Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Janssen van Raay
Señor Presidente, el fisco neerlandés no sólo grava la aportación del Parlamento a la pensión voluntaria, sino también el pago de las pensiones mismas. Agradezco a la Sra. Fontaine que haya protestado espontáneamente contra esto y al Sr. Rothley por haber presentado una enmienda para poner fin a este abuso de los Países Bajos. Desgraciadamente algunos neerlandeses ya han manifestado a través de su representante que están de acuerdo con esta regulación. Eso era lo que ayer quise ver reflejado en el Acta y le doy las gracias ahora de que conste.

Evans
Señor Presidente, sólo quería decir que estuve presente ayer, pero por algún motivo inexplicable, mi nombre no aparece en la lista. Me gustaría que se corrigiera esta falta.

El Presidente
Lo comprobaremos y se incluirá su nombre.

Thors
Señor Presidente, ayer me sucedió lo mismo. Seguramente estaba tan concentrada en el informe Rothley y en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos que mi nombre tampoco aparece en la lista de asistencia. Pido que se corrija.

El Presidente
Se comprobará también y se corregirá.
(El Acta queda aprobada)

Van Dam
Señor Presidente, hemos esperado con ansia para conseguir los calendarios de 1999 y estoy muy agradecido de que hayamos podido recogerlos ayer. Una de las fechas más importantes de 1999 son las elecciones para este Parlamento. Como usted sabe, mucho se ha hablado también en este Parlamento sobre los días en que esas elecciones podían tener lugar. Es por lo tanto una gran decepción para mí que haya tenido que constatar en este calendario, sin ser cierto, que sólo en tres países de la Unión Europea no se vota el domingo 13 de junio sino antes, y que no se menciona a mi propio país, los Países Bajos, entre ellos.
Es completamente incierto que esas elecciones se celebren el domingo. Una de las buenas tradiciones de los Países Bajos es que esas elecciones tienen lugar a lo largo de la semana, e indebidamente los Países Bajos no están incluidos en el 10 de junio. Quisiera preguntarle cómo va a resolver este malentendido para evitar que la participación sea aún más baja.

El Presidente
Señor diputado, yo creo que esa pregunta la tiene que formular usted a las autoridades holandesas. Como sabrá usted, la fecha de las elecciones no depende de que esté en las agendas del Parlamento sino de las autoridades de cada país, en un espacio de tiempo que está fijado y que se puede alterar por decisión del Consejo, pero no por decisión del Parlamento. Si en los Países Bajos se realizan en una fecha determinada es porque así lo deciden las autoridades de ese país, suponemos que en virtud del principio de subsidiariedad. Pero, naturalmente, no es el Parlamento el que fija las fechas de las elecciones ni puede cambiarlas.

Blokland
Señor Presidente, no se trata de eso. Las elecciones se celebrarán simplemente el 10 de junio. Ese no es el problema. Sólo que en la agenda está mal puesto. Eso debe ser corregido. Eso es lo que pide el Sr. Van Dam.

El Presidente
Vamos a comprobar si ha habido un error por nuestra parte en la agenda. De todas maneras, tenga la seguridad de que en los Países Bajos no se celebrarán las elecciones según nuestra agenda sino según lo que hayan fijado sus autoridades.

Decisión sobre la urgencia
Propuesta de reglamento del Consejo por la que se modifica el Reglamento 355/94 del Consejo de 14 de febrero de 1994 y se prorrogan las medidas de excepción temporales aplicables a Alemania y Austria (COM(98)0473 - C4-0516/98-98/0251(CNS))

El Presidente. Tiene la palabra el Sr. von Wogau para dar la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, competente para el fondo.

von Wogau
Señor Presidente, ya tratamos este asunto en otra ocasión. El problema al que se refiere la Comisión está planteado desde enero de este año. Sin embargo, no se nos remitieron los documentos hasta septiembre. Por lo tanto, yo no comprendo que la Comisión solicite por segunda vez la urgencia cuando hasta ahora se ha tomado tiempo sobrado para ocuparse del tema. El colega Langen está elaborando en estos momentos un informe al respecto, que se votará en la sesión de noviembre y, a continuación, se debatirá en el Pleno en diciembre. Por consiguiente, yo propongo que se rechace la urgencia.

El Presidente
Someto a votación la solicitud de urgencia presentada.
(El Parlamento rechaza la solicitud)

Presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la presentación del informe anual del Tribunal de Cuentas.
Quiero dirigir un saludo a su Presidente, Sr. Friedmann, que, como otras veces, ha tenido la atención de venir a presentarlo ante nuestra Asamblea.
Señor Friedmann, tiene la palabra.

Friedmann
Señor Presidente, Señorías, en nombre del Colegio del Tribunal de Cuentas Europeo, yo deseo agradecer sinceramente esta oportunidad de informarles, a primera hora de la mañana de hoy, sobre nuestro trabajo del año pasado. Sin duda todos coincidiremos en que, si bien el dinero no lo es todo, su gestión es lo que determina el éxito o el fracaso de una política.
Seguramente ya habrán observado que el presente informe anual es mucho menos voluminoso que el del año pasado. Lo cual no significa que hayamos trabajado menos. Al contrario, el año pasado publicamos varios informes especiales, veinticinco en total. De hecho, uno de nuestros objetivos también es facilitar su tarea mediante una distribución más adecuada de dichos informes especiales a lo largo del año, que les permita organizar mejor su trabajo. Reconozco que todavía es necesario mejorar este enfoque, pero pueden contar con nuestra buena disposición.
En el capítulo de los ingresos, la Comunidad volvió a perder el año pasado un volumen enorme de ingresos, del orden de los millares de millones, tanto en concepto de derechos aduaneros como del impuesto sobre el valor añadido. En el caso de los derechos aduaneros, esto guarda relación con el hecho de que la colaboración entre las administraciones aduaneras de los Estados miembros es aún insuficiente. No se aprovechan debidamente las posibilidades de las técnicas informáticas modernas. Cada país dispone de sus propios métodos de análisis de riesgos, con diferentes resultados. Resulta particularmente sorprendente que los Gobiernos de los Estados miembros no manifiesten un mayor interés por esta cuestión, habida cuenta que, en la medida en que los aranceles no cubran el presupuesto, esto debe compensarse mediante el correspondiente incremento de la contribución de los propios Estados miembros. Por consiguiente, yo quisiera instar a los Estados miembros a que, en su propio interés, concedan una mayor atención a la correcta recaudación de los derechos aduaneros.
En el caso del impuesto sobre el valor añadido, el volumen de ingresos que se pierde es enorme, como acabo de señalar. Estimaciones realizadas, a modo de ejemplo, en relación con nueve Estados miembros, para el período 1991-1993, revelan que en estos nueve Estados se dejaron de recaudar 70.000 millones de ecus anuales en concepto del impuesto sobre el valor añadido. Esto ocurre en los Estados miembros pero tiene consecuencias directas para la Unión Europea. De momento se mantiene la insatisfactoria aplicación del principio del país de destino, es decir, que la mercancía queda libre de impuestos entre su lugar de origen y su lugar de destino, lo cual favorece, evidentemente, las irregularidades.
En el capítulo de gastos, nos concentramos nuevamente en la política agrícola y la política estructural, en consonancia con la estructura del Presupuesto. Presentamos algunos informes especiales relativos a la política agrícola, por ejemplo, sobre la enfermedad bovina EEB y sobre los balances finales. En el Informe anual nos ocupamos del trigo duro, entre otros temas. ¿Por qué? Porque este tipo de cereal está particularmente subvencionado. En el caso del trigo duro, además de la ayuda habitual por hectárea, se paga una ayuda adicional que sólo tiene una justificación política. Si se toman en consideración las diferencias de rendimiento con respecto a otros tipos de cereales, resulta que en cuatro años se hubiesen podido ahorrar 3.000 millones de ecus en subvenciones.
También examinamos en un informe especial el tema de la exportación de productos lácteos neozelandeses hacia Gran Bretaña. Nueva Zelanda puede exportar leche y queso a Gran Bretaña bajo condiciones preferentes dentro de los límites de unos contingentes determinados, siempre que se cumplan ciertos criterios, especialmente en relación con el contenido de materia grasa. Según pudimos constatar, estos criterios no se han cumplido en todos los casos, lo cual ha supuesto para la Comunidad una pérdida de ingresos de 410 millones de ecus en concepto de derechos aduaneros. Gran parte de este importe ya ha prescrito, pero todavía se podrían recuperar 110 millones de ecus. Hemos instado a la Comisión a que se ocupe también de este tema.
Con esto acabo con la parte dedicada a la política agrícola. Como ustedes saben, el Tribunal de Cuentas también concede una gran importancia a la política de medio ambiente. Hace poco fuimos galardonados con el premio de medio ambiente «Europäisches Naturerbe» (Patrimonio natural de Europa). En un informe especial señalamos grandes carencias en las 40.000 estaciones depuradoras que existen en la Unión Europea y que ésta contribuye a financiar en parte. Una tercera parte de las depuradoras belgas y hasta la mitad de las italianas requieren reparaciones. En particular, constatamos que varias estaciones nuevas ni siquiera se han puesto en funcionamiento porque los responsables no disponen de los conocimientos técnicos necesarios o de dinero para cubrir los costes de funcionamiento. Es preciso que esto se sepa, puesto que está prevista la construcción de otras 40.000 estaciones depuradoras de aquí al año 2005.
También realizamos un examen crítico sobre las energías renovables, en el contexto de los programas JOULE y THERMIE. Entre otras cosas, pudimos constatar que un 50 % de los puestos de trabajo previstos se apartaban de los objetivos establecidos. También detectamos bastantes conflictos de intereses entre el personal que debe adoptar las decisiones en materia de gestión, sobre todo, entre otras cosas, porque estas personas trabajaban antes en otros lugares, lo cual se debe tomar en consideración en el contexto de la contratación.
Como todos sabemos, la Unión Europea debe enfrentarse continuamente a nuevos retos. Esto significa a menudo un cometido difícil para la Comisión, que tiene que hacerse cargo de improviso de un número considerable de nuevas tareas. Un ejemplo lo constituye la ayuda humanitaria, a la que dedicamos un informe especial que se hizo público en marzo del año pasado. En 1991 se decidió destinar unos 4.000 millones de ecus a la ayuda humanitaria durante el período de programación 1992-1997. Ya se han desembolsado más de 3.000 millones y la ayuda ha llegado a quienes la necesitaban. El problema se encuentra en la unidad central de gestión de la ayuda humanitaria dentro de la Comisión, la llamada ECHO.
El año pasado ya señalamos en nuestro informe especial que la política de personal de dicho servicio no es transparente, sobre todo en lo que se refiere al personal externo. Solicitamos a la Comisión información adicional por escrito. La información recibida no estaba en orden. Ustedes ya conocen bien el debate que esto desencadenó y que podría resumirse bajo el concepto clave de los «elementos infiltrados» o «submarinos». Los problemas del personal externo no se limitan, sin embargo, únicamente al caso de ECHO, sino que también en los programas PHARE, TACIS y MED se pueden destinar una parte de los recursos operativos al apoyo de los programas, o sea, a la contratación de expertos externos.
El porcentaje fijado -en aplicación del llamado «procedimiento Liikanen», que toma su nombre del señor Comisario Liikanen, a quien tengo hoy a mi lado- es de un 2 % para PHARE, de un 3, 5 % para TACIS y del 3 % para MED. Nuestras primeras comprobaciones indican que estos porcentajes se han duplicado como mínimo. Yo quisiera instar a la Asamblea a que preste atención crítica a este aspecto, a fin de que vuelva a cumplirse lo establecido.
Entre las actividades de PHARE y TACIS también figura, como ustedes saben, la seguridad nuclear. La semana pasada aprobamos un informe especial al respecto, que ahora ya se ha hecho público. En este contexto, hemos constatado varios aspectos que merecen atención. En primer lugar, es preciso que se sepa que la Comunidad ha concedido desde 1990 unos 850 millones de ecus para la seguridad nuclear en la Europa central y oriental. A estas ayudas previstas de la Unión Europea deben sumarse, además, las ayudas puestas a disposición por la comunidad de naciones, sobre todo a través del grupo G-7 y del grupo G-24. A las cuales se añaden los créditos que concede el Banco para la Europa oriental con sede en Londres.
¿Cuáles son nuestras objeciones? Hasta la fecha sólo se han desembolsado unos 300 millones de ecus de los 850 millones previstos. Esto constituye un indicio de que esta política no se está impulsando con la coherencia y el rigor necesarios. También debemos criticar la insuficiente coordinación de las actividades del G-7 y el G-24 a través de la Comisión. La Comisión alega que no tiene competencias exclusivas en este ámbito, sin embargo debe quedar claro que le corresponde coordinar dichas actividades.
Criticamos que la Comisión carezca de una estrategia unificada en relación con el cierre de las centrales nucleares más antiguas y la eliminación de los residuos radiactivos. A mí me parece que este es un aspecto muy importante. También criticamos que alrededor de una tercera parte de los fondos previstos para ayuda técnica, o sea, 200 millones de ecus, se hayan concedido sin una licitación pública, es decir, de manera absolutamente directa.
A finales del año pasado, aun con toda la buena voluntad, fue imposible emitir un dictamen definitivo sobre la actuación de la Comisión en lo que se refiere a la seguridad nuclear en la Europa central y oriental. Permítanme que les inste encarecidamente, en su calidad de responsables de las decisiones políticas, al igual que a la Comisión y al Consejo, a que presten la debida atención a esta importante tarea, en un ámbito que encierra una bomba de relojería.
Siempre se nos interpela sobre nuestros progresos en el descubrimiento del fraude que afecta a los fondos europeos. Adelantándome a ello, yo voy a exponerles una vez más nuestra posición. El Tribunal de Cuentas Europeo debe supervisar que se cumplan los principios de legalidad, regularidad y buena gestión financiera. Es decir, que no somos una policía ni una fiscalía. Sin embargo, prestamos una atención muy especial a ciertos ámbitos de riesgo, que seleccionamos en función de unos criterios determinados. En otras palabras, consideramos que nuestra tarea consiste sobre todo en la prevención del fraude, en evitar que éste llegue a producirse, y también en desarrollar propuestas para que no resulte atractivo.
No obstante, siempre que descubrimos un fraude durante el desarrollo de nuestras actividades habituales de control, solicitamos obviamente la intervención de las autoridades judiciales nacionales -y también de la UCLAF- con objeto de que se restablezca la legalidad. Por ejemplo, colaboramos con las fiscalías de varios países en el ámbito del turismo y colaboramos con las autoridades británicas, como es natural, en el ámbito del informe sobre los productos lácteos neozelandeses al que me he referido antes. También controlamos a la UCLAF, puesto que es un servicio de la Comisión. Hace pocas semanas presentamos un informe al respecto del que ustedes también se hicieron debidamente eco, hecho que quiero agradecerles.
Entre otras cosas, criticamos que las bases de datos de la UCLAF son incompletas y, por lo tanto, no es posible su plena aplicación. No está del todo claro quién tiene acceso a estas bases de datos en la práctica, lo cual plantea un problema de seguridad. Debemos criticar que la mitad del personal de la UCLAF sólo tenga contratos temporales, de manera que las personas dejan el puesto cuando empiezan a dominar el trabajo, con lo cual se pierde una importante experiencia.
Debido a las limitadas posibilidades de aplicación de las bases de datos a veces tampoco se recuperan pagos adeudados que la Comunidad podría reclamar. Tampoco acaban de estar claras las competencias de la UCLAF, al menos dentro de la Comisión aunque no tenga competencias en el ámbito de las demás instituciones. Este es un aspecto que la Comisión debe aclarar.
Hemos tomado nota con gran atención del debate que desarrollaron ustedes y que podría resumirse bajo el concepto clave de la OLAF. Su intención es ampliar y desarrollar las competencias de la UCLAF. También examinaron la conveniencia de crear una institución independiente. Hemos seguido con atención todos estos debates, dado que sus argumentos se apoyan en parte en nuestro informe. El Tribunal de Cuentas Europeo opina -y en esto coincidimos con ustedes- que las instituciones de la Comunidad pueden ampliar, obviamente, su administración, su organización. Esto es conforme al Tratado, no es contrario al Derecho nacional de los Estados miembros y, por consiguiente, el Tribunal de Cuentas Europeo considera posible que se otorgue mayor independencia a la UCLAF y se le conceda autonomía bajo la forma de una OLAF, transformándola en algo así como una inspección financiera de la Comisión. Sin embargo, ¡a ustedes les corresponde adoptar la decisión! Nosotros estamos dispuestos a colaborar, como es lógico, con la unidad que decida crear el legislador.
Como ustedes saben, con frecuencia se nos solicitan dictámenes en nuestra calidad de Tribunal de Cuentas. Todas las instituciones pueden solicitarnos un dictamen, sobre todo en relación con aquellas cuestiones que afectan al Presupuesto. El último dictamen importante que elaboramos en este contexto se refiere a la Agenda 2000 y fue solicitado por el Consejo. Como parte del mismo, también examinamos, naturalmente, la política agrícola que tiene previsto aplicar la Comisión en el futuro.
Como ustedes saben, la Comisión propone una reducción de los precios mínimos de garantía, concretamente, en un 30 % para la carne de bovino, en un 20 % para los cereales y en un 10 % para la leche. Yo tengo la impresión de que la Comisión elaboró esta propuesta en un momento en el que todavía no se podía apreciar todo el alcance de las crisis en Asia, Rusia y América Latina. Entre tanto se ha podido constatar, en efecto, que el poder adquisitivo de estas regiones también se ha reducido por lo que respecta a los productos agrícolas europeos como resultado de dichas crisis. Con objeto de evitar que esto pueda dar lugar a una nueva acumulación de existencias, que obligarían a pagar restituciones a la exportación y elevados costes de almacenamiento, sería más razonable reducir los precios mínimos de garantía todavía más de lo que propone la Comisión, pero conceder a la vez, como contrapartida, una mayor relevancia a las ayudas directas.
Como ustedes saben, la Comisión propone que se reduzcan en un 20 % las ayudas directas superiores a 100.000 ecus y en un 25 % las que sobrepasen los 200.000 ecus.
Por nuestra parte planteamos si, habida cuenta que un 80 % de las ayudas directas son percibidas por un 20 % de las empresas agrícolas, no tendría quizá más sentido establecer un umbral general, de 100.000 ecus por ejemplo, tal como nosotros sugerimos.
La Comisión da por sentado que no se concederán ayudas directas a los nuevos Estados miembros que se adhieran a la UE. El Tribunal de Cuentas opina que esto no sería realista y, por consiguiente, propone que, por prudencia, se cuente también con la concesión de ayudas directas a los nuevos Estados miembros. Esto supondría un incremento anual de 3.300 millones de ecus en el Presupuesto asociado a las nuevas adhesiones.
Por lo que se refiere a las ayudas estructurales, coincidimos en gran parte con la Comisión. Nos parece adecuado que se cree una reserva del 10 % para los países que obtengan resultados particularmente buenos. También nos parece adecuado -y este es un aspecto muy importante- que se liberen automáticamente los compromisos que no den lugar a pagos en un plazo determinado. A nuestro modo de ver, esto es muy importante; es decir, que el enfoque de la Comisión coincide en gran parte con nuestro propio dictamen en lo que se refiere a las ayudas estructurales, y yo quisiera añadir que quizá también con vistas a la creación de nuevos puestos de trabajo. Me complace reconocer asimismo que la relación entre los compromisos y los pagos es ahora muy razonable, muy satisfactoria. Sin embargo, el auténtico problema de las ayudas estructurales no se encuentra aquí, sino que su origen es el siguiente: en la Cumbre de Edimburgo se decidió destinar alrededor de 175.000 millones de ecus a las ayudas estructurales en el marco de los diferentes Fondos. Hasta la fecha se han desembolsado sólo 85.000 millones, o sea, que todavía faltan por pagar más de 90.000 millones. A los cuales se suman otros 5.000 millones pendientes, correspondientes al anterior período de programación, y es ilusorio pensar que este importe de 95.000 millones se podrá pagar en los dos años restantes del presente período de programación, sino que estos pagos deberán realizarse en años posteriores.
Para finalizar, permítanme que señale muy brevemente que seguimos manteniendo y hemos intensificado todavía más la cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales. No se trata sólo de un procedimiento formal, puesto que ello garantiza que nuestros informes podrán dar mayor cabida a los argumentos de los Estados miembros inspeccionados. Hace unos días nos reunimos, por ejemplo, con los Presidentes de los Tribunales de Cuentas de los 15 Estados miembros de la UE, con objeto de aprobar dichos trabajos, y a principios de este año se celebró en Varsovia una conferencia con los Presidentes de los Tribunales de Cuentas de la Europa central y oriental, bajo la presidencia del Tribunal de Cuentas polaco y el Tribunal de Cuentas Europeo. Puedo anunciarles que, como resultado, los Tribunales de Cuentas de la Europa oriental cuentan ahora con una estructura de cooperación que reproduce exactamente el modelo que tenemos en la UE. Esto es importante ya que se trata de nuestros futuros colegas en la Europa central y oriental y que los Tribunales de Cuentas de la Europa oriental tendrán cada vez mayores competencias para fiscalizar sobre el terreno la utilización de los fondos de la Unión Europea.
Por último, yo quisiera agradecer sinceramente la buena colaboración que hemos mantenido con el Parlamento y expresar, en particular, en nombre de nuestro Colegio, nuestro agradecimiento a la Comisión de Control Presupuestario y a su dinámica, sabia y prudente presidenta, la Sra. Dietmut Theato, así como al ponente competente para nuestro ámbito, Sr. Brinkhorst, y finalmente a todos ustedes, por haberme concedido su atención a esta hora tan temprana.
(Aplausos) Permítanme que añada un último punto: este año presentaremos de nuevo una declaración de fiabilidad relativa al Presupuesto general y otra relativa al Fondo Europeo de Desarrollo. Contrariamente a años anteriores, ya no cuantificamos las irregularidades registradas, sino que presentamos una declaración de fiabilidad cualitativa en vez de cuantitativa, con objeto de evitar que los porcentajes den lugar a interpretaciones erróneas. De manera general, puedo decir que la declaración de fiabilidad de este año en relación con el Presupuesto general conduce esencialmente a las mismas conclusiones que las de años anteriores.
Es decir que, con la excepción de los problemas que ya existían en la contabilización de los activos, las deudas y la tesorería, el Tribunal considera que los estados financieros del ejercicio 1997 reflejan fielmente los ingresos y gastos de la Comunidad y la situación financiera al final del ejercicio. Las operaciones subyacentes a los ingresos son, en conjunto, legales y regulares. No obstante, en lo que se refiere a los derechos aduaneros y las exacciones reguladoras, no se puede asegurar que se hayan registrado todas las importaciones imponibles y que se hayan generado los ingresos correspondientes. El Tribunal estima asimismo que las operaciones subyacentes a los compromisos también son legales y regulares en general, a pesar de que algunos compromisos se han contraído sin autorización presupuestaria o sin un fundamento jurídico. Sin embargo, como en el caso de ejercicios anteriores, el Tribunal no puede emitir una declaración positiva en relación con los procedimientos subyacentes a los pagos, puesto que aparecen asociados a demasiadas irregularidades.
La declaración de fiabilidad relativa al sexto y al séptimo Fondo Europeo de Desarrollo es, por el contrario, positiva para el ejercicio 1997 de manera general y también en lo que se refiere a las operaciones subyacentes a los pagos.

El Presidente
Muchas gracias, señor Friedman, por esta adición.
Tiene la palabra la Sra. Wemheuer.

Wemheuer
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, ya sabe usted que la política de personal de la Comisión ha sido uno de los cinco motivos por los que el Parlamento Europeo decidió aplazar la aprobación de la gestión de 1996 y todavía no la ha concedido. Lo menciono porque la política de personal influye en casi todos los demás ámbitos. Mi afirmación se apoya en el caso extremo de ECHO, donde se falsificaron contratos. Reconozco que se trata realmente de un caso extremo, pero temas como el de los minipresupuestos, la superación de los porcentajes del procedimiento Liikanen, que usted ha mencionado, la colusión de intereses se repiten continuamente, al igual que un excesivo traspaso de competencias a personal externo, con todas las consecuencias que esto acarrea en el aspecto financiero, pero también desde el punto de vista político. Ustedes manifiestan en el Informe sobre la seguridad nuclear que estas medidas llegan a poner en entredicho la credibilidad y la autoridad de la Comisión. Se trata, por lo tanto, de un campo muy amplio.
Sin embargo, yo creo que el problema no afecta sólo a la política de personal, sino que en realidad también tiene repercusiones financieras. ¿Podría resumirnos de nuevo su valoración de la política de personal de la Comisión, sobre la base de todos los informes especiales en los que se evalúa la situación? Y en segundo lugar, ¿podemos esperar que presenten un informe especial sobre esta cuestión o podríamos solicitarlo?

Theato
Señor Presidente, señor Presidente Friedmann, yo quiero corresponder en primer lugar a sus expresiones de agradecimiento a la Comisión de Control Presupuestario y al Parlamento en general por la buena colaboración, y agradecérsela a mi vez a usted y al Tribunal.
Hemos llegado a establecer relaciones muy intensas, que en realidad han ido estrechándose con los años, y yo creo que esto ayuda a iluminar la buena gestión financiera y presupuestaria y permite poner el dedo en la llaga, en caso necesario, cuando algo no funciona. La finalidad no es hacer aflorar escándalos o extenderse en sus detalles, sino sobre todo, como usted ha dejado claro, desarrollar también medidas preventivas como resultado de esos hechos. Lamentablemente, donde afluyen las subvenciones siempre existe asimismo la posibilidad de un fraude, por no decir que ésta es inherente al procedimiento.
La presentación del Informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1997 constituye el pistoletazo de salida para el inicio del procedimiento de aprobación de la gestión, que ahora vamos a comenzar. Merece la pena destacar, por dos motivos, que nos disponemos a iniciar un procedimiento de aprobación de la gestión cuando todavía no ha concluido el anterior, concretamente el correspondiente al ejercicio 1996. Debemos procurar no mezclar las cosas, pero es innegable que también existen puntos de coincidencia entre uno y otro.
El segundo motivo es que durante este año ustedes han presentado un número considerablemente superior de informes específicos, de informes especiales para el ejercicio 1997 y que también se remontan al de 1996. Usted ha destacado que el informe anual empezaba a ser demasiado voluminoso y que se acumulaba todo en un solo momento y obligaba a examinar todos los aspectos a la vez, con lo cual siempre se escapaba naturalmente alguno. Nosotros también tendremos que organizar ahora nuestros trabajos en consonancia, ya que en la práctica podrían debatir dichos informes del Tribunal de Cuentas en el Pleno a lo largo de todo el año. No obstante, como esto en realidad no es posible, hemos decidido agrupar un poco los debates. Yo quiero apoyar, sin embargo, explícitamente lo que acaba de manifestar la Sra. Wemheuer. Su crítica obliga a preguntarse: ¿cómo debemos proceder en relación con la política de personal? Es una pregunta dirigida a la Comisión, pero también a la autoridad presupuestaria. ¿Cómo vamos a proceder en el futuro en relación con la asignación de personal y la autorización de las plazas? Ustedes también tratan esta cuestión en su informe.
Yo le agradezco muy especialmente que haya resaltado una vez más con toda claridad el tema de los ingresos propios. A la vista de la pérdida de ingresos, también en relación con los derechos aduaneros entre otras cosas -como pudimos constatar perfectamente en la comisión de investigación sobre el fraude en el procedimiento de tránsito-, tenemos que preguntarnos: ¿qué pérdidas está ocasionando la falta de coordinación? Nosotros nos proponemos seguir ocupándonos este tema y yo le ruego que ustedes también continúen prestándole atención.
Finalmente, quisiera hacerle una última pregunta en relación con la presentación del informe anual. Usted ya sabe que nosotros desearíamos que se presentase antes. ¿Podrán organizar sus trabajos en el futuro de manera que sea posible presentarlo ya en el mes de octubre?
Una última observación dirigida al señor Liikanen. Ayer escuche muy atentamente lo que dijo sobre el programa MED. Siento tener que decirle que no me pareció demasiado esclarecedor y tampoco demasiado prometedor con vistas a la aprobación de la gestión de 1996. Tendremos que seguir discutiendo este tema.

Brinkhorst
Señor Presidente, es un gran placer escuchar la presentación del informe del Presidente Friedmann, en esta ocasión, sobre el ejercicio 1997.
Durante los próximos meses tendremos la oportunidad de tratar más a fondo sobre todos los detalles y, sinceramente, es importante observar que se han producido una serie de mejoras.
En los pocos minutos de que dispongo, deseo centrarme en un aspecto fundamental que debería ser objeto de más atención en el futuro. El Presidente Friedmann, acertadamente, ha declarado que sobre los Estados miembros recae una enorme responsabilidad en materia de recursos y gastos. El cien por cien de los recursos procede de los Estados miembros. Como decía hace un momento, cuando la Comunidad cumple 40 años, las autoridades aduaneras de los Estados miembros siguen sin cooperar. También ha declarado que en el caso del IVA, los Estados miembros dejan de recaudar 70.000 millones -casi el importe total del presupuesto comunitario. Eso significa que los Estados miembros utilizan también el 80 % del gasto. Los diferentes casos a los que se ha referido -trigo fanfarrón, mantequilla de Nueva Zelanda, política ambiental- son todos ellos relativos a la falta de acción en este ámbito.
Me complace oírle decir que ha mejorado la cooperación con los Tribunales de Cuentas nacionales. Pero me gustaría profundizar en el tema. ¿Podría el Tribunal de Cuentas celebrar acuerdos específicos con los Tribunales de Cuentas nacionales al objeto de que se encarguen también de realizar tareas en nombre del presupuesto de la Comunidad Europea? Sé que existen problemas constitucionales de todo tipo -sensibilidad, orgullo nacional y qué sé yo-, pero si las cifras que ha mencionado se acercan a la realidad, es intolerable que la Comunidad siga siendo el patito feo respecto a los Estados miembros. La percepción del público en general es que la Comunidad dilapida fondos, que la Unión Europea no cumple con su deber, ya se trate de la seguridad nuclear, el medio ambiente o la agricultura. Pero, lo cierto es que gran parte de la responsabilidad recae sobre los Estados miembros. Hago un llamamiento al Presidente aquí presente y al Comisario Liikanen para que expongan claramente al mundo exterior que sólo si los Estados miembros están dispuestos a superar ideas anticuadas sobre la soberanía nacional, podremos realmente avanzar de manera significativa en términos de medio ambiente, seguridad nuclear y lucha contra el fraude. Ésta es la cuestión principal. Me gustaría que el Presidente meditara sobre esta cuestión específica, porque será relevante para todo el año próximo, cuando trataremos sobre esta declaración de fiabilidad.

Pasty
Señor Presidente, me interesó mucho la parte del informe del Tribunal relativa a los recursos propios porque este debate se encuentra en el meollo de los problemas políticos que van a tratarse, o que ya están tratándose en el seno del Consejo Europeo sobre la futura financiación de la Unión. La constatación es aterradora: en efecto, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto que, desde el último control, las pérdidas de ingresos se han duplicado y alcanzan los 70 mil millones de ecus.
Esta es una aproximación global. No obstante, nos interesaría mucho saber, señor Presidente del Tribunal, si el Tribunal tiene la posibilidad de responder a la siguiente pregunta: ¿la cuantía de 70 mil millones de ecus se reparte proporcional y equitativamente entre los distintos Estados miembros? Dicho de otro modo, ¿ciertos Estados miembros son más culpables que otros en la percepción de los recursos propios de la Unión Europea? Si este es el caso -como, por otra parte, yo lo creo- concibo, efectivamente, que este elemento sea políticamente difícil de comprobar, pero sería sumamente valioso para los diputados a la hora de evaluar los debates que tendrán lugar en el seno del Consejo, especialmente si ciertos Estados anteponen la noción de saldo neto.

Müller
Señor Presidente, Señorías, yo quiero agradecer la presentación del informe del Tribunal de Cuentas. A mí me ha interesado especialmente el capítulo dedicado a la política exterior. Como ustedes saben, en la decisión por la que se aplaza la aprobación de la gestión de 1996 prestamos especial atención a los programas PHARE, TACIS y MEDA. He leído su nuevo informe, correspondiente a 1997, desde el punto de vista de las críticas que manifestamos en relación con los ejercicios de 1996 y 1995, y también de 1994, porque deseaba averiguar si existe una tendencia a mejorar la gestión de nuestros recursos en el ámbito de la política exterior.
El nuevo informe de 1997 me confirma que a la Comisión al parecer sigue resultándole difícil traducir las dificultades ya descubiertas -lo digo con toda imparcialidad- en la gestión de los grandes programas PHARE, TACIS y MEDA en un modelo de actuación que nos permita afirmar que la situación mejorará efectivamente el año próximo. Por consiguiente, mi pregunta se dirige, como es lógico, sobre todo a la Comisión: ¿qué motivos tiene el Parlamento para confiar en que realmente se cumplirán las promesas de que el año próximo se procederá de manera más adecuada?

Dell'Alba
Señor Presidente, no ha de sorprenderle que el Pleno no esté totalmente lleno y que quizás también las tribunas estén algo desguarnecidas de periodistas. Esto se debe a que, una vez más, hemos leído acerca de este informe mucho más en la prensa que lo que hemos escuchado hoy en este Pleno como si se tratara de una primicia. Por tanto, la primera reflexión que quiero hacer es que el Tribunal de Cuentas, respecto del cual tenemos filtraciones que con frecuencia ofrecen una imagen parcial de sus informes, podría prestar más atención a este aspecto que me parece importante si es verdad que es en este Pleno donde el informe debe hacerse público.
Señor Presidente, usted ha hecho justamente muchas alusiones a la cuestión del personal y a ECHO, y está en su perfecto derecho. Nosotros examinamos su informe sobre ECHO, el Parlamento lo debatió y aprobó, al igual que aprobó el texto que usted presentó a principios de este año. Me parece que -si nuestras informaciones son correctas, aunque usted dice en su informe que la Comisión no proporciona recursos suficientes, la misma es el primer donante mundial- en su informe usted señala que el problema del personal externo es un problema con el cual nos confrontamos. En consecuencia, lo único que quiero manifestar -y espero que usted coincida conmigo también porque su vecino de mesa le podrá facilitar los últimos datos- que aquí no se trata de los submarinos de ECHO en cuestión, sino de una flota de U-boot que, en su caso, deberíamos -y quizás también el Tribunal debería- considerar en su conjunto.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el informe anual del ejercicio 1997 menciona la existencia de una auditoría relativa a una muestra de 100 proyectos de información y de comunicación puesta en práctica por la Comisión. Se ha anunciado un informe especial, el informe nº 23. Lo esperamos con impaciencia. Sin embargo, de todas formas el Tribunal formula algunas observaciones en relación con la línea presupuestaria B3-300. En una página, sólo una página, formula un determinado número de criticas relativas sobre todo a los objetivos imprecisos, o incluso a la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación adecuado para medir el impacto de los objetivos asimilados.
Observa que algunos proyectos se han beneficiado de un apoyo financiero del presupuesto comunitario que no tiene ninguna relación demostrable con las acciones en materia de política de información. Ahora bien, nuestro Grupo no ha dejado, desde hace varios años, de denunciar la ausencia de transparencia, la falta de coherencia y de democracia de lo que la Unión Europea llama su «política de la información».
Por ello, mi pregunta será la siguiente: ¿qué tipo de recomendación precisa puede dirigir el Tribunal a la Comisión para que ésta ponga fin a las desviaciones ideológicas características de las líneas B3-300 y B3-306? Más precisamente, ¿qué entiende exactamente el Tribunal por las fórmulas «igualdad de los beneficiarios finales» y «marco político y de planificación financiera para definir los objetivos generales de la política de información»? Estos son los propios términos empleados en el informe que sugieren modificaciones destinadas a acabar con estos disfuncionamientos.

Le Gallou
Señor Presidente, el Tribunal de Cuentas Europeo recuerda que en materia de acciones exteriores, la Unión Europea se ha convertido en uno de los donantes más importantes del mundo: 6 millones de ecus, cerca de 40 mil millones de francos. Ahora bien, su informe, Sr. Friedman, destaca graves insuficiencias, especialmente en los procedimientos de licitación, en la calidad de los contratistas y, por último, en el seguimiento de las acciones.
¿No piensa usted que, en estas condiciones, se corre un gran riesgo -especialmente en algunos países, pienso en aquellos de la antigua Unión Soviética, por ejemplo- de que la ayuda comunitaria, lejos de ayudar a los pueblos, sólo sirva de hecho a desarrollar la corrupción y el poder de las mafias? En estas condiciones, ¿no sería razonable disminuir este tipo de ayuda, más nociva que eficaz, en espera de verdaderos procedimientos de control que garanticen la eficacia y la honradez de las ayudas comunitarias?

Tomlinson, Lord
Señor Presidente, doy la bienvenida al Sr. Friedmann y expreso mi agradecimiento a él y al Tribunal de Cuentas por su informe.
¿Estaría de acuerdo conmigo, señor Friedmann, si le dijera que el informe anual y los informes especiales complementarios no confirman los titulares, bastante alarmantes, relativos al fraude por valor de 3.000 millones de libras? Estoy seguro de que comprenderá que centre el resto de mis observaciones en el tema de los ingresos del presupuesto.
Lo primero que desearía decirle -y espero que lo acepte con el mismo espíritu que lo digo- es que no es responsabilidad del Tribunal de Cuentas desafiar el Acuerdo de Fontainebleu sobre la bonificación presupuestaria del Reino Unido. Cualquier modificación de la decisión sobre recursos propios exigirá la unanimidad en el Consejo entre las partes interesadas, y el Tribunal de Cuentas no será una de esas partes.
En lo relativo al ámbito de los recursos propios del presupuesto, ¿estaría de acuerdo conmigo, señor Friedmann, en que se está dando una imagen extremadamente grave? En los recursos propios tradicionales vemos pruebas de la dificultad de recaudar y de la tendencia al fraude. Pero cuando observamos los valiosos análisis que se han realizado sobre la recaudación del IVA en los Estados miembros, encontramos esta alarmante cifra de la laguna que existe entre el rendimiento teórico del IVA y la recaudación real, que asciende a 70.000 millones de ecus al año. Eso no sólo afecta a los Estados miembros, sino también a los ingresos basados en el PNB y el IVA.
Por último, es razonable afirmar -y espero que coincida conmigo, señor Friedmann- que no debería producirse ningún aumento importante de los recursos propios hasta que se recauden todos los ingresos y hasta que podamos estar seguros de que todos los ingresos no sólo se ajustan a la ley, sino que además son utilizados debida, eficaz y eficientemente.

Garriga Polledo
Señor Presidente, quisiera agradecer la presencia del Sr. Friedmann y también del resto de los miembros del Tribunal de Cuentas que se encuentran en la tribuna. Creo que de la importancia de los informes del Tribunal de Cuentas en la aprobación de la gestión es fiel testigo el proceso de aprobación de la gestión de 1996, que todavía no ha sido dada por este Parlamento. En cualquier caso, dicha aprobación de la gestión va a dar lugar a importantes instrumentos y armas a utilizar por este Parlamento en cuanto al control financiero de otras instituciones, particularmente de la Comisión, y en particular en lo que se refiere a poder pedir los documentos y la información que nos son necesarios.
Yo quisiera plantearle, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, algunas observaciones y preguntas referidas al capítulo de los Fondos estructurales. Una crítica recurrente por parte de su Tribunal se refiere al alto número de irregularidades administrativas en los gastos estructurales. Hablan ustedes de que existe muy escasa coordinación entre los Estados miembros y el Tribunal que usted brillantemente preside.
Ustedes esperan que en 1998 se presenten los primeros informes de los Estados miembros referentes a la aplicación del reglamento que unifica las disposiciones de control financiero de los Estados miembros en las operaciones cofinanciadas por los Fondos estructurales. ¿Les han llegado ya esos informes? Y si es así, ¿qué evaluación pueden darnos de ellos?
Por otra parte, llegan ustedes a unas conclusiones muy detalladas sobre el número y la composición de los errores sustantivos en los Fondos estructurales. Pero esto, al mismo tiempo, parece que entra en contradicción con lo que ustedes dicen de la escasa coordinación de los Estados miembros. Yo creo -y es una pregunta que le he hecho otros años- que es imposible llegar a estimaciones fiables si no tienen ustedes un procedimiento de coordinación muy bien establecido con las instituciones nacionales de control. Pregunto: ¿eso ha avanzado?, ¿tienen a fecha de hoy esa coordinación?
Y por último, señor Presidente del Tribunal de Cuentas, quisiera recordar que en esta última parte del período de programación es donde realmente se comprometen la mayor parte de los Fondos estructurales. Creo que de sus observaciones no se deduce esto que acabo de señalar y, tal vez, pudiera usted inducir a confusión a alguno de los espíritus más inocentes de esta Asamblea.

Rosado Fernandes
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Edimburgo estableció una programación plurianual de los gastos hasta que expiraran las perspectivas financieras, al final del ejercicio de 1999.
Después del examen del Tribunal de Cuentas, aún no se han gastado 70.000 millones de ecus. ¿Cuál es la razón de ese atraso? ¿Mala gestión de la Comisión? ¿Mala voluntad de los Estados miembros, que, mediante los gastos con cargo a los Fondos estructurales, practican una política de -como dicen los franceses- juste retour ? ¿Cuáles son los Estados miembros a los que podemos calificar de malos alumnos? Considero que se debería respetar el Acuerdo de Edimburgo, porque el mantenimiento de las acciones estructurales permitidas por esos fondos son la clave del equilibrio del sur de Europa. Por último, una pregunta final: ¿se pueden utilizar aún o no esos 70.000 millones de ecus?

Bloch von Blottnitz
Señor Presidente, en realidad debemos alegrarnos de que de los 850 millones de ecus de los fondos de PHARE y TACIS previstos para la seguridad nuclear sólo se hayan desembolsado 300 millones, puesto que un 80 % de este dinero se ha gastado de manera escandalosa en estudios sobre seguridad de dudoso valor y se han convertido en un montón de papel. Además, dichos estudios desaparecieron muy pronto en las carteras occidentales, sin ningún método, ninguna evaluación, ningún debate, sin que sus resultados se pusiesen en conocimiento de los países de la Europa oriental. Un dinero malgastado en definitiva, sin que hayamos obtenido a cambio ni un ápice más de seguridad. Este es el verdadero escándalo y a mí me gustaría saber qué se propone hacer la Comisión para acabar en adelante con esta manera de proceder.
En segundo lugar, sólo un ejemplo de cómo se ha despilfarrado el dinero: con vistas a unas dudosas investigaciones, se elaboró un estudio, con un coste de 170.000 ecus, sobre la conservación del tigre siberiano. El estudio se completó en Italia, quedó abandonado en un cajón y luego se constató que sí, en efecto, el tigre se está extinguiendo. Y ahí acabó todo. Se podría haber dedicado ese dinero a otra cosa. La Comisión despilfarra así el dinero en estudios, sin que a continuación se haga nada. Por esto yo quisiera saber qué ocurrirá ahora con los 550 millones de ecus que todavía quedan disponibles para la seguridad nuclear y si se volverán a realizar estudios de dudoso valor, sin que luego se haga nada.

Paisley
Señor Presidente, ciertamente es sorprendente que el Presidente del Tribunal de Cuentas deba informar sobre la pérdida de millones por parte de la Comisión. La Comisión, al tiempo que permite que esto ocurra, adopta una actitud completamente diferente ante los productores de ganado porcino de Irlanda del Norte. Los afligidos productores de ganado porcino de aquella zona necesitaron un plan de ayuda financiera para deshacerse de los animales no deseados de sus granjas.
Ahora la Comisión afirma que los agricultores deben devolver dichos fondos que se destinaron a evitar la crueldad con los animales. La Comisión permite que se pierdan millones, pero no tiene ninguna consideración con los que se encuentran en las circunstancias más desesperadas. Quisiera que hoy conste en Acta el llamamiento de aquellos de nosotros que pertenecemos a esta Asamblea y procedemos de Irlanda del Norte para que se ponga fin a la creciente desesperación de nuestros productores de ganado porcino. Algunos de los cuales se sentían tan desesperados que se han visto abocados al suicidio.

Blak
Señor Presidente, cuando ayer recibí el informe anual del Tribunal de Cuentas, me puse a leerlo con gran interés. Como danés, me interesa naturalmente lo que diga sobre Dinamarca. He leído el informe un sinfín de veces durante la pasada noche sin encontrar nada sobre mi país. Me alegra que en Dinamarca tengamos nuestros asuntos en orden. Siempre es estupendo poder tomar esto como punto de partida.
He constatado la aparición de varios informes especiales y me gustaría confesar que uno de ellos realmente me ha causado una honda impresión. Me refiero al informe sobre el que la prensa ha estado escribiendo las últimas dos semanas y que afecta a la seguridad en las centrales nucleares. Me gustaría pedirles al Sr. Friedmann, al Sr. Liikanen y a la Comisión que no sólo presten atención a las centrales nucleares de los países del este. Quizá también convendría echar un vistazo a la situación en Murmansk, donde tenemos varios centenares de submarinos que han sido desguazados, pero que aún conservan reactores activos y desde donde algunos de estos reactores han sido vertidos al mar de Barents. Creo que se nos debe un informe especial sobre este asunto. Además, en lugar de seguir hablando y contratando caros consultores y muchas otras cosas más, creo que nosotros mismos deberíamos contratar gente y envíarla allí e iniciar los procedimientos precisos. Naturalmente esto exige una colaboración con los Estados miembros. Sé que es difícil, pero estamos obligados a poner remedio a esta situación. La mayor bomba activada a la que hoy nos enfrentamos son las centrales nucleares y los submarinos diseminados a nuestro alrededor. Sí, tenemos que ocuparnos también de todos los demás pequeños fraudes que se cometen a nuestro alrededor, sin embargo, esta tarea no debe recibir la máxima prioridad.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Friedmann y al Tribunal de Cuentas por el éxito que ha vuelto a obtener su informe este año. Cuando anoche lo presentó en la Comisión de Control Presupuestario, la sala estaba llena -había gente subida a las ventanas y sentada sobre las mesas e incluso en el suelo. Naturalmente, los medios de comunicación estaban allí pendientes de la palabra que empieza con «f», pero en el informe no se menciona fraude en ninguna parte.
Me decepcionó en particular que la frase «errores substantivos que afectan a operaciones a que se refieren los pagos» apareciera en el mismo orden que en ejercicios anteriores.
Me siento algo optimista por la adición a la intervención de esta mañana del Presidente Sr. Friedmann, cuando dijo que se habían producido algunas mejoras. Eso es lo que buscamos; mejoras.
En el apartado 1.18 se hace referencia al informe sobre tránsito en el que instamos a los servicios aduaneros de la Comunidad que trabajen juntos como fueran uno solo. El vacío que existe entre ellos es el causante de esta cifra de aproximadamente 70.000 millones que pierden los Estados miembros al año, entre 35 y 40 veces la suma que se defrauda del presupuesto de la CE. Ojalá que los ministros de Finanzas tomen nota de esto.
Me interesa el Capítulo 6 sobre administración. Gracias por los informes que hemos recibido de las agencias. Usted se ha referido en particular a Turín y al hecho de que en sus cuentas no aparezcan los 380 millones de ecus que ha utilizado la agencia con cargo a los programas PHARE y TACIS. Cabe esperar que el importe se encuentre escondido en alguna parte de las cuentas de la Comisión.
En cuanto a los colegios, quisiera señalar que el hecho de que cuatro de los colegios tengan más alumnos externos que comunitarios plantea un problema. Me pregunto si deberíamos transferir parte de los fondos a los colegios abarrotados de otros lugares.

Bösch
Señora Presidenta, señor Presidente Friedmann, Señorías, en lo que se refiere a la UCLAF, usted ya manifestó la semana pasada en nuestra Conferencia Interparlamentaria y volvió a repetir ayer que considera problemática la creación de una institución adicional encargada de la lucha contra el fraude. Sin embargo, según las noticias que tenemos, este es exactamente el proyecto que está preparando ahora la Comisión. La Comisión está elaborando al parecer una propuesta de reglamento, sobre la base del artículo 235 del Tratado, con vistas a la creación de una llamada agencia externa de investigación. La Comisión crea con ello la falsa impresión de que responde a la petición del Parlamento de que se cree una OLAF, una Oficina de lucha contra el fraude.
Lo que solicitó el Parlamento a principios de octubre, con una gran mayoría, no fue una institución adicional, sino la sustitución de la actual UCLAF por una Oficina de lucha contra el fraude con plena independencia operativa. Pero no como un satélite desgajado de las instituciones europeas. La solución externa no será válida mientras no contemos con una fiscalía europea. No, la OLAF debe continuar formando parte de la Comisión y todas las demás instituciones de la Unión deben participar en la misma. Mi pregunta, señor Presidente Friedmann, es la siguiente: ¿el Tribunal de Justicia podría estar interesado en participar en dicha oficina y aportar sus experiencias? ¿El Tribunal de Justicia tiene formada ya alguna opinión al respecto?

Krehl
Señora Presidenta, mis observaciones se referirán a la planificación y la ejecución de las acciones en el ámbito de la ayuda exterior. En los últimos años se han ampliado continuamente las actividades comunitarias en este ámbito, tanto en lo que se refiere a su alcance político como a su volumen financiero. Ni uno ni otro aspecto, su volumen y su importancia, van a reducirse en los próximos años, sino que más bien cabe esperar que tras la ratificación del Tratado de Amsterdam ocurra todo lo contrario. Por consiguiente, resulta particularmente preocupante el contenido del informe anual del Tribunal de Cuentas, que señala considerables deficiencias en la gestión durante todas las fases de preparación, ejecución y seguimiento de las acciones por parte de la Comisión.
La relación costes-resultados sigue siendo muy inferior a la que se podría conseguir y no está claro que las medidas de reestructuración en el marco de la Comisión, como por ejemplo la creación de un servicio común para toda la ayuda exterior y para ECHO, vayan a poder resolver todos estos problemas de gestión. La separación de todo el servicio, si bien permite mejorar, por un lado, la capacidad de gestión, también conduce, lamentablemente, por el otro lado, a un distanciamiento entre las secciones competentes en materia de política y de política económica y la ejecución de las políticas.
Mi pregunta al Tribunal de Cuentas es la siguiente: ¿considera el Tribunal de Cuentas que la creación del servicio único RELEX supondrá una clara mejora o sería necesario contemplar otras soluciones totalmente distintas, sobre todo con vistas a las futuras tareas de la Unión en este ámbito?

Friedmann
Señora Presidenta, yo agradezco sus numerosas y muy interesantes preguntas. Señora Wemheuer -y con ello respondo también a lo que acaba de exponer la Sra. Krehl-, usted se ha manifestado críticamente en relación con la política de personal. Por un lado, resulta sorprendente que los costes administrativos de la Unión Europea representen en conjunto alrededor del 5 % del Presupuesto, incluidos los costes de personal. Sin embargo, esto no indica gran cosa, puesto que la transposición de la política de la Unión Europea corresponde a las administraciones de los Estados miembros. Como usted sabe, señora Wemheuer, hace algún tiempo que ya expusimos el juicio muy crítico que nos merecían los minipresupuestos entonces vigentes. Afortunadamente, el Parlamento tomó cartas en el asunto y aclaró la situación autorizando a la Comisión una generosa creación de puestos permanentes. Sin embargo, ahora vemos que aun así se ha vuelto a dedicar entre tanto una proporción creciente de los fondos operativos a una política de personal descentralizada y sobre todo a la contratación de asesores y profesionales. Por esto he mencionado críticamente la superación de los límites del llamado procedimiento Liikanen. En este sentido, yo comparto su malestar con respecto a la política de personal de la Comisión y consultaré con nuestro Colegio la posibilidad de que elaboremos un informe especial al respecto, el alcance del mismo y si podemos incluirlo en nuestra programación.
Señora presidenta Theato, yo le agradezco sus palabras y comprendo que deseen recibir antes el Informe anual. El verdadero problema reside en el plazo necesario para el procedimiento de réplica, en el que no se contabiliza, además, el período de vacaciones de verano. Es necesario iniciar intensas conversaciones con la Comisión -ayer tratamos este asunto en la Comisión de Control Presupuestario- con objeto de aclarar las posibilidades de reducir este plazo y las modificaciones en el Reglamento presupuestario que esto requeriría.
Señor diputado Brinkhorst, señor ponente Brinkhorst, usted valora la colaboración con el Tribunal de Cuentas por un motivo ya bien conocido. Hemos desarrollado un procedimiento definido: cuando nuestros inspectores regresan de los Estados miembros, redactamos una carta dirigida al sector, o sea, el sector de inspección competente escribe al Estado miembro y al Tribunal de Cuentas nacional para comunicarles los resultados. El Estado miembro puede responder entonces a nuestro escrito, si bien en la mayoría de los casos lo hace por intermedio del Tribunal de Cuentas nacional, y si en el plazo de dos meses no le damos respuesta, esto indica que en conjunto aceptamos sus aclaraciones. Es decir que, si todos los plazos se cumplen, podemos tomar en consideración los argumentos del sector inspeccionado en nuestro informe anual y en los informes especiales.
Señor Pasty, usted se ha referido, al igual que varios de sus colegas, a los 70.000 millones de ingresos que se pierden en concepto del impuesto sobre el valor añadido. Esta cantidad es el resultado de las estimaciones correspondientes a nueve Estados miembros y representa el promedio anual para un período de cuatro años. En los cálculos tuvimos en cuenta las cantidades efectivamente recaudadas en concepto del impuesto sobre el valor añadido y comparamos este resultado con la cantidad que se obtendría a partir del cálculo del Producto Nacional Bruto. Esto nos permite estimar el importe no pagado. También sería posible realizar un cálculo individualizado, pero los primeros que no reciben dichos impuestos son, naturalmente, los Estados miembros y, como consecuencia directa, la Comunidad también deja de recibir una determinada proporción; esto es evidente. Para que quede clara la magnitud de que se trata, diré que los ingresos que pierden los Estados miembros en relación con la recaudación del impuesto sobre el valor añadido representan un volumen equivalente al Presupuesto de la Unión Europea.
Señor Müller, en relación con la política exterior y respondiendo a la pregunta sobre si existe una tendencia a que mejore la situación, yo tengo que decirle sinceramente que no podemos dar por finalizada la alerta, pues si bien siempre nos anticipamos a señalar los problemas, no podemos decir en cambio si todo funciona de manera óptima en estos momentos.
Señor Dell'Alba, yo comprendo su irritación por las informaciones que han aparecido la prensa, pero tengo que recordarle dos cosas. Por una parte, muchas informaciones que publica la prensa son el resultado un análisis de los informes especiales ya difundidos oficialmente, aunque a veces puedan crear la impresión de que se trata de un anticipo del Informe anual. En cuanto a éste, yo no tengo noticia de ninguna publicación previa. Comprendo, sin embargo, su preocupación y el Tribunal de Cuentas en general considera que el Parlamento tiene derecho a ser informado en primer lugar.
Señor Fabre-Aubrespy, usted se ha referido a la política de información. Nosotros hemos señalado, entre otras cosas, que su contenido queda fuera del ámbito de nuestra fiscalización. Consideramos que no es tarea nuestra censurar la información que la Comisión considera oportuno difundir, pero sin embargo insistimos en que las delegaciones, o quien sea, deben responder por las tareas que tienen encomendadas.
Señor Le Gallou, usted plantea si no debería reducirse el montante de las ayudas, a la vista de la cantidad de dinero que, según usted dice, no llega a sus destinatarios y destinatarias en el marco de la ayuda humanitaria. Este es un tema político, pero a título personal yo quiera hacerle notar que si así se hiciera, seguramente los más pobres entre los pobres acabarían pagando por la deshonestidad de otros. Creo que este aspecto se debería tener en cuenta para adoptar una decisión.
Lord Tomlinson, usted dice que en nuestro informe no se refleja el fraude de 3.000 millones que señala la prensa británica. Como ustedes saben, nosotros hablamos deliberadamente de irregularidades y yo quisiera aclarar -y en esto coincidimos todos- que el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo no es un informe sobre el fraude; nosotros verificamos sobre todo que se cumplan los principios de legalidad, regularidad y buena gestión financiera y a ello se atiene el contenido del Informe.
Yo comprendo que en su calidad de eurodiputado británico se remita en su intervención al Acuerdo de Fontainebleau. Tratamos este aspecto en nuestro informe especial relativo a los ingresos de la Comunidad procedentes de recursos propios. Consideramos que nuestra misión no es señalar a la política cómo debería configurarse una posible modificación de las contribuciones de los Estados miembros. No obstante, recordamos lo que se dijo en Fontainebleau: si llegara a decidirse alguna rectificación por razones políticas, sería necesario reducir los gastos modificando la política en ese ámbito.
Señor Garriga Polledo, usted se ha referido a los Fondos estructurales y ha preguntado si hemos recibido informes de los Estados miembros y cómo funciona el mecanismo de coordinación con los mismos. De hecho, en estos momentos estamos manteniendo un intercambio de opiniones con los Estados miembros, precisamente en el ámbito de los Fondos estructurales. Más adelante se ha referido también al motivo de los retrasos en relación con el período de programación; uno de sus colegas ha mencionado igualmente este tema. Yo quisiera recordar que cuando se inicia un período de programación siempre se requiere un cierto tiempo de rodaje -podemos observarlo claramente ahora en el caso de los futuros Estados miembros- y, por lo tanto, hacia el final de dicho período se produce algún retraso.
No obstante, sin duda también ha intervenido en ello el problema de la cofinanciación de los Estados miembros, ya que cuando exigimos una cofinanciación, los Estados muchas veces se muestran reacios a contraer deudas adicionales y, por otra parte, debemos comprender que la perspectiva de la Unión Monetaria no facilitaba la decisión. En este sentido, confluyeron varios factores cuya suma explica las causas del retraso. Por consiguiente, esas cantidades se tendrán que pagar, a entender, fuera del período de programación, con cargo al presupuesto.
Señor Rosado Fernandes, usted se ha referido al Consejo de Edimburgo y ha preguntado cómo se ha producido este retraso en el desembolso de 90.000 millones de ecus. Espero haber respondido a su pregunta junto con la del Sr. Garriga Polledo. Señora Bloch von Blottnitz, usted se ha referido a la seguridad nuclear. La manera en que se ha realizado la subcontratación constituye efectivamente un problema. Los contratistas han cobrado en parte honorarios de expertos occidentales, a pesar de que se emplearon expertos orientales. Los honorarios de los expertos occidentales son unas quince veces superiores a los de los expertos orientales.
No obstante, usted tiene razón y yo creo que ha expresado la opinión de toda la Asamblea: es imprescindible una estrategia en relación con la seguridad nuclear y esto es prioritario. Señor Blak, usted ha señalado que los submarinos de Murmansk constituyen un grave problema. Como usted sabe, se trata de un territorio militar, en relación con el cual el Tribunal de Cuentas Europeo no es directamente competente. Nuestra fiscalización se limita al contexto del Presupuesto de la UE; ya hemos tratado esta cuestión en el Tribunal y yo volveré a someterla a debate, pero debo recordarles de entrada que los submarinos estacionados en Murmansk se encuentran en la zona militar, donde no tienen ninguna relación directa con nosotros. Estoy al corriente de su preocupación y volveremos a tratar este tema.
Usted también ha manifestado que en Dinamarca todo funciona perfectamente. Apreciado señor Blak, me alegra mucho que usted crea posible extraer esta conclusión, pero el hecho de que no critiquemos nada, no significa que todo este en orden. Esto debe quedar claro.
Señor Kellett-Bowman, tiene usted razón, la Comunidad pierde un volumen considerable de ingresos en concepto de derechos aduaneros en el contexto del tránsito de mercancías. Usted ha señalado asimismo con razón que los Colegios europeos tienen más alumnos externos que hijos del personal de la UE y este es un tema que es necesario aclarar, a la vista del elevado déficit. Así lo señalamos en el correspondiente informe especial.
Señor Bösch, usted me ha planteado una pregunta muy difícil, a saber, si estaríamos dispuestos a aceptar que la OLAF estuviese vinculada de algún modo al Tribunal de Cuentas Europeo. Nuestro cometido sin duda es otro. Repito una vez más que todos estamos de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas Europeo no es una fiscalía ni una policía. Lo cual tiene sentido, puesto que nuestras inspecciones también se traducen en recomendaciones. Yo comprendo asimismo que usted se plantee que si dicha unidad independiente tiene que ser competente para todas las instituciones, sin convertirse en una nueva institución, es necesario poder adscribirla a una institución ya existente. En el contexto del presente debate, yo sólo puedo recordar que nuestro cometido es otro, nuestra tarea es diferente. Ustedes deben adoptar decisiones políticas y nosotros, en nuestra calidad de Tribunal de Cuentas, debemos aceptar lo que decida el legislador.
Finalmente, señora Krehl, creo haber respondido ya a su pregunta sobre la situación en relación con la separación del servicio general, la política de personal y la gestión. Sólo me queda agradecerles una vez más su activo interés.
(Aplausos)
Liikanen
Señora Presidenta, la labor que desempeña el Tribunal de Cuentas nos es de gran ayuda en nuestros incesantes esfuerzos por mejorar nuestra gestión del presupuesto comunitario. Quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Friedmann y a sus colegas del Tribunal por su labor. Casi la mitad de los 24 informes especiales están dedicados este año a la Política Agrícola Común o a los Fondos estructurales. Son los sectores responsables de la mayor parte del gasto comunitario y nuestros intereses coinciden en este aspecto.
La Comisión ha aprobado y presentado varias propuestas para mejorar la regularidad y la calidad de los fondos agrícolas y estructurales. A menudo, las propuestas derivan de las recomendaciones hechas por el Tribunal en sus informes sobre ejercicios anteriores, como observa el Tribunal en el presente informe.
Respecto a la declaración de fiabilidad, nos complace observar la confirmación del Tribunal en el sentido de que, con algunas salvedades, las cuentas reflejan fielmente los ingresos y gastos comunitarios, así como la situación financiera al final del ejercicio. Salvo algunas excepciones, el Tribunal encontró también que las operaciones de las que derivan los ingresos, así como las operaciones derivadas de compromisos para el ejercicio se ajustaban a la ley y al reglamento. Respecto a los pagos, el Tribunal no pudo proporcionar la declaración de fiabilidad. El objetivo de la Comisión es, naturalmente, obtener una declaración de fiabilidad positiva del Tribunal de Cuentas en todos los aspectos.
Quisiera sacar dos conclusiones del informe y de las recomendaciones del Tribunal. En primer lugar, según el Tribunal, la mayoría de los errores de forma y substantivos se produjeron en los programas agrícolas y estructurales que, en su mayoría, son gestionados en los Estados miembros. Debemos continuar cooperando estrechamente con los Estados miembros para mejorar la fiabilidad de los pagos comunitarios. En segundo lugar, debemos proseguir con nuestros esfuerzos para hacer más claras y transparentes las normativas y la legislación comunitarias.
La Comisión ha perseguido y sigue persiguiendo la cooperación y coordinación intensivas con los Estados miembros en el contexto del programa SEM 2000, en el que han participado un representante de la Comisión de Control Presupuestario y otro del Tribunal de Cuentas. Esto hizo posible la aprobación de las primeras propuestas de reforma en 1997. El Tribunal observa que la mayoría de los errores substantivos en los pagos de los Fondos estructurales son de carácter administrativo, ocasionados por el desconocimiento de las normativas comunitarias y que han dado lugar a la inclusión de cantidades sin derecho en las declaraciones de los Estados miembros.
La Comisión intentó solucionar el problema con la introducción, en mayo de 1997, del pliego de condiciones para recibir subvenciones, como reconoce el Tribunal en su informe. Dichos pliegos explican qué gastos tienen derecho a una cofinanciación comunitaria. La Comisión aprobó asimismo en 1997 un reglamento por el que se establecen unos niveles mínimos de control financiero, por parte de los Estados miembros, de la financiación con cargo a los Fondos estructurales.
En las propuestas de la Agenda 2000, la principal responsabilidad del control financiero de la ayuda con cargo a los Fondos estructurales recae sobre los Estados miembros. Cuando éstos detectan irregularidades e introducen correcciones financieras, están autorizados a volver a utilizar los fondos comunitarios liberados. No obstante, cuando las deficiencias de los sistemas de gestión o de inspección dan lugar a irregularidades sistemáticas, la Comisión realizará los ajustes necesarios deduciendo la ayuda disponible al Estado miembro en cuestión.
Debo decir aquí que, lamentablemente, estas propuestas tan importantes para mejorar la gestión financiera, el control y las correcciones encuentran una fuerte oposición en el Consejo. En lo que respecta a este tema fundamental, el Tribunal de Cuentas y la Comisión estamos de acuerdo y esperamos poder establecer, en el contexto de la Agenda 2000, un marco simple, transparente y claro para los Fondos estructurales a partir del año 2000. Es el único medio de crear un sistema que sea uniforme a escala comunitaria.
En las propuestas de la Comisión relativas a la Agenda 2000, la utilización de los Fondos estructurales está más enfocada y se centra principalmente en las regiones más necesitadas. También se propone un nuevo cambio del gasto agrícola, que pasaría del apoyo a los precios a la ayuda en ingresos directos. Ambas propuestas supondrían una utilización más eficaz de los escasos recursos presupuestarios. Hay dos otras reformas importantes en camino. La primera es una comunicación en favor de una revisión del Reglamento financiero, presentada en julio de 1998. El Tribunal de Cuentas la solicitó hace un año o dos y esperamos poder avanzar para que la Comisión pueda presentar una propuesta importante.
La segunda reforma importante que está siendo debatida en la Comisión es el cambio hacia un presupuesto basado en la actividad, que intente potenciar la conciencia del coste y presente el gasto operativo en el mismo contexto global. Espero que podamos dar los primeros pasos en este proceso antes del presupuesto para el 2000. No será fácil, porque ese año será elegida la autoridad presupuestaria y se nombrará la nueva Comisión. Pero queremos dar los primeros pasos.
En lo relativo a las subvenciones comunitarias, estamos haciendo importantes progresos. La reciente comunicación de la Comisión impone unos requisitos mínimos para la publicidad y la toma de decisiones colectiva sobre todas las subvenciones comunitarias. Es el resultado de numerosas iniciativas parlamentarias. Las nuevas normativas de la Comisión estarán en vigor para la ejecución del presupuesto de 1999. Proporcionarán la base para informar y negociar con los beneficiarios reales y en potencia. La semana próxima se celebrará en Bruselas un seminario general para las ONG sobre este tema.
Las reformas necesitan tiempo, pero algunas comienzan ya a dar frutos. 1997 fue el año en que se aplicaron por segunda vez los nuevos procedimientos para la aprobación de la gestión del FEOGA Sección Garantía. En 1997, el margen de error que detectó el Tribunal en los pagos de garantía agraria era coherente en buena medida con los ajustes finales impuestos por la Comisión. Así lo recoge el informe, lo que significa que dicho sector no tuvo repercusiones financieras sobre el presupuesto.
Los programas externos han sido debatidos ampliamente. Hoy, los programas externos de la Comisión son muy amplios. La ayuda exterior procede de 75 líneas presupuestarias con 87 fundamentos jurídicos. Existen nueve comités diferentes. Tenemos aproximadamente 10.000 contratos al año y unas 3.000 licitaciones. Seguimos teniendo 47 procedimientos diferentes. Existe la necesidad urgente de normalización, armonización, simplificación y transparencia. Por este motivo se estableció un nuevo organismo en septiembre del presente año para que se encargue de gestionar todos los programas de ayuda exterior.
Este nuevo organismo -el Servicio Exterior Común- será responsable de la gestión financiera de los programas, y su principal misión, como he dicho, es la de crear sistemas normalizados, homogéneos, simples y transparentes para la gestión de la ayuda exterior de la Comunidad. Estamos atravesando por un período de transición muy difícil, pero estoy convencido de que comenzaremos a ver los resultados el año próximo.
En cuanto a la política de personal, el Sr. Friedmann ha hecho una serie de comentarios al respecto. La cuestión relativa a qué deberían hacer las autoridades públicas y qué puede ser contratado a terceros es de vital importancia. En la comunicación de la Comisión del pasado verano hicimos hincapié en que las responsabilidades del ordenador y del interventor deben ser responsabilidades del sector público, pero los trabajos a corto plazo pueden contratarse a terceros, especialmente cuando se necesitan conocimientos especializados mientras dure el programa. Espero que podamos volver sobre la comunicación del pasado verano.
En segundo lugar, estamos celebrando conversaciones con la Comisión de Presupuestos y el ponente del minipresupuesto. Hasta ahora hemos informado verbalmente sobre el tema y estamos facilitando toda la información detallada línea presupuestaria por línea presupuestaria en aquellos casos en que consideramos que existe la necesidad de personal externo. Espero que todo esto quede aclarado antes de que finalice noviembre, antes de la segunda lectura del presupuesto, para que se incluya un comentario presupuestario en la sección B que permita la contratación de personal externo con cargo al presupuesto para el funcionamiento o que se transfiera esta parte del gasto administrativo a la sección A, o suprimamos del todo esta idea. Por tanto, esta aclaración es de la máxima importancia y una vez que quede establecida en el presupuesto para 1999, no habrá ninguna posibilidad de tomar medidas que no se ajusten por completo a la autoridad presupuestaria.
Por último, la cuestión de los recursos. En el desempeño de nuestras funciones siempre nos encontramos bajo una fuerte presión.
Cabe plantearse la cuestión de si es posible resolver todos los problemas a través de nuevos recursos. Yo diría que en el caso de programas externos, como ha dicho el Tribunal, debemos tener una idea más clara acerca de cómo deben ser gestionados: proyectos simples, número limitado de procedimientos, tipos normalizados de contrato, etcétera. Esto nos brindará más de una oportunidad de dirigirlos debidamente.
En segundo lugar, cuando los sistemas son más simples, la descentralización en delegaciones parece la consecuencia lógica. Pero estoy seguro de que seguiremos teniendo necesidades, especialmente en el aspecto de la gestión financiera. Estamos debatiendo este tema y haciendo una evaluación de los recursos humanos y financieros en toda la Comisión.
Una observación que deseo hacer ahora es que, generalmente, cuando tenemos un problema, pensamos que la mejor forma de resolverlo es incrementando el número de controladores e inspectores. No comparto esa opinión. Es más importante tener unas normas simples y claras, directores responsables y una gestión sólida. Necesitamos controladores, pero la clave es una gestión sólida y responsable.
Debo decir que el informe describe correctamente la naturaleza de las reformas que estamos introduciendo, y podemos apreciar los cambios en la agricultura. En cuanto a los Fondos estructurales, espero que los pliegos de condiciones para recibir subvenciones, que fueron aprobados el año pasado, repercutan en la ejecución del presupuesto para 1998. Pero sigue siendo necesaria la principal simplificación, la Agenda 2000, para poder estar tranquilos y para que todos en la Unión puedan dirigir los programas comunitarios conforme a los reglamentos e interpretar dichos reglamentos del mismo modo.
En cuanto a los programas externos, debo decir que la descentralización de las actividades nos será de gran utilidad. Ni que decir tiene que la gran atención que la autoridad presupuestaria ha dedicado a los problemas que hemos tenido, ha incrementado la sensibilización de la Comisión sobre este asunto. Sólo me preocupa una cosa: hemos tenido tantos problemas, que los funcionarios sacarán la conclusión equivocada, se pondrán nerviosos y no se atreverán a correr ningún riesgo a la hora de firmar los contratos. Es lo peor que podría suceder. Espero que nos inclinemos por la descentralización, avancemos por la vía de mayor responsabilidad para las delegaciones y los funcionarios y creemos reglamentos claros para que todos sepan a qué atenerse y no volvamos al sistema en el que hacen falta 15 firmas para que todo el mundo tenga las espaldas cubiertas.
Soy plenamente consciente de que aún existe la necesidad de seguir desarrollando y mejorando nuestros métodos y herramientas. Las principales reformas adoptadas por esta Comisión están resumidas en el documento «Reforma de la gestión financiera desde 1995», que fue presentado la semana pasada. Las propuestas de la Comisión en el marco de la Agenda 2000 constituyen una parte importante de nuestra respuesta a los desafíos del futuro. Mejorar la relación gasto-utilidad de cada euro que utiliza la Comunidad es nuestro principal objetivo. Son objetivos exigentes que piden esfuerzos importantes. Debo reconocer que el informe del Tribunal de Cuentas, a pesar de que su lectura no siempre resulta agradable, también sigue siendo vital para nosotros. Al igual que aquéllos de la Comisión de Control Presupuestario.
En respuesta a la Sra. Bloch von Blottnitz sobre los programas nucleares: ahora que se han publicado el informe del Tribunal de Cuentas y la respuesta de la Comisión, espero que todos puedan ver que ambos documentos crean un buen equilibrio en esta cuestión.
Deseo hacer un comentario sobre los estudios. El Banco Europeo para la Reconstrucción ha tomado la decisión de no prestar dinero para la modernización de centrales nucleares, a menos que se realice un estudio. Por tanto, es necesario un estudio sobre todas estas centrales para poder adoptar cualquier medida. He hablado con algunos expertos sobre el tema, y dicen que es un asunto de la máxima importancia, porque expertos de Occidente y de la antigua Unión Soviética trabajan juntos en la misma central para analizar la situación. Naturalmente debemos recurrir en la medida de lo posible a expertos locales, porque este planteamiento resulta más económico. No obstante, el problema radica en que las normas y prioridades occidentales en materia de seguridad son diferentes. Es muy importante que los países beneficiarios comiencen a familiarizarse con las normas de seguridad que nosotros establecemos.
Debemos recordar que toda la reconstrucción y modernización de las centrales nucleares del modelo soviético es un proyecto sumamente costoso: el coste ascenderá, como mínimo, a 50.000 millones de euros. Ya hemos utilizado entre 700 y 800 millones de euros en los programas, lo que supone una parte muy pequeña del total. Alcanzar la plena modernización y reconstrucción exige un enorme esfuerzo por parte de los países beneficiarios y la comunidad de donantes internacionales. Aún no lo hemos logrado, pero no debemos abandonar.
Por último, los programas nucleares de Ucrania, Rusia y otros países están siendo dirigidos en unas circunstancias sumamente difíciles. Basta pensar en los programas de ayuda internacional concedidos recientemente a Rusia y lo que sucedió con la ayuda del FMI que debía apoyar la moneda rusa. Me pregunto cuál sería el resultado real.
En segundo lugar, la Comisión tiene ahora sobre la mesa la cuestión del programa de ayuda alimentaria a Rusia. Todos sabemos que estos programas son muy difíciles de supervisar. Por este motivo, debemos intentar adoptar un enfoque, según el cual informaremos a la autoridad presupuestaria sobre todos nuestros problemas, y si tomamos alguna decisión, lo haremos con pleno conocimiento de todas las consecuencias y todos los riesgos posibles, para que cuando dentro de cuatro años mi sucesor lea el informe del Tribunal de Cuentas, sepa que conocíamos los riesgos. Volveremos sobre este problema ruso en otra ocasión.
Una vez más, muchas gracias, señora Presidenta, por el buen debate.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Liikanen.
El debate queda cerrado.

El empleo en la Unión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0417/98) del Sr. van Velzen, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Propuesta de Directrices para las Políticas de Empleo de los Estados miembros en Europa en 1999» (COM(98)0574 - C4-0587/98).

Van Velzen
Señora Presidenta, si miramos lo ocurrido en un año después de haber fijado las primeras directrices, entonces creo que con razón se puede hablar de una revolución silenciosa. La oposición que hubo al principio a la política de empleo activa, la fe casi ciega en la UME y el empleo que ésta iba a generar, han desaparecido realmente. No queda ningún Estado miembro ya, que no haya vinculado sus conclusiones con las líneas directrices de Luxemburgo. Eso es extraordinariamente bueno. Sin embargo, se puede mejorar. Si nos fijamos en la evaluación, por cierto una evaluación excelente de la Comisión, se observa que los Estados miembros han escogido muy libremente algunas directrices y que a menudo han hecho una elección desequilibrada, dando demasiada importancia al «employment and entrepreneurships».
No obstante, al mismo tiempo también se puede decir que las directrices que estaban formuladas con la mayor precisión, con la mayor exactitud, son las que mejor se han aplicado. Ese es un argumento, por lo tanto, para seguir con esa estrategia. Sí tengo un problema con las propuestas que ha presentado la Comisión Europea. Me parece que en sus actuales propuestas no mantiene suficiente rigor en el proceso. Por mantener el rigor quiero decir que hay que procurar que el mayor número posible de objetivos cuantificados se basen en el «benchmarking». Esa es la manera por excelencia de que los Estados miembros no se despisten. No estoy en absoluto con los Estados miembros que dicen: ya tenemos tanto trabajo; redúcelo ahora un poco, no añadas nuevos objetivos. Personalmente me parece una tontería. Todo el trabajo que se añada, es trabajo que tienen que hacer de todas formas. Sólo se intenta dirigirlo de forma europea hacia los objetivos comunes que redactamos una vez.
El proceso actual, concebido en Luxemburgo, está muy enfocado a la ayuda a las personas que ya están en el paro. Con razón, en aquel momento. Me parece que va siendo hora de que se preste atención a cómo se puede prevenir que, ayudando a los desempleados, siga habiendo nuevos desempleados. ¿Cómo procuramos que se preste más atención a la prevención? Esto, a mi juicio, debería tener unas consecuencias enormes sobre la educación. De ahí que pida que se redacte un objetivo extra para los que ya tienen un empleo, pero que necesitan esa formación adicional para procurar que sigan el ritmo de las nuevas evoluciones.
Otro problema que personalmente veo insuficientemente reflejado en los objetivos, es el de la participación en el proceso laboral. Hay grandes grupos para los que sigue siendo difícil llegar al mercado laboral, incluso en mi propio país, los Países Bajos, que figura como exitoso. Ahí están los mayores de 55 años, los inmigrantes y todavía también las mujeres que difícilmente encuentran trabajo. Esto no es distinto en otros países de la Unión.
Todo esto es política de empleo, no sin importancia, justo lo contrario, pero es solamente una cara de la moneda. La otra cara es: ¿y qué hacemos por el lado económico? ¿Qué hacemos con respecto a la coordinación económica? ¿Qué hacemos para profundizar el proceso que se inició con la UME? ¿Cómo hacemos uso de esas posibilidades? Me parece que ya ha pasado el momento en que había que empezar con esto. Pero dado el hecho de que estamos debatiendo ahora este informe, creo que debemos pedir urgentemente al Consejo que establezca lo más pronto posible un marco, en el cual tome forma realmente la coordinación económica. Otros que van a intervenir lo detallarán.
Quiero señalar en este momento un aspecto que la Comisión ha indicado ya con anterioridad, que es la gran falta de inversiones en Europa. ¿Dónde están los planes, dónde están las propuestas de la Comisión para atajar el problema? ¿Dónde están las posibilidades de ampliar los medios financieros a nivel de Estados miembros? En mi país - ya lo he dicho - parece tener éxito. Allí se ha decidido reducir el programa por el que los alumnos de centros de enseñanza iban a recibir una educación más dirigida a los ordenadores, por falta de dinero y ahora hay algunas escuelas piloto que van a tener los ordenadores y todas las otras escuelas tendrán que esperar años hasta recibir esos ordenadores. ¡Una no-inversión ridícula! Allí donde tendríamos que invertir en el futuro, resulta que uno de los países más exitosos de Europa no es capaz de poner los recursos financieros encima de la mesa. Me parece que esto nos tiene que hacer reflexionar a nivel del Consejo para ver qué podemos hacer para dar más margen a los Estados miembros. No elijo esta propuesta o la otra. Se trata de un paquete de propuestas y me parece que hay que elegir seriamente.
Por último, estoy muy sorprendido por las enmiendas del PPE que he visto, muy tarde por cierto, porque realmente disponemos de muy poco tiempo. Han presentado de nuevo todas las enmiendas que habían presentado en la Comisión de Asuntos Sociales. Permítanme decir que el coordinador del PPE me comunicó espontáneamente durante una reunión, que yo había realizado un trabajo excelente incorporando sus propuestas en el informe, y que quedaba sólo una discrepancia en el ámbito de la política de inversiones, pero que aparte de eso estaba muy satisfecho. Ahora vuelven a presentar ciegamente todas las enmiendas, incluso aquellas que ya están incorporadas en mi informe. Me parece incomprensible. Espero que se encuentre una solución mejor en el diálogo con el PPE, porque esto hipoteca una posible colaboración.

Gasòliba i Böhm (ELDR)
Señora Presidenta, Señorías, la opinión que he elaborado para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, que fue aprobada por unanimidad, es difícil de sintetizar en dos minutos. La idea básica es que la creación de empleo, una mayor ocupación en Europa, sólo se conseguirá de una manera sólida, estable y duradera si se fundamenta en una economía realmente competitiva y -aunque, desgraciadamente, la Unión Europea no tiene aún unas características adecuadas para el nivel de competitividad que exige una economía abierta- en lo que llamamos una situación de economía global o economía internacionalizada.
Por ello, insistimos en una serie de temas que se han ido planteando en los últimos años, como la necesidad de eliminar las barreras y las protecciones que aún existen en sectores clave de nuestra economía, de incrementar los niveles de conocimiento, de enseñanza, especialmente por lo que hace referencia a enseñanzas técnicas y formación profesional, de reducir las trabas que existen, sobre todo desde el punto de vista fiscal, a la creación de nuevos puestos de trabajo y de contemplar la posibilidad de modificar el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, a base de reducirlo en aquellos sectores que ocupan más puestos de trabajo -lo que se llama sectores intensivos en mano de obra-. Yo añadiría también la necesidad de tener en cuenta una nueva y mejor orientación por lo que se refiere a un mejor acceso a la financiación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, para favorecer un mejor entorno empresarial.

Torres Marques
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Van Velzen por el excelente informe que, sobre todo ahora, en su versión final, nos presenta. En la Comisión de Derechos de la Mujer opinamos que fue muy importante que los Jefes de Estado o de Gobierno decidieran que al menos dos de los nuevos conceptos establecidos en el Tratado de Amsterdam -el empleo y el mainstreaming , es decir, la inclusión del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las políticas sectoriales- fueran aceptados inmediatamente, incluso antes de la ratificación generalizada del Tratado.
Son dos políticas cuya materialización resultaba tan importante, que no se compadecía con el lento proceso de ratificación. Las ciudadanas y los ciudadanos europeos no lo entenderían. La metodología adoptada por la Cumbre sobre el Empleo, celebrada en Luxemburgo, en noviembre de 1997, nos parece, en efecto, la más adecuada: al ser la situación en materia de empleo, de desempleo e incluso de igualdad de oportunidades diferente de país a país y, dentro de ellos, de región a región, la solución aprobada, respetando el principio de subsidiariedad, de que cada uno de los países presente sus propias propuestas, aunque todas integradas en cuatro pilares comunes, subdivididos en un total de 19 directrices, resultó muy innovadora y de resultados prometedores para los planes de los próximos años.
Es evidente que en este primer Plan de Empleo para 1998 no todos los países concedieron la misma importancia a los cuatro pilares ni encontraron soluciones para todas las directrices. Pero fue importante que en tan poco tiempo, de noviembre de 1997 a abril de 1998, se presentaran esos planes. Y la obligación de que todos los Estados miembros piensen en resolver -y lo intenten-, con metas cuantitativas, el problema del desempleo nos parece muy positiva.
En cambio, se comprueba en estos primeros planes nacionales de empleo que las respuestas encontradas para los cuatro pilares son, por lo general, desequilibradas; si bien todos los Estados miembros presentan medidas sobre los dos primeros pilares -la empleabilidad y el espíritu empresarial, que en cierto modo se centran en la capacidad de iniciativa individual-, muchas veces son más escuetos en lo relativo a los otros dos pilares -adaptabilidad e igualdad de oportunidades-, en los que las acciones dependen más de los Gobiernos que de las empresas.
Por lo que se refiere a las propuestas de la Comisión para 1999, consideramos un avance
la reformulación del IV pilar exclusivamente para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; -el fortalecimiento de la directriz relativa a la conciliación de la vida profesional y de la vida familiar; -y la integración del principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los pilares.La gran mayoría de las propuestas formuladas por la Comisión de Derechos de la Mujer fueron integradas directamente en el informe final del Sr. Van Velzen o incluidas en aspectos más amplios, como el fortalecimiento de la política de mainstreaming en los tres primeros pilares y las acciones positivas en el IV pilar, la conciliación entre la vida familiar y la profesional, una individualización de la política fiscal, el tratamiento estadístico para los sexos y la fijación de objetivos expresados en cifras y presupuestados.
Es importante decir que en el futuro el acompañamiento de esos planes nacionales de empleo será objeto de análisis obligatorio en todas las cumbres de Jefes de Estado o de Gobierno, lo que nos permitirá a todos -gobiernos, parlamentos, interlocutores sociales y organizaciones no gubernamentales interesadas en ese proceso- seguir atenta y periódicamente esos asuntos, que son esenciales para el modelo social europeo que queremos construir.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, Señorías, el excelente Informe van Velzen, que cuenta con el apoyo del Grupo del Partido Socialista Europeo, plantea con razón unas estrategias sostenibles a largo plazo para la lucha contra el desempleo masivo, pero también una adaptación innovadora de las directrices para las políticas de empleo. Los elementos estructurales encaminados a promover la transformación estructural del mercado de trabajo, la necesidad de un mayor equilibrio entre los cuatro pilares de las directrices para las políticas de empleo y la especial atención a la inclusión de una política horizontal en cuanto al género (gender mainstreaming) en todas las directrices son aspectos particularmente importantes. Sin embargo, al mismo tiempo es preciso que el crecimiento absolutamente insuficiente del empleo se interprete como un reto para la Unión y para los Estados miembros y los incite a establecer una combinación de políticas más adecuada y equilibrada y a mejorar la coordinación entre las políticas económica, financiera y de empleo.
Cuando faltan escasas semanas para el inicio de la Unión Monetaria, ya va siendo hora de que se proceda a una integración de las directrices para las políticas económicas y de empleo que adopte como criterio de coordinación la eficacia en relación con el empleo, con la suficiente antelación al debate de los presupuestos nacionales y haciendo deliberadamente hincapié en este aspecto. El Parlamento Europeo debe participar por fin en un acuerdo interinstitucional en este contexto.
También se pide una acción de los actores que participan en las negociaciones salariales, la cual debería iniciarse bajo el signo de la Unión Monetaria, con vistas a armonizar los convenios salariales centrados en la productividad, con objeto de evitar el peligro de un dumping salarial contrario a los intereses de la Comunidad.
Se insta nuevamente a que se proceda a una revisión de las líneas fundamentales de la política económica y a una coordinación de la misma que sea digna de tal nombre. A pesar de los pronósticos favorables de la Comisión Europea de este otoño, la Unión Europea no puede permitirse la inacción. Ni aun la calma monetaria, motivada por la perspectiva del euro, debe inducirnos a aminorar los esfuerzos. Todos estamos viviendo ya las repercusiones de la crisis del Sudeste asiático sobre el empleo en Europa. Los sectores químico, mecánico y electrónico ya lo están notando en la reducción de los pedidos y la caída de los precios. ¡Esto afecta a los puestos de trabajo en Europa!
¡Las medidas dirigidas al lado de la oferta son insuficientes por sí solas! También es necesario reactivar la demanda mediante una mejora del poder adquisitivo de los consumidores y consumidoras y un aumento de la confianza en el futuro de la Unión Europea. En este sentido, en el Informe van Velzen también se destaca acertadamente la necesidad de un cambio de orientación mediante reformas fiscales y la desgravación fiscal del factor trabajo. Junto con la reactivación de la inversión, también necesitamos, no obstante, una evolución de los salarios en función de la productividad, como un elemento importante para la estabilización de la economía europea.
Con el actual volumen sumamente bajo de inversiones -las inversiones públicas representan apenas el 2 % del PIB-, es imposible lograr un crecimiento que surta efecto sobre el empleo. La transformación estructural del mercado de trabajo tiene que contar con el apoyo de un nuevo planteamiento en relación con el crecimiento. Los pactos por el empleo pueden constituir un acompañamiento eficaz del proceso. Todavía se requieren ofensivas para promover la modernización a escala europea, con proyectos de inversión en los ámbitos de las comunicaciones, el transporte, el medio ambiente, el ahorro energético, la investigación y desarrollo, la innovación y la cualificación. Éstas deberán ir acompañadas de la rápida presentación de una lista orientativa, que permita combinar también la inversión pública y la privada. Instamos a los Ministros de Finanzas de la UE a que, mientras la Unión siga debatiéndose entre el paro masivo y el Pacto de Estabilidad, excluyan dichas inversiones del cómputo del déficit público, en consonancia con el espíritu del Tratado de Maastricht.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, creo que a estas alturas los grandes debates sobre la situación del empleo en Europa han tocado fondo ya. Tenemos ya unas directrices europeas -el Tratado de Amsterdam recoge un capítulo específico sobre el empleo- y tenemos ya una estrategia europea que se ha volcado en los planes de acciones nacionales de empleo.
El informe de nuestro querido colega van Velzen creo que adolece de precipitación y de transitoriedad, aunque quiero señalar que no le culpo por ello. El informe de la Comisión nos llega, casi como siempre, tarde y adolece también de la imposibilidad para la propia Comisión de hacer unos análisis rigurosos y serios ahora mismo. Lo cierto es que hay países en la Unión Europea -como es el caso de España, mi país- que están aplicando fórmulas que están dando óptimos resultados en la política de creación de empleo. Los resultados, Señorías, cantan: cuatro puntos menos en la tasa de desempleo, más de 800.000 puestos de trabajo creados y un clima de diálogo social que está permitiendo una profunda reforma del mercado laboral y una mayor estabilidad en el empleo. Recientemente, sindicatos y Gobierno se han puesto de acuerdo en importantes temas como son el trabajo a tiempo parcial y la introducción de una nueva figura -las «horas complementarias»- que permitirá una mayor elasticidad en la gestión del tiempo de trabajo y sustituirá a las horas extraordinarias. Creo que sería muy interesante que se analizara esta nueva fórmula.
Y quiero referirme también brevemente a dos cuestiones relevantes en toda política de empleo: en primer lugar, la que se refiere a la conexión que debe existir entre formación y empleo. El primer empleo depende en gran medida de una imprescindible relación entre los centros de enseñanza y formación y las necesidades del mercado de trabajo. Hay un exceso de fracaso escolar, de escasa formación y de paro universitario en la sociedad europea. Y lo que es peor aún, hay un subempleo que supone un grave desaprovechamiento de los recursos humanos.
Y en segundo lugar, un aspecto, que no se cita en el informe y que me parece importante, es que hay una fuerte resistencia a la movilidad geográfica en el ámbito de la Unión y en las regiones de los Estados miembros, tanto de los demandantes de primer empleo como de los desempleados. Y eso tiene mucho que ver tanto con las políticas de renta como con las dificultades idiomáticas o la escasa oferta de viviendas asequibles a este sector. La ausencia de movilidad y de transferencia migratoria de unas regiones a otras convierte el paro en estructural y desestabiliza precios y costes, con los resultados negativos que ello tiene para la competitividad de las empresas.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, colegas, quiero dar las gracias al Sr. Van Velzen por haber incorporado el punto 9 en su informe. Este trata sobre todo de la evaluación del capital riesgo que prestamos a través del Banco de Inversiones. Esta mañana se ha debatido aquí el informe del Tribunal de Cuentas y de él se desprende que las cosas no van exactamente bien con los préstamos de este capital riesgo. Los criterios son demasiado generales, no hay una política coherente y el empleo de los márgenes de intereses no está claro. Pero sobre todo, y eso sí quiero subrayarlo, el papel de la Comisión queda limitado a un intercambio de información.
Señor Presidente, Comisión, cuando nosotros mismos entramos en juego en un informe en el que pedimos sobre todo a los Estados miembros que realicen una serie de cosas, creo que nosotros mismos debemos tenerlo claro. Por lo tanto, pido seriamente al Comisario que haga llegar dentro de muy poco una evaluación al respecto a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Si no se compromete a esto, yo misma haré preguntas al respecto en la Comisión. Colegas, ya lo han dicho muchos: la realización de la Unión Monetaria y Económica requiere medidas en muchos ámbitos políticos. Este informe indica que los Estados miembros van por ese camino, tanto en relación con la reforma de los sistemas fiscales y de la seguridad social, como en relación con toda clase de medidas que fomentan el empleo. Hay un punto que quiero plantear ahora: con paso lento pero seguro se están desplazando las competencias e influencia del nivel nacional al nivel europeo. Esto transcurre sin que los ciudadanos lo noten. Naturalmente tenemos que abogar por la mayoría de las medidas que están en el informe Van Velzen. No podemos vivir con una participación laboral de un 60, 5 por ciento por ejemplo. Pero va siendo hora de que en los Estados miembros se haga un debate democrático sobre estas medidas y que no pensemos, como se escucha a veces en esta Casa, que todo esto es un tema de los Estados miembros y que el Parlamento Europeo no debe implicarse en el proceso y que este proceso tampoco tiene retroalimentación, desde Europa hacia ese ciudadano europeo. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, esto es un «must» y pido por lo tanto a la Comisión si puede hacer un esfuerzo extra en el ámbito de la información sobre este tema.

Kaklamanis
Señora Presidenta, deseo felicitar a mi colega el Sr. Wim van Velzen por su informe. Desgraciadamente, este buen informe se limita a dirigir apelaciones y a expresar deseos tanto al Consejo de Ministros como a la Comisión. Pero la cuestión es, señor Van Velzen, si hay quien tenga oídos en el Consejo y en la Comisión para escuchar lo que usted dice en su informe. Le recuerdo que en Amsterdam no se tomó ninguna decisión esencial sobre el empleo. En Luxemburgo se pasó la pelota a los gobiernos de los Estados miembros. Le recuerdo que en los criterios de Maastricht para la UEM no se incluyó a propósito el criterio del desempleo. Le recuerdo que tanto en el presupuesto de 1998 como en este que vamos a votar dentro de un mes para 1999 los gastos para combatir el paro para la Europa social, para los discapacitados físicos y para la tercera edad o están reducidos o se mantienen estables; y todo esto sucede en un momento en que, como usted escribe en su informe, los puestos de trabajo a jornada completa se reducen continuamente y solo se crean puestos de trabajo a tiempo parcial. Por tanto tenemos unas rentas reducidas en una Europa en la que sube el coste, por eso también el porcentaje de los nuevos pobres ha superado el 15 %. Lo siento, pero todo esto sucede con la aprobación del Parlamento, que el 2 de Mayo de 1998 entregó la Europa social a los banqueros y a la UEM.

Ojala
Señor Presidente, la izquierda europea -en todo su variado espectro- tiene ahora la oportunidad de demostrar que se toma verdaderamente en serio la mejora de la situación del empleo. En la actualidad, la izquierda participa -de una manera u otra- en el Gobierno de trece de los quince Estados miembros que componen la Unión Europea. En mi opinión, lo que los votantes europeos buscan en la izquierda es seguridad frente a la fuerza del dinero y la marcha incontrolada del mercado. ¿Podrá la izquierda responder a las expectativas de sus votantes? Las recetas de los distintos Gobiernos europeos de izquierdas parecen bastante contradictorias. Mientras que el Reino Unido confía de nuevo en la capacidad del mercado para crear empleo, en Francia e Italia se propugna la reducción de la jornada laboral y la inversión pública para mejorar la situación del empleo. Además, las obligaciones relativas a la Unión Económica y Monetaria ya contraídas con anterioridad por los países de la UE ralentizan un posible giro del timón.
Ahora se debería llevar a cabo, por cuatro importantes razones, la elaboración de un programa europeo de revitalización y creación de empleo. En primer lugar figura una bajada de los tipos de interés para impedir que la recesión que asola el mundo pueda llegar a Europa. Desgraciadamente, el Banco Central Europeo -donde mandan las doctrinas económicas de las últimas décadas- no parece estar dispuesto a llevar a cabo una bajada de los tipos de interés que permita mejorar la producción y el empleo. En segundo lugar, es necesario una reforma fiscal que favorezca la actividad laboral. La fiscalidad actual favorece demasiado la propiedad, la inversión y la obtención de dinero sin esfuerzos, mientras que penaliza el trabajo. En tercer lugar, es necesario aumentar la inversión pública, principalmente para mejorar los servicios de transportes y las telecomunicaciones. Va siendo también hora de dejar de considerar los servicios de transporte público como un despilfarro perjudicial, y de reconocer la gran importancia que revisten a la hora de crear empleo y su papel imprescindible en la creación de infraestructuras. En último lugar, debemos emprender medidas para lograr una reducción generalizada de la jornada de trabajo. Si bien los medios para lograr esta reducción pueden variar entre los distintos países y los distintos sectores, éste ha de ser un objetivo común.

Schörling
Señor Presidente, todos estamos muy interesados en que los países miembros colaboren, en que coordinen sus estrategias para la creación de puestos de trabajo duraderos y en que las líneas directrices para la política de empleo realmente se lleven a cabo en los programas de acción nacionales. A veces también puede ser necesario incentivar a los Estados miembros para que cumplan con las recomendaciones existentes. Sin embargo, hay que tener claro que las diferencias entre los Estados miembros son muy grandes y que se necesita tiempo y conversaciones para que esas recomendaciones puedan asimilarse y cumplirse en los países miembros.
Van Velzen demuestra claramente su impaciencia en el informe y quiere apremiar, a veces quizás en demasía, por ejemplo mediante la propuesta de coordinación de las políticas económicas y financieras, lo cual es ir muy lejos.
La mayoría de las propuestas son muy buenas, especialmente las que se refieren a la reducción flexible de la jornada laboral y a su posible contribución a la lucha contra el desempleo. También quiero recomendar a los colegas que voten por nuestra enmienda, que va un poco más allá que la de Wim van Velzen en cuanto a la reducción de la jornada laboral general en Europa.

Maes
Señor Presidente, la tasa de desempleo en la Unión ha permanecido demasiado elevada, a pesar de la favorable evolución económica que hemos conocido en los últimos años, sobre todo en las categorías de los desempleados de poca cualificación y de larga duración, entre los cuales hay muchas mujeres. No solamente en Europa, sino en toda la tierra está aumentando la presión de ese paro mundial. Me refiero sobre todo a los millones de parados jóvenes en el tercer mundo. Eso se siente en toda Europa y constituye un factor de trastorno social y de pobreza. Los problemas con los que solicitan asilo son sólo parcialmente una consecuencia de esto. El fomento del empleo, por lo tanto, debería ser reconocido como primer objetivo en los Estados miembros, en la Unión y también en las organizaciones internacionales. Con el trasfondo del menor crecimiento económico que nos viene encima, esto tal vez esté todavía más cargado de significado.
El informe Van Velzen lo ilustra de forma particularmente clara y le doy las gracias por ello. Los resultados de la Unión Europea en el ámbito de la creación de empleo siguen siendo pobres, como podemos leer en el informe. Las diferencias entre y dentro de los Estados miembros siguen siendo enormes a pesar de los Fondos estructurales. La evaluación de los planes nacionales de acción sí muestra puntos positivos pero también muchas lagunas y carencias. Menciono por ejemplo que en mi país no se consigue reducir los impuestos sobre el trabajo. Estas carencias atañen también a los cuatro pilares. Los líderes europeos han llegado a la conclusión, lamentablemente demasiado tarde, de que se debe crear un equilibrio mejor entre una Europa monetaria y una política de empleo. Con el ponente Van Velzen decimos sí a los objetivos cuantificados, a la formación y a la participación. Decimos sobre todo también que la elección de un programa europeo de inversiones es una buena elección. Vamos a votar a favor de la resolución pero tiene demasiadas cosas, Señor Presidente, creemos que a la larga los árboles no dejan ver el bosque. Si Europa no pone como prioridad el empleo, no va a tener un futuro para sus hijos y entonces tampoco lo tendrá para si misma.

Angelilli
Señor Presidente, Señorías, el informe van Velzen resume puntualmente la situación económica europea en este último año: por una parte, el cauto optimismo debido a la positiva perspectiva de la moneda única europea y a un leve, pero apreciable crecimiento económico; por otra, un clima de desconfianza y de inestabilidad producido por las muchas crisis financieras internacionales -Asia, Europa Oriental, América Latina- que con sus repercusiones condicionan negativamente el mercado europeo. Existe además el desempleo que sigue siendo la primera de las emergencias sociales en nuestro Continente, especialmente para los jóvenes y las mujeres.
Por esto, en líneas generales, se pueden compartir las indicaciones del informe para relanzar en los Estados miembros políticas de empleo eficaces. En particular quiero subrayar la importancia de la formación profesional que, sin embargo, debe mejorarse y adaptarse a las exigencias del mercado de trabajo. La formación profesional vive una gran contradicción, ya que si bien es cierto que los fondos disponibles no son suficientes, no es menos cierto que muchas de las inversiones se emplean de mala manera para cursos de pésima calidad que tienen una incidencia muy escasa en el empleo. Más en general, es preciso exigir a los Estados miembros una seria reforma de los sistemas educativos. En Italia, el Tribunal de Cuentas ha denunciado hace pocas fechas que a un alto porcentaje de licenciados le cuesta encontrar trabajo, debido precisamente a las deficiencias del sistema educativo, en particular de las universidades en las que se desatiende, demasiado, el aspecto práctico y aplicativo de la enseñanza teórica.
La segunda consideración que quiero hacer se refiere a las mujeres. Las mismas son las más discriminadas en el ámbito laboral porque deben hacerse cargo de la familia y, en caso necesario, también del cuidado y la asistencia a las personas mayores y los discapacitados.
En particular, este Parlamento ha reiterado a la Comisión la necesidad de garantizar a las mujeres trabajadoras, sobre todo a las que están solas, sistemas de asistencia social adecuados, sin los cuales el derecho al trabajo se convierte en una auténtica utopía.
Por último, quiero detenerme en otra propuesta contenida en el informe, esto es, la gestión más flexible de la jornada laboral. En caso de que las condiciones económicas lo permitan, puede aceptarse y desearse la reducción de la semana laboral y sobre todo la creación del contrato a tiempo parcial para generar nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no ha de olvidarse que cualquier reducción de la jornada, precisamente en el respeto de los principios fundamentales de subsidiariedad y de participación, debe concertarse con los interlocutores sociales evitando, por tanto, imposiciones legislativas que sólo introducirían un elemento de rigidez inútil y perjudicial.

Damião
Señor Presidente, el informe Van Velzen presenta gran calidad y equilibrio. Es consecuencia de la voluntad del ponente de encontrar consensos que abarquen la diversidad de las situaciones sociales europeas en la actual situación económica. Las preocupaciones por la inversión, el apoyo a las PYME, la tributación que oprime a las empresas empleadoras, las condiciones de trabajo, la reducción gradual de los horarios máximos de trabajo y una mejor gestión de éste, salarios, protección social, formación realmente preparadora y sistemas de enseñanza adecuados dan sentido social a la adaptabilidad y a la empleabilidad, que, sin esa orientación, son objetivos cínicos, meramente economicistas, por lo que desearía que la Comisión lo tuviera en cuenta.
El desempleo no es inevitable, pero no deseo para otros países de la Unión la solución encontrada en vastas regiones portuguesas, en las que tres generaciones trabajan para conseguir un salario mínimo español, la mitad de uno belga, la cuarta parte de uno alemán, con casi pleno empleo. Un mundo en el que esos ciudadanos, cuando están desempleados y, sobre todo, las desempleadas, pierden del 50 % al 100 % de sus ingresos y para el acceso a los consumos sólo les queda la solidaridad familiar, la débil solidaridad nacional y la solidaridad europea mediante la cohesión.
Mi apoyo a este informe se basa en que es un paso seguro e importante para dar cuerpo a la empleabilidad. No queremos para los países que tienen tasas elevadas de desempleo una solución que debilite la ciudadanía y el modelo social europeo.

Mann, Thomas
Señor Presidente, hace cuatro años estrenamos un nuevo enfoque: en la Cumbre de Essen se adoptó una estrategia amplia para luchar con mayor eficacia contra el paro, respetando rigurosamente la subsidiariedad. Hace un año estrenamos otro: en la Cumbre de Luxemburgo en favor del empleo se acordaron unas directrices con vistas a garantizar un elevado nivel de empleo. Hoy celebramos otro estreno con la valoración pública de lo que se ha conseguido y lo que no se ha conseguido mediante los planes nacionales de acción. Sobre todo se detectan deficiencias en el ámbito de la formación, con insuficientes medidas en favor de la formación continua, una participación demasiado escasa de los trabajadores de más edad, con unos programas de formación que prestan insuficiente atención a las nuevas tecnologías y unos sistemas educativos en los que a menudo falta una conexión con la práctica, el trabajo en equipo y el conocimiento de otros países. En estas condiciones resulta casi imposible fomentar el acceso al empleo, que es el primer pilar de los planes de acción.
También se concede todavía demasiado poca atención al cuarto pilar: la igualdad de oportunidades. Señor Comisario, las mujeres encuentran especiales trabas para el acceso a la vida profesional cuando los servicios de atención infantil -guarderías, jardines de infancia, centros de día- son insuficientes. Sin embargo, existen algunos indicios alentadores: cada vez son más los Estados miembros que, como Alemania, se están adaptando a la transformación de las estructuras profesionales. Se está mejorando el marco de condiciones para el desarrollo del espíritu empresarial, unas políticas de empleo activas están sustituyendo finalmente a las pasivas. Lo importante ahora es que se institucionalice el diálogo entre el Consejo ECOFIN, el BCE, los agentes de la política social, los interlocutores sociales, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, con objeto de mejorar la coordinación de la política económica y la política monetaria, incluido el imprescindible Pacto de Estabilidad, con la política de empleo.
La próxima Cumbre de Viena debería insistir de nuevo en los aspectos adecuados, en vez de despertar falsas expectativas, a la manera del llamado programa global de inversiones con un coste de miles de millones que los Estados miembros en cualquier caso no van a financiar. En efecto, con un enfoque realista, son muchas las posibilidades de que las personas afectadas por el paro y la exclusión también perciban que Europa permite superar los obstáculos y la inacción, sabe promover la coordinación y genera impulsos esenciales y nuevas ideas.

Theonas
Señor Presidente, el ritmo actual de desarrollo no absorbe el gran número de desempleados. El crecimiento económico en la Unión Europea fue del 2, 7 % en 1997 y se espera que sea de cerca del 2, 8 en 1998, sin embargo los salarios reales han aumentado sólo un 1 %; a pesar de todo la tasa de desempleo no ha mejorado. Los puestos de trabajo a jornada completa se reducen y sólo aumenta el trabajo a tiempo parcial. El espectro de la pobreza y de la exclusión social ya está afectando o amenaza directamente a millones de ciudadanos de la Unión. De verdad, ¿qué optimismo podemos tener con estos datos? En nuestra opinión, la política de empleo parece ser poco fiable y un factor de agudización de las crisis. Esta es la conclusión que sacan los ciudadanos de la Unión. Y estando así las cosas, la comunicación de la Comisión da prioridad a la competitividad de la industria y el comercio, al Pacto de Estabilidad, a la estabilidad monetaria, al fomento del trabajo a tiempo parcial y de los empleos atípicos, a la empleabilidad -un invento que traslada el peso de la responsabilidad de encontrar un empleo del Estado y su política al trabajador.
Los trabajadores, señor Presidente, se resisten a esta política. No esperan nada de ella. Y lo único que les queda es intensificar su lucha para anularla. En este sentido nos encontrarán a su lado.

Sainjon
Señor Presidente, puesto que hablamos de la Europa social, ante todo quisiera felicitar al Sr. van Valzen y, una vez no es costumbre, a la Comisión, por su acción relativa a la consulta de los trabajadores. Después de Vilvorde y, más recientemente, Levis, efectivamente, es urgente fortalecer el poder de información y de discusión de los trabajadores tanto en lo que se refiere a la estrategia de inversión de la empresa como el relativo a una decisión de deslocalizar. Esta cultura de la información, yo iría hasta decir de cogestión, sigue la dirección correcta.
En cambio, debo decir que, de manera más general, el programa de acción social de la Comisión carece de ambición y de grandes propósitos. Naturalmente, se hace alusión, con toda razón, a la reducción del IVA para los servicios que requieren mano de obra intensiva, la reducción de las cargas de las PYME, la flexibilidad, la formación, etc. Sin embargo, formulo la siguiente pregunta: ¿en qué han quedado los compromisos de la Cumbre para el Empleo de Luxemburgo, de noviembre de 1997? Es políticamente esencial que emerja un gran proyecto y sea capaz de canalizar las energías. Hace falta, realmente, un nuevo Estado de bienestar que promueva el empleo y la formación a lo largo de toda la vida para cada ciudadano de la Unión Europea, es decir, hacer lo necesario para que toda mujer, todo hombre, de Lisboa a Berlín, de Londres a Roma, disponga de la misma esperanza en caso de pérdida de empleo.
Personalmente, sueño con eliminar la palabra paro de nuestro vocabulario y no se trata de mera retórica. Se trata concretamente de que cada vez que haya un licenciamiento, o un período cualquiera de inactividad, a partir de ahora se active automáticamente una formación retribuida de carácter obligatorio que no sea un cursillo de aparcamiento. Es preciso transformar el ensayo de la Cumbre para el Empleo de Luxemburgo de noviembre de 1997, cuyas decisiones, aprobadas por los Quince, fijaban ya como prioridad no dejar a un joven sin actividad ni formación durante más de seis meses, y a un adulto durante más de un año.
Es preciso vivir este concepto yendo más lejos, proponiendo que, a lo largo de toda su vida, el individuo alterne actividad y formación pasando de una a otra sin ruptura no deseada, es decir, sin paro.
Señor Presidente, en verdad este es un gran proyecto que permitiría a Europa reanudar con su pasado, el de iniciadora del progreso social. Su financiación podría apoyarse en los 2, 3 billones de francos dedicados cada año en Europa a la lucha contra el paro y en los Fondos Estructurales Europeos que, menos compartimentados, cumplirían de la mejor manera este objetivo.

Raschhofer
Señor Presidente, las estadísticas más recientes revelan un descenso de las cifras de paro. Un estudio más detallado indica, no obstante, que aun cuando la tasa de desempleo ha disminuido, lo ha hecho en una proporción inferior a la tasa de crecimiento de la economía durante el mismo período. También da que pensar el hecho de que alrededor de 23 millones de ciudadanos europeos vivan en el límite de subsistencia. Como también da que pensar que el presente informe haga una advertencia contra los puestos de trabajo baratos e inste a mantener una moneda estable. Los requisitos para una política de empleo eficaz de la Cumbre de Luxemburgo son ambiciosos. Nadie puede rechazar en serio las alternativas a la tributación del trabajo. Nadie se opondrá a que se adopten medidas para mejorar el clima para las inversiones o en favor de la formación profesional y continua. Sin embargo, estas recetas en definitiva no son nuevas. En la Cumbre de Essen ya se debatió el Libro blanco sobre el empleo, precisamente en relación con las mismas medidas.
Resulta decepcionante, no obstante, la escasa concreción de estas medidas en los Planes nacionales de acción en favor del empleo. Así, por ejemplo, en muchos Planes nacionales de acción no se definen unos objetivos concretos ni se concretan los recursos financieros o sólo se hace de manera insuficiente. Faltan indicadores adecuados, una cuantificación de los recursos presupuestarios, una definición de las prioridades y sus efectos a lo largo del tiempo. ¿Cómo es posible, entonces, una evaluación fidedigna de los progresos y los resultados de las políticas de empleo? Permítanme que les diga que escucho el mensaje, pero me falta la fe, puesto que los Estados miembros no transponen los objetivos.

Van Lancker
Señor Presidente, me muestro de acuerdo con mis colegas que han dicho que el proceso que se inició en Luxemburgo es positivo, pero que por supuesto se debe avanzar claramente en Viena. Me gustaría enfocar mi intervención, Señor Comisario, en un aspecto muy importante para mi. Va siendo hora de que los Estados miembros vuelvan a vincular el crecimiento del empleo a la igualdad de oportunidades para mujeres. En el informe Van Velzen abogamos muy claramente por la reducir a la mitad las diferencias entre los sexos. Esto requiere un compromiso muy particular de los Estados miembros a través de todas directrices y también supone un compromiso para una acción positiva. Algunos ejemplos: está relacionado con el hecho de que las mujeres estén más y más tiempo en el paro y es bueno, Señor Comisario, que los Estados miembros hayan optado por la prevención del desempleo de larga duración. Pero eso significa también que las mujeres deben poder beneficiarse por lo menos proporcionalmente de las medidas de integración. Significa también que los Estados miembros, no como hacen ahora, no pueden dejar de prestar atención al desempleo de larga duración allí donde las mujeres están sobrerepresentadas. No, las dos deben ir juntas y ser complementarias.
En segundo lugar, pedimos también un compromiso claro para dar más oportunidades de formación a las personas que trabajan todavía. Colegas, me parece escandaloso que se excluya rotundamente a las mujeres que trabajan «parttime» de las oportunidades de formación en la mayoría de los planes empresariales de formación.
En tercer lugar, se requiere una atención adicional en las negociaciones salariales para la inaceptable diferencia, la diferencia salarial de un 20 a 30 por ciento que existe todavía entre los hombres y las mujeres. Su consecuencia debería ser que en las negociaciones salariales, las subidas salariales estuvieran dirigidas en este momento principalmente a los sueldos infravalorados de las mujeres. Esto requiere también que los Estados miembros no sigan obsesionándose únicamente con el «parttime», sino que también empiecen a discutir modelos de reparto de empleo y de reducción del tiempo de trabajo, que respeten más la vida familiar, como por ejemplo la semana de cuatro jornadas laborales. Por cierto, pedimos que la Comisión también vuelva a presentar una propuesta para endurecer la actual directiva en materia de la jornada laboral.
Por último, Presidente, la redacción de objetivos concretos ya ha demostrado su eficacia. Hemos de fortalecer este proceso en todas las líneas directrices y una importante petición de mi grupo parlamentario es que la Comisión elabore urgentemente «bench-marks» para comparar la eficacia de la protección social. Hemos de procurar que más empleo signifique a la vez más empleo cualificado y, por lo tanto, con una protección social adecuada.

García-Margallo y Marfil
Señor Presidente, mi agradecimiento no simple y retórico al ponente y voy a intentar precisar cuatro ideas, cuatro reflexiones que, a mi juicio, enriquecerían el informe.
En primer lugar, echo de menos una referencia a la coordinación de las políticas económicas con la política monetaria, es decir, a la coordinación del Consejo de Economía y Finanzas con el Banco Central Europeo. La literatura reciente, y especialmente Krugmann, empiezan a plantearse si es lógico, si es coherente seguir dando prioridad a la estabilidad de precios ahora que estamos en niveles históricamente bajos respecto a la creación de empleo. Y aunque creo -como ha dicho Carlos Gasòliba- que la estabilidad económica es el caldo de cultivo para la creación de puestos de trabajo, creo también que es necesaria una mayor coordinación y una mayor atención del Banco Central Europeo a este objetivo.
En segundo lugar, lamento que no se haya aprovechado la experiencia recogida en este Parlamento cuando se hicieron comparaciones, «benchmarking», sobre la creación de puestos de trabajo en Europa y en Estados Unidos. Aparte de algunas ideas que han sido repetidas aquí por determinados oradores -flexibilidad y liberalización de ciertos mercados, fundamentalmente del mercado de servicios y del mercado de trabajo-, en aquel informe se señalaba como una de las causas fundamentales que dan ventaja a los Estados Unidos en la creación de puestos de trabajo el mayor esfuerzo que dedican a la investigación y desarrollo, la mayor participación que tiene la iniciativa privada en ese esfuerzo conjunto y la opción de favorecer la I+D mediante bonificaciones fiscales frente a la ayuda directa, haciendo así conectar los proyectos con la obtención de beneficios.
En tercer lugar, en materia de fiscalidad se habla del IVA en servicios intensivos en mano de obra. Me parece que ha llegado la hora de plantearse si es coherente seguir con un impuesto sobre el valor añadido como el que se alumbró en 1967 cuando en Europa sobraban puestos de trabajo y faltaba mano de obra y si no será necesario examinar si sigue siendo coherente permitir la deducción inmediata del impuesto que grava los bienes de inversión favoreciendo por tanto la sustitución de mano de obra por bienes de equipo.
Y una última observación. Estoy de acuerdo en lo que se refiere a las redes transeuropeas, pero es hora ya de avanzar y decir si las vamos a financiar con cargo a las reservas de excedentes, con emisión de deuda o de otra forma.

González Álvarez
Señor Presidente, parece constatado, como recoge el informe del Sr. van Velzen, que no existe una proporción directa entre la bonanza económica y la creación de empleo. Se ha creado empleo pero no se ha creado empleo suficiente, y tampoco han mejorado las condiciones sociales en Europa: el 15 % de los trabajadores está por debajo del nivel de la pobreza.
El «paraguas euro», la unión monetaria de la que tanto se habla para proteger a Europa de los avatares financieros y económicos en el mundo, tampoco parece que vaya a evitar que algunos efectos lleguen al continente. Por ello, a nosotros nos parece que hay que hacer hincapié en algunos aspectos del informe del Sr. van Velzen.
En primer lugar, uno de ellos se refiere al dogmatismo del concepto de estabilidad, ese plan de estabilidad de estricto y obligado cumplimiento. Nos parece que debe acabarse con ese dogmatismo porque es importantísima ahora la creación de empleo si se quiere también que la economía vaya bien. Se ocupa más ese plan de estabilidad de la estabilidad monetaria que de la estabilidad en el empleo.
Y para finalizar, señor Presidente, quiero hacer hincapié en dos de los cuatro pilares que prevé la estrategia por el empleo: el de la adaptabilidad y el de la igualdad de oportunidades.
En el tema de la adaptabilidad, hay que tener en cuenta la participación de los agentes sociales para tratar de la jornada laboral y la reducción de las horas extraordinarias entre otros temas.Y en el de igualdad de oportunidades, hemos repetido en muchas ocasiones que el nivel de igualdad del acceso al trabajo y del salario de las mujeres está muy por debajo de los hombres y ese cuarto pilar ha quedado muy débil en todas las estrategias de los Estados miembros. Por lo tanto, hay que fomentar el que haya servicios que permitan el acceso y la reintroducción de las mujeres en el trabajo.

Formentini
Señor Presidente, antes de nada deseo felicitar al ponente, Sr. van Velzen, por haber sabido captar los temas fundamentales de este importante aspecto de la economía que es el laboral. Y lo ha sabido hacer en una etapa que se caracteriza por la incertidumbre, pues no hay duda de que, respecto a las conclusiones a las que llegaron los Gobiernos de los Estados miembros en noviembre de 1997, hoy se asiste a una situación radicalmente distinta tanto dentro de la Comunidad, en la que mientras tanto ha comenzado la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria y tenemos el Pacto de Estabilidad con todas sus consecuencias, como en el resto del mundo donde es innegable que en estos último tiempos se han producido cambios sumamente graves: una recesión que, sin duda, está en curso y que afecta al menos al 40 % de la población mundial -como ha señalado el propio señor ponente- y que, por el momento, ha visto a las áreas europea y norteamericana mantenerse alejadas de estas turbulencias, aunque no existe ninguna garantía de cara al futuro.
En definitiva, el nivel de desarrollo que apreciamos en Europa es insuficiente respecto a las necesidades de crecimiento del empleo y, en consecuencia, tenemos un diferencial que ha de superarse. Estamos convencidos de que el problema del empleo no puede resolverse con actos y decretos sobre el empleo: no se crean puestos de trabajo por decreto; los puestos de trabajo se generan favoreciendo el crecimiento económico. Por eso, es necesario un esfuerzo por parte de todos a fin de que dicho crecimiento se fomente a través de políticas adecuadas, sobre todo de carácter fiscal, y a través de ayudas adecuadas para el desarrollo económico.
Se plantea, por tanto, el problema de las inversiones que han de ser lo más productivas posible y, en consecuencia, concentradas allí donde ya pueden ofrecer respuestas. Unas inversiones que sólo fueran de carácter social no darían ningún resultado. Espero que éste sea el enfoque que se tendrá en cuenta en la próxima Cumbre de Viena a la que toda Europa presta suma atención.

Cabezón Alonso
Señor Presidente, el informe del colega van Velzen es un excelente informe. Es un informe con propuestas rigurosas, cercano a la realidad, sin concesiones a la demagogia y con algunas ideas innovadoras. Si personalmente tuviera algo que destacar, lo haría subrayando el apartado dedicado a la estrategia de prevención. Espero y deseo que este informe tenga el mayor apoyo posible dentro de este Parlamento.
Los millones de parados de la Unión Europea no hacen inútil este debate sino todo lo contrario. Y en todo caso, gracias a otros debates y a éste, el empleo avanza, aunque lentamente, como una política común que debe ir vinculada a la necesaria coordinación con las políticas económicas.
El desempleo genera formas de exclusión, la precariedad impide el desarrollo personal, y la falta de expectativas personales coloca a la mano de obra disponible en una situación de servidumbre respecto de quien pueda proporcionarle un empleo.
Los poderes públicos tienen la obligación no solamente de velar por el mantenimiento de los principios de igualdad y de solidaridad en oportunidades y niveles de renta, sino que deben impulsar políticas activas y generar condiciones básicas para ir paliando la mayor preocupación de nuestras sociedades que es el desempleo. Los poderes públicos deben adoptar, como dice el informe, políticas económicas que fortalezcan o fomenten el crecimiento derivado de las inversiones, que den confianza a los consumidores y que mantengan la demanda de consumo interno.
Es necesario un papel mucho más enérgico de los poderes públicos para el desarrollo de políticas activas sobre el mercado de trabajo y una cierta audacia sería útil para enfocar la situación actual. Frente a un cierto mantenimiento del concepto de desregulación, que suele utilizarse como el gran argumento, nosotros seguiremos defendiendo propuestas que conjuguen flexibilidad y seguridad.

Todini
Señor Presidente, mis felicitaciones al ponente, Sr. van Velzen. En su informe se aprecia que, efectivamente, según los datos reales de que disponemos, durante este año se ha registrado una reducción del desempleo; sin embargo, no debemos fiarnos de esto porque sólo se trata de una situación marginal que contemplamos en Europa. Por otra parte, si analizamos las que son las realidades de cada uno de los Estados miembros, constatamos que existe una gran disparidad dentro de los 15 Estados miembros. En Italia, por ejemplo, la tasa de paro sigue rozando el 12 %.
¿Cuáles son las recetas que ya hemos establecido? Evidentemente, el abaratamiento del coste laboral y, naturalmente, el fomento del desarrollo empresarial, sobre todo en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Ya se ha recalcado la importancia que reviste la formación y la cualificación profesional, por tanto, no abundaré en este tema. Quiero sólo subrayar algo que ya figura en el informe y que, en mi opinión, es extremadamente importante, esto es, la posibilidad de reducir el IVA que grava los servicios muy intensivos en mano de obra. El Consejo ya formuló esta propuesta el 21 de octubre de 1997. Merecería la pena retomarla rotunda y firmemente, así como volver a impulsar el Banco Europeo de Inversiones, el cual ya expresó su disponibilidad, a financiar proyectos incluso con tipos de interés por debajo de los del mercado, siempre que dichos proyectos generen realmente empleo y, por tanto, sean proyectos importantes desde este punto de vista.
Además, ¿por qué no se propone una revisión de la importante función del Banco Central Europeo? Este nuevo instrumento, creado para contener la inflación en los 15 Estados miembros, debería y podría tener otro importante objetivo, o sea, mantener bajo control el desempleo. En los Estados Unidos, la Reserva Federal sostiene un planteamiento similar. Este instrumento debería asegurar también en Europa el importantísimo cometido de mantener bajo control el empleo. Creo que merece ser recalcada la importancia social que revisten estas nuevas instituciones que se están creando.

Ribeiro
Señor Presidente, el informe de la Comisión versa sobre el empleo, sobre el empleo en Europa en 1998. Versa sobre la cuestión del empleo y no sobre el problema y la estadística del desempleo.
El Sr. Van Velzen, en particular en la exposición de motivos que acompaña a la propuesta de resolución, se ha acercado, atinadamente, a la distinción fundamental que hace subrayar la necesidad de que se hable más de calidad del empleo, sin perjuicio de la gravedad de los números del desempleo y de la alarma que provocan. Subrayamos también que algunas observaciones del ponente sobre el clima de recuperación económica parecen excesivas por haber dejado de apoyarse en la realidad. Y no por culpa suya, sino por la forma como ha evolucionado la coyuntura.
Como última consideración permitida por el tiempo, también hemos de decir que nada tiene de negativo, en sí mismo, que la Comisión recurra a la terminología de los pilares para su informe sobre el empleo. Pero sí que rechazamos la ambigüedad de que, por esa vía y, en particular, por la empleabilidad -luego, primer pilar-, se pueda responsabilizar a los desempleados y su escasa preparación de la existencia del desempleo. Y también desculpabilizar del desempleo a un sistema de relaciones sociales que lo crea y utiliza estratégicamente.

Pronk
Presidente, yo también quiero dar sinceramente las gracias al ponente por el enorme trabajo que ha realizado y por el informe que ha puesto sobre la mesa en tan poco tiempo.
Es realmente imposible trabajar en estas condiciones. Eso explica tal vez su ataque a nuestras enmiendas. Naturalmente, no estábamos de acuerdo con algunas partes del informe. También nos abstuvimos en la reunión de la Comisión. Nos hemos visto obligados, por lo tanto, al tener que presentar de nuevo las enmiendas que tenían que ver con esas cuestiones. Eso no significa, naturalmente, que por ello se anulen todos los compromisos. Pero estábamos en una situación extraordinariamente complicada, cuando teníamos que presentar enmiendas para un informe que no existía todavía. Eso quiere decir, simplemente, que en el futuro tenemos que buscar otra solución, aunque sé que el ponente mismo no puede hacer nada al respecto.
En lo que respecta al tema que nos ocupa: el paro, afortunadamente, por primera vez se está reduciendo un poquito, pero eso no significa naturalmente que eso siga así en el futuro. Se divisan algunos nubarrones en el horizonte. Por lo tanto, debemos continuar con la estrategia diseñada. Quisiera decir que esa estrategia ha sido mucho más exitosa de lo que todo el mundo se había esperado anteriormente. Ha habido mucho cinismo con respecto a esta estrategia, pero sin embargo, resulta que funciona. Resulta que verdaderamente conduce a cambios en los Estados miembros. Quizá no suficientemente, pero bueno.
Ahora nos tememos que ocurran una serie de cosas, que están también expuestas parcialmente en el informe del Sr. Van Velzen. El punto 7 con el amplio programa de inversiones, es algo que para nosotros no es aceptable, porque entonces volvemos de nuevo a la discusión sobre la estrategia completa. En su día rechazamos tal programa de inversiones de amplio alcance, a) porque no hay dinero y b) porque no funciona a nivel europeo. Para nosotros es difícil aceptarlo ahora de repente aunque haya actualmente once primeros ministros en la Unión Europea de origen socialista. Para nosotros no significa, sin embargo, que haya que cambiar inmediatamente las posiciones.
El segundo punto que quisiera abordar todavía, es la cuestión de los impuestos. Me parece que el ponente pide, con razón, atención al respecto. Es muy penoso que la discusión acerca de esto y sobre todo acerca de las modificaciones del IVA haya fracasado totalmente en el Consejo y que los gobiernos que presuntamente estaban a favor, ya no hagan nada al respecto, mientras que el par de gobiernos que estaban en contra, parecen poder arreglarlo todo. Me parece muy lamentable. Espero que este Parlamento Europeo consiga poner esta cuestión de nuevo sobre el tapete.
Esos son los puntos más importantes. Dadas las circunstancias, podemos dar nuestra aprobación si no hacemos de esto de repente otra cosa y si se adopta lo suficiente de nuestras enmiendas.

Alavanos
Señor Presidente, es probable que el desempleo presente un descenso en la Unión Europea en conjunto, aunque no sé si alguien sale de su situación patológica cuando la fiebre baja de 41 a 40, 5. Lo que yo quisiera traer como experiencia de mi país es una intensificación del fenómeno del desempleo y especialmente en los estratos de los jóvenes y las mujeres, y esta intensificación se identifica con el esfuerzo angustioso de Grecia, y es paralela a él, por cumplir los criterios de su integración en la UEM. Y creo que en este sentido llegamos a la esencia de la lucha contra el paro en la actualidad. Hace algunos años teníamos el Libro Blanco «Desempleo, Desarrollo, Competitividad». No sé qué ha quedado de todo esto, quizás haya quedado algo, pero no ha quedado lo que estuvimos debatiendo aquí dentro y toda la alarma que se había activado en el Parlamento Europeo y en todas partes. Sin embargo, hoy creo que queremos que tengan resultado tanto las ideas positivas del Sr. Van Velzen como los esfuerzos del Comisario Sr. Flynn y de la Comisión en conjunto sobre la formación de una estrategia contra el paro basándonos en determinados pilares, debe cambiar el camino que ha trazado Maastricht. Un cambio que signifique que criterios sociales y del desempleo entren en la marcha hacia la UEM; signifique que las inversiones no se sitúen en los déficit sociales y que signifique que por lo menos también el Banco Central Europeo siga el camino del Federal Reserve de los Estados Unidos.

Chanterie
Señor Presidente, en primer lugar soy de la opinión de que la estrategia que se inició en Luxemburgo, da buenos resultados y que es un impulso para unos cambios estructurales del mercado laboral europeo. Esperamos, sin embargo, que se ajusten y se endurezcan en Viena las líneas directrices de modo que los Estados miembros tengan que comprometerse aún más concretamente con los gastos cuantificados. Esperamos que la Comisión Europea mejore sus propuestas en ese sentido.
En segundo lugar, no se puede negar que el número de los puestos de trabajo ha crecido en 750.000 unidades en 1997, y esto fundamentalmente debido al crecimiento económico, un crecimiento económico que ahora, sin embargo, está en peligro por las crisis financieras en otra parte del mundo. De ahí que se imponga la necesidad de apoyar el crecimiento económico con un amplio programa europeo de inversiones. Ya se ha hablado suficientemente de los TEN. Ahora se deben tomar decisiones claras.
En tercer lugar, apoyo a los colegas que han defendido una mayor participación de las mujeres, de los mayores de cincuenta años y también de los minusválidos en el mercado laboral. El último elemento, Señor Presidente, es urgente que se reduzcan los impuestos sobre el trabajo.

Hatzidakis
Señor Presidente, a pesar de que en los últimos años la economía en Europa está creciendo a un ritmo relativamente más satisfactorio -por ejemplo, en 1997 tuvimos un crecimiento de un 2, 7 %- no se observa la correspondiente reducción del paro. Hay una reducción, pero es pequeña, excepcionalmente pequeña y en algunos Estados el paro sigue existiendo y tiende a aumentar, como por ejemplo en mi país. Esto significa que el crecimiento por si sólo no crea tantos puestos de trabajo como necesitamos. A la vez necesitamos medidas estructurales en el mercado laboral y deberemos dirigir nuestra atención en este sentido.
Señor Presidente, dado que el problema del paro es un fenómeno paneuropeo, sin duda es necesaria la coordinación de las políticas de los Estados miembros para solucionar el tema en conjunto y con efectividad. La solución del problema del paro y del fomento del empleo debe ser una cuestión realmente europea. Sin embargo lo importante es que la coordinación sea cual sea se mueva en la dirección correcta. Porque puede que coordinemos todos juntos, que tengamos la misma política, y que al final lo que hagamos sea aumentar el paro. En este momento, pues, quisiera decir -aunque a algunos de nuestros colegas les produce alergia- veamos qué es lo que ocurre en América, veamos qué es lo que ocurre en Japón. No es necesario copiar el modelo americano o el japonés, pero veamos por qué hay allí menos paro y saquemos algunas enseñanzas. Así como podemos sacar también enseñanzas de algunos países de la Unión Europea que ya tienen una tasa de desempleo excepcionalmente baja. Creo, pues, que debe haber en este marco una mayor flexibilidad en el mercado laboral, que debe haber medidas como la modernización del régimen fiscal y jurídico para el empleo, que deben existir incentivos fiscales y de otros tipos para las inversiones en las empresas, y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que debe darse la conclusión del mercado interior y facilitarse la circulación de los trabajadores, debe haber flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo, reducción del coste no salarial, fomento de políticas activas del empleo y no sólo dar énfasis a la caja de desempleo y, finalmente, se deben explotar los fondos y las posibilidades de formación mediante el Fondo Social Europeo, sobre el que tengo muchas dudas, señor Presidente, sobre si es lo efectivo que pudiera ser.

Flynn
Gracias, señor van Velzen, por su informe. Es un documento estimulante que contiene un análisis completo de los problemas clave del mercado de trabajo de la Unión Europea e incluye una serie de propuestas muy buenas e interesantes sobre medidas de cara al futuro.
Hace un año presenté al Parlamento el primer conjunto de directrices para las políticas de empleo. Es para mí una gran satisfacción comunicarles que, desde entonces, hemos logrado avances y logros considerables. Todos los Estados miembros han respetado los compromisos políticos asumidos en Luxemburgo el año pasado. En su proyecto de informe conjunto para 1998, la Comisión reflejaba debidamente este progreso que hacía las políticas nacionales de empleo más estructuradas y transparentes mediante, por ejemplo, la notificación sobre los fondos concretos que se destinaron a las políticas nacionales de empleo y sobre las estructuras de vigilancia y evaluación. Este progreso está en consonancia con las propuestas contenidas en el informe del Sr. Van Velzen.
En particular, me complace comprobar que los mensajes de prevención y activación como principios de orientación de las políticas de empleo han penetrado en el pensamiento de las autoridades nacionales y de los interlocutores sociales. Dichos principios han comenzado a traducirse en medidas concretas que los Estados miembros ya han puesto en marcha este año. Reconozco y acojo con satisfacción dicho progreso.
Todos ustedes saben que la intervención rápida para prevenir el desempleo entre los jóvenes y el de larga duración y el paso de un enfoque curativo hacia otro preventivo es la clave de esta estrategia. Es el argumento central que viene defendiendo el Sr. van Velzen; la necesidad de adoptar un enfoque preventivo.
También se han adoptado medidas concretas, por ejemplo, reduciendo el número de jóvenes que abandonan los sistemas de formación y educación sin haber obtenido la debida titulación. El Sr. van Velzen y el Sr. Thomas Mann hacen hincapié en este punto y estoy completamente de acuerdo. Observará, señor van Velzen, que en nuestra propuesta de directrices para 1999, la formación a lo largo de toda la vida es uno de los temas clave sobre los que se tratará en Viena. Lo que decimos en las nuevas directrices es que queremos incrementar el número de las personas que tienen acceso al mercado de trabajo, en particular, de los trabajadores de edad más avanzada. Es un punto al que no se ha dedicado la suficiente atención y el informe nos apoya en este sentido.
Quisiera llamar su atención sobre una observación contenida en el informe relativa a las tasas de empleo, de que las altas tasas de empleo dependen de que se complete la formación. Ésta debe ser una característica clave del desarrollo de estas políticas por parte de los Estados miembros.
Estamos hablando de mejorar el entorno para la empresa, alentar y ayudar a las empresas que comienzan, de la coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, de intentar que los interlocutores sociales sean más conscientes de su posible aportación, de desarrollar el pilar de la adaptabilidad, de introducir reformas fiscales para reducir la carga impositiva sobre el trabajo, de promover una mayor conciencia de la necesidad de evitar la segregación por razón de sexo y facilitar el acceso de todos al mercado de trabajo. En este sentido quiero hacer una referencia a los comentarios de la Sra. Van Lancker sobre las mujeres en el mercado laboral. En realidad, el informe sobre las tasas de empleo trata precisamente sobre este aspecto. Quisiera llamar su atención, señora Van Lancker, sobre el hecho de que la igualdad es actualmente uno de los elementos clave de nuestra estrategia. Observará que no estamos hablando simplemente de una tendencia mayoritaria, sino de un tema horizontal y de no limitarnos a confiar en el cuarto pilar para apoyar su argumento. Sus comentarios y los de la Asamblea han sido tomados plenamente en consideración.
El proyecto de informe conjunto identifica estos avances alentadores, pero esto no es más que el comienzo y nos queda un largo camino por recorrer. Necesitamos una mayor participación de los interlocutores sociales a todos los niveles, así como promover y desarrollar un enfoque de asociación sólida a nivel local que favorezca la creación de puestos de trabajo y el desarrollo económico local, especialmente en el sector de los servicios. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Ojala sobre el sector de los servicios. Observará que en el informe sobre las tasas de empleo, en el que comparamos lo que sucede en los Estados Unidos y lo que sucede en la Unión Europea, la principal conclusión es que no hemos desarrollado el sector de los servicios como han hecho en los Estados Unidos. En la Unión Europea hay un 39, 2 % de la población activa que trabaja en el sector de los servicios, mientras que en los Estados Unidos el porcentaje es del 54 %. Es una gran diferencia.
Necesitamos elaborar nuevas opciones para reducir el régimen fiscal que se aplica al trabajo y que sea compatible con la estrategia macroeconómica global en favor de un crecimiento estable y del empleo en la UME, para idear y aplicar más medidas concretas que favorezcan la igualdad de oportunidades en nuestros mercados laborales para las mujeres, los discapacitados y los inmigrantes.
Su informe, señor van Velzen, presenta una amplia gama de sugerencias para avanzar en la estrategia. Creo que es eso lo que sucederá. El impulso existe. Me complace comunicarle que muchas de sus propuestas e ideas ya han sido incluidas en nuestra propuesta para 1999. Las verá reflejadas en el resultado de la Cumbre de Viena.
En su Propuesta de directrices para las políticas de empleo en 1999, la Comisión ha intentado consolidar el impulso político que se ha conseguido este año. Usted mismo ha dicho, señor van Velzen, que existe una revolución silenciosa. Me gustaría pensar que no es tan silenciosa. Pero el impulso existe, los Estados miembros han asumido el compromiso y creo que se verá muy fortalecido después de Viena.
En aras de la coherencia y la continuidad, se han introducido muy pocos ajustes substanciales en la propuesta para 1999. Se mantiene la estructura de los cuatro pilares y los tres objetivos operativos a nivel europeo. No obstante, incluye las orientaciones del Consejo Europeo de Cardiff y arranca de la evaluación del informe conjunto sobre el empleo de 1998 y el informe sobre las tasas de empleo de ese mismo año. Algunas adiciones substantivas y, en algunos casos, nuevas orientaciones intentan hacer especial hincapié en medidas activas para 1999: fomentar la formación a lo largo de toda la vida, abrir más el mercado laboral a todos, explotar plenamente el potencial de creación de puestos de trabajo del sector de los servicios y conciliar mejor el trabajo y la vida familiar.
La Comisión ha identificado asimismo una serie de temas horizontales. Estos incluyen una política horizontal en cuanto al género, la sociedad de la información, el trabajo no declarado, el papel de los Fondos estructurales, especialmente el Fondo Social Europeo, el desarrollo local y la necesidad de mejorar los indicadores comunes y los objetivos cuantitativos. Para avanzar en ese sentido es necesario realismo y ambición. Los objetivos comunes exigen datos estadísticos comparables a nivel europeo, y la Comisión presentará a la Cumbre de Viena un informe específico sobre medidas concretas encaminadas a mejorar el estado actual de dichas estadísticas.
La revisión de las directrices de este año es, no obstante, una buena oportunidad para seguir desarrollando esta dimensión de la estrategia. La Comisión ha propuesto que los Estados miembros se fijen un nuevo objetivo a nivel individual para incrementar el número de los trabajadores que se benefician de la formación a lo largo de toda la vida. Además, los Estados miembros han sido invitados a fijar objetivos concretos para otras directrices de acuerdo con sus prioridades y posibilidades nacionales.
La Sra. Boogerd-Quaak y la Sra. Todini han hecho referencia a las iniciativas de financiación comunitaria relativas al BEI y el FEI. Sólo quisiera decir que está en marcha el acuerdo de Edimburgo con el BEI relativo a los 5.000 millones de ecus en créditos para proyectos de infraestructura general. Contamos con el acuerdo de Copenhague con las PYME que ha sido asumido en su totalidad. Tenemos el proyecto piloto sobre crecimiento y medio ambiente para créditos que podrían elevarse a 1.600 millones de ecus. El FEI está autorizado a comprometer hasta el 20 % de sus fondos. El programa de acción especial de Amsterdam relativo al BEI por valor de 1.000 millones de ecus para financiar medidas especiales también está en marcha. Nos gustaría tratar con el Parlamento sobre todos ellos en un futuro.
El informe conjunto sobre las políticas de empleo para 1999 intentará por vez primera realizar una evaluación de las repercusiones de los planes nacionales de empleo. Será una prueba para todos nosotros. Será una prueba tangible para la población de nuestros Estados miembros de que hemos pasado de las ideas a la acción y los resultados concretos. O sea que la revolución silenciosa, señor Van Velzen, está tomando un impulso considerable. Tenemos la estrategia, objetivos, un calendario y una política de convergencia. Necesitamos mejorar la aplicación, pero creo que lo conseguiremos.

Van Velzen
En primer lugar, Señor Comisario, realmente soy una persona afortunada porque todo lo que propongo, ya está previsto por la Comisión. Pero esa no es la cuestión que quiero plantear. Ha oído quejarse a muchos que han intervenido sobre la manera en que hemos tenido que hacer y enmendar este informe. Eso se debe al poquísimo tiempo que se dio al Parlamento Europeo. Quisiera que el Comisario diera una respuesta a la propuesta presentada en el punto 30 de mi informe. ¿Cómo cree que se puede solucionar en el futuro?

Flynn
Señor Presidente, tenemos un calendario muy apretado para ocuparnos de todas estas cosas. Evidentemente, es un aspecto que deberá ser estudiado más a fondo cuando se ratifique el Tratado. En estos momentos no puedo decir cómo vamos a encajar todo esto.
Si nos paramos a pensar en los informes que nos esperan en junio del próximo año -la elaboración del Informe anual conjunto, el Informe conjunto sobre el empleo- y cumplir todos los plazos, incluido, más adelante, el informe de concertación con el Parlamento en virtud del Tratado, no veo cómo vamos a poder hacerlo. Será necesario celebrar algún nuevo acuerdo entre las instituciones que nos permita cumplir el calendario de manera que podamos estar preparados para la cumbre de diciembre de todos los años. Debemos estudiar cómo lo haremos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Acción social 1998-2000
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0381/98) del Sr. Hughes, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión «Programa de acción social 1998-2000 (COM(98)0259 - C4-0343/98)».

Hughes
Señor Presidente, quisiera expresar mi agradecimiento al Comisario por su cooperación y la de sus servicios y por la oportunidad que se ha brindado a los diputados a este Parlamento, y más específicamente a los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de contribuir a dar forma al contenido de este nuevo programa de acción social.
En la explicación de motivos de mi informe se presenta el calendario y se describe cómo los coordinadores de la comisión pudieron en varias ocasiones, a finales de 1997 y comienzos de 1998, reunirse con los representantes del Gabinete del Comisario y funcionarios de la DG V para tratar sobre el contenido del programa y ayudarme a redactar un documento de trabajo en el que exponemos lo que creemos que debe incluirse.
El ejercicio es un buen ejemplo de colaboración entre nuestras dos instituciones y no es sorprendente que haya conducido a la elaboración de una comunicación de la Comisión con la que me siento ampliamente satisfecho.
En el Anexo del informe se detalla el grado de similitud entre la comunicación y nuestro documento de trabajo.
No obstante, hay algunas diferencias -aspectos que faltan en la comunicación o que, en nuestra opinión, no son tratados convenientemente. En mi opinión, hay tres aspectos de especial importancia.
El primero es relativo al diálogo civil. Solicitábamos una comunicación sobre el futuro del diálogo civil como un proceso continuado, pero la comunicación da la impresión de que seguirá consistiendo en poco más que los Foros Europeos de Política Social bianuales.
El segundo es relativo a nuestro llamamiento en favor de un instrumento marco en materia de protección social para sacar provecho de las nuevas posibilidades que derivan del apartado 3 del artículo 137 del Tratado de Amsterdam. Creemos que la acción en este ámbito está muy fragmentada. Este llamamiento no ha obtenido una respuesta adecuada.
El tercero es relativo a la necesidad de iniciar los trabajos preparatorios para un programa de acción contra la discriminación basado en el artículo 13 del Tratado de Amsterdam y un nuevo programa de integración social basado en el apartado 2 del artículo 137, que permita presentar inmediatamente propuestas a raíz de la ratificación del Tratado de Amsterdam en la primavera próxima. En la comunicación de la Comisión no se menciona específicamente este aspecto y las referencias que se hacen parecen tratar demasiado específicamente sobre la integración en el mercado laboral.
En mi exposición de motivos digo que si el Comisario puede ofrecernos garantías sobre estas cuestiones, recomendaré la aprobación del Programa de acción social. Tengo la impresión de que los trabajos en el seno de la Comisión han avanzado en estos aspectos, especialmente en lo relativo al diálogo civil y a los programas previstos sobre discriminación y exclusión social, y espero que el Comisario pueda ofrecernos dichas garantías.
Además de estas preocupaciones principales, hay una serie de asuntos específicos, que parecen más bien no haber sido terminados del todo y que espero que la Comisión esté dispuesta a tener en cuenta. Algunos derivan de anteriores compromisos de la Comisión, como la propuesta sobre el trabajo a domicilio, otra sobre el acoso sexual, otra sobre la necesidad de completar el marco legislativo para la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los sistemas de seguridad social. Otras cuestiones son relativas a la necesidad de revisar las disposiciones actuales, como la necesidad de evaluar las repercusiones del Código Práctico sobre la aplicación de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres para un trabajo de igual valor y la necesidad de enmendar la Directiva 86/613 y elaborar a la mayor brevedad un informe de evaluación sobre la directiva relativa a la salud y la seguridad de las mujeres embarazadas en lugar de trabajo.
Por último, en el ámbito de la salud y la seguridad, sé que la Comisión se ha comprometido a revisar regularmente los riesgos y a presentar propuestas cuando sea necesario. Nos complace comprobar el compromiso de la Comisión de adoptar medidas en materia de lesiones ocasionadas por el trabajo repetitivo, pero también creemos que ya existe evidencia suficiente para que la Comisión adopte medidas relativas al estrés en el lugar de trabajo.
Un sindicato -el GMB- está tan preocupado acerca de los recortes de personal en la unidad de salud y seguridad, que ha enviado un proyecto de directiva sobre las lesiones atribuibles al trabajo repetitivo, que le entregaré después del debate.
Para terminar, me siento satisfecho con la comunicación de la Comisión. Cuando redactaba el documento de trabajo hace algunos meses, buscaba un programa de acción que presentara una opinión más integral y política que las simples listas de comprobación del pasado, uno que tuviera en cuenta las nuevas posibilidades que ofrece el Tratado de Amsterdam y el papel que debe desempeñar el diálogo social; y que se centrara en las nuevas directrices sobre el empleo y la estrategia en favor del empleo, al tiempo que siguiera interesándose en cuestiones y grupos que no están necesariamente relacionados con el mercado de trabajo. La comunicación hace todas estas cosas. Si el Comisario puede darme las garantías que he pedido sobre las escasas cuestiones a las que me he referido, recomendaré encantado su aprobación a la Asamblea.

El Presidente
Se interrumpe el debate, que será reanudado a las 15.00 horas.

Votaciones
Schmid
Señor Presidente, muy brevemente, yo quisiera señalarle y señalar también a la Asamblea que la modificación de la fecha que se introduce en la enmienda 7 no afecta sólo al apartado 3 del artículo 1, sino también al apartado 2 del mismo artículo. En ambos casos se trata de la misma fecha. Es sólo una cuestión de lógica.
(El Presidente declara aprobada la posición común así modificada)

Amadeo
Señor Presidente, deseo tan sólo hacer tres observaciones con relación a la votación de las enmiendas.
En cuanto a las enmiendas 29 y 30, las mismas se han vuelto a presentar porque la expresión «ensayos no intervencionistas» es incomprensible en la versión italiana y el añadido «estudios de observación» permite la investigación también en los centros que investigan sin la finalidad de que se registren los medicamentos.
Segunda observación: la enmienda 14 convierte el texto del artículo 7, apartado 2, en incompatible con el artículo 7, apartado 3. La enmienda 31 corrige esta incongruencia sin modificar el espíritu de la enmienda 14; por tanto, considero oportuno que la enmienda 31 se someta a votación antes de la enmienda 14.
Por último, el artículo 35, caso de ser aprobado, haría decaer el artículo 17; al mismo tiempo, estimo que debe someterse a votación antes del artículo 16, ya que haría decaer el último párrafo del artículo 16 que reza: «en el momento en que se toman dichas medidas, el patrocinador ha de informar a las autoridades competentes».

Liese
Señor Presidente, mi intervención también se refiere a una adaptación lingüística, concretamente de las enmiendas 1 y 10. En la votación en comisión nos basamos en el texto alemán y yo solicité que se adaptara la versión inglesa. Sin embargo, ahora, en el momento de presentar las enmiendas al Pleno, resulta que también se ha modificado la versión original alemana. Es imprescindible que quede claro que lo que se va a votar es el texto que se aprobó en comisión en la versión original alemana. Se trata del concepto de «representante legal». Tiene que quedar absolutamente claro que, en el caso de personas que no estén en condiciones de aceptar personalmente la participación en un estudio, el consentimiento lo dará su representante legal. Si la traducción puede inducir a error en la versión inglesa, ésta puede adaptarse mediante el término legal responsible person , pero en la versión alemana no debe figurar otro término que no sea el de representante legal (gesetzlicher Vertreter) , tal como se aprobó en comisión.

Valverde López
Señor Presidente, como estamos con observaciones de carácter general y para después no interrumpir las votaciones, quiero decir con respecto a la enmienda nº 7 que hay, en algunas versiones, traducciones que son distintas. Cuando se utiliza el término «doctor», que es un término de carácter general utilizado coloquialmente, se tiene que entender como médico, profesional de la medicina. Doctores hay en arquitectura, en química, en ingeniería, etc.

Breyer
Señor Presidente, puesto que con la enmienda 28, que fue aprobada por una gran mayoría, se establece como principio que no podrá efectuarse ensayo alguno en ninguna persona incapaz de dar su consentimiento informado, a menos que exista la garantía de que el ensayo se haga en su beneficio inmediato, yo solicito que antes de proceder a la votación definitiva volvamos a preguntar cuál es la posición de la Comisión en relación con dicha enmienda. Yo creo que ésta será muy decisiva también para las posteriores votaciones, tanto desde el punto de vista de la Comisión y el Consejo, como también del Parlamento.

El Presidente
Señora Breyer, su observación es algo incorrecta, ya que estas puntualizaciones pertenecen al ponente, no a otros señores colegas. No quisiera continuar con esto, sin embargo se anotarán en el Acta.
Después de la aprobación de la propuesta de la Comisión.
Amadeo
Señor Presidente, quiero dar las gracias y pedir a la Comisión que demuestre su sensibilidad. La gran mayoría del Parlamento ha formulado determinadas peticiones ejerciendo así una presión que considero que debe tenerse en cuenta.
(El Parlamento aprueba el proyecto de resolución legislativa

Fabra Vallés
Señor Presidente, quisiera hacer dos aclaraciones. Se trata de las enmiendas 1 y 2. En ambos casos, se trata de enmiendas que tratan de reincorporar textos que existían en mi documento antes de la votación en comisión. Pero hay una importante diferencia entre las dos enmiendas. En el caso de la enmienda 1, se trata de reintroducir un texto que yo mismo retiré por un compromiso que hice con la portavoz socialista, la Sra. Wemheuer. Por tanto, pediría el apoyo de la Asamblea para poder mantener ese compromiso y, por tanto, mi recomendación es votar «no» a la enmienda.
En lo que se refiere a la enmienda nº 2, también se trata de un texto que se intenta reincorporar al informe. Sin embargo, se trata de un texto que desapareció del informe como consecuencia de la aprobación de una determinada enmienda que suprimía ese texto. Y en este caso, la posición del ponente es la de dejar libertad de voto.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, una observación general para señalarle, conociendo su apego a las mociones de procedimiento, que dos Grupos han solicitado, en relación con este texto, uno, 13 votaciones por partes y, otro, 23 votaciones por partes. Hago la precisión de que la petición no proviene de nuestro Grupo. Ya ve usted, pues, que todos los Grupos pueden hacer uso de los derechos que les confiere el Reglamento.
En referencia a lo que acaba de decir el Sr. Fabra Vallés, nuestro ponente, señalo que la enmienda nº 1 es un añadido en relación con el texto de compromiso. Por tanto, no está en contradicción con el texto de compromiso que fue adoptado en comisión. Por otra parte, respecto a la enmienda nº 2, me parece que, en la versión alemana del texto, el verbo «previene» no se ha traducido correctamente. Creo que la versión alemana emplea el término stellt , de verbo stellen , cuando se trata de warnt , del verbo warnen . Creo que cabría corregir esta versión en relación con el texto francés.

El Presidente
Se lo agradezco mucho, Sr. Fabre-Aubrespy. Quisiera señalar que nunca quise sugerir que su Grupo es el único en pedir votaciones por partes. Otros Grupos también las piden. Puede suceder que un lapsus linguae dé una impresión falsa.

Dell'Alba
Señor Presidente, dos pequeñas observaciones. Primera: cuando usted menciona el hecho de que la Conferencia de Presidentes decidió que este informe no podía hacer referencia al artículo 206, esto significa que dicha referencia ha de suprimirse, porque de lo contrario resultará que, sin decidir por mayoría cualificada como exige el artículo 206, nosotros hacemos dicha referencia. Habida cuenta de que el artículo 188 C del Tratado versa precisamente sobre esta materia, sería conveniente que constara en el informe.
Segunda observación: en cuanto al considerando T quiero señalar una corrección lingüística. En italiano la expresión francesa «ladite enquête administrative» se traduce «el así llamado expediente administrativo» donde «ladite» se convierte en «la soi-disant». Le pido que disponga la introducción de la corrección en la versión italiana.

El Presidente
Señor Dell'Alba, tomo nota de su observación.
Avanzamos en las votaciones y voy a mencionar, para que no se disguste el Sr. Fabre-Aubrespy, que la mayoría de las votaciones por separado esta vez las ha solicitado el Grupo Socialista.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Evans
Señor Presidente, permítame preguntarle, sobre una cuestión de orden, si es conforme o contrario al Reglamento que los diputados realicen largas conversaciones telefónicas a través de sus teléfonos móviles. El Sr. McMillan-Scott lo hace continuamente y quisiera poner este hecho a su atención.

El Presidente
Señor Evans, tiene usted toda la razón. Algunos de mis colegas, y también yo, hemos rogado repetidamente desde esta mesa que cuando se efectúen las votaciones no se hagan llamadas telefónicas desde nuestros teléfonos móviles. No sé en qué medida era urgente esta llamada para el Sr. McMillan-Scott, pero cuando hay una urgencia, sus señorías pueden salir de la sala para no telefonear en el momento en que la votación continúa.
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución)

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado contra el informe del Sr. Fabra Vallés. Ayer, señalé hasta qué punto este informe ilustraba el escándalo que conocemos bien sobre el asunto de los programas MED y daba las razones por las que estábamos de acuerdo con el contenido de este informe que, no obstante, era preciso enmendar para volver, como lo dijimos hace un momento, al texto propuesto por el ponente.
En efecto, ya sabemos desde la primavera pasada cuál es este escándalo. En dos ocasiones, el Parlamento ha pedido a la Comisión transmitir el expediente completo a las autoridades judiciales nacionales con la finalidad de que éstas puedan decidir por sí mismas si este expediente estaba efectivamente entre sus competencias. Hasta ahora, la Comisión se ha contentado con transmitir una parte del expediente. Al hacerlo, hace pesar sobre ella la sospecha de querer cubrir prácticas ilícitas porque algunos de sus funcionarios podrían estar envueltos en ellas.
Ahora bien, la Comisión tiene la obligación, en virtud del artículo 206 del Tratado, de hacer todo lo que esté en su mano para dar seguimiento a las observaciones que acompañan el procedimiento de aprobación de la gestión y eso es lo que ahora se encuentra en juego. ¿La mayoría de nuestro Parlamento va a ir hasta las últimas consecuencias de su lógica de las denuncias que ha pronunciado en varias ocasiones sobre este asunto, o va a contentarse con un mero amago? Ya que, cuando leemos que ahora se prevé un recurso por omisión y que se rechaza nuestra enmienda nº 1 que se contentaba con prevenir de nuevo a la Comisión de que vamos a rechazar la aprobación de gestión si no responde a nuestras exigencias, nos damos bien cuenta que el Parlamento, una vez más, va a inclinarse.
Quisiera felicitarnos, con mis compañeros, por el hecho de que 102 diputados votaron contra este informe, probablemente por las mismas razones que nosotros. En la Comisión de Control Presupuestario, fui el único. Estos 102 diputados han demostrado a través de su voto, el papel que quieren que desempeñe nuestro Parlamento.
Sobre el informe Pirker (A4-0390/98)
Palm
Este informe contiene una propuesta para la creación de un sistema aduanero de información que, entre otras cosas, será accesible para Europol. Puesto que no puedo ver nada provechoso en esta policía federal sin control democrático, no puedo dar mi apoyo a que se le otorguen semejantes atribuciones. Para obtener una expresión de motivos más pormenorizada, se puede consultar mi explicación de voto relacionada con el informe A4-0396/98.

Theorin y Wibe
Este informe contiene una propuesta para la creación de un sistema aduanero de información que, entre otras cosas, será accesible para Europol. Puesto que no puedo ver nada provechoso en esta policía federal sin control democrático, no puedo dar mi apoyo a que se le otorguen semejantes atribuciones.
Sobre la recomendación Schmid (A4-0377/98)
Andersson y Lööw
Queremos dar gracias al ponente por el excelente trabajo realizado en relación con este importante informe. Las regulaciones de Internet deben ser consideradas como un asunto que tiene que ser tratado con muchísimo cuidado. El flujo global de información que comprende Internet debe entenderse básicamente como un flujo abierto y libre que, de manera no regulada, relaciona a las personas. Las regulaciones de que trata el informe se refieren a acciones encaminadas a la autorregulación necesaria para detener las actividades criminales que tienen lugar en el marco de Internet, como, por ejemplo, la pornografía infantil.
Por medio del presente informe se mejora aún más la propuesta básica de la Comisión, destacando especialmente las partes del informe relativas al sello de calidad europeo y a la necesidad de lograr un mínimo denominador común para la definición de material ilegal. Esto último para que, por ejemplo las ligas que trafican con pornografía infantil, no puedan utilizar las diferencias entre los países e impedirles que continúen con su inhumana y grotesca actividad.

Blak y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado hoy a favor de un programa de acción comunitario que promueve la autorregulación, desarrolla los sistemas de filtro y clasificación y fomenta las actividades de información y las medidas de apoyo. Somos partidarios en gran medida de prestar apoyo económico a las iniciativas que limiten la violencia y la pornografía en Internet. Sin embargo, hemos votado en contra de una etiqueta de calidad europea común que sería concedida por la Comisión. No es tarea de la Comisión decidir qué material es amoral. También hemos votado en contra de la armonización del derecho penal y civil de los países miembros. La práctica jurídica de los Estados miembros refleja las diversas culturas y tradiciones nacionales en cuanto a qué debe censurarse y al modo de castigar los delitos. Es importante distinguir entre lo que es ilegal y lo que es indecoroso u ofensivo para la moral.
La colaboración europea resulta imprescindible a la hora de luchar contra material ilegal como la pornografía infantil. En este ámbito debemos ampliar lo más rápidamente posible las competencias de Europol para así poder combatir las redes internacionales de producción, venta y distribución de material de pornografía infantil.

Blokland
Con sentimientos de ambivalencia me he enterado de la posición común del Consejo.
Por una parte, me alegro del hecho de que se trabaje en una lucha más eficaz contra la «contaminación» del Internet. La cooperación entre los Estados miembros en este terreno es absolutamente necesaria.
Por otra parte, me sigo mostrando muy crítico con respecto a la distinción artificial, por no decir ficticia, entre lo «ilegal» y lo «perjudicial», como se viene aplicando por regla general. La pornografía infantil es ilegal, mientras que la pornografía de adultos es sólo perjudicial para los niños. La enorme y aberrante escala en que se abusa sexualmente de mujeres y niños debería llevarnos a unas ideas más realistas.
He apoyado la enmienda con respecto al desarrollo de una etiqueta de calidad europea de «Site». Si se da prioridad a la autorregulación de los proveedores y a la responsabilidad personal de los usuarios del Internet, entonces hemos de facilitarlas lo más posible.
La propuesta de modificación para evaluar las cuestiones jurídicas a nivel comunitario, no ha recibido mi apoyo. La legislación cambia de un Estado miembro a otro con respecto a los límites que se ponen a la libertad de expresión. Por lo tanto, me parece un despilfarro de energía que se intente convencer al Consejo de que adopte otra postura sobre esta cuestión.

Buffetaut
El desarrollo de las redes de Internet ha planteado pronto un problema difícil: ¿cómo evitar que ese nuevo medio de comunicación sirva de soporte a actividades ilícitas tales como la prostitución, la pedofilia, la difusión de tesis o doctrinas contrarias a la dignidad de la persona humana, sin crear un sistema de censura?
El único medio realista era actuar entre los proveedores de Internet. El plan de acción comunitario se articula sobre esta idea. Especialmente a través de los códigos de conducta preparados por los organismos de autorregulación
A este respecto, el Parlamento Europeo había propuesto, en primera lectura, la creación de una etiqueta de calidad europea para los proveedores de servicios Internet que respetaran tales códigos. La Comisión no retuvo esta idea, lo que resulta lamentable. Por ende, hemos apoyado la reintroducción de esta enmienda.
Por último, las cuestiones jurídicas planteadas por los contenidos y las utilizaciones de Internet eran difíciles, el Consejo reservó la posibilidad de hacer una licitación para evaluar estas dificultades. El Parlamento desea ir más lejos y hacer esta iniciativa obligatoria para echar a andar desde ahora estos estudios. La posición del Consejo parece más razonable. En efecto, sería conveniente no iniciar dichos estudios sino hasta que realmente se hiciera sentir la necesidad.
Para concluir, diría que pasa con Internet lo mismo que pasa con todos los medios de comunicación: es el reflejo de una civilización, de un estado de ánimo general. Es un poco el espejo de nuestra sociedad, de sus tensiones, sus contradicciones, su hedonismo y su amoralismo, pero también de su creatividad y de la necesidad de romper la soledad y la miseria personales que con demasiada frecuencia generan el materialismo y el individualismo en nuestra época.
Si la imagen que nos devuelve Internet no siempre es bella, preguntémonos por qué.

Seillier
Con Internet pasa lo mismo que con los demás instrumentos inventados por el hombre: puede servir para causas buenas como malas. El informe del Sr. Schmid se refiere a un plan de acción para promover una utilización más segura de Internet. ¿Más segura en qué sentido? Atrevánse a decirlo, en el sentido moral, puesto que ya otros informes se han referido a la protección de los intereses de los consumidores en el caso del comercio electrónico. Por tanto, se trata efectivamente de proteger especialmente a los jóvenes usuarios de Internet en relación con la pornografía, las ofertas disfrazadas de prostitución y los riesgos de tráfico de seres humanos. Ahora bien, estos riesgos son muy reales, aunque les pese a nuestros compañeros que han clamado contra la censura a propósito del plan de acción.
Favorecer una autorregulación de los profesionales mediante la adopción de cartas, códigos de buena conducta, parece ser de todas maneras necesario. Asimismo, es preciso estimular la investigación para mejorar los procedimientos que permitan identificar la cadena de responsables, para atribuir la responsabilidad del contenido ilícito a quienes lo hayan creado y a quienes lo difundan, ya que nadie debe poder decir: «Yo sólo soy proveedor de acceso».
Por otra parte, una vez más, debemos recordar que cabe considerar como ilícita toda pornografía, y no solamente la pornografía que utiliza a los niños. Trátese de adultos o de niños, es igualmente chocante considerar el cuerpo humano como un objeto y la sexualidad como una explotación del otro.
Sobre el informe Amadeo (A4-0407/98)
Flemming
Señor Presidente, yo me he abstenido en la votación del Informe Amadeo, a pesar de que me parece excelente. He querido expresar de este modo mi protesta por el rechazo de la enmienda 36, sobre todo por parte del Grupo del Partido Socialista Europeo. En cambio, se ha formulado una enmienda en el sentido de que, en caso de una infracción del médico responsable del ensayo, se convocará una especie de comité disciplinario en representación de la profesión o una comisión que actuará ante la representación nacional. Yo creo que también los médicos, que tanto hacen por todos nosotros, tienen derecho a que sus representantes sean informados y escuchados si tienen algún problema y puedan darles su apoyo. Yo deploro la actitud hostil a los médicos del Grupo del Partido Socialista Europeo y he querido protestar contra ella absteniéndome en la votación.

Blokland
«En Europa hay una diversidad de tradiciones culturales, pero también una diversidad de convicciones religiosas». Cito a la Comisión Europea en su propuesta de directiva relativa a la introducción de buenas prácticas clínicas. Estas palabras eran para mí un importante punto de partida para determinar mi postura con respecto a la «clinical trial directive».
Juzgar si los ensayos clínicos están justificados éticamente o no, es un derecho de los Estados miembros, justamente por esta diversidad cultural y religiosa. Se trata aquí de un tema importante y las decisiones sobre la autorización de ensayos clínicos no se pueden tomar a la ligera. Los comités éticos nunca pueden alcanzar tanta autoridad como las administraciones nacionales.
Además, cada Estado miembro ha desarrollado su propio sistema sobre cuya base se pueden realizar los ensayos o no. La industria está al tanto de esto. Su temor es que una directiva a nivel europeo, creando confusión, signifique otro eslabón más en la toma de decisión sobre ensayos clínicos. De esa forma, el mercado europeo se hace menos atractivo.
Estas consideraciones me han llevado, ahora que se han adoptado las enmiendas 13, 14 y 15, a votar en contra del informe.

Bonde, Lis Jensen y Sandbæk
Hemos votado hoy en contra del informe del Sr. Amadeo sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. Pensamos que los propios Estados miembros deben ser quienes estructuren sus sistemas sanitarios y que la política sanitaria no debe ser armonizada en el ámbito comunitario. No podemos apoyar que las competencias de los Estados miembros en este terreno se vean socavadas por una directiva comunitaria y que sistemas nacionales que están funcionando bien se vean también socavados a causa del deseo de legislar estándares comunitarios. No podemos votar a favor de una propuesta que conllevará un aumento de la burocracia y los costes para sistemas nacionales ya existentes y eficaces que tramitan solicitudes de autorización para la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. Sin embargo, hemos elegido votar a favor de las enmiendas que versan exclusivamente sobre la protección de los sujetos de ensayo y de sus derechos.
El informe contiene demasiados puntos oscuros en lo referido a los procedimientos unidos a la solicitud de inicio de ensayos clínicos y pensamos que no es responsable que los nuevos comités éticos puedan autorizar los ensayos sin consultar a las autoridades nacionales. Los plazos que aparecen mencionados en el informe para la comunicación de las autorizaciones son irrazonablemente cortos y tienen como resultado que no pueda efectuarse una necesaria valoración a fondo de las solicitudes. Por ello no apoyamos la propuesta de que los ensayos clínicos de medicamentos puedan iniciarse en el caso de que al término del plazo la autorización no haya sido concedida. Bajo ninguna circunstancia aceptamos que los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano puedan iniciarse sin una autorización expresa de los Estados miembros, sino sólo tras el informe de las autoridades.
La propuesta traerá un empobrecimiento del nivel de protección sanitaria en los casos en los que los Estados miembros se vean obligados a autorizar el ensayo a causa de los plazos de la directiva, y aunque las autoridades nacionales no hayan acabado todavía la valoración a fondo de la solicitud. Siempre nos opondremos a que la regulación comunitaria traiga consigo en este ámbito un nivel de protección sanitaria inferior al existente en los Estados miembros. Como se menciona muy acertadamente en la propuesta de directiva de la Comisión, los principios éticos reflejan la cultura, las tradiciones y las expectativas de las personas y pensamos que la Comisión debe respetarlas. No ayudaremos a la UE a que armonice evaluaciones éticas nacionales.

Lindqvist (ELDR)
No hay motivos, como propone la Comisión, para exigir autorización en relación con las solicitudes para iniciar ensayos clínicos, etcétera. En esos casos debería ser suficiente con una simple notificación.
Sobre el informe Schmid (A4-0396/98)
Andersson y Lööw
Queremos dar las gracias a los ponentes por este excelente informe. La delincuencia relacionada con fraudes y falsificaciones es un campo que necesita clara coordinación para podamos combatir el fenómeno de la delincuencia internacional. La necesidad de colaboración se hace aún más patente tratándose de la protección contra falsificaciones del euro. El informe destaca de una manera previsora las modificaciones necesarias para que las diversas propuestas de la Comisión alcancen mayor precisión. En cuanto a las propuestas de enmienda sobre el campo de actividad de Europol, opinamos que ellas están justificadas en el contexto señalado por el informe, esto es, en relación con fraudes y falsificaciones de medios de pago.

Caudron
Ante la emergencia del comercio electrónico que se desarrolla en la red Internet, el informe de nuestro compañero Gerhard Schmid llega en un momento propicio para prevenir los riesgos de fraude que ya se perfilan en el horizonte.
Efectivamente, considero que el texto debería permitir limitar las estafas, incluso si no puede, por sí sólo, poner fin a toda tentativa de esta naturaleza.
Por otra parte, es imperativo que los Estados miembros coordinen sus políticas judiciales, ya que no cabe duda de que esta forma de criminalidad tenderá a desarrollarse en la red mundial. Por lo demás, ¿no es ya una realidad? En este sentido, es preciso acelerar nuestras conversaciones con nuestros socios en el marco de la OMC.
No resulta poco razonable pensar que los países, sumamente conciliadores con algunas redes vinculadas a la gran criminalidad, acogen con benevolencia a estos bandidos de un nuevo género. Para luchar contra éstos eficazmente, la comunidad internacional debe no solamente movilizarse, sino también poseer los medios de obligar que se aplique una normativa mínima válida para todos los Estados.
Si es efectivamente necesario coordinar al conjunto de protagonistas de estos nuevos modos de pago, también es preciso favorecer el establecimiento del código secreto a la hora de pagar una transacción comercial. Asimismo, a través de un terminal individual puede darse un entorno seguro a la utilización a domicilio de una tarjeta de crédito. Las primeras pruebas en este sentido parecen alentadoras.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer... y el tiempo apremia...

Gahrton, Holm y Schörling
Opinamos que la UEM no es provechosa y desearíamos que ella jamás se hiciese realidad ya que implica un importante paso político hacia la construcción de la UE como superpotencia. Pero, puesto que con toda seguridad la UEM se va a llevar a cabo en once de los quince Estados miembros de la UE, estamos conscientes de que hay que resolver los problemas derivados de esto de la mejor manera posible.
En lo referente a este informe sobre protección contra falsificaciones del euro, vemos que es necesario que el asunto reciba un tratamiento adecuado de modo que se imposibiliten las falsificaciones de billetes. Es de suma importancia que exista colaboración estrecha entre las autoridades policiales nacionales e Interpol, puesto que el euro va a extenderse más allá de los once países participantes. Estimamos que es lógico que apoyemos esas propuestas aunque no estemos de acuerdo con la UEM como proyecto político.

Lindqvist (ELDR), Seppänen, Sjöstedt y Svensson (GUE/NGL), Bonde, Lis Jensen y Sandbæk (I-EDN)
No podemos apoyar este informe. Somos contrarios a la armonización en el ámbito judicial y vemos en el informe el inicio de una cooperación penal. Nuestros reparos vienen dados, entre otros puntos, por la propuesta de una definición común europea de lo que son acciones criminales. Las diferencias existentes hoy en día entre las definiciones reflejan diferencias culturales y tradiciones jurídicas diferentes - debemos mantener estas diferencias.
Además, la parte de la propuesta que gira en torno al intercambio de información sobre aquellas personas condenadas por delitos relacionados con este ámbito entre los Estados miembros nos preocupa profundamente. El documento de la Comisión, a partir del cual se ha elaborado el informe, contiene muchos elementos razonables, en los que se respeta la soberanía de los países miembros en el ámbito penal. Desgraciadamente, esto no impide que otros componentes puedan sentar las bases para el desarrollo a largo plazo de una cooperación penal dentro de la UE. Nos oponemos a una cooperación semejante.

Palm
(Parte AI.) En la enmienda 4 del Parlamento (artículo 3.1.1) del informe se señala que «los Estados miembros podrán legislar sobre intervenciones judiciales, cuando tales delitos (es decir, estafas) hayan tenido lugar en el seno de la familia, sólo si el afectado ha formulado una denuncia».
Éste es un asunto bastante espinoso. Por una parte, el documento aboga por las relaciones entre estados, dándoles posibilidad de decidir por sí mismos. Por otra parte, podemos preguntarnos para qué se ha incluido. Mediante la inclusión de esta redacción se hace hincapié en la importancia de una legislación de estas características. Opino que esto es erróneo y no puedo dar mi apoyo a semejante disposición.
Si se dispone que la víctima tiene que hacer la denuncia para que puedan intervenir los tribunales, las más afectadas van a ser las mujeres. Del mismo modo que las mujeres dudan antes de denunciar a su propio marido o conviviente por violación o maltratos, van a dudar antes de denunciarles por estafa. Así, los hombres pueden abusar de la situación de inferioridad de las mujeres para aprovecharse de ellas. Obviamente que esto no favorece la igualdad entre los sexos. Tiene que ser posible, para otras personas cercanas a la víctima, conseguir la actuación de los tribunales cuando se produzcan hechos delictivos.
(Parte AIII.) En este informe se señala que sería beneficioso que el BCE estableciese un banco de datos, con antecedentes técnicos acerca de las falsificaciones del euro, que debería ser accesible, entre otros, para Europol. Aunque la convención de Europol ha sido ratificada y está en vigor, opino que habría que tratar de dar la vuelta atrás y abolir Europol, apostando en cambio por mejorar la cooperación policial en el marco de Interpol. Es importante que la cooperación policial de cualquier naturaleza que sea esté bajo control democrático y que no dé lugar a órganos federales. La convención de Europol es un eslabón más en la creación de un estado europeo que, además, corre el riesgo de transformarse en un estado que ejerce control al estilo soviético. Según el artículo 10.1 de la convención, se organizará un registro secreto de pesquisas que llegará a comprender a un gran número de personas (testigos, posibles testigos, víctimas de delitos, posibles víctimas y personas que pueden dar información sobre delitos que se investigan). Será posible registrar delicada información sobre opiniones políticas, color de la piel, tendencias sexuales y creencias religiosas, lo que constituye una severa amenaza a la integridad de las personas, sustituyéndose el estado de derecho por otro sin derechos. Los policías de Europol no pueden ser sometidos a juicio aunque cometan delitos graves. No existe control parlamentario de Europol y, como institución, tampoco se le puede llevar a los tribunales. Su única obligación es la de rendir cuenta anual de sus actividades ante el Parlamento Europeo.
No deseo una policía europea «apátrida», carente de control democrático. Por eso no puedo dar mi voto para que una policía con estas características tenga acceso a determinados registros; sería un reconocimiento que no consiento.
Sobre el informe Cederschiöld (A4-0376/98)
Posselt
Señor Presidente, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y también en nombre de la Delegación austriaca y de algunas otras -como, por ejemplo, la luxemburguesa-, yo quiero manifestar que hemos votado en contra del Informe Cederschiöld o nos hemos abstenido en parte porque consideramos que la inclusión de la enmienda socialista sobre el derecho de voto de los extranjeros hace imposible su aceptación. Este párrafo es contrario a nuestra Constitución, a los Tratados -porque excede nuestras competencias- y a la Constitución de una serie de Estados miembros, como por ejemplo la Constitución alemana, que excluyen explícitamente esta posibilidad, y es de lamentar el flaco servicio que con ello se presta al importante objetivo de la colega Cederschiöld y a su buen informe. Nos hemos visto obligados a votar en contra del informe, a pesar de que compartimos plenamente su objetivo. Pero tenemos que rechazar, por considerarlo absolutamente inaceptable, ese párrafo que está totalmente fuera de lugar aquí. Nosotros consideramos que éste es, en el fondo, contrario a derecho, puesto que está en contradicción con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y de una serie de Estados miembros.

Andersson y Lööw
La necesidad de operaciones conjuntas para combatir y prevenir la delincuencia organizada es siempre relevante. Por eso es bienvenida la iniciativa del Consejo. Opinamos que la propuesta de informe de la comisión mejora sensiblemente la del Consejo.
Esta explicación de voto tiene por objeto manifestar nuestras dudas acerca del punto 6 del informe. Opinamos que es no es acertado mezclarse en la obvia libertad que tienen los medios de comunicación para evaluar el contenido de sus noticias.

Berthu
El informe de la Sra. Cederschiöld sobre la prevención de la criminalidad está plagado de buenas intenciones, de las que sólo puede decirse que es lamentable que la Unión Europea no las siga más. Se descubre en éste, por ejemplo, que es preciso «fortalecimiento del sentido colectivo » alentando las «familias, las guarderías infantiles, las escuelas, las Iglesias y las asociaciones de ocio »; que es preciso favorecer «la interiorización de normas y valores en el marco del proceso de socialización familiar », por último, que es preciso mantener un arraigo vecinal con vistas a constituir un «espíritu de zona », gracias al cual los ciudadanos puedan sentirse responsables de lo que pasa en su espacio común.
Todas estas intenciones son excelentes, y simplemente puede lamentarse que la Unión Europea haga lo contrario tratando de desestabilizar todos los colectivos, desde la nación (mediante la uniformidad y la integración) hasta la familia (luchando contra las discriminaciones en función de «la orientación sexual»). Asimismo, no se ve cómo sería posible favorecer el arraigo local en el momento en que la Unión Europea encomia como la mayor de las virtudes, la movilidad a escala internacional y cuando, por lo demás, pone en práctica todas las políticas que implicarán mañana su necesidad absoluta.
En cambio, no podemos asociarnos al pasaje del informe Cederschiöld, agravado además por una enmienda, que se refiere a los inmigrantes. En éste se lee que el Parlamento Europeo desea la «concesión del sufragio activo y pasivo a nivel municipal tras un determinado período de residencia legal, según las mismas modalidades que las aplicables a los nacionales de la Unión Europea ». Aquí se transparenta la antigua idea enarbolada en algunos medios federalistas, según la cual los nacionales de los países terceros deberían tener, por lo menos, algunos de los derechos de los ciudadanos europeos. Por nuestra parte, pensamos que las personas que desean votar en un país, a cualquier escala que sea, deben pedir la nacionalidad. En efecto, es preciso ser solidario del destino de un país -es decir tener su nacionalidad- si se quiere participar en las decisiones.

Blak y Kirsten Jensen
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre la prevención de la delincuencia organizada. Hemos votado a favor de una petición a los Estados miembros para que desarrollen programas nacionales dentro de los ámbitos de la creación de empleo, la salud, la educación y la política social y para que mejoren los frutos de la cooperación europea existente en este terreno. Sin embargo, pensamos que este informe resulta un poco innecesario. No es especialmente ambicioso y posiblemente sea ya hora de pasar a una cooperación práctica y vinculante que pueda prevenir realmente la delincuencia organizada.

Hager
Yo apoyo por principio todas las medidas contra la delincuencia organizada, tanto de tipo represivo como preventivo. Las dimensiones que ésta ha adquirido entre tanto hacen necesarias todas las iniciativas concebibles. Aun así, yo creo que algunos puntos del informe no responden a su objetivo, que es formular «directrices y medidas para la prevención de la delincuencia organizada». En muchos apartados del punto 7 se produce, por ejemplo, una confusión entre las medidas preventivas contra la delincuencia organizada y las dirigidas contra los delincuentes habituales.
Aparte de que, a mi modo de ver, no es tarea de la Unión Europeo exponer una opinión tan detallada sobre estos temas, yo también rechazo algunos puntos por su contenido (derecho de voto de los extranjeros en las elecciones municipales, prioridad para la lucha contra la delincuencia en el marco de la reforma de los Fondos estructurales, mayor utilización de formas alternativas de respuesta). A pesar de todo, he votado a favor del informe en la votación final porque los aspectos positivos tienen mayor peso para mí y sólo quiero aclarar que este voto afirmativo no se extiende a todos los detalles.

Lis Jensen
No podemos apoyar el informe Cederschiöld a pesar de respaldar totalmente lo que dice sobre que la lucha contra la delincuencia no pasa sólo por combatir la delincuencia existente, sino también, por ejemplo, por la prevención social. A este respecto, sólo nos cabe lamentar las negativas consecuencias sociales de la política de la UEM para gran parte de la población comunitaria en un momento en el que las exigencias de convergencia de la UEM a la hora de elaborar los presupuestos públicos nacionales harán muy difícil que los países miembros cumplan muchas de las propuestas contenidas en el informe Cederschiöld. Votamos a favor de todas las buenas recomendaciones que el informe hace a los países miembros, pero, nos oponemos rotundamente a todos los elementos del informe que apunten una armonización comunitaria de este ámbito ahora o en el futuro.

Palm
Gran parte de este informe es provechosa y se ocupa de muchos problemas inherentes a la delincuencia organizada. No obstante, hay dos deficiencias en el informe Cederschiöld.
Lo primero que deseo destacar es que el informe no se refiere a los grandes problemas sociales, que son la base de la delincuencia. Echo en falta un análisis de las causas de la delincuencia, esto es, el desempleo masivo y las crecientes desigualdades.
Lo segundo está unido a lo primero. Si se hace un análisis deficiente, las conclusiones no son siempre las mejores y es lo que ha ocurrido en este caso. El informe señala que la sociedad civil y las soluciones privadas son importantes para disminuir la delincuencia organizada. En mi opinión, son totalmente inútiles. Lo que se necesita para disminuir la delincuencia organizada es seguridad e igualdad de oportunidades.

Theorin y Wibe
En este informe hay muchas propuestas e ideas buenas. No obstante, los ponentes no señalan las principales causas tanto de la delincuencia organizada como de la no organizada, esto es, la pobreza, la miseria social, las grandes desigualdades económicas y, evidentemente, el desempleo.
Los ponentes manifiestan en el punto 7 que se puede combatir la delincuencia organizada mediante el fomento de actividades voluntarias con objetivos sociales y mediante sistemas privados, por ejemplo, escuelas, guarderías infantiles, etcétera. Esto es posible, pero un camino mucho mejor es la construcción de un sector público fuerte, financiado por los contribuyentes, que vele porque todos los ciudadanos obtengan un servicio social básico. La sociedad del bienestar es el mejor instrumento para combatir los brotes de delincuencia organizada.

El Presidente
El turno de votaciones queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15.horas)

Acción social 1998-2000 (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se reanuda el debate del informe Sr. Hugues sobre la Comunicación de la Comisión relativa al Programa de Acción Social 1998-2000.

Mann, Thomas
Señor Presidente, la economía de mercado o al menos la economía social de mercado constituye un modelo para la acción política en Europa. Un elemento de la tarea de unificación es la cooperación entre el ámbito económico y el social. Y el mercado interior, que con la introducción del euro se convertirá en mercado nacional, no se habrá completado hasta que no incorpore la dimensión social. El Programa de Acción Social de la Comisión es, por lo tanto, de una gran importancia, ya por razones de principio, no sólo para las personas desempleadas, excluidas, discapacitadas y desfavorecidas. En él se define el marco de condiciones para dotar de nuevas competencias a la política social, sobre todo en relación con el empleo.
Por esto es especialmente de lamentar que sólo se haya definido a medio plazo, hasta el año 2000. Se ha desaprovechado la oportunidad de desarrollar una visión estratégica a más largo plazo, hasta el año 2006. Ésta habría sido necesaria con vistas a la ampliación de la UE y habida cuenta de la rápida modificación de la estructura de edad. La igualdad de oportunidades es uno de los cuatro pilares de los Planes nacionales de acción. La Comisión sólo la menciona de manera dispersa, en vez de dedicarle un capítulo separado. También son demasiado escasas las referencias al principio de integración de la igualdad de oportunidades. Éste no debe ser reconocido sólo de palabra y es demasiado importante para reducirlo únicamente al ámbito del empleo y la protección social. La integración de la igualdad de género debe tener lugar en los ámbitos de la salud y seguridad laboral, la demografía, la reorganización del trabajo y otros.
Queremos expresar nuestro agradecimiento al ponente de la Comisión de Empleo, Stephen Hughes, por su buen informe. También ha hecho suyas algunas de las peticiones de la Comisión de Derechos de la Mujer, como por ejemplo las relativas a la directiva sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los sistemas de seguridad social, la protección social de los cónyuges colaboradores o los informes de evaluación sobre la salud y seguridad de las trabajadoras embarazadas, y la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor. Anteriormente ya habíamos podido incorporar otros temas a los informes sobre el programa Leonardo y sobre el Fondo Social Europeo.
Confiamos en que la Comisión adopte iniciativas en favor de la atención infantil en los Estados miembros, de un mayor acceso de las mujeres a las medidas de formación y de la difusión de nuevos datos sobre la situación de las mujeres en el mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto en los países candidatos.

Weiler
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, permítanme que manifieste en primer lugar, en nombre de mi Grupo político, nuestro agradecimiento a Stephen Hughes por su excelente y ponderado informe, tal como nos hemos habituado a esperar de él. La Comunicación de la Comisión presenta, por el contrario, una combinación de buenas ideas que ya se han puesto en práctica y, en cambio, muy modestos proyectos para el futuro. La enorme discrepancia entre el Anexo I y el Anexo II es tal vez sintomática de ello. El debate sobre el nuevo Programa de Acción Social se desarrolla hoy con el telón de fondo del Tratado de Amsterdam, es decir que los nuevos instrumentos -empezando por el capítulo sobre el empleo, el Protocolo social, el artículo 13 contra la discriminación y el instrumento del diálogo social- deberían aportar una nueva calidad a la futura política social europea.
Sin embargo, cuando examino los proyectos de la Comisión, mi escepticismo es muy grande. El programa contiene demasiadas medidas no obligatorias, en lugar de nuevas propuestas para el desarrollo de la legislación europea. No se contemplan las consecuencias de la Unión Monetaria Europea, del euro y de la ampliación al Este, tal como ya ha solicitado a menudo nuestra Comisión. La coordinación entre las directrices y la política económica es difusa y no vinculante. Dos de los tres puntos centrales son también absolutamente insuficientes. A nuestro modo de ver, el tratamiento del tema del mundo laboral en el contexto de la modernización debe incluir la participación de los trabajadores, pero el debate sobre el procedimiento de información y consulta de los trabajadores parece haber desaparecido por el momento en el triángulo de las Bermudas del Consejo.
Un segundo tema: la exclusión. En este contexto hemos perdido buena parte de la confianza de la población debido a la actuación irresponsable del Consejo de Ministros; además, tampoco se contempla la elaboración del informe sobre la pobreza que decidió solicitar el Parlamento Europeo.
El tercer punto es el de la movilidad y los puestos de trabajo. En este aspecto, yo quisiera dirigir, de hecho, un elogio a la Comisión. Muchos de los puntos ya se han debatido esta mañana en el contexto del Informe van Velzen. La valerosa decisión que ha adoptado la Comisión en relación con el tema de la libre circulación constituye, en cualquier caso, el camino adecuado. Si siguen avanzando en esa dirección también en el contexto de otras normas legislativas podrán contar con el apoyo de nuestra Comisión y de mi Grupo político.

Pronk
Presidente, yo también quiero dar sinceramente las gracias al Sr. Hughes por el enorme trabajo que ha dedicado a este informe, que es bastante corto en si. Creo que se trata de un nuevo procedimiento. Él mismo lo ha dicho también esta mañana, es un procedimiento nuevo en nuestra colaboración con la Comisión, es decir, que de antemano ya podemos determinar también lo que eventualmente se incluye en dicho programa de acción y entregarlo a continuación a la Comisión, que, basándose en él, hace después su propio programa de acción, o que por lo menos lo recoge como uno de sus elementos.
Creo que ha salido bien. No creo que haya muchos problemas. Tenemos una enmienda que tiene que ver con un detalle relativamente pequeño. O sea, no hay discrepancias sobre el asunto principal del informe. Realmente estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Sra. Weiler, que las propuestas de la Comisión son todavía un poco superficiales, es decir que no tienen mucho contenido.
Ahora llegamos al único gran punto de discrepancia que tenemos con la Comisión Europea, que es el plazo que tenemos para este programa de acción. El plazo, que ahora está limitado sobre todo a lo que recaiga dentro del mandato actual de la Comisión, es demasiado corto. No podemos saber exactamente cuándo entrará en vigor el Tratado de Amsterdam. Sabemos que el Tratado de Amsterdam ofrece muchas posibilidades nuevas, justamente en el ámbito social y en el del empleo que son tan altamente sensibles e importantes. Eso realmente no se incorpora.
Lo que es muy raro, y quiero resaltar esta pregunta al Comisario: ¿cómo es posible que la Comisión tenga unos planes de gran envergadura, en el ámbito de la Agenda 2000, planes tan drásticos que para el Consejo es casi imposible llegar a un acuerdo, pero que en este terreno relativamente sencillo y claro rehúse ir más allá de su propio mandato? Creo que eso concuerda muy mal, porque la política social no solamente jugará un papel dentro de la Unión Europea actual, sino también juega un papel con los nuevos estados que a principios del próximo milenio pertenecerán a la Unión Europea. Y si nuestras cosas no están ordenadas, si el «acquis communautaire» no está suficientemente definido, entonces surgirán problemas muy grandes. Esos problemas en el ámbito social podrían ser más grandes que los problemas en todos los otros ámbitos de los que hablamos tan detalladamente. Por esta razón, esta es una oportunidad perdida. Realmente hubiera preferido que la Comisión hubiese adoptado lo que hemos propuesto también, es decir, partir de un límite de tiempo más largo. Entonces podríamos incorporar totalmente el Tratado de Amsterdam y si lo incorporamos en su totalidad, se avanzará en el ámbito social y podremos enseñar algo de verdad a la población en el ámbito social y del empleo, no solamente lo que hay ahora, sino también lo que está a punto de pasar.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar quiero subrayar la importancia de que el empleo y los puestos de trabajo sean llevados al nivel que se merecen en la cooperación europea, un nivel en el que otros asuntos como, por ejemplo, la competencia, el mercado y el comercio, han dominado durante demasiado tiempo.
Sin embargo, aquí hay un problema. Posiblemente no represento a todo mi Grupo, pero soy crítico en cuanto a que la UEM sea la instancia correcta, o el órgano, para resolver los problemas del empleo. Por el contrario, el riesgo está en que mediante la política antiinflacionaria, en situaciones como la actual con baja inflación en casi toda Europa, se creen más problemas de empleo en lugar de resolverlos. Por eso creo que hay que buscar otros caminos, especialmente cooperación entre la política económica y la de empleo, para mejorar, de algún modo, la situación de desempleo.
El diálogo social, la colaboración social y el programa de acción son instrumentos muy importantes para sacar a la luz asuntos políticos y analizar los problemas y causas de la marginación social, la pobreza, el desempleo, la discriminación y la globalización y, además, para intentar concentrarnos en los grandes asuntos a largo plazo, a fin de mantener una sociedad socialmente saludable.
En este punto mi opinión tal vez sea un poco diferente de la que tiene la comisión. Mi opinión está más cerca de la que sostiene la Comisión. Seguramente una gran parte de nuestro Grupo opina que ésta es una resolución que en primer lugar debe ser tomada por los Estados miembros, que es allí donde primeramente tienen que ser tratadas las decisiones sobre derechos de los ciudadanos. Además, creo que las asociaciones, las ayudas, los estímulos y los buenos ejemplos son tan importantes en el ámbito europeo como las leyes. Todo esto, si se hace de manera adecuada, puede dar los mismos buenos resultados.

Hermange
Señor Presidente, ante todo quisiera felicitar al Presidente de nuestra comisión por este importante informe y hacerme eco a la acogida favorable de la comunicación por parte de la Comisión relativa a este nuevo programa de acción social que ofrece pistas de intervención importantes. Me gustaría suscribirme a la sugerencia del ponente, al que agradezco profundamente la adopción de una carta de los derechos fundamentales en la próxima revisión de los Tratados, como lo piden numerosas asociaciones así como nuestros conciudadanos. Puedo decirles que el Presidente de la República, en todo caso, es muy favorable a esta carta en el marco de la reorientación de los Tratados y de la necesaria adaptación de una arquitectura institucional de la Unión con vistas a la ampliación.
Asimismo, quisiera subrayar cuán importante nos parece favorecer todo lo relativo al diálogo social y al diálogo civil europeo; esta es la manera en que podrá reforzarse la representatividad de los participantes en el diálogo social, especialmente a través de las PYME, visto que representan actualmente más del 66 % del empleo en Francia.
Yo quisiera insistir sobre otro aspecto de la participación. Se trata, señor Comisario, de la participación en los beneficios y en los resultados de la empresa, especialmente en su forma más acabada, es decir, los trabajadores como accionistas de la empresa, que no se menciona en el programa de acción social cuando su desarrollo me parece un elemento importante para la modernización de las relaciones laborales. Por ello, pido a la Comisión que fomente el desarrollo de esta forma de participación, a la vez benéfica para la competitividad de la empresa y valorizante para los trabajadores.
Estos son, señor Presidente, algunos de los puntos que a través de mí deseaba señalar el Grupo Unión por Europa sobre este importante informe.

Schörling
Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a nuestro presidente de la comisión por el trabajo realizado para preparar este informe. Comparto su criterio cuando critica al plan de acción porque cubre solamente un período de tres años y no hasta el año 2006 como se había pensado antes. Creo que se necesita una planificación a largo plazo.
También estoy un poco decepcionado porque no se ha estimado necesario el diálogo social. Yo quiero realmente dejar en claro que es necesario. En cambio, la Comisión se satisface con que las conferencias sobre política social europea sólo tienen lugar cada dos años, lo cual considero que es totalmente insuficiente. También me decepciona que no se hayan considerado el trabajo en el hogar ni todos los problemas derivados de la igualdad de oportunidades para los sexos, que también son propuestas de enmiendas de mi Grupo.
No comparto el descontento del ponente respecto a la propuesta de la Comisión sobre el creciente uso de la llamada legislación blanda. Creo que este es un camino viable, es decir, «la legislación blanda», sobre todo en combinación con apuestas por el diálogo civil.

Lis Jensen
Señor Presidente, cuando leí el programa de acción social de la Comisión para los años 1998-2000 y el informe del Sr. Hughes sobre este mismo programa, me puse a pesar en un dicho muy utilizado en Dinamarca: da el primer paso y los siguientes vendrán por sí solos. ¿Y por qué? Pues porque es lo que pasa en la Unión Europea, que si se ha dicho A, no pasa mucho tiempo antes de que se haya usado todo el alfabeto. Este informe es también una buena muestra de ello, como cuando el señor ponente alega la necesidad de un programa de acción que parezca «un documento político explícito en lugar de una mera lista de acciones previstas». Y cada vez que escucho un concepto como «el modelo social europeo», me parece que nos estamos alejando demasiado del camino correcto. Pues, ¿cuál es el modelo social europeo? En realidad no existe, aunque, sí probablemente en la imaginación de la mayoría de los parlamentarios. Sin embargo, no por eso será más real. En este sistema existe una distancia increíblemente grande entre la imaginación y la realidad, y no nos queda más remedio que afrontarlo antes de adoptar los próximos pasos. Piensen en la población de los países miembros que no está familiarizada con este mundo imaginario de la UE y que quizá apenas sospecha lo que aquí sucede.
La diferencia entre el norte y el sur dentro de la UE es muy grande. Son diferencias motivadas tanto económica como culturalmente. Por ejemplo, hay grandes diferencias en cuanto a la vinculación de la mujer al mercado laboral y a la oferta en materia de atención a mayores y niños. Hay diferencias en cuanto al punto de partida de la política social de cada país. En algunos países ésta descansa en gran medida en el ámbito familiar y privado, mientras que en otros descansa en los poderes públicos. En Dinamarca y el resto de Escandinavia predomina el principio solidario, por ahora, he de decir. Sin embargo, también en Dinamarca estamos viendo cómo este principio está transformándose en algo más individual, donde cada uno vela por su futuro e incluso por sus ahorros. En mi opinión, ésta es una evolución reciente y no especialmente afortunada. Y una evolución que no sólo obedece a la voluntad y a los deseos de una mayoría parlamentaria sino también al hecho de que Dinamarca es miembro de la UE y trata de aproximar la política social danesa al concepto que denominan el modelo social europeo. Es una evolución insensata y equivocada que pone en peligro las democracias nacionales.
Se aduce en la ponencia de la Comisión y en el informe la importancia de la implantación del modelo social europeo con respecto al mercado interior y la UEM. Rechazo un principio social basado en los principios del mercado interior, donde es la competencia la que determina el tipo de política social a seguir. No es muy solidario. Por último, me gustaría insistir en que debe seguir siendo cada país miembro el que decida qué política social se va a llevar a cabo en su país.

McMahon
Señor Presidente, deseo unirme a los que han felicitado al ponente. También doy la bienvenida al Comisario Flynn, que se ha mostrado generoso en sus esfuerzos por promover un diálogo muy estrecho entre la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión en este ámbito.
Volviendo al informe Hughes y al futuro del Programa de acción social, quisiera hacer algunos comentarios breves. En unos momentos de cambios políticos sin precedentes en Europa, no sólo deberíamos consolidar, sino también reforzar la dimensión social y actualizarla de cara al próximo siglo. Nos enfrentamos en estos momentos a tres desafíos formidables en la Unión Europea: la llegada de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación y la política para luchar contra el desempleo a gran escala. Cuando añadimos esto a las tendencias demográficas en el seno de la Unión Europea, al cambio económico global y a la innovación tecnológica, nos damos cuenta de que nos enfrentamos a retos considerables. Estoy de acuerdo con Bartho Pronk y Barbara Weiler en que es lamentable que la Comisión sólo haya planeado realmente un programa de acción hasta el año 2000, para el que sólo faltan 18 meses. Necesitamos algo a más largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que el Tratado de Amsterdam -que aún no ha sido ratificado en todos los Estados miembros- dará mayores competencias en el ámbito social que ningún otro Tratado anterior.
El Programa de acción social debe constituir el núcleo de la agenda europea sobre política social. A igual que todos, acojo con satisfacción el énfasis que ha puesto la Comisión en la creación de empleo, pero esto sólo no es una panacea para la Unión Europea. Debemos esforzarnos en desarrollar políticas que ayuden a los desempleados, los marginados y los menos afortunados.

Mendonça
Señor Presidente, Señorías, el informe Hughes, que ahora se debate, al acoger favorablemente el nuevo Programa de Acción Social de la Comisión, propone enmiendas de tal importancia, que casi transforma el asunto en un debate sobre la política social europea en su sentido más universalista. Crear una verdadera sociedad europea de bienestar, con mayor calidad de vida y también una fuerte cohesión social, requiere la elaboración y posterior acción práctica y objetiva de un documento político que refleje un nuevo estatuto ya reconocido de la política social y de empleo de la Unión Europea.
Lamentablemente, el marco temporal de este nuevo programa de acción social, no extensible al período 1998-2006, sino sólo al período 1998-2000, resulta profundamente reductor de las cuestiones de empleo y de los asuntos sociales en la política comunitaria. El nuevo marco económico de la Unión Europea resultante de la realización del Mercado Único y de la nueva política monetaria, en breve en fase de ejecución, hace que cobre cada vez mayor importancia la interacción entre política económica y política social, al acentuar la necesidad de consolidar las relaciones entre la Unión Económica y Monetaria, el Mercado Único, la política de cohesión y una política social y de empleo eficaz.
El nuevo Programa de Acción Social, entendido como componente importante de la política social europea, deberá ser asumido por todas las instituciones europeas, por los Estados miembros y por los interlocutores sociales, y se deberá acentuar la importancia de unas formas más objetivas y decisivas que deberá revestir el futuro diálogo civil.
El informe subraya la necesidad del fortalecimiento del marco legislativo, en particular en las esferas de la organización del trabajo, de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y de las medidas sociales destinadas a regular la economía libre de mercado. Sin embargo, no se puede olvidar el marco jurídico para los gravosos problemas que siguen persistiendo como consecuencia de las tendencias demográficas, del racismo, de la pobreza y de la exclusión social, entre otros. El informe que estamos examinando cuenta con nuestro apoyo, pues constituye, por nuestra parte, un motivo para una renovada y profunda reflexión sobre el futuro de la política social europea.

Hautala
Señor Presidente, el Sr. Hughes ha elaborado un excelente informe. En nombre del Grupo de los Verdes, desearía completarlo con dos o tres propuestas de modificación relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que sería positivo que el informe hiciera hincapié en que, hoy por hoy, es necesario aplicar en toda la política social la perspectiva de la igualdad de trato, así como que sería preciso que este principio de mainstreaming ocupara una posición fundamental en dicha política. Además, querríamos que el Parlamento recordara la importancia que reviste el cuidado infantil, ya que sin este servicio es absolutamente imposible progresar en el ámbito de la igualdad entre los sexos. Sabemos que el Comisario Flynn ha realizado enormes esfuerzos en este sentido, por lo que querríamos que también el Parlamento le prestara su apoyo en esta tarea.
Para finalizar, cabría recordar que nos encontramos inmersos en un proceso de ampliación y que resulta inquietante comprobar el poco hincapié que hacen los países candidatos por lo que respecta a la cuestión de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Desearíamos que se otorgara una mayor importancia a este punto en las negociaciones para la adhesión.

Blak
Señor Presidente, al leer un informe es importante ser consciente de que eso negro de las páginas son las letras. Aparentemente esto le resultó difícil a mi colega danesa del movimiento de los eternamente insatisfechos. No obstante, quiero comenzar elogiando a Stephen por su estupendo informe. En él se llama la atención sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos años en materia de política laboral. El nuevo programa de acción social se distancia de los anteriores programas de acción al no incluir propuestas de directiva concretas, por ejemplo, sobre medio laboral y protección social. Me parece muy mal que el programa de acción no contenga más propuestas concretas sobre medio laboral. Seguimos necesitando mejorar el medio laboral. Con todo, el nuevo programa de acción sienta unas bases excelentes para la política social comunitaria en materia laboral de los próximos años. Hay algunas carencias aisladas, por ejemplo, la Comisión no menciona los puestos de trabajo desde casa. Por ello me alegra que pidamos a la Comisión que adopte iniciativas en este ámbito. Debemos ocuparnos de que los siete millones de personas que trabajan desde casa no se vean en una posición de inferioridad con respecto al resto del mercado laboral. Debemos pedir también a la Comisión que adopte iniciativas a fin de que las directivas existentes cubran los puestos de trabajo desde casa.
La sección sobre el empleo podía haber sido un poco más ambiciosa. No debemos mover únicamente los puestos de trabajo de un país a otro. Con ello no obtenemos un mayor empleo. Desgraciadamente, algunos países miembros se han aprovechado de este truco para atraer empresas al país ofreciendo exenciones de impuestos y un impuesto de sociedades bajo. Por ello, la Comisión debe tomar la iniciativa a la hora de establecer un nivel mínimo para el impuesto de sociedades. En la actualidad se está trabajando en la elaboración de un código de conducta para la tributación de las empresas. No basta. Debemos disponer de normas vinculantes en este ámbito. Por ello hace falta una cooperación más ambiciosa y vinculante en el futuro en lo relativo a la política social y laboral.

Hatzidakis
Señor Presidente, el nuevo programa de acción social para el periodo 1998-2000 que propone la Comisión está basado, con toda probabilidad, en las directrices para el empleo tal como se acordaron en los Consejos Europeos de Amsterdam y de Luxemburgo. Sin embargo, sin duda alguna, las propuestas podrían ser más atrevidas. Por ejemplo, hace falta una participación más activa de los trabajadores en la toma de medidas en las empresas y fortalecer los derechos de los representantes de los trabajadores. Pero debe haber una atención especial a las pequeñas y medianas empresas, atención que tome en cuenta sus particularidades y sus necesidades. También hace falta que la Comisión aclare de qué manera piensa explotar las posibilidades que ofrece la nueva base jurídica en el sector de la protección social. Incluso se impone el comienzo inmediato de los trabajos de preparación de programas de acción contra la discriminación social y a favor de la integración social, y quiero acentuar especialmente la atención que debemos prestar a los discapacitados. Debemos garantizar que el respeto de la legislación social en vigor será obligatorio en las directivas que conciernen a la contratación administrativa. Finalmente, no puedo menos que estar de acuerdo con el ponente en que la Comisión debería haber elegido el periodo 1998-2006 y no el tan breve 1998-2000 que finalmente eligió, ya que el primero ayudaría a la función básica del empleo y de los asuntos sociales en la política de la Unión.

Papakyriazis
Señor Presidente, señor Comisario, permítanme empezar diciendo que considero que este debate que hoy tiene lugar basándonos en el excepcional informe de nuestro colega el Sr. Hughes es un debate simbólico muy importante. El ponente y Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales presenta en su exposición de motivos toda la historia de este contacto y de la colaboración con la Comisión y toda la historia del desarrollo después de los progresos en Amsterdam y de la sesión especial de Luxemburgo. Hoy, como Unión Europea, nos hallamos ante una nueva realidad que por fin admite, por fin reconoce que el empleo y la política social son de prioridad inmediata en Europa y considero, señor Comisario, que el programa de acción social que propone la Comisión es un paso importante. Es realmente un documento político de peso para la Unión Europea. Pienso que esto deberá continuarse y subrayo que el énfasis que se da al diálogo con la sociedad de los ciudadanos en los distintos foros es excepcionalmente importante, pero es aún más importante el diálogo social con los interlocutores sociales, que, por supuesto, no es una moda que haya pasado.
El sábado pasado, señor Presidente, tuvo lugar en Atenas un importante acto en el que se encontraba el Sr. Delors, quien repitió que aquello que hace falta para nuestra Europa es poner de relieve el valor de la justicia social y de la solidaridad. Creo que esto también debe constituir para nosotros la base que dé a la Unión Europea, a nuestra Europa, el impulso y la realización de su sueño.

Schiedermeier
Señor Presidente, a la vista del debate de esta mañana, yo quisiera constatar un hecho en relación con el Informe van Velzen: el empleo sigue siendo primordialmente responsabilidad de los Estados miembros. Las directrices y la coordinación están muy bien, y yo también espero que nos permitan fomentar y desarrollar el empleo. Sin embargo, tenemos que evitar actuar como lo hemos hecho esta mañana, como si el problema del paro sólo se pudiese resolver de manera centralizada desde la Unión Europea. De este modo únicamente ofrecemos a los políticos nacionales responsables la oportunidad de traspasar a la Unión o al Banco Central Europeo la patata caliente en el caso de que fracase la política nacional de empleo. Por otro lado, poner en entredicho el Pacto de Estabilidad no fomenta el empleo; ¡al contrario, lo pone en peligro!
En relación con el Programa social 1998-2000, yo insto a la Comisión a que intensifique sus esfuerzos en favor de la ampliación de las normas sociales mínimas. Un objetivo fundamental de la política social europea es establecer un marco jurídicosocial europeo, que garantice una base común de normas sociales mínimas obligatorias y exigibles judicialmente, que no imponga unas exigencias excesivas a los Estados más débiles y no impida que las economías más desarrolladas mantengan y amplíen sus propias normas sociales. Así lo tengo entendido, señor Comisario.
Los Estados económicamente más débiles han experimentado, sin embargo, un desarrollo positivo desde que se establecieron las normas mínimas. Por consiguiente, repito: es preciso que se aborde seriamente el desarrollo de las normas sociales mínimas. También deben cubrirse, además, bajo la forma de nuevas directivas, las lagunas que todavía existen, por ejemplo en relación con la inclusión del trabajo en el domicilio y el teletrabajo, las personas con contratos temporales y el desarrollo del procedimiento de información, consulta y participación. ¡Tienen que cubrirse estas lagunas!
Finalmente, unas últimas palabras sobre el diálogo social. Yo apoyo la petición del colega Peter en el sentido de que el diálogo social tiene que abarcar a una base más amplia de organizaciones. A pesar de su optimismo, señor Comisario, los resultados del diálogo social han sido decepcionantes hasta ahora. Yo creo que es preciso hacer algo al respecto y en caso necesario habrá que mejorarlo mediante nuevas directivas.

Flynn
Señor Presidente, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Hughes por su informe y ha todos los que han permanecido y participado en el debate. Considero el informe muy favorable al Programa de acción social de la Comisión. Como dice el Sr. Hughes, el programa refleja la valiosísima participación previa del ponente y sus colegas. Es un aspecto que ha tenido un eco muy favorable entre muchos de los que han participado. Quisiera hacer constar que, desde la perspectiva de la Comisión, el modo constructivo en que hemos trabajado juntos para desarrollar este programa ha sido ejemplar y nos ha permitido impulsar considerablemente el desarrollo de las relaciones entre la Comisión y el Parlamento.
El Programa de acción social 1998-2000 aprobado por la Comisión el 29 de abril proporciona una visión estratégica de cómo vemos las principales prioridades para el futuro desarrollo de la política social europea. De hecho, los ciudadanos europeos quieren una política social muy firme, dinámica y progresiva, y este programa proporciona un marco en el que puede lograrse todo eso. El programa responde al importantísimo potencial del nuevo Tratado de Amsterdam en el ámbito social.
El programa sitúa el empleo -como acertadamente reconoce el Sr. Hughes- en el centro mismo de la política social, extrayendo la complementariedad entre la nueva estrategia europea en favor del empleo y la más amplia agenda sobre política social. El empleo es el principal medio a nuestro alcance para solucionar muchos problemas sociales y sustentar los valores centrales del modelo social europeo. Los sistemas de protección social -el reglamento de trabajo y las disposiciones en materia de salud y seguridad- son factores productivos que favorecen el rendimiento económico, así como un reparto justo de los beneficios de dicho rendimiento.
Ya hemos recorrido un largo camino en la aplicación de las disposiciones del Tratado de Amsterdam en el ámbito del empleo. A pesar de que es mucho lo que aún queda por hacer para satisfacer las expectativas de nuestros ciudadanos, existen indicios de que nuestra estrategia en favor del empleo está resultando un éxito. En un plazo de tiempo muy corto, los Estados miembros han iniciado un proceso encaminado a hacer sus estrategias de empleo sistemáticas, coherentes y muy transparentes. Los Jefes de Estado tendrán la oportunidad de seguir avanzando en el Consejo de Viena y, posteriormente, en sus decisiones relativas a los presupuestos nacionales.
A pesar de que el empleo es un punto clave de nuestra visión, el programa va más allá del mercado laboral. Presenta una visión equilibrada, ambiciosa y progresiva de la política social como elemento esencial de la próxima fase delicada de integración europea. Estoy más que gustoso a comprometerme aquí a volver para informar regularmente sobre la aplicación del programa y mantener el enfoque de colaboración que hemos seguido hasta ahora y que ha demostrado ser de tanta utilidad en el desarrollo de la política social europea. La Comisión ya se está preparando para aplicar otras disposiciones del Tratado de Amsterdam tan pronto como sea ratificado. Buscaré el apoyo del Parlamento para desarrollar esta nueva y excitante parte de la agenda.
Quisiera decir unas palabras sobre el debate celebrado en el Consejo de 27 de octubre sobre el Programa de acción social. Fue muy alentador y tomé nota de varios mensajes emitidos por el Consejo en dicha reunión. En primer lugar, hubo un respaldo explícito a nuestro enfoque, según lo expusimos, y una reafirmación de que el empleo es la principal prioridad de Europa. La ampliación fue señalada firmemente como un tema clave. Creo que los Estados miembros desean que la política social tenga mayor énfasis en nuestras negociaciones sobre la ampliación y espero que así sea. Puedo manifestar que el espíritu de Amsterdam está muy vivo. Me pareció especialmente esperanzador que me alentaran a presentar propuestas en el ámbito de la antidiscriminación en virtud del artículo 13. El Consejo de Asuntos Sociales emitió un firme mensaje respecto a la necesidad de fortalecer el diálogo social. No les ocultaré que el diálogo social tiene aún un largo camino por delante. Hemos hecho algunos progresos, pero han sido bastante limitados y deberé trabajar en ello con más ahínco con los interlocutores sociales.
Paso a continuación a responder a algunas cuestiones que parecen despertar cierta inquietud. Algunos diputados han preguntado por qué el programa no tiene una duración mayor. No nos engañemos. No hay duda de que necesitaremos un nuevo programa de acción social a partir del año 2000. Pero para entonces tendremos las ideas mucho más claras sobre muchas de las principales cuestiones que ahora nos ocupan, por ejemplo, los avances en la globalización, en particular, las repercusiones sociales de la Unión Económica y Monetaria. El potencial que se deriva del nuevo Tratado nos resultará más claro entonces. Habremos avanzado algo en las negociaciones sobre la ampliación y estaremos en mejor situación de centrarnos en los temas clave.
Dispondremos de las repercusiones que ha tenido la estrategia en favor del empleo. Habremos progresado en toda la evaluación de los planes nacionales de acción y estaremos en mejor situación para adoptar una visión a más largo plazo en el siguiente programa. Como han dicho sus Señorías, la política social está cambiando y habrá un nuevo enfoque, sobre todo, una vez que se ratifique el Tratado. La estrategia respecto al empleo también habrá avanzado. La Sra. Schörling lo ha expresado muy bien cuando decía que estamos dando los primeros pasos para poder seguir avanzando. Es una buena manera de considerar todo este asunto.
Hay mucho por hacer y quisiera sugerir que la Asamblea estará muy ocupada a partir de ahora y hasta el final de esta Comisión, y este Parlamento se ocupa de los programas legislativos que están siendo presentados ahora y también de las acciones no legislativas. La política social es un proceso continuado y nuestra evaluación nos ayudará a desarrollarla mejor con el paso del tiempo.
El Sr. Hughes puso como condición para su apoyo que yo respondiera a ciertas cuestiones, por lo que haré algunas observaciones. Respecto al diálogo civil, no conseguimos todo lo que esperábamos del Tratado. No obstante, publicaremos en breve el resultado del Foro Social. Tenemos una línea presupuestaria para hacer todo esto en 1999, por lo que continuaremos con su desarrollo. Sobre las acciones preparatorias para los artículos 13 y 137, le alegrará oír que los trabajos están muy avanzados. De hecho, en septiembre publicamos una convocatoria de licitación para prepararnos de cara al artículo 137, o sea que en este ámbito avanzamos bien. Respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores, ahora disponemos de la agencia de Bilbao y estoy intentando dividir el trabajo de una forma más equitativa para que podamos seguir obteniendo los mejores resultados posibles.
El Sr. Hughes ha hecho observaciones sobre la protección social y el marco de inversión. Nuestro plan contiene tres elementos. En cuestión de semanas, publicaremos una reseña de la recomendación de 1992 sobre los planes que apoyan unos ingresos mínimos en el marco de los sistemas de seguridad social, y el año próximo publicaremos una nueva comunicación sobre el futuro de la protección social. Tuvimos dos textos anteriormente, en 1995 y 1997, sobre este tema, pero es importante volver sobre el tema. Como exponemos en el Programa de acción, queremos servirnos del artículo 137 para desarrollar un marco para las políticas nacionales, que incluya los sistemas de protección social para combatir la exclusión social.
También se ha planteado el tema del acoso sexual. Estoy de acuerdo en que el acoso sexual es un problema real. Pronto podré presentarles dos estudios sobre este tema y su prevalencia en las organizaciones de todos los países analizados de la Unión Europea. Según mi estimación personal, la mayoría de los Estados miembros no están interesados en estos momentos en introducir legislación. Como ustedes saben, los interlocutores sociales tampoco lograron llegar a un acuerdo sobre esta cuestión, por lo que me encuentro en un dilema. Quisiera pedirles su indulgencia para que reflexionen algo más sobre ello. Quizá podamos volver a hablar sobre ello después de que se publiquen los dos estudios.
En cuanto al estrés, en lo que respecta a que sea considerado como una cuestión relativa a la salud y la seguridad, no existe ningún problema. Ya se menciona explícitamente en la página 9 del informe provisional sobre los programas comunitarios relativos a la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo.
En lo que respecta a los trabajadores a domicilio, quisiera comunicar a la Asamblea que la Comisión aprobará una comunicación sobre la modernización de la organización del trabajo. Esperamos hacerlo el 25 de noviembre. Se trata de un documento marco que proporcionará a los interlocutores sociales, entre otros, la oportunidad de opinar sobre cómo deberíamos proceder en todo lo relativo a la organización de los temas laborales. Puedo decirle, señor Hughes, que el trabajo a domicilio estará contemplado en este documento.
También ha mencionado la cuestión de una directiva sobre la igualdad de trato y la seguridad social en 1998. Nuestro programa tiene un compromiso de alcanzar eso en 1999 y los trabajos al respecto están muy avanzados. Aún no hemos tratado sobre ello a nivel de Comisión, pero está muy avanzado. En lo que respecta a la aplicación de la directiva relativa a las trabajadoras embarazadas, en estos momentos se está redactando un informe sobre este particular. Puede que quede aprobado antes de finales de año.
Quisiera decir a la Sra. Hautala que habrá una comunicación antes de finales de diciembre, a ser posible, o a más tardar antes de mediados de enero, sobre la cuestión de los aspectos externos de la política social. Esto incluirá la ampliación.
Nos espera muchísimo trabajo a partir de ahora y hasta finales de año. Opino que, ciertamente, la política social ha avanzado de modo sorprendente. Nos ocuparemos de la legislación en los casos en que queden aspectos pendientes, así como de asuntos no legislativos, además de toda la estrategia en favor del empleo. Les pido que apoyen el plan.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

Diálogo social
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0392/98) del Sr. Peter, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la Comunicación de la Comisión (COM(98)0322 - C4-0153/98) titulada «Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria».

Peter
Señor Presidente, ante todo, yo quisiera señalar un detalle técnico: me han comunicado que en la versión sueca del informe, se ha deslizado un error de traducción en el considerando D que altera su sentido. Yo le ruego que se verifique este punto.
Señor Presidente, Señorías, el objetivo de coherencia entre el desarrollo económico y el desarrollo social está inscrito en los Tratados comunitarios. El claro mandato que encomienda a la Comisión la tarea de promover el diálogo social, la Carta Social Europea, el pacto social, incorporado ahora al Tratado de Amsterdam, el capítulo de dicho Tratado dedicado al empleo y, no en último lugar, las consecuencias de la inminente Unión Monetaria, otorgan al diálogo social mayor importancia de la que había tenido hasta ahora.
La esencia del diálogo social ha sido y sigue siendo el consenso y no el conflicto. Dados los intereses absolutamente diferenciados de los interlocutores sociales, la voluntad de consenso depende no en último lugar de que exista un equilibrio entre los interlocutores. La representatividad probada de cada federación es imprescindible, pero es necesario que se ajuste a unos criterios claros y se renueve continuamente. Las federaciones son autónomas, lo cual significa que pueden decidir libremente con quién desean sentarse a dialogar, negociar y llegado el caso establecer acuerdos, en el marco de una representatividad dada. También deciden los aspectos que desean regular dentro del marco dado. Sólo por respeto a la autonomía de las federaciones ya es preciso renunciar a una intervención directa de la administración o de los órganos políticos en la composición de los interlocutores sociales.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya en todos sus aspectos fundamentales las propuestas de la Comisión para mejorar la eficacia del diálogo social europeo estructurado, tal como aparecen expuestas en su Comunicación del 20.5.1998 sobre la adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria. Las enmiendas aprobadas por nuestra Comisión no son un obstáculo para ello.
Dicho esto, quisiera añadir algunas observaciones al respecto. Es indiscutible que el diálogo social forma parte del llamado modelo social europeo. Con objeto de responder realmente a esta exigencia es preciso entre otras cosas -y yo quisiera resaltar una vez más este punto- que toda la Comisión se identifique por completo con el mismo. Es decir, que no debe restringir de manera arbitraria su actuación a las clásicas competencias del Comisario de Asuntos Sociales o de algunos otros Comisarios y Comisarias, por ejemplo. Más allá de las competencias establecidas, es necesario impulsar seriamente el diálogo social sobre todos los temas socialmente significativos en el nivel que corresponda en cada caso.
La Comisión permanente de Empleo deberá examinar en el futuro no sólo las directrices relativas al empleo, sino también las directrices económicas de la UE. Los resultados de las deliberaciones deberán ser comunicados a los Consejos correspondientes en el plazo adecuado para que puedan tomarlos en consideración en sus deliberaciones y decisiones. Yo creo que esto es obvio, pero la experiencia anterior nos indica que de hecho no es tan evidente.
Es necesario garantizar, en el marco de las medidas para la aproximación de los Estados de la Europa central y oriental, que estos países cuenten con estructuras adecuadas para el desarrollo del diálogo social antes de su adhesión a la Comunidad. Yo sólo puedo recomendar al Parlamento que vincule también a esta condición la aprobación de la adhesión.
En la medida en que el diálogo social se traduzca en la UE en normas legislativas de aplicación general adoptadas por decisión del Consejo, la falta de participación del Parlamento plantea el problema de la falta de legitimación democrática de un acto legislativo de facto.
A la vista, entre otras cosas y no en último término, de las disposiciones que en el futuro tendrán vigor para todos los Estados miembros y del compromiso de la Comisión de someter a la consideración de los interlocutores sociales todas las iniciativas legislativas en el ámbito social para que decidan si desean negociar directamente el tema, el Parlamento tiene que exigir con firmeza su participación en un plano de igualdad con el Consejo también en este procedimiento. Una vez que la Comisión ya se ha declarado dispuesta a iniciar negociaciones interinstitucionales, ahora depende del Consejo que éstas lleguen a celebrarse. Si el Parlamento continúa estando totalmente excluido de este procedimiento legislativo y el Consejo sigue teniendo la última palabra, se habrá cometido y seguirá cometiéndose un error cardinal, que no se puede compensar mediante la ampliación del procedimiento de codecisión en otros ámbitos.

Ghilardotti
Señor Presidente, el proceso de integración europea, especialmente después de la Unión Económica y Monetaria, debe caracterizarse por un compromiso en favor del crecimiento y del desarrollo sostenibles, así como de la política social y de empleo; por lo demás, los informes que hemos escuchado esta mañana y esta tarde van en esta dirección.
En este contexto, los interlocutores sociales han de desempeñar un papel fundamental a escala europea, un papel que les reconoce expresamente el Tratado. En realidad, los Estados miembros deben obrar teniendo en cuenta los derechos sociales fundamentales y tienen como objetivo, entre otros, fomentar el diálogo social. El nuevo capítulo del Tratado, introducido en Amsterdam y dedicado al empleo, contiene una expresa referencia a la consulta de los interlocutores sociales. Asimismo, el Tratado reconoce a los interlocutores sociales la capacidad de negociar acuerdos marco a escala europea sobre cuestiones relevantes, de su competencia en materia de política social. En consecuencia, precisamente por la cada vez mayor importancia del diálogo social, deseo detenerme en tres cuestiones que se han abordado en la Comunicación de la Comisión y a las que se ha referido el informe del Sr. Peter.
Primera: la cuestión de la representación y de la representatividad de las organizaciones. Se trata de una cuestión que empieza a plantearse también en los Estados miembros, por lo que, a mayor razón, considero que debe abordarse a escala europea. Al respecto, el estudio implementado por la Comisión, que esperamos que esté listo cuanto antes, será seguramente un instrumento esencial para reforzar efectivamente el diálogo social europeo y para evitar los conflictos, incluso judiciales, que se han producido en el pasado.
La segunda es el diálogo sectorial. El fomento del diálogo social y sectorial puede desempeñar un papel decisivo en la previsión y la gestión de las transformaciones industriales en la Comunidad, así como permitir ulteriores avances y mejorar los resultados en términos cuantitativos y cualitativos.
Finalmente, el último punto: el papel del Parlamento Europeo. Pese a apreciar la disponibilidad de la Comisión a seguir informando al Parlamento en el marco del procedimiento legislativo previsto por el Protocolo, estimo que se debería alcanzar cuanto antes un acuerdo interinstitucional tendente a hacer partícipe en términos de igualdad al Parlamento -la única Institución elegida directamente por los ciudadanos- en el procedimiento legislativo previsto en el Acuerdo sobre política social.

Glase
Señor Presidente, Señorías, el procedimiento del diálogo social es todavía bastante reciente en la Unión Europea. Después de dos ensayos coronados por el éxito, en relación con las licencias parentales y la regulación del trabajo a tiempo parcial, la Comisión presenta ahora una Comunicación, con la intención de proceder a una revisión y definir una nueva orientación. La propuesta de la Comisión no incluye nada fundamentalmente nuevo. El ponente, Sr. Peter, a quien yo quiero agradecer muy sinceramente su colaboración, ha dedicado un gran esfuerzo a la elaboración de su informe. Sin embargo, es imposible no dejar de observar que los sindicatos han llevado la voz cantante en la elaboración de este texto extraordinariamente importante. En realidad, no hay nada que objetar contra ello, siempre que en las negociaciones se preserve el equilibrio y la igualdad de trato.
No se alcanza a comprende qué motivo puede haber para que la Comisión refuerce de manera unilateral únicamente el apoyo a los representantes de los trabajadores. La CES sin duda no necesita una tutela y un apoyo especiales para realizar su trabajo. Los flujos financieros previstos de la Comisión a la CES también parecen suficientes.
Dicho esto, yo quisiera señalar un problema central. El círculo de participantes en el diálogo social tal como sigue estando establecido es un triángulo con el que tropiezan muchos de los que todavía no se pueden sentar directamente a la mesa de negociaciones. La Comisión no ha sido capaz de ofrecer ninguna propuesta satisfactoria al respecto. Los sindicatos cristianos continúan esperando al otro lado de la puerta, al igual que muchos representantes de pequeños sectores y ramas profesionales. Si bien UNICE contabiliza un 80 % de sus miembros entre las pequeñas y medianas empresas, la UEAPME, en su calidad de representación directa y específica de las PYME a escala europea, ha tenido que conformarse hasta ahora con un lugar totalmente inaceptable en el marco del diálogo social.
Nuestro Grupo ha protestado repetidamente contra este hecho y ha solicitado la inclusión de la UEAPME. La UNICE y la UEAPME están a punto de suscribir un acuerdo que debería permitir la participación directa de los representantes de las PYME en las negociaciones en el marco del diálogo social. He dicho muy claramente: «debería». Todavía está por ver cómo se desarrollará y si los representantes de la UEAPME se sentirán aceptados.
De este modo se habría resuelto hasta cierto punto un problema, aunque sólo se trate de una solución de urgencia. Los demás siguen estando excluidos de las negociaciones. Necesitamos disponer urgentemente del estudio sobre la representatividad que la Comisión anunció en 1996 y a continuación será preciso volver a discutir muy claramente sobre los participantes en el diálogo social. Para esa fecha, como muy tarde, se tendrá que volver a debatir también la posición del Parlamento Europeo, en su calidad de único órgano democráticamente legitimado de la Unión Europea. Nuestra participación en el diálogo social también es insatisfactoria. Esto es, por lo tanto, lo que aún tenemos pendiente: dos grandes problemas en el ámbito social que son ya viejos conocidos.
En nuestro Grupo político estamos decididos a seguir luchando para que se resuelvan ambos problemas. Se lo debemos a las pequeñas asociaciones.

Lindqvist (ELDR).
Señor Presidente, ahora hablaremos del diálogo social que, en primer término, va a tener lugar entre las partes del mercado de trabajo. Paulatinamente desembocará en alguna forma de convenio colectivo, que a menudo será mejor que las leyes para regular diversos asuntos. Éste es un antiguo modelo escandinavo que con gusto también queremos ver hecho realidad en el ámbito europeo. Sin embargo, es importante que no se espere que las leyes sean una consecuencia necesaria del diálogo social y de los convenios colectivos. Puede que sea así, pero no es una cosa imprescindible.
Por el contrario, las autoridades nacionales tienen que estimular, igual que las instituciones de la UE, la cooperación entre las partes del mercado de trabajo, entre partes independientes y autónomas, como por ejemplo se señala en el punto 8. Esto se puede hacer actuando como mediador; es posible hacer contactos, ayudar a las partes en sus discusiones y actuar como un mediador. Hay muchas maneras de hacerlo, en lugar de creer que las leyes son absolutamente necesarias.
Tres cosas más. La primera es que en el Comité Permanente de Empleo hay que discutir las líneas directrices del empleo paralelamente con las directrices de la política económica, para alcanzar así algún tipo de relación entre ambas, cosa que es necesaria.
La segunda cosa es que el diálogo social tiene que reforzarse especialmente en Europa Central y del Este, que durante largo tiempo no ha tenido las misma posibilidades que nosotros para desarrollar la cooperación entre las partes del mercado de trabajo.
En tercer lugar, los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que emplean a mucha gente, también tienen que incorporarse al diálogo de manera más natural y conseguir allí un lugar, permitiendo que los grandes empleadores también estén presentes en el nivel local.

Crowley
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al ponente por su informe y presentar mis respetos al Comisario Flynn por su participación en todo este ámbito.
En cualquier modelo de diálogo social y de asociación social recae sobre los interlocutores sociales el derecho a negociar, consultar y presentar acuerdos marco para que se apliquen a escala europea. Pero junto con este derecho, también tienen obligaciones. Un aspecto muy importante, que quizá este Parlamento pasa por alto en ocasiones, es la obligación de acudir a la mesa con auténtico espíritu negociador y no sólo defender una postura ante las cámaras. En particular, es necesario ampliar la asociación para que incluya a sectores que actualmente están excluidos, en particular, el sector de las PYME.
Asimismo deberíamos analizar cuestiones como el colectivo de los discapacitados, el sector de la educación y la importancia de la formación a lo largo de toda la vida y de la educación y la formación respecto al empleo y a otros problemas de exclusión social sobre los que debatimos esta mañana, cuando tratábamos sobre el informe van Velzen y la respuesta de la Comisión. Quizá deberíamos estudiar ahora el modo de atraer a más personas al diálogo social. Un modo de hacerlo, quizá con carácter experimental, es con un tercer tipo de organización que incluya también al Comité Económico y Social. Eso sería más representativo y podría servir de centro de intercambio para algunos de los detalles y propuestas de menor importancia.
Me preocupa el papel del Parlamento en todo este proceso. En el Parlamento tenemos a veces la impresión de que nos encontramos ante un hecho consumado que ha sido aprobado por los interlocutores sociales, y de que se trata de un chantaje político -no podemos oponernos, porque los interlocutores sociales lo han aprobado. Por consiguiente, debemos encontrar un papel para el Parlamento en las interacciones entre los interlocutores sociales.
No obstante y teniendo en cuenta estos aspectos, quisiera recomendar el presente informe a la Asamblea, y mi Grupo respaldará la posición del ponente.

Schörling
Señor Presidente, según el artículo 118b, la Comisión tiene como misión desarrollar el diálogo social en el ámbito europeo. En este diálogo falta uno de los mayores empleadores, es decir, los más de cien mil ayuntamientos y regiones de Europa.
Los empleadores provinciales y regionales de la UE ven como un enorme problema que no se les trate en el ámbito europeo como parte del diálogo social con plenos derechos en el nivel de ramas de producción. Esto llama la atención si pensamos que la organización europea CEMR, fundada en 1951, representa a más de cien mil ayuntamientos y regiones y tal vez a más de 14 millones de trabajadores, cerca de 30 millones considerando a los trabajadores de tiempo parcial.
Los miembros de la CEMR participan en alto grado en las estructuras nacionales del mercado de trabajo y en muchos casos tienen capacidad para celebrar negociaciones. Tienen una larga experiencia y tradición de negociación que ha sido usada exitosamente en los diálogos sociales nacionales. Por este motivo creo que es razonable que, al desarrollar el diálogo social, se piense en la participación de una organización del tipo de CEMR como miembro con plenos derechos.

Andersson
Señor Presidente, deseo comenzar dando gracias al ponente por este excelente y muy bien escrito informe. El diálogo social va a tener cada vez más importancia en el futuro para el diseño de la política de la UE, pensando en lo que ha ocurrido en el nuevo Tratado, es decir, que se incluyen tanto la política social como la futura política de empleo.
Voy a concentrarme en tres puntos. En primer lugar, quiero destacar el asunto de la representatividad al que aludió Schörling hace un momento y que es muy importante. Pero, ¿cómo se podría aumentar la representatividad? ¿Somos los políticos los que nos tendremos que ocupar de eso o hay que dejárselo a las partes? Mi firme opinión es que, de acuerdo con la tradición sueca, este asunto hay que dejárselo a las partes. Son las partes las que en primer lugar tienen que preocuparse de estar representadas. La parte de los trabajadores lo ha conseguido; allí también están los trabajadores del sector público. La parte de los empleadores también tiene que lograr que ellos estén representados.
En segundo lugar, puedo entender que ahora se disminuya la cantidad de miembros en el Comité Permanente de Empleo, pero esto también tienen desventajas. ¿Cómo se va a afianzar en los países miembros lo que ocurre en el Comité Permanente? El problema está en conseguir que no se transforme en algo que sólo ocurre en Bruselas. Les pido que se fijen en el punto 13 del informe de Peter, que trata justamente de este asunto.
En tercer lugar, deseo abordar el tema de las funciones del Comité Permanente. La política de empleo no está aislada de la política económica. Es importante que el Comité Permanente no sólo se ocupe de las líneas directrices de la política de empleo sino también de la macroeconomía, es decir, de las directrices de la política económica. Finalmente, igual que todos los demás, quisiera destacar el rol del Parlamento en este proceso.

Thyssen
Presidente, hace unos días los presidentes de la UNICE y de la UEAPME anunciaron que se van a reconocer como interlocutores, en señal de respeto mutuo por su autonomía, para las futuras negociaciones europeas y que van intensificar su colaboración en este campo. La UNICE ya reconoce que la UEAPME es la más representativa para representar los intereses específicos de las PYME en Europa, y le ha habilitado directamente un sitio en la mesa de negociación.
Si este acuerdo es confirmado el 4 de diciembre por los órganos de decisión de sendas organizaciones, entonces se habrá dado un gran paso hacia aquello por lo que el PPE ya se esforzó en el Tratado de Maastricht, es decir la plena participación de un interlocutor específico de las PYME en el diálogo social europeo.
Somos partidarios de un diálogo social, Presidente, pero como órgano democráticamente elegido sólo podemos estar de acuerdo con la autonomía creciente de los interlocutores sociales si estos son lo suficientemente representativos, y otra vez se ha empleado esa palabra. Esto supone entre otras cosas que estos actores juntos tienen un grado suficiente de representación que garantice que se aborden satisfactoriamente los diferentes intereses en las negociaciones. Con este acuerdo se da por lo tanto un paso especialmente importante en ese sentido. Pido a la Comisión que reconozca el acuerdo a la hora de la determinación de los largamente esperados criterios de representación. Presidente, también lo podríamos formular de la siguiente manera. Se ha anunciado un noviazgo que aumentará la representación y la legitimidad del diálogo social. El que ahora meta palos en las ruedas para evitar que se celebre el matrimonio o para hacer imposible la convivencia, cargará con una responsabilidad enorme.
Las PYME son importantes para generar empleo, ellas deben tener la oportunidad de participar en las negociaciones de la mesa de negociación europea por medio de un interlocutor social propio, y por esta vía dar forma a su sentido de responsabilidad.

Malone
Señor Presidente, la versión de Irlanda del diálogo social, que nosotros denominamos asociación social, está bien arraigada y ha tenido un papel importante en el éxito económico alcanzado por nuestro país en los últimos años.
Nuestra versión de asociación social, en muchos aspectos, va por delante del diálogo social. Los interlocutores sociales tradicionales -los sindicatos y la patronal- son ciertamente clave en el proceso, pero además se han incorporado otros: agricultores, mujeres, discapacitados, desempleados y otros colectivos marginados. Me gustaría que se ampliara aún e incluyera a los representantes de las zonas en desarrollo.
Los beneficios de pasar de un enfoque adversario a otro consensuado resultan evidentes a los ojos de todos. Aunque muchos han tenido dificultades en Irlanda, como demostró claramente el conflicto de Ryanair este mismo año. A pesar de que pudimos alcanzar un consenso sobre cuestiones como salarios e impuestos, el tema de la consulta a los empleados en las empresas aún no ha sido explorado adecuadamente. Por este motivo acojo con auténtica satisfacción la decisión de la Comisión de la semana pasada. El Comisario Flynn merece ser felicitado por haber presentado una propuesta de directiva sobre la consulta de los trabajadores en las empresas con más de 50 empleados. Veo que el Comisario se siente satisfecho, y con razón. Es un éxito más y yo espero elaborar el informe.
Estoy convencida de que el conflicto de Ryanair en Irlanda habría quedado resuelto hace mucho tiempo de haber existido esta directiva. Irlanda se sitúa entre el modelo social de la Europa continental y el modelo anglosajón. La consulta de los trabajadores y la información es la clave del primero, pero es relativamente desconocida en el caso del segundo. Resulta extraño que muchas empresas de Irlanda que no negocian con los sindicatos que representan a sus trabajadores a nivel local no parezcan tener demasiado dificultades para tratar con los sindicatos de ámbito nacional y europeo.
Hago, por consiguiente, un llamamiento a la patronal para que sea coherente en su enfoque respecto al diálogo social y adopte una visión positiva ante la nueva directiva. Una mayor participación de los trabajadores ayudará a lograr una fuerza laboral más feliz, más motivada y más productiva. ¿No es eso lo que quiere la patronal?

Menrad
Señor Presidente, yo felicito sinceramente al Sr. Peter por su buen informe. Cuando los acuerdos entre los interlocutores sociales europeos adquieran carácter de ley en el ámbito laboral para toda la Unión Europea a través de lo que viene a ser una declaración de obligatoriedad general, concretamente por medio de una decisión del Consejo de Ministros, esto afectará no en último lugar a las pequeñas y medianas empresas, puesto que la mayoría de los trabajadores europeos están empleados en las mismas.
El informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales solicita con razón una mayor participación de las PYME en la configuración del diálogo social europeo, con lo cual da respuesta a una importante aspiración del Grupo del Partido Popular Europeo, tal como vuelve a poner de manifiesto nuestra enmienda 9.
El diálogo social es necesario a escala europea y nacional, y también se desarrolla con éxito a escala de las empresas. Así lo demuestra el éxito del comité de empresa europeo y la evolución positiva del debate sobre la sociedad anónima europea. Al menos esa es la información que he recibido, señor Comisario. En ambos casos, la receta consiste en buscar soluciones a través de la negociación entre los interlocutores sociales, con vistas a concretar las posibilidades de participación de los trabajadores.
La semana pasada se celebró en Viena una conferencia sobre el modelo social europeo y el diálogo social, organizada por la Presidencia austriaca. Se expusieron comparaciones con otros modelos, por ejemplo el de la economía de mercado pura, como el de los florecientes Estados industriales del Sudeste asiático. Sin embargo, estos tigres han acabado convirtiéndose en gatos domésticos mansos y renqueantes también en el aspecto económico, precisamente porque descuidaron la dimensión social. La respuesta eficaz a la globalización se encuentra en el modelo europeo, en la economía social de mercado basada en la cooperación y el diálogo sociales. El Grupo del Partido Popular Europeo va a votar afirmativamente el Informe Peter desde este punto de vista.

Flynn
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento al Sr. Peter por su informe, que ha sido de gran ayuda.
Me gustaría recordarles que en 1996, la Comisión inició un importante ejercicio de consulta sobre el futuro del diálogo social a través de la comunicación consultiva. En aquel momento, el Parlamento elaboró una resolución muy completa sobre el documento y yo acudí aquí a Estrasburgo a debatirla con ustedes en el verano de 1997.
La Comisión no ha escatimado esfuerzos para incluir los comentarios del Parlamento en la redacción de esta segunda comunicación. El nuevo Tratado de Amsterdam proporciona los medios para que los interlocutores sociales renueven su compromiso de modernizar y reforzar la dimensión social de Europa. Para lograrlo, debemos fomentar el diálogo social. Debemos fomentarlo para que desempeñe plenamente su función dentro del marco de la información, la consulta y unos procedimientos de negociación positivos y eficaces.
Como decía el Parlamento en su resolución de 1997, hay tres cuestiones clave que debemos abordar. En primer lugar, la necesidad de reformar el Comité Permanente de Empleo: habida cuenta del nuevo enfoque respecto al empleo y la pesadez de la actual estructura, que no ha funcionado bien y debe ser reformada. En segundo lugar, la importancia de crear un marco más coherente y eficaz en el que pueda desarrollarse el diálogo social y, por último, la cuestión de la representación.
La Comunicación de la Comisión sobre Adaptación y fomento del diálogo social a escala comunitaria fue aprobada el 20 de mayo del presente año. Aborda estas tres cuestiones y se propone fortalecer el diálogo social a nivel europeo y hacerlo más adaptable, de manera que podamos relacionar el trabajo de los interlocutores sociales mucho más estrechamente con el desarrollo y la aplicación de todas nuestras políticas de la Unión Europea.
Comienzo con la cuestión de la representación, porque ha sido planteada por varios diputados -la Sra. Ghilardotti, la Sra. Glase, la Sra. Schörling y la Sra. Thyssen- a las que agradezco su interés. Es evidente que las instituciones deben respetar plenamente la autonomía de los interlocutores sociales durante sus negociaciones. En este contexto, los interlocutores sociales son los responsables de garantizar suficientemente el aspecto de la representación. Debemos recordar que el Tribunal de Primera Instancia respaldó recientemente este enfoque en un dictamen memorable.
Nos tomamos muy en serio el principio de autonomía de los interlocutores. Habida cuenta del llamamiento del Parlamento Europeo a la Comisión para que reforme el Comité Permanente de Empleo, la Comisión aprobó, con carácter de urgencia, una paralela a la comunicación: la propuesta al Consejo para reformar la estructura actual. Lo que pretendemos hacer aquí es dar a cada Presidencia la opción de convocar una troica de Jefes de Estado y de Gobierno o un Consejo para que se reúna con los interlocutores sociales en el marco del trabajo del Comité Permanente de Empleo. El número de delegaciones de los interlocutores sociales en dichas reuniones deberá ser limitado, aunque siempre deberán estar representadas las principales organizaciones de los interlocutores sociales. En una palabra, la Comisión sugiere al Consejo que cree un foro único, transparente y representativo para un diálogo a alto nivel sobre el empleo. Por consiguiente, la pelota está en el campo del Consejo en lo que se refiere a garantizar que el auténtico diálogo sobre el empleo no esté limitado a un grupo central de interlocutores sociales.
Respecto a los demás procedimientos de consulta, la comunicación presenta un foro de enlace que incluye consultas trimestrales a todos los interlocutores sociales europeos reconocidos sobre cuestiones políticas. El primero de estos foros ya ha tenido lugar y ha demostrado ser un ejercicio de gran utilidad. Asimismo, a nivel sectorial, habrá comités sectoriales nuevos y flexibles que sustituirán a las numerosas y pesadas estructuras actuales. Esta decisión despertó algunos temores iniciales ante una posible reducción del apoyo al diálogo sectorial. Muchos de ustedes se han dirigido a mí personalmente para interesarse sobre la viabilidad de esta nueva estructura. Quiero hacer hincapié aquí, una vez más, en que no se trata de una reducción, sino de un nuevo inicio para el diálogo sectorial, en el que todos los sectores que deseen hacer una contribución conjunta significativa a escala europea participen en igualdad de condiciones. Ya no habrá más restricciones al apoyo formal a las actividades que son competencia exclusiva comunitaria. Por consiguiente, la necesidad de tratar sobre la reestructuración industrial en asuntos de empleo está hoy presente en todos los sectores de actividad.
Diré unas palabras sobre el informe Peter. El Sr. Peter y la Comisión de Asuntos Sociales han sabido, una vez más, establecer un equilibrio justo entre los diferentes intereses que se ven afectados. Es un informe excelente. Sólo me gustaría reiterar la importancia de respetar la autonomía de los interlocutores sociales. Por ello quisiera cuestionar si es política o incluso jurídicamente viable permitir la participación de comités consultivos de cualquier tipo en las negociaciones entre los interlocutores o que participen en cualquier organización nacional directamente a nivel europeo.
En cuanto al tema clave de la comunicación, encuentro que el informe es muy favorable, y esto es cierto en el caso de la reforma del Comité Permanente de Empleo, los nuevos comités para el diálogo sectorial, la cuestión de la representación y la importancia de desarrollar un diálogo social con los países candidatos. Esto no debería sorprender, porque, como ya he dicho, la posición adoptada respecto a estos temas en la comunicación tiene en cuenta en buena medida la posición del Parlamento Europeo. Por tanto, en mi opinión, todo el ejercicio sirve de ejemplo de la excelente cooperación y entendimiento entre nuestras instituciones.
El Sr. Crowley planteó la cuestión de la intervención del Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones que condujo a la aprobación de legislación basada en acuerdos europeos. Deseo decirle que la Comisión no escatimó esfuerzos para incluir al Parlamento en este punto durante la CIG. Como destacamos en nuestro proyecto de informe, esta posición es reiterada claramente en nuestra comunicación, y me consta que existen contactos continuados entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión con vistas a resolver este asunto en particular. Ustedes conocen mi posición y mi apoyo en este sentido.
Deseo decir a la Sra. Thyssen que la UNICE está en conversaciones con la UEAPME sobre temas de representación. Tenemos entendido que están realizando grandes progresos, lo que ciertamente apoyo. Quisiera decir al Sr. Lindqvist, sobre el tema de la ampliación, que en mis viajes a los países candidatos, he visitado a los interlocutores sociales para hablar con ellos. En este aspecto existen problemas reales. Estamos intentando favorecer el desarrollo del diálogo en dichos países a través del programa PHARE. Analizamos el estado del diálogo social en todos los ejercicios de evaluación de los recursos humanos y financieros de cada uno de los candidatos. Es un tema muy delicado y sin duda volveremos sobre el mismo.
Por último, deseo decir a la Sra. Schörling que el gobierno local forma parte del CEEP, y tengo entendido que están contemplando la posibilidad de celebrar un diálogo sectorial. Si es así, contará con todo mi apoyo.
Doy las gracias al Sr. Peter. Ha sido un debate de gran utilidad, y espero con interés la continuación y mejora del diálogo social. Señora Malone, lo que ocurrió la semana pasada en materia de información y consulta supuso un enorme avance. Esperamos con interés poder debatir sobre ello en la Asamblea en un futuro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.

Nuevo mercado transatlántico
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0387/98) de la Sra. Mann, en nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social: El Nuevo Mercado Transatlántico (COM(98)0125 - C4-0271/98).

Mann, Erika
Señor Presidente, señor Comisario Brittan, Señorías, permítanme que señale algunos aspectos fundamentales antes de pasar a exponer el informe. El debate de hoy estará dominado por la amenaza de los americanos de imponer aranceles a los productos de los Estados de la Unión Europea, sobre todo los procedentes de Francia e Inglaterra, como una represalia destinada a poner en entredicho antes del 1 de enero de 1999 el presente Reglamento por el que se establece la Organización Común del Mercado del plátano y provocar la alarma entre los Estados miembros. Resulta particularmente irónico que el Consejo de Asuntos Generales adoptase la decisión de aprobar Plan de Acción para la Asociación Económica Transatlántica el 9 de noviembre de 1998 coincidiendo prácticamente con la decisión americana de adoptar sanciones unilaterales contra la Unión Europea.
Como resultado de este paso que acaban de dar los americanos queda en entredicho la credibilidad general del procedimiento de resolución de conflictos de la OMC. Los americanos tienen todo el derecho a no estar de acuerdo con el nuevo Reglamento sobre el mercado del plátano. También tienen todo el derecho a considerar que dicho Reglamento no se ajusta a las normas de la OMC. Pero no tienen derecho a tomar una decisión unilateral. Los métodos del salvaje Oeste, aunque puedan resultar atractivos desde el punto de vista nacional, provocan fuertes reacciones de signo contrario. El creciente nerviosismo de los americanos es comprensible, por otra parte, y se explica en gran medida por el nivel relativamente elevado de su déficit comercial en estos momentos. Por consiguiente, deberíamos poder contemplar el futuro con un poco más de tranquilidad.
Hacemos bien en consolidar y desarrollar las bases políticas y económicas entre nosotros. La disputa por los plátanos no será el último enfrentamiento comercial que mantengamos; los próximos ya están a la vista: en relación con las hormonas y el acero. Tenemos que aceptar estas realidades. Desde 1989 y 1990 hemos iniciado un cambio fundamental en nuestras relaciones. Se han esfumado las antiguas certezas y hemos pasado a ser competidores a escala mundial. La política económica y comercial determina en mayor medida que antes el acontecer político en ambas potencias mundiales. Sin embargo, no debemos olvidar que nos enfrentamos sobre el trasfondo de una sólida base de amistad. Y tampoco tenemos que olvidar que una reorientación e intensificación de las relaciones económicas garantiza puestos de trabajo en ambas orillas del Atlántico. La fusión gigantesca de Daimler y Chrysler es sólo un anticipo de lo que nos espera en los próximos tiempos.
El presente informe sobre el Plan de Acción para la Asociación Económica Transatlántica respalda explícitamente la iniciativa de la Comisión y del Consejo. Todos ustedes todavía recordarán que el Consejo -Francia, en particular- denegó su aprobación al proyecto de la Comisión durante la Cumbre entre la Unión Europea y Estados Unidos celebrada en Londres y presentó un nuevo proyecto menos ambicioso. El proceso desembocó entonces en la creación de la Asociación Económica Transatlántica, en lugar del Mercado Transatlántico. El Consejo temía un distanciamiento incontrolado de los procesos de decisión y márgenes de actuación nacionales si se aceptaba la propuesta de la Comisión de promover un acuerdo marco con un mandato general para la negociación. Para el Parlamento Europeo, un acuerdo marco hubiese ofrecido la ventaja de su consulta formal. Ahora sólo se nos informa.
El Plan de Acción para el Espacio Económico Transatlántico propone, en primer lugar, una coordinación de las actividades y, en segundo lugar, la coordinación de una agenda bilateral que abarcaría los siguientes aspectos: primero, la supresión de los obstáculos técnicos; segundo, una intensificación de los trabajos en el ámbito de los servicios; tercero, la ampliación del acceso a los mercados para las empresas europeas y americanas del sector de la contratación pública; cuarto, una mayor protección de la propiedad intelectual; quinto, una intensificación del diálogo social y la creación de estructuras de cooperación social en los ámbitos de la alimentación, fitosanitario y biotecnológico, y la constitución de un grupo medioambiental. Yo creo que todo ello constituye una propuesta de trabajo aceptable, que deberíamos apoyar.
Ésta incluye asimismo la creación de un marco organizativo. Muchos de los temas que habrá que abordar pertenecen a los llamados nuevos ámbitos sensibles, como por ejemplo la biotecnología. Dicho marco organizativo también delimitaría las formas que debería adoptar la cooperación institucional entre las instituciones participantes y sus procedimientos, y en muchos casos abriría la puerta para la celebración de acuerdos como el relativo al reconocimiento mutuo de los procedimientos de certificación y de pruebas. Para que esto funcione en unos ámbitos que son en parte particularmente sensibles desde el punto de vista del consumidor es necesaria una transparencia absoluta del proceso, plena información y la consulta amplia de las industrias afectadas, expertos, grupos profesionales y consumidores.
Es preciso establecer un proceso que promueva la confianza en las instituciones y garantice de este modo una amplia aceptación por parte de la opinión pública. Yo no comparto, sin embargo, el temor de muchos o de algunos colegas y también de las asociaciones de consumidores, a que se deje de lado a la opinión pública. Hemos adquirido una vasta experiencia institucional y quienes actúan en el ámbito europeo, tanto en la Comisión y el Consejo como en el Parlamento Europeo, no son legos en la materia. Podemos gestionar muy bien y con excelentes resultados este proceso.

Cushnahan
Señor Presidente, las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos son de gran importancia. Compartimos muchos valores e intereses comunes y, a pesar de que las relaciones comerciales y de inversión entre nosotros representan la mayor asociación económica del mundo, sería equivocado restringir las conversaciones solamente a cuestiones comerciales y económicas.
Lamento que los planes más ambiciosos sugeridos por Sir Leon Brittan bajo el epígrafe Nuevo Mercado Transatlántico hayan encontrado una oposición tan fuerte en el Consejo, motivo por el que no han podido ser debatidos con las autoridades estadounidenses. Por consiguiente, la posición obstructiva del Consejo ha tenido como resultado unas propuestas más restrictivas en materia de la asociación económica transatlántica.
Cuando el Parlamento Europeo debatió el informe Souchet en enero de este año, expresamos el deseo de ampliar el nivel de cooperación. El apartado 3 de la resolución Souchet señalaba la necesidad de un mayor diálogo en temas de Justicia y Asuntos de Interior. El apartado 5 pedía mayor cooperación en la gestión de situaciones de crisis y en el empleo de las fuerzas de mantenimiento de la paz.
La opinión que he elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores intenta restablecer los deseos del Parlamento y, espero, del propio Sir Leon Brittan, de garantizar que las relaciones de seguridad y defensa se conviertan en una parte importante del diálogo UE-EE.UU.
En breve se celebrará una cumbre UE-EE.UU. y es importante que podamos examinar el estado de nuestras respectivas relaciones y resolver cualquier problema, incluidos aquéllos en el ámbito de la seguridad y defensa que cobran relevancia ante la actual crisis del Golfo.
Felicito a la ponente por su informe y le agradezco que haya incluido en el mismo la propuesta específica contenida en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre este importante asunto.

Peijs
Señor Presidente, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial ha dado un amplio apoyo a la Asociación Económica Transatlántica y al excelente informe que la Sra. Mann ha redactado. Me parece bueno, sin querer menospreciar las negociaciones multilaterales de ninguna forma, que los dos agentes más grandes del mercado mundial negocien sobre la supresión de las barreras para el libre comercio. Los dos bloques comerciales pueden funcionar juntos como lanzadera para que se inicie la discusión necesaria para llegar finalmente a un acuerdo multilateral. Esto no puede llevar consigo que la UE y los EE.UU. juntos formen un bloque de poder al que otros países se vean enfrentados a unos hechos consumados dentro de la OMC. Pero el esfuerzo de formar bloques comerciales regionales encaja en los esfuerzos de la OMC.
Aparte de unas cuestiones antiguas que por lo visto son difíciles de solucionar, hay dos cuestiones actuales en las relaciones comerciales de este momento entre la UE y los EE.UU. que me preocupan. En primer lugar, acerca de la directiva «metric only». El Comisario Bangemann, mientras tanto, ha prometido en el Consejo del Mercado Interior que presentará rápidamente una propuesta, sin indicar cuán rápido, para que se posponga la obligación del etiquetado exclusivamente según el sistema métrico. Esta propuesta debería haber sido presentada ya hace meses. He insistido varias veces al Comisario para que lo hiciera. Europa está ahí para dar apoyo sobre el terreno a las empresas y no para obstaculizar su funcionamiento.
La Comisión Económica ha vinculado en una enmienda la firma de la Asociación Económica Transatlántica al cambio de los EE.UU. al sistema métrico. Se había reflexionado bien sobre eso. Lamentamos que la Comisión REX haya debilitado nuestra enmienda y la haya convertido en algo que no es carne ni pescado. Espero, sin embargo, que le llegue bien clara la señal al Sr. Bangemann. Se tiene que poner fin a las trabas que la reticencia americana produce a las empresas europeas. Creo que el Sr. Bangemann y el Sr. Brittan deben presionar a los EE.UU.
Mi segunda preocupación se refiere a las medidas anti-dumping en la UE y en los EE.UU. La Sra. Mann en su informe dedica un punto a ellas y la industria siderúrgica europea se queja del trato desproporcionadamente duro de las empresas europeas. Incluso el Congreso americano manifiesta en un extenso informe que el año pasado la proporción fue de 35 casos de anti-dumping por parte americana a sólo dos por parte europea.

Boogerd-Quaak
Presidente, estas relaciones son extraordinariamente importantes también en el marco del empleo. En nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales quiero señalar que la UE invierte un 59 por ciento en los EE.UU. y que a la inversa supone un 44 por ciento, o sea en el marco del empleo para ambas partes es de gran importancia. Sin embargo, en la economía mundial cada vez más globalizada hay algo más que sólo relaciones comerciales. También se tiene la responsabilidad de actuar conjuntamente de cara a importantes «issues» con respecto a cuestiones que pueden llevar, entre otras cosas, a una nueva declaración de la Organización Internacional de Trabajo sobre normas laborales fundamentales como el derecho de asociación, el derecho de negociación colectiva, la no discriminación, la abolición del trabajo forzoso y la abolición del trabajo infantil. Ambas partes pueden desempeñar un papel en esta materia en las próximas negociaciones de la OMC. Sin embargo, hay más asuntos relacionados con la dimensión social y laboral. Le menciono algunos: por ejemplo, los Comités de Empresa Europeos, un gran número de sociedades de matriz estadounidense establecidas en Europa se hallan cubiertas por la directiva respecto al Comité de Empresa Europeo, son convenientes intercambios de información entre las empresas y entre las administraciones norteamericanas y europeas. Otro asunto es la cuestión de los fondos de pensiones. Europa va muy atrasada cuando se trata de la oferta de créditos a la inversión. También en este ámbito la colaboración, el intercambio de información y el diálogo son convenientes.
Por último, Presidente, un obstáculo no carente de importancia en las negociaciones transatlánticas es la agricultura. A mi juicio, esto se podrá mejorar cuando tanto las administraciones de la UE como las estadounidenses tengan más en cuenta las cuestiones sociales y de empleo en zonas rurales. La competencia óptima no siempre conduce a lo mejor para todas las partes del mundo. Se impone la necesidad de un equilibrio. Como último punto, quisiera señalar que también deberíamos abrir espacio para los intercambios con los EE.UU. en los programas de educación y formación.

Brittan, Sir Leon
En primer lugar, quisiera felicitar a la Sra. Mann por su admirable informe y también por haber sabido poner la disputa del plátano en su perspectiva correcta. Volveré sobre este punto más adelante, pero estoy completamente de acuerdo con ella en que no debemos permitir que dicha disputa distorsione por completo nuestra consideración de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que abarcan temas más amplios, a algunos de los cuales han hecho referencia los oradores que me han precedido.
Agradezco al Sr. Cushnahan sus amables observaciones sobre la reducción de las nuevas propuestas relativas al Nuevo Mercado Transatlántico. Eran más ambiciosas. No estoy disculpándome. No obstante, es evidente que han dado forma a la Asociación Económica Transatlántica. Pero a pesar de la importancia de la Asociación Económica Transatlántica, la Sra. Peijs está en lo cierto cuando afirma que el aspecto multilateral de la misma no debe dar la impresión de que nos estamos agrupando contra el resto del mundo. Estamos cooperando para intentar avanzar más rápidamente en las conversaciones multilaterales, no tenemos la intención imponer un decreto dictatorial, y menos aún un hecho consumado.
La Sra. Boogerd-Quaak tiene razón al afirmar que las conversaciones que mantenemos con los Estados Unidos deben incluir asuntos relativos a cuestiones sociales y de empleo, al igual que el Sr. Cushnahan tiene razón al afirmar que existe un componente de seguridad y defensa muy importante en nuestras relaciones, a pesar de que este aspecto debe buscarse al margen de la Asociación Económica Transatlántica.
No obstante, la Asociación Económica Transatlántica es la característica más reciente de las relaciones, se desprende del Nuevo Mercado Transatlántico y, como nos ha recordado la Sra. Mann, fue respaldada por el Consejo la semana pasada en la forma de un plan de acción. Se han aprobado directivas sobre la negociación para que la Comisión inicie las negociaciones sobre una serie de acuerdos relativos a las barreras técnicas al comercio de bienes, servicios, adquisiciones públicas y propiedad intelectual.
Es una iniciativa importante para consolidar y mejorar las relaciones transatlánticas, incluidos los elementos multilaterales y bilaterales. En el ámbito bilateral, el elemento clave es atajar los problemas comerciales, como las barreras normativas, que actualmente constituyen el principal obstáculo al comercio transatlántico, al tiempo que se mantiene un alto nivel de protección de la salud, la seguridad, los consumidores y el medio ambiente. Si conseguimos avanzar en la eliminación de dichas barreras, supondrá la promesa de nuevas y enormes oportunidades económicas para las empresas y los consumidores europeos. Si podemos seguir fomentando la liberalización multilateral, creo que podremos avanzar enormemente en el nuevo milenio y ahorrar mucho tiempo.
El Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave en este proceso, primero con su llamamiento en enero en favor de un nuevo impulso a las relaciones transatlánticas y, más tarde, a través de su participación en la evolución de la Asociación Económica Transatlántica. Me alegra mucho que hayamos podido trabajar juntos. Y esta colaboración deberá continuar, no sólo ante la amenaza que representa la disputa sobre el plátano, sino también para abordar, por ejemplo, las injustas y falsas alegaciones vertidas recientemente acerca de que la Unión Europea no cumple su parte en aliviar la tensión que supone el aumento de las exportaciones asiáticas.
Por tanto, acojo con satisfacción el informe tan operativo de la Sra. Mann y le agradezco el apoyo que ella y el Parlamento han dado al desarrollo de las relaciones.
Puedo comunicarles algunas de las reacciones preliminares que ha despertado el informe. Compartimos plenamente su deseo de obtener resultados positivos en los ámbitos de los ARM, la seguridad de los alimentos, las adquisiciones públicas, la propiedad intelectual, el cumplimiento de las normas internacionales en los procesos de liberalización y muchos otros ámbitos. Acojo con satisfacción el deseo del Parlamento Europeo de involucrarse más en el trabajo que debemos realizar respecto a la Asociación Económica Transatlántica.
Lamentablemente, todo esto se ha visto ensombrecido estos últimos días no sólo por la posición de los Estados Unidos respecto a las exportaciones asiáticas, sino sobre todo por la reciente controversia acerca de los plátanos. La situación es realmente muy sencilla. La OMC se pronunció en contra de algunos aspectos de nuestro régimen y nos dio hasta el 1 de enero del año próximo para adaptarnos al reglamento. Hemos adoptado medidas en ese sentido y el 1 de enero entrará en vigor un régimen revisado que creemos que es completamente coherente con el reglamento de la OMC.
Los Estados Unidos están en su derecho de discrepar con nosotros sobre la compatibilidad de nuestro nuevo régimen con el reglamento de la OMC. Tienen derecho a desafiarlo si así lo desean, pero únicamente de conformidad con los procedimientos establecidos por la OMC, que están disponibles para resolver precisamente este tipo de desacuerdos. Ningún miembro de la OMC tiene derecho a juzgar unilateralmente el cumplimiento por parte de otro miembro, ni tampoco ser juez y parte de su propia causa. Al recurrir a la acción unilateral, los Estados Unidos se ponen por encima de la ley y recurren al principio de «el más fuerte tiene razón».
Esta postura amenaza con dañar el sistema que ambos hemos ayudado a crear. Debilitará seriamente la confianza de los miembros de la OMC en el sistema. Por consiguiente, hemos hecho un llamamiento público a los Estados Unidos para que desistan en su acción unilateral e intenten resolver nuestras diferencias en el marco de los canales jurídicos multilaterales de que disponemos y que son el único medio al que debería recurrir un país que respeta la ley.
Estamos dispuestos a cooperar con los Estados Unidos para salvar nuestras diferencias en el marco del reglamento y los procedimientos de la OMC, pero no lo haremos bajo la amenaza de una acción unilateral ilegal. A menos que los Estados Unidos desistan de esa postura, no nos quedará otra alternativa que recurrir a la OMC e iniciar los procedimientos contra los Estados Unidos por su acción ilegal.
Lamento que este asunto haya ensombrecido -al menos en los titulares- el trabajo más amplio e importante que hemos venido realizando. De hecho, como ha afirmado acertadamente la Sra. Mann, es irónico que sea así. Espero que el Parlamento Europeo se muestre firme en la defensa de los intereses europeos cuando éstos sean atacados, pero también que adopte una visión más amplia de lo que deberemos hacer de cara al futuro.

Karamanou
Señor Presidente, señor Comisario, señorías, diría que parece que el tema de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos es uno de aquellos temas que normalmente provocan debates muy vivos e intensas pasiones. Esto ocurre porque no se han creado hasta este momento relaciones de confianza mutua y de comunicación abierta y sincera a pesar de los largos debates y negociaciones, a pesar de la planificación de un programa ambicioso y a pesar de los honrosos esfuerzos tanto de la Comisión como de la ponente, nuestra estimada colega Sra Erika Mann, a quien felicito por su informe.
Por lo que usted ha dicho, señor Comisario, está claro que tenemos ante nosotros a un interlocutor muy difícil que por añadidura es el responsable de actividades que han mostrado que los Estados Unidos, si de lo que se trata es de fomentar exclusivamente sus intereses, no vacilan en violar estas normas internacionales, y, particularmente, a costa de los países más pobres y más débiles. Que estoy diciendola verdad queda demostrado por el hecho de que los problemas que acompañan a la legislación extraterritorial americana aún siguen sin resolver, y sin embargo, la competencia frente a Europa cada vez es más fuerte. Así pues, con vistas a la próxima Cumbre Transatlántica, el Parlamento Europeo hoy debe enviar algunos mensajes muy claros, como:
Primero, la aproximación bilateral es aceptable en la medida en que no obstaculice las negociaciones multilaterales a nivel de la OMC y no cree problemas a países terceros para acceder a los mercados de la Unión y de los Estados Unidos.
Segundo, se deberá garantizar el respeto de las normas de Derecho internacional y encontrar una solución definitiva a las desavenencias que conciernen a las leyes extraterritoriales.
Tercero, los compromisos que se contraigan deben ser compatibles con el acervo comunitario, especialmente con la Política Agrícola Común, así como con los acuerdos comerciales que hemos celebrado, especialmente con nuestros socios tradicionales; igualmente, deben ser compatibles con los compromisos que ha contraído la Unión por el Convenio Lomé y por los procesos de ampliación con los países de Europa central y oriental.
Cuarto, la colaboración debe incluir y dar énfasis a temas de carácter social, como es la consolidación de los derechos de los trabajadores y de las negociaciones colectivas, la abolición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la creación de nuevos puestos de trabajo, así como el reconocimiento recíproco de títulos.
Quinto, cualquier acuerdo debe ser compatible con los altos estándares que están en vigor en la Unión por la salud y la seguridad, la protección de los consumidores, así como por la protección del medio ambiente, natural y humano.
Sexto, la colaboración debe conducir a la adopción de normas de funcionamiento para las instituciones financieras de todos los países y a regulaciones en el movimiento internacional de capitales -esto motivado por la crisis económica y financiera actual.
Finalmente, señor Presidente, el Parlamento Europeo debe ser continuamente informado sobre las negociaciones y muy especialmente sobre los temas que formen parte de los procesos de codecisión. Debe haber, tal como ha dicho la ponente Sra. Mann, transparencia e información plena.

Kittelmann
Señor Presidente, el Partido Popular Europeo acoge con satisfacción el informe de la Sra. Mann y la felicita por sus acertados argumentos, expuestos a lo largo de 43 páginas y eclipsados ahora por los actuales acontecimientos.
Todos concedemos una alta prioridad a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea y seguiremos reconociendo en el futuro la necesidad de no olvidar que estamos destinados a entendernos, a pesar de todos los conflictos en las relaciones bilaterales, tanto los originados por nosotros, como, sobre todo, los causados por Estados Unidos.
Los plátanos, las hormonas, el déficit comercial de Estados Unidos, son temas que inquietan. Por mi parte, lo que cada vez me incomoda más en nuestras relaciones con Estados Unidos es que las presiones que sufre continuamente el Gobierno procedan de parlamentarios y que éste con frecuencia no tenga el valor de cumplir las normas de la OMC, porque consideraciones de política interior lo obligan a ceder. Este es precisamente un motivo para que, en nuestra calidad de diputados del Parlamento Europeo, intensifiquemos los contactos con el Congreso y que no nos relacionemos sólo por intermedio de la Comisión, que recibirá básicamente la respuesta de que el Gobierno no puede hacer nada: los causantes son los miembros del Congreso.
En efecto, la Ley Helms-Burton, la Ley d'Amato, contrarias al derecho internacional, partieron de iniciativas de los diputados. Gracias a Dios, d'Amato no fue reelegido y ya tenemos un problema menos. Yo afirmo, por lo tanto, porque es algo que debe quedar claro y Sir Leon ya lo ha dicho, que nuestras normas deben medirse por los criterios de la OMC. La OMC es el referente de la libre competencia y es en el ámbito de la misma donde nos medimos.
La competencia se intensificará cada vez más y se difuminarán las fronteras. La tecnología y sobre todo las inversiones llegarán a adquirir dimensiones que escaparán en parte a nuestro control en nuestra calidad de diputados. No siempre alcanzamos a percibir el origen de los conflictos que se dirimen. Por esto es particularmente importante que también apoyemos que la Comisión no prolongue demasiado las discusiones y la búsqueda de compromisos, sino que recurra también con frecuencia a la mano dura.
Desde Estados Unidos nos echan en cara muchas veces que de todos modos somos tigres de papel o un felpudo porque no respondemos con suficiente energía a sus presiones. En el futuro tenemos que responder con mayor rapidez en este sentido frente a las nuevas medidas. El Parlamento quizá pueda expresarse con mayor contundencia que la Comisión.
Se nos ha reprochado que la apertura de los mercados asiáticos no nos afectará tanto y que Estados Unidos sufrirá todos los efectos de la afluencia de productos baratos. Los problemas son comunes, a pesar de que la política comercial de uno u otro -y ahora no me refiero a Estados Unidos- también acabe resultando problemática a veces. Este es un aspecto que también tenemos que controlar y no dar por bueno un proteccionismo impulsado por intereses nacionales, a la vez que rechazamos el otro. ¡Los 15 países podemos vernos reflejados en esta actitud!
Finalmente, yo quisiera expresar mi seguridad de que el entendimiento para desarrollar una política de mutuo interés puede resultar beneficioso siempre que se defiendan con firmeza y de manera consecuente los intereses importantes para nuestra economía europea. Yo quiero animar a todos para que volvamos a intervenir en el debate actual sobre la actuación contraria al derecho internacional de Estados Unidos; el presente informe nos ofrece una buena ocasión para ello.

Plooij-van Gorsel
Señor Presidente, colegas, Comisario, mis más sinceras felicitaciones a nuestra colega Mann por su excelente informe. Colegas, la Asociación Económica Transatlántica, tal como se ha acordado ahora, puede poner fin al aluvión de conflictos comerciales que se han venido produciendo en los últimos años. Piénsese en los plátanos biotecnológicos y así se puede seguir. El acuerdo puede hacer de ejemplo para el resto del mundo. La Unión Europea y los Estados Unidos son los dos mayores bloques comerciales del mundo y además son los más importantes socios comerciales entre si. El acuerdo bilateral entre dos bloques comerciales influyentes habilita a la Unión y a los Estados Unidos para desarrollar un modelo comercial transferible que concuerde con el marco comercial multilateral y en especial, con las reglas de la OMC.
No obstante, mi grupo parlamentario lamenta mucho que el Consejo haya dado el mandato de negociación a la Comisión y que haya adoptado ya un plan de acción sin esperar la opinión del Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo con la Sra. Mann y con el Sr. Kittelmann.
Una nueva Asociación Económica Transatlántica tiene grandes consecuencias en términos de empleo y bienestar para los ciudadanos y empresas. Su control democrático es absolutamente imprescindible. Porque sólo entonces puede producirse el apoyo necesario de los ciudadanos. Mi grupo parlamentario, por lo tanto, da la bienvenida a la propuesta de la Sra. Mann para la constitución de una comisión parlamentaria paritaria, ya que las soluciones de los conflictos conseguidas a nivel de técnicos o de gobierno, se ven cada dos por tres torpedeadas por el Congreso norteamericano. Un diálogo estructural entre las delegaciones parlamentarias y entre los parlamentarios tal vez pueda poner fin a esto. Por lo tanto, hago de nuevo un llamamiento a la Comisión y al Consejo para que no sigan hablando exclusivamente a su nivel con los norteamericanos sino que impliquen mucho más al Parlamento y para que tampoco sigan adoptando planes sin esperar la respuesta del Parlamento.

Van Bladel
Señor Presidente, Comisario, a partir de la iniciativa de la agenda transatlántica, se ha hecho visible la relación con Norteamérica. No obstante, constato que es insuficientemente concreta y el plan de acción puede mejorarla. Lamentablemente, se ha redactado el plan de acción sin ningún diálogo con el Parlamento Europeo, y por eso también apoyo la propuesta de la Sra. Mann de constituir una comisión paritaria del Congreso norteamericano y este Parlamento como último contrapeso democrático en la nueva relación.
Felicito, por cierto, a la Sra. Mann por la forma y el contenido de su informe. La nueva Asociación puede evitar que los conflictos comerciales bilaterales desemboquen en una amenaza de sanciones como en el caso de la política de plátanos de la UE. Sin embargo, echo en falta algunas cosas. Se abordan, a mi juicio, insuficientemente las diferencias entre los sectores audiovisuales. Los Estados Unidos se aprovechan en este aspecto del mercado europeo, mientras que por su parte no dejan ningún margen. Nosotros, como UE con tantas culturas preciosas, no podemos consentir eso en absoluto. ¡Es inaceptable!
Además, espero que el futuro diálogo político y económico incluya sobre todo la cuestión anti-dumping. La Sra. Peijs ya ha hablado sobre ello. Además, mi grupo parlamentario está muy a favor de mantener el «acquis communautaire» y sobre todo el mantenimiento de los servicios de interés general que tienen una gran influencia en nuestra unión social y económica. Esos aspectos no se pueden esconder debajo de la mesa.
Por último, Presidente, la Asociación contribuye a la creación de empleo. La Sra. Mann ya lo ha mencionado: Daimler Benz/Chrysler a ambos lados del océano. Espero, sin embargo, que esta iniciativa no sólo repercuta positivamente en los hechos puramente económicos, sino también en los valores y culturas que existen en la relación entre los Estados Unidos y Europa.

Herzog
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, una relación transatlántica de interés mutuo y positivo para las demás partes del planeta es una puesta política fundamental. Se requieren tres condiciones: tratar de conseguir intercambios más compatibles con el desarrollo sostenible y el bienestar social, respetar las solidaridades y los compromisos multilaterales, asegurar un verdadero control democrático.
Al rechazar los proyectos del AMI y del libre comercio transatlántico, varias naciones de Europa han hecho hincapié en estas exigencias y han manifestado su desaprobación hacia una cierta manera de tratar los asuntos exteriores. Necesitamos una Unión Europea más autónoma y más solidaria y pedimos a nuestros socios estadounidenses mayor lealtad hacia los compromisos suscritos. Los Estados Unidos vuelven a iniciar las tensiones comerciales y no respetan el compromiso de Londres sobre la cuestión de las leyes extraterritoriales. Debemos recordarles que el déficit masivo de la balanza de pagos de los Estados Unidos es indisociable de su privilegio de hacer financiar su crecimiento por los demás países.
El Parlamento Europeo se encuentra, pues, ante una contradicción: un nuevo impulso de la agresividad comercial estadounidense y la preocupación, por nuestra parte, de desarrollar el diálogo. Estas son las condiciones en las que sin duda alguna nos veremos en la necesidad de tomar otras iniciativas políticas. En lo inmediato, tomamos nota de la asociación económica transatlántica y del plan de acción. Nos alegramos del hecho de que no se trate de una recuperación del proyecto de Nuevo Mercado Transatlántico. Este proyecto era especialmente peligroso por su objetivo de libre intercambio en materia de servicios y porque privilegiaba la relación bilateral, con el riesgo de reprimir los progresos multilaterales.
Asimismo, estamos satisfechos de que algunas disposiciones previstas en el Proyecto de plan de acción hayan sido retiradas por el Consejo, en particular un acuerdo de stand still bilateral que habría congelado la evolución de las reglas comunitarias, satisfechos también de que el Consejo recupere su parte de control poniendo las negociaciones bilaterales bajo mandato.
Por último, queremos destacar la necesidad de desarrollar una nueva doctrina política de la Unión tanto con vistas a la subsistencia de las negociaciones como para el control democrático. Queremos discutir con los estadounidenses las futuras negociaciones en la OMC, sin embargo, ¿tuvo un impacto la Ronda de Uruguay? ¿Sabemos lo que queremos decir sobre los nuevos temas relativos a la sociedad y la regulación? No debemos, en esta asociación, preparar una base de acuerdo entre dos elefantes -Estados Unidos y Europa- antes del futuro milenio. El diálogo debe seguir siendo exploratorio y todavía nos queda por interrogar otros amigos.
En cuanto a las negociaciones bilaterales, deseamos discutir caso por caso. Es preciso defender el empleo y nuestras industrias, lo que exigiría fortalecer su solidaridad para llevar a cabo las negociaciones.
Por último, quiero destacar que nuestros procedimientos institucionales demuestran un déficit político y democrático. Pedimos que el Consejo, al igual que la Comisión, informe y consulte el Parlamento Europeo antes y durante el proceso de diálogo y de negociación. La consulta de la sociedad civil, hoy día inexistente, debe organizarse. A este respecto, corresponde al propio Parlamento Europeo desempeñar un papel importante en dirección de las empresas, los sindicatos, las asociaciones y nuestras opiniones públicas.

Kreissl-Dörfler
Señor Presidente, con objeto de disipar de entrada cualquier malentendido, sepan que nosotros concedemos una gran importancia a unas buenas relaciones con Estados Unidos. Pero no tal como usted las concibe, Sir Leon Brittan. A usted la preocupa sobre todo la supresión de las llamadas barreras comerciales, entre las cuales seguramente también incluye los derechos de participación política. En primavera sufrió un desaire del Consejo en relación con el Nuevo Mercado Transatlántico, ahora tenemos sobre la mesa una versión más modesta de la Asociación Económica Transatlántica, o sea, casi un AMI camuflado.
Sin embargo, ¿por qué habríamos de aplaudir un juego que se desarrolla a nuestras espaldas? El mandato para la negociación de la Asociación Económica Transatlántica ya se concedió hace tiempo. Nuestra Comisión sólo pudo examinarlo cuando ya se había votado. ¡Esto es absurdo! Pero todavía más absurdo es, en más de un aspecto, su contenido. No se menciona para nada la elaboración de programas comunes en favor de un desarrollo sostenible de la economía mundial, el compromiso en favor de una mejora de la calidad de vida, la reducción del consumo de recursos naturales, el fortalecimiento del sistema multilateral. Al contrario, Charline Barschifsky aclaró el 28 de julio qué es lo que realmente preocupa a Estados Unidos: los derechos de la industria americana, la aplicación de las leyes de patentes americanas, el quebrantamiento de los derechos europeos de salvaguardia en el ámbito de la biotecnología, los intereses empresariales de los productores de plátanos americano-estadounidenses, la Ley Helms-Burton, la introducción de la carne hormonada y los alimentos genéticamente modificados en las mesas europeas.
Usted, Sir Leon Brittan, sin duda preferiría sacrificar, de acuerdo con su filosofía liberal, las normas europeas y nacionales en el altar del libre comercio. En vez de dedicarse a maquinar continuamente nuevos proyectos, ¡tendría que hacer por fin sus deberes! Usted cedió en el caso de la Ley Helms-Burton, en vez de acudir a la OMC. El resultado ha sido que entre tanto Estados Unidos ha iniciado 5.911 procedimientos contra empresas europeas. Ahora, Estados Unidos se desentiende de la OMC y amenaza con incrementar un 100 % los aranceles sobre los productos europeos si la Unión Europea no cede frente a los intereses estadounidenses en el enfrentamiento por los plátanos. Desde el mes de septiembre, esperamos que nos dé una respuesta sobre el sistema ECHELON, ese inefable capítulo de las relaciones EU-EE.UU. en el ámbito de los servicios secretos. Los Verdes, en cualquier caso, no queremos que se vacíe de contenido en nombre del libre comercio un número cada vez mayor de leyes nacionales y europeas para la protección de los consumidores por las que ha sido necesario luchar esforzadamente. Sólo podremos votar afirmativamente el informe si se aceptan nuestras enmiendas.

Sainjon
Señor Presidente, naturalmente quiero felicitar a la Sra. Mann por su informe, que globalmente considero equilibrado. Evidentemente, esta nueva asociación es preferible a toda idea de mercado único entre la Unión Europea y los EE.UU., rechazada con toda razón por el Consejo, el pasado mes de abril. El plan de acción propuesto por la Comisión para entablar este diálogo es un marco en el que podrán desarrollarse las negociaciones en los próximos meses.
Por ejemplo, a mi juicio resulta esencial establecer una estrategia común entre la Unión Europea y los Estados Unidos con el fin de imponer normas sociales mínimas tanto a la OMC como a la OIT. Puede resultar provechoso discutir sobre los servicios o el comercio electrónico, a condición de que ello no menoscabe los intereses culturales de los Estados y pienso, claro está, en la industria audiovisual. La creación de un espacio económico mundial en el sector del comercio electrónico es, a mi juicio, totalmente prematuro, sobre todo cuando se conoce la posición hegemónica de los EE.UU. en Internet.
Por tanto, este marco debe fijar con toda claridad los límites de la discusión, tanto en el plano social y medioambiental, como cultural. Es verdad que ya existen planes de acción semejantes y sirven de plataforma de discusión entre la Unión y otros países tales como Canadá, Nueva Zelanda o el Japón, pero existe una diferencia fundamental entre estos países y los Estados Unidos: es que con ellos no negociamos con una pistola en la sien. En efecto, una vez más, los EE.UU. nos amenazan con infligir derechos de aduana del 100 %, lo que afectaría la existencia propiamente dicha de algunas de nuestras empresas. Como por casualidad, los productos citados proceden de los países de la Unión Europea que producen plátano.
Entonces, después de las famosas leyes Helms-Burton, los Estados Unidos vuelven a utilizar la política de la fortificación, y eso no podemos aceptarlo. No subestimemos el papel de las multinacionales estadounidenses detrás de la administración Clinton. Pienso en Chiquita tratándose de los plátanos, pero también pienso en las compañías petroleras estadounidenses que hacen presión para que se lleve a cabo el bombardeo de Irak.
Por ello, considero que esta idea de asociación debe ser congelada y pido a la Comisión que elabore, también ella, una lista de las medidas de represalia destinadas a determinadas empresas estadounidenses. ¡Dejemos de ser ingenuos! Si los estadounidenses desean quejarse, que lo hagan, pero ante la OMC, y deseamos que esta vez el órgano de resolución de los conflictos dicte un veredicto claro sobre el tema de los plátanos. Entretanto, mi Grupo considera que el informe de la Sra. Mann, por muy bueno que sea, debería ser devuelto a comisión.

Souchet
Señor Presidente, los últimos acontecimientos tienden a moderar de manera singular el tono optimista que inunda el informe de la Sra. Mann sobre el porvenir de las relaciones económicas transatlánticas. La propia ponente acaba de reconocerlo. Así, las amenazas absolutamente inadmisibles de retorsión comercial esgrimidas ilegalmente contra varios de nuestros Estados por el Congreso de EE.UU., fuera del procedimiento de la resolución de conflictos de la OMC en el marco del expediente «bananas», demuestran en nuestros socios una propensión irreprimible al unilateralismo, cuando todos saben que la supervivencia económica de regiones enteras de la Unión Europea, y en especial la de los territorios franceses de ultramar, dependen de la solución del conflicto relativo al plátano.
Además, el pasado 21 de octubre, el Congreso, adoptando una enmienda de circunstancia a la ley de finanzas, en el artículo 211, destinado a prohibir toda transacción relacionada con una famosa marca incautada, estableció una nueva disposición de alcance claramente extraterritorial. Esta disposición, destinada a bloquear el desarrollo comercial de la empresa Pernod-Ricard en el mercado estadounidense, constituye una demostración más de que los Estados Unidos, lejos de renunciar al unilateralismo, avanzan por el contrario en la vía de las sanciones de alcance extraterritorial.
Esta violación, que tiene lugar sólo seis meses después de la firma del acuerdo de Londres, lleva a interrogarse muy seriamente sobre la credibilidad de los compromisos negociados por la Comisión con nuestros socios estadounidenses, con mayor razón habida cuenta que el Congreso no parece dispuesto, por lo demás, a votar las derogaciones previstas por el acuerdo de Londres. Este acuerdo, sin embargo, no soluciona el fondo de la cuestión de las leyes estadounidenses de alcance extraterritorial. Y a este recurso se añaden los instrumentos unilaterales, que no pueden dejar de afectar el establecimiento de la Asociación Económica Transatlántica, la ausencia de progreso en las negociaciones sobre los mercados públicos y la propiedad intelectual, ámbitos esenciales para Europa, las posiciones divergentes sobre las futuras negociaciones multilaterales, así como la actitud de bloqueo mostrada por los Estados Unidos en la Conferencia de Buenos Aires, parece que la situación actual es sumamente preocupante y exige una gran firmeza de nuestra parte.
Esta firmeza, la percibimos bien a nivel del Consejo que, en el marco de la Asociación Económica Transatlántica, ha tratado de excluir el sector del audiovisual y desechar claramente el estatu quo en materia de servicios. Esperamos que la Comisión demuestre también esta firmeza. Quizás el Consejo experimente algunas inquietudes a este respecto, puesto que ha juzgado necesario precisar formalmente «que la Comisión no puede, sin el aval del Consejo, comprometer la posición de la Unión en las futuras negociaciones multilaterales comerciales, especialmente en los sectores del audiovisual».
Es lamentable, señor Presidente, que en los considerandos, la ponente se limite a deplorar la asimetría institucional y no mencione estas diferencias e importantes factores de inquietud que pueden pesar fuertemente, si no se tratan con suficiente firmeza del lado europeo, sobre el desarrollo de las relaciones comerciales con los Estados Unidos y el establecimiento de la asociación económica trasatlántica.

Martinez
Señor Presidente, Estados Unidos-Europa, es un viejo debate. Hoy día, lo recuperamos en un triple contexto, señor Comisario: el déficit comercial de los Estados Unidos, del que todos hablan; las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio, que son multilaterales y no se comprende por qué se habla de bilaterales, a menos que se traiga a la memoria el triste recuerdo de Blair House y de nuestro compañero Franz Andriessen, a principios de los años 1990; y por último, evidentemente, la tradición estadounidense de la política del big stick -con la agresión a Irak, el imperialismo en lo que toca al audiovisual, o el egoísmo en Río. Todo ello hace que se puedan tener dudas sobre la sinceridad de los Estados Unidos. Todos han mencionado -el Sr. Sainjon entre otros- el expediente del «plátano», los aranceles unilaterales del 100 %, las leyes Helms, Burton, Libia, Irán, Pernod-Ricard, etc.
Todo esto me lleva, señor Comisario, a formularle dos preguntas. Primera pregunta: la estrategia, el principio, la filosofía. ¿Son necesarias las negociaciones comerciales mundiales a la riqueza de las naciones? En 1994, se firmó el acuerdo del GATT. ¿Este acuerdo hizo la riqueza de Japón, Brasil, Corea, Tailandia? ¿Acaso el paro ha disminuido? En cambio, se ha rechazado el AMI, el acuerdo multilateral sobre la inversión. ¿Quién ha sufrido por ello? Nadie. La verdad, es que el comercio mundial, a pesar de la leyenda, sólo desempeña un papel residual. Tomemos el mercado de la carne bovina, entre otros. No representa ni siquiera el 10 % de nuestra producción. Y si tuviéramos una política distinta al artículo 104C del Tratado de Maastricht, otra política que la austeridad, el racionamiento, habríamos tenido una demanda interior que nos dispensaría de la simpleza de buscar salidas exteriores.
Segunda pregunta: ¿cómo puede tenerse una política comercial independiente cuando no se tiene una política exterior independiente, cuanto no se tiene una política militar independiente, cuando se tiene un comportamiento como el que se ha mostrado en Irak, el país del código Hammurabi, el país de Babilonia? Coincidí con el Sr. Tarek Aziz hace tres semanas, cuando formuló la siguiente pregunta: «Ofrezco a Europa los mejores yacimientos en el sur de Irak. ¿Por qué Europa no los acepta?» El Sr. Sainjon les ha dado la solución: cuando el mercado es mundial no se hacen negociaciones bilaterales. Somos un Parlamento, no somos mercaderes, no somos una cámara de comercio, somos representantes del pueblo.

Barón Crespo
Señor Presidente, tomo la palabra para apoyar expresamente el informe de la Sra. Mann. Dado que el debate se está centrando fundamentalmente en el clima en el que se plantea este informe -más que en el fondo-, quiero decir que puede parecer, en principio, que estamos ofreciendo una rama de olivo mientras que nuestros amigos estadounidenses desentierran el hacha de guerra. Y no creo que sea así, porque muchos de los argumentos que utilizamos en relación con el imperialismo norteamericano nos los podríamos haber aplicado en el pasado unos europeos a otros.
Pero creo que tenemos que dar un mensaje firme a nuestros amigos y aliados norteamericanos en dos sentidos: en primer lugar, que la asociación conocida con el nombre de Partenariado Transatlántico supone básicamente que compartimos la responsabilidad, no solamente bilateral sino multilateral, en un mundo globalizado, y que no estamos hablando solamente de comercio en este momento; se trata de comercio, pero también se trata de una responsabilidad compartida, y más aún en este momento, en relación con el mundo y sobre todo también con el contexto financiero, teniendo en cuenta que estamos hablando en vísperas del nacimiento del euro.
Creo que ese es el primer mensaje que tenemos que dar, y yo, desde luego, no he sido nunca partidario de colocarme sistemáticamente a la defensiva. Creo que los europeos tenemos muy buenas razones y muy buenos argumentos cuando afirmamos que un mercado y una relación tienen que ser algo civilizado y bilateral y no se pueden someter solamente a la ley de una parte, a un clima -si se puede citar en términos cinematográficos- de «Sólo ante el peligro» (High Noon ) en donde el sheriff es el que impone la ley solamente. Creo que somos y tenemos que ser dos socios en términos de igualdad.
La segunda preocupación -y creo que también tenemos que expresárselo muy claramente a nuestros amigos norteamericanos-es que nosotros no compartimos la visión unilateral y de managed trade -comercio administrado- que sostienen los Estados Unidos y que se manifiesta particularmente no sólo en la ley 301 y en la super 301 sino en leyes extraterritoriales -como la ley Helms-Burton y la ley D'Amato-, aparte de acciones que violan las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Creo que este informe refleja nuestra filosofía. Que tenemos que hacer más cosas es evidente. Lo primero que tenemos que hacer es coordinar, por ejemplo, a la Comisión, al Consejo y al Parlamento -que en este momento no están coordinados-. El Consejo, además de estar ausente, está tomando decisiones sin consultar al Parlamento. Y me parece que lo que tenemos que demostrar es esa capacidad de voluntad única que tienen los Estados Unidos. Y cuando seamos capaces de hacerlo seguro que nos escucharán.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, en primer lugar quiero agradecer a la Sra. Mann su informe, que cuenta con nuestro apoyo, y agradecer también los esfuerzos que con objeto de llevarnos lo mejor posible con el otro lado del Atlántico, está desarrollando el Comisario.
Desgraciadamente, la buena idea de la Agenda transatlántica se está quedando un poco en agua de borrajas desde que en abril el Consejo decidió tomar unas decisiones que tal vez nosotros no compartimos. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir don Enrique Barón respecto a que tenemos que llevarnos bien, todo lo bien que sea posible. Usted decía, señor Comisario, que quien tiene el poder no tiene el derecho. Pero con la nueva llegada del euro, con la evolución institucional de la Unión Europea, con la unión de los once países -que luego seremos más-, vamos a ver quién tiene el poder. En todo caso, el derecho tiene que residir en los órganos, que tenemos que saber utilizar para resolver los conflictos.
Como ha dicho la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, es importante intentar eliminar los obstáculos que existen y, desde luego, no estamos en la mejor situación. Las exportaciones asiáticas o el conflicto del plátano no son precisamente ejemplos que nos animen, pero tenemos que saber realizar acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, que sean compatibles con nuestro acervo comunitario, la PAC, el Convenio de Lomé, los acuerdos de asociación y de ampliación.
Sepa, señor Comisario, que este Parlamento le va a apoyar, para que nos podamos tratar de tú a tú con nuestros amigos americanos, hasta donde las normas del Derecho lo permitan, pero qué duda cabe que será necesario contar más con este Parlamento. En la medida en que este Parlamento pueda apoyar sus reivindicaciones, ustedes podrán negociar mejor, nosotros podremos negociar mejor. No es presentable que nuestras empresas tengan todavía problemas para acceder a la contratación pública en los Estados Unidos -y así una larga retahíla de problemas que no es momento de relatar pormenorizadamente.
Estamos de acuerdo con el informe, esperemos que haya fechas en los objetivos y que encontremos la forma de llevarnos lo mejor posible con los americanos.

Teverson
Señor Presidente, deseo centrarme sólo en un ámbito. He leído pocos informes -incluso de la Comisión- que estuvieran tan plagados de acrónimos de tres o cuatro letras. El único que falta es el de los OMG. Si existe un ámbito en el que las opiniones públicas estadounidense y europea discrepan al máximo, es precisamente éste. En la Unión Europea, los consumidores se resisten con firmeza a los alimentos modificados genéticamente y los Gobiernos de Luxemburgo y Austria están iniciando acciones en contra de la actual política europea. Por un lado, aumentan en los Estados Unidos los cultivos modificados genéticamente y la proporción de maíz que se cultiva actualmente en condiciones de MG es muy grande.
Luego está este valiente intento de eliminar las barreras comerciales entre estos dos grandes bloques comerciales. Mi pregunta al Comisario es la siguiente: en un mercado como el que usted propone, ¿cómo podemos proteger las preferencias de los ciudadanos europeos en los ámbitos de salud pública y medio ambiente, como ilustra el problema de los OMG?

Donnay
Señor Presidente, las relaciones que vinculan a los Estados Unidos con la Unión Europea son relaciones totalmente privilegiadas. Nosotros constituimos la primera relación comercial del mundo. Por tanto, el proyecto de la nueva Asociación Económica Trasatlántica conlleva grandes esperanzas para nuestras respectivas economías. Reafirma, en efecto, los objetivos de cooperación multilateral euroamericana.
Una economía mundializada nos impone este diálogo constante, pero la actualidad reciente me hace temer que esta asociación fortalecida, que hemos logrado al cabo de meses de trabajo y de negociación, no se vea comprometida si uno de los socios no aplica los principios que cimientan esta asociación.
Las amenazas de sanciones unilaterales que hacen pesar los Estados Unidos sobre los productos europeos, el plátano, la carne, resultan inquietantes para el porvenir. Deberá encontrarse una solución a este conflicto en el marco de la OMC, es decir a través de la vía legal multilateral.
En todo caso, la aplicación de sanciones unilaterales, de la parte de Estados Unidos, contra los productos europeos, sería inaceptable y perjudicaría gravemente la confianza y la cooperación que caracteriza nuestra relación.
Coincido con la ponente, cuyo excelente trabajo saludo aquí, e insisto en que el Parlamento participe o se le mantenga lo más informado posible sobre la evolución de las relaciones trasatlánticas. Por otra parte, me asocio plenamente a la propuesta de creación de un grupo interparlamentario EE.UU.-Europa.

Seppänen
Señor Presidente, el gobierno de izquierdas francés echó abajo el Acuerdo Multilateral de Inversiones en la OCDE por considerar que representaba una amenaza para su poder de decisión a nivel nacional en materia social, laboral y medioambiental. Desde aquí, gracias a Francia. El nuevo Partenariado Transatlántico adolece de los mismos problemas que el AMI. Como ya ha dicho acertadamente el Sr. Kreissl-Dörfler, el PT sustituye al AMI. Estamos asando siempre la carne en el mismo asador.
El libre comercio, que no proporciona libertad a las personas sino al mercado, ataca con frecuencia las estructuras de protección que se han erigido en defensa de los ciudadanos y de la naturaleza. Estas estructuras cumplen un buen cometido. Las fuerzas del mercado no asumen responsabilidades sociales o ecológicas. Por ejemplo, los puntos de vista de los consumidores americanos y europeos difieren de manera fundamental por lo que respecta a los productos alimenticios saludables. Nosotros no queremos comer carne hormonada. No queremos comer soja, maíz, patatas o cualquier otro producto estadounidense que haya sido manipulado genéticamente para resistir las sustancias tóxicas. El acuerdo sobre la aprobación recíproca de los productos constituye un problema particular: si se aprueba una vez, queda aprobado ya en todos los sitios.

Lannoye
Señor Presidente, quisiera formular varias observaciones. La primera, para extrañarme de que los Estados Unidos practiquen medidas unilaterales de represalias respecto a la Unión Europea. En el caso del plátano, es sumamente flagrante. Me extraña que nos mostremos sorprendidos, porque de hecho no es la primera vez. Los Estados Unidos practican este tipo de deporte desde hace mucho tiempo y, sin hacer aquí un antiamericanismo primario, recordemos al menos el gran expediente de la ley Helms-Burton en el que la Unión Europea adoptó una actitud extremadamente miedosa. Incluso retiramos nuestra queja ante la Organización Mundial del Comercio -en virtud de qué reglamento y de qué principio, lo ignoro- pero hay ahí una doble actitud. Intransigencia por un lado, molicie por otro. Por tanto, me parece que ya sería hora de acabar con este desequilibrio, con mayor razón -quisiera añadir de todos modos esta precisión- porque los Estados Unidos acaban de señalarse otra vez por su intransigencia en Buenos Aires, en donde echaron totalmente por la borda una conferencia absolutamente esencial para el porvenir del planeta.
Mi segunda observación se refiere a la implicación del Parlamento Europeo en el proceso que hoy nos ocupa. ¿Vamos a seguir dejando que se nos trate así durante meses? En cuanto a mí, yo no logro admitir que se persiga un blanco que no deja de moverse. Primero hubo el AMI, cuyo peligro creo, con otros, se logró alejar. Luego, el nuevo mercado trasatlántico, que rechaza el Consejo, y ahora se nos sirve la Asociación Económica Trasatlántica. Si observo lo que contiene este proyecto, yo no tengo la misma visión positiva que un determinado número de compañeros. Creo que se trata fundamentalmente de intensificar y extender la cooperación bilateral con los Estados Unidos, incluso si se añade, claro está, la dimensión multilateral. Y a este respecto, se trata de generalizar especialmente el principio del reconocimiento mutuo, lo que me parece sumamente peligroso, en ámbitos tales como la biotecnología, la calidad alimentaria, el medio ambiente y la protección social. Si el Parlamento acepta no intervenir desde el principio en este tipo de debate, creo que se ridiculiza y se desacredita ante la opinión pública.

Van Dam
Señor Presidente, nos podemos alegrar de la mejoría en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Vista la creciente tendencia a la globalización, es valioso tener una buena relación con los socios comerciales que tengan intereses comparables. La posición de los Estados miembros individuales es bastante débil en un sistema comercial multilateral, más aún desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio. Por esta razón, en este terreno hay una tarea para la Unión Europea, sobre todo cuando se trata de buscar socios comerciales parecidos. No obstante, quiero hacer algunas acotaciones al nuevo mercado transatlántico.
Con anterioridad en este año, el Parlamento adoptó una resolución sobre los aspectos de medio ambiente, de salud y de protección de los consumidores en el comercio mundial. Para el mercado transatlántico esos aspectos son de gran importancia. En la comunicación de la Comisión no se tiene esto suficientemente en cuenta. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Mann, que dice explícitamente que no se puede cambiar nada de la legislación europea en este ámbito.
Otra acotación que quiero hacer a la nueva Asociación Transatlántica, está relacionada con la posición de la Unión Europea en las organizaciones y acuerdos multilaterales. La posición de la Unión ha de seguir siendo independiente de los Estados Unidos, sobre todo si se trata del debate con y sobre los países en desarrollo. No me refiero en este caso a las denominadas preferencias del plátano que se mencionan en la enmienda 4. Para mí se trata de asegurarse de que el nuevo mercado transatlántico no le impedirá a la Unión Europea el esforzarse por un desarrollo sostenible y un reparto justo del bienestar en todo el mundo. El nuevo mercado transatlántico tampoco puede llevar a un aumento de las diferencias entre el norte y el sur. Lo mismo digo en cuanto a las otras iniciativas de cooperación entre los países desarrollados, como el acuerdo multilateral de inversiones.
Por último, pido que se preste atención a los temas culturales en la agenda transatlántica. En ese terreno hay importantes diferencias de enfoque entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Así por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea tienen otro sistema de protección de los derechos de propiedad. La respuesta a la pregunta de si hay que aplicar un arancel o no a la oferta de libros en Internet, no la pueden dictar los americanos. La identidad cultural de Europa no puede ser sacrificada por el libre mercado.

Blot
Señor Presidente, el informe de nuestra compañera se mantiene muy discreto sobre el carácter profundamente asimétrico de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Sin embargo, los ponentes de opinión -cuyos informes figuran en anexo- todos han hecho alusión a esta asimetría, es decir al efecto de dominación que los Estados Unidos ejerce sobre Europa de manera unilateral. Este efecto de dominación no es una invención. Ya fue objeto de una teoría, hace ya algunos años, del profesor François Perroux, en el Collège de France, en París.
Efectivamente, la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa se muestra totalmente muda a este respecto, cuando es quizás en materia de defensa y de armamento que Europa está sujeta, de la manera más grave que puede existir, al liderazgo estadounidense, hasta el punto incluso de aceptar la política de fortificación que los Estados Unidos practican actualmente en contra de un Estado europeo como Yugoslavia.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, por su parte, ha recordado muy oportunamente que los debates con los Estados Unidos sobre el mercado transatlántico debían respetar el acervo comunitario, especialmente el agrícola, los acuerdos de asociación y el Convenio de Lomé, lo que está muy lejos de quedar patente.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos recordó que el problema planteado por las leyes unilaterales Helms-Burton y Amato-Kennedy todavía no estaba resuelto. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales teme la pérdida de empleos agrícolas para Europa como corolario de estas negociaciones transatlánticas. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, en el punto 4 de su opinión, teme las discriminaciones en detrimento de la industria europea. La Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación, en el punto 5, precisa que los programas televisados europeos sólo representan el 2 % del mercado estadounidense y que la producción estadounidense domina totalmente este sector en Europa. Se trata realmente de un comercio unilateral en el que los europeos desempeñan el papel de «colonia sometida».
Por último, los Estados federados estadounidenses no siempre se sienten vinculados por los acuerdos firmados por Washington. Se han visto varios ejemplos, especialmente el del mercado de la construcción eléctrica, hace ya unos años.
Se ve bien, a través de estas observaciones, que Europa no es más que un satélite de los Estados Unidos y este informe debería haber tenido como verdadero objeto hablar de ello. Las negociaciones transatlánticas deberían tener como finalidad restaurar la igualdad. De ninguna manera se trata de ello. El proyecto de mercado transatlántico, tal como está, favorecerá un poco más la colonización de Europa por parte de las fuerzas económicas estadounidenses. Es preciso rechazarlo.

Kinnock, Glenys (PSE).
Señor Presidente, éste es un informe excelente, pero debo decir que lamento su yuxtaposición a la profunda preocupación que muchos de nosotros hemos expresado hoy aquí sobre la amenaza a nuestro régimen del plátano.
Señor Comisario Brittan, el viernes pasado le oí decir en la BBC que la actual disputa con los Estados Unidos no se debe realmente a los plátanos, sino a las normas del comercio y a la obligación de cumplirlas. Debo decir -y me consta que usted ya lo sabe- que los pobres agricultores del Caribe no estarán impresionados ante lo que podrían considerar un enfoque bastante tecnocrático. Están perplejos y asustados ante lo que ellos consideran un incesante y furioso ataque al régimen del plátano por parte de los Estados Unidos. Si deben cambiar de cultivo, como se les ha sugerido, es posible que -como usted mismo ha dicho-recurran al cultivo de drogas.
Por este motivo, los principios son muy importantes en este caso. Como usted acertadamente dijo hace unos minutos, lamentamos profundamente los intentos de intimidación haciendo alardes de fuerza por parte de los Estados Unidos y la amenaza de sanciones contra la Unión Europea, especialmente por no existir la menor amenaza para la economía de los Estados Unidos.
Hay una serie de preguntas que debemos hacernos. ¿Es probable que la disputa sea en torno a las normas; se trata de las hormonas en la carne de vacuno; o se trata de una recompensa de los Demócratas a los plátanos Chiquita? Los plátanos del Caribe que entran en el mercado europeo representan solamente el 7 % del mercado del plátano en la UE, y además, si esta disputa es acerca del artículo 13 de la OMC, existen otros acuerdos Norte-Sur que no encajan tan bien con el artículo 13. Espero que los Estados Unidos también reconozcan este punto.
Espero que éste sea el último acto de este drama del plátano, que dura ya tantos años. Hay que mostrarlo tal y como es. Espero que la Unión Europea se mantenga firme y diga que en este caso se trata de un asunto de moralidad, un asunto de obligación y responsabilidad con nuestros proveedores tradicionales del Caribe en particular. Espero que usted siga defendiendo lo que es realmente justo para la población del Caribe ante lo que todos percibimos como una actitud inaceptable de los Estados Unidos con respecto a la Unión Europea.

Valdivielso de Cué
Señor Presidente, no voy a repetir las cosas generales que ha dicho todo el mundo en relación con la calidad del informe, puesto que ha recogido todo lo importante -felicito por ello a la Sra. Mann-. Pero, por otra parte, echamos de menos la ausencia de mecanismos a fin de evitar acciones unilaterares por parte de Estados Unidos contrarias a la Organización Mundial del Comercio y que dañan las relaciones bilaterales. No quiero hablar de los plátanos. Ya ha hablado todo el mundo sobre ello.
Faltan también mecanismos que permitan llevar a cabo acciones convergentes de cara a terceros países, como es el caso de China y Japón. Han quedado fuera de la negociación temas tan importantes como la protección de las bases de datos, la protección de patentes, de los derechos de artista, etc. Echo de menos la liberalización de las telecomunicaciones internacionales, responsabilidad del producto, armonización de temas aduaneros y estandarización y simplificación de datos necesarios para el comercio.

Amadeo
Señor Presidente, estamos convencidos de que las relaciones transatlánticas pueden brindar una oportunidad a Europa sobre todo teniendo en cuenta las problemáticas todavía existentes. Problemas importantes si pensamos en los obstáculos de cara a los intercambios y a las inversiones, pero sobre todo si nos referimos al ámbito de la reglamentación y de las normas que constituye la mayor dificultad y que, desde siempre, ha sido la causa de los numerosos conflictos bilaterales que han surgido a lo largo de los años.
El nuevo mercado transatlántico, en definitiva, podría servir para proteger los intereses del consumidor con el objetivo declarado de suprimir en el año 2010 todos los impuestos que gravan los productos industriales gracias a los nuevos acuerdos negociados sobre la base del reconocimiento mutuo, los llamados MRA que, a nuestro entender, deberían reproducir el nivel de protección de los consumidores y de salvaguardia y de seguridad medioambiental que las normas de la Unión garantizan en el ámbito comunitario.

Porto
Señor Presidente, quisiera subrayar, en primer lugar, que seré siempre el primero en defender el estrechamiento de las vinculaciones con los Estados Unidos: se trata de los dos mayores bloques del mundo, con responsabilidades especiales. Creemos que, además de vinculaciones bilaterales que nos unan, deberíamos concertarnos y fortalecer los mecanismos multilaterales, dado que sólo en ese marco podremos tener en cuenta, además de los intereses de los Estados Unidos y de Europa, los de los países más pequeños.
Naturalmente, no puedo dejar de poner de relieve aquí el paso atrás que se ha dado en relación con la cuestión de los plátanos. Y aquí el aspecto particular que conviene subrayar es la desproporción entre las medidas adoptadas y las circunstancias de que se trata. Por lo que se refiere al plátano, resultan afectados los plátanos de Madeira -por lo que, como portugués, no puedo dejar de hablar de ello-, de las Canarias y de algunos países ACP. Se plantean problemas sociales para los que no hay una solución substitutiva. Si no hay un pequeño apoyo a la producción de plátanos, no es posible abordar otras opciones substitutivas.
Mis últimas palabra son para decir que se trata de un mal indicador: esperemos que no aparezcan otros, como ha temido, por lo demás, la ponente, Sra. Erika Mann, a la que felicito. Espero que se supere el problema y que se dé un fortalecimiento de la cooperación entre los Estados Unidos y Europa, de la cual resultarán -creo yo- beneficios para los dos espacios y para todo el mundo.

Elles
Deseo apoyar el excelente informe de la ponente, Sra. Mann, y la valiente propuesta presentada aquí hoy por nuestro Comisario, por tres razones.
En primer lugar, el AET nos brindará la posibilidad de encontrar un marco para tratar sobre asuntos multilaterales con los Estados Unidos. Todos los que participan en las negociaciones multilaterales saben que, a menos que la Unión Europea y los Estados Unidos estén realmente dispuestos, no habrá las negociaciones que esperamos en el nuevo milenio, como aquéllas para sentar las bases del Comercio Mundial. Ésta es la primera razón.
En segundo lugar, en términos de relaciones bilaterales, mirando a más largo plazo, queremos que se profundice en estas relaciones. No se trata de que los EE.UU. colonicen las decisiones europeas, se trata de una asociación que esté basada en amplios aspectos económicos que incluyan asuntos monetarios y algunos aspectos de seguridad, cuando sea ratificado el Tratado de Amsterdam.
El último argumento es que esto no funcionará, como ha dicho nuestra ponente, a menos que mantengamos un diálogo parlamentario -un diálogo legislativo-, porque los problemas que hemos tenido con Cuba, los problemas que tenemos respecto a los plátanos tienen su origen en el Congreso de los EE.UU., por lo que necesitamos un diálogo parlamentario basado en la igualdad, el equilibrio y la esencia, que garantice el éxito de esta importante iniciativa.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar a la Sra. Mann por su completo y fundado informe, y quisiera también expresar mi reconocimiento al Comisario Brittan por la claridad y por la firmeza con la que se ha manifestado en su declaración de la semana pasada y esta tarde en el hemiciclo.
Desgraciadamente, nuestros amigos y nuestros socios norteamericanos no entienden otro lenguaje que el de la firmeza y el de la contundencia. Es realmente muy curioso que, mientras el Consejo de la Unión Europea estaba aprobando la semana pasada el plan de acción con vistas a concluir la Asociación Económica Transatlántica, nuestros amigos de los Estados Unidos, haciendo tabla rasa de las reglas del juego y violando claramente los compromisos asumidos en el seno de la Organización Mundial de Comercio, nos sorprendan con una serie de medidas unilaterales.
Desgraciadamente, la experiencia nos demuestra que los Estados Unidos sólo toman a la Unión Europea en serio cuando actúa con firmeza, cuando actúa con claridad y cuando actúa con contundencia como, por ejemplo, cuando solicita la apertura de un panel en la Organización Mundial de Comercio con motivo de las leyes de efecto extraterritorial, como era el caso de la ley Helms-Burton. En cambio, no nos respetan cuando dejamos caducar el plazo.
Yo creo que, haciendo gala de una irresponsabilidad manifiesta, los Estados Unidos -como ha dicho el Sr. Brittan muy bien esta tarde- se han situado más allá del imperio de la ley y han hecho prevalecer o quieren -mejor dicho- hacer prevalecer la fuerza sobre el Derecho.
Yo creo, señor Presidente, que hemos desplegado en nuestra acción, en la acción de la Unión Europea respecto de las relaciones transatlánticas, grandes dosis de prudencia, de generosidad y de buena voluntad, y por eso, señor Presidente, creo que ha llegado el momento de que la Comisión actúe con las mismas armas y de que tengamos la capacidad de suspender las negociaciones hasta que el buen sentido y la razón se impongan.

El Presidente
Muchas gracias, señor Salafranca.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0705/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Ursula Stenzel (H-1048/98):
Asunto: BCE
A principios de 1999 comenzará la Unión Monetaria, y a partir de ese momento, el Consejo de Administración del BCE, que tendrá la misión de velar, como órgano independiente de la política, por la estabilidad monetaria interior, marcará el rumbo de la futura política de la Unión.
Las declaraciones del nuevo Gobierno de la RFA, según las cuales la política monetaria deberá servir más que en el pasado a los intereses del desarrollo general de la economía e impulsar el crecimiento y el empleo, son motivo de preocupación en este contexto. Precisamente la limitación de las atribuciones del BCE a la política monetaria es la que justifica la independencia de este órgano.
¿Cómo valora la Comisión la evolución más reciente? ¿Cuál es sobre este trasfondo el alcance de la propuesta de la Comisión de introducir en la valoración de los presupuestos nacionales con déficits excesivos una distinción más clara entre gastos de consumo público y gastos para inversiones? Tiene la palabra el Comisario Sr. Flynn para responder a la pregunta de la Sra. Stenzel.

Flynn
En su capacidad de guardián de los Tratados, la Comisión quisiera señalar que el artículo 107 del Tratado garantiza la independencia del BCE y de los bancos centrales nacionales en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan el Tratado y los Estatutos del SEBC. La Comisión quisiera recordar aquí que el objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios. El artículo 105 del Tratado añade que sin perjuicio del objetivo de estabilidad de precios, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con vistas a contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad recogidos en el artículo 2.
Estos objetivos son relativos, entre otras cosas, al fomento de un crecimiento sostenible y no inflacionista y a un alto nivel de empleo y de protección social. No existe ninguna necesidad de que la Comisión presente una nueva propuesta. De conformidad con el Tratado, la Comisión siempre se ha mantenido atenta a la proporción específica del gasto de inversión en los déficits generales de los gobiernos, como da fe la Recomendación de 25 de marzo de 1998 relativa a la cualificación de los Estados miembros para participar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.
La Comisión desearía señalar, no obstante, que el crecimiento sostenible no es posible sin una reducción de los déficits públicos, que la reducción de los déficits públicos no es incompatible con un nivel sostenido de inversión y que la regla de oro -a saber, que el déficit público debe ser menor que el volumen de la inversión pública- es un principio de la buena conducta fiscal. En este contexto, puedo comunicarles que la Comisión está preparando un informe sobre la estrategia económica, fiscal y de inversión para el Consejo Europeo de Viena, que seguirá al Consejo Europeo de Pörtschach.

Posselt
Señor Presidente, señor Comisario, yo sólo querría preguntarle si ya ha tenido noticia de la declaración realizada durante la Cumbre germano-francesa entre los Sres. Straus-Kahn y Lafontaine, donde se planteó este tema, y según la cual el llamado Pacto de Estabilidad quedaría en suspenso dentro de unos años. ¿Cuál es la posición de la Comisión en relación con este tema y en lo que se refiere a la autonomía del Banco Central Europeo en general? ¿Se requieren medidas de salvaguardia adicionales en este contexto?

Flynn
No dispongo de los detalles exactos relativos al asunto al que usted ha hecho referencia. Quizá sea mejor que mi colega, el Comisario de Silguy, responda por escrito a esta cuestión. Me limitaré a decir que la Comisión estaría encantada con un debate entre el BCE y los ministros de Finanzas. Esto es perfectamente comprensible, porque la independencia no significa necesariamente aislamiento. Estaré encantado en comunicar su opinión al Comisario de Silguy.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Robert J.E. Evans (H-1023/98):
Asunto: Reciprocidad en las ventajas concedidas a los jubilados en la UE
¿Está de acuerdo la Comisión en que los jubilados que viajan a otros países de la Unión Europea deberían poder beneficiarse de las mismas ventajas que se conceden a los jubilados del país que visitan, especialmente en lo que respecta a viajes y cuestiones culturales?
Uno de los ciudadanos de mi distrito electoral viajó recientemente a Italia y, tras ver que la entrada a un monumento era gratuita para los jubilados, solicitó dicho acceso gratuito. Para su sorpresa, el empleado le respondió que la medida se aplicaba únicamente a jubilados italianos.
Una tarjeta homologada para personas mayores de 60 años podría evitar este problema y garantizar que los jubilados se beneficien de las ventajas a que tienen derecho en toda la UE.
¿Puede decir la Comisión si se ha registrado algún progreso tras la Recomendación de la Comisión de 10 de mayo de 1989 (89/350/CEE Señor Flynn, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Evans.

Flynn
La Comisión está de acuerdo con la opinión de su Señoría de que es deseable que los jubilados que viajan a otros países de la Unión Europea puedan exigir las mismas concesiones discrecionales de que gozan los jubilados del Estado miembro al que viajan. Lamentablemente, la Comisión sabe que, en la práctica, no siempre se conceden libremente dichas concesiones discrecionales a los ciudadanos de un Estado miembro distinto del que las ofrece.
El Tribunal de Justicia ha examinado varias quejas de discriminación contra ciudadanos de otros Estados miembros como receptores de servicios, por ejemplo, poder acceder por una tarifa reducida o de forma gratuita a museos y otros edificios públicos y a reducciones en las tarifas de transporte. El Tribunal, basándose en el artículo 6 relativo a la discriminación por motivos de nacionalidad y en el artículo 59 sobre la libertad de proporcionar servicios, ha condenado firmemente las prácticas discriminatorias.
La Comisión seguirá atenta al fiel cumplimiento de los principios fundamentales del Derecho comunitario y, siempre que lo considere oportuno, recurrirá al Tribunal de Justicia. Asimismo, desde hace casi diez años, la Comisión negocia con los Estados miembros la introducción de una tarjeta que tenga validez en toda la Unión Europea para las personas de más de 60 años, como solicita la Recomendación de la Comisión de 10 de mayo de 1989.
Las dificultades de tipo práctico en una serie de Estados miembros han impedido la aplicación de dicha recomendación. De cara a impulsar este asunto, la Comisión apoyó un primer estudio de viabilidad sobre este asunto durante el Año Europeo de las personas de edad avanzada en 1993. En 1995, la Comisión lanzó un segundo estudio de viabilidad encaminado a actualizar y profundizar en el primero. Hemos recibido el informe final sobre este estudio y hemos enviado copias del mismo a los miembros del Eurogrupo en favor de las personas de edad avanzada del Parlamento Europeo. El informe también ha sido presentado a los miembros del grupo de enlace de las ONG que velan por los derechos de las personas de edad avanzada. Aún deberán examinarse y debatirse más a fondo las conclusiones y recomendaciones del informe con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros.

Evans
A pesar de que en la respuesta del Comisario existen motivos para el optimismo, también los hay para la inquietud. Es un aspecto importante de la construcción de la Europa de los ciudadanos, y cuando a los ciudadanos se les niega reducciones porque no son residentes de un Estado miembro en particular, resulta muy perjudicial para la imagen de Europa. El Comisario se ha referido a la recomendación de la Comisión de hace diez años, pero está tardando mucho. Es algo que merecería ser apoyado y que todos queremos que se haga realidad.
También estoy analizando una empresa similar, a saber, una tarjeta para los jóvenes europeos. Habida cuenta de que nada hace pensar que dentro de diez años no sigamos estudiando la cuestión de una tarjeta para personas mayores de 60 años, ¿puede el Comisario darme algún motivo para el optimismo en lo que respecta a la tarjeta de estudiante? Actualmente parece que estuviéramos retrocediendo tanto como avanzando.

Flynn
Señor Evans, yo no albergaría demasiadas esperanzas. Desde luego, no me impacientaría sobre esta cuestión. Lo vengo intentando desde hace varios años, sin demasiado éxito. Existen dos obstáculos principales para la tarjeta para personas de edad avanzada. La naturaleza, la forma y la administración difieren enormemente entre los Estados miembros. Toda la cuestión de la subsidiaridad y la proporcionalidad alzan la cabeza cada vez que intento avanzar en esta cuestión.
Algunos Estados miembros tienen un sistema de tarjeta, otros no. Las condiciones varían: en algunos Estados miembros, la edad por sí sola es suficiente, en otros, la edad se combina con los ingresos o incluso la residencia. La edad para la solicitud varía entre 58 y 67 años. Muchos Estados miembros tienen administraciones y servicios descentralizados y locales que tramitan la solicitud.
El segundo problema es el cambio constante del panorama. Hay mucha comercialización y privatización, especialmente en el transporte, y gran parte de la responsabilidad está en manos privadas y agencias semipúblicas.
Por ello, las cosas no han ido bien y me resulta extremadamente difícil llegar a un punto en el que podamos coordinar todo el sistema. Me gustaría pensar que es posible, pero como usted dice, hasta ahora ha resultado imposible y no veo demasiadas esperanzas para el futuro inmediato.

Truscott
Deseo agradecer al Comisario su respuesta a la pregunta del Sr. Evans. Ciertamente espero que el Comisario se plantee presentar propuestas detalladas para la introducción de una tarjeta para personas mayores de 60 años en un futuro previsible, incluso a pesar de las dificultades.
¿Desearía el Comisario aprovechar esta oportunidad para condenar la discriminación contra las personas de edad avanzada que se está extendiendo en toda la Unión Europea y que sigue siendo un problema importante?

Flynn
Sólo deseo decir que la Comisión ya ha anunciado su intención, en el Programa de acción social 1998-2000, de lanzar un debate sobre la utilidad del futuro artículo 13. El artículo 13 prevé una acción adecuada para combatir la discriminación por razones de sexo, raza y origen étnico, religión, creencia, discapacidad, edad y orientación sexual. Por tanto, estamos examinando la posibilidad de introducir legislación tan pronto como sea ratificado el Tratado.
Acabo de anunciar nuestra intención de presentar en el marco del programa una comunicación sobre los asuntos a los que han hecho referencia como parte de nuestra contribución al Año de las Naciones Unidas que se celebrará el próximo año. En ese momento tendremos ocasión de debatir más a fondo sobre esta cuestión.

White
Señor Flynn, si usted contiene la respiración durante demasiado tiempo se lesionará y puede que necesite la tarjeta sanitaria. No sé si se acordará de que hace algún tiempo, el Parlamento encabezó una iniciativa y yo le obsequié con un modelo de dicha tarjeta sanitaria, y usted me aseguró que intentaría su implantación. Me dijo que en la República de Irlanda se estaba estudiando la introducción de la tarjeta sanitaria. Puesto que mi colega el Sr. Evans se ha referido a ello, ¿qué progresos se han alcanzado en la introducción de la tarjeta sanitaria? Le recuerdo que una de las posibilidades que yo le sugerí era que en vez de aspirar a una versión de alta tecnología, podríamos contentarnos con algo parecido a la elegante E111.

Flynn
Como usted sabe, apoyé la introducción de dicha tarjeta. He pasado mucho tiempo intentando organizarlo. Ha resultado sumamente difícil, debido a las dificultades que le he expuesto, pero puede que avancemos algo. Quizá podría emprenderse más acción a nivel europeo para ayudar a mejorar el flujo de información. También podría ser de utilidad que se actualizaran los planes de concesión existentes e intentar fomentar la identificación y el intercambio de las mejores prácticas.
La Comisión podría plantearse apoyar la creación de un sitio Web para planes de concesión a las personas de edad avanzada en la Unión. No sé si usted piensa que podría ser de utilidad o no, pero sería un primer paso para salir de este estancamiento.

El Presidente
Pregunta nº 44 formulada por Bernie Malone (H-0925/98):
Asunto: Cancelación del Año contra la Violencia contra las Mujeres en 1999
Tengo entendido que, a instancias de los Estados miembros, se ha cancelado la celebración del Año contra la Violencia contra las Mujeres en 1999.
Dado que fue la propia Comisión quien pidió que 1999 fuese declarado Año contra la Violencia contra las Mujeres en una resolución de 1997, ¿puede el Sr. Comisario explicar por qué no está la Comisión suficientemente preparada, en cuestión de finanzas y de organización, para que pueda llevarse a cabo este proyecto? Damos la bienvenida a la Sra. Wulf-Mathies, a la que invito a que responda a la pregunta formulada por la Sra. Bernie Malone.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, el Parlamento comunicó demasiado tarde su deseo de convocar un Año Europeo contra la Violencia contra las Mujeres, sin tiempo suficiente para que la Comisión pudiera presentar una propuesta formal, garantizar una financiación adecuada y planificar detenidamente las actividades. No obstante, en un esfuerzo por responder a los deseos del Parlamento, la Comisión propuso una campaña sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Entre tanto, ya se han puesto en marcha las medidas, después de una reunión preparatoria que tuvo lugar en junio de 1998, todavía bajo la Presidencia británica.
Como resultado, del 1 al 4 de diciembre se celebrará, bajo la Presidencia austriaca, una primera conferencia sobre el papel de la policía en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Esta reunión se financiará en parte a través del programa DAPHNE. La primavera próxima se celebrará otra conferencia importante, organizada por la Comisión en colaboración con la Presidencia alemana. Entre otras cosas, está prevista la presentación de un informe con un análisis de las estadísticas relevantes procedentes de los Estados miembros. Expertos de todos los Estados miembros están elaborando en estos momentos dicho informe en colaboración con el Lobby Europeo de Mujeres. Este trabajo también se financia en el marco del programa DAPHNE.
La conferencia que clausurará la campaña se organizará en colaboración con la Presidencia finlandesa. La Comisión tiene prevista, además, una exposición y también varios seminarios. Por otra parte, también se propone elaborar y difundir material informativo, sobre todo con finalidades preventivas. Se ha pedido a los Estados miembros a que organicen actos en su propio país dirigidos a la opinión pública en general y también a las organizaciones no gubernamentales. La Comisión ha impulsado, además, la realización de una encuesta sobre este tema en los Estados miembros en el contexto del Eurobarómetro. Se prevé asimismo la elaboración de un informe con vistas a la conferencia de clausura en el que se recogerán todas las actividades desarrolladas o iniciadas en los Estados miembros durante la campaña. Acogeríamos con satisfacción que los países candidatos a la adhesión participasen también en dicha campaña.
No obstante, debo señalar, como una limitación, que la ejecución, características y alcance de las medidas vienen determinados por los recursos financieros y de personal que ustedes prevean para 1999. Por consiguiente, la Comisión sólo podrá adoptar una decisión definitiva sobre dicha campaña una vez que se haya aprobado definitivamente el Presupuesto general en diciembre de 1998.

Malone
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta.
Generalmente no presento preguntas, porque no me gusta perder el tiempo, pero este tema me interesa mucho. Estoy decepcionada porque no se ha podido avanzar. Me pregunto si el hecho de que usted no dispusiera de los recursos suficientes tiene algo que ver con el informe hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas, que dice que mucho trabajo está siendo dificultado por personas que trabajan con contratos temporales. Espero que no sea ése el motivo en este caso.
Sus planes son muy loables y la campaña y los argumentos que usted ha presentado son excelentes. Pero debemos también llevar la campaña a los colegios. La aportación educativa es muy importante.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, el problema de la tardía presentación de la propuesta sólo se planteó inicialmente por la necesidad de respetar determinados plazos para que el Consejo pueda adoptar las correspondientes decisiones y, en consecuencia, no llegamos a tiempo. Sin embargo, esto no guarda ninguna relación con las condiciones de contratación del personal de la Comisión. Ustedes ya conocen, no obstante, la Comunicación de la Comisión sobre un programa comunitario de acción a medio plazo de medidas de apoyo comunitario a las acciones de los Estados miembros en relación con la violencia contra los niños, jóvenes y mujeres. Dicho programa abarcaría los años 2000-2004 y sin duda tendría sentido que incluyese también su sugerencia en relación con las escuelas. Como usted sabe, una parte de dicha Comunicación y del programa de acción está dedicada a la concienciación. Estoy de acuerdo con usted en que ésta debe comenzar lo más pronto posible, con objeto de promover un estado de opinión y un nivel de información generales entre la población en cuyo marco la violencia contra las mujeres ya no sea aceptada y que a la vez permitan emprender acciones comunes.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Gerard Collins (H-1029/98):
Asunto: Apoyo de la UE a la adquisición de ordenadores para las escuelas
En la escuela primaria de Shanagolden en Limerik, Irlanda, se acaba de abrir una nueva sala de ordenadores con ocho ordenadores que permitirán a los profesores trabajar con los alumnos, incluyendo los alumnos que necesitan enseñanza especial, para profundizar su educación mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Esto se ha podido hacer gracias únicamente a diversas actividades de recaudación de fondos y a un préstamo sin intereses.
¿Podría la Comisión informar de las ayudas disponibles, si existe alguna, a nivel de la UE para la adquisición de ordenadores y/o el equipamiento de salas de ordenadores en los centros de enseñanza primaria y secundaria? Señora Wulf-Mathies, le propongo que responda usted a la pregunta del Sr. Collins.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la Comisión participa intensamente en los esfuerzos por mejorar el acceso de las escuelas europeas a las nuevas tecnologías de la información. Entre las acciones que ya se han puesto en marcha o que se están iniciando en estos momentos cabe citar, en particular, las siguientes. En primer lugar, el Plan de acción «Aprender en la sociedad de la información» tiene como objetivo la interconexión de las escuelas europeas, la formación del profesorado y el desarrollo de estrategias para la presentación de contenidos.
En segundo lugar, el equipo operativo «Software didáctico multimedios» agrupa las actividades didácticas de ocho programas comunitarios. En diciembre de 1996 se hizo pública una convocatoria conjunta sobre el tema de los materiales didácticos multimedios, en la que participan, principalmente, los programas SÓCRATES, LEONARDO DA VINCI, TEN y tres programas de investigación. Entre los 46 proyectos seleccionados, yo quisiera citar el titulado European Schoolnet , en el que colaboran los Ministerios de Educación de los Estados miembros. El programa SÓCRATES tiene como objetivo la colaboración europea en el ámbito de la educación y fomenta la cooperación en este ámbito, sobre todo en el marco de la acción relativa a la educación abierta y la educación a distancia. La propuesta del programa SÓCRATES II prevé una nueva acción destinada a promover la utilización crítica y responsable de las tecnologías de la información en los centros de enseñanza primaria, secundaria y postsecundaria.
Finalmente, existen numerosas acciones de investigación y desarrollo tecnológico dentro de diferentes programas, que permiten desarrollar una estructura y los medios para su utilización, crear nuevas herramientas de trabajo, como por ejemplo, simulaciones o aulas virtuales, y promover la educación abierta y a distancia.
La Comunidad financia la producción de instalaciones destinadas a las escuelas, sobre todo en el marco de los Presupuestos de los Estados miembros o de los municipios, en aplicación del principio de subsidiariedad. Las regiones subvencionables en el marco de los Fondos estructurales reciben recursos financieros adicionales de los diferentes Fondos, que también han financiado en parte los correspondientes equipos informáticos para los centros de formación profesional y formación continua en Irlanda.

El Presidente
Muchas gracias, señora Wulf-Mathies. El Sr. Gerard Collins se siente satisfecho con su respuesta.
Pregunta nº 46 formulada por Marie-Paule (Mimi) Kestelijn-Sierens (H-0968/98):
Asunto: Autorización de la incineradora de Drogenbos contraria a la normativa europea
El 21 de noviembre de 1997, el Ministerio flamenco de Medio Ambiente expidió una autorización para la construcción de una incineradora en Drogenbos (Brabante flamenco). La construcción de esta incineradora infringe, entre otros aspectos, el principio de proximidad, el principio de prevención y lo dispuesto en las Directivas 80/779/CEE Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Kestelijn-Sierens.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, la Comisión está investigando en estos momentos varias quejas en relación con la incineradora de Drogenbos, a la cual se refiere la pregunta. A raíz de estas quejas, los servicios de la Comisión solicitaron información al Gobierno belga a finales de agosto. La Comisión está examinando ahora la respuesta de las autoridades belgas competentes. Si la investigación en curso confirma que se ha infringido la legislación ambiental comunitaria, la Comisión decidirá si corresponde iniciar un procedimiento por infracción de los Tratados, de conformidad con el artículo 169.

Kestelijn-Sierens
Señora Comisaria, le doy las gracias por su respuesta pero, concretamente, me gustaría saber para cuándo se puede esperar una decisión de la Comisión. Porque se trata aquí de un problema muy importante que requiere la máxima prioridad, dado que se trata de la construcción de una incineradora en un núcleo de un millón y medio de personas donde ya se han alcanzado los valores límite en relación con la concentración de partículas y cadmio. Me gustaría insistir en que la Comisión investigue esta cuestión con la máxima prioridad. Tal vez usted pueda decirnos en qué plazo tomará la Comisión una decisión.

Wulf-Mathies
Señoría, somos conscientes de que se trata de un tema delicado. Por esto solicitamos información al Gobierno belga, información que recibimos en octubre. Yo le ruego que no me pida que le diga ahora exactamente cuánto tiempo puede requerir el examen de la misma. Somos conscientes, no obstante, de que se trata de un problema que preocupa a los habitantes de la zona y, por consiguiente, tienen derecho a que determinemos lo más pronto posible si ha habido o no una infracción de las normas ambientales.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por John Joseph McCartin (H-0945/98):
Asunto: Empresas de colaboración local en Irlanda
¿Es consciente la Comisión de la preocupación que existe en empresas de colaboración en Irlanda (financiadas en el marco del Programa operativo para el desarrollo local urbano y rural y, más concretamente, del subprograma para el desarrollo integrado de zonas desfavorecidas y de otras zonas) a la vista de que el programa correspondiente va a ser interrumpido bruscamente justo cuando acaba de empezar a funcionar (no fue operativo hasta 1996)?
Dada la importancia de la lucha contra las situaciones de desventaja a través de los esfuerzos de las comunidades locales, ¿asumirá la Comisión el compromiso e incluir este programa en los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales? Señora Wulf-Mathies, la invito a que responda a la pregunta del Sr. McCartin.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, la preocupación de las empresas de colaboración que usted señala es injustificada a nuestro parecer. La Comisión no tiene intención de redefinir el programa ni de reducir los fondos. Al contrario, a la vista de los informes del comité de seguimiento del Programa operativo para el desarrollo local urbano y rural, la Comisión tiene el convencimiento de que las empresas de colaboración podrán asignar antes de finales de 1999 a distintos proyectos la totalidad de los fondos disponibles en el marco del Programa TAI II.
La Comisión acogería con satisfacción que las autoridades nacionales incluyan en su Plan de Desarrollo Regional propuestas que permitan continuar apoyando el desarrollo integrado en el marco de la planificación de programas para la próxima fase de planificación. La Comisión valora los progresos conseguidos en el fomento del desarrollo socioeconómico local y la compensación de las situaciones de desventaja en el marco del programa actual y está abierta a recibir propuestas que permitan seguir apoyando en el futuro el desarrollo local y especialmente la lucha contra la exclusión social.

McCartin
Gracias, señora Comisaria, por su respuesta tan completa. Lo que me preocupa no es este año o el próximo, sino el nuevo programa que comienza en el año 2000. Éste no comenzó con el actual programa de los Fondos estructurales, porque se produjo un retraso en la puesta en marcha, especialmente en Irlanda.
En estos momentos, la gente está aprendiendo en qué consiste poner en marcha su programa, y ahora le preocupa que pueda interrumpirse cuando finalice 1999. ¿Seguirá usted presentando propuestas para que se mantenga en el siguiente programa, de manera que dispongamos de otros seis años?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, yo comprendo esa preocupación. En relación con el primer punto, antes de finales de 1999 sólo tienen que haberse ejecutado todos los créditos de compromiso, lo cual significa que la financiación de las medidas podrá prolongarse durante el año 2000.
En relación con el segundo punto, la Comisión tiene interés, por principio, en seguir subvencionando las asociaciones de cooperación locales en el próximo período de programación. Pero sería anticiparnos demasiado asegurar ahora, antes de saber qué programas va a proponer el Gobierno irlandés, que éstos también se incluirán en posteriores programas. No obstante, dada la gran importancia que otorgamos a las iniciativas locales, y sobre todo a las iniciativas locales de empleo, en las nuevas propuestas para la reforma de los Fondos estructurales, yo doy por sentado que será un objetivo común poder seguir apoyando en el futuro dichas medidas u otras análogas como parte de un programa.

El Presidente
Pregunta nº 48 formulada por Konstantinos Hatzidakis (H-0973/98):
Asunto: Fallos técnicos en la aplicación del Marco Comunitario de Apoyo griego
Según informaciones recientemente publicadas en Grecia, una gran parte de las obras realizadas, sobre todo de construcción de carreteras, dentro del Segundo Marco Comunitario de Apoyo para Grecia, cofinanciadas con créditos del presupuesto comunitario, muestran deficiencias técnicas y no se atienen, en general, a las disposiciones comunitarias.
Estos datos salieron a la luz tras la publicación del informe correspondiente del Consejo Especial de Control de Calidad, constituido por el Estado griego, según el cual, en todas las obras de carreteras, de cualquier categoría, que habían sido objeto de inspección, se comprobó la existencia de deficiencias técnicas en proporciones que oscilaban entre el 26 % y el 95 %. Esta cuestión resulta especialmente grave tanto por la gran cantidad de fallos como porque a ellos se debe, en gran medida, el gran número de accidentes de tráfico y muertes en Grecia.
Teniendo en cuenta que dichas obras se realizan con fondos comunitarios, ¿puede decir la Comisión si considera natural una proporción tan elevada de deficiencias técnicas, comparado con cuanto sucede en otros países, dónde se localizan las responsabilidades correspondientes y qué piensa hacer para poner fin a esta situación inaceptable? Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Hatzidakis.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señor Hatzidakis, de conformidad con el Derecho comunitario vigente, la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los Fondos estructurales es de la exclusiva responsabilidad de los Estados miembros, es decir que, de conformidad con la legislación vigente, los Estados miembros deben garantizar que se cumplan las normas de calidad. La supervisión de los trabajos está sujeta, por consiguiente, a las disposiciones legislativas nacionales. Cuando se aprobó el Marco Comunitario de Apoyo para Grecia para el período 1994-1999, el Gobierno griego se comprometió ante la Comisión a adoptar medidas de apoyo que permitieran superar las deficiencias crónicas en las obras públicas registradas en el pasado. Este era un aspecto importante para la Comisión, sobre todo habida cuenta del gran aumento del número de nuevos proyectos.
Como parte de dichas medidas, se debía encargar a un consultor especial independiente el control de calidad de los proyectos cofinanciados por la Comunidad. El primer informe trimestral de dicho organismo, el ESPEL, constata efectivamente que persiste el problema de la calidad. Los controles al azar que se han realizado todavía no permiten señalar, sin embargo, proyectos concretos. El Comité Mixto Permanente, en el que también participan representantes de la Comisión, propuso en consecuencia -y las autoridades griegas lo aceptaron- que a partir del 1 de julio de 1998 el controlador de calidad no realice controles al azar, sino sistemáticos y exhaustivos.
Los resultados de este segundo control de ESPEL deben presentarse dentro de dos días, o sea, el 19 de noviembre, en la próxima reunión del Comité de Control del Marco Comunitario de Apoyo. Sólo entonces sea posible identificar los proyectos concretos que presentan deficiencias de calidad y señalar las responsabilidades, para lo cual se considerarán fundamentalmente tres categorías, a saber: proyectos con deficiencias secundarias, que deberán ser subsanadas por las empresas; proyectos con deficiencias considerables que no afecten a la seguridad -de la circulación, por ejemplo-, pero que ocasionen considerables costes de mantenimiento. Dichos costes adicionales deberán descontarse de los pagos a las correspondientes empresas. Los proyectos de la tercera categoría, con graves deficiencias que no puedan subsanarse, deberán ser modificados por las empresas a sus propias expensas.
La Comisión no dispone de datos que permitan comparar los problemas de calidad registrados en los distintos Estados miembros. Sin embargo, acogemos con satisfacción la intensificación de los controles de calidad independientes en Grecia y mantenemos un estrecho contacto con las autoridades griegas. La Comisión examinará los resultados del segundo control de ESPEL y seguirá detenidamente, junto con los responsables, las posteriores actuaciones para subsanar las deficiencias de los proyectos.

Hatzidakis
Señor Presidente, no se qué decir antes puesto que el tema es muy amplio como para un minuto. Señora Comisaria, le digo que realmente, mientras que usted sabe que todos los diputados al Parlamento Europeo luchamos por nuestras regiones y por la correcta aplicación del Segundo Marco Comunitario de Apoyo para conseguir más dinero para el próximo paquete Santer, aquí no hay una utilización correcta de este dinero y eso es lo que denunciamos. Es un escándalo. Tengo los datos, que se han publicado, del segundo trimestre del informe del Consejo Especial de Control de Calidad, según los cuales se observan obras fuera de los estándares en porcentajes muy elevados: calidad de material inerte de hormigón 77 %, calidad de material inerte de subbase 91 %, calidad de material inerte de base 95 % y así sucesivamente. Es un escándalo, señora Comisaria, y sinceramente esperaba una contestación más clara. En una pregunta escrita que le hice hace poco sobre las obras Patras-Atenas-Salónica me contestó que no se han reparado las obras a pesar de que lo había solicitado y que el retraso era intranquilizador. Quiero, entonces, que me diga en concreto qué están dispuestos a hacer con el gobierno griego, así como qué es lo que ocurre en otros países, ya que ha mencionado que tiene datos comparativos. ¿Hay transgresiones, hay tales problemas del orden del 95 % en otros países? Sinceramente, le pediría una respuesta más concreta, puesto que se trata de un tema de prioridad absoluta para mi país.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, no dispongo de datos sobre los demás Estados miembros, pero usted ciertamente ya sabe que procuramos impulsar desde hace años una mejora del procedimiento de licitación de los contratos públicos y, como también ya sabe, la reforma de la contratación pública requiere modificaciones legislativas que, en un procedimiento democrático, tienen que ser aprobadas en un parlamento. Por consiguiente, todo ha sido mucho más lento de lo que nosotros también considerábamos adecuado. Sin embargo, en este momento avanzamos por buen camino para poder obtener datos realmente seguros. Sería bueno que todos -usted, desde su responsabilidad como diputado, y nosotros, desde la nuestra como Comisión- esperemos hasta que se haya reunido el Comité de seguimiento y hayamos podido evaluar allí los resultados de la última investigación.

Trakatellis
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quisiera saber de qué obras estamos hablando exactamente, quiénes son los promotores y quiénes eran los responsables de los distintos servicios del Estado griego que debían supervisar estas obras. Es imposible enterarse de detalles concretos. Segundo, quisiera pedirle que me dijese qué procesos se han emprendido para sancionar penalmente los incumplimientos, porque en una respuesta que usted me dio por escrito mencionaba que sobrevendrían sanciones penales, pero no me he enterado de ningún proceso relativo. ¿Tiene en mente algo sobre el tema? Tercero, si son realidad estos incumplimientos tan graves, ¿se pedirá la devolución del dinero? Es decir, ¿existe la posibilidad de que mi país tenga que devolver cantidades de dinero a la Unión Europea y a la Comisión?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, procuraré hacerlo con mucho gusto. Ya acabo de señalar que se ha iniciado una investigación muy concreta, cuyos resultados se tendrán que examinar en la reunión del Comité de seguimiento. Yo les ruego que comprendan que no quiera anticiparme ahora a los resultados de dicha reunión. Sin embargo, he expuesto claramente cuáles serán las consecuencias en el caso de que pueda demostrarse inequívocamente alguna deficiencia. La Comisión no impone estas exigencias a las empresas, sino que es el Estado miembro el que debe cumplirlas, puesto que el control es de su competencia. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la tarea de gobierno de un Estado miembro y tampoco queremos hacerlo.
No sólo debemos tener presente el principio de subsidiariedad, sino también la necesidad de un reparto de competencias; no obstante, es evidente que las consecuencias que deben extraerse se discutirán en los órganos conjuntos, tanto en el Comité de seguimiento, en el que participa la Comisión, como en el citado Comité Mixto, que se creó precisamente porque constatamos que la licitación pública funcionaba de manera poco satisfactoria. Como resultado del presente debate en el Parlamento, yo me comprometo gustosa a recomendarle a nuestro representante en el Comité de seguimiento que, además de informarse detenidamente sobre los problemas concretos que se han detectado, también vele por que éstos tengan las debidas consecuencias financieras para las empresas y evidentemente también consecuencias penales si es necesario o si se desprenden directamente de la situación. Pero primero tengo que conocer los hechos antes de empezar a citar normas penales.
En este sentido, el presente debate será un nuevo acicate para que los representantes de la Comisión actúen en consecuencia en la reunión del Comité de seguimiento del 19 de noviembre.

El Presidente
Pregunta nº 49 formulada por Glenys E. Kinnock (H-0980/98):
Asunto: Calendario para las negociaciones relativas a los Fondos estructurales
¿Puede facilitar la Comisión detalles sobre el calendario de las negociaciones todavía pendientes relativas a los reglamentos sobre los Fondos estructurales así como el periodo probable de las negociaciones programadas entre la Comisión y los Estados miembros en lo que respecta a Objetivo 1 y Objetivo 2? Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta de la Sra. Kinnock.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, el calendario de las negociaciones sobre las intervenciones estructurales para la nueva fase de programación depende esencialmente, como es natural, de la fecha en la que se aprueben los nuevos reglamentos de los Fondos estructurales. El Consejo Europeo de Cardiff declaró, en relación con este tema, que en marzo de 1999 como muy tarde se tenía que haber alcanzado un acuerdo político sobre el paquete global. La Comisión ha tomado nota con satisfacción de que la Presidencia alemana del Consejo se propone cumplir el calendario de Cardiff, tal como anunció el Canciller Schröder en su declaración gubernamental del 10 de octubre. Si así se hace, el Parlamento podría aprobar antes de que finalice la presente legislatura la propuesta para la adopción de un reglamento por el que se establezcan las disposiciones generales relativas a los Fondos estructurales. La adopción definitiva del reglamento podría tener lugar en tal caso en mayo de 1999.
De conformidad con la propuesta de la Comisión, inmediatamente después de la adopción del reglamento se establecería la lista de las regiones del Objetivo 1. Tomando en consideración los plazos necesarios para elaborar los Planes de Desarrollo Regional y para la negociación de los Marcos Comunitarios de Apoyo, la Comisión podría adoptar, por lo tanto, las decisiones sobre la participación de los Fondos en el marco del Objetivo 1 en el curso del primer trimestre del año 2000.
En el caso del Objetivo 2, la Comisión podría aprobar la lista de regiones subvencionables en el tercer trimestre de 1999, puesto que en este caso el proceso de discusión será más largo, debido también, entre otras cosas, a la flexibilidad que se ha introducido.
La Comisión podría presentar en el tercer trimestre del año 2000 los documentos de la programación para el objetivo 2 y adoptar las decisiones sobre la participación de los Fondos. Un requisito previo es, sin embargo, que el Parlamento apruebe los reglamentos en la presente legislatura, esto es, antes de mayo, y que todas las decisiones posteriores -puesto que a continuación todavía será preciso concretar las cosas- se adopten también sin demora. Por esto yo creo que es en verdad muy importante que el Parlamento y el Consejo emitan una señal clara de que también están dispuestos a cumplir este calendario. Yo espero que el Parlamento al menos así lo haga mañana en el debate en primera lectura de la reforma de los Fondos estructurales. Pueden tener la seguridad de que la Comisión tiene el máximo interés en insistir para que todos cumplan también sus compromisos en la práctica, a fin de que las regiones que necesitan nuestra ayuda no se vean afectadas por un retraso en la adopción de las decisiones.

Kinnock, Glenys (PSE).
Gracias, señora Comisaria, por la respuesta tan exhaustiva. ¿Podría indicarnos, señora Comisaria, qué fórmula aplicará la Comisión en la asignación de los recursos de los Fondos estructurales a las zonas de Objetivo 1 para el período comprendido entre 2000 y 2006? En un afán de transparencia -y no estoy insinuando ni mucho menos que la Comisión no busque siempre la transparencia en estas cuestiones-, ¿nos haría la Comisión el favor de hacer pública la fórmula que se propone adoptar?

Wulf-Mathies
Responderé con mucho gusto a su pregunta, puesto que de hecho coincidimos en lo que se refiere al tema fundamental de la transparencia. Nosotros desearíamos que quede claro que las bases de cálculo y los indicadores son transparentes e inteligibles para todos. Por esto, en estos momentos estamos preparando una comunicación que remitiremos al Consejo y, a continuación, naturalmente también a la Comisión parlamentaria competente.

Lindqvist (ELDR).
Tengo dos preguntas complementarias sobre este tema. La primera se trata del Objetivo 6. Quisiera saber cuánto han avanzado las discusiones sobre el Objetivo 6 para Suecia y Finlandia, asunto que se trató en relación con las negociaciones de adhesión en 1992. ¿ Se traspasarán los criterios de entonces, y que todavía valen, sin modificaciones al Objetivo 1?
La segunda es que creo que sería favorable que hubiésemos definido lo de los Fondos estructurales en los países miembros antes de la elección al Parlamento Europeo, en junio del próximo año, de modo que no haya dudas respecto de ellos. Sería provechoso tanto para nosotros como para la ciudadanía que se dé una respuesta, si es posible darla. Por este motivo, quisiera saber qué opina la Comisaria al respecto.

Wulf-Mathies
Como usted ya sabe, los posibles retrasos no dependen de la Comisión y yo todavía confío en que si todos hacemos un esfuerzo conseguiremos completar las deliberaciones sobre los Fondos estructurales para el mes de mayo, o sea, antes de que ustedes inicien la campaña electoral. La Comisión ya presentó sus propuestas en marzo de este año y, por lo tanto, se hubiesen podido alcanzar resultados más concretos si hubiese existido la voluntad de lograrlo. Esto depende, sin embargo, del Consejo y yo espero que al final éste acabe cumpliendo sus decisiones de Cardiff.
En lo que se refiere al Objetivo 6, se mantienen los principios establecidos para Finlandia y Suecia y que también figuran en el Tratado de adhesión de ambos países, con una excepción, a saber, que una región de Finlandia pasa a ser una región del Objetivo 1 propiamente dicha y, por lo tanto, mejorará su situación. No obstante, como ya he señalado, esta es la propuesta de la Comisión, que todavía tiene que ser aprobada por el Consejo y el Parlamento.

El Presidente
Pregunta nº 50 formulada por Reinhard Rack (H-1011/98):
Asunto: Contenidos futuros de la iniciativa comunitaria INTERREG
En el caso de los nuevos objetivos 1, 2 y 3 ya se han perfilado muy concretamente los detalles de las futuras condiciones marco. Muy distinta es la situación en el caso de las iniciativas comunitarias. A tal respecto se plantean las cuestiones siguientes: ¿Cuáles serán los puntos centrales de la futura iniciativa INTERREG? ¿Será uno de esos puntos la ayuda a las regiones situadas en las fronteras exteriores de la UE, tal como ha exigido por gran mayoría el Parlamento Europeo? ¿Qué tipo de medidas considera la Comisión que son dignas de apoyo en el marco de la ayuda a las regiones situadas en las fronteras de la UE con los países de la Europa Central y Oriental? Señora Wulf-Mathies, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Rack.

Wulf-Mathies
Señor presidente, Señoría, la Comisión ha propuesto que se mantenga y se refuerce la iniciativa comunitaria INTERREG. En opinión de la Comisión, ésta debería comprender en el futuro tres formas de cooperación.
En primer ligar, la cooperación entre regiones transfronterizas vecinas con vistas a desarrollar espacios económicos y sociales transfronterizos más cohesionados y una cooperación transfronteriza más estrecha también en otros aspectos. En segundo lugar, la cooperación transnacional entre las autoridades regionales y nacionales con vistas a promover la integración económica de las zonas periféricas, a reforzar la integración europea y a intensificar la cooperación en el ámbito de la ordenación del territorio. En tercer lugar, la cooperación interregional con vistas al intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como para fomentar la transferencia de conocimientos técnicos entre las regiones en cuestión.
Como usted ya sabe, en el marco de INTERREG sólo se pueden financiar medidas en los Estados miembros. Las medidas de INTERREG en las regiones fronterizas están vinculadas, sin embargo, a los países candidatos a la adhesión a través de las medidas transfronterizas del programa PHARE, en cuyo marco se financia la cooperación transfronteriza en los países que participan en dicho programa. Entre éstas figuran una serie de medidas en ámbitos como la cooperación económica, la protección del medio ambiente, las infraestructuras. Las políticas dirigidas a las pequeñas y medianas empresas, el turismo y otros.
La Comisión ha puesto en marcha una reforma del Reglamento que regula la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE. El objetivo de la misma es mejorar la eficacia de la cooperación transfronteriza y reforzar el carácter transfronterizo de las medidas a través de estructuras y programas comunes. En lo que se refiere al tipo de medidas, se propone equiparar las normas para la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE a los procedimientos de INTERREG, con objeto de facilitar una auténtica cooperación transfronteriza y transformar -por decirlo así- el instrumento de la cooperación transfronteriza en el marco de PHARE en un primer instrumento de aproximación a INTERREG previo a la adhesión, de manera que también pueda realizarse en común el aprendizaje de esta forma de cooperación transfronteriza.

Rack
Señora Comisaria, lo que usted acaba de resumir en su respuesta indica que ya hemos avanzado mucho y, sobre todo, también en la dirección adecuada en relación con este tema, que es importante para las regiones, pero también para usted, en su calidad de Comisaria competente. La pregunta que, naturalmente, se plantea siempre en este contexto es ¿cuánto? INTERREG era hasta ahora una iniciativa comunitaria entre un total de 15 y, por consiguiente, los recursos asignados no podían ser generosos o al menos no lo fueron durante el anterior período de subvención. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro período de subvención, si es que ya es posible preverlo?

Wulf-Mathies
Señor Presidente, Señoría, los recursos se ampliarán en cualquier caso, puesto que como usted sabe INTERREG dejará de ser en el futuro una iniciativa entre un total de 13 y, de conformidad con la propuesta de la Comisión -y en este sentido yo sólo puedo instar al Parlamento a que se oponga a que se desflequen las iniciativas comunitarias-, pasará a ser una de tres. Por otra parte, la Comisión siempre ha defendido hasta ahora que INTERREG debe ser la más importante de las tres, lo cual podría significar que alrededor de un 50 % de los recursos destinados a iniciativas comunitarias -esto es, la mitad del 5 % del pastel total que corresponde al conjunto de las iniciativas comunitarias- serían para INTERREG.
Sin embargo, para ello es necesario, en primer lugar, que los Estados miembros acepten el porcentaje del 5 %. En estos momentos esto todavía se está discutiendo en el Consejo. Y en segundo lugar, que nos opongamos a los intentos de añadir nuevas iniciativas, pues es evidente que ello obligaría automáticamente a destinar recursos a un mayor número de iniciativas, lo cual también tendría consecuencias financieras negativas para INTERREG.

El Presidente
Señorías, con esta pregunta, la del Sr. Rack, hemos agotado el tiempo correspondiente al bloque de preguntas dirigidas a la Comisaria Sra. Monika Wulf-Mathies. Le agradecemos su presencia aquí.
Al haberse agotado el tiempo asignado al bloque de preguntas dirigidas a la Comisaria Wulf-Mathies, la pregunta nº 51 formulada por el Sr. Schröder se contestará por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 52 formulada por José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0923/98):
Asunto: Relaciones Estados Unidos-Cuba
¿Ha tenido conocimiento la Comisión de la carta dirigida por la Sra. Albright, Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos, de fecha de 3 de agosto y publicada en diversos medios de comunicación, al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Sr. Helms?
¿Piensa la Comisión reaccionar o tomar posición alguna al respecto?
¿Piensa la Comisión que la interpretación que la Secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos hace de los términos de las Declaraciones de 18 de mayo se corresponde con el espíritu y con las manifestaciones hechas ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo por el Comisario responsable en el mes de mayo?
¿Coincide la Comisión en la apreciación de que este acuerdo constituye una extraordinaria reafirmación de los principios que inspiran la Libertad Act? Le damos la bienvenida al Sr. Brittan y le invitamos a que responda a la pregunta del Sr. Salafranca.

Brittan, Sir Leon
La Comisión tiene conocimiento de la carta de la Secretaria de Estado Albright al Senador Helms relativa al acuerdo sobre las disciplinas en materia de inversión. Hemos tratado sobre ello con la Secretaria Albright durante la reunión ministerial celebrada en Viena en septiembre, y la Comisión le comunicó que había varias partes de la carta que la Comisión no habría escrito. La Comisión no cree que sea deseable ni de utilidad centrarse en las diferencias en la presentación del acuerdo sobre las disciplinas en materia de inversión. El texto del acuerdo es detallado y explícito. Es un texto que respetaremos y aplicaremos cuando se conceda una renuncia relativa a la Ley Helms-Burton.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Comisario, me gustaría profundizar en dos aspectos en los que le pediría la máxima precisión.
En su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa de este Parlamento, al día siguiente del Consejo de Asuntos Generales en el que se tomó nota de los términos de la declaración en la Cumbre Transatlántica sobre las leyes de efecto extraterritorial y, en concreto, sobre la ley Helms-Burton, usted dijo que si los Estados Unidos no cumplían su parte -y me refiero en concreto a la modificación del título IV- esos acuerdos decaerían. Y no excluyó usted la posibilidad, en ese caso, de resucitar de alguna manera la reclamación ante las instancias de la Organización Mundial de Comercio.
La pregunta que yo le quisiera formular, señor Comisario, es la siguiente: ¿cuál es el plazo que la Comisión considera razonable para considerar si los Estados Unidos han efectuado la modificación del título IV de la ley? ¿El período del mandato del Presidente Clinton? ¿El período del mandato de la presente Comisión? ¿El período del mandato, quizás, del próximo Presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es el mandato que consideran?
Segundo aspecto, señor Comisario. Me gustaría que nos confirmase si, en el curso de su última visita a Washington, tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, el senador Gilman, y con el congresista Bob Menéndez, y me gustaría que nos confirmase si es cierto que le pidieron que se posicionase usted -o la Comisión Europea- por escrito sobre los términos de esa carta de la Sra. Albright al senador Helms. Y me gustaría saber, señor Comisario, si ha recibido usted alguna comunicación del Congreso de los Estados Unidos sobre este particular, pidiendo un posicionamiento de la Comisión, en concreto sobre los términos de esta carta.

Brittan, Sir Leon.
La situación es que no cumpliremos nuestra parte del acuerdo si los Estados Unidos no cumplen la suya. No hemos fijado ningún plazo. Sí he celebrado una serie de reuniones con líderes del Congreso, incluido el Sr. Gilman, durante un reciente viaje a los Estados Unidos, en las que he expuesto nuestra posición, y los Estados Unidos parecen estar más dispuestos a entenderla. Las razones principales por las que no nos hemos preocupado de fijar un plazo se deben a que, por el momento, en virtud del acuerdo, los Estados Unidos no están adoptando ninguna acción contra ninguna empresa europea en virtud del Título 3 ni del Título 4, y han indicado que no sólo obtendrá Total un acuerdo de renuncia, sino que además todo aquel que invierta en Irán en condiciones comparables obtendrá una renuncia similar. Los Estados Unidos se limitan a no aplicar la ley y nosotros no estamos sujetos a la misma.

Newens
A pesar de que el Comisario nos ha comunicado que los Estados Unidos no están aplicando actualmente la Ley Helms-Burton en algunos supuestos, ¿tiene conocimiento el Comisario de que muchos empresarios europeos se sienten intimidados y se niegan a correr el riesgo de incurrir en contingencias en virtud del Título 3 y Título 4 de la ley y los que mantienen relaciones comerciales con los Estados Unidos, han preferido limitar sus relaciones con Cuba o suprimirlas por completo?
En estas circunstancias, ¿no llegará el día en que, a pesar de que no se ha fijado ningún plazo, deberán emprenderse medidas adicionales para proteger a los empresarios europeos de los efectos de esta situación?

Brittan, Sir Leon.
Los empresarios parecen sentirse muy bien protegidos por el acuerdo que tenemos, porque, al parecer, están llegando a Cuba en gran número.

El Presidente
Pregunta nº 53 formulada por Jonas Sjöstedt (H-0976/98):
Asunto: Negociaciones sobre el AMI
Se han reanudado las negociaciones sobe el AMI en el seno de la OCDE. El proyecto de acuerdo que se negoció en primavera ha sido muy criticado, especialmente por el Parlamento Europeo. ¿Qué cambios desearía la Comisión que se introdujeran en el acuerdo en relación con el proyecto que se negoció la pasada primavera? Tiene usted la palabra, señor Brittan, para responder a la pregunta del Sr. Sjöstedt.

Brittan, Sir Leon
Ésta es, naturalmente, una cuestión complicada. Desde que fue presentada, hice una declaración de la Comisión el 20 de octubre. Dicha declaración sigue siendo válida respecto a la situación actual, y me gustaría remitirle a la misma.

Sjöstedt
Doy las gracias de todo corazón al Comisario por esta respuesta no demasiado larga. Mi pregunta es parcialmente carente de actualidad, puesto que fue formulada antes de que llegase la feliz noticia del gobierno francés sobre su retiro de las negociaciones del AMI.
Ahora parece probable que habrá nuevas negociaciones en el seno de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Entonces pregunto si la posición de la Comisión es que las propuestas de acuerdo que se negociaron en el marco de la OCDE, con sus contenidos, sean el punto de partida para las negociaciones en la OMC o si se entiende que se empieza desde una mesa totalmente limpia en la que rigen nuevas condiciones para las negociaciones.

Brittan, Sir Leon.
Como he explicado en el debate, la situación es que estamos a favor de un acuerdo en la OCDE. Las negociaciones aún no han finalizado, pero sinceramente, he manifestado que las perspectivas no son buenas. Si hubiéramos alcanzado un acuerdo en la OCDE, o si lo alcanzamos, me parece a mí que es un buen preludio para la negociación en la OMC, que aún no ha sido acordada, pero nos hemos pronunciado a favor. Si no hay acuerdo en la OCDE, sigo pensando que lo acertado es iniciar negociaciones en la OMC. Ésta es pues la vía que defenderemos, independientemente de lo que suceda en la OCDE.

El Presidente
Pregunta nº 54 formulada por Richard Stuart Howitt (H-1031/98):
Asunto: La Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo Multilateral de Inversiones
Teniendo en cuenta las recientes acciones del Gobierno francés, ¿piensa apoyar la Comisión el traslado de las conversaciones sobre el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) del ámbito de la OCDE al de la Organización Mundial del Comercio (OMC)? ¿Piensa la Comisión asegurarse de que se dé el mismo peso a las responsabilidades de los inversores, derivadas de este acuerdo, que a los derechos frente a los Estados nacionales? Tiene usted la palabra, señor Brittan, para responder a la pregunta del Sr. Howitt.

Brittan, Sir Leon
Como he dicho en el debate al que he hecho referencia en la respuesta a la pregunta anterior, siempre he creído que la OMC es el mejor lugar, a largo plazo, para crear un marco previsible de normas de inversión. Me alegra que hayamos podido dar los primeros pasos por ese camino en la reunión ministerial que la OMC celebró en Singapur. Es importante que en la reunión del próximo otoño continuemos presionando a favor de la negociación y de un posterior acuerdo sobre la inversión en la OMC. Mientras tanto, se han celebrado negociaciones sobre el AMI en el marco de la OCDE. Hemos participado en dichas negociaciones, pero las posibilidades de concluirlas con éxito no parecen muy prometedoras en estos momentos. Por ello debemos plantearnos cuál sería el mejor modo de avanzar ahora para resolver la situación y conseguir poner en marcha las negociaciones en el marco de la OMC en cualquier caso.

Howitt
Podría pedir al Presidente en ejercicio que comentara la segunda parte de mi pregunta, en particular, la necesidad de incluir normas reglamentarias vinculantes, especialmente en los ámbitos de mano de obra, medio ambiente, incentivos a la inversión y prácticas comerciales restrictivas, en cualquier acuerdo multilateral sobre la inversión, junto con los derechos de los inversores. Me complace mucho que el Gobierno británico, como informaba el Guardian en su edición de 13 de noviembre, haya dicho que los ministros han decidido que el camino a seguir pasa por la inclusión de las normas laborales y los intereses ambientales desde el inicio. Espero que la Comisión defienda esta posición en sus contactos con la OMC.
También quisiera preguntar al Comisario si puede garantizar que, en lo relativo a la OMC, se realiza una consulta plena a la sociedad civil y las ONG y que los temas laborales están siendo tenidos en cuenta.

Brittan, Sir Leon.
No ha habido ningún acuerdo acerca de que deba celebrarse una negociación en la OMC. Tengo grandes esperanzas de que la celebremos, pero existe varios países en desarrollo están poniendo una fuerte resistencia. Por tanto, sería prematuro hablar sobre la naturaleza de nuestro mandato negociador para unas negociaciones que, en estos momentos, no existen. La respuesta rápida es que por el momento no hay, pero que la habrá en su momento. En cuanto a la consulta a la sociedad civil, ésta es de enorme importancia. La Comisión organizó ayer en Bruselas una reunión multitudinaria con representantes de un gran número de ONG, así como otros interesados, sobre toda la gama de negociaciones en el seno de la OMC.

El Presidente
Dado que el Sr. Barton no está presente, la pregunta nº 55 decae.
Pregunta nº 56 formulada por David Robert Bowe (H-1034/98):
Asunto: Acero
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión como respuesta a la reciente sentencia del tribunal estatal de Ohio, EE.UU., destinada directamente a impedir la entrada de acero extranjero en dicho Estado en concreto, medida que parece infringir la legislación estadounidense e internacional? Señor Brittan, tiene usted la palabra para responder a la pregunta del Sr. Bowe.

Brittan, Sir Leon
El 27 de octubre, un productor de acero con sede en Ohio interpuso una demanda ante el Tribunal Estatal de Ohio por un caso de competencia desleal a raíz de unas importaciones de acero a bajo precio en aquel Estado. La demanda perseguía la imposición de restricciones a las importaciones en el Estado por parte de varias empresas comerciales, así como de productores de acero rusos y japoneses. Se trata de una acción muy inusual por parte del sector del acero norteamericano, que ya había presentado quejas en materia de antidumping y en contra de la concesión de subvenciones a nivel federal en respuesta a la crisis del Sudeste asiático y de Rusia.
El 17 de noviembre de 1998, sin embargo, el Tribunal Estatal de Ohio, que tenía el caso pendiente, desestimó la demanda presentada por la empresa de Ohio. Aparentemente, el juez decidió que el demandante no tenía derecho a reparación en virtud de la ley estatal. La Comisión se mantiene atenta a la evolución del caso, ya que puede perfectamente haber un intento de buscar reparación ante un tribunal federal.

Bowe
Gracias, señor Comisario, por la respuesta que me ha parecido muy interesante. Quisiera también informarle sobre algunos hechos más recientes. En la publicación del sector del acero The Metal Bulletin de 12 de noviembre se informaba de que ejecutivos del sector y representantes de los sindicatos se reunieron hace unos días con el Presidente Clinton para impulsar su causa a favor de la protección excepcional contra las importaciones de acero. A pesar de que la noticia dice que aún no se ha tomado ninguna decisión, las empresas están presionando en favor de una modificación del nivel de perjuicio de la denominada cláusula de salvaguarda del mercado 201, lo que facilitaría a los estadounidenses el cierre de su mercado a las importaciones al tiempo que se mantienen dentro del reglamento de la OMC.
Si el Gobierno estadounidense cede ante este tipo de presiones, ¿qué medidas se propone adoptar la Unión Europea -y la Comisión en particular- para proteger sus acerías?

Brittan, Sir Leon.
No sería prudente especular sobre lo que haríamos en un supuesto caso, pero puedo decirle una cosa. Ciertamente desearíamos asegurarnos de que los Estados Unidos actúan de conformidad con el reglamento de la OMC. En lo que respecta a Europa, he recibido la visita de representantes de EUROFER y me han hecho saber que presentarán una queja alegando que en el sector del acero se han producido casos de dumping y, posiblemente, otras prácticas comerciales ilegales. Si recibimos dicha queja, naturalmente la estudiaremos muy seriamente. Pero deberá seguirse el procedimiento adecuado, y no puedo comenzar a prever cuál sería el resultado.

El Presidente
Pregunta nº 57 formulada por Graham R. Watson (H-1035/98):
Asunto: Relaciones China-Taiwán
¿Qué conversaciones ha mantenido recientemente la Comisión con las autoridades chinas sobre las relaciones de China con Taiwán? Señor Brittan, le invito a que responda usted a la pregunta del Sr. Watson.

Brittan, Sir Leon
El último contacto que hemos mantenido con los chinos sobre el tema de Taiwán fue en julio de 1998, cuando el Subdirector General de la Comisión en la DG I, Sr. Gérard Depayre, explicó a un enviado de la misión china a la UE el contenido y la finalidad de nuestro acuerdo bilateral relativo al acceso al mercado en el marco de la OMC, que yo mismo firmé -el Acta de las negociaciones- con el Ministro taiwanés Sr. Wang en Bruselas el 23 de julio. Desde esa fecha no ha habido ningún contacto oficial con las autoridades chinas sobre la cuestión de Taiwán.
Nosotros no reconocemos a Taiwán como una nación soberana separada, sino como un territorio aduanero separado con el que mantenemos relaciones económicas y comerciales cada vez más intensas. Atribuimos una gran importancia a nuestras relaciones económicas y comerciales con China y también con Taiwán, por lo que debemos poder tratar sobre dichas relaciones cómo y cuándo lo estimemos oportuno.

Watson
Le ruego que me permita declarar un interés. La semana pasada viajé a Taiwán en compañía de un grupo formado por otros diputados a este Parlamento pertenecientes a diferentes países y grupos políticos a raíz de la invitación del Ministerio de Asuntos Exteriores en calidad de observadores de su campaña electoral. En 1995 encabecé un grupo similar. Taiwán es una democracia libre y abierta. Ha realizado enormes avances en pos de la democracia. En el ámbito comercial ocupa el 14 lugar del mundo. Gracias a que es una democracia libre y abierta con una economía transparente ha conseguido salir airosa de los disturbios financieros.
¿No estaría dispuesto a reconocer, señor Comisario, que Taiwán es un baluarte para la democracia en la región y que el aislamiento de Taiwán es cada vez más anómalo? ¿Está dispuesta la Comisión a apoyar la pronta entrada de Taiwán en la OMC, así como un fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea y la República China?

Brittan, Sir Leon.
Señor Watson, usted conoce la posición oficial de la Comisión y de los Estados miembros con respecto a Taiwán. Nuestros lazos con Taiwán son muy fuertes, pero son económicos y comerciales. En tales circunstancias, considero que no sería apropiado que yo hiciera comentarios sobre acontecimientos políticos en Taiwán.
Pero quisiera decir, respecto a otros aspectos a los que usted ha hecho referencia, que estamos negociando de buena fe y con bastante éxito con Taiwán su ingreso en la OMC. Hemos hecho buenos progresos en la cuestión de acceso al mercado. Hay otros aspectos que aún deben ser tenidos en cuenta. Negociaremos con Taiwán sobre estos otros aspectos sin pérdida de tiempo e intentaremos alcanzar un acuerdo aceptable mutuamente.
En un plano más general, en lo relativo a las relaciones económicas y comerciales con Taiwán, estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Es un territorio que ha alcanzado un enorme éxito económico, incluso en el contexto de los actuales problemas de Asia. Existe un gran potencial para desarrollar aún más las relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea.

El Presidente
Pregunta nº 58 formulada por Paul Rübig (H-0924/98):
Asunto: Directiva relativa al reconocimiento de diplomas y discriminación de los gabinetes técnicos de ingenieros
En la primera y segunda directivas relativas al reconocimiento de diplomas se reglamenta el acceso al ejercicio de la profesión, en particular las titulaciones que dan derecho en un Estado miembro de la UE al ejercicio de una profesión reglamentada. Pero bajo el concepto de «diploma» no se entienden únicamente las titulaciones universitarias y escolares sino también toda una serie de titulaciones y certificados de formación que, por ejemplo en Austria, permiten el ejercicio de una profesión reglamentada.
Algunos Estados miembros -por ejemplo Italia- interpretan muy restrictivamente la Directiva. Por ejemplo, para la autorización de gabinetes técnicos de ingenieros únicamente se admiten titulaciones universitarias o de escuelas superiores. Tal práctica lleva incluso, a emprender procedimientos penales contra ciudadanos austriacos por un supuesto intrusismo profesional. ¿Cómo proyecta la Comisión hacer frente a esta eventual discriminación de los gabinetes técnicos en el ejercicio de la profesión en el mercado interior? Damos la bienvenida al Comisario Sr. Monti y le invito a que responda a la pregunta del Sr. Rübig.

Monti
Como ha señalado el Sr. Rübig, según las Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE, un diploma no incluye únicamente un título de estudio sino también elementos de experiencia profesional y/o un examen profesional. Las Directivas relativas al sistema general de reconocimiento de diplomas no prevén una coordinación de la formación ni un reconocimiento automático de las aptitudes profesionales. Le corresponde a cada uno de los Estados miembros determinar los requisitos para el ejercicio de una profesión o actividad profesional en el ámbito de su territorio nacional. Italia, por tanto, tiene derecho a reservar el ejercicio de la actividad profesional en los gabinetes técnicos de ingenieros a los titulares de diplomas universitarios y de enseñanza superior.
El tratamiento de los profesionales de otros Estados miembros debe ser igual al reservado a los ciudadanos italianos. La violación de las normas en vigor en cada uno de los Estados miembros puede dar lugar a emprender procedimientos penales, siempre y cuando las posibles condenas sean proporcionales a la gravedad de la infracción.
Los ciudadanos austriacos que pretenden ejercer su actividad en los gabinetes técnicos de ingenieros en Italia, tienen que presentar una solicitud en este sentido a las autoridades competentes. En el caso de apreciarse una diferencia significativa entre los requisitos previstos en la ley italiana y los requeridos a los ciudadanos austriacos para el ejercicio de dicha actividad, las autoridades italianas pueden imponer una medida compensatoria a elección del ciudadano austriaco que puede consistir, por ejemplo, en un período de aprendizaje o en una prueba de aptitud. Si, como parece, los profesionales austriacos poseen sólo un diploma de grado inferior al previsto en la Directiva 92/51/CEE, las autoridades italianas tienen la facultad de pedir, siempre y en todo caso, la aplicación de una medida compensatoria. En virtud de lo que acabo de decir, se deduce que la postura general de las autoridades italianas no va en contra de las normas del Derecho comunitario. Puedo añadir que, al igual que en otros campos, si surgieran problemas en algún caso específico, la Comisión está dispuesta a examinarlos para comprobar su conformidad con el Derecho comunitario.

Rübig
Señor Presidente, en la práctica resulta que un ingeniero puede prestar un servicio en Austria, que cumple los requisitos del mercado, y si presta el mismo servicio en Italia o en otro país, entonces éste ya no se considera lícito. ¿Cómo se proponen abordar en el futuro estos problemas que constituyen, de hecho, un obstáculo para el mercado interior?

Monti
Aquí la distinción importante es la que estableció la Cumbre de Fontainebleau en 1984. En efecto, a partir de la Cumbre de Fontainebleau, el enfoque sectorial de carácter vertical -es decir, directivas específicas- para profesiones y actividades específicas se ha sustituido por un enfoque general de carácter horizontal, o sea, por un sistema general basado en el reconocimiento semiautomático de las cualificaciones sin una armonización previa de los sistemas de educación y de formación.
En general, la Comisión no considera conveniente proponer nuevas directivas específicas y, por tanto, en estos casos, el país de acogida tiene derecho a reservar el ejercicio de una determinada actividad a los titulares de títulos universitarios y de enseñanza superior y además -como acabo de recordar- el ciudadano procedente de otro Estado miembro puede elegir entre someterse a una prueba de aptitud o a un período de aprendizaje. La alternativa a este sistema debería consistir en una reglamentación extremadamente detallada que se considera apropiada para determinadas actividades laborales y profesionales específicas y no para otras.

El Presidente
Pregunta nº 59 formulada por Antonios Trakatellis (H-0940/98):
Asunto: Decisión sobre la denuncia relativa al metro de Salónica y a la aplicación de la legislación comunitaria sobre contratos públicos
Cuatro años prácticamente después de la inclusión del proyecto «Metro de Salónica» en el pilar «Mejora de las condiciones de vida» del II MCA (1994-1999) para Grecia y casi dos años después del recurso presentado a la Comisión por violación de la legislación comunitaria sobre contratos públicos, el único efecto práctico ha sido la transferencia de 26 millones de ecus de los 60, 7 millones de la contribución comunitaria global. Según las informaciones transmitidas por la Comisión en junio, ésta se ha pronunciado sobre el recurso otorgando un mandato al Comisario, Sr. Monti.
¿Puede indicar la Comisión si ha adoptado una decisión definitiva sobre el recurso presentado y cuál ha sido ésta, y en caso afirmativo puede indicar si el proceso puede volver a examinarse a la luz de los nuevos datos? En caso afirmativo, ¿cómo podría la Comisión garantizar un reexamen rápido del expediente si se considera que han sido necesarios 18 meses para publicar su decisión sobre el recurso anteriormente citado?
Dado que el Ministerio griego de Obras Públicas ha declarado que el contrato había sido firmado, ¿pueden iniciarse los trabajos sin correr el riesgo de que haya que suspenderlos por contestación del contrato? ¿Se ha detectado en el examen de este recurso alguna falta en la aplicación de las directivas comunitarias sobre contratos públicos en esta obra y, en caso afirmativo, cómo garantizará la Comisión, en el futuro, la aplicación de la normativa vigente? Señor Monti, le invito a usted a que responda a la pregunta del Sr. Trakatellis.

Monti
La Comisión desea informar al Sr. Trakatellis que, en virtud de la Decisión H/98/3262 de 27 de agosto de 1998, ha archivado el expediente relativo al asunto del metro de Salónica, ya que no ha apreciado violación alguna de los principios de igualdad de tratamiento. Las autoridades griegas competentes fueron informadas de ello mediante carta de fecha 8 de septiembre de 1998. Antes de tomar la decisión de archivar el asunto, la Comisión solicitó y obtuvo de las autoridades griegas garantías de que los futuros procedimientos de adjudicación, en particular los relacionados con contratos de envergadura similar, se elaborarán y aplicarán con el máximo cuidado a fin de evitar las dificultades y los retrasos surgidos en el procedimiento de adjudicación del metro de Salónica.
La Comisión señala que, como suele ocurrir, en caso de disponer de nuevos datos respecto a una infracción de la legislación comunitaria, podrá adoptar la decisión de incoar un expediente de control de la legalidad. Los datos recibidos hasta la fecha, sin embargo, no justifican dicha actuación. Suponiendo que en el futuro se encontraran motivos fundados para seguir el procedimiento, lo que hasta este momento, repito, no ocurre, el tiempo necesario para que la Comisión examine los nuevos datos resultará, sin duda, mucho más corto, puesto que ya se han realizado todos los estudios acerca del fondo del asunto.
Por último, en cuanto al efectivo estado del proyecto, la Comisión estima que las autoridades griegas competentes son las que deben responder con carácter exclusivo de cualesquiera ulteriores progresos.

Trakatellis
Señor Comisario, muchísimas gracias por su respuesta. Por favor, en primer lugar querría que me dijera lo siguiente: ya ha dicho que, si hay nuevos datos, evidentemente del contrato que va a firmar el Estado griego con el concesionario, se puede emprender un nuevo recurso ante la Comisión. Le pregunto, pues: en el caso de que se emprenda este recurso, ¿pueden empezar las obras y se pueden efectuar desembolsos o deberemos esperar la decisión de la Comisión y después empezar las obras? Segundo, señor Monti, dado que ustedes y el gobierno griego han mantenido correspondencia; para que el control parlamentario sea perfecto, quisiera una copia, por lo menos, de su carta al gobierno griego, porque se trata de un problema de transparencia. Finalmente, el tiempo transcurre inexorablemente, señor Comisario, hacia la conclusión del Segundo Marco Comunitario. ¿pueden empezar las obras y hacerse desembolsos hasta entonces?

Monti
Deseo asimismo señalar al Sr. Trakatellis que, como acabo de decir, existe siempre la posibilidad de seguir el procedimiento en caso de disponer de nuevos datos acerca de un asunto. Reitero que en este caso no encontramos en los datos recibidos hasta la fecha ningún elemento que justifique dicha actuación. Por tanto, desde el punto de vista de la Comisión, el archivo es un archivo como todos los demás. Serían necesarios nuevos y distintos datos para adoptar la decisión de reabrirlo, sin embargo, esto no ocurre en este momento.

Hatzidakis
Señor Comisario, ha dicho que ha archivado el asunto hasta que tenga nuevos datos, pero al mismo tiempo ha dicho a las autoridades griegas que en el futuro deberán evitar tratar el tema de la forma en que han tratado el contrato del metro de Salónica. Por tanto, la conclusión que yo saco es que los procedimientos que se siguieron tenían algunos fallos. Políticamente, los procedimientos no eran transparentes. Desde el punto de vista legal -como hombre de leyes que soy- puede que ahora usted haya archivado el caso, pero la observación de que en el futuro deben evitarse tales prácticas significa que la práctica que se siguió no era la correcta, no era transparente, no era acorde con las normas comunitarias, por tanto, cualquiera puede recurrir al Tribunal basándose sólo en lo que usted nos ha dicho ahora y tirar por los aires el contrato. Por consiguiente, la pregunta es: ¿Se va a avanzar en las obras ¿Que le parece el razonamiento que he formulado? Porque no puede, por un lado, dar su aprobación y, por otro, decir que el gobierno griego debe evitar tales prácticas. Debemos elegir.

Monti
Con respecto a la cuestión que estamos abordando, nuestro punto de vista fue valorar si nos encontrábamos ante un supuesto de infracción de la legislación comunitaria sobre contratos públicos. Al examinar el expediente, la Comisión comprobó que la voluminosa documentación relativa al contrato contenía cláusulas susceptibles de ser interpretadas de manera diferente por los ofertantes en lo referente a las condiciones específicas requeridas. Sin embargo, a la luz de la complejidad del procedimiento y de la documentación relacionada con el concurso, la Comisión llegó a la conclusión que no podía atribuirse al órgano de contratación la intención de incumplir el principio de concurrencia en la tramitación. En este contexto, no fue posible probar la existencia de una clara violación del principio de igualdad de tratamiento, hecho que habría provocado la incoación del procedimiento oportuno. Puedo decir que, de cara al futuro, la Comisión solicitará garantías respecto a la efectiva capacidad de la administración griega y de sus asesores de elaborar y llevar a término este tipo de proyectos, garantías unidas a un firme compromiso respecto a su futura actuación. Evidentemente, estaremos vigilantes en lo que al futuro se refiere.

El Presidente
Pregunta nº 60 formulada por Sören Wibe (H-0951/98)
Asunto: Importaciones paralelas en los países del EEE
Una sentencia del Tribunal de Justicia dictada durante el verano de 1998 prohíbe, entre otras cosas, las importaciones paralelas de ropa de marca procedente de países no pertenecientes al EEE. Suecia ha protestado ante el Consejo contra este fallo que afecta tanto a los consumidores como a los minoristas de nuestro país. Cada año, se venden en Suecia mercancías importadas en paralelo por valor de 30.000 millones de coronas suecas, lo que evidentemente significa que las importaciones paralelas revisten una gran importancia para la economía privada de nuestros consumidores.
En la actualidad, la Comisión ha empezado un nuevo estudio (que está en un punto muerto, según el diario Svenska Dagbladet del 25 de septiembre de 1998) que pretende examinar las ventajas y los inconvenientes de las importaciones paralelas y cuyos resultados serán comunicados al Consejo de Ministros.
¿Para cuándo estará terminado este estudio? ¿Qué pasará entretanto? ¿No opina la Comisión que resulta más conveniente defender los intereses de los consumidores que los de las agencias generales? Señor Monti, le invito a que responda a la pregunta del Sr. Wibe.

Monti
Con la sentencia de 16 de julio de 1998 dictada en el asunto Silhouette, el Tribunal de Justicia ha afirmado el principio de que los titulares de marcas industriales en la Comunidad tienen, en virtud de dichas marcas, el derecho de oponerse a las importaciones paralelas en la Unión Europea de productos originariamente comercializados fuera de la misma. Esto confirma la interpretación que la Comisión ha hecho de la Directiva del año 1989 sobre las marcas industriales. Por tanto, los importadores y los minoristas no pueden importar en la Comunidad productos protegidos por una marca sin el consentimiento del titular de dicha marca. Esto implica asimismo que los Estados miembros están obligados a aplicar la legislación comunitaria vigente en materia de marcas atendiendo a la interpretación facilitada por el Tribunal de Justicia en su reciente sentencia.
Conozco las reacciones provocadas por esta sentencia en un pequeño número de países, en particular en Suecia. En este sentido, se ha expresado la preocupación de que los consumidores se ven privados de la posibilidad de adquirir, gracias a las importaciones paralelas, productos de marca a precios más bajos. Estas preocupaciones, sin embargo, están justificadas sólo en parte.
Quiero subrayar que la protección de los derechos de propiedad intelectual reviste una importancia fundamental de cara al desarrollo de la innovación en Europa. Los fabricantes europeos invierten grandes cantidades de dinero y de know how para crear nuevos productos de alta calidad, prestigiar sus marcas y organizar sus redes de distribución. En este sentido, hay que señalar que, si las importaciones en paralelo permiten a los consumidores obtener, a corto plazo, ventajas gracias a los precios más baratos, a largo plazo la reducción de las ganancias puede desanimar a los titulares de las marcas a invertir en sus marcas o a competir activamente con otras marcas, con efectos negativos para todo el sector de actividad.
No obstante, hay que aclarar un punto: las importaciones paralelas dentro de la Comunidad, así como, a mayor escala, en el Espacio Económico Europeo son un factor fundamental del mercado único y no es sobre este elemento fundamental que vierten los actuales debates sobre la caducidad del derecho de marca que afecta sólo a las importaciones en paralelo procedentes de fuera de la Comunidad.
Por último, quiero recordar que, para disponer de una visión global de la situación, se ha implementado un estudio que estará terminado a principios del año 1999, acerca de las consecuencias económicas de la caducidad del derecho de marca en la Comunidad. Dicho estudio tendrá en cuenta los diferentes aspectos de la protección de las marcas y las posibles consecuencias de una posible modificación del régimen de caducidad, en particular en lo referente a la disponibilidad de los productos, los servicios de asistencia a los clientes, los consejos a los consumidores, la inversión en nuevos productos, la competitividad de los precios y el empleo.

Wibe
Es una pregunta complementaria muy corta. He notado, en primer lugar, que no tengo el mismo concepto de importación paralela que el Comisario. Yo veo esto como una prohibición directa de la reventa. Me resulta muy difícil ver en esto lo racional desde el punto de vista económico, incluso para la empresa productora.
Mi pregunta es la siguiente: ¿piensa la Comisión tomar medidas judiciales contra Suecia si esta importación paralela a diferentes detallistas suecos continúa?

Monti
A la luz de la situación ratificada por la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, el titular de una marca tiene la facultad de emprender las acciones legales pertinentes. Esto no le corresponde a la Comisión; la Comisión debe velar porque pueda ejercitarse este derecho del titular de la marca.

Malone
Me alegra mucho ver aquí al Comisario. Pensé que hoy no estaría en Estrasburgo, porque no ha asistido a la reunión del Eurogrupo en favor de la venta libre de impuestos. Tuvimos que suspenderla, a pesar de que usted había confirmado su asistencia.
Intervengo para decir que es una pena que no podamos ocuparnos ahora del tema de la venta libre de impuestos que figura en el orden del día y que es el motivo por el que algunos de nosotros hemos venido aquí. Son muy escasas las oportunidades que tenemos para hablar con el Comisario. Estamos realizando grandes esfuerzos para que cambie de opinión sobre este asunto con un informe muy importante que será presentado a los ministros de ECOFIN, que acaba de ser finalizado por la Comisión. Me gustaría preguntarle al Comisario sobre dicho informe, sobre las repercusiones de la venta libre de impuestos sobre los puestos de trabajo.

El Presidente
Señora Malone, señor Monti, esto no está dentro del ámbito de la pregunta planteada y además hemos sobrepasado el tiempo. Pero, señor Comisario, si usted lo desea puede hacer uso de la palabra.

Monti
Me parece que el asunto es muy importante, además he tenido la oportunidad de abordarlo en esta sesión y en el seno de varias comisiones parlamentarias, sin embargo, sobrepasa por completo la pregunta del Sr. Wibe. Por ello, señor Presidente, no voy a solicitar intervenir al respecto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti. El Sr. Gallagher me pide también la palabra para una pregunta complementaria sobre la pregunta del Sr. Wibe. Le ruego, por favor, que se mantengan ustedes dentro de los términos de la pregunta formulada por el Sr. Wibe.

Gallagher
Soy consciente de las limitaciones de tiempo, pero quisiera aprovechar la oportunidad de que el Comisario se encuentra presente en la Asamblea. En el pasado, el Comisario se ha referido en numerosas ocasiones a los Fondos estructurales como un instrumento que debe ser utilizado para compensar las consecuencias de la supresión de la venta libre de impuestos.
Quisiera decir al Comisario que tengo en mi poder un ejemplar del documento de trabajo de la Comisión sobre las propuestas, en el que no hay absolutamente nada nuevo. Creo que estoy siendo razonable y justo al afirmar que dicho documento no es más que oropel. El documento no contiene nada que ya no existiera antes. No hay ninguna reflexión sobre la Presidencia o el Comisario. Quizá el Comisario pueda darnos a los que hemos presentado preguntas esta noche la oportunidad de reunirnos con él durante la semana próxima. Esto no es nada más que oropel y no solucionará los problemas.

El Presidente
Gracias, señor Gallagher. Esta presidencia no le ha retirado la palabra porque esta no es su costumbre, pero les he advertido que hemos sobrepasado con mucho el tiempo y el tema. Si el Sr. Monti lo desea puede hacer uso de la palabra. Me indica que no quiere hacer uso de la palabra.
Por lo tanto, Señorías, les advierto que, al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 61 a 119 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
(La sesión, interrumpida a las 19.20 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Línea Presupuestaria «Derechos Humanos»
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede a la declaración sobre la ejecución, en 1998, de diversas líneas presupuestarias relativas a los derechos humanos y la democracia en el capítulo B7-70 «Iniciativa europea para la democracia y la protección de los derechos humanos».
Tiene la palabra el Sr. Comisario van den Broek.

Van den Broek
Señora Presidenta, le agradezco la oportunidad de compartir esta tarde aquí, con el Parlamento, nuestra preocupación común por los mensajes alarmantes que circulan sobre la forma en que se estaría ejecutando la política de derechos humanos. Creo que, en lo que a eso se refiere, es muy positivo efectuar algunas aclaraciones y, en definitiva, intentar lograr compromisos que proporcionen ventajas a todas las partes implicadas, ya que se trata de garantizar la política de derechos humanos que su Parlamento considera fundamental, aunque la Comisión no la considera menos importante. Esto también es aplicable, por supuesto, a todas las organizaciones implicadas que se esfuerzan por proteger y fomentar el respeto de los derechos humanos.
Quizá deba comenzar por intentar clarificar el estado actual de la cuestión y abordar preguntas y observaciones como, por ejemplo, las recogidas en una carta del Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Sr. Mendiluce, al Presidente del Parlamento, el Sr. Gil-Robles. Cuando hablamos de la política de derechos humanos hablamos, al menos en el caso de aquello que está bajo mi responsabilidad directa, de una cierta suma respecto del presupuesto total de 97, 4 millones, es decir, hablamos de entre 44 y 45 millones de ecus, que son gestionados por la Dirección General IA y que figuran en el capítulo presupuestario B7-7. Se trata esencialmente de proyectos democráticos, del fomento del desarrollo de la democracia en Europa del Este y también en los nuevos estados independientes de la extinta Unión Soviética. Se trata de cuestiones generales de derechos humanos, pero también del apoyo a las víctimas de torturas. Se trata del respaldo a algunos tribunales penales internacionales -me refiero al Tribunal sobre Yugoslavia y al Tribunal sobre Ruanda-. Se trata de acudir como observadores a los procesos electorales. El importe total destinado a estos proyectos asciende a 44, 7 millones de ecus.
Hasta junio de este año, la tan conocida por ustedes European Human Rights Foundation prestaba una asistencia externa importante y valiosa en la gestión de estos medios. Esta Fundación estaba implicada en la evaluación de las propuestas de proyecto, también tenía, por esa razón, muchos contactos con los solicitantes; se ocupaba, así mismo, de la evaluación posterior y de la liquidación financiera de muchos de estos proyectos. La interrupción de esta asistencia es indudablemente uno de los motivos más importantes de la preocupación surgida en cuanto a la gestión de las líneas presupuestarias: Derechos Humanos.
Antes de analizar la situación originada por la desaparición de esta asistencia externa y de responder a la pregunta de cuál es la mejor forma de asegurar una gestión adecuada en estas circunstancias, quiero informarles del actual estado de ejecución de esta línea presupuestaria. Hasta ahora, un total de 315 propuestas de proyecto ha recibido apoyo del presupuesto de 1998. Todas estas 315 propuestas han sido evaluadas. Hasta la fecha, la Comisión ha dado el visto bueno a 19, 1 millones de esos 44. Se trata de unos 35 proyectos, mientras que respecto de 18 millones de ecus, es decir, en el caso de alrededor de 41 proyectos, casi han concluido los preparativos para que la Comisión adopte una decisión. Confiamos realmente, por tanto, en que la Comisión decida dentro de unas tres semanas sobre unos 76 proyectos que, en total, representan una suma de más de 37 millones de ecus -me refiero todavía al ejercicio de 1998-. Restan aún entre cinco y seis millones de la cantidad total de 44, 7 millones, que ya se han destinado a los proyectos de la civil society del Kosovo. Su ejecución podrá desarrollarse de la forma más rápida y efectiva si se transfiere esa suma a la línea presupuestaria: Reconstrucción de la antigua Yugoslavia.
Los solicitantes de las propuestas de proyecto que no puedan ser admitidas serán informados cuanto antes. Debo recalcar que el rechazo de una propuesta de proyecto se basa exclusivamente en consideraciones tales como la calidad del proyecto y, por supuesto, también en la prioridad que se le debe dar. Criterios que, por lo demás, en años anteriores también se han manejado en la evaluación del proyecto y, del mismo modo, otros años, solamente se ha podido admitir una parte, es decir, entre un tercio y un cuarto de todas las solicitudes. Dicho de otra forma: con el transcurso de los años siempre hay más solicitudes de ayuda de las que el presupuesto puede admitir. Por supuesto, algo en sí no tan sorprendente.
El visto bueno de la Comisión a estos proyectos es únicamente sensato si también el follow up está asegurado, es decir, la contratación, ejecución y liquidación financiera. No se puede negar que la imprevista supresión de la asistencia externa, de la que ya he hablado, ha constituido una pérdida sensible. No obstante, quisiera decir algo más sobre este último punto.
A finales de 1997, se decidió otorgar ayudas exteriores mediante licitación, por tanto, mediante public tendering , por motivos de transparencia y de fomento de la competencia real. Su objetivo era imputar los costes de las ayudas exteriores a la parte B del presupuesto, es decir, dentro de los créditos operativos. No obstante, antes de que se pudiera desarrollar más este procedimiento de licitación, todos los compromisos relacionados con las líneas presupuestarias: Derechos Humanos fueron suspendidos como consecuencia de la ahora ya archiconocida sentencia del Tribunal de Justicia de mayo de este año. A continuación vino nuestro debate, el acuerdo interinstitucional de finales de julio, que se concluyó para el resto de este año presupuestario y que, por tanto, ha permitido contraer nuevas obligaciones. El tren, tras la sentencia del Tribunal de Justicia, se ha puesto de nuevo en movimiento.
Sin embargo, hubo, entonces, complicaciones con el nuevo contrato de asistencia basado en la licitación emitida, por la posibilidad de que la Comisión contratara asistencia externa a cargo de la parte B del presupuesto. Los diputados que forman parte de la Comisión Presupuestaria recordarán esta discusión.
Visto el tipo de apoyo buscado para ejecutar las líneas presupuestarias relacionadas con los derechos humanos y el apoyo tanto respecto de los beneficiarios, por tanto, las ONGs, como respecto de la Comisión, es decir, el debate en torno al bureau assistence technique mixte , no se pudo apelar a los créditos operativos. Los comentarios presupuestarios de 1998 no lo preveían y, por las mismas razones, estaba excluido el recurso a la parte A de la línea presupuestaria. Por tanto, el procedimiento de licitación se atascó y, con él, la posibilidad de contar con asistencia externa.
¿Qué hacemos ante esta situación? Como la aprobación del reglamento propuesto por la Comisión, que debe servir como base jurídica para cubrir los gastos en el marco de la política de derechos humanos, tardará aún en ser adoptado, ya que todavía está siendo discutido por el Consejo y el Parlamento; por lo que a nosotros respecta, se debe lograr urgentemente, de forma provisional, un acuerdo interinstitucional en 1999. De lo contrario, no tendremos una base jurídica para el ejercicio de 1999.
Sin embargo, en segundo lugar, también deberá pedirse a las autoridades presupuestarias que provean los comentarios necesarios en la línea presupuestaria: Derechos Humanos, para que podamos estar en condiciones de apelar a la asistencia externa a fin de realizar los proyectos. Se trata de nuevo de la asistencia, no única y exclusivamente a favor de los beneficiarios, sino también a favor de la Comisión. La solicitud será presentada por la Comisión para la segunda lectura.
Estas perspectivas, es decir, el acuerdo interinstitucional, por una parte y la solicitud de comentarios presupuestarios que posibiliten la asistencia externa, por otra, pueden constituir una solución a corto plazo. Si se logran los comentarios presupuestarios precisos respecto de las ayudas exteriores, la Comisión puede estudiar todas las posibilidades para obtener a corto plazo la asistencia externa necesaria mediante la eventual conclusión directa de un contrato. Con ello se lograría que hasta finales del año que viene existiera una mayor seguridad para todos los implicados en cuanto a la adecuada selección y ejecución de los proyectos relativos a los derechos humanos.
El año 1999 podría utilizarse, además, para lograr la adopción de decisiones meditadas relativas a la organización de la política de derechos humanos a partir del año 2000. Mientras tanto, puede profundizarse en el asunto, por ejemplo, analizando en qué parte de la ejecución, pongo por caso, puede participar el nuevo service commun y, al mismo tiempo, cómo lograr que la política de derechos humanos se inscriba mejor en el marco de la reorganización que se está preparando en la Comisión en el ámbito de las relaciones exteriores y que se deberá aplicar a partir del año 2000.
Cuando hablamos de la futura organización de la política de derechos humanos, son concebibles distintas variantes, por ejemplo, la creación de una agencia de derechos humanos. No obstante, más tarde quisiera intercambiar opiniones con ustedes sobre las posibles alternativas porque consideramos que, en este momento, nuestra prioridad debe ser lograr seguridad para el resto de este año y para 1999 mediante un acuerdo interinstitucional y mediante los comentarios presupuestarios.
Esto es lo que quería exponer en primer término al Parlamento, añadiendo, por mi parte, que está claro que cada vez surge una nueva tensión entre, por un lado, la petición legítima del Parlamento y también de las organizaciones de derechos humanos de no dar una oportunidad única y exclusivamente a los grandes proyectos, sino también, dar una oportunidad en nuestros programas a las pequeñas organizaciones en particular y a aquéllos que verdaderamente se dedican al desarrollo de la grassroots civil society ; y por otro, la presión constante que la Comisión de Presupuestos, por su responsabilidad, ejerce comprensiblemente sobre nosotros con el fin de que especialmente la asistencia externa de la Comisión sea lo más limitada posible. Éste es el debate que se nos ha planteado sobre todo en los meses pasados.
En realidad quisiera terminar diciendo: give us the tools if we are to do the job . No podemos, por una parte, ocuparnos de pequeños proyectos que automáticamente implican un elevado número de proyectos y, a veces, una fragmentación inevitablemente bastante alta, y, por otra parte, excluir la ayuda de fuera para la ejecución de esos proyectos. Les repito que estamos en una situación un poco transitoria en lo relativo al service commun , ya que en este momento no puedo determinar exactamente cuánto trabajo nos ahorrará este servicio; servicio que se ha creado para lograr una cierta economy of scale en la ejecución de todo tipo de proyectos de ayuda. Creo que lo que ahora les proponemos constituye la mejor solución y garantía posibles para el período que se extiende hasta finales del próximo año.

Dankert
Señora Presidenta, el problema es verdaderamente triple: la problemática de la base jurídica dada por el Consejo; la cuestión de los minibudgets , en la que el Parlamento siempre ha insistido en que se deben cumplir los compromisos y, finalmente, las confusas prioridades políticas y de gestión que conocemos por la propia Comisión. Si se examinan los informes del Tribunal de Cuentas, resulta que la DG IA no es un ejemplo de gestión ordenada. En cuanto a la legal base no podemos hacer mucho por el momento: esperar, estoy completamente de acuerdo con el Comisario Van den Broek, a que regulemos el asunto mediante reglamentos, y eso significa que el legislador debe hacer sus deberes antes de que contemos con una solución a largo plazo. La cuestión de los minipresupuestos continuará siendo controvertida, pero sí hay un aspecto que el Comisario no ha mencionado y que, sin duda, debe tocarse. Cuando se trata de los minipresupuestos, encontramos cada vez más dificultades con el Consejo porque el recorte amenaza al presupuesto operativo. La carga administrativa resulta bastante pesada, especialmente con esta clase de pequeños proyectos. En otras palabras: la reducción del presupuesto operativo sí es considerable. Por tanto, se deben contemplar, en mi opinión, otras soluciones distintas de la simple ayuda externa, que va en detrimento de la política.
Señora Presidenta, a mi parecer, no del presupuesto operativo; aunque reconozco ante el Comisario que, quizá, a corto plazo, no podamos encontrar una solución adecuada. Creo que la política a largo plazo que, sobre todo, ha iniciado dentro de la Comisión el Comisario encargado del presupuesto, ofrece mejores posibilidades, pero en este momento eso me parece difícil.
Éstos son los problemas a los que nos enfrentamos, pero se trata de las soluciones. Creo que a largo plazo, y estoy de acuerdo con el Comisario, ya no son aceptables las soluciones ad hoc . Debemos buscar una estructura en la que también podamos trabajar a largo plazo. Reconozco que eso no se conseguirá en 1999, pero creo que ese año deben ponerse las bases para su posterior desarrollo. Estoy tan en contra de las soluciones ad hoc porque siempre volvemos a este tipo de eternas discusiones, como ahora con ECHO o MEDA, y esto no es bueno ni para nosotros ni para la Comisión ni para la Unión europea. Por tanto, estabilidad a largo plazo.
Señora Presidenta, esto significa, según creo, que este año la DG IA de la Comisión debe recurrir a personal extra para resolver el resto de la problemática, aunque no sé, debo decir sinceramente, si la civil society del Kosovo se puede realizar ya este año. Creo que la situación allí es demasiado inestable como para poner en práctica proyectos más amplios. Considero que mi prioridad en cuanto a la problemática de los derechos humanos es contar con una base más clara. Así mismo, me pregunto, señora Presidenta, si no es posible que se utilicen más las delegaciones dentro de la actual burocracia. En el informe del Tribunal de Cuentas también se indica en varias ocasiones que nuestra descentralización es insuficiente. Este Comisario sabe muy bien que en los Países Bajos, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, los embajadores disponen de ciertos fondos que pueden emplear en determinadas condiciones. Creo que se debe contar también con esa posibilidad en esta clase de pequeños proyectos. Esto nos ayudaría. Ahora tenemos, por tanto, la propuesta sobre el comentario del presupuesto. Es molesto introducir un nuevo comentario en la segunda lectura del presupuesto, pero creo que si podemos lograr un acuerdo interinstitucional, se solucionarán nuestros problemas para 1999. De nuevo, con todas mis dudas sobre los minipresupuestos que resultan automáticamente del acuerdo. No obstante, repito, señora Presidenta, que la única solución es una solución a largo plazo y espero, por lo que a ésta se refiere, una propuesta de la Comisión en un plazo bastante breve.

Lenz
Señora Presidenta, señor Comisario, no les quiero atribuir la culpa de que esta noche el hemiciclo se encuentre vacío, eso es culpa nuestra. Pero cuando la política de derechos Humanos no funciona ¡entonces tenemos ambos la culpa! Esto es sobre lo que vamos a debatir esta noche y no quisiera adherirme sin condiciones a nuestro colega el Sr. Dankert. Para mi no se trata sólo de un problema presupuestario.
También quiero expandir un poco el marco porque he participado en las discusiones de estas cuestiones en la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa. En el conjunto del debate de los últimos días o últimas semanas - esto no lo han acabado de ordenar apropiadamente - nos ocupamos de la cuestión de la política de Derechos Humanos en 1998, de su ejecución - algo han dicho ustedes al respecto - y del diseño del presupuesto para 1999 - sobre lo que no han podido decir tanto.
Hemos propuesto un presupuesto en el que ciertamente y en la misma medida, volvemos a recibir los asuntos con la aparición de algunos lunares, y esto no afecta sólo a las líneas para los Derechos Humanos sino también a Bosnia, Kosovo, América Latina, MEDA, Oriente Próximo y demás.
Nuestra preocupación es otra: desde hace dos años buscamos un diálogo con la Comisión sobre diferentes resoluciones para poder encontrar nuevas estructuras, y hemos echado de menos ese diálogo. Y esa es la razón por la que se escribió la carta que debidamente tendría que llegar al Presidente de la Comisión. Este diálogo no se ha producido. Hemos intentado - con usted en primer lugar, debería decir - invitar al Presidente, también al Comisario Liikanen, también una vez al Secretario General. Sin embargo, estas visitas nunca han tenido lugar y esto también contribuye en parte a nuestro enfado.
Asimismo los instrumentos que hasta ahora se habían diseñado no han funcionado como realmente nos lo habíamos imaginado, ya que esto se nos viene diciendo desde hace un año. Esto significa siempre lo mismo - y el Sr. Liikanen también lo ha dicho esta mañana - los programas requieren mayor transparencia. Desde luego esto también es válido para los programas de democracia. Pero cuando oímos - y esto no lo ha desmentido usted del todo - que los macroproyectos sólo van a parar a los grandes sacos - OSCE, Consejo de Europa, etc. entonces, según nuestra concepción, se hacen necesarios unos acuerdos interinstitucionales en los que quede claro el papel que desempeñan la UE y el PE con sus recursos.
La segunda cuestión es la siguiente: si van a desplazar los microproyectos a las delegaciones de la UE, sin un control central en Bruselas, en el que también podría involucrarse a las ONG, si van a cerrar la agencia que antes les ayudó, por los motivos que sean - sobre esto ha mencionado algo -, entonces no nos podemos precisamente mostrar muy contentos. Porque esta es una clientela que nos ayuda a extender el concepto de los Derechos Humanos y de la Democracia de la Unión Europea y porque, sobre todo, 6 meses antes de unas elecciones se podría volver en nuestra contra si replegamos, sin duda, uno de los objetivos más humanos de la Unión Europea a través de una nueva organización. Admito que todo esto es muy complejo, pero quizá en alguna ocasión debiéramos hablar juntos sobre ello. Cuando pienso que puede excluir el plan de estudios del Master en Derechos Humanos y después cabe la posibilidad de que el Consejo forme en una cumbre una European Human Rights Monitoring Agency , que no deseamos en absoluto, porque en ese caso ya no podremos saber a donde van a parar las cosas, recomendaría encarecidamente que nos volviéramos a reunir aquí para mantener un diálogo más provechoso.

Bertens
Señora Presidenta, señor Comisario, usted ya ha respondido a algunas de las preguntas que le repetiré ahora mismo. El Grupo liberal pide claridad en la ejecución de la política de derechos humanos, de usted o de la Comisión. Parece ser, señor Comisario, que tras las bonitas y bien pronunciadas palabras se esconde, sin embargo, una realidad mucho más dura. La realidad de la incapacidad, de la impotencia y, quizá, de la burocracia ¿Cómo es posible que la Comisión dedique, por así decir, un funcionario y medio a la ejecución de más de 1000 proyectos y cómo debemos conciliar lo que ha dicho con la no realización de 200 proyectos? ¿Por qué no ha utilizado la Comisión la asistencia técnica disponible de la Fundación Europea de Derechos Humanos? De los mensajes que hemos recibido los pasados meses, se desprende que continua habiendo caos y proyectos mal controlados, sin que se hayan tomado las medidas adecuadas por, debo decir, fallos administrativos. Hablamos de derechos humanos, se trata de personas, de personas del otro lado, no del mundo sino de la sociedad. Creo que la propia Comisión no puede jugar con esto. No digo que ésta sea su intención, pero sí es lo que está sucediendo.
Así mismo, todavía quiero que la Comisión explique por qué se ha invertido dinero a través de los llamados grandes fondos, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. No creo que hayamos establecido nuestro presupuesto para que a través del Consejo de Europa se canalicen fondos de desarrollo para pequeños proyectos. Las constantes reorganizaciones de la Comisión son negativas y han perjudicado a la política de derechos humanos de la Unión. La Comisión no tira completamente por la ventana la buena reputación de la Unión en materia de derechos humanos, pero sí la pone en peligro. Tenemos que agradecer esta buena reputación al trabajo realizado por la Comisión en el pasado.
La prioridad del Grupo liberal consiste en llegar al mayor número posible de personas partiendo de los microproyectos y, además, naturalmente es esencial una buena gestión de los fondos. Le deseo mucha entereza, señor Comisario.

Janssen van Raay
Señora Presidenta, la Sra. Van Bladel no ha podido asistir a causa de una reunión sobre derechos humanos y me ha pedido que, de todas formas, esté presente antes de que se traten los informes que verdaderamente se refieren a aspectos jurídicos. Sólo tengo su autorización para manifestar una cosa: una opinión ante lo que acaba de contar el Comisario Van den Broek. Existe una tensión, señor Van den Broek, entre, por una parte, nuestra propensión a defender los proyectos pequeños porque influyen de forma más directa sobre los derechos humanos en países que lo necesitan, y el control que realiza la Comisión. Hay un nuevo asunto en los Países Bajos, no diré de qué se trata, ya le haré una pregunta sobre la cuestión que se ha abordado en el NRC sobre el abuso cometido en Sudáfrica en relación con los fondos, etcétera, pero no voy a entrar ahora en ello; no obstante, creo que, en efecto, es muy importante que disponga, y sobre esto respaldo plenamente al Sr. Bertens, del necesario saber-hacer y de competencias de control para poder ocuparse de que los proyectos pequeños también estén sometidos a un buen control. Le deseo que tenga mucho éxito y le agradezco su atención.

Müller
Señora Presidenta, señor Comisario, ya es vergonzoso que, en el 50 aniversario de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, tengamos en el mes de noviembre un debate en esta Asamblea sobre la cuestión: ¿qué es lo que es tan grave en la gestión de la DG1A? Quisiera decirle a usted que si comienza su intervención con la constatación de que están circulando rumores, entonces también usted mismo es responsable causal de que existan rumores. Finalmente, por lo menos hace cinco semanas, por no decir seis, le escribí personalmente una carta con mis preocupaciones acerca de esta cuestión y lamentablemente al día de hoy no he recibido ninguna respuesta a esa carta. Cada día me siento junto al teléfono y tengo que responder a llamadas como, por ejemplo, la que he recibido de una colega de una organización de Belgrado, Women in Black , que en 1997 acordó un proyecto con la Comisión, lo ha llevado a cabo, ha redactado un informe final y aguarda desde principios de 1998 al pago final, porque la Comisión no está en condiciones de leer el informe final, darle el visto bueno y decir: ¡de acuerdo, la organización ha realizado el proyecto ajustandose a las condiciones y por lo tanto tengan aquí ustedes el pago final!
Por favor, ¿qué es lo que les tengo que decir a esta gente al teléfono? ¿Debo decir que circulan rumores, que básicamente todo marcha muy bien en la Comisión? ¿O tengo que decir que no todo marcha tan bien? Ambos sabemos muy bien cómo es verdaderamente la realidad. Quisiera decirle que no se puede tolerar que echemos a las espaldas de las ONG la cuestión de las bases jurídicas y los minipresupuestos en un ámbito tan sensible como este.
Y ya no se trata, señor van den Broek de que la presión de la Comisión de Presupuestos hiciera algo con relación a los minipresupuestos, sino que se trata de una correcta utilización del reglamento presupuestario, que dicta que no se pueden utilizar dineros de la parte B para la parte A y viceversa. No puede decir que la Comisión de Presupuestos ejerce presión. La Comisión sabía desde 1991 que los minipresupuestos no están permitidos, y a pesar de ello los ha incluido.
En esta cuestión concreta coincido plenamente con usted en que ahora se va a encontrar una solución. En este sentido me complacen sus palabras de que nosotros junto con el Consejo y con ustedes, la Comisión, vamos a encontrar, para el año que viene, una solución en el proceso presupuestario de 1999 y espero que, como usted mismo ha dicho, también para este año. Pero en cualquier caso es así: detrás de todo esto - y esto hace particularmente sospechosos los rumores - se esconde en silencio un cambio de la política de la Comisión. Por esta razón debe usted responder si está de acuerdo con el Sr. Burghardt quien el 22 de octubre de 1998 escribe que para 1998 y 1999 tendrán prioridad los pagos al Consejo de Europa, la OSCE, etc. Si esta es la nueva política de la Comisión respecto de los Derechos Humanos, entonces podemos darnos por muertos, y dar comienzo a un nuevo debate sobre lo que realmente significa la construcción de la sociedad civil y la defensa de la democracia y los derechos Humanos dentro y fuera de la Unión Europea.

Dell'Alba
Señora Presidenta, en este asunto debemos constatar que se está dando la fábula del cazador cazado. El capítulo 7 es invento "nuestro» , y es como si estuviéramos orgullosos de ello. Cada año se pide más dinero y más medios. Cada año, por ejemplo, presento una enmienda pidiendo un mayor número de funcionarios para la gestión interna de esta partida, pero nunca se aprueba en la Comisión de Presupuestos.
La Comisión ha tratado de hacer ahorros del tres al cuarto con un sistema que, grosso modo, funcionó hasta el momento en que se estimó poco acertado que las células externas actuaran para acelerar los contratos. El resultado de este «cazador cazado» es que fuimos los primeros en decir que no era posible aplicar semejante sistema. No se conceden funcionarios suplementarios, y entonces está muy bien decir que tiene la culpa la Comisión. Considero que nosotros también deberíamos hacer examen de conciencia para saber cuántos de estos puestos suplementarios -que, en contra de nuestra opinión, tuvieron que obtenerse «a escondidas»- podrían haberse ahorrado si hubiésemos dialogado más y estructurado mejor nuestras prioridades con los medios necesarios que nos otorgaba la parte noble del presupuesto, la parte A.

Soulier
Señora Presidenta, habrá visto que aquí cada cual se siente incómodo por un tema que parece mal planteado, ya que era una organización que funcionaba perfectamente desde un punto de vista material y también, seguramente, financiero y contable, puesto que el Tribunal de Cuentas la ha valorado positivamente. Y hoy resulta que nos hallamos en una situación muy delicada, hasta el punto de que quizá no se lleguen a comprometer los créditos. Sin embargo, lo que está claro es que la Unión Europea es el núcleo duro de la democracia en el mundo, y si es así es porque después de los horrores que ha vivido nuestro continente, en los que, por desgracia, muchos de nuestros países han colaborado, de alguna manera queremos decirle al mundo: «¡Nunca más! Al contrario, somos la patria de los derechos humanos y hay una serie de ayudas que podemos aportar».
Ahora resulta que nos hemos quedado sin nada, desprovistos de instrumentos, y otros van a utilizar nuestros créditos. Debemos salir de esta situación lo antes posible, pues está claro que en la otra punta del mundo -ya que en este ámbito tenemos una competencia planetaria que nosotros mismos hemos deseado-, el pobre, el desgraciado, el perseguido, el proscrito, el perseguido sin razón, ya se trate de individuos o de colectividades, nadie puede esperar a que nos hayamos puesto de acuerdo sobre unos reglamentos y que digamos: «tenemos procedimientos pero están mal adaptados, ¿les importaría mucho esperar al año 2000 para que podamos salir de este atolladero?»
Es preciso que todos hagamos un esfuerzo, e incluso si debiéramos aceptar ciertas reglas y necesitáramos apoyos y fundamentos jurídicos, deberíamos poder ir más deprisa. La prueba de ello está, por cierto, en que cuando el huracán Mitch devora y destruye América Central, entonces sí que se despierta la comunidad internacional. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo a nuestro nivel? Usted sugirió, y si lo vemos desde ese punto de vista tanto mejor, que podría crearse un observatorio o, más exactamente, una agencia o cualquier otra solución. Lo imperativo ahora es ir deprisa. Señor Comisario, estaría bien que pudiera hacerlo.

Schroedter
Señor Comisario, de sus explicaciones no puedo deducir que el dinero que debe ser comprometido este año vaya a beneficiar realmente a pequeños proyectos de Derechos Humanos de las organizaciones no gubernamentales. Tengo la sospecha de que, debido a la falta de personal de la Comisión, usted quiere, sin más, transferir en grandes paquetes el dinero de este año a las organizaciones internacionales. Sin embargo, esto contradice, en mi opinión, el objetivo presupuestario de estos recursos, es decir, construir y reforzar las organizaciones grass-root de la democracia en los países receptores. Celebraría que usted pudiera disipar aquí estas sospechas.
Otra pregunta: ¿qué problemas tuvo usted con el apoyo externo? ¿Cómo juzga usted los llamados problemas de la Comisión, teniendo en cuenta que, por otra parte, que el Tribunal de Cuentas ha alabado expresamente esa cooperación como única posibilidad para las organizaciones menores de acceder a este dinero? Con toda sinceridad debo decir que considero necesario que demos aquí respuesta a estas preguntas porque en caso contrario el Parlamento Europeo, en mi opinión, debería buscar otras consecuencias.

McMillan-Scott
Señora Presidenta, sobre el punto relativo al acuerdo interinstitucional, quisiera preguntar al Comisario, bajo cuya autoridad se estableció el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento, la Comisión, el Consejo de Europa y el G24, por qué fue revocado unilateralmente el Comité Consultivo el 9 de enero de este año. Yo representaba al Parlamento en dicho comité, en el que también había funcionarios del Parlamento. Nos han comunicado que ya no existe. Desde ese momento, no ha progresado ningún programa de la iniciativa para la democracia. Es importante que se sepa que la Comisión decidió entonces resolver sobre todos estos asuntos a nivel interno. Asimismo, por qué, en respuesta a varias preguntas formuladas aquí, el contrato en el folleto de licitaciones, que se celebró según las normas y fue ganado por la Fundación de los Derechos Humanos, nunca entró en vigor. El resultado de ello es que los programas de democracia, que apoyamos todos los que estamos aquí, y los programas de derechos humanos ya están desapareciendo.

Van den Broek
Empiezo por la última pregunta, el Sr. McMillan-Scott sabe que ya no sucede como en el pasado, cuando las solicitudes de ayuda solamente se podían presentar dos veces por año, sino que ahora se pueden realizar durante todo el año, con lo cual no tenía sentido mantener el procedimiento conforme al cual se aplicaba la verificación dos veces al año. Señora Presidenta, quisiera empezar aclarando otro malentendido frecuente. Es el siguiente: aunque la política haya cambiado en este sentido respecto a años anteriores y concentremos nuestra atención en las grandes organizaciones: la OSCE o el Consejo de Europa; les puedo decir que si examinamos los períodos anteriores, la participación negada a estas organizaciones asciende a alrededor del diez por ciento. Déjenme señalar, y esta tarde no he escuchado aquí nada sobre ese asunto, que también esos proyectos son proyectos relativos a los derechos humanos y a la civil society ; realizados con el Consejo de Europa, especialmente en el caso de los estados bálticos, también en Albania, donde todos sabemos qué ocurre, y en Ucrania. En otras palabras, no se trata de considerar estos proyectos como poco valiosos y concentrar todo en los pequeños proyectos. Todavía se hace hincapié en los pequeños proyectos, pero con todos los problemas que les son inherentes. Quisiera pedir que, en lo que a esto se refiere, se entienda que no nos resultaba tan difícil ocuparnos de los pequeños proyectos cuando contábamos con asistencia externa. No única y exclusivamente para los beneficiarios, las ONGs, sino también para la propia Comisión, que no puede gestionar y ejecutar con su personal fijo los cientos y, a menudo, miles de contratos. Quisiera decir a la Sra. Müller que, en efecto, recuerdo su carta y pensé que en ella se recomendaba sobre todo que los contratos se suscribieran con la Human Rights Foundation . La Sra. Müller también sabe que en años anteriores nos hemos atascado con el procedimiento de licitación relativo a esta Fundación, a causa de la limitada interpretación que se ha dado a la posibilidad de utilizar asistencia externa, toda la discusión sobre los debates, etcétera. En otras palabras, una de dos, señora Presidenta: o estamos de acuerdo en que la Comisión no puede dedicarse especialmente a este tipo de pequeños proyectos sin asistencia externa, o decimos: no, ustedes no cuentan con esa asistencia externa. Usted debe ver cómo resuelve el problema internamente, pero yo, entonces, estoy obligado sin más a hacer hincapié en los grandes proyectos, algo que no estoy haciendo en este momento. Por tanto, pongámonos de acuerdo sobre esto.
Señora Presidenta, creo que, de hecho, lo que hemos propuesto ahora permitirá efectivamente que a corto plazo contemos de nuevo en todo momento con una base jurídica gracias a un acuerdo interinstitucional, mientras se adopta y formaliza el nuevo reglamento. Éste, como se sabe, está siendo debatido por el Consejo y el Parlamento y, tal como se espera, una vez presentadas todas las enmiendas, su adopción puede llevar aún algún tiempo. Necesitamos, por tanto, un acuerdo interinstitucional para poder continuar teniendo una base jurídica. En segundo lugar, y con seguridad es muy importante en este asunto, en cualquier caso debemos lograr un comentario presupuestario que nos permita obtener, tal como he dicho en primer término, mediante la eventual conclusión directa de contratos, la asistencia externa que necesitamos para el ejercicio de 1999. No veo otra forma de restaurar la buena reputación que hemos logrado. Tampoco dedicamos, por así decir, un funcionario y medio a este asunto, señor Bertens. También he leído en el periódico esas noticias y lo relativo a los doscientos proyectos que están tirados en algún lado y todavía no han sido evaluados. Tampoco eso es cierto. Dentro de algunas semanas, estaremos en situación de poder afirmar que no sólo habremos evaluado todos los proyectos respecto del ejercicio de 1998, sino que, en lo que respecta a la Comisión, los habremos adoptado y aprobado. Sin embargo nos falta, por supuesto, todo lo relativo a la contratación, la realización, el pago y la evaluación posterior. La Comisión no puede hacer esto por sí misma, sin asistencia externa. Quizá hablo alzando la voz, porque también a nosotros nos llega al alma. La política de derechos humanos es algo importantísimo para la Comisión Europea, como también lo es para toda la Unión. En lo que a esto se refiere, mantenemos contactos muy regulares con muchísimas organizaciones implicadas en el tema. En particular, un territorio como el de Europa del Este, donde toda la configuración de la civil society , por supuesto, forma parte del desarrollo de un proceso de integración adecuado, tiene nuestra completa atención. No obstante, no podemos ser culpables única y exclusivamente porque el año pasado surgieran pegas en dos ocasiones. Una vez, porque desapareció la posibilidad de crear una base jurídica: la sentencia del Tribunal. La segunda vez, cuando se interpretó muy restrictivamente la posibilidad de obtener asistencia externa por el debate sobre los debates y cosas semejantes. Me parece decepcionante, señora Presidenta, que año tras año hayamos oído decir al Tribunal de Cuentas que nunca seríamos capaces de realizar nuestros proyectos de ayuda, y menciono especialmente los programas PHARE y TACIS, con el personal que tenemos, y que este año, el Tribunal de Cuentas nos recrimine que hemos utilizado de manera excesiva la asistencia externa, refiriéndome con ello a todo que ha tenido lugar en su Parlamento. En consecuencia, mi pregunta es: ¿qué hago? Cómo puedo ejecutar de forma eficaz estos proyectos si no puedo ampliar mis efectivos, y eso ni siguiera lo pido, porque cuando se terminen los proyectos, surgirá la pregunta de si todavía necesito a toda esa gente. De ahí que se tenga que mantener una cierta flexibilidad. Tenemos que intentar a encontrar una solución y ciertamente analizaré las ideas que se han lanzado sobre la creación a la largo plazo de agences y cosas semejantes.
Con ello termino, señora Presidenta, agradezco, además, los comentarios que, sin duda alguna, han tenido una intención constructiva. Espero que a corto plazo podamos crear esa solución a través de los comentarios presupuestarios, por lo menos para el año que viene. De todos modos, las ONGs y aquéllos que se benefician de las ONGs no son las víctimas y, así, tenemos algo más de tiempo para negociar un arreglo a largo plazo. A la Sra. Lenz le digo que ya he ofrecido a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa, a cuyas reuniones asisto con asiduidad, la posibilidad de intercambiar opiniones una o dos veces al año sobre la estrategia de conjunto en materia de derechos humanos. No sobre su gestión y las cuestiones operativas, eso forma parte de un debate como el de esta tarde, sino para delimitar las líneas generales y también para escuchar cuál es la actitud del Parlamento. No me causa ningún problema, pero, por el momento, tenemos que ver cómo sacar este barco a flote. Creo que eso tiene la más alta prioridad.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario van den Broek.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Patente comunitaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al informe (A4-0384/98) del Sr. Añoveros Trias de Bes en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes de Europa - Fomentar la innovación mediante la patente (COM(97)0314 - C4-0342/97).

Añoveros Trías de Bes
Señora Presidenta, señor Comisario, el Libro Verde que estudiamos persigue tres objetivos esenciales: dar una visión completa de la situación en materia de protección por el sistema de patentes, examinar la necesidad de nuevas acciones comunitarias y considerar la forma y el contenido de esas posibles nuevas acciones.
La patente, señor Comisario, ocupa un lugar central entre los diferentes medios disponibles para la protección de la innovación. Sin embargo, desde el punto de vista de ustedes, el actual sistema presenta tres graves inconvenientes: es complejo -ya que coexisten la patente nacional y la comunitaria-, costoso, y no proporciona una protección uniforme en todos los Estados miembros.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Libro Verde se pregunta en qué medida las partes interesadas estarían preparadas para utilizar un sistema de patente comunitaria en base a un reglamento, con arreglo al artículo 235 del Tratado, en lugar de un acuerdo intergubernamental como el Convenio de Luxemburgo de 1975 o el Acuerdo firmado en 1989, que no han entrado en vigor. Una norma de ese tipo permitiría poner a disposición de los usuarios un sistema accesible, jurídicamente fiable, a un coste razonable.
Otras cuestiones técnicas son consideradas en conexión con el futuro de la patente comunitaria: armonización, impacto de la sociedad de la información, comercio electrónico, etc. Las invenciones de los empleados, el uso de los agentes de patentes y el reconocimiento de las calificaciones profesionales están, entre otros aspectos, mencionados en el Libro Verde.Finalmente, el Libro Verde se pregunta cómo puede adaptarse el sistema de tasas en el sistema de patentes, de forma que responda a los servicios prestados sin ser un freno a la protección de la innovación.
En la propuesta de resolución aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha considerado armonizar este derecho en la Unión Europea a fin de consolidar el mercado interior, especialmente antes de la ampliación. El Convenio de Luxemburgo y el Acuerdo de 1989 no aseguran una protección unitaria de patentes en la Unión Europea. Esta patente comunitaria deberá forzosamente coexistir con los sistemas de patentes nacionales. Igualmente, es preciso asegurar la transformación de la patente comunitaria en patente europea e idear un sistema que garantice la transformación contraria de patente europea en patente comunitaria. La Oficina Europea de Patentes deberá ser el operador técnico de la patente en cooperación con las autoridades nacionales.
La Comisión de Asuntos Jurídicos consideró que el Estado miembro no debe renunciar a su lengua nacional ya que la patente es un instrumento de información del estado de la técnica y de la seguridad jurídica. Estamos, señor Comisario, por lo tanto de acuerdo con el principio de igualdad lingüística y sepa que recomendamos un procedimiento que sirva a esa igualdad y pluralidad de lenguas siempre en la línea de que ello no signifique un coste excesivo.
Por otra parte, en lo relativo a la jurisdicción, los tribunales nacionales deben ser competentes tanto en los casos de recurso por violación como de anulación, a imagen del sistema empleado en el Derecho de Marcas. Deben existir -según nuestro criterio-dos instancias nacionales, dada la mayor agilidad, facilidad y menor coste, especialmente para las PYME. El Tribunal de Primera Instancia de la Comunidad debería ser la instancia de casación.
Creemos que las invenciones de los empleados son una materia que debería regularse por los Estados miembros.
Pensamos que debe considerarse también el reconocimiento mutuo de los agentes de la propiedad industrial.
Finalmente, señora Presidenta, señor Comisario, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos pide al Sr. Comisario que establezca un grupo de trabajo encargado de preparar uno o más modelos de un seguro que cubra los costes legales en el ámbito de las patentes. El grupo de trabajo debería examinar la manera de financiar el sistema, la cobertura de los seguros, el nivel de primas, una autoridad de control, etc.

Gasòliba i Böhm
Señora Presidenta, Señorías, querría en primer lugar felicitar a la Comisión y al responsable de este Libro Verde sobre la patente comunitaria, el Comisario Monti, y al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Sr. Añoveros Trías de Bes, por la excelente labor que han realizado para un tema que es importante, obviamente, desde el punto de vista de la protección jurídica, pero también desde el punto de vista económico.
El subtítulo que tiene el Libro Verde es «fomentar la innovación mediante la patente». Muchas veces, cuando se analiza la importancia de la innovación y se intenta medirla en las diversas áreas, una de las medidas que se utilizan es el número de patentes que hay. Y evidentemente, a nivel de la Unión Europea, nosotros tenemos una carencia, que es una falta de armonización suficiente, dada la no existencia de una auténtica patente europea. El Sr. Añoveros Trías de Bes ya ha comentado que aún nos movemos en el marco del Convenio de Patente Europea de Munich de 1973 y que aún no están plenamente en vigor tanto el Convenio sobre la Patente Comunitaria de Luxemburgo de 1975 como el Acuerdo en materia de patentes comunitarias de 1989.
Hemos examinado este tema en la Comisión de Asuntos Económicos y, por unanimidad, aprobamos una serie de recomendaciones que he expuesto en forma de enmiendas y que, básicamente, se refieren a tres aspectos básicos:
Primero: facilitar, mediante tasas a nivel comunitario, la implantación de la patente comunitaria.Segundo: facilitar el paso de lo que ahora son las patentes a nivel de los Estados miembros a lo que sería una patente comunitaria.
Tercero: un tema que, reiteradamente, hemos ido proponiendo en diversos ámbitos -como modelos de utilidad u otros aspectos de protección e invenciones-, que existe en Japón y en los Estados Unidos: la posibilidad de patentar programas de ordenador o de software .

Thors
Señora Presidenta, cuando nos reunimos una tarde de martes como ésta para discutir sobre patentes, muchos pensamos que es muy aburrido. Pero como señaló mi colega de Grupo Gasóliba i Böhm, se trata de una materia de gran importancia, tanto para los países miembros como para la Unión en su conjunto. Es importante que los sistemas para innovaciones y competitividad funcionen. También creo que éste es un asunto relevante desde el punto de vista de la política regional, pensando en la igualdad de oportunidades para los ciudadanos de distintos rincones de la Unión. Espero que consigamos un sistema en el que la Oficina de Patentes pueda cumplir con sus funciones de servicio, esto es, difundir conocimientos.
La Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos se ha decantado por un sistema futuro en el que reine la igualdad idiomática, tal como lo señala Añoveros Trias de Bes, y en el que todas las empresas puedan obtener buenos servicios. Espero que la Comisión tome en cuenta esta propuesta y que las patentes lleguen a ser un instrumento de información y técnica que proporcione seguridad jurídica. Estoy convencido de que éste es el contenido de la propuesta de la comisión.
También espero que el Comisario tome nota de las propuestas creativas que hemos presentado en el punto e y en el punto 2 sobre colaboración entre la Oficina Europea de Patentes y las oficinas nacionales. En algún momento he señalado al Comisario que la nueva técnica hace posible un modelo descentralizado que espero que siga existiendo.
Además, quisiera dar gracias al ponente por su colaboración. En general no acostumbro a dar las gracias, pero esta vez quiero hacerlo con mucho gusto. Él ha hecho un excelente trabajo. Finalmente, quiero decir que mi alma nórdica se alegra de que se nombre especialmente al sector EEE en esta resolución. Olvidamos con demasiada frecuencia que las directivas que aprobamos muchas veces tienen vigencia también en Noruega e Islandia.

Heinisch
Señora Presidenta, estimados colegas, en primer lugar quisiera agradecer a la Comisión la iniciativa que ha emprendido con su Libro Verde. Si queremos asegurar la competitividad europea, debemos estimular las innovaciones. El apoyo financiero a la investigación es uno de los elementos de una política comprometida con la innovación. Además, junto a esto, es de gran importancia garantizar en toda la UE una efectiva protección jurídica de la propiedad industrial. En este sentido se deben, sobre todo, sondear las opciones existentes para la reformulación del derecho de patentes europeo, para lo cual la Comisión ha dado un gran impulso con su Libro Verde.
Una cuestión importante, a la que en nombre de la Comisión de Investigación atribuyo gran valor, es la mejora de la protección de las patentes sobre software informático. Según el artículo 52 párrafo 2 del Acuerdo europeo de patentes y en consonancia con las correspondientes leyes nacionales de patentes de la Unión Europea, se excluyen de la protección de patentes a los programas informáticos. Si no queremos perder nuestra competitividad en el sector de las tecnologías de software informático debemos modificar esta situación jurídica. Por lo tanto deberíamos suprimir los programas informáticos de las disposiciones del artículo 52 párrafo 2 del Acuerdo europeo de patentes. Paralelamente una directiva europea debería armonizar las correspondientes disposiciones nacionales. A través de una modificación semejante podríamos evitar perder terreno respecto de los EE.UU y japón quienes ya disponen de una amplia protección de patente para los programas informáticos.
Otro punto respecto del que hay que introducir una nueva regulación atañe a las consecuencias lingüísticas. El ponente favorece aquí una solución que también yo mismo apoyé en mi opinión para la Comisión de Investigación. Sólo exige una traducción completa de la patente cuando se da un conflicto sobre el derecho de protección. A través de este procedimiento se reducen los costes de traducción de los actuales 22.500 DM a 4.000 DM. De nuevo, mi sincero agradecimiento al ponente.

Rübig
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la política de patentes es un instrumento muy importante de la política económica, y de la política de patentes surge directamente la política de licencias. Es decir, con investigación y desarrollo se pueden obtener nuevos productos y al respecto hay una cita muy oportuna: «la política de investigación y desarrollo de hoy es la política social del futuro».
La política de investigación puede ser especialmente sostenida a través de una buena política de patentes. Debemos tener presente que por un lado están los pequeños inventores cuyo problema consiste, una vez que han descubierto algo, conformar su idea de suerte que esté lista para el mercado. Si no existiera la patente sería muy sencillo para una empresa grande adoptar esa idea y sacarle provecho. Conocemos muchos investigadores, inventores independientes, que han trabajado años, si no decenios, en determinadas ideas. Por otro lado muchos grupos multinacionales tienen grandes departamentos de investigación a los que alimentan con cantidades millonarias y, desde luego, al final esta inversión tiene que rentabilizarse.
Por ello apoyo la armonización de las disposiciones nacionales, ya que es importante tanto para las pequeñas empresas como para los grandes grupo, encontrar las condiciones marco que permitan un procedimiento unitario. Sabemos que el nivel de invención es una cuestión muy relevante. Si los japoneses establecen un umbral de invención muy bajo y en Europa se considera uno muy alto, entonces se registrarán muchas patentes en Japón y en Europa no, desarrollandose la balanza de licencias en la forma correspondiente. Por eso saludo la propuesta de la Comisión, porque precisamente la política internacional de patentes y licencias constituye un instrumento muy importante para Europa.

Janssen van Raay
Señora Presidenta, puede descontar mi tiempo de los tres minutos que tenía para el informe Ferri. Tampoco soy la Sra. Schaffner que ya habría hablado ni la Sra. Van Bladel. No obstante, sí quiero decir, en nombre de mi Grupo que agradecemos, tanto a nuestro colega, el Sr. Añoveros, como al Comisario, este proyecto sumamente importante para Europa, porque esto resulta mucho más accesible para la sencilla protección que aquí pretendemos que los grandes proyectos, que tropiezan con muchos más problemas y el Comisario Monti lo sabe. Espero, por tanto, que el pequeño proyecto, que es mucho más decisivo en cuanto al refuerzo de la competitividad de las pequeñas empresas de Europa que los grandes proyectos, entre en vigor urgentemente y se realice. De nuevo agradezco sinceramente a ambos caballeros su contribución en este asunto.

Monti
Señora Presidenta, señor Comisario, el sistema de patentes cumple una función fundamental de cara al fomento de la innovación, el crecimiento y el empleo en la Comunidad. Para cumplir ampliamente esta función, el sistema europeo de patentes precisa una profunda acción de puesta al día y de mejora. Si lo comparamos con los sistemas norteamericano y japonés, presenta dos puntos débiles muy evidentes: es costoso e incompleto.
Como se ha señalado en el informe del Sr. Añoveros Trías de Bes -que felicito por la calidad de su trabajo- existeuna relación directa entre la competitividad de las empresas y la libre circulación de productos y servicios en el mercado único. En este contexto, un sistema comunitario de protección por patentes coherente y eficaz es un elemento esencial.
El Libro Verde presentado por la Comisión ha conseguido con éxito el objetivo de implementar un debate general muy amplio sobre el tema, en el cual las partes interesadas participaron con sumo interés. El mensaje general surgido a raíz de estos debates es la necesidad de potenciar la eficacia del sistema de patentes integrando en él las necesidades prácticas de los usuarios. Asimismo es esencial, como justamente señala la propuesta de resolución que hoy examinamos, que esta reforma del sistema tenga lugar antes de la ampliación de la Unión Europea. En particular, se ha puesto clara y unánimemente de manifiesto que el objetivo a perseguir para la reforma del sistema es la creación de una patente comunitaria unitaria, preferiblemente a través de un reglamento comunitario, al igual que se hizo en 1994 para la marca comunitaria.
En este sentido, quiero comentar que, a finales del mes de enero de 1998, la Comisión organizó una reunión de expertos de los Estados miembros en que quedó patente que la gran mayoría de dichos expertos está dispuesta a celebrar debates jurídicos y técnicos sobre el concepto de patente comunitaria. Por su parte, el Comité Económico y Social aprobó casi por unanimidad un dictamen decididamente positivo sobre el conjunto de las propuestas formuladas por el Libro Verde, incluida la implantación de la patente comunitaria. Me es grato comprobar que las propuestas formuladas por el Sr. Añoveros están en línea con tales orientaciones. Se trata de propuestas extremadamente articuladas y equilibradas. Les puedo asegurar que las mismas serán objeto de un atento examen por parte de la Comisión a la hora de elaborar los actos legislativos necesarios para implantar la patente comunitaria. En particular, quiero manifestar que, en lo que respecta al modelo de seguro para cubrir los costes legales inherentes a las patentes, la Comisión estudiará las modalidades mejores para promoverlo dentro de la Comunidad y contará con la participación del Parlamento Europeo en esta labor.
Para terminar, la Comisión ha llegado al convencimiento de que la modificación del sistema de patentes ha de llevarse a efecto cuanto antes. Dicha modificación deberá basarse, por un lado, en la creación, mediante la vía reglamentaria, de un título comunitario de protección por el sistema de patentes y, por otro, en la actualización y armonización de las normativas nacionales en algunos aspectos específicos, entre los cuales cabe destacar la patentabilidad de las invenciones de programas para ordenadores, a la que se ha hecho referencia en algunas intervenciones. Este nuevo marco podría incluir asimismo una acción comunitaria para apoyar los esfuerzos realizados por las oficinas nacionales de patentes en su actividad de promoción de las innovaciones.
Considero importante que la adaptación del sistema se lleve a cabo en el ámbito comunitario y no, como se previó al principio, mediante un acuerdo internacional. Dicho planteamiento no puede sino fortalecer aún más, si cabe, la posición de la Unión en las negociaciones sobre acuerdos internacionales. Así y todo, se garantizaría el papel de la Oficina Europea de Patentes que deberá ser el operador técnico de la patente comunitaria. La Comisión elaborará en breve una comunicación sobre el seguimiento del Libro Verde, comunicación que hará un balance detallado de la consulta y anunciará las medidas concretas que la Comisión pretende presentar en este importante sector en un futuro próximo. El Parlamento Europeo, evidentemente, tomará parte en esta nueva etapa de trabajos, sin embargo, quiero agradecerle de antemano la manera constructiva con que ha participado en la anterior etapa de los mismos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Pensiones complementarias
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0400/98) del Sr. Ferri en nombre de la Comisión de Asuntos jurídicos y Derechos de los Ciudadanos sobre el Libro Verde de la Comisión (COM(97)0283 - C4-0392/97) «Pensiones complementarias en el Mercado Único».

Ferri
Señora Presidenta, ¿qué va a ser de los pensionistas europeos? Esto es lo que se pregunta el muy articulado Libro Verde elaborado por la Comisión. Y se lo pregunta responsablemente, al igual que se lo pregunta el Parlamento Europeo, en un momento de crisis general que, precisamente en el futuro económico de los pensionistas y en el empleo de los jóvenes contempla y se enfrenta a las dos cuestiones más fundamentales e inquietantes de todo el sistema general. He aquí porque la exigencia surge del diálogo, impulsado por la Comisión, a quien quiero dar las gracias, en particular en la persona del señor Comisario Monti. Cabe hablar, en efecto, de una iniciativa de la Comisión que implicó positivamente también al Parlamento y que fomentó la organización de audiencias públicas con los mayores expertos de distintos países de Europa. Y esto, en mi opinión, realmente nos ha permitido profundizar en muchos aspectos.
En primer lugar, todos estamos convencidos de que el primer pilar -el de la protección social y pública- tiene que continuar siendo la piedra angular, el fundamento del sistema. Sin embargo, no basta, no es suficiente, peligra, no puede garantizar este futuro económico. He aquí, por tanto, que junto con el seguro de vida que ya está bien enfocado, articulado, regulado, los fondos de pensiones se convierten en una cuestión central. Falta, no obstante, un marco comunitario. Ya lo intentó la Comisión en el año 1991, pero luego la propuesta se retiró; hubo, si mal no recuerdo, una circular interpretativa que luego fue casada -por decirlo así- por la justicia, y ahora nos encontramos aquí, reintentándolo. Pedimos que la Comisión, habida cuenta de que empezó con tan buen pie, llegue efectivamente a una directiva que tenga en cuenta los distintos aspectos que se han tratado de evidenciar.
Naturalmente, en el trasfondo está el importante aspecto de la sostenibilidad del euro que, sin duda, para los fondos de pensiones y, en general para los sistemas de pensiones complementarios, modifica el marco de referencia y ciertamente, en muchos aspectos, facilita la inversión y favorece la movilidad transfronteriza de los trabajadores. En este sentido, debo decir que existe otra directiva muy reciente que muy oportunamente ha abordado la cuestión de los derechos adquiridos, un aspecto también importante incorporado por la propuesta de esta tarde que, además, pretende afrontar los distintos aspectos más generales: la fiscalidad y, por ende, la desigualdad fiscal con el fin de eliminar el riesgo de la doble imposición que existe sin duda y que, hoy por hoy, atormenta y convierte en incierto el futuro de quien va a trabajar o trabaja en una multinacional, luego se transfiere o es trasladado, incluso temporalmente y corre el riesgo de verse gravado dos veces, también desde el punto de vista de las pensiones. La gestión de los fondos, con gestor, gestor administrativo y gestor inversor, es también un punto muy delicado que hemos abordado con la participación y el control de los trabajadores garantizando la igualdad entre hombres y mujeres; en este aspecto hemos insistido con frecuencia, y lo han hecho la Comisión de Asuntos Sociales y la Comisión de Derechos de la Mujer a través de las opiniones que hemos incorporado. Naturalmente luego existen los aspectos organizativos: se han propuesto un Foro para las pensiones que estimo puede ser útil precisamente de cara a un debate más amplio, el llamado «pasaporte europeo», una beca para las pequeñas y medianas empresas que, de hecho, se convierten en destinatarias de una tarea de inversión sustancial y muy delicada y, a la vez, muy interesante y estimulante.
En consecuencia, todo esto hay que llevarlo a la práctica a través de los principios de la capitalización, a través de la gestión de un buen padre de familia. Éste es un punto importante e interesante. Participé en un congreso en Munich sobre los fondos de pensiones y he de reconocer que discutimos largo y tendido acerca del concepto de «buen padre de familia». Nos hemos permitido establecer un marco, unas pautas. Cierto que es difícil definir el buen padre de familia y, sin embargo, en este sector tan delicado no se le pueden atar las manos, porque es evidente que debe adaptar su gestión al momento contingente, histórico y económico en que trabaja. Existen, sin embargo algunas pequeñas reglas con las que estuvimos de acuerdo también en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que me parecen bastante interesantes y que respetan la libertad de establecimiento, la libertad de inversiones, etcétera. En definitiva, agradeciendo una vez más al señor Comisario Monti su sensibilidad y atención, con este paquete, incluso más claro que el propio texto, pensamos que se puede dar un giro importante al sistema económico, así como a los derechos fundamentales del ciudadano.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, señor Comisario, en primer lugar, quiero felicitar a la Comisión porque, gracias al Libro Verde, las pensiones complementarias, y con ellas toda la problemática relativa a las pensiones, se tratan de una forma comprensible y es importante que también en el ámbito europeo se hable de las pensiones. Si la tendencia actual continúa en el futuro, dos trabajadores mantendrán a un pensionista, en contraposición con la cifra actual de 4 trabajadores. Esto se debe, así mismo, a que una gran parte de los sistemas de pensiones existentes en la Unión Europea son financiados mediante sistemas contributivos. Por tanto, es extraordinariamente necesario que busquemos otras soluciones, ya que, de lo contrario, quizá encontremos una bomba bajo el euro. Ya lo he asegurado a menudo aquí y creo que nos lo debemos tomar muy en serio.
Además de eso, opino que es muy difícil imponer a cada Estado miembro el sistema que debe elegir. No obstante, creo que, al menos, es posible que se presenten las mejores prácticas de los países a los distintos Estados miembros, mediante estudios de benchmark , tal como la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales también recomienda.
Además, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales considera importante que se desarrollen sistemas de pensiones neutrales con respecto al sexo y que, también, se produzca una mejora de los rendimientos de inversión de los sistemas de pensión. Esto puede conducir, después de todo, a una reducción de los costes salariales indirectos y, con ello, crearse más empleo en Europa.
Lo mismo se puede decir en cuanto a las reglas prudenciales de las aseguradoras de pensiones. Si esto se puede llevar a cabo rápidamente, significará, en mi opinión, un mejor rendimiento de las inversiones de los fondos de pensión. Éstas cuestiones también son positivas para el empleo en Europa.
Señora Presidenta, señor Comisario, creo que el problema de las pensiones debe volverse a tratar aquí de una forma más amplia. Así mismo, quisiera hacer un llamamiento al Comisario para que toda la cuestión de las pensiones se analice de nuevo, también lo relativo a las pensiones de base.

Lulling
Señora Presidenta, el primer mérito de este Libro Verde es que la Comisión dice claramente que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponderá a los Estados miembros decidir la función que quieren que desempeñe el primer, segundo y tercer pilares sobre los que reposa el seguro de pensión para los trabajadores por cuenta propia y ajena en los distintos Estados miembros.
El marco comunitario que necesitamos para asegurar el desarrollo de un verdadero mercado único de fondos de pensiones debe limitarse, en mi opinión, a la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre elección de un fondo de pensión, a la libre circulación de las personas y a la libre prestación de los servicios.
Debo subrayar que la reglamentación prudencial actualmente en vigor en ciertos Estados miembros es desproporcionada a la hora de poder garantizar la seguridad de los fondos y no permite a los gestores de fondos fijar la mejor estrategia inversora.
En lo relativo a la política de inversiones de los fondos de pensiones, ésta debería propugnar la diversificación de la cartera de inversiones. Está claro que la fiscalidad puede constituir un freno a la libre circulación de personas y a la libre prestación de servicios. Para mí, es necesario que exista un tratamiento fiscal armonizado en la Unión Europea que prevea una exención o una posibilidad de desgravación fiscal en el momento en que se constituyan los derechos y una imposición de los beneficiarios de las prestaciones según las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta de los Estados miembros.
Dicho esto, insisto, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer, acerca de la igualdad de trato de hombres y mujeres en los regímenes de pensiones complementarios. Soy consciente de que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, pero los cálculos actuariales ligados al sexo no deberían tener como consecuencia cuestionar el principio de cotizaciones iguales y de prestaciones iguales para los beneficiarios de ambos sexos.
Debo aprovechar la ocasión, por supuesto, para insistir sobre la urgente necesidad de revisar las directivas relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes legales y profesionales de seguridad social con el fin de sentar las bases de la individualización de los derechos de pensión, de fijar una edad de jubilación flexible para hombres y mujeres, de regular los derechos de los supervivientes y de los cónyuges divorciados en el reparto de los derechos de pensión adquiridos durante el matrimonio, y, por último, de garantizar una seguridad social independiente a aquellos cónyuges que ayuden a trabajadores autónomos en el sector de la artesanía, el comercio, la agricultura y las profesiones liberales.
Espero, señor Monti, que transmitirá estos deseos a su colega, el Comisario Flynn.

Falconer
Señora Presidenta, quisiera agradecer al ponente la elaboración de este informe, porque es muy importante. También quisiera agradecer a la Comisión que haya presentado la documentación, aunque quizá deba hacer algunos comentarios críticos más adelante.
Una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en el Parlamento Europeo es la contemplación de las estructuras por las que se ha regido Europa económicamente desde 1945. Dichas estructuras han supuesto enormes beneficios económicos para la población de la Europa continental. La codecisión y la política de determinación conjunta que permitió a las comunidades, los trabajadores y la población que se dedican a actividades comerciales trabajar unidos en la reconstrucción de Europa a partir de 1945, no tuvo parangón en el Reino Unido. En el Reino Unido adoptamos el tipo de estructura angloamericana. En los años cincuenta, asistimos al crecimiento de los fondos de pensiones y de seguros en el Reino Unido. La cifra se eleva actualmente a unos 1, 3 trillones de libras, lo que equivale aproximadamente a 1, 6 trillones de ecus, una suma descomunal bajo todos los conceptos. Y sin embargo, desde 1979, cuando la Sra. Thatcher suprimió los controles de cambio en el Reino Unido, hemos asistido a una fuga de la inversión y una fuga de la cartera de valores del Reino Unido hacia otras partes del mundo: del 6 % al 31 % fuera de la CEE, que como reconoce ahora la Comisión, es la cifra real.
No existe ningún control eficaz sobre dichos fondos por parte de los contribuyentes. Los fondos son puestos aparte mientras que sus gestores hacen uso de la enorme arma financiera a su disposición en absorciones, fusiones e incrementos de las retribuciones de los peces gordos de la City londinense.
En cualquier observación casual de la Asociación Nacional de Fondos de Pensiones de mi país, será necesario esforzarse mucho para encontrar a un representante de los trabajadores, a pesar de que son muchos los representantes de la City londinense. Comparemos esta situación con Holanda, Alemania, Suecia, Bélgica y otros países en los que la cooperación, la codecisión y la consulta están al orden del día. Sin embargo, la Comisión no hace la menor referencia en su Libro Blanco a una posible participación de los contribuyentes.
Espero y confío que cuando la Comisión presente la directiva, que según tengo entendido se propone presentar, ofrezca garantías claras de que se contará con la participación de los contribuyentes en la gestión de esos enormes fondos.
El Grupo Socialista apoyará el modelo de mercado europeo de codecisión y determinación conjunta. Rechazamos las disposiciones a corto plazo y esperamos beneficios financieros y económicos para nuestros ciudadanos.
Hace ya varios años que estudio el avance de la democracia política. Una de las personas que he analizado como fuente de inspiración fue Tom Paine, que tomó parte en dos revoluciones, una en América y otra en Francia, y luchó por la democracia política. Creo que va siendo hora de que avancemos para proporcionar a los ciudadanos de Europa una democracia económica. Creo, junto con los Socialistas, que la democracia se verá favorecida al máximo con el modelo de mercado social europeo.

Kuckelkorn
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha seguido las enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y de este modo ha completado convenientemente el Libro Verde. Hay cinco puntos que deben ser resaltados, a los cuales la Comisión, sobre la base del Libro Verde, debería dar continuidad en futuras legislaciones.
En primer lugar: el primer pilar, es decir, la pensión legal tras el período contributivo sólo puede ser reformada en su extensión y estructura en el plano nacional y por lo tanto debe permanecer bajo competencia nacional. En mi opinión la Comisión no tiene la competencia sobre los acuerdos generacionales de origen nacional.
Segundo: también las pensiones complementarias se distinguen en el mercado interior por su variada oferta y oferentes. La legislación comunitaria no debe aquí perjudicar a los pensionistas ni en lo que concierne a las disposiciones jurídicas de inspección ni a las condiciones fiscales.
Tercero: las restricciones al establecimiento sólo podrán ser flexibilizadas cuando unas regulaciones jurídicas de inspección unitarias garanticen la posibilidad de control, la cogestión de los pensionistas y los seguros de insolvencia.
Cuarto: las condiciones marco de carácter fiscal para las pensiones complementarias deben ser mejoradas y unificadas a escala del mercado interior, para estimular el potencial del mercado interior de las pensiones de vejez y hacerlos más rentables. La fiscalidad suplementaria de los derechos de jubilación debe convertirse en un principio comunitario.
Quinto: dentro de la Comunidad debe conseguirse una mayor convergencia en la transferencia de derechos de jubilación así como en los derechos de mantenimiento y en los plazos de vencimiento.
Quiero expresar mi felicitación al ponente y también a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos por haber considerado oportunas las modificaciones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial y haber votado a favor de las mismas.

Rübig
Señora Presidenta, señoras y señores, estamos hablando del futuro y el futuro es muy importante para todos. Las personas que nacen hoy probablemente alcancen los 100 años. Sabemos que uno de nuestros objetivos para el futuro es mantener la salud hasta una edad avanzada. Es decir, ya hoy tenemos que ir pensando como vamos a mantener el nivel social de las personas mayores. Hoy contamos con el principio del acuerdo generacional, de modo que los jóvenes producen lo que los ancianos consumen, y debemos completarlo oportunamente con el principio del ahorro.
Se trata de hacer coincidir de forma razonable las pensiones públicas con las privadas y las de empresa. Si aunamos las condiciones marco para un mercado interior de las rentas entonces también vamos a mirar al futuro con esperanza.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, no sabía que todavía tenía un minuto, en ese minuto quisiera hablar sobre todo de la cuestión de la libre circulación de trabajadores. En este momento, menos del 2 % de todos los trabajadores de Europa tiene un trabajo en otro Estado miembro. Esto se debe sobre todo a la seguridad social, y las pensiones desempeñan un papel extraordinario en este asunto. Creo que podríamos solucionarlo estudiando, por ejemplo, la creación de un carnet europeo de pensiones.
La directiva que tenemos en este momento constituye un paso en la buena dirección, pero si analizáramos también la flexibilización del mercado de trabajo, podríamos lograr un sistema de pensiones más favorable para el trabajador, estableciendo simplemente que las personas puedan llevar consigo su pensión o la aseguradora de pensiones si tienen otro trabajo o si van a otro país. Creo que es posible regular la estabilidad de las pensiones y los derechos de los titulares de las pensiones en el ámbito europeo. Los fondos de pensiones tal como funcionan, por ejemplo, en mi país son, en lo que a esto se refiere, demasiado cerrados. Quisiera hacer un llamamiento al Comisario a fin de que se desarrolle más esta cuestión.

Janssen van Raay
Señora Presidenta, los sistemas de pensiones se basan en tres pilares. En primer lugar, la asistencia básica, regulada por el Estado, para nosotros mediante la Ley General de Vejez; el sistema de pensiones complementario, organizado por los interlocutores sociales con total cogestión de los trabajadores; y el tercer pilar, el sistema de pensiones complementario voluntario. Le deseo al Comisario Monti que tenga mucho éxito con su mission practically impossible para realizar esto. Quiero hacer hincapié en la inquietud que se ha producido en los Países Bajos ante las declaraciones del primer ministro italiano. Otros oradores y también el ponente, el Sr. Ferri ya lo han dicho: la discusión sobre el valor fijo del euro encontrará gran resistencia en aquéllos que disfrutan de pensiones estables. En los Países Bajos, hemos deducido, con razón o sin ella, de las palabras del Comisario Monti y del ponente que el valor fijo del euro puede verse influido por razones de naturaleza política. Hago un llamamiento al Comisario Monti para que disipe la preocupación que se ha producido en los Países Bajos y los implicados se tranquilicen con su, en sí mismo, excelente Libro Verde. Agradezco al ponente, el Sr. Ferri, el fantástico trabajo que ha realizado.

Elmalan
Señora Presidenta, el Libro Verde de la Comisión utiliza el pretexto del envejecimiento de la población y de la disminución del número de población activa para abrir la puerta a los fondos de pensión para las jubilaciones complementarias. Se trata de un falso pretexto, pues evacua totalmente la dinámica de un proceso de creación de empleo y de reducción de la edad de jubilación. Antes incluso de que hayan acabado las consultas sobre el Libro Verde, el Comisario Monti se ha pronunciado en favor de una directiva comunitaria que tiene por objeto definir un régimen liberal para los fondos de pensión en la Unión Europea, una directiva que «garantice, para los fondos de pensión, la libertad de inversión y la libertad de prestación de los servicios de gestión».
Esta orientación hace que se corra el riesgo de tener un sistema basado en el seguro privado, que progresivamente sustituiría a la seguridad social. La salud y la jubilación ya no serían derechos sino que se convertirían en bienes sometidos a las leyes del mercado. La estrategia asignada a los fondos de pensión tiene por objetivo esencial desviar el ahorro hacia los mercados financieros. Los diputados franceses de mi Grupo son abiertamente hostiles a los fondos de pensión. Este sistema de capitalización es especialmente peligroso y profundamente injusto puesto que daría ventaja a los ricos, a los que quieren ahorrar, y dejaría a los más pobres con una pensión mísera.
Ésta es la razón por la que no podemos aceptar el informe Ferri de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, que se inscribe en la línea de las propuestas de la Comisión Europea. Por el contrario, defendemos el sistema de reparto, que es el único que garantiza los derechos de los asalariados y que les permite aspirar a una pensión en el marco de una solidaridad nacional, solidaridad entre población activa y jubilados, entre generaciones, y entre la nación y los asalariados. Para hallar nuevos recursos y para permitir una revalorización del poder de las pensiones, que, a menudo, están desfasadas respecto al coste de la vida, tal como han demostrado las recientes manifestaciones de jubilados en Francia, proponemos la aplicación de una cotización sobre los productos financieros como la que se aplica a los salarios.

Monti
Señora Presidenta, el Libro Verde sobre las pensiones complementarias en el mercado único tenía esencialmente dos objetivos: en primer lugar, se trataba de implementar un debate lo más amplio posible sobre las medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones de los Estados miembros. El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la natalidad podrían amenazar los sistemas basados exclusivamente en el reparto. Estos fueron creados, en general, cuando habían cuatro o cinco trabajadores para cada pensionista. En el año 2015 esta relación será del orden de dos a uno o incluso aún más desfavorable en algunos Estados miembros. Les corresponde a los Estados miembros hacer frente a estas evoluciones y organizar sus sistemas de pensiones para salvaguardar el nivel de renta de las personas mayores manteniendo, sin embargo, bajo control el gasto público.
En lo que respecta al segundo objetivo del Libro Verde, tenemos que emplearnos a fondo a nivel de Unión Europea a fin de que los sistemas de pensiones complementarias, basados en la capitalización, se beneficien plenamente de las ventajas del mercado único. La situación actual es muy distinta. En realidad, debemos constatar que los fondos de pensiones han de respetar rígidas restricciones en materia de inversiones. El Libro Verde señala que algunas de estas restricciones -algunas, no todas- no están justificadas con razones de prudencia y limitan los rendimientos de los fondos provocando un aumento de los costes de las pensiones.
Dichas restricciones obstaculizan la integración de los mercados de capitales de la Unión, en detrimento del crecimiento y del empleo. Los fondos de pensiones no pueden acudir libremente a cualquier gestor autorizado establecido en la Unión, lo que limita las ventajas derivadas de una competencia limpia y eficaz en el ámbito de la Unión. La movilidad profesional se ve obstaculizada por la frecuente falta de reconocimiento mutuo de los sistemas de imposición fiscal y de transferibilidad de los derechos a pensión compensatoria.
Por último, sobre todo por la falta de armonización de los sistemas fiscales, las compañías de seguros de vida y los fondos de pensiones no pueden ofrecer libremente sus servicios en todo el territorio de la Unión. Esta situación es incluso más insatisfactoria si se considera que los sistemas de pensión complementarios evolucionan continuamente en la Unión. Los activos de los fondos de pensiones en los Estados miembros constituyen, hoy por hoy, el 25 % del Producto Interior Bruto de la Unión y un creciente número de Estados miembros acude a estos sistemas para hacer frente a las evoluciones demográficas y presupuestarias.
Además, los trabajadores desean trabajar cada vez más en distintos Estados de la Unión y es esencial que puedan beneficiarse de esta libertad sin correr el riesgo de perder sus derechos a la pensión complementaria. La Comisión recibió casi cien respuestas al Libro Verde remitidas por los Estados miembros, el Comité Económico y Social, los sectores financieros y sociales. En la gran mayoría de las respuestas se recalca lo apremiante que es dotar los sistemas de pensión complementarios de un marco jurídico comunitario que les permita desarrollarse en todo el mercado único. De esta manera podrán contribuir plenamente a reforzar la protección social y a proteger las rentas de los pensionistas teniendo en cuenta -me dirijo en particular a la Sra. Lulling- la necesaria igualdad entre hombres y mujeres; es fundamental no perjudicar a las mujeres.
Compruebo con gran satisfacción que el excelente informe del Sr. Ferri llega a la misma conclusión respecto a la urgencia y a la necesidad de dotar los sistemas de pensiones compensatorios de un marco jurídico comunitario y pide la elaboración de una propuesta de directiva relativa a la gestión de los fondos de pensiones y una coordinación mejor de los sistemas fiscales.
También en el ámbito del marco de acción para los servicios financieros propuesto por la Comisión el pasado 28 de octubre, se ha llegado, entre otras cosas, a esta conclusión. La Comisión está firmemente decidida a actuar en este sentido y precisará el activo respaldo del Parlamento. En líneas generales, la Comisión acoge muy favorablemente el informe del Sr. Ferri y las ideas contenidas en los informes de las demás comisiones parlamentarias. Estos trabajos han enriquecido notablemente la consulta implementada por el Libro Verde y nos serán extremadamente útiles de cara a las futuras iniciativas.
Al principio del próximo año, la Comisión publicará una comunicación que sacará las conclusiones políticas de la consulta. Más adelante, es nuestra intención proponer una directiva que garantice que los fondos de pensiones se van a beneficiar, en condiciones de seguridad óptimas, de las libertades de inversión y de prestación de servicios previstas en el Tratado.
Por último, la Comisión estrechará la cooperación con los Estados miembros, al objeto de eliminar las principales barreras fiscales con vistas a la culminación de un mercado interno para las pensiones compensatorias.
Y concluyo con una observación en línea con lo manifestado por el Sr. Janssen van Raay. Cierto que los fondos de pensiones complementarios son uno de los instrumentos fundamentales en una Europa que mira hacia las futuras generaciones, también para garantizar a largo plazo una profunda sostenibilidad de los equilibrios financieros. Dirigiéndome a la Sra. Elmalan quisiera decir que, obviamente, los Estados miembros van a poder conservar su plena competencia a la hora de determinar el papel que quieren atribuir a los distintos pilares del sistema asistencial. Cierto que la orientación propuesta por la Comisión en cuanto al papel de los sistemas de pensión compensatorios es la de una notable liberalización de los activos y de la gestión, pero con normas concretas de carácter prudencial y, si estamos interesados, como ciertamente lo está la Sra. Elmalan, al fomento del empleo en Europa, no podemos dejar de tener en cuenta el hecho de que un mercado único para los fondos de pensiones permitirá, a igualdad de riesgo, obtener un mayor porcentaje de rendimientos sobre los activos de los fondos de pensiones y, por ende, reducir las cargas contributivas, a igualdad de pensiones que se quieren garantizar, así como reducir los costes no salariales, los costes del trabajo distintos del salario. Todo esto, evidentemente, cumple un papel importante en una política de empleo.
Creo, por lo tanto, que existen pocos temas tan esenciales para muchas problemáticas del sistema económico y social europeo como éste, y vuelvo a agradecer al Parlamento la significativa aportación que nos ha brindado.

Falconer
Señor Presidente, muy brevemente, cuando el Sr. Monti hablaba sobre su Libro Verde, no hizo ninguna referencia a cómo los contribuyentes a dichos fondos, es decir, las personas que invirtieron su dinero, podrán participar en el proceso de toma de decisiones. ¿Podría darnos garantías de que cualquiera de estas comunicaciones o directivas incluirá este aspecto sacrosanto, es decir, las condiciones del mercado europeo de codecisión y determinación conjunta?

Monti
Señor Presidente, deseo responder brevemente al Sr. Falconer, y manifestar que la posible participación de los contribuyentes en la gestión de los sistemas de pensiones complementarias y los fondos de pensiones es, naturalmente, importante y entra en las competencias de los Estados miembros, y no de la Comunidad.
Asimismo deseo apuntar a la diferencia que existe entre una empresa que produce bienes y servicios en la que, al menos en algunos Estados miembros, existen formas de participación de sus empleados, y un intermediario financiero en su sentido más amplio, como es un sistema de pensiones complementarias. Los intermediarios financieros no tienen por norma contar con la participación de los homólogos en la gestión. En mi opinión, la mejor garantía para que los contribuyentes participen es la elaboración de un reglamento prudencial adecuado y que éste se cumpla en la práctica.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Vehículos de más de ocho plazas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0424/98) del Sr. Murphy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de ocho plazas además del asiento del conductor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (COM(97)0276 - C4-0545/97-97/0176(COD)).

Murphy
Señor Presidente, dada la reputación, al menos en Gran Bretaña, que tienen los autobuses de llegar tarde y habida cuenta del hecho de que este informe en particular vuelve a nosotros por segunda vez, tras haberse retrasado desde abril de este año, es probablemente adecuado que comencemos a una hora bastante avanzada de la noche. Dicho esto, quisiera hacer constar mi agradecimiento al personal de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial de este Parlamento, en particular a los intérpretes y traductores, que ha realizado una misión considerable en lo que se refiere a este informe concreto. Han realizado un trabajo admirable. También quisiera agradecer a mis compañeros miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, en particular al Sr. Rübig, que esta noche se encuentra aquí con nosotros, por su ayuda para que pudiéramos llegar hasta esta fase.
Una amiga me contó un caso que había presenciado en una parada de autobús en mi ciudad natal de Wolverhampton; el de una madre joven que llevaba a su hijo en un cochecito. Cuando el autobús paró, ella no subió, lo dejó marchar. Mi amiga le preguntó por qué no había subido al autobús. La joven madre le respondió que no podía subir a aquel autobús, pero que pronto pasaría otro con el suelo bajo. Es un ejemplo que ilustra lo que intentamos hacer esta noche: asegurarnos de que las personas pueden subir y bajar de los autobuses. Pero, a otro nivel, estamos intentando, evidentemente, hacer realidad una parte importante de la culminación del mercado único. Los autobuses y los autocares son productos importantes de la industria automovilística y necesitamos unas normas aceptables para que puedan circular libremente en el mercado único.
Espero que la Comisión reconozca que a pesar de que la propuesta que hemos presentado es radical, también es viable. Recuerdo haber mantenido aquí una breve charla con el Comisario Bangemann en abril sobre las excepciones en la propuesta original de la Comisión que dejaba a determinados vehículos fuera de la directiva. El Comisario me desafió sobre los motivos por los que debía ser así. Le dije que mis propuestas habrían eliminado dichas excepciones, porque a todos los efectos, los miembros de esta Asamblea reconocen que la mayoría de los vehículos son seguros y se les debería conceder una aprobación del tipo, no sólo en sus mercados nacionales, sino también en el mercado europeo. En el presente informe volvemos sobre dicha propuesta.
Un ámbito clave, ciertamente para esta parte de la Asamblea, es la accesibilidad y las medidas que garanticen la accesibilidad. Para lograrlo, la Comisión de Asuntos Económicos ha incluido algunas definiciones de lo que es un pasajero. También hemos incluido determinadas normas técnicas que esperamos que un grupo de trabajo técnico considere obligatorias, por ejemplo: la altura del primer escalón, especificaciones sobre los accesorios para ayudar a subir, la accesibilidad a los vehículos en sillas de ruedas y la seguridad de los pasajeros en el interior de los vehículos. En relación con esto, la comisión ha protegido asimismo la posibilidad de que se mantengan las preferencias nacionales y las variaciones regionales, mientras que al mismo tiempo acepta que se exijan determinadas normas en materia de accesibilidad.
Otro ámbito que la comisión ha tenido en cuenta es el tema de la seguridad del conductor. Si queremos vehículos seguros para los ciudadanos de la Unión Europea, debemos asegurarnos de que los conductores van cómodos y no corren ningún riesgo. Por consiguiente, hacemos un llamamiento a la Comisión para que, seis meses después de la entrada en vigor de la directiva, presente una propuesta que examine específicamente la seguridad del conductor.
Reconozco que el informe que esta noche les presenta la Comisión de Asuntos Económicos supone un cierto reto para la Comisión y que, en cierta medida, es un nuevo enfoque. No obstante, creo que merece ser tenido seriamente en cuenta por la Comisión. Quisiera retar a la Comisión a que reconozca lo que la Comisión de Asuntos Económicos se propone conseguir: establecer un equilibrio entre las necesidades del ciudadano; equilibrar nuestra obligación de completar el mercado único, pero al mismo tiempo, presentar un informe que sea de utilidad y sensible y trate sobre lo que hace falta y no sobre lo que puedan desear los funcionarios.
Lo reconozco como un desafío radical, algo de lo que tal vez la Comisión no se ha ocupado antes, pero creo que si la Comisión está dispuesta a tener en cuenta este nuevo enfoque, nos acercaremos un poco más a la culminación de dicho mercado único, respetaremos las variaciones nacionales y regionales en lo que se refiere a los autobuses y autocares, y espero que el tipo de historias con la que comencé mi intervención esta noche, de una joven madre que no podía subir al autobús de mi ciudad, no vuelva a repetirse nunca más.

Rübig
Señor Presidente, estimados colegas, el excelente informe del Sr. Murphy va mucho más allá de lo que el título expresa. Ya no se trata solo del transporte de viajeros con más de ocho plazas. Con las presentes enmiendas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial damos el pistoletazo de salida a una nueva era de la legislación técnica.
Hasta ahora las propuestas eran reguladas hasta el último detalle. Quiero mostrar ahora las propuestas, sólo para que se pueda comprobar la enorme extensión que sólo la legislación técnica sobre los vehículos con más de ocho plazas ha requerido. El legislador debe decidir si la altura del escalón de acceso de un autobús debe ser de 240, 260 o 280 mm. Pero esto no puede ni debe ser la tarea de esta Asamblea y sus miembros. Más bien debemos establecer las directrices y los principios políticos. Un autobús debe ser seguro, estar construido con estabilidad y ser accesible para personas con movilidad limitada. Los demás pormenores deben ser acordados, conforme a esos principios, por aquellos que, de hecho, son los interesados: los productores, los usuarios y, sobre todo, las personas mayores y las discapacitadas. En este sentido quisiera dar las gracias expresamente al Sr. Murphy porque ha contribuido intensamente con este informe.
Por ello proponemos la constitución de un grupo de trabajo permanente que se ocupe de las implementaciones. Por una parte se debería adherir de forma pragmática a las regulaciones existentes en el marco de la Comisión económica de las NN.UU. Por otra parte se debería involucrar a las organizaciones europeas de normalización, que ya tienen gran experiencia con este tipo de legislación.
Mientras no haya unanimidad sobre cuestiones puntuales, el mercado único y la libre circulación de mercancías de ser garantizado de otra forma. Aquí, de forma subsidiaria, sería válido el principio del reconocimiento recíproco. Una vez que se ha autorizado un autobús en un Estado miembro puede serlo en todos los demás. Esto también asegura la medida necesaria de flexibilidad y de orientación hacia el cliente. Un autobús en Sicilia exige otras consideraciones que otro en el norte de Finlandia o que uno en una gran ciudad como Londres o que uno en una pequeña ciudad como Oberplattling en Baviera. Creo que debemos conceder esa libertad al mercado, que los clientes puedan decir lo que quieren, y que los constructores, que lo han aprendido, puedan ofrecer aquello que los clientes demandan.

Carlsson
Señor Presidente, el informe Murphy no es sólo una ley más sino que es además, según mi parecer, un avance en la manera de legislar en la UE, en la confianza que tenemos en los actores del mercado y en lo que se espera de nosotros.
Me negué a participar en la votación en la comisión en la primavera pasada. En la vasta propuesta de directiva había fórmulas y detalles matemáticos que no pude entender y menos aún explicar a mis representados. Además, había 135 enmiendas que debía conocer la comisión. Mi Grupo, el PPE, se abstuvo en la primera votación aquí en el Parlamento y consiguió que se devolviera el asunto. Quiero dar especialmente las gracias por esto a Wogau, un experimentado político que a menudo se encarga de propuestas de legislación e informes de gran envergadura. Opino que fue provechoso que él, junto a nosotros, al fin quisiera y pudiera cuestionar la racionalidad de tantos detalles.
También quiero dar las gracias a Murphy por la comprensión que ha conseguido y porque él, como responsable del proyecto SLIM en el Parlamento, posiblemente estima que no sólo tenemos que hablar, sino que también tenemos que demostrar con hechos que queremos normas más simples, mejores y menos detalladas. Obviamente que también quiero dar gracias a Rübig, quien no se ha limitado a cuestionar sino que también ha sido un activo constructor en este asunto.
Espero que la industria, que a menudo habla de menos y mejores normas, no se sienta engañada por estas reformas tan radicales. Hay quienes posiblemente habrían sido beneficiados por una propuesta detallada y que en términos generales dicen una cosa pero hacen otra distinta guiados por intereses específicos. Espero que la Comisión no tome a mal que el Parlamento elimine tantos aspectos de la propuesta que afanosamente ha elaborado y que aprenda del informe Murphy.
Quiero que desde este Parlamento desafiemos al Consejo y a la Comisión para ver quién tiene más éxito en la tarea de simplificar y mejorar la UE, quién es el que lucha mejor para conseguir marcos generales dando oportunidad al mercado y al principio de cercanía para desarrollar estándares y posibles detalles. El Parlamento va a demostrar esta semana, con una resolución, que queremos una UE con menos detalles y mejor funcionamiento. Hacemos esto por encargo de los ciudadanos, en un período en que ellos con justa razón ponen en entredicho una UE que en muchos aspectos es lenta, orientada hacia las reglamentaciones y, consecuentemente, burocrática.

Monti
Señor Presidente, ante todo quiero dar las gracias al Sr. Murphy por su cuidadoso examen de la propuesta de directiva relativa a los autobuses. Como ustedes saben la propuesta de directiva se inscribe en el sistema comunitario de homologación de los vehículos de motor, regulado por la Directiva marco 70/156/CEE. La misma ultima la armonización técnica de dicha categoría de vehículos y culmina el mercado único de los vehículos en su conjunto. La propuesta sigue el criterio clásico utilizado en el sector de los vehículos de motor tanto desde el punto de vista comunitario como internacional.
Existen numerosos reglamentos internacionales sobre el acondicionamiento de los autobuses urbanos e interurbanos en el marco de la revisión del acuerdo de 1958 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, que la Unión Europa ratificó sólo en el mes de marzo de 1998. La propuesta de la Comisión se basa en estos reglamentos aportándoles algunas mejoras, aprobadas previa consulta de todos los expertos en la materia. La propuesta tiene en cuenta todas las repercusiones económicas y sociales de los transportes públicos. En este sentido, reconocemos el rigor demostrado por el Sr. Murphy en el primer proyecto de opinión. Este último incluía más de un centenar de enmiendas, de las cuales sólo podía admitirse una parte. La drástica reducción a doce enmiendas realizada en el segundo informe del Sr. Murphy, podría parecer un excelente resultado, ya que permanecía en un plano más político y menos orientado hacia las especificaciones técnicas. Las actuales doce enmiendas, sin embargo, están muy alejadas de la propuesta de la Comisión y no nos parecen aceptables por los siguientes motivos.
En primer lugar, el examen propuesto no se ciñe totalmente ni al enfoque clásico y detallado de la reglamentación del sector del automóvil, ni tampoco al enfoque centrado en los requisitos esenciales. En realidad, las enmiendas propuestas por el señor ponente parecen inspirarse en el nuevo criterio, pues suprimen las especificaciones técnicas particulares de los anexos. Dichas enmiendas, no obstante, prevén el recurso a grupos de trabajo y a un comité de reglamentación que no es otro que el comité del enfoque clásico.
En segundo lugar, el informe prevé la creación de un nuevo grupo, el Technical working party, que estará integrado por los representantes de los operadores, los constructores, los órganos de normalización y las asociaciones de consumidores, entre las que cabe destacar a los representantes de las personas con movilidad reducida. Este Technical working party es un calco del modelo clásico del Comité de reglamentación. Atribuyéndole el cometido de elaborar las especificaciones técnicas particulares para ayudar a los servicios de la Comisión, se aumentaría la confusión acerca de las competencias y se retrasaría aún más la aprobación de las especificaciones técnicas armonizadas.
En tercer lugar, quiero señalar que, por otra parte, la propuesta de la Comisión garantiza un equilibrio -que no fue fácil alcanzar-entre los intereses de la industria, la política comunitaria de transportes, las exigencias de seguridad de los usuarios finales de los autobuses y el aspecto «política social de la Comunidad», en particular respecto a las personas con movilidad reducida.
En cuarto y último lugar, no hay que olvidar que esta directiva completa el sistema global de homologación del tipo de esta categoría de vehículos. No sería, por tanto, oportuno modificar, precisamente en la etapa final de la culminación del mercado único de los vehículos, el sistema de armonización de las normas nacionales.
Por ello, la Comisión no puede sino rechazar las doce enmiendas presentadas. Deseamos, por supuesto, perfeccionar el sistema normativo comunitario junto con el Parlamento Europeo, con el legislador en el marco de la codecisión. Tenemos la intención de seguir adelante de forma constructiva con esta labor con la ayuda del señor ponente y del Parlamento, al objeto de complacer a todas las partes interesadas.

El Presidente
Gracias, Señor Monti.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Industria aeroespacial
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0362/98) del Sr. Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión relativa a la industria aeroespacial europea ante el desafío global (COM(97)0466 - C4-0547/97).

Hoppenstedt
Señor Presidente, distinguidos colegas, la Unión se ocupa intensamente desde hace algunos años de la política aeroespacial europea, como se desprende fácilmente de las numerosas comunicaciones de la Comisión. El presente informe no sólo trata uno de los muchos aspectos de este ámbito orientado hacia el futuro, sino que analiza la situación actual como un todo y proyecta sobre esta base una coherente política europea para el futuro.
La importancia de la industria aeroespacial como eminente sector económico para el futuro ha sido entretanto aceptada de forma general en Europa. Este potencial económico sólo puede ser aprovechado óptimamente si la actualmente fragmentada industria aeroespacial europea, condicionada por la creciente complejidad de los diferentes productos aeroespaciales, refuerza su competitividad en el mercado mundial a través de proceso de reestructuración.
Esto es todavía más importante desde el punto de vista de la importancia de como empleador de este sector con más de 377.000 puestos de trabajo directos en el año 1997. El hecho de que la industria aeroespacial europea se haya visto impregnada en los últimos años por la intensificación de la competencia internacional, la reducción de los recursos públicos y el raudo desarrollo tecnológico no facilita el proceso. Los timbres de alarma para la industria europea sonaron como muy tarde en julio del año pasado con la fusión de Boeing y McDonnell Douglas. El ejemplo americano de la reestructuración muestra claramente el camino que, en este sector, también los europeos deben seguir.
Solo en los últimos cinco años han surgido en los estados Unidos tres enormes consorcios a través de la fusión o la adquisición. Conjugan bajo el mismo techo, en una combinación tecnológica y económica prácticamente ideal, todos los ámbitos de la aviación civil, militar y espacial así como la tecnología de defensa. Eso les permite ponerse en una situación en la que pueden diversificar sus riesgos, aumentar su independencia frente a las desviaciones coyunturales y aprovechar al máximo los efectos de sinergia específicos y tecnológicos entre los diferentes sectores.
Pero incluso aunque la industria aeroespacial europea, a causa de la fragmentación las políticas de orientación nacional, parta de una situación diferente a, por ejemplo los Estados Unidos, en el último año se han hecho muchas cosas positivas en el plano europeo. A modo de ejemplo sirva el proyecto de European Aerospace and Defense Company , que refleja claramente la voluntad de reestructuración tanto de la industria interesada como de los gobiernos nacionales. Como resultado de numerosos encuentros ha surgido de Daimler Benz Aerospace, Aérospatiale, Casa y British Aerospace un claro concepto sobre los objetivos, el alcance y la estructura operativa para una política aeroespacial común, tanto civil como militar.
El primer paso en esa dirección será el año que viene la constitución de la Airbus Single Corporate Entity . Aunque este sea un importante paso hacia delante, no es de ningún modo el único. Así promete el año 1998, por ejemplo, ser un año record para Airbus en el sector de los aviones civiles gran capacidad. Por primera vez han suscrito en la primera mitad de 1998, con una cuota de mercado de más del 50 %, más encargos que su competidor directo, Boeing-McDonnell Douglas. El sector de la aviación civil es, con seguridad, el más importante desde el punto de vista financiero en la industria aeroespacial, pero también el resto de los sectores debe imponerse una estrategia europea a largo plazo. Por ello hay que saludar y desarrollar los proyectos en el sector de los satélites de comunicaciones, como por ejemplo, Sky-Bridge , en tanto respuesta al Teledesic , o también el éxito del programa ARIANE en el sector de los servicios de carga, y con programas que desarrollan satélites y sistemas de navegación, estamos en el camino correcto.
En este sentido también es positivo destacar las acciones correspondientes previstas en el capítulo del crecimiento sostenido y orientado hacia la competencia del 5º Programa marco de investigación de la UE, como entre otras, acción directriz «Nuevas perspectivas para la Aviación». Además, el programa marco fija una coordinación específica de las actividades de los diferentes programas temáticos en el sector de la tecnología aeroespacial. El contenido del informe aclara que con un compromiso consecuente Europa no puede más que ganar. En el desarrollo y ejemplos descritos se evidencia que Europa posee un gran potencial de partida. Sólo queda que la industria, con el apoyo de los gobiernos nacionales y las instituciones europeas, acepte este desafío.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en mi calidad de ponente de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores, expreso mi juicio favorable sobre el informe del Sr. Hoppenstedt y voy a detenerme en dos aspectos específicos: la cooperación y el diálogo de Europa con los países de reciente industrialización como China, y el compromiso de la Comisión con vistas a las negociaciones internacionales sobre la seguridad y la asignación de los recursos del espacio y del espectro electromagnético.
Desde una óptica algo más amplia, quiero manifestar que, gracias a una serie de acuerdos, la industria aeroespacial ha salido del punto muerto en que se encontraba hace aproximadamente un año, aunque ha realizado sólo parcialmente el proyecto de reforma. En el plano institucional y del régimen de propiedad, hace pocas fechas se han definido las orientaciones para la privatizaciones en Francia, aunque queda mucho por hacer todavía. El Sr. Hoppenstedt se ha referido al tema del estatuto de sociedad europea que precisa Airbus, no existe la Agencia Europea de Armamento que sigue sin crearse, las administraciones nacionales del espacio están buscando una nueva misión, mientras que la ESA carece de una clara vinculación, de un claro mandato respecto de la Unión Europea y de la Comisión.
Me alegro realmente por dos cosas: la financiación en favor del sector espacial en el Quinto programa marco que casi se ha doblado respecto al Cuarto y el creciente consenso que constato en Europa tanto a nivel político como a nivel industrial en lo que al programa de navegación por satélite se refiere. Estos me parecen los dos mensajes más positivos de la Unión; por lo demás, temo que la velocidad del cambio del sistema aeroespacial europeo sigue siendo insuficiente para hacer frente con éxito a un reto mundial que puede dificultar nuestro camino hacia la sociedad de la información.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario de Silguy, Señorías, señor ponente, todo el mundo reconoce hoy en día que la industria aereospacial europea es uno de las joyas más prestigiosas de nuestra economía europea, de nuestro poderío económico y, por lo tanto, de nuestro poder político.
De entrada, al igual que ha hecho el ponente, quisiera congratularme en este ámbito por la declaración franco-alemana del 9 de diciembre de 1997. Al igual que él, yo también apruebo con entusiasmo la reestructuración a escala europea de nuestra industria aeronáutica y espacial, tanto civil como militar. Es un necesidad que nadie niega actualmente.
Europa necesita, en efecto, grupos industriales poderosos e integrados en este campo, así como en muchos otros sectores industriales. En esta fase de mi intervención, permítame interrogarme acerca del hecho de que en otros sectores industriales europeos no tuvimos la misma voluntad, en el momento oportuno, de llevar a cabo reestructuraciones y reagrupamientos. Citaré como ejemplo la construcción naval e incluso, en cierta medida, la industria textil. Permitáseme decirlo a mí, que desde hace años sigo los temas industriales, y además que lo lamente en nombre de cientos de miles de asalariados de estos sectores que hoy en día se han convertido en parados.
Y si lo digo es porque tenemos ante nosotros muchos otros sectores que se ven o se verán afectados por ello. Ahora lo sabemos y no podemos seguir disimulando o decir lo contrario. Aprovecho también para volver a decir que en Europa, en aras de un liberalismo triunfante, debemos dejar de imponernos reglas, cortapisas y limitaciones que nuestros competidores mundiales no se imponen y de las que se aprovechan en términos de competencia mundial.
En cuanto a la aeronaútica, también apruebo -como nuestro ponente, al que felicito- la transformación de la industria Airbus para dotarla de una nueva musculatura. Yo también lamento nuestras debilidades y confío en que lleguemos a encontrar soluciones en el ámbito de los satélites de comunicación y de navegación. Insistiré, para acabar, en dos puntos finales: en primer lugar, la necesidad de proceder a un desarrollo común de la próxima generación de naves y aeronaves militares; y el segundo punto es que no debemos olvidar nunca en Europa la importancia en términos sociales y en términos de empleo directo o indirecto del sector aeronáutico civil y militar y, por lo tanto, la necesidad de introducir lo antes posible comités de empresa europeos.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es éste un buen expediente, un buen informe, un tema del que cabe sentirse orgullosos y, personalmente, un ejemplo para otros sectores industriales europeos.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimados colegas, en primer lugar quisiera dar las gracias a mi colega Hoppenstedt por su excelente informe. Es un reconocido experto en esta materia y creo que esto es algo que debemos apreciar. Tenemos una extensa variedad de temas y cuando alguien se dedica tan profundamente a uno de ellos tiene un significado muy especial.
Entremos en materia con el informe. Creo, sin duda, que debemos conseguir las condiciones para que se pueda desarrollar una industria aeroespacial europea, pero sería aun más importante que las empresas europeas de navegación aérea y espacial se asociaran de forma realmente conveniente, y en esto aun queda mucho por ver. Creo, sobre todo, que una empresa europea de la navegación aérea y espacial, compuesta por diferentes empresas que hasta ahora estaban organizadas sobre una base nacional, no soportaría a largo plazo la participación estatal. Creo que deberíamos organizar este sector sobre una base privada, y esto atañe de forma especial a un determinado país.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la tecnología militar, como diríamos nosotros los alemanes, es absolutamente necesario que cooperemos para no quedar rezagados respecto de nuestros competidores. Desde luego que, en este ámbito, aun quedan abiertas muchas cuestiones especialmente sensibles, y hay que reconocer que dependiendo de qué y dónde se produce algo deben ser repartidas las correspondientes parcelas del mercado. Permitanme también señalar que lo que siempre concebimos como una empresa común europea de la navegación aeroespacial, que realmente es lo que tenemos que hacer, lo hacemos para enfrentarnos a la competencia americana, pero en determinados segmentos del mercado deberíamos cooperar con los EE.UU. ya que algunas de las empresas que se van fusionar en un grupo europeo de defensa y navegación aeroespacial tendrán, desde luego, conexiones con los EE.UU. y con empresas sitas allí. Por tanto: construcción de una posición fuerte pero también cooperación con empresas americanas.
Permítanme algunas palabras sobre el sistema de navegación por satélite. Señor Comisario, me gustaría que me prestase especial atención en este punto. No estoy seguro si, nosotros, en esta Asamblea, usted en la Comisión y los Estados miembros son muy conscientes sobre la problemática del sistema de navegación por satélite. ¿Deseamos realmente exponernos a la dependencia de los EE.UU. de forma que desarrollemos juntamente con ellos un sistema que, sin embargo, puede ser desconectado unilateralmente por su parte? Aquí debemos reflexionar más concienzudamente cómo queremos alcanzar nuestra propia identidad europea, ya que esta cuestión de la navegación por satélite no es sólo importante para la política de transporte, y creo que en este asunto, nosotros, los europeos debemos hacer mayor causa común.

Hermange
Señor Presidente, la industria aeroespacial está formada por 350.000 personas, un millón de empleos y un volumen de negocios de 50.000 millones de euros. Sin embargo, está amenazada por los Estados Unidos, que se benefician de ayudas considerables al desarrollo tecnológico y que han sabido anticiparse a las consecuencias de la competencia internacional. En este contexto, el informe Hoppenstedt llega en el momento propicio.
En este momento en el que Europa debe reaccionar deprisa y acertadamente, con el fin de mantener su lugar en la industria aeroespacial, debemos tener cuatro objetivos principales: consolidar los primeros éxitos del lanzamiento de Ariane V, desarrollar un avión civil de largo recorrido subsónico Airbus A3X, desarrollar con éxito los sistemas europeos de navegación por satélite GNS 1 y 2 en sus componentes espacial y terrestre y, por último, en materia de investigación y desarrollo, poner a punto satélites menos caros, más ligeros, dotados de importantes potencias, previstos para responder a las necesidades en el ámbito de las telecomunicaciones y de la observación de la Tierra, y también en el de la prevención, sobre todo, de las catástrofes naturales.
La competencia estadounidense exige, pues, un nuevo impulso por parte de los europeos. En el futuro, el acercamiento de las industrias deberá ir mucho más lejos. Sólo así podrá la Unión Europea marcar nuevos hitos en el sector aeronáutico y espacial y podrá recoger el fruto de sus competencias gracias al desarrollo de nuevas actividades. Las realizaciones tecnológicas aeroespaciales representan ayudas para el empleo. De ahí que debamos estar especialmente atentos al desarrollo de este sector de actividad.

Ainardi
Señor Presidente, al inscribirse en la línea de la Comisión Europea, el informe apoya las operaciones en curso de reestructuración en la aeronáutica europea. Me limitaré a intervenir sobre este tema de la aeronáutica. Si Airbus ha tenido un enorme éxito mundial, los profundos cambios actuales me parecen representar riesgos importantes. La voluntad declarada de plantarle cara a Boeing y a su poderío es el argumento de base para justificar la ambición y la necesidad de un gran grupo europeo aeronáutico. Estoy de acuerdo en que se dote a Airbus de nueva musculatura, pero debemos constatar que en torno al liderazgo del nuevo grupo se ha generado un combate feroz entre los socios de Airbus, socios al menos hasta la fecha, a pesar de que se ha remitido un informe de etapa hace poco al gobierno.
Creo que es necesario, en efecto, pasar a una nueva etapa de la aeronáutica europea, pero la ambición y los objetivos de las reestructuraciones en curso no pueden sernos indiferentes. Cuando se considera que estas reestructuraciones se basan esencialmente en la competencia y en la búsqueda de la rentabilidad, sólo cabe preocuparse por el futuro de una industria que exige inversiones a largo plazo sin resultados inmediatos, una industria cuya expansión está especialmente vinculada a la competencia, a la formación y al reconocimiento de las calificaciones de los asalariados. Una industria, también, aunque a algunos no les guste, que siempre se ha beneficiado en Francia de la aportación del control público.
Quisiera también decir que la explosión de las necesidades civiles mundiales en el ámbito de la aeronáutica plantea desafíos de una amplitud nueva en materia de reducción de daños para el medio ambiente y supone, claro está, desafíos en términos de costes de financiación así como también de democracia, y creo que la lógica de la guerra económica en la que nos estamos enzarzando no permite responder a estos desafíos.

Schroedter
Señor Presidente, estimados colegas, resulta grotesco que tengamos ante nosotros un informe que, según su letra, versa sobre la competitividad pero que, en realidad, trata de un sector con una creciente tendencia a ser intensamente subvencionado. El 50 % de la producción es militar y se mantiene viva gracias a dineros 100 % públicos. El informe habla de eficiencia. Quiero decirles que eficiencia y competitividad serían alcanzadas si, sobre todo, se conectase la reestructuración del sector aeroespacial con una estrategia de desarme y no, tal y como aquí se propone, a través de un proceso de rearme y reorganización armamentística.
A los Verdes nos preocupa especialmente que a través de unas incontroladas operaciones de fusión de la industria aeroespacial, se ponga en marcha un proceso de alta dotación armamentística sin marcha atrás posible, y, además, sin transparencia ni control democrático. Los dineros de investigación y desarrollo no se están invirtiendo aquí de forma conveniente. En sectores como la energía renovable, teniendo en cuenta el cambio climático, estarían mucho mejor invertidos.

de Lassus Saint Geniès
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, al agradecerle al señor Hoppenstedt su informe, quisiera recordar, al igual que los anteriores oradores, que la reestructuración de la industria aeronáutica y espacial europea es una necesidad. Los Estados y los industriales son, no obstante, conscientes de ello y se encaminan en estos momentos hacia una solución común que pronto resultará satisfactoria para todos los socios.
El Parlamento Europeo debe acompañar esta marcha hacia delante velando, no obstante, por que se cumplan los progresos sociales y, sobre todo, como se ha recordado antes, en materia de comités de empresa europeos. Se trata evidentemente, señor Presidente, de un sector de una importancia estratégica considerable, tanto por las garantías que ofrece a la defensa europea como por los desarrollos que permite para la utilización del aire y del espacio a escala mundial en el curso de los próximos cincuenta años. Ésta es la razón por la cual no hay que evaluar la reestructuración en curso según criterios puramente liberales o capitalistas. La importancia de los contratos comerciales que derivan de este tipo de industria pesará evidentemente en el nivel de vida de los pueblos europeos. El apoyo financiero comunitario a la investigación en este sector, lejos de disminuir, deberá pues proseguir en paralelo con el esfuerzo considerable llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en favor de la reestructuración de ese sector en este país.
Este apoyo debería ser un incentivo, como sugiere el Sr. Hoppenstedt, pero en ningún caso hay que disminuir la ayuda de los fondos públicos nacionales o europeos si no se quiere reducir muy fuertemente el alcance de la reestructuración llevada a cabo. Un punto específico se refiere al desarrollo del A.3XX. Los costes son, sin duda, colosales, pero los aviones de largo recorrido son una prueba decisiva para los conocimientos técnicos de una industria aeronáutica y constituyen un vector promocional formidable para toda una gama de productos, como el 747 lo ha demostrado para Boeing durante estos últimos veinte años.
Así pues, no es posible prescindir de este proyecto. Quiero manifestar aquí la confianza que tenemos en la capacidad de todos los industriales y, sobre todo, de los obreros-ejecutivos y de las oficinas de estudio de la Aérospatiale de Toulouse para llevar a cabo este magnífico proyecto. Sin embargo, debemos saber aprovechar también este programa financiero ambicioso para organizar mejor y difundir la subcontratación con ese esfuerzo industrial ejemplar que será de máxima utilidad para los intereses del desarrollo industrial en todas las regiones europeas interesadas.

Antony
Señor Presidente, Señorías, nadie se felicita más que el Front National por el éxito de nuestra industria aeroespacial y, sobre todo, por las cooperaciones ejemplares que son Airbus y Ariane.
Hay que destacar, una vez más, que estas iniciativas no le deben nada a las instituciones europeas sino a la voluntad de los ingenieros técnicos o de los obreros. Debemos, por lo demás, felicitarnos de la voluntad de no entregar a nuestros países al dominio e incluso, en ciertos sectores del mercado, al monopolio del gigante estadounidense Boeing-McDonnell-Douglas. Sin embargo, nos preocupan las segundas intenciones contenidas en el informe de nuestro colega Hoppenstedt; so capa de eficacia económica y del concepto «multiusos» de integración, nos encaminamos hacia la privatización y simultánea europeización de nuestras industrias de defensa.
Con la excusa de la privatización, nos encaminamos tanto hacia un control de nuestra defensa nacional por parte de la Comisión de Bruselas, a través del nacimiento de una reglamentación y de una normalización comunitarias, como hacia un debilitamiento de nuestras industrias militares, blanco de todas las OPA imaginables. Lo que preocupa, sobre todo, es que en ningún momento parece que se vinculan estos problemas industriales al interés superior y a la seguridad de los Estados, ni siquiera de un hipotético superestado europeo. La integración entre los sectores civil y militar no tiene por objeto que se produzcan sinergias, tecnologías duales o posibilidades de ayuda pública a la investigación, sino que sólo pretende hacer caer a la industria de armamento en la parcela común de la economía europea, en la competencia a cualquier precio y en el control absoluto de la situación por parte de Bruselas.
En materia de aeronáutica civil no huelgan las advertencias a los representantes políticos franceses respecto a las consecuencias inmediatas de la transformación del GIE-Airbus en una sociedad única. En el contexto actual esto se traducirá en una deslocalización de la sede social hacia los Países Bajos a la espera de las deslocalizaciones de la unidades de producción. Las economías de escala y la desfragmentarización de los mercados pueden pasar por otras vías que no sean el abandono a manos de capitales privados de nuestras empresas y el derecho comunitario. Para hallar estas vías, señor Presidente, ciertamente no hay que dirigirse a la Comisión. Los problemas de seguridad nacional o de industrias estratégicas son demasiado importantes para dejarlos en sus manos. En Francia no podemos olvidar tan fácilmente el enorme influjo que tuvo ésta en materia de astilleros navales.

Randzio-Plath
Señor Presidente, el ponente ha resaltado muy claramente el significado de la industria aeroespacial europea en tanto importante rama económica para el futuro. Aun recuerdo los debates de esta Asamblea respecto de otras comunicaciones de la Comisión, en las que se indicaba con reiteración que la capacidad de competencia y futuro de la Unión Europea dependía, también y en concreto en el ámbito de la política industrial, del desarrollo de este sector. Esto, naturalmente, no excluye que se tengan que volver a subrayar y considerar los términos políticos de la cuestión que precisamente se hacen evidentes en relación con los componentes civiles y militares de este sector.
Uno debería preguntarse hasta qué punto está realmente organizado el mercado en este sector o si ello es posible. Por tanto, hasta qué punto la subvención del sector militar, al igual que en otras regiones del mundo, realmente posibilita otros productos civiles, que son competitivos. Si recuerdo que, tanto antes como ahora, la Unión Europea solo tiene una pequeña cuota del mercado mundial, y si vemos que el valor de las exportaciones aeroespaciales alcanzó en el año 1996 únicamente 15 mil millones de ECU, que se corresponden a un 3 % del total de las exportaciones de la UE, entonces sabemos que, teniendo en cuenta la importancia de este sector, la Unión Europea, a pesar de todos los éxitos, debe lograr mucho más.
La industria aeroespacial europea se encuentra ante importantes retos. El mérito de la comunicación de la Comisión y del Informe Hoppenstedt también es destacar esto y precisamente, en el ámbito de la producción para uso civil, advertir sobre la dura lucha competitiva que existe en el mercado global. El mayor competidor en el mercado mundial de productos aeroespaciales, tanto antes como ahora, son los EE.UU. no digo nada nuevo - con una cuota del 58 %. A ello se añade que en los EE.UU. existen otras estructuras empresariales. Tampoco esto es nada nuevo, y por ello las peticiones que en el debate de hoy han vuelto a ser subrayadas, en concreto el final de la fragmentación en el ámbito de las estructuras de la industria aeroespacial, no pueden ser más que apoyadas por el Parlamento Europeo. El alto número de empresas aeroespaciales en un mercado interior relativamente pequeño conlleva una fragmentación del potencial de investigación, producción y venta, lo que en cualquier caso influye sobre la competitividad de la Unión Europea.
Al contrario que las empresas americanas los productores europeos se ven prácticamente incapaces de cubrir los siempre crecientes riesgos de desarrollo y financiación. También por ello es importante alcanzar nuevas formas de cooperación empresarial, también para organizar las ventajas dimensionales en la producción así como para aprovechar los efectos sinergéticos tecnológicos y específicamente técnicos entre los diferentes ámbitos de la navegación aeroespacial. De ello se infiere que también es importante ganar terreno y no continuar perdiendolo.
La situación es, por tanto, especialmente crítica porque la industria aeroespacial europea dispone de un alto y muy cualificado potencial de empleo. La rama pertenece a uno de los 15 mayores sectores industriales, emplea a más de 370.000 personas y proporciona miles de trabajos en la industria de abastecimiento y en otros ámbitos del sector de la alta tecnología. Por este motivo quisiera instar a la Comisión a que, en este documento sobre la política industrial y también en otros documentos de los grupos de trabajo y Task-Force industriales, haga destacar de una vez los aspectos laborales y también aclare que los derechos de los trabajadores tienen su sitio en el desarrollo de ramas industriales y que, sobre todo, prevea el principio de la cogestión para este tipo de sectores industriales.

Rübig
Señor Presidente, perdóneme si me sonrío pero resulta bonito que aún a esta avanzada hora se mantenga una discusión política. Sin embargo, quisiera especialmente dar las gracias al Sr. Hoppenstedt, porque sabe sacar adelante, consecuentemente y con paciencia, importantes cuestiones como el desarrollo de un sistema global de navegación por satélite no solo para una orilla del atlántico sino también en la otra.
Es importante insertar competencia en estas tecnologías de modo que no se dependa de un solo oferente, ya que si pensamos que en un futuro podemos cogestionar este sistema de navegación por satélite junto con el UMTS se derivan de ello perspectivas completamente diferentes. Por esta razón quisiera, en tanto miembro de la Comisión de Presupuestos, instar a la Comisión a que presente de una vez un marco financiero preciso para el desarrollo de este sistema. Necesitamos entonces el correspondiente hardware, software y mainware. Esto va a conducir a la consecución de muchos nuevos empleos en Europa.

Lukas
Señor Presidente, permítame que haga referencia a un aspecto que no ha sido tratado de forma explícita por este excelente informe, en concreto, a la cuestión de los abastecimientos. La industria aeroespacial es cliente de cientos de pequeñas y medianas empresas de la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea. Cuando, por ejemplo, Airbus vende muchos aviones ello supone que muchas empresas secundarias hacen un buen negocio y que muchos empleos son apuntalados. Solo por este motivo se puede decir que no se hace lo suficiente por la navegación civil así como por la navegación espacial europea.
Para comprender adecuadamente el significado de este sector sería importante que la Comisión realizase un estudio sobre el volumen de los abastecimientos. Este debería incluir sobre todo la participación de las pequeñas y medianas empresas y el número de empleados en las industrias abastecedoras. También sería muy interesante determinar los mercados de origen de los abastecimientos y posteriormente poder averiguar, por ejemplo, si el Airbus es realmente un avión paneuropeo.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Hoppenstedt supone un análisis profundo de la situación del sector aeroespacial europeo. Es excelente y quisiera felicitarlo en nombre de la Comisión ya que toma en consideración asimismo los principales acontecimientos que se han producido desde el pasado mes de septiembre, es decir desde la aprobación por parte de la Comisión de su comunicación. Les recordaré que esta comunicación tiene por finalidad llamar la atención sobre la urgencia que hay en acelerar la reestructuración y el reagrupamiento en el sector aeroespacial europeo. En efecto, y ustedes lo saben, sólo un número reducido de productores podrá sobrevivir a largo plazo a nivel mundial, habida cuenta de lo que es el sector y del grado de competitividad que impera en el mercado aeroespacial mundial.
Hoy por hoy, la industria estadounidense ya ha llevado a cabo su reestructuración. En 1980 contaba con unas veinte empresas. Hoy sólo tiene cuatro. Señor Malerba, por supuesto que estamos a favor de que haya buenas cooperaciones entre los estadounidenses y Europa. Además ya hay buenos ejemplos en este sentido. Me viene a la memoria el ejemplo de Snecma/General Electric. Pero debemos ser socios y no subcontratantes. Debemos ser pues tan potentes como los estadounidenses en el mercado mundial para poder cooperar. Sin embargo, la situación de la industria europea es muy diferente, su ponente lo ha subrayado. El sector aeroespacial europeo sigue estando compartimentado a nivel nacional, incluso a nivel de los productos.
La Sra. Randzio-Plath ha mencionado, según creo, que actualmente el sector aeroespacial europeo debe arrostrar en efecto tres retos principales. El primero se refiere a la complejidad de los productos. En verdad, el crecimiento exponencial de los costes de desarrollo y los riesgos financieros rebasan las posibilidades de las empresas europeas, incluso las más poderosas. El segundo factor se refiere al mercado. Ningún Estado miembro ofrece un mercado de armamentos equivalente al mercado norteamericano. Ocurre lo mismo con la ayuda a la investigación y al desarrollo tecnológico del que se benefician las empresas estadounidenses gracias a su gobierno. Por ultimo, el tercer elemento se refiere al hecho de que las empresas europeas no están en condiciones de poder beneficiarse de las mismas economías de escala que los gigantes norteamericanos.
De ahí que los Estados miembros deban comprender que el futuro de la industria aeronáutica europea está vinculado a la interdependencia de las estructuras que existen en el seno de la Unión Europea. Si las industrias han de ser los principales actores de esta reestructuración, no por ello el papel de los gobiernos dejará de ser determinante en este proceso. Los gobiernos deben fomentar la creación de empresas a escala europea garantizando a éstas una auténtica flexibilidad comercial sobre la base de estructuras de apoyo y de formación apropiadas.
Para la Comisión, el éxito de la reestructuración estará en función del grado de integración de las distintas ramas del sector aeroespacial y de las actividades civiles y militares a nivel europeo. Tal como han subrayado con mucho acierto varios parlamentarios, la primera etapa de esta reestructuración debería ser la transformación, ya aceptada en la práctica, de la industria Airbus en una única unidad de las sociedades que participan en el GIE. Por otro lado, las empresas europeas sacarían ventajas de una política exterior y de seguridad comunes y de reglas comunitarias para el mercado mundial de armamentos.
Sin embargo, señora Ainardi, quisiera precisarle que respecto a 1980, la industria aeroespacial es mucho más civil que lo que pudo haber sido antes, ya que en 1980 cerca del 30 % del volumen de negocios de dicha industria era civil. Hoy representa el 60 % y, por lo tanto, las actividades militares representan una minoría dentro de las actividades aeroespaciales en Europa y están destinadas todavía a debilitarse más, gracias, por cierto, al crecimiento de la demanda civil. A pesar de la dificultad que plantea el problema de la reestructuración del sector de la defensa, no se deben retrasar los progresos inmediatos que hay que hacer en el sector civil.
Sobre este punto, quisiera poder intervenir también un instante, en respuesta a la Sra. Randzio-Plath y al Sr. Caudron sobre el problema del empleo, pues la cuestión del nivel de empleo en el sector aeroespacial está implícita en el enfoque de la Comisión, que tiene por objeto la competitividad de esta industria europea. Así pues, está perfectamente claro que al favorecer la competitividad se está favoreciendo el empleo, no sólo en el sector aeroespacial sino también en los demás sectores, y estos esfuerzos de competitividad ya han permitido detener el declive del empleo que se había iniciado desde 1990 y que, ahora, alcanza cierta estabilidad, en torno a los 380.000 empleos.
Para acabar quisiera subrayar que para apoyar esta reestructuración, la Comisión despliega nuevos esfuerzos, señor Malerba, señor de Lassus, en materia de investigación y de desarrollo tecnológico. Sin embargo, la Comisión despliega también esfuerzos en materia de tráfico aéreo y de navegación por satélite. Recordarán que elaboramos una comunicación en este sentido en enero de 1998. La Comisión propondrá la vía que hay que seguir respecto a la navegación por satélite en una nueva comunicación en el primer semestre de 1999, con propuestas de financiación. Asimismo, la Comisión ha hecho esfuerzos y propuestas en el materia de normalización y de creación de una autoridad única para la seguridad aérea.
Sin embargo, acabaré diciendo que sólo una acción integrada de las empresas y de los Estados miembros de la Unión puede ofrecer el marco necesario para la supervivencia y el desarrollo del sector aeroespacial europeo. Señor ponente, su informe contribuye a ello de modo útil y la Comisión le felicita por ello.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.

Monedas en euros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0401/98) de la Sra. Soltwedel-Schäfer Hoppenstedt, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 975/98 relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación (COM(98)0492 - C4-0597/98-98/0270(SYN)).

Soltwedel-Schäfer
Señor Presidente, señor Comisario de Silguy, señoras y señores, el reglamento de cuya modificación hoy nos ocupamos establece el fraccionamiento y las características técnicas para la circulación de determinadas monedas en euros. Posteriormente en relación con unión monetaria quisiera decir algo a mi colega el ministro Fischer que está en Roma. Pero eso, al final.
Los problemas que debían ser regulados en este informe versaban sobre el número de monedas que se debían poner en circulación, su fraccionamiento en diferentes valores y finalmente la elección del material así como sus características físicas. El parlamento se manifestó en primera lectura a favor de reducir la propuesta de los ocho valores de las monedas en euros a seis y aumentar la diferenciación de las monedas para ciegos y discapacitados visuales de modo que con el valor creciente de las monedas también creciera su diámetro. Después de que el Consejo rechazase esta y otras enmiendas, entre ellas algunas como la que debería excluir el uso de níquel en la superficie de las monedas, el Parlamento pide en segunda lectura al Consejo que observe la posición de la asociación de ciegos y que reduzca el número de monedas.
Pero de nuevo nos hemos topado con oídos sordos. Por ello, hoy tenemos que leer en la propuesta de reglamento para la modificación de un reglamento, que ya tiene seis meses de vida, que la industria de las máquinas automáticas solicita una clara diferenciación entre las monedas de 50 y 20 céntimos para excluir la posibilidad de un uso fraudulento de monedas de 20 céntimos manipuladas en lugar de las monedas de 50 céntimos. La asociación europea de ciegos no está satisfecha con la diferenciación entre la moneda de 50 y la de 10 céntimos ya que estas podrían ser confundidas a causa del gran parecido de sus características físicas.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se ha pronunciado por una escueta mayoría en contra de que, yo, en tanto ponente, vuelva a proponer la eliminación de uno de los valores monetarios. No obstante en la votación que tendrá lugar mañana nos encontraremos con una enmienda correspondiente, y con una mayoría más fuerte. De todos modos la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial se mostró a favor de la introducción de una moneda de oro de 100 euros y, desde luego, que el valor del metal y de los costes de producción no debe superar el valor estimado de esa moneda, lo que significaría que la moneda de 100 euros quizá adoptase el tamaño de una moneda francesa de 20 céntimos.
No quisiera entrar en mayor detalle, pero también querría pedirle al Sr. de Silguy que no pensase tanto en la pérdida de imagen sino en que la euromoneda de oro acabará de todos modos por emitirse. Es solo una cuestión de tiempo. Para aumentar el valor simbólico de la moneda de 100 euros de una Europa unida y una fuerte moneda común debería carecer, al contrario del resto de las monedas, de una cara nacional, sino portar un único motivo expresivo de la Unión Europea. A modo de ejemplo se podrían incluir hombres célebres en estas monedas. Creo que sobre esto nos podríamos también poner de acuerdo.
Al principio dije que también quería referirme a los resultados de Roma. Permitanme para terminar decir algo respecto mi colega el Ministro de asuntos Exteriores Fischer. La situación es la siguiente: el Sr. Fischer ha relacionado hoy en Roma la unión monetaria con la Unión Europea Occidental o también llamada unión de defensa. Después de que, por decirlo de algún modo, a la Unión Monetaria le haya sido posible dar el primer paso, puede ahora conseguirse una activa política exterior y de seguridad y una activa Unión Europea Occidental. El Sr. Fischer va demasiado rápido. La Unión monetaria es el primer paso. El segundo paso es una unión social y medioambiental. Solo así puede construirse una economía europea. Esto es esencial.
Mi colega del Partido de los Verdes da desgraciadamente el segundo paso antes que el primero. De ese modo tropezará tanto él como nosotros. Si se sobrecarga la unión Monetaria, y eso es lo que se hace aquí, entonces aparece la posibilidad de tropezarse. No todas las naciones europeas que pertenecen a la Unión Monetaria pertenecen también a la Unión Europea Occidental. Ruego que se reflexione sobre ello. Esto es válido, por ejemplo, para Austria, Finlandia e Irlanda. Aquí surge la pregunta de si se debe intercambiar el euro por neutralidad, un tema muy espinoso y sensible. ¿Es esta ahora la política exterior alemana?
Quiero destacar que Irlanda, Finlandia, y Austria no van a estar en ningún caso de acuerdo con estas reflexiones, por lo demás, yo como representante de los verdes alemanes tampoco. El que juegue irreflexivamente con la neutralidad de las naciones europeas le está restando confianza a los ideales europeos y a la Unión Monetaria. Lo he querido destacar porque ha llevado mucho tiempo y aun llevará más conseguir la confianza en esta moneda europea. No podemos poner esto en juego de modo que cualquiera, independientemente de si lo hace el ministro de asuntos exteriores verde o cualquier otro, se sobrecargue la Unión Europea con otros objetivos.

Caudron
Señor Presidente, señor Comisario de Silguy, Señorías, esta noche yo también quisiera, al igual que lo ha hecho nuestro ponente, decir que soy consciente del escaso margen de maniobra del que disponemos todavía para mejorar las monedas en euros.
Por supuesto estoy pensando, y éste es el objeto del informe, en las personas con problemas de vista pero también en otras categorías de ciudadanos. Por ello me sumo a la propuesta de suprimir sencillamente la moneda de 20 céntimos, lo cual resolvería una parte de los problemas planteados. También me sumo a la redefinición de las características de los cantos de las monedas de 50 céntimos y de 10 céntimos, lo cual resolvería una parte de los demás problemas.
De todos modos, a través de esta cuestión, nos damos cuenta otra vez de todo el tiempo que hubiéramos ganado así como seguramente también mucho dinero si hubiésemos consultado y escuchado más a los ciudadanos y al Parlamento Europeo. En el mismo orden de ideas, se me permitirá, por otro lado, volver a expresar mis lamentaciones esta noche. Es cierto, lamento las decisiones tomadas que conducen a tener que fabricar demasiadas monedas y billetes. Si a esto añadimos la decisión, ridícula, de que en las monedas en euros haya un anverso nacional, acabaremos teniendo unos plazos de fabricación más largos, costes demasiado elevados y mayores riesgos de error y de fraude. Con decisiones más sencillas y razonables se hubiera podido reducir el plazo de tres años previsto entre el 1 de enero de 1999 y el 1 de enero del año 2002, plazo que va a resultar demasiado largo y que será, por lo tanto, generador de errores, de fraudes e incluso de estafas respecto a las poblaciones más frágiles. Las personas con problemas de vista y todos los demás ciudadanos hubieran salido ganando con ello.
Las propuestas de nuestro ponente van, pues, en el buen sentido y las apruebo. Por último, también apruebo su solicitud de una moneda de oro de 100 euros. Simbólicamente e incluso económicamente y hasta afectivamente me parece una buena idea. Por todas esas razones confirmo mi apoyo al informe y a las enmiendas del ponente, ya ampliamente aprobadas en comisión.

Rübig
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, hace ya un año que formulamos nuestros principios en el Parlamento Europeo: la introducción de un euro de oro así como la reducción de las monedas a seis valores, quizá eliminando las de 2 y 20 céntimos. De esta forma podríamos, al igual que cuando se defendieron los reversos nacionales de las monedas, reforzar una relación emocional de los ciudadanos con su nueva divisa y, por otra parte, conseguir algunas simplificaciones prácticas.
Para el momento de la introducción final debemos observar concienzudamente los efectos prácticos en la circulación de los pagos que se realizan a diario o quizá realizar un estudio. Así el billete más pequeño, el de 5 euros con un contravalor de unos 70 chelines, viene a sustituir a dos de los billetes austriacos más utilizados, los billetes de 20 y 50 chelines. Estas cantidades se liquidarán pronto en monedas, es decir, en el futuro llevaremos grandes bolsas de monedas en lugar de billeteros. O el electronic money consigue desarrollarse lo suficiente antes de ese momento, de forma que se puedan evitar estos problemas, o ¿será necesario sustituir el billete de 200 euros por uno de 1 o 2 euros? Puede que esta no sea la discusión sobre la inmediata introducción, pero creo que estas cosas las deberíamos tener presente en nuestras futuras reflexiones.
Para terminar quisiera saludar las últimas declaraciones que no cuestionan la independencia del Banco Central Europeo. Esta independencia tiene que mantener su posición central la estructura de la Unión Monetaria para garantizar una conveniente y, sobre todo, estable política monetaria. Porque solo esta estrategia a conquistar la confianza de los ciudadanos europeos.

Kestelijn-Sierens
Señor Comisario, estimados colegas, obviamente algunas de las monedas propuestas son susceptibles de fraude y difícilmente reconocibles por los invidentes. Sin embargo, el Parlamento insistió en diciembre de 1997 en que el número de valores nominales fuera el mínimo posible y en vincular el valor de las monedas a su diámetro, precisamente para evitar el fraude y facilitar su reconocimiento a los invidentes. La mayoría de esta Casa, y esto ya ha sido subrayado por la ponente, no entendió, por tanto, por qué debían ponerse en circulación ocho monedas diferentes, tanto más, cuando dentro de poco el dinero electrónico sustituirá a las monedas. Por lo que yo sé, no existe en Europa ningún sistema monetario en el que figuren tantas monedas metálicas. El Consejo y la Comisión, no obstante, nos recomendaron insistentemente que nos diéramos prisa, puesto que la producción de monedas debía comenzar en seguida. Quizá se quería decir con ello que el diseño y la producción de monedas era una cuestión técnica y que el Parlamento no sabía nada del asunto. Ni la Comisión ni los Ministros de Hacienda estuvieron de acuerdo con nuestra propuesta de eliminar las monedas de dos y veinte céntimos de euro ¿Qué constatamos ahora? Incluso los expertos no logran crear unas monedas que las personas cortas de vista puedan reconocer fácilmente y que se resistan al fraude. No perdimos el tiempo, entonces, porque el Parlamento quisiera enmendar, pero sí ahora, ya que debemos volver a elaborar todo el asunto. No parece que las instancias implicadas sí vayan a tener esta vez en cuenta nuestra opinión. Espero equivocarme, señor Comisario. Reconocemos que es acertado que la Comisión preste atención a las opiniones de la Asociación de Invidentes Europeos y de la industria de las máquinas expendedoras. Respaldo plenamente la propuesta de nuestra colega, la Sra. Schäfer, y le agradezco la forma en que ha tratado esta cuestión.

Lukas
Señor Presidente, me adhiero completamente a las consideraciones de la ponente en lo que se refieren a los componentes sociopolíticos de la moneda. El consejo no ha puesto al día la conciencia social. La introducción del Euro sería una ocasión única para demostrar que la unión Europea está preparada para hacer un gesto a todos aquellos ciudadanos que han sido desfavorecidos por el destino. Muchos Estados miembros se encuentran, por lo demás, en lo que se refiere a instalaciones para minusválidos en la Edad media, por lo menos en comparación con los Estados Unidos. La oportunidad de diseñar estas monedas de modo que también los ciegos y los minusválidos visuales puedan percibir el valor de las mismas ha sido lamentablemente perdida. De esta forma se hubiera podido dotar al Euro, por así decirlo, de una dimensión humana.
Estoy a favor de la introducción de una moneda de 100 euros de oro, para que así, entre otras cosas, se enriquezca la nueva moneda en su aspecto emocional, tal y como muy bien ha dicho en su informe la ponente.

Randzio-Plath
Señor Presidente, las enmiendas propuestas por la Comisión Europea merecen ser saludadas porque suponen una mejora desde el punto de vista de los minusválidos visuales, de la protección del usuario y de las garantías contra la falsificación. La ponente se ha referido a ello con justicia. No obstante he de decir que el Parlamento Europeo ya tomó conciencia de ello hace un año y ha elaborado ciertas propuestas muy razonables. También fueron juzgadas de forma positiva por la Comisión, pero no en tanto susceptibles de imponerse, debido al lapso de tiempo y la presión del mismo. Por eso creo que hay que lamentar que, con un trabajo de presión, este año hubiera sido posible modificar la propuesta de Reglamento. Sea como sea pienso que nosotros, aquí, en el Parlamento Europeo seguimos siendo los representantes más idóneos de los consumidores y de los ciudadanos.
Considero adecuado que la moneda de 50 céntimos sea 0, 8 gramos más pesada de modo que las máquinas automáticas puedan distinguir mejor entre las monedas de 50 y 20 céntimos. Considero adecuado que el borde de la moneda de 50 céntimos sea diseñado de forma diferente al de la moneda de 10 céntimos ya que los minusválidos visuales han tenido hasta ahora dificultades al distinguir ambas monedas. Por ello la propuesta merece ser votada a favor, pero no se puede entender por qué precisamente las propuestas del Parlamento no han podido ser realizadas cuando nuestras percepciones tienen por lo menos el mismo valor que el de las asociaciones. Ahora hay que hacer todo lo posible para que estas monedas sean aceptadas, no solo por los mercados y agentes financieros sino también por la población, y precisamente porque la estabilidad del dinero es tan importante para todos los ciudadanos, la producción debe ser capaz de demostrar que la seguridad frente a las falsificaciones también está garantizada en esta transición, porque creo que este también era un argumento en contra de las propuestas del Parlamento Europeo.
También apoyo a la ponente en que necesitamos algún tipo de símbolo de estabilidad en esta Unión Monetaria europea que se va a convertir en una comunidad de estabilidad. ¿Qué justifica la acuñación de una moneda de 100 euros de oro? Yo creo que casi todo. La propuesta se corresponde con la decisión del Sistema Europeo de Bancos Centrales de mantener únicamente el 15 % de las reservas de divisas en oro. Teniendo en cuenta las enormes existencias en oro de los bancos centrales la propuesta tiene un sentido tanto económico como monetario, porque de ese modo se podrán evitar los efectos negativos sobre los precios de mercado del oro producidos por la descarga de las reservas de oro.
Una euromoneda de oro puede también contribuir a la generación de confianza en la Unión Monetaria como una comunidad de estabilidad, este es desde luego un importante argumento. Muchos gobiernos se han servido en el pasado del metal y de su valor para demostrar la estabilidad de su compromiso con determinadas cosas. Una euromoneda de oro puede, por tanto, dar continuidad a esta buena tradición. En este sentido se les solicita a los ministros de finanzas y a los bancos centrales europeos que finalmente se decidan por la euromoneda de oro, porque si no se sortea la resistencia de los bancos centrales tampoco se seguirá adelante en este caso.
En el caso sorpresivo - y esto va para que se mantenga la tranquilidad - de que se produjese una fuerte demanda de estas monedas que provocase una desproporción entre el valor de mercado y el nominal entonces se podría paralizar la acuñación de esta moneda. Esto ya ha pasado con otras monedas como, por ejemplo, la moneda de plata francesa. Pero ante todo en este caso el compromiso también contribuyó a estabilización de la moneda. En mi opinión, el argumento de los ministros de finanzas de que no debe haber monedas de 100 euros porque ya hay billetes de 100 euros, no es correcto. En muchos países se ha optado, con otras cantidades, por esta doble vía. Cualquier competencia entre billetes y monedas del mismo valor puede ser finalmente evitada. La moneda de 100 euros es por fín, después de la moneda napoleónica de 200 francos que circuló por toda Europa, una moneda de cambio, de valor, y puede que sensibilice aun más los corazones de muchos a favor del euro.

Hoppenstedt
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores, esta todo dicho, aunque no por todos y especialmente por mí. Por ello quisiera aun decir algunas palabras sobre todo el tema en general. Me parece extraordinario que la Sra. Soltwedel-Schäfer se haya dedicado de una forma tan valiente a este informe y aun se ocupe hoy, a pesar de que las prensas de moneda trabajen desde hace tiempo y pongan sobre el camino aquello sobre lo que hablamos aquí. También me parece bien que lo que nosotros propusimos hace tiempo, lo haga ahora la Comisión, sobre todo en lo que concierne a los 11 millones de discapacitados visuales. Creo que en este punto queda claro que también postulamos por la confianza de estos grupos de la población en la nueva divisa. Me parece que, unas semanas antes de la introducción del euro ya se han anunciado algunas medidas que contribuyen a la confianza, y precisamente esto ayuda a lo mismo.
Ciertamente me ha tranquilizado que - tal y como lo ha evidenciado aquí el Sr. Rübig - el ministro de economía alemán ajustado inmediatamente al punto de mira y abogue igualmente por medidas generadoras de confianza en lugar de poner en cuestión la soberanía e independencia a través de declaraciones irreflexivas.
Solo puedo expresar lo que también aquí permanece indiscutible: solo si el Banco Central Europeo mantiene su independencia - y eso es precisamente lo que hace, no se ha hecho claro que no la deba mantener - puede llevar a cabo su objetivo prioritario de garantizar la estabilidad de precios.
La estabilidad de precios se encuentra, como sabemos, entre las condiciones marco que favorecen las inversiones y de ese modo estimulan el crecimiento y el empleo. Volviendo a citar al Sr. Duisenberg, quién ya lo dijo aquí mismo, la estabilidad de precios es la mejor aportación de la política monetaria al crecimiento económico sostenido y a la reducción del paro de larga duración. ¡Buenas noches!

Wibe
Señor Presidente, solamente deseo expresar algunos pequeños puntos de vista personales. Entiendo que la intención de la ponente ha sido eliminar una de las monedas. Sin embargo, quisiera hacer una modesta advertencia para que no se acuñen monedas tan grandes como la de cien euros de oro.
Los motivos de esta advertencia son dos. En primer lugar, no va a funcionar como moneda. En segundo lugar, anima a las falsificaciones y estafas. Es totalmente imposible imaginarse que mediante la acuñación de esta moneda de oro se vaya a estabilizar el precio del oro a largo plazo. El precio del oro va a variar de acuerdo a la oferta y la demanda. Si el precio del oro sube sobre el valor nominal, todas esas monedas van a desparecer de la circulación. Si por el contrario el precio del oro cae bajo el valor nominal, la gente va a animarse a comprar oro para después acuñar monedas de este tipo. Tenemos que saber que es mucho, mucho más fácil falsificar una moneda que falsificar un billete.
Este es el otro motivo, señor Presidente, es decir, que aunque el precio del oro se mantenga aproximadamente en el nivel para el que se acuñe esta moneda -cosa improbable- de hecho es muy fácil falsificar este tipo de monedas. El plomo, por ejemplo, tiene aproximadamente el mismo peso que el oro. Por eso no es difícil acuñar una moneda de plomo y cubrirla con una capa delgada de oro, consiguiendo así grandes ganancias mediante estafas. Mi modesta advertencia es, por tanto, que yo no creo posible el funcionamiento esta moneda de oro de cien euros.

de Silguy
Señor Presidente, voy a procurar ser lo más breve posible para no abusar de la paciencia de todos en una hora tan tardía.
En primer lugar, me gustaría felicitar a la Sra. Soltwedel-Schäfer y agradecerle su apoyo a la propuesta de la Comisión. Quisiera responder muy rápidamente a las dos preguntas que se han planteado; por un lado, el contenido del reglamento, y por el otro, respecto a la emisión de la moneda de oro de 100 euros, cuyo interés fue destacado en el curso del primer debate que se produjo sobre la propuesta de la Comisión el pasado mes de noviembre.
Veamos las razones y el contenido de esta propuesta: por razones puramente técnicas hemos propuesto modificar el Reglamento de base. No queremos volver a abrir el debate que tuvimos el año pasado, ni sobre el anverso nacional ni sobre el número de monedas. Se trata de responder a problemas puramente técnicos que surgieron con posteridad a la adopción del Reglamento en lo relativo a dos monedas, la moneda de 50 céntimos y la moneda de 10 céntimos.
¿Por qué razón? Pues porque hay que facilitar el manejo de las monedas a las personas con problemas de vista y a las personas invidentes. Nos lo han pedido y no hay razón para que no las podamos complacer. Por lo tanto, estas personas deben tener la posibilidad de distinguir las monedas más fácilmente. Por otro lado, hay que asegurarse de que la identificación de las monedas en los cajeros automáticos sea lo más precisa posible. Estas dificultades han aparecido después de que los directores de las casas de la moneda elaboraran, sobre la base del Reglamento del pasado 3 de mayo, las especificaciones mucho más detalladas necesarias para la producción de monedas. Las dificultades surgieron cuando los muestreos de las primeras series de monedas, surgidas de un proceso de producción industrial, pudieron ser objeto de tests.
Así pues, para responder a dos imperfecciones técnicas se proponen dos series de modificaciones necesarias pero muy limitadas. Por un lado, se trata de aumentar ligeramente el peso de la moneda de 50 céntimos para permitir diferenciarla más fácilmente de la de 20 céntimos y, por el otro lado, se trata de precisar el acordonado en las monedas de 10 y 50 céntimos, sustituyendo el acordonado tosco por un perfilado con festón fino. Esto permite identificarlas más fácilmente al tacto. Añadiré, señora Kestelijn- Sierens, que hay acuerdo con la Unión de Invidentes Europeos sobre este punto, y aceptamos estas modificaciones precisamente a petición suya. Estas modificaciones son puramente técnicas, son muy limitadas y no cuestionan el sistema de monedas ya previsto y aprobado, y añadiré que la producción de las monedas ya ha empezado, por cierto, al menos respecto a aquellas que no se ven afectadas por estas modificaciones.
En lo relativo ahora al segundo problema, la moneda de oro de 100 euros, para la Comisión esta solicitud no puede ser tratada en el marco del Reglamento sobre los valores unitarios y las especificaciones técnicas de las monedas en euros. Sin embargo, esto merece un examen en profundidad. La Comisión, que es guardiana de los Tratados, debe recordar que, sobre la base del apartado 2 del artículo 105 A, el Reglamento sólo se refiere a la armonización de las monedas destinadas a la circulación. Ahora bien, la puesta en circulación de una moneda de oro de 100 euros supondría a la vez riesgos de atesoramiento, riesgos de confusión y riesgos de fraude. Creo que el Sr. Wibe lo ha explicado perfectamente antes, teniendo en cuenta sobre todo la existencia de un billete de 100 euros. El valor intrínseco de una moneda de 100 euros podría rebasar su valor nominal debido a las fluctuaciones del oro. Se estima que para poder ser manejable, para ser estética, una moneda de 100 euros debería, de hecho, tener un valor nominal de 300 a 400 euros.
Sin embargo, he entendido perfectamente el mensaje en lo relativo al apego que siente la población y al carácter simbólico que rodea la emisión de esta moneda, y debemos, en concertación con el conjunto de instancias competentes, examinar la cuestión, independientemente de la modificación del apartado 2 del artículo 105A del Reglamento. La no inclusión de esta moneda en el Reglamento no prejuzga nada en cuanto a la posibilidad, para los Estados que lo deseen, de emitir una moneda de oro cuyas características podrían armonizarse de común acuerdo, sobre una base voluntaria. Pero según las legislaciones en vigor para las monedas conmemorativas o de colección, el estatuto legal de dicha moneda depende del derecho nacional. Así pues, podría tener curso legal en el conjunto de la zona euro, aunque en ese caso sólo podría ser de curso legal en el país de emisión.
Ayer sin ir más lejos, a petición mía los servicios de la Comisión tomaron contacto con los directores de las casas de la moneda, con el Banco Central Europeo, con el Comité monetario, y constato que de todo esto se desprende un interés real por parte de los directores de las casa de la moneda y, en cambio, una reticencia indudable de los Ministerios de Finanzas y del Banco Central Europeo. Los aspectos técnicos ligados a la emisión de una moneda en oro de este tipo requieren un estudio exhaustivo y no pueden definirse en esta fase. Asimismo, el momento de la emisión debería escogerse de manera que se eviten todos los riesgos de confusión con motivo de la introducción de las monedas y de los billetes destinados a la circulación.
Para acabar, desearía subrayar la importancia que le da la Comisión a su propuesta y decirles que está dispuesta -a pesar de que este proyecto no dependa directamente de su competencia- a informar al Consejo y a facilitar al máximo el estudio de viabilidad para todas las partes interesadas, ya se trate de los directores de las casas de la moneda, de las autoridades de emisión, de los Ministerios de Finanzas, de los Bancos Centrales o del Banco Central Europeo.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 00.10)

