Reanudación del período de sesiones
El Presidente. -
Antes de comenzar, quisiera pedir disculpas en nombre del Presidente por su ausencia. En estos momentos se encuentra en Irlanda por motivos personales.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 110 y 110a del Reglamento del Parlamento, por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 19 de septiembre de 2002. Se ha propuesto la siguiente modificación:
En lo que respecta al miércoles:
He recibido una petición del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica de adelantar las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre Oriente Próximo.

Wurtz (GUE/NGL).
Señor Presidente, creo que es una cuestión de sentido común. Cualquiera que siga las actividades de mi grupo sabrá lo importante que es para nosotros la Corte Penal Internacional. Sin embargo, después de los sucesos que acaban de tener lugar en Ramala, con el bombardeo y el asedio del cuartel general de la Autoridad Palestina, es evidente que hemos de dar prioridad a esta cuestión. Por consiguiente, aplaudimos especialmente la sugerencia que acaba usted de hacer, concretamente de iniciar el miércoles por la tarde las declaraciones sobre Oriente Próximo.

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, mi grupo está de acuerdo con la modificación del orden del día planteada por el Grupo GUE/NGL. Pero, dada la gravedad de los acontecimientos que estamos viviendo, querría añadir en primer lugar que hacemos nuestra y apoyamos la declaración del Alto Representante de la PESC, señor Solana, de 20 de septiembre; en segundo lugar, le rogaría -dado que no hay prevista una resolución específica sobre este tema- que transmita, en nombre del Parlamento, la resolución aprobada el mes de abril; y, en tercer lugar, en las circunstancias actuales, mi grupo considera que deben retirarse las dos enmiendas esperanzadoras presentadas al informe Brok sobre la situación en Oriente Próximo.
El Presidente.
Tomo nota de su comentario sobre la resolución de abril.

Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE).
Señor Presidente, simplemente decir, en nombre de mi grupo, que no tenemos inconveniente en que se produzca ese cambio en el orden del día, puesto que entendemos que, además, ese cambio permitirá que pueda estar presente en ese debate el Ministro danés de Asuntos Exteriores y, por lo tanto, tener una participación del Consejo.
En lo que se refiere a la resolución, coincido con la preocupación que ha expresado el Sr. Barón, hago mías las observaciones que ha hecho el Alto Representante de la PESC y quisiera señalar que el informe Brok contiene varios párrafos en los que se expresa la posición de este Parlamento sobre la situación en Oriente Próximo.
Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, quisiera decir que apoyo la propuesta del Sr. Wurtz. Dado que todo el mundo está de acuerdo, no tengo nada más que añadir.

Marinos (PPE-DE).
Señor Presidente, como decía antes, alguien ha escrito la frase «Chypre appartient aux Turcs» en el tablón de anuncios fuera de mi despacho en el que se exhiben diversos carteles. Tengo aquí la fotocopia en cuestión y puedo dársela. En Grecia, señor Presidente, cuento con la escolta de la brigada antiterrorista porque soy considerado un blanco para los terroristas griegos. Aquí en Estrasburgo, interpreto esta frase como una amenaza indirecta, dado que soy vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, y como tal, y en calidad de diputado griego al Parlamento Europeo, apoyo por supuesto la integración de Chipre en la Unión Europea, a pesar de la reacción de Turquía, cuyo ejército ocupa ya el 40% de la isla. 
Lo que me pregunto ahora es cómo protegerme contra la amenaza que representa sin duda este incidente...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente.
Si entrega usted el documento a los servicios competentes, éstos se encargarán de enviarlo a los servicios de seguridad del Parlamento para que investiguen.

Heaton-Harris (PPE-DE).
Señor Presidente, he entregado a los servicios de sesiones un informe de la Comisión sobre su Oficina de Investigación y Disciplina. Este informe supone una sorprendente crítica a la falta de capacidad de la Comisión de administrar sus propios asuntos, por no hablar de los asuntos de los ciudadanos europeos. 
Durante los últimos cinco años se han emprendido 40 acciones contra individuos hallados culpables de un total de 48 infracciones. A pesar de los casos denunciados en este informe, de violación, fraude, pornografía infantil, malversación de fondos, acoso, robo, falsificación, ataques, comportamiento depravado, agresión, corrupción y conflicto de intereses, tan sólo un individuo a sido destituido en los últimos cinco años. El proceso disciplinario de la propia Comisión es incapaz de tomar las medidas apropiadas contra empleados que cometen infracciones espantosas y, en algunos casos, penales.
El Parlamento necesita saber que los responsables de este fallo han sido relegados a su vez de sus puestos. ¿Cuáles son las nuevas medidas inmediatas que se están poniendo en marcha para mejorar el proceso y qué acciones policiales han resultado de estas violaciones en los últimos cinco años? Le ruego remita este asunto al Presidente Prodi con carácter de urgencia.
(Aplausos de la derecha)

El Presidente.
Se ha tomado nota de sus comentarios, tenemos su documento y lo entregaremos al Sr. Prodi.

van Hulten (PSE).
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, el discurso del Sr. Heaton-Harris se publicó en el periódico The Times esta mañana. Esto me resulta muy beneficioso, ya que significa que puedo responder ahora mismo.
He contrastado con la Comisión la información expresada por el Sr. Heaton-Harris. En una nota administrativa del 29 de julio de 2002, la Comisión informa de 49 casos disciplinarios y no 50. De éstos, nueve se saldaron con la destitución, no sólo uno. Uno de ellos fue debido a incompetencia profesional, los ocho restantes a infracciones disciplinarias serias y otros 32 casos dieron lugar a distintas penalizaciones. Tan sólo ocho de los 49 casos tuvieron resultados no condenatorios. El Sr. Heaton-Harris contaba, por tanto, con datos incorrectos. Soy consciente de las diferencias existentes respecto de ciertos asuntos relativos a la reforma de la Comisión, pero esto no debería evitar que nuestras conversaciones se basaran en hechos y no en ficciones.
(Aplausos de la izquierda)

Corbey (PSE).
Europa y sus ciudadanos son una cuestión ampliamente debatida. Hace poco he recibido una queja de unos ciudadanos neerlandeses en Bellingwolde, un pueblo situado en la frontera entre los Países Bajos y Alemania. La queja tenía que ver con los molinos de viento que el Gobierno alemán había instalado muy cerca de la frontera, y que permiten que la electricidad verde entre en Alemania, mientras que el pueblo neerlandés carga con la contaminación Es sobre esta cuestión que los neerlandeses querían presentar una queja ante la Comisión Europea. Según la página web de la Comisión, cualquier ciudadano puede recurrir a Eurojust, un sistema que ofrece ayuda y asesoramiento a personas con un problema de carácter legal en relación con la aplicación de la ley comunitaria.
En esta página web, la Comisión promete que en los diferentes Estados miembros hay disponible una red de asesores jurídicos para proporcionar asesoramiento jurídico gratuito. Es una promesa excelente, pero por desgracia, no se aplica en los Países Bajos. No hay nadie disponible en los Países Bajos. De hecho, la representación de la Comisión en La Haya ha estado esperando durante años a que se nombrara a un experto jurídico. Hasta que llegue ese momento, los neerlandeses no pueden obtener asesoramientos jurídicos sobre sus quejas, y los mandan de la Ceca a la Meca.
Señor Presidente, le instamos a tratar este tema con la Comisión con carácter de urgencia. Se trata de un problema práctico y específico al que se enfrentan los ciudadanos de la UE que desean defender sus derechos. Es inaceptable que un pueblo neerlandés que desea luchar contra la contaminación generada por los molinos de viento alemanes no tenga derechos en la práctica.

El Presidente.
Comunicaremos sus observaciones a la Comisión.

Alyssandrakis (GUE/NGL).
Señor Presidente, una vez más, el Estado de Israel está intentando aplastar al pueblo palestino y eliminar a sus líderes. Una vez más, estos crímenes se están cometiendo con la bendición tácita de los Estados Unidos y de la Unión Europea, a pesar de los angustiosos llamamientos del Presidente Arafat.
La Presidencia danesa se limita a calificar este ataque homicida de improductivo y el delegado del ministerio griego de Asuntos Exteriores ha aconsejado a la Autoridad Palestina reorganizar sus servicios de seguridad y aislar a los elementos s angustiosos llamamientos del Presidente Arafat. extremistas. Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue enviando dinero y vendiendo armas a Israel, a pesar de la resolución del Parlamento Europeo sobre la suspensión de la asociación.
El heroico pueblo palestino sabe que ningún gobierno extranjero le apoya en su lucha por una patria libre. Lo que les permite aguantar es el apoyo popular. ¿Durante cuánto tiempo, señor Presidente, Señorías, seguirán negándose los gobiernos de la Unión Europea a escuchar lo que dice el pueblo? ¿Durante cuánto tiempo seguirán negándose a distinguir entre el malhechor de la víctima, cuando está más claro que el agua que la causa de la violencia es la ocupación israelí?

El Presidente.
Tendremos un debate sobre Oriente Próximo el miércoles.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, en observancia del Reglamento. Como sabe, el artículo 2 dispone que los diputados del Parlamento Europeo deben ejercer su mandato con independencia y que no estarán sujetos a instrucciones ni a mandato imperativo alguno. Sé de fuentes fiables que se celebró una reunión del Grupo Pesca de Ministros de Pesca en Portugal el 15 de septiembre de 2002 o por esas fechas, en la que participaron los Ministros de Pesca de España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal. También ha llegado a mis oídos que en esa reunión se mantuvieron discusiones sobre tres proyectos de informes parlamentarios, uno del Sr. Jové Peres y dos del Sr. Varela. Si esto es cierto, esta reunión representa a mi entender el intento más escandaloso de violación de la independencia de los diputados aquí reunidos en sus funciones de ponentes. Quisiera pedirle que informara a la Presidencia del Consejo de que este comportamiento por parte de algunas secciones del Consejo es inaceptable y que pidiera al Presidente de nuestra Comisión de Pesca que inste a sus ponentes a actuar con independencia en su calidad de ponentes de esta Cámara.
El Presidente.
Me parece más bien halagüeño que el Consejo tome tan en serio nuestros informes y desee discutirlos de este modo.

Goebbels (PSE).
Señor Presidente, el orden del día de esta sesión incluye cuatro informes legislativos elaborados por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios: uno de la Sra. Kauppi, otro de la Sra. Torres Marques y dos de la Sra. Lulling. Estos cuatro informes serán tramitados sin debate y ciertamente se trata de expedientes algo técnicos que, por consiguiente, quizás no sean políticamente demasiado «sexy», si me perdona la expresión.
Sin embargo, me parece extraño que el Parlamento Europeo conceda tan poca importancia a su propia labor legislativa. ¿Cómo podemos esperar que la Convención nos proporcione más derechos y oportunidades como colegislador si nos damos tanta prisa en despachar nuestra propia labor legislativa?
El Presidente.
Entiendo su opinión, pero ninguno de los grupos políticos ha solicitado un debate a pesar de que son libres de hacerlo. Otra forma de verlo sería que esta Asamblea está tan impresionada por la labor de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios que tiene plena confianza en ella.

Fava (PSE).
Señor Presidente, como sin duda sabrá toda la Asamblea, ha tenido lugar otra angustiosa tragedia en los últimos días en las costas de Sicilia, donde 14 inmigrantes de terceros países se ahogaron después de haber sido arrojados al mar desde el bote que los transportaba. Hace unos días, el naufragio de otro bote en las costas de Sicilia se cobró la vida de 36 súbditos de terceros países En los últimos meses ya ha habido cientos de víctimas, que representan un pequeño, silencioso y trágico holocausto.
El ministro italiano del Interior, el Sr. Pisanu, pide ayuda de la Unión, al margen del hecho -me arriesgaría a señalar- de que la contribución humanitaria de civilización y solidaridad realizado por el Gobierno Berlusconi a la tragedia consiste en una ley que cierra las fronteras y prevé el registro digital de huellas dactilares. Nosotros también hacemos un llamamiento a Europa para que ayude, pero no para que siga cerrando sus costas. Creo que el papel de Europa debería ser definir medidas y acciones específicas que ayuden a aliviar la desesperación y la pobreza de los países de los que miles de magrebíes siguen huyendo cada día.

Goebbels (PSE).
Señor Presidente, permítame volver por un momento a su respuesta. Por supuesto, tiene usted toda la razón al decir que ninguno de los grupos políticos ha pedido un debate sobre los informes que he mencionado.
Pero creo que, por lo menos, la Conferencia de Presidentes debería incluir automáticamente los informes sobre proyectos de directivas o reglamentos en el orden del día del Parlamento. Somos legisladores, no podemos permitirnos el lujo de despachar los informes legislativos sin debatirlos en esta Asamblea, puesto que ello equivale prácticamente a legislar en secreto.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, debo expresar mi desacuerdo con mi amigo y colega el Sr. Goebbels. Debemos diferenciar mejor entre lo que es importante y lo que no lo es tanto. Necesitamos determinar qué asuntos han de debatirse debido a la falta de acuerdo y a la necesidad de examinar más a fondo las cuestiones implicadas, y cuáles pueden resolverse mediante un procedimiento simplificado si hay acuerdo general.
El procedimiento al que se refiere el Sr. Goebbels nos permite actuar de este modo. Basta con que un grupo político pida un debate para que éste tenga lugar. Sinceramente, si no hay ningún grupo que considere que el debate es necesario, ni tan siquiera el grupo del Sr. Goebbels, es evidente que se puede dejar este asunto en manos de la comisión competente, que también celebra reuniones abiertas al público. Esto permitirá al pleno invertir más tiempo en asuntos de mayor importancia. Sin duda esto es algo que deberíamos hacer.

Swoboda (PSE).
Señor Presidente, dado que es evidente que el Sr. Heaton-Harris ha manejado cifras erróneas, quisiera simplemente repetir lo que acaba de decir el Sr. van Hulten, concretamente que se solicitan nueve despidos. Permítame señalarle al Sr. Heaton-Harris que, por razones técnicas, ocho de ellos se han calificado de «destituciones» y una sola de despido, por consiguiente quisiera que examinara estas cuestiones cuidadosamente.
Quisiera que el Sr. Heaton-Harris y otros diputados dejaran de hacer campaña contra la Comisión y se atuvieran a los hechos relevantes cuando insisten en discutir con la Comisión y con el Comisario Kinnock.

Kuhne (PSE).
Señor Presidente, puedo abundar en lo que han dicho el Sr. van Hulten y el Sr. Swoboda al haber tenido la pasada semana la oportunidad de leer el informe de la Comisión sobre medidas disciplinarias porque una periodista británica deseaba entrevistarme al respecto. A algunos diputados puede interesarles saber que esta señora fue en otro tiempo ayudante personal del Sr. Heaton-Harris.
Sólo tengo una cosa que añadir a lo que han dicho el Sr. Swoboda y el Sr. van Hulten. El Sr. Heaton-Harris acaba de preguntar qué piensa hacer la Comisión para informar a la autoridad judicial. La periodista me hizo la misma pregunta, que yo contesté preguntándole si no era el caso en todos los países europeos, como lo es por lo menos en mi país, que sólo se ponen en marcha procedimientos disciplinarios después de que la autoridad judicial y los tribunales competentes hayan incoado una acción judicial por presuntos delitos. Esto me lleva a preguntarme si el Sr. Heaton-Harris no se equivoca en el orden de los hechos.
Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, las instituciones europeas hacen suya la actitud de los gobiernos nacionales y por tanto la convierten en norma. Están abandonando y privatizando de forma sistemática servicios públicos en favor de intereses privados. Esta política es reaccionaria e inaceptable, en primer lugar desde el punto de vista de los usuarios, puesto que unos servicios públicos adecuados son totalmente incompatibles con la búsqueda de beneficios, como demuestran los trágicos accidentes ferroviarios en Gran Bretaña y el trágico accidente de aviación en Suiza. La política de privatización también sirve de pretexto para atacar los derechos de los trabajadores. En Francia, la dirección de Électricité de France y la de Gaz de France se están preparando simultáneamente para lanzar su capital en la bolsa y revisar sus planes de pensiones incrementando las cuotas y el periodo durante el que se pagan, mientras se reduce la suma pagada a los pensionistas.
Por consiguiente, he de protestar enérgicamente contra el ataque a los servicios públicos y la amenaza para los trabajadores en este ámbito. Proclamo mi solidaridad con los trabajadores de EDF/GDF, Air France y SNCF, que realizarán una protesta el 3 de octubre en París, y aliento a todo aquel que desee unirse a ellos a hacerlo para oponerse a las medidas tomadas contra los trabajadores.

Zrihen (PSE).
Señor Presidente, gracias por darme la palabra. Quisiera compartir con usted mi asombro. Durante las vacaciones de verano, escribí al Comisario Patten para preguntarle qué cree que podemos hacer para ayudar a las autoridades palestinas a organizar o reorganizar su gobierno de cara a las próximas elecciones.
No puedo por más que asombrarme de no haber recibido respuesta, pues era la segunda vez que le escribía sobre esta cuestión. Me gustaría tener la certeza de que por fin recibiré una respuesta sobre esta cuestión el miércoles.

El Presidente.
Eso espero.

Fiori (PPE-DE).
Señor Presidente, si bien reconozco plenamente el derecho de todos los diputados a tomar la palabra, quisiera, una vez más, pedir a la Asamblea que se eviten las declaraciones antagonistas, en las que se confunden situaciones trágicas como las que se acaban de mencionar -tragedias de inmigración que en tenido lugar en Italia- con situaciones y decisiones adoptadas por el Gobierno italiano en materia de infraestructuras. Creo que, en lo que respecta al papel del Parlamento, cuando optamos por entablar un debate controvertido simplemente por el debate en sí, no nos ayudamos a nosotros mismos ni a las personas afectadas por estas tragedias.

Mombaur (PPE-DE).
Señor Presidente, quisiera decirle tan sólo esto a la señora de la izquierda de esta Asamblea: La Unión Europea es completamente neutral en lo que respecta a la privatización, pero es un hecho histórico que los derechos de los trabajadores nunca se han visto tan pisoteados como en los Estados en que todo estaba nacionalizado. ¡Esta es la lección del siglo XX!
(Aplausos de la derecha)

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, en los últimos días hemos seguido las declaraciones de la administración norteamericana con creciente temor y angustia; básicamente, pase lo que pase, aunque la dictadura de Saddam deje entrar a inspectores de armamentos, Iraq va a ser atacado.
Los diputados del Partido Comunista de Grecia -y creo que el pueblo de Grecia en su conjunto- se oponen a tal eventualidad. Con o sin la bendición de la ONU. Consideramos totalmente absurdo que la ONU, que fue fundada para resolver pacíficamente las diferencias, se utilice para sellar este tipo de crímenes. Pero lo que más nos indigna es que la jefatura norteamericana no tenga escrúpulos a la hora de anunciar si posición sumamente peligrosa sobre un ataque preventivo. ¿Se da usted cuenta de que nos enfrentamos al peor tipo de terrorismo, que apunta contra todo aquel que se niegue a aceptar la hegemonía de los Estados Unidos, país que se ha arrogado el derecho de atacar a quien considera que representa o puede representar una amenaza?
La cuestión, señor Presidente, es la siguiente: enfrentado a esta situación, ¿piensa el Parlamento Europeo limitarse a desempeñar el papel de Poncio Pilato y consentir? Pase lo que pase, creemos que nuestras naciones han de aunar fuerzas urgentemente contra esta política neonazi y detener a los criminales paranoicos que gobiernan los Estados Unidos de América.

Posselt (PPE-DE).
Señor Presidente, en relación con el Sexto Programa Marco, en esta Cámara hemos mantenido profundos debates sobre la protección de los embriones. En aquel momento se ejerció una enorme presión sobre los defensores de los principios éticos, a quienes se decía que, dada la importancia de la cuestión, no había que permitir que se llegara a bloquear este importante programa de investigación, del cual la protección de los embriones constituía tan sólo una pequeña parte. Ahora nos encontramos en una situación en la que esas mismas personas que decían eso tratan de bloquear todo el Programa Marco debido a un intento por parte de una mayoría cualificada del Consejo -es decir, por medios harto legales- de aplicar principios éticos que, en realidad, deberíamos haber establecido en una fase temprana.
Me gustaría saber qué cosa, si es que la hay, legitima que el Sr. Westendorp vaya por allí afirmando que habla en nombre del Parlamento y declarando que queremos una reserva presupuestaria para todo el programa o una parte del mismo. No recuerdo que hayamos tomado tal decisión en el pleno. Por consiguiente, pido que el diálogo a tres bandas de mañana con el Consejo no trate cuestiones sobre las que esta Asamblea nunca ha votado

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, en observancia del Reglamento, por su respuesta me doy cuenta de que no me ha entendido bien. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que esta Asamblea debe estar encantada de que el Consejo como tal preste atención a nuestros informes. Sin embargo, lo que quería llevar a la atención de Sus Señorías es que un subconjunto del Consejo, el Grupo Pesca, parece haber celebrado una reunión en la que se discutió sobre proyectos de informe a este Parlamento que la comisión competente aún no ha visto. Dicho de otro modo, que se ha estado «cocinando» informes antes de que los haya visto la comisión. Si esto fuera cierto, supondría una seria infracción de los derechos y privilegios de esta Asamblea y, de hecho, el incumplimiento del artículo 2 del Reglamento. Quisiera presentar una queja sobre el asunto y sugerir que tanto la Presidencia del Consejo como el presidente de nuestra propia Comisión de Pesca la tengan en cuenta.

El Presidente.
Tiene usted razón, no entendí bien su comentario inicial.

De Keyser (PSE).
Señor Presidente, desde la última resolución del Parlamento, la situación en Iraq ha cambiado tanto positiva como negativamente. Negativamente porque, en efecto, la situación internacional se ha vuelto más tensa, y positivamente porque Iraq ha aceptado sin condiciones las inspecciones de la ONU. Anteayer estuve en Bagdag y se hizo al Sr. Aziz una propuesta que aceptó. Asimismo aceptó que los inspectores de la ONU fueran acompañados por observadores internacionales de renombre mundial que fueran respetados por ambas partes.
Ello ofrecería una garantía tanto para los Estados Unidos como para Iraq, y por consiguiente evitaría que se jugara al gato y al ratón. Cuando pregunté al Sr. Aziz si aceptaría a observadores del Parlamento Europeo, me contestó que no había oído hablar del Parlamento Europeo. Quizás sea una señal de cierto nerviosismo por nuestra parte, aunque haya esperanzas de paz, el hecho de no enviar una misión ad hoc a Iraq, y especialmente de no ofrecernos como árbitros neutrales.

Caudron (GUE/NGL).
Señor Presidente, hablaré sólo brevemente para decirle al Sr. De Keyser que sin duda ha sido mal informado.
No hay resistencia del Parlamento. El Parlamento votó a favor de una posición común, que ni siquiera modificó la posición común decretada por el Consejo en relación con los problemas éticos. El Parlamento aceptó un compromiso que integraba todas las enmiendas votadas por el Parlamento sobre toda una serie de cuestiones, y en julio nos enteramos casualmente de que el Consejo había faltado a su palabra. Lo que condena el Parlamento es la mala fe del Consejo.
De ahí que el ponente, el presidente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, y los ponentes alternativos se reúnan con regularidad para representar al Parlamento ante el Consejo, para pedir participar en las negociaciones y asegurar que la Presidencia danesa respete la palabra del Consejo y la palabra de la Presidencia española.
Es muy sencillo: no hay amenaza de nadie en todo este ámbito. El Parlamento es muy responsable y, durante el procedimiento de codecisión no quiso llegar a una conciliación y por tanto aceptó un compromiso. Es este compromiso lo que cuestiona el Consejo y todos hemos de ser unánimes, sean cuales sean nuestras opiniones sobre problemas éticos, a la hora de denunciar este tipo de conducta.

El Presidente.
Este punto queda cerrado.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0276/2002) de la Sra. Evelyne Gebhardt, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo por la que se crea una red europea de formación judicial (13348/2000 - C5-0757/2000 - 2000/0829(CNS)).

Berger (PSE)
Gracias, señor Presidente, por permitirme hablar en nombre de la Sra. Gebhardt, quien, en el último momento, se ha visto impedida de hacer acto de presencia aquí y me ha pedido que haga la siguiente declaración. Hacer de Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia es un objetivo muy ambicioso para la UE en su conjunto, pero sobre todo un objetivo central, que promete protección a casi 380 millones de personas de quince países. Este espacio de libertad y justicia tiene por objeto, al mismo tiempo, disipar temores. Si queremos crear este espacio, la legislación al respecto a nivel europeo tendrá que estar muy bien elaborada, y en este sentido estamos realizando progresos, paso a paso, pero también hemos de crear una infraestructura sobre la cual construir si no queremos acabar en una ruina y dar a nuestros ciudadanos una razón para estar decepcionados.
La resolución que tenemos ante nosotros tiene que ver con un elemento importante de esta infraestructura, pues trata de la formación de abogados a escala europea. Las grandes diferencias entre sistemas y tradiciones jurídicas implican que hay cuestiones difíciles que es preciso resolver en este contexto. El Gobierno francés presentó una interesante propuesta que la Sra. Gebhardt mejoró efectuando correcciones, y añadiendo a la propuesta diversos puntos. Gracias a la buena cooperación de todos los implicados se ha logrado un resultado, un resultado que la comisión pudo aprobar con una única abstención.
Una de estas enmiendas tiene que ver con la base legal; mientras que la propuesta francesa toma como base los artículos 31 y 34 del Tratado de la Unión Europea, la nuestra se fundamenta en el artículo 42, en primer lugar para limitar la burocracia y en segundo lugar para facilitar una ampliación flexible de la red. La propuesta francesa hace referencia únicamente a los jueces en el ámbito del derecho penal que deseen recibir tal formación. Esto no basta. El derecho civil es una parte natural del espacio de libertad, seguridad y justicia, que no está formado exclusivamente por los jueces. Hay posibilidades para que todas las profesiones que tengan que ver con el derecho y la administración de justicia -como los abogados, los fiscales y los agentes de policía en el Reino Unido- desempeñen el papel que les corresponde.
Es necesario promover una comprensión y aceptación de los diferentes sistemas jurídicos en todas estas profesiones, o de lo contrario surgirá una falta de confianza que hará que se resistan a las medidas judiciales originarias de un sistema jurídico diferente, aunque tengan que aceptarse y aplicarse como si fueran reglas procedentes de su propio sistema jurídico nacional con el que está familiarizados. Una ejecución rápida y sin contratiempos de los procedimientos favorece la confianza del público en el espacio de libertad, seguridad y justicia que le han prometido. Lo que es evidente en el mundo de los negocios también ha de convertirse en la regla en el poder judicial, concretamente que el acierto se consigue aprendiendo más. 
Este acierto ha hacho realidad la Red de Formación Judicial, que también facilita las cosas a quienes trabajan con la ley. Esto urge. Lo que evidencia el informe sobre actividades Pro-Eurojust en el año 2000 es que para quienes trabajan con la ley en los diferentes Estados miembros no siempre es fácil colaborar eficazmente, bien debido a diferencias legales, bien a unos conocimientos insuficientes del idioma en su especialidad. Una buena red de formación permitiría eliminar tales obstáculos, ¡así que hagámosla ya!

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Evelyne Gebhardt, por su informe y expresarle que estoy de acuerdo con el principio de que la cooperación judicial a escala europea puede resultar más eficaz si se ofrece una formación permanente a los principales profesionales implicados, es decir, los jueces y magistrados.
Los jefes de Estado y de Gobierno reconocieron y reafirmaron esta necesidad en el Consejo Europeo de Laeken, y dieron un muevo impulso al proyecto de crear una red de formación. En el debate que siguió a la iniciativa del Gobierno francés, la Comisión planteó una serie de preguntas de carácter jurídico y técnico acerca de la creación de una red de formación judicial.
Las preocupaciones de la Comisión eran concretamente las siguientes: en primer lugar, la independencia de los magistrados, que ha de salvaguardarse. En lugar de imponer planes de formación rígidos, habría que proporcionar a jueces y magistrados los medios necesarios para diseñar y emprender su formación de una forma flexible. En segundo lugar, hay que tener en cuenta las estructuras existentes y aprovechar plenamente los instrumentos de concienciación disponibles, como la red judicial europea y la red civil y comercial europea. Por último, hay que abordar el gran problema de la división de la cooperación judicial entre el primer y tercer pilar del Tratado, que, desde nuestro punto de vista, exige la adopción de dos actos idénticos, un problema que se ve agravado por características específicas de los protocolos de «opt-out» relativos a Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda.
Al apoyar esta iniciativa, el Parlamento Europeo ha intentado responder a estas cuestiones, en particular esta última cuestión de la doble base legal. La Comisión reconoce plenamente los esfuerzos de la ponente, pero no se adhiere a la fórmula de «puente» consignada en el artículo 42 del Tratado de la UE, que consideramos desproporcionada y poco realista.
Compartimos la idea de que la división de asuntos judiciales entre dos pilares crea dificultades. Sin embargo, creemos que el modo más eficaz de superar estas dificultades consiste en abolir la estructura de pilares en la Convención sobre el Futuro de Europa. En el documento de trabajo que la Comisión presentó sobre la «Red de formación judicial europea», abogamos por tres posibles opciones: una es crear una red de formación por medio de un acto del Consejo, otra es crear una agencia comunitaria para tal fin y la tercera opción es mantener operativa la red existente y al mismo tiempo incrementar el apoyo que le otorga la Unión. El Coreper del pasado 27 de junio alcanzó un amplio acuerdo de principio en torno a la tercera opción, recalcando la importancia que otorga a las acciones de la red existente y a reforzar sus actividades. La Comisión considera que, en este momento, esta es la fórmula que mejor se ciñe a las necesidades y que tiene más probabilidades de dar resultados positivos. De hecho, la red ya ha empezado a operar con esta orientación.
El Consejo ha adoptado el Programa Marco sobre Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal; el programa AGIS basado en el modelo marco comunitario de actividades encaminadas a facilitar la cooperación judicial en asuntos civiles. La Comisión considera por lo tanto que ya disponemos de programas susceptibles de apoyar actividades con vistas a desarrollar la formación judicial en Europa, tanto en el ámbito civil como en el penal, lo cual es un objetivo especialmente importante a la luz de la inminente ampliación.

Hernández Mollar (PPE-DE).
Señor Presidente, deseo saludar la celebración del presente debate, en el que se está discutiendo una importante medida que servirá, sin lugar a dudas, para avanzar en la realización del ansiado espacio de libertad, seguridad y justicia. Quiero, antes de nada, felicitar a la ponente por el gran interés que ha mostrado a la hora de afrontar esta iniciativa y por el excelente trabajo de fondo que ha realizado.
Gracias al Tratado de Amsterdam hemos conseguido dotarnos de las bases jurídicas necesarias para desarrollar a nivel europeo toda una serie de medidas cuyo objetivo es hacer realidad la Europa libre, segura y justa que todos deseamos.
En 1999, los Estados miembros, reunidos en el Consejo de Tampere, proclamaron que, en un auténtico espacio europeo de justicia, no debe suceder que la incompatibilidad y la complejidad de los sistemas jurídicos y administrativos de los Estados miembros impida a personas y empresas ejercer sus derechos o las disuada de hacerlo.
Para evitar dicho disfuncionamiento, los Estados miembros establecieron como piedra angular de la cooperación judicial, tanto civil como penal, en la Unión, el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones y sentencias judiciales. Pero para que el reconocimiento mutuo sea posible, es necesario el cumplimiento, a su vez, de otro principio: el de la confianza recíproca. Esto quiere decir que para que las resoluciones judiciales extranjeras sean aceptadas como propias hay que tener plena confianza en los sistemas, tanto jurídicos como judiciales del país emisor.
En este sentido, como la propia iniciativa reconoce en uno de sus considerandos, la formación de los miembros de los cuerpos judiciales de los Estados miembros es una de las consecuencias para el éxito del espacio judicial europeo.
También en este sentido, considero que la iniciativa que estamos discutiendo es importante. Su objetivo es crear una red que permita establecer las conexiones necesarias entre los distintos organismos de los Estados miembros encargados de la formación y perfeccionamiento profesional de las personas encargadas de la administración de justicia. De este modo se favorecerá la comprensión entre las distintas autoridades y se facilitará el establecimiento de un clima de confianza. Ello repercutirá, sin duda, en un mejor conocimiento de los respectivos sistemas judiciales de los Estados miembros y en un mejor funcionamiento del espacio judicial europeo. De esta manera, se institucionalizará un sistema de intercambio de mejores prácticas y se abrirá un cauce fluido entre los organismos nacionales, respetando la identidad de cada uno de ellos y la necesaria independencia judicial, fundamento ello del Estado de Derecho.
Quisiera centrarme en lo que considero el aspecto más importante de la presente iniciativa, ya señalado por la ponente: el ámbito de actuación en la red. En efecto, éste ha sido el eje de las principales discusiones y ello, evidentemente, por las repercusiones directas que tiene en la elección de la base jurídica.
Independientemente de la confusa dispersión en los tratados de las bases jurídicas para la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia, estoy de acuerdo con la ponente en que no tiene sentido la creación de una red como la que estamos discutiendo para el ámbito específico de la justicia penal. La justicia en sí misma es un concepto unitario y por ello lo coherente es crear una sola red que coordine los organismos nacionales de perfeccionamiento judicial, tanto en el campo civil como en el penal.
Ateniéndonos, por un lado, a la opinión expresada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que descarta la elección de una base jurídica doble si ello implica procedimientos incompatibles entre sí y, por otro, a la importancia y a los objetivos que la iniciativa persigue, considero que la elección de la pasarela diseñada por el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea como fundamento jurídico constituye la salida más acertada.
En efecto, partimos del principio de que los artículos se insertan en el Tratado porque se prevé su utilización ulterior. En este sentido no debiera asustarnos optar por este procedimiento, independientemente de que hasta la fecha no se haya utilizado. Además, la elección de dicho artículo 42 tiene una trascendencia aún mayor, ya que supone apoyar la comunitarización de materias todavía relegadas a procedimientos particulares.
En este sentido, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos, quiero insistir en la necesidad de acabar con la dispersión jurídica y la multiplicación de los fundamentos jurídicos previstos para la realización de ese espacio. Esta iniciativa puede servir para hacer efectiva, en la práctica, la voluntad que los Estados miembros plasmaron en el citado artículo 42 del Tratado y abrir el camino a una progresiva comunitarización de los aspectos más importantes de la justicia penal.
Andrews (UEN).
Señor Presidente, como se acaba de comentar, esta iniciativa se limitaba originalmente a la formación de jueces de derecho penal, pero se acordó que se desarrollaría una segunda fase para la formación de jueces de derecho civil y mercantil. Según las tradiciones de determinados Estados miembros, la independencia judicial es un asunto en el que no se debería interferir. De hecho, la Constitución irlandesa consagra esta cuestión. Por consiguiente, es necesario encontrar una solución apropiada al problema de cómo continuar con el trabajo. Estoy seguro de que podemos encontrarla, dado que ya contamos con una red de formación judicial independiente
Esta iniciativa particular se ha pasado por alto. Ahora creo que debemos recurrir de inmediato a la red existente y asegurarnos, al mismo tiempo, de que ésta cuenta con un mayor apoyo. Tenemos que concentrarnos en la lucha contra el terrorismo, que como sabemos es un fenómeno nacional, europeo y mundial, y que supone un problema prioritario para la Unión Europea.
Recibo con sumo agrado la firme decisión del Consejo, junto con los Estados miembros, de participar de forma activa y bajo los auspicios de las Naciones Unidas en una coalición mundial contra el terrorismo. Los ataques terroristas atentan contra el derecho humano más fundamental: el derecho a la vida. Son ataques que se amparan en la oscuridad de la noche, bombas humanas en calles atestadas y autobuses. Siempre hay víctimas del terrorismo, así como hay víctimas de crímenes y víctimas del hambre provocada por el hombre. Hay terrorismo de Estado y terrorismo de guerra y venganza, como vemos en Oriente Próximo. La forma de terrorismo que ahora amenaza al mundo no sabe de fronteras y no tiene ubicación fija. Este terrorismo mueve dinero, además de infiltrarse en empresas, en la política y en sistemas policiales y legales de todo el mundo con impunidad. Irlanda ha sufrido más de 30 años de terror, que acabaron en un punto muerto. Deberíamos aprender algo de todo esto.
Naciones, ciudades, pueblos y, sobre todo, las personas son las víctimas del terrorismo y las víctimas son sus verdaderos prisioneros. Sin embargo, los responsables del crimen suelen andar libres. 
Quisiera una vez más felicitar a la ponente.

Turco (NI).
Señor Presidente, gracias a la reforma del Reglamento estamos hoy aquí debatiendo un texto que -como ha sucedido muchas, demasiadas veces en el Parlamento- será adoptado por el Consejo en una forma diferente de como fue presentado, mientras que se nos niega la oportunidad de debatir las propuestas de la Unión Europea sobre terrorismo, que son mucho más importantes en cuanto a los derechos y las libertades de los ciudadanos europeos que el documento que ahora estamos obligados a debatir.
Me refiero, concretamente, al informe del Sr. Galeote Quecedo, que examina dos propuestas realizadas por el Reino de España. Mañana votaremos sobre este informe sin haber tenido la oportunidad de debatirlo. Me refiero a textos sobre los cuales la propia Comisión, que suele ser lenta a la hora de adoptar posiciones, ha expresado reservas convincentes de carácter jurídico y político, que, además, se han añadido a nuestro informe. Lamento decir que los principales grupos parlamentarios, claramente preocupados por ocultar el contenido de las medidas a la opinión pública, han decidido privar a la Asamblea incluso de la habitual apariencia de debate. Es deplorable. Por consiguiente, no vamos a hablar de la propuesta del Reino de España sobre cooperación policial y judicial para combatir el terrorismo, una propuesta que sin duda podríamos apoyar. Sin embargo, la propuesta de utilizar equipos de investigación conjuntos, así como Europol y Eurojust, para facilitar estos intercambios suscita problemas que el Parlamento ha mencionado en varias ocasiones: la ausencia de un control democrático y judicial sobre Europol y Eurojust, y su falta esencial de conexión con la Comunidad; la falta de garantías específicas concernientes a la acción de los miembros de los equipos de investigación conjuntos.
Tales aspectos, relacionados con investigaciones y procedimientos penales, están codificados en muchos casos en detalle a escala nacional como parte de los códigos jurídicos de los Estados miembros o incluso de sus constituciones a fin de poder determinar los derechos y deberes de las partes implicadas. Todo ello falta en el plano europeo.
La segunda propuesta del Reino de España también se oculta a los ciudadanos. Tiene que ver con el mecanismo de evaluación de los sistemas jurídicos y su aplicación a escala nacional en la lucha contra el terrorismo, que, como ha explicado la Comisión Europea, sigue siendo inaceptable debido a que es incompleto e insuficientemente específico, aplicándose mal su base jurídica. Es decir, una vez más la lucha contra el terrorismo sirve de pretexto para hacer caso omiso de principios y reglas. De hecho, la iniciativa va más allá de lo que permite la base jurídica propuesta y la evaluación se añade a la ya prevista en la Decisión Marco sobre la lucha contra el terrorismo.
Hemos de asegurarnos de que el Consejo oiga lo que tenemos que decir, rechazando un texto que nunca será aprobado y rechazando textos que se basan en la intención de combatir el terrorismo incluso a costa de socavar las libertades y derechos fundamentales que son la esencia de la democracia. Los principales grupos políticos han decidido no debatir estas cuestiones, aunque el debate es necesario y habría producido resultados útiles.

Coelho (PPE-DE).
 Señor Presidente, Comisario, Señorías, el Consejo Europeo de Laeken pidió expresamente que se estableciera una mayor confianza entre los profesionales en materia de cooperación jurídica, a fin de crear rápidamente y con este fin una red europea para promover la formación de jueces y magistrados.
De este modo, la propuesta que estamos estudiando aspira a garantizar la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros creando una red europea de formación judicial cuyo objeto es promover la coherencia y la eficacia de las acciones de formación para los miembros de los cuerpos judiciales de los Estados miembros, estableciendo vínculos entre las escuelas e instituciones nacionales específicamente responsables de la formación de jueces y magistrados profesionales.
Estamos de acuerdo con la idea de establecer vínculos más estrechos entre magistrados y los mecanismos institucionales de cooperación judicial europea, a fin de facilitar el control profesional de las diferentes fases de construcción de una Europa judicial, contribuyendo de este modo a consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia y a crear una cultura judicial europea.
Quisiera pedirle a la Sra. Berger que transmita nuestras felicitaciones a la Sra. Gebhardt por su excelente trabajo y nuestro acuerdo, ya expresado por el Sr. Hernández Mollar, con la idea de que esta red abarque todos los ámbitos de la cooperación judicial en la Unión Europea, es decir, tanto asuntos de derecho penal como civil. Con ello haremos una valiosa contribución a la mejora de los conocimientos y la comprensión de los instrumentos de cooperación, y para promover el desarrollo de un clima de confianza por parte de jueces y magistrados en las diversas cuestiones jurídicas nacionales. Esto beneficiará el reconocimiento mutuo de decisiones tanto a nivel de asuntos de derecho civil como penal, que a fin de cuentas es la piedra angular de la cooperación judicial.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana al mediodía.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0257/2002) del Sr. RobertEvans, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el procedimiento común de asilo y seguridad interna (COM(2001)743-C5-0129/2002 - 2002/2053(COS)).

Evans, Robert J.E. (PSE)
- (EN) Señor Presidente, como ha dicho usted, este informe, que trata de la política común de asilo y seguridad interna según el «método abierto de coordinación», engloba dos métodos. En realidad, se trata de dos informes en uno. Debería haberse separado en dos informes distintos, pero debido al Reglamento del Parlamento y a problemas de tiempo y factores organizativos, se ha fundido en un único informe.
En general el enfoque de la política común de asilo es parte integrante del trabajo de nuestra comisión y nos interesa mucho. Respecto del método abierto de coordinación, quisiéramos hacer hincapié en que este método no debe tomarse como sustituto de la participación del Parlamento en el proceso hacia una política común de asilo y, en definitiva, hacia una política común de inmigración. Estamos decididos a avanzar hacia la plena comunitarización en estos temas. Es muy importante que el Parlamento disponga de un papel decisivo en el proceso legislativo en la materia. Acogemos de buen grado el método abierto de coordinación. Sin embargo, el hecho de compartir estadísticas y todo lo que esto supone no debe considerarse un sucedáneo del avance hacia la plena comunitarización de una política común de asilo con plena participación del Parlamento.
También debemos asegurarnos de que el uso del método abierto de coordinación no reduzca la política de asilo al mínimo denominador común de las políticas actuales de los Estados miembros. Queremos poner el listón muy alto. Queremos que se apliquen las mejores prácticas. Por tanto, el método abierto de coordinación debe servir de período de transición hacia una segunda fase en la que el asilo sea como tal un punto del programa legislativo.
Es más, las mejores prácticas del método abierto de coordinación no deben considerarse un sucedáneo de la Convención de Ginebra y el Protocolo correspondiente. Debemos presionar a los Gobiernos de todos los Estados miembros para que integren la política de asilo, así como las consideraciones en materia de inmigración, en todos los ámbitos políticos como objetivo político horizontal.
La segunda parte de la comunicación trata de la seguridad interna. Esta cuestión ha ido escalando puestos en el orden del día desde los acontecimientos del 11 de septiembre del año pasado. Debemos garantizar que la normativa vigente en los Estados miembros de acuerdo con la Convención de Ginebra excluya a las personas que hayan estado involucradas en actividades terroristas, crímenes contra la humanidad o delitos similares que ya están claramente definidos. Debemos asegurarnos de que estas disposiciones se formulen de manera que se asegure que los terroristas no puedan colarse en el territorio de la UE a través del procedimiento de asilo. Actualmente no hay pruebas de que terroristas potenciales entren en la Unión Europea o cualquier Estado miembro y soliciten asilo, pero el informe pretende dejar claro como el agua que hay salvaguardias y procedimientos que contemplan esta eventualidad.
Es esencial que las medidas adoptadas frente a las amenazas para la seguridad interna sean proporcionadas, efectivas y, sobre todo, que velen por los derechos humanos.
Me complace el compromiso de la Comisión de recurrir exclusivamente a las cláusulas de exclusión de la Convención de Ginebra para rechazar peticiones de asilo de personas individuales, pero pido que se haga un uso prudente de dichas cláusulas. Hago hincapié una vez más en que la UE debe contar con un enfoque coherente y no extraditar individuos a países en los que pueden ser condenados a muerte. Es necesario que quede absolutamente clara la situación y el trato de las personas que están excluidas del procedimiento internacional, pero que no pueden ser expulsados de territorio de la Unión a causa de distintos motivos que puedan llevar a tal situación.
En general, con las reservas mencionadas, aplaudimos con el compromiso expresado por la Comisión en este informe de garantizar el acceso al procedimiento de asilo. Pido que las cláusulas de exclusión no se apliquen de forma rutinaria, por motivos tanto prácticos como humanitarios.
He presentado varias enmiendas a este informe con el fin de corregir errores poco importantes o debidos a contratiempos de la comisión. Sin embargo, éstos no restan méritos a la importancia y al significado del mencionado informe. Quisiera elogiar el trabajo realizado por el Comisario Vitorino a favor de una política común europea de asilo. No existe otra alternativa que el desarrollo de políticas análogas en los 15 Estados miembros, basadas en directrices no parecidas, sino idénticas, y que se reconozcan y se cumplan en todos los Estados miembros.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, el Consejo Europeo de Sevilla marcó un importante compromiso en el ámbito del asilo. Fijó el plazo hasta finales de 2003 para la adopción de todos los instrumentos legislativos de la primera generación de leyes relacionadas con la política de asilo europea. Desde mi punto de vista, este compromiso asumido por los jefes de Estado y de Gobierno es importante para medir la credibilidad de la política europea en un ámbito tan delicado como es la política de asilo.
No ocultaré al Parlamento -nunca lo he hecho- que actualmente las negociaciones son motivo de cierta preocupación. Para ser exactos, no creo que la solución radique en una forma de armonización basada en el menor denominador común. Evidentemente no es aquí donde reside el valor añadido de una política de asilo europea. Sin embargo, paralelamente a estas negociaciones, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, el Sr. Ruud Lubbers, acudió la semana pasada al Consejo informal de Justicia y Asuntos Interiores en Copenhague , y nos advirtió acerca de las importantes decisiones que se tomarán en la próxima reunión del comité ejecutivo del ACNUR: la aprobación de una agenda para la protección internacional que, estoy seguro, contribuirá al debate sobre las principales cuestiones de política de asilo a escala mundial y, por consiguiente, también en el plano europeo.
En relación con el informe de hoy, agradezco y felicito al ponente por el contenido del mismo. La Comisión propone desde luego introducir el método abierto de coordinación en el ámbito de la política de asilo y de inmigración. Sin embargo, quiero una vez más dejar claro que no consideramos que exista una incompatibilidad entre el método abierto de coordinación y la adopción de medidas legislativas en materia de asilo a escala europea. De hecho, adoptar una legislación constituye una parte importante de la instauración de una política de asilo común; la gestión de una política de asilo puede beneficiarse del método abierto de coordinación, de la convergencia y de la armonización de las prácticas, medidas y directrices aplicadas por las administraciones nacionales en el ámbito del asilo.
No ocultaré el hecho de que no todos los Estados miembros están de acuerdo en aplicar el método abierto de coordinación a la política de asilo. Sin embargo, el hecho es que el propio Consejo siguió recientemente las directrices propuestas por la Comisión para solicitar la creación de una red de agentes en el ámbito del asilo con miras a intercambiar información y estudiar las prácticas actuales. La Comisión, por su parte, pretende usar estos instrumentos para identificar nuevos ámbitos de acción en relación con el asilo: no sólo una comparación de políticas, sino también la idea de compartir mejores prácticas. Por consiguiente, no existe ninguna contradicción entre el método abierto de coordinación y la comunitarización, generada por el Tratado de Amsterdam, e incluso creemos que en la Convención sobre el Futuro de Europa y en el contexto de la futura Conferencia Intergubernamental ha de demostrarse y recalcarse esta compatibilidad entre estos dos tipos de instrumentos.
En relación con la segunda dimensión del informe: trataremos la cuestión del equilibrio entre la seguridad interior y el deber de protección. En el documento que enviamos al Parlamento sobre la relación entre la salvaguardia de la seguridad interior y el cumplimiento de las obligaciones e instrumentos de protección internacional, la Comisión afirma que es posible conseguir un equilibrio equitativo entre la mejora de la seguridad interior de Europa, especialmente después de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, y la garantía de los derechos de los refugiados y otros valores que son cruciales para las democracias europeas.
La Comisión celebra el hecho de que el informe que estamos debatiendo aquí hoy comparta este enfoque básico y recomienda que los verdaderos refugiados y solicitantes de asilo no sean víctimas de los sucesos del año pasado, pero también que no dé oportunidad a quienes apoyan o cometen actos terroristas a acceder al territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. Por esta razón, la Comisión apoya plenamente la directriz adoptada y reiterada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidades para los Refugiados, de que el enfoque adecuado no ha de basarse en cambios importantes en el sistema de protección de los refugiados, sino en la aplicación de excepciones a la protección concedida por el Convenio sobre refugiados en forma de cláusulas de exclusión. Compartimos la opinión de que estas cláusulas han de utilizarse de acuerdo con la interpretación que les da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Por último, señor Presidente, Señorías, quisiera recalcar que la Comisión se adhiere al llamamiento explícito del Parlamento Europeo a reafirmar la política de la Unión de que los individuos no pueden ser extraditados a países en que podrían enfrentarse a la pena de muerte por sus crímenes y donde no existen garantías aceptables que puedan ser aplicadas legalmente dentro del marco de un juicio justo y equitativo.

González Álvarez (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, en primer lugar, agradezco al ponente que haya recogido varios de los párrafos aprobados en la Comisión de Peticiones en su informe, relativos al papel de la Carta de Derechos Fundamentales, al pleno respeto de la Convención de Ginebra, a la especial atención a los menores que viajan solos y a las mujeres, a la especial preparación que debe tener el personal que está en contacto con los peticionarios de asilo y a la importancia de la contribución de las entidades regionales, locales, las organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Sin embargo, señor Presidente, quedan aún algunas preocupaciones que expresamos en la exposición de motivos, como, por ejemplo, la explotación excesiva de la sensación de inseguridad para adoptar medidas restrictivas o represivas, no sólo respecto a los demandantes de asilo, sino también hacia los inmigrantes.
Por eso, la ponente de la Comisión de Peticiones -así fue aprobado en la comisión- apoya la implementación del programa de acción comunitario de lucha contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
Otra preocupación es que el Consejo adopte las posiciones nacionales más restrictivas con respecto al derecho de asilo. En Sevilla vimos las diferencias que había entre los diferentes Estados respecto a este tema.
Señor Presidente, a la Comisión de Peticiones llegan peticiones que tienen que ver con la denegación de asilo. Algunas más importantes y más justificadas que otras, es verdad. La semana pasada, recibimos una que es insólita, la de un ciudadano norteamericano que pide asilo en Suecia, porque considera que es perseguido en los Estados Unidos y que se le presiona demasiado. Suecia le denegó esa petición de asilo y él se dirigió a la Comisión de Peticiones.
Esta petición, que es poco corriente, demuestra la complejidad del problema y la necesidad de encontrar un equilibrio, como decía el señor Comisario, entre el derecho de asilo y que los ciudadanos se sientan seguros.
Klamt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, las negociaciones en torno a una política común europea de asilo están resultando duras y difíciles. A menudo parece como si estuviéramos en un camino que no lleva a ninguna parte. Sin embargo, por tendenciosos que hayan podido ser los debates de esta Asamblea sobre esta cuestión, en este caso los diputados no son culpables. Aunque hemos realizado un trabajo rápido en este ámbito, tenemos derecho a ser consultados y nada más.
Como todos sabemos, el Consejo ha de alcanzar una decisión unánimemente. Esto significa, por supuesto, que la Comisión se merece todo tipo de elogios por intentar encontrar nuevas formas de seguir adelante, pero les digo que el método abierto de coordinación no es una solución, por lo menos para el Parlamento. A diferencia del ponente, el grupo del PPE se opone firmemente a la introducción de un método de coordinación abierto en el ámbito de la política de asilo.
Consideramos que un método abierto de coordinación hará que se evite el procedimiento de toma de decisiones comunitario y se deje de lado al Parlamento. Este podría ser el primer paso para devolver una política de asilo al ámbito intergubernamental y para que la política de asilo deje de ser una de las responsabilidades de la Comunidad Europea.
Aparte del hecho de que la mayoría en la Convención están convencida de que el asilo debe seguir rigiéndose por reglas comunitarias, no podemos ni debemos permitir que el Parlamento, que es la única institución europea con alguna legitimidad democrática, quede al margen del proceso de creación de una política de asilo común. Dado que este es el caso, el grupo del PPE rechaza el informe del Sr. Evans.
Nuestro grupo tiene otras razones para rechazar el informe. La primera es la exigencia de una interpretación restrictiva de las cláusulas de exclusión de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. La segunda es la exigencia de que se garantice que las solicitudes sean examinadas primero en referencia a la inclusión de cláusulas de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, antes de que se hayan tenido en cuenta razones para la exclusión -una desviación de la actual práctica jurídica- y que por regla no deberían usarse procedimientos acelerados o procedimientos de admisión en tales casos. En tercer lugar, rechazamos la exigencia de que se evite la comprobación rutinaria de las razones de exclusión durante la tramitación de las solicitudes de asilo.
Tampoco aceptaremos bajo ningún concepto cualquier intento de anular Eurodac. Simplemente no podemos tener una situación en la que los datos biométricos -ni siquiera las huellas dactilares- tomados de los solicitantes de asilo no puedan usarse para investigar los delitos criminales. La seguridad es de gran valor para los ciudadanos de la Unión Europea, al igual que para quienes vienen aquí en busca de protección y seguridad.
En resumidas cuentas, el grupo del PPE sólo puede aprobar el informe del Sr. Evans si una votación en el pleno aprueba amplios cambios que nosotros, el Partido Popular Europeo, hemos presentado en forma de enmiendas. Sin embargo, el Parlamento ha de rechazar firmemente el método abierto de coordinación.
Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, a nuestro grupo, señora Klamt, Señorías, efectivamente, lo que más le preocupa es la falta de progresos por parte de los Estados miembros y del Consejo de la Unión Europea en relación con las políticas de inmigración y de asilo.
Mientras aquí estamos discutiendo si queremos o no un método de coordinación abierto, el debate en la calle se centra en los más de quince muertos que ha habido en las costas italianas, en la lluvia de personas, de cadáveres, que caen en las costas del sur de mi país, en situaciones como la de Sangatte, que realmente exasperan a la opinión pública europea, diría que de dos formas: una, porque nos acongoja esta situación, y la otra, porque parece que prevalece el sentimiento de que estamos ante el caos, ante una situación de descontrol y de inseguridad.
Desde luego, nosotros queremos procedimientos comunitarios para el asilo. Pensamos que no podemos seguir en la actual situación y por eso estamos dispuestos a apoyar la propuesta de la Comisión Europea en relación al método de coordinación abierto como un paso adelante en la política común. Desde luego que el mecanismo de coordinación abierto no puede sustituir la necesaria aproximación y armonización legislativa, pero sí puede ayudar al establecimiento de estas políticas, respecto a las que hay que reforzar efectivamente el papel del Parlamento Europeo, así como la colaboración del ACNUR y las ONG.
Dicho esto, en estos tiempos creo que hay que recordar más que el asilo es un derecho que nuestros Estados conceden a las personas perseguidas -que se debe al compromiso de nuestros Estados y sus ciudadanos con la libertad. Por lo tanto, ha de ser un motivo de orgullo y satisfacción de las sociedades de acogida.
Por lo tanto, estamos -y me refiero ya a la segunda parte del informe-, a favor del buen funcionamiento de este sistema de asilo. Creo que extremar la seguridad significa extremar también las medidas de protección de estas personas. Creo que la aplicación de la Convención de Ginebra y el mayor cuidado en los métodos que nos hemos fijado, no en función del asilo, sino en otro orden de legislación, como la definición común del terrorismo o como el paso adelante que significa el mandamiento de detención europeo, son muy importantes y, aplicados con eficacia, deberían ser suficientes para garantizar la seguridad sin menoscabar el derecho de asilo.
Quiero expresar, asimismo, nuestra preocupación en relación a los países donde se condena a muerte y quiero decir que estamos en contra de la colaboración y, evidentemente, de la expulsión a estos países y también en contra de la revisión de los casos de manera rutinaria y no de manera individualizada.
Lamento, señor Presidente, que se me haya acabado el tiempo, porque me gustaría contestar al Sr. Turco, pero creo que no ha hablado sobre este informe y lo haré con una moción de orden.

Schmidt, Olle (ELDR).
Señor Presidente, quiero empezar dando las gracias al Sr. Evans por el excelente trabajo que ha realizado. Para mí, como liberal, siempre es un placer trabajar con el Sr. Evans.
No hay cuestiones tan transcendentales para Europa como el modo de abordar la política de refugio y asilo, de integrar a quienes ahora ya están dentro de la UE y de vincular la política de asilo con la creciente necesidad de mano de obra inmigrante. Nuestra parte del mundo, con su población que envejece, tiene una necesidad real de gente nueva. Nuestra seguridad interior también está en cuestión, por supuesto. No hay que dar rienda suelta al terrorismo dentro de la UE y, sobre esta cuestión, todos tenemos por supuesto una responsabilidad.
Tendría que ser evidente que necesitamos un enfoque común de estos ámbitos políticos dentro de la UE. Entonces, ¿cómo son las cosas en realidad? Sé lo que dicen las declaraciones solemnes, pero creo que la realidad es bastante diferente. En algunos de los Estados miembros de la UE, por ejemplo, se han tomado medidas nacionales en lugar de comunes. Estamos familiarizados con el debate en Dinamarca, y hemos oído el tenor del debate en Alemania. En su mayor parte, ha girado en torno a una Europa inexpugnable preocupada por mantener fuera a las personas, por rechazarlas, ahuyentarlas y castigarlas más duramente.
Es sobre este trasfondo que el informe del Sr. Evans es tan importante. Es preciso lograr un equilibrio entre la seguridad y las obligaciones internacionales para proporcionar protección. El mensaje es claro. En toda la UE se necesita un sistema de asilo sin restricciones, basado en el Estado de derecho en el que no se proteja la seguridad interior a costa de los derechos de los ciudadanos. En la UE se necesita una política de inmigración común para que el sistema de asilo pueda ser más relajado. En este ámbito, la UE puede aprender en realidad de los Estados Unidos, a pesar del hecho de que los Estados Unidos hayan sido tan a menudo criticados en esta Asamblea. Una gran parte del crecimiento y del desarrollo económico de los Estados Unidos en los últimos años se ha logrado gracias a una política de integración previsora. «Mejor un extranjero en los Estados Unidos que en Europa», señaló alguien en una ocasión.
El objetivo del método abierto de coordinación en el ámbito de la política de asilo ha de ser que todos los países cumplan sus obligaciones y se esfuercen por crear mejores normas y una mayor seguridad, y eso es bueno.
También me complace el hecho de que el ponente y la comisión competente hayan reforzado más sus exigencias de que se aplique el Estado de derecho y el hecho de que se haya incluido a los países candidatos en la cooperación. Es una propuesta que hemos hecho nosotros en el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas. Pienso que para nosotros es sumamente importante que no exista ninguna posibilidad de que alguien sea extraditado de forma que corra peligro de ser condenado a muerte.
A la Sra. Klamt quisiera decirle que la cooperación y la coordinación también han de apreciarse en la esfera del asilo, pero que el objetivo ha de ser el de una legislación común. En esto estoy de acuerdo. Actualmente, las personas se aglomeran alrededor de Europa, como si fueran ganado. Esto es indigno de una Unión basada en el humanitarismo, la tolerancia y el Estado de derecho. Por consiguiente, apoyo de todo corazón el informe del Sr. Evans. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que no ha de sacrificarse el Estado de derecho a la lucha contra el terrorismo. El terrorismo triunfará si sacrificamos el Estado de derecho, la integridad personal y la protección de los derechos humanos.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, queremos dar la enhorabuena al ponente por haber relacionado dos asuntos delicados que muchos de nosotros quisiéramos no ver asociados, pues la cuestión de la seguridad suele ser una coartada dudosa para alimentar los prejuicios de quienes prefieren restringir el asilo y desarrollar una política de disuasión hacia los que necesitan ejercer sus derechos individuales y fundamentales. Nos complace coincidir con el ponente cuando afirma que es necesario respetar los derechos humanos y las libertades civiles.
Creemos que las libertades civiles no van por detrás de la seguridad. Nos cuentan que un valor esencial de la Unión Europea es la protección de la libertad, la justicia y las libertades civiles, y estamos de acuerdo con el último orador en que es nuestro deber velar por ello. También apoyamos plenamente la opinión de que el principio rector debe ser el de las obligaciones internacionales, aplicadas de forma justa y humana.
Por ejemplo, estamos de acuerdo con el apartado 12, en el que se afirma que debe evitarse la detención inmediata y generalizada. También estamos totalmente de acuerdo con la conclusión 5 del informe, que hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque global del asilo y la inmigración, viéndolo como un objetivo de política horizontal y considerando todos los ámbitos de la política, sobre todo aquellos que tienen un dimensión exterior, tales como el comercio, el desarrollo, el medio ambiente y la agricultura.
Hemos discutido largo y tendido sobre la necesidad de ver el efecto de las políticas de la Unión Europea como factores impulsores, y después de Johanesburgo debemos ser todavía más conscientes de que lo que queremos es el desarrollo sostenible para reducir las causas por las que se busca asilo. Confiamos en que eso formará parte de la coordinación abierta y estamos de acuerdo con las preocupaciones expresadas en torno a la coordinación abierta: en una serie de otros ámbitos políticos, se ha convertido casi en un modo de cortocircuitar la democracia, dejando de lado al Parlamento Europeo y a menudo también a los parlamentos nacionales. Sin embargo, esperamos que gracias al método abierto de coordinación se encuentren soluciones a asuntos problemáticos como la búsqueda de las mejores prácticas para la entrada legal de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, el sistema de asilo está en la picota y para resolver este problema hemos de dar prioridad a una política de inmigración común. El Sr. Evans va directo al grano en el apartado 1 de su informe.
La presión sobre el sistema de asilo es en efecto considerable. Muchos solicitantes de asilo llaman a las puertas de Europa. La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de ellos no entran en la definición de refugiados tal como se consigna en la Convención de Ginebra. Han surgido toda clase de ideas de lo que es realmente un «refugiado», y los Estados miembros han desarrollado formas de protección secundarias. Las negociaciones en el Consejo sobre el concepto de refugiado evidencian lo difícil que es establecer una base común. Por ello es útil, sobre la base de las directrices propuestas por la Comisión, comparar la legislación y las políticas de los Estados miembros a fin de avanzar codo con codo.
Sin embargo, la solución propuesta en el apartado 1 del informe Evans me resulta descabellada por diferentes razones.
Es, por supuesto, un extraño argumento circular. Los Estados miembros de la UE, por sus propias razones, no siguen una política de inmigración activa. El sistema de asilo se está sobrecalentando debido a que muchas personas que en realidad entran en la categoría de inmigrantes siguen intentando entrar en la UE al amparo del sistema de asilo. Se les otorga la confusa etiqueta de «refugiados económicos». ¿Deberíamos resolver este problema adoptando una política de inmigración activa? Me parece un ejercicio fútil. Sin duda, primero habrá que establecer que estas personas no tienen derecho a asilo.
Después es posible abordar el contenido de la noción de una política de inmigración. ¿Es esto deseable para la Unión Europea? Creo que los puntos de vista al respecto son muy diferentes en cada Estado miembro. Ello se evidencia también por las reacciones a la comunicación de la Comisión sobre un método abierto de coordinación para la política de inmigración comunitaria. Por lo tanto, el Gobierno neerlandés no considera expresamente la emigración laboral como un objetivo en sí. Los estudios realizados por el Gobierno neerlandés han demostrado que esta forma de emigración no resuelve el problema neerlandés de envejecimiento de la población ni los cuellos de botella dentro del mercado de trabajo. Es probable, a mi entender, que esto sea diferente para otras regiones en la UE, pero sin duda no es posible adoptar una política simple y universal en este terreno.
Además, no solucionaría nada. Más que el sistema de asilo, sería un sistema de inmigración que garantizaría el mejor billete de entrada en la Unión Europea. Incluso aunque ello aliviara la presión sobre el sistema de asilo, se transmitiría con igual rapidez al sistema de inmigración y provocaría los mismos abusos.
No existe ninguna solución sencilla a este problema. El mejor apartado del informe es el que defiende una visión integrada de las cuestiones de asilo y migración, comercio, desarrollo, medio ambiente y agricultura, pues mientras el abismo entre pobres y ricos siga siendo tan grande, las personas seguirán intentando construir un futuro mejor para ellas y para sus hijos. Esta es una solución que sólo aportará frutos a muy largo plazo, pero es la mejor que hay.
Mientras tanto, en la Unión Europea tendremos que seguir considerando la aplicación de nuestra política de asilo y de inmigración, tomando como directrices las ideas de compasión y justicia. Tendremos que demostrar compasión al recibir a refugiados que han sido expulsados de sus países. Ello implicar recibirles en condiciones humanas, como recalca el informe.
Deberá ir acompañado de justicia, lo cual no siempre resulta fácil, porque significa justicia no sólo en forma de acceso al sistema jurídico, sino también en forma de denegación y deportación.
Las disposiciones de exclusión, que son muy actuales a la luz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001, también entran en el concepto de justicia. Ni que decir tiene que estas han de usarse con moderación y prudencia, pero la admisión de personas a quienes se ha negado el acceso en otras partes es, de hecho, precariamente ingenua. Si queremos salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos, tendremos que aplicar estas disposiciones, pues ha sido una debilidad en los últimos años. Los Países Bajos parecían desvivirse por ofrecer cobijo a personas que eran rechazadas en otros países, y ahora experimentan los efectos de ello. Por consiguiente, apoyo una aplicación restrictiva y cuidadosa, pero les insto a aplicar la dosis necesaria de realidad. Por desgracia, el mundo no es un paraíso lleno de personas bienintencionadas.

Borghezio (NI).
Señor Presidente, mi impresión -derivada del punto 1 en su conjunto- es que este informe comete el grave error de confundir el sacrosanto principio de derecho de asilo, que se ha invocado y establecido en diversas ocasiones como uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea, con la compleja cuestión de la inmigración, que es, en cualquier caso, un tema diferente y debería abordarse por separado.
El informe que tenemos ante nosotros trata de la necesidad de una definición jurídica del derecho de asilo, pero el punto 1 de este informe contiene lo que es, o debería ser, una confesión muy inquietante, especialmente para su autor. Me refiero a la afirmación de que el procedimiento de asilo es a menudo el único modo de acceder al territorio de la UE.
Si este es el caso, la primera tarea del Parlamento Europeo es echar el cerrojo a la puerta para detenerlo, para evitar que un principio importante, fundamental, de nuestra tradición jurídica sea distorsionado bien por quienes intentan explotar la inmigración ilegal para fines ilegales como el crimen organizado, por ejemplo, cuya intención es por tanto utilizar este principio como un medio para conseguir la entrada en la Unión Europea de quienes no sólo no están autorizados a hacerlo, sino que deberían ser impedidos categóricamente a poner un pie en suelo de la Unión, bien -peor aún- por quienes intentan entrar en la Unión para perpetrar actos terroristas.
El ponente afirma -y lo digo con el mayor respeto- en el tono del autor de «Alicia en el país de las maravillas» que no hay pruebas de que el derecho de asilo se haya explotado para ayudar a terroristas a entrar en la Unión. Si me permite, quisiera formular esta pregunta: dado que sabemos que miles de posibles terroristas y fundamentalistas han entrado en la Unión Europea -y no sabemos cómo han llegado, quiénes son o qué nacionalidad tienen- ¿cómo podemos dejar de sacar la conclusión lógica de que es precisamente el derecho de asilo lo que ha permitido que muchos de ellos entren en la Unión?

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la política de asilo es una de las cuestiones más candentes y delicadas de la agenda comunitaria. Las últimas elecciones estuvieron llenas de ejemplos en los que se sacaba provecho político de situaciones vinculadas a cuestiones de asilo e inmigración. El hecho es que la elaboración de políticas de asilo e inmigración erróneas ha contribuido al aterrador incremento de reacciones xenófobas y racistas, que sólo podemos condenar. De ahí la necesidad, que es mayor que nunca, de unos poderes de inmigración y asilo comunes, confirmada una vez más en la Cumbre de Laeken, que reiteró la necesidad de adoptar en 2004 una política de asilo e inmigración común. De hecho, son los propios ciudadanos europeos quienes esperan y exigen acciones que añadan valor europeo a las políticas nacionales, cuyas limitaciones son cada vez más evidentes, tanto en términos de políticas de seguridad como de políticas para salvaguardar los derechos y las libertades fundamentales.
La propuesta que estamos debatiendo hoy apoya la introducción de un mecanismo abierto de coordinación, en el que la aplicación de una política de coordinación ha de funcionar como un incentivo y como un medio para armonizar las legislaciones y prácticas nacionales. Estamos de acuerdo con los comentarios que acaba de hacer el Comisario Vitorino a la Asamblea recalcando la necesidad de adoptar medidas legislativas a escala comunitaria. Estamos de acuerdo con él no sólo cuando se refiere a la necesidad de esta legislación y de reforzar el enfoque comunitario que ha mencionado, sino también porque este mecanismo, en lugar de representar una verdadera comunitarización, es un proceso que niega al Parlamento Europeo un papel activo en este proceso.
También es crucial que creamos un procedimiento de asilo equitativo y eficaz, porque este procedimiento de asilo ha sido a menudo el medio más sencillo para obtener acceso al territorio de la Unión. Aunque hemos de ser capaces de separar cuestiones que han de permanecer separadas, concretamente lo que corresponde al asilo y lo que corresponde a la inmigración, es preciso recalcar que es igualmente crucial que establezcamos una política de inmigración común que sea racional y creíble, y que implique necesariamente una política de integración de estos inmigrantes, y de lucha eficaz contra la inmigración ilegal y el tráfico con seres humanos. No sólo por razones humanitarias, sino asimismo porque somos siempre conscientes de que también es necesario a fin de reducir la presión que ha estado soportando el sistema de asilo.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, en primer lugar quisiera protestar contra la expulsión de refugiados políticos, lo cual viola el derecho más básico de asilo, como la expulsión del refugiado italiano Paolo Persichetti por parte del Gobierno francés, sobre todo porque sucesivos gobiernos franceses han proporcionado un exilio de lujo a diversos dictadores destituidos y los han protegido de sus propios pueblos.
A diferencia del informe del Sr. Evans, que, a pesar de ciertos aspectos positivos, sigue siendo demasiado tímido en su enfoque, creo que el derecho de asilo debería ser absoluto e incuestionable. Sin embargo, en términos más generales, todos los Estados de la UE han de resolver la situación de decenas de miles de personas que llegan a su territorio huyendo de dictaduras o tipos de opresión como la sufrida, por ejemplo, por las mujeres en determinados países, o simplemente huyendo de la pobreza. Todos los gobiernos nacionales tienen una política inhumana y reaccionaria en este ámbito, negando a muchísimos de estos inmigrantes el derecho de tener los documentos adecuados que les permitan permanecer en el país y trabajar. Es inaceptable que una categoría de hombres y mujeres se vean privados de todos sus derechos, siendo presa de caseros en los barrios bajos y de patronos que buscan trabajadores in papeles y mal pagados.
Si el Parlamento Europeo quiere demostrar que representa el progreso, por lo menos en este punto, debería dejar clara su posición. Debería presionar a los políticos nacionales para que se concediera a los trabajadores inmigrantes no sólo los papeles legales que les permitan salir de las sombras a la luz y vivir con dignidad, sino también la oportunidad de gozar de los mismos derechos políticos, sindicales y comunitarios que todos los ciudadanos de la Unión Europea.

Boumediene-Thiery (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, una vez más tenemos una razón para debatir en torno a la política de asilo de la UE; por desgracia, es bajo la égida de la seguridad. De hecho, lo que hemos de hacer hoy es examinar dos documentos de la Comisión que, debido a su naturaleza, alcance y objetivos, no deberían considerarse conjuntamente, salvo que deseemos crear confusión.
Debido a consideración conjunta de dos expedientes igualmente importantes y delicados se tiene la impresión de que los solicitantes de asilo son terroristas en potencia. Sin embargo, la Comisión afirma claramente en este informe que es poco probable que los terroristas soliciten ejercer el derecho de asilo. Es una verdadera paradoja. De hecho, los Estados miembros están intentando rehuir sus compromisos internacionales invocando cláusulas de exclusión, que interpretadas libremente les eximirían de sus compromisos, aunque estos compromisos sean fundamentales en relación con los derechos humanos.
Dadas todas las dificultades planteadas por el tema del asilo, y a pesar de nuestras diferencias, no hemos de olvidar que estamos tratando con víctimas, y no con criminales. Sólo un enfoque integrado y una aplicación restrictiva de las cláusulas de exclusión puede garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados miembros con respecto al asilo. Las políticas de devolución, expulsión y extradición han de proporcionar todas las garantías de respeto de los derechos humanos, en particular cuando estas personas se enfrentan a la pena de muerte en su país de origen, así como la situación social y nacional de cada país. ¿Tenemos el derecho de enviar a personas a países asolados por la guerra civil, o donde hay un riesgo diario de muerte además de la miseria social y económica, como en Argelia u otros países? Sin embargo, la no expulsión es exigida por la Unión Europea en nuestros acuerdos de asociación. La extradición pone en peligro de forma implícita el derecho de cada individuo de buscar asilo cuando su vida está amenazada.
Es preciso encontrar una solución europea con respecto a los solicitantes de asilo privados del derecho de asilo, que se encuentran sin derechos y engrosan las filas de inmigrantes ilegales explotados por patronos sin escrúpulos para su propio provecho, mientras estas personas viven en condiciones inhumanas dentro de nuestras democracias europeas. Estos hombres y mujeres han esperado durante tanto tiempo a recibir una respuesta de las autoridades que a menudo han entablado estrechos vínculos con el país en el que se encuentran, por ejemplo, teniendo hijos, y a menudo sus vínculos con sus países de origen se han debilitado o han dejado de existir. Por consiguiente, expulsarlos supondría para ellos un nuevo desarraigo. La única solución entonces sería legalizar su presencia.
Quería hacer estos comentarios para asegurar el respeto universal de los derechos humanos, pero apoyo al ponente.

von Boetticher (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, Comisario Vitorino, sorprende que una institución como la Comisión se comprometa a un método abierto de coordinación. Es más un método Metternich que un método Monnet, y que lo usen ustedes -la Comisión Europea- es una indicación de que su enfoque de la política de asilo ha fracasado. Que el Sr. Evans, el ponente, siendo como es británico, defienda la coordinación abierta no es tan sorprendente, pero es muy curioso que presente usted la política de empleo comunitaria como un ejemplo de cómo se ha utilizado con éxito este método, pues obviamente no ha seguido usted la actual situación del empleo y el estado del mercado de trabajo en la UE, de lo contrario sería consciente del modo en que ha fracasado la coordinación abierta en este ámbito.
Permítame hacer algunos comentarios sobre puntos concretos. En el informe se prevé que los datos biométricos de los solicitantes de asilo no se utilizarán en la investigación de crímenes hasta que se disponga para ello un sistema europeo independiente de protección de datos. Si vota a favor de eso se expondrá a la pregunta de por qué el nivel general de protección de datos en la Unión Europea y en sus Estados miembros es aparentemente insuficiente para ofrecer una protección adecuada a los solicitantes de asilo contra el abuso de los datos. Tratándose de protección de datos, en Europa tenemos las más altas normas del mundo. Por qué motivo puede usted desear utilizar un requisito tan absurdo para evitar la aplicación eficaz de Eurodac y por consiguiente la protección de nuestros ciudadanos, es un misterio.
Un aspecto positivo es que este informe exija una agilización del procedimiento para adquirir el estatuto de refugiado. De hecho, lo que estamos tratando aquí es, en principio, sólo el control de una solicitud. También esto es algo que el Grupo del PPE-DE ha estado defendiendo durante algún tiempo, aunque fue su grupo, señor Evans, el que abogó en diferentes informes a favor de una nueva junta de apelación tras otra, garantías de desagravio legal que se fueron haciendo más amplias y burocráticas, la constante reducción del derecho del Estado de presentar pruebas y por consiguiente, por supuesto, unos procedimientos más largos. No estaría de más que respaldara usted las palabras de este informe con acciones en otros.
Con mi tercera observación, llego a lo que es nuestro principal problema. En este informe no se dice ni una palabra sobre los problemas reales de nuestra sociedad. No se dice ni una palabra sobre cómo deberíamos tratar a quienes apoyan la ejecución de actos terroristas. ¿Qué hacemos si alguien, queriendo provocar a la opinión pública, desea llamar a su hijo Osama Bin Laden? ¿Qué hacemos con las personas que se regocijan públicamente de las imágenes del 11 de septiembre? ¿Qué hacemos con los predicadores islámicos que predican el odio y la violencia? ¿Cómo respondemos a las personas que con sus palabras pisotean nuestro sistema de gobierno libre y democrático?
¿Tenemos que esperar a que estas personas cometan un acto terrorista antes de que se nos permita deportarlos, o antes de que dejen de gozar de los derechos de visitantes? Es esta pregunta la que se formula actualmente una y otra vez en nuestras sociedades en vista de la situación en la que nos encontramos. Es a estas preguntas que hemos de dar respuestas. De hecho no hay nada de todo eso en su informe, pero estas son preguntas que tendremos que resolver en muchos debates futuros.
Karamanou (PSE).
Señor Presidente, Comisario, todos sabemos que los sucesos del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo están siendo utilizados como excusa en diversos Estados miembros de la Unión Europea para bloquear los progresos en lo concerniente a una política de asilo europea integrada. El número de solicitantes de asilo en la Unión Europea descendió en casi dos tercios en los primeros 4 meses de 2002, en comparación con el mismo periodo el año pasado, mientras que casi se había duplicado en diez años. En Grecia, que suele ser generosa con los solicitantes de asilo, sólo se concedió asilo a 59 de los 2.810 solicitantes en la primera mitad de 2002. Se trata de una caída impresionante en comparación con el año 2001, cuando se aprobaron casi diez veces más solicitudes.
Al mismo tiempo, de acuerdo con las estadísticas procedentes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la mayoría de los movimientos masivos de refugiados reciben refugio en países vecinos, igualmente pobres; menos optan por huir a Occidente, eso cuando consiguen llegar aquí. Por ejemplo, el año pasado, de los cuatro millones de refugiados afganos, se tramitaron tan sólo 38.600 solicitudes de asilo en la Unión, es decir, sólo un afgano de cada mil solicitó protección de la Unión Europea; la mayoría huyeron a países vecinos. Estas estadísticas hablan por sí solas y las afirmaciones de que oleadas de refugiados amenazan supuestamente a Europa y que deberíamos levantar el puente levadizo no tienen fundamento.
Al mismo tiempo, por supuesto, la xenofobia en la Unión Europea está aumentando, al tiempo que el debate ha olvidado qué es lo que obliga a estas personas a viajar tan lejos de casa en un intento por escapar de la violación interminable de los derechos humanos en sus propios países No es tan sólo que los controles estrictos no hacen nada por evitar que los solicitantes de asilo se dirijan a Europa; estimulan a muchos a intentar entrar ilegalmente, generando trabajo para bandas de contrabandistas. Y por consiguiente, acabamos contando cadáveres en nuestras fronteras y costas, e intentando hacer frente a nuevas formas de esclavitud y explotación. Estamos de acuerdo con el método abierto de coordinación, Comisario, pero difícilmente puede ser una solución integrada del problema y confiamos que a finales de 2003 tengamos una política integrada.

Korakas (GUE/NGL).
Señor Presidente, suscribo la opinión de la minoría de la Comisión de Libertades de los Ciudadanos sobre esta comunicación de la Comisión, que se ha lanzado desde el principio al fin con la idea de Europa como una fortaleza en la cual se niega el acceso a cientos de miles de víctimas de la política imperialista. Está perfectamente en línea con la xenofobia y el racismo que dominan en la Unión Europea, especialmente después del 11 de septiembre, como dejó bien claro el Consejo de Sevilla. Por desgracia, el informe Evans, salvo algunas excepciones, sigue exactamente la misma línea.
La comunicación de la Comisión, que recomienda introducir el llamado método abierto de coordinación como un paso en el camino hacia una convergencia completa de las políticas de asilo de los Estados miembros, niega en realidad el espíritu de humanidad que debería sostener los acuerdos de asilo. Establece medidas represivas, como los controles de seguridad fronterizos, una base de datos biométrica como el sistema de huellas dactilares Eurodac, la recogida de ADN, etc., y todo ello en un momento en que el porcentaje de solicitudes de asilo aprobadas por los Estados miembros de la Unión Europea es ya muy bajo. Por ejemplo, según las estadísticas del Alto Comisionado para los Refugiados, Grecia sólo aprobó 25 de las 2.838 solicitudes de asilo -el 0,8%- durante la primera mitad de 2002 y sólo concedió asilo temporal a 34 refugiados por razones humanitarias.
Estas cifras son una vergüenza si se piensa que la inmensa mayoría de las personas que busca asilo en nuestros países proceden de lugares como Afganistán, Iraq, Turquía, Irán u otros países con graves problemas. Y, por desgracia, hay más de uno que, en lugar de recibir asilo, es repatriado -por usar el término oficial- a su país de origen, a pesar del hecho de que su vida corre peligro.

Zrihen (PSE).
Comisario, señor Presidente, Señorías, este informe es uno de una serie en materia de asilo, inmigración, refugiados y seguridad. Puede parecer sorprendente que este último punto figure entre los demás. Sea como fuere, este informe aprueba la tarea. Nos permitirá, espero, mantener la cohesión y la coherencia en nuestros enfoques y directivas y, por consiguiente, poner fin a la imagen de completa falta de armonía que hemos estado dando con una Unión Europea que ha demostrado una absoluta debilidad en este terreno.
Los diferentes tipos de leyes significan que hemos de tener una visión de conjunto y creo que el método abierto de coordinación propuesto entre los Estados miembros ayudará a establecer niveles más altos en este ámbito, al tiempo que estimulará la transparencia, la visibilidad y, en última instancia, la evaluación.
Desde el Consejo Europeo de Tampere hemos intentado crear un espacio europeo de libertad, justicia y seguridad. Estas tres palabras han de aplicarse a un único espacio, donde la libertad ha de tener el mismo peso que la seguridad y la justicia. De ahí que necesitemos una interpretación común de la ley y, se lo ruego, un enfoque de futuro de la política acordada.
El espacio europeo también ha de establecerse con los agentes que están presentes sobre el terreno. Ha de ofrecer protección a todos los ciudadanos europeos, y no un refugio del miedo generado por el 11 de septiembre, ese miedo irracional que está provocando una retirada y permitiendo a algunas personas mantener sus actitudes xenófobas y racistas en nombre del llamado pragmatismo. He de reiterar que, detrás de todas estas palabras, hay hombres, mujeres y niños. Nos gustaría asegurar que se respetarán sus derechos, prestando especial atención a las mujeres, los niños y las víctimas de la violencia.
Al tiempo que aseguramos una Europa de los derechos humanos, en Europa también querríamos asegurar, cuando nos enfrentamos al racismo, la xenofobia, el fanatismo y la pena de muerte, que queremos establecer una Europa de las libertades, lo más segura posible, y no una Europa que se concentra en la ley y el orden en nombre del racismo y la xenofobia.

Vitorino
Señor Presidente, quisiera hacer dos comentarios breves después de este interesante y estimulante debate. En primer lugar y en respuesta a la Sra. Boumediene-Thiery, me gustaría apuntar que no fue la Comisión quien agrupó estas dos cuentiones. La Comisión los abordó en documentos separados. De hecho, hoy se discuten ambos conjuntamente por disposición organizativa del Parlamento. Por una vez no se puede atribuir la responsabilidad a la Comisión.
El segundo comentario, en respuesta a la intervención de la Sra. Klamt y el Sr. von Boetticher, está relacionado con el método abierto de coordinación. Desde Ámsterdam ha estado bastante claro que el desarrollo de la política europea de asilo tendría lugar en dos fases o «generaciones». La primera generación se concreta en normas comunes mínimas sobre varios elementos de la política de asilo. Más adelante, la segunda generación se basará en un sistema europeo común (o incluso «único») de asilo. 
En ambas generaciones la legislación desempeñará sin duda un papel fundamental. Reconocerán ustedes que a pesar de que a veces no hay coincidimos en las soluciones, la Comisión ha presentado todas las propuestas para la primera fase legislativa tan sólo un año después de Tampere. Reconozco de buen grado, como siempre he hecho ante esta Cámara, que encontrar un espacio común y equilibrado para esta legislación, incluso con respecto a unas normas comunes mínimas, ha sido una ardua tarea en el Consejo. Ahora, el Consejo está a punto de adoptar una norma muy famosa, basada en una regla con 15 excepciones. Si esto se consiguiera en el terreno de la química, probablemente merecería el premio Nobel, una regla con 15 excepciones, una por cada Estado miembro. Hemos de reconocer que estas normas comunes mínimas no bastan. Ésta es la razón por la que intenté impulsar la idea de una política común europea en materia de asilo por medio del método abierto de coordinación. Este método no va en contra de la legislación, sino que está concebido para complementar los frutos insuficientes que reconozco que con toda probabilidad dará de sí la legislación de primera generación.
Quisiera hacer notar que el método abierto de coordinación proporciona transparencia al sistema, que es la mejor forma de respetar el principio de subsidiariedad. La existencia de un sistema de asilo europeo administrado de forma centralizada no es posible, ya que atentaría contra el principio de subsidiariedad. Cada Estado miembro debería estar facultado para considerar las peticiones de asilo y decidir en qué casos otorgarlo sobre la base de las normas comunes mínimas a escala europea. 
La Comisión considera que debemos intercambiar tanto mejores prácticas como información. Dado que esto no ocurre actualmente, el método abierto de coordinación ha aportado cierto valor añadido al incorporar transparencia al modo en que los Estados miembros manejan el sistema. Con nuestra propuesta, el Parlamento participará en este trámite. 
También quisiera dejar claro que no se pretende actuar en contra de ningún tipo de «comunitarización». Muy al contrario, se trata de garantizar que se dan los pasos necesarios y consolidados para alcanzar el objetivo del Tratado. No considero que el método abierto de coordinación suponga una evasión del problema. En el programa de Lisboa hay una referencia clarísima a este método. Si se estudian las propuestas que ha impulsado la Comisión sobre gobernanza económica, se puede ver que nuestra propuesta es utilizar el citado método para fijar objetivos legalmente vinculantes, con lo que este método resulta más efectivo y da por tanto resultados más concretos. Respeto su desacuerdo, pero no creo estar equivocado.

El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a mediodía.

El Presidente. -
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto sobre dos informes: 
A5-0309/2002 de la Sra. Roberta Angelilli, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre el Libro Verde de la Comisión «Indemnización a las víctimas de delitos» (COM(2001) 536 - C5-0016/2002 - 2002/2022(COS))
y A5-0312/2002 del Sr. Giacomo Santini, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de directiva del Consejo destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita y otros aspectos financieros vinculados a los juicios civiles (10856/2002 - C5-0423/2002 - 2002/0020(CNS)).

Angelilli (UEN)
Señor Presidente, el informe sobre el que voy a hacer un breve resumen tiene que ver con el Libro Verde de la Comisión sobre indemnización a las víctimas de delitos. Esta es sin duda una cuestión muy compleja desde el punto de vista jurídico, pero me alegra decir que se está llevando a cabo un importante debate sobre este asunto con el propósito, ante todo, de definir los instrumentos legislativos adecuados e identificar los recursos financieros para garantizar cuál ha de ser el derecho básico de la víctima de un delito: recibir una indemnización adecuada por el sufrimiento y los daños causados, especialmente cuando no hay culpable del delito porque el autor es desconocido o no está en condiciones de compensar a la víctima.
Además, sabemos que el número de víctimas del crimen internacional está aumentando, en primer lugar debido a la intensificación del movimiento de ciudadanos dentro de la Unión, pero también, y lamento decirlo, debido a un aumento general del crimen, sobre todo en actividades criminales importantes y muy graves, como el terrorismo, el abuso de niños y la trata de seres humanos. Además, hay que recalcar que muchas víctimas sufren doblemente, primero como víctimas de un delito y luego como víctimas de un sistema excesivamente burocrático, y es preciso simplificar más este sistema a fin de evitar situaciones en que la protección no está disponible o es insuficiente.
En vista de ello, la necesidad de establecer unas normas mínimas sobre la protección de las víctimas de delitos, en particular sobre el acceso de las víctimas de delitos a la justicia y sobre su derecho a una indemnización, ya se estableció expresamente en Tampere cuando se consignaron las principales directrices a seguir a fin de crear un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia. Lamentablemente, esta firme voluntad política no ha producido resultados legislativos significativos a escala comunitaria en el tiempo transcurrido desde 1999. Por consiguiente, el primer objetivo es establecer cuanto antes unas normas comunes mínimas a fin de que el derecho a una indemnización sea una realidad en toda la Unión Europea.
Dichas normas han de contener una definición clara y precisa acordada por todos los Estados miembros de los tipos de delito y los daños que podrían motivar una indemnización Además, será también necesario identificar con la misma precisión a las partes que legalmente podrían ser beneficiarias de una indemnización y sobre la base de un consentimiento similar, considerando, entre otras cosas, que las familias y quienes dependen de las personas perjudicadas a raíz de un delito puedan ser consideradas víctimas indirectas.
Sin duda no será fácil identificar unas normas mínimas, por dos razones. La primera tiene que ver con el problema práctico planteado por la codificación jurídica, pues será preciso iniciar un complejo proceso a fin de acercar entre sí las leyes -actualmente muy dispares- de los Estados miembros. La segunda tiene que ver con la necesidad vital de identificar los recursos adecuados. Hay diferentes posibilidades de financiación. Podríamos considerar, como sugiere la Comisión, la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Solidaridad, que podría asimismo alimentarse de las recaudaciones de las incautaciones y de la posterior venta de los fondos de las redes criminales.
Sea como fuere, la prioridad ha de ser definir unas reglas y unos procedimientos tan armonizados como sea posible para el trato dispensado a las víctimas. Todo ello ayudaría a remediar las disparidades -a veces extraordinarias- que existen entre los diferentes sistemas jurídicos de los Estados miembros. De hecho, actualmente, hay diferencias vinculadas al lugar de residencia de la víctima o al Estado miembro en el que se cometió el delito, lo cual significa que se está cometiendo discriminación, algo que es inaceptable y perjudicial para las víctimas. En la práctica surge una situación en la que existe una disparidad real entre el trato que reciben las personas, que varía según el país en que se cometió el delito, y esta es una terrible violación del principio fundamental de no discriminación.

Santini (PPE-DE)
Señor Presidente, señor Comisario, esta propuesta de directiva, de la cual soy ponente, intenta establecer una reglas comunes mínimas para garantizar una verdadera asistencia financiera a los ciudadanos que no pueden cargar con las costas del juicio en que están implicados. Esta iniciativa encaja a la perfección en el proyecto de creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el territorio de la Unión, dentro del cual se garantiza a todos los ciudadanos el respecto de sus derechos fundamentales, al margen de cual sea su situación financiera.
La base jurídica original es el artículo 61 del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que estipula que el Consejo, a fin de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia, adoptará medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles. El Consejo Europeo de Tampere respondió a este llamamiento estableciendo unas normas mínimas para el acceso transfronterizo a la justicia, y quisiéramos recalcarlo.
La Comisión ha dado un paso más valiente, al proponer ampliar la oferta de ayuda también a los casos interiores. La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha recogido el guante haciendo suyo el debate de la Comisión sobre el alcance de la directiva. Por ello, las directivas han de contemplar no sólo casos transfronterizos, sino también otros casos internos.
Así pues, es preciso ampliar la base jurídica y no basarla únicamente en el artículo 61 del Tratado, sino también en el artículo 65. Además, la ampliación del alcance de la directiva ha de fundamentarse asimismo en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el apartado 3 del artículo 47, para ser exactos, que estipula que ha de ofrecerse una ayuda jurídica a quienes carecen de recursos suficientes para asegurar una igualdad en el acceso a la justicia. Esta es la primera vez que prometemos ofrecer este tipo de ayuda a nivel comunitario. Asimismo nos ofrece una excelente oportunidad para pedir a aquellos Estados miembros -y son bastantes- que ya ofrecen una ayuda jurídica garantizada y apropiada a sus ciudadanos internamente, que empiecen a armonizar sus leyes en este ámbito.
El informe, que fue aprobado unánimemente por la comisión parlamentaria responsable, va más lejos. De hecho, propone ampliar la ayuda ofrecida durante el procedimiento judicial a la fase precontenciosa, dado que una mediación eficaz, un intento de lograr una reconciliación entre las partes puede evitar a menudo la necesidad de un procedimiento judicial real, reduciendo o eliminando así todas las molestias para los ciudadanos implicados y, lo que es más importante, reduciendo los costes devengados.
Bien es cierto que este doble enfoque podría provocar un incremento de los costes soportados por los Estados miembros. Sin embargo, la importancia política y social de una directiva de esta naturaleza podría justificar -y de hecho lo hace- el llamamiento del Parlamento al Consejo para que dé este paso. Aquí, tenemos la principal tarea de identificar los objetivos políticos que promoverán el verdadero desarrollo de la Europa de los ciudadanos, la Europa de la igualdad de justicia para todos.
Quisiera terminar refiriéndome a una acción de último minuto, y por consiguiente algo desconcertante, del Consejo, que nos ha enviado un nuevo texto -aunque sólo a título informativo- que claramente intenta recalcar el contenido del artículo 1, que limita el alcance de la directiva puramente a los casos transfronterizos. En otras palabras, el Consejo está intentado -o eso parece- cuestionar todo el proceso, para detenerlo y volver a la mesa de dibujo. Al margen del contenido de esta propuesta, que va en contra de la votación unánime de la comisión parlamentaria, se trata de una grave violación de forma y procedimiento. La Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos ha decidido, sobre la base de una votación específica, completar todo el proceso hasta la aprobación o, por lo menos, la presentación en el pleno del informe basado en el texto preparado por la Comisión, de acuerdo con las reglas más básicas del procedimiento de consulta.
Si el Parlamento aceptara la terminación del proceso del Consejo o una propuesta para su devolución a la comisión, ello tendría importantes consecuencias en cuanto a las relaciones interinstitucionales y también en cuanto al procedimiento de consulta, y sería una grave violación de las disposiciones del Tratado.
Las prerrogativas del Parlamento Europeo se verían socavadas y se sentaría un precedente muy inquietante para el futuro. Por consiguiente, es preciso completar con normalidad el proceso de examen de este informe; es decir, el informe ha de ser sometido a votación en el Parlamento. Esta es la opinión de la comisión parlamentaria.
Quisiera terminar haciendo un llamamiento directo a la Comisión, si se me permite, en la persona del Comisario Vitorino, para que manifieste su opinión.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, tal y como han recalcado otros oradores, la protección y el apoyo a las víctimas es sin duda uno de los retos clave a los que nos enfrentamos a la hora de establecer el espacio de libertad, seguridad y justicia. En marzo de 2001 alcanzamos un hito inicial, cuando el Consejo adoptó una decisión marco sobre la condición de las víctimas en los procedimientos judiciales. Poco después, la Comisión presentó su Libro Verde sobre la indemnización a las víctimas de delitos.
El objetivo de dicho documento era iniciar una amplia consulta con los Estados miembros y todas las partes interesadas sobre los posibles objetivos de una iniciativa de la Comisión en este ámbito. Entre las sugerencias formuladas mencionaré, en concreto, el establecimiento de un criterio mínimo para indemnizar a las víctimas dentro de la Unión y la aplicación de este plan a los litigios transfronterizos. Por consiguiente, estoy muy agradecido al Parlamento Europeo por presentar una resolución sobre el Libro Verde de la Comisión y quisiera agradecer especialmente a la Sra. Angelilli por la excelente calidad y pertinencia de su informe. Me complace mucho poder observar, en el informe, el apoyo dado a nuestros objetivos, así como un detallado y constructivo análisis de los diversos aspectos contemplados en el Libro Verde. No haré comentarios detallados sobre los diversos puntos de la propuesta que tienen Sus Señorías que debatir, pero puedo asegurarles que ayudarán a la Comisión a definir las medidas futuras. Como probablemente habrán observado, la última versión del marcador de la Comisión sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia ya reflejaba que este otoño se daría un nuevo paso adelante con una propuesta de directiva sobre la indemnización a las víctimas. La posición que adopten ustedes hoy sobre el Libro Verde será, en este sentido, una contribución muy valiosa a la elaboración de nuestra propuesta.
En lo que se refiere a la propuesta de directiva sobre ayuda jurídica, el Libro Verde publicado por la Comisión en febrero de 2002 produjo una propuesta de directiva que se presentó en enero de 2002 y que pretende establecer unas normas mínimas en el ámbito de la asistencia jurídica. Como saben ustedes, esta propuesta provocó, y de hecho sigue provocando mucho debate dentro de los diferentes organismos del Consejo. En particular, los debates se centran en el alcance de la directiva. La Comisión espera que la directiva se aplique a todos los litigios civiles y comerciales, pero el Consejo decidió que este alcance debía limitarse a los litigios transfronterizos. Por consiguiente, se modificó considerablemente el texto de la propuesta, por lo menos en lo que se refiere a esta cuestión. El nuevo texto, que aún está lejos de ser el texto definitivo, fue enviado por el Consejo al Parlamento a título informativo. Antes, el Sr. Santini ha recalcado la situación y el reto institucional que supone este enfoque para el Parlamento, y por ello comprendo plenamente que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores espera que sea el texto original de la propuesta de la Comisión el que se someta a la Asamblea para que esta decida.
Por ello quisiera agradecer a los ponentes, el Sr. Santini y la Sra. Wallis, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, por la calidad de su trabajo Además, diversos cambios sugeridos en las enmiendas se han incluido en el texto que actualmente está siendo debatido en el Consejo. Sobre todo, he de señalar que la enmienda 6, que tiene que ver con el primer apartado del artículo 1 de la propuesta, es muy clara a este respecto, dado que llega a suprimir la referencia a los litigios transfronterizos.
En esencia, la Comisión sigue siendo de la opinión de que la propuesta de directiva ha de aplicarse a todos los litigios. Esta solución apoya la ampliación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 47, que estipula que «se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia». También es parte de nuestro trabajo promover el acceso a la justicia para todos. Por desgracia, he de decir que hay pocas probabilidades de que el Consejo cambie de parecer sobre este asunto. Por otro lado, prosigue el debate sobre la definición de «efecto transfronterizo», que puede interpretarse de forma amplia o restrictiva. La Comisión desearía apoyar una interpretación amplia a fin de evitar socavar el principio de legalidad. Esta cuestión se abordará en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores en octubre.

Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE)
. (ES) Señor Presidente, en realidad la ponente de opinión era nuestra colega, la Sra. Wallis, a la que yo, muy imperfectamente, he de sustituir ya que ella no puede estar presente hoy. Esto les privará a ustedes de una exposición mucho más completa, pero me permite, sin embargo, expresar el agradecimiento de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior a la Sra. Wallis por su magnífico trabajo y su disposición a acoger todas las sugerencias que hizo dicha comisión.
Como es lógico, en lo que la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior tenía que incidir, sobre todo, era en los aspectos técnicos de esta directiva, y ha procurado introducir ciertos perfeccionamientos: en primer lugar, en línea contraria a la del Consejo, extendiendo su cobertura a aquellas acciones civiles derivadas de actos delictivos, porque nos parecía que no había razón alguna para su exclusión; en segundo lugar, tratando de determinar más precisamente qué hay que entender por costas judiciales, qué conceptos hay que incluir y también posibilitando el mantenimiento de la justicia gratuita en caso del recurso, insistiendo en la necesidad de un examen de las solicitudes en tiempo útil y, para ello, previendo una designación por los Estados miembros de las autoridades competentes; y, por último, previendo el reembolso, de existir mecanismos de Derecho privado al respecto.
Las noticias que hoy nos ha dado el Comisario Vitorino -y que la Comisión comunicó en tiempo útil- no son precisamente esperanzadoras, pero nuestra Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha de recordar -y en ello insistió la ponente a quien hoy sustituyo- que, en el caso de que el Consejo introduzca esas modificaciones sustanciales, los Tratados obligan a volver a consultar al Parlamento, y el Parlamento no está dispuesto a abdicar de este derecho sino que está dispuesto a defenderlo.
Ghilardotti (PSE)
Señor Presidente, en su opinión relativa al Libro Verde sobre indemnización a las víctimas de delitos, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior felicita a la Comisión sobre el enfoque que ha propuesto y aprobado, y acoge con agrado la definición de tres principales objetivos para una posible acción a escala comunitaria: en primer lugar, la necesidad de garantizar a las víctimas de delitos dentro de la Unión Europea la posibilidad de obtener una indemnización estatal creando una red de seguridad para todos los residentes en la Unión; en segundo lugar, la necesidad de adoptar las medidas necesarias para limitar los efectos injustos que resultan de las grandes diferencias que existen actualmente entre niveles de indemnización en los diferentes Estados miembros en los que fueron víctimas del delito; y, en tercer lugar, la necesidad de facilitar a las víctimas el acceso transfronterizo a una indemnización estatal, garantizando que tal acceso no dependerá de forma excesiva del lugar de la Unión en el que se cometió el delito.
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha expresado algunas consideraciones -y quisiera agradecer a la ponente, la Sra. Angelilli, por haber incluido en el texto todas las enmiendas recogidas en la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos- en el sentido de que la indemnización debería cubrir tanto los daños materiales como los no materiales causados a la víctima. Deberían fijarse unos plazos generosos para la presentación de reclamaciones de indemnización estatal; unas disposiciones similares han de aplicarse en lo que respecta al dies a quo (la fecha en que empieza a contar el plazo) a fin de evitar disparidades en el modo en que se tratan los casos. Además, es crucial que se preparen reclamaciones de indemnización armonizadas en todos los idiomas de la Comunidad y que las garantías procesales mínimas incluyan, entre otras cosas, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser representado por un abogado, el derecho de acceso al procedimiento y un acceso más fácil para las víctimas transfronterizas a la indemnización estatal.
En conclusión, la iniciativa comunitaria sobre la indemnización a las víctimas sería sin duda una importante contribución a la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.

Klamt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, la protección de las víctimas lleva ya mucho tiempo sobre el tapete del debate político, incluso a escala europea. El Parlamento ha pedido con regularidad, ya desde la década de los ochenta, una mejora de la posición de las víctimas de delitos. Nadie discute que las víctimas de delitos criminales han de recibir apoyo y protección; la única cuestión es el cómo y el cuánto. Con el Plan de Acción de Viena, Europa abordó la cuestión del cuidado y la indemnización a las víctimas. En 1999, la agenda del Parlamento incluyó un punto sobre la mejora de la posición de las víctimas de delitos en la UE, y en Tampere se hizo un llamamiento para establecer unas normas mínimas para la protección de las víctimas de delitos.
Hoy, en el Parlamento Europeo estamos dando nuestra opinión sobre el Libro Verde de la Comisión sobre indemnización a las víctimas de delitos. Lo hacemos en la convicción de que las reglas de los Estados nacionales sobre indemnización de las víctimas son insuficientes. Es inaceptable que las víctimas sean compensadas de forma diferente en la Unión Europea, simplemente porque, además de la desgracia de ser víctima de un delito, han tenido la mala suerte de ser víctima en el país equivocado. Por poner un ejemplo, un Estado miembro puede asumir los gastos del tratamiento psiquiátrico de las víctimas de la violencia sexual, mientras que en otros se cubren los gastos de todo el tratamiento médico necesario a raíz de otros delitos.
Si examinamos otro ámbito, la carga de la prueba en todos los Estados miembros recae en el solicitante de indemnización, pero hay grandes variaciones en el grado de demostración, y otro ejemplo es que, en determinados Estados miembros, se exige haber denunciado un delito a la policía antes de que se pueda pagar una indemnización, mientras que en otros no es este el caso. Presento estos ejemplos en un intento por mostrar los muy diferentes supuestos sobre cuya base trabajan los quince Estados miembros.
Los críticos de la Comisión y del Parlamento Europeo afirman que somos demasiado lentos a la hora de aprobar y aplicar las resoluciones sobre la protección e indemnización a las víctimas, y también se ha lanzado la crítica de que este Libro Verde apunta a una iniciativa comunitaria en la forma de normas mínimas. Lo que buscan muchas organizaciones de apoyo a las víctimas es la armonización. Puedo comprender por qué son precisamente las organizaciones de apoyo a las víctimas las que buscan soluciones rápidas, pero se necesitan muchos pasos pequeños y un extenso trabajo educativo si queremos alcanzar el objetivo de una protección a las víctimas a escala europea. Esto significa encontrar y decidir acerca de reglas comunes para todos, en todos los Estados miembros.
Por ello es aún más importante dar el primer paso y establecer unas normas mínimas de indemnización estatal para aquellas víctimas de delitos criminales que no obtengan compensación de su agresor o de otra fuente. Todo esto está contemplado en este Libro Verde. Se trata de un buen enfoque, y, en nombre del Grupo del PPE, lo celebro al ser el modo correcto de avanzar hacia unas reglas comunitarias para el apoyo a las víctimas en la UE.
Quisiera terminar expresando mi agradecimiento a la Sra. Angelilli, en primer lugar por su excelente informe, pero también por su voluntad de apoyar las numerosas enmiendas transaccionales que cruzaron las fronteras entre los grupos.
Terrón i Cusí (PSE).
Señor Presidente, en nombre de mi colega, la Sra. Carmen Cerdeira, que ha sido ponente alternativo para este informe y que a pesar suyo no puede estar hoy aquí, quisiera pasar a explicar cuál es la posición del Grupo Socialista.
Saben -y quiero poner un ejemplo- que cada vez más personas dentro de la Unión Europea traspasan las fronteras de sus Estados. En el año 1999 fueron 250 millones de personas. Esta realidad hace que los ciudadanos y ciudadanas que se desplazan corran el riesgo de llegar a ser víctimas de un delito, tanto fuera como dentro del territorio de sus Estados de residencia, pasando desde el robo hasta, a veces, delitos de terrorismo, cuya lacra todavía golpea cruelmente el territorio de la Unión Europea.
Sin duda, este Libro Verde y el informe que hoy aprobamos representan un avance para acabar con las fronteras físicas nacionales cuando se trata de víctimas de delitos. Debemos lograr que dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión se dote a sus ciudadanos de un verdadero acceso a la justicia para que éstos puedan beneficiarse de una protección jurídica adecuada en cualquier lugar del territorio de la Unión. Por esta razón, la Europa de los ciudadanos, para mí, no tiene sentido si antes no se adoptan, entre otras, las medidas necesarias que mejoren y tengan en cuenta también los derechos de las víctimas de los delitos, enfocados desde una perspectiva global.
Es necesario que toda persona, incluidos los nacionales de terceros países, que ha sido víctima directa o indirecta de un delito en el territorio de cualquier Estado miembro de la Unión reciba un trato mínimo similar. La Unión Europea no puede aceptar que la persona pueda recibir un trato diferente, dependiendo del Estado miembro en el que ha sido víctima del delito o dependiendo de su nacionalidad. El resarcimiento de las víctimas es para mi grupo un aspecto fundamental que debe estar en el corazón de la cooperación europea en la lucha contra la criminalidad.
Doy la bienvenida a la propuesta de la Comisión y también al informe de la Sra. Angelilli, a quien felicito también por su talante y por su disponibilidad. Creo que todos los grupos estaremos más o menos de acuerdo con este informe.
Quiero señalar sólo algunos de los puntos que para nosotros son fundamentales y a favor de los cuales nos manifestamos: el principio de no discriminación recogido en el apartado 13; el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan a diario con las víctimas; las condiciones de trato y atención, en el sentido que he dicho antes, a las víctimas; la armonización de los sistemas de indemnización a las víctimas, establecidos por los Estados miembros, teniendo en cuenta los niveles de renta; la garantía a todos los ciudadanos y residentes legales en el territorio de la Unión de una posibilidad de obtener, con criterios comunitarios, una indemnización cuando son víctimas del delito. Por tanto, apoyamos la creación de un organismo europeo para las víctimas, la creación de un fondo europeo que garantice la indemnización correspondiente a las víctimas de delitos y, por supuesto, el establecimiento de formularios armonizados en todas las lenguas de la Unión.
Creo que así estaremos ante una propuesta que significa un verdadero paso adelante.

Cauquil (GUE/NGL).
Señor Presidente, no tenemos nada en contra de indemnizar a las víctimas de delitos ni de aliviar la burocracia que a menudo provoca retrasos en los pagos. Sin embargo, hemos de ampliar la idea de delito y la indemnización resultante para incluir los delitos ecológicos o delitos sin más que han sido cometidos por empresarios que, a fin de aumentar el beneficio de sus accionistas, recortan gastos en prevención de accidentes.
Los desastres industriales, como los que se produjeron en la fábrica de AZF en Toulouse en Francia, en Landhelas en Portugal y en Enschede en los Países Bajos, por mencionar tan sólo unos cuantos, tuvieron consecuencias trágicas en términos de vidas humanas y daños materiales. ¿Cuántas muertes se han causado debido al mal uso del amianto por parte de empresas, incluso después de que se conociera el carácter dañino de esta sustancia? A menudo están implicadas algunas de las empresas más ricas y poderosas, y por ello los responsables son absueltos. En este caso, evidentemente no es el contribuyente quien ha de pagar, sino el empresario en cuestión quien ha de pagar la factura por los daños que ha causado. Sobre todo, hemos de obligarles a adoptar las medidas necesarias en materia de seguridad y control a fin de evitar este tipo de accidentes.

Gollnisch (NI).
Señor Presidente, Señorías, el crecimiento exponencial del crimen, en el que la Unión Europea tiene su parte de responsabilidad, plantea el problema de indemnizar a las víctimas. En Francia, por ejemplo, Jean-Marie Le Pen ha propuesto situar desde el principio el plan de ayuda a las víctimas del terrorismo en la misma categoría que el antiguo plan de ayuda a las víctimas de guerra.
El informe de la Sra. Angelilli menciona pleitos por daños presentados por súbditos de un Estado miembro en el territorio de otro; pleitos por pérdidas cuyas causas radican en sucesos acaecidos en un Estado diferente del Estado de residencia, así como disparidades entre la legislación de los Estados miembros.
En este tipo de litigios somos partidarios de definir una norma mínima o de agilizar la ratificación del Convenio de Estrasburgo del 24 de noviembre de 1983. Por otro lado, tenemos reservas con respecto a la creación de un nuevo organismo europeo que se menciona en la letra d) del apartado 16 del artículo 28. Además del problema de la creación de este organismo, no pondría fin a las disparidades que podrían surgir en el futuro entre las víctimas de los delitos transfronterizos -y que por consiguiente se benefician de la financiación europea- y las que se amparen en un plan nacional. La solución ha de buscarse en la adopción de una única y simple regla europea que podría ser, con respecto a la competencia legal o ley aplicable, la ley del lugar del delito, la lex loci delicti.

Coelho (PPE-DE).
 Señor Presidente, Comisario, Señorías, estamos examinando dos informes que forman parte de una serie de medidas concebidas para promover la creación de un espacio de seguridad, libertad y justicia a fin de ofrecer una respuesta útil a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos europeos. Felicito a Roberta Angelilli y a Giacomo Santini, porque ambos informes dejan claro que el enorme desafío al que nos enfrentamos consiste en crear un verdadero espacio de justicia, en el cual los ciudadanos europeos puedan ver proyectada su integridad, gozar de acceso a la justicia y ver garantizados sus derechos independientemente del lugar en que viven y con la misma facilidad que si estuvieran en su país.
El informe Angelilli tiene que ver con los ciudadanos que han sido víctimas de un delito. Es crucial que dediquemos todos nuestros esfuerzos a evitar la victimización secundaria. Es inaceptable que alguien que ha sido víctima de un delito sea victimizada otra vez porque el sistema le ofrece una protección insuficiente o inexistente. La Sra. Klamt ya ha dado ejemplos paradigmáticos de tales situaciones. Hay que indemnizar las pérdidas y los daños sufridos de un modo inmediato, completo y eficaz. Para ello, los Estados miembros han de promover una armonización adecuada de sus disposiciones legales y reglamentarias, porque es injusto que, debido a las profundas disparidades existentes, haya diferencias injustificables en la indemnización a la que tienen derecho los ciudadanos europeos, simplemente porque han sido víctimas de un delito en una parte determinada de la Unión Europea y no en otra. Los ciudadanos también han de tener una información accesible y completa sobre estos derechos, facilitada en los diversos idiomas de la Comunidad. A menudo, no se ejercen los derechos no porque no existan o porque no estén regulados, sino porque los ciudadanos no pueden acceder a esta información.
El informe Santini se basa en la observación de que el ejercicio de la libertad de movimientos provocará un enorme incremento en los pleitos transfronterizos que impliquen a individuos con unos ingresos tan modestos que no sean capaces de acceder a la justicia o conseguir una asistencia jurídica adecuada. La Carta de los Derechos Fundamentales, concretamente el artículo 47, establece que se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia Por ello estamos de acuerdo en que, tal como ya se estableció en las conclusiones de Tampere, hay que fijar unas reglas mínimas que garanticen un nivel adecuado de ayuda jurídica para los litigios transfronterizos en toda la Unión, recalcando, no obstante, que los Estados miembros siempre han de tener la opción de promulgar disposiciones más favorables en línea con sus propias tradiciones.

Cashman (PSE).
Señor Presidente, quisiera comenzar dando la enhorabuena al Sr. Santini, para cuyo informe he sido ponente de la oposición en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Es un informe excelente. Sin embargo, nosotros mismos hemos causado algunos daños. Como ya se ha comentado, el Consejo no lo aceptará fácilmente, puesto que hemos ampliado el ámbito de aplicación de forma incorrecta. Estoy completamente de acuerdo con los principios contenidos en el informe del Sr. Santini, pero en un proceso de consulta debemos ser realistas en cuanto a la manera de aplicar esos principios.
Esto se refiere sobre todo a los litigios transfronterizos. Si incluimos también los litigios internos, estaremos creando gran cantidad de problemas, no sólo para la Comunidad, sino también para aquellos Estados miembros que tengan que enfrentarse a los enormes costes legales potenciales que les seguirán. Por este motivo, quisiera instar al Grupo Socialista a que apoyemos la enmienda de la baronesa Ludford, que reintroduce la idea de que el asunto se refiere específicamente a litigios transfronterizos.
Me complace el hecho de que se aplicará el Reglamento de Bruselas 1 a estos litigios para hacer cumplir recíprocamente las sentencias de Derecho civil. Del mismo modo, estoy de acuerdo con que no debería abarcar procedimientos relativos a impuestos, aduanas o asuntos administrativos. No obstante, quisiera introducir una corrección. Puede que se deba a un problema lingüístico, pero el Sr. Santini comentó que se juzgará a los ciudadanos sin importar su condición económica. Esto no es cierto, ya que la Directiva establece un límite superior.
Me alegra que se asegure la justicia gratuita a las víctimas de delitos para obtener compensación. Coincidimos en que esto debería abarcar tanto el asesoramiento previo al litigio como la representación ante el tribunal. También apoyamos la propuesta de incluir dentro de este plan algunos mecanismos de resolución extrajudicial de litigios.
Quisiera concluir como comencé, dando mi enhorabuena al Sr. Santini pero expresando mi pesar porque al ampliar el ámbito de aplicación y excediéndonos de las posibilidades de la Cámara, de hecho incitamos al Consejo a rechazar nuestras recomendaciones.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, todos hemos luchado por la libertad de movimientos -cosa loable- con todas sus consecuencias, a fin de que las personas puedan gozar al máximo de ella. Por desgracia, en algunos lugares, esta libertad de movimientos conlleva consecuencias adversas, y ambos informes tratan de esta cuestión. El primer informe -de la Sra. Angelilli, que tiene que ver con la indemnización a las víctimas de delitos- aborda un mecanismo que ayudaría a aliviar en cierta medida los efectos de estas situaciones no deseadas, derivadas de la propia libertad de movimientos. Teniendo esto en cuenta, se hace un intento de establecer normas mínimas en Europa, para que un ciudadano que viaje de un Estado a otro y sufra algún perjuicio, reciba una indemnización adecuada en las mismas condiciones.
Celebro el modo en que, en vista de los debates suscitados a raíz del 11 de septiembre, no se ha centrado únicamente en las víctimas de determinados delitos, sino que se ha ampliado la gama y se ofrece ayuda a las víctimas de acuerdo con unas normas mínimas. Asimismo se puede comprobar por el segundo informe que el aumento de los litigios y delitos transfronterizos es en realidad una consecuencia de la libertad de movimientos y del Mercado Común. Por ello es tan importante que veamos la UE también como una comunidad social, que no niega el acceso a la justicia a personas que se han visto afectadas por tales delitos, pero que tienen menos recursos. Así pues, este paso sólo puede aplaudirse y apoyarse.
En particular, celebro el modo en que el Sr. Santini lo ha expresado en términos más concretos y lo ha explicado con más detalle, afirmando por ejemplo que los Estados deberían cargar con las costas procesales o que la solicitud de asistencia jurídica debería presentarse a autoridades nacionales designadas a tal fin. Además hay una plétora de otros temas que suponen una ayuda real para las víctimas y para quienes reclaman ayuda. Ambos informes nos ayudan, como ciudadanos de la UE, a tener una experiencia positiva de la vida en la UE, con todos los principios asociados con la libertad de movimientos, que podemos y debemos hacer realidad. Felicito a ambos ponentes por sus excelentes informes. Muchas gracias.
Evans, Robert
. (EN) Señor Presidente, voy a referirme a los comentarios de la Sra. Angelilli al principio de este debate, cuando ha hablado de las serias dificultades que plantea este asunto desde el punto de vista legal. Carezco por completo de formación jurídica, pero no me cabe duda, como ya mencionó el Comisario en sus comentarios sobre la química de 15 países, de que la cooperación mutua entre los sistemas legales y los procesos judiciales de los 15 países miembros es una difícil empresa.
Me atrevería a sugerir, en cambio, que desde el punto de vista del ciudadano europeo de a pie, el concepto de víctima de un crimen es bastante simple. Mientras está en el extranjero de vacaciones, de viaje de negocios o quizá estudiando, la víctima de un robo, un crimen personal violento o un ataque terrorista se ve implicada de forma personal en dicho crimen y espera que se haga algo al respecto. Todos sufrimos y, de hecho, todo el concepto de Europa se ve afectado si no se hace nada. Las víctimas acaban por frustrarse y perder la ilusión, momento en el que la idea de Europa parece volverse totalmente inútil.
En estos casos, estamos en nuestro derecho de hacer todo lo posible por ejercer presión del modo indicado en estos dos informes. Debemos buscar reglas, interpretaciones y acuerdos comunes en materia de justicia gratuita, de modo que los ciudadanos reciban, en la medida de lo posible, el tipo de ayuda que recibirían en su propio país. El Comisario ha hablado de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, lo cual supone un avance, pero desde que existe la Carta los ciudadanos esperan disponer de tales derechos en otros países. Hemos establecido un mercado común para mercancías y capitales, y hemos conseguido que funcione como una especie de amplio terreno de juego. Por consiguiente, del mismo modo que el informe anterior pedía el establecimiento de normas europeas comunes en materia de asilo, considero que tenemos derecho a pedir normas europeas comunes para las víctimas de delitos y acceso a la justicia gratuita.

von Boetticher (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, muchas gracias a los ponentes, pero también a la Comisión. Ya ve, Comisario Vitorino, que hoy estoy siendo muy ecuánime con las alabanzas y las reprimendas.
Permítanme empezar con el apoyo a las víctimas. En las últimas décadas hemos visto a conocidas ONG mundiales interesarse una y otra vez por delincuentes en cada rincón del planeta, por las condiciones en que eran detenidos y por su rehabilitación en la sociedad. A menudo, por desgracia, sus víctimas eran olvidadas y abandonadas. Incluso hoy, no todos nuestros Estados miembros garantizan un apoyo completo a las víctimas, en especial no a los súbditos de terceros países. En muchos Estados se tiene tan poco en cuenta a las víctimas de delitos de negligencia como a las víctimas que son incapaces de demostrar un perjuicio duradero o grave. Hasta la fecha, sólo la indemnización de las víctimas que rige en los Estados escandinavos -Dinamarca, Suecia y Finlandia- merece el calificativo de ejemplar.
Una y otra vez, en mi calidad de miembro de la Comisión de Peticiones, me encuentro con casos en los que la indemnización no fue pagada a las víctimas o se retrasó irrazonablemente, habiéndola solicitado incluso ciudadanos de la UE en otros Estados de la UE. Tan sólo el año pasado hemos recibido una docena de peticiones de víctimas de un delito violento dentro de la UE. Es cierto que hasta ahora no existía ninguna base jurídica que nos permitiera intervenir. Cabe esperar que esto cambie ahora, especialmente si la Comisión permite que su Libro Verde se convierta en actos legales definitivos.
Hay una cosa que no deberíamos hacer en este momento. No deberíamos crear otro fondo de la UE, pues es intolerable que los Estados miembros rehuyan su propia responsabilidad financiera en esta cuestión. Si los Estados Unidos pueden aliviar la carga financiera de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, estén donde estén en el mundo e independientemente de su nacionalidad, lo mismo cabe esperar de los Estados miembros de la UE dentro de su propio territorio.
La propuesta del Sr. Santini sobre la ayuda jurídica constituye asimismo un paso importante hacia la creación de este espacio jurídico. El reglamento sobre cooperación y ejecución de sentencias en juicios civiles y mercantiles ya está en vigor, al igual que la asistencia jurídica entre los Estados miembros de la Unión Europea en juicios penales. Nos ha permitido obtener una justicia transfronteriza más rápida y sencilla para los ciudadanos europeos, lo cual significa que el tiempo apremia para que creemos una forma europea de acceso a la asistencia jurídica, por la cual contribuiremos a una aplicación justa de los reglamentos europeos existentes a quienes de lo contrario serían incapaces de llevar un caso a juicio.
Y, señor Cashman, es usted bastante iluso si cree que esto sólo puede aplicarse a los juicios transfronterizos, pues si elevara usted el listón para toda Europa, su propia gente armaría un gran revuelo, y si lo bajara, tendría que contestar a la pregunta de por qué está tratando a los ciudadanos de la UE peor que a los de su propio país. Esto hace que el acercamiento de las leyes sea absolutamente necesario, y no conozco ninguna razón por la cual no podamos seguir adelante partiendo de una base paneuropea.
El Presidente.
El debate queda cerrado.
La votación sobre el informe Angelilli tendrá lugar mañana a las 12.00 horas, mientras que la votación sobre el informe Santini tendrá lugar el miércoles a la misma hora.

El Presidente.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quisiera informarles de que hoy, cuando fijamos el orden del día, 37 diputados manifestaron su oposición a la aplicación del apartado 3 del artículo 110 del Reglamento a la recomendación para la segunda lectura sobre dispositivos de limitación de velocidad, tratados en el informe del Sr. Hatzidakis. Estos 37 diputados ha retirado mientras tanto su oposición. Por consiguiente, esta recomendación ha sido nuevamente presentada y se someterá a votación mañana, martes, a las 12.00 horas.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, pasamos a debatir el informe (A5-0306/2002) de la Sra. Paulsen, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. [PE-CONS 3641/2002 - C5-0321/2002 - 2000/0259(COD)].

Paulsen (ELDR)
Señor Presidente, han transcurrido casi dos años desde octubre de 2000 cuando la Comisión presentó una excelente propuesta de Reglamento sobre los usos permitidos de aquellas partes de los animales sacrificados que no son aptos para el consumo humano. He de decir que fue alarmante descubrir la cantidad de inmundicias y otros materiales peculiares que llegaron a los alimentos animales y la cadena alimenticia. Es una situación a la que ahora se pondrá fin.
La propuesta de la Comisión era buena. No obstante, el Parlamento la mejoró significativamente, hizo que fuera más simple, más estricta y más transparente de lo que era al principio. En la primera lectura hubo 99 enmiendas, y el Consejo aceptó 90 de ellas. En la segunda lectura, presentamos nueve enmiendas y de estas fueron aprobadas ocho. La novena -una enmienda transaccional- acabó siendo aprobada casi íntegramente. Sin embargo, hubo una propuesta en la que instruíamos a la Comisión a presentar una propuesta y, a este respecto, aquellos que lo hicimos en el Parlamento nos extralimitamos sin duda en el ejercicio de nuestros poderes. No obstante, la Comisión prometió voluntariamente presentar la propuesta que habíamos solicitado.
La restricción más importante del Parlamento con respecto a la propuesta implicaba una futura prohibición total del «canibalismo» en la manipulación de los alimentos para animales. Ya no estará permitido alimentar a animales con proteínas derivadas de animales de la misma especie. Los investigadores creen ahora que este tipo de alimentación es una causa de los priones «locos» que provocan la EEB, las EET, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc.
Hemos conseguido una prohibición total de todo uso de carcasas y partes de animales muertos, bien como harina proteica, bien, sobre todo, como grasa. Tales grasas son especialmente nauseabundas Sólo se permitirá usar las materias primas declaradas totalmente aptas para consumo humano en los alimentos, cosméticos, medicamentos, etc. Y, en el futuro, la grasa de carcasas sólo podrá utilizarse en los filtros de cigarrillos, neumáticos de coches y cosas por el estilo.
Hemos solicitado y obtenido una clara separación de las cadenas de manipulación para los diferentes subproductos animales. Por ejemplo, no estará permitido que los subproductos declarados aptos para el consumo humano se manipulen en el mismo edificio que los subproductos no declarados aptos para consumo humano. En lugar de ello, tiene que haber edificios claramente separados y contenedores de transporte claramente separados. Por ejemplo, los subproductos aprobados como alimentos y los subproductos no aprobados como alimentos no podrán tratarse en el mismo edificio. En lugar de ello, tiene que haber edificios claramente separados y contenedores de transporte claramente separados. De hecho también hemos conseguido convenir que todos los subproductos no declarados aptos para consumo humano sean etiquetados con un color indeleble y, si es técnicamente posible, también identificados por el olor. Ello se ha hecho para proteger a los ganaderos europeos, pues es imposible mirar un saco de alimentos ya procesados y ver de dónde vienen las proteínas o las grasas. Sin embargo, ahora ya no será posible engañar a los ganaderos cuando alimenten a sus animales.
Permítanme que dé las gracias a todos los ponentes alternativos y a todos aquellos con quienes he trabajado en el Parlamento. Ha sido agradable e inspirador. Hemos peleado, hemos discutido y hemos llegado a un acuerdo. Ha habido un ambiente excelente y buenos debates de grupo. También quiero dar las gracias a la Comisión y, en concreto, al Sr. Colombo por la intensa y útil colaboración técnica que ha prestado. Asimismo quiero agradecer al grupo de trabajo del Consejo de Ministros y a los implicados en la Presidencia sueca, belga, española y ahora danesa. Todos hemos colaborado y hemos realizado un excelente trabajo. Por ello recomiendo que aprobemos unánimemente la oferta de conciliación cuando votemos mañana. Es importante que este trabajo concluya ahora. La industria de los subproductos da empleo a decenas de miles de personas en Europa, principalmente en las zonas rurales. Es crucial que sus directores empiecen con las inversiones y conversiones, y que se les dé la oportunidad de mantener lo que, para todos nosotros, es una excelente industria.

Vitorino
Señor Presidente, quisiera comenzar señalando, en nombre de la Comisión, que apreciamos el texto conjunto presentado sobre el Reglamento relativo a los subproductos animales, acordado por el Comité de Conciliación el 12 de septiembre.
Esta propuesta es el segundo componente importante de nuestras barreras defensivas contra enfermedades como la EEB y otras epizootias graves. El primer componente lo constituye el Reglamento sobre las EET adoptado el año pasado.
Esta propuesta es sumamente importante: es esencial para asegurar la recogida, el transporte, el almacenamiento, la manipulación, el procesado y el vertido de millones de toneladas de subproductos animales que se producen en la Unión cada año. La ausencia continuada de un marco regulador sólido y completo para el tratamiento de estos subproductos supondría grandes riesgos.
En nombre de la Comisión, quisiera expresar nuestra más sincera gratitud a la Sra. Paulsen, por sus grandes esfuerzos y el trabajo infatigable que ha realizado durante casi dos años en pro de un acuerdo entre la Comisión y el Consejo en torno al Reglamento propuesto. La situación a que hemos llegado hoy aquí se debe en gran medida a su compromiso personal, su tenacidad y su determinación.
También quisiera dar las gracias, en particular, a la Sra. Caroline Jackson, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, y al Sr. Joseph Daul, presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, por sus valiosas aportaciones.
La Comisión se siente alentada por el hecho de que estas tres instituciones hayan alcanzado un acuerdo en torno a cuatro principios esenciales. En primer lugar, que tan sólo los subproductos animales aptos para consumo humano puedan utilizarse en piensos, cosméticos o productos farmacéuticos. En segundo lugar, que el reciclado de productos de la misma especie animal, el llamado «canibalismo», debe estar prohibido. En tercer lugar, que ciertas disposiciones deberían ser más estrictas para mejorar el control y la trazabilidad en el sector de los subproductos animales. Por último, que conviene aprobar opciones alternativas de eliminación de estos productos que tengan en cuenta el desarrollo científico y tecnológico.
También nos complace saber que el difícil problema de los residuos de restauración está al fin resuelto. Esta resolución permite una relajación temporal de la prohibición del uso de residuos de restauración para la alimentación animal en algunos Estados miembros, en ciertas condiciones estrictamente controladas que han de ser establecidas por el Comité Permanente de la Cadena Alimenticia y la Salud Animal.
La utilización de residuos de restauración supone una gran amenaza de transmisión de epizootias graves como la fiebre aftosa y la fiebre porcina clásica. Estamos de acuerdo en que nadie quiere que se repitan los brotes de fiebre aftosa que tuvieron lugar recientemente en el Reino Unido, dadas las grandes pérdidas ocasionadas tanto a la comunidad agraria como a la no agraria.
La Comisión se centrará ahora en la preparación de medidas de ejecución. Entre ellas se incluyen la aprobación de métodos alternativos de eliminación de estos productos y la derogación en materia de reciclaje de residuos de la misma especie para la alimentación de peces y animales de pelo. Además, la Comisión preparará una serie de medidas transitorias para resolver problemas como el de los residuos de restauración y aceites de cocina usados, cuya finalidad será la de cubrir el período previo a la aplicación del reglamento.

Goodwill (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Sra. Paulsen por la visión global que ha ofrecido a los demás grupos políticos durante la primera y segunda lecturas. Asimismo, quisiera felicitarla por el modo en que ha representado a este Parlamento durante la conciliación, en especial cuando ha negociado con algunos de nuestros amigos del grupo alemán de los Verdes. Ésta es, sin duda, una tarea particularmente difícil y estoy seguro de que el Canciller Schröder se ha percatado de ello y seguirá percatándose en el futuro.
La Unión Europea produce millones de toneladas de productos derivados de los animales, que se separan en tres categorías en función del riesgo que suponen para las personas o los animales. La primera de estas categorías, que incluye el material de riesgo catalogado, estuvo implicada en la propagación de la EEB. Me complace que se hayan incluido en esta primera categoría los residuos de las líneas aéreas, ya que en ocasiones éstas provienen de países que no aplican los mismos criterios que la Unió, aunque de todos modos seguro que para más de uno la comida que sirven ciertas compañías no puede considerarse apta para el consumo humano. En la tercera categoría están incluidos aquellos productos que sí se consideran aptos para el consumo humano, entre ellos los residuos de restauración. Por último, la segunda categoría incluye todos los demás productos. 
El quid de la cuestión durante la conciliación fueron los residuos de restauración, ya que afrontábamos dos problemas nacionales. En el Reino Unido, los residuos de restauración están prohibidos. Estos residuos están relacionados con la aparición de la fiebre aftosa en el noreste de Inglaterra y también aparecen en la investigación del brote de peste porcina clásica en East Anglia, donde al parecer el origen estuvo en un bocadillo de jamón dulce desechado en una dehesa en que pastaban cerdos. Sin embargo, en el Reino Unido, tradicionalmente los residuos de restauración se procesaban en las granjas, lo que se suele llamar bazofia. Resultaba muy difícil controlar estos productos, por lo que no es de extrañar que se produjeran tales brotes. 
En cierto modo, me habría gustado que se hubiera seguido el mismo procedimiento que en Alemania y Austria. Allí tomaron la decisión de no procesar estos residuos en granjas, sino llevarlos a modernas y costosas plantas de tratamiento que funcionan con la típica eficiencia alemana. Algunas de estas instalaciones son completamente nuevas y sería injusto cerrarlas de buenas a primeras, sobre todo si tenemos en cuenta las alternativas en cuanto al destino de los residuos. Es posible que en gran parte acaben en vertederos, como ocurre con la mayoría de los residuos de restauración en el Reino Unido, lo que lamentablemente permite que tanto roedores como gaviotas puedan llevárselos en parte y diseminarlos por los alrededores. Una segunda posibilidad sería la incineración de estos materiales, aunque es un proceso que es costoso y perjudicial para el medio ambiente. Está muy bien que hayamos negociado este período de transición hasta el 1 de noviembre de 2006.
Anteriormente he afirmado que en el Reino Unido no existe bazofia. No obstante, sí reciclamos el aceite residual que producen los comercios de fish and chips, todo un monumento de la gastronomía, y también de otros restaurantes e incluso hogares particulares que generan aceite de cocina usado. En el Reino Unido esto dio pie a una floreciente industria artesanal. Cada semana se recogía en los establecimientos un bidón de 25 litros de aceite residual y el jefe de cocina recibía a cambio cinco libras esterlinas, con cargo a la economía sumergida. El aceite recogido se utilizaba luego para producir piensos. Sin embargo, cuando empezaron a surgir dudas en torno al uso de este residuo, los encargados de recoger los bidones empezaron a cobrar por el servicio y entonces los jefes de cocina buscaron otras formas de deshacerse del aceite residual. Es decir, lo echaban directamente por el desagüe. Debido a ello se han producido atascos en el alcantarillado y otros problemas medioambientales, cuando las grasas y aceites congelados obstaculizaron la infraestructura de debajo de nuestras calles, por donde fluyen las aguas residuales. 
Es importante que el Reino Unido obtenga una prórroga para analizar la situación, evaluar los riesgos derivados del uso continuado del aceite de cocina, que en mi opinión personal son insignificantes, y poner en marcha sistemas alternativos de aprovechamiento como el biodiesel.

Whitehead (PSE).
Señor Presidente, todo el que haya participado en el Comité de Conciliación debe felicitar en primer lugar a la Sra. Paulsen por la determinación y tenacidad que ha demostrado en un proceso tan complejo y que en ocasiones ha estado a punto de fracasar a causa de ciertas maniobras muy poco ortodoxas. Esto no habría sido bueno para el Parlamento y por eso me complace que las diversas partes hayan llegado a un acuerdo.
En ocasiones, la Sra. Paulsen se ha visto obligada a ponerse firme, ya que ciertos acontecimientos externos, incluso elecciones, ocasionaron una serie de presiones particulares en función de cómo se veían dichos acontecimientos. Es más, su labor se ha hecho más necesaria si cabe debido a la continua sucesión de escándalos por contaminación de alimentos en varios Estados miembros durante todo el año 2002 y a la forma en que ha evolucionado este asunto.
Conocemos al dedillo la cuestión de la plena trazabilidad de los materiales de riesgo en el Reino Unido, ya que, a raíz del problema de la EEB nos vimos obligados a introducir, casi a punta de pistola, lo que a partir de ahora será una norma en toda la Comunidad Europea. Esto es muy positivo. En mi opinión, el número de subproductos que han conseguido introducirse en la cadena alimenticia a lo largo de este año nos demuestra que quizás aún hoy, y más adelante cuando esta normativa esté en pleno vigor, sigue y seguirá haciendo falta realizar una vigilancia intensiva para garantizar sobre todo que se cumpla el principio de separación.
Paso a comentar ahora las cuestiones mencionadas anteriormente por el Sr. Goodwill acerca de los problemas que han experimentado algunos Estados miembros. Me satisface que se haya encontrado una solución que permita la existencia de un período de transición, ya que éste es un enfoque más productivo que ignorar la necesidad de encontrar una solución a este tema.
En cuanto a la situación del sector en Austria y Alemania, prefiero no hacer ninguna observación y ceñirme al Reino Unido. En este país teníamos varios problemas específicos. Espero que el Comisario pueda tomar nota de ellos, dado que en la declaración final tendremos que ver cómo tratar estos problemas en relación con el período de transición.
La primera de estas cuestiones, que el Sr. Goodwill conoce, es el uso de pequeños incineradores para eliminar sobre el terreno y de manera muy sensible los animales muertos, reduciendo al mínimo el período de riesgo de contaminación. Necesitamos contar con la absoluta certeza de que, durante el período de transición propuesto, la Comisión comprenda perfectamente las razones que nos han llevado a emplear, de forma efectiva, estos incineradores y de que estas instalaciones no se clausuren de manera arbitraria.
La segunda cuestión es la del aceite de cocina. El Reino Unido está dispuesto ahora a aceptar que este período de transición dure dos años en lugar de cuatro. Esperamos que, dado que la normativa no empezará a aplicarse hasta dentro de ocho o nueve meses, este período sea suficiente para que el sector ajuste sus prácticas, y probablemente sus beneficios, buscando otras formas de deshacerse de estos residuos, en particular en el campo de los biocarburantes.
Por último, me complace saber que el Reino Unido ha retirado las objeciones planteadas al período de transición para la aplicación agrícola de la sangre procedente de los mataderos. Ésta es una práctica repugnante. De ninguna manera podíamos justificarla y repito que me satisface saber que el Reino Unido ha retirado sus objeciones al respecto. También en este aspecto, los principios de higiene y separación deben prevalecer ante todo. La Sra. Paulsen nos ha mostrado el camino, ahora depende de nosotros seguirlo.

Staes (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar sinceramente a la ponente, la Sra. Paulsen, quien nos ha guiado a través de un campo minado de asuntos planteados por este Reglamento en una atmósfera de mutuo entendimiento. Me complace que este Reglamento establezca una versión moderna de una legislación obsoleta en materia de despojos. Después de dos años de negociaciones, llevaba ya mucho retraso.
Lo importante de este Reglamento es que los animales muertos y los desechos de animales ya no puede entrar en la cadena alimenticia. Los únicos productos que aún pueden utilizarse para la fabricación de alimentos para animales serán los materiales derivados de los animales sacrificados declarados aptos para el consumo humano. Además, está claro que el reciclaje de la harina animal en alimentos para animales dista poco del canibalismo, y debería prohibirse creando líneas de producción separadas y asegurando la plena trazabilidad. La aplicación de este Reglamento debería por tanto ser infalible, y aún no hemos oído la última palabra, por supuesto. Controlar el canibalismo exigirá una importante reorganización del sector que recoge y desecha los residuos animales. Somos conscientes de que hay bastantes estafadores y defraudadores en este sector que están implicados en prácticas muy oscuras, y que esta cuestión es muy susceptible al fraude. Por ello, los Estados miembros tendrán que realizar esfuerzos considerables en el ámbito de las inspecciones, como ha señalado correctamente el Sr. Whitehead.
Quisiera acabar con un comentario sobre los desperdicios de cocinas y restaurantes que contienen productos de animales, acerca de lo cual alcanzamos un respetable compromiso. No fue fácil, pero el compromiso está ante nosotros, principalmente gracias a la presión de nuestros colegas diputados alemanes y austriacos. No quiero ocultar el hecho de que esta cuestión es muy delicada en mi país. Todas las organizaciones agrarias de Bélgica insisten en una prohibición absoluta de esta práctica debido a los riesgos sanitarios. De hecho, causas menores pueden tener graves consecuencias, como confirmaron los brotes de fiebre aftosa y de fiebre porcina africana. A pesar de ello, puedo decirles que la mayoría de mi grupo apoyará finalmente los textos que tenemos ante nosotros.

Klaß (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, los compromisos son a menudo la única solución para salir de los atolladeros. Agradezco calurosamente a la Sra. Paulsen su dedicación y perseverancia en la búsqueda de un compromiso viable que finalmente encontramos y que, en resumidas cuentas, consideramos satisfactorio. Asimismo recomendamos la aprobación del proyecto conjunto.
Quisiera utilizar el tiempo de que dispongo hoy para dejar bien claro que no voté a favor de este compromiso inmediatamente y con entusiasmo. La razón es que hay un punto sobre el cual aplazamos una decisión y confiamos a la Comisión una tarea cuyo resultado aún es incierto. Me refiero, Comisario, al reciclaje de los residuos alimenticios, una cuestión que no considero ni mucho menos resuelta de una vez por todas. El simple hecho de que algo vaya destinado al consumo humano, pero se deseche porque nadie quiere o puede comerlo, está muy lejos de convertirlo en una categoría especial de residuo, con todas las subsiguientes consecuencias para su tratamiento y vertido. El Sr. Goodwill se ha referido en efecto a los numerosos problemas que implica el vertido. Sin embargo, los residuos alimenticios también contienen nutrientes valiosos que, como han demostrado ejemplos de Alemania y Austria, pueden convertirse en buenos piensos para animales cuando se convierten en bazofia y se recogen de acuerdo con las mejores prácticas organizativas, técnicas e higiénicas. Somos muy conscientes de que los residuos alimenticios pueden transmitir enfermedades, algunas de ellas epidémicas, de un animal a otro, y que por ello necesitan la mejor preparación posible de acuerdo con las estrictas normas facilitadas por la tecnología. De ahí que no pueda justificarse una prohibición general del uso de los residuos alimenticios como alimentos, dado que no hay reglas sobre cómo deberían eliminarse estos restos. Cuando se retira de la mesa, ¿acaso la comida en el plato se convierte de repente en una categoría especial de desecho?
Pedimos una prohibición general de la alimentación de los animales con desechos alimenticios en la medida en que se aporten pruebas de que se han preparado como es debido. Así pues, este compromiso no ha eliminado este tema de la agenda. Ahora le toca a Comisión presentar una propuesta sobre el reciclaje de residuos alimenticios a finales de 2004. Es una exigencia a la que añado la petición de que también se tengan en cuenta las opciones existentes para la preparación de bazofia. Algunas pequeñas y medianas empresas, empresas y granjas familiares han invertido mucho en ello. Ante todo, no ha de haber escapatoria posible a raíz de la promulgación inicial de una prohibición, seguida después de un tiempo de otra autorización, con lo cual pasaría el tiempo sin que se tomara ninguna decisión. Las empresas necesitan garantías a fin de planificar de antemano. La comida para animales en la Unión Europea ha de ser segura y fiable para animales y humanos.

Auroi (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, quisiera dar las gracias a la Sra. Paulsen por haber pilotado esta conciliación -que no ha sido fácil- con tanta brillantez, y que por tanto nos ha permitido alcanzar hoy un buen compromiso. Como ha dicho el Comisario Vitorino, el reto sigue siendo cómo protegernos contra la EEB. Es como si casi hubiésemos olvidado que este era el principal problema y que esto era lo que estaba detrás de todas las directivas que hemos aprobado recientemente en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Estamos prohibiendo el reciclaje de carcasas animales y subproductos de animales desechados en la cadena alimentaria, estamos prohibiendo el «canibalismo» animal, y este es un paso positivo. Se ha mejorado la trazabilidad de los alimentos. Por último, estamos evitando la contaminación cruzada. Todo esto está muy bien, pero por desgracia tiene un reverso de la moneda, porque aunque sin duda hemos realizado progresos a la hora de eliminar los residuos alimenticios, pienso que se está aplazando en parte la obligación impuesta a los Estados miembros. Se ha propuesto un periodo de transición que, como ya han dicho otros oradores, es demasiado largo. A nuestro entender, dos años eran sin duda suficientes para resolver estos problemas. Por ejemplo, los aceites pueden producir biomasa para biocombustibles, etc.
Ahora bien, algunos Estados serán virtuosos y adoptarán las medidas necesarias cuanto antes, mientras que otros esperarán hasta el último momento, hasta 2006, utilizando el procedimiento de comitología. Es muy desagradable recordar lo que sucedió en el momento cumbre de la crisis de la EEB, cuando algunos Estados afirmaron no tener casos de enfermedad de vacas locas porque no hacían ninguna prueba. Cuando empezaron a realizar las pruebas, detectaron casos de vacas locas. Ahora bien, desde mi punto de vista, hoy estos mismos Estados no están siendo especialmente responsables. Hemos de acelerar el proceso.

Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE).
Señorr Presidente, Comisario, Señorías, permítanme empezar con un cálido agradecimiento a la ponente, la Sra. Paulsen. Estoy a favor de mantener el uso de los residuos de alimentos en alimentos para animales en las debidas condiciones estrictas. Permítanme dejar claro que aquí estamos hablando de platos oficialmente permitidos para el consumo humano. Que quienes me escuchan comprendan que, por poner algunos ejemplos, nos estamos refiriendo a pan invendible que ya no estará fresco al día siguiente, a restos de pasteles y ese tipo de cosas. Al calentar los residuos de alimentos de la forma prescrita se asegura adecuadamente la prevención de enfermedades y se facilita además el reciclaje adecuado de tales desperdicios, y así esto sirve para disuadir la proliferación del «turismo basurero» Además, asegura a los cerdos un suministro de primera clase de aminoácidos y ácidos grasos, y permite reducir la importación de piensos. Es un hecho que los alimentos líquidos, es decir, la bazofia, derivados de los residuos alimenticios, tienen relativamente pocos efectos negativos en los cerdos en crecimiento.
Es necesario garantizar un nivel adecuado de esterilización a fin de eliminar todos los agentes patógenos. El resultado del procedimiento de concertación, con las siete enmiendas, fue en efecto aprobado por el Consejo sin más, y con la importante enmienda 25, que encarna un compromiso amplio, aplaudo el proyecto del Consejo que proporciona medidas transitorias en condiciones estrictamente controladas durante un máximo de cuatro años a partir del 1 de noviembre de 2002.
Cualquier iniciativa firme de la Comisión de desarrollar una directiva sobre residuos biológicos, incluidos los desperdicios de cocinas y residuos alimenticios, para finales de 2004, ha de aspirar principalmente a estimular un uso, una recuperación y una reutilización seguros. Es preciso controlar la contaminación, y acogemos favorablemente este enfoque. Las empresas que han invertido mucho dinero en estas medidas a fin de cumplir los criterios más estrictos, y que son controladas oficialmente, son la mejor garantía de que los residuos de alimentos para piensos se extraen y se procesan de forma inocua en condiciones controladas. Como ya han señalado otros oradores, podríamos ofrecer toda una lista de ejemplos para demostrar que no se puede dar ninguna garantía suficiente con una prohibición general de alimentar a los animales con este tipo de piensos. ¿Qué pasa entonces con ello? En el futuro deberíamos seguir sin destruir esta comida valiosa.
Para terminar, permítanme que diga, sobre esta cuestión, que soy una firme defensora de un reglamento en lugar de una directiva, porque ya puedo ver cómo estas cosas se traducirán de forma diferente en los distintos países, porque creo que ello alterará la competencia y porque, si algo está mal, está mal en todas partes, ya sea en Alemania, en Austria o en otro Estado miembro de este mercado interior.

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).
Señor Presidente, Comisario, a mí también me gustaría expresar mi gratitud a la Sra. Paulsen por la buena cooperación. El resultado es respetable. Creo que tenemos ante nosotros un buen Reglamento, que cumple los requisitos del Parlamento formulados por la comisión de inspección de la EEB.
La principal razón de su importancia es que no hablamos tan sólo de métodos de alimentación o de autorización de alimentar de acuerdo con determinadas condiciones; también se está dejando claro qué sucede con las cosas que no pueden utilizarse en los piensos. Por ello se establecen reglas sobre la destrucción. Es esto lo que también hemos de lograr con respecto a los residuos de alimentos. Una simple prohibición no será suficiente, y se desconoce lo que pasará entonces con los residuos. Como he dicho siempre, no se pueden tirar los residuos simplemente a la cuneta. Es precisamente entonces cuando se vuelven peligrosos, entonces, al no estar esterilizados ni controlados, pueden llegar a los animales, provocando posiblemente la extensión de plagas y de fiebre aftosa. Pero no si están esterilizados.
Me complace que la Comisión haya aceptado esta propuesta y haya dicho que, en 2004, presentará una directiva -y sí, señora Keppelhoff-Wiechert, yo también pienso que debería ser un reglamento- sobre residuos biológicos, en la cual se establecerán las reglas sobre todos los posibles usos de los residuos alimenticios, incluido su uso como alimentos.
Es lamentable que el compromiso que hemos alcanzado no conste en acta.
Dado que será el próximo Parlamento el que tenga que negociarlo -y las cosas se olvidan muy pronto- distribuiré una nota para hacerlo constar, nota que podrán ustedes examinar. Podríamos firmarla y luego perpetuarlo como lo que deseamos con respecto al tratamiento de esta cuestión en el próximo Parlamento.

El Presidente. -
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 20.15 horas)

