estrategia futura.
En este contexto, el Consejo espera que concluyan las negociaciones sobre un acuerdo de asociación con Egipto y con Líbano y que se produzcan avances considerables en la celebración de acuerdos con Argelia y Siria, con el objetivo de crear una zona de prosperidad compartida. Además, la Conferencia Euromediterránea sobre cooperación regional, que se celebrará los días 28 y 29 en Valencia, servirá de preparativo al encuentro ministerial de Stuttgart en el examen de diversos aspectos de la cooperación regional.
El enfoque de la UE para estos debates se basa fundamentalmente en las conclusiones del Consejo sobre la comunicación de la Comisión relativa a la cooperación euromediterránea y el mercado interior. Asimismo, el Consejo aguarda las propuestas de renovación del Reglamento MEDA, que la Comisión en principio ha de presentar antes de la Conferencia de Stuttgart. El Consejo concede especial importancia al objetivo político de la creación de un espacio de paz y estabilidad euromediterráneo. En la reunión ministerial ad hoc celebrada los días 3 y 4 de junio de 1998 en Palermo se adoptó un enfoque integrado para la estabilidad regional y quedó bien claro que es necesario desarrollar una concepción común de los factores cuya consideración contribuye, según la comprensión general, al concepto actual de estabilidad regional.
Estos factores incluyen, entre otros: terrorismo, delincuencia organizada, tráfico de armas, entrada de inmigrantes ilegales, retos socioeconómicos, prejuicios, xenofobia y racismo. Además, los socios euromediterráneos concentrarán sus esfuerzos en la elaboración de una Carta que incluirá los aspectos antes citados y que contribuirá a la creación de un marco estable político e institucional para toda la región.
La creación de una zona de bienestar mutuo compartido permitirá al Consejo, defender explícitamente valores comunes que deberían ser reconocidos y empleados por todos los socios mediterráneos. En este sentido, el Consejo hará todo lo posible para que los derechos humanos y las libertades fundamentales se tengan más en cuenta como factores decisivos de seguridad en la región. Sin un marco político no podrán sustentarse los avances en el ámbito económico, social y cultural de la región euromediterránea. El Consejo trabajará con ahínco en la adopción de la Carta antes mencionada.
La Conferencia de Stuttgart podría dar un ímpetu permanente para que avancemos en la consecución de este objetivo.

Izquierdo Rojo
Parecía que el Presidente en ejercicio del Consejo hablaba y decía algo, pero no ha dicho absolutamente nada. Nada más que vacuas generalidades que ya sabíamos.
Es realmente decepcionante, señor Presidente en ejercicio del Consejo, escuchar una respuesta parlamentaria en ese tono burocrático que no dice nada. Por favor, usted que en cuatro minutos y pico no ha dicho nada, concréteme ahora, a mí que sólo dispongo de un minuto para hacerle una pregunta, concréteme algo que sí es muy importante en el Mediterráneo.
En relación con un país como Argelia, dígame qué va a hacer la Presidencia alemana para luchar contra el fraude, la corrupción, los abusos de poder y, sobre todo -una cuestión muy importante- cómo va a defender los derechos humanos de los argelinos. Cómo va a salvaguardar el derecho a la vida de la población rural en Argelia que se está muriendo -veinte hoy, veinte ayer, cuarenta anteayer- sin que el Consejo de la Unión Europea se dé por aludido ni siquiera para decir que va a hacer algo.

Verheugen
Lamento que a la Sra. Diputada no le haya satisfecho mi respuesta. Pero le pido que comprenda que yo debo defender aquí posiciones que deben asumir quince países a la vez. Creo que será usted tan consciente como yo de que es un problema de nuestra Unión que no tengamos una política de asuntos exteriores y seguridad común en sentido estricto. Las consecuencias de este estado de cosas son respuestas como la que acabo de dar.
Una respuesta así no refleja la capacidad o la intención de la Presidencia, sino la situación de la Unión Europea en el terreno de la política exterior y de seguridad. Supongo que lo percibirá usted del mismo modo que yo.
Por supuesto, la Presidencia no está en condiciones de modificar la situación interna en Argelia. Soló está en condiciones de influir a través del diálogo político intensivo ya iniciado con Argelia para mejorar la situación en favor de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y un desarrollo social equitativo. Puedo asegurarle que la Presidencia alemana dirigirá el diálogo en este sentido.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señorías, hemos agotado e incluso hemos sobrepasado el tiempo dedicado a las preguntas al Consejo. Por lo tanto, después de agradecerle al Sr. Verheugen su presencia y su colaboración política y desearle lo mejor en el año que empezamos -y de una forma especial en el semestre que vamos a compartir-, doy por cerrado el turno de preguntas.
Las preguntas 12 y 19 a 29 se contestarán por escrito.
La sesión, interrumpida a las 19.10 horas, se reanuda a las 21.00 horas

Aplicación del artículo 93 del Tratado CE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0418/98) del Sr. Areitio Toledo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (COM(98)0073 - C4-0160/98-98/0060 (CNS)).

Areitio Toledo
Señor Presidente, esta noche, en la intimidad de este hemiciclo con el Sr. Comisario, vamos a debatir de un asunto que, a pesar de la poca presencia, es muy importante. El tema de las ayudas públicas y de la necesidad de controlar las ayudas públicas es un objetivo permanente de la Comisión y del conjunto de la Unión Europea. Estas ayudas distorsionan la competencia y el libre comercio, retrasan la reestructuración industrial y dificultan los logros del pacto de estabilidad.
El volumen total de las ayudas que conceden los Estados no es pequeño, y conviene recordarlo aquí. Estamos hablando de cifras próximas al 1, 5 % del PIB comunitario. Estamos hablando de cifras del 2, 6 % del gasto público en los presupuestos nacionales que, comparadas con el propio presupuesto comunitario, son superiores. Y creo que esto es intolerable en el marco de una Unión monetaria.
La Comisión, desgraciadamente, sólo dispone, en virtud del Tratado, de la necesaria autoridad para controlar dichas ayudas con carácter individual, analizando caso por caso su compatibilidad con el Tratado. Es evidente que los recursos de que dispone la Comisión, para realizar este control sobre cada una de las ayudas o regímenes de ayudas, son claramente insuficientes. Como ya he tenido ocasión de advertir en otras ocasiones, y como ha aprobado este Parlamento en varias resoluciones, creo que a la larga será necesario establecer un límite de carácter global al volumen total de ayudas que concede cada Estado miembro. De lo contrario, se producirán tensiones en el seno de la Unión monetaria. Es verdad que si en un jardín salen malas hierbas se pueden arrancar una a una, pero si hay demasiadas hierbas conviene emplear el herbicida.
En cualquier caso, la Comisión, consciente del problema, lanzó a finales del año 1996 una reorientación del sistema de control de las ayudas estatales, cuyo objetivo es reducir el número de casos a controlar y mejorar la eficacia, transparencia y coherencia del sistema de control. Con este fin, en noviembre de 1997, el Consejo adoptó un reglamento de habilitación que permitirá a la Comisión exonerar a los Estados miembros de la notificación de ciertas categorías de ayudas para pequeñas y medianas empresas, para investigación y desarrollo, de carácter regional, empleo, formación, etc.
El reglamento que hoy examinamos -a propuesta de la Comisión- constituye la segunda pata de esta nueva orientación sobre la que se apoya la nueva orientación de la Comisión. El objetivo de este reglamento es establecer un procedimiento claro, inexistente hasta la fecha, aplicable a los procesos de control de ayudas estatales por parte de la Comisión. En definitiva, se trata de incrementar la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de quienes intervienen en el mismo.
Debo decir que hay que felicitar a la Comisión por esta iniciativa, que, sin duda, va a facilitar el mecanismo de control tanto a quien lo ejerce como a quien lo padece. Con este mismo objetivo, el ponente ha propuesto trece enmiendas al texto que ha hecho suyas la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, y que sólo pretenden reforzar las garantías de transparencia y de seguridad jurídica, eliminando algunos aspectos, a nuestro juicio, de discrecionalidad que contenía la propuesta.
En cualquier caso, la obligación de notificación previa y el principio de efecto suspensivo, consagrado en el apartado 3 del artículo 93, siguen constituyendo el eje del sistema de control.
No voy a entrar en detalle en las enmiendas. Yo creo que son conocidas por la Comisión y, además, debatidas también en el Consejo.
Señor Presidente, señor Comisario, confío en que la aportación que hemos hecho con este informe ayude al objetivo de mejorar el sistema de control de las ayudas estatales y de someterlas a un mayor rigor. Pero no puedo dejar de señalar, como he dicho antes, que, cuando las malas hierbas proliferan en exceso en un jardín, no es eficaz arrancarlas de una en una y que, antes o después, habrá que tratar del tema de las ayudas también desde un marco macroeconómico en el seno del pacto de estabilidad.

El Presidente
Muchas gracias por habernos dado tan buen ejemplo. A lo mejor no sobrepasamos la medianoche.

Rapkay
Señor Presidente, estimados colegas, es un hecho que también podría saludarles a todos individualmente y de así hacerlo sólo emplearía una pequeña fracción de mi cómoda intervención de tres minutos. También quiero prometerles que no voy a emplear mucho de este tiempo exclusivo, estos tres minutos, a cuestiones de contenido. Quisiera aclarar en dos puntos por qué.
En primer lugar: respecto de la cuestión de la política de competencia, no hay profundas diferencias de contenido entre los grandes Grupos de esta Asamblea. Esto ya lo hemos constatado en otros debates: impera la unanimidad, el común acuerdo. Prácticamente se puede decir lo mismo de una cuestión concreta sobre la que, exceptuando un par de detalles, tampoco ha habido grandes diferencias en el seno de la comisión por lo que consecuentemente hemos alcanzado un voto unánime. Nuestra preocupación común es, por ejemplo, la definición de los procedimientos, la transparencia de los procesos de decisión o el fortalecimiento de la Comisión en tanto autoridad de la competencia y de la supervisión de las ayudas. Todas estas son cuestiones en las que coincido con el ponente.
Pero tengo alguna duda más. No veo a nadie del Consejo, cosa que, dada la hora que es, tampoco es ninguna sorpresa. Sin embargo, el Comisario responsable de la competencia, al que le tengo en gran consideración, sí está presente y quizá él pueda ayudarme. Me pregunto qué es lo realmente estamos debatiendo hoy. Y me refiero más bien al texto y no a lo que atañe al contenido. Porque hoy debatimos un texto y mañana votaremos las enmiendas a este texto el cual, en ni opinión, hace tiempo que está superado, puesto que el Consejo competente ya tomó su decisión hace dos meses. Entonces me pregunto la manera en que nuestras posiciones, que expresamos en tanto Parlamento Europeo, están presentes en la decisión del Consejo. Esto tampoco es ninguna incógnita. Podríamos decir que el Consejo ya había anticipado todo esto. Pero resulta que uno u otro punto no aparecen de forma explícita.
En el articulo 14, y precisamente en la versión del Consejo, hay una cuestión que tiene algo que ver con la presentación de reclamaciones. Ésta fue claramente rechazada en la comisión. Tengo un conocimiento preciso de esto porque esta era una de mis enmiendas y en la comisión he revisado todos los puntos, los cuales he presentado a mi Grupo, en mi calidad de ponente en la sombra. Este es el único punto que la comisión ha votado explícitamente en contra. Sin embargo, está ahora presente en la decisión del Consejo. Entonces, señor Comisario, la pregunta sería ¿cómo podemos evitar esto? ¿Lo que verdaderamente hacemos aquí es sólo un mero ejercicio de razonamiento teórico? Este es mi gran problema. Esto debería conducir a que reflexionáramos un poco sobre nuestros propios procedimientos puesto que ¿cuál es el sentido de seguir discutiendo en esta exclusiva tertulia si hace ya tiempo que el tren ha partido?

Metten
Señor Presidente, el tiempo en que las ayudas estatales eran sagradas para mi grupo parlamentario, hace mucho que pertenece al pasado. Apoyamos la idea actual de la Comisión de que la ayuda estatal está permitida exclusivamente en casos especiales, como las ayudas regionales o las ayudas para la investigación. E incluso ahí hemos de ser cautelosos. Porque las ayudas regionales no deben llevar a que, por ejemplo, se trasladen empleos a una parte de la Unión, eliminándolos de otra. Por otro lado, el apoyo a la investigación no debe convertirse en una ayuda estatal para empresas disfrazadas.
Sin embargo, no podemos por menos que constatar que las ayudas estatales son concedidas a gran escala, también a empresas que no representan ningún interés público. En parte se trata de subvenciones tradicionales que hasta ahora han sido toleradas o incluso aprobadas por la Comisión, y en parte se trata de subvenciones concedidas ilegalmente. He tenido que constatar que existe cierta hipocresía entre los Estados miembros, que si bien apoyan una política general restrictiva para las ayudas estatales, ponen grandes trabas a la hora de reclamar la devolución de las subvenciones concedidas ilegalmente. A mí me parece un asunto de credibilidad y de efectividad el que se castiguen los abusos. Y por mí podría decirse lo mismo sobre las ayudas estatales en forma de concesiones fiscales. En este sentido la reclamación significa que el Estado recupere el dinero de las empresas individuales. No está del todo exento de ironía el que a los gobiernos esto les preocupe.
En cuanto a las ayudas fiscales toleradas hasta la fecha por la Comisión, quiero expresar mi seria desaprobación con la decisión de la Comisión que aparece en el Diario Oficial del 18 de diciembre del año pasado, en la que el impuesto de sociedades extremadamente bajo que se aplica en Irlanda de manera exclusiva a las empresas extranjeras, por un lado sí es tachado de ser una subvención a la explotación y competencia desleal, pero por otro lado se permite que sea prolongado hasta el año 2003 e incluso hasta el 2010. En este caso la Comisión de forma clara ha sido excesivamente complaciente e inconsistente. Por lo que a mí respecta, este asunto traerá cola.

Sindal
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, seré breve. Tal y como se dijo anteriormente, este asunto ha sido ya debatido en el Consejo. Sin embargo, me gustaría hacer mención - tal y como ha hecho mi compañero, el Sr. Metten - de las circunstancias atenuantes que pueden rodear las ayudas estatales, me refiero al empleo. Me gustaría subrayar la obligación de dar la ayuda en períodos de reconversión y de que ésta sea siempre transitoria. También querría subrayar que cuando se opta por eliminar las ayudas y en su lugar, desarrollar empresas, se crea empleo. Algo del dinero que destinamos a competitividad podría emplearse en desarrollo antes que en ayudas. Espero que la Comisión no pase por alto este problema en la simplificación de la administración del artículo 93 que está efectuando. Soy consciente de que el Sr. Van Miert no dispone de tanto personal. Sin embargo, espero que la simplificación sea positiva y efectiva. Especialmente me alegra la propuesta que introduce un control en el lugar. Me parece algo positivo que puede hacer éste más efectivo y transparente mejorando la seguridad jurídica. También me parece positivo de cara a luchar contra las burocracias nacionales y las malas conciencias.
Resulta muy difícil para un país reconocer que ha cometido fallos. Lo sé por Dinamarca y Alemania. Nos hemos enfrentado a numerosos casos en materia de astilleros, sin embargo, todos estamos obligados a mirar juntos hacia delante. Creo que la propuesta que hay ahora encima de la mesa, aunque haya sido tramitada en el Consejo, es una buena forma de seguir adelante. Sin embargo, también creo que debemos examinar año tras año cómo mejorarla. El resultado al que ha llegado el Consejo quizá pueda ser mejorado ya el próximo año, pues siempre seremos mejores o más hábiles a la hora de administrar estas normas. Quiero desearles al señor Comisario y a la Comisión mucha suerte en el futuro y recordarles el apoyo del Parlamento a la Comisión en este terreno.

Van Miert
 Señor Presidente, como acaba de decir el ponente, discutimos prácticamente en la intimidad este dossier que, sin embargo, tiene tanta importancia.
En primer lugar, tengo que dar mis sinceras gracias al ponente, Sr. Areitio Toledo, y a los demás participantes. En realidad, en cierto modo discutimos este dossier entre nosotros, entre personas que lo conocemos y tratamos de mejorar las cosas, algo que no viene de hoy. Desde hace años, tratamos de trabajar en conjunto para fortalecer el sistema de control de las ayudas estatales, para mejorar los procedimientos, ser más transparentes y más equilibrados. Es verdad que en algunos temas -y responderé de inmediato al Sr. Metten- hay divergencias entre nuestros puntos de vista. Acerca de la gestión de algunos dossiers, las opiniones no han de concordar necesariamente. Pero creo posible decir que, de una manera general, a pesar del carácter delicado de los dossiers relativos a las ayudas estatales, si no un consenso, al menos existe el sentimiento de que, globalmente, las cosas evolucionan en la buena dirección.
Aquí se trata de nuestra segunda iniciativa sobre la base del artículo 94, y Sus Señorías recordarán que, en el pasado, hicimos un intento sin éxito. Esta vez, pudimos establecer una concordancia entre dos propuestas y entre nosotros, pues estamos en la intimidad, como lo ha dicho el ponente, con mucha mayor rapidez de lo que yo pensaba. Y esto, Sr. Rapkay, explica un poco nuestro problema. Una propuesta que se hizo hace varios meses por fin consiguió muy prontamente salir adelante en el Consejo de Ministros. Esto me asombró mucho, porque en principio había divergencia de criterios. Yo mismo asistí a la reunión del Consejo cuando por primera vez se discutió este dossier, y advertí que retiraría nuestra propuesta, pues el apoyo era inexistente. Pero he aquí que unos meses más tarde, para mi gran sorpresa, en cinco minutos el Consejo de Ministros adoptaba lo medular de esta propuesta. Hay que sacar algunas lecciones de todo esto, en primer término para el Parlamento, para que quizá en otros casos semejantes pueda trabajar algo más de prisa, y en segundo, para el Consejo de ministros, al que a veces podemos animar a que trabaje con mayor rapidez.
Dicho esto sobre el fondo, pienso que lo mantenido en principio por el Consejo corresponde con bastante amplitud -e insisto, Sr. Rapkay, con bastante amplitud- a lo que el Parlamento también siempre dijo. Sin duda, por primera vez tendremos un procedimiento transparente de verdad. O sea que se trata de una especie de acto fundador, un acto del que estábamos necesitados, y que nos permitirá trabajar en un contexto más claro y más transparente y permitirá a los demás conocer mejor los procedimientos: pienso que esto interesa a todos.
Ahora querría responder a algunas observaciones precisas. Existe un problema específico, Sr. Rapkay, que nos preocupa mucho. Una vez que la Comisión adopta una decisión negativa -algo que, como Su Señoría sabe, ocurre cada vez más a menudo-, el Estado o la autoridad que ha dado la ayuda pública tiene la obligación de recuperar esa ayuda. En la mayor parte de los Estado miembros se hace lo que hay que hacer, pero en algunos Estados la cosa es complicada. Por ejemplo, en Alemania, el asunto puede presentarse ante los tribunales de justicia nacionales y prolongarse durante años. Por lo tanto, esto implica cierta discriminación entre los Estados miembros. Hemos intentado afinar la puntería, porque se trata de una cuestión de coherencia en la ejecución de las decisiones de la Comisión en todo el territorio de la Unión Europea. Este es el motivo por el que hemos insistido sobre este punto. Otro punto: la verificación en el terreno del respeto a las condiciones que, a veces, acompañan a la decisión en materia de ayudas estatales. Por ejemplo, así se hace en el tema de los astilleros. Pero también en otros sectores, a veces, también resulta necesario verificar si hay un respeto efectivo de los compromisos. Estos ejemplos prueban que hay progresos.
Dicho esto, sé que sobre todo en Alemania se planteaba la cuestión de saber si la Comisión puede hacer algo que no esté de acuerdo con el derecho nacional. Esto merece, siquiera, ser discutido, porque una vez más, si la mayoría de los Estados miembros aplican las decisiones de la Comisión aunque otros no lo hagan, se produce un problema. Es verdad, los que respetan las decisiones dicen: «Sí, pero vean ustedes, miren lo que pasa en los otros países: el dinero indebidamente pagado no se recupera». Cada día veo más y más casos de este problema, y así debo decirlo, honestamente. Cada vez oigo con mayor frecuencia: «Si esto no es lo que ocurre en los países vecinos, ¿cómo es que pasa en el nuestro?» Debía señalar esta cuestión a Sus Señorías.
En vista de la limitación de tiempo, Sr. Presidente, tengo que terminar y, para hacerlo, me dirijo en particular al Sr. Rapkay. Creo que la mayor parte de las enmiendas se han aceptado, por fin, y que por consiguiente hay motivos para la satisfacción, aunque sea un tanto a posteriori. En uno o dos puntos, no estoy en condiciones de responder a las preocupaciones de Su Señoría, porque no estamos de acuerdo, como ocurre a veces. Pero en términos globales, pienso que puedo decirle que esta normativa responde a las preocupaciones del Parlamento Europeo.
En lo relativo al último tema planteado por nuestro amigo Metten, es verdad que se estaba ante una situación particular, porque en el pasado, acertada o equivocadamente, la Comisión había aceptado este régimen. Esto se remonta a los tiempos de la adhesión de Irlanda. Se trataba, pues, de una situación que, repito, la Comisión aceptó en un momento dado. No se podía ignorar tal situación, de modo que hay derechos adquiridos. Lo que hemos procurado hacer ha sido poner fin a ese régimen, tras un período de transición. Y esto fue lo que se convino.
Otra cosa es saber cuál será el precio para la sociedad. Se trata de un debate más general que entra en el marco de la armonización fiscal, porque desde el momento en que se trata de una medida general, ya no se puede considerar que estemos en el campo de las ayudas estatales. En efecto, hemos dicho a las autoridades irlandesas que, tal como se aplicaba en el pasado, el régimen ya no era aceptable. Como en otros casos, nos ocuparemos de toda una serie de dossiers de ayudas fiscales, algunas de ellas también aceptadas en épocas anteriores. Es decir que también habrá que encontrar soluciones para otros dossiers que jamás se notificaron, que jamás se aceptaron en la Comisión. Habrá que ser más duro, más estricto, por supuesto. Pero estoy seguro de que todavía tendremos ocasión de discutirlo.
Una última cosa, ya señalada por el ponente: Sus Señorías ven a esta gentil señora sentada a mi lado. Se trata de una integrante del equipo de funcionarios que se ocupan de los expedientes de este tipo. No obstante, como saben Sus Señorías, es muy seria la carencia de personal para realizar este trabajo. Hay una treintena de dossiers de «ayudas fiscales» detenidos, y no dispongo de los recursos humanos necesarios. Es necesario buscar especialistas en fiscalidad para estudiar estos dossiers. De modo que, aunque sé que Sus Señorías comparten mi preocupación al respecto, una vez más me permito hacer una llamada: cuando se cuenta con un nuevo campo para labrar pero no se dispone de los medios necesarios para hacerlo, es imposible hacer milagros. Tenemos delante una pila enorme de dossiers, con medios irrisorios en materia de recursos humanos. Y debo decirlo: no me exijan nada si no podemos sacar adelante todos estos dossiers en pocos meses, aunque bien sé que hablo ante personas tan convencidas como yo. Sólo puedo recordar el problema, a la espera de que en otras instancias, quizá Sus Señorías puedan echarnos una mano para que obtengamos el mínimo de personal necesario para tratar estos expedientes.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Régimen del derecho a deducción del IVA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0490/98) del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre
I. la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo que se refiere al régimen del derecho a la deducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (COM(98)0377 - C4-0474/98-98/0209(CNS)II. la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre las medidas de control, las medidas relativas al sistema de restitución y las medidas de cooperación administrativa necesarias para la aplicación de la Directiva 98/xxx/CE (COM(98)0377 - C4-0475/98-98/0210(CNS)).
Garosci
Señor Presidente, me complace que el Sr. Comisario Van Miert haya pedido una interpretación humana y social de las cuestiones fiscales y económicas. Esa ayuda que nos solicita no va a faltar por parte de esta Institución. Además de esto, el asunto que nos ocupa esta tarde que gira en torno al Impuesto sobre el Valor Añadido no es menos importante para la armonización que nos proponemos en este momento tan especial de la implantación de la moneda única.
El texto de la Comisión, en efecto, se refiere a dos propuestas estrechamente relacionadas entre sí, cuyo objetivo es mejorar el sistema común del IVA. La actual falta de uniformidad de dicho sistema ha generado una efectiva segmentación de lo que debería ser el mercado único, mejor dicho, el mercado interior, como preferimos llamarlo.
La imposibilidad de conocer todas las disposiciones en materia de IVA vigentes en cada uno de los Estados, provoca que, con frecuencia, los operadores tengan que actuar en una situación de inseguridad jurídica, con la posibilidad de que se cree una ventaja en términos de competencia en favor de aquellos que sepan aprovecharla, lo que en definitiva provoca una distorsión de la competencia.
Es importante señalar que estas propuestas tienen un carácter transitorio, a la espera de la entrada en vigor del Reglamento definitivo del sistema común del IVA, basado -como sabemos perfectamente- en el principio del lugar único de imposición y deducción.
La Comisión opina que, hoy por hoy, la mejor manera de simplificar el sistema común del IVA consiste en autorizar al sujeto pasivo a deducir el IVA soportado en un Estado miembro, en su declaración periódica del IVA presentada en el Estado de residencia. Esta propuesta exige una modificación del artículo 17 de la Sexta Directiva IVA, en la que se debería introducir un reglamento que organice las relaciones entre los Estados miembros por lo que se refiere a la compensación y la devolución del IVA, revocando al mismo tiempo el procedimiento de devolución especial del IVA contemplado en la Octava Directiva IVA.
En este caso, los efectos de la propuesta para los sujetos pasivos establecidos en la Comunidad Europea implican que el IVA, si el sujeto pasivo se identifica a efectos del IVA en un único Estado miembro, se deduce en dicho Estado, independientemente del Estado miembro donde se hayan realizado los gastos gravados con el IVA. Si el sujeto se identifica a efectos del IVA en varios Estados miembros, si el sujeto pasivo se identifica en el Estado miembro donde ha realizado los gastos gravados con el IVA, el IVA se deduce en dicho Estado miembro. Si el sujeto pasivo no se identifica en el Estado miembro en que ha realizado los gastos gravados con el IVA, el IVA se deduce en el Estado miembro en que dicho sujeto haya efectuado las entregas de bienes o las prestaciones de servicios correspondientes a los gastos. Por tanto, el importe del IVA deducible se calculará según las normas del Estado miembro de residencia y no según las normas del Estado miembro que haya recaudado el impuesto.
La presente propuesta introduce una excepción a la Octava Directiva IVA y establece que el Estado miembro en el que se realizan las adquisiciones será responsable del control del pago efectivo del IVA, mientras que el Estado miembro de deducción será el responsable del control de la deducción efectiva del IVA.
La segunda parte de la propuesta de la Comisión se refiere a los gastos que no dan derecho a una deducción completa del IVA. Se trata de gastos que, incluso cuando se realizan en el marco del funcionamiento normal de una empresa o de una actividad se destinan a cubrir también necesidades privadas, ya que revisten el carácter de un consumo final. Actualmente, la mayor parte de los Estados miembros excluye o limita el derecho de deducción, simplificando los trámites administrativos y, por ende, limitando las posibilidades de fraude fiscal. Sólo tres Estados miembros -Alemania, Luxemburgo y Holanda- conceden el derecho a la deducción íntegra, quedando tan solo excluidos los gastos que no revisten un carácter profesional.
La Comisión propone llevar a cabo una armonización de las diferentes normativas nacionales, pero dejando a cada uno de los Estados miembros un cierto margen discrecional. En lo que respecta, por ejemplo, a los gastos relativos a los automóviles de turismo, por lo general, se aplican las normas habituales, con la única excepción en caso de que resultara difícil controlar la utilización no profesional del vehículo. En este caso, se permite al Estado miembro fijar un porcentaje máximo de deducción que no podrá ser inferior al 50 % del impuesto soportado controlando la utilización profesional real. En el caso de que el porcentaje de utilización profesional no alcance el límite máximo deducible de IVA, la deducción se efectúa conforme a las normas habituales.
Por último, está el capítulo relativo a los gastos del llamado turismo de negocios -congresos, convenciones, viajes de negocios, etcétera- que, en el ámbito de todo el turismo comunitario, supera el 20 % y, por tanto, reviste un papel cada vez más considerable en el ámbito global. La importancia del sector de los negocios es económica y a la par social y permite, por ejemplo, la desestacionalización de actividades y sedes turísticas, por ejemplo, marítimas, de montaña, etcétera. En otras palabras, la elección para un congreso de una de estas localidades fuera de temporada permite la revitalización de ese lugar incluso en los períodos de fuera de temporada o de temporada baja.
Las legislaciones nacionales de 8 de los 15 Estados miembros permiten utilizar la opción incluida en la Sexta Directiva 388 de 1997. En consecuencia, la lógica sugiere que se armonicen en todos los Estados miembros las deducciones del IVA relativas a gastos de alojamiento, alimentos y bebidas. Por último, en cuanto a los gastos de lujo, recreo o representación la Comisión considera oportuno excluirlos totalmente del derecho a deducción.
Creo que ésta es la lógica que nos debe guiar en nuestras decisiones, incluidas las de la Comisión, en el momento en que una moneda única debe coexistir con un único sistema fiscal, tributario o bancario. Ésta el la verdadera armonización.

Randzio-Plath
Señor Presidente, estimados colegas, es extraordinario que podamos celebrar que con esta propuesta de directiva la Comisión Europea simplifique considerablemente las retenciones y de esta manera contribuya a que el sistema del impuesto sobre el valor añadido de la Comunidad se siga uniformizando. En el futuro les va a estar legítimamente permitido a los contribuyentes, que solo están registrados en un país a causa del impuesto sobre el valor añadido, incluir directamente la retención en su declaración de impuestos personal y periódica de su país de residencia.
No se puede calcular donde se prestan los servicios ni donde se realizan los pagos. El importe de la retención se rige lógicamente según las disposiciones del país de residencia. Si por el contrario una empresa opera en varios Estados miembros y realiza pagos con motivo del impuesto sobre el valor añadido en uno de esos Estados miembros también se garantiza la retención en el país de la transacción. Si estos pagos se realizan en un Estado miembro en el que la empresa carece de número de identificación del impuesto de sociedades entonces dependerá del lugar de la prestación, en el que se realiza el pago, al que va unido la retención. De esta forma ya no se puede realizar la retención únicamente en el país donde han tributado los beneficios. Esta es, en la práctica, una modificación de la que se van a beneficiar por igual tanto las empresas como las administraciones tributarias. Porque el actual procedimiento de devolución, con el que se transpuso la 8 Directiva del Impuesto sobre el Valor Añadido, es demasiado compleja y formalista. Esto ha conducido a que las empresas, por regla general, hayan tenido que ser asesoradas sobre la tributación local y hayan tenido que esperar mucho por las devoluciones. Las administraciones tributarias tienen que gestionar los importes de las devoluciones fuera del periodo de declaración tributaria lo que conlleva un gasto administrativo y de tiempo adicional.
En este sentido el procedimiento de devolución y de compensación previsto es más eficiente en un nivel bilateral. Un Estado miembro requiere del correspondiente Estado miembro el importe que le corresponde de las retenciones efectuadas en los últimos seis meses. Así se traslada a los Estados miembros la devolución de los importes que se deben mutuamente y se prescinde de procedimientos aplazados de clearing que son costosos y que consumen tiempo. Además, el control, que se debe realizar a varios niveles, tiene la ventaja de que la administración no toma inmediatamente una última decisión sobre el descuento de las retenciones. El primer control, por tanto, debe realizarse en el marco de la evaluación de los impuestos en el Estado miembro que ejecuta la retención. Está previsto que este Estado miembro, en el que se realizan los pagos, transmita electrónicamente las operaciones en las que, según el artículo 17 apartado 3a, se realizó la retención. Cuando el Estado miembro -y esto está debidamente previsto- encuentre irregularidades debe trasladar las correspondientes informaciones al otro Estado miembro dentro del plazo de tres meses. Al Estado miembro que realizó la retención le corresponde entonces comprobar la corrección de la retención.
La uniformización de las retenciones de los pagos que caen dentro de la actividad empresarial pero que a menudo también sirven a fines privados, como la adquisición de vehículos o los viajes de negocios, es muy satisfactoria. Aquí se dan muchos supuestos fronterizos a la hora de establecer los límites. Esto nos es conocido por el derecho y por la administración tributaria nacionales. En este caso en el mercado interior no hay lugar para variaciones. Conducen en demasiadas ocasiones a déficits en la recaudación fiscal. Para los pagos relacionados con vehículos deben regir en el futuro las disposiciones generales. Esto está bien. Pero pienso que también es correcto que los Estados miembros puedan fijar para la retención un importe máximo del 50 % del impuesto soportado y, en concreto, en relación con la máxima utilidad comercial estimada en el caso de que el cálculo de la utilidad comercial presente dificultades.
El resto de las normas también se adecuan a los demás problemas. Precisamente con los gastos de los viajes de negocios es apropiado que la deducción alzada del 50 % de los costes motivados por el alojamiento sea considerada gasto de consumo.
Para terminar solo quisiera subrayar que con la propuesta de directiva se reducirán las insuficiencias de las disposiciones transitorias. Esto es digno de celebración. Sin embargo, no deben conducir a que las disposiciones definitivas queden en el olvido. Necesitamos efectivamente estructuras, definiciones, procedimientos y controles unitarios. Es indispensable que convirtamos el principio del país de origen en la base de la tributación de los beneficios e introduzcamos un procedimiento de clearing. Esto es muy importante teniendo en cuenta los diferentes intereses que los Estados miembros de la UE tienen en la Unión Europea. En la Era de la Unión Económica y Monetaria no tenemos por qué armonizar todos los impuestos, pero en el impuesto sobre el valor añadido sí que lo debemos hacer. Incluso actualmente la Unión Europea pierde cantidades superiores a los 700 mil millones de euros en el comercio de bienes no sujetos a imposición. Con ello sufrimos una perdida de ingresos fiscales demasiado acusada.

Secchi
Señor Presidente, antes que nada deseo expresar mi apoyo a la propuesta que nos ocupa y felicitarme con el Sr. ponente, cuyas argumentaciones comparto plenamente.
Quiero abordar brevemente tres puntos. En primer lugar, creo que la presente propuesta tiene el gran mérito -y esto ya se ha dicho- de ir encaminada hacia la simplificación del sistema del IVA a través de un mecanismo que permita la deducción en el Estado de residencia en los casos previstos y, por tanto, en cierto sentido, además de las ventajas que ya se han señalado, es una especie de puente hacia el sistema definitivo.
En segundo lugar, quiero retomar las argumentaciones del Sr. ponente respecto a la deducción y a la necesidad de armonizar, especialmente en algunos ámbitos, los diferentes sistemas vigentes en los distintos Estados miembros. También quiero hacer hincapié en el turismo de negocios que, desde este punto de vista, resulta perjudicado en Italia y no tan solo en Italia. Al salir perjudicado, es obvio que sufre una situación caracterizada por el hecho de que la normativa en vigor, además de no ser coherente con la puesta en marcha de un sistema definitivo del IVA europeo ampliamente armonizado, ni siquiera es capaz de corregir las graves distorsiones que, hoy por hoy, afectan a un sector que puede ofrecer una valiosa contribución en materia laboral a las economías locales perjudicadas por factores de carácter estacional.
El tercer punto guarda relación con lo que acabo de decir, o sea, con la necesidad de no cejar en el empeño de convertir el sistema del IVA en más coherente con los objetivos de creación de empleo y de desarrollo. Por falta de tiempo, me limito a llamar su atención sobre el hecho de que está perdiendo fuerza la propuesta de ensayar un sistema reducido del IVA para las actividades que carecen de relevancia comercial y que, en consecuencia, no son potencialmente distorsionadoras y sí creadoras de empleo. Asimismo he de decir con franqueza que es cada vez más difícil comprender la razón de la inacción en este campo.

Gallagher
Señor Presidente, desearía ya de entrada felicitar al Sr. Garosci por la preparación y, sobre todo, por la presentación de este informe. Vivimos en un mercado interior que opera en toda la Unión, con una libre circulación de mercancías, servicios y capitales a través de los territorios de los quince Estados miembros, que abarca a casi 250 millones de personas. En estos momentos no existe un régimen común de IVA dentro de la Unión, y esta falta de uniformidad ha dado lugar a una fragmentación en el funcionamiento del mercado único de los quince territorios fiscales. El hecho de que resulta imposible saberlo todo acerca de las disposiciones sobre el IVA vigentes en otros Estados miembros de la Unión implica que los contribuyentes han de actuar en una situación de incertidumbre jurídica y enfrentarse con distintas estructuras burocráticas.
El IVA es uno de los ámbitos que abarca la segunda fase de la iniciativa SLIM, por la que la Comisión ha mostrado un considerable interés. En especial, SLIM ha demostrado la necesidad de simplificar los procedimientos de reembolso del IVA, lo cual ayudaría a las empresas de toda la Unión a la hora de abonar el reembolso en concepto de venta de bienes o prestación de servicios. Hemos de acoger satisfactoriamente esta medida. Como parte de los trabajos actualmente en marcha para mejorar el régimen común de IVA, la Comisión Europea ha presentado propuestas relacionadas con los tipos de deducción de los costes en que se hayan incurrido en concepto de IVA, con la intención de modificar el sistema actual que obliga a las empresas a someterse a procedimientos excesivamente complejos y costosos a fin de solicitar el reembolso por parte de las autoridades fiscales de los Estados miembros donde se pagó el IVA. Este sistema será sustituido por otro más sencillo en el que las empresas podrán hacer uso de sus devoluciones regulares de IVA para deducir el IVA pagado en otro Estado miembro.
Respaldo las medidas que contribuyan a la prosperidad y al mejor funcionamiento de las empresas en el territorio de la Unión. La Unión Europea ha de establecer normas justas y definitivas para un régimen común de IVA basado en el principio de un lugar único para la imposición fiscal y para la deducción.
No todas las propuestas de simplificación de los procedimientos fiscales implican necesariamente una armonización de los impuestos. Pero la simplificación de los procedimientos fiscales es un aspecto positivo.

Hautala
Señor Presidente, también mi grupo respalda las propuestas de la Comisión encaminadas a simplificar los procedimientos de IVA entre los quince Estados miembros. Sin embargo, por lo que respecta a la posibilidad de deducción de este impuesto, creemos que, en la práctica, la propuesta de la Comisión es más razonable que la que ha presentado la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. En nuestra opinión, hay que hacer una distinción entre los viajes de empresa y los viajes privados, y se debe reconocer que los viajes entrañan muy a menudo un carácter dual. Así pues, apoyamos la propuesta de la Comisión en el sentido de que ha de establecerse un límite a las deducciones, por ejemplo del cincuenta por ciento. Con toda seguridad, el sector hostelero se habrá puesto de parte de los grupos parlamentarios, haciendo hincapié en que los gastos de los hoteles y los restaurantes relacionados con viajes de empresas deberían poderse deducir en su totalidad, aunque a nosotros no nos parece una medida razonable debido, precisamente, a este carácter dual.
En cambio, el sector hostelero reviste de por sí una gran importancia para la situación del empleo, por lo que los Estados miembros tendrían ahora la oportunidad de experimentar si es posible incentivar la capacidad creadora de empleo de estos sectores mediante la reducción de las bases impositivas del IVA. Creemos que los Estados miembros deberían aprovechar indudablemente esta oportunidad. Está claro que la creación de puestos de trabajo en el futuro se centrará en gran medida en el sector de servicios -y el campo hostelero constituye precisamente un importante modelo de este sector-, pero sería un error que se pudieran eximir completamente del pago del IVA los gastos derivados de los viajes de trabajo.

Metten
Señor Presidente, en este expediente mi Grupo apoya a la Comisión Europea y no a las enmiendas del ponente. Reconocemos la importancia de la recaudación del IVA como una posible herramienta de fomento del empleo. Sin embargo, no estamos a favor de una política donde ad hoc y de forma arbitraria se favorezcan determinados sectores.
Sí estamos a favor de unos experimentos objetivos y transparentes que utilicen el instrumento del IVA para la creación de empleo. La Comisión ya sabrá adonde voy. Después de que nosotros, como Parlamento, lo hiciéramos numerosas veces, finalmente el Consejo Europeo de Viena ha pedido a la Comisión que formule una propuesta para llevar a cabo un experimento con un IVA reducido sobre la prestación de los servicios con mano de obra intensiva.
Pregunto a la Comisión cuándo puede esperar este Parlamento recibir esa propuesta de la Comisión. Saben que para el Parlamento este asunto es de gran interés y le ruego que posibilite que este Parlamento, aún antes de su disolución, pueda adoptar una propuesta de la Comisión sobre un experimento con la reducción del IVA para los servicios con mano de obra intensiva. Esto quiere decir que deberá formular una propuesta concreta aún en este mes o en el siguiente, cosa que es fácil porque ya hemos tenido largas negociaciones al respecto y creo que a grandes rasgos estamos de acuerdo en que ha de limitarse a un experimento destinado exclusivamente a unos sectores determinados con gran intensidad de mano de obra. En el fondo ya estamos de acuerdo sobre su planteamiento. De hecho creo que la propuesta ya está ahí. Así que le ruego muy encarecidamente que procure que esa propuesta nos llegue en las próximas semanas.

Thyssen
Señor Presidente, en un mercado interior donde desaparecen las fronteras y donde llevamos ya trece días pudiendo pagar todos con la misma moneda, no es lógico que para la devolución del IVA los comerciantes hayan de dirigirse a los Estados miembros donde hayan efectuado sus gastos. El resultado, además, y lo sabemos todos, es que muchos empresarios con tal de ahorrarse el follón administrativo que conlleva, al final desisten de sus derechos a deducción del IVA, cosa que no habrá sido la intención de nadie.
La armonización de las normas sobre la deducción en otro Estado miembro es un asunto que los empresarios llevan mucho tiempo esperando y es un buen asunto. En este sentido, por lo tanto, podemos aprobar las propuestas de la Comisión. En efecto, será un paso adelante.
También el principio de la armonización de las normas sobre los gastos que no están sujetos a una deducción total representa un paso en la buena dirección, pero en este caso apoyamos la enmienda presentada por el ponente, el colega Carosci. La propuesta de hacer deducible íntegramente el IVA sobre los gastos de hoteles y restaurantes no sólo responde a una demanda desde el mundo empresarial, sino también a unos principios fiscales lógicos. Especialmente para las pequeñas empresas, la recepción de las relaciones comerciales suele ser la única forma de promocionar los productos o servicios. Por tanto, es lógico que los gastos reales que efectúen para ello, aunque sea en hoteles o restaurantes, sean considerados como gastos profesionales cuyo IVA sea completamente deducible.
Por mí la Comisión podría presentar más de este tipo de propuestas concretas, porque así demostraríamos ante el empresariado que las instituciones europeas no sólo se ocupan de los problemas de las multinacionales, sino también de los problemas de las empresas pequeñas, además de otros temas. Por lo tanto hago mía también la pregunta del colega Metten: ¿Qué pasa con la posibilidad de realizar experimentos con una tarifa reducida para los servicios con más intensidad de trabajo? Es una vieja pregunta que sigue sin resolverse, señor Comisario.

Lukas
Señor Presidente, apoyo completamente el informe del Sr. Garosci. La diferencia de trato que se dispensa a las agencias de viajes en los diferentes Estados miembros respecto del derecho de deducción, conduce a graves distorsiones de la competencia. El turismo de congresos y conferencias, aunque también el sector de los viajes de negocios individuales, se ve gravemente afectado por ello. En este sector que, tal y como ha dicho el Sr. Garosci, produce aproximadamente el 20 % del total de los beneficios turísticos, los gastos per cápita de los participantes son los que atraen, con diferencia, a muchos participantes de ultramar a los congresos que se celebran en Europa, en especial a los que vienen de los Estados Unidos y de Japón. Consecuentemente la competencia entre los destinos para celebrar congresos y conferencias es también muy intensa. En la perspectiva del estímulo del turismo de negocios, que tiene un alto valor como empleador, considero, por tanto, que la enmienda 7, en la que se solicita la deducción de los servicios de alojamiento y manutención y de los gastos de representación, es especialmente importante.

Torres Marques
Señor Presidente, el objetivo esencial de estas dos iniciativas que estamos examinando es el de simplificar el complejo y extraordinariamente diversificado proceso que existe en Europa en relación con el reembolso del IVA establecido en la 8ª Directiva.
Dada la escasez de tiempo de que dispongo, voy a centrarme en las propuestas de enmienda que tienen reflejos en la actividad turística y que merecen mi total conformidad. Versan dichas enmiendas sobre el llamado «turismo de negocios, reuniones, congresos, viajes de trabajo», que ya alcanza casi el 20 % del turismo europeo y que tiene una gran probabilidad no sólo de aumentar en gran medida a medio plazo, sino también de compensar uno de los fenómenos más complicados que afronta la actividad turística, es decir, la estacionalidad. Es también una forma de contribuir a que el empleo en el sector del turismo se mantenga más estable a lo largo de todo el año. En efecto, el «turismo de negocios» se hace sobre todo fuera de la temporada alta, con lo que contribuye a una explotación más equilibrada y rentable de las empresas turísticas a lo largo del año.
Ocho países de la Unión Europea han tenido plena conciencia de ello: Bélgica, Alemania, España, Finlandia, Luxemburgo, Holanda, Suecia y Gran Bretaña ya permiten la deducción del IVA relativo a los gastos de alojamiento y restauración en el caso de los viajes de negocios. Ése es un incentivo real que las administraciones de esos países dan al desarrollo del «turismo de negocios» tanto a favor de los nacionales de esos países como para atraer congresos a sus mercados. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que Europa dispone de condiciones excepcionales desde el punto de vista de la oferta en este sector, la competencia en él es bastante intensa.
Los siete países que no han adoptado ese principio -Austria, Italia, Francia, Grecia, Portugal, Irlanda y Dinamarca- resultan perjudicados por la competencia que les hacen los otros ocho países de la Unión Europea ya citados o por los destinos no europeos cada vez más abundantes en el sector del turismo en los que el IVA ni siquiera existe. Por eso, estoy personalmente a favor de las propuestas incluidas en las enmiendas presentadas por el Sr. Garosci, al que felicito, porque me parecen una contribución muy importante al futuro de la actividad turística europea.

Peijs
Señor Presidente, esta propuesta no encaja del todo en esta semana tan turbulenta. Y es que la propuesta se formuló bajo el signo de la confianza, la confianza entre los países y entre las instituciones. Las Administraciones de Hacienda de los Estados miembros deberán trabajar juntas para que esta propuesta sea un éxito. Tendrá que ser un éxito, porque la forma de hacer las cosas en la actualidad es una causa de irritación diaria para los empresarios.
La legislación sobre la que hoy nos pronunciamos tiene un gran potencial. El empresariado europeo sufre mucho los procedimientos administrativos que han de seguir para recuperar el IVA pagado en el extranjero. Y si se devuelve alguna vez, es fácil que pasen años antes de que el IVA sea transferido a la cuenta bancaria de la empresa interesada. Creo que es una suerte que tengamos a un Comisario italiano y a un ponente italiano también, porque el plazo más largo que he conocido, señor Comisario, fueron doce años para que un importe de IVA pagado en Italia fuera devuelto a la empresa que tenía derecho a su devolución.
Por un lado, la propuesta resuelve algunos de los problemas existentes, pero por otro con sólo esta modificación de la directiva sobre el IVA no será suficiente. El objetivo final seguirá siendo obtener un sistema del IVA que parta del principio de origen.
Esta propuesta de la Comisión Europea sí constituye un importante paso intermedio. Puede ayudar a hacer crecer la confianza entre los diferentes Estados miembros y sus sistemas administrativos. Una confianza que es imprescindible para poder llegar al sistema del IVA definitivo donde está previsto un sistema de restitución, una especie de caja de compensación semejante al sistema de restituciones que debatimos hoy. En el sistema del IVA definitivo se trata de unos importes infinitamente más grandes que en la actualidad. Al fin y al cabo, el IVA recuperable desde el extranjero, y de eso estamos hablando, sólo es una pequeña parte de todos los pagos del IVA dentro de Europa.
Apoyo de buen grado la propuesta del Comisario Monti. Felicito al ponente por su informe. Este primer paso puede acercarnos al sistema definitivo del IVA, y esto para toda pequeña y mediana empresa que no exporta, que desafortunadamente aún es la mayoría, significaría una enorme diferencia a nivel administrativo.
Me sumo a lo dicho por el Sr. Metten. Creo que a partir de ahora debemos concluir cualquier informe sobre impuestos con un ceterum censeo un IVA reducido para los servicios que emplean mucha mano de obra.

Féret
Señor Presidente, el Frente Nacional Belga, movimiento nacional y europeo, siempre ha sostenido que la tan deseada instauración de la moneda única europea no debía producirse sin una armonización social y fiscal dentro de la Unión. La propuesta del Consejo que preconiza una simplificación del sistema de deducción de los gastos de IVA hechos en un Estado miembro en el que no reside el contribuyente, propuesta notablemente mejorada por las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de nuestro Parlamento, es un pequeño, muy pequeño, paso en el buen camino, pues esta simplificación complicará la vida de los defraudadores.
Es lamentable que el Consejo no tenga una fórmula mágica idéntica, tan eficaz como ésta, para evitar la corrupción de la que, con regularidad, se halla culpables a los pocos comisarios europeos que roban, defraudan y timan con toda impunidad. Cierro el paréntesis: he terminado, Sr. Presidente.

Rübig
Señor Comisario Bangemann, señoras y señores, en principio saludo la supresión del procedimiento de devolución de las retenciones. Precisamente en algunos Estados miembros estos procedimientos son muy costosos y debido a su larga duración y los correspondientes costes, influyen siempre negativamente sobre la economía. Su reducción es, por tanto, compartida por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial. En algunas cuestiones vamos un poco más allá. La deducción tributaria de los servicios de hotel y restaurante con causa en los negocios debe ser llevada completamente a efecto. No tiene sentido que las comidas de negocios y el alojamiento, que tienen exclusivamente una finalidad empresarial, tengan un trato diferente de los demás gastos de empresa.
Las comidas de negocios son, sobre todo para las pequeñas empresas, un instrumento magnífico para la presentación de los productos, para el fomento del contacto y para la creación de confianza con sus clientes. En mi país hemos tenido que pasar por la experiencia de que una reducción de deductibilidad de las comidas de negocios puede llevar a una merma en el ámbito de la calidad gastronómica. La enmienda correspondiente es un buen comienzo para una solución justa.
Otra propuesta atañe finalmente a los costes de traducción. Las autoridades tributarias están legitimadas a solicitar una traducción de los datos incluidos en los recibos. Sabemos por la práctica que este tipo de traducciones se sitúa en el meridiano de los desafíos puesto que las PYME a menudo no cuentan con posibilidades suficientes relativas al conocimiento de lenguas. Algunos países solicitan traducciones cualificadas realizadas por traductores jurados. Por tanto, resulta apropiado que en cualquier caso los costes derivados de las traducciones externas, que estas informaciones prescriben, sean soportados por las autoridades. Celebro que los esfuerzos de la Comisión por reducir la legislación del mercado interior también tengan efecto en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido.

Monti
Señor Presidente, Señorías, me satisface debatir con ustedes la primera propuesta legislativa en materia de IVA que se deriva directamente de la iniciativa SLIM y de poderlo hacer sobre la base del excelente informe del Sr. Garosci.
Los trabajos realizados en el marco del grupo SLIM han desembocado en una serie de importantes recomendaciones, cuyo seguimiento representa, en nuestra opinión, una gran prioridad en el ámbito del programa de trabajo de la Comisión con miras a mejorar el funcionamiento del sistema del IVA. Aprovecho, por tanto, las referencias hechas en el sentido de que, como decía el Sr. Secchi, ésta es una etapa encaminada hacia el sistema definitivo, ese sistema definitivo del IVA al que se ha referido también la Sra. Randzio-Plath.
La propuesta en cuestión se basa en dos aspectos: el primero se refiere al procedimiento de devolución del IVA a los sujetos no residentes; el segundo se refiere a la armonización de las normas en materia de deducción.
En cuanto al primer aspecto, el procedimiento de devolución del impuesto previsto para permitir a un sujeto recuperar el IVA pagado en un Estado miembro en que no reside, se ha considerado un tema respecto al cual la simplificación es realmente urgente. En la práctica, el procedimiento contemplado en la Octava Directiva ha resultado muy insatisfactorio tanto para las administraciones nacionales como para los operadores. Estos últimos se quejan sobre todo de la complejidad de los trámites administrativos y de los requisitos que autorizan la devolución.
La Comisión ha llegado a la conclusión que la única modificación apta para llevar a cabo una simplificación consiste en sustituir totalmente este procedimiento de restitución con la introducción de una disposición que autoriza a un sujeto a deducir, en su declaración periódica, el impuesto pagado en un Estado miembro donde no reside. Dicho sistema requiere la introducción de un sistema bilateral de restitución y de compensación de las deudas entre los Estados miembros, así como un claro reparto de las responsabilidades entre los Estados miembros en materia de control y, en consecuencia, implica una relación de confianza. La Comisión comprueba con satisfacción que el informe del Sr. Garosci apoya la propuesta de la Comisión relativa a este primer aspecto.
El segundo aspecto está orientado a lograr una armonización de las normas en materia de deducción del impuesto que grava los gastos de carácter profesional y a la par privado. La propuesta atañe ante todo a la deducción del impuesto que grava los gastos referentes a los automóviles de turismo. Nuestro objetivo es poner fin a la exclusión total del derecho a la deducción que actualmente aplican varios Estados miembros.
Por otra parte, la Comisión propone fijar un porcentaje máximo de deducción del 50 % del IVA que grava los gastos de alojamiento, de productos alimenticios y de bebidas, y una exclusión total de los gastos de lujo, de recreo y de representación. Compruebo que el informe del Sr. Garosci sigue esencialmente el enfoque propuesto por la Comisión. Las enmiendas presentadas se refieren principalmente a la disposición relativa a la deducción máxima del 50 % de los gastos de alojamiento, alimentos y bebidas. Se trata de gastos que, por su carácter e incluso cuando se efectúan en el marco de las actividades profesionales de un operador, también se destinan a cubrir necesidades privadas.
La aplicación de las normas habituales requiere evaluar separadamente el carácter privado y el carácter profesional de los gastos; con frecuencia, esta evaluación da pie a complejos debates entre las administraciones tributarias y los operadores. La Comisión, por tanto, propone una deducción máxima del 50 % con el fin de simplificar -ésta es la palabra clave- las medidas de control, en particular contra los riesgos de deducción ilegal. Asimismo, la deducción máxima facilita que los operadores prueben el carácter exclusivamente profesional de dichos gastos.
Por todo ello, no podemos aceptar las enmiendas propuestas. Sin embargo, les garantizo que la Comisión tendrá en cuenta sus observaciones de cara a las futuras negociaciones con el Consejo en torno a esta propuesta. De hecho, si el Consejo no alcanzara la unanimidad respecto a la deducción máxima, habida cuenta de que la aplicación de las normas habituales nos creará infranqueables problemas de control, la Comisión estaría dispuesta a sugerir una solución práctica previendo que un Estado miembro pueda aplicar tanto la deducción según las normas habituales como el porcentaje máximo de deducción del 50 %.
Además de agradecerles su apoyo que considero especialmente importante en el proceso de adopción de la propuesta por el Consejo, quiero concluir mi intervención aprovechando, precisamente en el clima de confianza entre las Instituciones que he apreciado mucho y al cual ha hecho referencia la Sra. Peijs, la pregunta que se me ha formulado acerca de la posibilidad de fijar un tipo reducido de IVA para los servicios muy intensivos en mano de obra, tema abordado también por los Sres. Secchi, Metten y Thyssen.
Como se ha recordado, en el mes de noviembre de 1997 la Comisión presentó una comunicación en el Consejo Europeo extraordinario de Luxemburgo en la que pedía al Consejo que indicara una orientación favorable a esta propuesta. Como es sabido, se han mantenido varios debates en el Consejo ECOFIN que no han alcanzado ningún acuerdo. El Consejo Europeo de Viena invitó a la Comisión a que autorizara a los Estados miembros a aplicar el tipo de gravamen reducido a los servicios muy intensivos en mano de obra sin carácter transfronterizo. Naturalmente la Comisión, según el sistema legal actualmente en vigor, no puede autorizar a los Estados miembros a hacerlo; hace falta presentar una enmienda a la Sexta Directiva IVA.
Sabiendo lo mucho que a este Parlamento le preocupa el tema que hoy estoy abordando, me es grato aprovechar esta ocasión para anunciar que es mi intención presentar a la Comisión la propuesta de enmienda en cuestión en el mes de febrero, dirigida a autorizar a los Estados miembros que lo deseen a aplicar a título experimental un tipo reducido del IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra.
Considero que lograr la coordinación fiscal es el mayor servicio que la fiscalidad puede prestar al empleo y es el gran compromiso de estos años que este Parlamento ha respaldado en todo momento. Una contribución específica que merecería la pena tratar de ofrecer sería la que acabamos de mencionar, es decir, la posibilidad de aplicar un tipo reducido de IVA a los servicios muy intensivos en mano de obra.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Mundialización y sociedad de la información
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0366/98) del Sr. Malerba, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre la mundialización y la sociedad de la información: necesidad de reforzar la coordinación internacional (COM(98)0050 - C4-0153/98).

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, las dos comunicaciones de la Comisión que son objeto de mi informe -la una se refiere la necesidad de reforzar la coordinación internacional en la sociedad de la información y la otra, relacionada con ella, trata de las cuestiones de política internacional de gestión de Internet- establecen un sistema, así como unos puntos concretos para hacer frente a los retos, especialmente de carácter jurídico, que ha planteado la revolución de la red abierta Internet.
¿Qué hay de nuevo en Internet que no pueda gestionarse a través de la simple extensión de las normas ya en vigor para los demás medios de comunicación? Ésta es una de las preguntas que debemos formularnos. Mi respuesta es que Internet es realmente un producto nuevo y revolucionario, cuya llegada sugiere paralelismos con el descubrimiento de la imprenta. La televisión, la radio y la prensa difunden mensajes indiscriminados a una audiencia sin capacidad de interacción; Internet, por el contrario, cambia la manera en que distribuimos la información en dos aspectos esenciales: cada mensaje puede convertirse en altamente participativo, mientras que los costes de distribución, sobre una base mundial, se reducen prácticamente a cero. Mientras que los medios de difusión tradicionales suelen estar estrictamente regulados, en Internet cualquiera puede convertirse en editor y dialogar con sus asociados. No hay barreras o puntos centrales de control; no se requieren licencias especiales para entrar a formar parte del mundo de Internet.
Internet se encuentra todavía en ciernes, aunque las estadísticas demuestran que la participación en este mundo crece siguiendo una curva exponencial. Si hace algunos años habíamos previsto para el año 1998 tres millones de usuarios en Europa, en 1998 nos dimos cuenta de que habían más de 18 millones y esta expansión continúa.
Conforme van difundiéndose las aplicaciones del comercio electrónico, surgen nuevos modelos de organización empresarial que anticipan las características de la economía del futuro. Desaparecen las jerarquías, las concentraciones de los medios de producción y de los procesos físicos típicos de la sociedad industrial, y surge una nueva sociedad basada en los bienes del conocimiento, una sociedad con mayor movilidad tanto en sentido geográfico como cultural.
Se podría afirmar que organizaciones extremadamente complejas como las de la sociedad de la información, de las redes informáticas interactivas, no deberían controlarse desde el centro sino desde la periferia, como sucede en el campo biológico. Cada célula del organismo lleva impregnadas leyes muy simples sin que exista un único punto de gestión central. El orden se consigue a través de la interacción de un gran número de entidades individuales, ligadas entre sí por una estrecha red de conexiones y de realimentación.
Ante el fenómeno de Internet, por tanto, parece que el camino a seguir es el de un enfoque pragmático y flexible. Creo que debemos reconocer al Sr. Comisario Bangemann la clarividencia y la persistencia con las que ha llevado adelante su política de liberalización de los servicios de telecomunicaciones en Europa. Por esto, ahora, no nos encontramos desplazados ante este nuevo reto. En la Conferencia de Bonn Europa ha podido responder en igualdad de condiciones a la propuesta americana del mes de julio de 1997, dirigida a fomentar a escala mundial el comercio electrónico, reiterando los principios de protección del usuario, la libertad de acceso de todos los ciudadanos, el derecho a la protección de los datos personales y a la seguridad de la comunicación, la no discriminación fiscal de las nuevas tecnologías para el comercio electrónico respecto a las tradicionales, y el derecho a la protección de la propiedad intelectual.
No cabe duda de que hace falta una coordinación internacional y lo confirman la gestión de los nombres en Internet, el riesgo de un monopolio de los Estados Unidos, las actuaciones de la magistratura en Alemania respecto a las responsabilidades reales o presuntas de los proveedores, sin olvidar el riesgo de una jungla de legislaciones diferentes en los distintos países que se van ensayando conforme se afianza el comercio electrónico. Recalco que aquí lo principal no es tipificar y catalogar todos los delitos que Internet pone potencialmente al alcance de la mano -aunque los medios de comunicación centran su atención en estos aspectos más que en otros- sino más bien establecer un código de conducta que convierta en más segura y protegida la utilización de este medio.
Sobre estas bases se puede instaurar un diálogo a muchos niveles implicando a la industria y a los proveedores de contenidos y aspirar a acuerdos de carácter multilateral no solo con los Estados Unidos, sino también con Japón, India y los demás países que se asoman al comercio electrónico. Este diálogo multilateral a muchos niveles ha de reconocer las competencias de las Organizaciones internacionales en cada una de las materias e implicar al sector privado, las asociaciones profesionales y de usuarios en el establecimiento de nuevas normas.
¿Qué puede hacer el Parlamento? Además de impulsar y respaldar la iniciativa internacional de la Comisión, creo que el Parlamento debería incluir este tema en el orden de los trabajos de sus delegaciones interparlamentarias, en particular de la delegación con el Congreso de los Estados Unidos, y seguir trabajando para sensibilizar a la opinión pública.
Por contra, el compromiso que debe llevar adelante es conseguir que madure y se apruebe una serie específica de normas sobre el comercio electrónico precisamente a lo largo del año 1999, antes de que finalice la legislatura. Hemos seguido las iniciativas del Sr. Comisario en Bruselas con la industria, en Ottawa en la Conferencia de la OCDE, en Lyon en la reunión del Instituto Aspen. Ahora quisiera que el Comisario me informara sobre el estado de los trabajos.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea para llegar a una coordinación internacional, ya que esto es del interés de las Administraciones y del sector privado. La REX ya ha planteado en informes anteriores que es responsabilidad de las Administraciones públicas llegar a un acuerdo sobre un marco de reglamentación internacional de carácter transparente, claro, tecnológicamente neutro, que fomente la competencia y que no tenga un carácter discriminatorio. Para ello, la participación del empresariado, como ocurrió en la mesa redonda del pasado 29 en Bruselas, es muy valiosa.
El Comité Empresarial Directivo recientemente constituido por el Comisario Bangemann, afortunadamente atestigua el reconocimiento de este principio. En dicho Comité están representadas las empresas de todo el mundo. Porque, si pensamos en la protección de la propiedad intelectual, los problemas en torno a la encriptación, la protección de datos, la responsabilidad civil, etc., hay un montón inmenso de trabajo por hacer. Sin embargo, para la realización de la reglamentación, ya sea o no vinculante, este Parlamento debe tener una implicación importante, especialmente en las futuras conferencias que se organicen sobre este asunto. La sociedad de la información conlleva unas enormes consecuencias para los ciudadanos y las empresas en términos de bienestar, empleo y prosperidad. Por eso es absolutamente imprescindible que exista un control democrático.
Y con ello llego a mi último punto. La propuesta para la nueva directiva de la Comisión Europea, destinada a mejorar el clima del comercio electrónico europeo por Internet, para la Unión Europea no es nada prematura. Incluso, puede que llegue algo tarde. Quien compare las prestaciones de la Unión Europea en el terreno del comercio electrónico con lo que ocurre en América no puede menos que constatar que la Unión Europea ya se enfrenta a un retraso. Ya sólo en el mes de diciembre, el gasto en línea a través de Internet en Estados Unidos creció un 230 %. Un porcentaje que para muchas de las empresas europeas actualmente sólo pertenece al reino de los sueños. Quiero dar gracias al Sr. Malerba por su excelente informe.

Sierra González
. Señor Presidente, señor Comisario, uno de los problemas básicos que han surgido a medida que se han aplicado al comercio las nuevas tecnologías de la sociedad de la información ha sido la necesidad de establecer un sistema de garantías jurídicas aplicables, con carácter general, a las transacciones supranacionales realizadas a través de redes abiertas.
La internacionalización de las transacciones ha engendrado conflictos jurisdiccionales sobre cuestiones tales como las cláusulas y condiciones que deben regir en los contratos transfronterizos, la responsabilidad frente a terceros, el derecho laboral aplicable a los teletrabajadores, incluso en acciones transfronterizas, y los derechos de autor, entre otros muchos. Cuestiones que afectan todas a la fiabilidad de las operaciones.
Sin duda, alcanzar un marco seguro de actuación para empresas y consumidores es imprescindible para resolver esos conflictos. Pero la consecución de este objetivo debe ser posible si se preserva, por una parte, el carácter abierto de Internet y, por otra, se mantienen el pluralismo y la diversidad de la red.
Tan peligroso como el establecimiento de controles y de barreras o de licencias para entrar en la red podría ser la generalización de la jurisdicción de un solo país como Estados Unidos. Desde mi punto de vista la seguridad debe de ser compatible con la libertad y los límites deben situarse únicamente en la protección del interés público, con todo lo que esto conlleva.
La Carta Internacional propuesta sería deseable, pero a la discusión de la misma debería de asociarse el Parlamento.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, ante todo tengo que excusar a mi colega Winnie Ewing, que esta noche no puede estar presente para presentar el dictamen elaborado en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. Al adoptar por unanimidad el dictamen de la Sra. Ewing, nuestra Comisión se ha mostrado menos entusiasta que la Comisión Europea y que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de esta Asamblea, en relación con este proyecto de creación de una carta internacional de Internet. Aunque nuestra Comisión comparte la afirmación de la Comisión Europea sobre el carácter universal de las redes de información, que sobrepasan el marco de las fronteras regionales, nacionales y europeas e implican una respuesta en el campo internacional, no obstante no está de acuerdo con su análisis sobre la naturaleza jurídica y técnica de los problemas que causa la mundialización de la sociedad de la información. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación considera, precisamente, que hoy existe un malentendido acerca del modo de abordar el desarrollo de estas nuevas tecnologías digitales. Creemos que el enfoque actual, que pretende tratar la normativa del comercio electrónico como una prioridad en el desarrollo de la sociedad de la información, termina por privilegiar un camino reductor, orientado sólo hacia la competitividad y ajeno a la amplitud de los cambios sociales y culturales.
Así es. ¿Cómo imaginar que las nuevas tecnologías de la información serán provechosas para la gran mayoría, permitirán atenuar la desigualdad de oportunidades, si no se toman en cuenta los riesgos generados por ellas mismas? En particular, pienso en los riesgos ya recordados por este Parlamento en muchas resoluciones: el de la marginalización de las diversidades culturales y lingüísticas, el de aumentar las desigualdades entre regiones urbanas, rurales y periféricas.
En lo relativo al proyecto de creación de un espacio económico mundial, apenas disimulado en el sector del comercio electrónico, me parece que la Comisión Europea y nuestra Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial subestiman el adelanto tecnológico y la posición comercial dominante de Estados Unidos en el sector informático y en Internet: más del 80 % del mercado mundial de los sectores de ordenadores, programas y tratamiento de las transacciones bancarias en línea directa. Presentar a Sus Señorías éste como un proyecto de acuerdo no vinculante en lo jurídico -ya lo sea o no- no cambiará en nada la situación actual. Sólo será de provecho para las multinacionales, hoy Microsoft y mañana Netscape o Sun Microsystems.
En resumen, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación considera -puede menear la cabeza, Sr. Bangemann, pero se trata de la postura de nuestra Comisión- que para la Unión Europea la prioridad es preocuparse por su retraso tecnológico y poner en marcha no una enésima política proteccionista, como estarían tentados de hacer algunos Estados miembros, sino una política europea coordinada y dinámica de multimedia, estimulando un mercado de productos y servicios europeos, dando facilidades para difundirlos en todo el territorio de la Unión, asociando a las PYME más innovadoras; en una palabra: explotando al máximo las bazas europeas en este campo. Después de esta primera etapa, aún será necesario poner estas nuevas tecnologías al servicio del ciudadano, de la diversidad cultural y lingüística, y facilitar el desarrollo de las redes destinadas al interés general. Sólo entonces el mito del modelo europeo de la sociedad de la información podrá hacerse realidad. El Grupo de Coalición Radical Europea propone doce enmiendas al informe del Sr. Malerba, en las que se reflejan las principales preocupaciones expresadas por la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación y, en sentido más amplio, se intenta formular propuestas concretas para que la Unión Europea no quede rezagada en esta batalla.

Paasilinna
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, no vivimos todavía en la sociedad de información, sino que nos encontramos aún a medio camino. Estamos hablando de información, de la que extraemos datos, después ideas que, finalmente, pasan a convertirse en cultura. Así pues, la información no es más que la materia prima, lo esencial es el contenido. Nuestros problemas no residen ya en los equipos de transmisión y descodificación. El aspecto en el que la Unión Europea registra un mayor retraso con respecto a sus competidores es el contenido, un aspecto, por otra parte, con una gran capacidad creadora de empleo y muy lucrativo. Podría decirse que el aprovechamiento de los contenidos no tiene límites, algo así como lo que pasa con las salchichas, o con la comida en general. En la práctica, los seres humanos pueden disfrutar de los contenidos sin límite alguno.
Respaldo la iniciativa de la Comisión en torno a la adopción de acciones internacionales y a una Carta internacional relativa a Internet y al comercio electrónico. El funcionamiento de Internet no puede tener lugar al margen de las leyes y las normas. No podemos pasar por alto que un delito es un delito, aunque éste se cometa en Internet. Además, la seguridad del entorno comercial redunda en beneficio del propio comercio electrónico. Sin embargo, las normas no deberán obstaculizar el progreso, sino dirigirlo y adaptarse, es decir, ser flexibles.
Es indudable que hemos de actuar en un marco de cooperación. Creo que en los Estados Unidos existen grandes intereses, tanto económicos como políticos, para llegar a un acuerdo con nosotros. Además de defender los intereses de las empresas y de los consumidores, es importante que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a este sistema. Es un derecho ciudadano de la Unión Europea moderna, un derecho que queremos respetar, pero que no podrá mantenerse al margen de la tributación fiscal.

Mendes Bota
Señor Presidente, el nuevo orden informático ha llegado y va a durar. El mito de una sociedad humana orientada a la información se ha vuelto realidad. La infoentropía está ahí. Todos vamos convirtiéndonos en consumidores catalogados de productos clasificados. Nos zambullimos en lo virtual fascinados por un liberticidio colectivo a escala mundial. Ha nacido la narco-infocracia y sus derivados. Pensamos binariamente. Compro, sí o no. Vendo, esto o aquello. Opino, izquierda o derecha.
La narcosis informativa ha invadido nuestra vida cotidiana y ahora hasta clamamos por la policía informática. La revolución de Internet, junto con sus extraordinarias posibilidades, se ha transformado también en una feria gigantesca en la que no faltan todas las formas de engaño, fraude y abuso. Los consumidores se ven violentados y el derecho aplicable es contradictorio, incoherente o inexistente. La cuestión fulcral hoy en día para una sociedad de la información, en la que el comercio electrónico va adquiriendo una dimensión inimaginable, es la de situar urgentemente en el campo de un gran consenso planetario los principales bloques económicos del mundo y sus capitanes de la industria.
El objetivo es el de constituir un marco jurídico sólido y coherente que reglamente la actividad de las redes de información. Aducir la supremacía americana en el sector del comercio electrónico para excluir a Europa de esa primera ola de fundadores de ese nuevo espacio económico a escala mundial, como propugna la opinión de la Comisión de Cultura, es una actitud irrealista, como meter la cabeza en la arena y desconocer o no comprender los grandes cambios del mundo actual.
Los riesgos de marginalización cultural, lingüística, periférica o rural son ciertos. Pero, ¿acaso no ha aumentado la desigualdad entre el Norte y el Sur en los últimos decenios, a pesar del crecimiento económico? Nada puede impedir la transposición de un mundo de mensajes unívocos al mundo de la comunicación biunívoca de Internet, en el que cualquier ciudadano puede ser editor y difusor simultáneamente. Desconocer este movimiento es como querer parar un tornado con un banderita de hacer señales.

Boogerd-Quaak
Señor Presidente, la verdad es que el asunto que debatimos esta tarde es un tema interesante. En mi opinión, el fondo del problema radica en que queremos hallar un equilibrio entre el derecho a la libertad de información por un lado y por otro los escollos relacionados con dicho derecho y con el derecho a la libertad del comercio electrónico, etc. Esos escollos existen. Hemos de reconocerlos. Existen en el terreno de los impuestos, en el terreno de la responsabilidad, de la protección de datos y de la información de carácter dañino o ilegal.
La propuesta que debatimos es elaborar una Carta internacional no vinculante. El hecho de que dicha Carta no sea vinculante, en realidad ya es indicativo del fondo del problema. Queremos regular una serie de asuntos, pero precisamente cuando se trata de la libertad de comercio, como ya he dicho antes, y de la libertad de información, resulta extremadamente difícil restringir algunas de las cosas no deseadas.
Creo que debemos alegrarnos todos de que tengamos esta propuesta, y de que lleguemos a una serie de acuerdos, pero estos acuerdos no deberán ser definidos nunca en unos términos tan estrictos que se vean perjudicados los derechos individuales de cada persona. Porque en parte, en mi opinión, la sociedad de la información también constituye un medio para llegar a unas elecciones responsables. Unas elecciones responsables por parte de los ciudadanos, de los Estados, etc. Lo que tendremos que reconocer todos es que algunos Estados acostumbrados hasta ahora a regular una serie de cosas dentro de sus fronteras, ya no podrán hacerlo más a causa de la existencia de Internet.
Por lo tanto, le deseo al Comisario que tenga mucho éxito con esta Carta. Es un valioso intento, aunque será extremadamente difícil encontrar un equilibrio entre lo que deseamos y lo que queremos evitar.

Schörling
Señor Presidente, tanto mi grupo como yo misma estamos bastante de acuerdo con la Comisión y con su comunicación, cuando el Comisario sostiene que no existe ninguna necesidad de una regulación a escala mundial o de una oficina internacional para regular Internet. Lo que, desde luego, no necesitamos es un cuerpo policial de información. Ahora tenemos verdaderamente la oportunidad de hacer algo positivo al respecto, algo que creo que ya ha hecho también nuestro representante, el Sr. Malerba, cuando señala en su informe que se precisa coordinación. Esto, y no regulación, es lo que verdaderamente necesitamos.
El acuerdo entre distintos países al que podemos llegar ahora no ha de ser únicamente un acuerdo vinculante desde el punto de vista jurídico, sino también una especie de código de conducta o, como lo ha descrito el ponente, algo así como unas reglas de tráfico para Internet. Creo que se trata de una visión bastante simpática, ya que precisamos este código de conducta para garantizar la vida privada, los derechos de autor y la seguridad. Igualmente, hemos elaborado una serie de enmiendas que abordan y reconocen la necesidad de buscar soluciones, no sólo en el seno de las organizaciones internacionales, sino también de un modo que implique al mundo empresarial, a las organizaciones de consumidores, etcétera, con el fin de velar por todos estos intereses y de proteger el interés general.
Además, el grupo ARE ha presentado también unas propuestas que no podemos compartir en absoluto, ya que creemos que son demasiados proteccionistas. No obstante, también han redactado algunas enmiendas que podemos respaldar, como -por ejemplo- en lo relativo al interés general. Pero debemos recordar que no se trata solamente de Europa o de los Estados Unidos, sino que debemos actuar para que se convierta en una autovía con un carácter verdaderamente mundial, democrático, de la que nos podamos servir todos.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe del Sr. Malerba, a quien doy la enhorabuena por su trabajo, permite enumerar los retos relacionados con Internet y la sociedad de la información. Es decir que permite, a los elegidos y a los ciudadanos europeos, entrar en un debate cuyas consecuencias para la sociedad son considerables, como sabemos, y no me cabe duda de que el Comisario Bangemann, personalmente, es muy consciente de ellas.
Para mí, asimismo, el texto propuesto es un punto de partida para nuestra reflexión común, pero todos sabemos que no puede constituir un fin en sí mismo. La idea de la carta internacional es interesante y la apoyo, aun cuando no responde a todos los desafíos y las cuestiones relacionadas con el desarrollo de los nuevos instrumentos de la comunicación. Para todos nosotros, la prioridad consiste en avanzar lo más rápido posible en la cooperación europea, para estar en condiciones de dialogar dentro de una mejor relación de fuerzas con esos potentes socios nuestros que son los Estados Unidos.
Por otra parte, comparto el criterio del ponente respecto a las transacciones comerciales electrónicas y su voluntad de defender al consumidor o al usuario mediante los sistemas de pago protegidos y el respeto a las libertades públicas. Paralelamente, considero que nuestra discusión europea debe ir más allá. La aceleración de los procesos económicos, las nuevas formas de trabajo plantean complejas problemáticas, cuestionan los sistemas de relaciones sociales existentes en Europa. A través de la revolución de la información, se están trastrocando los modos de regulación de la sociedad; al mismo tiempo que a la comunicación, el grado de información afecta a todas las jerarquías, incluso dentro de la empresa.
Señor Presidente, señor ponente, señor Comisario, Señorías, si es necesaria una concertación internacional, creo que hay que ir más lejos en el campo de la conciliación con las legislaciones sociales y societarias. No olvidemos nunca, Sr. Presidente, que las tecnologías nuevas e Internet son instrumentos. A continuación, siempre se plantea la cuestión de saber qué se hace con ellos y para qué se hace.

Rübig
Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, el mercado interior se encuentra a las puertas de ser completado. Hace pocos días hemos introducido el Euro. Las fronteras desaparecen. Creo que esta es una buena señal. Cuando actualmente se puede telefonear con un móvil, fabricado en Europa, desde Moscú o Malasia y también hoy se dispone de acceso directo a Internet, se percibe que el mundo crece mucho más deprisa de forma unida, tal y como muchos desean.
En el mundo tenemos los ordenamientos jurídicos más diversos y por ello es necesario que reflexionemos sobre el planteamiento que queremos elegir para conseguir, también este ámbito, mayor orden. Se trata de desarrollar las reglas del juego para esos mercados. Creo que el desarrollo de las reglas del juego es algo prioritario en política, pero - y esto es lo decisivo - hay que colaborar con los usuarios, con los beneficiarios, con los productores.
Es importante familiarizarse con la «situación que existe» y establecer perspectivas de hacia dónde queremos llegar. El Sr. Malerba a expresado muy acertadamente en su informe que, a pesar de que en los diferentes países existen diversas posibilidades de configuración, estos sectores que se desarrollan globalmente no significan para nosotros otra cosa que no sea nuevos desafíos. Por ello también deberíamos pensar en introducir bibliotecas virtuales de modo que, tal y como estamos acostumbrados en el más tradicional de los sentidos, cualquiera pueda acudir a ellas, que cualquiera pueda encerrarse en estas bibliotecas mundiales y que, a la vez, todo el saber de las bibliotecas este a disposición de cualquiera. Pienso que esto podría aportar mucha experiencia, podría ser muy útil y, desde luego, sería un gran impulso para la economía si en este sector se tomaran iniciativas a marchas forzadas.

Thors
Señor Presidente, señor Comisario, creo que se ha avanzado mucho desde que, hace ahora apenas un año, la Comisión lanzara su iniciativa. Pienso, entre otros, en la solución en torno a la nomenclatura en el ámbito de Internet, cuestión ésta que, según tengo entendido, la Comisión ha contribuido a promocionar de una manera favorable. Asimismo, creo que también nuestra perspectiva acerca de todo este asunto ha cambiado desde el lanzamiento de la iniciativa hace solamente un año. No estamos hablando únicamente de una autopista. Hay muchos aspectos que precisan normas, en ocasiones por medio de la legislación, en otras recurriendo a reglas o estándares.
Igualmente, creo que hemos progresado también en el debate sobre la sociedad de la información. Creía que habríamos podido evitar el discurso que se ha escuchado esta tarde aquí acerca del gran retraso que registra Europa en relación con los Estados Unidos. De hecho, creo que también en Europa hemos registrados avances en este ámbito.
Entre las cuestiones que son motivo de preocupación hay dos que se han sometido a debate y se han resuelto en los últimos tiempos. ¿Por qué participó Europa en la denominada modificación del Convenio de Wassenaar, que dificulta la exportación de nuestras técnicas de codificación? ¿Cuál fue el papel de la Comisión en dicho convenio? La segunda cuestión se refiere naturalmente al hecho de que aún no se ha encontrado ninguna solución para el estándar UMTS. En este tema se necesita un control y una argumentación continuos. No podemos aceptar la aseveración de que estamos intentando proteger nuestros intereses. Hemos de encontrar una solución de utilidad mundial.
Hemos aprendido además la importancia que reviste el diálogo transatlántico. Ha sido una especie de convergencia. En opinión de muchos, es importante lograr una combinación de los puntos de vista europeos y americanos. Estamos viendo además que no siempre son los EE.UU. los que practican la autorregulación, sino que ésta -quizás más bien una regulación administrativa- aparece también en los distintos estados, que plantean más obstáculos de los que creemos.
Para finalizar, desearía señalar que, en mi opinión, el Comisario Bangemann ha llevado a cabo una enorme y excelente labor en este ámbito, precisamente con el fin de potenciar este diálogo. Por mi parte, me cuento entre quienes desean que el Sr. Bangemann continúe su trabajo en este campo.

Lukas
Señor Presidente, la elaboración de una carta de Internet es un buen camino para familiarizarse con este tema tan actual y cada vez más influyente en todos los ámbitos de la vida. Pero también es importante que el derecho de la competencia no sea menoscabado o modificado. La globalización de la sociedad de la información no sólo toca aspectos de política económica y cultural, sino que también afecta intensamente a cuestiones de derechos humanos. Por tanto, lamento que sólo se cite de pasada la lucha contra la criminalidad en Internet. El mal uso que se hace de Internet para la pornografía infantil, el abuso de menores y la trata de menores se ha convertido en un gigantesco problema de nuestra sociedad.
La Unión Europea también debe, por tanto, ocuparse de este infame aspecto y pronunciarse a favor de una mayor cooperación internacional de las autoridades así como aportar los recursos financieros necesarios.

El Presidente
Muchas gracias, señor Lukas.
Correspondería ahora tomar la palabra al Sr. Torres Couto pero no nos honra con su presencia. Por lo tanto, hemos finalizado el turno de palabras de miembros de la Asamblea e invito al Comisario Sr. Bangemann a que tome la palabra.

Bangemann
Señor Presidente, en primer lugar quisiera agradecer este debate que, de nuevo, demuestra que en esta cuestión no hay grandes diferencias entre el Parlamento y la Comisión, sino muy al contrario. En especial, quisiera dar las gracias al ponente por su comprensión de lo que deseamos tal y como lo hemos expuesto. El informe contiene un muy buen análisis de ello.
Quizá sea necesario decir, en primer lugar, que lo que hoy estamos tratando aquí es una parte de la sociedad de la información. Que ahora nos estemos ocupando del electronic commerce y de Internet, que constituye esa parte, no significa que estemos olvidando aspectos igualmente importantes. Lamento continuamente que algunos miembros de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación saquen en estos debates, de forma radical, sus prejuicios pesimistas sobre la cultura y después se vayan, de suerte que no se tiene la oportunidad de hacerles algunas aclaraciones.
La sinceridad del debate es ante todo una característica cultural importante. También se habla de cultura del debate. En el conjunto de este debate se percibe, entretanto, una mayor comprensión por este nuevo fenómeno cultural en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en otras comisiones, en la Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Energía, en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa que en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación. La Comisión de Cultura brilla por su incultura. No ha comprendido en absoluto de lo que se trata. Se repiten los mismos prejuicios como, por ejemplo, un desprecio de lenguas minoritarias y de las pequeñas y medianas empresas. Si ha existido alguna vez una mejora técnica a través de la cual los pequeños - hablando de forma general las lenguas minoritarias y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas - hayan obtenido la posibilidad real de presentarse e instalarse en todo el mundo, lo cual es posible a mínimos costes, esa ha sido Internet. ¡Pero la Comisión de Cultura no lo entiende! ¡No lo puedo entender! Yo mismo ya he acudido dos o tres veces allí: uno se choca con un muro de incomprensión para este moderno fenómeno cultural y esto es extraordinariamente lamentable.
Lo mismo es válido para la afirmación que se expresa continuamente - la Sra. Thors me ha recordado justamente que esa afirmación es falsa - de que los EE.UU. dominan completamente este sector. ¡Esto no es cierto! En este sector que estamos tratando hoy, la carta internacional, hemos podido conseguir un liderazgo de opinión global. También es verdad lo demás que ha dicho la Sra. Thors: en el sector de los domain names hemos impuesto con éxito nuestras posiciones. Pero si continuamente repetimos que el gran poder de los EE.UU. nos está empujando contra la pared y que no tenemos ninguna posibilidad la gente se lo acaba creyendo. Pero esto no es cierto y, en último término, si nos lo creyésemos acabaría por perjudicar nuestra propia actividad. Por ello les estoy agradecido porque en el debate hayan expresado claramente que hemos avanzado en esto.
Quisiera entrar en la pregunta del Sr. Malerba sobre dónde nos encontramos actualmente y cuales van a ser nuestras próximas actividades, en las que por supuesto involucraremos al Parlamento europeo. Todo aquél que tenga algún interés será invitado a las conferencias. El Sr. Malerba y otros diputados estuvieron presentes en estas conferencias y desde luego que valoramos muy positivamente que esto sea así y también lo siga siendo en el futuro.
La dificultad a la que de nuevo ha hecho referencia la Sra. Boogerd-Quaak reside en que, por un lado, tenemos un rápido desarrollo de la técnica y, por otra parte, que la vertebración de Internet es de naturaleza global. La velocidad del desarrollo tecnológico hace muy difícil legislar. Además, esto lo vemos en nuestras propias reglas, que hemos promulgado y estamos evaluando en este momento. Es tremendamente difícil mantenerse a la altura del desarrollo tecnológico. Por ello debemos introducir otro tipo de legislación.
La segunda dificultad se conecta con la primera. Esta naturaleza global significa que precisamente aunque tengamos una directiva europea sólo cubrimos la Unión Europea pero no a los demás países fuera de la Unión. Por ello necesitamos, como mínimo, un acuerdo político sobre lo que, de modo uniforme, vamos a hacer en nuestros correspondientes ordenamientos jurídicos. Esta es la idea de la Carta Internacional que se ha logrado. El Global Business Dialogue al que hemos contribuido y que se ha gestado en Bruselas, ha formado, entretanto su consejo rector que creo se reúne hoy y mañana en Nueva York. En septiembre de este año tendrá lugar una conferencia sobre una serie de importantes cuestiones en las que los participantes responderán de modo que digan sí, esto podemos regularlo nosotros mismos, sí nos comprometemos a regular estos problemas nosotros mismos. Cuando ello no sea posible se nos proporcionarán las referencias precisas para encontrar la solución más justa posible. También hay muchos problemas, de un catálogo que comprende de 12 a 15 problemas, que también hemos tratado en la reunión de la OCDE de Ottawa y que, de hecho, solo se pueden solucionar a través de decisiones políticas. Las cuestiones fiscales no se pueden trasladar a los interesados. Eso es evidente.
Tampoco cuestiones como encryption pueden ser cedidas a los interesados. También puedo decir que no hemos tomado ninguna decisión política sobre que sistemas de encrytion son admisibles y cuales no. Ha habido una conferencia de los ministros de interior y justicia que han hecho algunas reflexiones al respecto, pero no tenemos norma alguna. Naturalmente, en la Unión Europea sólo podemos emitir una norma con el Parlamento europeo y el Consejo y sobre una propuesta de la Comisión, y esta propuesta aun no existe.
Tales problemas, incluidos los que afectan a los derechos de propiedad intelectual, deben ser resueltos con decisiones jurídicas. Pero para ello esta conferencia debe hacer trabajos preliminares y a continuación propondremos las pertinentes decisiones. Espero que nos sea posible, junto a los japoneses, que ya están convencidos de ello, convencer a los americanos de que debemos iniciar un proceso político paralelo al proceso en el que se está poniendo de acuerdo el sector privado, para que podamos dar respuesta a las cuestiones que surjan de la conferencia del sector privado. Esta es la situación en este momento. Estamos ciertamente muy satisfechos con el estado de la cuestión. Quiero dar de nuevo las gracias por el reconocimiento que se desprende de las intervenciones del debate. Quiero dar las gracias especialmente por sus buenos deseos para el trabajo que esperan de mí en los próximos meses. ¡De esto interpreto que, para el día de mañana, aun hay motivo para la esperanza!
Risas, agitación

El Presidente
Muchas gracias, señor Bangemann. Participamos de esta esperanza.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Comunicaciones comerciales en el mercado interior
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0503/98) de la Sra. Larive, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social relativa al seguimiento del Libro Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior (COM(98)0121 - C4-0252/98).
Tiene la palabra, como ponente, la Sra. Larive.

Larive
Señor Presidente, también en este informe sobre las comunicaciones comerciales transfronterizas, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, somos de la opinión de que la Comisión falta a sus obligaciones. Y es por que como guardiana de los Tratados, pasa por alto con frecuencia el artículo 169, el denominado procedimiento de infracción. Esto es una gran lacra a la democracia que no podemos tolerar en un estado de derecho democrático. Los ciudadanos, las empresas y las organizaciones montan en cólera muchas veces con total justificación. Sus quejas son postergadas a veces durante años, como en el caso de la Ley Evin francesa y la prohibición griega de hacer publicidad de juguetes en televisión.
No estoy precisamente muy contenta por el hecho de que hace tan sólo dos minutos que recibí en mi mesa la respuesta del Comisario Monti a la carta sobre este procedimiento, que le remitimos el Sr. Cox y yo. No he tenido ocasión de leerla. Sólo la última frase donde dice: ...de todas formas, me parecen interesantes las sugerencias de la Sra. Larive en su propuesta de informe sobre las comunicaciones comerciales y las tendré en consideración cuando sean adoptadas por el Parlamento. El resto de la carta no lo he podido leer pero le tomo la palabra en cuanto a su promesa.
El pasado lunes, el Presidente Santer, en su plan de ocho puntos ha prometido al Parlamento Europeo una mayor transparencia y más información. Para mantener, u obtener su credibilidad, es necesario que sean atendidas las exigencias de nuestras resoluciones. Esto significa una aplicación meticulosa y transparente del procedimiento del artículo 169, con unos plazos para la toma de decisiones y una comprobación obligatoria de todas las quejas, en curso o nuevas, mediante la evaluación de proporcionalidad. Además, el denunciante debe tener la posibilidad de recurso contra las resoluciones negativas.
Asimismo, el Parlamento Europeo demanda un registro público de las quejas en Internet, naturalmente siempre y cuando el denunciante esté de acuerdo, donde se recoja toda la información importante sobre el progreso o estancamiento de los expedientes. El Parlamento Europeo ha de ser informado con suma frecuencia, por ejemplo a través de su Comisión Jurídica, y mi propuesta es que constituyamos un grupo de trabajo dentro de dicha Comisión Jurídica para seguir de cerca los procedimientos de infracción, y por supuesto no sólo los referentes a la comunicación comercial.
No podemos seguir tolerando que la Comisión pueda hacer prevalecer, sin rendir cuentas a nadie, unas consideraciones políticas incontroladas sobre los argumentos jurídicos.
En cuanto a las comunicaciones comerciales nos encontramos en un terreno delicado. Por un lado, es necesario que pueda aprovecharse al máximo el libre mercado europeo también para las comunicaciones comerciales. Y en este sector de rápido crecimiento gracias a las nuevas tecnologías, donde han encontrado empleo directo ya más de un millón de personas, esto es extremadamente importante. Por otro lado, naturalmente tenemos un gran respeto para los valores y culturas nacionales. Por eso, Comisario Monti, estamos muy satisfechos con las propuestas que preparó usted para la liberalización del mercado europeo, también para las comunicaciones comerciales, primero en el Libro Verde y ahora en la comunicación relativa al seguimiento.
Apoyamos la llamada evaluación de proporcionalidad que usted propone. Así podrá determinarse en cada caso a través de unos criterios objetivos si una medida limitativa nacional es justificada por el interés público, o si, al contrario, podría garantizarse el objetivo perseguido -sanidad pública, política de los consumidores, etc.- mediante unas medidas de menor alcance.
Sin embargo, al contrario que la Comisión, deseamos que obligatoriamente se sometan a dicha prueba todos los casos actuales y futuros de infracción, con unos claros plazos, y no sólo unos casos determinados. Porque volveríamos rápidamente a la situación que acabo de bosquejar.
También apoyamos las propuestas de la Comisión sobre un punto de contacto centralizado, un sitio web y una base de datos, al igual que un comité de expertos. También para este Comité, las palabras claves han de ser transparencia y accesibilidad, es decir, publicidad del orden del día, de las actas y también de las opiniones minoritarias.
Estimamos de sumo interés, y ya lo sabe usted, señor Comisario, que además de los funcionarios nacionales, también participen en el Comité otras personas implicadas. Señor Comisario, lo sé, tiene usted valor, pero debe convencer a sus colegas e introducir por una vez el modelo de consenso que llamo el «modelo pólder europeo». Me refiero a una participación en términos de igualdad; por cada país un representante de los funcionarios, de la industria y de las organizaciones de los consumidores. No pasa nada porque rompamos alguna vez el poder absoluto del funcionariado.
Por último, también en el tema de la comunicación comercial, el punto de partida deberá ser el principio del reconocimiento mutuo y del país de origen. Sólo cuando mediante esa prueba se haya comprobado que la medida limitativa nacional está justificada, podrá romperse este principio. Tenemos que dar la oportunidad a la industria para que solucione los problemas mediante una autorregulación y un código de conducta europeo. Por mí, ya pueden ponerse a trabajar. Sólo en última instancia podrá recurrirse a una legislación de armonización para complementar la decena de directivas que son aplicables ya a este sector.

Paasilinna
Señor Presidente, señores Comisarios, señorías, es cierto que la comunicación comercial vive aún un proceso de expansión. Se trata de un sector que crea empleo y que se ve sometido a fuertes transformaciones. La publicidad ha evolucionado también desde el punto de vista de los contenidos, pero no necesariamente en la dirección adecuada. La comunicación comercial equivale cada vez en mayor medida a la publicidad de imagen. Es un sector cada vez más manipulador y que adopta con mayor frecuencia determinadas posiciones frente al mundo de los valores. Éste es, tal como yo percibo la cuestión, mi punto de partida.
Gracias a la publicidad es posible crear hoy por hoy una opinión social. El consumidor no es capaz siempre de resistir la imagen del mundo, muchas veces extremadamente irreal, que crea la publicidad. Un buen ejemplo de todo ello lo tenemos en una bebida de extractos vegetales de color oscuro. En este caso, ya no se hace publicidad -especialmente en la televisión-de la bebida en sí, sino de un modo de vida: juventud, playas, libertad y belleza. Esta circunstancia implica que se ha pasado de una publicidad de producto a una publicidad de imagen, a cuestiones de orden específicamente social: unas cosas son consideradas deseables, otras no.
Especialmente problemática es la publicidad destinada a los niños y a otros colectivos que no se pueden proteger. A nosotros nos corresponde proteger a los débiles. La fuerte expansión del patrocinio, como el que tiene lugar en escuelas, constituye un buen ejemplo. Asimismo, el patrocinio en el deporte y todos los fenómenos negativos derivados de él, hasta llegar al movimiento olímpico, nos demuestran lo que ocurre cuando hay poco control y tendencias delictivas.
El funcionamiento irreprochable del mercado único constituye uno de los objetivos fundamentales que persigue la Unión. Facilitando la comercialización de mercancías y servicios se contribuye a alcanzar los objetivos que nos hemos fijado y, al mismo tiempo, a crear posibilidades de crecimiento y, por supuesto, a generar empleo. Por lo tanto, una publicidad buena y flexible representa un objetivo favorable. La comunicación comercial transfronteriza ha de basarse en el mutuo reconocimiento. La ponente del informe propone que, si esto no es posible, recurramos a la autorregulación. Yo, en cambio, no creo que sea suficiente.

Mather
Señor Presidente, me gustaría comenzar felicitando a la Sra. Larive por su informe, al que doy la bienvenida también en nombre del Partido Popular Europeo. La Sra. Larive viene guiando desde hace algún tiempo la opinión del Parlamento acerca de esta cuestión de los principios económicos liberales y el hecho de que apenas se haya presentado un reducido número de enmiendas a su informe atestigua la ardua labor que ha llevado a cabo y el respaldo que ha obtenido.
Desearía resaltar cuatro puntos que se plantean en el informe. En primer lugar, quisiera hacer hincapié en el mutuo reconocimiento en este ámbito. El segundo sería un planteamiento basado en la autorregulación como instrumento primordial y, como ha dicho la Sra. Larive, en el que la incorporación de nuevas directivas constituyera el último recurso. El tercer aspecto que creo que plantea el presente informe es la importancia de un sistema obligatorio que evalúe la proporcionalidad de un mayor número de iniciativas legislativas. Esta circunstancia representa una limitación para los legisladores, pero me parece que se trata de una limitación adecuada. Hemos de fijar las normas a nuestro alrededor. Si bien puedo mostrarme de acuerdo con los puntos más generales de la Sra. Larive, creo que la prosperidad de la Comunidad será proporcional a la importancia que en ella se conceda a las leyes, las normas y la previsión.
Todo ello nos conduce al cuarto punto, que está relacionado con las reclamaciones. La Comisión se ha mostrado muy constructiva en su Libro Verde, pero si hay un ámbito donde resultaría obviamente necesario registrar un mayor avance, éste es el de la tramitación de las recomendaciones. En este orden de cosas, sería muy útil establecer claramente unos plazos estrictos. Además, la idea de introducir un registro de reclamaciones en Internet conecta muy bien con el último debate y sirve de ayuda a quienes presentan dificultades en este campo. Esta iniciativa les hace más accesibles los sistemas comunitarios, algo que creo que podemos apoyar todos aquí.
La Sra. Larive hace hincapié en la importancia que reviste el Grupo de expertos y en la necesidad de incorporar al mismo expertos verdaderamente externos ya en una fase temprana. El PPE también apoya este punto.
Para finalizar, quisiera alentar al Comisario Monti a continuar su labor en este ámbito tan embarullado y confuso. No todas las directivas existentes en la actualidad contribuyen a alcanzar los objetivos que apoyamos todos en este Parlamento. Puede que el Sr. Monti sea capaz de usar sus dotes para introducir orden y síntesis en algunas cuestiones de este ámbito.

Lukas
Señor Presidente, al mercado interior también pertenece la comunicación comercial transfronteriza que, teniendo en cuenta, los enormes recursos financieros que emplea la industria publicitaria, tiene una influencia enorme sobre el comportamiento y las necesidades de la gente. Dado que la publicidad y el marketing tienen una gran influencia a través del sponsoring , del product placement y del imagetransfer sobre todos los sectores de la comunicación y el diálogo, por ejemplo, se introducen en las películas y en las escuelas, la capacidad de influencia de los más grandes, de los más poderosos sobre los más pequeños, los más débiles es enorme. Esto se refiere tanto a los estados como a las empresas. Por ello pienso que este, por lo demás, excelente informe debería haber resaltado más intensamente la necesidad de proteger de forma especial las tradiciones y costumbres enraizadas en la conciencia histórica, que representan parte del legado cultural.
La protección de la dignidad humana que se percibe de forma distinta en los diferentes lugares de Europa, y la protección de los menores deberían haberse destacado más intensamente como criterios esenciales.

Rübig
Señor Presidente, distinguido señor Comisario Monti, distinguidas señoras y señores, el término comunicación comercial puede que a primera vista cause una impresión un poco abstracta. Gracias a los libros verdes de la Comisión y al trabajo de la ponente conocemos la trascendencia de esta perífrasis. Si tenemos en cuenta que en ésta se comprenden varias formas de comunicación que tienen por objetivo el fomento de la venta o de la imagen de un ofertante frente a los usuarios, se hace evidente la trascendencia de este tema.
Así que la comunicación comercial también comprende la publicidad, el marketing directo, el sponsoring, y también la política de ventas y, lo que es especialmente importante, la presentación al público. Entretanto el sector ofrece más de un millón de empleos, y cada vez ofrece más. Como mercado de futuro, y esto es particularmente importante, conseguirá más empleos en otros campos. Por ello este tema afecta de forma especial al mercado interior. Tenemos que procurar que también en este sector se acelere la realización de las libertades del mercado interior. En este sentido opino que en este informe también hay una cuestión esencial que atañe al principio del reconocimiento recíproco. La comunicación transfronteriza tiene que ser posible en cuanto sea aprobada por un Estado miembro. Este es el principio clave del mercado común.
Quiero recordar otro tema que puede que a primera vista no parezca ahora coherente, en concreto, la directiva relativa a los autobuses, es decir, el famoso Informe Murphy. También en este dimos prioridad al principio del reconocimiento recíproco y esperamos que la Comisión y el Consejo tengan en cuenta este planteamiento en otras reflexiones legislativas.

Monti
Señor Presidente, Señorías, deseo ante todo dar las gracias a la Sra. Larive por su amplia y pormenorizada propuesta de resolución sobre la Comunicación de la Comisión, así como por el interés demostrado por nuestra política en materia de comunicaciones comerciales en el ámbito del mercado único. Gracias a su esfuerzo, señora Larive, el Parlamento Europeo ha respaldado las propuestas de la Comisión que figuran en el Libro Verde sobre comunicaciones comerciales, lo que permite a la Comisión aplicar esta política a través de la Comunicación que estamos debatiendo esta tarde.
Me satisface que la Sra. ponente muestre una actitud positiva con respecto a nuestra política en este sector y me es grato aceptar sus críticas constructivas acerca de las ulteriores mejoras que pueden aportarse. Además de las sugerencias con respecto a la política en cuestión, la resolución de la Sra. Larive formula varias propuestas acerca de la posibilidad de mejorar en general los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 169. Habida cuenta de que tengo competencias en ambos campos, quiero adelantar una breve respuesta a las principales sugerencias hechas.
Empezando por nuestra política interna en materia de comunicaciones comerciales. Las sugerencias se centran en la necesidad de reforzar los métodos de evaluación de la proporcionalidad, por una parte, garantizando que ninguno de los criterios de la proporcionalidad sea utilizado como escapatoria para mantener barreras proteccionistas y, por otra, convirtiendo este método de evaluación de la proporcionalidad en obligatoriamente aplicable a cada procedimiento de infracción en este ámbito.
Debo decir que estoy de acuerdo con ambas propuestas y trataré de garantizar que este instrumento sea aplicado de forma eficaz. En cuanto a las sugerencias respecto a una mayor transparencia de los trabajos del Grupo de expertos, estamos haciendo públicos los dictámenes de dicho Grupo y el orden del día de las reuniones. Me satisface poder informar a la Sra. Larive que el primer dictamen del Grupo sobre la regulación de los descuentos en los Estados miembros se aprobará y se hará publico en el mes de febrero. Asimismo se han publicado los nombres de los representantes nacionales y varios Estados miembros han creado grupos de trabajo con las organizaciones nacionales afectadas para informarlas sobre los debates que tienen lugar en seno del Grupo.
Espero que con el tiempo todos los Estados miembros actúen de esta forma, así como que las organizaciones afectadas sean plenamente informadas y puedan contribuir al debate. Los miembros del Grupo de expertos consideran asimismo que, de cara a las organizaciones interesadas, convendría presentar al Grupo sus observaciones, pero que una presencia permanente de las mismas podría perjudicar esos debates francos y constructivos que permiten al Grupo cumplir el plazo de seis meses establecido para emitir sus dictámenes.
Por último, ya que nos esperamos un promedio de dos dictámenes anuales, confiamos en estar en disposición de presentarlos con frecuencia al Parlamento junto con las respuestas que la Comisión se propone dar a estos dictámenes en términos de iniciativas. En consecuencia, señora Larive, considero que podremos dar seguimiento a la mayor parte de sus sugerencias específicas a propósito de nuestra política en materia de comunicaciones comerciales.
En lo que se refiere a las propuestas innovadoras de la resolución que en general se refieren a los procedimientos de infracción contemplados en el artículo 169, agradezco muy especialmente estas propuestas y estas contribuciones, pues quiero subrayar la importancia que atribuyo a la cuestión de los procedimientos de infracción. De hecho, hemos intentado -no sé si hasta el punto que esperaba el Sr. Mather, dadas sus amables palabras- sintetizar, poner en orden y conferir mayor rapidez, para convertir en más transparente la tramitación de los procedimientos de infracción.
Estoy de acuerdo con la Sra. ponente en considerar que este aspecto reviste una importancia fundamental, ya que las denuncias por incumplimiento nos permiten establecer en qué ámbitos siguen habiendo problemas para el mercado interior. Admito que conocer la complejidad y la lentitud de los procedimientos de infracción y, por tanto, su coste, a veces puede disuadir a los operadores que actúan en el mercado de formular una denuncia. Esto hace que los procedimientos de infracción no cumplan plenamente su importante función de señalar las barreras y, por ende, convierten en extremadamente difícil alcanzar nuestro y su objetivo de que el mercado único funcione sin trabas.
En lo que respecta más específicamente a la frecuencia y a los plazos de las decisiones, he hecho todo lo que está en mi mano para aprovechar cualquier posibilidad de cumplir los plazos, según lo sugerido por la Sra. ponente.
Sin embargo, las dos propuestas relativas a un registro público de denuncias y a la posibilidad de que los denunciantes tengan acceso al análisis de la Comisión antes de que se tome una decisión, merecen un examen más exhaustivo. En el registro podrían figurar sólo los casos en que los denunciantes hubieran aceptado renunciar a la confidencialidad del procedimiento.
En cuanto a la segunda propuesta, el hecho de pedir a los denunciantes su opinión sobre nuestro examen antes de que el Colegio de Comisarios adopte una decisión, provocaría inevitablemente mayores retrasos. Sin embargo, coincido en considerar que existen aspectos positivos, muy positivos, en el hecho de informar a un denunciante acerca de los motivos por lo cuales, por ejemplo, su denuncia es archivada.
Espero que mi intervención les haya tranquilizado, al menos en parte, respecto a la intención de la Comisión de atribuir gran importancia a esta resolución y quisiera concluir muy rápidamente con una observación sobre la transparencia. Atribuyo gran importancia a la transparencia y en materia de respeto del Derecho comunitario en el mercado único, como ustedes saben, un instrumento esencial de transparencia que se está demostrando útil es el llamado scoreboard , que está ejerciendo presiones sobre los Estados miembros para un más exacto cumplimiento de las normas del mercado único. En particular, en lo que a la transparencia de los procedimientos de infracción se refiere, me permito recordar que en el año 1996 tomamos la decisión, que respetamos, de informar sistemáticamente a la prensa acerca de toda decisión relativa a un dictamen motivado o al sometimiento de un asunto al Tribunal de Justicia.
Esto aumenta, debo decir que de forma muy útil, la presión de los pares -la peer pressure - e insta a los Estados miembros a eliminar considerable y rápidamente las infracciones que están en el origen de los procedimientos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
La Sra. Larive, como ponente, quiere hacer uso de la palabra. Tiene usted un minuto, señora Larive.

Larive
Comisario Monti, gracias por su respuesta. En algunos puntos ha podido usted responder efectivamente de forma tranquilizadora. En algunos puntos ha decepcionado, especialmente en cuanto a la composición del comité de expertos. Tengo dos preguntas que todavía no han sido contestadas por usted. ¿Está usted dispuesto a ofrecerle al denunciante unas posibilidades de recurso en caso de que se informe en sentido negativo? ¿Está usted dispuesto a aplicar los plazos indicados en la resolución para el procedimiento de infracción?

Monti
Señora Larive, como acabo de decir tanto de forma general como particular con respecto a sus dos últimas consideraciones, me reservo hacer una valoración más exhaustiva. En cuanto al primer aspecto, es decir, el del recurso, creo que sería necesaria una modificación del Tratado al respecto. Quiero recordar que personalmente y también como Comisión hemos apoyado, con ocasión de la Conferencia Intergubernamental que desembocó en el Tratado de Amsterdam, la propuesta de algún Estado miembro de reforzar los poderes para poder simplificar los procedimientos en cuestión.
En lo que se refiere al cumplimiento de los plazos, creo haber dicho ya que todas nuestras actuaciones están encaminadas a tratar de cumplirlos y en ello me reitero. De hecho, usted habrá podido comprobar que en algunos casos mi reticencia a valorar en seguida algunas de sus propuestas depende precisamente de que parecen de por sí buenas, sin embargo, podrían determinar cierta ralentización del procedimiento en cuestión.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Servicios postales europeos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes preguntas orales:
B4-0718/98 del Grupo Unión por Europa, a la Comisión, sobre los servicios postales europeos; -B4-0006/99 del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, a la Comisión, sobre los servicios postales; -B4-0007/99 del Grupo de Coalición Radical Europea, a la Comisión, sobre la liberalización de los servicios postales europeos.Tiene la palabra la Sra. Moreau por el tiempo de tres minutos.

Moreau
Señor Presidente, con su millón y medio de empleados y sus cien mil oficinas de correos para responder a las necesidades del público, los servicios postales desempeñan un importante papel en el campo del empleo y de la cohesión social. El Parlamento Europeo, al cabo de ocho años de un trabajo abierto a los interlocutores sociales, ha hecho una fuerte contribución para frenar el proceso de liberalización impulsado por la Comisión Europea en sus propuestas iniciales. En estas condiciones, ¿cómo no experimentar una viva preocupación ante las intenciones demostradas por la Comisión en el sentido de intensificar la liberalización de los servicios postales, y esto aun antes de que la directiva 96/97 se incluyera en el derecho nacional? Una apuesta de tal importancia exige que se dominen las opciones relativas a las futuras transformaciones y que se tomen en cuenta informaciones exactas. Por esta razón nuestro Grupo exhorta al Parlamento a rechazar toda nueva medida de liberalización y pide que cualquier revisión del marco reglamentario previsto por la directiva se ponga en marcha sólo después del examen de todas las consecuencias de su aplicación.
Además, ¿no es necesario que en este sector, como en otros, la Comisión deje de hacer oídos sordos aplicando con un dogmatismo rígido unos principios que se basan en el único postulado de la legitimidad de la liberalización extrema? Ante estos dogmas, hay mujeres y hombres que quieren disponer de un servicio de calidad y otros que trabajan en él. ¿Cómo no advertir que existen ciertas tendencias comunes en las liberalizaciones ya hechas? Por ejemplo, en los transportes en particular, se suprimieron miles de empleos y se presionó sobre los salarios y los convenios de personal. Todos reconocerán la necesidad de disponer de las informaciones indispensables antes de adoptar nuevas decisiones. Por este motivo es urgente estudiar seria y profundamente las consecuencias de las liberalizaciones, sobre todo en lo relativo al empleo, a la ordenación territorial, al equilibrio económico y financiero de los operadores y a la calidad de los servicios. Al respecto, los estudios recientes hechos por la Comisión son objeto de fuertes críticas por parte del Comité paritario europeo de correos. Para que haya la transparencia necesaria y para que las conclusiones de estos estudios tengan credibilidad, estas últimas deberán elaborarse con la colaboración de todos los interlocutores, operadores, organizaciones sindicales y de usuarios de los sectores postales de los países miembros. A juzgar por la ofensiva comercial y financiera actual, emprendida por las empresas multinacionales privadas en el mercado de los servicios postales, se diría que las misiones del servicio público no constituyen su preocupación primordial. Ante una situación semejante, insistimos en la necesidad de asegurar a todos la igualdad de acceso a los servicios postales, en condiciones equitativas e idénticas, en cualquier lugar, y para esto será preciso contribuir al desarrollo de la cooperación, del entendimiento, y no a la guerra entre operadores nacionales y europeos. A la vez que confirmo la importancia de estos servicios, quiero insistir en el hecho de que la prestación que brindan al usuario no se puede reducir a una simple mercancía sometida a las leyes del mercado, pues integra un derecho fundamental de las personas: el derecho a la comunicación.

Taubira-Delannon
Señor Presidente, la apuesta de la Europa postal no es desdeñable: una cifra de negocios de 360 mil millones de francos, un volumen de actividad de 108 millones de envíos, una red de contacto de más de 106.000 puntos, pero sobre todo 1.400.000 empleados y más de 370 millones de usuarios potenciales.
Por lo tanto, la cuestión fundamental es saber si existe una fórmula única, e incluso armoniosa, ante las situaciones de disparidad. En primer lugar, disparidad demográfica, porque las superficies y las densidades no son comparables y cuatro países agrupan al 60 % de la población. Después, disparidad económica, con un PIB por habitante que varía de menos de 90.000 francos a más de 150.000 y con cuatro países que aseguran el 75 % del volumen de negocio. También disparidad financiera, con una tarifa básica que oscila entre 1, 70 y 3, 20 francos. Y, por último, disparidad jurídica, con situaciones geográficas y oferta de productos muy distintas.
Dicho en otras palabras, se trata de respetar algunos principios: el principio de justicia y de equidad del servicio universal, el principio de eficacia económica y el principio de cohesión y de preservación del servicio público. Dicho en otras palabras, no hay que sacralizar la competitividad con el pretexto de la transparencia, lo que penalizaría a los usuarios más desprotegidos y a los más apartados. Dicho en otras palabras: hay que garantizar el empleo y el interés general.

Bangemann
Señor Presidente, si se presta atención a ambas intervenciones sobre la justificación de las preguntas, entonces uno se siente trasladado a nuestros primeros debates sobre la liberalización de los servicios de comunicación. Entonces se expresaron los mismos temores. Estos no se han confirmado. El servicio universal, para el que en el ámbito de la telecomunicación hemos dispuesto y permitido instrumentos financieros para los Estados miembros, se perfecciona en lo esencial sin tales instrumentos, es decir, solo con lo que son las leyes económicas de los sistemas de comunicación. Pero es evidente que para algunos miembros o tendencias políticas de esta Asamblea son tan desconocidas que siempre les infunden temor.
Quiero decirlo bien claro, señora Moreau. Un mercado cuando se realiza con arreglo a reglas que, naturalmente, se pueden y deben imponerse políticamente, no tiene que provocar efectos antisociales, al contrario. Yo mismo pienso en buena lógica, por ello he dicho que si se perfecciona conforme a esas reglas, que nosotros mismos introducimos, no tiene por qué tener consecuencias negativas, y el mejor ejemplo del campo de las telecomunicaciones son los precios del teléfono. Hoy, gracias a dios, se puede decir precios y no tarifas. Probablemente al final de este año y gracias a la competencia, es decir, gracias al mercado, alcanzaremos unos precios que no están en absoluto por detrás de aquellos de los Estados Unidos, esto significa que la posibilidad de comunicarse, también de participar en Internet y otras posibilidades informáticas, se ha abaratado.
Esta es la mejor política social. En lugar de establecer con determinados criterios quién está legitimado para crear una burocracia fabulosa, que administra de forma costosa esos dineros que se derraman sobre los necesitados - y aquí aparecen los casos de fraude -, disponemos de un sistema muy sencillo. Actualmente incluso existe, señora Moreau, la posibilidad de llamar de forma totalmente gratuita. No tiene que pagar nada, me puede llamar en cualquier momento, no sólo por las noches.
Además, señor Presidente, es la segunda vez que estoy aquí a una hora avanzada de la noche. Quiero que quede constancia de que próximamente me voy a dedicar a la constitución de un sindicato de comisarios. Esto no puede seguir así. Nos obligan, con condiciones laborales inhumanas, a vivir por debajo de nuestra dignidad humana, señora Moreau.
Desgraciadamente no puedo contestar las preguntas. Lo lamento, pero quiero decirles por qué. Puedo entender que hayan formulado ahora las preguntas porque tenían la sensación de que se debía decir algo, pero ni yo mismo he acabado de fijar mi posición. Que a usted no le gusten los estudios, señora Moreau, porque no se corresponden con lo que se imagina, lamentablemente, al respecto no puedo cambiar nada. Por lo demás, los hemos querido elaborar con base en las informaciones de todos los servicios postales de la unión lamentablemente no hemos recibido de todos los servicios las informaciones necesarias, esto también quiero decirlo.
Interrupción: ¡no lo hemos recibido!
Puede ser. En cualquier caso yo tengo mi propia posición que creo presentaré a la Comisión en dos semanas, aunque no es seguro.
La discusión de dentro de dos semanas es un debate orientativo, es decir, en él me esforzaré por averiguar que es lo que mis colegas piensan sobre las distintas cuestiones, y solo entonces podré, al menos de forma introductoria, expresarles ciertos puntos ineludibles. Hoy no les puedo explicar ninguna posición de la Comisión. Les puedo decir personalmente que el servicio universal se va a tratar de igual modo que la telecomunicación, es decir, vamos, si ustedes así lo quieren, a establecer una suerte de servicio de recepción, si mis colegas me apoyan, pero no va a ser obligatorio, sino que va a estar a disposición de aquellos Estados miembros que crean que lo necesitan. No obstante yo creo que no es necesario, pero bueno. Hemos topado con temores injustificados y por ello es probable que vayamos - yo en cualquier caso sí - a proponerlo de ese modo. Por tanto, pueden dormir tranquilos. Espero, de todos modos, que los servicios postales se despierten pronto.

Simpson
Señor Presidente, la pregunta oral sobre los servicios postales y las mociones que se han sucedido a continuación ofrecen a este Parlamento una oportunidad para refirmar la posición que ha mantenido en numerosas ocasiones en lo relativo al futuro de los servicios postales en la Unión Europea. Es además una gran coincidencia el hecho de que se debata esta cuestión dentro del mismo orden del día en el que el Parlamento somete a consideración la moción de censura contra la Comisión. Uno de los motivos del deterioro de las relaciones entre el Parlamento y la Comisión ha sido, sin duda alguna, la actitud arrogante que han mostrado en algunas ocasiones determinados comisarios.
Nosotros lo pudimos comprobar en 1997 -y creo que será posible hacerlo también en 1999- cuando, a pesar de contar con un abrumador respaldo por parte del Parlamento, el Comisario Bangemann desechó entonces el informe que yo mismo había presentado, afirmando que volvería a sus planes extremadamente liberalizadores, planes que -por otra parte- fueron rechazados por el Parlamento. Permítanme recordarle al Sr. Bangemann la posición del Parlamento. Es posible que, de acuerdo con el nuevo espíritu de reverencia y respeto hacia el Parlamento que parece imperar esta semana en la Comisión, el Sr. Bangemann tome nota y nos garantice la plena inclusión de la posición del Parlamento cuando se decida finalmente -y con retraso- a presentarnos la nueva directiva sobre los servicios postales que se esta elaborando en estos momentos.
Lo que queremos es que se reserve un área lo suficientemente grande para mantener un servicio universal viable. Esto implicaría mantener en dicho área el correo directo y el transfronterizo. La responsabilidad de este área reservada ha de recaer en las administraciones postales nacionales.
Queremos que la mencionada área reservada se base en limitaciones de peso realistas, no en veinte gramos, o incluso en cincuenta, como se ha venido rumoreando que es el planteamiento de la Comisión. Queremos ver una definición detallada de lo que es el servicio universal y queremos conocer cuáles serán las repercusiones sociales de la liberalización en el empleo y en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos de la Unión Europea. Desearíamos recordarle al Comisario los miles de puestos de trabajo que están en juego y hacerle saber también que el Parlamento alberga serias dudas, como ya ha dicho la Sra. Moreau, acerca de la autenticidad de los denominados estudios que se han realizado en éste y en otros ámbitos. Francamente, pensamos que están amañados. Florus, tendrás tu oportunidad en un minuto, por lo que deja de rezongar y refunfuñar ahí atrás.
Seguimos aguardando esta propuesta de la Comisión, de acuerdo con la Directiva 97/67/CE, lo cual significa que es posible que ya no estén en vigor los artículos relativos a la liberalización correspondientes a la directiva anterior. ¿Cuándo? ¿Cuándo reconocerá la Comisión que no pueden ustedes comparar de manera equitativa los sistemas postales y los de telecomunicaciones puesto que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, mientras en el sector de las telecomunicaciones estamos hablando de máquinas, en el ámbito postal lo hacemos de personas? Pero aún tenemos grandes dificultades para lograr que le entre esto en la cabeza al Sr. Comisario.
El Parlamento sabe que soy una persona razonable. Pero he de decirle al Comisario y a la Comisión en general que, independientemente de que a esta institución le quede un día o un año de mandato, si se presentan ante el Parlamento con una directiva postal que ataque el concepto de un servicio universal público de elevada calidad para todos, si se presentan ante el Parlamento tras haber rechazado -como han hecho en el pasado- o pasado por alto -como también han hecho con anterioridad- la posición previamente expresada por el Parlamento, que es además una posición que cuenta con el respaldo del Consejo, y si -en fin- persisten en aplicar un planteamiento dogmático y totalmente liberalizador en detrimento de los servicios postales, entonces, señores míos, deberán prepararse para una monumental batalla, la madre y el padre de todas las batallas. Quede usted avisado, Sr. Comisario, de que la posición del Parlamento no ha variado. El Parlamento tiene aún la misma opinión a este respecto, con la excepción del grupúsculo lunático de los liberales holandeses. Lo que tiene usted que hacer es escuchar lo que le está diciendo el Parlamento, escuchar qué es lo que quieren los ciudadanos de la Unión Europea y detener esta locura de intentar liberalizar los servicios postales únicamente con arreglo a un criterio dogmático.

El Presidente
Muchas gracias, señor Simpson.
He recibido siete propuestas de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 40 del Reglamento, para cerrar este debate.
Tiene la palabra el Sr. Ferber, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo.

Ferber
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, estimado Brian Simpson, quiero señalar que has hablado en nombre del Grupo de los Socialistas, no en nombre del Parlamento.
De nuevo, tenemos que averiguar a última hora que la Comisión tiene problemas con los servicios postales para presentar próximas directivas. No es la primera vez que tenemos que interrogar a la Comisión sobre lo avanzado en sus trabajos. Estaban obligados a presentar una nueva propuesta de directiva antes del fin de 1998. Este plazo lo han dejado ustedes expirar. Señor Comisario, al respecto ya he señalado varias veces que un proceso legislativo sin fricciones solo puede funcionar si ustedes respetan ese plazo. Han dejado pasar la oportunidad de presentar, por fin, las propuestas para un servicio postal que mejore ostensiblemente su calidad en Europa, que a través de la competencia reduzca sus costes y que, de ese modo, pueda también tener éxito frente a otras alternativas como el fax o el correo electrónico.
Si no han hecho esto porque temen a la izquierda mayoritaria en el Consejo, entonces no puedo mostrar mucha comprensión. Si no lo han hecho porque la transposición en los Estados miembros deja mucho que desear, entonces no han sido coherentes con su obligación en tanto guardiana de los tratados, y en este sentido quisiera decir que es bastante interesante comprobar de qué países provienen los tres diputados que han formulado preguntas. Es evidente que en ellos hay especiales problemas con la transposición de la directiva ya aprobada.
Solo puedo instarles, señor Bangemann, a que con la mayor brevedad presenten ante este Parlamento la propuesta de directiva acordada, para que también podamos conseguir lo antes posible un desarrollo razonable de los servicios postales tal y como se debatió y decidió en la antigua directiva.

Wijsenbeek
Señor Presidente, como hemos podido escuchar esta tarde en el debate, todo el mundo conoce ya nuestro punto de vista. Y aunque algunos lo vean como algo lunático, nosotros en todo caso defendemos al consumidor, porque tiene derecho a un mejor servicio. El servicio postal no debe convertirse en un servicio social, ni debe ser utilizado por los Estados para deshacerse de unos servicios que en realidad pertenecen a otro sitio. A esto lo llamamos poner el carro delante de las mulas. Todo el mundo sabe que en cuanto se adscriben los servicios postales a un monopolio, rápidamente serán adelantados, como ya se dijo antes con mucha razón, por los telefax, el correo electrónico y otros servicios modernos.
Resulta, además, en la práctica, como por ejemplo en Suecia, o en los Países Bajos -y Suecia no es, como los Países Bajos un pequeño país superpoblado, sino un país enorme con grandes distancias- que un servicio privatizado, o en todo caso un servicio expuesto a la competencia puede ser tan bueno como esos monopolios que funcionan mal y son a su vez instituciones de servicios sociales. Esto significa que no sólo apelamos a la Comisión para que ejecute esa retrasada y obsoleta directiva, sino además presente rápidamente unas nuevas propuestas liberalizadoras. Porque la Comisión se comprometió a hacerlo. El no llevar a cabo Reims II, el no cumplir claramente con lo pactado porque mientras estén activos todo tipo de servicios integrales, significa simplemente que hemos de elaborar unas nuevas y modernas propuestas para el sector de servicios. Espero que la Comisión no vuelva a tardar otros diez años, y que no tengamos que volver a ver cómo el elefante da a luz a un ratoncillo. Valga decir que cualquier parecido con las personas aquí presentes es pura casualidad.

Schörling
Señor Presidente, señor Comisario, me pregunto si lo que nos ha ofrecido el Sr. Bangemann han sido unos comentarios acerca de sus condiciones de trabajo, ya que nos ha dicho que tal vez sería necesario crear un sindicato para los comisarios. Muy interesante.
He de decir que me ha sorprendido algo la reacción de la Comisión. Por lo general, ni mi grupo ni yo estamos en contra de las privatizaciones. Pero, ¿qué motivo puede existir para hacerlo con las prisas que desea la Comisión? Por el contrario, es sabido que el Parlamento ha solicitado a la Comisión que estudie las consecuencias económicas y sociales -así como la situación en el sector postal- país por país, servicio por servicio. Pero no ha sido así.
Hemos visto también que las evaluaciones de la liberalización de los servicios postales no se deben basar únicamente en los estudios de aplicación de la Comisión, sino que es preciso consultar también las opiniones del Parlamento, las organizaciones sindicales del sector postal, las organizaciones de usuarios, etcétera. Si fuera así, el Comisario Bangemann podría decir que nuestras preocupaciones son infundadas.
Alguien aquí ha mencionado que en Suecia ya se ha llevado a cabo una cierta liberalización de nuestra organización de correos. En los estudios que se han realizado podemos comprobar que el servicio ha empeorado en la periferia, que se «coge la guinda del pastel» al mismo tiempo que empeora la situación en las localidades más pequeñas. De hecho, es preciso contar con un sector lo suficientemente grande para garantizar un servicio como éste, que ha de abarcar a toda la sociedad.
Creo que sería inadecuado presentar más enmiendas hasta que no se tenga un conocimiento de conjunto de las repercusiones y no se haya llevado a cabo una evaluación general al respecto. O, lo que es lo mismo, no apresurarse y tomárselo con mas calma.

Schmidbauer
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, esta no es, desde luego, la primera ocasión, y el propio Sr. Bangemann lo acaba de decir, en que nos encontramos aquí a medianoche y debatimos sobre los servicios postales europeos. Seguramente tampoco va a ser la última vez, aunque esperemos que a una hora distinta, porque es evidente que nosotros, como Parlamento, no expresamos con la frecuencia necesaria nuestra posición respecto de la liberalización de los servicios postales. Nadie en esta Asamblea va a negar que para los servicios postales necesitamos un mercado interior que funcione y que, por ello, necesitamos desarrollar en un razonable período de tiempo la actual directiva sobre la liberalización de los mercados postales. Pero respecto del cuándo y el cuánto de la liberalización nuestras perspectivas y las de la Comisión, tanto hoy como ayer, apuntan a caminos diferentes, por lo menos eso es lo que entonces demostró la votación mayoritaria a la actual directiva.
Volvamos a observar cuidadosamente el calendario para la nueva versión de la directiva. Se aprobó en 1997, debía ser transpuesta en los Estados miembros antes del final de 1998, pero esto no ha sucedido así en numerosos casos. Además, la directiva expresa que antes del final de 1998 la Comisión deberá presentar nuevas propuestas para continuar con la liberalización. Pero como puede realizarse una revisión de la directiva si aun no se pueden evaluar los efectos que produce la actual directiva.
Me consta que el Parlamento aprobó este calendario a finales de 1997, pero ¿para qué modificar una directiva si aun no se ha transpuesto en todos los Estados miembros? En primer lugar, la Comisión debería poner un informe sobre la mesa en el que se exprese con claridad el estado de la transposición y en el que, sobre todo, se comparen las medidas de transposición de cada Estado miembro. De este modo constataría que, en parte, hay importantes diferencias y a partir de ahí se podría negociar.
Si entonces se modifica la directiva hay dos cosas que deben garantizarse: en concreto, un servicio universal eficiente con una segura base financiera y la conservación de puestos de trabajo asegurados socialmente en el sector postal. La comparación con la telecomunicación no es, con seguridad, real, señor Bangemann, porque en esta - ya lo ha dicho el Sr. Simpson - casi todo se transmite técnicamente, mientras que en el correo amarillo, es decir, en los servicios postales se gira mucho más a través del personal, a través de la gente.
Necesitamos el servicio universal porque sólo este garantiza que todos los ciudadanos europeos - también en las zonas periféricas - tengan acceso a los servicios postales. Solo esto ofrece la posibilidad de comunicarse. En los servicios postales no todo tiene que ver con los servicios comerciales, se trata de una labor social en la que se proporciona a todos los ciudadanos europeos un medio de comunicación de fácil acceso y a un precio razonable. Por ello no es suficiente dotar con terminales informáticos a las islas griegas y a los pueblos perdidos de los bosques bávaros, no, también estas regiones necesitan buzones que sean vaciados cada día.
Un servicio universal de este tipo requiere una solida base financiera. Sin embargo, esta no se consigue si se levantan los sectores reservados y se permite a las empresas comerciales coger las guindas del pastel que son los servicios. Necesitamos más empresas postales que ofrezcan diversos servicios postales, incluidos los no rentables, de modo que se pueda financiar el servicio universal con sectores reservados. Además, debemos tener en cuenta que las empresas postales emplean en toda Europa a un millón y medio de personas. También tenemos una responsabilidad social para con estos empleados. Sabemos que, hasta ahora, la liberalización ha sido bastante dolorosa para estos empleados de las empresas postales. Estos han convivido con despidos y, parcialmente, con el reciclaje a relaciones laborales socialmente inseguras.
Este Parlamento - y pienso que en esto todos los grupos están de acuerdo - no va a consentir que los empleos en empresas postales se conviertan progresivamente en empleos de estar por casa. No vamos a tolerar beneficios rápidos a costa de los trabajadores y de la calidad de los servicios postales. Queremos una garantía para un servicio universal amplio y de la mayor calidad y que tenga unas relaciones laborales aseguradas.

Stenmarck
Señor Presidente, los viejos monopolios no hacen frente a las exigencias que, como usuarios, todos tenemos el derecho a establecer para lograr el buen funcionamiento de los servicios. Así pues, en un sector tras otro vienen planteándose exigencias en favor de la desregulación y la liberalización. Desgraciadamente, las actividades postales constituyen una excepción de enorme importancia.
En la UE existen diversos países que llevan mucho tiempo planteando la exigencia de introducir la libre competencia también en el sector postal. Es posible mostrar experiencias positivas a este respecto. Por lo que respecta a Suecia, se trata de un proceso que, paso a paso, ha venido adquiriendo una considerable unanimidad política. Es importante que este proceso pueda continuar y que pueda beneficiarse de los incentivos que resulten necesarios.
Habiendo dicho todo esto y para finalizar este debate, permítanme plantearle una pregunta al Comisario Bangemann: ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión para incentivar un mayor desarrollo liberalizador en el ámbito de las actividades postales?

El Presidente
Muchas gracias, señor Stenmarck.
Señorías, con la intervención del Sr. Stenmarck hemos terminado el turno de palabras de miembros de la Asamblea.
El Sr. Bangemann me ha pedido la palabra para una breve intervención. Tiene la palabra.

Bangemann
Señor Presidente, sólo quisiera intentar responder a las preguntas. La pregunta del Sr. Stenmarck ha puesto de relieve de lo que padece este debate. Aun no hemos adoptado ninguna posición en la Comisión. Señor Ferber, esto no es así porque yo tenga miedo de los socialistas o de quienquiera que sea. Yo no tengo miedo del Sr. Stoiber, como otros miembros del CSU que ha sido incluidos en lista. Esto es así porque yo no tengo que entrar en la lista del CSU. Por la misma razón que tampoco necesito ninguna intervención incendiaria para ser incluido. No tengo miedo de nadie y menos de usted, señor Ferber.
En mi opinión en Sr. Simpson tiene un concepto muy simple de las relaciones Parlamento-Comisión-Consejo. Si el Sr. Simpson quiere decir que la Comisión debe proponer siempre lo que el propio Parlamento opina, entonces esto es en primer lugar una inversión temporal del procedimiento. Primero propone la Comisión y después expresan sus puntos de vista Parlamento y Consejo y la Comisión acepta naturalmente esta votación democrática. Pero nuestro propio derecho de iniciativa, señor Simpson, se desnaturalizaría si yo o cualquiera de mis colegas de la Comisión siempre propusiéramos aquello que opina el Parlamento, de forma especial usted ha escuchado que, en cualquier caso, las concepciones del Parlamento aun no habían sido fijadas entonces. ¿Cómo podrían hacerlo? No hay ninguna propuesta de la Comisión. Vamos entonces a esperar qué es lo que dice el Parlamento de nuestra propuesta.
Pero para que quede de nuevo muy claro: mi opinión personal - más no les puedo decir ahora - es asegurar de tal modo el servicio universal que no tengan ustedes por qué preocuparse, si mis colegas de la Comisión me apoyan. Pero no puedo hacer una propuesta que vaya a cerrar o a retrasar de tal modo todo este proceso de liberalización postal que al final el correo vaya a ser aplastado por el desarrollo del resto de los ámbitos. Esto ya lo he dicho varias veces en debates pasados. Por ello lo que propongo no va en absoluto en contra de los empleados de correos. Dentro de las diferentes sociedades postales va a surgir - y esto ya lo estamos viendo hoy - una competencia entre aquellos que viven en un medio nacional liberalizado, como por ejemplo la alemana Post-AG, y el resto, que no lo hacen. Aquellas que se mueven en un ámbito liberalizado tiene las ventajas naturales de su competitividad en el mercado. Además, mantendrán mejor su posición. Pueden adquirir otras empresas, fusionarse con otras empresas, mientras que los monopolios no lo pueden hacer. El que no lo entienda le hace un flaco favor a los empleados postales y a los usuarios, a los que ha hecho mención el Sr. Wijsenbeek.
Por eso no se trata aquí de ideología. De acuerdo, yo soy un liberal. Lo he sido durante toda mi vida. En algunas ocasiones se duda el resto de colegas liberales son tan razonables como uno mismo. En cualquier caso, nunca he abandonado mi convicción liberal. No por razones ideológicas, porque, en mi opinión, los posicionamientos ideológicos no son en absoluto liberales, sino porque procuro llevar a cabo mi obligación. Si esto no le gusta, señor Simpson, tiene usted muchas vías para echarme a mí y a mis colegas. Esto lo aceptamos pues es un juego de rol democrático de lo más normal. Lo puede hacer mañana. Usted tiene la opción para ello. Si lo hace no me sentiré ofendido. El Parlamento tiene esta tarea, que es totalmente normal. Y si no lo hace porque cree que la Comisión, a pesar de todo, ha desarrollado una gran labor, entonces permitame darle las gracias de antemano.

El Presidente
Muchas gracias, señor Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Se levanta la sesión a las 23.50 horas

