Daños y perjuicios por incumplimiento de las normas de defensa de la competencia (Libro verde) (debate)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe, del señor Sánchez Presedo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el Libro Verde: Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia
Antolín Sánchez Presedo 
ponente. - (ES) Señor Presidente, Comisaria Kroes, queridos colegas, la existencia de libertad económica, el funcionamiento del mercado interior y la sostenibilidad del desarrollo europeo son inseparables de la política de la competencia. Desde la firma del Tratado de Roma, hace 50 años, su importancia no ha dejado de aumentar. La competencia es un indicador de la vitalidad y excelencia europea, una política clave para cumplir la estrategia de Lisboa y alcanzar los objetivos de la Unión.
Las infracciones anticompetitivas alteran el juego limpio, influyen en las corrientes de intercambios entre los Estados miembros y disminuyen la confianza en las reglas, frenan el dinamismo y los resultados de la Unión. Es importante disponer de medios de disuasión y de reacción.
El tratamiento de las infracciones se ha venido realizando principalmente mediante acciones públicas de carácter administrativo. La centralización de la aplicación del apartado 3 del artículo 81 -a través del control a priori por la Comisión, atenuada con los reglamentos de exenciones a partir de los años 80- fue víctima de su propio éxito; la demanda de más y mejor competencia desveló su ineficiencia económica y su insuficiencia jurídica.
El papel de las acciones privadas fue subrayado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuando la sentencia Courage versus Crehan de 2001 reconoció la posibilidad de que cualquier persona reclamara ante los órganos jurisdiccionales nacionales los daños y perjuicios ocasionados por el infractor.
La modernización del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo rompió el monopolio de la Comisión y reconoció un sistema más abierto, aplicable descentralizadamente por las autoridades administrativas integrantes de la red de autoridades comunitarias de la competencia y también directamente por las autoridades judiciales nacionales.
La posibilidad de acciones privadas no es algo exótico, sino el retorno a la jurisprudencia clásica de que el Derecho comunitario impone obligaciones a los Estados y a los particulares, y produce efectos verticales y horizontales susceptibles de protección judicial. Su uso en los Estados miembros -según el estudio encargado por la Comisión- revela una sorprendente diversidad y total subdesarrollo -a diferencia de los Estados Unidos, donde nueve de cada diez procedimientos de aplicación son judiciales-. El ponente valora positivamente la divulgación por la Comisión de un Libro Verde para identificar los obstáculos en el ejercicio de acciones privadas y obtener respuestas para su remoción.
En un sistema de competencia avanzado, la acción pública contra la impunidad de los infractores debe complementarse con las acciones privadas contra la inmunidad e indemnidad por los daños ocasionados a las víctimas de su conducta. Facilitar el ejercicio de acciones privadas hará más efectivas las reglas de competencia. Responde a razones de eficiencia y de justicia. La imposición de multas es insuficiente si no se acompaña de acciones privadas que impidan que el infractor goce de ventajas frente a los competidores a causa de la infracción y compense a las víctimas por los daños ocasionados. El informe considera que las acciones públicas y privadas forman dos pilares con la finalidad complementaria de salvaguardar la disciplina de mercado propia del interés público y proteger los intereses privados de los participantes.
La aplicación del Derecho comunitario de la competencia por autoridades administrativas y judiciales no debe conducir a quebrar la uniformidad de su implementación. Una resolución no puede variar según la naturaleza de la autoridad que la adopte. Este es un punto crítico. Es necesario mantener el acervo comunitario y la eficacia de los programas de clemencia, coordinar acciones públicas y privadas e intensificar la cooperación entre todas las autoridades competentes.
El informe propone un modelo comunitario acorde con la cultura jurídica de la Unión, que tiene presente las tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Rechaza un deslizamiento hacia el modelo norteamericano por no compartir la conveniencia de introducir sus características singulares como la posibilidad de autoridades judiciales integradas por no profesionales -las class actions-, la fijación de indemnizaciones por el triple de daños, los excesos en el acceso a documentos y el sistema de honorarios profesionales o costas procesales.
Hay que compensar las asimetrías y evitar la irresponsabilidad, sin quebrantar el principio procesal de igualdad de armas ni estimular artificialmente la litigiosidad. Se trata de alentar el uso racional de las acciones legales, y no el activismo judicial y, sobre todo, de propiciar la solución amigable y temprana de conflictos.
La competencia comunitaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Los procedimiento administrativos o jurisdiccionales nacionales no alteran esta condición y no deben impedir que existan pautas u orientaciones comunes para las sanciones, según los principios de mejor legislación.
Termino agradeciendo al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, señor Doorn, su valiosa colaboración, la ayuda de los ponentes alternativos y las aportaciones de los enmendantes.
Aprecio el diálogo constante y ejemplar mantenido con la Comisión durante la redacción del informe y animo a la Comisaria a que siga dando muestras de su compromiso en el próximo Libro Blanco.
Neelie Kroes
Señor Presidente, Señorías, esta noche estamos aquí para tratar una cuestión de importancia fundamental: los derechos.
El Tribunal ha sido claro: el derecho a indemnización por daños y perjuicios es necesario para garantizar la efectividad de las normas comunitarias en materia de competencia. Pero los consumidores y los clientes empresariales no hacen uso de sus derechos. La realidad es que los daños y perjuicios no se compensan, mientras la sociedad y la economía absorben las pérdidas. Esto es claramente injusto, incompatible con nuestra Comunidad de Derecho y contraviene nuestros objetivos de competitividad compartidos. La Comisión Europea, y creo que la mayoría de los diputados a esta Cámara, no tolerarán esta situación.
Nuestro Libro Verde expone los problemas. La búsqueda de soluciones adecuadas requiere un planteamiento cuidadoso y comedido, basado en las tradiciones jurídicas europeas, y desarrollado a través del diálogo con las partes interesadas y, en particular, con el Parlamento. Por ese motivo, la Comisión presentará un Libro Blanco, acompañado de una evaluación de impacto, para seguir debatiendo alrededor de finales de año.
El informe del señor Sánchez Presedo aporta muchas cosas pertinentes a este proceso. Quisiera felicitar muy sinceramente al ponente y dar las gracias a los ponentes alternativos y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios por toda su labor. Asimismo quisiera dar las gracias al señor Doorn y a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos por su contribución. A la hora de elaborar el Libro Blanco tendremos muy en cuenta todas las recomendaciones del Parlamento.
Soy consciente de que a algunos les preocupa que la promoción de acciones privadas por daños y perjuicios pudiera conducir a una cultura de litigación similar a la de los Estados Unidos. Tendremos esto en cuenta a la hora de redactar el Libro Blanco. Pero en la actualidad la balanza se inclina en contra de las víctimas. Es preciso encontrar soluciones europeas equilibradas. Solamente deberían desarrollarse soluciones comunes que cumplan estrictos criterios de proporcionalidad y subsidiariedad en aquellos casos en que las normas nacionales no garanticen efectivamente el derecho a indemnización por daños y perjuicios.
También he oído decir que la proliferación de acciones privadas generará costes adicionales para las empresas. Hace años escuchamos argumentos similares con respecto al principio de "quien contamina paga", en relación con el medio ambiente. El hecho es que en la actualidad los cárteles y otros abusos provocan costes enormes, pero ocultos. La investigación empírica demuestra que los cárteles internacionales aumentan los precios más de un 20 %. Las últimas decisiones tomadas por la Comisión sobre los cárteles afectan al caucho sintético, los conmutadores con aislamiento gaseoso y el cristal acrílico. Todos estos cárteles han incrementado los costes de los insumos de las empresas y han mermado la competitividad europea. Ha llegado la hora de introducir el principio de "quien infringe la competencia paga". No olvidemos que mientras algunas industrias no tienen más remedio que generar cierto grado de contaminación para desarrollar su actividad, en el entorno de la competencia no hay necesidad ni excusas para cometer infracciones. Puede que a los infractores no les guste tener que reparar los daños que ocasionan, pero de entrada simplemente no deberían incumplir las normas. De ellos depende.
Creo que merece la pena luchar por garantizar que las empresas y los consumidores no salgan perdiendo debido al comportamiento ilegal de algunas empresas. Sinceramente espero que el Parlamento emita esta semana un enérgico mensaje de apoyo a este objetivo. Más adelante trataremos los detalles, basándonos en un Libro Blanco equilibrado y comedido que se someterá al vigoroso y valiosísimo escrutinio de esta Asamblea.
Bert Doorn 
ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos. - (NL) Señor Presidente, creo que es la tercera vez que me dirijo a esta Cámara casi a medianoche para hablar del tema de la legislación en materia de competencia. No estoy seguro de las razones de ello, pero resulta extraño que sea considerado, de cierta manera, un tema nocturno.
En mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, me gustaría hacer unas cuantas observaciones. La cuestión fundamental consiste en saber si los ciudadanos y empresas que han sufrido daños como consecuencia de la infracción de la legislación en materia de defensa de la competencia tienen derecho a recibir una indemnización. Yo creo que sí, al igual que la Comisión de Asuntos Jurídicos. Creemos que en tales casos debe existir un derecho a ser indemnizado en los Estados miembros, los cuales deben establecer un procedimiento de este tipo, aunque su organización les compete exclusivamente a ellos. En algunos Estados miembros, la Administración deberá primero demostrar que se ha cometido una infracción. En otros, este procedimiento se llevaría a cabo de forma diferente, pero todo de conformidad con los procedimientos de los Estados miembros. Después de todo, también es necesario determinar si Bruselas puede imponer este tipo de procedimientos a los Estados miembros. Podemos convencerles de que es necesario introducirlos, pero imponerlos es, en nuestra opinión, una cosa completamente distinta. Estamos hablando, después de todo, no de derecho de la competencia, sino de derecho civil, el cual, al igual que el derecho penal, es competencia exclusiva de los Estados miembros y algo en lo que la Unión Europea no puede intervenir. Es por ello por lo que abrigamos serias dudas sobre la posible base jurídica para las medidas legales europeas destinadas a introducir este tipo de procedimientos.
Otro tanto sucede, de hecho, con todas las cuestiones y observaciones que figuran en el Libro Verde relativas a la presentación de pruebas, por ejemplo, la contratación de expertos o las actividades de grupos. Todos estos ejemplos entran en el ámbito de aplicación del derecho civil nacional, ámbito en el que la Unión Europea no puede prescribir legislación alguna. Estas son las principales observaciones que hemos hecho en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Jonathan Evans
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (EN) Señor Presidente, la Comisaria ha indicado en su intervención que esperaba que el Parlamento respaldase firmemente la adopción de medidas en este terreno. Quisiera dejar claro, en nombre de mi Grupo, que celebramos la publicación del Libro Verde y esperamos con interés la publicación del Libro Blanco. Creemos que los derechos de las personas en esta materia no se respetan debidamente y sin duda queremos garantizar que se haga más de lo que se esta haciendo hoy por hoy.
Sin embargo, como ya ha señalado la propia Comisaria, esto requerirá un delicado equilibrio, especialmente por los motivos esbozados por el señor Doorn y a raíz de la audiencia organizada por el señor Sánchez Presedo, en la que dedicamos medio día a examinar estas difíciles cuestiones.
Por mi parte, estoy firmemente dispuesto a seguir avanzando en esta materia en el marco del programa de trabajo general de la Comisión con respecto a la modernización de la política de competencia, así que no debe caber la menor duda de que animamos a la Comisión a que tome medidas adicionales.
Sin embargo, como ha dejado claro la Comisaria, tanto en los Gobiernos de los Estados miembros como en la comunidad empresarial existe una verdadera preocupación por evitar las experiencias de los Estados Unidos. No basta con decir "no haremos lo que han hecho los Estados Unidos", especialmente cuando -hay que decirlo, después de examinar en detalle la cuestión- el informe del señor Sánchez Presedo trata de resolver todas estas dificultades mediante la inversión de la carga de la prueba, introduciendo los daños punitivos -al menos en relación con los cárteles- y la justicia gratuita, confundiendo las competencias de la UE con las nacionales, cambiando las normas con respecto a la divulgación de información y excluyendo de la valoración de los costes de esta litigación todo principio relativo a la subsidiaridad, la proporcionalidad o la existencia de un fundamento jurídico adecuado.
Por lo tanto, cuando nos preguntan por qué nos preocupa este informe, es porque se ha convertido en un árbol de Navidad con demasiados adornos. Estamos a favor de abrir la puerta, pero realmente no de fomentar un proceso que nos lleve por el camino de los Estados Unidos, en contra de los deseos de la Comisión y de los de todas las personas que han trabajado en torno a este informe.
Ieke van den Burg
en nombre del Grupo del PSE. - (NL) Señor Presidente, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo hace suya la iniciativa que ha tomado la Comisaria en este Libro Verde. Es por esta misma razón por lo que consideramos que no es oportuno en estos momentos examinar con más detalle una serie de puntos. Queremos que se conceda a la Comisión la oportunidad de examinar detenidamente una serie de cosas y posteriormente hacer un seguimiento de ellas mediante evaluaciones de impacto para conocer sus efectos. Después de todo, en relación con el Libro Verde puedo imaginarme que también nosotros llegaremos a la conclusión de que no es la mejor vía y que es necesario elaborar o desarrollar aún más algunas cosas; sin embargo, no deseamos tomar una decisión al respecto en estos momentos. Es por ello por lo que pedimos al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos que reconsidere varios de estos puntos o que quizá presente una fórmula que dé un poco más de margen para la conclusión, de modo que, en todo caso, la Comisión tenga la oportunidad de seguir examinando esta cuestión. En ese caso, volveremos a examinar de modo crítico nuestras propias enmiendas. Así pues, quiero invitar a Sus Señorías a que mañana examinemos con más detenimiento esta cuestión.
Por lo que a mi respecta, me gustaría abordar esta cuestión desde un punto de vista neerlandés, ya que en los Países Bajos tiene lugar un acalorado debate sobre este mismo tema; por fin la gente comienza a saber lo que significa la política de competencia a nivel europeo y cómo luchar contra estos cárteles, ya que en un procedimiento contra cerveceros neerlandeses, la Comisión ha impuesto elevadas multas. Sin lugar a dudas, este es un tema en el que los Países Bajos se consideran una autoridad. Se trata de un ejemplo muy elocuente, porque los miembros de este cártel de la cerveza, que ejercen una enorme influencia sobre el sector de la hostelería, concertaban precios entre sí, a resultas de lo cual la gente, los clientes, pagaban más por su cerveza, tema que ha sido objeto de debate en los Países Bajos desde la introducción del euro. Sin embargo, este ejemplo demostró una vez más que las multas impuestas primero se pagan a la Comisión Europea antes de canalizarse hacia los Estados miembros, y no terminan directamente en estos consumidores. Es probable que los empresarios hosteleros inicien acciones legales contra estos fabricantes de cerveza para intentar recuperar una parte de sus daños, pero esto no beneficia en absoluto al consumidor, al usuario final. En este sentido, este ejemplo resulta muy interesante para ver cómo se puede avanzar, ya que, después de todo, es el usuario final el que es engañado por los cárteles de este tipo. Este ejemplo demuestra igualmente lo que he dicho, y quisiera pedir a esta Cámara que mantenga la puerta abierta para ver qué podemos hacer para que el consumidor, el usuario final, salga más beneficiado de esta política de defensa de la competencia.
Sharon Bowles
en nombre del Grupo ALDE. - (EN) Señor Presidente, cuando tratamos por primera vez el Libro Verde de la Comisión me sentí como una especie de Casandra de nuestros días que auguraba todo tipo de males. Tal vez a mí me ha ido mejor que a Casandra, ya que usted, señora Comisaria, y el ponente se han tomado en serio algunas de mis preocupaciones, no sé si denominarlas "predicciones". Mis preocupaciones, aunque quizás solamente de forma suave -demasiado suave para algunos de mis colegas- están reflejadas en el informe que estamos debatiendo. Por ello puedo apoyar que tenga usted la posibilidad de explorar las opciones tanto de las acciones de continuación como las aisladas. Puedo compartir la visión del reconocimiento mutuo de las decisiones, pero quisiera dejar claro que eso será en el futuro, no ahora.
Mis principales reservas tienen que ver con la cuestión de cuánta zanahoria hay que ofrecer para hacer que el sistema arranque, especialmente en lo que respecta a las acciones aisladas. Puede usted tomar nota del informe sobre este tema que acaba de publicarse en el Reino Unido. Si la zanahoria es demasiado grande, bien para el consumidor, bien para los abogados o las empresas que compiten, me temo que, por mucho que trabajemos nuestras reglas, corremos el riesgo de vernos empujados hacia algunos de los peores aspectos de las acciones por daños y perjuicios de las que tenemos noticias en los Estados Unidos. Y he dicho "empujados" porque así es como sucede. Nadie llega hasta ese punto voluntariamente. Con todo el territorio de la UE para el vencedor, habrá que establecer un delicado equilibrio.
Otra de mis prioridades consistiría en garantizar que las acciones están bien fundamentadas y que no acabamos admitiendo el tipo de acciones de chantaje que se producen en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo en que será difícil hacerlo bien y que habrá que tener en cuenta las diferencias nacionales de práctica y tradición jurídicas, pero si lo conseguimos será un instrumento muy útil que merecerá la pena tener. También yo espero con interés el Libro Blanco, pero les advierto que todavía no he colgado mis vestiduras de Casandra.
Pervenche Berès
(FR) Señor Presidente, señora Comisaria, tiene ante usted una ardua tarea, pues veo que las opiniones de un lado y otro difieren mucho. Por un lado, contará con el apoyo de cierto número de asociaciones de consumidores, que celebrarán su propuesta. Por otro, habrá numerosos grupos de interés que denunciarán los riegos de un enfoque como este en materia de derecho de la competencia.
Sin embargo, desde el momento en que propone una iniciativa en un ámbito que es el suyo en materia de lucha contra los cárteles, se sitúa usted en un nivel en que la acción de la Comisión será sin duda menos discutida que en otros ámbitos. Pienso en especial en el modo en que la Comisión evalúa tal o cual propuesta de fusión.
En el ámbito de los cárteles, el terreno es, en cierto modo, más favorable a un acuerdo amplio entre los Estados miembros y los agentes públicos. La idea es, en el fondo, completar la acción pública con una acción privada. Todavía nos encontramos en la fase preliminar y nos damos perfecta cuenta de que el camino estará sembrado de trampas. Hay algunos, como mi colega Doorn, que piensan que la Comisión no debe pronunciarse sobre iniciativas en este ámbito, porque se supone que todo esto depende del Derecho civil de los Estados miembros. Y también hay quienes -creo por lo demás que todos los oradores de esta noche se han pronunciado en este sentido-, se preocupan por los posibles abusos de una iniciativa como esta y, cuando pensamos en abusos en este terreno, todo el mundo tiene en mente el abuso del sistema estadounidense, en el que las víctimas a las que la defensa pretende ayudar son en realidad -si se me permite decirlo con estas palabras- la gallina de los huevos de oro de las profesiones jurídicas. Está claro que nadie en esta Cámara desea que el Derecho de la competencia europeo se embarque en un sistema de este tipo.
Nos ha anunciado usted un libro blanco y un estudio de impacto: una vez más, examinaremos sus propuestas con el propósito de ayudarle, con el deseo de mejorar, mediante dichas propuestas, la capacidad del Derecho de la competencia para responder a las preocupaciones de los ciudadanos y a lo que pueden esperar normalmente de una justa aplicación del Derecho de la competencia.
Pero, una vez más -y no soy la primera que lo dice esta noche-, no cuente con nuestro apoyo para nada que pueda embarcarnos en un abuso de los procedimientos que ayude a enriquecer a profesiones que, por cierto, encuentran muchas otras maneras de asegurarse un volumen de negocio. Con este espíritu de franqueza y con el deseo, demostrado a menudo en esta Cámara, de defender los derechos de los consumidores, apoyaremos y examinaremos sus propuestas.
Diana Wallis
(EN) Señor Presidente, quisiera dar las gracias a la señora Comisaria por su iniciativa, así como al ponente por su informe. Quiero centrarme en las posibles acciones de los consumidores, denominadas acciones colectivas o populares. Estas no deberían ser el ogro de las empresas, tal como se pintan con frecuencia. Si queremos consumidores informados y responsables que no necesitan el paternalismo del Estado, tratar a los consumidores como adultos conlleva que les permitamos emprender acciones conjuntamente para obtener una reparación. Después de todo, ¿por qué debería ser exclusivamente el Estado el que haga cumplir la ley en las cuestiones de defensa de la competencia? El consumidor es quien sale perdiendo debido al comportamiento anticompetitivo, pero a menudo no obtiene ninguna compensación ni reparación.
No hay nada temible en proponer esto: el derecho a la acción judicial ya ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia Europeo. Lo que debemos hacer es facilitarlo, hacer que la justicia sea accesible para los que salen perdiendo y garantizar que la indemnización se distribuya de forma equitativa, no solamente entre los pocos privilegiados.
Este debe ser el planteamiento que complementa el deseo de tener consumidores informados, dándoles verdadero poder mediante el refuerzo de la justicia. De hecho, esto debería contribuir a que funcione mejor nuestro mercado interior. Los consumidores son a menudo los que mejor saben juzgar qué es nocivo para la competencia. No deberíamos tener miedo a utilizar esta fuerza en beneficio de todos.
Todos tenemos claro que no queremos acciones colectivas al estilo estadounidense, así que ahora tenemos una oportunidad única de diseñar una figura europea que respete los valores europeos de nuestra sociedad y la justicia.
Neelie Kroes
Señor Presidente, Señorías, hace más de 40 años, en el asunto van Gend [amp] Loos, el Tribunal otorgó a los ciudadanos y partícipes del mercado de la UE los derechos que necesitaban para desempeñar un papel esencial en nuestro proyecto Europeo. El entorno jurídico en que se encuentran las víctimas de las infracciones de la normativa de defensa de la competencia no es aceptable. Tomo nota de que todos estamos de acuerdo en esto. Quisiera darles las gracias por el estimulante debate de esta noche sobre cómo deberíamos mejorar gradualmente este entorno jurídico, y espero con interés la votación del Parlamento sobre el informe. Hasta ahí, todo en orden.
A continuación quisiera responder a algunas cuestiones planteadas en nuestro debate de esta noche. El señor Doorn ha mencionado el tema del fundamento jurídico. Esto es importante y está bastante claro. En la fase de un Libro Verde y en ausencia de propuestas de la Comisión, es muy prematuro, si me permiten decirlo así, debatir la cuestión del fundamento jurídico en este momento. El Tratado ofrece fundamentos jurídicos adecuados, específicos y generales para la adopción de medidas en este terreno y me imagino que podríamos estar de acuerdo al respecto. Sin embargo, un fundamento pertinente, y por lo tanto el procedimiento aplicable, solamente puede definirse en función de la naturaleza, los objetivos y el ámbito de aplicación de toda medida individual que pueda plantearse tras el Libro Blanco. Sin embargo, examinaré la cuestión de hasta qué punto puede ser conveniente decir algo sobre los fundamentos jurídicos en el próximo Libro Blanco. Por lo tanto, sigue habiendo algo que examinar.
Soy consciente de la necesidad de no olvidar las normas de procedimiento nacionales, de eso no cabe ninguna duda. Se trata de una advertencia muy clara. En esencia, ya tenemos un Derecho europeo uniforme en materia de competencia y, por su propia naturaleza, las infracciones de las normas de defensa de la competencia tienen un efecto transfronterizo, ya que afectan a nuestro mercado interior, y eso es lo que estamos protegiendo. Para mí tiene sentido que el derecho de indemnización también sea aplicable en todo nuestro mercado interior.
La Comisión solamente podrá buscar cierta aproximación de las normas en la medida en que las normas procesales de los Estados miembros no garanticen efectivamente los derechos sustantivos que confiere el Tratado. Toda medida propuesta tendría que cumplir los estrictos criterios de subsidiariedad, proporcionalidad y necesidad. El Libro Blanco irá acompañado de una evaluación de impacto, como ya he dicho.
El señor Evans ha mencionado la necesidad de evitar el fomento de una cultura del litigio y el riesgo de que se incoen demandas injustificadas. La Comisión promueve una cultura de la competencia compatible con nuestras culturas jurídicas europeas existentes. Buscaremos un enfoque comedido y equilibrado, ya que, al igual que ustedes, nuestro deseo es no abrir la puerta a los excesos que han experimentado otras jurisdicciones. Pero el miedo es mal consejero. En el Libro Verde no se propone ninguna de las principales características de la litigación estadounidense en materia de competencia.
Muchos de los que apoyan facilitar las acciones por daños y perjuicios, como la señora Bowles, han destacado la necesidad de evitar inclinar demasiado la balanza a favor de los demandantes. Sin embargo, ellos mismos han reconocido que en la actualidad la balanza se inclina en contra de las víctimas de las infracciones de la normativa de defensa de la competencia, y que por lo tanto es preciso tomar medidas. La Comisión aspira a un enfoque proporcionado y comedido, desarrollado después de consultar con las partes interesadas.
La señora Wallis ha mencionado las acciones colectivas por daños y perjuicios. Dados los costes procesales, es poco probable que los consumidores incoen demandas por daños y perjuicios de escasa cuantía contra los infractores de la normativa de defensa de la competencia. Por ello merece la pena analizar las opciones de demanda colectiva, como ha señalado con acierto. El Libro Verde examina las acciones populares incoadas por organizaciones de consumidores. Para que quede claros, repito que las acciones colectivas con exclusión voluntaria al estilo estadounidense no están en el programa ni estarán en el mío.
En estas acciones colectivas con exclusión voluntaria, los abogados actúan en nombre de una categoría de personas sin identificar y defienden principalmente sus propios intereses. En las acciones populares, no tienen intereses independientes distintos de los de las partes afectadas a las que representan. Por lo tanto, la Comisión cree que se atienden mejor los intereses de los consumidores mediante una acción popular que mediante una acción colectiva con exclusión voluntaria, y espero que esto también tranquilice a la señora Berès.
Su implicación refleja la importancia del debate iniciado por el Libro Verde y es motivo de esperanza, ya que todos somos conscientes de que algo hay que hacer. No cabe ninguna duda al respecto: el problema está en el detalle.
Quisiera transmitirles dos mensajes fundamentales. En primer lugar, espero que esta Asamblea transmita una señal firme de que la situación actual no es aceptable y esto es lo que he deducido de lo que han dicho ustedes. Hablamos de derechos y esta Asamblea ha apoyado sistemáticamente los derechos en todas las políticas y todos los ámbitos de la cooperación europea. Debemos dar a los ciudadanos europeos y a las empresas europeas la capacidad para ejercer sus derechos dentro de las leyes europeas de defensa de la competencia. Se trata de un ámbito en el que la Comunidad puede demostrar su influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas.
En segundo lugar, cooperando en el diálogo, aportando ideas y ejerciendo la crítica constructiva, podremos introducir mejoras al tiempo que evitaremos las trampas conocidas. Espero que este proceso avance con el Libro Blanco a finales de año.
Gracias por el interesante debate y gracias especialmente al ponente por su esfuerzo en relación con este importante expediente.
El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
