Estatuto de la sociedad privada europea y Derecho de sociedades (debate)
Presidente
El siguiente punto es la pregunta oral de Giuseppe Gargani, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión sobre la situación de los trabajos legislativos relativos al "Estatuto de la Sociedad Privada Europea" y a la "Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades" - B6-0137/0000).
Giuseppe Gargani  
autor. - (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el debate sobre esta pregunta es muy importante desde un punto de vista institucional y político, teniendo en cuenta que reviste una importancia política e institucional considerable.
Me gustaría decir muy claramente, y asumo la responsabilidad de mis palabras, que la Comisión Europea ha fallado gravemente al Parlamento Europeo, dado que no ha seguido las peticiones formales del aquél y no ha presentado propuestas legislativas sobre las sociedades privadas europeas y las transferencias de las sedes sociales de las sociedades de capital.
En febrero 2007, se pidió formalmente una propuesta legislativa sobre el estatuto de la sociedad privada, sobre la base del artículo 192 del Tratado -quisiera destacar y pedir al Comisario que escuche ya que se trata de una pregunta oral muy importante, señor Presidente, a la que hay que responder-, tras un debate intenso y tras la celebración de una audiencia con expertos cualificados que nos mostraron la necesidad de un instrumento de estas características y su valor para apoyar a las pequeñas empresas que desean funcionar de manera eficaz en el mercado interior.
Era obligación de la Comisión, señor Comisario, iniciar de inmediato el procedimiento de adopción de la propuesta legislativa, empezando con una evaluación de impacto. Asimismo, la Comisión ya contaba con un estudio de viabilidad desde diciembre de 2005, pero no hizo nada y, por el contrario, se tomó su tiempo hasta que en julio lanzó una consulta sobre la necesidad -y de nuevo no se trataba más que de un debate hipotético- de una sociedad privada europea, aunque el Parlamento, como representante electo de la Unión en su conjunto, no podía basar legítimamente su petición en un acto legislativo sustantivo.
No entraré en los detalles relativos a la legislación europea, dado que Klaus Lehne, uno de los principales expertos de la comisión y diestro en la materia, hablará en breve de los aspectos jurídicos de la pregunta. Me gustaría profundizar en el problema y recordar al Comisario, para que pueda tener en cuenta todo lo que digo, la relación que existe entre las instituciones y en la que tiene que basarse la cooperación necesaria entre la Comisión y el Parlamento.
En mi opinión, señor Comisario, usted personalmente ha sido muy descortés con el Parlamento, le ha hecho un desaire. Ha ignorado las peticiones del Parlamento realizadas sobre la base del artículo 192 y, en particular, el acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" y han dejado de obrar -he sido presidente de esa comisión y soy consciente de las numerosas cuestiones pendientes-, aunque la Comisión se había comprometido formalmente no sólo a tener en cuenta las peticiones, sino también a proporcionar respuestas rápidas y adecuadas a las comisiones parlamentarias. ¡No ha sucedido así en absoluto!
El incumplimiento de estas obligaciones es una responsabilidad de la Comisión, que no tengo problema en definir de jurídica, ante el Parlamento Europeo. De hecho, en la conferencia sobre derecho de sociedades organizada por la Presidencia alemana, el señor Lehne dijo con acierto que la Comisión Europea podría ser llevada ante el Tribunal de Justicia por incumplir sus obligaciones
El Parlamento, y digo esto muy claramente, debería saber que la Comisión, en su sitio Web, ya ha confirmado que las consultas celebradas en 1997 y 2002 evidenciaron una demanda importante y precisa por parte de los operadores económicos. Por tanto, la Comisión sabe lo importante que es esta cuestión y es consciente de que tiene la obligación de responder a las peticiones del Parlamento.
No sólo no ha aprobado la propuesta legislativa, sino que, en la conferencia de Berlín, el Comisario llego a afirmar que era necesario seguir debatiendo la utilidad de la propuesta. Esto nos ha dejado muy perplejos, porque ahora tenemos que considerar -como dice el Comisario- si el Parlamento Europeo todavía tiene la posibilidad de poder demostrar efectivamente la validez de esta propuesta legislativa
Una directiva a este respecto -y concluyo- sin lugar a dudas proporcionaría un fundamento jurídico sólido para la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios de las empresas. Estamos esperando del Comisario una propuesta precisa, lo que significa no sólo estar de acuerdo con los distintos grupos de presión, de Inglaterra, del Reino Unido e Irlanda, creo, sino abordar una situación adversa ¡No sólo hay que servir a los intereses particulares de los países, señor Comisario, como bien sabrá, si no a los intereses de los europeos! ¡El Parlamento no es un grupo de presión y nosotros estamos expresando de manera efectiva y concreta esta exigencia y esa necesidad!
Charlie McCreevy
Comisario. - Señor Presidente, la pregunta oral formulada por el señor Gargani en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos me brinda la oportunidad de proporcionarles información actualizada sobre la posición de la Comisión con respecto a la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades y el Estatuto de la Sociedad Privada Europea (ESP).
Como ustedes saben, el 20 de julio la Dirección General de Mercado Interior y Servicios lanzó una consulta pública sobre el Estatuto ESP, como parte de nuestra iniciativa de "mejora del marco regulador". El objetivo de esta consulta es recoger las opiniones de las partes interesadas sobre la necesidad de un estatuto de este tipo y sobre su posible contenido.
Sé que el Parlamento Europeo desearía que la Comisión acelerara el proceso. Sin embargo, debemos hacer todo el trabajo preparatorio necesario. Una parte esencial del mismo consiste en consultar a las partes interesadas sobre las distintas opciones normativas posibles; es decir, si desean un estatuto más uniforme y menos flexible o un estatuto que otorgue gran libertad a los usuarios pero implique la diversidad de las estructuras ESP en toda la Unión Europea. Tenemos que escuchar las opiniones de las partes interesadas sobre qué opción resulta más atractiva para las empresas. De eso es de lo que trata el principio de mejores principios reguladores.
El estudio de viabilidad que se hizo a finales de 2005 ofrece una valoración bastante general de la situación actual, pero no proporciona una respuesta clara sobre cuál es la mejor opción política y sobre los posibles elementos del Estatuto ESP. Ésa es la razón por la que necesitamos un análisis más exhaustivo. Obviamente, el estudio nos suministrará un buen material sobre el contexto para nuestro trabajo. También nos hemos beneficiado del informe del Parlamento Europeo sobre el Estatuto ESP y sus recomendaciones en relación al posible contenido de dicho estatuto.
En cuanto a la propuesta para una Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades, el trabajo preparatorio sobre este tema no ha sido concluyente. Nuestra política de repercusiones y de mejora del marco regulador requiere que demostremos que una iniciativa tiene un claro beneficio económico antes de embarcarnos en ella. En breve podré hacer una declaración más definitiva sobre este tema con respecto al valor añadido de tal propuesta.
Debemos reflexionar antes de hacer una propuesta de este tipo ya que, francamente, presenta el riesgo de ser controvertida. Como los diputados ya saben, no temo ser controvertido pero tengo que estar convencido de que los potenciales beneficios para la Unión Europea de dicha iniciativa merecen una propuesta legislativa.
No se trata de falta de decisión sino del convencimiento de que para conseguir unos resultados de buena calidad el trabajo preparatorio debe llevarse a cabo correctamente. Durante los dos próximos meses, informaré a los diputados sobre el modo en que pretendo actuar con respecto a estos importantes asuntos.
Klaus-Heiner Lehne
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (DE) Señor Presidente, Comisario, Señorías, en primer lugar quiero decir que me complace que el Comisario McCreevy, en su respuesta a esta pregunta oral, no haya rechazado las sugerencias del Parlamento Europeo. En los últimos años, se han celebrado muchas audiencias y consultas sobre la sociedad privada europea y no puedo entender por qué debemos tener una tercera, una cuarta, una quinta y tal vez incluso una sexta o muchas más. La cuestión está cerrada. Tuvimos una propuesta inicial, en el plan de acción de la Comisión, que aprobó, en el plan de acción revisado, la mayoría de las partes interesadas. De las audiencias en el Parlamento salió un mensaje inequívoco. Las decisiones del Parlamento no podrían haber sido más transparentes y, sobre esta base, no puedo aceptar más retrasos.
Los expertos en general están de acuerdo en que existe una brecha jurídica en la Directiva sobre la transferencia transfronteriza de la sede social. La Unión Europea ofrece libertad de movimiento de capitales -es decir, la opción de mover la propiedad o el capital propios a una ubicación diferente-, pero, si soy empresario realmente no tengo esa opción, porque no puedo decidir libremente dónde establecer mi negocio, o donde transferirlo, dentro de la Unión Europea. Se trata de una laguna jurídica muy clara. La Comisión, en su programa legislativo anual, anunció su intención de colmar esa laguna. Actualmente, nos encontramos en una situación en la que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas está desarrollando su propia jurisprudencia en la materia, en la que se tiende hacia una desregulación al estilo del salvaje oeste, por el sencillo motivo de que el órgano legislativo no hace nada; no está haciendo nada para abordar los ámbitos en los que carecemos de armonización. Ya era hora de que el Parlamento actuara, en lugar de delegar toda la responsabilidad en el Tribunal de Justicia.
Una última observación: el monopolio de la Comisión Europea en materia de iniciativas no existe en el vacío. Como cualquier otro monopolio, tiene que ser visto en un contexto y, en este caso, el contexto se desprende del Tratado y de los acuerdos interinstitucionales. Según estos textos, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo tienen un derecho indirecto de iniciativa. La Comisión, en los acuerdos interinstitucionales, se ha comprometido a responder a sus propuestas. De este modo, quiero dejar muy claro que, si la Comisión no ofrece una respuesta sustantiva a esta cuestión en el plazo estipulado, propondré a la Comisión de Asuntos Jurídicos que presente ante el Tribunal de Justicia un recurso por omisión.
Gary Titley
en nombre del Grupo PSE. - Señor Presidente, agradezco los comentarios del Comisario, especialmente porque el compromiso de mejora del marco regulador implica un trabajo en equipo transparente de los reguladores y las personas implicadas, de modo que trabajen juntos para desarrollar una ley. También me complace que haya sido claro con respecto a que tendrá que haber objetivos económicos y que este hecho ha de reflejar las necesidades del mercado.
Repasando el resumen de la Comisión referente a su consulta sobre el derecho de sociedades, me he dado cuenta de que menos de la mitad de los encuestados reclaman la adopción de un estatuto europeo de sociedades privadas. Parece que este hecho no es demasiado congruente con algunas de las afirmaciones que hemos oído, por lo que quizás podría aclararnos cuáles son exactamente esas respuestas. También he comprobado que la mayoría desea una codificación y consolidación del derecho de sociedades existente, en lugar de una ampliación. Obviamente, está ante una difícil muy comprometida.
Lo que deseo saber es hasta qué punto hemos identificado hasta ahora una necesidad clara de legislación a nivel europeo en oposición a una nacional. Sospecho que, en algunos casos, la presión procede de aquéllos cuyas legislaciones nacionales son muy complejas y que desean una ley europea para simplificar el asunto. Sin embargo, el problema es que tenemos una legislación europea por encima de las leyes nacionales y ese hecho a menudo complica mucho las cosas. Sin duda, el objetivo global de este ejercicio es la simplificación y la claridad.
Sharon Bowles
en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, la última vez que intervine con respecto a este tema en febrero, llame la atención del Comisario con respecto al hecho de que no estaba de acuerdo con todas las recomendaciones del informe del Parlamento, como el volumen de capital, ya que creía que cualquier estatuto elaborado de acuerdo con esas directrices resultaría discriminatorio a favor de las empresas más grandes. Por eso, agradezco que la última consulta del Comisario solicite con urgencia respuestas a las PYME.
Sin embargo, todos debemos buscar esas respuestas activamente, centrándonos en las empresas pequeñas en lugar de en las medianas. Yo personalmente he estado haciéndolo en mi región y me complace decir que otros organismos del Reino Unido están actuando del mismo modo, por eso agradezco los esfuerzos para determinar la importancia de las pequeñas empresas. Éste es especialmente el caso cuando es la información procedente de las empresas más pequeñas la que a menudo falta, aunque, al mismo tiempo, reconocemos abiertamente que son esas empresas las que no tienen los medios para gestionar las distintas leyes y normativas y, por tanto, al menos en teoría, son también ésas a las que más deseamos beneficiar con el estatuto.
En mi opinión, esta Cámara ha presentado algunas propuestas que convertirían el estatuto en un instrumento con muy pocas probabilidades de beneficiar a esas pequeñas empresas, lo que supone un problema. Mi mensaje es que debemos mantener la simplicidad o de lo contrario, al menos para las pequeñas empresas, supondría un mero parche sin ningún cambio real.
Jean-Paul Gauzès
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la competitividad de las empresas y la eficiencia del mercado interior requieren también unos estatutos jurídicos adaptados y modernos para las empresas. El 8 de octubre de 2001 se produjo un avance con respecto a las grandes empresas gracias a la adopción del Reglamento sobre el estatuto de la sociedad europea. En 2004, la Comisión Europea abrió un debate sobre una nueva forma de sociedad europea especialmente concebida para las pequeñas y medianas empresas: la sociedad privada europea.
Esta iniciativa fue muy valorada por todos los que la esperaban desde hacía treinta años (digo bien: 30 años). Los resultados del estudio lanzado por la Comisión sobre la viabilidad de dicho estatuto se presentaron en diciembre de 2005. De ellos se desprende claramente que los operadores económicos encuestados lo desean de forma muy mayoritaria, por dos razones principales: por una parte, la institución de un estatuto europeo presentaría la ventaja de suprimir los obstáculos a la instalación y la movilidad de las PYME en la Unión Europea. Por otra, permitiría crear una etiqueta europea para las PYME, en especial las de los nuevos Estados miembros.
La sociedad privada europea parece una herramienta eficaz para que las PYME puedan acceder al mercado europeo. Su adopción sería asimismo un factor indirecto de evolución y armonización de los derechos nacionales, lo que, a su vez, favorece el desarrollo y la integración de la economía europea. Este nuevo estatuto respondería a la necesidad de simplificar y hacer más eficaces las herramientas jurídicas de que disponen las empresas.
Mi convicción es que dicho estatuto, que, por supuesto, sería opcional, resultaría ventajoso para gran número de pequeñas y medianas empresas. Este proyecto de sociedad privada europea cuenta con un gran apoyo de los medios económicos en la práctica totalidad de Estados miembros. Así sucede, sin duda, en Francia y Alemania.
El Parlamento ha aprobado el informe de iniciativa propia del señor Lehne, cuyas conclusiones apoyo. Ahora bien, actualmente está todo parado. Por esta razón, me sumo a las preguntas formuladas a la Comisión Europea por mi colega el presidente Gargani en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos. En efecto, es importante saber cuáles son los problemas de fondo que llevan a la Comisión a retrasar sus trabajos en este ámbito.
Manuel Medina Ortega
(ES) Señor Presidente, me adhiero igualmente al punto de vista expresado por el Presidente Gargani y el Sr. Lehne sobre la necesidad de seguir adelante con normativa de la Unión Europea en materia de sede de las sociedades y estatuto de la sociedad privada europea.
El Sr. McCreevy nos ha contestado que se encuentra con dificultades, que se ha producido un retraso y que se han iniciado las consultas con respecto a una de las dos propuestas y, con respecto a la otra, parece que, en este momento, no hay ningún punto de vista formulado. Estamos con el famoso problema de la adopción de la legislación comunitaria y de la mejora de la normativa comunitaria.
El Sr. Lehne ha puesto de manifiesto que aquí estamos en un ámbito de colaboración entre las instituciones, no está el Parlamento a un lado y la Comisión al otro. El Parlamento espera que la Comisión pueda presentar pronto iniciativas, ya que la facultad de iniciativa de la Comisión se inscribe en el marco de la colaboración con las otras instituciones. El Comisario McCreevy ha hablado de las dificultades con respecto a los Estados miembros, pero del debate todavía no nos resulta claro dónde están las objeciones, si vienen del propio sector privado o vienen fundamentalmente de los Estados.
¿Cuáles son los Estados que se oponen a este tipo de adopción de normas comunitarias? ¿Estamos hablando de un enfrentamiento puramente privado? Como el Sr. McCreevy va a tener una intervención adicional, espero que nos pueda aclarar un poco más dónde están las dificultades, si vienen del sector privado o vienen fundamentalmente de los Estados miembros.
Charlie McCreevy
Comisario. - Deseo dar las gracias a todos los diputados por sus comentarios.
Me temo que no puedo estar de acuerdo con el señor Gargani cuando dice que la Comisión no ha hecho nada y que ignora al Parlamento. Cuando debatimos la resolución del Parlamento el 1 de febrero de 2007 en Bruselas, me comprometí a responder al Parlamento detalladamente y tengo la intención de mantener ese compromiso. También tomé nota de la solicitud de varios diputados que durante el debate del 1 de febrero solicitaron que no se ignorara el trabajo preparatorio. La consulta sobre el ESP se inició debidamente en julio. Entre las partes interesadas existe cierto apoyo a un Estatuto de la Sociedad Privada Europea. Pero sería erróneo asumir que existe un consenso sobre su posible contenido, como el señor Titley y la señora Bowles han demostrado. Pasar a obtener conclusiones supone el riesgo de olvidar la propuesta incluso antes de que haya dado comienzo.
Presidente
Se cierra el debate.
