Reanudación del periodo de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el viernes 15 de enero de 1999.

Schifone
Señor Presidente, me dirijo a usted y a la Mesa para pedir que a lo largo de este periodo parcial de sesiones de nuestro Parlamento se encuentre un espacio siquiera breve para conmemorar el 30º aniversario de la muerte de un joven europeo que sacrificó su vida suicidándose por la libertad y la dignidad de su pueblo y de su patria. Como muchos de ustedes habrán comprendido, me estoy refiriendo al joven Jan Palach que, en enero de 1969, convirtió su cuerpo en antorcha humana para protestar por la opresión del comunismo interior e internacional que sufría su pueblo.
Señor Presidente, la delegación de Alianza Nacional considera que, entre las muchas conmemoraciones y premios que promueve este Parlamento, se debería crear un puesto, a ser posible un puesto de honor, en memoria de un joven de Praga que lo sacrificó todo por la libertad por la que lucha también este Parlamento.

El Presidente
Señor Schifone, como comprenderá, lo que acaba de decir no hace referencia alguna al orden del día ni puede ser incluido, en este momento, en el orden del día.

García Arias
Señor Presidente, en el periodo parcial de sesiones de diciembre, en el turno de preguntas, el Sr. Pérez Royo y yo formulamos una pregunta al Sr. Van Miert sobre el tema de la legalidad de las ayudas que el Gobierno español pretende otorgar al sector eléctrico. Con posterioridad, hace unos días, en una reunión de la Fundación Europea de la Energía, el Director General de Energía de la Comisión Europea se permitió criticar el exhibicionismo político y el hecho de que se hayan llevado a la arena pública temas que, según él, tenían que haber sido tratados con discreción dentro de los despachos de la Comisión Europea.
Si se estuvo refiriendo a los contenidos del debate público, al que tenemos derecho los diputados europeos en la sesión de control de la Comisión, le ruego, por favor, que transmita a la Comisión Europea mi más enérgica protesta por el hecho de que un alto funcionario de la Comisión Europea diga que estos temas no se deben tratar en la arena pública -él dijo expresamente «la plaza pública»-, sino que se tienen que debatir con discreción dentro de los despachos de la Comisión Europea.
Yo creo que declaraciones de este tipo, públicas, en una instancia europea, como es la Fundación Europea de la Energía, son censurables y, en lo que respecta a la transparencia del debate del Parlamento Europeo en el periodo parcial de sesiones de diciembre, le ruego que transmita mi enérgica protesta al Presidente de la Comisión Europea.

El Presidente
Se le transmitirá.

Ford
Señor Presidente, permítaseme plantear una cuestión de orden sobre la declaración de intereses de los Comisarios. Como recordará usted, por haber sido un distinguido miembro de la Comisión de Reglamento, hace un tiempo se presionó a la Comisión para que hubiera una declaración de intereses de los Comisarios. Se hizo con renuencia, pero, con la actitud más propia de la burocracia soviética, se mantuvo secreta y a disposición sólo del Presidente y del Secretario General de la Comisión. A raíz de los acontecimientos de la semana pasada, se ha publicado y lo que vemos es veinte hojas de papel virtualmente vacías, con tres años de desfase, en las que se indica, para sorpresa mía incluso, que los Comisarios son tan aburridos y carentes de interés, que no tienen intereses.

El Presidente
Señor Ford, ésa no es una cuestión que debamos examinar hoy. Su Señoría sabe perfectamente, como miembro que es de la Comisión de Reglamento, que tiene la opción de formular preguntas a la Comisión. Entonces podrá explicársele el asunto para satisfacción de Su Señoría o Su Señoría podrá pedir que se hagan cambios. No figura en el orden del día para hoy.

Pistas para una agricultura durable
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre la agricultura y el medio ambiente -Pistas para una agricultura durable.
Tiene la palabra la Comisaria Bjerregaard.

Bjerregaard
Señor Presidente, el Sr. Comisario Fischler y yo hemos presentado hoy una comunicación de la Comisión sobre la relación existente entre agricultura y política medio ambiental. La comunicación es el resultado de una larga y fructífera cooperación entre nuestros servicios y por ello me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Sr. Comisario Fischler. La respuesta política a las demandas de un mejor medio ambiente está reformando durante estos últimos años el modo de hacer política de la UE. La palabra clave de este proceso iniciado con el Tratado de Amsterdam y apoyado por las conclusiones de las cumbres de Cardiff y de Viena es integración. Un proceso éste de la integración que este Parlamento también ha defendido calurosamente.
La integración puede llevarnos allí donde no podemos llegar con la política medioambiental tradicional. La relación entre naturaleza y agricultura es un buen ejemplo de las dificultades a las que nos hemos enfrentado para asegurar un equilibrio justo con los recursos tradicionales. Durante demasiado años las políticas agraria y medioambiental han seguido cada una caminos diferentes. Las consecuencias han sido dramáticas en sendos casos. La contaminación de las aguas subterráneas con nitratos y pesticidas y la erosión y el agotamiento de algunas de las regiones europeas son en parte las consecuencias de una agricultura intensiva. Otras zonas sufren la marginación de las tierras de cultivo y la despoblación -una evolución que acarrea también graves consecuencias para la naturaleza y el paisaje.
Paralelamente a esta evolución en la agricultura, Europa ha aprobado una ambiciosa legislación en materia medioambiental, reflejo de los deseos de sus ciudadanos de un futuro mejor, más limpio y más sano. Sin embargo, también ha quedado claro que precisamente esta evolución en la agricultura ha dificultado el cumplimiento de esta legislación medioambiental. El reciente informe del Parlamento sobre la puesta en marcha de la directiva sobre nitratos ilustró muy bien este problema. Así pues, está totalmente justificada la integración del medio ambiente en la política agraria, siendo precisamente ésta el gran deseo de la propuesta de la Comisión de reforma agraria incluida dentro del paquete de medidas de la Agenda 2000. Como ustedes saben, me refiero al paquete de medidas que presentamos en marzo del año pasado.
Como parte de este proyecto de integración, el Sr. Comisario Fischler y yo presentamos hoy una comunicación de la Comisión sobre la agricultura y el medio ambiente. La comunicación pretende demostrar y defender la necesidad de mantener los elementos medioambientales que aparecen incluidos en la propuesta de la Comisión. Todo lo que no sea esto dejaría en agua de borrajas las demandas de integración lanzadas por los gobiernos. Antes de abordar algunos de los elementos claves de la Agenda 2000, permítaseme subrayar la trascendencia que muchas partes de la legislación comunitaria -también fuera de la tradicional política agraria- tienen para la producción agraria. Como se ha dicho, la directiva sobre nitratos es un buen ejemplo, además de bien conocido; sin embargo, también podemos hablar de la legislación comunitaria sobre pesticidas, organismos modificados genéticamente o protección de los consumidores. La legislación en estos tres ámbitos contribuye a limitar la carga medioambiental de la agricultura.
No obstante, cuando hablamos de la política puramente agraria y del medio ambiente, la Agenda 2000 ocupa un lugar de primerísima importancia. Por resumirlo en pocas palabras, lo que se propone es una reforma tan ecológica que la política agraria y la política medioambiental se complementen cada vez más la una a la otra. Permítanme mencionar algunas líneas maestras:
En primer lugar, se reducen los precios de intervención para la carne de vacuno, el grano y la leche. Esta reducción de precios es necesaria para lograr un mercado más equilibrado y al mismo tiempo, los precios más bajos son buenos para el medio ambiente. Esta parte de la propuesta es un intento por contrarrestar los precios artificialmente altos que han sido corresponsables durante años del uso excesivo de productos de aspersión, fertilizantes y energía.
En segundo lugar, la Comisión propone que los países miembros condicionen el pago de todas las ayudas a las rentas al cumplimiento por parte del agricultor de las normas necesarias para la protección del medio ambiente. Este punto supondrá un incentivo mucho más poderoso para la puesta en práctica de ambiciosas, aunque necesarias, normas comunitarias y vuelvo a mencionar la directiva sobre nitratos, además de las leyes de protección de la naturaleza y sobre pesticidas.
En tercer lugar y dentro de las llamadas medidas de prevención, se aumentan las ayudas a los regímenes de explotación especialmente respetuosos con el medio ambiente. Son las ayudas destinadas a aquellos agricultores que deseen realizar un esfuerzo medioambiental positivo más allá del que marcan los requisitos mínimos fijados en la ley. Hablamos del cultivo ecológico, del cultivo extensivo y de la repoblación forestal. La propuesta consolida en este punto los regímenes pioneros introducidos a comienzos de la década de los noventa con la llamada reforma MacSharry.
En cuarto lugar, se crean con respecto al sector ganadero los llamados sobres nacionales -una expresión bajo la que se oculta el dinero que los Estados miembros pueden repartir libremente dentro del sector. Un punto de partida para este reparto más adecuado, hablando desde el punto de vista del medio ambiente, podría ser la superficie que cada agricultor dedica al pastoreo en lugar del sistema actual que reparte la ayuda conforme al número de animales. Estos sobres, si se utilizan correctamente, pueden contribuir a promover regímenes de cultivo respetuosos con el medio ambiente y a reducir la presión que supone el cultivo sobre los suelos sensibles. Quiero que quede claro que son los Estados miembros y no sólo la Comisión quienes han de garantizar que así ocurra.
En quinto lugar, ahora será posible que los agricultores de las zonas incluidas dentro del programa Natura 2000 a los que se les ha impuesto cargas adicionales participen de la ayuda que se reparte entre las zonas menos favorecidas. Esto debería permitirnos sacar mayor rendimiento a este pilar fundamental dentro de la protección de la naturaleza europea.
Permítanme recordarles adicionalmente que yo misma presenté la pasada primavera y logré aprobar una estrategia para la biodiversidad en Europa. Ésta permitirá que antes de que acabe este año se presente un plan de actuación sobre cómo la agricultura europea contribuirá a garantizar esta biodiversidad. Naturalmente, la reforma agraria es uno de los elementos necesarios de esta apuesta.
Todos estos pilares que conformarán la nueva política agraria siguen el camino defendido por algunas asociaciones no gubernamentales de carácter ecologista y gran parte del Parlamento Europeo. Es evidente que la propuesta de reforma de la Agenda 2000 constituye una señal inequívoca de que las ayudas serán sustituidas de ahora en adelante por una ayuda a la producción más neutral y una mayor ayuda de carácter ambiental. En el futuro, la Política Agrícola Común recompensará cada vez más los valores naturales y la agricultura responsable. Los agricultores que asuman el reto medioambiental se verán beneficiados económicamente en comparación con el sistema actual.
A la propia agricultura -tal y como ha dejado claro muchas veces el Sr. Fischler- le interesa a largo plazo que se reestructuren las ayudas. Espero que el resultado de la próxima ronda de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) apunte también en esta dirección. Es un avance positivo, en el que el gran desafío reside en asegurar que la ayuda medioambiental no se convierta sólo en un adorno que proteja los flujos monetarios tradicionales.
Sin embargo, la reforma plantea otras perspectivas a largo plazo. En mi opinión, la propuesta, en caso de ser aprobada, supondrá una influencia local sobre la política, mayor que la actual. La política agraria se convertirá cada vez más en un asunto entre los ciudadanos y los agricultores. Cada país y cada región deberán ayudar a plantear los requisitos valederos en su zona. Naturalmente habrá condiciones que garanticen el cumplimiento de las leyes nacionales y europeas existentes, sin embargo, con la posibilidad de atender a las circunstancias locales mejor de lo que permiten las soluciones muy centralizadas. De hecho, sólo es el principio de subsidiariedad en la práctica. Las oficinas de protección de la naturaleza, las autoridades locales, las centrales abastecedoras de agua y restantes grupos interesados deberán sentarse junto al sector agrario y discutir cómo pueden compatibilizarse naturaleza y agricultura para contribuir a un desarrollo sostenible. Bruselas seguirá fijando los marcos, aunque serán los ciudadanos quienes los llenen de contenido.
Esto planteará naturalmente grandes exigencias tanto a los agricultores como a los ciudadanos. Será necesario establecer un diálogo entre todos los intereses. De esta forma los ciudadanos podrán influir considerablemente en este desarrollo; sin embargo, esto exige naturalmente que se involucren y estén dispuestos a asumir la responsabilidad que lleva aparejada. Es importante que todos los países de la UE asuman este reto.
La propuesta de la Comisión, presentada en marzo de 1998, ha sido debatida después en el Consejo de Ministros de Agricultura junto al Sr. Fischler. Queda mucho camino para su aprobación y sería falso decir que todos los ministros de Agricultura europeos se han mostrado tremendamente entusiasmados ante la perspectiva de una política más verde. No obstante, como es sabido, los Jefes de Estado y de Gobierno ordenaron en la cumbre de Cardiff celebrada el pasado junio que la agricultura fuera uno de los ámbitos políticos en ir por delante y demostrar cómo poner en práctica la integración. Esta solicitud fue repetida y ampliada en la cumbre de Viena añadiéndose a esta la petición de un informe de cara a Helsinki. Este informe deberá incluir un calendario para aumentar la orientación medioambiental de la política agraria y abordar la cuestión sobre qué indicadores pueden emplearse para medir el estado del medio ambiente. Es una cuestión importante pues resulta difícil perseguir los objetivos ambientales si la relación entre producción agraria y estado del medio ambiente no puede liquidarse de una manera en la que todos estén de acuerdo.
Una condición previa para que se produzcan avances es naturalmente que los ministros de Agricultura se pongan de acuerdo en el paquete de reformas. No basta sólo con admirar el resultado. El medio ambiente puede quedar fácilmente olvidado en el esfuerzo final por hacerse con los miles de millones en juego. Considero un desafío personal asegurarme de que esto no suceda y es por este motivo que hoy hemos presentado, el Sr. Fischler y yo, la comunicación que recalca, entre otras cosas, que la agricultura intensiva está reñida con las ambiciones comunitarias en materia medioambiental y que es preciso redoblar nuestros esfuerzos para salvar el agua potable y la biodiversidad. La Comunicación señala también el importante papel que desempeña la agricultura ecológica puesto que puede contribuir activamente a la solución de estos problemas.
Los ministros de Agricultura deben cumplir las instrucciones dadas por los primeros ministros en Viena y en cumbres anteriores. Ante todo, debe quedar claro que una reforma sin avances en materia medioambiental no es sostenible -ni para la naturaleza ni tampoco, si vamos a eso, políticamente. Los contribuyentes europeos se merecen y exigen un beneficio desde el punto de vista medioambiental del cheque de 40.000 millones de euros que cada año envían al sector agrario.
Al igual que el Sr. Fischler, espero que el Parlamento Europeo acoja esta iniciativa positivamente y la utilice para relanzar el tan necesario debate público sobre la reforma agraria y el medio ambiente. El éxito a largo plazo y la aceptación de la reforma dependen tanto de que ésta presente un serio perfil medioambiental como del precio del grano y del tocino.

Cunha
Señor Presidente, permítame que acoja con beneplácito esta iniciativa de la Comisión. Creo que, de unos años a esta parte, se han logrado grandes avances en materia de fortalecimiento de la dimensión medioambiental de la Política Agrícola Común, como también creo que la reforma de 1992 dio un paso muy importante con la creación de las medidas agromedioambientales y agroforestales. Ahora esta comunicación de la Comisión sigue esa misma orientación y viene a fortalecer esa perspectiva.
Ahora bien, hay una cuestión que me parece algo contradictoria. Si analizamos estas propuestas de reforma de la Política Agrícola Común, que estamos examinando ahora en la Agenda 2000, observamos que sólo se registra un aumento del 5 % en las asignaciones destinadas a las medidas agromedioambientales, es decir, un aumento muy modesto, modestísimo, en este fortalecimiento de la dimensión medioambiental de la PAC o que de algún modo contradice la actual ambición política de la Comisión y con la cual coincido.
Pregunto: ¿cómo es que el Comisario me explica que sólo hay un aumento del 5 % en las asignaciones para el sector agromedioambiental?

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera hacer notar que aunque el Sr. Cunha no haya formulado una pregunta propiamente dicha, no comparto su última apreciación y, por tanto, desearía dejar claro lo siguiente. Si bien es cierto que los medios previstos para las medidas medioambientales contempladas en el Reglamento (CEE) nº 20/78 experimentan una subida más bien modesta, también lo es que estos fondos se completan con toda una serie de recursos suplementarios, por ejemplo un incentivo adicional destinado a la extensificación de la producción de ganado vacuno. En última instancia, es preciso subrayar que, de cara al futuro, todas las ayudas directas en el marco del fomento de la agricultura tienen por objeto respetar la buena práctica agrícola. Dicha pretensión supone de facto una mayor obligación ambiental y no se consideraba en nuestra normativa anterior.

Colino Salamanca
Señor Presidente, yo quisiera, en primer lugar, reconocer que se han hecho avances en el intento de vincular medio ambiente y agricultura. Sin embargo, yo creo que hay una cierta falta de criterio por parte de la Comisión, porque sería bueno que se distinguiese entre las medidas para el fomento de unas buenas prácticas medioambientales y el cumplimiento de unas obligaciones mínimas. Ahora se ha puesto en marcha un reglamento por el que la inobservancia de las obligaciones mínimas puede poner en cuestión la percepción de ayudas por los agricultores.
Pero sería necesario que la Comisión codificase perfectamente cuáles son esas obligaciones mínimas, porque están dispersas a lo largo y ancho de la legislación comunitaria. Sin embargo, las que son de fomento están mucho más codificadas; las encontraremos, seguramente en el futuro, en el reglamento sobre desarrollo rural y, luego, en algunas OCM sectoriales. Por ejemplo, el Sr. Comisario acaba de hacer referencia a que aquellos que quieran percibir la prima de 100 ecus por extensificación saben que tienen que mantener una determinada carga ganadera. Pero esas medidas son de fomento medioambiental.
A mí me gustaría que aquellas medidas que van a poner en cuestión la percepción de ayudas por parte de los agricultores fueran codificadas por la Comisión, sin dejar libertad a los Estados miembros para que hagan lo que quieran porque, en la propuesta de la Comisión, parece que cede toda su responsabilidad a los Estados miembros, cuando yo creo que sería obligación de la Comisión el codificar correctamente las obligaciones mínimas a lo largo y ancho de la Comunidad.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, quisiera expresar mi más sincera gratitud al Sr. Colino Salamanca por sus observaciones. Sin embargo, quisiera volver a exponer una vez más el punto de vista de la Comisión al respecto. Para empezar, debemos hacer una diferencia entre las medidas de las propuestas que son obligatorias y las que tienen carácter voluntario y que más que nada son obligatorias o voluntarias para el agricultor. Se trata, pues, de que las ayudas directas al agricultor, que son del tipo de las ayudas compensatorias, se mantengan en el mismo nivel, aunque al mismo tiempo se impondrá una obligación general de acuerdo con el llamado principio de groses compliance , y los Estados miembros están obligados a respetarla.
Los reglamentos de aplicación sin duda nos permitirán ajustar el nivel de estas obligaciones de tal modo que no se produzcan injusticias. El segundo punto atañe a las ayudas voluntarias que han de ir más allá de las prácticas normales. Es una de las condiciones necesarias para poder reclamarlas. Asimismo queda de manifiesto que estas ayudas entran a formar parte del denominado segundo pilar, es decir, de la política de desarrollo rural. Pues bien, nuestra propuesta pretende que cada una de las zonas rurales cuente con una política de desarrollo rural de estas características. Pero al mismo tiempo impone la condición de que solamente se aceptarán aquellos programas que contemplen el capítulo «medidas medioambientales en el mundo rural». Creo que, desde esta perspectiva, nuestras propuestas consideran en gran parte las reclamaciones formuladas por usted.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, señor Fischler, ¿están de acuerdo conmigo en que la agricultura respetuosa con el medio ambiente sigue siendo una excepción, que la intensificación de la agricultura sigue siendo la regla, que la reducción de los precios en el seno del sistema de intervención redunda en beneficio de la intensificación de la producción? En segundo lugar, me parece muy sensato que usted reclame un programa medioambiental básico para el segundo pilar, pero por otra parte, me temo que los recursos financieros previstos para ello son demasiado escasos. ¿Cómo piensa ayudar a las zonas rurales con este programa estructural? El tercer punto tiene que ver con la subsidiariedad. Cuando usted o la Sra. Bjerregaard se refieren a este principio, me pregunto cómo es posible delegar en una autoridad inferior si no existen condiciones básicas a escala europea. En este caso no se aplica el principio de la subsidiariedad, sino que se da rienda suelta a la libertad total. Quisiera ilustrar mi postura con dos pequeños ejemplos: con respecto a la retirada voluntaria de tierras contemplan el cultivo de materias primas industriales elaboradas por vía química, pero no el cultivo de leguminosas para piensos. El otro ejemplo...
El Presidente interrumpe al orador

Fischler
Señor Presidente, para mayor comodidad, yo me encargaré de la primera parte de la respuesta y, tal y como desea el Sr. Graefe zu Baringdorf, la Sra. Bjerregaard se hará cargo de la segunda parte de la respuesta. Señor Graefe zu Baringdorf, la mayoría de las veces comparto su punto de vista, pero en este caso no suscribo su opinión de que la reducción de los precios e incluso la reducción de los precios garantizados conduzca automáticamente a la intensificación. La reforma de 1992 nos mostró todo lo contrario. Al examinar la evolución de los gastos en fertilizantes, pesticidas y productos afines entre 1992 y 1998, podrá comprobar que éstos no han aumentado, sino que han disminuido. Por lo tanto, los términos en los que usted ha formulado su hipótesis no son correctos.

Bjerregaard
Permítanme añadir que en mis comentarios sobre la subsidiariedad no hubo ninguna alusión a que no hiciera falta cumplir la legislación en materia medioambiental. Al contrario, en mi intervención subrayé muy claramente que el cumplimiento de esta legislación era una condición previa para discutir estas cuestiones. La buena noticia, que, además, figura dentro de las propuestas de la Agenda 2000, es la colaboración que se entablará entre los grupos locales de personas cuya vida se vea afectada por estos problemas, como queda también subrayado en la Comunicación. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la legislación en materia medioambiental debe cumplirse y también en que las personas cuya vida se vea afectada por estos problemas deben unirse cada vez más para tratar de hallar soluciones razonables.

Olsson
Señor Presidente, soy partidario de la descentralización y opino que es correcto que se descentralice. Sin embargo, me sorprende un poco escuchar a la Comisaria Bjerregaard elogiar la descentralización de la política medioambiental. Es evidente que si se descentralizan las decisiones que atañen a la política medioambiental, nos enfrentaremos a distintas situaciones en los diferentes países. Esto conducirá a que la competencia se vea afectada de forma negativa, ofreciendo las mejores condiciones de competencia a quienes descuiden los aspectos medioambientales. En la Unión, esto no puede aceptarse.

Bjerregaard
No, señor Olsson, de ninguna forma. La legislación europea en materia medioambiental debe cumplirse. Ésta fue precisamente la razón por la que en mi intervención manifesté mi alegría ante el informe del Parlamento Europeo sobre la directiva sobre nitratos y dije que hemos dado pasos concretos ante los países que no cumplen la directiva. Precisamente dije en mi intervención que «...La política agrícola se convertirá en un asunto entre los ciudadanos y los agricultores. Cada país y cada región deberán ayudar a plantear los requisitos valederos en su zona. Naturalmente habrá condiciones que garanticen el cumplimiento de las leyes nacionales y europeas existentes, sin embargo, con la posibilidad de atender a las circunstancias locales mejor de lo que permiten las soluciones muy centralizadas.» Luego creo que la posición del Sr. Olsson y la mía propia no son muy diferentes en este tema.

Barthet-Mayer
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, la agricultura biológica constituye un magnífico ejemplo de agricultura duradera.
En la resolución común del Parlamento Europeo sobre la ganadería biológica se interpela a la Comisión y al Consejo acerca de los progresos técnicos que se han de satisfacer en la propuesta de la Comisión que se está examinando actualmente y, respecto al punto fundamental de la alimentación animal, la excepción que autoriza un 10 % de alimentos convencionales en la propuesta ya es suficiente. Con el 25 % que recomienda el Consejo, ¿se puede hablar aún de producción biológica, teniendo en cuenta que la agricultura biológica debe ser la señal de calidad más estricta y exigente? Ustedes además lo reconocen, lo sé perfectamente.
¿Considera la Comisión que un animal alimentado con un 25 % de alimentos convencionales sigue mereciendo la denominación de»producto biológico»? Además, la naturaleza de ese alimento convencional no se especifica en absoluto. Puede tratarse de productos obtenidos de la agricultura intensiva, cuando se podrían contemplar, por lo menos, productos procedentes de las zonas que se benefician de medidas agroambientales o de agricultura integrada o que siguen en fase de conversión hacia la agricultura biológica.
¿Qué piensa hacer...
El Presidente retira la palabra a la oradora

Fischler
Señor Presidente, señores y señoras diputados, podríamos decir que la pregunta lanzada por la Sra. Barthet-Mayer consta de varias partes. Debemos distinguirlas cuidadosamente. ¿Qué se entiende por producción convencional, por producción integrada y por agricultura biológica? Son tres categorías bien distintas. Como es sabido, la Comisión -señora Barthet-Mayer, hace poco hemos debatido esta cuestión en el Parlamento- ha formulado una propuesta en la cual se aboga por la elaboración de directivas comunitarias que también contemple garantías relacionadas con los productos animales para que podamos disponer de una misma norma común en toda la Unión por lo que a la definición de productos biológicos se refiere. Dicha propuesta ya lleva varios años encima de la mesa y aunque en el Consejo de Ministros de Agricultura se estén celebrando intensos debates al respecto -el último data del Consejo de diciembre- hasta la fecha no se ha podido llegar a ningún acuerdo en esta materia. La propuesta aborda algunos temas sensibles sobre los cuales creo que hay que seguir discutiendo, sin que se pueda aceptar que la idea básica, es decir, la definición de lo que se entiende por productos biológicos, se debilite. Y en este contexto, una de las cuestiones específicas a la que usted ha hecho referencia aquí concierne precisamente al uso de piensos tradicionales y piensos a base de GMO.
Se trata de un problema que en su día fue objeto de discusión en otro contexto, más en concreto en el marco de la modificación del Reglamento (CEE) nº 220/90, y mi opinión al respecto es que debemos procurar que todos los elementos que contribuyan a una mayor transparencia de cara al consumidor se desarrollen en paralelo.

Hardstaff
Señor Presidente, ¿podría dárseme la seguridad de que los dos Comisarios están unidos en la oposición a la importación de carne de bovino producida con hormonas y también leche producida con BST?

Fischler
Señor Presidente, señora Hardstaff, aunque no esté directamente relacionado con el tema de hoy, quisiera dejarle claro una cosa. Lo que debemos y lo que queremos hacer es ajustar nuestra evaluación de riesgos, tal y como se recoge en las conclusiones del foro, a las normas establecidas por la OMC. A este fin, la Comisión ha mandado elaborar ocho estudios científicos en total. En este momento, estamos a la espera de los resultados de estas investigaciones y confío en que a raíz de ello podamos mantener nuestra posición, como siempre nos hemos propuesto.

Goepel
Señor Presidente, señor Comisario Fischler, ¿acierto cuando sugiero que en el fondo ustedes han concebido la Agenda 2000 para fortalecer la competitividad de los agricultores en el mercado mundial y no para reducir el uso de fertilizantes y otros medios de producción de los cuales los agricultores en sí no pueden prescindir? Es ésta mi primera pregunta. Debo admitir que la justificación aducida por la Sra. Bjerregaard es realmente el último argumento a favor de la necesaria implantación de la Agenda 2000 que hubiera podido imaginarme.
Y ahora paso a formular mi segunda pregunta. ¿Puede comunicarme el porcentaje en que los diferentes Estados miembros aplican el Reglamento (CEE) nº 20/78? En mi región, dicho porcentaje asciende al 100 %. Merece la pena poner este tema sobre la mesa. Por lo demás, querría saber qué es lo que usted entiende concretamente por práctica agrícola. Por favor, no vaya usted a confundir el concepto de agricultura intensiva con una agricultura adaptada a su lugar de origen.

Bjerregaard
Señor Presidente, creo que puede hablarse de una coincidencia muy positiva entre mis palabras hoy ante este Parlamento y las propuestas que la Comisión ha presentado dentro de la Agenda 2000. En las nuevas comunicaciones sobre las que nos hemos puesto de acuerdo el Sr. Fischler y yo misma y que es importante dar a conocer, se señala la conveniencia de la colaboración mutua entre el respeto al medio ambiente y el respeto a la agricultura. Ninguno de nosotros acepta que la legislación en materia de medio ambiente no se cumpla. Organizamos la política de tal forma que esto es posible. Los dos estamos convencidos de que así sucede y de que pueden alcanzarse decisiones razonables en los Estados miembros. Puede ser útil antes de que alcancemos un resultado constructivo y por supuesto esperamos también que el Parlamento participe en este debate para que el resultado alcanzado garantice tanto una agricultura razonable como una política razonable en materia medioambiental.

Papayannakis
Señora Comisaria, supongamos que su intención es buena y que lo que nos ha dicho es interesante. Permítame recordarle que la agricultura en la economía no está sola. Depende de todo un entorno. ¿Cómo va a ser posible que nuestros agricultores practiquen cultivos ecológicos si la industria que los abastece y las industrias que son sus clientes los empujan a tener un comportamiento antiecológico? ¿Cómo van a competir países de los que importamos productos que no son ecológicos, que no son los productos de los agricultores pobres, sino de la peor, de la más infame explotación extensiva de la tierra y de los animales? ¿Y cómo van a desarrollar una agricultura ecológica -y conozco a muchos que lo hacen en Grecia- cuando se enfrentan a tremendos problemas para comercializar sus productos, comercio al que no ayudamos con nuestros reglamentos?
¿No deberíamos ver estas cosas en relación con su entorno? ¿No deberíamos hablar de economía ecológica en lugar de agricultura ecológica, señora Comisaria?

Bjerregaard
Señor Presidente, como dijo el Sr. Fischler hace un momento, el propósito de la reforma no es la agricultura ecológica, que supone un porcentaje muy pequeño de la agricultura europea. Es evidente que sería deseable que este porcentaje aumentase, sin embargo, y no hace falta decirlo, nos hemos concentrado en muchas cosas más. Permítanme decirlo muy claramente: creo que los ciudadanos europeos desean aguas limpias. No están dispuestos a aceptar que el agua que beben no esté limpia. No entienden que no sea posible hacer una política agrícola racional al mismo tiempo que disponen de aguas limpias. Creemos que esto también es posible y por ello hemos presentado estas propuestas y mantenemos que las leyes medioambientales deben ser cumplidas, disfrutando al mismo tiempo de una agricultura racional en Europa. Pudiera suceder que algunas veces tengamos que discutir bastante con los americanos, sin embargo, si éste fuera el caso, también lo haremos.

Robles Piquer
Quería preguntar a la Comisión: dentro de esta perspectiva de conciliación natural entre la producción agrícola y el medio ambiente, ¿qué papel reserva la Comisión a la producción agrícola destinada a fines no alimenticios, y más particularmente a la biomasa que pudiera servir para la producción de energía renovable? Porque creo que es un destino natural para una parte de la producción excedentaria de la agricultura europea.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores diputados, mi respuesta a la segunda parte de su pregunta de si estamos dispuestos a subvencionar igualmente el cultivo de biomasa y la producción de energías alternativas y materias primas vegetales renovables gira en torno a tres puntos. En primer lugar, nuestras propuestas relativas al cultivo de cereales y semillas oleaginosas contemplan la posibilidad de subvencionar estos productos. En segundo término, nuestras propuestas relativas al desarrollo rural prevén que este tipo de inversiones pueden ser objeto de subvenciones siempre y cuando estén relacionadas con el mundo rural. Y por último, hemos incorporado en el ámbito del desarrollo rural un amplio capítulo referido a los bosques. Las posibilidades de subvención que ahí se contemplan conllevarán ciertamente un incremento de la producción de la madera, materia prima vegetal renovable.

Myller
Señor Presidente, es muy importante que se integre la política medioambiental en la política agrícola, de la misma manera que es importante integrar la política medioambiental en el conjunto de la política de la Unión Europea. Desde el punto de vista de la política agrícola, la protección de las aguas reviste, como ya se ha señalado aquí, una extrema importancia. Si bien no cabe la menor duda de que al exigirse el cumplimiento de las normas medioambientales como requisito para la concesión de ayudas directas se está dando un paso adelante, por otra parte debería resultar obvio que las ayudas han de pagarse únicamente cuando se respetan las normas. Sin embargo, deberíamos estar satisfechos por haber llegado hasta aquí. Ahora se suscitan cuestiones como cuál será la acogida de los Estados miembros ante esto que yo considero un paso adelante, cómo se llevará a cabo su control, si serán necesarios o no largos periodos transitorios y de qué manera se entablará un debate a este respecto. Se recurrirá, por ejemplo, a elaborar unas normas prácticas para la agricultura conformes al desarrollo sostenible, que servirán posteriormente de base para cotejar la política aplicada y permitir, así, el pago de ayudas directas?

Fischler
Señor Presidente, señora Diputada, antes que nada quisiera señalar que, evidentemente, se tomarán las medidas de control oportunas y -como viene siendo habitual en estos casos- compartiremos las responsabilidades correspondientes. Es decir, la supervisión sobre el terreno de las explotaciones agrícolas correrá principalmente a cargo de los Estados miembros, en tanto que la misión de los servicios de la Comisión consistirá en asegurar y controlar que los Estados miembros efectivamente cumplan con esta obligación de forma satisfactoria. Además, usted no puede perder de vista que todo lo que se refiere a la implantación y aplicación de la práctica agrícola así como a la financiación de las ayudas directas está relacionado con los instrumentos del Fondo de Garantía, lo que implica que el conjunto de los gastos está sometido, además, al control del FEOGA. Ello significa que en caso de que los Estados miembros no lleven a cabo de forma satisfactoria las medidas de control necesarias, siempre nos quedará la posibilidad de llamar al orden a aquellos Estados que hayan incumplido su deber en el momento de la liquidación.

Bjerregaard
Señor Presidente, la directiva sobre nitratos ilustra estupendamente nuestra forma de proceder en materia medioambiental. Cuando era evidente que los Estados miembros ya deberían haber implantado la directiva sobre nitratos, investigamos simplemente los avances realizados en su ejecución en todos los Estados miembros. Hicimos público este informe e iniciamos proceso -por lo que recuerdo- contra doce Estados miembros que no habían implantado la directiva sobre nitratos. Creo que este procedimiento, en el cual se analiza la situación en todos los Estados miembros, aumenta nuestras posibilidades a la hora de lograr que los Estados miembros implanten la legislación. Naturalmente -y coincido plenamente con la Sra. Myller-, esta implantación por parte de los Estados miembros resulta fundamental para la credibilidad de nuestra política.

Florenz
Señor Presidente, siempre que el Comisario Fischler y la señora Bjerregaard proponen una estrategia común en esta Casa, me pongo en estado de máxima alerta, ya que en los últimos cinco años la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha elaborado una sola armonización y, a mi modo de ver, no ha conseguido absolutamente nada en el ámbito del medio ambiente; ¡todo lo contrario! La legislación de los últimos cinco años está plagada de conceptos jurídicos sumamente vagos, como por ejemplo BAT, alto nivel de protección, práctica agrícola adecuada, etc. Primeramente esta normativa ha de incorporarse al derecho nacional y hasta que no se consiga una línea más o menos uniforme en este sentido, señor Fischler, no podrá llevarse a cabo medida de control alguna.
Señora Bjerregaard, tengo una pregunta para usted. ¿Tiene previsto definir algún día este sinfín de vagos conceptos jurídicos a través de Ispra o de quién sea?

Bjerregaard
Ante todo, he de decirle al Sr. Florenz que tranquilamente le paso su pregunta, en la que solicitaba una definición y explicación más detallada del concepto de buena práctica agrícola, a mi colega, el Sr. Fischler. Sin embargo, quiero decir que, considerando el gran número de discusiones que he tenido con la Comisión de Medio Ambiente, podemos alegrarnos de disponer de una comunicación común sobre la agricultura y el medio ambiente. Estoy segura de que el Parlamento- de haber debatido esta cuestión hace dos o tres años- habría jurado que no llegaríamos a encontrarnos con un documento como la Agenda 2000, gracias al cual se incluyen en la política agrícola tantas consideraciones de índole medioambiental como es ahora el caso. Es evidente que puede haber áreas en las que quisiéramos avanzar más y sobre las que hay deseos específicos, sin embargo, creo igual que la Sra. Myller que podemos alegrarnos con toda la razón del mundo de haber avanzado hoy tanto.

Campos
Señor Presidente, tengo dos preguntas por hacer. En 1950 el 35 % del total de la población europea estaba dedicada a la agricultura. Hoy es un 5 %. Con esta reforma y con el envejecimiento que hay en el sector, en el año 2006 el porcentaje será de entre el 2, 5 % y el 3 %. La primera pregunta que hago es si se preserva el medio ambiente desertizando el mundo rural. Porque a eso va encaminada la propia reforma...
Segunda pregunta: ¿cómo es posible promover la defensa del medio ambiente gastando el 50 % del presupuesto con ese 5 %, que en breve va a ser un 2, 5 %? Y, encima, ayudando a la producción, es decir, incentivando a los productores que utilicen todas las políticas productivistas, sin preservar el empleo, sin preservar la calidad, sin preservar el medio ambiente, sin preservar la seguridad. ¿Cómo es que el Comisario compatibiliza la política que, según dice, quiere hacer con la desertización y el pago a la producción? Y más aún: ...
El Presidente interrumpe al orador

Fischler
Señor Presidente, señor diputado Campos, en primer lugar quisiera referirme a la relación entre gastos y porcentaje de la población agrícola. Si pretende jugar limpio, ha de tener en cuenta todos los gastos públicos. Sumando los presupuestos nacionales y el presupuesto comunitario y calculando la porción que corresponde a la agricultura, se llega a un 2 %, destinado a un 5 % de la población. No creo que se trate de una proporción excesiva.
En segundo término, con respecto a la evolución del empleo en el ámbito de la agricultura solamente le puedo decir que a un mayor respeto del medio ambiente corresponderá un mayor número de puestos de trabajo, no al revés. Por todo ello, la presente iniciativa de incorporar en la reforma condiciones medioambientales más estrictas redunda ciertamente en beneficio de la agricultura y del empleo. Hay otro asunto que usted no puede olvidar. Si en nuestro debate exigimos que los agricultores europeos hagan estos esfuerzos adicionales que, además, están muy por encima de los que han de realizar sus competidores del otro lado del Atlántico, debemos estar dispuestos a prever los recursos financieros necesarios para ello. ¡Así las cosas ya va siendo hora de que se deje de argumentar que la reforma agrícola no puede costar nada!

Mulder
Señor Presidente, ya se ha hablado en varias ocasiones sobre la aplicación de la directiva relativa a los nitratos. En una pregunta escrita que yo mismo presenté, la Comisión respondió recientemente que no hay normas uniformes de muestreo de las aguas subterráneas para comprobar si la directiva está siendo aplicada correctamente. Esto me parece una base bastante poco sólida para controlar la legislación. ¿Cuándo va a mejorarse esta situación?
Segunda pregunta. Los nitratos de las aguas subterráneas no proceden únicamente de los abonos animales. Proceden también de los abonos químicos que también pueden generarse en fábricas, instalaciones de depuración de aguas y similares. ¿Cómo piensa la Comisión diferenciar los nitratos de las aguas subterráneas que proceden de esas fuentes de los nitratos que proceden de los abonos animales para no achacarlos sólo a la agricultura?

Bjerregaard
Señor Presidente, por supuesto no es tarea de la Comisión diferenciar si el origen de los nitratos es éste o aquél. Nuestra tarea es controlar si los Estados miembros cumplen la directiva sobre nitratos, es decir, simplemente vigilar la cantidad de nitratos que hay en las aguas subterráneas. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que analizamos y ha quedado claro que las zonas en las que ha habido especiales problemas a raíz de la directiva sobre nitratos han sido las zonas con una producción ganadera muy compacta, ya sea de vacuno o de porcino, aunque el ganado porcino en especial ha ocasionado grandes quebraderos. Por este motivo, ciertos países han tenido considerables dificultades a la hora de implantar la directiva sobre nitratos. Sin embargo, nuestra tarea, tal y como ha quedado ya dicho, no es vigilar el origen de éstos, sino velar por el cumplimiento de la directiva.

Sturdy
Señor Presidente, mi pregunta es para los dos Comisarios. Mañana celebraremos una votación sobre un instrumento legislativo bastante importante: el informe del Sr. Kindermann sobre el bienestar animal. Quisiera saber cómo ve la situación la Comisión. Por ejemplo, en el Reino Unido, el criador británico de ganado porcino está sufriendo las consecuencias de la legislación relativa al bienestar animal. En Suecia se calcula que la legislación medioambiental del país añade una corona sueca por kilogramo al precio de la carne. ¿Cómo ve la Comisión la protección de la agricultura europea en relación con las importaciones procedentes de países que no tienen la clase de legislación sobre el bienestar animal que tenemos en la Unión Europea? Por favor, Comisarios, no utilicen el argumento de que el consumidor decidirá. El consumidor decide sobre el precio. Espero que se me pueda dar una respuesta satisfactoria.

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, por lo que a la protección de los animales se refiere quisiera señalar que este tema -precisamente para contrarrestar el argumento de la distorsión de la competencia a escala internacional-habría de abordarse en la próxima ronda de la OMC y debería estar en el orden del día de las próximas negociaciones agrícolas.
En segundo lugar, querría dejar claro que, obviamente, se incluirán disposiciones relativas a la protección de los animales. No puede aceptarse bajo ningún concepto, independientemente de que se trate de explotación ganadera o de posesión de animales para fines no agrícolas, que se infrinjan las leyes dictadas a este efecto. Asimismo hemos previsto, especialmente en el contexto de la subvención de las inversiones en empresas agrícolas, que un agricultor que opte por unas instalaciones de explotación respetuosas con el bienestar de los animales y que invierta en dichas instalaciones, reciba más ayudas que un agricultor que se limite a cumplir las normas mínimas.

Fantuzzi
He leído en Internet, en la página de la Dirección General XXIV, el informe del Comité consultivo de los consumidores sobre la reforma de la PAC. Se trata de un escrito de acusación muy duro que expone el punto de vista de los consumidores y que reaparece puntualmente en las posiciones expresadas por el BEUC. Mis preguntas son: ¿Qué estiman al respecto y qué piensan hacer para tratar de acercar las dos orillas, la agricultura y las exigencias de los consumidores?

Fischler
Señor Presidente, señoras y señores, en este punto estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Fantuzzi. Lamento profundamente que este informe se fundamente en parte en aseveraciones que no se corresponden ni con la realidad de nuestras propuestas ni con el estado de la discusión. Les invito, por tanto, a que hagamos un esfuerzo común por facilitar a la opinión pública una explicación más objetiva a fin de evitar que la agricultura se convierta en víctima de ataques subjetivos que no vienen a cuento.

Lannoye
Señor Presidente, mi pregunta va dirigida más en concreto a la Sra. Bjerregaard. Evidentemente, me alegro de la cooperación entre ambos comisarios en el tema agricultura-medio ambiente, pero me pregunto sobre un riesgo que podría surgir en la evolución futura de este sector, que es el de la transferencia de agentes nocivos.
Creo que la biodiversidad es esencial. Pero cuando veo que la Comisión, y en particular el departamento de la Sra. Bjerregaard, se muestra más bien favorable a recurrir a la tecnología genética y a la comercialización de organismos genéticamente modificados sin que hayamos hecho una evaluación seria de su repercusión sobre la biodiversidad, me surgen dudas.
Querría saber si la Sra. Bjerregaard está dispuesta a revisar la autorización que ya ha sido concedida para ciertos organismos genéticamente modificados si se viera que dicha autorización tiene efectos negativos en materia de biodiversidad.

Bjerregaard
Señor Presidente, con respecto a la pregunta sobre los organismos modificados genéticamente me gustaría decir que la Comisión ha sido muy cuidadosa evitando pronunciarse sobre ellos tanto a favor como en contra. En lugar de esto, lo que hemos hecho ha sido ocuparnos en primera instancia de que todas las personas que necesitaran estar enteradas, se enteraran y para ello hemos implantado, muy pronto, el etiquetado de los productos.
A continuación, hemos abordado la segunda cuestión que se planteó, es decir, los efectos de los organismos modificados genéticamente. Es evidente que también somos conscientes de su relación con la biodiversidad. Lo cual se traduce en que en la nueva propuesta que se tramitará en el Parlamento seamos muy claros con respecto a la cuestión de los análisis de riesgos. Sin embargo, hemos abordado también los efectos a largo plazo, que eran realmente el tema de la pregunta. Por supuesto, debemos investigar las implicaciones que tiene la exposición de estos productos al medio ambiente y si ésta puede tener consecuencias a largo plazo. Seguimos esta cuestión muy de cerca y como quizá sabe la señora diputada, la propuesta 90/220 contiene disposiciones para que la aprobación de los productos que incluyen organismos modificados genéticamente no sea eterna, sino que vuelva a examinarse, puesto que no puede excluirse que dispongamos en un futuro de datos sobre los efectos a largo plazo o de nuevas informaciones. Luego puede decirse que tratamos de ser todo lo cuidadosos que podemos y quiero añadir que me alegra poder debatir este tema con el Parlamento, según parece, el próximo mes de febrero.

El Presidente
Agradezco su intervención a la Comisión.
Declaro cerrado este punto.

Industrias vinculadas a la defensa
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0482/98) del Sr. Titley, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión «La aplicación de la estrategia de la Unión sobre los sectores industriales vinculados a la defensa» (COM(97)0583 - C4-0223/98).

Titley
Señor Presidente, la base industrial, científica y tecnológica europea es esencial para la seguridad de la Unión Europea. Esa base es la que proporciona la capacidad que hace posibles los pilares político y militar de la identidad europea de defensa, expresada mediante la PESC, la UEO y la OTAN.
Esa afirmación es tan cierta hoy como cuando la hice en mi primer informe hace casi dos años. Y, sin embargo, esa base sigue debilitándose, pese a que Europa tiene algunas empresas destacadas. En los 10 últimos años hemos perdido el 50 % de los puestos de trabajo en ese sector. En 1995 la UE importó de los EE.UU. seis veces el valor de sus exportaciones. En 1985 el coeficiente era 4: 1. En mi primer informe están expuestas muy claramente las razones a que se debe eso, pero se pueden resumir en una estadística: tenemos 43 empresas relacionadas con la defensa y un presupuesto de defensa de 94.500 millones de euros. Los EE.UU. tienen 14 empresas relacionadas con la defensa y un presupuesto de defensa de 212.000 millones de euros. Otro 75 % de lo que importamos procede de los EE.UU. Ni siquiera comerciamos entre nosotros, pues el comercio intracomunitario representa sólo el 4 % o el 5 % de los contratos públicos.
No es que no seamos conscientes del problema. He pasado los tres últimos años asistiendo a conferencias interminables en las que todo el mundo conviene en la existencia del problema, la mayoría están de acuerdo respecto de la solución, pero muy pocos parecen dispuestos a adoptar las medidas necesarias. Se trata de un ámbito en el que la retórica y la acción casi nunca coinciden. De hecho, con frecuencia tengo la sensación de que todos los participantes están dando vueltas cuidadosamente unos en torno a los otros en una danza dieciochesca primorosamente coreografiada, cuando, en realidad, lo que necesitamos en este momento es una buena dosis de rock-and-roll. Estoy seguro de que el Comisario Bangemann tendrá mucho gusto en encabezar el rock-and-roll.
Naturalmente, se han logrado avances. Ha habido la creación de POLARM. Se ha incluido en el Tratado de Amsterdam la sección relativa al armamento. Se ha creado la OCCAR. Ha habido declaraciones de los Jefes de Estado en las que se decía lo importante que es esto. Ha habido la carta de intenciones de 6 de julio, firmada por los seis ministros de Defensa, que fue, en realidad, un paso decisivo por esa vía, como también lo fue el código de conducta sobre las ventas de armas. El pasado mes de noviembre se decidió el plan de acción WEAG, pero no siempre se llevan a cabo las acciones en esa sección. El año pasado se anunció la intención de crear una empresa aeroespacial y de defensa europea, pero nadie se pone de acuerdo sobre cómo hacerlo y hay una batalla entre quienes creen que debe haber una gran inversión estatal y quienes creen que debe ser una empresa privada.
Hace mucho tiempo acordamos que debía haber una sola entidad empresarial para Airbus, pero, en realidad, aún no se ha firmado. La situación ha llegado a ser como la contemplación de la obra de teatro de Beckett Esperando a Godot . Las empresas de los helicópteros Westland y Agusta tenían intención de fusionarse, pero siguen discutiendo sobre simples asuntos de valoración. British Aerospace y DASA tenían intención de fusionarse, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre el accionariado compatible. El matrimonio entre Aérospatiale y Dassault, tantas veces propuesto, no ha llegado a consumarse.
De hecho, en Europa hacen falta tres veces más tiempo para crear una fusión que en los EE.UU. y el resultado final es menor. British Aerospace/Matra tiene unas ventas de 1.500 millones de dólares frente a su competidor principal en los EE.UU, cuyas ventas ascienden a 5.000 millones de dólares. No voy a decir nada más sobre la historia de Euro-fighter, Horizon o el vehículo acorazado polivalente. Compárese ese pequeño minué con el rock-and-roll en los Estados Unidos, donde a partir de 1992 ha habido una gran cantidad de fusiones, de las que han resultado tres y media empresas importantes.
Por eso es esencial que actuemos ahora. Debemos utilizar todos nuestros recursos. No debe haber discusiones institucionales. No debemos adoptar actitudes intransigentes por dignidad o ceremoniosidad. La reciente comunicación de la Comisión es tan importante porque muestra una voluntad de utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición, ya sean instrumentos comunitarios o de los Estados miembros. En primer lugar, se debe permitir a las empresas que sigan una lógica comercial al respecto. Los Gobiernos deben retirarse y recurrir al artículo 223 sólo cuando sea absolutamente esencial.
Eso es, en realidad, lo que British Aerospace está haciendo, que es probablemente lo máximo que nos hemos acercado en ese sector a un roquero con chaqueta de cuero, en sus fusiones con empresas como Saab y Matra. La reciente fusión con GEC/Marconi es un buen acuerdo, porque se basa en los principios del valor de las acciones y, para hacer que el dinero de los contribuyentes sea rentable, es importante una base financiera sólida. También es importante porque lo que hemos visto en los EE.UU. es que las fusiones han avanzado, como en el arca de Noé, de dos en dos. No han intentado forzar a demasiadas empresas a juntarse en determinado momento. Por eso creo que la fusión de British Aerospace con Marconi tiene sentido.
En segundo lugar, ahora tenemos que seguir el plan de acción de la Comisión y aplicar al máximo los principios de un mercado único. También debemos utilizar los instrumentos de la PESC para formular una posición común sobre la cooperación en materia de armamentos, aunque dicha posición común debe ser flexible, teniendo presentes las necesidades de ese sector particular. También debemos dar mayor claridad a la PESC y a la función de la identidad europea de defensa, razón por la cual la iniciativa del Primer Ministro británico y el Acuerdo de San Malo son tan importantes. Tenemos que formular exactamente lo que las misiones Petersberg entrañan para nuestros ejércitos a fin de que la industria sepa qué equipo debe suministrar. Sobre los contratos públicos, debemos avanzar hacia una agencia europea de armamento, juntando, en caso necesario, la OCCAR y WEAG en un acuerdo poco estricto. Tiene que haber una mayor coordinación al respecto como tiene que haberla, de hecho, en materia de investigación. Tiene que quedar claro que quien obtendrá el contrato será el mejor prestatario. Ahora no debemos confiar por más tiempo en un juste retour .
Básicamente, si no empezamos a rocanrolear, los americanos van a pasar rodando por encima de nosotros. Ahora bien, la intención de este informe no es deliberadamente antiamericana. Lo que necesitamos más bien es una industria fuerte, si queremos competir o colaborar con los americanos y si queremos satisfacer los requisitos de la OTAN en materia de seguridad, de conformidad con la identidad europea de defensa. Debemos procurar colaborar con los americanos. Al fin y al cabo, se trata de una industria mundial. Las empresas europeas ya no son empresas europeas en realidad. Tienen inversiones en los Estados Unidos y empresas como Boeing tienen inversiones en Europa. Conque acabemos con esa distinción artificial y construyamos una industria europea fuerte para colaborar con los americanos. De hecho, sé que la industria me va a odiar por decirlo, pero la consecuencia lógica de la fusión Boeing/McDonnell Douglas es la de que el próximo paso adelante debe ser una vinculación entre Airbus y Lockheed Martin. Después habrá competencia mundial en la industria aerospacial.

Cars
Señor Presidente, la democracia y la libertad merecen defenderse. Si esta voluntad no hubiese existido en Europa y en América cuando más se necesitaba, ninguno de nosotros estaría hoy aquí. También en Europa hemos podido ver que una buena defensa evita las guerras y contribuye al derrumbamiento de poderosos estados dictatoriales. La idea de la libertad, protegida por una buena defensa, puede traspasar y derribar los muros más gruesos.
Los hombres y mujeres que en nuestros países miembros tienen la misión de defender Europa, tienen derecho a usar armamento moderno. La pregunta que hoy tenemos que plantearnos es si es importante que algunas de esas armas se desarrollen y se produzcan en Europa. Mi respuesta a esta pregunta, y la de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, es un sí incondicional. Es importante que Europa esté en la vanguardia, sí, y ojalá a la cabeza en algunos campos. Si tenemos algo que ofrecer como fabricantes, también seremos respetados como clientes. De otro modo, aumenta el riesgo de que tengamos que conformarnos con lo que el fabricante nos ofrezca y a los precios que éste estime justos.
En esta época de paz duradera -algo en lo que nos atrevemos a creer- es natural que bajemos los costes de nuestra defensa. Aún más importante es que coordinemos la decreciente industria europea de armamentos, de modo que lo que quede de ella conserve competitividad, pueda satisfacer la necesidad de armas de nuestros ejércitos y también haga interesante para Estados Unidos el intercambio de experiencias y de material bélico con nosotros.

Swoboda
Señor Presidente, señoras y señores, la apasionada exposición del ponente, el Sr. Gary Titley, prácticamente hace innecesario cualquier comentario. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Gary Titley por su informe, puesto que no cabe duda de que ha abordado y llevado a buen puerto el estudio de un tema fundamental, tanto desde un punto de vista económico como en el plano de la política de defensa y seguridad. No nos hagamos ilusiones por lo que a la perspectiva científica se refiere. Los Estados Unidos de América, en su eterna lucha por el comercio totalmente libre y por un desarrollo plenamente libre de la economía, siempre dan muestras de un gran interés y una actividad febril cuando les corresponde defender su propia industria y salvaguardar su posición en el mercado mundial.
Sus esfuerzos se concentran especialmente en todo lo relacionado con los sectores industriales vinculados a la defensa, a la industria aeronáutica, etc. Por todo ello, Europa debe formular una respuesta contundente ante esta actitud si no quiere pasar por ingenua. Gary Titley ha insistido en esta necesidad. Y la Comisión también ha dejado claro que está dispuesta a afrontar esta clase de competencia, sin que sea preciso crear nuevas posiciones monopolísticas. Pero sí hemos de darnos cuenta de que se trata de una competencia más global, a la que tenemos que responder.
El segundo aspecto atañe a la política de defensa. Estamos hablando -por el momento todo se queda en palabras, pero ojalá puedan tomarse pronto medidas concretas- de una identidad de defensa. Estamos diciendo que, en determinados contextos, Europa ha de actuar por su cuenta, sin mirar de reojo a la OTAN, o más en particular a los Estados Unidos, para ver por dónde van los tiros. Naturalmente, una identidad europea de defensa de estas características no puede basarse en una autarquía absoluta, pero por otra parte, es imprescindible que dispongamos hasta cierto punto de una industria de armamento autónoma, por supuesto sin dejar de colaborar con los norteamericanos. Espero que nuestro colega Gary Titley tenga razón y que lo que está sucediendo hoy día entre empresas británicas y empresas norteamericanas no obstaculice la toma de decisiones y la realización de planes de fusión de esta naturaleza a escala europea. Tal vez estas circunstancias tengan el efecto contrario y acaben ejerciendo presión para que se aceleren las negociaciones y se construya una industria europea en un futuro próximo, no con idea de hacer frente a la industria norteamericana sino para convertirse en su socio.
Por último, quisiera destacar algo que también forma parte del informe aunque no constituye el tema principal. Nosotros, los miembros del Parlamento Europeo, no deberíamos referirnos nunca a la defensa sin hacer referencia al mismo tiempo al desarme. En opinión de los socialdemócratas, todos estos esfuerzos por crear una identidad europea de defensa y por construir una industria europea de defensa no son incompatibles con la decisión de seguir avanzando en el ámbito del desarme. ¡Es un punto que continúa estando en el orden del día! El mundo más seguro es un mundo en el que desarme se escribe con mayúscula y, por tanto, es fundamental que no se aproveche una cosa en detrimento de la otra. Desgraciadamente, vivimos en un mundo en el que el armamento no puede faltar y en el que estamos obligados a introducir continuamente modernizaciones. Es lo que debemos hacer a escala europea pero, al mismo tiempo, debemos luchar por el desarme del mundo a escala global.

De Melo
Señor Presidente, Señorías, ya estamos acostumbrados a los numerosos y bien elaborados informes e intervenciones de nuestro colega el Sr. Titley, al abordar el asunto de las industrias relacionadas con la defensa. Todo el trabajo del Sr. Titley ha constituido un loable esfuerzo de nuestro Parlamento, al señalar a la atención de las instituciones europeas y solicitar la modificación de una política inadecuada en materia de equipo militar para las fuerzas armadas de los países que forman parte de la Unión Europea. Permítame, señor Titley, que transmita aquí mi pleno acuerdo y el de mi Grupo a su informe.
Ahora bien, quiero mencionar una moderada posición de pesimismo en relación con el dinamismo que una política europea de armamento puede tener en la política de defensa común: punto 3 de su informe. Al contrario, considero que sólo una política efectiva de defensa común permitirá avanzar, con fuerza y sentido común, hacia una estrategia concertada en la industria europea de armamento. Aún vamos a esperar muchos años, en mi opinión, para concretar acciones comunes en política de defensa. Nos sentimos confortados por el paraguas americano en materia de defensa, aun menoscabando nuestro papel secundario en los asuntos exteriores. Y, mientras esta situación perdure, no vislumbro una voluntad fuerte, sobre todo de algunos miembros de la Unión, con vistas al desarrollo y la aceptación real de una estrategia de la Unión en materia de equipo militar.
Permítaseme una ligera referencia a las colaboraciones bilaterales y plurilaterales, a las que no quiero quitar mérito: también son de alabar esas iniciativas, que muchas veces disfrutan de apoyo de la UEO. Pero no dejan de ser esporádicas y tímidas, pues les falta una voluntad política global en la Unión. Cada año que pasa vamos, en la Unión Europea, distanciándonos, en materia de calidad de equipo militar, de nuestros aliados americanos. Como también en cuestiones de defensa. Por eso somos cada vez más súbditos y no señores en la política mundial. El informe del Sr. Titley, al señalar a la atención de la Unión esos problemas, tiene mérito y, por consiguiente, cuenta con nuestro apoyo total.

Bertens
Señor Presidente, la Comisión ha dado justificada prioridad al desarrollo de una política europea sobre la industria armamentística. La industria europea está fragmentada y perdiendo la batalla de la competitividad con sus competidores estadounidenses. Afortunadamente, la propia industria toma de vez en cuando la iniciativa en materia de cooperación, fusión o ampliación a gran escala. Pero, no obstante, la legislación no puede quedar postergada.
Los Estados miembros han cometido un grave error, que se ha repetido en Amsterdam, al seguir manteniendo la industria armamentística excluida del mercado interior. En defensa de su propia industria nacional, nuestros dirigentes gubernamentales han firmado la pena de muerte de esta misma industria. Esperemos que las propuestas actuales de la Comisión introduzcan un cambio al respecto. Pero la europeización de la industria implica también la europeización de las normas en materia de control de las exportaciones. El código de conducta de julio de los miembros más recientes fue un primer y pequeño paso y ahora requiere dar nuevos pasos.
Mi grupo, el Grupo liberal, apoya las propuestas de la Presidencia alemana en el sentido de incluir dentro de la legislación este código de conducta. Se trata, no sólo de la industria, sino también de la legislación. Asimismo, quiero agradecer a mi colega Titley las muchas horas que nos ha concedido para que pudiéramos debatir su informe, tanto en la Subcomisión de Seguridad como en la Comisión de Asuntos Exteriores. Mi enhorabuena.

Alavanos
Señor Presidente, el Sr. Titley, en calidad de coordinador del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, contribuye en gran medida a los trabajos de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Pero concretamente, en materia de armamento, creo que le distingue una pasión y un fanatismo, diría, que quizás mejor sería si cediese su sitio a la calma y a una mayor adaptación a la realidad. Porque creo que sería un error que la Unión Europea entrara en una competencia febril, alguien podría llamarlo así, con los Estados Unidos en cuestiones relativas a la industria de armamento cuando la Unión Europea aún no tiene principios ni mecanismos básicos para su política exterior.
Cuando, en temas graves, como es, por ejemplo, el ataque que sufrió Irak hace poco, vemos que unos países se sitúan al lado de los americanos, otros esconden la cabeza bajo el ala como el avestruz y que otros países hacen observaciones críticas, ¿en qué vamos a basar una política armamentística? Creo que nos estamos moviendo en un terreno peligroso. Y lo importante sería sentar las bases de nuestra política exterior y después ver los aspectos económicos y demás aspectos armamentíscos de la seguridad.
Naturalmente, yo también quiero subrayar que en el informe del Sr. Titley hay puntualizaciones muy significativas que vamos a apoyar, a pesar de nuestra postura general inicial, como es la continuación del programa KONVER, como son las medidas sobre las minas anti personas, y como es el código de exportaciones de armas, que mucho nos tememos que se va a quedar sólo en un principio general. Sabemos muy bien que los países de la Unión Europea siguen teniendo las manos manchadas, por las armas que exportan a diversos regímenes, a los más terribles y a los más sangrientos que rodean a Europa.

Schroedter
Señor Presidente, estimados colegas, ¿tal vez lo han olvidado? La guerra fría ha terminado. En Europa reina la paz. Vivimos en tiempos de paz. Es la hora del desarme. Lo que ocurre es que la industria de armamento no está dispuesta a adaptarse a estas nuevas normas, propias de tiempos de desarme, y, por tanto, da la voz de alarma. Reclama procesos de concentración industrial cuya autorización sería inconcebible en los sectores civiles. Exige subvenciones, exige apoyo político para exportar armamento, exige un debilitamiento de la política de cárteles. ¿Qué nos puede obligar a ceder ante estas reclamaciones, a sabiendas de que no van a ningún lado, a sabiendas de que no van a solucionar los problemas universales de la humanidad, los problemas del desempleo y de la pobreza, los problemas del cambio climático? No olviden que hemos creado el programa KONVER como sustitución del rearme, no como complemento. Es por esto por lo que los Verdes rechazan este informe.

Maes
Señor Presidente, quiero adherirme a las voces críticas que se han escuchado hoy aquí con respecto al informe y a la comunicación de la Comisión. Hay demasiadas armas en el mundo, las nucleares deben ser totalmente prohibidas y las clásicas deben reducirse drásticamente. Se trafica con demasiadas armas en zonas vulnerables, sea o no legal el tráfico, lo que no hace sino aumentar la violencia y la inseguridad en el mundo. Los códigos de conducta son incompletos y se aplican inadecuadamente.
Si lo que se pide es una política europea, decimos sí a una política europea en materia de Asuntos Exteriores y a una política de seguridad que esté de acuerdo con las prioridades anteriores. Queremos armas en la medida en que sean absolutamente necesarias. A lo único a lo que puedo dar mi apoyo total es, y ésta es mi opinión personal, al rechazo del tema dentro de un espacio comunitario europeo. Por lo demás, tengo otras prioridades.
Deseo una política de desarme comunitaria. Deseo la transformación de la industria armamentística en una industria con objetivos pacíficos. Deseo que exista la menor cantidad posible de trabajadores cuya existencia deba depender de la producción de armas. Solicito una normativa en materia de exportación de armas que sea jurídicamente vinculante a nivel europeo. Por supuesto, me adhiero a la petición de un informe anual consolidado sobre la exportación de armas, relativo a la aplicación de los códigos de conducta, que sea presentado por el Consejo a este Parlamento.
Entretanto, debemos señalar que en las reestructuraciones que se están llevando a cabo en estos momentos no parece haber mucha inspiración europea.

Féret
Señor Presidente, la Comisión Europea quiere poner en práctica una política europea sobre industrias vinculadas a la defensa. ¡Muy bien, nunca es demasiado tarde para hacer bien las cosas! Y el informe Titley desea afirmar la identidad europea de seguridad y de defensa -hasta ahí, lo alabo-, pero pretende que sea en el seno de la OTAN. ¡Esto es lo que me entristece!
Para un incrédulo como yo, el ogro soviético pudo bastar en su momento para justificar, a mis ojos, que Europa olvidara todos los conflictos de intereses que la oponen a Estados Unidos para enfrentarse juntos a un peligro común. Posteriormente, con la expansión de la Unión Europea, estas contradicciones no han hecho sino confirmarse. Hoy en día, sólo un ataque de monstruos extraterrestres podría hacerme olvidar por un tiempo que Europa es el principal competidor de los Estados Unidos, y que éstos no cesan de oponerse a nuestro progreso.
Una vez más, que «viva la Europa libre» no es posible sin un «no» a la OTAN.

Speciale
Señor Presidente, yo también quiero decir que el informe Titley es un informe importante que llega en un momento significativo. Por otra parte, creo que no contradice las ideas de fondo que muchos de nosotros tenemos y reiteramos, porque controlar la fabricación y la exportación de armas, es decir, plantearse esta cuestión ya es una manera de impedir que hagan política las armas y quienes las fabrican, que es precisamente lo que no queremos. Por lo tanto, es un informe importante, sobre todo por tres motivos: en primer lugar, porque valora la industria europea vinculada a la defensa, capaz de crear unos grupos europeos y de competir con los demás, en particular con los Estados Unidos; luego, porque apoya la investigación científica y las tecnologías avanzadas y, por último, porque, al mismo tiempo, se ha de emprender una acción de coordinación entre los Estados que ofrezca un marco de referencia.
En segundo lugar, porque hablar de la industria vinculada a la defensa significa subrayar la urgente necesidad de un despegue de la Política Exterior y de Defensa Común, absolutamente necesaria para conferir credibilidad internacional a la Unión Europea. Desde este punto de vista, considero asimismo sustancial la coordinación de los países candidatos a la ampliación.
En tercer lugar, porque creo que es justo valorar el hecho de que se establezca un código de conducta para la exportación de armas, un código que regule este aspecto tan delicado, lo moralice, lo convierta en más transparente e impida precisamente que las exportaciones de armas estén en contradicción con la política de la Unión Europea. Es importante que la Presidencia alemana haya declarado hace poco su intención de convertir en jurídicamente más vinculante el código de conducta. Éste es el camino acertado.
Por último, me parece justo resaltar y recordar en este Pleno que el informe Titley dedica una pequeño apartado a la adhesión de todos los Estados al Tratado de Ottawa sobre las minas antipersonas.
En consecuencia, teniendo en cuenta todos sus elementos, considero que este informe es importante.

Frischenschlager
Señor Presidente, habría preferido que el debate de este importante informe se hubiera centrado más en los aspectos de la política de seguridad en lugar de fijarse tanto en la política económica, puesto que constituye un paso fundamental hacia la realización de una política exterior y de seguridad común. Y ya va siendo hora de que se deje de poner en tela de juicio la necesidad política de tal procedimiento. En este marco no puede faltar -podría decirse desgraciadamente- una política de armamento y de adquisición que también ha de coordinarse a escala europea. ¿Por qué? En primer lugar, estoy convencido de la importancia de que Europa conserve cierta autonomía a la hora de adquirir material militar. En este sentido no me preocupa tanto la competencia económica, sino más bien la autonomía de cara a los Estados Unidos en el ámbito de la política de seguridad.
En segundo lugar, considero fundamental que la sobrecapacidad actual en la industria de armamento se reduzca de forma coordinada para que, de esta manera, se logre impedir la inversión errónea de recursos financieros en encargos de armamento, cosa que suele justificarse con el lema «Pretendemos aumentar la adquisición con objeto de crear empleo». Todos conocemos ejemplos de este tipo en nuestros países de origen. Por otra parte, también me parece especialmente relevante que impliquemos consecuentemente a los países de la Europa central y oriental. Tienen grandes problemas a este respecto y estimo fundamental, sobre todo de cara a la ampliación de la UE y de la OTAN, que los hagamos partícipes de nuestro proyecto. En este sentido lamento -y apoyo, por tanto, la tendencia del presente informe- la terminación del programa KONVER. ¡Debemos exigir su continuación por todos los medios posibles!
Al fin y al cabo no se trata del mercado. La economía del armamento no es un producto de mercado. En mi opinión, el aspecto decisivo es el de la política de seguridad y, por ello mismo, es importante que coordinemos la industria de armamento y la adquisición de armamento a escala europea, en beneficio de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Elmalan
Señor Presidente, Señorías, continuando su comunicación en 1996, la Comisión propuso en 1997 un plan de acción para las industrias vinculadas a la defensa. Negándose a tener en cuenta el carácter específico de este sector, sobre todo por el estrecho vínculo que existe entre defensa y soberanía, quiere aplicar, en nombre de la competitividad, el principio de la libre competencia. Va incluso más lejos, al abrir el camino a una política europea de armamento en el marco de una identidad europea de seguridad y de defensa.
Aprobadas por el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, estas orientaciones están recogidas en las políticas de reestructuración que han puesto en marcha los Estados miembros. Dichas reestructuraciones, que adoptan la forma de operaciones de fusión-adquisición a escala mundial, obedecen más a una lógica financiera que a una lógica puramente industrial. Tienen además graves consecuencias económicas, sociales y regionales. Así es como, en Francia, el Gobierno está llevando a cabo la reestructuración y privatización de las industrias de armamento, poniendo en peligro más de cincuenta mil puestos de trabajo.
Militantes activos de la paz y el desarme, los diputados franceses de mi grupo somos favorables a una disminución de los gastos armamentísticos, prioritariamente en el sector nuclear. Proponemos asimismo que se organice una conferencia internacional para la reducción del comercio de armas, que podría desembocar en un convenio internacional. Pero, al mismo tiempo, nos oponemos a las reestructuraciones y privatizaciones que resultan costosas en puestos de trabajo. Actualmente, sólo el 5 % de las necesidades de Francia son cubiertas por los arsenales y empresas estatales. Por ello consideramos que los suministros de armas necesarias para nuestra defensa deben ser asegurados por empresas nacionales, mal que le pese a la Comisión, que querría aplicar al equipamiento militar las normas relativas a los contratos públicos.
Esta reconquista de actividades industriales puede ir unida además a una intensificación de la cooperación a escala europea, pero sin que ello menoscabe nuestros logros, nuestras tecnologías, nuestros conocimientos técnicos. Esta cooperación no será realmente eficaz a menos que se complete con la instauración de una verdadera preferencia comunitaria en las adquisiciones de armamento, ante el dominio estadounidense que acapara el 50 % del mercado mundial. Estas orientaciones están tanto más justificadas si se tiene en cuenta que el 75 % de las armas convencionales importantes adquiridas por los países europeos provienen de Estados Unidos.
Es igualmente necesario iniciar y proseguir el proceso de diversificación y reorientación de algunas actividades militares hacia lo civil, sobre todo la industria aeronáutica, espacial y electrónica. Tal como ha señalado la Fédération nationale des travailleurs de l'État CGT, el personal de los arsenales, ingenieros y técnicos, tienen competencias, medios industriales, y utilizan tecnologías que pueden muy bien ponerse al servicio de necesidades civiles.
Esta diversificación no será realmente eficaz a menos que vaya acompañada de medidas sociales -como la reducción del tiempo de trabajo y la mejora de la formación -a fin de proteger el empleo y mantener en actividad los lugares en los que la vida económica y social depende casi exclusivamente de las industrias armamentísticas.

Theorin
Señor Presidente, el objetivo general de la política de seguridad es el desarme global. Esto presupone que disminuya la producción y venta de armamento. La UE debe estar a la vanguardia del desarme y de la limitación del comercio de armas. Esto es algo que siempre debe estar presente en la discusión sobre la industria de defensa europea. El comercio internacional de armamento constituye un problema global. Los Estados miembros de la UE son, en su conjunto, el segundo mayor actor en el comercio internacional de armas y tienen un responsabilidad especial.
Titley seguramente ha hecho un buen trabajo, pero no estoy de acuerdo con lo que se expresa en el punto 3 del informe, esto es, que la política europea de material bélico constituye una parte importante del reforzamiento de una identidad europea de seguridad y defensa en el seno de la OTAN. Suecia es un país neutral y no alineado, que no es miembro de la OTAN y que no va a formar parte de una defensa común. Opino que es un camino errado intentar crear instituciones relacionadas con la producción de armamento antes de decidir acerca de la defensa militar común.
En cuanto al artículo 223 del Tratado de Roma, opino que las armas no deben ser reputadas como si fuesen mercancías o productos corrientes que pueden ser vendidos libremente, sino que necesitan reglas especiales. La UE debe tener un papel activo, no para ampliar el derecho de la industria militar a producir y exportar armas, sino que para conseguir normas más severas respecto a la limitación de venta y exportación de armas.

Sjöstedt
Señor Presidente, afortunadamente vivimos una época con muy pocas amenazas militares contra nuestros países y hay un gran espacio para continuar con el desarme y con la política de distensión en Europa. Sin embargo, en el informe Titley falta totalmente esta perspectiva. Éste, por el contrario, se ocupa de la construcción de una política de defensa común y del desarrollo de una política común respecto a la industria bélica y a la exportación de armamento. Lo que se necesitaría en este tipo de informes es, en cambio, una planificación común para reconvertir la producción militar en producción civil. Si desde la Unión Europea se trabaja por una exportación de armas más dinámica y más activa, se estará contribuyendo al empeoramiento de los conflictos en todo el mundo.
Tampoco estoy de acuerdo con lo que se expresa en el punto 2, esto es, que se empezarán a usar recursos de investigación comunitarios para objetivos militares. Hoy, por el contrario, deberíamos reorientar las grandes sumas que se derrochan en investigación de carácter militar hacia la investigación civil, que es provechosa para las personas.
Además, este informe carece totalmente de respeto hacia algunos Estados miembros de la Unión que no participan en la OTAN y que no son miembros de la UEO. Pero aquí se intenta abarcar esas estructuras en la Unión Europea Occidental y en colaboración con la OTAN.
También quisiera manifestar que lamento los efectos que estamos observando de la ampliación de la OTAN hacia Europa central y oriental. Esos países están nuevamente armando fuertemente a sus ejércitos, lo que también puede conllevar que, a su vez, otros países adquieran nuevos sistemas de armamento. Esto, en lugar de disminuir la tensión en Europa, la aumenta, aunque tal vez se alegren algunos fabricantes de armas.
Lo que me puedo imaginar en este campo son reglas mínimas interestatales para limitar la exportación de armas, pero el informe va mucho más allá. Por eso voy a votar en contra de este informe que, en líneas generales, es muy reaccionario.

Bangemann
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Sr. Titley, no solamente porque su informe incida en las líneas propuestas por la Comisión, sino también por su sentido de la realidad y su valor, que consiste en haber tratado un caso tan sumamente complejo de forma realista. Por tanto, querría comenzar con una observación sencilla antes de que abandone la sala el Sr. Sjöstedt. Es ésta la cultura de la discusión que viene siendo la regla. Los diputados cuentan alguna cosa y luego se marchan sin escuchar lo que dicen los demás.
Aplausos
Quisiera empezar mi intervención con una observación sencilla. No creo que en el Parlamento Europeo haya una gran polémica sobre la necesidad de desarrollar una política de seguridad y de defensa común. Una política de seguridad y de defensa común que, como su propio nombre indica, no puede ser de ninguna manera una política agresiva, sino que debe ofrecer una respuesta a la necesidad de implantar un sistema que permita explicar a los ciudadanos que estamos en condiciones de defendernos en un mundo en que, desafortunadamente, no resulta posible garantizar la seguridad con la ayuda exclusiva de métodos pacíficos. En razón de este mismo argumento, ni siquiera Suecia, pese a ser un país neutral, somete a discusión su propia defensa nacional.
Señor Sjösjedt, pongamos un ejemplo. En caso de que la Unión Europea exportara proporcionalmente tantas armas como Suecia, nos veríamos obligados a incrementar notablemente nuestra exportación. Si la postura de Suecia ante la OTAN difiere de la que adoptan Letonia, Estonia y Lituania, ello depende en parte del hecho de que Suecia nunca formó parte de la Unión Soviética. Por tanto, el sentido común nos dice que no podemos sino defendernos. Éste es el primer punto. Pasemos ahora al segundo punto. Habida cuenta de esta necesidad y sabiendo que necesitaremos algún tiempo para lograr una política de seguridad común -tarea harto difícil desde una perspectiva política- se nos plantea un problema. Cuando al cabo de cinco o seis años por fin logremos una política de seguridad común y, una vez la hayamos conseguido, nos demos cuenta de que nos hemos quedado sin industria de armamento común, tropezaremos con la contradicción de que disponemos de una política de seguridad, pero no podemos producir nuestras propias armas.
¡El que no comprenda esto es que no quiere ver la realidad! Es por lo que la Comisión ha tomado la iniciativa de dirigirse al Parlamento y a los Estados miembros para comunicarles que algo hay que hacer. Si una cosa está clara es que hasta la fecha nuestra organización en el ámbito de la política industrial ha revestido siempre un carácter meramente nacional. Así no llegamos a ninguna parte. Creo poder afirmar que lo que se lamenta aquí, y lo que también deplora la Sra. Elmalan, es que la Unión Europea no deja de perder terreno ante las exportaciones norteamericanas, ¡y es cierto! Pero esta situación se explica por el sencillo hecho de que la industria europea está subdividida en diversas unidades nacionales y, por tanto, no alcanza la misma fuerza común para imponerse que las diferentes empresas norteamericanas.
Basta con tener presente una sola cifra. Imaginémonos que todas las empresas de Europa que producen productos de defensa se unieran, se agruparan. Pues ni siquiera así llegarían a tener el tamaño de la mayor empresa norteamericana del sector. Es una cuestión que también afecta a la política industrial. La solución no reside únicamente en la Comisión, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europa, sino también en los Estados miembros. Todos los Estados miembros han declarado estar de acuerdo en que se impone una reestructuración de la industria. También es el caso de Airbus. Hace poco, los seis países que colaboran en este campo han vuelto a reunirse. El problema no tiene mayor complicación. Cada país defiende sus propios intereses y en parte también su propia política. El que Francia experimente mayores dificultades a la hora de privatizar Aérospatiale no significa que Aérospatiale esté disconforme, sino que el actual Gobierno de Francia tiene más problemas con este asunto que otros gobiernos. La fusión de dos empresas británicas en Gran Bretaña se basa en el razonamiento de que la empresa que nazca de la asociación de dos compañías aéreas lógicamente tendrá un volumen mayor y, por tanto, podrá exigir más. Debemos darnos cuenta de que ahí se desarrolla lo que podríamos llamar una lucha por el poder. Cerrar los ojos ante esta evidencia es señal de ingenuidad.
Ello no obstante, todos estos movimientos muestran que tanto la industria como los Estados miembros reconocen que algo hay que hacer. En este sentido, quisiera destacar un aspecto del informe del Sr. Titley que estimo especialmente alentador. Me parece reconfortante que el Parlamento Europeo de cara a un problema tan complejo concluya que en el fondo el desarme es el método más adecuado. Es relativamente fácil inclinarse por esta solución y algunos de hecho han optado por ella, incluso el Sr. Frischenschlager. La Unión Europea sería sin duda la primera en suscribir esta opción si pudiera imponerla en todo el mundo. Desgraciadamente ello no es posible, así que debemos avanzar por otro camino.
Hemos elaborado un plan de acción que define claramente los pasos que podemos dar. Puedo asegurarles que la Comisión propondrá y transpondrá todas las medidas imprescindibles de dicho plan de acción durante el año en curso. Lo primero es la estandarización. Lo que ha dicho la Sra. Elmalan respecto a los concursos es moneda corriente en determinados Estados miembros de la Unión. Cada vez que surge un problema, se amparan en el proteccionismo y en la fijación de una cuota europea. Es como si trasladaran la política agrícola a la industria de armamento. Es realmente lo último que se debe hacer. De ese modo no se llega a ninguna parte.
En otras palabras, debemos tomarnos la molestia de crear estructuras competitivas. Entre ellas deben figurar una estandarización común y concursos comunes, porque la convocatoria de este tipo de concursos constituye la única manera de lograr una industria europea de armamento competitiva. También necesitamos normas comunes para el comercio interior de productos de defensa y para la exportación de los mismos. El Tribunal de Justicia Europeo ya ha declarado reiteradamente en sus sentencias que la exportación de productos de defensa también es competencia de la Unión. La Comisión hará todo lo posible para que podamos avanzar en este ámbito porque, si no entramos en acción ahora, no podremos lamentarnos dentro de cinco años de que ni siquiera podamos defendernos a nosotros mismos. Creo que a este respecto hemos de seguir fieles a la buena tradición europea en el sentido de que uno mismo debe ser capaz de fabricar lo que necesita para defenderse. Es el objetivo que se marca la Comisión y me alegro de que el Sr. Titely comparta y apoye nuestro punto de vista.

Sjöstedt
El Comisario se dirigió a mí al comentar la exportación sueca de armas. Estoy de acuerdo con él en que dicha exportación es un ejemplo aterrador que muestra una conducta irresponsable cuando, por ejemplo, se han exportado armas a Indonesia o, actualmente, con la muy intensiva exportación de aviones de guerra. Por tanto, no estimo que esto haya sido algo correcto. No obstante, no quiero que se cometan otra vez los mismos errores en el ámbito de la UE, sino que por el contrario, deseo que ese riesgo disminuya.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Medio ambiente, seguridad y asuntos exteriores
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0005/99) de la Sra. Theorin, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre el medio ambiente, la seguridad y los asuntos exteriores.

Theorin
Señor Presidente, la política de seguridad ha experimentado grandes cambios. La guerra fría ha concluido y una guerra de grandes proporciones en Europa se presenta actualmente como imposible. Los conflictos que podemos imaginar son entre naciones y ocasionados por controversias étnicas, religiosas y sociales. Al mismo tiempo aparecen nuevas amenazas como, por ejemplo, grandes corrientes de refugiados, terrorismo, delincuencia internacional e, incluso, amenazas medioambientales y catástrofes naturales. No es posible enfrentarse a este tipo de conflictos con balas y pólvora.
Una serie de catástrofes medioambientales han puesto a la humanidad frente a nuevos problemas como, por ejemplo, las continuas inundaciones en Europa, la ruptura del embalse en España y, ahora por último, la considerable erosión en América Central. Puesto que las amenazas medioambientales no respetan las fronteras nacionales, se necesita que los países colaboren. Existe una creciente conciencia internacional acerca de la dimensión de los problemas medioambientales. Esto lo demuestran las diferentes conferencias de la ONU sobre el agua, la desertización, el medio ambiente y el desarrollo y, además, sobre el cambio climático. Los problemas medioambientales pueden conducirnos a situaciones muy graves que afecten a la seguridad tanto de las personas como de los estados.
El agua dulce es un recurso natural distribuido muy irregularmente distribuido. Menos de 10 países poseen el 60 por ciento de las reservas totales mundiales de agua dulce y muchos estados europeos dependen de la importación de agua dulce. El ataque a las fuentes de agua no sólo puede llegar a ser un objetivo sino también la causa de futuros conflictos. Existen aproximadamente 300 ríos, lagos y fuentes de aguas subterráneas en regiones fronterizas internacionales. Nueve de catorce países sufren en Oriente Medio escasez de agua. Los problemas ecológicos locales y regionales pueden llegar a tener notables consecuencias en las relaciones internacionales como, por ejemplo, limitación de recursos acuíferos o grandes grupos de refugiados por causas medioambientales. Los refugiados por causas medioambientales alcanzan hoy la cifra de 25 millones, comparados con los 22 millones de refugiados «tradicionales». Se calcula que en el año 2010 llegarán a ser el doble.
Esas nuevas causas de conflictos tienen que reflejarse en la política exterior, de seguridad y de defensa y en la forma cómo las naciones crean y mantienen la paz y la seguridad. Es necesario movilizar recursos para enfrentar el reto medioambiental. Se necesitan esfuerzos muy grandes, pero los medios son muy limitados. Simultáneamente, la situación en política de seguridad ha cambiado posibilitando la distensión militar y el desarme. Como consecuencia de la liberación de recursos bélicos, el ejército tiene una oportunidad única -y una capacidad notable- para enfrentarse a las crecientes amenazas medioambientales. Las fuerzas armadas tienen, además, una buena organización y muchos medios técnicos que pueden emplearse en tareas medioambientales sin grandes costes.
Para poder prevenir las crisis medioambientales hay que contar con infraestructuras, con organización y con más medios. Todo ello lo tienen los ejércitos, con variaciones lógicas entre los países, que cuentan con personal cualificado, con técnicos, con avanzados equipos de alta tecnología, con capacidad de organización y con investigación y desarrollo militar. El personal del ejército está bien capacitado para intervenir en catástrofes y para cumplir misiones en situaciones extremas.
Sin embargo, las actividades militares también son responsables de un considerable deterioro medioambiental. Desde la antigüedad la destrucción del medio ambiente ha sido un reconocido método de hacer la guerra. Las guerras constituyen también la amenaza más grave al medio ambiente. Además, los ejércitos son responsables de la emisión de gases, carburantes fósiles, freones, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, que influyen en el clima. Las armas atómicas, las armas químicas y las minas antipersonales son algunos de los sistemas de armamento que tienen considerables efectos nocivos sobre el medio ambiente, incluso en tiempos de paz.
En una sesión pública de preguntas, ha llegado a conocimiento de la comisión que se están desarrollando las llamadas armas no letales y el HAARP, un programa de investigación de la llamada radiación de alta frecuencia. Lamento realmente que EE.UU. no haya enviado un representante a la sesión pública de preguntas ni haya utilizado la posibilidad de comentar el material que ha sido presentado.
Hemos tenido dos sesiones públicas de preguntas para informar, entre otras cosas, de los complicados aspectos técnicos y legales de las llamadas armas no letales y del HAARP y hemos tenido una presentación del plan económico y práctico para la formación de soldados defensores del medio ambiente. Mi propuesta original ha sido tratada de acuerdo al procedimiento Hughes y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha cuidado de los aspectos medioambientales de modo ejemplar. Basándome en esta algo extensa introducción, presento hoy esta resolución sobre medio ambiente, seguridad y asuntos exteriores y una serie de propuestas de medidas tanto en el ámbito comunitario como nacional. La resolución recomienda a los Estados miembros trabajar en favor de la utilización de recursos relacionados con las actividades militares para la protección del medio ambiente, entre otras cosas, mediante la creación de establecimientos para la formación de soldados encargados de la defensa del medioambiente, con el objetivo de organizar una brigada medioambiental europea coordinada, de hacer un inventario de sus necesidades medioambientales y de sus medios militares y de utilizar tales recursos en planes medioambientales nacionales, pero también poniéndolos a disposición de la ONU y de la UE en caso de catástrofes medioambientales o en el marco de la Asociación para la Paz. En la propuesta se contempla que los militares deberán acatar las normas medioambientales vigentes y reparar anteriores daños medioambientales.
Las normas medioambientales que rigen para la sociedad civil deben aplicarse a todas las actividades militares. Proponemos que la Comisión -en concordancia con lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam- presente ante el Consejo y el Parlamento una estrategia común que aúne la política de asuntos exteriores y de seguridad con la política de la UE referente al comercio, a las ayudas para el desarrollo y a los asuntos medioambientales internacionales. La resolución deja en claro que los esfuerzos de prevención medioambiental son un instrumento importante en la política de seguridad e insta, por eso, a los Estados miembros para definir sus metas medioambientales y de salud en los esquemas de la política de seguridad y defensa a largo plazo.
La resolución también se ocupa del almacenamiento y desguace -incontrolado, inseguro y poco profesional- de submarinos atómicos y de naves, con sus respectivos combustibles radiactivos y sus desvencijados reactores atómicos. También exigimos en la resolución que la Comisión haga un estudio profundo de las amenazas a la seguridad en Europa y edite un Libro Verde sobre las actividades militares que influyen en el medio ambiente. También se ocupa el informe de aspectos legales relacionados con las actividades militares. El informe insta a la UE para que procure que las nuevas técnicas de las llamadas armas no letales sean contempladas y regladas por las convenciones internacionales.
El riesgo de que se usen las armas atómicas existirá mientras ellas existan. Este riesgo podría disminuirse considerablemente en muy poco tiempo si los países que cuentan con ellas cumpliesen con los seis pasos de la Comisión de Camberra.
Permítanme terminar diciendo que diariamente nos llegan informaciones sobre catástrofes medioambientales que podrían evitarse si usásemos los recursos existentes de un modo razonable. Esos recursos están en manos de los militares. No es necesario quitárselos, pero sí usarlos. Ahora falta solamente la voluntad política.

Olsson
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha tratado este informe y ha emitido unas opiniones que quisiera comentar someramente. En primer lugar, quiero decir que apoyamos en su totalidad la descripción de los antecedentes que la Sra.Theorin ha realizado aquí en el Parlamento. Sin embargo, al final de mi intervención quisiera mencionar algunos asuntos en los que tenemos opiniones divergentes.
Es evidente que hoy no existen amenazas militares directas contra Europa. Hay otros asuntos que son más importantes como, por ejemplo, la destrucción del medio ambiente, la escasez de agua potable, la desertización, los cambios climáticos, los accidentes en las industrias químicas, los reactores atómicos, etcétera. Por eso es importante que meditemos sobre el concepto de defensa y lo ampliemos para que incluya también las amenazas medioambientales. En general, es lo que hace esta resolución.
Es muy provechoso que se impongan las exigencias medioambientales de la sociedad civil normal a las actividades militares; es necesario en la situación actual. En este contexto, es relevante hacerse cargo de las armas atómicas en desuso. En cuanto a la forma de hacerlo, el informe Theorin propone una «transformación» de los militares de modo que puedan trabajar en asuntos medioambientales. Seguramente es, en parte, una solución posible. Pero una cosa que la Comisión de Medio Ambiente desea mencionar es que, si hay demasiados medios concentrados en manos militares, lo que posiblemente ocurre hoy, habrá que trasladar los recursos de defensa al sector del medio ambiente, a los servicios de rescate, a los preparativos para actuar en caso de catástrofe, al saneamiento de aguas y tierras, al trabajo de prevención medioambiental, etcétera. Opinamos que esto es más importante que la creación de fuerzas militares especiales con objetivos medioambientales. No obstante, la Comisión de Medio Ambiente opina que ésta es una posibilidad que puede contemplarse.

Titley
Señor Presidente, espero que Sus Señorías sean conscientes de la importancia de este informe. Me refiero no sólo a la calidad de la labor de la Sra. Theorin, a la que felicito, sino también a que este informe ha sido elaborado por la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Es una señal de que el Parlamento ha reconocido que el fin de la guerra fría ha traído consigo una concepción totalmente nueva de la seguridad y que la seguridad medioambiental es decisiva para la paz y la prosperidad futuras. No cabe duda de que la escasez y la degradación de los recursos medioambientales propiciarán en el futuro conflictos y debemos utilizar todos los recursos disponibles para impedir que así sea.
Si he de criticar el informe en su forma final, diré que con las enmiendas aportadas por la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos tenido tendencia a tirar incluso al niño con el agua del baño. Es un error. Debemos centrarnos en los puntos básicos. Lo importante para la mayoría de las personas es el aire que respiran, los alimentos que comen y el agua que beben: el agua, de hecho, que ayuda a cultivar los alimentos que comen.
Quisiera centrarme en esa cuestión del agua. Tal vez sea el peligro mayor que afrontamos en materia de seguridad en el próximo siglo. Por ejemplo, si examinamos la región del Mar Caspio, vemos que tiene enormes posibilidades en materia de producción de petróleo que pueden propiciar una gran prosperidad. Pero es también un desastre anunciado, en particular en las repúblicas del Asia central. Todos conocemos la espantosa historia del mar de Aral. Asimismo, hay otros conflictos a consecuencia del despilfarro de agua por parte del sistema soviético y del hundimiento del sistema que ha propiciado el caos en materia de la distribución del suministro de agua.
En Kirguistán hay una central hidroeléctrica que está agotando los recursos hídricos de los países situados por debajo. El robo de los suministros de agua y las cuestiones del acceso al agua, combinadas con las rivalidades nacionales, podrían explotar fácilmente en cualquier momento.
Asimismo, si observamos el subcontinente indio, el aumento de la población, acompañado de la desforestación, está causando inundaciones que están agotando los suministros de agua y las presas. Las cabeceras de diversos sistemas de ríos se encuentran en Cachemira y todos sabemos las consecuencias que eso tiene para la seguridad. En el Oriente Medio el acceso al río Jordán es uno de los aspectos esenciales del proceso de paz del Oriente Medio, en particular en relación con las Alturas del Golán. De hecho, la historia de las relaciones Israel-Jordania es una historia de relaciones en materia de agua tanto como cualquier otra cosa.
De modo que acojo con beneplácito que por fin estemos abordando estas cuestiones. Comparto con la Sra. Theorin la esperanza de que podamos utilizar todos nuestros recursos -concretamente, los recursos militares de los servicios de inteligencia por satélite, etc.- para empezar a abordar la seguridad medioambiental. Si no lo hacemos, «todavía no hemos visto nada» en materia de conflictos.

Stenzel
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, el informe de la Sra. Theorin sobre medio ambiente, seguridad y política exterior se detiene en un detalle del problema de la seguridad, más en concreto en las cuestiones relevantes para el medio ambiente, realzándolas. Procura enfocar el papel que desempeñan las fuerzas armadas en el ámbito de la política de seguridad principalmente desde esta perspectiva y pretende modificar y transformar el cometido y la función de dichas fuerzas. En los antiguos Estados miembros del Pacto de Varsovia, donde, en no pocas ocasiones, las entonces tropas soviéticas dejaron tras su retirada enormes estragos en el ámbito de la política medioambiental, hemos podido comprobar cómo las fuerzas militares pueden contribuir a la destrucción del medio ambiente. Los submarinos atómicos descuidados y medio podridos se han convertido en un peligro para los mares; el terreno de muchos antiguos cuarteles está contaminado por hidrocarburos. Precisamente en estos países se impone la pregunta de quién se encargará de la evacuación de la chatarra.
No obstante, todo ello se utiliza como pretexto para limitar la definición de las fuerzas armadas al aspecto medioambiental; se parte de la convicción de que obstaculizar la investigación de la incidencia de dichas fuerzas en el medio ambiente equivale a socavar la misión que cumplen en el plano de la política de seguridad. Habida cuenta de que el final de la guerra fría no implica automáticamente el advenimiento de la paz, es preciso adoptar una actitud reprobatoria ante este punto de partida básico del informe. De todas formas, responsabilizar a las fuerzas militares de los daños causados en el medio ambiente no es una base viable, puesto que supondría una carga excesiva para el presupuesto, ya de por sí limitado, de la política de defensa. Lo que sí considero importante y acertado es que los Gobiernos se hagan cargo del medio ambiente, ya que el origen de los problemas se sitúa a este nivel.
Aunque me vea obligada a rechazar el punto de partida básico del informe por considerarlo poco realista, hay algunos puntos que merecen mi más fuerte apoyo, como pueden ser la incorporación de aspectos medioambientales en la investigación militar, la intensificación de la reconversión de la industria de armamento hacia la fabricación de productos civiles, la lucha por la prohibición de las minas antipersonales y el llamamiento a que se firme sin demora el acuerdo de Ottawa de 1997, el control de los residuos procedentes de la industria de armas nucleares, el control de las armas biológicas y químicas, la continuación del desmantelamiento de las armas nucleares y especialmente el respeto del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares.
La posibilidad de que este tipo de armas lleguen a las manos de déspotas irresponsables u organizaciones terroristas supone un enorme peligro que ha de ser conjurado mediante una red de tratados internacionales y medidas de control adecuadas. En mi opinión, el deseo de formar soldados del medio ambiente con vistas a crear una brigada medioambiental, coordinada a escala europea, no solamente pierde de vista la cuestión principal sino que, además, es superflua en la medida en que el aspecto ecológico ya se tiene en cuenta en el marco de las fuerzas nacionales y la participación en la OTAN. No cabe duda de que las fuerzas militares deben estar preparadas para actuar en caso de que se produzcan catástrofes ecológicas, pero ciertamente no es su misión más importante.

Bertens
Señor Presidente, el medio ambiente debe constituir un factor importante de la política exterior y de seguridad. Este es el mensaje central de este informe. Agradezco a la Sra. Theorin la energía que le ha dedicado. Indudablemente, sería bueno que la Unión Europea desarrollara una estrategia comunitaria. Ya hay bastantes conflictos que tienen su raíz en problemas ambientales. El Sr. Titley ya lo ha dicho: el agua en Oriente Medio, la superpoblación como factor de conflictos en la región de los Grandes Lagos, la deforestación y las inundaciones en el Sudeste Asiático.
Además, debe quedar claro que las fuerzas en conflicto forman parte de la sociedad, de la vida en común dentro de la cual la protección del medio ambiente adquiere gran prioridad. En la medida de lo posible debemos emplear fuerzas militares para solucionar los problemas ambientales. Por ejemplo, el control desde el aire de los vertidos ilegales de petroleros en el mar del Norte constituye un buen ejemplo de empleo útil de las fuerzas militares. La intervención de soldados de protección del medio ambiente también hubiera sido una buena aportación durante los incendios en Indonesia.
Pero en este informe también se incluyen muchos temas muy poco realistas e innecesarios. No intentemos volver a fundar centros y escribir un sinfín de libros verdes y crear nuevas brigadas. Además debemos dejar a las autoridades nacionales la tarea de recaudar fondos de su presupuesto procedentes del sector de defensa. No compete a este Parlamento imponer a los gobiernos que el ejército lleve a cabo la política ambiental. Que cada Estado miembro plantee su presupuesto como quiera, incluyendo por supuesto el medio ambiente.
Mi grupo, el Grupo liberal, quiere devolver a este informe su propia esencia. Estaríamos de acuerdo con suprimir una serie de apartados por medio de las enmiendas. En función de ello, mi Grupo decidirá si apoya o no el informe.

Gahrton
Señor Presidente, la Sra. Theorin ha redactado un importante informe que ha sido mejorado durante su tramitación en la comisión pero que aún es demasiado débil en algunos puntos como, por ejemplo, en lo tocante a la responsabilidad de las fuerzas armadas por el deterioro del medio ambiente en tiempos de paz, a las reclamaciones de indemnización por estos daños y, especialmente, en lo que respecta a los sistemas de armamento en el espacio.
Existe una extraña contradicción entre la exposición de motivos del informe y la resolución misma. En la exposición de motivos se habla del HAARP, High Frequency Active Auroral Research Project , como de una investigación de carácter militar, «la guerra de las galaxias», una investigación que debe considerarse como altamente nociva para el medio ambiente, que puede tener consecuencias imprevisibles para la vida humana, que es discutible desde el punto de vista legal y que, quizás, constituye una violación al derecho internacional. No hay nada de esto en la resolución. En ella sólo se habla de la necesidad de más estudios. El Grupo V opina que ha llegado la hora de hablar claro. Hay que exigir la terminación de este tipo de investigación, cosa que hacemos en nuestras enmiendas.

Kronberger
Señor Presidente, señor Comisario, considero altamente positivo e importante que en este informe se reconozca la estrecha relación entre la política exterior y de seguridad común y los problemas medioambientales. También me parece fundamental la conclusión de que las operaciones militares tienen un impacto ecológico de gran envergadura. Quisiera, sin embargo, llamar la atención hacia una circunstancia que, a mi modo de ver, merece una consideración especial en el marco de las actividades que pensamos desplegar en el futuro en el ámbito de la política de paz. En la actualidad, tanto África como Oriente Medio, América del Sur y los Estados de la antigua Unión Soviética sufren guerras motivadas por la presencia de petróleo u otros recursos. Mientras no consigamos erradicar este problema fundamental que está en el origen de gran parte de las guerras del último siglo, sustituyendo las energías tradicionales por fuentes de energía primarias renovables, será difícil avanzar en la dirección de una paz ecológica a largo plazo.
A este respecto quisiera destacar un punto que estimo fundamental. La UE debería lanzar una ofensiva contra el recurso abusivo a mercenarios que se extiende cada vez más y que participa de forma intensa en estas luchas por los recursos. Las tropas mercenarias deberían estar prohibidas en todo el mundo y sus centrales europeas deberían ser perseguidas por la justicia.

Spencer
Señor Presidente, quiero hacer mías las conclusiones a que llega este informe. Me parece claro que las repercusiones del medio ambiente en la seguridad son a un tiempo inmediatas e importantes y van en aumento. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que la Sra. Theorin y el Sr. Titley dicen sobre el conflicto por el agua y los recursos y la fundamental importancia que debemos concederle cuando preparamos la Política Exterior y de Seguridad Común para los diez próximos años. Asimismo, no voy a añadir más observaciones a las que se han hecho sobre las repercusiones del ejército en el medio ambiente. Se puede ver en la península de Kola. Se puede ver en la inseguridad de los emplazamientos nucleares en la Unión Soviética del tipo de los que ha puesto de relieve el general Lee Butler.
Sin embargo, quiero decir unas palabras sobre el proyecto HAARP, mencionado por el Sr. Gahrton. Tras haber asistido a la audiencia y haber hecho considerable trabajo, a mi vez, considero que los peligros de los experimentos con el electromagnetismo polar potencialmente muy graves y posiblemente calamitosos. Lo digo sin hacer juicio particular alguno sobre las posibles aplicaciones militares de esa tecnología, como arma para desbaratar el clima del enemigo o su adaptabilidad para la utilización de armas no letales en una situación militar o civil o tal vez -lo que sería lo más peligroso de todo- como continuación encubierta de las políticas de defensa de «guerra de las galaxias».
El caso es que, cuando examinamos esta cuestión y cuando asistimos a la audiencia sobre HAARP, parecíamos estar escuchando a veces historias de ciencia ficción. Pero esa ciencia ficción no debe impedirnos ver que se puede convertir en una realidad considerablemente amenazadora. Me hago eco de las observaciones de otros oradores al decir que lamento que el Gobierno americano, pese a los contactos en el más alto nivel y dentro de la OTAN, no consideraran razonable acudir a este Parlamento y expresar una opinión. A falta de ello, he de decir que este Parlamento debe adoptar la opinión de que se trata de una cuestión que debe preocuparnos a todos y sobre la que debemos volver en el próximo mandato. Hay preguntas que no han recibido respuesta y este Parlamento merece algunas respuestas de los americanos y de los científicos implicados en este asunto.

Bjerregaard
Señor Presidente, permítame comenzar expresando mi agradecimiento a la ponente, Sra. Theorin, quien ha hecho un esfuerzo considerable, aunque esto no debería sorprendernos -si se me permite este pequeño comentario personal- a la vista del considerable trabajo político efectuado anteriormente por la Sra. Theorin. Es evidente que el informe toca una serie de campos diferentes a los que me enfrento en mi trabajo diario en temas de medio ambiente, sin embargo, voy a considerar el informe en su conjunto.
La Comisión ha recibido con gran interés el informe del Parlamento y la propuesta de decisión que en él se incluye sobre el medio ambiente, la seguridad y la política exterior. Se trata, como se ha dicho también aquí hoy, de una materia compleja, de cuya enorme trascendencia la sociedad internacional por regla general está comenzando a darse cuenta. El informe es digno de elogio al señalar claramente muchas de las conexiones existentes o que pueden establecerse entre el medio ambiente, la escasez de recursos naturales y la seguridad. Durante el debate se han mencionado algunos ejemplos como el problema de los refugiados y la superpoblación o -en el plano puramente medio ambiental- el agua y el clima.
Los servicios de la Comisión han examinado algunos problemas de seguridad y las consecuencias económicas que de éstos se derivan dentro de un contexto más amplio. En este sentido, hemos celebrado una serie de seminarios, entre los cuales puede mencionarse, por ejemplo, uno sobre medio ambiente y seguridad. Se decidió que la Comisión elaboraría como seguimiento de estos seminarios un borrador sobre la relación existente entre la política exterior, la seguridad y el desarrollo sostenible con el objeto de iniciar un debate sobre este tema con las partes involucradas y los encargados de tomar las decisiones de toda Europa. En consecuencia, mis propios servicios ya están examinando más detenidamente algunos de los puntos del informe del Parlamento que hacen referencia a los riesgos asociados a los cambios climáticos globales y a la explotación de los recursos y que pueden provocar un aumento en el número de refugiados medioambientales, situaciones de crisis y -como subrayara también la propia Sra. Theorin- conflictos directos.
En la Dirección XI ya se ha comenzado a trabajar sobre el medio ambiente y la seguridad, poniendo énfasis en la cuestión de los recursos hidráulicos y en la escasez de agua, cuestión abordada especialmente por el Sr. Titley, ya estemos hablando del Mar Caspio, del Lago Aral o del Mar Negro, como tuvimos oportunidad de ver de cerca el Sr. Spencer y yo misma hace ya algún tiempo. También nos centraremos en la desertización de las tierras, en la escasez de recursos naturales, en los problemas transfronterizos que van unidos a la destrucción de los bosques y a la biodiversidad biológica y en los problemas de seguridad que pueden surgir como consecuencia de lo anterior. En este sentido, también serán examinadas detenidamente las consecuencias para las políticas que se llevan a cabo en otros ámbitos, como por ejemplo, el comercio, la ayuda a los países en desarrollo y la cooperación. Por ello, este trabajo cubre algunas de las propuestas provenientes del Parlamento Europeo, especialmente el importantísimo punto 1 de la decisión.
En varias ocasiones, la Comisión ha manifestado ya su preocupación ante la deforestación y la desertización de África. Una gran parte de la ayuda urgente incluida dentro del Programa de Lomé ha sido destinada a la lucha contra estos dos fenómenos, que naturalmente tienen muchas causas, algunas de las cuales son evidentemente militares. Sin embargo, la Comisión ni tiene competencias ni experiencia en asuntos militares. No puede disponer de ejércitos ni de recursos militares, pues éstos competen exclusivamente a las autoridades nacionales. Por este motivo, la Comisión no podrá ocuparse de hacer el seguimiento de ciertos puntos de la propuesta de decisión, me refiero especialmente a los puntos 18 y 29. La Comisión participa plenamente en la política exterior y de seguridad común. En consecuencia, junto a la Presidencia del Consejo trataremos de convertirnos en portavoz ante los diversos foros internacionales de seguridad, incluida Naciones Unidas, de las opiniones manifestadas en la decisión.
Por último, señor Presidente, la Comisión considera positivo, que el Parlamento haya elaborado esta decisión y este informe. También comparte la preocupación del Parlamento por la relación existente entre el deterioro del medio ambiente y los riesgos futuros para la seguridad. Como he mencionado, ya estamos trabajando sobre ciertos aspectos del problema, especialmente aquellos que afectan directamente al medio ambiente. Después de estos comentarios, señor Presidente, quiero volver a agradecer una vez más a la ponente, Sra. Theorin, su excelente informe y el debate de hoy.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Asociación global con China
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0479/98) del Sr. Bernard-Reymond, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión - Hacia una cooperación global con China (COM(98)0181 - C4-0248/98) .

Bernard-Reymond
Señor Presidente, inmutable y cambiante, China nos acaba de ofrecer nuevamente un ejemplo de sus contradicciones y dificultades. Después de haber mostrado signos alentadores de apertura en materia de derechos humanos, una serie de procesos sumarísimos acaba de recordarnos -si es que todavía era necesario- que, desgraciadamente, este país sigue aprisionado por una política autoritaria que da la espalda a la libertad, a la democracia y a los derechos humanos.
La firma de dos convenios de la ONU sobre los derechos económicos, sociales y culturales y sobre los derechos civiles y políticos, la existencia de contactos indirectos con los representantes del pueblo tibetano, la visita a Pequín de un representante de Taiwán, la liberación de presos políticos, la visita de la Troika al Tíbet, la visita a Pequín de Marie Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el diálogo público mantenido en la televisión china entre el presidente de Estados Unidos y Jiang Zemín, han sido signos esperanzadores que han marcado el periodo reciente.
Desde luego no éramos tan ingenuos como para creer que constituían por sí solos una política realmente nueva, pero el mero hecho de que existieran, el mero hecho de que las autoridades de Pequín los juzgaran necesarios, era de por sí un estímulo para proseguir y ampliar el diálogo. Y éste es el contexto en el que la Comisión quiso elaborar una nueva comunicación, que ha sido aprobada por el Consejo, de hecho incluso antes de que el Parlamento se haya pronunciado al respecto -lo que, por otro lado, constituye un mal ejemplo de democracia ante China.
La Comisión ha definido cinco orientaciones que ustedes conocen y que han sido aprobadas por su Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. Observo con satisfacción el lugar que ocupan en estas orientaciones el diálogo político y la ayuda propuesta a China para que en ella se establezca un Estado de derecho acorde con las normas internacionales. Es necesario que haya un diálogo político con este futuro gran protagonista del mundo multipolar, y también con esta potencia asiática que puede desempeñar un papel estabilizador en su región. Pero el diálogo político es igualmente necesario para convencer a China de que la clave de la sociedad internacional reside en el respeto de los valores universales. En este contexto, nos congratulamos por el programa de cooperación jurídica y judicial propuesto por la Comisión, por una suma de 13 millones de ecus en cuatro años. En él se deberá dar prioridad al respeto de las libertades individuales y sindicales, aunque también sea necesaria la seguridad jurídica de la sociedad económica, sobre todo en lo que se refiere a la protección de las inversiones y de la propiedad intelectual.
Pero, Señorías, estamos examinando estas orientaciones en el momento en que Xu Wenli, Wang Youcai y Qin Yongmin han vuelto a prisión, y en que una ola de detenciones y juicios nos obliga a plantearnos qué significa este endurecimiento. Ciertamente, sabemos que a Pequín le preocupa la perspectiva del décimo aniversario de los acontecimientos de Tiananmen preocupa a Pequín, pero tememos que esta falta de flexibilidad tenga su origen más allá de ese temor.
En el plano económico, efectivamente, China ha iniciado una gran transformación. Aprendiendo de la evolución internacional de las dos últimas décadas, del desarrollo de la mundialización y de la eficacia de la economía de mercado, ha decidido abrirse al mundo y pasar de una economía burocrática y centralizada a una economía socialista de mercado. Los beneficios se han dejado sentir rápidamente: un crecimiento que durante mucho tiempo ha alcanzado o superado el 10 %, importantes reservas de divisas, un aumento perceptible de las inversiones extranjeras, un comercio exterior en plena expansión y un progresivo control de la inflación.
La Comisión propone contribuir a esta tendencia aportando su cooperación en ámbitos tan diversos como el desarrollo de los recursos humanos, la reforma administrativa, la protección social, la reforma del sector financiero, la lucha contra la pobreza y las disparidades regionales, la transferencia de conocimientos técnicos en el campo de la energía, la ampliación de la cooperación científica y técnica y la protección del medio ambiente.
Pero esta gran transformación va acompañada, como siempre, de la acentuación o aparición de grandes disparidades: disparidad entre las ciudades y el campo, entre las regiones costeras y el interior, entre Pequín y los poderes locales, entre pobres y nuevos ricos, entre activos y desempleados, y en el ámbito del medio ambiente. El deseo de las autoridades de superar estas dificultades, sin poner el peligro la unidad de China y conservando su estabilidad interna, es legítimo; pero el camino que parecen elegir las autoridades de Pequín, ¿no aumenta el peligro en lugar de conjurarlo?
Una sociedad en transformación exige flexibilidad, descentralización, responsabilidad, iniciativa, debate; en una palabra, democracia. Todo lo que supone rigidez, autoritarismo, centralismo, puede embaucar durante un tiempo; pero, en una sociedad económica en transformación, esta actitud siempre acaba por crear un bloqueo que tan sólo puede conducir a un estallido o a la congelación y el aislamiento. Europa, que mantiene su voluntad de diálogo constructivo, no desea ninguna de estas dos últimas cosas para China. Quisiera que ésta se integrara progresivamente en la sociedad política y económica internacional. Para ello está dispuesta a ayudarla. Pero también haría falta que China pudiera demostrar tanta valentía en el ámbito político como determinación ha mostrado en el económico. La animamos encarecidamente a ello, porque sabemos que, para todos los pueblos, la libertad es el futuro de la Historia.

Seppänen
Señor Presidente, en el transcurso del último año y medio se han derrumbado tres regiones económicas de un tamaño igual o mayor que Europa. En todas estas áreas, el sudeste asiático, Rusia y Brasil, se han venido aplicando sin éxito las doctrinas de corte neoliberal del FMI. Parece vislumbrarse que el próximo ataque del mercado internacional tendrá China como objetivo. Sin embargo, ésta es una fortaleza políticamente más estable que los países anteriormente citados. La estabilidad de China puede llegar a ser vital para el resto del mundo y, por lo tanto, también para Europa y para los Estados Unidos. La competitividad americana y europea no resistiría una devaluación de la moneda china.

Dupuis
Señor Presidente, Señorías, creo que el cuadro que nos ha dibujado el ponente, Sr. Bernard-Reymond, es verdaderamente ejemplar en cuanto al fracaso de la política llamada de «diálogo constructivo» que lleva a cabo la Unión Europea con respecto a China desde hace ya numerosos años.
El Sr. Bernard-Reymond ha recordado todo lo que no funciona o que, en todo caso, sólo funciona en parte, y verdaderamente es un fracaso, un fracaso importante. Hay que recordar que la Unión y sus países miembros tuvieron la misma actitud condescendiente hacia los ciudadanos de la Unión Soviética que no eran tales. Durante años, se consideró que lo que era válido para nosotros, la democracia, no valía para ellos, y actualmente, y desde hace tiempo, hacemos el mismo análisis con respecto a China, proponemos la misma política, la de no reconocer que los ciudadanos chinos tienen derecho, como nosotros, a la democracia.
Ello es si cabe más grave si se tiene en cuenta que China se encuentra en una situación dramática, mucho peor de lo que se oye normalmente. Las contradicciones sociales y económicas están produciendo decenas de millones de parados. Al contrario de lo que se nos quiere hacer creer, no es el sistema comunista -porque de ello se trata precisamente- el que podrá garantizar la estabilidad de la que nos hablaba nuestro colega socialista, sino que sólo la democracia, con sus parapetos, sus contrapoderes, sus mecanismos de control por parte de los ciudadanos, podría permitir con toda seguridad que China saliera de sus contradicciones.
Lo que habría que hacer es instar a China, exigir que China y su clase dirigente comunista -porque de ella se trata, siempre lo olvidamos- renuncie al monopolio del poder, al monopolio de la violencia, a esa violencia cotidiana que se ejerce sobre decenas, centenas de millones de personas, que produce -y son cifras oficiales- decenas de miles de presos políticos. Invito a todos los diputados a que piensen por un instante en las condiciones de alguien que actualmente sea preso político en China, en el Tíbet, en Mongolia Interior o en Turquestán. Se olvidan las cosas; se escucha a los disidentes cuando salen de prisión, se les aplaude, pero se olvida que decenas de miles de otros presos políticos se encuentran hoy, en el momento en que debatimos el presente informe, en las mismas condiciones de tortura, de violencia y, con mucha frecuencia, de muerte.
Esa es la política de diálogo constructivo con la República Popular de China que aprueba la Unión Europea, y es un fracaso. Ya hemos tenido ejemplos con los empréstitos rusos a principios de siglo y, aunque no todo sea comparable, creo que, a nivel de nuestras empresas, quizá habría que empezar a preocuparse un poco por el peligro que corren los cuantiosos capitales que han invertido las empresas de los países miembros de la Unión Europea, que corren el riesgo de encontrarse mañana en una situación de confusión sin igual ante la pérdida de enormes inversiones.
Al lado se encuentra la mayor democracia del mundo, la India. La Unión Europea hace como si no se acordara de que existe este gran país, esta gran democracia, que allí se podría contar con clases dirigentes democráticas. Pero no, nos obstinamos, creamos autopistas privilegiadas hacia China y olvidamos estos ejemplos. Ha hablado usted, estimado colega socialista, de los tigres asiáticos, pero olvida que Corea del Sur, a raíz de la reciente crisis económica, una crisis de crecimiento, ha desarrollado sus instituciones democráticas. Olvida que Taiwán, que es un país chino, tiene una democracia que funciona cada vez mejor. Olvida los ejemplos positivos, pero olvida también a Corea del Norte, que es vasallo de la República Popular de China. Dentro de algunos años, cuando el régimen de Corea del Norte se venga abajo porque, por una u otra razón, no cuente ya con el apoyo de la comunidad internacional, se descubrirá que ha habido millones de muertos en Corea del Norte, y se pondrá cara de sorpresa.
Esos son los regímenes que fomentamos con nuestras políticas de diálogo constructivo. No hemos observado ningún progreso en la República Popular de China. El ponente ha recordado la firma de los convenios internacionales y ahora estamos presenciando, unas semanas después de la ratificación de esos convenios internacionales, la detención de nuevos disidentes, su envío a los famosos «laogai», los campos de concentración chinos. Estamos presenciando la detención de jóvenes chinos que navegan en Internet. Ésta es la China que queremos apoyar y que apoyamos de facto con nuestra política, con la política de diálogo constructivo.
Me alegro de que Sir Leon Brittan esté con nosotros porque nuestro Parlamento, en sus resoluciones de urgencia, tenía una política algo diferente: había presentado no menos de veinte resoluciones a lo largo de los últimos cinco años pidiendo en particular la liberación de disidentes. Ninguno de ellos ha sido liberado bajo la presión europea. Dos o tres lo ha sido gracias a la presión estadounidense: Wong Dan, Wei Jingsheng. Nosotros no hemos conseguido nada. El Sr. Ada, líder democrático de la Mongolia Interior, sigue estando en prisión, como lo están los disidentes del Turquestán oriental, como lo siguen estando decenas de miles de presos políticos. No tenemos ningún alto representante de la Unión Europea en el Tíbet, tal como ha pedido nuestro Parlamento. En este terreno, en el de los derechos humanos, en el de las libertades políticas, no hemos conseguido nada.

Titley
Señor Presidente, quisiera decir con claridad desde el principio que el Grupo Socialista está a favor de la comunicación de la Comisión sobre la creación de una asociación amplia con China. Subrayamos la palabra «asociación», que se refiere al diálogo entre dos partes y no a que una parte esté constantemente sermoneando a la otra. Como sabe el Sr. Bernard-Reymond, mi preocupación inicial en este primer proyecto de informe fue la de que estábamos dedicando la mayor parte del tiempo a sermonear a China. Quisiera agradecerle y rendirle homenaje por haber estado dispuesto a aceptar enmiendas y adaptar su informe. Creo que ahora es un informe mucho más equilibrado.
China es importante, naturalmente, no sólo para la UE, sino también para el mundo, como vimos cuando todo el mundo temblaba ante la perspectiva de una devaluación de su divisa. Eso no justifica, naturalmente, que pasemos por alto nuestras posiciones tradicionales. Tenemos nuestros propios criterios y nuestras creencias en relación con la democracia y los derechos humanos y tenemos todo el derecho a expresarlas y a esperar que nuestros interlocutores respeten los mismos principios. Sin embargo, hemos de reconocer que cambiar un sistema no es fácil y que en muchos sentidos China es, en realidad, un país en desarrollo, no un país desarrollado.
Así, pues, debemos procurar fomentar el progreso y la reforma. El Sr. Dupuis tiene razón. Las reformas políticas y económicas van a la par. No están aisladas unas de las otras. Los vuelcos repentinos y espectaculares, como los que hubo durante la Revolución Cultural en China, no benefician a nadie. Perturban y aumentan la pobreza. Debemos estar dispuestos a reconocerlo, cuando China avanza en la dirección adecuada: por ejemplo, la transición al gobierno chino en Hong Kong ha ido mucho mejor de lo que la mayoría de la gente esperaba y debemos reconocerlo. Debemos intentar alentar a China para que ocupe su lugar en el sistema mundial, en particular su ingreso en la OMC. Eso nos permitirá abordar cuestiones como la falsificación y la falta de respeto de la propiedad intelectual, que son preocupaciones importantes para nosotros en este momento.
Naturalmente, debemos remachar constantemente el mensaje de los derechos humanos, pero hemos de reconocer que se brindó el acceso a Mary Robinson y que China ha avanzado con vistas a aceptar los convenios de las Naciones Unidas. Debemos velar por que sean ratificados y tenemos toda la razón en condenar las recientes medidas severas que contradicen la tendencia que hemos visto en los 12 últimos meses.
Debemos ser conscientes de que, cuando criticamos a China, deberíamos mirarnos a nosotros mismos. Debemos hablar como Unión Europea con una sola voz en nuestras relaciones con China. No está bien que uno o dos Estados miembros decidan actuar por su cuenta por razones comerciales. La Unión Europea tiene que tener una política común en relación con China.
Mi observación final se refiere a Taiwán. Me alegro de que pudiéramos cambiar las observaciones del informe sobre las relaciones con Taiwán, porque, si bien no debemos inmiscuirnos en las relaciones entre Taiwán y China, nuestra posición debe ser muy simple. Cualquier solución para Taiwán debe respetar el derecho internacional y el derecho a la libre determinación. Aparte de eso, se trata, naturalmente, de una cuestión que deben resolver los chinos.

Jarzembowski
Señor Presidente, nosotros, los demócratacristianos, apoyamos la línea defendida por la Comisión y por nuestro ponente, al cual damos las gracias por su excelente informe. En nuestra opinión, el diálogo constructivo es la única vía que nos permite progresar y en respuesta al Sr. Dupuis quisiera decir que si bien comparto muchas de sus ideas también he de señalarle que todas nuestras resoluciones de urgencia no han servido para nada. Debemos entablar un diálogo constructivo y debemos reforzarlo, y espero que la otra parte, la República Popular de China, comprenda que nosotros estamos dispuestos a acercarnos a ellos siempre y cuando ellos muestren su voluntad de aproximarse a nosotros.
Ambas partes cargan con una gran responsabilidad. En primer lugar, la Unión Europea desea y espera que la República Popular de China tome las medidas internas necesarias a fin de convertirse lo antes posible en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Si así lo desea la República Popular de China, le prestaremos con mucho gusto nuestro apoyo para que pueda alcanzar las metas que se ha fijado y para que pueda llevar a buen término la transformación de su estructura económica de sistema planificado y burocrático en una economía socialista de mercado. Consideramos fundamental que para ser consecuente el camino emprendido por la República Popular de China debe conducir a reformas en el sistema jurídico y fiscal, en beneficio del comercio y de las inversiones. De lo contrario, el comercio mundial no podrá seguir desarrollándose.
Por lo que a la evolución de los derechos humanos y la democracia se refiere, no basta con firmar las convenciones de Naciones Unidas. Debemos decir claramente a nuestros amigos que, a nuestro entender, los principios de la democracia y de los derechos humanos requieren el reconocimiento de partidos de orientaciones muy distintas, el reconocimiento de la autonomía cultural de regiones, como el Tíbet, el derecho de los individuos a que se le respeten sus derechos civiles así como la liberación de personas encarceladas por ejercer sus derechos civiles. Este mensaje también debería haber estado aquí hoy.
Permítanme una observación más con respecto al tema de la paz y de la estabilidad en Asia. Sin el reconocimiento de la existencia del Estado de Taiwan y del derecho a la autodeterminación de sus ciudadanos no puede haber estabilidad. Las conversaciones entre los representantes de la República Popular de China y Taiwan son señales esperanzadoras de que ambas partes se dirigen hacia una solución pacífica.

Cars
Señor Presidente, el escritor sueco Per Ahlmark -en colaboración con destacados estudiosos de la paz provenientes de diferentes lugares del mundo- ha demostrado de manera fehaciente que las democracias jamás han hecho guerras entre ellas y que las grandes hambrunas no tienen lugar en países con prensa libre y economía de mercado. En este siglo ha habido decenas de millones de víctimas de las dictaduras, seres humanos que los dictadores han enviado a los campos de batalla, que han sido ejecutados, que han sido eliminados en campos de concentración y de trabajos forzados o que han muerto de hambre. Entre los grandes genocidas de nuestro tiempo están Hitler, Stalin y Mao, pero ellos han tenido -y todavía tienen- muchos seguidores en muchos sitios: Pol Pot, Verwoerd, Saddam Hussein, Kim Il Sung, por nombrar sólo a algunos de ellos.
Después de Mao, China ha rectificado el rumbo en muchos aspectos. En Europa recibimos estos cambios con alegría, una alegría que compartimos con millones de chinos que, gracias a estos cambios, tienen una vida mejor. Pero los problemas que aún quedan en China, son cada vez mayores para los chinos. China está lejos de ser una democracia. Las libertades de expresión y de asociación son escasas. Quienes reivindican los derechos humanos y democráticos son castigados con severas penas. Hay numerosas ejecuciones, se persigue a los tibetanos y Pekín somete a Taiwán a periódicas amenazas. En tanto subsistan estas condiciones, la Unión Europea y este Parlamento deberán exigir cambios y utilizar todos los medios a su alcance para lograrlos. Esto es por nuestro propio interés -sin lugar a dudas- pero más que nada es por el bien de China y de los chinos.

Ephremidis
Señor Presidente, la declaración de la Comisión Europea y, por extensión, creo, el debate tal como se está desarrollando, parece que ignoran la historia. No tienen nada que ver con la realidad.
Ustedes no quieren tener en cuenta que este gran país, este gran pueblo, hace sólo cincuenta años que ha salido de contiendas exteriores, de un régimen de un largo colonialismo, de guerras civiles, y que desde hace cincuenta años intenta construir su modelo, un modelo que sea digno de su historia, de su cultura, que es 5000 años anterior al momento en que estamos debatiendo. Por eso, señor Presidente, la declaración de la Comisión es de una credibilidad dudosa, es arrogante, interesada en sus propósitos, al calcular, cómo, desde qué esquina, con qué enfoque, podrán las grandes multinacionales europeas comer de este gran pastel que se llama mercado chino.
¿Qué es lo que hace la declaración? No me puedo alargar. Voy a intentar referirme a unos pocos puntos.
Uno de estos dice: «...que prosigan las reformas y les prestaremos ayuda». Si esto verdaderamente pretendiera el desarrollo de China, el bienestar de su pueblo, estaríamos todos de acuerdo. ¡No! Aspira, por el camino de las reformas, a la incorporación, a la sumisión de China al modelo de ustedes, a un modelo a la medida de sus grandes empresas multinacionales.
Y dice: «...ayudar a las reformas para evitar que sufra fenómenos de crisis, como el resto de los países asiáticos». Pero, señores colegas, esos países, los tres a los que se han referido anteriormente, hace muchísimo que se habían sumergido hasta el cuello en sus modelos, en sus medidas liberales. Sin embargo hemos tenido una crisis. ¿Es ahí a donde quieren conducir también a China? ¿Acaso no hubo crisis también en sus países a pesar del liberalismo extremo? ¿Dónde están buscando las causas de la crisis? ¿Quieren llegar a tiempo de evitarla en China, se supone que por solidaridad, con reformas basadas en sus modelos?
Una cosa más, señor Presidente, que equivale a un intento de intervenir en las cuestiones internas de China: comercio bilateral, de acuerdo; pero cuando se trata de empresas chinas que en el interior de China no se atienen completamente a las normas del libre mercado, aplicamos medidas especiales de dumping en su contra. Esto es una intervención abierta, intolerable.
Finalmente, señor Presidente, necesitamos un Estado de derecho, democracia, etc. para tener «partenariat», para tener relaciones estrechas con China. Por supuesto, esto es deseable para el pueblo chino, para a la Unión Europea y para la realidad internacional. ¿Pero por qué cierran los ojos? En la pequeña Letonia, con la que mantienen relaciones muy estrechas y se mueren por anexionarla a la Comunidad, de 2, 5 millones de habitantes 700.000 no poseen el derecho a llamarse ciudadanos, no tienen ningún derecho. ¿Por qué? Porque tienen la desventaja de ser rusoparlantes. ¿Por qué quieren relacionarse con los letones? ¿Por qué no ven estas cosas? Es pues, hipocresía, interés y soberbia. Uno de nuestros colegas ha dicho que ustedes intentan dar lecciones.

Van Bladel
Señor Presidente, China ha entreabierto la puerta, pero al mismo tiempo ha presionado con todas sus fuerzas desde dentro para que la puerta no se abra demasiado. China quiere participar en el salto adelante económico de la economía global, pero no quiere aceptar las consecuencias que de ello se derivan de cara a avanzar en el terreno político.
Actualmente, la democracia y el respeto de los derechos humanos se tratan desde el miedo. El ponente incluso ha mencionado el autoritarismo. En la práctica vemos, por ejemplo, que el fundador del Partido Democrático Chino ha sido condenado a once años de prisión. Otro ejemplo: un hombre ha sido condenado a dos años de cárcel simplemente por transmitir direcciones de Internet. Se está jugando una partida. En la víspera de la visita estadounidense y de las conferencia del Comité Olímpico Internacional se libera a algunos disidentes. Unas semanas vuelven a estar en prisión muchos otros disidentes.
Se juega una partida con el resto del mundo. Una partida que no cuadra con una asociación global, tal como propone la Comisión. No cuadra. Yo incluso lo encuentro inaceptable.
Es cierto que todos los Estados miembros piden la vez para realizar negocios con China. Pero estoy totalmente de acuerdo con el Sr. Dupuis. Estas inversiones sólo pueden tener éxito si China se convierte en una comunidad abierta y democrática. Para ello, nuestra asociación puede ser muy beneficiosa.
El ponente ha propuesto entablar un diálogo constructivo, pero que debe llevar a una serie de pasos adecuados en el terreno económico y político. De lo contrario, preveo que en este Parlamento se desarrollará un interminable debate acerca de entablar un diálogo constructivo que no conduce a nada, a semejanza de lo que ya ha ocurrido con el diálogo crítico con Irán. El diálogo constructivo debe producir avances. La propuesta del ponente de incluir una cláusula sobre los derechos humanos en el acuerdo de cooperación y comercio con China, que ha de renovarse, es un paso en la dirección correcta. Mi enhorabuena al ponente.

Gahrton
Señor Presidente, en los últimos meses han tenido lugar en China graves contratiempos que afectan a los afanes de democratización. Por este motivo, como presidente de la delegación China he presentado, junto a otros miembros de la dirección y muchos otros colegas, una enmienda especial en la cual no sólo manifestamos nuestra inquietud sino que también pedimos a las autoridades chinas que nos informen concretamente -con nombres y apellidos- acerca de la gran cantidad de personas que han sido arrestadas en el último tiempo. Es muy importante que ejerzamos presión sobre el régimen chino para que no crea que solamente vemos señales esperanzadoras; no podemos hacer esto.
¿Por qué se comportan los chinos de este modo? Hay motivos que son extraordinariamente graves. Quiero citar una sola frase de un informe de la conferencia anual que organiza la European Union China Academic Network, que tuvo lugar en Madrid la semana pasada. En este informe escribe el profesor francés Jean-Louis Rocker lo siguiente: In recent years numerous demonstrations, petitions, sit-ins and violent actions have taken place in most big cities in order to protest against the degradation of living conditions. En China existe una inquietud social que las autoridades combaten con la represión. Existen fundados motivos para que la Unión Europea medite sobre su política respecto a China.

Swoboda
Señor Presidente, debemos felicitar y dar la enhorabuena al ponente Bernard-Reymond. Ha redactado un informe excelente. Ha habido muchas discusiones y enmiendas y creo poder afirmar que el resultado de todo ello es un informe sumamente equilibrado. De cara a China, y aquí debemos ser sinceros con nosotros mismos, nuestra condición de diputados nos pone en una situación francamente complicada. Si cito las palabras de Gorbachov «La vida castigará a quien llegue tarde», no será fácil que China las acate y menos sabiendo quién las ha pronunciado, sobre todo si se tiene en cuenta que la Unión Soviética se ha desmoronado de una forma nada positiva, y sería una verdadera catástrofe para China y para todo el mundo que esta situación se repitiera en este país. Por esta razón, estimo fundamental que mantengamos un diálogo permanente con los chinos, con los representantes de China, convenciéndolos de que para ellos, para China, es sumamente importante que se lleven a cabo las reformas necesarias y que no es algo que se les impone desde fuera, sino que es la consecuencia lógica del movimiento democrático nacido en China.
A este respecto hemos de centrarnos en tres ámbitos clave: el de la política, el de la economía y el del respeto de los derechos humanos. No seamos ingenuos y pensemos que podemos eliminar uno de estos puntos. No seamos tan ingenuos que creamos que la lucha por la defensa de los derechos humanos puede llevarse a cabo sin que al mismo tiempo siga en pie el diálogo político y se continúe apoyando y fomentando la evolución económica de China. Desde el punto de vista político, China es un socio importante y precisamente los que reiteran una y otra vez que necesitamos las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad para imponer medidas y tomar decisiones en el ámbito de la política de seguridad a escala mundial deberían ser los primeros en percatarse de la necesidad de este diálogo político con China, independientemente de su actual situación política.
Ahora me referiré a la cuestión económica. Evidentemente, soy consciente de que muchas empresas tienen intereses puramente empresariales o comerciales en China. Pero por otra parte perseguimos todos un mismo objetivo: hacer avanzar la evolución económica de este país. No tenemos ningún interés en que China se hunda; al contrario, deseamos que China se desarrolle económicamente. Pero al mismo tiempo, nuestra política y la de la Unión Europea debe seguir siendo inflexible en materia de derechos humanos -aunque nunca como contraposición o sucedáneo del aspecto anterior- y debemos intentar convencer a China para que realice serios esfuerzos en el ámbito de la democracia política en beneficio suyo y en beneficio del respeto de los derechos humanos. Por más errores que haya podido cometer Gorbachov, ha pronunciado una frase clave que también puede llegar a ser aplicable a China, aunque los resultados y las consecuencias serían mucho más catastróficos para todo el mundo: ¡La vida castigará a quien llegue tarde!
China será el primer castigado si tarda más de la cuenta en tomar medidas paralelas en el ámbito económico, político y de los derechos humanos. En este sentido, la contribución del informe me parece fundamental. Pretende implicar a China en el diálogo en lugar de imponerle un estilo de vida desde fuera, desde una perspectiva poco menos que imperialista. Propone que invitemos a China a construir junto con nosotros un mundo mejor, más justo y económicamente más rentable.

Cushnahan
Señor Presidente, el informe del Sr. Bernard-Reymond constituye una valiosa contribución al debate en curso sobre la naturaleza de la relación entre China y la Unión Europea. Es importante que entablemos una relación positiva y constructiva con China. Sin embargo, debe ser una relación transparente y sincera. La Unión Europea ha apoyado coherentemente los principios de la democracia y la protección de los derechos humanos.
Si bien queremos adoptar una actitud positiva respecto de los numerosos cambios que se están produciendo en China, no podemos -ni, de hecho, debemos- hacer la vista gorda ante las continuas violaciones de los derechos humanos, en particular el escandaloso trato dispensado a los disidentes políticos y a los miembros de confesiones religiosas. Si no alzáramos nuestra voz simplemente porque muchos de los principales Estados miembros de la Unión Europea tienen provechosas relaciones comerciales con China, sería una abdicación de nuestro deber y socavaría la autoridad moral de la Unión para hablar sobre otras situaciones del mundo en que se violan abiertamente los derechos humanos. Además, sería una traición a los principios de los padres fundadores de la Unión.
Por lo que se refiere a Hong Kong, acojo con beneplácito que se haya hecho el traspaso sin que se cumplieran muchos de nuestros peores temores. Sin embargo, debemos seguir adoptando una actitud vigilante respecto de Hong Kong y acojo con beneplácito la publicación del reciente informe de la Comisión a ese respecto, a la que espero que correspondamos. Ha habido varios casos en que se han puesto en tela de juicio la independencia del Estado de derecho y la observancia de los derechos humanos. Hay que abordar las causas de esos temores y también el deseo de que se establezca un calendario acelerado para la introducción del sufragio universal.
Con estas pocas observaciones, elogio las gestiones del ponente y acojo con el mayor beneplácito el informe que ha presentado.

Brinkhorst
Señora Presidenta, el informe del Sr. Bernard-Reymond indica que no hay una opción substitutiva razonable de un planteamiento equilibrado y completo. Así lo ve una gran mayoría de este Parlamento. También acojo con beneplácito que no tengamos una serie de urgencias inacabables sobre asuntos secundarios, sino un planteamiento completo. Este Parlamento debe adoptar un planteamiento maduro y eso es lo que el Sr. Bernard-Reymond ha hecho. Como ha indicado el Sr. Gahrton, la Delegación para China presentó la enmienda nº 11, según la cual es muy importante que se aborden algunos acontecimientos negativos del presente. Me gustaría oír al Sr. Brittan explicar cómo ve ese vuelco en materia de democracia y derechos humanos. Es una novedad importante y negativa.
Como han dicho otros oradores, también hay novedades positivas. En el momento presente debemos ver que, desde el punto de vista económico, China está en medio de un huracán. Si ese huracán hace presa en ella, también nosotros notaremos los efectos. Ha habido valentía económica y política por parte de los chinos, de la que vale la pena tomar nota. Respecto de Hong Kong, como han dicho otros, las cosas están mejor de lo que esperábamos. Ésa es la razón por la que quisiera insistir en que, entre el extremismo del Sr. Ephremidis y -mis excusas, señor Dupuis- la falta de posición propia de ARE, que ha presentado 26 enmiendas, pero carece de políticas substitutivas, la orientación del Sr. Bernard-Reymond es la idónea.
Queremos presionar a China sobre los derechos humanos, no sólo por autosatisfacción moral, sino también porque redundará al máximo en beneficio de la propia China. Sólo si tiene en cuenta la pluriformidad, los derechos humanos y la oposición política, podrá esa sociedad desarrollarse. Ésa es la vía por la que debe avanzar, como ha indicado el ejemplo de Rusia. El tamaño de China es tal, que no hay demasiados modelos que se puedan aplicar a ese país. Por esa razón, esperamos que el planteamiento del Sr. Bernard-Reymond sea compartido por una gran mayoría de este Parlamento.

Caccavale
Señora Presidenta, Señorías, me parece que con respecto a China se está demostrando una vez más que Europa es débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Es fácil enfadarse con Sierra Leona o Guinea-Bissau; mucho más difícil es decir la verdad sobre lo que, hoy por hoy, está ocurriendo en China: feroz represión de cualquier tipo de oposición, privación de cualquier libertad de expresión y de pensamiento, condenas tras juicios-farsa de los únicos representantes de una posible oposición al régimen comunista que tortura y mata a sus opositores; mientras tanto, nosotros seguimos manteniendo esta actitud acomodaticia. Lo constatamos también en este informe, ya que, pese a la buena voluntad del Sr. Bernard-Reymond, me parece que también esta vez Europa demuestra su total sometimiento a lógicas puramente comerciales.
Lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas no puede silenciarse. Creo firmemente que, si Europa tiene un valor y un sentido, debe alzar su voz en defensa del respeto de los derechos humanos, sobre todo frente a los países más fuertes que, evidentemente, desempeñan un papel de liderazgo como es el caso de China en el actual panorama asiático y no solo asiático. A la vista de todo esto, me pregunto si es posible pensar todavía en proporcionar ayudas y subvenciones, en mantener relaciones con quien tortura y mata a los opositores políticos. A la vista de todo esto, les pregunto si no se tendría que cambiar radicalmente la actitud del Parlamento Europeo y de la Comisión con respecto a un régimen sanguinario y opresor.

Barros Moura
Señora Presidenta, Señorías, quiero subscribir también la estrategia en cinco puntos propuesta por la Comisión y que, por lo demás, merece ya el apoyo del Consejo, encaminada a apoyar la inserción cada vez más fuerte de China en el orden internacional. En ese sentido considero que, teniendo en cuenta sus intereses propios y la necesidad de formular una política con autonomía respecto de los Estados Unidos de América, la Unión Europea debería apoyar, de hecho, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, con respeto de las obligaciones a ello inherentes.
Compruebo con agrado que ha habido algunos avances en el capítulo de los derechos humanos, pero considero que la Realpolitik de los intereses económicos y comerciales de la Unión Europea o, mejor dicho, de algunos Estados miembros de la Unión Europea, no debería hacernos suponer que China ya es un Estado de derecho, ¡porque no lo es! Y deberíamos, sí, apoyar las evoluciones encaminadas en ese sentido. Pero creo que deberíamos hacer serias advertencias a nuestros interlocutores chinos respecto del agravamiento reciente de algunos problemas en materia de derechos humanos, de persecuciones a opositores políticos y a minorías étnicas y nacionales y, en particular, por lo que se refiere a la situación de los trabajadores obligados al lay-off , sin derechos sindicales, sin libertad sindical, sin respeto del derecho de huelga.
Sentado esto, quisiera, señor Presidente y Señorías, abordar concretamente el caso de Macao. Me parece que nuestro ponente lo ha tratado bien, porque ha comprendido la situación concreta del territorio, derivada de su historia y de sus características propias. Macao puede ser una puerta abierta de China para Occidente y para la Unión Europea y un puente entre Europa, en su diversidad, y China.
A este respecto, creo, señor Presidente, que la Unión Europea debería seguir con mucha atención, con una exigencia idéntica a la que adoptó para con Hong-Kong, el proceso de transición de Macao -que se producirá al final de este año- a la soberanía china, a fin de apoyar la aplicación del principio «un país, dos sistemas». Hay muchos problemas aún por resolver en el capítulo de los derechos y libertades fundamentales, de la nacionalidad, de la garantía de que China respete la prohibición ya existente de la pena de muerte, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la reglamentación de las dos lenguas oficiales del territorio -el chino y el portugués-, la necesidad de establecer cuanto antes un sistema judicial independiente, es decir, con un tribunal local de última instancia.
Creo que la Unión Europea podría apoyar el desarrollo de la sociedad civil en aquel territorio. Pido a la Comisión que, a semejanza de lo que hizo con Hong Kong, haga una comunicación sobre las relaciones futuras entre la Unión Europea y Macao y, al mismo tiempo, elabore informes periódicos sobre esa situación. Para que las cosas funcionen, señora Presidenta, es necesario que exista, para Macao, una delegación de la Comisión. Y yo hago constar que la actual delegación para Hong Kong no ha sabido asumir el cometido de representar a la Unión Europea también en Macao. Y pido explicaciones al Comisario por esta actitud inaceptable del delegado de la Unión Europea para Hong Kong, que parece desconocer que también tiene a su cargo la representación en Macao.

Porto
Señora Presidenta, por toda clase de razones es digno de beneplácito el desarrollo de una asociación global con China, en pro de nuestro interés, del interés de ese país y sin duda también en pro de la paz y la prosperidad mundiales, como se subraya debidamente en la comunicación de la Comisión y en el informe del Sr. Bernard-Raymond, merecedores por ello de nuestras felicitaciones.
En este marco, es comprensible que se dé un relieve muy especial al párrafo A-5 de la comunicación y al párrafo 41 de la propuesta de resolución por abordar y que expresa el deseo de una transferencia correcta de la soberanía de Macao a China. Así deberá ser en beneficio de su población y de China, que mucho podría ganar con la existencia, allí, de una sociedad próspera y democrática y de una puerta más de vinculación con el resto del mundo.
Pero también reviste interés prioritario para la Unión Europea el papel que podría caber a Macao, totalmente independiente del de Hong Kong, como se acaba de decir. La opción substitutiva de una vinculación con nosotros no será, por lo demás, en modo alguno una vinculación por mediación de Hong Kong, que los macaenses tienen derecho a no querer, temiendo la posición secundaria que les correspondería así y el riesgo real de verse diluidos, sin voz propia, en el gran territorio chino.
Macao tiene, por lo demás, una identidad propia y se inserta en una zona muy diferente de China, por lo que se duplican nuestras posibilidades de aproximación. Se trata de identidad y de oportunidades que han justificado hasta ahora la participación del territorio en la Organización Mundial del Comercio y han justificado la celebración de un acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y Macao, que no había con Hong-Kong, y que se deberá mantener después de la transferencia de la soberanía. Así, pues, hay un camino abierto que sería una ingenuidad por parte de la Unión Europea desperdiciar. Un paso claro con vistas a mantenernos y profundizar será la implantación inmediata de una representación propia en Macao, con costos bajos que las autoridades del territorio tendrán, por cierto, el gusto de compartir con nosotros. Pregunto al Comisario si tiene intención de dar algún paso en ese sentido.

Brittan
Señora Presidenta, me complace tener la oportunidad de responder al equilibrado y bien razonado informe del Sr. Bernard-Reymond. Me alegro de que en muchos sectores de la Asamblea, en particular el Sr. Swoboda, el Sr. Brinkhorst y el Sr. Porto, haya considerable apoyo para su equilibrado planteamiento. La Unión Europea tiene un profundo interés en ayudar al surgimiento de una China estable, próspera y abierta que adopte el pluralismo político, los mercados libres y el Estado de derecho y contribuya a la creación de un orden internacional seguro. Para quienes, como la corriente del Sr. Dupuis, creen que no hemos sido lo bastante firmes respecto de la situación en materia de derechos humanos o el Sr. Ephremidis, cuyo planteamiento es bastante diferente, he de decir que no creo que hayan presentado una auténtica opción substitutiva.
La esencia de nuestro planteamiento es la de que va encaminado a la consecución de objetivos a largo plazo. Se debe aplicar en los buenos momentos y en los malos, salvo que haya un cambio fundamental en la situación. No cabe duda de que tanto económica como políticamente la situación en China hoy es menos esperanzadora que hace un año. No creo que ésa sea una razón para cambiar fundamentalmente el planteamiento que hemos aplicado ni el recomendado por el Sr. Bernard-Reymond en su discurso y en su informe.
La aprobación del informe es oportuna. Con el Primer Ministro Zhu Rongii, China ha lanzado una serie de reformas económicas fundamentales. Sin embargo, sobre el fondo de la crisis asiática, es probable que esas reformas se produzcan bajo presión este próximo año, cuando se reduzca el crecimiento económico. Los acontecimientos recientes de China han inspirado también graves motivos de preocupación relacionados con el respeto de los derechos humanos. En esas circunstancias es importante -esencial, de hecho- para nosotros enviar las señales adecuadas a China. Nuestra comunicación fijó varios objetivos fundamentales.
En primer lugar, queremos lograr que China participe más en la comunidad internacional mediante un diálogo político perfeccionado. A lo largo del pasado decenio, China ha dado pasos dignos de beneplácito en materia de control y no proliferación de armamento, preservación del medio ambiente mundial, lucha contra la delincuencia internacional y tráfico de drogas. Debemos aprovechar el deseo de China de ser reconocida como protagonista mundial responsable en el escenario mundial y entablar un diálogo sobre cuestiones mundiales de preocupación común. La historia del pasado revela que eso puede dar resultados prácticos y no es un simple sueño vano.
En segundo lugar, debemos integrar más a China en la economía mundial haciéndola entrar más en el sistema de comercio mundial y apoyando el proceso de reforma económico y social que está en marcha. China es el mercado para bienes y servicios europeos que crece más rápidamente. Está claro que redundará en beneficio nuestro lograr que se integre más en la economía mundial. El acceso a ese mercado es demasiado restrictivo. No queremos ejercer represalias mediante la creación de un ciclo de proteccionismo contraproducente. Al contrario, la apertura del mercado europeo constituirá nuestra mejor contribución para ayudar a China a afrontar la crisis actual en Asia, pero mantenemos la determinación de lograr aún más la apertura de los mercados, incluido el de China. A la propuesta de que China ingrese en la OMC, la respuesta es afirmativa, pero en condiciones comercialmente coherentes, accediendo a abrir su economía. Es algo apropiado para un país de su tamaño y estado de desarrollo económico.
No me excuso por referirme a la cuestión del tamaño. Resulta que sólo mediante actitudes económicas y políticas sinceras, mediante la franqueza y la apertura, tenemos la posibilidad de lograr cambios en un país del tamaño de China... y no va a desaparecer ni va a cambiar, porque hagamos afirmaciones mas acerbas o aprobemos resoluciones más acerbas. La Unión Europea tiene la determinación de apoyar la transición de China a una sociedad abierta basada en el Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos. Naturalmente, no estamos satisfechos con la situación actual de China. Hemos optado por un planteamiento pragmático y orientado a la consecución de resultados respecto de esta cuestión, en el que contradecimos a las autoridades chinas respecto de cuestiones y acontecimientos que son motivo de preocupación para nosotros, como, por ejemplo, la reciente avalancha de juicios y detenciones de disidentes. No guardamos silencio sobre estas cuestiones, pero al mismo tiempo ampliamos nuestros sectores de cooperación. Esos dos polos de la política son necesarios.
El diálogo sobre los derechos humanos ha sido útil, pero hemos dicho con toda claridad a las autoridades chinas que ahora debemos lograr avances concretos y tangibles para mantener la credibilidad de ese diálogo. Los acontecimientos recientes en China a los que se ha hecho referencia han puesto de relieve esa necesidad. Hemos pedido la liberación de los disidentes encarcelados después de la reciente campaña y esa cuestión seguirá en nuestro orden del día hasta que se libere a esos disidentes.
Lo más importante de todo es que hemos dicho con claridad a las autoridades chinas que vamos a formular criterios mediante los cuales juzgar los avances en el diálogo. Esa innovación garantizará el mantenimiento de la presión y el impulso necesarios en el diálogo. Surge la pregunta: ¿qué tipo de criterios? Entre los que vamos a examinar, figuran las siguientes exigencias: en primer lugar, necesitamos información más detallada sobre los presos políticos, su número, las acusaciones por las que se los ha sentenciado, sus condiciones de salud, así como la posibilidad de que representantes europeos y de las ONG se entrevisten con algunos presos.
En segundo lugar, queremos que se adopten medidas concretas para mejorar las condiciones de encarcelamiento y reformar el sistema penal, incluidas condiciones de apelación y acceso a la revisión judicial, en consonancia con las normas internacionales. Este último punto es particularmente pertinente respecto de la pena de muerte y la situación de los disidentes condenados por supuestos delitos contrarrevolucionarios.
En tercer lugar, queremos que haya criterios para los avances hacia la ratificación de los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre ellos el seguimiento de la visita de Mary Robinson y una cooperación más estrecha con la Unión Europea dentro del diálogo sobre los derechos humanos.
En cuarto lugar, otra categoría de criterios relacionados con las minorías étnicas, en particular las del Tíbet. Abarca una gran diversidad de cuestiones, tales como la transparencia de la información demográfica, la libertad para usar la lengua tibetana, así como información clara y transparente sobre los supuestos incidentes en los que han participado grupos de minorías étnicas y disidentes.
Pese a esas recientes diferencias en materia de derechos humanos, espero que Sus Señorías convendrán conmigo en que la política europea para con China, ejemplificada por la comunicación de la Comisión y el informe del Sr. Bernard-Reymond, ha progresado en gran medida en una dirección positiva en los últimos años. Me alienta ver que nuestra comunicación y el informe de Su Señoría coinciden ampliamente. Eso es aplicable también a Hong Kong. Lamento no poder prometer una pronta apertura de una delegación en Macao. Estamos encontrando grandes dificultades para conseguir los recursos y el apoyo que necesitamos para las delegaciones que queremos abrir. Desde luego, examinaremos las propuestas concretas que figuran en el informe y las incluiremos lo más plenamente posible en nuestras relaciones con China.
El del desarrollo de una relación amplia y sólida entre China y la Unión Europea es uno de los grandes imperativos geoestratégicos para el próximo siglo. Estoy convencido de que hemos puesto fundamentos sólidos para que la Unión Europea del futuro pueda afrontar tan decisivo imperativo y de que debemos adoptar un planteamiento coherente: firme en lo que hemos de decir, pero equilibrado en nuestra política.

El Presidente
¡Muchas gracias, señor Comisario Brittan!
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Política regional y política de competencia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes.
A4-0412/98 del Sr. Azzolini, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la política regional y a la política de la competencia (C(98)0673 - C4-0247/98).-A4-0421/98 de la Sra. Riis-Jørgensen, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el XXVII Informe de la Comisión sobre la política de competencia - 1997 (SEC(98)0636 - C4-0379/98).
Azzolini
Señora Presidenta, señora Comisaria, estoy muy satisfecho por la presencia en este Pleno de «mi» Comisaria, la señora Wulf-Mathies, sobre todo por lo que voy a decir, pues sé muy bien que me comprenderá y escuchará.
Quiero dar las gracias a mi comisión, la Comisión de Política Regional, por haberme encargado, dos años después del año 1997, este informe titulado «Política de competencia y política regional, ayudas estatales»; el informe de 1997 abordaba el tema titulado «Política de cohesión y cultura, una contribución al empleo»: dos temas muy importantes que, concretamente en Europa, tienen un valor añadido respecto a otras temáticas que también fueron tratadas en este Pleno de forma exhaustiva e interesante por diputados de reconocido prestigio.
He de resaltar que la señora Comisaria Wulf-Mathies sabe muy bien cuáles son las dificultades que tienen algunos Estados miembros a la hora de trasponer directivas, disposiciones, reglamentos y, por lo tanto, todo el mundo y los encargados de los trabajos no ignoran que de los 15 Estados miembros de la Unión, en definitiva, sólo 5 tuvieron y tienen contactos sistemáticos con la normativa comunitaria. Esto significa que, en realidad, existe una incultura metodológica. Según nos reiteró la señora Comisaria Wulf-Mathies en la comisión, hace falta comunicación, mucha comunicación pero, yo diría, en clave simplificadora: simplificadora porque algunos Estados miembros, sin duda, en esta lógica de no comprensión, siguen remando contra corriente, aun a su pesar. Como ponente italiano, no quiero limitar esta observación a mi país, pero es muy triste comprobar que algunos Estados miembros, aun pudiendo valerse de los beneficiosos efectos de la pertenencia a la Unión, después de todo, han gastado quizás el 52 %, cuando todo nos va bien -y en mi opinión, no nos va bien- lo que demuestra la persistencia de un desequilibrio entre la entidad «Unión» y la periferia «Estados miembros». Entonces, objetivamente, debo invitar a todo el mundo a una reflexión sobre este aspecto. Así y todo, éste debería ser un aspecto no marginal si es cierto, y lo es, que el objetivo prioritario de la Unión es la política de cohesión económica y -subrayo- social.
Dicho esto, debo reconocer que las normas de competencia deben ser una garantía de cara al correcto y transparente funcionamiento del mercado interior y que las excepciones a la libre competencia, representadas por los demás Estados, se justifican sólo con la necesidad de mantener y fortalecer dicha cohesión económica y social.
Apruebo la decisión de la Comisión de regulación multisectorial de las ayudas regionales destinadas a los grandes proyectos de inversión que se propone limitar este tipo de ayudas a proyectos de gran intensidad de capital que, sin causar graves distorsiones de competencia, conllevan unas repercusiones regionales indiscutibles por ser realmente generadores de empleos directos e indirectos.
La invitación, sin embargo, es que este procedimiento, actualmente en fase experimental, pueda en el futuro -en un futuro próximo, no remoto, señora Comisaria- extenderse a otros sectores sensibles que aún se rigen por normas específicas en materia de control de las ayudas estatales. Pienso en los sectores como el de los astilleros, de la industria del automóvil, siderúrgica y textil, sectores todos ellos inmersos en una grave crisis y que necesitan llegar a ese punto de cohesión social y económica mucho antes que otros. Sin embargo, debo señalar que algunas disposiciones como, por ejemplo, las que se refieren a la intensidad máxima de las ayudas a las regiones de los Objetivos 1 y 2, parecen demasiado rígidas. Del mismo modo, es necesario que las normas de competencia se apliquen teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer esta cohesión, al objeto de evitar que proliferen ciertas medidas fiscales de sustitución que perjudican inevitablemente al mercado interior, pero que muchos Estados miembros acaban por adoptar debido a ese tipo de incultura que acabo de mencionar.
Con relación a este informe he recibido de sus Señorías -a quien agradezco haberlo hecho- veinticinco enmiendas. He de decir que estoy de acuerdo con algunas de ellas, mientras que con otras no, ya que quisiera transmitir a la Comisión una señal fuerte de que comparto plenamente la opinión de que el contenido de esa comunicación no puede alterarse y sufrir «interferencias» de otra índole que han fomentado debates en otros ámbitos.
Debo manifestar a estos colegas que no se trata de una falta de cortesía hacia ellos, sino que responde al hecho de no querer apartarme de un informe que valora la Comunicación de la Comisión y que, con la misma seriedad y el mismo rigor, invita a la Comisión a hacer suyas nuestras exigencias. Confío en esto sobre todo porque, después de esa prueba que vio a los dos órganos, la Comisión y el Parlamento, en una situación de gran tensión en el pasado periodo parcial de sesiones en Estrasburgo, hoy, a través de la invitación dirigida a la propia Comisión, es necesario que se preste una mayor atención a la línea de la cohesión social, tras haber puesto en marcha correctamente la económica. Es por esto que hago votos por que la Comisión no solo continúe su trabajo con determinación, sino que lo haga teniendo debidamente en cuenta lo que el Parlamento le testimonia en cada circunstancia.

Riis-Jørgensen
Señora Presidenta, constituye un gran honor para mí haber sido elegida por segunda vez como ponente del informe sobre la política de competencia desde que soy miembro de este Parlamento. Comenzaré elogiando a la Comisión por el estupendo trabajo que ha llevado a cabo en el ámbito de la política de competencia. Ha sido un placer trabajar junto al Sr. Comisario y creo que nuestra colaboración con el señor Comisario y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha sido fantástica. Voy a centrar mi intervención en las cinco propuestas de mejoras que he señalado en mi informe, y espero oír los comentarios del señor Comisario al respecto.
La primera propuesta gira en torno al control democrático sobre la política de competencia. En mi primer informe, propusimos un procedimiento determinado, en el que el Sr. Comisario acudiría a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios una vez al trimestre y expondría la política realizada en materia de competencia. Esta propuesta nos ha parecido satisfactoria y ha funcionado muy satisfactoriamente. Ahora queremos que se establezca por parte de la comisión un procedimiento más fijo y estandarizado. Este procedimiento plantea los mismos requisitos, aunque ha recibido un tratamiento más formal por parte de la Comisión, el Parlamento y el Sr. Comisario.
El segundo punto afecta a las pequeñas y medianas empresas, que son muy importantes a la hora de discutir la política de competencia. A la comisión le parece importante garantizar a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de examinar su situación jurídica, de descubrir ellas mismas en qué lado de las normas sobre la competencia se encuentran. En otras palabras: si infringen o no las normas sobre la competencia. Soy abogada y, sin embargo, no me opongo a que las pequeñas y medianas empresas se libren de pagar sumas excesivas a los abogados que vayan a ayudarles a descubrir si infringen las normas comunitarias. Por ello pido a la Comisión que presente propuestas o directrices sobre cómo emplear la llamada comunicación de minimis. Esta cuestión se trata en el punto 10.
El tercer punto gira también en torno a las pequeñas y medianas empresas. Es el punto 15 en mi informe. De nuevo la cuestión de cómo pueden asegurarse las pequeñas y medianas empresas de que cumplen las normas comunitarias y en este punto quiero también que la Comisión haga públicas directrices y líneas sobre cuál es el mercado pertinente y cómo se define el mercado pertinente. Estos eran los dos puntos relativos a las pequeñas y medianas empresas.
Luego está la cuestión de las ayudas de Estado. Sé que el señor Comisario está de acuerdo con la comisión en que la cuantía de las ayudas estatales en Europa es demasiado, demasiado grande. ¿Qué podemos hacer? Debemos recordar siempre que son los Estados miembros quienes pagan este dinero. Luego no es la UE la que paga este dinero, los malos son los Estados miembros. Me parece importante que el Parlamento se alinee con la Comisión en la lucha contra las ayudas estatales. La propuesta de la comisión supone mayor transparencia al permitir que terceras personas conozcan la cuantía de las ayudas de Estado. Propongo la creación de un registro en el que se haga público la cuantía de estas ayudas estatales y que éste se coloque en la página Internet de la Comisión para que cualquier persona pueda acudir sin problemas a averiguar la cuantía y el propósito de las ayudas estatales, incluidas las ayudas estatales concedidas bajo el concepto denominado régimen sobre exenciones por categorías. De esta forma, todas las ayudas estatales, ya provengan de la Comisión o hayan sido otorgadas en el Estado nacional, serán de dominio público. Para las empresas -tanto pequeñas como medianas- tiene muchísima importancia conocer si compiten en desigualdad de condiciones, a lo que ayudará el acceso por Internet, ya que permite a éstas comprobar ellas mismas la cuantía de las ayudas estatales y especialmente -espero- les brinda de manera sencilla la posibilidad de formular una queja a la Comisión -también vía Internet.
Queda todavía una propuesta relativa a las ayudas de Estado, en la que mi inspiración ha sido el señor Comisario para el mercado interior, Sr. Monti, quien ha creado un marcador para el mercado interior, un llamado scoreboard , en el que aparecen expuestos the good boys y the bad boys dentro del mercado interior. ¿No podríamos actuar igual, es decir, hacer una lista de the good boys y the bad boys (or girls) en materia de las ayudas estatales?
Éstas han sido mis propuestas para mejorar la situación de la competencia y crear instrumentos que aumenten la transparencia, la claridad, y también la seguridad jurídica para beneficio de las pequeñas y medianas empresas. Espero que el señor Comisario quiera involucrarse activamente en un diálogo con nosotros sobre estas propuestas. Una vez más, muchas gracias al Sr. van Miert por la lealtad y el entusiasmo con los que vela por los intereses europeos en esta materia y dejando este tema al margen, quiero darle nuevamente las gracias por sus esfuerzos extraordinarios para acabar con el cártel de las tuberías en Dinamarca y Europa y con ello conseguir precios libres y bajos para los consumidores, pues éste es en última instancia el objetivo más importante de la política de la competencia. De lo que se trata es de que los consumidores tengan precios más bajos y mayor calidad por su dinero.

Sierra González
Señora Presidenta, como ponente de opinión sobre el XXVII Informe de la Comisión sobre la política de competencia, tendría que empezar por decir que la política comunitaria de competencia se va orientando progresivamente hacia una mayor transparencia así como, desde el punto de vista jurídico, hacia una mayor eficacia y una mejor administración. Estas circunstancias, sin duda, son el resultado de una mayor descentralización de la aplicación de ciertas normas de competencia en favor de las autoridades nacionales competentes y de la reducción de notificaciones innecesarias. La continuación de esa vía seguramente favorecerá la eficacia y la transparencia. Sin embargo, el objetivo de la descentralización se enfrenta a un grave obstáculo, a saber: el hecho de que hay Estados miembros que carecen de una legislación que les faculte para aplicar esa legislación comunitaria o, en otros casos, el hecho de que la jurisprudencia nacional no les permita aplicar directamente ésta.
Pero a estos conflictos jurisdiccionales se suman otros no menos importantes en materia de ayudas de Estado, donde, según se aplique el Derecho nacional o comunitario, puede verse mermada la protección jurídica. Así, las empresas y los particulares pueden gozar, en base a los artículos 85 y 86 del Tratado, de una mayor protección jurisdiccional y, por tanto, de más amplias vías de recursos, según su Derecho nacional, de las que gozarían en base a los artículos 92 y 94 del Tratado. Y no se ha establecido qué Derecho, en esos casos, debe aplicarse prioritariamente. Esa es una situación no resuelta, que origina conflictos.
Por último, quiero señalar que el procedimiento seguido para controlar las ayudas estatales con finalidad regional debería estar sometido al imperativo de la cohesión económica y social e integrar, en el método de fijación de recursos, el concepto jurídico de ultraperificidad.

McCarthy
Señor Presidente, el informe Azzolini sobre la comunicación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la política regional y la política de competencia llega en un momento muy pertinente, sólo meses antes de que los Estados miembros entreguen su lista de sectores de ayuda estatal a la DG IV y en un momento en que los Estados miembros deben adoptar decisiones importantes sobre los mapas futuros correspondiente a los Fondos estructurales para los objetivos 1 y 2. Esperemos que sea en la cumbre de Berlín, que se celebrará en marzo.
En este debate voy a limitar mis observaciones a la cuestión de la coherencia y la vinculación entre la política regional y la política de competencia. Sabemos que de lo que se trata ahora es de la concentración tanto en la política comunitaria en materia de competencia como, de hecho, en la asistencia con cargo a los Fondos estructurales. Naturalmente, en la comunicación de la Comisión la coherencia es un objetivo declarado. Apoyamos esos principios, apoyamos la coherencia. Tal vez difiramos sobre cómo aplicar dicha coherencia y cómo velar por que haya cierta flexibilidad sobre las cuestiones planteadas. He de decir que resulta algo decepcionante que algunas de las enmiendas a este informe vayan encaminadas a brindar exenciones para zonas acogidas a la letra a) del apartado 3 del artículo 92, encaminadas, en mi opinión, a lograr subrepticiamente el derecho a acogerse al objetivo 1. Mi Grupo no va a votar esas enmiendas. Se pide al Parlamento que tenga en cuenta la necesidad de esa coherencia y somos partidarios de velar por una mayor coherencia. Resulta evidente con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92, zonas de objetivo 1, y ese principio se cumple firmemente al respecto. No obstante, es necesario que la Comisión reconozca en sus propuestas, como así hace en la comunicación -y cito-, que «los Estados miembros deben tener un margen de maniobra para perseguir las metas de la política regional específicas de su situación, además de las zonas designadas conjuntamente para los fines de la política comunitaria y regional. La Comisión sabe que los Estados miembros despliegan objetivos y metas diferentes para la política de ayuda nacional y regional. Debemos respetar esa diversidad y encontrar un equilibrio entre la diversidad y el logro de la coherencia».
Así, pues, el marco de concentración y coherencia, en relación con las zonas acogidas a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, es algo restrictivo y permítaseme decir por qué es así. El calendario según el cual los Estados miembros presentarán sus mapas a la DG IV determina de antemano posibles zonas de objetivo 2 en el futuro mapa de los Fondos estructurales. Voy a ofrecer un ejemplo muy bueno de ello a Sus Señorías: en las reformas de 1994 a 1999, el entonces Gobierno conservador presentó un mapa a la DG IV con la esperanza de que esas zonas pasaran a ser automáticamente de objetivo 2. Me complace decir que el Comisario laborista, Bruce Millan, lo descubrió y dijo con toda claridad que esas zonas no podían en absoluto acogerse al objetivo 2 europeo como zonas necesitadas en materia de cohesión económica y social. Ésa es la razón por la que necesitamos esa flexibilidad y no creemos que deban figurar, de hecho, en el mismo mapa, incluso con la medida de flexibilidad que la Comisión ha propuesto. En ciertos sentidos esta comunicación de la Comisión ha sido superada por los acontecimientos y me ha encantado que en el Consejo de Asuntos Generales de este semana haya habido una victoria para el sentido común.
Creo que es importante que hayamos celebrado este debate. Creo que los Estados miembros deben abordar la necesidad de una mayor coherencia, pero necesitamos la flexibilidad a fin de velar por que consigamos las zonas idóneas para la ayuda estatal y el objetivo 2. En ese sentido, ha llegado el momento del cambio, el momento de la concentración, pero la Comisión no debe complicar ni imponer limitaciones suplementarias que obliguen a la integración de dichas zonas mediante mecanismos prescriptivos. Ha sido acertado por parte de la Comisión haber elegido la vía de permitir algún margen de maniobra mediante el cual intentar alentar a los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer esos mapas más coherentes.

Hatzidakis
Señora Presidenta, como miembro de la Comisión de Política Regional, voy a hablar sobre el informe del Sr. Azzolini, a quien desearía darle mi sincera enhorabuena por la labor que ha realizado, que ha sido excepcionalmente ardua, ya que había intereses encontrados y porque -creo que no hace falta explicarlo- el tema «ayudas nacionales» habla por sí solo.
También quiero felicitar a la Comisión por su postura valiente -en líneas generales- sobre esta cuestión. Las ayudas de los países miembros a sus distintas regiones pueden realmente adulterar la competencia y, por consiguiente, obstaculizar el buen y eficaz funcionamiento del mercado interior. Por eso el principio básico deberá ser que, cuando se permitan ayudas nacionales, más allá de las regiones que cubren las acciones de los Fondos estructurales, deberán constituir excepciones y permitirse exclusivamente en ocasiones excepcionales, siempre y cuando ello esté justificado por la necesidad de lograr una cohesión económica y social. En este sentido, realmente hace falta una mayor conexión y correspondencia entre la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea.
Por consiguiente, estoy de acuerdo con la intención de la Comisión de reducir las regiones elegibles, en cuanto a las ayudas comunitarias, del actual 51 % al 35 %-40 % de la población, reducción que se corresponde plenamente con la correspondiente reducción de la población elegible que tendrá derecho a las ayudas estructurales en el futuro.
También estoy de acuerdo con que los criterios de las ayudas de Estado deberán corresponderse con los de las ayudas comunitarias. Pero debo expresar mi inquietud y mi oposición a restringir el volúmen de las ayudas nacionales admisibles en las regiones del Objetivo 1 a sólo el 50 % de la cofinanciación para las regiones situadas por debajo del 60 % del PIB de la media comunitaria, y al 40 % en las que superan el 60 %.
Tampoco debemos olvidar que, aún cuando globalmente el 66 % de las ayudas nacionales va a las regiones menos desarrolladas, los considerables recursos presupuestarios de que disponen algunos de los Estados miembros más ricos, les permiten subvencionar a regiones que, aunque estén menos desarrolladas a nivel nacional, no se encuentran, sin embargo, entre las regiones más desfavorecidas de la UE. Esto, por supuesto, es contrario tanto a los principios de la competencia, como a la necesidad de lograr una cohesión económica y social. Porque significa que las regiones ya ricas serán aún más ricas, aumentando así la diferencia con las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea.

Vallvé
Señora Presidenta, señora Comisaria, yo querría, en primer lugar, hacer llegar mi felicitación al Sr. Azzolini por su informe, porque creo que se trata de un tema complejo y complicado. Estamos hablando de política de competencia y, en este sentido, la prohibición de las ayudas de Estado debe ser la garantía del funcionamiento del libre mercado. En este sentido, hay que regular las ayudas de Estado y también las ayudas regionales en Estados donde existen regiones que tienen competencia para dar estas ayudas. La delimitación de las zonas donde son posibles estas ayudas de Estado -lo que nos queda determinado en el artículo 92.3, a) y c) del Tratado- debe ser compatible con las ayudas de Estado en las regiones Objetivo 1 y Objetivo 2.
Me referiré ahora concretamente a estas últimas -las zonas Objetivo 2-, que son las llamadas «áreas en reconversión». Precisamente, estas ayudas de Estado deben incidir en estas zonas en reconversión: zonas en reconversión rural, zonas con baja densidad de población, con pérdida de población y envejecimiento de la población. Allí deben ser posibles estas ayudas de Estado.
Otro tipo de zonas en reconversión son aquellas que sufren algún tipo de crisis industrial, con necesidad de reconversión industrial y que muestran unos índices de paro elevados y en aumento.
Estas ayudas de Estado son importantes con el fin de completar y de garantizar una mejor cohesión económica y social y una cohesión territorial en los lugares donde se apliquen.
Y yo no querría terminar mi intervención sin dar mi apoyo a lo que ha expresado la diputada Sra. Riis-Jørgensen sobre la necesaria transparencia de estas ayudas. Creo que estas ayudas deben existir, pero debe existir una gran transparencia en el lugar donde se otorgan y saber que son ayudas que, en ningún caso, van a perjudicar la libre competencia y la unidad de mercado que ha de existir en la Unión Europea.

Novo
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la cuestión esencial planteada por el documento de la Comisión esta relacionada con la de si los apoyos públicos, estatales o regionales deberían estar limitados territorialmente, con lo que se aceptaría, como propone la Comisión, la superposición cada vez mayor y casi ineludible entre mapas de regiones de Objetivo 1 y 2 y el mapa de las regiones potencialmente admisibles para poder ser apoyadas públicamente. Esta perspectiva no nos parece correcta, ya que, a nuestro entender, los apoyos públicos deberán ser admisibles siempre que esté en juego la sostenibilidad social de determinados sectores, en particular por razones de empleo, y, con mayor razón, siempre que se planteen problemas de cohesión económica y social, independientemente de la localización territorial en que ocurran. Es cierto que serán admisibles y necesarias formas de control y acompañamiento para evitar abusos y fenómenos de competencia desleal, lo que no se puede confundir ni plasmarse como impedimento global y generalizado de la existencia de apoyos públicos, siempre que se inscriban en los presupuestos antes mencionados.
El informe del Sr. Azzolini -aprovecho para felicitarlo- no aborda, en nuestra opinión, de forma clara y profunda esta cuestión. Pero afronta de forma suficiente la necesidad de flexibilizar decisiones en función de las realidades regionales concretas. Hay enmiendas que, de ser aprobadas -y merecen nuestro apoyo-, profundizan y aumentan los niveles y el ámbito de esa flexibilidad.
Ahora bien, conviene destacar en el informe Azzolini el hincapié que hace a favor de las regiones más atrasadas, por razones evidentes de cohesión económica y social, la inclusión en el Marco de las posibilidades de apoyos públicos de las zonas que vayan a entrar en phasing out en el próximo Marco Comunitario de Apoyo y el rechazo de la propuesta de la Comisión de disminuir en gran medida los apoyos públicos que se deben conceder a las regiones y a los sectores que los necesiten y reúnan las condiciones para acogerse a ellos.
Por último, conviene señalar como positiva la referencia a la necesidad de seguir y controlar los apoyos públicos concedidos a empresas transnacionales a fin de impedir su traslado e impedir que recurran a las ventajas de las ayudas públicas sin que lleven a cabo actividades económicas regionales a largo plazo.

Baggioni
Señora Presidenta, Señorías, la política regional y la política de competencia persiguen objetivos de finalidad distinta. La política de competencia se basa en el principio de prohibición de las ayudas públicas a las empresas, unido a las excepciones contempladas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92, las cuales se aplican de forma limitativa en el contexto de la libre competencia dentro del mercado único. La política regional, por su parte, se basa en el principio de ayuda solidaria al desarrollo regional por medio de la redistribución del presupuesto comunitario y se traduce en un apoyo financiero a los proyectos de todos los agentes socioeconómicos de una región, entre los cuales figuran, aunque de forma minoritaria, las empresas.
Si bien es deseable aumentar la coherencia, no por ello debe prohibirse distinguir entre ambas subdivisiones zonales cuando el diagnóstico de algunos territorios indica que les sería beneficioso. Los Estados deben conservar la libertad de definir su propia política de desarrollo de las empresas, porque una superposición perfecta con la política regional suprimiría el carácter específico de la subdivisión zonal para las ayudas de finalidad regional, con su componente de ordenación del territorio.
La elección del nivel de coherencia debe dejarse al arbitrio de los Estados que, de todos modos, siguen teniendo la responsabilidad de presentar a la Comisión las propuestas de mapas que van a negociarse. Conviene asimismo hacer notar a la Comisión que sus propuestas encaminadas a restringir drásticamente la intensidad y duración de las ayudas autorizadas en virtud del apartado 3 del artículo 92 podrían perjudicar a muchas regiones todavía frágiles, sobre todo, según se acaba de decir, a las que tendrán que pasar por un periodo de phasing out .
Por último, deseo pedir solemnemente a la Comisión que tenga a bien reconsiderar la posibilidad de incluir, en la lista de las regiones beneficiarias de ayudas en virtud del apartado 3 del artículo 92, aquellas cuya desventaja permanente ha sido reconocida por el Tratado de Amsterdam: las regiones insulares, incluidas las que no son subvencionables con arreglo al Objetivo 1.

Schroedter
Señora Presidenta, estimados colegas, señora Comisaria, señor Comisario, los Gobiernos de los Estados miembros, al igual que ustedes, estimados colegas, han subrayado reiteradamente en el marco de la Agenda 2000 que la nueva política estructural de la Unión debe guiarse fundamentalmente por los principios de concentración, eficacia y acuerdo administrativo. Quisiera añadir que la transparencia desempeña asimismo un papel clave. De acuerdo con ello, la Comisión ha elaborado una propuesta que transpone estas ideas básicas y define los recursos de los Fondos estructurales sobre la base de los cuales deberán establecerse de forma congruente las ayudas nacionales. Es una solución consecuente y sensata. Espero que la actitud de los Estados miembros al respecto sea igual de consecuente.
Es la única manera de restringir la competencia desleal y el abuso de las subvenciones. A este respecto debemos darnos cuenta de que los Estados miembros se servirán de la existencia de diferentes plazos de autorización para sustraerse hábilmente a sus obligaciones. Por esta razón insto a la Comisión a que nos explique cómo piensa organizar la gestión del tiempo para evitar que esto suceda.
Por último quisiera señalar que la propuesta de la Comisión deja de lado un problema. En concreto me refiero a la cuestión del subsidy shopping . Al igual que antes, las empresas nacionales pueden gastar subvenciones de manera descontrolada y perjudicar a las regiones. Algo falla en la propuesta. ¿Cómo tienen previsto solucionarlo?

Raschhofer
Señora Presidenta, tanto las propuestas de la Agenda 2000 como el informe que tenemos delante pretenden reforzar la complementariedad de la política de competencia y la política regional. Como argumentos se aducen el abismo cada vez mayor entre ambas políticas así como las superposiciones de los diferentes mapas que recogen las zonas subvencionadas. En todo eso, los partidarios de este procedimiento se olvidan de que la tan deseada coincidencia entre las zonas nacionales y europeas que pueden ser objeto de ayudas contribuye a restringir aún más la posibilidad que tienen los Estados miembros y las regiones de apoyar sus propios ámbitos problemáticos con sus propios medios. Así, esta política de discriminación positiva en favor de las regiones más desfavorecidas se ve aún más reforzada.
Los mismos objetivos de la Agenda 2000, es decir, la búsqueda de una mayor concentración y mayor coherencia, ya suponen de por sí un serio recorte para las regiones relativamente prósperas. Privarles además de facto del instrumento de las ayudas nacionales no es sólo absurdo sino que atenta contra el principio de subsidiariedad.

García Arias
Señora Presidenta, quiero felicitar a los ponentes, al Sr. Comisario y a sus servicios por sus informes. La política de competencia a veces se percibe por los ciudadanos como un asunto básicamente económico, como el marco que establece las reglas de juego entre las empresas en una economía de mercado. Y así es. Pero, a veces, a los ciudadanos se les escapan las implicaciones que estas normas tienen para su vida cotidiana en cuanto consumidores y trabajadores, pero también, y sobre todo, en cuanto ciudadanos, puesto que el control, por ejemplo, de las concentraciones y de las posiciones dominantes será cada vez más decisivo en vista del proceso de globalización o mundialización y del desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo en los sectores de la energía, de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información y de la industria audiovisual, donde no sólo hay un fenómeno de concentración, sino que, cada vez más, estas empresas se interrelacionan entre sí y con grupos financieros que controlan los núcleos de decisión.
Por eso, resultan especialmente escandalosas, y preocupantes para los demócratas, declaraciones en un foro público como las del Director General de la Energía de la Comisión -a quien quiero contestar-, que expresan una filosofía rechazable de secretismo y de confidencialidad, en el mal sentido de la palabra, dentro de los despachos de la Comisión Europea sobre asuntos que afectan -como digo- muy directamente a los consumidores y a los ciudadanos, y que, por tanto, deben -por qué no- también ser debatidos en la plaza pública y con el mayor exhibicionismo público posible, usando las palabras que, despectivamente, utilizó el Sr. Benavides al referirse al debate parlamentario que tiene lugar en mi país.
Despachos, por cierto, donde a veces esos importantes poderes económicos y estratégicos, que a veces llamamos eufemísticamente «lobbies», se pueden acercar con mucha mayor facilidad que un simple consumidor o ciudadano. Me duele decirlo porque es un funcionario español, pero, al parecer, en el caso del Director General de la Energía, podemos decir que ha roto clamorosamente el principio de neutralidad y objetividad al tratar el caso de los llamados «costes de transición» a la competencia en el mercado eléctrico español, y a quien el Sr. Comisario de la Energía, como autoridad política, debería retirarle inmediatamente la responsabilidad de tratar sobre este dossier porque ya es la segunda vez que se muestra instrumentalizado por presiones externas y porque, en este tema, hay fuertes dudas en mi país sobre su objetividad y ecuanimidad.
Yo no pretendo que me conteste el Comisario responsable de la política de competencia, que también estudiará este tema, porque estoy segura de que analizará con rigor y objetividad la legalidad de estas ayudas, y estará pensando en los consumidores y en las pequeñas empresas, quienes se supone que son los destinatarios últimos de los beneficios de la libertad de mercado y de la liberalización y que, en este caso, se han expresado unánimemente en contra de estas ayudas -ilegales, a mi juicio- que, como nuevos siervos de la gleba, se verán obligados a pagar a través del recibo de la luz. Tendrán no sólo que pagar lo que supuestamente las empresas liberalizadas dejarán de ganar en los próximos 10 o 15 años en un marco de libre competencia, sino que lo harán bajo el argumento jurídico de un supuesto derecho adquirido que debe implicar una indemnización o una compensación para las empresas eléctricas.
Esto, a mi juicio, sería aceptar un grave precedente jurídico en los sectores liberalizados que, de hecho, ya ha empezado a esgrimir la empresa Telefónica que, hasta hace poco, detentaba el monopolio del servicio telefónico en España.
Señora Presidenta, yo creo que los consumidores y los ciudadanos son el último argumento en materia de liberalización. Si la Unión Europea no garantiza que no sean ellos los «paganos» de los procesos de liberalización, nos alejaremos, como instituciones europeas, cada vez más de los ciudadanos.

Rack
Señora Presidenta, mi comentario se ciñe a dos aspectos. Primero quisiera manifestar mi más firme apoyo a lo que se expresa con toda claridad en los puntos 17 a 20 del excelente informe de nuestro colega Azzolini. ¡El turismo es algo bueno! En muchos lugares de Europa, el turismo tiene una importancia vital. El turismo subvencionado, sin embargo, es malo, es inaceptable, dado que no contribuye a una mejora estructural duradera, sino que lo único que hace es despilfarrar y destruir de forma masiva dinero europeo. Cuando una empresa altamente subvencionada se traslada, suele dejar más problemas que beneficios. ¡Por tanto, debemos poner fin a este sin sentido lo antes posible! La Comisión haría mejor en poner su sabiduría colectiva al servicio de las buenas soluciones.
También necesitamos buenas soluciones -y con esto llego al segundo aspecto que quiero destacar- para la Agenda 2000 en su conjunto y para la reforma estructural en particular. Necesitamos estas soluciones ya mismo. Según el calendario marcado por la Presidencia alemana nos quedan algo menos de dos meses y todos debemos aprovechar este tiempo. En los últimos meses, la Comisión y el Parlamento Europeo han aunado sus fuerzas y han hecho un buen trabajo. Ahora le corresponde al Consejo demostrar que está dispuesto a buscar un consenso. Seguramente no será fácil poner de acuerdo a quince posturas en un tema tan complejo. Por otra parte, el Consejo asimismo debe manifestar su voluntad de colaborar no sólo con la Comisión sino también y sobre todo con este Parlamento, que hasta la fecha se ha comprometido con este proceso de una forma extremamente responsable, que se ha molestado en buscar soluciones comunes, sensatas y objetivas y que, por eso mismo, debe empeñarse en participar también en las decisiones finales.
No podemos esperar otros siete años más hasta que entren en vigor las disposiciones de dictamen conforme del Tratado de Amsterdam. Queremos tener voz ahora.

Gallagher
Señor Presidente, al principio quiero felicitar a los dos ponentes por la presentación y, naturalmente, la preparación de sus informes. Naturalmente, convengo en que el Mercado Interior para la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales debe funcionar de forma imparcial. Para que un mercado interior dé resultado, todas las regiones de Europa deben poder competir económicamente de forma eficaz en esa zona.
Actualmente hay algunas regiones de mi país y de Europa que van rezagadas respecto de la media de la Unión Europea en materia de resultados económicos. Resulta más que adecuado que las partes pobres, desfavorecidas y periféricas de Europa, a saber, las regiones de objetivo 1, sigan teniendo derecho a conceder ayuda a las industrias que se establezcan en su región hasta un máximo del 40 % o, incluso superior, en caso necesario. La Comisión ya ha publicado nuevas directrices revisadas relativas a la ayuda estatal y que han aprobado los 15 Estados miembros de la Unión. Dichas directrices establecen que las regiones de objetivo 1 tendrán derecho a conceder ayuda a las empresas que hagan inversiones endógenas e internas para establecerse en sus localidades hasta un límite máximo del 40 %. Las regiones distintas de las de objetivo 1 de la Unión tendrán derecho a conceder ayuda a la industria hasta un límite del 20 %, mientras que las zonas de la Unión que van mejor que la media comunitaria sólo tendrán derecho a conceder a la industria hasta un 10 %.
Puede parecer competencia desleal, pero es necesario para lograr que las regiones que van peor alcancen una media de la Unión. Convengo con las directrices relativas a la ayuda estatal y, naturalmente, unas políticas de ayuda estatal favorables para las regiones del objetivo 1, incluida mi circunscripción de Connaught-Ulster, contribuirán en gran medida a velar por la creación de puestos de trabajo sostenibles a largo plazo en la región. También es importante que esas políticas sean complementadas con una proporción mayor de gasto con cargo al FEDER para garantizar la rectificación en un futuro próximo de cualquier déficit infraestructural existente en nuestra red de transporte.

Holm
Señor Presidente, quiero dar las gracias al Sr. Azzolini por su excelente informe. En cuanto a la propuesta de la Comisión sobre ayudas regionales, creo que es inaceptable y absurda. El motivo es que la Comisión propone que solamente los sectores que reciben ayudas comunitarias tendrán derecho a ayudas regionales de carácter nacional. Esto implica que la Comisión estima que será posible para los Estados miembros diseñar una política regional propia que favorezca al país y a los ciudadanos. Todo deberá centralizarse y dirigirse, en cambio, desde la UE y desde Bruselas. La descentralización y la flexibilidad brillan por su ausencia. No se trata de que yo esté en contra de que existan ayudas regionales, pero considero inaceptable que éstas entorpezcan las ayudas regionales nacionales.
En Suecia tenemos una larga tradición de ayudas regionales destinadas a lograr un mejor equilibrio y a reducir las diferencias entre las distintas regiones. Esto lo hemos hecho con un espíritu de solidaridad y nos ha costado grandes recursos financieros. No obstante, ha merecido la pena y estimo que es provechoso que existan tales ayudas. La propuesta de la Comisión imposibilitaría semejante solidaridad económica y social, lo cual sería erróneo. Por este motivo, creo que el ponente ha intentado corregir las deficiencias mas notables contenidas en el documento de la Comisión y que el Sr.Macartney ha presentado buenas enmiendas, a las que daré mi voto, y que mejoran muchísimo el informe.

Moretti
Señor Presidente, muy a menudo las típicas y teóricas leyes de la política económica perjudican realidades concretas en nombre de la política de la libre competencia. En este Pleno se corre el riesgo de dejar en segundo plano -y, por tanto, de perjudicar- el objetivo de la cohesión económica y social que es prioritario para el Parlamento Europeo. Como era de prever, las que sufrirán las consecuencias serán las regiones del nuevo Objetivo 2 y, según el plan de la Comisión, todos los beneficios y las ventajas los aprovecharán los países candidatos a la adhesión.
En el Objetivo 2 se han agrupado zonas que presentan características y necesidades extremadamente heterogéneas, sin embargo, las restricciones anunciadas penalizarán más todavía, si cabe, nuestras zonas desventajadas y afectarán negativa e indistintamente a todas las zonas del nuevo Objetivo 2 tanto urbanas como industriales, rurales o de montaña o dependientes de la pesca. El coro de los diputados que piden a la Comisión que modifique sus posiciones es cada vez más numeroso. Espero que la intensidad de sus voces sirva finalmente para convencer a la Comisión.

Karamanou
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, espero que todos comprendamos la necesidad de complementariedad y de coordinación entre la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea, a fin de proporcionar las mismas oportunidades de desarrollo a todas las regiones y garantizar la cohesión económica y social, así como la necesidad de que la economía europea se adapte y se corresponda con éxito con el nuevo ambiente competitivo mundial.
Ciertamente, no puede ser verosímil, ni viable, ni competitiva una Unión con tremendas diferencias de desarrollo económico y social entre sus distintas regiones. Por eso, la política de la cohesión económica y social, la convergencia real de las economías, la reducción de las divergencias regionales, la concentración de los recursos en los países más pobres de la Unión, la solidaridad entre los europeos, constituyen los parámetros necesarios de un desarrollo que cuanto más justamente se distribuya, más efectivo y competitivo será.
Es un hecho que la Política Regional Europea ha traído mejoras considerables del ritmo de desarrollo de regiones que, como Grecia, se caracterizan por desequilibrios macroeconómicos y una baja competitividad. Con todo, sigue habiendo discordancias regionales importantes que posiblemente se agudicen, como fenómeno más general, a la vista de la UEM y de la ampliación de la Unión. Por tanto, la política de la cohesión económica y social es un proceso largo y laborioso que, en cualquier caso, para que sea efectiva, deberá ser compatible con la política de la competencia.
Sin embargo, todos sabemos que bastantes Estados miembros siguen estrategias y políticas nacionales de subvenciones estatales que, en su mayor parte, son incompatibles y no están coordinadas con la política europea de cohesión para combatir las discordancias regionales. Si, por otro lado, incluimos todas las ayudas horizontales, sectoriales y de finalidad regional, constatamos que las regiones más ricas son aquellas que obtienen los mayores beneficios, y no las regiones que están en desventaja.
Por eso considero que las propuestas de la Comisión, y especialmente los esfuerzos de la Comisaria competente, de la Sra. Wulf-Mathies, por un nuevo sistema justo y efectivo de ayudas de finalidad regional se encuentran en la dirección correcta y los apoyamos. Con todo, tengo una pequeña reserva en cuanto a la reducción de intensidad de las ayudas permisibles en el Objetivo 1, reducción que puede funcionar negativamente hacia el logro de la cohesión económica y social, como muy correcta y acertadamente señala el Sr. Azzolini en su excepcional informe, por el que le doy mi enhorabuena.

Thyssen
Señor Presidente, el 27º informe de la Comisión sobre la política de competencia ofrece, como es costumbre cada año, una visión general de la postura y de los datos concretos de la política de la Comisión en este terreno. Indudablemente, ahora que el euro está en vigor, el funcionamiento flexible del mercado interior sólo puede tener lugar si las relaciones de competencia son leales, no sólo en términos jurídicos sino también en la práctica, y si las empresas disfrutan verdaderamente de igualdad de oportunidades.
Asimismo, también es muy importante la intervención de la Comisión para garantizar la libre competencia en el mercado interior. En esta materia, la Comisión lleva a cabo un buen trabajo, y el hecho de que a los Estados miembros amonestados a veces les resulte difícil aceptarlo no invalida esta certeza.
Quisiera felicitar a la ponente, Sra. Riis-Jørgensen, por el trabajo realizado. Le agradezco su excelente y constructiva cooperación y en realidad sólo puedo decir que lo que su informe expone también hubiéramos querido decirlo en nombre del PPE. Por tanto, realmente no tengo nada más que añadir a este respecto.
Sólo quiero hacer una pregunta a la Comisión, una pregunta muy específica. El Tribunal de Justicia, en el transcurso del pasado año, en junio de 1998, en un asunto contra el Consejo Nacional Italiano de agentes de aduanas, sentenció que los profesionales liberales son empresarios, como todos los demás, y están sometidos a los artículos 85 y 86 del Tratado. Me hubiera gustado que la Sra. Comisaria nos dijera si esta sentencia tiene consecuencias para todas las profesiones liberales sujetas a reglamentación. El PPE piensa que, no obstante, es preciso tener en cuenta el papel especial que algunas profesiones liberales desempeñan para el interés general de la comunidad. Nos hubiera gustado conocer la postura de la Comisión a este respecto. Puedo comprender que esto quizá coja de sorpresa a la Sra. Comisaria. Puedo entender que no me dé una respuesta directa en este momento, pero quizá pueda hacerlo por escrito. Mis excusas, señora comisaría, por no poder esperar a escuchar su respuesta, pero hay un grupo de 100 personas que me está esperando hoy a 50 km de aquí. Lo lamento, pero debo abandonar inmediatamente el hemiciclo.

Hautala
Señor Presidente, creo que es muy importante la presencia simultánea de los dos Comisarios para poder hablar al mismo tiempo de política regional y política de competencia, para poder hablar a la vez de ayudas regionales y de ayudas estatales. La Comisión debe intensificar sus esfuerzos para lograr la mayor transparencia posible en todo lo relativo a las ayudas públicas. En este orden de cosas, creo que es indiferente si se trata de ayudas estatales o de ayudas regionales. Se debería ofrecer la posibilidad a todos los ciudadanos y a todas las empresas de saber en cualquier momento a cuánto ascienden y a qué se han destinado las ayudas estatales y las ayudas en materia de política regional concedidas a un proyecto en particular. Con el fin de garantizar la transparencia de las actividades, habría que introducir en Internet una página de estas características en la que se recogieran los datos relativos a todas las ayudas públicas.
También me gustaría señalar la gran importancia que reviste una verdadera vinculación de las empresas al desarrollo regional. De esta manera, la empresa que obtenga ayudas deberá permanecer en su región. Debería permanecer allí un mínimo de cinco años y velar por el mantenimiento de los puestos de trabajo. No es posible que haga las maletas apenas se haya beneficiado de las ayudas públicas.

Cellai
Señor Presidente, qué duda cabe de que se advierte la necesidad plantear una estrategia para coordinar mejor la política regional y la política de competencia a escala europea. La Comisión prevé reducir el porcentaje total de la población de la Unión cubierta por las ayudas estatales con finalidad regional en el periodo 2000-2006. Bienvenida sea la concentración geográfica si sirve para mejorar la eficacia de este tipo de ayudas y para crear una discriminación positiva con respecto a las regiones más desventajadas, porque a estas alturas el 85 % de las ayudas nacionales para proyectos industriales en las regiones ha sido concedido por los Estados miembros más ricos y sólo el 8, 3 % por los cuatro menos desarrollados.
En este periodo de vacas flacas en lo que a empleo se refiere, la sinergia entre las ayudas estatales y las comunitarias puede servir para abrir nuevas pistas y abrigar nuevas esperanzas. En particular podrían concederse ayudas estatales con finalidad regional para incentivar las inversiones productivas prestando especial atención a la creación de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a las inversiones. Asimismo, las inversiones en los puestos de trabajo deberán mantenerse en la región afectada durante al menos 5 años, al objeto de que a través de las ayudas estatales no se fomenten las deslocalizaciones de empresas.
Para terminar, aun tomando nota de las líneas directrices marcadas por la Comisión, estoy perplejo por algunos puntos que, en mi opinión, no fomentan la mejora de la cohesión económica y social, como justamente se ha subrayado en el excelente informe del Sr. Azzolini. Me refiero a la reducción de la intensidad máxima de las ayudas con finalidad regional, sobre todo para las regiones del nuevo Objetivo 2, cuya intensidad máxima de ayudas se reducirá del 30 al 20 o incluso al 10 %, por lo que estas regiones recibirán menos ayudas respecto al pasado.
Además de esto, el problema se plantea también para las regiones ultraperiféricas e insulares que, por su difícil situación geográfica y su especificidad intrínseca, son las regiones más desventajadas de todo el territorio comunitario. Al haber sido elegidos por los ciudadanos europeos, tenemos la obligación de erigirnos en portavoces de las necesidades de las poblaciones de las zonas más desventajadas y de velar atentamente por que se respete en todo momento el principio fundamental de la cohesión económica y social en las políticas de la Unión.

Read
Señor Presidente, hago uso de la palabra para referirme al informe sobre la competencia presentado por mi colega la Sra. Riis-Jørgensen, a quien presento mi felicitación por la calidad de su trabajo. Quiero elogiar en particular el párrafo 14, en el que se pide a la Comisión que examine los métodos desleales, y también el párrafo 22, en el que se reconoce la necesidad de aumentar la coherencia entre los planes nacionales de ayuda, los planes comunitarios de ayuda y la política de competencia. Quiero apoyar en particular las enmiendas de mis colegas el Sr. Hendrick y la Sra. García Arias relativas a los posibles abusos de posiciones dominantes.
En toda la Unión Europea estamos viendo una fusión de la propiedad de las antiguas empresas de servicios públicos y de propiedad pública: telecomunicaciones con radiotelevisión, electricidad con telecomunicaciones, enlaces ferroviarios utilizados como redes de telecomunicaciones, empresas de gas que invierten en el suministro de agua y, por encima de todo, bancos que se hacen con participaciones importantes en dichas empresas de servicios públicos. Esa evolución no es en sí inconveniente, pero sí que exacerba el riesgo de una concentración excesiva de la propiedad de las empresas de servicios públicos. El sentido del proceso de liberalización estriba enteramente en poner a disposición de todos los consumidores -los domésticos y los empresariales- los beneficios de unos suministros de esos servicios públicos eficientes, competitivos y favorables para los consumidores.
Así, pues, esa situación en España de la que se nos ha informado constituye un importante motivo de preocupación. Sería contraria a todo el espíritu y la letra de las normas sobre la competencia de la Unión Europea, si los costos de la transición a la competencia en el suministro de electricidad tuvieran que sufragarlos al principio fondos públicos y después se repercutieran en los recibos de los consumidores. Se trata de una distorsión de lo más grave del terreno de juego igual para todos, sobre todo si después se va a utilizar el dinero para lograr una participación en otros mercados de servicios públicos. Espero que la Comisión aborde este punto en su respuesta, porque es particularmente importante que se ponga de relieve esa cuestión y que la respuesta de la Comisión conste en acta públicamente. La ponente en este informe ha mencionado nombres para avergonzarlos y a partir de la documentación disponible se trata de una situación de la suficiente gravedad como para merecer una respuesta considerada de la Comisión. Estoy seguro de que así será. Me he excusado ante usted, Comisaria, porque no puedo quedarme. Mis colegas van a tomar nota cuidadosamente de su respuesta. Sé que queremos hacer un seguimiento de esta cuestión.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Azzolini, por su excelente trabajo.
En los años sesenta fue la Asamblea Europea, hoy Parlamento Europeo, quien se preocupó de los desequilibrios regionales, elaboró el proyecto de la política regional y puso en marcha el procedimiento para su desarrollo; treinta años después, el reparto geográfico de la prosperidad económica, o sea, la consecución de la cohesión económica y social, es una prioridad para el Parlamento y sobre todo para nuestro Grupo político.
Cierto que ya desde el Tratado de Roma la política de competencia ha pasado a ser parte integrante de la economía europea en cuanto factor esencial de competitividad para cada una de las regiones europeas tanto desventajadas como desarrolladas. Antes del Tratado de Maastricht, la política de competencia y la política de cohesión económica y social siguieron caminos paralelos, sin embargo, con las nuevas disposiciones del Tratado, confirmadas por el Tratado de Amsterdam, actualmente en curso de ratificación, se ha convertido en necesario reforzar la complementariedad y el equilibrio entre ellas, habida cuenta de que la cohesión, es decir, el deber de solidaridad entre los Estados miembros, se ha trasformado en una prioridad para la construcción europea.
Existe un peligro y es que la ayuda de la Unión Europea a determinadas regiones pueda distorsionar el trabajo hecho en el mercado en favor de ciertas zonas. En este sentido, el señor ponente ha puesto en evidencia la importancia de tener normas de competencia capaces de asegurar operaciones justas y transparentes en el mercado interior, recordando que las excepciones a la libre competencia, representadas por las ayudas a los Estados miembros, se justifican con la finalidad de preservar la cohesión económica y social. Aunque la política estructural de la Unión Europea ha contribuido, por un lado, a reducir la disparidad de desarrollo, en particular en los países de cohesión, por otro, también ha supuesto una multiplicación de los objetivos, de los programas y de las iniciativas comunitarias, así como una dispersión de las subvenciones y unas distribuciones complejas e incoherentes en zonas.
En consecuencia, considero fundamental que todo esto se vea desde la óptica que ha evidenciado el señor ponente y mi deseo es que este Parlamento continúe en esta dirección.

David
Señor Presidente, acojo con el mayor beneplácito el informe Azzolini y convengo con los argumentos esenciales expuestos. Aunque la política de la competencia de la Unión Europea y su política regional tienen raíces muy diferentes, ahora existe una necesidad evidente de una mayor coherencia en la coordinación entre, por un lado, las ayudas estatales nacionales, la política de la competencia y la política regional de la Unión Europea.
He de decir que tengo una reserva y es la de si los dos tipos de mapas de que estamos hablando deben ser virtual y totalmente colindantes. Temo que estemos fijando el objetivo de la uniformidad por la uniformidad. Creo, la verdad, que es necesaria de verdad cierta flexibilidad, mediante la cual se reconozca que hay situaciones particulares en las diferentes partes de la Unión.
La flexibilidad es necesaria esencialmente porque estamos hablando de dos tipos diferentes de ayuda. Por una parte, hay ayuda para el desarrollo de la infraestructura y los recursos humanos de las regiones menos prósperas. Eso se hace mediante los Fondos estructurales de la Unión Europea. Por otra parte, existe la ayuda para las industrias y empresas particulares mediante las ayudas estatales nacionales, como la asistencia regional selectiva en el Reino Unido. Ésa es una ayuda estatal nacional. En muchos casos, las dos irán, naturalmente, unidas. Pero en algunos casos hemos de reconocer que a veces, para ayudar a ciertas zonas, tenemos que apoyar industrias de zonas adyacentes a las de Objetivo 1 y 2.
¿Por qué tenemos que hacerlo? Una razón sencilla es la de que las personas cada vez recorren distancias mayores para acudir al trabajo. Para ayudar a las personas de una zona a veces hay que permitir la ayuda estatal a industrias de otra. Naturalmente, las empresas que se constituyen en una zona determinada con frecuencia ayudan a la región inmediatamente contigua. Hay un efecto dominó en el desarrollo económico. Así, pues, existen razones muy válidas para la flexibilidad y con esta única reserva apoyo el informe del Sr. Azzolini en su totalidad.

McCartin
Señor Presidente, convengo con el Sr. Azzolini cuando dice que las regiones que están saliendo del Objetivo 1 no deben recibir un trato tan estricto como el que propone la Comisión. Las regiones que acaban de superar un estado de bajo desarrollo económico suelen padecer graves deficiencias en su infraestructura.
En el caso de Irlanda, país del que procedo, se calcula que harían falta 10.000 millones de euros para que nuestra red de carreteras estuviera a la altura de la media de la UE, aunque hayamos disfrutado de seis años de Fondos estructurales muy generosos. Debemos comprender que en todas las regiones de la UE que están superando ahora mismo su atraso económico, sigue existiendo una pesada carga heredada del pasado. Mientras no se alcance una auténtica igualdad económica, la Comisión debe ser extraordinariamente cuidadosa para no imponer una armonización rigurosa que podría provocar una inversión de los beneficios ya conseguidos.
La Comisión debe ser consciente también de que los países que tienen regímenes fiscales opresivos, que están retrasando el crecimiento económico y creando desempleo, son a veces los causantes de su propia desgracia y sus políticas nacionales son las que obligan a algunas industrias a establecerse en otros países. La Comisión no debe imponer semejantes regímenes fiscales como norma para la UE en conjunto. Antes bien, debemos promover como normales para todos los Estados miembros los regímenes fiscales que han demostrado dar resultados positivos. La base para el modelo de convergencia europea debe ser los regímenes fiscales que han dado resultados positivos y no los que están creando dificultades.
Es importante explicar a los ciudadanos de la UE que, sólo si están dispuestos a que exista un órgano que imponga la disciplina y la equidad, podrán disfrutar del libre comercio y de los beneficios que reporta. Siempre habrá quienes ataquen las medidas adoptadas por la Comisión Europea como injerencia burocrática, pero debemos estar dispuestos a explicar a nuestros ciudadanos que, sólo si se imponen la equidad y la igualdad, podrán gozar de beneficios para los consumidores en un mercado único. También es justo decir que los niveles de trato preferente, ya sea en forma de exenciones fiscales o de concesión de ayuda, que no son aceptables dentro de un Estado miembro son también inaceptables dentro de la Unión Europea, ya revistan la forma de subvenciones procedentes de la UE o de los gobiernos nacionales.

Randzio-Plath
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la profundización en el mercado interior, la creación de la Unión Económica y Monetaria y la globalización de los mercados también modifican las condiciones que determinan la organización de la competencia así como las reglas de juego de la política de competencia, no sólo a escala internacional, sino incluso a escala europea. He podido comprobar que el informe de la Comisión sobre la competencia aborda muchos de estos nuevos problemas y que asimismo llama la atención sobre el hecho de que en la era de la globalización el número de fusiones, agrupaciones y «matrimonios entre elefantes» irá en aumento. Me pregunto, sin embargo, si acertamos cada vez que distinguimos entre alianza estratégica y posibilidad de monopolización y, por tanto, de competencia distorsionada. Cuando examino el derecho comunitario en materia de competencia, por ejemplo en lo que a la política de carteles y de ayudas se refiere, me doy cuenta de que a este respecto se propone una revisión continua y necesaria.
Por lo que respecta a las ayudas de Estado, debe subrayarse que seguirán existiendo en el futuro. No obstante, merecen de hecho una seria crítica las excesivas cuantías de ayuda que facilitan algunos Estados miembros. Por otra parte, también se critica con razón que los recursos previstos para las ayudas correspondientes al mercado común se reduzcan cada vez más, como es el caso de las ayudas a las pequeñas y medianas empresas, la protección del medio ambiente, investigación y desarrollo, en tanto que los medios destinados a las empresas individuales van en aumento. Este procedimiento ciertamente no redunda en beneficio de una competencia eficaz, libre y leal.
En los tiempos que corren son más importantes las distorsiones de la competencia que tienen su origen en ayudas de carácter fiscal. No podemos cerrar los ojos ante esta evidencia. Son demasiado pocos los casos que se denuncian. Cada vez son más los Estados miembros que procuran captar a las empresas dotando al entorno nacional de un atractivo especial mediante la oferta de ventajas fiscales. Garantizan ventajas fiscales en el sector financiero y de seguros, pero también en otros sectores económicos. El resultado de todo ello es que la competencia se distorsiona. En mi opinión, el derecho en materia de ayudas debería estudiar con mayor detenimiento estas circunstancias de competencia desleal. A este respecto le corresponde a la Comisión desvelar más casos. El elenco de 85 sumarios relacionados con la creación de ventajas fiscales, y en ocasiones incluso con la existencia de verdaderos países fiscales, del que disponemos en la actualidad, habla por sí solo.
Instamos asimismo a la Comisión a que colabore en la preparación de la próxima ronda de la Organización Mundial de Comercio, puesto que también a escala internacional necesitamos un derecho en materia de competencia que funcione. En este contexto, las actuales normativas del GATT y de la OMC deben ser sustituidas por un sistema internacional de competencia que resulte eficaz. Estimo que podría ser interesante elaborar informes nacionales sobre la competencia, del mismo modo que existen informes comerciales en el marco de la OMC. También me parece fundamental que se lleguen a establecer normas mínimas para todos los Estados con objeto de impedir comportamientos desleales y que en el ámbito de la competencia se creen autoridades independientes. De este modo, podremos conseguir un régimen internacional de competencia que surta efecto y en la que los Estados signatarios se comprometan a transponer su derecho nacional en materia de competencia al ámbito internacional.

Viola
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, quisiera ante todo comenzar mi intervención felicitando al Sr. Azzolini por la excelente labor que ha realizado con su informe sobre la competencia y la cohesión.
Pasando al fondo, quiero decir enseguida que el principio según el cual los dos mapas diseñados por la Dirección General IV y por la Dirección General XVI, deberían coincidir, tendría sentido si la Unión Europea utilizando todos sus instrumentos financieros y constitucionales, afrontara sus problemas de carácter geoeconómico de manera similar en los dos ámbitos de aplicación de las políticas comunitarias de competencia y de cohesión; si no fuera así, tendría más sentido dejar a los Estados miembros libres, aunque dentro de los límites establecidos por los reglamentos de las dos diferentes políticas comunitarias, de actuar cuando la Unión no está en condiciones de hacerlo o, por el contrario, de prestar ayuda a los países o de sustituirse allí donde, en cambio, los recursos comunitarios y sobre todo la lógica europea, impuesta por las exigencias del mercado de la moneda común, lo permitan.
El Tratado de Roma definió la política de competencia con el fin de eliminar cualquier forma de distorsión que pudiera desvirtuar el papel de la economía de mercado. De Roma a Maastricht se ha añadido la necesidad de una política de cohesión, dirigida a reforzar las regiones más desventajadas de la Unión, persiguiendo, a la postre, el mismo objetivo, esto es, un mercado común homogéneo. De Maastricht a Amsterdam se ha afinado la puntería reconociendo que el libre juego de la competencia y la homogeneidad del mercado sólo se consiguen a través de una política de cohesión económica y social más atenta a las realidades del territorio. Es en esta lógica que, por ejemplo, el Tratado de Amsterdam añade una referencia a las regiones insulares, al objeto de que estás partan de un plano de igualdad y desde él compitan brazo a brazo en el respeto de las reglas de juego del mercado.
Hoy, por el contrario, nos encontramos ante una evolución de la política de competencia que pretende tener en cuenta la política de cohesión hasta el punto que figura en su reglamento más importante, pero que, en realidad, es una involución del mismo. En efecto, las que quedarán fuera de juego serán, según la Comisión y no obstante el dictamen del Parlamento, sólo las regiones insulares, a las cuales el Ejecutivo deberá explicar por qué, además de perder las ayudas comunitarias, van a perder también las nacionales o por qué, ante la negativa comunitaria de tomar en consideración su caso, a pesar del Tratado, deberán renunciar, por coherencia con la voluntad de la Dirección General IV, a pedir fórmulas de intervención públicas que les permitan eliminar la desventaja competitiva sufrida.

Metten
Señor Presidente, la política regional y la política de competencia pueden ser complementarias y no tienen por qué estar en conflicto. Son los Estados miembros ricos los que más aprovechan el instrumento de las ayudas públicas, y la reducción de las mismas a través de una aplicación más estricta de la política de competencia indudablemente repercute en beneficio de los Estados miembros más pobres, al crear unas condiciones iguales de actuación.
No obstante, la política regional también puede dar lugar a distorsiones no intencionadas de la competencia. Con esto no me refiero a un apoyo explícito de las regiones más pobres, porque eso es intencionado. Me refiero más bien a que hay regiones que, en función del baremo correspondiente, ya no se consideran beneficiarias de ayudas, pero sin embargo reciben muchas ayudas y deben gestionar regímenes fiscales discriminatorios porque en el pasado eran receptoras de ayudas.
Así pues, nuestra política regional reacciona con mucha lentitud ante los cambios. Esto sucede, entre otras cosas, porque en seis o siete años debe adoptarse una decisión sobre qué regiones se incluyen en las ayudas, y esto sobre la base de cifras que datan de uno o dos años atrás. Así, puede darse el caso de que Irlanda en el año 1999 aún siga incluida entre las regiones del objetivo nº 1, al ser el criterio inferior al 75 % de la media del PIB de la Unión. Mientras tanto, el PIB irlandés en 1997 ascendió por encima de la media de la Unión y el siguiente año representó incluso el 116 % del PIB de la Unión.
Asimismo, para un país como Irlanda, afirmar que debe acostumbrarse a que con las nuevas perspectivas financieras ya no formará parte de las regiones del Objetivo nº 1 y que, por tanto, durante algunos años todavía puede proporcionar ayudas tanto al funcionamiento como a la inversión, y pueden seguir aplicando medidas fiscales discriminatorias incluso hasta el año 2010, a mi juicio es una equivocación. Porque, con estas ayudas, Irlanda atrae empresas de otros países de la Unión que son aún más pobres que Irlanda.
La afirmación del informe Azzolini de que las disposiciones para los beneficiarios de ayudas que han superado los límites de pobreza y que perderán el carácter de tales son demasiado rigurosas no puede ser aceptada por una parte de mi grupo.

Fernández Martín
Señor Presidente, quiero agradecer la presencia aquí de los Comisarios, Sra. Wulf-Mathies y el Sr. Van Miert. El mercado único -y su obligado corolario, la unión económica y monetaria- es sin duda, al día de hoy, el más brillante resultado del proceso de construcción europea. Este éxito no hubiera sido posible sin una política para garantizar la competencia como mejor garantía del crecimiento económico y de la creación de empleo. Pero la libre competencia, Señorías, y el crecimiento no pueden poner en cuestión la cohesión económica y social como elementos fundamentales del acervo comunitario, a cuyo fin la Unión dedica una buena parte de su presupuesto.
Quiero centrar mi atención, en particular, en la necesidad de abordar la espinosa cuestión de las ayudas de Estado. La vigilancia en pro de la competencia limita los acuerdos entre empresas, los abusos de posición dominante y las ayudas de Estado injustificadas, dicen las normas. Pero ¿cuáles estarían justificadas? La cuestión ni es baladí ni está clarificada, pese a que la Comisión lo intentó en 1975, en 1979 y en 1988. Hoy, la interpretación de los artículos 92.1, 92.3 a) y 92.3 c) continúa siendo motivo de no pocos problemas. Para las regiones con mayores déficits objetivos y estructurales, la interpretación no puede ser otra que aquella que garantice el mayor desarrollo de las mismas. Cualquier otra interpretación sólo podría ser entendida como un eurocentrismo de difícil justificación y, por tanto, inaceptable.
El Sr. Van Miert es un político y no un técnico. El entendería que yo sería un mal político si no aprovechara su presencia aquí para preguntarle por la situación actual del problema que discute el Gobierno de España y su departamento en relación con las ayudas del Estado español a las Islas Canarias. Ya sé que no puede darme una respuesta pormenorizada, ya sé que este no es el momento, pero estoy seguro de que puede darme su opinión sobre cuál es el estado de la cuestión y tranquilizar a una opinión pública muy sensibilizada por esta cuestión.

Walter
Señor Presidente, señora Comisaria, señor Comisario, el informe del Sr. Azzolini sobre la relación entre la política regional y la política de competencia tiene una especial relevancia, ya que aborda intereses que afectan directamente a los habitantes de los Estados miembros y de las regiones. Aunque la resolución no tendrá un impacto inmediato en la evolución de la reforma de la política regional, está estrechamente relacionada con ella, puesto que en última instancia se trata de la coherencia entre las ayudas regionales de carácter comunitario y nacional.
En muchos Estados miembros, el precepto de la coherencia que impone la Comisión para garantizar el cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la política de competencia no supone ningún problema, puesto que la casi totalidad del territorio está cubierta por las ayudas europeas. En otros países la situación es, sin embargo, bien distinta. Aquí, el doble punto de partida de reducir las regiones elegibles para ayudas europeas a lo estrictamente necesario, lo cual me parece correcto, y de reclamar al mismo tiempo un máximo de coherencia con las ayudas nacionales, dará en parte lugar a una doble carga altamente problemática en lo que a la política regional se refiere. ¿Cómo explicar a los habitantes de las regiones afectadas que tanto las ayudas europeas como las ayudas nacionales están prohibidas, pese a la amenaza aguda del desempleo, pese a la falta de perspectivas futuras en materia de empleo?
Es contradictorio que la Comisión establezca plazos transitorios de varios años para la reducción de las ayudas europeas con idea de ofrecer cierta libertad de acción a las regiones a la hora de introducir las modificaciones previstas, en tanto que no concede ni la más mínima prórroga en la reducción de las ayudas nacionales cuyo recorte debe llevarse a la práctica en un plazo sumamente breve. En este caso, el margen de flexibilidad del 2 % no es suficiente ni convincente. Tampoco puede justificarse por qué se ha optado por este porcentaje y no por uno mayor o menor. Ello no quiere decir que la propuesta de la Comisión de promover la coherencia sea algo erróneo en sí. A largo plazo necesitamos una mayor coincidencia entre los diferentes regímenes de ayudas, al menos si queremos evitar distorsiones de la competencia. Pero de todas formas, la Comisión no contribuye a la solución de los problemas específicos de las regiones subordinándolo todo al imperativo de la libre competencia, recortando las ayudas europeas y evitando al mismo tiempo que las ayudas nacionales puedan subsanar esta pérdida de manera flexible. Ello equivale a privar a muchas regiones de toda posibilidad de adaptación.
En este sentido, me congratulo de que entre el Consejo y la Comisión se esté perfilando un acuerdo que enfoca el problema de la flexibilidad de una forma menos rígida, que no menciona fechas concretas y que deja un mayor margen de decisión a los Estados miembros. Puede concluirse, pues, que el debate celebrado en el Parlamento ha surtido efecto.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, hemos acordado que yo sea la primera en tomar la palabra y que comentaré el informe del Sr. Azzolini. Luego, mi colega Van Miert se encargará de contestar a las numerosas preguntas concretas que han surgido a propósito del informe sobre la competencia.
Quisiera comenzar dando las gracias al Sr. Azzolini por su informe tan interesante y minucioso. Por otra parte, también le estoy agradecida porque por una vez nuestras posturas coinciden, al menos en lo fundamental, en el sentido de que estamos de acuerdo en que necesitamos una mayor coherencia entre la política de ayudas nacional y regional. También quisiera hacer hincapié en que a este respecto existen diversos problemas, tal y como se ha señalado con razón. Es decir, en el objetivo 1, las ayudas en materia de competencia y las ayudas con finalidad regional procedentes de los fondos europeos se cubren de entrada. Por tanto, aquí no habrá problemas. Sí los habrá donde se reduzcan las ayudas en materia de competencia y donde a raíz del precepto de la concentración -en el sentido de que la Agenda 2000 supone una concentración geográfica más fuerte- se imponga poco más o menos un recorte por partida doble.
Creo que debemos detenernos un momento en la lógica de nuestra política. No podemos sino admitir que concentrar los recursos europeos en un mínimo de regiones elegibles para las ayudas, en concreto en aquellas que sufran los procesos de adaptación estructural más profundos, y asignar a estas mismas regiones, además, todos los medios, no sólo los fondos europeos, sino también la intensidad incrementada de las ayudas, es un procedimiento absurdo. Realmente no tiene sentido repartir las competencias de tal forma que la política estructural europea ayude las zonas menos aptas para recibir ayudas y que las ayudas nacionales se concentren en aquellas zonas que hayan de hacer frente a transformaciones estructurales más radicales. En mi opinión, esta opción carece de toda lógica. Lo que sí proponemos es que se amplíe el margen de acción regional de los Estados miembros porque, por regla general, el territorio cubierto por las ayudas nacionales de la política de competencia es superior al conjunto de las zonas que pueden ser subvencionadas por los fondos estructurales. De este modo, además de las ayudas estructurales, los Estados nacionales y las corporaciones regionales pueden disponer de otras muchas posibilidades para apoyar sus zonas estructuralmente débiles.
Considero muy importante lo que ha dicho la Sra. Randzio-Plath. Es cierto que, desgraciadamente, la frecuencia con la que se recurre a las ayudas autorizadas, aquellas que se refieren a la protección del medio ambiente y al fomento de la tecnología, es sensiblemente inferior al uso que se hace de la ayudas a empresas individuales, en cuyo caso no siempre está garantizado que estas inversiones redunden en beneficio de un desarrollo regional integrado. Por todo ello, estimo que efectivamente sería deseable que también en el caso de las regiones del objetivo 2 se introdujera una coherencia más fuerte entre las ayudas asignadas a las zonas correspondientes y la letra c) del apartado 3 del artículo 92.
Muchos de ustedes ya han aludido al acuerdo que los ministros de Asuntos Exteriores han alcanzado durante el Consejo del 25 de enero y que querría comentar brevemente porque desempeña un papel fundamental de cara a las futuras discusiones. Suscribo lo que ha destacado el Sr. Rack. Para que el Parlamento pueda participar debidamente en las discusiones y en la búsqueda de soluciones para la Agenda 2000, es imprescindible que se le facilite la información necesaria. Por eso mismo me dispongo a citar la siguiente frase. En el acuerdo de los ministros de Asuntos Exteriores se puede leer: «En beneficio de una planificación eficaz del programa es aconsejable que las regiones afectadas por la reconversión económica y social coincidan en gran parte con aquellas que reciban subvenciones de los Estados miembros de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 92. Con todo ello, la Comunidad pretende lograr una mayor coherencia hacia finales del período 2000-2006 gracias a los esfuerzos correspondientes de los Estados miembros, cada uno de acuerdo con su situación peculiar.»
Se habrán dado cuenta de que ésta no es precisamente la manera más directa de decir que queremos mejorar la situación. Tampoco es ningún secreto que el Sr. Van Miert y yo hubiéramos deseado que se abogase por una cohesión mayor. Pese a ello, considero que el compromiso alcanzado por el Consejo al menos permite una flexibilidad un poco mayor, tal y como la había solicitado el Parlamento y que, por otra parte, -y es algo que quiero dejar muy claro, también el sentido de lo que ha dicho la Sra. Schroedter- obliga a los Estados miembros a contribuir a una mayor concentración a través de este Reglamento. Aunque la Sra. McCarthy ya no se encuentra en la sala, quisiera señalar que no podremos decir que haya vencido el consenso hasta que no consigamos realmente que el proceso desemboque en una mayor coherencia, no porque seamos puristas o porque en la Comisión adoptemos posiciones fundamentalistas, sino porque es la única forma de obtener los efectos deseados.
Por lo que a la gestión del tiempo se refiere, existen efectivamente diferencias entre la política de competencia y la política estructural. Partimos del supuesto de que el acercamiento que ya hemos logrado en vista de la comunicación común contribuirá a que podamos encontrar soluciones sensatas y estrechamente coordinadas en ambas políticas, en la política de competencia y en la política estructural. En cuanto al subsidy shopping quiero señalar que para ambas políticas reclamamos un carácter relativamente duradero de las inversiones a fin de garantizar que una vez percibidas las subvenciones las empresas no trasladan su negocio a otro lugar distinto con objeto de solicitar nuevos recursos, ya sean ayudas nacionales o europeas.
En lo que respecta al ámbito de la política estructural me limitaré a expresar mi deseo de que se refuerce el papel de los comités de seguimiento, tanto en cuanto a la evaluación como en lo que a la selección de los proyectos se refiere, que se discuta en detalle la durabilidad de las inversiones y que la vinculación de las empresas subvencionadas con la región constituya un argumento fundamental para la autorización y la denegación de las ayudas. Ello nos permitirá movilizar un importante instrumento de control. Espero que en el futuro los comités de seguimiento también nos ofrezcan garantías al respecto.
Volvamos a la concentración de las subvenciones en las regiones más desfavorecidas. Durante el debate, muchos oradores han destacado que la concentración constituye el núcleo de la reforma y que sin la concentración los efectos que favorecen a las regiones más pobres se nivelan. Por eso mismo, me parece importante que no contrarrestemos nuestros propios esfuerzos socavando el criterio del 75 %. Por lo demás, las regiones ultraperiféricas no tienen problemas ya que todas ellas cumplen estrictamente el criterio del 75 %. Estoy de acuerdo en que conviene introducir una diferenciación en las regiones pertenecientes al objetivo 6, tal y como es el caso de las islas, dado que presentan estados de desarrollo muy diversos que deberíamos examinar en común. No nos hacemos ningún favor cuando decimos aquí que, de esta forma, las excepciones garantizan una normativa especial para cada cual. Pero saldremos ganando todos a partir del momento en que logremos asegurar que la intensidad de las ayudas se ajusta a la gravedad de los problemas.
En este sentido, confío en que en las próximas discusiones sobre la Agenda 2000 y sobre todo en la ejecución de la misma decidamos de común acuerdo garantizar la coherencia necesaria en beneficio de la recuperación de las regiones estructuralmente más débiles.

Van Miert
Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias muy sinceramente a los dos ponentes, el Sr. Azzolini y la Sra. Riis-Jørgensen. No es la primera vez que tengo el placer de debatir directamente con la Sra. Riis-Jørgensen a propósito de nuestro informe anual. Me congratulo verdaderamente de la calidad de los informes, pero también del debate. Por ello es un poco lamentable, señor Presidente, tener tan poco tiempo para responder a las numerosas observaciones y preguntas concretas. Así pues, querría pedir que me perdonaran si, necesariamente, debo limitarme a algunos de los puntos que se han planteado.
Para empezar, quisiera responder a la pregunta de la Sra. Riis-Jørgensen acerca del control democrático y la transparencia. Se trata de una cuestión esencial desde el momento en que la Comisión tiene, en este ámbito, una responsabilidad directa y propia. Es totalmente lógico y necesario que la Comisión esté dispuesta, en todo momento, a presentarse ante el Parlamento o ante las comisiones competentes para explicar las decisiones que toma o deja de tomar.
Señora, estoy totalmente dispuesto, yendo mucho más allá de lo que se hacía hace algunos años, es decir, tres veces al año como mínimo, a comprometerme, si ustedes lo desean, a venir a explicarme todos los meses ante la comisión competente. No quiero otra cosa. Estoy en sus manos. Hay bastantes temas y problemas por debatir. Así que depende de ustedes; si me invitan todos los meses, acudiré a la cita.
Dicho esto, querría pasar muy rápidamente al informe del Sr. Azzolini, ya que la Sra. Wulf-Mathies ha respondido ya a varias observaciones. Habría que conseguir entenderse sobre los objetivos de esta operación. Actualmente el 51 % de la población vive en regiones que pueden recibir ayudas de los fondos estructurales y, el 47 %, de los fondos nacionales o ayudas regionales. Con la ampliación a la vista, y sabiendo que todos esos países serán subvencionables, nos encontramos ante una política regional que va en contra de la lógica, dado que el fin de la política regional es ayudar a las regiones que más necesidad tienen. Por ello ahora, entre la Sra. Wulf-Mathies y nosotros, tenemos que intentar reducir conjuntamente las regiones subvencionables, hacer un esfuerzo de concentración y ser los más coherentes posible. Y me congratulo de que, a nivel de la Comisión, hayamos podido ponernos de acuerdo sobre este asunto.
Se trata por lo tanto de una operación algo delicada y a veces políticamente difícil, porque el solo hecho de reducir en un 4 % las regiones subvencionables -y no es mucho, del 47 % al 43 % ó 42, 7 %- provoca ya muchas turbulencias políticas. La más pequeña reducción moviliza todo tipo de fuerzas, que se alzan para reclamar que su región sea siendo subvencionable. Pero si no se hiciera, tengo la sensación de que no estaríamos haciendo nuestro trabajo ni cumpliendo nuestro deber de cara a la ampliación de la Unión Europea. Hay que trabajar en este sentido y, por consiguiente, aceptar también algunos efectos de esta política.
Por ello debemos reducir además la intensidad de las ayudas. Ustedes han criticado, en varias ocasiones, el fenómeno del traslado de empresas. Estos traslados se explican por el hecho de que a veces, en algunas regiones, la intensidad de las ayudas es tal que incluso se abandonan otras regiones subvencionables para ir hacia regiones donde las ayudas son mucho más importantes, donde la intensidad de las ayudas puede ser mucho mayor. Ustedes nos han pedido que hagamos algo.
Pues bien, como respuesta, reducimos las diferencias entre intensidades, manteniéndonos sin embargo dentro de unos límites absolutamente correctos, porque, para las regiones A, el límite es del 40 % o el 50 %. Para las regiones ultraperiféricas, este límite se puede incluso superar; pero, para las regiones C, me parece que una intensidad del 20 % es el máximo adecuado e incluso puede descender, en algunas circunstancias, al 10 %. De este modo, creo que el equilibrio es mejor, y las autoridades nacionales siguen teniendo además la posibilidad de hacer esfuerzos considerables para las regiones que más necesidad tienen. Así nuestra política, en el futuro, será mucho más equilibrada que antes.
Aquí me detengo en lo que respecta a su informe, porque una serie de cuestiones a propósito del informe de la Sra. Riis-Jørgensen también esperan respuesta. Para empezar, la cuestión de las ayudas de Estado en general. Varios de entre ustedes han dicho que los países económicamente más desarrollados son los que más ayudas dan. Es cierto. Y también por esto nos esforzamos por ser mucho más estrictos. Puedo anunciarles que, el año pasado, tomamos une serie de decisiones negativas en el ámbito de las ayudas de Estado, hasta un número de 31, cuando, en 1997, sólo hubo 9. Esto demuestra que, paso a paso, nos hemos vuelto mucho más estrictos, como debe ser. Ustedes conocen las consecuencias, que pueden llegar a veces a trifulcas con gobiernos, con autoridades regionales, etc. Pero es el precio que hay que pagar por tener una política de control de las ayudas de Estado más creíble, más consecuente y más coherente. No hay otra solución. Hay que saber lo que se quiere.
Dicho esto, debemos mantener este impulso. El Sr. Metten, en particular, ha hablado de las ayudas fiscales. Señor Metten, usted sabe que tenemos actualmente una treintena de casos por examinar, pero querría preguntarle dónde puedo encontrar los recursos humanos para hacerlo. Se nos adjudica, una vez más, una tarea suplementaria, que estamos totalmente dispuestos a ejecutar porque es necesario, pero ¿nadie, en el Consejo de Ministros de Finanzas, se pregunta si la DG IV tendrá los medios necesarios para hacerlo? ¿Dispone de los expertos fiscales para hacerlo? Nadie se plantea la pregunta. Se nos adjudica, una vez más, una carga suplementaria, que aceptamos ejecutar, pero, por favor, en lo sucesivo, que se sea un poco más consecuente dándonos los medios necesarios para ejecutar tareas de este tipo.
También muy rápidamente, en relación con las ayudas de Estado, mencionaré en particular la cuestión del sector de la energía en España. Sé que esta cuestión adquiere proporciones políticas extraordinarias. Así es cómo se presenta: en primer lugar, si las autoridades españolas desean liberalizar el sector energético antes de lo previsto en otros Estados miembros o en la directiva, sólo podemos felicitarnos. Es evidente. En segundo lugar, es cierto que esta operación, no sólo en España sino en toda una serie de Estados miembros, conllevará operaciones con «costes encallados» -»stranded costs», según los llaman. Pero se trata, en principio, de ayudas públicas. Por ello, todos estos casos deberán notificarse a la Comisión, a la DG IV, y no sólo a la DG XVII, para que podamos examinarlos de forma coherente, pero uno a uno.
El Gobierno español, después del contacto que tuve con el ministro hace algunos días, ha aceptado notificar también el caso español, permitiendo que mi departamento lo examine como es debido, de acuerdo con el principio de que los costes encallados son costes reales, derivados de unas obligaciones de servicio público que las instituciones públicas impusieron anteriormente a sus empresas, y que ahora, en el proceso de liberalización, pueden ocasionar pérdidas a las empresas en cuestión. Éste es el marco en el que se inscribe este ejercicio. De momento, no puedo decir más al respecto. Por supuesto, después de la notificación, vamos a intentar verlo más claro enseguida.
Otra cuestión: las Islas Canarias. Ya hemos aprobado lo que se ha denominado «REF». Ahora, se ha hecho una notificación a propósito de la llamada ZEC. El hecho de que las Islas Canarias vayan a seguir siendo una región A evidentemente permitirá prever más ayudas que si hubieran pasado de la calidad A a la calidad C, por decirlo de algún modo. Esto permite un enfoque más amplio. Pero, por el momento, vamos a examinar lo que el Gobierno nos ha notificado. A día de hoy, no puedo decirles más.
Señor Presidente, veo que he sobrepasado ya mi tiempo de palabra. Permítame aún, a modo de conclusión, exponer un tema que, desgraciadamente, apenas se ha debatido hoy aquí: la modernización de la política de competencia. Señora Riis-Jørgensen, me permito sugerir un tema a la Comisión de Asuntos Económicos, para que podamos debatirlo. Saben que hemos adoptado ya toda una serie de medidas en lo que se refiere a las ayudas de Estado y a otros ámbitos como, por ejemplo, las restricciones verticales. Pero hay otros, y yo quisiera, brevemente, tener la ocasión de debatirlos con la comisión competente.
Así pues, estamos intentando, y con esto termino, hacer lo posible por que nuestra política de competencia sea a la vez más transparente, más eficaz, más creíble, pero también que esté más preparada para responder a los retos que se nos presentan: la ampliación, que es un reto extraordinario, pero asimismo, antes de que termine el mandato de la actual Comisión, que entre todos podamos decir que hemos hecho todo lo posible por preparar este futuro, y para que la nueva Comisión pueda hacer bien su trabajo.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Cambios climáticos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la declaración de la Comisión sobre los cambios climáticos.
Tiene la palabra la Comisaria Sra. Bjerregaard.

Bjerregaard
Señor Presidente, estimados miembros, es para mí motivo de alegría dar cuenta hoy aquí de los resultados de las negociaciones sobre el clima celebradas en Buenos Aires y del trabajo que a éstas seguirá en los próximos meses. El Parlamento ha presentado una decisión muy interesante y puedo señalar con gran satisfacción que estamos de acuerdo en la gran mayoría de los puntos. Mi valoración de la conferencia de Buenos Aires habla también de éxito, aunque el resultado global haya sido reducido.
En primer lugar, la Comunidad alcanzó el mínimo que nos habíamos fijado, es decir, un plan de acción que incluya un programa de trabajo de decisiones concretas sobre las cuestiones pendientes vinculadas al Convenio y al Protocolo de Kioto, que, como es bien sabido, serán abordadas por la sexta conferencia de partes signatarias dentro de menos de dos años.
En segundo lugar, la UE desempeñó un papel fundamental a la hora de sentar a la mesa de negociaciones al grupo de los 77 países y a China y conseguir de este modo que éstos se sintieran más estrechamente involucrados en este proceso. Seguiré insistiendo en mejorar las relaciones con los países en vías de desarrollo en relación con los preparativos de la quinta conferencia de partes, especialmente, dando prioridad al modelo práctico del mecanismo para el desarrollo sostenible, the clean development mechanism .
Finalmente, hay que hablar de un compromiso de la Presidencia argentina para fortalecer el control político del proceso celebrando encuentros ad-hoc a nivel ministerial en el comité ejecutivo ampliado entre las sesiones anuales de la conferencia de partes. Creo que tales encuentros ad-hoc son fundamentales para mantener bien encaminado el proceso.
En general, pienso que la cuarta conferencia de partes logró avanzar bastante en el camino hacia la puesta en práctica del Protocolo de Kioto. Por lo que respecta a las partes del plan de acción de Buenos Aires, me gustaría decir lo siguiente: Nos espera un duro trabajo a la hora de concretar las normas que hacen referencia a los mecanismos, especialmente porque esto requiere una vigilancia y un registro a fin de evitar que estos mecanismos se utilicen para burlar la legislación relativa al medio ambiente. Por ello me parece importante que en la sexta conferencia de partes se adopte una decisión sobre los tres mecanismos a la vez con lo que el paquete incluiría un sistema sólido y coherente con el que vigilar el funcionamiento de los mecanismos.
Queremos proseguir también el debate sobre cómo podemos alcanzar los objetivos finales del convenio, es decir, impedir los cambios climáticos peligrosos asegurando al mismo tiempo un reparto justo de las cargas y teniendo en cuenta nuestras responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Pido a los estimados miembros que consideren cuál es la mejor manera de solucionar esta difícil cuestión, especialmente considerando las reticencias de los países en vías de desarrollo a entablar negociaciones sobre sus propios compromisos, tal y como volvió a quedar claramente demostrado en la cuarta conferencia de partes. Es importante, no sólo en el plano internacional, sino también y en mayor medida aún para la UE y por ende para los Estados miembros, seguir trabajando para poner en práctica políticas y medidas que combatan los cambios climáticos. También estoy de acuerdo con el Parlamento en la obligación de concretar la forma en que podemos alcanzar nuestros objetivos, pues no bastan sólo las buenas intenciones. La Comisión, el Parlamento y el Consejo han de tomar en serio su responsabilidad y presentar actuaciones y decisiones concretas.
En este sentido, me gustaría subrayar la presentación de algunas propuestas importantes que exigen una decisión, por ejemplo, la propuesta de tributación de los productos energéticos. Debo pedirle enérgicamente al Parlamento que emita un dictamen sobre esta propuesta antes de las elecciones al Parlamento, para que pueda utilizarse el nuevo impulso que ha supuesto la Presidencia alemana y sea posible alcanzar un acuerdo político en la sesión del Consejo ECOFIN del mes de mayo.
En materia fiscal nuestro primer objetivo ha de ser la aprobación de la propuesta sobre la tributación de los productos energéticos, puesto que un número creciente de Estados miembros admite que tal tributación resulta necesaria. Si la Presidencia alemana no logra alcanzar un acuerdo - lo cual sí espero -, siempre podemos considerar qué hacer con la propuesta sobre una tasa energética sobre el CO2, originariamente propuesta en 1992, que, como es sabido, la Comisión no ha retirado.
Con el plan de acción y las medidas y políticas internas aspiramos a una ratificación y entrada en vigor del Protocolo de Kioto lo más rápida posible. Me parece muy positiva y necesaria su rápida ratificación. Sin embargo, esto nos exige poner en orden nuestra propia casa para que la ratificación no sea sólo un gesto vacío de contenido. En este sentido, la posición más activa adoptada por ciertas empresas energéticas americanas en favor de la lucha contra los cambios climáticos y la firma del protocolo por los EE.UU. pueden ser consideradas pasos positivos. Hubo señales en Buenos Aires de una postura más positiva en ciertos sectores del Congreso norteamericano. Sin embargo, aún queda mucho camino por delante antes de alcanzar este objetivo y los estimados miembros pueden en gran medida seguir desempeñando -tal y como hicieron en Buenos Aires- un importante papel a la hora de convencer a sus colegas en el Congreso norteamericano de la necesidad de ratificar el protocolo. En este punto, me gustaría manifestar mi escepticismo ante las declaraciones de Argentina y Kazajistán donde anunciaban su deseo de comprometerse en un objetivo vinculante durante la quinta conferencia de partes. A largo plazo resulta importante involucrar a los países en vías de desarrollo, sin embargo, la prueba real de tales compromisos voluntarios reside en la forma que éstos adoptan en última instancia. Para que un país pueda sacar provecho de las ventajas del protocolo, ha de firmarlo. También ha de asumir los compromisos que éste lleva aparejado. Por lo demás, hemos de cuidar - como hemos hablado antes - de no calentar aún más el ambiente con objetivos nada ambiciosos.
Permítanme volver a nuestro programa de trabajo interno. Como ya anunciara en septiembre, presentaré una comunicación en la primavera de 1999. Esta iniciativa fue recibida positivamente por el Consejo Europeo en Viena, el cual acordó que sobre la base de un informe de la Comisión adoptaría una postura relativa a una amplia estrategia comunitaria en materia de política climática en su reunión de Colonia que, como es sabido, se celebrará a comienzos de junio. Estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos una estrategia comunitaria de gran envergadura. El año 2008 puede parecer muy lejos en el futuro, sin embargo, debemos actuar ahora si queremos tener alguna oportunidad de alcanzar nuestros objetivos. En la comunicación de la Comisión nos concentraremos por ello en los elementos que resultan fundamentales para que la UE pueda alcanzar sus objetivos. De estos elementos claves podemos mencionar políticas y medidas comunes y coordinadas, los mecanismos de Kioto y las relaciones con terceros países. La comunicación contendrá un análisis a fondo de las consecuencias del comercio con los derechos de emisión, la puesta en práctica común y el mecanismo para un desarrollo sostenible. Les aseguro a ustedes que haré todo lo que esté en mi mano para promover la aprobación de esta comunicación a fin de que esté lista a tiempo para la cumbre de Colonia.
Señor Presidente, estimados miembros, diré para acabar que me sumo en general a la decisión del Parlamento y que espero que sigamos colaborando constructivamente en nuestra lucha común contra los cambios climáticos.

Graenitz
Señor Presidente, señora Comisaria, hay un refrán que dice que entre el dicho y el hecho media un océano. Tenemos que cruzar este océano cuanto antes y con medidas lo más concretas posible si queremos cumplir el calendario que se elaboró en Buenos Aires y establecer además nuestro propio calendario. De lo contrario nos quedaremos varados en la orilla, mientras en la otra orilla comienza el desastre climático.
Señora Comisaria, yo creo que es necesario dar una serie de pasos a escala internacional. En primer lugar -como paso muy importante-, es preciso continuar el diálogo con los países en desarrollo, que fue tan fluido en Buenos Aires, a fin de definir conjuntamente las propuestas relativas al «mecanismo de desarrollo no contaminante» (clean development mechanism) . Pienso asimismo, aunque de entrada no acogimos la idea con demasiado entusiasmo, que desde la Unión Europea deberíamos elaborar propuestas muy concretas para determinar de manera definitiva la forma que deberá adoptar el «intercambio de emisiones», cómo se efectuará el seguimiento y cómo se evaluarán las diferentes emisiones y su reducción, con objeto de estar preparados cuando llegue el momento.
También opino que es necesario vincular más estrechamente a nuestras estrategias a los países candidatos a la adhesión con ocasión de las negociaciones para la ampliación de la Unión. Los primeros candidatos se comprometieron en Kioto a las mismas reducciones de sus emisiones que la Unión Europea. Sin embargo, ahora es necesario incluirlos en los preparativos, a fin de evitar que en el momento de la adhesión no hayan adoptado las medidas previas necesarias y no puedan tener cabida en el reparto de cargas europeo.
Supongo que mis colegas se expresarán en parte con mayor contundencia en relación con este último punto. Yo sólo quisiera manifestar al respecto que, además de promover la coordinación de los planes nacionales, también debemos preocuparnos de contar con los fundamentos jurídicos necesarios a escala de la Unión o de crearlos cuando todavía no existan, ya que sólo aunando todos los esfuerzos conseguiremos alcanzar el objetivo que nos marcamos en Kioto.
En mi opinión, el empeño deberá incluir también la elaboración de medidas preventivas en los ámbitos de la salud, la agricultura y la protección de los ecosistemas, pues con el cambio climático cada vez más visible aparecen unos riesgos que quizá no habíamos tenido en cuenta antes. Yo creo que ahora tenemos la oportunidad de hacer posible, en los albores del nuevo siglo, un desarrollo sostenible, un salto tecnológico y, sobre todo, un reparto más justo de los recursos mundiales, ¡y espero que tengamos la energía y el valor necesarios para conseguirlo!

Spencer
Señor Presidente, antes de referirme a la resolución, quisiera aclarar un error de traducción. En la interpretación inglesa de lo que ha dicho la Comisaria, se ha hecho referencia a la retirada por la Comisión de la tasa correspondiente al CO2 . En realidad, su actitud ha sido mucha más sensata. No ha retirado la propuesta, la ha modificado y esa propuesta modificada sigue sobre la mesa y espero que el Consejo la acepte. Confío en que todas las versiones lingüísticas serán coherentes con lo que usted ha dicho en realidad. Agradezco que se me haya entregado una copia del texto en inglés.
Tuve el honor de encabezar la delegación del Parlamento a la Conferencia de Buenos Aires y el informe que otros colegas y yo elaboramos está a disposición del Parlamento. En mi opinión, la Cuarta Conferencia de las Partes fue un éxito moderado arrancado entre alaridos de las fauces de lo que podría haber sido un punto muerto en la negociación. El Plan de Acción de Buenos Aires promete algunos avances para cuando se celebre la Sexta Conferencia de las Partes en el año 2000. Por primera vez, refleja interés en los principios de contracción y convergencia y de igualdad mundial, a favor de los cuales ha votado este Parlamento periódicamente.
En mi informe se señala el útil y positivo papel desempeñado por la Comisión en Buenos Aires, cosa que agradezco y también la cortesía que mostró para con el Parlamento. En mi informe se señala también la incapacidad del Consejo para reconocer, utilizar o consultar inteligentemente a los diputados al PE durante el trascurso de la Conferencia. Las más recientes directrices del Consejo sobre la participación de los diputados al PE, decididas una semana antes de la Conferencia de Buenos Aires, son claramente insultantes para el Parlamento. He planteado esa cuestión al Presidente y espero que la Comisión de Asuntos Institucionales la examine en el marco de la próxima CIG.
La Unión tuvo en cuenta las enseñanzas de nuestro relativo fracaso de Kyoto y se puso en contacto con los países del Grupo de los 77 a fin de buscar aliados para la causa de la cordura con vistas a proteger el clima del planeta.
Quisiera utilizar los últimos segundos de que dispongo para hacer un llamamiento a la Comisión. Pese a lo que ha dicho la Comisaria sobre la posibilidad de avances políticos entre las Conferencias de las Partes, quisiera fomentar la idea de un examen estructural de todo el proceso de la Conferencia de las Partes. En mi opinión, en este momento tiene demasiada tendencia a meterse en atolladeros técnicos que paralizan las iniciativas políticas. El ritmo de la Conferencia de las Partes hace difícil adoptar iniciativas políticas entre conferencias.
Ayer estuve en Bonn hablando con Michael Zammit-Cutajar, de la Secretaría del Cambio Climático, y le indiqué que tal vez haya llegado el momento de una revisión estructural de la organización de todo este proceso, tal vez utilizando nuestro viejo y fiable amigo, el Grupo de Sabios -o Personas Eminentes o como lo llamemos hoy día- para distanciarnos de las negociaciones detalladas y examinar el destino de ese proceso. Por haber asistido a todas esas Conferencias de las Partes, me parece que ahora estamos atrapados entre que se trate de una negociación continua y a veces difícil y al mismo tiempo sea una institución con cometidos administrativos. Espero que la Comisión acepte esta propuesta. Agradezco a la Comisaria su declaración y recomiendo la resolución a la Asamblea.

Kestelijn-Sierens
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, difícilmente podemos considerar que Buenos Aires ha sido un verdadero éxito. Lamentablemente lo conseguido en las conversaciones de Kioto con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero no ha podido concretarse en la adopción de normas detalladas para poner en práctica el acuerdo.
Creo que puedo afirmar que la Unión ha hecho lo que ha podido y quiero felicitar cordialmente a la Sra. Comisaria Bjerregaard por su dedicación y su determinación. Existe el plan de acción de Buenos Aires, y debemos adoptar un enfoque correcto al respecto, porque en la Conferencia sobre el clima del año 2000 se adoptarán importantes decisiones en la materia.
Quisiera subrayar dos aspectos. En primer lugar, el Protocolo de Kioto entrará en vigor y deberá ser ratificado al menos por 55 de las partes que son responsables al menos del 55 % de las emisiones. Debemos seguir haciendo hincapié en que es necesario que Estados Unidos proceda a ratificarlo. Mientras que el mayor contaminador, Estados Unidos, y, por ejemplo, Rusia no ratifiquen el Protocolo, Kioto será una norma inútil.
Un segundo punto que quiero subrayar es que el comercio de los derechos de emisión sólo se permite si el grueso de los intercambios se realiza a nivel nacional. Estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Comisaria en que debemos determinar un límite máximo para el comercio de los derechos de emisión. Por así decirlo, no tenemos que exportar el problema.
En este tema, la Unión Europea y los Estados Unidos mantienen una postura diametralmente opuesta. Justificadamente, la Unión señala que la lucha contra el cambio climático sólo tiene sentido si todos realizan un esfuerzo. Este ha sido siempre el punto de vista del Parlamento aunque no está explícitamente recogido en la presente resolución.
Una última reflexión para terminar: en lo que respecta a la armonización del impuesto sobre la energía, somos partidarios de su introducción, pero sólo a condición de que tenga neutralidad fiscal. El Grupo ha presentado dos enmiendas en las que se aboga por un impuesto armonizado. Este el sentido en el que hay que entender las enmiendas.
Aún quiero formular otra pregunta a la Sra. Comisaria: ¿cuál es el punto de vista de la Sra. Comisaria con respecto a la introducción a nivel europeo de un impuesto sobre el queroseno? Algunas personas sostienen, quizá justificadamente, que más bien debe hallarse una solución empleando mejores tecnologías para reducir las emisiones. Debido al tráfico aéreo creciente, en este caso es preciso adoptar medidas en todos los terrenos.

González Álvarez
Señor Presidente, ¿cómo no estar de acuerdo con la Sra. Comisaria cuando propone medidas concretas, mecanismos de seguimiento, cooperación con los países en desarrollo y fiscalidad en relación con los productos energéticos? Yo creo que todos estamos de acuerdo con ella, sobre todo cuando propone medidas concretas para la puesta en práctica de lo que se acordó. Porque está claro que, según los científicos, en el año 1998, y según el infame de las Naciones Unidas, los desastres naturales -que yo no consideraría tan naturales- han causado 50.000 muertos y pérdidas de 12 billones de pesetas. No sé lo que será en euros, pero 12 billones de pesetas son muchas pesetas.
Yo creo que, aunque sólo fuera por los efectos económicos que estos desastres naturales tienen, muchos de los poderes económicos y de los gobiernos deberían tomar medidas, pero nosotros vamos más allá: creemos de verdad que la propuesta de la Unión Europea, que fue la mejor, aun así era una propuesta tímida. El Parlamento Europeo lo dijo en varias ocasiones.
También dicen los científicos que para que realmente hubiera efectos positivos contra el cambio climático habría que reducir entre un 50 % y un 60 % las emisiones con relación al año 1990. Estamos intentando conseguir una reducción del 8 % en seis gases de efecto invernadero. Si ni siquiera se cumple con ese 8 %, estaremos poniendo en peligro el futuro del planeta.
Por eso, señora Comisaria, nos parecen bien las propuestas que usted hace si realmente consigue que los Estados miembros cumplan con ellas y, sobre todo, si consigue que tengan en cuenta una carga equitativa entre los países industrializados y los países en desarrollo. Estamos en contra de que, como dicen los Estados Unidos, deban ser los países en desarrollo quienes empiecen a pagar. Somos nosotros quienes debemos pagar.

Fitzsimons
Señor Presidente, yo participé, junto con el Sr. Spencer y el Sr. Linkohr, en la conferencia de Buenos Aires. El juicio que se pueda emitir sobre la conferencia es cuestión de opinión. El Sr. Spencer ha dicho que fue un éxito moderado. Creo que es una calificación correcta. Recuerdo que, en la conferencia de prensa celebrada al final, la Comisaria Bjerregaard dijo que nos habría gustado lograr más, que siempre es así, pero que eso fue lo máximo que pudimos lograr que aceptaran las otras partes en la conferencia. La Unión Europea demostró tener autoridad auténtica, apoyada hasta cierto punto por los países candidatos, el G77 y China.
También recuerdo que el Presidente en ejercicio del Consejo dijo que en Kyoto acordamos metas concretas de reducción de los gases que provocan el efecto de invernadero por parte de los países industrializados. En Buenos Aires mantuvimos el impulso de Kyoto estableciendo el plan de acción, que fue uno de los objetivos de Buenos Aires, y decidiendo sobre otras medidas como la elaboración de un sistema de cumplimiento.
La prensa internacional trató la conferencia con cierto cinismo; algunos la consideraron un fracaso. Fue una conferencia difícil, porque hubo negociaciones largas, tortuosas y ampulosas, pero no puedo por menos de apoyar al Sr. Spencer y felicitar a la Comisión. También aplaudo la decisión adoptada por los Estados Unidos de firmar el protocolo. Si bien reconozco que puede ser una formalidad diplomática, como decimos en la resolución, al mismo tiempo es muy eficaz e indica un cambio de opinión en los Estados Unidos.
También debemos aplaudir a los países anfitriones de la Cuarta Conferencia de las Partes -Argentina y Kazajstán- por manifestar su disposición a subscribir compromisos vinculantes en la Quinta Conferencia de las Partes para reducir aún más sus emisiones de las gases que provocan el efecto de invernadero. Eso es algún avance, por pequeño que sea. De modo que se trata de una buena resolución. La apoyo, como mi Grupo, y, junto con el Sr. Spencer, la recomiendo a la Asamblea.

El Presidente
Señorías, señor Fitzsimons, tengo que rogarles que procuren ajustarse al tiempo que tienen atribuido. Los servicios de la Asamblea me han advertido que vamos con retraso. Yo no les quito la palabra, son ustedes quienes se autoadministran. Sé que son ustedes muy responsables y, por lo tanto, me permito hacerles esta advertencia. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, la Sra. Hautala por el tiempo de un minuto.

Hautala
Señor Presidente, La Unión Europea ha desempeñado un papel muy positivo en las negociaciones mundiales y creo que la Comisaria merece un reconocimiento a título personal. Sin embargo, cada vez resulta más engorroso comprobar que, por su parte, la Unión no ha sido capaz de adoptar las decisiones necesarias para poder cumplir sus propios compromisos. Por este motivo, es importantísimo que abordemos la imposición fiscal del sector energético, una cuestión que acaba de mencionar la propia Comisaria. Es igualmente importante permitir que los países que deseen ir por delante del resto puedan adoptar, además, esta propuesta original acerca de un impuesto sobre el dióxido de carbono y la energía. Sería interesante escuchar los cálculos de la Comisión al respecto. Debemos recordar que en el Tratado de Amsterdam se recoge la posibilidad de avanzar más rápidamente que el resto de los países en caso de que éstos no se encuentren preparados. Pero estoy segura de que también la industria se ha percatado de las ventajas competitivas que puede ofrecerle la política en materia de medio ambiente, y a esta circunstancia deberemos aferrarnos.

Weber
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ¿fue Buenos Aires un fiasco? Yo diría que no. Buenos Aires no era un fiasco. Buenos Aires simplemente se resintió por la última noche de Kioto, en que los norteamericanos consiguieron introducir los mecanismos flexibles en el protocolo, condición sin la cual no firmaban. Hay que decir también que la presidenta de la conferencia no hizo gala de la misma diplomacia que el embajador Estrada, quien verdaderamente dirigió bien los trabajos de Kioto, pero esto no es más que un pequeño detalle.
Mi Grupo está de acuerdo con la teoría de intentar que se admita la postura del 50/50 % en los mecanismos flexibles, lo cual significa que el 50 % de las reducciones, como mínimo, se hagan en casa antes de tener derecho a utilizar los mecanismos flexibles. Esta es una postura que debe seguir sosteniendo la Unión Europea.
Por lo tanto, estoy de acuerdo en que se introduzcan los mecanismos flexibles que por fin permiten saber, a nivel económico, cuánto costará la emisión de una tonelada de carbono. Ello tendrá repercusiones en los sistemas fiscales de los países industrializados, los que forman parte del Anexo 1. No me gusta en absoluto la presión -sobre todo de los norteamericanos- que ejercen los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo para que ellos también se comprometan a reducir sus emisiones. Hay que decir que los países en vías de desarrollo, que no son los del Anexo 1, ni siquiera tienen cuota que vender en el marco del artículo 6. Recuerdo las palabras del delegado chino en Kioto que decía: «Escuchen, ustedes los norteamericanos tienen tres coches por familia; nosotros, los chinos, vamos andando al trabajo, y ustedes, los norteamericanos y los europeos, no quieren darnos el derecho a ir al trabajo en autobús.» Seamos serios sobre este tema, y un poco más flexibles con los países en vías de desarrollo.
Quisiera tocar un tema que me interesa mucho: la silvicultura. El protocolo de Kioto prevé que se puedan conceder créditos para la reforestación, y sobre todo créditos de fijación del carbono, y sobre todo dentro del mecanismo CDM (Clean Development Mechanism ). Esto puede contribuir de forma importante a que los países industrializados apoyen, den fondos para proyectos de reforestación en los países en vías de desarrollo. Las ONG que se ocupan de la protección del medio ambiente nos recuerdan que es muy importante que sólo se subvencionen proyectos que respeten la biodiversidad. Habrá que procurar que no se subvencionen proyectos de plantación de especies de crecimiento rápido, a expensas de la protección de la biodiversidad.

Blokland
Señor Presidente, los resultados de la conferencia sobre el clima celebrada en Kioto en 1997 han sido justamente considerados como un punto crucial, aunque sólo sea como primer paso en la dirección correcta. Es una iniciativa de reducción de seis gases de efecto invernadero para combatir el cambio climático causado por la acción del hombre. Es de suma importancia que todas las partes implicadas lleven a cabo una rápida ratificación del Protocolo de Kioto, especialmente los Estados Unidos y Rusia. Esto constituiría un avance muy positivo, sobre todo para las empresas de los Estados Unidos.
Es evidente que después de Kioto aún quedan muchas cosas por aplicar concretamente. La conferencia de Buenos Aires ha dado lugar a un programa de acción común con compromisos y fechas concretas. Esta es una buena noticia.
También es preciso prestar atención al diálogo con los países en vías de desarrollo. No obstante, existe el peligro de que dicho diálogo se limite a alcanzar acuerdos sobre el comercio de emisiones. Considero que, primeramente, la Unión Europea debe trabajar en favor de la reducción de las emisiones de gases invernadero dentro de la UE. Al mismo tiempo, es muy importante prestar ayuda a otros países, entre otras cosas, mediante la transferencia de tecnologías limpias como apoyo al desarrollo. Eventualmente, dentro del continente europeo también se produce comercio de emisiones. Sólo se lleva a cabo con países fuera de Europa si estos países realmente están trabajando en favor de la reducción de los gases de efecto invernadero. Para que los países pertenecientes a la UE puedan realizar esfuerzos es preciso instar a los países no europeos a llevar a cabo su contribución a la reducción de emisiones.
Para esta reducción de las emisiones, es muy importante la integración de la política de medio ambiente en otros sectores políticos, en otras políticas como energía, transporte y agricultura. El fomento de la eficacia energética, de las energías renovables y los impuestos sobre la energía son medios adecuados. Una vez más, abogo por la introducción de un impuesto sobre los combustibles de los aviones.
Por último, todos somos conjuntamente responsables de estos problemas, pero todos los países deben responsabilizarse individualmente de contribuir a su solución. Esta responsabilidad también se aplica, por supuesto, a cada ciudadano individualmente. Por lo tanto, es preciso despertar una conciencia a nivel mundial de que no se puede seguir así y de que es necesario elaborar un nuevo modelo de crecimiento económico sostenible, basado en al respecto por la creación y por el Creador de la vida.

Kronberger
Señor Presidente, el enfoque más que vacilante que se adoptó en Buenos Aires en relación con la reducción de las emisiones parece indicar que se está intentando nadar y guardar la ropa. Sólo contaremos con una política climática eficaz cuando se repercutan sobre los causantes los costes reales que ocasiona la liberación de las substancias que afectan al clima. Para esto necesitamos un marco jurídico adecuado. ¡La tantas veces repetida excusa de que resulta demasiado caro reducir las emisiones es suicida! Una sociedad que no esté dispuesta a invertir en la conservación de la base de su propia existencia y, por lo tanto, también en la conservación de su especie, está condenada a desaparecer. El catálogo de emisiones que se negoció en Buenos Aires no es un enfoque adecuado para alcanzar una solución. Los problemas sólo se pueden resolver de manera duradera en su lugar de origen.

Linkohr
Señor Presidente, los debates de nuestra Asamblea sobre la política climática tienen el agradable efecto secundario de conseguir una coincidencia general. ¡Este es el aspecto favorable! El panorama ya no resulta, sin embargo, tan halagüeño si comparamos nuestras declaraciones de intenciones con los resultados. Voy a citar sólo algunos datos de la Comisión que tengo sobre la mesa. Entre 1990 y 1996, las emisiones de CO2 se incrementaron un 2 % en la Unión Europea. En 1997 se registró una ligera reducción, pero el invierno fue cálido y nada indica que se haya conseguido un cambio estructural. La reducción durante la primera mitad de esta década -ahora vuelve a registrarse un incremento- también tiene una explicación. Sustituimos el carbón por el gas. Sustituimos el petróleo por el gas. La reunificación alemana supuso la desindustrialización de toda una región. Además, también se modernizaron las instalaciones existentes. Este es un hecho que tampoco se repetirá. Dicho con otras palabras, dado el mayor crecimiento económico, más bien debemos contar con que las emisiones de CO2 en la Unión Europea se habrán incrementado en el año 2000 y serán mensurablemente más elevadas que en 1990.
Voy a citar el ejemplo de mi propio Estado federal, Baden-Württemberg, con una industrialización relativamente importante. Las emisiones de CO2 han venido incrementándose considerablemente allí, sobre todo a partir de 1995, lo cual es atribuible en último término al crecimiento económico. Por lo tanto, no es posible hablar de un cambio. Esto da que pensar. Ante este hecho es posible decirse: vaya, pues tendremos que hacer mayores esfuerzos, etc. Y en parte ya los hemos hecho, con el resultado de que en la presente década sólo hemos conseguido incrementar la eficiencia energética en la Unión Europea en un 0, 6 % anual -también son datos de la Comisión-, frente a un incremento del 2 % en las décadas de los setenta y los ochenta.
También esto da que pensar. Significa que la situación es peor que hace diez o quince años. Lo que se requiere -y este comentario va dirigido a la Comisión y sobre todo, naturalmente, al Consejo- es un plan de acción mensurable. Yo desearía saber realmente qué debe hacer cada país, cada sector industrial, qué hay que hacer en el ámbito del transporte, pero también en los hogares. Sobre todo, tenemos que preguntarnos: ¿cómo vamos a financiarlo? ¿Cómo podemos financiarlo? Esta es mi última recomendación a la Comisión: aclárennos también de una vez cómo se proponen llegar a un acuerdo con los bancos para que sea posible financiar por adelantado las inversiones en el sector de la energía, ya que a mi parecer la causa principal de que no avancemos en este momento es esta: la financiación anticipada de las inversiones en el sector de la energía. La tecnología en la mayoría de los casos ya existe, ¡lo que falta es el dinero!

Pimenta
Señor Presidente, el señor Linkohr me ha robado dos tercios de mi discurso: en verdad, estoy en un 100 % de acuerdo con lo que ha dicho. Quiero comenzar agradeciendo a la Comisión y, en particular, a la Comisaria su trabajo, su compromiso personal e igualmente la forma como en Buenos Aires recibió y trabajó con los representantes del Parlamento. Por desgracia, el Consejo tuvo una actitud que no puede seguir teniendo. Esta Asamblea, desde el punto de vista institucional, debe adoptar una posición en relación con el Consejo y con cada una de las presidencias, antes incluso de la próxima conferencia intergubernamental.
La segunda parte de lo que yo quería decir está relacionada con lo que el Sr. Linkohr ha dicho sobre policies and measures . Lo que me preocupa es que se están haciendo las reducciones en muchas de las zonas de la Unión y en la mayor parte de los países del mundo. En mi país, por ejemplo, en Portugal, el año pasado el aumento del consumo de energía eléctrica fue de 6 %, que es el doble del crecimiento del producto. Así no llegaremos a eso. ¡Es evidente que así no llegaremos!
Apoyo la intención de la Comisión de elaborar una directiva -que me gustaría que llegara aquí lo antes posible- para que vuelva obligatorios ciertos niveles mínimos de penetración de las energías renovables. Hemos hablado con el Comisario Papoutsis y estamos de acuerdo en que la directiva es urgente. La penetración de las energías renovables en el mercado ha ido disminuyendo por la bajada del precio del petróleo y del gas natural y porque hoy el costo de la energía no recoge los costos para el medio ambiente.
En segundo lugar, veamos los Fondos estructurales y la red europea de transportes, esferas en las que la Comisión de Agricultura tiene cierta influencia mediante el presupuesto: hay que obligar a los Estados miembros que utilizan esos fondos a tener en cuenta opciones de transporte menos consumidoras de energía.
En cuanto a los países candidatos a la adhesión: PHARE y TACIS no tienen influencia hoy en su consumo energético. En caso de que se prolongue esta situación, va a suceder lo que el Sr. Linkohr dice: cuando acabe la situación de crisis aguda, las emisiones aumentarán.
Para terminar, quisiera decir que tal vez la Comisión pudiera apoyar iniciativas de ciertas empresas, como BP y otras, que están adoptando una actitud muy positiva en cuanto al cambio climático, organizando un gran acto en Bruselas sobre el papel positivo que pueden desempeñar las empresas que quieren tomarse en serio este asunto.

El Presidente
Gracias, señor Pimenta. Señor Pimenta, después de sus primeras palabras, he estado a punto de quitarle dos tercios del tiempo de su intervención, pero lo que sucede es que usted lo ha aumentado en un minuto más. Debo rogarles, una vez más, por favor, que se atengan al tiempo establecido porque los servicios de la Asamblea me advierten que vamos con retraso. Yo sé que todas y todos ustedes tienen cosas muy importantes que decir, pero les ruego que procuren limitarse. Y esto se lo pido en primer lugar a la Sra. Breyer, que tiene la palabra por el tiempo de un minuto.

Breyer
Señor Presidente, señora Comisaria, usted se ha referido al papel de América. Yo creo que hoy deberíamos ocuparnos de otro tema. Lo que debería preocuparnos es que la Unión Europea se convierta en pionera. Hablando claro, no se puede eludir la responsabilidad aprovechando resquicios del Protocolo como el del «intercambio de emisiones». Lo cual nos obliga a preguntarnos de inmediato: ¿y qué hay de las medidas que se iban a adoptar? Yo también quisiera saber exactamente qué se va hacer en relación con la transposición del Libro blanco sobre las energías renovables. Usted ha mencionado el papel fundamental del impuesto energético. Muy bien, ahora contamos con una propuesta para gravar con impuesto el consumo de energía, pero sólo es un pequeño paso. La Comisión misma ha reconocido, en efecto, que las emisiones se incrementarán en un 6 % hasta el año 2010 a pesar de esta propuesta. ¿Qué ha dicho usted sobre el sector más difícil, el del transporte? Sabemos que las emisiones de CO2 aumentarán un 38 % en este ámbito hasta el año 2010. Y en este contexto yo le ruego que responda también a las preguntas que ya le han formulado los colegas: ¿cuándo se establecerá finalmente el impuesto sobre el queroseno? ¿Cuándo se tomarán en serio la promesa que ya nos hicieron el año pasado? Lo que hace falta son acciones, no papeles ni lirismo.

Pollack
Señor Presidente, debemos abandonar la concentración exclusiva en las medidas fiscales. Parece que estamos tirándonos demasiado de los pelos por la renuencia del Consejo a acordar una tasa sobre la energía y otras medidas fiscales. Convengo con la Comisaria en que ya es hora de que la Comisión ponga su propia casa en orden en relación con el cambio climático. Quiero oír algunos compromisos detallados con vistas a que así sea.
Al comienzo de los debates hemos oído simpáticas aspiraciones sobre la agricultura sostenible y las hemos acogido con beneplácito. Sin embargo, quiero preguntar a la Comisión qué medidas está adoptando para volver más «verde» su planteamiento del Mercado Único, de la forma como se aplica y de la forma como funciona la política de competencia, de la forma como gasta la ayuda exterior, de su política en materia de comercio, de sus negociaciones sobre la adhesión, que muchos colegas han mencionado, y los Fondos estructurales y la PAC. Es necesaria una ejecución activa de la evaluación medioambiental estratégica para luchar contra el cambio climático y utilizarla como instrumento para la evaluación de la política en el nivel europeo, en particular la ayuda exterior y la política aquí, en la Unión Europea.
También es necesaria una labor suplementaria sobre en qué consistirá exactamente la transferencia de tecnología inocua y la relación con nuestra asistencia exterior para el desarrollo. La aplicación activa de los CDM va a ser fundamental para conseguir el apoyo que necesitamos al protocolo de Kyoto por parte de los países en desarrollo. Sin algún apoyo de ellos en pro de la idea de equidad, seguiremos teniendo problemas para intentar conseguir que los Estados Unidos lo ratifiquen.
Si podemos lograr avances sobre algunas de esas cuestiones, la Unión Europea podría avanzar con confianza para preparar el tono de la Quinta y la Sexta Conferencia de las Partes. Desde luego, sabemos que el cambio climático no está desapareciendo y, desde luego, no desaparecerá por el texto que el Parlamento votará mañana. Los Estados Unidos no van a ratificar simplemente porque nosotros se lo pidamos. Esta semana los Ministros de Medio Ambiente están allí abajo, en el Antártico, viendo cómo se derrite, viendo cuáles van a ser los problemas. Necesitamos algún tipo de compromiso de la Comisión y espero que oigamos a la Comisión y al Consejo garantizar que la Unión Europea adoptará las medidas necesarias para abordar las cuestiones que he planteado y nuestras perennes medidas favoritas: los impuestos sobre la energía.

Virgin
Señor Presidente, señora Comisaria, de todos los retos a los que estamos enfrentados, el del clima es seguramente el mayor y más complicado. Éste concierne de manera palpable a todos los países del planeta. Las emisiones contaminantes no nos amenazan a corto plazo, pero constituyen un peligro muy grave a largo plazo.
Los vacilantes primeros pasos en las negociaciones han sido dados con cierto agobio. Puesto que los compromisos contraídos pueden implicar grandes intromisiones en las economías de los países, es importante encontrar soluciones que generen beneficios medioambientales al más bajo costo posible. No hay duda de que el comercio con los derechos de emisión de gases contaminantes nos proporciona una solución de esta naturaleza. Por este motivo, opino que es extraordinariamente importante que se haga un estudio profundo acerca de la forma cómo utilizar este instrumento para conducir el asunto del clima por el camino más adecuado.
En un estudio sobre el dióxido de carbono en los países nórdicos, se demuestra que el comercio con los derechos a la emisión de gases contaminantes representaría un ahorro de costes del 50 por ciento. Aunque hay grandes problemas para la verificación de la disminución de las emisiones, este estudio demuestra que los beneficios de las soluciones exitosas son tantos que hay que hacer grandes esfuerzos para crear sistemas sostenibles.
También es relevante para la UE que no se establezcan unilateralmente medios de gestión que aumenten nuestros costos en la competencia internacional, por ejemplo, con respecto a EE.UU.
En las futuras negociaciones habrá que corregir los errores cometidos en Kioto. Sin embargo, por este motivo no hay que desechar métodos económicos que han demostrado ser efectivos. Si se realizase la idea de cerrar las centrales nucleares nos veríamos enfrentados a graves problemas en este campo. Por el contrario, esta excelente fuente de energía tendría que desarrollarse y hacerse aún mejor.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, después de la Conferencia sobre el cambio climático de Kyoto y de la Conferencia de Buenos Aires del pasado mes de noviembre, la Unión Europea ha elaborado un verdadero plan de acción basado en cuestiones clave, a saber, primero, los mecanismos financieros que ayudarán a los países en desarrollo a afrontar los desafíos del cambio climático; segundo, los futuros trabajos relacionados con las políticas y las medidas a aplicar que ya figuran en el orden del día de las próximas conferencias de las partes adheridas a los convenios marco de las Naciones Unidas; tercero, el desarrollo y la transferencia de tecnologías limpias que ayudarán a los países en desarrollo a no repetir los errores medioambientales cometidos en los países desarrollados; cuarto, las normas de base de los mecanismos de flexibilidad contempladas en el Protocolo de Kyoto, aunque es preciso alcanzar un acuerdo sobre una estructura institucional para los mecanismos de flexibilidad.
Por lo tanto, quiero recordar que, como decían mis colegas, es fundamental entablar un diálogo, sin embargo, también quiero recordar que, justamente dentro de dos meses, la Asamblea Paritaria ACP-UE, con su grupo de trabajo encargado del cambio climático de los pequeños Estados insulares, no solo aprobará una resolución muy importante para los países en desarrollo, sino que seguramente va a ofrecer una contribución después de dos años de trabajo. En consecuencia, quiero preguntar a la señora Comisaria Bjerregaard, por qué no hemos obtenido todavía una respuesta adecuada de la Comisión, por ejemplo, cuando hemos señalado la importancia de emprender acciones conjuntas con otras Direcciones Generales como la Dirección General VIII y la Dirección General XI, en materia de ciencia, investigación y desarrollo, pues estamos muy preocupados por los países ACP y hemos pedido un fondo de prevención de las catástrofes, ya que consideramos que los pequeños Estados insulares son extremadamente vulnerables al cambio climático. Por tanto, pido a la señora Comisaria si puede contestar en este Pleno o enviar cuanto antes las respuestas a los que estamos trabajando conjuntamente. Para nosotros es fundamental, puesto que las crisis que se producen en África y en los Estados insulares de los ACP están causando graves desastres.

Bjerregaard
Señor Presidente, me gustaría dar las gracias al Parlamento por este debate. Creo que el Sr. Linkohr tenía mucha razón y que acertó con el tono, como hemos podido ver con respecto a este debate. El Parlamento y la Comisión están de acuerdo, sin embargo, la realidad a la que nos enfrentamos es diferente o, por decirlo de otro modo, nuestros otros compañeros, que son fundamentales para el éxito de todos estos esfuerzos, no están en nuestra misma línea. He escuchado durante el debate algunas sugerencias sobre cómo seguir trabajando para que las otras partes se unan a la línea que hemos adoptado. Comparto totalmente la opinión de la Sra. Graenitz sobre la importancia que tiene para nosotros continuar el esfuerzo internacional y también con respecto a los países en vías de desarrollo. Estoy de acuerdo con la Sra. Graenitz y otros parlamentarios en que los países solicitantes han de involucrarse aún más activamente. Creo que también el Sr. Pimenta subrayó este punto. En eso estamos. También lo intentamos en Buenos Aires, es evidente que cuando hablamos de política energética y de las consecuencias de la política energética, los países solicitantes son un campo en el que hay mucho que ganar.
El Sr. Spencer tenía toda la razón en que fue una mala traducción -sucede a veces cuando uno habla una lengua minoritaria- y por ello me gustaría certificar que lo que dije fue que la tasa energética sobre el CO2, originariamente propuesta en 1992, «was not withdrawn by the Comission ». Por lo demás, he de decir que creo que hay razones sólidas para reflexionar sobre la forma en la que estamos organizados. Debatimos este punto por encima en Buenos Aires. También mencioné que la Presidencia argentina, la cual continúa, tenía planes relativos a un proceso más político, sin embargo, me gustaría debatir otras formas de abordar esta cuestión.
La Sra. Hautala subrayó -y también me parece acertado- la necesidad de cumplir nuestros propios objetivos. Si queremos mantener la línea que hemos propuesto, es imprescindible que nosotros mismos estemos también en condiciones de encabezar este proceso, tal y como en verdad teníamos pensado, tanto presentando una comunicación como abordando la cuestión en las sesiones del Consejo. Esto se traducirá en un próximo plan adicional cuyo debate en este Parlamento aguardo ansiosa.
La cuestión de una tasa a los aviones o una tasa al queroseno, cuestión que ya ha sido debatida en varias ocasiones, resulta un poco más complicada. La hemos abordado en diversos foros. La última vez, en la que yo misma ayudé a presionar muy enérgicamente, fue un encuentro celebrado bajo los auspicios de la OCDE con los ministros de medio ambiente. Quedó muy claro la muy violenta oposición por parte de los EE.UU., Canadá, Japón, etc. a esta propuesta y por este motivo la cuestión pasa por ver la posibilidad de actuar en el ámbito europeo, pues la resistencia en el ámbito internacional es demasiado grande.
Comparto la opinión de la Sra. Pollack referida a la existencia de muchísimos campos que debemos abordar. Aparecerán varias iniciativas relativas al mercado interior. A lo largo de este año, creo, tendremos oportunidad de discutir los problemas relacionados con la OMC. Creo que el Parlamento recordará la existencia de una comunicación común del Sr. Brittan y mía y cómo ciertamente tenemos pensado proseguir esta colaboración también de cara a las próximas negociaciones de la OMC. Afortunadamente puedo decir que la Presidencia alemana ha incorporado la propuesta relativa a una evaluación medioambiental estratégica a su lista de prioridades, luego espero que podamos hacer avances en este terreno.
Señor Presidente, es verdad que puede haber muchas más cosas que necesitáramos debatir, sin embargo, permítame concluir agradeciendo el respaldo dado por el Parlamento a la línea que hemos adoptado y manifestando mi deseo de mantener esta colaboración. Necesitamos todas nuestras fuerzas para convencer también a las otras partes de que el camino correcto es éste en el que nos encontramos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bjerregaard.
He recibido una propuesta de resolución presentada de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Alimentos tratados con radiaciones ionizantes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0008/99) de la Sra. Bloch von Blottnitz, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo relativas a:
I.la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre productos alimenticios y sus ingredientes tratados con radiaciones ionizantes (3631/98 - C4-0021/99-00(0169(COD)); II.el establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 3632/98 - C4-0022/99-00169B(COD)).Tiene la palabra la ponente Sra. Bloch von Blottnitz.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, yo debo decir que ciertamente me alegro de que por fin, al cabo de diez años, podamos contar con una posición común en relación con la directiva sobre la «irradiación de los alimentos». Por otra parte, es preciso constatar, sin duda, que el proyecto permaneció bloqueado durante ocho años en el Consejo, lo cual demuestra una vez más que se trata de un método muy controvertido. Evidentemente es posible preguntarse con qué objeto y por qué motivos se han de irradiar los alimentos cuando está comprobado que esto destruye las vitaminas de las frutas y verduras, o sea, que se pierden, y por otra parte también se sabe que la irradiación de productos grasos genera radicales libres que, obviamente, son cancerígenos. Sin embargo, yo quisiera recordar, además, otro aspecto: mientras -como ha ocurrido hasta ahora- no dispongamos de una normativa común, tampoco existirá la obligación de indicar este dato en el etiquetado. Puesto que en varios países, como por ejemplo Francia, Bélgica, los Países Bajos y otros, se emplea el tratamiento con radiaciones ionizantes, y puesto que existe un mercado interior y esos productos están a la venta, en realidad de nada nos sirve seguir insistiendo en la posición que mantuvo en su momento el Parlamento. La prohibición es necesaria. ¡Un momento, señor Bangemann, esto no significa que haya motivos para el regocijo!
Esa situación ya no se dará ahora. A los 18 meses de la entrada en vigor de la directiva será obligatoria la indicación en el etiquetado. Ésta se extiende, obviamente, también a los condimentos y otros ingredientes, incluso -y esto es muy importante-cuando su proporción sea inferior al 25 %. Por otro lado, hemos conseguido que a partir del 1.1.2003 sólo esté autorizado el tratamiento con radiaciones ionizantes cuando se disponga de métodos normalizados y homologados de control. ¡Usted se había atrincherado firmemente en relación con este punto, señor Bangemann! En efecto, sólo conseguimos sacarlo adelante, en contra de la posición de la Comisión, porque por una vez tuvimos al Consejo de nuestra parte, lo cual evidentemente fue muy de agradecer. Otro punto importante es que para la revisión de la lista de productos que pueden ser tratados, que por otra parte deberá presentarse antes del 31.12.2000, se aplicará igualmente el fundamento jurídico del artículo 100 A.
Se mantiene asimismo el principio de que la irradiación de los alimentos no puede sustituir a la higiene y tampoco puede ocupar el lugar de una elaboración adecuada y unas buenas prácticas agrícolas. Antes lo que se hacía era que cuando los productos empezaban a deteriorarse, o sea, cuando empezaban a pudrirse, se irradiaban y se engañaba en cierto modo a la vista. Esto ya no será posible en el futuro. No obstante, seguirá siendo decisiva, naturalmente, la información que ofrezcamos a las consumidoras y los consumidores sobre el significado de la indicación «tratado con radiaciones ionizantes». El ama de casa corriente no puede saberlo, como es lógico. Sólo me queda esperar, y presionaremos para que así sea, que la letra no sea tan pequeña que pase inadvertida, pues yo sigo pensando, hoy como ayer, que en realidad no es necesario irradiar los alimentos. Sería preferible que procurásemos comer productos del tiempo. No es absolutamente indispensable impedir que germinen las cebollas, patatas, etc. Aun así, apoyamos naturalmente el acuerdo que ahora se ha alcanzado. Ya ha sido suficientemente arduo conseguirlo y haremos todo lo posible para que las personas que compren los productos sepan lo que están adquiriendo. Si ese es el caso, yo creo que habremos conseguido una buena norma comunitaria. Yo me congratulo de que por fin haya salido adelante y en último término podemos darnos casi -aunque no completamente- por satisfechos de que todos hayamos visto reconocidas nuestras razones.

Graenitz
Señor Presidente, en muchas lenguas europeas el verbo «felicitar» es reflexivo. Yo creo que, además de felicitar a la señora Ponente por su trabajo, hoy también podemos felicitarnos en tanto que Parlamento por haber conseguido introducir al fin, con empecinamiento y un largo esfuerzo, una serie de mejoras en la propuesta inicial del Consejo y finalmente también en la posición común.
A pesar de que, personalmente, yo considero que no es necesario irradiar un gran número de alimentos, pues comparto la opinión de la señora Ponente en el sentido de que la alimentación más sana se obtiene con el consumo de alimentos locales en el momento de su maduración, la indicación en la etiqueta me parece muy importante para los consumidores, con objeto de que sepan lo que compran y lo que pueden esperar obtener. También me parece importante resaltar que la irradiación no puede sustituir a una buena práctica agrícola, lo cual obligaría a irradiar los alimentos frescos en todos los casos. También considero que es muy importante la validación y homologación de los procedimientos de control, de manera que el control de los Estados miembros pueda ser transparente y que los consumidores y consumidoras puedan hacer valer en último término sus derechos.
Una directiva de este tipo es necesaria precisamente en estos momentos en los que se está debatiendo minuciosamente el tema de la seguridad de los alimentos. Yo creo que, a la vista de las grandes explotaciones agrícolas que existen en los países candidatos a la adhesión, también es necesario que la directiva ya esté aprobada antes de la ampliación de la Unión, a fin de que se pueda incluir de inmediato en el acervo comunitario.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, la irradiación de los alimentos evoca imágenes terroríficas entre algunos ciudadanos y, en cambio, causa una impresión sublime entre algunos profesionales y expertos. La política europea ha tenido que enfrentarse con la tarea de conciliar ambos aspectos y hacer posible una aplicación práctica. El tratamiento de los alimentos con radiaciones ionizantes tiene que estar permitido, en nuestra opinión, en los casos en los que sea razonable y necesario, y siempre que no se recurra a él como sustituto de las medidas higiénicas y sanitarias. Yo no creo que se aplique sólo a los alimentos ya pasados para devolverles la lozanía, como ha afirmado la colega Bloch von Blottnitz. Además, las radiaciones no permiten obtener este resultado. Así se establecerá también explícitamente en las futuras directivas. Este es otro principio muy importante.
A mi modo de ver, la inocuidad para la salud es, de hecho, una condición evidente. Sin embargo, es preciso volver a insistir sobre ello porque hoy hemos escuchado una vez más lo contrario. Los alimentos tratados con radiaciones ionizantes no son alimentos irradiados y los ciudadanos de la UE los consumimos sin enfermar gravemente. Por esto es urgente una armonización a escala europea. La situación jurídica en los diferentes Estados miembros ha sido demasiado diferente hasta ahora. Mientras que en Francia, Bélgica y los Países Bajos, por ejemplo, se tratan desde hace años los alimentos con radiaciones ionizantes, esto está prohibido en otros países; con lo cual ni se vislumbra la realización del mercado interior.
El resultado de la conciliación con el Consejo es bueno y nosotros también lo aprobamos. Permitirá avanzar paso a paso también en la realización del mercado interior para los alimentos tratados con radiaciones ionizantes. La identificación obligatoria ofrece, además, a los consumidores la posibilidad de elegir. Yo creo que es un gran éxito y quisiera resaltar no sin motivo la especial intervención de mi Grupo en la inclusión de la validación y homologación de los métodos de control en la directiva. Sin unos métodos de control homologados es imposible un etiquetado fiable y sin un etiquetado fiable es imposible obtener, a su vez, la confianza de los consumidores.
Es necesario insistir una vez más -y en esto coincido con la Sra. Bloch von Blottnitz- en la palabra clave, confianza de los consumidores; raras veces podemos permitirnos dedicar un periodo de diez años a la elaboración de una directiva como esta. No podemos volver a repetirlo -ahora me dirijo a los señores Comisarios- en el caso de las directivas sobre el chocolate o sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas. No deberíamos seguir el ejemplo de la presente directiva. ¡Tenemos que ganarnos al fin la confianza de los consumidores mediante una actuación rápida!

Hyland
Señor Presidente, acojo con beneplácito esta directiva porque crea un marco jurídico para el Mercado Único de productos alimenticios tratados con radiación ionizante. Establece normas y límites rigurosos a la producción que se puede tratar. Ahora la mejora de la variedad y la calidad de los alimentos mediante un valor añadido es fundamental para un sector moderno de la alimentación. La calidad del producto, la información sobre su origen y todos los detalles del proceso de valor añadido deben estar en todo momento a disposición de los consumidores.
Los productos alimenticios resultantes de nuevas investigaciones no deben entrar en la cadena alimentaria hasta que se hayan llevado a cabo los análisis más rigurosos. Los consumidores deben estar protegidos en todo momento de la incertidumbre relacionada con análisis inadecuados de los productos nuevos. Dicho en pocas palabras, la salud pública y la protección del consumidor debe estar por encima de todas las demás consideraciones relativas al sector agroalimentario de Europa. Este Parlamento ha desempeñado un papel fundamental para velar por que se tengan en cuenta las preocupaciones de los consumidores y por que se reduzcan al mínimo los posibles riesgos relacionados con los mecanismos de control. El objetivo primordial de los gobiernos nacionales y de la UE debe ser el de la consecución de los niveles más altos de calidad de los alimentos. Y se deben apoyar las medidas que aumenten y mejoren la calidad de los alimentos.
Me complace que en Irlanda cada vez se aprecie más el papel profesional de los agricultores a la hora de facilitar una materia prima de calidad a un sector alimentario comprometido con los niveles más altos de satisfacción de los consumidores.

Whitehead
Señor Presidente, en su ausencia, quisiera felicitar a la Sra. Bloch von Blottnitz por haber llevado a buen término esta difícil conciliación. Podría haber llegado antes. Todo lo que incluya la palabra «radiación» presenta dificultades, malentendidos y recelos. ¿Cuál es el uso idóneo de la radiación ionizada? Esencialmente, tiene que ser lo que beneficie a la seguridad del consumidor. Es para el consumidor y para la salud del consumidor. No es lo que beneficie al productor por su efecto cosmético en la fruta y otros alimentos de durabilidad limitada.
No nos beneficiamos de comer fresas que hayan superado su duración natural simplemente porque se puedan preservar artificialmente. Sin embargo, sí que nos beneficiamos del mantenimiento de la duración natural de las especias y los conservantes que se utilizan en nuestras tiendas y que se mantienen durante largos periodos de tiempo. Tenemos una diversidad de productos muy concretos que se pueden vender ahora en todo el Mercado Único. Podemos entender que en cada uno de los Estados miembros se apliquen las mismas condiciones y las mismas salvaguardias. En vista de la próxima ampliación en un futuro no muy lejano, debemos entender también que ése es un criterio importante para los Estados candidatos, en cuyos sectores agrarios están al acecho toda clases de tentaciones, como ya ha dicho el Sr. Schnellhardt.
Tal vez sea ésta la primera vez que hemos podido lograr algún consenso sobre un aspecto de la radiación y del tratamiento con radiación. No será la última.

Bangemann
Señor Presidente, siempre se crea una situación muy absurda cuando uno siente que han acabado imponiéndose sus razones. En efecto, es demasiado fácil caer en la tentación de reafirmar la propia opinión y decir, lo ven, me he pasado diez años pidiendo lo acertado y la otra parte por fin lo ha reconocido. Sin embargo, ya se lo dije a la Sra. Bloch von Blottnitz -y quiero decir con ello que el Parlamento posiblemente no fue el primer responsable-, lo cierto es que es preciso reconocer que el Consejo ha hecho lisa y llanamente oídos sordos durante diez años al argumento que acaba de exponer la Sra. Bloch von Blottnitz y que yo he venido planteando durante diez años en cada reunión del Consejo, a saber, que la situación existente era más desfavorable para el consumidor que la que nosotros proponíamos. ¿Por qué? Porque restringíamos mucho el ámbito de aplicación de la irradiación.
En segundo lugar, siempre presionamos en favor de una indicación en el etiquetado, de manera que cada consumidor pueda decidir si desea comprar o no un alimento tratado con radiaciones ionizantes dentro de esta reducida gama. También puede abstenerse de hacerlo. No está obligado a comprarlo y cuenta con una indicación en el etiquetado. En cuanto al parlamentario que ha vuelto a abandonar la sala... señor Presidente, en una de las próximas sesiones yo también me marcharé para demostrarles de una vez a Sus Señorías que es una estupidez, además de una descortesía hacia la Comisión, hacer un comentario sobre el chocolate y luego irse enseguida, ¡sin escuchar siquiera al Comisario que se disponía a responder a ese argumento!
Exclamación
Muy bien, de acuerdo, sólo se ha puesto la chaqueta. Creí que ya no estaba aquí porque antes ha hablado en mangas de camisa. En fin, en el caso del chocolate se plantea exactamente el mismo problema. Hemos propuesto un etiquetado para que cada consumidor pueda decidir libremente si quiere comprar un chocolate que sólo contiene componentes procedentes del cacao o si acepta que incluya también otras grasas vegetales. La Sra. Bloch von Blottnitz ha manifestado con razón que es preciso tener una cierta confianza en el consumidor. La Comisión opina lo mismo. ¿Por qué no dejamos que el consumidor decida libremente qué es lo que desea? Entonces podrá decir, sólo voy a comprar chocolate con grasas procedentes del cacao, mientras que otro podrá decir, a mí no me importa y también estoy dispuesto a comprar otros tipos de chocolate.
El problema era exactamente idéntico en el caso del tratamiento con radiaciones ionizantes. Mientras no existiera una norma, los Estados miembros lo aplicaban y no se indicaba en el etiquetado. Este es mi undécimo año como Comisario y espero poder completarlo, si la magnanimidad del Parlamento lo permite. Pero tampoco me preocuparía si no fuese así. Sin embargo, me he pasado diez años defendiendo esta directiva ante el Consejo, diez años planteando estos argumentos, también en algunos debates parlamentarios, dicho sea de paso, ¡y ha sido como hablar a una pared! A veces uno francamente se pregunta si no es posible adoptar una norma razonable, aunque todos sepan que no responde al ideal que cada uno se había imaginado. Además, esto jamás ocurre en una democracia, pues si reunimos a cien personas, tendremos por lo menos tres o cuatro opiniones distintas. Con una indicación en el etiquetado se concede, no obstante, al consumidor la libertad de decidir por sí mismo. Esta es precisamente la única posibilidad ante una gama tan variada de opiniones: conceder al individuo la oportunidad de una elección racional. Por esto yo me congratulo de que por fin hayamos llegado a este punto.
Sin embargo, yo me lo pensaría tres veces antes de celebrar grandes méritos propios en el Parlamento.

El Presidente
Gracias, señor Comisario, por su franqueza a la hora de dirigirse al Parlamento. Sin embargo, ésta ha provocado un comentario por parte del Sr. Fernández Martín.

Fernández Martín
Señor Presidente, yo creo que la actitud del Comisario, al sufrir el error que ha sufrido y los comentarios que ha hecho, obliga a que presente sus excusas al diputado al que se dirigió de manera tan descortés y a los que estamos aquí escuchándole. Él no puede irse cuando quiera.

Bangemann
Señor Presidente, no voy a hacer lo que me piden y el motivo es que ha llegado la hora de delimitar claramente los frentes políticos en este debate. Yo no he dicho que el único responsable fuera el Parlamento, mi propio Estado miembro, Alemania, ha obstaculizado durante diez años esta solución. ¡Yo he estado planteando durante diez años los argumentos que ha expuesto esta tarde la Sra. Bloch von Blottnitz! No estoy dispuesto a disculparme, pues se trata de un enfrentamiento perfectamente democrático. Ustedes se han estado equivocando durante diez años y ahora no quieren reconocerlo. Esto no es admisible. ¡La hipocresía mata la democracia!

El Presidente
Señor Bangemann, usted sabe perfectamente lo que dice la Biblia sobre el pecador convertido y así creo que debería usted ver a la Sra. Bloch von Blottnitz.

Schnellhardt
Señor Presidente, sólo una breve observación. Señor Comisario, no comprendo por qué ataca usted al Parlamento. Mi referencia a la directiva sobre el chocolate apuntaba exactamente en el mismo sentido que ha expuesto usted. El Consejo se reserva el derecho a retrasar todo el asunto con pretextos, al igual que en el otro caso, que es totalmente distinto. Evidentemente, si usted tiene la bondad de citarme una disposición del Reglamento o del Tratado de Maastricht que indique cómo hubiese podido agilizar el Parlamento el asunto, yo desde luego estoy dispuesto a invocarlo gustosamente en relación con los otros dos temas. Sin embargo, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. ¡Ambos -la Comisión y el Parlamento- tenemos que presionar al Consejo! Yo no he dicho otra cosa.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Asistencia a los proveedores tradicionales de plátanos ACP
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la recomendación para la segunda lectura (A4-0012/98) de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción del reglamento del Consejo por el que se establece un régimen especial de asistencia a los proveedores tradicionales de plátano ACP (10460/98 - C4-0583/98-98/0014(SYN)) (Ponente: Liese).

Liese
Señor Presidente, Señorías, es francamente asombroso lo que ha podido escuchar quien haya seguido el debate anterior en calidad de ponente. A mí me ha extrañado un poco, no obstante, oírle decir al Sr. Bangemann que no le «preocuparía» no poder concluir su mandato. A mí no me sería del todo indiferente si tuviese una responsabilidad ante Europa en calidad de Comisario. Quizá también procuraría influir en la Comisión para que los casos que ha criticado el Parlamento no vuelvan a ser motivo de crítica.
Pasando ahora al tema de los plátanos, el presente debate en segunda lectura de mi informe aborda dicho tema en un momento en el que éste vuelve a ser objeto de atención por parte de la opinión pública mundial debido a la posible escalada del conflicto entre la UE y Estados Unidos, así como con algunos países latinoamericanos, y al riesgo de una guerra comercial. El informe, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo y Cooperación, se ocupa de un aspecto parcial del problema de los plátanos y, aunque ciertamente guarda relación con el tema de la OMC, sólo trata de los pagos a los productores de plátanos de los países ACP.
Estados Unidos y algunos países latinoamericanos solicitaron en 1997 la opinión de un grupo de trabajo de la OMC. Éste decidió que la ordenación común de mercados de la UE entonces en vigor no cumplía las reglas de la OMC. La Comisión presentó entonces una propuesta de modificación, que se aprobó en 1999. Dentro del mismo paquete, se propuso conceder a los productores de plátanos de los países ACP unos pagos financieros adicionales con cargo al presupuesto de la Unión. Todavía existen dudas, también por parte de la OMC, sobre si la adaptación de la organización común de mercados propiamente dicha se ajusta a las exigencias de la OMC. Creo expresar el sentir de todos si resalto que esto es algo que no le corresponde decidir a Estados Unidos, sino a los correspondientes órganos de la OMC. Es preciso insistir en dejar claro que Estados Unidos no puede imponer medidas unilaterales. Sin embargo, hablando personalmente y sólo en nombre propio, yo digo que la Unión Europea desde luego también debe estar preparada para aceptar el fallo de la OMC y posiblemente habrá que introducir nuevas modificaciones en algún momento.
El informe sólo se ocupa, sin embargo, de los pagos en concepto de compensación que propuso la Comisión como parte del paquete, aunque no se contemplen dentro de un marco jurídico. Se trata de determinar cómo se efectuarán estos pagos, bajo qué forma y a qué productores. En la Unión Europea existen también diferentes posiciones al respecto y hay diferencias entre el Consejo y el Parlamento. El Consejo no ha aceptado algunas enmiendas importantes que presentó el Parlamento en la primera lectura. Esto me resulta en parte incomprensible en mi calidad de ponente y seguro que también lo es para toda nuestra comisión.
Una prioridad importante para el Parlamento era el apoyo a los productores de plátanos destinados al comercio justo. Esto ha sido siempre prioritario para el Parlamento y también debería ser una consideración de primer orden en la adjudicación de las ayudas financieras a los productores y no sólo un aspecto secundario como da a entender el Consejo en su posición común. Nosotros abogamos por unas normas mínimas en relación con las condiciones de trabajo como requisito para el pago y por la participación de las organizaciones de cultivadores y productores, de las organizaciones de agricultores, en la adjudicación de las ayudas. La comisión aprobó asimismo por mayoría un incremento de la dotación financiera del programa y también -en otras partes del texto, como por ejemplo en las enmiendas 19, 9 y 15- una ampliación de los pagos con cargo al presupuesto de la Unión. Yo me había manifestado contrario a ello en mi calidad de ponente, pero tuve que plegarme a la decisión mayoritaria del Pleno.
Una enmienda fundamental en mi opinión es la exclusión de las empresas multinacionales del apoyo en el marco del presente instrumento financiero. En efecto, desde luego no parece admisible que todo el mundo afirme que el objetivo que persigue Europa con la presente ordenación común de mercados y con todo lo que hacemos en el sector del plátano es proteger a los pequeños productores frente a las grandes multinacionales, y que luego se rechace una enmienda que formula exactamente que los pagos financieros deben beneficiar a los pequeños productores independientes y no a las empresas multinacionales. Sin embargo, esto es justamente lo que han hecho la Comisión y el Consejo, a pesar de que el Parlamento ya aprobó esta enmienda por una gran mayoría en la primera lectura. Nuestra comisión vuelve a incluirla ahora y yo ruego a la Comisión que vuelva a reconsiderar detenidamente su posición de rechazo, pues la Unión Europea perderá toda su credibilidad si seguimos el criterio de que podemos apoyar a las multinacionales siempre que operen en los Estados ACP, pero si operan en América Latina, ¡entonces son perversas y tenemos que mantenerlas alejadas del mercado europeo mediante todo tipo de normas burocráticas! A mi modo de ver, esto es una hipocresía que hace perder credibilidad a toda la política. Yo creo que la Comisión Europea tendría que manifestarse muy claramente sobre este punto. De lo contrario, para mí quedará todavía más claro que antes que en la política del plátano hay mucha hipocresía. Tenemos que transponerla de manera consecuente en este contexto.

Carlotti
Señor Presidente, señor Comisario, querría, en nombre del grupo socialista, apoyar el informe del Sr. Liese relativo al establecimiento de un régimen especial de asistencia técnica y financiera a fin de ayudar a los proveedores tradicionales de plátanos ACP a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Apoyo el informe porque toma en consideración los intereses de los proveedores más desfavorecidos. Es preciso ayudar en particular a los pequeños productores independientes y que las multinacionales, que poseen plantaciones de plátanos en varios países, queden excluidas de la ayuda. Apoyo el informe porque destaca el interés de respetar las normas sociales, las condiciones de trabajo y el medio ambiente y porque contempla medidas especiales para apoyar a los plátanos que responden al comercio equitativo.
Nosotros, los socialistas, deseamos que la ayuda se dedique a mejorar la calidad y pensamos que es indispensable ayudar a la diversificación de las producciones porque, para muchos países ACP, el plátano es la única y exclusiva fuente de ingresos. Así pues, creo que las aportaciones de los diputados, añadidas a las propuestas mantenidas por el Consejo al terminar la primera lectura, como, por ejemplo, la consideración de la situación especialmente dramática de Somalia, pueden dar lugar a una reglamentación completamente satisfactoria si podemos dedicarle un presupuesto, un esfuerzo financiero que esté a su altura - calculamos que de 500 millones de ecus- y que sea sostenido, es decir, que se prolongue más allá de los diez años, dependiendo de la evolución de los países ACP y de la evolución del mercado.
Pero lo que nos preocupa, como usted supone, señor Comisario, es el nuevo recurso presentado por Estados Unidos ante la OMC. Las amenazas de sanciones sobre numerosos productos europeos y la utilización de técnicas dilatorias son métodos que no son dignos de un gran país. Dentro de algunos días, la OMC se pronunciará acerca del régimen de importación de plátanos y, de hecho, acerca de las posibilidades de que los países que se consideran perjudicados por el mismo impongan sanciones. Temo que la decisión de la Organización Mundial del Comercio sirva, una vez más, a los intereses estadounidenses; no deseo que estas decisiones se impongan a la Unión Europea sin que ésta reaccione o que, por lo menos, muestre su voluntad política de reaccionar para defender, cueste lo que cueste, a sus propios productores y a los productores de los países pobres de África, el Caribe y el Pacífico. Creo que con estos países tenemos algo más que tratados comerciales: tenemos compromisos morales.

Fernández Martín
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, como dije en junio del año pasado con motivo del debate de este informe en primera lectura, la reforma de la OCM del plátano que nos propone la Comisión viene impuesta por la decisión del Grupo de expertos de la Organización Mundial de Comercio ante la denuncia presentada por Ecuador y otros tres países.
Ahora como entonces, el Parlamento apoyó, en líneas generales, la propuesta de la Comisión, por una sólida mayoría, introduciendo algunas enmiendas que quisiéramos ver recogidas en segunda lectura. Pero de entonces a hoy, se ha producido un cambio fundamental en el desarrollo de lo que algunos llaman «la guerra del plátano», y hoy estamos ante un debate más político que técnico. El hecho nuevo es que Estados Unidos se ha quitado la careta y amenaza directamente a la Unión con tomar represalias comerciales contra una lista de productos europeos si no modificamos nuestra política de protección a las producciones plataneras ACP.
Debilitados por determinados hechos de su política interna e internacional, la Administración americana no ha podido resistir la enorme presión de algunas de las multinacionales americanas del plátano y se dispone a tomar la justicia por su mano. Ayer, en la Comisión REX de este Parlamento, asistimos a un hecho insólito: en este mismo Parlamento, el embajador de los Estados Unidos dio un ejemplo de cómo entiende el imperio el respeto a las normas de la OMC, exigiendo su cumplimiento cuando le conviene e ignorándolas cuando le parece oportuno.
Aprovecho esta ocasión para aplaudir la enérgica actitud expresada ayer por el Comisario Brittan en la Comisión REX, defendiendo la legitimidad y la legalidad de nuestras normas. Y pido a la Comisión que, en una situación de incertidumbre como la actual, acepte las sugerencias de este Parlamento en segunda lectura, tal como se recogen en el informe del Sr. Liese.

Fassa
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en nombre del Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas y en el mío propio, no puedo sino felicitar al Sr. Liese por la forma en que ha sabido sostener en este informe la posición de la Unión Europea con respecto al régimen de las ayudas a los productores de plátanos. Los puntos que merecen ser destacados son, sin duda, el acento puesto en la diversificación, la situación particular de Somalia y, por último, no por ser menos importantes, la producción socialmente sostenible y el comercio justo y solidario.
Precisamente estos puntos definen una filosofía de la Unión Europea que nos ofrece una perfecta visión del libre mercado. Es un error considerar el libre mercado un mercado sin normas y en que se compite prescindiendo de las relaciones de fuerza. Está claro que semejante libre mercado daría pie a los abusos del operador económico o de los operadores económicos más fuertes o del país económicamente más fuerte en detrimento de los demás. Esto es precisamente lo que la Unión Europea debe tratar de evitar por todos los medios, a través de todas las iniciativas necesarias, útiles y oportunas.
Precisamente en nombre de este concepto de libre mercado, en nombre de mi Grupo, expreso nuestro desacuerdo con la enmienda 9 al apartado 2 del artículo 1 de este informe, presentada por el Grupo Radical. El texto originario contempla un régimen especial en favor de los productores de plátanos que se aplicará durante un periodo no superior a 10 años a partir de 1 de enero de 1999. Creemos que este texto ha de mantenerse. Tenemos que poner los países ACP productores de plátanos en condiciones de caminar por sí solos y no debemos mantenerlos en un estado de perenne e indefinida inferioridad, como sucedería si se admitiera la enmienda del Grupo de Coalición Radical Europea.

Sierra González
Señor Presidente, señor Comisario, la modificación de la organización de mercado del plátano no puede ir en detrimento de los productores comunitarios ni de los productores ACP. Y aunque sea pronto para determinar si, como consecuencia de la modificación puesta en práctica, los proveedores del plátano ACP han sufrido perjuicios, se han de tomar medidas para evitarlo. Esas medidas deberán inspirarse en los valores que inspiran el principio del comercio justo, que deberían extenderse y aplicarse al fomento de actividades económicas alternativas para los productores menos capaces de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, incluyendo asistencia técnica y financiera para aquellos proveedores ACP, que estén en condiciones de adaptarse, para que lo hagan en las mejores condiciones posibles.
El objetivo es que el régimen especial de ayudas no solamente exprese la voluntad de cumplir los compromisos adquiridos por parte de la Unión con sus proveedores tradicionales, sino también que se contribuya con ello a la lucha contra la pobreza, a la vez que se envía un mensaje claro y contundente de que la Unión no se someterá a presiones inaceptables, como las ejercidas actualmente por los Estados Unidos y su lista de represalias.
Pido a la Comisión que tome en consideración las enmiendas presentadas en el informe Liese, en particular las que están inspiradas en la idea del comercio justo, que no han merecido en la posición común sino una consideración marginal. Esta es una actitud absolutamente decepcionante, como lo es igualmente que las grandes multinacionales puedan recibir ayudas en los Estados ACP con cargo a los recursos financieros de la Unión.
Sería bastante incomprensible que, en vez de ayudar a los pobres, se ayudara a los ricos.

Martinez
Señor Presidente, esta tarde tenemos dos informes emblemáticos. Dentro de un momento, con las gallinas ponedoras y el informe Kindermann sobre la indignante cría de concentración, seremos el ejemplo del hiperproductivismo. Y con el informe de Peter Liese sobre el plátano, somos el ejemplo del mundialismo.
Es un tema muy antiguo que ronda por aquí desde hace años. Los europeos producimos entre 800.000 y 830.000 toneladas de plátanos aproximadamente- de Guadalupe, Creta, Martinica, Canarias, Madeira. Compramos unas 830.000 toneladas de plátanos a los países ACP, entre ellos Costa de Marfil y Camerún. Y después están los plátanos-dólar, a los que tan aficionados son los alemanes, que son plátanos de América Central. Al principio eran dos millones de toneladas, que llevaban consigo el regalo de los derechos de aduana, al igual que los PSC, los productos sustitutivos de los cereales. Después, con el pretexto de que entraban en la Unión Europea Suecia, Austria y Finlandia, ocasionando un perjuicio a Estados Unidos, hemos aceptado importar 2, 5 millones de toneladas de plátanos latinoamericanos sin derechos de aduana o con derechos de aduana reducidos.
Todo ello no ha bastado a Estados Unidos. Han recurrido a la Organización Mundial del Comercio, se han multiplicado los grupos especiales en primera instancia y en apelación, se ha modificado nuestra legislación, se ha vuelto a recurrir a la Organización Mundial, y hete aquí que esta tarde, ahora que nos sometemos, de todos modos hay que prever compensaciones para los pobres países ACP que van a salir perjudicados.
Somos emblemáticos. Primero, la hipocresía, cuando hablamos de la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea, porque, al fin y al cabo, puede que la Sra. Cresson y el Sr. Marín hayan malversado 4 ó 5 céntimos, como cualquier socialista normal, pero en este caso son 14.000 millones de francos de regalos hechos a una multinacional, la multinacional Chiquita. Después podemos hablar de los intereses financieros de la Comunidad Europea.
Ponemos en tela de juicio nuestra política regional en Creta, Madeira, Canarias, Guadalupe, Martinica. Ponemos en tela de juicio nuestra política de cooperación con los ACP, puesto que se cuestionan las licencias de importación. Ponemos en tela de juicio la política de derechos humanos, puesto que en Honduras es la multinacional United Brand, comprada ahora por Chiquita, la que realiza las labores policiales. Ponemos en tela de juicio la política social, puesto que los que producen esos plátanos son esclavos que trabajan a 35 euros al mes. Ponemos en tela de juicio la superioridad del Derecho europeo puesto que nos sometemos al Derecho de Ginebra, al Derecho de la Organización Mundial.
Y, una vez más, ante la sección 301 de Estados Unidos, la Europa de 370 millones de habitantes, la Europa del euro, la Europa-nueva-potencia, se somete en Kosovo, en Irak, y ahora con el plátano. Es una supeditación a Estados Unidos. ¡Ojalá pudiéramos resbalar con esta piel de plátano para volver al buen camino, pero tengo mis dudas!

Vecchi
Señor Presidente, hemos llegado a la segunda lectura de la propuesta de reglamento que nos hemos visto obligados a aprobar tras los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio para tratar de no perjudicar más todavía, si cabe, a los proveedores tradicionales de plátanos de los países de África, Caribe y Pacífico. En su conjunto la posición común del Consejo ha permitido mejorar la propuesta de reglamento originaria, gracias sobre todo a la labor, en primera lectura, del Parlamento Europeo.
En particular, quisiera recordar que se refuerza la posibilidad de utilizar parte de los recursos previstos en el reglamento también para promover acciones de diversificación de las producciones, en el caso de que no existan las condiciones adecuadas para continuar la producción de plátanos. En lo que respecta a otros puntos, el Parlamento deberá reiterar sus enmiendas con miras a garantizar una utilización de los recursos en favor de los pequeños productores y de los productores independientes.
La posición común del Consejo ha admitido las enmiendas de nuestro Parlamento encaminadas a tener en cuenta la situación particular de Somalia y de sus productores de plátanos. Se trata de la única mercancía que podría exportarse de ese país al mercado europeo y de la posibilidad de mantener y fortalecer la producción platanera depende gran parte del futuro de ese desdichado país.
Esto es positivo, sin embargo, quisiera comentar que, a pesar las claras indicaciones, entre otros, del Parlamento Europeo y de la Comisión se ha mostrado una actitud de boicot respecto a las exportaciones de plátanos de Somalia en el transcurso de los pasados años. Las catástrofes naturales que han afectado a las regiones plataneras del país en los últimos dos años han causado graves daños, aunque increíblemente la Unión Europea no ha considerado necesario emprender acciones en materia de ayudas.
Es preciso que la Unión se comprometa desde ahora a fin de que los productores somalíes de plátanos obtengan el acceso inmediato a las ayudas previstas en el reglamento que estamos debatiendo.
Éste sería una de las maneras más concretas para favorecer la resurrección de Somalia y para evitar que salga definitivamente del Banana's Club comunitario.

Porto
Señor Presidente, señor Comisario, el caso de los plátanos, además de las mejores o peores razones que asisten a las partes intervinientes, no puede dejar de resultar sorprendente por la desproporción de las reacciones americanas. Desde luego, es desproporcionada la reacción habida ahora en relación con este producto después de que, a lo largo de cuatro decenios, la Unión Europea haya seguido una política agraria proteccionista en relación con varios bienes producidos en el propio territorio de los Estados Unidos. Al no haber habido entonces una reacción semejante, habrá que concluir que la administración de ese país está más preocupada por una o dos multinacionales que explotan la producción de plátanos en América Latina que por sus propios agricultores. Además, la reacción es desproporcionada frente a la producción reivindicada por la Unión Europea, de dimensión relativamente reducida y procedente de regiones periféricas como Madeira y las Canarias o de países ACP pobres, en los que no es posible encontrar opciones substitutivas que puedan mantener a la población rural, con un nivel de vida mínimamente digno.
Así, pues, no se trata de regiones ricas, sino de zonas en las que se justifican comprensiblemente algunos apoyos. Como ocurre también con el apoyo financiero ahora propuesto en una cantidad que deberá fijarse en breve, disipando toda posible duda sobre la seriedad de nuestros propósitos.
Por último, también es desproporcionada y está fuera de lugar la represalia decretada, en el sentido de limitar las importaciones de productos diversos, lo que castiga sin criterio a países, regiones y sectores que nada tienen que ver con los plátanos. Al recorrer la lista, observamos, por lo demás, que, para defender a una gran multinacional, cuyo nombre ya se ha mencionado varias veces aquí, se está condenando a sectores europeos en los que predominan las pequeñas y medianas empresas, en gran parte de los casos de países y regiones menos favorecidos. Nos parece también de muy mal gusto que se procure dividir a la Unión Europea con la excepción concedida a Dinamarca y a Holanda, con el argumento de sus supuestos buenos comportamientos, cuando está en juego una política común que, después de decidida, asumimos solidariamente.
Además de este triste episodio -que esperamos caiga rápidamente en el olvido-, queda la pregunta de si será éste el camino a seguir, cuando están involucradas las dos mayores potencias del mundo con responsabilidades muy especiales en el comercio internacional.

Santini
Señor Presidente, quiero centrar mi intervención sólo en el tema que acaba de ser abordado por el Sr. Vecchi: el llamado caso de Somalia. Deseo subrayar, esta vez con satisfacción, que por fin este reglamento del Consejo presta a este problema la debida atención. Un problema inútilmente evidenciado por quien les habla cuando fui ponente de la OCM del plátano, cuando debatimos en este Pleno el problema en general, así como alguna situación específica. Somalia acaba de salir de un par de campañas cuando menos desastrosas a causa de catástrofes medioambientales que se añaden a las del pasado: desde octubre de 1997 hasta enero de 1998 el 70 % de los cultivos de plátanos quedaron destruidos a causa de una inundación que mantuvo bajo el agua las plantas durante cuatro o cinco meses dañándolas definitivamente.
No obstante los penosos llamamientos lanzados, la Comisión Europea no ha considerado oportuno intervenir en absoluto ni con los recursos del Fondo Social Europeo ni con los de STABEX ni tampoco de otra forma. Incluso antes, durante el debate de la OCM, no quiso reconocer en la guerra civil, endémica e ininterrumpida desde hace unos treinta años, una causa de fuerza mayor, una catástrofe como aquellas que, por ejemplo, han proporcionado fuertes indemnizaciones a los productores de las islas del Caribe.
Desde el pasado mes de junio, se ha suspendido todo tipo de exportación de plátanos de Somalia: falta la mercancía y la que hay no es competitiva, en definitiva, no se puede situar en el mercado. Ahora, con este reglamento los productores somalíes podrán al fin levantar cabeza. Sin embargo, deben tener acceso directo e inmediato a las ventajas financieras a través de su libre asociación que se ha creado para obviar una vieja excusa según la cual las ayudas no tuvieron destinatarios concretos y autorizados en el pasado.
Pues bien, ahora la organización de los productores somalíes existe y está reconocida a escala continental, así como internacional. La Dirección General VIII ha de tenerlo especialmente en cuenta.

Pinheiro
Señor Presidente, Señorías, quisiera en primer lugar agradecer a la Comisión de Desarrollo y Cooperación y, en particular, al Sr. Liese la intensa labor dedicada a este expediente. Antes de pasar a las enmiendas, quisiera recordar brevemente a Sus Señorías por qué es tan importante esta propuesta para la Comisión. El año pasado el Consejo aprobó las medidas necesarias para ajustar la organización común del mercado de los plátanos a las normas de la OMC. Ahora se están aplicando dichas normas desde el 1 de enero y van a modificar radicalmente las condiciones del mercado para los proveedores tradicionales de plátanos ACP. En nuestra opinión, eso va a poner en peligro la continuidad de su viabilidad en el mercado de la UE, dado que, en particular, se ha desmantelado el importante sistema de licencias y no va a haber ya un mecanismo para colmar el desfase en competitividad entre los plátanos ACP y los de la zona del dólar.
Para permitir a los proveedores tradicionales ACP mantener su presencia en el mercado de la UE, según lo acordado en el Convenio de Lomé, la Comisión ha presentado paralelamente esta propuesta por la que se establece un marco especial para la asistencia técnica y financiera. Ese apoyo va encaminado a ayudarlos a adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y, en particular, a aumentar la competitividad de su producción. Creo que estamos de acuerdo en la necesidad de este reglamento y en la necesidad de aplicarlo lo antes posible para que los proveedores tradicionales ACP puedan continuar adoptando medidas para mejorar su competitividad. Sea cual fuere el resultado de las debates en curso en Ginebra, dichas medidas son necesarias.
Pasando al asunto que nos ocupa, quisiera subrayar que estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta. Hemos aceptado cuatro enmiendas concretas, pero nuestro acuerdo va mucho más allá de eso. Tomemos la diversificación. Acordamos que debía haber financiación disponible para los proyectos de diversificación en los casos en que las mejoras en la competitividad no fueran viables ni sostenibles. Todos sabemos que hay regiones del sector del plátano en los países tradicionales ACP en las que probablemente no sobrevivirá en un mercado de la UE más competitivo. Esos agricultores deben recibir asistencia para diversificar sus cultivos. Ahora se han introducido nuevas disposiciones al respecto en la posición común.
Otro sector es la producción social e inocua para el medio ambiente de plátanos, los llamados plátanos del comercio justo. Se trata de una faceta importante de una estrategia de los países ACP para mejorar su competitividad. Ésa es la razón por la que se añadieron disposiciones especiales a la posición común, pero debo subrayar que no se trata de un reglamento sobre el comercio justo. Hay muchos otros métodos mediante los cuales un país ACP puede mejorar su sector del plátano de forma sostenible. Entre ellos, figuran las mejoras en los enlaces de transporte y la distribución, la formulación de nuevas estrategias de comercialización y la asistencia técnica a los agricultores. También conviene recordar que la lista de criterios para programas no es prescriptiva ni exhaustiva. Se ha mantenido una redacción simple para permitir la necesaria flexibilidad.
Otro sector sobre el que estamos de acuerdo es el de la necesidad de consultas abiertas y transparentes. Es una parte de la metodología idónea para velar por que los grupos de productores y las asociaciones de cultivadores de plátanos participen en el proceso de formulación de estrategias para el sector del plátano. Ya estamos fomentando esos debates. Forman parte también del partenariado ACP-UE. No es necesario añadir al reglamento disposiciones específicas a ese respecto.
Hay uno o dos sectores en los que tenemos opiniones algo divergentes. Ésos son los casos en que no hemos podido aceptar las enmiendas propuestas por Sus Señorías. Nuestros argumentos son los mismos que en la primera lectura de junio. Uno de esos aspectos es la prestación de ayuda directa a los agricultores, una forma de apoyo a la renta. Ese concepto no refleja nuestro objetivo global de mejora del nivel de competitividad de la producción tradicional de plátanos ACP. La prestación de apoyo a la renta aplazaría el momento en que los productores no competitivos deban abandonar el mercado. Es una medida a corto plazo. No producirá una industria sostenible. Se deben hacer las inversiones para la estructura del sector del plátano a fin de eliminar los cuellos de botella y producir una industria eficiente para los países en conjunto.
Voy a ofrecer un ejemplo a Sus Señorías: uno de los países productores importantes, en los que el plátano es muy importante para la economía, es Santa Lucía. Para quienes no lo conozcan, Santa Lucía es un país muy pequeño y montañoso en el que se tarda más de una hora en recorrer una distancia de 20 km en automóvil. Allí la mejora decisiva de la producción, la competitividad y la productividad de los plátanos sería poder hacer el riego gota a gota. Como algunas de las explotaciones son relativamente pequeñas, para hacerlo, tendrían que asociarse. Conque muy pronto comenzamos a constituir una fuerte asociación de agricultores para que pudieran compartir ese tipo de sistema de riego. Pero eso también requiere el apoyo del Gobierno, por lo que éste se hará cargo de parte de la infraestructura relacionada con esa importante labor. Así, pues, la prestación de esa ayuda corre el riesgo de que nuestros interlocutores comerciales la impugnen por ser incompatible con las normas comerciales internacionales.
También creemos que en los reglamentos no deben figurar cifras presupuestarias concretas para no prejuzgar los debates presupuestarios anuales, según lo acordado en la Declaración Común de 1982. La cifra anual de 45 millones de euros es la correcta y no se deben reservar fondos suplementarios para medidas urgentes. Eso infundiría esperanzas. Tendríamos que examinar lo que constituye una medida urgente y, en mi opinión, eso aplazaría la ejecución de este proyecto.
Todos los proyectos deben estar integrados como parte de una estrategia por países en el plan global previsto. Tampoco se debe dejar la puerta abierta a la posibilidad de ampliar la asistencia más allá de los diez años previstos. No es porque yo esté absolutamente convencido de que diez años sean suficientes, sino porque en este momento debemos hacer algunos cambios radicales lo antes posible para lograr esa competitividad. Dar la idea de una prórroga en esta fase sería enviar un mensaje inoportuno.
Una cuestión final es la posición de las multinacionales. A ese respecto, la única interesada, si no estoy mal informado, es «Fyffes» de Surinam, Belice y las Islas de Barlovento. La razón de que encontremos cierta resistencia es muy sencilla. No es porque queramos financiar a multinacionales ricas. Es porque con mucha frecuencia es importante no sólo disponer de financiación conjunta para algunos proyectos, sino también porque, respecto de la concreta asignación de fondos, se debe examinar la situación concreta de quien formula la petición y de las características del proyecto. Eso nos brindaría mayor flexibilidad y sería, a fin de cuentas, más eficaz para el país. Si me preguntan Sus Señorías si espero que las multinacionales tengan una importante participación, la respuesta es negativa. Pero debemos permitir que se haga esa contribución conjunta, si la multinacional -en este caso, Fyffes- lo desea. No veo por qué no debe aportar su contribución.
Por último, quisiera decir unas palabras sobre Somalia. Ese país, como saben Sus Señorías, lleva mucho tiempo sin un Gobierno propiamente dicho. Así, pues, no pudo ratificar el Convenio de Lomé IV revisado, el que fue revisado en Mauricio. De modo que, en principio y en teoría, Somalia no tenía derecho a ayuda alguna de la Unión Europea. La Comisión propuso que, teniendo en cuenta las condiciones existentes en Somalia y que en algunas partes del país la situación era más pacífica y la población estaba dispuesta a adoptar medias en pro del desarrollo, continuara nuestra asistencia, incluido el caso de los plátanos. Y así lo hicimos.
¿Cuál es la dificultad actual en Somalia? No es la determinación de una cuota ni la prestación de fondos de asistencia. Es la de determinar quién debe ser quien conceda un certificado para exportar plátanos desde Somalia. Por ciertas indicaciones que se nos han transmitido, una de las facciones que está en guerra en Somalia está dispuesta a aceptar la posibilidad de la certificación. Sería equivalente a la financiación del esfuerzo de guerra de esa facción concreta. Eso no lo podemos hacer. Ésa es la razón por la que continúan los debates. Queremos que la asociación de productores sea la que expida el certificado y no facción política alguna de Somalia. Confío en que, con el apoyo de nuestros Estados miembros y en particular las medidas que está adoptando Italia, podamos superar esas dificultades.
Por último, sobre el grupo especial de la OMC, estoy absolutamente de acuerdo con quienes dicen que ya no es un problema técnico. Es una clara situación en la que se están pasando por alto absolutamente las economías de diferentes países pequeños -y si Sus Señorías los visitan, entenderán por qué dependen tanto de este producto, pues no hay muchas opciones- en comparación con los intereses de las dos multinacionales. Además, el hecho de que los Estados Unidos no estén dispuestos, al parecer, a aceptar las normas de la OMC significa que vamos a tener que reexaminar ese concepto de la liberalización mundializada. Yo opino que, si abandonamos esto, dejamos de fijarnos en los intereses de los pequeños y los pobres y no creo que Europa cumpliría con sus deberes. Hasta ahora la Comisión ha estado muy firme en esta disputa. Convengo plenamente en que Sir Leon Brittan ha llevado a cabo una buena labor. Pero debemos ser conscientes de que, si no nos mantenemos unidos, ya sea en el Parlamento o sobre todo en el Consejo, debilitaremos mucho nuestra posición. Espero sinceramente que no sea así.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Servicio universal de telecomunicaciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0386/98) de la Sra. Read, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión relativa al primer informe de seguimiento sobre el servicio universal de telecomunicaciones en la Unión Europea (COM(98)0101 - C4-0249/98).

Read
Señor Presidente, en primer lugar permítaseme decir que el Parlamento y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios reconocen que la aplicación del servicio universal se encuentra en fase muy temprana y espero que se entiendan mis críticas, expuestas en el informe, en ese sentido.
También quiero recordar a todos Sus Señorías que el apoyo del Parlamento Europeo al proceso de liberalización de las telecomunicaciones va a la par con la introducción y aplicación del servicio universal. Está muy claro que las fuerzas del mercado no pueden -al menos a corto plazo- prestar un servicio universal. Si así ocurre el año próximo mediante las fuerzas del mercado, seré el primero en congratularme y señalarlo.
Por desgracia, como se expone con claridad en el texto de mi informe, hay una falta de información por parte de los Estados miembros con la que evaluar los avances logrados. Voy a ofrecer algunos ejemplos: faltan datos nacionales de verdad armonizados, no se alcanzan tarifas uniformes en un territorio operativo. Resulta particularmente decepcionante que en la mitad de los Estados miembros haya habido un aumento importante de los alquileres para el consumidor doméstico. Naturalmente, resulta una carga particularmente pesada para el usuario infrecuente, con frecuencia anciano y recluido en su casa, que se ve obligado a reducir sus llamadas telefónicas. También es importante señalar el caso de los usuarios discapacitados. Recuérdese que en la directiva sobre la telefonía vocal, el Parlamento insistió mucho en los derechos de los usuarios discapacitados a tener acceso a teléfonos, tanto desde un punto de vista social como del de poder en muchos casos obtener trabajo desde sus hogares. En la Comunidad en conjunto los usuarios discapacitados no disfrutan todavía de disposiciones especiales y satisfactorias. De hecho, la tendencia general parece ser la de que se ven perjudicados los usuarios domésticos. Aunque han bajado las tarifas, ha sido de forma desproporcionada a favor de las llamadas internacionales, lo que, naturalmente, favorece en gran medida a los usuarios empresariales. No critico esas reducciones de tarifas, pero señalo que ese sesgo no favorece a los usuarios domésticos.
Quería señalar a la atención de Sus Señorías el párrafo 9 del informe, en el que se habla de la definición de asequibilidad por parte de los Estados miembros. Sin esa definición de asequibilidad, los consumidores se ven realmente privados de un fundamento jurídico válido con el que defender sus intereses. Sé lo denodadamente que ha trabajado la Comisión para conseguir un equilibrio entre una actitud excesivamente prescriptiva desde el punto de vista de las directivas y la concesión a los Estados miembros de cierta discrecionalidad, pero, cuando ha habido relativamente pocos avances, la verdad, en relación con algo tan básico como la definición de asequibilidad, nuestra fe en el grado de discrecionalidad concedida a los Estados miembros se tambalea.
Después de redactar este informe, la OEUC, la Oficina Europea de Organizaciones de Consumidores, presentó su análisis de la aplicación de la directiva relativa a la telefonía vocal. Como yo, reconoce que está relativamente en una fase temprana. No obstante, la documentación que figura en el informe de la OEUC y la falta de documentación satisfactoria facilitada por la Comisión constituyen un motivo de preocupación.
Concluiré con una nota personal, porque creo que las opiniones de los consumidores a este respecto en toda la Unión Europea son en verdad importantes. Intenté cambiar de teléfono. Después de haber estado abonado a British Telecom, hace unos 18 meses me pasé a Ionica, compañía que, lamentablemente, ha cerrado. Transferí mi número, como determinó mi colega el Sr. van Velzen y como propuso atinadamente la Comisión. Ahora, cuando intento pasarme a una compañía de cable, me dicen que no es posible la portabilidad del número. Si quiero conservar mi número, mi única opción es la de volver a British Telecom, el antiguo monopolio público. Fue una enseñanza beneficiosa para mí que, pese a todas las medidas adoptadas por la Comisión y por el Parlamento, desde el punto de vista práctico resulte muy poco común encontrar una competencia efectiva en el nivel local para el consumidor doméstico. Espero fervientemente que el Comisario acepte este informe con sus críticas para que fortalezca su brazo y los de sus funcionarios a fin de que exijan con mayor firmeza y celeridad a los Estados miembros que apliquen de verdad un servicio universal en la esfera telefónica.

Camisón Asensio
Señor Presidente, debo empezar reconociendo la magnífica labor parlamentaria que la ponente, Sra. Read, ha desarrollado durante la tramitación de este informe, así como mostrar mi satisfacción por el hecho de que prácticamente todas nuestras enmiendas -8 en total- fueron aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos. Enmiendas que para nosotros eran transcendentales porque, entre otras cuestiones, insistíamos en potenciar el apoyo social a los usuarios más vulnerables -que son las personas discapacitadas-, propiciar la información a los consumidores, prestar la debida atención a las necesidades de las personas con rentas más bajas, o eliminar los perjuicios actuales que están sufriendo los usuarios residenciales.
Nos satisface igualmente -dado que el lograr cuanto antes una verdadera sociedad de la información es un objetivo irrenunciable-que se esté dando con esta iniciativa un paso más hacia la consumación de acuerdos en materia de interconexión para hacer factible la oferta de tarifas preferenciales a centros escolares, bibliotecas y otras instituciones formativas. Obviamente, estoy hablando del acceso a Internet.
Nos sigue preocupando que todavía no se haya llegado en la Unión Europea a una generalización armonizada de máximo respeto a la atención de las necesidades de los minusválidos, dado que todavía un Estado miembro, a estas alturas, propone acceso gratuito al servicio de información telefónico tan sólo a los deficientes visuales, y otro que todavía no ha propuesto ninguna fórmula. Ya sé que en la mayoría de los Estados miembros existen reducciones de las cuotas de conexión o hay suministros gratuitos de equipos especiales. Ya sé, efectivamente, que se ha avanzado bastante, pero la meta final, lo ideal, está aún pendiente. También se hace cada vez más necesario, si realmente perseguimos una Unión Europea cada vez más cohesionada, el avance decidido hacia las facilidades que se deben disponer para los usuarios de las regiones menos pobladas.
La universalidad en el servicio de las telecomunicaciones ha de seguir avanzando, no sólo en su aplicación cuantitativa sino también en el incremento de la calidad. Así, habrá que insistir, por ejemplo, en la reducción general de los plazos para la conexión a la red o del suministro, y en la reducción de los plazos de avería, y algo semejante podría decirse también sobre la mejora en la asequibilidad de los servicios y en el control de los gastos, fundamentalmente en materia de implantación de pagos aplazados, formas de prepago o desconexión blanda, o el establecimiento a precio razonable de las llamadas selectivas o la posibilidad, por parte de los operadores, de ofrecer distintas fórmulas según las circunstancias de cada tipo de usuario.
En resumidas cuentas, señor Presidente, es un paso importante el que se da con este informe, pero sólo un paso más.

Ribeiro
Señor Presidente, sobre el primer informe de acompañamiento del servicio universal de telecomunicaciones llega al Pleno una propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos en la que la Sra. Read nos ofrece una oportunidad excelente para una reflexión sobre el paso de los que eran servicios públicos originarios del sector público al llamado servicio universal, garantizado por empresas privadas.
Las peores perspectivas y previsiones parecen haberse confirmado. Las promesas o transacciones no se han cumplido. La liberalización y la privatización del sector no ha propiciado la reducción de los precios para los usuarios de menor poder económico, como el servicio universal, mediante las pregonadas virtudes de la competencia, debería garantizar. En contrapartida, los usuarios económicamente más poderosos, las empresas multinacionales, se han beneficiado del cambio y los agentes privados que han pasado a dominar el sector pueden incluso llegar a obtener otros cuantiosos beneficios mediante la financiación pública para reducir la evolución contraria al espíritu del servicio universal, por no hablar de las obligaciones de servicio público.
Es verdad que la competencia actual de los teléfonos portátiles, además de modificaciones en el comportamiento social, ha venido a agitar los parámetros del mercado de las telecomunicaciones, pero eso no puede justificar los aumentos de los abonos y las llamadas locales, que pueden configurar incluso situaciones de perversidad competitiva mediante el aumento de precios de productos en competencia ya existentes para introducir mejor los nuevos y más lucrativos productos.
Portugal y su Portugal Telecom, que en muchos aspectos no se sabe si es original o fotocopia de otras empresas nacionales de telecomunicaciones, aparece en ese proceso y en este informe de seguimiento en una situación muy poco lisonjera a partir de una perspectiva de equilibrio y justicia social, que debería ser inherente al servicio universal, si no fuese sólo un expediente dulcificante del desmantelamiento del servicio público.
Portugal participa en la evolución global del aumento de tarifas, es uno de los nueve países que han aumentado los precios de los abonos y es, junto con Alemania, uno de los dos únicos países que han aumentado la tasa de instalación, además de haber creado la tasa de activación, con lo que se castiga sobre todo a los usuarios de menores recursos. De modo que este informe de seguimiento es también una forma de evaluar una dinámica en la que, mucho más que el nombre, «servicio universal» en vez de «servicio público», es toda una filosofía la que se autodenuncia al mostrar la forma como se han secundarizado o incluso pasado por alto lo que eran compromisos que le servían de justificación o incluso de pretexto.

Crowley
Señor Presidente, también yo quisiera unirme a mis colegas a la hora de acoger con beneplácito el informe de la Sra. Read. En particular, nos brinda ahora una oportunidad para examinar la cuestión de la liberalización y sus efectos en la cuestión del servicio universal.
Lo que tienen en común todas las empresas de servicios públicos de toda Europa es que originalmente se crearon para velar por que hubiera igualdad social respecto de la distribución de los servicios. Tanto en los servicios de telecomunicaciones como en los de correos, suministro de agua y demás imperaba esa idea de la universalidad. Fuera cual fuese la parte del país en que se viviera, se recibía el mismo nivel de servicio con el mismo costo que todos los demás. Con la llegada de la liberalización y una mayor competencia, que -permítaseme apresurarme a añadir- acojo con beneplácito, hemos visto también algunos de los errores que se pueden cometer por lanzarse de cabeza a la liberalización. Debe haber algunas limitaciones y algunos mecanismos y métodos de control respecto de dicha liberalización.
Algunos de mis colegas ya se han referido a esos aspectos. Quisiera abordar cuatro aspectos determinados: en primer lugar, el de velar por que las empresas no orienten sus actividades hacia las zonas más rentables y fáciles de servir de las telecomunicaciones. En segundo lugar, la necesidad de brindar servicios especiales a la población anciana, en particular en este Año Internacional de las Personas de Edad Avanzada. Cuando vemos el aumento del número de personas que superan los 55 años en la Unión Europea, comprendemos que existe una necesidad social de garantizarles un fácil acceso a la red de telecomunicaciones a un costo muy módico, a veces sin costo. Voy a poner un ejemplo a Sus Señorías: en Irlanda el alquiler de la línea telefónica para los pensionistas ancianos es gratuito. A continuación, los discapacitados. Como las nuevas tecnologías que han aparecido ofrecen, en efecto, nuevas oportunidades para las comunicaciones y para una mayor interacción de las personas con discapacidades y la comunidad en sentido más amplio, se deben fomentar y ofrecer a una tarifa inferior. Por último, ahora que disponemos de la red Internet, debemos velar por que se aproveche ese recurso en pro de la mayoría y no en sentido exclusivista.

Lukas
Señor Presidente, yo me congratulo de que la ponente también haya tomado en consideración los aspectos político sociales, que han adquirido una nueva dimensión en la moderna sociedad de la información. También apoyo las enmiendas en este sentido. Así, por ejemplo, debe promoverse con la máxima coherencia que las personas discapacitadas tengo acceso a modelos que respondan a sus necesidades especiales. El desarrollo del acceso público a Internet, en los colegios y bibliotecas, por ejemplo, es un tema de suma importancia al que esta Cámara también debería dedicar una mayor atención en el futuro.
La sociedad de la información no debe acrecentar los contrastes sociales. Si el acceso a los medios de información está vedado o resulta más difícil para una parte de la población, esto genera diferencias en el nivel de formación que luego pueden determinar una dramática diferencia de oportunidades en el mercado de trabajo.

Rübig
Señor Presidente, Señorías, la liberalización del sector de las telecomunicaciones ha sido una estrategia que marca una orientación y que no sólo ha representado un paso más en la transformación del mercado interior en un mercado local europeo. También tiene, además, una dimensión significativa en el ámbito de la política de empleo. Con motivo del seguimiento de la transposición del paquete de reformas se puso de manifiesto este fenómeno. La sociedad de la información crea en estos momentos uno de cada cuatro nuevos empleos en Europa. La Comisión y el Sr. Bangemann, en particular, merecen nuestro agradecimiento por ello.
El Informe Read que hoy se debate establece como condición previa para el apoyo al proceso de liberalización en curso la posibilidad de acceso a los servicios esenciales por un precio asequible y en condiciones satisfactorias de calidad. Yo quisiera ir un paso más allá. En efecto, la prestación del servicio universal también puede ser, en última instancia, una consecuencia lógica y un producto de la liberalización. ¿En qué consiste en realidad el servicio universal? La definición generalmente aceptada es la de una oferta mínima de servicios de telecomunicaciones de una calidad determinada a la que puedan tener acceso todos los usuarios a un precio razonable. Esto incluye el acceso a servicios ofrecidos por la red pública fija, como los teléfonos de urgencia o de información, cabinas telefónicas públicas y también medidas especiales para los grupos desfavorecidos.
Se trata, por lo tanto, de una cuestión significativa para la confianza general con la que deberían contar las tecnologías de futuro en Europa. También es evidente que el libre mercado no puede generar unas condiciones ventajosas para todos desde el primer momento en muchos ámbitos. Por esto, actualmente se contempla con razón el concepto de asequibilidad. Éste permite que los Estados miembros establezcan precios medios para las diferentes zonas geográficas, precios máximos y otras medidas análogas. En este contexto también es importante, por otra parte, la posibilidad de aliviar las cargas no equitativas para los operadores del servicio universal. Yo apoyo, no obstante, la afirmación de la Comisión en el sentido de este tipo de medidas estarán autorizadas hasta que el juego de la competencia asegure un control eficaz de los precios.

Porto
Señor Presidente, al substituir a mi colega el Sr. Mendes Bota, he de decir que las telecomunicaciones se han instalado definitivamente en nuestra vida, son parte integrante e indispensable de la sociedad de la información en la que Europa desea integrarse cada vez más y avanzan hacia un mercado global del que el mercado europeo es vanguardia.
Pero algunos puntos merecen reflexión. Primero: existe una gran disparidad de tendencias tarifarias en el nivel de las tasas de instalación y de abono o de los costos de las llamadas locales, regionales, nacionales e internacionales. Hay países en baja y otros en alza, pero no se desprende de este informe una idea comparativa y clara, entre los diferentes Estados miembros, de los costos de utilización de las redes de telecomunicaciones europeas. Creemos que el propio mercado, cuanto más abierto esté a la competencia del sector privado, más se encargará de autorregularse y armonizar mínimamente el sistema tarifario europeo.
Segundo: se comprueba que los usuarios de bajos ingresos y las regiones más periféricas y aisladas son los sectores más perjudicados por los regímenes tarifarios actuales, aspecto éste bastante desatendido por los Estados miembros.
Tercero: el uso de la red Internet se encuentra en fase de explosión y adopción por parte de los ciudadanos, las empresas y las instituciones. Pero dista de ser accesible a toda la gente o de ser un instrumento fundamental para la solidaridad y la igualdad de trato. Las negociaciones para la creación de una carta o código Internet prosiguen, pero Internet sigue estando fuera del servicio universal de las telecomunicaciones.
Concordamos totalmente con la adopción de medidas que hagan viable la oferta de tarifas especiales para las escuelas, las bibliotecas y las instituciones vinculadas con el conocimiento y para fines de voluntariado no lucrativo. El acceso público a Internet tendrá que abordarse cono un derecho de los ciudadanos y como posición estratégica de lucha contra una forma nueva de analfabetismo en ascenso al que corresponderán todos cuantos en el futuro no dominen la utilización de las modernas tecnologías de la información o no tengan acceso a ellas.

Bangemann
Señor Presidente, yo quisiera agradecer muy sinceramente las observaciones de la Sra. Read y también de todos los oradores que han intervenido en el debate. La Comisión procura alcanzar soluciones razonables para las diferentes problemáticas citadas. El informe que presentamos no está plenamente actualizado, puesto que todavía no fue posible incluir la transposición de la Directiva sobre la telefonía vocal en su forma modificada; por consiguiente, podremos profundizar mucho más en algunos temas cuando presentemos este año un nuevo informe actualizado, en el marco del seguimiento de la transposición de las directivas adoptadas hasta ahora que nos ha sido encomendado.
Yo quisiera dedicar, no obstante, especial atención a cuatro consideraciones que también han tenido un papel destacado en el debate. Voy a empezar por la pregunta relativa a cómo han definido los Estados miembros la asequibilidad. Algunos Estados miembros ya habían adoptado medidas más rigurosas para la protección de los consumidores, anticipándose a la modificación de la Directiva sobre la telefonía vocal. También se han establecido sistemas de control de precios o de pago anticipado, sobre todo en el ámbito de los servicios móviles. Seis Estados miembros -Dinamarca, Alemania, España, Francia, Finlandia y el Reino Unido- han comunicado ya la transposición de la Directiva modificada y esperamos la pronta adopción de medidas en Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Austria y Suecia.
La asequibilidad, como también ha manifestado un orador en el curso del debate, depende mucho del nivel de renta de cada Estado miembro, que es muy variable. Las diferencias son en parte del orden del triple o el cuádruple. Por esto esperamos, de hecho, que los Estados miembros, de conformidad con el concepto de la subsidiariedad, asuman una responsabilidad superior a la que podríamos asumir nosotros en este ámbito. En el nuevo informe sobre la transposición podremos ofrecer, no obstante, algunos detalles sobre la situación en lo que respecta a la introducción de medidas más rigurosas de protección de los consumidores.
Un segundo detalle es el relativo a las medidas de apoyo a los usuarios de baja renta y en circunstancias desventajosas y para los usuarios ocasionales. Recomendamos que se estableciesen tarifas especiales para estos usuarios con objeto de contrarrestar precisamente los primeros efectos negativos de la liberalización, que también nosotros ya esperábamos. Entre tanto -y la Sra. Read y los colegas que se han referido a ello ya lo saben, puesto que todos colaboran en este ámbito-, este año ya podemos señalar reducciones de precios muy considerables sobre todo en los servicios móviles, lo cual por otro lado se ha reflejado posteriormente también en las tarifas normales de las redes fijas. En la Directiva modificada sobre la telefonía vocal ya se prevén, no obstante -en el artículo 3-, tarifas especiales para los usuarios de baja renta, precios máximos y aspectos de asequibilidad, y también -en el artículo 8- medidas especiales para los usuarios discapacitados y los usuarios con necesidades sociales especiales.
Cinco Estados miembros, Francia, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido -y no sólo Francia como indicaba el informe-ya han transpuesto estas medidas. En el nuevo informe podremos comprobar los posteriores resultados. La Comisión tiene un gran interés, al igual que el Parlamento, en que se traduzcan en ventajas reales para este grupo de usuarios.
¿Cómo se deben seleccionar los operadores que estarán a cargo del servicio universal? La Comisión no se opone a que se escoja una fórmula que permita ofrecer el servicio universal a un coste eficiente y en condiciones ventajosas para el usuario. Esto se puede conseguir mediante un concurso público, pero también a través de la verificación de los costes y la fijación de precios que incluyan sólo los costes netos. Por esto no queremos anticipar una preferencia unilateral por un procedimiento determinado.
El último punto es el de la ampliación del acceso público a Internet y, en particular, el acceso a Internet a través de instituciones públicas. Siempre hemos dicho que esto es absolutamente decisivo para el desarrollo de la sociedad de la información y entre tanto hemos podido constatar con satisfacción que se ha establecido una competencia que no sólo permite un acceso adecuado a Internet en el aspecto funcional material, sino que también ha provocado un descenso de los precios. No ha ocurrido así en todas partes, señor Presidente, y la Sra. Read tiene razón en su crítica. El motivo es que el llamado «reequilibrio» de tarifas incrementa los precios relativamente bajos de las llamadas locales y reduce los precios relativamente altos de las llamadas de larga distancia, y dado que el acceso a Internet se realiza a través de una llamada local, éste se encareció inicialmente.
Pero esta situación se ha acabado. Podemos señalar una indudable reducción de los precios, y las tarifas especiales para las escuelas y otras tarifas especiales cumplen plenamente las normas de la competencia y nosotros también pedimos que se introduzcan, siempre que se cubran los costes marginales. Yo puedo asegurarles, no obstante, que nos proponemos hacer un nuevo seguimiento del servicio universal en el contexto del examen de las normas jurídicas previsto para finales de 1999, cuyos resultados comunicaremos luego al Parlamento.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Contrataciones públicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0394/98) del Sr. Tappin, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión sobre «La contratación pública en la Unión Europea» (COM(98)0143 - C4-0202/98).

Tappin
Señor Presidente, como han de saber Sus Señorías, este informe ofrece un amplio panorama de los avances que se están logrando y se han de hacer en el futuro inmediato sobre la cuestión de los contratos públicos. En general, la Comisión demuestra que nuestros exámenes durante el debate sobre el Libro Verde han sido escuchados. Lo que ahora necesitamos es velar por que, aunque el planteamiento global es correcto, los detalles sean igualmente precisos, en primer lugar, desde el punto de vista de normas sociales y medioambientales y de la sostenibilidad.
A raíz de la aprobación del Tratado de Amsterdam, en el que la UE subrayó su compromiso con la armonización de las políticas europeas con el medio ambiente, tenemos que aclarar cómo afectarán esos principios a la legislación relativa a los contratos públicos. Como puede que recuerden Sus Señorías de debates anteriores, pedimos a la Comisión una garantía de que habría una armonización horizontal de las directivas de la UE. Resulta ridículo que la DG derecha no sepa lo que está haciendo la DG izquierda. Lo mismo es aplicable a las comisiones parlamentarias. Es peor incluso, si somos conscientes de las discrepancias, pero no adoptamos medidas positivas para eliminarlas. De este modo tenemos que afrontar los problemas que plantea la creación de cierto modelo en nuestra Unión que no siempre se refleja en las directivas que aprobamos.
Los compromisos mundiales o internacionales nos imponen otros requisitos. Debemos reconocerlos. No se trata de una petición en pro de una posición normativa u otra, sino de un reconocimiento de la necesidad de una legislación clara que descanse sobre una base sólida y, por tanto, resulte operativa. Mientras no abordemos ese problema, que no sólo afecta los contratos públicos, nos exponemos a que se alegue que el Estado miembro es el origen de toda la claridad y la sabiduría y que es la UE la que está desbaratando el sistema.
Como, después del Libro Verde, hemos acordado que las autoridades contratantes tienen derecho a fijar normas medioambientales, si lo desean, hemos de saber exactamente cómo pueden aplicar esos derechos sin infringir las normas de mayor rango sobre la competencia. He de decir una vez más -y debe quedar claro- que no estamos recomendando una política particular. Estamos reconociendo la necesidad de claridad, simplicidad y aplicabilidad. Del mismo modo, respecto de las cuestiones de los asuntos sociales y del empleo, hemos dicho coherentemente que los contratos públicos no son un vehículo para fomentar una política determinada en ese sector, sino que no se debe permitir que las normas y reglamentos relativos a los contratos públicos impidan aplicar los procedimientos idóneos en materia de empleo. Una vez más, necesitamos directrices claras sobre cómo se pueden poner en práctica.
La Comisión ha prometido un informe al respecto. Esperamos con ansiedad. Queremos ver cómo aplican los principios de claridad, simplicidad y aplicabilidad jurídica y dan a la legislación relativa a los contratos públicos un carácter pertinente, eficaz y con fuerza ejecutiva en nuestra moderna sociedad. Cualquier nueva legislación que se presente ahora debe comprender esos aspectos. Esto es importante. Ya estamos examinando la posibilidad de eximir a las empresas que prestan los servicios de telecomunicaciones del cumplimiento de las directivas relativas a los contratos públicos. No creo que nadie discuta que, en general, están aumentando las posibilidades de elección para el usuario medio. Puede haber aún algunas diferencias que se pueden advertir en el nivel nacional, pero está claro que el proceso de liberalización en este sector es irreversible. Sin embargo, ahora estamos examinando también la futura liberalización y la posible exención de otros sectores respecto de la normativa relativa a los contratos públicos.
A este respecto hay un par de cuestiones. En primer lugar, estamos esperando que la Comisión presente propuestas para el proceso que se propone seguir en esos sectores: qué artículo, cuáles serán los criterios para decidir quién puede concurrir y quién no. En segundo lugar, volvemos a la observación que formulamos al comienzo mismo de las negociaciones sobre el Libro Verde, a saber, la cuestión de la competitividad. No debemos olvidar nunca que la legislación relativa a los contratos públicos existe para beneficiar y proteger al consumidor. Ésa es la razón por la que somos partidarios de la competencia. Debe beneficiar al usuario para que el principio subyacente a cualquier decisión sobre la competencia deba incluir siempre al consumidor para velar por que conserve el derecho a elegir el servicio más eficaz en función de los costos que entrañen para él. El de mantener la posibilidad de elección del consumidor será un elemento fundamental para demostrar que existe una competencia real.
Como he dicho antes, unos nuevos procedimientos sencillos no deben socavar los principios relativos a los procedimientos idóneos mediante la competencia plena. Sé que conseguir una definición uniforme de lo que constituye competencia no va a ser fácil. Nuestro objetivo no es dificultarlo aún más, pero, para que la industria europea no siga en una situación de desventaja por el requisito de demostrar la competencia de jure y de facto , se trata de un imperativo que debemos afrontar. Hemos presentado una enmienda para ello y esperamos que la Asamblea nos apoye.
Deseo presentar una sola enmienda oral mañana. Quisiera agradecer a la Comisión que haya escuchado. He hablado fuera con el Sr. Monti. Ahora tengo otro compromiso y sé que entenderá el motivo que tengo para marcharme.

Van Lancker
Señor Presidente, señorías, señor Comisario, en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales hemos examinado esta comunicación especialmente desde el sector de la contratación pública, por un lado, y el respeto de la legislación social y la utilización de las cláusulas sociales, por otro. Asimismo, quisiera agradecer sinceramente al Sr. Tappin que haya incluido muchas de nuestras conclusiones en su informe.
Realmente, no es la primera vez que nos pronunciamos sobre este tema. Señor Comisario, quiero decirle francamente que estoy bastante decepcionado porque la Comisión Europea no se atreva en su comunicación a dar un paso importante en la materia y se limite a plantear una comunicación interpretativa.
Por nuestra parte, tenemos la convicción de que el soft law no es suficiente. Las prácticas de las cláusulas sociales en los diferentes Estados miembros se diferencian mucho unas de otras. Hay muchísimas posibilidades de interpretación y por ello opinamos que es necesario elaborar una normativa clara. Quisiera señalar dos aspectos sobre este tema.
En primer lugar, las licitaciones públicas deben ser, por supuesto, conformes con el mercado, pero no debe usarse como pretexto el mercado, señor Comisario, para atacar la legislación social. Por ello, es preciso mencionar directivas explícitas de tal modo que la legislación social, tanto nacional como internacional, así como los convenios colectivos, se respeten, tanto en el caso de los contratistas principales como de los subcontratistas.
En segundo lugar, muchos Estados miembros y autoridades locales utilizan las licitaciones públicas para adoptar medidas positivas para los parados de larga duración, la integración de los emigrantes y la puesta en marcha de acciones vecinales. El Tribunal ha señalado claramente que las acciones positivas no están en conflicto con los principios de la competencia. Pero, para evitar imprecisiones, señor Comisario, las directivas deben señalar muy explícitamente que pueden tomarse acciones positivas y de qué manera pueden integrarse las cláusulas sociales.
Pienso que una vez que el Reino Unido, con el gobierno laborista, ha modificado radicalmente su posición con respecto a las cláusulas sociales en las licitaciones públicas, hay que esperar con interés el seguimiento que la Comisión dará a nuestras recomendaciones.

Paasilinna
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, la Comisión ha elaborado una comunicación acerca de las contrataciones públicas con la que desea crear un marco jurídico, simplificar los procedimientos y lograr una mayor flexibilidad de la situación del mercado. Además de todo esto, es importante recordar los objetivos sociales de mayor alcance: unos principios próximos a las personas, las exigencias relativas a una sociedad de los ciudadanos y los principios de actuación del sector público. Sin embargo, estos objetivos no pueden ajustarse siempre de una manera directa a los modelos de la actividad empresarial privada.
Desearía felicitar al Sr. Tappin por su extraordinario informe. De acuerdo con el ponente, es necesario aunar los principios de acción social de la Unión y la legislación de la UE. No todos los adjudicatarios de contrataciones públicas ven los derechos de los trabajadores -el salario mínimo, los horarios de trabajo, la protección laboral- como algo obvio. Así, por ejemplo, ¿por qué cuando se privatizan los servicios de transporte se despide a los antiguos conductores a la vez que entran en servicio autobuses antiguos? Al desarrollar la legislación de la UE en materia de contratación, es necesario lograr unas disposiciones más estrictas. Además, hay que intensificar el control de aplicación. Precisamente, parece que es en el cumplimiento de las directivas donde se han registrado problemas.
Hay motivos, incluso, para sospechar que no se trata únicamente de problemas de orden práctico, como la complejidad de la legislación o las diferencias culturales de los distintos mercados de trabajo. ¿Y si la cuestión residiera en que la licitación de contratos públicos sencillamente no es compatible en todo momento con los demás principios del sector público? Los colectivos públicos han de poder cumplir también en sus actividades de contratación los principios comunes en materia de política social. Es necesario lograr una mayor calidad de los servicios, mejorar la situación del empleo y velar por las cuestiones medioambientales. Estoy a la espera de que la Comisión elabore el estudio que ha prometido en torno a las repercusiones globales de las actividades de contratación.
Tanto la comunicación como el informe del Sr. Tappin sacan a relucir la necesidad de facilitar el acceso de las PYME a los mercados de contratación pública. Se trata de una medida adecuada e importante, ya que parece que la licitación de contratos públicos implica un riesgo de cartelización. Las PYME precisan de manera especial más formación e información por lo que respecta al cumplimiento de la legislación laboral y de las normas en materia de medio ambiente. Y no cabe la menor duda de que todo esto es igualmente importante de cara a la aplicación de las tecnologías de la información, algo a lo que ya hace referencia el ponente y que debe ser objeto de una gran adaptación, puesto que agiliza y simplifica los procesos.
Cabe igualmente recordar que, por lo general, en los municipios se respeta mejor la moral que en el mundo de los negocios, ya que los primeros tienen una base democrática.

Peijs
Señor Presidente, las directivas sobre la contratación pública han constituido un importante paso en los esfuerzos en favor de un mercado europeo abierto y más competitivo. Mucho ha cambiado en Europa desde la primera directiva en este terreno. Se ha liberalizado un sector como el de las telecomunicaciones y en diversos casos hay señales esperanzadoras en lo que respecta a los contratos públicos. Se ha vuelto a hablar generalizadamente de burocracia nociva. Los procedimientos en los que se ven inmersas las empresas han sido imprevisiblemente complicados e ineficaces. Estamos hablando de un mercado de 720.000 millones de euros, que deben abrirse efectivamente si queremos hablar en serio de un verdadero mercado interno. Ahora bien ¿a qué precio?
La directiva prevé una serie de umbrales cuantitativos por encima de los cuales no es posible efectuar licitaciones, privadas o estatales. En principio, este es un buen criterio. El problema es que la excesiva burocracia se encarga de que a la pequeña y mediana empresa sólo le llegue el turno tras realizar ingentes esfuerzos. Además, ya no hay compensaciones dentro del sistema.
Las grandes empresas deciden simplemente no tener nada que ver con la contratación pública y se ocupan exclusivamente del mercado. Además, el concepto de «oferta económica más ventajosa» a menudo se interpreta como la oferta más barata. Esto repercute en detrimento, por ejemplo, de una construcción sostenible, porque las autoridades públicas sólo están interesadas en el precio más bajo. Muchas instancias públicas siguen sin tener servicio de capitales, un sistema caro y de poco futuro para los ciudadanos a largo plazo. Un mal sistema para la pequeña y mediana empresa, que no tiene suficiente impulso como una gran empresa que puede calcular sus beneficios sin el mantenimiento. Por consiguiente, es justo que las PYME cuenten con una atención especial por parte de la Comisión.
Una empresa grande o mediana puede acceder a las licitaciones que se publican a través de los sistemas electrónicos. Entre la manifestación de interés y la obtención efectiva de una oferta hay muchos pasos intermedios. Aparte de presentar la oferta más interesante, la empresa o el consorcio en cuestión deben señalar su solidez financiera y la suficiente experiencia en el ámbito a que se refiera la licitación.
El sistema de cualificaciones puede constituir una solución a este respecto. A través de él, las empresas pueden mostrar de una vez por todas que la empresa tiene solidez y capacidad, pero para una instancia pública que no realiza licitaciones a menudo, no es interesante crear un sistema de estas características. Por ello, conjuntamente con Werner Langen y con mi Grupo, hemos presentado una enmienda que ha sido aceptada por la Comisión de Asuntos Económicos para aumentar los umbrales cuantitativos.
Con esto, gran parte de las licitaciones quedan fuera del ámbito de aplicación de la directiva. A mi juicio, los límites actuales son inaceptablemente bajos en vista de la enorme burocracia. De ahí el aumento.
La Comisión Europea presentó en 1996 un Libro Verde y ahora presenta una comunicación. En la comunicación se exponen muchas propuestas constructivas, pero no se mencionan en ningún momento los umbrales cuantitativos máximos. Espero que con este informe el Parlamento transmita una clara señal a la Comisión de que es preciso llevar a cabo modificaciones y espero que la Comisión examine este punto.
Mi Grupo votará en contra de la enmienda 5 del Sr. Tappin. Es inaceptable poner empresas en la lista negra sobre la base de denuncias. En mi país, uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Así es muy fácil la competencia. Con respecto a la enmienda 4, estamos en contra porque no entendemos nada de ella. Ya hemos solicitado votaciones por partes y, por lo demás, queremos felicitar al Sr. Tappin por su informe.

Schörling
Señor Presidente, opino que la Comisión en su comunicación ha hecho especial hincapié en la importancia de la libre competencia. Por el contrario, no se ha dado la misma trascendencia a que se pongan exigencias de carácter medioambiental o social a las contrataciones públicas. El ponente se ha dado cuenta de esto y también lo ha hecho Van Lancker, redactora del informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Se proponen algunas modificaciones de modo que se tomen en cuenta los aspectos ambientales y sociales en las contrataciones públicas. En mi opinión, quizás se tendrían que haber redactado aún más claramente y con mayor rigurosidad, pero, obviamente, mi Grupo va a votar a favor de las enmiendas que, en todo caso, van un poco más allá de lo propuesto tanto por la Comisión como por el propio informe.
Me parece que es una idea bastante generalizada que el derecho a poner exigencias medioambientales y sociales a las contrataciones públicas amenaza a la libre competencia. Nada puede ser más erróneo, puesto que las consideraciones de carácter medioambiental y social conllevan obviamente mayores costes para las empresas. Entonces, si no fuera posible tomar en cuenta esos mayores costes en las contrataciones públicas, esas empresas se verían desfavorecidas, lo que implicaría el fin de la libre competencia.

Secchi
Señor Presidente, en nombre de mi Grupo, quisiera ante todo expresar nuestro apoyo a la iniciativa de la Comisión dirigida a mejorar el marco legislativo comunitario en materia de contratación pública: un ámbito de actuación que, como se ha dicho, reviste una enorme importancia, más del 10 % del PIB de la Unión.
Hay numerosos elementos innovadores, se propone un calendario ambicioso y naturalmente esperamos que la implementación de las diversas acciones sea rápida.
Quiero abordar dos aspectos: el primero explica, entre otras cosas, el porqué de mi enmienda 1 al apartado 30 y tiene que ver con la extensión de los procedimientos de diálogo competitivo. He de decir que estoy en contra de la posibilidad de una negociación posterior a la licitación, ya que, incluso admitiendo que la misma se lleve a cabo de forma transparente -algo que, de todos modos, me parece difícil, pues, dejando aparte la publicidad propiamente dicha, no se comprende en qué puede basarse-, seguramente tal negociación violaría el principio de la par condicio, dado que sus resultados sólo beneficiarían al adjudicatario. Éste es el sentido de la enmienda 1.
He presentado asimismo la enmienda 2 que anuncio que retiraré y que, como es obvio, no voy a explicar. Por mi parte, sólo subsiste la enmienda 1.
Más en general, quiero aprovechar esta ocasión para subrayar la necesidad de convertir los procedimientos de contratación en más transparentes a escala europea tanto en términos de procedimientos como de divulgación de la información.
Sin embargo, esta acción meritoria no debe ir en detrimento de la necesidad de simplificar y aligerar los trámites burocráticos, conceptos que la Sra. Peijs y otros ya han abordado, con vistas sobre todo a la necesidad de integrar más todavía, si cabe, a las pequeñas y medianas empresas en el mercado único.

Langen
Señor Presidente, Señorías, yo quisiera destacar un aspecto de las directivas que hoy nos ocupan y del informe de la Comisión. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial del Parlamento ha pedido un claro incremento de los umbrales cuantitativos y yo creo que la Comisión debería actuar con mayor determinación que en el pasado en relación con esta cuestión. Los umbrales cuantitativos actualmente vigentes son excesivamente bajos en muchos ámbitos. Sobre todo, la experiencia ha demostrado, además, que la adjudicación a escala transfronteriza de menos del 3 % de los contratos no justifica en absoluto todo el alarde burocrático, si me permiten llamarlo así, cuando los umbrales cuantitativos son demasiado bajos y, por lo tanto, ni siquiera existe una verdadera competencia.
Por esto pedimos un claro incremento del umbral cuantitativo aplicable, que se duplicaría como media. Solicitamos que se recoja esta petición en la próxima modificación de las directivas; sin esperar, por otra parte, a que se muevan las cosas a escala internacional. Europa tendría que tener, por el contrario, el valor de adelantarse a dar el paso de incrementar dichos umbrales cuantitativos. En efecto, no sirve absolutamente de nada que sea preciso convocar en todos los casos un concurso público, con escasa transparencia, sin que participen las pequeñas y medianas empresas y con el resultado final de que los umbrales cuantitativos quedan muy alejados de cualquier gradación competitiva en Europa. Por esto, nosotros no sólo le pedimos que mejore la transparencia, señor Comisario, sino también que dé ahora un paso adelante con vistas a las negociaciones internacionales que se iniciarán en el año 2000 en el marco de la próxima ronda de negociaciones del GATT, incrementando claramente los umbrales cuantitativos no sólo para los contratos públicos de servicios, sino también para los de obras. Esto, unido a la exclusión del ámbito de las telecomunicaciones de la directiva sectorial, constituiría a mi parecer una indicación de cómo se propone configurar Europa la contratación pública en el futuro.
Si a ello se le añade una mayor transparencia gracias al uso de los medios de comunicación modernos, como por ejemplo Internet, yo creo que avanzaremos en la dirección adecuada y tengo el convencimiento de que la Comisión podrá actuar también en este sentido con el apoyo del Parlamento.

Monti
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Parlamento Europeo y al ponente, Sr. Tappin, por la valiosa contribución, prestada a través del informe que nos ocupa, al objetivo de convertir en más eficaz la política en materia de contratación pública y de adaptarla a las necesidades de la sociedad actual.
La valoración, sustancialmente positiva, del programa de acción propuesto por la Comisión a través de la Comunicación sobre la contratación pública que queda de manifiesto tras la lectura del informe del Sr. Tappin y de la aneja propuesta de resolución, vuelve a confirmar el espíritu de cooperación fructífera que está estableciéndose entre la Comisión y el Parlamento Europeo en este ámbito.
Acojo con satisfacción las propuestas y las sugerencias formulados en el informe respecto a las cuales existe una convergencia sustancial de puntos de vista entre nuestras dos Instituciones.
Esto vale ante todo en lo que se refiere a las preocupaciones manifestadas por el Parlamento en relación con las cuestiones medioambientales y sociales, unas preocupaciones ampliamente compartidas y expresadas por la Comisión en su Comunicación. En efecto, nuestra intención es profundizar en estas problemáticas a fin de encontrar los instrumentos aptos para conciliar, por una parte, los objetivos de competencia y de transparencia perseguidos por las normas sobre contratación pública y, por otra, las legítimas exigencias relacionadas con la protección medioambiental y social, recientemente fortalecidas por el Tratado de Amsterdam.
En este sentido, no debe silenciarse que el actual ordenamiento ya ofrece posibilidades concretas con vistas a alcanzar un nivel de protección elevado tanto medioambiental como social, sin alterar con esto el objetivo fundamental de la política de contratación pública que sigue siendo de carácter esencialmente económico. Por lo general, sin embargo, estas posibilidades no se conocen y la Comisión, en consecuencia, considera necesario valorizarlas y aclarar su alcance. Es por esto que nos proponemos adoptar, cuanto antes, instrumentos encaminados a cumplir esta finalidad. Si esto no fuera suficiente, la Comisión no dejará de examinar la conveniencia de formular propuestas más incisivas. Con referencia a los aspectos sociales abordados por los Sres. Van Lancker, Paasilinna y Schörling, deseo comentar que el respeto de la legislación social vigente forma parte de la obligación, obvia y tutelada, de respetar la legislación en vigor -toda la legislación en vigor y no sólo la social- y esto no depende de la directiva, sino del ordenamiento jurídico nacional en cuyo marco se incorpora la directiva. Las acciones positivas son posibles, mucho más de lo que se piensa; evidentemente, es necesario que respeten los principios del Tratado, y aclarar todo esto es precisamente la finalidad de la Comunicación interpretativa que vamos a presentar.
He de añadir que las directivas prevén disposiciones que permiten excluir a los candidatos que no respetan la legislación social nacional. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha afirmado que, si constan en las cláusulas generales de un contrato público, será posible tener en cuenta las exigencias de carácter social (Sentencia Benjes). La Comisión aclarará, repito, en una comunicación interpretativa las posibilidades de tener en cuenta estas exigencias.
En cuanto a la necesidad, recalcada por el Sr. Secchi, de simplificar y de convertir en más flexibles el ordenamiento actual y los procedimientos respectivos para adaptarlos a la evolución del mercado, la Comisión tiene la intención de aclarar el alcance de las disposiciones oscuras o complejas y de modificar, si fuera necesario, el régimen en vigor. En este sentido se formulan las propuestas encaminadas a excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 93/38 los sectores y/o los servicios incluidos en la misma -abastecimientos de aguas, energía, transportes y telecomunicaciones- que actúan en condiciones de competencia efectiva, así como a establecer procedimientos más flexibles como el llamado procedimiento de «diálogo competitivo» y el régimen de los acuerdos marco. Estamos examinando con los dos Comités consultivos sobre «contrataciones públicas» un nuevo procedimiento de diálogo competitivo que, además de permitir una mayor flexibilidad, garantice la máxima transparencia.
Señor Presidente, otra exigencia que el informe señala expresamente, se refiere a la necesidad de que las nuevas iniciativas, anunciadas en la Comunicación, contribuyan a asegurar una competencia justa y eficaz entre los operadores económicos a lo largo de los procedimientos de adjudicación. Este objetivo coincide con el perseguido desde siempre por la Comisión en materia de contratación pública y, en última instancia, es el que pretende cumplir la Comunicación interpretativa sobre las concesiones y las demás formas de asociación pública y privada, que se publicará en forma de proyecto en las próximas semanas.
Quisiera abordar muy rápidamente un aspecto importante en que ha hecho especial hincapié la Sra. Peijs. Somos conscientes de las dificultades que, hoy por hoy, encuentran las pequeñas y medianas empresas en la participación directa en los contratos públicos, sobre todo transfronterizos. Para reducir estas dificultades y para fomentar la participación de las pequeñas y medianas empresas, la Comisión está elaborando una comunicación cuyo objetivo es evidenciar las posibilidades de incrementar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos públicos en general tanto a través de las oportunas modificaciones legislativas como a través de la definición de las oportunidades que los programas en curso ofrecen actualmente.
En lo que respecta a la dimensión internacional, la Comisión, en el marco de las negociaciones en curso en la Organización Mundial del Comercio con vistas a la modificación y la simplificación del Acuerdo sobre contratación pública, continuará a emplearse a fondo con el fin de que se garantice el principio de reciprocidad.
Estoy de acuerdo con el Sr. Tappin cuando señala que la Comunicación se limita a anunciar y a presentar en líneas generales las iniciativas que la Comisión va a emprender, sin, por otra parte, facilitar detalles de cada una de ellas. Señor Tappin, tiene usted toda la razón. Esto es inherente a la propia naturaleza de un texto programático como lo es la Comunicación en cuestión. Está claro que las peculiaridades propias de cada iniciativa quedarán patentes cuando dichas iniciativas se plasmen. En cuanto a las iniciativas legislativas, las mismas se basarán en el artículo 100 A del Tratado y requerirán, por tanto, la participación activa del Parlamento en su proceso de adopción.
Por último, en cuanto a la elaboración de instrumentos interpretativos, la Comisión, aunque subraya que en este caso se trata de responsabilidades institucionales que el Tratado atribuye a la Comisión, no podrá dejar de valorar la contribución del Parlamento. En este sentido, la idea, que ya formulé, de la creación de un grupo de debate y de reunión informal ad hoc en el Parlamento, encargado de interactuar con los servicios de la Comisión al respecto, creo que podría ser examinada y llevada a la práctica, obviamente, en el respeto de las respectivas competencias de nuestras dos Instituciones.

Schäfer
Señor Presidente, incluso en esta hora avanzada se necesita una cierta atención. He tenido dificultades para escuchar las interesantes explicaciones del Sr. Comisario, porque el nivel de ruido causado por las conversaciones particulares ha aumentado de forma muy significativa a pesar de que esta Sala lo absorbe muy bien. Por favor, ordene las diligencias necesarias para que en el futuro podamos escuchar con tranquilidad a todos los oradores. Indique, por favor, a todas y a todos los colegas y a sus colaboradores, que las conversaciones que se desarrollan en grupos numerosos también pueden tener lugar fuera.
Exclamaciones

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Empleos del futuro
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0475/98) del Sr. Mann, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre los empleos del futuro en Europa.

Mann, Thomas
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, numerosos estudios científicos y publicaciones de asociaciones de la industria, de organizaciones profesionales, de sindicatos y de instituciones públicas han servido de base a mi informe sobre empleos del futuro en Europa. Quiero dar las gracias a los colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ya la Comisión de Derechos de la Mujer por sus enmiendas que yo he integrado en gran medida. En los folletos de que dispongo, incluso en los más generosos, sólo se hace balance de lo que se ha logrado. Faltan visiones y aserciones concretas acerca de los próximos 10-15 años. La globalización y la dura competencia internacional y los valores cada vez más cortos de la vigencia de las innovaciones y de las decisiones están conduciendo hacia una inseguridad constante que se extiende desde el ámbito de la gestión hasta el de los trabajadores a tiempo parcial.
Igualmente, el hearing practicado en la Comisión de Asuntos Sociales y de Empleo, en el que tomaron parte la UNICE, la CES y, en representación del nivel medio la UEAPME, puso de manifiesto que el actual cambio estructural es demasiado rápido como para plantearse perspectivas a largo plazo. ¿Cuáles son las posibles tendencias en los futuros puestos de trabajo? En primer lugar: en la camino hacia la sociedad del conocimiento y de la información necesitamos trabajadores cualificados. Deben conocer la realidad, ha de practicar la formación continua, incluso en el tiempo libre, y deben dominar el equipamiento tecnológico. Sólo a través de la variedad de conocimientos podrán moverse entre las diversas disciplinas y podrán cambiar desde su primer empleo aprendido a otras cuatro o cinco profesiones a lo largo de su vida laboral. Han de ser especialistas y, al mismo tiempo, deben ser generalistas que adquieran cualificaciones clave como, por ejemplo, capacidad de comunicación interna y externa, creatividad, capacidad para solucionar conflictos y para trabajar en equipo generando jerarquía y corresponsabilidad en el trabajo conjunto, deben conocer otras idiomas y han de ser capaces de comprender otros contextos culturales.
Es preciso reformar en los Estados miembros los planes de formación profesional y de enseñanza poniendo el acento en la técnica aplicada, en la amplitud de la formación, en las nuevas imágenes profesionales y en la mentalidad que practique el long life learning . No sólo es un error plantear demandas excesivas a las personas, también lo es plantearles demandas insuficientes.
En segundo lugar: para conseguir un alto potencial de empleo deben crecer también, junto a las cualificaciones mencionadas, las actividades sencillas. Éstas son necesarias en el sector de productos manufacturados y en los sectores de la industria que demandan gran cantidad de mano de obra. Aquí encuentran empleo millones de personas y contribuyen al aumento de la productividad.
En tercer lugar: no comparto la euforia acerca de que el sector de los servicios sea un motor inagotable de puestos de trabajo, pues no todo trabajo que se practica hoy sin contraprestación económica, puede transformarse en trabajo remunerado por cuenta ajena. Por lo demás, la demanda crecerá según regiones y según la identidad social de las personas. Aquí se encuentran servicios de asistencia personal, desde la enseñanza de la asistencia personal, pasando por la gestión de la asistencia, hasta el cuidado de los ancianos y vecinos y hasta los servicios sanitarios. Los servicios están condicionados por la economía, desde el seguro hasta la asesoría de empresas, son distributivos desde el transporte hasta la comunicación, dependen del nivel presupuestario personal, desde el comercio hasta la gastronomía, y dependen del asesoramiento, desde las cuestiones de personal hasta la gestión financiera.
El sector del turismo va a registrar enormes tasas de crecimiento, desde las agencias de viaje con una comercialización dirigida a grupos concretos hasta el turismo rural y cultural. Para facilitar vías de acceso a estas profesiones del futuro en los Estados miembros se necesitan iniciativas de la Comisión Europea, respetando, naturalmente, el principio de la subsidiariedad.
En cuarto lugar: los productos biofarmacéuticos y la tecnología biológica en la agricultura tienen grandes posibilidades, aunque antes se han de granjear la aceptación de la población. Por el contrario, es indiscutible la tecnología medioambiental aplicada de manera consecuente, a la cabeza de la cual nos encontramos los europeos. Debe ampliarse notablemente la investigación y el desarrollo, los cuales capacitan a las empresas a ocupar nichos del mercado mundial mediante productos innovadores y formas innovadoras de producción. Igualmente, las profesiones de nuestro tiempo -los sectores de la telecomunicación, de la tecnología de la información, de los medios y de la electrónica- se contarán entre los beneficiarios del cambio gracias a la interconexión y a la descentralización.
Hay tres puntos que considero prioritarios respecto de los puestos de trabajo propios del futuro en la Unión Europea: en primer lugar: es preciso garantizar con carácter permanente -y éste, señor Comisario Flynn, es un mensaje dirigido a la Comisión- el nivel de la dotación de los programas europeos de fomento. Aquí se encuentran las nuevas bases de existencia y la mejora de las posibilidades competitivas para las PYME. Así como las medidas para la mejora de la cualificación y de la equiparación de las mujeres que siguen estando desfavorecidas.
En segundo lugar: la flexibilidad que se precisa para las profesiones del futuro requiere una nueva reorganización del trabajo. Han de celebrarse más acuerdos en seno de las empresas, como, por ejemplo, regulaciones del trabajo a tiempo parcial que se ajusten a las exigencias de la familia y de la profesión y que incluyan una adecuada protección social y cuidado de los niños.
En tercer lugar: en lugar de ocuparse exclusivamente de la distribución del trabajo entre muchas personas, se han de poner en marcha en los Estados miembros diversas ofensivas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional. En vez de tender hacia una alianza europea para el trabajo, de carácter nebuloso, la actual Presidencia del Consejo haría bien en buscar una alianza más significativa y factible para el futuro. A este gallardo paso hacia el mañana están esperando, sobre todo, los excluídos y los desempleados, los jóvenes, los trabajadores de más edad y las mujeres trabajadoras.

Weiler
Señor Presidente, señor Mann, estimados colegas, no he entendido, en absoluto, señor Mann, el último comentario. Sin embargo, no constituye contradicción alguna que el pacto por el empleo que el Gobierno Federal de Alemania organiza a nivel nacional y que durante la Presidencia alemana organiza a nivel europeo constituya una aportación importante al crecimiento del empleo. Por consiguiente, estoy muy maravillado de su comentario, pues en principio, lo sabe usted también, apoyamos su informe. También apoyamos sus propuestas acerca de la orientación ecológica y sobre el permiso de un año para formación y esperamos que su Grupo no pueda lograr imponerse a base de que usted desagüe su informe.
Nosotros somos de la opinión de que su informe constituye una pieza de mosaico en el esfuerzo del Parlamento por lograr más empleo en el marco de la continuidad que desde hace años hemos conseguido en el Parlamento a través de la política de empleo que iniciamos mediante la Cumbre de Amsterdam sobre el empleo, mediante las directrices de Luxemburgo a pesar de algunos cortes ocasionales practicados por algunos gobiernos. También considero acertado que usted incluya en su informe la valoración crítica de la Comisión sobre los planes de nacionales de acción, pues esto no tiene sentido si no estamos dispuestos a aprender de los errores. Sin embargo, me alegro, y me permito decirlo aquí, de que la Presidencia alemana vaya a poner todo su esfuerzo en la lucha contra el desempleo juvenil y contra el desempleo entre las mujeres. En Alemania esto no fue tan evidente como usted acaba de formular ahora.
Apoyo su informe en lo que respecta a las diversas vías para crear puestos de trabajo con futuro y las dos opciones tan especiales. La una sostiene que hay que repartir el trabajo existente. Seguramente no es la más actual, pero no deberíamos minusvalorarla de cara a una sociedad democrática que posibilita a la madres poder trabajar y posibilita a los padres asumir también otras tareas sociales.
La segunda opción, el fortalecimiento de los potenciales de crecimiento y la mejora de condiciones marco, requiere también, en mi opinión, un especial apoyo. Esto significa, naturalmente, el apoyo a nuevos sectores, al tercer sector, a los servicios de asistencia y, evidentemente, también a nuestra gran esperanza de futuro, las PYME. Acabo de hablar de condiciones marco. Con este término no me refiero a una política orientada hacia la oferta, política que se ha practicado hasta ahora en algunos países, sino a la condición previa para un sistema moderno de educación y formación profesional. Celebro también que la Sra. Ministra Bulmahn pusiera de manifiesto el jueves por la mañana en nuestra comisión que muchos Estados miembros y, lamentablemente, también Alemania, poseen sistemas educativos que no son adecuados para Europa, ni siquiera el sistema de reciclaje profesional que realmente constituye una contradicción con lo que demandamos siempre en relación con el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Es importante también, sin duda, adquirir nuevas cualificaciones clave, la capacidad de trabajar en equipo, una mentalidad holística, en esto estamos de acuerdo y ustedes saben que yo he dado una especial importancia a que esta capacidad para trabajar en equipo sea aprendida también por los varones en nuestra sociedad. Quiero dar también las gracias a la Sra. Bulmahn que ha dicho que en los próximos cinco años Alemania duplicará al menos el presupuesto para investigación y educación. Esta es una señal con arreglo a la cual, evidentemente, la vamos a evaluar. Todos sabemos que la transferencia de conocimientos entre la universidad y los éxitos realmente realizables es demasiado lenta y que va muy por detrás de las necesidades en todos los Estados miembros. Nuestra mayor esperanza inicial es, por supuesto, el apoyo de las pequeñas y medianas empresas que constituyen el motor más poderoso de empleo.
Quisiera mencionar aún un grupo específico que ha sido obviado con frecuencia durante el debate, en concreto, las conciudadanas y conciudadanos extranjeros de nuestros Estados de la UE que gracias a su autonomía han contribuido también en gran medida a una ampliación del empleo. Permítanme decir que considero escandaloso que en mi tierra de origen, Hessen, los extranjeros estén siendo discriminados en este momento mediante una campaña que es inaceptable.
El último punto es la poca valoración del factor de lo que pueden hacer las mujeres en las PYME. La capacidad de innovación y la creatividad no están a la altura de la realidad. Creo que la Unión Europea debería fomentar de manera especial esta autonomía, la constitución de nuevas PYME por mujeres.

Pronk
Señor Presidente, quiero dar las gracias cordialmente al Sr. Mann por su informe. Creo que ha realizado un excelente esfuerzo por llamar la atención sobre una serie de nuevos sectores en los que perfectamente podrían crearse puestos de trabajo. Ha mencionado las PYME. También ha hecho referencia a la necesidad de aprender. Aprender, aprender, aprender, llamaría yo a su informe, porque sólo con una población que realmente sea capaz de afrontar el reto de las nuevas tecnologías estaremos en condiciones de crear suficientes puestos de trabajo. Creo que esto es muy importante y, desde luego, queda reflejado en su informe.
Naturalmente, como Grupo del PPE apoyamos plenamente este informe, aunque en gran medida tiene carácter de compromiso. Pienso que la Sra. Weiler tiene razón al hablar de mosaico. He de decir que algunas de las piezas de este mosaico que se han añadido son menores que otras piezas. Las que ha aportado el ponente, en particular, son mejores que las que se han añadido después, y esto es un peligro.
Cuando aprendía alemán usaba un libro que se llamaba Schwere Wörter , palabras difíciles. Eran palabras que resultaba difícil distinguir entre el alemán y el neerlandés. En este momento, con el actual gobierno federal, nos vemos confrontados con Schöne Wörter , bellas palabras. No hay hechos nuevos. Se actúa en la misma medida en que lo hizo el anterior gobierno. No se hace nada nuevo. Absolutamente nada nuevo en la práctica. Pero se habla de ello con muy bellas palabras. Hay muchas bellas y nuevas palabras para elegir. Pero para nosotros la cuestión son los hechos. Me parece muy importante que el ponente se haya referido a los hechos, a los nuevos puestos de trabajo reales y no a un sinfín de métodos de reparto y maneras de actuar, no a las bellas palabras del Canciller federal. Se trata de hechos y en última instancia seremos juzgados por los hechos.

Lindqvist
Señor Presidente, el empleo es el talón de Aquiles de la UE. La cooperación en el ámbito de la UE ha estado dominada demasiado tiempo por la economía y la competencia en los mercados. La UEM se ha convertido para los países miembros en una especie de cantinela que ha impulsado el combate a la inflación, las exigencias de la convergencia, los ahorros presupuestarios y la disminución del déficit fiscal en detrimento de las posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo. Son aspectos importantes, pero, desde una perspectiva europea, demasiado unívocos. De hecho, la UEM dificulta las apuestas por el empleo en el futuro. Creo que la paz, el empleo y el medio ambiente son posiblemente los campos que más interesan a los ciudadanos de Europa.
El capítulo sobre el empleo en el Tratado de Amsterdam es bueno. El método -que contempla la cooperación internacional, objetivos y directrices en el ámbito europeo y el derecho a coordinar esfuerzos- recoge buenas ideas de otros países como, por ejemplo, la compensación de impuestos, la reducción de la jornada laboral y formación y autorizaciones para estudios, que permiten a los países coordinar sus acciones.
Quisiera que se destacasen los sectores del transporte, del medio ambiente y de la energía, todos ellos importantes para el futuro. Por ejemplo, quisiera ver que la UE junto a los países miembros apostase por un gran proyecto que, en el plazo de diez años, hiciese posible sustituir la gasolina por otros combustibles más ecológicos. Esto generaría muchos puestos de trabajo. El etanol, el metanol, los coches eléctricos, etcétera; todos verían abrirse nuevos mercados.
Durante el pasado verano visité una empresa en la parte central de Suecia, una fábrica de papel relativamente pequeña con 300 trabajadores. Pregunté al gerente acerca de cuál era su principal problema para conseguir operarios. Pensé que se trataría de los sueldos, de los impuestos y de las reglas comunitarias, pero me contestó que lo primero que preguntan es sobre el colegio, las guarderías, los hospitales y las comunicaciones. Los servicios sociales básicos son imprescindibles para que se puedan crear puestos de trabajo en muchas zonas, por ejemplo, en el Norte de Europa. El Grupo Liberal apoya esta propuesta del ponente.

Crowley
Señor Presidente, quisiera acoger con beneplácito y muy efusivamente el informe de mi colega Thomas Mann, porque va orientado hacia el futuro y de eso es de lo que estamos hablando. No probar sistemas fracasados del pasado, no probar mecanismos fracasados del pasado, sino abordar la realidad que se nos presenta. Pese a los riesgos y los peligros que los nuevos avances y las nuevas tecnologías representan, también nos ofrecen una nueva y maravillosa oportunidad de corregir algunos de los errores del pasado, para tener una mayor cohesión social en Europa.
Muchas cosas se han dicho en el informe y por parte de los diputados que han hablado aquí esta noche y estoy seguro de que el Comisario también se referirá a ello, a la importancia del aprendizaje y la educación a lo largo de toda al vida. Según un dicho muy antiguo, «si das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. Si le enseñas a pescar, lo alimentarás para toda la vida». Al invertir una parte mayor de nuestros recursos en impartir educación y formación real a nuestra población, podemos garantizar que se beneficiarán de la enorme explosión de oportunidades en materia de creación de puestos de trabajo que se presentarán.
Pero hay peligros relacionados no sólo con las medidas particulares adoptadas por los Estados miembros, sino también con la cuestión de la armonización fiscal, con el aumento de la fiscalidad. Ése es el mayor factor disuasor de la inversión que afectará a las oportunidades en materia de puestos de trabajo. Ya no podemos tener un enorme sector estatal que se haga cargo automáticamente del exceso de desempleados y les ofrezca puestos de trabajo sin sentido. La gente ahora quiere tener un papel valioso en la vida, con dignidad. Si eso le obliga a trabajar con jornada parcial, sea. Si obliga a devolver a más mujeres al lugar de trabajo, sea. A nadie se le debe negar la oportunidad de procurar desempeñar su papel plenamente en la vida. Pero tampoco debe verse ninguna persona obligada por la necesidad, por la pobreza, a aprovechar una oportunidad de empleo que no sea idónea para ella. Centrémonos en la educación, trabajemos juntos por el bien común.

Wolf
Señor Presidente, hechos en vez de palabras, esto es acertado, y, antes de nada, hay que aclarar las cosas. Un pacto por el empleo, en lugar de un pacto por lo bueno, lo bello y lo verdadero en el que no se pueda reconocer ningún objeto concreto, me parece que es un paso adelante que es acertado dar. En el informe del Sr. Mann figuran muchas cosas que podemos apoyar y estamos también en contra de que el PPE lo castre, sin embargo también contienen alguna cosa que está bastante oscura. Quiero sistematizar un poco para que logremos claridad.
Hay dos grupos de medidas. Se puede crear una demanda adicional de volumen de trabajo. Esto implica la macropolítica orientada al empleo, la reconversión socio-ecológica, la reforma fiscal ecológica, el desarrollo del tercer sector, para realizar trabajos sociales que son necesarios pero que no son realizados por el mercado. En segundo lugar, se puede practicar una repartición del volumen de trabajo existente, lo cual comprende la redistribución del trabajo, la reducción de la jornada laboral, el trabajo a tiempo parcial, la reorganización del trabajo, la repartición del volumen de la oferta de trabajo a través de los derechos individuales y colectivos a interrupciones del trabajo, y el Sr. Mann incluía el año sabático, que ahora su Grupo le quiere borrar. Cualificación con el doble efecto de que después tengamos una mejor mano de obra y haya mucho menos mano de obra desempleada. Se pueden acometer estas medidas y podemos llenar el vacío de mano de obra en la Unión Europea; entre 27 y 34 millones según cálculos de la Comisión. Pero para ello hemos de abordar también esto de manera consciente y para ello necesitamos un pacto por el empleo que sea rico de contenido y que no consista meramente en buenas palabras. En esto estamos de acuerdo todos.

Damião
Señor Presidente, este informe-mosaico tiene exactamente la virtud de hacer muchas contribuciones y de plantearnos muchas cuestiones. Es un informe que no se ha limitado a enunciar nuestras preocupaciones y a recoger la unanimidad de la Comisión de Empleo (nuestras preocupaciones son necesariamente contra las exclusiones del actual modelo de desarrollo) y señala algunas soluciones que ya se han mencionado aquí, como, por ejemplo, el reparto del trabajo. Pero todos nosotros sabemos que el reparto del trabajo es una metodología que dará algunos resultados inmediatos más insuficientes ante la dimensión del problema. Por tanto, tenemos que abordar nuevas formas de afrontar este problema reconociendo que hay que crear empresas ciudadanas que participen, como ya se ha dicho aquí, en la solución de los problemas del sector terciario, de los servicios para la comunidad y del medio ambiente y sean reconocidas y compensadas por ello en el plano fiscal. Son empresas de ciudadanos y empresas ciudadanas con un papel nuevo que se debe acoger e incentivar.
Sabemos que los sistemas de seguridad social desempeñan hoy un papel para el que no están preparados ni fueron creados. Nunca, desde el final de la guerra, tantos dependieron tanto, total o parcialmente, de esos sistemas. Y esos sistemas no van a seguir resistiendo. Por tanto, sólo el empleo produce inserción social digna, seria y real. Así, pues, hay que crear puestos de trabajo y eso significa que haya convergencias y sinergias en cuanto a la inversión, porque puestos de trabajo que figuren sólo en las estadísticas sociales, que no tengan calidad social, que no tengan futuro y que sean formas indignas de convivencia entre los ciudadanos no son seguramente el modelo social de Europa que nosotros deseamos. Y, por tanto, no es con puestos de trabajo «para las estadísticas» como resolvemos los problemas ni con aspirinas de formación/ocupación vamos a afrontar este mosaico que se declara resuelto.
Apelamos a la Comisión, conscientes de que, después del Libro Blanco, vencemos la barrera de la indiferencia. ¡Es hora de actuar!

Hatzidakis
Señor Presidente, quisiera dar mi sincera enhorabuena al Sr. Thomas Mann, a mi estimado colega y amigo, por la espléndida labor que ha realizado, aunque creo que el resultado final no es tan bueno comparado con las propuestas iniciales que él mismo había hecho a la Comisión de Asuntos Sociales.
En cualquier caso, creo que este informe es especialmente importante por dos razones principales. La primera razón es que estamos en una época de avances rápidos. Estamos en la época de la mundialización, de la biotecnología, de la sociedad de la información y es importante y esencial que el Parlamento Europeo analice la cuestión que hoy estamos examinando, las profesiones del futuro. La segunda razón es el paro, que azota a la mano de obra, especialmente en la Unión Europea y, por tanto, esta es una razón más para que todos veamos cómo podemos afrontar los cambios que vienen y que están frente a nosotros.
En una economía libre, señor Presidente, está claro que el Estado no puede prever qué es lo que va a suceder exactamente. Pero puede hacer dos cosas. Primero apoyar sistemas de formación y de reconversión profesional de los trabajadores, sistemas flexibles, modernos y eficaces para afrontar los cambios y segundo, poner énfasis en la educación lingüística para animar la movilidad de los trabajadores, especialmente con vistas al mercado común.
A partir de ahí, está claro que podemos entender cuáles son los sectores hacia los que, aunque sea indicativamente, debemos dirigir nuestra atención. Y creo que aquí, correctamente, el informe señala que, primero, un sector de este tipo es la industria informática y electrónica; un segundo sector, que interesa especialmente a mi país, es el turismo, el turismo rural y en general, la industria del ocio. Tercero, se debe poner énfasis en el tercer sector, en la prestación de servicios. Es evidente que este sector se reforzará a costa del segundo; y, por supuesto, constituyen un cuarto sector las pequeñas y medianas empresas, que son mucho más flexibles y que, como está demostrado pueden crear muchos puestos de trabajo.

Heinisch
Señor Presidente, estimados colegas, permítanme comentar tres puntos. En el futuro un gran grupo problemático en el mercado de trabajo de toda Europa serán no sólo los jóvenes y adultos carentes de formación profesional, sino también los que posean una formación anticuada y obsoleta. La adaptación de los sistemas de formación profesional y de reciclaje profesional al cambio estructural, debe hacerse cada vez con mayor celeridad. Los esfuerzos comunes de los Estados miembros en pro de la innovación en este ámbito son especialmente prometedores de éxito. Precisamente el programa LEONARDO II ofrecerá aquí posibilidades excelentes de cooperación que habría que aprovechar con urgencia.
En segundo lugar: hasta ahora la utilización del mercado laboral a escala europea por parte de los ciudadanos está siendo escasa. Justamente el 2 % de éstos vive y trabaja de manera prolongada en otro Estado miembro. Las oportunidades de empleo fuera de las fronteras nacionales son todavía demasiado desconocidas y no se han removido aún los obstáculos a la movilidad en el ámbito de la formación y del trabajo. Iniciativas tales como EURES y CITIZENS FIRST constituyen pasos en la dirección adecuada, pero no son suficientes todavía. Se insta al Parlamento, a la Comisión y al Consejo a poner en marcha nuevas iniciativas. Hay que mencionar de manera positiva la introducción del europasaporte el cual asegura la transparencia de las cualificaciones profesionales adquiridas en el extranjero.
En tercer lugar: se pueden crear en Europa posibilidades adicionales de trabajo fundando nuevas empresas sobre la base de una tecnología innovadora, de nuevas posibilidades de comercialización y de prestaciones de servicios. Sin embargo, esto presupone que el potencial que se requiere para ello debe aprovecharse plenamente precisamente entre las personas jóvenes. Ya en la primera formación profesional y, luego, en el aprendizaje a lo largo de la vida se deben transmitir y fomentar el entrepreneurship y los conocimientos relativos a la vida económica. Al mismo tiempo, es preciso remover también las excesivas regulaciones existentes en el ámbito legal, las barreras financieras y los déficits de información. A este respecto, la disponibilidad de capital de riesgo, por ejemplo, es un factor adecuado. Para terminar, quiero reiterar las gracias a Thomas Mann por su excelente informe.

Rübig
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, por primera vez desde hace largo tiempo ha descendido el número de desempleados por debajo del 10 %. Esto es alentador, pero no podemos darnos por satisfechos. Sobre todo parece importante indicar las tendencias positivas y los mercados de futuro en relación con los puestos de trabajo. A este respecto, el excelente informe de Thomas Mann realiza una contribución especial. Afirma con toda razón que los patronos están obligados a garantizar la formación permanente de sus trabajadores. Con ello queremos referirnos a que, ante todo, interesa al propio empresario, que los trabajadores puedan aportar los nuevos conocimientos oportunos. Por consiguiente, el aprendizaje a lo largo de toda la vida debe figurar en primer término, como nuestro objetivo supremo para el aumento de la actividad económica a nivel de toda la Unión, pues sólo el consumidor genera puestos de trabajo. Por esta razón deben ofertarse productos y servicios que también se compren.
Por lo demás, hay que velar también por que en la transmisión de venta de las empresas exista la posibilidad de asegurar los puestos de trabajo y de ampliarlos también después. El informe aborda el temor al cambio tecnológico que podría convertir en superfluas a más profesiones que las nuevas que pudieran surgir. Debemos contradecir de manera decidida y consecuente tales temores. La sociedad de la información, por ejemplo, es el sector económico más dinámico de la Unión Europea. Constituye ya el 5 % del PIB. Este sector está creciendo con más rapidez que todos los demás y está generando también más puestos de trabajo. Más de 4 millones de personas trabajan ya en las empresas denominadas empresas de tecnología de la información y de la comunicación. Entre 1995 y 1997 se han creado más de 300.000 nuevos puestos de trabajo en este contexto de la sociedad de la información. Este potencial no se ha agotado aún. Alrededor de 500.000 puesto de trabajo sin cubrir están aguardando a especialistas de este ámbito. Por consiguiente, aquí sobreabundan las oportunidades. Sólo tenemos que hacernos conscientes de ellas.

Schiedermeier
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, permitanme que en mi calidad de último orador enfoque el problema de una forma algo diferente.¿Qué son los puestos de trabajo con perspectivas de futuro? El elemento decisivo que los define no es el tipo de trabajo que se realiza en ellos sino si tales puestos de trabajo van a seguir existiendo en el futuro. Esto significa, desde mi punto de vista, que una parte de estos puestos de trabajo existe ya. Por consiguiente, deseo analizar por qué estos puestos de trabajo que ya existen, tienen perspectivas de futuro. Esto no es tan difícil. La gerencia, o el jefe en la empresas pequeñas, debe adivinar a tiempo las oportunidades de mercado para sus productos y servicios y debe adaptar rápidamente la oferta a los requisitos del mismo. Para esto necesita colaboradores y colaboradoras que posean una buena formación, que estén óptimamente motivados y que estén dispuestos siempre a ampliar su formación. Tales equipos no caen del cielo. Desean ser bien tratados, estar bien informados y ser bien remunerados. La flexibilización se necesita hoy más que nunca, no sólo en beneficio de la empresa, sino también en beneficio de los empleados.
Los modelos modernos de jornada laboral no deben ir en detrimento de los trabajadores, como muestra el reciente ejemplo de la V. en Wolfsburg. Las exigencias profesionales no deben excluir a nadie del círculos de la propia familia o de la propia sociedad. El estado nacional debe hacer lo que le corresponde a través de unos impuestos adecuados y, en caso de necesidad, a través de una exención oportuna y no fallar después, como su nuevo gobierno, querida colega, en el caso de la ley de los 630 marcos. Hasta aquí, mi análisis de fondo.
Una educación escolar deficiente, la falta de formación profesional, la ausencia de un reciclaje y una insuficiente cualificación impiden a muchas personas un despegue exitoso. En el futuro es preciso suprimir por medios legales la discriminación de los trabajadores de más edad y de los discapacitados. En Europa hemos de aprender los unos de los otros en este punto. El ponente, Thomas Mann, formula algunas buenas propuestas. La utilización de las nuevas tecnologías y, en especial, el ámbito de los servicios ofrecen posibilidades de crear puestos de trabajo con perspectivas de futuro y, por cierto, en igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres. Yo apoyo la defensa de la economía social de mercado en Europa, pero rechazo todos los intentos de tutelar demasiado a las personas pues esto podría obstaculizar la creación de puestos de trabajo con perspectivas de futuro.

Flynn
Señor Presidente, el empleo es la máxima prioridad política de Europa, por lo que acojo con beneplácito este informe sobre los puestos de trabajo del futuro y felicito al ponente por su excelente labor. Gracias, señor Mann. Complementa, naturalmente, el informe de la Comisión sobre las tasas de empleo de 1998, en el que se determinaban las limitaciones de los resultados de Europa en materia de empleo y los sectores en los que el empleo está rezagado en Europa. Acojo con beneplácito muchos aspectos del informe y, por ejemplo, el de que la resolución determine la vía que debe seguir Europa. Debemos ampliar nuestra capacidad para brindar productos y servicios de la mayor calidad y que estén en la vanguardia del cambio tecnológico y que propicien la creación de puestos de trabajo de la mayor calidad. Se insiste en las posibilidades que existen para aumentar el empleo y los servicios, en la necesidad de reformar los sistemas de educación y formación y permitir el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la necesidad de hacer hincapié en las mujeres en la política de empleo y en la importancia de centrar la política de empleo en las pequeñas y medianas empresas, en la petición de participación de los interlocutores sociales en la formulación de la política de formación y las peticiones de mayores vínculos entre las industrias y las localidades en que estén radicadas.
Ahora se pide a la Comisión que actúe en relación con varios aspectos de esta resolución y, si se me permite, quisiera formular las siguientes observaciones breves. En el párrafo 21 la resolución menciona el programa Philoxenia. Se trata de un programa relativo al turismo que la Comisión propuso en 1996, pero que el Consejo aún no ha aprobado. Permítaseme aclarar que la Comisión no ha retirado la propuesta ni tiene intención de hacerlo. Creo que la Presidencia alemana puede examinarlo.
Respecto del párrafo 24, en el marco de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, la Comisión ha lanzando una serie de exámenes colegiados y encaminados a determinar los procedimientos idóneos en las políticas de empleo de los Estados miembros. En el informe conjunto sobre el empleo de 1999 se incluirán los resultados de dichos exámenes colegiados. Las enseñanzas que se desprendan de dicho examen se utilizarán para la redacción de las directrices de empleo. Sin embargo, quisiera hacer la observación de que normalmente se determinan mejor las políticas concretas que aplicará cada uno de los Estados miembros en el nivel nacional.
Acojo con beneplácito que en los párrafos 32 y 33 el Parlamento reconozca a las mujeres como un grupo beneficiario especial. El desempleo de las mujeres es mayor que el de los hombres y el nivel de empleo es también muy inferior. Ya existe, naturalmente, una acción de la Comunidad en pro del empleo de las mujeres tanto en la iniciativa comunitaria NOW como en el objetivo 3 del Fondo Social Europeo. Pero se puede hacer más y más se ha propuesto en la reforma de un fondo social que ahora se está negociando. El nuevo fondo abarcará acciones específicas en pro de las mujeres que les permitan aprovechar plenamente las nuevas oportunidades de empleo.
Por lo que se refiere a la jornada laboral, abordada en el párrafo 16, la formulación hecha por el Parlamento en su resolución, que comprende la propuesta del Parlamento a la cumbre sobre el empleo celebrada en Luxemburgo, aprobada en octubre de 1997, refleja la que debe ser la posición en el nivel europeo. Se declara -y cito- que «los Estados miembros deben abordar la cuestión del fomento de la flexibilidad en el mercado laboral respecto de las horas de trabajo, la jornada laboral y las modalidades de trabajo, tales como las interrupciones de la carrera profesional y los años sabáticos, etc., mediante un proceso no legislativo y no obligatorio basado en el diálogo social en el nivel de las empresas particulares». Quisiera decir al Sr. Mann que está en lo cierto cuando dice que los puestos de trabajo en cartera estarán a la orden del día en el futuro: tres y cuatro cambios en una vida. Eso sólo puede llegar a ser realidad, señor Mann, haciendo hincapié en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, diciendo lo que el Sr. Crowley ha dicho: que debe haber una situación diferente en materia de educación y formación para que todo el mundo pueda participar en el mercado laboral.
Quisiera decirle, señora Weiler, que, según tengo entendido, va a haber un plan de acción nacional alemán muy fortalecido. Eso es lo que tengo entendido, tras haber estado en Bonn y haber hablado con el Gobierno alemán sobre esa cuestión determinada. Se está centrando extraordinariamente en la cuestión de los jóvenes desempleados y la de las mujeres en el mercado laboral. El aspecto fundamental, por lo que se refiere al fortalecimiento del plan alemán, va a ser que están asignando más fondos, millones y miles de millones de marcos alemanes, para lograr la aplicación de las directrices. Eso es lo que queremos en materia de aplicación en cada uno de los Estados miembros.
Ahora bien, entiendo perfectamente, señor Pronk, lo que dice Su Señoría sobre los nuevos servicios y lo interesante a ese respecto es, naturalmente, que hay un desfase enorme. Pero no es en el sector agropecuario ni en el industrial ni en el sector público. Es en el sector de servicios, los servicios comunales, los servicios empresariales, la distribución de los servicios y la cuestión del ocio. En ese sector es en el que hemos quedado rezagados respecto de los Estados Unidos y tenemos que compensar esa diferencia, porque nuestra tasa de empleo ha ido reduciéndose en los 25 últimos años. Pero no será así, señor Lidqvist, si no se dedica una cantidad enorme de recursos para guarderías y los medios para aprovechar todos los recursos del mercado laboral, lo que significa, entre otras cosas, prestar mucha mayor atención a las mujeres.
He de decirle, señora Heinisch, que la cuestión de la movilidad es un elemento fundamental en este caso, por lo que se refiere al mercado laboral europeo. No tenemos una buena ejecutoria al respecto, pero estamos aplicando en la red EURES un sistema que está posibilitando a las personas moverse con mayor facilidad por la Unión y crear -es de esperar- una situación en la que puede aumentar la movilidad.
Por último, medio millón de puestos de trabajo están vacantes en este momento en el sector de la sociedad de la información y de la tecnología de la Unión Europea. Tiene toda la razón, señor Rübig: medio millón de puestos de trabajo. Pero, según me cuentan los representantes de ese sector, dentro de cinco años serán 1.200.000 puestos de trabajo vacantes en Europa los que no se podrán cubrir. He de decir que la única forma como podemos afrontarlo es cambiando, señora Weiler, y reformando los sistemas de educación y formación para que a la tecnología que existe hoy y que dentro de diez años estará obsoleta corresponda un sistema educativo, señor Crowley, que permita a todo el mundo participar y tener una oportunidad de trabajar en esta Unión.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.

Protección de las gallinas ponedoras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0481/98) del Sr. Kindermann, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de directiva del Consejo por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras en los diferentes sistemas de cría (COM(98)0135 - C4-0196/98-98/0092(CNS)).

Kindermann
Señor Presidente, la presente propuesta de la Comisión tiene por objeto sustituir la Directiva 88/166/CEE, actualmente en vigor, relativa a las baterías de jaulas, por una directiva sobre la protección de las gallinas ponedoras en los diversos sistema de cría. Se trata de establecer unas normas mínimas. Con ello la Comisión pone en práctica la clausula de revisión del artículo 9 de la directiva en vigor, según la cual deberá formular sobre la base de un informe del Comité Científico Veterinario propuestas de adaptación que tengan en cuenta el avance del conocimiento. Está previsto que todos los sistemas de cría que se pongan en uso por primera vez han de disponer de nidos, aseladeros y baños de arena. Las jaulas tradicionales sin nido ni yacija pueden seguir siendo autorizadas a modo de excepción por los Estados miembros. Pero deben tener como mínimo 800 cm2 de superficie por gallina y han de tener en todas sus partes al menos 50 cm de altura. Bajo determinadas condiciones las instalaciones viejas pueden seguir aún en explotación hasta el 31 de diciembre del año 1008 como muy tarde.
Nuestra comisión ha celebrado la propuesta de la Comisión pues apunta en la dirección adecuada, es decir, hacia un mejoramiento de las condiciones de cría de las gallinas ponedoras. Hay que mencionar, ante todo, el aumento de la superficie mínima por gallina de 450 cm2 a 800 cm2 , una medida que nosotros apoyamos de manera especial pues, en opinión de muchos, la regulación vigente no permite la práctica de determinadas conductas innatas de los animales y por consiguiente una cría adecuada a la especie.
Lamentablemente la Comisión se ha quedado a medio camino a la hora de formular las exigencias mínimas para otros sistemas de cría. La regulación en el caso de los sistemas que no implican jaulas en espacios cerrados tienen lagunas y faltan, sobre todo, normas sobre la densidad de ocupación. Faltan normas sobre la cría de gallinas camperas. Lamentamos esto, pues con la nueva directiva entrarán en una mayor competencia mutua los diversos sistema de cría. Por consiguiente, instamos a la Comisión a que presente pronto una propuesta al respecto. La comisión lamenta también que la nueva jaula, denominada jaula enriquecida, con nidos de puesta, aseladeros y yacija, que en el futuro va a ser la jaula estándar, no esté definida con más profusión. Creo que en este punto hemos ayudado.
Por lo demás, hemos propuesto un aplazamiento de dos años para la entrada en vigor de la nueva directiva pues el momento que prevé la Comisión no es realista, en absoluto. Hasta entonces no se pondrá en el mercado ninguna jaula en la forma que se exige para su explotación comercial. Exigimos también un endurecimiento de la disposición relativa a la actividad controladora de la Comisión. Efectivamente, quien endurece las condiciones de cría y transforma el deber de controlar in situ en una disposición de «podrá» no está a la altura de su tarea de garantizar una aplicación unitaria de la directiva en toda la Unión Europea.
Paso ahora a los comentarios socioeconómicos. La comisión propone introducir de manera complementaria a la posibilidad facultativa de subvenciones cofinanciadas a la inversión un sistema de ayudas independiente de la producción, temporalmente limitado y escalonado de manera decreciente, en el marco del Reglamento 950/97/CE relativo a la mejora de la eficacia. Estimamos que con este instrumentario fiscal se podría mover a aceptar estándares más elevados de protección de los animales a los Estados miembros que aún se muestran remisos y, en consecuencia, instamos al Consejo y a la Comisión a que reflexione detenidamente sobre esta propuesta.
La comisión demanda, además, que adopten las medidas necesarias para que los productores comunitarios no resulten perjudicados frente a las importaciones de terceros países. Esto implica especialmente que éstas tienen que satisfacer los mismos estándares de protección, de sanidad y de higiene animal. Permitanme que en esta instante diga aún algunas palabras acerca de la exigencia presentada por todas las asociaciones de protección de los animales, encaminada a la prohibición de las llamadas jaulas en batería. La comisión ha rechazado el uso del concepto jaula de batería en el marco de la nueva propuesta de directiva porque es insuficiente y equívoco. Dentro de este concepto cabe distinguir al menos tres tipos de jaulas y cada una de ellas, incluso la denominada jaula enriquecida, es integrable en una batería. Por consiguiente, el concepto de jaula de batería afirma solamente algo sobre el tipo de utilización de la jaula y no sobre su naturaleza. Por tanto, nuestra comisión propone que se hable de jaulas tradicionales cuando se haga referencia a las jaulas definidas por la directiva que está en vigor.
Es cierto que el informe del Comité Científico Veterinario de octubre de 1996 llega a la conclusión de que los actuales sistemas de jaulas, debido a su escasa oferta de sitio o a la pobreza de estímulos presentan graves inconvenientes para el bienestar de los animales. Sin embargo, el acento recae sobre el término actuales, pues el Comité veterinario presenta también en los sistemas alternativos de cría graves inconvenientes a consecuencia de los picotazos y del canibalismo...
El Presidente retira la palabra al orador.

Needle
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que acojo con el mayor beneplácito la constructiva y bien informada labor del Sr. Kindermann como mejora importante de las propuestas de la Comisión, que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor considera una transacción inadecuada entre las preocupaciones comprensibles de los productores y el bienestar de las gallinas ponedoras.
La fotografía de tamaño natural que he traído conmigo esta noche de un periódico nacional en la que se ven las realidades del espacio que permite una jaula tradicional o en batería resulta más expresiva que muchas horas de debate aquí. Lamentablemente, mi comisión opina que, sin medidas financieras en los Estados miembros para asistir a los productores a adoptar los nuevos métodos, no es probable que se consigan efectivamente los fines de la directiva, tan dignos de beneplácito. No satisfacen ni las aspiraciones de quienes quieren alcanzar los mejores niveles posibles de bienestar ni aportan un marco realista para que los productores de huevos de la UE sigan siendo competitivos o cambien los métodos de cría y mantengan niveles de empleo sostenibles.
En esas circunstancias, la comisión dio prioridad a la tarea de abordar las profundas desventajas inherentes citadas en el informe sobre el sistema de batería, por lo que pide que aplique lo antes posible una prohibición, a escala de la UE, de la utilización de semejantes jaulas, pero junto con medidas financieras apropiadas que adopten los Estados miembros con apoyo de la Comisión en materia de sistemas substitutivos y estudios pertinentes.
Se insta también a la Comisión a que adopte una posición negociadora firme en las próximas negociaciones de la OMC sobre condiciones iguales de bienestar para los huevos importados y, en particular, los productos a base de huevos, en consonancia con la recomendación del comité consultivo del huevo y de las aves de corral de la Comisión.
Así, pues, en conclusión espero que mañana el Parlamento apruebe enmiendas tales como las núms. 50 y 92, presentadas por mi colega el Sr. Watts y otros, y que se considere un paso positivo hacia el fin de esas jaulas -como quiera que las llamemos- en la Unión Europea la aprobación del válido informe del Sr. Kindermann, así modificado, .

Watts
Señor Presidente, también yo quisiera agradecer al ponente su informe y la constructiva y completa forma como ha abordado esta cuestión tan delicada y polémica. Como él, acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión de reformar el sistema de jaulas en batería. Parece haber reconocimiento general de que el sistema vigente de jaulas en batería tiene que desaparecer. Si bien la propuesta, desde mi punto de vista, se queda corta, señala el fin del sistema de producción vigente de jaulas en batería. ¡Y, además, ya es hora!
Según el propio Comité Científico Veterinario de la Comisión, el sistema de jaulas en batería presenta -y mi colega Clive Needle acaba de hacer referencia a ello- «graves desventajas inherentes para el bienestar de las gallinas». Ayer, sin ir más lejos, un nuevo informe ponía de relieve la lastimosa situación de las gallinas en las jaulas en batería, metidas en jaulas a partir de tan sólo 18 semanas de vida, sin espacio para agitar las alas, sin espacio suficiente para erguirse del todo, sin poder escarbar, dormitar ni bañarse. Al cabo de un año, al final de su vida laboral, las escuálidas y casi desplumadas aves son sacrificadas y convertidas en empanadas, sopa o alimento para animales domésticos. Una de cada tres de esas aves enviadas al sacrificio tienen roturas recientes de huesos y casi todas padecen osteoporosis. La jaula es la peor representación de la cría industrial.
Sin embargo, si creemos que el sistema de jaulas es cruel, debemos prohibirlo completamente. Mis enmiendas y las de otros colegas van encaminadas a eso precisamente. En el año 2009, a más tardar, habrá dejado de existir el sistema de producción de huevos en jaulas en batería. Un periodo de diez años para su desaparición progresiva es la mejor forma de fomentar el bienestar de las gallinas ponedoras. Un periodo de diez años para su desaparición progresiva es justo para la industria, que dispone así de un futuro claro y seguro para hacer planes. Ese futuro está en la producción en granjas. En Gran Bretaña funciona. Protege el bienestar de las gallinas; es rentable y popular. El 89 % del público británico considera que mantener a gallinas en jaulas pequeñas es cruel. Casi la mitad de todas las familias británicas compran ahora huevos procedentes de granjas. Algunos supermercados, como Marks & Spencer, han eliminado completamente los huevos procedentes de jaulas en batería y ahora sólo venden huevos procedentes de granjas. Ése es el futuro sin crueldad para el que todos debemos hacer planes y espero que todos votemos a favor de él mañana.

Sonneveld
Señor Presidente, la nueva directiva relativa a los ponederos de gallinas en bateria es un asunto político de primer orden. Hemos recibido muchas reacciones por parte de los ciudadanos. También se ha hecho referencia a las granjas avícolas de la UE que obtienen de ellas sus ingresos.
Esto último nos obliga a trabajar concienzudamente con nuestra legislación y de ese modo proporcionar a los productores un fuerte incentivo para revisar sus sistemas de gestión empresarial, de modo que al mismo tiempo se alcance un nivel mayor de bienestar para los animales en empresas que son viables económicamente dentro de la Unión Europea. Esto en ningún caso significa un enfoque que implique que todas las granjas avícolas de la UE deban cambiar a la producción de huevos de corral, incluso aunque este método siga ganando importancia. Pero las jaulas de batería deben seguir siendo una alternativa en la que los animales puedan criarse, si bien en condiciones mejores. Las pruebas de estos sistemas demuestran que la situación de bienestar mejora notablemente. A este respecto, el Comité Científico Veterinario debe dictar sentencia, al tiempo que deben tenerse en cuenta otros aspectos, como los medioambientales y las condiciones laborales de las granjas avícolas. Si se quiere poner en pie a corto plazo sistemas en condiciones mejores es preciso encarecer la cría de gallinas ponedoras en las jaulas de batería tradicionales, aumentando sustancialmente la cantidad prescrita de centímetros cuadrados por animal.
Sea cual sea de los dos el método de producción que se escoja en las granjas avícolas europeas en los próximos años, desde el punto de vista de unas condiciones de competencia leales es preciso tener plenamente en cuenta las circunstancias de la producción de los huevos que se importan, ya sean frescos o en forma de productos derivados. En cualquier caso, es preciso evitar todo intento de prohibir, con la fijación de una fecha concreta, el sistema de cría en jaulas muy mejoradas .
El PPE secunda mayoritariamente la línea del Informe Kindermann. Lo hacemos expresando todo nuestro agradecimiento al ponente. Hemos apreciado enormemente su experta dirección en el tratamiento de este tema.

Mulder
Señor Presidente, quisiera comenzar felicitando al Sr. Kindermann por su informe y por el trabajo que ha realizado. Pienso que ha elaborado un excelente informe.
En primer lugar, el Grupo liberal opina que en este caso no ha de elaborarse una directiva, sino un reglamento. Pensamos que es muy importante que esta normativa se aplique de modo uniforme en todos los países de la Unión Europea. No puede ocurrir que determinados países se queden demasiado rezagados. Así pues, este es un aspecto muy importante para el Grupo liberal.
Debo decir, señor Presidente, que pocas veces he recibido tanto correo como el que he recibido sobre este tema en las últimas semanas. Desde hace años, mi grupo defiende que sean los consumidores los que determinen lo que quieren comer, y si quieren comer huevos que procedan de corrales con mayor superficie, nosotros estamos firmemente a favor de ello. Así pues, apoyamos en líneas generales el Informe Kindermann en el sentido de que se aumenten los actuales 400 cm2 a 800 cm2 .
Consideramos que entretanto deben examinarse del modo más exhaustivo posible los sistemas alternativos. Esperamos con gran interés el informe de la Comisión sobre la materia.
Hay una cosa que nos preocupa. Los Estados Unidos, un importante exportador hacia Europa, establece una superficie de 350 cm2 para las gallinas ponedoras. En América no hay una sola gallina que cacaree. El que puedan importarse de manera totalmente libre conforme a las nuevas normas de la OMC constituye a todas luces una competencia absolutamente desleal, y por ello queremos instar vivamente a la Comisión a que plantee con firmeza este tema en los debates de la Organización Mundial de Comercio. Hemos de disfrutar de condiciones de competencia equitativas. Somos firmes defensores del etiquetado obligatorio. El cliente debe tener la posibilidad de elegir. Confiamos en que hagan exactamente lo que nos escriben..
Por último, con respecto a la enmienda del señor Watts de prohibir para el año 2009 las gallinas de batería, mi grupo votara sobre la enmienda por partes.

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, una jaula no constituye un espacio vital. Esto no lo va a modificar en absoluto el informe del Sr. Kindermann pues se refiere solamente a la mejora de las jaulas y esto también dentro de los próximos diez años. Sin embargo, nosotros no queremos ninguna cría en jaulas y, por esta razón espero que se aprueben mañana las enmiendas que ha presentado mi colega, Graefe zu Baringdorf, pues mientras consideremos a los animales como una mercancía con fecha de caducidad que nos han de proporcionar productos al coste más favorable posible, no llegaremos a una cría animal que sea adecuada a la especie. Tenemos que pensar que quizá estemos considerando a los animales como mercancías que podemos utilizar a capricho y que, luego, podemos desechar, en vez de considerarlos como lo que son, es decir, como seres vivientes.
Por consiguiente, pido a mis colegas que aprueben mañana nuestras enmiendas. Esto sería de mucha utilidad para las consumidoras y consumidores pues iría también en provecho de la salud. Sólo una cría animal adecuada a la especie puede proporcionar una producción sana.

Nicholson
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su informe. Es un tema que causa gran preocupación a muchas personas. Resulta extraordinariamente difícil lograr el necesario equilibrio entre todos los elementos en presencia y las enmiendas de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural son, más o menos, todo lo buenas que podemos conseguir en este momento. Sé que algunos quisieran ir más lejos y más rápido. Pero no creo que estemos en la posición adecuada para hacerlo en el momento actual. A largo plazo, debemos aspirar a obtener el objetivo final. Sólo se puede obtener en cooperación con la industria.
Debemos velar por que la industria se encuentre en una posición rentable para estos nuevos reglamentos y otros que serán necesarios en el futuro y cuyo cumplimiento y aplicación son extraordinariamente onerosos. En este momento la industria no está en condiciones de afrontar el imperativo que se le ha planteado. Los márgenes de beneficio son bajos. Quisiera apoyar la enmienda encaminada a prestar ayuda para la modernización, pero sin un aumento del número de aves en la industria.
También debemos ser muy conscientes de que, mientras cargamos a nuestra industria con costos suplementarios, otros productores mundiales no habrán de atender los mismos criterios ni presiones. Lo hemos visto en la industria de la cría de ganado porcino, la industria de la carne de bovino y la industria lechera. Sé que parezco un disco rayado, pero estoy firmemente convencido de que, si en la Unión Europea vamos a establecer criterios tan estrictos y mantener con las manos tan atadas a nuestros productores, no debemos permitir las importaciones a la Unión Europea que no respeten los criterios con los que nosotros debemos producir. Eso debe ser lo esencial.
Insto al Comisario a que respalde firmemente a los productores de la Unión Europea, porque, si bien le corresponderemos, él debe defenderlos contra el mundo, cuando intenta apoderarse de nuestros mercados.

Flemming
Señor Presidente, distinguido señor Comisario, yo soy partidaria de abandonar la cría en jaulas de las gallinas ponedoras. Naturalmente, celebro la iniciativa de la comisión de mejorar la cría en jaulas y de elaborar una nueva directiva, pero esto no basta. La actual forma de cría en jaulas constituye incluso, según la opinión del Comité Científico Veterinario, una forma especialmente problemática de cría de animales. La considero una forma especialmente cruel de cría de animales que es preciso eliminar tan rápidamente como sea posible.
Naturalmente los aseladeros, lo del polvo, los baños y los nidos constituyen una mejora, pero ¿no provocamos con esto una vez más inversiones de los productores que luego se pondrán en cuestión muy pronto? Efectivamente, cada vez más consumidores en toda Europa exigen una prohibición general de la cría en jaulas. El abandono de esta modalidad llega, la cuestión solamente es cuándo.
50 millones de gallinas en jaulas tradicionales, sólo 8 millones en la cría al aire libre. Seguramente no vamos a poder cambiar esto de la noche a la mañana, pero quizá sí en 8, 9 o 10 años, y hay enmiendas de Michl Ebner, de mister Watts, del Sr. Graefe zu Baringdorf, que van todas en esta dirección. Los campesinos de Europa tienen suficiente tierra para el cambio y los puestos de trabajo adicionales, esos, ciertamente los podremos cubrir. Esto tampoco puede ser sano con la cría en baterías. Esas pobres gallinas mueren por regla general al año, no lo soportan más tiempo, mientras una gallina normal para carne llega por lo regular a 4 y 5 años.
La Comisión estima -y en esto doy las gracias a la Comisión- que en una cría adecuada a las gallinas los costes suplementarios para los consumidores ascienden a dos euros por cabeza y año. Todo el que alguna vez haya contemplado una batería de gallinas, se pasará largo tiempo sin probar un huevo. Sin embargo, el consumidor informado pagará a gusto algo más y desea -aquí he de citar de nuevo a la Comisión- el final de la cría en jaulas. Por favor, voten mañana a favor de las enmiendas 52, 62 y 67. Entonces su huevo del desayuno les sabrá algo mejor a todos ustedes.

Tamino
Señor Presidente, conviene recordar que las normas actuales sobre la protección de las gallinas ponedoras se remontan al año 1998 y que debían ser modificadas en el año 1993. Este debate, por tanto, tiene lugar con al menos cinco años de retraso; no obstante, la modificación propuesta por la Comisión que debería garantizar tanto el bienestar de los animales como la calidad del producto, no es del todo satisfactoria. Hay que recordar la increíble lógica en que se basa la cría de gallinas ponedoras en batería: los animales no se consideran seres vivos, sino simples objetos, máquinas de producción de tipo industrial, utilizados como cadenas de montaje. En Europa, lamentablemente, el 93 % de los huevos se produce así, aunque el consumidor no sabe que los huevos que compra son el resultado de fábricas de huevos, donde las gallinas están en jaulas angostas, apiladas en columnas de hasta diez pisos, como en una especie de campo de concentración; en cada jaula hay cuatro o cinco gallinas que no pueden desplegar sus alas ni escarbar en la tierra ni tampoco realizar ninguna actividad propia de su comportamiento natural.
El problema, sin embargo, no se resuelve con algún centímetro cuadrado más de espacio. Por esto, los Verdes invitan a todas sus Señorías a acoger las enmiendas cuyo objetivo es la eliminación de las jaulas a lo largo de los próximos años y que proponen sistemas de cría de suelo con densidades compatibles con las características de los animales, una norma que, por otra parte, ya está en vigor en Suiza.
Por último, pedimos nuevamente a la Comisión que convierta cuanto antes en obligatorio el etiquetado de los huevos, al objeto de que el consumidor sepa cómo se crían las gallinas ponedoras.

Sandbæk
Señor Presidente, me parece sumamente lamentable que el bienestar de los animales sólo se tome realmente en serio en este Parlamento cuando hablamos de cepos o de la caza de focas y cuando son los pueblos aborígenes quienes pagarán el precio de ese bienestar con el suyo propio, que en ciertos casos incluso es inferior al de los animales. 70 enmiendas a un informe sobre gallinas, que intenta mejorar las condiciones de las gallinas ponedoras exigiendo para éstas mayor espacio y más estímulos. Muy poco lógico, cuando lo que perturba el bienestar de las gallinas es no poder satisfacer sus especiales necesidades naturales antes de la puesta. Y esta situación no cambiará dándole a las gallinas más espacio, lo que, por el contrario, contribuirá a legitimar la situación actual por muchos años. Tenemos que ser más ambiciosos. Naturalmente, las jaulas de batería deben prohibirse a largo plazo. Para reducir lo más posible los inconvenientes que esto pudiera causar a los productores de huevos podrían pagarse primas a la reestructuración y al paso a sistemas de cría alternativos. Ni los documentos de la Comisión ni el Informe Kindermann contienen propuesta alguna de prohibición semejante. Por ello sólo puedo pedir que se apoyen las enmiendas que tratan de lograr esto.
Si en las próximas negociaciones de la OMC, la UE desea convertirse en el portavoz de la inclusión del bienestar de los animales en el comercio mundial, una prohibición nacional de las jaulas de batería fortalecería innegablemente la credibilidad y con ello la posición negociadora de la UE. La propuesta de la Comisión por la que se establece un etiquetado obligatorio del sistema de cría utilizado se acoge con satisfacción como segunda mejor solución. Todo apunta a que muchísimos consumidores estarían dispuestos a pagar un sobreprecio y elegir huevos producidos de forma alternativa. Sin embargo, esto sólo es posible si el mercado es transparente. Por ejemplo, la marca «huevos frescos» induce a engaño. Todos los huevos deberían ser frescos. Además, estos huevos no proceden de gallinas camperas, como quizá se podría hacer creer a algunas personas. En Dinamarca, se ha instaurado recientemente un etiquetado similar que refleja la forma de cría y ha tenido lugar un cambio significativo en la elección de los consumidores, pues quedaba claro qué huevos eran de gallinas enjauladas. El consumidor político es por lo general bastante más consciente de su responsabilidad que los políticos. La propuesta de la Comisión por la que el etiquetado debería incluir también los ovoproductos sería un paso positivo de cara a mejorar la información al consumidor; de la misma forma debería apoyarse también la propuesta para que las nuevas normas mínimas rijan también para las importaciones procedentes de terceros países.

Pinel
Señor Presidente, Señorías, no hay que contentarse con mejorar la cría en batería, hay que prohibirla. Si se hace balance de la cría de concentración en general, se observa, en primer lugar, que destruye la biodiversidad; en segundo lugar, que destruye el empleo en general y el empleo rural en particular; y en tercer lugar, que constituye, para esos animales mártires, un verdadero infierno en este mundo.
Por mi parte, no puedo admitir que miles de millones de gallinas pasen su desgraciada vida en un espacio más reducido que el de una caja de zapatos, que, encima, les corten el cuello; que su esqueleto descalcificado se quiebre en múltiples fracturas; que se les queme la piel de las patas y el abdomen con el amoniaco de sus excrementos. ¿Cómo hablar de calidad después de esto? Y, para terminar, las gallinas ponedoras, en torno a la edad de un año, cuando desciende su producción, son reunidas en condiciones escandalosas y amontonadas para su último viaje; al llegar al matadero, una de cada tres tiene rotas las patas. Como las cerdas, su triste estado no permite vender su carne ni en pedazos; acabarán siendo relleno de raviolis o en cubitos de caldo.
Por otro lado, hay un cuarto aspecto que debería ser decisivo en este tema y que debiera conducir -en fin, si tuviéramos la suerte de vivir en un sistema económico y social inteligente- a la prohibición total y definitiva de este tipo de cría. Ese cuarto aspecto es el de la salud de los consumidores. Esos animales dan alimentos sin sabor ni consistencia, pero que, sobre todo, están cargados de hormonas, aunque sólo sea la hormona natural producida por el estrés del animal, y de antibióticos, cuyo uso abusivo ha contribuido considerablemente, por un fenómeno de tolerancia, a hacer inoperantes en el hombre los antibióticos de uso médico derivados de la penicilina.
Señor Presidente, Señorías, hoy está claro que estos métodos infernales y el gigantismo, en general, no benefician ni al consumidor, que está en su derecho de esperar otra cosa que alimentos deteriorados, llenos de agua y medicamentos, ni a los productores que ven cómo caen sus precios, con el riesgo de quiebra que ello produce, ni, por supuesto, a los animales, que son las primeras víctimas.
La solución es evidente, pero va en contra de los intereses de las grandes empresas multinacionales. Hay que dar prioridad a lo que es sano, a lo que produce puestos de trabajo, a lo que es capaz de revitalizar el mundo rural, en una palabra, a todo lo que es contrario a las fábricas de carne. Lo que nos hace falta es la cría al aire libre, las gallinas que corren sobre la hierba y la grava. Lo que nos hace falta son producciones de calidad que, es cierto, resultan unos dos euros más caras por año y habitante en las tiendas, pero que harán disminuir nuestras cargas sociales y gastos médicos.
Por último, no olvidemos que una de las cosas fundamentales que está en juego en un tema así es, sencillamente, el futuro del mundo rural.

Van Dam
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, en los Países Bajos hay un eslogan publicitario que dice «een ei hoort er bij», que podría traducirse por «y esto, con un huevo». Para muchos europeos, el huevo de gallina constituye un integrante habitual de su dieta alimenticia, pero cada vez más se preguntan en qué circunstancias se produce. Las organizaciones protectoras de animales ya han expresado su opinión. Docenas de gallinas ponedoras que no pueden moverse en los ponederos ofrecen una imagen consternadora.
Desgraciadamente, el comportamiento adquisitivo de los consumidores no se corresponde con sus objeciones. El escaso precio adicional que suponen unos huevos producidos en condiciones más favorables para los animales hace que, pese a todo, muchos compren huevos procedentes de ponederos en bateria. En nuestra Europa relativamente próspera esto es tanto más chocante cuanto que el precio de los huevos apenas ha variado en las últimas décadas; en realidad, se han ido abaratando. Con un euro se pueden comprar diez huevos. Es un precio por peso al que no pueden equipararse muchos productos alimenticios. Este precio especialmente bajo sólo es posible mediante una producción masiva en una superficie mínima.
Tengo la convicción de que en este caso se ha llevado al extremo la motivación económica. Los animales forman parte de la creación de Dios y aunque estén sometidos al hombre merecen un existencia conforme a su naturaleza.
En 1996, el Comité Científico Veterinario elaboró un informe sobre el bienestar de las gallinas ponedoras. Sobre esta base, la Comisión Europea establece ahora nuevas normas mínimas. Coincido con el ponente en que esta propuesta constituye un paso en la dirección correcta, pero nada más que eso. Los ponederos en bateria deben ser eliminados en todo el mundo. Cuanto antes mejor.
La Comisión propone un largo periodo transitorio para que las baterías existentes puedan continuar en funcionamiento durante diez años. A pesar de ello, se han presentado enmiendas para ampliar ese plazo, e incluso se ha propuesto conceder dos años más para que se pongan en funcionamiento nuevos ponederos en bateria. Dado que los productores saben desde hace años que hay nuevas normas previstas, considero que esta es una concesión improcedente.
Las importaciones procedentes de países con sistemas en los que se trata aún peor a los animales no pueden dar lugar a distorsiones de la competencia. Los productores que cambien a sistemas más favorables para los animales no deben sufrir problemas financieros. Es una cuestión de civilización acabar con los ponederos en bateria. También debemos evitar que tras su desmantelamiento en la Unión Europea vuelvan a construirse otros en países del exterior. Por tanto, quiero solicitar a la Comisión que con motivo del informe provisional examine también la posibilidad de elaborar un reglamento para el desguace de ponederos en bateria que vaya unido a la concesión de ayudas a sistemas de producción que respeten la dignidad de los animales.

Lukas
Señor Presidente, yo también lamento extraordinariamente que el informe de la Comisión ni el informe del Sr. Kindermann propongan el término de la cría en jaulas para las gallinas ponedoras. Pero mientras encuentren aplicación las jaulas, aunque éstas sean más grandes y estén provistas de aseladeros, no se podrá hablar de una cría adecuada a la especie. El Parlamento Europeo debería demostrar que en materia de cría de animales no desea compromisos a medias y que desea aprobar las enmiendas encaminadas a la eliminación del sistema de cría en jaulas.
El hecho de que actualmente el 93 % de los huevos para el consumo producidos en la Unión Europea procedan de baterias de jaulas no debe ser obstáculo para suprimir esta ignominiosa forma de tortura masiva de animales. Esta cifra es más bien una prueba de que los consumidores europeos sólo están insuficientemente informados en cuestiones de protección de los animales y también en la cuestión de la calidad de los productos.

Fischler
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores Diputados, distinguidas señoras y señores, en primer lugar, quisiera dar las gracias al Sr. Diputado Kindermann por la presentación de su muy competente y detallado informe. Puedo afirmar con satisfacción que la posición fundamental del Parlamento Europeo sobre la protección de las gallinas ponedoras en los diversos sistemas de cría coincide con la posición de la Comisión.
¿Qué objetivo persigue la Comisión con la propuesta de reglamento que hoy se está debatiendo? En primer lugar, se trata de una mejora eficaz del bienestar de las gallinas ponedoras sobre la base de los conocimientos científicos. La actual cría en jaulas puede mejorarse o sustituirse absolutamente. En segundo lugar, para facilitar la transición hacia formas de cría que tengan en cuenta las necesidades fundamentales de las gallinas ponedoras es preciso procurar que las exigencias mínimas generen costes semejantes de producción para las diversas formas alternativas de cría y para la cría mejorada en jaulas.
Sistemas aceptables de cría son las crías fuera de jaula y las llamadas jaulas enriquecidas. Enriquecidas porque no sólo porque poseen aseladeros, como se ha dicho aquí, sino porque, además, tienen nidales y lugares con arena. En tercer lugar, para los gallineros actuales está previsto un periodo de transición de diez años, pero los gallineros nuevos y modificados deben ser adaptados de inmediato a las nuevas normas.
En cuarto lugar, se prevé una revisión a los siete años a fin de adaptarse, en todo caso, a los futuros conocimientos científicos. Será obligatorio el etiquetado de los huevos. Permítanme ahora que emita mi opinión acerca de las enmiendas que se han presentado. En la elaboración de su propuesta la Comisión ha contemplado los aspectos del trabajo, del medio ambiente, de la salud y de la economía. Así, pues, la enmienda 1 responde a la concepción de la Comisión y será aceptada. Esto no es así, sin embargo, en lo que respecta a las enmiendas 20, 21, 45, 51 y 61. La enmienda 10 representa una mejora de tipo redaccional y contribuye a una mejora de la protección de las aves. Por consiguiente, esta enmienda es también aceptable.
Aunque la propuesta de la Comisión pretende lo mismo que la enmienda 13 que ha presentado el Parlamento, esta enmienda puede ser aceptada pues contribuye a una mejor inteligibilidad. La enmienda 15 es aceptable, porque en la propuesta de la Comisión las disposiciones sobre los comederos y bebederos se refieren a las jaulas. Sin embargo, en el caso de otras formas de cría, diferentes a la cría en jaulas, cabe reducir la demanda de espacio por gallina. La diferenciación entre crías en jaula con un nivel y sistemas con varios niveles es absolutamente aceptable. Por consiguiente cabe aceptar también las enmiendas 16 a 19.
Las enmiendas 22, 23 y 29 son también aceptables. En ellas se trata de mejoras de la propuesta de la Comisión. Las restantes enmiendas no resultan aceptables para la Comisión por las siguientes razones: las enmiendas 2, 37(3) y 36, 42, 59, 69 y 70 no están en consonancia con la política comunitaria. En lo que respecta a las enmiendas 5, 38 y 55, las disposiciones vigentes de la OMC no permiten establecer disposiciones relativas a la protección de los animales para regular el comercio. Sin embargo, como ustedes saben, la Comisión estudia la posibilidad de introducir en la próxima ronda de negociaciones de la OMC disposiciones relativas a la protección de los animales como nuevas disposiciones a integrar en las disposiciones de la OMC relativas al comercio.
Las enmiendas 4, 54, 57 y 68 son supérfluas para la presente propuesta. Las enmiendas 6, 12, 43, 44, 45, 51, 58, 63, 64 y 65 carecen de fundamento científico y nosotros debemos elaborar sobre una base científica nuestras propuestas. La enmienda 8 está en relación con las enmiendas 24 a 28, y luego con la 30, 32 y 33. Estas enmiendas, así como las enmiendas 9, 14, 46, 49 y 56 no representan mejora alguna y, por consiguiente, no pueden ser aceptadas. En la enmienda 7 se trata con toda claridad de un problema lingüístico, pues esta enmienda responde exactamente al tenor literal inglés de la propuesta de la Comisión.
Las enmiendas 50, 52, 60, 62, 66 y 67 son prematuras, en opinión de la Comisión, mientras que, por el contrario, la discusión del asunto que se trata en las mismas no está cerrada todavía. Por consiguiente, es aconsejable retrasar la fecha de entrada en vigor de la directiva. Sin embargo, por esta razón son aceptables las enmiendas 11 y las enmiendas 31, 34, 35, 39, 40 451, 47 y 48, relacionadas con ella. Finalmente, coincido también con la opinión de preferir la forma de directiva a la de un reglamento y, por consiguiente, tampoco puedo aceptar la enmienda 53.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9.00 horas.
Se levanta la sesión a las 00.15 horas

