Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la última sesión ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Posselt
Señora Presidenta, la página 6 del Acta contiene sin duda un error. Allí se dice que el colega Rübig ha preguntado a la Presidenta por el tema de la criminalidad en Bruselas y a continuación si se ha encargado del tema a la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades. La respuesta fue que se había tomado en serio el problema y que se había informado a las autoridades de Bruselas. Pero las autoridades de Bruselas no son la Comisión de Reglamento. Quiero preguntar solamente si la Comisión de Reglamento, Verificación de credenciales y de Inmunidades se ha ocupado de la cuestión de la urgencia.

El Presidente
Tomo nota de ello y ordenaré estudiar el asunto.

Hager
Señora Presidenta, sin duda el Sr. Gallagher presenta siempre unas excelentes enmiendas pero el Sr. Berthu ha hablado ayer de mis enmiendas al informe Herman, por lo que en la página 9 del Acta se debería cambiar el nombre de Gallagher por el de Hager.

El Presidente
Muchas gracias, lo corregiremos.

Teverson
Señora Presidenta, tan sólo quería decir que estuve presente en la sesión de ayer.
(El Parlamento aprueba el Acta)

El Presidente
Señor Poggiolini, usted ha pedido la palabra para una cuestión de orden.

Poggiolini
Señora Presidenta, volviendo a lo que he tratado de exponer hace unos momentos, permítame decir que la llegada de la primavera ha reservado a los diputados italianos en el Parlamento Europeo una desagradable sorpresa: han sido anulados los vuelos desde Roma y Milán, ciudades donde se reunían los diputados italianos para dirigirse al Parlamento Europeo. La compañía Air France ha argumentado que los culpables de esta situación son el Parlamento, los Cuestores y la Mesa, que no renovaron no sé qué convenio. Se tiene casi la impresión de que, tras la resolución del Tribunal de Luxemburgo, lo que se pretende es castigar a los diputados, no sólo italianos, sino a los diputados en general, dado que el problema no sólo afecta a Italia. Ya no se puede llegar a la sede del Parlamento sin dar unas vueltas increíbles a lo largo y ancho de toda Europa. Ruego a la Presidencia que facilite alguna explicación al respecto.

El Presidente
Señor Poggiolini, esto no era una cuestión de orden. Ayer algunos colegas de otros países expusieron lo mismo. Creo que se ha tomado aquí nota de ello y vamos a seguir este asunto.

Ejecución del presupuesto y aprobación de la gestión
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0097/98, del Sr. Elles, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para 1996; -A4-0091/98, del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión financiera de la Comisión en lo referente al sexto y séptimo Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio de 1996; -A4-0094/98, del Sr. Wynn, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre el informe de la Comisión (COM(97)0571 -C4-0126/98) relativo a las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones incluidas en la resolución del Parlamento Europeo adjuntas a la decisión de aprobación de la gestión del presupuesto general de las Comunidades Europeas para el ejercicio de 1995; -A4-0093/98, del Sr. Blak, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión de la CECA por parte de la Comisión durante el ejercicio de 1996; -A4-0092/98, del Sr. Kellett-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre los informes anuales específicos del Tribunal de Cuentas sobre el balance financiero de las agencias comunitarias descentralizadas (D.O.C C393 del 29 de diciembre de 1997) procedimiento de aprobación de la gestión de 1996 (incluida la concesión de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) y el Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Tesalónica) en la ejecución de sus presupuestos para el ejercicio de 1996).
Elles
Señora Presidenta, quisiera comenzar formulando unas observaciones sobre aspectos de procedimiento relativos al aplazamiento de la aprobación de la gestión que la Asamblea tiene ante sí esta mañana. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida aquí entre nosotros a la Presidencia. Resulta agradable comprobar que la Presidencia se ha preocupado plenamente por todas las cuestiones que esta Asamblea tiene ante sí. En particular, la visita del otro día a nuestra Comisión de Control Presupuestario fue una «primicia» en la presentación de las opiniones del Consejo.
En segundo lugar, quisiera también agradecer al Consejo la forma como ha presentado sus recomendaciones. Claro está que no corresponde al Consejo conceder la aprobación de la gestión del presupuesto, pero es pertinente que formule observaciones que este Parlamento puede no sólo recibir, sino también leer a tiempo y entender.
Por último -si bien no es lo menos importante-, al celebrar este debate esta mañana, debemos recordar que no versa sobre el propio proceso de aprobación de la gestión, sino sobre su aplazamiento. Así, pues, en las cuestiones que trate esta mañana no voy a referirme, por ejemplo, a la pérdida de derechos aduaneros desde el punto de vista del sistema de recursos propios o del sistema de la declaración de garantía. Hay cuestiones a las que llegaremos -espero- en un momento posterior de este año, cuando pasemos a conceder la aprobación de la gestión sobre el propio presupuesto de 1996.
Pasando a los aspectos substanciales, hoy vamos a centrarnos en seis aspectos concretos que me mueven a concluir, como ponente que soy, que debemos aplazar la aprobación de la gestión, por lo que, de conformidad con el artículo 89, no podremos conceder nuestra aprobación de la gestión al presupuesto de 1996 el 30 de abril de 1998, a más tardar.
El primero de ellos se refiere a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación sobre el régimen de tránsito. Aunque están en marcha dichas aplicaciones, creemos que se debe hacer más, en particular en cuanto al sistema de informatización. En segundo lugar -y éste es un aspecto grave para este Parlamento-, hay -nos parece- una falta de rendición democrática de cuentas en la lucha contra la mala administración y el fraude. Ha habido mucha procrastinación, por utilizar un término muy expresivo, porque desde 1989 buscamos información a ese respecto y seguimos intentando conseguir, como dice en términos concretos el párrafo 5 de la resolución, »la presentación periódica de listas de todas las investigaciones internas actuales en las que haya acusaciones de fraude y corrupción por parte de funcionarios de las instituciones europeas y listas de todas las auditorías especiales llevadas a cabo por la Dirección General de Control Financiero de la Comisión». En segundo lugar, en este marco del turismo, que también se refiere -me parece- al programa MED, »hay que adoptar medidas para velar por que en el futuro se informe rápidamente y sin excepción a las autoridades judiciales nacionales competentes de cualquier caso de supuesto fraude o corrupción o cualquier otro delito, cuando se sospeche que funcionarios de la UE pudieran estar implicados».
En tercer lugar, se plantea la cuestión de las zonas a las que se aplica la política exterior. Muchos colegas de todos los sectores de esta Asamblea, ya estuvieran examinando la cuestión de Bosnia o la de PHARE, han pedido que se adopten medidas para promover un planteamiento más descentralizado: la ocasión más reciente ha sido en una misión de esta Asamblea a Bosnia y Herzegovina. Seguimos esperando la adopción de medidas eficaces en esa zona concreta.
En cuarto lugar, desde el punto de vista del gasto agrario, tenemos el sistema de control integrado. El Consejo se ha referido a él en sus recomendaciones, pero cuando examinamos el fondo de la cuestión, vemos que dicho sistema sigue sin funcionar eficazmente en todos los Estados miembros y nos preguntamos por qué. Sería de esperar que la Comisión ofreciera explicaciones satisfactorias sobre ese aspecto concreto. Al fin y al cabo, como sabemos todos nosotros, el funcionamiento de la política agraria entraña grandes sumas de dinero y, cuando, un año o un año y medio después, sigue sin aplicarse eficazmente dicho sistema de control integrado en todos los Estados miembros, tenemos derecho a preguntarnos por qué no y por qué tiene la Comisión competencias para retirar los fondos para el pago de anticipos a los Estados miembros, que, al parecer, aún no ha aplicado.
En penúltimo lugar, desde el punto de vista de las medidas aplicadas en los Fondos estructurales para las pequeñas y medianas empresas, tuvimos un problema en la Comisión de Control Presupuestario porque un importante Grupo político no deseaba votar a favor de ese aspecto concreto. Pero me parece que tenemos un programa establecido mediante el cual vamos a hacer algo por las pequeñas y medianas empresas, pero, una vez que se encontraba en la Comisión de Control Presupuestario o en la Comisión de Presupuestos, ha sido imposible obtener información alguna de la Comisión sobre cómo se va a aplicar o qué está sucediendo. Estamos esperando un informe y estamos totalmente de acuerdo con la opinión del Consejo de que la Comisión debe ofrecer algunos datos sobre ese aspecto.
La última observación es sobre la cuestión de la auditoría y el control del Fondo Europeo de Inversiones. Nos gustaría que hubiera más transparencia y el Tribunal de Cuentas ha tomado -creo- nota de ello. Desde luego, nos gustaría que se aclarara ese aspecto.
De modo que he de concluir que, respecto de todos esos aspectos combinados -si bien tal vez ninguno de esos aspectos por separado justificaría el aplazamiento de la aprobación de la gestión y si bien reconocemos que, aunque la Comisión ha adoptado varias medidas y adoptará sin duda otras durante el verano para aclarar cada uno de esos aspectos que tenemos ante nosotros-, en la Comisión de Control Presupuestario creemos, como se ha mostrado en este informe que fue aprobado por una gran mayoría, que el Parlamento tiene la prerrogativa y, de hecho, el deber de aclarar esos aspectos antes de conceder la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 1996. Así, pues, insto a que se aplace la aprobación de la gestión en este debate.

Wynn
Señor Presidente, quisiera centrarme durante mis primeros cinco minutos en el seguimiento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 y después pasar a la aprobación de la gestión del FED correspondiente a 1996. En la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 se pide a la Comisión, el Tribunal y el Parlamento que lleven a cabo determinadas acciones. Tengo el gusto de decir que así ha sido en muchos casos y que hemos logrado muchos avances respecto de la forma como se concederá la aprobación de la gestión en el futuro.
Si examinamos el informe, podemos ver que ha habido y habrá mejoras en el sistema en cuanto al modo como la Comisión informa al Parlamento de sus conclusiones. En la fase de comisión formulamos observaciones suplementarias mediante una enmienda de Piet Dankert en la que se preguntaba si podríamos recibir una respuesta mejor, antes -es de esperar- de la suspensión estival de las sesiones, para que podamos tenerla en cuenta antes de que examinemos el presupuesto para el año próximo.
Además, por primera vez disponemos de las respuestas de los Estados miembros, si bien con doce meses de retraso. Sin embargo, al menos las hemos recibido. Y en esta ocasión ya las hemos recibido del Reino Unido, lo que constituye un gran logro. Sería de esperar que los otros catorce Estados miembros nos dieran sus respuestas con la misma rapidez. Naturalmente, no concedemos la aprobación de la gestión a los Estados miembros, sino a la Comisión. Pero, cuando disponemos de esa información, nos sirve de ayuda para formular preguntas al Consejo y a la Comisión.
En cuanto a la DAS, el Tribunal ha respondido una ves más a nuestra petición de que nos presente sus conclusiones sobre las actividades en el informe. Sin embargo, refiriéndose al informe del Sr. Elles, formula esta observación: »Si el Tratado de Amsterdam estuviera ya en vigor, probablemente el ponente ya no podría recomendar en la presente situación el aplazamiento de la aprobación de la gestión, sino que se vería obligado a proponer su denegación». Ya en 1994, cuando nació la DAS, se nos hizo esa propuesta. Entonces encontramos una solución con la redacción idónea para las aprobaciones de la gestión correspondientes a 1994 y 1995.
Si el Tratado de Amsterdam va a dificultar más las cosas, propongo que las instituciones interesadas -el Parlamento, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y el Consejo- se reúnan en breve plazo para remachar lo que esperamos exactamente de la DAS. Ha sido un debate permanente desde 1994 y necesitamos resolverlo. Estoy bastante seguro de que lo que el Sr. Elles dice es lo que yo llevo diciendo desde hace dos años. Si seguimos así, nunca lograremos una DAS positiva para el presupuesto de la Unión y eso no parece correcto a ojos del contribuyente. Hemos de conseguir una solución y sólo la conseguiremos si celebramos conversaciones al respecto entre todas las instituciones.
El informe pide también al Tribunal que presente su informe anual al primer período parcial de sesiones de octubre. Sé que eso plantea problemas al Tribunal, pero el procedimiento que hemos utilizado recientemente no es el adecuado para abordar el informe ni la labor del Tribunal ni la labor del Parlamento. No es aceptable que nuestro volumen de trabajo tan sólo permita asignar a los miembros del Tribunal dos minutos de uso de la palabra en comisión. Si sacamos adelante ese proceso, todos dispondremos de mucho más tiempo para entrar en los detalles de lo que deberíamos examinar. Los diputados dispondrán de mucho más tiempo para analizar todos los aspectos del informe anual, aun cuando sea más breve. Pero debemos disponer de ese tiempo suplementario. Si se presentara en el primer período parcial de sesiones de octubre, encajaría también perfectamente en la primera lectura del Parlamento en el segundo período parcial de sesiones de octubre.
Reconozco que en el informe hay situaciones en las que pedimos a la Comisión ciertas acciones y ésta dice que no puede hacerlo mejor de lo que ya está haciéndolo. Eso es aplicable al párrafo 8 sobre las acciones necesarias para mejorar el cobro y la recuperación de sumas debidas a la Comunidad. La Comisión hace mucho hincapié en el programa SEM 2000. Esperemos que funcione. Esperamos que se nos presenten informes al respecto.
También debo mencionar el aceite de oliva y el algodón. Esa cuestión está planteada desde 1994, cuando empecé a preparar informes al respecto. Me alegro de que se vayan a adoptar medidas en esos dos sectores y de que tarde o temprano se devuelva algún dinero a la Comunidad.
Sobre las enmiendas núms. 11, 12 y 13, relativas a la peste porcina clásica, voy a dejar esa cuestión en manos del Sr. Mulder, ¡que es mucho más experto en materia de cerdos que yo! Pero es una cuestión delicada por los gastos que supone para el contribuyente. He de formular dos observaciones finales sobre este informe. En primer lugar, la respuesta de la Comisión al párrafo 79 de la resolución sobre la aprobación de la gestión correspondiente a 1995 no da la explicación necesaria sobre el edificio Berlaymont. Pido una vez más a la Comisión que emprenda una investigación para averiguar a quién corresponde la responsabilidad al respecto. Por último, sobre este informe para el Tribunal de Cuentas, reiteramos la petición que expresamos en resoluciones de 1992, 1993 y 1995 sobre la información relativa a la desautorización por parte del interventor financiero de las denegaciones de visados. Estoy seguro de que el Sr. Friedmann se hará cargo de eso.
Respecto del FED, la situación podría ser peor. Si lo que en realidad dice el Sr. Elles es que debemos denegar la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general, habría resultado muy fácil al Parlamento aceptar que debíamos denegar también el presupuesto del FED por los argumentos expuestos a lo largo de los dos últimos años y por que muy recientemente votamos en este Parlamento la decisión de no emitir un dictamen sobre el nuevo reglamento financiero para el octavo FED. La razón es las discusiones que tenemos sobre nuestro papel en el Fondo Europeo de Desarrollo. Es una situación en la que tenemos responsabilidad sin autoridad. Debemos supervisar los gastos correspondientes a esas consignaciones sin contar con la menor autoridad para hacer algo al respecto.
No tenemos forma alguna de influir en ese gasto; lo único que podemos hacer es conceder la aprobación de la gestión al final. Lo más fácil, a raíz del fallo del Tribunal de Justicia, es decir: no vamos a tener nada que ver con eso; si la Comisión y el Consejo quieren una aprobación de la gestión, pueden concederla ellos mismos; nosotros no vamos a hacerlo.
Sin embargo, después de reflexionar al respecto, vemos que sería una actitud bastante infantil. Debemos aceptar que corresponde al Parlamento un papel al respecto y debemos decir que queremos que se incluya el FED en el presupuesto. Ése es nuestro fin, eso es lo que deseábamos que hubiera resultado de Amsterdam, sabiendo de sobra que probablemente no habría sido así. Mientras no se incluya el FED en el presupuesto, el Parlamento tendrá un gran problema con su papel, en particular a la hora de conceder la aprobación de la gestión. Así, pues, como he dicho, es de esperar que en algún momento futuro se incluya el FED en el presupuesto -para ello contamos con el apoyo de la Comisión- y el Consejo debe recapacitar y comprender que estaría mucho mejor administrado con cargo al presupuesto general. La elección no ha sido fácil precisamente, pero, a fin de cuentas, la recomendación de la comisión al Parlamento de que se conceda la aprobación de la gestión probablemente sea la adecuada.
Sin embargo, hay que plantear tres cuestiones a ese respecto. Ante todo, los pagos por anticipado al octavo FED. Según el informe, el Tribunal afirma con toda claridad que se están haciendo pagos procedentes del sexto y del séptimo FED al octavo sin fundamento jurídico. La Comisión no lo discute. Nos resulta bastante irritante cuando el Consejo nos dice que no se pueden aplicar las líneas porque no hay un fundamento jurídico. Y, sin embargo, ahí tenemos una contradicción patente de ese argumento, cuando resulta que se está gastando dinero sin que exista nada parecido a un fundamento jurídico. Por esos motivos solamente podríamos haber dicho que no íbamos a conceder la aprobación de la gestión a este informe, pero no vamos a hacerlo, porque aceptamos la utilidad de intentar conseguir dinero para los países ACP.
De modo que pido al Consejo y a la Comisión que se hagan cargo de que no nos hace ninguna gracia, por no decir algo peor, pero esperamos que se ratifique la situación en un futuro próximo. He de decir al Presidente en ejercicio que resulta bastante sorprendente que no haga mención de ello en el dictamen del Consejo. El informe del Consejo sobre el presupuesto general ha sido una maravilla, pero no se mencionaba en él esa cuestión.
Sobre los procedimientos para la celebración de licitaciones, se hacen diversas observaciones en el informe al respecto, en particular, en mi opinión, sobre el control de la calidad de los procedimientos para la celebración de licitaciones y los pagos en divisas. Pedimos al Tribunal que vigile a ese respecto y pedimos a la Comisión que vele por que en el futuro las licitaciones sean correctas.
Por último, respecto de la DAS, está bien que haya una DAS positiva, pero hay una parte en la que hubo obstáculos materiales que impidieron evaluar el 4, 5 % de las transacciones relativas a pagos. Aunque sea sólo una pequeña cantidad, hay que examinarlo. Estoy seguro de que en el futuro podremos superar esos obstáculos.

Blak
Señora Presidenta, ésta será mi exposición más breve sobre las cuentas de la Unión del Carbón y del Acero en los cinco o seis años que he trabajado en este tema. Recomiendo la aprobación de la gestión. Se ha considerado sensata la administración correspondiente al pasado año. Sin embargo, esto no significa que no haya problemas. He solicitado unos datos a la Comisión y ésta ha prometido proporcionármelos por escrito. Sin embargo, aún no he obtenido estos datos que atañen al túnel entre Francia e Inglaterra, al caso del Gran Belt en Dinamarca, donde había determinados problemas, y a una pregunta sobre la indemnización de intereses a las minas inglesas. No obstante, espero que las respuestas estén en camino. Por lo demás, sólo puedo decir que hemos mantenido una cooperación excelente tanto con la Comisión como con el Tribunal de Cuentas en este asunto.
Ahora que tengo tiempo de uso de la palabra, quiero aprovecharme de ello y abordar la cuestión de los préstamos y empréstitos, sobre la que elaboré un informe para el Sr. Elles. Quiero decir que aquí hay algunos problemas. Me parece totalmente increíble que tengamos un asunto de 1981 relativo al terremoto en Italia que aún no está liquidado. Seguimos obteniendo informes, hasta imputaciones de corrupción, mala planificación, mala administración y todo el dinero que hemos enviado se ha destinado a algo totalmente diferente. Son cosas así las que hacen que los contribuyentes europeos de vez en cuando se harten de la Unión y así me parece que debemos procurar acabar con estos asuntos.
También querría mencionar una segunda cosa. Atañe al Fondo de Garantía, donde podemos ver que ha habido algunas grandes pérdidas. Seguro que también es natural que se produzcan pérdidas, sin embargo, considerando que estas pérdidas han costado en los últimos años a los contribuyentes 289 millones de ecus, no me vendría mal enterarme de quién es el que paga. Ha de ser la Comisión por medio del presupuesto normal. Aquí hay además algunas preguntas a las que nos gustaría obtener respuesta. Tengo además un comentario sobre los préstamos globales. En relación con los préstamos globales, es decir, el mecanismo de Copenhague, la situación es la siguiente, el dinero se da a los bancos, los cuales vuelven a gestionar los préstamos. Son así los bancos los que reciben los honores. Pienso que debería contarse que es la Unión la que paga. En mi opinión, existen también algunos problemas con la comunicación, y también se olvida el valor en lo que a las relaciones públicas se refiere de contar que somos nosotros quienes dirigimos estas cosas.
En un ámbito he recomendado al Sr. Elles no conceder la aprobación de la gestión, sino quizá postergarla. Es el referente al Fondo de Inversiones Europeo. En los últimos 3 o 4 años he abordado este asunto y mantenido un debate, entre otros, con el Banco de Inversiones y la Comisión y he llamado la atención sobre la necesidad de que el Tribunal de Cuentas tuviera derecho a llevar a cabo el control y las auditorías necesarias. No obstante, he obtenido algunas disculpas nada satisfactorias relativas al hecho de que haya bancos privados involucrados. El 70 % del dinero son fondos públicos y unos pocos bancos se anotan el 30 %. Aquí me parece que realmente tenemos un problema. Según nuestros reglamentos y nuestras ordenanzas somos responsables del presupuesto, sin embargo, ni siquiera tenemos derecho a llevar a cabo un control. El Tribunal de Cuentas ha sido engañado con unos pocos papeles que todos los demás también podemos conseguir. No es suficiente, y me ha hecho recomendar al Sr. Elles postergar la aprobación de la gestión.
Ahora parece que algo ha sucedido. Por lo visto, se está descubriendo que se trata de un asunto serio. He hablado con el Tribunal de Cuentas, el cual dice que se ha producido una apertura, sin embargo, queremos tener la garantía de que también podamos revisar todo aquello para lo que concedamos fondos públicos. Espero realmente que hallemos una solución. Por supuesto que es positivo que se haya producido una apertura en los últimos meses, sin embargo, bajo ninguna circunstancia aceptaremos que se rechace que el Tribunal de Cuentas emprenda un control y que no podamos entrar y conseguir los datos que queramos. Si ése es el caso, espero realmente un endurecimiento por nuestra parte, diciendo que esto ahora se acabó y que no nos apetece discutirlo más.
Ha existido una posición muy arrogante por parte del Fondo de Inversiones cada vez que he abordado estas cuestiones. Esto no lo tolero. No puedo aceptar que se diga simplemente: no nos apetece informarte sobre nada relacionado con estas cosas. Espero también que los nuevos vientos que soplan traigan consigo que consigamos la revisión que deseamos. Si la conseguimos, también me gustaría contribuir a recomendar la concesión de la aprobación de la gestión en este ámbito, sin embargo, si no lo conseguimos, aquí nos quedamos. Simplemente no nos apetece seguir jugando con funcionarios ocasionales que están dándose aires de grandeza.

Kellett-Bowman
Señor Presidente, pasamos de la aprobación de la gestión relativa a importantes fondos a dos agencias descentralizadas que son muy transparentes, en el sentido de que manejan sumas de dinero muy inferiores. Permítaseme agradecer a los servicios que hayan corregido por fin los detalles relativos a este punto del orden del día. Nos ocupamos de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, radicada en Dublín, y el Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, conocido como CEDEFOP, de Salónica.
Al preparar este informe, la Comisión de Control Presupuestario ha contado con los informes del Tribunal de Cuentas, que agradezco al Presidente, y dos informes muy completos del Consejo en el que se nos recomienda que concedamos la aprobación de la gestión. Permítaseme dar las gracias al Consejo, que está presente, porque en años anteriores llegaron muy tarde y fueron bastante superficiales; este año resulta mucho más útil. También nos ha sido de ayuda una opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.
Permítaseme abordar primero la agencia de Dublín, porque estoy empezando a estar un poquito harto de un aspecto de dicha agencia. Los reglamentos financieros, tanto el general de la Comunidad como el relativo a esta agencia, requieren una correcta división de poderes entre los funcionarios que dan la autorización, los interventores financieros y los contables, pero el Tribunal sigue informándonos de que en la agencia de Dublín no se aplica correctamente. Si la próxima vez el Tribunal informa de que sigue siendo así, no creo que recomendemos la aprobación de la gestión para el año 1997. Cuando se crearon las nuevas agencias, la segunda generación, la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario abrigaron muchos recelos sobre la posible superposición de las actividades de las diversas agencias. Debemos indicar aquí que existe una superposición de actividades entre la Fundación de Dublín y la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo y debemos mantenerlas separadas. No puede haber una duplicación de funciones. La labor de la Fundación de Dublín fue positiva en 1996 y, si corrige esos detalles, no habrá problema respecto de la aprobación de la gestión y tenemos mucho gusto en recomendar la aprobación de la gestión para el año 1996.
El CEDEFOP ha pasado por un período difícil en Salónica. Fue trasladado de Berlín a Salónica y a un local provisional. Hubo dificultades con el personal que no estaba dispuesto a marcharse de Berlín por razones familiares y de otra índole y el Centro no pudo disponer de todo el personal necesario. Hubo un momento en que pensamos que existía la posibilidad de que el CEDEFOP se fuera a pique, pero, gracias al director, que siguió resueltamente adelante con sus tareas, ahora está desempeñando sus funciones plenamente.
El Tribunal ha señalado que no está siguiendo estrictamente el reglamento financiero al celebrar licitaciones para la ejecución de proyectos en la esfera de la investigación. El Tribunal señala también que siguen existiendo problemas con el contrato para el nuevo edificio, pues, basándome en mi experiencia, he de decir que se trata de un tipo poco común de contrato, y se debe examinar muy detenidamente. Naturalmente, al desocupar el local provisional, hay que velar por que todos los detalles financieros estén adecuadamente cubiertos. Ahora que el CEDEFOP está en pleno funcionamiento, espero que presente mucho mejor sus disposiciones presupuestarias, sus previsiones y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la agencia, pues las transferencias irregulares de dinero al CEDEFOP plantean algunos problemas al Tribunal. Se trata de una observación que el Tribunal formula de vez en cuando y que se debe a la dificultad de administrar una agencia tan lejos de Bruselas. Una vez más, la comisión recomienda al Parlamento que concedamos la aprobación de la gestión. Así, pues, en este informe hay dos recomendaciones sobre la aprobación de la gestión: una relativa a la agencia de Dublín y otra a la de Salónica.
Ahora paso al informe del Sr. Elles, al que el Sr. Tomlinson y yo hemos aportado un documento de trabajo relacionado con el fraude en el régimen de tránsito. Ese asunto ha ocupado durante mucho tiempo al Parlamento Europeo. La Comisión de Investigación presentó su informe en marzo del año pasado, después de un año de intenso trabajo. El informe de la Sra. Wemheuer obtuvo recientemente una respuesta muy satisfactoria de la Comisión. El informe del Sr. De Luca abarcó también el informe especial del Tribunal de Cuentas a ese respecto.
Sería poco cortés por nuestra parte no reconocer que la Comisión ha logrado muchos avances. Se está aplicando una nueva legislación y hay nuevas normas sobre los asuntos relativos al tránsito. Según me han informado usuarios del sistema, ha mejorado la dedicación a sus funciones de los agentes aduaneros: la moral está más alta. Creo que, cuando se nos presenten informes, descubriremos que se está perdiendo mucho menos dinero actualmente en el régimen de tránsito de lo que, según decíamos, se perdía antes.
Sigue existiendo la cuestión de las deudas pendientes. Se trata de una situación muy difícil para los servicios aduaneros y para la Comisión, porque las normas no permiten a la Comisión condonar ninguna de dichas deudas pendientes. Se trata de una cuestión que deben negociar por separado las autoridades aduaneras de cada uno de los países con las propias agencias de transportes. Espero que esas cargas de deudas no continúen durante mucho más tiempo, porque podrían hacer peligrar en gran medida a algunas de esas empresas.
Sin embargo, faltan tres años para la propuesta informatización del régimen de tránsito, cuando deberían faltar sólo 18 meses. Eso no nos gusta. Resulta tanto más decepcionante cuanto que se propuso y preparó la informatización mucho antes de que se reuniese por primera vez la comisión de investigación. No obstante, estamos quedando gravemente rezagados. No se lo reprocho enteramente a la Comisión, porque cinco Estados se ofrecieron voluntariamente a entrar en la primera fase y también van retrasados. Es importante que el Sr. Elles utilice ese retraso como una de las razones para recomendar el aplazamiento de la aprobación de la gestión correspondiente a 1996.

Mayer
Señora Presidenta, señor Presidente, señor Comisario, Señorías, probablemente no voy a necesitar los tres minutos. Estoy sometido algo a presión, pues tengo que asistir a una importante reunión de grupo político aquí.
En su informe anual sobre el presupuesto de 1996, el Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en varios campos relacionados con el sector agrícola. Se trata de la regulación compensatoria de cultivos herbáceos, de las primas por animales y de los reglamentos de mercado para el tabaco y para el vino. No quiero referirme muy detalladamente a las irregularidades mencionadas en el informe pero sí indicar que hay que hacer mucho para excluir el mal uso de los créditos disponibles en el sector agrícola o al menos para reducirlo. Las ciudadanas y ciudadanos de la Unión esperan sencillamente que los créditos se empleen con eficiencia de acuerdo con su finalidad y, sobre todo, que sea posible un control en cualquier momento.
Creo que es correcta la propuesta de aplazar la aprobación de la gestión. En unos tiempos en que la cajas están menos llenas, la población mira más críticamente los gastos agrícolas de la Unión. Hace muy poco hemos mantenido debates sobre áreas de gastos concretos. Por un lado, hay campos de productos que son fuertemente criticados por la opinión pública aunque los créditos de la UE se gasten adecuadamente. Si precisamente en estos campos surgen además irregularidades, no hay que maravillarse de que los gastos agrícolas se cuestionen básicamente. En el futuro, no solamente deberán someterse a revisión los gastos de los reglamentos de mercado sino también el sistema integrado de administración y control. Sólo quiero recordar aquí el registro del ganado vacuno y el etiquetado de la carne de vacuno, medidas con las que se pretende recuperar la confianza de los consumidores. Creo que las irregularidades tendrían aquí unas consecuencias desastrosas y cuestionarían sin duda también el sentido y finalidad de todo el sistema. Por este motivo, la Comisión debe extraer las necesarias consecuencias de las irregularidades mostradas por el Tribunal de Cuentas.
La próxima reforma de la PAC nos proporciona la posibilidad de configurar las regulaciones de modo más transparente y menos propensas a irregularidades, una oportunidad para la Agenda 2000 que es necesario utilizar. Esto es asimismo aplicable a la totalidad del tema aún no solucionado de la EEB y a los campos de problemas mostrados por la comisión de investigación. Por ello, recuerdo en especial las conclusiones para actuar al respecto.

Napoletano
Señora Presidenta, en la opinión aprobada por la Comisión Regional, se hace hincapié en el hecho de que el año 1996 supuso, en lo que se refiere a todos las secciones relativas a los Fondos estructurales, un año de cambio de rumbo en cuanto a la asignación de las financiaciones. Por lo tanto, desde este punto de vista, no podemos dejar de alegrarnos, ya que todas las financiaciones inicialmente previstas fueron asignadas, no sólo las del año 1996, sino que además volvieron a inscribirse en el presupuesto las correspondientes al año 1994.
Sin embargo, en la opinión de nuestra comisión se pone de manifiesto que no puede subsistir el mismo optimismo en lo que se refiere al cierre de los programas. De hecho, muchos programas del período anterior a 1994 siguen abiertos y, más que el elevado importe de los recursos, el problema que más nos preocupa es el gran número de programas. La Comisión Regional, asimismo, señala la absoluta falta de evaluación del impacto de las medidas y de los fondos en las pequeñas y medianas empresas, cuestión ya evidenciada y que creo muy importante, habida cuenta de que el Consejo de Luxemburgo otorgó gran importancia a este sector.
Por último, es la tercera vez que el Tribunal de Cuentas utiliza la declaración sobre la fiabilidad para esta parte del presupuesto. Por ello, tal vez sería conveniente que, también por parte del Tribunal, se aclararan los conceptos de errores de fondo y de forma, irregularidades, ilegalidades y fraudes. Creo que esta aclaración será muy útil no sólo para nuestra comisión y el sector que nos ocupa, sino para todo el presupuesto.

Liddell
Señora Presidenta, deseo comenzar agradeciéndole la oportunidad que me brinda de presentar las recomendaciones del Consejo sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del ejercicio 1996.
También me complace mucho haber podido asistir en fecha anterior de este mes a una sesión de la Comisión de Control Presupuestario y agradezco al Sr. Elles sus amables palabras. El debate que celebramos allí sobre el informe del Tribunal de Cuentas y las recomendaciones sobre la aprobación de la gestión fue de considerable importancia para todas las partes interesadas. Agradezco la importante labor llevada a cabo por todos los ponentes, que están dispuestos a dedicar su tiempo a velar por la seguridad del dinero de los contribuyentes.
La razón por la que asistí a esa sesión y por la que estoy aquí hoy es la de que el Consejo hace recomendaciones sobre la aprobación de la gestión, que considera muy importante. Pero es el Parlamento y sólo el Parlamento el que, a partir de dichas recomendaciones, tiene las atribuciones para conceder la aprobación de la gestión.
Como saben Sus Señorías, el 9 de marzo el Consejo decidió recomendar que el Parlamento concediera la aprobación de la gestión a la Comisión por la ejecución del presupuesto de la Comunidad correspondiente a 1996. Dicha recomendación es resultado de un largo y serio examen llevado a cabo en el Consejo, en el que se pusieron de relieve varios motivos de preocupación. Las medidas que, según el Consejo, se deberían adoptar a ese respecto figuran en las observaciones que acompañan a la recomendación sobre la aprobación de la gestión. La opinión del Consejo es la de que, para lograr importantes mejoras, hay que centrarse en el futuro y aplicar las enseñanzas que se desprenden del informe. Para ello es necesaria la cooperación entre la Comisión y los demás órganos, incluidos los Estados miembros. La Comisión es la encargada de ejecutar el presupuesto, pero sólo se pueden lograr avances reales si todos cuantos gestionan fondos comunitarios asumen su parte de responsabilidad para lograr el mayor rigor en la gestión financiera. Por esa razón el Presidente en ejercicio ha escrito al Presidente del Comité Económico y Social para subrayar la preocupación del Consejo por la auditoría de las peticiones de reembolso de gastos de viajes.
Tanto el Consejo como el Parlamento Europeo están decididos a hacer que mejore la gestión financiera del presupuesto de la Comunidad. El informe anual del Tribunal de Cuentas es un instrumento muy valioso para ayudarnos a lograrlo y debemos utilizarlo plenamente.
Podemos tener diferentes criterios sobre cómo deseamos utilizar esas oportunidades de la forma más beneficiosa, pero sé que compartimos la meta común de lograr mejoras -mejoras importantes, además- en la gestión del presupuesto de la Comunidad.
Por las observaciones que acompañan a la recomendación del Consejo sobre la aprobación de la gestión, verán Sus Señorías que consideramos particularmente importante centrarnos en las enseñanzas con vistas al futuro en un momento, como el actual, en que la Unión está examinando la posibilidad de hacer reformas normativas en sectores decisivos, en particular la Política Agraria Común y los Fondos estructurales. El proceso de ampliación hará que resulte aún más importante.
Otra enseñanza decisiva que se desprende del informe es la necesidad de velar por que el gasto de la Comunidad logre efectivamente resultados. Debemos velar por que se gaste adecuadamente el dinero de los contribuyentes y se rindan cuentas al respecto, pero también es necesario velar por que se utilice de la forma más eficaz posible para alcanzar los fines de nuestras políticas. Para ello, la Comunidad debe evaluar sus necesidades y prioridades rigurosamente, debe legislar con claridad, supervisar la marcha de los trabajos y evaluar los resultados. Necesitamos un sistema que nos diga no simplemente que se ha gastado el dinero y que se han aplicado todos los procedimientos apropiados, sino también cuáles son las repercusiones del gasto y qué se ha logrado en realidad con el dinero de los contribuyentes. En las observaciones del Consejo se han puesto de relieve sectores en los que es necesario centrarse más en los objetivos y en la evaluación de los resultados.
El Consejo está extraordinariamente preocupado por la incidencia, excesivamente alta, de errores descubiertos por el Tribunal al examinar la declaración de garantía. La evaluación por parte del Tribunal de errores importantes apenas ha cambiado respecto de la del año pasado. El Consejo considera eso inaceptable. En las observaciones figura una clara declaración sobre la necesidad de reformas. Se han visto ciertas señales de que el nivel de errores correspondientes a la Sección de Garantía del FEOGA es inferior a la media del presupuesto en conjunto, pero en el caso de los Fondos estructurales es superior y esa alta tasa de errores es un motivo de grave preocupación.
Sus Señorías pueden preguntar por qué entonces, tras haber dicho eso, recomienda el Consejo que el Parlamento conceda la aprobación de la gestión. La razón es, como ya he indicado, la de que el Consejo está convencido de que sólo se lograrán avances si existe una cooperación entre las diferentes partes participantes en el manejo de los fondos comunitarios y si aceptan su responsabilidad con vistas a lograr el mayor rigor en la gestión financiera. El Consejo está asumiendo sus responsabilidades al velar por que se aplique la reforma mediante la cooperación con la Comisión para lograrlo. Como ya se ha dicho, la Comisión ha adoptado medidas importantes mediante la iniciativa SEM 2000 a fin de mejorar su gestión financiera interna y su cooperación con los Estados miembros.
Esas medidas están empezando a dar resultados y seguiremos supervisando estrechamente los avances logrados. Además, la Comisión ha reaccionado de forma en general constructiva ante las observaciones del Tribunal. En varios casos ya se han adoptado medidas sobre la recuperación del dinero malgastado, sobre la reducción del nivel de anticipos y sobre la eliminación de los compromisos inactivos. La promesa de la Comisión de que presentará una propuesta sobre la reforma del reglamento financiero para volverlo más claro y apropiado para las circunstancias actuales es también una iniciativa inútil con vistas a una mejor gestión financiera.
La Comisión está adoptando medidas, pero es necesario hacer más. Por los debates celebrados en la Comisión de Control Presupuestario sé que el Parlamento está particularmente preocupado por la falta de avances en ciertos sectores. Hay preocupaciones reales que, como verán Sus Señorías en las observaciones que figuran en la recomendación, el Consejo comparte en muchos casos. Tomando, por ejemplo, una de las preocupaciones principales de la comisión -la intensificación de la lucha contra el fraude dentro de las instituciones europeas-, verán Sus Señorías que el Consejo ha pedido que todas las instituciones autoricen a la UCLAF para que haga investigaciones en los casos oportunos. La Presidencia espera con interés el próximo informe especial del Tribunal sobre el funcionamiento de la UCLAF.
El Consejo comparte también el deseo del Parlamento de que las medidas encaminadas a apoyar a las PYME sean más asequibles y los resultados más viables. Hay que racionalizar y simplificar los procedimientos para conceder la ayuda a las PYME, sus beneficiarias. El Consejo acoge con beneplácito el hecho de que en diciembre de 1997 la Comisión lanzara una evaluación de las repercusiones de los Fondos estructurales para las PYME y ha pedido que se comunique el resultado al Consejo y al Parlamento. El Consejo ha formulado también observaciones sobre las deficiencias de la gestión de la ayuda exterior de la Comisión. El Consejo ha subrayado la importancia de que se mejore la ejecución de los presupuestos de PHARE y TACIS. El programa PHARE es particularmente importante en el marco de la preparación de los países beneficiarios para la adhesión. El Consejo ha pedido a la Comisión que tenga en cuenta la experiencia adquirida en las evaluaciones encaminadas a mejorar dichos programas.
La Comisión de Control Presupuestario ha criticado a la Comisión por la lentitud de los avances en la adopción de medidas para actualizar el régimen de tránsito comunitario, en particular el proyecto de informatización del que ha hablado esta mañana el Sr. Kellett-Bowman. El Consejo conviene con el Parlamento en que la modernización del régimen de tránsito es esencial. Debe haber cooperación, no confrontación, respecto de ese difícil proyecto. Nadie esperaba con realismo que la reforma completa del régimen de tránsito hubiera concluido al cabo de doce meses, pero se han logrado avances importantes en la mejora de las medidas de control aduanero. Deseo aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje particular al Sr. Tomlinson y al Sr. Kellet-Bowman por su excelente labor a ese respecto.
También ha habido avances constantes en la concertación de los cambios legislativos que hacen falta. Como reflejo de la prioridad concedida a esa cuestión durante la Presidencia del Reino Unido, el Consejo ha acordado a grandes rasgos los cambios jurídicos necesarios con vistas a preparar el terreno para una reforma más detallada del régimen. Se han aplazado los debates posteriores en el Consejo en espera de que se reciba el dictamen del Parlamento sobre las propuestas de la Comisión. Como ha dicho el Sr. Kellet-Bowman, resulta decepcionante que el proyecto de informatización del régimen haya sufrido retrasos, en parte por la complejidad del proyecto y por su subestimación por parte de la Comisión. Sin embargo, la Comisión ha dado garantías de que ahora el proyecto está sometido a un control idóneo de la gestión y confío en que los Estados miembros apoyen el proyecto hasta su ejecución.
Asimismo, el establecimiento del sistema integrado de control y administración fue una importante tarea técnica y administrativa que entrañó una considerable inversión y organización administrativa. Los Estados miembros y la Comisión han cooperado para aplicar ese sistema lo antes posible y en muchos sectores se han logrado importantes avances. El Consejo desearía que la aplicación plena del sistema hubiera concluido en 1998 y ha pedido a los Estados miembros que velen por que los controles llevados a cabo por la IACS entren plenamente en función y cumplan los principios de una gestión financiera idónea.
El Consejo ha dicho con claridad en sus observaciones que espera que la Comisión mejore su actuación en todos los sectores en los que se han descubierto graves deficiencias, pero, para lograr avances, es necesario que todas las instituciones de la Comunidad intensifiquen sus medidas y apliquen una mayor vigilancia. El Consejo ha recomendado que se conceda la aprobación de la gestión y ha pedido a los Estados miembros que cooperen con la Comisión para velar por que se apliquen las enseñanzas que se desprenden del informe y, en los casos en que se deban hacer cambios ahora, se hagan. En los casos en que se desprendan enseñanzas con vistas al futuro, se deben tener en cuenta en el proceso de adopción de decisiones. En los casos en que se desprendan enseñanzas para el futuro, se deben tener en cuenta en el proceso de adopción de decisiones. Desde la perspectiva del Consejo, ésa es la vía más constructiva para avanzar y sobre esa base el Consejo recomienda al Parlamento que se conceda a la Comisión la aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 1996.

Liikanen
Señora Presidenta, su ponente, el Sr. Elles, propone aplazar la decisión sobre la aprobación de la gestión para el mes de septiembre y pide a la Comisión tomar, de aquí para entonces, una serie de medidas en las distintas esferas de actividad de la Comisión.
La Comisión toma acta del informe que hoy nos ocupa. Va a hacer todo lo que esté en su mano para conformarse al deseo del Parlamento. Sin embargo, pueden darse ya un determinado número de indicaciones sobre los principales puntos mencionados por el Sr. Elles.
En lo que se refiere a la lucha contra el fraude, mi compañera, la Sra. Gradin, envió, la semana pasada, una carta a la Sra. Theato precisando las modalidades para que se les transmitan a ustedes las informaciones relativas a las investigaciones internas de la Comisión, Por lo demás, tal como se indica en el documento que la Comisión les hizo llegar el 18 de noviembre de 1997 sobre la mejora de la lucha contra los fraudes y la corrupción, la Unidad para la Coordinación de la Lucha contra el Fraude se pondrá en contacto todas las veces que sea necesario con las autoridades judiciales nacionales en caso de sospecha de fraude o de corrupción.
En lo que concierne la habilitación de la UCLAF por parte de todas las instituciones europeas para llevar a cabo las investigaciones, la Comisión reflexiona en las medidas de consolidación de los poderes y mandato de la UCLAF en el seno de la Comisión con el fin de asegurar su independencia. Así, la manera como la UCLAF puede proceder para ayudar de la mejor manera posible a las demás instituciones confrontadas a las investigaciones de fraude será más precisa.
En lo relativo al fundamento de la investigación sobre el sistema de tránsito, la Comisión tuvo que cambiar su enfoque sobre el new computerized system , NCTS, debido a su complejidad, difícil de llevar. El informe previsto para el mes de septiembre presentará los progresos del expediente. Esperamos que el proyecto podrá funcionar con cinco Estados miembros antes de finales del año de 1999, pero, como ustedes saben, se han presentado numerosas dificultades.
En el sector agrícola, de conformidad con la resolución del Parlamento del 18 de abril de 1996, la Comisión ha reforzado ahora la unidad «liquidación de cuentas» de 15 partidas. Por lo demás, presentará un informe de síntesis sobre la introducción del sistema de control y de gestión integrado y sacará las posibles conclusiones financieras de su mal funcionamiento.
En lo que concierne a las PYME, la Comisión lanzó una evaluación global. El resultado final de esta evaluación debería estar disponible hacia finales del año.
En el ámbito de las políticas exteriores, la Comisión propuso una revisión de la reglamentación relativa a la ayuda destinada a la reconstrucción en la antigua Yugoslavia y reforzará su delegación en Sarajevo. Estas son medidas que tienen en cuenta las severas críticas expresadas por este Parlamento y la delegación parlamentaria que estuvo recientemente en Bosnia. Además, la Comisión someterá una propuesta del nuevo reglamento destinada a constituir un marco unificado para los presupuestos y los procedimientos.
En lo que toca a la descentralización de las actividades PHARE, la Comisión continúa activamente el examen de las posibilidades, pero considera que la transferencia completa de un programa nacional en su conjunto requiere un poco más de tiempo y probablemente no podrá hacerse sino hasta 1999. Además, cabe destacar que la Comisión decidió, el 15 de octubre de 1997, crear un servicio común de gestión de la ayuda comunitaria a terceros países. Este es un paso importante hacia la armonización, la racionalización y la transparencia de los procedimientos de licitación, la concesión de mercados y en general, de los comportamientos. Este nuevo servicio continuará el proceso de descentralización y de suprimir la concentración ya iniciado.
En lo que atañe a los controles del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del Fondo Europeo de Inversiones, la Comisión siempre se ha comprometido a hacer cumplir el derecho de control del Tribunal, respetando las competencias de cada una de los órganos e instituciones afectados. Propondrá una nueva reunión con el Tribunal a fin de llegar a un acuerdo sobre este tema.
En el ámbito de la gestión administrativa y presupuestaria, la Comisión ha iniciado un vasto programa de reforma interna. A este efecto, se han puesto en marcha cuatro grandes iniciativas. La iniciativa SEM 2000, iniciada desde el año 1995, ha sentado las bases y los instrumentos de una gestión financiera sana. El proyecto MAP 2000 constituye su complemento en el ámbito del personal y la administración. Adoptado en 1997, fija el marco de la modernización del funcionamiento de la Comisión a través de la descentralización, la simplificación y la racionalización.
Paralelamente, la Comisión ha emprendido un examen profundo de sus actividades y recursos. Los resultados servirán de base a una reorganización de las carteras y de la estructura de los servicios para la próxima Comisión. Por último, la Comisión se ocupa, desde ahora, de la difícil cuestión de las implicaciones lingüísticas de las próximas ampliaciones.
El Sr. Elles incluye, en su resolución, las resoluciones del Parlamento Europeo relativas al turismo, ECHO, PHARE y los programas MED con motivo de los distintos informes especiales del Tribunal. Estos informes ya han sido ampliamente debatidos y carece de utilidad que vuelva a ocuparme de ellos. Evidentemente, la Comisión respetará el contenido de las resoluciones.
Señora Presidenta, pienso que estamos en el buen camino y no dudo que la Comisión podrá presentar, en septiembre, los elementos que les permitirán conceder definitivamente la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996.

Wemheuer
Señor Presidente, queridas y queridos colegas, hace algún tiempo se publicó en todos los medios una noticia que sacudió a casi todo el mundo, provocado chistes y alimentando las conversaciones. No se trataba de la Comisión europea ni tampoco del Parlamento. Un gran fabricante de automóviles radicado en Alemania sometió a test a un nuevo auto, test que no superó. ¿Qué hizo el fabricante? Mejorar el modelo y recuperar la confianza.
Si el fabricante hubiese sido la Comisión, habría dicho: primero vamos a realizar una investigación interna para saber si ha habido un coche y si en la región hay alces. Años más tarde -las acciones de esa empresa estarían desde hace mucho por los suelos- recibiríamos probablemente un informe en el que probablemente se diría: es posible que haya alces, pero no estamos seguros de si los alces participan personalmente en los vuelcos de los coches. También probablemente la Comisión habría mejorado entretanto el coche pero no habría hablado de ello.
Hablando ahora en serio: muchas de las cosas de las que hoy hablamos aquí ya las hemos tratado con frecuencia. Casi todo lo que escribe el ponente Elles en su informe y que apoyo en nombre de mi grupo político, lo hemos dicho ya con frecuencia. La cuestión de porqué aplazamos ahora la aprobación de la gestión es evidente, pues algunas cosas que allí se dicen las podríamos haber dicho también el último año. Algunas cosas nuevas, quizás existían ya en otra forma el pasado año. Podríamos haber dicho también: aprobación de la gestión con observaciones críticas o aplazamiento de la aprobación. Esto es una diferencia de graduación.
¿Qué se refleja en ello? Una pérdida de confianza. No sólo una pérdida de confianza entre algunos miembros de la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión. Quizás confiamos en ellos mucho más que otros. Esto es reflejo de una pérdida de confianza en las instituciones europeas, no sólo en esta Asamblea sino en la opinión pública. Este es un gran problema. Aunque no creo que con el aplazamiento de la aprobación de la gestión podamos solucionarlo, quizás podamos mostrarlo claramente.
Esta semana se han publicado en los medios noticias que se ocupan de Europa pero no de la aprobación de la gestión o su aplazamiento. Los temas son: ampliación, moneda común y todo lo que está detrás del concepto Agenda 2000. Si queremos hacer todo eso -y queremos hacerlo- entonces Europa modificará su aspecto radicalmente en los próximos años. Queremos esta modificación. Me dirijo tanto al Consejo como a la Comisión. Queremos esa modificación. Queremos participar en ella. Pero solamente puede funcionar si las ciudadanas y ciudadanos dan su confianza a esta Unión Europea y a sus instituciones. Si tienen la sensación de que reina la claridad y transparencia, algo así como una obligación democrática de presentar cuentas y que el Parlamento no sólo esté limitado a emitir algunos comentarios sino que esté realmente en diálogo con la Comisión, quien sólo de este modo estará sometida a la obligación democrática de presentar cuentas.
Este es el problema de fondo y creo que es el motivo del aplazamiento de la aprobación de la gestión para mostrar claramente que algo debe mejorar, pero no sólo en nuestra relación personal, pues creo que no es tan mala, sino en sus efectos externos. Quiero exponerlo aquí en base a un ejemplo pues ha sido mencionado por casi todos los oradores en una u otra forma.
Señora Presidenta del Consejo, me dirijo expresamente a usted. En la informatización del procedimiento de tránsito no criticamos que se trate de que sea una materia extraordinariamente difícil o que sea compleja y dure más de lo previsto. Esto lo sabemos todos, siempre puede pasar. No, señora Presidenta, señoras y señores del banco de la Comisión, se trata de otra cosa: la exigencia de informatización fue la exigencia central de la primera comisión de investigación de este Parlamento. La promesa de la Comisión de hacerlo así y de convertirlo en el punto central ha contribuido esencialmente a que en nuestro informe final se trate muy amablemente a la Comisión y a que hayamos elaborado un informe equilibrado con exigencias ponderadas y no nos hayamos limitado sólo a criticar a la Comisión. Usted nos ha salido al camino mostrándonos un plan sobre cómo se puede avanzar.
Es cierto que siempre puede ocurrir algo. Pero ¿porqué no nos lo ha dicho? Ha elaborado un calendario que de vez en cuando ha confirmado aunque ya sabía que no se podía mantener. De ahí la desconfianza. Sólo cuando se le preguntó, nos informó tarde y de modo incompleto de que se iba a producir un retraso. Esto es lo que provoca esa negativa sensación y no que en un proyecto tan complejo se pueda retrasar algo. Para esto tenemos comprensión. Vivimos en este mundo y sabemos que algo puede salir mal, que puede ser difícil y que quizás no se puedan cumplir los calendarios. Pero que de nuevo no nos haya informado es el punto al que me he referido, el punto de la generación de confianza. Esto es esencial. Por ello esto nos afecta quizás mucho más duramente que otros aspectos.
O por mencionar otra cosa: el sistema de control integrado. ¿Cuántas veces hemos hablado al respecto? Ha habido plazos que se han prolongado y continuamente hemos escuchado que estamos en el camino, que vamos a influir sobre los Estados miembros y que lo vamos a hacer. Lo queremos creer. Pero, ¿porqué siempre nos encontramos en la misma situación, tenemos que plantear la misma exigencia y cada vez es peor? No es que la situación sea peor pero sí que no creamos lo que nos diga. Esto es realmente lo negativo.
Quiero exponer un último punto -el colega Elles no se ha referido al respecto- que ha surgido como consecuencia de las enmiendas del colega Bourlanges. Se trata de la política de personal. También aquí es aplicable lo siguiente: muchos aspectos que se han criticado en otros puntos, como la ejecución de los programas, etc., se debe a que la Comisión nos dice que no tiene suficiente personal, que existen cuellos de botella, etc. Lo aceptamos. Pero en alguna ocasión tiene que ponerse un plan sobre la mesa, tiene que existir transparencia. Si se nos dice que existen reservas, que se puede reestructurar, entonces tenemos que saber lo grandes que son, cuándo y cómo se pueden movilizar. Si la Comisión realmente cree que con bastantes más países miembros y cada vez más tareas no podemos entrar en un nuevo milenio pues en alguna ocasión se acaban las reservas, entonces debe decírnoslo y demostrarlo creíblemente. No puede ser que en cada pequeño programa nos diga: aquí nos han faltado cinco personas, aquí tres y allá quizás 20 y por ello hemos encargado el trabajo a tal o cual empresa. Más tarde, años más tarde, tal como siempre ha ocurrido cuando nos ocupamos del asunto, nos dice: este era el motivo, pero estamos en el buen camino. Sí, estamos en el buen camino, así lo creo. Pero no debemos mostrar solamente que estamos en el buen camino sino hacerlo de tal modo que nos crea alguien.
Le digo además otra cosa como última palabra en este camino: hay una institución que es responsable de ello en la Unión Europea o que puede influir en que la población tenga confianza en la Comisión. Se trata del Parlamento Europeo. Si no nos convence, si no logra o recupera nuestra confianza, nadie confiará en usted en esta Unión Europea, pues no se le puede elegir o quitar del puesto mediante elecciones. Nosotros somos los intermediarios, somos el órgano legitimado democráticamente. Necesitamos una Comisión fuerte para el futuro así como un Parlamento fuerte. Pero este Parlamento necesita una Comisión con la que pueda trabajar conjuntamente y decir: sí, lo que aquí pasa lo confirmamos, lo apoyamos plenamente.

Theato
Señora Presidenta, en los preparativos para la aprobación de la gestión de la Comisión para 1996 se ha producido una satisfactoria novedad. Por primera vez, el Consejo ha atendido una exigencia de largos años del Parlamento y ha presentado a tiempo su opinión sobre la aprobación de la gestión, de modo que se ha podido debatir extensamente bajo la participación de la Presidenta en funciones del Consejo antes de la votación en la Comisión de Control Presupuestario. Expresamos de nuevo nuestro agradecimiento por ello a la Sra. Ministra Liddell.
En lo que se refiere a la aprobación de la gestión para 1996, la cosa no es tan positiva. En su excelente informe, por el que felicito encarecidamente al ponente, señor Elles, y que fue aprobado unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario, se propone el aplazamiento de la aprobación de la gestión, creo además que con razón. Basándose en el informe del Tribunal de Cuentas, por el que expresamos nuestro agradecimiento a su Presidente que hoy está presente, Profesor Friedmann, así como a todos los demás miembros del Tribunal, así como en informaciones más detalladas y debates mantenidos con el Tribunal y la Comisión, el ponente menciona cinco motivos básicos que justifican el aplazamiento de la aprobación de la gestión. A ello viene a añadirse el certificado negativo de la declaración de garantía que emite el Tribunal en especial para los Fondos estructurales, mientras que el juicio que se hace del sector agrícola es algo mejor.
Hay además un plazo de gracia para la evaluación del DAS, pero tan pronto como se ratifique el Tratado de Amsterdam el Parlamento está obligado a incluir sus resultados en la aprobación de la gestión. Coincido plenamente con la exposición realizada por el Sr. Wynn en el sentido de que debemos hablar antes en las instituciones sobre el modo cómo debemos actuar en el futuro con el DAS, cómo se debe concebir y aplicar. Según mis informaciones, hasta hoy aún no se había expuesto un número tan elevado de motivos de aplazamiento. ¿Demuestra esto que han aumentado los fallos en la ejecución presupuestaria? Demuestra en cualquier caso que el Parlamento, en su función de control, ha denunciado estos fallos y que insiste en su subsanación. Si la Comisión no atiende nuestras exigencias dentro del plazo marcado hasta septiembre de 1998, al final podría negarse la aprobación de la gestión, lo que acarrearía un voto de desconfianza con el subsiguiente cese de la Comisión.
Pero no queremos amenazar. Lo dice expresamente el ponente y coincido con él. Por el contrario, nuestro enfoque es constructivo. Precisamente al mostrar los puntos débiles y la obligación de superarlos ayudamos a emplear los créditos presupuestarios de modo ahorrativo y razonable y, en consecuencia, también a aumentar la confianza de los ciudadanos en Europa y en sus instituciones.
Si se consideran los diversos puntos de crítica en la presente resolución, la Comisión actual no puede excusarse alegando que los fallos se deben a la Comisión anterior. Lleva el suficiente tiempo en el cargo y podría haber realizado mejoras. Esto es aplicable también al procedimiento de envío, donde no avanza la informatización, considerada por ella misma como tarea urgente, o a la lucha contra la mala gestión y el fraude, tal como muestra la negativa administración de los programas PHARE, TACIS y MED, por no mencionar el caso del turismo. La ya frecuentemente criticada lacra de imponer a los gastos agrícolas el sistema de control integrado es también de gran peso así como la insuficiencia de las ayudas a las PYMES.
En lo tocante a la UCLAF, me alegro de que existan consideraciones que señalen en la dirección que persigue el Parlamento desde hace mucho tiempo. Reconozco que la Comisión, se preocupa en especial en los últimos tiempos por atender nuestras exigencias y estoy de acuerdo con la Sra. Gradin, con usted, señor Liikanen y con el Sr. Van den Broek, en ocuparnos de nuestro catálogo de críticas. Pero esto debe hacerse hasta septiembre. Por favor, respondan además con claridad a las claras preguntas. Esto va dirigido en especial a sus funcionarios. Unas declaraciones demasiado extensas en un lenguaje difícilmente comprensible ocultan más que aclaran.
Para finalizar, aconsejo a la Comisión que no mal interprete la expresión idiomática empleada por el Sr. Elles "el fiscalizador es un perro guardián pero no un perro sanguinario» en el sentido del refrán alemán "perro ladrador poco mordedor». Para finalizar, quiero expresar mis felicitaciones a los ponentes, los Sres. Wynn, Blak y Kellett-Bowman. Han realizado un excelente trabajo y sus informes han sido aprobados unánimemente en la Comisión de Control Presupuestario. Se lo recomiendo también al Pleno.

Giansily
Señora Presidenta, Señorías, debido al contexto sumamente particular en el que se inscribe y los graves problemas que plantea, el procedimiento de aprobación de la gestión para el presupuesto de 1996 no tiene nada del ejercicio rutinario que a menudo hemos practicado anteriormente, sino que abre un examen político importante de la situación de la Unión Europea.
En efecto, en el momento en que va a instituirse la moneda única, en el momento en que comienzan las negociaciones que van a llevar a la ampliación sin precedente de Europa, cuando la Unión, si quiere obtener por fin la adhesión indispensable del ciudadano a sus realizaciones, tiene más que nunca necesidad de transparencia, comprobamos, al examinar la ejecución de los gastos del presupuesto de 1996, la generalización del fraude y la corrupción así como las carencias de la Comisión que, hasta ahora, da la enojosa impresión de ser incapaz de cercarla y doblegarla. La Comisión es responsable de la correcta utilización de los fondos ante el ciudadano europeo. Esta responsabilidad no es, según parece, asumida. En efecto, es la tercera vez consecutiva que el Tribunal de Cuentas se niega a «emitir una declaración global positiva sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a los pagos del ejercicio». Sin embargo, en el momento de su investidura en 1995, la Comisión Europea había anunciado una acción rigurosa para mejorar la gestión financiera, especialmente en sus propios servicios.
No tengo la intención de erigirme en acusador de la Comisión ni de instruir su proceso, sino de recordar a todas las instituciones la exigencia de transparencia y coherencia que debemos asumir ante los ciudadanos europeos. Va en ello la credibilidad de Europa y del porvenir de sus instituciones así como el éxito de los grandes proyectos actuales. Va en ello la esperanza que fortificará o hará desertar a las jóvenes generaciones.
La amplitud de las irregularidades y el fraude en el sector del turismo y la desenvoltura de la Comisión, que acumula las maniobras dilatorias para retrasar la comunicación de la información exigida por el Parlamento, no es un ejemplo de transparencia ni de gestión sana. Ante los enormes disfuncionamientos en el régimen de tránsito comunitario que, gracias a un trabajo tenaz, la comisión de investigación del Parlamento ha sacado a la luz y donde se han volatilizado decenas de miles de millones de ecus, allí donde el funcionamiento del régimen de tránsito comunitario ha hecho la fortuna de los defraudadores de toda calaña, acaso no podía legítimamente esperarse de la Comisión un sobresalto de energía y una voluntad de celeridad para tomar inmediatamente en consideración las recomendaciones de dicha comisión de investigación. Desgraciadamente, hasta la fecha, la Comisión no ha realizado ninguna reforma profunda del régimen de tránsito comunitario.
Ante la agravación de la corrupción que llega actualmente a los servicios de algunas instituciones, por qué la Comisión, como, por lo demás, se lo ha pedido el Consejo, todavía no ha elaborado los estatutos de una misión interinstitucional de la UCLAF que le asegurarían una extensión de sus competencias de intervención que actualmente resulta indispensable. En estas condiciones, qué podía hacer nuestro ponente, el Sr. Elles, sino proponer aplazar la concesión de la aprobación de la gestión con vistas a acordar una prórroga a la Comisión y brindarle la oportunidad de actuar. Actualmente, cabe a la Comisión sopesar lo que se encuentra realmente en juego y asumir plenamente sus responsabilidades.

Mulder
Señora Presidenta, para mi grupo la cuestión de cómo se toma en serio la Comisión Europea a este Parlamento constituye el foco de atención en este debate y principalmente si tratamos el informe Wynn, el seguimiento de la exención de responsabilidad de 1995 y el informe Elles sobre la gestión de 1996. Ya se ha dicho, pienso que lo mejor que puede hacer la Comisión es tomar en serio a este Parlamento. Es bueno para la opinión pública pero también sería bueno para la Comisión misma.
Algo acerca del informe Wynn. Tenía razón, tendré que hablar en efecto sobre la peste porcina. ¿En qué consiste el sistema actual? Si en alguna parte de Europa surge un brote de peste porcina, se indemniza el 50 ó el 70 por ciento que se extrae del presupuesto europeo. El resto de la cantidad debe ser completada por las cajas nacionales. En cada país existen sistemas diferentes. En algunos países los ganaderos son los únicos responsables, en otros países lo paga el gobierno. Mi pregunta a la Comisión es la siguiente: ¿no es esto un claro ejemplo de competencia desleal? ¿No se debe hacer algo con esto? ¿No se trata de un subsidio estatal indirecto si el gobierno lo paga todo?
Segunda cuestión. Si ni siquiera se puede juzgar al sistema una vez por correr riesgo en el caso de que sean sistemas totalmente arriesgados, entonces los interesados tienen que contribuir más. Acerca del informe Elles, mi grupo lo suscribe en líneas generales. Sobretodo con vistas a la Agenda 2000 es necesario que se complete el sistema de control integrado de ayuda a los ingresos. Si nosotros vamos a ampliar ese sistema, no podemos consentir que funcione mal. Mi grupo votará a favor del informe Elles. Esperemos que antes del 15 de septiembre de este año la Comisión haya dado algún paso hacia adelante con suficientes argumentos para convencer a este Parlamento de que se de aún descargo.

Miranda
Señora Presidenta, ante todo he de subrayar mi total concordancia con el aplazamiento de la aprobación de la gestión que nos propone el Sr. Elles, en vista, desde luego, de los errores y las omisiones revelados por la Comisión en la gestión de los recursos de la Comunidad, pero también y particularmente en vista de la inaceptable actitud adoptada por la Comisión al no facilitar a tiempo la información necesaria para que el Parlamento pudiera emitir sobre estas cuestiones el dictamen y el análisis que le corresponden. Y, en particular, en situaciones en las que se dan casos de acusaciones de corrupción y de irregularidades, como en el del turismo y lo cito aquí porque uno de los Comisarios encargados de ese sector fue portugués, lo que me incita a ser aún más riguroso al respecto. Se trata de una señal política, una señal extraordinariamente importante, que la Comisión debe entender como tal para que las cosas mejoren en el futuro.
Para concluir, diré que, como ponente para las otras instrucciones, creo que también se debe aplicar el mismo rigor en ellas. Y opino que no se debe poder desligar la aprobación de la gestión que conceder a las otras instituciones de esta aprobación de la gestión general que ahora estamos debatiendo. Por lo demás, en este mismo sentido me parece correcto que se tenga ya debidamente en cuenta la opinión transmitida por el Consejo cuando aborda la cuestión relativa al Comité Económico y Social; es correcto que lo mismo se haya tenido ya en cuenta en la aprobación de la gestión general por conceder a la Comisión.

Müller
Señora Presidenta, señor Liikanen, Señorías, a finales de diciembre de 1995 pusimos a disposición unos créditos considerables del presupuesto para la reconstrucción en la antigua Yugoslavia. Desde entonces, junto con otros colegas -en especial con el Sr. Giansily- me vengo esforzando para se que compruebe porqué la Comisión tiene tantas dificultades en administrar efectivamente y con rapidez -pues debería tratarse de una ayuda rápida para la reconstrucción- y hacer llegar esos créditos a sus lugares de destino.
La lección que extraigo de lo que ahora hacemos en el procedimiento de aprobación de la gestión es la siguiente: instar siempre a la Comisión para que lo haga siempre mejor, para que cree un fundamento jurídico mejor, para que no escuche demasiado al Consejo y no se deje chantajear por éste, quien naturalmente también tiene su parte en esta historia. Todo esto no ha fructificado hasta que hemos presionado seriamente y el instrumento de presión que hemos utilizado ha sido la reserva que hemos creado en el último procedimiento presupuestario. Este año no se van a gastar 30 millones de ecus en Bosnia si la situación no mejora sensiblemente hasta el verano. Necesitamos un fundamento jurídico adecuado con el que se puedan ejecutar con solidez, rapidez y efectividad todas las líneas presupuestarias, es decir, un personal efectivo y bien formado in situ y sobre todo -aspecto este sobre el que aún existen considerables objeciones en la Comisión-, un procedimiento decisorio descentralizado.
Con la delegación, hemos podido averiguar claramente in situ que los procedimientos decisorios en Bruselas, donde nadie sabe cuál es la situación concreta in situ y donde todos llevan las actas de un lugar a otro, son inadecuados y que en Bosnia las personas no pueden construir el Parlamento ni las escuelas porque algo está atascado en Bruselas. Esta situación es sencillamente inadmisible. Este medio de presión de la reserva ha hecho -la lección que he extraído es que la Comisión solamente reacciona cuando se ejerce presión- que ahora se presenten nuevas propuestas, por lo que es tan importante el aplazamiento de la aprobación de la gestión.
La Comisión ha dicho con frecuencia: sí, también hemos leído el informe del Tribunal de Cuentas y ahora todo ha mejorado. Queremos convencernos de si la Comisión ha extraído conclusiones, de si está en situación de mejorar sus propias estructuras de gestión y de compensar el daño político que hemos provocado en Bosnia con un procedimiento de este tipo. No se trata solamente de la cuestión de si empleamos efectivamente los fondos recaudados sino de la imagen que tiene la Unión Europea en Bosnia. ¿Porqué son mejores los norteamericanos? No son personas mejores. Naturalmente que no, ni tampoco tienen unos funcionarios mejores o peores que nosotros. Tienen una clara idea estratégica de lo que es necesario hacer y poseen unos instrumentos efectivos. Es acertado aprender de los norteamericanos en este caso de Bosnia.
Quiero rogar a la Comisión -en este caso, al Sr. Liikanen- que tome nota de que no solamente existe un problema en Bosnia. Mi tesis es la siguiente: hay un problema en la DG IV de la Comisión. Aprobamos naturalmente la gestión de la Comisión como órgano colegiado pero, precisamente porque se debate aquí sobre ella como tal órgano colegiado, debe estar en situación de corregir internamente las estructuras, de modo que si en un lugar se comete un error exista la posibilidad de corregirlo internamente. Señores Liikanen y Santer, aprovechen de esta guisa el tiempo hasta el 15 de septiembre. Entonces este Parlamento podrá proceder también de otro modo con ustedes.

Dell'Alba
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, no puedo dejar de apoyar y coincidir con lo manifestado hasta ahora. Para el Parlamento es una tarea bastante penosa comprobar que, en realidad y en definitiva, el dinero del contribuyente, es decir, el dinero público, ese dinero, de cuyo destino correcto tenemos que dar cuenta -y el Parlamento Europeo antes que nadie- es objeto de este tipo de ejecución que, sin duda, no se inspira en esos principios de buena gestión financiera que el Tratado prevé como una obligación. Me refiero, en particular, a un capítulo -el de las acciones externas- en cuyo contexto la imagen de la Unión debería ser intachable y ser algo así como un motivo de lucimiento ante terceros.
Por otra parte, a excepción de las ayudas humanitarias de urgencia, asignadas por la ECHO, me parece que para todos los demás capítulos del gasto lo que son intolerables no sólo son los retrasos acumulados, sino también, por desgracia, las discrepancias que constatamos con respecto a cada línea presupuestaria. Cada uno de nosotros tiene la experiencia directa de las quejas -justas, objetivas e irreprochables- de los operadores, las organizaciones no gubernamentales y demás que actúan en el sector y que deben esperar, después que se ha asumido y firmado un compromiso por la Comisión, de 18 a 24 meses para conseguir la liquidación de los pagos. Éstas son cosas que también para nosotros miembros son ilógicas e incomprensibles. Muchos de nosotros que formamos parte de la Comisión de Presupuestos no entendemos, por ejemplo, por qué ciertas líneas presupuestarias sufren tanto retraso: me acuerdo de una que a lo largo de seis años acumuló 150 mecus de retrasos en los pagos. Me parece que son cifras que obligan al Parlamento a tomar las medidas adecuadas.
Me preocupo cuando, en cambio, oigo hablar de iniciativas en materia de política del personal orientadas, por así decirlo, a vilipendiar de alguna manera la función pública europea con propuestas como la de limitar a cinco años -más cinco no renovables- los mandatos de los altos funcionarios.
Señor Comisario Liikanen, el problema de fondo ha de tratarse a través de un enfoque global que ante todo debe centrase en qué queremos como política del personal y como función pública europea y cómo debe ser la misma. La función pública europea debe ser valorada y reformada allí donde existen deficiencias, pero sin dejar de ensalzar la que siempre fue, al menos hasta hace algunos años, una misión que se asumía con espíritu de sacrificio y de servicio. No obstante, si el objetivo es el de renacionalizarlo todo, es evidente que los resultados sobre el terreno estarán supeditados a este ataque a la función pública europea.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, por tercera vez, el Tribunal de Cuentas se ha negado a emitir una declaración global positiva sobre la legalidad y la regularidad de los pagos efectuados por la Comisión. Ello ha llevado a nuestro ponente a decir que, ante un veredicto semejante de la parte de un auditor, los miembros de la junta directiva de un consorcio internacional probablemente presentarían su dimisión inmediata.
Esta vez, a la inversa de los años 1994 y 1995, la Comisión de Control Presupuestario nos propone considerar que la confianza concedida a la Comisión por el Parlamento ya no es admisible. La Comisión desempeña sus funciones desde hace ahora ya tres años; desde ese momento anunció su voluntad de instaurar una acción rigurosa para mejorar su gestión financiera; ya no tiene derecho a la indulgencia.
Me alegra, en nombre de mi Grupo, la inquietud creciente de los miembros de la Comisión de Control Presupuestario en lo relativo a la situación más que preocupante de las finanzas comunitarias y apruebo las razones expuestas en el informe para motivar el aplazamiento de la aprobación de la gestión. Cómo no hacerlo cuando se recuerdan las dos resoluciones votadas por nuestra Asamblea, la primera relativa al programa MED -que había destacado las graves irregularidades cometidas por la Comisión- y, la segunda, mucho más reciente, relativa a las alegaciones de fraude y de irregularidades en el sector del turismo.
Por tanto, yo deseo -como numerosos oradores- que la firmeza del ponente no se quede sin mañana y que en ausencia de respuesta concreta por parte de la Comisión a las exigencias formuladas en la resolución intervenga efectivamente un voto de informalidad, que nuestras buenas intenciones no desaparezcan rápidamente y que nos basten unas buenas palabras de la Comisión dirigidas a la mayoría de nuestro Parlamento para darle la aprobación. En una palabra, que los perros guardianes mencionados por el Sr. Elles en su informe -quien, por lo demás, observo que se ha ido- se vuelvan más bien perros perdigueros que perros de aguas. En efecto, son los contribuyentes de los Estados miembros los que continuarían pagando el pato.
Ya termino, señor Presidente -su predecesor concedía fácilmente tiempo suplementario a los demás oradores- para decir que, en relación con el informe Wynn, por favor, seamos indulgentes con el Fondo Europeo de Desarrollo, es el único que recibe una declaración positiva por la parte de la Comisión. No está presupuestado. Sigue siendo controlado por los Estados miembros. ¡Dejémoslo así!

Tappin
Señor Presidente, quisiera dirigir mis observaciones primordialmente al informe del Sr. Kellet-Bowman sobre las agencias satélites.
Se trata de un informe transcendental, porque es el final de la primera tanda de informes sobre las dos agencias más antiguas: la de Dublín y la de Salónica. Pero, además, expone en el apéndice los principios que empezaremos a aplicar en el nuevo procedimiento de aprobación de la gestión a raíz de la aprobación por el Parlamento -y, espero, por el Consejo- del informe Kellet-Bowman para la aprobación de la gestión de las agencias de más reciente creación. De ese modo el Parlamento contará con competencias no sólo sobre el presupuesto, sino también sobre el control del gasto, una vez que se haya asignado a las diferentes agencias.
Como señala el Sr. Kellet-Bowman en dicho informe, un informe único es una idea excelente; se pueden examinar los temas transversalmente y se pueden comparar las cuestiones horizontales entre las propias agencias. Podemos examinar los temas y lograr un buen control de las agencias en el futuro. Además, podemos examinar cada una de las agencias por separado. Eso es algo digno de beneplácito.
También acojo con beneplácito la tercera observación formulada por el Sr. Kellet-Bowman en su informe, la de que habrá una aportación de las propias comisiones esenciales, porque son las que están en mejores condiciones para evaluar la labor de las agencias, que corresponde a su comisión.
Pasando brevemente a las agencias en el informe, y empezando por la de Dublín, apoyo totalmente lo que ha dicho el Sr. KelletBowman sobre este informe. Me complacen las medidas adoptadas por Dublín y Bilbao para limitar la duplicación de funciones y reducir al mínimo los conflictos entre la agencia de Dublín y la de Bilbao. No ha sido fácil. Los dos directores merecen felicitaciones al respecto. El Sr. Kellet-Bowman hace referencia a un memorando de entendimiento que firmarán los dos directores. Espero también que la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario reciban una copia de dicho memorando de entendimiento, además de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Es importante que dispongamos de un documento de trabajo para trabajar en el futuro a la ahora de abordar los asuntos presupuestarios.
Una cuestión que quiero abordar en relación con la cuestión de Dublín no figura en las cuentas presupuestarias de Dublín: la cantidad de dinero de que no se ha podido disponer por las pérdidas debidas a los tipos de cambios. Planteo esa cuestión en el Documento de trabajo nº 4 para la Comisión de Presupuestos y vuelvo a señalarlo a la atención de Sus Señorías, en particular porque la agencia de Dublín perdió un millón de ecus, aproximadamente, por las fluctuaciones de los tipos de cambio en el año 1996. Mientras no haya una moneda única, en la que participen todos los Estados miembros que albergan agencias, el problema de las fluctuaciones de los tipos de cambio será importante. En los próximos años puede agudizarse incluso para las agencias radicadas en países que no participen en la primera tanda de participantes en la moneda única. Soy firmemente partidario de un mecanismo para corregir los efectos positivos y negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Al fin y al cabo, si votamos un presupuesto para una agencia, debemos procurar velar por que ésta reciba el presupuesto que hayamos votado y no sufra pérdidas por razones ajenas a su control.
Respecto de la agencia de Salónica, me han encantado los avances logrados con vistas a solucionar los problemas de la dotación de personal. El Comisario Liikanen es digno de elogio por la labor que ha llevado a cabo para lograrlo.
Otro aspecto que quiero abordar es la propuesta relativa al edificio. Ya lleva un retraso de siete meses. Como saben Sus Señorías, el Parlamento impuso la búsqueda de una solución para esa cuestión al mantener un pago en reserva. Ese procedimiento muestra cómo podemos influir y obligar a que se comiencen las obras de un edificio retirando el dinero. Si era necesario subrayar ese aspecto, a ello contribuye la firma de un acuerdo por la Agencia de Alicante -la de las marcas- con el Gobierno español sobre un edificio cuyo valor asciende a 24 millones de ecus sin el control ni la consulta apropiados de la Comisión de Presupuestos del Parlamento. Se trata de algo que hay que seguir de cerca.
Así, pues, quisiera sumar mi voz a las recomendaciones y añadir la petición a la Comisión de que nos presente un informe sobre las propuestas de salvaguardas que se deban aplicar cuando se plantee alguna cuestión relativa a edificios.

Bourlanges
Señor Presidente, tres minutos, tres observaciones: el tránsito, el personal, el Fondo Europeo de Desarrollo.
Sobre el tránsito, ya se ha dicho todo. Han tomado medidas, tienen retraso en lo relativo a la informática, lo reconocen.
Quisiera llamar su atención sobre un hecho preciso: a partir del momento en que mejoramos la situación en materia de tránsito, vemos desarrollarse de nuevo las formas de contrabando de tipo clásico. Nos vemos confrontados, en este caso, a las insuficiencias de nuestro sistema aduanero global: falta de información, falta de integración, falta de homogeneidad, falta a veces de motivación.
No quisiera que, en lo relativo a este asunto, las instituciones comunitarias y los Estados miembros se queden a la zaga, que mejoremos muy sensiblemente el control de los procedimientos de tránsito, mientras los defraudadores vuelven a formas de delincuencia más tradicionales contra las que ya no seríamos tan eficaces.
Segunda observación: el personal. Sobre este punto desarrollo una idea -y la Sra. Wemheuer la mencionó- un poco a contracorriente, a saber que, sin duda alguna, los recursos de personal de que disponen las instituciones comunitarias y, en particular, la Comisión, son insuficientes, mientras que el número de misiones aumenta, las competencias de la Unión Europea se profundizan y el número de Estados es mayor.
Nos encontramos en una situación en la que administran ustedes una Unión Europea, que pronto contará con quinientos millones de habitantes, con un personal operativo horizontal, en las direcciones generales, de aproximadamente diez mil personas. ¡Resulta irrisorio! ¿Cómo reaccionan ustedes? Con timidez. Piensan en la descentralización, pero ésta se ve limitada por lo que yo llamaría, púdicamente, la heterogeneidad creciente de los sistemas administrativos nacionales. Piensan en la privatización, delegar a terceros. En principio, no somos hostiles a ella, pero tenemos la impresión, al igual que el Tribunal, de que se lleva a cabo de una manera excesiva y sin muchas precauciones. No es admisible que un determinado número de decisiones en materia de orientación o repartición de los fondos se confíen a terceros. Por último, piensan en la ampliación de Europa. Esperamos que demuestren sus aptitudes en este ámbito, pero nos damos cuenta de los límites.
Tercera observación: el FED. El ponente, Sr. Wynn, tiene razón en proponer la aprobación de la gestión, incluso si estamos sumamente insatisfechos de las conclusiones de Amsterdam. La aprobación de la gestión no tiene por objeto ser el Tribunal de apelación del Tratado, incluso si el Consejo Europeo y los Jefes de Estado que firmaron el Tratado de Amsterdam demostraron una notable falta de ambición.
Sin embargo, nos preocupa el problema de los fundamentos legales. Sobre este punto, somos muy indulgentes respecto a ustedes, pero esto no deberá volver a producirse. Si no encuentran, rápidamente, soluciones jurídicas apropiadas para corregir esta ruptura de la continuidad de un FED al otro, ya no podremos seguir siendo indefinidamente indulgentes. ¡Un mal cuya realidad no se denuncia, un mal que se tolera, no es admisible por este Parlamento!
Les doy las gracias en lo que respecta al trabajo de conjunto. Evidentemente, estoy de acuerdo con el informe del Sr. Elles y con los demás informes.

Virrankoski
Señor Presidente, desearía felicitar a todos los ponentes de los informes, y en especial al Sr. Elles, por un informe tan valiente y libre de prejuicios como el que ha elaborado. El aplazamiento de la aprobación de la gestión es una medida seria. Debe haber motivos suficientes para adoptar una medida de este tipo, ya que, de lo contrario, se acusaría al Parlamento de haber emprendido una acción injustificada.
Creo que el Sr. Elles ha expuesto una motivación bastante seria. Las deficiencias que presenta el sistema de certificación constituyen un grave problema, puesto que ocasionan evidentes pérdidas por valor de miles de millones. Cabe señalar que los derechos aduaneros no recaudados redundan en perjuicio de los Estados miembros, ya que estos se ven obligados a completar sus contribuciones a la UE con tasas estipuladas con arreglo a su producto nacional bruto. Por este motivo, el desarrollo de un sistema informático beneficiará enormemente a los Estados miembros, si bien se trata de una responsabilidad que deberá asumir la Comisión.
La administración de los programas de la UE es ardua porque abarcan una ingente extensión geográfica. Esta circunstancia plantea, pues, enormes exigencias en materia de información, e incluso de orden moral, a los funcionarios de la UE. Por todo ello, lo mínimo que se debería poder exigir es una correcta administración interna de la UE. Además, cabría prestar atención también a la gestión de los programas.

Seppänen
Señor Presidente, creo que el Parlamento Europeo critica con demasiada frecuencia a la Comisión por su falta de control, y muy raramente a los Estados miembros por su negligencia a este respecto. Parece que el principal deber de los Estados miembros es la reducción al mínimo de sus contribuciones, mientras que el cometido más importante de los receptores netos sería lograr unas cuotas lo más cuantiosas posibles. Esta circunstancia permite que se produzcan numerosos fraudes. Si la UE proporciona dinero, es como si éste cayera del cielo.
En mi opinión, los ponentes de los informes del Parlamento Europeo hacen demasiado hincapié en este debate en la negligencia que muestra la Comisión, mientras que pasan excesivamente por alto las estructuras nacionales de control. También los contactos entre el Parlamento y el Tribunal de Cuentas resultan bastante burocráticos, están desfasados. Y es que ninguna de estas dos instituciones vive en tiempo real.
El Parlamento viene exigiendo de manera sistemática, y sin éxito, que se incluyan los fondos europeos de desarrollo en el presupuesto general. De esta manera, la responsabilidad sobre la utilización de estos recursos tiene un carácter meramente formal, en lugar de permitirse al Parlamento que investigue el grado de eficacia de los recursos con motivo de la aprobación del presupuesto general, es decir, con un carácter preventivo.
Al no existir una alternativa real a la aprobación de las responsabilidades, hoy por hoy no queda otra solución que dar el visto bueno a las actividades de la Comisión. Para hacerlo, bastaría con utilizar un tampón y un sello, sin necesidad de poner en marcha toda la maquinaria burocrática del Parlamento.

Holm
Señor Presidente, mi colega de partido Müller ya ha dado los argumentos del grupo para que se aplace el otorgamiento de la exención de responsabilidad correspondiente al año 1996. Por esa razón no voy a repetir esos argumentos sino que solamente voy a enfatizar en que la Comisión tiene que tener tarjeta amarilla por su forma de tratar algunos asuntos que son importantes para nosotros en el Parlamento. Para mí, personalmente, son las deficiencias en los controles democráticos de las medidas contra el fraude con recursos de la UE, lo cual es un importante problema que hay que solucionar. Sé que la Comisión está trabajando en ello y que nosotros en el Parlamento hemos dado numerosas opiniones al respecto.
En cuanto al informe Wynn sobre el otorgamiento de exención de responsabilidad al Fondo para el Desarrollo Europeo para el año presupuestario 1996, el Grupo V está totalmente de acuerdo con Wynn en que el procedimiento existente es extraño, es decir, que el Parlamento Europeo otorgue exención de responsabilidad sin tener injerencia en el presupuesto. En el informe se destaca, entre otras cosas, lo extraño que resulta que, sin base jurídica, se haya destinado recursos del séptimo fondo de desarrollo para financiar medidas que están bajo la Convención de Lomé. Es obvio que esos recursos tienen que devolverse tan pronto como sea posible.
En el informe Kellet-Bowman sobre algunos órganos descentralizados hay, a pesar de todo, pequeños problemas tanto en Dublin como en Salónica que debemos solucionar, entre otros, la gestión financiera en Dublin y las edificaciones en Salónica.

Tomlinson
Señor Presidente, felicito al Consejo por la profunda atención que ha prestado este año a la aprobación de la gestión. Hemos sabido que ha habido un debate político en el ECOFIN, una comparecencia ministerial en la Comisión de Control Presupuestario y una comparecencia ministerial aquí, en el Pleno. El Consejo merece nuestro agradecimiento y nuestra felicitación por esas tres cosas. Ha infundido mayor rigor al debate sobre la aprobación de la gestión.
Quisiera acompañar mi felicitación al Consejo con un aviso a las presidencias futuras sobre los peligros y las consecuencias de la reincidencia. Si vuelve a las actitudes anteriores, el Parlamento se mostrará tan airado con una futura presidencia como cordial se ha mostrado con la actual. Conque, ¡lo felicito!
Mi segunda observación se refiere al régimen de tránsito. A este respecto he de discrepar ligeramente de mi buen amigo el Comisario Liikanen. En su intervención ha hablado de que el Consejo ha cambiado de planteamiento y se ha ocupado de cinco Estados miembros, como si se tratara de algo planificado. No ha sido así. Ha sido una manifestación de fracaso. El cambio de planteamiento no se debió a una decisión consciente. Fue un fracaso del contrato que teníamos para la informatización. Si bien estoy dispuesto a felicitar al Director General y al personal de la DG XXI, no creo que podamos hacer constar que en cierto modo todo se desarrollaba perfectamente y decidimos cambiar de planteamiento. El planteamiento había fracasado y las reservas que abrigamos respecto del régimen de tránsito son extraordinariamente graves, como se ve en el párrafo 4 del excelente informe del Sr. Elles y en el párrafo 15 de la exposición de motivos.
La verdad es que se han logrado avances. Pero, en vista de la escala de dichos avances, la pérdida de ingresos y la inminente ampliación de la Comunidad, dichos avances resultan insuficientes y no han ido acompañados de una actitud de suficiente apremio.
En tercer lugar, paso a la declaración de garantía. En el debate se han hecho varias referencias a la declaración de garantía. Existe la sensación de que algunos diputados están empezando a dudar de su utilidad, porque siempre produce el mismo resultado. Espero que sigamos valorando la declaración de garantía. Es un instrumento extraordinariamente útil que no merece menosprecio alguno porque dé un resultado negativo. Evidentemente, debemos poder esperar una mejora en los resultados. Pero, si existe un acuerdo sobre la base estadística a partir de la cual se hace la declaración de garantía, debemos aceptar los resultados.
Mi cuarta observación se refiere a nuestros procedimientos. Quisiera decir una vez más que es absolutamente necesario que examinemos los procedimientos relativos a la aprobación de la gestión. Yo opino que dedicamos demasiado tiempo al procedimiento contradictoire entre el Tribunal de Cuentas y la Comisión. Eso quiere decir que se desperdicia demasiado tiempo, que el diálogo es demasiado prolijo, que se desperdician demasiados recursos en auditoría y, cuando llegamos al procedimiento de aprobación de la gestión, la información de que disponemos está anticuada.
Espero que todas las instituciones adopten medidas para lograr una aprobación de la gestión más cercana a los acontecimientos a los que se refiere. Eso significa revisar el tiempo que dedicamos al procedimiento contradictoire . Con estas observaciones, apoyo el informe Elles y una vez más felicito a la Presidencia por la labor que ha llevado a cabo al politizar este importante proceso.

El Presidente
En este momento, la Presidencia del Consejo, en la persona de la Sra. Liddell, nos tiene que dejar debido a una reunión tripartita sobre valores mobiliarios. Muchas gracias, señora Liddell, por habernos honrado con su presencia.

Fabra Vallés
Señor Presidente, una de las principales razones que ha motivado la propuesta de resolución que hoy nos presenta el Sr. Elles sobre el aplazamiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996, tiene que ver con los programas MED y, por lo que aquí estamos escuchando, no solamente con los programas MED. Y es en este contexto -en el de los programas MED- donde encontramos dos malentendidos.
Primer malentendido: el Parlamento Europeo o, más particularmente, la Comisión de Control Presupuestario estaría contra la cooperación descentralizada. Segundo malentendido: el Parlamento Europeo habría bloqueado el relanzamiento de esta cooperación. Pero quiero subrayar que ni lo uno ni lo otro es cierto. Ya desde la Resolución del 17 de julio de 1997, o sea, desde hace más de ocho meses, el Parlamento Europeo ha dado luz verde para el relanzamiento de dicha cooperación descentralizada. Es más, esta luz verde será confirmada en la resolución que el Parlamento votará como conclusión del presente debate.
Pero, ¿cómo el Parlamento iba a estar en contra, por ejemplo, de la cooperación entre universidades de Estados miembros y de Estados asociados del Mediterráneo? El Parlamento Europeo -todo lo contrario- no está en contra, pero había un grave problema de gestión, y este problema de gestión estaba sobre todo localizado en Bruselas, problema detectado por el Tribunal de Cuentas. Y fue la Comisión Europea la que paró los programas.
Una vez resuelto el problema de gestión, los programas pueden relanzarse -por supuesto- pero, y quiero subrayar este pero , es necesario sacar las consecuencias de las enseñanzas del pasado; es necesario que la Comisión Europea aprenda las lecciones de este asunto.
Primera lección: es necesario que la Comisión Europea juegue un papel más importante en la gestión de estos programas descentralizados. Segunda lección: se debe excluir de la participación en los nuevos programas a los operadores que, habiéndose obligado a la cofinanciación, no lo hayan hecho. Tercera lección: hay que reingresar las cantidades identificadas como recuperables. Cuarta lección: la pérdida financiera, y la también grave pérdida de confianza que ha seguido a este asunto, hacen necesario que se impongan sanciones disciplinarias, porque sin duda ha habido negligencia grave. Y quinta lección: la Comisión Europea debe remitir todos los detalles del asunto a las autoridades judiciales de Bélgica, Francia e Italia para que examinen las eventuales implicaciones jurídicas.
Antes de acabar, quiero dejar claro que no dudo de la buena voluntad de la Comisión Europea para relanzar los programas MED pero, de la misma manera que la voluntad no basta para aprobar un examen, vuelvan ustedes en septiembre y demuéstrennos que han aprendido las lecciones que aquí acabo de dictar -y no me miren con esa cara-. El Consejo ha dicho exactamente lo mismo, aunque, luego, saca conclusiones diferentes.

Dankert
Presidente, en la resolución relacionada con el aplazamiento de la gestión no se han mencionado a penas los fondos de desarrollo, con excepción de la pequeña y mediana empresa. Pienso que no había ninguna razón para eso ya que la problemática de 1995 es exactamente la misma que la del año 1996 y entretanto hemos tenido el programa SEM 2000 por medio del cual se han introducido un cierto número de mejoras. Pienso que las nuevas propuestas de la Comisión en relación con Agenda 2000 contienen más mejoras, aunque pienso que en esta propuesta todavía no están reguladas suficientemente cuestiones como la problemática de la lucha contra el fraude, a quién se le cierra el interés y cómo tiene que ser tomado esto en cuenta.
Me concentraré en otro punto, Presidente. Se ha hablado aquí con cierta regularidad acerca de la situación perjudicial en relación con la implantación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación acerca del tránsito y con esto se ha nombrado principalmente el problema del retraso, del retraso perjudicial de la informatización. Me gustaría recalcar esto. Vi hace poco en la prensa neerlandesa, el 25 de marzo era, un asunto nuevo que por un lado es interesante y por otro preocupante. Presidente, la Comisión de Investigación ha partido de la idea en las recomendaciones de que el tránsito sólo puede funcionar si la aduana en Europa funciona como si fuera una. No hace falta que lo diga: un sólo servicio, pero que funcione como uno sólo. Me llamó la atención una noticia que afecta a España. Presidente, en este artículo del 25 de marzo leo que las autoridades españolas hacen responsables directamente de la venta ilegal de cigarrillos a los fabricantes de cigarros, es decir a los productores de cigarros. Esto es pues lo regocijante, pero pienso que al mismo tiempo esto pone todo el sistema patas arriba, ya que las autoridades españolas parecen decir que las empresas venden a conocidos traficantes deliberadamente y a pesar de las advertencias. La aduana española habría registrado a esos traficantes.
Presidente esto apela a cuestiones tales como: ¿es posible esto jurídicamente? Ya que si los derechos de aduana no son utilizados, entonces existe la obligación de buscar al culpable aunque la responsabilidad del riesgo sigue recayendo sobre el expedidor. Presidente, ¿se le dispensa de esa responsabilidad o son las multas a los fabricantes un complemento a la responsabilidad? Pienso que en ambos casos se trata de un precedente dentro de la Unión Europea. Presidente, en unión a esto es interesante saber si, ahora que según ese periódico sabemos que la aduana española tiene una lista negra, si se ha dado a conocer esa lista negra a la Comisión y a otros servicios aduaneros. Esto hace que el trabajo sea un poco más fácil.
Una tercera cuestión que surge es por qué los fabricantes en América e Inglaterra no han reaccionado a las peticiones de las autoridades españolas de suspender los suministros a conocidos traficantes. Esa cuestión podría conducir alguna vez a través de su promulgación unilateral a importantes cambios dentro del intercambio comercial. De ahí que todos los Estados miembros vean que este tipo de cosas tienen que tratarlas juntos y con la Comisión. En cuanto que el asunto concluya en operaciones individuales será peor que ahora, tal como ha constatado ya la Comisión de Investigación.

Bardong
Señor Presidente, Señorías, la trituradora del control presupuestario trabaja lenta pero inexorablemente. Ahora se trata del presupuesto de 1996. En 1997 el Tribunal de Cuentas nos presentó su informe. Hemos debatido durante todo este tiempo intensamente al respecto y nos vemos obligados a solicitar un aplazamiento. Quien desde fuera vea nuestros esfuerzos no puede estar demasiado entusiasmado. Sin embargo, esperamos que gracias al aplazamiento -que hemos acordado unánimemente en la comisión- alcancemos más eficiencia y una mayor presión sobre la Comisión. Estoy también seguro de que hasta septiembre se van a mover algunas cosas pero este método solamente se puede utilizar una vez. Creo que la presión decisiva dependerá de la cuestión de si hay o no suficientes votos para negar una aprobación de la gestión hoy o en algún momento posterior. En cualquier caso, hay motivos suficientes si pensamos en la ausencia de confianza a la que se han referido algunos y en la declaración negativa de garantía.
Por otro lado, la Comisión no se niega a proporcionarnos las necesarias informaciones. La Comisión reacciona muy constructivamente a muchas observaciones, pero esto no es suficiente.
En los últimos años se ha reflejado con mayor claridad en el debate la responsabilidad de los Estados miembros que son quienes realizan el 80 % de los gastos de la UE y que son competentes para el control. La Comisión es sólo competente para el control de este control. Esto explica algunos retrasos pero no puede disculpar todo. La Comisión sigue siendo responsable si no revela estos fallos de otros o no propone los cambios suficientes.
Por lo demás, el control presupuestario del Parlamento Europeo es más intenso que el de los Parlamentos nacionales. Solamente se podrán mejorar los efectos de nuestro control presupuestario si mostramos claramente quien es realmente responsable en concreto y si adoptamos ocasionalmente una decisión valiente.

Kjer Hansen
Sí que es triste que debamos celebrar este debate sobre la recusación de la aprobación de la gestión. Es triste porque deberíamos emplear nuestras fuerzas en seguir desarrollando las políticas comunes antes que en reprender a la Comisión. No obstante, las razones para recusar la aprobación son numerosas, como se desprende del espléndido informe del Sr. Elles. Son planteamientos bien conocidos y el Parlamento simplemente tiene que presionar a la Comisión para que actúe. Anteriormente he manifestado que me parece penoso que los fondos comunes se administren tan mal como es el caso. Y es escandaloso que la Comisión hasta la fecha no haya logrado poner en práctica el programa en el ámbito PHARE de manera más efectiva y generar resultados concretos y visibles en los países receptores.
No obstante, me gustaría manifestar mi reconocimiento ante el que ahora hayamos puesto en marcha un positivo diálogo y ante el que la Comisión se disponga a tomar una serie de iniciativas que pueden corregir las faltas y carencias presentes en el programa en la actualidad. Y de manera especial, me gustaría dar debida cuenta de la manifestación de la Comisión en el día de hoy de que en 1999 se pondrán en práctica las propuestas planteadas en el informe especial sobre el PHARE, es decir, relativas a ceder la administración al propio país receptor. Espero con ilusión recibir un mensaje de que el 1 de enero se cederá la administración del programa PHARE a un país determinado. Me gustaría también haber mencionado al país en cuestión y quiero apelar firmemente a la Comisión para que, si han de producirse modificaciones legales, procure tener planteadas las propuestas en cuestión y así podamos estar seguros de que todos los obstáculos se eliminan del camino de modo que podamos poner en práctica una verdadera descentralización el 1 de enero de 1999.

Bösch
Señor Presidente, Señorías, expreso mis felicitaciones al ponente Elles, quien tras una cuidadosa enumeración llega a la conclusión de que no debemos aprobar por el momento la gestión de la Comisión por el presupuesto de 1996. También es de agradecer su observación de que si el Tratado de Amsterdam estuviese ya en vigor, no tendríamos ninguna otra posibilidad que la de negar definitivamente a la Comisión la aprobación de la gestión, ya que por tercera vez consecutiva el Tribunal de Cuentas no ha podido extender la declaración de garantía.
Tiene toda la razón cuando constata que el modo de actuar elegido por nosotros no es algo anormal sino un retorno a la normalidad. Quizás no hayamos actuado así hasta ahora a nivel europeo, pero con este paso intentamos normalizar y hacer más transparentes la cooperación y las responsabilidades en la Unión.
Es quizás significativo de la posición de la Comisión sobre este aplazamiento de la aprobación de la gestión escuchar como las personas encargadas de las relaciones con la prensa de los Comisarios relacionan esta actitud de nuestra Asamblea con las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Señoras y señores de la Comisión, creo que precisamente esta actitud es muestra de una arrogancia que las ciudadanas y ciudadanos europeos califican como la burocracia de Bruselas.
Lo que el colega Elles resume como motivos para el aplazamiento no es en si nada nuevo. Ante los informes especiales del Tribunal de Cuentas examinados en esta Asamblea, la Comisión habría tenido tiempo suficiente para eliminar los aspectos negativos de los programas de política exterior, de las pequeñas y medianas empresas y en todas las cosas que hoy nos plantea el ponente.
No quiero dejar de referirme hoy -siento que la Sra. Liddell haya tenido que irse precisamente ahora a una reunión- a la posición absolutamente incomprensible de los Estados miembros en relación con la recomendación de que se apruebe la gestión de la Comisión. Se trata de la Agenda 2000, donde los Estados miembros, con cálculos cada vez más absurdos, destacan su balance como contribuyentes netos y dicen que pagan más que los demás. Por lo visto, a estos Estados miembros no les importa que una Comisión y un Comisario pague dinero en el sector agrícola a pesar de que carece de base para hacerlo, a pesar de que convenios muy claros acordados entre los 15 Estados miembros no son respetados por algunos países y a pesar de que sería muy necesario que el Comisario pisase el freno y dijese: ¡hasta aquí hemos llegado, señoras y señores! No van a recibir más dinero hasta que hagan por fin lo que se acordó.
Es así de sencillo, aunque aquí siempre se actúe como si tuviésemos que cambiar diez mil normas. Necesitamos gente en la Comisión que muestre algo de valor y que haga política en el sentido de las y los contribuyentes. Como Parlamento Europeo arañamos dinero donde podemos para las pequeñas y medianas empresas. 150 millones este año y 150 millones para el próximo, para que las pequeñas y medianas empresas puedan crear puestos de trabajo.
El Tribunal de Cuentas dice que el 80 % de estas agraciadas empresas no saben en absoluto que han sido agraciadas. Me parece que es una política que ignora desvergonzadamente los intereses no sólo de esta Asamblea sino también de los europeos. Ya es hora de que esta Asamblea lo refleje así.

Rack
Señor Presidente, el trascurso del debate sobre la aprobación de la gestión para el presupuesto de 1996 ha mostrado en mi opinión dos cosas: por un lado, la Unión y sus empleados son mejores que su fama. En todos los informes sobre los que hoy debatimos, las ponencias han mostrado que muchas de las cosas que Europa y los empleados de la Unión Europea hacen son correctas. Sin embargo, los informes han mostrado también que existen muchos puntos débiles y situaciones irregulares que no se pueden ignorar. Quiero exponer brevemente mi opinión sobre tres de estos puntos.
En primer lugar, es un escándalo que los resultados de la Comisión de Investigación para el procedimiento de tránsito se apliquen a la velocidad de tortuga actual. Existe algo así como una paradoja. Los ordenadores son cada vez más rápidos. Cada seis meses viene al mercado una nueva generación y la informatización de todo este procedimiento es cada vez más lenta.
Un segundo punto: hemos debatido intensamente durante los últimos días y semanas en esta Asamblea sobre el empleo totalmente insuficiente de los créditos en la Europa central y oriental, sobre todo en relación con los programas PHARE, TACIS y MED. Precisamente al comienzo de las negociaciones de adhesión, este empleo totalmente insuficiente de los créditos no es una buena señal para los próximos años.
El tercer punto: en casos concretos, sobre todo en relación con la comisión de investigación de la EEB, hemos constatado en repetidas ocasiones que en el campo de la Unión Europea -y aquí, sobre todo en el de la Comisión- necesitamos un derecho disciplinario para los funcionarios, para que la Comisión no nos diga continuamente con una extraordinaria regularidad que, según al derecho disciplinario en vigor, no puede hacer nada, por lo que no merece la pena empezar. En su día, obtuvimos una promesa del Presidente de la Comisión en el sentido de que esta Comisión iba a presentar un nuevo derecho disciplinario. Estamos esperando. Hay que tomar en serio el aplazamiento de la aprobación de la gestión. En el otoño queremos encontrar otros resultados.

Sarlis
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su informe. Estoy de acuerdo con la recomendación presentada para aplazar el descargo y también con los motivos para un aplazamiento del mismo que el ponente expone en su informe.
Voy a detenerme en dos puntos del debate. El primero es al que se refiere el informe, esto es, la falta de responsabilidad democrática por parte de la Comisión, ¿qué significa eso?. O si ustedes prefieren: ¿qué es lo que molesta al Parlamento? Señor Comisario, estimados colegas, la Comisión de Control Presupuestario no puede formarse una opinión positiva o negativa sobre dicha exención de responsabilidad porque la Comisión no nos facilite los datos que estimamos necesarios y que oficialmente habíamos solicitado con objeto de formular una opinión, cualquiera que esta fuere. El vigente estatuto de los empleados de la Comisión les prohíbe facilitar datos al Parlamento Europeo sin el permiso previo de su jerarquía. Ello explica la escasez de los datos que recibimos, porque, como ustedes comprenderán, no podemos emitir una opinión basándonos en las palabras de honor de los diversos Comisarios dirigidas a la Comisión de Control Presupuestario y tantas veces formuladas como: "no ha habido fraude» o "se ha llevado a cabo una investigación y no se han obtenido datos», etc. Mi opinión es que este asunto deberá ser afrontado completando el acuerdo interinstitucional entre las tres instituciones, como ya ocurrió, y es de todos sabido, con las comisiones de investigación. Hay que deshacer este nudo gordiano, es decir, el modo y el proceso mediante los cuales el Parlamento Europeo consiga obtener los datos necesarios para poder descargar o no a la Comisión de la ejecución del presupuesto.
El segundo punto, y lo repito una vez más, concierne al Parlamento Europeo y consiste en que nosotros mismos debemos proceder, con la mayor brevedad posible, a realizar los cambios necesarios en el funcionamiento de la Comisión de Control Presupuestario. Esto es algo que no dejo de advertir, ya que debemos apresurarnos para poder hacer frente a las necesidades del momento y a todo esto se le une ahora el tema de autonomía de la UCLAF, una institución que hasta el momento ha tenido éxito. La autonomía de la UCLAF no podría existir si sus empleados siguiesen regidos por el estatuto de los empleados de la Comisión. Si la UCLAF tuviera que controlar a la Comisión, sus empleados no podrían ser empleados de la Comisión.

Liikanen
Señor Presidente, le agradezco profundamente este debate. Voy a referirme sólo a dos sectores importantes del gasto que se han abordado aquí. En primer lugar, los programas exteriores y después los Fondos estructurales y la DAS.
Sobre los programas exteriores, diré muy brevemente que la Comisión adoptó una decisión importante en el otoño de crear una estructura común para todos los programas exteriores. Se está aplicando ahora y esperamos que se concluya pronto. Eso significa que la gestión de PHARE, TACIS, MEDA y otros programas corresponderá a una estructura común en la que esperamos normalizar todos los procedimientos y licitaciones públicas y simplificar la forma como gestionamos los programas exteriores. Hay demasiados procedimientos diferentes y demasiados tipos de contratos diferentes. Resulta extraordinariamente difícil para nuestros clientes y también muy difícil para nosotros. Si tenemos procedimientos sencillos, transparentes y normalizados, el control resulta mucho más fácil.
Este año se pondrá en práctica dicha estructura y podremos mantener informada de ese proceso a la Comisión de Control Presupuestario. La Sra. Kjer Hansen se ha referido a la descentralización y desconcentración y puedo decir que la Comisión está de acuerdo en principio. Naturalmente, es cierto que es mejor que la gestión de los programas esté próxima a las personas interesadas. Eso es algo que debemos hacer para mejorar la eficiencia, pero, naturalmente, el equilibrio entre eficiencia y control es muy delicado. Así, pues, debemos descentralizar y desconcentrar lo antes posible y el país beneficiario y sus autoridades deben poder reorganizar sus métodos de trabajo en consonancia. He examinado a fondo esta cuestión con mis colegas y en el caso de PHARE está claro que podemos avanzar con bastante rapidez en algunos sectores, tal vez más rápidamente que con países enteros.
Por lo que se refiere a la DAS y a los Fondos estructurales, se ha indicado que no ha habido demasiadas novedades. Tal vez pueda mencionar brevemente las novedades relativas a los Fondos estructurales, porque en los últimos meses hemos estado trabajando denodadamente a ese respecto. La primera DAS corresponde al otoño de 1995. Mostró que había habido un alto nivel de irregularidades, en particular en la esfera de los Fondos estructurales. Irregularidades, no fraude. También se dijo que la mayoría de dichas irregularidades, tal vez el 90 %, se producían en el nivel del beneficiario final. Eso era en el otoño de 1995.
En 1996 creamos el grupo de representantes personales de los ministros de Hacienda de los Estados miembros para aclarar la situación. Cooperamos con el Tribunal de Cuentas y le pedimos asesoramiento y había dos sectores decisivos. En primer lugar, las normas sobre la elegibilidad no estaban claras en el reglamento vigente. No había acuerdo sobre lo que era elegible y lo que no. En segundo lugar, no se aceptaron los reglamentos financieros como principio. Así, pues, nos centramos en esas dos cuestiones y pudimos concluir nuestra labor, extraordinariamente dilatada y ardua, en el lapso de un año, tras lo cual aceptamos las hojas de elegibilidad para todos los Fondos estructurales, que entraron en vigor el 1º de enero de 1998. Todo el proceso se prolongó a lo largo de unos dieciocho meses.
La Comisión ha dicho también que a partir del 1º de enero de 1998 se aplicarán las correcciones financieras para aclarar las incertidumbres y ambigüedades del presente reglamento, que data de 1993. Al mismo tiempo, hemos intentado, naturalmente, ver cómo podríamos mejorar todo el marco jurídico para evitar ese tipo de ambigüedades en el futuro. Aportamos nuestra experiencia de la DAS a la labor preparatoria sobre la reforma de los Fondos estructurales. Dicha reforma, que fue presentada a diversas comisiones del Parlamento el 18 de marzo, ha tenido en cuenta gran parte de las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas y nuestras conclusiones. Debemos centrarnos más en varios objetivos. Debemos reducir el número de iniciativas: habrá sólo tres. Debemos simplificar los procedimientos relativos a los compromisos. Así lo haremos. Cuando se acepte un programa, se aceptarán también al mismo tiempo los tramos para el período de programación. También debemos acordar cómo hacer las correcciones financieras. Los nuevos reglamentos son muy claros. Si un Estado miembro descubre una irregularidad, puede transferir los fondos a otro proyecto; si es el Tribunal de Cuentas o la Comisión el que descubre una irregularidad, retiraremos los fondos.
La cuestión de la financiación del reglamento es extraordinariamente importante y esperamos que esta Presidencia y otras futuras trabajen intensamente para lograr que se acepte a tiempo a fin de que entre en vigor el 1º de enero del año 2000. Hemos iniciado la tarea, extraordinariamente difícil, de financiar el gasto con cargo a los Fondos estructurales a largo plazo y me complace mucho tomar nota de la afirmación de la Presidencia de que se trata de un esfuerzo conjunto. Los proyectos comunitarios tienen centenares de miles de copartícipes. Hagamos lo que hagamos en la Comisión, no podemos resolver todos y cada uno de los problemas que se planteen en los países beneficiarios finales. Tenemos nuestros cometidos, pero debemos poder desempeñarlos juntos. Tendré mucho gusto en regresar a la Comisión de Control Presupuestario en otoño. Hemos examinado junto con el Presidente y el ponente la posibilidad de agrupar esas cuestiones para que podamos celebrar tal vez dos reuniones antes del verano y ultimar esas cuestiones en el otoño. Nuestra actitud es transparente y constructiva.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Acciones judiciales para la protección de losintereses financieros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0082/98) de la Sra. Theato, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión.

Theato
Señor Presidente, en la última sesión plenaria hablamos sobre la protección de los intereses financieros de la Unión en el marco del informe del Sr. Bontempi y hoy, volvemos a hacerlo en base al mío. Esto muestra la importancia que el Parlamento otorga a este tema. En esta ocasión se trata de la cooperación absolutamente insuficiente entre las autoridades nacionales de justicia y penales en la lucha contra el crimen organizado que daña el presupuesto de la Unión como consecuencia del fraude, la corrupción y el lavado de capitales.
En una Europa que se abre continuamente tanto en el mercado interior así como en las relaciones con terceros Estados, se reducen los obstáculos para los actores económicos. De esto saben aprovecharse también los delincuentes, tal como muestra claramente la seora Comisaria Gradin en su informe anual sobre la lucha contra el fraude. A pesar de ello, las fronteras jurídicas nacionales siguen existiendo para la persecución y, sobre todo, para el castigo judicial de tales actos punibles. No se puede hacer comprender esto al contribuyente. Con este informe de la Comisión de Control Presupuestario se intenta mostrar vías para poder acabar con el dilema de las competencias que acaban en las fronteras y de los diferentes sistemas penales, en una primera etapa en el marco de los Tratados existentes y más adelante en un posible complemento del Tratado, sin que tengamos que presentar ya ahora los detalles técnicos para ello.
En primer lugar, se plantea la cuestión de qué Estado miembro es competente para los delitos multinacionales contra el presupuesto de la Unión; ¿aquél que descubre el delito, aquél en que tiene lugar la detención o aquél de la nacionalidad de los actores? Junto a este conflicto de competencias, la cooperación en la asistencia judicial choca con otros obstáculos: por ejemplo, la dilación como consecuencia de recursos jurídicos, procedimientos anticuados que deben tramitarse por vía diplomática, el principio de la demanda dual, dificultades debidas a los diversos criterios de prueba en la persecución penal y de la ley de enjuiciamiento criminal y el desconocimiento de otros sistemas. La prueba práctica de este conflicto la suministran los acontecimientos en el sector del turismo, en el procedimiento de envíos y en la auditoría de las Comisiones de Control Presupuestario y de Libertades Fundamentales del pasado abril.
¿Qué hay que hacer? Unos acuerdos interestatales no son suficientes. Es muy cuestionable que se ratifique hasta julio de 1998 el Convenio sobre la Protección de los Intereses Financieros -en breve PIF- del año 1995. Las negociaciones sobre el Convenio sobre Asistencia Judicial, sobre el que vamos a debatir esta semana, se adivinan muy difíciles. ¿No debería actuar aquí subsidiariamente la Unión? Dispone ya de una instancia, a saber, la Unidad para la Lucha contra el Fraude en la Comisión, la UCLAF, que podría servir como una especie de nexo de unión entre las autoridades instructoras nacionales. Podría centralizar las correspondientes informaciones en un banco de datos -ya dispone de una serie de bancos de datos de este tipo- y ponerlos a disposición de las instancias nacionales como prueba. Podría coordinar y apoyar los trabajos de las autoridades instructoras nacionales así como realizar una aportación a la mejora de la formación de los juristas en este campo.
Para lograr una mayor efectividad, sería deseable que la UCLAF fuese independiente de la Comisión. El informe del colega Bösch, que va a presentarse dentro de poco, va a aportar más detalles al respecto. Aquí solamente quiero decir lo siguiente: sería necesaria una nueva regulación del estatuto así como una clara interpretación de la regulación de la inmunidad de los funcionarios de la UE. Sin embargo, a largo plazo estas medidas no serían suficientes para controlar el problema del fraude de los fondos de la UE. Según el nuevo artículo 280 del Tratado de Amsterdam, los Estados miembros y la Comisión deben cooperar estrechamente también en el campo penal. El Parlamento tiene ahora capacidad de codecisión junto con el Consejo. La aplicación del derecho penal no se ve afectada por ello, es decir, sigue estando en el ámbito de soberanía de los Estados miembros.
Si en un segundo paso se crease una autoridad de justicia europea del tipo que sea, tal como se propone en el estudio de la Comisión Corpus Juris y la "fiscalía europea» que allí se menciona, supondría el necesario complemento para la creación de un espacio de derecho penal europeo que se debería garantizar contractualmente. Además, en todos los Estados miembros deberían decretarse unas normas penales unitarias para los delitos contra los fondos de la Comunidad. Esta autoridad de justicia europea se basaría en los datos de la UCLAF y otorgaría a las correspondientes autoridades de justicia nacionales poderes como autoridades europeas delegadas sin limitar o tocar por ello sus competencias.
Para atacar los problemas descritos, exigimos a la Comisión -y le invito gustosamente a ello, estimada Sra. Gradin- que presente hasta julio al Parlamento una respuesta a la pregunta de qué medidas propone la Comisión para aproximar el derecho penal en caso de fraude contra los fondos de la Comunidad, para el caso de que la ratificación unánime del PIF no se haya realizado hasta julio de este año, tal como se exige. En segundo lugar, exigimos un estudio sobre la compatibilidad del Corpus Juris con las características especiales de los órdenes jurídicos nacionales, así como propuestas para su aplicación. Para ello, se debe definir también claramente el concepto de "fiscalía europea» empleado en el Corpus Juris, para que sea compatible con los diversos sistemas jurídicos de los Estados miembros en lo tocante a las competencias instructoras y procesales, y estoy pensando en especial en el derecho anglosajón.

Tomlinson
Señor Presidente, estoy bastante preocupado y lamento no haber tenido la oportunidad de decir, antes de que interviniera la Sra. Theato, que se ha publicado una corrección al informe de la Comisión de Control Presupuestario. La corrección afecta a la propia cuestión de fondo del único debate importante celebrado en comisión. Va encaminada a substituir en los párrafos 7, 9 y 10 las palabras «Fiscal Europeo» por «Autoridad Judicial Europea». He de decir, por haberme opuesto sistemáticamente a la utilización de las palabras que figuran efectivamente en «Corpus Juris», en inglés, »European public prosecutor» (»Fiscal Europeo») -y sobre eso versó enteramente mi intervención en comisión-, que me parece asombroso que mediante una corrección tengamos ahora una enmienda importante y fundamental al informe. Así es, desde luego, en inglés y me gustaría solicitar su orientación, porque creo que se trata de una enmienda demasiado importante para hacerla mediante una corrección.

Theato
Sí, quiero aclararlo brevemente. Tengo el texto alemán y en alemán "Staatsanwaltschaft» es un concepto determinado lleno de significados. No hay nada similar a nivel europeo. En cada idioma, este concepto se expresa de otro modo. Ha habido tantas personas que se han dirigido a mi, que me he basado en el texto alemán, tal como he hecho también en la Comisión. No soy responsable de la traducción. Está claro que se va a crear algo que aún no existe, que tiene en consideración las cosas nacionales, las usancen , las tradiciones y las competencias. El cómo se llame a esta cosa es otro asunto. Por ello, ruego que no se vincule el concepto a la palabra como tal sino que se identifique la idea. Espero que la Sra. Gradin tenga hoy la posibilidad de explicarlo algo, pues no se trata de atacar cosas nacionales sino que podría ser una nueva institución para Europa.
Señor Presidente, quiero llamarle la atención sobre otro asunto. Se trata de una cuestión de orden. No sé cómo es la lista de oradores pero no se puede aceptar que hoy, por tercera vez, la Sra. Gradin tenga que exponer su opinión así como la de la Comisión con el ruido que provocan los diputados al entrar, poco antes de la votación. Por ello, le ruego que proceda con el tiempo de modo que la Sra. Gradin goce de la plena atención de esta Asamblea y no se ve molestada por ruidos. Por favor, tome las medidas para ello.

El Presidente
Señora Theato, si todos los oradores respetarán el tiempo de uso de la palabra, no se correrá este riesgo, sin embargo, tienen que respetarlo a rajatabla. En lo que se refiere al Sr. Tomlinson, debo decir que la cuestión tiene que examinarse. Habida cuenta de que se trata de un informe de propia iniciativa, no estamos apremiados -no nos encontramos en el ámbito legislativo-, aunque entiendo que se trata de una cuestión muy, muy delicada.

Bösch
Señor Presidente, intentamos ayudarle para que al final la Sra. Gradin tenga también tiempo suficiente. Creo que esta conversación mantenida ahora al principio del todo ha mostrado donde se encuentran los problemas en este contexto. Este informe es otra importante aportación para agudizar nuestro pensamiento en una problemática que se ha plateado con gran claridad como consecuencia de las conclusiones de nuestra comisión de investigación sobre el procedimiento de tránsito y todas estas cosas que se han ocupado del fraude del presupuesto europeo. No podremos culminar el mercado interior mientras trabajemos con 15 normas nacionales diferentes.
Creo que se dará un importante paso técnico en estos días cuando enviemos este Corpus Juris traducido a los 15 Estados miembros y a sus Parlamentos para que recapaciten sobre qué es lo que se puede hacer razonablemente al respecto. También debido a las observaciones de las y los colegas creo que hemos avanzado un trecho. Se trata de un programa en el que probablemente deberemos trabajar aún durante mucho tiempo junto con la Comisión y los Estados miembros. En este sentido, nuestro grupo político saluda este informe.

Rack
Señor Presidente, las palabras son sin duda algo muy importante y con palabras se puede expresar u ocultar algo. En primer lugar, quiero decir algo sobre la palabra "subsidiariedad». Esta palabra nos provoca a muchos de nosotros dificultades. En parte es difícil de pronunciar pero, por lo visto, es aún más difícil de comprender. Si se lee en el diccionario, se encuentran allí formulaciones en el sentido de que se trata de un principio por el que la propia responsabilidad es importante, por el que el nivel superior debe intervenir o actuar en segundo lugar cuando el básico no está en situación de hacer las cosas por si mismo.
En las enciclopedias se dice también a este respecto que el concepto figura en diversas encíclicas sociales de los Papas. Todo esto es correcto pero no suficiente. La palabra "subsidiariedad» tiene en el contexto europeo un tercer significado casi más importante: cuando se alega una disculpa para no hacer algo uno mismo. Precisamente esto es lo que nos ocurre en relación con el tema de la fiscalía europea o de una autoridad judicial. Creo que en la Comisión de Control Presupuestario hemos logrado un acuerdo al respecto. Por ello, en esta Asamblea deberíamos dejar claro que necesitamos una mejor coordinación de las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales allí donde se trate de controlar, impedir y sancionar el fraude contra los intereses financieros de la Unión.
En muchos campos vemos que en muchos Estados miembros sigue considerándose como una simple falta el defraudar con fondos de la Unión y de la Comunidad. Incluso las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales se toman mucho tiempo para aplicar las correspondientes sanciones a estos fraudes.
En este informe se plantea la exigencia de que es urgentemente necesario que la UCLAF intervenga más intensamente en este campo y adicionalmente se exige la intervención de una nueva institución, independientemente de su nombre, quizás el de "fiscalía europea» sea realmente la expresión errónea. En el fondo necesitamos algo que haga que las autoridades nacionales encargadas de perseguir los delitos penales, cuando se trate del delito de fraude de los intereses financieros de la Unión se aparten de esta actitud indiferente que han mostrado con demasiada frecuencia hasta ahora. Necesitamos una coordinación mejor para que se pueda perseguir realmente de una vez por todas este delito y, a ser posible, erradicarlo.

Rosado Fernandes
Señor Presidente, señora Comisaria, el camino está señalado, todos sabemos qué vías seguir para dotar a la Comisión de instrumentos jurídicos y penales para luchar contra la delincuencia organizada.
Las conversaciones que he mantenido aquí, a lo largo de unos años, sobre este problema ya me parecen una letanía que no encuentra en Dios la respuesta necesaria para resolverlo. La verdad es que el fraude aumenta y un amigo mío ya me ha comparado con los sofistas, que, al comparar y poner a correr la tortuga y a Aquiles, consiguieron probar que la meta estaba cada vez más lejos. El fraude aumenta. Y la verdad es que ya empiezo a pensar que el fraude ha pasado de ser delito a ser un instrumento económico para aumentar la competitividad, que los Estados utilizan para proteger sus economías entre sí. Porque, si se consigue poner en ejecución -con el sacrificio de tantos Estados- la convergencia monetaria, ¿por qué razón no sucede lo mismo con la lucha contra el fraude? ¡Propuestas no faltan precisamente! Todos sabemos cómo se lucha contra la delincuencia: estableciendo instrumentos jurídicos y castigos penales para que, de hecho, no queden incólumes quienes participan en la delincuencia organizada. En caso de que no se adopten esas medidas y de que el Parlamento siga votando en la Comisión de Presupuestos contra las propuestas de utilización de scanners , de gastar dinero para verificar físicamente lo que ocurre en nuestras antiguas fronteras, no cabe la menor duda de que la delincuencia seguirá existiendo y yo me sentiré, igual que la Sra. Theato, como un «Don Quijote» y «Sancho Panza» luchando contra los molinos informatizados de la delincuencia, que, de hecho, esparcen el delito y el fraude por todo lo que es europeo.

Kjer Hansen
Señor Presidente, me parece que el informe de la Sra. Theato sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión constituye una contribución muy importante y considerable al debate sobre el modo en que continuar avanzando en este terreno. Hemos empleado muchísimas energías y tiempo en el debate en el caso del turismo sobre los transportes en tránsito y hay buenos ejemplos que ilustran cuán señalada es la necesidad de obtener resultados en este terreno. No obstante, al mismo tiempo demuestra también cuán difícil es seguir avanzando si los países miembros no manifiestan la voluntad política para realmente adoptar decisiones en este terreno de cara a poner en pie los sistemas que servirán para que pueda tener lugar una cooperación efectiva.
Son iniciativas muy necesarias las que propone la Sra. Theato, sin embargo, he de decir que el informe también es muy ambicioso. Es ambicioso considerando cuán difícil es alcanzar decisiones en este terreno y pienso por supuesto en nuestro antiguo problema relativo a la falta de ratificación del convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Unión. Es un problema que aún no haya sido ratificado en algunos de los países miembros.
Se trata de un campo serio e importante, y me gustaría ilustrarlo también con un pequeño ejemplo que quizá sea banal en el contexto global, sin embargo, precisamente estos días discutimos en Dinamarca el problema de que Dinamarca pierda muchos millones de coronas porque los padres rehuyen sus compromisos relativos al pago de la pensión alimenticia a sus hijos. Se trasladan a otros países y uno sólo debe constatar que las autoridades danesas no tienen la más mínima posibilidad de exigir las sumas adeudadas. Así, este tema afecta también a nuestro día a día, hay muchísimos ejemplos de ello.
Pienso que se proponen algunas ideas sugerentes relativas a la organización de una cooperación regular, a lograr un mejor intercambio de informaciones, al fortalecimiento de la UCLAF y así a este Ministerio Fiscal - o como debamos llamar ahora a esta cosa. Me parece importante que tengamos algunas informaciones más sobre la mesa y aguardo al mes de junio en el que es de esperar que la Comisión dará respuesta y presentará materiales que profundizan en la cuestión, de modo que podamos proseguir avanzando con esta discusión. Es un campo importante. Gracias por el informe.

Le Gallou
El informe de la Sra. Theato sobre las acciones judiciales para la protección de los intereses financieros de la Unión aborda un problema de fondo inherente al Tratado de Maastricht, revisado por el de Amsterdam: el de la transferencia de soberanía entre los Estados miembros y la Unión Europea en el ámbito de la justicia, especialmente a través del artículo 280 del Tratado. Es verdad que en este caso se utilizan buenos argumentos, tal como lo destaca el informe Elles sobre el rechazo de la aprobación de la gestión para el ejercicio de 1996, pero sus buenos argumentos se utilizan con fines que nos parecen discutibles.
En efecto, a falta de un resultado satisfactorio en la lucha contra el fraude, la corrupción y el crimen organizado, se llega naturalmente, como para el euro, a pedir una mayor integración en el ámbito judicial y penal. El órgano de enlace entre las autoridades judiciales nacionales y comunitarias sería naturalmente la UCLAF, Unidad para la Coordinación de la Lucha contra el Fraude de la Comisión, que se convertiría, en cierto modo, en el fiscal europeo. Sin embargo, se olvida decir que las carencias, las negligencias graves o los disfuncionamientos culpables de la Comisión, relativos al ejercicio de la acción penal en el asunto de las vacas locas o del turismo, por ejemplo, sólo deberían ser competencia de los tribunales nacionales.
En verdad existe, tarde que temprano, un riesgo cierto de que con la finalidad de luchar contra desviaciones mafiosas vinculadas al clientelismo y al fraude organizado, se llegue, como lo desea la Sra. Theato, a reclamar la creación de un fiscal europeo o de una autoridad judicial europea, para retomar el debate terminológico entre británicos y alemanes. Ahora bien, el debate terminológico no es neutro, demuestra bien que existe un problema de fondo en relación con la cultura de los Estados, en relación con la libertad de los Estados, en relación con la libertad de las naciones. Desde este punto de vista, el debate terminológico demuestra bien hasta qué punto es peligroso el proceso en el que se nos quiere introducir.
En lo que a nosotros concierne, nos negamos a ello, ya que no deseamos que una autoridad judicial supranacional suplementaria venga a sustituirse a la soberanía de los Estados.

Tomlinson
Señor Presidente, deseo comenzar felicitando a la Sra. Theato. Tenemos un informe útil, que subraya claramente el deseo del Parlamento de intensificar la lucha contra el fraude, la mala administración y los abusos que padecen los contribuyentes europeos. A ese respecto, todo el mundo está igualmente comprometido con la lucha contra el fraude. Desde luego, rindo homenaje a la Sra. Theato por la valiosa labor que ha llevado a cabo a lo largo de los años, como miembro y como presidenta de la Comisión de Control Presupuestario.
Sin embargo -y expreso la primera parte con absoluta claridad-, he de manifestar algunas reservas, no sobre el análisis del problema por parte de la Sra. Theato, sino sobre el remedio prescrito para dicho problema. Como he indicado en mi cuestión de orden, mis reservas se refieren a los párrafos 7, 9 y 10 y la utilización en el texto inglés de las palabras »European Public Prosecutor» (»Fiscal Europeo») y la interpretación errónea, a mi juicio, y la invocación inadecuada del artículo 280, mencionado en las letras h) e i).
El artículo 280 permite a la Unión intervenir para adoptar medidas en materia de subsidiariedad en el ámbito del primer pilar. Pero que en el párrafo 7, por ejemplo, se diga que el Fiscal Europeo pueda delegar sus competencias en los fiscales nacionales no es precisamente como yo entiendo el concepto de subsidiariedad. Eso es la antítesis de la subsidiariedad, por lo que hemos citado erróneamente el artículo 280.
En conclusión, la intervención de la corrección, lejos de facilitar las cosas, las empeora. Una cosa es hablar de un «Fiscal Europeo», un único funcionario y su función, junto con el personal, y otra muy distinta convertirlo en una «Autoridad Judicial Europea», lo que agrava los problemas que me plantea el artículo 280.
Hay buenos sentimientos en el informe; hay méritos en el análisis del informe. La prescripción estamos muy lejos de poder cumplirla y ésa es la razón por la que no voy a apoyar las partes del informe que se refieren a un «Fiscal Europeo» o a una «Autoridad Judicial Europea».

Bourlanges
Señor Presidente, como puede usted darse cuenta, la Sra. Theato no lleva gafas porque no es ni miope, ni présbita. Lo mismo ocurre con su informe que demuestra una gran amplitud de miras y señala el horizonte hacia el que debemos tender tarde que temprano, en este caso, la armonización del Derecho penal en la Unión Europea, así como la creación de la autoridad judicial independiente, expresión que, creo, está literalmente traducida del alemán, incluso si no es la traducción del «Corpus Juris». Después de todo, nosotros votamos el informe y no el «Corpus Juris».
Además, la Sra. Theato, no contenta con ser perspicaz, también precisa los plazos a corto, incluso a muy corto plazo. ¿Cuáles son? Según usted, el artículo 280, aunque bastante mal redactado, autoriza una interpretación inteligente. Sabemos que algunos delitos, los fraudes al presupuesto de la Comunidad, presentan un carácter multinacional, porque implican actores y producen efectos en varios países de la Unión Europea. También sabemos que es imposible reaccionar adecuadamente en la esfera nacional. Una solución sería no hacer nada, que es lo que nos pide el Sr. Le Gallou, que según parece, es un protector encarnizado del contribuyente nacional o comunitario, pero que, en este contexto preciso, se da por vencido.
Algunos pretenden que no es necesario hacer nada en el ámbito comunitario, si es imposible toda acción en el ámbito nacional. Mientras que usted, Sra. Theato, propone vías concretas. La creación de la autoridad judicial independiente, la concesión de un estatuto, los medios operativos y los poderes de investigación a la UCLAF. Este es un primer paso en la dirección correcta. Su informe, Sra. Theato, es un informe moderado, pero es, como se dice, de una moderación despiadada.

De Luca
Señor Presidente, me parece que Europa, tal como la estamos construyendo, se asemeja a un gigante con unas piernas enormes, motor de la economía que camina y llega muy lejos, con unos brazos también muy grandes, que son los del fraude y de la delincuencia organizada que se convierte cada día en más ávida, pero con un cerebro a veces muy pequeño y una dirección política muy modesta y que, final y lamentablemente, no tiene ni riñones ni hígado, órganos que deberían depurar los aspectos negativos.
Pido disculpas por este símil, sin embargo, me parece que la Sra. Theato, a quien agradezco la tenacidad con la cual continúa ocupándose de este asunto, ha querido poner en evidencia estas realidades de forma muy concreta.
¿Cómo es posible imaginar que se puede seguir avanzando en una situación en la que los Estados nacionales compiten entre sí, en una situación de desigualdad que se deriva del hecho de que el delito de fraude comunitario está tipificado en algunos Estados y en otros no? Creo, por lo tanto, retomando la imagen del Sr. Bourlanges, que la Sra. Theato ha sido clarividente y concreta y que el corrigendum es acertado. Señor Presidente, ¿cómo se puede concebir un Ministerio Fiscal europeo sin una autoridad judicial europea?

Hager
Señor Presidente, coincido con el informe en que es insuficiente el status quo para la lucha contra el fraude internacional. Tal como ya he expuesto en repetidas ocasiones, estoy a favor de cualquier mejora de la cooperación entre las autoridades encargadas de perseguir los delitos penales y, naturalmente, también de un uso óptimo de los ficheros existentes. La ampliación de la UCLAF para convertirla en una unidad independiente de coordinación e información sería sin duda de gran utilidad para la lucha contra el crimen internacional.
No obstante, sería necesaria una clara definición de la posición y competencias de esta unidad especial y asegurar su independencia. Por lo demás, ni el principio de la administración de justicia penal mundial con carácter subsidiario ni el principio "ne bis in dem» se oponen a una persecución eficaz de los fraudes transfronterizos, sino las insuficiencias procedimentales en las relaciones interestatales que son las que hay que eliminar.
Rechazamos una fiscalía con competencias a nivel europeo al igual que una colectivización del derecho penal. Por estos motivos, no podemos dar nuestro asentimiento a este informe que apunta en esta dirección.

Sarlis
Señor Presidente, el informe es bueno porque es, si se me permite la expresión, un informe moderado. Examina una situación real que atraviesa el sector de los intereses financieros de la Unión Europea, tal y como hemos venido verificando en los últimos tiempos, y debo señalar el plan a medio o, si quieren, a corto plazo, en contraposición al plan a largo plazo que concierne los casos señalados por el Sr. Tomlinson y que están enunciados en los artículos 7, 9 y 10.
Debo señalar que, con la corrección propuesta, e independientemente del tratamiento que hagamos deltema, se soluciona una gran incógnita. Debo recordar que es necesaria la existencia de dicho principio. Y ello es así, estimados colegas, porque no es posible - y hablo en calidad de jurista en activo - que la Comisión presente una denuncia en contra de algún Estado miembro. Un ciudadano puede ir a otro Estado miembro y presentar una denuncia y es entonces cuando interviene la autoridad. La Comisión no tiene el derecho de dirigirse a una autoridad nacional para proteger los intereses comunitarios y solicitar una persecución cuando existan denuncias sobre delitos concretos en materia penal. Por tanto, deben apoyarse estas enmiendas y desearía pedir al Sr. Tomlinson, que tanto ha ayudado a completar este informe, que contemple el tema desde otra perspectiva.
Por último, quisiera decir que el hasta ahora exitoso papel representado por la UCLAF debe someterse a una reestructuración y, sobre todo, se deben tomar medidas prácticas destinadas a dotarla de la fuerza necesaria para afrontar los problemas y una de esas medidas es que sus empleados han de ser excluidos del estatuto de los empleados de la Comisión.

Gradin
Ésta es la tercera vez que ocurre y lamento mucho tener que intervenir en estas circunstancias.
La ponente, Sra. Theato, y yo compartimos la convicción de que, si queremos garantizar la libertad, la seguridad y la justicia para todos los ciudadanos en los próximos años, es esencial un sector judicial europeo que funcione bien. Ha resultado aún más claro, en vista de la próxima ampliación. Hoy se inaugura la conferencia para las negociaciones -como saben Sus Señorías- en Bruselas. Los nuevos ciudadanos que ingresen en la Unión Europea y también los ciudadanos de los 15 Estados miembros actuales esperarán que ésta les ofrezca garantías a ese respecto.
El informe de la Sra. Theato, aunque se refiere directamente a los intereses financieros de la Comunidad, forma parte de una empresa mucho más amplia. Para avanzar hacia una zona de libertad, seguridad y justicia, soy partidaria de un planteamiento gradual y pragmático. Es necesario porque partimos de 15 sistemas judiciales y penales diferentes en nuestros Estados miembros. Hay muchas definiciones diferentes de fraude. Los diversos niveles de sanciones administrativas y penales y las insuficiencias de la cooperación judicial entre los Quince constituyen un caldo de cultivo para el delito y la corrupción en general y también contra el presupuesto de la UE.
Hasta ahora hemos utilizado el Tratado de Maastricht lo mejor que hemos podido. Ha dado algunos resultados positivos, como, por ejemplo, el reglamento sobre la protección de los intereses financieros y el reglamento sobre los controles al azar, pero es evidente que debemos ampliar la comprensión entre los profesionales de la utilidad de nuestra labor abordando cuestiones transcendentales para los ciudadanos. Eso es lo que hacen precisamente los programas multianuales.
Ahora tenemos varios programas en ejecución: GROTIUS para la cooperación judicial, STOP para luchar contra la explotación sexual de los niños y la trata de blancas, DAPHNE para luchar contra la violencia que padecen las mujeres y los niños, SHERLOCK sobre la falsificación de documentos y OISIN sobre la cooperación policial y aduanera. El Consejo de Ministros acaba de aprobar otros dos programas: ODYSSEUS sobre los controles fronterizos, la migración y el asilo y FALCONE sobre la lucha contra la delincuencia organizada.
Considerados en conjunto, dichos programas constituyen un inicio impresionante de la cooperación práctica entre los especialistas pertinentes de todos nuestros Estados miembros. Permiten a los profesionales de diversos sectores del mundo judicial reunirse y comparar los procedimientos más idóneos y aprender a apreciar y respetar la forma de actuar de unos y otros. La labor académica llevada a cabo para preparar el Corpus Juris es otro ejemplo de cómo preparar el terreno para otras iniciativas. Si queremos mejorar el marco jurídico que debe proteger a los ciudadanos, esa labor preparatoria es esencial.
La protección del presupuesto de la Unión me preocupa en particular, pues soy la encargada de la lucha contra el fraude. También resulta de gran interés para los ciudadanos que se gasten bien los ingresos fiscales y que estén protegidos contra el fraude. El presupuesto de la Unión Europea afecta a todos los contribuyentes. Éstos exigen protección contra el fraude y la corrupción. La única forma eficiente de hacerlo es la de recurrir a la acción común.
Así se reconoció enteramente en Amsterdam. Se decidió que el dinero de los contribuyentes estuviera protegido en la Unión de forma equivalente a como lo está en los Estados miembros. También se nos ofreció un instrumento jurídico: el nuevo artículo 280, por mayoría cualificada, que establece un proceso de adopción de decisiones más eficiente.
Estoy de acuerdo con la ponente en que, para que las finanzas de la Unión estén igualmente protegidas por el derecho penal en todos los Estados miembros, necesitamos una cooperación eficiente entre las autoridades investigadoras y la judicatura de todos los Estados miembros.
Una importante contribución será la interconexión jurídica ad hoc de la UCLAF con expertos jurídicos de todos los Estados miembros, que permitirá coordinar y prestar asistencia a los investigadores nacionales y, en los casos necesarios, a las autoridades judiciales. Hemos presentado esa propuesta a la Comisión, pero, como he subrayado en varias ocasiones, esa actividad requiere recursos humanos, por lo que espero que el Parlamento Europeo asuma su responsabilidad a ese respecto.
También voy a crear una unidad de lucha contra el fraude en la asistencia exterior y otra encargada de luchar contra la corrupción. Además, voy a crear una unidad de información secreta centrada exclusivamente en el fraude aduanero. También se harán otras mejoras en la organización de la UCLAF, en particular en su unidad informática, pero a esas cuestiones volveré a referirme el mes que viene cuando examinemos el informe del Sr. Bösch.
Respecto de la idea de un registro o base de datos gestionados por la UCLAF, he de comunicar a Sus Señorías que la Comisión ya ha propuesto tal registro en el protocolo anexo al Convenio sobre la protección de los intereses financieros presentado al Consejo en 1996. Sin embargo, no formó parte del resultado final, por lo que estoy reflexionando sobre la forma mejor de volver a plantear esa idea.
El papel de la UCLAF para prestar asistencia a las autoridades de los Estados miembros está establecido en el segundo protocolo anejo al convenio. Por desgracia, como ya se ha dicho, ni un solo Estado miembro ha ratificado aún los diversos convenios relativos a la protección de los intereses financieros de la Comunidad. Resulta muy decepcionante, como han dicho muchos diputados en el debate. Espero que se aborde esa cuestión en el Consejo Europeo de Cardiff. En caso de que los Estados miembros no ratifiquen dichos convenios, la Comisión debe considerar seriamente la forma de lograr avances y a ese respecto el nuevo Tratado de Amsterdam nos brinda algunos instrumentos mejores.
Pienso en particular en el nuevo marco para la adopción de decisiones del artículo K6, que pasará al artículo 34. O el artículo 209A, más operativo, que ahora pasará a ser el artículo 280. Además, los convenios entrarán en vigor cuando sean ratificados en la mitad de los Estados miembros. La Sra. Theato pide también ciertos cambios en el Estatuto de los Funcionarios. La Comisión ha expresado ya, en su comunicación de 18 de noviembre de 1997, su actitud positiva respecto de ciertos ajustes. Mi colega el Sr. Liikanen formuló observaciones al respecto en aquel momento.
También deseo informar a Sus Señorías de que estoy preparando, junto con el Comisario de Silguy, una propuesta para proteger la nueva moneda, el euro, contra la falsificación. Muy pronto recibirán Sus Señorías una comunicación a ese respecto. Esto me da pie para volver a referirme a las ambiciosas ideas del «Corpus Juris». Dichas ideas han sido, como saben Sus Señorías, objeto de debate en círculos académicos desde hace algunos años. La Comisión se ha comprometido a examinar todos sus aspectos. Ahora varios expertos están comparando el sistema jurídico de quince Estados miembros en sectores tales como los de presentación de pruebas, asistencia mutua y admisibilidad de las pruebas. De modo que ya se ha hecho una gran labor preparatoria y se está trabajando en un informe provisional.
No me cabe duda de que las ideas que figuran en este documento formarán parte del futuro debate sobre una zona judicial europea común, debate importante que, además, debe coincidir con la aplicación del Tratado de Amsterdam.

El Presidente
Gracias, señora Comisaria, por su intervención y por haberla realizado en una situación no precisamente fácil. A propósito de esto, considero que la Conferencia de Presidentes deberá examinar el problema que se ha planteado en reiteradas ocasiones y que afecta a las condiciones en las cuales se lleva a cabo la última intervención antes de las votaciones.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.
Se procede a la votación.

Votaciones
El Presidente
Antes de empezar las votaciones, quisiera hacerles un anuncio. La Mesa decidió, ayer, enviar un mensaje de felicitación a la Sra. Nicole Péry, nuestra antigua vicepresidenta, que acaba de ser nombrada miembro del Gobierno francés.
Estoy especialmente contento de hacer este anuncio, porque, como ustedes saben, yo sucedí a la Sra. Péry, sin por ello pretender reemplazarla.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, ahora que se han aceptado todas la enmiendas, me gustaría pedir a la Comisión y a través de ésta al Consejo que reflexione una vez más si no se podría ir al encuentro de los deseos que ha manifestado el Parlamento. Ayer estábamos de acuerdo en que el Reglamento 1408 que trata sobre los trabajadores, trabajadores que tiene que desplazarse de su lugar de residencia para trabajar y que en cualquier caso tienen que recibir buenos derechos, en lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas está bloqueado todavía. Nosotros lo discutimos de forma amplia ayer y me parece que las enmiendas que el Parlamento hizo no han sido adoptadas por el comisario. Ayer se hizo además una petición a la Comisión para que procurase que recibamos un resumen de todas las propuestas que se hayan bloqueadas en el Consejo y de quién las bloquea.
He recibido una respuesta del comisario tras el intercambio de opiniones de ayer por la tarde y la reacción del comisario es en cualquier caso negativa. Con el contenido sí que está de acuerdo. No está dispuesto a hacerse cargo de propuestas. Presidente, esta es la razón por la que le pido que no haga la votación final de esta propuesta y que se remita el informe a la Comisión, porque nosotros tenemos que tener la oportunidad alguna vez de poder intercambiar adecuadamente ideas con la Comisión y el Consejo.
Ahora entiendo por lo que dijo el presidente de la Comisión que el Consejo quiera discutir con la Presidencia británica esta propuesta el 6 de abril próximo y que se ejerza fuerte presión al Parlamento para que tenga lugar la votación final.
Le pido en nombre de todos aquéllos que esperan mejoras, los trabajadores que se tienen que desplazar para trabajar, y a quienes se les sigue dejando colgados, le pido en nombre de ellos que el Consejo apoye, el Consejo que recoge las ventajas, pero que no quiere regular nunca nada que sea extraordinario, que apoye la propuesta de que las 1408 modificaciones tal como ahora se presentan no se recojan en cualquier caso en la votación final.

Hughes
Señor Presidente, raras veces estoy en desacuerdo con la Sra. Oomen-Ruijten, pero hoy no me queda más remedio. Me opongo a la devolución a comisión. He examinado el intercambio de opiniones que hubo en la Asamblea anoche. También he visto una copia de la carta del Comisario Flynn a la ponente. Convengo en que es una lástima que no se puedan aceptar las enmiendas en este momento, pero tomo nota de la intención de la Comisión de aceptar las dos enmiendas principales -las núms. 3 y 4- en el marco de la revisión general del Reglamento 1408/71, que se presentará en fecha posterior de este año.
Espero que la ponente apoye dichas enmiendas en ese momento. Además, en el marco del informe de iniciativa propia de Anne Van Lancker sobre la cuestión de los trabajadores transfronterizos, quien debería responder a la cuestión aparte de la posición de las diversas delegaciones en el Consejo es el propio Consejo. La ponente lo sabe perfectamente.
Mi observación final es la de que el Consejo se propone aprobarlo el 7 de abril. En modo alguno es la cuestión más importante, pero ha condicionado todo el calendario relativo a nuestro estudio de esa propuesta. La devolución de este asunto a comisión no serviría para nada. Así, pues, me opongo.

Crowley
Señor Presidente, hago uso de la palabra para oponerme también a la devolución a comisión. Lo que vamos a votar esta mañana es algo que la Comisión ya ha aceptado. Ha demostrado buena disposición para examinar también otros sectores. Como ha dicho mi estimado colega el Sr. Hughes, se trata de un asunto que compete al Consejo y no debemos utilizarlo como táctica dilatoria o de bloqueo. Votemos la cuestión que tenemos ante nosotros y no la mezclemos con otras. Me opongo a la devolución a comisión.

Wolf
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, creo que es un escándalo de primera magnitud que viene durando ya años que no se puedan solucionar los problemas derivados de lagunas gubernamentales y de una falta de armonización, lo que tienen que soportar individualmente los trabajadores fronterizos. Como Parlamento tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantener a un nivel máximo la presión sobre el Consejo y la Comisión, cuyos esfuerzos reconozco. Lo hacemos al dar nuestra aprobación a la propuesta de la Sra. Oomen-Ruitjen, aunque la Presidencia británica se enoje por ello. Pero aquí hay que defender los intereses de muchas personas y no los de una Presidencia a la que le gustaría tener menos conflictos.

Flynn
Señor Presidente, en nombre de la Comisión, deseo reafirmar que la Comisión apoya totalmente lo que ha dicho la ponente. Las dos primeras enmiendas a favor de las cuales han votado Sus Señorías esta mañana ya están sobre la mesa del Consejo y se están examinando en este momento. Estoy totalmente dispuesto a dar mi apoyo a las otras dos y haré una propuesta antes del final de este año. Sin embargo, esta mañana se pide a la Asamblea que vote sobre enmiendas puramente técnicas al ajuste anual del Reglamento 1408/71. Sobre el otro aspecto, que está, naturalmente, relacionado, es necesaria la unanimidad y pido encarecidamente el apoyo de la Asamblea para presionar al Consejo. Esos otros cuatro asuntos están bloqueados, si bien estamos logrando algunos avances al respecto. Pero esta mañana se pide a Sus Señorías que voten sobre ajustes técnicos al Reglamento 1408/71, que se produce con carácter anual. Irá al Consejo de Asuntos Sociales del 6 de abril y sería una gran lástima que la Asamblea no viera la utilidad de hacerlo en este momento.
He de decir a la Sra. Oomen-Ruijten que su observación ha sido aceptada, la Comisión apoya su punto de vista y presionaremos respecto de esta cuestión con el apoyo que podamos conseguir, proceda de donde proceda. Pero en el Consejo es necesaria la unanimidad. Como digo, se están logrando algunos avances y espero que podamos abordar las dos enmiendas pendientes -las núms. 3 y 4- antes del fin de este año, cuando las resoluciones sobre la jurisprudencia que esperamos para el final de junio estén lo suficientemente claras como para que se entienda claramente esta directiva.
Pido a la Sra. Oomen-Ruijten, tras reconocer que la Comisión apoya su opinión, que transija y permita que este asunto pase al Consejo para que se dé el visto bueno a estas enmiendas técnicas en este momento.

Oomen-Ruijten
Presidente, seré muy breve. En lo que a mí respecta el comisario quiere ahora que el Consejo obtenga las ventajas y que las desventajas las sigan teniendo los trabajadores que trabajan fuera de su lugar de residencia. Quien en esta Asamblea se puede arriesgar por eso a votar contra mis propuestas de remitirlo a la Comisión a causa de la presidencia británica del 6 de abril. Me gustaría consultarlo conjuntamente con usted y con el Consejo en la Comisión de Asuntos Sociales.
(El Parlamento decide la devolución a comisión)

Müller
Señor Presidente, en nuestra enmienda mi grupo político exige la institución de un "Mr. o Mrs. Reconstruction» para Bosnia-Herzegovina. En conversaciones con todos los grupos políticos y también con la Comisión hemos llegado al acuerdo de que si retiramos esta expresión de "Mr. o Mrs. Reconstruction» la enmienda será aprobada ya que está orientada a colocar una Directora o Director General de la Comisión en el puesto. No queremos dificultar esta iniciativa con conceptos que no dejen claro a quién le toca mover ficha. Por ello, ruego que se vote sobre esta enmienda sin el añadido de "Mr. o Mrs. Reconstruction».

Giansily
Señor Presidente, nuestro Grupo apoya la propuesta de la Sra. Müller.
(El Presidente comprueba que no hay objeción a la presentación de la enmienda oral)
(El Parlamento aprueba la resolución)

Tomlinson
Señor Presidente, le ruego que, como jurista, oriente a la Asamblea y también proteja nuestros intereses. Sobre un informe muy importante hubo un debate a fondo en la comisión y la parte más importante del debate, por lo que a mí respecta, fue la relativa a la utilización de las palabras «Fiscal Europeo». Ha sido objeto de debate en nuestros Grupos políticos. Así, pues, resulta fundamentalmente insatisfactorio que, cuando acudimos al Pleno, nos encontramos con una corrección que suprime en los párrafos 7, 9 y 10 las palabras «Fiscal Europeo» y las substituye por «Autoridad Judicial Europea», lo que en realidad significa algo totalmente diferente. Cambiar «Fiscal Europeo», que ya me parecía inadecuado, por «Autoridad Judicial Europea», que me parece aún peor, y hacerlo mediante una corrección es un insulto a la Asamblea, por lo que le ruego que se pronuncie al respecto.

Dankert
Señor Presidente, sobre el mismo tema. Creo en efecto que la sustitución, debatida en comisión, de public prosecutor por independent judicial authority no es solamente un corrigendum lingüístico: más bien parece un golpe de estado. Por tanto, pienso que el servicio competente habría debido rechazar tal modificación.

Theato
Estimadas y estimados colegas, ya hemos hablado antes sobre el problema. He partido de la versión alemana, sobre la que también se votó en la comisión. Como no existe ni una autoridad de justicia, instructora o encargada de perseguir los delitos penales a nivel europeo ni tampoco una fiscalía, es muy, pero que muy difícil encontrar un concepto unitario que tenga en cuenta todos los diferentes sistemas nacionales. En un estudio se acuñó este concepto de "fiscalía» pero no es un concepto consolidado como tal. Como he notado una gran resistencia con el concepto alemán de "Staatsanwaltschaft», he intentado encontrar una expresión neutra para mi informe y mandar votar a continuación sobre el mismo. No se ha votado solamente sobre las diferentes versiones lingüísticas. Como después se me ha dicho que la traducción es inexacta o equívoca, he rogado que el concepto se equipare a la traducción alemana, que es de la que yo parto.
Pero quiero indicar de nuevo claramente que esto es algo que aún no existe y que tenemos que definir. Antes he pedido a la Comisión que realice una definición. El concepto debe llenarse de contenidos, de modo que tenga en cuenta y deje totalmente intactas las competencias de los países miembros. Por ello, esta cuestión era para mí primero una cuestión lingüística. Me quedé algo sorprendido de que se me plantease solamente ayer por la tarde. Les ruego que se examine el contenido y que no se aferren a una palabra sobre la que hay que encontrar antes una definición.

El Presidente
Gracias, señora Theato. Debo decir que, a mi juicio, se trata más bien de una cuestión conceptual que de traducción. Sin embargo, voy a pedir su opinión al Sr. De Luca y al Sr. Bourlanges, así como a la Sra. Wemheuer. Luego tomaremos una decisión.

De Luca
Señor Presidente, en realidad, como usted acaba de decir, la cuestión existe y no es sólo una cuestión terminológica. De hecho, el término «Ministerio Fiscal europeo» tiene un significado. Quizás en el intento hecho por la Sra. Theato, »autoridad judicial» es un término más comprensible que podía englobar ambos conceptos. Posiblemente existe una solución que me permito sugerir al Pleno: no hay que emplear ni el término «Ministerio Fiscal» ni el término «autoridad judicial», sino «organismo judicial europeo». No sé si esta expresión podrá traducirse en las demás lenguas o si encaja, así y todo, un organismo es algo indefinido que está a medio camino y que, por lo tanto, podría resolver la controversia lingüística que, de otro modo, nos impediría seguir adelante.

Bourlanges
Señor Presidente, no cabe duda de que existe un debate de fondo, pero éste es un mero debate de procedimiento, y se trata de preguntarse si el texto que nos ocupa es conforme con el que fue votado en el seno de la Comisión de Control Presupuestario.
A beneficio de inventario, creo que no cabe duda, primeramente, de que el texto que votamos y que es autoridad es el texto alemán; en segundo lugar, este texto alemán incluye la expresión «autoridad independiente», en alemán, y no la expresión «fiscal europeo», que procede, por su parte, de otra fuente, a saber el Corpus Juris propuesto por la Comisión.
Por tanto, creo que en términos de procedimiento, no hay ambigüedad. Efectivamente, votamos un texto que hablaba de autoridad judicial independiente. En caso de desacuerdo con este texto, hubiera sido preciso, a mi juicio, presentar una enmienda según las formas prescritas, y en este caso, hubo efectivamente un error de traducción entre el texto alemán y las demás versiones lingüísticas.
Por tanto, creo que es preciso atenerse a la votación, tomando como base el texto alemán, que es el que da fe.

Wemheuer
Señor Presidente, en los grupos políticos -incluyendo naturalmente también el mío- hemos hablado sobre el informe tal como lo conocíamos, sin la rectificación y nos hemos hecho una opinión al respecto. Por ello, solamente podemos votar sobre el texto tal como lo conocíamos. Ruego a la Sra. Theato que retire la rectificación pues, por lo visto, no ha contribuido a aportar claridad sino confusión. Si no la retira, en nombre de mi grupo político solicitaré que se devuelva el informe a la comisión.

Green
Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con las observaciones formuladas por la Sra. Wemheuer. También nosotros creemos que no es un cambio puramente lingüístico, sino que se trata de un concepto diferente, de modo que, si no podemos conseguir la supresión de la corrección, quisiéramos que se devolviera a comisión para aclararlo.

El Presidente
Señorías, tenemos, pues, una propuesta relativa al corrigendum y una propuesta de devolución a comisión. Por tanto, quizás voy a someter primero a votación la propuesta relativa al corrigendum, para saber si éste es aprobado o rechazado. Señora Theato, ¿está de acuerdo con este procedimiento?

Theato
Señor Presidente, primero quiero saber exactamente si usted, caso de que no se acepte la rectificación, va a mandar votar sobre la devolución a la comisión.
Tengo que saber exactamente la vía del procedimiento. ¿Es así? ¿Se va a votar primero sobre la rectificación? Y si se aprueba ésta, ¿va a mandar que se celebre otra votación?

El Presidente
Señora, vamos a votar primero el corrigendum. Si el corrigendum es aprobado, votaremos enseguida, si llega el caso, una devolución a comisión, siempre y cuando usted la solicite. Sin embargo, por el momento, me ocupo de una propuesta de la Sra. Green destinada a la devolución a comisión si no se aprueba el corrigendum. ¿Es efectivamente así?
(Interrupción de la Sra. Green) Perdóneme, señora Green, es lo contrario. Me expresé mal. Primero vamos a votar el corrigendum nº 1, para ver si se acepta o no. Ya que este corrigendum sustituye en francés, se lo recuerdo, la expresión «fiscal europeo» por la expresión «autoridad judicial europea». Por tanto, nos es preciso, puesto que la modificación se aplica al conjunto, votar primero el corrigendum. A continuación, votaremos, en caso necesario, la petición de devolución a comisión.

Green
Señor Presidente, agradezco mucho lo que está usted intentando hacer y estoy de acuerdo con usted, pero éste es un procedimiento que no hemos adoptado antes. Por lo que se refiere a la corrección, si la Sra. Theato está dispuesta a retirarla, creo que eso es lo apropiado y después votaremos sobre el texto original. Si no está dispuesta a retirarla, creo que debemos devolverlo a comisión.

Theato
Muchas gracias a la señora Green por haber contribuido muy positivamente a una aclaración. Estoy dispuesta a retirar esta rectificación. No me afecta a mi misma. Quiero decirlo claramente. Pero también quiero decir que todos los colegas, se encuentren donde se encuentren, me dejarían naturalmente en la estacada si debido a la retirada de la rectificación, votasen en contra. Quiero decirlo con total claridad. La cuestión de cómo se llame esta institución que debe venir en alguna ocasión, no es para mí el asunto central. Para mí, lo principal es que se logre una protección de los intereses financieros.

Tillich
Señor Presidente, la votación que quiere mandar realizar ahora es ilícita. La ponente ha dicho que la versión original es la alemana. Si votamos ahora, lo haremos sobre el trabajo de los traductores y no sobre el asunto de que se trata aquí. Por ello, considero ilícita la votación que quiere mandar hacer. Deberíamos votar sobre la base del texto alemán.

El Presidente
Señorías, tomo acta del hecho de que la Señora ponente ha retirado el corrigendum nº 1. Por tanto, vamos a votar el texto sin el corrigendum nº 1. Estamos efectivamente de acuerdo sobre este punto. Que cada uno asuma sus responsabilidades. Yo no puedo proponer otra cosa.
(El Parlamento aprueba la resolución)

Caudron
Quiero felicitar a nuestro compañero Tom Megahy por la seriedad de su trabajo y la pertinencia de las recomendaciones formuladas por su informe, que me parecen ir en la buena dirección. Al igual que muchos de nuestros compañeros, deseo aportar mi apoyo a las enmiendas presentadas por su ponente. Así, adhiero totalmente a la idea de distinguir entre el «beneficiario» de la tarjeta y el vehículo.
Efectivamente, se sabe la dificultad de poner en práctica medidas destinadas a la integración de las personas discapacitadas en una sociedad que siempre excluye más a los individuos menos aptos a adaptarse a obligaciones cada vez más duras. Asimismo, espero que esas recomendaciones sean retomadas muy pronto por los Estados miembros de la Unión.
A través de este informe, se plantea una vez más la cuestión de una Europa ciudadana. Es preciso constatar, en efecto, una realidad que se aleja siempre de los discursos oficiales y los indicadores de la Bolsa que desgranan cifras en las que los individuos están ausentes.
Quiero denunciar una vez más aquí los ataques bruscos y violentos contra los valores de solidaridad y justicia. La Unión Europea representa un modelo de desarrollo y de civilización, y quiero recordarlo en estos tiempos de desmantelamiento del Estado de bienestar.
Concedo que estas palabras se alejan un poco del tema inicial, pero me temo que las medidas destinadas a la desregulación social afectan particularmente a las personas discapacitadas. Considero que, en este ámbito, todavía tenemos mucho por hacer, especialmente a nivel del acceso al empleo y la lucha contra todas las discriminaciones larvadas, que afectan demasiado a menudo a las personas discapacitadas.

Titley
Aunque mi colega el Sr. Megahy está en lo cierto al señalar que el Consejo opta sólo por una recomendación no vinculante que sirva de orientación a los Gobiernos sobre esta cuestión, comparto su favorable acogida a la idea de una tarjeta relativa al estacionamiento para los discapacitados.
También me complace que se acepten las propuestas concretas del Parlamento: por ejemplo, la importancia de que se expida la tarjeta a un conductor discapacitado para que la utilice con cualesquiera vehículos que conduzca y que se suprima la necesidad de la renovación burocrática de la tarjeta cada vez que se utilice un vehículo diferente.
Me alegro también de que se vaya a dejar la definición de conductores discapacitados al arbitrio de los Estados miembros y a permitir que sea todo lo amplia que les parezca oportuno. Como siempre, las orientaciones de la UE deben ser una norma mínima en la que deban basarse los países en caso de que quieran darle un carácter más riguroso. Espero que los gobiernos hagan todo lo posible para facilitar los viajes a nuestros numerosos conciudadanos discapacitados a fin de que la libre circulación se aplique a todos los europeos en el futuro.
Recomendación para la segunda lectura Wijsenbeek (A4-0116/98)
Langenhagen
Hay que constatar los siguientes puntos que el Sr. Kinnock, el Comisario competente, confirmó ayer tras el debate sobre los modernos tacógrafos:
1.En su decisión, el Consejo solamente se ha expresado sobre la futura "Blackbox» (aparato 1B). El diputado británico y coordinador de los socialistas ha tenido que preguntar dos veces al respecto a la Comisión en la última reunión de la Comisión de Transportes y Turismo. El representante de la Comisión ha confirmado que solamente se presentó al Consejo la propuesta 1B.2.La nueva "Blackbox» no se ha determinado hasta ahora. ¿Sabemos sobre qué votamos?
3.La decisión del Consejo es defectuosa pues no se ha regulado el reequipamiento. El Consejo ha actuado aquí con demasiada rapidez y erróneamente para imponer a toda costa un compromiso. ¿No creen ustedes realmente que las empresas, en caso de una falta de reequipamiento, no intentarán todo para conservar los antiguos tacógrafos, sea por la vía que sea? Un tacógrafo hecho de remiendos no contribuye a una mayor precisión de medición.4.Se facilita mucho la competencia a los Estados de la Europa central y oriental. Sólo en 1995 se acordó con estos Estados la obligación de tener un tacógrafo. Si ya en los Estados europeos falta en las empresas y en las autoridades de control la totalidad de la infraestructura que necesita el nuevo aparato, entonces, es algo evidente que tampoco nuestros competidores van a esforzarse en hacerlo.5.No está regulado el control ni el empleo de los datos en las empresas. No creo que esto lo pueda querer alguien seriamente.Mi resumen tras trabajar cuatro años en este Reglamento como ponente del Grupo de Partido Popular Europeo en la Comisión de Transportes es el siguiente: los Estados miembros quieren seguir manteniendo por el momento el actual sistema de tacógrafo que es manipulable; los motivos son lamentables pero evidentes.
La Comisión ha dado un giro de 180 grados haciendo el juego al Consejo. La mayoría del Parlamento también lo ha hecho. Todo esto no beneficia la credibilidad del Parlamento Europeo.
Lo positivo es que con la actual resolución del Parlamento hemos puesto en marcha un desarrollo técnico; lo negativo es que se plantea para un futuro muy lejano y no para hoy. En el entretiempo, aproximadamente durante 10 años, nos vamos a mover en una zona opaca y esto va a tener consecuencias.

Lindqvist
No puede ser razonable que la UE regule los transportes terrestres tan detalladamente como lo hace en esta reglamentación sobre la construcción, instalación, uso y pruebas de los tacógrafos. Los sistemas también tienen que ser aprobados por la Comisión. El Consejo ha ido aún más lejos y propone la instalación obligatoria de tacógrafos digitales en todos los nuevos vehículos a partir del 1 de julio del año 2000.
Estas propuestas afectan especialmente a los pequeños transportistas y a las empresas que no siempre tienen posibilidad de introducir nuevos equipos sin hacer grandes esfuerzos económicos. Las materias de esta naturaleza deben ser tratadas en el ámbito nacional. La detallada reglamentación comunitaria debe terminar.

Rovsing
Todos los países europeos realizan hoy un esfuerzo especial por proporcionar a las personas con problemas de movilidad la posibilidad de desplazarse libremente. Un eslabón importante de esta política es el acceso de los minusválidos a plazas de aparcamiento reservadas con una ubicación especialmente adecuada. La autorización para estacionar en tales plazas se otorga mediante una tarjeta identificativa especial expedida por las autoridades. Afortunadamente, estas tarjetas nacionales de minusvalía se admiten en la mayoría de los casos también cuando el titular de la tarjeta viaja a los demás países comunitarios. No obstante, será de todas formas bastante más práctico y seguro para los minusválidos si se expide una tarjeta comunitaria común, y por ello el reglamento propuesto representa una iniciativa positiva.
El Parlamento aprobó durante la primera lectura una serie de enmiendas que tienen por objeto mejorar aún más la situación de los minusválidos y es un motivo de alegría ver que el Consejo ha incorporado estas propuestas a su posición común. A la luz de estos positivos resultados doy a la recomendación mi total apoyo.

Schlechter
Al principio existía el Reglamento nº 548/69 del Consejo relativo a la armonización de ciertas disposiciones en materia social en el ámbito de los transportes por carretera. Este reglamento fue seguido por otro, el nº 1463/70, que preveía la introducción de un aparato de control en los transportes por carretera. Como muchos otros casos, esta innovación tuvo, en un principio, efectos positivos sobre las condiciones de trabajo y la competencia, pero lamentablemente no por mucho tiempo.
Se impuso la necesidad de una nueva reglamentación. En 1985, la Directiva 3820/85 del Consejo establece los tiempos de conducción y los tiempos de descanso de los conductores profesionales y garantiza un mejor control de las disposiciones comunitarias relativas a los aparatos de control.
Al cabo de años de experiencia práctica, se reveló que el Reglamento nº 3821/85 no aseguraba una protección suficiente contra las manipulaciones del disco y que el sistema del control era muy difícil de aplicar.
En consecuencia, la Comisión propuso en 1994, el sistema 1 que mantenía el tacógrafo actual, complementado con una «caja negra» electrónica y permitía transferir las informaciones requeridas en una tarjeta con memoria del conductor. El Parlamento Europeo retuvo esta solución bajo reserva. En 1995, éste expresó su deseo de encontrar un sistema más eficaz, más fiable y menos permeable al fraude.
Por ello, resulta sorprendente ver a nuestro ponente dar marcha atrás, ya que el sistema 1A que nos propone es un sistema caduco. No va tan lejos como la decisión del Parlamento Europeo de 1995, y ya ni la Comisión ni el Consejo la quieren.
Ciertamente, la propuesta común va más lejos que la recomendada por nuestro ponente. Aplicó al pie de la letra la petición del Parlamento Europeo destinada a introducir una nueva generación de aparatos de control totalmente digitales con una memoria integrada.
Desde hace ahora más de dos años, los progresos en las técnicas y la reflexión de los industriales señalan claramente que esta vía (es decir, la del Parlamento) era la correcta y, como consecuencia, ya no se justificaba mantener la opción que constituía una evolución intermediaria entre el tacógrafo 1A y el aparato de control totalmente digital (texto de las conclusiones de la posición común).Por tanto, pienso que la decisión que tomamos es la correcta.
Ahora nos es preciso encontrar soluciones a los problemas que sin duda alguna van a plantearse. Así, necesitaremos poner nuestra nueva reglamentación en concordancia con el AETR, que fue firmado entre los Estados miembros de la Unión Europea y los demás países europeos y tiene por objeto armonizar la duración del tiempo de conducción y los instrumentos de control con vistas a evitar distorsiones de competencia entre los transportistas de los Estados miembros de la Unión Europea y los de los países terceros. Tal modificación debería tener lugar en el mismo plazo que en el fijado por la nueva reglamentación. En cuanto a la puesta en conformidad de los vehículos, necesitaremos encontrar plazos razonables que satisfagan a los interesados.
Si los vehículos puestos en circulación dos años después de la entrada en vigor del reglamento deberán estar equipados con el tacógrafo 1B, deberá ocurrir lo mismo con los vehículos puestos en circulación a partir del 1 de enero de 1996, cuando se remplace el aparato de control con el que están equipados. Siete años después de la entrada en vigor del reglamento, todos los vehículos afectados deberán estar equipados con el aparato 1B.
A mi juicio, nada se opone a establecer de manera detallada las exigencias técnicas mediante una decisión ulterior de un comité técnico. No obstante, me parece de buena ley que se concluya un acuerdo definitivo y completo en el seno de este comité antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento. No obstante, todas estas nuevas mejoras técnicas carecen de todo valor si los controles que se aplican a los transportes por carretera no se efectúan correcta y uniformemente en todos los países miembros.
Para terminar, diría que necesitamos un instrumento indispensable para constatar las infracciones y reforzar el cumplimiento de las normas en vigor. Creo que el sistema 1B satisface a estas condiciones. En cuanto a los Estados miembros, deberán esforzarse para no tener, en el futuro, comportamientos diferentes a causa de las interpretaciones divergentes de las normas en vigor.
Las inversiones en el sistema 1B serán aceptadas y los controles producirán el efecto deseado, a condición de que la Comisión trate también estos problemas a la mayor brevedad.
Informe Väyrynen (A4-0008/98)
Väyrynen
Señor Presidente, desearía ofrecer una explicación de voto de modo oral, ya que el Grupo Liberal se ha abstenido en la votación definitiva. Nuestro Grupo ha adoptado esta decisión al estimar inaceptable el resultado final de la votación sobre el artículo 4, es decir, el artículo relativo a las redes nacionales de aeropuertos.
Aquí se ha sometido a votación por separado la enmienda 10 presentada por la comisión, que versaba sobre la introducción del segundo capítulo. El Parlamento ha decidido aprobar la enmienda de la comisión por 251 votos a favor y 243 en contra. Esta votación limita la equiparación de las tasas, estipuladas en el marco de las redes nacionales de aeropuertos, únicamente al ámbito de los vuelos nacionales. Como ya señaló el Comisario Sr. Kinnock ayer ante este Parlamento, esta circunstancia contraviene plenamente el principio fundamental de la directiva, esto es, el principio de no discriminación. En el interior de la Unión, las tasas deben ser las mismas para los vuelos nacionales e internacionales. Al haberse formulado erróneamente este punto clave en el informe, el Grupo Liberal se ha visto obligado a abstenerse en la votación final.
Desearía añadir aún que hemos votado en contra de la enmienda 25, presentada por los Verdes, al considerar que ya se han tomado suficientemente en consideración los aspectos medioambientales en nuestra enmienda 26 y en la enmienda 20, presentada por el Grupo de los Socialistas.

Ahlqvist, Andersson, Hulthén, Lööw, Theorin y Waidelich
Apoyamos la idea fundamental de la directiva propuesta, es decir, que la transparencia y la colaboración conllevan que las diferencias en los sistemas de tasas sean las más pequeñas posibles. Las compañías aéreas europeas pueden beneficiarse de una clarificación de las tasas de aeropuertos. Puesto que, sin embargo, estimamos que las redacciones propuestas no son tan claras como para calcular las consecuencias en su conjunto, nos abstenemos de votar.

Cushnahan
Señor Presidente, a medida que avanzamos en la realización del Mercado Único, la Unión Europea debe examinar cada uno de los sectores industriales y velar por que no haya obstáculos no arancelarios al comercio en ellos. Ése es el objetivo exactamente de la directiva del Consejo sobre los impuestos aplicados en los aeropuertos.
En el marco de un mercado único, resulta desorbitado que se impongan impuestos en los aeropuertos mediante formas no transparentes. Así como los consumidores quieren conocer lo que compran antes de hacer efectivos los pagos, las compañías aéreas (que son, en realidad, consumidoras de servicios aeroportuarios) deben disfrutar del mismo nivel de transparencia. Se debe exigir a los aeropuertos que revelen para qué se utilizan las tasas. También debe reflejar el nivel de utilización. Las compañías aéreas no deben tener que pagar la misma cantidad por el aterrizaje de una avioneta para viajes cortos que un gran reactor en cualquier aeropuerto.
Convengo con el ponente en que no es necesario armonizar los impuestos aplicados en los aeropuertos de toda la UE, en la que los diferentes aeropuertos tienen necesidades distintas y las compañías aéreas que utilizan determinado aeropuerto deben correr con el costo de los servicios aeroportuarios.
Por estas razones apoyo este informe.

Eriksson
Opino que la legislación comunitaria sobre las tasas de aeropuertos es innecesaria. Hay grandes diferencias en las situaciones de los distintos países miembros, lo cual hace más justo y más fácil que ese tema sea regido por la legislación nacional. Además, la liberalización y la armonización comunitaria parecen ser objetivos más importantes de lograr que la utilidad pública.
Por estas razones, me abstengo en la votación final del informe Väyrynen.

Fayot
Este informe tiene una considerable importancia para los aeropuertos pequeños y podría reducir drásticamente sus ingresos.
Luxemburgo, que tiene solamente un único aeropuerto comercial, se está esforzando por encontrar un compromiso razonable entre las tasas de aeropuertos y los intereses de las compañías de transporte aéreo, pero depende de esas tasas.
Por ello, los socialistas europeos apoyan la enmienda de Brian Simpson (PSE) que pretende que los artículos 4, 5, 6 y 7 solamente se apliquen a aeropuertos que tengan un movimiento anual de al menos 2 millones de pasajeros o de 50.000 toneladas de carga. El texto de la Comisión preveía solamente 250.000 pasajeros y 25.000 toneladas de carga.
Mientras que Luxemburgo está muy lejos del límite de carga previsto en la directiva, en la primera cifra tiene 1, 2 millones de pasajeros, es decir, si se aprueba la enmienda ya no caería bajo la directiva. Esto nos permitiría seguir garantizando una gestión del aeropuerto a unos precios favorables.
Lamentamos sobremanera que no se haya aprobado la enmienda mencionada. Por ello, me he abstenido en la votación final.

Kestelijn-Sierens
Me gustaría expresar mi apoyo al informe del colega Väyrynen.
Lo que a mí me interesa sobretodo es que se puedan incluir gastos específicos identificables externamente, que son causados en el campo del medio ambiente por el tráfico aéreo. Pienso que es justo cobrar altas sumas de dinero en los aeropuertos en el caso por ejemplo de aparatos ruidosos o de vuelos nocturnos o incluso de aviones que expiden un extremado mal olor a queroseno.
Esta tasa extra no es únicamente una medida de castigo o una medida para desalentar a los causantes de molestia. Con razón la Comisión llama la atención a que la diferenciación no traiga como objetivo que surjan recaudaciones extra para los aeropuertos. Tiene que servir en compensación del daño causado al medio ambiente. Esas recaudaciones extra tienen que depositarse en un fondo que se utilice para inversiones al medio ambiente en los mismos aeropuertos o para la financiación de inversiones que los vecinos tengan que hacer como consecuencia de la molestias. El aeropuerto de Schiphol ya aplica esto último de forma concienzuda.
Si no se utiliza esa compensación extra al medio ambiente para cubrir la molestia y el daño real causado a l medio ambiente, se corre el riesgo de que determinados aeropuertos contraten vuelos incómodos para recaudar sumas de dinero adicionales.
Teniendo en cuenta estas consideraciones he apoyado en especial el artículo 5 y las enmiendas 11, 25 y 26.

Theonas
La propuesta de directiva sometida a debate es la última de las medidas propuestas en el tercer paquete destinado a liberalizar el transporte aéreo. La Comisión propone el establecimiento de normas únicas para el establecimiento de tasas en los aeropuertos basadas en criterios de no discriminación y que tengan en cuenta la relación entre el coste y la transparencia. La propuesta comienza con criterios financieros lógicos al considerar los aeropuertos como simples empresas comerciales e ignorar su importante papel como medios de apoyo al desarrollo y a la cohesión económica que faciliten el ejercicio de políticas sociales, la materialización de los objetivos para la preservación del medio ambiente y la seguridad de los vuelos, de los pasajeros y de los empleados del sector.
El objetivo, por supuesto, no es la mejora de los servicios prestados ni de las infraestructuras de los aeropuertos ni el reforzamiento de la seguridad, sino la reducción de los costes de compañías aéreas que hagan uso de los aeropuertos, así como la nueva concesión de primas en el reparto de los mercados liberalizados. Los beneficiados no serán en ningún caso los empleados encargados de la administración del aeropuerto ni los de las compañías que hagan uso del mismo, ya que para ellos sólo se prevén cambios en sus convenios colectivos, a veces bajo amenaza de cierre - como es el caso de la Olympic Airways - con el fin de reducir los costes de las compañías. Tampoco se van a ver beneficiados los pasajeros, que en teoría podrían serlo, ya que la experiencia demuestra que, bajo condiciones de competencia entre oligopolios y de reparto de los mercados, la reducción de los costes conducirá, por regla general, tan sólo al incremento de los beneficios.
Esta directiva va a ocasionar problemas en el sector de la administración de los aeropuertos, ya que la disminución de sus ingresos reducirá las posibilidades de desarrollo y modernización de las infraestructuras en detrimento de la seguridad de los vuelos y de los pasajeros. Dicha disminución de ingresos, junto con la prohibición de subvenciones estatales, en combinación con el asfixiante marco que impone la disciplina presupuestaria, y el recorte de los recursos para la política regional afectarán de forma indirecta a los aeropuertos más pequeños y, por tanto, a las regiones periféricas con mayor dificultad de acceso y que son a su vez las que más apoyo necesitan.
Partiendo de este punto, deseamos manifestar nuestro desacuerdo con la propuesta de la Comisión al entender que pretende asociar el nivel de las tasas con el coste de los servicios prestados y de las infraestructuras. Dichas tasas no sólo cubrirían los gastos de los frecuentados aeropuertos centrales sino también los de los aeropuertos periféricos, pequeños y aislados, y que, dado su escaso tráfico, no pueden hacer frente a sus gastos de funcionamiento, que en su mayoría son fijos, o realizar las inversiones necesarias para su modernización.

Wibe
Es de vital importancia destacar, en relación con el tratamiento de este informe, que se debe ver la red de aeropuertos nacionales como un sistema. Tiene que ser aceptable que los aeropuertos que producen ganancias subvencionen a otros del sistema que tienen pérdidas, ya que los aeropuertos con ganancias no serían tales si se cerrasen los aeropuertos con pérdidas.
Informe Aparicio Sánchez (A4-0071/98)
Cushnahan
Con la próxima Unión Económica y Monetaria y la realización del Mercado Único, se suprimirán varios obstáculos al turismo dentro de la Unión. Pero sigue siendo válida esta pregunta: ¿tendremos también un mercado único del turismo de verdad?
Actualmente, la falta de una concepción coherente del turismo por parte de la UE parece indicar que la respuesta a esa pregunta será rotundamente negativa. Por esa razón, apoyo plenamente el informe del Sr. Aparicio Sánchez.
Ya es hora de que la Comisión comience a considerar por separado las consecuencias para los turistas de la Unión al formular instrumentos legislativos. Así como hemos empezado a examinar los derechos de los consumidores en sus países, debemos hacer hincapié también en los derechos de los consumidores en vacaciones. Esos consumidores son los más vulnerables, por encontrarse en muchos casos en una cultura con la que no están familiarizados, posiblemente en una gira relámpago por varias ciudades y sin conocimiento de la legislación local.
Acojo con beneplácito la petición del ponente a la Comisión de que aumente la transparencia en el sector de las compañías aéreas. A medida que avanzamos hacia la liberalización de los cielos de la Unión, debemos examinar cómo afecta a los turistas de la Unión dicha liberalización (y la costumbre del sector de las compañías aéreas de hacer una discriminación selectiva de los precios). También se debe hacer más transparente el procedimiento del código compartido para que el viajero sepa qué compañía lo traslada en realidad en su viaje y no sólo qué compañía le vende el pasaje.
También me parece particularmente importante la petición por parte del Sr. Aparicio Sánchez de la armonización de las normas de los sectores de hostelería y de los viajes en grupo. Para disponer de verdad de un mercado único, los turistas deben estar protegidos por leyes similares en cada uno de los Estados miembros.
Como indica este informe, la Comisión debe organizar su concepción del sector turístico, pues los sectores que afectan a los turistas están esparcidos por diferentes Direcciones Generales de la Comisión. Alentando la cooperación entre los diferentes sectores de formulación de políticas, la UE protegerá sin lugar a dudas a los turistas y contribuirá al crecimiento de ese sector.

Eriksson
Siempre es una meta importante el mejoramiento de la seguridad y los derechos de los consumidores, aunque yo estimo que el impacto actual del sector turístico sobre el medio ambiente es el problema que requiere más urgente solución.
La mejor manera de llevar a cabo la protección de la seguridad y los derechos de los consumidores y el mejoramiento de las normas comerciales en el sector turístico es en el ámbito nacional, tanto con miras a la eficacia como a la democracia. Por eso me he abstenido en la votación final del informe Aparicio Sánchez.

Titley
Señor Presidente, me complace apoyar este informe hoy, porque comparto su compromiso de velar por que los viajeros víctimas del overbooking de las compañías aéreas o de los hoteles sean indemnizados. Demasiadas vacaciones, ganadas con esfuerzo, han resultado estropeadas por esa circunstancia, ya se deba a errores de las compañías afectadas o a actitudes deliberadas.
El informe está en lo cierto también al señalar que se debe prestar más atención a la seguridad aérea, dado que el número de vuelos y pasajeros que cruzan nuestro espacio aéreo aumenta todos los años.
Espero que la Comisión y el Consejo pongan en práctica las ideas del ponente y velen por que, gracias a ello, aumente la confianza de los consumidores en el decisivo sector del turismo de nuestra economía.

Wibe
Opino que este asunto debe estar fuera de la esfera de trabajo del Parlamento. En el punto 11 del informe se propone que la Comisión presente al Parlamento y al Consejo el resultado de una investigación acerca de la sobrecontratación en hoteles y otros alojamientos, etc. Asimismo se propone en el punto 30 que la Comisión, junto con este Parlamento y las organizaciones profesionales, organice anualmente jornadas de estudio sobre la calidad de la oferta de los servicios turísticos.
Sin duda que el sector turístico tiene en muchos lugares de la UE gran importancia para el empleo, pero resulta un poco absurdo que se presenten tales propuestas en este Parlamento. Opino que el tratamiento de esas materias está fuera de nuestra competencia.
Informe Elles (A4-0097/98)
Berthu
El informe del Sr. James Elles sobre la ejecución del presupuesto general de la Unión para 1996 muestra que la actitud de la Comisión acaba por irritar incluso a aquellos que tenían, en un principio, la mejor disposición hacia ella: los fraudes denunciados año con año se repiten sin cesar: las instituciones tienen tendencia a cubrir a los funcionarios responsables, o al menos a hacerlo creer, manteniendo la opacidad alrededor de las investigaciones internas; las reformas enérgicas son inexistentes. Por tercera vez consecutiva, el Tribunal de Cuentas se negó conceder su «declaración global positiva» respecto al presupuesto comunitario, y el Parlamento Europeo, por su parte, acaba de negarse a concederle su aprobación de la gestión.
La lectura de los informes del Tribunal de Cuentas es abrumadora. Sin embargo, muestra una acumulación de fraudes o de inercia, sin explicar verdaderamente de dónde procede esta parálisis. Por su parte, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones va más lejos en el análisis poniendo en tela de juicio la propia estructura de un determinado número de instituciones y políticas europeas.
Por ejemplo, el informe Elles se aflige al comprobar que más de un año después de las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el procedimiento del tránsito comunitario, la informatización de este procedimiento, que se presentó como un buen medio para hacerla fiable y operativa, todavía no ha empezado. Peor todavía, a la fecha del mes de marzo de 1998, la Comisión ni siquiera ha logrado establecer una especificación detallada del sistema que sería preciso instaurar para mejor detectar los fraudes. ¿Es una casualidad? ¿Es preciso, como el informe Elles, incriminar únicamente la inercia de la Comisión? En realidad, nosotros percibimos que el problema es mucho más profundo: después de la supresión de los documentos de acompañamiento de las mercancías, así como de los controles en las fronteras internas, ¿el procedimiento del tránsito comunitario no se ha vuelto sencillamente inmanejable?
¿No puede formularse la misma pregunta respecto a los procedimientos relativos a las iniciativas comunitarias en favor de las PYME, que acarrean una fragmentación tal de los créditos que la Comisión parece incluso incapaz de señalar si se logran o no los objetivos?
Podríamos multiplicar los ejemplos. En total, los fraudes repetitivos no sólo ponen en tela de juicio la laxitud de la gestión, sino también el carácter impracticable de las políticas que, en principio, habían sido decididas con un fin ideológico de desarrollar el gran Estado europeo, mucho más que con una finalidad de eficacia. Además, al colocar desde hace mucho tiempo a la Comisión en un pedestal, como guardián incontestable del interés europeo, apenas se facilitó su control, y ahora vemos las consecuencias.
Para luchar verdaderamente contra el fraude, es preciso hacer descender a la Comisión de su pedestal y ponerla a ella misma bajo control. Queda de manifiesto que el negarle la aprobación de la gestión sobre el presupuesto de 1996 deberá acarrear consecuencias. Si el Parlamento Europeo fuera lógico consigo mismo, votaría una moción de censura.
Informe Kellett-Bowman (A4-0092/98)
Papakyriazis
Voy a votar al informe Kellett-Bowman (CEDEFOP) con una seria reserva.
Voy a votar al proyecto de decisión presentado, sin perjuicio del apartado 4, que sí considero que se inscribe dentro del marco de dicho informe.
Además, curiosamente, se hace referencia detallada al asunto de la "compra de la nueva sede del CEDEFOP en Salónica» en el informe del ponente (que, como es sabido, ni siquiera va a someterse a votación y que no son sino las opiniones personales del propio ponente). La referencia a dicho asunto es superficial, fragmentaria, imprecisa, infundada y por lo tanto engañosa, de forma que puede inducir a percepciones completamente erróneas.
Tras diversas dificultades objetivas, y no sólo objetivas, afrontadas durante su reinstalación desde Berlín, el desarrollo creciente del CEDEFOP en Salónica y su creativa labor satisface los requerimientos de la Unión Europea.
La construcción del nuevo edificio sigue según lo previsto y su entrega se realizará antes de los plazos oficiales (mayo de 1999).
La Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, como comisión competente en materia de la "política» del CEDEFOP, supervisa todo ese asunto de forma responsable, tal como declara nuestra Comisión en el escrito de opinión al respecto adjunto al informe Kellett-Bowman.
(Esta explicación también ha sido dada por parte de todos los eurodiputados del PASOK PSE/GR) . Informe Theato (A4-0082/98)
Kirsten Jensen y Blak
Los socialdemócratas daneses se abstienen en la votación del informe de la Sra. Theato. Pensamos que el informe trata de adelantarse al progreso, puesto que éste en gran medida se corresponde a una situación que sólo surgirá si no todos los Estados miembros ratifican el convenio sobre la protección de los intereses financieros de la Unión.
Aunque tal situación surgiera, no queda claro que sea necesaria una armonización penal a fin de proteger los intereses financieros de la Unión. A ello hay que sumar que Dinamarca permanecerá fuera de tal iniciativa como consecuencia de nuestras reservas sobre la participación en la cooperación judicial comunitaria.

Wibe
No apoyo la propuesta del informe sobre la creación de una fiscalía europea. Sin embargo, opino que es sin lugar a dudas provechoso que se investigue cuidadosamente en el ámbito nacional y se castigue a quienes cometen fraudes con las subvenciones comunitarias.
(La sesión, interrumpida a las 13.10 horas, se reanuda a las 15 horas)

Ayuda financiera a las PYME
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0114/98) del Sr. Pronk, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la propuesta de decisión del Consejo sobre medidas de ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas (PYME) generadoras de empleo (COM (98)0026 - C4-0138/98-98/0024(CNS)).

Pronk
Presidente, tenemos entre manos una importante propuesta que ha venido gracias a este Parlamento, tanto a través del informe Van-Velzen como a través de la propuesta del ponente de Presupuestos Tillich. La cumbre de Luxemburgo ha tomado en cuenta estas consideraciones. La PYME es un motor de empleo. En la Unión Europea el 6, 5 por ciento de todas las inversiones se dirige a empresas de nueva creación. En los Estados Unidos el 37 por ciento de todas las inversiones llega a estas empresas de nueva creación. Por eso quizás vaya mejor a veces la creación de empleo en los Estados Unidos. La propuesta consta de tres iniciativas complementarias. Este plan es el desarrollo de una parte del paquete de Tillich, 420 de un total de 450 millones de ecus. La primera parte, esto es el 40 por ciento de los 420 millones de ecus, se destina a la regulación de puesta en marcha de la FEF que suministra capital a riesgo a las PYMES. Al respecto quisiera subrayar que el nombre debería ser modificado. Propongo que se llame regulación de puesta en marcha europea.
En primer lugar es necesario un nuevo nombre para evitar confusión con otras regulaciones europeas. En segundo lugar la regulación de la FEF fue introducida por el Banco de Inversiones Europeo mientras que la regulación de puesta en marcha europea será gestionada por el Fondo Europeo de Inversiones. En tercer lugar es un nombre poco manejable para que la Comisión Europea le publicite. La Comisión tendrá que hacer algo con el marketing a esta iniciativa. Ese marketing no se promueve si el BEI se tiene que ver comprometido para ello. Además es un nombre que no dice nada. La iniciativa de puesta en marcha europea tiene como objetivo mejorar el acceso al capital de las PYMES de nueva creación o que estén en proceso de desarrollo. Estas empresas tienen un potencial de crecimiento alto y un difícil acceso al capital debido al alto riesgo. En sólo cuatro Estados miembros existen en la práctica tales iniciativas y funciona bien. En cierto número de países existe mucho interés por crear algo que pueda suponer inversión en las PYMES de alto valor tecnológico y que pueda dar asistencia. Con esta regulación pues se puede seguir ampliando en un cierto número de Estados miembros el potencial presente hasta ampliarlo por toda la Unión Europea.
La segunda regulación es la de la joint European venture (sociedad mixta europea). Para esto está disponible el 20 por ciento de los 420 millones de ecus. El objetivo es fomentar el asentamiento de joint ventures transnacionales en las PYMES de la Unión Europea. Existen ya experiencias de colaboración entre PYMES que traspasan fronteras en Europa central y del este y en el Tercer Mundo. Estos ejemplos dan esperanza y confianza en que las joint European ventures funcionarán. Hay que tener en cuenta por supuesto que no son fondos circulares que tras unos años se reembolsen a sí mismos. Esto al contrario de las otras dos iniciativas.
La tercera regulación es la ayuda a la financiación de las PYMES. Para esto se destina el 40 por ciento de los 420 millones de ecus. Esta ayuda a la financiación hace posible que las PYMES de nueva creación o que acaban de comenzar puedan obtener capital. Un punto que quisiera subrayar en este informe es la evaluación de las tres iniciativas. El Parlamento Europeo no quiere añadir de antemano ninguna condición extra fuera de las que la Comisión misma ha propuesto. Si no puede durar años antes de que el programa pueda ponerse en práctica realmente. Pero sí que es necesario una evaluación posterior. Así como se produce una evaluación interna si tiene que tener lugar una toma de decisiones política en el desarrollo de un programa. También es importante la longitud del programa. Lo acordado era que el programa duraría 3 años. Esto se ha prometido también en la cumbre de Luxemburgo. Pero tres años no es menos que tres años, al igual que el tres por ciento no es ni más ni menos que el tres por ciento. Es decir que si el programa empieza el uno de mayo no terminará hasta el 1 de mayo del 2001 y no el 1 de enero del 2001. Si no la evaluación es extremadamente difícil. Apelo al Consejo por consiguiente a que cambie de opinión con respecto a este punto y que deje que transcurra el programa durante los tres años completos. Razón de más porque la regulación de puesta en marcha europea y la ayuda a la financiación de las PYMES son fondos circulares que no finalizarán completamente hasta dentro de 16 años. Si todo va bien estos dos programas no habrán costado nada a la Unión Europea tras 16 años y esta es una manera fantástica de fomentar el empleo y al mismo tiempo de llevar una política presupuestaria ahorrativa. Una gran ventaja de la iniciativa con los sistemas de garantía es que los Estados miembros que todavía no lo tengan tienen que emprender un sistema de garantía como ese mientras que otros están dispuestos mejor a tratar las peticiones que preceden a las garantías, ya que a menudo estos programas están calcados. Llama la atención también que se trate tanto de sistemas nacionales como de regionales o locales. En un país como el mío el sistema nacional es el que más se ha desarrollado. En otro es precisamente el sistema regional el que mejor se ha desarrollado. Es bueno que aprendamos recíprocamente en cuanto a este punto. Quisiera añadir además que he presentado nuevas enmiendas tras las conversaciones con la Comisión. Estas son las enmiendas 18, 19, 20 y 21. Las enmiendas 18 y 20 son modificaciones formales. En la enmienda 19 se ha cometido una falta, la palabra tiene que ser assessment en inglés y no evaluation . Las demás lenguas tienen que amoldarse a esto. La enmienda 21 es la adaptación de una parte de una enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial que se había quedado con una mano delante y otra detrás.
Finalmente, Presidente, quisiera agradecer encarecidamente a los miembros y a la secretaría de la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo por la muy buena colaboración que ha existido en la elaboración de este difícil dossier así como a los demás miembros del Parlamento europeo y principalmente a las dos comisiones con las que tuvimos que cooperar: La Comisión de Presupuestos y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial. También con el Consejo y la Comisión se ha cooperado muy bien. En pocas ocasiones he asistido a una colaboración tan intensiva entre las instituciones como en este dossier, aunque se trate por consiguiente de una promesa muy ceremoniosa que hizo el Consejo Europeo y que nosotros aquí tenemos que llevar a la práctica.

Tillich
Señor Presidente, ciertamente el informe sobre el que hoy tratamos fue junto con la propuesta de fundamento jurídico uno de los puntos centrales de los debates presupuestarios del presupuesto de 1998, cuyo ponente fui yo mismo. Esta propuesta de fundamento jurídico pretende ser un impulso para más empleo en Europa.
Con la Presidencia luxemburguesa, durante los debates presupuestarios hemos llegado a un acuerdo al que se han atenido el PE y el Consejo también en la segunda lectura. Ahora, la Comisión ha puesto sobre la mesa una propuesta de fundamento jurídico. Tengo que reconocer a la Comisión que, en lo esencial se atiene al resultado de los debates de entonces, pues son tenidos en cuenta en su propuesta de fundamento jurídico.
El objetivo fue y es aprobar un programa que contribuya a crear con rapidez y sin complicaciones nuevos puestos de trabajo en las empresas innovadoras y no más trabajo en las administraciones de la Comisión y de los Estados miembros. Este fue también el tenor de las enmiendas de la Comisión de Presupuestos a la propuesta de fundamento jurídico de la Comisión.
En lo referente al contenido del informe y de las enmiendas que se han presentado aquí, quiero felicitar primero al ponente, Sr. Pronk. A demanda de la Comisión, se ha esforzado en aplicar a esta propuesta un procedimiento más rápido, por lo que hoy ya podemos debatir sobre ella. Pero respecto a la primera enmienda de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, quiero decir simplemente que no es correcta. En el marco del procedimiento presupuestario de 1998 y en la resolución no hemos determinado que este programa abarque 450 millones de ecus para tres años. No pudimos hacerlo pues acordamos un presupuesto para un año. Lo correcto es que hemos adoptado una resolución por un importe de 150 millones de ecus para el año 1998. En los debates entre el Consejo y el Parlamento Europeo se llegó al acuerdo de aplicar este programa para tres años con un importe total de 450 millones de ecus. Pero esto no significa -y esta es la posición de la Comisión y del Consejo- que necesitemos un fundamento jurídico para los restantes 420 millones de ecus.
Respecto a la enmienda nº 3, tengo que constatar que es correcto que se deben tener también en cuenta a las otras pequeñas y medianas empresas que trabajan en el ámbito social y en otros campos del sector sanitario. Pero en la misma enmienda se habla de estimular la creación de puestos de trabajo y esto afecta a todas las empresas y abarca automáticamente también a las empresas que trabajan en el ámbito social.
Me parece muy cuestionable -y quizás por ello se ha elegido la formulación "en caso necesario»- la enmienda nº 7 de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, presentada por el Sr. Harrison. Sé que en Europa existe una mala cultura en el campo de los venture capital funds , lo que acaba de decir también el ponente, y con este programa queremos proporcionar un estímulo. Por ello, deberíamos trabajar primero con aquellos que ya existen y no dificultar el procedimiento con una licitación sino tomar los que tienen éxito. Esto correspondería al enfoque del documento.
Por ello, creo que debemos esforzarnos en poner también a disposición de las empresas que quieran correr el riesgo aquello que denominamos capital de riesgo y no deberíamos impedirlo con obstáculos administrativos.

Harrison
Señor Presidente, la comisión apoya firmemente las propuestas de la Comisión encaminadas a ayudar a las pequeñas empresas haciendo que la financiación resulte más asequible a las PYME innovadoras y creadoras de puestos de trabajo. Acogemos con beneplácito la participación del mayor banco de Europa -nuestro banco: el Banco Europeo de Inversiones- y la utilización del Fondo Europeo de Inversiones.
Sé que la comisión principal, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sigue abrigando cierta preocupación por el nivel del fondos que se aportarán para esos tres programas y el calendario para la ejecución de éstos. Comparto esa preocupación y espero que se pueda utilizar lo antes posible la totalidad de esos 450 millones de ecus. Al fin y al cabo, esas PYME, que tan rápidamente evolucionan, son las lanchas motoras en el lago Lemán de la economía de Europa.
Sin embargo, de vuelta a aguas más tranquilas, la comisión planteó varias inquietudes. En primer lugar, se deben conceder las subvenciones a empresas que ofrezcan la esperanza de aportar puestos de trabajos sostenibles y, además, nuevos. No se debe utilizar el Fondo Europeo como substituto de la inversión normal de las empresas. En segundo lugar, los fondos deben ir destinados a las microempresas. Éstas son las bellotitas a partir de las cuales han crecido algunos de los robles más altos en el bosque de los puestos de trabajo. Además, se deben seleccionar las instituciones intermediarias de forma transparente, convocando licitaciones competitivas en los casos en que sean viables. La observación final de la comisión se centra en el relieve público del Banco Europeo de Inversiones. Pese a su excelente calificación, tiene un reconocimiento cero entre las PYME de la UE. Siguen escribiéndome empresas para preguntarme cómo pueden conseguir fondos del BEI. «He mirado de un extremo a otro de la calle principal de mi ciudad y no ha habido manera de encontrar el BEI», dicen las personas que me escriben. Ya es hora de que el BEI salga a la luz y diga a Europa que está aquí para ayudar.
Por último, deseo felicitar al Sr. Pronk por la redacción de su informe.

Van Velzen, Wim
Presidente, el señor Pronk ha recordado en su discurso inicial la colaboración bastante intensa que ha existido entre los tres cuerpos. Esto se ha debido en gran medida al hecho de que el Parlamento Europeo ha financiado en gran parte este proyecto con su propio presupuesto. Por eso era necesario para los demás colaborar con nosotros. El Parlamento Europeo lo hizo para crear la posibilidad de poner sobre la mesa por lo menos un proyecto concreto para la Conferencia Cumbre de Empleo en Luxemburgo. Estoy extraordinariamente contento de que por fin lo hayamos hecho, con muchísimo esfuerzo por cierto.
El objetivo de todo el proyecto es por supuesto la creación de empleo. Acepto la idea de que las PYMES pueden jugar un extraordinario papel en eso. Quiero indicar sin embargo que aquí se trata de una clase de hiper . Todo el mundo piensa que si has creado una pequeña empresa el asunto está salvado; mientras que si miras un año más tarde tienes que constatar a tu pesar que han desaparecido bastantes. De ahí que quiera poner el acento a la petición que nosotros hacemos en nuestras enmiendas de incluir claramente también la enseñanza y apoyo para estas personas, ya que estas personas se tienen ganado una buena asistencia, ya sea dentro del marco de la iniciativa empresarial tal como se ha formulado durante la Conferencia Cumbre de Empleo, o dentro de este proyecto, para procurar que el empleo se mantenga.
Otro aspecto al que quisiera llamar la atención es la enmienda 11 donde se dice que en la evaluación final tiene que prestarse buena atención a cuál era la calidad de los puestos de trabajo creados, por ejemplo en el terreno de la protección social, derechos de los sindicatos, etc., y qué nuevo tipo de empleo se ha creado. Es atípico, para toda la jornada laboral, sí o no. Si esto llega a la evaluación significa naturalmente que tiene que jugar un papel en los objetivos, en la aprobación de proyectos. Espero que la Comisión le preste atención a esto desde el principio. El encargárselo a los Estados miembros sin más es una estrategia extremadamente peligrosa, porque en una parte de los Estados miembros los trabajos de hamburguesas son en este momento más populares que un equilibrio entre flexibilidad y seguridad.
Finalmente quisiera señalar que en este proyecto ha sido muy importante la relación, la conexión con lo que nosotros llamamos el tercer sistema, la llamada economía social que puede situarse en el terreno de la sanidad o de la cultura, pero donde según mi opinión se encuentra una gran cantidad de empleo. Creo que aún hoy en día se sigue infravalorando de hecho a este grupo, también por parte de la Comisión y abogo en favor de una unión de estos proyectos con la propuesta sobre la que discutimos y espero que mañana sea aprobada si la Comisión ha tomado lo suficiente de nuestras enmiendas.

Schiedermeier
Señor Presidente, en su informe sobre la propuesta de resolución del Consejo sobre medidas para la ayuda financiera a las pequeñas y medianas empresas que sean innovadoras y que creen puestos de trabajo, el colega Pronk ha expuesto claramente los problemas y preocupaciones. Quiero expresarle por ello mis felicitaciones y espero que sus propuestas sean tenidas en cuenta del modo correspondiente por la Comisión y el Consejo. Desde hace años, todas las instituciones de la Unión Europea subrayan la importancia de las pequeñas y medianas empresas en el campo del empleo.
Todas las cifras de que disponemos demuestran que las PYMES son de hecho la espina dorsal del crecimiento económico y que van a seguir siéndolo. Cuanto más pequeñas son las empresas, tanto más éxito tienen por lo general a la hora de crear puestos de trabajo. Desde 1992 se vienen elaborando y aplicando los correspondientes conceptos financieros. Se han logrado éxitos pero, a pesar de ello, señor Comisario, continuamente escucho críticas en el sentido de que los programas son poco eficientes porque precisamente para las pequeñas y medianas empresas la presentación de las solicitudes es demasiado complicada, burocrática y larga. Por este motivo, muchas PYMES recurren a costosos asesores. En las nuevas propuestas no se deben cometer estos errores.
Lamentablemente, está justificada la crítica de que hasta hoy no se ha realizado una valoración comparativa de las acciones llevadas a cabo, en la que se tengan en cuenta los costes por cada puesto de trabajo creado. Esta deficiente transparencia dificulta considerablemente los preparativos de las nuevas medidas proyectadas.
No obstante, espero que tengan éxito lo que el ponente menciona como "programa de capital inicial ETF», el Joint European Venture y la simplificación de los avales para las PYMES, en especial, para las empresas de hasta 100 trabajadores. Precisamente, estas empresas tienen problemas cuando se trata de poner a disposición capital de riesgo. Esto lo quiere facilitar el Parlamento mediante la simplificación de los avales para las PYMES y crear más puestos de trabajo. Por ello, espero que el importe definitivo de los créditos se aproxime a la propuesta del Parlamento. Para los parados, el éxito de las nuevas medidas en la UE es importante y urgente. Cuanto más rápidamente se haga, tanto mejor. La divisa debe ser menos burocracia y más empleo. Espero que logremos con rapidez este objetivo pero no como el colega van Velzen dice, mediante el máximo número posible de normas que deban cumplir las empresas; esto sería lamentable.

Crowley
Señor Presidente, doy la bienvenida al Comisario en la Asamblea. En primer lugar, quiero felicitar a mi colega el Sr. Pronk por su espléndido informe, que llega en un momento muy oportuno para nosotros. La semana pasada, examinamos en Bruselas los cambios propuestos para los Fondos estructurales y para los mecanismos de apoyo con cargo al Fondo Social Europeo, en particular los destinados a la creación de puestos de trabajo, y vimos con cierta inquietud que se están reduciendo globalmente las cantidades reales de dinero asignadas para la creación de puestos de trabajo y procesos de formación.
Como ya han dicho mis colegas, el sector de las PYME representa más del 66 % de todo el empleo de la UE. Irlanda es excepcional, en el sentido de que nuestro criterio en la Unión Europea para conceder el estatuto de PYME es una media de 250 empleados o menos. En Irlanda la mayoría de las empresas de ese sector emplean a 80 personas o menos. Eso nos brinda una gran oportunidad de enviar un mensaje muy sólido a las personas que están arriesgando su capital en el sentido de que estamos dispuestos a actuar con ellas como socios para crear nuevas empresas, nuevos puestos de trabajo y, en particular, nueva riqueza económica.
Debemos centrarnos más que antes en algunos aspectos. El Sr. van Velzen se ha referido a que muchas PYME cierran un año después de su creación. La razón principal es la de que no tienen acceso a una financiación a plazo más largo de un año.
En segundo lugar, no tienen el mismo acceso a la formación que les permita mantenerse al día en materia de nuevas tecnologías, con las nuevas previsiones económicas, para poder ser competitivas en los mercados principales.
Felicito al Sr. Pronk por sus propuestas sobre el aspecto muy técnico de la facilitación de capital de riesgo a esas pequeñas empresas, para que Europa pueda dar ejemplo una vez más en materia de creación de nuevos puestos de trabajo.
Por último, no considero apropiado que se incluya el sector terciario. Abundando en lo dicho por el Sr. Schiedermeier, es importante reconocer que podemos proteger los derechos sociales de los trabajadores, pero eso no significa que debamos aumentar la burocracia y el papeleo.

Boogerd-Quaak
Presidente, los oradores anteriores ya lo han dicho. Asimismo gracias al Parlamento ha sido posible que estos recursos se hayan dejado libres. En mi opinión se han despachado en pro de un buen objetivo, esto es apoyar a empresas emprendedoras con necesidades de capital para comenzar y seguir rodando. Es único lo que hacemos. Pienso que está muy bien que elijamos esa opción. Por otra parte tenemos que procurar que no se lleve la mejor parte el que reparte, ni los centros de investigación, ni aquéllos que tienen que canalizar el dinero. Por esas razones y porque estamos preocupados que se dirijan los recursos por un camino equivocado, hemos presentado una enmienda al artículo 3 de esta propuesta. Por la misma razón hemos presentado la enmienda 17, ya que pensamos que si se quiere evaluar se tiene que saber lo que se evalúa. En este momento hay falta de claridad sobre las medidas llevadas a cabo. Quisiera que la Comisión me dijera qué piensa de esta enmiendas.
El señor Pronk ha dicho que hasta este punto hemos colaborado explícitamente y que hemos marchado de forma unánime. Aquéllos que me conocen desde hace tiempo saben que en general intento tener en cuenta lo razonable de una serie de asuntos, también en el debate entre la Comisión y el Consejo, pero pienso que debemos atender a ser razonables recíprocamente y que tenemos que mirar de forma seria nuestras recíprocas enmiendas.
Presidente, ya lo ha dicho el señor Van Velzen: es muy importante el apoyo a jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores. Pienso que el señor Van Velzen dice demasiado a la ligera que muchos emprendedores no continúan. Comparto su opinión en cuanto a ese apoyo, pero pienso que siempre se correrán riesgos y pienso que precisamente tenemos que poner nuestra vista en los que siguen adelante. Ya que en América resulta que con más frecuencia se crean puestos de trabajo que se corren riesgos. Por eso espero que podamos ver este proyecto mutuamente de forma positiva.

Ojala
Señor Presidente, desearía comenzar felicitando al ponente, el Sr. Pronk, por haber logrado abordar con tan buenos resultados, y en un breve espacio de tiempo, los aspectos fundamentales de esta cuestión, así como por haber introducido enmiendas favorables e importantes en la propuesta de la Comisión.
Me satisface de manera especial que el informe apunte la conveniencia de orientar parte del programa de financiación destinado a las PYME a la financiación en beneficio de las PYME del sector de servicios, principalmente por lo que respecta a los ámbitos de sanidad, formación y cultura. Este nuevo planteamiento muestra una amplitud en la interpretación del concepto de innovación que se presenta necesaria en la actualidad. Los descubrimientos en el sector tecnológico no constituyen únicamente, ni mucho menos, el conjunto de las innovaciones, ya que las nuevas modalidades de oferta de servicios o de asistencia pueden ser unas innovaciones de un carácter igualmente positivo. Naturalmente, la responsabilidad principal en materia de sanidad pública y en otros ámbitos similares debe ser asumida por el sector público, el cual se verá a la postre complementado, que no totalmente sustituido, por las PYME del sector terciario.
Las empresas de este sector son a menudo gestionadas por mujeres. Me satisface igualmente que en el informe se mencione de manera explícita la necesidad de información orientada a las mujeres. Se trata, en muchos casos, de empresas muy pequeñas; además, las mujeres ni cuentan con experiencia como empresarias, ni disponen de información sobre las posibilidades de financiación. No obstante, las mujeres están presentes a menudo en las actividades de servicios con predominio de mano de obra, por lo que las inversiones en sus empresas propician la creación directa de puestos de trabajo.
Para todos, tanto hombres como mujeres, sería bueno lograr que la información sobre las distintas posibilidades de financiación que ofrece la UE estuviera fácilmente disponible en una sola ventanilla, sin necesidad de pasar a través de distintas instancias. Esto es muy importante.

Ewing
Señor Presidente, como los demás, agradezco al Sr. Pronk su trabajo. Me llama la atención el grado de consenso que suele haber sobre este importante asunto en todos los Grupos parlamentarios. Parece que todos sabemos en este Parlamento que es la esperanza para abordar la horrenda falta de puestos de trabajo. Es la estrella brillante que refulge en esa obscuridad.
Yo procedo de una zona con una población muy escasa y he de preguntar: ¿qué entendemos por pequeño? En muchas partes de mi zona, una empresa de 50 empleados no sería pequeña, sino grande. Me uno al diputado que ha pedido un conjunto de normas especiales para las microempresas. Algunos de los planes más innovadores de mi circunscripción se han puesto en marcha con de cinco a diez empleados, a veces en lugares muy remotos. Si la idea es suficientemente buena, en muchos casos se puede superar la lejanía. Hay un ejemplo así en Skye, donde personal científicamente competente y que trabaja en zonas muy pequeñas crea instrumentos destinados a medir diversas partes del cuerpo para diversos fines. El objeto producido es tan pequeño, que no resulta caro enviarlo a todas las partes del mundo. Esa empresa comenzó con dos hombres y ahora emplea a unos 30 científicos de alto nivel, que están contentos de vivir en Skye. Con frecuencia puede ocurrir que algo muy pequeño al comienzo llegue a ser muy importante para toda la comunidad. Todos podríamos citar ejemplos así.
La mayoría de esas pequeñas empresas tienen el problema de una limitada base de inversión y eso es lo que estamos intentando abordar. Acojo con beneplácito los tres planes que con tanta destreza ha descrito el Sr. Pronk. Sin embargo, hemos de preguntarnos por lo que ocurre, una vez que las pequeñas empresas han superado la fase de puesta en marcha y han tenido cierto éxito en materia de creación de puestos de trabajo. Entonces es cuando empiezan a pasar la prueba. Con mucha frecuencia en mi país -y en otros- quiebran por culpa de los retrasos en los pagos y la falta de un código que los castigue.
Recientemente, hubo un programa en la BBC, según el cual la Comisión está a punto de introducir una directiva sobre ese tema. Ojalá sea verdad. En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, de la que fui miembro durante bastante tiempo, todos queríamos unánimemente un código que castigara el retraso en los pagos. El retraso en los pagos es lo que desbarata toda la labor que estamos intentando hacer aquí y con frecuencia los culpables son grandes empresas, autoridades locales y -he de decirlo- instituciones de la Unión Europea. Todas ellas son responsables del cierre de muchas de esas empresas, que han logrado superar los obstáculos para ponerse en marcha y crear puestos de trabajo.
Los antiguos planes funcionaron bastante bien, una vez que logramos que un gran número de bancos apoyaran el sistema de garantías del Banco Europeo de Inversiones. No hemos hecho una evaluación propiamente dicha, como ha dicho un orador, del rendimiento desde el punto de vista del costo por puesto de trabajo. Yo difundí mucha información en mi circunscripción de Escocia sobre dicho plan y muchas personas me escribieron. La verdad es que no debería ser yo quien hiciera la propaganda. Muchas empresas no reciben, sencillamente, información sobre el BEI, ni siquiera sobre la importante labor que llevan a cabo los Centros Europeos de Información. Por ejemplo, en Inverness hay un centro excelente, pero no recibe suficientes fondos para difundir su existencia y lo que puede ofrecer.
Acojo con beneplácito este informe con todos sus méritos y espero que sea aprobado por unanimidad.

Nicholson
Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar al ponente por su excelente informe. Desde luego, en toda la Unión Europea se reconoce que las PYME son fundamentales para el futuro de nuestra economía. Teniéndolo presente, acojo, desde luego, con beneplácito este informe que intenta desarrollar el compromiso del Parlamento con vistas a la creación de condiciones en las que las PYME puedan desarrollarse. Todos sabemos que las pequeñas y medianas empresas representan más del 65 % de nuestro empleo, por lo que es lógico que, a la hora de buscar formas de fortalecer nuestra economía, la mayoría de las acciones vayan encaminadas a ayudarlas a superar las dificultades iniciales.
Desde luego, apoyo las peticiones de ayuda, porque en mi circunscripción ocurre algo parecido a lo expuesto por la Sra. Ewing. Muchas de las propuestas se refieren a empresas con menos de cincuenta empleados, con menos de veinte empleados, de hecho, y muchas de ellas son las microempresas que comienzan con muy poco y, si no reciben esa ayuda inicial, pueden hundirse muy rápidamente.
El retraso en los pagos es, desde luego, uno de los problemas más graves y creo que debemos velar por brindar la flexibilidad necesaria y no asfixiarlas con más papeleo y burocracia.
Ése es uno de los problemas que veo en los gobiernos nacionales, en particular cuando el apoyo procede de la UE: que las nuevas propuestas parecen ir acompañadas de más condiciones burocráticas. Si no las aligeramos, si no demostramos mayor flexibilidad al respecto, creo que no lograremos lo que esperamos: que los ciudadanos de la UE vuelvan al trabajo.
En mi circunscripción, tenemos el problema particular de la diferencia entre la libra esterlina y la libra irlandesa. El Gobierno del Reino Unido no ha podido resolver hasta ahora el problema del alto tipo de cambio de su divisa, la más sobrevalorada del mundo. No cabe duda de que la libra esterlina está creando considerables dificultades a muchas de las pequeñas empresas de mi circunscripción, en particular en las regiones fronterizas, y expulsándolas del mercado.
Ésos son los imperativos que debemos afrontar -creo yo- y, si no lo hacemos, creo que no desempeñaremos la función que nos corresponde aquí y no lograremos a largo plazo lo que esperamos: devolver a los ciudadanos de Europa al trabajo.

Angelilli
Señor Presidente, yo también deseo felicitar al Sr. Pronk por su informe. Como han dicho todos los oradores que me han precedido, no cabe duda de que todos los estudios y las estadísticas sostienen que el futuro del empleo europeo depende de las pequeñas empresas que en los últimos diez años han sido las únicas capaces de crear el mayor número de nuevos puestos de trabajo.
En Italia, por ejemplo, existen alrededor de 4 millones de pequeñas empresas que representan el 90 % de nuestro patrimonio empresarial. Las pequeñas y medianas empresas han registrado la mayor capacidad de crecimiento y, por lo tanto, de creación de puestos de trabajo precisamente porque logran adaptarse mejor a las exigencias del mercado.
Con frecuencia, sin embargo, las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a asumir todos los riesgos empresariales, sin ninguna clase de facilidad ni en términos de ventajas fiscales ni en términos de acceso al crédito, habida cuenta de que normalmente el Estado privilegia y ayuda sólo a las grandes empresas. Además, las dificultades para encontrar dinero, salvo que con tipos bancarios muy a menudo totalmente irracionales, son las que favorecen las condiciones para la difusión cada vez más preocupante del fenómeno de la usura.
En consecuencia, no puedo dejar de coincidir plenamente con el espíritu de la iniciativa en favor de las nuevas medidas financieras para las pequeñas y medianas empresas. En particular, estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de Asuntos Sociales sobre la necesidad de otorgar una explícita prioridad a las empresas con menos de 100 trabajadores comprobando, sin embargo, con cuidado y transparencia la auténtica capacidad de crecimiento de estas empresas que tienen que generar nuevos puestos de trabajo, bien entendido que los mismos deben ser duraderos.
Ayudar a las pequeñas y medianas empresas más dinámicas, especialmente las pequeñas empresas de los jóvenes y de las mujeres -sectores que quizás sufren las mayores desventajas- poniendo a su disposición más fondos y medios de financiación, no sólo supondrá un aumento del empleo, sino innovaciones tecnológicas, competitividad en el mercado y, sobre todo, una mayor capacidad de los operadores económicos de hacer frente a los retos y las oportunidades de la inminente Unión Monetaria europea.

Ghilardotti
Señor Presidente, como ya han recordado el ponente Sr. Pronk y los colegas que han intervenido antes que yo, desde hace años se están tratando de encontrar instrumentos, modalidades y soluciones eficaces y capaces de contribuir a hacer frente de forma positiva al problema del empleo. La observación de la realidad nos confirma que en todos los Estados de la Unión las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral del sector empresarial en Europa, y las únicas, según se ha dicho, que han permitido la creación de nuevos puestos de trabajo en los últimos años.
Las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, son las estructuras más capaces de adaptarse a los cambios rápidos, de ser flexibles, pero también las que tienen mayores dificultades para encontrar capitales propios en los mercados y para acceder al crédito con tipos de interés más ventajosos.
Es necesario, por lo tanto, como por otra parte se viene haciendo y como se propone en la Comunicación, que a nivel comunitario se intervenga precisamente para incrementar la capacidad de crecimiento y la vitalidad de las pequeñas y medianas empresas, facilitando y reforzando su acceso al capital.
Por esto, el año pasado, con vistas a la Cumbre extraordinaria de Luxemburgo, el Parlamento Europeo invitó al Consejo a que adoptara medidas de fortalecimiento y de ampliación en favor de las pequeñas y medianas empresas y propuso la creación de la nueva línea presupuestaria B-55 «Mercado de trabajo e innovación tecnológica», dotada con 450 mecus a lo largo de 3 años, articulando sus medidas en dos capítulos, es decir, iniciativas en favor del mercado de trabajo e innovación tecnológica, y esto además de lo ya previsto por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones.
En particular, las iniciativas en favor del mercado de trabajo se basan en la puesta en práctica de la Comunicación de la Comisión que señala la necesidad de fomentar las iniciativas locales en favor del empleo, llegando incluso a la determinación de 17 sectores diferentes respecto a los cuales hay que financiar proyectos piloto y la difusión de esas buenas prácticas que, a lo largo de estos años, han ofrecido resultados satisfactorios en términos de empleo. Pienso, entre otros, en el desarrollo y la promoción de proyectos piloto en el ámbito del tercer sector, y no terciario como con frecuencia se llama o se traduce erróneamente, que además de crear empleo, a nivel local, representan un instrumento eficaz de participación y de formulación de respuestas positivas a las necesidades sociales, medioambientales y culturales. Por eso, debo manifestar que, defraudando las expectativas, la Comisión, a través de la propuesta que hoy estamos debatiendo, financia un importe de referencia de 420 mecus y excluye la iniciativa del primer capítulo. Francamente esto me parece bastante extraño, y así también lo entiende el Parlamento, e incoherente con las indicaciones y las decisiones del Parlamento Europeo aprobadas por el Consejo de Luxemburgo.
En consecuencia, además de aprobar la propuesta de la Comisión, es necesario corregir, como propone el señor ponente -a quien felicito- e incluir en la propuesta de fundamento jurídico lo mencionado anteriormente.

Chanterie
Señor Presidente, señor comisario, queridos colegas. Me gustaría felicitar en primer lugar al colega Pronk por el trabajo que ha hecho en relación con este informe y que en parte puede ser visto como innovador en lo que respecta a la actividad del Parlamento. Quiero dejar claro desde el principio que soy partidario de esta iniciativa de crecimiento y empleo. El Parlamento Europeo ha dejado libre recursos por un importe de tres veces 150 millones de ecus y todo esto principalmente en pro de empresas pequeñas y medianas, empresas de hasta 250 trabajadores tal como nos ha dicho la Comisión Europea. Hay unanimidad en este Parlamento para apoyar esto. Sin embargo quisiera, señor Presidente, exponer algunas objeciones críticas al Parlamento y a la Comisión Europea con la esperanza de que sigan dirigiendo esta iniciativa íntegra también de forma crítica.
La primera objeción. El 90 % se destina a la llamada ayuda a la tecnología de las PYMES. Incluye subsectores que emplean principalmente a cualificados de alto rango. Esta especie de prestación de ayuda tiene que ir paralela con inversiones en la enseñanza y formación empresarial, si no amenaza el que aumente la escasez de mano de obra cualificada tecnológicamente. Hoy dicen en la prensa que el gobierno belga busca 5000 especialistas en informática y en Gran Bretaña el primer ministro Blair busca 20.000 especialistas en informática para poder atajar la bomba del milenio y otras bombas. No están en el mercado en este momento. Necesitamos para ello formación y preparación adicional.
En segundo lugar, me alegro de que la enmienda 3 quiera ampliar esta iniciativa hasta el tercer sector, sobretodo en sectores como la sanidad, enseñanza y cultura. Estos ángulos de incidencia sociales tienen gran valor por sí mismos y pueden ocuparse de cantidad de puestos de trabajo. No se trata tanto de mano de obra muy cualificada sino de los poco cualificados. La lucha contra el paro estructural debe ser puesta en marcha en ese entorno.
Una última observación, señor Presidente, debemos vigilar por encima de todo que no nos encontremos con el fenómeno del huevo del cuco. En los Países Bajos se dice "un niño sustituido», con lo que se dan importantes subsidios a las PYMES, no tanto para empleos principales como secundarios. De ahí la importancia del reportaje sobre la fase de ejecución y más concretamente sobre la creación de empleo.

Gallagher
Señor Presidente, quisiera rendir homenaje al Sr. Pronk por la preparación y presentación de un informe magnífico. Me complace en particular que se hayan colocado ahora las pequeñas y medianas empresas en el primer puesto del orden del día europeo y se reconozca su importante papel en la creación de puestos de trabajo dentro de la Unión.
Las PYME son la columna vertebral de los sectores industrial, comercial y de servicios de toda la Unión, pues la tercera parte de todos los puestos de trabajo del sector privado de la Unión corresponden a empresas que emplean a menos de diez empleados. Como procedo de una región casi ultraperiférica del noroeste de Irlanda y represento la circunscripción de Connacht y Ulster, que tiene una alta tasa de desempleo y una renta por habitante inferior al 75 % de la media europea, me identifico en gran medida con las empresas con menos de diez empleados y aprecio plenamente su importancia. Debemos crear un ambiente económico que propicie la inversión en pequeñas empresas.
La creación de una cultura empresarial en la Unión es absolutamente esencial. No es cometido de la Comisión ni, de hecho, de los Gobiernos de los Estados miembros el de crear empleo. Sin embargo, su cometido consiste en crear condiciones que propicien la inversión y la creación de puestos de trabajo. Unas condiciones económicas favorables, la competitividad y la flexibilidad en el mercado laboral son requisitos previos esenciales para la creación de puestos de trabajo. Así, pues, como conclusión, acojo con beneplácito la decisión del Parlamento de aportar recursos financieros suplementarios por valor de 450 millones de ecus y también la propuesta de una decisión del Consejo para ayudar a las PYME.

Raschhofer
Señor Presidente, las grandes empresas y los consorcios multilaterales son los que dominan el campo de la publicidad. Están anclados en la consciencia de las personas por su continua presencia. Piensen por ejemplo, solamente en la Coca Cola: esté donde esté, cualquier niño la conoce. Pero el auténtico soporte de nuestra economía no son las pocas grandes sino las muchas pequeñas empresas, las PYMES. Representan el 66 % de todos los puestos de trabajo en la UE y destacan por su fuerte crecimiento de empleo bruto. Por ello, saludo cualquier iniciativa que permita conceder una ayuda financiera a estas empresas tan eficientes. Pues uno de los mayores problemas de las pequeñas empresas es la deficiente dotación con capital propio que existe en la mayoría de los casos.
Si realmente se va a alcanzar el objetivo de este programa, la creación de más puestos de trabajo, solamente se podrá demostrar mediante una evaluación a posteriori. Cuanto antes se lleve a cabo esta evaluación y más detallado sea el control, tanto mejor se podrán aplicar los programas y los créditos financieros. Por ello, apoyo plenamente la enmienda nº 10.

Waddington
Señor Presidente, este informe sobre la asistencia financiera para las PYME innovadoras y creadoras de puestos de trabajo transmite la promesa de que se aportarán recursos para estimular el espíritu empresarial que propiciará el crecimiento sostenible en materia de empleo. Sin embargo, es de lamentar que la propuesta de la Comisión de una decisión del Consejo no mencione el papel que las empresarias podrían desempeñar en ese proceso. Se trata de una grave omisión, porque las mujeres probablemente representen el mayor potencial en ese ámbito. Actualmente, sólo el 30 % de las PYME están dirigidas por mujeres, pero, según las estadísticas pertinentes, esas empresas son las que tienen más probabilidades de triunfar.
El extraordinario Sr. Pronk ha tenido la amabilidad de aceptar mi propuesta a ese respecto. En la enmienda nº 8 se señala la necesidad de lograr la mayor difusión de la información relativa a la asistencia financiera, en particular a las empresarias, y en la enmienda nº 11 se pide una evaluación de los planes que tenga en cuenta la igualdad de oportunidades. Espero que la Comisión nos escuche a ese respecto y brinde de verdad oportunidades para las mujeres en esa asistencia financiera.

Formentini
Señor Presidente, sin duda alguna, el informe que estamos debatiendo representa un hecho positivo y una inversión de la tendencia en lo referente a las intervenciones de la Comunidad Europea. Sin embargo, me parece que se trata de una gota de agua en un desierto, o sea, que es del todo insuficiente, más aún que ahora, con la entrada en vigor de la Unión Monetaria, van a aumentar las dificultades de las pequeñas y medianas empresas.
Nos encontramos ante una situación en la que dejarán de permitirse ciertas flexibilidades y en la que el hecho de que falte un control democrático de las acciones de los Gobiernos y las acciones del Ejecutivo europeo por parte de un Parlamento electo, convierte en más difícil, si cabe, esta problemática. La convierte en difícil el profundo descontento que, de hecho, se manifiesta en el ámbito de la producción real. Pongo por ejemplo el caso del Estado italiano, en el que fui elegido, un Estado que puso más o menos en orden sus cuentas intensificando la presión fiscal sobre las pequeñas y medianas empresas y que prevé seguir haciéndolo todavía más en el futuro. Es preciso que la Comisión Europea procure ser muy cauta en este tema.
Hay inestabilidades: en el norte de Italia existe una zona donde se concentran las pequeñas y medianas empresas que, sin duda, se convertirá en inestable debido a estas políticas.
El Estado italiano aún no ha entrado en Europa y ya piensa en desviar recursos hacia el sur inspirándose en las prácticas de clientelismo habituales que benefician el gran capital que ha desindustrializado el norte y que crea empresas virtuales en el sur, donde no existe un crecimiento autónomo, porque toda actividad industrial real, aunque mínima, es sofocada por el mundo de las mafias.
En consecuencia, sería conveniente que la Comisión se olvidara de las visiones idílicas y se diera cuenta de que el Estado italiano provocará una gran inestabilidad, sobre todo debido a la revuelta de los pequeños y medianos empresarios del norte del país.

de Silguy
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. Pronk da respuesta a la iniciativa mencionada por ustedes «crecimiento y empleo», que su Asamblea tomó liberando los recursos necesarios en el curso del procedimiento presupuestario de 1998. Esta señal política del Parlamento Europeo contribuyó ampliamente al éxito del Consejo Europeo sobre el empleo del mes de noviembre pasado, en Luxemburgo. Asimismo, la Comisión pudo presentar, sobre estas bases, desde el 21 de enero pasado, su propuesta legislativa y se felicita y les agradece la celeridad con la que su comisión instruyó el expediente.
Ante el desafío del empleo, no existe una respuesta milagrosa, no existe una solución sencilla. La estrategia recomendada por la Comisión reside en la continuación de una política macroeconómica sana a nivel comunitario y en el fortalecimiento de la coordinación de las políticas económicas nacionales y las políticas de empleo. En este marco, la iniciativa «crecimiento y empleo» se dedica a desarrollar acciones específicas en favor de las pequeñas y medianas empresas creadoras de empleo, el Sr. Chanterie y la Sra. Ghilardotti lo señalaron hace un momento. No se excluye ningún sector, todos los sectores están admitidos. Las PYME son las reservas de empleo en Europa. Les recuerdo que en Estados Unidos se calcula que el 3 % de las empresas -las que trabajan esencialmente en las biotecnologías, las telecomunicaciones, los sectores de punta- han creado el 80 % de los puestos de trabajo en este país.
Por ende, la Comisión ha elegido los mecanismos más eficaces en términos de creación de puestos de trabajo durables, y éstos están especialmente encaminados a aligerar las cargas financieras a las que han de enfrentarse las PYME.
Al contestar a sus preguntas, volveré a hablar brevemente de estos tres programas, paralelos, pero complementarios.
Primeramente, la «Ayuda a la puesta en marcha» del mecanismo europeo para las tecnologías -MET- que es un mecanismo de capital de riesgo administrado por el Fondo Europeo de Inversiones. Este invertirá en los fondos de capital de riesgo especializados. El dispositivo propuesto reforzará el mecanismo europeo para las tecnologías -el MET- ya puesto en práctica por el Banco Europeo de Inversiones, pero intervendrá precisamente allí donde el BEI no puede intervenir. Este nuevo mecanismo privilegiará el segmento de mercado del capital de riesgo que financia la constitución o la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas cuya financiación es la más alta y la que conlleva más riesgos.
Yo diría que este MET -o, en inglés, ETF Start up - es una iniciativa para crear empleo, sin más, pues, cualquiera que sea el ámbito o la naturaleza de la PYME -Sra. Ewing, le contesto sobre este punto- y, claro está, para las más pequeñas, las empresas creadas o administradas por mujeres, no hay restricción ni límite en la materia.
No obstante, observamos que, a pesar de los esfuerzos realizados recientemente, el capital de riesgo sigue estando poco desarrollado en los países europeos, en particular en lo relativo al capital de riesgo destinado a la puesta en marcha. Esta es la razón por la que hemos hecho esta propuesta.
¿Por qué no es posible cambiar el nombre? Porque es una iniciativa complementaria al programa del Banco Europeo de Inversiones, de allí la comercialización, es decir la publicidad, la comunicación, orientada alrededor de esta iniciativa. Hace un momento señaló usted, Sr. Harrison, que era particularmente difícil para las PYME hacer saber que existían, pues bien, hemos velado por la eficacia en materia de comercialización. Por ello se trata de una iniciativa, asociada a la del BEI, que se hará en ejecución de ésta. Además, era inútil, a nuestro juicio, añadir el término «euro» para que quede «euro Start up » ya que ello no añadía gran cosa.
Lo anterior en cuanto a la primera iniciativa, sobre la que quería intervenir en respuesta a sus observaciones.
Respecto a la segunda, es decir, el sistema Joint European Venture , que los diputados han mencionado menos, diría que ayudará a la constitución de PYME transnacionales en el interior de la Unión para brindarles la oportunidad de que aprovechen mejor las oportunidades que ofrece especialmente el mercado único. Este programa prevé contribuciones de una cuantía máxima de 100.000 ecus por proyecto, para los gastos dedicados a los estudios de mercado, a la elaboración de planes de empresa, así como para las subvenciones que podrán cubrir hasta el 10 % de la formación de capital fijo. Este mecanismo se apoya sobre la iniciativa piloto aprobada por la Comisión en 1997. Añado que hay un programa similar -a saber, el JOP- que está destinado a los países de Europa del Este y que ya ha demostrado su capacidad para crear actividades nuevas y puestos de trabajo.
Tercer y último mecanismo, el mecanismo de garantía para las PYME, administrado por el Fondo Europeo de Inversiones. Este mecanismo está destinado a incrementar el volumen de créditos accesibles a las empresas de pequeño tamaño, o de creación reciente, mediante una repartición de los riesgos con los sistemas de garantía existentes. La Comisión cuenta con el efecto de palanca de tal instrumento, que va a añadir una capacidad de crédito real para las pequeñas y medianas empresas interesadas.
Globalmente, estos tres mecanismos podrían representar de 9.000 a 10.000 millones de ecus de inversiones adicionales en Europa y serán puestos en práctica rápidamente. La Comisión, a este respecto, hace suya la petición de ustedes acerca de una evaluación rápida y profunda de la eficacia de estas medidas. Sr. Pronk, no hay condiciones adicionales. Coincidimos con ustedes en que el acuerdo tenga una duración de tres años completos, claro está, y diría al Sr. Schiedermeier que buscamos efectivamente más transparencia y más facilidad con esta propuesta.
La Comisión ya ha puesto a disposición del capital de riesgo un determinado número de elementos. Este programa es limitado, pero mejorará sensiblemente la puesta a disposición de fondos propios, o de fondos casi propios, para las PYME. Una vez dicho esto, no basta con darles hoy aquello de lo que carecen cruelmente. Es preciso explotar todas las ventajas que ofrece el mercado único. A este respecto, las barreras institucionales, reglamentarias, la fragmentación del mercado, de la fiscalidad, los obstáculos al desarrollo de un vasto mercado europeo de capitales persistirán y también será preciso ocuparse de ellos.
Yo no creo que la iniciativa «crecimiento y empleo» sea por sí sola suficiente. Por ello, la Comisión va a establecer, esta misma tarde, una comisión especial sobre el capital de riesgo, con vistas al Consejo Europeo de Cardiff, en 1998, que tendrá, por tanto, un papel totalmente complementario.
Para terminar, permítame aunarme a las felicitaciones dirigidas al Sr. Pronk sobre este expediente y decirles que es un muy buen ejemplo del éxito de la cooperación interinstitucional. A este respecto, puedo decir que la Comisión puede hacer suyas, a veces mediante algunas modificaciones de redacción, la mayor parte de las enmiendas de su ponente. No obstante, no puede -como lo señalé hace un momento- aceptar las enmiendas relativas a un cambio de denominación de la acción, ni a las que operan una discriminación entre las empresas beneficiarias. Sra. Ojala y Sr. Wim van Velzen, se admiten todas las empresas, ya que es bueno crear todo tipo de puesto de trabajo. En otras palabras, las enmiendas 3, en su segunda parte, 4, 5, 6, 11 en su segunda parte y 15, no pueden ser aceptadas. En cambio, a la cuestión de la Sra. Boogerd-Quaak, respondo que podemos aceptar las enmiendas 16 y 17, así como las enmiendas 8 y 10, que mencionó, creo, la Sra. Raschhofer.
Una última palabra en relación con el aspecto presupuestario, en respuesta a la Sra. Ghilardotti. La posición formal de la Comisión es la que se encuentra en la ficha financiera de la propuesta, a saber, 420 millones de ecus para las medidas de ayuda financiera a las PYME. Esta cuantía está inscrita en dos líneas: B 5-510, B 5-511, visto que estas dos líneas corresponden respectivamente al mecanismo tecnológico PYME y al JEV.

Chanterie
Señor Presidente, solamente quisiera preguntar al señor Comisario -al que agradezco sus respuestassi entendí bien que las enmiendas 3, 4, 5, 6 y 11 no son aceptadas.

de Silguy
Las enmiendas 3, segunda parte, 5, 6 y 11, segunda parte, no son aceptadas.

Van Velzen, Wim
Me gustaría que me aclarase que es lo que quiere decir con que no la segunda parte de la enmienda 3, ya que es sencillamente nuestra propia enmienda. Me gustaría indicar que el conjunto de este proyecto significa precisamente que nosotros queríamos hacer de paso junto a la pequeña y mediana empresa también innovaciones activas en el campo del mercado de trabajo y actividades en el campo del tercer sistema. Hemos insertado precisamente la enmienda 3 porque con esto se restablece el carácter inicial del acuerdo. Quisiera señalar que esto no es una discusión al margen; si usted tiene problemas con la enmienda 3, entonces usted tiene problemas con la interpretación que hemos dado al acuerdo que inicialmente se ha cerrado. Y con eso se lo pone extremadamente difícil a este Parlamento para que apruebe esta propuesta. Por eso le aconsejo que sea extremadamente prudente al remover la enmienda 3.

de Silguy
Rápidamente, señor Presidente, en lo que se refiere a la enmienda 3, se propuso añadir una frase al primer párrafo. La leo en inglés:
«estimular la creación de puestos de trabajo facilitando y fortaleciendo» No podemos aceptarla.
En el segundo párrafo:
(EN) «Se debe dedicar una parte del programa a la financiación de PYME del sector terciario, en particular de sectores tales como la salud pública, la educación y la cultura».no podemos aceptar la enmienda, porque, lo dije hace un momento, el programa, en su conjunto, no es exclusivo. Por tanto, no se puede mencionar, especificar, uno u otro sector. Abarca todos los sectores de actividad. No hay razón para identificar uno o dos.
En el tercer párrafo:
(EN) «En la ejecución del programa, se debe conceder prioridad a las pequeñas empresas de hasta 100 empleados».podemos aceptar la enmienda, aunque la idea ya figura en la enmienda 2. Es un poco redundante, pero puede aceptarse.

Pronk
Lo que yo he entendido de lo dicho por el Comisario es que, según la Comisión, su propuesta, en su forma actual, permite aportar financiación para las actividades mencionadas en el párrafo que, en su opinión, no debe formar parte del fundamento jurídico. ¿Me equivoco?

de Silguy
Sí, está cubierto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12 horas.

Seguimiento de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0105/98) de la Sra. Schörling, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión relativa al seguimiento por la Unión Europea de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (COM(96)0724 - C4-0142/97).

Schörling
Señor Presidente, como usted dijo hace un momento, este informe trata de un comunicado de la Comisión sobre la Cumbre Mundial de Copenhague en 1995 sobre desarrollo social, en la que Presidentes y Jefes de Estado de 117 países y de la UE firmaron la Declaración de Copenhague. Ellos se pusieron de acuerdo en que los principales objetivos en los que trabajarían serían la erradicación de la pobreza, el aumento del empleo y la estimulación de sociedades justas y seguras.
Dentro de poco más de un mes, en mayo, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se reunirá en Nueva York donde se discutirá la realización y continuación de la Cumbre de Copenhague. Por eso es de suma importancia que nosotros, desde el Parlamento Europeo y por medio de este informe, tengamos la posibilidad de dar nuestros puntos de vista antes de esta reunión. Como sabemos, una nueva Asamblea Plenaria va a debatir esta materia el año 2000 y entonces habrá llegado la hora de mostrar lo que se ha hecho para cumplir aquello que se acordó. Por eso doy la bienvenida a este informe de la Comisión y opino que es beneficioso que hayamos tenido la oportunidad de debatir el tema en la comisión, también en presencia de la Comisión. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a mis colegas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por una excelente colaboración y por sus valiosos puntos de vista. Al mismo tiempo, lamento que la relación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación haya llegado un poco tarde como para poder incluir algunas de sus consideraciones en este informe. Sin embargo, creo que la mayor parte de las opiniones de esta comisión quedarán satisfechas por el informe.
Además, deseo señalar que la responsabilidad principal del cumplimiento de las medidas la tienen, en primer lugar, los países miembros. La política comunitaria y la UE como actor internacional tienen, sin embargo, una responsabilidad de carácter especial. Puede tratarse de efectos sociales y medioambientales perjudiciales ocasionados por el mercado interior. Puede tratarse, por ejemplo, de los efectos de la UEM para el empleo y los recortes en el sector público, convergencia económica pero sin criterios sociales y puede tratarse también del papel de la UE como aportante de ayudas para el desarrollo.
Cuando leo las obligaciones contraídas en la Declaración de Copenhague, no puedo menos que sorprenderme de que la Comisión, ya en el resumen en la primera página, escriba que en el plano nacional y comunitario se ha llevado a cabo una política acorde con las medidas allí acordadas. Entonces me veo obligado a decir: ¿cómo se van a solucionar los problemas sociales y medioambientales si, al menos con un ojo, no queremos ver la realidad? Pensando en las cantidades de desempleados y pobres que tenemos hoy en la UE, creo que es burlarse un poco cuando se dice que se ha tenido tanto éxito. Además, no hay una línea escrita sobre los programas contra la pobreza que todavía no han sido aprobados por el Consejo.
Echo en falta una estrategia de la Comisión para estimular e incentivar a los firmantes de la Declaración de Copenhague para que establezcan objetivos concretos de desarrollo social y para que hagan participar a los ciudadanos en las decisiones y órdenes de prioridad de las medidas. Está bien que se haya puesto un título semejante, pero desgraciadamente son solamente ocho líneas de texto que tratan justamente de esta importante ampliación del debate y de la participación de la sociedad civil. La participación de la sociedad civil es, de alguna manera, esencial para que esta política tenga éxito, no sólo en el ámbito comunitario sino que también internacionalmente. En los países en desarrollo tiene que instituirse una asociación, una colaboración, de nuevas características con la población oriunda. Tenemos que reemplazar la antigua mentalidad de dador/receptor por otra en que conjuntamente tengamos que resolver los problemas del futuro.
Ha sido una decepción el hecho de que en la Cumbre de Copenhague no se enfatizara suficientemente sobre la necesidad de facilitar el pago de las deudas de los países pobres y que no se lograra adelantar en la toma de posiciones respecto a los mercados financieros y el comercio mundial. Alguna vez los países ricos deben tomar iniciativas para romper el siempre creciente abismo entre los países ricos y pobres. Durante el último año, el conjunto de las ayudas para el desarrollo ha descendido hasta el nivel más bajo registrado en nuestra época. Por eso tengo tanto interés en que realmente votemos a favor del punto 14, que impone un impuesto global a la especulación internacional de divisas, lo cual ha sido propuesto por el Premio Nobel James Tobin, es decir, que los ingresos irían a un fondo administrado por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Pienso que ya es hora de que reconozcamos un fondo de estas características y de que una vez más repitamos desde este Parlamento que ha llegado la hora para el mundo rico de dar, realmente, un gran paso en esta materia.

Schmidbauer
Señor Presidente, la Sra. Schörling ha presentado un excelente informe. En nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos quiero apoyarlo, pues son evidentes las lagunas existentes en el documento de la Comisión sobre las medidas subsiguientes de la UE tras la Cumbre mundial sobre el desarrollo social. La Comisión afirma -la Sra. Schörling acaba de confirmarlo- que la política de la UE y de los Estados miembros de la UE está desde siempre en consonancia con los compromisos de Copenhague. Pero muy deficientes han sido también las propuestas de iniciativas dentro de la UE.
Es cierto que la UE está a favor de la lucha contra el paro, de la integración social en sentido positivo y de la lucha contra la pobreza como filosofía. Pero en lo que a los hechos se refiere, no hay más que declaraciones nebulosas. Exigimos que se dé prioridad absoluta a la lucha contra la pobreza y la exclusión en la UE. Por ello, en el marco del Fondo Social Europeo hay que adoptar medidas. Desde hace años está congelado el programa de lucha contra la pobreza porque el Gobierno alemán está en contra de la iniciativa de la UE.
Hay que romper este bloqueo alemán. Exigimos a la Comisión que interprete el nuevo artículo del Tratado de Amsterdam en el sentido de lucha contra la exclusión social, es decir, necesitamos una definición de los instrumentos jurídicos para, tras la ratificación del Tratado de Amsterdam, poder adoptar medidas en favor de los parados de larga duración, los pobres, los minusválidos y ancianos.Las prioridades a nivel internacional se tratan de un modo mucho más extenso en la propuesta de la Comisión. La política de la UE en el campo de la cooperación para el desarrollo está dirigida realmente a la lucha contra la pobreza. Siempre hemos subrayado nuestras exigencias de programas para reducir la carga de la deuda, de poner a disposición el 0, 7 % del producto social bruto de los presupuestos nacionales para la cooperación para el desarrollo, de respeto de las normas de la OIT sobre las condiciones básicas de trabajo así como de los diversos convenios de la ONU sobre la protección de los derechos humanos y del niño.
Pero también hemos insistido sobre la exigencia de un impuesto global sobre los beneficios especulativos monetarios, la llamada tasa Tobin, en forma de una resolución parlamentaria sobre la cumbre de Copenhague. Emplear los créditos financieros así obtenidos en favor de un fondo para reducir la carga de deudas de los países más pobres, es sin duda algo muy positivo. Por estos motivos, mi grupo político no puede dar su voto favorable a la enmienda nº 10 del Grupo del Partido Popular Europeo, pues creemos que se debería recaudar este impuesto.

Pronk
Presidente, sustituyo en este momento a la Sra. Glase que ha manejado este dossier para nuestro grupo y también lo ha preparado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pero que lamentablemente no puede estar presente aquí debido a enfermedad.
Presidente, estamos aquí ante una buena comunicación de la Comisión Europea. Me gustaría agradecer encarecidamente al Comisario Flynn que esté presente también aquí, y soy de la opinión que lo que pone en ese comunicado es bueno por sí mismo y que esto prueba ciertos asuntos que han llegado dentro de las noticias de la Unión Europea para solucionar esto, Presidente. En el dictamen de la Sra. Schörling, a la que también quiero agradecer como ponente por aquello que ha anotado, se encuentra cierta información adicional útil y también importante.
Pero Presidente, y luego no hay más. Habría deseado mejor que nos hubiéramos mantenido más cerca de lo que la Comisión nos comunicó y que no nos hubiéramos separado tanto. Ya que en este momento tenemos que ver con una situación curiosa. Tenemos a la Sra. Schörling que es representante de un país, de Suecia, pero que adopta una opinión que está bastante en contra de la Unión Europea. Está naturalmente en todo su derecho pero esa opinión contiene que el país debe mantenerse tan independiente como sea posible. En esto también tiene todo su derecho. Pero ahora nos encontramos con la curiosa situación de que vamos a introducir en este informe un texto Tongue, un tipo de medidas muy centralizadas y armónicas que suponen una violación a la autonomía de los Estados miembros de imponer impuestos a su propio modo. Presidente, si usted lo comprende entonces yo lo comprendo. Así no se puede entender a penas. No se pueden querer dos cosas al mismo tiempo. No se puede por una parte combatir la Unión Europea y al mismo tiempo proponer todo tipo de propuestas que solo conducen a armonía que va en realidad demasiado lejos. Y es un gran problema el que tenemos con este informe. He oído que el grupo socialista lo asume algo más fácilmente de lo que lo aceptamos nosotros, nosotros no lo podemos aceptar bajo ningún concepto, Presidente. Si tuviéramos que llevar las de perder sea cual sea la razón, entonces no podemos apoyar este dictamen, principalmente en cuanto a este punto. Hay un par de puntos a los que hemos presentado también enmiendas que intentan mejorar el dictamen. Pero sobre el punto del texto Tongue, Presidente, no hay que seguir hablando. Luego tenemos que cambiar de opinión totalmente. En realidad la Sra. Schörling ya ha cambiado de opinión al presentar esto desde su punto de vista.

Lindqvist
Señor Presidente, una de las misiones más importantes que tenemos en el ámbito nacional, europeo e internacional es evitar la pobreza y la marginación y crear un desarrollo social, económico y ecológico sostenido. Esto lo haremos en el ámbito comunitario junto a nuestros países miembros que también han apoyado la Declaración de Copenhague con sus 10 muy detalladas exigencias.
El Parlamento también avala y da la bienvenida al comunicado de la Comisión sobre un estudio más pormenorizado y concreto de las exigencias de la Cumbre. Sin embargo, se avanza demasiado lentamente y las pretensiones son demasiado débiles. Opino que el ponente resume en su informe, de un modo muy meritorio, un informe que va más lejos. La pobreza tiene que combatirse con una combinación de medidas. No es una medida aislada la que la evita, sino que muchas, por ejemplo, comercio, ayudas, aportes solidarios, desarrollo económico favorable, programas de empleo, más empresas y trabajo remunerado y vida familiar en igualdad de condiciones. Hemos dado primacía a tres medidas en el plano nacional y comunitario. En primer lugar: comercio y rebajas arancelarias y de tasas; en este contexto la UE tiene una especial responsabilidad. En segundo lugar: actividad mancomunada como la iniciativa 20-20 con ayuda para el desarrollo, combinado con programas sociales en los países receptores. En tercer lugar: reglas o normas sociales y éticas para el comercio internacional, entre otras, las reglas de la OMC.
El Grupo Liberal apoya en líneas generales este informe. La mayoría del Grupo se opone, sin embargo, a un impuesto Tobin y quiere disminuir la cantidad de referencias a reglas éticas del punto 17, es decir, se apoyan las propuestas de enmienda 9 y 10. Por mi parte, no tengo problemas para aceptar el impuesto Tobin y creo que ambas exigencias que propone el ponente merecen probarse para avanzar un poco más en la pretensión de solidaridad y erradicación de la pobreza en el mundo.

González Álvarez
Señor Presidente, el último estudio del informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano ofrece una definición de la pobreza, según la cual ésta consiste en la denegación de opciones y oportunidades para una vida tolerable. También se dice en él que en esa situación se encuentran 1.300 millones de personas que viven con menos de 1 dólar diario; 1.000 millones de personas son analfabetas y más de 1.000 millones no tienen agua potable. A nosotros nos parece que, en estos últimos años, no sólo no ha mejorado esa situación, sino que ni siquiera se ha estabilizado: está aún peor.
En el mismo informe de las Naciones Unidas se afirma que si en 1960 el 20 % de la población más pobre tenía una participación del 2, 4 % en los ingresos mundiales, dicha participación es hoy del 1, 1 %; y si la distancia entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre era en 1960 de 30 a 1, hoy es de 78 a 1. Esa situación, por tanto, no mejora, ni siquiera se estabiliza: empeora.
Por eso, estamos completamente de acuerdo con el informe Schörling, incluso con ese discutido «impuesto Tobin»; estamos de acuerdo, sobre todo, con que todos los países cumplan con la resolución de las Naciones Unidas que pide se destine el 0, 7 % del PNB a la cooperación al desarrollo. Sólo hay en Europa cuatro países que cumplen con esa resolución.
En los últimos años la donación de esos países no sólo no aumenta sino que disminuye. Este año se sitúa en una media del 0, 27 %. Consideramos imprescindible que, para un seguimiento adecuado de la Cumbre de Copenhague, todos los países que aún no cumplen esa exigencia adopten una decisión en ese sentido.
En el estudio de las Naciones Unidas se encuentra una frase muy interesante: »la globalización económica avanza muy rápidamente sin brújula ni mapa y lo único que hace es favorecer a una minoría muy poderosa en el mundo». Hay que tomar decisiones, como la aprobación del Cuarto programa de lucha contra la pobreza -que no sabemos dónde está y que encuentra dificultades para salir adelante-; hay que tomar decisiones en el sentido de que la cesión del 0, 7 % sea un mandato inapelable; hay que tomar decisiones en relación con la condonación de la deuda a los países más pobres y, desde luego, hay que pensar en un impuesto como el «impuesto Tobin», que gravaría los capitales especulativos. Con sólo un impuesto del 0, 5 % sobre esos capitales especulativos se conseguiría condonar la deuda de todos los países pobres.
Comprendemos que la derecha tenga dificultades para aceptar esa propuesta pero si no se toman todas estas decisiones hoy estaremos aquí, hablando y hablando, y no conseguiremos avanzar en la erradicación de la pobreza. Y dentro de diez años seguiremos debatiendo aquí sobre la pobreza otra vez y volveremos a hablar de los miles de millones de personas que seguirán estando en esa situación.

Wolf
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, si recuerdo bien justicia social es el concepto central de la doctrina social cristiana. Creo que Platón tiene toda la razón cuando dice que no se puede construir ningún ente social sin justicia. Entretanto, estamos en una situación de globalización, por la que tenemos un ente social mundial, si bien quizás no siempre le dedicamos la atención que se merece.
Ponerse en la situación de decir: "esto ya lo arreglará el mercado mundial, el desarrollo tecnológico y la deregulación que tienen realmente lugar ya solucionarán los problemas de algún modo», no es cristiano ni tampoco razonable. Por ello, solamente me puedo admirar de que la derecha en esta Asamblea diga: "no, no podemos de ningún modo». Quiero recordar que como Parlamento ya en la fase previa a Copenhague hemos acordado con mayoría hacer exactamente esto, exigirlo. De lo que se trata es de ver si logramos utilizar el proceso de la cumbre de la ONU para maniobrar en contra de una globalización ciega y del globalismo ideológico, si logramos cambiar de rumbo hacia la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la codecisión democrática, también para aquellos que viven en países más pobres.
Hay que aplicar los commitments de Copenhague. La Comisión ha desempeñado un papel muy positivo, pero la Sra. Schörling ha extraído con razón la conclusión de que aún hay que hacer algunas cosas. Queremos apoyar a la Comisión en este sentido, reconociendo el trabajo que realiza, pero también con la voluntad de impulsarla y animarla, pues se trata de una decisión que afecta al futuro de este planeta.

Papakyriazis
Señor Presidente, estimados colegas, tengo la sensación de que, con ocasión de este debate, la Unión Europea en su conjunto se ve sometida a una especie de prueba. Creo que a diario estamos hablando de internacionalización, de la sociedad mundial, de la aldea global y creo que deberíamos tomar conciencia, declarar y mostrar qué es lo que queremos decir con ello. Un poco más allá de ese concepto, deberíamos preguntarnos si acaso consiste en la internacionalización de la solidaridad. Probablemente, nosotros, la Unión Europea, sea aquí donde debiéramos enfatizar. Entre los múltiples aspectos que tiene la internacionalización existe uno que es la internacionalización de la solidaridad. Considero que ése es el gran debate que conmueve al mundo; y lo digo literalmente, sin exagerar. Esta Cumbre, debería ofrecer a la Unión Europea la oportunidad de ocupar su lugar de manera responsable, de reivindicar su papel en la sociedad mundial y de demostrar con el ejemplo qué es capaz de hacer, qué hace y qué lleva a cabo. A título orientativo, me referiré yo también al cuarto programa de lucha contra la pobreza. No espero que dicho programa erradique la pobreza. Es, sin embargo, una muestra, un indicador, para demostrar, en primer lugar, a nosotros mismos y luego a la sociedad mundial lo que dice y lo que hace la Unión Europea; y creo que junto con otros ejemplos similares como los mencionados en el maravilloso informe de la Sra. Schörling sobre el modelo de Europa que nos ataña, se le deberá conceder especial importancia. Señor Comisario, señor Flynn, considero que, con el apoyo del Parlamento, a la Unión Europea se le brinda ahora esta oportunidad. Y deseo que mañana el Parlamento Europeo, mediante decisión unánime, sin mezquindades y sin lógicas contables, dé a la Unión Europea el apoyo que necesita en este momento histórico.

Amadeo
Señor Presidente, en nuestra opinión, el desarrollo económico y social no es un concepto abstracto, sino que debe unirse a los conceptos fundamentales de paz, seguridad, respeto del medio ambiente, sin olvidar, el respeto de los derechos humanos. La Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, además de intentar hacer frente a las consecuencias de la globalización de la economía, hizo hincapié en la necesidad de ultimar políticas adecuadas que sirvan para luchar contra la exclusión social y la pobreza que ésta genera.
Respaldamos la propuesta de la Comisión cuando preconiza la ratificación por parte de los Estados miembros del Convenio de las Naciones Unidas relativo a la situación de los trabajadores migrantes y de sus familias, recordando, sin embargo, que dentro de la propia Unión los trabajadores emigrantes de los países comunitarios no disfrutan todavía de los derechos fundamentales que son lo más granado de la Unión, y soportan verdaderas situaciones de exclusión que han de ser subsanadas. Me refiero a los más de 5 millones de trabajadores italianos distribuidos por todo el mundo que siguen sin poder ejercer su derecho fundamental al voto.

Burenstam Linder
Señor Presidente, la pobreza puede combatirse sobre todo con crecimiento económico, con incremento de los salarios reales y con una base impositiva que aumenta. El crecimiento económico se fundamenta en el desarrollo técnico, incluso mediante el ahorro de recursos, y da de esta forma nuevas posibilidades de crecimiento con mejoras medioambientales.
Por lo menos a los del Partido del Medio Ambiente que ven el crecimiento económico como algo reprochable y el desarrollo tecnológico como una amenaza, sólo les queda aferrarse a la idea que se puede eliminar la pobreza a través de declaraciones, conferencias, resoluciones y convenciones. El informe Schörling está marcado por este pensamiento. En el informe no hay una sola palabra sobre el crecimiento económico como condición para la prosperidad económica. Los deseos de la ponente son dignos de elogio, pero es peligroso acercarse a estos problemas de esta manera, especialmente puesto que se despiertan esperanzas en la opinión pública que después se marchitan en el desaliento por falsos compromisos y declaraciones que no conducen a nada.
En el punto 14 Schörling solicita que la Comisión tome iniciativas para establecer un impuesto global al comercio internacional de divisas. Es sorprendente que una persona que representa a un partido que sustenta la idea de que su propio país debe abandonar la Unión Europea, presente una propuesta que significa que la UE inicie un proyecto tan gigantesco y burocrático como es el de un impuesto a todas las transacciones de divisas. El hecho de que un conocido economista anteriormente haya nombrado semejante sistema, no constituye una garantía de la sensatez política de esta idea más que para quien tiene un exagerado respeto por un avezado teórico que juega con la realidad.
La propuesta constituye también un ejemplo de política financiera común que la ponente, en otras ocasiones, ha rechazado. Si a uno no le gusta el comercio de divisas debe apoyar enérgicamente la UEM, puesto que cuando esta Unión Monetaria se cree el 1 de enero de 1999 va a desaparecer el comercio de divisas entre los once Estados miembros. Como Schörling es contraria a la UEM, no se nombra esta idea en el informe.

Pailler
Señor Presidente, me hubiera gustado que también se nos demostrara que la Unión Monetaria nos daría efectivamente lo que nos han dado todos los demás compromisos.
La Cumbre Social de Copenhague se concluyó en marzo de 1995 con la adopción de diez compromisos que se fijaban como objetivos prioritarios en la lucha contra la pobreza, el apoyo al pleno empleo y la integración social. La tinta de la firma al pie de la declaración común aún no estaba seca cuando los países de la OCDE abrían las negociaciones sobre el Acuerdo Multinacional de Inversiones que está en plena contradicción con los compromisos de Copenhague. En efecto, en el secreto de las negociaciones que les volvieron ciegos y sordos a otras preocupaciones que las de las empresas multinacionales, los negociadores del AMI no tuvieron en cuenta los compromisos jurídicos, políticos y morales que han firmado en recintos tales como la ONU o la OIT. Acaban de recibir un grave desaire por parte del Parlamento Europeo.
Al prolongar la Cumbre de Copenhague, es preciso poner en tela de juicio las pesadas tendencias del actual sistema de organización económica y social y combatir la dominación de los mercados financieros sobre todas las actividades humanas, lo que realmente no ha favorecido la progresión. Por lo demás, eso es lo que decía el informe sobre la resolución relativa al respeto de los derechos humanos votada aquí el 17 de febrero cuando hacía la consideración de que la pobreza y el paro constituían efectivamente una violación de los derechos humanos.
También somos favorables al principio del impuesto Tobin y nos alegra que la Sra. Schörling demuestre determinación, contrariamente a nuestros compañeros del Grupo del Partido Popular Europeo. Lo hemos reclamado en numerosas ocasiones en el seno del Grupo. Los Gobiernos de los Estados miembros tienen hoy mejores cosas que hacer que realizar negociaciones secretas, destinadas a satisfacer los intereses de algunos inversores. Deben poner en práctica, de acuerdo con el compromiso adquirido, las decisiones de la Cumbre Social de Copenhague tomando las medidas eficaces de lucha contra el paro y la pobreza. ¡Y eso, eso tiene sentido!

Lannoye
Señor Presidente, quisiera ante todo, como muchos de mis compañeros, expresar toda mi admiración hacia el informe de la Sra. Schörling, que nuestro Grupo va a apoyar unánimemente, siempre y cuando se apruebe el impuesto Tobin, claro está. Ya oigo elevarse las protestas del Grupo del Partido Popular Europeo y yo quisiera saber si el Partido Popular Europeo manifiesta tanta reticencia respecto a las instituciones internacionales que operan especialmente en el ámbito monetario, tales como el Fondo Monetario Internacional. Parece que los conservadores se muestran mucho menos reticentes respecto a estas últimas.
Permítame una reflexión que me parece esencial. La Cumbre de Copenhague es una cumbre importante, que ha dado como resultado diez compromisos totalmente positivos que los Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Europea han suscrito. Sin embargo, se trata, una vez más, de compromisos no vinculantes. Ahora bien, si en el ámbito económico o comercial, estamos sometidos a compromisos vinculantes -pienso en la Organización Mundial del Comercio- que es la única institución mundial que dispone de un poder supranacional, con posibilidad de arbitraje por encima de los Estados, por encima de la Unión Europea, no pasa lo mismo en el ámbito social o en materia de medio ambiente.
Estos compromisos dan lugar a informes regulares, a promesas, pero las realizaciones no están en modo alguno a la altura de los compromisos. Es preciso combatir este desequilibrio y considero que corresponde imperativamente a la Comisión Europea y a la Unión Europea ocuparse de este problema y actuar para que, paralelamente a las instituciones que operan en el ámbito comercial, otras instituciones supranacionales intervengan igualmente en el ámbito del medio ambiente y los asuntos sociales.
Ahora bien, ¿qué hacen la Comisión y la Unión Europea? Negocian un Acuerdo Multilateral sobre las Inversiones que es exactamente lo contrario de esta orientación, que va en el sentido de la Organización Mundial del Comercio, que refuerza aún más la política destinada a despojar a los Estados miembros de medios de acción en materia social. Se trata de una conducta esquizofrénica. Apenas habíamos votado una resolución crítica a este respecto, cuando el Sr. Brittan y sus colegas anunciaban triunfalmente que estaban listos para negociar un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, acuerdo que va, una vez más, en el mismo sentido. Creo que ya basta y, en nuestra calidad de Parlamento, debemos tener el orgullo de mostrarnos mucho más exigentes en relación con una Comisión que no respeta en lo más mínimo lo que nosotros le decimos.

Flynn
Señor Presidente, en primer lugar deseo dar las gracias a la ponente, Sra. Schörling, y a todos sus colegas que han hecho contribuciones. Acogemos con beneplácito la resolución del Parlamento, que establece varias prioridades concretas en el nivel de la Unión Europea y en el internacional con vistas a poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción de Copenhague. La Comisión comparte esas preocupaciones en muy gran medida. La Cumbre de Copenhague dio un gran impulso a los gobiernos, a la Comunidad, a las ONG, a los órganos de las Naciones Unidas y a muchas otras instancias para formular y fortalecer sus acciones en la esfera del desarrollo social y humano. Desde luego, falta mucho por hacer, pero desde la cumbre de Copenhague se han lanzado gran número de acciones que se deben citar aquí.
Permítaseme hacer por el momento las siguientes observaciones concretas, en particular respecto de los puntos 2 y 4, que tratan del planteamiento centrado en las personas y el medio ambiente. He de recordar a la Asamblea que la Comisión no esperó a la aprobación de las recomendaciones de Copenhague para adoptar el planteamiento de la cooperación para el desarrollo centrado en las personas y medioambientalmente consciente. Ya en el reglamento del Consejo de 1992 sobre la cooperación con los países de Asia y América Latina se afirmaba que «el objetivo de las políticas de desarrollo y cooperación de la Comunidad debe ser el desarrollo humano. La dimensión humana del desarrollo debe estar presente en todos los sectores de acción». En el mismo reglamento se afirmaba respecto de las cuestiones medioambientales que «la protección del medio ambiente y de los recursos naturales y el desarrollo sostenible deben ser prioridades a largo plazo». De modo que se mantienen esas actitudes, fortalecidas por la declaración.
Todo ello es absolutamente conforme al artículo 130 U del Tratado de Maastricht, que hace hincapié en el desarrollo económico y social sostenible, la campaña contra la pobreza en los países en desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, la Comunidad se ha comprometido con la aplicación de la nueva Estrategia de Cooperación para el Desarrollo en el Siglo XXI, presentada y aprobada en 1996 por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y que subraya en particular el desarrollo centrado en las personas. Quisiera referirme al punto 5 -la lucha contra la pobreza-, porque prácticamente todos los oradores que han intervenido hoy han planteado esa cuestión. Sí, convenimos en que la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe ser una prioridad fundamental para la Unión Europea, porque sigue siendo un grave problema para muchos de nuestros conciudadanos europeos.
El instrumento principal de la Unión Europea para luchar contra la exclusión del mercado laboral es la iniciativa comunitaria en materia de empleo Integra con cargo a los Fondos estructurales. El objetivo de Integra es el de promover medidas para mejorar el acceso al mercado laboral y la empleabilidad para quienes se ven excluidos de él. Después de dos fases de selección de proyectos, una celebrada en 1995 y la otra en 1997, se seleccionaron 1.600 proyectos Integra. Uno de los principales objetivos de las propuestas presentadas para los nuevos Fondos estructurales es el de luchar contra el desempleo y la exclusión y prevenirlos. Conviene citar el punto 6, que se refiere a los instrumentos jurídicos para luchar contra la pobreza y la exclusión.
El Tratado de Amsterdam, una vez ratificado, establecerá nuevos fundamentos jurídicos para la acción en el nivel comunitario con vistas a luchar contra la exclusión, que pueden complementar las acciones actuales centradas en el mercado laboral. La Comisión examinará la forma mejor de utilizar todos esos instrumentos con todos los interesados pertinentes y en particular con las organizaciones no gubernamentales. La Sra. Schmidbauer la ha considerado una prioridad fundamental y convengo sin reservas con las observaciones que ha formulado aquí. La Comisión participa también activamente en la labor del CAD para fortalecer la coordinación y la coherencia entre donantes y la labor de la Comisión de Desarrollo Social del ECOSOC de las Naciones Unidas y otras organizaciones y órganos multilaterales.
Se han hecho algunas referencias a la reducción de la deuda. Ése es el punto 12 del documento y la Comisión ha apoyado firmemente la iniciativa del Banco Mundial y del FMI en pro de los países pobres y muy endeudados, lanzada en 1996, y ha propuesto nuevas medidas en el nivel de la CE para reducir la deuda de dichos países.
Dada, en particular, la crisis financiera asiática, preocupan a la Comisión los posibles efectos de inestabilidad en los mercados financieros mundiales y los perjuicios que pueden entrañar y cree que vale la pena examinar propuestas como la del impuesto Tobin. He tomado nota de la diferencia de opinión sobre ese asunto concreto entre la Sra. Schörling, el Sr, Pronk, el Sr. Lindqvist y otros. La diferencia de opinión es innegable. Sin embargo, la cuestión es que vale la pena examinar lo que entraña. Por lo que se refiere a las normas laborales, la Comisión atribuye una gran importancia a las normas laborales básicas y su aplicación a escala mundial.
Creemos firmemente que el apoyo público al aumento de la liberalización del comercio resultará amenazado, si no abordamos las preocupaciones públicas sobre esa importante cuestión. Nuestro nuevo plan SPG establece especiales disposiciones incentivadoras a partir del 1º de enero de 1998 en forma de preferencias suplementarias que se pueden conceder a los países que apliquen las normas laborales básicas.
El 29 de octubre de 1997 la Comisión aprobó una propuesta para la introducción en el SPG de una cláusula social relativa al cumplimiento de los convenios OIT sobre el trabajo infantil y la libertad de asociación, el derecho a la organización y la negociación colectiva y una cláusula medioambiental relativa a la gestión sostenible de los bosques tropicales así definidos por la Asociación Técnica Internacional de las Maderas Tropicales para velar por que funcionen eficazmente dichas disposiciones especiales incentivadoras. La propuesta de reglamento establece los métodos de supervisión de la aplicación.
Por último, la Comisión apoya plenamente la actual propuesta de la OIT de una declaración de los derechos fundamentales de los trabajadores y, en particular, la necesidad de crear un mecanismo para garantizar dichos derechos. Respecto de la cooperación con las ONG, he de formular una observación final. La Comisión valora en gran medida la contribución de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de ciudadanos al proceso de desarrollo y está ejecutando un programa de apoyo y cooperación.
El Sr. Wolf y el Sr. Amadeo han hecho una importante observación sobre la justicia social, es decir, que es necesaria no sólo en la UE, sino también en la economía mundial. Comparto esa opinión y, como sabe el Sr. Wolf, llevo muchos años afirmando que no es simplemente un desarrollo económico. Tiene que ir acompañado de la dimensión social paralela. Eso es importante para la Unión y es también igualmente importante para la economía mundial del futuro.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

Ayudas estatales horizontales
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0100/98) de la Sra. Berés, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento (CE) del Consejo (COM(97)0396 - C4-0512/97-97/0203(CNS)) relativo a la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales.

Berès
Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión sobre la que se nos consulta en una lectura se refiere a un reglamento que le permita adoptar reglamentos que la exoneren de la obligación previa de notificación para determinadas categorías de ayudas estatales horizontales, que representan el 83 % del total de ayudas estatales en Europa.
Se trata de una primera utilización verdaderamente significativa del artículo 94 del Tratado. Este instrumento permite a la Comisión, que ha adquirido mucha experiencia en este ámbito, exentar a determinadas ayudas del procedimiento de notificación. La idea de la Comisión es obtener en esta materia un procedimiento similar al aplicable al control de las concentraciones, que se basa en los umbrales de intervención que pueden revisarse, una participación de terceros interesados en el examen y la creación de un comité consultivo.
Aprobamos plenamente los pasos dados por la Comisión, que está resuelta a concentrar así su atención en los casos de ayudas estatales que merecen verdaderamente un examen y acelerar la concesión de ayudas cuyo fundamento es incontestable. Estos pasos son tanto más necesarios visto que 11 Estados miembros van a introducir el euro, lo que intensificará la competencia entre los territorios donde las prácticas desleales favorecerían la transferencia de empresas.
Las ayudas a las que concierne este reglamento son aquellas en favor de las PYME, sector donde una ayuda es tanto más eficaz cuanto que se concede con diligencia, en favor de la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, el empleo y la formación. Para este último sector, el mecanismo de exención debería privilegiar, a nuestro juicio, una puesta en práctica óptima de las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo.
A esta lista sería preciso añadir, a nuestro entender, los servicios públicos locales, que no tienen sino una débil incidencia en la política de competencia y un fuerte impacto en términos de cohesión económica y social de la Unión.
La propuesta de la Comisión estipula igualmente que la Comisión podrá fijar un reglamento que permita la exención de notificación para las ayudas inferiores a un determinado umbral. Se trata, de hecho, de aportar un fundamento jurídico a una práctica ya antigua. No podemos sino felicitarnos por ello, sin dejar de reconocer que el impacto de este reglamento variará según la práctica de los Estados miembros.
No obstante, su ponente quisiera hacer cuatro observaciones de orden general. La primera se refiere a la línea general seguida por la Comisión en el ámbito en el que se inscribe este texto, teniendo como objetivo una reducción indiferenciada de las ayudas estatales en la Unión Europea. A priori, tal posición puede constituir efectivamente un obstáculo a la concreción de los dos objetivos fundamentales que son el fortalecimiento de la política industrial y la búsqueda de una mayor eficacia de los gastos públicos. En otras palabras, ¿no sería mejor privilegiar, en este ámbito, un enfoque cualitativo más que estrechamente cuantitativo, como el que parece proponer la Comisión?
La Unión debe reflexionar en un enfoque positivo de las ayudas, ya sean del Estado o de la Unión, que pueden ser instrumentos eficaces y justificados de una política industrial innovadora, especialmente haciendo el balance de ayudas tales como las utilizadas en el marco del Tratado CECA. El enfoque de la Unión respecto a las ayudas estatales como instrumento de política económica debe elaborarse, explicarse. La apreciación de la compatibilidad de las ayudas con las normas del mercado interior debe tener en cuenta los objetivos generales de las políticas comunitarias relativas a la competitividad de nuestras industrias, la cohesión económica y social de la Unión, pero también tener en cuenta la práctica de nuestros principales competidores en el mercado mundial.
Segunda observación, debemos tener cuidado en no equivocarnos de objetivo en cuanto a las modalidades del control que ponemos en práctica en relación con estas ayudas. La propuesta de la Comisión puede suscitar dos tipos de reacción. La Comisión pide más poderes, o la Comisión acepta codificar un poder que ya detenta. Queda de manifiesto que debemos situarnos en este segundo enfoque. No damos a la Comisión una firma en blanco, sino una capacidad de control a posteriori. Una vez dicho esto, en las modalidades de aplicación de este control, debemos tener cuidado en no sobrecargar en exceso las condiciones de publicidad, con el riesgo de entorpecer el control y de alentar, en detrimento de la seguridad jurídica de las empresas, la multiplicación de procedimientos judiciales. Sería paradójico llegar, para estas ayudas que a priori no plantean problema, a una mayor obligación de información que la que existe para ayudas más importantes.
Tercera observación, se refiere a la importancia de las propuestas de la Comisión en relación con las modalidades de aplicación del artículo 93 del Tratado. Tendremos la ocasión de volver a hablar de ello cuando examinemos, en este Parlamento, el procedimiento de las ayudas.
Ultima observación, señor Presidente, en relación con el lugar que ocupa nuestro Parlamento en la aplicación de los reglamentos de habilitación que serán propuestos por la Comisión. En nuestras enmiendas, pedimos que se nos haga participar en este procedimiento. Creo que es importante y espero que la Comisión se suscriba a nuestras propuestas. También pedimos una mayor adaptabilidad del reglamento de exención y deseamos una revisión de éste al cabo de tres años, y no al cabo de cinco.

Wibe
Señor Presidente, en primer lugar deseo agradecer a la ponente por un excelente informe, comparto todas sus propuestas y conclusiones. Deseo subrayar especialmente una propuesta de resolución que no obtuvo mayoría en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, a saber, la propuesta de enmienda 14, donde se propone que también se podrá otorgar excepción de grupo a empresas locales y públicas. Creo que es necesario hacer esta precisión. Puedo decir que en Suecia, en todo el país, tenemos una gran cantidad de empresas que emplean a personas con minusvalías. Creo que hay 30000 o 40000 de esas empresas en Suecia, que venden sus productos en el mercado y compiten, por tanto, con todas las demás empresas, pero que están subvencionadas con toda la parte de salarios. Es obvio que esas empresas obtienen una ayuda estatal considerable, pero también está claro que hacen una labor social enorme. Sería muy importante, creo yo, incluir a este tipo de empresas entre aquellas que pueden ser exceptuadas.
En la misma propuesta de enmienda, la n&#x015F; 11, elimina el ponente dos categorías que había propuesto la Comisión, esto es, la de los créditos de exportación y la de los seguros de créditos de exportación. Opino que lo que propone la ponente está bien, ya que se puede discutir si los créditos de exportación y los seguros de créditos de exportación realmente son ayudas previstas por el artículo 92 y si cabe hablar de ellos en este contexto.
Después de esto deseo, sin embargo, decir algunas palabras sobre un punto en el que el ponente y yo disentimos, esto es la postura frente a las ayudas públicas en general. Opino que a menudo en esta Asamblea parece que las ayudas estatales sólo implican que un país de alguna manera subrepticia roba los puestos de trabajo, pero éste es solamente un lado del asunto. Si Estados Unidos por ejemplo subvencionara su exportación de vehículos a Europa, significaría que Europa recibiría de EE.UU. coches más baratos, es decir, que los consumidores europeos ganarían con ello. En este aspecto no hay diferencias entre una ayuda pública y, por ejemplo, si EE.UU. bajara los salarios de los obreros de la industria automotriz. Del mismo modo es en otros rubros. Por ejemplo si en España se quisiera subvencionar la exportación de vino a Suecia, entonces los consumidores suecos tendrían vino más barato. Realmente no puedo ver que esto ocasione algún daño.
El ponente señala que las ayudas públicas en la comunidad ascienden al 1, 7 por ciento del PNB. Parece una suma muy grande pero tenemos que pensar que el costo económico-social vinculado a estas ayudas es tal vez una décima parte o una centésima parte de esta suma, elevándose así a alguna décima o centésima por ciento. Lo que quiero es que se tenga una actitud menos rígida frente a las ayudas estatales. Lo más importante es, sin embrago, que se trata de un excelente informe que espero que mañana se apruebe por una gran mayoría.

Areitio Toledo
Señor Presidente, quiero dar las gracias a la ponente, Sra. Berès, por su informe. Ciertamente, el control de las ayudas públicas es una gran responsabilidad de la Comisión. Hoy tenemos encima de la mesa una propuesta de reglamento de la Comisión donde, debido a la escasez de recursos de ésta, se busca una fórmula más práctica para controlar estas ayudas, exonerando una categoría de ayudas y trasladando su control a los Estados.
La Comisión de Asuntos Económicos ha adoptado una posición muy clara al respecto. Estamos de acuerdo con el enfoque de la Comisión, pero hay que tener mucho cuidado: no podemos olvidar que son los Estados quienes dan las ayudas, y transferirles ese poder de control es -permítanme la expresión- como encargarle al zorro que vigile el gallinero.
Por consiguiente, estamos de acuerdo con un enfoque práctico, estamos de acuerdo con la lista de categorías y ayudas que propone la Comisión -y nuestro Grupo no está de acuerdo en ampliarla ni en reducirla, como propone la ponente-, pero hemos hecho dos observaciones que han sido recogidas por la Comisión de Asuntos Económicos.
La primera es que es posible integrar las producciones y, por consiguiente, dando pequeñas ayudas a empresas integradas, el valor añadido del producto final podría estar excesivamente subvencionado. Se puede, por ejemplo, ayudar al sector de la investigación y, después, a otra empresa que colabora en la fabricación de ese mismo producto, y así en toda la cadena. Tiene que haber un control de la producción integrada porque, en caso contrario, nos vamos a encontrar con problemas serios de subvenciones muy grandes a productos en su valor añadido final. Por eso, la Comisión de Asuntos Económicos ha recogido una enmienda que yo mismo presenté en la misma y creo que la Comisión Europea debe reflexionar sobre ello.
La segunda observación es que este procedimiento, este nuevo enfoque, exige un control de los Estados a nivel global. En la medida en que perdamos el control puntual de cada ayuda, tiene que haber más control global presupuestario de la ayuda total que da un Estado. Esta teoría, que ya aprobó esta Asamblea en el informe general sobre la política de competencia, es cada vez más importante en la medida en que nos adentramos en la Unión Monetaria. No podemos dejar de controlar el que un determinado presupuesto dedique a ayudas públicas, en su totalidad, más de un porcentaje de su producto interior bruto. Y eso va a suceder, puede suceder. Ya hoy día las diferencias entre los Estados son muy grandes; y si la Comisión no tiene en cuenta, dentro de la Unión Monetaria, el riesgo de que cada Estado dedique gran parte de su presupuesto, o una parte muy importante de su presupuesto, a ayudar a sus empresas, tendremos problemas de competencia en el seno de la Unión Monetaria.

Garosci
Señor Presidente, debemos decidir hoy qué tipo de enfoque hay que darle a las ayudas estatales en el futuro, cómo implicar el territorio y las categorías y qué controles y exenciones aplicar. Como todos sabemos, la distorsión de la competencia resulta ser el más llamativo, aunque no el único, de los inconvenientes de las ayudas estatales. Baste pensar en el coste para la Hacienda Pública o en el coste que la pérdida de competitividad representa para las empresas acostumbradas a disfrutar de ayudas estatales, en el momento en que éstas se reducen o desaparecen.
Con la globalización del mercado y la llegada del euro surgirán escenarios totalmente nuevos. En el futuro inmediato, la Unión Europea apoyará, también financieramente, la entrada de nuevos Estados. La Agenda 2000 nos obligará a privilegiar las decisiones cualitativas más que las cuantitativas; en consecuencia, ya no habrán ayudas que no tiendan a un fin específico y que no sean fruto de proyectos y programas basados en exigencias reales y sus correspondientes oportunidades.
Evidentemente, no queremos afirmar que todas las ayudas estatales son contraproducentes, al revés, la propia ponente -a quien le agradecemos el trabajo realizado- lo sostiene claramente. En realidad, las ayudas pueden favorecer la política industrial allí donde existe y se aplica correctamente; sin embargo, ya no hay que dirigirlas a la dimensión de gran tamaño y al sector industrial solamente. Es preciso fijarse sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y los nuevos sectores: el turismo, el comercio, los servicios, el artesanado, el medio ambiente, la investigación y el desarrollo son sectores, como ha mencionado el colega español, que están integrados y vinculados entre sí.
Creemos que la Comisión, en su calidad de órgano de control de la competencia, adoptará decisiones y medidas a medio plazo adecuadas de cara a un crecimiento equilibrado. A dicho fin, la invitamos a volver a valorar los sectores y las dimensiones de las empresas que acabamos de mencionar. El futuro del crecimiento económico y social de la Unión depende inevitablemente de las pequeñas y medianas empresas y las ayudas estatales no pueden dejar de tenerlas en cuenta.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, las ayudas estatales sí son una excepción a la libre competencia en igualdad. Por ello es importante que las normas sobre ayudas estatales se cumplan y sobre todo es muy importante que haya transparencia, de forma que terceras personas, es decir, los competidores, puedan ver lo que se entrega en ayudas estatales. Ha sido también un motivo de alegría para el Grupo Liberal que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios nos haya apoyado en la demanda relativa a que las concesiones de estas ayudas deban hacerse públicas. Por lo tanto, espero también que la Comisión apoye las enmiendas 4 y 5 de la comisión en las que ponemos énfasis en la demanda relativa a la publicación de las diferentes concesiones de ayudas y especialmente la enmienda 5, en la que manifestamos nuestro deseo de que la Comisión publique las concesiones de ayudas de cada país en el Diario de las Comunidades para garantizar que empresas corrientes y molientes tengan acceso a estos datos.
Por último, puedo decir en nombre del Grupo Liberal que el Grupo Liberal no puede apoyar la enmienda 11 que la señora ponente abordó en su intervención ni tampoco podemos apoyar la enmienda que recomendó la Sra. Wibe del Grupo Socialista. No obstante, espero oír la respuesta del señor Comisario a la cuestión de la transparencia.

Hautala
Señor Presidente, puedo mostrarme de acuerdo con la Comisión cuando afirma que, si por un lado, se deben dar a conocer mejor y someter a un mayor control las ayudas estatales, por el otro, se debe permitir a la propia Comisión que se concentre en los casos de mayor entidad, en los verdaderamente importantes, ya que entonces sería posible someter a reflexión excepciones colectivas de este tipo. Sin embargo, este hecho no ha de implicar que el sector se vea exento de una total transparencia por el hecho de que las ayudas estatales constituyan un gran motivo de distorsión de la competencia. Habría que examinar estas ayudas junto con las ayudas de los Fondos estructurales propiamente dichos de la Unión Europea, ya que en estos momentos resulta extremadamente difícil obtener información sobre cuáles son los proyectos específicos que se benefician de subsidios, ya sea mediante ayudas estatales, o con recursos de los Fondos estructurales de la UE.
El feroz combate que estamos librando ahora en torno a los escasos fondos públicos es, de por sí, una cuestión muy seria, y deberíamos asegurarnos por todos los medios de que se aplican los principios básicos de la Unión Europea en la concesión de las ayudas públicas. Así pues, me muestro ampliamente de acuerdo con la ponente cuando solicita una mayor transparencia en las ayudas estatales. De hecho, yo creo que cada uno de los Estados miembros debería ser un centro de información ciudadana también por lo que respecta a las ayudas percibidas a título individual por los proyectos, y no solo en lo relativo a las ayudas estatales, sino también a las procedentes de los Fondos estructurales.
Este asunto reviste una gran importancia también de cara a la reclasificación de las empresas, ya que, como es sabido, muchas de ellas han aprendido a hacer competir a Estados miembros y regiones, lo cual tiene un efecto global extremadamente desfavorable para las economías públicas.

McCarthy
Señor Presidente, espero que mi voz resista. Permítaseme decir que entiendo que el aspecto principal de este informe es el de velar por la prevención de la distorsión de la competencia logrando que haya un terreno de juego igual para todos. La labor que la Sra. Berès ha llevado a cabo en este informe me parece digna del mayor elogio, pero estamos hablando de la transparencia.
Permítaseme plantear una cuestión a la Comisión. En la Comisión de Política Regional nos preocupa mucho la falta de transparencia del documento que ha aprobado, el proyecto de comunicación sobre la coherencia de las políticas estructurales y la competencia. Según tengo entendido, el Comisario Van Miert ya ha firmado un acuerdo con la Comisaria Wulf-Mathies para velar por que exista en efecto esa coherencia y me gustaría saber cuándo va a transmitir ese documento al Parlamento. Creo que tenemos derecho a conocer las cuestiones relacionadas con los Fondos estructurales y, según tengo entendido, también ha escrito a los Estados miembros. Me gustaría conocer el fundamento jurídico que está utilizando para consultar a los Estados miembros sobre esas cuestiones. ¿No predeterminarán las prioridades nacionales de los Estados miembros sobre la forma como desean gastar sus asignaciones con cargo a los Fondos estructurales y la ayuda estatal conforme a la letra c) del apartado 3 del artículo 92? Entonces, ¿por qué no estamos examinándolo en el Parlamento? Quiero saber qué flexibilidad existe para que un Estado miembro defienda sus prioridades nacionales en materia de ayuda estatal y si la Comisión puede imponer legalmente las medidas relativas a esas cuestiones. ¿O se trata simplemente de un acuerdo voluntario que esperan concertar con los Estados miembros?
Por último, quisiera decir a la Comisión que no veo, sinceramente, la lógica en qué se basa para ello. Creo que los Fondos estructurales tienen un objetivo muy diferente del de la ayuda estatal y quisiera referirme simplemente al caso de las zonas rurales. En mi circunscripción del distrito de Peak, no creo, la verdad, que queramos atraer a Siemens para que vuelva a establecerse en una zona medioambientalmente muy delicada, en la que deseamos que se establezcan pequeñas empresas. La cuestión no es la atracción de ayuda estatal en ese tipo de regiones. Así, pues, quisiera pedirle que deslinden y desvinculen esos dos sectores y dejen a los Estados miembros decidir sus prioridades sobre los mapas de la elegibilidad para los Fondos estructurales.

Carlsson
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, las ayudas públicas son una de las principales causas de desviaciones en el mercado interno. No es sólo una forma costosa e ineficaz de usar los recursos públicos en los países miembros sino que también retrasan las reformas estructurales necesarias que no sólo afectan a regiones determinadas sino que también a la UE en su conjunto.
Está totalmente claro que actualmente hay Estados miembros que violan o se comportan sospechosamente respecto de las reglas que rigen las ayudas públicas. Ahora pretende la Comisión, a partir de las condiciones existentes, es decir, a pesar de la carencia de recursos, aumentar la eficiencia y controlar el cumplimiento.
Deseo felicitar a Berès por este informe que incrementa las vías para mejorar el cumplimiento y control de las ayudas estatales, ya que hace posibles la transparencia y una mayor apertura. Es una asunto de credibilidad frente a terceras partes, es decir, las empresas y sus trabajadores que son afectados por una perjudicial desventaja de competencia.
Quisiera llamar la atención sobre los cantos de sirena de Wibe cuando opina que deben aprobarse las actividades públicas de carácter local contenidas en la propuesta de enmienda 11. Los ayuntamientos y las regiones tienen actualmente muchas posibilidades diferentes y utilizan los sistemas de modo tal que aumentan los monopolios y disminuye la competencia. Opino que está muy bien que hayamos suprimido esta propuesta de enmienda de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial.
La credibilidad de la Comisión pende ahora del afinamiento del control de las ayudas estatales, asunto muy discutido en ambientes industriales. Puesto que nadie más puede controlar el cumplimiento de la competencia en condiciones igualitarias, creo que la Comisión tiene que tratar de que se aprueben las propuestas de enmienda que han acompañado a este informe. De otro modo, será difícil hacer cumplir las justas exigencias que se hacen al sistema comunitario.

Alavanos
Señor Presidente, creo que estamos examinando una cuestión muy interesante y de gran alcance.
Creo que, a pesar de lo que han señalado los diferentes oradores, existe un acuerdo sobre el hecho de que, por una parte, las ayudas particulares distorsionan la competencia y disminuyen la eficacia pero, por otra, nadie puede abolirlas por decreto ya que los artículos 92 y 93 del propio Tratado establecen algunos límites dentro de los cuales tienen vigencia dichas ayudas.
En este marco, considero que la propuesta de la Comisión va dirigida a aceptar algunas excepciones y a formular nuevos mecanismos y creo que es necesario señalar y subrayar cuatro puntos muy fundamentales:
Primero, no podemos confeccionar un nuevo y complejo sistema burocrático que posiblemente sea peor que el anterior.-Segundo, la solución de dichos problemas no puede darse únicamente a través de un reglamento de la Comisión y sin la participación del estado ni de las entidades productoras.-Tercero, que los criterios no tienen por qué ser sólo cuantitativos sino también cualitativos.-Cuarto, la gran importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas.
Van Miert
Ante todo, quisiera disculparme, en particular, con la Sra. Berès. La Comisión debía tratar un punto bastante complicado y sensible cuyo examen duró un poco más de tiempo que el previsto. La Sra. Berès sabe cuánto me interesa este problema y que siempre estoy dispuesto a entrevistarme con ella así como con los demás compañeros del Parlamento Europeo con el fin de continuar los debates sobre la propuesta y los elementos que a ella se refieren. Presento mis disculpas a la Sra. Berès y aprovecho la ocasión para felicitarla porque sé que ha dedicado mucho trabajo a este informe, con otros compañeros, a fin de hacerse una opinión fundamentada sobre la realidad y la experiencia vivida.
En un determinado momento, se comprobó que entre los casos de ayuda que era preciso tratar, aproximadamente seiscientos anuales en este momento, una tercera parte, e incluso más puesto que había la obligación de notificarlos, son en realidad casos de rutina. ¿Era posible poner en práctica otro sistema capaz de eliminar estos casos de rutina que exigen muchos esfuerzos por parte de nuestros servicios, aunque un 95 % o un 98 % de entre ellos no planteen problemas? Nadie ignora que la actividad «ayuda estatal», en el caso de la política de competencia, padece efectivamente de una gran penuria de recursos humanos en materia de gestión de los casos, que son cada vez más numerosos, pero también cada vez más complejos.
En consecuencia, debíamos concentrar nuestros esfuerzos en los casos más importantes y tratar de eliminar la rutina, lo que permitiría deshacerse igualmente ipso facto de una parte de la burocracia. Es así como surgió la idea de proponer, de conformidad con el artículo 94, una solución destinada a crear proyectos de reglamento de exención del grupo para los casos de ayuda en los que ya se dispone de mucha experiencia, por ejemplo, algunos sectores tales como las PYME, donde las normas son bastante bien conocidas y, en general, no plantean problemas o plantean muy pocos. Lo mismo ocurre en el ámbito del medio ambiente, la investigación y el desarrollo. En resumen, en un determinado número de sectores en los que existen normas lo suficientemente precisas y una disciplina lo suficientemente amplia, como para ya no tener que notificar los casos individuales.
Claro está, es preciso respetar las reglas del juego. Por lo demás, para que no haya malentendidos, la Comisión continuará asegurándose de que se cumplan, especialmente en caso de que se presenten quejas. Examinará toda queja presentada por una empresa o cualquier otra autoridad, incluso si ésta supera el marco de los reglamentos que nos ocupan. El hecho de crear algunos instrumentos no significa que ya no habrá disciplina, que ya no habrá control. Al contrario, es falso pretender que conducirán a una política más laxista en la materia. El objetivo es poder concentrarse en los casos más importantes.
Esta es, a mi juicio, la razón de ser de este reglamento de habilitación. Me felicito de que nuestra propuesta haya sido bien acogida en el seno del Consejo y que el proceso de aprobación vaya por buen camino.
Por lo demás, Señorías, creí comprender que un determinado número de diputados -que, por lo demás, no son los únicos- expresó algunas dudas y se preguntaron si este sistema no corría el riesgo de perjudicar la transparencia necesaria a raíz de la abolición de la notificación sistemática. Ya dije que la Comisión reaccionaría a la menor duda.
Por mi parte, pienso que el sistema establecido, especialmente los informes anuales que las autoridades nacionales deben comunicarnos, garantizará tan bien como hoy, incluso quizás más, la transparencia necesaria.
Me refiero ahora a las demás preocupaciones manifestadas. Algunos de entre ustedes han abordado otros temas que salen un poco del marco de la propuesta que se examina. Quisiera responder rápidamente al diputado que intervino a propósito de la concordancia entre la política de ayudas estatales, especialmente en las disposiciones que rigen las ayudas regionales a escala nacional y la política estructural, es decir, la propuesta que hizo mi compañera Wulf-Mathies. En la medida de lo posible, nos hemos esforzado en crear una situación de concordancia, lo que no es fácil. En efecto, como ustedes saben, toda una serie de regiones, por ejemplo, las regiones 5B que pueden ser elegidas para recibir fondos estructurales, no son admisibles para los fondos de ayuda regional, de ayuda nacional. Por ende, no hay necesariamente concordancia entre ambos casos.
La cartografía de la ayuda regional abarca aproximadamente el 47 % de la población de la Unión Europea, mientras que la de los fondos estructurales abarca el 51 %. No existe la más mínima concordancia con los hechos. Las regiones elegibles para recibir fondos comunitarios se preguntan por qué no pueden recibir ayudas regionales, a nivel del Estado miembro. El problema es real.
La Sra. Wulf-Mathies y yo mismo, tratamos de conseguir que la concordancia sea manifiestamente mayor para el régimen futuro, en este caso el período 2000-2006. Quizás no habrá todavía concordancia por cabeza, ya que se precisa un pequeño margen para tratar de tener en cuenta las situaciones específicas. Lo lamento, pero quizás no será posible hacerlo de otra manera. Ello no quita que nuestro objetivo es hacer coincidir en gran parte ambas cartografías.
No sé si he respondido a la intervención. En todo caso, estoy a su disposición para discutirla directamente con ustedes. Espero haber respondido a la mayor parte de las observaciones. Una vez más, muchas gracias a la Sra. Berès y a todos aquellos y aquellas que han contribuido a este informe y, claro está, a los diputados que intervinieron hoy.

McCarthy
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. No le he preguntado sobre la política. Le he preguntado cuándo piensa consultar al Parlamento. Sé que la Comisión tiene la competencia exclusiva en materia de política relativa a la competencia, pero, en mi opinión, se está introduciendo en un sector en el que el Parlamento tiene una opinión sobre si es necesario, en todos los casos, que haya una total coherencia de los mapas. Nos gustaría que hubiera cierta flexibilidad. Así, pues, quisiera saber cuándo piensa consultar al Parlamento y, si intenta imponerlo obligatoriamente, ¿cuál es el fundamento jurídico para que la Comisión imponga obligatoriamente la coherencia de los mapas de la elegibilidad para la ayuda estatal y para los Fondos estructurales?

Van Miert
Ahora entiendo exactamente su pregunta. En primer lugar, siempre estoy dispuesto a acudir al Parlamento para examinar esta cuestión, aunque se trata de una competencia exclusiva de la Comisión. Como sabe Su Señoría, la Comisión tiene, de conformidad con los artículos 92 y 93, la competencia relativa a las ayudas estatales a no ser que hagamos una propuesta, como hoy, con arreglo al artículo 94, en virtud del cual el Consejo debe adoptar una decisión. Como ya he dicho, la Comisión ha adoptado ya una decisión respecto de la ayuda regional, porque se trata de un cometido de la Comisión. Pero estoy totalmente dispuesto a examinar este asunto con el Parlamento o las comisiones competentes y explicar a Sus Señorías por qué creemos que es importante esa coherencia entre el mapa correspondiente a los Fondos estructurales y el correspondiente a la ayuda regional. De Sus Señorías depende. Si prefieren invitarme a una sesión de una comisión, tendría mucho gusto en asistir.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.

Política de construcción naval
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/98) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre la propuesta de reglamento del Consejo (COM(97)0469 - C4-0527/97-97/0249(CNS)) por el que se establecen nuevas normas sobre ayudas a la construcción naval y sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Hacia una nueva política de construcción naval» (COM(98)0469 - C4-0548/97).

Sindal
Señor Presidente, he de comenzar felicitando al anterior ponente por la discusión general sobre la política de competencia. Cuando pasamos ahora a una discusión más detallada sobre la construcción naval, las aguas se agitan, pues es muy sencillo estar de acuerdo en el plano general. Aquí debemos estar muy agradecidos al Sr. Van Miert. La comunicación es sobresaliente, sin embargo, tan pronto como entramos en detalle, las aguas comienzan a agitarse. Aquello de lo que hoy vamos a hablar está marcado por los sentimientos y la historia.
Todos los presentes son conscientes del motivo por el cual este reglamento se debate hoy. Nos falta una simple firma a un acuerdo de la OCDE, es decir, la de los EE.UU.. Ahora se ensaya con un nuevo reglamento - el octavo de la serie quizá. La discusión y los problemas en parte son internos de la UE y en parte externos, es decir, atañen a la situación comunitaria con respecto a la situación competitiva global. En mi opinión, hay elementos centrales en esta discusión de que internamente de ahora en adelante no se lleve a cabo una política que distorsione la competencia para los astilleros sitos en la Unión, y de que en segundo lugar se lleve a cabo una política de ayudas que no provoque desfases sociales en algunas regiones y países miembros como hace poco hemos oído.
Ha de ser una posición fundamental la de que lo mejor para la Unión habría sido que el acuerdo de la OCDE entrara en vigor. El acuerdo de la OCDE es la mejor oportunidad para que los astilleros comunitarios puedan competir en igualdad de condiciones. Ya que éste no es el caso, lo mejor para nosotros es una política de ayudas tan limitadas como sea posible. Debemos aspirar a que todos tengan igualdad de oportunidades y evitar que algunos sean los perdedores de un concurso simplemente porque no son subvencionables. La nueva política de ayudas debe estar concebida de tal modo que se evite la ingeniería contable y la especulación en los regímenes de ayudas. Eso no es para lo que están. Con la nueva política de ayudas deben crearse nuevos puestos de trabajo en la Unión. El desempleo es el mayor problema en la actualidad y en mi opinión la ayuda regional a los astilleros no es - o no debe ser - parte de la política social comunitaria. Será ingenuo creer que proporcionará más puestos de trabajo. Sería malgastar el dinero.
Si se trasladan los puestos de trabajo de una zona a otra, uno ve también a gente que encuentra esto injusto. Aún peor es si los puestos de trabajo se trasladan fuera de la Unión. De ahí que sea importante para nosotros en una época en la que la población europea discute la confianza y fe en el proyecto europeo no llevar a cabo una política de ayudas que atentará contra la comprensión que la población tiene de la justicia proporcionando a algunos mejores oportunidades que a otros. Debe llevarse una política que asegure igualdad de oportunidades.
Lo que hoy necesitamos es una política de empleo visionaria y a largo plazo. La nueva política de ayudas por la que yo abogo, señor Van Miert, no debe ser un colchón de seguridad. Debemos evitar conceder una ayuda tan importante que la industria de astilleros olvide pensar por sí misma. Ayudas importantes pueden ser motivo de alegría a corto plazo, sin embargo, a largo plazo, pueden hacer de la industria europea de astilleros una perdedora en el mercado global.
Permítaseme recalcar cuatro cosas en el planteamiento de la Comisión. En primer lugar, está el desarrollo, la innovación, etc. Apoyo esto. Es sumamente positivo. Es el camino a recorrer. En segundo lugar, está la ayuda regional con la que no estoy satisfecho. La encuentro opaca y distorsionadora de la competencia. No obstante, si se está de acuerdo sobre la ayuda regional, debe comprobarse si el tamaño de esta ayuda tiene que ser modificado. El tercer punto es que estamos ocupados en ver cómo llevar a cabo el control. Es embarazoso. No obstante, la historia muestra que hemos de comprometernos ante los demás. El cuarto punto es la situación en el Extremo Oriente y la ayuda masiva que allí se da. Esto no debe traducirse en que, por ejemplo, los astilleros coreanos ocupen una posición más dominante en el mercado de la que ya ocupan.
Para finalizar, quiero decir, señor Presidente, señor Comisario, que las tres opiniones de las comisiones correspondientes y la opinión del Comité Económico y Social aconsejan reflexionar largo y tendido antes de que se ponga en marcha este plan sin modificaciones.

Matikainen-Kallström
Señor Presidente, el objetivo del informe del Sr. Sindal es la renovación de la entramada red de ayudas a la industria de la construcción naval europea, con el fin de aumentar la competitividad de la UE frente a las industrias del sector de terceros países.
El elemento más destacado de la actual política de ayudas lo constituyen las ayudas de funcionamiento a la industria de la construcción naval, que han supuesto una distorsión real de la competencia en el mercado único. Por lo tanto, la idea que expone el Sr. Sindal en su informe para eliminar las ayudas es correcta. El objetivo último de la política de la UE debe ser que los astilleros salgan adelante sin ayudas estatales, sometidos a las condiciones del mercado.
El deber de la Comunidad Europea es garantizar a sus Estados miembros igualdad de condiciones en materia de competencia, fomentar la investigación y el desarrollo en el sector de la construcción naval y alentar la cooperación industrial. No se pueden distorsionar las condiciones de competencia entre los astilleros de los distintos países mediante medidas de apoyo distintas en cada uno de ellos. Espero que también la Comisión comprenda esta circunstancia.
La industria de la construcción naval emplea aproximadamente a 130 000 trabajadores en el territorio de la UE. Es importante garantizar estos puestos de trabajo. La cuota actual de los países de la UE en el mercado mundial de la construcción naval ronda el veinte por ciento. A pesar de las mejoras logradas en los últimos años, la competitividad y la productividad de numerosos astilleros continúan siendo deficientes en comparación con sus principales competidores japoneses y coreanos. La cuota de estos países con mano de obra barata se sitúa, como la de la UE, en torno al veinte por ciento del mercado mundial.
La UE dispone de una considerable capacidad en el campo de la investigación. Los astilleros europeos deberían seguir el modelo japonés y concentrar sus recursos en la investigación y el desarrollo, con el objetivo de mejorar, entre otros aspectos, los procesos de planificación y producción, así como la fabricación de naves seguras y eficaces. El desarrollo de la industria naval está estrechamente ligado al del resto de los sectores tecnológicos. Se debería considerar especialmente la utilización de la técnica en los ámbitos de la informática y de las comunicaciones como un elemento importante a la hora de desarrollar una moderna industria de la construcción naval.

Ilaskivi
Señor Presidente, ahora que sometemos a debate el excelente informe del Sr. Sindal sobre los astilleros, desearía comenzar haciendo hincapié, ante todo, en los procedimientos de debate y en el europarlamentarismo en general. ¿Por qué? Porque cuando la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial examinó su propio informe solicitó, de acuerdo con la costumbre, la opinión de otras comisiones, entre las que se encontraba la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que si la Comisión de Asuntos Económicos procedió a su votación por la mañana, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores hizo lo propio con su opinión el mismo día, pero por la tarde, es decir, a posteriori. No sé si la primera se ha apresurado demasiado en la elaboración de su calendario o si, por el contrario, nuestra comisión, que ha redactado dos opiniones, ha llegado tarde. Al menos, mi informe estaba listo para su votación ya durante la anterior semana de reuniones.
Y me planteo de qué sirve solicitar opiniones si, posteriormente, no se espera hasta su presentación ni son tenidas en cuenta. Se trata de un motivo para reflexionar sobre la coherencia de los trabajos parlamentarios.
Pero esto no es todo. Si nosotros votaremos el informe en el pleno de mañana, el COREPER comenzó ya el pasado jueves su examen. No cabe duda de que este examen se extenderá aún más tiempo y de que la posición de COREPER se someterá a su debido tiempo a examen del Consejo, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿no debería estar listo el informe del Parlamento en el momento en que COREPER inicia sus trabajos? De no ser así, lo que se desprenderá de todo esto es la idea de que cada cual adopta sus propias decisiones sin escuchar a nadie.
Se trata de una situación embarazosa si pensamos en el propio parlamentarismo, especialmente cuando se ha repetido una y otra vez y, evidentemente, se seguirá repitiendo en el futuro. Espero que la Mesa tome seriamente cartas en el asunto. Está en juego el prestigio y la credibilidad de las actividades del Parlamento Europeo.
Por lo que respecta al tema que nos ocupa, me gustaría señalar brevemente que las ayudas a los astilleros han llegado al final de su andadura. Desde este punto de vista, la propuesta de la Comisión y del informe del Sr. Sindal es la adecuada. Ahora que los principales países constructores asiáticos se encuentran sumidos en una crisis económica y que la devaluación de sus monedas ha mejorado la competitividad de exportación de dichos países, es el momento ideal para emprender medidas de alcance mundial para eliminar las ayudas. Por su parte, Estados Unidos deberá aceptar el Acuerdo de la OCDE, los organismos correspondientes deberán imponer el fin de las ayudas a los astilleros como condición previa para conceder su ayuda financiera y los países europeos deberán cobrar ánimos y aceptar que no es posible mantener eternamente una industria que cojea como lo hace la industria de la construcción naval.

Kaklamanis
Señor Presidente, el escrito de opinión que redacté en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo sólo concernía a la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Nunca se ha pedido a la Comisión de Transportes que expresase su opinión acerca de la propuesta de reglamento del Consejo en la que está basado el informe del colega, Sr. Sindal.
Por consiguiente, yo también suscribo todo lo que ha manifestado el colega anterior. ¿Cuál es la razón por la que se nos ha sido solicitada la opinión? Ya me he percatado de que apenas se ha tenido en cuenta a la hora de redactar el informe del Sr. Sindal. Ello, por supuesto, no significa que mi grupo no esté de acuerdo con numerosos puntos del citado informe. Sin embargo, nos preocupa en demasía el modo en que se ha llevado a cabo este proceso que, al menos en los casi tres años que ejerzo de eurodiputado, no es algo habitual.
Al mismo tiempo, he escuchado a todos los colegas e incluso al ponente referirse a la salud, a la competencia, a la necesidad de suprimir las ayudas estatales a los astilleros, a la globalización de la economía. Estimados colegas, todo eso es correcto pero no sólo debemos acordarnos de ello cuando Estados Unidos, Japón o Corea nos piden que nos acordemos de la globalización de la economía.
La Unión Europea tiene la obligación, y así lo hacen de forma muy correcta la Comisión y el informe del Sr. Sindal, de cuidar sobre todo su casa, la existencia, el mantenimiento y, en la medida de lo posible, la ayuda a la industria europea de construcción naval, de mantener los puestos de trabajo y, sobre todo a partir de ahora, garantizar un futuro mejor al hasta ahora existente.
Por último, señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario y también al colega, Sr. Sindal, cuáles serán las consecuencias del euro a partir del 1/1/1999 para la industria europea de construcción naval. ¿Habrá consecuencias o no? ¿Si las hubiese cuáles serían? ¿Serán positivas o negativas?

Sainjon
Señor Presidente, el pasado 18 de marzo, la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores votó mayoritariamente mi informe para opinión en el que se proponían algunas enmiendas al reglamento de la Comisión relativo a las ayudas a la construcción naval. La comisión REX desea simplemente que se tenga en cuenta la situación, la crisis monetaria del Sudeste asiático y sus consecuencias sobre los astilleros europeos.
Debo decir con toda franqueza que no comprendo la actitud presente de la Comisión, que no ignora la situación monetaria de los países del Sudeste asiático y, particularmente, de Corea del Sur. La Comisión persiste en anunciar desde ahora la supresión de las ayudas al funcionamiento ligadas a los contratos el 31 de diciembre de 2000. Me parece que la prudencia y el buen sentido deberían llevar a tomar un poco de distancia y realizar primero, tal como lo propongo, un estudio para asegurar que la crisis del Sudeste asiático no repercutirá sobre la industria europea de la construcción naval.
La Comisión actúa como si, en una batalla, un ejército anunciara, cualquiera que sea el resultado del combate, que será vencido y que se rendirá a una hora y en una fecha precisa. Es totalmente ilógico. Por ello, la comisión REX defiende la idea de que se realice tal estudio a finales de 1999 y que, si se comprueba que subsiste cualquier riesgo de dumping monetario de parte de los conglomerados sudcoreanos, se tome entonces la decisión de suprimir las ayudas al funcionamiento. Sin embargo, la honradez política debería obligarnos a esperar el resultado de este estudio antes de tomar cualquier decisión. Por ello pido, en nombre de mi Grupo, una votación separada del considerando 10.
Recuerdo que la comisión REX se desplazó y visitó numerosos astilleros, ya sea en Saint-Nazaire o, más recientemente, en Génova. En todos lados, escuchamos las mismas preocupaciones de parte de los dirigentes de empresa y de los sindicatos. Si se dicen dispuestos a aceptar mañana la supresión de las ayudas al funcionamiento, exigen que la Unión Europea disponga de una política comercial defensiva. Ahora bien, la situación actual es diferente.
Señor Presidente, abordamos con ello un tema sumamente sensible y, más que nunca, es preciso ser prudentes. Debo recordar aquí que, desde los años 70, se han suprimido 200.000 puestos de trabajo en este sector. Evidentemente, no me viene a la cabeza la idea de apoyar artificialmente un sector incompetente, ya que estoy convencido de que cuando la competencia sea leal, la industria naval europea puede ser totalmente competitiva en numerosos sectores. Ahora bien, nos vemos obligados a constatar que cada vez que un astillero europeo sale de apuro gracias a una ayuda excepcional, la Comisión impone inmediatamente nuevas reducciones de capacidad de producción, lo que supone nuevas supresiones de puestos de trabajo.
En este momento, todos y cada uno saben que la construcción naval sudcoreana, cuyas capacidades de producción han alcanzado los mismos niveles que la Unión Europea, beneficia de una ayuda sostenida del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ¿qué hacen la Unión Europea y los Estados miembros para imponer como contrapartida a Corea del Sur la reducción de sus capacidades de producción?
Sir Leon Brittan se ha comprometido a que las ayudas concedidas a Corea del Sur no sean utilizadas para salvar los astilleros en bancarrota, pero yo quisiera que la Comisión me dijera de qué medios dispone para controlar todo eso. ¿Se integra este problema en el marco del acuerdo de cooperación con Corea? Espero con curiosidad las respuestas de la Comisión. Sé que la Comisión y la Unión Europea como tal no están representadas en el seno del Fondo Monetario Internacional, son los gobiernos nacionales los que tienen voz y voto. Esta es la razón que me lleva a denunciar aquí la lógica de los diferentes Estados y de los Ministros de Finanzas, que aceptan conceder préstamos de varios miles de millones de ecus para apoyar el sistema financiero sudcoreano, pero sobre todo la de los bancos europeos que se han comprometido con ese país sin contar con ningún control sobre la manera en que ese dinero se distribuye.
Una vez más, la política industrial es sacrificada en aras de la política financiera.
Por último, resta un problema: las ayudas regionales. Es normal que algunas regiones desheredadas de la Unión dispongan de ayudas diversas. Pero cuando la filosofía general del reglamento de la Comisión es limitar las ayudas al funcionamiento, entonces es preciso ser totalmente coherentes con esta lógica, o definir una estrategia que excluya de oficio todo lo que atañe a los sectores industriales. Ya que decir que algunos astilleros podrían beneficiarse a su antojo de ayudas con el pretexto de que se trata de ayudas regionales, mientras que otros tendrán que arreglárselas sin ellas, es crear con ello una distorsión de la competencia. Por ende, apoyo totalmente la enmienda 29 del Sr. Sindal.
Nos encontramos actualmente en una encrucijada. O bien la primera potencia comercial del mundo sigue siendo una potencia marítima, o bien acabará dependiendo de otros países para encaminar sus mercancías transformándose rápidamente en un coloso con pies de barro.

El Presidente
Muchas gracias, señor Sainjon.
Señorías, con la intervención del Sr. Sainjon interrumpimos el debate sobre el informe del Sr. Sindal. El debate se reanudará a partir de las 21.00 horas.

Turno de preguntas (Comisión)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al turno de preguntas (B4-0272/98). Examinaremos las preguntas dirigidas a la Comisión.
Pero antes, Señorías, permítanme que les lea una comunicación a los diputados con recomendaciones de la Mesa. Siento que no voy a tener la suerte de que me escuche también el Sr. Wijsenbeek, porque son recomendaciones para el buen funcionamiento de nuestros trabajos. Es decir, que a fin de garantizar la máxima actualidad e interés político al procedimiento actual del turno de preguntas, la Mesa, en su reunión del 9 de marzo de 1998, adoptó las siguientes decisiones:
Primero: respecto del plazo de presentación de las preguntas. Las preguntas, para cada turno, deberán presentarse únicamente durante el plazo de presentación de preguntas para cada periodo parcial de sesiones. Se pide a los servicios competentes que no vuelvan a aceptar la presentación anticipada de preguntas para el turno de las mismas. Se recuerda a los diputados que el plazo de presentación de preguntas para cada turno se abre al final del plazo de presentación de preguntas para el periodo parcial de sesiones anterior y concluye a las 13.00 horas del jueves de la penúltima semana anterior a cada periodo parcial de sesiones.
Segundo: las preguntas complementarias. La Mesa pide al presidente de la sesión que sólo acepte solicitudes para la presentación de preguntas complementarias después de la tramitación de la pregunta principal. Se recuerda a los diputados que corresponde al presidente de la sesión decidir sobre la admisibilidad de las preguntas complementarias, que deberán tener una relación directa con el tema de la pregunta principal.
Tercero: admisibilidad. La Mesa recomienda a los servicios competentes una aplicación más estricta de los criterios sobre la admisibilidad de las preguntas establecidos en el anexo 2 del Reglamento. A este respecto, la Mesa pide, en particular a los diputados, que respeten las disposiciones relativas a la longitud máxima del texto de las preguntas, y que se limiten a formular una única pregunta por texto presentado.
Señorías, todas y todos ustedes recibirán estas recomendaciones directamente. Pero hoy, con su ayuda, vamos a empezar a ajustarnos a estas recomendaciones de la Mesa.
Tiene la palabra el Sr. McMahon para una cuestión de orden.

McMahon
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. Es sobre el mismo asunto. Tengo una copia del documento a que se ha referido usted y me ha dejado absolutamente atónito. Lo considero una afrenta a la democracia en esta Asamblea. Llevo 14 años de diputado aquí y me ha interesado mucho el turno de preguntas. Sé que hemos tenido problemas y ha habido cambios. Recuerdo cuando intentamos cambiarlo antes: la Sra. Dury presentó un largo informe de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades y los diputados lo debatieron y examinaron por extenso.
A lo que parece haber recurrido la Mesa en este caso es a una actitud de ordeno y mando desde arriba, que resulta muy antidemocrática. Una de las ventajas de hacer públicos los nombres de los Comisarios que iban a responder a las preguntas era la de si, en caso de que los diputados formularan, por ejemplo, una pregunta sobre el medio ambiente, podrían presentarla con mucha antelación, al saber que recibirían una respuesta franca y solvente del Comisario de medio ambiente. No existiría la posibilidad de que se presentara otra persona a la que se hubiera entregado un expediente, que no conociera su contenido y se limitase a improvisar una respuesta completamente insatisfactoria. Si se supiera de antemano que iba a responder el Comisario encargado de esa cartera, sería una ventaja. De modo que considero que se trata de una medida muy retrógrada. No se ha examinado en los Grupos políticos ni con los diputados y me siento muy ofendido por la actitud dictatorial y arbitraria adoptada por la Mesa. Lo plantearé en mi Grupo político y quisiera instar a otros diputados a que hagan lo propio.

El Presidente
Señor McMahon, escúcheme, por favor. Ya sé que usted conoce el castellano, pero me gustaría que me escuchara en su propia lengua utilizando los servicios de interpretación, porque debo decirle que, de la lectura que acabo de realizar, no se saca ninguna consecuencia de que se vaya a modificar el turno de preguntas en lo que hace referencia a la relación con los Comisarios. Lo único que se intenta es introducir un cierto orden, es decir, que las preguntas no se hagan con mucha antelación, sino dentro del periodo que marca nuestro Reglamento.
En segundo lugar, que no se encuentre la presidencia de sesión con que, antes de empezar, ya tiene muchas preguntas complementarias y nos encontremos con que miembros de este Parlamento que están aquí presentes piden una pregunta y no se le pueda conceder porque ya la ha pedido otra persona con antelación. Lo que se dice es que ahora lo que haremos es que, cuando se inicie la pregunta principal, se podrá pedir la palabra. Es decir, se trata de pequeñas normas que intentan, señor McMahon, mejorar nuestro trabajo. Si en la práctica vemos que no mejora nuestro trabajo, las vamos a revisar. Se lo aseguro a usted. Yo voy a llevarlo inmediatamente a la Mesa, pero en este momento les pediría que no abriéramos un debate sobre esa cuestión porque vuelvo a repetirles que son normas destinadas a que trabajemos mejor. Si no sirven para trabajar mejor, las volveremos a cambiar. Se lo aseguro a ustedes. Pero empecemos respetándolas inicialmente y no se trata de ninguna dictadura, señor McMahon, sino de la responsabilidad que tiene la Mesa de intentar ordenar lo mejor posible los trabajos del plenario. Yo tengo varias peticiones para cuestiones de orden, pero debo decirles que todas estas peticiones para cuestiones de orden van a ir en detrimento del tiempo que tenemos que dedicar a las preguntas a la Comisión.
Tiene la palabra el Sr. Crowley para una cuestión de orden.

Crowley
Señor Presidente, quisiera que me ofreciese una orientación. Yo también he recibido el mismo aviso que el Sr. McMahon y estoy totalmente de acuerdo con él. En la segunda parte del párrafo 2, se dice lo siguiente: »Corresponde al Presidente de una sesión decidir sobre la admisibilidad de las preguntas complementarias, que deberán estar directamente relacionadas con el tema de la pregunta principal». No cabe duda de que, como representantes políticos de los ciudadanos europeos, debemos poder dilucidar si un asunto está relacionado con una pregunta o con un Comisario determinado o reconvenir a un Comisario o al Presidente en ejercicio del Consejo, cuando se nieguen a contestar la pregunta directamente, y debemos recurrir a otra táctica para sortear esa actitud. Le ruego que haga uso de sus facultades discrecionales para interpretar ese aspecto y ofrecernos una orientación clara sobre la flexibilidad que nos concederá.

El Presidente
Señor Crowley, la amplitud que voy a permitir la va a poder usted experimentar en el curso del trabajo. Pero debo advertirle que el anexo 2 de nuestro Reglamento dice: »El Presidente decidirá si son admisibles las preguntas complementarias y limitará su número de modo que cada diputado pueda recibir respuesta a la pregunta que haya presentado». Es decir, no se trata de darle al presidente una nueva capacidad, sino de recordar que el presidente tiene esta capacidad. Usted, señor Crowley, habrá podido ver que, existiendo como existe esta norma, el presidente ha venido actuando con la natural flexibilidad que pide un turno tan vivo como es el turno de preguntas. Por lo tanto, no es que se plantee nada nuevo sino que todo está aquí.
Tiene la palabra el Sr. Wijsenbeek para una cuestión de orden.

Wijsenbeek
Señor Presidente, ha citado mi nombre como el del que tomó la iniciativa para la modificación en la fórmula del turno de preguntas. Le indico, señor Presidente, que he escrito un informe para la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, que ya ha sido aprobado hace cuatro meses por esta Comisión y que la Mesa se niega a presentar a la reunión plenaria, y que de ese modo las quejas tanto del colega Crowley como del colega McMahon podrían haber sido discutidas por lo menos en los grupos y en las reuniones plenarias. Ahora la Mesa maltrata mi informe presentando arbitrariamente nuevas reglas en lugar del procedimiento democrático usual. Pero en una cosa estamos de acuerdo usted y yo. Si miramos a nuestro alrededor vemos que hemos conseguido tapar la boca en el Parlamento Europeo con la cuestión del turno de palabras, que en la mayoría de los parlamentos del mundo es el punto cumbre de la semana parlamentaria y que se desarrolla de forma muy viva. Estamos aquí un puñado de personas y los comisarios y los ministros nos sirven con cuchara respuestas preescritas y no están en condiciones de debatir con nosotros. Mi propuesta equivale, señor Presidente, a que pidamos las preguntas por orden riguroso de modo que no que aquéllos que hace seis meses pidieron un turno sean los primeros, si no que todos tengan la misma oportunidad de que les toque su turno. En segundo lugar, que tenga lugar un debate de verdad, en donde se den breves respuestas a preguntas breves. Si quisiera ser tan amable de presentar mi informe al pleno, al menos podríamos discutir sobre eso como miembros y como backbenchers (miembros del Parlamento sin cartera) y no necesitamos que nos dicten la ley ciertos vicepresidentes que piensan que lo saben todo mejor que nadie.

El Presidente
Señor Wijsenbeek, cuando le he nombrado a usted, amistosa y cariñosamente, es porque sé que usted es una gran autoridad en cuestiones de Reglamento. Y como gran autoridad en cuestiones de Reglamento, he pensado inmediatamente que usted se daría cuenta de que ninguna de las disposiciones a las que he dado lectura modifican el Reglamento. Efectivamente, la Mesa tiene algunas propuestas que modifican el Reglamento, pero la Mesa trasladará estas propuestas a la Comisión de Reglamento donde el Sr. Wijsenbeek podrá explayarse, explicarse y defender su posición.
Pero, Señorías, con las sencillas propuestas que hoy hemos leído aquí, la Mesa no sobrepasa sus competencias. Se mueve única y exclusivamente en el ámbito de sus competencias, que es la aplicación del Reglamento, y no hay en las propuestas nada que esté fuera de nuestro Reglamento. Hay alguna propuesta de modificación, como por ejemplo la que hizo el Sr. von Habsburg en relación a que hubiera la posibilidad de hacer dos preguntas complementarias en el turno de preguntas al Consejo. Pero esto pide una modificación del Reglamento y por eso la hemos trasladado a la Comisión de Reglamento.
Por tanto, Señorías -vuelvo a insistir-, cuando hayamos leído todos con atención este papel nos daremos cuenta de que no hay ninguna modificación del Reglamento ni ninguna modificación de nuestras relaciones con la Comisión y con los Comisarios y que lo único que intentamos es ver si podemos aprovechar mejor el tiempo. De lo que me he dado cuenta es de que cualquier pequeña modificación en esta Casa, dificulta que se aproveche el tiempo porque la cantidad de reservas que produce es extraordinaria. Por favor, Señorías, léanse ustedes el papel con atención. Vean ustedes cómo vamos a utilizar lo que hay en este papel y en el próximo turno de preguntas yo estaré muy gustoso de escuchar de nuevo su opinión después de haber experimentado hoy y de que ustedes y yo hayamos reflexionado.
Y dicho esto, Señorías, les propongo que pasemos a la primera pregunta para la que ya está impaciente desde hace un tiempo la Sra. Concepció Ferrer, que ha formulado la pregunta en favor de la pequeña y mediana empresa e invito al Sr. de Silguy, al que le doy la bienvenida y le agradezco los minutos de atención que ha tenido a nuestro propio debate y le pido que tome la palabra para responder a la pregunta de la Sra. Concepció Ferrer.

El Presidente
Pregunta nº 41 formulada por Concepció Ferrer (H-0301/98):
Asunto: Política en favor de las pequeñas y medianas empresas
Teniendo en cuenta el resultado del estudio hecho por el Tribunal de Cuentas Europeo, en el que de 33 empresas consideradas como pequeñas y medianas solamente 11 correspondían a esta categoría y que los restantes dos tercios de las empresas investigadas pertenecían a consorcios, existiendo incluso un caso considerado como pequeña empresa que era una empresa de 2.000 trabajadores,
¿No cree la Comisión que ante estos resultados se debería proceder a una revisión del concepto de Pequeña y Mediana Empresa para poder adecuarlo a la realidad?

de Silguy
He aprendido mucho, me he instruido mucho y les agradezco el haberme permitido participar en su debate.
Para cualificar las PYME, la Comisión aplica la definición prevista por la recomendación del 3 de abril de 1996 a los Estados miembros, al Banco Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones. Según esta nueva definición, destinada a poner un poco de orden en la situación que acaba usted de describir, una empresa debe estar integrada por menos de 250 empleados para ser definida como PYME y tener un volumen de negocios que no exceda los 40 millones de ecus, o un balance total que no supere los 27 millones de ecus. Para ser definida como «pequeña», una empresa debe tener menos de 50 empleados y un volumen de negocios anual que no exceda los 7 millones de ecus o un balance anual que no supere los 5 millones de ecus.
Además, las pequeñas y medianas empresas deben ser realmente independientes, es decir, no pertenecer alrededor de un 25 % o más a otra empresa. El umbral del volumen de negocios y del balance será regularmente ajustado, normalmente cada cuatro años, para tener en cuenta la evolución económica en Europa.
Una vez dicho esto, en algunos programas específicos de investigación y desarrollo tecnológico y en el marco del cuarto programa marco 1994-1998, se han utilizado definiciones diferentes de una PYME. Sin embargo, para la puesta en práctica del quinto programa marco, es decir, 1998-2000, la Comisión propone que se aplique la nueva definición que acabo de recordarles mediante una excepción que permita incluir empresas que tengan hasta 500 trabajadores.
Entre los distintos criterios de esta nueva definición, figura el criterio de independencia y la Comisión es consciente de que este criterio lamentablemente no siempre se ha respetado. Como usted lo destaca, Sra. Ferrer, a propósito de las bases de datos relativas a los participantes en el programa de investigación y desarrollo tecnológico, el informe anual del Tribunal de Cuentas señala que de las 33 empresas seleccionadas en el marco de la auditoría que realizó, 11 no satisfacían los criterios de independencia y una empleaba incluso a más de 2000 trabajadores.
Una vez dicho esto, la Comisión quiere tranquilizarles y tranquilizar a su Asamblea: la calidad y la fiabilidad de estas bases se mejoran y actualizan constantemente. Esta mejora va a continuarse, especialmente con la introducción, por etapas, de controles de viabilidad financiera y jurídica que cubrirán igualmente a las sociedades matrices. Asimismo, vamos a continuar la mejora verificando los criterios aplicables a las PYME, tomando como base pruebas documentales. La Comisión no cejará en su empeño de insistir para que en el futuro los criterios de definición de las PYME se cumplan escrupulosamente.

Ferrer
Quiero, ante todo, agradecer al señor Comisario sus explicaciones. Explicaciones que, por otro lado, creo que eran necesarias. Son muy útiles, porque esta mañana, al aprobar el informe Elles, insistíamos en la cantidad de lagunas que existen en relación con las ayudas de las que pueden disponer las pequeñas y medianas empresas y que no se han utilizado. Se malgastan así, si no unos recursos, sí unas posibilidades de mejorar no sólo la situación de las pequeñas y medianas empresas sino, sobre todo, las actuaciones de las mismas en beneficio de la creación de puestos de trabajo.
Pediría al señor Comisario que, de acuerdo con sus propias palabras, la Comisión esté muy atenta y convierta en realidad lo que él ha descrito.

de Silguy
Estoy totalmente de acuerdo. Tomo nota de los deseos de la Sra. Ferrer y estoy tanto más de acuerdo con ella cuanto que es importante, para la Comisión, poder dirigir estas medidas a las empresas adecuadas, so pena de asistir a un fenómeno de dispersión de las ayudas y, por ende, a una pérdida de eficacia. Por tanto, puedo asegurarles que la Comisión coincide con su análisis y actuará en este sentido.

Ewing
Respecto de la situación actual, permítaseme pedir al Comisario que examine ciertas zonas en las que empresas con cincuenta empleados son en realidad empresas grandes y en las que el concepto de pequeña empresa corresponde más bien a las que tienen diez empleados. En zonas como mi circunscripción de las Tierras Altas y las Islas, de esas empresas es de las que se espera con frecuencia la creación de puestos de trabajo. ¿No sería posible que la Comisión examinara la posibilidad de utilizar otro criterio para dar un trato aún más favorable a las microempresas?

de Silguy
Esta cuestión siempre es delicada porque, por una parte, es preciso tener en cuenta la necesidad de contar con un enfoque poco más o menos armonizado a escala europea para tratar de ser eficaces y, por otra, tener en cuenta situaciones específicas. Responderé a la Sra. Ewing que los Estados miembros han introducido más flexibilidad que nosotros. Ahora bien, nosotros introducimos flexibilidad puesto que hemos fijado umbrales para las microempresas, con menos de 10 personas, que precisamente deben ser adaptados a la situación de las islas a las que usted alude. Yo diría incluso que en algunos Estados miembros la flexibilidad es todavía más grande puesto que los umbrales corresponden a los límites máximos y que el criterio del número de trabajadores puede aplicarse sólo, sin referencia al volumen de negocios o al balance. Ello va, por ende, en el sentido que usted parece desear.

Crowley
Quisiera agradecer al Comisario su respuesta. Voy a formularle simplemente dos preguntas muy breves a este respecto. En primer lugar, ¿puede ofrecernos garantías aquí de que no se utilizará este estudio del Tribunal de Cuentas para intentar reducir la cantidad de dinero que se va a asignar al sector de las PYME y en particular para el aspecto relativo a la creación de puestos de trabajo? En segundo lugar, tal vez no haya yo interpretado bien su respuesta original, pero, ¿estoy en lo cierto al entender que se van a actualizar y evaluar todos los años los criterios relativos a la definición de las PYME y las microempresas?

de Silguy
Muy rápidamente, puedo responder ambas preguntas del Sr. Crowley afirmativamente. En lo que concierne más precisamente a la segunda pregunta, recuerdo que hemos previsto una puesta al día de los criterios cada cuatro años o menos, y más rápidamente en caso necesario, en función de la evolución de los datos económicos.

El Presidente
Pregunta nº 42 formulada por Nikitas Kaklamanis (H-0314/98):
Asunto: Aumento de la cantidad subvencionada de aceite de oliva
Según diversas noticias, durante su reciente estancia en España, el comisario Fischler declaró que el límite máximo de producción de aceite de oliva que obtendrá subvención de la UE aumentará en 300.000 toneladas para España y Grecia.
¿Puede indicar la Comisión si habrá, en efecto, un aumento semejante del límite máximo de producción de aceite de oliva y cómo se distribuirá dicha cantidad entre Grecia y España?

de Silguy
Paralelamente al ejercicio Agenda 2000, la Comisión examinó, el 19 de marzo pasado, el expediente de la reforma de la organización común del mercado del aceite de oliva.
A este respecto, la Comisión ha tenido ampliamente en cuenta las observaciones formuladas por el Parlamento Europeo. La reforma de la organización común de mercado debería entrar en vigor a partir de la campaña 2001-2002. Mientras tanto, y para paliar las dificultades de gestión de la actual OCM, la Comisión propuso modificaciones urgentes al régimen en curso. Estas modificaciones, así como los elementos que es preciso tener en consideración para proponer la reforma del sector, pronto serán objeto de un debate específico en el seno de su Asamblea y mi colega Franz Fischler contestará precisamente a todas sus preguntas sobre este tema.
Hoy puedo decirles que los aumentos propuestos prevén, entre otros, un aumento de la cantidad máxima garantizada de 212.400 toneladas, y que entre las modificaciones se propuso repartir este aumento entre las cantidades nacionales garantizadas a los Estados miembros productores. El reparto, entre estos Estados miembros, de la nueva cantidad máxima garantizada de 1.562.400 toneladas es la siguiente: España: 625.210 toneladas, Francia: 3.065 toneladas, Grecia: 389.038 toneladas, Italia: 501.172 toneladas, Portugal: 43.915 toneladas. El aumento de la cantidad máxima garantizada está motivada por la evolución de la capacidad de absorción del mercado comunitario. Tiene en cuenta las potencialidades de las nuevas plantaciones realizadas últimamente en España y en Portugal e igualmente corresponde a los ahorros hechos en el presupuesto comunitario debido a la supresión del régimen de los pequeños productores y la supresión de la ayuda al consumo.

Kaklamanis
Señor Comisario, muchas gracias, creo que debo estar contento por todo lo que he escuchado en su respuesta, pero dado que nosotros aquí no tenemos a mano las cifras que usted ha mencionado, he entendido, después de todo, que lo que planteaba en mi pregunta es verdad. Es decir, no me interesan tanto los números - me fío de los que ha expuesto - pero realmente existe la posibilidad de que aumente para España y para Grecia lo que estaba vigente hasta ahora, es decir, 300.000 toneladas más ¿sí o no? Porque he oído números pero no sé lo que estaba vigente antes. ¿Son las mismas cifras que antes o han sido incrementadas?

de Silguy
Aunque no soy un especialista del aceite de oliva, a juzgar por lo que sé, la cantidad actual máxima es, para el conjunto de la Unión Europea, de 1.350.000 toneladas. Va a aumentarse a 1.562.000 toneladas. Como consecuencia, esta cantidad se aumentará y repartirá entre los diferentes Estados miembros, que van a ver sus cantidades aumentadas y repartidas en función de las claves habitualmente utilizadas en materia de política agrícola común. Una de ellas se refiere, en particular, a la producción nacional media en el curso de tres años, en los cinco últimos, dejando a un lado el mejor y el peor año para cada uno de los Estados miembros.
Por tanto, se aplicarán los criterios habituales, que son los criterios clásicos de repartición. Si acaso no los han recibido ya, se les remitirán todos los detalles técnicos que muestran que este aumento de la cantidad máxima garantizada se repartirá proporcionalmente, en los distintos Estados miembros, de conformidad con los criterios habituales.

Colino Salamanca
Quisiera simplemente recordar al Comisario dos ideas:
Primera, ha citado cinco campañas sobre las que se basa la modificación de la cantidad máxima garantizada, de las cuales se desprecian la más débil y la más fuerte. Pero, en el caso concreto de España, las campañas 92-93, 93-94 y 94-95 son tres campañas en las que se registró una situación catastrófica de sequía. Esto quiere decir que si se trasladan esos datos a la situación española estamos siendo penalizados en la fijación de la cantidad que corresponde a España.
La segunda idea, muy importante, es que la cantidad máxima garantizada para toda Europa también se va a ver afectada como consecuencia de estos datos que no son reales para España. Sería importante que la Comisión tomara nota de esto y pudiera corregir estos datos en algún momento, incluso durante la fase de trámite en el Consejo. Si no lo hace, se va a producir una penalización del conjunto europeo y especialmente de la producción española.

de Silguy
He tomado debida nota de su observación. Me recuerda el debate que suscitó en comisión cuando se preparó la propuesta. Se trataba a la vez de intentar alcanzar varios objetivos, que pueden parecer contradictorios, y examinar el problema que planteaba la sequía en España en esa época.
El expediente se encuentra actualmente en manos del Consejo, el Sr. Fischler, que lleva a cabo estas negociaciones, tiene muy presente la observación que ha hecho usted. Sin embargo, la Comisión ha de presentar una propuesta que tenga bases objetivas y tradicionales en cuanto a los criterios aceptados. Ahora, la negociación corresponde al Consejo y no dudo de que se escucharán y defenderán todos los puntos de vista.

Camisón Asensio
Señor Comisario, después de oírle quisiera saber si la Comisión es realmente consciente del daño que se está fraguando contra el nivel de empleo en España. Si la Comisión persiste -como veo que así es- en su obstinación de no elevar substancialmente la cantidad máxima garantizada, los efectos sobre el empleo serán perniciosos. Porque la verdad es que, aparte del problema de sequía aquí planteado, la producción española, por citar la última, ha sido de 947.000 toneladas, cantidad que se aleja muchísimo de ese máximo que se fija para España. Y si esta diferencia no se subvenciona, el efecto, indefectiblemente, ha de ser más paro en España, precisamente el país en el que se registra la tasa más alta de desempleo de toda la Unión.
De poco vale predicar sobre el empleo en el Consejo Europeo de Luxemburgo, si por otra parte se tiran por la borda jornales y si, al final, se cumple esa amenaza que se cierne sobre el olivar español.

de Silguy
Daré la misma respuesta que antes: es efectivamente el tema que se encuentra en curso de negociación. Les he explicado los fundamentos de la propuesta de la Comisión. Les expliqué también que la Comisión proponía aumentar la cantidad máxima garantizada en relación con la cantidad actual. Sé que ello plantea problemas a un determinado número de países, en términos económicos, y también plantea problemas, no hay que olvidarlo, en términos de salida de la cantidad de aceite de oliva.
No obstante, creo que los negociadores tienen presentes todos estos elementos. Ha hecho usted bien en destacarlo. Ahora van a formar parte de la negociación que debe llevarse a cabo en el seno del Consejo.

El Presidente
Muchas gracias, señor de Silguy.
Tiene la palabra la Sra. Izquierdo Rojo para una cuestión de orden. Perdone, ¿qué artículo del Reglamento invoca para la cuestión de orden?

Izquierdo Rojo
Señor Presidente, quisiera hacer notar que en la Tribuna, han venido desde Granada...
(El Presidente interrumpe a la oradora)

El Presidente
Señora Izquierdo Rojo, esta no es una cuestión de orden. Le pido, por favor, que usted ocupe su escaño y me permita continuar el trabajo, como corresponde, con la pregunta siguiente.

El Presidente
Pregunta nº 43 formulada por Phillip Whitehead (H-0321/98/rev. 1):
Asunto: Los consumidores y el euro
¿Puede indicar la Comisión si aprueba el punto de vista de que todas las operaciones obligatorias de conversión deberían ser gratuitas? En tal caso, ¿cómo se va a aplicar este principio?
¿Puede confirmar la Comisión cuándo va a decidir si regula o no la cuestión de la doble indicación de precios? ¿Cuál es, a su juicio, la fecha límite para semejante decisión, teniendo en cuenta los plazos de la codecisión?
¿Puede la Comisión informar sobre el calendario para el desarrollo de códigos de buenas prácticas entre profesionales y consumidores?
¿Cuál será el papel de los observatorios del euro y dónde tendrán su sede?

de Silguy
La Comisión considera que sobre la base de los reglamentos relativos al euro que se encuentran actualmente en vigor, los bancos no están jurídicamente habilitados para percibir gastos por las operaciones obligatorias de conversión relacionadas con la introducción del euro. Por ende, no es necesario adoptar disposiciones legislativas suplementarias en este ámbito. No obstante, la Comisión considera también que para facilitar una introducción paulatina, sin tropiezos, del euro, los bancos deberían ir más allá de sus obligaciones legales mínimas.
Con vistas a esclarecer plenamente su posición sobre los gastos bancarios de conversión en euros, la Comisión va a presentar dentro de quince días -por tanto, muy próximamente- a través de una recomendación, principios de buena conducta que abarcarán tanto las disposiciones jurídicamente obligatorias como las disposiciones adicionales que la Comisión juzgue deseables. Estas recomendaciones se enviarán a los Gobiernos, a las distintas asociaciones, organizaciones, asociaciones de consumidores, profesionales, y claro está, se pondrá en conocimiento de su Asamblea.
Añado que el recurso a una recomendación representa una vía intermedia entre la adopción de una reglamentación y el libre juego de las fuerzas del mercado y que esta vía constituirá la manera más eficaz de alcanzar el objetivo buscado. Para poner en práctica la recomendación, la adopción de códigos de buena conducta aceptados por las partes interesadas es el mejor método y la vía más apropiada. Creo que, por lo demás, ya desde hace algún tiempo se han hecho progresos en este sentido. Sin embargo, en el caso de que estas disposiciones voluntarias se revelaran ineficaces, la adopción de disposiciones legislativas podría, no obstante, preverse con vistas a esclarecer la situación.
En segundo lugar, en relación con la doble indicación de los precios que planteó la pregunta del Sr. Whitehead, diría que la Comisión considera que también en este caso la imposición obligatoria de una doble indicación de los precios a través de un reglamento a escala europea no constituye un medio adecuado para asegurar una doble indicación que responda a la vez a las necesidades de los consumidores y mantenga al mínimo los costes de transición al euro. También en este caso, la Comisión presentará una recomendación, dentro de unos quince días, proponiendo así los principios de buena práctica a fin de brindar la claridad y la certidumbre necesarias a todas las partes interesadas en la doble indicación de precios. Si se comprueba, en la práctica, que este enfoque voluntario no es satisfactorio, que resulta ineficaz, podría examinarse la adopción de una reglamentación sobre estos principios de buena práctica, y no será Emma Bonino la que me contradiga.
Tercera observación: la mesa redonda del pasado 26 de febrero demostró que los progresos realizados en la preparación práctica de la introducción del euro se deben en gran parte a la movilización de las organizaciones de consumidores y las organizaciones profesionales, así como de la instauración de un diálogo continuo entre todos los actores interesados. Este diálogo se desarrolla esencialmente a escala nacional, que es el nivel en el que las negociaciones deben llegar a la definición, a la instauración de estos códigos de buena conducta tomando como base nuestras recomendaciones. Y, ya desde ahora, estas negociaciones están muy avanzadas. Asimismo, pueden iniciarse a nivel europeo las negociaciones entre los consumidores, entre los profesionales. Por lo demás, éstas ya se iniciaron y uno de los objetivos consiste en la creación de una etiqueta «euro» a la intención de los comerciantes detallistas que indiquen sus precios en euros y acepten los pagos en esta moneda. Es deseable que estas negociaciones puedan concluir lo más rápidamente posible y de manera satisfactoria. Ello fortalecerá la confianza de los usuarios, los consumidores, en el proceso de la introducción del euro.
Para terminar, el último punto al que aludió la pregunta del Sr. Whitehead: el problema de los observatorios nacionales, regionales o locales. En efecto, la introducción de tales observatorios es, a mi juicio, una buena cosa, ya que se trata de un medio a través del que los Estados miembros podrían favorecer la difusión de informaciones sobre el euro y también un medio que permitiría vigilar el cumplimiento de estos acuerdos voluntarios en el marco de los códigos de buena conducta que mencioné. A nivel europeo, también podría imaginarse hacer de estos observatorios lugares de intercambio informal de información sobre la evolución entre los Estados miembros. La forma, la función, los procedimientos operativos precisos para la instauración de estos observatorios queda por definir, a mi juicio, por los Estados miembros tomando como base las prácticas nacionales y las disposiciones jurídicas existentes.

Whitehead
Le agradezco que me permita formular esta pregunta. También me alegro de que también esté aquí la Comisaria Bonino para escuchar la respuesta de su colega. Permítaseme formular dos preguntas breves. En primer lugar, ¿durante cuánto tiempo aplicará la Comisión las recomendaciones de buena conducta que acaba de describir el Comisario de Silguy, antes de determinar si son eficaces o no y si debe formular disposiciones vinculantes, en vista del tiempo de que se dispone para la codecisión y del plazo que expira el año 2002, lo que significa que debemos adoptar una postura al respecto mucho antes de ese año?
En segundo lugar, sobre la cuestión de las tasas bancarias, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad bancaria hasta ahora? ¿Cómo se propone la propia Comisión velar por la continuidad de los contratos durante el paso de las monedas nacionales al euro?

de Silguy
Seré muy preciso sobre este punto. La Comisión va a hacer sus recomendaciones dentro de quince días, hacia el 15 de abril, espero. Estas se remitirán a los Gobiernos con la esperanza de poder incluirlas en las conclusiones del Consejo Europeo del 2 de mayo, a fin de imprimirles una fuerza política importante. Estas recomendaciones se enviarán a las distintas organizaciones profesionales, a las organizaciones de consumidores, con instrucciones de trabajar conjuntamente, para elaborar códigos de buena conducta.
Ya se verá, según los problemas. Es más urgente ocuparse de los gastos bancarios, ya que desde el 1 de enero de 1999, se planteará un determinado número de preguntas a este respecto, lo que precisa que se vaya más rápido. En lo relativo a las cuestiones de la doble indicación de precios, tenemos un poco más de tiempo. Por tanto, no hay que fijar fechas precisas. No obstante, hemos fijado una cita con la comunidad bancaria para el otoño de 1998, lo que nos permitirá hacer el balance sobre este aspecto bancario.
Puedo decirle que las negociaciones y las reacciones son más bien positivas, puesto que la comunidad bancaria había enviado, antes de la mesa redonda del 26 de febrero, una carta a Emma Bonino, de la que por lo demás tuve una copia, mostrando su disposición a trabajar en este sentido. Nos encontramos actualmente en un proceso más bien alentador, que funciona sobre la base de la concertación. Luego apreciaremos los resultados. En lo que se refiere a la continuidad de los contratos, todas las indicaciones de las que disponemos hacen pensar que el estado actual de la reglamentación es suficiente y satisfactorio para cumplir con esta obligación jurídica.

El Presidente
Muchas gracias, señor de Silguy.
Señorías, hemos agotado el tiempo asignado a la primera parte de las preguntas a la Comisión. Por lo tanto, la pregunta nº 44 se contestará por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 45 formulada por Marialiese Flemming (H-0227/98):
Asunto: Transporte de animales
En junio de 1995, el Consejo adoptó la Directiva 95/29/CE sobre la protección de los animales durante el transporte. Al mismo tiempo, el Consejo pidió a la Comisión que emplease más inspectores veterinarios para supervisar la aplicación de estas nuevas normas.
A la vista de los recursos cada vez mayores con que cuenta la Oficina de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria, ¿podría indicar el miembro responsable de la Comisión cuántos inspectores supervisan en la actualidad el transporte de animales y qué planes existen para aumentar el número hasta los doce inspectores, cifra que el Consejo considera el mínimo necesario?

Bonino
Señora Flemming, como usted sabe, en la actualidad, la Oficina de Inspección Alimentaria y Veterinaria es responsable de una amplia serie de tareas relacionadas con la supervisión de la aplicación de la normativa comunitaria en materia veterinaria, alimentaria y fitosanitaria. Hoy por hoy, la Oficina de Inspección Alimentaria y Veterinaria emplea a 46 inspectores. Una parte de los recursos disponibles para las inspecciones veterinarias se destina de forma específica a los controles relativos a la supervisión del bienestar de los animales, a los que se ha referido su Señoría. Sin embargo, en términos relativos, estas actividades representan todavía una mínima parte de toda la actividad de inspección.
Actualmente, la Comisión está aumentando el personal asignado a la Oficina con objeto de permitirle realizar todas sus tareas. No obstante, los procedimientos de asignación y de formación del personal requerirán inevitablemente cierto tiempo.
La Comisión, sin duda, es consciente de la importancia que reviste el bienestar de los animales y este aspecto será debidamente tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a la financiación de los recursos necesarios para la Oficina para el cumplimiento de sus tareas.
Asimismo, deseo señalar a su Señoría que en la actualidad la Oficina está introduciendo un sistema para establecer las prioridades de las misiones y ello permitirá que los programas de las misiones puedan reflejar ante todo una evaluación equilibrada de las diferentes solicitudes de control y de inspección dirigidas a la Oficina.
La Comisión sólo puede decir que todos los Estados miembros han sido inspeccionados, al menos una vez, en lo referente al bienestar de los animales y que dichas inspecciones están muy lejos de ser satisfactorias. Hoy por hoy, por desgracia, las condiciones del personal y de los recursos humanos es tal que sólo 2 inspectores de 46 se encargan de este sector. La Comisión, por lo tanto, considera que debe elaborar una lista de prioridades que, por otra parte, es obligatoria.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bonino.
Perdone, señora Flemming, le daré la palabra, pero me ha pedido la palabra para una cuestión de orden la Sra. Jensen y el Reglamento me obliga a darle la palabra. Tiene usted un minuto, señora Jensen.

Lis Jensen
Pensaba que el señor Presidente no podía ver por aquí arriba. Pedí la palabra porque me parece por supuesto insatisfactorio que no pueda obtener respuesta a mi pregunta. Sin embargo, lo que realmente quiero cuando tomo ahora la palabra para el reglamento es garantizarme que sea yo quien obtenga la respuesta. Yo no me llamo Kirsten Jensen. Me llamo Lis Jensen. Me gustaría plantear a la administración que lo haya modificado cuando vaya a tener la respuesta escrita. No puedo censurar a la administración por cometer esta falta, pues la mitad de Dinamarca se llama de hecho Jensen, no obstante, me parece insatisfactorio que hoy no obtenga la respuesta, pues precisamente la cuestión del reglamento de bloqueo forma parte de algo que nos ocupa bastante en Dinamarca, especialmente hasta el futuro referéndum del 28 de mayo. Me parece muy insatisfactorio e inflexible por parte del señor Presidente.

El Presidente
Señora Lis Jensen, siento que no se haya podido responder a su pregunta, pero yo no muevo el reloj. Soy esclavo del reloj, como usted y los demás diputados y diputadas. Y en cuanto a su nombre, he recogido su indicación, pero debo decirle que los servicios de la Asamblea previamente habían hecho ya el corrigendum . O sea, que la tranquilizo a usted. Si yo le hubiera dado la palabra, le hubiera dado la palabra a la Sra. Lis Jensen.
Señor McMahon, tiene usted la palabra para una cuestión de orden.

McMahon
Sobre la misma cuestión, no sólo en la equivocación respecto del nombre de Su Señoría ha metido la pata la administración; en realidad, la pregunta sobre la limitación del comercio es una pregunta para el Sr. Monti, porque él es quien ha presentado el documento a la Comisión y está previsto que responda a las preguntas, por lo que no veo por qué se presentó en una sección a la que no correspondía. En segundo lugar, ¿por qué no podía usted permitir que se le diese respuesta en el momento en que el Sr. Monti respondiera a las preguntas más tarde?

El Presidente
Señor McMahon, Señorías, yo les advierto a ustedes que el tiempo que utilizamos para cuestiones de orden es tiempo que va en detrimento de las preguntas a formular a la Comisión. Ustedes tienen su derecho pero yo también debo recordarles esta cuestión. Además, debo decirles a todos ustedes que el turno de preguntas está reglamentado y que cuando el reloj marca que ha terminado el tiempo, la Presidencia se ve obligada a pasar a la otra parte del turno de preguntas y no puede modificar aquello que ha sido establecido previamente.
Pido disculpas a la Sra. Bonino porque hemos interrumpido además la interesante reflexión que nos había ofrecido. Le pido disculpas también a la Sra. Flemming, pero comprenda que soy esclavo del Reglamento. Tiene usted la palabra para una pregunta complementaria.

Flemming
Señor Presidente, señora Comisaria, estoy seguro de que los dos oradores anteriores tienen como yo un gran interés en el bienestar de los animales y que sus preguntas sobre unas cuestiones de orden no son expresión de desinterés en el bienestar de los mismos. La Directiva 95/29 relativa al transporte de animales tiene también normas sobre los alimentos, agua y descansos para las diversas especies de animales y estas normas han entrado en vigor el 1 de enero de 1998. Adicionalmente, todos los Estados miembros están obligados a establecer unos puntos de parada aprobados por las autoridades que correspondan a las exigencias de la directiva. Señora Comisaria, quiero preguntarle lo siguiente: ¿puede la Comisión decirnos ya hoy cuántos de estos puntos de parada se han creado hasta el momento y si inspectores veterinarios -pues dispone de 46 para gran sorpresa mía- supervisan la ejecución correcta de estas instalaciones, lo que es parte de sus tareas?

Bonino
Como he dicho a Su Señoría, se han inspeccionado todos los Estados miembros al menos una vez y se dispone de los resultados. Hemos descubierto que algunas de las normas de la directiva, que entró en vigor el 1º de enero de 1998, distan de ser satisfactorias. Se han encontrado problemas en los siguientes sectores: mercados de ganado de importancia nacional, puestos de inspección fronterizos, puertos en los que se trasladan animales de camiones a buques, mataderos y demás. Puedo facilitar más detalles por escrito.
Quisiera decir a Su Señoría que tengo dos inspectores de los cuarenta y seis existentes. Hay emergencias como las de la EEB y la fiebre porcina clásica y deficiencias higiénicas en las instalaciones de elaboración de carne. También hay obligaciones jurídicas que se desprenden de otras directivas, tales como las solicitudes por parte de terceros países de la aprobación para exportar pescado o carne fresca a la Unión Europea. Puedo facilitar a Sus Señorías por escrito todas las obligaciones, emergencias, lo que hemos hecho en materia de bienestar animal, lo que hemos descubierto y las razones por las que la propia Comisión no está satisfecha con la situación.

Elliott
Me complace tomar nota de que la Comisaria no está satisfecha con la situación existente y le agradezco que dé semejantes muestras de sinceridad y transparencia con el Parlamento sobre el carácter insatisfactorio de la situación actual. Quisiera plantearle otro aspecto. Otra función de los inspectores veterinarios es la de supervisar la exportación de ganado vivo a terceros países de conformidad con el plan de restitución de la exportación. ¿Podría decir la Comisaria qué instrucciones se han dado al equipo de inspectores respecto de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones cuando el ganado llega a terceros países? ¿Se establecerá alguna coordinación con las organizaciones que se ocupan del bienestar animal y que son las únicas que han revelado hasta ahora la crueldad de ese comercio? Se trata de un asunto grave, por lo que una colaboración más estrecha con las organizaciones que se ocupan del bienestar animal en esa zona y que tendrían mucho gusto -estoy seguro- en prestar asistencia contribuiría a resolver en parte los problemas de la Comisión.

Bonino
Se trata de una operación que estamos intentando llevar a cabo de forma oficiosa. Como puede imaginar Su Señoría, la Comisión sólo puede tener relaciones oficiales con las autoridades de los Estados miembros. Además, muchos terceros países -incluso los grupos a que se refiere Su Señoría- tienen poca fuerza. De modo que afrontamos estos dos problemas: en primer lugar, los grupos que se ocupan del bienestar animal tienen poca fuerza y, en segundo lugar, nuestros interlocutores oficiales son exclusivamente los Estados miembros.
No obstante, espero que las organizaciones que se ocupan del bienestar animal en la Unión Europea establezcan vínculos más estrechos con sus homólogas de terceros países para que podamos establecer otra forma de contacto entre quienes deben aplicar la ley.

von Habsburg
Señor Presidente, señora Bonino, quiero plantearles una pregunta aunque ya ha sido respondida en su mayor parte por ustedes: ¿cuál es la situación en los países de la Europa central y oriental, muy en especial en Polonia, dónde existen aún unas circunstancias muy negativas? ¿Mantiene la Comisión negociaciones directas con estos países para lograr que dichos países garanticen de hecho que lo que exportan se trate del modo que queremos? Pues si esto no funciona ya allí al principio, tampoco funcionará posiblemente entre nosotros.

Bonino
Ya he contestado en parte la pregunta. En el proceso más amplio de negociación y ampliación, se tendrá en cuenta, evidentemente, con arreglo al acervo comunitario, esa norma. Naturalmente, tenemos un largo camino por delante, por lo que debemos encontrar una forma más rápida de velar por la aplicación de la directiva.

El Presidente
Pregunta nº 46 formulada por Robin Teverson (H-0281/98):
Asunto: POP IV: longitud de tangones de los arrastreros
La Comisión ha concedido algunos créditos al plan de ejecución del POP IV de los Países Bajos, en linea con una modificación de la normativa nacional neerlandesa. Un reglamento de 1986 exigía una reducción de la longitud global máxima de los tangones. El POP IV da prioridad a los Estados miembros que, como los Países Bajos, no han alcanzado los objetivos del POP III, con el fin de liquidar los flecos del programa anterior antes de que concluya 1998, y la autorización de este cambio normativo reforzará de manera significativa la posición neerlandesa en relación con el POP.
¿Significa esto que la Comisión cree que deben autorizarse medidas técnicas de conservación para contribuir al cumplimiento del POP IV? ¿Se han concedido créditos similares a las flotas de otros Estados miembros con destino a medidas nacionales de conservación?

Bonino
Se trata de una pregunta muy técnica, pero tiene -creo yo- un significado más político que técnico. Me parece que el Sr. Teverson quería saber si se deben incluir las medidas técnicas en el POP. Debo exponerlo con mucha claridad. La reducción de la longitud de los tangones menoscaba la eficiencia en lugar de aumentar la selectividad y, como tal, no se consideraría una medida técnica. Puedo confirmar que no se pueden tener en cuenta las medidas técnicas para la consecución de los objetivos del POP IV, pues se considera que sus efectos en el esfuerzo de pesca son suplementarios a los del POP. La flota holandesa no recibió crédito alguno en cuanto a la capacidad para la reducción de la longitud de los tangones. Se aceptó que el resultado de la reducción de la longitud de los tangones propiciaba una reducción de la eficiencia de los buques. Pero se advirtió un aumento de la actividad durante los POP anteriores, lo que compensó cualquier reducción de la eficiencia. Espero que haya quedado claro.
Como se reconoció y calculó ese efecto compensatorio, se tuvo en cuenta la reducción de la longitud de los tangones reevaluando el nivel básico idóneo de actividad correspondiente al POP y a ese sector de la flota pesquera holandesa. Así, pues, no hubo un aumento neto en el punto de referencia de los esfuerzos de pesca correspondiente al POP IV. Por tanto, ningún Estado miembro se ha beneficiado de medidas compensatorias nacionales en el marco de los POP.
Tenemos entendido que disminuyó la eficiencia, pero aumentaron sus actividades, por lo que el resultado fue equivalente. Por esa razón, no hubo compensación y no se pueden tener en cuenta las medidas técnicas para el cálculo de los POP.

Teverson
Agradezco a la Comisaria esa respuesta y, aunque, como ha dicho, se trata de una materia técnica, la cuestión es más bien la interpretación del cumplimiento de los requisitos que imponen los POP. De ello deduzco -aunque no necesariamente estoy de acuerdo con esa afirmación- que, cuando las medidas técnicas entrañan selectividad, no se pueden utilizar con vistas a la consecución de las metas establecidas en los POP. Eso se entiende.
Sin embargo, de su respuesta parece desprenderse que en cierto modo, aunque sea contraproducente para la compensación, las medidas que podrían ser de carácter técnico, aunque no se trate de medidas técnicas que reduzcan la eficiencia, podrían tener -y, por tanto, tienen- repercusiones en el esfuerzo de pesca y se consideraría, en realidad, que contribuían a la consecución de las metas establecidas por los POP. Eso es lo que me parece a mí que sucedió en realidad. La Comisaria ha dicho que hubo un equilibrio en la flota holandesa entre la reducción de la longitud de los tangones y el aumento del esfuerzo de pesca, que no supera la meta establecida en el POP. Eso parece sugerirme que podemos utilizar la reducción en los métodos de eficiencia o los métodos físicos para alcanzar en realidad las metas establecidas en el POP. ¿Estoy en lo cierto?

Bonino
Tal vez no me haya explicado con claridad. Debo confirmar que sólo hay tres elementos para calcular los POP que han de reducir el exceso de capacidad como primera meta. Los tres elementos que se tienen en cuenta son: la actividad, el tonelaje y la potencia.
El caso especial a que se refiere Su Señoría, por haber quedado compensado, no se tuvo en cuenta en realidad. En cualquier caso, deben reducir la actividad. Es el resultado de lo que estoy diciendo. Redujeron la longitud de los tangones, pero aumentaron su actividad. Para nosotros, carecia de relevancia. Nuestra petición es la de que reduzcan sus actividades. ¿Ha quedado claro ahora? Las medidas técnicas son suplementarias, pero no se pueden incluir en el cálculo del POP IV.

El Presidente
Pregunta nº 47 formulada por Carmen Fraga Estévez (H-0286/98):
Asunto: Nueva Ley de Pesca de Argentina
Con fecha 12 de enero de 1998, la República Argentina ha aprobado una nueva Ley de Pesca que entrará en vigor en tres meses a partir de esa fecha. Como quiera que en virtud de varios artículos de dicha Ley (art. 4 y siguientes) Argentina se arroga derechos de regulación pesquera fuera de su ZEE, lo que claramente incumple tanto el Derecho internacional general como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y habida cuenta de que supone un nuevo y grave precedente tras la Ley de Pesca del Canadá de 1994 y el nuevo Proyecto de Ley de Pesca canadiense actualmente en trámite parlamentario, ¿puede indicar la Comisión qué medidas jurídicas o de otro tipo está arbitrando ante la amenaza que dicha ley supone para el ordenamiento jurídico internacional y las actividades legítimas de Estados soberanos en aguas internacionales?

Bonino
En las reuniones que recientemente se han celebrado entre la Comisión y las autoridades de Argentina tanto antes como después de la aprobación de la nueva Ley de Pesca de este país, la Comisión ha planteado las cuestiones formuladas en la pregunta de la Sra. Fraga Estévez por considerarlas muy preocupantes.
La Comisión, asimismo, mostró su preocupación porque algunos artículos de la nueva ley, en particular los que se refieren a las medidas que las autoridades argentinas podrán tomar con relación a las reservas transnacionales en el espacio adyacente a la Zona Económica, van en contra del Derecho internacional y la Comisión subrayó que, en especial, incumplen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según la Comisión, las medidas de conservación aplicables a las aguas internacionales como las previstas en la nueva ley, sólo pueden adoptarse en el ámbito de organizaciones regionales o internacionales. La nueva Ley de Pesca de Argentina, como su Señoría sabe, está siendo examinada por el Consejo, sin embargo, y al mismo tiempo, la Comisión ha sido encargada de negociar, en su caso, la creación de una conferencia regional o de una zona regional para el Atlántico Sur, habida cuenta de que las medidas de conservación propuestas no pueden aplicarse unilateralmente.
Ésta es la interpretación formal de la Comisión en lo que respecta a la Convención de las Naciones Unidas.

Fraga Estévez
Agradezco a la señora Comisaria sus explicaciones pero me gustaría hacer dos puntualizaciones.
Este tema de la Ley de Pesca está vinculado a la famosa Ley sobre las líneas de base de los espacios marítimos, que ya en su día se protestó. Como usted sabe, esta ley está en contra de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Hace escasos meses, Argentina ha procedido a una modificación, y me gustaría saber si esta modificación está de acuerdo o no con la Convención de las Naciones Unidas.
Mi segunda pregunta se refiere a un tema que usted ha mencionado, el de la famosa SAFO (Organización Internacional de Pesquerías del Atlántico Sur). El Sr. Provan, aquí presente, elaboró en su día un informe al respecto, y yo quisiera saber en qué fase se encuentra este proyecto y cuál es la postura de Argentina; porque entiendo que a partir de la Ley de Pesca este país manifiesta su oposición a esta organización internacional, la llamada SAFO.

Bonino
En lo que se refiere a la delimitación de la zona, la Comisión está estudiando los primeros documentos remitidos por parte argentina acerca del planteamiento de dicha delimitación, bien entendido, sin embargo, que cualquier modificación, prescindiendo de que la Comisión la acepte o no, debe ser notificada a las Naciones Unidas, notificación que en los casos o al menos en un caso, que nosotros conocemos muy bien, no se realizó.
Por lo tanto, con relación a la primera pregunta, puedo informar que la Comisión está examinando la nueva delimitación y podrá, creo que a corto plazo, ofrecerle una respuesta al respecto, esto es, si la delimitación es conforme o no.
En lo que se refiere a la segunda pregunta, el Consejo acaba de conferir un mandato para negociar y estamos averiguando las verdaderas intenciones argentinas para determinar de qué forma la nueva Ley de Pesca podría incluirse dentro de los términos de este nuevo mandato. Por último, deseo manifestar que durante casi un año hemos trabajado al objeto de conseguir este mandato para negociar, habida cuenta de que la idea surgió en el mes de agosto de 1995. Creo que ahora ha llegado el momento de comprobar la disponibilidad y las voluntad real de las autoridades argentinas.

El Presidente
Muchas gracias, señora Bonino.
Señorías, con la pregunta de la Sra. Fraga hemos agotado el tiempo destinado a este bloque de preguntas. Por lo tanto, las preguntas núms. 48 a 52 se contestarán por escrito.
Señorías, a menudo ustedes no pueden evitar hacer gestos, pero -lo he dicho antes- el reloj es quien manda, no yo.

El Presidente
Pregunta nº 53 formulada por Jens-Peter Bonde, a quien sustituye la Sra. Lis Jensen (H-0276/98):
Asunto: Cumplimiento de las directivas sobre cuestiones sociales por parte de los Estados miembros
¿Se propone la Comisión garantizar que los Estados miembros puedan cumplir las directivas sobre cuestiones sociales mediante su aplicación como convenios colectivos, incluidos los ámbitos en los que la sindicación es inferior al 50 %?

Flynn
El apartado 4 del artículo 2 del acuerdo sobre política social establece que un Estado miembro puede encomendar a la dirección y a los trabajadores, si lo solicitan conjuntamente, la aplicación de las directivas aprobadas de conformidad con el acuerdo. En tal caso el Estado miembro deberá velar por que a más tardar en la fecha en que la directiva deba ser transpuesta de conformidad con el artículo 189 del Tratado la dirección y los trabajadores hayan introducido las medidas necesarias mediante un acuerdo. Se hace de conformidad con la legislación y los usos nacionales y el Estado miembro de que se trate está obligado a adoptar las medidas necesarias que le permitan en todo momento garantizar los resultados impuestos por la directiva.
Esa disposición es similar a las que ya se han incluido en varias directivas del ámbito social y, además, ese principio quedó reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia antes de la aprobación del protocolo social anejo al Tratado.
Como ejemplo positivo de cómo han participado los interlocutores sociales en la aplicación de las directivas, quisiera remitir a Su Señoría al acuerdo sobre las medidas de aplicación concluido en Dinamarca entre las organizaciones de interlocutores sociales.

Lis Jensen
Querría plantear una pregunta un poco más concreta al señor Comisario Flynn y pedirle que vaya más allá de la respuesta que ya ha dado. Se ha realizado un estudio por la Escuela Superior de Comercio en Dinamarca que muestra que entre el 50 y 60 % de los trabajadores tienen convenios colectivos en el sector privado. La pregunta toca de la misma manera cuál es la situación de la parte restante en este momento, en el que no se ha firmado un convenio colectivo entre las partes del mercado laboral. ¿Cómo se puede garantizar que la implementación tenga lugar para la parte restante?

Flynn
Por desgracia, la respuesta no es sencilla. Según la notificación que hemos recibido en un caso concreto por lo que se refiere a las autoridades danesas, se ha aplicado la directiva sobre el tiempo de trabajo mediante una combinación de disposiciones legislativas y acuerdos colectivos. Los servicios de la Comisión están llevando a cabo actualmente un examen de las medidas de aplicación a la luz de la aplicación detallada de la directiva con arreglo a esos dos criterios. De modo que nos referimos a un informe sobre la aplicación global. No podemos hacerlo aún, porque seis Estados miembros aún no nos han notificado las medidas de aplicación. En cuanto lo hayan hecho, la Comisión podrá continuar con su labor. A eso se ha debido el retraso.

Krarup
Sí fue clarificador. Es precisamente a la directiva sobre la jornada laboral a la que se alude en la pregunta, pues, como el señor Comisario advierte, la situación es que el gobierno danés ha comunicado que una parte relativamente grande de los empleados privados no está incluida dentro de ningún tipo de convenio y así la directiva sobre la jornada laboral no está implementada en lo que se refiere a aproximadamente el 40 % de los empleados privados en el mercado laboral danés. Esto se ha comunicado a la Comisión y a pesar de por supuesto ser correcto, como el señor Comisario admite, que no ha existido comunicación por parte de una serie de otros países, sí que se podía tomar postura desde la Comisión ante esta cuestión y certificar que un grado de cumplimiento semejante no es suficiente. Es una cuestión que tiene una transcendencia muy importante en Dinamarca, donde somos muchos los que pensamos que lo correcto es que las circunstancias del mercado laboral se regulen mediante convenios colectivos, sin embargo, por otro lado, pensamos que el cumplimiento que ha tenido lugar no puede ser suficiente, cuando el gobierno danés ha comunicado que aproximadamente el 40 % de los empleados privados no están incluidos dentro de ningún convenio y así amparados. Me gustaría conseguir que el señor Comisario certifique que este cumplimiento no es suficiente.

Flynn
Creo que debemos subrayar que las diferentes directivas a veces tienen fines diferentes. Ahora bien, algunas de ellas son competencia exclusiva de los interlocutores sociales, mientras que otras versan sobre cuestiones reguladoras y son competencia exclusiva de las autoridades públicas. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado al analizar el marco de la directiva de que se trate. No podemos adoptar una decisión hasta que tengamos toda la información disponible sobre la aplicación. Por desgracia, aún no la tenemos, pero me parece que, si los Estados miembros cumplen con lo que les pedimos y recibimos la información, tendremos el informe sobre la aplicación a principios del próximo año, momento en el que podremos dar una respuesta completa a Su Señoría sobre la cuestión básica que ha planteado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Flynn.
Dado que su autora no está presente, la pregunta nº 54 decae.
Pregunta nº 55 formulada por Brian Simpson (H-0296/98):
Asunto: Star Alliance
¿Acaso la actual alianza «Star Alliance» concertada en el sector de la aviación entra en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre el comité de empresa europeo?
En caso afirmativo, ¿qué medidas piensa adoptar la Comisión? En el caso contrario, ¿por qué motivo?

Flynn
La alianza «Star Alliance» es esencialmente un acuerdo de comercialización por el que los miembros de la alianza han acordado promover los servicios de los socios de su alianza mediante acuerdos para compartir los códigos. Gracias a ello, una compañía aérea puede comercializar asientos en un vuelo de una compañía aérea asociada.
La alianza no entraña intercambio alguno de la propiedad ni del control entre los miembros de la alianza. Siguen actuando como compañías independientes. Así, pues, la alianza queda fuera del ámbito de aplicación de la Directiva del Consejo sobre el comité de empresa europeo.
Algunas o todas las compañías que son miembros de esa alianza pueden quedar comprendidas en la Directiva del Consejo sobre el comité de empresa europeo, si satisfacen los requisitos pertinentes. De ser así, corresponde a las empresas y a sus empleados la creación de los mecanismos de información y consulta en ella establecidos.
La Comisión no tiene competencia respecto de la forma como las partes interesadas definen dichos mecanismos o los aplican a situaciones particulares en el marco de la Directiva del Consejo sobre el comité de empresa europeo ni tampoco desea inmiscuirse al respecto.

Simpson
Quisiera formular al Comisario la pregunta suplementaria de si quiere decir que, básicamente, en el caso de que esa alianza «Star Alliance» empiece a menoscabar las condiciones laborales y los contratos, dentro de esa alianza determinada, la Comisión no actuará? Me preocupan en particular los miembros de la alianza «Star Alliance» del Extremo Oriente, que parecen tener peores condiciones salariales y de servicio en comparación con sus asociadas de la UE.

Flynn
En este momento, la alianza «Star Alliance» abarca sólo la mancomunación de los programas destinados a las personas que viajan con frecuencia -probablemente los conozca Su Señoría-, es decir, la utilización en común de algunas salas de espera, servicios de facturación y una mejor coordinación de la programación. El acuerdo no es vinculante y, en cualquier caso, queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento 397/87, relativo al transporte internacional fuera de la UE. Si se produjeran cambios al respecto, tal vez deseara Su Señoría volver a formular la pregunta en fecha posterior.

El Presidente
Muchas gracias, señor Flynn.
Dado que su autor no está presente, la pregunta nº 56 decae.
Pregunta nº 57 formulada por Bernd Posselt (H-0319/98):
Asunto: Reforzamiento de la familia
¿Qué medidas propone la Comisión, en vista del reciente informe demográfico de la UE y de los hechos alarmantes que contiene, para reforzar a la familia en cuanto fundamento de toda política social eficaz y se siente la Comisión suficientemente apoyada a ese respecto por el Consejo y los Estados miembros?

Flynn
La Comisión conoce las tendencias demográficas actuales y los cambios que indican en las estructuras familiares. Sin embargo, la Comisión Europea tiene una competencia limitada en el sector de las políticas relativas a la familia. Nuestras acciones están basadas en las conclusiones del Consejo de Ministros encargado de los asuntos relativos a la familia que se celebró en septiembre de 1989. Desde entonces la Comisión ha fomentado activamente los intercambios de información sobre los asuntos relativos a la familia, ha supervisado las medidas adoptadas en pro de las familias en los Estados miembros y ha apoyado financieramente la promoción de iniciativas favorables para la familia.
El intercambio de información entre los Estados miembros se hace mediante un grupo de funcionarios nacionales de alto nivel encargados de los asuntos relativos a la familia, que se reúne varias veces al año a petición de la Comisión. La próxima reunión se celebrará los días 16 y 17 de abril. La supervisión de las medidas adoptadas en los Estados miembros en pro de las familias corre a cargo del Observatorio Europeo de las Políticas Nacionales sobre la Familia, creado por la Comisión en 1989. Una red europea sobre la familia en el trabajo, creada por la Comisión en 1994, ha estado fomentando políticas de empleo favorables para las familias. Los proyectos, los estudios y las redes innovadores en relación con las políticas favorables para las familias han recibido apoyo con cargo a los Fondos estructurales, principalmente mediante la iniciativa NOW y los programas de acción sobre igualdad de oportunidades.
En la esfera de la política de empleo, todos los Estados miembros han reconocido la necesidad de un aumento substancial de la participación de las mujeres en el mercado laboral y en las directrices sobre el empleo de 1998 se dice que los Estados miembros deben plasmar su decisión de promover la igualdad de oportunidades en un aumento de las tasas de empleo correspondientes a las mujeres. Al mismo tiempo se reconoce explícitamente que esas medidas deben ir acompañadas de políticas favorables para las familias con vistas a conciliar el trabajo y la vida familiar y políticas que faciliten el regreso a un trabajo remunerado después de una ausencia.
Quisiera referirme a la directiva de 1992 sobre las trabajadoras embarazadas, la directiva de 1996 sobre el permiso parental y la directiva de 1997 sobre el trabajo con jornada parcial en particular. Son los elementos principales del marco jurídico en el nivel europeo encaminado a conciliar la vida familiar y la laboral. El Parlamento ha prestado un apoyo particular al respaldar la línea presupuestaria B3-4108, es decir, las medidas a favor de la familia y los hijos. Aunque es bastante modesta, esa línea presupuestaria permite a la Comisión cofinanciar el fomento de métodos y medidas favorables para las familias, además de estudios comparativos entre los Estados miembros. Dentro del ámbito de aplicación de esa línea presupuestaria, la Comisión lleva a cabo análisis de investigación demográfica tales como el informe demográfico que nos permite relacionar la evolución demográfica y las modalidades de la familia en transformación.
Por último, la Comisión tiene la intención de continuar el análisis de las tendencias demográficas y profundizar el debate sobre sus consecuencias. Durante la Presidencia austríaca vamos a celebrar un importante simposio europeo sobre el cambio demográfico. Lo haremos hacia el final del año.

Posselt
Señor Comisario, muchas gracias por su extensa respuesta. Solamente quiero plantear dos breves preguntas adicionales. Usted ha hablado ante todo de las mujeres que trabajan. Quería preguntarle lo siguiente: ¿hay estudios y programas -pero sobre todo estudios- que se refieran al apoyo financiero de las mujeres u hombres -aunque serán sobre todo las mujeres- que decidan dedicarse exclusivamente a la educación de los hijos? Segundo: ¿hay también estudios y programas que se ocupen del sistema del aseguramiento de la vejez para este círculo de personas?

Flynn
Dicho brevemente, se ha llevado a cabo cierta labor a ese respecto. La mayor parte corre a cargo de las autoridades nacionales, pero existe cierta coordinación entre lo que éstas hacen y lo que hacemos en el nivel de la Comisión. Tal vez sea necesario profundizar más a ese respecto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Flynn.
Con la pregunta del Sr. Posselt, hemos agotado el tiempo asignado a este bloque de preguntas. Por lo tanto, las preguntas núms. 58 a 62 se contestarán por escrito.

El Presidente
Pregunta nº 63 formulada por Mark Watts (H-0033/98):
Asunto: Propuesta de supresión de las concesiones de tiendas libres de impuestos en 1999
¿Es consciente la Comisión de que la propuesta de supresión de las ventas libres de impuestos en 1999 puede conducir a la pérdida de 9.000 puestos de trabajo en la región de Kent en el Reino Unido, con una pérdida total de 140.000 empleos en toda la Unión Europea?
A la luz de estas previsiones, elaboradas por entidades independientes, ¿estará de acuerdo en que se realice urgentemente un estudio completo con el fin de examinar las repercusiones sociales y económicas que puede tener la supresión de las ventas libres de impuestos? ¿Puede asimismo explicar con más detalles sus propuestas para aminorar las repercusiones de la supresión?

Monti
En los últimos meses y en reiteradas ocasiones, he podido expresar la posición de la Comisión sobre el tema de las ventas libres de impuestos dentro de la Comunidad. En particular, pude dar cuenta de esta posición en la audiencia pública celebrada el 29 de octubre de 1997 y en el período parcial de sesiones de noviembre de 1997. Hoy, por lo tanto, aprovecho la ocasión que me brinda el Sr. Watts para confirmar que dicha posición no ha cambiado.
El plazo concedido por el Consejo, en el ya lejano año 1991, a todos los que pertenecen al sector de las ventas libres de impuestos para adaptarse a las exigencias del mercado único, fue una medida excepcional. Esta decisión unánime tuvo en cuenta las preocupaciones de orden económico que ciertos diputados expresaron en ese momento.
Así las cosas, la Comisión ha manifestado muy claramente que no tiene intención de realizar un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas que podrían derivarse del vencimiento del período transitorio concedido por el Consejo, a la vista del carácter definitivo de la decisión adoptada por este último.

Watts
Agradezco al Comisario su respuesta, pero, lamentablemente, no ha abordado la cuestión concreta relativa a las propuestas para mejorar las consecuencias de la abolición que formuló en la audiencia pública a la que se ha referido antes. Tal vez pudiera responder a esa cuestión concreta.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la preparación para la abolición, tal vez pudiera acudir a mi circunscripción, hablar con la empresa P&O Stena e indicar a qué miembros del personal deben despedir y qué buques deben retirar del servicio. Resultaría particularmente útil.
En tercer lugar, respecto del estudio, ¿tendría a bien el Sr. Monti confirmar si, en caso de que el ECOFIN votara en mayo a favor de la realización de un estudio, como es posible y -creo- probable, aplicará esa decisión con entusiasmo?

Monti
Si se me permite comenzar por la última cuestión, tengo toda clase de razones para pensar que el Consejo ECOFIN no pedirá a la Comisión que realice un estudio. De hecho, esa cuestión se planteó en dos ocasiones en el Consejo ECOFIN: en noviembre de 1996 y de nuevo en marzo de 1998 y, como dijo públicamente en ocasión reciente el Presidente en ejercicio del Consejo ECOFIN, Sr. Gordon Brown, no hay datos que avalen la aparición de un consenso en el ECOFIN en pro de una reconsideración de la decisión adoptada por unanimidad en 1991.
En relación con las otras dos cuestiones, puedo decir que, si comparamos la solución y los problemas a veces ventilados por las categorías afectadas con las soluciones dadas a otras profesiones afectadas por la legislación relativa al Mercado Interior, vemos que los agentes de aduanas, por ejemplo, recibieron efectivamente fondos para el reciclaje profesional que ascendieron a unos 30 millones de ecus. Un período de siete años que permitía una cifra de negocios de unos 6.500 millones de ecus no parece, si se permite decirlo así, un trato desventajoso.
Por último, he afirmado repetidas veces que, si bien la Comisión no está dispuesta, desde luego, a proponer al Consejo que se reconsidere la decisión de 1991, si se demostrara que en determinadas regiones o en ciertas rutas de transporte había problemas específicos relacionados con la abolición de las ventas libres de impuestos, los Estados miembros podrían examinar, de forma transparente, posibles formas de ayuda estatal, que, naturalmente, deberían proponer los Estados miembros y deberían ser conformes a la normativa comunitaria.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
Señorías, son las 7 de la tarde, hora en la que deberíamos terminar el turno de preguntas pero, debido a que hemos perdido algunos minutos con las cuestiones de orden, he pedido la generosidad de los servicios de la Asamblea para alargar 10 minutos más el turno de preguntas. Por lo tanto, terminaremos a las 7.10. Y ahora, en esta misma pregunta, señor Monti, tengo dos preguntas complementarias. La primera es del Sr. Corbett que tiene un minuto.

Corbett
¿Conviene el Comisario en que podría ser útil un estudio para otro fin distinto de aquel para el que muchos diputados lo han pedido, a saber, para tranquilizar al público en el sentido de que algunas de las afirmaciones más disparatadas sobre pérdidas de puestos de trabajo que se producirán a consecuencia de la abolición de las ventas libres de impuestos constituyen, en realidad, una exageración? Un estudio ayudará, desde luego, a aclararlo. En dicho estudio se podrían determinar también los sectores con problemas específicos a que se ha referido el Comisario en su respuesta a la pregunta anterior.
Si bien estoy totalmente de acuerdo con él en que es muy improbable que el Consejo, aun cuando la Comisión presentara esa propuesta, desee revocar una decisión adoptada hace muchos años e introducir otra deducción fiscal para las industrias del alcohol y el tabaco -deducción fiscal condicionada a que se vendan esos productos a viajeros internacionales, lo que parece ridículo-, un estudio sería un instrumento útil para la profundización de este debate.

Monti
Un estudio sería contraproducente. Estoy sinceramente convencido de ello, porque podría perfectamente infundir falsas esperanzas y aplazar aún más los ajustes que podrían ser necesarios. De hecho, se concedió un período muy largo para los ajustes y sería bastante paradójico y contraproducente que, cuando faltan menos de 15 meses para la fecha de expiración de las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios, emprendiéramos un estudio. Deben ser los Estados miembros quienes indiquen a la Comisión si consideran, a partir de estudios o cualesquiera otros elementos de que dispongan, que son necesarias intervenciones concretas.
Por último, no es necesario un estudio para entender lo que la opinión pública advierte cada vez más claramente, a saber, que las ventas libres de impuestos son, en realidad, una subvención encubierta y regresiva que favorece el consumo de alcohol y tabaco en gran medida. Es encubierta porque se repercute en el contribuyente general, que no sabe que está subvencionando el consumo libre de impuestos por parte de otros. Es regresiva porque el contribuyente común y corriente suele tener una situación económica peor que quienes se benefician de las compras libres de impuestos y, en cierta medida, sostiene de forma artificial y opaca el consumo de alcohol y tabaco.

McMahon
En vista de su última respuesta, ¿cerraría el Comisario la tienda de ventas libres de impuestos en la Comisión para miembros del personal de la Comisión como él? Ahora bien, mi pregunta en serio es la siguiente: ¿qué confianza tendrán los ciudadanos europeos en la Comisión, dado que la Comisaria Schrivener prometió en 1991 que se llevaría a cabo un estudio? Como la Comisión ha incumplido su promesa, ¿qué confianza va a infundir a la Unión Europea en la sinceridad, la integridad y la determinación de la Comisión de escuchar a los representantes democráticamente elegidos de la población europea?

Monti
Entiendo la pregunta del Sr. McMahon, pero quisiera decir a Su Señoría que la Comisión y el Consejo, después de que la Comisión formulara su propuesta en 1991, ofrecieron mucho más que un estudio. Ofrecieron un período de ajuste de más de siete años, particularmente largo tratándose de un ajuste. No voy a referirme a la cuestión de la confianza de los ciudadanos europeos en la Comisión, pero estoy seguro de que no aumentaría precisamente la confianza de los ciudadanos europeos en una Comisión que propusiera la continuación de una subvención encubierta y regresiva a expensas de los contribuyentes en general destinada a subvencionar en gran medida modalidades de consumo que las políticas de la Comunidad, si acaso, procuran desalentar.

El Presidente
Pregunta nº 64 formulada por Bernie Malone (H-0228/98):
Asunto: Supresión de las ventas libres de impuestos en 1999
El Director General de la DG XXI, Sr. Michel Vanden Abeele, comentó recientemente en una carta dirigida a un miembro de mi circunscripción electoral que la política de liberalización de la Comisión dentro del mercado interior había promovido una mayor competencia, aquella que las compañías de transportes de costes reducidos originan en el mercado.
Un estudio independiente realizado por Symonds Travers Morgan reveló que la supresión de las ventas libre de impuestos dañaría el mercado único del transporte aéreo, que por lo demás no experimenta ninguna dificultad, y causaría una reducción del 20 % en el número de rutas en las que se podría esperar la entrada de líneas aéreas de bajo coste para el año 2003, una disminución de 5 millones en la cifra esperada de pasajeros, así como enormes pérdidas de puestos de trabajo.
¿Como puede la Comisión hacer compatible su interés en la participación competitiva de las compañías aéreas de bajo coste en el mercado interior cuando al mismo tiempo continúa adelante con una legislación que perjudicará obviamente a estas compañías aéreas y entrañará la pérdida de unos 3.000 puestos de trabajo?

Monti
Qué duda cabe de que la expansión del sector del transporte aéreo ha favorecido el desarrollo de los vuelos a precio reducido y, como todos los demás, estos vuelos podrán resentirse de la supresión de las ventas libres de impuestos desde el 1 de julio de 1999.
De todos modos, la ventaja fiscal que se deriva de estas ventas es relativamente pequeña si se compara con otros datos. En realidad, uno de los aspectos que merece ser subrayado es que el transporte aéreo de pasajeros ha registrado un incremento de un 7 % y que, sin duda, dicho incremento no puede atribuirse a las ventas libres de impuestos, sino a otras causas como, por ejemplo, la liberalización del transporte aéreo a partir del 1 de abril de 1997. Se supone, en consecuencia, que este incremento del transporte de pasajeros va a seguir y producirá una amplia compensación tras la supresión de las ventas libres de impuestos. En otros términos, queremos obtener y obtenemos beneficios gracias a la creación de un mercado único, en esta caso, del transporte aéreo y es difícil pretender beneficios del mercado único y seguir manteniendo estructuras arcaicas totalmente incompatibles con el mercado único como son las tiendas libres de impuestos. Asimismo, hay que tener en cuenta que, hoy por hoy, el transporte aéreo se beneficia de un régimen fiscal extremadamente favorable respecto al cual la ventaja de las tiendas libres de impuestos es marginal.
De hecho, se aplica una total exención del IVA a todos los aviones y a sus equipamientos y el transporte intracomunitario de pasajeros no está tasado. Además, en la actualidad, los abastecimientos a bordo están exentos de impuestos y, contrariamente a lo que sucede en los demás medios de transporte, el combustible y el queroseno para los aviones no están sujetos ni al IVA ni a ningún impuesto sobre el consumo. Para concluir este aspecto, la Comisión es consciente del hecho de que el transporte aéreo constituye un sistema de transporte que registra un crecimiento muy rápido y, por ende, las ventas libres de impuestos juegan un papel muy secundario. Por tanto, toda reestructuración del sector debe considerarse en el marco de las estrategias para lograr una eficacia y un beneficio cada vez mayores y no como el resultado de las ventas libres de impuestos.

Malone
En la audiencia pública celebrada por el Parlamento acusé al Comisario de obstinación y arrogancia. Hoy he de decirle, Comisario, que me parece que está usted totalmente desconectado de los ciudadanos. En la respuesta que me ha dado dice que la ventaja fiscal para los viajeros de vuelos aéreos será muy pequeña. Un estudio llevado a cabo recientemente en Irlanda y publicado ayer por SIPTU, una organización sindical, y por IBEC, que representa intereses empresariales, revela con toda claridad que al viajero medio le supondrá un aumento de entre 15 y 17 libras en el costo del pasaje de una compañía aérea. Para una persona común y corriente es mucho dinero.
En la misma carta que recibí de un ciudadano de mi circunscripción, la oficina del Comisario dice que hay diversas medidas que la Comisión tiene a su disposición para abordar cualquier amenaza para el empleo. ¿Podría explicar cuáles son esas medidas, ofrecer un cálculo aproximado de su costo total, especificar cómo se podrían aplicar y exponer en líneas generales los criterios para la asignación de esas medidas aún no explicadas? Después de lo que Mary O'Rourke, nuestra ministra de Transportes, ha conseguido en el Consejo de Transportes, debería usted ser más optimista sobre el resultado de la reunión del Ecofin. Con la presión ejercida por los ciudadanos comunes y corrientes en los diferentes Estados miembros, la Comisión deberá reconocer pura y simplemente que en este caso habrá que hacer un estudio.

Monti
Quiero agradecer a la Sra. Malone su pregunta complementaria. No creo que la Comisión esté desconectada de la población. Desde luego, sostiene una opinión diferente de la mantenida por los grupos de intereses relacionados con las ventas libres de impuestos, pero, desde luego, hay numerosas posiciones adoptadas recientemente por instituciones representativas más amplias -podríamos decir- y la ultima que tengo aquí es la de
COFACE, Confederación de Organizaciones Familiares de la Comunidad Europea. La COFACE observa que el actual sistema no presenta casi ningún interés para los consumidores. Sólo un pequeño porcentaje de ellos tienen, en efecto, la posibilidad de aprovisionarse regularmente en las tiendas libres de impuestos. Además, quizás con excepción de los productos del tabaco, las ventajas en términos de precio no son a menudo sino aparentes, las ventajas competitivas imputables a la exención no siempre repercuten sobre el consumidor final.
(EN) Y en la medida en que el actual sistema de ventas libres de impuestos entraña un elemento de subvención que permite que el precio de los pasajes sea inferior al que, de lo contrario, sería, ésa es la mejor prueba de que el actual sistema de ventas libres de impuestos entraña, como he indicado, una subvención encubierta y regresiva. En el caso del transporte, como afirmó recientemente mi colega el Comisario Kinnock en respuesta a una de las numerosas cartas al respecto, resultaría imposible tipo alguno de subvención por parte de los Estados miembros en forma de continuación de las ventas libres de impuestos. Añadió que las normas de la Comunidad brindan a los Estados miembros medios para perseguir metas legítimas en materia de servicios públicos en los casos en que ninguna empresa comercial pueda alcanzar dichas metas sin asistencia pública. Así ocurría en el caso de las directrices comunitarias sobre la ayuda estatal al transporte marítimo. Creo que ello sería válido también para otras formas de transporte.
Por último, he de recalcar que la Comisión no es, desde luego, insensible a los problemas que podría plantear la abolición de las ventas libres de impuestos en los viajes intracomunitarios, pero insistirá en que se utilicen los instrumentos apropiados para abordar cualquier problema de esa clase sin volver a plantear una cuestión que, como he subrayado varias veces, entraña pura y simplemente que la carga recaiga sobre los ciudadanos comunes y corrientes.

Banotti
Comisario, parece que se opone usted rotundamente al mantenimiento de las ventas libres de impuestos. Resulta interesante que en este momento se esté construyendo en pleno aeropuerto de Bruselas una tienda de ventas libres de impuestos totalmente nueva. Me gustaría saber por qué.
Respecto de su petición, tengo entendido que la Comisión está preparando un informe sobre las actividades comerciales y minoristas en los aeropuertos de los Estados Unidos. Me resulta muy difícil de entender, cuando resulta que la Comisión se ha negado sistemáticamente a hacer una evaluación similar de los aeropuertos de la UE. Así, pues, ¿pondrá a nuestra disposición el estudio hecho sobre los aeropuertos de los Estados Unidos?
Formulo una pregunta complementaria de la del Sr. Cushnahan en este caso, porque, lamentablemente, ha tenido que marcharse. Le agradecería que me diera una respuesta a esta pregunta complementaria.

Monti
No existe semejante estudio. La Comisión está examinando la situación en Europa y en otros lugares. Nos interesan los centros comerciales de los aeropuertos de los Estados Unidos, si bien no hay, desde luego, ventas libres de impuestos en los vuelos interiores de los Estados Unidos. Podemos examinarlos sin hacer estudios específicos, porque brindan posibilidades alentadoras para el antiguo sector de las ventas libres de impuestos en Europa. Aunque dejará de haber un sistema de ventas libres de impuestos y derechos aduaneros, habrá la demanda ya creada en torno a los aeropuertos y en otros medios de transporte, que es importante. Las investigaciones hechas por las organizaciones de consumidores han confirmado que los precios libres de impuestos de muchos artículos no son más ventajosos que los de otras tiendas. Hay una gran demanda ya creada, independientemente incluso del elemento libre de impuestos, y no va a desaparecer. No tengo un interés personal en este asunto. Nada tengo contra las ventas libres de impuestos, pero tengo el deber de aplicar el Mercado Único. Cuando estamos trabajando denodadamente, con el apoyo de este Parlamento, para intentar eliminar los paraísos fiscales en toda Europa y promover el empleo, sería ilógico que hiciera una campaña contra los paraísos fiscales y al mismo tiempo propusiera -o examinara siquiera esa posibilidad- la continuación de paraísos fiscales localizados y vinculados a determinadas formas de transporte dentro del Mercado Único.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.
Al haberse agotado el tiempo asignado al turno de preguntas a la Comisión, las preguntas núms. 65 a 106 se contestarán por escrito.
El turno de preguntas a la Comisión queda cerrado.
Tiene la palabra la Sra. Hardstaff para una cuestión de orden.

Hardstaff
Quisiera preguntarle si podría examinar el procedimiento mediante el cual se ordenan las preguntas tal como figuran en el documento al respecto. Por ejemplo, todas las preguntas que figuran en la primera parte de esta sesión fueron presentadas después de mi pregunta, que se va a abordar mucho después. Y ello pese a que fue presentada a comienzos de febrero y se perdió. Lo mismo es aplicable a las preguntas formuladas al Consejo: al menos nueve preguntas que fueron presentadas después de la mía van por delante. Creo que hay mucho malestar entre los diputados por esta cuestión y quisiera pedir que se ponga orden al respecto para que las preguntas aparezcan en el orden en que se presenten y haya cierta equidad.
Se lo agradecería profundamente.

El Presidente
Señora Hardstaff, haré que se examine lo que usted ha planteado. Pero, en todo caso, le adelanto ya que las cinco primeras preguntas son escogidas por el Presidente del Parlamento de acuerdo con lo que se considera una cierta importancia prioritaria, es decir, aquí hay una cierta discrecionalidad. El resto de las preguntas debe seguir un orden siempre y cuando correspondan a aquellas preguntas que son materia de los Comisarios que nos acompañan en la sesión de preguntas. En todo caso, señora Hardstaff, voy a examinar lo que usted ha dicho y la informaré oportunamente.
(La sesión, interrumpida a las 19.22 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Política de construcción naval (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0101/98) del Sr. Sindal, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre las ayudas a la construcción naval y sobre una nueva política de construcción naval.

Glante
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, a partir de las 21.00 horas se siente uno inclinado a saludar a todos personalmente. Hablo en nombre del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos, aunque no quiero ocultar que soy también un diputado de los estados del este de Alemania, y conservo un recuerdo agradecido de la votación que hubo en este Parlamento y de las propuestas de la Comisión que pretendían arreglar los problemas que no se atendieron a causa de los astilleros del este de Alemania, y en la misma medida quisiera yo también pronunciarme bien moderadamente sobre la propuesta. Pienso que la propuesta de la Comisión es muy buena. Vivimos en un tiempo en el que debemos reflexionar si la política industrial sólo puede realizarse por medio de ayudas. Sin embargo, también he hecho saber en mi grupo que yo también - y sobre ello hablarán también los que me sigan en el turno de palabra - tengo algunas enmiendas que presentar a este Parlamento y esta comisión.
Fundamentalmente hay que decir que la productividad de los astilleros europeos ha crecido en los últimos años. A ello hay que añadir, naturalmente, que a menudo se ha debido a cierres reiterados, al cese de la actividad y a la disminución de la capacidad. Desgraciadamente el acuerdo de la OCDE no fue firmado ni ratificado, lo cual - esta es mi impresión - a algunos Estados miembros no les ha disgustado nada.
En vista de la crisis en Asia y la desvalorización de sus monedas, la industria de la construcción naval europea estará aún más bajo presión. Hay que hacer frente a ello, y la Comisión ha presentado propuestas que reducen la extensión y la cantidad de las ayudas, pero moderadamente. En esa medida se trata de una reacción a los avances logrados en productividad.
Tengo dificultades con algunas enmiendas. Concretamente se trata de que los astilleros ubicados en regiones de objetivo 1 no sean perjudicados respecto de otros sectores industriales en regiones de objetivo 1. Estamos trabajando a fondo en ello. No es ninguna distinción para las regiones de objetivo 1 ser calificadas de subdesarrolladas, pero se necesitan todavía algunas ayudas y algunas reglamentaciones para salir de esa situación. En esta línea me parece que la propuesta presentada es muy buena. Las enmiendas que se presentan por parte de las comisiones y por los colegas diputados deberían ser estudiadas críticamente por todos. Pido, sin embargo, que reflexionemos sobre el hecho de que nuestra industria de construcción naval en el este de Alemania aún tiene algunas dificultades y mi colega García Arias hablará seguramente de la industria española.

Jarzembowski
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, señoras y señores, seguimos compartiendo con usted, señor Comisario, la esperanza de que el acuerdo de la OCDE de 1994 entre en vigor. Apelamos también a la Comisión y a los Estados miembros para que intenten otra vez hacer presión sobre los EEUU para que ese acuerdo sea ratificado. E incluso en el caso de que esto resultase, tenemos todavía otra dificultad. Tenemos que apremiar a las nuevas naciones constructoras de navíos, como la República Popular de China o Polonia, para que se acojan al acuerdo de la OCDE, pues no sirve de nada que sólo una parte de los países ratifiquen el acuerdo de la OCDE mientras que la República Popular de China y Polonia continúan con su propia política de construcción naval.
Pero probablemente hemos de constatar todos juntos que las posibilidades para la entrada en vigor del acuerdo de la OCDE son muy pequeñas, y que las nuevas naciones constructoras de navíos se acojan a reglamentaciones similares, es también más bien dudoso. Por ello necesitamos, tal y como la Comisión propone, una nueva política de construcción naval. Pero, recalco, necesitamos una política de construcción naval para dentro y para fuera. Yo mismo soy de una ciudad con astilleros. Es la última vez, como dice la Comisión, que existe durante cinco años una reglamentación especial para la construcción naval. Después de ello la construcción naval ya no podrá pedir otros cinco años y, luego, cinco aos más, a la larga esto no es bueno.
Es correcto proponer ahora otra vez una reglamentación especial. Personalmente nosotros compartimos la opinión de que las ayudas vinculadas a encargos deben ser eliminadas el 31 de Diciembre del año 2000, aunque algunas enmiendas propuestas en este Pleno intenten todavía mover esa fecha mediante nuevos estudios. Conocemos la situación, señor Comisario, no necesitamos nuevos estudios.
Si miramos el programa de construcción naval, vemos que además hay ayudas al cese de la actividad y a la reestructuración, a la innovación y a la protección del medio ambiente, esto es, ayudas suficientes para ser realizadas en cinco años. Y, estimado antecesor en el turno de palabra, vosotros los de Mecklenburg no tenéis necesidad de quejaros de ninguna manera de que tenéis demasiado pocas ayudas. Os lo digo a vosotros y también a los colegas españoles - y lo digo muy en serio -, es tiempo de cambios. Por eso apoyamos también la propuesta original del Sr. Sindal - y espero que Niels pueda escuchar y que no será distraído otra vez por lo femenino, Niels ¡escucha! -, nosotros los cristianodemócratas apoyamos su propuesta de tachar el artículo 7, señor Comisario.
No debe haber por más tiempo un hueco por donde puedan deslizarse más subvenciones con la justificación de que es muy difícil para la región. Hemos acordado una política sectorial, y no debe haber nuevas interferencias en la competencia dentro de la Comunidad Europea. A esto le concedemos una gran importancia, y espero que mañana esté a favor de ello la mayoría del Parlamento.
Señor Comisario, creo que necesitamos una política de construcción naval clara también hacia el exterior, porque no podemos contar desgraciadamente con que los otros países dejen también de subvencionar. En este momento estamos todos de acuerdo - y espero que el Sr. Comisario nos diga algo al respecto -, todo el Pleno es de la opinión de que si los países europeos ayudan ahora a los asiáticos en la superación de la crisis financiera, esos países no podrán malgastar esa ayuda en crear nuevas ventajas para sus astilleros respecto de los nuestros por medio del desendeudamiento de sus astilleros y de otras medidas proteccionistas, después de que nuestros contribuyentes en el fondo están contribuyendo por medio de nuestras contribuciones a vencer la crisis financiera de allí. Esto no puede ser correcto. Pero tenemos que reflexionar también - señor Comisario, yo estaría muy interesado en oírle decir algo sobre ello -, si no podemos fortalecer un poco nuestra posición mediante la OMC u otros instrumentos político-comerciales de la Unión, y engrosar nuestras municiones, porque a la larga no podremos permitir que la competencia desleal de otros Estados arruine nuestros astilleros. Creo que en el ámbito de esa política exterior de la Unión, señor Presidente, insisto en ello, necesitamos una nueva concepción, y espero que el Comisario nos diga algo al respecto.

Parodi
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, permítanme hacer algunas reflexiones. Tras la difícil situación y las dolorosas reestructuraciones de los años setenta, hoy tengo la impresión de que se vive pensando en que la construcción naval europea, que en la actualidad ocupa una cuota igual a un 21 % de la capacidad de trabajo mundial, se encuentra, a primera vista, bien situada en el contexto mundial. En realidad, a mi entender, la situación no es tan brillante como parece y quienes viven en ciudades con astilleros tienen constancia de ello.
En efecto, si se analizan los datos reales del sector y las previsiones a medio plazo, a pesar de que la industria de la construcción naval europea está viviendo una fase de relanzamiento con un fuerte aumento de la demanda y con al menos un par de años de reserva de trabajo, nos damos cuenta de que el sector se caracteriza por un exceso de oferta y una sobrecapacidad productiva, debida sobre todo al irresponsable redoblamiento de la capacidad de las instalaciones de los coreanos registrado en los últimos cuatro o cinco años, tanto es así que Corea, por sí sola, es capaz de construir más barcos que todo el conjunto de los astilleros europeos.
Que la oferta es superior a la demanda queda patente de forma inequívoca por el hecho de que los precios de las nuevas construcciones han sufrido, en todos los sectores, una caída o, en el mejor de los casos, se mantienen. En dólares corrientes un nuevo barco hoy alcanza un precio igual al que tenía hace siete u ocho años.
A esta preocupante situación de desequilibrio estructural se ha añadido la tormenta monetaria que ha afectado a muchos países asiáticos, sobre todo a Corea del Sur. La devaluación del 50 % del won coreano ha dado lugar a una situación que puede producir consecuencias especialmente graves para los astilleros comunitarios y para el empleo en Europa. De hecho, se ha calculado que los coreanos podrían bajar los precios de sus barcos hasta el 30 % manteniendo sin cambios sus actuales márgenes internos.
En este contexto, considero fundamental que la Unión Europa se emplee a fondo para llevar a cabo una política que permita a la industria de la construcción naval europea, apreciada en todo el mundo por su alto nivel tecnológico, poder competir en igualdad de condiciones con la industria de los demás países en un sistema de competencia transparente y equilibrado con normas iguales para todos y sin intervenciones distorsionadoras por parte de los Estados.
Por lo tanto, será necesario que la Comisión, mientras no entre en vigor el Convenio de la OCDE y antes de decidir poner término a las ayudas, proceda a supervisar la situación y las perspectivas del sector en el año 1999 y a adoptar a tiempo, si fuera necesario, las medidas oportunas para la salvaguardia del sector, a fin de que la construcción naval europea logre hacer frente a las amenazas que podrían minar su sobrevivencia.
En conclusión, es oportuno que el crédito concedido por el Fondo Monetario Internacional a Corea se negocie con la condición de que Corea se comprometa a autolimitar su producción naval y a actuar en un sistema de competencia justa y transparente.

Riis-Jørgensen
Señor Presidente, estimado señor Comisario y estimados colegas, debatimos la política de astilleros que seguro es algo que puede poner las neuronas de uno en estado de ebullición, pues todos nosotros tenemos una opinión sobre ella. Sucede casi como con la política agraria: si hay cinco agricultores presentes, hay siete opiniones. Me parece importante explicar que aquello por lo que debemos trabajar es por lograr la aprobación del acuerdo de la OCDE. Sé también que en gran medida trabajamos por esto en Europa. Mientras no se apruebe, saludo la propuesta de la Comisión por la que se elaboran algunas normas durante un período de transición hasta dar la bienvenida del acuerdo de la OCDE. Lo que debemos recordar es que las ayudas estatales a los astilleros constituyen una excepción y lo que debemos procurar es conceder una ayuda tan pequeña que sea aceptable y tan grande que coloque a nuestros astilleros en igualdad de oportunidades a la hora de competir con los astilleros sitos fuera de Europa. Éste es el equilibrio al que debemos aspirar.
Así hemos de ver si la propuesta de la Comisión lo cumple. Lo hace. En muchos puntos estoy de acuerdo con la Comisión. Lo que es importante para el Grupo Liberal es el punto 1, es decir, que haya un control sobre el cumplimiento de las normas. Es increíblemente importante. El punto 2 va encaminado a que exista transparencia con respecto a aquello para lo que se otorga la ayuda y de nuevo podemos referirnos al informe que discutimos esta tarde - el informe de la Sra. Berès -, donde también abordamos la cuestión de la transparencia. Es un elemento muy importante con relación a las ayudas estatales.
Hay un tercer elemento que también es importante para el Grupo Liberal. Se trata de la cuestión referente a hacer posible unificar los diferentes regímenes de ayudas de modo que alcancemos un techo muy elevado para las ayudas. En lo que estoy pensando es en que debemos evitar dar la posibilidad de obtener ayudas a astilleros en el ámbito regional. Por ello me gustaría mucho conseguir que apoyemos la enmienda 29 y así evitamos una competencia desigual dentro de Europa, de manera que los astilleros de ahora en adelante no se sitúen sólo en áreas en las que pueden recibir ayudas regionales.

Theonas
Señor Presidente, la nueva política de la industria de la construcción naval de la Comisión no es tan nueva. Se mueve en el marco ya conocido hasta ahora por las dramáticas consecuencias sufridas en la industria europea de construcción naval.
La Comisión propone la limitación de la capacidad productiva de los astilleros europeos y la consiguiente pérdida de más puestos de trabajo, la supresión completa de las ayudas para su funcionamiento en el año 2000, en cambio concederá ayudas al cierre y facilitará la concentración de la producción en los astilleros más importantes que han quedado. Todo ello ante la previsión de que en los próximos años habrá una gran demanda y que los competidores internacionales de la Unión Europea incrementarán de manera constante su capacidad productiva y van a adoptar medidas de apoyo.
Semejante política significa para países como Grecia el abandono y la liquidación de un sector de gran importancia que sufre ya unos daños irreparables y que acarreará unas consecuencias incalculables para el tejido social y económico del país.
La Unión Europea no ha aprendido ni de las dramáticas consecuencias de su política ni de la postura de los Estados Unidos que reservan para sí el derecho a utilizar sólo barcos de producción nacional en los itinerarios interiores. Por desgracia, el ponente intenta limitar las ayudas, tensar los extremos de la competencia y fundamentalmente reducir el volumen del sector.
Finalmente, ¿qué es lo prioritario para nosotros, la competencia o la existencia de la industria de la construcción naval y el empleo? No podemos aceptar estas propuestas cuya aplicación daría el tiro de gracia a una destrucción iniciada ya hace mucho. Al contrario, pedimos a la Comisión que adopte medidas de apoyo para la industria europea y, si fuese necesario, que ignore el acuerdo de la OCDE para poder hacer frente a la competencia aniquiladora e ilícita de los terceros países, que tome iniciativas concretas a escala internacional para adoptar medidas que establezcan la renovación de la anticuada flota - condición necesaria para reforzar la seguridad de la navegación y la reconversión de la industria de construcción naval - para hacer efectivo el control de los barcos por parte del estado en los puertos y la prohibición de la entrada en sus puertos de barcos con bajas cualificaciones como medida para su retirada y para poder afrontar el dumping social y fiscal en el sector.

Schroedter
Señor Presidente, nos damos cuenta de que esas subvenciones son necesarias para lograr una igualdad de armamento en el mercado mundial. Pero sólo se pueden aceptar si tales ayudas son transparentes. Para ello, la Comisión debe, a nuestro parecer, crear un derecho de inspección propio. Puede comprobarse que en la construcción naval hay supercapacidades en todo el mundo. Por ello sería absurdo seguir subvencionando las capacidades ya existentes. Sería mucho más sensato subvencionar proyectos innovadores en ese ámbito, apoyar más estrechamente a la investigación y el desarrollo y crear así la posibilidad de auténticos mercados futuros para la construcción naval.
Quisiera poner un ejemplo tomado de una región muy pobre de Sajonia-Anhalt, en la cual un astillero, Roszlau an der Elbe, no tenía ninguna oportunidad de recibir más encargos: de él partió un impulso innovador decisivo, la construcción de barcos fluviales, para cuya utilización no hay que ampliar los ríos. El medio ambiente crea puestos de trabajo, es lo que puedo decir, y allí resultó. Se trata de un mercado futuro, que está siendo demandado cada vez más en toda Europa, al que habrá que atender, que también en todo el mundo será interesante y que a la vez puede crear puestos de trabajo que ya habían sido destruidos.

Buffetaut
Señor Presidente, Señorías, ¿en qué contexto examinamos el informe Sindal?
Tal y como destaca nuestro colega André Sainjon en su opinión, el acuerdo OCDE que se proponía suprimir las ayudas directas a la construcción naval ha nacido muerto. En efecto, esto es así ya que el Congreso de los Estados Unidos no lo ha ratificado, cosa que no es casualidad puesto que las autoridades estadounidenses subvencionan sin muchos miramientos sus astilleros navales.
Al mismo tiempo, Corea del Sur, que está atravesando las turbulencias que conocemos se está preparando para convertirse en un competidor aún más temible. El periódico "Challenges» de este mes subraya, no obstante, que la crisis financiera es pasajera. Gracias a los fondos del FMI, el país habría pues de reemprender pronto sus actividades. Los astilleros trabajarán mucho para recuperar el retraso y los agentes comerciales recorrerán de nuevo el mundo para dejar atrás a los japoneses y a los europeos.
En este contexto, la Comisión parece empeñada en suprimir las ayudas directas en Europa, manteniendo curiosamente la línea defendida con ocasión de las negociaciones para el acuerdo de la OCDE que, a pesar de todo, fue abortado. Por otro lado, esta postura sorprende aún más por cuanto la ayuda del FMI puede en última instancia quedar reducida a una subvención pagada por Japón, los Estados Unidos y Europa para iniciar una política económica incierta. Por lo tanto, compartimos totalmente las observaciones genéricas de nuestro colega André Sainjon y las enmiendas propuestas por la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores. En efecto, consideramos que es muy peligroso comprometerse en una fecha de cese de las ayudas a los pedidos sin haber analizado la situación del mercado y la existencia o no de prácticas anticompetitivas. Asimismo, estamos a favor de la supresión de las ayudas regionales, que supondrían el peligro de introducir distorsiones de competencia inaceptables.
Como conclusión diré que una vez más la Comisión parece dar muestras de un librecambismo de una extraña ingenuidad o bien de una temible ceguera ideológica. La política comercial y la política industrial necesitan, por el contrario, realismo y pragmatismo.

Paasilinna
Señor Presidente, señorías, desearía felicitar al Sr. Sindal por su meritorio informe, con cuyo mensaje principal me muestro de acuerdo: es una medida inteligente intentar a largo plazo que la industria de la construcción naval salga adelante sin ayudas estatales.
El informe Sindal se está convirtiendo en un documento que, de una manera embarazosa, divide a los Estados europeos septentrionales y a los meridionales. Muchos de nuestros colegas españoles, por ejemplo, han mostrado una gran preocupación por los posibles recortes de las ayudas, lo cual es comprensible. Nosotros, en los países nórdicos, hemos llevado ya a cabo recortes en las ayudas estatales y hemos podido comprobar que los astilleros funcionan incluso mejor después de dichos recortes. Hemos perdido astilleros, pero los principales han sobrevivido y son competitivos. Lo único que ha logrado hasta el día de hoy la política de ayudas ha sido distorsionar el sector de la construcción naval.
Estoy de acuerdo con el Sr. Sindal cuando afirma que la rápida entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE reviste una especial importancia para la normalización del mercado mundial. No obstante, la Comisión ha pecado de excesivo optimismo en sus estimaciones. Estados Unidos no parece haberse mostrado demasiado proclive a ratificar este acuerdo. La Comisión debería presionar a Estados Unidos con mayor ahínco, ya que, de no producirse esta ratificación, nos veríamos obligados a elaborar una nueva directiva sobre la construcción naval, al expirar la actual a finales de este mismo año
El maremagno actual de ayudas a la industria naval ha propiciado la aparición de condiciones desiguales en materia de competencia entre los astilleros europeos. Así pues, el objetivo de la UE deberá ser garantizar la igualdad de condiciones en la industria de la construcción naval, tanto en sus Estados miembros como a nivel mundial. No cabe duda de que, ante esta perspectiva, deberíamos ir preparándonos a enfrentarnos a la competencia de los países con una producción de bajo coste.
Las ayudas que, como las ayudas regionales y las ayudas a la reestructuración, difieren entre sí en función de cada región y cada país colocan en estos momentos a los astilleros europeos en una situación de desigualdad. He propuesto una enmienda a este informe encaminada a prevenir el solapamiento de las distintas modalidades de ayuda y de las subvenciones durante el período 1999-2000. Efectivamente, en el texto de la Comisión no se ha especificado de una manera lo suficientemente detallada los años a que corresponden las ayudas, lo cual podría llegar a provocar en el futuro el solapamiento de éstas, en lugar de su recorte. Sin embargo, mi enmienda no ha tenido eco ni siquiera en mi propio grupo, por lo que no he considerado oportuno sacarla a colación en este debate.
Parto de la afirmación de que en las naves modernas se concentra mucho conocimiento, por lo que su construcción exige también una gran labor en materia de desarrollo. Se trata de productos de tecnología punta, y éste es el aspecto en el que debemos hacer hincapié los europeos.
Al adoptar acuerdos en el sector de la construcción naval, debemos velar en primer lugar por que se garanticen unas condiciones razonables y coherentes en materia de competencia para dicho sector. El objetivo último de la política de la UE debería ser conseguir a largo plazo que la industria de los astilleros pudiera salir adelante sin recurrir a las ayudas estatales. De esta manera se cumpliría también el Acuerdo de la OCDE.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, la construcción naval lleva mucho tiempo sometida a una fuerte presión comercial por parte de terceros países -de Corea del Sur, de China y otros países más-, que están complicando gravemente un mercado gracias, entre otras cosas, a las devaluaciones competitivas de sus monedas consentidas pasivamente por el Fondo Monetario Internacional.
Por otra parte, ya existe un marco de reordenación del mercado, auspiciado por la OCDE, fruto del consenso, y que es conveniente, aunque debiera ser, lógicamente, suscrito por los Estados Unidos y también por China. Pero, como marco, es bueno.
En ese contexto, los diputados españoles del Partido Popular entendemos que debemos oponernos a cualquier regulación que posibilite, de forma directa o indirecta, la reducción del actual sistema de ayudas que reciben los astilleros. En la actual situación de mercado, comprometerse a suspender las ayudas al funcionamiento de los astilleros a partir del año 2000 nos parece que no es responsable.
Criticamos, igualmente, las referencias que el informe Sindal hace en contra de las ayudas de tipo regional que puedan recibir actualmente los astilleros. Todo el mundo sabe que, si se cierra un astillero en una zona deprimida y de alta tasa de desempleo, el mal para los trabajadores es mucho mayor que si el astillero se cierra en países del norte, prósperos y con empleo. Además, el Tratado de Maastricht establece que el principio de cohesión económica debe ser inspirador de todas las políticas de la Unión.
Estos son los argumentos, entre otros, que nos llevan a oponernos al informe Sindal. No podemos dar nuestro apoyo a la reducción anunciada de las ayudas a la construcción naval, y más en un contexto internacional como el que hemos venido explicando. El Convenio de la OCDE deberá ser el marco en el que se regulen nuestras ayudas en el futuro. Cada vez, además, que se ha destruido un puesto de trabajo en un astillero europeo, se ha creado otro en Corea del Sur. No es este el momento de asumir ningún compromiso de reducción de ayudas si no se hace dentro del Convenio de la OCDE, que es bueno, bueno para Europa y bueno para todos los astilleros. Por eso, carece de sentido que nosotros queramos ser más exigentes que el marco establecido y votaremos en contra del posible endurecimiento de la 7ª directiva, y nos parece muy bien que sea prorrogada.

Girão Pereira
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, en diversas ocasiones este Parlamento ha subrayado la importancia decisiva de la normalización del mercado de la construcción naval, objetivo último, a fin de cuentas, del Acuerdo de la OCDE.
Compartimos esa posición y sostenemos que la Unión Europea no debe presentar propuestas que puedan poner en peligro la ratificación del acuerdo. Antes al contrario, debe esforzarse para que entre en vigor. Ahora bien, ante la imposibilidad de alcanzar tal objetivo, en particular por las medidas proteccionistas de los Estados Unidos, acogemos con beneplácito la propuesta de la Comisión de prórroga de la 7ª Directiva y formulación de una nueva política para la construcción naval.
Pero quisiéramos exponer dos consideraciones sobre esas propuestas: la primera se refiere a la fijación del 31 de diciembre del año 2000 como fecha límite de las ayudas al funcionamiento. Esa decisión puede ser prematura y desajustada, en particular si se agravan las condiciones de competencia distorsionada provocadas, por ejemplo, por prácticas de dumping o por la crisis en el Extremo Oriente. Antes de que se adopte la decisión de abandonar las ayudas se debe hacer un análisis lo más profundo posible de la situación de los astilleros en la Comunidad.
Una segunda observación, muy rápida, tiene que ver con el cumplimiento riguroso del nuevo marco legislativo, su aplicación y su control. El reglamento deberá contribuir a que no se acentúen las desigualdades de la competencia ya existentes en los astilleros europeos. Es frecuente oír la afirmación por parte de profesionales de ese sector de que las reglas del juego están viciadas, muchas veces por apoyos y ayudas locales que desvirtúan las normas de la competencia. Creemos que en esta materia la Comisión tiene una palabra importante que decir.

Moreau
Señor Presidente, en veinte años los efectivos de los astilleros navales de la Unión Europea han pasado de 280.000 a menos de 80.000 asalariados.
En Francia, la disminución ha sido de 32.000 a menos de 5.000, con numerosos cierres de astilleros. Esta situación, ya catastrófica, se abría agravado si el acuerdo OCDE de julio de 1994 se hubiese aplicado, puesto que tenía como objetivo suprimir las ayudas manteniendo la legislación proteccionista norteamericana, surgida de la Jones Act y reservándoles a los constructores estadounidenses el monopolio de la construcción de buques de cabotaje.
La propuesta de reglamento de la Comisión, que tiene por objeto prohibir las ayudas al funcionamiento a partir del 31 de diciembre del 2000, se adelanta al acuerdo OCDE que todavía no ha sido ratificado por los Estados Unidos.
Nuestro Grupo no es favorable a la aplicación anticipada del acuerdo OCDE ni a la fijación de una fecha de cese de las ayudas. Por otra parte, sería necesario renegociar el acuerdo OCDE teniendo en cuenta la evolución del mercado mundial y, muy especialmente, la crisis asiática que puede favorecer la práctica del dumping por parte de los constructores de Extremo Oriente.
Al contrario de lo que está previsto, pedimos que se tomen medidas para relanzar la actividad marítima y la construcción naval de los países de la Comunidad, para reactivarlas y contrarrestar así las condiciones de competencia desleal a escala mundial, manteniendo el sistema de ayudas de Estado, instaurando la preferencia comunitaria en la construcción naval para favorecer la adquisición de buques construidos por astilleros europeos.

Blokland
Señor Presidente, el sector de la construcción naval es una industria mundial y debe ser abordada como tal. No desde perspectiva regional o nacional. El mercado relevante es el mercado mundial. La propuesta de la Comisión no lo toma en cuenta suficientemente. Además esto va en contra de acuerdos hechos sobre reducción de subsidios para el sector de los astilleros en combinación con limitación de la capacidad.
El sector se ha saneado durante años. Esta propuesta aumenta el riesgo de que tengan lugar de forma sigilosa ampliaciones de la capacidad con ayuda de las autoridades. Esto barrería de un plumazo los esfuerzos de saneamiento ya realizados.
El documento de la Comisión no coincide con la política de competencias europea. Está incluso en flagrante contradicción con los principios del mercado interior si un astillero puede recibir cerca del 3 al 9 % de ayuda y el otro astillero del 60 al 70 %. Debe abordarse el artículo 7 respecto a ayuda regional. También la ayuda a la reestructura es completamente superflua. Con sus propuestas la Comisión europea ha dado la espalda a los mejores astilleros de Europa, mientras que los astilleros menos buenos siguen sobreviviendo de forma artificial. Una investigación realizada hace poco por especialistas de Ernst and Young recalca esta conclusión.
La importancia estratégica del sector de la construcción naval europea es evidente. Nosotros queremos seguir construyendo nuestros propios barcos. Aunque nosotros por causas externas nos viéramos obligados a ayudar al sector. Pero no hagamos un desastre en la Unión Europea debido a toda clase de regulaciones poco claras y derrochemos irresponsablemente dinero de impuestos. Al sector esto no le sirve de nada. El objetivo final debe seguir siendo: supresión de toda clase de apoyo de las autoridades, de tal modo que cada astillero reciba el dinero que él mismo se gane.

Pérez Royo
Señor Presidente, el informe sobre ayudas a la construcción naval que discutimos esta noche hace referencia a puntos de gran importancia para la Unión Europea y, de manera singular, para algunas regiones, como es el caso de Andalucía, fundamentalmente las provincias de Cádiz y Sevilla, en las cuales prácticamente la única industria pesada que subsiste, y con enormes dificultades, es la de la construcción naval.
El sector de los astilleros es un sector en crisis, como saben perfectamente sus Señorías, y, además, es un sector enormemente expuesto a la competencia, especialmente la procedente de Asia, como aquí se ha subrayado esta noche en varias ocasiones. Solamente Corea del Sur tiene una capacidad de producción y una producción real superior a la del conjunto de la Comunidad. Capacidad de competir que, por otra parte, se ve reforzada, como también ha sido subrayado aquí esta noche, por el hecho de la fuerte devaluación del won coreano, a raíz de las turbulencias monetarias en Asia.
Por esa razón, es importante reclamar a la Comisión medidas de presión para conseguir que el Congreso de los Estados Unidos ratifique finalmente el acuerdo de la OCDE sobre las condiciones de competencia en este sector de la construcción naval. Y no solamente en el ámbito del acuerdo de la OCDE. Existe también la Organización Mundial de Comercio en la cual la Comisión debe hacer oír su voz para conseguir unas condiciones justas de competencia en el mercado mundial.
La Comisión propone en su reglamento que las ayudas de funcionamiento finalicen el 31 de diciembre del año 2000, pero en los considerandos del mismo reglamento se introduce una cláusula de salvaguardia para esa eventualidad. Y se dice expresamente: »Considerando que un año antes de esa fecha -del 31 de diciembre del 2000- la Comisión supervisará la situación del mercado y determinará si los astilleros europeos están afectados por prácticas contrarias a la competencia. Si en ese momento, o en una fase posterior, se demuestra que el sector está siendo perjudicado por la existencia de tales prácticas contrarias a la competencia, entre las que se incluye la fijación de precios excepcionalmente bajos, la Comunidad se planteará la posibilidad de adoptar las medidas oportunas».
Pues bien, señor Comisario, nosotros tememos mucho que, si ese estudio se realiza, se llegue a la conclusión de que, efectivamente, se siguen utilizando en el mercado mundial prácticas desleales para la competencia y, en ese caso, esperamos que la Comisión esté a la altura de las circunstancias y plantee medidas oportunas para solucionar este gravísimo problema. Por eso, nos ha extrañado que esta referencia de los considerandos no aparezca, sin embargo, reflejada en el articulado del reglamento. Por eso, apoyamos fuertemente que esta cláusula de salvaguardia a la que me he referido quede incorporada de manera formal en el articulado del reglamento.
Igualmente apoyamos que se mantenga en el reglamento el artículo 7, al que diversos oradores se han referido esta noche como un artículo de distorsión de la competencia. Pero no es nada de eso. Se trata de un artículo basado en los principios de la política regional, por lo que se podría decir que, incluso sin su mención específica en el articulado del reglamento, las ayudas derivadas de la política regional seguirían siendo aplicables.
Por último, señor Presidente, he escuchado con atención a mi compatriota el Sr. Pomés Ruiz del Grupo Popular, que ha hablado de manera muy clara en relación a este reglamento. Solamente me queda decir una cosa: el Partido Popular, al que pertenece el Sr. Pomés Ruiz, se sienta actualmente en el Consejo de la Unión. Esperemos los españoles que el Ministerio de Industria español tenga en esta cuestión, en el Consejo, una posición tan firme como la que se ha indicado aquí esta noche.

Alavanos
Señor Presidente, quisiera decir que si debatimos este asunto hoy, lo debatimos bajo la tutela de los Estados Unidos y de la situación creada tras la negativa de los E.E.U.U. a ratificar un acuerdo relativo a la política de la industria de la construcción naval.
En este sentido, creo que existe una falta de iniciativa por parte de la Unión Europea y que el mantenimiento de las ayudas estatales a esos niveles no está relacionada con una política global a largo plazo sino con la coyuntura internacional existente.
Quisiera destacar dos puntos:
En primer lugar, que la Unión Europea deberá volver a negociar el acuerdo a escala internacional, afrontando el dumping que se ha producido por el desarrollo de Extremo Oriente y también por el proteccionismo de los Estados Unidos.-En segundo lugar, que la U.E. tendría que reforzar la regionalización de los criterios e intervenciones. Es triste que se cierren los astilleros en Grecia y se concentren sólo en la parte norte de la Unión Europea, en un momento en el que existen posibilidades de disponer de una base ante Rusia, Ucrania y otros países no sólo por parte de Grecia o Italia sino por parte de la Unión Europea en el Mediterráneo oriental.
Torres Couto
Señor Presidente, Señorías, hoy estamos examinando la creación de un nuevo marco legislativo comunitario para la concesión de ayudas a la industria de la construcción naval europea.
Lo que está en juego es la consagración de los principios consignados en el Tratado de la Unión en el sentido de garantizar al sector de la construcción naval condiciones de competencia justas y uniformes dentro de la Comunidad para posibilitar, posteriormente, la supervivencia de ese sector, sin ayudas estatales, conforme a las normas y condiciones de mercado.
A ese respecto, el acuerdo concertado en 1994 entre la Unión Europea, el Japón, Corea del Sur, Noruega y los Estados Unidos en el ámbito de la OCDE, que debía entrar en vigor el 1º de enero de 1996, nació -hoy podemos decirlo- muerto, en la medida en que no fue ratificado por el Congreso americano por la presión de los astilleros americanos.
Se comprende esa posición porque las autoridades americanas querían sumar a los muchos millones de dólares reservados como ayuda para la apertura de un astillero en Filadelfia, una nueva ayuda gracias a la cual la marina de guerra pueda financiar a las claras la construcción de buques civiles.
Hoy tenemos que reconocer, señor Presidente, Señorías, que la construcción naval es, de hecho, una industria mundial. Así, pues, la industria de la construcción naval europea debe tener las mismas condiciones que sus competidoras internacionales. De modo que resulta necesario procurar que se generalicen en el nivel mundial las normas que están en vigor dentro de la Unión Europea y se evite la distorsión de la competencia. Urge garantizar la integración de los instrumentos de la política económica vigentes, además de los otros que se lleguen a crear, en una política con vistas a un mercado internacional de la construcción naval uniforme y sin distorsiones de la competencia ni existencia de tipo alguno de dumping .
Los dispositivos proteccionistas americanos, la libertad plena de China en lo relativo a la aceptación de compromisos de esa naturaleza, así como los mecanismos cruzados de subvención permitidos por la integración vertical y horizontal de los constructores japoneses y surcoreanos, comprometen los objetivos previstos de uniformización.
La posición de Corea del Sur, que combina un 25 % de cuota de mercado con objetivos fuertemente expansionistas y con la desvalorización del won en más del 50 %, ha tenido y sigue teniendo consecuencias desastrosas en el mercado mundial. El aumento de los efectivos de los astilleros coreanos en el último decenio es, por ejemplo, igual al número de puestos de trabajo perdidos en los astilleros de construcción y reparación naval de mi país.
Así, pues, es urgente obligar a países como Corea del Sur a que corrijan la imprudente política industrial que han seguido y obligarlos a eliminar su exceso de capacidad. De modo que se debe prorrogar la 7ª Directiva. La Comisión debe mantener la fecha límite del 31 de diciembre del año 2000 para el abandono de las subvenciones, si se verifica la inexistencia de métodos distorsionadores de la competencia. De lo contrario, deberá prorrogar esa fecha, por lo menos hasta el 31 de diciembre del año 2003, fecha en que expira el presente reglamento.

García Arias
Señor Presidente, me alegra que estén presentes los dos Comisarios que, en el marco de la política industrial y de la política de la competencia, están llevando este asunto. Hubiera sido de agradecer que también hubiera estado el Sr. Brittan, por la importancia internacional que tiene este tema.
No voy a repetir aquí lo que todo el mundo ha estado afirmando acerca de la situación internacional. Lo que quiero es formular a los Comisarios la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado, en la situación mundial, para que se produzca este cambio de orientación en la estrategia comunitaria de defensa del sector naval? Hasta ahora estábamos prorrogando la directiva a la espera de ver lo que estaba pasando en el acuerdo internacional; además, se ha producido la crisis asiática y se están registrando los fenómenos que se acaban de señalar aquí. La Comisión ya sabe, como sabemos todos por la prensa, que hay empresas europeas que han perdido contratos o concursos, a nivel internacional, porque es evidente que esas devaluaciones, y ese exceso de capacidad y, posiblemente, esas ayudas indirectas que se desvían de las ayudas del Fondo Monetario Internacional están teniendo su impacto.
Entonces, ¿qué ha sucedido para que cambiemos de estrategia? ¿El ingreso de los países nórdicos? Eso es lo que se deduce de lo que estamos escuchando aquí, en el seno del Parlamento. ¿Es ese el cambio internacional que se ha producido? En el debate de este tema, la posición del Parlamento es la de no poner fecha a la prórroga de las directivas porque, desde el momento en que fijamos una fecha, estamos adoptando y anunciando ya políticas unilaterales. Y ahora resulta que ya tenemos aquí el reglamento que anuncia ese desarme unilateral de la Unión Europea.
Señor Presidente, a la vista de lo que estamos escuchando, quisiera decir dos cosas. Yo voy un poco más allá respecto a lo que ha dicho el compañero Pérez Royo y lo que ha anunciado el Partido Popular español. A mí me gustaría que el ministro declarara públicamente que está defendiendo esa posición en el Consejo de Industria. Yo creo que es muy interesante y muy importante para los astilleros y para las regiones españolas saber que se está defendiendo esa posición porque, según escuchamos, no parece que sea ese el caso. Pero, a estas horas de la noche, no quiero ahondar más. Preferiría que los dos Comisarios aquí presentes -y ojalá estuviera el Sr. Brittan- nos dijeran qué ha cambiado para que nos encontremos ahora con una propuesta que nos desarma unilateralmente.

Caudron
Señor Presidente, señores Comisarios, Señorías, después de haber agradecido y felicitado, según tenemos costumbre aquí, a nuestro colega Sindal y a los ponentes para opinión, así como a nuestros dos Comisarios por su presencia, quisiera empezar mi intervención sobre el futuro de las ayudas a la construcción naval haciendo tres constataciones.
Primera constatación: a lo largo de los cinco años transcurridos cada vez que se ha destruido un empleo en la construcción naval europea se ha creado un empleo en la construcción naval coreana; por lo tanto, nuestros sacrificios han sido completamente inútiles. La segunda constatación es que lo que ha hecho a Corea dominante no han sido ni los bajos salarios ni la organización industrial sino las garantías de los conglomerados conjugadas con el apoyo del gobierno coreano, lo cual hace que el papel del capital resulte inútil en todo ello. Tercera constatación: en Europa, toda ayuda a un astillero con problemas lleva a la Comisión Europea a imponer cierres de capacidad. En Corea o Japón, o en los Estados Unidos, no existe por supuesto nada parecido.
El resultado de todo esto se resume en cuatro puntos. En primer lugar, Europa se ha impuesto reglas que sus competidores no se imponen. En segundo lugar, decenas de miles de empleos se han destruido con el consiguiente acompañamiento de dificultades sociales y de miseria. En tercer lugar, Europa ha perdido grandes partes de mercado. En cuarto lugar, contrariamente a lo ocurrido en otros sectores industriales, en particular en la siderurgia, nada garantiza que lo que nos queda de capacidad de producción pueda durar.
Estimados colegas, hace unos meses casi habíamos tocado fondo en este ámbito ya que las ayudas dentro del marco de la Séptima Directiva habían desparecido prácticamente, en aras de un acuerdo OCDE que nuestros competidores no habían ratificado. Por una vez, hemos sabido decir todos juntos: no. Ahora se nos propone que la Unión Europea se imponga a sí misma unilateralmente los principios previstos en el acuerdo OCDE que, no obstante, no ha sido ratificado. Y aquí, digo una vez más que deberíamos ser más pragmáticos. Si en el año 2000 constatamos que el mercado no ha quedado suficientemente saneado para poder prescindir de la ayuda a los contratos, sin duda estaré de acuerdo en que sean suprimidas. ¿Pero quién puede afirmarlo en la fecha de hoy? La propia Comisión reconoce la necesidad de medidas apropiadas aunque no pueda decirnos cuáles. Así pues, por lo que más quieran, no cerremos las puertas. Sin embargo, si hay que cerrarlas, conservemos las llaves, y de aquí a entonces estudiemos con precisión la evolución de los mercados antes de fijar las fechas límite y de tomar medidas definitivas. La construcción naval no es una industria como las demás y por esta razón pido a nuestro Parlamento prudencia y pido a la Comisión que acepte las enmiendas que, espero, sean aprobadas que nos dejen de aquí al final del año 2000 un margen de maniobra suficiente. De una vez por todas, en este sector como en muchos otros, señor Presidente, dejemos de ser masoquistas.

van Miert
Señor Presidente, al escuchar todas las intervenciones, que han sido numerosas esta vez, se darán cuenta, si se han escuchado mutuamente, de las dificultades ante las que nos encontramos, pues los argumentos efectivamente van de la A a la Z. Unos quieren que cesen inmediatamente las ayudas, en particular las ayudas al funcionamiento, y algunos gobiernos todavía hoy defienden este punto de vista, mientras otros quisieran que las ayudas puedan seguir existiendo, con los mismos argumentos esgrimidos desde hace quince años.
Todo el mundo parece olvidar que el único sector industrial, y digo bien el único, que se beneficia desde hace mucho tiempo de las ayudas al funcionamiento es el sector de la construcción naval. Ya no es así para la siderurgia, ni para otros sectores; éste es el único que queda. Para retomar las cifras entre 1990 y 1995, sepan ustedes que dentro de la Unión Europea, en términos de ayudas de Estado, se han gastado más de 5.000 millones de ecus en ayudas al funcionamiento, más de 3.000 millones de ecus en reestructuraciones, es decir, en total 8.000 millones de ecus. Así pues, los que quieren hacer creer que se ha dejado este sector abandonado a la deriva, se equivocan por completo.
A pesar de estas ayudas, a veces masificadas, he conocido casos en los que la autoridad pública pagaba una tercera parte e incluso más de los buques -cuando hablo de autoridad pública me refiero, por supuesto, a los contribuyentes-, a menudo para poder competir incluso con astilleros del interior de la Unión. A veces las ayudas representaban más de la tercera parte. Ésta era la situación. Por lo tanto, es cierto que desde hace varios años se plantea la cuestión de si se puede seguir así. Cada vez más los gobiernos responden negativamente.
Se ha intentado hallar una solución a través del acuerdo OCDE a escala mundial y no hemos cedido unilateralmente. Hemos intentado encontrar un acuerdo que todo el mundo pudiese respetar y, en la medida en que este acuerdo fuese ratificado, estábamos dispuestos a dar por acabada definitivamente la Séptima Directiva. Desgraciadamente, los norteamericanos no lo han hecho. No es que los norteamericanos signifiquen una gran competencia, pues no tengo conocimiento de que los buques norteamericanos causen demasiados problemas a nuestros astilleros navales. Los estadounidenses son proteccionistas, es cierto, pero en términos de competencia mundial, el problema en realidad no está ahí. El problema que nosotros tenemos es que como los buques son cada vez más sofisticados, debemos actuar de manera que estemos en la vanguardia del desarrollo tecnológico y del desarrollo de buques modernos.
Volveré a hablar de Corea más adelante, pero considero útil plantear de nuevo el contexto global. Una vez más, cada vez hay más gobiernos que ya no pueden o no quieren seguir dando ayudas al funcionamiento. A veces, en las intervenciones me ha parecido entender que ya no se plantea el dar ayudas. Esto no es verdad, pues incluso en el marco del acuerdo OCDE siguen estando previstas ayudas para la investigación y el desarrollo, para el medio ambiente, así como medidas de acompañamiento social y de financiación de la exportación. El acuerdo OCDE permitía seguir haciéndolo.
Nuestra propuesta permite más: ofrece una ayuda a la reestructuración de las empresas y una ayuda a la innovación. Es algo nuevo, qué duda cabe, pero esto se debe precisamente a que es necesario innovar más para seguir siendo competitivos. De esta forma, no entiendo por qué se nos critica que introduzcamos esto en nuestra propuesta. El futuro está ahí. Si se ha hecho con el automóvil, ¿por qué no hacerlo con la construcción naval?
Pasemos ahora a una cuestión muy controvertida, sobre todo entre ustedes: las ayudas a las inversiones en las regiones eligibles. La lógica de nuestro régimen es la siguiente. Tomemos el marco de referencia del automóvil, señor Jarzembowski. Se pueden dar ayudas a las regiones eligibles para compensar la desventaja de estas regiones respecto a las regiones no eligibles. Así es como se pueden dar muchas ayudas en Sajonia, como ustedes ya sabrán. No tantas como el Sr. Biedenkopf desearía, aunque supongan una cantidad importante. Mientras que en otros sitios no se puede dar nada, ni siquiera en Vilworde, ni un céntimo. Ésta es la lógica de nuestra política regional. ¿Quieren ustedes conservar esta política o no? La Comisión cree que sí.
Ahí donde su argumento es válido es a la hora de saber si la intensidad de la ayuda que se puede admitir en las regiones eligibles, ya sean regiones A o C, puede ser también aceptada dentro de la lógica de la construcción naval. Acabo de recordar el marco de referencia del automóvil, que permite dar solamente ayudas a la inversión para compensar la desventaja. Pero estoy dispuesto, y hago hincapié en ello, a examinar con el Consejo de Ministros de qué modo limitar la ayuda regional, quizás incluso en combinación con algunas otras medidas. No obstante, creo que debemos en principio mantener el enfoque global en términos de política regional.
Por supuesto, estas inversiones no deben servir para que crezca la capacidad, pueden servir para modernizarla, para aumentar la productividad, pero no para ampliar la capacidad. Dentro de esta lógica, me parece defendible que se mantenga esta regla. Veremos lo que decide el Consejo de Ministros. No estoy seguro de que siga esta lógica, pero afirmo que es buena y está en concordancia con lo que la Comisión hace en la Unión Europea en términos de política regional.
Hablemos ahora de Corea. Está claro que ha habido muchas otras observaciones, pero mi tiempo está limitado, y es preciso, por supuesto, que hable del asunto de Corea. Además, Martin Bangemann está aquí presente y puede hablarles más del informe que se ha llevado a cabo bajo su tutela para intentar contribuir a la modernización de nuestro sector de la construcción naval.¿Quién puede, en efecto, pensar ni por un momento que la Comisión no se preocupa de esto? Lo único que ella quiere es que el sector se pueda defender, en la medida de lo posible, por sus propios medios, recibiendo, claro está, ayudas para la investigación y el desarrollo, así como para el medio ambiente. Todos estos instrumentos siguen estando disponibles, pero después de cierto tiempo habría que conseguir suprimir las ayudas al funcionamiento, es decir, a finales del año 2000, tal como hemos propuesto. En esto también veremos lo que decide el Consejo.
Sin embargo, Martin y yo mismo, incluso antes de la crisis en Corea, incluimos en nuestra propuesta una cláusula según la cual si sucedía algo a escala mundial en algún lugar en un país industrializado que desarrollara una política agresiva de dumping respecto a nuestros astilleros navales, la Comisión se reservaría el derecho a cambiar el enfoque. Nos comprometimos, un año antes del vencimiento de la ayuda al funcionamiento, a volver a estudiar esta cuestión para hacer balance ante ustedes y ante el Consejo de Ministros con el fin de ver si es pertinente tomar nuevas medidas o desarrollar otros elementos de nuestra política. Esta puerta, por lo tanto, no sólo se entreabrió en cuanto surgió la situación de Asia sino que ya estaba entreabierta, pues estaba así convenido. Desde esta perspectiva, no me plantea ningún problema aceptar algunas de las sugerencias que se han hecho, con vistas a examinar de cerca, como hace Martin, como hará la comisión y como hará el Consejo, las consecuencias de los sucesos ocurridos en Corea del Sur, cuya competencia es efectivamente considerable.Contrariamente a lo que muchos de ustedes han dicho, la crisis nos ofrece la posibilidad de intervenir, cosa que apenas era factible antes de la crisis. Los coreanos, antes de la crisis, no aceptaban reducciones de capacidad. Ahora, con la crisis, con la operación de ayuda del FMI, podemos nosotros también opinar. Si se han tomado precauciones, por supuesto habrá que respetarlas. Resulta que al día siguiente del Consejo "Industria» que se celebrará el 7 de mayo habrá una reunión de alto nivel entre Corea y la Unión Europea y, créanme, no dejaremos de analizar allí la situación. En efecto, además del problema que se plantea en el sector de la construcción naval, Corea del Sur y algunos otros países sufren una crisis mucho más profunda, que afecta también a su estructuras industriales y al sistema de ayudas generalizadas. Por consiguiente, en un momento en que estos países se hallan en crisis, no se nos puede vender que sigamos una política copiada del modelo surcoreano.
Aprovechemos la ocasión para intentar rectificar el tiro ya que no pudimos hacerlo con ocasión del acuerdo OCDE que no preveía compromiso por parte de Corea de reducir su capacidad. Al contrario, Corea del Sur seguía aumentándola. Ahora al menos tenemos la posibilidad de decir a los coreanos que queremos hablar seriamente de este asunto.
Por otro lado, la Unión Europa no es la única que actúa, los Estados miembros también tienen posibilidades de actuar por medio del FMI. En mi opinión, es más bien una suerte poder hablar ahora seriamente con los coreanos y volver a analizar el problema, en vez de estar en la situación en que nos encontrábamos antes. Por lo tanto, me comprometo de nuevo, en nombre de la Comisión, a tratar otra vez sobre este aspecto de las cosas así como sobre otros aspectos, un año antes de que finalice el régimen, es decir, un año antes de que se acabe la ayuda al funcionamiento.
Esto significa concretamente que seguiremos hablando entre nosotros, pero que habrá que encontrar una solución con vistas al futuro, porque a finales de año finaliza la Séptima Directiva. La última vez, se pudo prorrogar sólo para un periodo limitado y se pudo lograr una apurada mayoría cualificada para que esto fuera posible. Sin embargo, ahora esto ya no será posible. Surgirá, sin duda, una minoría de bloqueo en contra de la prolongación de dicho régimen. Así pues, deberá hallarse otra vía, otra política, y sigo pensando que, aun pudiendo ser uno u otro elemento debatible, y la Comisión está dispuesta a tener en cuenta algunas modificaciones, el acuerdo al que se puede llegar en el Consejo de Ministros irá en este sentido.
Esto es lo que quería decirles, señoras y señores, y con esto termino. Me he alargado un poco, pero sé la importancia que le conceden a este sector, que sigue siendo muy delicado y, fijándome en algunos de ustedes, puedo adivinar de qué astillero naval o región se trata. Lo entiendo, porque muy a menudo estas regiones ya tienen problemas. Cuando hablamos de problemas en los astilleros navales, sabemos que esto afecta a miles de personas y vemos el drama que se esconde detrás. Por lo tanto, comprendo perfectamente lo que han dicho, pero, por otro lado, creo que nuestra propuesta es bastante equilibrada y tiende a actuar de manera que en el próximo siglo podamos conservar una construcción naval competitiva y con importancia no sólo a nivel europeo sino también a nivel mundial.

Sindal
Señor Van Miert, ahora debe usted escuchar. Gracias por la respuesta, gracias por su buena intervención aquí esta tarde. Éste es un procedimiento de debate y creo que este proceso precisamente contribuye a exponer los problemas a lo que se enfrenta no sólo la Comisión, sino también la población europea, y creo que todos nosotros nos entendemos mutuamente. No obstante, espero también que la Comisión y el Consejo arbitren soluciones útiles. Esto era lo único.
En realidad, me levanto ante la crítica lanzada por varios miembros antes de la pausa sobre que el procedimiento hace que las opiniones de las diversas comisiones competentes para formular una opinión no lleguen a tiempo a la comisión correspondiente y que así no sean oídas. Como ponente de esta propuesta, quiero decir que intenté retrasarla un poco, sin embargo, parece que a la presidencia británica le gustaría liquidar el tema en mayo y que la Comisión no deseaba aplazar el asunto. Menciono esto en atención al protocolo. Hemos de aprender en algún momento a ocuparnos de los asuntos en el orden correcto. Esto es una contestación a los dos colegas que plantearon la crítica esta tarde.

van Miert
Señor Presidente, deseo simplemente reparar un descuido imperdonable. Ni siquiera he felicitado al Sr. Sindal por su excelente informe. Lo lamento mucho porque sé todo lo que ha trabajado y espero que este olvido quede ahora así subsanado.
Quería contestar tan rápidamente a todas las observaciones sustanciales que he olvidado felicitarle, pero lo hago ahora, créame, de todo corazón y con pleno convencimiento.

El Presidente
Nos sumamos a sus felicitaciones, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Vehículos utilizados para el transporte de viajeros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0113/98) del Sr. Murphy, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, relativo a las disposiciones especiales aplicables a los vehículos utilizados para el transporte de viajeros con más de 8 plazas además del asiento del conductor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo (COM(97)0276 - C4-0545/97-97/0176(COD))
Saludo al señor Bangemann, que se ha unido a nosotros con ocasión del anterior debate.

Murphy
Señor Presidente, quisiera comenzar haciendo constar mi agradecimiento a los servicios del Parlamento por la asistencia que me han prestado en relación con este complicadísimo asunto, a la Comisión por su asistencia y, en particular, a los fabricantes de autobuses de Europa, a las empresas de autobuses de Europa y a los usuarios de los autobuses de Europa por la gran asistencia prestada para la elaboración de este informe.
Y, sin embargo, el Parlamento ha vuelto a cometer uno de sus errores tradicionales. Hemos pasado toda la mañana contemplándonos el ombligo presupuestario. Es importante para nosotros, pero aquí estamos esta noche en este Parlamento hablando de la construcción naval y de autobuses y autocares, que son asuntos muy importantes para los ciudadanos de Europa. Sé cuáles son los informes sobre los que los habitantes de ciudades de mi circunscripción como Wolverhampton y Dudley querrían que habláramos delante de los medios de comunicación y no aquí, delante de algunos intérpretes y algunas personas resistentes como nosotros.
Acojo con beneplácito las propuestas de la Comisión. Son un importante paso hacia la realización del Mercado Único. Protegen las preferencias nacionales y regionales en materia de vehículos y a ese respecto, desde el punto de vista del Reino Unido, me complace que nuestros tradicionales autobuses de dos pisos -y en Londres los autobuses Routemaster- no estén amenazados en modo alguno por Europa. Me complace poder decirlo.
También -y se trata de algo muy importante- acojo con beneplácito la disposición obligatoria relativa a la accesibilidad a los vehículos de la clase I para las personas discapacitadas. Esto es muy importante. Como ponente, ha hablado por extenso con diversos grupos de intereses, como he dicho al comienzo de esta intervención. No todos van a sentirse satisfechos con mis propuestas, pero puedo asegurar a Sus Señorías que he hecho todo lo posible para satisfacer todas sus aspiraciones principales de forma realista, técnica y eficaz en función de los costos.
Quisiera señalar a la atención de la Comisión algunos aspectos fundamentales de mi informe y pedir su apoyo al respecto. En primer lugar, con esto estamos ampliando el Mercado Único. Pero quisiera pedir que, en lugar de adoptar la actitud de conceder una excepción a los vehículos que no son habituales en toda la Unión Europea, como los autobuses de dos pisos y los minibuses, que se utilizan en ciertas partes de la Unión Europea, debemos permitir que se les conceda la homologación a todos ellos, siempre y cuando sean seguros y no representen un peligro para los ciudadanos. Debemos concederles la homologación. Nadie tiene la obligación de utilizarlos, pero, ¿por qué considerarlos aparte? ¿Por qué no tener un mercado completo de autobuses y autocares? Quisiera instar a la Comisión a que examine a ese respecto mis enmiendas núms. 4, 5, 28, 29 y 41.
En segundo lugar, debemos ampliar las disposiciones relativas a la accesibilidad para incluir los vehículos de la clase II. La Comisión está preparando actualmente un estudio sobre la viabilidad técnica de la accesibilidad en el caso de los vehículos de la clase II. Pronostico que ese estudio de la Comisión se pronunciará a favor de disposiciones obligatorias sobre la accesibilidad en el caso de esos vehículos antes incluso de que el Consejo haya adoptado su primera posición común. En este Parlamento debemos examinar los vehículos de las clases I y II, porque es técnicamente viable. Yo he visto esos vehículos, he montado en ellos. Además, debemos iniciar un estudio sobre los vehículos de la clase III, los autocares y los vehículos de la clase A y los minibuses.
El imperativo fundamental que se plantea a esta Asamblea es el de reconocer que tenemos el deber en este caso de ampliar la accesibilidad cuanto sea técnicamente posible y asequible. A este respecto he de decir a mis colegas del Grupo PPE lo siguiente: acepten, por favor, dicho imperativo; lo que digo es razonable y alcanzable. No estoy proponiendo una idea superfantástica en este caso. Quisiera decir a los Grupos PPE y UPE lo siguiente: incluyamos esto, por favor, en la primera lectura; hagamos la prueba. Estoy convencido de que, cuando pasemos a nuestra segunda lectura, la Comisión nos respaldará respecto de los vehículos de la clase II.
No me gustaría desaprovechar una oportunidad excelente. Por experiencia propia, sé lo difícil que resulta a quien tiene una discapacidad montar en los vehículos y apearse de ellos. Hace unos años me rompí un tobillo. Resulta imposible montar en los vehículos con peldaños altos y también apearse de ellos. Un amigo me ha contado que una mujer en una terminal de autobuses de Wolverhampton llevaba un niño en una sillita de paseo y tuvo que esperar a que pasaran diferentes vehículos hasta que llegó el idóneo, con suelo bajo, para poder montar en el vehículo.
Lo que quiero decir aquí esta noche es lo siguiente: aprovechemos esta oportunidad de ampliar el Mercado Único, de aumentar las disposiciones sobre la accesibilidad de la clase I a la clase II con todas las enmiendas técnicas necesarias.
En la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial ha habido mucho alboroto respecto de mi informe. Se ha debido en gran medida a una serie de malentendidos. Por lo que a mí respecta, éste es un instrumento importante de la legislación relativa al Mercado Único; es un informe importante para los ciudadanos de Europa. Pero es más: puedo asegurar a Sus Señorías que es técnicamente viable, indudablemente asequible y perfectamente alcanzable. Creo que es una respuesta válida a una propuesta válida de la Comisión. Pido a la Asamblea que lo apoye.

Schmidbauer
Señor Presidente, señor Comisario, la directiva para las disposiciones especiales para vehículos de transporte con más de ocho plazas además de la del conductor - los autobuses, como sabemos - debe armonizar en el marco del mercado interior el sistema de homologación y mejorar a la vez la seguridad. Todo ello en conjunto constituye un informe muy técnico, aunque esos detalles técnicos tienen notables repercusiones para los ciudadanos. La Comisión ha tenido afortunadamente en cuenta el acceso para personas con movilidad reducida, pero el diablo se esconde justamente en los detalles. Por eso voy a referirme en mi intervención principalmente a esa problemática. Agradezco al ponente que haya adoptado en su informe la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo.
En sus propuestas sobre la accesibilidad, la Comisión se refiere tan sólo a personas con sillas de ruedas y una gran musculatura en el brazo. No queremos extender solamente a todas las personas discapacitadas el concepto de "Personas con movilidad reducida», sino también a personas mayores y a aquellos que a causa de una situación especial tienen dificultades para subir a un autobús, por ejemplo pasajeros con equipaje voluminoso, con cochecitos para niños, con bicicletas o las mujeres embarazadas. Esta nueva definición del concepto conlleva toda una serie de modificaciones técnicas que posibilitarán o facilitarán a los ciudadanos y ciudadanas el uso del transporte público.
La segunda modificación fundamental que propongo es incluir en las disposiciones el acceso de las personas con movilidad reducida a todo tipo de vehículos de transporte. Queremos que ese acceso no se dé sólo en los autobuses de cercanías, sino también en los interprovinciales. Por lo menos la ayuda para el acceso al autobús debería estar al menos en una puerta. No nos basta la promesa de la Comisión de presentar pronto una propuesta sobre este tema porque ahora no quiera decidirse sobre la mejor solución técnica.
Hemos esperado años a esta directiva y una vez tras otra hemos exigido una construcción libre de barreras y de carácter obligatorio. No queremos que nos sigan dando buenas palabras.
En declaraciones no vinculantes se exige una y otra vez la integración de las personas con discapacidades. Con la aceptación de las enmiendas tenemos una oportunidad de empezar con la integración al menos en el ámbito del transporte. Cerca del 10 % de la población vive con una discapacidad. Una gran parte de estas personas tienen dificultades para moverse en la calle. Dependen de los medios de transporte público. A causa de su movilidad reducida es para ellos importante poder moverse, llevar una vida independiente. El transporte público no debe tener barreras para este grupo de personas, para que puedan llegar a su puesto de trabajo, pero también para que puedan hacer vida en su tiempo libre, llegar a los destinos elegidos para las vacaciones o cultivar las relaciones familiares y sociales.
Además de las personas con discapacidades hay cerca de 100 millones de personas mayores en la UE, y esa cifra - según las estadísticas demográficas-, crecerá aún más. Precisamente las personas mayores dependen de los transportes públicos. Se estima que cerca del 50 % de esas personas no disponen de coche propio. A todos ellos hay que posibilitarles y facilitarles el acceso al transporte público. Esto significa evitarles el de otro modo amenazante aislamiento. Pero también desde un punto de vista económico tiene sentido realizar gastos añadidos en suprimir barreras al acceso. Frente a ello está el gran número de los usuarios potenciales a los que una construcción sin barreras les posibilitaría el uso.
Apelo a todos los colegas para que voten las modificaciones del informe para que la integración para todos sea visible y experimentable.

Billingham
Señor Presidente, me sumo a la felicitación y aprobación de este informe y elogio a Simon Murphy por la aplicación y sensatez con que ha elaborado su propuesta. Al mismo tiempo, reconozco el papel desempeñado también al respecto por el Comisario. Los detalles que figuran en el informe son, como ya se ha dicho, el resultado de amplias consultas a todos los organismos interesados fundamentales. El informe ha obtenido la aprobación de muy diversas organizaciones: desde los fabricantes y la industria hasta los grupos de consumidores y discapacitados, pasando por los representantes de los sindicatos.
Durante el debate sobre este informe en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, nos resultó evidente a todos la profundidad de la investigación detallada que Simon Murphy había llevado a cabo. Es una propuesta de directiva del Consejo que representa un positivo paso adelante con vistas a la realización del Mercado Único y al mismo tiempo aporta un marco para la armonización de las normas sobre la fabricación entre todos los Estados miembros, que, por sí misma, engendrará y fomentará el comercio entre ellos.
Pese a ser importantes esos aspectos, la razón primordial por la que los ciudadanos de Europa recomendarán el informe Murphy es su acertada insistencia en la seguridad y la accesibilidad para todo el mundo. El momento de montar en autobuses y apearse de ellos es aquel en que más accidentes ocurren, en particular en el caso de las personas vulnerables. Junto a la recomendación de autobuses con suelo bajo, autobuses que prácticamente se arrodillan en el bordillo de la acera para facilitar el acceso, en este informe figuran muchas otras propuestas sobre la seguridad. Gracias a ellas, todos nuestros viajes, en autocar o en autobús, resultarán más seguros y libres de riesgos.
Permítaseme subrayar una vez más que esta directiva se aplicará sólo a los autobuses nuevos y no será una amenaza para los autobuses de dos pisos o los autobuses Routemaster. Mañana votaremos en esta Asamblea y espero que mantengamos la integridad del informe Murphy, cuyo objetivo fundamental es el de ayudar a los pasajeros con movilidad reducida, a las personas discapacitadas, a las personas de edad avanzada, a las personas de baja estatura, a las personas con niños y sillas de paseo y - permítaseme decirlo, Comisario- a las ágiles abuelitas futuras que, en un futuro próximo, podrían ser las beneficiarias de este informe y estarle agradecidas.
Por último, no necesito recordar al Comisario que modos de transporte muy similares existen ya en mi circunscripción de Northamptonshire y Blaby, donde se han introducido con gran éxito autobuses que hacen exactamente lo que el informe Murphy recomienda: los autobuses con suelo bajo que se arrodillan para que las personas puedan montar y apearse son ya una particularidad de nuestro transporte local y los usuarios los han acogido con el mayor beneplácito. El informe Murphy es espléndido y prepara el camino para un mejor y más seguro transporte público en el futuro. El Parlamento haría bien en darle un apoyo espléndido y rotundo mañana y confío en que así lo haga.

Wibe
Señor Presidente, en primer lugar quiero decir que estoy profundamente impresionado por el trabajo de Murphy. Parte de la base de una directiva enormemente complicada pero que él ha logrado dominar en todos sus detalles. También me gusta la clara orientación general del ponente para sus propuestas de enmienda, la cual es facilitar a las personas con minusvalías físicas el acceso a los medios de transporte colectivo.
Sin embargo, quisiera preguntar si este tipo de directiva realmente debe ser tratada en el Parlamento con tal lujo de detalles. En cualquier caso es una directiva enormemente complicada con cantidades de figuras y fórmulas muy difíciles de entender por los que no son expertos. Me pregunto si la mejor solución no sería que en casos de futuros informes similares hiciésemos una declaración de principios para después dejar los detalles a los expertos. Puedo estar equivocado, pero permítanme, sólo como aficionado en esta materia, señalar algunos puntos que me sorprenden un poco. Como ejemplo tenemos la propuesta de enmienda de Murphy n&#x015F; 54. Allí se dice que los letreros que indican el destino en los autobuses deberán ser blancos o amarillos sobre fondo negro y de por lo menos 12 cm. de alto. Es posible que actualmente esta combinación ofrezca la mejor legibilidad, pero podríamos perfectamente pensar que la técnica que se desarrolle mañana nos diga que la mejor legibilidad para los ciegos se alcanza con un texto negro sobre un fondo blanco. Entonces me pregunto si no sería mejor decir que se deberá usar la mejor tecnología disponible.
En la misma propuesta de enmienda anterior se dice también que el destino deberá señalarse dentro y fuera del autobús con una voz grabada cuando el autobús se detiene en las paradas. Dentro del autobús me puedo imaginar, pero ¿realmente se deberá señalar el destino con un altavoz también fuera del autobús? Creo que esto podría causar una algarabía enorme en muchas ciudades donde circulan muchos autobuses. Además, se dice que la voz deberá estar grabada. En Suecia tenemos autobuses que recorren quizá 300 ó 400 kilómetros y que tal vez se detienen dos o tres veces durante el trayecto, ya que tenemos distancias tan grandes entre las ciudades y los pueblos. Entonces puede ser más fácil que el conductor siga haciendo como lo hace hoy, es decir, que comunique que ahora hemos llegado a Burträsk o algo por el estilo.
Otro aspecto que no atañe a ninguna propuesta de enmienda pero que se contiene en la directiva misma y en la propuesta de enmienda 87 es el referente a los autobuses que tienen un ascensor para sillas de ruedas y que deberán estar equipados con tres señales luminosas intermitentes y una alarma acústica que sonará cuando el ascensor esté funcionando. El asunto es que con la técnica actual no es posible accionar estos ascensores desde el asiento del conductor, pues la maniobra resulta demasiado peligrosa. Esto significa que el conductor tiene que salir y estar junto a la silla de ruedas cuando ésta se eleva. Entonces me pregunto una vez más si es necesario que se exija una señal acústica cuando se realiza esta maniobra. Una señal luminosa vaya y pase, pero una señal acústica es quizá un poco dudosa.
Como dije anteriormente, soy un aficionado en materias técnicas, éstas han sido solamente algunas observaciones al margen. Deseo volver a mi punto de partida, es decir, que a la luz de este complicado material, Murphy ha realizado un trabajo excelente.

Howitt
Señor Presidente, hace dos años que aprobamos en este Parlamento la directiva sobre los ascensores, que sentó un precedente en el sentido de que la legislación relativa al Mercado Único europeo podía y debía utilizarse para facilitar el acceso a las personas discapacitadas. Dicho precedente quedó después consagrado mediante acuerdos en el Tratado de Amsterdam, el proyecto de Tratado de la Unión Europea. Esta noche afrontamos nuestra siguiente prueba al abordar la directiva sobre los autobuses y los autocares y abordar también una cuestión sobre la que más campaña se ha hecho entre los 35 millones de personas discapacitadas de Europa: el derecho a un transporte público accesible.
Felicito a Simon Murphy por este informe y por las enmiendas que ha presentado. Son enmiendas importantes que todos los diputados a este Parlamento deberían apoyar. Las enmiendas garantizan que la definición de discapacidad no sea aplicable tan sólo a los usuarios de sillas de ruedas, sino también a todos las personas discapacitadas, incluidos los ciegos y los sordos, y, como ha dicho mi colega la Sra. Schmidbauer, para las mujeres embarazadas, las personas con niños, las personas cargadas con grandes paquetes, las personas de edad y de otra índole. Son muchas las personas que se beneficiarán de esa enmienda.
Pido apoyo para las enmiendas que reconocen específicamente las necesidades de las personas ciegas o con poca vista, incluida la iluminación interior y los contrastes de colores en los autobuses y, para los sordos, las explicaciones visuales con vistas a su información. Apoyo la enmienda de Simon Murphy encaminada a hacer extensiva la disposición relativa a los autobuses de la Clase 1 a los de la Clase 2 a fin de que los autobuses de dos pisos y los autocares para turistas permitan también el acceso a las personas discapacitadas. Aun cuando la Comisión se oponga esta noche a la ampliación de esta directiva a los servicios interurbanos, debe comprometerse claramente ante nosotros a que aplicará el estudio que ha emprendido. Espero que el Comisario responda directamente a esta cuestión esta noche.
Pido al Parlamento que apoye nuestras enmiendas para reducir la altura del escalón inicial a 24 cm o para garantizar un mecanismo que permita el acceso. Ésas son las únicas normas que garantizan de verdad el acceso a las personas discapacitadas. Al fin y al cabo, esas normas concuerdan pura y simplemente con las conclusiones de la investigación sobre los autobuses de suelo bajo, publicada por la propia Comisión ya en 1995. Hago un llamamiento a la derecha del Parlamento, al Grupo del Partido Popular Europeo, para que se nos una en el apoyo a la enmienda, pero en vano busco su presencia aquí esta noche y su contribución a este debate.
En cambio, envío un mensaje sencillo a las personas discapacitadas de Europa. La tramitación de esta propuesta en Bruselas se ha retrasado por la larga lucha que ha habido para lograr que todos los autobuses nuevos de nuestras ciudades ofrezcan a partir del año 2001 el derecho pleno al acceso para las personas discapacitadas. Es una victoria muy importante, por lo que felicito a la Asamblea esta noche.

Rübig
Señor Presidente, hace muchos años normalizó la Comunidad Europea un asiento para tractores uniforme para toda Europa. El enchufe eléctrico está aún pendiente de una solución. Con la normalización hemos acumulado muchas experiencias, y por alguna de ellas hemos sido severamente reprendidos, por ejemplo en el caso del grado de curvatura de la banana.
Hoy estamos hablando sobre la armonización de los vehículos de transporte de personas. Este es un ámbito muy importante. En este punto agradezco al ponente, el Sr. Murphy, su impresionante compromiso y su comprensión de las soluciones de detalle propuestas. El Grupo del Partido Popular Europeo apoya ampliamente el presente resultado, especialmente allí donde se tiene consideración con las personas de movilidad reducida.
Yo mismo solicité en la Comisión que se precise y se extienda la definición de la discapacidad. Nosotros estamos por la utilización de ayudas al acceso incluso para los vehículos de clase II, por la construcción correspondiente de asideros, subidas, redes para equipaje y carteles especiales con los lugares de destino para hacer que el uso de autobuses sea posible y práctico también para los discapacitados.
Nuestras reservas van, sin embargo, en otra dirección. Desde hoy ya no normalizamos sólo sobre asientos para tractores. El Parlamento Europeo está construyendo un autobús perfecto. Más de 100 enmiendas relativas a detalles técnicos han sido presentadas. En ellas se habla de un radio entre 5 y 2, 5 mm para los rincones, de escalones plegables, de señales para las esquinas e incluso de máquinas automáticas de bebidas calientes y aparatos de cocina.
Según nuestra opinión hay que distinguir entre planteamientos políticos y cuestiones de normalización técnica. Estas últimas deben ser abordadas en los gremios de expertos correspondientes tales como institutos de normalización - por ejemplo el CEN -, esto es, por especialistas que construyen autobuses o bien los utilizan. Por eso tenemos el convencimiento de que hay que aludir a algunas cuestiones políticas importantes. Se debería poner en práctica también en este ámbito una iniciativa SLIM que se concentre en los aspectos políticos esenciales.
Creemos que, sobre todo, las propuestas del Anexo 7 referentes a la seguridad de los vehículos de transporte y a la accesibilidad a los mismos para los discapacitados, que van más allá de las propuestas de la Comisión, son razonables. Pero la discusión ha de producirse especialmente ahí donde lógicamente es su sitio, en una comisión técnica. Esta es la razón por la cual el Grupo del Partido Popular Europeo solicitará mañana la devolución a la Comisión competente. Creemos que deberíamos dar a conocer nuestras ideas que, aunque claramente reducidas, tanto más precisas son, y que continuarán contribuyendo a la normalización ordenada de este sector.

Koch
Señor Presidente, señoras y señores, al hablar hoy sobre una nueva directiva para autobuses, que contiene disposiciones especiales para el transporte de personas con movilidad limitada, deberíamos ser conscientes, precisamente a la vista de la brevedad del debate sobre la seguridad del tráfico rodado - anualmente sufren 1, 6 millones de personas daños a menudo permanentes debidos a accidentes -, de que nosotros mañana podemos pertenecer a ese grupo y tendríamos que aprender a sobrellevar la vida propia de un hombre discapacitado.
Actualmente viven en la Unión Europea cerca de 37 millones de discapacitados. Pero no sólo tienen problemas frecuentemente al utilizar medios de transporte públicos. Pensemos en todos: en personas mayores que tienen un problema de movilidad, en niños pequeños o en personas en situaciones particulares como por ejemplo el embarazo, el transporte de equipaje o los cochecitos para niños. Por ello una interpretación amplia del concepto de "personas con movilidad reducida» me parece legítima y deseable.
En esa medida apoyo el objetivo social de la directiva. Recoge un aspecto apropiado, la seguridad, pero va demasiado lejos en la normalización de determinadas soluciones de detalle. No debemos descargar a los empresarios de su propia responsabilidad de buscar por sí mismos las mejores soluciones. Tales soluciones podrían ser de naturaleza técnica, pero también logística. Los constructores de autobuses han demostrado ya su rendimiento en materia de seguridad.
Fomentar la igualdad de oportunidades para personas limitadas en su movilidad es algo que apoyo en todo momento con mucho gusto. Sin embargo, rechazo las disposiciones sin sentido y exageradamente intervencionistas en los detalles. No podemos introducir en el ámbito de competencias de la Comisión de la UE las funciones del European Committe For Standardisation , de la economía e incluso, en el sentido del principio de subsidiariedad, de los municipios. De modo que demandas como que los autobuses dispongan de rampas de 4 m. de largas en las subidas y en las bajadas, me parecen totalmente inmaduras.
Las demandas y la fijación de objetivos, formuladas desde la política, empujando a constructores y comerciantes de autobuses en general a encontrar soluciones innovadoras, me parecen más apropiadas para hacer algo por los discapacitados que establecer rígidos estándares europeos que rijan desde Finlandia a Sicilia. Aunque los problemas de las personas discapacitadas son similares en la Unión Europea, los Estados miembros, en sus esfuerzos por crear un lugar real en su propio medio para los discapacitados, deben tener también en cuenta las condiciones climáticas, territoriales, tradicionales y otras condiciones específicas.

Bangemann
Señor Presidente, no quisiera cometer el error de mi amigo Karel van Miert, y por eso voy a felicitar calurosamente al Sr. Murphy nada más empezar. En el debate se ha dicho ya que éste es un informe difícil, porque tuvimos que abordar una serie de cuestiones técnicas y hubo que hacer el intento de aceptar compromisos de todo tipo. Por ello me ocuparé especialmente de las cuestiones que fueron planteadas a la Comisión y de las que se desprende que se demanda más o que se pide algo distinto.
Primero quisiera referirme al hecho de que hay dos puntos de partida distintos en esta directiva. Una propuesta es la construcción del mercado interior mediante un sistema de homologación. Para ello necesitamos disposiciones precisas, pues sólo tales disposiciones precisas permiten que un modelo sea homologado. No se puede permitir que existan imprecisiones en la homologación. Necesitamos una armonización de las disposiciones técnicas a nivel comunitario. En una empresa tal, a veces no puede evitarse cierta complejidad. Estoy totalmente seguro que nuestra propuesta está siendo recogida en la prensa como un nuevo ejemplo de exceso de burocratismo. Si aceptásemos todas las enmiendas - creo que son 120 -, nos expondríamos aún más a ese peligro. Ahí tengo que dar la razón a algunos oradores. Naturalmente, una especialización y detallamiento tales pueden ser llevados al extremo, pero no se alcanzaría con ello lo que realmente se quería. En esto se necesita una cierta disposición para aceptar compromisos.
Pero también queremos solucionar problemas de seguridad. No sólo aspiramos al más alto nivel posible de seguridad en general para todos los vehículos de transporte, sino que queremos garantizar a los discapacitados - como quiera que se defina este concepto -, es decir, a las personas con movilidad reducida, un uso seguro. Estos son los objetivos.
Si uno mira las enmiendas, puede dividirlas, a grandes rasgos, en tres grupos. Por un lado, aquellas que corrigen fallos de la Comisión o que proponen mejores disposiciones técnicas. Esto siempre es deseable, y nos alegramos de poder aceptar plenamente todas esas 22 enmiendas. No quiero citar ahora los números de las mismas. Las tenemos aquí. Si les interesan, pueden examinarlas después. Por otro lado, tenemos un grupo por el que se modifican o se completan las exigencias técnicas que se han propuesto, y tenemos un tercer grupo en el que se proponen modificaciones esenciales respecto de algunos puntos delicados. Dentro de éste puede hacerse mención, por ejemplo, a la disposición excepcional prevista por la Comisión y dirigida a la situación particular del Reino Unido e Irlanda. Quisiera agradecer a los diputados británicos sus palabras de reconocimiento por haber tenido en cuenta esa situación excepcional - por cierto que en contra de las expectativas que manifestó la tan conocida por su seriedad prensa británica, en la que se publicaron anuncios de alarma según los cuales nosotros, tras el intento de prohibir las fish and chips , queríamos prohibir también los autobuses de dos pisos. No hemos hecho tal cosa. Espero que seamos alabados como corresponde por esa misma prensa.
Pero quiero llamar la atención sobre el hecho de que esto también es un compromiso entre la tradición nacional y las exigencias de la seguridad, y hasta ese punto puedo lógicamente comprender la alegría de los diputados británicos. Todo el mundo concederá que un autobús de dos pisos no es precisamente el más seguro, y también está claro que este tipo de autobús resulta de muy difícil acceso, por ejemplo, a las personas discapacitadas.
De todo esto resulta claro que al tratar todos estos problemas uno se mueve siempre en una línea que representa un compromiso. A pesar de todo, lo hemos hecho. No hemos llegado tan lejos, como nos ha pedido el Sr. Murphy, en el sentido de reconocerlo, en cierta manera, como un tipo. Por esta razón, hemos previsto también la posibilidad de que otros Estados miembros no autoricen en el territorio de su soberanía estas formas de autobús permitidas en un Estado miembro, porque en ellos no existe esa tradición. Nos gustaría seguir considerándola como una disposición excepcional.
Tenemos además dos enmiendas que podemos aceptar parcialmente y otras en su sentido. Lo que no podemos aceptar - y quiero decirlo claramente -, son otras propuestas técnicas o una ampliación a otras clases, porque pensamos que lo que hemos elaborado puede pasar - esperemos - por el Consejo. No estamos del todo seguros de ello, es decir, aquí seguimos hablando entre nosotros. Entendería totalmente que el Parlamento dijera: no, nosotros queremos fijar ante todo una posición, pero no quisiéramos aceptar esta. Que sea inteligente o no rechazar esta propuesta, lo dejo a la sabiduría de esta Asamblea, en la cual tengo, naturalmente, una confianza ilimitada. Quisiera reconocer que ya hemos llegado muy lejos, y ello después de mucho tiempo. También se ha dicho esto. Si se acepta sin aadidos demasiado grandes la propuesta de la Comisión y las enmiendas que podemos aceptar, también seguiremos avanzando.
Sobre el aspecto de la seguridad: también aquí hemos hecho un compromiso, porque tiene que haber una diferencia entre los autobuses empleados principalmente en el tráfico de corta distancia, en los cuales es necesario que se suba y se baje rápidamente para que el autobús pueda viajar razonablemente, y otros autobuses. Esos autobuses paran frecuentemente, por lo que, naturalmente, la accesibilidad juega un papel más destacado que en autobuses que recorren grandes distancias, que tienen principalmente plazas de asiento y que no paran mucho. Subir a este autobús puede tomar más tiempo.
Pero queremos estudiar también esta clase. Puedo asegurar que hemos empezado esa investigación, de modo que podemos abordar eventualmente esas exigencias más amplias. Pido que se comprenda que en nosotros haya jugado un papel el deseo de no cargar financieramente a las entidades explotadoras de autobuses, especialmente a las públicas, con exigencias exageradas. No debe perderse de vista que aquí no se trata generalmente de empresas privadas, sino de ciudades y regiones que deben llevar a cabo la financiación con recursos públicos y que por ello no pueden eludir la presión de los costes. Estamos convencidos de que con este plan gradual hemos propuesto una solución aceptable.
Creemos que es realista ordenar que todos los vehículos de transporte de la clase I ofrezcan accesibilidad a las personas con movilidad reducida a partir de la entrada en vigor de la directiva. Si no se armonizan las disposiciones se produce un peligro agudo para el mercado interior, pues algunos países miembros han empezado ya a desarrollar disposiciones propias.
Por lo que concierne a las otras clases de vehículos de transporte, tan pronto como sea posible, presentaremos sobre la base de la investigación en curso, como ya hemos dicho, una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo, basada en dicho estudio, que tratará también sobre la modificación de la directiva y contendrá exigencias técnicas para los vehículos de transporte de la clase II que sean empleados en el transporte urbano y en el interurbano. Esta es nuestra posición. Sé que no satisface todas las demandas que aquí han sido expresadas.
No sé lo que el Parlamento decidirá mañana. Pero estamos aquí en la primera fase, y deberíamos hacer lo que realmente hacemos siempre. Si ustedes creen que hay que llegar por mayoría a una posición que vaya más lejos, pueden hacerlo gustosamente, pero no disparen sobre el pianista. Nosotros somos el pianista. Tenemos que tocarle esta melodía al Consejo y esperar un aplauso. Pero yo espero que en el procedimiento posterior logremos mejoras que quizás se orienten más en su dirección. En todo caso, no se fracasará por culpa de la Comisión.

Murphy
Señor Presidente, agradezco al Comisario sus observaciones y tomo nota en particular de las relativas a que los autobuses de dos pisos son menos seguros o menos accesibles. Si dispone de dos horas libres, podría venir conmigo a Birmingham, que tiene la mayor densidad de autobuses o autocares de Europa, y montar conmigo en los únicos autobuses de dos pisos y de suelo bajo que funcionan en Europa y que cumplen estas normas y otras más estrictas. De modo que, si dispone de unas horas libres, le llevaré de gira por West Midlands.

Bangemann
Naturalmente, acepto su invitación. Lo único que he hecho ha sido preguntar por qué, si la situación es como dice Su Señoría, pide Su Seoría que se haga una excepción para esos autobuses. ¿Por qué no pueden acogerse a las normas generales?

Murphy
Señor Presidente, tengo que hacer una rectificación en este caso. De conformidad con mis propuestas, se suprimiría, en realidad, la excepción y se daría a esos vehículos el mismo tratamiento que a cualesquiera otros, porque es que estoy convencido de que son tan seguros para los pasajeros como otros tipos de vehículos.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Intercambios de bienes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0102/98) de la Sra. Lulling, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre las propuestas de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por las que se modificanI - el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (COM(97)0252 - C4-0248/97-97/1055(COD))II - el Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre los Estados miembros, en lo que se refiere a la nomenclatura de los productos, SLIM e Intrastat (COM(97)0275 - C4-0257/97-97/0162(COD))

Lulling
Señor Presidente, todos nosotros sabemos que las estadísticas gozan de cierta impopularidad, sobre todo por parte de los que deben proporcionar los datos.
En 1993, la entrada en vigor del mercado único y la supresión de los controles fronterizos tuvieron como consecuencia la supresión de las declaraciones correspondientes del IVA y de las estadísticas, cuya fiabilidad corría a cargo de los servicios aduaneros.
Fue creado Intrastat. Su primer objetivo es garantizar, con el mínimo coste para el conjunto de los actores, a saber las empresas de administración nacionales y comunitarias, el suministro de estadísticas fiables y actuales sobre los intercambios de bienes comunitarios. Las empresas, sobre todo las PYME, no lo vieron con muy buenos ojos. La instauración de Intrastat ha dado lugar a una reflexión en cuanto al modo de simplificar la tarea de los suministradores y en cuanto a la reducción del coste para los actores obligados a suministrar la información estadística, ya que el coste relativo de las cargas administrativas crece a medida que disminuye el tamaño de la empresa.
En lo relativo a la fiabilidad, debemos desgraciadamente constatar, después de cinco años de existencia, que el funcionamiento de Intrastat no es satisfactorio a pesar de que el coste total anual, para las 450.000 empresas que efectúan declaraciones, se estima en 500 millones de ecus, a los que hay que añadir 100 millones para la explotación por parte de los recopiladores nacionales. Dicha insuficiente fiabilidad puede ser ilustrada por lo que, en la jerga de los técnicos, se conoce como "estadísticas especulares», que ponen de manifiesto la gran incoherencia de los resultados.
De este modo, este ejercicio de simulación, que consiste en sustituir las llegadas de cada Estado miembro por la cantidad de expediciones de los otros catorce Estados, nos ha mostrado, por ejemplo, que en 1996 las importaciones de Alemania deben ser aumentadas en 19.000 millones de ecus y las de Francia en 11.000 millones de ecus. Para Alemania, esto significa que el excedente de su balanza comercial se reduce a cero, y para Francia, que su déficit se agrava y pasa de 7.000 millones a 18.000 millones de ecus.
Señor Presidente, debemos pronunciarnos sobre dos propuestas que proceden de la iniciativa SLIM. Por desgracia, éstas no representan todas las propuestas del equipo SLIM, cosa tanto más sorprendente por cuanto éstas habían sido bien recibidas por la Comisión y el Consejo. Por si fuera poco, los Estados miembros no parecen ni siquiera estar dispuestos a aceptar estas propuestas simplificadas respecto a los resultados de SLIM. Durante toda la elaboración de mi informe, tuve que vérmelas con los lobbies de las grandes federaciones de la industria, que temen que la mini-simplificación propuesta en el ámbito de la nomenclatura les haga perder informaciones que consideran indispensables para su política comercial y que sólo podrán obtener a base de muchas investigaciones costosas.
He querido poner de manifiesto estos intereses divergentes y hasta contrapuestos de los diferentes actores, es decir, por un lado las empresas de las PYME interesadas en que haya una reducción significativa de la carga en materia de declaración y, por el otro, los usuarios interesados en que se faciliten informaciones detalladas y de calidad respecto de los intercambios intracomunitarios.
Ahora bien, estando así las cosas y después de haber organizado en comisión una audición sobre estos elementos antagonistas, he propuesto unas enmiendas que tienen por objeto conciliar todos estos intereses, enmiendas que la Comisión de Asuntos Económicos ha aceptado, señor Comisario, en bloque y por unanimidad.
Quisiéramos evitar a toda costa que estos Reglamentos supusieran un impacto de simplificación reducido respecto a la propuesta inicial de la Comisión. Por el contrario, sentimos comprensión respecto a las federaciones e industrias que temen que la simplificación de la nomenclatura conduzca a un empobrecimiento de las estadísticas al no permitir ya el análisis de los mercados.
Sabrá, señor Martin, que la viticultura me interesa mucho. Una reducción de las subdivisiones de 8 a 6 ya no facilitaría, en efecto, las informaciones detalladas necesarias, es decir, la naturaleza del vino, tinto o blanco, el origen regional. Lo que para este producto es importante no lo es para otros. Así, por ejemplo, cuando se trata de bombas centrífugas, no es totalmente necesario saber si están destinadas a aeronaves, si se trata de bombas sumergidas, unicelulares o multicelulares, etc.
Por lo tanto, les proponemos limitar la carga en materia de declaración suprimiendo los datos no pertinentes, por ejemplo, el modo de transporte y los datos facultativos, les proponemos limitar el número de PYME sometidas a la obligación de facilitar elementos estadísticos detallados, simplificar la utilización de la nomenclatura combinada, al tiempo que se conserva una nomenclatura única para los intercambios intracomunitarios y los intercambios con los países terceros, instaurar una cooperación con las administraciones nacionales y los representantes a nivel europeo de los suministradores y usuarios de informaciones estadísticas, y de preservar en el marco de dicha cooperación un plazo de información suficiente para responder a las necesidades particulares de algunos sectores como el del vino que ya he citado.
Evidentemente, reconocemos con esto la necesidad de preservar el nivel de conocimientos sobre los intercambios intracomunitarios y complacemos así a la Comisión de Política Regional. Sabemos que todo esto no constituye una auténtica reforma del sistema. Se trata, señor Presidente, de un primer paso, de un primer paquete de medidas que habrán de ponerse en práctica a la espera de una simplificación más radical.

Martin, Philippe-Armand
Señor Presidente, Señorías, para el conjunto de las empresas y de las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea, la entrada en vigor del mercado único ha trastocado profundamente las prácticas administrativas relativas a los intercambios de bienes entre los Estados miembros. Se han modificado las declaraciones de IVA y de estadísticas, que anteriormente corrían a cargo de los servicios aduaneros. Ahora bien, es lógico que las necesidades de información no hayan desaparecido a pesar de todo.
En este informe, nuestra colega Astrid Lulling precisa que es necesario que los datos sean fiables. De este modo, la cifra de las exportaciones de un Estado miembro debería, por norma general, ser igual a la suma de las exportaciones de los otros Estados miembros al Estado en cuestión. Pero resulta que el desfase total es del orden del 4, 6 %. Si se utilizara una cifra en lugar de otra, el déficit comercial francés de 6.400 millones de ecus se vería más que duplicado. Sin embargo, habida cuenta de la necesidad de simplificar los trámites administrativos de las empresas, la Comisión nos presenta dos propuestas que permiten simplificar estas declaraciones.
En lo relativo a este objetivo, sólo nos cabe saludar la iniciativa de la Comisión. Todas las enmiendas propuestas por el ponente van en este sentido y no puedo sino aprobarlas. A pesar de esto, junto a algunos de mis colegas, he querido presentar una enmienda complementaria. En efecto, el hecho de modificar la nomenclatura no debe reducir la información que sea necesaria, tanto para las empresas como para las organizaciones profesionales. Que el número de cifras de la nomenclatura pase de ocho a seis podrá suponer la supresión de un elemento esencial. En el caso del vino, que recordaba hace un momento la Sra. Lulling, ya no se podrían disociar los intercambios intracomunitarios de un Estado miembro a otro Estado miembro, de Burdeos, de Borgoña, de vinos de la tierra, de Champagne, etc. Así pues, mi enmienda tiene por objeto pedirle a la Comisión que procure que estas modificaciones no acarreen estas pérdidas de información.

Gasliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quisiera expresar, en nombre del Grupo Liberal, nuestra felicitación por el trabajo continuado de la Sra. Lulling en el ámbito de las estadísticas que, como sabemos, es un trabajo poco agradecido. Pero los que seguimos sus esfuerzos hemos de reconocerlos porque responden a una necesidad evidente de la nueva dimensión económica y monetaria que va a adoptando la Unión Europea.
Para orientar bien la actividad, la política económica y la política monetaria, es necesario, evidentemente, como ya hemos discutido en otros informes relacionados con temas estadísticos, disponer de una información fiable.
El informe de la Sra. Lulling, apoyado por unanimidad por la Comisión de Asuntos Económicos en las propuestas de enmienda que ella hace a las propuestas de la Comisión, responde a una situación que ella sabe equilibrar perfectamente, es decir, eliminar una carga excesiva para las empresas de pequeña y mediana dimensión, mantener la fiabilidad de las cifras necesarias para no perder una información adecuada y mantener otra información, que existe ahora, a la que también hace referencia su informe: la dimensión regional de las estadísticas. Es decir, que cuando hablábamos, por ejemplo, del sector del vino, hay que tener en cuenta las diversas regiones vitivinícolas en la Unión Europea -yo podría añadir a las que se han citado antes las del Penedés, por ejemplo- y que en esas regiones el conocimiento de los intercambios dentro de los mercados de la Unión Europea resulta obviamente de enorme valor, no sólo para el establecimiento de las políticas comerciales adecuadas de la Unión, sino también para la fijación de las estrategias comerciales de las empresas.
Por lo tanto, reitero nuestro apoyo a las enmiendas presentadas por la Sra. Lulling y quiero felicitarla de nuevo por su trabajo.

de Silguy
Señor Presidente, señoras y señores, en primer lugar celebro la presencia de los miembros a hora tardía y felicito a la Sra. Lulling por su excelente informe, resultado de la iniciativa SLIM que tiene por objeto simplificar la legislación del mercado interior.
En el marco de dicha iniciativa, la Comisión presentó en junio de 1997 dos propuestas de reglamento al Parlamento Europeo y al Consejo con el fin de simplificar la reglamentación de base para el sistema de las estadísticas del comercio intracomunitario Intrastat. Estoy de acuerdo con la Sra. Lulling cuando defiende la mejora, también estoy de acuerdo con el Sr. Martin. Desgraciadamente, a menudo constatamos que las estadísticas no coinciden cuando se comparan. Sin embargo, el objetivo de esta propuesta no es corregir el fallo constatado.
Nos esforzamos actualmente en mejorar nuestros sistemas, pero para corregir el fallo que han señalado necesitamos tener respuestas. Ahora bien, todos los Estados miembros no responden. Además, las respuestas deben ser fiables y no sólo parciales.
No mezclemos los ejercicios. En este caso se trata de un ejercicio de simplificación. El ejercicio de mejora que conviene realizar y que nos esforzamos en realizar no está incluido en el presente proyecto de reglamento. Éste se divide, por lo demás, en dos partes, una primera propuesta con vistas a reducir el número de datos recogidos y una segunda que introduce una aplicación simplificada de la nomenclatura de los bienes utilizada para clasificar los productos intercambiados. Le recuerdo que en la actualidad dicha nomenclatura tiene más de diez mil códigos.
La puesta en funcionamiento del sistema Instrastat en 1993 ya había permitido exonerar a cerca del 60 % del conjunto de las operaciones comerciales intracomunitarias gracias a la utilización de los umbrales estadísticos. Les recuerdo que antes de 1993, es decir, antes del mercado único, cualquier movimiento intracomunitario estaba sujeto a formalidades administrativas, en especial a la declaración del IVA. El sistema estadístico se apoyaba en estas declaraciones del IVA, lo cual es sumamente gravoso, sobre todo para las PYME e incluso para las microempresas.
El objeto de las dos propuestas que están examinando hoy consiste en introducir nuevas simplificaciones de estas obligaciones administrativas con el fin de obtener una reducción suplementaria de la carga en materia de declaración para las empresas. Estas simplificaciones se inscriben en el marco de un proceso a corto plazo, al que se aplican asimismo otros dos reglamentos de la Comisión, ya aprobados y que tienen por objeto una declaración simplificada de la masa neta de las mercancías y de su valor estadístico.
Las propuestas son el resultado -y con esto contesto a algunas de sus preocupaciones- del compromiso de la Comisión en el marco del proyecto SLIM y representan las primeras medidas legislativas concretas con vistas a simplificar la legislación relativa al mercado interior. Pero responden también a las numerosas quejas de las empresas respecto a la carga excesiva de sus declaraciones estadísticas y en especial a las dificultades de clasificación de los productos en función de la nomenclatura de los bienes.
Puedo decirles que, sin ir más lejos, esta misma tarde, antes de llegar a la sesión, y aunque esto no tenga nada que ver con el tema que estamos debatiendo, he recibido una llamada telefónica de un industrial que se quejaba amargamente de este sistema de estadísticas debido a que genera cargas que él considera excesivas. Así pues, debido a sus propuestas la Comisión se ha visto en la situación de buscar el justo equilibrio entre, por una parte, los intereses de los suministradores de las estadísticas del comercio y, por la otra, los de los usuarios. Tal como dice la Sra. Lulling, estos intereses son, a menudo, contrapuestos y se han puesto de manifiesto con motivo de las consultas que hemos llevado a cabo, en especial con los representantes de las federaciones europeas y las administraciones nacionales.
La Comisión le da una gran importancia a la obtención de resultados legislativos concretos en el marco del ejercicio SLIM. De ahí que se congratule por el apoyo de esta Asamblea a sus dos propuestas.
Puedo decirles que la Comisión está en condiciones de retomar el conjunto de enmiendas de su ponente. Si no está en condiciones de incorporar la enmienda nº 9 del Sr. Martin, no es debido a un problema de fondo, sino a que va más allá del problema de la nomenclatura objeto del proyecto de reglamento. Por otra parte, el espíritu de la enmienda se recoge en otras enmiendas anteriores, que la Comisión sí puede aceptar. Sin embargo, entre las enmiendas de su ponente, hay una que la Comisión no puede aceptar. Se trata de la enmienda nº 2 al apartado 4.b de la parte A.1. La Comisión, al igual que ustedes, es favorable a la supresión del dato "condiciones de entrega», pero esta supresión no puede ser inmediata. Este dato lo utilizan actualmente los institutos nacionales de estadística para calcular el valor estadístico de los intercambios a los que la Sra. Lulling se refería hace un momento. Antes de suprimirlo, hay que establecer un nuevo método de cálculo con el fin de prevenir cualquier problema de cifras, especialmente en materia de balanza de pagos.
Se trata pues de introducir un periodo transitorio que nos permita, así como a los Estados miembros, adaptar los sistemas estadísticos.
En cualquier caso, y ya para finalizar, señor Presidente, señora ponente, señoras y señores, la Comisión comparte su punto de vista. Interesa concentrarse en las simplificaciones para las PYME, introduciendo umbrales en la recogida de algunos datos.
Les agradezco su atención.

El Presidente
Gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
Las votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 23.00 horas)

