Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el jueves 24 de abril de 1997.

Aprobación del Acta
El Presidente
El Acta de la sesión anterior ha sido distribuida. ¿Hay alguna observación?
(El Acta queda aprobada )

Hallam
Señor Presidente, hago uso de la palabra de conformidad con el apartado 1 del artículo 3. Lamento tener que plantear una cuestión relativa a las inmunidades de esta Asamblea y una grave violación del artículo 9 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El artículo 9 versa sobre la libertad de religión.
La semana pasada, una comisión del Gobierno belga presentó un informe a su Parlamento sobre la cuestión de las sectas religiosas y los diversos cultos. En un capítulo particularmente escabroso y mal informado sobre el Movimiento Pentecostal, se hacía referencia a la hermandad cristiana que tiene adeptos en este Parlamento en Bruselas. Esa referencia iba encaminada claramente a colocar a esa hermandad en un marco peyorativo.
La hermandad cristiana a la que se refiere es, al parecer, un grupo dirigido por mi asesor en materia de documentación en Bruselas. Sólo se reúne en locales del Parlamento. Es ecuménica más que pentecostal, aunque los pentecostalistas serían acogidos con los brazos abiertos. Participan periódicamente en sus reuniones asesores en materia de documentación baptistas, católicos y miembros de otras denominaciones.
Se reúne semanalmente en mi despacho del edificio Belliard o en una sala reservada a mi nombre y forman parte de ella asesores de diputados a Grupos políticos distintos del PSE, tales como el PPE y EDN. Normalmente se reúne en mi ausencia, pero acepto toda la responsabilidad por sus actividades.
Me he quedado estupefacto al enterarme de que la práctica religiosa de mi asesor en materia de documentación y sus amigos en mi despacho haya estado, al parecer, sometida a vigilancia por el Estado belga. El Gobierno belga no me ha brindado, como diputado responsable, oportunidad alguna de oír o responder a ninguno de los cargos indicados en su informe. No tengo idea de qué información exactamente se está recogiendo, quién autorizó esa recogida o cómo se archiva posteriormente.
Quisiera pedirle que solicite al Gobierno belga la promesa de que los ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los asesores en materia de documentación de los diputados a este Parlamento, tendrán libertad para ejercer sus creencias religiosas sin verse sometidos a vigilancia, hostigamiento y difamación.

El Presidente
Señor Hallam, lo más prudente es que escriba al presidente del Parlamento belga, preguntándole exactamente qué es lo que ha ocurrido. Todos sabemos que los edificios del Parlamento Europeo gozan de extraterritorialidad y que, por tanto, no pueden ser objeto de vigilancia por parte de nadie.
Tengo que recordar que, en principio, sostengo el derecho de cualquier parlamento a interesarse por asuntos que afecten a los ciudadanos europeos. Lo mismo que defiendo los derechos de este Parlamento, creo que debo ser respetuoso con los de los demás. Por ello me parece que, en este caso, lo prudente es preguntar al Parlamento belga.

Marset Campos
Señor Presidente, el día 24 del mes pasado, un camión de Murcia conducido por el señor Antonio Antolinos fue atacado en Francia, entre Marsella y Aviñón, ante la mirada benevolente y cómplice de la Gendarmería francesa.
Ante este ataque, quisiera exponer la indignación que ello produce y la necesidad de que usted comunique a las autoridades francesas la obligación de respetar la libertad de circulación de mercancías y de personas. Cuando hay problemas o diferencias respecto de la política agraria común, se deben resolver en Bruselas o aquí, pero no atacando a trabajadores o a mercancías de los Estados miembros.

El Presidente
Señor Marset, usted sabe que quién tiene esa competencia en la Comunidad no es el Parlamento, ni su presidente, sino la Comisión, que ha de velar por la aplicación del Derecho comunitario. Todo lo más, es la Comisión de Peticiones de este Parlamento la que deberá ser competente para entender del tema y excitar el celo de la Comisión.

Elliott
Señor Presidente, tengo que volver a referirme a las dificultades que algunos diputados encontraron para llegar aquí, a Estrasburgo, para este Pleno. Esta mañana, por alguna razón inaceptable, se ha destinado para el vuelo de Air Inter de Heathrow a Estrasburgo un avión que no podía acoger a más de las dos terceras partes, más o menos, de las personas con pasaje. A consecuencia de ello, ha habido problemas tremendos y uno o dos diputados a este Parlamento no han podido viajar. Es algo totalmente inaceptable. Sean cuales fueren las razones, deberían haberlo solucionado. El personal de tierra de Heathrow ha pedido mil perdones, pero es evidente que alguien no comprendió la importancia de que hubiera disponible un avión que pudiese transportar a todos los diputados y a otras personas a Estrasburgo.
Quisiera preguntar, señor Presidente, si podríamos hacer algo. No debería ser necesario, en realidad, pero, dada la ineficacia de algunas de las compañías aéreas, podría ser útil. ¿No podría el Parlamento recordar a las compañías aéreas que los vuelos del lunes por la mañana del período de sesiones de Estrasburgo deberán acoger a un gran número de diputados a este Parlamento, no sólo desde Heathrow, sino también desde otros lugares? Así, no lo olvidarían y substituirían el avión inadecuado que no puede acoger a todos.
En el pasado hemos tenido problemas de este tipo y mediante presiones hemos conseguido alguna mejora. Recuerdo la época en que regresábamos a Heathrow vía Dublín. Dublín es muy agradable, pero no es el itinerario adecuado.

El Presidente
Señor Elliot, el señor Secretario General lo recordará a la compañía aérea, sin perjuicio de que cada vez que me reúna con las autoridades francesas, yo mismo les recuerde las dificultades del desplazamiento hasta aquí.

Plooij-Van Gorsel
Señor Presidente, el Parlamento Europeo, nuestra Asamblea, anunció que se lanza una licitación para adquirir el mobiliario de los bares y del restaurante del edificio Leopold en Bruselas. En los Países Bajos se difundió a través de un periódico importante. Una empresa holandesa hizo saber a la oficina de Luxemburgo que quería participar en la licitación y deseaba recibir los papeles necesarios. El 11 de abril envió un fax, pero no obtuvo respuesta. El 16 de abril volvió a enviar un fax, de nuevo sin respuesta. Finalmente les llegó una carta en francés. Entonces telefonearon para preguntar si la carta y los documentos estaban disponibles en inglés. La conversación con la oficina de Luxemburgo se mantuvo en francés y aunque había un holandés cerca, no quiso ponerse al aparato. Por lo tanto, el empresario sólo podía trabajar con los documentos en francés. Estos fueron enviados a una oficina de traducciones. Pero se trataba de copias tan malas que en dicha oficina no podían descifrarlas. Por todo ello, el empresario no puede participar en la licitación. Me pregunto, señor Presidente, si se trata realmente de una licitación pública o si acaso es una licitación en que de antemano se ha hecho una elección y ahora hacen sólo como si no fuera así. ¿Es este un ejemplo de licitación pública con transparencia e igualdad de oportunidades para las empresas europeas? Estamos en el Parlamento Europeo y pienso que precisamente el Parlamento Europeo ha de dar buen ejemplo. ¿Cómo pueden los ciudadanos, señor Presidente, tomarnos en serio si nosotros no tomamos en serio a los ciudadanos y a las empresas?
Ahora, el 20 de mayo, los aspirantes visitarán el «lugar de los hechos». ¿Durante la visita se hablará también sólo en francés? ¿O quizás también otro idioma? La pequeña y mediana empresa, el motor del empleo en la Unión, se queja de que los procedimientos de licitación europeos no son eficaces.

El Presidente
Sra. Plooij-van Gorsel, estas cuestiones se dirigen por escrito a la Mesa y reciben una contestación exacta. Yo no le puedo dar esa contestación ahora a bote pronto. Los servicios van a estudiarla y le daré una respuesta pronta y completa.

Eisma
Si nuestro secretario general piensa hablar de las conexiones con Estrasburgo quiero presentar nuevamente una queja sobre la conexión por tren entre Bruselas y Estrasburgo. Normalmente disponemos de un excelente servicio de restauración. Por ello es muy atractivo coger el tren. Ahora no hay servicio para los diputados. ¿Quisiera usted pedir a los ferrocarriles belgas que no obstaculicen el uso del transporte público reduciendo cada vez más los servicios? De la adhesión de mis compañeros deduzco que contamos con un amplio apoyo en esta Asamblea para instar a los ferrocarriles belgas a mantener sus servicios.

El Presidente
Muy bien. Tomaremos nota, señor Eisma.

Orden de los trabajos
El Presidente
Procedemos a continuación a la fijación del orden de los trabajos.
Se ha distribuido el proyecto definitivo de orden del día establecido, de conformidad con el artículo 95 del Reglamento, por la Conferencia de Presidentes, al que se han propuesto o incorporado las siguientes modificaciones:
Sesiones del 12 a 16 de mayo de 1997 Estrasburgo
Lunes:

El Presidente
El Grupo PPE pide la devolución a comisión del informe del Sr. Brendan Patrick Donnelly - en nombre de la Comisión de Reglamento - sobre la modificación del artículo 116 del Reglamento relativo a la votación por partes (A4-089/97)
Tiene la palabra la Sra. Oomen-Ruijten para presentar la solicitud de devolución a comisión de este informe.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, el Grupo del PPE está plenamente de acuerdo con el objetivo de la modificación del Reglamento; esto significa que podemos acortar el tiempo necesario para la votación si ya no votamos por partes. Estamos de acuerdo con este objetivo. Pero la gran mayoría de nuestro Grupo cree que si aprobáramos este informe tal cual, ello podría acarrear la consecuencia de que el número de enmiendas aumentara mucho más y que de hecho no lográramos el objetivo. Por esta razón quisiéramos pedir a través de usted a la Asamblea que devolviera el informe del Sr. Donnelly a la Comisión de Reglamento para reconsiderarlo y mirar si el hecho de no aceptar la votación por partes compensa el gran número de enmiendas que creemos se van a presentar luego.

Fayot
Señor Presidente, he tomado buena nota de la petición del PPE de devolver a comisión el informe Donnelly. Según tengo entendido, el Grupo Socialista no está en contra de la devolución a comisión, pero desearía preguntarle algo al PPE: ¿no sería posible celebrar el debate y posteriormente, antes de las votaciones, devolver el texto a comisión? Esto ofrecería a nuestra Asamblea la posibilidad de dar sus orientaciones y sus opiniones. El informe Donnelly es un informe que no ha requerido la presentación de enmiendas por parte de nuestros colegas. Así pues, mi propuesta sería que se celebrase el debate ahora y que después, con el acuerdo de los diputados y antes de las votaciones, se devolviese el informe a comisión.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, pienso que es conveniente acceder a la solicitud del Presidente de la Comisión de Reglamento y que retiraremos nuestra petición, pero hemos de acordar que devolveremos el informe antes de la votación para considerar nuevamente las consecuencias.

El Presidente
Recuerdo al Grupo del Partido Popular Europeo que tendrá que presentar de nuevo la solicitud, una vez se haya celebrado el debate, para que pueda ser acordada.
Martes:

El Presidente
El Grupo PPE pide la devolución a comisión del informe de la Sra. Mosiek-Urbahn - en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos - sobre la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros (A4-0157/97)
Tiene la palabra la Sra. Mosiek-Urbahn para presentar la solicitud de devolución a comisión de este informe.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, quiero subrayar una vez más esta solicitud de mi grupo. En la votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos mereció aprobación en muchos puntos particulares. Sin embargo, en la votación final no logró mayoría. En este informe se trata de una materia técnica harto complicada. Por el hecho de que tampoco se hayan presentado enmiendas a este informe pueden reconocer ustedes que ya se ha conseguido un notable acuerdo con diversos grupos políticos acerca de que lo mejor y más adecuado es devolver una vez más este informe a la comisión. Por consiguiente, solicito de la Asamblea su conformidad con esta solicitud.
(El Parlamento aprueba la devolución a comisión)
Miércoles:

El Presidente
El Grupo de los Verdes pide la retirada del informe del Sr. Titley - en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa - sobre los problemas de la industria europea relacionada con la defensa: propuestas de actuación a nivel europeo (A4-0076/97)
Tiene la palabra el Sr. Telkämper para presentar la solicitud de retirada de este informe.

Telkämper
En mi opinión, debemos discutir hoy brevemente este Informe Titley. En primer lugar, quiero felicitar al Sr. Titley y al Partido Laborista por el cambio de poder que han conseguido en Gran Bretaña. Mi cordial enhorabuena por este éxito. Sin embargo, lo que el Sr. Titley intenta con este informe es un procedimiento de tirón. Con este informe tiene lugar una modificación cualitativa de la política exterior de la UE. Sobre esta modificación no hemos podido discutir suficientemente en los grupos, al menos en algunos grupos, en especial, en la comisión no hemos podido discutir suficientemente.
En la comisión hemos votado 30 contra 31 votos, y a este respecto un colega me ha dicho que no sabía sobre qué estaba votando, de lo contrario habría votado en otro sentido. La pregunta que se plantea es si, dadas las 240 enmiendas, queremos votar ahora. Este informe está crudo y las posiciones no están claras todavía. Si no estoy mal informado, del Grupo Socialista sé que no va a discutir las enmiendas hasta mañana por la tarde. En nuestro grupo no estamos de acuerdo aún, tan poco de acuerdo como en la comisión.
Con Maastricht está en el orden del día la Política Exterior y de Seguridad Común. El Sr. Henderson, como representante británico, dice ahora algo totalmente diferente del representante británico del mes pasado. Deberíamos aplazar este informe uno o dos meses hasta que tengamos los resultados de Maastricht II y podamos entonces formarnos, como Parlamento, una opinión propia fundada y bien discutida sobre este ámbito de temas. Por esta razón hemos presentado esta enmienda.

El Presidente
Tiene la palabra el señor Titley para el turno en contra.

Titley
Señor Presidente, no estoy seguro de a qué informe se refiere el Sr. Telkämper. Sólo hay 36 enmiendas a mi informe y, en cualquier caso, la mayoría de ellas han sido presentadas por el Grupo de los Verdes.
En segundo lugar, mi informe no trata de la arquitectura de la política exterior y de seguridad: eso corresponde al informe del Sr. Tindemans, que estamos examinando.
En tercer lugar, iba a figurar en el orden del día de abril, pero se retrasó a mayo para permitir a los Grupos exponer sus posiciones. De modo que ya se han abordado todos los asuntos de los que ha hablado el Sr. Telkämper. Lo hemos aplazado para poder recibir esa descripción. No hay muchas enmiendas, por lo que no veo razón alguna para retrasar más el examen de este informe.
(El Parlamento rechaza la solicitud de aplazamiento)

El Presidente
El Grupo de los Verdes pide la inclusión en el orden del día de las declaraciones del Consejo y de la Comisión sobre los progresos de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental.
Recuerdo a la Asamblea que el Consejo había pedido que no se incluyese, y así se acordó por unanimidad en la Conferencia de Presidentes, puesto que, a la vista de la situación actual de la Conferencia, era difícil poder informar convenientemente a fondo, lo cual no impide que ciertamente el Grupo de los Verdes tenga el derecho de plantear de nuevo la cuestión.
Tiene la palabra la Sra. Aelvoet para presentar esta solicitud de inclusión.

Aelvoet
Señor Presidente, en efecto es cierto que todo el Parlamento había pedido en un principio que esta semana se celebrara un debate sobre el estado de cosas en la Conferencia Intergubernamental. Todos en este hemiciclo sabemos que las propuestas conocidas por ahora, tanto de la Presidencia irlandesa como de la neerlandesa, están muy alejadas de lo que este Parlamento definió hace unos meses como un mínimo. Por lo tanto, el Parlamento tiene razón de más para lanzar una señal clara sobre lo que está a punto de pasar. La semana pasada, en la discusión de la Conferencia de Presidentes, se dijo que la cuestión era que el Consejo consideraba que sería desfavorable celebrar un debate ahora, una declaración del Consejo ahora, dado que se están celebrando elecciones en Francia. Ahora bien, sabemos exactamente que las elecciones en Francia girarán en torno a los temas europeos ¿acaso hay que suponer que un debate en este Parlamento en que tuviera que anunciarse hasta dónde se ha llegado, dónde hay que poner puntos y comas, qué hay que mejorar, sería perjudicial para la buena marcha de las elecciones en Francia? Esto es realmente invertir las cosas. Consideramos inaudito que este Parlamento no debata cuando es necesario, y aplazarlo hasta junio es demasiado tarde. Por tanto exigimos una politización del estado de cosas y un debate inmediato.

Martens
Señor Presidente, como ya ha señalado usted, creo que en la Conferencia de Presidentes existía unanimidad para no tratar la cuestión esta semana, sino después del Consejo Europeo extraordinario del 23 de mayo en el pleno de Bruselas. Y si no me equivoco, tendremos una declaración del Consejo el próximo 29 de mayo en Bruselas, después de la Cumbre Europea extraordinaria y es preferible mantener una conversación entonces, y no esta semana. Entonces podremos celebrar este debate con conocimiento de causa sobre la base de las conversaciones en el Consejo Europeo extraordinario. La Conferencia de Presidentes consideró mucho más sensato, más inteligente y también mucho más político hacerlo el 29 de mayo en Bruselas.
(El Parlamento rechaza la solicitud de inclusión)
Jueves y viernes (sin modificaciones)
Sesiones de los días 28 y 29 de mayo de 1997 Bruselas
(sin modificaciones)

Protección jurídica de los servicios codificados
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0119/97) del Sr. Anastassopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre el Libro Verde de la Comisión acerca de la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior (consulta sobre la conveniencia de una iniciativa comunitaria).

Anastassopoulos
Señor Presidente, uno de los fenómenos que caracterizan nuestra época, que es el uso cada vez más difundido de las nuevas tecnologías junto al aumento de la disponibilidad de frecuencias, ha conducido a la codificación de determinados servicios, fundamentalmente nuevos servicios de radiotelevisión con programas digitales. El acceso a estos programas solamente es posible si se pone y se utiliza un aparato especial -el descodificador- que se recibe previo pago de un canon. Esta nueva forma de servicios de radiotelevisión ha comenzado a experimentar un especial florecimiento en Europa y en el mundo entero. Sin embargo, su desarrollo, que se examina en el nuevo Libro Verde de la Comisión Europea que está en examen hoy, se ve amenazado por un peligro conocido, la piratería.
Un problema más de la sociedad de la información, se podría decir; porque el Libro Verde, que ya nos ocupa, aborda un tema relacionado con la sociedad de la información, tema que abordamos en forma más general, enfocada hacia el derecho del creador y derechos afines, el pasado septiembre gracias al excelente informe del Sr. Barzanti.
El problema que se está creando presenta mútliples aspectos, ya que afecta a una serie de derechos e intereses que resultan especialmente importantes en el marco del mercado único. Paralelamente a este nuevo y dinámico mercado de programas codificados, se ha ido desarrollando una industria de fabricantes no autorizados de dispositivos de descodificación.
Esta industria pirata, que fabrica y comercializa a precios más bajos que los precios oficiales de los aparatos, ha alcanzado unas dimensiones que la convierten realmente en una amenaza. Por supuesto, es difícil hacer cálculos con respecto al alcance de sus actividades ilegales, pero probablemente no sea exagerado suponer que los aparatos ilegales representan entre el 5 y el 20 % del conjunto de aparatos y más de 200 millones de ecus en pérdidas de ingresos para los operadores que ofrecen servicios codificados. Basta con señalar, señor Presidente, que en sólo cuatro meses, de septiembre de 1996 a principios de 1997, se han producido a través de Internet más de un millón de contactos que hacían publicidad de equipos piratas. El golpe es especialmente grave para la industria cinematográfica europea, ya que el 34 % de sus ingresos están relacionados con esta fuente.
Consideramos necesario que esta piratería se combata eficazmente, en favor del buen funcionamiento del mercado único, del futuro desarrollo de industrias especializadas en nuevas tecnologías, del desarrollo de nuevas formas de comunicación, del fomento de nuevas estrategias comerciales y, sobre todo, en beneficio de la protección de los consumidores y de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. La fabricación de descodificadores con medios técnicos que dificulten la piratería gracias al reforzamiento de la protección resulta tanto costosa, perjudicando así a los consumidores, como ineficaz. La piratería se readapta velozmente y siempre logra neutralizar cualquier sistema de protección aun con las técnicas más avanzadas. Por consiguiente, sólo queda una solución a nivel comunitario del problema, que además ha asumido carácter de emergencia, ya que la piratería florece como nunca.
Las legislaciones de los Estados miembros, que en unos casos tratan la cuestión con disposiciones específicas y en otros remiten a normas generales sobre competencia desleal etc., y que se resumen en dos tipos de enfoque, la protección de los servicios codificados y la prohibición de las denominadas actividades preparatorias, son tan divergentes que la subsidariedad no se puede propugnar en este caso. Por eso, los gobiernos de 13 de los 15 Estados miembros han aceptado en un principio el establecimiento de normas comunitarias armonizadas. De todas formas, no creo que hayan tenido otra opción, ya que, primero, en lo que se refiere las disposiciones internacionales las recomendaciones del Consejo de Europa no tienen carácter vinculante, y segundo, los trabajos realizados en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, aunque pueden llevar a ciertos resultados no se transforman en soluciones legislativas sino de manera extremadamente lenta e ineficaz, debido a las muchas reservas por parte de los gobiernos.
Tampoco será fácil ni sencilla la solución comunitaria, por las siguientes dos razones. Primero, cualquiera que sea la regulación propuesta, tendrá que introducirse en el terreno de la libre circulación de las mercancías y los servicios, tal como la establecen el derecho primario y el derivado y como lo determina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Se corre el riesgo de que las soluciones propuestas afecten a derechos consolidados. Por lo tanto, será necesario actuar con prudencia y cuidado. Segundo, para que sean eficaces estas soluciones, es necesario además que incluyan el tema de las sanciones. Aquí, evidentemente, se planteará -aunque no por primera vez- la cuestión de si los Estados miembros aprobarán, y en qué medida, que pasen a un texto legal comunitario normas de derecho penal y procesal, que no encajan en la competencia de la Unión Europea.
Por estos motivos, es decir, por la combinación entre la necesidad de regulación, por un lado, y el carácter complejo que muy probablemente tendrán las soluciones buscadas, el ponente propone la directiva como medio más oportuno, porque en su marco se podrá conseguir mejor y más rápidamente la deseada armonización de las legislaciones nacionales divergentes. Una propuesta de reglamento probablemente sería aún mejor, pero correría el riesgo de quedar atascada. La redacción de esta directiva será sin duda una labor muy penosa, pero con la colaboración de la Comisión, del Parlamento y de los Estados miembros es posible que se lleve a buen fin. La Comisión de Asuntos Jurídicos que me ha hecho el honor de aprobar unánimemente el informe que les estoy presentando insta a la Comisión a que avance rápidamente en esa dirección. Hay que combatir la piratería eficazmente y sin demora.

Hautala
Señor Presidente, es normal que se generalice el pirateo a medida que en la sociedad de la información van apareciendo más y más servicios de pago destinados a un público selecto. Como representante de la Comisión de Asuntos Económicos, estoy completamente de acuerdo con el ponente en que es necesario lograr algún tipo de reglamentación. Si bien es indudable que se puede intentar buscar soluciones de orden técnico con el fin de evitar las actividades ilícitas, me temo que esto daría lugar a una situación de competitividad que terminaría beneficiando a los piratas.
He propuesto ante la Comisión de Asuntos Económicos que se tome en consideración la adopción no de una directiva, sino incluso de un reglamento, ya que no cabe la menor duda de que éste constituiría un método eficaz de regulación. Sin embargo, también comprendo al autor del informe cuando señala que esta idea representa un gran desafío, cuya aprobación en los distintos Estados miembros no sería en absoluto fácil. Por todo ello desearía apuntar que lo que resulta cuando menos necesario es una directiva que garantice un mínimo nivel de reglamentación.
Este asunto está relacionado también con cuestiones muy difíciles acerca de las indemnizaciones y las sanciones que se deberían establecer a aquellos que hagan un uso ilegal de aparatos decodificadores. A este respecto podremos siempre recurrir a las disposiciones en materia de Derecho penal, si bien, habida cuenta de que los Estados miembros no se muestran demasiado dispuestos a armonizar este apartado, habría que considerar igualmente las indemnizaciones penales a nivel particular.
Antes de llegar a una reglamentación de este tipo, creo que es fundamental que se encuentren respuestas a las cuestiones que, con toda seguridad, nos planteará en breves momentos la Comisión de Medio Ambiente. Esta comisión querrá saber de qué manera la prevención de este tipo de utilización de servicios cerrados podría conducir, por ejemplo, a una concentración. Estamos hablando de la industria del conocimiento, la cual reviste una gran importancia. Es posible que la Comisión no haya respondido aún de manera completamente satisfactoria a estas preguntas.

Medina Ortega
Señor Presidente, el informe del Sr. Anastassopoulos ha sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es un primer informe, ya que, en definitiva, se refiere a una consulta sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior y está en la línea de la formulación de todo un ordenamiento jurídico elaborado por la Comunidad Europea en materia de protección de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación en general.
Yo creo que nos encontramos ante un nuevo Derecho. Es un nuevo Derecho en el que la Comunidad Europea está, en este momento, desempeñando un papel de vanguardia. Tengo que felicitar a la Comisión por la labor pionera que está llevando a cabo en este terreno y la Comisión habrá apreciado cómo el Parlamento colabora con ella en cada una de esas etapas.
En este momento nos encontramos en una etapa en la que se trata de dar una protección jurídica a este tipo de situaciones. La dificultad con la que nos encontramos es que la protección jurídica, sobre todo la protección jurídico-penal, es competencia nacional. Al ser competencia nacional, si se opta por la vía de la reglamentación comunitaria, esto supondría la introducción de la Comisión en un ámbito en el que hasta ahora se ha actuado con bastante limitación. Por tanto, yo creo que las recomendaciones del ponente en el sentido de que se siga por la vía de la directiva parecen mucho más adecuadas.
Yo creo que es importante la configuración de este tipo de Derecho -ya lo hicieron conjuntamente el Parlamento, la Comisión y el Consejo en las disposiciones comunitarias. Por ejemplo, la Directiva 93/83 sobre la protección de la propiedad intelectual en materia de televisión por cable y satélite marcó ya un hito en esta materia -hay que recordar que han transcurrido cuatro años desde la adopción de esta directiva y hasta ahora no se han detectado graves dificultades en su aplicación.
Recientemente, el Parlamento y el Consejo, con la eficaz colaboración de la Comisión, se han puesto de acuerdo sobre la revisión de la Directiva sobre la televisión sin fronteras y, al mismo tiempo, la Directiva 95/47 sobre normas de transmisión de señales de difusión también se encuentra en aplicación. En definitiva, yo creo que todo este ordenamiento jurídico es un ordenamiento nuevo; que el Parlamento apoya las iniciativas de la Comisión; que el Parlamento está invitando a la Comisión a que siga adelante por este camino y que, concretamente en esta materia, la vía adecuada es la vía de la directiva y no la vía del reglamento.

Mosiek-Urbahn
Señor Presidente, afortunadamente estamos tratando aquí un informe en favor del cual ha votado de manera unánime la Comisión de Asuntos Jurídicos.
El ponente ha expuesto de manera clara y comprensible todos los puntos relativos a la protección de los servicios codificados en el mercado interior. Hay que destacar la afirmación de que la piratería está floreciendo francamente en todas sus formas conocidas. Se fabrican aparatos decodificadores no autorizados, se lanzan al mercado, se compran, se instalan y, sobre todo, se utilizan. Aparte de esto, se ofertan servicios que están relacionados con la piratería. Se hace publicidad de estos servicios y se prestan para eludir eficazmente los actuales servicios de protección. La piratería constituye un fenómeno transfronterizo y viola al mismo tiempo el derecho de propiedad intelectual. El Libro Verde se ocupa exclusivamente del aspecto de la recepción no permitida de servicios codificados. El análisis de la situación jurídica en los 15 Estados miembros muestra cuán fragmentado está el espacio jurídico en Europa. Algunos países tienen regulaciones específicas, otros países recurren a preceptos jurídicos ya existentes y en muchos otros países no hay, en absoluto, protección alguna. La consecuencia es patente: necesitamos una armonización, tal como lo ha dicho también el ponente. La pregunta es la siguiente: ¿necesitamos una directiva? ¿Necesitamos un reglamento?
El ponente -y la Comisión de Asuntos Jurídicos coincide con él- es partidario de una directiva, porque para los Estados miembros resulta también manejable con más flexibilidad. Por lo demás, -y esto lo reconoce también él mismo- habría que lograr una mayor unanimidad en el marco de un reglamento. En este contexto quisiera recordar precisamente el Informe Slim, aprobado recientemente, en el cual lamentamos una vez más, como Parlamento, que se esté aprobando demasiado soft-law . En consecuencia, aquí debería tener realmente prioridad un reglamento. No obstante, quizá sea más realista -al menos a la vista de otros conocimientos obtenidos tras la valoración de la consulta pública realizada a propósito del Libro Verde- aspirar, como primer paso, a una directiva.
Suspender los esfuerzos de armonización con el argumento de que, dado el vertiginoso desarrollo técnico, la piratería podrá volver a burlar en breve cualquier tipo de regulación, equivaldría a una declaración de bancarrota. Por el contrario, este argumento debe servir de acicate para llevar a la práctica la protección jurídica tan rápidamente como sea posible.

De Clercq
Señor Presidente, me limitaré a tratar dos cuestiones. La lucha contra la piratería y la industria pirata es muy necesaria, pero no tiene que ocuparse tan sólo de los derechos de los empresarios. También es preciso defender las ventajas del consumidor, y estas residen en el precio y la calidad de los servicios ofrecidos. Un mercado bien regulado y liberalizado, como el que queremos, ha de beneficiar al usuario, para que recabar información, aunque sea pagando, esté al alcance de todo el mundo, pues el derecho a la información no puede convertirse en un derecho elitista.
Una segunda cuestión es que hemos de cuidarnos de que, al luchar contra la piratería a nivel europeo, no se desplace el problema. El problema de la piratería se produce a escala mundial, por lo cual es preciso tomar iniciativas a nivel mundial.
Por último, en este sentido no sólo hay una tarea para la OMPI, sino que se trata también de un importante reto para las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, señoras y señores parlamentarios, en primer lugar quisiera agradecer la intervención del ponente, Sr. Anastassopoulos.
Como bien saben, el Libro Verde fue presentado por la Comisión en marzo de 1996. Los resultados de la consulta confirmaron la necesidad de un instrumento jurídico comunitario y la Comisión observa con satisfacción que el Parlamento comparte su punto de vista.
En estos meses, el Libro Verde se ha debatido a fondo en cuatro comisiones del Parlamento, habiendo quedado bien reflejada la calidad de los trabajos en el amplio informe que ha presentado el Sr. Anastassopoulos.
Respecto al curso que ha de darse al Libro Verde, la Comisión comparte la opinión expresada en el proyecto de informe de que el instrumento jurídico más apropiado sería una directiva. La Comisión ya adoptó un claro compromiso sobre el principio de una propuesta legislativa en el programa de trabajo para 1997, que fue presentado por el Presidente Santer en la sesión plenaria de octubre de 1996.
Después de la aprobación del informe del Parlamento, y teniendo en cuenta los resultados positivos de la consulta, la Comisión está en condiciones de presentar una propuesta que permita satisfacer las legítimas expectativas suscitadas por el Libro Verde.
Yo quiero, finalmente, expresarles mi agradecimiento por el claro apoyo recibido y reiterar el compromiso de la Comisión al respecto.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 h.

Aplicación del principio de subsidiariedad
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0155/97) de la Sra. Palacio Vallelersundi, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, sobre los informes de la Comisión al Consejo Europeo:
sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en 1994 (COM(94)0533 - C4-0215/95), -titulado «Legislar mejor» - sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación - 1995 (CSE(95)0580 - C4-0561/95), -titulado «Legislar mejor» - sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y sobre la simplificación y la codificación - 1996 (CSE(96)0007 - C4-0015/97) y-sobre el informe provisional sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (CSE(96)0002 - C4-0355/96)
Palacio Vallelersundi
, ponente . Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, los documentos a los que este informe se refiere se inscriben, al menos formalmente, en el marco de la encomienda recibida por la Comisión Europea de los Consejos Europeos de Birmingham y Edimburgo de 1992, de establecer todos los años un informe destinado al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación del principio de subsidiariedad.
Desde esta perspectiva, hay que resaltar en primer lugar la diferencia entre el informe de 1994 y los posteriores. Del informe de 1994 destaca su enfoque metodológico clásico, que permite apreciar la fundamentación de las medidas comunitarias frente a aquéllas para las que, por el contrario, la Comisión carece de legitimidad para emprenderlas, por no cumplir los criterios del artículo 3 B.
Además, el informe de 1994 subraya con acierto los problemas con los que ha topado en la práctica la aplicación del principio de subsidiariedad: en particular, la Comisión expone cómo la actitud de los Estados miembros frente al análisis de subsidiariedad a menudo responde a cuestiones que poco o nada tienen que ver con el artículo 3 B. También merece reseñarse el acertado análisis de la dificultad inherente a la falta de una línea clara que distinga las competencias exclusivas comunitarias de las competencias compartidas.
En cuanto a los otros informes, los correspondientes a 1995 y 1996, las referencias a la subsidiariedad, a la proporcionalidad, a la simplificación y a la codificación, bajo el rótulo genérico de «legislar mejor», ponen de manifiesto el diferente alcance y perspectiva que la Comisión pretende.
La ponente ha de confesar paladinamente que, pese a una lectura minuciosa, ha sido incapaz de sacar una conclusión clara sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en este período. Por el contrario, la continua referencia a diferentes iniciativas (Molitor y SLIM, por no citar más que dos), la confusión de principios jurídicos y principios técnicos y la profusión de declaraciones retóricas, producen paradójicamente la sensación de hallarnos ante una institución que ha perdido impulso real, que se encuentra en actitud defensiva y que utiliza estos informes sobre la subsidiariedad, más que para rendir cuentas del ejercicio de su responsabilidad, como oportunidad para un ensayo de justificación general.
El informe que se presenta al Pleno, que recibió el respaldo unánime de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos, en el que se ha tenido además muy en cuenta el punto en que se encuentra el debate en el seno de la Conferencia Intergubernamental y, en particular, el Protocolo actualmente auspiciado por la Presidencia holandesa, está construido en torno a las siguientes consideraciones: en primer lugar, el principio de subsidiariedad, en tanto en cuanto tiene por objeto que determinadas decisiones se adopten lo más cerca posible de los ciudadanos, tiene sin duda una clara dimensión política. Sin embargo, la inclusión del principio en los Tratados le dota de una naturaleza jurídica vinculante de rango constitucional, regula la definición y la ejecución de las acciones comunitarias en función de las competencias atribuidas por los Estados miembros y no afecta, por lo tanto, en absoluto al reparto de competencias en el seno de los Estados miembros.
La Comunidad se funda, en efecto, en la atribución explícita de competencias. Sin embargo, a las instituciones de la Unión Europea incumbe emprender todas las acciones necesarias para cumplir la misión, realizar los objetivos y ejecutar las obligaciones que los Tratados le encomiendan. Ésta es la doctrina de la Asamblea desde los informes de Giscard d'Estaing y Martin, y a ella se atiene la resolución.
En segundo lugar, el principio de subsidiariedad es bifronte: la Comisión, cuando prevé una iniciativa que sobrepasa las competencias exclusivas de la Comunidad, debe demostrar la legitimidad de su acción exponiendo, en particular, la dimensión comunitaria del asunto, la necesidad de emprenderla, así como la plusvalía en términos de eficacia que la acción comunitaria, en relación con la acción de los Estados miembros a título individual, tiene. Esto es sin duda corolario del principio de subsidiariedad, pero es preciso insistir asimismo en que la aplicación del principio de subsidiariedad no puede obstaculizar el ejercicio legítimo, por parte de la Comunidad, de las competencias compartidas que le han sido atribuidas por los Tratados. Ni menos aún poner en tela de juicio ámbitos de actividad en los que la Comunidad dispone de competencias exclusivas. O dicho de otra manera: la aplicación conforme a los Tratados del principio de subsidiariedad no debe traducirse en ningún caso en un debilitamiento del Derecho comunitario o un vaciamiento del acervo comunitario.
En este sentido, la resolución que proponemos resalta con preocupación que, durante el período examinado (1994-1996), la subsidiariedad ha sido invocada a menudo para impedir el desarrollo de iniciativas tomadas en el marco de nuevas políticas, concretamente en los sectores de la cultura, los medios audiovisuales, la energía o la investigación, por no citar más que unos cuantos de ellos.
El tercer eje del informe es «actuar menos para actuar mejor», lema talismán de la Comisión que compartimos y aplaudimos. Sin embargo, frente a esta proclama, produce preocupación la profusión de documentos preparatorios presentados en 1996, por no citar más que este año: trece Libros Verdes, dos Libros Blancos, además de un sinnúmero de informes, comunicaciones y programas de acción. Cabe temer que esta inversión de tiempo y recursos por parte de la Comisión se haga en detrimento de la actividad en materia legislativa, en la que ésta tiene el monopolio de iniciativa.
Asimismo, parece consolidarse la tendencia de la Comisión a presentar, cuando fracasan iniciativas más ambiciosas y/o, como consecuencia de políticas del Consejo, directivas marco y códigos de conducta. Pues bien, es responsabilidad de esta Asamblea denunciar el riesgo de crear así, en algunos casos, un derecho de naturaleza incierta, menos seguro -el llamado «soft law»- y menos vinculante que se traduce en una armonización ficticia y una transposición aleatoria a los ordenamientos nacionales.
Por último, es preciso reconocer la influencia de esta situación, que -digámoslo claramente- entraña una utilización contraria al Tratado del principio de subsidiariedad, en la falta de progreso durante el período 19941996 en ámbitos esenciales del mercado interior.
Por último, hablemos de la confusión de los principios jurídicos con criterios de buena técnica legislativa. Denunciamos que la Comisión, como ha quedado apuntado, ha considerado oportuno extender sus últimos informes sobre la subsidiariedad, que titula «Legislar mejor», a las medidas previstas en materia de simplificación y de codificación del Derecho comunitario. La resolución que proponemos destaca la confusión que nace de esta decisión e insiste en la diferencia esencial entre la simplificación y la codificación -y la claridad como corolario natural de éstas-, que son criterios de buena técnica legislativa frente a la naturaleza jurídica de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.
Y termino, señor Presidente, señor Comisario: el control por esta Asamblea del respeto de la subsidiariedad en su doble vertiente de no hacer y de hacer cuando es necesario y el ejercicio por el Parlamento Europeo del análisis de subsidiariedad de los distintos actos comunitarios sobre los que se pronuncia, se debe mantener e incluso intensificar. Parafraseando la introducción del informe de 1995, como ponente me queda la duda de si efectivamente dicho informe, »Legislar mejor», demuestra -y cito textualmente- que «la Comisión cumple la tarea que le corresponde». De lo que no me cabe duda, señor Presidente y señor Comisario, es de que se trata de una responsabilidad compartida -y vuelvo a citar- «con las restantes instituciones de la Unión y de los Estados miembros».
Señor Comisario y señor Presidente, esta Asamblea es consciente de su responsabilidad y la ejercerá en beneficio de la ciudadanía a la que representa.

Añoveros Trias de Bes
Señor Presidente, señor Comisario, la subsidiariedad y la proporcionalidad son normas vinculantes de naturaleza constitucional que regulan el ejercicio de las competencias compartidas entre Comunidad y Estados miembros. Estas normas no pueden en ningún caso representar un obstáculo al desarrollo del mercado interior ni cuestionar en ningún caso el acervo comunitario.
Hay que diferenciar entre principios jurídicos de subsidiariedad y proporcionalidad, por un lado, y simplificación y codificación, por otro. Los primeros se refieren a la eficacia de la gestión y los segundos a las técnicas de transparencia. Ambas esferas son complementarias, pero no pueden nunca confundirse. Es por esto que no es correcto extender estos principios a las técnicas de simplificación. Primero debe evaluarse la necesidad de actuar y, posteriormente, actuar de verdad. El lema promovido por la Comisión «actuar menos, para actuar mejor» implica la necesidad de actuación y, posteriormente, saber cómo hay que actuar. ¿Es compatible la eficacia de la gestión comunitaria con la redacción y exposición de normas o documentos de carácter preparatorio en el ámbito general o institucional? La ponente ha puesto el dedo en la llaga y se ha referido muy justamente a este grave problema.
Estos actos entrañan un doble peligro: en primer lugar, pueden llevar a inundar al ciudadano de papeles, de documentos, de actos, aumentando el grado de desconcierto que existe en la actualidad, y, en segundo lugar, pueden realmente atentar contra la seguridad jurídica.
¿Cómo se incrustan estos actos en el sistema normativo de la Unión? En toda conferencia intergubernamental se produce un análisis del funcionamiento de las instituciones y del equilibrio entre las diferentes competencias de la Comisión, del Consejo y del Parlamento. Por eso es necesario prevenir a esta Asamblea de tres tentaciones: utilizar la subsidiariedad para renacionalizar competencias exclusivas de la Comunidad; emplear códigos de conducta y acuerdos para neutralizar la proporcionalidad; y aprovechar la codificación comunitaria para introducir cambios sustanciales en los textos y, si es posible, modificar las bases jurídicas.
El Parlamento debe ejercer un papel de control de estas posibles tentaciones. La labor de la ponente ha sido extraordinaria por enfrentarse a un informe especialmente difícil y complicado. La labor de mi compañera no sólo debe valorarse por el talante que ha mostrado en la negociación parlamentaria, sino porque ha redactado un informe que es modelo de sencillez y claridad.

Thors
Señora Presidenta, si tenemos en cuenta las estadísticas de los informes todo parece estar bien, pero como la ponente ha tenido la ocasión de comprobar, esa no es toda la verdad. Las iniciativas legislativas han disminuido, pero la Comisión ha empezado a legislar a través de otras iniciativas. No está demostrado que este comportamiento aumente la subsidiariedad. Además, el nuevo procedimiento desplaza el equilibrio de poder existente entre las instituciones.
Por lo que respecta a la subsidiariedad, creo que hay que analizar además por separado las normas de cada propuesta legislativa; creo que éste es el espíritu del Tratado. ¿Estamos ante una norma que sea realmente útil o necesaria a nivel de la UE? Este análisis no se da actualmente en nuestros trabajos, ni en las propuestas legislativas, ni en esta cámara. Aquí son a menudo los intereses específicos los que triunfan, lo cual preocupa a nuestro Grupo.
Por otra parte, comparto las objeciones de la ponente con respecto a los informes que debatimos actualmente. No creo que la historia confirme que hayan contribuido especialmente a promover la subsidiariedad. Yo creo que es preciso reavivar los debates sobre el principio de subsidiariedad. Esto puede conseguirse si los programas legislativos de la Comisión incluyen disposiciones y apartados sobre dicho principio. También son necesarias unas mejores aclaraciones sobre el tema en cada propuesta legislativa. A pesar de las directivas procedentes de la Comisión, las explicaciones de las propuestas legislativas dejan mucho que desear.
El verdadero «demonio» son las normas a un nivel inferior del de las resoluciones del Parlamento y del Consejo, los Reglamentos de aplicación, respecto a los cuales aún queda mucho por hacer. Le recomiendo a la Comisión que adopte un plazo límite que en la práctica haga que, si una norna no se ha renovado en cinco años, se derogue y deje de existir. Esto reduciría la burocracia y aumentaría la confianza del ciudadano en la Unión.

Lindholm
Señora Presidenta, todos los aquí presentes tenemos la intención de trabajar por el desarrollo de la democracia, sobre todo a nivel local y lo más cerca posible del ciudadano. Por eso estamos aquí. El principio de subsidiariedad debería ser un instrumento a utilizar en estos trabajos por el modo en que fue concebido. Pero, lamentablemente, no es así como funciona actualmente.
Como constata la ponente, es evidente que la subsidiariedad es una norma de carácter fundamental dentro de la UE. Menos evidente es el modo en que se ha aplicado, el modo en que debería aplicarse, y el modo en que va a aplicarse en el futuro. El procedimiento de la Comisión de intentar introducir otro principio jurídico, el principio de la proporcionalidad, además de la inclusión de cuestiones que hacen referencia al nivel técnico de la legislación, etc. en sus informes sobre la aplicación del principio de subsidiariedad no contribuyen en lo más mínimo a aclarar todo este tema.
Lo que debería clarificarse son los motivos y los criterios seguidos para establecer cuándo hay que reglamentar una cuestión a nivel comunitario y cuándo puede y debe ser tratada a nivel nacional, de conformidad con el principio de proximidad, lo más cerca posible de los ciudadanos afectados. Si sólo se aplica el principio de subsidiariedad a los llamados «ámbitos blandos», por ejemplo, las cuestiones de medio ambiente y de protección del consumidor, puede albergarse la sospecha de que no se trata de respetar la subsidiariedad, sino de manipularla. Si se quiere permitir una normativa más rigurosa y mejor, por ejemplo dentro del ámbito del medio ambiente, se puede hacer hincapié en que está permitida una protección nacional más estricta. También podemos acogernos al artículo 100a, que establece que dentro del mercado interno hay que respetar otros valores aparte de los puramente económicos.
La actitud de los ciudadanos y su confianza hacia la UE y hacia la democracia en general está estrechamente relacionada con una democracia local y nacional que funcione, además de un principio de subsidiariedad que se respete. Esperamos, por tanto, que la Conferencia Intergubernamental aborde la cuestión y dé al principio de subsidiariedad un estatuto sólido y un contenido concreto.

Novo Belenguer
Señora Presidenta, quiero manifestar en primer lugar nuestro apoyo al trabajo de la Sra. Palacio, y ello porque del mismo podemos concluir que la correcta aplicación del principio de subsidiariedad debe suponer acercar a la ciudadanía europea el proceso de decisión en las iniciativas que conllevan el desarrollo y la consolidación de la Unión Europea.
Y en esta línea, señora Presidenta, nos llama poderosamente la atención la ausencia de referencias al importante papel que deben desempeñar los poderes regionales y, sobre todo, aquellos que cuentan con potestad legislativa. Como injusticia se recoge en la encíclica Quadragesimo Anno la acción de quitar a las comunidades menores aquello que puedan hacer por sí solas. En la medida, señora Presidenta, que vayamos haciendo desaparecer la sensación de nuestros conciudadanos de esa tantas veces criticada centralización de las instituciones comunitarias, y consigamos establecer los canales adecuados para que cuenten con la información oportuna y necesaria -demostrándoles que sus problemas afectan directamente a las distintas instituciones de la Unión, alcanzaremos el equilibrio necesario y justo en la aplicación del principio de subsidiariedad.
Desde nuestra responsabilidad, como miembros del Parlamento Europeo, resulta necesario instar a la Comisión a que valore, cuando ésta considere oportuno poner en práctica el principio de subsidiariedad, su propia eficacia en términos comunitarios y su positiva repercusión en sectores importantes para el ciudadano como el empleo.
Parcelas en las que los poderes regionales deben adoptar posiciones preponderantes por su cercanía al administrado. También sería una buena solución, una buena forma de conseguir estos objetivos, reforzar los poderes legislativos de nuestro Parlamento ya que, como institución representativa directa de los ciudadanos, tendría mayor participación en la aplicación del principio de subsidiariedad, incrementando tanto su relación con los ciudadanos como la democracia interna de las instituciones comunitarias.

Van der Waal
Señora Presidenta, »Europa tiene que hacer menos para hacerlo mejor». Este era el lema de la Comisión Europea a principios del año pasado con el objetivo de reducir el número de propuestas legislativas y mejorar la calidad de las mismas. Los documentos de la Comisión que hoy examinamos, demuestran que la Comisión ha realizado su trabajo con mucho esmero. Es elogiable. El número de propuestas legislativas se ha reducido claramente en comparación con años anteriores. Por lo visto, el principio de subsidiariedad brinda muchas más oportunidades para hacerlo que lo que se suele creer. Esto se confirma por el hecho de que, en el período 1994-1995, la Comisión retiró 48 propuestas legislativas.
En el informe Palacio se recuerda que el principio de subsidiariedad es un precepto jurídico vinculante y se advierte que no se puede perjudicar las competencias que, según los tratados, han sido adjudicadas a la Comunidad. Sin embargo, a mi entender no hemos de tener miedo de que ello suceda. La práctica nos ha enseñado que más bien sucede lo contrario, por lo cual no se tiene suficientemente en cuenta el principio de subsidiariedad.
La explicación reside en el hecho de que el principio no es un concepto puramente jurídico, sino que contiene también aspectos políticos y económicos. Al aplicar el principio, resulta difícil separar estos aspectos. Por ello, la aplicación del principio viene determinada entre otras cosas por la visión que se tiene de la aspiración a la unificación europea. Los partidarios de una Europa unida sitúan la aplicación del principio en la perspectiva de este objetivo político. Sin embargo, con ello se pasa por alto que la Unión es una mancomunidad de Estados soberanos. Ello implica que el nivel de los Estados miembros es primario y que el nivel supranacional es subordinado.
Además hay que pensar que el principio de subsidiariedad, en la forma que se le ha dado en la Cumbre de Edimburgo, tiene por objeto expreso combatir la centralización y acercar al máximo la toma de decisiones a los ciudadanos. Por ello no puedo aprobar los apartados del informe Palacio en que se afirma que se apela injustamente al principio de subsidiariedad para combatir las medidas europeas en el ámbito de la cultura, los servicios audiovisuales, la salud pública, el empleo y otras cosas por el estilo. A fin de cuentas, estos ámbitos políticos forman parte a título principal de la responsabilidad de los Estados miembros.
Junto a reducción de la legislación, la Comisión recalca en su informe la simplificación y la mejora de la normativa. También esto merece nuestra aprobación. En el marco de la proporcionalidad hay que limitar al máximo la cantidad de normativa y la medida en que esta se detalla. No obstante, este esfuerzo no debe confundirse con el marco jurídico del principio de subsidiariedad. El informe Palacio lo señala con razón. Pero para un buen funcionamiento de la normativa europea, estas medidas de simplificación no son menos importantes.
El creciente abismo entre la administración europea y los ciudadanos de los Estados miembros da motivos suficientes para limitar las tareas de la Unión y combatir la centralización y la burocracia. Ello será todavía más necesario de cara a la ampliación de la Unión y la creciente diversidad entre los Estados miembros. La propuesta de la Presidencia irlandesa de añadir la acción del principio de subsidiariedad en el protocolo del Tratado es positiva. Pero estoy convencido de que en la ampliación no nos quedará más remedio que reducir las tareas de la Unión y dar mayor libertad a los Estados miembros.

Vanhecke
Señora Presidenta, quizás sea útil recordar para empezar que el artículo 3B, relativo al principio de subsidiariedad, no llegó inesperadamente para luego ser incluido en el Tratado de Maastricht, sino que, al contrario, llegó para satisfacer una preocupación legítima de muchos ciudadanos de la Unión Europea. Estos ciudadanos se plantean preguntas sobre lo que consideran una injerencia europea cada vez mayor. Hablando con claridad: nadie que esté en su sano juicio se opone a formas, aunque sean transcendentales, de cooperación y consulta a nivel europeo, pero un creciente número de personas en su sano juicio cuestionan determinados excesos de nivelación exagerada, de injerencia exagerada del nivel europeo frente a los niveles regionales o nacionales. Creo que imponer el llamado derecho de voto europeo en las elecciones municipales es un típico ejemplo de ello, aunque por desgracia no es el único.
Con el Tratado de Maastricht se ampliaron las competencias a nivel de la Unión, entre otras las denominadas «nuevas medidas políticas». Pero ahora, lo que hay en el polo opuesto a esta ampliación de competencias -la inclusión explícita del principio de subsidiariedad a través del artículo 3B en los tratados- corre peligro de convertirse en papel mojado.
Normalmente, en una aplicación de la subsidiariedad bien entendida, los llamados «escalones inferiores» han de estudiar qué competencias quieren dejar al escalón superior. Pero tal y como se desprende del presente informe, en Europa esto funciona justo al revés: en el mejor de los casos se pide al nivel europeo que considere qué competencias no desea; y en caso de un conflicto de competencias, otra institución europea -el Tribunal de Justicia- resolverá el litigio. Personalmente, creo que todo ello es una inversión política bastante perversa del concepto de subsidiariedad.
Para terminar, he de decir que este debate sería superfluo si todo el mundo respetara el hecho de que la Unión Europea no es en absoluto una especie de Estado federal en ciernes, sino por el contrario una «alianza de Estados», como se desprende de la sentencia del Tribunal de Karlsruhe, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional alemán.
Este es el quid de la cuestión. En mi modesta opinión creo que mientras una mayoría de este Parlamento -en efecto, digo este Parlamento, pues tengo la impresión de que en la Comisión cabe apreciar una mejora- por lo visto se niegue a aceptar esta realidad de «alianza de Estados», los debates de este tipo tendrán poco sentido.

Cardona
Señora Presidenta, quisiera comenzar diciendo que, para nosotros, los principios de la subsidiariedad modelan y caracterizan el proceso de decisión normativa de las instituciones de la Comunidad. Por consiguiente, se trata de principios constitucionales, vinculantes para sus destinatarios y de la mayor importancia para la construcción y la integración de las instituciones comunitarias. Desde nuestro punto de vista, también en esta fase ese instituto -que consideramos constitucional- debe sobre todo aportar un marco de equilibrio de poderes, ya sean de la Comunidad o de los Estados miembros, cuyas competencias se deben mantener en la fase actual, en la fase intergubernamental. Consideramos que el principio consagrado en el artículo 3 B del Tratado de la Unión no debe sufrir modificación, desarrollo ni profundización algunos en el ámbito de la labor en curso de la CIG.
En efecto, para nosotros, de lo que se trata es de verificar en qué términos y de qué modo utilizan dicho principio las instituciones comunitarias. A ese respecto, la Comisión, en su informe más reciente, adoptó una norma fundamental según la cual pasaría a intervenir menos, para intervenir mejor. Nos adherimos enteramente a esa norma fundamental. Para ello, nos interesa precisar cuál es, desde nuestro punto de vista, el contenido esencial del principio de subsidiariedad. Consideramos que deben ser criterios como los de necesidad y de eficacia los que determinen los casos y las condiciones en que la Comisión, cuando comparta competencias, deba adoptar las acciones que resulten adecuadas para perseguir los objetivos que deben ser comunes.
En nuestra opinión, se debe recortar la definición de objetivo común a partir del principio de proporcionalidad, consagrado, por lo demás, en la última parte de ese mismo precepto constituyente. En consecuencia, diremos que la subsidiariedad y la proporcionalidad son conceptos vinculados entre sí y que se completan. En consecuencia, se deben adaptar todas las medidas a los objetivos de interés común que deben perseguir las instituciones comunitarias.
Existen esferas -como, por ejemplo, las del medio ambiente y de la lucha contra el fraude- que se deben considerar subordinadas a la norma de la subsidiariedad. Citemos, a título de ejemplo, en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, los convenios sobre asistencia administrativa mutua, los convenios sobre precios de transferencia, las directivas sobre fusiones y cesiones, las directivas sobre tributación de los dividendos, las normas comunes y también y por último las normas comunes sobre regímenes de verificaciones simultáneas que corresponden a la definición de acción común subordinada a los principios de proporcionalidad y formuladas con arreglo a los criterios que antes he mencionado de necesidad y eficacia.
Otro aspecto importante del tratamiento de esta cuestión es un debate sobre el papel de los parlamentos nacionales en el proceso de elaboración de las decisiones adoptadas de conformidad con el principio de subsidiariedad. Nos parece que los parlamentos nacionales deben desempeñar un papel importante en la fase anterior a la adopción de la decisión y también en la fase posterior mediante el control político correspondiente de la forma de ejecución de las acciones llevadas a cabo obedeciendo al principio de subsidiariedad.
Por último, por lo que se refiere a la supuesta substitución de las actuales formas legislativas por lo que la Comisión denomina algo permanente, consideramos que ese proceso se debe ceñir a la adopción de los procedimientos de consulta y a los debates antes de que se adopte la decisión. No se deberá entender en sí mismo como una decisión normativa. Ésta debe seguir, desde nuestro punto de vista, regulada por formas normativas y, en esa medida, vinculantes para sus destinatarios.

Corbett
Señora Presidente, el principio de subsidiariedad ha llegado a ser algo parecido a la tarta de manzana. Todo el mundo está a favor de él, pero todo el mundo entiende algo diferente por él. Un concepto que fue formulado en el marco de la Unión Europea por este Parlamento, cuando preparó el proyecto de tratado de la Unión Europea de Spinelli, es utilizado en realidad por oponentes de la Unión Europea que alegan que ésta está volviéndose supercentralizada y que existe el peligro de un superestado centralizado.
Conviene recordar que gasta sólo el 3 % del gasto público correspondiente a la Unión. Su burocracia es de las mismas dimensiones que la de una ciudad mediana de Europa. No hay peligro real de supercentralización a largo plazo en el futuro. No debemos olvidar que, para que la Unión apruebe instrumentos legislativos, primero necesita un fundamento jurídico en los Tratados: tratados ratificados por todos y cada uno de los parlamentos nacionales. Después, para aprobar cualquier instrumento legislativo importante, se necesita la aprobación del Consejo, entre otras cosas. ¿Y quienes componen el Consejo? Los ministros nacionales, que forman parte de los Gobiernos nacionales, que deben rendir cuentas ante los parlamentos nacionales: no personas predispuestas a entregar poderes a la Unión Europea en casos en que no sea necesario.
La próxima vez que un ministro vuelva a su país y acuse a Bruselas de injerencia, habrá que recordarle en primer lugar que los ministros nacionales que componen el Consejo son los que han aprobado la legislación de que se trate. Aun entonces, en caso de que se excedan en sus poderes, es posible recurrir al Tribunal para intentar verificar si se ha infringido el principio de subsidiariedad o no. Todos los Gobiernos de la Unión Europea pueden optar por esa vía.
Debemos rechazar el miedo suscitado por personas como el Sr. Vanhecke, ahora mismo, como John Major, como Michael Howard, como el Sr. Le Pen, como William Hague, que desearían hacernos creer que existe una amenaza para todos nuestros países de supercentralización en Europa.
No es así. No existe peligro real de eso. Debemos tener el valor de decir que a veces la legislación europea es necesaria con vistas a brindar normas equitativas para el funcionamiento del Mercado Único y velar por que haya menos reglamentación mediante un único conjunto de reglamentos para las empresas, en lugar de quince conjuntos de reglamentos nacionales diferentes a los que deban adaptarse. Sí a la subsidiariedad. No a su utilización como un instrumento con el que atacar a la Unión Europea.

Habsburg-Lothringen
Señora Presidenta, en primer lugar quiero felicitar cordialmente a la Sra. Palacio por su informe y también, naturalmente, a la Comisión representada por el comisario Oreja, por los progresos que se han alcanzado. Sin embargo, en la discusión de este concepto de subsidiariedad me parece adecuado resaltar que precisamente este concepto procede de la doctrina social cristiana y que, por esta razón, debería aplicarse también bajo este aspecto y no debería ser infracalificado, como sucede con tanta frecuencia, como ayuda para autoayudarse.
La subsidiariedad no significa otra cosa que una unidad de mayor volumen no debe asumir nada que la unidad inmediatamente más pequeña pueda desempeñar satisfactoriamente. Pero esto indica también con toda claridad que la subsidiariedad debe ser construida de abajo a arriba y no de arriba a abajo. la subsidiariedad debe funcionar entre los municipios y las regiones igual que debe funcionar entre los órganos de la Unión Europea y los Estados miembros.
El informe de la Sra. Palacio indica con toda claridad desde el comienzo, que el principio de subsidiariedad tiene una dimensión política: por esta razón hay temas que deben ser resueltos también políticamente a través del principio de solidaridad y, si es posible, no ante el Tribunal de Justicia, porque precisamente el objetivo debe ser el de adoptar los acuerdos de la Comunidad lo más cerca posible de los ciudadanos. Pero lo más cerca posible de los ciudadanos significa también desplazar las decisiones en esta pirámide de decisiones tan abajo como sea posible hacia la base. De aquí se sigue para mí la consecuencia lógica de que por debajo del nivel de la comunidad se debe considerar también el nivel de la familia, pues ésta es, en definitiva, la base de la sociedad y debe ser fortalecida también, correspondientemente, en el marco del principio de subsidiariedad.
No obstante, es preciso destacar como esencial que el principio de subsidiariedad no debe ser mal utilizado en ningún caso para provocar un debilitamiento del Derecho comunitario. Una discusión sistemática en el marco de las nuevas políticas parece, ciertamente, un tanto inoportuna aquí. Sin embargo, este informe tan concluyente nos indica, en suma, que queda aún mucho por hacer, sobre todo, en la cuestión de la definición de la subsidiariedad.

Dybkjær
Quiero dar las gracias a la ponente por su intento de aclarar el concepto de subsidiaridad, que fue planteado seriamente por primera vez en Edimburgo en 1992, después de que los referendums celebrados sobre el Tratado de Maastricht hicieran ver a los Gobiernos de los Estados miembros que el apoyo de los ciudadanos a la UE no era demasiado amplio. Para mí, el principio de subsidiaridad sirve, entre otras cosas, para garantizar que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir por sí mismos o, por lo menos, de comprender lo que pasa, dentro de lo posible. No obstante, la definición del mismo sigue siendo poco clara y, por lo tanto, incomprensible en la práctica.
Por eso, ruego que se continúe el debate tanto en esta Asamblea como en la Comisión y en otros lugares y que, además de dirigir un llamamiento a la Conferencia Intergubernamental para que aborde seriamente la definición de este concepto, solicitemos a la DG IV que elabore un informe de principio sobre la evolución del mismo en el período transcurrido y sobre el modo de definirlo con miras a los futuros esfuerzos.

White
Señora Presidente, felicito a la ponente por su sucinto y excelente informe.
Sin embargo, el artículo 3 B del Tratado no define en realidad la subsidiariedad. Me alegro de ello, porque, como ha dicho con razón el Sr. Corbett, en el pasado se ha utilizado el concepto de subsidiariedad como excusa para renacionalizar y yo me opongo totalmente a esa idea. Permítaseme dar un ejemplo concreto: durante el anterior período de sesiones la Comisión, con su leal saber y entender, consideró necesario proteger a los animales de los zoos presentando una propuesta de directiva sobre la situación de los animales en los zoos. A consecuencia de la tristemente famosa Cumbre de Edimburgo, en la que el Sr. Major tiró a la hoguera varias propuestas encomiables, se retiró esa propuesta y ahora ha vuelto a este Parlamento como simple directiva. En mi opinión, eso es un paso atrás: no redundará en beneficio de los intereses de los animales de los zoos y equivale a una débil excusa por lo que deberíamos hacer como diputados.
Así, pues, cuando el considerando F de este informe se refiere a la subsidiariedad como «concepto dinámico», creo que deberíamos añadir la palabra «pragmático», porque, como dice el considerando G, es «una técnica jurídica apropiada». No creo que eso plantee problemas importantes. Lo único que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿cuál es el objetivo de cualquier instrumento legislativo? Y después debemos preguntarnos simplemente en qué nivel será más eficaz dicho instrumento legislativo. Es una prueba pragmática y a veces será más eficaz en el nivel comunitario y a veces lo será en el nivel nacional o regional. Se trata simplemente de la aplicación de un principio pragmático y no debemos permitir que se nos haga creer que la subsidiariedad equivale en cierto modo a hacer las cosas sólo en el nivel nacional.

Oreja Aguirre
Señora Presidenta, señoras y señores parlamentarios, quiero agradecer a la Sra. Palacio toda su dedicación, con la competencia que le caracteriza, al trabajo de la Comisión sobre la aplicación del principio de subsidiariedad. Y quiero decirle cuánto he valorado las observaciones, agudas y precisas, de su informe y su intervención de esta tarde.
Me complace asimismo constatar que la postura de la ponente es, en muchos sentidos, próxima a la de la Comisión. Por ejemplo la Comisión, al igual que la ponente, considera que el principio de subsidiariedad no interviene en los supuestos de competencias exclusivas, ya que, en tal caso, no se puede cuestionar el acervo comunitario e, igualmente, que las diferencias en materia de subsidiariedad deberían resolverse preferentemente en el marco del funcionamiento normal de las instituciones, con arreglo al Acuerdo interinstitucional de 1993, sin excluir, naturalmente, una posible intervención ante el Tribunal de Justicia.
Y, al igual que el Parlamento Europeo, quiero decirle que la Comisión, como bien saben sus Señorías, no ha pedido una revisión del artículo 3 B en el marco de la Conferencia Intergubernamental. El artículo 3 B nos satisface y consideramos que lo importante es que todas las instituciones lo apliquen de una forma real.
Quisiera aprovechar esta ocasión -si me permiten- para precisar la postura de la Comisión con respecto a algunos de los puntos que se han mencionado. Respecto a nuestros informes titulados «Legislar mejor», quisiera, sobre todo, tranquilizarles. La Comisión no confunde en absoluto los principios de subsidiariedad y proporcionalidad con los instrumentos técnicos que hacen que la legislación comunitaria sea más sencilla, más clara y más accesible y, concretamente, la simplificación y la codificación. La Comisión distingue bien entre estos diferentes conceptos y de ninguna manera confunde o mezcla unos con otros.
El enfoque de la Comisión es un enfoque puramente práctico. La legislación comunitaria es una y conviene tener una visión de conjunto de todo lo que contribuye a lo que hemos llamado «legislar mejor». La Comisión se comprometió, y sus Señorías conocen cómo ha cumplido la aplicación del principio de subsidiariedad. Pero siempre es posible, evidentemente, mejorar y, en particular, en los ámbitos que contempla el informe de la Sra. Palacio. Por ejemplo, la Comisión lo que sí se plantea es intensificar todo lo referente a la evaluación de las consecuencias de las acciones propuestas. Ya ha previsto mecanismos en este sentido e intenta ponerlos en práctica y modernizarlos todo lo posible.
Hay un punto que también querría mencionar, que es el que se refiere a la consulta previa de los Libros Verdes y Libros Blancos. Para que siga siendo procedente, es evidente que tiene que llevarse a cabo de forma más concreta en el futuro, de forma más específica. Y, por consiguiente, quiero decirle a la Sra. Palacio que somos conscientes de ello y tomamos buena nota de las observaciones que se hacen en su informe.
Lo que sí nos parece, y esto es una práctica que se ha seguido a lo largo de estos últimos años, especialmente de estos dos o tres últimos años, es que, frente a la práctica que había antes de legislar inmediatamente, ahora se procede, a través de los Libros Verdes y Libros Blancos, a consultar a la sociedad. El Libro Verde, en definitiva, lo que hace es una pregunta. Y en algunos temas hemos tenido que hacerlo dos veces: hemos hecho una primera consulta, no hemos quedado satisfechos con las respuestas que hemos recibido y hemos hecho un nuevo Libro Verde. Por ejemplo, llevamos ya bastante tiempo con el tema del pluralismo y la concentración de medios. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía una idea bien clara de qué es lo que quiere el sector, de qué es lo que quiere la sociedad. Es decir, que, por consiguiente, la aproximación que se hace es distinta a la que se hacía en el pasado. Antes se iba directamente a la legislación. Ahora intentamos conocer con mayor exactitud cuáles son las posiciones. Pero, de todas formas, quiero insistir en que tomamos buena nota de las observaciones formuladas por la Sra. Palacio y vamos a llevarlas a la práctica.
Hay otro punto respecto al cual yo quisiera agradecer también a la Sra. Palacio la vigilancia que ha mostrado respecto a un tema. Pero quiero también tranquilizarla por lo que se refiere a las directivas marco. Las directivas marco, como es bien conocido, son un instrumento de subsidiariedad, preconizado por el Consejo Europeo de Edinburgo y adoptado por la Comisión en determinados casos, en casos específicos, y ello no atenta contra la unidad del Derecho comunitario si se utiliza en situaciones que lo justifiquen. Yo quiero decirle a la Sra. Palacio que la Comisión vela precisamente por ello.
Y, por último, quiero agradecer todas las manifestaciones que ha hecho la ponente sobre los progresos realizados por la Comisión en el ámbito de la consolidación informativa.
En conclusión, la Comisión sigue convencida de que recurrir de forma adecuada al principio de subsidiariedad permite adoptar la legislación apropiada, al nivel apropiado, en el sentido de las manifestaciones que ha hecho, por ejemplo, el Sr. Corbett, que van justamente en esa dirección, todo lo cual acorta distancias entre el legislador y el ciudadano.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Modificación del Reglamento del Parlamento
(código de conducta de los representantes de intereses)
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0107/97) del Sr. Ford, en nombre de la Comisión de Reglamento, Verificación de Credenciales e Inmunidades, sobre el código de conducta de los representantes de intereses.

Ford
Señora Presidenta, como se recordará, la primera vez que debatimos mi informe sobre los representantes de intereses en enero de 1996 el Grupo Socialista y los demócratas cristianos, fundamentalmente, no consiguieron llegar a un acuerdo, con lo que se devolvió el informe a comisión. La reacción pública ante nuestra incapacidad para establecer reglamentos fue muy negativa y el resultado fue que en julio de 1996 elaboré un nuevo informe modificado en el que tenía en cuenta algunas de las consideraciones y preocupaciones que los diputados expresaron sobre el informe inicial, aprobado por esta Asamblea con un solo voto en contra, si no recuerdo mal.
Se trataba esencialmente de un documento marco que había que rellenar y se acordó que habría tres informes al menos: un primer informe, sobre un código de conducta, que es el que tenemos ante nosotros hoy; un segundo informe, sobre el control de los grupos de intereses, que está redactando mi colega el Sr. Spiers y que actualmente tiene ante sí la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades; y un tercer informe, sobre los asesores de los diputados, que está redactando el Sr. Lehne y que también se está examinando en la Comisión de Reglamento. Por tanto, éste es el primero de esos tres informes, en el que se desarrolla más detalladamente el informe que se aprobó en julio de 1996.
En este marco siento la tentación de dar la misma respuesta que el apócrifo estudiante de doctorado que, cuando se le pidió que explicara su tesis, dijo: »Es evidente», pero no voy a ceder a ella del todo. Las partes principales fueron aprobadas prácticamente por unanimidad en la Comisión de Reglamento. En ellas se declara que los representantes de intereses deberán declarar el interés que representen, cuando se reúnan con diputados al Parlamento o personal o funcionarios del Parlamento, no se arrogarán relación oficial alguna con el Parlamento en sus tratos con terceras partes, no distribuirán con fines lucrativos copias de documentos obtenidos del Parlamento y cumplirán estrictamente las disposiciones del segundo inciso del artículo 2 del Anexo 1, según el cual los diputados no podrán aceptar obsequios, es decir, que en adelante los representantes de intereses no podrán ofrecer obsequios a los diputados. Además, los representantes de intereses deberán cerciorarse de que cualquier asistencia prestada en el marco de estas disposiciones queda declarada en el registro pertinente. Hay una enmienda del Sr. Donnelly, que voy a aceptar, encaminada a hacer más estricta esa disposición, pero les atribuye cierta responsabilidad para velar por que se comuniquen apropiadamente sus acciones.
También dice que, cuando contraten a antiguos miembros de las instituciones, deberán cumplir las disposiciones del Estatuto de los funcionarios. En este momento el Estatuto de los funcionarios nada dice a este respecto. En el Estatuto de los funcionarios hay disposiciones que exigen a ciertas categorías de antiguos empleados que soliciten permiso de la institución para aceptar empleos en otros sectores delicados, pero actualmente no hay miembros del personal así designados. Sin embargo, eso puede ser algo que cambie en el futuro. Lo mismo es aplicable a la enmienda nº 10 en la que pedimos a los representantes de intereses que observen cualesquiera normas establecidas por el Parlamento sobre los derechos y los deberes de los antiguos diputados a la Asamblea y, según tengo entendido, los Cuestores están examinando esa cuestión. También dice que, si un representante de intereses quiere emplear a un asesor de un diputado, tendrá que solicitar el permiso del diputado interesado. Eso parece evidente.
Por último, concluye que cualquier violación del Código de Conducta podrá provocar la retirada del pase extendido a la persona interesada y, si procede, su firma. Sólo si el Parlamento está dispuesto a utilizar esa sanción podremos hacer más estricta esa disposición.
Hay dos enmiendas más que probablemente tropiecen con cierta oposición en la Asamblea mañana. Una es la enmienda nº 12, que exige a los representantes de intereses que presenten todos los años un informe sobre sus actividades, con vistas a obtener la prórroga de sus pases. Existe cierta preocupación por que la consecuencia de ello sea la producción de cantidades ingentes de páginas. Tengo entendido que hay Grupos en esta Asamblea que no la apoyarán. Si fuéramos a apoyarla, probablemente yo recomendaría la enmienda del Sr. Ephremidis, que pide que los representantes de intereses declaren la asistencia que hayan prestado a diputados; sin embargo, la referencia en esa enmienda a «obsequios» es inapropiada, porque, como ya hemos visto, los obsequios son ilegales de conformidad con nuestras disposiciones actuales.
El punto final se refiere a la enmienda nº 1, según la cual sólo los asesores registrados y que trabajen exclusivamente como asesores tendrán acceso al Parlamento en las mismas condiciones que el personal de la Secretaría o de los Grupos políticos. En este momento nuestro Reglamento permite un acceso privilegiado a los asesores de los diputados. El Grupo Socialista desearía que se cerrara inmediatamente esa laguna que, en realidad, propicia una situación en la que los asesores de diputados pueden simultáneamente trabajar para grupos de interés o incluso para los propios representantes de intereses, pero tengo entendido que el PPE preferiría que se incluyera en el informe Lehne, que aborda la cuestión de los asesores de los diputados, cuando se vote. Si es así, esperamos que se comprometan a ello; de lo contrario, no crearemos un obstáculo para los abusos, sino una vía rápida para ellos, al permitir a los representantes de intereses eludir el sistema empleando a nuestros asesores para que hagan lo que les impedimos hacer a ellos.
Recomiendo mi informe a la Asamblea y espero que mañana reciba el apoyo de Sus Señorías.

Wibe
Señora Presidenta, permítame que felicite brevemente al Sr. Ford por su magnífico informe y por lo que considero un fuerte y continuado esfuerzo en el Parlamento, que se traduce con estos dos informes en la configuración de una normativa para los representantes de interés. Cabe recordar que se trata de una cuestión que afecta profundamente a una gran parte de nuestro electorado. No creo que exagere al decir que las actividades carentes de regulación de los representantes de intereses, aceptadas con anterioridad en el Parlamento, han dañado en gran medida nuestra reputación. Pienso, por tanto, que el Parlamento debe estarle profundamente agradecido al Sr. Ford por introducir esta normativa.
Hay un apartado que considero de especial relevancia. Se trata de la obligación de los representantes de intereses de presentar un informe anual sobre sus actividades. El punto es importante, puesto que creo que periodistas e investigadores, señor Wijsenbeek, deben poder seguir de cerca una cuestión determinada y saber qué representantes han ejercido presión sobre qué diputados, y con ello saber qué diputados se han podido ver sometidos a presiones y qué diputados se han visto libres de ellas. En este contexto habría querido dar un paso adelante y aprobar la propuesta original del Sr. Mettens en su conjunto, que también establecía lo que debía figurar en estos informes anuales. Ahora esto se convertirá en un asunto que decidirán los cuestores.
A veces no se puede ir más lejos. Pienso, no obstante, que este es un paso muy importante en el buen camino. Mi grupo tendrá la satisfacción de votar en favor del informe. Esperamos además que, tras las experiencias que se obtengan, se siga avanzando y configurando normas que sean aún más explícitas.

Donnelly, Brendan
Señora Presidenta, como el orador anterior, quisiera comenzar felicitando al Sr. Ford por un informe que es, básicamente, excelente. Quisiera agradecerle en particular el constructivo y abierto tenor del debate que dirigió en nuestra Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades. El informe que ha elaborado refleja en general las conclusiones de dicha comisión.
Ha tenido el acierto -y lo felicito por sus poderes telepáticos- de anticiparse a dos enmiendas que nos plantean problemas. Me refiero a las enmiendas núms. 1 y 12. Por lo que se refiere a la enmienda nº 1, nuestra objeción es en gran medida de procedimiento. Creemos que se trata de un sector ligeramente complicado y que sería útil examinar con mayor detalle. El Sr. Lehne presentará un informe y quisiera aprovechar esta oportunidad para subrayar que veo el problema que señala el Sr. Ford. Hay personas que no son ni chicha ni limonada: ni son puramente asesores ni se los podría considerar apropiadamente terceras partes y representantes de intereses. Eso es un problema y debemos trabajar con el Sr. Lehne y en la comisión para velar por que se resuelva dicho problema.
La segunda cuestión es más substancial. Se refiere a la enmienda nº 12. Es algo que ya hemos examinado y el año pasado decidimos que no hubiera la doble contabilidad. No queríamos que hubiera informes de los diputados y de terceros. El Grupo del Partido Popular Europeo sigue abrigando reservas sobre esa idea. Podría ser desproporcionada respecto de cualquier beneficio político que aportara y asimismo tenemos la sensación de que a la enmienda nº 12 subyace la idea de que los contactos entre diputados y terceros o grupos de interés son algo tan sospechoso, tan intrínsecamente negativo casi, que se debe vigilar y controlar lo más rigurosamente posible. Nosotros no compartimos esa opinión y nos satisface perfectamente que existan simplemente obligaciones de los diputados y no de terceros.
Con esas reservas, recomendamos el informe del Sr. Ford a la Asamblea y votaremos a favor de todas las enmiendas que figuran en él, exceptuadas las núms. 1 y 12.

Wijsenbeek
Señora Presidenta, me encuentro quizás entre quienes a la sazón vieron entrar en el Parlamento al primer representante de intereses al que recibimos con alegría, pues esto significaba que el Parlamento Europeo contaba. Y cuando fueron 3.500 y el Sr. Metten empezó a ponerse nervioso, entonces se vio que realmente había que hacer algo. Con eso estamos en realidad de acuerdo. Es más, consideramos que en sí es muy acertado que el Parlamento Europeo formule normas que hagan más transparente al Parlamento. Pienso que todos estamos de acuerdo con ello y que podemos felicitar al Sr. Ford.
Por otro lado, hemos de dejar claro que tenemos que estar convencidos de que no podemos realizar nuestro trabajo si no recibimos más información y detalles a través de los grupos de intereses sobre la situación en los diferentes Estados miembros. Hemos devuelto el informe de la Sra. Mosiek-Urbahn porque en él se trataba una cuestión técnica complicada cuyas consecuencias no podemos prever como simples diputados.
Quiero hacer algunas observaciones. En primer lugar, todos estamos de acuerdo con los democristianos en lo relativo a la enmienda nº 1. En segundo lugar, la enmienda nº 4 me parece sencillamente ofensiva. Es algo así como un mandamiento de «Thou shalt not commit sin » (no pecarás) y no puede formularse así en un informe del Parlamento Europeo.
Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda nº 12. En realidad preferimos la enmienda nº 14. Señora Presidenta, la enmienda nº 12 tiene que ver con ese informe anual, carece de sentido y es superflua, y supone demasiado trabajo.

Ephremidis
Señora Presidenta, es realmente importante, y al mismo tiempo difícil, el tema que este informe intenta solucionar, aunque también lo son los otros informes que lo complementan y que están pendientes de ser elaborados por la comisión competente. La dificultad se manifiesta en que el tema está en debate desde 1994 y en que en enero de 1996, por decisión del Parlamento, el informe del Sr. Ford se devolvió a comisión para que vuelva ahora.
Es evidente que debemos examinarlo con especial responsabilidad, porque, nos guste o no, siempre hay fuerzas que intencionada o imprudentemente quieren difamar a órganos colectivos, como es el Parlamento, y a sus miembros, los diputados, quienes supuestamente reciben de una manera u otra donativos, son financiados y están bajo la influencia de grupos de intereses organizados. Hay que encontrar la manera de desmentir esto de manera categórica e institucional. Siendo así las cosas, tengo la impresión -aunque aprecio el trabajo del Sr. Ford y de la comisión de la cual formo parte- de que el presente informe no llega hasta donde debería para ser convincente.
Deseo hacer dos observaciones. Una es que establecemos determinados grupos de intereses específicos que obviamente son económico-comerciales. Éstos tendrán formas de acceso y disfrutarán de una posición privilegiada, aunque con muchas medidas preventivas. Aun así, no dejan de estar en una situación privilegiada, ya que por otra parte existen grupos sociales de trabajadores y de otras capas sociales que no disfrutan de tal posición, de esta posibilidad de «entrar y salir», de este diálogo con los órganos y con los propios diputados. Estos tendrán, pues, que delegar la defensa de sus intereses en aquellos grupos, aunque a menudo pertenezcan a sectores de intereses opuestos. En consecuencia, hay un trato desigual.
Mi segunda observación se refiere a la enmienda nº 8, que por lo visto se ha aprobado y que rechazo categóricamente. Señora Presidenta, difama al Parlamento y a los diputados y al propio informe, porque dice lo siguiente: que se declare la ayuda -muy bonita expresión- que reciben los diputados. El problema no es que se declare o no. El problema es que se recibe un regalo -en especie, dinero o servicios- y no cambia nada con que se declare. Continua existiendo el estigma del cohecho pasivo .
Por último, señora Presidenta, yo también he presentado una enmienda y quiero aclarar su contenido. Apunta precisamente a esto: ¿que tipo de donativos pueden recibir los diputados de los grupos de presión o de cualquiera? - Datos, argumentos e información, si, pero no regalos, servicios u otro tipo de prestaciones materiales. Desde este punto de vista mantengo la enmienda. Si su contenido no es claro, entonces la retiraré.

Aelvoet
Señora Presidenta, siguiendo con lo que acaba de decir el anterior orador, quiero señalar que este es el segundo informe Ford, no el primero. Es cierto que en un principio, el primer informe fue devuelto a la comisión, pero después fue aceptado por el pleno y ahora examinamos una posterior elaboración de aquel. En conjunto consideramos que, en la elaboración del código de conducta para los representantes de intereses, se han realizado claros progresos, se exige más claridad en este sentido, se exige que todo se incluya en el registro, concretamente que han de indicar qué intereses representan, que nunca puedan apelar a su relación con el Parlamento para conseguir determinadas cosas, que no puedan vender documentos, documentos públicos normales del Parlamento, para sus propios intereses, etc. Se trata sin duda de cosas positivas que ahora, gracias a este informe del Sr. Ford, se fijan con claridad.
Lo que nos deja insatisfechos, y para ello presentamos ya una enmienda en la comisión, es que considerábamos que el paralelismo que en un principio se preveía entre el informe Ford y el informe Nordman, que habla de las ventajas a que pueden apelar los parlamentarios y la necesidad de declarar estas ventajas, que también hay que hacerlo en relación con los representantes de intereses. Presentamos una enmienda de este tenor en la comisión, pero lamentablemente no fue aceptada. Por tanto consideramos de máxima importancia que se acepte la enmienda Ephremidis, que también es nuestra pues la depositamos conjuntamente en el pleno, a fin de que se obtenga claridad sobre qué donativos, del tipo que sean, pueden hacer los representantes de intereses a los parlamentarios o a los colaboradores. Si se acepta esta enmienda, respaldaremos el informe. De lo contrario, lamentaremos no poder ofrecer nuestro apoyo. Por supuesto estamos plenamente de acuerdo con la observación del Sr. Wijsenbeek de que es un poco extraño que en un reglamento se formule algo en el sentido de que hay que abstenerse de emprender cualquier acción que pudiera implicar recibir información de forma injusta. Son cosas tan moralizadoras que con ellas no se consigue nada, pero para nosotros es de máxima importancia que se apruebe la enmienda Ephremidis y de los Verdes.

Lambraki
Señora Presidenta, creo que en una época en la que en todos los países de la Unión Europea se pone en entredicho la credibilidad de los políticos y de la política, el informe del Sr. Ford y, sobre todo, la intención que hay detrás de él -controlar la función y la actuación de los representantes de grupos de interésson realmente dignos de elogio y, en mi opinión, contribuirán en cierto grado a la revalorización de nuestras actividades.
La acción de los representantes de grupos de interés en el Parlamento Europeo con frecuencia no está controlada, e incluso a menudo he sentido sorpresa, y no lo oculto, hasta indignación, al ver cómo sus representantes tienen acceso a documentos e información antes que nosotros, los diputados. A menudo tienen en sus manos documentos que nosotros tardamos muchísimo en recibir. Por eso, considero muy importante la enmienda nº 1 y quisiera instar a los diputados de todos los Grupos políticos que revisen su postura ante ella. No es suficiente que digamos que queremos controlar la actuación y función de los grupos de presión. Debemos encontrar un mecanismo con el que hacerlo. Creo que la enmienda nº 1 constituye un primer mecanismo para controlar esa actuación.
Evidentemente, todos somos conscientes de que el esfuerzo que significa el presente informe del Sr. Ford no solucionará eficazmente el problema creando condiciones de absoluta transparencia, que es algo que, según creo, todos en esta Asamblea deseamos. Sin embargo, representa un paso valiente en la dirección correcta. Lo que es necesario es que, tras su aprobación, todos colaboremos para que la letra del presente informe cobre vida en el día a día del Parlamento Europeo.

Mosiek-Urbahn
Señora Presidenta, los que me han precedido en el uso de la palabra han expuesto ya de qué se trata en detalle en el Informe Ford. La propuesta anima a los representantes de intereses a una actitud leal y abierta. Es deseable una mayor transparencia en este informa. La pregunta no puede ser otra que ésta: ¿Qué medios son adecuados?
En este contexto la enmienda 1 no pertenece con toda seguridad a las regulaciones del código de conducta. De manera formal se refiere al artículo 2 y no al artículo 3 y debería ser discutida en un contexto adecuado, es decir, en el Informe Lehne. Allí podemos ocuparnos también de una definición más precisa del asistente.
Respecto de la enmienda 12, en la que se exige un informe de los representantes de intereses, quisiera puntualizar que, por un lado, esta enmienda no es clara pues de ella no se sigue sobre qué hay que informar y, sobre todo, quién debe valorar luego lo que se relata en el informe.
Con independencia de esto, abrigo otros reparos contra esta enmienda pues para un tercero refleja sólo una imagen incompleta. Si este informe debe servir - tal como acaba de pedir el Sr. Wibe- para que, por ejemplo, los periodistas se informen acerca de con quién se han realizado contactos, entonces hay que ver que esta información es incompleta y, por consiguiente, falsa. Quisiera recurrir otra vez al ejemplo que ya se ha utilizado antes. Entonces, en el informe debería figurar lo siguiente acerca de la vigilancia sobre los grupos de aseguradoras: se han celebrado conversaciones con organizaciones de seguros. En el mismo no figura que también se ha hablado con los organismos de vigilancia, con la Comisión y con los representantes de los gobiernos. Sólo la enumeración de todos estos diversos representantes, en sentido amplísimo, de intereses daría una imagen completa y correcta.
Por esta razón tampoco me parece adecuada esta enmienda. Pero mi deseo es indicar de manera general que por el debate que hemos celebrado aquí se ha originado una imagen deformada en la opinión pública. Necesitamos a los representantes de intereses para poder informarnos plenamente acerca de las más diversas facetas de los diferentes grupos de problemas, y esta colaboración debe realizarse en el marco de una colaboración transparente, comprensible para cualquiera. El respeto del código de conducta ayudará a esto.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Modificación del Reglamento del Parlamento
(artículo 116)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0089/97) del Sr. Brendan Donnelly, en nombre de la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades, sobre la modificación del artículo 116 del Reglamento relativo a la votación por partes.

Donnelly, Brendan
Señor Presidente, permítaseme comenzar diciendo que mañana, antes de la votación final, pediré que se devuelva mi informe a comisión. Se han presentado nuevos puntos y argumentos y, si bien me habría satisfecho, personalmente, votar mañana sobre el informe, el consenso general es el de que debemos devolverlo después del debate, durante el cual esperamos que surja alguna indicación útil sobre cómo se podría -si es que se puede- mejorarlo.
Mi propuesta en este informe es sencilla: la de que en el futuro no sea posible celebrar votaciones por partes sobre enmiendas en el Pleno.
Formulo esta propuesta por tres razones: una es administrativa: la segunda, filosófica; y la tercera, política. La razón administrativa es el ahorro de tiempo. En este Parlamento votamos demasiado y no como es debido. Lo que espero lograr con mi propuesta es que ahorremos tiempo y hagamos más transparentes las votaciones que se celebren. Hemos estado hablando de la subsidiariedad: legislar menos, pero mejor. Tal vez mi propuesta sea del mismo tenor: votar menos, pero mejor.
Uno o dos colegas me han expresado la idea de que mi propuesta no reduciría el tiempo dedicado a votaciones. Podría ocurrir simplemente que todo el mundo presentara más enmiendas para abarcar todas las posibilidades que podrían surgir durante el debate. Lo dudo. En este momento, con nuestro sistema actual, lo que ocurre es que, poco antes de que se celebre la votación, todos los coordinadores de los diversos Grupos examinan las ingeniosas propuestas de sus colegas de otros Grupos y después se preguntan: ¿podemos votar sobre las tres primeras palabras de la enmienda nº 3? Abstengámonos sobre las tres palabras siguientes y después no participaremos en la votación sobre las tres últimas palabras. Es como un juego de abalorios, que exige mucho tiempo y que se puede reducir administrativamente.
Mi segunda razón es más filosófica y sistemática. No corresponde al Pleno volverse una comisión de redacción compuesta de 626 diputados. La labor y el papel de las comisiones deben consistir en velar por que, cuando acudamos al Pleno, no nos limitemos a repetir lo que se debería haber hecho en comisión.
En este marco, tal vez pudiera remitirlo a usted, señor Presidente, y a sus colegas por mediación de los vicepresidentes y del Presidente, al artículo 115, que no se aplica con el suficiente rigor y severidad. En el artículo 115 queda claro que lo normal debería ser que la votación se celebrara en bloques a partir de una recomendación de la comisión competente. Yo voy a estar un poco más atento en el futuro -y también el Sr. Ford, no me cabe duda, como presidente que es de la comisión- para intentar fomentar la aplicación de ese principio. En esa idea me baso para indicar que sería más aconsejable que no nos limitáramos a duplicar la labor de las comisiones.
Mi tercera razón es tal vez la más importante y se refiere a la impresión y la repercusión que causamos como Parlamento a las personas sentadas en el tribunal, las personas que nos ven en la televisión y examinan nuestra labor. He hablado -como muchos diputados, estoy seguro- con grupos de ciudadanos de mi circunscripción, profesores universitarios, periodistas, personas que han acudido a nuestra Asamblea y han quedado muy sorprendidos ante unas votaciones que les parecían excesivamente detalladas y matizadas: por ejemplo, cuando votamos sobre la intercalación de una palabra determinada o la posible supresión de una frase determinada y no sólo una o dos veces, sino durante toda la mañana. Eso es algo que reduce muy substancialmente las repercusiones positivas que, como Parlamento podemos tener.
Todo parlamento ha de encontrar un equilibrio entre sus procedimientos internos y las repercusiones que tiene en el mundo exterior. Pero creo sinceramente que en este Parlamento, tal vez por razones comprensibles, llegamos a estar demasiado enfrascados o demasiado entusiasmados con nuestros debates y nuestros procedimientos internos. Si seguimos la vía que propongo, tal vez perdamos algunos matices que sean particularmente importantes y caros para uno o dos coordinadores, tal vez de los coordinadores de todos los Grupos. Pero el beneficio que podríamos conseguir, si seguimos mi propuesta, sería el de que tendríamos un conjunto de procedimientos más transparente y más legible y resultaría más fácil convencer a los que nos contemplan de que nos preocupa causar repercusiones favorables en su bienestar y circunstancias políticas y sociales, en lugar de estar introvertidamente preocupados sólo por nuestros procedimientos. Evidentemente, la reacción de algunos de los diputados, indica que se trata de una idea que se debe pulir. Pero mi intención al presentar esta propuesta era la de dar una señal política de que éste es un Parlamento abierto al mundo exterior, un Parlamento extrovertido y no introvertido. Me mantengo fiel a esa intención, desde luego, y espero que la Comisión de Reglamento, de Verificación de Credenciales y de Inmunidades pueda pulirla y aplicarla en mi informe o de otra forma, para que podamos examinar toda la cuestión de la votación sobre las enmiendas y las votaciones en general en este Parlamento.

Fayot
Señor Presidente, en este Parlamento todo el mundo se queja de lo largas que son las votaciones, en las que muchos diputados votan a veces sin saber exactamente qué votan, siguiendo escrupulosamente las consignas de sus Grupos. La Comisión de Reglamento ha abordado en bastantes ocasiones este problema de la duración de las votaciones, que da lugar a muchas recriminaciones por parte de nuestros colegas.
El capítulo 14 de nuestro Reglamento es, por lo tanto, uno de los más importantes, y usted recordará sin duda que la Comisión de Reglamento ha presentado varias propuestas para abreviar las votaciones. Podría recordar, por ejemplo, para contestar al Sr. Donnelly, que nuestra comisión ha insistido a menudo ante el Presidente en la aplicación del artículo 114. Me refiero en particular a la recomendación de votación del presidente de la comisión competente en cuanto al fondo y del ponente en la sesión plenaria y, por supuesto, también al voto en blanco. Desgraciadamente, estas recomendaciones se quedaron en letra muerta. Hay que insistir sobre la importancia que tiene este artículo.
El informe del Sr. Donnelly trata de la votación por partes, es decir, sobre el artículo 116. Me gustaría felicitar al Sr. Donnelly por el trabajo de reflexión y de persuasión que ha desarrollado dentro de la Comisión de Reglamento, que ha aprobado ampliamente su informe. Si decidimos devolver a comisión este informe antes de las votaciones, será útil precisar algunos puntos. El Sr. Donnelly propone dos cosas. La primera es indiscutible: se trata del plazo para solicitar una votación por partes. La segunda se refiere a la prohibición de votaciones por partes sobre las enmiendas. De hecho, al solicitar una votación por partes sobre una enmienda, se presenta una nueva enmienda, se hace una enmienda en las enmiendas; mientras que quienes presentan enmiendas deben seguir todo un procedimiento, la solicitud de votación por partes es de alguna manera una solución de facilidad. Los diputados tienen entonces que votar partes de frases distintas según cada lengua y, a menudo, no son capaces de entender correctamente el sentido de lo que votan.
Por mi parte, no creo que la propuesta del Sr. Donnelly vaya a tener como consecuencia la multiplicación de las enmiendas, tal como ha dicho hace un momento la Sra. Oomen-Ruijten en su intervención en nombre del PPE. Sin duda, hay que darle al Parlamento todas las posibilidades de expresarse, pero de forma razonable y, sobre todo, de forma previsible. Eso es lo que propone el Sr. Donnelly, a beneficio de inventario: no he oído otras propuestas y no veo de momento otras soluciones. Pero siempre podemos seguir buscándolas si así lo desea el Parlamento.

Wijswenbeek
Me da pena el Sr. Donnelly, porque tiene un coordinador que de vez en cuando piensa o habla demasiado pronto y de vez en cuando demasiado tarde.
Señor Presidente, quiero señalar que he aceptado que se devolviera este informe porque pienso que es sensato verlo en conexión con la revisión de nuestra postura en el pleno. En lo que a ello respecta, pienso que es muy positivo, y me complace mucho, en cooperación con el Sr. Donnelly, poder llegar al punto de que, cuando se trate mi informe sobre la revisión del pleno, podamos incluir de nuevo la enmienda de supresión, pues de hecho una votación por partes es una enmienda de supresión, pero de forma velada. Por otra parte, le apoyo en lo referente a la idiotez de que es presa este Parlamento en estos momentos en que estamos votando por separado cada palabra y determinados apartados. Por lo tanto, en lo que a esto respecta, espero con impaciencia la continuación del debate y espero que consigamos convencer a tiempo al primer orador con respecto a los asuntos plenarios del Grupo del Sr. Donnelly de la utilidad de su informe.

Donnelly, Brendan
Señor Presidente, quisiera corregir una alusión incorrecta que he hecho hace un momento a un artículo del Reglamento. Me he referido al artículo 115, pero, como ha dicho el Sr. Fayot, estaba pensando en el artículo 114. Espero que se pueda corregir en el Acta. También quisiera decir que en el Grupo se examinó detalladamente la cuestión de la actitud del PPE para con mi informe. Sería injusto dar a entender que hubiera sido una ocurrencia exclusiva de la Sra. Oomen-Ruijten.

El Presidente
Está bien que la Sra. Oomen-Ruijten obedezca alguna vez instrucciones.
El debate queda cerrado.
La votación se celebrará mañana a las 12.00 horas.

