
Doyle
. Señora Presidenta, quisiera pedirle que protestase firmemente en nombre de todos nosotros por la salvaje y brutal ejecución pública de una madre de siete hijos, llevada a cabo el martes por el régimen talibán en Kabul. No diré nada más, pero estoy profundamente indignada, y creo que todos lo estamos, por semejante salvajada.
Le agradeceré que proteste en nombre de todos nosotros.
(Fuertes aplausos)

La Presidenta
Señoría, he leído esta información, y debo manifestar que me ha indignado y conmovido profundamente. Creo que los aplausos de Sus Señorías demuestran que todos están de acuerdo en que transmita la indignación de nuestra Asamblea a Afganistán.

Aprobación del Acta de la sesión anterior
La Presidenta
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Kauppi
Señora Presidenta, en lo que a mí respecta, se ha presentado un problema en el Acta de ayer: se me ha registrado como " señor" . En el razonamiento que di de mi voto para el informe relativo al programa Daphne de Avilés Perea y en el Acta, se me ha hecho constar como " señor " Kauppi. Preferiría que pusiera " señora" .

La Presidenta
Lamento mucho todos estos errores. Es evidente que se trata de errores materiales, pero no es normal que se produzcan y vamos a solucionar todos estos problemas.

Dell' Alba
Señora Presidenta, en la página 20 del Acta se hace constar que he apoyado al Sr. Dupuis. Somos colegas, y a menudo estamos de acuerdo. Ese no era el problema. Tanto la intervención del Sr. Dupuis como la mía pretendían oponerse a la solicitud formulada por el presidente Barón, referente a la aplicación del artículo 112. Así pues, la solicitud que he formulado estaba dirigida a la Presidencia, para que ésta examinara la admisibilidad de dicha solicitud e informara, esta mañana, al respecto.

La Presidenta
Muy bien, señor Dell' Alba. Estoy aquí para eso.

Corbett
Señora Presidenta, en el texto inglés del Acta de ayer también se indica que era el Acta del jueves 17 de diciembre. Estoy seguro de que el Parlamento no va a empezar ahora a escribir el Acta de hoy antes de que hayan tenido lugar los debates y las votaciones. Espero que se corrija esa anomalía.

La Presidenta
No, se lo aseguro. No es así, se trata de un error.

McCartin
Señora Presidenta, me referiré a las expresiones de simpatía que formuló usted respecto de las regiones de Francia que han sufrido graves inundaciones. Fue muy oportuno que se refiriese usted a esta cuestión ayer por la mañana, pero usted no se limitó a expresar simpatía: también pidió a la Comisión que prestara ayuda. Hay veces que en este Parlamento la mano derecha no sabe qué es lo que está haciendo la izquierda. Hace un par de años resolvimos que en esos casos no se podía prestar ayuda a la población de ningún país de la Unión Europea. Hemos expresado la misma simpatía al pueblo de Grecia y hemos pedido la misma ayuda, pero no hay dinero disponible. En el futuro deberíamos disponer de fondos para esos casos y fijar las condiciones en que procede abonarlos, o abstenernos de pedir a la Comisión que preste ayuda. A los griegos les ofrecimos una mano vacía. Me parece que hemos de hacer lo mismo en el caso de Francia.

La Presidenta
Le doy las gracias, señor McCartin. Ayer, también tuve la ocasión de aludir a este mismo problema al abrir la sesión.

Vander Taelen
Señora Presidenta, tengo una cuestión de orden. Sin darme cuenta hemos pasado de las cuestiones de orden al debate del informe. Sin embargo, quisiera apuntar una cuestión que puede parecer insignificante, pero que a mí me irrita cada día más. Y me refiero al absurdo despilfarro de papel que se produce en este edificio. Aquí se derrochan muchas palabras, pero también se derrocha una cantidad increíble de papel y no está previsto ningún tipo de reciclaje. En el otro Parlamento, en Bruselas, al menos disponemos de cajas de cartón en las que podemos depositar las masivas cantidades de papel que ya no necesitamos. Pero aquí, a pesar de las instalaciones ultramodernas y altamente sofisticadas de este edificio, aún no he visto rastro alguno de estas prácticas y asequibles cajas de cartón que pueden llegar a desempeñar una función importante en el reciclaje del papel. Por tanto, quisiera pedirle un pequeño esfuerzo a este respecto. Creo que desde el punto de vista presupuestario resulta perfectamente aceptable que a cada uno de los miembros se le proporcione una caja de cartón en la que pueda ir almacenando el papel usado para fines de reciclaje.

La Presidenta
Le doy las gracias, Señoría, por esta intervención, que no se inscribe, en efecto, en el marco de la aprobación del Acta. Esto no es grave. Se trata de una intervención absolutamente pertinente, y hoy mismo remitiré la solicitud al Colegio de Cuestores, para intentar solucionar el problema que ha planteado.
(El Acta queda aprobada)

Decisión sobre la urgencia
Lienemann
Señora Presidenta, esperaba a que finalizara la votación del Acta para responder a mi colega. Como habrán observado, en cada contenedor se indica el uso al que está destinado, de tal manera que existe un contenedor para papel y cartón. En nuestro Parlamento en Estrasburgo ya se ha iniciado, pues, la clasificación selectiva del material.

Informe (A5-0066/1999) del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones del Reglamento a raíz del Acuerdo Interinstitucional del 25 de mayo de 1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
La Presidenta. De conformidad con el artículo 112 del Reglamento, el Grupo de los Socialistas Europeos y el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas me han solicitado la aplicación del procedimiento de urgencia. La urgencia está motivada por la necesidad de cumplir con los compromisos interinstitucionales sobre la OLAF, que las demás instituciones afectadas han puesto en práctica.

Barón Crespo
Señora Presidenta, ayer formulé, en nombre de mi Grupo y del Grupo Liberal, y con el apoyo expreso en la Asamblea del Grupo PPE-DE, una solicitud para que se procediera a declarar la urgencia del debate y la aprobación del Acuerdo insterinstitucional sobre la OLAF, acuerdo que fue ratificado en la legislatura anterior, que estaba previsto en el orden del día de octubre y sobre el que mi Grupo y creo que los demás grupos hemos tratado de disipar las legítimas dudas que pudieran tener algunos de nuestros colegas. Ya es hora de que asumamos nuestras responsabilidades una vez que el Parlamento ha firmado, ratificado, apoyado y negociado este acuerdo. He formulado mi solicitud sobre la base del apartado 2 del artículo 112 del Reglamento y en relación con el apartado 1 del artículo 60, porque no se trata de una cuestión legislativa. Es una cuestión constitucional en la medida en que es un acuerdo interinstitucional.
Señora Presidenta, le ruego que me conceda un momento más, porque no he pedido la palabra por alusiones. Ayer fui objeto de una agresión por parte de un diputado, el Sr. Dupuis, que calificó a los firmantes de esta solicitud de "cómplices del Sr. Barón Crespo" . Luego me hizo el honor de compararme con uno de sus héroes favoritos. Dijo que yo era un estalinista. Creo, señora Presidenta, que nos debemos todos respeto y consideración en esta Asamblea, y que no hay que confundir la libertad de expresión con el insulto sistemático y el matonismo político.

Y yo, que trato de respetar a mis colegas, pido el mismo trato. Lo único que le faltó al Sr. Dupuis fue calificarnos, en la mejor tradición estalinista, de clic revisionista. Es lo que nos hubiera faltado.

La Presidenta
Gracias, señor Barón Crespo. El Sr. Dupuis tendrá la ocasión de responderle, puesto que está inscrito para intervenir en contra de esta solicitud.
El Sr. Barón Crespo acaba de presentarnos la solicitud. El Sr. Poettering me pide la palabra para intervenir a favor de la solicitud.

Poettering
Señora Presidenta, esto exige formular algunas observaciones. En primer lugar, puedo decir que el colega Barón Crespo, a quien no considero un cómplice, sino, aun con todas las diferencias políticas, un estimado colega, ha expuesto la situación de modo correcto, en la medida en que le comuniqué de palabra que nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo y los Demócratas Europeos queremos que se proceda a votar sobre el Informe Napolitano.
Si bien es cierto que manifesté al colega Barón Crespo este extremo, no firmé la solicitud, pues antes de que me pidiese que lo hiciera, mantuve una conversación con un representante de su gabinete. Nosotros, el Grupo del Partido Popular Europeo y los Demócratas Europeos, podemos y queremos colaborar en esta dirección si los problemas del Informe Napolitano se resuelven de una forma razonable, y los problemas están en el límite de lo que nosotros podemos apoyar con nuestro voto, si bien no estamos en modo alguno verdaderamente satisfechos. Hemos afirmado que queremos poner fin en noviembre a esta lamentable cuestión. Nos atenemos a nuestra palabra sin reserva alguna. No obstante, como es natural, corresponde a la Mesa garantizar que el procedimiento discurra por los cauces debidos. Consideramos que así podrá tramitarse la urgencia en la forma debida. Sobre esta base apoyamos que la votación tenga lugar el jueves, es decir, hoy, para que podamos poner fin a este lamentable asunto. Pero también esperamos que se satisfagan todos los requisitos formales.

La Presidenta
Gracias, señor Poettering. Sí, creo que si la votación tuviera lugar mañana viernes, habría dificultades para obtener los 314 votos. Aunque... ¡nunca se sabe!

Dupuis
Señora Presidenta, pienso que el Sr. Voggenhuber desea intervenir en contra de dicha propuesta. Yo intervengo para que se declare no admisible esta solicitud, sobre la base del artículo 112, que remite al artículo 60, relativo a las propuestas de la Comisión y a los textos legislativos. El Sr. Barón Crespo posee una concepción muy evolutiva de nuestro Reglamento. Ayer, se refería al artículo 60, hoy, al 61, de índole constitucional. La asistencia puede constatar lo productivas que son las noches en Estrasburgo y la capacidad para hacer evolucionar nuestro Derecho interno.
En los considerandos del informe del Sr. Napolitano se menciona explícitamente el artículo 199 del Tratado de Amsterdam, y este artículo se refiere explícitamente al Reglamento interior de nuestro Parlamento. Así pues, se trata de una prueba adicional en el sentido de que el procedimiento solicitado ayer por el Sr. Barón Crespo no guarda relación alguna con el artículo 112. Señora Presidenta, solicito, pues, que no someta a votación y que declare no admisible esta solicitud del Sr. Barón Crespo.

La Presidenta
Muy bien, le doy las gracias, señor Dupuis.
El Sr. Dupuis acaba de intervenir sobre el problema de la admisibilidad de esta solicitud. Señor Dupuis, no se sorprenderá que yo haya pasado parte de la noche examinando el problema. Y he llegado a la conclusión de que la solicitud era perfectamente admisible con respecto al Reglamento. Así pues, le hemos escuchado. Ahora tiene la palabra el Sr. Voggenhuber, en contra de la solicitud.

Voggenhuber
Señora Presidenta, siento tener que contradecirle a posteriori. Sostengo una opinión totalmente contraria a la suya. El artículo 112 habla inequívocamente de un debate sobre una propuesta que sea objeto de consulta al Parlamento. Resulta a todas luces evidente que no estamos ante una modificación del Reglamento, y tampoco se trata de un acuerdo interinstitucional. Tal acuerdo no constituye el objeto de la enmienda presentada por Napolitano. Versa, más bien, sobre una modificación del Reglamento; además, es indiscutible que dicha modificación no está incluida, desde un punto de vista estrictamente formal, en el ámbito de aplicación del artículo 112.
Esta cuestión reviste una especial importancia desde un punto de vista político, pues el reglamento de esta Asamblea ha de preservarse de modificaciones ad hoc y puntuales. El hecho de quedar excluido del ámbito de aplicación del artículo 112 constituye una forma de protección del reglamento. Así, ocurre en todos los parlamentos nacionales que sus reglamentos internos no pueden modificarse simplemente por un capricho del momento.
El procedimiento que conduce a este debate y a la adopción de este acuerdo ­también en la Comisión de Asuntos Constitucionales­ está plagado de infracciones del reglamento. Se han desestimado propuestas cuya admisibilidad, de acuerdo con el reglamento, era manifiesta. Se ha descuidado la fijación de plazos para la presentación de enmiendas. Los grandes grupos han intentado sacar adelante esta propuesta mediante la repetida e intencionada inobservancia del reglamento. Esta situación me causa especial asombro, pues el PVE, al negarse a contribuir con sus votos a la mayoría cualificada en la última votación, ha suscitado en esta Asamblea un debate que ha hecho ver a muchos diputados que el presente acuerdo interinstitucional entraña una lesión de los derechos del Parlamento, una grave lesión de su libre mandato, y una restricción del papel constitucional de esta Asamblea.
El PVE tenía pleno derecho a remitir de nuevo este informe a la comisión. Por ello no se comprende que ahora, a la vista de los graves problemas de índole constitucional que suscita este informe, se opte por esta forma de proceder que no está contemplada en el reglamento.
Nadie en esta Asamblea ­para aclararlo de una vez por todas­ se pronuncia en contra de una intensificación de la lucha contra el fraude ni en contra de las competencias de la OLAF con respecto a esta Asamblea. Pero el hecho de que el Consejo haya ido más allá de su objetivo, haya socavado la posición del Parlamento y haya puesto abiertamente en cuestión el libre mandato; que, además, puedan abrirse investigaciones a parlamentarios libres de esta Asamblea en virtud de conceptos jurídicos indeterminados ­hechos graves­ en virtud de un Derecho disciplinario que no existe, ha alarmado con razón a esta Asamblea.
(Aplausos)Le pido que tenga presente, Señora Presidenta, que este debate no puede cerrarse por la fuerza e infringiendo el Reglamento.
(Aplausos)

La Presidenta
Señorías, parece que las cosas están bastante claras, en la medida de lo posible. El artículo 112 de nuestro Reglamento remite al apartado 1 del artículo 60: "la urgencia del debate de una propuesta que sea objeto de consulta al Parlamento, conforme al apartado 1 del artículo 60...". Y el apartado 1 del artículo 60 establece claramente que se trata de "propuestas de la Comisión y demás documentos de índole legislativa".
El problema de interpretación se plantea respecto a la naturaleza del informe del Sr. Napolitano. Por mi parte, considero - y, repito, esto es lo que me ha guiado en mi reflexión, pero voy a preguntar al Sr. Napolitano si está de acuerdo conmigo - que el objeto del informe del Sr. Napolitano es la aplicación de un texto de carácter legislativo, ya que se trata del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF. Habida cuenta que el informe del Sr. Napolitano se refiere a un texto de carácter legislativo, creo que nos situamos en el marco del apartado 1 del artículo 60, al que remite el artículo 112 del Reglamento. Espero haber sido lo suficientemente clara.
Señor Napolitano, ¿podría decirme si comparte mi parecer?

Napolitano
Señora Presidenta, estoy plenamente de acuerdo con la definición que usted ha dado del mandato otorgado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Un mandato muy concreto y muy limitado. Se trata simplemente de incluir en nuestro Reglamento el Acuerdo Interinstitucional y, en consecuencia, concuerdo con usted en el carácter del informe.

Orden del día
La Presidenta
Señorías, no podemos pasar toda la mañana con esta cuestión.
Hemos escuchado al Sr. Barón Crespo, quien ha presentado la solicitud, y al Sr. Poettering, quien intervino a favor de la misma. Ahora desearía saber si algún diputado desea intervenir en contra de esta solicitud.
De lo contrario, la someto directamente a votación.
(El Parlamento aprueba el procedimiento de urgencia)
Este punto se inscribe, pues, como primer punto del orden del día de la sesión de hoy.

Schulz
Señora Presidenta, siento tener que reclamar su atención de nuevo sobre el orden del día. La decisión que acabamos de adoptar, es decir, incluir el Informe Napolitano en el orden del día, suscita un problema a la Comisión para las Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores. Ya tenemos en el orden del día el informe del Sr. Pirker sobre el EURODAC, un informe enormemente controvertido que en la reunión de ayer por la tarde del Grupo socialdemócrata provocó un encendido debate que me llevó a pedir en la misma tarde al ponente, el Sr. Pirker, que diera su conformidad al aplazamiento de la votación hasta Bruselas. Como es comprensible, no dio su conformidad. En virtud de la decisión que acaba de adoptar el Pleno, a saber, incluir el Informe Napolitano en el orden del día, cabe prever que no podremos acabar de discutir el Informe Pirker ni, en consecuencia, votar sobre el mismo.
Esto significaría que tendríamos que votar sobre un informe de gran trascendencia a) en medio de fuertes controversias y b) con una presencia muy escasa de parlamentarios. Esto no hace justicia al objeto del informe. Por ello, le pediría, señora Presidenta, que a la vista de la situación excluyamos este informe del orden del día y lo aplacemos hasta el período de sesiones de diciembre en Bruselas.
(Agitación)

La Presidenta
Señorías, creo que vamos a escuchar al ponente para la creación del sistema "Eurodac", el Sr. Pirker, quien me ha pedido la palabra.

Pirker
Señora Presidenta, en primer lugar deseo aclarar lo siguiente. Estamos discutiendo el Informe Eurodac, es decir, un sistema de control de la responsabilidad de los Estados miembros en la tramitación de la concesión de asilo y la lucha contra el abuso del asilo, desde hace ya casi un año, y en la primavera de este año observamos cómo los socialdemócratas, junto a los verdes y otros, dieron un giro a su posición en el último segundo y, aunque en un principio se mostraban a favor de la introducción del sistema, se manifestaron en contra de su aplicación, en aquel tiempo bajo la forma de convenio y protocolo. Esta fue una decisión impresentable y totalmente fuera de lugar, pues lo que necesitamos son soluciones. En otoño hemos abierto los debates con un reglamento del Consejo. Lo hemos discutido largo tiempo y con detalle en la comisión; en ella, plenamente de acuerdo con los Socialdemócratas y con otros Grupos ­con excepción de los verdes, que se opusieron al sistema en su totalidad­ convinimos en que necesitamos el Eurodac. Durante la votación en comisión no se presentaron enmiendas, sino que se produjo la plena coincidencia con los socialdemócratas, con los liberales y con todos los demás, en que el Eurodac debe entrar en vigor. Debemos abrir el debate y llevarlo hasta el final.
Esto quiere decir que si ocurre de nuevo como en primavera, que los socialdemócratas de repente, y por razones inexplicables, cambian su postura y votan en contra del Eurodac, cargarán con toda la responsabilidad de que sigamos sin contar con un sistema europeo adecuado en materia de asilo ni con un sistema de lucha contra el abuso del mismo. Serán los únicos responsables políticos de ello.
(Aplausos)Si llega ya el momento de debatir sobre el informe, pido que se adopten las medidas necesarias para que hoy discutamos y también votemos sobre el mismo. Este debe ser nuestro objetivo. Hay una sola excepción: si en contra de nuestros deseos esto no fuera posible y tuviéramos como única alternativa proceder a la votación mañana, sería entonces necesario permitir la votación en Pleno. No obstante, pido que se adopten las medidas necesarias para que podamos debatir y votar hoy, pues no puede perderse más tiempo. Necesitamos un sistema para un procedimiento común de concesión de asilo y para combatir el abuso del mismo en Europa, y no admitiré ningún juego partidista a costa de esta problemática.
(Aplausos)

La Presidenta
He entendido lo que ha dicho, señor Pirker. Creo que el Sr. Watson, que es el presidente de la comisión pertinente, desea decirnos dos palabras.

Watson
Esta propuesta en favor de un Reglamento del Consejo es importante. Mi comisión parlamentaria se ha esforzado mucho por preparar la respuesta del Parlamento a la propuesta a tiempo para cumplir el plazo fijado por el Consejo y a tiempo para que el Consejo pueda examinarla el 2 de diciembre. Si tenemos tiempo para examinar el informe esta mañana, entonces tendremos que votar a mediodía. De esta forma el Parlamento podrá formular su respuesta a tiempo para que el Consejo la examine.
Ahora bien, si no tenemos tiempo de examinar la cuestión esta mañana, si hay demasiados oradores inscritos para tomar la palabra en relación con el Informe Napolitano y con el Informe Giannakou, entonces secundaré la propuesta del Sr. Pirker de que no votemos mañana sobre la cuestión. Es un asunto demasiado importante para que lo sometamos a votación un viernes, aunque, por lo que a mí se refiere, yo estaré aquí. No estoy seguro de que estén aquí mañana algunos diputados, como por ejemplo la delegación francesa del Grupo Socialista, que según tengo entendido tienen alguna cuestión que plantear acerca del informe; quizá convenga preguntárselo.
Si no es posible votar sobre el informe hoy, lo mejor sería que preguntáramos a los servicios del Parlamento si no es posible sostener este debate hoy por la tarde y votar el miércoles del período parcial de sesiones de diciembre, lo que nos permitiría comunicar los resultados al Consejo antes del jueves; ¿podríamos pedir también al Comisario que interviniera acerca del Consejo en relación con esta cuestión?

La Presidenta
Señor Watson, en efecto, me dicen que el programa de trabajo puede conducirnos a esta situación, es decir, que hoy no se pueda votar dicho informe. Y mañana por la mañana, muchas más delegaciones de las que se han citado pueden tener problemas. Deseo precisar que creo, por otra parte, que no se trata del problema de una u otra delegación, en particular.

Vitorino
. (FR) Señora Presidenta, la Comisión desea subrayar la importancia del instrumento que sometemos al Parlamento. Nosotros queremos, pues, contar con una base política lo más amplia posible en su favor. Desde el punto de vista de la Comisión, y con respecto al calendario, para que el Consejo de los días 2 y 3 de diciembre pueda instruir este expediente, la votación en el Parlamento debería celebrarse hoy. De lo contrario, tendremos que volver a negociar todo el calendario con el Consejo, y no puedo decirles cuál será el resultado de esta negociación. Se trata, por otra parte, del aspecto que más perturba el trabajo en la Unión: nunca se puede prever el resultado de una negociación con el Consejo.

La Presidenta
Señor Comisario, si votamos este informe el 1 de diciembre, ¿aún habría tiempo?

Vitorino
. (FR) Creo sinceramente, señora Presidenta, que no será posible, si se vota el 1 de diciembre, inscribir la cuestión el 2 de diciembre en el Consejo. Pero deseo subrayar que no he negociado formalmente con el Consejo al respecto. Se trata sólo de una previsión.

Pirker
Señora Presidenta, acabamos de escuchar al Sr. Comisario. Sus palabras nos reafirman a mí y mi Grupo en que debemos proceder a votar hoy. Se ha celebrado la Cumbre de Tampere, el Consejo se ha manifestado de forma concluyente, y siempre se ha contado con todo el apoyo del Sr. Comisario. No podemos permitirnos seguir provocando retrasos de forma consciente. Necesitamos el sistema. Por ello debemos modificar el orden de día, de modo que se celebre hoy la votación, pues en otro caso se producirán retrasos inadmisibles. Le pido, en consecuencia, que disponga que se vote si la votación tiene lugar hoy o se retrasa. ¡Tenemos que votar hoy!

La Presidenta
Señor Pirker, creo que lo mejor es, en efecto, que pasemos inmediatamente a tratar el informe. Cuanto más rápido lo hagamos, más posibilidades tendremos de que este informe pueda ser debatido y votado esta mañana. He entendido muy bien el mensaje del comisario.
Señora Giannakou, me dirijo a usted: ¿aceptaría que yo propusiera a la Asamblea - si ésta lo acepta - que se invirtiera el orden en el debate y examinar antes el Informe Pirker?

Giannakou-Koutsikou
Señor Presidente, lo acepto; con la esperanza, claro, de que tendremos tiempo de examinar también mi informe, esta mañana.

La Presidenta
Señora Giannakou, le doy las gracias. Ha sido muy generosa de su parte. Me dirijo a la Asamblea: ¿están de acuerdo en que sometamos a debate el informe del Sr. Pirker, antes del informe de la Sra. Giannakou?
(El Parlamento aprueba la propuesta)

Investigaciones internas efectuadas por la OLAF
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0066/1999) del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones del Reglamento a raíz del Acuerdo Interinstitucional del 25 de mayo de 1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Cappato
Señor Presidente, tan sólo quiero recordar que el artículo 115 del Reglamento, ya aplicado con respecto al Informe Napolitano, prevé que "salvo en los casos de urgencia previstos en los artículos 50 y 112, sólo se podrá proceder al debate y a la votación de un texto si éste ha sido distribuido con veinticuatro horas de antelación como mínimo" . Pues bien, quiero señalar que las últimas enmiendas al Informe Giannakou-Koutsikou fueron distribuidas sólo ayer por la noche. La última enmienda traducida, la enmienda 20 en la versión francesa, fue distribuida ayer por la noche a las 21.52 horas. Por lo tanto, según el Reglamento, no han transcurrido las veinticuatro horas necesarias para proceder al debate y a la votación. En consecuencia, quisiera preguntarle al Presidente si también esta vez vamos a aplicar una urgencia totalmente extrarreglamentaria, porque de ser así podemos tirar el Reglamento y decidir que todos los asuntos urgentes se pueden tramitar, basta con acordar que son urgentes. No me consta que hayan habido propuestas de urgencia para este informe. Por ello quisiera saber si este debate y la votación se tramitarán exactamente igual que el debate sobre el Informe Napolitano, en contra de nuestro Reglamento: ésta es la cuestión.

El Presidente
Señor Cappato, a pesar de que la cuestión ya se ha debatido y se ha tomado una decisión, le agradezco su intervención referente a la observancia del Reglamento. No creo que podemos volver a abrir el debate sobre la cuestión de observancia o no observancia del Reglamento.

Napolitano
. (IT) Señor Presidente, espero que el escaso número de colegas presentes en el Pleno preste algo de atención a este informe. A decir verdad, siento que, a pesar de que muchos consideran el tema sumamente delicado, luego no se siga en absoluto el debate ni lo que voy a decir, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Señorías, lo que voy a decir reviste cierta importancia, ya que se han aportado modificaciones al texto que no obtuvo la mayoría cualificada necesaria en este Pleno en el período parcial de sesiones del mes de octubre, a instancia del mayor Grupo político que entonces expresó reservas y planteó exigencias de mayores aclaraciones.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, de hecho, ha admitido tres enmiendas del Sr. Méndez de Vigo mediante las cuales, a raíz de la aplicación del Acuerdo Interinstitucional alcanzado en el Parlamento, se ha otorgado un papel especial al propio Presidente del Parlamento, al cual se transmitirán las informaciones sobre los diputados. La comisión asimismo ha aceptado una enmienda de los Sres. Nassauer y Brok, mediante la cual -leo literalmente la enmienda que se convierte en el nuevo artículo 4 del proyecto de decisión- "deben seguir sin cambios las normas relativas a la inmunidad parlamentaria y al derecho del diputado a no testificar" .
De este modo se ha reforzado todavía más, si cabe, la garantía que ya figuraba en muchas partes del texto, del pleno respeto del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades -del cual quiero mencionar sobre todo el artículo 10 que es muy preciso y exhaustivo- así como de las relativas normas previstas en el artículo 6 del Reglamento que, en aplicación de las orientaciones del Protocolo, en el artículo que acabo de mencionar, regula con más precisión, si cabe, las inmunidades de los diputados.
Por lo tanto, déjenme decirles a los colegas que habían expresado dudas y preocupaciones que, gracias a estas enmiendas propuestas por los colegas del Grupo del Partido Popular Europeo, pueden votar con más seguridad este texto.
Por mí parte, sin embargo, debo decir y reiterar enseguida cuál era el mandato otorgado a la Comisión de Asuntos Constitucionales -lo ha recordado también la señora Presidenta Fontaine- y cuál es el objeto de la decisión que el Parlamento debe tomar. El mandato era y sigue siendo sólo este, lo que hay que decidir es sólo esto: incluir en nuestro Reglamento, o sea, en nuestro ordenamiento interno, el Acuerdo Interinstitucional para que pueda aplicarse en el ámbito del Parlamento, sobre la base de un dictamen de la Comisión de Control Presupuestario; modificar el Reglamento introduciendo el nuevo artículo 9 bis y no modificar el Acuerdo Interinstitucional. Lo recuerdo sobre todo a los colegas que no formaban parte del Parlamento anterior. Yo me encuentro en la misma situación: el 6 de mayo del año pasado el Parlamento confirió un mandato a su Presidente para que suscribiera este Acuerdo Interinstitucional que fue firmado el 25 de mayo.
Respeto las opiniones de aquellos - nuevos electos y antiguos miembros del Parlamento - que expresan reservas y preocupaciones respecto a ese Acuerdo, sin embargo, he tenido que considerar inaceptables en comisión aquellas enmiendas orientadas a alterar el Acuerdo Interinstitucional que simplemente estamos obligados a aplicar. Lo que ustedes quizás consideren preocupante, lo que van a leer, no es una decisión del Parlamento, es el proyecto de decisión que es parte integrante del Acuerdo Interinstitucional, ya publicado - con las mismas idénticas palabras - en el Diario Oficial del pasado 31 de mayo. Nos hemos limitado a introducir algunos ajustes técnicos para permitir su debida aplicación en nuestro Parlamento.
Señorías, para terminar quiero recordar que si la experiencia de la aplicación de este Acuerdo Interinstitucional sugerirá que algunos de sus aspectos deben volverse a debatir con las demás Instituciones, es algo que podrá hacerse en el futuro Hoy, sin embargo, considero que tenemos el deber de no restarle valor a la firma con la que hemos reconocido nuestro compromiso de aplicar este Acuerdo Interinstitucional.

Bösch
Señor Presidente, en relación con la nueva propuesta contenida en el Informe Napolitano hay que dar respuesta a dos preguntas. Primera pregunta: ¿Es compatible la propuesta con las disposiciones del Reglamento del Parlamento y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre la OLAF? Segunda pregunta: ¿Es compatible la propuesta con el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión?
La respuesta a la primera pregunta: un sí categórico. La propuesta es compatible con el Reglamento. Dar respuesta a la segunda pregunta no resulta tan sencillo. En efecto, la finalidad del acuerdo consistía igualmente en hallar una solución al problema del llamado whistle blower, así como a la siguiente pregunta: ¿qué hace un funcionario cuando tiene conocimiento de la existencia de un fraude o de indicios de corrupción, pero ­por las razones que sea­ no quiere hacérselo saber a sus superiores? Ya hemos dicho que en ese caso debería poder acudir directamente a la OLAF, posibilidad que queda excluida de la presente propuesta cuando se trata de diputados de esta Asamblea. Esto encuentra su justificación en que los diputados quedan protegidos de modo particular por el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades en el cumplimiento de sus funciones. Dicha protección es más amplia que la que disfrutan los miembros de la Comisión de la UE en virtud de dicho protocolo.
En este orden de cosas, me preocupa que, al proponer que los funcionarios acudan directamente al Presidente del Parlamento, creemos más problemas de los que resolvemos. Es de prever que la prensa pregunte a menudo: ¿Cuántos y qué casos hay? Si no los hay se dirá que hemos intimidado de tal forma a nuestros funcionarios que ninguno se atreve a hablar. Si los hay, intentarán poner a cada uno de estos casos en el punto de mira. Por ello, en mi opinión habría sido preferible recurrir a la propuesta original de la Comisión de Control Presupuestario contenida en su opinión dirigida a la Comisión para Asuntos Constitucionales, en la que se excluye todo este conjunto de cuestiones y sólo se regulan los derechos y obligaciones de los diputados. Esta medida nos habría proporcionado tiempo para reflexionar con calma sobre otros temas.
No obstante, creo que, dadas las difíciles condiciones existentes, el colega Napolitano ha presentado un informe muy bueno y quiero por ello prestarle mi apoyo en la votación de hoy al mediodía.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, yo me quedo con las últimas palabras del ponente de opinión, el Sr. Bösch. Creo que tiene razón, que este es un tema que tenía una difícil implementación en nuestro Reglamento y que, al final se ha resuelto satisfactoriamente. Por supuesto, había quizás otras posibilidades pero en este Parlamento había, sobre todo, una preocupación: cumplir los objetivos que nos habíamos marcado. Es decir, luchar contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que fuera en detrimento de los intereses de las Comunidades.
Pero nosotros somos una Asamblea política y los políticos -lo sabemos bien- estamos sometidos a todo tipo de influjos. Hemos intentando evitar que un objetivo político, saludable, concreto, pudiera ser mal interpretado o mal usado. Esa discusión que hemos tenido en la Comisión de Asuntos Constitucionales relativa a la vía para que cualquier posible actividad ilegal fuera puesta en conocimiento de la OLAF, creo que nos ha llevado a encontrar la vía adecuada, porque un órgano político debe tener un filtro que examine si efectivamente esas informaciones están o no fundadas y si atentan o no contra la inmunidad o la inviolabilidad de palabra que tienen los diputados.
Por lo tanto, señor Presidente, creo que con las enmiendas que hemos introducido en la Comisión de Asuntos Constitucionales cumplimos el objetivo de acomodar una decisión de las tres instituciones a las características propias de la nuestra.
Permítame que felicite aquí muy especialmente a dos personas. Una, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, la Sra. Theato, que es un poco la madre de la OLAF y de toda esta regulación; la otra, a la que considero el padre de la regulación actual, es el Sr. Napolitano, que ha tenido una gran mesura, una gran inteligencia y, sobre todo, mucho coraje a la hora de afrontar una difícil solución.

Corbett
Señor Presidente, la inmensa mayoría de mi Grupo es resueltamente partidaria de este informe, que consideramos como una de las piedras angulares para el restablecimiento de la credibilidad de la Unión Europea respecto de la cuestión de la forma en que investiga las denuncias de fraude y se ocupa de ellas; a lo mejor no vale para nada más, pero quizá ayude a demostrar que muchas de esas denuncias carecen a menudo de fundamento, aunque desgraciadamente no sea siempre así. Este informe aplica dentro del Parlamento un texto que aceptó el último Parlamento, que se aprobó en principio en sesión plenaria cuando autorizamos a nuestro Presidente a que lo firmara, que firmaron todas las instituciones y que en la actualidad se aplica en cada una de ellas, excepto, hasta hoy por lo menos, en este Parlamento.
En el Parlamento obtuvo el apoyo unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales la primera vez que se examinó, y la primera vez que lo examinamos aquí cada uno de los principales Grupos políticos hizo saber que apoyaba la propuesta. En el último minuto se plantearon algunas dificultades y la cuestión se volvió a examinar en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero me parece que las dificultades y las preocupaciones que se habían planteado quedaron resueltas. Permítanme que les recuerde que las disposiciones que se aplicarían a los diputados del Parlamento no podrán ir en detrimento de las disposiciones de los Tratados y, en particular, del Protocolo sobre privilegios e inmunidades. También hay una referencia concreta en el preámbulo al Protocolo sobre privilegios e inmunidades, y una referencia al hecho de que el artículo pertinente no puede ir en detrimento de los requisitos de confidencialidad que se puedan fijar respecto de los diputados del Parlamento Europeo.
Nuestra posición, como diputados del Parlamento Europeo, queda, por lo tanto, protegida, y los diputados que teman sinceramente que estemos elaborando una especie de "Carta de los fisgones" o algún otro derecho de nuevo cuño dado a los funcionarios para que puedan informar confidencialmente acerca de cualquier acto infundado de los diputados pueden estar tranquilos, porque no se trata de eso en absoluto. Los informes irían a la OLAF, se investigarían adecuadamente, y protegerían la posición de los diputados del Parlamento Europeo. Si no aprobamos hoy el informe nos encontraremos en una situación insostenible, pues únicamente los diputados del Parlamento Europeo estarían por encima de la ley a ese respecto: un texto que se aplica en el Consejo por igual a los políticos y funcionarios, en la Comisión por igual a los políticos y funcionarios, se aplicaría en el Parlamento únicamente a nuestros funcionarios y no a los diputados del Parlamento Europeo. Semejante cosas sería totalmente inaceptable y destruiría la credibilidad de este Parlamento. Es esencial que adoptemos hoy este informe.

Duff
Señor Presidente, he de decir que respeto enteramente la sinceridad y la pasión de los que se oponen a este informe. Mientras examinábamos las cuestiones involucradas, se han planteado graves problemas culturales en el seno de este Parlamento. Mi Grupo ha examinado muy minuciosamente el informe y hemos llegado a la conclusión de que se trata de la materialización técnica del acuerdo que firmó el Parlamento en relación con la inmunidad parlamentaria, y de que no se anularán los privilegios sin haberse seguido el procedimiento prescrito. Todas las cuestiones indicadas en las diversas enmiendas se han estudiado sensatamente. Hace cinco meses que el Parlamento debería haber aceptado este acuerdo, y me parece que la opinión pública sencillamente no apreciará una nueva negativa a seguir adelante y a establecer un régimen riguroso pero equitativo para el Parlamento, igual que para los demás órganos.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores, si aprobamos el presente reglamento, se facilitará la lucha contra el fraude y el Parlamento quedará comprendido en ella. Es bueno que así ocurra, por ello hemos luchado. En cambio, por lo que no hemos luchado y a lo que nos oponemos de la forma más enérgica, y además consideramos que pone en grave peligro la posición del Parlamento y el libre mandato, es a que puedan abrirse investigaciones a diputados elegidos libremente no sólo si existen sospechas, sino también en el caso de meras presunciones; a que se establezca un sistema que obliga a la delación; a que, en fin, aquí no se trate de fraude o corrupción, sino de una autorización general para, cito "actuar en caso de hechos graves ligados al desempeño de sus funciones" .
Imagínense que pueden abrirse investigaciones a diputados en virtud de hechos graves ligados al desempeño de sus funciones ­un concepto jurídico creado ex novo, indeterminado y contrario a la tradición constitucional de los quince Estados miembros­, que pueden abrirse investigaciones si los diputados incumplen obligaciones análogas a las derivadas del Derecho disciplinario de los funcionarios, ¡un Derecho disciplinario de los funcionarios del que carecemos, unas obligaciones similares que no existen! Esto constituye una autorización general a una autoridad, que no sólo deja a los diputados a merced de cualquier denuncia, sino que crea un sistema de delación y de agitación política que supone un insulto al libre mandato y a un Parlamento libre. Esto no tiene nada que ver con la lucha contra el fraude. ¡El Consejo ha atacado y dañado la posición del Parlamento en su punto neurálgico!

Brok
Señor Presidente, colegas, en el camino recorrido hasta la mañana de hoy se ha producido una serie de errores procedimentales que espero no vayan en detrimento del Parlamento en posibles procesos. Al Sr. Corbett deseo decirle lo siguiente: un diputado al Parlamento Europeo no ha estado nunca por encima de la ley, aun cuando este Reglamento no se modifique. Nosotros estamos sujetos siempre a la ley y al Derecho penal. Esto debe constatarse de forma terminante, con independencia de nuestra normativa interna.
El problema consiste en determinar el método conforme al cual van a llevarse a cabo los controles, inspecciones e investigaciones. A este respecto, a mi juicio, debemos procurar que la libertad de cada diputado, también la del que pertenece a un grupo minoritario, quede a salvo de la presión política ejercida tanto desde el interior como desde el exterior; que no lo ahoguen con procedimientos, de forma tal que en última instancia se enmarañe tanto que ya no le quepa defenderse. Este es el clásico principio del libre mandato por el que se luchó durante siglos, en particular como forma de protección ante el ejecutivo. Sólo así podrá ejercer el parlamentario funciones de control. Debe disfrutar del derecho a no prestar testimonio sin ningún tipo de restricción. Si bien este derecho está contemplado en la normativa, su aplicación en la práctica lo vacía en parte de contenido. El diputado podrá guardar información para sí sólo si tiene este derecho a no prestar testimonio, y solamente acudirá gente a él a contarle algo si sabe que éste no está obligado a denunciarlos. Sólo así podremos ejercer las funciones de control parlamentario sobre el ejecutivo, y no podemos echar a perder tal posibilidad mezclando a todos ­funcionarios, ejecutivo o diputados­ en uno y el mismo artículo.
Si esto se aprueba hoy aquí, y la crispación disminuye, deberíamos quizá tener el valor para examinar si, en la consecución de un fin justo, a saber, la inclusión de los parlamentarios en los mecanismos de control, podemos garantizar el libre mandato y quizás articularlo de forma distinta. Esto no es posible en este ambiente crispado, y pido a los colegas que no se olviden de ello cuando se reproduzca esta situación.

Dupuis
Señor Presidente, deseo simplemente hacer constar en el Acta que, además de las consecuencias de esta interpretación escandalosa del Reglamento, también he perdido mi tiempo de uso de la palabra. Estaba inscrito, tenía muchas cosas que decir, pero como resultado de estas manipulaciones escandalosas, ya no puedo intervenir.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas.

Creación del sistema  "EURODAC
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0059/1999) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(1999) 260 - C5­0082/1999 - 1999/0116(CNS)) relativo a la creación del sistema "EURODAC" para la comparación de las huellas digitales de los solicitantes de asilo y otros extranjeros.

Pirker
Señor Presidente, mi intervención se produce no sólo en mi condición de ponente, sino también en la de portavoz del Partido Popular Europeo; no obstante, en primer lugar hablaré en mi condición de ponente.
Estimados señoras y señores, he hecho hoy un llamamiento a todos con el fin de debatir y votar hoy sobre el Eurodac, pues el Eurodac es un sistema que nos permite por fin aplicar el Convenio de Dublín. En este Convenio de Dublín, celebrado en 1990, se trata de establecer las responsabilidad del Estado miembro competente para la tramitación de un procedimiento de asilo. De conformidad con dicho convenio, será competente el Estado en el que el refugiado pise por primera vez territorio seguro. Sin embargo, hasta ahora no era posible realizar control alguno, pues no podía comprobarse la identidad de forma concluyente. Gracias a Eurodac, diez años más tarde disponemos de un instrumento que permite una identificación concluyente de los solicitantes de asilo, así como de los ilegales.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Eurodac consiste en hacer efectivo el Convenio de Dublín. El objetivo de Eurodac es establecer de forma terminante qué Estado miembro es competente para la tramitación del procedimiento para la concesión de asilo. El objetivo de Eurodac es impedir la presentación de varias solicitudes por una misma persona y con ello poner el fin al abuso de las prestaciones sociales, e indirectamente repartir las cargas entre los Estados miembros. También este aspecto tiene carácter esencial.
En consecuencia, con arreglo al Eurodac, todo Estado miembro está obligado a recoger las impresiones dactilares de todos los solicitantes de asilo, de todos los que son detenidos al cruzar las fronteras, con el fin de comprobar si ya han presentado una solicitud de asilo en otro Estado. Los Estados miembros pueden asimismo tomar las impresiones digitales de los ilegales que sean detenidos en el Estado miembro, para proceder a su comparación.
En los debates, que se extendieron largo tiempo y se condujeron de forma brillante y pragmática, se alcanzó una solución. En las votaciones en la comisión sobre el sistema Eurodac la coincidencia fue prácticamente total; únicamente el Grupo de Los Verdes se declaró en contra del sistema en su totalidad y presentó enmiendas que podían echar abajo todo el Eurodac, enmiendas que fueron rechazadas. De igual modo, coincidimos plenamente con los socialdemócratas con respecto al Eurodac, circunstancia que nos alegró. Se presentaron enmiendas en el sentido de elevar la edad de los catorce a los dieciocho años y de anticipar el momento en que se extingue el estatuto de refugiado. A este respecto, la opinión de la mayoría se impuso al criterio del ponente.
El informe en su totalidad fue valorado positivamente y aprobado para su remisión al Pleno. Esto significa, en opinión de dicha comisión y en plena coincidencia con los socialdemócratas, que el EURODAC constituye un instrumento para un adecuado procedimiento de concesión de asilo y para la lucha contra su abuso. Esta es mi postura en mi condición de ponente.
Y ahora, en mi función de portavoz del PPE, expreso mi rechazo a que algunos Grupos políticos intenten una y otra vez presentar el Eurodac como un sistema que no está orientado a dicho control, sino que supone una criminalización porque se toman impresiones dactilares. No se pretende criminalizar a nadie, sino recordar a los Estados miembros su responsabilidad, su obligación de tramitar procedimientos de concesión de asilo, y proteger a los jóvenes de catorce y más años a los que se toma las impresiones dactilares. Pues sólo si sabemos que tienen esta edad se les aplicará, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Convención de La Haya y las disposiciones de protección adoptadas por los Estados miembros. El Eurodac cumple asimismo una función de protección, en el caso de que tomemos las impresiones dactilares de jóvenes, y es totalmente compatible con todos los convenios de que tenemos.
¡Los Verdes están en contra de la introducción del sistema, y para mí no son más que unos pragmáticos negadores de lo evidente! Serán los únicos responsables del fracaso de este sistema y de una adecuada política de asilo para toda Europa.
Permítanme que les haga una indicación más, que considero particularmente importante. El ministro Schily ­Ministro de Asuntos Interiores de Alemania, y socialdemócrata­ me pidió encarecidamente y me instó a intervenir en favor del sistema Eurodac, con lo cual se enfrentaba a sus propios compañeros socialdemócratas en esta Asamblea y a todos los demás que pretenden rechazar este sistema. Resulta curioso que a un cristianodemócrata se le pida actuar contra los Grupos de izquierda de esta Asamblea.
Necesitamos el sistema Eurodac. Y defiendo con tanta vehemencia su introducción porque nos conducirá a la aplicación de una política de asilo común para Europa, un ámbito en el que los Estados miembros andan por completo faltos de ideas.
Así dispondremos también de un sistema contra el abuso del derecho de asilo, contra la inmigración ilegal. Si los socialdemócratas y Los Verdes votan en contra del Eurodac, serán los únicos responsables de que persistan el abuso del derecho de asilo y la inmigración ilegal.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, hay días en que a uno su trabajo le resulta sencillo, y hay otros en que su trabajo le resulta duro. Para mí hoy es uno de esos días en los que hay que resolver problemas graves. Estos problemas son de una doble naturaleza. Por un lado, tenemos un problema de naturaleza política que solucionar, que es el siguiente: ¿cómo tratamos la cuestión del sistema de toma de impresiones dactilares de solicitantes de asilo y de inmigrantes ilegales o de los presentes ilegalmente, como los llaman el Consejo y las autoridades de la Unión Europea?. Y, por otro lado: ¿cómo abordamos la polémica del Sr. Pirker? Voy a comenzar con la última pregunta porque, como es lógico, resulta más entretenido mantener discusiones de orden político en el Parlamento que discutir sobre áridos textos articulados.
Si alguien aquí tiene la culpa de que nos hallemos tan enfrentados en esta cuestión, ese es el Sr. ponente. Usted, Sr. Pirker, con sus enmiendas ha intentado desde un principio complicar un texto ya muy cuestionado que nos había presentado el Consejo. Eso no se le puede reprochar, pues desde un punto de vista político está en su derecho, ¡pero debe tener en cuenta que la izquierda de esta Asamblea no está aquí para apoyar una propuesta tan restrictiva como la que usted, en su condición de austríaco conservador, propugna!
(Aplausos desde la izquierda)
El segundo punto que quiero resaltar aquí es que usted, ya que expresa su pesar por los pobres socialdemócratas y las contradicciones existentes entre ellos y el Gobierno alemán, debería explicar todo en su orden cronológico. El Sr. Schily le ha escrito a usted una carta que también nos ha enviado al Sr. Nassauer y a mí. En su carta, el Sr. Schily aludía a las dificultades que nosotros los socialdemócratas hemos discutido en el marco de este procedimiento de consulta, y se pronunciaba sobre estas cuestiones desde su posición de Ministro de Asuntos Exteriores de Alemania. Esta carta se ha recibido hace pocos días y ha suscitado un animado debate en el Grupo socialdemócrata que nos ha llevado a pedirle que nos conceda un poco más de tiempo para poder discutir en profundidad la cuestión y así poder colaborar con usted ofreciendo opiniones de consenso. Traté con usted este asunto ayer por la noche, a las 22 horas, pero su posición es terminante, tal como se deduce también de su intervención: ¡Nosotros tenemos la mayoría e imponemos nuestro criterio! ¡El que no esté con nosotros es un pragmático negador de lo evidente ­como usted ha expresado con tanta elegancia!
¡Este no es el modo de hacer en la Unión Europea una política sensata en materia de asilo! Debe basarse en un consenso amplio y no sobre la exclusión y el enfrentamiento, como usted quiere. ¿Con qué problema nos topamos? El Consejo ha afirmado ­una opinión que, en cierto modo, nuestro Grupo comprende­ con respecto a la aplicación de este sistema a los solicitantes de asilo, que debemos extenderlo a otros grupos, y para ello ha recurrido a argumentos indudablemente oportunos que han sido bien recibidos en nuestro Grupo. La función de protección de, por ejemplo, los menores de edad que son introducidos ilegalmente y obligados, por ejemplo, a prostituirse. El ofrecerles una cierta protección policial y estatal puede considerarse en relación con tal sistema de toma de impresiones dactilares.
Nuestro problema es una cuestión de Estado de Derecho. ¿No debe considerarse de forma separada al que como perseguido por razones políticas reclama judicialmente para sí un derecho fundamental, a saber, la protección ante tal persecución, del que, por ejemplo, entra en el país ilegalmente o de quien introduce clandestinamente personas o de las personas que han sido introducidas clandestinamente contra su voluntad? ¿No deben considerarse de forma separada estos grupos de personas? Porque pensamos que este debate aun no está cerrado y porque queríamos hablar de nuevo de ello con el Ministro Schily, le hemos pedido que espere catorce días. Y ahora nos dice con tanto énfasis: Ya ha pasado un año. Sí, pero, ¡por Dios, qué importan catorce días más!
(Aplausos desde la izquierda) En consecuencia, debo decirle que usted dificulta con sus métodos los debates en esta Asamblea. ¡La suya es una empresa demasiado atrevida! ¡Puedo predecirle ­confiando en el carácter liberal del Grupo liberal­ que a largo plazo su estrategia va a fracasar! Una vez más, hoy ha tenido usted suerte, pero a largo plazo esta estrategia de exclusión no le conducirá al éxito. No estamos en principio en contra del Eurodac, pero nos habría gustado disponer de un período de consultas más largo, que usted no ha querido concedernos. ¡Usted es el único responsable del estancamiento de la situación!

Watson
Los diputados liberales de este Parlamento siente algunas inquietudes acerca del proyecto de protocolo que se presenta en este proyecto de reglamento. Corremos el riesgo de que enturbie la diferencia entre solicitantes de asilo y otros tipos de inmigrantes. Corremos el riesgo de que reduzca la protección de los que la necesitan al tramitar erróneamente su situación mediante los procedimientos de inmigración normales en vez de pasar por el procedimiento de asilo. Contiene algunos pasajes jurídicamente confusos. La extensión del sistema EURODAC a las personas que no están solicitando asilo, por ejemplo, escapa seguramente a la competencia del Convenio de Dublín. También se corre el riesgo de que este protocolo, este reglamento, quizá no se puedan poner en práctica. No creo que los Estados miembros tengan ningún interés en tomar las impresiones dactilares de los nacionales de terceros países que se hallan en situación ilegal en su territorio si corren el peligro de acabar siendo responsables de ellos.
Por último, algunas de las definiciones utilizadas, como el cruce irregular de fronteras y otras, no son suficientemente claras. Sin embargo, estimamos que los debates de este Parlamento, de nuestra comisión parlamentaria han sido suficientes para poder elaborar un buen informe como éste con el apoyo de la mayor parte de los Grupos políticos y felicito al ponente por su labor. Los Demócratas Liberales secundarán este informe. No aprobaremos las enmiendas 13 a 20: no nos acaba de convencer lo de tomar huellas digitales, pero estimamos que todo intento de impedir que se cree un registro equivale a pecar de falta de realismo ante los problemas con los que nos enfrentamos.
Quisiera decir algo al Sr. Schulz, que ha planteado la cuestión de la liberalidad. Éstos son tiempos de pensar con frialdad pero de obrar con eficacia. El Sr. Schulz no puede negar que la Unión se enfrenta con un problema a causa del número de personas cuya presencia es ilegal. Tenemos que encontrar la forma de abordar este problema al mismo tiempo que protegemos las libertades civiles. Estimamos que este informe lo consigue, y por eso lo aprobaremos con placer.

Sörensen
Señor Prodi, Señor Presidente, estimados colegas, expondré el punto de vista de los Verdes y la Alianza Libre Europea sobre Eurodac. Debo admitir que tras la introducción del ponente Pirker los matices introducidos por los oradores anteriores han sido de mi agrado. Pueden formularse numerosas objeciones y observaciones, entre otras cosas referidas al hecho de que el presente informe carece de una dimensión social y una dimensión humana. Evidentemente, será acogido favorablemente por muchos policías y servicios de investigación criminal puesto que facilita su trabajo. Hemos de ser realistas y no negamos que se cometan abusos. Tampoco deseo que se responsabilice a los Verdes de la existencia del crimen organizado en el mundo, porque dentro de nada se nos echará la culpa de todos los males alegando que no hemos querido hacer nada. Eso es mentira.
Para construir una casa se necesitan buenos cimientos. Ahora bien, este informe no me parece ser ningún cimiento, al contrario, incluso puedo llegar a considerarlo censurable. Gracias a las enmiendas se vuelve un poco más aceptable y suave. Sin embargo, no podemos perder de vista que el solicitante de asilo es alguien que busca seguridad y que pide un techo y medios suficientes para conseguir alimentos. El punto de partida de esta propuesta es que el demandante de asilo es antes que nada un sospechoso. Parte del supuesto de que abusa del derecho de asilo. Y concluye con que eso no puede ser. Se criminaliza al solicitante de asilo. Pero el solicitante de asilo no es un delincuente. De entrada se le tacha de criminal mientras que en el fondo es una víctima. Es una víctima de la situación que reina en su país de origen.
Paso a las normas mínimas. Una política de control como la que se propone aquí solamente es aceptable si todos los países aplican unas normas mínimas en lo que a la tramitación de las solicitudes de asilo se refiere. Es importante que las demandas se tramiten con el mismo esmero y de modo uniforme en todas partes. Actualmente aún existen demasiadas diferencias al respecto. Como es lógico, los implicados prefieren presentar su solicitud ahí donde esperan encontrar reconocimiento, atención y un trato humano.
Por último, me voy a detener en las medidas destinadas a proteger los datos personales. No se aplican a los refugiados. Esta discriminación también contribuye a la criminalización. En el seno del Grupo de los Verdes se ha abierto un debate sobre el principio de la toma de impresiones dactilares en general. En el marco de las investigaciones del crimen organizado es fundamental que la identidad pueda definirse con total seguridad. Ello no sólo permite identificar a los delincuentes sino que asimismo redunda en beneficio de las víctimas. Es importante que en este ámbito utilicemos todos los medios que estén a nuestro alcance para acabar con el crimen organizado. Las huellas digitales contribuyen a este fin. Los solicitantes de asilo vienen en busca de seguridad y amparo y no quieren que su nombre se exhiba en toda Europa. En el futuro tal vez podría celebrarse un debate sobre el papel de las impresiones dactilares.

Frahm
Señor Presidente, desde nuestro Grupo vemos el sistema " Eurodac" como un brusco cambio con respecto al Convenio de Dublín. Ahora se propone que también los inmigrantes ilegales mayores de 14 años queden incluidos dentro del reglamento cuando el Convenio de Dublín sólo se ocupa de los solicitantes de asilo. En nuestra opinión, el sistema " Eurodac" no es requisito imprescindible para el funcionamiento del Convenio de Dublín. Sólo otorga a las autoridades mayores posibilidades de control y en cualquier estado de derecho es preciso que alguien se ocupe muy seriamente de que exista un equilibrio entre este control y los derechos individuales. Es absolutamente fundamental. Así que quede constancia desde este mismo momento del rechazo de nuestro Grupo al sistema " Eurodac" . Esperamos que el Parlamento frene una vez más este ataque frontal a la Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados, a la Declaración de Derechos del Niño y a la seguridad jurídica de los ciudadanos de terceros países que se encuentran dentro de las fronteras de la Unión.
La toma de las impresiones dactilares de una persona sólo porque no es ciudadana de un Estado miembro representa una criminalización general de los ciudadanos extranjeros. La mezcla de inmigrantes y solicitantes de asilo en un registro de impresiones dactilares viola la idea fundamental de la Convención de las Naciones Unidas sobre los refugiados. Los solicitantes de asilo tienen derecho a solicitar protección. No es un delito solicitar asilo. Además, el Convenio de Dublín se ocupa únicamente del primer país de asilo.
Si hay que crear un registro de impresiones dactilares, queremos que bajo ninguna circunstancia se mezcle a los solicitantes de asilo ni con los inmigrantes legales ni con los ilegales y propondremos que en este régimen sólo se tomen las impresiones dactilares de aquellas personas condenadas por haber cometido un delito. Se propone que a los jóvenes de catorce años se les tomen las impresiones dactilares que se depositarán en un registro. Nos parece una violación de la Declaración de Derechos del Niño, que nos obliga a proteger a los niños y recomienda fijar el límite general entre niños y adultos en los 18 años. Si hay que crear un registro de impresiones dactilares, queremos que sólo se tomen las impresiones dactilares de aquellas personas que hayan cumplido 18 años. Las impresiones dactilares se toman a los criminales y hasta éstos tienen derecho a recibir amparo. En la propuesta del Consejo no queda nada claro qué normas se van a seguir a la hora de eliminar o bien a la hora de transmitir los datos.
Si hay que crear un registro, proponemos que los datos registrados se borren tan pronto como el interesado haya obtenido el permiso de residencia en un Estado miembro. Permítaseme repetirlo una vez más: estamos en contra del sistema " Eurodac" . Vemos esta iniciativa como un bloque más del muro alrededor de Fuerte Europa. Un muro que deseamos ver derruido.

Krarup
En general, me sumo a lo que acaba de decir Pernille Frahm. También queremos respaldar sus enmiendas que pese a todo suavizan este acto jurídico catastrófico que estamos debatiendo, dicho sea de paso, sin mayores efectos legales, puesto que se trata de una simple consulta. Hay dos puntos que quiero mencionar. En primer lugar, quiero hacer varias preguntas al señor Comisario. Del protocolo núm. 5 al Tratado de Amsterdam sobre la posición de Dinamarca se desprende que Dinamarca no se rige por el capítulo IV del Tratado, pero esto no se desprende de la propuesta de reglamento. Desearía recibir una explicación a este respecto y le ruego que me la dé. Además, quiero preguntarle al señor Comisario si hay que ver lo anterior en relación con el artículo 5 del protocolo mencionado, es decir, el refuerzo de las normas Schengen. En tal caso existe un procedimiento determinado para integrar a Dinamarca dentro del sistema. ¿Es ésta la norma que va a seguirse o se trata de otras normas? Y por último: ya sea esta norma ya sean otras, ¿cuáles serán las consecuencias de la adhesión danesa? ¿Serán las decisiones de las autoridades comunitarias, entre ellas, las del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, vinculantes para Dinamarca?
El segundo punto es el más importante. Es el principal. Esta propuesta -tal como mencionó Pernille Frahm muy acertadamente- consolida Fuerte Europa. Es un eficaz mecanismo de defensa y lo que con él se establece es la consecuente y completa indefensión jurídica de un gran número de personas, especialmente solicitantes de asilo, y de un grupo de otros extranjeros además sin hacer ninguna distinción entre éstos. No existe ninguna norma elemental de seguridad jurídica en lo relativo al procedimiento de registro y al acceso a la transmisión de estos datos de los que disponen los Estados miembros y la Comisión. Quiero añadir que es el sistema más represivo que hemos visto en Europa en este siglo, en cualquier caso, desde el punto de vista de la tradición jurídica escandinava y hemos visto bastantes cosas. Lo interesante e inquietante es cómo éste ha sido envuelto en frases que harían morirse de envidia al difunto Goebels, ministro de Propaganda. Señoras y señores, les recuerdo que esta completa indefensión jurídica queda establecida en virtud de las disposiciones del tratado que trata de y proclama un espacio de libertad, seguridad y justicia y garantiza la libre circulación. Sí, gracias, se trata de todo lo contrario, y para no maquillar la realidad, en el informe del Sr. Pirker se hace hincapié en que el concepto de extranjero -es la única verdadera enmienda que se ha presentado- sea reemplazado por el concepto de ciudadano de un tercer país. ¿Es porque el concepto de extranjero tiene una connotación negativa? No es tan importante cuál es la realidad, lo importante es el envoltorio. Yo digo ¡bienvenidos!

Vanhecke
Señor Presidente, se calcula que sólo en mi pequeño país el número de supuestos solicitantes de asilo oscilará este año entre 35.000 y 40.000, además de las decenas de miles de demandantes de los últimos años que siguen a la espera mientras se examina su expediente. A esta cifra hay que añadir las personas que residen ilegalmente en el país y que, según los cálculos, son unos 150.000. Todo ello significa que el problema que nos ocupa hoy difícilmente puede ser sobreestimado.
Por eso mismo, estamos plenamente de acuerdo con la creación de la base de datos Eurodac para impresiones digitales. Prestaremos con mucho gusto nuestro apoyo al Informe PIRKER y ruego al ponente considere las críticas que formularé a continuación como críticas meramente marginales acerca de un buen informe sobre un buen paso en la buena dirección. Debe quedar claro que el archivo Eurodac no sirve únicamente para determinar a qué Estado miembro le corresponde tramitar el expediente de un solicitante de asilo determinado, sino que su primera función consiste en dificultar o impedir el fraude en materia de asilo en el futuro. A este respecto lamento que el Parlamento pretenda debilitar aún más las propuestas del Consejo, que en sí ya son débiles y modestas, mediante la presentación de diversas enmiendas.
Lo que no me entra en la cabeza es por qué tanto el Consejo como el Parlamento se empeñan en dar más facilidades a los inmigrantes clandestinos que a los supuestos solicitantes de asilo. Las huellas digitales de los primeros no pueden ser guardadas durante diez sino solamente durante dos años, no pueden compararse entre ellas -uno se pregunta por qué no- y su único fin consiste en ser comparadas con nuevas demandas de solicitud en el mencionado plazo de dos años. Todo ello me lleva a pensar que algunos pretenden utilizar el sistema Eurodac tal vez no exclusivamente pero sí principalmente para designar a un Estado miembro responsable, que deberá cargar con las consecuencias del fraude en materia de inmigración ilegal y asilo, y no parecen tener mucho interés en impedir este tipo de fraude.
Por último quisiera señalar que el hecho de que el sistema será gestionado aparentemente por algo parecido a un servicio de la Comisión Europea me inspira serias dudas. En mi opinión, haríamos mejor en conferir esta tarea a una fuerza policial europea como Europol.

Terrón i Cusí
Señor Presidente, quisiera pedirle que tomara nota de que en este edificio hay salas de reunión sin pantalla. Y mientras haya Pleno y reuniones paralelas, sería bueno que todas las salas tuvieran pantallas, si no es muy difícil.
Señor Presidente, nuestro Grupo tiene dudas importantes, y dudas razonables, en relación con el Informe EURODAC que se ha presentado. Rechazamos ya, una vez, un informe que pretendía, con bastante poca claridad, no se sabe muy bien con qué fines, recoger las huellas digitales de los inmigrantes ilegales que llegan a la Unión Europea. Tenemos una nueva propuesta, esta vez de la Comisión, que presenta avances importantes.
En esta nueva propuesta se dice que las huellas digitales de los inmigrantes ilegales -porque estamos hablando de la extensión del existente programa EURODAC a los inmigrantes ilegales- serán recogidas solamente para aplicar el Convenio de Dublín, es decir, solamente para saber si estos inmigrantes han pedido asilo en otro Estado miembro de la Unión Europea.
No estamos en contra de esta idea, al contrario; no estamos en contra de que se pueda dilucidar si hay un Estado miembro responsable de la gestión del expediente si se demuestra que una persona ha sido solicitante de asilo. Pero tenemos muchas dudas por lo que respecta a esa recogida masiva -porque creo que puede ser masiva- de las huellas digitales de personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera o que se encuentren en una situación ilegal en un Estado miembro.
Por lo tanto, creemos que se necesita un poco de tiempo para hacer realidad la extensión que se propone del sistema EURODAC.
Lo que sí tenemos claro es que no es aceptable que se aplique a menores de edad. Y en eso sí vamos a mantener una posición fuerte. Vamos a exigir que este sistema se aplique solamente a los mayores de edad, porque los menores requieren otras disposiciones de la ley si no están acompañados. Y si están con la familia, su familia ya va a entrar dentro del sistema.

El Presidente
Gracias, señora Terrón i Cusí. Tomamos nota de su petición. Sin duda alguna, un edificio inteligente ha de demostrar su inteligencia en todas partes.

McKenna
Señor Presidente, por lo que a mí se refiere he de decir que estimo intolerable toda la cuestión de la toma de impresiones digitales de las personas que solicitan asilo. Fundamentalmente equivale a tratar como delincuentes a personas que están buscando asilo y refugio. En lugar de ello, lo que quisiéramos es que se mejorase la situación de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. En mi propio país la situación de los solicitantes de asilo es completamente intolerable en la actualidad. Esta misma semana el Ministro de Justicia ha anunciado que va a tomar medidas legales contra los chóferes de taxi que transporten inmigrantes ilegales.
En el fondo lo que estamos haciendo es promover la actitud de xenofobia y hacer aún más víctimas a personas que ya lo son. El informe se esfuerza por conseguir que el protocolo resulte menos amenazador, pero el principio es exactamente el mismo. Estamos tratando como delincuentes a personas que son víctimas. Generalmente se toman las huellas digitales de una persona cuando se sospecha que es un delincuente. Ahora bien, un presunto delincuente tiene por lo menos la ventaja de que puede pedir asistencia letrada, de que conoce sus derechos. Los solicitantes de asilo no conocen sus derechos ni tienen asistencia letrada. El protocolo no explica cómo ni dónde se tomarán las impresiones digitales. ¿Al entrar en el país, antes de cruzar la frontera? De ser así, ¿significa eso que se puede detener a cualquiera en cualquier lugar?
Fundamentalmente esto está en consonancia con el Convenio de Dublín. Es algo que se elaboró en secreto, a puerta cerrada, desgraciadamente en mi propio país, cosa que lamento sobremanera. Básicamente promueve la idea de una Europa-fortaleza, una Europa que deja fuera a los denominados indeseables, cuando lo que debería preocuparnos es la razón de que haya gente que busca asilo, y no la manera de hacerlos sufrir. Una de las mejoras que se propone tiene que ver con la edad. La idea de que se tomen las huellas digitales de niños de 14 años de edad es totalmente inaceptable, pero incluso si se trata de un joven de 18 o de 21 años sigue siendo inaceptable porque no estamos tratando con delincuentes. Al parecer se parte del supuesto de que lo son. Todo parece indicar que el principio de que uno tiene derecho a que se le considere inocente mientras no se demuestre lo contrario no tiene valor aquí. Hay que cambiar la actitud que prevalece en la Unión Europea respecto de los solicitantes de asilo. Lo que estamos haciendo es promover la xenofobia que cada vez es más patente en los Estados miembros de la Unión Europea. Eso es una tragedia.

Krivine
Señor Presidente, el proyecto Eurodac muestra la verdadera cara de la Europa liberal. Una fortaleza de sospechas y de represión policial alzada en contra de los perseguidos del planeta.
La recolección informatizada de impresiones dactilares es un atentado a la libertad individual. Trata sistemáticamente a los solicitantes de asilo como sospechosos. Pone en entredicho la inviolabilidad de los documentos que están en posesión de los organismos encargados de examinar sus solicitudes. Viola la protección jurídica que se debe prestar a los refugiados; al aplicarse incluso a los jóvenes de 14 años, viola la declaración internacional de derechos del niño, y concretamente su artículo 10.
¿Quién de ustedes se atrevería a tomar las impresiones dactilares de un chaval de 14 años? En el proyecto Eurodac los inmigrantes indocumentados, sin estatuto -debido, a menudo, a la diversidad de las leyes entre los diferentes países-, son considerados criminales. En el fondo, viola todas las convenciones internacionales que protegen los derechos humanos. Con este proyecto, la Europa "fortaleza" se reconoce culpable por la falta de asistencia a los refugiados que se hallan en una situación de riesgo. ¿Qué puede sorprendernos de una Europa liberal, que equipa a la dictadura de Ankara con helicópteros de combate, a la par que rechaza a los refugiados kurdos? Eurodac debe ser necesariamente rechazado.

Hager
Señor Presidente, el informe me brinda la oportunidad de manifestar mi opinión con respecto a las injustificadas acusaciones formuladas contra nosotros los liberales. La afirmación de que en materia de asilo mantenemos una posición inflexible y restrictiva, de la que también ha sido acusado hoy el señor Ponente, es simplemente falsa. Si bien no sería necesario señalarlo, quiero decir a todos los que coinciden en esta crítica sin conocer las opiniones, que nuestra política se basa, indudablemente, en el Convenio de Viena sobre Refugiados; que, por supuesto, consideramos que es absolutamente necesario ofrecer protección temporal a los desplazados. El que necesite protección debe recibir protección.
Lo que sí mantenemos es que la equivocada política de migración ha provocado problemas sociales en las zonas de mayor concentración de inmigrantes, problemas ante los que un político responsable no puede cerrar los ojos. Esta crítica debe admitirse en un contexto democrático. Dado que consideramos que un justo reparto de las cargas constituye una tarea importante de la política en materia de asilo, nos pronunciamos a favor de toda medida encaminada a la consecución de este objetivo, así como en favor del Convenio de Dublín y el EURODAC. En consecuencia, aprobaremos el informe.

Evans, Robert J
En la presentación de su informe, el ponente ha dicho que el objetivo era poner en práctica el Convenio de Dublín y tener un sistema de toma de impresiones digitales. Mi Grupo conviene en principio con eso, pero queremos que haya algunas medidas de protección. El Sr. Pirker ha dicho también que la finalidad es evitar que haya abusos sociales del sistema. También en este caso mi Grupo conviene con el ponente, pero queremos tener la seguridad de que es así, y por eso estimamos que hace falta que haya medidas de salvaguardia para evitar que cometan abusos las autoridades.
Me parece que algunos de los que están a la derecha de esta sala quieren enturbiar el agua para que no haya distinciones entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales, nacionales de terceros países. Evito deliberadamente la utilización de la palabra "extranjeros" , y también de la palabra que se ha utilizado en la traducción del texto inglés. En inglés la palabra "aliens" significa habitantes de otro planeta y, si he de serles totalmente franco, les diré que no creo que esa cuestión nos plantee ningún problema por el momento. Ahora bien, parece haber diputados de este Parlamento que no sienten simpatía alguna por ninguno de los dos grupos mencionados, y si hubiera habitantes de otro planeta, probablemente tampoco les caerían simpáticos. Las medidas de protección y las enmiendas que queremos que haya están destinadas a conseguir que los datos que se obtengan se tramiten debidamente y que, cuando una persona reciba asilo o consiga legitimar su situación, se destruyan los datos recopilados en su caso. En cuanto a la edad límite, a veces es muy difícil definir a qué edad se es joven, pero me parece que hay consenso en que 18 años es una edad aceptable.
En su apasionada intervención de hace unos minutos, la Sra. McKenna ha dicho que tenemos que velar por que no se trate como delincuentes a los solicitantes de asilo y otras personas. Es evidente que queremos conseguir que este nuevo sistema se utilice para ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Acepto, y estoy seguro de que todos coinciden conmigo, que uno no abandona su hogar y su familia y viaja miles y miles de kilómetros a través de Europa sin una razón suficiente. Uno no lo hace por capricho, lo hace porque tiene un motivo válido y tenemos que aceptar y respetar el hecho de que los que se hallan en esa situación necesitan apoyo y necesitan ayuda y asistencia. Espero que podamos conseguir -y estoy seguro de que el Comisario está escuchando- que cuando este sistema sea plenamente operativo, se utilice de forma positiva, humana y con considerable compasión para prestar apoyo y ayuda a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Vitorino
. (EN) Antes que nada quisiera indicar a Sus Señorías que, en opinión de la Comisión, el Reglamento EURODAC contribuye a la aplicación del Convenio de Dublín que estipula que los Estados miembros son responsables del examen de toda solicitud de asilo presentada en uno de ellos. El Consejo Europeo de Tampere ha pedido que se ultime rápidamente la labor sobre el Reglamento EURODAC, y, en realidad, la Comisión estima que EURODAC es un importante instrumento.
Si los gobiernos y los ciudadanos pueden tener la seguridad de que contamos con medios eficaces para decidir qué Estado es responsable del examen de una solicitud de asilo y para enfrentarse con el problema de las múltiples solicitudes de asilo, se nos facilitará la labor de promover normas de asilo elevadas y equitativas.
Una vez adoptado el Reglamento EURODAC, incumbirá al Consejo el conseguir un progreso análogo respecto de otros instrumentos de asilo. Yo mismo presentaré en breve una propuesta encaminada a dotar de base jurídica al Fondo Europeo para los Refugiados. De esta manera podremos disponer de asistencia financiera con cargo al presupuesto comunitario para la recepción, la integración y el retorno voluntario de los refugiados, las personas desplazadas y los solicitantes de asilo y contaremos con un instrumento importante que da una dimensión humana a la política de asilo de la Unión, como uno de los diputados acaba de pedir hace unos momentos.
También voy a presentar una propuesta de instrumento sobre procedimientos de asilo, una vez que hayamos recibido la opinión del Parlamento acerca de nuestro documento de trabajo sobre el establecimiento de normas comunes en materia de procedimientos de asilo. También presentaré una nueva propuesta de protección temporal, basada en la experiencia que hemos adquirido durante la crisis de Kosovo. El progreso que consigamos en relación con el Reglamento EURODAC tiene que ir acompañado por un verdadero progreso en otras esferas para que, de esta manera, podamos alcanzar gradualmente nuestro objetivo, que es crear un sistema común europeo de asilo. Es evidente que una propuesta que prevé la toma sistemática de huellas digitales de los solicitantes de asilo y de otras categorías de nacionales de terceros países es una propuesta que planteará problemas delicados y difíciles. Por eso necesitamos que las personas afectadas por el Reglamento sean tratadas con la máxima equidad y transparencia. En particular se precisa que las normas de protección de los datos recogidos sean sumamente estrictas.
Cuando convertimos el Convenio y el Protocolo EURODAC en un Reglamento comunitario, lo modificamos para que estuviera en total consonancia con la legislación comunitaria sobre la protección de datos, incluido el nuevo Artículo 286 del Tratado, que fija las disposiciones de protección de datos para las instituciones comunitarias. Incumbe ahora a la autoridad prevista en el Artículo 286 el velar por la utilización apropiada y adecuada de esos datos y por la aplicación de las normas comunitarias.
También introdujimos nuevas normas de vigilancia y evaluación con arreglo a las cuales la Comisión informará periódicamente al Parlamento y al Consejo acerca del funcionamiento concreto de EURODAC.
Quedo agradecido a la Comisión de Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, y a su ponente, Sr. Pirker, por el informe sobre el Reglamento EURODAC. El informe contiene algunas enmiendas de utilidad que, a mi juicio, ayudarán a mejorar el texto del Reglamento.
La Comisión puede aceptar la enmienda 1 para evitar la utilización del término inglés "alien" y referirse en su lugar a los nacionales de terceros países, aunque tendremos que dejar bien sentado que el Reglamento también abarca a los apátridas. También podemos aceptar la enmienda 2 del título, que introduce una referencia al Convenio de Dublín. Podemos aceptar asimismo el principio de la enmienda 6, que deja bien sentado que dos juegos de huellas digitales son iguales cuando son idénticas, y no cuando son solamente similares. También aceptamos el principio de la enmienda 12, que está encaminada a aclarar que los datos no pueden enviarse nunca al país de un solicitante de asilo ni utilizarse dentro de un Estado miembro para fines ajenos a la cuestión. Aprovecho esta oportunidad para dar la seguridad a la Sra. Terrón i Cusí de que las huellas digitales de los inmigrantes sólo se utilizan para la finalidad concreta prevista en el Convenio de Dublín -es decir para su análisis- o sea para ver si han solicitado asilo en otro Estado miembro.
Las dos cuestiones que más parecen haber preocupado al Parlamento son la cuestión de la edad mínima para la toma de huellas digitales y las normas para la destrucción de los datos guardados en la base central de datos.
En cuanto a la edad mínima mi opinión es que debemos atenernos al compromiso sobre la edad mínima de 14 años, que fue lo convenido en negociaciones anteriores, con la enmienda del Parlamento que deja bien sentado que la toma de huellas digitales tiene que efectuarse de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Desgraciadamente, entre los emigrantes que buscan protección hay menores de edad. Tenemos que velar por que las disposiciones que adoptemos para determinar la responsabilidad respecto de las solicitudes de asilo tengan en cuenta esa realidad.
Además, el límite de edad de 14 años era una solución de transacción a la que se llegó después de difíciles negociaciones. No quiero volver a abrir el debate sobre la cuestión, con el riesgo de que acabemos por tener una solución aún menos aceptable.
Por lo que se refiere a las normas para la destrucción de los datos, las enmiendas aprobadas por la Comisión de Derechos de los Ciudadanos disponen que los datos se destruyan en cuanto la persona a la que se aplique el Reglamento haya legalizado su situación. Puedo aceptarlo en relación con las personas que han sido detenidas mientras cruzaban irregularmente la frontera externa de la Unión Europea y cuyas huellas digitales se toman con arreglo al artículo 8 del Reglamento. En realidad, la intención del texto actual es que esos datos se destruyan tan pronto como la persona interesada obtenga cualquier clase de permiso de residencia. Lo que acabo de decir incluye a las personas que hayan sido admitidas como refugiados o que gocen de una forma subsidiaria de protección.
No puedo decir lo mismo por lo que se refiere a los datos relativos a los solicitantes de asilo, pero puedo aceptar algunas de las enmiendas presentadas. Si tuviéramos que destruir todos los datos sobre los solicitantes de asilo en cuanto los interesados puedan beneficiarse de cualquier clase de condición jurídica, el Reglamento EURODAC no se aplicaría ya a las situaciones en las que un solicitante de asilo recibe permiso para permanecer en cualquier otra calidad durante un breve espacio de tiempo y, al final de ese período, va a otro Estado miembro y solicita asilo en él. En cambio, puedo aceptar la enmienda que dispone que los datos sobre solicitantes de asilo se destruyan cuando se reconozca como refugiado a la persona de que se trate.
Algunos Estados miembros estiman que se puede plantear un problema si personas que han sido reconocidas como refugiados en un Estado miembro viajan a otro Estado miembro y solicitan asilo en él. En consecuencia, esos Estados miembros han alegado que los datos sobre refugiados reconocidos deben quedar en la unidad central para que puedan recopilarse datos estadísticos que permitan medir la escala de la situación.
Creo que deberíamos seguir un enfoque diferente. Si las personas que han sido reconocidas como refugiados en un Estado miembro buscan asilo en otro, lo más probable es que eso se deba a que los refugiados no gozan del derecho de residir en un Estado miembro diferente del que les haya reconocido como refugiados. Procuraremos remediar la situación incluyendo a los refugiados en el ámbito de un instrumento que defina las circunstancias en las que el nacional de un tercer país que reside legalmente en un Estado miembro puede residir en otro Estado miembro. Por eso estoy de acuerdo en que dispongamos ahora que los datos sobre refugiados reconocidos como tales se eliminen en EURODAC.
Diré por último que este Reglamento no se aplicará a Dinamarca. Esto es resultado directo del Protocolo de Dinamarca respecto del Tratado. La Comisión no estima que EURODAC sea una medida que convenga añadir a los resultados obtenidos con Schengen en virtud del Artículo B del Protocolo para Dinamarca. Comprendemos muy bien que Dinamarca, a pesar de todo, desee participar en EURODAC, pero aún no se sabe qué fórmula jurídica habrá que adoptar en este caso.
Las enmiendas que tengo la intención de aceptar fortalecerán el texto del Reglamento. Quedo muy agradecido al Parlamento por la importante contribución que ha aportado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

Plan de acción en materia de lucha contra la droga
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0063/1999) de la Sra. Giannakou-Koutsikou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) (COM(1999) 239 - C5-0093/1999 - 1999/2095(COS))

Giannakou-Koutsikopu
Señor Presidente, el presente debate tiene lugar con ocasión del informe del Parlamento al plan de lucha contra las drogas (2000-2004) de la Comisión Europea. Este plan no va a ofrecer, por supuesto, una fórmula mágica para solucionar el problema de las drogas. El debate de hoy podría, no obstante, contribuir a un mejor conocimiento por parte de la Cámara de la creciente amenaza que constituyen las drogas, sobre la base de datos reales y no imaginarios, y coadyuvar a la consecución de mejoras a corto y largo plazo de la crítica situación actual.
Sin más preámbulos, señor Presidente, declaro que estamos de acuerdo, que aprobamos el plan de la Comisión; tenemos, sin embargo, reservas que formular; reservas, que comparte la propia Comisión, debidas a la inexistente evaluación de los programas y al insuficiente planteamiento general en relación con la amenaza real existente. Durante los últimos quince años, señor Presidente, las drogas no constituyen simplemente una amenaza. El problema no es sólo que se registre un aumento de las drogas sintéticas y de la importación de cocaína en Europa, aunque la heroína sigue siendo el problema principal; es que en los últimos años las drogas se han convertido en una amenaza consciente que emana de la relación entre el crimen organizado con el tráfico de drogas y con el tráfico de armas y de materiales nucleares, así como de la creación de nuevas organizaciones criminales procedentes de la Europa Central y Oriental.
Desgraciadamente, las comunicaciones y la sociedad de la información favorecen también el tráfico de drogas. Ya ha quedado patente que una solución unilateral no puede dar respuesta a este gran problema. Es importante que comprendamos que, al tiempo que impulsamos una política de prevención con objetivos a largo plazo, tendremos que ejercer políticas con objetivos más a corto plazo, como son las políticas dirigidas a la represión del narcotráfico y a la terapia y rehabilitación de los drogodependientes, de tal suerte que contribuyamos a que la prevención acabe teniendo éxito, o, al menos, a que la situación se estabilice. Así pues la propuesta de la Comisión de Libertades Públicas es muy clara. Constatamos que se requiere una mayor voluntad política, señor Presidente, y una mayor voluntad política significa que les declararemos la guerra a las drogas y a los traficantes de drogas, y esto ha de hacerse sin concesiones ni compromisos.
Constatamos, en segundo lugar, una incapacidad de coordinación sustancial, y esto significa que la Presidencia portuguesa tiene a toda costa que asumir la iniciativa que conduzca a la creación de un consejo interinstitucional que se reúna al menos una vez al año para coordinar todas las acciones en el interior de la Unión, de suerte que coadyuve a la coordinación internacional. Se requiere una aplicación completa y adecuada de las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas y de la Asamblea Extraordinaria, y se requiere, señor Presidente y señor Comisario, una cláusula especial contra las drogas, que se incluya en todos los acuerdos con terceros países, una cláusula del mismo nivel y consideración que la cláusula sobre los derechos humanos. Si no se fortalece esa voluntad política requerida y no se asumen iniciativas semejantes, si no se ejerce en general una política global de ámbito europeo y mundial, no podemos esperar resultados. El auge de las drogas no puede justificarse sólo por las actuales condiciones económicas y sociales, ni tampoco sólo por los malos ejemplos recibidos en el ámbito familiar, ni por la televisión. El problema es mucho más complejo, mucho más vasto. De manera que cualquier solución unilateral, o cualquier solución de carácter administrativo que no contemplara en todas sus dimensiones el auténtico problema de salud pública y los aspectos médicos del asunto constituiría un craso error.
El crimen organizado, señor Presidente y señor Comisario, evoluciona con mayor rapidez que sus perseguidores, es, pues, importante reforzar la lucha contra el narcotráfico precisamente en el plano político. Las drogas tendrán que ser una política que se incorpore a todas las políticas que se ejerzan. No es sólo una política para los ministros de Sanidad. No es sólo una política para los ministros de Justicia. Es un problema político de primera magnitud, si se tiene en cuenta que en esencia representa -o está relacionado con - el 80% de la criminalidad en el mundo; en Europa, el 50% de las detenciones está ligado exclusivamente al trafico y distribución de drogas.
Si en la Cumbre europea no se entiende -porque pensamos que la Cumbre debe ocuparse directamente del asunto- que se trata del problema político número uno, con enormes consecuencias para el futuro; si no se entiende que la incapacidad de abordarlo multilateralmente, que es como debe abordarse, ha empezado ha hacerse cada vez más patente, con la subsiguiente decepción de nuestros pueblos, entonces no podremos en un tiempo prudencial estabilizar la situación. Y es que con las drogas, señor Presidente, viviremos todavía bastante tiempo. Lo importante es mejorar los indicadores, mejorar los aspectos que tienen que ver con la salud pública y dar a un mayor número de ciudadanos la posibilidad de cobrar conciencia de la magnitud de la amenaza, y resistirla.

Corbey
Señor Presidente, el plan de acción en materia de lucha contra la droga se ha debatido en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía. Reitero con mucho gusto que el plan ha merecido el aprecio de nuestra comisión. Es necesario prevenir el consumo de drogas y es fundamental que se reduzca la demanda.
Además, muchos miembros de la Comisión de Industria opinan que no se puede promover una lucha contra la droga que no respete al drogadicto, aunque dicha comisión ha decidido que no corresponde a ella entrar en esta materia. Por ello, nuestra opinión se centra en los principales temas de la Comisión de Industria. En este caso concreto se trata de comercio e investigación.
En lo que al comercio exterior se refiere, la Comisión de Industria es consciente de que la política comercial no puede aportar gran cosa a la lucha contra la droga. En el marco de esta lucha la reducción de la pobreza en los países productores es una baza importante. A este fin no sólo deben desarrollarse instrumentos comerciales, sino sobre todo programas de apoyo de otro tipo.
Obviamente, la Comisión de Industria también se da cuenta de que el tema de la droga suscita controversia en la Unión y en este Parlamento. En realidad no existe un planteamiento europeo. Están las diferentes acciones de los Estados miembros y está la estrategia multilateral en el marco de Naciones Unidas. Precisamente a causa de esta polémica la Comisión de Industria opina que con la ayuda de las investigaciones independientes se podrán obtener serios avances. Dichos estudios nos ayudarán a distinguir entre las estrategias y los programas que surten efecto y los que no. Sobre la base de estos hechos tal vez seremos capaces de acercar posiciones.
El enfoque acordado en el marco de Naciones Unidas es una de las fuentes de polémica. Muchos lo consideran demasiado represivo, pero hay otros que opinan que cuanto más duro sea el planteamiento mejor. La lucha contra la droga es una guerra. La conclusión de la Comisión de Industria es que mientras los principios generales del enfoque de las Naciones Unidas son indiscutibles, su política da mucho que hablar. Por eso mismo, nuestra comisión es partidaria de que la política multilateral y los tratados en que ésta se fundamenta sean sometidos a una minuciosa evaluación. Lamentamos que esta conclusión no se incluya en el informe de la Sra. Giannakou.
Por último, la Comisión de Industria quiere señalar que valora muy positivamente las actividades del Observatorio de Lisboa. Los resultados obtenidos por este Observatorio pueden ayudarnos a rebasar las fronteras de nuestras preferencias nacionales. La Comisión de Industria espera que el Observatorio pueda seguir siendo una base para el desarrollo de un planteamiento europeo de cara al problema de la droga.

El Presidente
Muchas gracias, señora Corbey.
El Sr. Comisario ha solicitado tomar la palabra en este momento porque esta tarde no podrá estar presente en el debate. Por lo tanto, señor Comisario, tiene usted la palabra.

Vitorino
. (EN) Pueden estar seguros de que la Comisión estará presente durante el debate de esta tarde, pero yo no estaré aquí en persona.
A pesar de los notables esfuerzos desplegados para evitar el uso abusivo de drogas y la toxicomanía el problema de la droga sigue planteando amenazas y desafíos en vísperas del año 2000. El problema más grave para la salud lo plantea el consumo de opiáceos y, en particular, de heroína, anfetaminas y el consumo de más de una droga. La cannabis sigue siendo la droga ilícita de uso más común en la Unión. Las enfermedades transmisibles como el VIH y la hepatitis B y C se caracterizan por su elevada incidencia entre usuarios de drogas intravenosas. La delincuencia organizada desempeña un papel cada vez más dominante en la producción y el tráfico de drogas. Tenemos que enfrentarnos con esos desafíos.
Quisiera expresar también mi más sincero agradecimiento al Parlamento, y en particular a la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, así como a la ponente, Sra. Giannakou-Koutsikou, por la calidad de su labor y por la velocidad con la que han recomendado la comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la droga en el período 2000 a 2004. Esto permitirá que el Consejo Europeo de Helsinki pueda adoptar una estrategia eficaz contra este fenómeno tan inquietante.
Los principales objetivos generales para la estrategia de la Unión Europea contra la droga en los cinco años próximos se pueden resumir de la manera siguiente: reducción considerable de la incidencia del uso abusivo de drogas ilícitas entre jóvenes de menos de 18 años de edad; reducción sustancial del número de fallecimientos relacionados con las drogas; aumento considerable del número de toxicómanos tratados con éxito, y reducción sustancial del número de delitos graves relacionados con drogas, incluido el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de precursores.
Por lo que se refiere a la reducción de la demanda, los programas y las medidas preventivos para niños y jóvenes, en vez de centrarse exclusivamente en las drogas ilegales, deberían tratar de la adicción en general, con inclusión de aspectos del consumo de alcohol y tabaco. La capacitación de personal profesional de los sectores social, de salud, docente y de cumplimiento de la ley es un requisito previo para que las medidas que se adopten sean eficaces.
En cuanto a la reducción del suministro, la aparición de nuevas drogas sintéticas obliga a encontrar la manera de responder rápidamente al consumo de nuevas sustancias y tendencias de consumo. El establecimiento de mecanismos voluntarios de vigilancia respecto de los nuevos productos químicos que se utilizan para la fabricación ilícita de drogas sintéticas, así como una mejor cooperación en el sector comercial, serán las principales prioridades en esta esfera. Los esfuerzos desplegados para reducir el blanqueo de dinero deben intensificarse mediante la rápida adopción y subsiguiente aplicación de la enmienda recientemente propuesta para la directiva sobre el blanqueo de dinero. Después del Consejo Europeo de Tampere habrá que dar prioridad a la prevención de la delincuencia juvenil, urbana y relacionada con la droga, y a la armonización gradual de la legislación de la Unión Europea sobre el tráfico de drogas ilícitas.
En el pasado, los Estados miembros y la Comisión no han dado la debida prioridad a la evaluación de las actividades de lucha contra la droga. Eso tiene que cambiar. La evaluación tiene que pasar a ser parte integrante del enfoque de la Unión Europea. La Comisión ha comenzado ya esta labor de evaluación y espera intensificarla en el futuro. El observatorio de Lisboa puede contribuir a la lucha mediante la publicación de directrices para la evaluación de la demanda y las actividades encaminadas a la reducción del suministro.
La aplicación de los cinco indicadores principales armonizados -demanda de tratamiento por los drogadictos; número de fallecimientos de drogadictos, mortalidad y causas de fallecimiento entre drogadictos; incidencia de enfermedades transmisibles relacionadas con la droga; comparabilidad de las encuestas sobre la utilización de drogas, y conducta y actitudes ante la droga en la población en general, y, por último, la comparabilidad de las estimaciones del problema del uso abusivo de drogas- desempeña un importante papel a este respecto.
La adopción de la estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga para los primeros años del nuevo Milenio no significa el final del debate. Tengo entendido que la próxima Presidencia portuguesa promulgará la estrategia de la Unión Europea en materia de drogas mediante la presentación de prioridades más concretas para los años 2000 a 2004. También tendremos la posibilidad de trabajar junto con otras instituciones europeas en la organización de una conferencia interinstitucional que examine la aplicación de la estrategia de la Unión Europea en materia de drogas, probablemente a principios del año que viene. Espero que en esa ocasión estemos en condiciones de evaluar los resultados de la reunión inter-pilares del Consejo que ha sugerido la ponente.
En mi opinión, la comunicación de la Comisión representa un buen punto de partida para el desarrollo de una estrategia europea mundial, multidisciplinaria e integrada de lucha contra las drogas ilícitas en consonancia con la que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998.
El observatorio de Lisboa y Europol en la Haya son dos importantes instrumentos que pueden contribuir sobremanera a nuestra estrategia. Por todo lo antedicho confío en que tengamos el potencial y podamos disponer de la voluntad política de hacer frente a los nuevos retos en la perspectiva de la estrategia de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga para los años 2000 a 2004.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
Interrumpimos el debate en este punto para proceder al turno de votaciones. Este debate se reanudará a las 18.00 horas.

VOTACIONES
Della Vedova
Señora Presidenta, quiero sólo recordarle a usted y a sus Señorías que los diputados radicales aquí presentes, Sres. Della Vedova, Cappato, Dupuis, Dell' Alba y Turco, tampoco hoy y aun estando presentes, no participarán en las votaciones. Creo que un Parlamento que no tiene el valor de subsanar una situación de patente discriminación que alcanza a algunos de sus miembros y a millones de ciudadanos europeos, es un Parlamento que no puede enseñar, como querría y como podría, la democracia a muchos países que hemos condenado incluso esta mañana.
Informe (A5-0061/1999) de la Sra. Dührkop Dührkop, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo y suplementario nº 5/1999 del presupuesto de las Comunidades Europeas para el ejercicio 1999 (C5-0257/1999)

Schreyer
Señora Presidenta, estimada señora Ponente, señoras y señores: La Comisión acoge con plena satisfacción la enmienda presentada por el Parlamento, relativa a la asignación de un crédito presupuestario de 25 millones, en comparación con la propuesta de transferencia global. La Comisión lamenta que el Consejo no haya manifestado aún su aprobación de la propuesta del Parlamento. En consecuencia, insta al Consejo a apoyar dicha propuesta para así facilitar que, mediante dicha asignación y una reducción de los gastos, puedan disponerse en este año de otros 670 millones de euros para programas de política exterior de carácter urgente.

La Presidenta
Gracias, señora Schreyer. Lamento que el Consejo no esté representado.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0066/1999) del Sr. Napolitano, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre las modificaciones del Reglamento a raíz del Acuerdo Interinstitucional del 25 de mayo de 1999 relativo a las investigaciones internas efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
(El Parlamento aprueba la decisión)
Informe (A5-0062/1999) del Sr. Schwaiger, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: El planteamiento de la UE sobre la Ronda del Milenio de la OMC (COM(1999) 331 - C5-0155/19 - 1999/2149(COS))

Chichester
Señora Presidenta, antes de que votemos sobre el Informe Schwaiger, ¿me permite que plantee una cuestión de aclaración? Nuestro Grupo ha pedido que se vote por partes sobre el considerando C, pero me he fijado en las papeletas de voto y me parece que se ha incluido una palabra que no debería figurar donde está. Las palabras del texto inglés sobre las que queremos que se vote por separado son "and socially balanced" ; éstas son las palabras objeto de la votación por separado. En algunas versiones se sugiere que votemos también sobre la palabra "fair" , pero esta palabra debe figurar en la parte principal del texto. Espero haberme expresado con claridad.
Sobre la enmienda 11

Schwaiger
Señora Presidenta, tengo la impresión de que en primer lugar debe votarse sobre el inciso "...un comercio libre y justo...a nivel mundial" , etc. ¿Es eso cierto? ¿Lo ha incluido así?

La Presidenta
Señor Schwaiger, he recibido solicitudes de votación por partes, de votación por separado, y se me ha pedido que separe los elementos "justo" y "ponderado desde el punto de vista social". Respeto, pues, la solicitud presentada.

Kreissl-Dörfler
Señora Presidenta, esta enmienda reviste para nosotros, los Verdes, un carácter esencial. Si el inciso "justo y ponderado desde el punto de vista social" se suprime, la mayor parte de nosotros se verá, desgraciadamente, obligada a votar en contra de este informe. Si esta mención se suprime, se perderá un elemento esencial de estas negociaciones, de todo el informe. Querría dejar claro este extremo una vez más.

Maes
Señora Presidenta, dado que depende de la segunda parte -y eso es así para todos nosotros- si votaremos o no votaremos la primera parte, quisiera pedirle que primero sometamos a votación la segunda parte. Así sabremos si con respecto a la primera parte podemos sumarnos a la votación del amplio grupo de miembros que se adhiere a ella.

La Presidenta
Señora Maes, reconocerá que es muy difícil votar para introducir palabras en un texto sobre el que aún no se ha votado. Creo que debemos ser lógicos y muy coherentes.

McNally
Señor Presidente, me gustaría dejar bien sentado que el Grupo Socialista desea que en el texto inglés figuren las palabras "free, fair and socially-balanced" . Estamos votando ahora sobre la enmienda 11, que las suprime. ¿Lo he entendido bien? Entonces, votaremos en contra de esta enmienda y a favor del considerando inicial?

Mann, Erika
Señora Presidenta, colegas: ¡No se pongan tan nerviosos! Este es un punto esencial, verdaderamente importante. Visto desde la lógica de la votación, la Sra. Maes tiene toda la razón. Querido colega Chichester, me sorprende que justamente en este punto haya querido usted suprimir la mención "ponderado desde el punto de vista social" . En la comisión votamos de forma claramente mayoritaria a favor de su inclusión. No obstante, lo único que deseo ver efectivamente garantizado es que el procedimiento de votación sea muy limpio. Por ello le pido que dé curso a la enmienda de la Sra. Maes.

Schwaiger
Señora Presidenta, a mi juicio, la cuestión versa sobre tres adjetivos. Sobre la base de un comercio libre y justo a nivel mundial descansan las negociaciones de la OMC ­así era el tenor de mi texto original. Con posterioridad se aprobó una enmienda en la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, por la que se añadió la mención "ponderado desde un punto de vista social" . Las opiniones divergen con respecto a qué adjetivos deberían recogerse. Yo sostengo en todo caso "un comercio libre y justo a nivel mundial" . Se discutió la inclusión de la locución "ponderado desde un punto de vista social" o "aceptable desde un punto de vista social" . Debería, entonces, votarse sobre el texto original, en cuanto que reza "un comercio libre y justo a nivel mundial" , y después votar sobre "ponderado desde un punto de vista social" . Así tendríamos la solución a la tercera cuestión.
En cualquier caso, he de señalar que "un comercio libre y justo" fundamentaba todo nuestro trabajo y que se le añadió un inciso sobre el que ha de votarse ahora.

Wurtz
Creo que hay una confusión. El texto que usted ha leído no es la enmienda, señora Presidenta. La enmienda de que se trata consiste en suprimir palabras. Así pues, debemos pronunciarnos sobre la supresión o no de estas palabras. Esta es la enmienda. Y la segunda parte, es la frase siguiente y no la frase que se ha leído. Nuestra votación tiene por objeto, pues, suprimir o mantener palabras.

La Presidenta
Así es, pero votamos sobre la supresión de dos palabras, una después de la otra. Les propongo, pues, votar primeramente sobre la supresión de la palabra "justo".

¿La supresión se refiere a "ponderado desde el punto de vista social" únicamente?

McNally
Presidente, sólo podemos votar sobre la enmienda que tenemos ante nosotros y la enmienda que tenemos ante nosotros pide que se supriman cuatro palabras. Votaremos en contra de esa enmienda. No se puede introducir ninguna otra enmienda.

McNally
Voy a explicarlo con el mayor cuidado posible. El texto inglés original dice, y éste es el texto original sobre el cual se votó en comisión parlamentaria: "Whereas free, fair and socially-balanced world trade must be further developed and consolidated" , etc. La enmienda 11 dice en su primera parte: "Whereas (delete four words)" . Estamos dispuestos a votar sobre la enmienda, y ya he dicho que votaremos en contra de ella. Luego hay otra enmienda de la enmienda 11, que se divide en dos partes, pero me parece que podemos votar ahora sobre la totalidad de la enmienda 11, que suprime las cuatro palabras "free, fair and socially-balanced" . Nadie ha aceptado ninguna enmienda oral de ninguna clase.

Schwaiger
Señora Presidenta, quiero insistir de nuevo en lo siguiente: el PPE presentó una enmienda. El Sr. Chichester precisó oralmente que él, en contra de la enmienda, quería mantener en todo caso en el texto original las palabras "libre y justo" , y que debía votarse sobre ellas. La tercera pregunta tiene el siguiente tenor: "ponderado desde un punto de vista social" , ¿sí o no? Sobre ello debería votarse. De este modo he recogido lo que el Sr. Chichester me comentó.

Chichester
Señora Presidenta, lo que he pedido es una clarificación. Si votamos sobre el texto original de ese apartado, si terminamos la votación sobre la enmienda, en ese momento propondré que se vote sobre las palabras "and socially-balanced" del texto inglés por separado del resto del texto. No he propuesto ninguna enmienda oral. Lo primero que tenemos que hacer es votar sobre la enmienda. Según el resultado de esta votación, lo que he dicho es que propondré una votación por separado sobre el texto original. Por lo tanto, no propongo ninguna enmienda oral.

La Presidenta
Creo que está más claro. Se ha presentado una enmienda 11 del Grupo del PPE, tendente a suprimir unos términos, y la someteré a votación. Pienso que se ha elegido mal el momento - durante la sesión - para perfilar una enmienda oral. Veo, además, que el Sr. Chichester tiene la prudencia de renunciar a ello.

Friedrich
Señora Presidenta, colegas, he pedido ahora la palabra pues creo poder proponer una solución que estimo adecuada. La cuestión gira en torno a tres expresiones: justo, libre y ponderado desde un punto de vista social. A mi juicio, las palabras "justo" y "libre" responden al deseo de una gran mayoría. La discusión versa solamente sobre la expresión "socialmente equilibrado" . Esto es lo que la Sra. Maes ha afirmado en primer lugar, de modo que lo más sencillo será votar separadamente sobre estas tres expresiones, y así contaremos con la opinión mayoritaria del Parlamento sobre las mismas. El propio tenor de la enmienda es equívoco.

La Presidenta
Señorías, apelo a la comprensión de ustedes. Lo importante es que sepamos lo que queremos votar. Con respecto a unas negociaciones tan importantes, como de las que se trata, es necesario que nuestro mensaje sea muy claro, y si están de acuerdo, creo que podríamos realizar, en efecto, una subdivisión...
(Agitación)

Barón Crespo
Señora Presidenta, nuestro Reglamento no prevé que haya un mercado secundario de enmiendas. El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos se opone frontalmente ...
... a que, con la excusa de que se quiere clarificar un tema, se introduzca de forma solapada una enmienda oral. Las enmiendas orales exigen la aceptación de los grupos y este Grupo se opone. No se puede votar a la carta.

La Presidenta
Señor Barón Crespo, si he entendido bien, se ha presentado una solicitud de enmienda oral. Pero los colegas ni siquiera tienen necesidad de ponerse de pie, las cosas están claras. Se ha rechazado la solicitud de enmienda oral. Tomamos nota de ello.
Someto a votación la enmienda 11 del PPE, consistente en suprimir los términos que se han mencionado.
Sobre la enmienda 25

Cunha
Señora Presidenta, sobre la enmienda nº 25. Quisiera decir que el texto de esta enmienda es totalmente compatible con el texto del ponente y, por eso, en mi opinión, se debería votar como adición. Y, como es totalmente compatible, deberíamos votar a favor.
Sobre la enmienda 18

McNally
Señora Presidenta, en realidad tenemos un gravísimo problema de traducción porque el texto inglés dice lo siguiente: "Believes that the EU should ensure that WTO rules relating to the agricultural sector do not have an adverse effect on the economies of developing countries and that security of food supply should be considered as a multifunctional aspect of agriculture" . Como podrá usted comprobar, la versión francesa dice lo contrario. Es posible que lo mismo suceda más a menudo de lo que creemos, pero afortunadamente en este caso nos hemos dado cuenta. Al votar conviene tener presente el original inglés.

La Presidenta
Sí, señora McNally. Tengo la impresión de que los colegas están muy atentos. En efecto, a menudo nos señalan problemas de este género, que, naturalmente, son muy lamentables.
Después de la votación del apartado 29

Coûteaux
Se trata de una cuestión reglamentaria, señora Presidenta. El artículo 117 dispone la utilización de diversas lenguas. La versión francesa está repleta de expresiones inglesas que hacen imposible la comprensión del texto. Naturalmente, al ser una operación como la de Seattle, totalmente norteamericana, es normal que la lengua imperial invada todo. Pero si se pretende utilizar la lengua francesa, que se respete su vocabulario.

La Presidenta
Señor Coûteaux, creo que voy a decepcionarle, porque someteré a votación la primera parte del apartado 30, desde "propone que todo proyecto de acuerdo" a "principes of corporate governance". Lo lamento.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Informe (A5-0058/1999) de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la preparación de la reforma de los Tratados y la próxima Conferencia Intergubernamental (C5-0143/99 - 1999/2135(COS))

Berthu
Señora Presidenta, para no retrasar los debates, desearía hacer una observación global sobre el conjunto de mis enmiendas.
He presentado numerosas enmiendas en francés; yo mismo las he firmado. Ahora bien, observo que la versión francesa que ha sido distribuida oficialmente no es idéntica a la que he entregado a los servicios correspondientes. No es normal. No se trata de un problema de traducción. En algún sitio, en dichos servicios, hay un corrector anónimo que corrige las ideas de los diputados.
Desearía que se recogiera la versión que he firmado y entregado a los servicios pertinentes.

La Presidenta
Señor Berthu, no existe ningún corrector anónimo y malévolo. En realidad, la redacción de dos de sus enmiendas no era lo suficientemente clara. Las leeré, en su momento, para que la Asamblea pueda decidir con conocimiento de causa.
Estoy informada sobre este problema, y le pedimos disculpas.
Después de la votación de la enmienda 70

Corbett
Señora Presidenta, para ganar tiempo, ahora que la enmienda 70 del Grupo Europa de las Naciones ha quedado rechazada por una mayoría abrumadora, quizá pueda aplicar usted las disposiciones del apartado 7 del artículo 130 según el cual, tras la aprobación o el rechazo de una enmienda concreta, el Presidente podrá decidir que otras enmiendas de contenido similar o con objetivos similares se sometan a votación conjuntamente. Puede usted recabar el acuerdo del Parlamento antes de hacerlo. Ese grupo de enmiendas puede relacionarse con partes diferentes del texto original.
Esta disposición se introdujo en nuestro Reglamento precisamente para resolver este tipo de situaciones. De esta manera podremos votar de una sola vez sobre el resto de las enmiendas del Sr. Berthu.

La Presidenta
Señor Corbett, he examinado el problema. Sinceramente, no considero poder hacerlo, ya que ello conduciría a votar en bloque las demás enmiendas.
En cambio, el Sr. Berthu, que me ha pedido la palabra, nos dirá quizá que retira sus enmiendas, lo que simplificaría las cosas. Pero, naturalmente, a él corresponde decidirlo.
Después de la votación de la enmienda 50 Berthu (UEN). (FR) No, señora Presidenta, nosotros no hemos solicitado votaciones nominales para facilitar las votaciones. Dicho esto, mantengo mis enmiendas. No existe ningún texto que prohiba a un diputado volver a presentar en el Pleno enmiendas que considera políticamente importantes, aun cuando hayan sido rechazadas en comisión. Por lo tanto, estoy en mi derecho y las mantengo.

Corbett
Señora Presidenta, ésta es la cuarta vez que el Grupo PPE vota en contra de una enmienda presentada por el Grupo PPE. En adelante me gustaría pedir a ese Grupo que hiciera el favor de verificar cuántos diputados pueden presentar a título individual enmiendas en sesión plenaria; 15 diputados diferentes del PPE han presentado enmiendas de este informe, supongo que en nombre del Grupo, antes de desperdiciar nuestro tiempo en la sesión plenaria.
(Reacciones diversas).
Sobre el apartado 17

Corbett
Señora Presidenta, antes de que nos ocupemos de la enmienda 5 quisiera indicar que aún no hemos acabado de votar sobre el apartado 17. Nuestro Grupo pidió que se procediera a votación por partes sobre las últimas palabras. Es verdad que esas palabras han quedado modificadas ahora por una de las enmiendas que hemos aceptado, pero seguimos insistiendo en que haya una votación separada sobre esas pocas palabras que figuran al final del apartado.

Méndez de Vigo
Señora Presidenta, yo creo que el Sr. Corbett, en vez de interesarse por las enmiendas del Grupo del Partido Popular Europeo, debería interesarse por aclarar la situación de los miembros de su Grupo. Seguramente mejoraríamos mucho.

La Presidenta
Señorías, a esta hora tan avanzada de la mañana, hace falta un poco de humor.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Schulz
Señora Presidenta, ya lo he dicho esta mañana. De acuerdo con lo que hemos votado ahora y a pesar de que esta mañana hemos propuesto otra cosa distinta, el procedimiento normal establece que el importante informe del Sr. Pirker debe someterse a votación esta tarde o mañana por la mañana. Lo mismo sucede con el informe de la Sra. Giannakou. Se trata de dos asuntos extraordinarios cuya votación no podemos dejar a la suerte de mayorías ocasionales.
Por tanto, solicito que la votación del Informe PIRKER y del Informe GIANNAKOU y el debate correspondiente queden aplazados hasta el próximo período de sesiones de diciembre en Bruselas y que la propuesta que acabo de formular sea sometida a votación.

La Presidenta
Señor Schulz, esta mañana el Comisario ha intervenido sobre el informe del Sr. Pirker. Por lo que sé, esta noche y también mañana, naturalmente, la presencia de los diputados europeos será muy numerosa, como hemos podido observar en el pasado. Me dirijo al Sr. Pirker: supongo que desea votar esta noche.

Giannakou-Koutsikou
Señora Presidenta, ocurre lo mismo con mi informe. Hay que ir a Helsinki. Así pues, debemos votar, definitivamente, mañana. Es lo que pretendía la comisión, al trabajar con la rapidez con que lo hizo.

La Presidenta
Señora Giannakou-Koutsikou, no votaremos mañana, votaremos esta noche, pero como el debate sobre el informe de la Sra. Giannakou-Koutsikou aún no ha terminado, es diferente.

Pirker
. (DE) Señora Presidenta, la solicitud del Sr. Schulz ha sido debatida y votada esta mañana. Con razón una amplia mayoría se ha pronunciado a favor de la propuesta de votar hoy. De lo contrario, no podremos disponer de Eurodac a principios de año. En tal caso sería muy probable que el próximo debate se celebrara algún día lejano del año que viene, de modo que Eurodac posiblemente tardase aún un año más. Sería realmente irresponsable y, por eso, este Parlamento ha decidido votar hoy.

La Presidenta
Señor Pirker, le interrumpo para hacerle una propuesta. Como hemos rebasado sobradamente nuestro tiempo, le propongo que votemos de inmediato el Informe Pirker. Será muy rápido. ¡Cuente conmigo!
Informe (A5-0059/1999) del Sr. Pirker, en nombre de la Comisión de Libertades, de Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y otros extranjeros (COM(1999) 260 - C5-0082/1999 - 1999/0116(CNS))
Sobre la enmienda 3

Pirker
. (DE) Señora Presidenta, aquí hemos solicitado split vote. La primera votación se refiere a la enmienda que eleva la edad de 14 a 18 años y la segunda incluye el resto de las enmiendas, que giran en torno al término "nacional de un tercer país". Pido que se vote por separado.

La Presidenta
Sometemos a votación la enmienda 3 de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos interiores, excluyendo los elementos "ciudadanos de terceros países" y "18 años", que, en su caso, se volverán a incorporar.

Schulz
Señora Presidenta, ahora debemos proceder con la máxima precisión porque, de lo contrario, el informe puede llegar a cobrar un significado totalmente distinto. Si he entendido bien al Sr. Pirker, pretende rechazar la definición "nacional de un tercer país" y la edad de 18 años. ¿Es eso correcto? Creo que debería explicarlo.

Pirker
Señora Presidenta, ¿puedo explicarme? Quiero que el texto mantenga el concepto "nacional de tercer país". De hecho, ya incluía un párrafo que recogía este término. Sin embargo, me gustaría tener la posibilidad de votar el párrafo referido a la edad. Nosotros somos partidarios de la edad de 14 años, pero hay otros miembros que se pronuncian a favor de la edad de 18 años. Por eso, solicito que las dos cuestiones se voten por separado.
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)

McKenna
Señor Presidente, desde que votamos por última vez he estado procurando atraer la atención de la Presidencia. Tengo la impresión de que será preciso que vaya hasta la primera fila para conseguirlo. Es una verdadera ridiculez. Quiero que se haga constar en el Acta lo que voy a decir porque, generalmente, si me equivoco al votar, lo indico por escrito más tarde. He cometido un error. Mi voto indicaba que estaba a favor de la resolución sobre la Conferencia Intergubernamental. Lo cierto es que estoy totalmente en contra de ello. Quiero hacerlo constar hoy, mejor que mañana, porque es una cuestión de importancia fundamental para mí, pues provengo de un país neutral.
A veces es muy difícil atraer la atención de la Presidencia. Cuando la ocupa usted se diría que está mirando exactamente frente a usted, al centro de la sala. Es muy difícil atraer su atención, y eso le produce a una un sentimiento de frustración.

El Presidente
Muchas gracias, señora McKenna. Procederemos conforme a su deseo.
EXPLICACIONES DE VOTO
Informe Napolitano (A5-0006/1999)

Rothley
Señor Presidente, para llegar a este resultado se ha tenido que cometer toda una serie de infracciones. Los servicios y la mayoría de los diputados del Parlamento han quebrantado las disposiciones del Reglamento en varias ocasiones. Además, este resultado abre una página negra en la historia del Parlamento puesto que, debido a una decisión aprobada por mayoría, el Parlamento se convierte en autoridad y los miembros se convierten en funcionarios. Yo no admito que el propio Parlamento me convierta en funcionario. Y si, además, pienso que de conformidad con este texto los miembros del Parlamento están obligados a colaborar con las actividades de la OLAF y están obligados a delatar a sus colegas, llego a la conclusión de que esta normativa atenta contra la esencia del mandato libre.
Sólo quiero anunciar que, como es lógico, una decisión de estas características, que acaba con el parlamentarismo, es totalmente inaceptable. Por eso mismo, someteremos -no yo solo, sino muchos más- esta cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) Nosotros no pensamos avalar la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Si bien el pretexto para crear dicha Oficina es ejercer un control sobre los funcionarios y los diputados de las instituciones europeas, ni el modo de designación de esta Oficina ni la ausencia de referencia sobre el modo en que la propia Oficina será controlada nos inspira la menor confianza.
Nosotros somos partidarios no sólo de la transparencia total respecto al funcionamiento de todas las instituciones europeas, sino también a la elección y a la revocabilidad, en cualquier momento, tanto de todos aquellos que hoy son diputados, como de todos cuantos poseen una responsabilidad, independientemente del nivel jerárquico de que se trate, incluyendo la Comisión de Bruselas. Dado el carácter no democrático de los organismos de decisión de la Unión Europea, la creación de la OLAF supone una medida totalmente insuficiente, destinada a aparentar que se ejerce un control, cuando no existe ningún control real y democrático.

Eriksson, Frahm, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt
. (SV) Si hubiésemos tenido la posibilidad de redactar nosotros mismos el Reglamento Interno y el Acuerdo Interinstitucional, habríamos intentado crear una administración abierta y sencilla, porque ésta es la que mejor se presta para descubrir irregularidades y fraudes.
También queremos señalar que otra buena manera de evitar que se escondan bajo la alfombra los hechos ilícitos es estableciendo la libertad para informar que tienen los empleados de la administración pública en Suecia.
En la situación actual, hemos optado por votar a favor de la totalidad del informe en la votación final, puesto que votar en contra podría interpretarse como que no queremos que se regule la lucha contra el fraude.

Gollnisch
. (FR) Los diputados del Frente Nacional al Parlamento Europeo condenan enérgicamente la corrupción, bien por parte de los diputados, de los funcionarios o de los miembros de nuestros gobiernos. Condenan, igualmente, los fraudes o malversaciones de fondos públicos, de ese dinero que se roba a los contribuyentes europeos. Y como franceses, algo podemos decir, ya que conocemos diariamente las repercusiones de los casos de la MNEF, del Ayuntamiento de París, de ELF o incluso de Gifco. Por desgracia, la lista dista mucho de ser exhaustiva.
Los diputados del Frente Nacional votarán, no obstante, en contra del Informe Napolitano. Porque ya están cansados de la autoflagelación de este Parlamento, que alterna las lecciones de moral con una altanería difícil de soportar. Porque piensan que con la OLAF se está contratando por enésima vez a un equipo de funcionarios, cuyo coste será superior al importe de los fraudes.
Porque ante todo consideran que ya existe una estructura capaz de asumir la función que se quiere desempeñe la OLAF. La solución es, evidentemente, otorgar al Tribunal de Cuentas un poder jurisdiccional, así como los medios humanos y materiales para asumirlo. Esto ocurre con muchos Tribunales de Cuentas nacionales, no sólo en Francia, sino en otros Estados miembros.
Es cierto que, en este Parlamento, el Tribunal de Cuentas no tiene buen cartel, ya que el Presidente le ha negado una sala de conferencia de prensa, cuando no existen problemas para acordársela a las asociaciones más increíbles, a las personalidades de la más dudosa representatividad o a cualquier perro guardián del pensamiento único, con tal que ladre fuerte. En este asunto, como en muchos otros, el Parlamento ha hecho el ridículo.

Hager
 - (DE) Los últimos acontecimientos demuestran que es necesario tomarse en serio la lucha contra el fraude y que los intereses afectados de los ciudadanos requieren una mayor protección. Así las cosas, es importante que la OLAF por fin pueda iniciar sus actividades. Estamos plenamente de acuerdo con el control de la institución por parte de la OLAF, pero no nos identificamos en absoluto con la "política de denuncias" propuesta en el marco del Acuerdo Institucional entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento que, además, atenta contra el mandato libre de los diputados. Porque lo estipulado en el artículo 2, "todo funcionario o agente que llegue a tener conocimiento de hechos que permitan presumir la existencia de posibles actividades ilegales potencialmente constitutivas de un incumplimiento lo comunicará inmediatamente" obliga a denunciar cualquier irregularidad.
El control de la OLAF tal y como se prevé aquí no puede ser más que una solución transitoria. Nuestro consentimiento se fundamenta en el hecho de que la puesta en marcha de este proceso de control ya no puede ser aplazada por más tiempo. No significa, sin embargo, que aprobemos los métodos que están siendo objeto de críticas. Pero como sucede con cualquier otro compromiso uno tiene que hacer concesiones para no hacer peligrar el objetivo final.

Martinez
. (FR) Existe, efectivamente, corrupción. De la izquierda en el poder y de la derecha en el gobierno. Algunos nombres lo resumen todo: Agusta en Bélgica, Urba en Francia, Palerme en Italia, empleos ficticios en el RPR en París, Mutualidad Nacional de Estudiantes de Francia o Dominique Strauss-Kahn.
Pero puesto que en el Frente Nacional no sufrimos la angustia que afecta a los inculpados potenciales de los otros partidos, nosotros rechazamos la ampliación de los poderes policiales otorgados en el anexo de la Comisión de Bruselas, con el nombre de OLAF.
Primeramente, porque la OLAF viola la separación de poderes, fundamento de la democracia occidental, con unos funcionarios carentes de legitimidad que controlan a los representantes de la soberanía.
En segundo lugar, porque la OLAF es como el ladrón que controla al policía, ya que la Comisión Europea, centro de todas las sospechas de corrupción, controlará, de hecho, a través de la OLAF, al Parlamento, el cual debería controlar y no ser objeto de control.
Finalmente, la OLAF no acomete las causas de la corrupción, que residen en la supresión de las fronteras nacionales, lo que permite que el dinero de la droga circule libremente, así como el fraude y la delincuencia financiera.
Si deseamos realmente combatir los síntomas elementales de la corrupción, dentro del respeto de los fundamentos de las sociedades de derecho, sólo existen dos vías:
bien la vía técnica, convirtiendo al Tribunal de Cuentas europeo en una jurisdicción y en Tribunal de Disciplina Presupuestaria;
o bien la vía democrática, creando en el seno del Parlamento Europeo, como en el Reino Unido y en los Estados Unidos, el equivalente del National Accounting Office británico (NAO) o del General Accounting Office norteamericano (GAO).
Son dos poderosos órganos de control autónomos, pero establecidos en el seno del Parlamento, y que disponen de hasta 5.000 colaboradores.
Así pues, el órgano de control existe, pero guarda un vínculo con los representantes del pueblo, que es el único que tiene derecho a pedir cuentas de la utilización del dinero de sus impuestos.
Informe Schwaiger (A5-0062/1999)

Berthu
La preparación del próximo ciclo de negociaciones comerciales internacionales no nos satisface demasiado desde el punto de vista del procedimiento, debido a tres razones, como mínimo.
Primeramente observamos, en virtud de un proceso conocido, que la Unión Europea se debilita a sí misma a raíz de sus discusiones internas, antes incluso de que comiencen las negociaciones. Por ejemplo, el mandato final otorgado por el Consejo, el 22 de octubre, no menciona la defensa del principio de la preferencia comunitaria, a pesar de haber sido aprobado por el Consejo "Agricultura" del 27 de septiembre, el cual no había sido del todo satisfactorio, al olvidar el principio de la independencia alimentaria en Europa. En cada etapa se baja un punto. Se podrían multiplicar los ejemplos. Así, con respecto a nuestro sistema privilegiado de importación de plátanos del otro lado del Atlántico, la Comisión acaba de hacer propuestas que satisfacen las reivindicaciones norteamericanas, antes de la apertura de Seattle. En todos los ámbitos, se diría que nuestras concesiones internas, para desembocar en una posición europea unificada, considerada a priori como deseable, nos condujeran a reducir nuestras pretensiones antes incluso del comienzo de las discusiones con nuestros competidores.
En segundo lugar, se ha otorgado a la Comisión un mandato de negociaciones globales con respecto a toda una serie de cuestiones, algunas de las cuales son de competencia comunitaria, pero otras, como los servicios o las inversiones, son claramente de competencia nacional. Ciertamente, se trata de un mandato sobre el enfoque de la negociación y no sobre el curso de la propia negociación. Sin embargo, el Consejo acaba de iniciar, sin expresarlo claramente, un proceso irreversible que puede conducirlo, si nadie lo detiene, a otorgar un mandato de negociación completo a la Comisión, y de este modo, en aplicación del nuevo artículo 133.5 del Tratado de Amsterdam, desposeer a todos los Parlamentos nacionales de su poder de ratificación definitiva, pero siempre, evidentemente, sin expresarlo con claridad. Nos estamos desviando hacia una zona oscura, sin saber exactamente en qué momento rebasaremos el límite fatal. Luego se nos dirá que es demasiado tarde. Estos métodos son absolutamente condenables.
En tercer lugar, comprobamos que, a pesar de nuestras exigencias, la negociación de Seattle se abrirá sin que se haya efectuado un balance claro, preciso y contradictorio de las consecuencias de la Ronda Uruguay. También en este caso avanzaremos a ciegas. Naturalmente, la Comisión ha cedido en un punto, ya que hará que se realice una evaluación de los efectos de la sostenibilidad, es decir, de las consecuencias medioambientales de la liberalización. Eso está muy bien. Pero este estudio tendría que haberse realizado sobre muchos otros puntos, como por ejemplo, las consecuencias de la liberalización, en su forma actual, respecto a la conservación de los modelos culturales y sociales.
Por estas tres razones, nosotros no podemos aprobar la apertura de las negociaciones de Seattle, en tales condiciones.

Auroi
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes - Alianza Libre Europea se ha abstenido sobre un informe que considera algo difuso.
Para nosotros el objetivo de este informe era confiar al Comisario Lamy un mandato de negociación preciso para el ciclo que se abre en Seattle. Ahora bien, este mandato no es lo suficientemente preciso. En consecuencia, nosotros hubiésemos deseado que el Parlamento propusiera a la Comisión un pliego de condiciones, muy político, en lugar de elaborar un informe más diplomático, que deplora, subraya, considera, pero que no otorga un mandato. El tono del texto sigue siendo, pues, demasiado liberal para que nosotros podamos aceptarlo, sobre todo teniendo en cuenta que ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada.
Este informe, tal cual ha sido enmendado, presenta grandes fallos con respecto al TRIP. No contiene nada que nos convenga sobre el derecho a la propiedad intelectual vinculada al comercio. En cuanto al AMI, que había sido rechazado por la OCDE y que vuelve a plantearse, es preciso elaborar un código de conducta más severo para las inversiones, así como establecer normas rigurosas en dicho ámbito, y esto también es válido para la solución de los litigios.
Sin embargo, este informe recoge principios fundamentales que nos parecen esenciales, como el principio de cautela, las normas sobre los métodos y los procedimientos de producción; el informe hace hincapié, en particular, en el etiquetado de los alimentos, para garantizar la aplicación de la seguridad alimentaria, y en la necesidad de adoptar una posición más favorable a los países en vías de desarrollo.
En cualquier caso, estaremos atentos a la manera en que la Comisión negocia, y aun cuando el tono de este informe enmendado nos parezca todavía demasiado liberal, nosotros, los Verdes, nos convertiremos en los más encarnizados defensores de dicho texto, si el Comisario Lamy descendiera por debajo de las recomendaciones que aquí se han hecho.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Schori y Theorin
. (SV) Un libre comercio mundial es necesario para aumentar el crecimiento global y para contribuir a disminuir las diferencias entre ricos y pobres. Sin embargo, una gran parte de la población pobre en los países en desarrollo aún no ha gozado de los beneficios del libre comercio mundial. Por eso compartimos el criterio del punto B, en el sentido de que los intereses y problemas de los países en desarrollo deben tener prioridad en el nuevo sistema de libre comercio mundial. El sistema de libre comercio se necesita para disminuir la pobreza y para crear un mundo más justo. Por eso, opinamos que las estrategias y objetivos generales de la próxima Ronda de la OMC que se señalan en el informe son un paso en la dirección correcta en relación con la comunicación de la Comisión.
Sin embargo, para que los objetivos lleguen a ser realidad, queremos subrayar especialmente el punto I, que señala que la agricultura es una de las materias en las que tendrá que producirse una apertura en las negociaciones multilaterales en Seattle. Opinamos que también este punto debe ser una realidad en relación con los puntos 5, 6 y 7. No se pueden rechazar por adelantado las exigencias de otros países miembros de la OMC para que reformemos nuestra política agrícola en la Ronda del Milenio, haciendo que este acuerdo realmente llegue a ser un instrumento de desarrollo que contribuya a disminuir las diferencias entre países pobres y ricos.
Para contribuir a esto, también habrá que reducir las protecciones fronterizas y abolir las subvenciones a las exportaciones. Por este motivo, el objetivo general del punto 37 debe ser la abolición de los derechos de aduana para todos los productos no agrícolas. Una solución de este tipo sería para los países en desarrollo una mayor ayuda que las preferencias marginales de las que gozan actualmente.
La OMC tiene que respaldar el trabajo medioambiental global mediante, por ejemplo, el establecimiento de principios generales de política medioambiental, tal como el principio de la precaución. Por eso es importante que el punto 10 tenga peso en las negociaciones.

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) La delegación europea en las negociaciones de la OMC se erige en defensora de los intereses de Europa. No es más que la representante de los industriales y de los grupos financieros más poderosos de la Unión Europea, rivales de los trusts norteamericanos o japoneses en la imposición de sacrificios onerosos al planeta, pero todos están exclusivamente preocupados por aumentar sus ganancias, en detrimento de los trabajadores de sus propios países y de los pueblos de los países pobres.
Al mencionar los "derechos fundamentales de los trabajadores" y su "protección", en especial en los países pobres, el Informe Schwaiger añade una dosis de cinismo al resto. Pero ¿dónde está la protección de los trabajadores, en particular contra el drama del desempleo, incluso en los países más ricos de la Unión Europea, precisamente aquellos que tendrían sobradamente los medios para erradicar el desempleo, si la principal preocupación de sus gobiernos no fuesen las ganancias de las grandes empresas y el enriquecimiento de sus propietarios y accionistas?
En cuanto a la pretensión de interesarse por las condiciones de trabajo y los salarios inhumanos que existen en los países subdesarrollados, es pura hipocresía. Muchas multinacionales que emplean, en África o en Asia, una mano de obra prácticamente no remunerada y que no se beneficia de ningún tipo de protección social tienen su sede en Francia, en Alemania o en el Reino Unido. En lugar de obligar a estas multinacionales a respetar mínimamente las leyes sociales, sólo se invitará a algunos funcionarios de la OIT, en calidad de observadores, a las negociaciones de la OMC.
Nosotros no votaremos a favor del informe presentado ni lo enmendaremos, puesto que es la organización capitalista de la economía, con o sin la OMC, la que, en esencia, no se puede enmendar.

Caullery
. (FR) El ciclo del Milenio, que se iniciará próximamente en el seno de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, debe ser la ocasión, para Europa -puesto que se nos ha impuesto la condición de tener que hablar con una sola voz-, de mostrarse no solamente unida durante el transcurso de las negociaciones, sino también demostrar la mayor firmeza en cuanto a los resultados, concretamente por lo que respecta a la agricultura y a la excepción cultural.
Sin embargo, si bien los Quince acaban de adoptar recientemente, en la perspectiva del nuevo ciclo, una política común de negociación que se presenta como ambiciosa, es preciso admitir que dicha base, considerada el mínimo común denominador respecto a los Estados miembros, se debilitará necesariamente durante las negociaciones.
Ahora bien, nadie duda que durante las negociaciones, este texto de compromiso, dado a luz con dolor, será objeto de múltiples presiones por parte norteamericana, cuando la Unión no presenta más que una homogeneidad aparente y no dispone de un arsenal jurídico comparable al de los Estados Unidos, capaz, si fuese necesario, de disuadir a la parte norteamericana.
Si bien debe fomentarse y fortalecerse, en el marco de un sistema multilateral, la organización de un comercio mundial libre y más justo, también hay que procurar garantizar a todas las naciones, ricas y pobres -y me refiero, en particular, a los países africanos-, el hecho de que puedan sacar partido de las ventajas que se supone aportará este ciclo de negociaciones.
Ahora bien, aunque sea necesario esperar a que finalice el ciclo de negociaciones, para poder expresar un juicio sobre el fondo en relación con los resultados obtenidos, lo cierto es que, con respecto al marco, el resultado global no podría considerarse totalmente negativo si las naciones europeas pudiesen obtener una reglamentación más vinculante de las normas internacionales en materia de competencia. La instauración de unas normas comunes mínimas, admitidas universalmente, tendentes a obstaculizar comportamientos contrarios a la competencia, representaría un progreso significativo.
La posición negociadora inicial de la Unión Europea, ambiciosa en sus objetivos, está destinada a no salir fortalecida de un ciclo de negociaciones que podría eternizarse y estancarse a causa, en particular, de la actitud previsible de los Estados Unidos, que intentarán constantemente destruir la unidad de este mandato que posee el Sr. Lamy, y que no representa más que una unidad aparente, incapaz de disimular las divergencias de intereses entre los Quince. Además, el contenido de la resolución final, adoptada en el día de la fecha por el Parlamento Europeo, contiene muchos puntos inaceptables para Francia.

Désir
. (FR) Los debates que acaban de celebrarse en nuestro Parlamento sobre la OMC, con ocasión del Informe Schwaiger, han demostrado claramente que, para Europa, la próxima negociación concierne tanto al futuro de su modelo social como al de su comercio. Asimismo, para los países del tercer mundo el problema consiste en saber si aún podrán escapar a la influencia de las megamultinacionales procedentes de las megafusiones, y ser dueños de su desarrollo.
En efecto, el problema no consiste en saber si se necesitan normas para el comercio mundial. En este punto todos estarán de acuerdo. De lo que se trata es de saber si las normas promovidas por la OMC, desde su creación, permiten un desarrollo justo y sostenible para el conjunto de las regiones del mundo.
Formularé dos constataciones:
En primer lugar, la liberalización promovida durante las anteriores rondas y el aumento del volumen de los intercambios fueron acompañados por una agravación de las desigualdades de desarrollo a escala planetaria. El salto hacia delante de algunos debía arrastrar a los demás, pero ocurrió lo contrario. La cuota del continente africano en el comercio mundial es inferior al 3%. La globalización liberal resulta incapaz de dar una respuesta al problema del desarrollo, y menos aún, de promover un desarrollo justo y sostenible.
Por eso es por lo que era indispensable efectuar un balance de las rondas anteriores, antes de lanzarse a una nueva ola de liberalización en todas direcciones. Si el rechazo ha sido constante, ello obedece a que este balance hubiese sido negativo. Sin embargo, para la Unión Europea, la realización de un diagnóstico compartido con los países del tercer mundo habría podido constituir la base de la alianza que buscamos edificar con ellos, con ocasión de estas negociaciones.
En segundo lugar, el ORD (Órgano de Solución de Diferencias), creado en el seno de la OMC, ha exigido de la Unión Europea que renunciara a sus propias normas en ámbitos tan fundamentales como la seguridad sanitaria y alimentaria o incluso a su política de cooperación en la cuestión del plátano de los países ACP y de las regiones ultraperiféricas. Ahora se trata de saber si se puede aceptar que, poco a poco, decisión tras decisión, zanjando todos los problemas con el pretexto de arreglar litigios comerciales, el ORD acabe por erigirse en una especie de Tribunal Supremo mundial, e imponga sus puntos de vista a los gobiernos y a los parlamentos elegidos. De este modo, asistiríamos a una verdadera confiscación democrática.
Por eso, con ocasión de la Ronda del Milenio, Europa debe esgrimir otra concepción de la organización del comercio y de los intercambios económicos mundiales. Por esta razón, Europa debería reafirmar tres grandes principios:
El primero consiste en que el objetivo de esta ronda debe ser la reducción de las desigualdades de desarrollo entre el Norte y el Sur. Para eso las normas del sistema comercial multilateral deben tener en cuenta las diferencias que existen entre los países, en cuando a la situación y a los recursos. El librecambio, sin más consideraciones, consiste en el fortalecimiento de los fuertes y el debilitamiento de los débiles. Por eso no podemos aceptar que se pongan en entredicho los acuerdos de Lomé ni nuestra política de cooperación, tal como la establecimos en los acuerdos de Lomé con los países ACP, entre los que figuran 39 de los países más pobres del mundo. Por el contrario, debemos reafirmar los compromisos asumidos recientemente con respecto a ellos en la Asamblea Paritaria UE-ACP. Europa debe acudir a Seattle con una concepción de la globalización opuesta a la de un mundo unilateral, dominado por una sola potencia. Debe promover una concepción basada en un modelo multipolar y fomentar la constitución de conjuntos regionales integrados a la vez desde el punto de vista económico y político, como nosotros mismos lo hacemos desde hace 40 años. ¿Cómo podríamos negar a los demás lo que convinimos para nosotros mismos, tras la guerra, para reconstruir nuestra industria, nuestra agricultura, nuestra economía?
El segundo principio debería ser el "confinamiento" de la OMC a representar un papel estrictamente delimitado, y mantener fuera de su campo de competencias sectores que sólo pueden depender de la soberanía de los Estados y de las instituciones elegidas por los ciudadanos, puesto que dichos sectores atañen a la propia identidad de cada sociedad. Los servicios públicos y sociales, como la educación o la salud, y también aquellos en los que están en juego la seguridad de los usuarios y el interés colectivo, como los transportes públicos o el control aéreo, la cultura y la creación artística, no pueden someterse a los equilibrios de una negociación comercial. Debemos rechazar la carrera de una mercantilización total de la sociedad. En los acuerdos sobre la propiedad intelectual, Europa debe negarse a patentar la vida, debe garantizar el mantenimiento de las excepciones a las normas generales del comercio respecto de los medicamentos utilizados en la lucha contra el sida y las demás enfermedades graves establecidas por la OMS.
Debemos, finalmente, defender el principio de una jerarquía de las normas. Los derechos humanos fundamentales y la Declaración universal de 1948, los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o sobre el medio ambiente, son de naturaleza superior a las normas que rigen el comercio. No se debe poder condenar a un Estado porque aplique el principio de cautela, porque proteja su medio ambiente o porque rechace importaciones que, a ciencia cierta, proceden del trabajo de los niños. Por el contrario, se debe poder apelar una decisión de la OMC ante la OIT o los organismos competentes de las Naciones Unidas. Hay que volver a examinar la situación de desequilibrio que se desprende del hecho de que únicamente los acuerdos comerciales multilaterales han desembocado en la creación de un organismo de naturaleza judicial, cuando ello no ha sido así ni respecto a los convenios sobre el medio ambiente ni a los de la OIT.
Algunas de estas preocupaciones habían sido tenidas en cuenta por el ponente al final de los debates de la Comisión de Industria y Comercio Exterior. Desgraciadamente, en el Pleno, el ponente y los Grupos del PPE y ELDR han introducido en el texto algunas enmiendas que suavizan las exigencias sociales y medioambientales. Además, habida cuenta del curso desfavorable reservado a las enmiendas que he presentado con mis colegas de la delegación socialista francesa y los Grupos GUE/NGL y Verdes/ALE, me he abstenido, señora Presidenta, en la votación del informe del Sr. Schwaiger.
Pero creo que uno de los hechos más importantes en vísperas de esta nueva ronda, y que la distingue de las anteriores, es la irrupción de la sociedad civil, de las ONG y de la opinión pública internacional en el debate. Creo que debemos congratularnos porque es la mejor garantía de que dichos desafíos no podrán ser dejados de lado durante estas negociaciones. Estoy seguro de que éstos seguirán estando en el centro de los debates del Parlamento Europeo durante el transcurso de las mismas.

Fruteau
. (FR) El nuevo ciclo de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, que se abrirá en Seattle el 30 de noviembre próximo, debería ser la ocasión para controlar mejor la liberalización de los intercambios. Dudo que esto se efectúe. Esta duda se refiere a nuestra capacidad -y a nuestra voluntad real- de convertir a la OMC en un instrumento de regulación, con el fin de pasar de una globalización deseada por unos pocos y padecida por todos a un comercio mundial verdaderamente reglamentado, que beneficie al conjunto del planeta.
Es de esta duda, por otro lado, de donde surge mi preocupación: el hecho de que, por no desembocar en este punto, estemos obligados a no respetar compromisos muy antiguos con respecto a los países en vías de desarrollo, y sobre todo frente a los países ACP, a los cuales los convenios de Lomé nos vinculan desde hace veinte años. A riesgo de que nos remuerda la conciencia, desearía recordar el ejemplo del plátano: las multinacionales (Del Monte, Dole y Chiquita), que con el apoyo de los Estados Unidos comercializan en el mercado europeo los plátanos procedentes de la esclavitud, producidos, además, en unas condiciones de seguridad alimentaria más que dudosas, han logrado hacernos hincar la rodilla; ¡se trata de un expediente en el que estamos a punto de capitular sin condiciones, dejando que quiebren centenares de miles de productores no sólo de los países ACP, sino también los productores comunitarios, que son los de Guadalupe y Martinica!
Y las recientes declaraciones de la Comisión no están encaminadas a aplacar dicha preocupación: "Es necesario, declara ésta, detener la guerra del plátano porque intoxica la relación transatlántica y porque la Unión enviaría un mensaje desfavorable al mundo, al comienzo de las nuevas negociaciones comerciales". Detener la guerra, ¿quién puede oponerse a ello? Nadie; pero no a cualquier precio, no a través de una capitulación incondicional. Lo mismo ocurre con el ron, puesto que hemos celebrado con los Estados Unidos un acuerdo unilateral sobre la entrada de los alcoholes blancos -incluyendo el ron- ¡que conducirá inevitablemente, y a corto plazo, a la desestabilización económica del conjunto del Caribe! Sin un control específico, ¿qué ocurrirá mañana con el azúcar, que constituye un elemento determinante del equilibrio económico de países ACP, como la Isla Mauricio o de una región europea, como La Reunión, que conozco bien?
Me temo que la realidad, más allá de nuestras excelentes declaraciones, a menudo impregnadas de paternalismo, es que estamos a punto de despedirnos de nuestra política relacionada con los países más pobres, y concretamente con los países ACP, abandonando de paso a nuestros propios productores de las regiones ultraperiféricas. Y, sin embargo, los vínculos que mantenemos con estos países son muy antiguos. Permítanme afirmar que estos vínculos no sólo constituyen un signo de generosidad. ¡Para muchos de nuestros países, que son, de hecho, las antiguas potencias colonizadoras, se trata de un compromiso moral muy importante, al que no podemos faltar!
Por ello, aunque el texto de la resolución sometida esta mañana a votación sea aceptable respecto a los objetivos generales que nos habíamos fijado, gracias sobre todo a las numerosas enmiendas presentadas por los miembros de mi Grupo, no he votado a favor de dicho texto, para respetar los compromisos que he asumido frente a los electores de los Departamentos franceses de ultramar (D.O.M.).

Howitt
. (EN) En las semanas que han precedido al acuerdo sobre esta resolución, muchos diputados del Parlamento Europeo han procurado conseguir que la actitud de la Unión propicie realmente una "Ronda del Desarrollo" en la OMC, que los países en desarrollo tengan la posibilidad de ser asociados de pleno derecho en el proceso de negociación, y destacar que los beneficios del comercio deben centrarse en la lucha contra la agravación de la pobreza en nuestro mundo. La Comisión Europea y el Consejo deben prestar atención a nuestras claras intenciones sobre el particular.
En cuanto a la ampliación de la OMC para que incluya también las inversiones, tomo nota con satisfacción de que el Parlamento Europeo se ha manifestado fírmemente una y otra vez en el sentido de que no hay que repetir los errores de AMI, de que las responsabilidades de los inversionistas conforme a las directrices de la OIT y de la OCDE tienen que definirse al mismo tiempo que el derecho de los inversionistas, y de que -por una mayoría clara- hay que establecer un Código Europeo de Conducta para empresas multinacionales (enmienda 15).
Reprocho al Grupo conservador de este Parlamento que haya procurado suprimir las consideraciones relativas al desarrollo en el Foro Permanente con la OIT que se ha propuesto, y que se haya esforzado lo indecible por desviarnos de nuestros objetivos consistentes en alcanzar un equilibrio equitativo en lo social, así como un comercio libre. Me alegro de que se les haya derrotado.
Ahora bien, el hecho de que estuvieran dispuestos a votar en favor de que los agricultores europeos cumplieran "requisitos jurídicos estrictos" , pero en contra del "dumping" destructivo de nuestros productos agrícolas en Europa en contra de los agricultores y campesinos de los países en desarrollo, es escandaloso. Pido a los negociadores de la Unión Europea que respeten nuestra resolución en favor del principio de la seguridad alimentaria y en favor de que no tenga efectos perjudiciales para los países en desarrollo en las negociaciones agrícolas.
El proteccionismo de la Unión Europea en contra del mundo en desarrollo representa una conducta inaceptable en lo moral y miope en lo económico. Ya es hora de que acabe.

Martin, David W
. (EN) La Ronda del Milenio de la OMC brinda una oportunidad de ordenar el proceso de mundialización. Hay que ordenar la mundialización de forma que los retos mundiales se conviertan en progresos mundiales.
Necesitamos que se adopten medidas concretas en favor de los países en desarrollo, en particular de los países menos adelantados, recurriendo a asociaciones para reducir las desigualdades entre países ricos y países pobres.
Debería ser obligatorio que hubiera una mayor coherencia entre las normas que rigen el comercio, el trabajo, el medio ambiente, el bienestar animal y otras normas de aceptación internacional y los principios de la "buena gestión de sociedades" mediante una mejor cooperación entre la OMC, la OIT, las Naciones Unidas, los acuerdos multilaterales medioambientales y otras instituciones internacionales.
En consecuencia, soy de la opinión de que la Ronda debe llevarse a cabo como una operación única cuyos resultados se examinen desde el punto de vista mundial. Entre un acuerdo injusto y la falta de acuerdo, prefiero que no haya acuerdo.

Miranda
La importancia de las negociaciones que se van a celebrar en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, que se iniciarán en Seattle el próximo día 30 de noviembre, se debe, evidentemente, a un orden del día que incluye vastas esferas de la actividad humana: de la agricultura a los aspectos culturales; de los transportes a la educación y la salud; de los derechos de autor y las denominaciones de origen a la inversión extranjera; y todo ello amalgamado en una perspectiva mundial y como si todo eso no fuera sino simples "mercancías" que pueden ser objeto de transacciones.
Y resultan particularmente importantes -y cobran particular gravedad-, porque son igualmente evidentes las orientaciones que se les pretenden imprimir: liberalización y dominio total del comercio mundial, privatización sistemática de los sectores y servicios públicos que aún tienen esa naturaleza y desreglamentación y libre acceso a los mercados públicos.
O sea, que estamos ante una perspectiva marcadamente neoliberal, a la que no sólo se pretende dar continuidad, sino que, además, se quiere también consolidar y acentuar. Lo cierto es que ese objetivo figura en torno a cuestiones tan relevantes como la seguridad alimentaria, los servicios públicos o la "propiedad intelectual", siempre a favor de una ciega liberalización del capital financiero y sin respetar las normas laborales de la OIT y las normas medioambientales internacionalmente aprobadas y con consecuencias nefastas para la identidad cultural de los pueblos y el propio desarrollo de decenas de países, en particular de los más pobres. Esos hechos suscitan, naturalmente, movimientos cada vez más amplios de opinión que manifiestan inquietudes justas y señalan nuevas vías.
No está en entredicho, naturalmente, la necesidad de una regulación económica internacional. Pero es evidente que para eso hay otras vías, muy distintas de las actuales y de las que se trazan, lo que introduce en el orden del día la necesidad de una moratoria relativa a las negociaciones sobre las relaciones comerciales internacionales.
Además de que siempre será indispensable que esa regulación se inspire en principios de cooperación y desarrollo, incluso el respeto de las normas sociales y medioambientales consagradas internacionalmente, que respete voluntades, intereses, particularidades y niveles diferentes de desarrollo de los Estados interesados, que acate y promueva acuerdos preferenciales, como el de Lomé, que rechace el tratamiento de ciertas actividades humanas, como la educación y la cultura, como meras mercancías. Como también es indispensable que se le conceda total transparencia, que se impidan nuevos "AMI", que se anulen definitivamente legislaciones -ilegales a la luz del derecho internacional- como la Ley Helms-Burton de bloqueo a Cuba.
Ahora bien, no es ésa, patentemente, la orientación que ahora se nos propone.
Y, por eso, vamos a votar en contra, naturalmente, del Informe Schwaiger.

Mulder
. (NL) Con respecto al Informe Schwaiger han sido adoptadas una serie de enmiendas que condenan la exportación subvencionada de productos agrícolas desde la UE a los países en vías de desarrollo. El VVD reconoce que, en determinados casos, dicha exportación puede tener consecuencias negativas para los países en desarrollo.
Ahora bien, este problema no se soluciona con una reducción unilateral por parte de los Estados miembros de la UE. Hay más países que subvencionan sus exportaciones y éstos ocuparán inmediatamente el lugar de la UE en cuanto ponga fin a esta práctica.
El problema que nos ocupa requiere un enfoque multilateral. Por otra parte, nadie impide a los países en vías de desarrollo que lleven a cabo una política agraria adecuada. Es decir, pueden evitar o reducir la importación de estos productos baratos que perjudican su propia agricultura mediante la fijación de exacciones a la importación.

Souchet
. (FR) Al igual que el conjunto de mis colegas, he votado en contra del informe del Sr. Schwaiger.
Tal como lo había precisado el presidente Pasqua durante el debate general que tuvo lugar en el Pleno a principios de octubre, y como acaba de recordarlo pertinentemente mi colega Georges Berthu, antes de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones es indispensable realizar un balance claro y preciso, objetivo, por lo tanto independiente y contradictorio, con el fin de percibir las consecuencias económicas, sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria de los acuerdos anteriores de la Ronda Uruguay. Ahora bien, constatamos que, desgraciadamente, el Consejo acaba de otorgar un mandato de negociación a la Comisión, para que pueda acudir a Seattle, que no menciona para nada dicho balance. Debido a la presión ejercida, se realizará un estudio, aunque será sólo muy parcial, sobre la sostenibilidad, pero no sobre la protección de nuestras identidades económicas y sociales.
Esta ausencia de balance puede analizarse como una voluntad de ocultar, según la apreciación de los pueblos de los países adherentes a la OMC, la evidencia de los efectos de la desreglamentación del comercio mundial. La agricultura europea ha sufrido, durante los años de la Ronda Uruguay, la mayor disminución de población activa que haya conocido nunca, lo que ha provocado una verdadera desorganización del mundo rural. Algunos países en vías de desarrollo comienzan a sufrir la competencia frontal a la que se hallan sometidos los productos agrícolas de la zona de América Latina y los de la zona africana. En el sector industrial, la concentración de algunos operadores acarrea situaciones dominantes en algunos mercados, y las pequeñas y medianas empresas (en particular aquellas que forman el tejido rural de nuestro país) soportan de frente la competencia injusta que provoca la deslocalización de algunas empresas multinacionales o incluso transnacionales.
Si bien se afirma la necesidad de defender un determinado modelo agrícola europeo, se evita definirlo con precisión a través de la preferencia comunitaria, la independencia alimentaria y la protección de la salud pública. Es indispensable definir rápidamente un modelo alimentario europeo basado en una alimentación diversificada, tradicional y sana, resultante de productos agrícolas esencialmente europeos. Es necesario defender el principio de la preferencia comunitaria y, por ende, el sistema de restituciones a la exportación, incluyendo los productos denominados "fuera del anexo 1", es decir, productos alimenticios procedentes de productos agrícolas europeos que se comercializan a un precio superior al precio internacional.
Una alimentación sana supone que se establezca claramente, en el marco de estas negociaciones, la primacía del principio de cautela. Esta dimensión de un comercio justo basado en la ausencia de un dumping cualitativo, medioambiental, social y fiscal, si bien se menciona en el plano de los principios, no está confirmada, con todas sus consecuencias, como un objetivo prioritario de los negociadores europeos. El objetivo prioritario para los europeos, según la Comisión, sería prepararse para hacer concesiones. Es lo que la Comisión empieza a hacer, por otra parte, incluso antes de que comiencen las negociaciones, en detrimento de intereses europeos vitales.
Esta actitud de la Comisión Europea me preocupa mucho. En efecto, tras las negociaciones de la Ronda Uruguay, hemos tenido algunos conflictos con las autoridades norteamericanas. Los tres conflictos principales, relativos al sector del plátano, a la producción y a la incorporación de organismos modificados genéticamente y a la importación de carne de bovino norteamericana, acaban de ser arbitrados por la propia Comisión, en contra de los intereses de los productores de plátanos europeos y de los países ACP, en contra de los intereses de los consumidores europeos y, naturalmente, en contra de los intereses de nuestros ganaderos y de nuestros agricultores.
La Comisión ha actuado y actúa respecto a estos tres expedientes como si quisiera que no hubiese ningún litigio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, en el momento en que se van a iniciar las negociaciones. Esto es hacer el juego de los norteamericanos. En lugar de proclamar urbi et orbi la necesidad de concesiones europeas, mejor sería que la Comisión reafirmara enérgicamente la necesidad de corregir, en el interés de todos, las carencias y los errores del acuerdo de Marrakech con respecto a los derechos sociales fundamentales, al medio ambiente, a la salud pública. Pero sería reconocer que la Comisión negoció mal los últimos acuerdos del GATT, y esto es, evidentemente, inimaginable. La Comisión prefiere, pues, que su responsable se llame Sr. Brittan o Sr. Lamy, mermar por anticipado nuestras posiciones sobre el principio de cautela, la seguridad sanitaria y la protección del medio ambiente, así como los intereses económicos de las zonas rurales, y, en el marco del plátano, prestar poca atención a las relaciones tradicionales y privilegiadas que nuestros países mantienen, en el marco de compromisos internacionales, con los países ACP. Privilegiadas: ¡ni lo sueñen! ¡El adjetivo va a sobresaltar al Sr. Lamy!
Informe Dimitrakopoulos/Leinen (A5-0058/1999)

Berthu
Señor Presidente, en la primera redacción del Informe Dimitrakopoulos-Leinen, sobre la futura Conferencia Intergubernamental, se leía el siguiente considerando: "Considerando el índice de abstención en las últimas elecciones europeas, que demuestra una creciente pérdida de interés de los ciudadanos respecto al funcionamiento actual de la Unión...". La Comisión de Asuntos Institucionales, sin duda horrorizada por este reconocimiento, juzgó más prudente, por una aplastante mayoría, suprimir este elemento de frase. Y luego, mi Grupo no logró que se reincorporase.
Pienso que esta anécdota es significativa, ya que demuestra dentro de qué espíritu se preparó este informe. No se quiere ver que cuanto más federal se vuelve Europa, más se aleja de los pueblos y menos apego inspira. Tras descartar este hecho molesto, junto con muchos otros, la Comisión se sintió más cómoda para proponer más federalismo, la extensión de las votaciones por mayoría en el Consejo y la constitucionalización de los Tratados.
Se trata de la misma actitud de ceguera voluntaria que predominó cuando hubo que tratar la ampliación. Se actúa como si la extensión de la mayoría cualificada, es decir, la extensión del poder de coerción frente a los países minoritarios, fuera a solucionar todos los problemas. Grave error. La uniformización ya llega a sus límites en la Europa de los Quince. Esto se puede comprobar con el embargo de la carne de bovino británica, y es irrealista creer que se podrá ir más lejos, con más dificultades, en una Europa de treinta países.
Hace dos años el Consejo de Amsterdam ya se había topado con este problema y no pudo resolverlo. La próxima Conferencia Intergubernamental no lo resolverá tampoco si trabaja sobre las mismas bases.
En realidad, necesitamos una Europa más flexible y más respetuosa de sus pueblos. Yo he enunciado los principios para ello en una opinión disidente, aneja al Informe Dimitrakopoulos-Leinen, y el Grupo Europa de las Naciones ha desarrollado sus consecuencias presentando veintiuna enmiendas, que han sido rechazadas, desgraciadamente, por la mayoría de este Parlamento. Pero un día u otro esta Asamblea tendrá que reconocer el atolladero en el que se encierra al defender una Europa monolítica.

Bordes, Cauquil y Laguiller
 - (FR) Nosotros consideramos que las instituciones europeas representan mucho más los intereses del gran capital que los de los pueblos, en general, y los de las poblaciones trabajadoras, en particular. Por consiguiente, no tomaremos posición sobre la ampliación. Nuestra convicción consiste en que el futuro pertenece a una Europa sin fronteras entre pueblos unificados de un extremo a otro del continente y liberada del poder de hecho de los grupos industriales y financieros, condición indispensable para un control real de los pueblos con respecto a sus instituciones.

Sacrédeus
El texto del informe relativo al principio de subsidiariedad podría haber sido mucho más claro. Por eso, los democristianos suecos en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo hemos solicitado, mediante la enmienda 5, que al final del punto 17 se agregue el siguiente párrafo: " debe evaluarse la aplicación del principio de subsidiariedad, tal como está redactado en el Tratado de Maastricht, " .
Creemos que ha llegado la hora de hacer tal evaluación y que el Parlamento Europeo debió haber manifestado esto en su resolución, para dejar así en claro frente a los ciudadanos y a los Estados miembros de la UE su voluntad de dar más contenido al principio de subsidiariedad.

Alyssandrakis
Los asuntos que dejaron abiertos el Tratado de Maastricht, y más tarde, el de Amsterdam, a pesar del mandato que tenía, se yerguen de nuevo ante nosotros, bajo la espada de Damocles de la ampliación. ¿Quién se beneficiará, sin embargo, de la profundización en la construcción europea? ¿Tal vez los pueblos de Europa que ven día a día restringirse sus derechos democráticos y sociales, que ven degradarse sus conquistas sociales bajo el lema de la competitividad y la presión, que soportan un sistema cada vez más autoritario? Por supuesto, no.
Bajo la amenaza del retraso de la ampliación o incluso de la disolución de la Unión, por su propios creadores, en el intento, sin reglas ni leyes, por conquistar nuevos mercados y repartirse el botín, el capital monopolista trata de superar sus contradicciones internas, que eran y siguen siendo importantes, con tal de servir al interés común de sobreexplotar a los trabajadores y obtener el máximo beneficio.
Las propuestas, tanto las de los llamados sabios, como las de la Comisión apuntan en la misma dirección. Mayor desigualdad aún entre los pueblos, entre los estados que componen la UE, y también entre los estados candidatos a la adhesión. ¿Qué otra cosa pueden significar las propuestas que se escuchan, y que en general están recogidas en el informe, sobre los cambios en las votaciones del Consejo, sobre el cambio del número, o de las competencias, de los comisarios, sobre la disminución de la representación popular en el PE tras el aumento del número de estados de la UE, sino el reforzamiento de la posición de los países ricos de la UE, el reforzamiento de la posición de las empresas monopolistas, que en su mayoría tienen su sede en esos países, el intento de minimizar cualquier resistencia de los pueblos, o incluso de los países, a las antipopulares resoluciones de la UE que afectan o pueden afectar incluso a intereses nacionales?
¿Qué otra cosa puede significar el intento de generalización del sistema de mayorías y la supresión sustancial, y tal vez incluso formal, del derecho de veto, a pesar de las quejas deliberadamente interpuestas cual cortina de humo, sino la limitación de las posibilidades de intervención del elemento popular, al menos cuando éste se opone a las opciones del capital en los países «más pequeños»?
¿Cómo pueden demandar los pueblos de Europa el reforzamiento del papel internacional de la UE con la creación de una nueva entidad política y jurídica y con el impulso de una defensa y seguridad comunes, cuando la UE es responsable, junto a la OTAN, de la primera acción de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, la agresión, en quebrantamiento de toda noción de derecho internacional, contra Yugoslavia? Todo el mundo comprende que una moneda, en el capitalismo, necesita un ejercito que la respalde y la imponga. Eso es lo que se persigue con las propuestas sobre Política Exterior y de Seguridad Común, la creación de un brazo armado de la Unión. Defender con las armas los intereses de los monopolios en contra de los pueblos, en la misma Europa y en terceros países. Ya quedó demostrado con la campaña contra Yugoslavia, que además de ilegal era injustificada, al menos si nos atenemos a las causas que se arguyeron, pues quedó demostrado sin lugar a dudas, por la propia ONU, que cuanto se había alegado por parte de medios y gobiernos eran mentiras descaradas.
La mejor demostración, en todo caso, de cuál es la seguridad que se impulsa es el propio Tratado de Amsterdam, la incorporación de lo ya conseguido en Schengen, la creación de una policía comunitaria, la ficha policial de los ciudadanos por sus convicciones políticas, su orientación ideológica, su acción sindical, incluso por sus relaciones amorosas.
Estamos en contra de esta UE, órgano del imperialismo y del gran capital, estamos en contra del retroceso que esta UE, con el autoritarismo que la distingue, supone para la democracia. La UE no puede cambiar con conferencias intergubernamentales, y mucho menos aún puede cambiar en un sentido positivo para los pueblos de Europa con las nuevas transformaciones institucionales que se proponen. Este edificio antipopular, antidemocrático y autoritario, construido para servir al gran capital, será derribado por los propios pueblos, mediante la resistencia, la intervención, el cambio de la correlación de fuerzas. Para construir la Europa de la paz y la cooperación, de la amistad y la igualdad entre los pueblos, de la verdadera Democracia y de la Libertad, de la prosperidad económica en beneficio de los trabajadores.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen y Schori
. (SV) Opinamos que el informe y los preparativos para la próxima Conferencia Intergubernamental constituyen buenas iniciativas del Parlamento Europeo. Las exigencias del informe van más allá de lo que según el Consejo debe estar en el orden del día de la próxima Conferencia Intergubernamental. También, en otros puntos, creemos que se va bastante lejos.
Punto 13 (sobre proceso constitucional en la UE y división de los textos de los tratados en dos partes): queremos señalar y aclarar que el único procedimiento aceptable respecto a la parte constitucional es la unanimidad.
Punto 14 (sobre modificación de los tratados): opinamos que tiene que existir unanimidad para modificar los tratados de acuerdo en el punto 13 a.
Punto 17 (última parte): opinamos que tiene que existir unanimidad no sólo en la parte constitucional sino que también, por ejemplo, en asuntos de política exterior y de seguridad.
Punto 26: la última parte puede interpretarse como garantías militares mutuas. Consideramos que esto es inaceptable. En la UE hay Estados miembros que son neutrales y no alineados. Para esos estados es impensable la creación de recursos para otorgar garantías militares mutuas en el marco de la política de seguridad y defensa de la Unión. Además, creemos que actualmente no se necesita un calendario exacto y obligatorio para la política de seguridad común, aparte de lo dicho en el documento de Colonia.
En cuanto al punto 27, pensamos que ha sido un gran avance que las llamadas tareas Petersberg del documento de Colonia (acciones humanitarias y de salvamento, acciones para el mantenimiento de la paz y acciones armadas en relación con el manejo de las crisis, incluidas las medidas para el mantenimiento de la paz) se incorporen a las tareas propias de la UE. De este modo se demuestra que la UE es, en primer lugar, un proyecto político, social y económico, incluso tratándose de conflictos y de manejo de crisis. Para los estados neutrales y no alineados las tareas de Petersberg implican la posibilidad de participar en conflictos y en el manejo de crisis y, por este motivo, no hay razón para integrar totalmente a la UEO en la Unión Europea.

Blak
. (DA) Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy en contra del informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen.
La ampliación de la UE nos brinda una oportunidad histórica para crear una Europa en paz, estable y colaboradora. Al mismo tiempo, supone el mayor desafío al que la UE se ha enfrentado hasta la fecha. La modificación de los tratados es una condición previa a la hora de preparar a la UE para que acoja en su seno a los nuevos países de Europa Central y Oriental. En estos días se cumplen 10 años de la caída del muro de Berlín. Estamos de acuerdo en el calendario propuesto y que de esta forma la conferencia gubernamental se cierre con el fin del año 2000. No ha de haber aspectos formales, como, por ejemplo, la modificación de los tratados, que retrasen la adhesión. De ahí que debamos ser también cuidadosos y no poner piedras u obstáculos en el camino que impidan el fin de la Conferencia Intergubernamental para entonces o la aprobación en cada país de los resultados alcanzados de acuerdo con las normas recogidas en sus respectivas constituciones.
El informe de los Sres. Dimitrakopoulos y Leinen propone una revisión muy cuidadosa que no creemos que sea posible llevar a cabo dentro de los marcos temporales establecidos -por ello hemos votado en contra. Las numerosas enmiendas y las muy diversas opiniones manifestadas a raíz de la votación de hoy ilustran con toda claridad qué problemas acarrearía un orden del día muy exhaustivo.
Como miembros del Grupo socialdemócrata, hemos votado junto a nuestros compañeros de partido a favor y en contra de una serie de enmiendas. Hemos obrado así porque queremos llevar el desarrollo de Europa en una dirección socialdemócrata. Sin embargo, todo esto no modifica nuestra visión general del informe. Hay una serie de puntos que hemos de rechazar rotundamente, entre éstos, las iniciativas que eliminan el principio básico de que son los Estados miembros quienes de acuerdo con sus respectivas constituciones firman y modifican el tratado. También hemos de rechazar rotundamente que la UE se convierta en una alianza defensiva. Ésta no es tarea de la UE, sino de la OTAN.

Camre
. (DA) He votado en contra de esta resolución por las razones que aparecen recogidas en el dictamen minoritario entregado por el Sr. Berthu, UEN. Por razones técnicas, el dictamen del Sr. Berthu sólo ha podido ser entregado en la comisión en representación de los miembros franceses del UEN.
No obstante, el dictamen minoritario recoge plenamente mis puntos de vista, lo que quiero que quede reflejado en el acta de la sesión y en el Acta.

Eriksson, Frahm, Schmid, Seppänen y Sjöstedt
. (SV) La Conferencia Intergubernamental es un foro de los gobiernos de los Estados miembros. Son los parlamentos de esos Estados miembros los que deben decidir si se aprueban los resultados. Por eso no podemos aceptar que se otorgue al Parlamento Europeo ninguna forma de derecho de decisión sobre materias del Tratado.
También reaccionamos en contra de la propuesta, contenida en el informe, de hacer de la UE una persona jurídica. Asimismo, la idea de crear una UE militar es amedrentadora e innecesaria.
La última elección al Parlamento Europeo en 1999 demostró que los ciudadanos europeos están lejos de las ideas federalistas de muchos parlamentarios europeos. Los ciudadanos de la UE están todavía concentrados en el debate político que se desarrolla en la escena nacional. El debate comunitario está reservado para una pequeña elite política. Por eso nos oponemos a las líneas generales de este informe.

Hager
 - (DE) En el marco de la reforma de los principales ámbitos institucionales de los Tratados las propuestas contenidas en el Informe Dimitrakopoulos-Leinen abogan por una ampliación de la decisión por mayoría cualificada en el Consejo. Según este mismo informe también habría que modificar el Derecho internacional público. Al Parlamento se le garantiza el derecho al dictamen conforme en lo que a la aprobación de los futuros tratados se refiere. Éstos son algunos de los muchos puntos conflictivos que ponen en tela de juicio el papel de los Estados miembros de la Unión Europea como "dueños de los Tratados". Es ésta la razón por la que nosotros, los liberales, rechazamos el informe.

Marinho
. (PT) El informe aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales y sujeto a aprobación de este Pleno me merece una apreciación positiva, porque
1) impone exigencias de revisión, además de las establecidas en el Tratado de Amsterdam, en términos tan amplios y genéricos, que no conseguimos ver lo que es un nuevo orden del día "amplio". Sobre todo porque olvida puntos de revisión que me parecen esenciales y que fueron consagrados en las opiniones de otras comisiones del Parlamento (revisión de los recursos propios, revisión de la cohesión social, reforma de la PAC, ampliación de competencias de las primer pilar en materia de Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, reforma del sistema jurisdiccional, etc...);
2) centra la revisión en un orden del día que sólo tiene que ver con, esencialmente, las cuestiones del poder de decisión y correspondiente al nuevo equilibrio entre Estados miembros, al reducir, en nombre de la equidad, el peso de los Estados económicamente menos desarrollados en favor de los económicamente más poderosos, a los cuales pretende atribuir los mecanismos de un refuerzo de influencia;
3) en consecuencia, acepta, al dar carta blanca a la Comisión para proponerlo, un reajuste del peso de los Estados, en la estela de lo que ya está sucediendo en la organización administrativa y funcional del ejecutivo comunitario, que pone en entredicho el principio constitutivo e histórico del proyecto europeo que siempre se ha basado, con éxito, en la falta de proporcionalidad entre la población y la ponderación de los votos;
4) en consonancia con las posiciones que siempre he defendido en este Parlamento, a propósito de la revisión de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, en el sentido de mantener consagrado el equilibrio histórico fundador entre grandes y pequeños Estados, no puedo aprobar esta resolución que abre la "caja de Pandora" para un Tratado que acepta como justa la supremacía de unos Estados sobre otros, en contraposición con el principio de igualdad entre todos los ciudadanos europeos.
¡Por eso he votado en contra!

Miranda
La nueva Conferencia Intergubernamental cuyo inicio se prevé para principios o mediados del primer semestre del año próximo cobra, evidentemente, una relevancia importante en el orden del día comunitario de los próximos tiempos. No tanto por la novedad de los temas -algunos de ellos ya inscritos y no resueltos en la CIG anterior, sino sin duda por la complejidad y de delicadeza de los que constituyen la razón de ser de la conferencia anunciada.
Con el argumento de la ampliación -cuya materialización no nos plantea problemas de principio, pero no nos parece que se pueda llevar a cabo sin medir las consecuencias, en diversos niveles- y en nombre de la eficacia y la democracia, se pretende una modificación de los Tratados en particular en la esfera institucional: abandono de la unanimidad y ampliación a nuevas esferas de las decisiones por mayoría cualificada, nueva ponderación de los votos en la decisiones del Consejo por mayoría cualificada y modificación de la composición y del funcionamiento de las instituciones (número de Comisarios, Presidencia del Consejo, composición del PE o incluso consagración de las lenguas de trabajo...) Modificaciones, ésas, inspiradas, de hecho y esencialmente, por cuestiones de poder y, de ser posible, de influencia en la UE y encaminadas a viabilizar/consolidar directorios políticos en torno a los mayores y más ricos Estados miembros.
El papel marginal que en ese marco se pretende reservar para países de menor dimensión y menor desarrollo nos inclina, naturalmente, a adoptar una posición de profunda reserva, inquietud e incluso oposición clara a las soluciones propugnadas. Posición reforzada, además, por las soluciones pretendidas por algunos en la esfera de la seguridad y la defensa y encaminadas a la militarización de la UE, que, así, quedaría consolidada como pilar europeo de la OTAN, posición que igualmente rechazamos.

Theorin
. (SV) No puedo votar a favor del Informe Dimitrakopoulos/Leinen por las siguientes razones:
El informe tiene un claro carácter supraestatal. Yo doy mi apoyo a la colaboración entre estados, pero no a esta clase de superestado que proponen los ponentes, lo que también ha demostrado claramente la última elección europea.
Además, me opongo a la creación de una defensa militar común, especialmente en los puntos 26 y 27, que requiere un "calendario obligatorio" para la realización de una política de seguridad y defensa común que garantice las fronteras externas de la Unión. Tampoco puedo aceptar que la UEO se integre a la UE, de manera que en el futuro pueda adoptar medidas con ayuda de recursos militares dignos de crédito. No se contemplan excepciones para el artículo 5 que señala la obligación mutua de intervenir militarmente en caso de agresión. Suecia es un estado no alineado, que persigue la neutralidad en caso de guerra, y que bajo ningún concepto puede participar en una defensa militar común.
Opino que la modificación del Tratado de la Unión solamente debe realizarse por unanimidad en el Consejo de Ministros.
Finalmente, opino que, una vez conseguida la ampliación, el Parlamento tendría que concentrarse en las reformas necesarias para adoptar decisiones.
Informe Pirker (A5-0059/1999)

Maes
Señor Presidente, me he abstenido en la votación del informe sobre Eurodac. No he votado a favor porque el procedimiento y algunas normativas me parecen inaceptables. Lamento que no se haya aprovechado esta oportunidad para buscar un mayor consenso sobre este tema francamente importante, dado que es necesario que podamos tomar las medidas necesarias contra quienes crucen las fronteras de la Unión Europea con intenciones criminales. Y, desde luego, la toma de impresiones dactilares puede servir a este fin. Por todo ello, me he abstenido con respecto a algunas enmiendas cruciales, aunque en esencia comparto la postura de mi Grupo político, que deplora que se mida con el mismo rasero a todo el mundo.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Schori y Theorin
. (SV) Queremos puntualizar que el establecimiento de un sistema para comparar las impresiones dactilares no constituye en sí una garantía para alcanzar una política de asilo humana y generosa, que signifique que los Estados miembros solidariamente otorguen a los solicitantes de asilo derecho a un refugio. Para alcanzar una política de esta naturaleza se requieren medidas y muchos esfuerzos para alcanzar unanimidad entre los Estados miembros respecto a la necesidad de contar con una política de asilo humana y generosa. Por el contrario, consideramos que la creación de Eurodac debe estudiarse a la luz de esta posibilidad de alcanzar una política de asilo humana y generosa en la Unión Europea.
Con las modificaciones introducidas a la propuesta de la Comisión y que se contienen en el informe, que implican que los menores de edad no pueden ser registrados y el fortalecimiento del derecho a la integridad personal, damos nuestro apoyo al informe.

Blak
. (DA) La delegación danesa muestra todo su apoyo a la creación del sistema " Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y de otros extranjeros. El sistema " Eurodac" será una herramienta fundamental a la hora de asegurar el funcionamiento eficaz del Convenio de Dublín. En el caso de la base jurídica elegida para el reglamento -por respeto a la reserva que Dinamarca mantiene en el ámbito jurídico- nos hemos abstenido en la votación definitiva. Hemos observado con gran satisfacción que el gobierno danés comunicó en la reunión del Consejo (Justicia y Asuntos Interiores) celebrada el 29 de octubre de 1999 su voluntad de participar plenamente en la cooperación Eurodac sobre una base interestatal.

Figueiredo
Con el argumento de que es necesario simplificar la aplicación del Convenio de Dublín, el Consejo pretende repetir intentos anteriores de cercenar derechos fundamentales de los ciudadanos de terceros países mediante la creación de un mecanismo de recogida de huellas digitales controlado por una unidad central, que abarque no sólo a los refugiados y solicitantes de asilo, sino también a todos los ciudadanos de terceros países que se encuentren en situación irregular.
El intento del Consejo de poner en entredicho derechos fundamentales es tan ciego, que incluye a los niños a partir de los 14 años.
Pero incluso con las pequeñas modificaciones aprobadas en el Parlamento Europeo, incluido el límite mínimo de edad de 18 años y la limitación del número de comparaciones de huellas digitales para evitar más posibilidades de error, es inaceptable esta propuesta encaminada a crear una Europa fortaleza, cerrada a los otros ciudadanos.
Es que, como dice la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interior, en circunstancias normales sólo podrán ser recogidas las impresiones dactilares de delincuentes e individuos sospechosos de haber cometido infracciones penales y no de solicitantes de derecho de asilo, refugiados o ciudadanos de terceros países en situación irregular en el territorio o en la frontera de un Estado miembro.
Así, la protección de los derechos fundamentales de las personas de que se trate exige que no se avance hacia la creación de un sistema central de control de datos personales, pues, por principio, ninguna de esas personas puede ser tratada como un individuo delincuente o sospechoso de serlo.
Para agravar la situación, no se proponen medidas de control y protección de los datos, por lo que sigue pendiente la cuestión de cómo garantizar la aplicación de sanciones disuasorias y efectivas contra acciones no autorizadas por parte de la unidad central.
A eso se debe mi voto en contra.

Lang
. (FR) Hemos votado en contra del informe del Sr. Pirker. Esencialmente, por tres razones.
En primer lugar, porque las enmiendas a la propuesta de reglamento son demasiado laxistas. En segundo lugar, porque el propio reglamento - y me da vergüenza decirlo - excluye de manera escandalosa, a instancia del gobierno "socialista-ecologista-comunista" de mi país, el almacenamiento de impresiones dactilares de los inmigrantes ilegales controlados en el territorio de la Unión. Finalmente, porque el texto confía la gestión del sistema "Eurodac" a un puñado de funcionarios de la Comisión.
Ustedes han destruido las fronteras interiores. Ustedes han creado, al construir la Europa de Bruselas, de Maastricht y de Amsterdam, un espacio de "alta inseguridad", donde circulan libremente y se mezclan los inmigrantes clandestinos, la droga, los múltiples y diversos tipos de tráficos, la delincuencia. Las medidas que hoy proponen, no sólo a través del Informe Pirker, sino también a través de los informes sobre la droga o la falsificación de documentos de viaje, son insignificantes frente a la amplitud de los peligros a los cuales ustedes exponen a los ciudadanos europeos.
La única solución es restablecer los controles en las fronteras interiores de la Comunidad; de dotar a los servicios de policía de los Estados miembros con los medios humanos, financieros y materiales para cumplir su misión de protección de las personas honradas; renunciar a otorgar a los irresponsables de Bruselas cualquier tipo de competencias en materia policial, judicial y de entrada y permanencia de extranjeros.

Swiebel
. (NL) Por la presente la delegación neerlandesa del PSE declara no poder apoyar el Informe PIRKER, que se ha aprobado hoy, sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativa a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo y otros extranjeros. Consideramos que al extender el sistema Eurodac a grupos de extranjeros distintos a los solicitantes de asilo enfilamos una dirección inadmisible.
(La sesión, suspendida a las 14.35 horas, se reanuda a las 15.05 horas)

DEBATE DE ACTUALIDAD Y URGENCIA
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de actualidad y urgencia.

Efecto del año 2000: sectores nucleares civil y militar
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de cuatro propuestas de resolución sobre el efecto del año 2000: sectores nucleares civil y militar:
doc. B5-0268/1999 de la Sra. Plooij-van Gorsel, en nombre del Grupo ELDR, sobre el problema de los ordenadores en el año 2000 y sus posibles consecuencias a nivel europeo;
doc. B5-0268/1999 de la Sra. Theorin, en nombre del Grupo PSE, sobre el problema de los ordenadores en el año 2000 y la anulación del estado de alerta para todas las fuerzas nucleares (B5-0276/1999);
doc. B5-0268/1999 de la Sra. Hautala, la Sra. Lucas, y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/ALE, sobre el problema de los ordenadores en el año 2000 y sus posibles consecuencias a nivel europeo (B5-0292/1999);
doc. B5-0303/1999 del Sr. Chichester, el Sr. Morillon, y otros, en nombre del Grupo PPE/DE, sobre el efecto del año 2000 para los ordenadores y sus posibles efectos.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, estimados colegas, señor Comisario, estamos a 43 días del 1 de enero del año 2000. Es una fecha que muchos esperan con ansiedad. Pero para que a finales de siglo podamos hacer saltar el corcho de la botella de champán con toda tranquilidad es imprescindible que a escala europea se tomen las medidas oportunas, especialmente en los sectores nucleares civil y militar.
La Unión Europea y los Estados Unidos han sabido discernir los problemas con tiempo, lo que no es precisamente el caso de la Europa Central y Oriental. En realidad, corresponde a la International Atomic Energy Association buscar una solución para las dificultades que pueda plantear el efecto 2000 en el sector nuclear. Esta organización de las Naciones Unidas es el órgano más indicado para solucionar los problemas nucleares que surgen en cualquier parte del mundo. No obstante, la IAEA ha advertido de que no dispone de medios para apoyar iniciativas específicas orientadas a paliar los problemas de los países de la Europa Central y Oriental. Queda aún por ver si estos países invierten ellos mismos suficiente dinero para contrarrestar el efecto 2000. Sobre todo Rusia está al borde de la ruina.
Este mismo año el Parlamento ya preguntó en otro momento al entonces Comisario Van den Broek cuál es el papel de la Unión Europea en este problema transfronterizo. Su respuesta fue que la IAEA estaba elaborando una lista de las dificultades esperadas. A este respecto tengo tres preguntas para el Comisario.
En primer lugar, ¿dispone ya la Comisión de los resultados de dicho inventario? En caso afirmativo, me gustaría que el Comisario nos lo resumiera. En segundo término, ¿está la Comisión deliberando con los gobiernos de la Europa Central y Oriental? ¿Qué acciones concretas se han derivado de estas conversaciones? En tercer lugar, ¿cuáles son los gastos con los que habrá de cargar la Unión Europea? Le doy las gracias y espero su respuesta.

Theorin
Señor Presidente, las armas nucleares son las armas de la guerra fría, pero a pesar de que ésta ha terminado, aún tenemos las armas nucleares. Miles de esas armas están en aviones, barcos y en tierra, preparadas para una guerra inmediata, a pesar de no existir riesgo de uso de armas nucleares. El hecho que esas armas nucleares estén dispuestas para su uso inmediato, constituye una situación muy peligrosa, especialmente porque este tipo de armas puede dispararse por equivocación. Esto ha estado a punto de suceder en muchas ocasiones. Los rusos en 1995 interpretaron erróneamente un cohete experimental noruego creyendo que era un arma nuclear americana y pusieron a toda Rusia en alerta de guerra total. Despertaron a Yeltsin a medianoche, pero, afortunadamente, se descubrió el error antes de que éste se decidiese a usar sus armas nucleares.
El riesgo de una guerra nuclear desatada por equivocación fue una de las razones de la propuesta de la Comisión de Camberra en el sentido de que las armas nucleares deben estar preparadas para su uso inmediato. Esta idea fue impulsada por Lee Butler, antiguo jefe de armamento nuclear estratégico de EE.UU., quien ha tenido personalmente el dedo puesto en el botón de disparo durante muchos, muchos años. Él sabía qué cerca habíamos estado de desatar una guerra nuclear por equivocación.
Nuestra segunda exigencia para disminuir el riesgo de guerra nuclear fue que todas las armas nucleares deberían desmontarse de los aparatos que las transportan, para dar así suficiente tiempo a las negociaciones políticas serias. Esas dos exigencias deben cumplirse inmediatamente. La razón es que los sistemas de armas nucleares pueden, por equivocación, conducirnos a una guerra atómica al fin del milenio. Los sistemas de alarma, que son una complicada red de satélites, detectores infrarrojos y radares horizontales, funcionan casi totalmente con energía de las redes eléctricas comerciales. Aunque el Pentágono haya revisado doblemente millones de componentes digitales, no se puede garantizar total seguridad; tampoco en Rusia. A causa de las graves deficiencias en sus sistemas de alarma, durante tres horas diarias Rusia no puede descubrir los misiles intercontinentales americanos.
También las centrales nucleares confían en las redes comerciales de energía para, por ejemplo, mantener en circulación el agua que se usa para enfriar los núcleos radiactivos y el combustible nuclear ya usado. Si sólo una parte de esta red de seguridad deja de funcionar por defectos digitales, el núcleo de uranio en el reactor, de aproximadamente 100 toneladas, se fundiría en dos horas si los dos generadores diesel de reserva no funcionan. Desgraciadamente, esos generadores diesel de reserva son fiables sólo en un 85 por ciento.
Lo que ahora tiene que ocurrir es que los países con arsenal nuclear dejen sus armas fuera de disposición inmediata de uso y las desmonten de los aparatos que las transportan, por lo menos durante el cambio de siglo. El Reino Unido ya ha tomado una decisión en este sentido. También deben cerrase provisionalmente o dotarse de mecanismos de protección las centrales nucleares durante el cambio de milenio. De esto trata la resolución. La decisión de dejar las armas nucleares sin posibilidad de inmediata disposición y de separar las cabezas nucleares, es decir, las armas nucleares de los aparatos que las transportan, puede, al mismo tiempo, llegar a ser el comienzo de un desarme nuclear serio.

Schröder, Ilka
Señor Presidente, señoras y señores, apoyo la resolución de compromiso sobre el efecto 2000 que tenemos delante. Desafortunadamente, la resolución no cubre todos los aspectos importantes de este tema. Por eso mismo, quisiera centrarme en tres puntos que considero imprescindibles.
El gobierno japonés ha hecho un llamamiento a la población para que haga acopio de existencias. Ello parece demostrar que el riesgo relacionado con el efecto del año 2000 es incalculable, también para Europa. Por tanto, necesitamos urgentemente instrucciones sobre cómo actuar ante esta situación y debemos discutir lo que puede ocurrir.
En segundo lugar, me pregunto por qué se hace esperar tanto la respuesta de la UE al desamparado grito de socorro de 27 países africanos que nos llegó el 21 de octubre del año en curso. Ellos también acuden a los países industrializados para solucionar su problema respecto al efecto 2000.
Y ahora paso al tercer punto. La pregunta del millón es cómo les ha podido surgir este problema. Y no me refiero únicamente a África, sino también a otros países del Tercer Mundo. En los diagnósticos y los debates que versan sobre este tema no se habla para nada de los países en vías de desarrollo. Y, sin embargo, resulta que son las principales víctimas del cambio de fecha porque los países ricos del Norte les han dejado sus viejos equipos informáticos que no están preparados para el cambio de milenio. Las consecuencias son graves puesto que esta situación puede hacer peligrar el abastecimiento de los alimentos así como la estabilidad interna de muchos países.
A 43 días del cambio de milenio aún estamos lejos de haber solucionado el problema. Hemos de hacer frente a los aspectos negativos del llamado global village creado por las tecnologías de la información. Les hemos entregado nuestros ordenadores viejos y también la responsabilidad. Espero una rápida actuación. Y no sólo de cara al problema del efecto 2000, porque ya está llamando a la puerta el siguiente problema. Muchos ordenadores no llevan incorporados el 29 de febrero del año 2000. Todo el mundo habla del problema del efecto 2000, sin tener en cuenta esa otra dificultad. Y como nos va a coger desprevenidos, puede tener consecuencias aún más graves.

Morillon
Señor Presidente, cuando se me pidió que participara en este debate, mi primera reacción fue negativa, puesto que consideraba que la alarma suscitada procedía de una fantasmagoría milenarista exageradamente amplificada por lobbies que han salido muy beneficiados por ello, en ocasiones explotando incluso financieramente la credulidad de su clientela.
Si he aceptado, finalmente, adherirme a la resolución que se someterá a votación de nuestros colegas, es porque he podido percatarme del verdadero estado emocional de una parte de la opinión pública mundial; estas preocupaciones, unidas a las palabras pronunciadas anteriormente sobre la reacción del Gobierno japonés y de otros organismos internacionales, que piden a las poblaciones que tomen precauciones, que se procuren reservas de alimentos, en previsión de este fin del mundo anunciado, me confirman en la idea de que las precauciones preconizadas por nuestro Parlamento son, debido a su prudencia, capaces de apaciguar los temores, y, por tanto, pueden ser útiles.

Doyle
Ni la edad de una fábrica ni su situación, ni siquiera el hecho de que tenga un diseño moderno, garantizan en modo alguno que pueda superar el efecto del año 2000. No quisiera estar en este edificio a medianoche del día 31 de diciembre, exactamente 43 días a partir de hoy. Los ascensores, las alarmas contra incendios, ¿cómo vamos a saber si va a funcionar algo y, en caso afirmativo, qué es lo que va a funcionar? Lo digo en broma, pero es una broma con un trasfondo serio. Basta con que reflexionemos sobre la situación, y eso que se trata de un edificio ultramoderno que ha costado muchos millones.
En Irlanda varios gobiernos sucesivos han manifestado a varios gobiernos del Reino Unido su inquietud por la tasa de accidentes en las instalaciones nucleoeléctricas de Gran Bretaña, particularmente la tasa de accidentes en la planta de Sellafield, situada en la costa occidental del Reino Unido que es la menos poblada, pero solamente a unas cuantas millas de nuestra costa oriental, que es la más poblada. No lo tome a broma, señor Presidente, pues estoy hablando en serio. No me estoy refiriendo al mayor accidente imaginable, y no quiero pecar de alarmista, pero quiero hacer constar que no tengo ninguna confianza en el historial de seguridad de la industria nuclear británica. Irlanda es una nación soberana y no nuclear, y tenemos derecho de libre determinación por lo que se refiere a la salud y el medio ambiente de nuestro país. Las consultas y la comunicación entre nuestros dos países año tras año acerca del programa nucleoeléctrico británico no han sido buenas. A pesar de las relaciones públicas de los últimos años relativas a Sellafield, hemos comprobado que se nos trataba con cierta arrogancia bastante autoritaria.
Acabaré mi intervención diciendo que todas las naciones nucleares tienen que decir con claridad y honradez qué programas han establecido para cumplir la fecha del año 2000, a fin de cerciorarse ellas mismas y sus vecinos de que se hallan en condiciones de reaccionar. Aunque sea ya bastante tarde, es mejor que conozcamos los problemas en vez de defendernos de ellos con la táctica del avestruz.

Lucas
Lo primero que quiero decir es que la resolución de este Parlamento me satisface sobremanera. El texto enviará una señal clara a todo el mundo acerca de lo seriamente que nos ocupamos de la cuestión del año 2000, y es de esperar que otros sigan nuestro ejemplo. Ahora bien, cada vez queda menos tiempo. Esto significa que por buenas que sean las intenciones que tenemos, no cabe descartar el riesgo de que haya fallos. En particular, el alto nivel de las interconexiones informáticas entre países, particularmente en el mundo occidental, impide que se pueda predecir con exactitud qué fallos va a haber y dónde van a ocurrir. Cuanto más elevado es el grado de integración, mayor es el nivel de impredictibilidad.
La situación en Europa Oriental, además, dista mucho de ser satisfactoria. La falta de informaciones provenientes de esa zona todavía preocupaban a la Comisión en junio del año en curso, y cuanto más al Este vamos, más inquietante es la situación. La solución más segura sería detener el funcionamiento de esas plantas durante el cambio de milenio, pero no es fácil que un país como Lituania pueda detener el funcionamiento de la planta de Ignalia, que proporciona el 75 por ciento de su capacidad de generación. ¿Qué va a hacer, dejar a la población sin luz ni agua? El mundo occidental tiene que brindar asistencia, por eso acojo con particular satisfacción el llamamiento de esta resolución a los países de la OCDE para que proporcionen recursos con tal finalidad.
Voy a acabar rápidamente con una anécdota que podría ser divertida si no fuera tan seria. Los Estados Unidos y Rusia han establecido recientemente algunas líneas telefónicas de emergencia a fin de mantenerse en contacto acerca de los problemas del año 2000, y las siete líneas de emergencia que han establecido, con una sola excepción, han descubierto que estaban afectadas por el efecto del año 2000. No habrá nada que sea seguro en las próximas semanas, y tenemos que pasar ahora a la acción para reducir los riesgos para todo el mundo y por eso me congratulo de la contribución que esta resolución aporta con miras a la solución del problema.

Lamy
. (FR) Señor Presidente; voy a responder a sus preguntas y a sus intervenciones sobre las cuestiones que son de competencia de la Comisión.
La manera en que vemos la situación en los Estados miembros, en los países candidatos nuclearizados y en los nuevos Estados independientes es la siguiente. Permítanme, previamente, indicarles que, en los hechos, existen pocas centrales nucleares, incluso en los países más desarrollados, que utilicen una lógica informática respecto a la parte esencial de su sistema de seguridad.
Nuestros Estados miembros dotados de centrales nucleares trabajan en esta cuestión desde hace dos años como mínimo, y las informaciones que obran en nuestro poder nos indican que las medidas correctivas hoy están prácticamente terminadas, al igual que todos los trabajos relativos a la planificación de urgencia. La Comisión ha estimulado, en esta cuestión, los intercambios de conocimientos y de experiencia, pero no hemos creído oportuno prever una mayor intervención respecto a nuestras actividades con los Estados miembros.
No ocurre lo mismo con algunos países de Europa Central y Oriental y algunos nuevos Estados independientes, cuya respuesta al problema ha sido más lenta. Algunos, en efecto, han empezado a preocuparse por esta cuestión a finales de 1998. Estos países han sido apoyados en su trabajo por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha revisado sus análisis sobre la importancia del problema con respecto a un número significativo de centrales; la Sra. Plooij-van Gorsel ha mencionado los trabajos realizados hasta ahora, y esta es mi respuesta, Señora: los trabajos de la Agencia y de los países que explotan estas centrales no han revelado tener problemas de "bug" en los sistemas esenciales para la seguridad.
La Comisión ha proporcionado una ayuda complementaria a algunos explotadores de centrales nucleares. Hemos financiado misiones de expertos de la Unión en tres centrales de Rusia y en tres centrales de Ucrania. Además, hemos ofrecido nuestra ayuda a las autoridades de reglamentación nuclear desde principios de año, y actualmente apoyamos proyectos de este tipo en Bulgaria, en Eslovaquia y en Rusia.
Aunque ningún elemento de los sistemas determinantes para la seguridad resulte afectado, otros sistemas, concretamente aquellos que transmiten información al operador, podrían verse afectados y su fallo podría poner en peligro indirectamente la seguridad nuclear, al sobrecargar a los operadores, según se ha señalado. De acuerdo con las informaciones de que disponemos, pensamos que los países de Europa Central y Oriental, en general, han avanzado en la corrección de estos sistemas. En comparación, los nuevos Estados independientes de la antigua Unión Soviética avanzan, indudablemente, con mayor lentitud en su acción curativa, pero todos declaran que los trabajos estarán terminados a finales de año. Nosotros apoyamos estos esfuerzos de saneamiento, contribuyendo en las actividades de dos centros científicos y técnicos internacionales, el de Moscú y el de Kiev, y, si fuese necesario, estamos dispuestos a proporcionar una ayuda suplementaria a estos programas, bien entendido que, como ustedes lo han dicho durante el debate, estamos ahora muy cerca del paso al año 2000 y que lo esencial ha sido empezar a preocuparse por ello oportunamente.
Esta es a la vez mi respuesta y nuestra contribución a la solución de este importante problema.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

Timor oriental
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las cinco propuestas de resolución sobre Timor oriental:
doc. (B5-0271/1999) del Sr. Maaten, en nombre del Grupo ELDR, sobre la situación en Timor oriental;
doc. (B5-0273/1999) de la Sra. Figueiredo, el Sr. Miranda, y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación en Timor oriental;
doc. (B5-0280/1999) del Sr. Seguro, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Timor oriental;
doc. (B5-0289/1999) del Sr. Queirò, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en Timor oriental;
doc. (B5-0299/1999) de la Sra. Hautala, la Sra. McKenna, y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación en Timor oriental.

Seguro
Señor Presidente, de hecho ha sido posible una vez más llegar a un acuerdo entre todos los Grupos políticos y presentar una única propuesta de resolución sobre Timor.
Esta propuesta de resolución constituye una señal clara a la comunidad internacional de que, pese a que las noticias sobre Timor han desaparecido de los principales periódicos europeos o han dejado de ser las primeras noticias de las televisiones más importantes en Europa, la atención de la comunidad internacional y de la Unión Europea sobre ese problema debe continuar.
En primer lugar, porque aún existen atropellos a la dignidad humana y a los derechos humanos de los timorenses que se encuentran refugiados en otras zonas de Timor, en particular en Timor occidental y que desean regresar a Timor Oriental y es necesario que las autoridades de Indonesia faciliten urgentemente la acción humanitaria, en particular de las organizaciones no gubernamentales.
En segundo lugar, es necesario que exista una vigilancia mayor por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz junto a la frontera, para que los timorenses que tienen derecho a regresar a Timor occidental puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Por otro lado, es preciso castigar a los responsables de las matanzas y de los atentados contra la humanidad no sólo para que se haga justicia en Timor, sino también para que, de hecho, ése sea un ejemplo que presentar en otras partes del mundo, donde, por desgracia, aún existen y persisten atentados contra la dignidad y, sobre todo, contra la vida que, a nuestro entender, es un derecho inalienable.
Por último, señor Presidente, nuestra intención es la de que la Comisión y el Consejo puedan hacer corresponder a las condenas y a los discursos políticos la adecuada expresión financiera y técnica de apoyo al proceso de independencia y reconstrucción de Timor Oriental. Por eso, el Grupo Socialista subscribe esta resolución y ése ha sido el sentido de mis palabras.

McKenna
Quisiera sumarme a lo que acaba de decir el último orador. Por lo que se refiere a la situación en Timor oriental, realmente necesitamos ejercer la máxima presión posible sobre las autoridades indonesias, porque al parecer están mirando sin ver mucho de lo que está sucediendo. Los indonesios tienen que esforzarse por interrumpir la acción de la milicia y sus actividades en la zona. Por su parte, el ACNUR teme que la situación empeore. No se trata únicamente de Timor oriental, pues también en Timor occidental sigue habiendo un enorme número de refugiados: se calcula que llegan a 250.000. Por lo que se refiere a los organismos internacionales, tenemos que velar por que el programa de repatriación del ACNUR prosiga sus actividades sin que tropiece con ningún género de dificultad, ya que ha habido una serie de incidentes en los últimos tiempos que parecen indicar que existe la intención deliberada de procurar desorganizar el programa de repatriación del ACNUR. Es esencial que ese programa pueda continuar. La propia Indonesia tiene que facilitar la labor de los organismos de ayuda y de las fuerzas internacionales para que la paz y la estabilidad puedan volver a la región.
Todos nosotros en la Unión Europea, junto con las Naciones Unidas, animamos a la población de Timor oriental a que ejerciera su derecho de voto en el referéndum. Lo que sucedió a continuación fue completa y totalmente inaceptable, aunque era previsible. De hecho se podía adivinar con mucha antelación lo que iba a suceder, y deberíamos haber adoptado medidas mucho antes para evitar las atrocidades y el asesinato de inocentes. Desgraciadamente, gran número de personas perdieron la vida como consecuencia de la actitud irresponsable de la comunidad internacional. Desde entonces, algunos países han acabado por percatarse de que no pueden permanecer sin hacer nada, viendo como Indonesia, con el apoyo de las organizaciones de milicia de la zona, echaba de su país a los habitantes de Timor oriental o los asesinaba. Ya es hora de que tengan derecho a la independencia, al fin y al cabo es lo que decidieron por votación. Los Estados miembros de la Unión Europea tienen que protegerles, no solamente con palabras sino con asistencia financiera.

Figueiredo
Señor Presidente, la evolución de la situación en Timor Oriental debe seguir mereciendo toda la atención de las instituciones de la Unión Europea. Pese a las medidas positivas que se adoptaron después de la resolución de este Parlamento, en el pasado día 16 de septiembre, en particular la entrada de la fuerza internacional de paz y seguridad con la égida de las Naciones Unidas, la INTERFET, la situación en materia de seguridad humanitaria sigue siendo grave tanto en el territorio de Timor Oriental, donde es esencial que lleguen medios para apoyar la reconstrucción, como en el caso de los cerca de 250.000 desplazados a la fuerza a Indonesia, en particular a la parte occidental de Timor.
Así, es fundamental que la Unión Europea, los Estados miembros y toda la comunidad internacional mantengan una fuerte presión sobre las autoridades indonesias para que, con la mayor urgencia, desarmen y controlen a las denominadas "milicias" y creen las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de los refugiados a Timor Oriental, cuya integridad territorial debe ser respetada íntegramente.
También es esencial que se pase de las palabras a los hechos. Y se concrete el apoyo humanitario y financiero a Timor Oriental. No es aceptable que, pese a las promesas del Consejo y de la Comisión, tarden en llegar los apoyos prometidos por la Unión Europea. Y, si bien es positiva la aprobación de la línea presupuestaria para los próximos años, es esencial que se la dote de las asignaciones necesarias para el apoyo económico y financiero a la reconstrucción y la transición de Timor Oriental a la independencia.
Por último, conviene reafirmar que las decisiones relativas al proceso de independencia de Timor Oriental incumben a su pueblo, con respeto de su soberanía, por lo que las decisiones sobre su presente y su futuro deben ser adoptadas en estrecha colaboración con el Consejo Nacional de la Resistencia Timorense y no incumbe a las organizaciones internacionales substituir al pueblo de Timor Oriental, sino -eso sí- darle todo el apoyo necesario.
Así, hacemos un llamamiento a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión Europea y a toda la comunidad internacional para que mantengan en el orden del día todo el apoyo al pueblo de Timor Oriental, inicien los pasos para el reconocimiento internacional del Estado de Timor Oriental y el establecimiento de las relaciones diplomáticas con él.

Costa Neves
Señor Presidente, esta semana entra en funciones la autoridad de las Naciones Unidas para la transición en Timor Oriental, la UNTAET. No tiene una tarea fácil. La situación de atraso agravada por la destrucción vengativa perpetrada por las fuerzas armadas indonesias, las pequeñas dimensiones del territorio, asociadas a la circunstancia de que hay otra mitad de la isla, la coexistencia con vecinos e intereses poderosos, la inexistencia de una administración, son elementos que contribuyen a la complejidad de la tarea y dan idea de lo necesaria que es la participación de los timorenses y lo importante que es la solidaridad internacional.
No se pueden perder los dos próximos años. Hay que construir infraestructuras mínimas, poner las bases del sector productivo, implantar una administración, inexistente, y hacerlo teniendo en cuenta la voluntad y la participación de los timorenses. Ellos saben lo que quieren y tienen el derecho a participar, desde el comienzo, en la construcción de su país.
En cuanto a la solidaridad internacional, conviene señalar que la misión conjunta de evaluación coordinada por el Banco Mundial y participada por elementos de la Comisión, ha concluido su trabajo en el territorio. Ya hay un cálculo aproximado de los costos de reconstrucción -250 millones de euros, en tres años- y el día 17 de diciembre se celebrará una conferencia de donantes.
También para este Parlamento los datos facilitados son muy útiles. He de precisar que ya después del referendo del 30 de agosto manifestamos la voluntad de que la Unión Europea participara activamente en las tareas de reconstrucción. Coherentemente con ese deseo, cuando en primera lectura adoptamos una posición en cuanto al presupuesto para el año 2000, establecimos una línea específica de carácter plurianual y dotada con 30 millones de euros destinados a la reconstrucción de Timor Oriental, importe que se debe actualizar a la luz de la información proporcionada por la misión conjunta de evaluación.
Por último, subrayo la dramática situación de los 250.000 refugiados fuera de Timor Oriental: de varias decenas de miles no se sabe el paradero, de aquellos de los que se sabe son en su gran mayoría mujeres y niños, los campos de refugiados están dominados por las mismas milicias, que, después de sembrar el terror en Timor Oriental, siguen ahora en territorio indonesio. Entretanto, Indonesia mantiene cerradas las fronteras terrestres. La situación es intolerable y afecta a un tercio de la población de Timor Oriental, que tiene derecho a la decisión libre e informada de permanecer en Indonesia o regresar a Timor Oriental.

Queiró
Señor Presidente, quisiera aquí, en nombre de mi Grupo, Unión para la Europa de las Naciones, sumarme también al autor de esta resolución y decir que reviste la mayor importancia mantener en el orden del día internacional la cuestión de Timor Oriental.
No cabe la menor duda de que las dificultades son aún muchas, ya sea en la esfera de la ayuda humanitaria o en la del apoyo a la reconstrucción o incluso porque sigan produciéndose violaciones graves de los derechos humanos, sobre todo en la parte occidental de Timor, con la actividad de las milicias, que han impedido el reagrupamiento y el regreso de los refugiados de Timor Oriental a sus casas y a sus tierras.
Ésas son las razones que me mueven a estar enteramente de acuerdo con esta resolución y también a poner de relieve de nuevo la necesidad de que se haga una averiguación concreta de las responsabilidades por las matanzas habidas y unas autoridades judiciales adecuadas castiguen a sus responsables. Quisiera destacar también la propuesta que se ha hecho de envío de una nueva delegación del Parlamento Europeo a Timor Oriental, precisamente para verificar in loco cómo está transcurriendo y ocurriendo ese proceso de reconstrucción y disponer de todos los elementos necesarios que permitan seguir manteniendo el de Timor Oriental como un asunto que merece la atención unánime de todos los diputados europeos.

Maij-Weggen
Señor Presidente, aunque la situación en Timor Oriental ha tomado otro cariz gracias al cambio de poder en Indonesia y gracias a la llegada de la fuerza de paz, las condiciones en las que se hallan los ciudadanos de a pie en Timor Oriental y los refugiados en Timor Occidental continúan siendo muy preocupantes. Tal vez no sea el caso de la situación política puesto que, por fin, se está respetando la autonomía de Timor Oriental. Me refiero más bien a las condiciones humanitarias y jurídicas que aún no están resueltas del todo.
El ACNUR hace todo lo posible para que la gente pueda regresar, pero encuentra mucha resistencia. UNAMET pone todo su empeño en proteger a los refugiados, pero las milicias siguen activas. Lo que realmente se necesita urgentemente es una investigación internacional acerca de lo ocurrido, un tribunal internacional que haga justicia y, sobre todo, que castigue a los asesinos.
También es imprescindible que prestemos apoyo a la reconstrucción. Y hemos de darnos prisa porque se avecina la época de lluvias. ¿Nos puede informar la Comisión sobre los medios exactos que ha destinado a este fin? Señor Presidente, ahora que estamos hablando de Indonesia y de los dramas que vive este país, tal vez se nos pueda dar una respuesta a lo que acordamos en la resolución aprobada a principios de octubre, en la que dejamos claro que la situación en las Molucas también se está volviendo insostenible. Allí también hay 70.000 refugiados y 500 muertos y, por regla general, la situación jurídica también está en manos de las milicias. Hemos solicitado ayuda y hasta la fecha no hemos recibido ninguna reacción satisfactoria al respecto.
Señor Presidente, parece ser que el Gobierno indonesio es muy sensible a la crítica internacional. Por eso, considero oportuno que tanto la Comisión como el Parlamento actúen con resolución de cara a Indonesia. Sería bueno que la Comisión se desplazara a este país para ir a ver cómo están las cosas y para hablar con todas las partes implicadas. Asimismo estoy de acuerdo con lo que acaba de proponerse. Tal vez sería oportuno que volvamos a enviar una delegación del Parlamento Europeo a Timor Oriental y quizá también a las Molucas para informarnos de qué es lo que sucede exactamente en esas zonas del mundo. De todos modos, es un tema que, de momento, no puede desaparecer del orden del día, puesto que los ciudadanos de la región afectada siguen experimentando serios problemas.

Lamy
. (FR) La rehabilitación de Timor Oriental, en toda su amplitud y su especificidad política, constituye una tarea importante para nosotros, así como para toda la comunidad internacional.
En el marco de las Naciones Unidas, todos debemos contribuir a encontrar una solución de conjunto a este problema, incluyendo todo aquello que guarda relación con los derechos humanos y la instauración de un nuevo Estado. En este contexto, me felicito de la llegada a Timor Oriental, el martes pasado, del Sr. Sergio Vieira de Mello, el nuevo administrador de las Naciones Unidas. Creo que no podemos menos que desearle, en nombre de la Comisión, por lo que a mí respecta, y en nombre del Parlamento y de la Unión, que tenga éxito en esta difícil tarea.
Ustedes saben que la Comisión se ha comprometido plenamente a asumir sus responsabilidades en relación con las operaciones humanitarias y de rehabilitación. Para responder a la Sra. Maij-Weggen sobre la ayuda humanitaria, ECHO ha invertido hasta ahora 5 millones de euros y se prepara una nueva decisión por un importe de 10 millones de euros, para perfeccionar el trabajo que efectuamos in situ. Hemos respondido a los llamamientos internacionales e invertido actualmente el equivalente de alrededor de 8,5 millones de euros en ayuda alimentaria. Esto ya es algo, y tratamos de dosificar esta ayuda en función de las capacidades de absorción local.
La prioridad que otorgamos a la ayuda a Timor Oriental será claramente transmitida, y creo que esto responde a su sugerencia, señora Maij-Weggen, por mi colega Nielson en su visita que realizará a finales de mes a Timor Oriental y Occidental. A finales de mes estaremos sobre el terreno en la persona del comisario responsable.
Según nuestras informaciones, las Naciones Unidas garantizan eficazmente las operaciones a gran escala en Timor Oriental. La repatriación de las personas desplazadas está en curso: antes de ayer, del total de personas desplazadas, alrededor de 65.000 habían regresado, y el Gobierno indonesio nos ha asegurado que el proceso de repatriación voluntaria finalizará dentro de 100 días.
En cuanto a la evolución posterior, es de capital importancia, naturalmente, que los propios timorenses orientales participen en todos los aspectos del proceso de rehabilitación y de desarrollo. Como ustedes lo han subrayado, paralelamente a la promoción de los fundamentos de la economía, la emergencia de un poder político que esté a la altura de su tarea y el desarrollo de las instituciones necesarias serán elementos esenciales. Después de la independencia, competerá al gobierno determinar su posición en materia de política exterior, concretamente por lo que respecta a la adhesión, en su caso, al Convenio de Lomé.
Estas son las informaciones que deseaba transmitirles en respuesta a sus preguntas.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 17.30 horas.

Maij-Weggen
Señor Presidente, el Comisario Lamy aún no se ha referido al seguimiento que se ha dado a la resolución que presentamos a principios de octubre sobre la zona situada al norte de Timor. Acerca de este tema también se han formulado algunas preguntas. Me gustaría saber cuándo se nos va a dar una respuesta al respecto, porque la gente la está esperando. Aunque la situación no es tan grave como en Timor, está empeorando cada vez más.

El Presidente
Señora Maij-Weggen, hace mucho tiempo que usted forma parte de los diputados de este Parlamento. Conoce usted el Reglamento. El plazo de tiempo para el debate de urgencia está fijado con mucho rigor. No es un turno de preguntas, es un debate. El Comisario puede escoger a qué parte del debate va a responder. Estoy seguro de que le encantará responder a su pregunta en privado.

Derechos humanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de las 18 propuestas de resolución sobre derechos humanos:
Moratoria sobre la pena de muerte
doc. (B5-0272/1999) de la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre el establecimiento de una moratoria universal para la pena de muerte;
doc. (B5-0274/1999) del Sr. Wurtz, la Sra. González Álvarez, y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la pena de muerte en el mundo y el caso de Mumia Abu Jamal;
doc. (B5-0282/1999) de la Sra. Karamanou, en nombre del Grupo PSE, sobre la abolición de la pena de muerte y la revocación de la ejecución del Sr. Mumia Abu-Jamal y del Sr. Larry Robinson;
doc. (B5-0283/1999) del Sr. Schori, la Sra. Díez González, y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre el establecimiento de una moratoria universal para la pena de muerte;
doc (B5-0284/1999) de la Sra. Díez González y el Sr. Barón Crespo, en nombre del Grupo PSE, sobre la condena a muerte en los Estados Unidos de Joaquín José Martínez, ciudadano de la Unión Europea;
doc. (B5-0287/1999) del Sr. Galeote Quecedo, el Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, y otros, en nombre del Grupo PPE/DE, sobre la condena a muerte de José Joaquín Martínez;
doc. (B5-0297/1999) del Sr. Wuori, el Sr. Knörr Borrás, y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre una moratoria para la pena de muerte;
doc. (B5-0306/1999) del Sr. Salafranca Sánchez-Neyra, el Sr. McCartin, y otros, en nombre del Grupo PPE/DE, sobre el establecimiento de una moratoria universal para la pena de muerte.
Respeto de los serbios y otros grupos minoritarios en Kosovo - doc. (B5-0270/1999) del Sr. Haarder y la Sra. Malmström, en nombre del Grupo ELDR, sobre el respeto de los derechos de los serbios y otras minorías en Kosovo;
doc. (B5-0275/1999) del Sr. Korakas, el Sr. Alavanos, y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre la situación de las minorías serbia y romaní en Kosovo;
doc. (B5-0281/1999) del Sr. Schori, el Sr. Sakellariou, y otros, en nombre del Grupo PSE, sobre la situación en Kosovo;
doc. (B5-0298/1999) del Sr. Cohn-Bendit, el Sr. Gahrton, y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de la minoría serbia en Kosovo;
doc. (B5-0304/1999) del Sr. Queiró, en nombre del Grupo UEN, sobre la protección de los serbios y otras minorías étnicas en Kosovo;
doc. (B5-0305/1999) del Sr. Morillon, el Sr. Oostlander, y otros, en nombre del Grupo PPE/DE, sobre la situación de los serbios y otras minorías nacionales en Kosovo;
Alexandre Nikitin- doc. (B5-0290/1999) del Sr. Vinci y la Sra. González Álvarez, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el caso de Alexandre Nikitin;
doc. (B5-0291/1999) del Sr. Haarder, en nombre del Grupo ELDR, sobre el próximo juicio de Alexandre Nikitin;
doc. (B5-0295/1999) del Sr. Schroedter, el Sr. Wuori, y otros, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre el próximo juicio de Alexandre Nikitin;
doc. (B5-0302/1999) de los Sres. Oostlander, Posselt, Cushnahan, Grossetête, y Lechner, en nombre del Grupo PPE/DE, sobre el próximo juicio de Alexandre Nikitin.
Moratoria sobre la pena de muerte

Sylla
Señor Presidente, Señorías, desearía expresarles en pocas palabras que mi generación tuvo la suerte de no conocer la matanza de los argelinos en París, en 1961, de no haber vivido, el 9 de noviembre de 1938, la "noche de cristal" ni el inicio de las persecuciones de los judíos en los diferentes países de Europa, y sobre todo la suerte de asistir al final del apartheid en Sudáfrica. Si, en cada etapa, hubo personas que se sublevaron y que dijeron: "nunca más", es simplemente porque están convencidos de que no hay nada más grave que el hecho de atentar contra la integridad física de los individuos.
Es cierto que hoy se pone en entredicho este principio fundador de Europa, debido a la aplicación de la pena de muerte en muchos lugares del mundo. China, la supuesta República Democrática del Congo, los Estados Unidos e Irán tienen el triste récord de ir a la cabeza de los países que aplican la pena de muerte. Según Amnistía Internacional, en los Estados Unidos 3.500 presos esperan su ejecución, de los cuales 68 presos han sido ejecutados el año pasado. En estos países, el derecho de vida o de muerte sobre los presos es tanto más insoportable por cuanto conocemos los presupuestos insignificantes que se destinan a la política de prevención y a las cuestiones sociales. Prefiero pensar, como Víctor Hugo, que para cerrar una cárcel, basta con abrir otra escuela. No hay duda de que los diecisiete años que Mumia Abu-Jamal acaba de pasar pudriéndose en los corredores de la muerte, tras una parodia de proceso, están relacionados con el hecho de que es negro, con su lucha en contra del racismo institucional, con la libertad de opinión que ha practicado este periodista, al tener el valor de denunciar la corrupción que reina en las filas de la policía de Filadelfia. Igualmente, Irán, que el año pasado ejecutó a 66 personas, querría hacernos creer que las decenas de estudiantes detenidos, los trece judíos, eran espías.
La movilización internacional, como hemos visto, ha impedido la ejecución de Mumia Abu-Jamal, fijada para el 2 de diciembre. Pero, de momento, la ejecución sólo se ha aplazado. Ahora debemos lograr que sea definitivamente descartada. Debemos extender e intensificar la presión sobre estos países y golpear donde duele. Es importante que las empresas europeas se nieguen a invertir en los Estados Unidos y en todos aquellos lugares del mundo donde continúa aplicándose la pena de muerte. Los países miembros de la Unión Europea deben rechazar la extradición de cualquier persona a un país donde se sabe que, a la llegada, está programada su muerte. El hecho de exigir hoy la abolición inmediata e incondicional de la pena de muerte en el mundo entero, significa no sólo promover la dignidad humana, sino también dar un sentido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Señor Presidente, yo formo parte de esa generación que piensa que las convenciones contra la tortura y las discriminaciones no se firman únicamente por el gusto de hacerlo.

Frassoni
Señor Presidente, los acontecimientos que han llevado a la retirada de la propuesta de moratoria se describen y juzgan en la resolución que estamos a punto de votar de una manera bastante tímida y educada.
Temo que las razones subyacentes a la retirada de esta resolución son cuando menos sospechosas y tienen que ver más con una suerte de boicot que con la defensa de argumentos de principio. Espero realmente que este Parlamento permanezca vigilante respecto a este asunto porque está claro que la actitud de algunos de los Estados miembros ha sido cuando menos ambigua y, por lo tanto, es lógico que este Parlamento -que, desde este punto de vista, se ha mostrado bastante coherente- debe continuar vigilando.
Tomamos nota, como Grupo de los Verdes, de estos acontecimientos, así como de la formulación algo tímida de esta resolución que, de todos modos, consideramos importante aprobar, aunque sólo sea para señalar que existe un problema respecto al cual hay que seguir actuando. Una vez mas, sin embargo, subrayo que, desde este punto de vista, la ambigüedad de la Unión Europea está a la vista de todos y, por lo tanto, creo que deberemos expresarnos con mayor claridad que la expresada en la resolución.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, siempre nos estamos quejando y lamentando -creo que con razón- porque la Unión Europea no habla con una sola voz en la escena internacional. En contra de lo que acaba de decir nuestra colega, pienso que en esta ocasión existen razones más que suficientes para que nos felicitemos por el hecho de que la Unión Europea, por unanimidad, haya presentado una resolución ante las Naciones Unidas con objeto de pedir una moratoria para la pena de muerte. Es triste que esta iniciativa no haya podido prosperar y esperamos decididamente que prospere en el curso de esta Asamblea.
Lo que sí quisiera decir, señor Presidente, es que hemos hecho esto porque estamos convencidos de que toda persona tiene el derecho inalienable a que se respete su vida y este derecho no puede ser ni desconocido ni violado. Todos hemos visto las patéticas imágenes del último reo ejecutado por el Tribunal de Florida y por eso no les extrañará a ninguno de los colegas que la primera persona que figura en el texto de la resolución común sea el ciudadano español -y por tanto de la Unión Europea- Joaquín José Martínez, cuya condena pedimos que se revise y cuya pena de muerte pedimos que se suspenda.
Ha habido en este caso toda una serie de coincidencias que han originado en nuestro país un profundo movimiento de solidaridad al que, por supuesto, se han adherido el Gobierno, todos los partidos políticos y el resto de la sociedad. Quisiera decir que se han producido en el proceso toda una serie de irregularidades y parece ser que el abogado no ha cumplido con sus obligaciones de defensa. Pero, señor Presidente, lo grave -con ser grave que se hayan producido estos hechos- no lo constituyen esos datos del proceso, tampoco el dato de que los Estados Unidos encabecen el triste y lamentable récord de ejecuciones de personas que después se ha revelado que eran inocentes. Lo más triste y lamentable es la existencia de la pena de muerte. Por eso entiendo, señor Presidente, que nosotros, como Parlamento Europeo, tenemos que manifestar, en esta ocasión y en todas aquellas en las que se produzca un hecho parecido, un compromiso firme e indeclinable con el derecho a la vida, como lo hacemos en el texto de esta resolución común.

Malmström
Señor Presidente, la pena de muerte es un vestigio repugnante del pasado. Se fundamenta en la sentencia "ojo por ojo, diente por diente" del Antiguo Testamento, pensamiento que no es digno de la humanidad, ahora que estamos a las puertas de un nuevo milenio. El Grupo Liberal ha impulsado la lucha contra la pena de muerte. En los países candidatos se está aboliendo, lo que constituye una evolución muy positiva. A pesar de esto, aún se aplica la pena de muerte en muchos estados. Sólo el año pasado se ajusticiaron 1625 presos en 37 países, y miles están esperándola. Únicamente en EE.UU. esperan ser ajusticiadas miles de personas.
Algunas personas condenadas a muerte han cometido delitos execrables, pero esto no justifica el ajusticiamiento. Con demasiada frecuencia se utiliza la pena de muerte con objetivos políticos y también ocurre que hay lagunas judiciales y que se condena a personas inocentes. Sólo esto es un argumento suficiente en contra de esta pena salvaje. Tampoco se ha demostrado que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio.
La resolución que estamos discutiendo es realmente muy extraña. En ella se nombra a tres ciudadanos que en estos días serán ajusticiados en EE.UU.. Obviamente instamos al gobierno americano para que no ejecute esas sentencias del mismo modo que pedimos a todos los demás gobiernos que no ejecuten las penas capitales. Pero de lo que debería tratar la resolución, y esto es algo que también mis colegas han destacado, es del memorándum sobre la pena de muerte en todo el mundo, iniciado por la ONU, y que el Grupo ELDR apoya incondicionalmente. Queremos instar a la Comisión y al Consejo para que unan a la UE e impulsen vigorosamente una condena unánime en todos los foros, a fin de alcanzar la suspensión a escala mundial. La abolición de la pena de muerte sería un fantástico paso adelante en la lucha por los derechos humanos y también un gran avance para la dignidad humana.

Díez González
Señor Presidente, cada año cientos de seres humanos son ejecutados en el mundo -muchas veces en el mundo que llamamos civilizado- a manos de otros seres humanos. En el año 1998 se tuvo noticia de que se produjeron al menos 1.625 ejecuciones en 37 países y casi 4.000 condenas a muerte en otros 78 países. Estas cifras se refieren exclusivamente a los datos que ha podido recopilar Amnistía Internacional. La cifra es, sin duda, muy superior. Cada año un número indeterminado de seres humanos son declarados inocentes después de haber sido ejecutados. Según un informe divulgado recientemente, desde 1973 y sólo en los Estados Unidos de América, 75 presos condenados a muerte quedaron en libertad cuando se descubrió que habían sido inculpados injustamente. Nunca se sabrá cuántos inocentes había entre los aproximadamente 7.000 presos ejecutados en los Estados Unidos de América durante este siglo. Según Amnistía Internacional, por cada seis presos ejecutados desde la reinstauración de la pena capital en los Estados Unidos un inocente fue condenado a muerte y posteriormente exonerado de culpa.
Por eso, me parece que la propuesta del Consejo ante las Naciones Unidas, por importante y positiva que sea la iniciativa, es verdaderamente tímida porque apela textualmente a que los Estados que aún mantienen la pena de muerte -cito textualmente- "restrinjan progresivamente el número de crímenes para los que se impone" .
¿Nos parece suficiente? ¿Queremos ser una Asamblea diplomática o queremos ser un Parlamento político? Por eso pedimos al Consejo en el apartado 9 de esta resolución que, en las negociaciones con terceros países, examine la posibilidad de incorporar la abolición de la pena de muerte a la cláusula de derechos humanos. Quizá el Consejo no esté en condiciones de hacer más, pero ¿y nosotros? ¿No deberíamos ser más exigentes? ¿No deberíamos ser más ambiciosos? La respuesta es sí. Por eso enviamos este mensaje al Consejo y a todas las naciones del mundo.
El caso del ciudadano español José Joaquín Martínez es un claro ejemplo de un juicio sin garantías. Por eso él reclama un juicio justo, por eso nosotros hoy lo apoyamos. Quiere un nuevo juicio en el que pueda demostrar su inocencia, y tiene derecho a él. Pero yo declaro, nosotros declaramos a la vez, que ninguna sentencia a muerte es una sentencia justa. Ninguna lo es.
Terminaré -yo también- con una cita bíblica más positiva que la de mi colega. Es con una cita del Génesis. Caín mató a Abel y nadie discute su culpabilidad en ese crimen execrable. Derramó la sangre de su hermano y Yahvé lo maldijo y lo arrojó de su casa y lo condenó a vivir errante y vagabundo: "Y Caín le dijo a Yahvé: 'Cualquiera que me encuentre, me matará' . Y Yahvé le dijo: 'No será así; si alguien te mata, serás vengado siete veces' . Y le puso una señal para que nadie le matara" . Que nadie toque a Caín, ese es el mensaje. Que nadie toque a Caín.
Esa ha de ser nuestra ambición: que nadie pueda ejecutar nunca, en ningún lugar del mundo, por ninguna razón a ningún ser humano. Nadie. Ni siquiera los Estados Unidos de América.

González Álvarez
Señor Presidente, probablemente no siempre nos sentimos muy cómodos en este Parlamento, porque lo que se aprueba no es lo que quisiéramos que se aprobara. Sin embargo, de nuevo, este Parlamento va a plantear ante el resto del mundo un alegato contra la pena de muerte. Por eso me siento orgullosa de estar aquí esta tarde y poder votar, por unanimidad, un alegato contra la pena de muerte.
La pena de muerte es la barbarie. Como decían mis compañeros, es una cosa aterradora que muchas de las personas que han sido ejecutadas fueran inocentes. Y no sé cómo se puede vivir con ese peso en la conciencia.
En realidad, hablamos hoy en la resolución de tres casos concretos: el primero, el de José Joaquín Martínez, un español, en cuyo proceso se han cometido enormes irregularidades. Yo tengo aquí la copia de una carta que uno de los testigos envió. Está en la cárcel, es verdad, pero envió una carta al tribunal diciendo que había oído a alguien hacerse cargo del asesinato que se le imputa a José Joaquín Martínez. Con esta simple duda, es imposible que se condene a un reo a la pena de muerte. Por eso, nosotros pedimos en la resolución que se le vuelva a juzgar y que de ninguna manera se le condene a muerte.
El segundo, el de Abu Jamal. Hay muchas razones para creer que en el procesamiento y condena a muerte de Abu Jamal hay razones políticas, más que de otro tipo, por ser un líder. Se ha escapado, de momento. Su ejecución estaba prevista para el 2 de diciembre. Nosotros también solicitamos que no se ejecute esa pena de muerte.
Y recogemos también el caso de una persona que puede ser un enfermo mental, que estaba previsto que fuera ajusticiada en breve y que se ha salvado. Nos parece una crueldad enorme, aterradora, que se piense en ejecutar a enfermos de esta clase y que se tenga a personas 21 años en la cárcel, como es el caso de un canadiense al que estaba previsto ajusticiar y media hora antes de la ejecución se aceptó un recurso suyo ante el tribunal.
Es una crueldad aterradora y este mundo no lo puede permitir. Este Parlamento ha de ser paladín en la exigencia de una moratoria universal, si ésta no se aprueba ahora. Y para eso hay que tener autoridad moral.

Dupuis
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con la Sra. Díez González sobre la necesidad de tratar de convencer al Consejo, para que introduzca en los acuerdos con los países terceros una cláusula sobre la pena de muerte y su abolición. Pero, sin duda, habría que tratar de convencer también a los colegas del Grupo Socialista, para que sean enérgicos en este punto. Hasta ahora no ha sido así, y deseo, pues, mucho ánimo a la Sra. Díez González.
Dicho esto, pienso que la Sra. Frassoni y el Sr. Salafranca han planteado el fondo del problema. No tratamos aquí la cuestión de la pena de muerte. Nuestro Parlamento ha demostrado en muchas ocasiones que estaba convencido de la necesidad de instaurar esta moratoria universal. Se trata de una cuestión de política exterior y concretamente, una vez más, de la ausencia de política exterior de la Unión Europea.
Soy más radical que la Sra. Frassoni. No existe ambigüedad. El lunes el Consejo decidió retirar la moción que había presentado, con el pretexto de que recogía un artículo fundamental de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el martes aprobó textos que citaban nuevamente los artículos fundamentales de la misma. Es evidente que el problema reside, pues, en la ausencia de voluntad política, y podemos imaginar las razones de ello: presiones por grandes países, como la República Popular de China, los Estados Unidos y el Japón, los cuales han procurado que esta política que había decidido la Unión fuese literalmente traicionada a último momento. El problema central que se nos plantea, pues, en tanto que Parlamento, es el de la necesidad de una política europea de seguridad y de asuntos exteriores común.
Una de las cosas más importantes que deben pedirse es que se remita este expediente al Sr. Solana; dicho expediente no puede estar más en manos de Presidencias, que, como sabemos, cambian cada seis meses; necesitamos un interlocutor constante que pueda, bajo su autoridad, organizar los trabajos de las diferentes delegaciones de los Estados miembros en Nueva York, para que el año próximo tengamos una posición totalmente coherente. Ello nos evitaría esta posición realmente trágica, que, por otro lado, ha planteado dificultades a muchos países terceros amigos de la Unión Europea, empezando por Méjico, que se había comprometido enérgicamente en la defensa de una posición de transacción perfectamente aceptable. Por lo tanto, debemos modificar nuestra posición de hoy, para condenar enérgicamente al Consejo, y pedirle, con la misma energía, que confíe este expediente al Sr. Solana, exclusivamente.

Karamanou
Señor Presidente, por enésima vez nuestro Parlamento expresa su repulsa por el hecho de se mantenga a escala mundial el uso de métodos de castigo anacrónicos, antidemocráticos y de dudosa efectividad, y precisamente en países como los Estados Unidos, que últimamente enarbola como propia la bandera de la defensa de los derechos humanos. Y, sin embargo, en los Estados Unidos de América incluso niños menores de edad son ejecutados; y, además, los datos revelan que el sistema penal norteamericano funciona selectivamente en perjuicio de los grupos socioeconómicos más desfavorecidos, especialmente en perjuicio de los de piel oscura. Nos sorprende también la frecuencia con que se demuestra posteriormente la inocencia de ciudadanos condenados a muerte. Y mientras todo eso ocurre, la LIV Asamblea General de la ONU no aprobó la propuesta de resolución de la Presidencia finlandesa del Consejo de la Unión Europea que propugnaba la suspensión de las ejecuciones de penas de muerte.
Es obvio, señor Presidente, que la pena de muerte no tiene ningún lugar en las sociedades democráticas. Nadie, bajo ningún concepto, tiene derecho sobre la vida y la muerte de los demás. Por el contrario, la pena de muerte es el arma preferida por los regímenes totalitarios porque constituye un símbolo del poder del estado y de la humillación del individuo ante el poder estatal; y sabemos, además, que es usada para aniquilar a los adversarios.
Por ello, con el fundamento de nuestros valores europeos, y en nombre del respeto a los derechos humanos, lamamos a los gobiernos de todo los países con ejecuciones pendientes a que las revoquen inmediatamente y a que procedan a la abolición de la pena de muerte. Igualmente llamamos a los Estados Unidos a que permitan la revisión de los juicios del periodista Abu Jamal, en Pensilvania, de José Joaquín Martínez, en Florida, y de Robinson, de tal suerte que dispongan de la oportunidad de defenderse verdaderamente.
Finalmente, es necesario, tal y como han defendido otros colegas, que la Unión Europea y el Consejo impongan la abolición de la pena de muerte mediante una cláusula especial en los acuerdos políticos y económicos con terceros países. De manera inmediata hace falta impulsar una campaña mundial y una moratoria mundial de las ejecuciones, hasta la abolición definitiva de la pena de muerte en todo el planeta.

Laguiller
A falta de otra cosa mejor, votaré a favor de la resolución, por la que se pide una moratoria sobre la pena de muerte; pero considero que el hecho de no atreverse a adoptar una posición a favor de la abolición inmediata e incondicional de la pena de muerte constituye una abdicación ante la barbarie.
Entre los numerosos casos de condenas a muerte, en que la sentencia es tan injusta, como odiosa sería su ejecución, deseo llamar la atención sobre los estudiantes iraníes condenados a muerte por el papel que representaron en las manifestaciones del pasado mes de julio. Estas condenas se añaden a las condenas no menos innobles de los 13 judíos iraníes, por no recordar aquí los miles de víctimas de la represión.
Todos aquellos que se encuentran amenazados de pena de muerte por razones políticas, deberían ser puestos inmediatamente en libertad, como deben estarlo los numerosos estudiantes condenados a pena de prisión. Y si estas condenas demuestran de lo que es capaz el régimen de opresión y de terror de Irán, también demuestran lo que son y lo que valen algunos trusts, como Shell, por ejemplo, que acaba de celebrar un contrato por valor de 800 millones de dólares con el Gobierno iraní. Esto demuestra, además, el valor de las declaraciones sobre los derechos humanos de los jefes de Estado y de gobierno de Europa, que han recibido con gran pompa al Presidente de Irán, para que otros trusts puedan firmar contratos tan jugosos.
Finalmente, si bien me congratulo de que Mumia Abu-Jamal, víctima de las manipulaciones de una policía racista y corrompida, no haya sido ejecutado, considero que la lucha no está terminada y que tendremos que lograr su liberación.

Respeto de los serbios y otros grupos minoritarios en Kosovo

Malmström
Señor Presidente, lo que ha ocurrido en los últimos años en Kosovo es una gran tragedia. Desde esta Asamblea hemos condenado muchas veces las acometidas contra el pueblo albanokosovar. Sus sufrimientos son inconcebibles y ninguno de nosotros podrá comprender jamás su desdicha. La Unión Europea también tiene la deuda de no haber logrado detener a tiempo el loco avance de Milosevic tan cerca de nuestras fronteras. La UE tiene también un importante papel que desempeñar en el proceso de reconstrucción. Hay que respaldar a todas las fuerzas democráticas para facilitar la reconstrucción y para crear una sociedad civil y democrática que funcione como tal.
La violación colectiva que se ha perpetrado contra el pueblo albanokosovar no puede, sin embargo, justificar acciones tales como las que se han dado a conocer, acciones contra civiles pertenecientes a la minoría serbia y contra otras minorías. Si se quiere alcanzar alguna forma de normalidad, todas las partes comprometidas tienen que sentirse seguras para volver o para quedarse donde están. Esto vale tanto para la mayoría como para las minorías. Por esta razón deben cesar los condenables hostigamientos, y en algunos casos los asesinatos, contra los serbios, actos que no hacen avanzar el proceso de pacificación. También son inaceptables los abusos cometidos contra el personal de KFOR y quiero, en nombre de mi Grupo ELDR, condenarlos enérgicamente. También quisiera pedir a todas las partes que abandonen las armas y avancen por el largo y difícil camino de la paz, que terminen con los atropellos y que trabajen para alcanzar un futuro mejor y más luminoso en Kosovo, un futuro en el que esperamos que todos puedan vivir juntos.

Marset Campos
Señor Presidente, es un insulto a la conciencia y a la ética política europea que, tras una intervención militar de la OTAN y de la Unión Europea contra Yugoslavia, bajo la bandera de razones humanitarias, por la condenable limpieza étnica realizada por la Administración yugoslava entre los albaneses, en este momento estemos más o menos tranquilos y comprensivos ante una violencia contra los serbios, gitanos y otras minorías, causada esta vez por los albaneses, además con una proporción comparativamente superior.
Por ello, pensamos que si la Unión Europea no condena y pone remedio a esta criminal conducta, las conclusiones serían obvias: en primer lugar, la Unión Europea se convertiría en cómplice de las matanzas de serbios y gitanos organizadas por las bandas criminales y mafiosas del UCK; en segundo lugar, se demostraría que hay dos varas de medir en Occidente; y en tercer lugar, se diría que el objetivo de la intervención era destruir al pueblo serbio.

Sakellariou
Señor Presidente, señoras y señores, quien a principios de este año no pudo más con los asesinatos, las expulsiones, los saqueos y los pillajes que el ejército y la milicia serbios llevaron a cabo en Kosovo y en virtud de estas razones se pronunció a favor de una llamada intervención humanitaria, debe preguntarse ahora si la guerra -que desgraciadamente no iba dirigida contra los que cometieron los crímenes sino contra la población yugoslava-, la guerra que duró más de dos meses y medio y que costó varios miles de millones de euros, realmente dio el resultado que esperábamos.
¿Dejó de haber asesinatos, expulsiones, saqueos y pillajes en Kosovo? Desafortunadamente, no. Desafortunadamente, los crímenes continúan, sólo que con dos diferencias. En primer lugar, las víctimas de los actos criminales ya no son los kosovares de origen albanés, sino los serbios, los roma e incluso los bosnios. En segundo lugar, en Kosovo ya no está el ejército yugoslavo, sino nuestros ejércitos. Por una parte, y desde cualquier punto de vistas, están realizando un magnífico trabajo en los ámbitos de la reconstrucción, la protección de los ciudadanos y la reorganización, pero, de otro lado, están desesperados porque no logran proteger a la gente a la que deben y quieren proteger. ¿Quién tiene la culpa? Desafortunadamente, aquéllos por los que la comunidad internacional desató una guerra, la primera guerra, la que tenía fines humanitarios. El antiguo ELK -digo "antiguo" porque supuestamente ya no existe, porque supuestamente ha sido desarmado- considera que ha ganado una guerra y que, por tanto, puede arrogarse el derecho de cometer exactamente los mismos crímenes que quienes iniciaron esa guerra. ¡Es una auténtica vergüenza!
Hasta el momento la comunidad internacional no ha tomado cartas en el asunto. Prestaremos nuestro pleno apoyo al responsable de Naciones Unidas, el Sr. Kouchner, y sus antiguos colegas, cuando por fin comience a poner en marcha una administración en Kosovo en lugar de dejar este cometido en manos del falso e ilegítimo Gobierno del ELK, cuando las autoridades municipales y los ayuntamientos de los pueblos y de las ciudades dejen de ser gobernados por el ELK, cuando estas tareas y otras muchas que quedan por hacer en Kosovo sean llevadas a buen término, si no por otros kosovares, por otros agentes de Naciones Unidas.

Schroedter
Señor Presidente, señor Sakellariou, mis palabras enlazan directamente con su intervención. Yo también estuve allí en octubre. Puedo corroborar que la fuerza militar no ha podido solucionar los problemas. Al contrario, se confirma una vez más un viejo principio: la violencia atrae a la violencia. La comunidad internacional no tiene solución para el conflicto de Kosovo, que sigue existiendo. El conflicto continúa ahí, como antes. Desde el punto de vista internacional se dice: Kosovo forma parte del resto de Yugoslavia y vamos a crear una sociedad multiétnica. Pero la realidad en Kosovo es muy distinta. Todo el que vive ahí, todo el que trabaja ahí lo sabe, incluidas las autoridades de la UE.
Y en efecto, señor Sakellariou, lo puedo suscribir. El antiguo ELK se considera vencedor y, además, la ayuda internacional mayoritariamente económica aún refuerza esta sensación de haber alcanzado una victoria. Aunque todas las partes proclamen teóricamente la convivencia entre serbios, roma y albaneses, la situación real que se vive en Pristina es otra. Ya no se ve ni una letra cirílica. Todas han sido destruidas, puesto que allí ya no se puede hablar eslavo. Para todos los serbios que residen en Pristina ello significa que apenas pueden participar en la vida pública. ¡Así es Pristina, una ciudad llena de organizaciones internacionales! En Mítrovica la situación aún es peor. La ciudad está dividida, está totalmente separada, día tras día. Aquí todos los proyectos multiétnicos, también los de la UE, se han frustrado.
¿A qué se debe? Se debe simple y llanamente a que nos concentramos en la ayuda económica y nos olvidamos de las cosas fundamentales como el ejercicio de la tolerancia, el ejercicio de la democracia y el apoyo en el ámbito social. Pero para estos fines no hay dinero. El Sr. Kouchner sabe que la reconstrucción de Kosovo fracasará como consecuencia del problema de la protección de las minorías. Sin embargo, la UE no le presta el apoyo necesario para remediarlo.

Pack
Señor Presidente, estimados colegas, la situación en Kosovo está marcada por una gran inseguridad, por violencia y, en ocasiones, por asesinatos. En última instancia, y como ya se ha dicho, estas circunstancias nos desacreditan a todos nosotros. En muchos de los casos en que vengo prestando mi ayuda desde 1989, me siento defraudada personalmente. ¿Por qué intervinimos como comunidad internacional? Nos decidimos a ayudar a los albaneses porque se habían violado los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es por eso por lo que entramos en el conflicto y sigo pensando que hicimos lo propio.
A lo largo de los ocho años en que Kosovo vivió un régimen de apartheid los albaneses no le han hecho nada a nadie, ni a los serbios, ni a los roma, ni a los croatas, ni a los bosnios. Pero después han pasado por un infierno. Es algo que no podemos olvidar. Lo demuestran las nuevas fosas comunes que se van descubriendo cada día. Por eso, opino que la convivencia será muy difícil. Las heridas tardan mucho tiempo en curarse. Los que vivimos en el centro y el norte de Europa sabemos hasta qué punto eso es verdad. Así las cosas, creo que debemos fijar un objetivo que puedan cumplir, a saber la coexistencia in situ. Y en eso tenemos que ayudarles. También es importante que los dirigentes albaneses desaprueben abiertamente los actos violentos. Hemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar y condenar a sus autores.
Nosotros pretendíamos poner fin a la injusticia y ahora algunos de los que han recibido nuestra ayuda desmienten nuestras buenas intenciones y expulsan a su vez a las minorías. Es el caso de los roma, los serbios, los croatas y los bosnios, de todos los que hablan otro idioma. Tenemos que evitar que los oprimidos se conviertan en opresores. Por eso, es importante que suspendamos la ayuda a la reconstrucción en aquellos municipios en los que se registren casos de persecución para que cada uno de los ciudadanos de ese país se responsabilice de su propia conducta e impida que vuelvan a cometerse actos de este tipo. La Kfor no puede estar en todas partes, no puede estar con todos y, por lo tanto, es fundamental que todos los albaneses honrados -y son más numerosos de lo que pensamos- se sientan responsables al respecto.
Otro problema es que los dirigentes albaneses o los que creen serlo no son capaces de construir conjuntamente un futuro para este país, para su patria. Por eso, es importante que también hagamos un llamamiento a los supuestos líderes. En mi opinión, necesitamos urgentemente un gobierno provisional, mucho antes de que nos lo proporcione el Sr. Kouchner.
En segundo lugar nos hacen falta verdaderos responsables a escala local. Si no pueden ser albaneses o serbios ahí donde son mayoría, puede ser alguien de la comunidad internacional. Lo importante es que tengamos personas de contacto. Por otra parte, también es fundamental que expresemos nuestro aprecio hacia los municipios donde las cosas van bien asegurándoles que recibirán más ayuda que quienes no hacen nada.
Ahora bien, señoras y señores, es una tarea ardua y corresponde a la UNMIK llevarla a buen puerto. El problema es que esta cuestión se soluciona con mayor facilidad sobre el papel que en la realidad. No creo que baste con instaurar la democracia para conseguir todos estos objetivos. Obviamente, es lo que tenemos que hacer, pero ahora mismo es urgente que creemos puestos de trabajo, que creemos una infraestructura, que los jóvenes cambien los Kaláshnikov por herramientas de trabajo y hagan algo por su patria. Entonces estaremos en el buen camino. Sería deseable que a este respecto Kouchner también pudiera avanzar más de lo que lo está haciendo ahora, sea quien sea el que se lo impida.

Posselt
Señor Presidente, desafortunadamente, hasta ahora el presente debate ha sido incompleto puesto que nos hemos olvidado de hacer ejercicio de autocrítica. Durante mucho tiempo hemos ignorado la opresión que se está viviendo en Kosovo desde hace diez años. Hay algunas excepciones como Doris Pack y otros, pero la gran mayoría de los diputados no ha prestado atención a este asunto. Incluso tenemos la culpa, o al menos quienes adoptaron esa actitud, de que Rugova desapareciera de escena, puesto que a lo largo de estos diez años lo hemos dejado solo con su vía pacífica. No es de extrañar que en una situación de desesperación absoluta en la que cientos de miles de personas fueron desplazadas sistemáticamente por la violencia política -y ahí está la enorme diferencia con los actuales actos de venganza puntuales, aunque no por eso menos condenables-, Rugova haya perdido el control de las fuerzas.
No nos engañemos. Condenar a los demás es bueno, pero hacer ejercicio de autocrítica también lo es. Somos los primeros en haber fallado a este respecto. Debemos emitir una clara señal contra cualquier tipo de expulsión. Yo mismo procedo de una familia -inocente- que hace 50 años fue expulsada mediante decreto público. Cada expulsión es una expulsión excesiva y el siglo XX amenaza con entrar en la historia como el siglo del genocidio y de las expulsiones. Por tanto, tenemos el deber de poner fin a cualquier expulsión, también a las de Kosovo, y tenemos el deber de luchar porque la prohibición de las expulsiones y el derecho a la patria se conviertan en fundamentos del orden jurídico internacional a fin de evitar que este tipo de horrores se repitan.

Swoboda
Señor Presidente, señoras y señores, efectivamente, y ahí no puedo sino sumarme a las palabras de los oradores anteriores, corremos el enorme peligro de errar el blanco teniéndolo muy cerca. Corremos el peligro de no crear un Kosovo multiétnico, como estaba previsto, sino un Kosovo puramente étnico, es decir, un Kosovo puramente albanés. Señor Posselt, su crítica está plenamente justificada. Durante años la Sra. Pack, muchos otros colegas y yo mismo hemos advertido a esta Asamblea de lo que podría suceder si nos quedábamos con los brazos cruzados contribuyendo a la desaparición de Rugova.
Durante nuestra reciente estancia en Kosovo -la Presidenta de esta Asamblea y la Sra. Pack- hemos podido comprobar que ahí donde se ha impuesto la "pureza étnica" las cosas van más o menos bien. Pero ahí donde los grupos étnicos se encuentran se producen graves conflictos que, además, se hacen cada vez más virulentos. Es inaceptable que los serbios o los albaneses que deseen ir a un hospital corran el riesgo de sufrir más lesiones de las que ya tenían antes de entrar. A este respecto la comunidad internacional debe hablar claro. Es inadmisible que todo albanés que adopte una actitud liberal y abierta sea amenazado, como fueron amenazados los antiguos negociadores de la delegación de Rambouillet, sencillamente porque en su país defiende que los serbios, los roma, los sinti y los demás grupos étnicos también han de ser aceptados.
Todo ello tiene que ver asimismo con otro tema que ya se ha mencionado. Desafortunadamente, los políticos albaneses de Kosovo no llevan a cabo una política orientada hacia el futuro, sino que optan por un planteamiento parcial según el bando al que pertenezcan. En este sentido son muy significativas las siguientes palabras pronunciadas por uno de los negociadores de la delegación de Rambouillet: "Pregunten a un político albanés por una fecha anodina, por un suceso insignificante de la historia y le informará con todo lujo de detalles. Pregúntenle por su visión acerca de los sistemas de seguridad social del futuro. No encontrará a nadie que le pueda dar una respuesta a esta pregunta." Por todo ello, es importante -y quiero subrayarlo- que la UNMIK y Bernard Kouchner logren formar un gobierno cuanto antes. Lógicamente, este gobierno debe estar en contacto con la población. Ha de colaborar con ella. También debemos ser conscientes de quién se encarga de todo esto y debe quedar muy claro que se trata de las Naciones Unidas, que se juega su mandato y su autoridad, y naturalmente también la Unión Europea.
Debemos ayudar a la población albanesa a crear una sociedad multiétnica. Es la gran tarea que nos espera. La batalla por la libertad en Kosovo aún no ha sido ganada. ¡Queda mucho por hacer!

El Presidente
Veo que, afortunadamente, todos los Grupos políticos de esta Asamblea están plenamente de acuerdo sobre este tema. Eso también nos servirá.

Coûteaux
Señor Presidente, el Grupo Europa de las Naciones votará con tristeza a favor de la resolución común. Digo con tristeza, ya que hoy no hacemos más que constatar los resultados de nuestra constante hipocresía en la cuestión de Kosovo, por no decir nuestra ceguera e incluso nuestra cobardía. Hipocresía, ya que sabíamos muy bien que al elegir la guerra, en la primavera pasada, es decir, al dar la espalda al equilibrio, única condición para conseguir la paz entre las partes en conflicto, provocaríamos, indefectiblemente, los desencadenamientos de violencia sin fin a los que hoy asistimos.
Agrupando a la tierra entera para ayudar a una banda terrorista, el UCK, apoyado, por desgracia, durante largo tiempo por un país miembro, ya que durante años tuvo su sede en Francfort, hemos dado una firma en blanco al reino del terror. Nosotros sabíamos muy bien que nuestro activismo, por otra parte, nada tenía que ver con los derechos humanos, puesto que fomentaba el terror en cadena, hasta tal punto que ya no somos simples testigos, más o menos compasivos, de una nueva limpieza étnica: nosotros, europeos, y sobre todo la misión Kouchner, somos cómplices, por no decir -para colmo- los organizadores.
A la hipocresía se añade la ceguera, ya que hemos confundido, en efecto, las nociones de nación y de etnia, el principio nacional y el principio étnico. Una nación, como hay que recordar, es lo contrario de una etnia. Sentimos mucho tener que recordar estas evidencias; pero Europa ha perdido de vista hasta tal punto el principio nacional, que es necesario repetirlo sin cesar. Una nación es la superación de las etnias en un conjunto pluralista que borra la pertenencia original de la raza o de la sangre -o que, al menos, las relega al orden privado-, en beneficio de una construcción política, lo que en Francia hemos denominado desde hace dos siglos, y quizá desde hace mucho más de dos siglos, "República".
Destruyamos las naciones - que es en lo que habría podido convertirse, con el tiempo, el conjunto yugoslavo, sobre todo si Europa le hubiera abierto sus brazos antes -, destruyamos las naciones, y no obtendremos más que una explosión de etnias, por no decir de bandas, es decir, ajustes de cuenta y, finalmente, la guerra en Europa. Es así como, destruyendo las naciones, su basamento, su principio fundamental, su fuerza esencial, Europa está hoy destruyéndose a sí misma.
A la ceguera se añade, finalmente, la cobardía. Ya que los europeos sólo han iniciado esta guerra, como muy bien sabemos, por debilidad frente a los Estados Unidos, es decir, frente a un imperio con el que nadie puede competir en la superficie del planeta, y que se ha propuesto dividir Europa para reinar en todas partes como dueño y señor. Es uno de los objetivos de los Estados Unidos en esta cuestión, y los hemos apoyado por flaqueza y por cobardía.
Así, no podemos contemplar, Sra. Pack, más que las ruinas, que, por desgracia, son sólo los primeros resultados de una concepción federal de Europa, la cual, apoyándose en el basamento intrépido que es Serbia, que tan a menudo se ha distinguido en la Historia por su valentía, lleva lentamente a los pueblos de Europa al desorden, a la discordia y, lo repito, a la guerra.

Belder
Señor Presidente, hace poco el líder del ELK, el Ejército de Liberación de Kosovo, Hashim Thaçi, declaró: "Soy el Presidente de Kosovo. Las personas que apoyan mi Gobierno son bienvenidas en Kosovo, pero todos los que causan problemas deben abandonar la región."
Esta demostración de poder de todo punto inapropiada es absolutamente condenable. Se enmarca en la línea del odioso régimen opresor de Slobodan Milosevic. Esta línea política es incompatible con la pacificación, por no decir nada del proceso de renovación social, del legendario campo de batalla de Kosovo Polje y sus alrededores. En realidad, las palabras pronunciadas por Thaçi invitan a los miembros de la minoría serbia que aún residen en la zona a abandonar sus hogares. Y es más, en los últimos meses estas palabras han sido reforzadas por verdaderos actos de terror, cometidos por las víctimas de antes, por los albanokosovares.
A este respecto es muy significativo que el periodista albanés Veton Surroi criticara vehementemente esta actitud tachándola de "terror organizado y sistemático manifiestamente fascista". Una de las minorías que más han sufrido a consecuencia de este ambiente que recuerda claramente el de los pogromos es la de los roma. Quisiera insistir en que los roma kosovares requieren toda nuestra atención. No lo olviden, se trata de uno de los grupos de población que más tiempo llevan en el lugar. Y ahora deben pagar colectivamente por su presunta colaboración con el régimen de Milosevic, porque entre 1989 y 1999 Belgrado cedió a los roma kosovares los puestos de trabajo que no quería que ocuparan los albaneses kosovares.
Señor Presidente, es imprescindible que se lleve a cabo una investigación histórica pormenorizada e imparcial para averiguar hasta qué punto son fundadas las acusaciones de los albaneses con respecto a las atrocidades que los roma kosovares supuestamente han cometido contra sus conciudadanos albaneses. Pero si desde una perspectiva cristiana o ética en general hay una cosa clara es ésta: ¡bajo ningún concepto los crímenes justifican otros crímenes nuevos!
Pese a ello, desde la llegada a Kosovo de las Naciones Unidas y de la Kfor el pasado 12 de junio se han producido actos violentos. Y lo que es más, ya se cometieron en los campos de refugiados de Macedonia. La consecuencia no se hizo esperar: según las estimaciones, 20.000 roma huyeron de Kosovo. La mayoría de ellos se refugió en los campos de acogida de las vecinas repúblicas de Montenegro y Macedonia. Pero tengo entendido que dichos campos quedarán cerrados a final de año. De ser cierta esta información, ¿qué piensa hacer la UE por estos roma kosovares desplazados?
Quisiera formular otra pregunta acuciante en este mismo sentido. En Montenegro grandes grupos de roma kosovares caen en manos de redes de inmigración ilegal sin escrúpulos que los llevan en dirección a Italia. ¿Qué medidas puede adoptar la Unión Europea en estrecha colaboración con las autoridades montenegrinas para impedir estos hechos?
Por último, quisiera señalar que el semanario checo Tyden puntualizó en un reportaje sobre "El disimulado éxodo de los roma" de Kosovo que los roma no piensan mucho en su futuro. ¿Para qué? Si no tienen futuro, o mejor dicho, no tienen un futuro digno, ya que "están encerrados entre el terror albanés en Kosovo y la repulsión y la discriminación de otros países, con el agravante de que la ayuda humanitaria en la parte central de los Balcanes está llegando a su fin". Razones de más para que la comunidad internacional luche con todos los medios que estén a su alcance en favor de la protección de los roma que siguen en Kosovo.
Alexander Nikitin

Schroedter
Señor Presidente, el 23 de noviembre Alexander Nikitin vuelve a comparecer ante los tribunales. Le siguen citando para que responda ante el juez a propósito del supuesto caso de espionaje por el que fue acusado. Sin embargo, ya quedó demostrado hace tiempo que la información contenida en el Informe Bellona proviene de fuentes de acceso público. Gracias a los conocimientos profesionales de este hombre nos hemos dado cuenta del enorme peligro que nos está acechando desde las profundidades del Mar del Norte. Ha sido demasiado humano. En este asunto la UE asume una responsabilidad especial puesto que hasta la fecha ha utilizado el material elaborado por Alexander Nikitin. La dimensión nórdica acordada en Helsinki gira en esencia en torno al problema de la limpieza del Mar del Norte y la eliminación del peligro que puede suponer para todos nosotros. Por eso mismo, debemos ejercer más presión para que Alexander Nikitin quede por fin en libertad y se retiren los cargos formulados contra él, porque todos sabemos que el proceso reviste carácter meramente político. Además, también contraviene las leyes rusas, puesto que vuelve a imponerse la antigua nomenclatura.
En mi opinión, Alexander Nikitin ha dado pruebas de una profunda humanidad y un admirable sentido de la responsabilidad al facilitarnos este material. Por eso, es imprescindible que la misión de la UE en Moscú cuando menos examine este caso. Pero también es importante que intervengamos en el diálogo desde un punto de vista político, que se reconozca el carácter meramente político del proceso y que Alexander Nikitin sea puesto en libertad. ¡Alexander Nikitin merece la libertad y merece nuestra admiración!

Posselt
Señor Presidente, la Convención Europea de Derechos Humanos, que Rusia debe respetar al igual que los demás Estados miembros del Consejo de Europa, tiene por así decirlo su sede aquí en Estrasburgo. Al otro lado del río se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que se ha dirigido el Sr. Nikitin. Por todo ello, lo que está sucediendo en Rusia no puede considerarse asunto interno de un país lejano cualquiera, sino que es asunto interno de una institución europea que lleva en su corazón a los quince Estados miembros de la UE.
Así que tenemos el deber de apoyar al Sr. Nikitin y de luchar por su puesta en libertad para que, por fin, pueda llevar una vida digna propia de un Estado de derecho. En virtud del acuerdo de asociación y cooperación, que no sólo es vinculante para Rusia sino también para nosotros y que incluye una cláusula sobre los derechos humanos, nosotros como UE también estamos obligados a luchar intensamente por el Sr. Nikitin, por la mejora de sus condiciones de reclusión, por su puesta en libertad y, como ya se ha dicho, por un trato justo conforme al Estado de derecho. Sería una vergüenza que claudicáramos, tanto más cuanto que el Sr. Nikitin -y la Sra. Schroedter nos lo ha contado de una forma muy expresiva- ha actuado en favor de nuestros propios intereses. Es un tema que este Parlamento ya ha tratado en muchas ocasiones. El Sr. Nikitin ha salido en defensa del medio ambiente europeo. Ha salido en defensa del Estado de derecho aplicado a todo el continente. Creo que deberíamos galardonar al Sr. Nikitin con uno de los premios que concede el Parlamento Europeo. Por todo lo anterior, esta propuesta de resolución y el llamamiento en ella contenido merecen mi más fuerte apoyo.

Chichester
Señor Presidente, tomo la palabra en nombre de mi Grupo y también en nombre de mi colega Lord Bethell, que siente especial preocupación e interés por esta cuestión. El destino de Alexander Nikitin encaja perfectamente en un debate de actualidad y urgencia. El próximo martes aparecerá ante los tribunales en Rusia. Creo que es la sexta vez que aparece ante los tribunales. Está acusado de alta traición, acusación que es muy fuerte y extrema, y ¿saben ustedes por qué? Por mencionar una cuestión de interés público, una cuestión de interés ambiental para toda Europa. Con esa acusación es posible que se le condene a muerte. La pena de muerte es una sanción extrema, y este Parlamento y las instituciones europeas deben intervenir con la máxima firmeza ante Rusia para que vuelva a reconsiderar la cuestión, retire la acusación y respete nuestro llamamiento en favor de la liberación inmediata.
En el contexto del debate anterior sobre la supresión de la pena de muerte, creo que realmente procede que exijamos de las autoridades rusas que respeten nuestra opinión, que es la opinión de Europa, acerca de si el Sr. Nikitin debe ser objeto de una acusación y qué sanción se le debe imponer. Apoyo sin reservas los llamamientos en favor de que se libere inmediatamente al Sr. Nikitin y de que no se le declare culpable de los cargos.

Lamy
Responderé rápidamente a los tres puntos que han sido planteados: la pena de muerte, las minorías en Kosovo y el caso Nikitin.
En primer término, con respecto a la pena de muerte, desearía decir unas palabras no ya sobre el fondo de la cuestión, que Sus Señorías tratan en su proyecto de resolución, y que, evidentemente, cuenta con el acuerdo de la Comisión en cuanto a la posición adoptada sobre la pena de muerte - creo que esto no merece amplios comentarios; estamos de acuerdo en este punto -, sino sobre un punto concreto, que se ha mencionado durante la discusión, es decir, el asunto relativo al proyecto de resolución sobre la pena de muerte, que la Unión había presentado ante la 3ª comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se trata, en efecto, de una cuestión de política exterior. Mediante esta resolución, la Unión Europea proponía a la comunidad internacional que se comprometiera a establecer una moratoria sobre la pena de muerte. Para nosotros, la abolición de la pena de muerte es un elemento intrínseco de nuestra política en materia de derechos humanos, mientras que para muchos países dicha cuestión - esta es, al menos, su tesis - incumbe exclusivamente a los asuntos criminales.
Nosotros hemos retirado, en efecto, dicho proyecto de resolución, tras haberlo meditado detenidamente, y esta decisión se somete a la apreciación de ustedes. Hemos retirado dicho proyecto porque los debates en esta 3ª comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas tomaban, en nuestra opinión, mal cariz. Efectivamente, hemos considerado que algunas de las numerosas enmiendas presentadas por los países a los cuales nuestra posición plantea problemas son, en nuestra opinión, inaceptables, sobre todo la enmienda tendente a incorporar en esta resolución una referencia al apartado 7 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, en virtud del cual "ninguna disposición de la presente Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la competencia nacional de un Estado". Esta enmienda era, efectivamente, molesta, en el sentido de que trasladaba el debate a otro terreno, al terreno de la competencia nacional de un Estado. Para nosotros, la introducción, en la resolución, de una referencia específica al principio de la soberanía de los Estados habría implicado el riesgo de poner en entredicho los logros del sistema de las Naciones Unidas y, concretamente, de la Conferencia mundial de 1993, que disponía que "la promoción y la protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional".
Además, el hecho de aceptar esta enmienda hubiera podido tener efectos muy negativos en los trabajos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. Por lo tanto, no es para ceder no sé muy bien a qué presiones, como he oído, por lo que hemos preferido cerrar el debate de este modo, al menos de momento, sino para defender una posición de principio. No hay que ver, pues, en esta decisión ni la ausencia de una política exterior ni el hecho de que hayamos cedido frente a alguna presión, sino que se trata de una apreciación por la Unión del riesgo que existía - habida cuenta de las enmiendas propuestas - de encontrarnos, en nombre de este combate legítimo, y que nosotros compartimos, por debajo de aquellos que habíamos ganado antes. Esta es, pues, la explicación que quería dar.
Paso ahora al segundo asunto, señor Presidente, referente a los derechos de los serbios y de las otras minorías en Kosovo. Creo que la Comisión y, con ella, toda la Unión Europea ha hecho saber, claramente, desde el principio, que nosotros condenábamos todo tipo de violencia étnica, sin importar quien fuese su autor y su víctima. Hoy esta violencia contra las minorías serbias y gitanas es tan inaceptable como lo era cuando se ejercía contra los kosovares unos meses antes. Gracias a programas de asistencia en materia de democratización y de derechos humanos, la Comisión continúa ofreciendo su apoyo a medidas tendentes a restablecer la confianza y a favorecer el diálogo entre las diferentes comunidades. Nosotros ya estamos actuando de este modo, sin mucho éxito, desgraciadamente, desde antes del conflicto - y comparto, desde este punto de vista lo que muchos de ustedes han señalado sobre el hecho de que todos debemos hacer un examen de conciencia bastante profundo en esta cuestión -. Ahora, en otras circunstancias, tratamos, no obstante, pragmáticamente, de continuar actuando en función de estos objetivos, sobre todo cuando seleccionamos proyectos de ayuda y de asistencia.
Nosotros acordamos un pleno y total apoyo a los esfuerzos desplegados por KFOR, para mantener el orden y la legalidad en Kosovo y para proteger al conjunto de los ciudadanos. Igualmente, acordamos un pleno y total apoyo a los esfuerzos llevados a cabo por la MINUK, para crear una administración civil operacional, en condiciones de asumir las funciones de policía que actualmente están en manos de KFOR y para crear una sociedad multiétnica pacífica, capaz de hacerse cargo de la reconstrucción de Kosovo y del restablecimiento de su sociedad. La MINUK se ha dirigido a la Comisión, con miras a financiar el cuerpo de protección de Kosovo, y la semana próxima los Estados miembros tomarán una decisión sobre el programa que hemos sugerido en respuesta a esta petición. Aportamos asimismo nuestro apoyo, en forma de hermanamiento, a los esfuerzos aceptados por la MINUK en el plano de las administraciones locales. En este contexto, pedimos a todas las buenas voluntades de Kosovo y del exterior que ofrezcan igualmente su ayuda a estos objetivos, para ayudarnos a procurar que la MINUK y KFOR, por su parte, puedan lograrlos. Recuerdo, si es necesario, que nosotros nos oponemos a que Kosovo sea compartimentado. Kosovo debe transformarse en una sociedad multiétnica, sin distinciones ni discriminaciones basadas en motivos étnicos o de otra naturaleza.
Si se me permite que siga en inglés por motivos de conveniencia y sin infringir el Reglamento de este Parlamento, diré que la Comisión Europea ha estado siguiendo muy de cerca y con profunda inquietud el juicio de Alexander Nikitin. Representantes de Estados miembros de la Unión Europea asistieron a la vista del juicio en San Petersburgo en octubre de 1998 y estaban presentes cuando el Tribunal Supremo dictó su última decisión en febrero de 1999; en ella se remitía el caso a un tribunal de menor instancia para que siguiera estudiándolo.
En consonancia con declaraciones anteriores, la Comisión Europea ha dejado bien sentado que cualquier nuevo trámite judicial relacionado con la contribución hecha por el Sr. Nikitin al Informe Bellona debe estar en plena conformidad con los principios y las normas de aceptación internacional en materia de justicia y derechos humanos. Sé que los abogados del Sr. Nikitin han presentado una solicitud al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y estoy seguro de que las instituciones del Consejo de Europa se ocuparán debidamente de esa solicitud.
Por lo que se refiere a los procedimientos judiciales de un Estado soberano, la Comisión Europea seguirá vigilando para conseguir que el Sr. Nikitin sea objeto de un juicio imparcial y público basado en los principios del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y en la Constitución Rusa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Lamy.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas.

Ruanda/Burundi
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0267/99 de los Sres. Ries y Van den Bos, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos;
B5-0276/99 del Sr. Miranda y otros, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Alianza Libre Europea;
B5-0285/99 del Sr. Van den Berg, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos;
B5-0293/99 de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea;
B5-0294/99 de la Sra. Maes y otros, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea;
B5-0300/99 de los Sres. Van Hecke y Khanbhai, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos;
B5-0301/99 de los Sres. Van Hecke y Khanbhai, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Demócratas Europeos
sobre la situación en la región de los Grandes Lagos, con especial referencia a Ruanda y la situación en Burundi.

Ries
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, la reciente liberación de Jean Bosco Barayagwiza por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda ha escandalizado al Gobierno y a la población de Rwanda. Una ira perfectamente legítima: el acusado ha sido liberado por vicio de forma, cuando pesan sobre él cargos extremadamente graves, por genocidio. Más allá de este episodio, vivido como un traumatismo por los rwandeses, se trata de la cultura de la impunidad.
Debe quedar claramente establecido que todos aquellos que han cometido crímenes tan odiosos como el genocidio, crímenes contra la humanidad, o que hayan sido cómplices en estas materias, sean infatigablemente perseguidos. Para ello, las instituciones internacionales -de las que formamos parte- deben dotar a los tribunales internacionales con los medios adecuados para lograr cumplir su misión.
La Unión Europea, señor Lamy, ¿estaría dispuesta a representar un papel en este sentido, para evitar en el futuro este tipo de excesos, que son desastrosos para las poblaciones que desean la verdad y la justicia?
Por último -además, naturalmente, de prestar una atención muy especial al TPI para Rwanda-, a fin de que no se olvide este conflicto, que ya parece muy lejano, demasiado lejano para algunos, el papel de la Unión Europea consiste, en mi opinión, en estar presente junto al pueblo rwandés en esta ocasión. Un pueblo que hoy se encuentra verdaderamente traicionado por la liberación de Jean Bosco Barayagwiza, fundador, como recordarán, de la radio del odio, de la tristemente célebre radio de las Mil Colinas. Es comprensible la reacción de las autoridades de Kigali, pero les pido que reconsideren su cooperación con el TPI, que sigue siendo, a pesar de todo, el mejor instrumento para restablecer la justicia y, por tanto, la paz.
La justicia internacional debe necesariamente reconquistar el terreno perdido si desea garantizar su credibilidad, pero también debemos dotarla con los medios necesarios. Este es el coste de nuestro deber de rememoración frente a los rwandeses.

Van den Berg
Señor Presidente, estuvimos junto con unos colegas de los países ACP en Nassau como miembros del Parlamento Europeo y dos días antes fueron asesinados Saskia von Meyenfeldt, un colaborador de UNICEF y unos ciudadanos en el suroeste de Burundi. En aquel momento aprobamos una resolución general en la que solicitamos una investigación, en principio una investigación independiente, pero como uno de los representantes de Burundi puso reparos tuvimos que utilizar el término "investigación" sin más.
Ahora bien, en esa resolución nos referimos a una investigación independiente, lo cual nos permite expresar nuestro deseo de que las partes implicadas y, por tanto, el Gobierno de Burundi no se limiten a contar su versión de lo ocurrido sino que, aparte de eso, salgan a la superficie los hechos.
Agradeceríamos a la Comisión que animara a los embajadores de la UE presentes en la zona a recabar datos e informarnos correctamente.
En segundo lugar, quiero subrayar que se trata de un conflicto mucho más amplio, que desde 1993 se ha cobrado más de 200.000 vidas y que ya ha causado más de 800.000 desplazados. De vez en cuando conviene mencionar estas cifras porque a la luz de lo que sucede delante de nuestra puerta en Kosovo podemos llegar a olvidar que en una zona del África Central continúa habiendo un conflicto de estas dimensiones.
Por todo ello, es urgente que reforcemos en colaboración con las Naciones Unidas todos los contactos que tenemos como Comisión Europea para fomentar el desarrollo de un pacto de estabilidad. Debemos impulsar la atención y la energía políticas de todos aquellos que están trabajando en la zona para que el pacto de estabilidad se convierta en realidad.
Espero que desde Europa seamos capaces de demostrar que los derechos humanos constituyen un todo indivisible y que no sólo nos importan en el caso de Kosovo sino también cuando se trata de esta región del África Central. Espero que con ambas resoluciones demos un paso más en esa dirección.

Rod
Señor Presidente, Señorías, una vez más debemos referirnos a la situación en Rwanda. Ayer denunciábamos el genocidio y las violaciones de los derechos humanos. Hoy, efectivamente, no podemos menos que indignarnos por la liberación de Jean Bosco Barayagwiza, por supuestas razones técnicas, a pesar de ser uno de los actores más importantes de la incitación al genocidio. Esta liberación es, en realidad, bastante sintomática de la falta de voluntad para efectuar el balance del genocidio, y sobre todo de la voluntad de silenciar la implicación de los países europeos, en particular de Francia, cuya complicidad, al menos pasiva, ha puesto en evidencia una reciente investigación parlamentaria.
Señalemos asimismo que la situación rwandesa, por más preocupante que sea, afecta sobre todo a la estabilidad de los países vecinos, y la situación en el Congo es, desde este punto de vista, bastante dramática.
Hoy es necesario que el Parlamento Europeo reafirme claramente que, para garantizar la estabilidad de la región, es necesario crear las condiciones de una paz basada en la justicia y en la persecución de los responsables de violencias étnicas.
Por eso pedimos al TPI que revise su posición sobre la liberación del Sr. Barayagwiza, teniendo en cuenta la importancia de los cargos que pesan sobre él, en cuyo defecto se corre el riesgo de que las poblaciones de Rwanda puedan sentirse lesionadas y de que se reanuden, con mayor intensidad, los enfrentamientos étnicos. Además, pedimos al Gobierno rwandés que restablezca las relaciones con el TPI. Por eso es por lo que hay que acabar con la impunidad que reina en estos países.

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, me sumo a las palabras de los oradores anteriores al tiempo que quiero expresar mi indignación y mi decepción por nuestra propia actitud. Tienen que asesinar a un blanco para que volvamos a prestar atención a un conflicto en Burundi que ya se ha cobrado la vida de miles de personas. Asimismo quiero referirme a los campos que en mi idioma reciben el nombre de campos de reagrupación. En un lenguaje normal se llamarían campos de concentración. Sería la traducción correcta. En estos campos las personas son agrupadas según la etnia a la que pertenecen para facilitar su paulatino genocidio. Por todo ello, ruego encarecidamente que la Unión Europea se tome muy en serio la situación en Ruanda, Burundi y el Congo. Esta semana he escuchado al asesor del Consejo, el Alto Representante para la PESC, y espero que algún día seamos capaces de ayudar a los demás a implantar la estabilidad que deseamos para nosotros mismos.

Khanbhai
Señor Presidente, Sr. Comisario, colegas, he trabajado en Ruanda y conozco el país desde 1984, he nacido en Tanzanía y he vivido en el país muchos años, y hablo el principal idioma africano de la región de los Grandes Lagos de África. Creo que puedo decir, por lo tanto, que hablo de esta cuestión con experiencia y con conocimiento de causa.
Sea donde fuere, el genocidio es un acto infame que hay que condenar sin reservas. El que sea responsable del genocidio tiene que ser procesado y la justicia tiene que seguir su curso. No puede haber inmunidad de ningún tipo para alguien acusado de genocidio. El Tribunal Penal Internacional de Arusha tiene que desempeñar su cometido con eficiencia, y es de esperar que los que se ocupan de esta cuestión adoptarán medidas para que el desenlace del proceso sea rápido y justo.
Hasta ahora sólo se han desarrollado y completado cuatro juicios en cinco años, y este retraso ha permitido que algunas personas que habían cometido genocidio quedaran en libertad por pura formalidad. Eso es inaceptable. Tenemos que evaluar la labor del tribunal para poder determinar sus fallos, a fin de que podamos proporcionar asistencia adecuada para conseguir que se sigan normas de justicia apropiadas sin desperdicio de tiempo ni de recursos. Las víctimas inocentes del genocidio y de los conflictos no pueden esperar eternamente para poder reconstruir su vida y vivir en paz en sus propios poblados y en sus propios hogares.
La presente resolución, que todos los grupos políticos de este Parlamento han aprobado, expresa claramente nuestras inquietudes, nuestras esperanzas y nuestras expectativas. Incumbe ahora al Gobierno de Ruanda y a los gobiernos de los países vecinos adoptar medidas firmes para instituir una paz verdadera en la zona. Tienen que cooperar sin reservas con el Enviado Especial de la Unión Europea, con la Unión Europea, con las Naciones Unidas, con la Organización de la Unidad Africana y con todas las agencias de ayuda humanitaria para hacer todo lo que sea necesario a fin de llevar paz y estabilidad a Ruanda y a la región de los Grandes Lagos de África en general.

Van Hecke
Señor Presidente, Burundi, ya se ha dicho, está al borde de una nueva catástrofe. Ataques de rebeldes, limpiezas étnicas por parte del ejército, cientos de miles de refugiados presa del hambre y de la enfermedad y una economía totalmente destrozada. Incluso hay quien pretende que la situación es comparable con la de Ruanda antes del genocidio de 1994.
Pero una vez más Europa se queda con los brazos cruzados. Como los Estados miembros no logran ponerse de acuerdo sobre cómo deben enfocar la crisis en la región de los Grandes Lagos, dejamos a Burundi en manos de países africanos de los que algunos son ellos mismos parte implicada. Vinculamos nuestra ayuda al proceso de paz de Arusha en el que Tanzania hace de mediador al tiempo que dejamos que los rebeldes lancen ataques a Burundi desde ese país. Por principio nos negamos a colaborar con el Gobierno a pesar de que haya obtenido el apoyo del Parlamento.
Me temo que de este modo les hacemos el juego a los extremistas, tanto del lado de los rebeldes como del lado del ejército. ¿Realmente queremos que los movimientos extremistas hutus tomen el poder en Burundi y perpetren un nuevo genocidio de la minoría? ¿O preferimos que se produzca un nuevo golpe de Estado y que los extremistas tutsis del ejército inicien una nueva limpieza étnica? Si no queremos ni una cosa ni otra, debemos apoyar de lleno el proceso de paz de Burundi. Sentemos en la mesa a las fuerzas moderadas y aislemos a los extremistas. Prestemos nuestro apoyo incondicional a la población y reactivemos la economía. Va siendo hora de que tomemos en serio el problema de Burundi. De todos modos, más adelante no podremos decir: no lo sabíamos..

Berend
Señor Presidente, de entre los múltiples problemas que sufren Ruanda y Burundi quisiera referirme en nombre de mi Grupo político al más reciente, es decir, a lo que sucedió el pasado 6 de noviembre, hace pocos días, cuando el Gobierno de Ruanda suspendió la colaboración con el Tribunal Internacional de Arusha.
Estábamos un poco orgullosos de haber contribuido con nuestra ayuda -aunque queda por ver si ha llegado a su destino- a la creación de este Tribunal que debía esclarecer los crímenes contra la humanidad y castigar a sus autores. Es comprensible que el Gobierno de Ruanda reaccione ante lo ocurrido, pero ha tomado una decisión totalmente errónea, la de romper la colaboración con el Tribunal. Nos resulta inconcebible que este -y me expreso con mucha cautela- presunto arquitecto del genocidio, Barayagwiza, sea puesto en libertad por cuestiones de procedimiento -un término que se deshace en la boca- y no tenga que comparecer ante el juez. Al fin y al cabo, fue el dirigente político del Ministerio de Asuntos Exteriores de un régimen responsable de la muerte de 800.000 personas, o mejor dicho, del degüello de 800.000 personas. Antes, este hombre al que acaban de liberar fue un alto cargo de la radio pública, justo en la época en que la radio incitó e instigó al odio racial.
Nuestro Grupo político pretende hacer un doble llamamiento. Por una parte, insta al Gobierno de Ruanda a que se retracte de su decisión y, por otra, pedimos al Tribunal que revise su resolución. Bajo ningún concepto el Tribunal puede alegar que a raíz de la absolución ya no son admisibles nuevas denuncias a este mismo respecto. No puede haber inmunidad para demandas de este tipo.

Lamy
. (FR) Señor Presidente, responderé refiriéndome en primer lugar a Rwanda y a continuación a Burundi.
Con respecto a Rwanda, la Comisión comparte las preocupaciones que se han manifestado sobre la eficacia de la justicia, y utilizo esta palabra diplomática para juzgar a los autores de los genocidios. No es posible ninguna reconciliación nacional sin un verdadero tratamiento judicial de esta cuestión, y esto atañe tanto a la justicia nacional rwandesa como al Tribunal Penal Internacional para Rwanda.
Para responder a la Sra. Ries, en relación con la justicia nacional rwandesa, debo señalar que la Comisión ha canalizado sus intervenciones a través del apoyo institucional a los ministerios, a fin de fortalecer el derecho de defensa y de las partes civiles, en el marco de la mejora de las condiciones de vida en las cárceles y del apoyo a los supervivientes del genocidio, así como en el marco de la observancia de los derechos humanos. Sin embargo, 130.000 detenidos permanecen aún en prisión, acusados de crímenes relacionados con el genocidio, y esperan ser juzgados.
El Gobierno rwandés busca fórmulas alternativas que no den lugar a la impunidad y que vayan en el sentido de nuestros deseos. El mismo trabaja en la definición de un sistema de tribunales de arbitraje en la línea de la práctica tradicional, en que los tribunales son constituidos por ciudadanos elegidos en los diferentes niveles de la administración local, y que juzgarán, en principio, tres categorías de acusados: los asesinos comunes, por un lado, los acusados de golpear y herir sin ocasionar la muerte, por otro, y, finalmente, los saqueadores, de tal modo que los instigadores y los ideólogos del genocidio y de las matanzas sean efectivamente juzgados por tribunales ordinarios, que se trata, en cierto modo, de organizar para hacer frente a esta tarea.
La Comisión está considerando, con los demás proveedores de fondos, la oportunidad y los procedimientos para contribuir a la instauración de este sistema, en el marco de nuestra cooperación. La Comisión ha acordado financiaciones para el Tribunal Penal Internacional, a partir de su creación, que hoy se elevan a un millón y medio de euros. La Comisión va a lanzar una evaluación de los programas en favor de los derechos humanos en los países en desarrollo. Se prestará una atención especial a los países y a los proyectos que hemos apoyado, como el que acabo de citar. Esta evaluación incluirá el apoyo al Tribunal Penal Internacional, y sus conclusiones nos permitirían identificar, en su caso, un nuevo apoyo, según procedimientos que apreciaremos a la vista de esta investigación.
Con respecto a Burundi, nosotros también estamos extremadamente preocupados por la situación de violencia creciente en este país. ¿Qué hacemos para responder a ello? Sé y valoro que siempre es irrisorio dar cifras de ayuda, frente a tantas desgracias. Creo, sin embargo, que son las únicas verdaderas señales que podemos darles de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las preocupaciones que ustedes manifiestan. La verdadera crítica que pueden hacernos, la crítica que duele, es la de ser pasivos en este tipo de situación. Creo que, en esta circunstancia, no lo somos. Desearía darles algunos ejemplos.
Hemos apoyado el proceso de paz mediante la financiación de las negociaciones que tienen lugar en Arusha, con una contribución de dos millones de euros, que, de lejos, es la más importante, y que debería bastar, junto con otras financiaciones exteriores, para que las negociaciones lleguen a un resultado. Es cierto que el fallecimiento de la persona que ha facilitado las mismas, el ex presidente Nyerere, representa una dificultad que se añade a la complejidad del propio proceso. Nosotros pensamos que es esencial que tanto las conversaciones como la búsqueda de un nuevo apoyo avancen en paralelo.
La intensificación de los enfrentamientos, estos últimos meses, ha provocado un desplazamiento de cientos de miles de personas, que como se ha recordado en el debate, el gobierno ha debido instalar en campos, desde el pasado mes de julio. Nosotros hemos intervenido inmediatamente, a título de la ayuda humanitaria, con un importe de más de un millón de euros, en tres operaciones sucesivas, y estamos dispuestos a continuar interviniendo para responder a las necesidades más urgentes del próximo año. La contribución total de ECHO a Burundi ha alcanzado este año una decena de millones de euros. En una reunión mantenida en Nueva York a principios de este año, los proveedores de fondos de Burundi decidieron contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y orientar su apoyo al reasentamiento de las poblaciones desplazadas.
En el marco de estas tomas de posición, la Comisión ha aprobado un programa de rehabilitación de casi 50 millones de euros, que podrá aplicarse en función de las condiciones de seguridad de este país. Nosotros consideramos que la reanudación completa de la cooperación guarda relación con los resultados del proceso de paz, así como con la instauración de un marco político y constitucional que conduzca, finalmente, a la democratización. Esto es lo que quería indicarles como respuesta, señor Presidente.

El Presidente
Muchas gracias, señor Lamy.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas.

Pakistán
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las siguientes propuestas de resolución:
B5-0269/99 de los Sres. Van den Bos y Thors, en nombre del Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos;
B5-0277/99 de los Sres. Vinci y Brie, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Alianza Libre Europea;
B5-0278/99 del Sr. Thomas Mann, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y los Demócratas Europeos;
B5-0286/99 del Sr. Schori, en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos;
B5-0296/99 de los Sres. Lambert y Lucas, en nombre del Grupo los Verdes/Alianza Libre Europea
sobre la declaración del estado de emergencia en Pakistán.

Duff
Esta resolución expone las preocupaciones que tiene que compartir la comunidad mundial acerca de la degradación de la estabilidad en Pakistán y territorios vecinos. Es evidente que tenemos razón si lamentamos el golpe de Estado militar, pero creo que hay que reconocer que el nuevo régimen militar tiene hasta ahora una gran popularidad en Pakistán. Es evidente que Pakistán espera que el General Musharraf consiga poner término a la actividad de una larga serie de facciones corrompidas e intolerantes. Los regímenes de Sharif y de Bhutto han gobernado mal al país durante muchos años. No cabe duda de que los militares se están enfrentando firmemente con los fraudes financieros que existen en enorme escala.
Esta propuesta de resolución se equivoca al mencionar la necesidad de que se vuelva a instituir o implantar la democracia: más bien debería hacer un llamamiento en favor del progreso hacia la democracia, y proponer un programa práctico para la Unión Europea que facilite ese progreso. La lucha contra la corrupción es un primer paso fundamental.
Confío en que la Presidencia portuguesa se sirva de sus aptitudes y su experiencia renombradas para exponer la opinión de la Unión Europea acerca de los problemas con que se enfrenta Pakistán, y me agradaría saber el parecer del Sr. Lamy sobre el estado actual del Acuerdo de Cooperación.

Mann, Thomas
Señor Presidente, el Grupo PPE/DE condenó tajantemente el golpe militar que se produjo en Pakistán el pasado mes de octubre inmediatamente después de la jubilación forzosa del jefe del ejército, Musharraf. La Constitución quedó derogada. El Parlamento federal y los Parlamentos provinciales fueron disueltos provisionalmente. Aun cuando la absorción del poder público por parte de los militares apenas suscitó protestas entre la población, no hay alternativa posible para una democracia basada en libres elecciones que funcione bien. El intento de demostrar que el actual primer ministro, Sharif, participa en una conspiración criminal y ha creado un sistema de nepotismo no puede convertirse en un simulacro de proceso. Todo procedimiento judicial debe desarrollarse correctamente y debe ser transparente y público.
En la entrevista que celebró el pasado 2 de noviembre con el representante de la UE, Walter Sari, Musharraf se negó a acordar un calendario para el restablecimiento de la democracia. Por tanto, no hay razón alguna por la que la UE debiera mostrarse dispuesta a adoptar la actitud de otros países que esperan el anunciado programa de estabilidad con grandes expectativas. Es cierto que los puntos de partida son esperanzadores: creación de un clima más propicio a las inversiones, ventajas fiscales, racionalización de la burocracia, imposibilidad de enriquecimiento personal de los responsables. Los bancos públicos deben abandonar la costumbre de conceder créditos a los funcionarios sin límite alguno. La nueva ley contra la corrupción es más estricta al respecto y, por tanto, supone un paso en la buena dirección.
Pero para recuperar la confianza y poner fin a la fuga de capitales es necesario que se restaure la democracia y que se respeten los derechos humanos. Las inversiones internacionales deben quedar aplazadas hasta que el FMI acepte a Pakistán como socio de pleno derecho. Instamos al Gobierno militar a que vuelva a la constitucionalidad. De la política debe hacerse cargo un gobierno civil legitimado. Mientras Pakistán no reúna todas las condiciones necesarias para las urgentes e imprescindibles reformas económicas, sociales y humanas no podrá recuperar su calidad de miembro de la Commonwealth ni podrá beneficiarse del acuerdo de cooperación con la Unión Europea.

Sakellariou
Señor Presidente, señoras y señores, mis colegas ya han abordado el tema del golpe militar. Quisiera insistir una vez más en algo que han subrayado el Sr. Duff y el Sr. Mann. Durante décadas, diversos gobiernos, elegidos pero corruptos hasta la médula -el último fue el del Sr. Nawaz Sharif- han permitido que en Pakistán la violación de los derechos humanos, el trabajo en condiciones infrahumanas, la catástrofe social y una deuda exterior incontrolable estén a la orden del día y hayan destruido el país.
Estos mismos gobiernos han prestado su apoyo al régimen fundamentalista de los asesinos talibanes en Afganistán y constituyen un permanente e inmenso peligro para la paz en la región, puesto que apoyan y alientan las actividades terroristas llevadas a cabo contra sus vecinos indios en la región fronteriza de Kashmir. Pero a pesar de ello, la incompetencia y la corrupción de un gobierno electo no nos pueden llevar a considerar el golpe militar como una posible alternativa. El golpe militar en Pakistán merece una condena inequívoca y tajante. Pedimos a los dirigentes que restauren el Estado de derecho y el orden constitucional y que mediante la instauración de un gobierno civil de transición y de acuerdo con un calendario previamente establecido celebren elecciones y restablezcan la legitimidad parlamentaria.
Son éstas las condiciones que han de darse antes de que el Consejo firme el acuerdo de cooperación con Pakistán que de momento ha quedado suspendido. La UE en su conjunto debe adoptar una actitud categórica hacia Pakistán que deje claro que para nosotros los principios democráticos no pueden ser objeto de transacciones ni de compromisos y que disuada a los futuros aspirantes a dirigentes de emprender acciones tan sumamente deplorables.

Lambert
Como muchos de mis colegas, también yo sentía curiosidad por saber cómo muchas personas de origen y formación pakistaní iban a reaccionar ante este golpe de Estado, personas que participan en la política democrática y que se interesan por que haya buena práctica democrática. He de decir que no estaban consternadas. Su reacción da más peso a nuestra opinión de que en el anterior régimen había muchas cosas malas, por ejemplo la falta de protección de los derechos de las minorías religiosas y el abuso cada vez mayor de la Ley de blasfemia que se promulgó tras el golpe de Estado militar de 1958. Durante el régimen anterior vimos también que se trataba cada vez peor a los derechos humanos, por ejemplo en el caso de pueblos como los Sindhi. Vamos a fijarnos en lo que sucede a los presos políticos de este régimen, para ver si así podemos adivinar sus intenciones.
También me preocupan los informes según los cuales los militares estaban motivados por el sentimiento de que el Gobierno de Sharif no hacía lo suficiente para proteger y mantener la Federación de Pakistán. Esto me inquieta sobremanera, especialmente cuando pienso en el desarrollo de la capacidad nuclear del país. Creemos también que el desarrollo del juicio del antiguo primer ministro nos dará una clara indicación acerca de las intenciones de los militares: ¿quieren volver a introducir un buen gobierno democrático en Pakistán o prefieren no hacerlo?

Lamy
. (FR) Señor Presidente; la situación sobre Pakistán, como ustedes saben, ha sido discutida en el Consejo "Asuntos Generales" del 15 de noviembre pasado. La Unión -creo que es evidente para todos- está muy preocupada por este golpe de Estado y desea fervientemente un retorno rápido a la democracia. El Consejo espera que las garantías que ha dado la administración provisional, como se denomina, sobre el respeto de los derechos humanos y de las libertades civiles sean respetadas sin condición alguna y que todo cargo de acusación contra el Primer ministro destituido, el Sr. Nawaz Sharif, sea perseguido dentro del respeto de la legalidad ante un tribunal civil y público.
En cuanto a los puntos específicos que ustedes han planteado en las resoluciones relativas a los programas y a los proyectos de ayuda al desarrollo a Pakistán presentados por la Comisión, conviene subrayar que éstos afectan casi exclusivamente a las capas más pobres y más desfavorecidas de la población. Muchos de estos proyectos se aplican a través de ONG y tienden a mejorar el alcance y la calidad de los servicios del sector social, particularmente en los ámbitos de la enseñanza primaria y de la atención sanitaria.
Actualmente, el conjunto de financiaciones destinadas a los proyectos de la Comunidad representa unos 180 millones de euros, y la Comisión propone seguir aplicando estos proyectos. Nosotros consideramos, en efecto, que la suspensión de la ayuda a los grupos desfavorecidos constituiría para éstos una sanción inoportuna. Somos absolutamente conscientes de la situación deplorable en la que se encuentran muchos niños, y especialmente las niñas, en Pakistán; pero pensamos que la manera más eficaz de mejorar esta situación es contribuyendo a garantizar una enseñanza primaria universal de calidad y asequible. Nosotros participamos asimismo, junto con la Organización Internacional del Trabajo, en un proyecto sobre la readaptación de los niños empleados en trabajos peligrosos en Pakistán.
Los trabajos relativos a nuevos proyectos que serán financiados en el marco del presupuesto del próximo año están actualmente suspendidos, en espera de la evolución de la evaluación de la nueva situación en dicho país. Reconocemos la necesidad de ayudar a las ONG y a las asociaciones de la sociedad civil, para fortalecer las instituciones democráticas del país, y como, sin duda, sabrán, la capacidad de absorción y la importancia de numerosas ONG en este ámbito, en Pakistán, son, desgraciadamente, limitadas. Así pues, hemos tomado contacto con varias ONG y asociaciones, pero consideramos que debemos procurar no recargarlas de fondos y asistencia, que luego no podrían gestionar eficazmente.
Para responder concretamente a la pregunta del Sr. Duff, la Unión, tras el golpe de Estado, ha anulado la firma del nuevo acuerdo de cooperación entre la Comunidad y Pakistán, y hemos suspendido nuestro diálogo político, para enviar, lisa y llanamente, a los nuevos amos de Pakistán, un mensaje sobre nuestras preocupaciones respecto al golpe de Estado y a sus consecuencias.
De este modo, creo haber respondido con precisión a su pregunta, señor Duff.

El Presidente
Muchas gracias, señor Lamy.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 17.30 horas.
(La sesión interrumpida a las 17.20 horas, se reanuda a las 17.30 horas.)

El Presidente
A continuación vamos a votar sobre las cuestiones de actualidad y urgencia de mayor importancia.

VOTACIONES (continuación)
Posselt
 Solamente quería decirles que en principio era partidario de esta resolución, como es lógico, pero a mi modo de ver se ha iniciado un juego muy peligroso que consiste en utilizar sistemáticamente las resoluciones para abrir un debate ideológico sobre la carta de derechos fundamentales. Nos deberíamos tomar muy en serio esta carta y, por eso mismo, tenemos que prepararla unánimemente en esta Asamblea obteniendo una mayoría amplia, casi constitucional, en lugar de guiarnos por fragmentos sueltos de las resoluciones. En mi opinión, la carta de derechos fundamentales requiere un debate a fondo. Creo, además, que el derecho de los niños no puede desvincularse del derecho de los padres, de los derechos de la familia y del derecho de educación de los padres en la familia. Son aspectos fundamentales que deben tratarse detenidamente, no de pasada con motivo de alguna frase suelta.

Caudron
. (FR) Al disponernos a votar esta resolución sobre los derechos del niño, deseo transmitirles la importancia que atribuyo a este acto.
Esta votación nada tiene que ver con las demás votaciones en las que he participado durante esta sesión. Esta votación me vuelve a hacer pensar en las razones que me han llevado a hacer política y que se resumen a lo siguiente: ¡mejorar todo lo que se pueda la vida diaria de los seres humanos! Esto puede parecer presuntuoso, habida cuenta de la amplitud de la tarea, pero es mi convicción profunda.
Y aun cuando esta votación no cambiará radicalmente la situación dramática que viven miles de niños, aquí o en otras partes, ¡la misma demostrará la voluntad política de nuestro Parlamento Europeo de hacer avanzar las cosas!
El hecho de decir que es intolerable que haya niños obligados a trabajar en lugar de ir a la escuela, que no puedan comer lo suficiente, que los niños sean vendidos como mercancías, que sean víctimas de violencia física o moral por parte de los adultos, ¡es ya un gran paso que, naturalmente, debe traducirse en nuestros actos políticos y en nuestra vida diaria! ¡Seamos, hombres y mujeres, políticos responsables!
¡La convención, cuyo aniversario celebramos hoy, ha permitido avanzar mucho desde el momento en que convierte al niño en el centro de los debates! Los niños son seres humanos, son sujetos de derecho. ¡Debemos respetarlos, protegerlos, educarlos, amarlos!

Foster
. (EN) La Convención sobre los Derechos del Niño es la convención de derecho internacional que más éxito ha tenido, y la han firmado todos los países del mundo excepto Somalia y los Estados Unidos de América. La finalidad de la Convención explica su éxito internacional sin precedentes: se trata de la adopción de medidas de derecho internacional para proteger los derechos de los ciudadanos del mundo más inocentes y más vulnerables.
El proyecto de resolución sobre el cual hemos votado hoy tiene por finalidad conseguir que los elementos que se enuncian en la Convención queden protegidos por otras bases jurídicas y en otros marcos jurídicos. Con ello queremos conseguir que los silenciosos tengan voz, y que haya protección para los que no pueden protegerse a sí mismos. Los niños tienen que estar protegidos por los que llevan en su corazón el interés de los niños.
Por todo lo antedicho es importante que destaquemos el papel de la familia en la protección de los niños, especialmente el papel de los progenitores. El Estado, en sus intentos por facilitar una base jurídica para la protección y el trato de los niños, tiene que aceptar el derecho preeminente de los progenitores por lo que se refiere a la protección, la crianza y la salvaguardia de sus hijos. Tenemos que conseguir que la familia, según se dice en la Convención sobre los Derechos del Niño, reciba "la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad" .

Sacrédeus
. (EN) La promoción de los derechos del niño es una cuestión que nos interesa sinceramente a todos los aquí presentes. Es un gran privilegio y al mismo tiempo una grave responsabilidad esforzarse por crear normas legislativas e instrumentos jurídicos para la protección de los niños. Lo que hagamos para proteger a los niños debe simultanearse con la adopción de medidas encaminadas a promover la familia y a protegerla. Una firme unidad familiar es esencial para la protección del niño. El preámbulo de la Convención declara que el niño "para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia" . En los artículos 5, 7, 9, 14 y otros se enuncian las responsabilidades y los derechos de los progenitores en relación con la crianza de sus hijos. Es absolutamente esencial que los derechos de los progenitores se enuncien y se defiendan para proteger todos los derechos de los niños.

Scallon
. (EN) Me alegra sobremanera que la labor de este Parlamento se centre hoy en los derechos del niño. El niño, que es el miembro de la sociedad más vulnerable y más indefenso, requiere derechos especiales y una protección especial. Considero como un privilegio el formar parte de un proceso que puede empezar a lograr la prestación de esa protección.
La familia, como reconocieron los autores de la Convención sobre los Derechos del Niño, es fundamental para proteger y promover los derechos del niño. En el seno de la familia es donde los niños aprenden los valores de la "paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad" (Preámbulo), así como las aptitudes necesarias para llevar a la práctica esos valores en la sociedad durante toda su vida.
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce que los progenitores son responsables de proporcionar el debido cuidado y la debida atención a sus hijos, así como el derecho de los hijos a recibir ese cuidado, esa orientación y ese amor. Me colma de alegría poder apoyar la propuesta de resolución que tenemos hoy ante nosotros, que tiende a conseguir que esos derechos se reconozcan: los derechos de los progenitores a criar sus hijos, y los derechos de los hijos a esa protección y a ese apoyo.
Chechenia

Ortuondo Larrea
Señor Presidente, los parlamentarios que representamos a las naciones sin Estado europeas denunciamos enérgicamente la nueva agresión que en este fin de siglo está cometiendo el ejército ruso de forma abusiva contra el pequeño pueblo de Chechenia. Rusia está produciendo destrucción, muerte de civiles -incluidos ancianos, mujeres y niños-, así como un éxodo que supera al de Kosovo. Todo ello porque un nuevo Rasputín quiere ganar popularidad en Rusia y hacerse con el poder como nuevo presidente, no importándole para ello poner en grave peligro la democracia, el Estado de Derecho y las reformas económicas en la Federación de Rusia. No lo podemos aceptar y, por lo tanto, lo condenamos sin paliativos.

Schroedter
Señor Presidente, esta resolución sobre Chechenia es la más categórica de todas las que ha habido hasta ahora a nivel internacional y eso es algo que honra a esta Asamblea. En la primera guerra nuestra contribución también fue decisiva para el restablecimiento de la paz. No obstante, lamento profundamente que nuestra enmienda, en la que expresamos nuestro deseo de suspender temporalmente en el marco de esta guerra el acuerdo de asociación y cooperación en virtud de la cláusula sobre los derechos humanos que lleva incluida, no haya merecido el apoyo de esta Asamblea. A mi parecer, hacen falta medidas mucho más contundentes que las que se contemplan en la resolución para imponer un armisticio e impedir de una vez por todas que se sigan lanzando bombas sobre la población civil y que, por si eso fuera poco, se siga manteniendo que se trata de un asunto interno.
Considero fundamental que en la reunión de hoy de la OSCE -ahora mismo este tema también se está comentando en Estambul- se abra alguna perspectiva que pueda poner en marcha negociaciones de paz. Pues está claro que el problema del Cáucaso no puede ser solucionado de la forma en que lo quieren solucionar los rusos. Por eso mismo, me parece muy importante que no nos quedemos con los brazos cruzados, que la Comisión haga suyo este llamamiento y amenace con medidas categóricas, como por ejemplo la congelación de los nuevos acuerdos TACIS, y que los papeles lleguen a las oficinas de los funcionarios rusos, de modo que no seamos nosotros los únicos en tener todo esto por escrito. Es un punto muy importante en el que quiero insistir una vez más en nombre de mi Grupo político. En nuestra opinión, la resolución se queda corta, pero ojalá constituya un primer paso hacia el restablecimiento de la paz en la región.

Bordes, Cauquil y Laguiller
. (FR) Con el pretexto de combatir el terrorismo integrista, los dirigentes de Rusia llevan a cabo en Chechenia una guerra infame. El Ejército ruso ataca principalmente a la población civil, de la que una parte creciente se ve obligada a huir a las regiones vecinas, para vivir amontonados, en condiciones inhumanas. Es una vez más la sociedad civil la que padece las consecuencias de las destrucciones de las ciudades, de las localidades y de la infraestructura de un país, que ya era muy pobre.
La guerra es también criminal para la propia población rusa. Miles de jóvenes están obligados a llevar a cabo una guerra inmunda de la que no podrá salir nada bueno ni para ellos ni para sus familiares y sus mayores. Mientras que la apertura a la economía capitalista se traduce por la caída de la producción y por un empobrecimiento considerable de la mayoría de la población, la guerra se traga sumas importantes, por no hablar del coste de la corrupción que la acompaña.
Denunciamos a los dirigentes rusos responsables de esta guerra, pero también denunciamos a los del mundo occidental, que se contentan con una discreta reprobación, apoyando al mismo tiempo a Yeltsin y a su clan, preocupados por protegerlos. Al bombardear las ciudades y las localidades en Chechenia, el Ejército ruso está haciendo lo que hace algunos meses hicieron los ejércitos occidentales, al bombardear Serbia y Kosovo. Los crímenes de unos no excusan los de los demás, pero arrojan luz sobre su complicidad profunda, en detrimento de los pueblos. Este es el sentido de nuestra abstención.

El Presidente
Han acabado las votaciones.

Plan de acción en materia de lucha contra la droga (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la continuación del debate del informe (A5-0063/1999) de la Sra. Giannakou-Koutsikou, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, de Justicia y de Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo sobre un plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004) (COM(1999)239).

Pirker
Señor Presidente, señoras y señores, permítanme que antes de nada felicite a Marietta Giannakou por haber hecho posible por medio de un cambio que hoy se celebre la votación sobre Eurodac y que con ello se hayan podido establecer los presupuestos para introducir el sistema de control por huella digital. Se trata también de un informe muy importante.
Quisiera presentar algunos datos a la Sala para que podamos hacernos una idea de la dimensión del tráfico de drogas. Primero: nos enfrentamos a un tráfico delictivo que representa el 8% del mercado mundial y cuyas millonarias ganancias implican el daño de la juventud y de nuestras familias. Todos los años se decomisan en torno a las 600 toneladas de cannabis dentro de la Unión Europea. En cuanto al consumo de drogas se ha establecido que 5 millones de jóvenes consumen drogas de diseño y que un 20% han probado el cannabis. La situación legal en Europa es muy poco satisfactoria. Sin embargo, a ojos de los ciudadanos la lucha contra el tráfico de drogas tiene absoluta prioridad. Por ello considero que el informe de Marietta Giannakou es especialmente importante y que el Plan de acción es algo esencial para que podamos avanzar en este terreno. Está diseñado sobre la base de amplias estrategias que van de la prevención a la reintegración pasando por la represión. No concede ninguna forma de liberalización o de legalización, establece prioridades y equilibra las políticas interiores con las exteriores para poder desarrollar una acción eficaz.
Estos son objetivos ambiciosos. Pero en la realidad no será nada fácil, pues hasta ahora no fue posible conseguir datos comparables de los distintos Estados miembros ni poder comparar sus métodos, mientras no se disponga de esta comparación de datos y de métodos no será posible tomar las best practices como modelos. La prevención cuenta con poco apoyo, y los programas para jóvenes no han sido diseñados para ofrecer apoyo a la lucha contra la droga. La Unión Europea presupuesta para ello relativamente poco dinero.
¿Cuáles son las exigencias posibles y necesarias que hemos de plantear como resultado de todo ello? La primera, a mi juicio, es que la prevención debe ser reforzada. Ahí veo una gran oportunidad de que intentemos, sobre la base de una prestación voluntaria, de declarar las escuelas como zonas libres de drogas, de que enseñemos a los estudiantes que la gran meta es vivir una vida sin drogas. Para ello necesitamos el apoyo de programas de la Unión Europea tales como SOKRATES y LEONARDO.
En segundo lugar, debemos reclamar insistentemente a los Estados miembros que trabajen con métodos y datos uniformes, de modo que sea posible seleccionar los mejores modelos para la lucha contra las drogas. Debemos fomentar la cooperación entre la policía y la justicia en los Estados europeos para luchar contra el tráfico de drogas y proteger a la juventud. Debemos mejorar la utilidad de programas de la Unión Europea tales como FALQONE, GROTIUS u OISIN, diseñarlos de modo más eficiente y destinar más recursos financieros.
En definitiva, el Plan de acción representa un buen programa para nosotros. Ahora se trata de ponernos manos a la obra para hacer realidad ese programa, en lucha contra la droga y a favor de los jóvenes y de una sociedad sin drogas en general. Ésta debe ser la meta, aunque va a ser muy difícil de alcanzar.

Schulz
Señor Presidente, estimados colegas, hubiésemos deseado que el debate y la votación de este informe no hubiese tenido lugar necesariamente hoy, porque nosotros -y esto quiero decirlo al principio de mi intervención -, debido a las circunstancias que nos han obligado a modificar el orden del día, y debido al hecho de que la hora de votaciones se ha extendido tanto a causa de la larga duración de los informes Napolitano, Leinen, Dimitrakopoulos y Schwaiger que el informe de la Sra. Giannakou-Koutsikou lo votaremos mañana temprano.
La mañana del viernes en Estrasburgo es el día de las aglomeraciones. Mañana estará esta Asamblea a reventar de diputados y diputadas apretujándose para entrar a votar el informe de la Sra. Giannakou. Es decir, si llegan a cincuenta ya son muchos. Me permito señalar esto por está en crasa contradicción con la afirmación de que el informe de la Sra. Giannakou es especialmente importante y, por ello, hay que debatirlo y votarlo ineludible y necesariamente en esta semana. Esto no tiene lógica.
Efectivamente, el informe de nuestra compañera es importante y debe ser debatido cuidadosamente, entre otras cosas porque la discusión del informe ha puesto de manifiesto que la política de drogas en la Unión Europea es uno de los temas más controvertidos sobre los que jamás hemos tenido que pronunciarnos.
En primer lugar una observación a la ponente. Me parece que la Sra. Giannakou ha hecho un gran esfuerzo por adoptar una postura de consenso respecto del Plan de acción, dirigida a integrar las diferentes perspectivas que hay no sólo entre las diferentes filiaciones políticas, sino también entre las diferentes tradiciones nacionales, a integrar también los diferentes aspectos de la cuestión y los diversos y en parte contradictorios intereses. Por ello, nuestro grupo quiere felicitar también a la ponente.
Lo digo también en nombre de nuestro compañero ausente Jan Andersson, quien - ahora volveré sobre ello -, en cuanto diputado sueco, estaba en una situación especialmente difícil porque Suecia es uno de los Estados miembros que tiene un planteamiento muy especial en política de drogas resultante de su experiencia y de su tradición nacional y, sin embargo, creo, ha procurado, justamente en las enmiendas de transacción, Sra. Diputada, llegar a un amplio acuerdo con usted en la redacción final de este informe.
Se han presentado 128 enmiendas, y usted ha redactado tan sólo 17 ó 18 enmiendas de transacción, que deben servir para aunar esa cantidad de enmiendas propuestas de modo que al final salga de este Parlamento un informe lógico y concluyente sobre este Plan de acción. Lógico y concluyente significa tener en cuenta tres elementos imprescindibles.
Primero: todos nosotros, progresistas o conservadores de este Pleno, debemos tener claro, y creo que lo tenemos, que el planteamiento de la política de drogas ha de partir siempre de un presupuesto: los drogodependientes no necesitan por principio de la pena y la persecución, sino de la ayuda y del apoyo. Esto es evidente. ¿Por qué he de recordárselo una vez más? Porque el modo y manera de ayudar a esa persona afectada a volver a la sociedad, el modo y manera de reducir su sufrimiento personal se nutrirán siempre de las experiencias regionales, locales y nacionales específicas. Por ello no puede haber una política de drogas europea reglamentada, sino un marco europeo dentro del cual se pueda ayudar a la persona afectada, que ha de ser el centro, a partir de las respectivas experiencias específicas de las instancias locales y regionales competentes.
Segundo elemento: tenemos que tener presente que en ningún otro sector criminal se gana tanto dinero en Europa como en tráfico de drogas. Esto significa que cuando hablamos de reducir la oferta, es éste un elemento muy importante que implica siempre que debemos perseguir sin contemplaciones a aquellos que la ponen en venta. Para ello se necesitan elementos judiciales y policiales. Pero se necesita también de un elemento que para mí ha gozado de demasiado poca atención en el debate: todo aquel que trafica con drogas, cuando lo hace a gran escala, lo hace generalmente con la intención de ganar dinero, de enriquecerse. En todas partes donde logramos impedir que el dinero ilegal procedente del tráfico de drogas se transforme en dinero legal, damos un gran paso adelante, porque la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero son dos fenómenos relacionados. La política de lucha contra la droga - me dirijo al Comisario de Seguridad Interior - significa, pues, por el lado de la reducción de la oferta también una persecución consecuente de los suministradores de drogas, especialmente en el sector del blanqueo de dinero.
Tercer y último elemento, con el cual quiero concluir: tenemos experiencias diferentes. En un país de la Unión Europea hay un planteamiento más bien permisivo, en otro más bien restrictivo. En conjunto, teniendo en cuenta los resultados del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías de Lisboa, en casi todas partes hay un índice de drogadicción igualmente alto. Lo que significa que independientemente del planteamiento con el que ahora estemos trabajando, todos son igualmente acertados o equivocados. Lo que habla en favor de que hagamos un marco europeo cuyas normas de aplicación sean subsidiarias y tengan en cuenta las respectivas experiencias nacionales.

Wiebenga
Señor Presidente, no está de más subrayar que las opiniones de los diputados sobre la política de drogas están divididas desde hace años. Generalizando se puede decir que en esta Asamblea se perfilan tres corrientes. En primer lugar están los defensores del modelo sueco, que se basa en el tratamiento de los toxicómanos y la lucha contra los estupefacientes. En segundo término están los partidarios del modelo de los Países Bajos, que se centra más en el tratamiento de los toxicómanos que en la lucha en sí. Este modelo admite las tiendas de drogas, que en nuestro país se conocen injustamente con el nombre inglés de "coffeeshops", y parte de una diferencia entre drogas blandas, la marihuana, y drogas duras como la heroína o el éxtasis.
A estos dos grupos, los partidarios del modelo sueco y los partidarios del modelo neerlandés, no les interesa una estrecha colaboración europea en este terreno porque temen que irá en detrimento de su política nacional. La tercera corriente representada en este Parlamento es la de los diputados que abogan por una mayor y más intensa cooperación europea en materia de drogas con idea de que los diferentes enfoques que acabo de describir vayan acercándose. Ello significa que países como Francia y Alemania deben redoblar sus esfuerzos en el ámbito del tratamiento de los toxicómanos en tanto que un país como los Países Bajos, por ejemplo, tiene que poner más empeño en la lucha contra la excesiva presencia de las drogas por causa de los "coffeeshops" y contra el turismo de la droga.
Las tres corrientes están representadas en el Grupo de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos. Por eso, me alegro mucho de que la mayoría de mis correligionarios pueda votar a favor del informe de la Sra. Giannakou. Nos parece un informe importante que, afortunadamente, no entra en el tema de la legalización de los estupefacientes sino que se centra en las medidas que ha de adoptar la Unión Europea.
Recientemente, el pasado 6 de noviembre, el Presidente Prodi se pronunció a favor de una intensa cooperación europea en lo que a la lucha contra la droga se refiere. Se expresó en estos términos con motivo de unas informaciones relacionadas con el consumo de pastillas de éxtasis entre los jóvenes italianos. Gran parte de estas pastillas procede de mi país, los Países Bajos. Las observaciones del Presidente Prodi han causado revuelo en los Países Bajos. Pero personalmente opino que el Sr. Prodi tiene razón. Si la Unión Europea pretende combatir el crimen transfronterizo de forma eficaz no puede faltar la lucha contra el tráfico de drogas. Es ésta la principal tarea de Europol. El éxtasis es una droga dura que puede causar la muerte, como ha quedado demostrado en Italia.
A los partidarios de la legalización de las drogas blandas les digo que ellos también deberían favorecer la cooperación europea dado que los Estados miembros no pueden proceder unilateralmente a la legalización. Es una decisión que, llegado el caso, deberíamos tomar todos juntos, a escala europea.

Buitenweg
Señor Presidente, si hay un tema que requiere racionalidad y sentido común es el de la política de drogas. El informe de la Sra. Giannakou que tenemos delante no es muy ilustrativo al respecto puesto que carece de esta claridad. El debate no irradia ecuanimidad. Sobra la retórica beligerante, sobra el estruendo.
Podemos comprobar que por lo que al tratamiento de este complejo tema se refiere esta Asamblea está dando, de forma lenta pero segura y con mucha cautela, algunos pequeños pasos en la buena dirección. Ello salta a la vista si comparamos el debate y el texto que estamos tratando ahora con la situación de hace algunos años. En aquel entonces el infierno y la condenación eterna se quedaban cortos para castigar a los miembros que se atrevieran a pronunciar los términos harm reduction o enfoque terapéutico. A la mayoría de los diputados de esta Asamblea no les entraba en la cabeza que aparte de una política de drogas represiva pudieran desarrollarse otras estrategias más eficaces.
En algunos aspectos el Informe GIANNAKOU supone una notable mejoría. Reconoce la importancia de las políticas experimentales urbanas y regionales, habla de harm reduction y pretende evaluar diferentes planteamientos terapéuticos pluralistas. Aunque no sea muy revolucionario y aunque el paso adelante sea demasiado pequeño, tenemos la esperanza de que permita comparar bad practices partiendo de unos datos fiables y que siente las bases para una política de drogas humana y eficaz en el marco de una Unión Europea integrada.
Sin embargo, la forma en que estos elementos positivos se formulan deja demasiado margen para interpretaciones opuestas. Y la evolución positiva que uno puede encontrar en el texto no compensa el ambiente represivo que sigue siendo la tónica dominante. Así por ejemplo, los drogadictos en las prisiones deben someterse obligatoriamente a un tratamiento de desintoxicación. Ello conduce a situaciones inhumanas y no lleva a ningún lado si el implicado no lo acepta voluntariamente.
El objetivo de la política de asistencia no puede limitarse a la abstinencia total, que es la última fase. Se puede vivir con la droga, al igual que se puede vivir con el alcohol y el tabaco -y son muchos los que se alegran de ello- o con Prozac y Valium. ¿Afecta la declaración de guerra de la ponente también a estas adicciones? Los estudios han demostrado que un buen porro resulta menos perjudicial y crea menos adicción que algunas otras drogas socialmente aceptadas.
La única perspectiva considerada por este informe es la de la desintoxicación, aunque muchos Estados miembros ya han optado desde hace tiempo por el suministro controlado de determinadas sustancias, que en algunas ocasiones ha dado resultados esperanzadores.
La ponente opina que las actitudes fatalistas estimulan el consumo de drogas. Ésta es una argucia para reforzar la absurda guerra que se está librando en este terreno. Causará un empeoramiento de la marginalización y de la criminalidad, que en vez de reducirse aumentará. De este modo se garantiza la persistencia del aparato represivo, pero no se ayuda al toxicómano.

Camre
Señor Presidente, cuando tenía 18 años, no había problemas de drogas. Claro que habíamos oído hablar de la existencia de drogas, pero eran algo que no conocíamos ni habíamos visto nunca, aunque decían que había gente que hacía que su médico le dispensara sustancias a las que de otra forma no tenía acceso. Tampoco teníamos ninguna frontera abierta. No teníamos tráfico desde países del tercer mundo y tampoco teníamos mucho dinero, así que aunque hubiera existido la oferta, tampoco habríamos podido comprarlas; sin embargo, el hecho fundamental era seguramente que no veíamos que fuesen necesarias. Hoy en día el mundo presenta un aspecto totalmente distinto. Es un mundo abierto y el acuerdo Schengen ha abierto tanto las fronteras entre nuestros países que no tenemos muchas posibilidades de control.
Tenemos que afrontar el hecho de que las fuerzas criminales involucradas en la producción y el tráfico de drogas están conectadas entre sí, disponen de recursos, tienen fuerzas que sobrepasan en mucho las posibilidades de los estados de derecho de detener este tráfico. Ésta es la razón por la que resulta precisa una política comunitaria, pues en la actual situación en la que se encuentra la Unión Europea, necesariamente hemos de trabajar juntos para combatir esta delincuencia transfronteriza.
El informe actual habla con total claridad en una serie de puntos y apunta en cualquier caso con bastante claridad que si no redoblamos nuestros esfuerzos contra los instigadores y los capitalistas de la narcodelincuencia y su lavado de dinero, los estados de Derecho, las poblaciones y nuestra juventud perderán esta guerra. No obstante, el informe actual también incluye ciertas redacciones votadas en la comisión y que parecen muy inofensivas, especialmente para los profanos en la materia. Me refiero a conceptos como el de limitación de daños: ¿a quién no le gustaría limitar los daños, a quién no le gustaría ayudar a los afectados por una enfermedad tan grave como la drogodependencia? A todos nosotros nos gustaría naturalmente y a este respecto todos pensamos inmediatamente en el tratamiento, en apostar por las diversas medidas sociales y médicas. Sin embargo, no es esto a lo que alude el concepto. La limitación de daños se refiere a algo totalmente distinto en la boca de aquellos que quieren que no haya una política rigurosa en materia de drogas. Soy -he de decir- incapaz de entender esta filosofía, pues las drogas hoy no son un problema aislado que afecta a algunas personas con necesidades sociales. Sé naturalmente que afecta a personas que se sienten solas o que tienen necesidades sociales, pero también que éstas son sólo una minoría de las víctimas hoy en día del abuso de drogas. Nuestro problema en la actualidad es la existencia de jóvenes cuya vida en familia es buena pero que al mismo tiempo sienten que su existencia es tan vacía que necesitan una pastilla o un tripi los sábados en la discoteca y así logran entonarse con la ayuda de una droga sobre la que se les ha inducido a pensar que es inofensiva.
A este respecto no puedo dejar de mencionar que el discurso que pronunció la Sra. Buitenweg hace un momento me pareció peligroso. Me parece peligroso para los jóvenes porque les induce a pensar -y la cito- " que se puede vivir con las drogas, como se puede vivir con el tabaco y el alcohol" . Sé bien que el tabaco produce dependencia. También pasan relativamente muchos años antes de que cause cáncer de pulmón. Sé bien que el alcohol produce dependencia y también que hay gente que fallece a causa del abuso de alcohol, sin embargo, hay una diferencia fundamental en el caso de estas sustancias, porque en la mayoría de los casos a la gente le resulta posible controlar su consumo de tabaco y alcohol en una medida diferente a la que les es posible a los jóvenes inmersos en el abuso de drogas. Por ello quiero mencionar la importancia de que en el trabajo, que se lleva a cabo bajo los auspicios de la Unión, incluyamos como elemento central una campaña informativa destinada a los jóvenes, que hoy pueden verse inducidos en gran medida por compañeros de su misma edad y por otras personas a probar sustancias que les son presentadas como inofensivas, como algo que no es más dañino que tomar un vaso más de cerveza o un poco más de güisqui. No es esto de lo que estamos hablando y no se han vuelto peligrosas sólo porque están prohibidas. Están prohibidas porque son peligrosas, así que librémonos de este discurso engañoso sobre la necesidad de despenalizarlas y de esta tendencia a minimizar toda esta problemática cerrando los ojos antes los criminales que se aprovechan de nuestros jóvenes y destruyen su salud y su bienestar.
Mi Grupo participa con mucho empeño en el trabajo que se lleva a cabo en la comisión y me gustaría expresar mi agradecimiento a la Sra. Giannakou por el gran trabajo que ha realizado en este sentido. No creemos que se haya alcanzado con el informe actual y con su contenido el definitivo y mejor resultado posible y esperamos que el señor Comisario pueda hallar métodos aún más fuertes y poderosos con los que combatir este macabro abuso.

Blokland
Señor Presidente, el informe de la ponente, la Sra. Giannakou-Koutsikou, sobre el plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga de la Comisión es un documento categórico en el que el Parlamento Europeo se opone claramente a las drogas. La Comisión Europea hace lo mismo en su plan de acción. Opta por un doble enfoque. Por una parte, concede especial atención al control y a la prevención de la demanda de drogas. Por otra, es partidaria de adoptar una actitud intransigente en lo que a la oferta se refiere.
En los últimos meses se ha prestado mucha atención a los problemas relacionados con la droga. La Cumbre de Tampere destacó una vez más que a este respecto Europa tiene que abogar por un planteamiento integrado. La semana pasada, el Presidente de la Comisión señaló que se ha desarrollado en el seno de la Unión un "mercado interior para el tráfico de drogas". Apuntó que esta situación requiere una política coordinada e incluso una adaptación de la legislación de los países que debido a su enfoque discrepante fomentan el tráfico de drogas. La gran irritación que este discurso provocó en los Países Bajos es señal de que el Presidente de la Comisión acertó.
Pero, desafortunadamente, el Sr. Prodi negó que se refiriera a los Países Bajos. Lamento que mi país no sólo tenga el triste privilegio de que se le conozca como país de tránsito en materia de drogas sino que, además, se esté haciendo famoso por la producción de drogas sintéticas. Y mientras tanto varios jóvenes han fallecido como consecuencia del consumo de estas mismas drogas. ¡Es una auténtica vergüenza! Quiero instar al Sr. Prodi a que llame a las cosas por su nombre. Los Países Bajos son uno de estos países que con su política discrepante estimulan el tráfico de drogas.
Por otra parte, soy consciente de los aspectos positivos de la política neerlandesa. La asistencia que reciben los toxicómanos es buena. Se han desarrollado muchas iniciativas loables en el ámbito de la demanda. Pero todo ello tiene poco sentido si seguimos cerrando los ojos ante las dificultades que crea la oferta. Es hora de que los Países Bajos hagan balance. En el contexto internacional y europeo la política neerlandesa no tiene continuidad y plantea problemas. Creo, por tanto, que ha llegado la hora de cambiar de rumbo. La cooperación a nivel europeo, por su parte, está orientada hacia una lucha eficaz. En este sentido, el plan de acción aporta una serie de instrumentos adecuados. ¡Optemos por ellos y pongamos manos a la obra!

Turco
Señor Presidente, como ha recordado la señora ponente, la Comisión Europea sostiene que, en lo que respecta al plan de acción y de lucha contra la droga del período 1995-1999, ni los instrumentos normativos ni los programas han sido objeto de una valoración suficiente. Es imposible, por tanto, determinar en qué medida se han cumplido los objetivos fijados.
Puesto que estamos hablando de lucha contra la droga, la comunicación de la Comisión no figura en el orden del día del Tribunal de Cuentas o tal vez de la OLAF, sino de este Parlamento. Por lo tanto, Señorías, fuera de cualquier lógica, están ustedes a punto de ratificar las estrategias del plan anterior para los próximos cinco años.
Estarán todos de acuerdo - derecha e izquierda - porque cuando se habla de droga ustedes se limitan a manifestar unas simples diferencias de opinión y ningún Grupo tiene el valor de proponer estrategias alternativas. De hecho, cuando se habla de droga, la inmensa mayoría de sus Señorías renuncia a ser persona de gobierno que, ante un problema, trata de resolverlo y, si la solución no consigue efectos positivos o es contraproducente, como en este caso, cambia de política.
Sus Señorías no quieren examinar la posibilidad de cambiar la política prohibicionista en materia de drogas porque imponen como opciones políticas opciones y convicciones morales que atañen a la conciencia de cada persona. En definitiva, impiden un verdadero debate científico y laico sobre este tema y eligen un planteamiento ético que se manifiesta frustrante, impotente y desastroso: un desastre que tratan de justificar con la falta de recursos financieros. Pero ¿cuánto costaría eliminar el tráfico de drogas, un tráfico que, según las Naciones Unidas, representa el 8% de los intercambios mundiales? Se niegan a hacer una valoración costes/eficacia porque estarían obligados a admitir que con su política han concedido en monopolio a la delincuencia organizada el control de la producción y del comercio de algunas substancias.
Todo esto no me extraña, ya que en este siglo han conseguido imponerse durante años cosas tan disparatadas e incomprensibles como el nazismo, el fascismo y el comunismo. El prohibicionismo resiste todavía en materia de drogas, esta locura ética, inhumana y anticientífica.

Cederschiöld
Señor Presidente, el Parlamento Europeo fija ahora una política, una política de drogas, que se ha desarrollado durante muchos años en medio de convulsiones. Es una sólida política de drogas. Hay motivos suficientes para dar las gracias a quienes han contribuido a diseñarla, obviamente hoy al ponente Giannakou Koutsikou, pero también a Sir Jack Stewart-Clark, que ha trabajado en este asunto en años anteriores.
Quizá pudiera subrayar que es un poco inusitado que justamente yo, como sueca, esté tan gratamente impresionada por la capacidad de este Parlamento para producir lo que yo considero una política de drogas consistente; los suecos tenemos puntos de vista muy concretos al respecto.
Creo que podremos contar con buenos resultados en materia de política de drogas. Me satisface especialmente que la política de droga del Grupo PPE sea, de hecho, la base de este compromiso. Hay elementos que determinarán la disminución de los estupefacientes, para conducir a la sociedad y a los individuos hacia el objetivo a largo plazo: una sociedad libre de drogas.
Cuando esas medidas que se proponen hayan empezado a producir sus efectos, creo que nacerá en los Estados miembros una mayor confianza en las diferentes políticas. Entonces será importante que justamente la mejor de las políticas sirva de ejemplo. Por esta razón quisiera instar a la Comisión para que controle especialmente que los nuevos Estados miembros también participen en el diseño de los proyectos. En mi país hay muchos que se sienten discriminados en esta materia. Si no hacemos buenos proyectos, entonces querremos mejorarlos. No obstante, queremos participar en la evaluación de los proyectos en marcha para ver qué camino seguirá la Unión en el futuro.
También es importante que cumplamos las leyes existentes en los distintos países. En esta Unión no podemos crear una especie de zona jurídica intermedia en la que no se cumplen las leyes. Si no se quiere cumplir las leyes habrá que modificarlas, pero no hacer una política que prescinda de las reglas del estado de Derecho.
Quiero dar las gracias por los esfuerzos que se han hecho e insto a todos a que nos interesemos mucho más por estas materias en el futuro. Aún no hemos llegado a la meta, queda mucho, mucho trabajo por hacer. Desgraciadamente, muchas de las enmiendas que están en la Mesa de esta Asamblea constituyen barreras en el camino, pero espero que muchas de ellas sean rechazadas.

Van den Berg
Señor Presidente, el hecho de que ahora seamos tan pocos y temamos por la votación de mañana por la mañana nos debería hacer reflexionar acerca del sentido del viernes como día de sesión y el mantenimiento del mismo.
A diferencia de mis colegas neerlandeses Wiebenga y Blokland, estoy orgulloso de la política de mi país. Intransigencia absoluta con las drogas duras, incluyendo el éxtasis, en combinación con unas medidas eficaces que permiten retirar a las víctimas del circuito criminal en el marco de un programa sanitario. Y, además, afortunadamente hay otros países europeos que comienzan a seguir nuestro ejemplo.
¿Qué es lo que se entiende por lógica? ¿Y por razón? Es lo que uno puede preguntarse al cabo de este debate. Lo que tenemos delante es el producto de un largo proceso cargado de emociones y aún no hemos llegado al final porque luego tenemos que votar el informe, es decir, mañana a las 9.00 horas.
¿Cuál es el problema? Se trata de una comunicación de la Comisión sobre un plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga para el período 2000-2004. En comparación con el plan de acción anterior el documento actual supone un importante paso hacia adelante. Se pretende que la política de drogas se enmarque en una línea central que preste especial atención a la prevención, pero no nos pronunciamos claramente sobre las opciones que deben orientarnos. En lugar de elegir, nos hemos dejado llevar por una visión imaginaria de las posibilidades que se abrirán una vez ganada la batalla contra la droga. Pero hasta ese momento, hasta que hayamos ganado esa batalla y nuestra sociedad esté libre de drogas, llevamos a cabo una lucha sin compromisos, no sólo contra la mafia de las drogas sino también contra los pobres campesinos de la coca en Latinoamérica y los plantadores de adormidera en Asia. Dichas sociedades se militarizan, no se presta el apoyo adecuado a esta pobre gente y, por tanto, no se abre una perspectiva verdaderamente duradera.
¿No va siendo ya hora de que se realice un análisis de costos y beneficios de lo que estamos haciendo en el marco de la war on drugs de los EEUU? ¿Realmente es así que las drogas son al menos tan importantes como los derechos humanos, como sugiere la ponente? ¿Por qué no aprendemos de un planteamiento eficaz como por ejemplo el de los Países Bajos? Afortunadamente, seguimos el ejemplo de la comunicación de la Comisión y prestamos más atención a los consumidores potenciales, a los jóvenes, advirtiéndoles de los efectos perjudiciales, que a los propios consumidores.
Pero pese a todo, aún estamos muy lejos de la realidad. En este sentido, la Comisión subraya varias veces que el plan de acción no es sino un instrumento auxiliar. Tal vez se nos presente una nueva oportunidad a raíz del llamamiento a la Presidencia para organizar un Consejo entre pilares, porque, en mi opinión, en ese contexto no se han agotado todas las posibilidades.

Watson
Pocas son las cuestiones que tanto ponen de relieve las diferencias de actitud cultural entre Estados miembros. Me parece que este informe refleja un buen consenso y felicito a la Sra. Giannakou-Koutsikou por la labor que ha realizado para redactarlo.
Pertenezco a una minoría en expansión en el Grupo del Partido Europeo Liberal, Democrático y Reformista y también en este Parlamento, que estima que quizás sea necesario cambiar radicalmente nuestra actitud. ¿Por qué? Aparte de lo absurdo que es éticamente el argumento prohibicionista -el Estado no tiene derecho a impedir que un adulto responsable consuma drogas- lo cierto es que la prohibición no funciona. Nuestra actitud, que se basa en la fiscalización del suministro de drogas, nos obliga a gastar enormes recursos. La policía de Bristol, en mi circunscripción, me dice que el 85 por ciento de todos los delitos se relacionan con las drogas. Todo esto está destruyendo el alma de nuestras ciudades, en las que los traficantes de drogas encuentran un mercado fácil y a veces pasan a convertirse en modelos para los jóvenes desencantados. La droga está llenando nuestras cárceles con personas que necesitan tratamiento más bien que encarcelamiento, y afecta excesivamente a las minorías étnicas, algunas de las cuales pertenecen a culturas en las cuales el uso abusivo de drogas no está tan estigmatizado como en otras. Lo peor de todo es que está ayudando a financiar otras formas de actividad criminal y está fortaleciendo la delincuencia organizada internacional.
Ha llegado el momento de que consideremos la conveniencia de restar recursos a la lucha contra el suministro de drogas y de aumentar los recursos destinados a la lucha contra la demanda.

Schrödter, Ilka
Señor Presidente, distinguida ponente, estimados colegas, este Programa tiene que ver sobre todo con personas dependientes de la droga así como con sus familiares. La ayuda es urgentemente necesaria. Por ello me va mucho en el análisis honesto de los resultados del Programa y de sus consecuencias necesarias.
Los objetivos del programa de lucha contra la droga son, sobre todo, la reducción de la demanda y de la oferta. Ninguno de los dos objetivos se ha logrado. Independientemente de la edad, país o tipo de droga, el consumo de estupefacientes sube o se queda estancado a pesar de las penas cada vez más duras y de las persecuciones cada vez más masivas a escala nacional y, crecientemente, a escala europea. Lo mismo vale para la reducción de la oferta. Desde hace tiempo, la policía decomisa tan sólo un 10% del tráfico de drogas. Estos resultados descendentes son silenciados. El actual programa de drogas es una copia, con correcciones cosméticas, del anterior. Es satisfactorio que ahora la Comisión evalúe, pero una evaluación exterior, justamente por tratarse de un tema tan sensible, sería claramente más ventajoso. Aunque esto también traería sus consecuencias.
A pesar de la falta de éxito del programa, una gran parte de la financiación del programa de drogas va a la lucha contra la droga. Para todo aquello dirigido a una minimización de los daños queda una parte muy pequeña. Queda pendiente la cuestión de por qué en ese programa no se trata abiertamente de la consecución de los objetivos propuestos. Surge entonces la tesis de que con ese programa se trata tan sólo de que exista, pero tiene otros objetivos que cumplir al margen de los que se afirman. ¿Qué quiero decir? Se usa el Programa para aumentar la legitimidad de la UE. Los programas de drogas adquieren así un carácter puramente instrumental, y como esto repercute en prejuicio de los drogodependientes, necesitamos reconsiderar lo que hacemos urgentemente.
No hay ninguna receta infalible en la lucha contra la droga, en esto estamos de acuerdo. Pero hemos de sacar consecuencias de ello. El objetivo prioritario debe ser la minimización de los daños, objetivo que debe de asentarse firmemente en el programa de drogas. Explicaré cómo se concreta esto en cuatro demandas con las cuales termino.
Primera: ampliar las ofertas de umbrales bajos. Segunda: implantar Programas de metadona e introducir la dispensa de heroína en la UE de modo extremadamente controlado y garantizado. Tercera: los consumidores de drogas deben probar la mercancía en contenido y cantidad. Sólo así pueden evitarse posteriores daños. Necesitamos, pues, un drugchecking en toda la UE. Cuarta: fomentar la cooperación entre las ciudades, basándonos en la idea de la European Cities Drug Policy como modelo de un proyecto, que reconoce a las drogas - legales e ilegales - como pertenecientes a la sociedad y se pronuncia a favor de un consumo de esas drogas autónomo y responsable. Un plan así es el que necesitamos urgentemente.

Meijer
Señor Presidente, aunque sin alcohol, tabaco y drogas llevamos una vida más sana y causamos menos molestias a los demás, un mundo sin estimulantes perjudiciales para la salud es una utopía inalcanzable. Hay dos grupos de personas que acuden a ellos: por una parte, los adultos que, como consecuencia del libre mercado, están expuestos a la inseguridad en materia de subsistencia y a las tensiones y, por otra, los jóvenes que se sienten atraídos por la aventura y lo prohibido. Este problema no se soluciona con la promulgación de una normativa europea estricta que prohiba y persiga el consumo de drogas.
Son mucho más importantes los proyectos a pequeña escala que ayudan a los toxicómanos en materia de formación, alojamiento, empleo e ingresos y fomentan la información sobre las consecuencias del consumo de drogas. Me preocupa que el Presidente Prodi haya anunciado hace poco que las soluciones a pequeña escala y hechas a medida estarán prohibidas en el futuro. En los Países Bajos el consumo de drogas blandas está admitido desde hace más de veinte años. Este planteamiento tiene por objeto evitar que los consumidores caigan en la criminalidad y pasen a las drogas duras. Además, facilita más que cualquier otro método el retorno a una vida sin drogas. Esta importante medida a favor de la salud pública ya se está implantando en otras muchas ciudades y regiones europeas. Sería deplorable que esta política que está haciendo escuela quede prohibida en nombre de la unificación europea. En última instancia son las palabras del Sr. Prodi las que me han llevado a rechazar esta propuesta, a pesar de los matices que aporta.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo confesar que no soy fundamentalista respecto de esta materia y respeto a quienes tienen opiniones diferentes. Respeto, en particular, la que ahora ha expresado el Sr. Watson, que es una persona a la que tengo en muy alto concepto.
Pero no creo que, en nombre de la eficacia, se pueda abdicar de los principios y comienzo exactamente por una cuestión de principio: para nosotros la droga es un mal contra el que hay que luchar. Es un vicio que debilita la voluntad, que enreda al individuo en una dependencia que lo esclaviza y lo despersonaliza, que acaba con los lazos y las relaciones sociales, que engendra delincuencia, aumenta la inseguridad y alimenta las redes delictivas de ámbito mundial, que desafían a la ley y al poder de los Estados.
Para nosotros está claro que debemos luchar contra la droga sin tregua. Ese mensaje resulta claro en el informe de la Sra. Giannakou-Koutsikou y merece nuestro aplauso. En efecto, se trata de un problema de hoy día y preocupante; sabemos perfectamente que la droga afecta a todos los países y todos los grupos sociales; sabemos también que la ampliación de Europa al Este impone, dramáticamente, la urgencia de medidas eficaces, ya que el control, que ya resulta difícil, encontrará dificultades mayores; sabemos que se trata de un problema en aumento. Según el informe del Observatorio Europeo, el cannabis sigue siendo la droga más consumida en toda la Unión Europea, si bien la heroína es la que más problemas plantea en cuanto a solicitudes de tratamiento, mortalidad relacionada con la droga, infección por el HIV y exclusión social.
El mismo informe señala, además, un aumento en el consumo de nuevas drogas sintéticas en Europa, como el éxtasis, así como un incremento en el consumo de drogas más tradicionales, como el LSD o las anfetaminas. Y todo eso resulta aún más temible, si tenemos en cuenta que, en este momento, la delincuencia relacionada con la droga y la dimensión del tráfico de drogas representan el 8%, aproximadamente, del comercio mundial.
Convenimos en que el planteamiento tiene que ir orientado en un triple sentido: la reducción de la demanda, el control del tráfico de droga y la lucha contra la toxicodependencia. Convenimos en que se deben organizar campañas de sensibilización social, al tiempo que se deberían fortalecer las redes de prevención. En el sector del tratamiento, se debería dar apoyo a programas de calidad, dirigidos a la comunidad en general, a los medios escolares, incluidos los orientados a la población reclusa, acompañados de iniciativas destinadas a promover la reducción de riesgos, un ejemplo de las cuales es el programa de intercambio de jeringuillas.
Por lo que se refiere a la reducción de la oferta, se debe proseguir e incrementar el apoyo a los países productores para que en sus prioridades incluyan la reducción de la demanda y programas de erradicación de los cultivos, de desmantelamiento de laboratorios y prevención del tráfico. Por eso, la voluntad política que se pide en el presente informe debe tener una plasmación concreta. Si nos limitamos a las buenas palabras, hemos de concluir que no ha habido voluntad política. Ésta se mide por la eficacia de las acciones y por los recursos públicos puestos al servicio de esa lucha. El informe subraya atinadamente que los recursos presupuestarios son insuficientes. Este Parlamento no tiene coraje para pedir a los Estados miembros un mayor empeño y una mayor inversión en la lucha contra la droga, si no da ejemplo en aquello que de él depende. El principal instrumento europeo para esa lucha es el Observatorio Europeo situado en Lisboa. De su trabajo esperamos mucho en cuanto a un mayor conocimiento del fenómeno, de la existencia de datos e informaciones comparables y sobre todo de la vigilancia, la identificación y la propuesta de prohibición de substancias peligrosas colocadas en el mercado.
Por eso, hemos propuesto enmiendas al informe, que han sido acogidas en lo esencial, y que pretenden fortalecer el papel del Observatorio y dotarlo de los medios financieros esenciales para su trabajo. Lo que nuestros ciudadanos, señor Presidente, nos piden aquí es también claridad. No basta con hacer discursos bonitos. Hay que adoptar las decisiones y viabilizar los recursos que correspondan al empeño que decimos tener en esta lucha esencial contra la delincuencia organizada y en nombre de la dignidad de las personas.

Karamanou
Señor Presidente, señor Comisario, considero, de entrada, muy importante y positiva la comunicación de la Comisión referente al plan de acción de la Unión en materia de lucha contra la droga. El plan toca todos los aspectos del problema, y pienso que abre perspectivas a un tratamiento más global y efectivo. No obstante, como fácilmente podemos comprender, esto exige más recursos. Quisiera felicitar a la Sra. Giannakou por su valioso informe, y por la importancia que concede a la cooperación internacional y a la consolidación de las reuniones sistemáticas anuales del consejo interinstitucional, para un mejor seguimiento y valoración de las acciones, cuyo principal objetivo es conseguir la disminución de la oferta de substancias estupefacientes.
Dada la existencia del acuerdo internacional alcanzado mediante la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Naciones Unidas en junio de 1998, para un tratamiento equilibrado del problema, tanto en la vertiente de la disminución de la oferta, como en la vertiente de la disminución de la demanda, quisiera subrayar las posibilidades que brinda el nuevo Tratado en su artículo 152. De acuerdo con este artículo, la Unión puede complementar las políticas nacionales con medidas dirigidas a la mejora de la salud pública, a la prevención, así como a reducir el daño causado por las drogas a la salud. Así pues, el plan de acción de la Unión Europea para el período 2000-2004 debe incluir además de cuanto se recoge en el informe, actuaciones y programas cuya meta sea la limitación del daño sufrido por los drogodependientes, y su rehabilitación.
Así mismo, hace falta concentrar nuestra atención -y nuestros esfuerzos presupuestarios- en programas de evaluación de las prácticas que se siguen en el ámbito de la prevención, de la terapia y de la reinserción, así como en el ámbito de las consecuencias sociales y sanitarias, de manera que los resultados correspondientes guíen a los países miembros y candidatos a la hora de trazar sus políticas nacionales. Finalmente, quiero señalar que, en este ámbito, el Observatorio Europeo de Lisboa desempeña una labor importante, y estoy convencida de que en los próximos años los datos y la información que allí se recogen mostrarán la efectividad de la cooperación europea, e internacional, en esta lucha.

Ojeda Sanz
Señor Presidente, intervengo en sustitución de mi colega Hernández Mollar y, en su nombre, quiero felicitar a la ponente Sra. Giannakou-Koutsikou por el excelente trabajo que ha realizado. Es evidente que el problema de la droga, no solamente a nivel europeo sino a nivel mundial, requiere una especial atención de los políticos, de las instituciones y de toda la sociedad civil. El 26 de octubre pasado en esta misma Asamblea el Presidente de Colombia, país desgraciadamente muy vinculado al problema de la droga, nos decía: "El narcotráfico ha sido un gran generador de violencia y ha cometido magnicidios de altísimo costo humano para nuestra nación" . Y no estamos hablando aquí de una cuestión que afecta sólo a los Estados miembros ni sólo a la Unión Europea, sino de una cuestión que afecta muy directamente al ser humano en cualquier país del mundo.
De aquí que la primera reflexión sea la de señalar la responsabilidad compartida, que requiere colaboración, cooperación y coordinación entre autoridades judiciales, penales y entre países de distintos continentes, llámense Unión Europea, Iberoamérica, Sudeste Asiático o países africanos.
La segunda reflexión es que la Unión Europea debe asumir un mayor protagonismo en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas. En este sentido, el Parlamento Europeo en esta resolución ha destacado y reforzado el papel que debe desempeñar el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías dotándole de mayores medios y recursos para cumplir su objetivo con plena eficacia. Quiero hacer especial hincapié en la lucha contra los traficantes que utilizan y explotan a los inmigrantes ilegales, especialmente en la frontera sur de Europa, en Andalucía, en Ceuta y en Melilla, que han convertido en un canal de tráfico de drogas.
La tercera reflexión quiero dedicarla al sector más afectado por esta lacra social, que es el de nuestros jóvenes. Una reciente encuesta que se ha realizado en mi país señalaba que el segundo problema social que identificaban los jóvenes como más importante para ellos era, después del paro, la droga. La droga es origen, como dice la resolución, de problemas familiares, laborales, accidentes de circulación. Si a ello unimos el notable incremento que se ha venido observando en el consumo de bebidas alcohólicas por parte de jóvenes, que en muchos casos se une al consumo de drogas, especialmente de síntesis, se pone de manifiesto la necesidad de una urgente adopción de medidas que inviertan esta tendencia. La acción en el campo de la educación, de la familia, la cooperación económica con asociaciones y ONG, y muy especialmente en el campo del ocio y del deporte, complementan unas actuaciones que deben desterrar de la vida de nuestros jóvenes esa válvula de escape que a veces les supone acudir a formas de evasión que terminan destruyéndolos.
Pero no solamente con hablar se resuelven estos problemas. Se necesitan recursos. Tanto los Estados miembros como la propia Unión Europea deben dar prioridad en sus presupuestos a los medios económicos que permitan llevar a la práctica todas las medidas que -desde la prevención, represión o rehabilitación- se proponen. Y éste todavía, desgraciadamente, no es el caso.

Bowis
Señor Presidente, quisiera felicitar a mi colega por su informe. En el lugar de Europa que represento hay tres millones de personas que consumen drogas ilegales; entre ellas figuran el 28 por ciento de las personas de 16 a 29 años de edad, y el 14 por ciento de los jóvenes de 14 y 15 años de edad. Cada año se notifican 12.000 casos nuevos de toxicomanía; cada año tenemos 70.000 delincuentes por delitos relacionados con la droga, y cada año perdemos 1.200 personas que fallecen por causas también relacionadas con la droga. Es una batalla que quizá no estemos ganando en la actualidad, pero que no podemos perder de ninguna manera. Necesitamos una política polifacética, tenemos que mancomunar nuestros esfuerzos para luchar contra los que cultivan drogas, los que trafican con ellas y los que las venden, pero también necesitamos políticas adecuadas en materia de educación y salud y tenemos que fomentar la investigación. Si lo único que conseguimos es interrumpir el suministro pero no la demanda, entonces acabaremos con una situación en la que la droga costará más cara en la calle y los toxicómanos cometerán más delitos para poder costearse su consumo.
Por lo tanto, muchas de las enmiendas de este informe están bien fundadas. Tenemos que educar a los jóvenes. Necesitamos que en la música, la moda y las películas se den ejemplos apropiados a los jóvenes: no basta con decir "no" , eso no vale para nada, lo que hay que hacer es decirles la verdad. La verdad es que las drogas representan una forma de placer pero también que las drogas pueden perjudicar a la salud. El perjuicio puede manifestarse en forma de cáncer o de enfermedad cardiovascular, en forma de pérdida de la memoria y de la concentración, trastornos genitales, etc., y es necesario que lo jóvenes se percaten también de ello.
Consumir drogas es algo reprobable, pero tenemos que ayudar a los que están dispuestos a aceptar ayuda. No podré olvidar nunca que una vez, cuando era ministro responsable de la lucha contra la droga, fui a visitar a un joven que había perdido la salud, sus amistades, sus relaciones, su familia, su colocación, sus perspectivas e incluso el respeto de sí mismo. Le estaban ayudando a que él mismo se extrajera del profundo pozo de adicción en que había caído. Le pregunté, sin reflexionar: "¿Cree usted que está ganando la batalla?" y me contestó: "Toda la vida que me queda me la pasaré luchando: si algún día me parece que he ganado la batalla, entonces estaré perdido para siempre" . Personas como él merecen nuestro apoyo. Merecen que sigamos costeando las investigaciones necesarias para cerciorarnos de que nuestros tratamientos son eficaces, y merecen que les demos la esperanza y la confianza que necesitan, pero cuánto mejor sería que pudiéramos destruir esa plaga persuadiendo a las generaciones futuras de jóvenes de que, sencillamente, es algo que no les conviene, es algo que no vale el riesgo que se corre.

Lisi
Señor Presidente, en mi intervención trataré de resumir también las opiniones de los colegas italianos Sres. Costa y Nisticò que estaban inscritos, pero que no están presentes en la continuación de este debate.
Queremos, como delegación italiana, felicitarnos por el excelente trabajo realizado por la ponente, Sra. Giannakou-Koutsikou. Como han recordado muchos colegas, se trata de un punto de equilibrio difícil de encontrar, aunque se ha encontrado. Difícil porque las experiencias y las políticas de los Estados miembros son diferentes. Al mismo tiempo, son diferentes las relaciones que deben entablarse entre la Unión en su conjunto y la acción de cada uno de los Estados miembros, entre el principio de subsidiariedad y la necesidad, que no obstante se ha justamente afirmado, de que la Unión se dote de una política común respecto a este fenómeno que preocupa de verdad nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro.
Desde el punto de vista de los valores, estoy convencido de ello y comparto plenamente las formulaciones expresadas por el Sr. Coelho y, por tanto, no las repito. Francamente me siento incómodo al escuchar algunas posiciones que lanzan a los jóvenes este mensaje: acostumbraros a convivir con el éxtasis, con el valium, o sea, a una vida drogada. Me resisto a pensar que la política tenga que rendirse frente a este tema.
He dicho que el informe es excelente no solo porque, justamente, vuelve a centrar los dos términos de la cuestión -acción combinada de reducción de la demanda y de reducción de la oferta- sino también, permítame que lo diga Sra. Giannakou-Koutsikou, por la sinceridad con que critica lo que continúa siendo insuficiente en la propuesta de la Comisión tanto desde el punto de vista financiero y económico -no se puede enunciar la importancia de una batalla y después no ser consecuentes en términos financieros- como desde el punto de vista, digámoslo así, de la timidez política de las iniciativas que los Estados aún no han tomado. En consecuencia, me parece que hay que respaldar esta excelente idea de convocar un Consejo entre pilares.
Por último, quiero subrayar sólo dos puntos que, sobre la base de nuestra experiencia italiana, resultan especialmente importantes y significativos: primero, la importancia de apoyar la investigación científica de base para conocer mejor el fenómeno y, a ser posible, saber con antelación cuáles serán las llamadas drogas del futuro, en particular conocer el poder devastador de las drogas sintéticas; segundo, la importancia de implicar en nuestras acciones a los actores principales, aquellos que están en primera línea, en las trincheras todos los días y que prestan ayuda a los toxicómanos, o sea, la experiencia de los centros de desintoxicación. Creo que deben ser apoyados y alentados. La Sra. Giannakou-Koutsikou ha aceptado de buen grado esta solicitud italiana. Considero que en el futuro, cuando volvamos a abordar el tema, será útil tratar de nuevo este aspecto: los que hoy se ocupan de los toxicómanos y les ayudan.

El Presidente
Se levanta la sesión.
Se procederá a la votación a las 9.00 horas.

Lucha contra la falsificación de documentos de viaje
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0050/1999) del Sr. Newton Dunn en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores sobre la iniciativa de la República Federal de Alemania para la adopción de una decisión del Consejo (8357/1999 - C5-0011/1999 - 1999/0804(SNS)) relativa a la mejora del intercambio de información para combatir los documentos de viaje falsos.

Newton Dunn
. (EN) Éste es un informe absolutamente indiscutido e indiscutible excepto por lo que se refiere a una cuestión, que afecta a todos los que están escuchando. La propuesta consiste en elaborar un sistema computarizado de archivo de imágenes que ayude a descubrir los documentos de viaje falsificados. Me imagino que todos estamos de acuerdo en que es algo que vale la pena. Ahora bien, ¿cuál es el único aspecto discutible? El único aspecto discutible es el de determinar si la decisión la van a adoptar funcionarios y ministros reunidos a puerta cerrada en Bruselas, o si va a requerir un examen parlamentario. Ese examen no pueden llevarlo a cabo 15 parlamentos nacionales, pues se trata de una propuesta de la Unión Europea y, por lo tanto, su examen parlamentario sólo se puede llevar a cabo aquí.
La historia de esta propuesta comenzó en enero de este año, cuando la Comisión formuló la misma propuesta y dijo que su finalidad era verificar los documentos aportados por inmigrantes ilegales. La propuesta decayó cuando el Tratado de Amsterdam entró en vigor el mes de mayo. Ahora ha sido presentada de nuevo por el Gobierno alemán, en ejercicio de un derecho que un gobierno nacional tiene en virtud del Tratado de Amsterdam. El problema, sin embargo, es que el Gobierno alemán dice que su finalidad es luchar contra el delito, sin decir nada de la inmigración. ¿Por qué? Porque en virtud del Tratado de Amsterdam, las cuestiones relativas a la inmigración se trasladan del tercer pilar al primer pilar y, por vez primera, son de la incumbencia del Parlamento. Ahora bien, las cuestiones relativas a la delincuencia siguen correspondiendo al tercer pilar y el Parlamento no tiene en esos casos ninguna posibilidad de estudiar, ninguna responsabilidad. Por eso mi impresión es que el Gobierno alemán está procurando evitar que el Parlamento examine su propuesta.
A la comisión parlamentaria no le gustó eso. La Comisión de Libertades de los Ciudadanos invitó a la Presidencia finlandesa y al Gobierno alemán a que vinieran a responder a nuestras preguntas acerca de la propuesta. La Presidencia finlandesa contestó en una carta dirigida a la comisión parlamentaria que no vendría, que no contestaría a nuestras preguntas. Dijo, sin embargo, que podíamos preguntar lo que deseáramos en sesión plenaria. Bueno, aquí estamos ahora en sesión plenaria: ¿dónde está el Consejo de Ministros? Todos podemos ver que sus puestos están vacíos, con la única excepción de una encantadora señora vestida de gris que es una funcionaria y que no tiene derecho a tomar la palabra. Espero, de todos modos, que sabrá transmitir este mensaje. El hecho de que el Gobierno alemán haya procurado evitar el examen parlamentario planteando esta cuestión en el ámbito del tercer pilar y el hecho de que la Presidencia finlandesa no haya venido siquiera a contestar a nuestras preguntas, sea en la comisión parlamentaria, sea en sesión plenaria, lamento decir que es una mancha para la reputación de los finlandeses, que hasta ahora tenían una excelente reputación de apertura y democracia. Lamento también sobremanera que no estén aquí presentes para contestar a mi acusación.
Diré para acabar que la comisión parlamentaria votó en favor de que se modificara la base jurídica a fin de que la cuestión quedara incluida en el primer pilar, porque la propuesta trata principalmente de la detección de documentos falsificados aportados por inmigrantes ilegales. Quisiera pedir a todos los aquí presentes que mañana por la mañana voten a favor de la propuesta de la comisión parlamentaria, para dejar establecido el control del Parlamento sobre esta nueva esfera normativa que en virtud del Tratado de Amsterdam es de nuestra incumbencia.

Pirker
Señor Presidente, señor Comisario, quisiera antes de nada felicitar al ponente. En su intervención ha tocado un ámbito muy importante, el ámbito institucional y todo lo relacionado con él.
Lo que quisiera hacer es referirme a las posibilidades que nos ofrece este sistema. El documento trata de la lucha contra la falsificación de documentos de viaje. Es un sistema de registro y un sistema de comparación, un instrumento, en definitiva, que nos ayuda en la lucha contra la inmigración ilegal y todo tipo de entrada ilegal en el país, así como también contra la comisión de actos delictivos bajo falsa identidad. Esto es, necesitamos nuevos y efectivos instrumentos para poder emprender la lucha contra estas actividades que son en parte actividades del crimen organizado.
Un instrumento es el que ha sido mencionado aquí dirigido a la lucha contra la falsificación de documentos de viaje. Su objetivo último es luchar contra las redes criminales que introducen ilegalmente personas en el territorio de la Unión. Éste es un fenómeno en crecimiento. Si las cifras no mienten, sabemos que esta forma de criminalidad es el origen de casi el mismo número de delitos que el tráfico de estupefacientes, y con menos riesgo. Según cifras a las que he tenido acceso, de los 400.000 a 500.000 ilegales que entran en la Unión Europea anualmente, al menos 200.000 los hacen por medio de estas redes. Los documentos de viaje falsos, pues, son muy útiles para estas redes criminales.
Pero también en otros ámbitos, donde se hace una utilización delictiva del derecho de asilo, se da la falsificación de documentos que pasan de una persona a la siguiente. Desgraciadamente esto es ya parte de un funcionamiento organizado. Por eso mismo, el sistema que ha sido expuesto por Newton Dunn merece nuestra felicitación y nuestro apoyo.
Quisiera referirme también a un aspecto que no termina de gustarnos. Se trata de que paralelamente hemos desarrollado el sistema FADO, que nos permite comparar gráficamente documentos originales y documentos falsos. Por tanto, en realidad tenemos dos sistemas que deberían confluir en uno sólo. Pues antes de toparnos con documentos falsos, es mejor haber comparado ya mediante el sistema FADO los originales y los falsos. Quiere decirse que el objetivo no ha de ser trabajar paralelamente con dos sistemas, sino dar un paso más allá y, en aras de la eficacia, unificar todo en un sistema único.
En conjunto, esta actuación en favor de la lucha contra la falsificación de documentos sobre la base de comparar aquello que no está referido a personas, merece nuestra felicitación. Pero sería necesario que se intentase ser más eficientes uniendo los dos sistemas en lugar de trabajar con ellos paralelamente, con objeto de que el sistema de información de Schengen y todo el sistema de información Eurodac sirvan para contribuir a una Europa más segura.

Gebhardt
Señor Presidente, estimados colegas, la iniciativa de la República Federal de Alemania para la mejora del intercambio de información sobre documentos falsos es para felicitarse. Este intercambio de información es de gran importancia para la protección y la seguridad de los europeos.
Europa necesita un marco jurídico en el cual los ciudadanos y ciudadanas se encuentren protegidos y en su casa. Una contribución esencial a ello la constituyen los sistemas de protección y las normas transfronterizos que dificultan la actividad de los delincuentes. La iniciativa alemana aspira a lograr un sistema semejante.
Mediante el intercambio de informaciones sobre documentos falsos se pone freno a las propias falsificaciones. Con ello se contribuye notablemente a la lucha contra las redes que introducen extranjeros ilegalmente y contra otros delitos, concretamente, lo cual, para mí es de gran importancia, contra todos los demás delitos. Así está escrito en el proyecto para una resolución del Consejo.
El ponente quiere modificar el considerando 3 y limitar los delitos al hecho de la emigración ilegal. Actúa como si ésta fuese el mayor de los delitos contra los que hemos de combatir. Estimado colega, ¿dónde vive usted? ¿Nunca ha oído hablar de los traficantes de drogas y de los correos cargados de maletines con dinero que hay que lavar? ¿He de hacerle realmente un catálogo de delitos por algún tipo de tráfico?
La enmienda 6 clama al cielo. Es una tomadura de pelo a los ciudadanos y ciudadanas que esperan recibir seguridad y tranquilidad de la Unión Europea. Debemos rechazar mayoritariamente esta enmienda. No podemos permitirnos el desasosiego de estar atemorizados por algunos tunantes que se han colado con falsos papeles que a la vez les garantizan libertad para ir de un país a otro y cometer delitos graves. La propia Comisión de Asuntos Jurídicos, que se ha ocupado de este tema, ha adoptado unánimemente, repito, unánimemente, esta posición con el voto de todos los grupos y tras un examen detallado. Como ya he dicho, querría que esta medida valiese para todos los delitos. Ésta es la razón por la cual mi Grupo va ha rechazar mañana temprano todas estas enmiendas.

Tannock
Señor Presidente, también yo quisiera respaldar el contenido de la iniciativa alemana encaminada a mejorar el intercambio de información sobre los documentos de viaje falsificados y a reforzar la seguridad de las fronteras de la Unión Europea tanto para Estados miembros como el mio, el Reino Unido, que no forma parte de Schengen, como para los que se hallan en el perímetro de la Unión Europea.
Recientemente mi país, el Reino Unido, ha experimentado un enorme incremento de la llegada de personas; en mi anterior puesto de trabajo como doctor en el Hospital Central de Londres, pude observar que había un grado importante de inmigración ilegal y de abuso fraudulento de nuestra generosa política de asilo. En el Reino Unido recibimos actualmente cada mes algo así como 7.000 nuevas solicitudes de asilo de las cuales, tras las correspondientes investigaciones, más del 80 por ciento carecen de todo fundamento. Esto equivale a unas 100.000 personas al año, incluidos sus familiares a cargo, que llegan a mi país.
Personalmente he podido comprobar que a un solicitante de asilo nigeriano se le estaba concediendo asilo sobre la base de un falso pasaporte de Liberia, que una familia albanesa se hacía pasar por naturales de Kosovo, que otro nigeriano había pedido prestado su pasaporte británico a su primo y haciéndose pasar por él había podido entrar en el Reino Unido, donde cometió un delito, y que un argelino estaba viviendo con la identidad de un ciudadano francés y había comprado su documento de identidad en el mercado negro de París. Estos ejemplos no son más que unos cuantos de los muchos abusos que he podido comprobar personalmente, y sabemos que para las autoridades de inmigración esos ejemplos se repiten todos los días.
¿Cómo podemos esperar que nuestras autoridades de inmigración y normativas puedan acabar con el abuso sistemático de nuestro sistema? Tenemos la obligación de recordar que esta corriente constante de inmigración ilegal representa una carga enorme, en particular en las ciudades del interior, para nuestros servicios nacionales de salud, nuestros servicios sociales y nuestro sistema de seguridad social, además de ejercer fuerte presión sobre el limitado número de viviendas disponibles. Desgraciadamente, hay pruebas de que gran número de los solicitantes de asilo se han desplazado a través de Europa continental siguiendo la sugerencia de que se encaminen a nuestros puertos del Canal, a sabiendas de que tenemos una política permisiva que reconoce instantáneamente el derecho a la vivienda y a los beneficios de la seguridad social.
Aunque el Partido Conservador Británico se opone oficialmente en principio a que en virtud del artículo 63 del Tratado de Amsterdam se traslade al primer pilar la política en materia de visados, inmigración y asilo -por lo cual me veo obligado a estar en desacuerdo con lo que ha dicho nuestro ponente acerca de esta cuestión-, en cambio somos resueltos partidarios de que haya cooperación intergubernamental en relación con el tercer pilar mediante la acción colectiva del Consejo acerca del intercambio de ese tipo de información, incluida la relacionada con los documentos de viaje falsificados, a fin de luchar contra la delincuencia y en particular contra la delincuencia internacional que no respeta las fronteras nacionales.
Hay pruebas de que la delincuencia organizada ha encontrado un negocio fácil y lucrativo con el tráfico ilegal de seres humanos, que a menudo están dispuestos a pagar lo que habían ahorrado durante toda su vida a fin de poder entrar en los países occidentales ricos, con la esperanza de poder iniciar una nueva vida. Por todo lo antedicho, estimo que esta iniciativa es un paso en la buena dirección, con la utilización de la tecnología moderna de digitalización de imágenes con computadora para ayudar a los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a los ministerios del interior a cooperar en toda la Unión. Opino que es un buen ejemplo del tipo de empresas de la Unión Europea que mi partido del Reino Unido puede apoyar. Siempre que se lleve a cabo sobre una base flexible e intergubernamental.

Schulz
Señor Presidente, señoras y señores, las explicaciones de mi antecesor en el uso de la palabra, el Sr. Tannock, son una buena muestra para que el Sr. Newton Dunn entienda por qué la Sra. Gebhardt rechaza sus enmiendas. El Gobierno alemán ha puesto en marcha una iniciativa para controlar y limitar la falsificación de documentos de viaje, lo cual está en relación con la libre circulación en la Unión Europea. Y ahora el Sr. Newton Dunn, con el pretexto de que el Parlamento no puede influir tanto en la tercera columna como en su base jurídica, ha planteado cambiar ésta, y para ello ha limitado el grupo de referencia correspondiente a aquellos afectados por la política de seguridad de la primera columna de la Unión Europea. Esto nos ha llevado a que el Sr. Tannock nos haga un discurso incendiario sobre inmigración ilegal. Lo cual es muy apropiado para el que tenga la visión del mundo de un tory británico, esto es, una visión antieuropea.
Pero esto tiene muy poco que ver con la iniciativa de la República Federal de Alemania de fortalecer las estructuras de seguridad europeas. Pero sirve de pretexto a todos aquellos políticos que superponen a cualquier debate europeo sobre seguridad el tema de la inmigración ilegal. A este respecto, quisiera decirles algo, señores parlamentarios londinenses. Al escuchar su discurso, me veo obligado a hacerles una réplica. ¿Es Europa ahora un continente de inmigrantes o no? Si afirmásemos este hecho como ustedes tan vivamente hacen al describírnoslo, de que Europa es un continente de inmigrantes, ¿no deberíamos sacar de ello la consecuencia de que hay que crear de una vez estructuras legales relativas a la inmigración? Usted sería entonces el primero que diría que no, estoy seguro. No somos ningún continente de inmigrantes, y no necesitamos regulaciones legales sobre inmigración.
¿Qué pone de manifiesto todo el debate? El Sr. Newton Dunn ha hecho un planteamiento probablemente sensato desde la perspectiva del Parlamento Europeo para aumentar nuestra influencia. Las repercusiones políticas que tiene acabamos de verlas. Permanecer en la tercera columna significa integrar a más grupos de personas, como acaba de evidenciar la Sra. Gebhardt, concretamente a todos los delincuentes que utilizan documentos falsos. Pero entonces la integración del Parlamento es más débil que en la propuesta del Sr. Newton Dunn. Lo que al final significa que ni la tercera columna ni una transferencia marginal de competencias en otra columna son suficientes para crear estructuras de seguridad eficientes en Europa. Señor Comisario, esto debe usted junto con nosotros dejárselo claro al Consejo. Ya lo hizo en Tampere, lo hecho hace poco y tendrá que hacerlo de nuevo.
El debate nos enseña que todo lo que se recoge en nuestro planteamiento no fructifica porque el trabajo conjunto de los gobiernos no basta para hacer una legislación nueva en materia de estructuras de seguridad sobre la base de los problemas que plantea el mercado interior y la velocidad de integración que éste implica. No se está funcionando como se acordó en Amsterdam. De donde hemos de sacar la conclusión de que no se puede de hecho funcionar de otra manera que la que hay, pues discutimos sobre bases legales, debatimos absurdamente sobre inmigración ilegal - esto está muy bien para el Congreso del Partido Tory, pero no es efectivo en Europa -, y perdemos desde todo punto de vista la oportunidad de hacer lo que necesariamente deberíamos, esto es, una legislación efectiva para limitar la falsificación de documentos tanto por aquellos que así compran una manera de entrar ilegalmente en Europa como también por aquellos otros que, como ha explicado muy bien la Sra. Gebhardt, circulan por Europa con una maleta de heroína y documentos falsos.
Señor Newton Dunn, como nosotros somos de la opinión de que en la ponderación de su propuesta, por lo demás digna de atención, y de la intención que la Presidencia alemana del Consejo tuvo en su momento, nos quedamos con la que aspira a un objetivo más amplio, rechazaremos sus enmiendas, y no sólo aquellas referidas a la base legal, sino todas aquellas que no alteran el hecho de que usted ha realizado un trabajo cuidadoso. Porque así es, en efecto. Pero en el fondo de la cuestión estamos políticamente alejados.

Fatuzzo
Señor Presidente, Señorías, tengo que dar una buena noticia al Pleno que seguramente la recibirá como tal.
En los diarios de ayer, publicados hoy por las reseñas de prensa en toda Italia, se dice: "Descubierto el gen de la larga vida: la duración de la existencia aumentará un tercio" , precisamente el 35%. Pienso, por lo tanto, que si ahora tengo esperanzas de llegar a los 90 años, voy a llegar a los 130.
Ustedes me dirán: ¿Qué tiene que ver esto con la falsificación de documentos de viaje? Les respondo enseguida. Sus Señorías saben que soy el representante del Partido de los Pensionistas, electo aquí al Parlamento Europeo en esta lista. Los pensionistas me preguntan siempre qué se cuece en Bruselas. Son conscientes de que en Bruselas, pero sobre todo en los quince Estados miembros de la Unión, se cogen estos pensionistas y se echan en agua hirviendo, los más posibles. Esto es lo que sucede desde hace tiempo y ahora, con esta nuevas noticias, creo que la olla se calentará todavía más para poder hervir el mayor número de ancianos, posiblemente juntos.
Además de este grave perjuicio que saben que tienen que sufrir, lamentablemente, se añade el hecho de que, al ser ancianos, están expuestos más que los demás a los actos criminales que en toda la Comunidad Europea, por desgracia, se cometen por muchas de las personas que entran ilegalmente en la Unión y que, una vez que han entrado, cometen delitos.
En consecuencia, quisiera decirles a los amigos y colegas Gebhardt y Schulz, en primer lugar, que en las enmiendas presentadas por el Sr. Newton-Dunn no nos libramos en absoluto de la necesidad de luchar contra la criminalidad y la explotación de seres humanos que incluso se confirma. Quisiera decir asimismo que, aunque muchos no entran ilegalmente, no cometen siquiera delitos si son unos delincuentes; si, por el contrario, son buenas personas y tienen los documentos de viaje en regla, estamos muy contentos de que entren. Por esto decimos que lo que se hace con esta medida es correcto -aunque nos hace pensar en Arsenio Lupin- pero que sería mucho mejor tener un documento de identidad electrónico europeo, igual en todos los Estados. En particular, sería muchos mejor que se reforzara la vigilancia en las fronteras de la Unión Europea, la vigilancia en las fronteras de España, Grecia, Italia, así como del este de Europa... Es inútil gastar dinero, esfuerzos y trabajo por otros motivos. Debemos evitar que entren en la Unión Europea tantos ilegales que luego cometen delitos.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera felicitar al Sr. Newton Dunn y a la Comisión de Derechos de los Ciudadanos por el trabajo que han realizado.
Creo que el Parlamento sabe que la Comisión a este respecto considera desde hace mucho que la lucha contra el fraude documental, la falsificación y violación de documentos de viaje contribuye sobre todo a la mejora del control del paso de las fronteras exteriores y, en ese sentido, es un instrumento importante en la lucha contra la inmigración ilegal o irregular y contra las redes de tráfico de seres humanos. Paralelamente, este asunto corresponde también a la esfera de la cooperación policial y la lucha contra la delincuencia en general. Por eso, la elección del fundamento jurídico está pendiente.
Pero quisiera señalar a la atención de la Asamblea que en esta esfera las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere adoptaron cierta visión de las cosas al recurrir a la prosecución de las gestiones encaminadas a la aplicación de una política común activa de visados y de lucha contra la falsificación de documentos a fin de velar por una mejor gestión de las corrientes migratorias. En este marco no oculto a la Asamblea que la Comisión preferiría un fundamento jurídico correspondiente al primer pilar. Ya fuera en el marco del apartado 2 del artículo 62 o en el del artículo 66 del Tratado de la Comunidad.
Pero, naturalmente, el hecho de que se prefiera un fundamento jurídico correspondiente al primer pilar excluye la posibilidad de utilización de ese instrumento para la lucha contra la delincuencia transfronteriza, en particular para apoyar la cooperación policial entre Estados miembros.
De todos modos, la Comisión quisiera decir que, desde su punto de vista, comparte el análisis del ponente según el cual, con el tiempo, este instrumento de que hoy hablamos deberá estar integrado en un sistema más vasto que posibilite el intercambio de documentos en general. Por eso, he de recordar que la Comisión, con ocasión de la aprobación del sistema FABO (Sistema de archivo y de intercambio de imágenes) ya había anunciado que adoptaría las medidas necesarias para velar por su gestión. Por razones de coherencia e incluso de economía de medios, la Comisión se propone presentar en breve propuestas en ese sentido, es decir, encaminadas a la integración del intercambio de documentos defectuosos o falsificados, objeto de la presente propuesta, en un sistema más vasto de cooperación técnica que pondrá en práctica el intercambio de información sobre todas las formas de fraude referentes a documentos.
Ese sistema de cooperación técnica más avanzado contribuirá, así, de forma decisiva a la seguridad de los ciudadanos y a la lucha contra la delincuencia organizada, la mejora del control de las fronteras exteriores por lo que se refiere a las corrientes de personas y a la actividad delictiva transfronteriza. Y, por consiguiente, fortalecerá la confianza en los documentos de viaje en toda la Unión.
De ese modo crearemos condiciones para que sea posible salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de la Unión, el control de las corrientes migratorias ilegales y también la lucha contra la delincuencia transfronteriza.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9:00 horas.

Garantía sobre los préstamos para la realización de proyectos fuera de la Comunidad
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0051/1999) de la Sra. Rühle en nombre de la Comisión de Presupuestos sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(1999)142 - C5-0039/1999 - 1999/0080(CNS)) por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la Comunidad para absorber las pérdidas que se deriven de préstamos para la realización de proyectos fuera de la Comunidad (Europa central y oriental, Balcanes occidentales, países mediterráneos, Latinoamérica y Asia y República de Sudáfrica).

Rühle
Les doy las gracias a todos aquellos que han resistido tanto ya que este día ha sido relativamente amplio y durante mucho tiempo no supimos cuando iba a llegar el turno del informe. Sin embargo entre hoy y mañana me gustaría que realizáramos la votación sobre las modalidades de garantías de la Comunidad para el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, porque a ser posible quisiéramos acabar antes del Consejo y también porque queremos llevar a cabo algunas modificaciones, que paso a citar individualmente.
En relación con estas garantías se trata de los países de Europa central y oriental, de los mediterráneos, de los latinoamericanos, los asiáticos y Sudáfrica. Se trata del periodo que transcurre hasta el año 2003, según mi propuesta justo hasta el 31 de enero del 2003, entonces tendría lugar una evaluación intermedia y una nueva estimación y respectivamente una prolongación hasta el 31 de enero del 2007. Se trata de una suma que asciende a 9.475 millones de euros y se trata de una garantía que ascienda como máximo al 60%. En estas cuestiones hay relativamente poca controversia, esta aparece en otras cuestiones. El problema principal de mi informe radicaba en que a medida que transcurría el trabajo se iba haciendo más evidente que el Banco Europeo de Inversiones en lo que concierne a la moderna gestión de empresas, a la transparencia y a trabajar públicamente se encuentra ciertamente retrasado.
Algunos de mis colegas me han dicho que el Banco Europeo de Inversiones está unos veinte años rezagado respecto del Banco Mundial en lo que concierne a la moderna gestión de empresas. Por ello considero importante que nos ocupemos más intensamente de este tema. El Banco Europeo de Inversiones es el mayor banco público de Europa, sus principales propietarios son los estados miembros y trabaja sobre todo con préstamos a bajo interés. Con sus reducidas expectativas del pago de los intereses de los propietarios de su capital y así su posiblemente reducida gearing rate, esto es la relación entre el volumen de préstamos respecto del capital propio en torno al 2,5 -cuando los ratios en el mercado habitualmente superan el 10- el banco goza de gran confianza en los mercados de capital. Esta gran confianza en los mercados de capitales le permite aceptar créditos en las mejores condiciones y consecuentemente seguir prestando provechosamente. Además el banco goza de libertad impositiva y no en último término el banco también disfruta de garantías del presupuesto de la UE para riesgos políticos.
A pesar de apoyo directo e indirecto de la Unión Europea al banco, el BEI gusta de presentarse públicamente como un banco totalmente normal y así ha justificado en el pasado su relativa inaccesibilidad, en comparación con otras instituciones públicas como el Banco Mundial, en cuestiones de cooperación y de control frente a la administración. En nuestra opinión esto debe y tiene que cambiar urgentemente. Por ello mi informe también trata, sobre todo, las cuestiones de la obligación de rendición de cuentas y la transparencia, como he dicho, una moderna cultura empresarial.
En los últimos años se han acumulado muchas críticas en el procedimiento interno de administración y gestión del BEI. Y no obstante el banco se negó durante mucho tiempo a la inspección de sus libros tanto del Tribunal de Cuentas como de la OLAF apelando a su carácter especial en tanto banco. El especial empecinamiento del BEI en cuestiones de control público y transparencia propició que el ECOFIN manifestase lo siguiente el 8.10.1999, y cito textualmente: "teniendo en cuenta la importante tarea financiera que el Tratado y una serie de reglamentos comunitarios otorgan al Banco Europeo de Inversiones debería este mantener una posición ejemplar en la lucha contra el fraude y permitir a la OLAF realizar las investigaciones pertinentes si se diera el caso. El Consejo no pone en duda que los consejos directivos del banco, es decir, su Consejo de Gobernadores, hará una propuesta de resolución que esté en consonancia con el acuerdo interinstitucional" .
Ahora hay algunas señales de que el banco quiere abrir sus libros. Sin embargo, en mi opinión, no son aun suficientes y persiste la desconfianza. Esta desconfianza se ha alimentado con el tratamiento concedido al Sr. Blak, el ponente de la Comisión de Control Presupuestario, que espera desde hace mucho tiempo las respuestas a sus preguntas. En este punto quisiera volver a dar las gracias expresamente por los trabajos previos de la Comisión de Control Presupuestario, que me han permitido acabar este informe en este corto tiempo, y en especial al Sr. Blak y a la Sra. Theato.
En el futuro tendremos que seguir críticamente la evolución del BEI hacia una mayor transparencia y para todos los escépticos: también se trata de economía. Una empresa cubierta toma sus decisiones sobre una base de conocimiento reducida. El diálogo con la sociedad civil, como el práctica entre otros el banco mundial también aporta información para las decisiones de inversión. También en este punto hubo en el pasado algunas críticas al banco, fuera a sus inversiones en el sector de la salud en mi país de procedencia, que sobre todo aseguraban estructuras envejecidas, o fuera en los sectores del tráfico y el medio ambiente en Europa oriental. Para el futuro ya no puede ser suficiente que el banco se limite a la comprobación aislada de proyectos individuales -por ejemplo un tramo de autopista- también tiene que evaluar los proyectos en un contexto -por ejemplo en el marco de un plan de desarrollo de carreteras- para poder reconocer eventuales duplicidades y para desarrollar una alternativa asimilable y financieramente sostenible. Para ello se insta al banco a llevar a cabo un trabajo público de ofensiva en las regiones donde se presta apoyo.
También por esta razón en los próximos años el Parlamento Europeo debería centrar su vista en la evolución del BEI. Las bases están establecidas en mi informe y espero que sean aprobadas mañana. Muchas gracias, me he extendido un poco pero quería explicar claramente de qué trataba el informe ya que a la mayoría les puede sonar a chino.

El Presidente
Compruebo, señora Rühle, que a usted es muy difícil pararla. Ha sobrepasado su tiempo de palabra en un 25%. ¡Esto ya es titánico!

Khanbhai
Señor Presidente, la Sra. Rühle ha preparado un excelente informe sobre esta cuestión. Permítanme que me presente: soy el nuevo ponente recientemente designado para las cuestiones relativas al BEI, el Banco Central Europeo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
Estoy de acuerdo con las enmiendas propuestas por la Sra. Rühle, que expresan preocupaciones claras y reales acerca de la transparencia, la eficacia y la rendición de cuentas del BEI y acerca de su conformidad con los objetivos y las políticas de la Comunidad. Trataré brevemente de cada una de esas preocupaciones.
En primer lugar hay una preocupación muy extendida acerca de la transparencia del BEI. Mi predecesor del Grupo Socialista, Sr. Freddy Blak, la Sra. Rühle que es la autora del informe, muchos diputados del Parlamento y el Tribunal de Cuentas han expresado su opinión acerca de la falta de transparencia en las operaciones del BEI. Incluso el Banco Mundial y una organización no gubernamental de Europa Oriental, Bankwatch, han expuesto públicamente esa opinión.
En segundo lugar, hablemos de la eficacia. La Sra. Rühle dice que es necesario que evaluemos la eficacia de las operaciones del BEI. En mi calidad de nuevo ponente para las cuestiones relacionadas con el Banco, pedí a Sir Brian Unwin, Presidente del BEI, que me recibiera para que en una primera reunión pudiéramos fijar el marco que me permitiera determinar la eficiencia del Banco. Lamento tener que comunicar al Parlamento que Sir Brian ni siquiera se molestó en telefonearme o en citarme a pesar de que le llamé varias veces por teléfono. Esa falta de consideración para el nuevo Parlamento Europeo perjudicará una vez más la confianza y el respeto público en la Unión Europea.
En tercer lugar, ¿qué se puede decir de la responsabilidad pública? En mayo de 1999, mi predecesor, el Sr. Blak, Vicepresidente de la Comisión de Control Presupuestario, formuló 26 preguntas concretas acerca de presuntos fraudes, mala gestión, corrupción y encubrimiento -he dicho "encubrimiento" -en las actividades del Banco, operaciones de caja incluidas, a lo largo del período 1993-1998. Las preguntas eran concretas, detalladas y pertinentes. Requerían una respuesta del Banco por escrito. Pedí a Sir Brian que las contestara y también en este caso ha preferido ignorar mi petición. Me dijo el Sr. Martí, uno de sus vicepresidentes, que el BEI es propiedad de los Estados miembros y que, por lo tanto, según el Tratado no es una institución de la Unión Europea que tenga la obligación de contestar al Parlamento Europea, al Tribunal de Cuentas o a OLAF. Sólo se pueden discutir con diputados del Parlamento las cuestiones referentes a préstamos a países que no son de la UE, en los que la Comunidad garantiza el préstamo concedido.
Permítame el Parlamento que le pregunte: ¿qué son los Estados miembros? ¿No son los gobiernos de las personas que viven, trabajan y pagan impuestos en los países que denominamos Estados miembros? En nuestra calidad de únicos representantes electos del pueblo de esos Estados miembros, ¿no se espera de nosotros que protejamos los intereses de las personas que viven en los Estados miembros? ¿Acaso prohibe concretamente el Tratado que el Parlamento Europeo tenga acceso a la información? Seguro que no. Por lo tanto, si el BEI está seguro de que funciona bien y de que no tiene nada que ocultar, ¿por qué Sir Brian Unwin, su Presidente, niega el acceso a este Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a OLAF?
Es evidente que hay que modificar el Tratado para dejar bien sentado que ese acceso es un derecho. Sugiero que los que participan en las cuestiones relativas a la Conferencia Intergubernamental tomen nota de ello. Es evidente que contamos con apoyo exterior pues Ecofin, en su reunión del 8 de octubre en Tampere, reforzó sus anteriores críticas de la gestión y de los resultados del BEI al darle instrucciones para que abra sus puertas a OLAF y al Tribunal de Cuentas. He podido ver la decisión adoptada por el BEI acerca de esa directiva y según los apartados 5 y 6 de la decisión adoptada por el Banco no se abrirán sus puertas a OLAF. Ya es hora de que este Parlamento diga al Banco que abra sus puertas a OLAF y al Tribunal de Cuentas.

Casaca
Señor Presidente, Señorías, la sucesión de seísmos que han sembrado la destrucción en el noroeste de Turquía nos ha movido a considerar esencial el refuerzo de las asignaciones para ese país y, por eso, votamos favorablemente, en primera lectura, una revisión de las perspectivas financieras que establece un apoyo de emergencia a Turquía, a la par con la prioridad que concedamos a la reconstrucción de Timor Oriental. Además de ese impulso presupuestario, también es indispensable fortalecer el apoyo a Turquía con créditos en condiciones favorables y, por eso, apoyamos la tasa de cobertura de riesgos por parte del presupuesto comunitario.
Simultáneamente, hemos recibido con cierto agrado la reciente noticia de que el Banco Europeo de Inversiones ha aceptado por fin el examen de su gestión por instituciones comunitarias. En cualquier caso, nos parece fundamental que la próxima revisión del Tratado consagre el Banco Europeo de Inversiones como una institución plenamente comunitaria, sujeta a la supervisión del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Europeo y que no responda sólo ante una asamblea general de los Estados miembros, como actualmente pretende.
A partir del momento en que toda la actividad del Banco está apoyada por un voluminoso esfuerzo presupuestario comunitario, que garantiza los riesgos vinculados a la actividad bancaria, se deben examinar sus cuentas con todo cuidado y rigor. Cuando este Parlamento y la opinión pública fueron sorprendidos por informaciones transmitidas por la prensa, según las cuales una institución, que, según pensábamos, se dedicaba sólo a inversiones estructurales, había perdido sumas muy elevadas en operaciones especulativas a corto plazo, resultó clara la necesidad de examinar de forma cabal la política de inversiones del BEI.
El efecto multiplicador de la garantía bancaria hace que las inversiones resultantes de los créditos del BEI tengan una importancia decisiva en el marco de las políticas subvencionadas por el presupuesto comunitario. Por tanto, no sería razonable apoyar, mediante esa garantía, políticas diferentes de las decididas por la Unión Europea. No se trata de injerirse en la política comercial de préstamos, materia de competencia exclusiva de la administración del BEI, sino tan sólo de velar por el respeto de las decisiones democráticas y por normas de rigor y transparencia. El BEI es depositario de una valiosa herencia comunitaria, tanto desde el punto de vista de las acciones que ha ayudado a emprender como desde el de los medios que ha ido acumulando. Estamos seguros de que el BEI seguirá desempeñando ese papel en el futuro.

Virrankoski
Señor Presidente, el informe de la señora Rühle es excelente, resaltándose en el mismo aquellos principios tan importantes para el Parlamento en el desarrollo de su labor administrativa. Los informes de la señora Rühle y el señor Seppänen se suman por igual al mismo asunto: las garantías de los préstamos aprobados a cargo del Banco Europeo de Inversiones. El BEI es, en principio, un excelente medio de financiación para los proyectos concretos. Dada su alta capacidad de crédito, puede reunir los capitales del mercado de forma rentable y dirigirlos hacia aquellos objetivos que la UE considere necesarios. En tal caso, pudiera ser que disminuyera la evidente necesidad de ayuda financiera. Para estos préstamos, que realiza el BEI en nombre de la UE, existe una garantía ya aprobada, cuyo valor es del 70%. Ahora se presenta la cuestión de la reducción de tal porcentaje. La Comisión propone un 60%, pero el Consejo ha decidido una cifra inicial del 65%. Por ello, el Parlamento tiene que determinar ahora el techo para el que la cifra resulte más apropiada.
Al determinar la cifra porcentual, se ha partido de la idea de que la UE soportaría en primer lugar el riesgo inherente a la financiación de los proyectos. Esto significa que si la situación política del país destinatario de la ayuda se muestra previsible, el préstamo comportará un riesgo meramente económico y bajo la responsabilidad, en general, de quien efectúe el préstamo. Pero de hecho, la garantía de la UE ha soportado también parte de esos riesgos económicos, ya que estos dos agentes no se pueden separar entre sí claramente. Por supuesto, la trascendencia de este porcentaje reside en el modo en que pueden asegurarse muchos préstamos: al azar. Esto es algo que implican las perspectivas financieras y que en este momento supone 200 millones de euros. Por otra parte, desde el punto de vista práctico, el cambio del porcentaje no tendría un significado más apreciable que el de un ajuste global en la cantidad de todos los préstamos, ya que las garantías -en cuanto instrumentos pagaderos- raras veces dejan de ser efectivas.
Señor Presidente, lo que he pretendido con estas observaciones es apoyar los informes de la Sra. Rühle y el Sr. Seppänen.

Färm
Señor Presidente, las actividades del Banco Europeo de Inversiones son cada vez más importantes, especialmente ahora que Europa Oriental y Occidental se acercan la una a la otra. Al llegar a la UE nuevos socios de Europa del Este y de la región mediterránea, igualmente que al desarrollar la colaboración con países fronterizos, no se trata sólo de alcanzar buenos acuerdos. En la misma medida se trata de desarrollar esas sociedades y economías de manera que puedan desenvolverse en el nuevo mundo al que se integran. Por eso es grave que hoy se desconfíe tanto del Banco.
Hay que desarrollar el contenido y los efectos del programa del BEI para que los préstamos respalden vigorosamente los objetivos políticos de la Unión. La ponente y la Comisión de Presupuestos destacan especialmente que los proyectos del Banco deben apoyar objetivos importantes, entre otros, decisiones del Parlamento Europeo como, por ejemplo, en materias tales como la lucha contra la pobreza y la protección a la democracia, a los derechos humanos y al medio ambiente.
Es evidente que la Unión tiene que continuar respaldando al BEI y garantizar los préstamos respecto a riesgos de orden político. Vemos como algo provechoso que actualmente se quieran matizar los juicios sobre los riesgos y las posibilidades de financiamiento en distintas partes del mundo. Sin embargo, no sólo es importante realizar mejoras del propio programa sino que también tiene que mejorar la transparencia en las actividades del Banco. Por ejemplo, es importante que el Banco trabaje con objetivos claros y evaluables para así poder asegurar que los recursos se usen eficazmente. Esto es importante también para aprender de las actividades realizadas y usar este tipo de análisis en las tareas futuras.
Muchos colegas se han referido a la apertura. Muy brevemente voy a ocuparme de ella. Todas las instituciones comunitarias, y también el BEI, tienen que someterse actualmente a controles más rigurosos. Por eso exigimos mayor apertura. Debe ser obvio que tanto la OLAF como las instituciones encargadas de las auditorías tengan que tener acceso a todos los documentos necesarios para realizar un buen control. Éste es el contenido de la importante enmienda 5 y algo que creo que el Banco ha empezado a aceptar.

Blak
Señor Presidente, como ponente del dictamen de la Comisión de Control Presupuestario me gustaría dar las gracias a la Sra. Rühle por su colaboración. Ha sido un verdadero placer trabajar juntos en este tema. El Banco de Inversiones es una importante herramienta con respecto a la ayuda a los países en vías de desarrollo; sin embargo, para ayudar, el banco precisa garantías de préstamo liberadas por la UE. Las garantías son necesarias para poder aprovechar al máximo el potencial del banco. Por ello me gustaría recomendar el informe, aunque también tenga un par de comentarios que hacer sobre el Banco de Inversiones.
La lucha contra el fraude, el caos y la ineptitud dentro de los sistemas comunitarios es una cuestión sumamente importante. Si no acabamos con el fraude en detrimento del dinero de los impuestos, la actitud de la población europea hacia nosotros nunca será positiva. Va en detrimento de la colaboración. De ahí que la lucha contra el fraude deba recibir la máxima prioridad en todos los ámbitos. Esto es también válido en el caso del Banco de Inversiones. Hemos luchado duramente desde la Comisión de Control Presupuestario durante seis años para poder echar un vistazo a las cuentas del banco y ayer alcanzamos por fin un acuerdo sobre el control del banco por la oficina contra el fraude, la OLAF. No obstante, me parece increíble que fuese necesario presionar al banco en lo relativo a sus garantías de la UE antes de poder hablar con ellos. No deberíamos vernos obligados a emplear este tipo de acciones. Lo diré de la siguiente forma: Habría sido más fácil entrar en el Fort Knox norteamericano de que lo que nos ha sido cruzar las puertas del banco. La apertura del banco implica que ahora la OLAF puede solicitar datos al banco. También implica que el banco deberá dirigirse a la OLAF cuando descubra indicios de fraude y entonces sí que ya podremos abordar un par de casos.
Básicamente, el Banco de Inversiones se ha visto ahora obligado a colaborar al máximo con la OLAF para acabar con el fraude en detrimento del dinero de los contribuyentes. La única forma en la que podemos mejorar nuestra relación con la población europea es siendo transparentes y mostrando que empleamos su dinero de forma clara y ordenada. El Banco ha decidido que la OLAF debe iniciar una investigación cuando se trate de fondos comunitarios. Esta decisión supone de hecho una victoria enorme para el Parlamento Europeo y por ello quiero decir que para mí ha sido motivo de alegría liderar esta lucha, ahora mi colega va a asumir esta responsabilidad y estoy totalmente seguro de que le van a adorar en el banco.

Solbes Mira
Señor Presidente, me gustaría hacer dos comentarios, uno sobre el objeto fundamental del tema de debate de hoy, la garantía de los presupuestos de la Unión a los préstamos exteriores del BEI, y otro sobre el tema que veo que preocupa especialmente a la Asamblea, los elementos de transparencia y la buena utilización de los recursos del Banco.
Primer punto: En el ECOFIN del pasado 8 de noviembre se alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión del día 23 de abril. Es verdad que quedan aún algunas reservas por parte de dos Estados miembros. Con la opinión favorable del Parlamento Europeo esperamos aprobar esta decisión del Consejo en la próxima reunión del Consejo el 29 de este mes. El tema es de especial relevancia, dada la urgencia del tema, en la medida en que ya no contamos con excesivo tiempo para poner en marcha el nuevo procedimiento, ya que el actual sistema termina a finales del mes de enero y hay que alcanzar un acuerdo bilateral entre el Banco y la Comisión.
Por lo tanto, querría agradecer el trabajo presupuestario, especialmente a la Sra. Rühle por su excelente cooperación en este punto concreto de la previsión de los temas. Sobre esa base, le diría también que, en cuanto al informe, muchos temas han sido aceptados, hay otros que no lo han podido ser bien por razones técnicas, bien por razones económicas. Son perfectamente conocidas nuestras posiciones y no sé si vale la pena repetirlas. Únicamente insistiría tal vez en la última propuesta, en la que se refiere a la enmienda nº 11. Como les hemos comentado ya, pensamos que es mucho mejor, en el tema de la definición de las políticas, hablar de una solución mediante una declaración de la Comisión ante el Consejo que de una modificación de la decisión.
El problema, sin embargo, que ha preocupado hoy fundamentalmente en el debate es el de la transparencia y la buena utilización de los recursos comunitarios. Es cierto que no es un tema nuevo, que muchas de sus Señorías han trabajado en él desde hace bastantes años, y a mí me gustaría ser un poco menos negativo que algunas de sus Señorías. Menos negativo en el sentido de que yo creo que el marco de las relaciones del BEI con la OLAF y con el Tribunal de Cuentas empieza a ser bastante claro.
Es cierto -y algunos de ustedes lo han planteado- que, en cuanto a las relaciones con el Tribunal de Cuentas, hay un problema de legislación primaria que evidentemente habrá que modificar, si se quiere aplicar al Banco Europeo de Inversiones el mismo trato que a las instituciones comunitarias.
Vuelvo a insistir en un tema que es conocido, pero no por ello menos importante: los Estados miembros son los accionistas del Banco y corresponde a los Estados miembros tomar algunas decisiones que, lógicamente, no corresponden a otras instituciones comunitarias. No estamos hablando de mayor o menor representatividad sino simplemente de una distribución de competencias que en su día se definió de una determinada forma.
Segundo punto: A partir de ahí, ¿dónde creo yo que hemos avanzado? Creo que hemos avanzado de forma muy sustancial en la medida en que el Banco Europeo de Inversiones ha aceptado que la OLAF tenga toda la información y disponga de todo lo necesario para analizar los préstamos bonificados con fondos comunitarios, lo que sin duda alguna debe ser el objeto fundamental de nuestra preocupación.
Es cierto que todavía se debate sobre qué sucede con las actuaciones del Banco en los casos en que utiliza recursos propios. Y es cierto que cuando hablamos de recursos propios estamos a su vez hablando de dos realidades distintas: de préstamos con recursos propios y garantías de la Unión o de préstamos sin garantías de la Unión.
Yo desearía que este principio de apertura que se ha producido en las relaciones con el Banco siga adelante y que al final podamos llegar a un resultado que sea satisfactorio para el Parlamento y para el Banco Europeo de Inversiones, sin olvidar, como decía anteriormente, que el BEI es una institución financiera que puede dar información sin ninguna restricción de temas de alguna naturaleza. Puede dar información, con alguna restricción, a la OLAF y, desde luego, en lo que se refiere al Tribunal de Justicia, la posición final deberá ser la que se decida de acuerdo con la modificación de los Tratados.
En todo caso, el debate me ha parecido de gran interés y espero que lo que hoy he oído aquí no sea un obstáculo, sin embargo, para que podamos seguir adelante en la aprobación de la distribución de recursos, de la distribución de préstamos, a partir del próximo año y que no se retrasen los procedimientos comunitarios.

El Presidente -
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9:00 horas.

Garantía sobre los préstamos para la realización de proyectos en Turquía
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0054/99) del Sr. Seppänen en nombre de la Comisión de Presupuesto sobre la propuesta decisión del Consejo por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la Comunidad para absorber las pérdidas que se deriven de los préstamos para la realización de proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Turquía.

Seppänen
. (FI) Señor Presidente, en Turquía se ha sufrido un terremoto en agosto, que ha causado una gran devastación y un enorme sufrimiento. De hecho, el problema es la ola de seísmos que sigue azotando a Turquía. Tras el mes de agosto, la vida allí se ha vuelto incierta. Se ha hablado mucho ya de Turquía en el Parlamento. En la Cumbre de Helsinki de diciembre, Turquía se convertirá, aparentemente, en un candidato a miembro, del que se espera que cumpla los criterios de adhesión establecidos en Copenhague, sobre los que Turquía ha sido frecuentemente cuestionada. Todos conocemos el problema democrático que existe en Turquía en relación a los kurdos. Hay un millón de nacionales de este país que carecen de derechos políticos plenos, con uno de sus dirigentes en la cárcel aguardando su sentencia de muerte. Pero hay todavía más problemas, entre otros el de Chipre.
En relación al debate de este informe, hemos dejado a un lado las cuestiones políticas. La cuestión radica en la ayuda humanitaria a Turquía para la reparación de los daños causados por esa terrible catástrofe natural. En este sentido, lo que tenemos que hacer es limitarnos a la cuestión de cómo se puede ayudar a Turquía, siendo la ayuda urgente. Por ello, el Parlamento de Europa ha de decidir sobre este asunto para mañana. La Comisión propone, a petición del Consejo, que se otorgue a Turquía un préstamo de 600 millones de euros con cargo al Banco Europeo de Inversiones según los criterios normales de préstamo. El Banco se ha pronunciado ya sobre la capacidad de Turquía de recibir el préstamo aplicando tales fondos a la reparación de los daños causados por los terremotos: Turquía está preparada. El dinero está dispuesto para su uso expreso en la reparación de estos daños.
Se pide al Parlamento su rápido pronunciamiento sobre el asunto, ya que el BEI está listo para un préstamo de 180 millones de euros ya para mediados de este año. Para tal préstamo, hay que activar una suma de 16, 4 millones de euros a cargo del BEI. Surge entonces el problema relativo al estricto marco establecido por el acuerdo entre órganos para el Fondo de garantía. El máximo anual de garantía que actúa como techo para el Fondo de garantía es de 200 millones de euros. En estos momentos, se le está asignando al BEI un garantía general del 70 %. En el Consejo se ha acordado una disminución en un 65%, pudiendo aprobar el Parlamento, en vista del Informe Rühle, otra reducción hasta el 60%, según la propuesta de la Comisión.
Por estas razones, he planteado 3 enmiendas a la propuesta de la Comisión, de las que la primera alude al límite general del Fondo de garantía, muestran las dos restantes a un acuerdo conjunto acerca del porcentaje de las garantías sobre la base del Informe Rühle.
En los próximos años, se nos va a presentar un problema: el uso de una proporción tan grande del Fondo de garantía para el crédito especial a favor de Turquía que estamos discutiendo, podría llegar a devorar las reservas adoptadas para los préstamos aprobados para otros imprevistos que se puedan presentar. Debido a ello, debemos alcanzar un acuerdo con la Comisión sobre la elevación del techo del Fondo de garantía en caso de que surjan nuevas necesidades de asistencia por imprevistos semejantes a la catástrofe humanitaria que tenemos entre manos actualmente.
He hecho la correspondiente comunicación del asunto a la Comisión mediante el informe, esperando que la misma presente su respuesta a tales cuestiones hoy mismo. Se está pidiendo a la Comisión que aclare la situación general sobre el uso del Fondo de garantía y que haga las estimaciones que resultan tan importantes para el futuro uso de los márgenes que hay para los fondos. El Comité y el Parlamento, en función de las respuestas de la Comisión, podrán considerar esencial la presentación de una propuesta en la que se recuerde a la Comisión que puede revisar la cantidad límite incluida en las expectativas financieras. Esta revisión se podrá aprobar en caso de que la respuesta de la Comisión no sea satisfactoria. En mi opinión, la Comisión dispone ahora de tiempo suficiente para dar su respuesta a los puntos de vista presentados en el informe.

Alyssandrakis
Señor Presidente, en nombre del Partido Comunista de Grecia, y de todo el pueblo griego, quiero expresar nuestro más hondo pesar por las víctimas, y nuestro apoyo a los afectados por el terremoto que golpeó a Turquía la semana pasada, sumando nuevas heridas a las que había abierto el terremoto de agosto. Expresamos, más en general, nuestra solidaridad con el pueblo turco que se ve sometido a una nueva prueba.
Consideramos imprescindible y de la máxima urgencia la toma de todas las medidas necesarias, y la habilitación de todos los medios financieros necesarios, para contribuir a hacer frente a las consecuencias de los recientes desastres causados por los terremotos en Turquía y a aliviar a los miles de damnificados. El Consejo y la Comisión deben preocuparse de que se elaboren las oportunas propuestas de apoyo financiero lo antes posible, asegurándose al mismo tiempo de que el uso estas partidas no tendrá otro fin que la reparación de los daños y el alivio de los damnificados.
Los terremotos no pueden ser utilizados, sin embargo, como coartada para el desbloqueo de protocolos financieros y la concesión de otras partidas al gobierno turco, que no cumple sus compromisos, ni los presupuestos que se han planteado de democratización, respeto a los derechos humanos, a los derechos de las minorías, observación del derecho internacional, resolución del problema de Chipre y finalización de la guerra contra los kurdos.
Por ello repetimos nuestra oposición a la financiación vinculada a la materialización de la unión aduanera, y a las propuestas correspondientes incluidas en el presupuesto del 2000. A este propósito, queremos también señalar la necesidad general de habilitación de recursos suficientes para una intervención rápida e inmediata encaminada a la reparación de daños y al alivio de las poblaciones afectadas, como en los casos de las recientes inundaciones en Francia y en Grecia, y de los recientes terremotos en Grecia.

Solbes Mira
. Gracias, señor Seppänen, por su presentación y por el informe. Me gustaría hacer algún comentario sobre dicho informe.
En primer lugar -y con esto también quiero tranquilizar al Sr. Korakas-, estamos hablando de ayuda humanitaria, de un proceso distinto de cualquier otro programa de ayudas existente en la Unión, llámese protocolo financiero o cualquier otra alternativa. Ayuda humanitaria, inicialmente, para los terremotos que tuvieron lugar en el mes de agosto, pero que a la Comisión le gustaría que se pudiera extender también, en cuanto al ámbito de aplicación, a los más recientes terremotos que se han producido en Turquía. Creemos que no cambia sustancialmente la cantidad, pero sí pensamos que establecer una diferenciación entre los daños causados por un terremoto u otro sería difícil de entender en un programa de esta naturaleza.
Quisiera abordar, tras estos comentarios iniciales, los dos problemas planteados en el informe. El primer problema es que cabe el riesgo de que se supere el tipo o el montante total de préstamos de la reserva y de las garantías de préstamos. De acuerdo con nuestra información, no es así. Hemos hecho un análisis en profundidad, con todo detalle, y, de acuerdo con la información disponible, sobre la base de los supuestos de utilización máxima hay un remanente todavía en el año 1999 de 33 millones de euros, de 8,7 en el 2000, de 7 millones -aproximadamente- en el 2001 y, aunque es cierto que en el año 2002 la situación será absolutamente ajustada, vuelven a existir remanentes en el 2003. Esto nos hace por tanto pensar que modificar el sistema de reservas en el momento actual carece de sentido, porque sólo se plantearía esta dificultad en el caso de que utilizáramos al máximo todo lo que ahora está previsto. Es cierto que me pueden plantear qué sucede en el caso de que existan nuevas situaciones parecidas a estas y tengamos que ir más lejos. Por esta razón la Comisión siempre tiene margen para plantear esta posibilidad de incremento del Fondo de reserva, aunque no tenemos la sensación de que sea necesario hacerlo en el momento actual.
En cuanto a la posibilidad del 60 o del 65%, podríamos estar de acuerdo con su idea de aceptar el 60 en vez del 65, que nos parece una idea coherente. Lo que sucede es que ello implicaría una modificación de las normas actualmente aplicables, lo cual, a su vez, daría lugar a un retraso en el proceso de toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria, una de cuyas principales características es la urgencia, para poder paliar rápidamente los problemas existentes en Turquía.
Por lo tanto, me gustaría que mis explicaciones fueran satisfactorias, que el Parlamento pudiera reconsiderar sus peticiones, que se diera la máxima urgencia a la aceptación de esta decisión con la garantía de que, si en el futuro hubiese problemas desde el punto de vista financiero, la Comisión planteará la necesidad de ir más lejos en cuanto al Fondo de reserva.

El Presidente -
Muchas gracias, señor Comisario Solbes Mira.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 9:00 horas.
Les doy las gracias a todos aquellos que han perseverado tanto.
(Se levanta la sesión a las 19.55 horas.)

