Decisión sobre la urgencia
La Presidenta.
Para empezar votaremos sobre una solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia a la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica, respecto de las excepciones al embargo de fondos y recursos económicos y por décima vez, el Reglamento (CE) nº 881/2002 por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes [COM(2003) 41 - C5-0048/2003 - 2003/0015(CNS)]
En primer lugar, cedo la palabra al Sr. Hernández Mollar, Presidente de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.

Hernández Mollar (PPE-DE)
. (ES) Señora Presidenta, efectivamente, ayer, la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores que presido celebró una reunión extraordinaria para tratar este asunto y se acordó rechazar el carácter de urgencia, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque no está acreditado que el procedimiento de urgencia haya que aplicarlo de un día para otro; en la reunión ni la Comisión ni el Consejo han expuesto argumentos suficientes; y, en segundo lugar, porque creo que debemos exigir al Consejo que motive las urgencias y que no se habitúe también a considerar al Parlamento como una mera formalidad, aunque hay que decir que, en este caso, el contenido de la propuesta responde también al sentir del Parlamento. En cualquier caso, el lunes próximo, en la sesión ordinaria de nuestra comisión, se tratará este asunto.
La Presidenta.
Si nadie más desea intervenir, procederemos a votar sobre esta solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia.
Procedemos a la votación sobre la solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia.
(Se decide no aplicar el procedimiento de urgencia)
La Presidenta.
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0021/2003) de la Sra. Malliori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia [COM(2002) 201 - C5-0270/2002 - 2002/0098(CNS)].

Byrne
Señora Presidenta, esta propuesta de recomendación del Consejo está basada en el artículo 152 del Tratado, que estipula que la acción de la Comunidad, que complementará las medidas nacionales, abarcará la lucha contra las principales plagas para la salud. El Tratado cita las drogas y los daños que ocasionan con las siguientes palabras: «La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a reducir los daños a la salud producidos por las drogas, incluidas la información y la prevención».
Asimismo, permítanme recordarles que uno de los tres objetivos principales de la Estrategia europea de lucha contra la droga 2000-2004, una de las principales iniciativas en la lucha contra la droga, es la reducción sustancial de los daños ocasionados por las drogas y del número de muertes que éstas provocan. El número de muertes por sobredosis en la Unión Europea es de unas 7 000 anuales. Las muertes relacionadas de manera indirecta con el consumo de drogas, como el sida, los accidentes de tráfico, la violencia o el suicidio elevan esta cifra a 20 000 anuales.
La prevención del consumo de drogas ilegales es un objetivo prioritario. Se conseguirá si se reduce tanto la oferta como la demanda de drogas. En particular, esta recomendación propuesta abarca la vertiente de la demanda e incide en el punto en que la actividad policial no logra detener la oferta de drogas.
Evidentemente, en primer lugar tenemos que convencer a las personas de que no consuman drogas ilegales. Sin embargo, cuando no se puede impedir que un individuo consuma drogas, hay que realizar todos los esfuerzos posibles por minimizar el daño que le provocará la droga, así como el daño que el consumidor pueda provocar a terceros. El toxicómano tiene que implicarse de forma activa en estos esfuerzos. Esto se llama reducción de riesgos o, a veces, reducción de daños o minimización de daños. La parte principal de la recomendación trata de esto. Los métodos de reducción de riesgos que aparecen en la recomendación están bien establecidos. La mayoría de los Estados miembros los han utilizado en diferentes grados.
Los opiáceos, como la heroína, constituyen la causa principal de la mayoría de muertes relacionadas con la droga. Uno de los métodos más antiguos de reducción de riesgos es el uso de la metadona como sucedáneo de la heroína consumida por vía parenteral. La metadona apareció por primera vez en la UE a finales de los años sesenta, en respuesta al incipiente consumo de opiáceos. La aparición del VIH en los años ochenta favoreció la introducción de programas de intercambio de agujas y jeringuillas.
En los últimos años, la mortalidad vinculada al consumo de drogas en el ámbito de la UE se ha estabilizado, a pesar del aumento del consumo. Esto se debe a numerosos factores. En algunos países, el consumo de drogas por vía parenteral ha disminuido y el tratamiento médico en caso de sobredosis ha mejorado. Sin embargo, los métodos de reducción de riesgos que contempla esta recomendación seguramente también han contribuido a este cambio positivo.
Los servicios de atención en materia de drogas tienen que ser fácilmente accesibles y llegar allí donde se encuentre el toxicómano, no donde nosotros queremos que se encuentre. Estos servicios se denominan «unidades móviles». Asimismo, los llamados «servicios fácilmente accesibles» tienen que ofrecerse sin exigencias poco realistas. El objetivo es prevenir un mayor deterioro de la salud y de las circunstancias sociales de los usuarios y motivarlos a buscar tratamiento.
Esta recomendación no menciona de los métodos de reducción de riesgos más controvertidos, si bien algunos Estados miembros ya los están usando. Métodos como las inyecciones de heroína bajo supervisión, las salas de inyección, la distribución de jeringuillas y los análisis anónimos de sustancias realizados sobre el terreno requieren una mayor investigación y evaluación antes de que puedan recomendarse con carácter general.
La recomendación señala la evaluación como instrumento clave para la mejora de las medidas relacionadas con las drogas. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías de Lisboa desempeña un papel esencial en el desarrollo de los indicadores clave para el control y la comparación del consumo de drogas en los Estados miembros. Asimismo, fija las directrices para la evaluación de proyectos relacionados con las drogas y evalúa los diferentes programas y políticas.
La Comisión ha contado con la ayuda inestimable de la agencia de Lisboa en la preparación de esta recomendación, que constituye una medida positiva tanto para los toxicómanos como para la salud pública en general.

Malliori (PSE)
Señora Presidenta, señor Comisario, por desgracia en la actualidad el abuso de drogas constituye uno de los principales problemas sociales, lo que significa que las medidas y las políticas que se han aplicado hasta la fecha han sido insuficientes. El consumo de drogas está aumentando junto con los demás problemas a los que se enfrenta la sociedad moderna. El informe anual del año 2002 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías revela que el nivel de consumo de drogas es bastante estable, entre 2 y 9 usuarios por cada 1 000 habitantes en el grupo de 15 a 64 años de edad, de los cuales entre 500 000 y 1 000 000 consumen drogas por vía parenteral, es decir, son heroinómanos. Por esta razón, aunque el objetivo primario al abordar este problema ha sido y seguirá siendo la prevención, creo que esta iniciativa es muy importante y le felicito, señor Comisario, por su propuesta sobre la prevención y reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia.
No tengo reparos en afirmar que hubiera preferido que esta propuesta particular hubiera sido una propuesta legislativa, porque se trata de política común europea o, al menos, un enfoque legislativo que da mayor eficacia a nuestras políticas. Aun así, creo que esta propuesta de recomendación es un paso importante hacia la protección tanto de la salud pública como de la salud personal de los consumidores de drogas, y que emitimos el mensaje político adecuado: los adictos no son meros delincuentes, como creen la mayoría de sociedades en la actualidad, sino también pacientes que necesitan atención médica y social.
Las enmiendas que proponemos especifican principalmente la acción que hay que llevar a cabo en el ámbito local si queremos alcanzar los mayores resultados posibles en este difícil y delicado sector. Es esencial concienciar a la opinión pública a fin de lograr la aceptación de las distintas formas de tratamiento y otros programas de protección de los drogodependientes, si queremos ser capaces de aplicar la recomendación propuesta. Dicho de otro modo, cuando hablamos de medidas para reducir el daño causado por el consumo de drogas, el objetivo principal sigue siendo el de curar al drogodependiente. Sin embargo, como sabemos, un gran número de adictos no se apuntan a programas de tratamiento, y es básicamente este grupo el que tiene mayores problemas.
Sólo podremos detener la propagación de enfermedades peligrosas como la hepatitis, el sida y la tuberculosis si educamos a este grupo en torno a los riesgos para la salud. Esto también debería alentar a los consumidores a ser más cuidadosos cuando toman drogas y a adoptar un estilo de vida más sano. Asimismo, es esencial incluir medidas destinadas a los entornos de alto riesgo, como las prisiones. La proporción de presos en la UE que aseguran haber consumido drogas oscila entre un 29 y un 86%, según las prisiones y los países. Los prisioneros tienen un alto riesgo de contraer enfermedades a través del uso común de jeringuillas y agujas y del contacto sexual. Es inevitable que el personal de las prisiones también se enfrente a un peligro inmediato y se han propuesto una serie de enmiendas a fin de reflejar esto.
Como ya sabe, señor Comisario, el debate sobre las drogas está sobre el tapete desde hace bastante tiempo y siempre ha suscitado numerosos puntos de vista, normalmente enfrentados. Sin embargo, y doy las gracias a todos mis colegas, en especial a los ponentes alternativos, por su cooperación, hoy hemos conseguido presentar al pleno una propuesta que cuenta con un apoyo bastante amplio, a pesar de las 103 enmiendas originales. Creo que si los Estados miembros aplican sólo algunas de las medidas propuestas, tanto los consumidores y sus familias como los ciudadanos europeos sentirán que estamos decididos a hacer algo acerca de este complejo y difícil problema.

Bowis (PPE-DE).
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a la ponente por su informe y al Comisario por presentar esta propuesta. Creo que el Comisario tiene razón cuando dice que tiene que ser una recomendación. Los diferentes Estados miembros tienen culturas diferentes y tenemos que respetarlas, de modo que en estos momentos las recomendaciones sobre la buena práctica son probablemente el camino a seguir.
Asimismo, señora Presidenta, quisiera señalar que el Comisario tiene que revisar el texto de su comunicación para asegurarse de que no contenga nada que induzca a pensar que esta recomendación promueve de alguna manera el consumo de drogas. Puesto que el abuso de drogas seguro no existe, se trata de reducir y prevenir los daños derivados de dicho abuso.
En mi país hay 3 millones de personas que consumen drogas ilegales, de las cuales un 28% tienen entre 16 y 29 años de edad y un 14% de 14 a 15 años. Cada año tenemos 12 000 nuevos adictos notificados, 70 000 delitos asociados a las drogas y 1 200 muertes relacionadas con las drogas. Si analizamos las cifras europeas del OEDT, desde el año1991 los delitos en la UE se han duplicado y en algunos países como Francia, Grecia y España se han cuadruplicado. Las muertes relacionadas con las drogas se han duplicado desde 1985. Hay quienes usan los mismos argumentos que a veces escuchamos sobre el sida, diciendo que olvidemos a los que están infectados y protejamos y salvemos al resto. Sin embargo, no podemos abandonar a los que están enganchados a las drogas. Como muestran las cifras, muchos de ellos son niños.
Estamos perdiendo la batalla, pero no debemos abandonar la lucha. Debemos dirigirnos a los cultivadores y fabricantes, a los traficantes y los «camellos», y educar, disuadir y prevenir, pero también reducir los daños que sufren los adictos y aquellos con quienes entran en contacto. Esto es exactamente lo que propone esta recomendación. Los Estados miembros no están obligados a nada. Esto viene acompañado de medidas de prevención. Quisiera decirle a mi colega, el Sr. Santini, que me complacerá aceptar sus enmiendas 60, 61, 63 y 64 si son complementarias a las propuestas de este informe. Pero las rechazaré si pretenden sustituir a dichas propuestas.
No estamos aquí para debatir sobre la legalización de las drogas, aunque sé que se han presentado algunas enmiendas al respecto. Por esta razón, en esta ocasión estoy en contra de los argumentos sobre legalización y descriminalización. El informe no pretende sustituir la reducción de daños por otras medidas, y menos aún por un «SIMPLEMENTE, DI NO», que no funciona. He tenido ocasión de comprobarlo durante mi mandato como Ministro responsable de la drogodependencia en mi país. Hay que decir, particularmente a la gente joven, la verdad. Tienen que conocer tanto las ventajas como los inconvenientes. Un ejemplo es el caso de Leah Betts, una adolescente que murió al tomar éxtasis, una anfetamina. Después de su muerte, sus padres permitieron que se mostrara un vídeo de su cuerpo, para que los jóvenes entendieran los efectos del éxtasis. Asimismo, se unieron a nosotros para que asesoráramos a las discotecas sobre la forma de evitar que este desastre volviera a ocurrir. Se trata de proporcionar agua y «salas de enfriamiento», lo que no tiene nada que ver con las «salas para chutarse».
Hay muchos adolescentes que necesitan y merecen nuestro apoyo. Hay intercambios de agujas, que no sólo protegen a los adictos, sino también a quienes están en contacto con ellos. Tenemos que examinar la cuestión de la salud y poner fin al consumo abusivo de drogas en las prisiones, pero también reducir los daños y no incorporar incentivos perversos para alentar el consumo.
Acojo con satisfacción este informe. Hay que tratar este asunto con prudencia, y sé que el Comisario lo hará a medida que avanzamos en la implantación de la buena práctica en toda la Unión Europea.

La Presidenta.
Doy la palabra a la Sra. Sandberg-Fries, y aprovecho la ocasión para darle la bienvenida de nuevo en el Parlamento Europeo.

Sandberg-Fries (PSE).
Señora Presidenta, este informe se refiere a la prevención y reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia. Desde el comienzo, los socialdemócratas suecos pensamos que la recomendación se centra excesivamente en la reducción del daño. Nuestro punto de partida es que la medida más importante para reducir el daño es la prevención de la dependencia misma. Esto no significa que neguemos la necesidad de hacer esfuerzos por reducir el daño. Sin embargo, dichos esfuerzos tienen que formar parte de una estrategia coherente, encaminada a conseguir un cambio duradero y la ausencia de dependencia de las drogas ilegales u otras. A este respecto, la comisión ha aceptado bastantes de las propuestas que hemos presentado.
Por lo tanto, es muy extraño que la misma comisión haya aceptado en el mismo informe una serie de enmiendas que más bien apuntan en sentido contrario. Me refiero a las propuestas relativas a las llamadas «zonas de recuperación», a la clasificación de las drogas, a las salas especiales para inyectarse y a la información positiva sobre las drogas. No podemos apoyar estas propuestas bajo ningún concepto. Tales medidas supondrían una aceptación social del abuso de las drogas. Por supuesto, tampoco aceptamos las propuestas que son básicamente contrarias a la Convención sobre Drogas de las Naciones Unidas.
Creo que el hecho de que una política basada en los tres componentes de prevención, tratamiento y control pueda tener éxito queda confirmado con el último gran estudio realizado en una serie de escuelas suecas. Este estudio revela que en las escuelas suecas el 92% de los alumnos ni siquiera han probado drogas. Este resultado es muy alentador en un contexto internacional.

Ries (ELDR).
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, deseo hacer lo mismo que hice en la comisión, es decir, expresar mi apoyo a nuestra ponente, la Sra. Malliori, en este tema, que es, como mínimo, un tema controvertido que desata pasiones. El enfoque deliberado de la comisión y de nuestra ponente, centrado en proporcionar en el ámbito local programas destinados a los adictos a las drogas duras, nos parece el adecuado, el que posiblemente dé resultados tangibles sobre el terreno y el que invierta la actual tendencia, bastante preocupante. Las muertes relacionadas con las drogas están aumentando en la mayoría de Estados miembros.
Por todas estas razones, el Grupo Liberal acoge con satisfacción las enmiendas que añaden valor a esta recomendación en términos de salud pública. En efecto, nuestros gobiernos tienen que dar prioridad a los entornos de alto riesgo. Las calles, las prisiones, las discotecas, los festivales de música, todos son lugares donde las drogas duras circulan libremente y sin tener en cuenta las normas mínimas de seguridad e higiene. Por supuesto, tenemos que dar prioridad a los programas de acción en la calle, en las prisiones, así como en los lugares de diversión nocturna, donde prevalece el policonsumo de drogas. Respecto de esta última práctica de consumo de drogas y alcohol al mismo tiempo, que está causando estragos entre la gente joven en particular -y cada vez son más jóvenes-, es imperativo llevar a cabo y generalizar medidas de prevención, información, análisis de sustancias químicas y una rápida respuesta en caso de enfermedad o síndrome de abstinencia. Los 8 000 ciudadanos que mueren cada año en la Unión Europea, víctimas de sobredosis, productos adulterados o por haber compartido agujas, merecen que se aborde frontalmente la reducción del riesgo por parte de la Unión Europea.
Lamento el hecho de que en este informe no hayamos conseguido totalmente centrar nuestra atención en este aspecto específico relacionado con la salud, a riesgo de aguar nuestro mensaje y de volver a caer en un debate ético y generalizado, que de nuevo resultaría estéril y enfrentaría la prevención a la supresión. Quisiera decir que estoy de acuerdo con los argumentos del Sr. Bowis y que no puedo aceptar los propuestos por la Sra. Sandberg-Fries.
Señora Presidenta, mi conclusión es que tenemos que establecer objetivos realistas para que, al menos mañana, podamos decir que el nuevo plan de acción de la UE en materia de drogas ha sido un éxito.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer a la ponente, la Sra. Malliori, que, no sólo para este informe, sino para todos los informes que elaboramos, cuente con la opinión del resto de los grupos, a fin de obtener un resultado final que podamos aceptar todos. Parece que en este caso hay algunas diferencias, pero creo que este informe puede ser aprobado por mayoría en este Parlamento.
El informe y la comunicación de la Comisión se refieren a la prevención y reducción de riesgos. Cada diputado va a expresar aquí su opinión sobre cómo se previenen y cómo se reducen los riesgos.
El informe de la Sra. Malliori se refiere claramente a la reducción de la demanda, a la reducción de la oferta, a políticas integradas, a intercambio de buenas prácticas y a atención y reinserción social; esas son las bases del informe. Y para ello se necesitan programas de prevención, evaluación de métodos diversos de tratamiento y rehabilitación, teniendo en cuenta el trabajo de antiguos drogodependientes, sus familias y las comunidades que trabajan con ellos.
En mi región, Asturias, la organización «Proyecto Hombre» trabaja así -y obtienen resultados visibles que puedo constatar diariamente. Alentando a las comunidades locales a crear unidades móviles que puedan proporcionar información, asesoramiento, asistencia y primeros auxilios en caso de sobredosis y, también -y por eso no comprendo algunas de las enmiendas presentadas-, unidades móviles con dispensación de preservativos, agujas y jeringuillas, lo que se ha demostrado que reduce las infecciones por sida y otras enfermedades.
También hay que apoyar -y aquí sé que hay diferencias, incluso en mi propio Grupo, donde los compañeros suecos tampoco comparten esta posición, pero yo sí- las propuestas innovadoras que algunos Estados miembros experimentan con resultados positivos -esto se dice en una enmienda aprobada- para evitar muertes y reducir riesgos. En este caso yo estaba de acuerdo con una enmienda del Sr. Davies -que fue derrotada en la Comisión de Medio Ambiente- que proponía autorizar y evaluar la prescripción facultativa de heroína a las personas adictas para que puedan escapar al control de los traficantes.
En mi propio país -y he escuchado que el Comisario dijo que todavía es pronto para aprobar esta posibilidad- en alguna comunidad autónoma, en concreto Andalucía, se va a hacer un programa piloto con enfermos crónicos, que han salido de programas de reinserción, suministrando heroína controlada facultativamente y sólo a aquellos drogodependientes que hayan demostrado que no pueden abandonar la droga. Posteriormente se hará una evaluación. Han seleccionado a 130 personas dependientes crónicas de la droga para estudiar si el programa da resultado. Y a mí, señor Comisario, esto me parece muy interesante porque puede ayudarnos a todos en el futuro.
Termino, señora Presidenta, diciendo que el informe se ocupa también de la situación en las prisiones. La situación en las prisiones, dependiendo del país, es muy grave y hay muchísimos presos infectados, con enfermedades diversas, precisamente por el consumo de drogas y la utilización de agujas y jeringuillas infectadas.

Buitenweg (Verts/ALE).
Señora Presidenta, un informe como este, sobre la manera de abordar el consumo de drogas, siempre será controvertido en esta Cámara. La razón es que pone de manifiesto nuestra incapacidad de controlar la realidad, y a los políticos nos resulta difícil aceptar esto. Por esta razón, creo que es valeroso y encomiable que la ponente haya conseguido mantener los pies en el suelo. Dice en su explicación, y cito textualmente: «En un mundo ideal no habría drogodependencia. En el mundo real, siempre se han consumido drogas.» Así son las cosas. La tolerancia cero, o lo que es más sencillo, cerrar los ojos, no es una solución. Por lo tanto, la pregunta a nuestros políticos es cómo podemos mejorar una realidad que no nos gusta.
La enmienda 24 describe una posibilidad en este sentido, alentando a los Estados miembros a facilitar el análisis de drogas de síntesis. Los jóvenes consumen estas drogas principalmente en las discotecas, los conciertos y las fiestas. Muchos jóvenes las consumen, quizás incluso nuestros hijos, pero muchas de estas drogas no son inocuas, sobre todo si han sido adulteradas para aumentar todavía más el margen de beneficio. De hecho, estoy hablando del éxtasis, cuyas consecuencias acaba de describir el Sr. Bowis. A menudo provoca accidentes mortales. El análisis puede reducir los riesgos sanitarios. Pone a los trabajadores sociales en contacto con los usuarios, y también ayuda a evaluar las sustancias peligrosas disponibles en el mercado. El análisis se puede realizar en centros de análisis en todo el país o sobre el terreno en los conciertos y las fiestas.
Por supuesto, tenemos que ser cautelosos y asegurarnos de que la aprobación de una pastilla no se interprete como una declaración de que usarla es una buena idea, porque por supuesto no lo es. El asesoramiento, la información y la prevención siguen siendo elementos clave; sin embargo, creo que también es muy importante que el gobierno intente que la vida nocturna sea un poco más segura. El consumo de estas pastillas por parte de los jóvenes es un hecho, y creo que es importante que prevengamos los accidentes mortales durante la vida nocturna de nuestros hijos.

Blokland (EDD).
Señora Presidenta, dada la gravedad del problema de las drogas, creo que es incomprensible que el Sr. Byrne y el informe Malliori recomienden de esta forma una política de «cabezazos contra la pared».
La resolución del Parlamento sobre la Estrategia europea de lucha contra la droga 2000-2004 indica claramente que la drogodependencia provoca problemas biológicos, psicológicos y sociales, problemas con la familia y en el trabajo, delincuencia, accidentes de tráfico, etc. Asimismo, la drogodependencia es una amenaza para los jóvenes. Por estas razones, en 1999 la misma resolución pedía que se hiciera todo lo posible por dar prioridad a la protección de los menores de edad y por reducir la cifra de muertes relacionadas con la droga.
Es bien sabido que existen diferencias entre los diferentes tipos de drogas. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y la Toxicomanía, los problemas más graves afectan a los consumidores de drogas por vía intravenosa, entre 500 000 y un millón en la Unión Europea. El consumo de drogas por vía intravenosa conduce a la marginación social, y pronto excluye los elementos esenciales de la vida normal: trabajo, familia, relaciones personales y residencia permanente.
Sin embargo, esto no significa que las demás drogas sean inocuas. Se ha dicho equivocadamente en los debates que las llamadas drogas blandas son inofensivas. Debido en parte a esta creencia, el consumo de cannabis ha aumentado mucho. Además, se ha probado científicamente que existe una relación entre el consumo de estas drogas y la salud mental. Por ejemplo, la posibilidad de desarrollar esquizofrenia es del 30 al 50% más alta entre los consumidores de canabis. Cito textualmente el British Medical Journal del 23 de noviembre de 2002.
Es más, la política de tolerancia de drogas blandas -como en los Países Bajos- ha comportado un aumento del consumo, en particular entre los jóvenes. En la práctica, se ha demostrado que el paso a las drogas duras es mucho más fácil; después de todo, el consumo de drogas ya está aceptado.
La recomendación que nos ocupa trata de los riesgos para la salud asociados a la drogodependencia. La Comisión Europea hace hincapié principalmente en la limitación de los riesgos en lugar de la prevención. La ponente defiende medidas adicionales, en particular la atención a los consumidores de drogas a escala local, por ejemplo ayudando a los consumidores a llevar una vida más sana. La ponente cita la aportación de una serie de servicios sanitarios básicos, como las jeringuillas hipodérmicas limpias y los análisis de sangre. Quizás esto contribuya a mejorar la higiene, pero no contribuye a resolver los problemas. Estoy firmemente convencido de que eliminar el hábito es la mejor manera de llevar una vida más sana.
La política de reducción de daños no funciona, porque se ha demostrado que la sobrecarga causada por los consumidores aumenta al poco tiempo y el suministro de metadona gratuita sólo provoca una adicción adicional. El efecto negativo de una política liberal en materia de drogas tiene el efecto de arrastrar a la gente hacia otros ámbitos determinados. El crimen, el deterioro y la falta de seguridad en ciertas zonas urbanas han adquirido proporciones preocupantes.
No podemos desechar estos argumentos afirmando que esta recomendación sólo trata de las consecuencias para la salud. La mejor manera de reducir los efectos para la salud es aplicar una política restrictiva. Además, también estoy a favor de proporcionar ayuda adecuada a los drogodependientes. Sin embargo, depende de cómo se haga. No ayudamos a los drogodependientes tratando únicamente los síntomas. Si queremos que los drogodependientes salgan de la espiral descendente, la mejor solución es eliminar el hábito, ya sea voluntariamente o de otra manera. Afortunadamente, en los Países Bajos existen ejemplos de los llamados casos incurables que, con la motivación adecuada, han ayudado a conseguir una existencia libre de drogas. Este enfoque es el más beneficioso para la salud.
No puedo aceptar la sugerencia del Sr. Bowis de que las enmiendas 60, 61 y 64 se consideren adicionales.

Thomas-Mauro (NI).
Señora Presidenta, señor Comisario, el consumo de drogas se trivializa por doquier y se convierte en tópico de modo preocupante. Este fenómeno viene acompañado de la aceptación social de su comercialización a título recreativo, y a veces con carácter cotidiano. Sin embargo, las drogas no son un accidente del destino al que debamos resignarnos. Implican un grave riesgo de infección y arrastran a las personas a la marginación en un sentido muy real. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Este informe habla de riesgos, porque en efecto existe un peligro.
Permítanme decir que estoy asombrada de que el informe no mantenga la enmienda que he presentado en comisión con objeto de evitar el peligro de trivializar el consumo de drogas. ¿Cómo combatimos el mal si partimos de la premisa de que es inevitable o incluso necesario? Esto demuestra una triste huida de la realidad. El riesgo no será menor si nos sumimos en la indiferencia políticamente correcta. La drogodependencia no se puede tolerar. Es una plaga que hay que combatir. No existen drogas blandas. Es cierto que hay que informar, pero la trivialización del consumo de drogas es una trampa y hay que combatirla. En lo que respecta a una política de reducción del riesgo, no puede sino aparecer como una aceptación fatalista de los peligros. No se trata de marginar aún más a los consumidores, ni de desbaratar los programas de reducción del riesgo, sino de demostrar la voluntad de llevar a cabo medidas preventivas que tengan un efecto simultáneo tanto en la oferta y en la demanda como en nuestro sentido de la responsabilidad social. La negativa a trivializar el consumo de drogas significa aceptar nuestra responsabilidad, tanto respecto de los jóvenes, que son los más afectados, como de la cohesión social, que siempre debe unirnos a todos.

Moreira da Silva (PPE-DE).
Señora Presidenta, señor Comisario, soy de los que opinan que, en lo que respecta a las repercusiones globales de la drogodependencia para la salud pública, el crimen y la inseguridad, sería preferible, mientras sea posible, desarrollar enfoques europeos. Por lo tanto, acojo con satisfacción esta propuesta de recomendación y el excelente informe de la Sra. Malliori.
Nuestra política en el combate contra la drogodependencia ha sido un fracaso. El enfoque prohibicionista ha dado alas al tráfico de drogas, permitiéndole florecer y obtener beneficios cada vez mayores, impulsando tanto la delincuencia organizada como el pequeño crimen, corrompiendo regímenes y humillándonos por nuestra impotencia. Además, el deterioro de la salud de los drogodependientes es preocupante, así como los riesgos sanitarios derivados del contagio del VIH, la tuberculosis, la hepatitis B y la hepatitis C y el creciente número de muertes por sobredosis y envenenamiento. Frente a estos problemas, es imposible tener la absoluta certeza sobre el camino a seguir. Sin embargo, tenemos que avanzar en una dirección distinta.
Si bien creo que el debate sobre el efecto de la posible despenalización de algunas drogas en la salud pública y la delincuencia tiene que continuar con calma en el marco de las Naciones Unidas, no creo que deba ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debería ser, en primer lugar, la elaboración de políticas de prevención basadas en el conocimiento científico de cada droga y no en una respuesta emocional y en el enfoque radical que, al tratar todas las drogas por igual, acaba con la credibilidad de la acción preventiva.
Nuestra segunda prioridad es el desarrollo de una política de reducción del riesgo. Los infectados para los que los tratamientos libres de droga no han dado resultados positivos tienen que seguir programas de sustitución con metadona. Asimismo, es importante que se sigan y se apliquen en otros Estados experimentos de administración de heroína bajo control médico a pacientes con un largo historial de fracasos en su respuesta al tratamiento y a pacientes con enfermedades crónicas. Tenemos que ser capaces de evaluar estos resultados. Muchos de estos experimentos han mostrado resultados positivos con una disminución de la delincuencia, del número de sobredosis por envenenamiento y del número de contagios de VIH, tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C.

Corbey (PSE).
Señora Presidenta, la drogodependencia es un problema complejo de consecuencias sociales significativas para el consumidor y para su entorno, con riesgos para la salud y delincuencia pertinaz. Sin embargo, no sólo hay consecuencias sociales, sino también causas sociales. Nuestra ponente, Minerva Malliori, merece nuestro apoyo firme por su enfoque. Se trata de un enfoque personalizado: no todos los drogodependientes son iguales, por lo que la prevención del consumo de drogas y la drogodependencia tienen que basarse en el respeto del consumidor. Hasta la fecha ha habido durante años un gran desacuerdo acerca del enfoque de la drogodependencia, siempre con posturas enconadas.
La Comisión ha optado por una política de reducción del riesgo o de limitación del daño. Con razón, porque la reducción del riesgo puede limitar el efecto sobre la salud. Una política de control de las sustancias y distribución de jeringuillas hipodérmicas limpias pueden salvar vidas. Por supuesto, la reducción del riesgo no debe conducir a la complacencia. No podemos relajarnos respecto del problema de la adicción. Por otra parte, la política de limitación del daño es precisamente lo que posibilita un enfoque convincente de la delincuencia relacionada con las drogas. Así, no se necesita un gran contraste entre la política de limitación del daño y la política de prevención de las drogas. Tenemos que ser receptivos a las ventajas de cada enfoque. El enfoque local de la Sra. Malliori puede lograr buenos resultados, y el establecimiento de unidades móviles de fácil acceso es una buena idea. Sin embargo, no tenemos que aspirar a un enfoque uniforme, aunque hemos de estar dispuestos a aprender unos de otros. Tenemos que comparar los enfoques para ver cuál de ellos contrarresta la adicción de forma eficaz. Este informe es una buena oportunidad para que nos familiaricemos con el enfoque de varios países. Invito encarecidamente a mis colegas diputados a que vengan a los Países Bajos y vean cómo lo hacemos. De nuevo, doy las gracias a la Sra. Malliori.

Davies (ELDR).
Señora Presidenta, cientos de miles de personas mueren cada año a causa del consumo de drogas perfectamente legales. Sin embargo, subvencionamos el cultivo del tabaco mientras destruimos las plantas de cannabis. Todo esto no tiene ningún sentido.
La verdad es que la ilegalización es la causa de muchos de nuestros problemas. Aporta enormes beneficios a los criminales, que intentan ampliar su mercado. Promueve la corrupción y el robo. Niega a los consumidores de drogas la información sobre el contenido que sí está disponible para los que disfrutan de una copa de alcohol por la noche. Para que funcionen los mensajes en materia de salud y la sociedad esté protegida, tenemos que sustituir la ilegalización por la reglamentación administrativa. Si queremos controlar estos problemas tenemos que impedir que los criminales obtengan beneficios.
Este informe es un excelente paso adelante. Hace caso omiso de la indignación moral que tan a menudo se expresó en el pasado. Se centra en pasos pragmáticos y sensatos con objeto de informar a la gente y reducir los daños. Contraste diametralmente con el enfoque sueco, que me parece del todo espantoso. Como ha dicho el Sr. Bowis, decir simplemente «no» no funciona, y realmente no funciona en la mayoría de las sociedades en que vivimos. Por ejemplo, la idea de que deberíamos intentar y prevenir los intercambios de agujas sólo causará más muertes, más septicemia y más sida. Se trata de un enfoque vicioso y cruel.

Dell'Alba (NI).
Señora Presidenta, Señorías, los radicales italianos tampoco apoyan este informe. En ocasiones como la presente, en la que tenemos la oportunidad de discutir el tema de las drogas, el informe Malliori no da al Parlamento la oportunidad de expresar algunas verdades muy sencillas, en particular a la luz de los resultados catastróficos de 40 años de políticas prohibicionistas y tentativas insustanciales -medidas «light»- que han fracasado miserablemente en su propósito de controlar la proliferación de las drogas ilegales y, por el contrario, incluso han exacerbado las consecuencias sociales, sanitarias y humanas: que el prohibicionismo ha fracasado y, por esta razón, tenemos que adoptar medidas, paso a paso, para separar los mercados, por ejemplo, con ánimo de evitar que el mercado negro atraiga a consumidores de hachís o marihuana, que no son drogas, y los ponga en contacto con los mercados de otras drogas. Tenemos que examinar cuidadosamente todos los experimentos con las salas públicas de inyección, los experimentos llevados a cabo en Suiza y en otros países europeos, a fin de encontrar un camino diferente del de la actual política, que ha llevado a los países europeos, y a todos los países que se esfuerzan en vano por combatir las drogas, a continuar con sus políticas prohibicionistas.
Por esta razón, junto con otros diputados y con la Liga Internacional Antiprohibicionista hemos lanzado una campaña a gran escala condenando las Convenciones de las Naciones Unidas. Esta es nuestra posición y, por tanto, votaremos contra el informe Malliori, porque no contiene nada nuevo y sólo destaca la gravedad de los problemas sin proponer ninguna solución, y en algunos casos incluso empeora el enfoque.

Santini (PPE-DE).
Señora Presidenta, cuando hablamos de drogas, sin duda hablamos de guerra total. No podemos contentarnos con unas pocas batallas breves. Las batallas de las que hablamos previenen y reducen el daño, pero en cualquier caso estas medidas dependen del éxito de otras medidas, como la lucha contra el tráfico de drogas y el consumo.
Cabe señalar que tenemos que comenzar abordando una condición humana, la condición de los drogodependientes. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que tratar a los drogodependientes como enfermos, no como criminales; por lo tanto, tenemos que seguir una línea coherente con esté punto de vista y que por tanto utilice tratamientos que conduzcan a la recuperación de los drogodependientes, no a su marginación. Por esta razón, de los dos tipos de tratamientos que aún se están debatiendo, muchos de nosotros preferimos el enfoque más humano de las comunidades de rehabilitación, comunidades terapéuticas, en lugar de la administración de sustancias químicas que son alternativas o sucedáneas de las drogas. No apoyamos el uso de sustancias como la metadona, excepto en casos clínicos extremos.
Además del cuidado médico y farmacéutico, también tenemos que prestar a los drogodependientes ayuda psicológica. En primer lugar, tenemos que intensificar la lucha contra las redes de traficantes que, lamento decir, siguen ahí.
Volviendo brevemente a la metadona, se trata de un sucedáneo que no resuelve el problema de la drogodependencia y, lo que es peor, no consigue la recuperación del drogodependiente. Es como anestesiar a un enfermo y administrarle calmantes sin llegar a operarle nunca. El Sr. Blokland y otros diputados también han mencionado los resultados infructuosos del intento de liberalización y legalización en este ámbito. Olvidémonos de este tipo de enfoques.
Por lo tanto, yo también me he tomado la libertad de proponer algunas enmiendas, que el Sr. Bowis ilustrará amablemente durante la votación, presentándolas a nuestra ponente no como sustitutivas, sino como complementarias al contenido del informe. Son enmiendas que se refieren, sobre todo, a la prevención. La enmienda 60 propone algunas ideas para liberar a los adictos de su dependencia, atacando la raíz del problema. La enmienda 61 se refiere a los tratamientos que no están basados en las drogas, sino que incluyen mucha ayuda psicológica para el drogodependiente. La enmienda 62 recomienda mucha cautela a la hora de facilitar el acceso a las agujas, los condones y las jeringuillas. Las enmiendas 63 y 64 tratan de medidas preventivas y preparatorias, en primer lugar para los responsables de aplicar estas medidas. Por último, las demás enmiendas proponen medidas para combatir las drogas en las prisiones, para alentar la recopilación de datos y, una vez más, para desalentar el tratamiento de sustitución, que no sólo fracasa a la hora de reducir el daño y el consumo, sino que aumenta e impulsa el mercado negro.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señora Presidenta, estoy muy preocupado, señor Comisario. Escuchar a nuestro colega, el Sr. Davies, es muy deprimente. Cada vez más jóvenes en Europa acaban en esa clase de miseria que traen las drogas. La tendencia va en la dirección equivocada. El Sr. Davies también lo cree, pero cada vez más países europeos parecen haberse dado por vencidos. También en esta Cámara se están oyendo cada vez más voces a favor de la legalización de las drogas y de su clasificación entre peligrosas y menos peligrosas.
Aquí en el Parlamento hay un deseo de anular las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de drogas. Señor Comisario, tenemos que mantenerlas. Mucho me temo que la política europea en materia de drogas esté en declive. Por desgracia, la tendencia general del informe de la Sra. Malliori se sitúa en esta línea, si bien algunas partes son constructivas, por ejemplo la exigencia de prisiones libres de drogas. Dicho esto, es bastante irrazonable comenzar a hablar de las «ventajas» de las drogas, de «zonas de recuperación» y de salas de inyección. La política sobre drogas tiene que liberar a los adictos de la dependencia, no higienizar la dependencia. La única manera de conseguir el objetivo pasa por una combinación de prohibiciones, atención, trabajo preventivo y cooperación internacional.
El objetivo, que tenemos que mantener, ha de ser una sociedad sin drogas. Los liberales suecos votaremos en contra del informe porque carece de esta combinación general.

Frank Vanhecke (NI).
Señora Presidenta, quisiera utilizar los escasos segundos de que dispongo para señalar a mis colegas diputados que durante los últimos años el Gobierno de mi país, Flandes, en Bélgica, ha descuidado de la manera más indignante el problema de las drogas y ha trivializado su consumo.
En mi país el uso de las llamadas drogas blandas ha sido legalizado de hecho, y esto también se ha anunciado en programas de televisión para los jóvenes, con la presencia de Ministros en ejercicio actuando como si estuvieran fumando hierba.
En este momento nadie en mi país sabe lo que está permitido legalmente y lo que no está legal o socialmente permitido, con las graves consecuencias que esto comporta. En la actualidad los jóvenes y los niños de mi país no saben a qué atenerse. Hoy tenemos que enviar la señal de una Europa decidida a luchar contra las drogas de manera seria y coherente: mediante la prevención, por supuesto, apoyando a los drogodependientes y a sus familias, por supuesto, pero también si es necesario mediante programas obligatorios de desintoxicación para los drogodependientes y mediante las sanciones más duras contra los traficantes. Lamento el hecho de que las recomendaciones no contengan estos dos componentes necesarios, por lo que, por desgracia, no puedo aprobar el informe.

Väyrynen (ELDR).
Señora Presidenta, el informe de la Sra. Malliori es en gran parte aceptable. La base principal del informe es la salud pública, pero su tono general podría considerarse permisivo respecto de las drogas. Por esta razón, quisiera destacar que tenemos que abordar el problema de las drogas de forma estricta y que en la UE tenemos que alcanzar unas normas mínimas tanto en la legislación como en las sanciones que imponemos.
La credibilidad de nuestra lucha contra las drogas se debilita por el hecho de que en los Estados miembros el uso de las bebidas alcohólicas es lícito o incluso se idealiza. El informe de la Sra. Malliori dice mucho a su favor porque menciona que los problemas con el alcohol se sitúan en el mismo nivel que los problemas con las drogas. Este es el camino que debemos seguir. La UE tiene que aumentar los impuestos sobre el alcohol, reduciendo así el consumo y el daño que provoca. Los costes de bienestar social y de sanidad disminuirán, permitiéndonos reducir otros impuestos. Asimismo, los Estados miembros tienen que seguir protegiéndose del sistema de importaciones, para poder desarrollar una política nacional de promoción de la salud en relación con el alcohol.

Ebner (PPE-DE).
Señora Presidenta, al principio negamos que existiera el problema. Gradualmente pasamos de negar el problema a restarle importancia; variaba según el país y la sociedad implicada. Creo que este informe nos presenta ahora un enfoque más global. En general creo que el informe es positivo, si bien es cierto que podría mejorarse.
El análisis es muy bueno y completo. Si consideramos los cinco niveles diferentes -producción, transporte, comercialización, consumo y consecuencias-, nos damos cuenta de que como sociedad y como legisladores tenemos que intervenir en varias áreas y sectores diferentes. En lo que respecta a la producción, creo que necesitamos intervenir de manera mucho más decisiva a través de la ayuda al desarrollo, que es un ámbito diferente, pero totalmente relevante. Porque si no estamos dispuestos a compartir nuestra voluntad ahora, no cabe duda de que tendremos que hacerlo en el futuro.
Respecto del transporte, la comercialización y la delincuencia asociada a las drogas, creo que es preciso hacer un mayor esfuerzo, y es esencial que vaya acompañado de un refuerzo de las medidas necesarias en materia de prevención y cuidado. Si bien no somos directamente responsables, creo -estoy convencido- que este asunto tiene que plantearse.
Generalmente se presenta el consumo como un problema individual. Pero no se trata sólo de un problema individual; no es tan sólo un asunto que afecta al individuo, a la familia y al círculo inmediato, sino también a la comunidad local y la sociedad en general. Las consecuencias, como señala en detalle el análisis del informe, también son un problema de salud pública. Por lo tanto, es un asunto que concierne a toda la sociedad, y creo que este fenómeno, que después de haberlo minimizado ahora entra en una nueva fase en que se adopta un enfoque global, sólo puede abordarse a través del diálogo y con la ayuda y la voluntad de toda la comunidad, en particular de la comunidad local, de prestar asistencia. Espero que la actitud de la sociedad cambie gradualmente a este respecto y que la gente esté más dispuesta a comprometerse, porque esto es lo que necesitamos si queremos tener éxito en el combate contra esta plaga.

Byrne
. (EN) Señora Presidenta, acojo con agrado el informe de la Sra. Malliori y, en particular, sus acertados comentarios en la exposición de motivos, que demuestran un profundo conocimiento en este terreno y una actitud positiva.
En primer lugar, permítanme dejar claro que la prevención siempre será nuestra prioridad. Sin embargo, el ámbito de la recomendación está centrado en la reducción de riesgos. No se trata de una alternativa, sino de otro elemento importante en la lucha contra las drogas.
Muchas de las enmiendas propuestas refuerzan la recomendación. Me satisface confirmar que la Comisión apoya 41 de las 66 enmiendas propuestas. Algunas de ellas se solapan, y quizá sea necesario redactarlas de nuevo por otras razones. Las que hacen referencia a compromisos financieros deberían abordarse según los procedimientos normales.
Acojo favorablemente las enmiendas 12 y 24, que sugieren la incorporación de los métodos de reducción de riesgos relacionados con el uso de las nuevas drogas sintéticas como el éxtasis. En sentido estricto, esto podría considerarse una cuestión periférica en el ámbito de esta recomendación, puesto que casi todos los usuarios de estas drogas no son realmente adictos. Pero el consumo de estas drogas está aumentando. Algunos consumidores muestran una pauta de consumo compulsiva y, a menudo, forman parte de una red en la que el consumo está muy extendido.
Como ya he dicho, podemos apoyar muchas de las enmiendas propuestas, pero no dispongo de tiempo para mencionarlas todas. Hay 25 enmiendas que no puedo apoyar, no porque esté en contra de su contenido, sino porque se sitúan a todas luces fuera del ámbito de esta recomendación. He hecho entregar una lista a la secretaría del Parlamento a fin de que la incluya en el Acta para mayor claridad y precisión.

La Presidenta.
Gracias, Comisario Byrne.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

La Presidenta.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0008/2003) de la Sra. Stihler, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre las medidas comunitarias y nacionales relativas a los implantes mamarios [COM(2001) 666 - C5-0327/2002 - 2002/2171(COS)].

Stihler (PSE)
, ponente. (EN) Señora Presidenta, quisiera dar las gracias a todos los que han intervenido en este debate. Ha habido consenso durante todo el proceso y, para variar, la mayoría de colegas están de acuerdo en que hay que actuar. Por ello acepto las tres enmiendas propuestas a este informe.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hace más de ocho años, una mujer llamada Margot Cameron llegó a la consulta médica de mi colega, el Sr. Miller. Le dijo que nadie quería escucharla. Su historia inspiró a mi colega de tal manera que presentó una petición al Parlamento Europeo para demostrar a Margot que no estaba sola. Hay muchas Margots en el Reino Unido y en toda la UE con historias similares, relacionadas con problemas con la silicona. La petición ha llevado a la Comisión a reclasificar los implantes mamarios entre los productos de la clase III, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios. Los Estados miembros deben adoptar y promulgar leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir esta Directiva no más tarde del 1 de agosto de 2003. Si no me equivoco, esta es la primera vez que una petición de estas características lleva a la Comisión a actuar de forma directa. Espero que cada vez más ciudadanas europeas encuentren soluciones a sus problemas por esta vía.
Sin embargo, por mucho que el Parlamento aplauda la actuación de la Comisión, queremos llevar el asunto más allá. Cada vez hay más mujeres que recurren a los implantes mamarios, bien por razones puramente estéticas, bien con fines de reconstrucción tras la extirpación de un cáncer de mama o a causa de deformaciones. Por lo tanto, tenemos que poner la seguridad de la paciente en primer lugar y asegurarnos de que las personas tomen decisiones informadas. 
Mi informe pretende responder a las preocupaciones legítimas de miles de mujeres y a la necesidad de poner la seguridad de la paciente en primer lugar. En consecuencia, el informe recomienda a los Estados miembros que tomen medidas para aumentar y mejorar la información a las pacientes mediante el seguimiento y la supervisión posterior, el control y el aseguramiento de la calidad.
Desde esta perspectiva, quisiera subrayar tres puntos principales: en primer lugar, la necesidad de una publicidad responsable. Esto incluye cualquier forma de publicidad directa, como los anuncios en revistas y el uso de fotografías de «antes y después». Tenemos que acabar con esta información engañosa que potencia la demanda y en la que muchas mujeres llegan a depositar todas sus esperanzas. Quizá las fotografías de «antes y después» de mujeres que han sufrido roturas en sus implantes mostrarían una cara muy diferente de la historia a las lectoras de las revistas elegantes. Quisiera que se aplicara el límite de edad de 18 años, excepto por razones médicas, con objeto de que las mujeres jóvenes no tomen decisiones erróneas basadas en criterios estéticos.
En segundo lugar, la necesidad de información requiere un etiquetado y una publicidad adecuada, incluidas las advertencias que expliquen los riesgos para la salud. Por ejemplo, las mujeres deberían saber que los implantes mamarios tienen que sustituirse al cabo de cierto tiempo. Es una vergüenza que durante tanto tiempo los embaucadores hayan quedado impunes sin facilitar esta simple información. Por esta razón, necesitamos que se cree un registro internacional de cirujanos plásticos acreditados.
Para concluir, tiene que haber una investigación responsable. Antes de comercializar los implantes mamarios, los fabricantes tienen que recopilar información clínica sobre las características y prestaciones de su producto. Esto también significa que los fabricantes de implantes mamarios necesitan trazar el historial de sus productos. En consecuencia, es vital crear un registro nacional de implantes mamarios con objeto de mantener informadas a las mujeres en caso de fallo de un producto.
Este problema no va a desaparecer. Espero que en el futuro haya más mujeres que puedan tomar decisiones informadas y que no tengan que sufrir de la misma manera que muchas mujeres como Margot han sufrido en el pasado. Espero que la Comisión informe al Parlamento respecto de la aplicación de esta reclasificación por parte de los Estados miembros, y que continúe controlando el asunto de los implantes mamarios de gel de silicona, poniendo siempre la seguridad de la paciente en primer lugar.

Byrne
 Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Sra. Stihler y a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor por su excelente trabajo. Asimismo, los miembros de la Comisión de Peticiones y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades han desempeñado un papel importante en el proceso.
El informe refleja el consenso entre el Parlamento Europeo y la Comisión. Me complace informar al Parlamento de que la semana pasada la Comisión aprobó una Directiva que reclasifica los implantes mamarios en el contexto de la legislación sobre productos sanitarios. Los implantes mamarios están sujetos ahora a los más estrictos procedimientos de evaluación. Para ser más exactos, los implantes mamarios han sido reclasificados de la clase IIB a la clase III. Además, se exigen datos clínicos y atributos de diseño, principalmente sobre biocompatibilidad y propiedades físicas y mecánicas. Esto aumentará el nivel de seguridad de los implantes mamarios.
Además, a petición de la Comisión y de los Estados miembros, el CEN, el Comité Europeo de Normalización, está llevando a cabo un estudio exhaustivo de las normas europeas en materia de implantes mamarios.
La Comisión ha recibido información alentadora de los Estados miembros referente a las medidas nacionales que se han tomado o que se han ampliado, conforme a las recomendaciones de nuestra comunicación de noviembre de 2001. El Parlamento dispondrá de esta información en un documento de trabajo de la Comisión relativo a las medidas nacionales que los Estados miembros han adoptado o van a adoptar en relación con los implantes mamarios. Este documento estará a punto en las próximas semanas. 
La Comisión cree que tanto su comunicación como la elaboración del próximo documento de trabajo han tenido un efecto significativo. Todos los Estados miembros han verificado sus políticas nacionales y han comenzado a introducir las medidas recomendadas por la comunicación. Ambos documentos continuarán siendo un elemento útil que los grupos interesados y las autoridades nacionales podrán usar en el ámbito nacional, con objeto de promover las mejores prácticas y de inspirar más acciones.
Cabe subrayar la excelente cooperación entre el Parlamento y la Comisión en este tema, puesto que el resultado global ha sido muy positivo.

Klaß (PPE-DE)
 ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, miles de mujeres han pedido al Parlamento que adopte una postura sobre los peligros inherentes al uso de los implantes mamarios de silicona. Los transplantes mamarios están sujetos a los requisitos de calidad y seguridad de los productos sanitarios, que se rigen -como también usted ha mencionado, señor Comisario- por la Directiva 93/42/CEE. 
La presión de los grupos de autoayuda de mujeres que han sufrido las consecuencias adversas de los implantes mamarios de silicona ha dado pie a la comunicación de la Comisión. Los implantes de silicona se han usado durante años, antes de que existiera un reglamento o una vigilancia de su uso. La ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, mi colega, Sra. Ria Oomen-Ruijten, quien por desgracia no puede estar hoy aquí, se refiere en particular a la necesidad de facilitar información abierta y transparente sobre los implantes de silicona.
Los asuntos de salud pública y atención sanitaria competen en su mayoría a los Estados miembros. Junto con la Sra. Stihler, pedimos a los Estados miembros que establezcan un registro nacional que incluya información sobre el seguimiento médico y sobre el modo de llevarlo a cabo.
Tenemos que proteger la intimidad personal. Por lo tanto, el acceso a los registros será restringido y su contenido tratado de forma confidencial. Se difundirán las buenas prácticas y después se aplicarán en toda Europa. Necesitamos investigar y proseguir con la labor de desarrollo en materia de seguridad y tolerancia a los implantes. La introducción de un pasaporte para las receptoras de implantes y los exámenes obligatorios de seguimiento postoperatorio pueden resultar útiles para recopilar información.
No se debe facilitar información detallada en forma de publicidad. La publicidad aumentará la demanda de implantes. En cambio, lo que se necesita es información equilibrada. Los médicos y enfermeros -tanto hombres como mujeres- tienen la responsabilidad particular de dar a las pacientes información objetiva, exhaustiva y científicamente actualizada mediante la descripción por escrito de los detalles de sus implantes, como por ejemplo el número de identificación, el volumen y el tipo.
Quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por su equilibrado informe. Señorías, en mi opinión los implantes mamarios también son parte integrante de la salud. Se necesitan para reconstruir pechos. A menudo intervienen razones estéticas, pero si alguien se cree inferior, se resiente su salud general. Con ayuda de los implantes recupera su sentido del bienestar.

Fourtou(PPE-DE)
Señor Presidente, Comisario, Señorías, en 1998 la Comisión de Peticiones recibió dos peticiones con un total de más de 1 000 firmas que, como ha dicho la Sra. Stihler, correspondían a mujeres preocupadas por este asunto o que habían sufrido personalmente, y pedían a Europa que estudiase los problemas planteados por los implantes mamarios, en especial los de silicona.
La Comisión de Peticiones, a la escucha de la opinión pública, reaccionó en aquel momento pidiendo a STOA que llevase a cabo un estudio independiente y exhaustivo sobre los implantes. Después, organizó una audiencia que llamó la atención de los medios de comunicación y, como ponente, se me confió la labor de proponer una resolución, que el Parlamento aprobó por unanimidad el 13 de junio de 2001.
Por lo tanto, es evidente que nuestro votación de hoy sobre una comunicación que trata de disposiciones comunitarias y nacionales relativas a implantes mamarios me reporta una doble satisfacción; en primer lugar, porque reconoce la acción llevada a cabo por la Comisión de Peticiones, que fue la verdadera iniciadora de esta comunicación, y en segundo lugar porque el excelente trabajo de la Sra. Stihler retoma y refuerza casi todas las propuestas formuladas en la resolución de junio de 2001, en especial respecto de la publicidad, la información necesaria para las pacientes, la garantía de la alta calidad de los implantes, la investigación, las responsabilidades no sólo de los fabricantes, sino también en los cirujanos y las clínicas, así como la invitación extendida a los Estados miembros de mantener registros nacionales y de introducir un formulario de consentimiento.
Sólo lamento que la idea de emitir un pasaporte a las pacientes no se incorporara en el informe inicial, y por ello apoyaré la enmienda 3 al apartado 10 bis, presentada de nuevo por el Grupo del Partido Socialista Europeo, que tiene por objeto volver a introducir dicho pasaporte.
Aunque algunos quizás objeten que no es más que otro trozo de papel, considero que es una manera eficaz de alimentar la futura base de datos europea. Además, dicho sistema permitirá a la paciente tener un conocimiento real de las características específicas del implante.
Para finalizar, permítanme decir que me alegro de poder votar sobre esta resolución, que en sí misma demuestra que la Comisión Europea y nuestras comisiones parlamentarias pueden trabajar muy bien juntas para responder a las expectativas de los ciudadanos europeos. Demuestra que la Comisión de Peticiones, que el público usa como un medio de sacar a la luz los fallos del sistema comunitario, también puede colaborar en el desarrollo de iniciativas comunitarias creativas y positivas. Asimismo, es una manera de demostrar a los peticionarios que, en efecto, cumplimos nuestros compromisos.

Müller, Emilia Franziska (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias a la ponente, Sra. Stihler, por su excelente informe y su extraordinaria cooperación, también en nombre de mi colega, la Sra. Ria Oomen-Ruijten, que hoy no puede estar aquí por una importante razón: una ceremonia de investidura en los Países Bajos. Les pide disculpas.
Los implantes mamarios se rigen por la Directiva de productos sanitarios. Me complace que la Comisión -como ha explicado antes el Comisario Byrne- haya anunciado recientemente que va a reclasificar los implantes mamarios y que presiona para aumentar la seguridad de las pacientes.
En términos generales, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos apoya la comunicación de la Comisión y el informe presentado por la Sra. Sthiler. Tenemos que enfrentarnos al siguiente hecho en Europa: cada año, 160 000 mujeres en la Unión Europea sufren de cáncer de mama. Afecta a una de cada ocho mujeres. Tan sólo en Alemania, son más de 50 000 mujeres cada año.
El Parlamento es muy consciente de que se trata de un asunto candente y delicado. En el tratamiento postoperatorio de las pacientes afectadas de cáncer de mama, los implantes mamarios son a menudo un factor decisivo para aumentar su calidad de vida. Por lo que respecta a las anormalidades mamarias y a los tratamientos de cirugía estética, las opciones disponibles también tienen que explicarse y se tiene que garantizar la seguridad.
Por lo tanto, instamos a que se adopten una serie de medidas decisivas, más allá de las propuestas de la Comisión. Es esencial que se establezca una edad mínima para las operaciones mamarias por razones estéticas. No deberían llevarse a cabo en mujeres menores de edad. Las operaciones por razones médicas serían la excepción. Además, la publicidad de este tipo de implantes dirigida al público en general debería prohibirse conforme al modelo francés. Sólo se permitiría publicar información objetiva en un contexto no comercial.
Hay que garantizar que un doctor especialista en cirugía plástica proporcione asesoramiento e información antes de la operación. Creemos que es esencial que esta reunión tenga lugar al menos cuatro a seis semanas antes de la operación, a fin de que las mujeres dispongan de un período para reflexionar sobre la información objetiva y fiable que han recibido.
Como en otros ámbitos, hay que hacer más hincapié en la información a las pacientes. Por lo tanto, antes de acordar la fecha de la operación habría que dar a las mujeres una hoja explicativa. Es importante que esté basada en el contenido ya desarrollado por EQUAM. Debería contener tanto una advertencia acerca de los riesgos sanitarios potenciales como un llamamiento claro para que sólo se acuerde una fecha para la operación una vez que todas las cuestiones pendientes hayan sido totalmente resueltas. Esta cuestión también se plantea en la enmienda que he presentado al apartado 9 del informe.
Por lo que respecta a los implantes de silicona, necesitamos criterios estrictos de seguridad y calidad a escala internacional. Por esta razón, necesitamos que el registro transfronterizo de implantes mamarios sea obligatorio a escala internacional. En este contexto, los Estados miembros de la UE deberían adherirse al registro internacional de transplantes mamarios.
La investigación científica llevada a cabo en los últimos años ha dado lugar a algunos hallazgos decisivos en este ámbito. Por lo tanto, creemos que es importante apoyar esta investigación y garantizar que el trabajo científico continúe en toda Europa.
En general la comunicación de la Comisión, junto con las enmiendas propuestas por el Parlamento, constituye un paso importante en la buena dirección. No se trata de dificultar todavía más el uso de los implantes mamarios, ya sea por razones médicas o estéticas. La finalidad de esta iniciativa es garantizar los máximos niveles de seguridad del producto, asegurar que se proporciona información exhaustiva y, en última instancia, aumentar la calidad de vida de las mujeres implicadas.
Jöns (PSE).
Comisario, Señorías, yo también quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por su excelente y, sobre todo, importante informe.
Una y otra vez, las mujeres se quejan del daño ocasionado a su salud tras el uso de implantes mamarios o tras una operación de resultados estéticos indeseables. A propósito, un 80% de las operaciones de implantes mamarios se llevan a cabo por razones puramente estéticas. El constante sufrimiento físico y emocional causado por las operaciones de implante es a menudo inmenso. Como norma esto debería evitarse, porque la causa de este sufrimiento no radica en los implantes propiamente dichos. Esto se ha confirmado en los estudios realizados, y de forma particularmente impresionante en el estudio STOA del año 2000. Las causas son que, normalmente, los implantes no son colocados por especialistas, no se sustituyen de forma automática al cabo de algunos años y hay una continua falta de seguimiento médico regular, por no mencionar el hecho de que todavía no se informa a las mujeres de los riesgos potenciales, que varían de un caso a otro, antes de la operación. Por esta razón urge que los Estados miembros se aseguren de que las mujeres estén totalmente informadas antes de una operación de este tipo y, sobre todo, que impidan que sigan operando un sinfín de cirujanos plásticos insuficientemente cualificados mediante la exigencia de requisitos de formación adicionales e inspecciones más rigurosas de sus clínicas.
Si queremos optimizar el aseguramiento de la calidad, el segundo paso, ahora que ya hemos dado el primero junto con la Comisión, es establecer normas más estrictas de seguridad del producto. Estoy pensando en la reciente decisión de reclasificar los implantes mamarios como productos sanitarios de clase 3.
Asimismo, mi Grupo solicita que se introduzca un pasaporte de implante que facilite información tanto sobre las características del implante como sobre la atención postoperatoria necesaria e identifique al cirujano. El pasaporte deberá estar firmado por el médico y la paciente antes de la operación a modo de declaración de consentimiento. En vista de las complicaciones que pueden surgir tras una operación de implante mamario -que nos fueron planteadas por las peticiones de miles de mujeres en 1998-, creo que es francamente escandaloso y totalmente incomprensible que hasta la fecha sólo un Estado miembro haya introducido un registro nacional de implantes. Tampoco resulta sorprendente que en la actualidad no dispongamos de datos precisos sobre las operaciones de implantes llevadas a cabo o de los hallazgos científicos completos sobre los efectos adversos sufridos por las mujeres. Por esta razón, urge muchísimo comenzar a establecer un registro nacional de implantes mamarios en todos los Estados miembros de forma inmediata, así como adherirnos al registro internacional de implantes mamarios.
En mi opinión, toda esta penosa historia ilustra de nuevo la razón por la que necesitamos centros mamarios interdisciplinarios en los que puedan tratarse las enfermedades benignas y malignas y las operaciones estéticas bajo el mismo techo, y donde esté garantizada la calidad.

Ries (ELDR).
Comisario, Señorías, cada año miles de mujeres se someten a una intervención quirúrgica para que le coloquen por lo menos un implante mamario. En los últimos diez años, sólo en Bélgica se han colocado más de 40 000 prótesis y en 1999, 313 mujeres tuvieron que ser hospitalizadas a causa de las complicaciones.
Por lo tanto, existen al menos tres razones que justifican esta acción en el ámbito comunitario: mejorar la información a las pacientes en determinados casos; arrojar la máxima luz sobre los efectos secundarios potenciales de un implante mamario, en particular mediante la investigación y, por supuesto, teniendo en cuenta las peticiones presentadas por grupos de ciudadanos; y decidir si su petición de una prohibición inmediata de los implantes de silicona de este tipo está fundada. La Sra. Stihler, a quien quiero felicitar, ha establecido claramente estas tres aspiraciones en su informe, cuyas líneas generales apoya el Grupo de los Liberales. Pienso en particular en la prohibición de la publicidad destinada directamente al público, y en la autorización la implantación de prótesis a mujeres menores de edad, estricta y exclusivamente por razones médicas.
Sin embargo, el Grupo de los Liberales no apoya todas las medidas defendidas en este informe, en particular la inscripción obligatoria en registros nacionales, o la enmienda 3, que propone la introducción de un pasaporte para las personas portadoras de un implante; son ideas que nos chocan, como otras muchas que parecen buenas pero que al final resultan descaminadas. Por encima de todo esto, antes que nada con respecto al coste y la viabilidad de estas intervenciones, ¿deberíamos contemplar la imposición de requisitos que van mucho más allá de los establecidos para otras operaciones igualmente invasivas y extendidas? Me refiero, por ejemplo, a la cirugía cardiaca, a la que la Comisión ha impuesto requisitos suficientemente restrictivos.
En conclusión, Señor Presidente, las mujeres esperan respuestas claras a asuntos que a menudo les causan angustia e incluso las traumatizan, cuando se plantean en caso de una enfermedad. Ni que decir tiene que les debemos la verdad, y la verdad no consiste en imponer una prohibición que las envíe fuera de las fronteras europeas. Por lo tanto, los Liberales prestan su apoyo activo a la enmienda 2 presentada por el Grupo del Partido Socialista Europeo. La verdad es que las mujeres tentadas de someterse a este tipo de operación, que -como se ha dicho- es cada vez más frecuente, tienen que estar informadas y protegidas, y esto es lo que hemos intentado hacer.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, como muy bien ha dicho la Sra. Fourtou, esta resolución procede de la Comisión de Peticiones, y está motivada por las peticiones de miles de mujeres que estuvieron presentes en una audiencia durante una mañana y que expresaron su preocupación, sus inquietudes, por las consecuencias que algunos implantes habían producido en su salud. 
Esto dio lugar al informe STOA, según el cual no habría evidencia de la relación entre los implantes de silicona y el cáncer, por ejemplo; pero sí señalaba claramente los diferentes trastornos que causaba en las mujeres que querían o se veían obligadas a someterse a un implante.
Creo que la propuesta de la Sra. Stihler recoge las indicaciones del estudio del informe STOA y algunas otras, con las que nosotros también estamos de acuerdo, y que, en síntesis, solicitan que se adopten medidas especiales urgentemente, como -una de las más importantes- mejorar la información independiente a las mujeres que quieran someterse a un implante; que la información no proceda de las clínicas privadas que van a realizar el implante; que esa información sea exhaustiva; que haya un período de reflexión para que las mujeres piensen los pros y los contras de hacerse el implante; que haya un consentimiento previo y un seguimiento y control de los implantes, así como también investigación básica, y, sobre todo, que en los Estados miembros haya controles rigurosos de todas las clínicas, y, sobre todo de las privadas.
En mi país hay un caso, que dió lugar a un debate nacional, de una peluquería, en las Islas Canarias, que había realizado implantes a muchas mujeres sin ninguna garantía médica. El problema saltó a la luz pública porque a una de esas mujeres con esos implantes le tuvieron que cortar los dos pechos.
Creo que ése es un caso extremo, evidentemente no suele darse, pero es imprescindible el control riguroso de los Estados miembros sobre todas las clínicas y sobre todos los productos que se implantan, para que mejore la situación de las mujeres que por una u otra razón , se ven obligadas a someterse a un implante.

McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Sra. Stihler por su excelente informe.
Uno de los asuntos clave es la prohibición de la publicidad directa sobre implantes mamarios. El suministro de información no comercial a través de los servicios de salud pública nacionales es el camino a seguir. Francia ya ha declarado la prohibición. Todos los Estados miembros deberían hacer lo mismo en relación con los implantes mamarios, porque estos siempre implican ciertos riesgos.
La promoción de la cirugía estética en general es un serio problema. Hay que tomar medidas para prevenir situaciones en las que se coaccione a las mujeres y, por supuesto, también a los hombres a que se sometan a operaciones innecesarias que puedan implicar riesgos. 
Es cierto que, en muchos casos, existen razones sanitarias y psicológicas para llevar a cabo implantes mamarios, pero tenemos que ser prudentes al respecto. Estoy de acuerdo con la ponente respecto del límite de edad. Los implantes a mujeres menores de 18 años sólo pueden autorizarse por razones médicas. Los menores de edad son muy vulnerables y se les puede coaccionar para que hagan algo que más tarde lamenten. La publicidad a favor de la cirugía estética tiene que incluir advertencias sanitarias.
Tenemos que centrarnos más en promover la autoestima de las mujeres, en lugar de permitir que la publicidad imponga cánones de belleza. Y no sólo la autoestima de las mujeres, sino también la de los hombres. Si echamos una ojeada a las contraportadas de las revistas femeninas veremos un gran número de anuncios que alientan a las mujeres a cambiar partes de sus cuerpos, poniéndose o quitándose algo. El sector de la publicidad tiene una gran responsabilidad en este terreno. Existen casos en los que un implante es necesario por razones de salud, pero como ha dicho la ponente, también tiene que hacerse un estricto seguimiento y las pacientes tienen que estar bien informadas. En cuanto a los implantes por razones puramente estéticas, tenemos que ver lo que la industria publicitaria está haciendo para coaccionar a la gente a hacer algo de lo que más tarde pueda arrepentirse.

Mussa (UEN).
Señor Presidente, Señorías, quisiera felicitar a la Sra. Stihler por su informe. En calidad de cirujano oncológico y científico investigador universitario, he leído su informe con mucha atención y apoyo muchas de las propuestas que contiene. Sin embargo, me parece que el tono es excesivamente alarmista y les explicaré por qué. Durante unos 50 años, las siliconas se han usado ampliamente en productos de consumo masivo como bebidas, postres, pasteles, medicamentos, materiales pediátricos, marcapasos, válvulas cardíacas, barras de labios, cremas y tejidos: está comprobado que ninguno de estos productos produce cáncer en los humanos. Durante 40 años, los implantes mamarios de silicona se han usado en todo el mundo tanto por razones estéticas -en caso de problemas psicológicos graves- como para fines de reconstrucción, como en el caso de mastectomías llevadas a cabo para eliminar el cáncer de mama, en las que no hay restricciones de edad.
En 1986, la Universidad de Los Ángeles examinó durante al menos seis años a 3 000 mujeres que se habían sometido a implantes y no hallaron ningún riesgo de neoplasia creciente ni para la movilidad. En 1992, la Universidad de Calgary, después de examinar a 11 000 mujeres, llegó a las mismas conclusiones. La Asociación Americana de Reumatólogos también ha promovido dos estudios sobre el riesgo de patología autoinmune en mujeres con implantes de silicona, que han registrado buena tolerancia en todos los casos. Se ha descubierto que la media de vida de un implante es de 15 a 25 años y que la rotura espontánea es a menudo asintomática. Por lo tanto, no hay motivos suficientemente graves para prohibir el uso de implantes, excepto en mujeres menores de edad.
Tengo que señalar que el informe no hace ninguna referencia a los implantes mamarios insertados a modo de tratamiento preventivo cuando los resultados de exámenes genéticos de predicción muestran un alto riesgo de carcinogénesis en pacientes cuyas madres han sufrido cáncer, que es una práctica cada vez más extendida.
En cuanto al apartado 10 bis, quisiera señalar que los formularios de consentimiento de la paciente ya se usan en todos los Estados de la Unión. Es obligatorio que la paciente firme un formulario después de recibir toda la información necesaria antes de aplicarle un tratamiento, incluidos los implantes. Por lo tanto, creo que no ha lugar a hablar de un pasaporte. También creo que sería útil establecer registros europeos y nacionales que contengan información recopilada sobre los implantes mamarios estéticos y terapéuticos. Además, es importante someterse a un control anual a cargo de un especialista con ecografía gratuita, sin necesidad de realizar exámenes invasivos como las mamografías o un TAC, que someten a las pacientes a radiación y son prácticas caras para los servicios sanitarios nacionales. La recopilación de datos sobre implantes y el seguimiento regulado contribuirán a la realización de un estudio válido que permitirá llevar a cabo una evaluación más precisa, que sin duda tranquilizará a todas las mujeres.

Van Brempt (PSE).
Señor Presidente, Señorías, salvo contadas excepciones, incluida la del último orador -quizás el hecho de que sea un hombre tenga algo que ver con ello-, existe un consenso significativo entre los Grupos políticos en este tema. 
Hay una buena razón para que principalmente hablen mujeres. No creo que tenga nada que ver con la experiencia personal, sino con el hecho de que, después de todo, nos sentimos muy unidas a las miles de mujeres que han enviado la petición al Parlamento. No es que una mañana nos despertáramos y dijéramos: hay que reglamentar esto. La cuestión surgió de la base, y partiendo de ahí hemos pasado ya mucho tiempo trabajando en torno a la creación de un buen marco comunitario. Asimismo, quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por su excelente informe, así como al Comisario, quien espero que pronto presente el informe de los Estados miembros, como ha prometido hace un momento. Espero que también se esmere en seguir nuestras recomendaciones de hoy.
No quiero repetir lo que ya se ha dicho, por lo que me limitaré a plantear brevemente qué es lo importante, y cuáles son nuestros puntos de partida. Nuestra principal finalidad es la protección de las pacientes. No queremos tutelarlas, queremos protegerlas. Esto es esencial. No queremos una prohibición; una mujer debe poder decidir por ella misma si quiere un implante o no. Lo que queremos es asegurar que esté debidamente informada y que conozca los inconvenientes y los peligros potenciales de un implante mamario. Queremos garantizar esto. Por esta razón tenemos un gran problema con la publicidad. No es lo mismo que vender una cafetera; se trata de una intervención médica. No queremos que se persuada a las mujeres de que cambien sus pechos sobre la base de una publicidad engañosa.
¿Por qué el registro obligatorio es tan importante? En Europa sabemos muy poco acerca de los implantes mamarios, sabemos muy poco sobre los peligros, sabemos muy poco sobre dónde están estas mujeres y sobre las consecuencias. Por esta razón el registro adecuado es esencial.
Finalmente, hay que proteger a la paciente. Sí, proteger a las personas jóvenes, sí, asegurarnos de que se les dé tiempo para reflexionar sobre las cosas.

Meijer (GUE/NGL).
Señor Presidente, la gente que tiene que vivir sin una parte de su cuerpo a raíz de un accidente o una operación se alegra de que en la actualidad existan maneras de recuperar sus funciones perdidas. En los casos en los que no se puedan recuperar, al menos quieren estar seguros de que el daño externo causado sea lo menos visible posible. Por supuesto, esto también se aplica a las mujeres que han sufrido operaciones a causa de un cáncer de mama. Pensaron que era una buena solución sustituir la parte perdida de sus cuerpos por un sucedáneo artificial que tiene la misma flexibilidad que el material original. Últimamente, hay mujeres decepcionadas que se enteran de que han sido envenenadas tras este tratamiento. Estas son las personas que avisan para que esto no vuelva a ocurrir y abogan por una prohibición. El nuevo material suele durar tan sólo unos pocos años; después, la silicona puede rezumar o difundirse dentro del cuerpo. Las afectadas quizá hayan sido hermosas durante un breve espacio de tiempo, pero después enferman durante mucho tiempo.
Un aspecto positivo de la propuesta de la ponente es la prohibición de la publicidad a favor de esta solución y la mejora del asesoramiento sobre las consecuencias negativas y sobre las alternativas. Quizá sea posible vivir con pechos de silicona si se sustituyen periódicamente por material nuevo. Este enfoque tiene más en cuenta a las mujeres que están en peligro de sufrir problemas psicológicos tras una operación que una prohibición rotunda, y evita que estos tratamientos se lleven a cabo de forma ilegal sin la información adecuada. Una posible ventaja es el hecho de que las mujeres crédulas que no comprueban los peligros y retienen el material viejo en su cuerpo porque no se pueden permitir uno nuevo o tienen miedo de repetir la operación, continuarán teniendo dificultades en el futuro. Estoy de acuerdo con la Sra. McKenna en que si no es posible restringir drásticamente estas prácticas, pronto quizá sea inevitable una prohibición.

Schörling (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la Comisión por su propuesta y felicitar a la Sra. Stihler por su excelente informe sobre un tema tan importante. Es una cuestión que afecta a muchos aspectos de la política de salud y de consumo. Miles de mujeres que han tenido problemas se han puesto en contacto con el Parlamento Europeo y quieren que expresemos una opinión acerca de los peligros asociados a los implantes mamarios de silicona. Esto demuestra que algunos de los que llevan a cabo estas operaciones no siempre son fiables y que existe una gran falta de información.
La imagen presentada a menudo en los anuncios publicitarios sobre el aspecto que deberían tener las mujeres jóvenes, con cinturas estrechas y pechos grandes, significa que existe un aumento considerable del número de implantes mamarios llevados a cabo en mujeres muy jóvenes. Las revistas fomentan esta tendencia al mostrar fotografías de «antes y después». Por lo tanto, es hora de que, como políticos responsables, protejamos a las pacientes comenzando por poner un poco de orden en este ámbito tan confuso.
Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Stihler en que esto no es más que un paso en esta dirección. Creo que se necesitan muchos más compromisos vinculantes por parte de los que llevan a cabo estos implantes. La parte más importante de la propuesta es el límite de «18 años de edad», por el que se prohíben los implantes no médicos a chicas menores de edad. La propuesta de que los cirujanos y las clínicas tengan que emitir garantías también es importante. A diferencia de mis colegas, creo que los registros nacionales y a escala de la UE están justificados. Cuando la investigación es insuficiente, se necesita un registro. Estoy muy satisfecha con el informe. El Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa apoya totalmente el informe y las enmiendas presentadas.

Miller (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero felicitar a la ponente y a todos los colegas que han trabajado en torno a este informe por mantener este asunto en el candelero.
La ponente les ha contado la historia de una mujer llamada Margot Cameron, que vino a verme hace ocho años. Entró y dijo que nadie quería escucharla; nos sentamos, examinamos su problema y comenzamos una campaña. Se trata de una historia con final feliz, porque hoy estamos estudiando la legislación que este Parlamento aprobará, lo cual es fantástico.
Quisiera contarles otra historia que no tiene un final feliz. Como he dicho, esto ocurrió hace ocho años cuando Margot Cameron vino a verme. Comenzamos a hacer campaña y planteamos la cuestión en el ámbito nacional y, más tarde, europeo. Para aquellas fechas ya nos habíamos puesto en contacto con grupos de toda Europa y habíamos planteado la cuestión a la Comisión de Peticiones en 1998, aunque si echo un vistazo a esta sala no veo a nadie que estuviera en aquella comisión.
Recuerdo que acudí a la comisión y, junto con las mujeres, abogué por esta petición. Sin embargo, también recuerdo que la Comisión Europea dijo: «lo siento, chico, esto no es asunto nuestro, pues incumbe a los Estados miembros». Esto nos hizo perder muchos años. Tuvimos que esperar al año 2001 para que la Comisión nos hiciera caso. Durante este tiempo, tan sólo en el Reino Unido se llevaron a cabo 28 000 nuevas operaciones. Se calcula que, de estos implantes, 20 000 tuvieron fugas o se rompieron durante este período. ¿Qué ocurrió por culpa de aquel retraso? Traicionamos la confianza de las mujeres que habían firmado aquella petición, así como de las que habían decidido ponerse implantes.
Esto demuestra que tenemos que abordar estas cuestiones y problemas en el momento en que surgen, y no dejar que las mujeres sufran de la misma manera que lo hicieron en el pasado. Muchos Estados miembros han prohibido los implantes «trilucent» y los salinos. Tenemos que contemplar la posibilidad de prohibir los implantes de silicona en el futuro. ¿Por qué? Porque perjudican la salud. Si fueran los hombres quienes se hicieran colocar implantes, mañana mismo se prohibirían, pero esto no ocurre porque los hombres no se hacen colocar implantes. Quiero hacer hincapié en un aspecto final. Este informe se titula «implantes mamarios», pero también es posible hacerse colocar implantes de silicona en otras partes del cuerpo, y causan el mismo daño.

Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, he venido aquí para expresar mi solidaridad con las personas que durante años se han esforzado por que este problema se planteara finalmente en la esfera política. El hecho de que muchas mujeres que se han sometido a mastectomías dispongan de prótesis es por supuesto una ventaja, y no debemos olvidar que esto representa un importante progreso en sí mismo. Sin embargo, es una vergüenza la manera en que ahora se está abusando descaradamente de la inocencia de muchas mujeres prometiéndoles el cielo si se someten a implantes mamarios a fin de mejorar su apariencia estética. ¿Para quién, en realidad? ¿Y para qué? Creo que es un verdadero escándalo que personas como mi colega, la Sra. Van Brempt, hayan tenido que escuchar reproches por parte quienes están ganando montones de dinero con esta cuestión.
Por lo tanto, suscribo las felicitaciones a la Sra. Stihler, a las personas que iniciaron esta campaña de peticiones y a quienes desean tomar cartas en el asunto, principalmente para imponer una prohibición y asegurar que las jóvenes en particular no queden atrapadas en las redes de la publicidad engañosa, para asegurar que los productos sean fiables y que la asistencia médica se organice de forma eficaz en el ámbito de los Estados miembros.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, verdaderamente formamos parte de una sociedad mediatizada, inclinada a favorecer ciertas nociones estéticas que tientan no sólo a muchas mujeres, sino también a muchos hombres a cambiar de apariencia.
Algunos se arriesgan y recurren a la cirugía estética. Para otros, la cirugía plástica cumple funciones de reparación y les ayuda a curar sus heridas y reconstruir sus cuerpos. Sin embargo, en el primer caso se trata de material ajeno que sus cuerpos tienen que incorporar. En todo caso, es esencial que las prótesis en forma de implantes mamarios estén sujetas a investigación y a un reglamento, y que cualquier operación se acompañe de información sobre seguridad e implique un seguimiento, a largo plazo en el caso de las pacientes femeninas. En vista de todo ello, tenemos que estar de acuerdo con el informe de la Sra. Stihler y aprobar los cambios propuestos con vistas a informar mejor y proteger a los pacientes, no sólo mujeres, sino también hombres.
Por mi parte, quisiera señalar una serie de ámbitos en los que tenemos que centrar nuestra actividad. Si bien los implantes de silicona han caído en descrédito y son objeto de numerosos estudios, la silicona no es el único componente de estas prótesis. Por lo tanto, creo que es esencial investigar y realizar estudios clínicos en este ámbito, en particular cuando se trata de mujeres, centrando la investigación en los riesgos a largo plazo y en los demás componentes. Además, creo que es importante que nuestras naciones y sus servicios sanitarios sean capaces de trabajar en el marco de una red y compartan información y buenas prácticas en este ámbito, a fin de que todas las mujeres de Europa puedan beneficiarse de la misma información y de las mismas garantías, y para que se pueda impulsar la investigación.
Puesto que lo que nos preocupa en este caso es la información y el seguimiento, es esencial que todas las pacientes dispongan de todos los datos relativos a sus implantes y a la operación a que se van a someter. Asimismo, es importante que se les advierta de los riesgos, los costes, las ventajas y los inconvenientes de la colocación y la utilización de implantes mamarios. Creo que valdría la pena que, por una vez, Europa siguiera el ejemplo de Tailandia y se concibieran medidas perfectas para proteger a los consumidores frente a esta publicidad y este fenómeno de moda y, en particular, para prohibir que se coloquen implantes a mujeres muy jóvenes. Es cada vez más importante que todos los sectores de la opinión pública dispongan de información clara, científica y exhaustiva si no queremos que sean víctimas de imágenes publicitarias falsas y engañosas.
Por el bienestar de las pacientes y el seguimiento médico que necesitan, defiendo la idea de establecer registros nacionales y europeos y centralizar los datos y demás información de este ámbito. De conformidad con la legislación en materia de protección de los datos personales, dicha información sólo podrá usarse con fines de estudios e investigación en el ámbito de la salud, en particular de la salud femenina.

De Rossa (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la Sra. Stihler por la elaboración de este informe y, por supuesto, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. La primera vez que oí hablar de este tema como cuestión política fue en la Comisión de Peticiones, cuando el Sr. Miller nos presentó el largo y arduo trabajo que había llevado a cabo. Finalmente, conseguimos que la Comisión decidiera hacer algo al respecto. Por lo tanto, acojo con agrado el anuncio hecho hoy por el Comisario sobre la reclasificación de los implantes como productos sanitarios, y el efecto que tendrá en la manera en que pueden controlarse.
La publicidad sobre implantes mamarios en particular, y por supuesto de cualquier tipo de implantes, tiene que estar regulada. No es aceptable que estos implantes se anuncien como algo simple y fácil, sin mencionar los riesgos médicos que comportan. En particular, hay que asegurar que las personas menores de 18 años sólo puedan hacerse colocar implantes en caso de necesidad médica, y sus tutores deben ser plenamente informados de las implicaciones de tales operaciones.
También hay que seguir investigando en relación con el efecto de los implantes mamarios y, como ha señalado el Sr. Miller, de los implantes en otras partes del cuerpo. Respecto de los implantes de silicona se plantean interrogantes que los estudios llevados a cabo hasta la fecha no han podido dilucidar. Por esta razón, insto a que se siga investigando sobre ello.
Para concluir, discrepo con la Sra. Van Brempt, quien ha trabajado mucho en este ámbito, y quisiera decirle que mi género no ha determinado en absoluto mi opinión sobre esta cuestión. No creo que sea necesario señalar el género de los diputados que intervienen en relación con los asuntos que se tratan en este Parlamento.

Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a mediodía.
(La sesión, suspendida a las 11.54, se reanuda a las 12 horas)
Redondo Jiménez (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, intervengo para pedir a los servicios de la sala que se subsane un lapsus que se ha producido y que en una enmienda aprobada se sustituyan los términos «ecosistemas forestales» por «bosques». Ruego que esto se tenga en cuenta, que se tome nota y que se cambie.
También pediría, sobre todo al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos -que en este momento no está escuchando-, que preste atención a la enmienda 41, que está corregida. Tenemos que votar en contra, porque si no nuestra propia enmienda decaería.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, no logro comprender cómo se ha confeccionado la lista de votaciones, pero lo que ha ocurrido es que la segunda parte de la enmienda 49 era exactamente igual que la segunda parte de la enmienda 15. No entiendo el motivo de que la mayoría haya rechazado la segunda parte de la enmienda 49, pero eso es lo que ha hecho. En consecuencia, habiendo rechazado la segunda parte de la enmienda 49, no veo cómo podemos aprobar ahora la segunda parte de la enmienda 15, que es exactamente igual.

El Presidente.
 Señor Ribeiro e Castro, los servicios competentes comprobarán esta cuestión. Sin embargo, la Cámara ya ha votado y no podemos volver sobre esa votación.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

Informe (A5-0021/2003) de la Sra. Malliori, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia 
[COM(2002) 201 - C5-0270/2002 - 2002/0098(CNS)] 
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)
Bernié, Butel, Esclopé, Mathieu, Raymond y Saint-Josse (EDD)
. (FR) Aunque el concepto del mercado único exista desde 1986, en realidad no se ha conseguido un mercado común. La ampliación prevista para incluir diez nuevos países nos alejará aún más de ese objetivo y la fecha límite del 2013 se retrasará de nuevo.
La dificultad no reside tanto en conseguir aprobar una directiva apoyada por todos o por la mayoría, sino en producir un documento comprensible que se pueda poner en práctica. Dado el volumen y la importancia de los detalles, se multiplican los conflictos de interpretación y los procedimientos para hacer frente a las violaciones.
La estrategia debe consistir en reducir estos conflictos y no en resolverlos por la vía legal. Cuando se trata de cuestiones económicas y sociales, lo único importante es la voluntad y la capacidad de aplicar los textos. En lugar de anunciar nuevas pretensiones, se debería haber llamado al orden a la Comisión por su mala voluntad y su mala fe a la hora de evaluar el impacto de la liberalización de los servicios públicos. 
Con ánimo de normalizar los servicios sanitarios, el informe explica que una cláusula de salvaguardia podría socavar la uniformidad. Eso no sirve de nada, salvo para demostrar los peligros a los que las formas de cohesión actuales son vulnerables y la hostilidad que existe en principio a tener en cuenta de alguna manera la diversidad.
De hecho nos oponemos a este informe.

Figueiredo (GUE/NGL)
El ponente apoya firmemente la filosofía de la comunicación de la Comisión de acelerar los procesos de liberalización que se están produciendo y sigue de cerca las propuestas del informe de síntesis del Consejo de Primavera, que pretende acelerar la «estrategia de Lisboa». Se trata de un intento de maximizar los posibles beneficios del mercado interior, olvidando los altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad que hay la Unión Europea, la falta de calidad de los puestos de trabajo creados, en su mayoría precarios, y las promesas del famoso Libro Blanco del Sr. Delors, que preveían la creación de 15 millones de puestos de trabajo, un objetivo que ya se ha aplazado hasta 2010.
El ponente también olvida las oportunidades de crecimiento económico que se han desaprovechado, ejecutando políticas monetarias y presupuestarias restrictivas, con unos niveles relativamente bajos de inversión mundial y de incrementos de los salarios reales. Estos factores han perjudicado a la demanda interna e incrementan los riesgos de deflación en la zona euro, particularmente en Alemania.
El aspecto más grave es que, teniendo en cuenta todos estos problemas, en lugar de replantearse las políticas actuales, el ponente defiende la aceleración de las políticas de liberalización, privatización y desregulación actuales e incluso propone que los Estados miembros firmen una declaración formal con objeto de acelerar la realización del mercado interior...
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Marques (PPE-DE)
Felicito al Sr. Harbour por el excelente informe que ha elaborado sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior, cumplir las promesas, que apoyo plenamente, en particular por lo que respecta a la necesidad de establecer medidas e iniciativas que favorezcan la plena realización de un mercado interior de servicios, especialmente las medidas encaminadas a mejorar la transposición de las disposiciones relativas al mercado interior y a eliminar las transposiciones demasiado complejas.
En este contexto, quiero destacar la importancia de la cooperación entre el Parlamento y la Comisión en la organización de un segundo Foro sobre el mercado interior, que permita a los ciudadanos y a la industria, especialmente a las PYME, expresar sus inquietudes y estudiar soluciones para la realización de este mercado interior, y en la calificación de esta cuestión como asunto de máxima prioridad en la Cumbre económica de 2003.

Ribeiro e Castro (UEN)
Yo me he abstenido en la votación de este informe sobre la comunicación de la Comisión acerca de la estrategia para el mercado interior. Un mercado interior de mercancías y servicios plenamente operativo es parte integrante de los objetivos de Lisboa para la reforma económica. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el ponente en que un mercado interior de servicios plenamente operativo aumentará las opciones de los consumidores y les permitirá beneficiarse de servicios ofrecidos en otros Estados miembros. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la presión que ejerce el ponente sobre los Estados miembros para que limiten al mínimo posible el uso de las cláusulas de salvaguardia, instando incluso a la Comisión a que prevea el establecimiento de las garantías adecuadas con respecto a la redacción de estas cláusulas y a su correspondiente supervisión. Por otra parte, el ponente incluso afirma que el uso de las cláusulas de salvaguardia por parte de los Estados miembros puede perjudicar a la uniformidad de la legislación comunitaria. Hay que respetar la soberanía de los Estados miembros al plantear la necesidad de establecer o mejorar mecanismos de salvaguardia en determinados ámbitos de su economía. De lo contrario, las cosas estarían reguladas en su totalidad por la Comunidad, lo que mermaría los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

Mathieu (EDD)
. (FR) Nos oponemos al reglamento sobre el Eje Bosques, al igual que al informe de la Sra. Redondo, por las siguientes razones.
En primer lugar, no existe un acuerdo entre los que se dedican activamente a este sector -silvicultores, fabricantes de papel, etc.- que han rechazado por unanimidad la propuesta de la Comisión Europea.
En segundo lugar, nos preocupa el cambio de base legal. Los bosques ya no se encuadrarán en el ámbito de la política agrícola, sino que pasarán a ser un nuevo componente de la política medioambiental. ¿Caminamos hacia una PMC -Política Medioambiental Común- para destruir más fácilmente la PAC?
La definición de «bosque» en el plano comunitario no es realista, dado que resulta demasiado restrictiva en términos de superficie, al hablar de «una cubierta de copa... de más del 10 por ciento del área y una superficie superior a 0,5 hectáreas». Prácticamente todas las pequeñas arboledas entrarían en el campo de aplicación del reglamento.
Por otra parte, dada la diversidad del terreno y de las condiciones geográficas y climáticas de la Unión Europea, no existe ninguna razón para incorporar los bosques a las políticas comunes europeas.
La Comisión desea convertir el programa del Eje Bosques en un reglamento complementario a las Directivas sobre los hábitats y las aves (92/42/CEE y 79/409/CEE), algo que consideramos inaceptable dadas las dificultades existentes para aplicar y financiar estas dos directivas.
Finalmente, la Comisión olvida la función principal de los bosques en las zonas rurales: el desarrollo económico.

Moreira da Silva (PPE-DE)
. (PT) A pesar de que considero la propuesta de resolución muy positiva, hay una cuestión que creo que debería tratarse con más detenimiento: el papel de los bosques como sumideros de carbono. Las Convenciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático consideran que una de las políticas que habría que aplicar, con objeto de mitigar el cambio climático, es la promoción de los bosques como fijadores de carbono, a través de actividades de forestación y reforestación. El Protocolo de Kioto establece la cantidad máxima de sumideros de carbono que puede ser utilizada por los países, con el fin de que cumplan sus objetivos de reducción de los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, debido a la fragilidad de la base científica que sustenta el papel de los bosques como sumideros de carbono, la Unión Europea nunca se ha mostrado muy partidaria de considerar esta medida en el Protocolo de Kioto, y finalmente fue aceptada a título de concesión fundamental para alcanzar un acuerdo, particularmente con Japón y Rusia. Ahora que ya se ha tomado una decisión sobre esa cuestión, sobre todo después de la Conferencia de Marrakech, la Unión Europea debería aprovechar el Eje Bosques para desarrollar una estrategia europea relativa al uso de los sumideros de carbono.
Ribeiro e Castro (UEN)
He votado a favor de este informe por la enorme importancia que tiene, en el marco del desarrollo sostenible, para la adopción de medidas más eficaces con las que combatir los factores que contribuyen al deterioro de los bosques de la Unión Europea. Esto es especialmente importante para Portugal, que, con la mayor densidad de bosques de Europa, sufre año tras año el azote de los incendios forestales. Resulta extremadamente preocupante que cada año se pierda el 1% de los bosques mediterráneos debido a los incendios. El establecimiento de nuevas actividades para controlar la biodiversidad de los bosques, el suelo, el cambio climático y la fijación de carbono en los bosques supone un requisito esencial para garantizar la conservación de nuestro patrimonio medioambiental, que Europa debe proteger celosamente. Los bosques son la forma de ecosistema más compleja y, aunque es cierto que todavía existen grandes extensiones de bosques y que conservan un elevado nivel de biodiversidad, tienen límites que debemos vigilar de cerca. El uso sostenible de los bosques es crucial. Según un especialista en esta materia, Masahiro Saito, en condiciones favorables un bosque productor de madera y carbón vegetal sólo recupera su volumen original al cabo de veinte años, cuando es posible utilizarlo de nuevo. Debemos adoptar acciones de prevención de incendios, teniendo en cuenta especialmente que éstas deben estar en...
(Explicación de voto abreviada sobre la base del apartado 1 del artículo 137 del Reglamento)

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, apoyo este reglamento crucial, así como las acciones en favor de las madres y futuras madres de los países en desarrollo, asesorando sobre la salud reproductiva, especialmente a través de campañas educativas e informativas. Quiero que se emprenda la lucha contra la pobreza y la prevención de situaciones sociales y humanas terribles. No obstante, lamento que la mayoría haya impedido que se alcance un consenso y que haya rechazado disposiciones especiales para las madres en apuros. Lamento que se haya insistido en no aclarar el lenguaje utilizado y que la confusión pueda permitir el patrocinio internacional de políticas abortistas con fondos de la Unión Europea.
Las intervenciones en la sesión plenaria de ayer por parte de los defensores del informe y los detractores de mis enmiendas lo dicen todo. Para complementar lo que ya he dicho, citaré las palabras de una representante de Marie Stopes International, que no tuve tiempo de leer ayer íntegramente.

El Presidente. -
La hora de la votación queda cerrada.
(La sesión, suspendida a las 12,45, se reanuda a las 15.00 horas)

Bastos (PPE-DE)
En el contexto de la ayuda a los países más pobres, la Unión Europea no puede imponer un modelo de desarrollo a través de la aplicación de medidas relativas a los derechos de salud sexual y reproductiva. Me refiero concretamente a la esterilización y al aborto. Bajo el disfraz de la concesión altruista de ayuda, la Unión Europea no puede promover y menos aún fomentar estas prácticas, por dos motivos fundamentales: la primera es el respeto de los derechos humanos -y en particular la protección del derecho a la vida-, y la segunda se refiere a los límites impuestos por la soberanía de los países y poblaciones que se beneficiarán de nuestra ayuda financiera. El contenido de este informe es ambivalente y podría llevar a abusos, debido a la promoción implícita del aborto. Todas las opciones y medidas decididas en este ámbito, en el contexto de la salud, sólo pueden venir determinadas por los Estados, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Sólo podemos votar a favor de un informe que salvaguarde el principio incontrovertible del derecho a la vida y el respecto de la soberanía nacional. No tenemos nada que objetar a la afirmación contenida en el informe de que el aborto no se puede considerar en ninguna circunstancia un método de planificación familiar y mucho menos un servicio en materia de salud sexual y reproductiva.

Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Esta resolución propone crear un nuevo presupuesto destinado a combatir la mortalidad durante el embarazo y el alumbramiento en los países más pobres del mundo.
Hemos apoyado esta iniciativa, a pesar de sus limitaciones. En efecto, esta nueva partida presupuestaria no va acompañada de una nueva financiación. El dinero necesario se sacaría del presupuesto existente.
Nosotros, por nuestra parte, pedimos que esta ayuda se financie con cargo al presupuesto de ayuda a las empresas, puesto que, sean cuales sean los pretextos para concederlas, éstas no se utilizan para conservar los puestos de trabajo, que continúan destruyéndose a gran escala en toda Europa, sino que, en realidad, están destinadas a llenar aún más los bolsillos de los accionistas.

Caudron (GUE/NGL)
. (FR) He votado a favor de este informe, a pesar de que, con respecto a algunos puntos, mi valoración e incluso mi planteamiento son en cierto modo diferentes.
De hecho, el Parlamento Europeo ha conseguido resistirse a las presiones reaccionarias ejercidas por la derecha integrista.

Caullery (UEN)
 - (FR) Es difícil entender qué ha convertido el informe de la Sra. Sandbaek en semejante manzana de la discordia, dado que la necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios sanitarios en los países implicados podría haber sido fácilmente objeto de un verdadero consenso.
Se trata sencillamente de que planean grandes dudas sobre las verdaderas intenciones de la ponente y de la Comisión acerca del recurso al aborto, medida que sería por lo tanto financiada por el contribuyente europeo. Cuando se decide una medida como ésta, se convierte en legítima, mientras que las posturas en torno a este tema son muy diferentes y, sobre todo, irreconciliables. Instituir a escala comunitaria un política rechazada por varios de nuestros Estados miembros o, en otras palabras, imponer en el plano europeo opciones acerca de las que nuestras respectivas poblaciones tienen sus reservas o incluso muestran su oposición, no es digno de una asamblea democrática.
Con respecto al supuesto compromiso cerrado en la comisión parlamentaria competente, se podría haber esperado algo más que una sospechosa acumulación de evasiones que ha desechado conscientemente todos los intentos de modificar la redacción en beneficio de la dignidad humana, concretamente de la compatibilidad entre la salud de las mujeres y la vida de los niños.
Teniendo ante nosotros únicamente la caricatura de una opción -votar a favor o en contra-, optamos por adoptar lo que viene a ser un sencillo principio de cautela, votando en contra de este informe.

Darras (PSE)
 - (FR) La política comunitaria de cooperación y desarrollo está concebida para fomentar un desarrollo y una expansión económica duraderos en los países en desarrollo, su integración en la economía mundial y la lucha contra la pobreza.
Si tenemos en cuenta la evidente correlación que existe entre la pobreza y la ausencia de derechos en materia de reproducción y sexualidad, el logro de este objetivo supone la creación de una herramienta comunitaria de ayuda a las políticas y acciones relacionadas con la salud y con los derechos en materia de reproducción y sexualidad. De hecho, en mi opinión resulta evidente que uno de los resultados del desarrollo es una mejora duradera de la salud y el bienestar de las poblaciones. Por lo tanto, urge ofrecer ayuda a las mujeres de estos países, que representan el 99% de las 600 000 mujeres que fallecieron el pasado año a raíz de su embarazo y, a través de la planificación familiar moderna, ofrecer ayuda e información a las parejas, permitiendo así que decidan libre y responsablemente el número de hijos que desean tener. De hecho, cada año un tercio de los embarazos son no deseados o no estaban planificados. Esta situación lleva a las mujeres a recurrir a abortos practicados en condiciones peligrosas, lo que provoca nada menos que 78 000 muertes cada año.

de La Perriere (NI)
. (FR) Es bueno que la Unión Europea ayude a los países en desarrollo a cuidar de la salud de su población. Sin embargo, ayudar no significa imponer nuestros modelos europeos a países con diferentes culturas y tradiciones. Es moralmente inaceptable condicionar nuestra ayuda a la negación de la identidad de las naciones y que éstas tengan que aprobar nuestro concepto de planificación familiar. 
Por otra parte, el establecimiento del aborto como un nuevo método anticonceptivo resulta inconcebible. Sin embargo, eso es a lo que conduce este informe, por mucho que la Sra. Sandbaek diga que no. El aborto es un delito que mata al niño y destruye a la madre. Al ofrecer a las mujeres el aborto como su única opción, en lugar de ayudarlas, se añade un nuevo trauma a sus dificultades. Ese es el motivo por el que estoy a favor de las enmiendas destinadas a desarrollar una política para acoger y apoyar a las futuras madres que estén en apuros, con la intención de ayudarlas a que opten por tener a sus bebés. Así es como será posible facilitarles la ayuda psicológica y material que necesitan.
Ese es también el motivo por el que votaré en contra de este informe que, lejos de ayudar a las poblaciones con dificultades, sólo conseguirá aumentar su sentimiento de desamparo.

Kinnock (PSE)
. (EN) La votación de hoy sobre el informe de la Sra. Sanbaek supone una confirmación clara de la necesidad de una respuesta urgente, en primera lectura del Parlamento Europeo, al Reglamento relativo a la salud y a los derechos en materia de reproducción y sexualidad en los países en desarrollo. Apoyando esta resolución hemos allanado el camino para que la Comisión financie operaciones y organismos que se centren en la necesidad de reducir la mortalidad materna e infantil. Hemos reconocido el derecho que tienen todas las personas a asistencia y servicios, así como a decidir cuántos hijos quieren tener y cuándo desean tenerlos.
Hemos votado a favor de renovar e incrementar la financiación hasta 74,95 millones de euros. El Comisario ha hecho hincapié en que la Comisión no puede comprometerse formalmente a garantizar esa cifra, aunque ha aclarado que esto no debería impedir que alcancemos un acuerdo en primera lectura, afirmando que confiaba en que encontrásemos una solución. Hemos rechazado nuevas enmiendas destinadas a distorsionar el enfoque principal y el contenido sustancial del Reglamento. La Comisión de Desarrollo y Cooperación y el Parlamento han acordado un texto que no aporta nada más ni nada menos que lo acordado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y las principales acciones aprobadas en 1999.
Mathieu (EDD)
. (FR) El informe de mi colega, la Sra. Sandbaek, ha provocado un gran debate y desatado ciertos sentimientos vehementes. Sin embargo, el informe contiene únicamente enmiendas sensatas.
Reducir la tasa de mortalidad entre las mujeres embarazadas y potenciar un acceso equitativo a la atención y a las prestaciones en materia de salud y derechos relativos al embarazo y la reproducción son objetivos que apoyo firmemente y que se derivan de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de 1994.
En muchos países en desarrollo, las mujeres luchan por sus derechos en materia de reproducción y por controlar su propia sexualidad. Para estas mujeres, conseguir estos derechos y este control significa poder decidir libremente el número de hijos que desean tener, así como el tiempo que desean que transcurra entre un hijo y el siguiente.
Al oponerse a este acceso a la información y a la generalización de estos derechos, se cierra la puerta a la lucha contra la pobreza y se impone un retraso sobre el desarrollo económico, que está estrechamente ligado a las mejoras de la salud y la asistencia sanitaria de las poblaciones de los países en desarrollo.
Sin embargo, varios colegas han decidido negar a las mujeres estos derechos básicos proponiendo otra vía: la de ayudarlas a optar por tener a sus bebés. Esta es una manera encubierta de negar a las mujeres su derecho inalienable al aborto.
Por todas estas razones, he apoyado, a conciencia, el informe de la Sra. Sandbaek.

Scallon (PPE-DE)
Dado que no se ha aprobado la enmienda 53, no puedo apoyar este importante Reglamento preceptivo en el terreno de la ayuda al desarrollo.
La ponente afirmó en un programa de radio de Irlanda, el 19 de noviembre de 2002, que mediante este Reglamento los contribuyentes comunitarios aportarían dinero para financiar abortos en los países más pobres y que esto entra dentro de las competencias legales de la Unión Europea. 
Además de garantizar a las mujeres el máximo nivel de atención médica y la prevención de la mortalidad y morbilidad materna, la enmienda 53 habría aclarado las intenciones del Parlamento, de la Comisión y el Consejo. También habría protegido la postura constitucional irlandesa y confirmado a los representantes de los países candidatos y de los países menos desarrollados, profundamente preocupados por el hecho de que algunas cláusulas de este Reglamento puedan permitir que la Unión Europea establezca una competencia legal en el ámbito del desarrollo que no tiene en el interior de la UE. 
Debido a las dudas planteadas por los comentarios de la ponente, y en ausencia de la enmienda 53, el Gobierno irlandés, que ha afirmado que únicamente los países individuales tienen competencia para decidir acerca de los reglamentos relativos al aborto, debe garantizar, en el Consejo, que la propuesta de Reglamento en su forma actual no permita el uso del dinero de los contribuyentes para financiar el aborto en los países más pobres.
Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman, Stenmarck y Wachtmeister (PPE-DE)
Los moderados creemos que la drogodependencia debe ser combatida enérgicamente. Por lo tanto, los políticos y las autoridades deben hacer hincapié claramente en que toda forma de drogodependencia resulta inaceptable. No aceptamos las medidas propuestas en el informe que podrían facilitar el consumo de ciertas drogas. La denominada reducción de los daños corre el riesgo de convertirse en una vía hacia la drogodependencia para la gente joven, en lugar de una medida de seguridad. También estamos en contra de los programas de intercambio de jeringuillas, porque podrían interpretarse como un consentimiento de las autoridades y de las entidades asistenciales al abuso de las inyecciones.
El informe no cumple las normas de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Corresponde a los Estados miembros desarrollar formas de tratamiento en los servicios de atención sanitaria que tratan la adicción. Sin embargo, la tarea de la Unión Europea es la de prevenir la drogodependencia mediante esfuerzos coordinados para combatir los delitos que implican, por ejemplo, la importación y el contrabando de drogas en la Unión Europea.
Por lo tanto, los moderados votaremos en contra de este informe.

Caudron (GUE/NGL)
. (FR) Este buen informe, que avanza en la dirección adecuada, hacia el realismo y no hacia una ideología reaccionaria, ha recibido un amplio apoyo. ¡Eso está bien! Por esta razón yo también he votado a favor del informe.

Ducarme (ELDR)
. (FR) Durante la década de 1990, el consumo de cannabis aumentó notablemente en la mayoría de los países de la Unión Europea. Sin embargo, los consumidores de drogas duras por vía parenteral forman un grupo más inaprensible y condenado por tanto a la marginación, tal y como indica el informe. Ante esto debemos responder.
En primer lugar, actualmente resulta fundamental que defendamos la prevención a través de canales informativos. Para ello necesitamos reservar recursos financieros y emprender acciones mediante la organización de campañas, principalmente en las escuelas, para concienciar a la gente joven. Tenemos que informar una y otra vez, con el fin de evitar que las normas vigentes resulten poco claras a los ojos de los jóvenes europeos.
En segundo lugar, es fundamental que impliquemos a todos: a los padres, pero también a los profesores, la policía, el sistema judicial y, finalmente y sobre todo, a las asociaciones que ayudan a los drogadictos. Ese es el motivo por el que deberíamos acoger con satisfacción la recomendación que invita a los grupos locales a ayudar a los drogadictos a optar por una vida más sana.

Figueiredo (GUE/NGL)
En general, el informe es positivo, por lo que hemos votado a favor del mismo. Sin embargo, debemos hacer hincapié en que resulta fundamental garantizar que la intervención en situaciones complejas y de alto riesgo, como suele suceder en el ámbito de la drogodependencia, adopte un planteamiento multidimensional, con el fin de crear sinergias mucho más efectivas. Por ejemplo, se darán situaciones en las que la intervención en la reducción de los riesgos y la minimización de los daños que conlleva el consumo de drogas ilegales deberá ir asociada a mejoras de las condiciones de vida y de la calidad de vida de las personas, con ofertas de trabajo, reintegración social, recuperación del tejido urbano, combate contra el tráfico de drogas e impulso de acciones efectivas para la prevención primaria, tanto en las escuelas como con vistas a los grupos de gente joven en situación de alto riesgo.
Este tipo de situación precisa estructuras de intervención multidiciplinarias y una capacidad de dirección y gestión de medios plurifacéticos, de acuerdo con una situación determinada, que sólo serán posibles si cada Estado miembro asume esta responsabilidad. Por lo tanto, sería positivo que la resolución sugiriese la creación de estructuras en este nivel -verdaderos mecanismos de respuesta para situaciones extremadamente graves- cuando fuese necesario, y que no estableciese responsabilidades vagas y difusas para las familias y las comunidades a este respecto.

Maaten (ELDR)
 - (NL) Acojo con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el problema de las drogas en Europa. Es bueno que los diputados se muestren finalmente receptivos ante el modo en que tratamos a los drogadictos en los Países Bajos. Los Países Bajos han sido marginados durante muchos años y ahora se nos alaba por la manera en que nos enfrentamos a estas cuestiones. Los resultados de esta votación suponen una aprobación de la política neerlandesa en materia de drogas.
Estoy satisfecho con la decisión de los diputados de realizar un llamamiento a los Estados miembros en este informe para que la prevención y la limitación de riesgos pase a ser una prioridad en nuestra política en materia de drogas. En este contexto, deberíamos ofrecer servicios que ayuden a los drogadictos a abandonar sus hábitos. También deberíamos hacer un mejor uso de las experiencias de antiguos drogodependientes en la información que facilitamos en lugares como escuelas y centros comunitarios. Al brindar una información mejor, deberíamos ser capaces de transmitir a los jóvenes una idea más concreta de las consecuencias del consumo de drogas. Tendremos que prestar especial atención a los presos. Creo que es bueno que los Estados miembros logren que las prisiones estén totalmente libres de drogas.
Por esto he votado a favor de esta propuesta.

Meijer (GUE/NGL)
. (NL) El debate sobre la drogadicción y sus consecuencias se ve a menudo obstaculizado, de un lado, por aquellos que piensan que uno puede simplemente eliminar el consumo de drogas a través de las prohibiciones legales, las celdas de las prisiones y los despliegues policiales; y, de otro, por aquellos que defienden la libertad total, en relación con las oportunidades de consumir drogas que se dan en la práctica, como un derecho adquirido con respecto al cual el Gobierno no debería intervenir en absoluto. Ambos puntos de vista bloquean la vía hacia una información apropiada y el logro de una buena salud. En cambio, es mucho mejor distinguir entre drogas blandas y drogas duras, y centrar la lucha en las drogas duras, informando a las generaciones jóvenes acerca de las terribles consecuencias del consumo de drogas. A este respecto, podemos aprender de la lucha contra la adicción al alcohol y al tabaco. Apoyo a la ponente porque defiende que se aprovechen las experiencias de antiguos drogodependientes y quiere garantizar que se preste asesoramiento, apoyo, atención sanitaria y más oportunidades para ayudar a las personas a abandonar sus adicciones. La ponente tiene razón al exigir la supervisión de la composición química de sustancias como el éxtasis, una sustancia desafortunadamente muy consumida por los jóvenes en las fiestas, y al reclamar una especificación más precisa de las mejores prácticas y los menores riesgos.

Moraes (PSE)
. (EN) Como diputado por Londres, tengo un gran interés en combatir y reducir las muertes y enfermedades relacionadas con las drogas, tales como el VIH, la hepatitis B y C, y la tuberculosis, uno de los objetivos de la Estrategia europea de lucha contra la droga (2000-2004) aprobada por el Consejo Europeo en 1999.
Apoyo el informe de la Sra. Malliori, con algunas pequeñas excepciones. A pesar de que propone una serie de medidas no vinculantes, la insistencia en el papel de las comunidades locales, en particular de la policía, los trabajadores sociales, el personal de asistencia sanitaria de las autoridades locales y otros, es correcta.
Apoyo particularmente el llamamiento a los Estados miembros a que presten más atención a los entornos de alto riesgo, como las prisiones, y a que se emprendan acciones adaptadas a las nuevas «pautas de consumo de drogas», tales como el uso de «drogas de diseño», que está aumentando en mi circunscripción.

Ribeiro e Castro (UEN)
Yo me ha abstenido en la votación sobre este informe. A pesar de que comparto las preocupaciones de la ponente y sus objetivos finales, no puedo dejar de lamentar la inclusión en el informe de puntos que, en mi opinión, tendrán precisamente el efecto contrario al pretendido. También lamento que no hayan sido aprobadas las excelentes enmiendas presentadas por el Sr. Blokland y el Sr. Santini, dado que el hecho de que hayan sido rechazadas por una escasísima mayoría sugiere un deseo de rechazar la posibilidad de un texto equilibrado, que goce de un mayor consenso. Por lo tanto, lamento el carácter equívoco de muchas de las disposiciones aprobadas, que, aunque parezcan ser democráticas, pueden llevar a imponer modelos erróneos y puntos de vista distorsionados en el ámbito de la lucha contra la drogodependencia. La ponente podría haber ido más allá en la lucha contra el discurso ambivalente con respecto al consumo de drogas, tan frecuente en algunos sectores de la izquierda europea, que se niegan a entender el consumo como el quebranto de la responsabilidad individual de cada ciudadano ante los demás. El informe de 1997 de la Oficina de Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito de las Naciones Unidas afirmaba que «los esfuerzos por reducir el consumo mundial serán menos efectivos si los programas de reducción de la demanda se ven perjudicados por llamamientos a favor de la legalización de las drogas». Lo cierto es que, desafortunadamente, las políticas erróneas siempre provocan catástrofes humanas en el pueblo llano.

Sacrédeus (PPE-DE)
He votado en contra de este informe, que ha sido aprobado por 375 votos a favor, 46 en contra y 35 abstenciones. 
El término «reducción de riesgos» se opone tanto al espíritu como a la letra de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre drogas. Por lo tanto, es profundamente lamentable que en cuatro de sus 12 recomendaciones del apartado 2, el Consejo proponga concretamente la «reducción de riesgos» como método. En la práctica, se trata de una nueva versión del anterior término ideológico clave utilizado por los defensores de un planteamiento liberal con respecto a las drogas, concretamente de «reducción de daños», que ha resultado desprestigiado por razones comprensibles. En otras palabras, la recomendación del Consejo supone una capitulación en la cuestión de la rehabilitación total y la curación de los drogodependientes. 
La ponente hace hincapié en la presencia de drogas en instituciones y propone la creación de servicios de desinfección de jeringas y agujas en las prisiones. Yo no estoy a favor de esta actitud de resignación. En ese caso se legitimaría la drogodependencia en las instituciones. En cambio, los esfuerzos deben centrarse en liberar de drogas las instituciones. 
Una de las iniciativas de la Sra. Malliori tiene por objeto de suavizar la legislación sobre los delitos relacionados con las drogas, a través de la muy dudosa propuesta de introducir alternativas a las condenas a prisión. Sólo en los casos de delitos graves relacionados con las drogas, por ejemplo en los casos de tráfico o posesión de grandes cantidades de drogas, se impondrían penas de prisión. Tanto para los delincuentes como para el público en general, el hecho de suavizar la legislación significaría emitir el mensaje erróneo de que la sociedad se toma menos en serio los delitos relacionados con las drogas.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) Todo este debate acerca de la mejor manera de matar limpiamente o cómo luchar en una guerra sin matar a ningún civil resulta en sí mismo surrealista. Especialmente en las circunstancias actuales, cuando sabemos que los Estados Unidos, con la cooperación abierta o hipócrita de las grandes potencias europeas, se preparan para iniciar una guerra contra Iraq en los próximos días, que, aunque acabe con la caída del dictador Sadam Husein, matará a miles de civiles.
Por nuestra parte, queremos aprovechar esta oportunidad para protestar contra la guerra imperialista contra Iraq.
Hemos votado a favor de los pocos pasajes que proponen la prohibición de las minas antipersona, aunque sabemos que las propuestas son bastante irresolutas y que no se harán efectivas. Sin embargo, hemos votado en contra del texto en su conjunto, porque, so pretexto de preconizar guerras que «cumplan la legislación internacional», justifica ataques imperialistas pasados, presentes y futuros.

Casaca (PSE)
Los textos sobre los que ha votado el Parlamento, relativos a los «peligros de la utilización de uranio empobrecido en las armas», al igual que sus antecesores de hace dos años, se limitan a reproducir acusaciones que carecen de toda base real y credibilidad científica. Estos textos distorsionan los problemas y erosionan la credibilidad de nuestra institución parlamentaria.
El uranio empobrecido, que está presente en muchos aparatos que nos rodean, no supone ningún peligro de contaminación radiactiva, e incluso se utiliza para protegerse de radiaciones. No obstante, el peligro de contaminación química, especialmente durante la combustión, es elevado y ésta es la justificación de la protección recomendada por los manuales militares occidentales disponibles en Internet. En cualquier caso, cuando se encuentra en la naturaleza, el uranio empobrecido no es más peligroso que el plomo de los cartuchos de caza o de las canalizaciones de agua.
De hecho, el uso de «plutonio/MOX» o de cualquier otro residuo nuclear para reemplazar al uranio empobrecido debería someterse a una supervisión meticulosa. La presencia de uranio 236 en los análisis de sangre de los soldados que sirvieron en Kosovo -como ha afirmado un periódico- podría indicar que así ha sucedido.
Esto es lo que debería estar debatiendo e investigando el Parlamento Europeo, en lugar de aprobar declaraciones que no son más que manifestaciones de prejuicios e ignorancia, de las que me veo obligado a distanciarme.

Figueiredo (GUE/NGL)
A pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con algunos de los aspectos debatidos en la resolución, concretamente con su aceptación de la Política Europea de Seguridad y Defensa y de la acción militar prevista en el marco de esta política, creo que contiene aspectos positivos, particularmente en el contexto de la situación internacional actual, concretamente de la inaceptable, ilegítima e ilegal amenaza de ataque armado a Iraq por parte de la administración estadounidense. Entre otros aspectos, aprecio la petición de que se establezca una moratoria inmediata que impida que se sigan utilizando dispositivos explosivos de fragmentación y municiones que contengan uranio empobrecido (u otras cabezas de combate que contengan uranio), con la intención de prohibirlos inmediatamente después de que se haya realizado un estudio.
Precisamente, y con respecto a esta cuestión, tengo que aprovechar esta intervención para expresar mi sentimiento -tras haber visitado Iraq recientemente- de repudia ante los efectos del uso de estas armas por parte de los militares estadounidenses en aquel país, especialmente sobre la población, y de forma particularmente intolerable sobre los niños a los que tuve la oportunidad de conocer. Finalmente, quiero destacar la importancia política de que el Grupo parlamentario del PPE-DE se haya desentendido de la resolución común y haya votado en contra.

Korakas (GUE/NGL)
. (EL) Han pasado dos años desde que se produjeron las protestas por las numerosas -y en ocasiones fatales- enfermedades provocadas por las armas de uranio empobrecido utilizadas por los Estados Unidos y la OTAN en el Golfo y en Yugoslavia, y todavía no se ha hecho nada al respecto. Al contrario, existe un peligro inminente de que éstas y otras armas incluso más peligrosas se utilicen en la guerra que está a punto de declararse contra Iraq, cuando ya se ha informado acerca de numerosos casos de bebés con defectos de nacimiento y niños con leucemia u otras formas de cáncer.
Grecia también tiene soldados que han resultado afectados, que están padeciendo diversas formas de cáncer y están siendo tratados en secreto. Estas armas están repartidas por toda Grecia. El Gobierno, que inicialmente mintió y negó que las fuerzas armadas tuviesen ninguna arma de este tipo, ha intentado por lo tanto quitar hierro al problema. Como ha afirmado recientemente, con toda la razón, la Asociación médica griega para la protección del medio ambiente contra la amenaza nuclear y bioquímica, «estamos ante una pequeña guerra nuclear que ya ha contaminado irreparablemente los Balcanes».
Nuestra querida comunidad internacional, a pesar de su intromisión en la legislación sobre terrorismo y las fuerzas de respuesta rápida, no ha hecho nada para prohibir las armas de uranio empobrecido.
La resolución del Parlamento Europeo tiene algunos aspectos positivos, pero no se declara a favor de una completa prohibición, realizando simplemente un llamamiento para que se establezca una moratoria a la espera de un nuevo estudio.

Ducarme (ELDR)
. (FR) Como hemos podido leer en la exposición de motivos, «la atención prestada a los implantes de silicona desde los años 90 ha producido numerosos estudios epidemiológicos diferentes que nunca han demostrado que existan riesgos importantes de enfermedades graves».
En los últimos años, la cirugía estética ha realizado notables progresos y las técnicas utilizadas han alcanzado un nivel de seguridad más que satisfactorio. Sin embargo, si se intensifican las advertencias sobre peligros y se sobreprotege a los consumidores, los médicos se sentirán descorazonados.
Tomemos el ejemplo de las cesáreas. Éstas se han incrementado notablemente, porque las mujeres piensan que entrañan menos riesgos. Por lo tanto, es su confianza en la profesión médica lo que está en tela de juicio. Aunque tenemos que proteger a las pacientes, también es necesario que protejamos a los prestadores de servicios, depositando cierto grado de confianza en ellos.

Maaten (ELDR)
 - (NL) Entiendo la necesidad de ofrecer mejor información y más garantías de calidad con respecto a los implantes mamarios. Sin embargo, en Europa, decir que las mujeres deberían protegerse ellas mismas sería ir demasiado lejos. No deberíamos regular «la autoestima y otras alternativas conceptuales a los implantes mamarios en Europa». Tampoco el Parlamento debería instar a los Estados miembros «a que fomenten... la imagen de las mujeres tal y como es en realidad y la aceptación de la misma». Europa no debe prescribir un «registro nacional de implantes mamarios» ni «reconocimientos anuales obligatorios de seguimiento posoperatorio». Esto refuerza la imagen paternalista que la Unión Europea ya tiene. Sería mucho mejor que los Estados miembros elaborasen su propia legislación al respecto.
En mi opinión, las mujeres son perfectamente capaces de tomar decisiones por ellas mismas y pueden ser perfectamente asesoradas por sus médicos, por lo que no es necesario imponer una prohibición sobre la publicidad. Siempre nos quedamos atascados en los detalles. ¿Es esta la labor de Europa? A veces uno se pregunta a qué burócrata sentado detrás de su mesa se le ocurrió esa idea.
Por lo tanto, he votado en contra de la resolución.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt (ELDR)
Este informe hace referencia a una cuestión privada y delicada para muchas mujeres que, ya sea por razones estéticas o médicas, se han sometido a una operación de implante mamario.
Nosotros apoyamos la idea de que todas las pacientes implicadas deberían recibir información acerca de los riesgos, las opciones alternativas y las investigaciones postoperatorias. Al mismo tiempo, estamos convencidos de que esto se puede hacer sin necesidad de un registro obligatorio que atente contra su privacidad, una medida que no consideramos acorde con nuestra idea de la política.
Es más, ciertas partes del informe hacen referencia a cuestiones sobre las pacientes que no entran en el ámbito de competencias de la Unión Europea. En nuestra opinión, los implantes mamarios son por lo tanto una cuestión, eso sí, de gran importancia, que es mejor tratar a nivel nacional. Por lo tanto, hemos decidido votar en contra del informe como tal.

Moreira da Silva (PPE-DE)
Dado el gran número de accidentes que se han producido en relación con los implantes mamarios y el uso cada vez mayor de los mismos, especialmente entre las menores de 18 años, esta comunicación de la Unión Europea merece nuestro aplauso. En mi opinión, el papel del Parlamento Europeo ha consistido en mejorar la propuesta inicial, mediante la presentación de enmiendas que pretenden garantizar: un compromiso de investigación científica, la mejora de la información pública, el control y el seguimiento médico tras la colocación de los implantes y la prohibición de los implantes para las menores de 18 años, excepto cuando esté justificado por razones médicas.

Sacrédeus (PPE-DE)
He votado en contra de los apartados 19 a 21, en los que el Parlamento Europeo «recomienda con urgencia que los detalles de las operaciones de implantes mamarios queden registrados en la UE estableciendo registros nacionales obligatorios de implantes mamarios en cada Estado miembro».
Ya en una ocasión, en 2001, expresé mis serias dudas acerca del sentido de crear registros nacionales y europeos de personas que habían solicitado y se habían sometido a operaciones de implantes mamarios. La sanidad pública es un ámbito nacional, que implica una competencia legislativa nacional.
En lugar de tener registros para autorizar los implantes mamarios como una actividad médica natural, sería mejor seguir la recomendación hecha a los Estados miembros en el apartado 19 y, como ha hecho Francia, prohibir la publicidad directa de implantes mamarios. Es fundamental fomentar los valores de la autoestima y la tolerancia como alternativas a los implantes mamarios, tal como se recoge en los apartados 15 y 16.
También acojo con satisfacción, como se ha propuesto, la organización de campañas positivas en los Estados miembros que fomenten «la imagen de las mujeres tal y como es en realidad y la aceptación de la misma, en lugar de que mediante prácticas publicitarias descontroladas se imponga como norma un ideal de belleza».
No se podría haber dicho de mejor manera.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión acerca de la crisis del sector siderúrgico y las medidas que deben aplicarse a nivel comunitario.
El Comisario Byrne tiene la palabra.

Byrne
Señor Presidente, el sector del acero ha experimentado un período difícil durante los últimos 20 años. El sector precisaba una reestructuración general. Actualmente la siderurgia europea es muy competitiva. Sin embargo, para mantener su posición en el mundo, las empresas tienen que someterse a un proceso continuo de adaptación de sus estructuras.
La industria sigue luchando por ganar eficiencia, pero aunque se eliminen los excesos de capacidad restantes, desde un punto de vista industrial no podemos hablar de una crisis real de la magnitud de la experimentada en la década de los ochenta, sino más bien de una crisis social, debida a nuevos cierres. A menudo, reestructuración es sinónimo de pérdidas de empleo, lo que puede tener consecuencias trágicas en la estructura social de cualquier región, pero particularmente de las regiones que se enfrentan a un escaso potencial de creación de empleo.
La Comisión conoce perfectamente la necesidad de que los ciudadanos y trabajadores se sientan seguros en los momentos más difíciles. En las últimas semanas hemos sido nuevamente testigos de experiencias y enfoques diametralmente opuestos acerca del modo de gestionar las operaciones a gran escala de la reestructuración empresarial. En algunos casos, estas operaciones se preparan con mucha antelación, implicando plenamente a los representantes de los trabajadores, buscando las soluciones menos perjudiciales e intentando activa y oportunamente preparar a los trabajadores que probablemente tendrán que enfrentarse al desafío de un desempleo repentino.
En otros casos estas operaciones se lanzaron y ejecutaron sin pensar en absoluto en lo afectados ni preocuparse por ellos. En el pasado, la Comisión siempre ha subrayado los siguientes principios básicos. En primer lugar, las decisiones acerca de la reestructuración empresarial siguen siendo una prerrogativa y una responsabilidad de la dirección. Esto significa que cuando se plantean acciones que puedan tener graves consecuencias sociales, las empresas deberían buscar activamente y elegir siempre las soluciones menos perjudiciales.
En segundo lugar, cuando los despidos resulten inevitables, es preciso hacer todo lo posible por mejorar las posibilidades de contratación de los afectados. Esto exige una previsión y una gestión adecuada de esos procesos.
En tercer lugar, nada puede justificar la ausencia de consultas e información oportuna y efectiva con los representantes de los trabajadores. Estas afirmaciones básicas atraen un amplio consenso en Europa. Afortunadamente, son cada vez menos las empresas que emprenden operaciones de reestructuración perjudiciales sin tener en cuenta estas preocupaciones fundamentales, aunque a veces ocurre. La forma en que Metaleurop llevó el cierre de la fábrica de Pas de Calais constituye el peor ejemplo posible de desprecio de los intereses, las preocupaciones y los derechos de los trabajadores, así como de la salud y seguridad de la población de la zona.
Por supuesto, es justo y necesario destacar otros planteamientos: el caso contrario es el de Arcelor, que también se está enfrentando a un proceso de reestructuración con las inevitables consecuencias para sus trabajadores, aunque lo está haciendo de forma diferente. La Comisión no desea interferir en la lógica económica que subyace a las intenciones de la dirección, dado que ese es el papel de la dirección, en estrecha consulta con los representantes de los trabajadores. Arcelor dio una serie de pasos positivos y productivos, mucho antes de que comenzasen las medidas recientemente anunciadas, para prever los problemas. También hace poco, la dirección ha confirmó su intención de emprender conversaciones efectivas con los representantes de los trabajadores en todos los niveles. El proceso de consulta incluye: la motivación económica subyacente a los cierres previstos; asesoramiento de un experto independiente en todo este asunto; adopción de todas las medidas posibles para evitar los cierres o limitar su impacto social; y voluntad de limpiar el medio ambiente local y reindustrializar las instalaciones cerradas.
Este programa amplio es serio y así lo consideran todos los interesados. Es fruto de un tipo diferente de relaciones industriales que ha permitido llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre información y consulta transnacionales de los trabajadores, ampliamente reconocido como un acuerdo muy avanzado y efectivo. Los tres puestos del consejo reservados a representantes de los trabajadores, aunque la legislación actual no lo exige, también ilustran ese mismo planteamiento positivo. De hecho, esto anticipa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.
En los últimos años hemos creado en la Unión Europea una amplia gama de instrumentos para hacer frente a estas preocupaciones. Las Directivas sobre despidos colectivos, traslados de empresas, información y consulta y la Directiva sobre el comité de empresa europeo son algunos ejemplos.
Los textos más recientes promueven claramente una implicación ascendente del trabajador, particularmente en cuestiones estratégicas y en la evolución previsible del empleo dentro de las empresas. Esta es la única manera de ayudar a los trabajadores europeos a enfrentarse a los desafíos del cambio con éxito, dado que permite el desarrollo oportuno de las posibilidades de contratación y adaptación de los trabajadores.
Los dos ejemplos que he mencionado anteriormente sólo pueden confirmar estas afirmaciones, uno positiva y el otro negativamente. Corresponde a los tribunales y otras autoridades nacionales garantizar el cumplimiento de las directivas comunitarias. Por supuesto, la Comisión desempeñará en última instancia su función de control de la aplicación de la legislación comunitaria, si los incumplimientos no son efectivamente sancionados.
Esos aspectos serán algunos de los principales elementos de la futura revisión de la Directiva sobre el comité de empresa europeo. Particularmente, la Comisión alberga grandes esperanzas de que los interlocutores sociales europeos determinen y encuentren los medios para desarrollar buenas prácticas de reestructuración empresarial en toda la Unión Europea, como ya decidieron hacer al responder positivamente a la consulta del año pasado sobre esta cuestión.
Esas buenas prácticas van mucho más allá de la información y consulta de los trabajadores. Abarcan acciones destinadas a prever los avances tecnológicos y del mercado, a invertir en personal de forma permanente, a desarrollar la posibilidad de contratación, buscar alternativas a los cierres y despidos, a redistribuir, siempre que sea posible, a los trabajadores afectados por las operaciones de reestructuración, etc., precisamente las buenas prácticas que espero que ayuden a los trabajadores de Arcelor a superar las dificultades actuales y que no existen en absoluto en el entorno de Metaleurop.
También es útil recordar en este contexto otras iniciativas de la Comisión relativas a la responsabilidad social de las empresas, al diálogo social y al Observatorio Europeo del Cambio.
Además de esos aspectos políticos, nuestra preocupación inmediata son actualmente los recientes casos de reestructuración. La Comisión quiere dejar claro que, por encima de todo, compartimos su pesar y su preocupación por las posibles consecuencias sociales para todos los que puedan resultar afectados. Espero sinceramente que se hagan todos los esfuerzos posibles por evitarlas o atenuarlas mediante el diálogo entre todas las partes implicadas.

Hansenne (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo confesar al señor Comisario que su intervención me ha decepcionado enormemente. Ha planteado una serie de consideraciones generales acerca de una situación que todos conocemos bien. Estas consideraciones se han centrado en la reestructuración de empresas de una serie de sectores, aunque no han tratado específicamente los problemas a los que nos estamos enfrentando actualmente en varias regiones. Debo admitir que me ha sorprendido mucho escuchar al señor Comisario condenar la actitud de una empresa de la que todos opinamos que ha tenido un comportamiento particularmente escandaloso, Metaleurop, y que al mismo tiempo haya alabado a otra empresa que ha estado en todos los titulares en los últimos meses, Arcelor.
La decisión tomada por Arcelor de cerrar gradualmente las fábricas de producción en caliente de sus centros continentales ha sido recibida, por supuesto, con preocupación en las regiones afectadas. También se ha recibido con indignación, en particular en la región de Lieja, debido a que supone una inexorable ruptura del compromiso contraído por Usinor antes de unirse al nuevo grupo Arcelor de invertir en los altos hornos de Lieja, con el fin de garantizar que se mantuvieran las líneas de producción en caliente. Junto con este compromiso había otro que contrajeron a cambio los trabajadores, consistente en esforzarse por aumentar la productividad, con el fin de que las instalaciones fuesen competitivas. El compromiso de los trabajadores se ha mantenido, pero Usinor no ha cumplido y los trabajadores se sienten engañados. Éste es el motivo por el que todos los movimientos de la región, así como el Gobierno valón y el Gobierno federal belga, piden ahora explicaciones a Arcelor.
Pienso que es importante que la Comisión Europea adopte también esta postura. La resolución que hemos presentado todos juntos tiene el principal objetivo de garantizar que Arcelor mantenga sus compromisos. Arcelor tiene tanto más motivos para mantener sus compromisos cuanto que usted ha afirmado -y este es el elemento importante de su declaración- que el sector de la siderurgia no está en crisis, que las empresas en general son competitivas, y que, por lo tanto, no existe razón para que Arcelor desee echarse atrás con respecto a sus compromisos, salvo por motivos estrictamente financieros. Por lo tanto, no deberíamos plantear en primer lugar los procesos de reestructuración de Cockerill-Sambre y posteriormente de Usinor. La región de Lieja ya ha experimentado y pagado cara la crisis de la siderurgia. Lo que se necesita ahora para garantizar la reestructuración es tiempo.
Lo que la región de Lieja no acepta es que se rompan los compromisos, acortando los plazos que se nos habían impuesto, y, por lo tanto, pedimos claramente a la Comisión que recuerde a Arcelor sus compromisos. También deberíamos cuestionar el comportamiento de Arcelor, dado que hemos sabido que pretende adquirir una serie de instalaciones en un país candidato, que formará parte de Europa en el futuro. Eso plantea una serie de preguntas en el plano europeo.
Dehousse (PSE).
Señor Presidente, en primer lugar, manteniendo el tono del discurso del Sr. Hansenne, me gustaría recordar al honorable portavoz de la Comisión que ésta es la heredera de la Alta Autoridad de la CECA, que no se creó para organizar el entierro de la actividad industrial en Europa, ni para catalogar las diferentes formas de enterrar la actividad industrial de nuestras regiones, ni para que sirva de Cruz Roja social para los trabajadores y la regiones que se han visto gravemente afectados.
Lo que pretendo decir, como el Sr. Hansenne, es que estamos convencidos de que la declaración de la Comisión era más necesaria que nunca, aunque también pensamos que resulta en gran medida insuficiente. Esto es particularmente cierto en mi caso, dado que yo envié a la Comisión pruebas de la voluntad de Arcelor de adquirir instalaciones continentales en Polonia, mientras que nosotros simplemente acabamos de constatar que en tres regiones europeas las instalaciones continentales están, por su naturaleza, condenadas a desaparecer. No diré nada más, señor Presidente, para dejar hablar a mis colegas.

Ducarme (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría subrayar un primer punto que considero fundamental: la declaración de la Comisión es insuficiente. La responsabilidad de la Comisión en estos momentos es efectivamente la de asumir el papel de autoridad pública en el marco de las competencias que ha heredado de la Alta Autoridad de la CECA. También cabe señalar que la Comisión no debería ser un espectador, sino desempeñar un papel público activo en la gestión del sector siderúrgico a escala de la Unión Europea.
La resolución presentada aborda cuatro temas que consideramos esenciales. Espero que la Comisión sea capaz de responder a cuatro preguntas bastante específicas sobre estos temas. En primer lugar, sabiendo que la firmeza en el plano europeo resulta necesaria para que la producción del acero esté distribuida de forma justa a escala mundial, ¿va a garantizar la Comisión que el Gobierno polaco no pueda intervenir financieramente en los procesos industriales en apoyo de ninguno de los planes del grupo Arcelor en Polonia? En segundo lugar, ¿considera la Comisión que sigue siendo totalmente capaz de garantizar que la Unión Europea pueda elegir y mantener un sector de la siderurgia o está simplemente esperando a que este sector desaparezca? Dicho de otro modo, ¿sabe la Comisión que todavía tiene una responsabilidad de conformidad con el artículo 3 del Tratado de la CECA o ha olvidado ese artículo? En tercer lugar, con respecto a la reestructuración regional y al apoyo social, ¿está la Comisión preparada, a partir de este mismo momento, para utilizar los recursos de todos los instrumentos europeos en el marco de un programa negociado con la autoridad competente, es decir, las autoridades regionales valonas de Bélgica, para garantizar que todas las ayudas se centren en el apoyo social y en la reestructuración, garantizando al mismo tiempo que no se concedan ayudas estatales a otras regiones? La cuarta pregunta es: ¿Qué medidas tiene previsto tomar la Comisión para garantizar que se respete la legislación social europea vigente antes de que ningún grupo tome ninguna decisión? En particular, esto implica respetar una serie de convenios colectivos. Siguiendo en la misma línea, ¿está la Comisión dispuesta, en lo que respecta al derecho de sociedades, a invocar el artículo 5 del Tratado de la CECA, en virtud del cual la Comisión tiene la misión de garantizar que la actividad social continúe, siempre que no esté amenazada la producción general a escala europea?
Señor Presidente, hoy Europea debe demostrar al resto del mundo, a través de la Comisión, su firmeza con respecto a las cuestiones comerciales y tomar la opción, en el ámbito industrial, de ser socialmente activa y reestructurar la industria de una manera útil. Finalmente, la Comisión tiene que desempeñar su papel como autoridad pública, para hacer realidad la legislación europea en materia de empleo y de derecho de sociedades. Espero con interés la respuesta de la Comisión y espero que la intervención que seguirá a las de los diputados no tenga sea de naturaleza tan general como la primera intervención del Comisario.

Ainardi (GUE/NGL).
Señor Presidente, creo que ya se está alcanzando un consenso a partir de las primeras intervenciones: la respuesta de la Comisión y su propuesta, en estos momentos, no responden a la situación.
De hecho, no se puede más que constatar y condenar el creciente número de empresas que están llevando a cabo una reestructuración, junto con programas de reestructuración y despidos de consecuencias catastróficas, por supuesto para los trabajadores, aunque también para regiones enteras que están siendo devastadas por esta causa. Muchos sectores se ven afectados por ello, particularmente el del acero.
Se dice que el contexto de una disminución del crecimiento no es favorable. Es cierto que la mayoría de las empresas utilizan el argumento de que la reestructuración y los cierres de instalaciones son necesarios para hacer frente a la competencia internacional. Sin embargo, cabe señalar el hecho de que las direcciones de las empresas adoptan un enfoque fundamentalmente financiero y no siempre un enfoque industrial, y mucho menos a la hora de definir su estrategia. Su objetivo es conseguir la máxima rentabilidad, sin preocuparse acerca de las consecuencias sociales o medioambientales. Eso conlleva a menudo que se recurra a terceros países, en los que las normas en esta materia prácticamente brillan por su ausencia.
Señor Comisario, usted ha hecho referencia a Metaleurop. Es cierto que, a pesar de que está relacionada con la metalurgia y no específicamente con la siderurgia, es un ejemplo útil: esta empresa tan contaminante va a hacer desaparecer miles de puestos de trabajo, sin asumir ninguna responsabilidad social ni medioambiental.
Sin embargo, en mi opinión, la situación plantea una pregunta más amplia: ¿Cuáles son las aspiraciones de Europa cuando está elaborando un nuevo tratado? ¿Va a aceptar la Unión Europea semejante comportamiento por parte de empresas que, no lo olvidemos, se han beneficiado en gran medida de las ayudas políticas europeas? Por supuesto, usted ha hecho referencia a la legislación vigente que hay que aplicar. No obstante, yo creo que es preciso adoptar nuevas medidas para informar a los sindicatos y comités de empresa acerca de las ayudas recibidas. También es necesario adoptar medidas que obliguen a esas empresas a explicar en qué han utilizado los préstamos concedidos y a reembolsarlos en caso de que no hayan respetado los compromisos contraídos.
Por lo que respecta a la ampliación, asunto que se ha mencionado con respecto a otra empresa, Europa necesita dotarse de más recursos a fin de promover una política industrial ambiciosa, que permita garantizar el mantenimiento y la modernización de un sector siderúrgico fuerte, que incorpore las normas sociales y medioambientales necesarias en el marco del desarrollo sostenible. Si esto no se hace, señor Comisario, no avanzaremos hacia una Unión de solidaridad, sino hacia una Unión de terribles oposiciones entre trabajadores y entre ciudadanos.
Con respecto a la gobernanza social, tenemos que continuar legislando. En mi opinión, los nuevos textos legislativos europeos necesitan ser más efectivos para obligar a las empresas establecidas en la Unión a asumir sus responsabilidades.
La Comisión y los Estados miembros tienen que adoptar una estrategia más activa, en respuesta a la reestructuración industrial y su impacto social. Creo que es también una cuestión de ética. En una Europa que pretende defender los derechos fundamentales de sus ciudadanos, ¿podemos esperar de brazos cruzados mientras echan a la calle a miles de trabajadores como si fueran simples mercancías? Es precisamente el planteamiento opuesto el que debemos promover, con el fin de que la industria en Europa reciba un nuevo impulso. Los trabajadores deben tener nuevos derechos en las empresas, a todos los niveles. Por supuesto, me estoy refiriendo a la legislación sobre los comités de empresa europeos. Sin embargo, creo que el establecimiento de la democracia dentro de los consejos de administración evitaría que muchas empresas se viesen obligadas a llevar a cabo una reestructuración o una liquidación por parte de sus direcciones, que obedecen principalmente a las presiones financieras y están lejos de responder a las demandas industriales. Por lo tanto, creo que la Unión debería obligar a las empresas implicadas a esforzarse más por tener en cuenta las propuestas alternativas de los sindicatos, antes de tomar cualquier decisión.

Flautre (Verts/ALE).
Señor Comisario, usted ha dicho que las reestructuraciones de las empresas del sector de la siderurgia, aunque también del sector de la metalurgia, vienen desde muy antiguo. Se remontan a 25 años atrás. Lo que me gustaría subrayar es la naturaleza muy distinta que tienen actualmente estos procesos de reestructuración.
Como ustedes ya saben, hace 20 años, regiones enteras fueron abandonadas y los trabajadores despedidos de sus puestos en nombre de la modernización y la productividad. Fue de veras muy doloroso, aunque existía un sentimiento de comprensión de una cierta evolución, que se consideraba, con o sin razón, necesaria, por lo que la gente se sentía abandonada, aunque comprendía más o menos por qué había sucedido.
Actualmente el problema es que eso ya no tiene sentido, es decir, que con respecto a las reestructuraciones lo que vemos que se impone es la ley del todo vale, y en particular es la ley de los accionistas la que se impone de forma repentina, injusta, arbitraria e imprevista.
Estas historias ya no tienen sentido, lo que hace que resulten deprimentes. Dicho de otro modo, la gente se rebela o se desespera totalmente. Les desespera particularmente Europa, dado que todos los procesos de reestructuración se están produciendo en el plano europeo. Así pues, estamos presenciando una especie de partida de tenis de mesa: cerrando aquí y comprando allá; en el caso de Arcelor, en Polonia. Así que todo el mundo tiene la sensación de estar compitiendo con alguien, punto que me gustaría subrayar. ¿Cómo espera que los ciudadanos confíen o apoyen en lo más mínimo a Europa, si esa Europa les parece sobre todo un campo de batalla en el ámbito de la competencia, en el que los accionistas, en ocasiones corruptos, son los que fijan las reglas de juego? ¿Podemos hablar de Glencor, el accionista corrupto, ya que hay personas en esta Cámara que prefieren que no que se mencionen nombres? ¿Podemos dejar las estrategias de desarrollo industrial y económico o miles de puestos de trabajo en manos de un accionista corrupto, que es capaz de hundir el Prestige, de comprar algunas joyas rentables de Metaleurop y de dejar una región en una situación de contaminación inaceptable? Creo que también deberíamos mencionar la terrible contaminación de las instalaciones y los graves peligros para la salud de los trabajadores, sus hijos y sus familias.
¿Quién es el responsable? ¿Quién debería pagar? ¿Son las empresas una especie de depredadores que se aprovechan bajo el dictado de los accionistas y después dejan todos los platos rotos en manos de las autoridades públicas? ¿O se armará Europa para reglamentar esto e imponer ciertas restricciones? Hay algunas cosas muy fáciles de hacer. Es fundamental que incrementemos el poder de los trabajadores a escala europea. Los trabajadores deben poder discutir y participar en las estrategias de las empresas, coordinar y lidiar sus batallas juntos.
Todos aquí hemos condenado la declaración de la Comisión por carente de ambición. Es cierto que carece de ambición y no voy a decir lo contrario. Sin embargo, Señorías, también debemos ser conscientes de que aunque la Comisión puede decir no a una fusión debido a una situación de monopolio y al incumplimiento de la ley de competencia, no puede decir no a una reestructuración que se salta a la torera la legislación en lo que respecta a la información y la consulta de los trabajadores. Ruego que se plantee esto en el debate sobre la Europa social en la Convención. Recientemente el titular de un periódico decía: «la Convención deja a un lado la Europa social». Reflexionemos acerca de ello. ¿Queremos que los ciudadanos pierdan toda esperanza en Europa? Quiero que la Comisión pueda decir no a una reestructuración que viola la legislación europea. Sin embargo, no es que la Comisión no quiera hacerlo, sino que son nuestros Estados miembros, en el Consejo, los que optan por conservar medios legales y administrativos que lo permiten o no. ¿Cómo quieren que eso funcione? Quiero que la Comisión tenga la capacidad de decir no a una reestructuración que viola los derechos de los trabajadores y que no tiene en cuenta el medio ambiente ni la reconversión de las instalaciones. En mi opinión, esto compete a la Convención.
Señorías, les invito a que ejerzan presión sobre todos los diputados de sus Grupos que participan en la Convención, todos con los que están ustedes en contacto, para que haya avances con respecto a la Europa social. De lo contrario, esa Europa será deprimente y, créanme, no recibirá el apoyo de la gente cuando sea consultada en un referéndum.

Grosch (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, la crisis de la siderurgia y, en particular, las recientes decisiones de Arcelor, no son un problema regional belga, sino un problema europeo. No es necesario que vivan ustedes cerca de unos altos hornos para que puedan sentir todo el impacto humano de las decisiones que se han tomado, la forma en que se han tomado, ni para que conozcan su impacto económico, que llegará mucho más allá de la región de Lieja y que incluso traspasará las fronteras.
Sin embargo, esto no es lo único que demuestra que el tipo de problema que se está planteando aquí no es sólo regional, sino también europeo. El problema tampoco se limita al sector del acero. Forma parte de una actitud empresarial en la que la rentabilidad financiera tiene prioridad sobre la cualificación -que era un atributo genuino-, la proximidad y, sobre todo, sobre el respeto de los compromisos alcanzados con respecto al desarrollo sostenible de las regiones de Europa. Debido a ello, si respondemos a esto con declaraciones relativamente suaves, confirmaremos nuestra incapacidad, por una parte, para garantizar el cumplimiento de la legislación social básica y, por otra, para controlar e incluso prevenir el uso de fondos públicos para crear puestos de trabajo baratos en detrimento de los puestos de calidad, necesariamente más caros.
La acción que podemos emprender hoy implica ejercer el derecho a controlar el uso de los fondos públicos, más allá de las promesas y declaraciones. Sin embargo, actualmente parece que los recursos que tenemos son, en mi opinión, insuficientes. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestras aspiraciones para la Europa del mañana? Dado que nos aproximamos a la ampliación, es esencial que definamos las normas sociales que el mercado nunca definirá por sí mismo, si queremos prevenir una competencia injusta y suicida entre las regiones de Europa. No debemos olvidar que las normas financieras, que están actualmente ayudando a empobrecer a unas regiones en beneficio de otras, en el futuro empobrecerán a Europa en beneficio de otras regiones del mundo.
Por lo tanto, este debate trata sobre el futuro social, pero también sobre el futuro económico de Europa. Los gobiernos y parlamentos nacionales, pero también la Comisión, necesitan dotarse urgentemente de las herramientas efectivas para gestionar tanto una Europa económica como una Europa social. Ejercer el derecho a legislar con el fin de conseguir una mejor gestión del futuro no es una cuestión de capacidad, sino una cuestión de voluntad política. Lo que tenemos que hacer primero es dejar atrás el fatalismo de la liberalización y ciertos egoísmos regionales y nacionales, confiando a Europa lo que se gestionará mejor a ese nivel, para que podamos tener una economía fuerte, pero también una calidad del empleo digna del modelo social del que siempre estamos hablando.

De Keyser (PSE).
Señor Presidente, señor Comisario, de izquierda a derecha en esta Cámara hay consenso y esta vez no es un consenso débil, sino una señal verdaderamente sólida dirigida a la Comisión. Pronto se adoptará una resolución sobre el sector siderúrgico. Estamos totalmente a favor.
Sin embargo, dicho esto, permítanme, al margen de la resolución, como socialista de Lieja que vive cerca de las primeras instalaciones que se vieron afectadas por la reestructuración de Arcelor, expresar mi indignación. Actualmente todos estamos sufriendo, como ya se ha dicho, debido a la ausencia de un marco regulador que nos permita enfrentarnos a las acciones ultraliberales de las multinacionales. Soy consciente de que esta frase puede hacer gracia a muchos, pero la mantengo. No podemos seguir tolerando decisiones basadas en consideraciones puramente financieras que pueden borrar del mapa una región de un plumazo, sin tener en cuenta a las familias que viven en ella, a los trabajadores que la han construido y a los niños que crecerán allí. Hoy hablamos de Lieja, pero después vendrán Florencia, Bremen, EKO Stahl; hoy es el sector siderúrgico, pero el siguiente podría ser el de alta tecnología. No hay fin para este fenómeno arbitrario.
Señor Comisario, usted nos ha presentado a Arcelor como el estudiante modelo de Europa. En mi opinión, esta empresa siderúrgica internacional está haciendo algo terrible, algo odioso y ridículo al mismo tiempo. No contenta con abandonar sus compromisos con Cockerill -desarrollo de la innovación tecnológica, renovación de las herramientas, promoción del empleo-, Arcelor blande amenazas. Sus directivos anuncian que la racionalización debe continuar, porque de lo contrario podrían cerrar antes o incluso inmediatamente. De esta forma, los cierres patronales del capitalismo del siglo XIX están resurgiendo de repente, de boca de sus directivos. Por otra parte, al mismo tiempo que anuncia la muerte de sus instalaciones europeas de producción en caliente, el grupo Arcelor intenta adquirir ahora empresas polacas, pero sobre todo invierte masivamente en la industria siderúrgica continental de producción en caliente de Brasil. Eso es lo indignante, señor Comisario.
Lo ridículo es la imagen que Arcelor ofrece en su sitio web: una empresa, y cito textualmente sin reírme, «sensible a los problemas sociales y que, consciente de su papel en la Comunidad, apoya y patrocina la ciencia, la medicina, los deportes y las artes». Desafortunadamente hoy no estamos hablando de patrocinios, arte ni deportes, sino del futuro de una región. Y a este respecto, Arcelor se considera una garantía. Promete un plan de reestructuración y jubilaciones anticipadas. Pero, ¿a quién pretende engañar? Porque aparte de los 1 700 trabajadores directamente afectados, que por lo tanto se benefician de un programa de reestructuración, ¿qué sucederá con los 5 000 ó 7 000 subcontratistas y proveedores que se quedarán sin trabajo?
Señor Comisario, por último, facilítenos los medios para apoyar políticas europeas coherentes e integradas, que lleven el marchamo de la economía, sin duda, pero también que sean socialmente convincentes. Pido al Consejo y a la Comisión que elaboren finalmente un marco regulador que nos permita evitar que las todopoderosas consideraciones financieras destrocen la alianza entre Europa y sus ciudadanos. Dado que esa alianza es frágil, ¿de qué nos sirve que Europa sea una potencia económica si, como el ogro del cuento, va a comerse a sus niños?
El Presidente.
 La Sra. Boogerd-Quaak tiene la palabra y quiero aprovechar la ocasión para darle la bienvenida de nuevo a esta Cámara.

Boogerd-Quaak (ELDR).
Señor Presidente, Señorías, quizá parezca extraño que alguien que no vive en la zona afectada pueda estar interesado en este problema. Sin embargo, en el Grupo ELDR hemos mantenido un extenso debate acerca de la capacidad de esta industria para competir y, en particular, acerca de las reglas de juego equitativas por las que se supone que se rige este sector. Así pues, me he sentido un poco decepcionada por su declaración acerca de lo que la Unión Europea podía hacer. Después de todo, debemos ser conscientes de que las reglas de juego equitativas no han existido siempre en toda Europa -ni mucho menos- y que, de hecho, siguen sin existir en algunos lugares. En particular, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE siguen ofreciendo grandes oportunidades.
Para las gentes de la región, si hablamos acerca de este sector que ahora sufre dificultades, o de otras regiones, sería muy importante que se hiciera un gran esfuerzo en el ámbito de la innovación y la investigación. En Europa tenemos fondos que nos pueden ser útiles. No se trata de que la Comisión sea incapaz de hacer nada en absoluto. Quisiera recordarles que cuando la Unión Europea se percató de que nos habíamos quedado rezagados en el ámbito de la sociedad de la información, su predecesor, el Sr. Bangemann, creó una plataforma para animar a los Estados miembros a recuperar terreno. Tampoco en este sector -en vista de nuestra inminente ampliación para incluir a la Europa del Este- deberíamos decir que las empresas no deben cambiar de ubicación; deberíamos decir que tenemos que intentar mantener el control sobre la innovación, y esto significa que los fondos de investigación pueden, sin duda, desempeñar una función y que la Comisión Europea también puede ser una fuente de motivación. 
Finalmente, me gustaría llamar su atención sobre los fondos sociales europeos. Me parece lógico que cuando existe una buena carta social y cuando las empresas también hacen esfuerzos, deberían aportarse fondos adicionales a través del Fondo Social Europeo, de forma que si los despidos resultan verdaderamente inevitables, se ofrezca a las personas una perspectiva de futuro a través del reciclaje, y que no sean abandonadas a su suerte. La cuestión a la que nos enfrentaremos en el futuro es si podemos trabajar juntos para dar a Europa un aspecto diferente del que los Estados Unidos ofrecen actualmente al mundo. Estoy totalmente a favor de una Europa liberal, pero debe ser una Europa social liberal. También considero que su intervención da una indicación muy vaga de los incentivos que podrían existir, tanto en el plano europeo como nacional.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, los cierres de las fábricas previstos por Arcelor son un escándalo. Este grupo, que es el más poderoso del sector siderúrgico de todo el mundo y que se está hundiendo en sus beneficios, anuncia fríamente que va a cerrar un total de seis acerías en Bélgica, Alemania y Francia, despidiendo a miles de trabajadores, condenando a sus familias a la pobreza y devastando regiones enteras.
El hecho de que semejante decisión sea tomada en secreto por un consejo de administración, obedeciendo a las exigencias de unos cuantos accionistas, demuestra hasta qué punto el sistema que defienden ustedes es una dictadura del dinero. El hecho de que esto pueda suceder sin provocar siquiera una reacción de las autoridades políticas, aparte de unas cuantas quejas hipócritas, demuestra hasta qué punto los trabajadores no pueden contar con las autoridades para que los defiendan.
Se nos dice que la reestructuración periódica es inevitable en la industria, pero ¿por qué son siempre los trabajadores los que tienen que pagar por esa reestructuración y nunca los accionistas o los propietarios de las empresas?
Sé que el problema no se limita al sector siderúrgico. En estos momentos, en Francia, la compañía aérea Air Lib también va a echar la llave y a despedir a 3 200 personas. Air Lib no se dedica al acero, aunque detrás de ella, hace dos años, se encontraba el mismo grupo financiero, Marine Wendel, que hizo una gran fortuna gracias al sudor y al dolor -si no a la sangre- de generaciones de trabajadores, trabajadores de la siderurgia. Son los accionistas del grupo y su cabecilla, el barón Selliére, de la patronal francesa Medef, los responsables del hundimiento de Air Lib, dado que retiraron su capital.
Este es el motivo por el que digo a los trabajadores, tanto de la siderurgia como de las líneas aéreas, y a todos aquellos que están sufriendo despidos masivos en toda Europa, que tenemos que luchar para establecer un equilibrio de poder que permita a los trabajadores imponer una prohibición sobre los despidos masivos, bajo pena de expropiación. Tenemos que recurrir a los beneficios de la empresa o, si es preciso, a las fortunas personales de sus propietarios y accionistas, para pagar los salarios de todos los trabajadores afectados por la reestructuración.

Zrihen (PSE).
Señor Comisario, Señorías, yo también considero angustiosa la respuesta del Comisario. He tenido la impresión de estar comprobando la lista de contenido de un kit de primeros auxilios cuando se ha producido un accidente y, por supuesto, creemos que es inevitable. Sin embargo, no deberíamos esconder la cabeza bajo la arena, porque nos enfrentamos a un perfecto ejemplo de globalización desregulada.
Cuando en marzo de 2002 -hace prácticamente un año, así que pronto será el aniversario- la medida proteccionista del sector siderúrgico norteamericano se justificó por la voluntad de proteger a su siderurgia nacional frente a la supuesta invasión de productos de bajo coste, Europa decidió, a través del Sr. Lamy y de la Comisión, tomar represalias. El Comisario Lamy nos dijo entonces, ante esta Asamblea, que la Unión Europea tenía la intención de defender sus industrias y sus puestos de trabajo, tomando todas las medidas disponibles. El Sr. Lamy también afirmó que estas medidas de defensa se producirían dentro del estricto marco de los compromisos internacionales de la Unión, concretamente de la Organización Mundial del Comercio. En el mismo discurso, el Sr. Lamy calificó nuestro sector siderúrgico de reestructurado, productivo, fuerte y competitivo, añadiendo que admitía que habíamos pagado un precio social y financiero muy elevado entre 1980 y 1990, pero que ahora podíamos estar orgullosos porque el resultado general era positivo y, en particular, porque ya no teníamos que temer al futuro. Más o menos en la misma época, visitó la fábrica de Sidmar de Gand, una unidad de producción que pertenece al grupo Arcelor, la misma empresa que ahora echa a la calle a miles de trabajadores y condena a toda una región a la desesperación.
Nadie se planteaba que Europa pudiese convertirse en una especie de salvaje oeste, donde cada uno podría hacer lo que quisiera y los más fuertes vencerían inevitablemente sobre los más débiles. La Comisión reconoció que la ausencia de un marco legal dejaba el campo abierto a las luchas de poder y por este motivo reaccionamos cumpliendo las normas y la legislación. Ahora nos enfrentamos a un comercio mundial desorganizado, en el que Arcelor no esperó a la regulación del mercado, porque, de hecho, es de eso de lo que se trata. El proteccionismo norteamericano tiene consecuencias para todos nosotros, lo que llevó a Arcelor a imponer la regulación del mercado, es decir, de acuerdo con sus propios criterios, con la intención de tranquilizar a sus accionistas, que estaban ansiosos por obtener elevados márgenes de beneficios.
En el plano europeo, nos estamos convirtiendo por lo tanto en un verdadero salvaje oeste, en términos sociales. Cada día, las multinacionales -y no me refiero a las grandes empresas que consideran a los trabajadores y a las pequeñas empresas como simples pañuelos desechables que se pueden tirar a la basura una vez que han cumplido su propósito- deciden realizar despidos y cerrar fábricas, para abrir otras en otros lugares. Obligan a los sistemas sociales nacionales a competir entre ellos y llevan a los países a restringir los derechos de los trabajadores. Por otra parte, estas empresas reciben subsidios y, en ocasiones, incluso privilegios. No respetan sus compromisos y buscan todos los pretextos posibles, incluso los que todavía se pueden encontrar en el sistema de ampliación. El arsenal legislativo de la Unión Europea en materia social resulta claramente insuficiente y todavía hay líderes políticos europeos, en particular en la Convención, que afirman que la Unión Europea no debe intervenir en cuestiones de política social.
Hoy es Arcelor, ayer fue Renault Vilvoorde, estos son ejemplos que nos han llevado a luchar, en esta Cámara, y a decir que Europa debe ser una Europa social o nada en absoluto. En cualquier caso, ciertamente no podemos continuar infringiendo los derechos de los trabajadores como lo estamos haciendo. Resulta fundamental garantizar que las empresas asuman sus responsabilidades sociales de forma totalmente voluntaria. Para ello, necesitamos varios compromisos. Europa es propensa a señalar las normas de una política industrial ambiciosa: ¿cómo podemos seguir siendo competitivos en los sectores de producción tradicionales, como el de la siderurgia, las telecomunicaciones, el gas y la electricidad? Esta Europa podría entonces, sin ningún problema, presenciar en silencio los procesos de reestructuración y los cierres y nosotros, en esta Cámara, los diputados electos del Parlamento que representamos a los trabajadores y a los pueblos, lo aceptaríamos cruzados de brazos, abriendo el kit de primeros auxilios y preguntándonos cómo llamar a la Cruz Roja.
Lo que está sucediendo en el sector siderúrgico podría haberse previsto. Parece que la Comisión acaba de darse cuenta de ello y nosotros podríamos sorprendernos. Lo que quiero decir, en conclusión, señor Presidente, es que si el proceso de integración europea se concibió dentro de la CECA, cuyas obligaciones ya han sido recordadas, y si no queremos decir a los ciudadanos una vez más que esta Europa no es para ellos y que es la Europa del dinero, creo que deberíamos desarrollar un modelo de intervención específico, adaptado al problema de la siderurgia.

Byrne
Señor Presidente, he escuchado con gran atención e interés este crucial debate. Uno no puede evitar conmoverse con la fortaleza y la pasión con la que los diputados han expresado sus opiniones sobre esta desafortunada cuestión. Durante el debate se han desarrollado varias ideas interesantes y la Comisión las estudiará todas muy atentamente.
La mayoría de los puntos planteados han sido abordados en mis comentarios iniciales, por lo que ahora no entraré en más detalles. Permítanme destacar de nuevo el principio básico conforme al cual las decisiones sobre la reestructuración empresarial son una prerrogativa de la dirección, pero también su responsabilidad.
En Europa parece existir un amplio consenso sobre el modo en que deben abordarse las crisis derivadas de la necesidad de adaptación de las empresas, del cambio industrial y de la reestructuración empresarial. Permítanme reafirmar de nuevo la importancia de la información eficaz, puntual y completa y la consulta con los representantes de los trabajadores.
Sin embargo, ustedes han expresado otro tipo de preocupaciones respecto a los cuales me gustaría manifestarles la opinión preliminar de la Comisión. Antes de eso, me gustaría retomar uno o dos puntos planteados. Se han hecho referencias, por ejemplo, a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, y me han preguntado si los artículos 3 y 5 tienen alguna aplicación en estas circunstancias. Parece ser que los artículos 3 y 5 ya no son aplicables debido a que la CECA ha dejado de funcionar. De hecho tampoco son posibles las ayudas estatales. Todos lo sabemos. No existe competencia a nivel de la UE para tratar muchas de las cuestiones que han planteado Sus Señorías aquí esta tarde.
Sólo puedo mencionar lo dicho por la Sra. Zrihen en su intervención hace unos minutos, cuando comentó que el arsenal legislativo es insuficiente. De eso se trata en realidad. No hay mucho que pueda hacerse en muchas circunstancias con relación a algunas de las cuestiones que ustedes han planteado por lo que ha expresado la Sra. Zrihen.
A continuación trataré algunos de los temas planteados por ustedes. En primer lugar, en cuanto a la disputa comercial en el sector siderúrgico entre los Estados Unidos y la UE, la Comisión sigue una línea muy activa con respecto a las medidas unilaterales adoptadas por los Estados Unidos para proteger su industria siderúrgica. Estas medidas defensivas incluyen, además de contactos bilaterales intensos con vistas a resolver el conflicto, represalias y el uso del mecanismo de resolución de disputas de la OMC. Mi colega, el Comisario Lamy, se dedica intensamente a esta cuestión en concreto.
Otra cuestión planteada en el debate es la que tiene que ver con la ampliación. Para la industria siderúrgica, al igual que para muchas otras, la ampliación es principalmente una oportunidad para que pueda desarrollar su negocio en su propio interés y en el de sus trabajadores. Existen cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas en los nuevos Estados miembros, especialmente en el terreno social y medioambiental. Sin embargo, estas cuestiones se están tratando mediante asistencia técnica para ayudar a sus industrias a que se adapten, además de la garantía de que dichos nuevos miembros tendrán que cumplir la correspondiente legislación comunitaria a partir de la fecha de adhesión.
Varios diputados han hecho referencia a los Fondos Sociales y a otros, y en concreto al uso libre de los fondos comunitarios, especialmente el Fondo Social Europeo, para prestar apoyo a la formación y la reconversión profesional de los trabajadores afectados por la reestructuración.
Me gustaría comentar algo al respecto. Tras la expiración del Tratado de la CECA, la única posibilidad recae en el Fondo Social Europeo y en las intervenciones de los Fondos estructurales. La principal meta a largo plazo debe ser la reconversión de las actividades industriales locales. Esto tendrá un efecto mucho mayor sobre las regiones que dirigen la ayuda social a los empleados, aunque pueden considerarse algunas medidas transitorias. Deberíamos recordar que la ayuda para el rescate y la reestructuración de empresas en dificultades sigue estando prohibida, en principio, para la industria siderúrgica, al igual que cualquier ayuda a la inversión. Las mismas normas se aplican a los países que solicitan la adhesión y con respecto a la nueva ayuda.
También se ha señalado la posibilidad de condicionar la ayuda pública al mantenimiento del empleo. En términos generales, la ayuda pública a las empresas ya está sujeta a este tipo de condiciones. Varios de los instrumentos existentes asocian específicamente la obtención de fondos de ayuda estatal a la obligación de mantener los empleos durante un período mínimo. Las directrices sobre la ayuda nacional regional especifican que la ayuda a la creación de empleos debe condicionarse a que se mantengan los empleos creados durante un período mínimo de cinco años. De igual modo, la normativa de la Comisión sobre la ayuda estatal al empleo contiene disposiciones que estipulan que dicha ayuda solamente puede concederse si el empleo se mantiene durante un período mínimo de tres años, o dos años en el caso de las PYME. También debería garantizar un empleo continuo a los trabajadores en el caso de la ayuda a la contratación de trabajadores desfavorecidos o minusválidos.
Las normativas de los Fondos estructurales no contemplan condiciones similares, pero es obvio que en la medida en que estos se utilizan para cofinanciar los programas de ayuda estatales, deberán respetarse las correspondientes obligaciones de mantener contratadas a las personas durante un período de tiempo mínimo.
Se ha hecho referencia a las presuntas ambiciones de una de las empresas implicadas de practicar adquisiciones en Polonia. La posible adquisición por parte de Arcelor de determinadas fábricas en Polonia u otros países sería objeto de estudio por parte de la Comisión, conforme al Reglamento 4064/89 sobre el control de concentraciones de empresas. La Comisión destaca que solamente permite las concentraciones que sean compatibles con el mercado común. En su evaluación, la Comisión sólo llega a una conclusión sobre los aspectos competitivos, sin intervenir en la política industrial de una empresa privada. También me gustaría decir que la Comisión no tiene información relativa a que dichos planes de adquisición por parte de esa empresa hayan tenido éxito.
Por último, el cambio industrial tiene implicaciones económicas y un efecto sobre el empleo y la cohesión social. Sin embargo, también ofrece oportunidades cuando se prevén, se adoptan los preparativos pertinentes y se gestionan. El diálogo, la transparencia, la debida implicación de los trabajadores, la previsión, la prevención de riesgos y el desarrollo de la empleabilidad son los factores clave de nuestra respuesta europea a este fenómeno. Hagamos todo lo que podamos por construir los instrumentos de naturaleza legislativa o de otro tipo que permitan promover estos principios.

El Presidente.
Gracias, señor Comisario.
Para concluir este debate, he recibido cuatro propuestas de resolución.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho.
Tiene la palabra el Sr. Ribeiro e Castro sobre la observancia del Reglamento.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, tengo una solicitud de mi colega, el Sr. António Mussa, que es presidente interino de la Delegación del Parlamento para Kazajstán y los países de la región, de que se posponga a otro momento la votación sobre esta propuesta. A la Delegación parlamentaria le sorprendió que se sometiera a consideración esta propuesta. La situación en la región es aparentemente bastante delicada. La Delegación la ha seguido de cerca y los diputados, especialmente el presidente de la Delegación, hubieran preferido tener la oportunidad de estudiar la propuesta.
Le ruego me perdone, señor Presidente, debería haber consultado el Reglamento; se han hecho enmiendas y no estoy totalmente seguro si mi petición se ajusta al procedimiento, pero presento la solicitud de un colega que es presidente de una Delegación parlamentaria y someto la cuestión a la decisión de la Mesa y de la Cámara.

El Presidente.
 Señor Ribeiro e Castro, comprendo perfectamente la solicitud formulada por el presidente de su Delegación. Sin embargo, debo garantizar el cumplimiento del Reglamento, que indica en el artículo 146 que la intención de solicitar el aplazamiento de un debate se notificará al Presidente con veinticuatro horas de antelación como mínimo, y que éste informará inmediatamente al Parlamento. 
Dado que esta solicitud no nos llegó dentro del plazo señalado, el voto se realizará por lo tanto inmediatamente después del debate, conforme a las disposiciones de nuestro Reglamento. Espero que sea consciente de que entiendo su petición, pero me veo obligado a aplicar las normas de nuestra institución.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre las siguientes seis propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Kazajstán y Asia Central:
B5-0135/2003, del Sr. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo del PSE, acerca de la situación en Kazajstán;
B5-0136/2003, de la Sra. Morgantini y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la violación de los derechos humanos en Kazajstán y Asia Central;
B5-0143/2003, del Sr. Maat y otros, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la violación de los derechos humanos en Kazajstán y Asia Central;
B5-0144/2003, del Sr. Staes y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Kazajstán;
B5-0147/2003, del Sr. Di Pietro, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la situación en Kazajstán;
B5-0152/2003, del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación Kazajstán.

Bordes (GUE/NGL).
Señor Presidente, tanto Kazajstán como Tayikistán son regímenes autoritarios o dictaduras, en donde se burlan abiertamente de las libertades fundamentales, la actividad política está suprimida y todavía existe la tortura. Por supuesto, apoyamos los llamamientos al respeto de los derechos democráticos y las libertades en estos dos países y condenamos las ejecuciones que siguen llevándose a cabo en Tayikistán. Sin embargo, conviene destacar que la falta de respeto de los derechos humanos por parte del régimen kazako, que el Parlamento Europeo se dispone a condenar, no preocupa en absoluto a los grandes grupos petroleros. Estos grupos se disputan con miles de millones de dólares -13 000 millones, más que en Rusia- las reservas energéticas kazakas, que son considerables. Tampoco preocupa a los grupos constructores, incluido Bouygues, que han ganado enormes cantidades de dinero con la construcción de la nueva capital, Astana.
Esto significa que estos grupos, que figuran entre los grandes pilares del capitalismo en los denominados países democráticos occidentales, son también los pilares de la dictadura, tanto en Asia Central como en Oriente Próximo o en cualquier otro lugar.

Maat (PPE-DE).
Señor Presidente, lamento que volvamos a debatir sobre Kazajstán, especialmente porque es un país fantástico con ciudadanos estupendos y quizás incluso excelentes oportunidades si se considera su economía y el hecho de que se ha construido una joven democracia. Sin embargo, esto nos otorga a la Unión Europea una responsabilidad, en nuestra cooperación con Kazajstán, de hablar de las posiciones de unos y otros como buenos amigos, y esto constituye ahora un motivo de preocupación. Nuestra inquietud se refiere al desarrollo de la democracia y la creciente restricción de la libertad de prensa. Les mencionaré el ejemplo de Serguei Duvanov, un periodista que fue detenido después de publicar varios artículos críticos; se le acusó también de ofensa con motivos bastante dudosos y no tuvo un juicio público como es debido. Existen por lo tanto algunos ejemplos de intimidación.
El segundo punto importante consiste en que, de hecho, es cada vez más difícil formar partidos políticos y establecer organizaciones sociales en ese país, dado que cada vez son más estrictos los requisitos impuestos y lo que está sucediendo gradualmente es que estas organizaciones solamente pueden existir si pueden demostrar que realmente tienen decenas de miles de miembros en cada región. Esto no favorece el desarrollo de un Estado constitucional democrático. Dados los acuerdos de cooperación que hemos firmado, nosotros, la Unión Europea, somos en parte responsables de nuestras relaciones con Kazajstán. Este punto en concreto nos preocupa, pero también nos hace más responsables de la aplicación de los acuerdos y del desarrollo ulterior de Kazajstán. Por este motivo le pido a la Comisión y al Consejo de forma muy explícita que preste atención a la situación basándose en estos acuerdos de cooperación y que se ponga en contacto con el Presidente Nazarbayev y el Gobierno de Kazajstán con vistas a encontrar un modo, como verdaderos amigos, de mejorar el desarrollo de la democracia y prestar más atención a los derechos humanos. Los verdaderos amigos se dicen la verdad; debemos poder hacer esto en esta relación. Espero que la Comisión y el Consejo se propongan realmente desempeñar este papel sobre la base de los tratados que hemos firmado.

Isler Béguin (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Comisario, a diferencia del Sr. Maat, nos complace que hoy, mediante esta resolución, el Parlamento Europeo se acuerde de Kazajstán y, por esta vía, de Asia Central.
Aunque es cierto que determinadas regiones del mundo llaman la atención de la Unión Europea, este enorme y frágil subcontinente, actualmente en transición, desgarrado entre Rusia y China, demasiado a menudo escapa a nuestra vigilancia y a nuestras exigencias. Estos países están lejos de la vista de la Unión, y por lo tanto lejos de su control. Sin embargo, las señales que provienen de Kazajstán recuerdan más a la vuelta a los métodos soviéticos que a una transición hacia el Estado de derecho, la democracia y un sistema que respeta los derechos humanos.
¿Cómo podemos interpretar estos casos de intimidación y persecución de periodistas y de la oposición? ¿Cuál es el precedente histórico de estos juicios establecidos o arbitrarios que han sufrido recientemente personas como la Sra. Petrushova, el Sr. Abbyazov y el Sr. Zhakiyanov? El hecho de que estos fenómenos son cada vez más frecuentes, ¿no implica una vuelta al régimen autoritario anterior en lugar de reflejar los altibajos inevitables de una transición hacia la democracia?
Más de una década después del colapso de la URSS, este tipo de desventuras y pretextos no pueden tolerarse. Aunque todavía existen reservas con respecto a la vigilancia de la Unión Europea relativa a las repúblicas de Asia Central durante los últimos años, la Unión debe mostrar ahora verdadera firmeza con el fin de promover sus principios y sus valores en esta región del mundo. El día de mañana, algunas antiguas repúblicas soviéticas se incorporarán a nuestra Unión. La Unión ya está concentrando hoy una fuerza económica e industrial clave en Europa y en el mundo. Debe utilizar esto como una palanca política para demoler los regímenes no democráticos de estos terceros países que tanto desean recibir inversión comunitaria.
Está claro que tenemos formas de presionar a Kazajstán, a los países de esta región de Asia Central que, en la era de la globalización y la ampliación de la Unión Europea, ya no están, y no deben volver a estar, fuera de nuestros horizontes. Tenemos el poder -y es nuestro deber- de hacer que la situación en Kazajstán se ajuste a los tratados y acuerdos internacionales y en particular al acuerdo de asociación y cooperación entre la Unión Europea y Kazajstán.
Quiero romper una lanza a favor del periodista kazajo Serguei Duvanov ante esta institución, como ya se hizo aquí con el profesor Baudajevski de Belarús o del Sr. Chbih Ould Cheikh Malainine de Mauritania. Quisiera que la Unión Europea evaluase los avances políticos y de derechos humanos en Kazajstán.

Belder (EDD).
Señor Presidente, en el considerando C de la presente propuesta de resolución, esta Asamblea solicita también que se preste atención a la intimidación y la persecución cada vez mayores contra las minorías religiosas en Kazajstán. Esto está totalmente justificado, dado que el Stichting Friedensstimme Nederland incluso menciona una desafortunada tendencia que se ha desarrollado durante los últimos dieciocho meses. Desde el país se describe el aumento de las agresiones por parte del Gobierno y los políticos, que van de la mano del desbaratamiento de actos de culto cristianos, que recuerdan al trato discriminatorio de la era comunista.
Dos comunidades baptistas no registradas fueron atacadas a principios de mes. El sábado, 1 de febrero, la policía asaltó brutalmente un centro de oración en el municipio de Yevgenyevka, situado en el noreste de Kazajstán. Luego hubo confiscaciones y destrozos, decomisando hasta las posesiones personales del pastor, a pesar de que la constitución de Kazajstán no prohibe explícitamente las agrupaciones religiosas no registradas, sin mencionar siquiera la multa oficial solapada impuesta a la misma comunidad el año pasado.
Un día después, el domingo, 2 de febrero, un agente de policía acompañado por un colega y dos «testigos» borrachos perturbaron el desarrollo del servicio matinal de la comunidad baptista no registrada de Leninogorsk.
Solicito a la Comisión y al Consejo que llamen la atención de las autoridades de Kazajstán sobre estos abusos y les insten a que mejoren la situación de las minorías cristianas en la sociedad de dicho país.

Ford (PSE).
Señor Presidente, quiero pedir disculpas a mis colegas en este debate por no prever que éste se aplazaría. Esperaba que comenzase a las 16.30 horas.
Tuve la oportunidad de visitar brevemente Kazajistán y Kirguizistán con la Delegación de Asia Central a finales de septiembre y principios de octubre de 2002. Debo decir que todos los indicios apuntan a que existe un peligro de que Kazajistán caiga en el autoritarismo. Cada vez es mayor la intimidación y la persecución de la prensa. Es conocido el caso del Sr. Duvanov, sentenciado a tres años y medio de prisión, caso que ya se ha mencionado. El caso de Irina Petrushova con el semanario Respublika, sentenciada a un año y medio de prisión, es otro ejemplo. Y existen varios casos penales nuevos.
Una nueva ley sobre la creación de partidos de la oposición requiere la firma de 50 000 ciudadanos antes de poder registrarse. Muchos de nuestros partidos de la Unión Europea no podrían registrar ese nivel de apoyo. Por supuesto, existe la presión cada vez mayor sobre la oposición. 
Todavía tenemos problemas con respecto a la legislación, especialmente el hecho de que el crimen y la práctica de la tortura todavía existen y no hay una definición clara de qué se considera tortura. Es obvio que queremos un diálogo en Kazajistán entre el Gobierno y la oposición; queremos que respeten la legislación internacional. Entretanto, solicitamos al Consejo y a la Comisión que plantee estas cuestiones con firmeza en la próxima reunión entre el Consejo, la Comisión y el Gobierno de Kazajistán.

Bowis (PPE-DE).
Señor Presidente, puedo asegurarle que no hemos cambiado los cargos de la Delegación de Asia Central. Yo todavía soy vicepresidente, el Sr. Di Pietro es todavía presidente y el Sr. Koukiadis sigue siendo también vicepresidente. El Sr. Mussa tuvo la amabilidad de sustituirnos en una reunión celebrada ayer. Celebramos el diálogo genuino que mantenemos con el Gobierno kazajo, el parlamento, la oposición y la comunidad más amplia.
Kazajistán se halla en camino de pasar de ser una república soviética a un Estado independiente y democrático. Nuestra labor es ayudar a que se mantenga firme en ese camino. Cuentan con nuestro apoyo y simpatía para abordar los numerosos problemas a que se enfrentan: contaminantes, langostas y el sida, por mencionar tres. Comprendemos cuánto ha avanzado ya Kazajistán hacia la democracia y los derechos humanos. Entienden nuestra necesidad de manifestar nuestras preocupaciones cuando surgen y cuando nos las plantean. En cierta medida, la presentación de esta propuesta ya ha suscitado algunas respuestas. Por ejemplo, el sistema del Defensor del Pueblo podría ampliarse. Quizás la Unión Europea podría ayudarles a hacerlo. Pero por lo menos es el primer sistema de Defensor del Pueblo en un país de la CEI.
Las minorías religiosas han sido perseguidas por el Gobierno, pero me complace oír ahora que el presidente lo ha vetado. El juicio contra el Sr. Duvanov se ha realizado a puerta cerrada, lo cual no es del todo satisfactorio. Las embajadas estadounidense y neerlandesa pueden haber estado representadas, pero ¿por qué no los grupos de derechos humanos kazajos? Ahora se ha establecido el Consejo de los Partidos de la Oposición, aunque uno de los principales partidos de la oposición no está representado en el mismo. Necesitamos saber más sobre la ley presidencial del 19 de enero sobre los partidos políticos. Ésta inhibe la capacidad de algunos movimientos de la oposición para actuar legalmente en el país.
Kazajistán no debe resbalar en su camino. Estamos observando, escuchando y apoyando. Hay que plantear las preocupaciones que tenemos en esta propuesta de resolución. Necesitamos pedir a la Delegación de Asia Central del Parlamento que las incluya en nuestro orden del día para las discusiones del AAC que pronto tendremos con los representantes de Kazajistán y posteriormente informe al Parlamento.

Byrne
Señor Presidente, en los últimos años las condiciones democráticas de muchos de los países de Asia Central se han deteriorado. Sin embargo, la Comisión entiende por qué la atención del Parlamento en este debate se centra en Kazajistán.
Una vez considerado uno de los países «esperanzadores» de la región, los últimos dos años ha registrado una ofensiva contra la oposición política y los medios de comunicación críticos. Aquellos que tuvieron el valor de criticar la corrupción al más alto nivel, implicando al Presidente y a su familia, han sido los más afectados. La Comisión está de acuerdo en que las acusaciones de corrupción contra el Sr. Ablyazov y el Sr. Zhakianov, los dos líderes del movimiento de la oposición Opción Democrática de Kazajistán, tenían todo el aspecto de estar motivados políticamente. La Comisión ha considerado además con gran preocupación la campaña de intimidación que se ha realizado en contra de un gran número de medios críticos en Kazajistán. Esto ha incluido el ataque con bombas incendiarias a oficinas, el destrozo de equipos de emisión con una ametralladora, un perro decapitado clavado a la puerta de las oficinas de un periódico y ataques físicos contra periodistas individuales. Los autores de estos delitos nunca han sido detenidos y muchos casos simplemente se han sobreseído. Por otra parte, varios periódicos han sido sometidos a procesos judiciales, continuas visitas de inspectores fiscales y de seguridad y duras multas, que en varios casos comportaron el cierre.
La Comisión está también de acuerdo en que el reciente proceso judicial contra el Sr. Duvanov por violación registró graves irregularidades. Por lo tanto, creemos firmemente que debería revisarse el juicio.
Es en este contexto en el que las recientes declaraciones del Presidente Nazarbaev, relativas a que Kazajistán buscará su propio camino hacia la democratización -que concluirá en 2030- y a que las normas occidentales no deberían aplicarse automáticamente a Kazajistán, deberían considerarse con la debida precaución. El Presidente Prodi destacó nuestra gran preocupación en torno al reciente proceso democrático de Kazajistán durante la visita del Presidente a Bruselas el 29 de noviembre de 2002.
Por otra parte, es importante tener en cuenta también una serie de avances positivos en Kazajistán. Las cárceles han sido transferidas del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, y esperamos que las instalaciones de detención preventiva también lo sean pronto. Se ha aprobado una ley sobre la humanización de las condiciones de las cárceles y parece que se hace un serio esfuerzo por aplicar la reforma carcelaria. Kazajistán, al igual que otros países de Asia Central, también ha establecido la figura de Defensor del Pueblo para los derechos humanos, aunque todavía queda mucho por hacer en lo que respecta al refuerzo de sus mandatos y sus medios. Mediante un decreto presidencial del 29 de diciembre de 2002 se aprobó un «Consejo permanente» para una mayor democratización y desarrollo de la sociedad civil. Cabe esperar que se apliquen sus recomendaciones, por ejemplo las recogidas en la Ley de partidos políticos.
La Comisión observa que la resolución del Parlamento se centra solamente en Kazajistán. Sin embargo, considera que el tema de los derechos humanos en Kazajistán debe considerarse en su contexto regional. No puede negarse que ha habido una ofensiva contra los medios de comunicación no gubernamentales y la oposición en Kazajistán. Pero la Comisión no considera que la situación de la democracia y los derechos humanos en este país, así como en Kirguizistán o Tayikistán, no pueda mejorarse. Consideramos que la UE puede seguir influyendo en las condiciones democráticas en estos países a través del diálogo crítico, aunque constructivo, conforme a los Acuerdos de asociación y cooperación.
Nos preocupan más Uzbekistán y Turkmenistán, países sobre los que la resolución del Parlamento no dice nada. Uzbekistán no tiene prensa independiente, mientras que Turkmenistán no tiene absolutamente ninguna prensa digna de este nombre. En estos dos países no existen partidos de la oposición. Kazajistán y Kirguizistán han estado sometidos al estrecho examen de los organismos de control de los derechos humanos desde hace tiempo debido al deterioro de las condiciones democráticas. Este examen ha estado sin duda justificado. Pero no olvidemos que en Uzbekistán, y seguro que en Turkmenistán, durante años no ha habido en absoluto una democracia que pudiera deteriorarse. En estos países, cualquier activista de la oposición, periodista crítico o simplemente cualquier musulmán que practique su fe, se arriesga a acabar en una cámara de tortura, una colonia penal o el corredor de la muerte acusado de terrorismo, extremismo religioso o una tentativa de atentado contra la vida del Presidente.
La oposición y la sociedad civil en Kazajistán, Kirguizistán y, hasta cierto punto, Tayikistán, están siendo acosadas, pero, al menos hasta el momento, esto no les ha restado fuerzas ni capacidad para expresarse. A través del diálogo constructivo y el apoyo selectivo, la UE todavía puede marcar una diferencia con respecto a estos países.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar al término el debate.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de las siguientes seis propuestas de resolución sobre Venezuela:
B5-0134/2003, del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra el Sr. Fernández Martín, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la situación en Venezuela;
B5-0137/2003, del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Venezuela;
B5-0141/2003, del Sr. Van den Berg y otros, en nombre del Grupo del PSE, acerca de la situación en Venezuela;
B5-0146/2003, de la Sra. Frassoni y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, acerca de la situación en Venezuela;
B5-0149/2003, de la Sra. Sanders-ten Holte y otros, en nombre del Grupo ELDR, acerca de la situación en Venezuela;
B5-0153/2003, del Sr. Queiró y el Sr. Ribeiro e Castro, en nombre del Grupo UEN, acerca de la situación en Venezuela.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, el Parlamento Europeo sigue desde hace tiempo con interés la situación de Venezuela. Quisiera recordar muy particularmente una misión de parlamentarios europeos que se desplazó al país para evaluar los daños producidos por las inundaciones en el Estado de Vargas. Esa misión, cuando regresó, elaboró una resolución y movilizó importantes recursos financieros para expresar la solidaridad de la Unión con los afectados.
La última misión oficial de este Parlamento en el país detectó un posible riesgo de deriva antidemocrática cuya manifestación más importante fue la anulación del mandato de los parlamentarios venezolanos ante el Parlamento latinoamericano.
Hoy, el país vive una crisis política, económica y social que ha producido, como este fin de semana en Colombia o como ayer en Bolivia, numerosas víctimas. Y eso es realmente contrario a la tradición pacífica de este país.
Por eso entiendo que la Unión Europea, en general, y nuestro Parlamento, en particular, tienen que apoyar los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos y del «Grupo de amigos» para intentar conseguir que, de alguna manera, el país pueda recuperar el pulso de su desarrollo económico y social y encaminarse por la senda de la estabilidad, de la consolidación democrática y del respeto de los derechos y libertades fundamentales.
Pero, señor Presidente, la Comisión Europea nos tiene que ayudar en esa tarea y, desde luego, para la situación que están viviendo Colombia, Ecuador, Venezuela, no van a constituir una gran ayuda las medidas que tomó anteayer la Comisión sobre la reducción y modulación del sistema de preferencias generalizadas comunitarias.
Creo, señor Presidente, que este Parlamento tiene que reaccionar y tiene que poner encima de la mesa sus prioridades a la hora de ayudar a estos países, que se encuentran sometidos a muchas amenazas, y, en el caso de Venezuela, tenemos que procurar una solución pacífica, dialogada y democrática ante la grave situación que está viviendo el país.

Morgantini (GUE/NGL).
Señor Presidente, la situación política en Venezuela justifica el máximo interés y la máxima atención posible por parte de la Unión Europea. Mi Grupo condena a los incitadores del golpe de Estado del 11 de abril, que de forma irresponsable trataron de derrocar las institucionales legítimas y democráticas del país. Sobre todo, condenamos la complicidad del Consejo de la Unión Europea con los instigadores del golpe de Estado en su momento. Todavía no hemos olvidado que la Presidencia de la Unión remitió inmediatamente un mensaje de apoyo a los instigadores del golpe, un día negro para la diplomacia europea.
Es importante respetar la Constitución de Venezuela, que ha sido elaborada por una asamblea elegida democráticamente e igualmente ratificada por una gran mayoría de ciudadanos venezolanos. En realidad, la acción antigubernamental instigada por la parte de la oposición denominada Coordinadora Democrática se sitúa totalmente al margen de la constitución venezonala y, además, no servía más que a intereses económicos y comerciales de fuerzas del exterior de Venezuela, que no dudaron en reducir todo el país a la pobreza con el fin de seguir disfrutando de sus privilegios y conseguir objetivos específicos. Por supuesto, esto no significa que apoyemos ciegamente todas las acciones del Gobierno legítimo de Venezuela.
Apoyamos la acción moderadora de la Mesa de negociaciones y acuerdos que trabaja en Venezuela y apoyamos el trabajo mediador de la Fundación Carter, basado en el respeto de la voluntad del pueblo venezolano, que se ha expresado democráticamente en varias ocasiones. Es importante recordar que el Presidente Chávez, en varias ocasiones, ha declarado que está dispuesto a respetar las disposiciones de la Constitución venezolana y a someterse a consulta pública a la mitad de su mandato. Respetar el experimento político de Venezuela significa respetar la dignidad de un pueblo que ha decidido asumir su propio destino. También nosotros tenemos la responsabilidad de favorecer este proceso y de garantizar que la complejidad de la situación en Latinoamérica, entre otras cosas, no hipoteque continuamente la autonomía de su gente.
Este es otro motivo por el que nuestro Grupo solicita que la propuesta de resolución que hemos elaborado conjuntamente se adopte sin enmiendas.
Sánchez García (ELDR).
Señor Presidente, señor Comisario, Venezuela es un país del Pacto Andino, de amplia tradición democrática, que ha sido generoso a lo largo de su historia reciente y ha conocido la llegada de muchos ciudadanos en busca de mundo mejor que han contribuido con su esfuerzo a una Venezuela próspera. Una Venezuela que vivió el pasado año dos acontecimientos inéditos en su vida interna que alteraron la gobernabilidad institucional, política, económica y social del país. De un lado, un minigolpe de Estado el 11 de abril para derrocar al Presidente Chaves, que había sido electo en 1998, de acuerdo con la Constitución venezolana; de otro, un paro cívico, iniciado a principios de diciembre, que supuso una fractura social significativa, y no debe olvidarse el petróleo.
Con este escenario de enfrentamiento sociopolítico y de crisis, Gobierno y oposición han acudido a la comunidad internacional en busca de apoyo para una salida democrática negociada. En este sentido, la Unión Europea no puede quedar al margen porque, además de la respuesta de solidaridad democrática que tiene que dar a este grave problema que tiene planteado Venezuela, debe tener en cuenta que cientos de miles -por no decir millones- de ciudadanos de Estados miembros de la Unión residen allí. Por ello, me parece positivo que este Parlamento se involucre y acuda a Venezuela para ayudarle a salir de la crisis que vive, respetando, por supuesto, su soberanía e independencia. En este sentido, agradecería que todos apoyásemos la propuesta de resolución, pero también me gustaría que se apoyase la enmienda que ha presentado el Sr. Ribeiro e Castro pidiendo que no se olvide a los emigrantes europeos que residen en Venezuela.

Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a la oradora anterior por sus palabras, dado que este es en realidad un punto que consideramos extremadamente importante en este contexto. En Portugal nos ha entristecido y afligido ver lo que está pasando en Venezuela; un país amigo, en el que viven cientos de miles de ciudadanos portugueses, especialmente de Madeira.
Los vínculos que nos unen al pueblo y al Estado venezolano son muy profundos. Nos aflige ser testigos de la destrucción de la que fue una de las democracias más sólidas y una de las sociedades más prósperas, estables y pacíficas de Latinoamérica. El desafortunado mandato del Presidente Chávez, que es cierto, fue elegido, tiene una enorme responsabilidad. Parece que quería seguir una política consistente en inflamar América Latina, que desgraciadamente es lo que sucedió hace varias décadas, con terribles consecuencias, incluida la violencia que todavía acucia a tantos países latinoamericanos amigos nuestros. 
Por lo tanto, apoyamos esta resolución, pero nos gustaría hacer varias aclaraciones, no sólo sobre la enmienda que hemos presentado, sino también sobre la votación por partes que hemos solicitado. Creemos que nuestro papel es el de fomentar la moderación, el diálogo, el avance de la democracia y el respeto de los derechos humanos.
Nuestra expresión de respeto por la Constitución, en la forma en que se incluye en el texto, podría ser utilizada de forma inadecuada en Venezuela por una de las partes implicadas. Por supuesto estamos a favor del respeto de la Constitución democrática, pero sabemos que con respecto a las cuestiones sobre Venezuela que se están debatiendo en la actualidad, este es un argumento que el Presidente Chávez ha utilizado de forma indebida para bloquear o tratar de bloquear el curso de la democracia en este país. Por lo tanto, si utilizamos el argumento de forma indebida en este contexto, podríamos estar enviando la señal equivocada. Por este motivo hemos solicitado una votación por separado para la que también pediríamos el apoyo de la Cámara.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, la crisis del régimen bipartidista de Venezuela llevó a buscar una salida en lo que podríamos llamar la panacea populista, es decir, el régimen bipartidista, después de 40 años de estabilidad política relativa, se había desacreditado como consecuencia de acusaciones de corrupción y de mal funcionamiento de las instituciones democráticas. 
La salida se encontró en un régimen prácticamente plebiscitario, con una nueva constitución y con un presidente que tenía un gran apoyo popular, pero en el que las instituciones democráticas no funcionaban plenamente.
En realidad no es un fenómeno exclusivo de América Latina, también en Europa hay en este momento una cierta tendencia a buscar la salida en este tipo de populismo, el déscredito de las instituciones parlamentarias y de las instituciones representativas. Creo que parafraseando a Winston Churchill podemos decir que «el régimen de democracia parlamentaria es el peor régimen si se excluyen todos los demás», y me parece que en este momento los venezolanos tendrán que reflexionar sobre el nuevo tipo de Constitución que quieren tener.
Pero no nos toca a nosotros decir a los venezolanos lo que tienen que hacer. La propuesta de resolución no va dirigida a recomendar a los venezolanos que adopten una u otra vía, es el resultado de un compromiso entre diferentes fuerzas políticas y por eso, nosotros, en este momento, rechazamos las propuestas de votación por separado sobre algunos aspectos de la resolución presentada por el Sr. Ribeiro, aunque sí apoyamos su enmienda respecto al reconocimiento de la situación de los inmigrantes.
La función sería una intervención de este Parlamento Europeo, junto con otras instituciones comunitarias, para ayudar a crear un ambiente de entendimiento entre los propios venezolanos. Este Parlamento tiene ya experiencia en intervención en crisis, por ejemplo en América Central, en El Salvador, en Nicaragua y en Guatemala, y también, en América del Sur, en Chile y Paraguay.
Esta intervención, hecha junto con parlamentarios de América Latina, podría ser útil para crear ese clima de confianza que los venezolanos necesitan para funcionar adecuadamente.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, la situación en Venezuela sigue siendo un importante motivo de preocupación, precisamente en el momento en que la elección del Presidente Lula da Silva y el Presidente Gutiérrez está dando lugar a grandes esperanzas de democratización y recuperación del continente. Esperábamos no tener que volver a debatir sobre intentonas de golpes de Estado o situaciones en que las instituciones democráticas pudiesen verse derrocadas. Asimismo, queremos señalar que el mismo Presidente Chávez, que hoy se encuentra amenazado y que estuvo en peligro a raíz del golpe de Estado de abril de 2002, también había intentado en su momento dar un golpe de Estado. Está claro, por lo tanto, que los métodos de esta clase, en cualquier caso, no han sido totalmente erradicados del continente.
En nuestra opinión, lo peor ya ha pasado. Celebramos este hecho y por lo tanto apoyamos la resolución a este efecto. Celebramos los intentos de diálogo cada vez mayores que están tomando forma y también estamos convencidos de que el papel internacional, el papel positivo que desempeña el Grupo de Amigos y la Organización de Estados Americanos, es realmente una innovación positiva en Latinoamérica, donde la mediación en los asuntos internos no es de ningún modo la norma. También creemos que la crisis en este país, que consiste principalmente en las huelgas y el boicot al sector petrolero, ha provocado una desestabilización que no es totalmente casual. Me pregunto qué puede hacer la Unión Europea al respecto y apoyo totalmente lo que acaba de decir el Sr. Salafranca.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, si no me equivoco, todos aquellos que han presentado propuestas o intervenido en este debate hasta el momento provienen de la parte romance de Europa. Esto muestra la especial solidaridad que sienten, pero también me gustaría dejar claro que este problema de Venezuela concierne a todos los europeos, al menos hasta cierto punto.
Venezuela es un país que desempeña un papel importante, y no sólo en términos económicos, gracias a sus materias primas, el petróleo y muchos otros recursos naturales. Es un país que ha hecho una contribución muy importante a la estabilidad política de la región andina durante un largo período de tiempo. Por este motivo celebro los esfuerzos que Europa está haciendo para ayudar a este país a recuperar su estabilidad interna mediante la intervención aquí. Quiero dar las gracias especialmente al Sr. Salafranca y a otros por estar tan dispuestos a asumir esta tarea una y otra vez, y creo que hay dos puntos de esta propuesta que son muy importantes.
En primer lugar, se destaca el papel de los Amigos de Venezuela, este grupo de países que está haciendo un esfuerzo concreto por mediar en el conflicto. Dos países de la Unión Europea, España y Portugal, pertenecen a este grupo y tienen una responsabilidad particular en este caso, a la que están respondiendo magníficamente. Me gustaría darles las gracias por ello y decir que la Unión Europea espera que España y Portugal realmente puedan desempeñar un papel clave y positivo en este caso, y estoy convencido de que lo harán.
En segundo lugar, la propuesta de resolución destaca la importancia que tiene para el propio Parlamento Europeo tener una presencia en el país. Quiero subrayar este planteamiento y decir que el Parlamento Europeo realmente no quiere interferir en la política de todo el mundo, sino que desea ofrecer buenos servicios de mediación siempre que una democracia que funciona razonablemente esté en peligro debido a la amenaza de populismo por una parte y el temor y la incertidumbre por otra. Las diversas fuerzas políticas necesitan reunirse alrededor de una mesa, porque solamente reforzando el Estado de derecho, solamente reforzando las instituciones, pero también reforzando el pluralismo en este país aquejado de problemas, podremos evitar de nuevo una grave crisis, además del daño duradero que ésta haría al país y a la región en su conjunto.
Como he dicho, quiero pedir por lo tanto que se acepte la oferta del Parlamento Europeo de actuar como mediador. No me refiero a que vayamos por ahí diciendo a otras naciones qué tienen que hacer. No tenemos derecho a hacerlo, pero sí tenemos el deber de hacer que nuestros buenos oficios estén disponibles y de actuar como mediadores.

Linkohr (PSE).
Señor Presidente, lo peor de esta situación de Venezuela es que las dos partes han dejado de conversar entre ellas. Su incapacidad para entablar un diálogo está provocando que la sociedad e incluso el propio Estado se fragmenten, dejando un vacío que otros grupos no democráticos están desde luego muy deseosos de llenar.
A estas alturas me gustaría por lo tanto llamar su atención sobre el hecho de que ha surgido una iniciativa del Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo de formar un grupo conjunto para establecer el diálogo con diputados de ambos bandos en Venezuela y de este modo también apoyar los esfuerzos del Grupo de Amigos de Venezuela para reunir a ambas partes. Espero que finalmente nos sea posible tender este puente.
Por cierto, sospecho que dada la actual crisis en Irak, cuanto más dure este conflicto más probable será que a causa del petróleo involucrado los Estados Unidos soliciten que se tomen medidas. El hecho de que más del 10% del petróleo que importan los Estados Unidos provenga de Venezuela no deja de tener consecuencias para los venezolanos, ni para los demás países de América Latina, ya que las subidas del precio del petróleo se deben, al menos en parte, a la situación en Venezuela. El hombre de a pie de los países latinoamericanos será el que pague.
Aparte de conseguir que ambas partes dialoguen, ¿qué más hay que hacer? Creo que antes o después no tendremos otra alternativa que dejar que el pueblo decida. Sin embargo, en este caso pienso que es importante mantener la Constitución como base, porque a pesar de todas sus deficiencias, la validez de esta Constitución no ha sido cuestionada. La reputación de América Latina de no respetar las constituciones es de todos conocida. Razón de más para asegurar que donde existe una Constitución realmente reconocida en el ámbito internacional, nos atengamos a ella. Si hay que modificarla, entonces debe hacerse con el acuerdo de ambas partes para permitir quizás que pronto se celebren elecciones.
Pero tal como lo veo, la única salida parece ser que el pueblo decida, y nadie más.
Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, en nombre del Partido Comunista de Grecia, celebro la victoria del pueblo de Venezuela contra las fuerzas locales y extranjeras que socavan su democracia y su Constitución. Un año después del fallido golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos, tácitamente tolerado por la Unión Europea y abiertamente respaldado por España, que entonces ostentaba la Presidencia, los enemigos del progreso, la democracia y la justicia social han tratado una vez más de derrocar al Presidente Chávez y el orden constitucional. Sin embargo, todo lo que los empresarios en huelga consiguieron hacer fue paralizar la economía del país antes de retirarse en desbandada.
Los días de los imperialistas que ponen dictadores en todas partes han quedado atrás. Los pueblos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, del conjunto de América Latina, intensifican su lucha por la democracia y el cambio social y les ofrecemos nuestra solidaridad y nuestro pleno apoyo.

Byrne
La Comisión sigue alarmada con respecto a la actual crisis de Venezuela y ha destacado la necesidad de una solución democrática y pacífica a través del diálogo y con el debido respeto de la constitución de Venezuela, los derechos humanos y los valores democráticos.
La UE apoya plenamente a la OEA, además del PNUD y el Centro Carter en el grupo de trabajo tripartito, en sus esfuerzos por facilitar un diálogo nacional entre el Gobierno y la oposición.
La Comisión ha acogido con satisfacción la creación del Grupo de Amigos de Venezuela (Brasil, Chile, México, Portugal, España y los Estados Unidos), y espera que éste contribuya a los esfuerzos de la OEA por encontrar una solución a la crisis actual.
La Comisión considera que la propuesta del ex presidente de los Estados Unidos, Carter, que sugiere, alternativamente, una enmienda constitucional que conduciría al adelanto de las elecciones o un referéndum para revocar el mandato del Presidente Chávez el 19 de agosto, constituye una buena base para las negociaciones entre ambas partes. 
La Comisión ha aprobado un proyecto para ayudar a la OEA en sus esfuerzos por hacer que se alcancen posibles acuerdos entre las partes del diálogo patrocinado por la OEA. Además de facilitar el diálogo en curso, consta de tres componentes principales: apoyo a unas elecciones libres y justas; investigación de los acontecimientos de abril de 2002; y desarme de la población civil. Los tres componentes están incluidos en la agenda de la «Mesa de negociación».
Por otra parte, la Comisión espera que la libertad de expresión de los medios de comunicación, empleada de forma responsable, pueda ayudar a superar el actual clima de confrontación verbal en Venezuela.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar en breve, una vez hayamos concluidos los debates.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución sobre los derechos humanos en Zimbabwe:
?5-0112/2003 del Sr. Van Orden, el Sr. Corrie, el Sr. Deva, la Sra. Foster, el Sr. Parish, el Sr. Tannock, la Sra. Banotti, el Sr. Gahler, la Sra. Korhola, el Sr. Lehne, la Sra. Maij-Weggen, el Sr. Posselt y el Sr. Sacredeus, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre Zimbabwe;
?5-0138/2003 del Sr. Sylla, el Sr. Cossutta y el Sr. Miranda, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre Zimbabwe;
?5-0142/2003 de al Sra. Kinnock y el Sr. van den Berg, en nombre del Grupo del PSE, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe;
?5-0145/2003 de la Sra. Maes, el Sr. Rod, la Sra. Lucas, el Sr. Lannoye, la Sra. Schorling y la Sra. Isler Béguin, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe;
?5-0148/2003 del Sr. van den Bos, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación de los derechos humanos en Zimbabwe;
?5-0151/2003 del Sr. Belder, en nombre del Grupo EDD, sobre la situación en Zimbabwe.

Deva (PPE-DE).
Señor Presidente, hablo en nombre de mi amigo, el Sr. Van Orden, y de los conservadores británicos. También hablo en nombre del pueblo oprimido de Zimbabwe que demanda justicia. Una vez más nos encontramos teniendo que debatir sobre este país. Uno podría preguntarse que por qué lo hacemos. La situación en Zimbabwe ha ido de mal en peor, con la imposición del hambre y los continuos abusos de los derechos humanos y de la opresión política.
Sin embargo, en este momento la cuestión más urgente tiene que ver con las medidas que debe tomar la propia UE. Es increíble que fuese necesario un prolongado debate del Consejo sobre la renovación de las sanciones, que debe entrar en vigor para el 18 de febrero. ¡Quién iba a creer que su renovación pudiese depender del acuerdo del Consejo con la visita de Mugabe a París! Mugabe es el principal instigador de la opresión y la miseria del pueblo de Zimbabwe y supuestamente el principal objetivo de la acción de la UE. El problema de las sanciones de la UE ha sido su falta de aplicación rigurosa. Ahora el plan es permitir a Mugabe y a su séquito viajar a París. No cabe duda de que no se está tomando en serio a la UE. Después de todo, no deberíamos tratar de encontrar un modo de ayudar a Mugabe a evadir nuestras propias sanciones. En su lugar deberíamos tratar de hacer más efectivas las sanciones. Si algo es necesario, precisamente es que su alcance sea mayor. No debería sorprendernos que los líderes africanos sean poco entusiastas en su apoyo a las medidas internacionales cuando se percibe que la UE carece de resolución.
La debilidad de la UE contrasta con la valiente postura adoptada por los jugadores de críquet de Zimbabwe, Henri Olonga y Andy Flower. Antes de saltar al campo para el primer partido de Zimbabwe en la Copa del Mundo de críquet, éstos afirmaron: «si tenemos conciencia no podemos saltar al campo e ignorar el hecho de que millones de nuestros compatriotas están (...) oprimidos. (...) hacemos una súplica silenciosa a las personas responsables para que pongan fin al abuso de los derechos humanos en Zimbabwe. Al hacerlo, pedimos que nuestra pequeña acción pueda ayudar a recuperar la cordura y la dignidad de nuestra nación». Ellos han arriesgado sus vidas y su medio de vida con su valor. Merecen todo el apoyo que podamos darles, así como el sufrido pueblo de Zimbabwe.
Hago un llamamiento a los diputados para que apoyen la resolución sin enmiendas.

Sylla (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señorías, creo que este es un un ejemplo preciso de lo que no debemos hacer. Lo que el Sr. Deva acaba de decir es lo contrario de lo que hay que hacer en este tipo de casos. Creo, por el contrario, que hemos cometido un grave error. Reconocer los abusos de los derechos humanos en Zimbabwe es una cosa, pero prestar ayuda a la oposición y hacer todo lo que podamos para establecer una democracia es una cosa muy distinta. Por último, el incremento de las sanciones propuesto por el Sr. Deva no es apropiado en un país plagado por el hambre y las pandemias, porque estas sanciones no afectarán al Sr. Mugabe, sino al pueblo.
Sigo pensando que nuestro grave error fue precisamente cancelar la sesión de la asamblea ACP-Unión Europea. Cuando Bélgica concede un visado a nacionales de un país, cuando los delegados implicados están presentes, cuando otros tienen entonces derecho a participar en una reunión y cuando les negamos unilateralmente y de forma dictatorial el acceso a este edificio, nos privamos a nosotros mismos de la posibilidad de que africanos y europeos adopten conjuntamente una resolución que condene lo que sucede en Zimbabwe. En lugar de eso, hemos reforzado a todos aquellos que apoyan al Sr. Mugabe. Le hemos proporcionado una excelente publicidad. Lo que no es responsable es que ustedes digan que Francia no tiene derecho a prohibir a una persona que participe en una cumbre franco-africana en la que está implicado, precisamente porque esto nos permitiría decirle lo que pensamos cara a cara.
Si queremos una paz duradera en esta región, si no queremos que la discriminación ni la violencia contra los más pobres se extiendan todavía más en estos países, necesitamos implicar a las organizaciones regionales, y en concreto a la Unión Africana, en nuestra acción. Para ello, sentémonos con ellos a una mesa y discutamos. Lo que están haciendo ustedes en este caso es olvidar el pasado colonial de un país en el que realmente cunde ahora la violencia contra los granjeros blancos, pero que también está pagando ahora el coste, reconozcámoslo, de dicho pasado colonial, cuando durante muchos años la gran mayoría de la población negra no tenía acceso a la tierra, mientras que en la actualidad el país es objeto de una reforma agraria. Por lo tanto, no podemos resolver los problemas tratando de atacar al Sr. Mugabe, sino sentándonos juntos a la misma mesa, y no coincido en absoluto con ustedes y con su método.

Ford (PSE).
Sr. Presidente, ha habido cierta confusión. El Sr. Sylla no es uno de los autores de la resolución. Él está en contra de la resolución. Desconozco cómo se ha producido este error.
En el Grupo PSE apoyamos la resolución y nos opondremos a la enmienda del Sr. Posselt, ya que suaviza la crítica al Sr. Mugabe. Zimbabwe ya no es un país democrático. Las últimas elecciones parlamentarias, presidenciales y locales han estado caracterizadas por la intimidación, la represión, el fraude electoral y la violencia política patrocinada por el Estado. Tenemos una situación en la que más de 7 millones de zimbabwenses, más de la mitad de la población, están al borde de la inanición. Si uno quiere alimentos controlados por el Gobierno, debe tener carnet de afiliación al ZANU-PF. El desempleo alcanza el 70%, la inflación supera el 100% y el 50% de la tierra ha dejado de cultivarse. También tenemos el común problema africano del sida.
El Parlamento ha hecho repetidamente un llamamiento a la ampliación y a una aplicación rigurosa de las sanciones, además de otras medidas, para hacer que las acciones internacionales contra el régimen de Mugabe sean más eficaces. Esta resolución condena la falta de coherencia de la política de la UE y hace un llamamiento al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros a que no busquen exenciones al régimen de sanciones de la UE, que puede malinterpretarse. Las sanciones contra el régimen de Mugabe deberían mantenerse ininterrumpidas y sin exenciones.
Las acusaciones contra la oposición, contra Morgan Tsvangirai, son sospechosas y carecen de fundamento. Queremos ampliar las sanciones existentes para reforzarlas y hacerlas más efectivas. Queremos que el Consejo y la Comisión faciliten más información sobre la congelación de las cuentas bancarias de los sancionados. Queremos sanciones más amplias contra el régimen de Zimbabwe, incluido un boicot internacional del deporte y la cultura. Esto no aumentaría el sufrimiento del pueblo de Zimbabwe.
Elogiamos el valor de los jugadores de críquet de Zimbabwe, Andy Flower y Henry Olonga, por llevar los brazaletes negros que simbolizan la falta de democracia y de derechos humanos en su país. Apoyamos la tardía decisión del equipo de críquet de Inglaterra, que ahora se ha negado a jugar en Zimbabwe. Es hora de que se tomen más medidas y de que las sanciones se reafirmen y se refuercen.
Maes (Verts/ALE).
Señor Presidente, permítame decir, para ser precisos, que no soy uno de los autores de la resolución común, sino la autora de una resolución. La resolución que hemos presentado tenía la intención de denunciar enérgicamente la situación de los derechos humanos en Zimbabwe y de destacar específicamente el riesgo al que expone un juicio injusto al Sr. Tsvangirai, el hombre que en circunstancias normales habría sido presidente de este país si las elecciones no se hubiesen manipulado
Sin embargo, no puedo emplear los segundos que me quedan para seguir denunciando la situación de los derechos humanos, ya que nuestro Parlamento prefiere repetir todo una vez más e insistir de nuevo en el endurecimiento de las sanciones, mientras que todos los Estados Miembros de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, invocan constantemente el apartado 2 del artículo 3, que indica que deben se harán excepciones en el caso de las reuniones internacionales que hay que acoger. Por el modo en que aplica este artículo y el apartado 3, la Unión Europea ha decidido una vez más que Mugabe acuda a París a la cumbre de la próxima semana para hablar de la situación de los derechos humanos que figura en el orden del día.
¿Cómo, en nombre de Dios, podemos salir de esta ambigua situación? Esta cuestión nos está dividiendo una vez más, por mucho que juntos queramos condenar las sanciones. Sin embargo, no podemos tener una situación en la que nosotros, en el Parlamento Europeo, reclamemos sistemáticamente más sanciones que cualquiera de los Estados miembros a los que pertenecemos, si el Consejo en su conjunto, que por cierto está de nuevo ausente, no interviene y no opta por una solución inequívoca. Mi Grupo está resueltamente a favor de mantener el diálogo y de promulgar sanciones que puedan imponerse, pero no de invocar sanciones que descarten cualquier diálogo. Acabamos de oír cómo están las cosas en Venezuela, donde no hay diálogo. Allí solicitan un diálogo; en este caso el diálogo es realmente necesario.
Hay muchos apartados de nuestra resolución que nos gustaría ver aprobados. Ahora bien, no deberíamos esperar ningún acto heroico por parte de países cuyas economías están tan entrelazadas con la de Zimbabwe, que supere el de nuestros propios Estados miembros europeos, que ni siquiera tienen el valor de unirse para pedir a un representante de las Naciones Unidas que investigue la situación de los derechos humanos sobre el terreno en Zimbabwe. Por lo tanto, votaremos en contra de algunos de estos apartados y tampoco podremos aprobar la resolución en su totalidad, pero seguiremos librando la misma batalla a favor de los derechos humanos y en contra de este pernicioso régimen.

van den Bos (ELDR).
Señor Presidente, nunca existirá una política exterior europea mientras los Estados miembros continúen siguiendo sus propios planes. Ni siquiera una Convención ayudará a que exista. La Unión Europea no es ni siquiera capaz de formular una política coherente, enérgica y clara con respecto a Zimbabwe. La escandalosa situación de los derechos humanos, la represión política, el declive económico y el hambre, en definitiva, cuentan menos que los intereses franceses en África. No debemos olvidar que nuestras severas sanciones son la única alternativa a los castigos que afectan a la población. El pueblo de Zimbabwe ya ha sufrido demasiado.
Pero Francia no tiene la menor consideración por los acuerdos e invita a Mugabe, y al hacerlo se está jugando la credibilidad de la Unión Europea. Ahora parece como si el Consejo quisiera relajar las sanciones mediante la introducción de cláusulas de excepción. Sin embargo, es lo contrario lo que urge. En lugar de suspenderlas, las sanciones contra el régimen deben ampliarse e intensificarse, sin que se conceda en absoluto ningún visado al Sr. Mugabe y sus secuaces, y que los equipos de críquet que quieran jugar en Zimbabwe queden suspendidos antes incluso de que empiecen. Afortunadamente nuestro Parlamento es coherente, o al menos la mayoría de los partidos lo son, y seguir así. Si Europa no es coherente, ¿cómo podemos esperar que los países africanos lo sean?
Es más lamentable que Sudáfrica y Nigeria parezcan estar del lado de Mugabe y quieran que se levanten las sanciones de la Commonwealth. Es necesario que haya pronto elecciones libres y honestas. Deben suspenderse inmediatamente los juicios espectáculo contra los líderes de la oposición, y las Naciones Unidas deben nombrar un relator especial para los derechos humanos. Solamente las medidas incondicionales contra el régimen pueden liberar al pueblo de su sufrimiento. Las hambrientas y aterrorizadas víctimas del antiguo héroe de la resistencia deben contar con nuestro apoyo. Es hora de que los Estados miembros dejen de lado sus propios planes comerciales y retiren todos los obstáculos a los derechos humanos en el plano europeo.
Belder (EDD).
El terrorismo de Estado, junto con la corrupción y la sequía, están provocando una catástrofe nacional. La situación en Zimbabwe exige de nuevo un debate urgente. Unos 7,2 millones de habitantes de Zimbabwe, más de la mitad de la población, están viviendo al borde de la inanición. El aspecto chocante de todo esto es el hecho de que el Gobierno está abusando de la distribución de comida como arma en su lucha contra sus adversarios políticos. Actualmente prevalece el temor en el país.
A medida que empeora la crisis económica, la represión gubernamental alcanza nuevas cotas. Se ha tenido noticia del aumento del número de casos de tortura, incluso con la aplicación de descargas eléctricas, envenenamientos y violaciones. El hecho de apoyar al MDC es de por sí una amenaza para la integridad de una persona. Esto es más cierto todavía en el caso de sus líderes que en el de sus simpatizantes. Morgan Tsvangirai, Welshman Ncube y Renson Gasela han sido acusados recientemente de alta traición por motivos falsos.
En este siniestro entorno, es desde luego chocante que Francia haya invitado a este dictador a la conferencia de la Cumbre franco-africana de París. La excusa de que la cumbre comienza el 19 de febrero y que las sanciones estaban originalmente en vigor hasta el 18 de febrero, parece coja. Por lo tanto, basándome en el apartado 12, condeno enérgicamente este elemento unilateral de la política francesa. De momento no es el único.
Por último me gustaría refrendar el acuerdo que se ha alcanzado finalmente en la Unión Europea sobre la prórroga de 12 meses de las sanciones, pero no sin manifestar mi protesta contra el planteamiento francés. Hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que de forma unánime apliquen las sanciones renovadas en su totalidad sin tolerar que nadie se desmarque.

Gahler (PPE-DE).
Señor Presidente, quiero informarle de que casualmente el Parlamento alemán está también debatiendo sobre Zimbabwe a esta misma hora de hoy y creo que, desde un punto de vista político, es importante que no sólo discutamos esta cuestión aquí en el Parlamento Europeo -o quizás también, por motivos históricos, en Londres-, sino también en otros parlamentos de Europa, de forma que se llame la atención del público sobre la situación.
Lamentablemente, es necesario prolongar las sanciones impuestas al régimen de Mugabe. El uso de medios democráticos, no ha permitido por desgracia al pueblo de este país deshacerse de un potentado que tiene más responsabilidad que nadie por el declive del país en términos económicos, sociales y políticos, así como con respecto a los derechos humanos. Debo discrepar de lo que ha dicho el Sr. Sylla. Las sanciones que se estipularon no afectan en realidad al público en general. Las únicas personas afectadas son aquellas que en cualquier caso tienen dinero para viajar. Pero cuando, por ejemplo, el «Ministro de Propaganda», el Sr. Moyo, acudió a Sudáfrica a gastar dinero a lo loco durante las Navidades, provocó una protesta pública también en esa sociedad democrática por el hecho de que alguien tan cercano al régimen se comportase de este modo.
Lamento mucho el hecho de que los debates sobre la prórroga de las sanciones degenerasen en un tira y afloja político, porque Francia solamente estaría de acuerdo con la prórroga si se permitía al Sr. Mugabe acudir a París a la cumbre franco-africana. No me gusta criticar a un Gobierno cuyos puntos de vista políticos son tan cercanos a los del mío, pero en este caso quisiera instar al Gobierno francés a que considere si redunda en interés de los africanos el hecho de intervenir en la política africana de este modo. Desgraciadamente, en décadas anteriores, para muchos países europeos había un único criterio decisivo a la hora de decidir implicarse o no en la política africana: si favorecía a sus intereses económicos. El resultado es fácil de ver en países como Côte d'Ivoire y el Congo.
Por el contrario, es importante para Europa presentar un frente unido. Por lo tanto, celebro el hecho de que Portugal prefiera posponer la cumbre UE-África a permitir que venga el Presidente Mugabe. Por otra parte, en la 59ª sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, los Europeos deben acelerar sus consultas con el fin de asegurar que ninguna propuesta de resolución sobre Zimbabwe resulte derrotada, como sucedió el año pasado, sino que se retire del orden del día antes de que esto ocurra. 
Ribeiro e Castro (UEN).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no es la primera vez que hablo sobre la interminable e infeliz saga de Zimbabwe y su dictador, Robert Mugabe. Nuestra postura no ha cambiado: condenamos firmemente el régimen de Mugabe, la violenta, continua y vergonzosa violación de los derechos humanos, el modo en que está destruyendo su propio país y condenando a su pueblo a la pobreza. Esto es intolerable y nuestra condena es férrea. Sin embargo, simplemente quisiera decir que ahora debemos actuar de forma inteligente. Desde hace ya un año se viene aplicando una política de sanciones. Es demasiado pronto para decir si el resultado de esta política será positivo o negativo, pero sea cual sea el resultado, todos sabemos qué ha sucedido. También sabemos que estas políticas de sanciones siempre requieren que exista un proceso en marcha. La pregunta que me hago es la siguiente: dadas las dificultades que han surgido y que nosotros mismos hemos notado, con la suspensión de la Asamblea ACP-Unión Europea, que también se han notado en la Commonwealth, y que también están dividiendo actualmente a Europa, ¿no sería mejor actuar de algún modo más inteligente?
Me gustaría promover un plan alternativo, incluso habiendo observado que ya se ha alcanzado una mayoría en esta Asamblea. ¿Por qué no adoptamos una moratoria de tres meses, al final de los cuales, si el régimen de Robert Mugabe no ha adoptado medidas serias para respetar los derechos humanos, decretaríamos entonces un verdadero sistema unánime de sanciones? Entretanto, podríamos explorar oportunidades para un diálogo entre la UE y África, estropeándole una vez más los planes al Sr. Mugabe, en lugar de prestar apoyo a su propaganda.
Por otra parte, deberíamos iniciar un movimiento masivo de solidaridad positiva a favor de Morgan Tsvangirai, que está siendo grave e injustamente perseguido en su país. En esta Asamblea tenemos la capacidad para hacer esto y para movilizar a la opinión pública europea. Como saben, el Sr. Tsvangirai ya ha sido propuesto en dos ocasiones para el Premio Sajarov, que el Parlamento concede cada año. Lanzar un movimiento de apoyo masivo a Morgan Tsvangirai para que reciba el Premio Sajarov a final de año sería mucho más eficaz que cualquier política de sanciones.

Byrne
La Comisión sigue de cerca la situación de los derechos humanos en Zimbabwe. Es consciente de que las condiciones siguen siendo volátiles y está alarmada por el aumento de la incidencia de violencia políticamente motivada que se ha observado últimamente.
Dada la gravedad de la situación, la Comisión ha propuesto al Consejo la ampliación de las medidas contra Zimbabwe conforme al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, que se adoptaron en febrero del pasado año. Estas medidas redirigen los fondos a sectores sociales y a áreas que benefician directamente a la población. Esto es para un período renovable de un año.
La Comisión está de acuerdo con la propuesta de la Presidencia de una nueva posición común que enmiende y amplíe las sanciones, como la prohibición de visados y la congelación de activos contra Zimbabwe, por el mismo período adicional de un año.
La Comisión ha sido informada de que se han congelado aproximadamente 770 000 euros en cuentas en los Estados miembros o sus territorios dependientes, de acuerdo con la posición del Consejo.
La ayuda comunitaria sigue participando en proyectos que apoyan directamente a la población en el campo de la democratización, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho; la Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos incluye a Zimbabwe como país focal.
La Comisión está especialmente preocupada por la crisis alimentaria de Zimbabwe y se ha dedicado muy activamente a responder a la situación. Entre abril y diciembre de 2002, hemos comprometido unos 80 millones de euros en ayuda de emergencia y ayuda humanitaria.
La Comisión cree que deberían explorarse todas las vías de diálogo con el fin de mejorar la situación en Zimbabwe. Apoyaremos cualquier presión similar que ejerza la comunidad internacional, y de los jefes de Estado de África en particular, sobre el Gobierno de Zimbabwe en el terreno del respeto de los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú: derechos humanos, democracia y Estado de derecho.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
A continuación procedemos a la votación.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día se procede a la votación sobre la crisis en el sector siderúrgico

Ducarme (ELDR).
Señor Presidente, celebro el voto sobre la resolución y voy a destacar dos puntos.
En primer lugar, quiero responder a las propuestas presentadas anteriormente por el Comisario, llamando su atención sobre el hecho de que el artículo 5 del Tratado de la CECA estipula que el papel de la Comunidad es el de arrojar luz y facilitar la acción de las partes interesadas mediante la preparación de información, la organización de debates y la definición de objetivos generales.
Me parece que con respecto al poder regional de Valonia, la Comisión debería considerar dicha acción.
En segundo lugar, considero que tras los diversos informes que la Comisión podría presentarnos, podría ser muy útil para el Parlamento elaborar un informe de iniciativa propia sobre el desarrollo de la metalurgia, visto lo que sin duda estará en juego en el proceso de ampliación.
Bordes, Cauquil y Laguiller (GUE/NGL)
. (FR) En nombre de todos nosotros, la Sra. Laguiller expresó en su intervención la oposición a los cierres empresariales y los despidos anunciados por Arcelor. El único modo de impedir que los grupos financieros actúen es prohibir los despidos en masa y garantizar los salarios de los trabajadores con cargo a los beneficios.
El texto transaccional, que se limita a unas cuantas medidas proteccionistas y reglas adicionales que los empresarios no observarán en ningún caso, no propone ninguna medida práctica para la protección de los trabajadores.
Por lo tanto, consideramos que nos es totalmente imposible aprobar este texto. El único motivo por el que no hemos votado en contra del mismo es porque propone unas cuantas prerrogativas adicionales para los sindicatos y no queríamos oponernos a ellas. Sin embargo, los despidos no están más justificados simplemente porque se haya consultado a los sindicatos.

El Presidente.
 Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE)
Los socialdemócratas suecos hemos optado por votar en contra de gran parte de las enmiendas a este informe sobre el seguimiento de la interacción de los bosques y del medio ambiente en la Comunidad (Eje Bosques).
Dudamos mucho que la política comunitaria deba desempeñar un papel más amplio con respecto a los bosques. En nuestra opinión, las condiciones básicas dentro de la Unión Europea varían tanto que resulta dudoso el valor añadido que supondría semejante política comunitaria.
Basándonos en ese planteamiento, optamos por votar en contra de las cuestiones relativas a la incorporación de la prevención de los incendios forestales en el reglamento. El riesgo es que, en beneficio del seguimiento, esto desviaría muchos recursos de otros ámbitos. Es más, las medidas de prevención ya forman parte del Reglamento de la Unión Europea sobre desarrollo rural.
En la votación final, hemos decidido, a pesar de nuestras dudas, votar a favor del informe. Lo hemos hecho gracias a que el Parlamento ha introducido importantes añadidos relativos al principio de subsidiariedad y a la importancia de que los Estados miembros participen en la labor de desarrollo de este reglamento.

Crowley (UEN)
. (EN) Independientemente de lo que algunos diputados de este Parlamento puedan decir o desear, la Unión Europea no tiene absolutamente ninguna competencia legal en el tema del aborto.
Cada persona tiene derecho a tener su propia opinión y no niego que existen diferentes marcos éticos en los distintos Estados miembros. Éste no es el tema.
El tema es dónde y cuándo la Unión Europea tiene legalmente derecho a intervenir. A este respecto, el informe propone un terrible abuso de poder y competencia por parte de la Unión.
El hecho de legislar que los fondos de la Unión Europea se puedan utilizar para facilitar cualquier tipo de servicio de aborto supondría un ataque a la soberanía del derecho de los Estados miembros a legislar sobre esta cuestión.
Como diputado irlandés del Parlamento, no puedo apoyar semejante violación del derecho constitucional del pueblo al que represento a decidir la política en materia de aborto. Se trata de un derecho consagrado en el Tratado de Maastricht y lo defenderé enérgica y firmemente.
Del mismo modo, es un error intentar imponer el aborto en países que no lo desean y es un error enviar el mensaje de que este Parlamento sólo apoyará a los países que faciliten el aborto, cosa que no es cierta.

Sacrédeus (PPE-DE)
Junto con el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, he votado a favor de la enmienda 53, que, sin embargo, ha sido rechazada por 181 votos a favor, 264 en contra y 11 abstenciones.
El informe habría ganado mucho si la enmienda 53 hubiese sido aprobada. El concepto de «salud y derechos en materia de reproducción y sexualidad» habría quedado claramente definido, en términos de protección del feto, a través de la siguiente redacción: «En el contexto de este Reglamento, el aborto, que en ningún caso se puede promover como un método de planificación familiar, no se puede considerar como un servicio que garantice la salud en materia de reproducción y sexualidad.»
Lamentablemente, en vez de esto se ha mantenido la incertidumbre acerca de si, de acuerdo con las instrucciones de la Unión Europea y con la ayuda de sus recursos financieros, las organizaciones de ayuda, recurriendo a «servicios y atención sanitaria en materia de reproducción y sexualidad», también practican abortos al amparo de la ayuda que ofrecen, a pesar de que se trata de una práctica ilegal en ciertos Estados miembros de la Unión Europea, como Irlanda y Portugal. Tampoco queda claro si esta actividad de facto se lleva a cabo en países en desarrollo, a pesar de una protección legal similar de la vida del feto, es decir, violando directamente la postura legal del país que recibe la ayuda.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Karlsson, Sandberg-Fries y Theorin (PSE)
Los socialdemócratas suecos decidimos votar en contra del informe relativo a la prevención y la reducción de los riesgos asociados a la drogodependencia debido a que el Parlamento ha aprobado varias enmiendas que implican directa o indirectamente la aceptación social de la drogodependencia. Desde el comienzo, nuestra opinión con respecto a la recomendación ha sido que ésta se centra excesivamente en la reducción de los daños. Nuestro punto de partida es que la medida principal para reducir los riesgos asociados a la drogodependencia es la de prevenir la dependencia en sí. El hecho de que, durante la votación, el Parlamento haya optado por apoyar la redacción de la comisión acerca de la importancia de las actividades preventivas y de la rehabilitación sin drogas de las personas drogodependientes es alentador, aunque insuficiente para merecer la aprobación por nuestra parte.

