Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.¿Hay alguna observación?

Ford
Señor Presidente, quisiera intervenir respecto de una cuestión de orden bajo en artículo 9 -Código de conducta. El mes pasado el Parlamento demandó justamente apertura y transparencia respecto de la Comisión, a pesar de que actualmente el Parlamento se esté comportando con hipocresía con respecto a su propia apertura y transparencia. Lo que es válido para unos debe ser válido para todos. El artículo 9(2) y el Anexo I (artículo 3) indican que la declaración de intereses de los diputados debe estar a disposición del público. Actualmente el registro sólo está disponible en tres sedes - Luxemburgo, Bruselas y Estrasburgo. Me resulta muy difícil defender esto cuando recibo preguntas en mi circunscripción. Si alguien quiere consultar el registro tiene que viajar al extranjero para ello.
Señor Presidente, quisiera preguntarle si va a dar una interpretación del Reglamento en el sentido que «a disposición del público» signifique que debe estar disponible en las oficinas de información del Parlamento. Si no esta en posición de hacerlo así, ¿enviará usted la cuestión a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, ya que, en tanto miembro de esa comisión está al corriente de que la intención de la comisión fue que «a disposición del público» significase que lo fuera en cada Estado miembro?

Presidente
Señor Ford, comprobaré el asunto que ha suscitado. De hecho, se presentó una enmienda que solicitaba que el registro estuviera disponible en todos los Estados miembros, pero el Parlamento la rechazó. No puedo hacer una interpretación en contra de lo que claramente era la voluntad de la Asamblea en ese momento. Remitiré la cuestión a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, tal y como usted solicita, de modo que pueda presentar la propuesta adecuada si fuera necesario. En ese caso sería necesario traducir las declaraciones de los diputados que actualmente solo están disponibles en las lenguas originales.

Green
Señor Presidente, recordará que suscité esa misma cuestión la semana pasada en la Conferencia de Presidentes. Sugerí que, dada nuestra insistencia en que la Comisión sea más abierta, hay un modo muy simple con el que podemos situarnos en la vanguardia de la demostración efectiva de transparencia respecto de esta cuestión, en concreto, añadiendo la declaración de intereses de los diputados a cada entrada particular de los diputados en la página de Internet del Parlamento. Esto demostraría inmediatamente a todo el mundo tanto que somos transparentes como que, en el interés general, estamos dispuestos a publicar completamente nuestro registro en la página de Internet.

Presidente
Señora Green, estoy de acuerdo, pero no puedo dar una interpretación de una cuestión muy sensible en contra de lo que se decidió. No se decidió que estas declaraciones fueran públicas: la Asamblea decidió que fueran accesibles al público. La Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades podría presentar esta propuesta y, si obtiene la mayoría necesaria, sería excelente y podría presentarse a la asamblea para su ratificación. Esto sería mejor y todo el mundo podría tener un conocimiento completo de la propuesta contra la que, personalmente, no tengo nada en contra.

Ojala
Señor Presidente, todos hemos recibido su carta en la que nos comunica que la Conferencia de Presidentes ha decidido modificar la estrategia informativa del Parlamento. De ahora en adelante, se seleccionarán cada semana de sesión diez o doce cuestiones de interés sobre las que informará la Dirección de Información del Parlamento Europeo. Tenemos ante nosotros un resumen acerca de la sesión de ayer por la tarde. Este resumen se centra en el informe del Sr. Barzanti, un trabajo verdaderamente interesantísimo desde un punto de vista informativo. Lo que me preocupa es que si en el futuro se van a seleccionar diez o doce cuestiones de interés por período parcial de sesiones, ¿cómo afectara esta medida a la imagen del Parlamento? ¿Cómo podrán, por ejemplo, los colectivos ciudadanos enterarse de aquellos temas que no cubra la prensa o que no sean necesariamente en ese momento titulares en los medios de comunicación? Este asunto me preocupa en cierta medida, por lo que, señor Presidente, tengo previsto dirigirme a usted por carta con el fin de cerciorarme de que esta modificación en los servicios de información del Parlamento no se traducirá en un grado insuficiente de información a los ciudadanos acerca de las actividades del Parlamento.

El Presidente
Señora Ojala, esta es una decisión que tomó la Mesa después de estudiar la política informativa del Parlamento sobre la base de que, si el Parlamento expone todo lo que se ha debatido en Pleno, naturalmente, al final, no se transmite nada porque los periódicos no pueden transmitir 30 o 40 asuntos distintos. Hay que seleccionar aquello que puede tener un mayor interés para los medios de comunicación si, evidentemente, queremos que los medios de comunicación se hagan eco de nuestra actividad. Se trata simplemente de un problema técnico de transmisión y comunicación. Al mismo tiempo, el Arc-en- ciel estará disponible más pronto para que todos los miembros puedan leerlo en el plazo más breve posible.

Leperre-Verrier
Señor Presidente, desearía que esta mañana tuviéramos presentes a las víctimas de la avalancha que ayer se llevó por delante veinte chalets en el valle de Chamonix.
En este período de vacaciones de invierno, eso debe recordarnos que la montaña es un espacio concreto del que apenas nos ocupamos en el nivel de la Unión Europea. Con que propongo que en marzo se incluya esta cuestión en el próximo debate de actualidad y urgencia y en el marco de las catástrofes naturales, pero, entretanto, deseo que enviemos a las víctimas y a sus familias un mensaje de solidaridad.

El Presidente
Gracias, Señoría. Naturalmente, enviaré un mensaje de condolencia a las familias en nombre de la Asamblea.

Ephremidis
Señor Presidente, esta mañana el Parlamento está siendo rodeado de fuerzas policiales y de otro tipo y, según se dice en la prensa, va a producirse otro nuevo asedio por parte de los agricultores, especialmente los de la región de Alsacia. Quisiera rogarle que nos dé información sobre ese asunto: qué es lo que está ocurriendo y si le han solicitado que reciba aquí a los agricultores.
Probablemente traten de presentar algunas reivindicaciones al Parlamento y no estén simplemente haciendo ejercicio físico en las inmediaciones del mismo. Sería interesante que se nos diese alguna información porque, en estos momentos, los problemas agrícolas se encuentran en una fase crítica y han sido debatidos repetidas veces durante las dos últimas semanas.

El Presidente
Señor Ephremidis, desde luego, no vendrán a hacer ejercicio gimnástico porque vendrán en tractores, al parecer. Pero, de todas maneras, el Presidente Santer, el Comisario Fischler, el Sr. Colino, presidente de la Comisión de Agricultura y yo mismo vamos a recibirles para tener un conocimiento exacto de cuáles son sus reivindicaciones.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, mi pregunta se refería también a los planes del Parlamento Europeo en relación con la manifestación que va a tener lugar durante el día. Es importante se hagan verdaderos esfuerzos para escuchar las exigencias de los agricultores europeos y que una delegación les reciba cuando lleguen aquí.
Se me ha dado una respuesta y parece buena. Opino que es provechoso que se escuche a los agricultores y que contestemos sus preguntas cuando vengan al Parlamento.

El Presidente
Señor Lindqvist, le recuerdo que el Parlamento no tiene fuerzas de orden público y que el mantenimiento del orden público en los alrededores depende del Estado francés. Por tanto, nosotros no hemos tomado medida alguna al respecto, como es lógico.
Yo les agradecería que, sobre este mismo tema, una vez hemos dado información, no insistiesen porque no me parece necesario.

Wijsenbeek
Señor Presidente, respecto al artículo 47 y el punto sobre las catástrofes naturales, lo de la nieve y lo de los agricultores, permítame indicarle que ayer en los Países Bajos, que ocupan un territorio con una longitud máxima de 325 kilómetros, el total de las caravanas sumaba 975 kilómetros. Es decir, tres veces la vuelta al país; y eso significa que ya no entraba ni salía nadie. ¿No es hora ya, señor Presidente, de que incluyamos entre las auténticas urgencias el tema de la tarificación vial y la mejora de la circulación en Europa?

El Presidente
Yo creo, señor Wijsenbeek, que usted conoce bien el cauce de las urgencias. Preséntelo usted, si cree que es un tema urgente.

Killilea
Señor Presidente, quisiera pedirle consejo. Ayer presenté una cuestión a la Comisión y hoy tengo otra parecida para el Consejo. De hecho, estaba tan abajo en la lista que, por supuesto, no fue tomada. Esta mañana he recibido la respuesta a mi pregunta y ha sido la respuesta más elusiva y cobarde que jamás haya oído de la Comisión.
Señor Presidente, ¿qué recurso tenemos en este Parlamento para estas respuestas cobardes a cuestiones importantes? Mi pregunta versaba sobre la destrucción total de los bancos de pesca del Atlántico norte provocada por las focas. Ahora se ha demostrado esto científicamente y de forma concluyente y, no obstante, en la Unión Europea no somos capaces ni competentes ni tenemos incluso el valor...

El Presidente
Señor Killilea, no sé lo que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es plantearlo en este momento, que no es el momento oportuno.

McKenna
Señor Presidente, encuentro muy interesante que el Sr. Killilea cite pruebas científicas. En cualquier caso, en relación con otra cuestión: quisiera saber con qué criterios decide reunirse con algunos manifestantes que vienen aquí a Estrasburgo. ¿Tiene en cuenta a los agricultores de la periferia de Europa -Irlanda, Grecia, España o donde sea- que no pueden desplazarse hasta aquí? ¿Bajo qué criterios se reúne con la gente? Las personas que se encuentran en las proximidades pueden venir, otras no.

El Presidente
Señora McKenna, esto que dice usted me recuerda la anécdota siguiente: una vez, un ministro de Interior español decía, ante el anuncio de una manifestación, al embajador británico: «¿Quiere usted que le mandemos más policías?» El embajador británico contestó: «No, mándeme usted menos manifestantes».
Risas
Yo creo que el Parlamento no trae manifestantes ni organiza la manifestación. Por tanto, no le puedo contestar a su pregunta.
Vamos a entrar en los escritos de objeción no sin felicitar a nuestro colega Sr. Menrad, que cumple 60 años, y le deseamos que cumpla muchos más con nosotros.
Aplausos
(El Parlamento aprueba el Acta)

La UEM en el marco de la ampliación
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0030/99) del Sr. Barros Moura, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre las consecuencias constitucionales de la UEM en el contexto de la ampliación.

Barros Moura
Señor Presidente, Señorías, este informe toma como punto de partida el éxito indiscutible que fue la adopción de la moneda única, después de un proceso de convergencia seguido con rigor. La creación de la Unión Económica y Monetaria, con un Banco Central Europeo independiente, representa una transformación cualitativa de la Unión Europea con la aparición de un verdadero poder político supranacional que asume las competencias antes pertenecientes a las soberanías nacionales en materia de política monetaria y cambiaria.
Pero la construcción institucional de la Unión Económica y Monetaria se presenta desequilibrada, en la medida en que los poderes de dirección centralizada de la política monetaria no van acompañados de auténticos poderes de la Unión para ejercer una coordinación efectiva de las políticas económicas mediante orientaciones generales y una supervisión multilateral de carácter vinculante. Al mismo tiempo resultan insuficientes los mecanismos de la Unión tendentes a garantizar la transparencia y la responsabilidad democrática de la acción del Banco Central Europeo.
Para afrontar estos problemas el informe propugna dos caminos: por un lado, explotar a fondo las posibilidades ofrecidas por los Tratados en vigor, en particular mediante el acuerdo interinstitucional ya propuesto por el Parlamento Europeo; por otro, una reforma de los Tratados, ahora que el éxito en el paso al euro ha eliminado el riesgo de que el inicio de un proceso de revisión pusiera en entredicho la propia Unión Económica y Monetaria. Era el célebre argumento de la «caja de Pandora».
La situación actual, de una autoridad monetaria común sin una autoridad política correspondiente, evidencia la insuficiente legitimidad democrática de la Unión y, por otro lado, repercute en el propio contenido de las políticas económicas y sociales nacionales, cuya posible disonancia con la política monetaria centralizada podría agravar los rigores de ésta, en el sentido de garantizar el objetivo primordial de mantenimiento de la estabilidad de los precios, cuando sería necesario garantizar también, en el mismo nivel, todas las políticas de la Unión Europea y, en particular, el fomento del empleo y la lucha contra el desempleo.
Así, el informe propugna que la Unión Económica y Monetaria vaya acompañada de posibilidades efectivas de establecer y garantizar en el nivel europeo políticas económicas coordinadas y aptas para promover la solidaridad, la cohesión económica y social y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de los Estados miembros, lo que exige un marco constitucional del que yo sólo quiero destacar, en este momento, una Unión Económica y Social que sea el contrapeso político de la Unión Monetaria, un nuevo contrato social, fundamento de la solidaridad entre los europeos, que debe basarse en el mínimo de armonización social: legislación laboral, seguridad social, lucha contra la exclusión social, fomento del empleo.
Las propuestas sobre la Unión Monetaria van encaminadas a garantizar la independencia del Banco Central Europeo, pero fortaleciendo su responsabilidad democrática. Las propuestas sobre la Unión Económica van encaminadas esencialmente a garantizar una coordinación y coherencia efectivas de las políticas económicas entre la Unión y los Estados miembros, mediante una combinación de políticas policy mix vinculantes.
Para ello, al verificarse la insuficiencia e inadecuación del Pacto de Estabilidad, será necesario substituir el instrumento de la recomendación por la decisión en lo relativo a la formulación anual de las orientaciones generales de política económica y a la supervisión multilateral de su aplicación.
Por lo que se refiere a las instituciones, el informe propugna el refuerzo del papel de control y codecisión del Parlamento en todas las esferas de la Unión Económica y Monetaria, el refuerzo del papel de iniciativa e impulso político de la Comisión, cuya responsabilidad política se debería, por esa razón, mejorar también una mayor coordinación de los trabajos del Consejo a fin de garantizar la primacía de la política de regulación macroeconómica sobre la tendencia a la descentralización del poder en el ECOFIN; el seguimiento de la coordinación económica y formal ejercida por el «Consejo Euro-Once» de mecanismos de legitimación democrática; la participación de los parlamentos nacionales en el seguimiento de la Unión Económica y Monetaria.
Por lo que se refiere a la representación exterior de la Unión Económica y Monetaria, el informe propugna que se exprese con una sola voz y con intervención del Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo, según sus respectivas competencias en las instancias financieras internacionales, como el FMI y el G-8. El objetivo debería ser la utilización del poder conferido por el euro, unidad monetaria que puede poner en entredicho la supremacía del dólar para ejercer una regulación económica de la mundialización que puede promover la justicia y afrontar la hegemonía de los Estados Unidos.
Por último, quisiera mencionar las propuestas de nuevas políticas europeas, que, según el informe, el paso a la Unión Económica y Monetaria vuelve indispensables: la garantía de que el empleo sea la primera prioridad económica de la Unión, la armonización fiscal, una política social que promueva y garantice el modelo social europeo, un presupuesto de inspiración federal que promueva la cohesión económica y permita afrontar las crisis o choques asimétricos en uno o varios Estados miembros. No pretendemos poner en entredicho la Unión Económica y Monetaria, sino que este avance cualitativo vaya acompañado, en el plano político, económico y social, de idénticos avances democráticos.

Herman
Señor Presidente, Señorías, en el breve espacio de tiempo que se me ha concedido, voy a limitar mis consideraciones a tres puntos: la coordinación de las políticas económicas, que siguen siendo competencia nacional, el control en materia de jurisprudencia y la representación exterior de la Unión Monetaria.
Por lo que se refiere al primer punto, sabemos que la situación actual no es satisfactoria. ¿Por qué? Porque en Amsterdam se nos dijo: «No toquen el capítulo de la Unión Monetaria, porque así abrirían la caja de Pandora, sin saber lo que de ella saldrá». Se trataba de un pretexto que disimulaba la inquietud, las incertidumbres y la poca convicción de buen número de Gobiernos. Con que se sepultó el problema. Pero el problema resurge hoy. Tenemos una política monetaria para quince políticas económicas; está claro que hay que intentar equilibrar todo eso de forma operativa y funcional. No se ha conseguido. Se ha dicho: «Vamos a hacer recomendaciones», las famosas grandes orientaciones de las políticas económicas. Pero en seguida hemos visto que esas orientaciones eran un desastre.
¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que todos los representantes de las administraciones nacionales y de los Tesoros nacionales han decidido no cambiar nada y no formular la menor crítica respecto de las políticas aplicadas por sus respectivos países. Resultado: esas orientaciones han pasado a ser encantamientos reducidos a declaraciones de principio muy generales que no comprometen a nadie. Así, pues, ha sido un fracaso y se ha visto la formulación de políticas económicas totalmente diferentes y poco convergentes.
Conviene relacionar esta situación con el asombroso contraste entre una economía americana que revienta de salud y una economía europea languideciente. En efecto, después del lanzamiento con bombo y platillos del euro, la realidad ha recuperado sus derechos y la realidad es que las políticas económicas de los Gobiernos son insuficientes. No quiero mostrarme políticamente polémico aquí, pero hay que reconocer que el regreso al poder de la mayoría de los socialistas no ha arreglado la situación a ese respecto.
Segundo punto: el control en materia de jurisprudencia. Los medios políticos no tienen aún conciencia suficiente de las enormes transformaciones que han sufrido los mercados financieros internacionales. Creen que el sistema actual, en virtud del cual cada país organiza el control de los bancos, es suficiente. ¡Estamos en otro mundo! Es el mundo de Internet, el mundo de la globalización y los instrumentos de control de esos mercados financieros son claramente insuficientes, incluso en el nivel europeo. Así, pues, será necesaria una mutación extraordinaria en el plano mental y cultural para afrontarlo. Está claro: la situación actual en Europa no es satisfactoria y hay que remediarla. No soy yo quien lo dice, sino personas tan razonables y moderadas como el Sr. Lamfalussy.
No voy a entrar en detalles aquí -no tengo tiempo- y quisiera abordar rápidamente el tercer problema: la representación exterior. Ya hemos visto los resultados. Hoy los europeos siguen siendo incapaces aún de hablar con una sola voz cuando se trata de problemas monetarios, pese a tener una política monetaria. Es el mismo problema: cada cual quiere conservar los poderes que tiene, cada cual se propone negar a la Comisión el derecho a hablar en su nombre, por lo que en el G7 o en otros foros pagamos, pero no decidimos nada, no ejercemos influencia alguna.
Ésas son las tres cosas que se deberían corregir. Veo que no está presente el Consejo. En cuanto al Sr. de Silguy, sé que está convencido de la corrección de mis afirmaciones, pero al que hay que convencer es al Consejo y creo que la Comisión y el Parlamento harían bien en entenderse para intentar lograrlo.

Randzio-Plath
Señor Presidente, el ponente señala acertadamente en su excelente informe los problemas institucionales de más amplio alcance que se plantean en el contexto de la Unión Monetaria, pero también de la ampliación. Tenemos que dedicar, de hecho, mucho mayor atención intelectual y política a la posible solución de estas cuestiones, concretamente en lo que respecta a la representación internacional, pero sobre todo también a la coordinación de las políticas. Sobre el aspecto internacional, yo quisiera añadir que, tal como ha manifestado el ponente, tenemos que hablar con una sola voz en este contexto. Sin embargo, también debemos conceder a la Comisión, en su calidad de impulsora de la unificación europea y de garante de los Tratados, el derecho a participar en igualdad de condiciones en dicha representación internacional. El Parlamento debe seguir apoyando esta propuesta.
Es particularmente importante, no obstante, aprovechar el éxito de la puesta en marcha de la Unión Monetaria para reducir el déficit democrático de la Unión Europea. Ya ha llegado ciertamente la hora de que se conceda al Parlamento Europeo un derecho de codecisión en consonancia con el futuro desarrollo democrático de la Unión Europea, no sólo en lo que se refiere al Informe económico anual y las orientaciones de la política económica, sino también con respecto a todos los temas relacionados con el procedimiento de determinación del déficit excesivo, así como en las deliberaciones sobre los planes de estabilidad y los programas de convergencia. Esto es imprescindible precisamente en el contexto de la ampliación y de la Unión Monetaria y su concreción.
Yo quisiera hacer una última observación en relación con este tema. La constitución del Consejo Euro-11 es seguramente un paso útil y muy pragmático. No me propongo criticarlo, sino que por el contrario quiero expresar mi satisfacción por que también desde el Consejo se realicen esfuerzos para establecer una coordinación más adecuada en el ámbito de la política económica y para iniciar los primeros debates sobre la posible significación de una combinación de políticas europeas que permita estimular el crecimiento, la inversión y el empleo. El quid de la cuestión es, sobre todo, que no es posible que el Banco Central Europeo siga siendo el único responsable de la política monetaria; los interlocutores sociales, de la política salarial; y los Estados, de la política financiera. Necesitamos una actuación combinada de estos actores.
El Parlamento Europeo no puede quedar marginado de esta acción combinada. El Consejo Euro-11 no es una institución enraizada en los Tratados. Por consiguiente, es verdaderamente necesario un acuerdo interinstitucional. Yo confío en que las Presidencias alemana y finlandesa lograrán encontrar un procedimiento que permita incluir al Parlamento Europeo en dichas deliberaciones y que los representantes de los ciudadanos y ciudadanas de Europa también podremos contribuir efectivamente a dar un impulso para que en la Unión Europea sea posible establecer una combinación de políticas equilibrada en favor del empleo. Dicho acuerdo interinstitucional se tendría que haber alcanzado ya. Nosotros lo reclamamos en 1994 y es preciso que quede cerrado antes del 2000.

Brok
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, yo coincido plenamente en cuanto a la necesidad de mejorar la coordinación de la política económica como resultado de la introducción del euro. Esto es urgentemente necesario para redondear el proyecto global y que éste sea operativo. Yo quisiera formular, sin embargo, una advertencia contra el concepto de «contrapeso». No se trata de crear un «contrapeso» frente al Banco Central Europeo, sino de una actuación complementaria, que es algo completamente distinto. En efecto, no deseamos un contrapeso político que contrarreste la orientación del Banco Central Europeo en favor de la estabilidad, sino que ésta tiene entidad propia y es irrevocable. Tampoco apoyamos los intentos de socavar el Pacto de Estabilidad mediante de una combinación de políticas.
Es decir, que debemos dejar claro que el enfoque decisivo ha de ser dicha política complementaria de coordinación, que es preciso apoyar la estabilidad, que ésta es una condición y no un objetivo entre muchos otros, y que debemos desarrollar una política económica razonable en favor del crecimiento, el progreso y el empleo sobre esta base. Este es un planteamiento muy distinto del que ha expuesto la Sra. Randzio-Plath. Nosotros consideramos, además, que lo que se plantea cuando se habla de un «contrato social», no se puede formular en esos términos. Deseamos una aproximación de las políticas sociales, pero no un «contrato social» como contrapeso frente al Banco Central Europeo, cuando hasta ahora hemos desarrollado una política razonable en el ámbito social basada en unas normas mínimas y no en la armonización; yo creo que este es un punto de vista importante que no debemos olvidar.
Señor Presidente, permítame una última observación sobre la representación exterior. Tenemos que insistir en una mayor participación de la Comisión, tal como ha manifestado también el Sr. Herman. La Unión Económica y Monetaria es un acto en el marco del Primer Pilar. Es una tarea comunitaria. Los Ministros de Finanzas actúan, sin embargo, como si se tratase de un acto intergubernamental, tanto en lo que se refiere a la representación exterior como también en lo que respecta al papel que se asigna al Consejo de los 11. Por esto, el Parlamento debería dejar claro que no estamos dispuestos a permitir que una tarea comunitaria se reduzca a la categoría de un órgano intergubernamental, sólo porque esto halaga la vanidad de los Ministros de Finanzas.

Neyts-Uyttebroeck
Señor Presidente, Señorías, quien lea el título creerá que el informe trata de los aspectos constitucionales de la UEM en el marco de la ampliación. Sin embargo, al parecer no hay nada más lejos de la verdad, porque sólo se hace mención a la ampliación una única vez y sólo de manera indirecta bajo el considerando A. El ponente, en realidad, no se ocupa de la ampliación y sus consecuencias para la UEM o viceversa, sino ha utilizado el informe para defender una mezcla de políticas obligatorias e impositivas que abarcan unas medidas sociales, fiscales y económicas que han de ser tan vinculantes como las medidas relacionadas con la UEM.
No tengo ninguna duda, señor Presidente, Señorías, que el ponente cree de buena fe que el crecimiento y el empleo puedan reglamentarse, aún muy a pesar de las numerosas demostraciones en sentido contrario. Ni mi grupo parlamentario, ni yo misma, compartimos esa creencia. No practicamos esa fe, y por esa razón la gran mayoría de nuestro grupo votará en contra del Informe Barros Moura.
Dicho esto, permítanme que explique nuestra visión. Somos partidarios de una implicación mayor y más constante del Parlamento Europeo en la determinación de las directrices globales. Sin embargo, estamos en contra de que las directrices se conviertan en Directivas. Por tanto, somos partidarios del acuerdo interinstitucional que se propone. Estamos a favor de la convergencia social, sólo que no creemos que las normas mínimas puedan ser impuestas.
Por último, desde luego somos partidarios también de unas reglas de jurisprudencia estrictas y claras. Pero no creemos, señor Presidente, Señorías, que un Consejo de Ministros -aunque esté compuesto por sabios- sea capaz de traernos empleo y prosperidad a Europa mediante una mezcla de medidas políticas de obligado cumplimiento.

Herzog
Señor Presidente, con toda franqueza, con toda la amistad que me inspira el trabajo de José Barros Moura, creo que hay aún mucha tela que cortar y que no estamos totalmente listos. Voy a hacer tres observaciones.
En primer lugar, Su Señoría dice que no ha lugar a poner en entredicho los fundamentos de la Unión Económica y Monetaria. Ahora bien, yo creo que las realidades económicas, como las tensiones sociales y los conflictos sociales y nacionales, propiciarán una reformulación del contrato. Tenemos, en particular, en el marco jurídico y en nuestros procedimientos institucionales, un desacoplamiento estructural fundamental entre lo social y lo económico, que margina lo social. Por lo demás, Su Señoría mismo habla sólo de mínimos. Desde ese punto de vista, en la opinión del Sr. Fernand Herman figura un punto que yo apoyo particularmente: la reunificación de los procedimientos de coordinación de las políticas de empleo y las políticas económicas. Sería un paso muy importante en la buena dirección.
Además, Su Señoría acepta en su forma actual el Pacto de Estabilidad presupuestaria. Yo creo que habrá que reconocer la necesidad del aumento del gasto público para financiar el desarrollo. No se trata del déficit presupuestario en sí, sino de la financiación del desarrollo.
Por último, en lo relativo a los estatutos del Banco Central y del Sistema Europeo de Bancos Centrales, Su Señoría habla sólo de mejoras concretas. Creo que vamos a necesitar una directiva-marco de algún tipo para la regulación del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
En segundo lugar, y más brevemente, Su Señoría lo apuesta todo a la coordinación de las políticas económicas. Ahora bien, como ya se ha dicho, hay un problema de voluntad, de contenido y de instrumento, lo que exige, en mi opinión, un método democrático potentemente revalorizado. El papel del Parlamento Europeo en la deliberación sobre las opciones de política económica y social va a pasar a ser esencial, en coordinación -espero- con los parlamentos nacionales. No se puede prever, como propone Su Señoría, una simple consulta y un debate sobre un texto único de la Comisión.
En tercer y último lugar, respecto de la relación entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo, ¿se tratará de una legitimación de la política del Banco por el Parlamento o más bien de la constitución de una fuerza política ante el Banco Central? Necesitamos un diálogo, pero en un marco político tal, que se deberán aplicar también a la elección de la política monetaria las políticas de la Unión que sirvan a los objetivos sociales y de desarrollo durable. Por consiguiente, Señorías, prosigamos el trabajo.

Voggenhuber
Señor Presidente, Señorías, cuando esta Asamblea dio su conformidad a la tercera fase de la Unión Monetaria, muchos oradores sostuvieron también que la moneda común conduciría casi automáticamente a una unión política, que por su lógica interna superaría el desequilibrio entre la integración económica y la integración política de Europa. Quienes quisieron verlo comprendieron ya entonces que se trataba de una ilusión peligrosa. Yo creo que esta ilusión ha quedado ahora claramente al descubierto. Quien haya creído que la moneda común debía conducir y conduciría necesariamente a una política económica común, a una política de empleo común, después, y finalmente a una Unión social debe estar desengañado. Una cumbre en favor del empleo tras otra han fracasado. Los actores económicos de la integración europea no crearán la Europa política. Son muchos los que están demasiado interesados en una Europa constituida como un mercado sin política para que esto llegue a suceder.

Spiers
Señor Presidente, el informe del Sr. Barros Moura contiene muchas cosas que deben ser bien recibidas. Independientemente de lo que diga el Sr. Voggenhuber la UEM va a tener, con seguridad, importantes consecuencias políticas. Es prematuro esperar ver una unión económica y social inmediata y completamente desarrollada después de cinco semanas. De la UEM se derivarán importantes consecuencias económicas que a menudo han sido subestimadas o incluso negadas por sus proponentes. El Sr. Barros Moura debe ser felicitado por destacar esas consecuencias políticas.
También debe ser felicitado por perseguir que se asegure que la UEM no va a ampliar el déficit democrático más de lo absolutamente necesario. Sin duda se ampliará: un banco central independiente y apenas responsable que publica sus actas en el momento que cree oportuno me parece absolutamente indeseable. En cualquier caso el Sr. Barros Moura hace varias propuestas sensatas para asegurar que el déficit democrático no crezca excesivamente.
No obstante, tengo varias dudas acerca del informe y hablo en nombre de los diputados laboristas británicos. En particular no saludamos la propuesta de consagrar el Consejo euro-X en Tratado. Ya hay cuatro miembros de la Unión Europea que efectivamente no son miembros de la Unión Monetaria y, a medida que se proceda con la ampliación, otros miembros ingresarán en la Unión Europea sin adoptar el euro. Debemos ser cautos con la institucionalización de una Europa de dos rangos en la forma que lo haría la inclusión del Consejo euro-X en el Tratado.
Tampoco aceptamos la necesidad de armonizar los impuestos por mayoría cualificada. Ya a lo largo de toda Europa, y no solo en Gran Bretaña, existe un considerable escepticismo y preocupación sobre los efectos que tendrá la unión monetaria y solo podrá ser un éxito si avanza por consenso. Ciertamente, intentar forzar a la gente en la armonización fiscal de esta manera no va a ayudar a alcanzar ese consenso en el Reino Unido. También por este motivo la referencia a un sistema presupuestario de estilo federal ha sido decididamente poco útil: cualquiera que sepa algo sobre la política británica sabe que nunca se debe emplear la palabra «f» en el contexto europeo si se intenta persuadir a la gente de que se involucre más en la Unión Europea. Por estas y otras razones los diputados laboristas británicos se abstendrán respecto del informe del Sr. Barros Moura.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, como portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo voy a cerrar este debate, en nombre de mi Grupo, diciendo que vamos a apoyar el informe del Sr. Barros Moura.
Yo creo que este informe, y nuestro apoyo al Sr. Barros Moura, demuestra que existe un consenso esencial sobre las implicaciones de la Unión Económica y Monetaria. También creo que la decisión del 2 de mayo es una decisión fundamental. Para los españoles el 2 de mayo ha significado, durante dos siglos, la rebelión contra los franceses. Creo que el 2 de mayo, a partir de 1998, significará otra cosa: significará que construimos juntos Europa.
Y yo creo que lo más importante del informe del Sr. Barros Moura es que mira hacia el futuro. Es evidente que este es un camino plagado de dificultades, puesto que estamos construyendo algo nuevo. Creo que era el barón Lamfalussy el que decía que en el proceso de construcción de la moneda única había más «síes», más condicionales, que en el famoso poema de Rudyard Kipling, que se llama precisamente así: «Si». Efectivamente, hay muchos síes en el camino de la creación de la moneda única.
El Sr. Barros Moura lo que hace es identificar los problemas a los que vamos a tener que hacer frente en el futuro. Y yo creo que lo hace bien respecto al papel del Parlamento Europeo y a las nuevas políticas europeas. Yo entiendo muy bien que al Sr. Spiers -me ha parecido que es más bien old labour que new labour - hay muchas cosas que no le gustan. Pero, señor Spiers: sucederá al final.
Al final tendremos que ir -lo queramos o no- hacia una mayor armonización de las políticas fiscales, y las decisiones tendrán que adoptarse por mayoría cualificada. Porque en una Europa ampliada -que es el tema que plantea el Sr. Barros Moura-, con 28 o 30 Estados miembros, será imposible adoptar decisiones por unanimidad. Es cierto que lo deseable es el consenso, pero habrá que tomar decisiones si queremos que Europa funcione.
Yo estoy seguro, señor Presidente, de que esta Asamblea, que siempre ha estado en la vanguardia de la integración europea, quiere que Europa funcione. Por eso, me parece que muchas de las consideraciones que hace el Sr. Barros Moura son útiles y serán útiles para el futuro. Por eso las apoyaremos.

Haarder
La Euro-colaboración requiere autodisciplina, impidiendo determinados disparates y obligando a los países a tenerse mutuamente más en cuenta. No pone en peligro el empleo. Redunda en beneficio del empleo y de la estabilidad social. Protege contra los disparates cometidos especialmente por algunos gobiernos socialdemócratas en el pasado y que perjudicaron el bienestar y la estabilidad. Sin embargo, todavía hay socialdemócratas que creen que deben protegernos de las consecuencias del euro con nuevos instrumentos de gestión centralistas. ¡Es una tontería! Al contrario, es el euro el que nos protege de la antigua política socialdemócrata de devaluaciones, déficit e injerencia en las medidas de los bancos centrales.
Para nosotros, que venimos de un país que ha vivido con una política de cambio fijo durante 17 años, ésta ha sido la espina dorsal que ha consolidado el bienestar, la seguridad y el empleo de los que hemos disfrutado durante este mismo período. Esperamos poder sumarnos al euro y con ello disfrutar de todas sus ventajas.

Papayannakis
Señor Presidente, cuando se llevó a cabo la aprobación de la UEM y del euro habíamos considerado que con ello volvería la política a Europa y me parece que el informe del colega, el Sr. Moura, así lo demuestra.
Creo que demuestra principalmente una cosa: que el Tratado de Amsterdam ha concluido y es hora de prepararnos para su revisión; así nos lo dijo el Sr. Fischer antes de ayer en esta Asamblea y así se comenta desde la Presidencia alemana. Señor Presidente, me he informado por la prensa que algunas comisiones de expertos - sabios ya están trabajando de manera informal en dicha revisión. Creo que el Parlamento Europeo debería prepararse de manera más oficial y contando con la participación de todos nosotros con vistas a la nueva revisión.
Hasta aquí considero que las propuestas del colega, el Sr. Moura, son muy correctas y quisiera subrayar aquéllas que atañen al acuerdo interinstitucional, que es el que podría dar una interpretación política a las disposiciones existentes del Tratado, al control del Consejo Euro-11 -es una hipocresía dejar que sea quien regule la política y no tener nada que decir- y al Acuerdo para la política social y el empleo, sin el cual ni el euro ni la Unión Monetaria carecerían de valor legal ante los ojos de los ciudadanos.

Berès
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, algunos han mencionado aquí el Tratado de Amsterdam, pero ese pobre Tratado ni siquiera mencionaba las consecuencias institucionales del paso a la UEM. Pasemos al asunto. Ya era hora, puesto que, si no lo hacemos, presenciaremos el regreso solapado de lo intergubernamental, que no deseamos. A primera vista, se desprenden -me parece- tres puntos esenciales. En primer lugar -y subscribo lo dicho por mi colega Philippe Herzog al respecto-, necesitamos, como venimos pidiendo en esta Asamblea desde hace tiempo, una articulación más estrecha entre las grandes orientaciones de la política económica y las directrices en materia de empleo; de lo contrario, lo social seguirá siendo un anexo de lo económico. No es ésa la forma correcta de resolver las cuestiones que se nos plantean. En segundo lugar, por lo que se refiere a la representación exterior de la zona del euro, la situación está manifiestamente en su comienzo tan sólo. Había urgencia. Se ha hecho un arreglillo. No obstante, no es satisfactorio a largo plazo. Hay que encontrar algo más sólido. En tercer lugar, por lo que se refiere a la mayoría cualificada, el paso a la UEM y al euro nos obligará, Señorías, a pasar a una mayoría cualificada tanto en la esfera de la fiscalidad como en toda la esfera social.
Por último, paso a la esencia del asunto. No se pueden analizar las consecuencias institucionales del paso al euro únicamente en el marco de la ampliación. Se deben analizar también en el marco más global de la reforma institucional necesaria. En ese doble marco, la existencia del Consejo del euro es algo bueno, pues es un elemento de eficacia que necesitamos. Pero es un niño que acaba de nacer. Hay que pensar en el mañana. Vamos a tener que fortalecer el control democrático de esa instancia; puesto que es eficaz, es esencial controlarla, saber cómo dialoga con este Parlamento. Habrá también que insertarla en el conjunto del mecanismo institucional con vistas a la ampliación. Creo que entre el informe del Sr. Barros Moura y el informe del Sr. Bourlanges, la cuestión esencial es la de la vinculación de esas dos interrogaciones. No, el Consejo Ecofin no puede pasar a ser el Consejo «leader» del Consejo. El Consejo de Asuntos Generales debe recuperar su función de coordinación. Si para ello debe no ocuparse sino de los asuntos exteriores, ¡sea! Pero necesitamos un Consejo que coordine asuntos exteriores, economía y hacienda y empleo. No puede ser el Consejo Ecofin.

Theonas
Señor Presidente, el informe que estamos debatiendo se orienta en la dirección de gestionar de una forma más centralizada la política económica y monetaria de la Unión y la de los Estados miembros que supera, según mi opinión, incluso a las aspiraciones de los arquitectos de la UEM, que, como es obvio, no se encontraban dentro del Parlamento Europeo.
Refuerza el planteamiento institucional de una Europa de varias velocidades y aspira, en nombre de la unificación de la política económica, a conceder, por una parte, características de gobierno económico al ECOFIN y, por otra, un fundamento jurídico a las directrices generales de la política económica con carácter vinculante para los Estados miembros. Se trata de opciones que refuerzan las políticas para imponer un centro europeo y que anulan las posibilidades de los Estados miembros para diseñar una política económica y social y que sólo vienen a causar inquietud en los trabajadores y en amplias capas populares, que son las que pagan las consecuencias de las alternativas de Maastricht, de la UEM y del Pacto de estabilidad.
Está claro, señor Presidente, que, de acuerdo con estas valoraciones, no podemos apoyar el informe.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, justo después de la introducción del euro, el informe del Sr. Barros Moura es digno de bienvenida. Llega en tiempo útil, pues resultaba efectivamente interesante reflexionar ahora sobre las consecuencias de la Unión Económica y Monetaria, sobre la próxima reforma institucional de la Unión antes de la próxima ampliación. La Comisión comparte en gran medida buena parte de las propuestas y los análisis que figuran en este informe. Pero creo que se debe profundizar en este ejercicio. Como ha dicho antes el Sr. Méndez de Vigo, debe orientarse hacia el futuro. Se deberá profundizar, en su momento, a la luz del funcionamiento en la práctica de la Unión Económica y Monetaria y de la dinámica del euro en las otras políticas y en las instituciones europeas.
En esa perspectiva, quisiera brevemente mencionar dos puntos en respuesta a las preguntas de Sus Señorías. Por una parte, desde el punto de vista institucional, los aspectos económicos de la Unión Económica y Monetaria y, por otra, las consecuencias de la realización de la Unión Económica y Monetaria en el equilibrio institucional de la Comunidad.
Por lo que se refiere al primer punto, la UEM, se trata de una construcción particular -varias de Sus Señorías lo han subrayado-, ya que entraña una política monetaria única y políticas económicas que siguen siendo competencia nacional. Por esa razón, es necesario coordinarlas; por esa razón, los Consejos Europeos, desde hace varios años, han determinado el marco de una coordinación reforzada de las políticas económicas. Como antes ha subrayado excelentemente el Sr. Brok, no se trata de crear contrapesos.
Dicha coordinación reforzada descansa sobre toda una serie de instrumentos. Sus Señorías los conocen: son las grandes orientaciones, los déficit excesivos, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero yo comparto la impresión del ponente parlamentario y la Comisión está de acuerdo con él, cuando dice que son las grandes orientaciones de política económica las que deben ser el instrumento global de coordinación de las políticas económicas.
El Consejo Europeo de Amsterdam pidió que las grandes orientaciones tuvieran en cuenta unas directrices y, desde el Consejo Europeo de Viena, tenemos la perspectiva de dos aportaciones complementarias. Una relativa al Mercado Interior -el informe Cardiff 1- y la otra relativa a las reformas económicas: el informe Cardiff 2. Por consiguiente, la introducción del euro incita -y ha incitado-, como ven Sus Señorías, a elaborar un auténtico programa europeo de política económica. Así, pues, lo importante es el contenido de las grandes orientaciones de política económica, que versarán a la vez sobre las políticas presupuestarias, la mejora de la competitividad, la política de cambio, las reformas económicas y las políticas estructurales, tanto en la esfera del mercado de bienes y servicios como en el mercado laboral. El objetivo de todos esos elementos es el de poner la política económica al servicio del crecimiento y del empleo en Europa.
Ése es, pues, muy esquemáticamente, el marco jurídico institucional actual y como ha señalado muy atinadamente Su Señoría, señor ponente, nos corresponde a nosotros, la Comisión, velar por la coherencia de esa operación garantizando una perfecta sincronización entre los diferentes componentes de esa coordinación de las políticas económicas. Tomo nota con interés de su propuesta -que han subrayado, por lo demás, el Sr. Herzog y la Sra. Berès- de elaborar directrices para el empleo al tiempo que las grandes orientaciones de política económica. A título personal, estoy de acuerdo con Su Señoría, pero este punto resulta muy polémico, incluso en la Comisión, porque plantea diferentes problemas. No voy a entrar aquí en detalles hoy, pero ésa es la razón por la que, a falta de haber solucionado totalmente ese problema, hemos introducido efectivamente en las grandes orientaciones de política económica -y ésa será la operación del próximo mes de junio- el contenido de las directrices para el empleo.
Como ven Sus Señorías, la Comisión, para cumplir con su misión, intenta garantizar la sincronización entre esas operaciones, pero realiza al mismo tiempo un seguimiento permanente de la evolución económica de los Estados miembros. Ésa es la razón por la que -y son las instrucciones, el método, lo que aplicamos, al menos en los servicios que de mí dependen-trabajamos con profesionalidad, prontitud y conciencia. Ésa es la razón por la que en los últimos tiempos se han reorganizado completamente los servicios de la Dirección General II para poder evaluar lo más precisamente posible, tanto desde el punto de vista del análisis como de la previsión, la situación de la zona del euro. Hay que aprender a razonar en función de la zona del euro.
Por otra parte, estamos reflexionando sobre la idea de organizar, a partir de este año -me gustaría que se pudiera hacer a intervalos periódicos: por ejemplo, una o dos veces al año-, unas reuniones económicas de Bruselas, que serían jornadas de estudio, en las que participaría, naturalmente, esta Asamblea, con la ayuda de los mejores expertos independientes, y que permitan profundizar en la reflexión sobre la política económica europea con el fin de hacerla más visible, más transparente y también contribuir al debate democrático que Sus Señorías desean.
Además, el ponente parlamentario nos pide que vayamos más lejos y reflexionemos sobre la naturaleza del alcance de las grandes orientaciones con vistas a crear una policy mix vinculante. Su Señoría ha propuesto que se modifique el apartado 2 del artículo 103, pero le recuerdo que el Tratado actual establece ya la aprobación de las grandes orientaciones de política económica por parte del Consejo y por mayoría cualificada. No obstante, he tomado buena nota de su deseo y la Comisión considerará su propuesta con interés; en todo caso, comprende su motivación.
Pero habrá que examinarla a la luz de la práctica del funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, que acaba de ponerse en marcha, y se deberá examinar también a la luz de los papeles respectivos del Euro II y del Ecofin. Yo había propuesto a Sus Señorías el reconocimiento en el Tratado del Euro 11, pero me ha parecido entender que el Sr. Spiers no estaba, por su parte, de acuerdo. Es un problema que se plantea y va a plantearse en los próximos años, también a la luz de la experiencia.
Por su parte, la Comisión siempre ha propugnado la mejora del carácter operativo de las grandes orientaciones de política económica. No, señor Herman, no es un fracaso, aunque no sea tan bueno y tan eficiente como desearíamos. Este año vamos a formalizar nuestras propuestas a propósito de las grandes orientaciones de política económica para 1999 de forma aún más concreta para cada uno de los Estados miembros y Su Señoría lo advertirá a partir del mes de marzo.
A propósito de la representación exterior, en Viena se concertó un acuerdo, que se debe respetar, y corresponde a la Presidencia alemana hacer que lo acepten nuestros principales interlocutores comerciales y nuestros principales interlocutores en la escena internacional. Confío totalmente en la Presidencia alemana para lograr que se respete el acuerdo logrado en el nivel de los Jefes de Estado o de Gobierno, que es un acuerdo de mínimos y de carácter transitorio.
El segundo punto que quisiera mencionar rápidamente se refiere al equilibrio institucional. Señora Randzio-Plath, Su Señoría ha subrayado con toda razón el déficit democrático de que adolece la Unión Europea, en el marco de la UEM. Yo creo efectivamente que la idea de un acuerdo interinstitucional -que es una de las dos vías ofrecidas por el ponente parlamentario y que el Sr. Papayannakis ha subrayado también- es buena. La Comisión es partidaria de ella y siempre ha apoyado la posibilidad de firmar, de realizar, ese acuerdo. Personalmente, creo que debería oficializar las medidas que ya están en marcha al respecto y explorar ciertas vías que Su Señoría, señor ponente, ha mencionado, tanto para la formulación como para el seguimiento de la vigilancia multilateral.
El euro va a tener también repercusiones en ciertas políticas. Pienso, esencialmente, en la política fiscal, para evitar, aunque sólo sea, la carrera hacia el mínimo denominador común fiscal. Pienso también en la política social, pues también a ese respecto esta Asamblea debe participar en la elaboración del nuevo contrato social y en las acciones destinadas a preservar el modelo social europeo. Se trata de esferas -que no detallo- en las que la Unión Económica y Monetaria tendrá, evidentemente, prolongaciones.
Para terminar, falta la última etapa, es decir, los nuevos avances institucionales. La UEM nos ofrece la ventaja de un método. ¿En qué consiste el método? Es la formulación de objetivos precisos -condiciones de paso, fechas límite- y de una flexibilidad organizada para inspirar ciertas innovaciones institucionales. Se debe tener en cuenta dicho método en particular en vísperas de la ampliación futura de la Unión Europea, en el marco de nuestras reflexiones sobre el debate institucional y en relación con dos asuntos esenciales. El primero es el de la votación por mayoría cualificada. La Sra. Berès tiene razón: si queremos evitar el riesgo de parálisis del sistema de adopción de decisiones, habrá que ampliarlo y generalizarlo. Pero presenta una dificultad importante -que el Sr. Spiers ha subrayado atinadamente-: el problema de la política fiscal. La alternativa es entre eficacia y soberanía nacional -o una o la otra- y en este caso habrá que resolver ese dilema. El segundo elemento esencial es el del funcionamiento de la Comisión, de las instituciones en general, y, por tanto, del Consejo. Sea cual fuere la fórmula que se pueda adoptar, deberá responder a la triple exigencia de la eficacia, de la representatividad y del control democrático.
Para concluir, quisiera indicar, como subraya el ponente parlamentario que el euro constituye hoy, a mi juicio, un auténtico catalizador a partir del cual Europa puede estructurarse, reforzarse, desarrollarse y ampliarse. Pero hace falta que esté en condiciones de adaptarse y reformarse. En ese sentido el informe de Su Señoría es hoy un elemento interesante y útil, que contribuirá a la reflexión en los próximos meses.

Barros Moura
Señor Presidente, quisiera intervenir muy brevemente, no para comentar el debate, sino para dar una pequeña información al Sr. Herzog.
Celebro que se reconozca que mi informe plantea cuestiones para el futuro, aunque no pueda, evidentemente, darles una respuesta ahora mismo. Celebro también las críticas procedentes de los liberales presentes en el hemiciclo, lo que me confirma la idea de que he elegido la política económica y social idónea. Quisiera pedir al Sr. Herzog que lea la enmienda 11, presentada a instancias mías por el Grupo Socialista y que versa precisamente sobre el papel del gasto público en materia de inversión, gasto que no se debe comparar, en el marco del cálculo del déficit público, con el gasto en materia de consumo ni se debe colocar en el mismo plano que éste.

Haarder
Aprecio la cortesía y diplomacia del Sr. Comisario; sin embargo, ¿no va a pronunciarse sobre el punto 10 del informe? ¿Es partidario el Sr. Comisario de que el euro vaya acompañado de objetivos comunes o defiende - como aparece propuesto en el punto 10- la necesidad de una política económica común vinculante? Quiero pedirle al Sr. Comisario que se pronuncie sobre este punto. La Comisión suele decir a favor de que está y también en contra de que está. ¿Está la Comisión a favor del punto 10? Espero que no, sin embargo, me gustaría que me lo confirmase.

de Silguy
Creo que he respondido claramente: las grandes orientaciones de política económica deben ser lo más operativas, precisas y concretas posible. Efectivamente, el ideal sería que tuvieran carácter vinculante y obligatorio, pero, en el estado actual del Tratado, no es posible. Así, pues, es necesario, a ese respecto, proceder de forma pragmática, es decir, utilizar en un primer momento el sistema del group pressure , de la presión entre los ministros, para hacer evolucionar la situación. Ya ha comenzado -como advertimos el lunes pasado en el Consejo Ecofin- a propósito de los programas de estabilidad y convergencia. A la luz de la experiencia veremos en qué medida y cómo podemos salvar una etapa suplementaria para volver más vinculante el sistema. Un exceso de precipitación sería perjudicial y contrario a los objetivos perseguidos por quienes propugnan ese carácter vinculante.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12 horas.

Proceso de toma de decisiones en el seno del Consejo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0049/99) del Sr. Bourlanges, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el proceso decisorio del Consejo en una Europa ampliada.

Bourlanges
Señor Presidente, Señorías, el informe que tenemos que debatir se caracteriza a la vez por su objeto, su alcance, su contenido y su orientación.
Por su objeto, en primer lugar, porque el Parlamento, por mediación de su Comisión de Asuntos Institucionales, ha optado por inmiscuirse en cosas que no le conciernen, es decir, hablar de forma transparente, de forma abierta, de otra institución: el Consejo. Algunos se han sentido ofendidos; ahora bien, nosotros consideramos que es nuestra función, a la vez porque el Parlamento debe preocuparse de la evolución institucional de la Unión en conjunto y también porque la observación ajena es mejor que la propia. Por mi parte, yo no vería inconveniente en que el Consejo hiciera un informe sobre el Parlamento.
En segundo lugar, por su alcance. En este informe se analiza el proceso de adopción de decisiones en el Consejo y, de forma general, los problemas de funcionamiento del Consejo, con la preocupación de no constituir la verdad oculta de la historia institucional de la Unión Europea, cuando haya llegado a su realización última, sin por ello estar sometido al corto plazo. Intentamos formular ciertos cambios que se deben hacer a la luz de los tres imperativos que tenemos planteados: el del paso de la Unión Europea a la política, el del euro, que obliga a formular, a determinar, una política económica, y el de la ampliación, que ejerce una presión cuantitativa.
Este informe se caracteriza también por su contenido. En algunas de sus partes, se proponen, se propugnan, reformas de carácter institucional pasando por los Tratados. En otras, modificaciones de carácter interinstitucional de alcance menos importante, o incluso ajustes administrativos. En verdad, nos parece que el Consejo funciona como un todo, poco importan los instrumentos jurídicos utilizados, las reformas que deben pasar por los Tratados son -cierto es- poco numerosas, pero el conjunto de las modificaciones por hacer en el funcionamiento del Consejo son, en cambio, muy importantes.
Por último, el informe se define por su orientación. Pretende ser una protesta contra ciertas derivas. Voy a distinguir dos: una deriva hacia la parálisis, vinculada, en particular, con un aumento del número de participantes no acompañado de las reformas necesarias (en eso estriba todo el problema de la mayoría cualificada) y una deriva hacia el recurso a procedimientos oficiosos, a comités ad hoc , a reuniones entre personal o entre Gobiernos, que tienden a suplantar los procedimientos establecidos por el Tratado, procedimientos que tienen la ventaja de ser eficaces, transparentes y democráticos. Lanzamos un grito: ¡menos procedimientos oficiosos, más rigor y más respeto de los procedimientos oficiales!
El informe se articula en torno a dos grandes capítulos: estructuras y procedimientos. Evidentemente, no dispongo de tiempo, con el que se me ha concedido, para describir todo eso.
En cuanto a las estructuras, insistiré en un punto que la Sra. Berès acaba de mencionar muy atinadamente: la crisis del Consejo de Asuntos Generales. El informe propugna una distinción muy clara entre la función en materia de asuntos exteriores, que corresponde a los ministros de Asuntos Exteriores, y la de asuntos generales, que es una función de coordinación y corresponde a ministros próximos a la autoridad de coordinación. Eso es importante. Nada impide, por lo demás, si los Estados lo desean, que sean los ministros de Asuntos Exteriores.
En el capítulo de los procedimientos, sentimos cierta inquietud en cuanto a los límites de la abstención de la mayoría cualificada. El informe hace propuestas un poco audaces, que tal vez no sigan nuestros colegas, sobre los recursos propios y la política exterior, pero hay que meterse en la cabeza que en la Europa del futuro todo lo que esté sujeto a la unanimidad adolecerá de ineficacia.
Más en general, el informe pide a todos una distribución lógica de las competencias entre el Consejo y la Comisión. Actualmente presenciamos la constitución de dos ramificaciones ejecutivas paralelas. Eso no es conveniente, la Comisión debe proponer y ejecutar, respecto de todas las materias. El Consejo debe disponer, pero no debe proponer y ejecutar, y la Comisión no debe desempeñar funciones gubernamentales paralelas. Aclaremos el reparto de las funciones. Ése es nuestro mensaje.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, quisiera intervenir en relación a una cuestión de orden. Como ha dicho muy bien el Sr. Bourlanges, el centro de este debate es el Consejo. Yo quisiera preguntarle al Presidente del Parlamento quién representa al Consejo en este debate en estos momentos.

El Presidente
Señora Izquierdo Rojo, la Mesa comparte la opinión de que el Consejo debería estar hoy aquí. Pero ni estaba previsto ni ha sido avisado y por ello no está presente; eso es lo que puedo decir.

Corbett
Señor Presidente, no hay asunto de mayor importancia para el futuro de la Unión, mientras avanzamos hacia un número de 20, 24, 25, 26, 27 Estados miembros como sucederá en los próximos años, que la reforma del proceso de toma de decisiones en el seno del Consejo. Esta es la razón por la que es legítimo por parte del Parlamento examinar esta cuestión. El funcionamiento real de una Unión Europea ampliada depende de las respuestas dadas a las preguntas surgidas en este informe. Sabemos que, como pronto vamos a tener veintitantos estados alrededor de la mesa del Consejo, cualquier área que precise la unanimidad será un área en la que la Unión Europea esté virtualmente paralizada. Si le es posible tomar decisiones éstas serán lentas, pesadas y sobre la base del mínimo común denominador.
Esto es por lo que la reforma es esencial. Cualquier área política sujeta a la unanimidad estará bloqueada. Pero, además, el propio funcionamiento de la Unión Europea podrá ser fácilmente detenido por un solo gobierno si así lo decide. Tomen los nombramientos: nombrar al Presidente de la Comisión, nombrar al Gobernador del Banco Central, incluso nombrar un miembro del Tribunal de Cuentas requiere la unanimidad del Consejo. Un gobierno bien puede sentir la tentación de tener a la Unión como rehén. Después de todo, ya hemos visto esto en el pasado. El anterior gobierno conservador británico, hace algunos años, en la disputa sobre la enfermedad de las vacas locas bloqueó todo la toma de decisiones del Consejo que requerían unanimidad en apoyo de una disputa personal. ¿Quién puede decir que cuando haya veintitantos estados alrededor de la mesa en algún momento uno u otro gobierno no tendrá la tentación de recurrir a una táctica similar?
También asistimos recientemente a las disputas por el nombramiento del gobernador del Banco Central y, hace cuatro años, por el Presidente de la Comisión. En ambos casos un solo gobierno pudo retrasar el procedimiento para hacer pagar a los demás un precio político por la realización eventual de una concesión o la búsqueda de un nuevo compromiso. Fue muy difícil. Imaginense lo mismo con más de 20 Estados miembros. Esta es la razón por la que la primera y más esencial reforma es la extensión masiva del voto por mayoría cualificada. Sin esta, la ampliación será un ejercicio peligroso y amenaza con llevarnos a la parálisis.
Sí, también tenemos que contemplar la cuestión del peso de los votos en el Consejo. Hay una propuesta de tener un sistema de doble mayoría: una mayoría de los votos y una mayoría de población o una mayoría de los estados y población. El informe del Sr. Bourlanges subraya que esto no es absolutamente necesario para evitar la posibilidad de una mayoría cualificada compuesta por estados que representan una minoría de la población. Aritméticamente eso no se puede producir. Eso es por lo que yo -y hasta ahora- mi grupo hemos sido muy reticentes respecto de la idea de avanzar hacia un sistema de doble mayoría en el Consejo. El Consejo debería tener votos que representasen a los estados justo al igual que el Parlamento tiene un sistema más proporcional que representa a la población de la Unión Europea.
En este informe el Parlamento está cumpliendo su tradicional papel de mirar hacia delante, siendo un poco aventurero, pero mirando hacia el futuro: como hicimos con el Informe Spinelli que precedió al Acta Única, el Informe Martin que precedió a Maastricht y el Informe Bourlanges que precedió a Amsterdam. Sabemos que habrá nuevas negociaciones intergubernamentales para reformar los tratados en estos aspectos. Es acertado que pongamos cierta perspectiva de futuro sobre la mesa.
Desde luego que habrá problemas en cuestiones específicas. Mi propio grupo tiene problemas y establecerá enmiendas y pedirá votos particulares para asuntos específicos. Pero si se entiende que el Parlamento está cumpliendo aquí su papel visionario, mirando hacia el futuro, poniendo los problemas sobre la mesa, forzando a los gobiernos a ir más allá en lugar de ser reticentes, entonces habrá un entendimiento del papel del presente informe y felicito al ponente por el enorme esfuerzo que le ha dedicado.

Méndez de Vigo
Señor Presidente, me parece que el Sr. Corbett ha hecho el mejor elogio que se podía hacer del informe del Sr. Bourlanges, comparándolo con el informe Spinelli. En efecto, creo que ambos tienen algo en común: ambos piensan en el futuro y ambos proponen soluciones audaces. Y eso está muy bien.
Pero yo creo que -al igual que el informe del Sr. Barros Moura, de esta mañana- lo que estamos haciendo aquí antes de que el Tratado de Amsterdam sea ratificado por todos los Estados miembros es mirar hacia el futuro, y esa es una de las labores de este Parlamento.
También coincido con lo que se ha dicho aquí sobre la extensión de la mayoría cualificada. Creo que ese es el gran reto que tenemos ante nosotros, sobre todo porque este informe está hecho desde la perspectiva de una Europa ampliada. Y ahora, con la entrada de los tres últimos Estados miembros, las dificultades para tomar decisiones se han acrecentado. ¿Qué sucederá en una Europa de 25 o 28 Estados miembros? Tenemos que dar soluciones, buscar maneras de evitar la parálisis, buscar maneras de evitar que la Unión Europea se convierta en una organización intergubernamental. Lo más importante es defender el principio de integración. Y al final, señoras y señores diputados, con 25, 26 o 28 Estados miembros el principio de integración sólo se solventa con la adopción de decisiones por mayoría cualificada. Eso está claro, tanto como que habrá que hacerlo de una u otra forma.
Y en ese sentido, creo que el informe del Sr. Bourlanges pone el dedo en la llaga sobre los temas que hay que tratar, y lamento también que no esté aquí el Consejo porque creo que aprendería bastante de este debate y de las cosas que se van a decir en él.
Respecto a la cuestión de la ponderación de votos, que es uno de los temas que está en el Protocolo sobre las instituciones del tratado de Amsterdam y sobre el que la Presidencia alemana parece que quiere hacer alguna propuesta, yo creo que hay que contemplar estas dos posibilidades: una nueva reponderación de votos o una doble mayoría simple, como propone el Sr. Bourlanges. Y me parece que tiene mérito también que el Sr. Bourlanges -que pertenece a un país que se ha opuesto siempre a esa consideración- en este momento la tenga en cuenta en su informe.
Por eso, señor Presidente, y porque nos parece que es un informe que merece la pena, mi Grupo va a apoyarlo.

Cardona
Señor Presidente, Señorías, yo, que soy defensora de la regla de la unanimidad, voy a abandonarla aquí en este marco. El ponente, Sr. Bourlanges, al que respeto, pero con el que esencialmente no estoy de acuerdo, declaró y escribió en su último informe que éste era, es, un informe conservador. Quien conoce su pensamiento sobre Europa sabe que, si bien no carece de prudencia, de conservador, a mi juicio, tiene muy poco. Por eso, en un momento en que el debate sobre quién está a favor o en contra de Europa ha dejado de tener el menor sentido y en que el eurosocialismo nos pide más Europa, nosotros, los que no somos ni de izquierdas ni socialistas, debemos saber proponer y, por tanto, dar una mejor Europa.
Y una mejor Europa en el marco de las instituciones -ése es el marco de este informe- significa simplemente que debe ser el Consejo quien se encargue de la dirección política de Europa, dado que en él toma cuerpo la Unión de los Estados y la primacía de las naciones soberanas. Debe ser el Parlamento Europeo quien controle, en perfecta, y tan próxima como posible, vinculación con los parlamentos nacionales, la acción ejecutiva de la Unión, y, a nuestro juicio, se debe atribuir de nuevo a la Comisión su papel ejecutivo y administrativo original, en lugar de procurar atribuirle nuevas tareas, nuevas prerrogativas, nuevos poderes.
Sostiene también el ponente que el Consejo Europeo se ha convertido en la locomotora de la Unión Europea. No podríamos estar más de acuerdo. Pero también en esto la faceta conservadora de este informe sucumbe ante su faceta osada, cuando propone que el Consejo Europeo se reúna, cuando sea necesario, en forma de Consejo de Jefes de Estado o de Gobierno y adopte para los fines de la toma de decisiones los procedimientos previstos para las reuniones normales de los Consejos de Ministros.
No soy ni eurófoba ni euroalérgica. Lo que creo es que es preciso en primer lugar y con urgencia explicar a los ciudadanos de la Europa en que vivimos qué Europa tenemos y qué Europa queremos tener. Por adoptar esta actitud, me han tildado de eurorrealista, a pesar de mi optimismo. Es un adjetivo que no me incomoda: antes eurorrealista que eurocentralista, eurofederalista, en fin, eurosocialista.

Schörling
Señor Presidente, quiero felicitar a Bourlanges por este informe que es una iniciativa que considero muy interesante, aunque su lectura es a veces bastante complicada. Estoy plenamente de acuerdo en que hay que trabajar para conseguir una organización clara y sencilla y que hay que dejar en claro quién tiene competencias y responsabilidades. La confusión de las funciones que actualmente podemos observar es evidentemente condenable. Obviamente que tampoco son convenientes los grupos informales de trabajo ni las reuniones carentes de transparencia y control democrático. Además, sabemos que en el segundo pilar hay una falta de seguridad jurídica que es totalmente inaceptable. Hasta aquí estamos de acuerdo.
Después, me permito, con todo respeto, cuestionar el análisis y el punto de partida de Bourlanges. Él opina que los Estados miembros han reaccionado ante los nuevos retos con un «exagerado empirismo institucional/.../ha conducido a una desinstitucionalización gradual e insidiosa». Pero, ¿es esto realmente así? Por el contrario, opino que los nuevos tratados y los nuevos acuerdos institucionales van en otra dirección. Sin embargo, una reforma importante que debiésemos realizar es la de la distribución de las funciones, es decir, quién va a tomar las decisiones. Opino que se debería devolver a los Estados miembros y a las regiones una parte de las decisiones que hoy son adoptadas por la UE.
Tampoco hay motivos para que hoy el Consejo Europeo tenga un papel de menor relevancia. La Comisión carece de legitimidad para actuar como un «gobierno de la UE», como propone Bourlanges. La UE está constituida por sus miembros y, aunque la unanimidad a veces es ineficiente, el objetivo no ha sido que fuera eficaz, sino que la meta ha sido la democracia.
Opino que no está mal que la Comisión de Asuntos Institucionales se haya involucrado en este asunto como lo ha hecho, pero tomemos este informe por lo que es: un ejercicio intelectual.

Saint-Pierre
Señor Presidente, Señorías, también a mí me habría gustado saludar a la Presidencia en ejercicio del Consejo. Lamento, en vista de su ausencia, no poder hacerlo.
Permítanme, en primer lugar, Señorías, felicitar, en nombre del Grupo ARE, al Sr. Bourlanges por el importante trabajo que ha llevado a cabo, tanto más cuanto que ha sabido integrar en su informe el espíritu de gran número de elementos propuestos por sus colegas de la Comisión de Asuntos Institucionales.
El informe así concebido y presentados al Pleno constituye para mi Grupo un excelente punto de partida. En el nivel de la Unión existe un defecto de transparencia debido principalmente a la doble naturaleza del Consejo, que puede reunirse como ejecutivo y como órgano legislador. Esta situación plantea un problema que podría agravarse con la ampliación de la Unión, en la medida en que, en su función legislativa, su funcionamiento actual se parece mucho más al Congreso de Viena que a una auténtica Asamblea legislativa.
Nuestros ciudadanos deben poder comprender el sistema institucional de la Unión, cosa que en modo alguno ocurre hoy. Así, pues, el Consejo debe dejar de ser un agregado de los ejecutivos nacionales que se reúne en secreto y decide prácticamente todo por unanimidad. Debe pasar a ser una segunda Asamblea legislativa, con el mismo carácter que el Parlamento Europeo.
Necesitamos también un reequilibrio institucional que ponga fin al fortalecimiento constante del Consejo y del Consejo Europeo. Este último debe profundizar en su papel de orientación general y de impulso político de la Unión, sin por ello ser un órgano encargado de adoptar decisiones. Las bases de esa nueva arquitectura requieren la generalización de la votación por mayoría cualificada en el Consejo. Aún subsisten en el Tratado no menos de 40 artículos en los que la unanimidad sigue siendo la norma, es decir, otras tantas esferas en las que, con vistas a la ampliación, la Unión se condena prácticamente al inmovilismo.
Consideramos que aún se puede mejorar el informe del Sr. Bourlanges. Ésa es la razón por la que mi Grupo ha presentado dos enmiendas, que señalamos a la atención del ponente.
En primer lugar, la necesidad urgente de recurrir al método comunitario para preparar la próxima revisión de los Tratados, en vista de que, a raíz de las negociaciones de los Tratados de Maastricht y de Amsterdam, ha resultado muy claro que el método intergubernamental es poco adecuado, resulta ineficaz o incluso está superado.
En segundo lugar, la oportunidad de considerar la posible creación de una nueva función, la de Presidente de la Unión, con vistas a establecer en una Unión ampliada una forma de permanencia y un mayor relieve público.
Espero que la mayoría de esta Asamblea pueda aprobar estas propuestas, que presentamos con espíritu constructivo.

Bonde
Señor Presidente, el informe que hoy tramitamos ha sido escrito por el presidente francés del Movimiento de Europa bajo el epígrafe: Mucha más Unión. El Movimiento de Junio está en contra de la unión y, por tanto, votamos en contra. El Sr. Bourlanges quiere que haya muchas más leyes aprobadas por mayoría en el Consejo de Ministros; sin embargo, esto implica la derrota de la democracia, pues el meollo de la democracia pasa por presentarse a las elecciones, sacar una nueva mayoría y después promulgar nuevas leyes. Las propuestas del informe implican que podemos presentarnos a las elecciones y que, sin embargo, nunca más podremos, como votantes daneses, promulgar nuevas leyes. Podremos cambiar 3 de los 87 votos del Consejo de Ministros. Podremos cambiar 16 de los 626 representantes del Parlamento Europeo, sin embargo, nunca más podremos como electores votar una nueva ley. Podremos tener nuevos políticos, pero no una nueva política. Nos convertiremos en una circunscripción electoral en lugar de ser tratados como una nación. Seremos una minoría nacional en lugar de un pueblo independiente.
El Movimiento de Junio no quiere cercenar la democracia. Nuestra misión es una Europa de las Democracias, en la que los países colaboren estrechamente y sólo hagan leyes comunes para los problemas que superen las fronteras. La contaminación atmosférica y la contaminación marina son problemas que no podemos resolver cada uno por separado. Hemos de mantener una cooperación internacional vinculante, y ha de haber normas mínimas, aunque todos tengamos derecho a ir más lejos de lo que éstas marcan. La UE no debe prohibir a un país el que éste prohíba los pesticidas y colorantes que producen alergia. Deseamos una Europa ecológica, pero no más unión ni por supuesto un nuevo estado, por lo que votamos en contra del Informe Bourlanges.

Brinkhorst
Señor Presidente, mis excusas por haber llegado un poco tarde -tenía otro compromiso. Al Sr. Bonde le quiero decir que se encuentra en el debate equivocado. No estamos hablando sobre la posición general de Europa; estamos hablando del Consejo de Ministros. Saludo el excelente informe elaborado por nuestro colega, Sr. Bourlanges. Es consecuente y muy coherente. La institución en la que encontramos mayores dificultades en la toma de decisiones no es la Comisión o el Parlamento -aunque hay algunas dificultades de las que somos conscientes- sino que es el Consejo. El Sr. Bourlanges ha mencionado la rampante desinstitucionalización del Consejo de Ministros y eso es completamente cierto. El Consejo no sigue ni sus propias reglas. Ha hablado del Consejo Europeo como «el coche escoba del Tour de Francia». Ciertamente, el Consejo Europeo se está volviendo gradualmente más inconsecuente, y es sobre este trasfondo sobre el que saludo encarecidamente el enfoque general del Sr. Bourlanges.
Quisiera mencionar dos cuestiones: la mayoría cualificada es un problema y el Comisario Oreja conoce cómo la Comisión ha luchado para conseguir los cambios necesarios en este particular. La cuestión de la coherencia interna se relaciona con el hecho de que hay demasiados consejos especializados, como ha dicho el Sr. Bourlanges, y el Consejo de Asuntos Exteriores no consigue desempeñar su verdadero papel. La propuesta de que establezcamos un verdadero Consejo de Asuntos Generales incrementa la coherencia. Espero que la Comisión también destaque este punto.
Además, tenemos la proliferación de comités. Desgraciadamente, tenemos un primer, segundo y tercer pilar pero a medida que avanzamos hacia la comunitarización, por ejemplo en el área de Justicia e Interior, no tiene sentido conservar una suerte de Comité K.4 en el primer pilar. Erosiona el poder de iniciativa de la Comisión así como el papel del COREPER, el órgano principal que prepara el trabajo del Consejo de Ministros. También apoyo esta perspectiva.
Volviendo al comité político, deberíamos movernos en esa dirección. Pero aquí todo depende de que la PESC se convierta finalmente en una verdadera política exterior y de seguridad común.

Schäfer
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de la sesión de hoy es ofrecer una orientación institucional. ¿En qué punto nos encontramos y hacia dónde deseamos avanzar? Nos encontramos en vísperas de la conclusión del procedimiento de ratificación y la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. La última Conferencia Intergubernamental no logró resolver, como todos sabemos, algunos problemas importantes con vistas a las futuras ampliaciones.
La Presidencia alemana del Consejo se ha propuesto, por lo tanto, como meta que en la Cumbre de junio de este año se decida el procedimiento para emprender las reformas institucionales necesarias, una vez alcanzado previamente, a finales de marzo, un acuerdo sobre los temas fundamentales de la Agenda 2000. El Parlamento Europeo esbozó el alcance y la orientación de dichas reformas en su resolución Méndez-Tsatsos. El programa de trabajo de la Comisión de Asuntos Institucionales durante el último año y medio ha estado dedicado a concretar dicha orientación. El resultado son los tres informes que hoy se debaten.
El Informe Bourlanges presenta al Parlamento una propuesta de resolución que se aparta de lo habitual. No se trata de una lista de peticiones, sino del importante esbozo de un proyecto. Su objetivo central es la necesaria transición al procedimiento de decisión por mayoría en ámbitos más amplios y la adaptación de las modalidades de votación en el Consejo, a fin de que pueda seguir siendo operativo incluso después de las ampliaciones previstas. Ambos empeños se desprenden del Tratado de Amsterdam y de los dictámenes adoptados por el Parlamento Europeo al respecto.
No voy a ocultar que, a mi modo de ver, algunos detalles de la presente resolución tienen sobre todo un valor ilustrativo. Las orientaciones generales aspiran a obtener autoridad política en la fase actual de los debates europeos. De este modo Jean-Louis Bourlanges y todos nosotros podremos ser fieles a nuestra concepción de nuestro papel como impulsores del proceso de integración europea.
El próximo Parlamento Europeo tendrá que seguir profundizando luego en el debate sobre la siguiente ronda de reformas institucionales. Con ese fin, esperamos que el Consejo Europeo de Colonia haga suyos nuestros planteamientos en sus decisiones sobre el calendario y el método para dichas reformas. Jean-Louis Bourlanges ha preparado el terreno con un excelente trabajo.

Lambrias
- Señor Presidente, el informe del Sr. Bourlanges, que ha caído como una piedra sobre las estancadas aguas de las instituciones, se merece un premio, tanto por su rigor como por su realismo. Sólo me limitaré, por falta de tiempo, a señalar el esfuerzo que ha realizado con el fin de hacer despertar del letargo y disipar la confusión que durante años inhibía la formulación y la puesta en marcha de una Política Exterior y de Seguridad Común, es decir, de aquella política que es la conditio sine qua non para que podamos hablar de una unión verdadera de estados y de pueblos como habíamos emprendido en marzo y que denominamos Unión Europea.
Lo que se había establecido inicialmente en el Tratado no sólo no había avanzado con la revisión de Amsterdam, sino que al contrario, se había visto debilitado. Se había vuelto más confuso y más turbio. Además, como ya se había emprendido el proceso de la ampliación, el retraso en solucionar los temas institucionales pendientes, básicamente existenciales, podría resultar peligroso. Una nota característica y triste es que algunos dirigentes de Estados miembros han pronunciado recientemente discursos nacionalistas. Esta marcha atrás significa que la prioridad se da a los intereses propios a costa de los comunitarios.
El Informe Bourlanges contiene, a partir del apartado 24, propuestas concretas y claras para detener esta marcha descendente. Podría no estarse de acuerdo con una u otra regulación técnica concreta. Pero lo que es inaceptable es que se guarde silencio acerca de la impotencia constatada de la Unión para desempeñar su papel como una entidad supranacional con miras a la consolidación del orden y la paz a escala internacional.

Van Bladel
Señor Presidente, el testamento político de Bourlanges, justo antes del final de su mandato, contiene unos puntos importantes. Sin embargo, señor Presidente, sólo cuando el euro sea un éxito y sólo cuando los Parlamentos nacionales estén dispuestos a constituir una base sólida debajo de la Europa de las naciones, sólo entonces creo que habrá llegado el momento de dar grandes pasos hacia delante. Mientras tanto, está por ver si la lucha conjunta contra el crimen, la acogida de los refugiados, la armonización de la política fiscal y la creación de empleo tiene algún éxito. A pesar de ello, es necesario que sigamos elaborando unas ideas europeas sobre la profundización de las instituciones y sobre la ampliación europea. No abrumemos al ciudadano con un exceso de adaptaciones en demasiada cantidad de terrenos; eso dificulta el control y la visión de ese ciudadano sobre la propia soberanía y producirá una aversión en contra de Europa en vez de lo opuesto.
Es un ejercicio intelectual interesante, el Informe Bourlanges: no avanzar con pasos agigantados, sino con el método de Pulgarcito, ir marcando despacito el camino. Así mantendremos el interés del ciudadano. De momento, mi grupo parlamentario no puede apoyar su informe.

Voggenhuber
Señor Presidente, el propósito de reformar el Consejo constituye sin duda el más difícil de los empeños. En efecto, en la práctica significa nada menos que pedirle al Consejo que emprenda su propia reforma. Por esto no me sorprende que ni siquiera se encuentre presente cuando se plantea esta petición y que los proyectos de reforma del Parlamento puedan serle relativamente indiferentes. El Consejo es el talón de Aquiles de la democracia europea, por no decir su agujero negro. Esto se debe a su existencia anfibia. En su calidad de institución europea se sustrae continuamente al control de los Parlamentos nacionales y de los tribunales nacionales y europeos. También se sustrae continuamente al control del Parlamento Europeo, actuando como asamblea de los Estados miembros. Por consiguiente, yo no tengo demasiadas esperanzas de que sea posible colmar dicho agujero negro, de que el procedimiento legislativo sea finalmente transparente, de que se llegue a establecer el procedimiento decisión por mayoría, de que se consiga la democratización del Segundo y Tercer Pilares. Una cooperación intergubernamental de estas características se convierte siempre en tierra de nadie desde el punto de vista de la democracia.
Yo felicito al ponente por sus esfuerzos para esbozar al menos una posible reforma. También quiero congratularle por la sutileza con que propone un desplazamiento revolucionario del poder en favor de los grandes Estados y a la vez consigue presentarlo como un medio para mantener el presente equilibrio. Se trata de una propuesta intelectual particularmente lograda.

Berthu
Señor Presidente, el Informe Bourlanges se inscribe por sí mismo en una perspectiva en la que el Consejo evolucionaría hacia el estatuto de una segunda Asamblea representante de los Estados y la Comisión constituiría poco a poco el auténtico ejecutivo europeo. Como he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe, el Grupo Europa de las Naciones considera que semejante evolución sería peligrosa y que se debe mantener el papel del Consejo como órgano central de adopción de decisiones, representante de las naciones miembros y superior jerárquico de la Comisión.
En efecto, una de las enseñanzas que deberíamos sacar de los recientes debates sobre la moción de censura contra la Comisión es que las instituciones europeas, que no están inmersas en una sola nación, corren mucho más fácilmente el riesgo de alejarse de los pueblos. Ello es aún más aplicable a la Comisión misma, que se apoya en una función pública europea con asiento nacional muy débil. El remedio debe encontrarse en el fortalecimiento, con mucho cuidado, del vínculo de subordinación que pone a Bruselas al servicio de las naciones miembros. Dicho vínculo pasa por el Consejo de forma preferente. Por eso, es necesario, por una parte, mantener la voz distinta de cada uno de los países miembros en el Consejo preservando la unanimidad y, por otra, utilizar todos los medios para fortalecer el control de la Comisión por parte del Consejo. Sobre ese capítulo esencial, el informe Bourlanges nada dice. En estas condiciones, desaprovecha la ocasión de resolver uno de los mayores problemas de la Europa de hoy: se interna por una vía inadecuada, la de un superestado alejado de los pueblos.

Barros Moura
Señor Presidente, Señorías, quiero comenzar felicitando al ponente, que, desde mi punto de vista, nos ha presentado un magnífico ejercicio de reflexión prospectiva sobre las instituciones de una Unión Europea ampliada y sobre cuestiones que el Tratado de Amsterdam manifiestamente no ha resuelto. Creo que su informe vale sobre todo por la defensa del método comunitario en un momento en que asistimos a claras manifestaciones de retroceso hacia el funcionamiento intergubernamental de la Unión Europea. Considero, en particular, que van bien orientadas las propuestas del ponente relativas a la reorganización de los trabajos del Consejo: no sólo en cuanto a la eficacia, mediante la ampliación del voto por mayoría cualificada, sino también en cuanto a la reconstitución del equilibrio institucional previsto en el Tratado, que se ha venido modificando en beneficio del papel ejecutivo y gubernamental del Consejo, en detrimento del papel de iniciativa y de impulso político que la Comisión ha reconocido en el Tratado y debería poder seguir ejerciendo.
Por eso no puedo comprender el detalle de las propuestas del ponente sobre la ponderación de votos en el Consejo. Está claro que el peso demográfico de los diferentes países debe reflejarse en su poder de voto y que una minoría de la población no debería poder imponerse contra la mayoría. Sería antidemocrático y sería rechazado y con razón por la opinión pública de los países grandes.
Pero, en mi opinión, en el Parlamento, con poderes de codecisión legislativa, es en el que debería manifestarse el diferente peso demográfico de los Estados miembros: por lo demás, en breve, en una Europa ampliada y en un Parlamento reducido a setecientos diputados, tendremos que modificar la actual proporción de diputados por país. En el Consejo, en particular por su papel gubernamental, se deberían mantener los equilibrios fundadores entre países grandes y pequeños. Y no crear ni dar la impresión de que se está creando un directorio de los grandes y aún menos a cuatro meses de las elecciones y en medio de toda esta propaganda antieuropea que hoy, por lo demás, en este debate, podemos oír nosotros.
Una última observación en cuanto al contenido del punto nº 33, que no puedo aceptar, porque, en materia presupuestaria, pretendería dar un mayor poder decisorio a los Estados mayores contribuyentes, lo que también es contrario al método comunitario.

Rack
Señor Presidente, el Informe Bourlanges es un excelente informe. Otra cosa no era de esperar. Jean-Louis Bourlanges es desde hace años una punta de lanza del proceso de integración europea, aun cuando -viéndole a él- la palabra «punta» quizás no sea la descripción más adecuada.
El Informe Bourlanges también es, además, un informe importante. En efecto, nos recuerda en el momento oportuno que la Unión debe hacer frente permanentemente a dos tareas: la ampliación y la profundización. En los últimos meses hemos hablado mucho del tema de la ampliación y hemos señalado repetida y justificadamente las tareas que deben cumplir los países candidatos a la adhesión. Recuerdo, por ejemplo, en este sentido, el debate de esta Asamblea previo a la Cumbre de Viena. Sin embargo, al mismo tiempo no debemos perder de vista nuestras propias tareas en esta Cámara y en el marco de la Unión. Es preciso mantener la operatividad de la Unión Europea o, más exactamente, es necesario mejorarla. La Cumbre de Amsterdam aportó algo en este sentido, pero es evidente que no se aprovechó el famoso último cuarto de hora.
Quedaron pendientes, en particular, los importantes temas de la toma de decisiones en el Consejo. El Informe Bourlanges aborda estos temas e intenta ofrecer soluciones constructivas, orientadas hacia el futuro. En líneas generales, a mi parecer ha conseguido extraordinariamente bien este objetivo, tal como ya han destacado y resaltado muchos de los oradores que me han precedido. Yo creo que deberíamos poner, no obstante, entre interrogantes algunos puntos de la petición, en principio acertada, de que se introduzca con carácter general el procedimiento de decisión por mayoría cualificada en el Consejo. Yo quisiera expresar asimismo un particular escepticismo con respecto a los puntos 28, 32 y 33, sobre todo en lo que se refiere al tema de los recursos propios y de la mayoría cualificada.
Finalmente, yo quisiera recordar un último aspecto, que se plantea acertadamente en una enmienda de nuestro colega Saint-Pierre: tenemos que abordar también el tema del método que se deberá seguir para la siguiente reforma del Tratado y lo acertado sería adoptar el método comunitario y no el método de la conferencia intergubernamental, donde sólo prevalece el derecho a veto.

De Giovanni
Señor Presidente, considero que actualmente reviste mucha importancia debatir y aprobar el informe, por otra parte excelente, sobre el Consejo. Es importante porque la etapa que atraviesa la Unión Europea es complicada, difícil y cambiante y porque están en discusión muchos equilibrios. Por lo tanto, volver a abordar el tema de las instituciones y de su funcionamiento se convierte en una labor esencial para el Parlamento Europeo. Me dan tentaciones de afirmar que, a falta de reformas concretas, es fundamental que el Parlamento retome su reflexión estratégica sobre la evolución de la Unión, dado que todos los equilibrios institucionales están en movimiento. Se asiste a un debilitamiento de la Comisión, y esto es evidente. No sé si está en curso un ataque político contra la Comisión; lo cierto es que se aprecia su debilitamiento. Se comprueba una evolución anómala de la función del Consejo Europeo, justamente recalcada en el informe del Sr. Bourlanges; existe una dificultad para reconocer hasta el final el paralelismo entre el Parlamento y el Consejo en términos de funcionamiento legislativo. En sustancia, es todo el funcionamiento del sistema que está en movimiento, especialmente con vistas a la ampliación y después del euro. El informe del Sr. Bourlanges aborda abiertamente estos temas, con un enfoque cargado de imaginación institucional. Previendo una interpretación no literal sino dinámica del Tratado -es notorio que a veces las interpretaciones dinámicas superan el texto legislativo- considero que nunca como hoy es necesaria la imaginación institucional con una inspiración de fondo: evidenciar la hipocresía institucional de quien afirma que la Unión Europea ampliada podrá seguir funcionando sin una reforma de las instituciones.
Entre las muchas reflexiones de fondo que se podrían hacer sobre el informe, no subrayo especial y posiblemente un punto clave, es decir, la redefinición del funcionamiento del Consejo de Asuntos Generales, recordada por el Sr. Bourlanges. Por el contrario, sí quiero subrayar un punto que, en mi opinión, se desprende de la interpretación del informe. Estimo que el mismo se centra sobre todo en el intento de reequilibrar la relación entre el Consejo Europeo y la Comisión, dos instancias de impulso político y legislativo. La mayor parte de la futura evolución de la Unión Europea derivará de este equilibrio. Se trata de un punto fundamental. Considero que, hoy por hoy, el equilibrio está en entredicho tanto por el desarrollo anómalo del Consejo como por el debilitamiento de la Comisión.
Para terminar, señor Presidente, soy de la opinión de que todo el informe va más allá del viejo esquema que contrapone la dimensión intergubernamental a la dimensión supranacional. La prueba de la superación de este esquema está precisamente en la redefinición del equilibrio entre el Consejo y la Comisión. Desde este punto de vista, considero que la aportación del Sr. Bourlanges reviste gran importancia.

Delcroix
Señor Presidente, yo había preparado un texto, pero lo he olvidado. Lo he olvidado, porque los oradores que me han precedido han dicho ya muchas cosas y muy bien y no vale la pena repetir cosas ya dichas. No obstante, quisiera insistir en dos puntos.
El primero es el de que se ha lamentado durante mucho tiempo y aún ahora que el Tratado de Amsterdam no fuera hasta el final y no preparara efectivamente la ampliación. El Parlamento Europeo tuvo, por lo demás, parte de culpa en ello, porque tampoco propuso una solución al respecto. Aún estaba dividido.
Ahora es una etapa que ya se ha superado, quiero decir que la Comisión de Asuntos Institucionales y su ponente han sido audaces. Han tenido la audacia de presentar una solución; ése es hoy -me parece a mí- el hecho más importante: ya no llegamos con las manos vacías. Y tal vez haya soluciones mejores, pero habría que demostrarlo. En todo caso, hay una solución sobre la mesa.
La segunda cosa que quisiera decir es que a lo largo de todos los debates, en los Grupos políticos, entre los Estados pequeños y los Estados grandes, se ha revelado algo esencial para el futuro de Europa: que, dentro de la estructura europea, cada uno de nosotros es minoritario, cada uno de los Estados miembros es minoritario y, por consiguiente, debemos prestar atención a los demás y desarrollar esa cultura de minorías que es el futuro de Europa.

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, en cuanto al articulado, agradezco mucho al ponente, Sr. Bourlanges, que apoye la enmienda que hemos presentado, una enmienda que posibilitará en el futuro que puedan celebrarse Consejos de ministros formales con las ministras responsables de los derechos de la mujer.
Esta enmienda es una enmienda importante, que aborda un problema capital en la Europa de hoy, que es la tradicional exclusión de las mujeres del ámbito del proceso de toma de decisiones. Espero que el Grupo popular apoye también esta enmienda y que la Comisión, que está presente en este debate, sea sensible también y apoye el que pueda abrirse este camino.
Hasta el presente, las ministras responsables de los derechos de la mujer no pueden celebrar Consejos de ministros formales. Por tanto, creo que abriendo esta posibilidad damos un gran paso en defensa de esa necesaria presencia de las mujeres en el ámbito de los procesos de toma de decisiones.
En segundo lugar, y en términos generales, yo creo que no sólo es conveniente sino necesario que, en un momento en que la Unión Europea inicia un proceso de ampliación de gran entidad, hagamos una reflexión de este tipo. Y el informe del Sr. Bourlanges propugna mejoras indiscutibles, y además tengo que decir que, a mi juicio, las avanza por el camino que queremos recorrer, es decir, avanza por un método comunitario que deja obsoleto el tradicional y, hasta ahora, imperante método intergubernamental.
Es vergonzoso -realmente vergonzoso- que el Consejo de Ministros no esté presente cuando los representantes electos de Europa debaten sobre algo que les afecta directamente a ellos y a todos los europeos.

Paasilinna
Señor Presidente, señorías, no acabo de entender el objetivo y el calendario de este documento. Si bien puede que esté claro para algunos, también es cierto que no lo está para muchos de nosotros. A pesar de tratarse de una cuestión importante, no hemos contado aquí con un debate o con preparativos lo suficientemente amplios al respecto. No obstante, creo que es adecuado incrementar la mayoría cualificada para dotar a las actividades de la Unión de una mayor eficacia. Este informe incluye, sin embargo, contradicciones como, por ejemplo, en los apartados 35 y 36. En el apartado 35 se afirma que los Estados pequeños y medianos gozan de una excesiva representación, lo cual debería corregirse mediante un sistema de reponderación de votos y de doble mayoría. Por el contrario, en el apartado 36 se señala que no ha de romperse el actual equilibrio, lo cual parece entrar en contradicción con el apartado precedente. Puede que todo ello se deba a que, a la hora de la verdad, el ponente se refiere únicamente al equilibrio entre los Estados grandes.
Finlandia presentó ya durante la Cumbre de Amsterdam una propuesta inicial sobre un compromiso para duplicar los votos de todos los Estados miembros, a lo que habría que sumar también la concesión dos o más votos suplementarios para cada uno de los Estados grandes. Ésta sería una solución aceptable también para los países pequeños. Así pues, sería necesario encontrar la solución que, siguiendo este modelo, altere en la menor medida posible el actual equilibrio, sin llegar a perturbarlo demasiado en perjuicio de los países pequeños. Cabe partir del principio de que no será posible llevar a cabo con éxito una reforma institucional si, a la hora de ponderar los votos, no se tiene presente la participación de los países pequeños.

Oreja
Comisión. Señor Presidente, señoras y señores diputados, quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Asuntos Institucionales y a sus ponentes los distintos informes parciales sobre cuestiones específicas relativos a la aplicación del Tratado de Amsterdam o sobre cuestiones que tendremos que abordar en un futuro próximo para conseguir un sistema institucional más eficaz, más democrático y más transparente.
El informe del Sr. Bourlanges se sitúa perfectamente en este contexto y hemos podido comprobar cómo una gran mayoría de oradores así lo ha reconocido. Yo quiero felicitar, además, al Sr. Bourlanges por la presentación que ha hecho, muy didáctica, en la que nos ha expresado lo esencial de su informe: cuál es su objeto, por si teníamos duda del mismo; cuál es su alcance; cuál es su contenido y cuál es su orientación.
En el informe se aborda un problema institucional que me parece esencial para definir la futura arquitectura de Europa y, más concretamente, de una Unión que desea convertirse en el instrumento para la unificación pacífica del continente. Me refiero al proceso de toma de decisiones en la Unión Europea en la perspectiva de la ampliación, y a ello se han referido la mayoría de los oradores.
Nuestra misión es idear y construir un sistema institucional que, a mi juicio, debe reposar sobre tres principios esenciales: en primer lugar, la continuidad de un proceso y de un esquema institucional que ha dado resultados extraordinarios en términos de paz, de progreso y de democracia.
En segundo lugar, la adaptación a un mundo cambiante que, incluso tratándose de las instituciones públicas, exige un elevado grado de flexibilidad. Estoy de acuerdo con la idea que ha manifestado aquí la Sra. Izquierdo Rojo sobre esas reuniones formales de las ministras responsables de los derechos de la mujer, sobre temas que puedan afectarles directamente y que debe de convertirse en una competencia comunitaria. Me parece que es una idea feliz y tomo nota de ello.
Y en tercer lugar, la capacidad de organizar todo un continente en torno a un sistema que debe aspirar a ser política y económicamente solidario. Por ello me parece esencial examinar con carácter previo cuáles son los distintos aspectos de nuestro sistema con el objetivo de poder reformarlo y llevar a cabo lo que decía el Sr. De Giovanni sobre ese mecanismo constitucional que está en este momento en discusión y que es necesario clarificar.
En ese sentido, creo que podemos plantearnos una serie de cuestiones fundamentales:
¿Existe una confusión entre el Consejo y sus distintas formaciones? A eso se ha referido, entre otros, el Sr. Brinkhorst.
¿Existe una confusión entre las instituciones dotadas de un papel ejecutivo? Lo ha mencionado, entre otros, la Sra. Cardona en su intervención, aunque debo confesar que no estoy del todo de acuerdo en cuanto a la misión que parece que reconoce a la Comisión como una mera función de ejecución. Hay otra función que es fundamental, que es la de la iniciativa legislativa y no se puede olvidar.
Por otra parte, ¿puede hablarse de un exceso de burocracia en la preparación de las decisiones políticas del Consejo?¿No habrá que mejorar la capacidad de acción como decía el diputado Sr. Rack?
El informe parece responder de una manera afirmativa a estas preguntas que yo me he planteado y también adelanta algunas propuestas que sin duda mejorarían la situación actual. Yo comparto enteramente la opinión del ponente respecto a la existencia de esa doble función ejecutiva y legislativa del Consejo. Y en ese sentido, comprendo las observaciones que hacía el Sr. Saint-Pierre de que el Consejo no puede ser una simple suma de ejecutivos nacionales. Me parece que esa doble función -legislativa y ejecutiva- sólo es posible desde un punto de vista institucional si en paralelo existe una Comisión fuerte, capaz de asumir plenamente su misión y de ejercer su derecho de iniciativa así como el control de la aplicación del Derecho comunitario y también, en la medida de lo posible, la ejecución.
Sin entrar en las distintas propuestas concretas contenidas en el texto, considero que en las observaciones que hace el Sr. Bourlanges sobre el Consejo Europeo merece la pena reflexionar sobre ellas y, evidentemente, el Consejo Europeo -a mi juicio- debe seguir manteniendo esa función de impulso político, de orientación para el conjunto de la Unión.
En ese sentido, también estoy de acuerdo con la observación del Sr. De Giovanni sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre cuál es el papel del Consejo Europeo y cuál es el papel de la Comisión. Yo recuerdo que, en la audiencia que tuve para responsabilizarme del tema institucional hubo una pregunta que se me hizo: alguien me preguntó si yo pensaba que la relación de la Comisión debía ser únicamente con respecto al Parlamento y no también respecto al Consejo Europeo. Yo contesté afirmativamente. Me parece que, en cierta forma, hay una especie de doble legitimidad y, por consiguiente, me parece lógico el que pudiera haber esa doble relación.
En cuanto a la cuestión sobre el Consejo Europeo y la necesidad de reforzar el proceso jurídico de toma de decisiones por parte del Consejo a que se refiere el ponente -e incluso, como dice, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno-, yo debo manifestarle al Sr. Bourlanges que tengo algunas dudas. Está claro que, a la larga, el desarrollo en esta dirección debilitaría el papel noble del Consejo Europeo como una institución impulsora de las grandes orientaciones políticas y estratégicas con el riesgo de convertirlo -como ocurrió ya en los años ochenta- en un mero órgano al que se remitirían hasta las más pequeñas decisiones. Creo que tenemos que evitar que se reproduzca esta situación.
No creo necesario recordarles los peligros que esta situación ha causado. En definitiva, lo que me parece evidente es que, en estos momentos, debemos reforzar nuestro sistema institucional, que ha llegado ya a un cierto grado de madurez dado que sus instituciones están cada vez más sujetas al control democrático de este Parlamento, así como se deben clarificar las competencias de los Parlamentos nacionales en el marco comunitario. Hay un doble papel: hay un papel fundamental del Parlamento Europeo y hay un papel que corresponde a los Parlamentos nacionales.
Ahora bien, creo que esto hay que hacerlo de tal forma que -como decía la Sra. Schörling- hay que saber quién hace qué y, por consiguiente, tenemos que ir a una mayor clarificación de los temas, que muchas veces nos falta.
Comparto también una idea que me parece esencial: es necesario hacer lo posible para reforzar la coherencia del Consejo. Y ello hace que, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de sus distintas formaciones como en la participación de los Gobiernos, debería garantizar la coherencia de sus posturas en los distintos órganos. Y este es un tema al que varios de los oradores se han referido.
Hay otros temas de la resolución que me parecen también especialmente importantes: primero, comparto plenamente el principio fundamental de que el poder de iniciativa no debe recaer en el Consejo. El sistema comunitario está basado en el monopolio de iniciativa legislativa de la Comisión. Y es un sistema que ha funcionado bien en términos generales. Las negociaciones en la última Conferencia Intergubernamental, pese a algunos ataques que se produjeron al monopolio de iniciativa de la Comisión, confirmaron no solamente que éste permanece intacto en lo que se refiere a la Comisión sino que incluso en algunas materias -como son las materias de justicia e interior- al cabo de cinco años se atribuye automáticamente a la Comisión dicho monopolio. Este principio es, probablemente, la gran originalidad y tal vez, incluso, la piedra angular de nuestro sistema institucional, al cual no podemos, en ninguna forma, renunciar.
En cuanto a las decisiones del Consejo, estoy, como es lógico, totalmente a favor de la extensión de la mayoría cualificada, y a ello se han referido la mayor parte de los oradores, aunque, naturalmente, ha habido quienes han mostrado su desacuerdo. Creo también que esta extensión de la mayoría cualificada no quiere decir que no haya algunas excepciones. Tiene que haber unas excepciones bien delimitadas, concretamente para lo que podríamos llamar las cuestiones constitucionales. La resolución contempla estas excepciones, lo que me parece lógico ya que es evidente que hay decisiones fundamentales que precisan ser consensuadas entre los Estados. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cómo podrá -como decía el Sr. Corbett hace un momento- una Europa de 20 o 25 Estados tomar decisiones unánimes en ciertos ámbitos?
En cuanto a la ponderación de votos, es una medida tan urgente como la relativa a la composición de la Comisión o a la ampliación del alcance de la mayoría cualificada, ya que estos temas, como es sabido, quedaron pendientes en la última Conferencia Intergubernamental y el protocolo institucional de Amsterdam así nos lo señala, al igual que lo hace la voluntad expresa de los Estados miembros, que coincide en esa misma dirección.
Yo pienso que el informe formula, a este respecto, propuestas equilibradas en materia de ponderación de votos. Pero he tomado nota de algunas intervenciones, como, por ejemplo, la del Sr. Corbett, que ha mostrado cierta reticencia a la doble mayoría. Y también he tomado nota de los comentarios que al respecto ha hecho el Sr. Barros Moura.
Y quiero concluir abordando dos temas muy rápidamente. Primero, hay un tema que me parece importante: es necesario que la estructura en materia de política exterior y seguridad común prevista en el Tratado de Amsterdam se aplique cuanto antes y con la máxima voluntad y eficacia, aunque es un tema sobre el cual he observado que hay algunos que manifiestan algún pesimismo.
El segundo problema se refiere a la transparencia. El Tratado de Amsterdam impone a la Unión y a sus instituciones un esfuerzo adicional en este sentido. Cada institución debe, pues, revisar sus procedimientos y renunciar a una serie de prejuicios en materia de confidencialidad y de secreto en las deliberaciones, que son incompatibles con una actividad legislativa que exige la publicidad de las deliberaciones. El Consejo debe realizar un importante esfuerzo en esta dirección, como ha señalado el Tribunal de Justicia comunitario en su reciente jurisprudencia.
La transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones son, especialmente en una Europa ampliada, una condición esencial tanto de la propia existencia como de la garantía de buen funcionamiento del sistema institucional. Podemos adoptar las reformas que queramos pero si lo hacemos en reuniones secretas, si damos la impresión a los ciudadanos de que deseamos ocultar las razones de nuestras decisiones, veremos que nos faltará un carácter importante, democrático y público que es el mismo que tienen las democracias nacionales y que tenemos que llevarlo también a la democracia europea.
Por lo tanto, tres palabras nada más: democracia, eficacia y transparencia y, como ha dicho el Sr. Méndez de Vigo con gran acierto, es necesario pensar hacia el futuro con soluciones audaces.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Refuerzo de las instituciones
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0034/99) del Sr. Gutiérrez Díaz, en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales, sobre el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia y libertad.

Gutiérrez Díaz
. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, este informe sobre el refuerzo de las instituciones de la Unión con vistas a la creación de un espacio de democracia y libertad, que hoy presentamos al Pleno, es fruto de la aportación de la Comisión de Asuntos Institucionales, a la que se ha sumado la valiosa opinión de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, de la que es ponente el Sr. Goerens.
La reflexión inicial partió de la aportación del Sr. Herzog, a quien sustituí como ponente intentando en esta sustitución llegar a la formulación definitiva que hoy examinamos y que recoge los debates y la mayoría de las enmiendas presentadas en la Comisión de Asuntos Institucionales, destinadas a reforzar el papel de los ciudadanos y de los interlocutores sociales en el sistema institucional de la Unión Europea.
La idea central del informe arranca de la convicción de que una Europa democrática sólo puede construirse a condición de que se reconozca a los ciudadanos no sólo como beneficiarios directos del proyecto de integración sino también -y, quizá, fundamentalmente- como sujetos que contribuyen de manera activa a la elaboración de los objetivos comunes.
Para ello se recogen los nuevos aspectos que, pese a las insuficiencias, puede ofrecernos el Tratado de Amsterdam para mejorar la garantía del respeto a nivel europeo de los derechos fundamentales, para consolidar la dimensión social de la construcción europea mediante la coordinación de las políticas nacionales de empleo y la inclusión de los fundamentos jurídicos para la definición de una legislación social europea y para aplicar la libre circulación de las personas.
Todo ello debería, a nuestro entender, reagruparse en un concepto global del espacio europeo de libertad y democracia sólidamente construido, precisando, para ello, los objetivos comunes de la sociedad europea, enriqueciendo el contenido de los derechos reconocidos a los ciudadanos europeos, reforzando los derechos de las minorías, definiendo los instrumentos jurídicos para la aplicación de estos derechos y organizando la participación de los ciudadanos en la creación y el enriquecimiento de este espacio. Para ello, el informe recoge tres grandes objetivos: la libre circulación, los derechos sociales y la ciudadanía europea.
Con relación a la libre circulación desearía señalar especialmente que la seguridad y la justicia han de ir acompañadas de las garantías jurídicas y democráticas imprescindibles.
Con respecto a los derechos sociales deseo destacar que la idea de la construcción europea reposa en la solidaridad entre los Estados miembros y que, en consecuencia, la ampliación a los países de la Europa Central y Oriental no debe preverse como una ampliación del mercado interior, sino como un deber de solidaridad.
Y en relación con la ciudadanía europea me agradaría subrayar la propuesta, que cierra el informe, de que el Tratado recoja en un título específico todos los derechos de los ciudadanos.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, considero que la aprobación ampliamente mayoritaria de este informe sería una aportación a la necesaria construcción y refuerzo de un espacio de democracia y libertad propio de la Unión, por lo que pido este voto afirmativo.
Por último, permítanme que agradezca las diversas aportaciones que he recibido en forma de enmiendas y que -como he dicho-, en general he intentado incorporar, salvo en dos ocasiones: cuando las enmiendas no me parecían coherentes con la visión de la construcción europea que defiendo, o cuando introducían reflexiones, legítimas, sobre la competitividad, pero que no consideraba propias de este informe.
A todos ellos, señor Presidente, Señorías, muchas gracias.

Manzella
Señor Presidente, qué duda cabe de que, como acaba de decir el ponente, Sr. Gutiérrez Díaz, a quien debemos este excelente informe, el espacio de libertad, de seguridad personal y de cooperación judicial, previsto en el Tratado de Amsterdam, es el programa de integración profunda más ambicioso en el futuro próximo de la Unión. Asimismo, por su conexión con la vida cotidiana de las familias, las ciudades y las empresas, el programa es también objeto de una gran atención popular. Se trata asimismo de un programa que establece conexiones vitales entre el papel de este Parlamento y el papel de los parlamentos nacionales. Considero que todo el sistema parlamentario europeo está en juego en este quinquenio de transición, sin embargo, es justo que sobre esta transición influya también la tensión hacia la rápida aplicación del sistema comunitario y de los procedimientos de codecisión en estas materias tan importantes para la integración.
Por lo tanto, es natural que este programa que en cierto sentido ya ha entrado a formar parte de nuestro Derecho positivo, debe ser también el imán en torno al cual ha de girar la concepción más amplia que inspira este informe, es decir, la creación de una espacio de libertad política y de democracia europea. La reagrupación en una visión de conjunto del catálogo de los principios fundamentales y de los estatutos sociales, unida al desarrollo de los programas de libertad y de seguridad personal y de cooperación judicial, representa, de hecho, la posición acertada para perseguir el desarrollo y la concreta efectividad del concepto de ciudadanía europea introducido en Maastricht. Ésta es, en realidad, la figura constitucional clave en la que ha de asentarse la idea misma de espacio público y de espacio político europeo: un lugar de equilibrio y de compensación de los derechos y de los deberes, de todos los derechos y de todos los deberes, sin poner énfasis especial en unos u otros en el marco de la democracia global de la Unión Europea. Señor Presidente, estos son los motivos por los cuales este informe merece nuestro voto afirmativo.

Cederschiöld
Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores, todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho a vivir en una democracia en paz. Es esto lo que trata de asegurar el informe. Un informe que sobresale más por los derechos sociales que por tratar de desarrollar los aspectos legales.
Hasta ahora nos hemos contentado en la Unión con que los ciudadanos puedan gozar de los mismos derechos que los del país en que trabajan. Sin embargo, al comienzo del punto 14, el ponente propone que se puedan llevar consigo los derechos nacionales dentro de la Unión, lo que puede resultar insensato. Por eso damos nuestro apoyo incondicional a los incisos del punto 14, relativos a las demandas de mejoras en la colaboración internacional en materia de legislación civil. En esta materia, también queremos subrayar la necesidad del reconocimiento recíproco de las resoluciones judiciales.
Las normas comunitarias sobre pensiones se cumplen muy mal. Tienen que ser más eficaces para que los ciudadanos realmente obtengan sus derechos de jubilación, independientemente de donde vivan y de donde hayan trabajado. En este aspecto tiene razón el ponente. No obstante, hay motivos para llamar la atención sobre algo que podría llevarnos a que el máximo denominador común, y consecuentemente las tasas más altas de impuestos, sea la norma. Una legislación social de este tipo difícilmente se ajusta a los objetivos generales como, por ejemplo, más empleo, menos paro y mayor bienestar, ya que todavía hay diferencias en el grado de desarrollo y en el nivel económico de los países.
Los derechos sociales previstos para un país no siempre son aplicables si se traspasan al sistema social y económico de otro, en el que se ha dado primacía a aspectos diferentes. Amontonar derechos sociales nos puede llevar a un bienestar imaginario, que de hecho lo desvirtúa, en todo caso mientras éste sea financiado por los impuestos. Hay que empezar en el otro extremo. Tenemos que intentar que la Unión realmente tenga estructuras que refuercen la competitividad y el buen clima de crecimiento de las industrias, puesto que aquí se hallan las condiciones para el aumento de la prosperidad y, consecuentemente, de la mejoría del bienestar social.
Falta por desarrollar una parte primordial del objetivo del informe, esto es, cómo reforzar la protección jurídica de los ciudadanos, en particular contra la delincuencia. En este campo es importante que la Unión dé un paso adelante, especialmente pensando en la ampliación. En relación con esto, hemos presentado enmiendas para incorporar Schengen en el Tratado. También queremos que se termine con la angustia del Consejo para decidir sobre la moratoria de cinco años para algunas materias legales. Se necesitan posturas claras y nítidas en estas materias, como el ejemplar y concreto Informe Bourlanges, recientemente tratado.

Brinkhorst
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Gutiérrez Díaz por su informe que cubre un gran espectro de cuestiones. Originalmente no hacía del todo justicia al quid de la cuestión que supone el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la creación de un área de libertad, seguridad y justicia. Después de que el Tratado de Amsterdam entre en vigor esto constituirá uno de los mayores logros de la Conferencia Intergubernamental. Estas áreas de asilo, inmigración y controles fronterizos se convertirán en políticas comunes.
En cualquier caso esto ha tenido su precio. Los Estados miembros han atenuado el papel y las competencias de las instituciones democráticas y judiciales del Unión Europea, especialmente el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia, y también los procedimientos de toma de decisiones por un periodo no inferior a cinco años. Este socavamiento de la Comunidad no debe sentar un precedente. Más bien debe producirse una inversión. Con este trasfondo he presentado unas enmiendas y quisiera agradecer al Sr. Gutiérrez Díaz que las haya aceptado. Los puntos clave son que el requisito de unanimidad se encuentra en medio del camino hacia la eficiencia y la rápida acción en este campo. La acción en el campo de la libertad, seguridad y justicia debe ser acompañada de las necesarias garantías democráticas y judiciales. El Consejo debe empezar a aplicar completamente los métodos de la Comunidad.
Finalmente el tratado también debe poner remedio a la peculiar posición del Reino Unido, Dinamarca e Irlanda que se han desligado de las nuevas políticas, aunque, de hecho, un país como Dinamarca aplicará las políticas tal y como están aunque sobre una base intergubernamental. Por el momento -y esta es una cuestión que siempre he enfatizado en este Hemiciclo-sigue fracasando la incorporación de Schengen al primer pilar. Seguimos sin tener la división final entre el primer y segundo pilar.
Sobre este trasfondo el informe ha desarrollado ahora estos conceptos y mi grupo votará a favor del mismo. En cualquier caso espero que lo veamos sólo como un comienzo. No hemos hecho más que dar comienzo al área común. El desarrollo final tendrá lugar durante los próximos años.

Ojala
Señor Presidente, en primer lugar desearía felicitar al Sr. Gutiérrez Díaz por su excelente informe. El artículo 13 de Tratado de Amsterdam proporciona el fundamento jurídico para emprender las medidas necesarias en la lucha contra la discriminación por, entre otros motivos, discapacidad, edad u orientación sexual. La importancia que revista en el futuro este artículo 10 dependerá en gran medida de la voluntad política. Éste es el caso, por ejemplo, de las directrices en materia de empleo, ámbito éste en el que existe una suficiente voluntad política. Cabe esperar, pues, que se encuentre también un grado suficiente de voluntad política por lo que respecta al artículo 13.
He comprobado con satisfacción que la Comisión ha emprendido ya medidas de preparación como consecuencia del artículo 13. Espero también que tanto Alemania, país que ocupa actualmente la Presidencia de la UE, como su sucesor, Finlandia, sean activos desde el Consejo en lo relativo a las posibilidades que ofrece este artículo 13. Los ciudadanos han depositado grandes expectativas a este respecto. Igualmente, es importante que el Parlamento Europeo desempeñe un papel central a la hora de definir el contenido real del artículo 13.

Hager
Señor Presidente, se ha resaltado repetidamente que uno de los resultados del Tratado de Amsterdam será la progresiva construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia. El consiguiente propósito de apoyar los pasos necesarios para la realización de la libre circulación con medidas de acompañamiento que tomen en consideración las crecientes necesidades de seguridad de los ciudadanos, como resultado de la apertura de las fronteras, es un planteamiento consecuente. La decisión recién adoptada de celebrar una Cumbre dedicada a la seguridad, de cuya organización se hará cargo la Presidencia finlandesa, es otra señal que apunta en la dirección adecuada.
Por esto yo lamento mucho que el informe que ahora se debate aborde el tema de la seguridad con bastante negligencia y que quede reducido a un informe sobre la democracia y la libertad, sin incluir la seguridad. Según puedo constatar en mis relaciones cotidianas con los ciudadanos, éstos se toman muy en serio el tema de la seguridad. El Sr. Comisario ha resaltado también su importancia. Evidentemente es importante desarrollar nuevas visiones. Sin embargo, sería bueno que el Parlamento Europeo, en su calidad de representante del pueblo, también dedicase, además, una mayor atención a las necesidades en materia de seguridad de los ciudadanos, cuyos intereses debe tener especialmente en cuenta en el marco del engranaje institucional.

Iversen
Señor Presidente, el Tratado de Amsterdam representa un buen punto de partida a la hora de alcanzar una UE más democrática y abierta, con libre circulación y más derechos fundamentales para sus ciudadanos y una dimensión social reforzada. Creo que el informe contiene muchos puntos razonables. El nuevo tratado abre un amplio abanico de nuevas posibilidades, aunque su puesta en práctica dependa por supuesto de la voluntad política. No cabe ninguna duda que para alcanzar esto estamos obligados a presionar desde este Parlamento. No hay otros que lo puedan hacer. Algunas decisiones siguen exigiendo unanimidad y algunos países, Dinamarca entre ellos, aún mantienen reservas sobre la participación en la cooperación supranacional en el ámbito de los refugiados y asilados, por ejemplo. Es una decisión que fue adoptada tras un referéndum sobre el Tratado de Maastricht. Ésta, naturalmente, debe respetarse mientras que el pueblo no adopte otra decisión. Esto también -y quiero subrayarlo- forma parte de la democracia, así puede suceder que la población de los estados nacionales se pronuncie sobre estas cosas a partir de cómo las vea ella misma y que incluso modifique las decisiones adoptadas.
El Sr. ponente está muy preocupado por una Europa de varias velocidades, que entraña que los países se den de baja en algunos sectores de la colaboración o que un grupo de países inicie una colaboración más estrecha. Veo que este peligro existe, sin embargo, de vez en cuando también hay que respetar -también cuando haya más países colaborando- que pueda haber varias velocidades en la colaboración. Creo que nos encontraremos también ante un dilema semejante en el futuro, cuando haya deseos diferentes sobre en qué debemos colaborar, sin embargo, una Europa de varias velocidades -y en esto estoy de acuerdo con el Sr. ponente- debe ser, naturalmente, la última salida. Creo que hay ser conscientes de que la colaboración pragmática que vamos a mantener, al mismo tiempo que vamos a tener diferentes visiones, también puede hacer preciso mantener diferentes velocidades.

Nicholson
Señor Presidente, saludo el informe del Sr. Gutiérrez Díaz. Conozco al ponente desde hace mucho tiempo y le conozco bien. Ha elaborado un muy buen informe aunque hay algunos puntos con los que tengo dificultades para estar de acuerdo. Debemos recordar que Europa es un área de democracia. Hay 15 Estados miembros con gobiernos elegidos democráticamente. Así mismo hay numerosos gobiernos regionales y locales. Y esa es toda la democracia que necesitamos. Corremos el peligro de ir demasiado lejos. No creo que necesitemos más niveles de democracia pagados por el contribuyente europeo.
No obstante, hay áreas en las que podríamos acercar más el Parlamento y, ciertamente, Europa a los ciudadanos. Creo firmemente que allí donde hay una oficina de la Comisión debería haber también una oficina del Parlamento. Esto es necesario porque los ciudadanos de Europa puede identificarse más fácilmente con el Parlamento Europeo que con la burocracia sin rostro de la Comisión. Esto ha sido recientemente constatado en este Parlamento. Así, donde haya parlamentos o asambleas también debería haber una oficina del Parlamento. Eso contrarrestaría enormemente la lejanía de Bruselas y la Unión Europea.

Coelho
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, mucho se ha hablado del déficit democrático europeo, acusación legítima y fundada que ha propiciado, a lo largo de la aprobación de los sucesivos Tratados, un refuerzo de las competencias del Parlamento Europeo. El déficit democrático, en la arquitectura institucional de Europa, obligaba, naturalmente, a un refuerzo del órgano que tenía y tiene la legitimidad directa de los ciudadanos europeos. Pero a veces ese debate se ha circunscrito excesivamente a la relación entre las instituciones europeas, a su equilibrio de poder y a sus procesos de funcionamiento y decisión. El éxito del inicio de la adopción del euro y la dinámica de él resultante acentúan nuevamente el carácter económico de nuestra Unión y vuelven más evidentes los retrasos en otras esferas: la política, la de seguridad y la social.
Así, pues, hay que afrontar la reforma de nuestras instituciones menos con la lógica del mero juego de la distribución de competencias entre los órganos comunitarios y más pensando en la vinculación con la fuente de legitimidad de nuestro mandato: los ciudadanos a los que aquí representamos. Ése es el debate que interesa cada vez más celebrar aquí y al que este informe del Sr. Gutiérrez Díaz viene a hacer otra contribución.
Queremos una Unión más eficaz, sin duda, pero una Unión que sea menos un monstruo burocrático, un tejido complejo e impenetrable de intereses e influencias, y que cada vez más una referencia para las personas, para los ciudadanos. Las medidas que refuercen los derechos de los ciudadanos europeos, que mejoren los regímenes de prestación de trabajo y de protección social, que garanticen la libertad de circulación efectiva, que perfeccionen los mecanismos de información y de transparencia de la administración, son medidas encaminadas a reforzar la ciudadanía europea que tantos reclaman y a veces tan pocos practican.
Además de esas medidas de simplificación y refuerzo del derecho, quisiera subrayar otras dos más:
primero, que es necesario simplificar los Tratados, creando un cuerpo legislativo claro, accesible a los ciudadanos, que haga del derecho europeo una referencia que todos puedan comprender y no una maraña impenetrable de normas y disposiciones; -segundo, es necesaria una carta de los derechos de los ciudadanos que garantice a todos los europeos que, independientemente del Estado miembro en el que hayan nacido, vivido, estudiado o trabajado, se les reconocen y garanticen todos los derechos económicos y sociales que defienden nuestra civilización y nuestro nivel de bienestar. Si Europa no es sentida, asumida y deseada por los europeos, si no es una Europa que sea un verdadero espacio de democracia y libertad no irá más lejos, señor Presidente.
Kaklamanis
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quienquiera que haya seguido esta mañana los tres informes de los colegas ha sido incapaz de entender qué es lo que finalmente fue debatido en Amsterdam sobre los temas que atañen a las instituciones de la Unión Europea, al déficit democrático, a la transparencia y a los derechos del ciudadano europeo. La respuesta a todo ello es demoledora: ¡nada!
Quisiera felicitar al estimado colega, el Sr. Gutiérrez Díaz, por su informe; sobre todo por la propuesta presentada en un punto del informe acerca de la creación de un capítulo especial relativo a los derechos de los ciudadanos europeos. A la vez, quisiera decir a los ciudadanos que hoy se encuentran en la tribuna y que nos están escuchando que sólo nos acordamos de ellos cada cinco años, cuando se acercan las elecciones. Les presentan manifiestos ideológicos, especialmente los dos grandes grupos del Parlamento, el socialista y el democristiano, que no guardan ninguna relación con la realidad y sobre todo con lo que hacen y con lo que votan durante los cinco años que dura su mandato en el Parlamento.
Lamento de forma especial que el Consejo de Ministros esté hoy ausente porque parece tener mucho trabajo. Los ciudadanos de Europa deberán saber que dos instituciones en todo el mundo se reúnen a puerta cerrada: la Asamblea Nacional china, el parlamento chino, y el Consejo de Ministros de la Unión Europea. ¡Cómo podemos llamar a esto democracia y cómo podemos convocarles a votar en las elecciones de junio en nombre de esta democracia!

G. Collins
Señor Presidente, quisiera comenzar por felicitar al Vicepresidente Gutiérrez Díaz por su interesante informe, que incita a la reflexión.
Si la Unión y sus instituciones han de seguir desarrollándose y haciéndose más fuertes en los próximos años es vital que los ciudadanos de cada uno de nuestros países sigan aceptando la legitimidad democrática de estas instituciones. Todos somos ciudadanos de países democráticos y, por lo que sé, la vasta mayoría de los ciudadanos de nuestros países acepta la naturaleza democrática de nuestros gobiernos nacionales.
En cualquier caso, en el plano europeo muchos de nuestros ciudadanos siguen planteando serias preguntas acerca de la democracia y las instituciones europeas. Es importante que las instituciones europeas que son directamente responsables ante el electorado -en otras palabras el Parlamento y el Consejo de Ministros- sigan teniendo -y que se vea que tienen- la autoridad final en la toma de decisiones en los asuntos que tienen importancia para nuestros ciudadanos. Igualmente importante es que la Comisión, en tanto institución encargada de poner en práctica las políticas europeas, tenga la reputación de una administración eficiente, ecuánime e imparcial en la aplicación de las políticas europeas acordadas en el Parlamento y el Consejo. La forma óptima de alcanzar esto es asegurando, en primer lugar, que los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos de nuestros países sean dadas a conocer al más alto nivel de la Comisión. El sistema actual en el que por lo menos hay un comisario por cada Estado miembro a sido positivo en el pasado y debe ser conservado. Aquellos que abogan por el final de esta garantía de un comisario por Estado miembro, supuestamente en interés de la eficiencia, corren el riesgo de crear una Comisión alejada de los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Esto, por el contrario, debilitaría a la Comisión como institución europea.
En cualquier caso, las estructuras básicas de la Unión, que existían en el momento en que los estados individuales se adhirieron a la Unión y que gozaban del apoyo de la mayoría de nuestro electorado en aquel momento, deberían ser conservadas en la medida de lo posible. Ante todo, entre esas estructuras básicas se encontraba, y sigue estando, el principio de que cada estado debe estar representado en el nivel de la toma de decisiones en todas las instituciones principales.
Finalmente, el Consejo, la Comisión, el Parlamento y el Tribunal de Justicia, todos ellos, tienen en la actualidad representantes de cada Estado miembro, un hecho que contribuye significativamente a la legitimidad de la que disfrutan estas instituciones en cada uno de nuestros países.

Oreja
Señor Presidente, señoras y señores diputados, también yo quiero sumarme a las felicitaciones que ha recibido el Sr. Gutiérrez Díaz -que comparto plenamente-, así como la Comisión de Asuntos Institucionales, por este excelente informe.
A mi juicio, el Tratado de Amsterdam, pese a sus insuficiencias, con sus luces y sus sombras, ha permitido realizar progresos importantes en el ámbito de la ciudadanía; progresos que son difíciles de calibrar actualmente en todas sus consecuencias y en todas sus implicaciones. Del Tratado se desprende la posibilidad de crear el mayor espacio que jamás haya existido, un espacio en el que las personas puedan desplazarse y trabajar sin obstáculo alguno, en un contexto de igualdad y con total respeto de sus derechos y de los fundamentos del Estado de Derecho.
En ese sentido, la Comisión presentó ya en julio de 1998 una comunicación sobre la creación de un espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia. Y como es bien conocido, en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno de Pörtschach se decidió celebrar un Consejo especial dedicado monográficamente a las cuestiones de justicia y de asuntos de interior en octubre de este año en Tampere, Finlandia, como recordaba hace un momento el Sr. Hager.
En estas condiciones, comprendo perfectamente su preocupación por algunas cuestiones que suscita el Tratado y, sobre todo, por cómo establecer las condiciones necesarias para su aplicación. El Tratado de Amsterdam no define con precisión cuáles son los objetivos que deben alcanzar las instituciones, y a ello se refería el Sr. Kaklamanis hace un momento. Pero esta indeterminación es, hasta cierto punto, necesaria, ya que un espacio de libertad no puede quedar nunca definitivamente consolidado; sólo puede existir si es capaz de adaptarse constantemente a la realidad y garantizar la libertad, los derechos, así como la seguridad y la justicia, tanto a todas las personas en general como a los ciudadanos en particular.
La definición de estos objetivos y su aplicación implican una participación democrática, que, a largo plazo, debe ser una participación plena. Y es, desgraciadamente, verdad -y lo recordaba el Sr. Brinkhorst hace un momento- que el Tratado ha previsto que debe transcurrir un plazo de cinco años para que la Comisión tenga el monopolio de la iniciativa y para que se aplique la codecisión en el procedimiento de toma de decisiones. Por su parte, el Parlamento, en estrecha colaboración con los parlamentos nacionales, según una práctica que se ha ido afirmando y que se desarrolla constantemente, debe hacer todo lo necesario para ejercer el control democrático en este ámbito.
Y en ese contexto, es preciso explotar plenamente el papel del Tribunal de Justicia para afirmar el respeto del Derecho como una condición para la creación de este espacio. Y un ejemplo de ello es la posibilidad de que el Tribunal de Justicia sancione la acción de las instituciones en el caso de que no respeten los derechos fundamentales. Las limitaciones a la plena jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo -que existen y, sobre todo, existen en el segundo y el tercer pilar- deben superarse progresivamente.
Estoy de acuerdo con el ponente en que un espacio completo de libertad sólo puede conseguirse respetando plenamente ciertos derechos inherentes a la libertad de circulación, que hoy sólo se respetan parcialmente. Es necesario velar por la adaptación de nuestras disposiciones a la realidad de la sociedad civil. Y hay normas sociales perfectamente adaptadas a la libertad de circulación de hace 20 o 30 años que mañana pueden ser ineficaces. Y del mismo modo, los límites exigidos antaño por los Estados miembros pueden hoy resultar injustificados. Y es necesario crear un espacio de libertad, al que, con gran acierto, se refería el Sr. Manzella. Asimismo, es necesario considerar que la democracia, en ese espacio, se afirmará plenamente cuando exista una ciudadanía europea que esté plenamente consolidada y sea plenamente aceptada en la vida cotidiana.
Creo que la cuestión esencial consiste en volver al aspecto central del proceso de integración europea tal y como fue concebido en los años 50. Se trata de sustituir el sentimiento de hostilidad, de rechazo, o, simplemente, la idea de que el europeo de la nación vecina es un extranjero por la firme convicción de que el proceso de integración es, ante todo, un proceso de solidaridad.
Y quiero también manifestar mi pleno acuerdo -porque esa es la dirección que ha seguido el ponente Sr. Gutiérrez Díaz-, y mi convencimiento de que, si estos principios se hubieran convertido en el verdadero punto de partida de la acción de los Estados miembros, nuestro sistema institucional se hubiera podido adaptar mucho más rápidamente a las necesidades de los ciudadanos. Y si se siguiera de verdad este principio, las conferencias intergubernamentales se ocuparían más del interés común y podrían desdramatizar unas negociaciones que tan necesarias resultan para continuar la construcción europea, y, al mismo tiempo, avanzaríamos hacia una Unión cada vez más estrecha, más solidaria y más cercana a las preocupaciones y a las necesidades de los ciudadanos.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves a las 11.00 horas.

Relaciones entre los PTU, ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0036/99) del Sr. Aldo, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las relaciones entre los países y territorios de Ultramar (PTU), los países ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Aldo
Señor Presidente, Señorías, el informe de iniciativa sobre el que nuestro Parlamento habrá de pronunciarse reviste un interés capital para el futuro de las poblaciones del ultramar europeo, que mantienen, en grados diversos, relaciones diferentes con la Unión Europea, desde el Tratado de Roma de 1957.
Pero antes de entrar en su desarrollo, que evidencia los problemas estructurales, económicos y sociales que engendran las relaciones actuales, pero muy inadecuadas, de la Unión Europea con esas tierras lejanas, quisiera sobre todo expresar mi más sincero y efusivo agradecimiento a todos cuantos han contribuido, de una u otra forma, a la elaboración efectiva de este informe. Para una buena comprensión del asunto y a fin de evitar todo qui por quo , quisiera también hacer una breve exposición sobre la génesis y las motivaciones para la realización de este informe.
En efecto, desde mi llegada al Parlamento, en 1994, me sorprendió el déficit de conocimientos y la ausencia total de familiaridad con ultramar, que se manifiestan, en particular, en una confusión entre DU y PTU hasta en la jurisprudencia Hansen del Tribunal de Justicia de 1978, y también que no se tuviera en cuenta la dimensión ultramarina que confieren esas regiones a la Unión, que no se tuviese en cuenta su particularismo para la aplicación del Derecho comunitario. Respecto de los PTU; un régimen de asociación anacrónico, cuyo fundamento es el Tratado de Roma de 1957 y que ha desconocido el acceso a la soberanía de una gran mayoría de esos países, una amalgama constante entre PTU y ACP, una financiación no adaptada a la realidad institucional de esos PTU con su metrópolis respectiva, una ausencia total de partenariado y concertación en el planteamiento del Derecho comunitario que les es aplicable.
Así, pues, por ser originario de una región ultraperiférica de la Unión, me fijé, naturalmente, como objetivo, con el apoyo y el sostén incondicionales de mi Grupo político, pero también de otros diputados interesados en este asunto, aclarar, eliminar, todas esas ambigüedades, todas esas confusiones que durante casi medio siglo han contaminado las relaciones de la Unión Europea con sus diferentes interlocutores excéntricos.
Así, ya en febrero de 1995 invité a mi Grupo político a que se trasladara a Guadalupe para conocer de forma tangible la realidad de los problemas que acabo de exponer, mediante unas jornadas de estudio sobre las relaciones de la Unión Europea con los Departamentos de Ultramar. Así, el 6 de febrero de 1995, delante de dirigentes políticos y socioprofesionales antillano-guayaneses, así como de los PTU y la prensa, propuse por primera vez una modificación del apartado 2 del artículo 227 del Tratado de Roma, que, después de que el ministro francés de Ultramar tomara el relevo, después de diferentes fases de aproximación y concertación, se plasmó en la consagración del nuevo apartado 2 del artículo 299 del Tratado de Amsterdam.
El objetivo perseguido con esa gestión consistía, a semejanza de las disposiciones que figuran en el artículo 73 de la Constitución francesa de 1946, y después de 1958, en hacer evolucionar las regiones ultraperiféricas hacia una integración idónea, que las substraiga del igualitarismo jurídico que les afecta por la interpretación reductiva del derecho que se les aplica. Con la misma óptica, desde 1996 he militado en pro de la instauración de un debate más global sobre las relaciones de los países de la Unión Europea con las RUP, los PTU y los países ACP. Partiendo de esa gestión, pedí y obtuve el 8 de octubre de 1996, como coordinador, que ese tema de reflexión figurara en la lista de propuestas que se abordarían en un futuro informe de iniciativa parlamentaria en la Comisión de Desarrollo. Para ello, para hacer avanzar ese expediente y respetar las normas de procedimiento del Parlamento Europeo, el 20 de enero de 1998, dirigí una carta al Sr. Michel Rocard, recién nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, para pedirle que inscribiera en el orden del día de la comisión ese tema de reflexión sobre el que versaría un informe de iniciativa. Así, nuestra Comisión de Desarrollo, en su sesión del miércoles 25 de febrero de 1998, después de una votación, aceptó el principio de un informe de iniciativa sobre ese tema y formuló ante la Presidencia de nuestro Parlamento la autorización para redactar dicho informe. La Presidencia nos concedió dicha autorización a comienzos de julio de 1998. Por consiguiente, Señorías, tengo el gran honor y también la gran satisfacción de presentarles hoy este informe de iniciativa que es la síntesis de las relaciones verticales de la Unión Europea con sus interlocutores de ultramar, pero que pretende ser asimismo la síntesis de las relaciones transversales de esas diferentes entidades entre sí.
Respecto de las RUP, consideramos que esas regiones integradas constituyen puntos avanzados de la Unión en diferentes puntos del globo y, por ello, se convierten en los portaestandartes y los protagonistas de la acción comunitaria en su medio respectivo. Las RUP, en la perspectiva de Lomé 2000, deben desempeñar un papel preponderante y deben ser el motor de la cooperación interregional. En cuanto a los PTU, conviene hoy aclarar su situación jurídica haciendo, en particular, desaparecer la analogía con los países ACP y también todas las ambigüedades que rodean el régimen de los derechos de ciudadanía y del derecho de establecimiento. El régimen híbrido de los PTU, que se sitúa en la confluencia de la integración y la cooperación, en modo alguno debe constituir un agregado de elementos negativos destinados a frenar por desconocimiento o incomprensión las buenas e inteligentes relaciones que deben existir entre la Unión Europea y los países y territorios de ultramar. Por eso, se debe refundar ese régimen de asociación, pues la dualidad original e institucional que los caracteriza por su autonomía en derecho interno y el régimen jurídico en Derecho comunitario requiere que la declaración PTU 2000 dé preferencia a cuatro ejes de reformas: el fortalecimiento de la dimensión humana; el fortalecimiento del partenariado entre los dirigentes políticos de los PTU y la Unión Europea; el fortalecimiento de la solidaridad financiera mediante la creación de un fondo especial de desarrollo para los PTU, que substituiría al FED actual; el respeto del particularismo institucional de cada uno de los PTU. La perspectiva PTU debe hacer, señor Presidente -y con esto acabo-, todo lo posible para preservar las competencias correspondientes a los PTU por su estatuto de autonomía.
Señor Presidente, Señorías, mi voz, que resuena hoy en este hemiciclo, no es otra cosa que el reflejo de la espera conjugada de los representantes democráticos y de las poblaciones de ultramar a los que he procurado consultar a fin de asegurarme de mis opiniones, desde que empecé a ocuparme de este expediente, primero como consejero regional, miembro de la COPM desde 1986, después como miembro fundador del Comité de las Regiones en 1993 y, por último, en mi calidad de diputado a este Parlamento desde 1994. Cierto es que otros antes que yo tuvieron la ocasión y el mérito de intervenir a favor de los DU, mediante, en particular, el informe Ligios, que en 1987 fue el inicio de la toma de conciencia por parte de las instituciones comunitarias de las dificultades de los Departamentos de Ultramar y de las regiones ultraperiféricas y de su particularismo y quisiera también expresarles mi agradecimiento y felicitarlos por ello.
Aplausos

Castagnède
Señor Presidente, la Comisión de Política Regional acogió, en efecto, la excelente iniciativa del Sr. Aldo y tuvo que ocuparse de las relaciones entre las llamadas regiones ultraperiféricas y los PTU o países ACP vecinos de dichas regiones ultraperiféricas. Así es en el Caribe y en el océano Índico.
¿Que ha comprobado la Comisión de Política Regional de forma unánime? Que teníamos ahí países unidos por la geografía, por la historia, por la cultura, con frecuencia por la lengua, pero que se desconocen completamente en el plano económico. Y luego vendrán a quejarse de la estrechez de los mercados de las regiones ultraperiféricas. En realidad, nos parece absolutamente necesario que esos países vecinos -a los que todo acerca naturalmente- constituyan, con vistas a un desarrollo duradero y equilibrado, auténticos mercados regionales.
Pensamos que la Unión Europea debe contribuir a ello favoreciendo las joint ventures , las asociaciones entre empresas de las regiones ultraperiféricas y empresas de los países ACP o de los PTU vecinos para el desarrollo de esos mercados regionales y de sus exportaciones hacia la Unión o hacia terceros países. Pensamos también que la Unión deberá permitir la participación de las regiones ultraperiféricas, los PTU y los países ACP en las negociaciones que van a conducir a los futuros acuerdos de Lomé y que dichos acuerdos deberán, naturalmente, favorecer la constitución de esos mercados regionales haciendo saltar barreras aduaneras que nos parecen -lo señalo a la atención de Sus Señorías- auténticas secuelas del pacto colonial tradicional. Hay que asegurar los intercambios económicos entre esos diferentes países para favorecer su desarrollo armonioso y, una vez más, una mayor comprensión entre países vecinos que están muy próximos unos a otros.

Souchet
Señor Presidente, la Comisión de Pesca acoge con beneplácito la iniciativa del Sr. Aldo, que tiene el mérito de señalar los efectos perversos de la diversidad de los tipos de intervención comunitaria a favor de territorios geográficos vecinos, pero de estatuto diferente. Hay que evitar que la pertenencia a la Unión Europea se plasme en la sumisión a un conjunto de limitaciones inadecuadas y que la no pertenencia se plasme en el beneficio de ayudas que favorezcan una competencia extracomunitaria a expensas de nuestros propios territorios.
Al estar el equilibrio socioeconómico de todos esos territorios vinculado en gran medida con las actividades dependientes del mar, y singularmente de la pesca, nuestra comisión aprobó por unanimidad una serie de recomendaciones, íntegramente recogidas por el ponente, encaminadas precisamente a evitar que la pertenencia a la Unión Europea constituya una desventaja para nuestros territorios ultraperiféricos.
Nuestra comisión subraya la necesidad de una evolución jurídica que permita una aplicación diferenciada de la PPC en esas regiones extraordinariamente alejadas del continente europeo, adaptándola a las posibilidades de desarrollo que ofrecen sus espacios marítimos con fuerte potencial piscatorio y a la necesidad de mejorar los equipos, gracias, en particular, a la regionalización de los POP. Insiste en la necesidad de una modulación, en el marco de su continuación y su fortalecimiento, del régimen de las ayudas Poseidom, cuya eficacia está demostrada, pero algunas de cuyas disposiciones merecen un acrisolamiento a fin de garantizar una mejor protección de los recursos. Recomienda la consecución de una coherencia general entre las políticas comunitarias destinadas a los PTU y las políticas de cooperación de la Unión Europea a favor de los países ACP, en particular por lo que se refiere a las disposiciones comerciales preferentes y las políticas de ayuda directa, y con los dispositivos SPG, en particular el SPG en materia de droga, cuyo fundamento debe ser reexaminado.
Nuestra comisión subraya, por último, la urgencia de una delimitación de las aguas del Caribe, lo único que permitirá la conclusión de acuerdos de pesca en esa zona, y pide el fortalecimiento de los controles en las aguas comunitarias dependientes de los PTU y de las RUP, frecuentadas numerosas flotillas de terceros países que reducen de forma anárquica los recursos.

El Presidente
Al haber llegado el momento del turno de votaciones, el debate sobre el Informe Aldo se interrumpe en este punto y se reanudará a las 11.00 horas.
Se procede al turno de votaciones.

Votaciones
Duhamel
Señora Presidenta, intervengo sobre una cuestión de observancia del Reglamento en virtud del artículo 101. Como todos mis colegas presentes en el Pleno, esta mañana he comprobado con estupor la ausencia de representante alguno del Consejo en la sesión para el examen del Informe Bourlanges sobre el proceso de adopción de decisiones en el Consejo en una Europa ampliada.
Según el artículo 101, la presencia del Consejo en una sesión es una posibilidad. Tratándose de un debate prospectivo sobre las reformas que se le deben hacer en el marco del gran proceso de reforma institucional que nuestro Parlamento reclama con firmeza y que recoge por fin un gran asentimiento, su presencia en la sesión nos parece una obligación. No una obligación reglamentaria propiamente dicha, pero una obligación de corrección sin lugar a dudas.
Sean cuales fueren sus opiniones, todos coinciden en la importancia de este debate y de las reflexiones que permite profundizar antes de la ampliación. Pido a la Presidencia del Parlamento que presente, en nombre de todos nosotros, una protesta muy firme ante el Consejo por su ausencia, esta mañana, en la sesión.
Aplausos

El Presidente
Señor Duhamel, puedo asegurarle que la Presidencia transmitirá el deseo de Su Señoría, porque se trata, en efecto, de una ausencia totalmente lamentable.

Lindeperg
Señora Presidenta, ahora vamos a votar sobre la enmienda 18. Me plantea un problema técnico, pues creo que su primera parte substituiría ventajosamente la primera parte de la versión original del considerando D. Así, pues, propongo una votación en dos partes, la primera hasta «que con razón temen serlo». Pero, si no se aprueba la segunda parte de la enmienda, pido que podamos pronunciarnos sobre la segunda parte del original del considerando. Si no, carecería de sentido.

El Presidente
Sí y así es, por lo demás, como procedemos siempre. Ahora la Asamblea está informada.
Sobre el párrafo 11
Lindeperg
Señora Presidenta, respecto del párrafo 11 se plantea un problema lingüístico, en particular en la versión francesa. En comisión se trataba de una enmienda de la Sra. Pailler y yo le comenté que la expresión «estatuto de alegalidad» era en sí contradictoria. Así, pues, con su asentimiento, modificamos esa expresión. Ahora bien, hoy me la encuentro de nuevo en la versión francesa. Necesitaría saber cuál es la versión que da fe y, en cualquier caso, si es la versión francesa, hay que modificarla de nuevo.

El Presidente
Sí, naturalmente, la versión francesa es la que da fe.

Lindeperg
Propongo que se ponga en la versión francesa «situación de alegalidad» en lugar de «estatuto de alegalidad». Eso fue, por lo demás, lo que se aprobó en comisión.
El Parlamento aprueba la resolución legislativa

Banotti
Voto en contra de esta recomendación/posición común porque creo que no contempla adecuadamente las cuestiones técnicas involucradas.

Gillis
Tengo la intención de votar en contra de la propuesta de reglamento del Consejo porque creo que los detalles técnicos no han sido adecuadamente o completamente investigados. Es necesaria una revisión completa de los niveles técnicos para asegurar que los niveles de seguridad sean alcanzados totalmente, al tiempo que las aeronaves que están funcionando satisfactoriamente desde todo punto de vista no sean perdidas por nuestras flotas.
Informe Gahrton (A4-47/99)
Gahrton
Una fuerza de paz civil es una antigua idea «verde» acerca de cómo la colaboración en materia de política internacional de la UE podría canalizarse hacia algo constructivo en lugar de ir por caminos militaristas y destructivos. La fuerza civil de paz europea podría constar tanto de expertos de dedicación exclusiva como de un grupo de peritos conocedores de campos específicos que podrían llamarse para misiones especiales, entre ellos, objetores de conciencia que lo deseen y voluntarios desinteresados.
A menudo ocurre que los conflictos se avivan después de las misiones de paz de las fuerzas armadas, ya que los motivos de la violencia no han sido resueltos. En cada misión de paz se deberían incluir actos para facilitar el diálogo y recuperar la confianza recíproca. La paz estable sólo se consigue a través de un verdadero proceso de reconciliación. Es en este contexto donde una fuerza civil de paz podría llenar un vacío.
Soy consciente de que muchos de los que han votado a favor de esta propuesta sobre una fuerza civil de paz la ven como un complemento a las acciones militares de la UE. Sin embargo, para mí y para los Verdes está claro que esperamos que llegue a ser una alternativa. No tenemos nada en contra de que la UE actúe en el extranjero, con la condición de que se trate de acciones pacíficas y constructivas. Quizá una fuerza civil de paz con éxito podría llevar a algunos activistas de la UE a entender que es anticuado y pasado de moda crear respeto en el escenario mundial mostrando los músculos militares. El futuro es de quienes contribuyen a la paz y no a la guerra.

Theorin
La iniciativa es muy importante y necesaria. Una fuerza de paz de esta naturaleza tiene que ser totalmente civil . La principal acción de esta fuerza de paz debe ser contribuir a disminuir tensiones y evitar que los conflictos se agraven. La fuerza de paz tiene que trabajar con un mandato apoyado por la ONU o por la OSCE y su objetivo principal debe ser el de prevenir conflictos.
Opino que algunos ejemplos concretos de misiones para la fuerza de paz serían la mediación y el trabajo para crear confianza, las ayudas humanitarias, el desarme y la desmovilización de las partes en conflicto, el apoyo a los refugiados y también contribuir a la rehabilitación y reconstrucción, además de dar estabilidad a las estructuras económicas. Otras funciones pueden ser controlar y mejorar la situación de los derechos humanos, posibilitar la participación política y también ejercer como autoridades provisionales para facilitar la estabilidad a corto plazo. Otras funciones podrían ser la información y la creación de programas de educación encaminados a eliminar injusticias y las distintas representaciones simbólicas del enemigo. Una condición para que estas medidas tengan éxito en la consecución de la paz es que las partes en el conflicto se involucren en proyectos comunes.
Lo que necesita una fuerza de paz es tanto un núcleo de empleados con dedicación exclusiva -hombres y mujeres profesionales e idóneos- como un grupo de especialistas para misiones especiales. Particularmente importante es la utilización de personal idóneo, tales como estudiosos de la paz, especialistas en solución de conflictos, psicólogos, etcétera.
Informe Read (A4-55/99)
Rovsing
Gracias al esfuerzo activo y muy hábil realizado por la Delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, el Parlamento ha conseguido realizar la mayoría de sus deseos de la primera y segunda lecturas. Durante todo el procedimiento relativo a la aprobación de esta importantísima directiva, ha sido fundamental para mí que se garantizase que los equipos de emisión y recepción construídos por los radioaficionados para su propio uso, no quedaran incluidos dentro de las normas de la directiva relativas a la aprobación del fabricante y la declaración de conformidad.
Informe Barzanti (A4-26/99)
Ahern
Quisiera dar las gracias al ponente por su trabajo en la Directiva de Copyright de la UE que es una materia compleja y técnica de relevancia para los artistas europeos. Los Verdes persiguieron desde el principio que la protección de la creatividad de escritores, compositores, músicos-intérpretes cubriese toda la UE, una prioridad en la enmienda de la Directiva de Copyright. En Irlanda músicos e intérpretes como BoyZone y los Corrs han pedido protección para su trabajo.
El ponente tiene todo mi apoyo en su apelación por una directiva fuerte, que proteja la industria musical de la piratería en Internet. El hecho es que la tecnología digital puede «clonar» una reproducción exacta del original, lo que aumenta el riesgo de piratería en Internet.
Continuaré apoyando el llamamiento por una Directiva de Copyright fuerte. Estoy personalmente comprometido con la protección de los derechos de los artistas, escritores y compositores europeos. Las industrias culturales europeas tienen mucho que perder si esta nueva directiva no es absolutamente protectora de los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Compartimos la opinión general del ponente sobre la necesidad de armonizar para crear un mercado interior que funcione para aquellos que gozan de la protección de los derechos de autor.
No obstante, no estamos de acuerdo con la enmienda 48, ya que ella implica una licencia obligatoria en beneficio de las empresas de radio y televisión. En Suecia tenemos un sistema que funciona bien, con licencias contratadas en forma de convenios colectivos celebrados por una persona jurídica.
También queremos subrayar que opinamos que los Estados miembros tienen que establecer excepciones a las limitaciones de derechos contempladas en los artículos 2, 3 y 4 respecto del uso no comercial en beneficio de las personas con minusvalías. Donde mejor se expresa esto es en la enmienda 72.
Deseamos puntualizar que nuestra opinión es que las restricciones contempladas en los artículos 2 y 3 deben tener por objeto que los documentos públicos sean más accesibles para las personas; la enmienda 69 lo menciona.
Damos nuestro apoyo a las enmiendas que quieren que se hagan excepciones a las restricciones de los artículos 2 y 3 para instituciones tales como bibliotecas y archivos.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
La Comisión presentó a finales de 1997 una discutida propuesta de armonización de los derechos de autor en la Comunidad. Ésta consideraba que las leyes nacionales no eran eficaces ni habían seguido el desarrollo tecnológico. Además, la Comisión deseaba limitar el importantísimo pirateo de discos compactos y cd-roms. Según la propuesta inicial, un consumidor que hubiera comprado un disco compacto no podría copiarlo en cinta para así poder escuchar la música mientras estuviera haciendo footing. Además, la propuesta inicial de directiva de la Comisión pasó por alto que una larga serie de emisoras que efectúan servicios públicos tendrían problemas cuando fueran a utilizar los discos compactos como música de fondo en emisiones televisivas y que las personas invidentes o con problemas de lectura no podrían verse favorecidas por ofertas especiales de las bibliotecas. Las ofertas especiales, que las instituciones públicas ponen a disposición de los minusválidos, no se verán afectadas por la propuesta. En este sentido, los socialdemócratas daneses han apoyado una enmienda que garantiza que los regímenes especiales nacionales no estarán reñidos con las leyes comunitarias.
De esta forma, se ha conseguido garantizar una ley de propiedad intelectual equilibrada que tanto garantiza los derechos de los productores sobre su propia producción como vela por los intereses de los consumidores y de las emisoras de radio y televisión.

Bonde y Sandbæk
En la primera lectura del informe del Sr. Barzanti nos hemos abstenido de votar a favor del informe conjunto. Nos preocupa mucho que la armonización comunitaria de los derechos de autor impida el libre acceso a la información de todos los grupos sociales, especialmente de las personas, por ejemplo, con deficiencias visuales. El Movimiento de Junio considera el libre acceso a la información como la piedra angular misma de la democracia -sin la posibilidad de que cada ciudadano se procure conocimiento e información, el proceso democrático queda desdibujado.
Hubiéramos querido apoyar el informe ante todo para atender de esta forma a los intereses de los artistas y garantizar sus derechos en cuanto a la explotación de su trabajo. Considerando que una parte muy considerable de las enmiendas que esperábamos garantizaran los derechos de los artistas no han sido aprobadas y puesto que la mayoría de las enmiendas que bien presentamos bien apoyábamos y que deberían garantizar el libre acceso a la información de disminuídos y de otros individuos también han sido rechazadas, elegimos hoy abstenernos en la votación del informe conjunto. Volveremos a considerar este tema en la segunda lectura.

Caudron
Las cuestiones relacionadas con la sociedad de la información y la red Internet presentan, para mí, un gran interés. Además de los aspectos que entrañan una modificación radical de la organización de nuestras sociedades, siguen planteadas numerosas interrogaciones por lo que se refiere a la evolución de nuestras legislaciones y nuestros instrumentos jurídicos en esa esfera. Así, pues, quiero felicitar a nuestro Presidente, José María Gil Robles, y a Roberto Barzanti por haber respondido rápidamente a las inquietudes de los artistas ante la utilización, en demasiados casos ilegal, de sus obras en Internet.
Si bien hacer constar en acta es relativamente fácil y defender el concepto de derecho de autor es lo mínimo que podemos hacer, no resulta fácil legislar en el nivel europeo para que las «víctimas» de esos saqueos estén correctamente protegidas. En efecto, en esa esfera hay que dar muestras de imaginación para establecer protecciones jurídicas eficaces. Para ello, me parece necesario promover medidas adaptadas a las diferentes formas de difusión y piratería. ¿No habría también que establecer, a semejanza de la legislación vigente en la esfera de la radiodifusión, un derecho de utilización percibido en el momento de la compra de instrumentos de compresión como MP3 o MP4?
Sin embargo, debemos dar muestras de realismo, ya que conviene encontrar un terreno de entendimiento con todos los interesados y en particular con los Estados Unidos y los editores de ese tipo de programas.
En consecuencia, si bien comparto, en conjunto, las preocupaciones del ponente, me pregunto por la distinción que se hace entre copia analógica y copia digital. Para mí, lo digital ya ha ganado.

Eriksson, Seppänen y Svensson (GUE/NGL), Gahrton, Holm, Lindholm y Schörling (V), Lis Jensen (I-EDN)
El informe del Sr. Barzanti parte de un importante debate sobre la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información. Pensamos que con este informe tenemos un buen punto de partida desde el que seguir discutiendo la protección y el ejercicio de los privilegios de los titulares de los derechos. El que no apoyemos el informe no se debe a que queramos privar de sus ventajas a los titulares de los derechos en cuanto a la explotación de su trabajo, sino a que la propuesta plantea una clarificación de derechos innecesariamente restrictiva, que en el peor de los casos privará a los artistas de su derecho a negociar ellos mismos tanto la cuantía de su retribución como qué derechos transfieren a un productor.
Los países escandinavos mantienen una larga tradición y poseen experiencias positivas a la hora de solucionar complejas cuestiones jurídicas por medio de licencias contractuales. Pensamos que este modelo escandinavo tradicional de acuerdos colectivos debe mantenerse. Al mismo tiempo, pensamos que las instituciones que cuentan con financiación pública y se hallan abiertas al público, como, por ejemplo, museos, bibliotecas, archivos, etc., deben tener posibilidad de participar plenamente en el desarrollo de la sociedad de la información. El contenido del informe implica en sus últimas consecuencias que la legislación en materia de derechos de autor impide a éstas cumplir con su función educativa y no comercial.
De aprobarse el informe en su forma actual, sin tener en cuenta algunas enmiendas presentadas, por ejemplo, no será posible grabar emisiones radiofónicas o televisivas para su uso en un plazo breve a los habitantes de residencias de ancianos, hospitales o prisiones, etc. Pensamos que seguir por esta senda, que no toma suficientemente en cuenta la necesidad y el derecho del gran público a acceder libremente y en igualdad de condiciones a la información, resulta devastador para el desarrollo social y la democracia.

Martinez
Los cambios tecnológicos están desbaratando ciertas categorías jurídicas. Así es en la esfera fiscal, en la que Internet malbarata los conceptos básicos, como frontera fiscal, territorio fiscal o base tributaria.
También lo es en la esfera de la propiedad artística y literaria. En efecto, dos principios están confrontados: por una parte, el derecho del autor a la protección de su creación, su derecho a los legítimos rendimientos de sus obras; por otra, la lógica de Internet, dominada por la libertad.
A ese respecto, la Unión Europea está tanto más en contradicción cuanto que uno de sus principios fundamentales es precisamente el de la libre circulación. Ahora bien, si la circulación es libre, la protección no existe y viceversa.
Por la vía de las obras literarias y artísticas, la Europa de Bruselas descubre por fin lo que desde hace 40 años se niega a ver para el carbón, el acero, el textil, el automóvil y los productos agrícolas, a saber, que la libre circulación impide la protección legítima.
Lo que se ha denegado a los campesinos, al reducir los derechos de aduana y la deducción agrícola común, se quiere conceder a lo cultural, en nombre de una excepción. Está bien, pero hay que generalizarla.
En sí, el proyecto de directiva que hemos examinado, cuando tiende a proteger los derechos morales y pecuniarios de un autor abarca elementos totalmente válidos. Si tomamos la esfera musical, por ejemplo, no cabe duda de que las tecnologías de compresión digital, como el MP3 o la nueva norma VQF, aparecida recientemente, son un peligro potencial para la industria del disco, aunque no se haya hecho hasta ahora ningún estudio científico para confirmar ese peligro. En Francia, se observa sólo un ligero descenso de la venta de «singles», pero tal vez se trate de una simple coincidencia.
Otro peligro, muy real asimismo, estriba en las soluciones que se deben dar. En efecto, sería muy tentador poner la sociedad de la información bajo tutela. Entonces se podría controlarlo todo. La Unión Europea no oculta sus ambiciones respecto de Internet: transformar ese espacio de información, ese instrumento de desarrollo cultural y personal, en simple galería comercial.
En Francia, ha habido el éxito de Canal+: se creó, de hecho, un monopolio de la difusión. Pero nadie ha recordado que Canal+ se desarrolló sin competencia alguna. En efecto, en Francia el Estado tiene el monopolio de la difusión. Al castigar la piratería de los descodificadores de Canal+, se creó, de hecho, un monopolio de la recepción. Y algunos quisieran hacer lo mismo con Internet... ¡El mejor de los mundos!
La solución no consiste sólo en una directiva fatalmente limitada a la Unión Europea. Habida cuenta de las tasas de penetración del mercado, a los que protege sobre todo es a los autores americanos. En cambio, los autores europeos no gozan de una garantía semejante en los Estados Unidos, por ejemplo. En efecto, el concepto de derecho de autor es allí mucho más restrictivo que en Francia, por ejemplo. Para proteger eficazmente los derechos de autor y derechos afines habría que buscar la solución más bien en una conferencia internacional sobre los derechos de autor y derechos afines en la que los Estados soberanos defendieran su industria y aceptaran defender la de los demás en nombre del principio de reciprocidad.
Hay que encontrar una armonía entre la libertad y la propiedad. Por primera vez en la Historia, la libertad resulta contraria al arte.
Es una novedad para los artistas. La izquierda los había acostumbrado a ser defensores de la libertad. Hoy se oponen a ella, en nombre de su derecho de propiedad. La verdad es que Internet lo cambia todo, incluso los papeles más arraigados.

Musumeci
No podemos dejar de resaltar el retraso con el que se aborda en sede comunitaria el tema de la armonización del marco normativo de los derechos de autor.
A lo largo de estos años hemos visto, por un lado, legislaciones abiertas y flexibles, adecuadas a una realidad tecnológica e informática cada vez más desarrollada y, por otro, normativas antiguas y obsoletas, como ocurre en Italia donde la materia está regulada por una ley que se remonta a hace más de 60 años.
Aunque no ponemos en tela de juicio el sacrosanto derecho a la protección de las obras de los autores y editores, consideramos fundamental, al regular las excepciones al derecho de reproducción de cada uno de los Estados miembros, no hacer el juego de las grandes multinacionales discográficas en perjuicio, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas discográficas europeas. Es necesario volver a formular el artículo 5 para no limitar el acceso a la red a los operadores independientes.
Es necesario asimismo contemplar el derecho de reproducción de obras científico-culturales con fines didácticos y no comerciales acompañado por una compensación equitativa invariable si la reproducción supera el porcentaje del 20 % de todo el volumen.
También en este caso se concederían facilidades a las pequeñas y medianas empresas artesanas que se dedican a la reproducción, así como a los destinatarios, casi siempre estudiantes universitarios obligados a adquirir libros de texto muy caros, también cuando deben consultar tan sólo un capítulo, lo que de hecho fomenta el mercado de los lobbies con frecuencia sin reglas y con evidentes especulaciones comparativas.
Si por fin no se establecen a escala comunitaria criterios homogéneos y adecuados a las necesidades del mercado, se corre el riesgo de obligar a los Estados miembros a tomar caminos diferentes o, incluso, divergentes en perjuicio de la tan pregonada realización del mercado único.

Ripa di Meana
Muy a mi pesar me he abstenido de votar el informe del Sr. Barzanti. La aprobación del texto del apartado 1 del artículo 5, propuesto por el ponente y aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, impone autorizaciones injustificadas con respecto a las copias técnicas en Internet, cuyo único efecto será ampliar la supremacía, en términos de distribución, de las grandes multinacionales discográficas americanas al ámbito digital. Se trata de una medida extremadamente restrictiva para los operadores europeos que se contrapone paradójica y totalmente al Digital Millenium Copyright Act, que acaba de promulgarse en los Estados Unidos.
En otras palabras, se están creando dos marcos legislativos diferentes en lo referente a la posibilidad de acceso a Internet. En los Estados Unidos se reconoce la libertad de acceso a los operadores, mientras que en la Unión Europea, por el impulso de las grandes multinacionales y so pretexto de la lucha contra la piratería, se están reduciendo los espacios de expresión de los autores y de los grupos independientes. Habida cuenta de que el procedimiento prevé una segunda lectura, se impone una amplia iniciativa de cara a un replanteamiento más ponderado de los legítimos principios de expresión y de los derechos de acceso en beneficio de los operadores europeos, hoy por hoy, excluidos.

Rovsing
En una época donde el desarrollo digital avanza rapidísimamente, ha quedado claro que la anterior legislación en materia de derechos de autor no cubre este campo precisamente de forma satisfactoria. Con la tramitación de esta directiva, los diputados conservadores al Parlamento Europeo trabajamos por alcanzar un equilibrio entre la protección de los derechos de los titulares de los derechos de autor, que se ven amenazados por el desarrollo digital, y garantizar el acceso de cada consumidor a la información, especialmente, con relación al ámbito radiofónico y televisivo. Para mí resulta fundamental asegurar este equilibrio de la mejor manera posible para que en el futuro quede asegurado el pago por el uso de su trabajo a los titulares de los derechos de autor sin que la oferta informativa al ciudadano medio se vea de esta forma seriamente limitada.

Theonas
Los creadores de obras intelectuales y aquéllos que contribuyen a ellas se encuentran hoy prácticamente indefensos ante los fenómenos de uso, circulación y reproducción de sus creaciones a través de los nuevos medios tecnológicos de reproducción y comunicación.
Tomando como base los nuevos datos tecnológicos es preciso revisar y completar de forma inmediata las legislaciones nacionales de protección de la propiedad intelectual y de los derechos afines, así como la legislación comunitaria correspondiente, que ya eran insuficientes antes de lo que se ha denominado mundialización y aplicación de las tecnologías digitales.
Aún es más necesaria, y creemos que ya hay un importante retraso, la toma de medidas que garanticen, tanto a escala nacional como comunitaria e internacional, la protección de los creadores y de aquéllos que contribuyen a la creación de los fenómenos de piratería, robo, uso indebido y reproducción de su obra.
El informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, a pesar de las objeciones y de las reservas que tenemos, hace un esfuerzo positivo para afrontar dicho problema y fomenta la actualización de la legislación comunitaria existente concediendo protección jurídica a sectores como: los derechos de reproducción, comunicación al público y distribución, así como la protección jurídica de los sistemas contra la piratería.
La ampliación de la protección, aparte de los creadores, a aquéllos que contribuyen a ella y a los que la ejecutan, a quienes producen los CD y CD-ROM y a las emisoras radiofónicas, aunque en un principio es positiva y razonable, deberá ser examinada si identifica los derechos de los creadores con los de los ejecutantes, o deberá examinarse de forma separada para no correr el riesgo de dar una mala interpretación del concepto de creación intelectual y de la definición de aquéllos que contribuyen a la creación y de los ejecutantes .
Por último, el problema más importante y probablemente el más difícil de solucionar es el de la circulación de las obras de arte, y en general de cualquier creación intelectual, a través de Internet y la posibilidad de reproducción de dichas obras mediante tecnología digital. A pesar de los esfuerzos de dicho informe con vistas a solucionar dicho problema, consideramos que sólo se puede resolver afrontando de manera general el comercio electrónico y especialmente a escala internacional, así como las nuevas formas de piratería y falsificación que se están desarrollando de forma impune.

Ullmann
El Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo acoge con satisfacción la propuesta de una directiva cuyo objetivo es modificar la protección de los derechos de autor con vistas a una armonización a escala de toda la Unión, de manera que responda a las exigencias de la comunicación electrónica en el marco de la digitalización. Esto se ha hecho de manera que se tengan en cuenta tanto los intereses de los usuarios en materia de acceso como las condiciones de comercialización de los proveedores en el ámbito de los medios de comunicación o de los productores de las técnicas necesarias.
Nosotros aprobamos el enfoque del ponente, en el sentido de concretar el planteamiento de la directiva, concediendo prioridad a la perspectiva de los derechos de autor. Se trata de una decisión justificada no sólo por el tema de la directiva. Los derechos de autor se encuentran en la posición más débil frente a las exigencias de la libertad de mercado y de la industria y, por consiguiente, están más necesitados de protección, toda vez que su objeto sólo puede ser tratado hasta cierto punto como una mercancía.
La protección de los consumidores y los productores queda vinculada a dicho objetivo primordial, de manera que los primeros obtengan libre acceso a la transmisión del material deseado, aun cuando los titulares de los derechos de autor deberán recibir una compensación adecuada, y los segundos obtengan plena protección frente a la piratería.
Nos congratulamos de que la Comisión haya hecho suya en su mayor parte la posición del Parlamento y, por consiguiente, deploramos con toda firmeza que haya rechazado el tema del trato que debe otorgarse al patrimonio cultural no protegido por derechos de autor, al que se refiere la enmienda 25 bajo la forma de un considerando, alegando que no entra dentro del objeto de la directiva.
Informe Pérez Royo (A4-40/99)
Andersson, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
En el Grupo Socialdemócrata opinamos que está muy bien que se adopten medidas para atajar la competencia desleal en materia fiscal entre los estados, dentro y fuera de la Unión Europea. Sin embargo, tenemos dudas respecto al método propuesto por la Comisión para esto. Opinamos que el procedimiento más razonable es que los impuestos se paguen en el lugar en que el ciudadano tenga su residencia. Por tanto, damos nuestro apoyo incondicional a la idea de intercambiar información entre los estados y no al modelo de impuestos mínimos. Frente a esta propuesta, nos habría gustado más ver que se hubiese podido elegir entre el intercambio de información y los impuestos mínimos. Puesto que dicha elección no es posible, hemos optado por apoyar la enmienda que propone los niveles más altos para los impuestos mínimos.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses votamos a favor de que la UE establezca normas para el mínimo de imposición de los rendimientos del ahorro en forma de intereses. Hasta ahora, ha habido personas que han podido evitar el pago de impuestos sobre el ahorro que se hacía en otros países. Esto ha sido causa de ingresos incoherentes y distorsiones del mercado -y ha favorecido a bancos de Luxemburgo, entre otros países.
El Parlamento Europeo acaba de aprobar un modelo bipartito, según el cual, o bien se retendrá en cada país miembro un porcentaje mínimo de los rendimientos en forma de intereses o bien los bancos y las autoridades intercambiaran de un país a otro información a fin de poder cobrar el impuesto. De esta forma, podrá mantenerse el secreto bancario si se emplea la primera posibilidad. Los socialdemócratas daneses de ninguna forma vemos en la propuesta la intención de proceder a una armonización fiscal, sino la prueba concluyente de que la UE puede poner freno a la amplia especulación fiscal existente en Europa.

Deprez
La propuesta de directiva del Consejo que examinamos hoy es una de las más importantes sobre las que hayamos tenido que pronunciarnos estos últimos años.
En efecto, todo el mundo conviene en reconocer que la garantía de un tipo mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro en forma de pago de intereses en los Estados de la Unión distintos de aquel en que resida el inversor sirve perfectamente al objetivo consistente en evitar toda competencia fiscal perjudicial entre los Estados miembros.
Además de que contribuirá a reducir las distorsiones que aún perturban en gran medida el Mercado Interior, esa ampliación de la base tributaria permitirá a los Estados miembros que lo deseen reducir las excesivas cargas que pesan sobre las rentas del trabajo y representan a veces una grave desventaja para nuestras empresas, sometidas a la competencia internacional en una economía que se mundializa.
La propuesta de directiva que examinamos hoy no representa, desde luego, el alfa y omega de un régimen satisfactorio de imposición del capital. A ese respecto comparto enteramente las opiniones de nuestro ponente, cuando recuerda que queda mucho por hacer en el sentido de una fiscalidad del capital ideal y, en particular, cuando subraya la necesidad de una vasta concertación al respecto, entre otros, con los principales interlocutores de la Unión en el mercado de capitales: los Estados Unidos, el Japón y Suiza.
Mientras se trabaja con vistas a semejante acuerdo, considero, junto con muchos otros, que esta propuesta de directiva constituye un avance indudable en la dirección adecuada. Más aún podríamos decir: un avance esperado desde hace muchos años. A ese respecto la Comisión ha hecho sin lugar a dudas un trabajo excelente.
Así, pues, apoyaré sin reticencia alguna la propuesta de directiva en su forma enmendada por nuestra Asamblea.

Fourçans
Me congratulo de las enmiendas introducidas por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial a la propuesta de directiva sobre la fiscalidad del ahorro, encaminadas a garantizar un mínimo de imposición efectiva de las rentas del ahorro de las personas físicas en forma de intereses dentro de la Comunidad.
Me congratulo en particular de la aprobación de mi enmienda encaminada a reducir el tipo de retención en origen del 20 % al 15 % y por tres razones. En primer lugar, un tipo demasiado elevado perjudicaría a la inversión y, por tanto, al crecimiento y al empleo. En segundo lugar, el tipo de retención en origen aplicado en los convenios fiscales internacionales raras veces supera el 15 %. Por último, la elección de un tipo demasiado elevado haría que resultaran vanos los esfuerzos para limitar las fugas de capitales. En efecto, la directiva va encaminada a impedir la fuga de capitales hacia los Estados miembros de la Comunidad en los que el tipo es más ventajoso. ¿Cómo impedir entonces que esos capitales fuesen a instalarse fuera de la zona, bajo otros cielos fiscalmente mas clementes? Desde esa óptica, elegir un tipo de 25 %, como propone el Gobierno francés, sería un error económico que iría en contra del objetivo perseguido: luchar contra la competencia fiscal perjudicial.
Celebro a ese respecto la propuesta hecha por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial de iniciar conversaciones con los países limítrofes sobre esas cuestiones fiscales. También se propone que después se amplíen dichas conversaciones a los Estados miembros de la OCDE. Ahora bien, es oportuno que la Unión Europea no convierta el resultado de esas conversaciones en una condición necesaria para la aplicación de la directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Los factores de bloqueo son suficientemente numerosos como para no añadir otros...
Así, pues, si no se aprueba enmienda alguna encaminada a modificar mi propuesta de un tipo de retención en origen del 15 %, votará a favor de la resolución y de la propuesta de directiva, .

Kestelijn-Sierens
Puesto que esta Asamblea aprueba el 20 % y no opina necesario llegar primero a un acuerdo con nuestros países vecinos, voto en contra del informe.

Lindqvist (ELDR)
La política fiscal es, en general, un asunto de carácter nacional. Hay que combatir con reglas comunitarias el dumping a que da lugar la competencia fiscal desleal, cuando el objetivo es evadir impuestos, con la condición de que se trate de reglas mínimas. Por eso, he votado a favor del informe.

Lulling
He votado contra el Informe Pérez Royo sobre la fiscalidad del ahorro, porque representa el mejor medio de expulsar el ahorro fuera de la Unión Europea.
Nueva York y Zurich, que ya están frotándose las manos, serán los grandes beneficiarios de esta operación suicida de deslocalización, Zurich sobre todo, para los fondos europeos de inversión en el sentido de la directiva de 1985. En efecto, es el colmo que sólo se vean afectados los fondos de inversión, con lo que los promotores procurarán domiciliarse fuera de la Unión para seguir vendiendo a sus clientes europeos fondos de inversión sin impuestos. Eso significará la muerte de una gran parte de los fondos de inversión. Se habrá fomentado la evasión fiscal afuera de la Comunidad y los ingresos fiscales internos serán nulos.
En la Comisión de Asuntos Económicos hicieron oídos sordos. Ninguna de mis treinta y cuatro enmiendas fue aprobada y mis argumentos contra las monstruosidades administrativas propuestas no fueron escuchados. Esas cargas administrativas demasiado costosas para los agentes financieros entrañarán por sí solas desventajas en materia de competencia en cuanto a los gastos de gestión y provocarán la huida de la Unión de los fondos de inversión.
La Comisión de Asuntos Económicos, como el Sr. Monti, hace también oídos sordos en relación con la necesidad de adoptar simultáneamente en terceros países con grandes posibilidades de atracción de los capitales de la Unión medidas equivalentes a las adoptadas en una directiva comunitaria. Si la directiva viera la luz, debería aplicarse sobre todo a los territorios dependientes o asociados de ciertos Estados miembros y allí donde dichos Estados miembros tienen responsabilidades particulares o prerrogativas fiscales. Ésos son los verdaderos paraísos fiscales dentro de la Comunidad: Mónaco, San Marino, Andorra, las Channel Islands , las Antillas neerlandesas y no sigo para no alargar la lista.
De todos modos, ¿no irán a creer Sus Señorías que, como acaba de confirmar el ministro luxemburgués, Sr. Poos, ante nuestra Asamblea, mi país esté dispuesto a consentir un pacto leonino y a desempeñar el papel, poco envidiable, de cordero ofrecido en el altar de una armonización fiscal trucada?
Además, no olviden que no hay ni que pensar en que renunciemos a nuestra condición de la globalidad del plan fiscal concertado el 1º de diciembre de 1997 durante la Presidencia luxemburguesa. ¡Y viva la unanimidad!

Martinez
Se trata de un clásico de la armonización fiscal. Hay armonización del IVA y de los impuestos indirectos. Desde entonces la Comisión Europea viene arrastrando sus proyectos de armonización del impuesto de sociedades y sobre todo la armonización de la fiscalidad del ahorro: tanto más cuanto que la moneda única agudiza las distorsiones entre las fiscalidades múltiples, con todos los riesgos de deslocalización y competencia entre los sistemas fiscales.
La Comisión, mala jugadora, ha intentado evitar el dumping fiscal inherente a la libre circulación mediante su código de conducta fiscal, que no es, en realidad, sino un código de cartelización de las administraciones fiscales para el mantenimiento de la situación oligopolítica. En ese marco interviene el Informe Pérez Royo sobre la propuesta de directiva de 4 de junio de 1998. Ésta va encaminada a establecer, evidentemente, un límite mínimo de imposición del rendimiento del ahorro para contrarrestar el paraíso fiscal luxemburgués.
El límite mínimo sería doble: o una imposición de 20 % a los abonos de intereses o la información; gravar o informar; retener en origen o «denunciar» en la residencia. Es lo que se llama el modelo de la coexistencia ; hacer coexistir los Estados fiscalizantes y los Estados exonerantes.
Pero esa medida no resuelve el problema de la mundialización. Los capitales circulan, incluso allende Europa. El problema existe para las euro-obligaciones que pueden subscribir los inversores fuera de Europa. A eso se debe la propuesta del profesor Pérez Royo de un acuerdo multilateral con el Japón, Suiza y los Estados Unidos. Eso da idea de lo superada que está Europa: la aldea fiscal se vuelve planetaria.
Para los capitales, la mundialización es cosa hecha. Así, pues, la fiscalidad europea está obsoleta. Sólo puede afectar a los contribuyentes fijos, localizados, con la escandalosa injusticia consiguiente y que conocemos. La Europa sin fronteras grava excesivamente las rentas del trabajo para vengarse por no poder atrapar con las rentas del capital.
Por eso precisamente la Europa de la libre circulación es la Europa de la libre expoliación de los sedentarios en provecho de los nómadas.

Mendes Bota
He votado a favor de esta propuesta legislativa sobre el establecimiento de un nivel mínimo de tributación efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de intereses por tres convicciones muy fuertes:
1.Éste es un primer paso, importante, en el sentido de poner término a la tremenda injusticia fiscal que reina en el planeta, donde las empresas multinacionales y los grandes volúmenes de capital escapan escandalosamente al fisco, refugiándose en los paraísos fiscales, condenando a los particulares y a las PYME al infierno fiscal de sustentar el grueso del sistema presupuestario. En el futuro el objetivo no estará, seguramente, ni en el off-shore ni en el on-shore . Estará en el all-shore , un mercado financiero a escala mundial, abierto, flexible, transparente, eficaz, líquido y coherente, con normas uniformes para todos.2.Con la realización de la Unión Económica y Monetaria y el advenimiento de la moneda única, la desaparición de los riesgos cambiarios tenderá a hacer de la fiscalidad del ahorro un factor de competencia poco saludable. Éste es un nivel mínimo de armonización de la fiscalidad, de momento sólo aplicable a los particulares, pero que en el futuro deberá aplicarse a las empresas también.El trato diferencial para los no residentes ha constituido un factor de distorsión. Puede haber quien no guste de la palabra armonización. Pero coordinación y coherencia fiscales son lo mínimo que se debe hacer.
El Pacto de Estabilidad y la voluntad de transparencia que reinan hoy en Europa conducirán pragmáticamente a la convergencia fiscal. La situación actual, que oscila entre el 0 % y el 60 % del tipo de retención en origen sobre los rendimientos del capital, es una amplitud fiscal desestabilizadora para toda la Unión.
3.El tipo del 15 % aprobado por el Parlamento para la retención en origen nos parece razonable, pero, para evitar una fuga masiva de capitales al exterior de la Unión Europea, resulta necesario establecer de inmediato acuerdos con los demás países de la OCDE, en particular los EE.UU., el Japón y Suiza, en el sentido de una coordinación de políticas fiscales sobre los rendimientos del capital que vuelva el sistema financiero mundial más equitativo y estable y en el que exista un equilibrio entre la liquidez nacional y la liquidez internacional.
Murphy
Los diputados laboristas británicos apoyan los principios que encierran las propuestas de la Comisión para prevenir la evasión de impuestos en los pagos de intereses transfronterizos a individuos- En cualquier caso, tal y como están diseñadas las propuestas actualmente resultan defectuosas y contrarias a los intereses laborales de la industria europea de servicios financieros.
La coordinación de la introducción de una directiva fiscal retentiva es crucial. Una acción unilateral al nivel de la Unión europea corre el autentico riesgo de propiciar una huida de capital a terceros países -por ejemplo, Suiza. Si esto ocurriera los empleos de los centros financieros de la UE se perderían en favor de terceros países a medida que saliera el capital. Además, no habrá ningún beneficio para los tesoros públicos puesto que los pagos de intereses imponibles estarán fuera de los 15 Estados miembros.
No se aprecia que los Eurobonos o los valores internacionales están incluidos en el ámbito de la directiva. Un movimiento de este tipo también causaría el riesgo de un traslado de todo el mercado de los Eurobonos fuera de la UE, en especial fuera de Londres. Los diputados laboristas británicos están muy al corriente de la experiencia de Nueva York de imponer un impuesto unilateral sobre esta clase de servicios. Durante muchos años el mercado de eurobonos se negoció casi exclusivamente en Nueva York. La introducción de un régimen fiscal unilateral asistió a su traslado prácticamente total a Londres. Tal y como está redactada actualmente esta directiva supone una amenaza directa para entre 10.000 y 110.000 puestos de trabajo, fundamentalmente en los servicios financieros de Londres, dependiendo en qué análisis se crea. Ciertamente, ya hay claros indicios de preparativos de suiza para cualquier oportunidad que surgir de la acción de la UE.
Los diputados laboristas británicos apoyarán llamamientos a favor del desarrollo de una política multilateral junto con el resto de los centros financieros de la OCDE para acabar con la importante cuestión de la evasión fiscal, y a favor de la exclusión de los Eurobonos de esta directiva.
Ante la ausencia de la presentación de enmiendas en este sentido, los diputados laboristas británicos votarán en contra de la directiva.

Porto
La propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Pérez Royo, encaminados a garantizar un nivel mínimo de tributación del ahorro merecen sin duda nuestro acuerdo: en particular ahora, con la moneda única y la consiguiente ausencia de riesgos cambiarios. Sólo así se evitará una competencia predatoria por la vía fiscal.
Si bien hemos de ser sensibles a una competencia de esa índole que podría proceder de terceros países, hemos de ser exigentes, en particular dentro de la OCDE, en el sentido de que también haya en ellos niveles mínimos de tributación. Sin embargo, al no poder esperarse que así sea de inmediato, hay que convenir con la enmienda aprobada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, en el sentido de que el tipo mínimo no sea el 20 %, sino el 15 %, con lo que se atenuarán los efectos de una competencia que nos sea desfavorable. Discrepamos, pues, a ese respecto, con el ponente, quien ha afirmado hace poco que votaría a favor del 20 %.

Reding
Bajo el manto del código de conducta aprobado por el Consejo y encaminado a evitar toda competencia fiscal perjudicial entre Estados miembros, la Comisión presenta, en forma de propuesta de directiva, un texto precoz e inmaduro. Precoz, porque brilla por su ausencia un planteamiento global en materia de armonización fiscal. La armonización de la fiscalidad del ahorro es un aspecto concreto de un esfuerzo de armonización que debe comprender otras esferas, de las cuales la de la fiscalidad de las empresas es una de las más importantes. Armonizar una parte solamente de la fiscalidad es potencialmente más perjudicial que mantener los divergentes regímenes fiscales vigentes. Por consiguiente, hasta que se haya preparado y aprobado el proyecto de conjunto no se podrá apreciar en su valor exacto una directiva sobre la armonización de la fiscalidad del ahorro.
El texto es inmaduro , pues todos sus elementos son en gran medida polémicos y no se conocen bien sus efectos en la economía europea. La Comisión Europea y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial enuncian principios sobre los cuales se podría encontrar en efecto, un acuerdo en tiempo útil: la retención en origen, la coexistencia, un tipo común de retención. Pero la aplicación concreta de esos principios requiere una reflexión más madura y sobre todo que se encuentren soluciones previas para los numerosos problemas concretos: determinación de un tipo mínimo de retención realista; coexistencia, sí, pero sin las complicaciones suplementarias y opacas de un sistema de certificados y reembolsos, que abre la vía a las disfunciones; definiciones poco precisas del «beneficiario efectivo» y del agente financiero; efectos potencialmente negativos para los mercados financieros europeos de la inclusión sin derogación de las euro-obligaciones en esta directiva, etc. Todos esos problemas siguen sin resolverse hasta ahora y hacen que como máximo se pueda considerar este proyecto de directiva un primer esbozo de un texto que requiere aún trabajos intensivos.
Algunas de las modificaciones hechas por el Parlamento van en la dirección adecuada, sin por ello rozar los problemas de fondo: se ha reducido el tipo de retención; se menciona el papel de ciertos terceros países limítrofes, que serán los únicos beneficiarios de la directiva en su versión actual; se subraya la utilidad de cierta competencia fiscal leal y la correspondiente flexibilidad benéfica de la presión fiscal. Si no, el informe sigue demasiado próximo al texto de la Comisión. La exposición de motivos, aunque no forme parte integrante del texto legislativo, contiene ciertas opiniones que no comparto: la reducción del problema de las euro-obligaciones a un problema puramente británico y, sobre todo, la visión ideal del ponente, según la cual «el régimen (fiscal) ideal debería descansar sobre el principio de la facilitación de información a las autoridades fiscales, a saber, la eliminación del secreto bancario para fines fiscales».
Por estas razones, voto contra el Informe Pérez Royo.

Rovsing
Apoyo el esfuerzo realizado para contrarrestar la especulación existente con las diversas normas que mantienen los países comunitarios sobre tributación de los intereses provenientes de cuentas de ahorro - de cara a garantizar una módica imposición mínima. Además, apoyo la idea de la Comisión sobre una imposición mínima, sin embargo, me gustaría subrayar que con ello los conservadores daneses no decimos sí a una auténtica armonización de los tipos impositivos. También me gustaría colaborar para que exista un cierto intercambio de información entre los países miembros que posibilite que la imposición tenga lugar de una forma u otra. Sin embargo, hemos de asegurarnos al mismo tiempo de que las nuevas normas comunitarias en este ámbito no motiven un traslado de fondos de pensiones y otras instituciones financieras radicadas hoy dentro de la UE a países que no forman parte de la UE.

Souchet
«No es necesario recordar los orígenes de esta propuesta de directiva ni la importancia que reviste el régimen fiscal para le funcionamiento del Mercado Único, en particular en relación con el establecimiento del euro».
Las tres primeras líneas de la exposición de motivos del ponente revelan, así, con crudeza que el objetivo perseguido es el de luchar contra los efectos perversos, pero totalmente previsibles, de la creación del euro en ciertos movimientos de capitales.
En efecto, con el establecimiento del euro en el marco de un mercado único, los diferenciales de fiscalidad entre los diferentes Estados miembros provocan desplazamientos importantes de capitales, que ahora se pretende atajar, en particular mediante el establecimiento de un mínimo de fiscalidad de los rendimientos de los capitales invertidos por personas físicas.
Resulta asombroso comprobar que no se advirtieran correctamente las consecuencias del euro en los desplazamientos de capitales antes de su lanzamiento.
Respecto de este informe propiamente dicho, el Grupo Europa de las Naciones ha votado a favor de las enmiendas que precisan la necesidad de una armonización de los principios básicos de la fiscalidad con los países miembros de la OCDE. En efecto, si se establece una armonización limitada tan sólo a los países de la Unión Europea, es muy probable que se produzca una huida de capitales hacia terceros países.
Respecto de la tasa mínima de retención de los recursos correspondientes a los intereses pagados, nuestro Grupo ha votado a favor de la enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que establece una reducción de dicho mínimo al 15 %, frente al 20 % propuesto por la Comisión; una tasa mínima demasiado elevada podría provocar una evasión de ciertos capitales a terceros países.

Theonas
La UEM y el «euro» exigen la armonización de la política fiscal en la UE y la formulación de un marco fiscal único para la actividad económica en todos los Estados miembros. Ese esfuerzo de equiparación no tiene en cuenta el diferente grado de desarrollo de cada país ni las consecuencias que acarreará una política fiscal única para los presupuestos nacionales, ni para el desarrollo, ni para los gastos sociales ni, de manera especial, para las rentas de los trabajadores; al contrario, tiene como meta el aumento de las medidas fiscales a costa de los trabajadores y aligerar las cargas fiscales de las empresas y del gran capital e incrementar así sus beneficios.
La política fiscal que paso a paso se va formulando por parte de la UE, y cuyo ejemplo característico es la propuesta de tratamiento fiscal de los intereses que estamos debatiendo hoy, va a venir a intensificar aún más las desigualdades regionales y sociales, hará más incontrolable al gran capital y vendrá a reforzar la corrupción de la vida económica.
La propuesta de la Comisión favorece de forma sustancial a los paraísos fiscales de todo tipo y a las múltiples exenciones en las rentas del gran capital. Carga con impuestos a los intereses del pequeño ahorrador e inversor y exime de ellos a las empresas y al gran capital. Al mismo tiempo que, en nombre de la financiación de la seguridad social y de la reducción de los déficit públicos, se están elaborando propuestas y promoviendo ideas para el aumento de la carga fiscal indirecta, que es la que afecta principalmente a amplias capas populares, y la reducción de los servicios sociales públicos de salud y de jubilación por su alto coste. Probablemente, los dirigentes de la UE consideren que los beneficios y las rentas de grandes proporciones, que evitan de forma legal cualquier tipo de carga fiscal gracias a una serie de exenciones y excepciones previstas en las legislaciones fiscales nacionales, tales como las rentas obtenidas por acuerdos de recompra y otro tipo de derivados financieros, ni pueden ni deben contribuir al menos al logro de los objetivos citados. Esto supone que todo el coste recaerá sobre las espaldas del pueblo y de los trabajadores y todos los beneficios serán para las grandes empresas y el gran capital.
Nosotros consideramos inaceptable, y a la vez revelador de las intenciones de la UE y la UEM, el hecho de que la directiva propuesta afecte sólo a las personas físicas cuando es sabido que, en su mayoría, los titulares de los depósitos en el exterior o de las obligaciones transfronterizas -estatales o no- son las grandes entidades inversoras. También es de destacar que las enmiendas que pedían la ampliación de la directiva a las personas jurídicas han sido rechazadas. Para nosotros es impensable que se establezcan impuestos que excluyan a las empresas. Una regulación de tal índole atenta de forma esencial y directa contra el empleo y el desarrollo ya que contribuye a la conservación de los capitales en los bancos o a su transformación en obligaciones u otros productos financieros en lugar de impulsarlos, mediante regulaciones fiscales adecuadas, hacia las inversiones en los procesos productivos. No estamos ante un tratamiento fiscal sino ante la penalización del duro esfuerzo que realizan los trabajadores para ahorrar. Esta regulación abre el camino para la corrupción de la vida económica, la explotación de los trabajadores y la creación de empresas fantasma con el único fin de estar exento del pago de impuestos. También crea las condiciones - facilitadas por la convergencia de los tipos de interés - para la transferencia de los depósitos a un estado diferente al del domicilio fiscal o para reforzar el mercado transfronterizo de obligaciones a costa del mercado interior y así infringir la legislación fiscal de «los ciudadanos de ese estado» y evitar con ello los impuestos. De manera especial se facilita la posibilidad de utilizar las obligaciones cupón cero (zero coupon bonds) como medio de blanqueo en caso de venderlas antes de su vencimiento a personas que no estén sujetas a esta directiva y por lo tanto no sujetas a un régimen fiscal.
La presente propuesta de directiva es una parte del paquete acordado en diciembre de 1997 por parte del Consejo. Nosotros queremos reiterar nuestro completo desacuerdo con la lógica de dichos paquetes que tienen como fin desviar cualquier tipo de objeción que pudiese haber y aprobar decisiones que afectan a los países más débiles como ocurre con la propuesta de directiva sobre los intereses de las empresas asociadas que afectan de modo indirecto a Grecia, país importador de capital.
Además, a causa de lo que está previsto al respecto en el proyecto de directiva y dado que se está acercando el comienzo de una nueva ronda de negociaciones multilaterales, consideramos que la Comisión y el Consejo deberían proseguir realizando las actuaciones necesarias para establecer a escala internacional un medio que prevea un tratamiento fiscal a los intereses de los depósitos y a las rentas de obligaciones de cualquier tipo y a otros productos financieros, teniendo como objetivo principal las grandes entidades inversoras internacionales y, en general, las personas jurídicas, y prevea un medio para la fiscalización de cualquier tipo de movimiento especulativo de capital transfronterizo y poner al menos algunas barreras al incremento del volumen de beneficio del parasitario capital especulativo.
Informe Lehne (A4-45/99)
Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Opinamos que el informe del Parlamento Europeo en esta materia es el resultado de un pacto que contribuye a que el Parlamento no pueda presentar a la Comisión ideas necesarias y progresistas para su trabajo futuro.
Este asunto demuestra, desgraciadamente, que la derecha, especialmente representada por el Grupo PPE, contribuye a que se use al Parlamento para impedir que los ciudadanos de terceros países obtengan los derechos que se merecen en la Unión Europea. Una condición para que la libre circulación de personas funcione para todos los ciudadanos es que existan normas comunes para los derechos y posibilidades de los ciudadanos de terceros países para viajar y permanecer en los países miembros. En este contexto, es lamentable que el Grupo PPE, entre otros, contribuya a tratar de restringir estos derechos y posibilidades. Esto daña tanto las posibilidades como los derechos de muchos ciudadanos de terceros países, al mismo tiempo que dificulta la realización de la libre circulación de personas.
Queremos destacar que consideramos inaceptable que, de acuerdo con lo que se propone en el articulo 7, se clasifique por orden de preferencia a las personas que buscan trabajo en un país miembro; primero los ciudadanos del país, después los ciudadanos de la Unión y, por último, los ciudadanos de terceros países.
Tampoco podemos aceptar el criterio que emana de la enmienda 43 de Nassauer del Grupo PPE acerca de rebajar a 16 años el límite de edad para el derecho a reunión familiar.
Además, estamos a favor de las enmiendas 44 y 45 sobre la equiparación de las relaciones de hecho con el matrimonio en los casos de reunión familiar, pero tememos que por la redacción que se ha elegido para estas enmiendas éstas corren el riesgo de no poder aplicarse de manera eficiente en todos los países miembros.

Andrews
Es esencial resaltar, llegados a este punto, que los solicitantes de asilo están cubiertos por las convenciones existentes que tienen por objetivo protegerles contra la persecución. Se deben aplicar criterios diferentes a aquellos que desean entrar en la Unión Europea por motivos económicos.
La cuestión clave que ahora se debate es si deberíamos tener una política de admisión estricta o flexible. Yo diría que si la Unión Europea admite nacionales de terceros países con el objetivo de servir a las necesidades específicas de la escasez laboral de los Estados miembros individualmente considerados, sería repulsivo adoptar una política de «puerta giratoria» al no asumir ninguna responsabilidad por el tangible ingreso económico de los trabajadores de terceros países.
También hablaría más en favor de una política estricta de admisión que de una flexible de modo que se puedan proteger los derechos de nacionales de terceros países al resaltar con claridad los criterios necesarios para la admisión.
La armonización de las políticas de visado de los Estados miembros en relación con terceros países, en mi opinión, es un paso decisivo hacia la mejora de la seguridad de los documentos de viaje. El reconocimiento mutuo de documentos de viaje es esencial para poner en práctica la política de la UE sobre la admisión de nacionales de terceros países.
Desde una perspectiva irlandesa, para nosotros, como nación, el flujo de refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes es una experiencia relativamente nueva. Se han cometido errores en sucesivos gobiernos al tratar este problema evolutivo. Debo decir que estoy ofendido por la forma en que algunos de nuestros ciudadanos tratan a estos extranjeros.
En ocasiones nos podemos esconder tras las disposiciones de la Convención de Dublin, que declara que el primer país de la UE en el que entra un solicitante de asilo debe tramitar su demanda de asilo. Irlanda es en pocas ocasiones el primer puerto de escala de probables solicitantes de asilo.
El gobierno irlandés debería ser suficientemente audaz y valiente para introducir una amnistía para los refugiados existentes y los solicitantes de asilo en Irlanda. Debería entonces introducir nuevas y uniformes reglas para gestionar en el futuro nuevas solicitudes.
El pueblo irlandés debe mostrar algo de compasión por este asunto. Nosotros, más que otras naciones, nos hemos beneficiado de la generosidad de espíritu y la amabilidad de otras naciones a lo largo de nuestra historia, sobre todo de Gran Bretaña, Australia y los Estados Unidos.
El mero hecho de que Irlanda está experimentando un desarrollo económico sin precedente debe significar que no olvidamos nuestro deber humanitario para con los demás.

Bébéar
La esfera de la inmigración hacia la Unión Europea es una de las que hemos abordado menos durante esta legislatura y, por consiguiente, sigue siendo en gran medida superficial. Sin embargo, la próxima aplicación del Tratado de Amsterdam nos obliga a revisar ampliamente el statu quo actual con vistas a aplicar nuevas medidas a la inmigración.
Todo eso debería entrañar numerosos problemas, habida cuenta del aflujo actual de población y de la imposibilidad de que la Unión Europea se convierta en el exutorio de la pobreza mundial. Una de las dificultades mayores va a consistir en distinguir entre los ciudadanos extranjeros de la Unión Europea ya instalados desde hace varios años y los recién llegados. A eso se debe el interés de las nuevas disposiciones de Amsterdam, que diferencian con mucha humanidad las estancias de corta y de larga duración, la inmigración o el asilo político temporal.
Ante los numerosos conflictos políticos actuales en los cinco continentes -incluido el nuestro-, no podemos cerrar los ojos y contentarnos con rechazar a los solicitantes de asilo diciendo que es algo que no nos concierne. El concepto de responsabilidad colectiva de las naciones ha progresado en gran medida. Así, pues, la legislación europea debe pasar a ser una barrera muy estricta para evitar los previsibles desbordamientos. Lo mismo ocurre con la inmigración «económica», cuyos criterios se deben fijar con mucha precisión.
El Parlamento Europeo siempre ha sido el ardiente defensor de normas globales muy estrictas y aplicables en la práctica. El de controlar nuestras corrientes migratorias pasa a ser un imperativo de la mayor importancia, en particular en vísperas de la ampliación, en la que una parte de los ciudadanos de terceros países van a pasar a ser ciudadanos de pleno derecho en un futuro próximo.
Así, pues, apruebo el segundo informe Lehne, porque tiene en cuenta la realidad actual sin inclinarse por una indulgencia excesiva, nefasta para nuestros propios ciudadanos, pero dejando la puerta abierta a una integración controlada en número y en el tiempo. Es necesario que el Parlamento Europeo encuentre el equilibrio justo. La inmigración no debe ser un obstáculo para los programas europeos de cooperación; pero no por ello podemos rechazar la inmigración positiva ni rechazar los acuerdos con terceros países.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de un informe que trata de normas homogéneas de admisión de nacionales de terceros países en los Estados miembros. Dinamarca ha limitado la inmigración desde 1974. Tenemos algunas normas muy estrictas para la inmigración con vistas a un empleo remunerado. La combinación de edades en los Estados miembros y el boom general por el que pasa la economía dejan entender que en el futuro más próximo nos va a faltar mano de obra en algunos sectores. En consecuencia, podemos estar obligados a considerar hasta que punto resulta consecuente mantener este freno a la inmigración.
Informe Lehne (A4-43/99)
Andersson, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries y Theorin
Los asuntos relativos a la obligatoriedad de los visados son complejos ya que dificultan el ingreso y la permanencia en la Unión de ciudadanos de terceros países. En cuanto a las normas comunes de visado, opinamos, por una parte, que tienen que estudiarse pensando en que ellas han de contribuir a que funcione la libre circulación dentro de la Unión para todos los que se encuentren dentro de sus límites y, por otra, que esas reglas deberán ser muy generosas, de modo que los ciudadanos de terceros países puedan viajar y permanecer en los países de la Unión, tanto como sea posible.
Opinamos que no debería existir antagonismo entre estos dos criterios. En este contexto, nos parece provechosa la propuesta de informe de la comisión, ya que sustenta una posición necesariamente más pacífica respecto a las normas sobre visados.

Berthu
El proyecto de convenio relativo a las normas para la admisión de los ciudadanos de terceros países en los Estados miembros de la Unión responde con toda evidencia a una necesidad: intentar establecer condiciones mínimas para el cruce de las fronteras exteriores de la Unión a fin de evitar las brechas abiertas por las que los inmigrantes pueden entrar en un país miembro y extenderse después por toda Europa. Este texto, que ha sido negociado con visible seriedad por el Consejo, ha resultado menoscabado por las enmiendas del Parlamento Europeo. De todos modos, adolece de un vicio de construcción que nos inspira una gran reserva: su revisión en el futuro sería casi imposible.
En efecto, el artículo 42 establece que el Consejo deberá decidir las modificaciones del convenio por unanimidad, cosa que puede parecer lógica, tratándose de un texto que habrá sido aprobado por unanimidad. Pero esa afirmación plantea un problema, pues, si bien la unanimidad es protectora para la aprobación de un texto, se vuelve terriblemente conservadora, e incluso perversa, cuando se trata de su revisión. De hecho, la verdadera regla que habría que formular es la de que, cuando se ha aprobado un texto por unanimidad, la defección de un solo miembro que pida su revisión debe entrañar automáticamente la incoación de ese proceso.
No se trata de una cuestión abstracta. Se plantea hoy en Francia con la directiva relativa a la caza de 1979. Puede plantearse en el futuro con este convenio sobre las normas relativas a la admisión de ciudadanos de terceros países: por ejemplo, si un país signatario pide la modificación de las normas relativas a la reagrupación familiar. Tampoco se trata de una cuestión extraordinaria: ningún texto es eterno y es normal prever los medios para hacerlo evolucionar en el futuro.
En el convenio que hoy nos ocupa se plantea, por lo demás, un problema suplementario: si un país, al no haber obtenido la renegociación de un texto, quisiera democráticamente retirarse de una parte o del conjunto, resulta difícil imaginar cómo sería posible, dado que, según lo dispuesto en el Tratado de Amsterdam, no tendría derecho a restablecer unilateralmente ciertos controles en sus fronteras.
Así, pues, podemos considerar extraño que los Gobiernos se lancen por la vía de semejantes convenios sin haber resuelto antes problemas tan graves y haber adoptado todas las precauciones necesarias.

Buffetaut
Volvemos a encontrar en el informe del Sr. Lehne las reivindicaciones relativas a la voluntad de armonización de las políticas de inmigración y de visados. El punto de partida del ponente, como el de la Sra. Lindeperg, cuyo informe responde a la misma lógica, pese a las diferencias de Grupos políticos, es el de que, frente a las dificultades del momento en esos ámbitos, ya no se pueden tratar esas políticas en un plano puramente nacional. Así, el proyecto de Tratado de Amsterdam debería permitir una armonización simultánea de las políticas en materia de visados, sin la cual quedarían comprometidas la libre circulación de las personas, la aplicación de una política de asilo equitativa, la armonización de las reglamentaciones en materia de inmigración, la lucha contra la inmigración ilegal y la aplicación de controles eficaces en las fronteras exteriores.
El informe se sitúa resueltamente en la perspectiva de la ratificación del proyecto de Tratado de Amsterdam. Establece un reglamento provisional, pues la Comisión ya se ha comprometido a presentar una nueva propuesta, en forma de directiva, en cuanto entren en vigor las modificaciones acordadas en el Tratado de Amsterdam. Sin embargo, en la exposición de motivos de la propuesta de acto del Consejo la Comisión considera que la situación económica actual y del mercado del empleo no permite abandonar políticas selectivas en materia de admisión para fines de empleo asalariado o independiente, elaboradas por los Estados miembros. No obstante, se obstina en pensar que Europa debe adoptar un planteamiento global en materia de políticas de inmigración.
¿Qué decir de los problemas de integración de las poblaciones entrantes en sociedades que ya tienen dificultades para estructurar las relaciones humanas y sociales dentro de ellas y entre ellas? ¿Qué del costo económico y social de semejantes medidas? ¿Qué de los citados controles en las fronteras exteriores de la Comunidad cuya ausencia real o efectiva en ciertas regiones es conocida? ¿Qué será de la libertad de los Estados miembros para reaccionar ante situaciones particulares, ante una cláusula de salvaguardia que establece una derogación con carácter excepcional, limitada a la duración estrictamente necesaria y teniendo en cuenta los intereses de los demás Estados miembros a los que el Estado ha de mantener rigurosamente informados, como también a la Comisión?
Todas esas preguntas permanecen hoy sin respuesta. Lo que está en juego es demasiado grave para lanzarnos así a lo desconocido. El infierno está empedrado con buenas intenciones. Esta máxima es más que aplicable al espíritu de los informes del Sr. Lehne. La política es el arte de lo real, no de la utopía. Nuestro siglo ha pagado un precio muy alto a ésta desde 1917 para que, en nombre de una falsa generosidad, transformemos la Unión Europea del futuro en una vasta Yugoslavia.

Lindqvist (ELDR)
El Tratado de Amsterdam y Schengen dan más poder a la UE en materia de inmigración, visados y asilo. El informe está en esta línea. La comisión opina, sin embargo, que el informe no llega suficientemente lejos en la armonización de las normas de visados de los Estados miembros.
Las normas comunes sobre visados hacen que la UE se parezca más a un estado. Para muchos países estas reglas comunes tendrán como consecuencia que los ciudadanos de numerosas naciones tendrán que solicitar visados para entrar en la Unión. Esto aumenta el riesgo de que tanto las fronteras externas como la política de inmigración y de refugiados se hagan más rigurosas.
Informe Lindeperg (A4-50/98)
Berthu
Señora Presidenta, en el Informe Lindeperg, sobre el que se acaba de votar, el Parlamento Europeo pide la armonización «por arriba» -es la expresión utilizada en la exposición de motivos- de las formas de protección complementarias del estatuto de refugiado. En efecto, el Convenio de Ginebra, de 28 de julio de 1951, subscrito por todos los Estados miembros de la Unión, establece la concesión de dicho estatuto a personas perseguidas por sus Estados de origen por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, lo que al Parlamento Europeo le parece demasiado restrictivo. Quisiera, en particular, ampliar la definición de las causas reconocidas de persecución, incluyendo, por ejemplo, las causas sexuales, y ampliar también la definición de los posibles perseguidores, que ya no estaría limitada a los organismos estatales.
Esa ampliación de las definiciones del Convenio de Ginebra, que abriría la vía a un estatuto complementario de refugiado, se sumaría al régimen temporal de protección de las personas desplazadas, que la Unión Europea está instituyendo paralelamente, para ofrecer una gama completa de estructuras jurídicas de acogida a todos los individuos o los grupos de población que, por una u otra razón, quieran huir de su país de origen.
La propuesta que hace el Parlamento Europeo con este estatuto complementario me parece totalmente típica del comportamiento habitual de esta Asamblea. Se proclama que el nuevo estatuto concederá derechos, sin molestarse en decir cuáles y dando a entender solamente que no estarán limitados en el tiempo. No se pretende saber cuántos nuevos refugiados resultarán así directa o indirectamente ni cuánto va a costar todo eso al contribuyente. Y, naturalmente, ni una palabra figura en ningún punto del informe sobre lo que puedan pensar al respecto los ciudadanos de los países miembros.
Por nuestra parte, consideramos que se trata de un método de trabajo totalmente irresponsable. Naturalmente, los países de Europa deben mostrarse solícitos para con los extranjeros perseguidos y en primer lugar respetando escrupulosamente el Convenio de Ginebra. Pero esa actitud puede revestir formas muy diversas, entre ellas la instalación no limitada en nuestros territorios que deberíamos excluir casi sistemáticamente.

Palacio Vallelersundi
Señora Presidenta, esta explicación de voto la hago no sólo en mi nombre sino en el de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo. Nos hemos abstenido en la votación sobre este informe y creo que ello merece una explicación porque una abstención es no estar ni a favor ni en contra, y parece que en un tema como éste hay que tomar partido y la delegación española del Partido Popular Europeo toma partido. Evidentemente, estamos a favor de que se armonicen los sistemas complementarios de protección para que no haya personas que racionalmente merecen una protección y que, por no estar en las condiciones previstas por el Convenio de Ginebra, no la reciben. Por eso no hemos votado en contra del informe.
Coincidimos con la ponente y con la mayoría de la Asamblea en cuanto a los objetivos. Sin embargo, señora Presidenta, no hemos votado a favor de este informe porque adolece de graves defectos, y no sólo jurídicos, que también los tiene en la medida en que intenta forzar una interpretación del Convenio de Ginebra que es totalmente contraria al Derecho Internacional Público. Pero, fundamentalmente, no hemos podido votar a favor por razones políticas porque, en definitiva, señora Presidenta, con el tipo de demagogia que hay en este informe lo único que se hace es ir en contra de los intereses que se intenta proteger. Por lo tanto, eso explica la abstención constructiva de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo.

Andersson, Hulthén, Lööw, Palm y Sandberg-Fries
Queremos dar las gracias a la ponente por este importante y muy bien elaborado informe. Opinamos que hay muchos motivos para destacar y señalar posibles soluciones a las graves deficiencias que denota la recepción de solicitantes de refugio en la Unión Europea. El informe menciona de manera meritoria las medidas que se necesitarían para alcanzar una política de refugiados común, basada en una actitud humana, solidaria y generosa, referida a la responsabilidad de los países miembros al momento de la recepción.
En cuanto a las enmiendas del Grupo GUE/NGL sobre el caso Abdullah Öcalan, pensamos que este asunto difícilmente puede ser tratado con respeto, tomando en cuenta la amplitud del problema, en el contexto del presente informe.
De las enmiendas de los grupos de derechas, UPE y PPE, se desprende, desgraciadamente, que las dificultades que el Consejo ha tenido para ponerse de acuerdo sobre una política común de refugiados, también han influido en la actitud restrictiva sostenida por esas agrupaciones de partidos en el Parlamento Europeo.
El tratamiento del presente informe demuestra una vez más las fronteras ideológicas existentes entre la derecha y la izquierda europeas en materia de actitudes frente a una política de refugio humana y generosa. Lamentamos que estas fronteras hayan influido para que las enmiendas 1 y 2, sobre persecuciones motivadas por preferencias sexuales, no obtuviesen, por este motivo, el apoyo que merecen del Parlamento Europeo.

Blak, Iversen, Kirsten Jensen y Sindal
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de un informe que trata de la necesidad de aprobar normas comunes más allá de la Convención de Ginebra. Es precisa una colaboración europea en materia de refugiados. El primer paso de cara a una política común de refugiados se dio con la aprobación de la Convención de Ginebra. El siguiente paso deben ser normas comunes para las personas que no estén incluidas dentro de la Convención de Ginebra. Son personas que no están perseguidas individualmente por el poder público por motivos políticos, pero que necesitan asilo por otras causas humanitarias. Los países miembros deben hacer una interpretación similar de cómo se les garantiza a estas personas una adecuada protección. Es hora de que iniciemos la discusión de la definición común de «segunda protección humanitaria de hecho». Debe haber estándares mínimos a cuyo cumplimiento estén obligados todos los países miembros.

Deprez
Desde comienzos del decenio de 1990, la Unión Europea conoce un aflujo de refugiados que huyen de sus países por múltiples causas. Muchos de ellos no entran en la definición de refugiado que da el Convenio de Ginebra. Sin embargo, la Unión Europea no puede denegar el acceso a su territorio a esas personas. En efecto, rechazarlas, sin otra forma de proceso, a su país de origen pondría en peligro su vida o como mínimo su integridad física o moral.
A ese respecto, es necesaria una armonización de las políticas aplicadas por los Estados miembros. Será posible en cuanto entre en vigor el Tratado de Amsterdam. En ese marco hay que establecer un instrumento que armonice las formas de protección complementaria del estatuto del refugiado.
Sobre todos esos puntos comparto en muy gran medida la opinión de nuestra ponente.
En efecto, considero que la Unión Europea debe conceder un estatuto particular a las personas que no respondan a la definición que da el Convenio de Ginebra del refugiado. El debate versa esencialmente sobre la definición de las categorías que pueden acogerse a ese estatuto complementario. Me parece que siguen sin aclarar algunos puntos.
Un solo ejemplo ilustrará mi reflexión: independientemente de lo que pensemos de la pena de muerte, por lo demás, ¿puede de verdad un condenado por crímenes y delitos comunes a la pena capital al final de un proceso justo y que haya agotado todas las vías de recurso en un Estado de derecho beneficiarse -como parece sugerir nuestra ponente- de dicho estatuto particular con el pretexto de que los Estados de la Unión Europea han renunciado justamente a la aplicación de dicha pena? Y en caso afirmativo, ¿con qué condiciones? ¿Puede colocarse a semejante condenado en el mismo plano estatutario que, por ejemplo, una mujer que huya de su país porque tema sufrir en él violencias sexuales o tratos inhumanos o degradantes? Semejante pregunta merece como mínimo un debate a fondo.
Resulta indispensable un estatuto complementario. Simplemente creo que el expediente no está aún maduro. Así, pues, voto contra el presente informe e insisto en que prosiga el debate.

Bonde y Sandbæk
El Movimiento de Junio vota a favor del Informe Lindeperg para mostrar nuestra predisposición a la acogida de refugiados. El Informe Lindeperg resulta más humano que la política planteada por los funcionarios y Ministros de Justicia. Sin embargo, y para mantener la costumbre, no vamos a evitar llamar la atención sobre la obligación de que sean los propios países quienes decidan en materia de inmigración y política de refugiados. No queremos ninguna colaboración supranacional en este campo, porque la política de refugiados mejorará cuando la población tenga posibilidad de apoyarla.

Holm
Este informe es, en gran medida, un documento equilibrado que se ocupa de asuntos esenciales, de gran importancia. Tengo la esperanza de que las enmiendas presentadas por el Grupo conservador no sean aprobadas. El informe empeoraría mucho, ya que este grupo político no tiene la intención de facilitar la vida a los solicitantes de asilo ni a los refugiados.
Por el contrario, espero que el Pleno apruebe las enmiendas 1 y 2 del Grupo ARE sobre los homosexuales. Es muy importante que este asunto se tome muy en serio, puesto que en muchos países se les persigue. En algunos países se condena incluso a la pena capital a causa de las preferencias sexuales. Es de vital importancia que se tome en cuenta esto, tanto cuando se discuten las leyes sobre refugio como al tratar de la protección a las personas homosexuales.

Lis Jensen
No puedo apoyar el Informe Lindeperg porque pienso que la política de asilo no debe ser una cuestión de la UE. En mi opinión, pertenece sólo al ámbito de los estados nacionales. Naturalmente, cada país está obligado política y moralmente a cumplir las convenciones internacionales que pudieran existir sobre esta materia, tanto en su espíritu como en su letra. Especialmente los países democráticos ricos están obligados a llevar la delantera en todo lo referido a la protección de los perseguidos del mundo - también incluso otorgándoles asilo. Mi distanciamiento, políticamente hablando, del informe no debe ocultar, sin embargo, el hecho de que la Sra. Lindeperg aborda circunstancias importantes de una forma sensible y acertada. A modo de ejemplo, cuando señala el problema de las personas que en realidad hoy son refugiados, pero que no entran dentro del concepto tal y como lo entiende la Convención de Ginebra.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre la gran equivocación que sería que la UE comenzara a definir un concepto alternativo de refugiado. Éste estaría reñido con el mismo principio por el que un refugiado se halla protegido mediante un convenio internacional, contraído bajo auspicios internacionales. Al mismo tiempo, también puedo imaginarme muy fácilmente cómo el acuerdo comunitario sobre otro concepto alternativo de refugiado no habría que considerarlo un aditamento a la Convención de Ginebra, sino como un paso hacia el vaciado de contenido de la Convención de Ginebra, para así (con buena conciencia) poder rechazar a muchas más personas en las fronteras exteriores de la UE. La impresión general que dan la UE y especialmente sus países miembros es que no desean una ampliación del concepto de refugiado, sino, al contrario, una reducción de éste. El Primer Ministro danés lo dejó claro en el referéndum danés sobre el Tratado de Amsterdam: «Un sí al Tratado de Amsterdam significará menos refugiados en Dinamarca».

Theorin
La ponente presenta un excelente informe al que, en general, doy mi apoyo. No obstante, hay motivos para hacer algunos comentarios.
La política comunitaria de refugiados se ha hecho más rigurosa en estos últimos años. Esto ha tenido como consecuencia que el número de solicitantes de asilo en la UE haya disminuido, a pesar de que la situación en el mundo no haya mejorado. El resultado de esta política de refugiados más severa es una mayor inmigración ilegal. El contrabando de personas y las organizaciones mafiosas ilegales ganan mucho dinero introduciendo ilegalmente a seres humanos en la UE y arriesgando la vida de esas personas. Frágiles barcas repletas de gente que cruzan el Mediterráneo en la oscuridad de la noche, han terminado en el fondo del mar. La vida para aquellos que logran ingresar a la UE ilegalmente, tampoco es aceptable. Viven totalmente al margen del estado de derecho y sin los más elementales derechos. Los niños no tienen posibilidad de ir al colegio ni de recibir asistencia médica cuando enferman, por el fundado miedo de los padres a ser descubiertos y devueltos a sus países de origen.
No comparto el criterio de la ponente de que una armonización sería la medida más aconsejable para la política de asilo, especialmente cuando la armonización comenzada en 1996 ha tenido como resultado una política de asilo generalizadora e invariablemente restrictiva.
Por el contrario, comparto la opinión de la ponente de que se otorgue condición de refugiadas a las mujeres, tal como lo estipula el punto 15 del informe. Tal condición también debería valer para los homosexuales.
Existe un vacío legal entre las normas de la Convención de Ginebra y el reglamento para la protección provisional, que sólo rige en situación de guerra y en relación con huidas masivas. Es deber de todos los Estados miembros asumir una mayor responsabilidad en la recepción de refugiados, especialmente aquellos países que tienen cuotas de refugiados considerablemente menores que Alemania que, por ejemplo, ha asumido una gran responsabilidad.
Nuestra misión es trabajar para que los derechos humanos se transformen en algo concreto y universal y que puedan gozarlos no sólo quienes han tenido la suerte de nacer en una Europa próspera. ¡Solicitar asilo es una derecho fundamental!

Vanhecke
El informe de nuestro colega Lindeperg pasa por alto completamente la propia esencia de la problemática de los solicitantes de asilo en la Unión Europea. Esa esencia radica en que de hecho no nos enfrentamos a un problema real de asilo político, sino a un problema de estafa de asilo político. Y esa es una cosa bien distinta.
Todo el mundo sabe que apenas un reducido porcentaje de los solicitantes de asilo en Europa pueden apoyarse con alguna justificación o razón en las convenciones internacionalmente reconocidas sobre el derecho de asilo. Si pudiésemos expulsar fuera de nuestras fronteras de forma sistemática, eficaz y real a todos esos cientos de miles de estafadores de asilo que se apuntan cada año al aprovechamiento de la seguridad social de nuestros Estados miembros, de hecho no tendríamos ningún problema de asilo político en Europa.
Utilizar la expresión estafador de asilo puede resultar chocante. Sin embargo, la palabra tiene la ventaja de la claridad, apunta a una realidad y desde luego no implica ninguna condena personal. Solo caben dos posturas: o bien jugamos a San Nicolás y decimos «todos los extranjeros son bienvenidos a Europa y podrán ser mantenidos por nosotros» o bien aplicamos estrictamente los convenios existentes de modo que los estafadores de asilo sean devueltos a sus propios países; no sólo porque hacen peligrar todo el sistema de asilos, perjudicando a los auténticos refugiados, sino también porque en la propia Europa quedan aún muchos pobres y menos pudientes para con quienes tenemos una primera obligación antes de cargar sobre nuestras espaldas con los padecimientos del resto del mundo.
Está claro que el ponente Lindeperg elige la política de San Nicolás. Pero juega a San Nicolás a costa del contribuyente. Si sus propuestas para una mayor socavación de la reglamentación de los derechos de asilo se convierten en realidad, caerá la última barrera y nos veremos amenazados por un maremoto de buscadores de la fortuna de todo el mundo.
Resumiendo, es un informe muy irresponsable -como otros tantos de este Parlamento- que no apoyaremos.
La sesión, suspendida a las 13.25 horas, se reanuda a las 15 horas

Avance de la Agenda 2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate sobre la declaración del Consejo sobre el avance de la Agenda 2000.
Tiene la palabra el representante del Consejo.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, cuando el ministro Fischer presentó el programa de la Presidencia alemana aquí, hace aproximadamente un mes, en su calidad de Presidente del Consejo, entre las prioridades para el semestre en curso, citó en primer lugar la culminación con éxito de las negociaciones sobre la Agenda 2000 antes de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. Hoy faltan exactamente seis semanas para ese encuentro que se celebrará en Berlín, respondiendo a los deseos del canciller federal Schröder.
Las negociaciones sobre los diferentes elementos concretos de la Agenda, que han venido desarrollándose activamente desde que la Comisión presentó las propuestas legislativas hace once meses y con especial intensidad desde principios de año, se encuentran actualmente en plena fase decisoria. Yo me congratulo de poder mantener hoy, dentro de esta fase, un detallado debate con ustedes sobre la Agenda 2000.
Permítanme que empiece por esbozar brevemente las siguientes etapas del camino que culminará en la Cumbre extraordinaria. Antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales y del Consejo de Agricultura que tendrá lugar dentro de menos de dos semanas habremos completado en los órganos del Consejo y en los Consejos un primer examen de todos los elementos esenciales para un posterior compromiso global. El primer examen de los temas clave, que todavía se está desarrollando bajo la responsabilidad del Consejo de Asuntos Generales, del Consejo de Economía y Finanzas y del Consejo de Agricultura, ya nos ha permitido alcanzar resultados considerables en la búsqueda de compromisos y de un consenso en relación con algunos puntos. Sin embargo, también ha quedado patente el considerable trecho que aún nos queda por recorrer en tan corto tiempo.
Los progresos conseguidos hasta ahora, incluido particularmente también los resultados que cabe esperar que se alcancen en el Consejo de Agricultura del 22 y 23 de febrero, serán ratificados por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre informal que tendrá lugar en Bonn. Esperamos que de dicho encuentro, al cual el canciller federal Schröder ha invitado también al Presidente del Parlamento Europeo, salgan importantes orientaciones para la fase final de los trabajos.
Inmediatamente después de la Cumbre de Bonn deberá empezar a cerrarse finalmente, bajo la responsabilidad del Consejo de Asuntos Generales en su calidad de órgano coordinador, el paquete que acabarán de negociar y habrán de aprobar políticamente los Jefes de Estado y de Gobierno a finales de marzo y en abril. La decisión del canciller federal Schröder de trasladar la Cumbre extraordinaria de Bruselas a Berlín puede interpretarse, por otra parte, como una muestra de nuestro especial compromiso con el intento de culminar con éxito las negociaciones.
La Presidencia alemana desea hacer cuanto esté en su mano para alcanzar este desenlace. Entre tanto hemos llegado al convencimiento de que los demás Estados miembros también tienen la firme voluntad de concluir las negociaciones y, en consecuencia, desean que se desarrollen de manera constructiva y orientada a alcanzar resultados. Todos tienen claro que la solución sólo puede estar en un paquete equilibrado, sin vencedores ni vencidos. Cada Estado miembro deberá sentirse suficientemente satisfecho con el resultado, pero cada uno tendrá que contribuir también a hacerlo posible. Todo debe ponerse sobre la mesa. ¡Ningún tema debe ser tabú!
Es del máximo interés para la Unión y, por lo tanto, para todos los Estados miembros -y todas las partes son también conscientes de ello- que a finales de marzo podamos declarar que la Unión Europea ha salido vencedora, pues si algo es seguro, es que podría acabar siendo muy fácilmente la perdedora. Esperar no facilitará, no obstante, la solución, sino todo lo contrario. Las consecuencias serían muy serias si defraudásemos las esperanzas depositadas en nuestra capacidad de maniobra pocos meses después de la entrada en vigor de la Unión Monetaria y cuando faltarán, además, pocas semanas para las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio.
Europa también sería la que perdería si la Unión Europea -que desde principios de año constituye un nuevo mercado financiero con un peso y una responsabilidad de alcance mundial- no es capaz de asumir decididamente -y aplicando también el Tratado de Amsterdam- la correspondiente responsabilidad política. Y si se demoran las negociaciones para la ampliación y se pospone el momento de su conclusión, las consecuencias desfavorables que esto provocaría retrasarían nuestra tarea durante largo tiempo. Es de esperar que este y muchos otros motivos incentiven asimismo a los Estados miembros a intensificar conjuntamente sus esfuerzos.
Entre tanto, todos han comprendido que en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió cuando se decidieron los anteriores paquetes Delors I y Delors II, no será posible facilitar al final el compromiso mediante la liberación de recursos adicionales. Al contrario, en esta ocasión habrá que rectificar, en interés de la legitimidad y la futura viabilidad de la Unión Europea, el reparto desigual de las cargas que se fomentó en anteriores ocasiones con ese proceder. Yo creo que ningún interlocutor cuestiona el principio de un reparto más equitativo de las cargas, igual como tampoco se debe poner en entredicho el principio de la solidaridad, que es un principio constitutivo de la Unión Europea.
Una condición previa esencial para el éxito del conjunto de las negociaciones es el compromiso de incluir todos los elementos en el debate y proponerse alcanzar sólo una solución sobre el paquete global, que alcanzaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Viena. Todo está sobre la mesa. Esto permite alcanzar un equilibrio que abarque todos los ámbitos y garantiza, a través de la combinación de diversos parámetros, una flexibilidad y dinamismo suficientes con vistas a las ulteriores negociaciones.
En las últimas semanas ha sido posible ampliar considerablemente la base para el acuerdo en muchos ámbitos de la Agenda. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la reforma de los Fondos estructurales, donde ya existe un consenso sobre aspectos importantes. Pienso, por ejemplo, en la reducción de los objetivos de siete a tres, en la reducción de las iniciativas comunitarias y en los problemas largo tiempo debatidos de la coherencia entre las ayudas nacionales y europeas, y también en la reserva de eficiencia, sobre la cual fue posible lograr progresos satisfactorios en el último Consejo de Asuntos Generales.
En relación con otros puntos importantes, concretamente en cuanto al estricto cumplimiento del criterio del 75 % en el Objetivo 1 y a la reserva de alrededor de dos terceras partes de los recursos destinados a dicho Objetivo 1, las conversaciones han permitido definir ya unas claras mayorías. Sin olvidar que bajo la Presidencia austriaca ya se logró alcanzar un acuerdo político general en lo que se refiere a los instrumentos para la aproximación, políticamente significativos con vistas a la ampliación. Otro tanto puede decirse en lo que respecta al reglamento de financiación de las redes transeuropeas.
Ayer reanudé las conversaciones con representantes del Parlamento Europeo en el marco de la concertación informal, ya iniciadas bajo la Presidencia austriaca, sobre ambos ámbitos: la reforma estructural y los instrumentos para la aproximación. Nosotros concedemos una gran importancia a este diálogo en el plano político con vistas a cerrar con éxito la Agenda dentro de los plazos previstos. Por consiguiente, nos proponemos continuar desarrollando intensamente este diálogo con un espíritu constructivo durante las próximas semanas.
El ministro Fischer volvió a ofrecer garantías en este sentido en su respuesta a la carta de su Presidente, Sr. Gil-Robles Gil-Delgado. El diálogo no es una vía de dirección única. Las posiciones expuestas por el Parlamento Europeo en dichas conversaciones influirán sobre el proceso de formación de opinión dentro del Consejo. La concertación informal forma parte de nuestros esfuerzos por mantener ampliamente informado en todo momento al Parlamento, entre los cuales debe incluirse también nuestro presente diálogo y la oferta de mantener en cualquier momento un intercambio de opiniones sobre la Agenda 2000 en el marco de nuestro diálogo político a tres bandas.
Tenemos muy presente que para alcanzar dentro del plazo previsto una solución para los problemas que se plantean en el contexto de la Agenda no sólo es importante el papel del Consejo, sino también muy especialmente el que les corresponde cumplir a ustedes, como diputados del Parlamento Europeo. Desde la Presidencia haremos todo lo posible para mantener una estrecha cooperación en un marco de confianza.
Aplausos

McCarthy
No es necesario recordarle al Presidente en ejercicio lo esencial que es respetar el calendario, no solo para asegurar la necesaria legitimidad democrática para el paquete de la Agenda 2000 sino también para permitir poner en marcha programas y políticas de forma puntual y efectiva. Saludamos sus esfuerzos al respecto.
Nosotros, no obstante, necesitamos hacer progresos en nuestras prioridades. Las prioridades del Parlamento en el reglamento marco están, de hecho, claras. En lo que respecta a la propuesta modificada sobre la reserva de rendimiento eficiente, el Parlamento debe estar involucrado en la revisión a mitad del periodo y en la reasignación de la reserva nacional. ¿Qué papel puede prever para el Parlamento la Presidencia y el Consejo para garantizar el escrutinio parlamentario del mecanismo de reserva?
Treinta y cuatro páginas de directrices han sido elaboradas por la Comisión para el funcionamiento de los programas regionales. ¿Cómo se va a relacionar esto con los reglamentos? ¿Cómo se van a discutir en el Consejo? Las directrices subrayan el papel esencial de las áreas urbanas en la economía europea. ¿Va a demostrar la Presidencia su compromiso con las áreas urbanas hablando a favor de la prioridad del Parlamento pidiendo la continuación de la iniciativa comunitaria URBAN?
La propuesta de reforma de la Comisión no contiene planes de contingencia para inesperadas reestructuraciones económicas y sociales en las regiones. ¿Coincide la Presidencia en que sería procedente reservar algunos recursos bajo una iniciativa comunitaria especial para crisis inesperadas para permitir que la Unión actúe en tales situaciones? Igualmente, ¿está la Comisión preparada para promover esta prioridad en el Consejo?
Finalmente, la asociación es una prioridad clave para el Parlamento para asegurar que la Europa que construimos y sus políticas es realmente inclusiva, apoyando la Europa de los pueblos. Por esta razón queremos un pacto de asociación fuerte tanto en el diseño y la proyección como en la implementación de los programas de nueva generación. ¿Va la Presidencia a apoyar en el Consejo las demandas del Parlamento en favor de un pacto de asociación más fuerte, y qué acciones concretas y prácticas va a emprender la Presidencia para asegurar que esta asociación no sea sólo un extra opcional pero sí un componente integrante de todos los programas, fortaleciendo la cohesión de una Europa de los pueblos?

Oostlander
Señor Presidente, acabamos de escuchar la exposición del Consejo y no podemos decir precisamente que nos haya aportado gran cantidad de información. En sí, estamos muy interesados en conocer las actividades emprendidas por el Consejo con respecto a la ampliación. Nos interesa especialmente la visión del Consejo sobre el desarrollo de las negociaciones. ¿Es cierto, tal y como actualmente se escribe con frecuencia y nos llega también de boca de muchos expertos, que en realidad sería deseable empezar a pensar ya en fechas concretas para la adhesión de algunos países? Existen algunas opiniones sobre esto, hay gran optimismo e incluso desde determinados Estados miembros pueden escucharse a algunos Ministros de Asuntos Exteriores que dicen: ha llegado el momento de empezar a mencionar fechas de adhesión. En la estrategia para la ampliación, la realidad siempre ha sido -especialmente para la Comisión y los negociadores-que la fecha de adhesión en el fondo es una cuestión del propio país, y no de la Comisión ni de las propias instituciones europeas. Son los países quienes han de cumplir con las normas y condiciones para su adhesión y es responsabilidad nuestra evaluar sus progresos.
Siempre se ha dicho que al indicar una fecha algunos países podrían ver en ello una justificación para relajarse un poco, ya que podría interpretarse como una especie de garantía de nuestra parte para su admisión. ¿Hay algún motivo para abandonar ese punto de vista y decir: bueno, en el fondo está bien que indiquemos unas fechas? Si es así, ¿cuál es la razón? ¿Realmente le ven algún beneficio?
En segundo lugar, vemos que a la luz de la opinión pública las negociaciones empiezan a cambiar de situación. En algunos de los estados candidatos a la adhesión la realidad es que la opinión pública se vuelve cada vez menos positiva con respecto a la adhesión a la Unión Europea. Tal vez sea que en muchos países, al igual que ocurre en estos momentos en nuestros Estados miembros, los conocimientos acerca de la Unión sean muy limitados. ¿No hay razones suficientes para hacer que también en el Consejo se trabaje en una drástica mejora de la información sobre la Unión Europea en los estados candidatos a la adhesión?

Mulder
Señor Presidente, en primer lugar deseo expresar mi estima por la Presidencia alemana que ha hecho un esfuerzo por venir a explicarnos aquí esta tarde los progresos de las negociaciones. Me satisface el que el Sr. Verheugen haya dicho que en esas negociaciones se pone realmente todo sobre el tapete. Quisiera subrayar que un justo reparto de las cargas es uno de los puntos de negociación más importantes. Creo que cuando hablamos de la base de Europa, no debemos pasarlo por alto.
En estas últimas semanas hemos votado en este Parlamento sobre los principales asuntos de la Agenda 2000. Hemos votado la política estructural y hemos votado la política agrícola. Si no fallan mis cálculos, el precio nos resultará bastante más caro de lo que desprendo de las noticias en la prensa sobre las negociaciones de la Agenda 2000. Creo que ahí se encierra un peligro. El peligro de que no lleguemos a un acuerdo sobre las previsiones financieras. Para ello se necesitan -por lo que yo sé de las reglas- 314 votos; y si observo cómo fueron las proporciones de los votos sobre los puntos más importantes en este Parlamento, puede decirse que estamos muy divididos. También debo advertir que no podemos dar por supuesto que si hay acuerdo en el Consejo sobre unos recortes importantes, el Parlamento automáticamente los apruebe. Me temo que no vaya a ser así. Volveremos al artículo 203, lo que significa que el coste se disparará bastante por encima de lo que quieren los Ministros de Finanzas en general y de lo que sería deseable con motivo de la introducción del euro y por otras razones más.
Yo vengo de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y quiero hacer una observación también sobre la agricultura. He de avisar en contra de la tendencia generalizada de creer que todo lo que se desvíe hacia la agricultura sea un despilfarro. No sólo lo digo por la manifestación que tuvo lugar esta mañana. Demasiadas veces he tenido que oír que la mitad del presupuesto europeo va destinada a un tres por cien de su población. Creo que debemos valorarlo en la perspectiva del conjunto de todos los impuestos recaudados. Si observo la presión fiscal en Europa, equivalente aproximadamente a un cincuenta por cien del producto nacional bruto, mis cálculos indican que aproximadamente un dos por cien va destinado a esos cinco por cien de la población. Y eso no es ninguna exageración. Naturalmente tendremos que cuidar siempre de que no se produzcan despilfarros. Hay que acabar con los excedentes; debemos de mantener la producción dentro de sus límites. Pero debe conservarse la esencia de la política agraria europea, y creo que sería bueno que la Presidencia alemana enfocara su atención en ello.

Pasty
Señor Presidente del Consejo, nos ha dicho usted antes que en la transacción global que espera usted hacer progresar de aquí a la Cumbre de Berlín no habrá ni ganadores ni perdedores.
Hoy hemos observado que en Estrasburgo había muchos tractores franceses y alemanes. Si mis informaciones son exactas, el 22 de febrero va a haber también en Bruselas muchos tractores procedentes de toda la Unión Europea.
Se comprenden las inquietudes de los agricultores. La Política Agrícola Común es la principal política común de la Unión Europea. Están inquietos porque no pueden aceptar las propuestas de la Comisión. Por lo demás, me sorprende mucho que el Sr. Fischler no esté en el banco de la Comisión, mientras que sí que lo están los otros dos Comisarios afectados por la Agenda 2000. Las propuestas de la Comisión van a provocar una bajada de los precios no compensada íntegramente, pero, si mis informaciones son exactas, el Consejo parece inclinarse por bajadas más moderadas de los precios, pero con una reducción de las ayudas compensatorias.
De modo que, en vista de que la renta agraria bajó casi un 4 % en toda la Unión Europea en 1998, quisiera que nos explicaran ustedes cómo harán para que no haya perdedores entre los agricultores cuando por fin se presente ese plan? Me gustaría conocer el estado actual de sus reflexiones a ese respecto en el nivel del Consejo.

Miranda
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo que es evidente que todos convenimos en que no se debe aplazar indefinidamente un acuerdo sobre esta materia tan importante. Pero también me parece que es preferible un buen acuerdo a un acuerdo a toda costa, es decir, que no hay que hacer una acuerdo a toda costa, sino que hay que encontrar, de hecho, un buen acuerdo, tanto más cuanto que será válido durante siete años.
Hay una cuestión que entraña una dificultad subyacente real y a la que, evidentemente, tendría que referirme: en la propuesta inicial de la Comisión y después en las propuestas que han circulado en el Consejo, verificamos siempre la misma situación, es decir, una reducción de los recursos propios comunitarios de 1, 27 a 1, 13 en el caso de la propuesta de la Comisión, siempre y exclusivamente a costa de una reducción de los fondos y de las acciones estructurales. ¿Cómo es posible aceptar eso?
Entonces, quisiera preguntar al Consejo cómo casa esta situación con el principio fundamental, consagrado en los Tratados, el principio de la cohesión económica y social. Y, en cuanto a los recursos propios, señor Presidente del Consejo, ¿qué puede decirnos a ese respecto?

Nicholson
Señor Presidente, le doy la bienvenida al Presidente en ejercicio en esta tarde. ¿Podría decirnos, en primer lugar, bajo qué presión de los Ministros de Economía se encuentra para propiciar un acuerdo dentro de los límites financieros que ellos piden? ¿Estará en disposición para propiciar a largo plazo un acuerdo bajo el cual la Unión Europea sea capaz de financiar el apoyo adicional que es necesario a causa del recorte de los precios? ¿No es el momento de enfrentarse a la realidad y aceptar que esta reforma, tal y como se ha presentado, no va a funcionar? Será más gravosa para el presupuesto y el consumidor no obtendrá ningún beneficio. El procesado y la venta a l por menor acabarán por comerselo todo.
Hoy hemos visto aquí la manifestación y sabemos que la agricultura está, en toda Europa, en un estado delicado. Mi problema es que cuando me dirijo a mis agricultores y les hablo de recortes del 30 % en la ternera y 15 % en la leche, no lo entienden. De hecho, no lo entienden ni quieren entenderlo. Las más recientes estadísticas indican una caída del 57 % de los ingresos de mi región durante 1998. Esto se añade a otras considerables caídas en 1996 y 1997.
Volviendo al aspecto regional del asunto, comprendo que ayer en Bonn el Presidente en ejercicio se reuniese con el líder de mi partido, David Trimble, Primer Ministro Designado por la Asamblea de Irlanda del Norte. Entiendo que durante ese tiempo discutieran acerca del apoyo a Irlanda del Norte bajo el Objetivo 1 y nuestra posición en el futuro. Como sabrá la política está actualmente en Irlanda del Norte en un momento muy delicado. ¿Podría decirnos si estuvo en disposición de asegurarle que el Consejo comprensivo con Irlanda del Norte en el futuro? El hecho es que si la República de Irlanda y los condados fronterizos obtienen el estatus de Objetivo 1 e Irlanda del Norte no, sería algo inaceptable.

Amadeo
Señor Presidente, de hecho, la reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas del pasado 8 de febrero ha supuesto una derrota de cara a la negociación sobre la Agenda 2000. Entre los Quince no existe el consenso necesario para presentar un texto común que establezca el marco financiero indispensable para que los ministros de Economía y Finanzas permitan a sus homólogos de la cartera de Agricultura, realizar la tan controvertida reforma de la política agrícola común. El ministro alemán, Sr. Lafontaine, ha exagerado y, en lugar de ceñirse al debate de los gastos agrícolas, de los gastos estructurales y de los recursos propios, ha querido ampliarlo permitiendo un debate más amplio cuya consecuencia inmediata ha sido crear el desacuerdo y decidir, en la práctica, la estabilización del gasto para el período 2000-2006.
En efecto, los países favorables a la congelación del gasto agrícola se han alineado con las decisiones de la Presidencia alemana dejando la cuestión de la PAC en un preocupante punto muerto, mientras fuera del Pleno, el descontento de los agricultores empieza a convertirse en preocupante, ya que en los próximos días a los manifestantes de hoy se añadirán los del resto de Europa.

Barón Crespo
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, quiero hacer cuatro preguntas concretas. En primer lugar, ¿se está trabajando sobre la base de la propuesta de la Comisión o sobre el promedio señalado por la Presidencia austriaca? En segundo lugar, cuando se afirma que los objetivos principales de la Unión son reforzar el euro y crear empleo, ¿qué medios se asignan en las perspectivas financieras? En tercer lugar, con respecto al reparto equilibrado de cargas, ¿cómo van a corregir el hecho de que, en la política agrícola, el 20 % de los agricultores se lleva el 80 % de los fondos? Y en cuarto lugar, con relación a la ampliación, ¿proyectan aplicar, concretamente en agricultura y en los Fondos estructurales, una separación en el presupuesto y, si la lógica de la ampliación no coincide con la de los Fondos de cohesión, también en el terreno regional?

Hatzidakis
- Señor Presidente, yo también constato que hay un retraso en las negociaciones en el seno del Consejo. Señor Ministro, si continúa usted a este ritmo, sin que esto suponga una alusión personal a usted o a la Presidencia alemana, creo que no va a poder cumplir el calendario que hay establecido. Sin embargo, después de difíciles debates, el Parlamento Europeo -al contrario que el Consejo- ha podido llegar a tener posturas claras sobre los asuntos de la Agenda 2000.
El Parlamento ha establecido unas prioridades respecto al reglamento marco desde el pasado noviembre y de manera indicativa puedo mencionar algunos aspectos.
En primer lugar, decimos destinar el 0, 46 % del PIB comunitario a acciones estructurales. Entiendo las presiones que ejercen las opiniones públicas de los países ricos pero no debemos olvidar que el presupuesto actual de la Unión Europea, con los ambiciosos objetivos que tiene establecidos, equivale al presupuesto de España.
En segundo lugar, afirmamos que deberán destinarse, de manera exacta y no aproximada, los 2/3 del presupuesto al objetivo 1 y cumplir los criterios establecidos por la Comisión para la adscripción de regiones a dicho objetivo, es decir, que deberán incluirse sólo aquellas regiones que tengan un PIB per cápita inferior al 75 % del PIB comunitario.
Tercero, debemos dar prioridad a INTERREG y que haya un apartado especial para la cooperación con las islas y entre las regiones insulares.
Cuarto, estamos en contra de la reserva de eficacia, como era la propuesta inicial de la Comisión. Las propuestas para establecer una reserva inferior al 4 % de las cuotas nacionales van por buen camino.
También quisiera decir dos cosas más acerca del Fondo de Cohesión. Primero, creo, señor Ministro, que debemos respetar el Tratado en el que está establecido que los Estados miembros que tengan un PIB inferior al 90 % deberán participar en el Fondo de Cohesión y, segundo, quisiera que me dijese hasta qué punto se van a tener en cuenta las posturas del Parlamento, porque, probablemente, el Parlamento Europeo no esté dispuesto a renunciar a sus posturas. Quizás desarrollemos debates y negociaciones pero no podemos adoptar posturas completamente contrarias a esas prioridades.

Carnero González
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, no sé si la Presidencia en ejercicio es plenamente consciente de que, en estos momentos, grandes sectores de la opinión pública europea sienten a la Agenda 2000 como una amenaza y no precisamente como una necesidad o como una oportunidad. Y tampoco sé si la Presidencia en ejercicio es consciente de que eso se debe en gran parte a cómo Austria y, ahora, Alemania están enfocando el trabajo. Yo creo que lo están haciendo de una manera excesivamente unilateral y teniendo en cuenta en demasía la presión de sus respectivas opiniones públicas y no una visión de conjunto de la Unión Europea, como correspondería a sus funciones.
Claro que el problema de principio está, desde mi punto de vista, en que el límite máximo de los recursos propios es insuficiente. Pero también, desde luego, en que el debate se ha trasladado a los gastos y se ha olvidado la cuestión de los ingresos. Sin duda alguna hace falta un acuerdo que no sólo garantice, sino que desarrolle, el principio de la cohesión económica y social y, por supuesto, sus instrumentos. Y hace falta también que haya una verdadera discusión, no tanto sobre cómo reducir esos instrumentos sino sobre cómo aumentar equitativamente las aportaciones de todos los Estados. Por ejemplo, ¿qué opina la Presidencia sobre la propuesta de incluir el criterio de prosperidad relativa en el capítulo de ingresos? ¿Está la Presidencia de acuerdo con la propuesta francesa de una suerte de agresividad -que a mí me parece inaceptable- en cuanto al Fondo de cohesión?

Schroedter
Señor Presidente, yo quisiera dirigir dos preguntas al Consejo. La primera se refiere a las ayudas para la aproximación. La comisión del programa PHARE se encargará de coordinarlas, sin que en ella participen, según el planteamiento actual, los países candidatos a la adhesión. ¿Hasta que punto se puede considerar cooperativa semejante estrategia para la aproximación?
Mi segunda pregunta al Consejo se refiere al aspecto de la política regional y de los Fondos estructurales dentro de la UE. ¿Qué valor concede el Consejo a los principios de cooperación en el marco del reglamento relativo a los Fondos estructurales, sobre todo por lo que respecta a la participación de los socios medioambientales, de las ONG medioambientales, de las defensoras de la igualdad de oportunidades y de los interlocutores sociales?

Walter
Señor Presidente, ayer por la tarde constatamos que entre nosotros existe una coincidencia muy amplia en lo que se refiere al fondo de preadhesión. A pesar de que la Presidencia austriaca ya consiguió alcanzar y promover un consenso, yo vuelvo a preguntar, como es lógico, en qué medida estarían todavía dispuestos a hacer suyas las decisiones del Parlamento. Ayer pudimos apreciar algunos enfoques favorables, pero yo creo que usted debería aclarar al fin si existen efectivamente posibilidades de que algo cambie.
Yo también quisiera añadir, no obstante, unas palabras sobre los Fondos estructurales. El presente debate, que parte de la necesidad de estabilizar los gastos y proceder a un reparto equitativo de las cargas, está plenamente justificado, pero en la Unión Europea tenemos, además, una tarea que debe avanzar siempre a la par: me refiero a la creación de empleo. Yo quiero romper una lanza en favor de los Fondos estructurales y de que se mantengan en la mayor medida posible dichas políticas. Las ayudas estructurales están dirigidas a los modelos de desarrollo con perspectivas de futuro y a los sectores económicos con un potencial para la creación de nuevas oportunidades de empleo. ¿Tiene presente el Consejo la necesidad de conceder prioridad a este aspecto? La lucha contra el paro y la creación de puestos de trabajo son, en efecto, la máxima prioridad, también en el marco de la Agenda 2000, prioridad que se hace muy efectiva en dicho ámbito.

Arias Cañete
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señores Comisarios, el Presidente del Consejo ha declarado que elegir Berlín como sede del Consejo Europeo es un símbolo de la importancia que la Presidencia otorga a culminar la Agenda 2000 en tiempo hábil para que este Parlamento concluya sus procedimientos legislativos antes de las elecciones europeas.
Ha señalado que el acuerdo final no tiene que tener ni ganadores ni perdedores y que Europa debe ser la ganadora. Estamos de acuerdo. Pero nos ha dicho también que en esta ocasión no habrá recursos presupuestarios adicionales y, sobre todo, ha insistido en que la carga presupuestaria debe repartirse de modo más justo.
Sin embargo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, hasta la fecha, todas las propuestas que la Presidencia ha presentado en las instancias comunitarias, sea en documentos oficiales o en non papers , no parecen buscar un compromiso que se reparta por igual entre todos los participantes sino que, probablemente, reflejan exclusivamente la decisión de reducir el gasto comunitario al margen de cualquier justificación lógica.
Porque -con todos los respetos, señor Presidente- reducir el gasto agrario en casi 41.770 millones de euros -casi 6.000 millones de euros/año-, reducir la categoría 2 en 47.000 millones de euros, sin justificación, a la vista de los informes sobre la cohesión que hace la Comisión -casi 6.714 millones de euros/año-, no parece que refleje un compromiso sin vencedores ni vencidos, sino claramente con vencidos: los países de la cohesión sobre cuyos hombros puede descargar la ampliación.
Yo, por lo tanto, le pregunto a la Presidencia alemana: ¿cuándo va a presentar la Presidencia propuestas de compromiso verdaderamente equilibradas, en las que participen todos los Estados miembros, cada uno con cesiones -evidentemente- que puedan posibilitar un acuerdo en tiempo útil?
Porque, hasta ahora, señor Presidente en ejercicio del Consejo, en las negociaciones informales entre el Parlamento y el Consejo vemos poco progreso: el Parlamento expone sus puntos de vista y el Consejo toma buena nota.
Así estábamos con la Presidencia austriaca, y tenemos muy poco tiempo por delante para concluir acuerdos importantes.

Colom i Naval
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, permítame que ligue el comienzo de su intervención con el final. Ha dicho que la primera de las prioridades era la Agenda 2000, culminarla a tiempo y, al mismo tiempo, ha dicho que quería nuestra colaboración.
Creo que usted se ha quedado corto. No es que la quiera, sino que la necesita. Porque las perspectivas financieras forman parte del Acuerdo interinstitucional y, por definición, el Acuerdo interinstitucional es un acuerdo entre instituciones. Y, por lo tanto, usted no tiene bastante con lograr un acuerdo con los miembros del Consejo; tiene que hacer una propuesta que satisfaga al Parlamento y, como ha recordado el Sr. Mulder, se necesitan 314 votos para aprobarla.
¿Qué propuestas tiene usted que nos puedan satisfacer? ¿Tiene planteado ya un mecanismo de flexibilidad o prefiere que apliquemos el artículo 203?
No puede pedir más Europa, en todos los sentidos, más políticas, lucha contra el desempleo y ampliación, y ofrecer menos dinero para ello. Creo que debería hacer aquí una propuesta clara en ese sentido y, si me permite -y con esto acabo señor Presidente-, ¿notaremos que hay una mayoría socialdemócrata en el Consejo?

Goepel
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, salvo por la mención del Consejo de Agricultura, ha conseguido hablar usted durante 10 minutos sin pronunciar ni una sola palabra que hiciera referencia al contenido de la reforma de la Política Agrícola y esto es algo que ciertamente me duele en mi calidad de portavoz para temas agrícolas de nuestro Grupo. Por consiguiente, seguramente también tendré que renunciar a pedirle su opinión sobre la retirada facultativa de tierras, puesto que sin duda no podría darme una respuesta.
Sin embargo, desearía saber una cosa. Según he leído en un importante diario alemán, van a reducirse en un 3 % anual acumulativo los pagos de precios de garantía, a partir del año 2002 en el caso de los productos agrarios, a partir del 2004 en el caso de la carne de vacuno y a partir del 2005 en el caso de los productos lácteos, y el propósito es volver a dedicar sólo el 25 % de estas reducciones a medidas específicas dirigidas a las zonas rurales, de manera que un 75 % pasará a engrosar el presupuesto de la Unión Europea. Yo le pregunto lisa y llanamente lo siguiente: si se suprime ese 75 % de las ayudas, eso representaría -bien mirado- un impresionante incremento de la posición de contribuyente neto de determinados Estados. El resultado sería una nueva redistribución en favor de los que ya aportan mucho a la UE y obtienen muchísimo menos. Yo agradecería que al menos en el contexto de la Agenda 2000, que en definitiva también tiene algo que ver con la Política Agrícola, se pudiera debatir un poco más este problema.

Jöns
Señor Presidente, ayer ya tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo con la Presidencia del Consejo sobre las peticiones de esta Asamblea en lo que se refiere al Fondo Social. Sin embargo, nadie sabe mejor que usted, señor Presidente del Consejo, que las exigencias políticas sólo tienen éxito cuando se repiten una y otra vez. Usted nos comunicó ayer que la Presidencia alemana del Consejo ve con gran simpatía nuestras aspiraciones. Yo quisiera volver a preguntarle, no obstante, hoy con toda formalidad si, llegado el caso, la Presidencia alemana del Consejo también estaría dispuesta a apoyar con verdadera firmeza en el Consejo dichas peticiones, a saber: que en el futuro se destinen en cada caso un 15 % de los recursos del Fondo Social a políticas de empleo preventivas y a ayudas específicas para las mujeres, que las personas que ya sufran una situación de exclusión social también tengan acceso a una oportunidad de empleo a través del Fondo Social, que los Estados miembros estén obligados a actuar en los cinco ámbitos de intervención, que se designen como un punto central los grupos destinatarios y que en el futuro se destinen un 1 % de los recursos del Fondo Social a ayudas globales para proyectos locales.

Izquierdo Collado
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, somos conscientes de que nos encontramos en un momento especial, programando los próximos siete años antes de que se produzca la ampliación que transformará tantas y tantas cosas. El ambiente en el que se están celebrando las negociaciones no parece precisamente optimista, sino que hay un vago, pero no por ello menos real, ambiente de renacionalización.
Yo no quiero hacer más que un comentario sobre las políticas estructurales. Usted ha dicho que considera la solidaridad como un ingrediente clave de la Unión Europea. La solidaridad, en materia estructural, no es una solidaridad graciable sino una solidaridad obligada, precisamente, por el mercado único.
Mi pregunta es: ¿seguirán siendo objetivo de gasto las políticas estructurales? ¿Se va a mantener el Fondo de cohesión? ¿Se va a aceptar el nivel presupuestario de 270.000 millones de euros propuesto por la Comisión, que no pocos diputados consideramos mínimo?

Myller
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, espero que me responda a tres preguntas. La Comisión propone, con el apoyo del Parlamento, la incorporación en el Objetivo 1 de las regiones del actual Objetivo 6. Esta medida se justifica, correctamente, con el argumento de que su ubicación septentrional, con sus grandes distancias y su carácter periférico con respecto a los centros europeos, coloca a las regiones del actual Objetivo 6 en una situación de desventaja en comparación con otras muchas regiones. ¿Cómo se ha avanzado a este respecto en el Consejo?
La cuestión del empleo ha salido a relucir con gran intensidad a escala europea, especialmente durante la Presidencia alemana. ¿Cómo se refleja este hecho en las negociaciones acerca de la política estructural? ¿Está previsto conceder una mayor importancia a las cuestiones de empleo en los criterios de los objetivos 1 y 3?
A menudo se considera que la cooperación entre regiones fronterizas es una cooperación relacionada exclusivamente con las fronteras. ¿Se va a desarrollar ahora una cooperación interregional de carácter específicamente transfronterizo que permita considerar las regiones fronterizas como un objetivo más amplio de cooperación?

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, me gustaría poder responder a sus preguntas. He tomado nota de 83 preguntas. Pero ¿puedo disponer de 83 minutos? No, no dispongo de ese tiempo. Por consiguiente, tendré que intentar agrupar los temas fundamentales y responderlos conjuntamente.
En primer lugar, todas las preguntas relativas a supuestos resultados carecen de fundamento. Hasta el momento no ha habido ninguno, con excepción de los dos que he citado. Existe un acuerdo sobre el tema de la reserva de eficiencia y un acuerdo sobre el tema de la coherencia entre las zonas elegibles para recibir subvenciones nacionales y las elegibles para las subvenciones de la UE. Ambos acuerdos dependen también del acuerdo global. Les adelanto que antes de la reunión del Consejo Europeo de Berlín no habrá resultados anticipados en relación con ninguno de los temas que se han planteado aquí y esto es así porque el paquete global será el resultado de la suma de muchos, muchísimos elementos. Elementos que representan ventajas y desventajas para los diferentes Estados miembros. La aprobación de éstos dependerá siempre del resultado global que suponga el paquete para el Estado miembro en cuestión.
Estamos hablando de grandes sumas de dinero para cada Estados concreto. En este contexto no influye lamentablemente para nada la relación de fuerzas en el Consejo según criterios de orientación política. En este debate cada país se guía, naturalmente, por las necesidades e intereses de su propia población e intenta conciliarlos con nuestros objetivos europeos comunes. Yo no cuento con que podamos alcanzar resultados preliminares con respecto a temas concretos importantes antes del Consejo de Berlín, puesto que el paquete global tiene que ser equilibrado. La mayoría de las preguntas se referían, sin embargo, precisamente a la supuesta existencia de algún acuerdo o proyecto.
La Presidencia alemana todavía no ha presentado ni siquiera una propuesta de compromiso. El ejercicio de la Presidencia nos obliga a no poner todo nuestro empeño en conseguir un resultado que responda a los planteamientos alemanes, sino que nuestra misión es identificar primero en qué aspectos se perfila un posible compromiso, para proponerlo cuando llegue el momento. Y así lo haremos. Sin embargo, de momento todavía estamos intentando reducir las posibles alternativas. Ya les he citado un par de ejemplos en los que ya podemos vislumbrar que empiezan a perfilarse unas posiciones mayoritarias y finalmente quizá también un consenso. Pero ningún tema fundamental ha quedado cerrado.
Un diputado se ha referido también a la opinión pública de los Estados miembros. Este es un tema muy serio para mí y también para la Presidencia alemana. Bastará que les recuerde que la opinión pública no es unánime en relación con estos temas en Europa. Yo sé muy bien cuál es la opinión pública en España. Pero la opinión pública alemana mantiene, por ejemplo, una posición totalmente contrapuesta a lo que se dice en España. Otro tanto ocurre también en otros ámbitos. Por consiguiente, no tiene sentido intentar identificar una Presidencia con la opinión pública de cualquier país. Tenemos que concentrarnos en procurar alcanzar un acuerdo que sea aceptable para todos y que responda a los objetivos que nos hemos marcado en Europa. En este sentido, yo quiero ratificar con toda claridad y de manera inequívoca que uno de los objetivos de la Agenda 2000 -y como tal lo tratamos- es concentrar en mayor medida las posibilidades de actuación europeas en el objetivo de la lucha contra el desempleo. Este es un objetivo esencial de toda esta operación. El paro constituye el gran reto para las gentes de Europa y esperan que utilicemos nuestras posibilidades de actuación para luchar de manera eficaz contra el desempleo. La Agenda puede contribuir muchísimo a este empeño.
También quiero ratificar explícitamente que existe una vinculación directa entre la Agenda y el tema de la ampliación. Yo no creo que la cuestión de la fecha sea realmente importante en este momento. Nunca se ha fijado, por otro lado, una fecha concreta para el proceso de ampliación. Ni el Consejo, ni el Parlamento, ni la Comisión, ni tampoco los Estados candidatos lo han hecho en ningún momento. La Agenda 2000 creará también las condiciones necesarias para la ampliación. Si no conseguimos dejarla cerrada para finales de marzo, ello constituirá una señal desalentadora para los candidatos a la adhesión. También por este motivo es muy importante que podamos concluirla puntualmente.
A la vista de las circunstancias en las que se celebra hoy la sesión del Parlamento, con las calles ocupadas por agricultores y tractores, yo quiero recordar que la política agraria constituye un aspecto parcial del paquete global. Lo que se dirime no es sólo la política agraria. Esta representa una parte del montante financiero, la más importante, evidentemente, en consonancia con la estructura de nuestros presupuestos. Una gran mayoría de los Estados miembros consideran que la política agraria también debe contribuir al resultado global, o sea, que también habrá que reformarla, a) con vistas a hacerla compatible con las normas de la OMC en materia de competencia y b) con vistas a garantizar las posibilidades de financiación de la Unión Europea después de la ampliación.
Puesto que se ha preguntado en términos concretos, yo quiero responder también con toda claridad que el objetivo de una política agraria europea no puede ni debe ser poner en peligro o destruir los medios de subsistencia de los agricultores. Muy al contrario, el objetivo de la política agraria europea debe ser garantizar que en el futuro también sea posible una agricultura gestionada por los propios agricultores en todas las regiones europeas. En todo caso, las propuestas que se están debatiendo -en efecto, se trata sólo de un debate y nada más- no apuntan, en opinión de la Presidencia, en una dirección que permita afirmar que en el futuro ya no será posible la agricultura campesina en Europa.
Yo comprendo que ustedes desearían poder debatir sobre acuerdos concretos ya cerrados. Esto no es posible porque, por las características del procedimiento de negociación elegido, el paquete global no quedará definido hasta el mes de marzo. La Presidencia y el Parlamento eligieron un procedimiento de cooperación que ahora comienza a avanzar muy deprisa. La frecuencia de las reuniones se está incrementando y su contenido es también cada vez más amplio. Somos perfectamente conscientes de que necesitamos la conformidad del Parlamento. La Presidencia también recuerda en las deliberaciones en los diferentes órganos que en la defensa de las diferentes posiciones nacionales debe tomarse en consideración asimismo el proceso de formación de opinión en el Parlamento Europeo. Debo decirles, no obstante, que algunos Estados miembros se lo toman más en serio que otros. También hay algunos que piensan que la Presidencia ya se las compondrá luego para conseguir que el Parlamento apruebe los resultados de la Cumbre extraordinaria.
Nuestro propósito es, en cualquier caso, intentar incorporar ya en la mayor medida posible las aportaciones del Parlamento en el resultado de la Cumbre. Yo les agradezco, por lo tanto, todas las sugerencias que han aportado a través de sus preguntas en el curso del debate. Yo les aseguro que todas estas sugerencias, indicaciones y recomendación se incorporarán a las deliberaciones.

El Presidente
Gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo.
El debate queda cerrado.

Teverson
Señor Presidente, respecto de una cuestión de orden. Como un diputado que ha estado sentado a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas, me parece especialmente insatisfactorio que, después de numerosas declaraciones, el Presidente en ejercicio tenga, al final, tan poco tiempo para responder a más o menos 83 preguntas.
Una manera mucho más idónea para proceder con este debate, que es vital, es inyectar algo de vida en el mismo y aplicar el formato de Bruselas que utilizamos de vez en cuando para preguntar a la Comisión. ¡Actualmente no funciona! Este es un asunto vital para los ciudadanos europeos. Este ha sido un debate muerto , en el que pocos diputados han podido plantear preguntas, y aun menos han recibido respuestas.

El Presidente
Señor Teverson, transmitiré su deseo a la Mesa.

Situación en Kosovo
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de sendas declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre la situación en Kosovo.
Tiene la palabra el Presidente en ejercicio del Consejo.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, el contraste no podría ser mayor: mientras ustedes debatían sobre las posibilidades de mejorar la convivencia entre los Estados miembros de la Unión Europea bajo un techo común europeo, a algunos centenares de kilómetros de aquí, en Rambouillet, se discute si es posible seguir manteniendo la coexistencia bajo un techo común. Lo cual demuestra el enorme reto estratégico con el que se enfrenta la Unión en Kosovo.
Aquí, un mercado interior y el desmantelamiento de las barreras fronterizas; allí, una política que sigue concibiendo las fronteras nacionales como un medio para la exclusión y el aislamiento. En Rambouillet se acordó mantener la confidencialidad, tal como exige la buena práctica diplomática. Las negociaciones deben desarrollarse entre las partes y no ante la opinión pública. Yo tampoco tengo más información de la que tienen ustedes, que son políticos bien informados. Por consiguiente, en este momento sólo puedo limitarme a comunicarles que, como ya se esperaba, las negociaciones están siendo difíciles, que ambas partes mantienen por ahora sus posiciones de manera muy intransigente y que por el momento los esfuerzos de los mediadores se concentran sobre todo en la identificación de los puntos de coincidencia que pueda haber más allá de todas las diferencias.
Las informaciones sobre el nivel alcanzado en el transcurso de este tipo de negociaciones pueden inducir, por otro lado, muy fácilmente a error, puesto que se parte de la base de que: nothing is agreed until everything is agreed. La Unión Europea desempeña un papel clave en los esfuerzos en favor de la paz. El enviado especial de la UE, Sr. Petritsch, contribuyó de manera decisiva, con su trabajo previo en Pristina y Belgrado, a que pudieran llegar a celebrarse al menos las presentes negociaciones. Ahora dirige las negociaciones en Rambouillet, junto con su colega americano, Hill, y su colega ruso, Mayorski. Un reto muy especial frente al cual el enviado especial Petritsch merece todo nuestro apoyo.
El hecho de que un americano, un ruso y un europeo dirijan conjuntamente las negociaciones demuestra -dicho sea de paso-que la Unión Europea ha conseguido una cierta capacidad de maniobra también en el ámbito de la política exterior. Es cierto que, desde luego, todavía no hemos alcanzado el objetivo, pero al menos vamos por buen camino.
La Unión Europea reaccionó muy pronto frente al conflicto en Kosovo. Desde la primavera del año pasado ha ido estableciendo progresivamente un régimen de sanciones diferenciado como respuesta a la brutal actuación de las fuerzas de seguridad serbias. Paralelamente, ha aportado ayuda humanitaria por el considerable montante de más de 45 millones de ecus sólo en 1998. La UE ha dado apoyo a los medios de comunicación independientes, con objeto de contrarrestar la propaganda de ambas partes. También ha apoyado con su ayuda la democratización de Kosovo y la construcción de una sociedad civil.
Nuestro objetivo político en este contexto han sido siempre unos amplios derechos de autonomía para Kosovo, unidos a la preservación de la integridad territorial de la República Federal de Yugoslavia y la protección de los derechos de todas las minorías. El Consejo de Asuntos Generales volvió a ratificar esta posición de la Unión Europea en su última sesión del 25 de enero de 1999. Permítanme que repase brevemente los puntos centrales.
Primero: la Unión Europea apuesta por una solución política. El uso de la fuerza, por cualquiera de las partes, sólo exacerba el conflicto e intensifica aún más los sufrimientos y dificultades de la población.
Segundo: la Unión Europea apoya en este contexto el enfoque del Grupo de Contacto, en el sentido de buscar una solución política, que está en la base de las negociaciones de Rambouillet.
Tercero: la Unión Europea exige a Belgrado que cumpla plenamente los compromisos contraídos con la OSCE y la OTAN y que acate las exigencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Cuarto: los responsables de la masacre de Racak no deben permanecer impunes. Deben comunicarse sus nombres al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia.
Quinto: la Unión Europea exige a los albano-kosovares que cumplan plenamente sus compromisos con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y condena las provocaciones del ELK, que realimentan la espiral de la violencia.
Sexto: la Unión Europea apoya la misión de verificación de la OSCE en Kosovo, que ha llegado a ser un factor de estabilización importante a pesar de todas las dificultades, y resalta que el Presidente Milosevic debe cumplir su compromiso de velar por la seguridad del personal de la misión.
Séptimo: la Unión Europea está dispuesta a contribuir a la aplicación de una solución negociada. Esto también incluye, en particular, el ámbito de la reconstrucción.
Octavo: la población de Kosovo debe saber que la Unión Europea está dispuesta a apoyarles en la búsqueda de la paz.
El Consejo de Asuntos Generales prorrogó el 25 de enero de 1999 hasta enero del 2000 el mandato del ex-presidente del Gobierno español Felipe González como enviado especial para la República Federal de Yugoslavia. Yo deseo agradecerle al Sr. González que se haya mostrado dispuesto a continuar desarrollando esta difícil función. Al mismo tiempo, insto al Gobierno de Belgrado a que colabore con el Sr. González y aproveche plenamente las oportunidades que esto le abriría en relación con la Unión Europea.
La paz y la estabilidad en Europa no sólo exigen que se alcance una solución negociada en Rambouillet, aunque esta es obviamente la condición sine qua non; además, también requieren que concibamos los conflictos y problemas en la antigua Yugoslavia como un reto frente al cual debemos ofrecer una respuesta adecuada, o sea, europea.
Tenemos que fortalecer los elementos democráticos pluralistas de las sociedades afectadas. Tenemos que promover y ampliar la cooperación regional. Tenemos que desarrollar estructuras de cooperación y aproximación que hagan justicia a la vocación europea de dichos países. Sobre todo, evidentemente, tenemos que lograr la paz en dicha región y mostrar el camino para la convivencia entre los pueblos de la zona. La Unión Europea les ofrece su apoyo para ello. La responsabilidad corresponde, sin embargo, a las partes en conflicto. Éstas deben reconocer que nada conseguirán con el uso de la fuerza, pero en cambio pueden perder mucho, y que no existe ninguna otra alternativa realista excepto alcanzar una solución de compromiso en la mesa de negociaciones en Rambouillet.

El Presidente
Muchas gracias, señor Presidente en ejercicio del Consejo.
Tiene la palabra, en nombre de la Comisión, el Sr. Van den Broek.

Van den Broek
Señor Presidente, naturalmente también la Comisión Europea se alegra por el hecho de que todos los partidos hayan acudido a la urgente llamada al inicio de las conversaciones de paz de Rambouillet. Aún quedan muchos esfuerzos por realizar para alcanzar un acuerdo, si bien puede apreciarse en la presencia de los serbios y los albanokosovares en Rambouillet una disposición para llegar, en principio, a una solución. Sin embargo, es importante que se mantenga al máximo la presión necesaria para facilitar un resultado aceptable y factible. Como ya se sabe, se cuenta con la frecuente asistencia de los Ministros de Asuntos Exteriores Robin Cook y Hubert Védrine, con objeto de mantener el impulso de los negociaciones.
También la Comisión Europea cuenta con su representación en Rambouillet y brinda su aportación a aquellos temas de negociación que afectan a los aspectos económicos y de reconstrucción que incluye la propuesta de acuerdo. Probablemente el fin de semana que viene se celebre una nueva reunión del Grupo de Contacto a nivel ministerial. El objetivo será hacer una evaluación de los resultados hasta el momento y comentar cuáles son los puntos que requieren unos esfuerzos o atención adicionales.
Por su parte, la Comisión Europea está efectuando los preparativos necesarios para poner en marcha su aportación al proceso de reconstrucción, una vez se haya alcanzado un acuerdo. Ya en los meses de diciembre y enero, por iniciativa de la Comisión se ha realizado una así llamada «evaluación de daños», valorando los daños en viviendas y en las infraestructuras esenciales, pero debido a las operaciones bélicas no fue posible visitar todas las áreas afectadas. Según unas estimaciones aproximadas, se trata de unas 30.000 viviendas que han sufrido daños en menor o mayor medida; para su reparación, según los primeros cálculos, se necesitarán unos 330 millones de euros.
Está dentro de las intenciones de la Comisión organizar una conferencia internacional de donantes, poco después de alcanzar un acuerdo de paz. Pero está claro que no podrá darse ese paso hacia la reconstrucción si no se alcanza un acuerdo y no existe una clara voluntad de las partes para llegar a una convivencia pacífica.
Evidentemente, sólo podrá iniciarse la ejecución real de las actividades de reconstrucción, bajo ciertas condiciones, a partir del momento en que la situación de seguridad en tierra lo permita. Satisface constatar que entre los Estados miembros y también en otros países crece el consenso necesario para que podamos apoyar con unas fuerzas militares internacionales el acuerdo de paz que en su momento se alcance. Esto garantizará mejor la seguridad de las actividades de reconstrucción.
Naturalmente, el principal objetivo de esta construcción es que se facilite también el retorno a sus lugares de origen a los miles de desplazados y refugiados. De momento, los medios de la Unión disponibles para este año aún son limitados. Ciertamente podrá acometerse un inicio de la reconstrucción, pero de las líneas presupuestarias correspondientes -se trata en realidad de la línea presupuestaria para la reconstrucción de la antigua Yugoslavia- al fin y al cabo también se financia la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina.
La Comisión volverá sobre estos asuntos tan pronto se haya obtenido una mejor visión sobre las aportaciones internacionales a la reconstrucción y sobre el plazo en que haya de realizarse. Mientras tanto, ya lo dijo la Presidencia del Consejo, la ayuda humanitaria a través de ECHO prosigue como siempre. Asimismo, nos interesa también que los esfuerzos de la Unión Europea sean bien visibles, y eso sólo podrá conseguirse si logramos la máxima unión y la mejor presentación posible de nuestras actividades. Para ello es necesario que la presencia de la Comisión en Belgrado, y más tarde también en Pristina, respectivamente se refuerce y se asegure más.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
He recibido siete propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

Swoboda
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, yo quiero expresar, en nombre de mi Grupo político, mi pleno apoyo a las declaraciones del Presidente del Consejo y del Comisario. Creo poder afirmar sin arrogancia, pero no obstante con un cierto orgullo, que mi Grupo siempre se encargó de reiterar que necesitamos ambas cosas: la oferta de negociaciones y la amenaza del uso de la fuerza. Algunos, también en esta Asamblea, deseaban atacar más pronto, pero hubiese sido un error. Tal como se está demostrando, todavía existe una oportunidad de alcanzar nuestro objetivo común -espero- a través de las conversaciones y la mediación. Yo no excluyo que, como cualquier conferencia, también ésta pueda fracasar y que sea necesario recurrir primero seriamente al uso de la fuerza. Sin embargo, habría que agotar verdaderamente a fondo la presente oportunidad.
El Sr. Presidente del Consejo ha citado también a las personas que participan. Yo me congratulo de que un representante europeo tenga un papel destacado. También me siento personalmente orgulloso, ya que Wolfgang Petritsch fue uno de mis colaboradores antes de ser nombrado enviado especial en Belgrado y ahora está realizando una labor realmente extraordinaria y que obtiene reconocimiento. Lo que me interesa resaltar, sin embargo, no son las personas, sino el fondo del asunto. Lo importante es que un representante de la Unión Europea ocupa un lugar de primera línea.
En segundo lugar, yo considero igualmente importante que no participen únicamente los americanos, sino también los rusos. Con frecuencia se deja de lado este tema, pero tenemos que recordar también a Rusia y al Gobierno ruso su responsabilidad en relación con este continente. Partiendo de que Rusia tiene esta responsabilidad, es preciso incluirla en la solución para que ésta sea, además, duradera.
Yo suscribo asimismo plenamente -y quiero volver a repetirlo también en nombre de mi Grupo- el rechazo a la modificación de las fronteras por medios violentos en la Europa actual. Si alguna modificación pudiera llegar a introducirse, habría de ser sólo, en último término, como resultado de un consenso, no del uso de la fuerza, no de un acto unilateral. Si es necesario habrá que proceder también al estacionamiento de tropas, tal como ha expuesto el señor Comisario, que se encarguen de garantizar el mantenimiento de la situación a más largo plazo. Yo no abrigo ninguna ilusión de que la solución se pueda alcanzar de un día para otro y ruego a todos los miembros de esta Asamblea que tengan en cuenta que si no conseguimos que se alcance una solución razonable, no sólo Kosovo estará amenazado, sino que la amenaza se extenderá al conjunto de la región: a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, pero también a Albania. Es muy importante que la Unión Europea presione justamente también a Albania para que allí prevalezca asimismo la voz de la razón y del consenso. Para poder alcanzar una solución común es importante que tengamos a nuestro lado al conjunto de Albania y no una Albania dividida y contradictoria. En este sentido, yo apoyo plenamente las declaraciones del Presidente del Consejo y del Comisario.

Pack
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Verheugen, al principio no hicimos nada en Kosovo. Desde 1989 sabemos lo que está ocurriendo en Kosovo y no le prestamos atención. Sólo empezamos a dirigir la mirada hacia allí cuando nosotros mismos favorecimos que el ELK nos cayera sobre las espaldas. Así ocurrieron las cosas y quien lo niegue, no ha seguido los acontecimientos.
Hoy nos congratulamos y nos damos palmaditas en el hombro por estar desembolsando allí muchos recursos financieros que no habría sido necesario desembolsar siquiera si todo no hubiese quedado destruido, si desde Occidente hubiésemos intervenido antes. Nuestro Grupo político también apoya las conversaciones de Rambouillet. Yo también me congratulo de que los europeos tengan un papel más importante, pero desde luego llegan demasiado tarde, como siempre. Espero que no sea definitivamente demasiado tarde, pero creo que también deberíamos reconocer que podríamos haber empezado a actuar en octubre pasado, por ejemplo. Si hubiésemos hecho ya en octubre lo que estamos haciendo ahora, se habría evitado la muerte de muchas personas, en Racak y en otras partes.
La amenaza de ataques aéreos de la OTAN debe mantenerse de manera creíble. Me dirijo también a algunos colegas de la Asamblea que no desean que se cumpla. Milosevic desencadenó en 1989, con la liquidación anticonstitucional del estatuto de autonomía de Kosovo, la descomposición de toda Yugoslavia y luego azuzó el resentimiento nacionalista con su propaganda sobre Kosovo. Ahora se enfrenta con la necesidad de poner fin a su política de agresión sin sentido contra los albano-kosovares e intentará prolongar por todos los medios el plazo de quince días. No desea, no puede desear, una solución del conflicto de Kosovo impuesta por Occidente. Con ello perdería toda su importancia internacional y tendría que ocuparse al fin de gobernar a su pueblo. Pero entonces saldría muy pronto a la luz su mediocridad política y su ineptitud.
Una denuncia largo tiempo pendiente ante el tribunal de La Haya resultará también ineludible entonces y nuestros países tendrán que presentar las pruebas de que disponen. La amenaza de la OTAN es, por lo tanto, imprescindible. Si en Rambouillet se alcanza una solución provisional, como nosotros deseamos, será preciso garantizar su cumplimiento mediante el destacamento de tropas de tierra que se encarguen de la protección de los albaneses y los serbios en Kosovo. Sin embargo, aunque el resultado sea un fracaso, los ataques aéreos no bastarán para lograr nuestro objetivo. También en ese caso será necesario destacar tropas sobre el terreno. Todos confiamos en que se consiga un resultado, pero esperamos que Occidente y la OTAN sean capaces de mantener luego su posición, ¡de lo contrario habremos desperdiciado esta última oportunidad!

Cars
Señor Presidente, una cosa que podemos aprender de la historia europea de este siglo es que las democracias y las dictaduras no pueden vivir eternamente una al lado de la otra, y que, en ese caso, el concepto de coexistencia pacífica tiene un plazo. Estos sistemas son antagónicos y, al final, uno de ellos va a derrotar al otro. Puede ocurrir con medios militares, cuando fue derrotado Hitler, y con medios pacíficos, como cuando se derrumbó la Unión Soviética.
La misión de la Unión Europea es tomar claramente partido por las democracias y por los demócratas. Los sufrimientos que el dictador Milosevic ha causado a todos los pueblos de la antigua Yugoslavia, incluida la población serbia, tienen que llegar pronto a su fin.
La misión de la UE en los Balcanes es poner fin a los combates, a las muertes y a los atropellos. Es una importante misión, pero no debe ser la única. La Unión también tiene que asumir una responsabilidad para que todos los países y regiones autónomas de los Balcanes lleguen a constituirse en sistemas democráticos, y para que la gente allí conozca los requerimientos de la democracia y lo que ella puede dar de sí.
Los dictadores, los criminales de guerra y los tiranos de los Balcanes tienen que ser expulsados de sus palacios y de sus edificios de gobierno. Así se creará espacio para dirigentes de estados democráticos en los Balcanes, para resolver conflictos fronterizos por medio de negociaciones y para regular sus asuntos internos con respeto para todas las minorías.
Sería excelente que la reunión de Rambouillet se encauzase en este sentido. Los serbios y los albaneses, los musulmanes y los ortodoxos, deberían poder sentir que la UE busca una solución equilibrada, sin prejuicios y sin discriminación.
Con todo, los liberales vemos que aun una solución transitoria al problema de Kosovo no sería posible sin la intervención de fuerzas para conservar la paz, de un tamaño que infunda respeto. En la resolución común del Parlamento otros Grupos no han querido mencionar la necesidad de fuerzas de este tipo, cosa que yo lamento. Ciertamente, puedo comprobar con satisfacción que mis colegas socialdemócratas paulatinamente varían sus posiciones, pero esto se debe a que el Consejo de Ministros ha adoptado una posición más clara. Los socialdemócratas han seguido al Consejo y han estado constantemente a un palmo detrás de éste. Independientemente de la importancia de los liberales para alcanzar una solución al conflicto de Kosovo, estoy orgulloso de pertenecer a un Grupo que tiene el anhelo de estar a la cabeza, que quiere conducir y no sólo escoltar los acontecimientos.

Carnero González
Señor Presidente, yo creo que este es el momento de la esperanza, la esperanza de que se obtengan resultados positivos en las negociaciones que están teniendo lugar en Rambouillet.
Este Parlamento ha demandado muchas veces una actuación internacional efectiva con respecto a Kosovo que, lamentablemente, ha llegado tarde para los que han muerto, han perdido su casa y sus enseres y se han convertido en refugiados.
A pesar de ello, debemos apoyar los esfuerzos desplegados y el contenido del plan propuesto por el Grupo de Contacto. Es verdad: la solución al conflicto en Kosovo pasa por una larga autonomía dentro de fronteras internacionalmente reconocidas si no queremos que los problemas se extiendan a otros países. Esto es lo primero que hay que hacer.
Ahora, yo creo que hay tres ideas, también muy claras, a retener. La primera: no hay que disminuir la presión sobre las partes para que renuncien a la violencia para conseguir sus objetivos.
En segundo lugar, si el despliegue militar lo va a realizar la OTAN, es evidente que el Alto Representante internacional debería ser un europeo, como lo es en Bosnia con magníficos resultados.
Y en tercer lugar, -como ha señalado muchas veces Felipe González- no hay que olvidar que Milosevic y la ausencia de democracia en Serbia son la causa esencial de estos conflictos, y que si esa causa no se elimina seguirá creando más conflictos en el futuro.

Aelvoet (V)
Señor Presidente, Señorías, efectivamente, es cierto que la Unión Europea ha entrado en acción realmente con falta de eficacia y demasiado tarde. Pero la dificultad es y será siempre que mientras haya división dentro del Consejo no se llegará a emprender nunca una acción unánime. De todos modos, esa misma división se produjo en este Parlamento. Por tanto, dejemos de hacer reproches a los demás mientras nosotros luchemos con las mismas dificultades. El que ahora pueda trabajarse hacia una solución política, opino que es un buen punto de partida. Toda la cuestión se centra en torno a si la oferta actual de una autonomía amplia, similar a la de Montenegro, en el lado albanés, aún tiene credibilidad después de todo lo que ha ocurrido y después de la radicalización que se ha producido en los diferentes movimientos locales.
Mi pregunta sigue siendo: ¿Qué hay de la presión? Todo el mundo está de acuerdo siempre en decir que hay que mantener la presión, y yo también lo estoy, pero ¿qué medios tenemos para obligar a que también el ELK se atenga a sus compromisos? Porque no son sólo los serbios los que se saltan los compromisos. También lo hace el ELK, ya lo hemos podido ver. Pensamos, en fin, que la solución habrá que buscarla en una política común para toda la zona sur de Europa del Este.

Dupuis
Señor Presidente, una pregunta preliminar para el Consejo: no he comprendido bien si la de Rambouillet era una iniciativa de la Unión Europea o una iniciativa francobritánica. Espero obtener una respuesta a esa pregunta.
Y ahora enlazo con lo que ha dicho el Sr. Carnero. Creo que los serbios, el pueblo serbio, son los grandes olvidados de Rambouillet. Una vez más Europa, el Consejo en particular, apuesta por el Sr. Milosevic. Considero que el Sr. Milosevic es una parte de la solución, cuando es claramente el problema, y no abrigo las dudas hamletianas de la Sra. Aelvoet, que se pregunta si respetará sus promesas el UCK. Tenemos ante nosotros a un señor, el Sr. Milosevic, que nos ha demostrado ser un campeón a ese respecto.
Creo que se trata de cuestiones fundamentales. Asimismo, es fundamental saber si, cuando el Consejo nos dice que hará presión para que se detenga y se juzgue a los culpables, analizará las declaraciones aparecidas en la prensa, que son las comunicaciones entre las unidades operativas de Kosovo y la dirección de Belgrado, para mostrar que la cadena de mando no se detiene en los arrabales de Kosovo, sino que sube directamente hasta Belgrado. Espero que suba así hasta el Sr. Milosevic y que Europa adopte una política clara a ese respecto, porque es evidente que los criminales, los que han cometido los actos, han recibido órdenes muy precisas de Belgrado. El fiscal general adjunto del Tribunal de La Haya no dice otra cosa, cuando afirma que ya es hora de que los Estados miembros, algunos de ellos miembros de la Unión Europea, comuniquen las pruebas que tienen en su poder y que demuestran que la cadena de mando parte de las aldeas de Kosovo y llega hasta Belgrado, hasta el centro del poder de Belgrado, hasta el Sr. Milosevic. Ya es hora de que así sea y pido al Consejo que responda a esta cuestión.

Parigi
Señor Presidente, la historia nos enseña que es difícil saber quién es más bueno o más malo, más feroz o más humano en los Balcanes. De la misma manera, es necesario reconocer que, históricamente, para Serbia Kosovo es la patria de origen, al igual que Israel lo es para los israelíes. Algún colega se preguntaba el porqué de una intervención tan tardía en la tragedia balcanokosovar. No sin malicia contesto que quizás a alguien le interesa que antes se destruya para luego reconstruir.
Sin embargo, saludamos favorablemente el intento de resolver el conflicto a través de unas negociaciones diplomáticas avaladas por las instituciones internacionales, pero no podemos dejar de manifestar que el papel desempeñado por la Unión Europea es insuficiente y no da pruebas de una política exterior común si es cierto, y lo es, que entre los miembros de la Unión hay Estados que consideran y juzgan la cuestión balcánica de una manera totalmente distinta que otros Estados, también en la perspectiva histórica.
La complejidad de la cuestión balcánica tiene sus raíces en el tiempo, es decir, en la historia de estos pueblos, en sus tradiciones y en sus culturas. Existe un hecho incuestionable que nunca hay que olvidar cuando se busca una salida a la trágica situación actual: la integración de las dos civilizaciones -musulmana y ortodoxa- se vuelve imposible, pues las características de ambas son tan fuertes como diferentes son sus culturas. En consecuencia, es preciso apostar por la convivencia que se convierte en fundamental si no se quiere perpetuar el conflicto, ya que donde hay conflicto hay también violencia, limpieza étnica, genocidio, abusos y violaciones de los derechos humanos.
Europa ya no puede soportar que en sus fronteras persista una situación tan explosiva, caracterizada -como acabo de decir-más por motivos étnicos que por razones geopolíticas. Por esto, estimamos que el objetivo de la convivencia en el respeto de los respectivos valores y de las diferentes culturas tiene que ser la meta a alcanzar. No es con la guerra que se puede resolver un conflicto de este tipo, no es dotando a la policía de medios militares que el Gobierno de Belgrado podrá apaciguar la región. Permítanme añadir que no es con el tráfico de drogas que se permite a los kosovares armarse para perpetuar la guerra.
El desarraigo de la población de su territorio y del territorio de sus antepasados en que se asienta su identidad será siempre la causa de nuevas tragedias y fuente de futuros conflictos. La búsqueda de las formas y de los instrumentos para alcanzar la posibilidad de una convivencia que ofrezca garantías a ambas partes, nos parece que es el enfoque mejor para asegurar la pacificación. En este sentido, la solución política e institucional más adecuada es, en nuestra opinión, la autonomía de Kosovo y, en particular, la más amplia autonomía posible en un marco constitucional que la garantice con el respaldo de las instituciones internacionales y de la Unión Europea. Europa, por su parte, puede y debe contribuir al desarrollo económico de esa región y representar tanto para la población serbia como para la kosovar un punto de referencia de cara a la estabilización pacífica de la Federación.

Wiersma
Señor Presidente, a pesar de los esfuerzos intensivos de la comunidad internacional, los actos violentos en Kosovo siguen dominando el orden del día. La misión de los observadores de la OSCE no ha surtido el efecto deseado. Las terribles matanzas del último 15 de enero en Racak constituyeron un nuevo declive en el desarrollo del conflicto entre albanokosovares y serbios. Estas matanzas pusieron fin a un frágil armisticio que se había alcanzado en noviembre. No sólo las unidades serbias sino también el ELK, que con su táctica de guerrilla opera de forma cada vez más profesional, es responsable de la violencia del día a día. Nuevamente, varios miles de personas han tenido que huir de sus casas. Había y hay motivos para una intervención más activa de la comunidad internacional. La violencia bruta, el proceso de limpieza étnica entre la población civil y la desestabilización de Yugoslavia han de ser detenidos. Los actores de todos estos actos criminales deben ser perseguidos.
Mi grupo parlamentario apoya de corazón al Grupo de Contacto, así como la propuesta de plan de paz, con un periodo de transición para llegar a una autonomía sustancial para la región de Kosovo, un principio que siempre fue apoyado por mi grupo parlamentario. Las conversaciones de Rambouillet son un último intento de llegar a un acuerdo factible sin intervención militar de la OTAN. Por lo tanto, el Parlamento aprueba los preparativos de la OTAN como medio de presión en forma de una eventual intervención para garantizar el buen fin de las conversaciones.
También quiero añadir que es importante que nos preparemos para el envío de militares en el marco de la ejecución del acuerdo. En las conversaciones, tanto los serbios como los albanokosovares se ven presionados para llegar a una solución del conflicto. Para evitar que las conversaciones de Rambouillet sirvan a los intereses del ELK se ha dejado claro a los albanokosovares, con razón, que la única posibilidad de conseguir la presencia en la zona de una fuerza de intervención para la paz de la OTAN, radica en que hagan un esfuerzo real para llegar a un acuerdo total con los serbios sobre una autonomía interina para Kosovo dentro de la república federal de Yugoslavia.
En marzo del año pasado, el conflicto estalló con toda su fuerza. Ha transcurrido casi un año entero. Es hora ya de que todas las partes implicadas en el conflicto lleguen a un acuerdo. Por eso también llamamos a la Unión Europea y a todos sus Estados miembros a que desempeñen un papel claro y activo en la terminación de este conflicto. Deseamos expresar nuestra simpatía y apoyo a las actuaciones de los gobiernos británico y francés, pero también queremos manifestar claramente nuestro aprecio hacia la Presidencia alemana.
Como Unión Europea tenemos la iniciativa. Conservémosla. Repito: no se trata de la historia, sino se trata del futuro de Kosovo y de la gente que vive allí. No se trata de tener la razón, sino de obtenerla.

Bianco
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, es incontestable que la reunión de Rambouillet ha de protegerse de cara a unas negociaciones que, sin duda, son secretas, sin embargo, quizás usted podía habernos dicho algo más porque, sin perjuicio de la relación que se ha entablado y que, como usted decía, va consolidándose, en cuanto a los puntos espinosos, es cuando menos necesario ser conscientes de que si Rambouillet fracasa, hay que contar con una carta para resolver el problema, para afrontar el futuro, porque no se puede, como usted decía en su intervención, confiar únicamente en la responsabilidad de las partes implicadas, ya que dicha situación haría fracasar una vez más la posición de Europa.
Hemos tenido que escuchar del señor Comisario la hipótesis del despliegue de tropas en la zona que, en su caso, deberían garantizar las posibilidades de paz. Pero la cuestión más general y más importante que creo que debería abordar la Presidencia alemana es la de definir, por fin, un marco de directrices generales para toda la República Federal de la antigua Yugoslavia, dado que Macedonia está en ebullición y leo en la prensa que en Brisco se están volviendo a producir tensiones nacionalistas entre musulmanes y serbios, la situación está al rojo vivo y ha de ser afrontada con una política que la Unión Europea debería lograr aplicar en toda la zona.
¿Cuáles son las líneas que no sean sólo las de las intervenciones en situaciones de urgencia, que no sean sólo las propuestas para paliar una situación difícil? ¿Cuáles son los objetivos generales que la Unión Europea tiene intención de perseguir para llevar adelante un auténtico proceso de paz en toda la zona? Ésta es la pregunta, y esperábamos que la gran Alemania estaría en situación de planificar algún discurso, alguna línea.

Manisco
Señor Presidente, como acaba de decir el Sr. Bianco, también nosotros habríamos preferido una respuesta del señor Ministro y del señor Comisario a los interrogantes, a las reservas que muchos han formulado acerca de la puesta en marcha de estas negociaciones.
En este Pleno, evidentemente, confiamos en que Rambuoillet consiga desactivar la bomba de relojería de Kosovo, sin embargo, en este mismo Pleno no son pocos los que encuentran en el dispositivo político-militar elementos contraproducentes y alarmantes que podrían dar origen a la explosión de esa bomba con inevitables conflagraciones colaterales y en cadena.
La amenaza de la intervención militar -aún suponiendo que pueda reducir la intransigencia de una de las partes en conflicto-resultaría contraproducente en cuanto dejara de ser una amenaza. De hecho, la aviación de la OTAN se convertiría en la aviación del UCK e, incluso, implicaría la perspectiva de una fuerza de interposición. Sólo la OSCE, con un componente OTAN y el mandato de la ONU, podría dirigir esta fuerza, a la cual, obviamente, debería contribuir con hombres y medios la Federación Rusa. Y además existe la cuestión de Albania, de su continua ayuda al transporte masivo de armas a los insurrectos.
Con todo, habría que poner el acento en las presiones diplomáticas, políticas y económicas, mientras que los plazos apremiantes, apresuradamente impuestos a la negociación de Rambouillet, deberían desaparecer con el tiempo, al objeto de no dejar inexplorada ninguna de las alternativas aceptables por las dos partes implicadas en un plazo más o menos corto.

Titley
Señor Presidente, debo decir a modo de prólogo lo refrescante que es escuchar a un ministro admitir que no sabe más que nosotros acerca de la situación. Habiendo dicho esto, saludo la declaración del Presidente en ejercicio. Debemos reconocer que, a pesar de que con frecuencia en estos debates sobre Kosovo no hay más que fatalidad y tinieblas para el Parlamento, se han hecho grandes progresos, y dos cuestiones en particular deben ser apoyadas. El hecho de que ahora se esté negociando es en gran medida gracias al liderazgo de la Unión Europea. Finalmente estamos llevando a cabo una acción efectiva y felicito a la Presidencia alemana por el progreso realizado, y también al Ministro de Asuntos Exteriores británico así como al Ministro de Asuntos Exteriores francés.
En segundo lugar, tal y como siempre ha demandado el Grupo socialista, hemos conseguido mantener unido al Grupo de Contacto y, ciertamente, hemos involucrado activamente a Rusia en el proceso de consecución de la Paz. Esto es muy importante y no debemos hacer nada que socave la cohesión del Grupo de Contacto. Por supuesto que el trasfondo de la amenaza militar de la OTAN ha sido absolutamente esencial, tal y como nosotros en el Grupo socialista siempre hemos insistido.
Nuestro próximo desafío es claramente que estas negociaciones se prolonguen. Hemos establecido un calendario pero está claro que no debemos dejarnos arrastrar por las maniobras que hemos visto en el pasado en las que una parte o la otra prolongan demasiado las negociaciones de forma deliberada. Debemos ser claros que estamos en disposición de llevar a efecto las amenazas de la OTAN de bombardear Yugoslavia, literalmente en 24 horas tras la decisión, si no está preparada para alcanzar unas conclusiones adecuadas en las negociaciones. Debemos dejar claro que no vamos a comprometer tropas terrestres hasta que se alcance un acuerdo político. No deberíamos mandar ni un soldado de la Unión Europea o de la OTAN para que arriesgue su vida hasta que nosotros, los políticos, hayamos alcanzado un acuerdo político.
Al perseguir esto debemos presionar en especial al ELK. Ha sido muy fácil para el ELK provocar de las fuerzas serbias respuestas inadecuadas para ganarse la simpatía internacional. Debemos dejar claro al ELK que solo pueden ganar si hay un acuerdo político que les dé un alto grado de autonomía. Solo entonces sancionaremos, como Parlamento Europeo, la suerte de esfuerzo de reconstrucción que ha señalado el Comisario Van den Broek. Debemos asegurarnos que, al condenar a la parte serbia, somos exactamente igual de duros con la parte albanesa y no provocamos, por simpatía hacia una u otra parte, una situación peor que la existente.
Finalmente, pienso que, tal y como ha dicho el Sr. Wiersma, debemos evitar la trampa de recitar constantemente la historia en este conflicto. Debemos aspirar a encontrar un sistema de gobierno que permita a los Balcanes estar finalmente en paz, posibilitando la reconstrucción económica para avanzar y alcanzar la prosperidad en el futuro.

Imbeni
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, habíamos pensado en este debate tras la matanza de Racak, sin embargo, considero que hoy no estamos en condición de ofrecer una gran contribución a la vista de que ha comenzado la Conferencia de Rambouillet. Todas las intervenciones han sido interesantes, pero para nosotros es difícil intervenir en una etapa que, como decía usted, señor Presidente, se caracteriza por un justo secretismo. No todo tendría que permanecer en secreto. En las conferencias diplomáticas es justo; sin embargo, el Consejo y la Comisión podrían, por ejemplo, ayudar a la opinión pública europea a comprender quién ayuda a los contendientes cuando hay enfrentamientos armados. ¿Por qué siempre esperamos dos, tres, cuatro, cinco años? ¿Por qué debemos limitarnos a leer en los periódicos la identidad de quien facilita este material bélico? ¿Por qué no fomentamos la prevención, habida cuenta de que informar a la opinión pública es una acción de prevención? Dicho esto, me sumo a los que han expresado su apoyo a la Presidencia por la labor realizada. Considero importante que la Unión Europea adopte iniciativas, que se exprese, incluso con respecto a la opinión pública, a través de un papel político mayor que el que ha desempeñado en el pasado, pese a que continúa siendo clave nuestro papel en los ámbitos humanitario, de las ayudas al desarrollo democrático y del respaldo al desarrollo de la sociedad civil. Son todas cuestiones sumamente importantes que, sin embargo, no dan fe de un peso político efectivo.
Evidentemente, me cuento entre los que no están dispuestos a disparar a bocajarro contra la Unión Europea, pues constato una trayectoria ascendente en cuanto a su papel. ¿En qué punto insisto? También en la anterior ocasión, cuando abordamos la situación en Kosovo, puse el acento en este problema.
No estamos reflexionando sobre una gran zona de paz, de serenidad, tranquilidad, progreso y desarrollo económico en la que existe un problema bastante grave de conflicto interétnico, un problema que vuelve a plantearse. No, en esta ocasión, estamos examinando una faceta de un gran problema. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, el límite estratégico de nuestra acción -me refiero a la acción de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de Rusia y de todos los demás países- es que nos empecinamos en mirar una pieza del mosaico, sin tener en cuenta que, incluso si lográramos encontrar una solución al problema de Kosovo, la cuestión de los Balcanes seguirá abierta. Ahí está el punto. Haría falta un Rambuoillet que durase años, con muchos más protagonistas que los actuales: una conferencia internacional permanente en la que participaran Albania, Bosnia, Serbia, Croacia y Bulgaria. Entiendo que es muy difícil, pero deberíamos volver nuestras miradas hacia este gran escenario de los Balcanes, un tema que no se resolverá aunque se encuentre -esperamos cuanto antes-una solución a Kosovo.

Verheugen
Señor Presidente, Señorías, permítanme que comente brevemente tres aspectos que han intervenido en este importante debate. En primer lugar: ¿qué puede hacer en realidad la Unión Europea? Deberíamos tener claro que carecemos de la capacidad política o material necesaria para resolver nosotros solos el conflicto de Kosovo. Era necesario -y este es el hecho excepcional que ahora se ha producido- impulsar, con el apoyo de un gran prestigio político y una gran energía, una estrecha cooperación mutua entre diversas instituciones, a saber, el Grupo de Contacto, la Unión Europea, la OSCE, la OTAN y las Naciones Unidas. Esto requería la coordinación de cinco ámbitos internacionales. Sólo de este modo ha sido posible crear las condiciones políticas, jurídicas y militares necesarias para llevar adelante esta iniciativa. Todo ello se consiguió, por otra parte, en menos de diez días. La Sra. Pack ha preguntado con razón: ¿por qué no se nos ocurrió hacerlo antes? Yo debería devolverle en realidad la pregunta, pues el Gobierno que yo represento no tenía ninguna responsabilidad en aquel momento. Yo habría deseado, no obstante, que un Gobierno alemán anterior hubiese...
Exclamación de la Sra. Pack
Sí, ¡se trata de un Gobierno alemán! Yo habría deseado que éste hubiese planteado esta iniciativa. Por lo tanto, desconozco la respuesta, pero el caso es que se ha hecho ahora. Se ha hecho ahora porque se ha constatado que no se ha cumplido el acuerdo que el enviado especial americano Holbrooke alcanzó con Milosevic el pasado otoño y que Milosevic no ha cumplido lo acordado.
Voy a decirlo claramente una vez más: la Unión Europea no podía establecer por sí sola las condiciones militares necesarias, no podía poner en pie una amenaza militar creíble. No dispone ni siquiera de un soldado con cuya intervención pudiera amenazar. Por esto no deberíamos insistir demasiado en que la Unión Europea sólo ha cometido errores en relación con el tema de Kosovo. Conseguir la cooperación de todas esas instituciones, mantener a los rusos y los americanos en el mismo barco, lograr una actuación eficaz del Grupo de Contacto, todo ello no ha sido en verdad una tarea demasiado sencilla. Podría añadir algunos comentarios sobre la problemática en el Consejo de Seguridad, la necesidad de contar con la participación de Rusia, pero los aspectos esenciales ya se han mencionado aquí.
El segundo punto que quisiera señalar es que, una vez que se haya cerrado un acuerdo provisional -que es lo que se intenta conseguir en Rambouillet-, será necesario garantizar militarmente el resultado alcanzado. Me refiero ahora a la salvaguardia militar de una solución negociada. No hablo de una intervención militar en contra de la voluntad de las partes en conflicto. Ese es otro tema completamente distinto. Nuestro objetivo es alcanzar ahora un acuerdo en Rambouillet, que será inicialmente un acuerdo provisional por un período de tres años. Durante este plazo será preciso contar en cualquier caso con la garantía militar de una operación tipo SFOR. Varios Estados europeos, entre ellos Gran Bretaña y Alemania, pero también otros, ya se han ofrecido a aportar tropas de tierra, de manera que existen muchas probabilidades de poder organizar una operación suficientemente amplia y también lo bastante sólida.
Habrá que aprovechar el plazo comprendido entre el acuerdo que se intenta alcanzar en Rambouillet y la finalización de dicho acuerdo provisional para preparar una Conferencia balcánica que se encargue de lo que se ha pedido repetidamente aquí, o sea, de debatir la situación general y sentar al fin las bases de una política que no se concentre en un solo tema concreto, pasando por alto que todos esos problemas concretos están interrelacionados.
El proyecto de la Presidencia y la iniciativa impulsada por Gran Bretaña y Francia juntamente con Alemania incluye empezar a trabajar con vistas a una conferencia de esas características que se proponga establecer la estabilidad, la seguridad y la cooperación en el conjunto de la región de los Balcanes. Este empeño constituye un gran, un enorme reto.
Sólo lo conseguiremos -y este es el tercer punto que quería abordar- si desarrollamos un planteamiento estratégico claro y convincente para esa zona de Europa. Ya lo he dicho esta mañana en las conversaciones que he mantenido con el Consejo de Europa en nombre de la Presidencia y lo repito aquí: nos encontramos ante una situación en la que se enfrentan dos concepciones distintas de Europa. Este hemiciclo representa la Europa del siglo XXI, la Europa de la integración, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos y, por consiguiente, en último término también del bienestar y de la prosperidad personal de sus gentes.
La Europa con la que nos encontramos en Kosovo, en Bosnia y lamentablemente también en otras partes del continente ha quedado anclada en los atavismos del siglo XIX. Tenemos que hacerles comprender a sus habitantes que tienen la posibilidad de elegir entre sumarse a la Europa moderna de la integración, que mira hacia el futuro, o permanecer prisioneros de los conflictos, la estrechez de miras y el nacionalismo del siglo XIX, cuyo resultado final sólo puede ser de sufrimiento, opresión y muerte para las personas. Sin embargo, al menos tenemos que dejar claro que tienen esta opción. Es decir, que también tenemos que estar dispuestos a ofrecerles la perspectiva de la integración en Europa, con todas las instituciones y todos los instrumentos con los que contamos. Se trata sin duda de un planteamiento a muy largo plazo. No estoy hablo de años, sino ciertamente de decenios. Pero incluso el camino más largo debe empezar por un primer paso. Ha llegado el momento de dar este primer paso.
En realidad, siento envidia, pero en lo que se refiere al secreto que rodea a Rambouillet, tenemos que aceptar que esas son las reglas del juego. Ustedes lo saben y sería ingenuo pensar que ya puedan haberse alcanzado resultados reales, resultados intermedios en las negociaciones, y que si los hubiere, podrían exponerse aquí. No obstante, yo quisiera describir así la situación: el hecho de que las delegaciones continúan reunidas, que hayan acudido, que no haya habido ningún intento de distracción inicial -no queremos sentarnos juntos en la misma sala o no admitimos que participe tal persona o sólo hablaremos bajo tales y cuales condiciones-, el hecho de que las negociaciones se estén desarrollando desde el domingo, constituye de hecho un indicio de que se está trabajando con vistas a conseguir resultados. Dentro de pocos días dispondremos de una valoración del Grupo de Contacto sobre el resultado conseguido hasta el momento y entonces se decidirán las siguientes actuaciones.
Yo quisiera replicar claramente a la intervención de un colega que se ha manifestado en contra de la presión de un plazo fijo para completar las negociaciones. Un elemento esencial de la estrategia elegida es someter a las partes en conflicto a la máxima presión posible, también en lo que se refiere al tiempo. Yo estoy firmemente convencido de que un enfoque que ofreciera a las partes en conflicto la posibilidad de jugar con el factor del tiempo, fracasaría. La estrategia incluye un elemento de fuerte presión. Deben tener en cuenta que las partes en conflicto no se mostraron dispuestas a acudir a la mesa de negociaciones por iniciativa propia, sino que lo hicieron respondiendo a una exigencia muy masiva, categórica y apoyada en una poderosa amenaza de la comunidad internacional. Forma parte integrante de dicha exigencia que las negociaciones deben alcanzar un resultado dentro de un plazo determinado de tiempo, un plazo deliberadamente muy corto.
Para resumir, yo quisiera decir que es posible que en estos momentos hayamos conseguido, como europeos, un nuevo estadio en nuestra capacidad de maniobra en el ámbito de la política exterior y de seguridad. Es cierto lo que ha dicho el colega Swoboda: se trata de una iniciativa surgida plenamente de la Unión Europea, que demuestra de lo que somos capaces cuando dejamos campo libre a la imaginación y la creatividad.

Pack
Señor Presidente del Consejo, yo quisiera rogarle cordialmente que no olvide que no se encuentra aquí en calidad de Ministro adjunto (Staatsminister) alemán, sino como Presidente del Consejo, que habla en nombre del Consejo, y yo siempre me he permitido expresar mi opinión, más allá de las tendencias de la política de partidos, tanto si los caballeros -salvo en una ocasión, siempre han sido hombres- pertenecían a mi orientación política como si no. Si tengo una queja contra el Consejo, la expresaré, y ustedes representan ahora al Consejo durante un semestre. La próxima vez se tratará de un finlandés y tampoco voy a tratarle con guante de terciopelo, igual que no lo he hecho con usted. Usted no se encuentra aquí en calidad de Ministro adjunto alemán, sino como Presidente del Consejo y yo le ruego, por lo tanto, que no sea tan susceptible y que haga llegar este mensaje a nuestro país: ¡nosotros no atacamos aquí a los alemanes, sino a la Presidencia del Consejo!

Bianco
Señor Presidente, con su permiso intervengo como italiano y me permito recordarle que, cuando usted hace referencia a los países que están interesados por los problemas de los Balcanes, no solo existen Francia, Alemania y Gran Bretaña, sino también Austria e Italia, países fundamentales en este ámbito.

Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Relaciones entre los PTU, ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión (continuación)
Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0036/99) del Sr. Aldo, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, sobre las relaciones con países y territorios de ultramar, países ACP y regiones ultraperiféricas.

Vecchi
Señor Presidente, permítame ante todo felicitar, en nombre del Grupo socialista, al Sr. Aldo por haber elaborado, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, un excelente informe que ha propuesto con firmeza por iniciativa propia.
En el debate de hoy tenemos que abordar un aspecto importante para el desarrollo de unos territorios con estatutos jurídicos y niveles de desarrollo muy diferentes, pero que comparten, cuando menos, la situación geográfica. Los PTU, los países ACP y las regiones ultraperiféricas son, de hecho, entes distintos entre sí, para los cuales, justamente, la Unión ha arbitrado instrumentos diferentes.
He de decir con franqueza que no todos los aspectos que figuran en el informe del Sr. Aldo me convencen plenamente. Sin embargo, creo que es preciso captar el mensaje político fundamental de su informe, esto es, la necesidad de profundizar las relaciones a través de una intensa cooperación descentralizada entre los tres distintos entes que acabo de mencionar, al objeto de alcanzar un desarrollo territorial armónico.
La relación se desarrolla fundamentalmente desde la perspectiva de las regiones ultraperiféricas y de los PTU. Hoy, el Parlamento Europeo se expresa partiendo de este supuesto. No obstante, creo que será absolutamente necesario implicar a los países del Caribe y Pacífico para atender sus ideas y sus necesidades, así como para subordinar cualesquiera iniciativas a sus intereses. La plena implicación de todos los actores interesados en las consultas y en el proceso decisorio reviste gran importancia.
En el informe se abordan también las cuestiones relacionadas con los regímenes comerciales. En cuanto a este aspecto, es fundamental actuar con mucha prudencia, puesto que son conocidas las dificultades surgidas, incluso recientemente, a raíz del abuso de las normas específicas aplicadas a los PTU. Qué duda cabe de que el objetivo de fomentar la integración comercial de los RUP, PTU y ACP es elogiable, pero debe cumplirse protegiendo la situación específica de los países ACP y en el marco de la definición de nuevas normas más generales relativas al nuevo Convenio después de Lomé, al nuevo SPG, a la reforma de la PAC y a las normas de la OMC.
Al mismo tiempo, es preciso tener en cuenta, en el marco de las distintas organizaciones comunes de mercado, los intereses de todos los agricultores europeos.
En su conjunto, sin embargo, lo que el informe de iniciativa pretende es lanzar un mensaje importante y positivo: a través de la profundización de la cooperación exterior y de la afinación de los instrumentos de acción, también los territorios situados geográficamente más lejos de la Unión pueden encontrar un nuevo papel y encaminarse hacia nuevas vías de desarrollo, y esto también en beneficio de los países en desarrollo que están cerca de ellos.
Es un mensaje importante que compartimos plenamente. Por esto nuestro Grupo votará a favor de todo el informe aprobado en la comisión, aunque considera que algunos de sus aspectos específicos necesitan una mayor profundización.

Lehideux
Señor Presidente, Señorías, el informe de nuestro colega el Sr. Aldo es, en mi opinión, muy importante. Importante por el método elegido para su elaboración; importante, pues afirma la voluntad natural de las regiones y de los países y territorios interesados de concluir partenariados regionales; e importante por las propuestas que formula.
La Comisión de Desarrollo, durante una sesión de lo más apasionante, oyó a los representantes de las regiones de ultramar y de los países y territorios de ultramar. Era algo nuevo, pero fue un momento capital para la comprensión por este Parlamento de las dificultades, las necesidades y los proyectos de los europeos del otro extremo del mundo. Ese diálogo era necesario y debe proseguir en el mayor número de foros posible y el informe hace, por lo demás, propuestas al respecto que nosotros apoyamos.
Como decía hace un instante, este informe afirma la voluntad natural de las regiones ultraperiféricas y de los países y territorios de ultramar de concluir partenariados regionales. Es, evidentemente, primordial para ellos, para su desarrollo y para su futuro, pero es también y tal vez sobre todo esencial para la Unión, pues en todos los casos será ella la que esté presente en esos partenariados, con lo que añadirá un aspecto importante a su cooperación con los países ACP. Es en cierto modo el reconocimiento y la afirmación de la dimensión planetaria de la Unión, de su papel económico, pero también y sobre todo de su peso político. No sólo debemos aceptar a esos interlocutores, sino también acompañarlos y facilitar su desarrollo.
Para ello, el ponente hace varias propuestas. En el tiempo que se me ha concedido, quisiera mencionar una sola: la creación de unidades descentralizadas de la Comisión en las regiones ultraperiféricas y, por otra parte, la implantación de antenas o estructuras de enlace en los países y territorios de ultramar. Esta propuesta procede en particular de los representantes democráticos locales de una región ultraperiférica y agradezco efusivamente al ponente que la haya integrado en su texto, con lo que le ha dado todo su peso y toda su fuerza, pero no debe quedar en un voto piadoso. Si la aprueba mañana, nuestro Parlamento deberá seguir atentamente su puesta en práctica; se transformará poco a poco en un elemento esencial de la cooperación de la Unión con los países ACP. Deberemos prestarle mucha atención.

Telkämper
Señor Presidente, el presente informe fue aprobado en la comisión con una gran mayoría y yo creo que es el resultado de un prolongado debate. En él se expone que las regiones insulares y las que se encuentran aisladas y alejadas del espacio económico central de la Unión sufren unas limitaciones. El informe recuerda que hay tres tipos de subregiones que deben ser consultadas y que a las que se debe hacer partícipes de las decisiones, y la referencia a las nuevas negociaciones en el marco de los países ACP es importante en este contexto, a mi parecer.
Las referencias al comercio, al Sistema de Preferencias Generalizadas y a la necesidad de una política coherente constituyen uno de los puntos fundamentales del informe y con vistas las futuras negociaciones. Debemos apoyar las exigencias concretas en el ámbito de las telecomunicaciones, de la investigación y desarrollo tecnológico, de la educación y la formación profesional y de la prevención de las catástrofes naturales que aquí se recogen. Yo creo que todos coincidimos en que es necesario promover una integración en el marco regional. Cuando en la página 12 del Informe se habla de una Europa del Caribe, se está expresando, por un lado, esta problemática, pero a la vez yo creo que ello también es la manifestación de un problema que arrastramos desde la época colonial.
¿No sería razonable reunir a estas tres subregiones, concederles la independencia, unirlas mediante un nuevo tratado en una alianza regional y prestarles apoyo para así poder dejar atrás de una vez esa parte de la antigua historia colonial? Es una idea y una sugerencia que deberíamos hacer nuestra, pues dicha reivindicación y la mera expresión «la Europa del Caribe» me resultan sencillamente incomprensibles. Yo me encuentro en Europa, en este espacio económico, en este espacio comercial, que deseamos organizar y controlar democráticamente. Los habitantes de otras regiones también desean lo mismo. ¿No queremos apoyar los procesos regionales? ¡Tendríamos que proponernos seguir desarrollando esta idea en el futuro!

Hory
Señor Presidente, en mi nombre personal, en el de la Sra. Taubira, que ha quedado retenida por amenazas de manifestaciones diversas, y en nombre de mi Grupo, quisiera expresar nuestro total apoyo a la iniciativa particularmente pertinente de nuestro colega Blaise Aldo, que, por fin -podríamos decir-, nos propone una reflexión global y coherente sobre las relaciones regionales de los países ACP, de las regiones ultraperiféricas de la Unión y de los PTU asociados.
Quisiera decir también, en relación más en particular con los PTU, y sobre todo con el que conozco mejor, la colectividad territorial de Mayotte, que estoy plenamente de acuerdo con los análisis de Blaise Aldo y del Sr. Castagnède, ponente de opinión de la Comisión de Política Regional, sobre la imprecisión jurídica, la incoherencia económica y la iniquidad social de la situación reservada a los PTU por la Unión Europea. El Sr. Aldo nos dice que son los parientes pobres de la Unión Europea. Tiene toda la razón y habría podido subrayar la paradoja en virtud de la cual, cuando se trata de la solidaridad interior de la Unión Europea, los PTU no son bastante ricos para estar con los ricos, y, cuando se trata de la solidaridad exterior de la Unión, los PTU no son bastante pobres para estar con los pobres. Voy a poner, a partir de Mayotte, varios ejemplos de esa incoherencia de nuestra situación. Mayotte, por ejemplo, no forma parte de la Unión Europea, pero vota en las elecciones europeas. Mayotte necesita para su desarrollo normas jurídicas estables y seguras. Ahora bien, el Derecho comunitario no se aplica en ese territorio ni directa ni automáticamente por un procedimiento de recepción en el derecho interno. Se aplica según el capricho de las menciones de aplicación que caracterizan la regla de la especialidad legislativa. Se nos habla también de desarrollo económico mediante la producción local, pero Mayotte, ya desfavorecida por lo reducido de su mercado, la insularidad y el costo del trabajo, se ve perjudicada por la regla de no reciprocidad de las ventajas concedidas a los países ACP de la región.
Un último ejemplo: importamos todo de la Unión Europea, pero no tenemos otros recursos fiscales que los que consisten en castigar con derechos de aduana nuestras propias importaciones. Por eso creo que la única solución para los PTU, que nuestros colegas deben distinguir -así se lo pido- muy claramente de los Departamentos de Ultramar, consiste en una reformulación total del apartado 3 del artículo 227 del Tratado a fin de permitirles afirmar su pertenencia al conjunto europeo y también aportar a la Unión Europea, en particular mediante la decisiones locales, la riqueza de sus diversidades y su particularismo.

Sandbæk
Señor Presidente, el Movimiento de Junio aplaude la iniciativa adoptada por la Comisión de Desarrollo de elaborar un informe que examina las relaciones entre los países y territorios ultramarinos, los países ACP de África, el Caribe y el Pacífico y las regiones ultraperiféricas de la UE. Es importante que los proyectos que la UE apoya en estas zonas sean coordinados y que la UE tenga éstos cada vez más en cuenta en sus propias políticas. Es una ventaja a la hora de promover la colaboración descentralizada y regional entre los propios países ultramarinos y con los países ACP, porque esto puede ayudar a impulsar su propio desarrollo. Resulta importante por ello entablar un diálogo y desarrollar una participación de igual a igual donde se respeten las peculiaridades de cada interlocutor.
Ni podemos ni debemos estar dictando desde Estrasburgo los fines de la colaboración. En primer lugar, es indigno. En segundo lugar, estos países son los que disponen del mejor conocimiento de las circunstancias locales. Sin embargo, nosotros podemos, tal y como destaca la Comisión de Desarrollo, impulsar financieramente la colaboración en campos como la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica, la educación y la cultura, la mejora de las conexiones marítimas y aéreas, la protección medioambiental y el acceso a las tecnologías de la información. Y también podemos y debemos garantizar en las negociaciones comerciales internacionales que se mantengan los privilegios comerciales de los que disfrutan los territorios ultramarinos y los países ACP. Con ello impulsamos también aquello sobre lo que debe versar todo debate sobre desarrollo: la lucha contra la pobreza.

Antony
Señor Presidente, Señorías, queremos felicitar a nuestro colega Blaise Aldo por el notable trabajo que ha realizado. Se ve en él la marca de su realismo, de la sabiduría, y también de lo que voy a llamar un sano empirismo, cualidades todas que son poco comunes, por lo general, en esta Asamblea. Pero sólo es un informe, por lo que expresa -creo yo- el fruto de su trabajo y sus reflexiones. Creo también que expresa otras corrientes, otras fuerzas políticas, seguramente, y debo comunicar a Sus Señorías algunas reservas.
En el plano de los principios, no podemos aceptar el riesgo de una deriva de asimilación progresiva de nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar a los países ACP. Ahora bien, se trata de un riesgo que no me parece enteramente desdeñable, cuando leo un poco entre líneas. Para nosotros, y quisiera precisarlo aquí para los franceses cuya expresión somos, nuestros Departamentos de Ultramar, nuestros Territorios de Ultramar, la Reunión, Mayotte, las Antillas, Nueva Caledonia, Polinesia, la Guayana, son tierras francesas por las mismas razones que nuestros departamentos metropolitanos. Conocemos su especificidad y precisamente insistimos siempre en la necesidad de que intervenga la solidaridad nacional para afrontar las dificultades que representan su lejanía, su demografía y su situación económica. Por lo demás, debo decir que he escuchado con atención lo que decía nuestro colega el Sr. Hory, que conoce bien la situación, y sus observaciones eran totalmente pertinentes y -creo yo- de sentido común. El desempleo es, por ejemplo, muy elevado en la Reunión y en las Antillas. Por consiguiente, antes que dedicar nuestros esfuerzos a la integración de una inmigración extranjera sin límite, cuyo peso resulta insoportable y cada vez más trágico, y que afecta también a nuestro departamento de la Guayana, antes que intentar superar los efectos del desarraigo, de la inadaptación, del rechazo de la asimilación, o incluso de la presencia de comunidades que pretenden ser cada vez más dominadoras y conquistadoras, deberíamos poner en juego plenamente la solidaridad con nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar.
Ahora bien, si bien deseamos otra Europa, otro sistema de cooperación con los ACP, que, en el marco de esta intervención, no puedo exponer, no ponemos en entredicho las propuestas concretas que el informe de nuestro colega el Sr. Aldo hace con razón: las de la pesca, por ejemplo.
Nos complace decir que se trata de un buen trabajo. No obstante, manifestaremos cierta inquietud inspirada por nuestro sentido del interés nacional y del interés de nuestros Departamentos y Territorios de Ultramar, por lo que, con cierta desazón, nos abstenemos, a reserva de una reflexión complementaria.

Medina Ortega
Señor Presidente, creo que lo primero que tenemos que hacer es precisar lo que quiere realmente el informe Aldo. No se trata en este momento de una definición del estatuto de los territorios de la Unión Europea que están fuera del continente europeo. Ese estatuto ya está definido. Las regiones ultraperiféricas son parte del territorio comunitario, con igualdad de derechos, de forma que los ciudadanos de las regiones ultraperiféricas, como el que les habla o como el Sr. Aldo, somos electores y elegidos en la Unión Europea, vivimos en regiones que están situadas lejos del núcleo continental de Europa pero somos miembros de la Unión Europea como cualquier otro ciudadano comunitario, con la peculiaridad de que estamos más lejos.
Es cierto que con respecto a los países y territorios de ultramar británicos, franceses, holandeses y daneses hay alguna ambigüedad, porque alguno de esos territorios parece que está en estado evolutivo pero, en definitiva, también son territorios de la Unión Europea.
Los países ACP son países independientes y Estados soberanos. Nadie está tratando ahora de regular su estatuto ni de asimilar unos a otros. Es decir, evidentemente, las Islas Canarias -a las que yo pertenezco- son parte de la Unión Europea y van a seguir siéndolo porque son parte de España desde el siglo XV.
De lo que se trata en el informe Aldo es de utilizar este potencial que tiene la Unión Europea en unas regiones tan alejadas para contribuir a una de las finalidades de la Unión Europea, que es la ayuda al desarrollo. Es cierto que las regiones ultraperiféricas -y quizás más los países y territorios de ultramar- tienen un nivel de vida relativamente bajo en comparación con la media comunitaria, pero ese nivel es muchísimo más alto que de los países ACP.
Las propuestas del informe Aldo van dirigidas a establecer una relación y esto, sobre todo, tiene importancia en el área en la que el propio Sr. Aldo tiene su residencia, en la región caribeña, en la que el reparto geográfico corta un poco la situación y el estatuto de cada una de esas regiones.
Yo creo que son unas propuesta positivas, como dijo antes el Sr. Vecchi. Probablemente necesitarían perfilarse con un poco más de detalle, pero es positiva la utilización de las regiones por parte de la Comisión como plataformas para operaciones de ayuda al desarrollo, como forma de estimular una cierta integración entre esas regiones y las zonas más próximas de menor desarrollo económico.
Como se trata de un informe de iniciativa -es evidente que el informe del Sr. Aldo no es un informe vinculante- la Comisión podría utilizar alguna de las consideraciones y algunas de las propuestas del Sr. Aldo para hacer propuestas concretas que permitieran que tanto las regiones ultraperiféricas como los países y territorios de ultramar se asociaran de una manera muy intensa a los esfuerzos que está llevando a cabo la Comisión Europea para apoyar a la ayuda al desarrollo en el resto del mundo.
En este sentido, creo que debemos congratularnos de que el Sr. Aldo haya hecho este magnífico trabajo y para mí constituye el inicio, por lo menos, de un aspecto de la acción de la Comunidad en el ámbito de la ayuda al desarrollo.

Fernández Martín
Señor Presidente, el debate del informe de Blaise Aldo tiene la virtud de su oportunidad política.
Los países ACP, como ha quedado patente en numerosas ocasiones y particularmente en la sesión de la Asamblea Paritaria ACP/UE, celebrada la primavera pasada en Isla Mauricio, han apostado por el incremento de la cooperación regional en los ámbitos políticos, económicos, comerciales y culturales.
Por su parte, los territorios ultramarinos europeos vienen reclamando, de manera creciente, una mayor atención que permita su integración en un mundo en desarrollo de economía globalizada.
Hay que recordar un hecho fundamental: es verdad que los territorios ultramarinos no son territorios de la Unión, pero sus habitantes son ciudadanos comunitarios a los que no podemos olvidar. Por su parte, las regiones ultraperiféricas de la Unión son regiones que gozan de un estatus específico, incorporado desde el Tratado de Amsterdam como Derecho primario de la Unión, y pueden jugar en el futuro un papel en el desarrollo de las relaciones de la Unión con los países ACP, por ejemplo en el marco de INTERREG, si son capaces de rentabilizar su situación geográfica.
Los ejemplos de cooperación interregional que pueden citarse son múltiples. Valga, por ejemplo, el caso de La Reunión en el sur del Índico, de los DOM franceses en el Caribe o de las Islas Canarias con algunos países del África occidental como reveladores de las posibilidades que ofrece una cooperación cuya dimensión no puede ser ignorada. Hace tres semanas, el secretariado permanente de las Cámaras de comercio ACP se ha reunido en las Islas Canarias con vistas ubicar allí su sede permanente -dicho esto sólo como uno de los muchos ejemplos que puedan darse-.
Por estas y otras razones creemos que vamos a votar -afirmo que vamos a votar- a favor del informe Aldo. Y me gustaría -para terminar, señor Presidente-, ya que todos estos hechos que hemos señalado son conocidos por la Comisión, conocer qué opinión tiene la Comisión, dada la ausencia de fundamento jurídico, sobre la forma de encauzar estos elementos de manera que hagan posible la cooperación de tres entes que son distintos pero que tienen posibilidades de ayudarse mutuamente.

Carlotti
Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo y Cooperación ha querido que se hiciera este informe de iniciativa sobre las relaciones entre los países y territorios de ultramar, los países ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Blaise Aldo, el ponente, ha hecho un trabajo considerable y le felicito por sus valerosas conclusiones.
El Sr. Aldo nos ha mostrado que teníamos un deber para con esas regiones. Amparadas en su originalidad y su diversidad cultural, identitaria y estatutaria, constituyen auténticas representantes de la Unión Europea en el mundo, pues son otros tantos puestos avanzados en el Caribe, el océano Índico, el Atlántico o el Pacífico y encarnan el modelo europeo en sus valores de democracia y libertad. Además, nuestros lazos culturales e históricos exigen nuestro apoyo y nuestra estrecha cooperación.
Ahora bien, pese a nuestros acuerdos comerciales y a nuestros programas específicos, nunca habíamos logrado emprender una reflexión global sobre el futuro de esas regiones y sobre sus propias relaciones con los países ACP. Ya era hora, en el momento en que la Unión Europea emprende un triple proceso de renovación y renegociación de los acuerdos de Lomé, de revisión de su asociación con los PTU y aplicación de una integración idónea con las regiones ultraperiféricas.
Creo que la reflexión hecha por Blaise Aldo llega en un momento oportuno, pues resulta indispensable que la Unión Europea se comprometa a favorecer un desarrollo económico y social armonioso en esas regiones y a ayudarlas a integrarse en el sistema comercial e internacional y a afrontar la competitividad mundial. A ese respecto, quisiera subrayar únicamente tres puntos del informe Aldo: su dimensión política, con la creación de un foro de diálogo entre la Unión Europea y los PTU, su dimensión económica, con la creación de un fondo europeo para el desarrollo de proyectos económicos y sociales y, por último, la implantación de antenas de representación de la Unión Europea, de estructuras de enlace, a fin de promover proyectos de formación e información de los protagonistas o de las poblaciones.
Naturalmente, apoyo la idea del ponente sobre el mantenimiento del régimen comercial actual, es decir, el libre acceso para los productos procedentes de los PTU, en condiciones que no perjudiquen a los países ACP.
En conclusión, creo que es de desear que la Comisión preste la mayor atención al informe Aldo para que ese documento se plasme en propuestas concretas.

Günther
Señor Presidente, cuando contemplo el globo terráqueo y reflexiono sobre las regiones de las que estamos hablando, siento un cierto vértigo al pensar en los problemas que intentamos resolver desde Europa en todo el mundo. Es cierto que también tenemos compromisos particulares, en primer lugar con los Estados ACP. El ponente, a quien yo también quiero felicitar por su informe, señala en su exposición de motivos que la evolución de la situación en dichos territorios, en los PTU, no ha sido nada positiva a pesar de las ventajas de las que disfrutan. Yo no sé si estamos adoptando el enfoque adecuado para modificar dicha situación. El ponente propone una serie de medidas administrativas, por un lado, y de medidas financieras, por el otro lado. Yo encuentro a faltar un mayor hincapié en el enfoque regional, al cual también han hecho referencia repetidamente los oradores que me han precedido. En efecto, yo pienso que se maximizarían las oportunidades de desarrollo si se excluyen de entrada las grandes distancias y se intenta reforzar la cooperación en el marco de dichas regiones.
Aunque formo parte de la Comisión de Desarrollo, yo sigo teniendo algunos problemas con algunos puntos y algunos párrafos del informe. Me refiero, por un lado, al tema de la ampliación de la ciudadanía de la Unión, que aquí se menciona, pero que sin embargo está vinculada a unos requisitos muy claros; en segundo lugar, está el tema de la creación de un fondo específico financiado con cargo al Presupuesto comunitario, que yo temo que nos limite y nos comprometa en cierto modo y nos haga perder flexibilidad; y en tercer lugar, está la creación de oficinas de enlace en todos esos países, lo cual a mi parecer representa también un gasto administrativo adicional, sin que alcance a ver su utilidad.

Van Putten
Señor Presidente, yo también reconozco la importancia del informe de Blaise Aldo, y se lo agradezco. Con razón pide la atención para las áreas que todos acabamos de comentar, y entra en la materia, entre otras cosas, del comercio y del igualamiento con el AS. En cuanto al fondo, también tengo mis preguntas, como las formuladas anteriormente por mis colegas, entre ellos la Sra. Günther. Si esa es la solución correcta, aún no lo sé.
De todos modos, sorprende que sean fundamentalmente los franceses quienes celebran este debate, y que desgraciadamente sea yo la única neerlandesa que entra en esta materia, ya que también afecta a las Antillas Neerlandesas. Muy sorprendente: no hay ningún inglés en esta sala y, sin embargo, ellos también tienen sus territorios de ultramar. Porque, señor Presidente, es interesante: existen dos tipos de territorios de ultramar. Tenemos los DUM y los PTU. Los DUM sólo son los territorios de ultramar franceses. Nosotros, los neerlandeses, decimos: es como si los PTU fueran una especie de hijastros. Siempre tienen un trato ligeramente distinto; y tal vez sea esa la razón de algún que otro de los conflictos importantes.
A veces lleva a situaciones extrañas. Por ejemplo, las Antillas Neerlandesas tienen su isla Sint Maarten. Los franceses tienen su Saint Martin. Simplemente es la otra cara de una misma isla. En nuestro lado está el aeropuerto; el lado francés es territorio europeo. Es asombroso que aún no haya habido ningún estudioso de los Países Bajos o de Francia que haya escrito una tesis sobre lo que significa aquello, por ejemplo, para los controles fronterizos europeos u otros temas relacionados.
Pero concluyendo, señor Presidente, creo que hemos de considerar especialmente ese trato de los PTU en comparación con el de los DUM. Si los DUM tienen un estatus tan especial, ¿qué significa para los PTU? De hecho quiero pedir que más adelante la Comisión preste atención también a este punto -y repito, es muy importante- en forma de un suplemento al informe del Sr. Aldo.

Mendonça
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Sr. Mendes Bota, que no puede estar presente, expreso aquí su posición.
La potenciación de una nueva regionalidad tripartita, estrechando los lazos económicos, sociales y políticos entre países y territorios ultramarinos, países ACP y regiones ultraperiféricas de la Unión Europea no podría llegar en mejor momento. El informe del Sr. Aldo abre nuevas vías para un nuevo tipo de ayuda al desarrollo, un nuevo modelo bastante diferente de la ayuda tradicional, hasta ahora plasmada en el Convenio de Lomé, en el antiguo FED o en los acuerdos bilaterales entre países ricos y países en vías de desarrollo.
La solidaridad retrocede peligrosamente en el mundo actual. En 1997, las ayudas públicas y los créditos privados en los países de la OCDE destinados a la cooperación se redujeron en 41.000 millones de dólares, con lo que se situaron en 324.000 millones de dólares, es decir, el nivel más bajo del decenio. Son necesarios nuevos impulsos y esos partenariados regionales y subregionales pueden ser una inversión con retorno visible para todos los interesados. La institucionalización de los PTU y de las regiones ultraperiféricas como socios especiales en el ámbito del Convenio de Lomé, integrándose en particular en una Asamblea Paritaria renovada, merece nuestro beneplácito. Como también apoyamos de forma general el riquísimo abanico de propuestas, ideas y sugerencias constantes de la resolución conclusiva de este informe.
Particularmente en lo referente a las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores, Canarias, la Reunión, Guadalupe, Martinica o la Guayana, hay que subrayar que son simultáneamente la frontera avanzada de la Unión y verdaderos centros estratégicos para el fortalecimiento de las relaciones comerciales con varios conjuntos regionales, así como faros de vigilancia de los valores de la democracia y la libertad en el Atlántico, el Índico y el Pacífico. En esas regiones debería la Unión Europea establecer delegaciones con poderes descentralizados para coordinar las acciones de apoyo en el ámbito de la cooperación regional ya abordada.

Baldi
Señor Presidente, Señorías, deseo en primer lugar congratularme con el ponente, Sr. Aldo, por el magnífico trabajo realizado y por habernos transmitido con gran pasión su experiencia precisamente en lo referente al informe que nos ocupa.
Cierto que coexisten en diversos puntos del planeta, dentro de un mismo conjunto regional, Estados pertenecientes al grupo ACP, países y territorios de ultramar pertenecientes a los Estados miembros de la Unión y regiones ultraperiféricas que forman parte integrante de la Unión Europea.
Ya en el Tercer Convenio de Lomé, celebrado para el período 1984-1989, se desarrolló una idea de cooperación reforzada entre estos tres entes con estatutos diferentes. Paralelamente a las negociaciones sobre el futuro Quinto Convenio de Lomé iniciadas el 30 de septiembre de 1998 entre las Unión Europea y los países ACP, y a la ratificación del Tratado de Amsterdam, empezarán las reflexiones sobre el futuro de las regiones ultraperiféricas y de los países y territorios de ultramar.
Es, sin duda, necesario deparar mucho interés y diferenciar cuidadosamente estos territorios. Lo que comparto y quiero subrayar en este Pleno, es la importancia del fondo de prevención de catástrofes resaltada por el señor ponente, como ya hicimos en el seno de los grupos sobre el cambio climático para los pequeños Estados insulares, grupo que presido en la Asamblea Paritaria ACP-UE, porque es notorio que estos territorios son especialmente vulnerables y, por tanto, precisan nuestra intervención, sobre todo porque conocemos perfectamente sus actividades que, al desarrollarse principalmente a lo largo de las zonas costeras, tienen una importancia fundamental tanto para la economía como para el ámbito social.
En consecuencia, considero que el Sr. Aldo ha puesto de relieve estos problemas con gran atención y que, por lo tanto, es necesario respaldarlos con fuerza, habida cuenta de que también en la próxima Asamblea Paritaria se aprobará un informe en este sentido.

Van den Broek
Señor Presidente, mi colega João de Deus Pinheiro lamenta profundamente no poder dirigirse a Sus Señorías esta tarde. Me siento muy honrado al substituirlo en relación con este asunto, ya que la Comisión se felicita de la labor llevada a cabo por esta Comisión de Desarrollo y Cooperación, en particular gracias a su dinámico ponente, el Sr. Aldo, así como las comisiones parlamentarias a las que corresponde emitir una opinión, cuyos ponentes son el Sr. Castagnède y el Sr. Souchet.
Esa labor se plasma en un informe de iniciativa denso por los diversos temas -financiero, comercial, humano y geopolítico-que aborda y complejo por los diferentes tipos de estatutos a los que se refiere: las regiones ultraperiféricas de la Unión, los cuatro DU, las Canarias, las Azores y Madeira, los veinte países y territorios asociados a la Comunidad Europea y los Estados ACP, con los que la Unión está negociando actualmente un futuro acuerdo de partenariado.
Añadiré -lo que me parece el mayor elogio que se puede hacer a un representante democrático- que este informe de iniciativa es valiente. Con frecuencia llega muy lejos en la afirmación de ciertos aspectos que nunca han podido ponerse en práctica. Por ejemplo, el abandono del procedimiento de la unanimidad para la creación de la asociación de los PTU, el artículo 136 del Tratado o la instauración de zonas de libre cambio regionales, Caribe, océano Índico, que asocien a los países ACP, los PTU y los DU. Por ejemplo, la instauración de un fondo especial de desarrollo de los PTU, inscrito en el presupuesto. Por ejemplo, la escucha de los PTU, gracias a una forma de inserción en la Asamblea Paritaria ACP-Unión Europea.
Llegar lejos con las ideas, elaborar conceptos que incitan, formular propuestas audaces, ése es el mejor servicio que esta institución puede prestar a la Comisión y al Consejo.
La Comisión ha iniciado, por su parte, una vasta reflexión sobre el tema de los 20 PTU. Se presentará al Parlamento, por mediación de su Comisión de Desarrollo y Cooperación en su reunión del próximo mes de abril. La Comisión se propone consultar a los ejecutivos locales sobre los resultados de su reflexión. En el marco de esa consulta, las ideas recogidas en el informe parlamentario de iniciativa serán muy útiles a las personalidades locales interesadas y, por último, serán muy útiles a la Comisión, que, a raíz de esas diversas consultas, deberá formular propuestas.

Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Extractos de café y de achicoria
Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0054/99) del Sr. Lannoye, en nombre de la delegación del Parlamento en el Comité de Conciliación, respecto de la posición común adoptada por el Comité de Conciliación relativa a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a los extractos de café y achicoria (C4-0023/99-96//0117(COD))

Lannoye
Señor Presidente, espero hacer una exposición suficientemente breve para que podamos concluir este expediente.
Nuestro Parlamento debe pronunciarse sobre el proyecto común, aprobado por el Comité de Conciliación, de directiva relativa a los extractos de café y a los extractos de chicoria. He de recordar que se trata de una de las siete propuestas relativas a productos alimentarios. Junto a los extractos de café, están el chocolate, la miel, los zumos de frutas, las mermeladas, las leches en conserva y los azúcares, que fueron objeto en un principio de un debate común, celebrado en octubre de 1997. Pero se trataba de propuestas, de directivas separadas, inspiradas, naturalmente, por la misma lógica de simplificación encaminada a facilitar los intercambios comerciales, pero esas siete propuestas han tenido una suerte diversa. Sólo ha salido adelante aquella de la que nos ocupamos hoy. En efecto, los obstáculos políticos y técnicos, las divergencias de opinión entre instituciones -Consejo, Comisión y Parlamento- han sido superados -creo poder decirlo- para satisfacción total del Parlamento.
En efecto, después de una posición común del Consejo en la que fueron rechazadas las tres enmiendas del Parlamento, por dictamen desfavorable de la Comisión, nuestro Parlamento confirmó primero las enmiendas en segunda lectura. Fue en el pasado mes de septiembre. Dos meses después, el Consejo rechazaba de nuevo las enmiendas, lo que obligó a convocar el Comité de Conciliación.
¿En qué consisten las enmiendas? Dos de ellas -una, que es un considerando; otra, un artículo- iban encaminadas a mantener en la directiva el principio de la limitación de la gama de pesos nominales disponibles en el mercado. Parece algo técnico. En realidad, es algo más que técnico. El objetivo es, en realidad, evitar toda posibilidad de confusión para el consumidor y de competencia desleal para los productores. No hace falta decir que esas enmiendas estaban apoyadas en gran medida a la vez por las asociaciones de consumidores y las asociaciones de productores, lo que no es habitual. La tercera enmienda se refería al método de análisis del contenido en hidratos de carbono libres y totales, pues el Parlamento Europeo deseaba que se aplicara la norma ISO 11292, de febrero de 1997, a saber, el método más moderno disponible.
En las reuniones técnicas y en un diálogo tripartito entre el Consejo, la Comisión, Ken Collins, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y yo, quedó claro que el desacuerdo no era político y se refería más a la metodología que al fondo. Así, pues, dimos nuestro acuerdo, avalado por el Comité de Conciliación de diciembre de 1998, para una transacción, que se plasma en la siguiente modificación de la posición común del Consejo: en primer lugar, se introduce un nuevo considerando en el texto. Dicho considerando anuncia una iniciativa de la Comisión, antes del 1º de julio del año 2000, a más tardar, encaminada a introducir una gama de pesos nominales para los productos de café y de chicoria en la directiva horizontal 80/232 relativa a las gamas de pesos. Así, pues, se ha logrado el objetivo del Parlamento, seguramente mediante otro método, pero lo que cuenta es llegar a un mismo resultado.
En segundo lugar, en el párrafo 1 del anexo de la directiva figura una referencia clara a los métodos de análisis del contenido en hidratos de carbono que permite utilizar los métodos más modernos, sin por ello fijar el texto limitándose a un método determinando. Con eso se tenían en cuenta las preocupaciones de la Comisión, que nos parecieron legítimas.
Concluyo diciendo que el balance político de esta conciliación es, a mi juicio, totalmente satisfactorio. Por lo demás, la Comisión de Medio Ambiente lo ha aprobado, por unanimidad y a ese respecto me parece indispensable una votación favorable del Parlamento. Pido, pues, a la Asamblea que apoye este informe.

Thyssen
Señor Presidente, en primer lugar y sobre todo quiero felicitar al ponente por su trabajo en el informe que acaba de presentarnos. Ha resultado ser un expediente más bien técnico, de los que no alcanzan los titulares de la prensa, pero que tiene por objeto un tema que afecta a la vida cotidiana de la gente, digamos a su café diario y cosas semejantes. Con razón, el público espera que nos tomemos en serio también este tipo de informes y que los trabajemos a fondo, lo que aquí, en efecto, se ha hecho.
En segunda lectura, habíamos adoptado algunas enmiendas con las que el Consejo en un primer momento no estaba del todo de acuerdo. Finalmente el trabajo de mediación ha arrojado unos resultados positivos. Al final, todo discurrió tan fluidamente que el Comité de Conciliación Oficial se convirtió en una mera formalidad.
Señor Presidente, en el Comité de Conciliación el PPE ha apoyado sin reservas el resultado actual. Por supuesto, mi grupo hará lo mismo en esta sesión plenaria. Queda sólo expresar mi esperanza de que también en los terrenos de las otras seis propuestas a las que hizo referencia el ponente, entre ellas la que afecta al chocolate, y también de los otros puntos del paquete que nos fue presentado inicialmente, se logren unos progresos y que finalmente obtengamos unos resultados satisfactorios. Me gustaría que el Sr. Comisario nos indicara si tiene alguna idea de los plazos. ¿Cuándo podremos esperar alguna cosa más, señor Comisario? Nos facilitaría también la planificación de nuestro trabajo.

Bangemann
Señor Presidente, sólo voy a hacer un par de observaciones. En primer lugar, quiero felicitar al ponente y también al Sr. Collins por el magnífico resultado conseguido. Hemos alcanzado un compromiso excelente, que podemos apoyar con la conciencia bien tranquila.
En segundo lugar, el tema del chocolate depende de que el Consejo consiga alcanzar una posición razonable. Es una posibilidad que no debe descartarse por completo, pero que de momento todavía no se vislumbra.
Finalmente, en tercer lugar, ¡esta ha sido mi intervención más breve hasta la fecha!

Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Turno de preguntas (Consejo)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0020/99). Examinaremos las preguntas dirigidas al Consejo.

Pregunta nº 1 formulada por Roy James Perry (H-1253/98): Asunto: Concentración de la propiedad de los medios de comunicación
¿Tiene previsto la Presidencia alemana ocuparse de las ramificaciones de la creciente concentración de la propiedad de los medios de comunicación, en particular cuando este fenómeno conduce a una posición de predominio en otras esferas económicas, por ejemplo en el deporte?
Permítanme que le dé la bienvenida al Sr. Verheugen y le invite a que responda a la pregunta del Sr. Perry.

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, antes de responder a su pregunta, permítame la siguiente observación previa: en mi calidad de Presidente del Consejo, yo quisiera resaltar explícitamente, en nombre del mismo, que el Consejo concede la máxima importancia a la salvaguardia de la libertad de opinión, uno de cuyos principales elementos es la libertad de los medios de comunicación. El Consejo tiene el profundo convencimiento de que la libertad de opinión es uno de los puntales básicos en los que se apoya la democracia y también las demás libertades individuales, tal como quedó plasmo hace cincuenta años en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por esto, los Estados miembros y la Comunidad, en el marco de sus actuales competencias, velan escrupulosamente por que el acceso a los medios de comunicación esté garantizado, teniendo en cuenta la diversidad de convicciones políticas y religiosas, en todos los ámbitos de la sociedad.
En cuanto a las intenciones del Consejo en lo que se refiere al tema de la concentración de los medios de comunicación, yo quisiera señalar que la Comisión no ha presentado hasta el momento ninguna propuesta al Consejo sobre esta cuestión. Evidentemente, el Consejo examinará detenidamente cualquier posible propuesta de la Comisión al respecto. En este contexto, yo quisiera indicarle a Su Señoría que el ámbito de la «concentración de empresas» está sujeto a las normas comunitarias en materia de competencia, concretamente en este caso al Reglamento nº 4064/89 del Consejo del 21.12.1989 relativo al control de la fusión de empresas. La aplicación de dicho Reglamento es competencia de la Comisión.

Perry
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta. Yo, por supuesto, como todos los demócratas, comparto por completo las opiniones expresadas sobre la necesidad de la libertad de prensa en las sociedades democráticas. El problema que intento plantear en este asunto es que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación causa en ocasiones problemas con la libertad de prensa, especialmente cuando la concentración de la propiedad se extiende más allá de la propiedad de periódicos a otros sectores económicos. Muchos ciudadanos europeos muestran su preocupación cuando ven, por ejemplo, la adquisición del Manchester United por parte de BskyB, la extensión de la capacidad de las cadenas para firmar acuerdos con clubes de futbol particulares y las propuestas para una superliga europea. Todo esto podría amenazar la libertad del deporte para operar tal y como lo ha hecho hasta ahora. Me gustaría pensar que cuando un informe viene de la Comisión el Consejo toma cuenta del asunto.

Verheugen
Señoría, yo comprendo perfectamente su preocupación. Sin embargo, debo insistir una vez más que este es un tema que entra dentro de las normas de la competencia. En la Unión Europea tenemos unos fundamentos jurídicos claros al respecto y la aplicación de dichas normas, la ejecución de los reglamentos, es competencia de la Comisión. Es un tema que debe examinar la Comisión, siguiendo el correspondiente procedimiento. Yo le reitero la disposición del Consejo a examinar la cuestión cuando la Comisión le presente el correspondiente proyecto.

El Presidente

Pregunta nº 2 formulada por Hans Lindqvist (H-1254/98): Asunto: Despoblación del espacio rural en Suecia
Desde la década de 1960 el espacio rural de Suecia no se había despoblado tanto. En 210 de los 280 municipios suecos ha disminuido la población, principalmente en las zonas interiores del centro y el norte de Suecia. Se suponía que la adhesión a la UE reforzaría la política regional, pero la realidad ha sido otra. La evolución actual es inaceptable. ¿Puede el Consejo dar alguna esperanza a las regiones de Suecia que se están despoblando? ¿Va a aumentar o a disminuir el importe de aproximadamente 4000 millones de coronas suecas que se le devuelve anualmente a Suecia en relación con su contribución nacional de 21000 millones de coronas?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Lindqvist.

Verheugen
Señoría, el Consejo es consciente de los problemas de la despoblación, sobre todo en determinados territorios de la Unión y ha prestado creciente atención a las medidas encaminadas a mantener una estructura de población viable en el ámbito rural. En lo que se refiere a los aspectos vinculados a la reforma de la Política Agrícola Común, el Consejo tiene la intención de diseñar, en el marco de las deliberaciones sobre las propuestas relativas a la Agenda 2000, un modelo agrícola europeo, que luego habrá que seguir desarrollando en el futuro, concretamente el modelo de una agricultura multifuncional, sostenible, competitiva y que abarque la totalidad del territorio de la Comunidad, o sea, también las regiones con problemas específicos, como los que expone usted en su pregunta, Señoría.
El Consejo reconoce que la política de desarrollo de las zonas rurales es de una importancia fundamental para sacar partido a las diversas posibilidades de mantener una estructura rural viva en toda la Unión Europea. Suecia recibe actualmente una ayuda estructural para sus regiones menos pobladas en el marco de la política regional. Los Fondos estructurales, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca y el Banco Europeo de Inversiones contribuirán, cada uno a su manera, hasta el 31 de diciembre de 1999 a la realización de un objetivo prioritario, el llamado Objetivo 6. La finalidad del mismo es promover el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones con una densidad de población particularmente baja. Estas disposiciones se están revisando en estos momentos en el contexto de las propuestas de la Comisión con vistas a la reforma de los Fondos estructurales y tal como ya prevé, por otra parte, el segundo considerando del Protocolo 6 del Acta de Adhesión de Suecia.
La Comisión propone que las intervenciones de los Fondos en favor de las regiones del Objetivo 6 se mantengan en el marco del Objetivo 1 para el período 2000-2006. Por lo que respecta al estado actual del debate en el Consejo, yo puedo adelantarle, señor Lindqvist, que existe una contrapropuesta de los Estados miembros a dicha propuesta de la Comisión, sobre la cual no se ha adoptado aún una decisión. Dicha contrapropuesta incluye el mantenimiento del actual Objetivo 6 y la continuidad de las medidas de apoyo. La decisión se adoptará en el contexto del paquete global de la Agenda 2000, sobre el cual he informado en el debate de esta tarde.

Lindqvist (ELDR).
Gracias por la respuesta. Hoy hemos podido ver un ejemplo elocuente de la realidad en esta parte de Europa, con los agricultores franceses que salen a la calle para luchar por su supervivencia y para poder ganarse el sustento. Tenemos exactamente la misma situación en Suecia, especialmente en el norte de Suecia. Cada día se cierran tres o cuatro explotaciones agrícolas. Son las pequeñas explotaciones, con 15 o 20 vacas, las que se ven obligadas a cerrar. La gente tiene que irse a las grandes ciudades, especialmente a la región de Estocolmo, Malmo y Gotemburgo. En Suecia no ha habido una migración tan intensa como ésta desde la década del 60, con gente que abandona los municipios del interior del país. De nuestros 279 municipios, 211 han perdido población; todos ellos están en el interior.
Tengo una pregunta complementaria acerca del Objetivo 6. ¿Puede el Consejo darnos más información sobre las posibilidades de conservar el Objetivo 6 en Suecia y Finlandia y decirnos si los criterios de este Objetivo 6 van a mantenerse dentro del marco del Objetivo 1? Agradecería que se me diera respuesta a esta pregunta.

Verheugen
Señoría, somos plenamente conscientes del problema. Yo mismo solicité al Gobierno sueco que me informara exhaustivamente sobre dicha problemática el pasado domingo en Estocolmo y le repito que existe una contrapropuesta a la propuesta de la Comisión y se está adoptando una decisión al respecto. Sólo una vez se hayan decidido los recursos que se destinarán en el futuro a las ayudas estructurales para las regiones poco pobladas -no tan sólo, como ha señalado acertadamente usted, las de Suecia y Finlandia, sino también las de otras zonas de la Unión-, sólo entonces será posible decidir cómo se concretará el correspondiente programa.

Bonde
¿Quiere el señor Presidente del Consejo asegurarle a este Parlamento que recibiremos completa información de todas las subvenciones de los fondos agrarios para que podamos poner así remedio a la situación actual en la que el 80 % de los agricultores recibe el 20 % del subsidio mientras que el 20 % de los agricultores recibe el 80 % del subsidio procedente de las arcas comunitarias, ingresando este 20 % junto con menos dinero del que nosotros como consumidores y contribuyentes pagamos como subvención y desapareciendo, por tanto, mucho dinero por el camino?

Verheugen
Señoría, no creo que sea necesario que le explique los orígenes del actual sistema de la Política Agrícola Común de la Unión Europea y su posterior desarrollo. Éste se basa en decisiones que se adoptaron en otro tiempo y en estos momentos nos disponemos a reformar la Política Agrícola europea con objeto de mejorar la competitividad, la productividad, la sostenibilidad y la responsabilidad ecológica de la agricultura en Europa. La Comisión ha presentado las correspondientes propuestas, con respecto a las cuales cabe decir, como acabo de exponer, que los Estados miembros mantienen en el Consejo concepciones muy diversas sobre la forma que deberá adoptar finalmente la reforma de la Política Agrícola. Incluso hay Estados miembros que opinan que no se debería modificar en absoluto.
Yo espero que el Consejo de Ministros de Agricultura, que se reunirá los días 22-24, alcance unas primeras conclusiones sobre cómo conciben la futura Política Agrícola europea los Ministros competentes del Consejo en cuestión. Hoy es demasiado pronto para decirlo y yo no puedo responder a su pregunta porque todavía no se han adoptado las correspondientes decisiones.

Martin, David
Comprendo que el Presidente en ejercicio no pueda anticipar el resultado de las reformas de los fondos estructurales, pero podría llamar la atención del resto de los miembros del Consejo sobre el hecho de que hay una gran preocupación en el Hemiciclo acerca de que la propuesta de la Comisión para el Objetivo 1 -en particular la aplicación estricta del 75 % del PNB es injusta con algunas de las regiones de la Comunidad. En cuanto a la cuestión regional si se toman las islas o las tierras altas de mi propio país, Escocia, se percibirá que existe una considerable zona rural en peligro de despoblación. Por encima del 75 % parecería que se trata del tipo de área que defenderíamos en esta reforma. Pero si permanecemos en el estricto 75 % de la Comisión sufrirá las consecuencias.

Verheugen
Señoría, atenderé gustoso su petición y transmitiré al Consejo dicho punto de vista. Sin embargo, seguro que no se sorprenderá si le digo que un Estado miembro ya lo ha hecho y sigue haciéndolo con gran insistencia, de manera que el Consejo está perfectamente al corriente del problema.
Yo debo añadir, no obstante, que las deliberaciones mantenidas hasta ahora indican que en el Consejo existe una mayoría muy amplia que apoya una aplicación muy estricta del criterio del 75 % para las regiones del Objetivo 1. Entre otras cosas, precisamente porque hay una serie de regiones que se encuentran justo por debajo y otras que apenas lo sobrepasan. La tendencia que yo observo en estos momentos, como ya he dicho, indica que existe la voluntad de seguir aplicando estrictamente dicho criterio. El Consejo es, sin embargo, plenamente consciente del problema y yo me comprometo a velar por que las reflexiones del Parlamento y las suyas propias sean tomadas en consideración en las posteriores deliberaciones.

El Presidente
Correspondería ahora responder conjuntamente las preguntas 3 y 4. Sin embargo, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 4 caduca.

Pregunta nº 3 formulada por Christine Margaret Oddy (H-0001/99): Asunto: Amnistía Internacional y la política de derechos humanos de la Unión Europea
¿Tiene conocimiento el Consejo de que Amnistía Internacional ha conmemorado el 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la publicación de un informe sobre la política de derechos humanos de la UE? ¿Qué medidas está adoptando el Consejo a fin de evaluar este informe con la idea de utilizar sus principales recomendaciones para dar cuerpo a la política de derechos humanos de la UE?
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Oddy.

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, el Consejo concede una importancia significativa al trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos. Presta una gran atención a las opiniones y propuestas de dichas organizaciones y procura mantener contactos y un intercambio de experiencias con ellas. Así ocurre también en relación con el tema de las posibles actuaciones para seguir mejorando la política de derechos humanos de la Unión Europea.
En este sentido, yo quisiera recordar que la Presidencia del Consejo entonces en funciones repartió el informe de Amnistía Internacional que cita la Sra. Oddy en el Grupo de trabajo dedicado a los temas de derechos humanos en el marco de la PESC en diciembre de 1998. El Consejo comparte la opinión de Amnistía Internacional en cuanto a la importancia de procurar mejorar continuamente la política de derechos humanos de la UE. El Consejo también tomará en consideración las sugerencias de Amnistía Internacional como parte de dicho empeño.
El Consejo se remite a la declaración que se hizo pública el 10 de diciembre de 1998 con motivo del 50º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada posteriormente por el Consejo Europeo. La declaración del 10 de diciembre de 1998 contiene una serie de propuestas operativas, cuya concreción se debatirá en los próximos meses en el Consejo. El Consejo de Asuntos Generales acusó recibo del correspondiente encargo el 25 de enero de 1999.
Seguir impulsando los puntos operativos incluidos en la declaración del 10 de diciembre de 1998 es un aspecto importante del programa de trabajo de la Presidencia, el cual incluye también el tema de la publicación de un informe anual de la UE sobre los derechos humanos.
Dentro del programa de trabajo ocupan asimismo un lugar destacado los esfuerzos para hacer valer en el marco de las Naciones Unidas las posiciones de la UE en materia de política de derechos humanos en relación con países y temas concretos. Esto incluye los importantes temas de la reforma de los mecanismos de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas y la preparación de la Conferencia Internacional sobre el Racismo.

Oddy
Ya que he sido herida al venir hacia aquí y me he caído, espero una mejor respuesta de la que obtuve ayer de la Comisión.
Me gustaría saber algo sobre el código de conducta de la UE en la venta de armas. Quisiera saber si se ha adoptado una lista común de equipamiento militar en ese código, cuántas licencias han sido rechazadas y qué progresos está haciendo el Consejo y los Estados miembros en este sector. Como dije, espero obtener mejor respuesta que ayer, que fue espantosa.

Verheugen
No, no puedo responder a esa pregunta y, sobre todo, tampoco quiero hacerlo por razones de principio muy elementales. No consigo ver de ningún modo cuál es la relación entre la pregunta planteada y esta pregunta adicional. La Presidencia no podía estar preparada para responder a la misma. Yo no estoy dispuesto a darle como quien dice sobre la marcha, una respuesta sobre un tema tan sensible. Le responderé gustosamente por escrito. Sin embargo, como ya he dicho, no alcanzo a ver ninguna relación entre la pregunta complementaria y la pregunta que efectivamente se había formulado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen. Señora Oddy, no hay posibilidad de réplica. Usted sabe muy bien que, en el turno de preguntas, hay una sola intervención. Entiendo que el Sr. Verheugen le ha ofrecido a usted darle una respuesta por escrito. El Sr. Verheugen y usted podrán tener una relación a través de este escrito que le ha prometido el Sr. Verheugen. Pero yo, reglamentariamente, me veo obligado a continuar con el turno de preguntas.

El Presidente

Pregunta nº 5 formulada por James L.C. Provan (H-0004/99): Asunto: Ayuda humanitaria para el pueblo ruso
En la resolución sobre ayuda humanitaria al pueblo ruso, aprobada por el Parlamento el 19 de noviembre de 1998 , se señalaba a la atención la aparición de tuberculosis en las prisiones rusas, donde hasta un 15 % de los reclusos padecen dicha enfermedad.
¿Pedirá el Consejo a la Comisión que proponga un plan de acción para combatir el peligro de que los rusos portadores de tuberculosis puedan infectar a otros sectores de la población rusa, a las poblaciones vecinas y, más pronto o más tarde, a los ciudadanos de la Unión Europea?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta formulada por el Sr. Provan.

Verheugen
Señor Presidente, el Consejo Europeo ratificó en su reunión de Viena la solidaridad de la Unión con Rusia y su población en el contexto de la crisis económica actual. Atendiendo a ello, el Consejo adoptó el 17 de diciembre de 1998 un amplio programa para el envío de productos agrícolas a Rusia. ECHO ha desembolsado desde 1991 50 millones de ecus para fines humanitarios en Rusia.
Todavía queda un remanente de 4, 8 millones de ecus de los recursos consignados para 1998. Una vez comprobado en qué ámbitos son mayores las necesidades de la población, se decidió concentrar sobre todo los esfuerzos en la solución del problema de la tuberculosis, particularmente en las prisiones. La Comisión y el Consejo también comparten, por lo tanto, sin reservas la preocupación expresada en la resolución del Parlamento Europeo del 19 de noviembre de 1998 y su propia preocupación, Señoría.
Con la reaparición de la tuberculosis en los países en desarrollo, las prisiones se han convertido en un ámbito especialmente importante de incubación de dicha enfermedad. Rusia tiene la mayor tasa de población reclusa del mundo, un 1 % de la población total. Las prisiones rusas están ocupadas por encima de su capacidad. En muchos centros penitenciarios hasta el 10 % de los reclusos están infectados. Atendiendo a ello, la Comisión decidió destinar la mayor parte del remanente de 4, 8 millones de ecus todavía disponible del Presupuesto de 1998, concretamente 4, 24 millones de ecus, a proyectos para la contención de la tuberculosis.
Como es sabido, la ayuda de ECHO se canaliza a través de ONG de la Unión, de los servicios de las Naciones Unidas y de organizaciones humanitarias internacionales.

Provan
Muchas gracias, Presidente en ejercicio del Consejo, por una respuesta muy completa. Estoy preocupado por la tuberculosis y me satisface saber que el Consejo está haciendo una gran contribución de fondos para ese fin, porque podría convertirse en un serio problema.
En cuanto a los demás aspectos de los productos agrícolas que pueden llegar al pueblo ruso en este momento, creo que esa parte del programa va a permitir que la ayuda alimentaria que se va a enviar sea vendida en el mercado local a los precios del mercado existentes. El problema principal, en cualquier caso, es que la gente carece de los fondos para pagarlos. No hay suficiente liquidez en la economía en este momento y este es un problema fundamental.
¿Qué garantías puede darnos, por tanto, el Consejo de que cualquier producto que la Unión Europea va a enviar a Rusia va a ir a parar de hecho a la gente que necesita ayuda?

Verheugen
Señoría, el problema que usted ha citado es muy grave y, de hecho, ya fue objeto de un serio y exhaustivo debate en el Consejo. En efecto, nos enfrentamos con el problema de que, si bien por un lado somos conscientes de que tenemos un compromiso humanitario y queremos prestar ayuda, por el otro sabemos que en el país al que deseamos ayudar nos encontramos con estructuras que a menudo impiden que dicha ayuda cumpla su objetivo. El Consejo estableció, por lo tanto, unas orientaciones políticas para la Comisión, en las que se establece que es preciso velar por que dichos envíos de ayuda a Rusia beneficien realmente a los más necesitados, no distorsionen las estructuras de suministro de alimentos existentes y que todavía funcionan, y contribuyan a fomentar una política de autosuficiencia capaz de garantizar el futuro abastecimiento de la población. Esta era la voluntad del Consejo. En la práctica ha resultado extraordinariamente difícil aplicar dichas condiciones políticas a la ayuda. Por consiguiente, a mi modo de ver, el Consejo tendrá que volver a examinar cuanto antes esta problemática.

El Presidente

Pregunta nº 6 formulada por Giorgos Dimitrakopoulos (H-0006/99): Asunto: Seguridad en Chipre
Toda vez que la UE, y en particular algunos Estados miembros, expresaron objeciones al plan inicial del gobierno chipriota de instalar en la isla un sistema de misiles tierra-aire, consistente en misiles del tipo S-300, y posteriormente se felicitaron al gobierno por la decisión de cancelar el plan, ¿de qué manera piensa el Consejo que se podría mejorar la seguridad de Chipre?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Dimitrakopoulos.

Verheugen
Señoría, en opinión de la Unión Europea, el camino para mejorar la seguridad de Chipre es continuar los esfuerzos para alcanzar una solución política del problema de la partición de la isla. Chipre podrá seguir contando con el pleno apoyo de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad de naciones en este empeño. En opinión de la Unión Europea, el nivel de armamento ya es excesivo en Chipre, con el riesgo real de que cada nuevo incremento por un lado sea superado de inmediato por el otro, con lo cual la seguridad no aumenta, sino que se reduce. Por este motivo, la Unión Europea acogió con satisfacción, como usted ya ha señalado, Señoría, la decisión del Presidente Clerides de no estacionar ningún misil del tipo S-300 en Chipre. Esta decisión fue una señal importante en favor de la reducción del exagerado nivel de armamento estacionado en Chipre y la Unión Europea espera que ambas partes adopten nuevas medidas en este sentido.
Con la decisión de no estacionar los misiles se ha eliminado una de las causas de las tensiones en la isla. El Consejo considera que esto podría fomentar algún progreso con vistas a una solución justa y duradera del conflicto chipriota. La Unión Europea apoyó decididamente las Resoluciones 1217 y 1218 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y respalda total y absolutamente los actuales esfuerzos del enviado especial en funciones del Secretario General de la ONU para Chipre.

Dimitrakopoulos
- Señor Presidente, quisiera dar las gracias al representante del Consejo por su respuesta pero también quisiera señalar dos cuestiones complementarias.
En primer lugar, el representante del Consejo ha hecho referencia a diversas medidas complementarias de las dos partes. De todo lo que se ha dicho hasta ahora, quisiera preguntar cuáles son las medidas de la parte turca que está esperando el Consejo.
En segundo lugar, quisiera saber si hay alguna idea relativa a Chipre, sobre su integración en la OTAN a la vez que en la Unión Europea y solucionar así el tema de la seguridad o si, al menos, hay alguna idea de instalar en Chipre fuerzas de la OTAN que sustituyan tanto a las fuerzas turcas como a las demás que se encuentran todavía en la isla.

Verheugen
Señoría, la exigencia más importante que plantea el Consejo a la parte turco-chipriota es que manifieste al fin su disposición a participar en las negociaciones para la adhesión. La estrategia de la Unión Europea consiste, como usted sabe, en intentar conseguir a través del inicio de las negociaciones para la adhesión de Chipre un efecto catalizador, el cual se espera que contribuya a la solución del problema político y que finalmente quizá incluso permita resolverlo.
Esta esperanza no se ha cumplido hasta ahora, pero la exigencia a la parte turca para que participe plenamente en las negociaciones se mantiene claramente inalterada. Por otro lado, también pedimos, desde luego, a la parte turca que se abstenga de actuar militarmente y que contribuya a desactivar la situación adoptando medidas de desarme. En cuanto a las aspiraciones de Chipre de incorporarse a la OTAN y las consideraciones de la OTAN en relación con su posible integración, yo nada puedo decirle, puesto que represento a la Presidencia de la Unión Europea y no al Consejo de la OTAN.

El Presidente

Pregunta nº 7 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0008/99): Asunto: Nuevas medidas del Gobierno de los Estados Unidos respecto al embargo a Cuba
El Gobierno de los Estados Unidos acaba de suavizar las condiciones del embargo a Cuba, autorizando la exportación a Cuba de alimentos y productos agrícolas (a empresas familiares y ONG), la ampliación de los vuelos directos a Cuba, el restablecimiento de un sistema postal directo, así como la posibilidad para los ciudadanos de poder enviar dinero a Cuba. Estas medidas se complementan con las ya iniciadas por la Administración del Presidente Clinton en marzo del pasado año.
Habida cuenta de la gran trascendencia de estas medidas recientemente anunciadas por el Gobierno de los Estados Unidos,
¿Cuál es la valoración que hace el Consejo de dichas medidas?
¿Piensa el Consejo que estas medidas cabría situarlas en los Acuerdos de la Cumbre Transatlántica del pasado 15 de mayo?
¿Cree el Consejo que este nuevo enfoque de la política norteamericana hacia Cuba cambia la posición de la Unión Europea sobre las leyes de efecto extraterritorial?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Salafranca. Tiene usted la palabra.

Verheugen
Señoría, el Consejo no ha tratado el tema al que usted se refiere. No obstante, puedo decirle algo al respecto. El Consejo se reafirma en la posición que adoptó en el contexto de los Acuerdos de la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos que se celebró en mayo de 1998 en Londres. El Consejo expresó entones su decidido rechazo, por consideraciones jurídicas o de principio, de las medidas de embargo secundario y de las leyes con efectos extraterritoriales y retroactivos.
El Consejo acoge con satisfacción las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno americano. Sin embargo, a pesar de que manifiestan una posición más flexible de Estados Unidos con respecto a Cuba, el Consejo lamenta que se mantenga en vigor el embargo americano contra dicho país. Este tipo de acciones no son el medio más idóneo para promover la democracia y el respeto de los derechos humanos. El Consejo sigue considerando adecuado intentar establecer un diálogo con Cuba, tal como se expresa en su posición común de diciembre de 1969, y apoyar un proceso de transición pacífica a una democracia pluralista en Cuba, al igual que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y un despegue económico duradero.
La transposición de los Acuerdos de la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos celebrada el 18 de mayo de 1998 en Londres sigue siendo prioritaria para la UE. Sin embargo, pese a los esfuerzos del Gobierno americano, de momento todavía no se ha registrado ningún progreso que se traduzca en una reorientación de fondo de la política de sanciones de Estados Unidos.

Salafranca Sánchez-Neyra
Tras agradecer a la Presidencia en ejercicio del Consejo la valoración que ha hecho de las medidas, quisiera hacer una pregunta complementaria.
La pregunta es la siguiente: usted sabe, señor Presidente en ejercicio del Consejo que, en el ámbito de los acuerdos de la Cumbre Transatlántica, el Comisario Sr. Brittan y la Administración Clinton llegaron a un acuerdo en virtud del cual la Unión Europea retiraría la reclamación que había presentado ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio y que otro de los acuerdos fue, precisamente, que los Estados Unidos modificarían el título IV de la ley Helms-Burton.
El Sr. Brittan, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento, afirmó en respuesta a una pregunta mía, que si el Congreso de los Estados Unidos no realizaba esa modificación del título IV se plantearía la posibilidad de volver a presentar esta reclamación ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio.
¿Comparte el Consejo esa posición? En caso afirmativo, -acabo, señor Presidente- ¿cuál sería el plazo?

Verheugen
Sí, Señoría, el Consejo comparte la posición de la Comisión en relación con este tema. Por el momento, no puedo darle ninguna respuesta en lo que se refiere al plazo, puesto que el Consejo no ha adoptado aún una decisión. Mi opinión personal es que se hará como muy tarde en el contexto de la Cumbre europeo-americana de junio de este año.

González Álvarez
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, le agradecemos la información pero, en todo caso, yo añadiría una nueva información que tuvimos esta semana un grupo de diputados de todos los grupos políticos que forman el intergrupo contra el bloqueo -y por supuesto, contra la ley Helms-Burton, que lo agrava- que visitó Cuba.
En una entrevista, las autoridades cubanas nos mostraron una carta de los agricultores norteamericanos que presionan al Sr. Clinton para, en el ámbito de esas medidas últimas de flexibilidad del Gobierno norteamericano, poder vender directamente a pequeñas empresas cubanas o familiares de cubanos que estén en Miami.
Yo expongo a su consideración, señor Presidente en ejercicio del Consejo -acaba de decir que en junio habrá que valorar la situación-, que puede darse la paradoja de que los agricultores norteamericanos puedan vender sin problema a los cubanos y sin embargo los europeos continuemos teniendo muchas dificultades para tener un comercio y una relación normal con Cuba debido a la ley Helms-Burton y al bloqueo que -como sabe usted muy bien, señor Presidente en ejercicio del Consejo-es ilegal y es contrario a las resoluciones de las Naciones Unidas.

Verheugen
Señoría, yo le agradezco muchísimo esa información y le estaría, de hecho, muy agradecido si pudiera poner los documentos correspondientes a disposición del Consejo -tal como ha anunciado-, con objeto de que éste pueda tomarlos en consideración en los procedimientos de decisión necesarios. Yo preferiría no hacer una valoración política ahora mismo, sin haber visto antes los documentos en cuestión. Estoy seguro de que sabrá comprenderlo. Sin embargo, los hechos que usted ha descrito también se deberían tratar como muy tarde en la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos del mes de junio.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Las preguntas 8, 9 y 10 decaen al haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones.

El Presidente

Pregunta nº 11 formulada por Esko Olavi Seppänen (H-0016/99): Asunto: Acuerdo de Wassenaar
Según una decisión tomada a principios del mes de diciembre, han sido incorporados al ámbito del llamado Acuerdo de Wassenaar los productos criptográficos. Si bien la Unión Europea no sea parte de Wassenaar, se le ha encomendado que elabore una propuesta de directiva sobre el asunto. ¿Cómo justifica el Consejo que no pueda haber libre comercio de productos criptográficos? ¿Considera el Consejo que la decisión de Wassenaar es conforme con el Acuerdo OMC?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Seppänen.

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, los productos cifrados han estado sometidos siempre al control de exportaciones en el marco del Acuerdo de Wassenaar. En su asamblea plenaria del 2 y 3 de diciembre, los 33 Estados firmantes de dicho Acuerdo decidieron tan sólo una nueva regulación de los controles sobre la exportación de las técnicas de codificación, los llamados productos criptográficos. Con ello se suavizan los controles sobre la exportación y se cierra el paso a la consolidación de las restricciones criptográficas. En este contexto, los Estados firmantes que son miembros de la UE procuraron evitar precisamente la adopción de disposiciones que limitasen todavía más el libre comercio.
Es cierto que la Unión Europea no es parte del Acuerdo de Wassenaar. Un sistema integrado, en el que participan el Consejo, la Comisión y los Estados miembros, cada uno de conformidad con sus competencias actuales, se encarga actualmente de la protección de los intereses fundamentales de los Estados miembros en materia de seguridad y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. El Consejo está preparando la transposición de los Acuerdos de Wassenaar. Con este objeto, será preciso proceder a la modificación de la Decisión 94/942/PESC del Consejo y, por consiguiente, también de la lista de productos de doble aplicación sujetos al control de exportación de conformidad con el Reglamento nº 3381/94/CE. Me refiero al Reglamento sobre el «uso dual». La intención del Consejo es que la nueva versión de dicha lista pueda entrar en vigor el 1 de abril de 1999.

Seppänen
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, si he comprendido bien sus palabras, usted ha dicho que el Consejo de Wassenaar decidió los días 2 y 3 de diciembre de 1998 la liberalización del comercio de productos criptográficos; pues si es así, está usted equivocado. En aquella reunión se restringieron los procedimientos para la concesión de permisos a estos productos, y los Estados miembros de la Unión Europea se plegaron a las exigencias de los EE.UU., especialmente a la hora de impedir obstáculos a las actividades de espionaje. Los productos criptográficos se utilizan precisamente para proteger el sistema ECHELON y otras actividades de espionaje de los EE.UU. Si he comprendido bien, usted ha afirmado que el comercio de los productos criptográficos se ha liberalizado en este ámbito. ¿Piensa usted que la licencia comercial de este tipo de productos criptográficos se ajusta, de cualquier modo, a las disposiciones de la OMC?

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, en efecto, me ha entendido usted bien. Repito: los Estados firmantes del Acuerdo de Wassenaar decidieron en su asamblea general del 1 y 2 de diciembre una nueva regulación de los controles sobre las exportaciones de técnicas de codificación, o sea, de los productos criptográficos a los que se refería usted. Esta nueva regulación suaviza los controles sobre las exportaciones. Este era precisamente el objetivo de los Estados miembros de la UE, o sea, evitar que en la nueva regulación se consolidasen las restricciones para los productos criptográficos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen. Señor Seppänen, no hay posibilidad de segunda intervención en el turno de preguntas. Además, usted interviene sin los servicios de interpretación, lo cual hace imposible, en todo caso, establecer el diálogo.
Tiene la palabra el Sr. Rübig para una pregunta complementaria.

Rübig
Señor Presidente, yo quisiera preguntar cómo se concretará en el futuro la definición cuantitativa y cualitativa de dichos sistemas. ¿Ha analizado el Consejo esta cuestión?

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, yo lamento sinceramente no poder responder sin documentos de apoyo a esta pregunta muy específica. Tendré que hacerle llegar la respuesta por escrito.

El Presidente
El Sr. Rübig queda a la espera de esta respuesta por escrito.

El Presidente
Las preguntas 12 y 13 deberían responderse conjuntamente. Pero, dado que su autor no está presente, la pregunta nº 13 decae.

Pregunta nº 12 formulada por Nuala Ahern (H-0017/99): Asunto: Armonización del Acuerdo OSPAR para detener la contaminación radioactiva producida por centrales nucleares en los mares que rodean la UE
¿Qué acciones piensa emprender el Consejo para garantizar una armonización a escala europea del acuerdo para detener la contaminación radioactiva creada por centrales nucleares en los mares que rodean la Unión Europea, particularmente Sellafield y La Haya, elaborado en la reunión del grupo de trabajo ministerial del Convenio OSPAR sobre la protección de los mares, celebrada en Dublín el mes pasado?
Señor Verheugen, le propongo que responda a la pregunta de la Sra. Ahern.

Verheugen
Señoría, la Comisión del Convenio OSPAR adoptó una estrategia sobre las substancias radiactivas, en forma de una declaración política, en la Conferencia de las partes firmantes del Convenio para la Protección de los Mares del Atlántico Norte -o sea, el citado Convenio OSPAR- que se celebró el año pasado en Lisboa. El objetivo de dicha estrategia es impedir la contaminación de las zonas marinas por efecto de las radiaciones ionizantes. Se espera conseguirlo mediante una reducción apreciable y continuada de los vertidos, emisiones y fugas de substancias radiactivas, con el objetivo de mantener concentraciones ambientales próximas a los valores básicos de substancias radiactivas naturalmente presentes y prácticamente nulas en lo que se refiere a las substancias radiactivas de origen no natural.
Con vistas al cumplimiento de dicho objetivo se tomarán en consideración, entre otras cosas, la explotación legítima de los mares, la viabilidad técnica y los efectos radiológicos sobre las personas y organismos. Los vertidos, emisiones y fugas deberán haberse reducido para el año 2020 de manera que el incremento con respecto a las concentraciones actualmente existentes sea prácticamente nulo. El grupo de trabajo sobre «substancias radiactivas» del Convenio OSPAR encargado de la transposición de dicha declaración se reunió en Dublín los días 19-22 de enero de 1999. Como resultado, las partes del Convenio se comprometieron a comunicar antes del otoño de 1999 las medidas previstas en cada caso para la reducción de los vertidos, emisiones y fugas de substancias radiactivas. El Consejo quisiera resaltar que el tema al que se refiere la pregunta del Sr. Fitzsimons entra principalmente dentro del ámbito de las relaciones bilaterales entre dos Estados miembros de la Unión Europea y, por consiguiente, corresponde a su ámbito de competencias. El Consejo quiere recordar, no obstante, explícitamente que la planta nuclear citada está sujeta a las disposiciones legales comunitarias en el ámbito de la protección de la salud y en particular a la Directiva 96/29/EURATOM, por la que se establecen normas más rigurosas para la protección de los trabajadores y de la población contra las radiaciones ionizantes.
El Presidente en funciones del Consejo me ha comunicado además, como información complementaria, que el Gobierno de la República Federal de Alemania mantiene en estos momentos intensas conversaciones con el Gobierno del Reino Unido sobre la continuidad de la explotación de la planta de recuperación de residuos de Sellafield. Yo me ofrezco gustosamente a informarles más adelante al respecto, cuando hayan concluido dichas conversaciones.

Ahern
Quisiera preguntarle al Presidente en ejercicio del Consejo si considera que el reprocesamiento de combustible en Sellafield puede ser compatible con el compromiso de reducir las emisiones a cero, o virtualmente a cero como lo expresa. Tomo nota de lo que dice sobre las intensas negociaciones bilaterales sobre las emisiones que actualmente tienen lugar entre Alemania y el Reino Unido y, ciertamente, creo que Francia. Desde 1994 se ha constatado un crecimiento significativo de las emisiones de THORP y esto seguramente no puede ser compatible con el compromiso de reducir las emisiones a cero. Al tiempo que me satisface saber de estas intensas negociaciones también quisiera comentar que, de acuerdo con revistas científicas recientes no hay dudas sobre el pago de compensaciones.

Verheugen
Señoría, en su pregunta complementaria mezcla usted dos circunstancias completamente distintas, entre las cuales no existe en realidad ninguna relación. Las conversaciones que mantienen actualmente los Gobiernos de la República Federal de Alemania y del Reino Unido sobre Sellafield nada tienen que ver con las decisiones adoptadas por el Convenio OSPAR en Lisboa. Se trata de dos cuestiones totalmente distintas. No existe ninguna vinculación entre ambas. Yo no estoy en condiciones de poder juzgar si planta que usted ha citado cumple las disposiciones o no. En otoño de este año recibiremos, como ya he señalado, los informes de los Estados firmantes del Convenio con las medidas que se proponen adoptar para alcanzar los objetivos adoptados en Lisboa.

Hyland
¿Es consciente el Presidente en ejercicio del Consejo de la permanente preocupación de la gente, sobre todo de la costa este irlandesa, por la seguridad de la planta de Sellafield, propensa a los accidentes? ¿Va a trasladar esta preocupación al Consejo con vistas a estimular al gobierno británico y British Nuclear Fuels para que cesen las operaciones en Sellafield y, en particular, interrumpan el reprocesamiento de desechos nucleares? Le preguntaría al Presidente en ejercicio si puede ofrecer un calendario claro respecto de la terminación del negocio del reprocesamiento. Esta es una cuestión que preocupa mucho a la mayoría de los ciudadanos.

Verheugen
Señoría, yo no puedo indicarle, obviamente, dicho calendario, porque el Consejo no se ocupa del tema del abandono de la tecnología nuclear en Europa ni tampoco de la fecha en que cesarán las operaciones de recuperación de residuos. Esto está siendo objeto de deliberaciones en el Consejo. Por lo que respecta a la preocupación de la población, los Estados miembros afectados deberían comunicar, a mi parecer, dichas preocupaciones al Consejo. La Presidencia no puede asumir la tarea de plantear en el Consejo problemas de un Estado miembro si éste mismo no desea que se traten.

Cunningham
Tengo una breve pregunta respecto a la cuestión de Sellafield. Quizá el presidente en ejercicio pueda comentar las observaciones del vicepresidente ejecutivo del Instituto de Protección Radiológica de Irlanda publicadas en The Irish Times . Dice: «no suponen un gran riesgo para la salud... y han estado diminuyendo últimamente». ¿Podría, por favor, el Presidente en ejercicio hacer algún comentario?

Verheugen
Señor Presidente, no puedo comentar la frase citada porque el tema no se ha tratado en el Consejo.

El Presidente

Pregunta nº 14 formulada por Jan Andersson (H-0019/99): Asunto: Condiciones para la participación de Suecia en la moneda común
Con la introducción del euro al iniciarse el año, el debate sobre la eventual participación de Suecia en la moneda común cobró un nuevo impulso. Uno de los principales temas de debate se refiere al posible momento de una eventual adhesión. En este sentido, es importante clarificar la manera en que las condiciones de tiempo de participación en el MTC influyen en la determinación del momento para la participación de Suecia en el euro.
¿Existe en este momento una posición el seno del Consejo que permitiría la participación de Suecia en el euro antes de la fecha que implicaría la aplicación de las condiciones de tiempo de participación en el MTC?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Andersson.

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, de conformidad con el apartado 2 del artículo 109 K del Tratado, el Consejo examinará una vez cada dos años, como mínimo, o antes de dos años a petición de cualquier Estado miembro acogido a una excepción, si dicho Estado miembro reúne las condiciones necesarias para la introducción del euro con arreglo a los criterios expuestos en el apartado 1 del artículo 109 J. Por consiguiente, en el caso de Suecia, el Consejo examinará en mayo del 2000 a más tardar la excepción adoptada en mayo de 1998. Dicho examen se adelantará si Suecia desea efectuar la transición antes de esa fecha.

Andersson
Gracias por la respuesta. En el caso de Suecia, que no participemos en la UEM no depende de un tratado, sino que en este caso es la opinión interna negativa la que ha hecho que el país aún no haya decidido su incorporación. Sin embargo, esta opinión ha variado bastante en el último tiempo.
Hay y ha habido una discusión acerca de si los países tienen que participar en el MTC Bis durante un período de dos años. Mi pregunta se refiere, por tanto, a esto, ya que todo puede ir muy rápido en Suecia. Quizá pueda haber una decisión mediante un plebiscito, tal vez ya el próximo año. ¿Se obligaría en este caso a Suecia a participar durante dos años en el MTC Bis antes de que pueda llegar a ser miembro? ¿O bastaría que Suecia cumpliese con los criterios sobre inflación, tipos de interés, etcétera?

Verheugen
Señor Presidente, no puedo responder a la pregunta desde un punto de vista político, puesto que se trata de un tema de la competencia exclusiva de Suecia. Desde el punto de vista jurídico, en relación con lo que prevé el Tratado, la respuesta es claramente afirmativa.

Crowley
Señor Presidente, pido disculpas por no referirme a esta pregunta sino a mi propia pregunta, la nº 18. Estoy en medio de una reunión de urgencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos. Quiero pedir disculpas al Presidente en ejercicio puesto que no estaré presente para oír su respuesta. Si es posible, ¿podría darme una respuesta por escrito?

El Presidente
Muchas gracias, señor Crowley, pero, en todo caso, cuando llegue el momento en la lista, yo invocaré su nombre y, si no está aquí, habida cuenta de la explicación que usted nos ha dado, invitaré al Sr. Presidente en ejercicio del Consejo a que le responda por escrito.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 15 decae.

El Presidente

Pregunta nº 16 formulada por Mihail Papayannakis (H-0027/99): Asunto: Tercer pilar e inmigrantes clandestinos
¿Puede indicar el Consejo qué ocurre con el problema de los inmigrantes clandestinos que entran de forma ilegal en un país de la UE que no mantiene relaciones diplomáticas de ningún tipo con el país de procedencia de dichos inmigrantes, lo que impide encontrar solución al problema? Por ejemplo, en Grecia se ha planteado este problema insoluble con inmigrantes procedentes de Rwanda, Sierra Leona y Myanmar, los cuales se encuentran desde hace 7 meses aproximadamente en dependencias policiales o en cárceles y reciben un trato inadecuado y humillante. ¿No considera el Consejo que este tipo de situaciones podría resolverse a escala comunitaria con la ayuda de aquellos Estados miembros que tengan relaciones diplomáticas con estos países? ¿No cree que, en el marco del tercer pilar, deberían existir normas específicas al respecto que tengan en cuenta los principios de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el respeto de la intimidad?
Señor Verheugen, le invito a usted a que responda usted a la pregunta del Sr. Papayannakis.

Verheugen
Señor Presidente, Señoría, el Consejo es consciente de los problemas que origina la situación que usted describe en su pregunta. Los órganos competentes del Consejo los tomaron en consideración en su examen de los problemas con que se encuentran los Estados miembros para ejecutar las medidas de expulsión a determinados terceros Estados. La expulsión a terceros Estados requiere, en la práctica, una buena colaboración con el Estado en cuestión para poder cumplir las formalidades necesarias. Para extender los documentos de retorno necesarios es preciso establecer ante todo la identidad de la persona. Esta cooperación se ve dificultada, obviamente, cuando no existen contactos diplomáticos o sólo se mantienen relaciones diplomáticas restringidas.

Papayannakis
Señor Presidente, quisiera agradecer al Presidente en ejercicio del Consejo su respuesta; no obstante, la idea exacta de mi pregunta era la siguiente: Grecia tiene relaciones diplomáticas pero no consulares con los países que he puesto como ejemplo, es decir, con Rwanda, Sierra Leona y Myanmar; pero estos países no tienen consulados en Atenas y me imagino que en otros países ocurre lo mismo y los inmigrantes clandestinos que se encuentran detenidos no pueden ser puestos en libertad ni ser deportados ni tampoco ser sometidos a juicio y permanecen en las dependencias policiales durante meses, hecho que considero inaceptable.
¿Podría el Consejo mediar para conseguir los documentos que estas personas necesitan a través de una autoridad consular en otro Estado miembro y poder solucionar su problema? En otro caso nos encontraríamos ante un callejón sin salida al puro estilo kafkiano. Ésta es la pregunta que planteo al Sr. Presidente en funciones y le rogaría que mediase en ese sentido.

Verheugen
Señoría, me resulta muy difícil responder a una pregunta que hace referencia a un problema de Grecia con otros Estados concretos. Según tengo entendido, un Estado que no mantiene relaciones diplomáticas con otro Estado puede confiar habitualmente a otra potencia su representación allí. Yo no sé si en el caso de Grecia se da esta circunstancia, pero si la respuesta es negativa, la solución más sencilla sería en realidad que el Gobierno griego confiase su representación a otro Gobierno que esté representado diplomáticamente en dichos Estados.

Posselt
Señor Presidente del Consejo, yo sólo quisiera preguntarle si esta problemática que afecta a Grecia no guarda quizá también relación con otras dos cuestiones: por un lado, con el tema de la lucha común contra la inmigración ilegal y, por el otro, con el reparto de las cargas personales en relación con los solicitantes de asilos y otros inmigrantes. Yo me temo que mientras no se modifique la situación con respecto a estos temas, tampoco será posible establecer una línea comunitaria de actuación frente a otras cuestiones. Por esto yo quisiera preguntarle: ¿cuáles son las prioridades de la Presidencia del Consejo en este ámbito con vistas a la adopción de una normativa común sobre los dos temas citados?

Verheugen
Señoría, ese es un tema que nosotros consideramos muy importante, como usted sabe, un tema absolutamente fundamental. Sin embargo, no está directamente relacionado con el problema griego muy concreto que estamos tratando. En efecto, yo en realidad no podría decir de dónde proceden los inmigrantes de Ruanda, Sierra Leona y Myanmar que llegan a Grecia. El problema de fondo que usted ha señalado forma parte, no obstante, de los temas que en estos momentos se están examinando detenidamente en el Consejo y tenemos la intención de continuar desarrollando la cooperación en dicho ámbito y de adoptar decisiones y acciones comunes, como muy tarde, en una Cumbre extraordinaria que se celebrará el próximo semestre en Tampere, en Finlandia.

El Presidente

Pregunta nº 17 formulada por Bernie Malone (H-0028/99): Asunto: Acceso de las personas discapacitadas al transporte
¿No considera el Consejo que las necesidades de las personas discapacitadas deberían integrarse en todos los reglamentos sobre financiación estructural de los sistemas de transporte de los Estados miembros a la luz de la protesta realizada por el Sr. John Doyle of Bray, del Condado de Wicklow, Irlanda, ante la estación de Heuston en Dublín, tras conocerse que el CIE ha empleado 8, 5 millones de libras irlandesas de financiación comunitaria en el marco de una inversión de 26 millones de libras irlandesas para la adquisición de 150 autobuses que no disponen de mecanismos de acceso para las personas discapacitadas?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Malone.

Verheugen
El Consejo comparte su preocupación, Señoría, y la de todo el Parlamento Europeo por la calidad de vida y, en particular, la movilidad de los conciudadanos discapacitados. El acceso a los medios de transporte públicos tiene una gran importancia en este sentido. La preocupación del Consejo ha quedado plasmada, no en último término, en el nuevo artículo 13 del Tratado de Amsterdam, que prevé, entre otras cosas, la adopción de medidas para evitar la discriminación por razón de cualquier discapacidad. Lamento tener que decirle que el Consejo no dispone de información sobre el caso particular que usted plantea, Señoría. Puesto que al parecer se trata de una medida con cargo a los fondos estructurales de la UE, yo le sugeriría que dirija su pregunta a la Comisión, a la cual corresponde la supervisión de la correcta ejecución de la política estructural de la UE.

Malone
Esta es una de esas raras ocasiones en las que los políticos cínicos se indignan. Ocurrió cuando vi a unos discapacitados protestando bajo la lluvia a las puertas de la empresa de transportes debido al hecho de que se adquirieron nuevos autobuses con dinero de los fondos estructurales de la UE y estos no eran accesibles. Existen autobuses que sí son accesibles. Estos circulan por Londres. De modo que esto es desafortunado. Espero que la Presidencia traslade esto a la atención de su colega, la ministra irlandesa para las empresas públicas, la Sra. Mary O'Rourke, y le inste a tener en cuenta las necesidades de los discapacitados en todos los gastos de los fondos de la UE. Probablemente le dirá que el perfil de nuestras carreteras es inadecuado. Una de las excusas que ha dado la ministra es que hay en nuestras carreteras una pendiente y que los tipos de autobuses disponibles en Londres no serían probablemente adecuados. No creo que esta sea una explicación aceptable.

Verheugen
Señoría, me gustaría poder decirle lo que pienso al respecto, ya que tengo una opinión muy concreta sobre el asunto, que sin duda no difiere demasiado de la suya, pero usted sabe que no debo hacerlo. Lo único que puedo decirle por ahora es que la Comisión tendría que verificar si en el caso que usted ha descrito se han incumplido las normas relativas a la aplicación de los Fondos estructurales. Esto es tarea de la Comisión; el Consejo, en efecto, no puede hacerlo. El presente turno de preguntas contribuirá seguramente a la sensibilización de la opinión pública que usted desea promover.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Correspondería ahora examinar la pregunta nº 18 formulada por el Sr. Crowley, que ha estado entre nosotros y ha pedido al Sr. Verheugen que le haga llegar su respuesta por escrito.

El Presidente

Pregunta nº 19 formulada por Liam Hyland (H-0036/99): Asunto: Turismo
Dado que nos acercamos cada vez más al próximo milenio, período en que, según las predicciones a largo plazo, a finales del siglo XX el turismo va a ser la mayor industria del mundo, ¿está dispuesta la Presidencia alemana a indicar qué nuevas orientaciones piensa definir, al nivel de la UE, para consolidar los puntos fuertes del producto turístico de la UE, particularmente en relación con las regiones periféricas que dependen del turismo?
Señor Verheugen, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hyland.

Verheugen
Señoría, el Consejo es consciente de la gran importancia que tendrá la industria del turismo europea en el próximo siglo. La Comisión presentó al Consejo el 6 de junio de 1996 una propuesta de decisión relativa a la adopción de un primer programa plurianual de apoyo al turismo europeo. Desde entonces se ha tratado en varias ocasiones el tema. La Presidencia austriaca retomó los trabajos y el Consejo volvió a considerar la adopción de un programa plurianual de apoyo en su sesión del 7 de diciembre de 1998, sobre la base de un texto elaborado por la Presidencia austriaca. Algunas delegaciones mantuvieron entonces sus objeciones, a pesar de la propuesta austriaca de reducir la duración del programa y los recursos presupuestarios para el mismo. Yo puedo indicarle que el propósito de la Presidencia alemana, si se consigue alcanzar un consenso, es continuar los trabajos en este contexto, tomando en consideración las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el turismo y el empleo, y volver a debatir el tema a la vista de la nueva evolución de la situación.

Hyland
¿Está de acuerdo el Presidente en ejercicio con que debe darse prioridad al turismo rural dentro del más amplio paquete turístico de la UE y que el agroturismo debe ser promovido y desarrollado como medio de sustento de familias de agricultores y comunidades rurales? ¿Estaría de acuerdo con que el turismo rural requiere una financiación adicional en el propuesto nuevo programa operacional para el turismo? Estoy seguro de que el corazón del Presidente está en lugar adecuado cuando se trata de promocionar el turismo rural.

Verheugen
Señoría, lamento tener que decirle que en el Consejo no existe unanimidad en relación con todos esos temas. Al contrario, se trata de cuestiones muy debatidas. Mi opinión al respecto carece lamentablemente de interés. Podrá hacerse, sin embargo, una idea de la misma si le digo que yo mismo represento a una circunscripción rural en el Bundestag alemán. Repito: la Presidencia alemana hará intensos esfuerzos para intentar alcanzar el consenso que hasta ahora todavía no se ha conseguido y seguir manteniendo abierto, en cualquier caso, el debate sobre este tema.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 20 a 24 y 27 decaen.
La pregunta nº 25 de la Sra. McIntosh no se responderá al haberse incluido en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones.
Me pide la palabra el Sr. Papayannakis para una cuestión de orden.

Papayannakis
Señor Presidente, había solicitado sustituir al Sr. Alavanos para plantear su pregunta, pues así lo había acordado con él. ¿No había sido usted informado?

El Presidente
Señor Papayannakis, para ponerse de acuerdo con el Sr. Alavanos, el Reglamento establece que, antes de iniciar el turno de preguntas, debe llegar una solicitud escrita por el Sr. Alavanos para que sea sustituido por usted. No hemos recibido esta carta del Sr. Alavanos. Por lo tanto, reglamentariamente, usted no puede sustituir al Sr. Alavanos.

El Presidente

Pregunta nº 29 formulada por Ioannis Theonas (H-0074/99): Asunto: Declaraciones de índole provocadora del representante británico para la cuestión chipriota, Sir David Hannay
Las declaraciones de índole provocadora del representante del Gobierno británico para la cuestión chipriota, Sir David Hannay, han causado el más profundo disgusto y las enérgicas protestas del Gobierno chipriota así como de toda la clase política de Chipre. Según dichas declaraciones, aconseja a la parte grecochipriota que adopte el modelo suizo, que reconoce cierta soberanía a los cantones, establece la presidencia rotativa y concede a los cantones idéntica representación en términos numéricos.
Teniendo en cuenta que declaraciones semejantes adoptan por entero los correspondientes puntos de vista turcos y son contrarias a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluidas las recientes Resoluciones 1217 y 1218, ¿de qué modo piensa reaccionar el Consejo ante estas declaraciones de índole provocadora, que fomentan un clima de lenidad, permitiendo a la parte turca promover posturas inaceptables que contradicen toda noción de legalidad y Derecho internacional y socavan los intentos de lograr una solución justa y viable para la cuestión chipriota?
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Theonas.

Verheugen
Señoría, el Gobierno británico es quien debe responder sobre las supuestas declaraciones del enviado del Gobierno británico para Chipre, Sir David Hannay. Se trata de un enviado del Gobierno británico, no de la Unión Europea. Según la información de que dispone la Presidencia, las declaraciones de Sir David Hannay fueron mal interpretadas y el Gobierno británico ya ha aclarado entre tanto el asunto. Por consiguiente, la Presidencia no considera pertinente comentar dichas declaraciones.

Theonas
Señor Presidente, desgraciadamente no puedo agradecer al Presidente en ejercicio su respuesta porque, independientemente de que el Sr. Hannay sea el representante del gobierno británico, es importante que uno se sitúe en la esencia de las declaraciones. Desde este punto de vista lo que a mí me interesa es la postura del Consejo, es decir, si insiste en la solución de la cuestión chipriota basándose en las resoluciones y, sobre todo, en las recientes resoluciones 1217 y 1218 del Consejo de Seguridad, y si considera que una tibia confederación, como la que aspira el Sr. Denktash -y por desgracia con la que el Sr. Hannay parece estar de acuerdo- es la solución por la que la Unión Europea podría considerarse feliz ante la cuestión chipriota y ante el proceso de solución de uno de los conflictos más largos de cuantos existen en Europa.

Verheugen
La posición del Consejo en relación con la problemática de Chipre no ha variado en absoluto. Como ya he señalado, las declaraciones de Sir David Hannay no entran dentro del ámbito de competencias del Consejo ni de la Unión Europea y, por lo tanto, no podemos comentarlas.

El Presidente

Pregunta nº 30 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0075/99): Asunto: Presidencia alemana y adhesión de Chipre
Según informaciones difundidas en los medios de comunicación, la Embajada alemana de Nueva Delhi (India) hizo público el 6 de enero de 1999 un documento oficial sobre los objetivos de la Presidencia alemana de la Unión Europea para el primer semestre de 1999. En este documento no se menciona en absoluto la adhesión de Chipre a la UE. En el capítulo 5 (»Enlargement of the EU and accession process - European Conference», páginas 17 y 18) sólo se mencionan los países de la Europa central y oriental, al mismo tiempo que se insiste especialmente en el fomento de las relaciones entre la UE y Turquía.
¿Qué opina la Presidencia alemana de todo este asunto y cuándo va a subsanarse el error cometido con la omisión de Chipre en el documento de la Embajada alemana de Nueva Delhi?
Señor Verheugen, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Kaklamanis.

Verheugen
Señoría, en el documento citado no se menciona por su nombre a ningún candidato a la adhesión, sino que sólo se habla de los candidatos a la adhesión y esta referencia incluye obviamente a los seis.

Kaklamanis
¡Señor Presidente en ejercicio, escuche! Está usted ante el Parlamento Europeo. Durante el debate de esta mañana de asuntos relacionados con el Consejo éste se encontraba ausente, como si despreciase al Parlamento. Se equivoca si cree que una respuesta de medio minuto de duración puede considerarse respuesta a la pregunta que le he planteado. Desprecia una vez más al Parlamento Europeo y a nuestro acervo. Lo que se mencionaba en el telegrama - telegrama oficial de su Embajada - no lo había dicho esta vez el Sr. Hannay, lo había dicho el representante del gobierno alemán.
Por lo tanto, respóndame de forma directa. Primero, ¿cuál es la postura del gobierno alemán y la de la Presidencia alemana? Eso es lo que me interesa. ¿Hay alguna condición en las conversaciones sobre la adhesión de Chipre si no se soluciona el problema político? Segundo, si concluyen las conversaciones sin que se haya solucionado el problema, ¿cuál es la postura de la Presidencia? Haga el favor de contestarme de forma directa a esas dos preguntas.

Verheugen
No acepto esa crítica. El Consejo ha estado muy representado en la sesión de esta mañana y la decisión sobre el ámbito en el que desea estar representado debe dejarse a su discrecionalidad. En cuanto al fondo del asunto, no tengo nada que añadir. En el documento que usted cita no se menciona específicamente a ningún candidato a la adhesión y el texto se refiere a todos ellos. La referencia incluye tanto a Chipre como a Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia y Estonia.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
Señor Verheugen, se ha incorporado al hemiciclo la Sra. Theorin que, por otra parte, es habitual en el turno de preguntas. La rapidez con que han pasado las preguntas anteriores podría justificar claramente su ausencia en el momento oportuno. Por lo tanto, me permito pedirle y sugerirle que responda usted a la pregunta de la Sra. Theorin.

El Presidente

Pregunta nº 26 formulada por Maj Britt Theorin (H-0061/99): Asunto: Desarme nuclear
Por su mera existencia, las armas nucleares siguen representando una amenaza para la humanidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha decidido, por gran mayoría, apoyar una propuesta sueco-irlandesa sobre nuevas iniciativas de desarme nuclear. La votación reveló un evidente cambio de actitud en lo que respecta a las armas nucleares; de los países miembros de la UE, sólo Gran Bretaña y Francia votaron en contra de la resolución.
¿Qué medidas piensa adoptar el Consejo para apoyar la nueva iniciativa de desarme nuclear?
Señor Verheugen, invoco su generosidad y le sugiero que responda a la pregunta de la Sra. Theorin.

Verheugen
Naturalmente esto dispuesto a responder a la pregunta. La Unión Europea apoya, como es lógico, la consolidación y la universalización del Tratado de No-Proliferación. Las obligaciones en materia de desarme nuclear de los Estados que disponen de armamento nuclear se desprenden de dicho Tratado. La Unión Europea dejó patente que mantiene esta posición con la ratificación de dicho compromiso y tomando conocimiento de la decisión y de la New Agenda Resolution en el Consejo Europeo de Cardiff del 15 y 16 de junio de 1998.

Theorin
Gracias por la respuesta a mi pregunta. El motivo de mi pregunta es que el desarme nuclear se ha detenido. No había sucedido mucho antes de que llegase la iniciativa, presentada, entre otros, por Suecia e Irlanda, en la que nuevamente se trata este asunto como un camino posible para deshacerse de las armas nucleares. La iniciativa se basa en la llamada propuesta de la Comisión de Camberra. Lo que se necesita no es algo irreal o quimérico, sino iniciativas concretas.
Puedo comprobar con satisfacción que la mayoría de los países miembros de la UE o votaron por la resolución o se abstuvieron. Solamente las dos potencias nucleares votaron en contra. Tengo muchas esperanzas en que la Presidencia alemana está preparada para tomas iniciativas para que podamos avanzar un paso más en el desarme nuclear.

Verheugen
Señoría, yo quisiera remarcar explícitamente una vez más que el Tratado de No-Proliferación representa, en opinión de la Presidencia, uno de los instrumentos internacionales más importantes en favor del desarme y la seguridad internacional. La Presidencia alemana concede la máxima importancia al fortalecimiento del régimen de no-proliferación, al cumplimiento de las disposiciones y las obligaciones recogidas en el Tratado y a la posibilidad de seguir manteniendo y desarrollando en el futuro el sistema de no-proliferación. Sin embargo, tal como usted misma ya expuesto, entre los Estados miembros de la Unión Europea existen posiciones diversas en relación con este tema; esto también sucede en el caso de la New Agenda Resolution presentada por Irlanda, Suecia y varios otros Estados ante la Primera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Más allá de esas diferencias de opinión, cuyos motivos conoce usted tan bien como yo, existe no obstante una coincidencia en algunos aspectos importantes y este es un hecho que yo quisiera valorar positivamente. El Consejo apoya, por ejemplo, la aplicación de la decisión, los principios y los objetivos de no-proliferación nuclear y desarme de la Conferencia de 1995 sobre la revisión y la prórroga del Tratado de No-Proliferación. Yo quiero recordar una vez más en este contexto que los Estados que disponen de armamento nuclear han contraído en virtud de dicho Tratado el compromiso de destruir totalmente dicho armamento en el marco de los esfuerzos generales de desarme, bajo un control internacional riguroso y efectivo.

El Presidente
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 31 decae.
Las preguntas 32 y 33 no se responderán al haber sido incluidas en el orden del día del presente periodo parcial de sesiones.

El Presidente

Pregunta nº 34 formulada por Patricia McKenna (H-0088/99): Asunto: Violación de convenciones de la ONU por parte de Estados Unidos
¿Cuál es la opinión del Consejo y qué medidas va tomar ante los planes del Gobierno de los Estados Unidos de América de desplegar antimisiles balísticos, violando así el Tratado antimisiles balísticos de 1972 , y ante el hecho de que el Gobierno de Estados Unidos esté desarrollando y probablemente despliegue armas para modificar la climatología , violando así la Convención ENMOD (Convención sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles) de 1977?
Señor Verheugen, le invito a que responda a la pregunta de la Sra. McKenna.

Verheugen
Señoría, el Consejo no ha sido informado sobre los citados planes del Gobierno de Estados Unidos. Ni la Unión Europea ni ninguno de sus Estados miembros son partes del Tratado antimisiles balísticos. El Gobierno de Estados Unidos ha declarado, no obstante, su intención de atenerse al fondo del Tratado y de mantener conversaciones con Rusia sobre una posible modificación pactada. Algunos Estados miembros de la Unión Europea son partes de la Convención de 1997 sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles. Hasta el momento, sin embargo, dicha Convención no ha sido objeto de debate en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común.

McKenna
La Unión Europea tiene aquí una responsabilidad, y los Estados miembros que están cooperando con los Estados Unidos en cuestiones militares tienen la obligación de asegurar que se respetan los tratados internacionales. Parece que hay muchas pruebas que apoyan estas acusaciones. El Presidente en ejercicio ha dicho que son sólo acusaciones pero existe profusa información y datos para apoyarlas. Parece que los Estados Unidos están ignorando los tratados internacionales y le corresponde a la Unión Europea, en lo que respecta al desarme mundial y la seguridad internacional, asegurarse de que los Estados Unidos no se exima de su responsabilidad por lo que está planeando.

Verheugen
Señoría, yo voy a tomar nota con mucho gusto de su comentario, pero no puedo anticiparle ahora si el Consejo tratará el asunto.

El Presidente
Dado que sus autores no están presentes, las preguntas 35 a 37 decaen.
El Sr. Killilea acaba de incorporarse en este momento y me pide, si la Presidencia lo considera oportuno, que recuperemos la pregunta nº 28.
Señor Verheugen, he de reclamar una vez más su amabilidad para saber si quiere usted responder a la pregunta nº 28.

El Presidente

Pregunta nº 28 formulada por Mark Killilea (H-0071/99): Asunto: Focas
En abril de 1997, la Dirección General de Pesca Marítima de Irlanda (Bord Iascaigh Mhara) presentó a la Comisión Europea un informe sobre la interacción física entre las focas pardas y los aparejos de pesca.
Investigaciones realizadas en dos lugares seleccionados de Irlanda durante un período de 2-3 años proporcionaron pruebas concluyentes del perjuicio causado por las focas a los recursos pesqueros. Este estudio está respaldado por amplias investigaciones anteriores.
¿Puede indicar el Consejo si la Comisión Europea le ha informado de dichas investigaciones? ¿No está de acuerdo en que este y otros informes revelan que la magnitud del perjuicio causado a la pesca por las focas es de gran importancia económica en términos locales? ¿No concuerda también en que las medidas dirigidas a evitar repercusiones semejantes deberían considerarse justificadas, sobre todo cuando hubiera un caso probado? ¿Apoyaría que la Comisión prestara ayuda económica a las organizaciones nacionales de pesca para llevar a cabo estudios semejantes, con el fin de evaluar de modo científico la necesidad existente al respecto?
Señor Verheugen, invoco su generosidad y le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Killilea.

Verheugen
Señoría, voy a darle una respuesta, aunque ya sé que usted no la considerará como tal, toda vez que el Consejo no ha recibido dicho informe sobre la interacción entre las focas pardas y los aparejos de pesca, y a éste se refiere el contenido de su pregunta. Por esta razón, el Consejo no puede manifestar una opinión al respecto. No obstante, Señoría, me han comunicado que ha dirigido usted una pregunta análoga a la Comisión. Yo creo que es más probable que ésta pueda ofrecerle una respuesta satisfactoria.

Killilea
Señor Presidente, gracias por admitir mi pregunta y gracias al Presidente en ejercicio por su respuesta a pesar de que haya expresado que se trata de una no-respuesta. También he recibido una no-respuesta de la Comisión. No sé dónde nos encontramos.
El dinero de los contribuyentes europeos fue otorgado al Bord Iascaigh Mhara para llevar a cabo esta investigación. La documentación y la seria investigación científica están en imprenta desde 1997 y ahí esta acumulando polvo. Sospecho, señor Presidente en ejercicio, que carecemos del valor para acabar con este gran problema. Pero quiero indicarle que en las tres muestras de capturas de bacalao realizadas en la costa oriental irlandesa el 98 % del bacalao atrapado en las redes estaba bien destruido bien seriamente dañado por las focas.
De igual modo, con otras especies de pescado blanco la cifra global de pescado destruido por las focas de un modo o de otro ascendió al 58, 8 % del total de las capturas autorizadas a los pescadores irlandeses. Se necesitará mucho coraje para enfrentarse al sin sentido que se produce alrededor de estos bonitos animales. Seguro que son bonitos con sus cabezas por encima del agua, pero no lo son tanto cuando están bajo el mar donde devoran miles de toneladas de valioso pescado y comida para los ciudadanos europeos. A los críticos les digo: ¿es más importante alimentar a las focas o a los seres humanos? Mi opinión es que es más importante alimentar a los seres humanos.
Me gustaría que el Presidente en ejercicio continuase ejerciendo presión sobre la Comisión para que tenga el coraje necesario para enfrentarse a esta terrible situación que salta a la vista.

Verheugen
Señoría, comprendo perfectamente su problema, puesto que conozco por experiencia propia los largos caminos que es preciso recorrer en esta Asamblea. No tengo demasiado claro si debo ponerme de parte de las focas, de los peces o de las personas. Yo sugeriría que el Gobierno irlandés vuelva a plantear el tema si éste es importante para los habitantes de la costa occidental de Irlanda. El Consejo no puede debatir por propia iniciativa un informe de un organismo irlandés ni adoptar una posición al respecto cuando ni siquiera se le ha presentado dicho informe. Si la Comisión tampoco le puede dar respuesta, yo sugeriría que sea el propio Gobierno irlandés quien plantee el tema en Bruselas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Verheugen.
El turno de preguntas al Consejo queda cerrado.
La sesión, interrumpida a las 19.02 horas, se reanuda a las 21.00 horas

Actuación comunitaria en el ámbito del agua
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0261/98) del Sr. White, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta y las propuestas modificadas de directiva del Consejo (COM(97)0049 - C4-0192/97, COM(97)0614 - C4-0120/98, COM(98)0076 - C4-0121/98-97/0067(SYN)) por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Quisiera decir de entrada, y tendré ocasión de repetirlo esta tarde, que me veo obligado a ser intransigente sobre el tiempo de uso de la palabra, ya que tenemos un programa muy apretado que va a ocuparnos hasta tarde.

White
Señor Presidente, me produce una gran satisfacción poder presentar mi informe sobre la directiva marco en el ámbito de la política de aguas para su examen en primera lectura. La tortuosa trayectoria de esta propuesta casi podría compararse a la de un salmón nadando río arriba. Desearía reconocer la contribución personal del Sr. Collins en el largo y difícil camino que nos ha conducido finalmente a esta primera lectura. El Sr. Collins presidió en 1995 la audiencia del Parlamento acerca de la política en el ámbito de aguas que originó la directiva marco sobre el agua. Podríamos considerarla un poco como su «hijo», y seguro que le resultará alentador asistir ahora al bautizo de este «niño» antes de que nos abandone en los próximos meses. Me gustaría rendir homenaje a un pequeño grupo de ponentes sobre el agua, también presentes en esta ceremonia de bautizo, entre los que figuran el Sr. Florenz, la Sra. Schleicher, el Sr. Eisma y el propio Sr. Collins, quien también ha elaborado un informe sobre el agua. Hemos desarrollado entre todos nosotros un espíritu de compañerismo muy útil que nos ha mentalizado a todos acerca de esta cuestión del agua.
Esta propuesta nos proporciona una oportunidad histórica para garantizar las necesidades fundamentales de la Unión de cara a un abastecimiento adecuado de agua de buena calidad para las generaciones actuales y futuras. Su resultado será determinante para el futuro de los recursos acuíferos de la Unión una vez bien entrado ya el nuevo milenio. La reforma de la política de la Unión en el ámbito del agua es una reforma bien recibida que debería haberse acometido hace ya tiempo. La falta de planteamientos sistemáticos en este proceso ha dado lugar a un corpus legislativo incoherente, con una gran diversidad de métodos, definiciones y objetivos que, en ocasiones, se contradicen entre sí. Resulta fácil comprobar el peligroso estado en que se encuentra un gran parte de los recursos acuíferos de la Unión a partir de las evidencias que nos proporciona la Agencia Europea de Medio Ambiente de Copenhague.
Tras un primer informe sobre el medio ambiente europeo -la denominada evaluación Dobris- en el que se establecían los problemas de una manera clara, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el año pasado una nueva evaluación. Una comparación ente estos dos informes muestra que se debe progresar aún en este ámbito. De acuerdo con la evaluación Dobris, el agua de una cuarta parte de los ríos europeos era de pobre o mala calidad, con recursos pesqueros escasos o nulos. En la evaluación del año pasado se señalaba que no se había producido «ninguna mejora general en la calidad de los ríos». Desde que se publicara la primera evaluación, no ha tenido lugar ninguna mejora importante por lo que respecta a la calidad de las aguas subterráneas. Se nos cuenta que las aguas subterráneas europeas corren peligro y están contaminadas de diversas maneras. «Entre los problemas cabe destacar la contaminación mediante nitratos, pesticidas, metales pesados e hidrocarbonos, que son motivo de eutrofización, impacto tóxico en otros medios del entorno acuífero y posibles repercusiones en la salud humana». Además, a pesar de los numerosos acuerdos internacionales y las declaraciones de buenas intenciones, la aplicación de la legislación de la Unión en el ámbito de la política de aguas continúa siendo modesta.
Después de haber participado en la audiencia de 1995, por lo que desearía mostrar también mi agradecimiento, la Comisión presentó su comunicación en febrero de 1996. A raíz de la respuesta del Parlamento a dicha comunicación, he venido manteniendo un diálogo continuo con la Comisión. En el marco de este diálogo, he expresado las preocupaciones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor acerca de la propuesta anterior. Se debe felicitar a la Comisión por haber facilitado en su respuesta anexos detallados y definiciones básicas que no figuraban en el documento original. Me resulta igualmente alentadora la actitud constructiva de la actual Presidencia alemana.
Ante el Parlamento se han presentado hoy 12 enmiendas de compromiso acerca de cuestiones importantes en cuyo marco, y de acuerdo con el espíritu en el que se deberá aún ratificar el Tratado de Amsterdam, me complace presentar los resultados del diálogo tripartito que he mantenido con la Comisión y el Consejo. Estas enmiendas de compromiso dan muestra de una nueva voluntad para aproximarnos a la posición de la Comisión de Medio Ambiente sobre los pantanos, la participación pública, la vigilancia marina y el almacenamiento subterráneo de gas.
Nos encontramos, como debía ser, ante una propuesta complicada que tiene por objetivo la promoción de una utilización sostenible de los recursos acuíferos. Los Estados miembros se verán obligados a lograr una situación favorable en una fecha determinada por lo que respecta a todas las aguas de superficie y subterráneas. Una situación favorable significa un ecosistema saludable y niveles reducidos de contaminación. Estos objetivos se podrán alcanzar mediante unos planes de gestión de las cuencas fluviales que se vean respaldados por restricciones a escala de la Unión en materia de contaminación. La propuesta establece la manera en que los Estados miembros deberán identificar las cuencas fluviales, designar a las autoridades de estas cuencas y garantizar que éstas llevan a cabo los planes. En estos planes se deberán estipular las condiciones para alcanzar una situación favorable, entre las que cabe señalar el control de la contaminación, el fomento de una utilización más eficaz del agua, la regulación de la obstrucción y la introducción de un sistema de cobro.
Mis sugerencias para reformar la propuesta de la Comisión tienen como objetivo abordar los considerables problemas que continúan mermando la aplicación de la política de la Unión en el ámbito del agua. Al mismo tiempo, pretendo crear con mis enmiendas un marco a la vez práctico y ambicioso para la política en este ámbito. Creo que se precisa un sistema más estricto para controlar la contaminación, y la posible eliminación de las sustancias tóxicas constituye un objetivo a largo plazo que ya ha quedado recogido en convenios internacionales como OSPAR, HELCOM y Barcelona, en los que tanto la UE como sus Estados miembros figuran como partes signatarias.
Como conclusión, desearía reiterar la importancia que reviste esta propuesta. ¿Qué puede ser más importante para el futuro de la Comunidad que un abastecimiento seguro y abundante de agua salubre? Éste es el primer elemento de la legislación comunitaria en el ámbito del agua que deberá aplicarse a las aguas de superficie y subterráneas. Establece la gestión de estas aguas con arreglo a un firme principio de desarrollo sostenible.

d'Aboville
Señor Presidente, la calidad de las aguas y principalmente la de las aguas costeras reviste una importancia fundamental para la pesca y para la acuicultura.
Los mares son, en efecto, el receptor final de las sustancias contaminantes que se vierten en las aguas, y ello en su franja litoral, justamente la más importante para la reproducción de numerosas especies.
La directiva que se nos propone afecta directamente a aquellos que viven de esas actividades, tanto más en la medida en que ésta derogará dos directivas antiguas, una relativa a las aguas aptas para la vida de los peces, la otra relativa a las aguas aptas para los moluscos.
En esta óptica hemos presentado las enmiendas siguientes: la enmienda 154, que prevé la ampliación del campo de aplicación de la directiva a las zonas costeras y a los estuarios. Esta enmienda, que se inscribe en la lógica del considerando 11 bis adoptado en la Comisión de Medio Ambiente, establece que los Estados tendrán la posibilidad de tomar en consideración los distintos tipos de contaminación en las zonas marítimas costeras con el fin de evaluar sus consecuencias sobre las actividades de pesca, las enmiendas 153 y 156 que sitúan a los pescadores, en sentido estricto, al margen de los usuarios del agua ya que no la usan ni la contaminan y son ante todo víctimas de posibles contaminaciones; la enmienda 155, finalmente, que propone una ayuda a las categorías más débiles. Pienso en las pequeñas instalaciones de acuicultura cuando han de equiparse para luchar contra la contaminación que pueden generar.
No se trata de medidas asimilables a exoneraciones fiscales, sino ayudas para equipos de filtrado y purificación.
Para terminar, y manifestándome en esta ocasión en nombre del Grupo UPE, quisiera insistir en la noción de gestión por cuenca hidrográfica. Esta lógica, que ha dado ya prueba en algunos Estados, constituye en nuestra opinión la clave de la propuesta de la Comisión. Ha de quedar, por tanto, salvaguardada.

Cunha
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, competente en cuanto al fondo, que tenga presentes las siguientes conclusiones en su informe.
En primer lugar, pone de relieve que el agricultor utiliza el agua en beneficio del consumidor en general y es el primer interesado en obtener agua en buenas condiciones para una producción agrícola de calidad.
En segundo lugar, reconoce que, además de los objetivos de protección de las aguas contra la degradación de los ecosistemas acuáticos y de mantenimiento a largo plazo de la disponibilidad de recursos hídricos, se debería añadir también como objetivo la disminución de los nefastos efectos de las inundaciones y las sequías.
Por lo que se refiere a la agricultura en particular, rechaza el principio de la recuperación total de los costos del agua, como se formula en el artículo 12 de la propuesta de directiva que estamos examinando, aunque concuerda con el principio de amortización de los costos de los servicios de agua, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, medioambientales y económicas de la amortización, así como las condiciones geográficas y climáticas de las regiones.
En particular, el régimen hidrológico de las zonas mediterráneas y del sur de la Unión Europea en general impone soluciones específicas a ese respecto, sin lo cual sería imposible garantizar su modernización y supervivencia en el futuro. Eso sería imposible sin los sistemas de riego, que imponen frecuentemente costos elevadísimos de almacenamiento y distribución de agua. Sin una solución específica, la agricultura de las regiones del sur de Europa no podría sobrevivir ante las regiones septentrionales, en las que llueve durante todo el año.
Punto número cuatro: la Comisión de Agricultura propone, en el nivel de las definiciones y los anexos, que se hagan referencias expresas a las masas de agua -albuferas hidrológicas- y a la forma como se procederá en el control cualitativo y cuantitativo y a la agricultura de regadío en cuanto forma distinta de utilización cíclica del agua.
En quinto lugar, propone la inclusión de las asociaciones de regantes para que puedan participar también en el uso y la gestión de las cuencas hidrográficas y del agua en general.
Por último, señor Presidente y Señorías, quisiera, como portugués, subrayar la importancia de que se establezcan también reglas más exigentes para la gestión de las cuencas hidrográficas transnacionales a fin de que se garanticen niveles esenciales de caudales y de calidad de las aguas de esos ríos internacionales.

Myller
Señor Presidente, el objetivo primordial de la directiva relativa a un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a disponer de agua de buena calidad, tanto para su consumo como en el medio ambiente. Sin embargo, generalmente se ha cedido mucho en la calidad del agua, ya que ha sido difícil sancionar los casos de contaminación. Por todo ello, y para garantizar el acceso de las personas a agua de buena calidad, es preciso recoger con carácter vinculante el principio de «quien contamina, paga», un control eficaz de la buena calidad del agua con el menor número posible de excepciones, así como un examen de las sustancias problemáticas para la calidad del agua desde una perspectiva básicamente sanitaria. Una actuación negligente e irresponsable puede tener consecuencias fatales e irreparables.
Cabe agradecer al ponente la inclusión en su informe de numerosos aspectos positivos. Especialmente favorable es la enmienda 3 bis del informe, en la que se regula el control de aplicación de los planes de gestión de los distritos de cuenca fluvial. Las autoridades de los Estados miembros han de comprometerse a llevar a cabo unos mejores controles que hasta el momento sobre la calidad del agua. No obstante, creo que en el informe existe el problema de cómo regular el pago de los costes del uso del agua. Al menos desde una perspectiva finlandesa, considero que se trata de una cuestión de democracia a escala municipal y del derecho de los municipios a regular por sí mismos este pago, por lo que no deberíamos inmiscuirnos en este asunto.
Hay que prestar una atención especial a las aguas subterráneas. No podemos pensar bajo ningún concepto que la situación es tan desesperada, que nuestras unas aguas están tan contaminadas que ya no merece la pena hacer nada al respecto. Hay mucho ejemplos que nos demuestran que los problemas se pueden solucionar, que es posible restablecer, si no el estado natural del agua, sí unas condiciones que la hagan salubre para el consumo humano.

Florenz
Señor Presidente, señora Comisaria, honorables representantes de la Presidencia del Consejo. El hecho de que hoy hablemos sobre una directiva marco es de agradecer en gran medida a Ian White. Hace algunos meses la situación era muy diferente. La Comisión quería hacernos una comunicación -a la sazón yo era el ponente y nos opusimos conjuntamente a las despreocupadas decisiones previstas por el Consejo, de modo que hoy tenemos este resultado. Esto es ya en si un éxito. No se debe olvidar desde un punto de vista parlamentario.
La directiva no tiene el objetivo, como creen muchos de mis colegas, en especial, los austríacos, de que queramos regular el acervo comunitario relativo al agua. Por el contrario, queremos proteger la calidad del agua, esta es la tarea de la directiva. Me da la impresión como si el Consejo y la Comisión nos quisieran proponer que nos comprometamos recíprocamente a proteger el agua pero que el cómo la protejamos debemos dejarlo en manos de los países miembros. No estoy totalmente seguro si este es el enfoque europeo correcto. No me parece que sirva para nada establecer mil prohibiciones pero sí establecer algunas pocas pero que se apliquen a nivel europeo y que estén fundadas y aseguradas científicamente.
Hemos acordado el mercado interior y uno de los objetivos principales de éste era armonizar en la Comunidad Europea unos estándares, no igualar necesariamente todo de modo absoluto pero sí aproximarlos. De esto me parece que nos estamos despidiendo en el campo de la política de medio ambiente. Ya conocen mi crítica. En la directiva sobre un marco reglamentario para la política de aguas, lamentablemente los estándares de calidad y de las emisiones no están definidos a nivel europeo, al menos según las ideas del Consejo y de la Comisión, pero sí según las del Parlamento. Creo que este es un importante enfoque combinado que queremos y vamos a seguir también en el futuro.
Como renano que soy -mi casa y mi finca se encuentran a unos cientos de metros del Rin- me parece importante que los Estados ribereños comiencen lo más arriba posible en el río, sean quienes sean. Si no comienzan, si los alemanes no seguimos aplicando elevados estándares, nuestros colegas holandeses se ahogarán en un agua turbia y sucia. Esto no puede ser objeto de una política individual o nacional sino que se deben aplicar estándares europeos, no cientos pero sí quizás 40 ó 50. Creo que el Rin, el Ródano o el Mosela necesitan estos estándares europeos para que sigamos avanzando en el futuro.
La actividad del Consejo no ha sido en absoluto grande. De 188 enmiendas hemos hecho diez propuestas de compromiso. La Presidencia del Consejo ha realizado una aportación administrativa pero creo que el papel del Parlamento era mejor. Si se hace tal como quiere el Consejo, tendremos una situación difícil en la regulación a nivel nacional y, al final, surgirá un Babel medioambiental.

Eisma
Señor Presidente, la toma de decisiones sobre esta Directiva marco en el ámbito de la política de aguas, desde luego no se merece ningún premio. La causa está en el acuerdo político informal, alcanzado por el Consejo antes de conocer la primera lectura del Parlamento. La enorme diferencia entre el contenido de ese acuerdo y los deseos del Parlamento, reflejados en más de 200 enmiendas, ha obligado al Parlamento y al Consejo a dar un paso hasta ahora inusual: entablar unas consultas informales, consultas que ni tan siquiera se recogen en los tratados europeos; aunque aún hay tiempo.
En este debate político, nuestro guía fue el Sr. White, a quien hago llegar mis felicitaciones. Ha sido un buen guía. Ha defendido ante el Consejo de excelente forma los puntos de vista del Parlamento y en algunos puntos ha sabido obtener una clara victoria. En algunos puntos que fueron importantes para nosotros, como la lista de prioridades y la aproximación conjunta, no cedió bajo la presión de los estados miembros. A pesar de la presión de trabajo y lo complicado de la discusión nos ha mantenido informados a todos en la medida de lo posible. Pero ahora la tarea del Parlamento es presentar un informe para primera lectura donde se refleje claramente cómo pueda protegerse de la forma más óptima la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas, de superficie y de las costas. Para ello se necesitan definiciones estrictas, objetivos claros y procedimientos transparentes.
La Comisión de Medio Ambiente ha formulado unas propuestas muy buenas. No puedo entender que el Consejo adopte tan poco de ellas. Incluso resulta difícil que acepte las enmiendas destinadas a controlar que las normativas de medio ambiente sean cumplidas de conformidad con otras Directivas europeas, como la Directiva sobre nitratos, o con las convenciones internacionales como la convención OSPAR. ¡Incomprensible! No entiendo que el Consejo esté en contra de ello. Pero no tenemos porqué preocuparnos. La posición común no será debatida ya en este año parlamentario. Al comienzo del próximo año parlamentario entrará en vigor el Tratado de Amsterdam, de modo que la segunda lectura estará sujeta al procedimiento de codecisión.
Entonces, el Consejo no tendrá más remedio que respetar nuestros puntos de vista. Espero que el Consejo haya aprendido su lección y que haya tomado conciencia de cómo el alcance de este acuerdo político informal se haya vuelto en su contra.

González Álvarez
Señor Presidente, me gustaría agradecer al ponente, que trabajó muchísimo para llegar hoy aquí con este informe, que haya tenido en cuenta la necesidad de una directiva marco más transparente y más participativa porque -como él dice muy bien recogiendo la preocupación de la audiencia que hubo en la Comisión de Medio Ambiente-, la tercera parte de los ríos europeos están contaminados, las aguas costeras se sobreexplotan y lo mismo ocurre con las aguas subterráneas. Por todo ello, tenemos grandes dificultades para procurar un agua potable para la población, por lo menos en el futuro y, al menos, en algunos países del Sur.
Por eso, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta y estábamos más de acuerdo con la propuesta anterior. Por ejemplo, la enmienda 38 del Sr. White nos parecía más completa y mejor. Sin embargo, creemos que debemos trabajar para que haya una gestión de la cuenca fluvial participativa, para que se cree un marco común transparente y una cooperación transfronteriza. Los compañeros portugueses y nosotros mismos visitamos el Tajo y vimos la preocupación existente en Portugal por que se utilicen bien los recursos en España, que será la única forma de garantizar la cooperación transfronteriza entre nuestros dos países.

Crowley
Sr. Presidente, también a mí me gustaría felicitar al ponente por la tremenda labor que ha realizado. Estas propuestas son ciertamente muy bien recibidas porque suponen un intento por establecer un planteamiento integrado de la gestión y la protección del agua, que constituyen cuestiones de gran importancia.
La base que subyace a todo esto, el principio de «quien contamina, paga», debe ser el principal objeto de nuestros esfuerzos en este foro. Sin embargo, es necesario ampliar los términos del análisis que se ha llevado a cabo y tener en cuenta las importantes consecuencias sociales de un servicio social único como es éste. Hay que garantizar el suministro de agua con fines domésticos, económicos y agrícolas, entre otras actividades. En particular, desearía recordarles a sus señorías la enmienda 22, relativa al apartado 1 del artículo 12, en la que se establece que no se llevará a cabo un cobro de carácter universal allí donde existan, entre otras, condiciones sociales de carácter especial. Se trata de unas apreciaciones importantes, ya que hemos de seguir garantizando, en particular, la gratuidad de los servicios a aquellos que más lo necesiten.

Breyer
Señor Presidente, esta tarde estamos hablando sobre la directiva relativa a un marco reglamentario para la política de aguas, pero no lo hacemos sobre la protección de las aguas sino sobre parches o remiendos. El proyecto lo muestra claramente. Demasiadas excepciones, ningunos valores límite ni estándares claros, unos objetivos de calidad en absoluto vinculantes y que se basan en el principio inglés de lo diluimos y entonces no lo nota nadie. Además, los plazos transitorios son demasiado largos, hasta de 34 años, lo que revela que la protección de las aguas se va a aplazar casi hasta el día del juicio final. Esto es más que una burla a la protección del consumidor. Pero el colmo, el Waterloo ecológico, es para mí la cuestión del vertido de sustancias peligrosas. A pesar del Convenio OSPAR, la casi posición común propone que no debe hacerse aquí nada de nada.
Creo que debemos tener claro que el agua es un recurso demasiado precioso para convertirla en un vertedero de basuras. Espero que mañana, en la votación, mandemos una clara señal al respecto. También espero que mañana nos pongamos de acuerdo en que los valores límite para la radiactividad, como hemos hecho en la directiva sobre el agua potable... (El Presidente retira la palabra a la oradora).

Escolá Hernando
Señor Presidente, en mi comunidad autónoma, en Aragón, decimos que el agua es la medida de nuestro futuro. También decimos que en nuestro territorio no sobra agua, sino que faltan inversiones para explotarla y rentabilizarla. Allí tenemos muy claro que sin agua no hay desarrollo posible y que esta es imprescindible para mantener el medio ambiente y para generar riqueza y empleo tanto en la agricultura como en la industria.
Nuestro problema, Señorías, no es sólo la calidad del agua sino la cantidad de agua, es decir, su escasez. Por eso, para nosotros resulta casi un insulto que el río Ebro, el más caudaloso de la Península Ibérica, discurra por Aragón a lo largo de más de 200 kilómetros, una parte de ellos auténtico desierto, sin que apenas se aproveche su caudal debido, principalmente, a la histórica falta de inversiones del Gobierno español y a que, precisamente por esa falta de inversiones, se pueda decir que sobra agua y se justifiquen trasvases a territorios más desarrollados. Por eso, consideramos importantísimo evitar la política de trasvases entre cuencas, porque lejos de equilibrar el territorio, en la práctica supone aumentar el desequilibrio y la despoblación, porque obliga a realizar costosas obras -casi siempre en detrimento del medio ambiente-, que no garantizan un desarrollo sostenible al considerar ilimitada la oferta y, en el fondo, porque los trasvases, Señorías, no son otra cosa que el reflejo de una política de imposición del más fuerte sobre el más débil.
Mañana votaremos varias enmiendas, aprobadas ya en comisión, que proponen limitar los trasvases intercuencas a situaciones muy específicas, con autorización previa y siempre que se demuestre que en las cuencas receptoras se han tomado todas las medidas posibles para reducir la demanda. Este es, a nuestro juicio, el camino correcto para hacer de la política de aguas un instrumento eficaz de cohesión social y territorial en Europa.

Aparicio Sánchez
Señor Presidente, voy a diferenciar en algunos aspectos la posición de los socialistas españoles con respecto a nuestro Grupo político. Estamos plenamente a favor de la existencia de una directiva marco para la política de aguas de la Comunidad y, en este sentido, saludamos muy positivamente el proyecto de directiva. Pero esta labor legislativa armonizadora puede convertirse en algunos aspectos en una caricatura si se prescinde de las singularidades territoriales de Europa. No puede tratarse de la misma forma la cuestión del agua en países con lluvia abundante y en aquellos otros -como el mío- donde el agua es un bien escasísimo. No puede tratarse de la misma forma a países con un régimen de inundaciones y sequías, como los mediterráneos, y a los países septentrionales.
Por todo ello, hemos planteado algunas enmiendas diferenciadas y consideraríamos muy injusto, por ejemplo, la obligación estricta de recuperar los costes íntegros del agua, puesto que con esta generalización un ciudadano o un agricultor español pagaría el agua a un precio 40 a 60 veces superior al de un británico o un belga, por ejemplo.
Otras enmiendas, que se refieren a situaciones constitutivas de infracción, algunas de ellas de imposible solución en determinadas regiones del Sur, o a los requisitos para los trasvases y la recarga de acuíferos, obedecen a la misma razón. Un poder legislativo con criterios científicos y ponderados -y este Parlamento los tiene-, no debería igualar a las distintas regiones europeas, tan diferentes en lo que se refiere a cantidad, calidad y régimen de precipitaciones del agua.

Valverde López
Señor Presidente, apoyo plenamente la intervención que acaba de hacer mi colega el Sr. Aparicio, y aquí se demuestra que no debemos olvidar la unidad en la diversidad y que los voluntarismos en política se pagan caro. Por eso, no podemos olvidar que el problema del agua es estratégico para España -como usted sabe muy bien, señora Comisaria- y en este sentido se han presentado enmiendas que yo espero que tenga en cuenta la Comisión para suspender las exigencias de la directiva en caso de sequía o inundaciones graves. Es una circunstancia que se debe tener en cuenta.
También necesitamos, señora Comisaria, que la directiva permita a España realizar interconexiones entre cuencas y, tal como prevé el Plan hidrológico nacional, con equilibrios adecuados. Sólo una medida así puede garantizar el abastecimiento de las regiones meridionales de nuestro país.
También debe adaptarse el principio de la repercusión íntegra de los costes. No podemos añadir más dificultades a las que tienen algunos países y debemos evitar que, precisamente, en los países que tienen menos agua ésta tenga un precio inasequible, inabordable, para los ciudadanos y para los múltiples usos.
Y en cuanto a muchas de las enmiendas presentadas en la Comisión de Medio Ambiente, en este caso no puedo apoyarlas porque no son razonables. Hay cosas que están funcionando, por ejemplo los acuerdos interterritoriales entre países vecinos y, por lo tanto, no veo por qué se tienen que crear esos acuerdos de cuencas internacionales cuando ya están funcionando bien. Hay que limitarse a la posibilidad de una consulta, a iniciativa de los Estados miembros, a la Comisión si surge algún problema para que lo solvente y arbitre, como siempre hace.
Respecto a los aspectos cuantitativos, son muy preocupantes algunas de las enmiendas que se presentan sobre los trasvases y la recarga de acuíferos. Esta es una práctica corriente en España y hace que podamos sacar mucho más provecho de nuestros escasos recursos. Son cuestiones meramente cuantitativas que, por otro lado, impedirían la aprobación de esta directiva.

Marset Campos
Señor Presidente, señora Comisaria, también en la misma dirección quiero, en primer lugar, felicitar y manifestar mi acuerdo con la propuesta que hacen la Comisión y el Sr. White. Sin embargo, quiero insistir en dos cuestiones producto de lo que sería el fundamentalismo neoliberal y el déficit democrático en la Unión Europea.
En cuanto al fundamentalismo neoliberal, el hecho de querer repercutir todos los costes en los que utilizan el agua supone que -como han dicho los Sres. Cunha, Aparicio y otros- estamos causando un agravio comparativo a España. Y eso es terrible en regiones como Murcia, Andalucía, Aragón, etc; sería muy grave.
En relación con el déficit democrático, creo que es importante tomar en consideración la participación de las comunidades de regantes -en algunos casos, como en Valencia o en Murcia con más de mil años de funcionamiento- como el Tribunal de las Aguas o el Consejo de Hombres Buenos, y que es imprescindible que también en este campo haya democracia.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, la directiva marco en el ámbito de la política de aguas que debatimos hoy y que votaremos mañana significará un importante avance en la gestión europea del agua en términos de calidad y cantidad. Pero no sólo eso. Esta Directiva marco también corona un trabajo, fruto del incesante empeño de algunos colegas. Es un placer mencionar a mi colega Karl-Heinz Florenz, quien fue el gran defensor e instigador de esta coherencia. Menciono también a mi colega neerlandesa Doeke Eisma, y naturalmente al ponente, el colega White, a quien felicito por el informe que tenemos delante de nosotros, así como por los compromisos de las enmiendas que mañana habrán de apuntalar amplias mayorías.
La directiva marco en el ámbito de la política de aguas es la única respuesta adecuada a la política sobre la calidad del agua que hasta ahora fue dispersa, ineficaz e inadecuada, así como a la total ausencia de una política de agua en términos de cantidad. El agua desempeña un gran protagonismo en la vida de los holandeses. En nuestro himno cantamos a nuestra provincia de Limburgo con la estrofa: «Donde el ancho curso del Mosa majestuosamente fluye al mar»; con su «luctor et emergo» (lucho y emergo) los zelandeses dan expresión a su lucha contra el mar que finalmente, después de grandes inundaciones, ha derivado en la construcción del Plan Delta, unas obras de defensa contra el mar que dieron fama mundial a los holandeses. Y hemos conquistado tierra literalmente también en el caso del Flevopolder.
En los Países Bajos, tierra de pólders, delta donde el Mosa, Rin y Escalda desembocan en el mar, la lucha contra el agua es constante. El que se atreva a postular que los holandeses, con nuestra política de gestión de agua en términos de cantidad tan excelentemente organizada, seamos capaces de resolver el tema nosotros mismos, se habrá olvidado de las inundaciones que han asolado nuestras tierras a lo largo de los últimos años.

Ribeiro
Señor Presidente, sólo tres notas: una, de apoyo a una política del agua que promueva la racionalización de su utilización dando preferencia al control racional de su demanda y no el aumento irracional de su oferta. Otra, para reiterar que la unidad básica de la gestión de las aguas superficiales y subterráneas es la cuenca y que las cuencas no se seccionan con fronteras nacionales, sino que tienen su inicio en la fuente y el término en la desembocadura, por más países que atreviesen los ríos. Una última, para subrayar el entendimiento y la colaboración que ha habido en nuestro Grupo entre diputados españoles y portugueses, lo que ha propiciado que hace poco hayamos acordado un manifiesto del agua, examinado en el informe que estamos debatiendo, lo que se refuerza con el hecho simbólico de que por nuestro Grupo los que intervienen en el debate son diputados de esas dos nacionalidades. Y, si bien esperamos congratularnos con la resolución del Parlamento, no será así con el convenio sobre los ríos comunes firmado entre los dos Gobiernos, pues se trata de un caso en el que debería manifestarse la solidaridad comunitaria y en que sería exigible la cooperación entre los Estados.

Schleicher
Señor Presidente, esta directiva ha tenido un difícil parto. En nombre de las y los colegas, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han participado constructivamente en el trabajo, naturalmente, también de nuestro ponente, el Sr. White, así como a la Comisión, que se ha movido. De la Presidencia alemana espero que analice cuidadosamente el trabajo del Parlamento pues, de lo contrario, en la segunda lectura en el Parlamento Europeo podría surgir una negativa sorpresa en forma de un rechazo.
Como ponente para el programa de acción para las aguas subterráneas, que no es en absoluto superfluo, considero que son irrenunciables los siguientes aspectos: la determinación de una protección global de las aguas subterráneas, la prohibición del vertido directo de sustancias dañinas y, derivado de ello, evitar determinar valores límite para las aguas subterráneas para hacer imposible el llamado efecto de relleno y, finalmente, la supresión y el impedimento lo más amplio posible de los llamados vertidos indirectos en las aguas subterráneas así como el saneamiento de las ya sucias del modo tan amplio como sea posible desde un aspecto técnico.
Mis tres enmiendas apuntan a estos objetivos. Quiero indicar de nuevo que doy una gran importancia a la enmienda nº 77 y que no estoy de acuerdo con la propuesta de compromiso. Quiero advertir frente a exigencias exageradas, no realistas e impracticables. Aunque la protección del medio ambiente en otros sectores políticos no haya sido tenida suficientemente en cuenta, no debemos cometer el mismo error en el sentido inverso. Por ello, junto con mi grupo político estoy decididamente en contra de algunas enmiendas que en parte no son fácilmente practicables, ni con mucho dinero ni con todas las posibilidades técnicas de que dispongamos. Una legislación que así lo exija no es creíble.
Para finalizar, quiero dirigir una pregunta a la Comisión: ¿qué ocurre con el proyecto de directiva sobre la calidad ecológica de las aguas? No tengo información de que la Comisión haya retirado oficialmente esta propuesta.

Flemming
Señor Presidente, señora Comisaria, según los deseos del Parlamento Europeo, la presente directiva aporta unas importantes novedades para la conservación del bien quizás más valioso de Europa, el agua: aclaración y profundización del enfoque combinado, profundización de la protección del agua en todos los lugares y una ambiciosa configuración de los objetivos de calidad para las aguas subterráneas. En especial, el enfoque combinado representa para muchos Estados miembros un salto cuantitativo para el mantenimiento de la pureza del agua. Tiene que producirse por fin a nivel europeo un cambio de actitud. No existe un derecho de polución y envenenamiento sin piedad de los ríos y los mares sino una obligación de depurar todas las aguas residuales, también las industriales, de conformidad con las mejores posibilidades técnicas, antes de verterlas. Son necesarias unas estrictas normas de emisiones y no sólo normas de inmisiones.
Veo negativamente los intentos de establecer en la directiva la administración de los recursos acuíferos desde una perspectiva de cantidades. Sin embargo, me alegra que los servicios jurídicos, tanto del Consejo como de la Comisión sean de la opinión de que un establecimiento de este tipo sería incompatible con el fundamento jurídico previsto con la aprobación de la directiva. Me alegra también que en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se haya logrado introducir una enmienda que determina con toda claridad qué autoridad supranacional se debe crear. Se excluye una limitación de la potestad dispositiva de un Estado miembro en la gestión de sus recursos de agua. Si mañana se acordase así, votaría gustosamente a favor del informe White, a quien quiero felicitar por el mismo.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, el acceso a un agua de suficiente calidad constituye una necesidad básica en la UE. Los problemas detectados se relacionan tanto con la calidad del agua de los ríos como con el derroche en el consumo de agua en las ciudades y en las zonas industriales. Las reservas acuíferas de los distintos Estados miembros no son ningún recurso común europeo, del mismo modo que tampoco lo son todos aquellos recursos naturales sujetos a su comercialización. Cada Estado miembro debe intervenir en el ámbito nacional para lograr mejoras en la calidad del agua de sus ríos, desarrollar y aplicar medidas para fomentar el ahorro de agua y proteger sus aguas subterráneas.
La idea de una política común sobre las aguas debería materializarse a través de unas medidas de protección de las zonas acuáticas de carácter transfronterizo e interestatal. En los últimos tiempos se han aplicado numerosas medidas, como el vertido al mar de aguas residuales no depuradas, que han deteriorado el estado del mar Báltico. Deberíamos evitar que tuvieran lugar hechos tan destructivos para el medio ambiente como éstos, practicando también una política común de dimensión septentrional y desplegando una actuación política comunitaria en el ámbito de las aguas. Al igual que ocurre con el resto de los proyectos en el campo de la seguridad medioambiental, la dimensión septentrional nos ofrece magníficas posibilidades a este fin.
En la propuesta se ha pretendido establecer unos determinados valores en materia de calidad del agua para su uso en los países de la Unión Europea. Sería conveniente incorporar este tipo de elementos en la política comunitaria siempre y cuando nos acordemos de prestar la suficiente atención a las distintas soluciones y características específicas que exigen las condiciones naturales de cada país.

Redondo Jiménez
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hablar del agua en último lugar y cuando el problema se mide en cantidad y no en calidad, me va a permitir algunas licencias. Voy a tratar de no repetir todo aquello que ya han dicho mis colegas españoles o portugueses, y de mencionar algo que no está en este momento contenido en el informe.
Yo quisiera hacer solamente una argumentación puntual sobre el tema de los costes. Rechazamos la propuesta inicial, que presenta la Comisión, de repercutir en los usuarios, que fundamentalmente son los agricultores, el coste íntegro de los servicios del agua, como, por ejemplo, las infraestructuras, así como la de tener en cuenta los costes, puesto que esto puede acabar con la ya frágil agricultura del Sur.
También debemos tener en cuenta el tema de las mejoras técnicas disponibles en procesos industriales. Hay que tener en cuenta la relación coste/eficacia y la situación del sector. No se puede ir más allá del acuerdo político que tomó el Consejo de Ministros en junio de este año. La eliminación de las sustancias peligrosas, los objetivos ambientales deseables, los tenemos que formular dentro y en función de nuestras posibilidades reales, tanto técnicas como económicas, para poder alcanzarlos.
En cuanto a las excepciones por sequía, sin embargo, sí que estamos de acuerdo, y es importante que esto se permita, tanto por sequía como por inundaciones. A las cuencas internacionales, yo creo, se debe aplicar el principio de subsidiariedad, y en este momento ya se ha alcanzado un acuerdo con nuestros vecinos de cuenca, esto es, Portugal. Y por lo que respecta a los aspectos cuantitativos, las condiciones de trasvase y recarga de acuíferos, no existe un fundamento jurídico en esta propuesta y el Tratado exige unanimidad, por lo cual yo creo que éste es un tema que nosotros, en este momento, no vamos a apoyar.
En cuanto a las enmiendas por mí presentadas, les diría que solamente hay tres debidas a definiciones que no se han tenido en cuenta, como la masa de agua artificial...
El Presidente interrumpe a la oradora

Bjerregaard
Señor Presidente, me gustaría comenzar dando las gracias a la Comisión de Medio Ambiente y especialmente al señor ponente, Sr. White, por su tratamiento a fondo de la nueva propuesta de directiva marco sobre los recursos hidráulicos. El Parlamento ha reaccionado -como se ha recalcado también- de manera especialmente seria a la reforma de la política hidráulica y me gustaría aprovechar esta oportunidad para elogiar la considerable y muy positiva influencia que el Parlamento ha ejercido tanto con respecto al arranque como al posterior desarrollo de la reforma. Las propuestas de la Comisión relativas al tratamiento de las sustancias peligrosas y al anexo V sobre el estatuto biológico se basan en gran medida en el compromiso constructivo del Parlamento.
Este mismo compromiso constructivo figuraba detrás del reciente debate informal celebrado entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión y, como subrayó el Sr. Eisma, se trató en gran medida de una nueva reelaboración. Los resultados de estas negociaciones en general mejoraron aún más el texto, al mismo tiempo que produjeron un acercamiento de las posiciones de las dos instituciones legisladoras. Es una evolución positiva y naturalmente apoyo el resultado que adopta la forma de las propuestas de compromiso 189-201. De hecho, la mayoría de las enmiendas del Parlamento mejoran la calidad técnica y clarifican el texto, y me alegra mucho poder decir que defendemos las ideas que subyacen en la mayoría de ellas.
En principio, podemos aceptar total o parcialmente 85 de las 122 enmiendas. Además, la Comisión apoya algunas de las restantes enmiendas presentadas. Especialmente, apoyamos las iniciativas del Parlamento referidas al tratamiento de las sustancias peligrosas, la transparencia, el método combinado y la carga de radioactividad.
Señor Presidente, tal y como ha quedado claro, hay muchas enmiendas y me sería imposible en un plazo de tiempo razonable examinarlas todas. Por ello, me contentaré con abordar algunos de sus ámbitos principales. En primer lugar, tenemos el tratamiento de sustancias peligrosas. Es un gran problema, sobre el que el informe llama la atención con mucha razón. Es importante que seamos consecuentes con respecto a los compromisos en cuanto a las emisiones que hemos asumido en los organismos internacionales. La falta de información sobre las consecuencias económicas y sociales implica, sin embargo, que no siempre es conveniente implantar requisitos vinculantes jurídicamente en el momento actual. Por ello tenemos la intención de aceptar el principio presente en las enmiendas 6, 19, 47 y 82 y en el artículo 1 de la propuesta por el que se pide su cese como objetivo final. Lo cual está de acuerdo con la postura adoptada en la Declaración de la Conferencia del Mar del Norte y de todos los convenios marinos relevantes. Las restantes enmiendas sobre este tema -me refiero a las enmiendas 22, 43 y 46- son así pues rechazadas.
En lo que respecta a la transparencia y la participación de la opinión pública, las negociaciones entre el Parlamento y el Consejo han resultado especialmente productivas. La Comisión apoya totalmente la enmienda de compromiso del señor ponente, que refleja los acuerdos contraídos sobre el dictamen público y los informes tanto de la Comisión como del Consejo. Las enmiendas 15 y 39 hacen referencia a la necesidad de definir el método combinado, que la Comisión acepta en principio, aunque propongamos una redacción algo diferente para hacer más preciso jurídicamente el campo de aplicación. La Comisión acepta en principio las enmiendas 87 y 88 que exigen un calendario para que la Comisión instaure un control sobre las sustancias prioritarias. Las enmiendas 84 y 85 sobre la revisión de la lista de prioridades no dan, sin embargo, tiempo suficiente para tratar las sustancias y por ello la Comisión rechaza estas enmiendas y propone mantener el actual período de revisión en 6 años.
La Comisión acepta en principio las enmiendas 34 y 122 sobre la inclusión de la radiactividad en la propuesta, aunque puedan ser necesarios ciertos cambios en su redacción. En cuanto al pago, que ha desempeñado un importante papel en el debate de hoy, resulta fundamental una integración más completa de los costes medioambientales y energéticos, aunque esta problemática debe ser examinada más detenidamente. Las enmiendas 67, 68 y 69 no pueden por ello ser aceptadas en este momento. La enmienda 66 que exige fijar el pago en un nivel que promueva el cumplimiento de los objetivos medioambientales resulta, sin embargo, útil y por ello naturalmente se acepta.
Luego hay una serie de enmiendas que la Comisión rechaza por motivos técnicos. Hay otras también que rechazamos por la forma en que han sido presentadas, mientras que hay muchos elementos que contamos con que pueden formar parte de la propuesta modificada. Sin embargo, renuncio a mencionarlas todas.
Como conclusión, sólo me cabe saludar la llegada de este informe, al igual que los avances ya realizados. El papel del Parlamento ha sido significativo y la constructiva postura manifestada durante las negociaciones será la base de una buena atmósfera de trabajo en futuras negociaciones. Tratándose de un tema tan importante, es evidente que algunas cuestiones exigirán negociaciones complementarias antes de que puedan solucionarse. Estoy convencida de que la posición firme que ha adoptado el Parlamento conforme avanzaba el proceso legislador, contribuirá a que podamos alcanzar nuestro objetivo: una política hidráulica de la que podamos sentirnos orgullosos. Permítanme meramente añadir a la pregunta lanzada por la Sra. Schleicher que contamos con que la propuesta sobre la calidad ecológica del agua haya quedado incluida en esta propuesta y con ello cancelada.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Liberación intencional de organismos modificados genéticamente
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0024/99) del Sr. Bowe, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(98)0085 - C4-0129/98-98/0072(COD) por la que se modifica la Directiva 90/220/CEE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente

Bowe
Señor Presidente, no cabe la menor duda de que vamos a someter a votación esta noche un informe muy importante que se convertirá en un componente legislativo de primer orden. Está relacionado con una industria que registra un gran desarrollo en la Comunidad pero que, a la vez, suscita entre la opinión pública algunas preocupaciones importantes que deberán ser abordadas. He intentado alcanzar en este informe un justo equilibrio entre la protección de la salud pública, el medio ambiente, los derechos de los consumidores y las necesidades de una industria en expansión que tiene mucho que ofrecernos, siempre y cuando le permitamos hacerlo de la manera adecuada.
Ya hemos sometido el presente informe a examen de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, con buenos resultados. Desde entonces hemos realizado esfuerzos para encontrar un grado de consenso aún mayor entre las distintas partes involucradas con el fin de dar con una propuesta que, así lo esperamos, sea aceptable también para la Comisión.
Este informe recoge numerosos puntos clave, si bien en esta ocasión haré mención únicamente de algunos de ellos. En primer lugar, hemos introducido en el texto una obligación adicional a los Estados miembros para adoptar en la Comisión el principio de precaución, asegurándonos así de que podremos evitar los efectos adversos que pudiera tener cualquier organismo modificado genéticamente en la salud humana y en la naturaleza cada vez que es liberado en el medio ambiente.
En el caso de los organismos modificados genéticamente que se comercialicen, hemos de garantizar que pueden ser identificados y localizados. Esto es lo que hemos pretendido con algunas de nuestras enmiendas, que la autorización para la liberación incluya métodos descriptivos de identificación y que se establezca un registro público de estos métodos que nos permita saber adónde van a parar y qué hacen estos productos. Las exigencias en materia de vigilancia que hemos introducido en la propuesta deberían ayudarnos en este sentido.
Muchas personas han expresado sus inquietudes en relación con el problema que nos plantea la exportación de organismos modificados genéticamente y con la responsabilidad que debemos asumir cuando estos organismos terminen en terceros países que no tengan la misma capacidad para tratarlos que la Unión Europea. Éste es el motivo por el que hemos introducido el principio de consentimiento previo y formal.
En toda Europa se ha escuchado la preocupación de los ciudadanos en torno a las implicaciones éticas de los organismos -o incluso animales- modificados genéticamente que pudieran aparecer en el mercado en un breve espacio de tiempo. En esta situación tenemos derecho a realizar consultas ante un comité ético. Estamos intentando lograr del comité ético unas consultas lo más amplias posibles acerca de cuestiones de principio. Estoy seguro que estos esfuerzos servirán de ayuda en la futura introducción de aquellos órganos modificados genéticamente que hoy presenten determinadas dificultades.
Cualquier productor ha de aceptar la asunción de responsabilidades cuando introduce un producto en el mercado. La cuestión de las responsabilidades está presente igual que con cualquier otro producto. Estamos proponiendo una forma de responsabilidad que resulte razonable, exhaustiva y que no difiera de la que se propone en el caso de otros productos.
Reconocemos que estos productos podrían tener a largo plazo unas implicaciones con repercusiones considerables en el plano socioeconómico. Si bien no deseamos abordar necesariamente estas cuestiones una por una, es cierto que las debemos tener presentes. Hemos incorporado en la propuesta una enmienda adecuada para garantizar que estas cuestiones merecen la atención que corresponde.
Se han incluido también en el texto otras mejoras importantes desde un punto de vista técnico. En los anexos hemos llevado a cabo una ardua labor para mejorar los requisitos técnicos y las definiciones de la evaluación de riesgos. Sin embargo, también hemos examinado muy cuidadosamente cómo podemos controlar estos productos en el mercado. Mientras que la Comisión ya recoge en su propuesta actual la posibilidad de retirar un producto del mercado en caso de que éste constituyera un serio riesgo para la salud humana o en cualquier otro sentido, en la propuesta de la Comisión se sugiere una aprobación limitada en el tiempo.
No estamos en contra de la idea acerca de una aprobación por tiempo limitado. Éste es un método sensato de avanzar paso a paso. Pero, habida cuenta de la diversa gama de productos, cabe preguntarse cuál sería el plazo apropiado para una aprobación por tiempo limitado. ¿Debería ser de tres o de cinco años, tal como han propuesto en comisión algunos de nuestros colegas verdes? ¿O debería ser de siete años, como propone la Comisión, de doce años, como propone el Consejo, o por un plazo ilimitado, como quieren algunos diputados de este Parlamento?
Hemos de aceptar que, a fin de lograr la confianza de la opinión pública, es necesario establecer en esta fase una aprobación por un plazo limitado que permita retirar, previo correspondiente examen, cualquier producto que haya demostrado ser insatisfactorio.
No estoy seguro acerca de esta cifra. No hay ningún número mágico cuando se trata de un plazo de tiempo. La Comisión propone siete años. Me gustaría que la Comisaria me explicara por qué considera que siete años es el plazo más adecuado, quizás se trate de su número de la suerte. ¿Vamos a proponer que sean doce años? Un plazo de doce años parecería ser el más adecuado en esta cuestión de orden técnico.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, cuando se trata de cuestiones medioambientales de interés general, los datos científicos son seguros únicamente en muy contadas ocasiones. Los distintos centros de investigación proporcionan como fundamento de la toma de decisiones políticas datos que pueden llegar a ser muy variados, datos que pueden interpretarse de muchas maneras distintas. En muchas ocasiones, el catastrofismo es la alternativa más fácil. Con una restricción excesiva de las investigaciones, lo que hace la Unión es traspasar sus responsabilidades y quedar a la espera de los acontecimientos. Si bien la regulación es una condición imprescindible, es cierto que nos encontramos ante un tema de investigación extremadamente delicado.
Corresponde a los consumidores elegir los productos que quieren adquirir, Esta elección se ve orientada tanto por datos científicos como por factores humanos que han de respetarse. Por todo ello, el etiquetado de los envases ha de ser lo suficientemente claro, inteligible y homogéneo. Es necesario ofrecer a los consumidores una mayor información acerca de las ventajas y los posibles peligros que entrañen los productos modificados genéticamente. A fin de lograr este objetivo, es necesario realizar esfuerzos para publicar en cada país los resultados de las investigaciones con objeto de ofrecer a los consumidores la posibilidad de participar en el correspondiente debate.
Si queremos ganarnos la confianza de los consumidores, deberemos ser cautelosos. A medida que vayan aumentando los experimentos y los datos científicos, será preciso naturalmente someter el contenido de la directiva a una nueva valoración. La evaluación de riesgos debería tener un carácter global y englobar también las posibles repercusiones a largo plazo. No se puede esperar que los agricultores tengan un conocimiento suficiente de las responsabilidades, sino que han de ser los productores y los fabricantes de estos productos modificados genéticamente quienes, una vez efectuadas las correspondientes pruebas, asuman plenamente las responsabilidades derivadas de la liberación de sus productos y de los daños que éstos ocasionen a las personas.

Kirsten Jensen
Señor Presidente, la Comisión de Medio Ambiente solicitó originariamente la entrada en vigor de una moratoria europea, cuyo propósito era que tuviéramos tiempo para reflexionar. El Consejo rechazó la idea, sin embargo, esto no significa que no sea buena idea. Por un lado, existe mucha inseguridad científica y por otro lado hablamos de un proceso de decisión ya dudoso en determinadas solicitudes de comercialización que habría sido motivo suficiente para detenerlo todo, y la propia Comisión ha permanecido muda sobre su influencia. La inseguridad aparece especialmente vinculada a las cuestiones éticas, a la utilidad para la sociedad y a las consecuencias a largo plazo para el medio ambiente y la salud. No debemos tener organismos modificados genéticamente que contengan antibióticos o genes resistentes u organismos modificados genéticamente que puedan cruzarse con especies salvajes.
La propuesta de la Comisión endurece los procedimientos de diversas maneras. Hablamos de las normas comunes para la comercialización, de la vigilancia obligatoria en los casos de comercialización y de la limitación temporal del período de comercialización a siete años. Todas juntas son positivas. Proporcionan la base adecuada para la aprobación de organismos modificados genéticamente, una base que, en mi opinión, debería guiar la aprobación de todos los productos que contengan organismos modificados genéticamente. Sin embargo, esta misma propuesta excluirá a todos los productos que se hallen incluidos dentro de otra legislación comunitaria, de modo que sólo se trata de una evaluación de riesgo medioambiental. Esto puede llevar a que los productos que contengan organismos modificados genéticamente se libren del control riguroso, la limitación temporal y la evaluación propuestas en esta directiva.
También me preocupan los nuevos procedimientos simplificados que hacen más fácil liberar o comercializar determinados organismos modificados genéticamente. Esto es un problema porque la base sobre la que tomamos este tipo de decisiones es demasiado escasa. Las experiencias son insuficientes y poco fiables en el campo de los organismos modificados genéticamente. Esta tecnología es tan reciente que una autorización limitada proporcionará a las autoridades un mejor control.

Liese
Señor Presidente, quiero decir desde la perspectiva del PPE que lo que acabo de oír de la Sra. Jensen espero no sea la opinión de la totalidad del Grupo del PSE, pues si fuese así las negociaciones que hemos mantenido durante las últimas semanas no habrían sido muy constructivas. No obstante, creo que mañana nos podremos poner de acuerdo en la votación en muchos puntos. Expreso mis felicitaciones al ponente, David Bowe, quien se ha esforzado mucho con este informe. Siempre ha mantenido una actitud dialogante, pragmática y orientada a objetivos, aunque no fuésemos de la mima opinión en todos los puntos. Espero que mañana podamos aprobar el informe en este sentido con el mayor consenso posible.
¿Cuál es la posición del Grupo del PPE? Queremos seguridad para las personas y el medio ambiente pero no queremos más burocracia. Creo que se trata de una gran equivocación creer que con el máximo de burocracia se puede proteger a las personas y al medio ambiente frente a los efectos perniciosos. Se necesitan normas claras adecuadas a los riesgos. Si se tiene presente este principio, como lo tenemos en el Grupo del PPE, entonces la propuesta de la Comisión presenta luces y sombras. También el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor tiene luces y sombras. En la propuesta de la Comisión saludamos expresamente las mejores normas de etiquetado en comparación con la directiva original y saludamos que la Comisión de Medio Ambiente las haya a su vez mejorado. Saludamos expresamente que la Comisión haya previsto el procedimiento simplificado y que se haya previsto al menos el enfoque de un procedimiento pluriestatal.
Muy negativo es en la propuesta de la Comisión el sometimiento general de la autorización a un plazo de siete años. Pregunto a la señora Comisaria: ¿dónde está el fundamento jurídico de estos siete años? ¿Qué riesgos surgen exactamente al cabo de siete años? ¿En todos los organismos modificados genéticamente se producen al cabo de siete años? ¿Por qué no al cabo de seis u ocho años?, ¿por qué no al cabo de doce, quince o dos años?
Estamos a favor del enfoque que se ha acreditado en el derecho sobre medicamentos. Si existe un peligro, entonces hay que retirar inmediatamente la autorización y no hay que esperar hasta el séptimo año. Si no existe ningún peligro, entonces tampoco se necesita ningún plazo. Estamos pues muy en contra de un aplazamiento general. Coincidimos con la Comisión de Medio Ambiente en hacer de una disposición vinculante una disposición discrecional. Quizás lo precisaría aún algo más y por ello hemos presentado una enmienda. Los plazos deben ser una excepción cuando existan motivos científicos. Pero la Comisión de Medio Ambiente camina aquí en la dirección correcta.
En otro lugar, la Comisión de Medio Ambiente va en la dirección errónea. He expuesto muchos puntos en las conversaciones previas. Un importante punto que debatimos de nuevo esta tarde es la cuestión de los criterios socioeconómicos. Creo que les estamos proporcionando argumentos a los norteamericanos. Si hacemos depender la autorización de criterios socioeconómicos, nos lo harán pagar caro en la OMC. No tendremos ninguna oportunidad de ganar en este campo ningún panel . Ya sólo por esto, no deberíamos aprobarlo.
El Grupo del PPE hará depender su comportamiento en la votación final de que se puedan aclarar bien y de mutuo acuerdo los puntos conflictivos que hemos expuesto también en la comisión. Espero que mañana podamos dar todos juntos nuestro voto afirmativo al informe y que mandemos una señal positiva para la biotecnología en Europa.

Dybkjær
Señor Presidente, este informe que debatimos ahora es uno de los más sensibles que han pasado por el Parlamento Europeo. Muestra el auténtico conflicto existente entre la industria europea y su deseo de situarse a la misma altura que los EE.UU. y la posición más cautelosa desde el punto de vista medioambiental manifestada mediante el empleo del principio de cautela. Pienso que éste es realmente un terreno donde debe ponerse en práctica el principio de cautela, aunque la forma para ello naturalmente ni debe ser un no a los organismos modificados genéticamente ni un tratamiento lento por parte de las autoridades, sino justamente un acercamiento cauteloso a esta materia. Mi opinión es que se pueden solucionar muchas cosas con un debate abierto, que incluya a ciudadanos interesados y naturalmente no excluya intereses comerciales, y con un tratamiento cuidadoso y preferiblemente rápido por parte de las autoridades.
El Grupo Liberal, al igual que otros grupos, mantiene posturas diferentes tanto ante la propuesta de la Comisión como sobre las enmiendas. Yo misma pertenezco al grupo que apoya la norma de la Comisión referida a los siete años, pero no el procedimiento simplificado; sin embargo, podría llegarse a hablar de un procedimiento simplificado si se considerara una renovación de la autorización de comercialización para los productos, es decir, pasados los siete años. Tampoco soy partidario de hacer en el momento actual una solicitud multinacional.
Uno de los problemas relacionados con el procedimiento complicado es que las decisiones son adoptadas mediante un procedimiento de comité, en el que el Parlamento no dispone de ninguna posibilidad de influir y hemos visto anteriormente que esto crea conflictos a posteriori, por lo que sería deseable que el proceso pudiera iniciarse ya desde este momento. Espero que sea posible esta mañana encontrar algún tipo de compromiso razonable - en mi opinión, preferiblemente con un plazo de tiempo lo más estricto posible.

Cabrol
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, los organismos genéticamente modificados entran en ese conjunto que calificaré de nuevos temores alimentarios. Por otra parte, me atrevo a decir que todo está orientado a alimentar esos miedos, incluidos los términos empleados. Los OGM deberían llamarse más bien OGA, organismos genéticamente mejorados, ya que están creados para crear cualidades sustanciales y suplementarias .
En segundo lugar, el título de la directiva «Liberación voluntaria» permite pensar en un delito deliberadamente ejecutado, cuando se trata, de hecho, de la puesta en el mercado tras estrictas verificaciones, de organismos o de sus productos, y de la autorización cuidadosamente examinada y sopesada del cultivo experimental de esos productos.
Todos esos temores llevan a los dirigentes políticos a refugiarse detrás del sacrosanto principio de precaución que, si fuera real y generalmente aplicado, prohibiría cualquier avance científico, reclamado sin embargo a voz en grito por todos aquellos que pretenden mejorar su confort y curar sus males. Como cirujano, este principio me hubiera prohibido tocar un bisturí.
Finalmente, por favor, no empleemos para todo y para cualquier cosa la palabra de moda -ética- cuando tiene un sentido muy específico y puede ser ventajosamente sustituida en la mayoría de los casos por un término mucho más apropiado.
En cuanto a incluir en esta directiva, como pretendería la enmienda 22, que suprime el excelente artículo 5, los productos farmacéuticos ya afectados además por otra directiva, sería dar un golpe mortal a la investigación de nuevos medicamentos por otro lado indispensables en el tratamiento de muchas y graves enfermedades.
Así, para concluir, a condición de exigir: 1) Un expediente informativo completo antes de cualquier autorización de puesta en el mercado; 2) una política enérgica de etiquetado; 3) una rastreabilidad, un seguimiento y una evaluación detallada de las ventajas y de los riesgos, mucho más que el principio de precaución en cada estadio, una responsabilidad de los productores sobre cualquier daño sufrido por las personas y los bienes, por supuesto, una retirada del mercado en caso de alarma, hemos de autorizar el cultivo de los OGM con vistas a su comercialización en el seno de la Unión Europea, con el fin de no penalizar a nuestros Estados miembros y no dar ventaja a algunos países, como los Estados Unidos, que producen y consumen productos genéticamente modificados, productos que invaden e invadirán cada vez más nuestro mercado comunitario. Hemos de continuar, claro es, asegurándonos de que estos productos no suponen un peligro para la salud humana, ni para el medio ambiente, apoyándonos en los dictámenes repetidos y regulares de comités científicos apropiados y competentes.

Lannoye
Señor Presidente, desde 1990, año de la adopción de la directiva actual, el contexto ha cambiado fuertemente en lo que respecta a los OGM y su liberación.
En primer lugar, la incertidumbre científica y creciente sobre la naturaleza y amplitud de los riesgos. En segundo lugar, para algunas categorías de OGM, se ha revelado la existencia de riesgos potenciales graves o irreversibles. En tercer lugar, por mucho que le pese al Sr. Cabrol, el principio de precaución ha adquirido un estatuto jurídico y político que hace de él un principio básico de la legislación europea. Es preciso por tanto adaptar la directiva a este nuevo contexto.
La propuesta de la Comisión no va en este sentido. Responde más bien a una voluntad de acelerar los procedimientos de autorización y de facilitar el comercio internacional. Nada justifica, en efecto, la adopción de un procedimiento simplificado para la puesta en el mercado de nuevos OGM sobre la base de una pretendida equivalencia con los OGM existentes. Este concepto de equivalencia no tiene además ninguna base científica seria. Este procedimiento abre de hecho la puerta a un reconocimiento mutuo de las normas que facilitará una entrada acelerada de los productos autorizados en Estados Unidos en el mercado europeo.
También, consideramos que algunas categorías de OGM, que presentan riesgos especialmente graves para el medio ambiente o la salud, deberían ser eliminados y no se deberían liberalizar. Se trata, en especial, de los que presentan un gen resistente a los antibióticos, de los que liberan toxinas nefastas para la fauna útil y de los que son susceptibles de cruce con especies emparentadas salvajes o cultivadas.
Hemos presentado ocho enmiendas fundamentales y esperamos que se tomen en consideración por esta Asamblea. La votación de nuestro Grupo está determinada por el destino que se les reserve.

Blokland
Señor Presidente, hay quien dice que sin modificación genética, la producción alimentaria mundial no se mantendría a sus niveles necesarios. Si cotejo esa visión con la historia del gen Terminator, me surgen serias dudas. Haciendo semillas sin capacidad reproductora, las empresas occidentales podrán conseguir que los países en vías de desarrollo se hagan dependientes de sus suministros de cereales. Así pues, el desigual reparto de la alimentación se mantiene igual, incluso con organismos genéticamente modificados. Este ejemplo demuestra que nuestra discusión sobre los OGM no debe limitarse a las consecuencias a largo plazo sobre la salud y la seguridad del consumidor. Pasaríamos por alto las cuestiones realmente cruciales. Estamos aquí ante un problema de índole ético.
Yo creo que la realidad la hizo Dios. Por lo tanto, rechazo una simple reducción de la planta y del animal a unos factores de producción manipulables. Como seres humanos no somos gobernadores, sino administradores. A partir de ese principio debemos definir nuestro punto de vista sobre la introducción de los OGM. Más concretamente esto significa que mantendremos estrictamente el principio de precaución. El ponente, con razón llama la atención sobre esto. Desde una postura fundamentalmente ética, estoy completamente de acuerdo. En la Comisión de Medio Ambiente he intentado ampliar mediante unas enmiendas la evaluación del riesgo con algunos aspectos éticos. Por desgracia no había base suficiente para ello.
Afortunadamente hay algunas propuestas del ponente que a las personas con objeciones éticas les da la libertad de elegir productos con OGM. La información sobre la presencia de los OGM mediante un claro etiquetado y el mantenimiento de una línea de productos libres de OGM lo considero muy importante.

Graenitz
Señor Presidente, hay un refrán ladino de las montañas, no muy lejos de su propia región que dice: Qui va prudan', va sicur'e lontan' . En mi idioma esto significa: Quien actúa con prudencia, va con seguridad y llega lejos. Creo que este es un lema que el ponente, a quien quiero felicitar por su trabajo, ha tenido en cuenta en sus propuestas. En una serie de puntos ha hecho más precisa, esmerada y segura la propuesta de la Comisión. Creo que es necesario proseguir así en un campo en el que aún no disponemos de las necesarias experiencias.
No tengo tiempo para referirme a cada punto en concreto, por lo que sólo voy a comentar algunos pocos que son para mí de gran importancia. Me parece muy importante que esté de nuevo contemplado el principio de previsión. Estamos obligados a ello -y creo que es aplicable a cualquier legislación- ya que en el Tratado de Amsterdam hemos establecido este principio.
También me parece muy importante que en esta propuesta del Parlamento se prevean más posibilidades de información, de inclusión de la opinión pública. También es muy importante que los productos y organismos modificados mediante ingeniería genética se puedan identificar para facilitar su retirada y para poder también evaluar mejor el riesgo. Se establece la valoración de los riesgos a largo plazo así como la posibilidad de que los Estados miembros planteen condiciones adicionales para campos sensibles ecológicamente.
También considero muy importante -con lo que me sumo a la pregunta planteada por el Sr. ponente a la Sra. Comisaria- que no haya una autorización ilimitada sino limitada. En otros campos de la legislación medioambiental, tenemos el problema de que hay instalaciones que poseen una autorización ilimitada, con lo que pueden seguir aplicando unos valores límite antiguos y no tienen que adaptarse al estado de la técnica y esto en un momento en que tenemos una legislación totalmente diferente. Creo que por ello es necesaria la limitación. Sólo me gustaría plantear la pregunta a la señora Comisaria de si siete años es el tiempo adecuado o si existe otra cifra más apropiada. En la política de información, es importante poder decir a la opinión pública porqué se aprueba esto y no otra cosa.
Espero que las y los colegas den mañana su aprobación a la hora de votar las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, de modo que podamos presentar al Consejo una propuesta que tenga en cuenta lo que prefiere el Parlamento, es decir, la previsión para los ciudadanos de Europa.

Valverde López
Señor Presidente, yo creo que no podemos olvidar que esta propuesta es una modificación de otra propuesta anterior y, por lo tanto, hay ya una gran experiencia sobre ello en los Estados miembros y en la propia Comisión. Por lo tanto, tenemos que valorar muy positivamente algunas de las propuestas de mejora de lo que había anteriormente, como es el seguimiento obligatorio de los productos después de su comercialización, como es el establecer unos principios claros de evaluación de riesgos, clasificar las liberaciones de tipo experimental, la mejora de los procedimientos administrativos, la transparencia del proceso.
Son todo mejoras y, por eso, no llego a entender bien muchas de las enmiendas que se han presentado en la Comisión de Medio Ambiente, que parecen reflejar un excesivo celo de control.
La biotecnología en general y las técnicas de manipulación genética son una gran esperanza para la humanidad y no una amenaza, y éste es el mensaje que debe llegar a toda la sociedad. Y tenemos que desterrar toda mentalidad acientífica en este tema.
Tampoco podemos aceptar que se pretendan disfrazar fundamentalismos de carácter político bajo el manto de las implicaciones éticas. No podemos olvidar que las leyes de patentes ya contemplan la dimensión ética y el orden público antes de conceder una patente y que los criterios socioeconómicos los hemos desechado siempre en la aprobación de la salida al mercado de cualquier producto. Es un puro voluntarismo político.
Con lo dicho queda claro que apoyo los puntos esenciales de la propuesta de la Comisión, que me parece equilibrada, y que votaré en contra de muchas de las enmiendas que se han presentado.

Teverson
Señor Presidente, me parecen muy satisfactorias las restricciones que presenta esta nueva directiva, que aborda -al igual que el informe del Sr. Bowe- una serie de importantes cuestiones. Sin embargo, la directiva pasa por alto un punto estratégico de la mayor importancia como es el hecho de que los ciudadanos europeos están mucho más preocupados por los organismos modificados genéticamente y por sus posibles efectos que las poblaciones de otros sitios y, en especial, la de América del Norte. Lo que falla en las recomendaciones y en esta directiva son las disposiciones para la aplicación por parte de los Estados miembros de unas moratorias que no se basan necesariamente en opiniones estrictamente científicas. Lo que a mí me gustaría ver con motivo de la segunda lectura de la presente directiva es una disposición que permita a los Estados miembros, cuando menos, aplazar las moratorias de cinco años mientras se estén llevando a cabo actividades de investigación.

Hyland
Señor Presidente, le agradezco la oportunidad que me brinda para contribuir brevemente a este debate. La investigación genética tiene mucho que ofrecer a la humanidad aliviando enfermedades, mejorando la seguridad y la calidad de los alimentos, así como en el ámbito de la protección medioambiental. Resulta comprensible la gran preocupación que se ha suscitado en torno a esta ciencia nueva y en expansión. Estas inquietudes se deben, entre otros motivos, a la inexistencia de un etiquetado de los productos, las repercusiones medioambientales, los indicadores de antibióticos que se utilizan en el proceso de selección y las consideraciones de orden ético, moral y social. Estas cuestiones precisan un debate al respecto, y tanto los consumidores como la opinión pública en general han de estar muy atentos.
Por lo que respecta a la seguridad de los alimentos, desearía expresar una vez más mi opinión de que únicamente se debe permitir la incorporación en la cadena alimenticia de alimentos modificados genéticamente después de que hayan superado las pruebas más rigurosas y cuando los consumidores dispongan de información detallada al respecto. Hay que ofrecer al consumidor claridad a la hora de elegir en todo momento.
No obstante, sería un error privar a la agricultura de los beneficios que brindan las investigaciones más modernas. Si actuáramos en este sentido, estaríamos atando las manos a la industria en unos momentos en que los países exportadores de productos agrícolas, como por ejemplo el mío propio, Irlanda, deben ganar cada vez más en competitividad. Un uso selectivo de las investigaciones genéticas contribuiría a potenciar la imagen verde de mi país y permitiría una reducción del uso de fertilizantes y pesticidas.

Breyer
Señor Presidente, me ha alegrado mucho que el Sr. Bowe nos haya hecho caso en la cuestión de la responsabilidad. Espero no tener que desconfiar después de haber escuchado la intervención del Sr. Liese. También espero que no suprimamos la póliza de seguro, pues de lo contrario, la responsabilidad sería una broma. Cualquiera diría que estamos locos si mañana dijésemos que los conductores de vehículos pueden circular sin seguro. Aún más arriesgado es exigir sólo la responsabilidad por una tecnología de riesgo pero no hacer obligatoria una póliza de seguro.
Espero que mañana celebremos una votación que demuestre la responsabilidad del Parlamento Europeo. Me alegra que se haya planteado también la exigencia de que los Estados miembros puedan imponer moratorias. Precisamente esta enmienda la hemos presentado nosotros inútilmente en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. Esperamos que mañana puedan dar su voto favorable y mandemos la señal de que nos tomamos en serio los alarmantes resultados de la ciencia. Un procedimiento simplificado es irresponsable, exactamente igual que la Categoría I y el procedimiento pluriestatal.
Pero lo que me parece el colmo de la irresponsabilidad es el plazo de doce años cuando existan dudas. Esto es un cinismo descarnado. Significa que declaramos casi a las personas y a la Naturaleza como objeto de ensayo. Esencial para nosotros es que se produzca una prohibición de la resistencia a los antibióticos pues, de lo contrario, seremos testigos de una catástrofe terapéutica y que adoptemos las medidas necesarias para que las plantas de alto riesgo, es decir, aquellas que se pueden cruzar, no lo puedan hacer realmente...
(El Presidente retira la palabra a la oradora) .

Trakatellis
Señor Presidente, las aplicaciones de los organismos modificados genéticamente son muy amplias en importantes sectores de la vida humana, desde la medicina y la protección del medio ambiente hasta la agricultura y la alimentación. Es natural que el ciudadano se pregunte cómo podemos garantizar que el explosivo ritmo de desarrollo de este tipo de adelantos no supere nuestra capacidad de regular las cuestiones que surjan si menospreciamos la seguridad de la sociedad y la de los ecosistemas.
Valorando de forma global todos esos factores, la Comunidad había promulgado la Directiva 90/220 que fue aplicada por primera vez en 1991. A pesar de ello, la experiencia ha impuesto su revisión. Hoy nos encontramos ante la votación en el Parlamento de la directiva revisada y aquí quisiera agradecer a nuestro ponente, el Sr. Bowe, la labor que ha desarrollado.
A través de mis dos enmiendas quise esclarecer la relación del hombre con los organismos modificados genéticamente porque la definición de la palabra organismo en el texto de Comisión Europea está formulada de tal manera que incluye también al hombre. Mis enmiendas 9 y 10 aclaran ese punto y permiten la utilización de genes humanos para transferir y reproducir organismos modificados genéticamente para poder producir sustancias útiles, tales como la insulina humana y otras biomoléculas humanas. De forma paralela, a través de mi segunda enmienda, excluyo al hombre como receptor de materiales genéticos, que podría llevar a la creación de humanos genéticamente modificados, algo que no puede ser aceptado por razones científicas, éticas, sociales y jurídicas.
Debemos concienciarnos de que los organismos modificados genéticamente y la biotecnología no son una panacea ni económica ni universal pero tampoco son la caja de Pandora. Representan, sin embargo, una potencialidad, una fuerza que nos brinda oportunidades fantásticas si la utilizamos con prudencia y responsabilidad. Algo que nos brinda la oportunidad de luchar de modo más eficaz en todo el mundo contra la catástrofe ocasionada al medio ambiente por todo tipo de acciones contaminantes, contra la desgracia que producen las enfermedades al hombre y contra la degradación que ocasiona el hambre en la sociedad.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, yo encuentro que los organismos modificados genéticamente imponen muchas exigencias de carácter básico. En primer lugar, aumentan los requerimientos referentes a los alimentos y su pureza. La gente se hace más consciente y se debaten los antibióticos, la salmonella y los aditivos.
En segundo lugar, el consumidor tiene que poder elegir; es él o ella quien tendrá que elegir. Por eso se necesita un etiquetado general. Ésta es una exigencia de carácter perentorio.
En tercer lugar, tienen que existir estudios sobre las consecuencias éticas y medioambientales. Las mieses que se han hecho resistentes a los pesticidas tienen que ser prohibidas.
En cuarto lugar, se necesitan normas tanto comunitarias como internacionales acerca de los requerimientos de seguridad que se deberán cumplir para la obtención de autorizaciones. Es obvio que en esas reglas se tendrán que estipular plazos, además de regularse la responsabilidad de los productores.
Así he llegado al último punto, esto es, que los Estados miembros tienen que tener derecho a establecer reglas más severas y a adelantarse, por ejemplo, mediante moratorias.

Jackson
Señor Presidente, quisiera mostrar mi satisfacción por el informe Bowe y felicitar a su ponente, quien ha realizado una enorme labor acerca de esta cuestión.
Resulta obviamente muy importante implantar una legislación que goce de la confianza de los ciudadanos europeos. Soy de las que consideran que los avances en materia de modificación genética pueden deparar unos enormes beneficios para la humanidad. Sin embargo, en los últimos meses, en los últimos años, se han hecho oír más las voces de quienes abogan por posturas de precaución que las de quienes señalan las ventajas de estos avances. Naturalmente, los políticos no debemos reaccionar simplemente ante el grupo de interés que hable más alto, pero las inquietudes de la opinión pública acerca de los organismos modificados genéticamente han alcanzado tales cotas que resulta difícil encontrar ahora agricultores en mi país que estén dispuestos a cultivar estas cosechas de prueba en sus tierras.
Desgraciadamente para los científicos involucrados en los estudios sobre los organismos modificados genéticamente, la opinión pública ha oído relativamente poco acerca de las ventajas de la tecnología en esta materia y mucho acerca de sus posibles inconvenientes. Se trata de un fallo de este debate que aún deberán corregir los científicos ante la opinión pública.
La directiva ante la que nos encontramos va en la dirección correcta, y pensamos que permite un adecuado equilibrio entre, por una parte, la libertad de los científicos para innovar y comercializar los productos de sus innovaciones y, por la otra, el derecho de las autoridades públicas a insistir en los aspectos de seguridad.
Estoy de acuerdo con el Sr. Liese en que un período de autorización de siete años es arbitrario y, por lo tanto, insatisfactorio. En primer lugar, si existieran dudas acerca de cualquier material modificado genéticamente, no se debería naturalmente permitir su producción. Sin embargo, existen determinadas enmiendas, como la número 68, que abogan por una mayor precaución y que, por lo tanto, cuentan con el respaldo de los conservadores británicos. A este respecto, nos hacemos eco de la reciente intervención de nuestro jefe de filas en el Parlamento británico en favor de una moratoria de tres años para la comercialización de cosechas modificadas genéticamente hasta que se haya llevado a cabo un mayor estudio de las consecuencias de esta comercialización, particularmente de cara a la diversidad biológica. Curiosamente, el Gobierno británico, que desgraciadamente no cuenta con la presencia del Sr. Bowe, ha pasado por alto los consejos de su propio organismo de protección de la naturaleza, Naturaleza de Inglaterra, negándose a acogerse a una moratoria de estas características. Y aún resulta más curioso que, según nuestras sospechas, el Sr. Bowe y el Sr. Collins estuvieron a punto de apoyar una moratoria de este tipo hasta que alguien acalló sus voces con una llamada de teléfono desde Londres. Así funcionan los principios del nuevo Partido Laborista británico.

Bowe
Señor Presidente, desearía intervenir por alusiones personales de conformidad con el artículo 108.
He venido escuchando con atención lo que han dicho otros colegas en torno a la cuestión de una moratoria. He de decir en primer lugar que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor y yo, como ponente, firmamos una solicitud para que la Comisión considerara la posibilidad de algún tipo de moratoria hasta que se adoptara la propuesta que estamos debatiendo hoy y se establecieran las garantías adecuadas. Sin embargo, las enmiendas presentadas por la Sra. Breyer en nombre del Grupo de los Verdes hacen mención de una moratoria. Espero que alguien pueda decirme en cuál de las ocho enmiendas presentadas por la Sra. Breyer se solicita una moratoria. A mi juicio, en ninguna de ellas, y no entiendo por qué está diciendo que hay una cuando no es ése el caso.
Finalmente, querría señalar que me ha sorprendido oír a la Sra. Breyer describir el plazo límite de doce años como algo horroroso, ¡habida cuenta de que la enmienda 75 de su propio Grupo exige un plazo límite máximo de doce años!

Breyer
Señor Presidente, respecto a los 12 años: la comisión ha exigido 12 años cuando existan dudas respecto a la seguridad. Me sorprende que el Sr. Liese aplauda pues es cínico sacar productos al mercado, de los que se sabe de antemano que plantean dudas. De este modo se hace de las personas y de la Naturaleza cobayas de ensayo. Lo que nosotros deseábamos eran programas de seguimiento antes de los siete años, es decir, que se marque un plazo pero que esos programas se apliquen ya antes. Por lo demás, en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor hemos presentado varias enmiendas, además de tres modos diferentes en lo que se refiere a la moratoria de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente. El Grupo de los Socialistas Europeos lo ha rechazado. Ahora hemos presentado la enmienda nº 77 que invierte la carga de la prueba, es decir, que la Comisión tiene que demostrar lo contrario.

El Presidente
Señora, no se trata de alusiones personales. Por tanto me veo obligado a retirarle la palabra.

Bjerregaard
Señor Presidente, no es la primera vez que tengo oportunidad de debatir la cuestión de los organismos modificados genéticamente con el Parlamento. Lo hemos hecho en varias ocasiones y cada vez hemos descubierto más cosas sobre este campo, y ahora hemos logrado una legislación sobre esta cuestión. Me gustaría dar las gracias a los señores ponentes de las comisiones que se han encargado de este tema, y en particular al Sr. Bowe de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública.
La directiva que ahora tramitamos trata -como se ha dicho también durante el debate de esta tarde - de hacer el proceso de decisión más efectivo y más transparente garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección sanitaria y medioambiental. De esta forma, es de esperar que la directiva aumente a largo plazo la confianza de la población en la legislación que toca este ámbito y creo, además, que este punto resulta absolutamente fundamental. En línea con el principio de cautela en materia de salud y medio ambiente, la propuesta pretende especialmente reforzar en primer lugar la evaluación de riesgos que debe efectuarse antes de autorizar la liberación intencional de los OMG y mejorar en segundo lugar las posibilidades de identificar y controlar los OMG para que las instancias responsables puedan reaccionar instantánea y convenientemente en caso de riesgo grave.
En este orden de cosas, supone un motivo de alegría poder señalar que muchas de las enmiendas propuestas mejoran y clarifican la propuesta de la Comisión. En muchos casos podemos utilizar las ideas que subyacen bajo las enmiendas del Parlamento. Se aceptan completamente, parcialmente o en principio 44 de las 100 enmiendas. Entre otras, las enmiendas que tienen por fin la introducción de medios para la identificación de organismos modificados genéticamente facilitarán, pero no debilitarán, las medidas de control e inspección. Sin embargo, la Comisión va a cambiar ligeramente la redacción de estas enmiendas y también queremos cambiar algo su posición en el texto para que se adecuen mejor en general al resto del texto.
La propuesta trata de responder el creciente escepticismo de la población ante la biotecnología, un punto al que han hecho referencia todos los oradores. La Comisión no acepta por ello las enmiendas que modifican el equilibrio y debilitan la red de seguridad introducidas en las propuestas, entre ellas, el principio relativo al carácter temporal de la autorización. En virtud de este principio, todas las nuevas informaciones serán consideradas y las condiciones podrán ser modificadas con arreglo al conocimiento existente. Hemos propuesto un período de siete años. El Sr. Bowe pensó que éste era mi número favorito y otros también preguntaron el motivo de estos siete años. Es evidente que existen diferentes posibilidades que también pueden defenderse. Lo hemos considerado como un punto intermedio entre el ciclo de vida habitual de los productos modificados genéticamente, las medidas de seguimiento que hemos propuesto y la necesidad de que los procedimientos administrativos para esta directiva con arreglo al principio de cautela sean claros, prácticos y tengan una base científica. Además, a esto me gustaría añadir que en cualquier caso creo personalmente que el período de siete años no debe ser prorrogado, lo cual quiere decir que rechazo una serie de enmiendas. Me refiero a las enmiendas 41, 45, 46 y 75. A la luz del debate que ha tenido lugar entre las diversas instituciones de la Comunidad, la Comisión, sin embargo, apoya un límite temporal facultativo para la renovación de autorizaciones. Al hilo de lo cual, la Comisión no acepta la enmienda 24, que pretende implantar el consentimiento tácito para la liberación experimental incluida en la categoría 1. En opinión de la Comisión, el principio de cautela obliga a exigir una autorización expresa por escrito en todos los casos de liberación en el medio ambiente.
El etiquetado es uno de los medios que producen transparencia y reducen los reparos de la población. Por ello, la propuesta exige un etiquetado claro de todos los organismos modificados genéticamente que se comercialicen. Si existe alguna duda, el etiquetado debe indicar que el producto «puede contener organismos modificados genéticamente». Si introducimos un régimen en el cual no se exija el etiquetado por debajo de un determinado umbral, las empresas que elaboran organismos modificados genéticamente no tendrán los datos que precisan para poder cumplir los estrictos requisitos de etiquetado que la legislación de productos les impone. Por ello, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 37, 67 y 76.
Otra cuestión importante es la responsabilidad de los Estados miembros en relación con las decisiones relativas a la aprobación de productos. La Comisión ha propuesto en este punto modificar el procedimiento de comité para otorgar mayor influencia al Consejo. La participación del Parlamento Europeo en el procedimiento de comité se produce ahora en virtud del acuerdo de modus vivendi y -creo- será formalizada en una decisión sobre el nuevo procedimiento de comité. La enmienda 55 que pretende introducir cambios en el procedimiento de comité 3 B no puede ser aceptada por la Comisión en este momento. Las enmiendas 36 y 80 refuerzan la relación entre esta directiva y la legislación sobre productos y garantizan con ello que toda la legislación marco sobre biotecnología implique una exhaustiva evaluación de riesgos. En consecuencia, estas enmiendas pueden ser aceptadas en principio una vez hechos ciertos cambios en su redacción. La Comisión no puede aceptar en cambio la retirada o modificación del artículo 5 tal y como es propuesto en las enmiendas 2, 22 y 98. La cuestión de la responsabilidad presente en las enmiendas 7, 56 y 95 está siendo tramitada actualmente en la Comisión, la cual tiene en mente presentar un libro blanco sobre responsabilidad . Se han hecho avances en este campo y la Comisión presentará naturalmente su libro blanco lo antes posible. No podemos aceptar las enmiendas 19, 21 y 51 que pretender regular la importación y exportación de organismos modificados genéticamente. Estas enmiendas se adelantarían al diseño definitivo del protocolo sobre bioseguridad que actualmente se encuentra en tramitación.
Me gustaría destacar también las enmiendas 27, 29 y 32 sobre las consultas al público en relación con la liberación experimental. La Comisión acepta en principio estas enmiendas, sin embargo, preferimos que sean redactadas de nuevo para garantizar su conformidad con el Convenio de Århus sobre la participación del público en el proceso de decisión. Las enmiendas 6 y 54 se aceptan en principio, pues confirman la posibilidad de que el Consejo y el Parlamento Europeo soliciten a la Comisión que consulte al Comité Ético problemas éticos generales con respecto a la liberación de organismos modificados genéticamente.
Por último, me gustaría subrayar que aparte de la cuestión de la autorización temporal, las enmiendas que la Comisión ha aceptado total, parcialmente o en principio han desembocado en una clara mejora de la calidad de la propuesta. Un ejemplo de ello es la enmienda 14 que facilitará el control y el rastreo de los OMG. Mi opinión es que las enmiendas precisan y endurecen el texto de la Comisión creando de esta forma un marco razonable y realizable que permita alcanzar el alto nivel de seguridad que todos deseamos para la liberación intencional de organismos modificados genéticamente.

Breyer
Señor Presidente, me parece inaceptable que la Comisaria se presente desde hace seis años ante nosotros afirmando que próximamente va a haber un Libro Blanco sobre la responsabilidad civil. Hace exactamente un año debatimos sobre la directiva 90/219 y exigimos también la introducción de una responsabilidad civil. La Sra. Comisaria dijo que en pocas semanas se iba a presentar un Libro Blanco. Pero un Libro Blanco no es una directiva. Han pasado seis años desde el Libro Verde. Señora Comisaria, lo que usted ha hecho lo considero paulatinamente como un insulto a nuestra inteligencia. Niega la responsabilidad civil dándonos largas durante seis años con una directiva horizontal.
Me gustaría escuchar de usted ahora de modo vinculante porqué nos miente permanentemente y sobre todo porqué ha dicho que se iba a presentar un Libro Blanco en pocas semanas y porqué aún nos sigue dando largas. Significa que durante mucho tiempo no vamos a tener ninguna directiva, que va a durar aún años. Me pregunto dónde está la responsabilidad propia de la industria y de la ciencia. Me parece absolutamente irresponsable e inaceptable que siga dándonos largas de este modo.

El Presidente
Tenía usted un minuto. De forma excepcional le di autorización para intervenir.
Señora Comisaria, ¿desea responder?

Bjerregaard
Señor Presidente, nos alejamos mucho de la auténtica propuesta, sin embargo, me gustaría subrayar que de ninguna forma le he prometido antes a la Sra. Breyer que habría una propuesta de directiva sobre responsabilidad . Hemos discutido la cuestión y trabajado en un libro blanco. Es una cuestión muy, muy complicada y que, además, provoca muchas reacciones de todo tipo, por lo que llevará tiempo sacar adelante una propuesta semejante. Por este motivo, he subrayado esta tarde que nos íbamos a esforzar para tenerla lista lo antes posible, sin embargo, la tramitación de la propuesta no ha concluido en la Comisión. La Sra. Breyer sabe perfectamente que éstas son las condiciones para la presentación de propuestas en el Parlamento.

Liese
Señor Presidente, pido la palabra pues en la penúltima intervención de la Sra. Breyer he sido atacado personalmente y si se le concede de nuevo la palabra hay que aclararlo. Ha dicho que como nosotros estamos a favor de una limitación temporal facultativa, consideramos a las personas como cobayas. Esto es realmente absurdo. La situación es que la Comisión ve la necesidad de introducir una limitación temporal. Nosotros decimos que para ello tiene que haber motivos científicos. Si hay motivos científicos, entonces hay que hacerlo; es decir, no tiene nada que ver con cobayas. Hay también campos donde no existen estos motivos, donde no se pueden encontrar motivos científicos para los plazos y de esto es de lo que se trata. No se trata en absoluto de cobayas o similares sino de un modo de proceder adecuado ante un riesgo.

El Presidente
Gracias.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana, a las 11.00 horas.
Se suspende la sesión durante unos minutos.
La sesión, interrumpida a las 22.45 horas, se reanuda a las 22.48 horas

Vehículos para desguace
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0051/99) del Sr. Florenz, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(97)0358 - C4-0639/97-97/0194(SYN)) relativa a los vehículos para desguace

Florenz
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, entre ocho y nueve millones de vehículos usados son desguazados todos los años en la Comunidad Europea. Para ello son necesarias normas. Creo que ya es hora de que la Comisión Europea ponga manos a la obra. Me ha molestado algo que en un campo tan importante, no sólo desde un punto de vista medioambiental sino también económico, hayamos recibido una propuesta de la Comisión en la que no había anexos o en la que estos estaban vacíos. Sabemos que en los anexos es donde se regula de verdad. Normalmente, cosas similares las devolvemos. Pero en esta ocasión hemos puesto en marcha de este modo el ensayo.
Creo que la directiva propuesta señala en una dirección correcta si bien en algunos puntos debe ser aún complementada. En otros puntos es muy estricta. En la comisión, hemos tratado los vehículos de dos y tres ruedas con una mayoría bastante grande en el sentido de que sólo nos queremos concentrar en el tratamiento de estos vehículos, al contrario que la Comisión, que quiere establecer más normas al respecto. El objetivo de esta directiva es que en el futuro los autos, una vez llegada su hora, solamente se puedan dar de baja presentando una prueba de su desguace, lo que a primera vista suena bien pero que, en mi opinión es aún algo difícil, al menos en algunos Estados miembros. Hay que trabajar aún algo en ello. Hemos presentado algunas propuestas al respecto. El artículo 6 describe el tratamiento a dar a los vehículos viejos. Creo que también aquí hay que hacer algunas pequeñas precisiones pero en el fondo vamos a seguir también aquí a la Comisión.
Otro punto que no entiendo del todo es la cuestión de cómo se van a distribuir en el futuro los costes en Europa. Señora Comisaria, usted ha recurrido a un enfoque algo anticuado y se ha referido a la ausencia de costes para el último usuario. Sin duda, esto suena muy interesante también para un político, en especial, si próximamente se van a celebrar elecciones. pero una ausencia de costes también para el usuario final no va a haber nunca. Eso es una falacia. Una ausencia de costes conduce automáticamente a monopolios y los monopolios -lo sabemos muy bien- conducen siempre a procesos de concentración y estos son siempre malos.
Precisamente las pequeñas y medianas empresas que impulsamos y alabamos todos los días en nuestras intervenciones electorales son desplazadas en este campo fuera del mercado. Se pierden puestos de trabajo. La relación regional de nuestras gasolineras y de nuestros talleres de automóviles se ve menoscabada. Yo no voy a un representante de automóviles de lujo para dar de baja a mi coche sino que voy a mi vendedor, que vive en mi pueblo y que desde hace años hace para mí tales cosas. Creo que el enfoque es erróneo. Mi propuesta es encargar a los países miembros que, junto con los agentes económicos involucrados, es decir, el fabricante, el desguazador, el triturador, el último propietario, etc., desarrollen por su cuenta un sistema que conduzca lo más posible a una ausencia de costes, pero no par ordre du moufti . Creo que una regulación de seguros, similar a los de los automóviles, donde cada uno pague al mes un euro, sería una solución muy buena. Esto estaría contemplado en mi enmienda.
Hay un segundo punto -en el que coincido de modo excepcional con usted y, señora Comisaria- en el que usted establece unos objetivos de desguace muy ambiciosos.
Estos ambiciosos objetivos exigirán sin duda a la industria ciertos esfuerzos. Esto es positivo pues en Europa tenemos una enorme cantidad -cientos de miles, millones- de coches y queremos conservarlos. Pero precisamente porque queremos conservarlos, queremos también unas razonables cuotas de desguace. Creo que la comisión se ha equivocado en este aspecto. Ha aceptado una enmienda de un colega al que, por lo demás, aprecio mucho, y que prevé que hasta el año 2020 no se haga nada en absoluto.
Si interpreto correctamente la enmienda, la industria del automóvil en el futuro sólo debe ocuparse de que no se sienten más pasajeros en el coche. Por lo demás puede colocar el coche en el triturador y hacer lo que quiera. Esto no es un mandato mediaombiental. Ustedes saben que yo me opongo plenamente a esto. Creo que el enfoque de la Comision es algo demasiado duro, pero se podría modificar algo y entonces la norma básica sería la correcta.
Precisamente porque tenemos 9 millones de toneladas de chatarra de coches, necesitamos reglas para la cuestión del reciclado. Para este ridículamente pequeño paquete hemos puesto patas arriba a toda Europa y hemos hecho un reglamento de embalaje. Precisamente para este reglamento hacemos un «labeling», la ponente está sentada detrás de mí. Así pues, si para una cosa tan pequeña se establece una cuota de reciclado, para 9 millones de toneladas de chatarra de coches tendremos que introducir también ciertas cuotas, además antes del año 2020. Creo que así no puede ser. Los lobbys están realizando un buen trabajo, pero los detendremos.
Se puede discutir sobre la cuestión de la «prohibición de sustancias peligrosas». La Comisión ha presentado valores y parámetros que en mi opinión son muy tough . También aquí existe una enorme ampliación. Yo me quedaría con el principio de la Comisión y con proponer aquí un comité mixto entre la Dirección General III y la XII para que presente al cabo de tres años una propuesta crítica, científicamente fundamentada, sobre si estas estrictas reglas tienen que seguir existiendo y ejecutándose. Sé que es un sacrilegio pedir que se sienten en una mesa a la DG III y la XII, pero en el fondo creo que no sería tan malo.
Existe el deseo de prohibir el PVC. No puedo enjuiciarlo. No soy un experto en química. Pero si el PVC es peligroso, todo este tinglado tiene que prohibirse en una directiva horizontal y no debe estigmatizarse en una directiva secundaria aislada. La Comisión debería trabajar aquí aceleradamente. Señora Bjerregaard, usted es la llamada a hacerlo. Sé que tiene unos colegas de gran peso que retardan algo todo esto. Usted debe desarrollar esta directiva horizontal. En esta directiva no se regula algo así. Esto es estigmatizar y no lo considero correcto.
Soy un defensor a ultranza de acuerdos voluntarios. Si hay países miembros que eliminan sus coches viejos de conformidad con los objetivos de las directivas europeas, entonces, si son controlables, deberíamos conceder a los países la posibilidad de llevar a cabo acuerdos voluntarios. Las normas provenientes de arriba son siempre la segunda opción mejor.

Bowe
Señor Presidente, me corresponde a mí defender en este debate los puntos de vista de la comisión que se ofreció a elaborar una opinión para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor. He de decir que esta opinión ha sido muy bien recibida y desearía dar las gracias al ponente y a los miembros de la comisión por haber aceptado muchas de nuestras enmiendas. Por consiguiente, me gustaría recomendar en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial el presente informe al Parlamento.
Por lo que respecta al informe, no debemos plantearnos únicamente la importancia de las ideas que ha expresado el Sr. Florenz acerca del reciclaje, a pesar de que cuenten con nuestro apoyo. Tiene toda la razón: los automóviles generan cada año muchas toneladas de residuos. Una gran parte de estos residuos no son metales y ha de ser tratada en condiciones muy difíciles. Lo que necesitamos es un enfoque serio y adecuado ante este problema. No cabe la menor duda de que ello introduciría un mayor orden en el mercado, un mercado en el que el reciclaje no se llevaría a cabo en el tradicional desguace al que estamos acostumbrados, sino en adecuadas instalaciones de reciclaje que crearían unos puestos de trabajo tan necesarios en muchas regiones de la Unión. De esta manera se aislarían los metales y el resto de las sustancias procedentes de los automóviles y se haría un buen uso de ellos desde un punto de vista económico.
Hay dos cuestiones que no podemos pasar por alto y sobre las que debemos seguir insistiendo ante este Parlamento. La primera de ellas se relaciona con el acero con plomo. Tenemos ante nosotros esta tarde algunas enmiendas que reconocen las dificultades que entraña la extracción por completo de determinados metales de los coches. Espero que apoyemos hoy estas enmiendas para garantizar que el reciclaje de los automóviles se lleva a cabo de una manera respetuosa con el medio ambiente que no precise un mayor gasto energético que el que sería necesario si debiéramos extraer todos los metales que menciona la Comisión.
Además, quisiera señalar que, a efectos del consumidor final, es muy importante que la devolución sea gratuita, aunque quizás incluso se podría devolver al consumidor el depósito efectuado. Esto es algo muy importante si deseamos garantizar el funcionamiento eficaz del sistema.

Lange
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, creo que con esta directiva defendemos dos grandes objetivos. En primer lugar, queremos alcanzar una eliminación adecuada de estos ocho millones de vehículos y, en segundo lugar, queremos llevar el menor número posible a los vertederos. La cuestión es cómo se puede lograr esto. Por un lado, queremos garantizar la recogida gratuita para el último propietario. Por varios motivos, entre ellos, naturalmente, por motivos sociales. No puede admitirse que solamente recaigan sobre el último las cargas. Este coche lo han utilizado muchos; muchos han conducido con él. Los fabricantes, naturalmente, lo han vendido por lo que han tenido también una utilidad del mismo. Así pues, si tenemos esto en cuenta, debemos distribuir la utilidad justamente entre todos y no cargar todo sobre el último. Por ello digo, ausencia de costes para el último propietario. El cómo lo hagan los Estados miembros es asunto suyo. Está el modelo holandés, el alemán, el francés. No quiero imponer ninguno. Para mi se trata del principio.
Y también por un segundo motivo: ¿qué pasa hoy en los países en los que el desguace no es gratuito? Los coches viejos se almacenan ilegalmente o se exportan al Este. En la República Federal de Alemania, aproximadamente el 50 % de todos los coches viejos son transportados al Este en una especie de éxodo. No puede ser esta nuestra política de eliminación de residuos. Por ello, para mí está muy claro que hay que introducir la gratuidad. No va tampoco a ocasionar la muerte de pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es lo que hace la industria del automóvil en los servicios, en los contratos de suministro? Los saca a licitación y existe competencia. Exactamente igual va a ocurrir con el desguace de vehículos.
Sin embargo -y este es mi segundo punto-, debemos diferenciar entre coches nuevos y viejos. No podemos exigir de un auto que fue fabricado hace 20 años que cumpla los requisitos de hoy. Sería exactamente igual como si en la legislación sobre los gases de escape dijésemos que un coche de 20 años tiene que cumplir la euronorma 4 para el 2005. Por ello, para los coches viejos debemos garantizar que el menor número de ellos vaya a parar al vertedero, pero no podemos decir en absoluto qué cuota se va reciclar y el cómo. Veámoslo prácticamente: un coche es llevado al triturador y tras pasar por el mismo lo máximo que se puede determinar es el peso antes y después de la operación, pero no cómo se usan los diversos materiales. Esto es totalmente absurdo. Precisamente aquellos que siempre critican la burocracia establecerían un gigantesco sistema de supervisión para los coches viejos que no se podría controlar.
Creo que sólo debemos acordar lo que podemos garantizar y comprobar. Es decir, para los coches viejos, una limitación de los materiales que pueden ir a parar al vertedero, pero no una subcuota sobre cómo pueden emplearse. Pero para los coches nuevos necesitamos un ambicioso sistema con el objetivo de que se puedan reciclar al máximo. Por ello, estoy a favor de una autorización tipo que prescriba esa cuota. Esto se podrá entonces comprobar, al igual que hacemos en los ensayos de choques o en las emisiones de gases. En el caso de los vehículos nuevos deben aplicarse unos requerimientos más estrictos para la reutilización y el reciclaje.
La cuestión de la aplicación es también decisiva. El colega Florenz viene y dice con total candidez que queremos debilitar todo esto y que solamente se aplique a partir del 2020. ¡Esto es un sin sentido total, Karlheinz! Decimos que la directiva debe aplicarse inmediatamente, a demás a todos los coches. Independientemente de cómo hayan sido mantenidos y qué piezas de repuesto se hayan montado, todos los coches deben ser recogidos inmediata y gratuitamente para ser desguazados. No a partir del año 2005, como prevé su propuesta, señora Comisaria. Se trata pues de un endurecimiento.
En segundo lugar, decimos que el control tipo a partir del 2005 prescribe exactamente qué nivel de reciclaje deben tener los coches nuevos. Es decir, un nuevo endurecimiento de esta legislación. Por ello, Karlheinz, dicho suavemente, no es cierto lo que dices de que queremos suavizar aspectos de estas propuestas de la Comisión. No es así. Nosotros establecemos otro sistema. Pero estoy totalmente seguro de que endurecemos la propuesta de la Comisión en el sentido de la protección del medio ambiente y del consumidor y que la llevamos en la dirección correcta. Está totalmente claro que en las cuestiones de los metales pesados necesitamos claridad, por lo que decimos ahora y para siempre en qué sectores queremos metales pesados y en cuáles no.

Grossetête
Señor Presidente, estamos aquí para discutir sobre una directiva que es particularmente importante y que nos afecta a todos como usuarios de vehículos automóviles.
No voy a retomar los puntos que han desarrollado mis colegas, el Sr. Florenz y el Sr. Lange. Me conformaré con insistir en dos o tres puntos que me parecen esenciales.
En primer lugar, algunos solicitan la prohibición del PVC. Seamos coherentes. Pedir la prohibición del PVC entra en total contradicción con lo que hemos pedido recientemente a los constructores de automóviles, es decir, construir vehículos que consuman menos y, por tanto, limitar las emisiones. Ahora bien, sabemos muy bien que, si esos vehículos no pueden utilizar PVC, serán más pesados y, evidentemente, consumirán más. Por tanto, seamos coherentes.
Por el contrario, estoy totalmente de acuerdo en apoyar la enmienda 34 del Sr. Lange ya que creo que es importante efectivamente hacer la distinción entre los viejos vehículos homologados antes del 2005 y los vehículos nuevos homologados después del 2005. Los constructores de automóviles al menos sabrán, a partir del 2005, cuáles son las obligaciones que les afectan.
Finalmente, me parece indispensable recurrir a una evaluación de los riesgos relativa a los materiales y las sustancias que figuran en el anexo II. Creo que sería preferible proceder a la evaluación de esos riesgos y si existe efectivamente un riesgo, en ese momento convendrá volver sobre los supuestos de excepción que hubieran podido aprobarse. Ello permitiría, en ese caso, establecer un buen equilibrio entre el medio ambiente y la industria.
Éstos son, en resumen, los puntos que me parecen más esenciales para intentar resolver un problema que afecta a toda nuestra sociedad industrial. Deseo verdaderamente que puedan encontrarse las soluciones adecuadas al problema de los restos de los que todo el mundo habla.

Olsson
Señor Presidente, señora Comisaria, tengo que decir que ésta es una propuesta de directiva muy buena. Florenz ha hecho un gran trabajo, aunque realmente aprecio más otros trabajos de Florenz, en otras materias. Tal vez él no ha sido tan exigente en esto como acostumbra a serlo en otros contextos. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha hecho esta directiva más severa y espero, realmente, que la Comisión la tome en cuenta.
Quisiera destacar algunos principios. Es evidente que para los vehículos también tiene que haber una especie de responsabilidad del productor. Por eso es razonable que sea el productor quien tenga la responsabilidad principal. No hay nadie más que el consumidor para pagar; es siempre el consumidor quien tiene que pagar. Sin embargo, el último consumidor no debe pagar este coste, sino que debe ser gratis el poder deshacerse de un coche viejo. Yo creo que esto es necesario para que funcione. Se necesitan cuotas y normas que regulen lo que puede volver a usarse y de qué maneras.
En cuanto a los coches nuevos, es importante que, tan pronto como sea posible, establezcamos reglas muy rigurosas. Sabemos que la industria a menudo dice que esto es imposible, difícil o caro, pero es posible imponer normas más severas. La industria ha demostrado, en muchos contextos, que puede adaptarse a esos requerimientos. Tenemos que eliminar todos los materiales que dañan el ambiente a la hora de desguazar los coches como, por ejemplo, el plomo, el mercurio, el cromo y el cadmio; esto es obvio y debe hacerse. Mi Grupo y yo opinamos que esto también debe valer para el cloruro de polivinilo, ya que no es posible explicar a la gente que queremos eliminarlo pero que lo permitimos en los coches solamente porque estamos esperando una directiva horizontal. Esto no se puede explicar a la gente; tal vez son sólo los políticos quienes lo entienden. Por eso, opino que también se le debe incluir en este contexto.

d'Aboville
Señor Presidente, haré en primer lugar dos observaciones preliminares. La primera tiene relación con los vehículos llamados «históricos». Esos vehículos, obligatoriamente poco numerosos, son conservados por sus propietarios ya sea en vías de restauración, ya sea como reserva de piezas. Forman parte de nuestro patrimonio industrial y ha de incentivarse su conservación. Por tanto, damos nuestro apoyo a la enmienda 1 del ponente.
La segunda observación tiene relación con los vehículos de dos ruedas. Estos vehículos no pueden considerarse una amenaza para el medio ambiente, por la simple razón de que para ellos, la noción de «fin de la vida» y de «abandono» no existe. Aunque algunos alcanzan el estadio afortunado de vehículos históricos, el universo impío de las dos ruedas se caracteriza por el canibalismo de la facilidad de desmontaje, de la gran cantidad de propietarios que se encargan ellos mismos del mantenimiento y de las pequeñas reparaciones. Las dos ruedas se desmontan y sus componentes son, naturalmente, reutilizados.
Quisiera también insistir en la enmienda 53. Esta enmienda, que tiene relación con los porcentajes del reciclaje o de valorización, mantiene nuestros ambiciosos objetivos pero apoyándose en la experiencia de la directiva «envases», prevé, de forma pragmática, la posibilidad de hacer balance con regularidad y, llegado el caso, ajustar esos objetivos. Daremos también nuestro apoyo a la enmienda 54 que, en buena lógica, prevé la no retroactividad de la recogida gratuita de los vehículos.
Por el contrario, votaremos contra la enmienda 21 que llevaría a rechazar el uso del PVC, y ello por tres razones: la utilidad de este material es incuestionable: producto anticorrosión que propicia una duración de vida de los vehículos, reducción de peso, por tanto incidencia positiva en el consumo y la contaminación, como ha recordado la señora Grossetête; la mayor parte del PVC se reutiliza o se recicla, sería sobre todo ilógico separarse del planteamiento horizontal de la Comisión en este ámbito.

Breyer
Señor Presidente, este proyecto de directiva es una suerte para el medio ambiente pues ya desde hace mucho tiempo era necesario establecer la responsabilidad del fabricante y también ya era hora de aplicar el principio de evitación de residuos al sector del automóvil. Me alegra que la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor se haya pronunciado también a favor de la gratuidad para el último propietario. Me parece muy lamentable que el Sr. Florenz haya expuesto aquí su opinión personal y no la de la Comisión de Medio Ambiente. Espero que los colegas se afirmen mañana en su enmienda que contiene la prohibición del PVC a partir del año 2005.
Es lamentable tener que escuchar aquí que por lo visto está planeado caer mañana de rodillas ante la industria del PVC. Señora Grossetête y otros colegas, nosotros no queremos prohibir el plástico. Lo que queremos es prohibir el PVC debido al empleo de cloro. Hay incluso plástico biológico, hay otros materiales de plástico. El argumento que ha expuesto es totalmente absurdo. Tengo que decir que, lamentablemente, muestra también su deficiente información. Por lo visto, aquí se trata solamente de...
(El Presidente retira la palabra a la oradora) .

Kirsten Jensen
Señor Presidente, los problemas que suponen los coches dados de baja para desguace obedecen principalmente al modo como son producidos. Por ello debemos garantizar tanto la reutilización de los componentes del automóvil como la no utilización de sustancias especialmente peligrosas en la nueva generación de automóviles. Con ello, abordamos el tema del PVC. Como a otros diputados, me asombra lo que la Comisión quiere hacer con el PVC. Como sabemos, el PVC no es la palabra clave del futuro, aunque la industria del PVC trate de presentar en documentos que nos ha remitido, por ejemplo, el plan de acción sueco de una forma tal que uno creería que los suecos consideran el PVC un artículo sanitario y piensan que su presencia debería ser mayor en nuestras vidas. No es lo que piensan. El PVC tiene gran utilidad, sin embargo plantea problemas medioambientales a la hora de su destrucción. Además, el PVC produce una cantidad de residuos tras su combustión superior a la cantidad enviada a la incineradora. La combustión de PVC produce dioxinas, una de las sustancias tóxicas más peligrosas para la salud que existen. Además, los blanqueadores del PVC, los llamados ftalatos, son sospechosos de comportarse como hormonas y a la hora de efectuar futuras modificaciones a la legislación debemos respetar el principio de cautela.
Cada vez que el PVC aparece incluido en una propuesta de directiva, nos enteramos de que este problema precisamente no puede contemplarse de manera aislada o verticalmente, sino que hay que verlo de modo global u horizontalmente y que la Comisión hará el trabajo de reflexión por nosotros. Así lo ha querido, por lo que yo sé, desde los años 80. Hoy la Comisión ha de decirnos cuándo adoptará una iniciativa en el campo del PVC, pues esto influirá en el sentido en que votemos mañana.

Rübig
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Florenz pues la reutilización debería estar realmente en primer plano, pero quiero pronunciar un no absoluto a la prohibición del PVC pues no tenemos aún unas alternativas factibles. La inclusión de piezas usadas procedentes de las reparaciones afectaría a la totalidad de la eliminación de residuos de los talleres y esto no tiene nada que ver con la directiva. La obligación de recogida gratuita destruiría también las fuerzas del mercado y, sobre todo, excluiría a las empresas existentes de la cadena de reutilización y crearía unos costosos obstáculos burocráticos al comercio.
Respecto a la enmienda nº 42 quiero decir que se trata de una señal positiva para acuerdos de medio ambiente, pues el mantenimiento de muchos acuerdos sobre vehículos usados en Europa se centra en pocos artículos. Respecto a la enmienda nº 44, el anexo técnico está en mi opinión demasiado detallado y contiene también disposiciones contrarias al sentido general.

Bjerregaard
Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo al Sr. Florenz el trabajo realizado por la Comisión de Medio Ambiente con esta importante y compleja propuesta. La Comisión de Medio Ambiente ha presentado 45 enmiendas, lo que sumando las 16 nuevas enmiendas hace un total de 61 enmiendas. Algunas de las enmiendas precisan o mejoran la propuesta y ya puedo decir que la Comisión acepta 20 de ellas total o parcialmente. Hay también otras enmiendas que debilitan la propuesta de la Comisión y reducen el nivel de protección medioambiental. En este punto pienso en temas como la responsabilidad del fabricante, los objetivos de recuperación y el ámbito de aplicación y la entrada en vigor de la propuesta. Estos elementos son fundamentales en la propuesta de la Comisión y no podemos aceptar que se vean debilitados.
Voy a comentar agrupadamente las numerosas enmiendas. Permítanme comenzar con el ámbito de aplicación de la propuesta. En este punto deseo llamar la atención sobre dos aspectos. El primero, que afecta a las enmiendas 9, 14 y la segunda parte de la 17, versa sobre los vehículos antiguos. De ninguna forma creemos que los vehículos antiguos que se conservan en museos o en manos particulares sean residuos. Por ello no quedan incluidos dentro de la propuesta, aunque podemos hacer que quede más claro dentro de la propia propuesta. Luego está la propuesta sobre si esto es valedero para los vehículos de dos y tres ruedas. También hemos considerado esto y creemos que sólo los vehículos deben quedar excluidos de los artículos 4 y 7 de la propuesta. La enmienda 18 entraña que los vehículos de dos y tres ruedas queden fuera de todos los demás artículos con la excepción del artículo 6, a lo cual no podemos sumarnos.
Luego están los metales pesados y el PVC. En la propuesta, la Comisión ha optado por exigir la retirada de algunos de los metales pesados de los automóviles, antes de proceder a su reutilización, y veo que la Comisión de Medio Ambiente aboga por una clara eliminación de tales metales pesados y por una lista de las desviaciones que pueden ser modificadas en el procedimiento de comité. Desgraciadamente, he de adoptar ciertas reservas ante este punto y por ello no puedo sumarme a las enmiendas 20, 21, 45, 56 y 59; la Sra. Jensen tenía toda la razón al decir que mi respuesta sobre el PVC iría en dirección a que actualmente estamos trabajando en una iniciativa horizontal, por lo que no puedo aceptar las enmiendas 8, 19 y 21.
Luego está la cuestión de la recogida y retirada de los vehículos para desguace. En este punto la Comisión acepta las enmiendas 24, 28 y 29 que clarifican el texto, sin embargo, no podemos aceptar las enmiendas 26 y 27, mientras que las enmiendas 22 y 23 precisan una cuidadosa reflexión. Por ello hoy no las aceptamos. Me gustaría subrayar que tanto la retirada gratuita como el principio relativo a la responsabilidad del productor, que también ha desempeñado un importante papel en el debate de hoy, son elementos importantísimos a la hora de hacer la producción y el consumo más sostenibles a largo plazo. Ésta es también la razón de que no podamos aceptar la enmienda 25 o las enmiendas 46 y 54, mientras que nos sumamos a la enmienda 43. En lo que respecta al reciclaje, reutilización y recuperación de los vehículos para desguace, la Comisión no puede aceptar la enmienda 34, puesto que eliminaría el objetivo de recuperación a corto plazo. Luego está la enmienda 61 que hace los objetivos menos claros y la enmienda 53 que representa un serio obstáculo a la hora de alcanzar los objetivos a largo plazo y que tampoco puede aceptarse.
No aceptamos las enmiendas 49 y 50, que dificultarían el seguimiento del cumplimiento de los objetivos cuantificados, sin embargo, aceptamos en cambio las enmiendas 57 y 58. También están las enmiendas relativas a la entrada en vigor de la propuesta y finalmente la cuestión de los acuerdos sobre medio ambiente, que no podemos aceptar en el momento actual. En este sentido, debo señalar entre paréntesis que se trataba de un debate completamente diferente, ya que debatíamos otra propuesta de la Comisión de Medio Ambiente sobre acuerdos voluntarios.
Espero que en las próximas negociaciones sea posible hallar una solución de compromiso en la que se llegue a un equilibrio entre las consideraciones de índole medioambiental, la atención al consumidor y la atención a la industria.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11 horas.

Medidas unilaterales de EE.UU. contra el régimen de exportación de plátanos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de las preguntas orales siguientes:
Sr. Querbes y otros, en nombre del Grupo GUE/NGL, a la Comisión (B4-0017/99), sobre medidas de represalia unilaterales por parte de los Estados Unidos contra las exportaciones comunitarias en el contexto del asunto «plátanos»; -Sr. Aldo y otros, en nombre del Grupo UPE, a la Comisión (B4-0018/99), sobre las medidas de represalia unilaterales de los Estados Unidos en el marco del contencioso sobre el régimen europeo de importación de plátanos; -Sra. Castagnède y Sr. Hory, en nombre del Grupo ARE, a la Comisión (B4-0019/99), sobre el nuevo grupo especial en la OMC sobre el plátano y amenazas unilaterales de los Estados Unidos de represalia aduaneras; -Sra. Plooij-van Gorsel y Sr. Moorhouse, en nombre del Grupo ELDR, a la Comisión (B4/0139/99), sobre el funcionamiento de los procedimientos de la OMC que rigen la resolución de litigios y la controversia EE.UU./UE sobre el plátano; -Sra. Mann, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión (B4-0140/99), sobre las medidas unilaterales de los Estados Unidos contra la importación de productos procedentes de la Unión Europea; -Sr. Souchet, en nombre del Grupo I-EDN, a la Comisión (B4-0141/99), sobre las medidas de represalia unilaterales de los Estados Unidos en el marco de la controversia sobre el régimen comunitario de importación relativo a los plátanos; -Sr. Kreissl-Dörfler y otros, en nombre del Grupo V, a la Comisión (B4-0142/99), sobre la OMC y el conflicto comercial entre los EE.UU. Y la UE acerca de la ordenación del mercado del plátano; -Sr. Kittelmann y otros, en nombre del Grupo PPE (Grupo demócrata-cristiano), a la Comisión (B4-0143/99), sobre medidas comerciales unilaterales adoptadas por los Estados Unidos de América contra determinados productos europeos y procedimiento de solución de diferentes OMC.
Sierra González
Señor Presidente, yo quería señalar que las medidas acordadas por Estados Unidos, los problemas suscitados en la aplicación del Reglamento de la OCM del plátano y los conflictos surgidos en torno al mismo nos obligan a reflexionar sobre dos cuestiones básicas.
Primero, la necesidad de que la Unión defienda su legalidad interna, expresión de su autonomía agredida por normas, como la sección 301, aplicadas extraterritorialmente y con las que se pretende defender intereses, no derechos.
Segundo, la necesidad de garantizar la eficacia de los procedimientos de arbitraje, cuya autoridad ha sido esgrimida contra la Unión y que ahora, circunstancialmente, son puestos en cuestión por medidas unilaterales proteccionistas.
Ambas cuestiones nos llevan a concluir que nos hallamos ante una política de apertura de mercados sin reciprocidad y en provecho de los norteamericanos. Los mercados europeos no sólo tienen que abrirse a los productos de Estados Unidos, sino que tienen que abrirse en las condiciones que Estados Unidos dicte.
Tendremos que reflexionar para mantener la autonomía legislativa de la Unión, -en este caso, la OCM del plátano es un símbolo. Lo que se pretende reivindicar es la autonomía de la Unión.

El Presidente
Gracias, señora Sierra González, y gracias por haber respetado su tiempo de palabra. Recuerdo a nuestros colegas que debo ser especialmente intransigente esta tarde, para mantener el calendario.

Aldo
Señor Presidente, desde mi llegada a este Parlamento no he dejado de denunciar los ataques incesantes de los Estados Unidos contra la OCM «plátanos».
A pesar de las drásticas concesiones que ha llevado a cabo la Unión Europea con ocasión de la reforma de la OCM, concesiones que hemos combatido ya de salida puesto que atentaban contra el principio fundamental de la preferencia comunitaria, este nuevo régimen sigue siendo objeto de hostigamiento por parte de Estados Unidos que sólo quieren el desmantelamiento puro y simple de la OCM.
Las amenazas proferidas hoy por estos últimos con el mayor desprecio por las reglas que presiden el sistema del comercio multilateral se produjeron al día siguiente del lanzamiento de la asociación trasatlántica. Desde entonces, el Grupo Unión por Europa desea una réplica adecuada por parte de la Unión.
En primer lugar, la Unión no podría en ningún caso ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos sin una decisión por las instancias competentes de la OCM y según los procedimientos en vigor que garantizan el pleno ejercicio del derecho a la defensa. Si, por casualidad, los Estados Unidos debieran privilegiar la vía unilateral, han de saber que arrostrarán una pesada responsabilidad en el debilitamiento del sistema comercial internacional.

Mann, Erika
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, no me hagan que entre hoy en detalles. Algunas cosas han sido ya tratadas por los colegas y parto del hecho de que muchos detalles van a ser mencionados por otros colegas que están presentes. Si las consecuencias de estos nuevos enfrentamientos con los Estados Unidos no fuesen tan serias, uno se podría divertir con este litigio sobre los plátanos, pero las consecuencias son muy serias y espero que en los próximos tiempos podamos llegar a una solución satisfactoria, de lo contrario, pondríamos en peligro seriamente las relaciones trasatlánticas.
Me permito recordar que la Unión Europea y los Estados Unidos fueron los principales impulsores del procedimiento de arbitraje de litigios en el marco de la OMC. Quizás el procedimiento no sea perfecto en todos los puntos y tenga que desarrollarse, pero es el único instrumento que tenemos a nivel internacional para solucionar enfrentamientos comerciales. Los Estados Unidos dudan que la nueva OCM del plátano sea compatible con la OMC. Tienen derecho a hacerlo. Pero a lo que no tienen derecho es a realizar acciones multilaterales contra sus interlocutores comerciales y a imponer sanciones, como en este caso, absurdos aranceles del 100 % sobre mercancías provenientes de Estados miembros de la Unión Europea.
No tienen derecho a pronunciar una sentencia por su propia cuenta. El proceder de los Estados Unidos daña considerablemente el procedimiento de arbitraje de litigios de la OMC. Dificulta considerablemente las negociaciones previas para la nueva ronda de la OMC y socava la confianza en el proceso de cooperación trasatlántica. Surge la impresión como si las actuaciones comerciales norteamericanas estuviesen dirigidas de modo creciente por una agenda política estrictamente nacional. Está justificado el temor de que lo que se pretende es imponer una determinada filosofía comercial norteamericana. Esto es un juego peligroso con el fuego. la misma OMC estaría en peligro. El proteccionismo no puede ser la salida a los problemas nacionales. Nuestro orden mundial es interdependiente y la OMC es un instrumento de armonización de los egoísmos nacionales. No es querida por todos, no es perfecta, pero sí totalmente necesaria.
Emocionalizar políticamente temas nacionales, por ejemplo, los plátanos, las hormonas o muchos otros, conduce a la irracionalización de la política en general y pone en marcha una tendencia que quizás no se pueda detener. Mi grupo político apoya plenamente la posición de la Comisión. La Comisión de Relaciones Económicas Exteriores les ha presentado una resolución común adecuada que condena expresamente las actuaciones unilaterales de los Estados Unidos, apoya plenamente a la Comisión y puede ser además una buena base para más acciones en el marco de la política europea.

Souchet
La crisis que, a propósito de la controversia sobre el plátano, afecta a las relaciones entre la Unión Europea, a sus Estados miembros, a sus socios ACP y a los Estados Unidos, ilustra las ambigüedades de la política comercial de la Unión.
Frente a una actitud muy determinada de Estados Unidos que manejan con arte el doble juego frente a sus socios europeos, que buscan al mismo tiempo la asociación y las sanciones, las instituciones europeas parecen divididas, impotentes, paralizadas, y finalmente poco deseosas de defender realmente intereses europeos.
Las causas son múltiples, la voluntad hegemónica de Estados Unidos no se percibe como tal por numerosos Estados miembros; la aparición de intereses no comunes sino divergentes entre los Quince tiene tendencia a desarrollarse y la falta de democracia en el seno de las instituciones europeas facilita las connivencias opacas.
En todo caso nos encontramos en una situación en que los Estados Unidos han decidido unilateralmente publicar una lista de productos europeos sobre los que pretenden imponer sanciones incrementando los derechos arancelarios en un 100 % si la Unión Europea no modifica su nuevo mecanismo de importación de plátanos antes incluso que la OMC se haya pronunciado sobre su compatibilidad con las reglas de esta organización.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, la actual guerra del plátano es un ensayo. Esto lo dijo con toda claridad hace poco el embajador de los EE.UU., Vernon Weaver, en la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. El caso serio va a ser en pocas semanas la prohibición en la UE de la carne tratada con hormonas. A continuación, vendrá el tema de la manipulación genética, lo que tampoco ocultó en absoluto el Sr. Weaver. Bajo el pretexto de ofrecer a los consumidores mayores posibilidades de elección, los consorcios norteamericanos quieren poder ofrecer en nuestros supermercados tomates genéticos y soja de laboratorio. Y a ser posible, sin etiquetado, pues los largos textos pueden recabar demasiados esfuerzos de las cabezas de los consumidores.
Se trata de mucho más que de plátanos. Precisamente por ello no podemos ceder ante las injustificadas exigencias de los EE.UU. Aunque o precisamente porque amenazan con absurdas sanciones, hemos modificado el reglamento de mercado del plátano de conformidad con un «panel» de la OMC. Exactamente el mismo «panel» decidirá si esta modificación es correcta. Cualquier sanción en contra de empresas europeas por parte de los EE.UU. antes de esa decisión significa que la OMC ha perdido su sentido. Cualquier arancel punitivo que se imponga antes de la decisión del «panel» significa que podemos cerrar la OMC.
Lamentablemente, la Comisión no está ausente de culpa en esta situación. Los fundadores de la OMC se han metido ellos mismos en esta situación, pues el comercio mundial no está regido por el principio de un desarrollo sostenible, la protección del consumidor y la protección social. En vez de ello, rigen el crecimiento económico y la expectativas de beneficios. Ante el próximo millenium round es ya hora de elaborar propuestas concretas de reforma. Prevención, ecología y desarrollo rural tienen que convertirse en elementos centrales de la actuación económica. En los high level meetings de la OMC en marzo, la Comisión debería presentar primero los documentos si, tal como ha prometido, quiere hacer de la transparencia la primera obligación del funcionario. Las protestas de hoy de los agricultores franceses ante el Parlamento dejan entrever qué es lo que piensan de la adaptación al mercado mundial y de la manía liberalizadora y desreguladora y a qué están dispuestos cuando la cosa se ponga realmente en marcha.

Liese
Señor Presidente, el Grupo el Partido Popular Europeo apoya la resolución común. Damos gran importancia al respeto de las normas de la OMC. Es absolutamente inaceptable que los EE.UU. amenacen con medidas unilaterales contra empresas europeas que realmente no tienen nada que ver con el reglamento de mercado de lo plátanos y con este litigio. Es también totalmente inaceptable que la política en los EE.UU ceda a la presión de Chiquita y otros. Hay que apoyar a la Comisión cuando pide que se respeten las normas de la OMC.
Pero también la UE tiene que respetar estas normas. Es decir, si perdemos el próximo «panel», habrá que adaptar de nuevo este reglamento de mercado. Ruego a la Comisión que recapacite sobre cómo va a reaccionar si se da este caso. Personalmente, creo que este reglamento de mercado no es bueno. Es discriminatorio frente a los productores en Latinoamérica y no protege a los pequeños productores frente a las multinacionales, pues en Latinoamérica hay también productores independientes. En el Ecuador, el 60 % de los productores poseen menos de 20 hectáreas y son de propiedad nacional, no de Chiquita.
En Costa Rica hay plátanos fair-trade y todos estos se ven discriminados por el reglamento de mercado. Cuando hace dos semanas el Comisario Pinheiro, al hablar sobre mi informe relativo a los plátanos, dijo incluso que las multinacionales en los Estados ACP deberían recibir dinero de la Comisión, es el colmo del cinismo que se afirme que queremos defender a los pequeños frente a los grandes. Quizás se trate de cosas muy diferentes. Pero esto no debe impedirnos subrayar siempre que las normas de la OMC deben respetarse y que no podemos aceptar los ataques de los Estados Unidos. Tampoco podemos aceptar lo referente a la carne con hormonas y a los organismos modificados genéticamente. Tenemos que defender nuestra legislación. Pero si vemos que nuestra legislación no está en consonancia con las normas de la OMC, deberemos también adaptarla.
Quiero llamar también la atención del Comisario Sir Leon Brittan sobre el debate referente al informe Bowe que acabamos de mantener. La comisión ha acordado una enmienda que dice que debemos tener en cuenta criterios socioeconómicos a la hora de autorizar organismos modificados genéticamente. Creo que si se aprueba la enmienda y se refleja en la legislación, se lo pondremos muy fácil a los norteamericanos. Tenemos que demostrar que nuestra política es correcta en base a documentos científicos y estos existen tanto en lo referente al tema de las hormonas como de los organismos modificados genéticamente. Del principio de prevención hacemos la base de nuestra política y no de cualesquiera criterios socioeconómicos arbitrarios. Debemos prestar atención para que en otoño no tengamos nuevos problemas.

Brittan
Señor Presidente, desearía comenzar agradeciendo el respaldo que el Parlamento ha brindado en líneas generales a la Comisión en torno a esta cuestión, así como la resolución que ha elaborado, que estimamos que nos apoya en gran medida.
En este tema se plantean dos puntos cruciales: ¿qué está haciendo la Comisión para evitar las sanciones con que amenazan los Estados Unidos y cuál sería nuestra actuación en el caso de que estas sanciones se llegaran a aplicar? Todas nuestras acciones se han llevado y se seguirán llevando a cabo en el futuro de conformidad con las normas de la OMC. Con un error no se subsana otro, lo cual, sin embargo, no implica que no podamos hacer nada al respecto. Las sanciones americanas son ilegales porque se basan en una decisión unilateral en el sentido de que la Comunidad Europea no ha logrado adaptar el régimen del plátano a las normas de la Organización Mundial del Comercio. Por este motivo, hemos intentado persuadir a los estadounidenses de que presenten esta cuestión de la conformidad del nuevo régimen del plátano a un procedimiento de control de la OMC, tal como establece el apartado 5 del artículo 21. De hecho los procedimientos de la OMC estipulan obligatoriamente este paso antes de que se pueda autorizar cualquier sanción.
Venimos ofreciendo ya desde septiembre del año pasado -y lo hemos reiterado en las semanas y meses posteriores- reducir a un plazo mínimo de tiempo los procedimientos de la OMC. Incluso hemos iniciado nosotros mismos el procedimiento e invitado a los Estados Unidos a participar en el mismo. Pero el problema fundamental estriba en que, cuando finalizó la Ronda Uruguay, la Administración de los Estados Unidos prometió al Congreso la adopción inmediata de sanciones al término del período de aplicación en vigor del panel de la OMC, de acuerdo con el procedimiento legislativo nacional del artículo 301. Ahora, la Administración tiene que demostrar que puede cumplir su promesa. Éste es sencillamente el trasfondo político americano de la cuestión. Así pues, los Estados Unidos han pasado por alto el hecho de que, en caso de divergencias entre las partes, se ha de someter primero a prueba la conformidad de las medidas de aplicación por medio de los procedimientos obligatorios de la OMC.
En el caso del plátano, la Administración americana prometió al Congreso la aplicación de sanciones a más tardar el 3 de marzo de 1999, ¡independientemente de lo que ocurriera en la OMC! Esto es lo que ata las manos a la Administración estadounidense. Éste es el motivo por el que los Estados Unidos han rechazado participar en cualquier procedimiento de la OMC sobre la conformidad del nuevo régimen comunitario del plátano, sencillamente porque ello habría supuesto a los americanos traspasar el plazo interno que se impusieron a sí mismos, que no se ajusta a las normas de la OMC:
Al iniciar nosotros mismos el procedimiento del apartado 5 del artículo 25, hemos logrado que el Ecuador emprenda su propio procedimiento para poner a prueba la conformidad de nuestro régimen. Este procedimiento está siendo sometido actualmente a examen y se prevén los informes del panel para el 12 de abril. Acto seguido, los procedimientos normales establecen el derecho de apelación de la otra parte. Entre tanto, los Estados Unidos no han cesado de presionar para obtener una autorización con objeto de emprender medidas de represalia para el 3 de marzo. Se ha abierto un gran debate sobre esta cuestión en el que prácticamente todos los miembros de la OMC que han intervenido lo han hecho a favor de nuestra posición, en el sentido de que no puede permitirse una autorización de represalia si no existe una normativa de la OMC sobre la conformidad del régimen.
Nosotros vamos a seguir argumentado ante el órgano de arbitraje que éste sólo podrá decidir el alcance de cualquier acción de represalia única y exclusivamente en el caso de que se determine la falta de conformidad del nuevo régimen del plátano. En cualquier otro caso, el árbitro estaría sentenciando a la Comunidad Europea sin que se hubiera demostrado su culpa.
Hemos solicitado al Consejo General de la OMC que ofrezca una interpretación autorizada a este respecto.
En último lugar, vamos a plantear la conformidad de la legislación americana del artículo 301. Hemos solicitado una comisión de control que se creará en su debido momento. Por su parte, los Estados Unidos han solicitado emprender consultas con nosotros, y acudiremos a éstas de buena fe.
Todo esto me conduce a la segunda cuestión: ¿qué haremos si los americanos siguen adelante con sus sanciones llegado el 3 de marzo? En primer lugar, plantearíamos la legalidad de esas sanciones por medio de los procedimientos de solución de diferencias en el marco de la OMC.
En último lugar, y durante todo el tiempo que estuvieran en vigor las sanciones, tendríamos la opción de tomar represalias perfectamente legales mediante la retirada de concesiones o la imposición de medidas en aquellos sectores que no se encuentran sometidos a las competencias de la OMC. Existen medidas de este tipo que se podrían imponer, estaríamos en nuestro derecho de hacerlo, y nos plantearíamos muy seriamente su aplicación ante una violación tan flagrante de la ley.

Smith
Señor Presidente, respaldamos la opinión de la Comisión en el sentido de que la acción unilateral de los Estados Unidos es tan ilegal como escandalosa e irresponsable. La mera amenaza está causando ya serios perjuicios a los productores de prendas de cachemir, que constituyen una parte completamente inocente en esta disputa y que pueden llegar a registrar pérdidas en torno a los 20 millones de libras en pedidos destinados a la exportación y hasta 1.000 puestos de trabajo. Con estas acciones reivindicativas, los Estados Unidos no sólo han perjudicado su propia reputación, sino también el futuro de la asociación transatlántica. En la actualidad se está procediendo a cumplir precisamente lo que, según tengo entendido, solicitaban los Estados Unidos en su carta de 13 de julio a sir Brittan, esto es, un comité de arbitraje con arreglo al apartado 5 del artículo 21. Debemos condenar el burdo intento de intimidación por parte de los Estados Unidos, en el que se solicita eximir de sanciones a los productos daneses y holandeses puesto que estos países votaron en contra del régimen del plátano en el Consejo. Acerca de este punto, me gustaría preguntar a la Comisión de qué mecanismos disponen las autoridades estadounidenses para poder distinguir entre los productos originarios, pongamos el caso, de Dinamarca y los Países Bajos y los productos procedentes de Francia o el Reino Unido.
Los puntos que hemos incluido en la resolución de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores son muy claros. Exigimos que la Unión Europea cumpla las obligaciones contraídas con nuestros socios comerciales ACP, y esperamos que la Comisión logre este objetivo en el marco de la OMC. Finalmente, no podemos tolerar que se produzcan más perjuicios a nuestra industria a causa de un régimen cuya ambición sólo es comparable a su arrogancia.

Rübig
Señor Presidente, quizás no hayamos aprobado en Europa un reglamento de mercado del plátano muy adecuado, pero reaccionar inmediatamente con la guerra, imponiendo aranceles del 100 % a las velas, armas, jerséis y cosas similares, no es en mi opinión la respuesta correcta. Se trata del método antiguo de probar con el poder y la guerra. Quien mate el máximo de contrarios es al final el vencedor.
En Europa hemos aprendido de ello. En el fondo, de lo que se trata es de encontrar una solución mejor. Es decir, si tenemos dos posiciones diferentes, debemos reconocer que quizás las dos partes pueden tener razón. Debemos entonces acercarnos unos a otros y decir que aceptamos no sólo la solución 1 ó 2 sino que vamos a probar la 3, 4, 5, 10, 15 hasta que tengamos una solución que pueda ser aceptada por todos; y estas soluciones tienen que elaborarse en mesas de negociaciones.

Ainardi
Señor Presidente, como dos o tres grandes sociedades americanas controlan la producción de los países de América latina, los Estados Unidos, que no producen por cierto ni un solo kilo de plátanos, prosiguen sin descanso con su ofensiva contra el sistema comunitario de importación.
Mientras la Unión Europea ha tenido en consideración el veredicto de la OMC, modificando su reglamentación, los Estados Unidos esgrimen de nuevo la amenaza de sanciones comerciales contra la importación de productos europeos. Pretenden así que la Unión levante su embargo sobre las importaciones de carne tratada con hormonas, y preparan una ofensiva sobre los organismos genéticamente modificados.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión señalaba por otra parte el pasado 28 de enero que la cuestión de los plátanos sólo es una pequeña colina con respecto a las montañas de asuntos relativos a la carne con hormonas y los OGM.
En el fondo, es claramente la cuestión de los mecanismos de la OMC la que se ha planteado con esta reafirmación del hegemonismo comercial y político de Estados Unidos, por su voluntad de iniciar el futuro ciclo de negociaciones en una posición de fuerza.
La propuesta de resolución cofirmada por mi grupo y los Verdes condena las amenazas de sanciones americanas. Solicita que la Comisión sea muy firme frente a esta nueva ofensiva para proteger los intereses de los productores comunitarios y de los países ACP.
Se ha conseguido un acuerdo provisional a la espera del nuevo arbitraje del grupo especial de la OMC, pero los Estados Unidos no han renunciado sin embargo a sus amenazas. Si aplican las sanciones anunciadas de forma unilateral, la Comisión está dispuesta a responder, si fuera necesario, con medidas de represalia equivalentes.

Medina Ortega
Señor Presidente, tengo que agradecer la presencia a estas altas horas de la noche del Comisario Sr. Brittan, porque demuestra su interés por el tema. Esta noche estamos realizando un ejercicio de apoyo a la Comisión, como el propio Comisario ha señalado y, por tanto, no tiene sentido que repita algunos de los argumentos que ya se han dado.
Me va a permitir el señor Presidente que haga unos comentarios. No sé si voy a obtener respuestas.
En primer lugar, quiero referirme a los problemas que nos plantea esta crisis. El primer problema es que, si bien nosotros insistimos durante la ronda final, en Marrakech, de la constitución de la Organización Mundial de Comercio, en la inclusión del procedimiento de solución de conflictos, ello era para luchar contra el unilateralismo americano. Y ahora, sin embargo, ese artículo 301 de la ley norteamericana de comercio exterior vuelve a aparecer otra vez.
En segundo lugar, parece que los norteamericanos tienen la posibilidad de eximirse del procedimiento de solución de conflictos, pues concretamente ni la ley Helms-Burton ni la ley D'Amato han podido ser impugnadas ante la Organización Mundial de Comercio de una manera eficaz.
Y en tercer lugar, la preocupación que tenemos, sobre todo los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, es la de saber si la Comisión está realmente en condiciones de enfrentarse con medios propios a esa tremenda batería de juristas que tienen los norteamericanos en Ginebra. Parece que los norteamericanos son capaces de ganarnos casi todos los pleitos: se acaba de señalar el tema de las hormonas, se acaba de señalar un posible recurso en el tema de los organismos modificados genéticamente y tenemos la guerra del plátano.
Es decir, el problema está en que si no se llega pronto a un acuerdo sobre este tema y los norteamericanos insisten en el multilateralismo, es posible que la Comunidad tuviera que reconsiderar su disposición a someterse a un mecanismo multilateral, que parece que los norteamericanos no están dispuestos a respetar.

Porto
Señor Presidente, ya en el último Pleno, celebrado en Bruselas, tuvimos ocasión de hablar de la problemática de los plátanos, a propósito del apoyo financiero que se debía conceder a los países ACP afectados por la reducción de su producción.
Conforme subrayamos entonces, además de las razones que pueden asistir a una y otra de las partes, impresiona la desproporción de las represalias anunciadas. Entre otros aspectos, mientras que por nuestra parte podría estar en juego el apoyo a dos regiones periféricas (de Madeira hablará, por cierto, mi colega Manuel Mendonça) y a países pobres ACP, donde no hay una satisfactoria opción substitutiva de los plátanos, por parte de los Estados Unidos ni siquiera están en juego intereses de agricultores suyos, sino de multinacionales poderosísimas que explotan la producción en países de América Latina.
Si bien hay que ser sensible, naturalmente, para con las poblaciones de esos países, hay que subrayar que aún es muy amplio el mercado que queda abierto, fuera de Europa y en Europa, además de las cuotas establecidas.
Así, pues, se comprende que hayamos subscrito unas preguntas orales a la Comisión para procurar saber si es posible o no llegar a un entendimiento en el ámbito del grupo especial de la OMC. Al no poder dejar de abrigar las mayores reservas sobre la corrección de la posición americana, inquirimos también, en una pregunta que es simultáneamente una sugerencia política, si está dispuesta la Comisión a aplicar con rigor y sin demora los instrumentos de política comercial que tiene a su disposición.
Debemos dar, de hecho, todo el apoyo político a la Comisión en la firme posición que sigue adoptando, conforme se ve claramente en el apartado 3 de la propuesta de resolución elaborada a raíz de las preguntas orales presentadas.
Por lo demás, al proceder así, no sólo defendemos legítimamente los intereses de personas y zonas desfavorecidas en este caso concreto (el de las zonas productoras de plátanos, por un lado, y de las zonas que se verían afectadas por las medidas de represalia americanas, por otro), sino que, además, hacemos, con mucho mayor relieve, una contribución para que se avance por fin hacia la resolución multilateral de los conflictos, de acuerdo con las normas de la OMC (y el consiguiente rechazo de las represalias unilaterales, en una lógica política que preferimos no calificar).

Novo
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, no bastó a los Estados Unidos de América que una comisión arbitral de la OMC, constituida a imagen y semejanza de sus intereses y sus transnacionales de la zona del plátano-dólar, obligara recientemente a modificar la OCM del plátano... Los EE.UU. prosiguen su ofensiva encaminada a destruir cualquier régimen de apoyo al plátano comunitario y aniquilar lo que aún queda de esa producción en regiones poco desarrolladas y ultraperiféricas, como sucede en Madeira.
Pero lo que más escandaliza en esta ofensiva es su carácter totalmente unilateral, fuera de las estructuras de la propia OMC. Ahora se amenaza con nuevos derechos aduaneros sobre productos europeos exportados a ese país, lo que en la práctica podría plasmarse en una prohibición de acceso de diversos productos al mercado norteamericano, entre los cuales se pueden citar los productos textiles.
Esta ofensiva va encaminada asimismo a preparar nuevos ataques que obliguen a la Unión Europea a aceptar la importación de carne americana tratada con hormonas y de productos genéticamente modificados, con un total desprecio por la salud pública de los consumidores europeos. Hay que oponer, señor Comisario, firme resistencia a esta ofensiva. Conviene que, en caso de que se concrete esa amenaza, la Unión Europea ejerza represalias de inmediato limitando de forma clara el acceso de productos americanos al mercado europeo. Conviene también -y es fundamental- que la Comisión ponga en marcha todos los mecanismos de derecho mercantil e internacional a su disposición para restablecer la legalidad que los Estados Unidos pretenden subvertir.

Mendonça
Señor Presidente, Señorías, como diputado procedente de una región ultraperiférica de la Unión Europea productora de plátanos, quiero dejar aquí bien expresada mi más vehemente protesta y la más profunda indignación por la actitud represaliadora anunciada por los Estados Unidos de América en el marco del nuevo contencioso sobre el régimen comunitario de importación de plátanos.
En este momento quiero poner de relieve que entre las regiones europeas productoras de plátanos se encuentran algunas de las regiones ultraperiféricas insulares en las que aún persiste un bajo nivel de desarrollo económico y la producción de plátanos constituye la principal y tal vez la única fuente de ingresos para muchos millares de familias. Si las instituciones europeas hubieran cedido a las presiones que a in de cuentas siguen ejerciendo sobre el mercado del plátano las multinacionales orientadas y dirigidas por los Estados Unidos de América con vistas a la defensa de sus exclusivos intereses, los perjuicios económicos, sociales y medioambientales en la región autónoma de Madeira habrían sido incalculables.
En estas circunstancias, es evidente la necesidad de sostener que, sean cuales fueren las razones aducidas por los Estados Unidos para ejercer presiones en relación con los dossiers que estén en debate, la Unión Europea no debería hacer concesiones. Las instituciones europeas deberían reiterar, en el ámbito de las diferentes instancias internacionales, su firme oposición a las medidas unilaterales de represalia comercial. Las sanciones anunciadas por los Estados Unidos en el ámbito de las medidas de represalia tienen ya contornos muy chocantes y se empiezan a sentir efectos negativos en otros sectores industriales que nada tienen que ver con el dichoso conflicto de los plátanos.
Apoyamos totalmente la posición de la Comisión al mantenerse sin vacilaciones conforme al espíritu de los principios y las normas de la Organización Mundial del Comercio, pero debería estar preparada, como parece estarlo, para responder de forma rigurosa y rápida, en caso de que los Estados Unidos apliquen las medidas unilaterales.

Brittan
Señor Presidente, permítame señalar en primer lugar que todos los oradores que han intervenido en esta última parte del debate han manifestado que la acción emprendida por los Estados Unidos no es solamente una acción en contra de algunos de los países del Caribe, sino también en contra de algunos países de la Unión Europea que registran una gran dependencia en el sector del plátano. En el caso de algunos países caribeños, si se vieran obligados a renunciar a la producción de plátanos, es muy probable que acabaran como refugios del narcotráfico, lo cual perjudicaría en mayor medida a los Estados Unidos que a la Unión Europea.
El Sr. Smith ha preguntado cómo pueden los Estados Unidos discriminar productos sin ninguna relación entre sí como son los plátanos y el cachemir, el pecorino italiano u otros productos de otros tantos países. Creemos que no tienen absolutamente ningún derecho a actuar en este sentido y que ésta es sencillamente una táctica de intimidación con el objetivo de persuadir a la Unión Europea para que se someta a las amenazas americanas.
Por lo que respecta al artículo 301, una cuestión que también ha salido aquí a relucir, hemos pensado en todo momento que es ilegal. Hasta el momento, nos hemos contentado con permitir su inclusión en el texto del estatuto americano, contemplando emprender acciones únicamente en caso de que sea aplicado de manera efectiva. Si éste fuera el caso, no cabe la menor duda de que se emprenderían acciones.
El Sr. Medina Ortega ha preguntado si somos capaces de hacer frente a los abogados estadounidenses en el caso de estas amenazas. La respuesta es tajantemente que sí. Hemos sido capaces, como él mismo ha señalado, en el caso de las leyes Helms-Burton y D'Amato, y lo seremos también ante cualquier otra legislación.
¿Qué haremos si emprenden acciones? En primer lugar, responderemos en la OMC iniciando un pleito contra los estadounidenses, como ya hemos empezado a hacer. En segundo lugar, si ganáramos este pleito, tendríamos derecho a tomar represalias legales contra los Estados Unidos pero, además, deberíamos plantearnos seriamente emprender acciones que se ajustaran a la OMC, relacionadas con la retirada de concesiones que no estén sometidas a la jurisdicción de la OMC y sobre las que los Estados Unidos no posean ningún derecho propio. Espero que no se llegue a este punto, pero la Unión Europea está dispuesta a defender sus intereses contra cualquiera, y esto incluye también a los Estados Unidos.

Smith
Señor Presidente, quizás no me haya expresado con claridad al Vicepresidente de la Comisión. Los Estados Unidos han eximido de sanciones a dos países europeos. ¿De qué mecanismos disponen las autoridades estadounidenses para distinguir entre las mercancías de estos dos países y las procedentes de cualquiera de los otros trece países de la Unión?

Brittan
No sé cómo los Estados Unidos tendrán previsto hacerlo en la práctica. Les resultará difícil. No es una pregunta que me corresponda responder a mí, ya que creemos que la acción es ilegal en cualquier caso y emprenderemos medidas contra ella. Estoy de acuerdo con usted en que, visto desde su perspectiva, puede que se enfrenten a algunos problemas.

El Presidente
He recibido nueve propuestas de resolución, presentadas de conformidad con el párrafo 5º del artículo 40 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana jueves a las 11.00 horas.
Se levanta la sesión a las 23.55 horas

