
El Presidente.
   Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo interrumpido el jueves 16 de febrero de 2006.
Struan Stevenson (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, intervengo sobre un asunto de importancia política en virtud del artículo 144 del Reglamento.
He leído con detenimiento sus comentarios acerca de las posibles reformas internas del Parlamento, y sus opiniones en el sentido de que sería deseable una mayor asistencia a los debates y una mayor participación de los diputados merecen nuestro aplauso. Sin embargo, me siento bastante consternado por el hecho de que, en sus prisas por garantizar la incorporación de todos los diputados a las labores del Parlamento, haya optado por ignorarlos totalmente y, en cambio, entregar antes su proyecto de propuesta a la prensa, sin consultar previamente a los diputados a quienes tanto desea ayudar.
¿Por qué no figura este punto en el orden del día? Además me descorazona que su solución a la enojosa cuestión de la participación de los diputados al Parlamento Europeo consista en recomendar la centralización total de la toma de decisiones en la Conferencia de Presidentes, que usted preside. Señor Presidente, tal vez pueda explicarme a mí y al resto de la Cámara cómo se puede lograr, mediante la centralización y la exclusión, su magna visión de la integración y la participación democráticas. En palabras del señor Poettering, el Presidente de nuestro Grupo, esto equivale a una microgestión administrativa difusa dentro del Parlamento.
El Presidente.
   El artículo que usted ha invocado, señor diputado, no avalaba su intervención. Hace usted una interpretación del Reglamento que no es la adecuada. Yo le he dejado hablar para que no hubiese ninguna clase de mala interpretación por el hecho de cortarle la palabra. Su cuestión de orden no era procedente.
Usted ha hecho una imputación al Presidente, acusándole de haber filtrado un documento que estaba en poder de no menos de 30 personas. Su interpretación del procedimiento que se ha adoptado es también completamente errónea. La Conferencia de Presidentes lo ha discutido, lo seguirá discutiendo y, en su momento, estarán ustedes perfectamente informados de las decisiones a las que llegue.
Le ruego que la próxima vez escoja usted bien el artículo que invoca para plantear una cuestión de orden, porque, si no lo hace así, el Presidente no le dará la palabra.
Martin Schulz,
   . – Señor Presidente, deseo comentar lo que acaba de decir el señor Stevenson. El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo le agradece su iniciativa de debatir estas reformas, de las que somos partidarios. En la Conferencia de Presidentes yo también tuve la impresión de que estábamos de acuerdo y que queríamos comenzar por reflexionar acerca de este tema dentro de nuestros Grupos.
El señor Poettering expuso claramente que su propio Grupo tenía que someterlo a debate; yo me expresé en el mismo sentido en nombre de mi Grupo y otros diputados hicieron lo propio. Vamos a debatir el asunto en el seno de nuestros Grupos y nuestras discusiones van a ser de gran calado y exhaustivas, pero deseo dejar muy claro –y quiero pedir a los servicios que agreguen al Acta el artículo pertinente– que el Presidente, al propugnar tales reformas, goza de la plena confianza del Grupo Socialista. 
El Presidente.
   Señor Schulz, buscaremos el artículo adecuado, pero no estamos ante una petición de confianza del Presidente, al menos todavía no, de manera que la Conferencia de Presidentes seguirá trabajando, los Grupos participarán en el debate y los presidentes de Grupo serán portavoces de las posiciones de sus Grupos. Estoy seguro de que entre todos conseguiremos plantear propuestas que mejoren el funcionamiento de nuestro Parlamento.
Ésta, y no otra, es la intención de todos, empezando, señor Stevenson —si me lo permite—, por la de su Presidente.
El Presidente.
   Quisiera ahora hacer una declaración relativa a dos fechas recientes.
El día 8 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer y, aprovechando este día, quiero expresar hoy ante el Parlamento, en nombre -creo- de todos los diputados y diputadas, nuestro rechazo a la violencia que las fuerzas de la policía han ejercido contra un grupo de mujeres que se manifestaban pacíficamente en favor de sus derechos en Teherán.
Al calor de este acontecimiento, que el Parlamento condena, quiero expresar nuestra solidaridad con todas las mujeres del mundo que se manifiestan y reclaman pacíficamente sus derechos.
Es una ocasión importante para que reflexionemos sobre el problema de la desigualdad, no solo el día 8 de marzo, sino todos los días del año.
También quiero aprovechar la ocasión para felicitar a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de nuestro Parlamento, que ha marcado este día con un tema muy importante y muy oportuno. En efecto, en vista del próximo campeonato mundial de fútbol, nuestra Comisión de Derechos de la Mujer ha organizado un seminario, que ha sido ampliamente difundido, sobre el tema de la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales.
Y recordemos también que estamos celebrando el segundo Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y que, con este motivo, este año, al igual que el año anterior, nuestro Parlamento ha celebrado una ceremonia en recuerdo de las víctimas del terrorismo.
A esta ceremonia han sido invitados y han asistido 600 alumnos de distintas escuelas de Londres y de Bruselas que han expresado sus opiniones sobre el terrorismo en un rico debate en el que han participado varios de nuestros diputados y diputadas y que ha sido presidido por el señor Lambrinidis, Vicepresidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, al que quiero agradecer que me haya sustituido en este acontecimiento.
En efecto, creo que hemos de recordar el trágico atentado terrorista perpetrado en España, del que ahora se cumplen dos años y que costó la vida a 192 personas, así como el que tuvo lugar en Londres en julio del pasado año.
Debemos seguir luchando contra el terrorismo en todas sus formas y nuestro Parlamento, que siempre ha luchado a favor de la dignidad de los seres humanos, está plenamente comprometido con una lucha que no podremos ganar ningún país europeo de forma aislada. Solo los demócratas europeos unidos podremos hacer frente a esta amenaza.
Quiero recordarles lo que hemos hecho este fin de semana en este terreno.
El Presidente.
   Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día, elaborado conforme a los artículos 130 y 131 del Reglamento por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves 9 de febrero de 2006. Se han propuesto las siguientes modificaciones:
El Grupo del Partido Popular Europeo ha solicitado que la votación sobre el informe del señor Cottigny, prevista para mañana, se traslade al miércoles.
¿Alguien desea explicar esta solicitud del Grupo del Partido Popular?
Ria Oomen-Ruijten,
   Señor Presidente, el ponente alternativo necesita algo más de tiempo para cambiar impresiones con los ponentes alternativos y los ponentes de los distintos Grupos. A la vista del elevado número de enmiendas que han sido presentadas, junto con la necesidad de una serie de votaciones por partes, nos gustaría aplazar la votación hasta el miércoles. 

Martin Schulz,
   . – Señor Presidente, con respecto al orden de los trabajos propuesto, deseo formular una petición relativa al miércoles. Con el orden de los trabajos propuesto, en mi opinión, cuando lleguemos a la declaración del Consejo y de la Comisión sobre los preparativos del Consejo Europeo y sobre la Estrategia de Lisboa, vamos a chocar –al igual que en el caso de los debates entre las 15.00 y las 19.00 horas sobre la declaración del Consejo acerca de la reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores, el informe Brok y otros informes– con el límite máximo de lo factible organizativamente. Propongo aclararlo recurriendo a algunas cifras relativas a los tiempos de intervención. 
Los tiempos de intervención para la declaración del Consejo sobre la Cumbre, así como para las declaraciones tanto del Consejo como de la Comisión y el debate posterior, están distribuidos de la siguiente manera: al Consejo se le asignan 30 minutos para su intervención, a la Comisión 20 minutos, y la Cámara en su totalidad dispone de 60. Eso significa que las otras dos instituciones cuentan con la misma cantidad de tiempo para intervenir que todos los diputados y todos los Grupos juntos. El resultado es que, en el debate sobre este asunto, el Grupo del Partido Popular Europeo dispone de 18 minutos, mi propio Grupo cuenta con 14, los Liberales tienen 7 y los Verdes, cuatro y medio. Acabo de comunicar a mi Grupo que esta situación va a ocasionar disputas dentro de los Grupos, ya que, si yo pretendiera que intervinieran todos mis expertos, necesitaría más tiempo del que nos ha sido concedido. La consecuencia de todo ello es que los Grupos tendrán que reducir su tiempo de intervención hasta el punto de que los oradores no podrán hablar más de un minuto cada uno. Si bien eso servirá para preservar la paz en el seno de los Grupos, en nada va a contribuir a la calidad del debate en esta Cámara. Y dado que carece de todo sentido, continuaremos instándole a que prosiga impulsando la reforma que ha puesto en marcha. La simple realidad es que necesitamos más tiempo para tales debates.
Pero lo que también precisamos es que las instituciones, dadas las circunstancias en las que tenemos que trabajar, reduzcan algo sus intervenciones, petición que queremos hacerles llegar. Estoy convencido de que el Consejo y la Comisión son perfectamente capaces de plantear los aspectos clave que desean transmitirnos en menos de 30 o 20 minutos, toda vez que yo tengo que exponerlos en cinco y hasta ahora no tengo la impresión de no haberlo conseguido. Si alguna vez dispusiera de 20 minutos para hablar sería estupendo, no solo para mí, sino también para esta Cámara.
Pero por ahora, le pido a usted y a los servicios que se reúnan con las dos instituciones antes del miércoles –esto es, con quienquiera que vaya estar presente, el Presidente en ejercicio del Consejo o el Presidente de la Comisión– y acorten sus intervenciones a fin de disponer de más tiempo para celebrar un debate en esta Cámara. Permítame leerle las cifras para la sesión de tarde. Esa tarde, el tiempo disponible para intervenir sobre los informes asciende a 50 minutos para el Consejo y la Comisión respectivamente, mientras que al señor Brok, el ponente, se le conceden cinco –lo que resulta totalmente insuficiente a la vista de la importancia de su informe– y a la totalidad de los diputados se les asignan 90 minutos a repartir entre ellos. Se lo digo bien claro, señor Presidente, eso no es razonable. Por consiguiente, con carácter inmediato le ruego que acuerde con las instituciones una reducción para el miércoles, y a continuación y con vistas al futuro, solicito que esta Cámara organice nuestras órdenes de los trabajos de manera que contemos con tiempos suficientes para debatir los asuntos importantes entre nosotros.
El Presidente.
   Señor Schulz, como ustedes saben, no está reglamentado el tiempo que corresponde asignar a las otras instituciones. No hay nada en el Reglamento que diga cuánto tienen que hablar y normalmente se les da «barra libre», es decir, hablan lo que estiman oportuno hacerlo. No así los diputados, que están muy limitados por el tiempo.
Creo que la Comisión y el Consejo han tomado buena nota de la petición del señor Schulz. Estoy seguro de que van a actuar en consecuencia. Piense que, en este punto del orden del día, hay tres declaraciones y las réplicas, o sea, que estamos hablando de 50 minutos para dichas declaraciones y réplicas. Habida cuenta de lo apretado del calendario, estoy seguro de que las dos instituciones se autolimitarán a fin de que que los diputados tengan tiempo para intervenir.
Daniel Marc Cohn-Bendit,
   . – Señor Presidente, no comprendo del todo su reacción, particularmente teniendo en cuenta los aplausos procedentes, por una vez, de todos los lados de la Cámara después de lo que ha dicho el señor Schultz, el presidente de ese gran partido que es el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo.
De hecho, le pedimos que negocie para limitar la duración de las intervenciones de la Comisión y del Consejo sobre la Estrategia de Lisboa. Nos la han explicado ya tres veces, la conocemos. Por tanto, pueden muy bien limitarse cada uno a quince minutos para exponer sus puntos de vista sobre la Estrategia de Lisboa y dejarnos tiempo para un debate. No hay que tratar a las personas como si fueran idiotas. Conocemos los problemas asociados a la Estrategia de Lisboa: el señor Barroso ya se ha explayado al respecto tres veces en esta Cámara y me extrañaría que esta vez viniera con algo nuevo. Un cuarto de hora de tiempo de uso de la palabra, pues, para las instituciones y el resto para el Parlamento: eso me parece legítimo.
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Cohn-Bendit. Si no he entendido mal al señor Schulz, su intervención se refería al miércoles por la tarde y usted ha hecho referencia a la mañana.
De todos modos, hablaremos con la Comisión para conseguir que sus explicaciones se adecuen al tiempo disponible.
El Presidente.
   El siguiente punto son las intervenciones de un minuto sobre asuntos de importancia política.
Debo anticiparles que no podremos dar la palabra a todos los que la han solicitado, porque necesitaríamos más de los 30 minutos disponibles. En consecuencia, les comunico que voy a dar prioridad a los diputados que no han intervenido en este turno en anteriores Plenos y voy a pedir a todos ustedes que se ajusten estrictamente al minuto para que no sea excesivamente amplio el número de diputados que no vayan a poder intervenir por falta de tiempo. Intentemos que pueda intervenir todo el mundo y voy a empezar –insisto– por aquellos que no han podido intervenir en anteriores sesiones.
Frederika Brepoels (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, quiero pedir a la Cámara que dedique hoy más tiempo a la situación de los kurdos en Turquía, ya que la semana pasada nos llegó la horrible noticia de que los padres ancianos del Presidente del Instituto Kurdo en Bruselas habían sido brutalmente asesinados en el Kurdistán turco. Existen indicios para creer que ha sido obra de escuadrones de la muerte turcos. Lamentablemente no se trata de un incidente aislado, sino que todas las semanas recibimos informes acerca de crímenes parecidos contra los kurdos. Estoy segura de que conocen la noticia de que la persona que ocupa el segundo escalón en la jerarquía del ejército turco ha sido designada para organizar una banda criminal que se propone eliminar a los separatistas kurdos.
Por consiguiente, he escrito al Comisario Rehn solicitándole que promueva que la Comisión inicie una investigación minuciosa e independiente de las circunstancias de estos brutales asesinatos, que no deberían quedar impunes. Espero que las comisiones de esta Cámara y la delegación turca presten a tales incidentes la atención que merecen. 
Catherine Guy-Quint (PSE ).
   – Señor Presidente, debo informarle de que, desde hace varios años, la empresa L.G. Philips está suprimiendo puestos de trabajo no solo en la circunscripción de Dreux, sino también en Aquisgrán, los Países Bajos y Hungría.
Todo esto no es nada nuevo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en 2001 esta empresa se creó para evitar que los problemas existentes en el mercado de las pantallas catódicas pusieran a la sociedad de cartera, Philips, en desventaja. Semejante comportamiento es extremadamente grave, porque permite a nuestras grandes empresas eludir sus responsabilidades económicas, sociales e industriales. Se hicieron promesas a los trabajadores de estas tres fábricas, pero hasta la fecha ninguna de ellas se ha cumplido. Además, esta liquidación nos recuerda los sucesos que tuvieron lugar en la región de Isère en relación con HP y nos recuerda asimismo que los grandes grupos hacen lo que quieren y poco a poco desmantelan la política industrial de Europa.
Libor Rouček (PSE ).
   – Señor Presidente, acojo con agrado la medida adoptada la semana pasada por la Comisión, a saber, el Libro Verde sobre la energía, que creo se plantea en un momento sumamente oportuno. Europa depende cada vez más de los suministros y parece claro que hemos de resolver los problemas energéticos de forma colegiada. Por ejemplo, hemos de completar totalmente la liberalización del mercado interior y trabajar juntos en pro del ahorro de energía y del desarrollo de fuentes alternativas de energía, incluida la nuclear. Asimismo, hemos de resolver juntos el tema de la seguridad energética. He dicho anteriormente que estoy plenamente a favor de este Libro Verde, que debería poner en marcha el debate. El resultado de dicho debate tendría que ser una política energética verdaderamente compartida en Europa. 
Diana Wallis (ALDE ).
   – Señor Presidente, esta tarde se ha referido usted al Día Internacional de la Mujer. La semana pasada fue también la Semana Internacional de la Endometriosis. Las cifras de esta enfermedad de la mujer son bastante similares a las existentes cuando planteé este asunto en la Cámara el año pasado: unos 14 millones de mujeres afectadas en Europa, cerca de 30 000 millones de euros de coste para la economía de la UE en forma de jornadas laborales perdidas.
La endometriosis es una enfermedad que se halla estancada en lo que se refiere al diagnóstico erróneo, la ignorancia y la incomprensión; pueden transcurrir hasta 11 años desde la aparición hasta su diagnóstico. Puedo prometerle, y no me resulta agradable hacerlo, que voy a intervenir en esta Cámara en cualquier ocasión propicia hasta que cada mujer y cada profesional de la sanidad en Europa tenga conocimiento de esta enfermedad, sus síntomas, sus efectos y las opciones terapéuticas. 
José Ribeiro e Castro (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero hablar sobre el segundo aniversario del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se celebró el 11 de marzo.
Quiero darle las gracias, señor Presidente, por la información que nos facilitó sobre la forma en que el Parlamento había elegido esta fecha. Sin embargo, también quiero pedirle a usted y a los servicios que se pongan en contacto con la Comisión para garantizar que se conceda a esta fecha conmemorativa una mayor resonancia y dignidad en todos los Estados miembros de la UE. Considero que esto es indispensable. También estoy decididamente a favor de implicar a los Parlamentos nacionales en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, así como de dotar a esa fecha de una mayor visibilidad en el futuro. Eso tiene a mi juicio una gran importancia a la vista de esta amenaza enormemente peligrosa. 
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, como ya hemos escuchado, los padres del señor Derwich Ferho, Presidente del Instituto Kurdo en Bruselas y refugiado político en Bélgica durante los últimos 28 años, han sido brutalmente asesinados por unos autores que, según la información disponible, están a sueldo del Estado turco. Se trata de un asunto de enorme gravedad. La semana pasada se celebró una manifestación en Bruselas y el Ministro flamenco de Asuntos Exteriores ha enviado una carta al embajador turco en Bruselas exigiendo explicaciones.
Dado que Turquía es un país que ha solicitado la entrada en la Unión Europea y puesto que este tipo de comportamiento no se ajusta precisamente al perfil europeo que pretende ofrecer, yo pediría que nosotros también, como institución, exijamos idéntico esclarecimiento de este crimen atroz, de manera que no ofrezcamos a los ciudadanos europeos la impresión de que estamos dirigidos por determinados centros de interés.
Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, no existe prácticamente ninguna esperanza de que las elecciones presidenciales el próximo domingo en Belarús sean libres y limpias. El clima durante la campaña electoral es ominoso. La campaña ha estado marcada por la agresión por agentes de los servicios secretos a Alexandr Kozulin, un candidato presidencial. Además, han sido arrestados y amenazados numerosos activistas para que dejen de apoyar al candidato demócrata Alexandr Milinkievich.
En este contexto, algunos cargos de la UE han realizado declaraciones que me parecen decepcionantes. Tras conocerse que el Parlamento Europeo está proyectando enviar una delegación a Minsk, la Comisaria Ferrero-Waldner ha afirmado que los miembros de dicha delegación hablarían exclusivamente a título personal. Señor Presidente, permítame solicitarle que recuerde a la Comisión que los diputados a esta Cámara son los únicos representantes electos de los ciudadanos de la UE, a diferencia de los miembros de la Comisión Europea. Los diputados al Parlamento Europeo están autorizados a hablar en nombre de aquellos que los han elegido y no solo a título personal.
Es muy lamentable que la Comisión Europea haga declaraciones deplorables, en lugar de manifestar, cuando menos, su apoyo moral a los diputados al Parlamento Europeo que acuden como observadores de las elecciones en Minsk y de proclamar que, si se produce cualquier provocación por parte del régimen de Lukashenko contra los parlamentarios, está dispuesta a intervenir en defensa de ellos. 
El Presidente.
   En efecto, señora diputada, nuestros colegas, si se desplazan en misión de observación, no van por libre, no se representan a sí mismos, sino que representan a esta institución.
Es posible que haya habido una mala interpretación por parte de la señora Comisaria y estoy seguro de que así lo entiende también ella. Cuando tenga ocasión de hablar con ella, así se lo recordaré, pero no creo que sea necesario, porque estoy seguro de que la Comisaria sabe perfectamente el papel que corresponde a nuestro Parlamento.
Miguel Angel Martínez Martínez (PSE ). –
   Señor Presidente, como socialista y como defensor de los derechos humanos y, por ello mismo, como luchador militante contra la pena de muerte, hago a todos ustedes partícipes de la angustia que comparto con la familia de Pablo Ibar, ciudadano español, a quien los tribunales de Florida condenaron a muerte bajo la acusación de asesinato en el año 2000.
El pasado 2 de febrero, el Tribunal Supremo de dicho Estado anuló la pena de muerte del presunto coautor del asesinato, tras sentenciar que hubo errores en el juicio anterior y descalificar por insustanciales las pruebas presentadas contra los condenados.
Sin embargo, las expectativas entonces despertadas se esfumaron el 9 de marzo, cuando el mismo Tribunal Supremo ratificó la pena de muerte para el ciudadano europeo Pablo Ibar. 
Desde el Grupo Socialista, hacemos un llamamiento a las autoridades competentes de los Estados Unidos para que busquen una salida a la situación, tan injusta como inhumana. Pido además a usted, Señor Presidente, y al Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos que se dirijan a las citadas autoridades, para, por un lado, reiterar nuestra conocida postura radicalmente contraria a la pena capital y, por otro lado, pedir que se haga justicia en el caso de Pablo Ibar, condenado injustamente, como parece probarlo la exculpación de quien fue declarado en su día coautor del mismo presunto crimen.
Ioannis Gklavakis (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la Unión Europea está adoptando, y con razón, todas las medidas necesarias para combatir la gripe aviar. Sin embargo, la gripe aviar ha generado un pánico enorme entre los consumidores y en consecuencia hemos asistido a un drástico descenso del consumo de aves del 80 % y a una reducción del consumo de huevos del 45 %.
Todo ello ha colocado al sector avícola en una situación sumamente delicada y la Unión Europea no está adoptando las medidas adecuadas para ayudar al sector. No deberíamos permitir esto bajo ningún concepto. Solicito que se tomen medidas apropiadas para ayudar a los avicultores. Además, si no adoptamos tales medidas, una vez que se apacigüe el revuelo careceremos de granjas avícolas en la Unión Europea para hacer frente a la demanda futura, y los productos avícolas de la Unión Europea son indudablemente de mejor calidad que los productos que tendremos que importar de terceros países. Por tanto, solicito que demostremos nuestra solidaridad con el sector.
Gyula Hegyi (PSE ).
   – Señor Presidente, hace seis años la contaminación con cianuro del río Tisza, causada por la mina de oro de Baia Mare, en Rumanía, nos mostró los peligros de la extracción de oro en el corazón de Europa. Hungría no era miembro de la Unión Europea en esas fechas, pero toda la Unión Europea se mostró solidaria con nosotros, las víctimas de la contaminación fluvial.
La Unión Europea ha aprobado recientemente una Directiva sobre residuos de actividades extractivas que prohibirá toda actividad minera peligrosa para la naturaleza. Nos dimos por más que satisfechos cuando el Gobierno rumano, incluso antes de pertenecer a la Unión Europea, mostró su voluntad a aceptar esta directiva. Sin embargo, de acuerdo con las preocupantes noticias más recientes en algunos círculos políticos y empresariales, se plantea una vez más la idea de abrir una nueva mina de oro con tecnología de cianuro en Rumanía. Proclamemos de forma rotunda y definitiva nuestro rechazo a tales peligros y aventuras. Pidamos al Gobierno rumano que cumpla sus compromisos. 
Andrzej Jan Szejna (PSE ). –
   Señor Presidente, quisiera decir unas palabras sobre las elecciones en Belarús y Ucrania.
La situación en Belarús está meridianamente clara. Efectivamente es muy complicada. Es probable que estas elecciones no sean ni libres ni democráticas. Está claro que la represión de los dirigentes y candidatos de la oposición está siendo mucho más dura de lo que cabía esperar.
Es importante no perder de vista que hay otra campaña electoral en marcha. Está prevista asimismo la celebración de elecciones en Ucrania, un país que ya ha mostrado sus simpatías por Europa.
Yo he estado en Lvov en representación del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo con el fin de apoyar la campaña electoral del Partido Socialista de Ucrania. Tengo que decir que me he sentido reconfortado por lo que he presenciado. He visto Ucrania y he visto muchos lemas electorales favorables a Europa. Sin embargo, quiero exponer un asunto importante y preocupante. Ha llegado a mi conocimiento que algunos registros electorales, es decir, listados de personas con derecho a voto, tal vez no hayan sido confeccionados correctamente. Esto subraya la importancia potencialmente enorme de lo que nuestros representantes del Parlamento Europeo están llevando a cabo no solo en Belarús, sino también en Ucrania. 
Charles Tannock (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el Presidente Mahmud Abbás, que va a pronunciar un discurso ante nosotros este miércoles, ha resultado hasta el momento muy decepcionante como Presidente de la Autoridad Palestina. Ha sido incapaz o no ha querido imponerse a los terroristas suicidas, incluida la Brigada de Mártires de Al Aqsa de su propia Al Fatah. No ha logrado el desarme de los militantes de Hamás y de la Yihad Islámica y se muestra incapaz de detener la desenfrenada corrupción que, en parte, condujo a la victoria de Hamás. Si bien la UE tiene que ser un defensor imparcial y resuelto de la «Hoja de Ruta» para la paz del «Cuarteto», no debemos financiar una Autoridad Palestina dirigida por una Hamás sin reformar, una organización terrorista, condenada por la UE, comprometida con la y un califato bajo la ley de la .
En primer lugar, Hamás tiene que renunciar a la violencia y reconocer el derecho a la existencia de Israel. Si eso significa que la Autoridad Palestina va a recibir ayuda económica de Irán y Arabia Saudí, pues qué le vamos a hacer. Eso supondrá menor que Irán tendrá menos dinero para construir su armamento nuclear. 
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el 28 de febrero cuatro Comisarios –los responsables de las carteras de Empresa e Industria, Medio Ambiente, Competencia y Energía– presidieron en Bruselas la primera reunión de un grupo de alto nivel para estudiar temas relativos a la energía, el medio ambiente y la competitividad. Sentados a la mesa había también cuatro Ministros gubernamentales, doce altos directivos de empresas productoras de energía y de asociaciones de usuarios de energía, tres ONG, el Presidente de la Confederación Europea de Sindicatos y tres reguladores.
Sin embargo, en esa decisiva reunión consultiva, la primera reunión convocada para fijar una agenda para los próximos dos años, quedaron cuatro sillas vacías. A sus Señorías quizá les sorprenda saber que esas cuatro sillas estaban asignadas a diputados a este Parlamento. Considero que lo sucedido no solo es una descortesía hacia la Comisión, sino que se trata de temas esenciales, y si queremos participar en estos asuntos tal vez pueda usted explicarme a mí y al Parlamento por qué estaban vacías esas sillas. Le ruego que instituya el procedimiento para designar a las personas que han de ocupar esas sillas, y si no puede hacerlo por sí solo, ¿por qué no hacemos designaciones y celebramos una votación para ocupar esas cuatro sillas vacías? 
El Presidente.
   Espero no equivocarme en mi respuesta, pero las sillas estaban vacías porque la Conferencia de Presidentes había decidido no designar representantes del Parlamento para ocuparlas y pedir clarificación a la Comisión sobre el estatus, el estatuto, la razón de ser y el papel que correspondía jugar a los representantes del Parlamento en esta comisión técnica. Hasta que no tuviésemos esa clarificación, la Conferencia de Presidentes decidió no proceder a nombrar a los representantes del Parlamento. Por ello, no es que hubiese representantes que no asistieron, sino que no habían sido nombrados quienes debían hacerlo.
Malcolm Harbour (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, acepto gustosamente su promesa. No obstante, durante un año he sido miembro de un anterior grupo de trabajo de alto nivel sobre la industria del automóvil. Las normas de funcionamiento estaban perfectamente definidas y creo que era esencial que desde un principio hubiera allí un diputado a este Parlamento. Si me hubiera pedido consejo, le habría explicado cómo funciona ese sistema.
Además, en su día celebramos una audiencia en este Parlamento sobre el grupo de trabajo de alto nivel. Es absolutamente crucial que participemos. Mi consternación radica en que no se resolviera este asunto antes de la primera reunión, ya que este grupo solo se reúne cada tres meses y la tarea crucial de fijar el orden del día y el trabajo a dos años vista se habrá realizado sin la asistencia de diputados a esta Cámara. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor diputado. Insisto en que la Conferencia de Presidentes decidió pedir al señor Barroso explicaciones sobre la razón de ser de la presencia de diputados en estos grupos y el señor Barroso acudirá a explicarlo ante la Conferencia de Presidentes.
Puede usted discrepar de la decisión que se tomó; yo solamente se la comunico.
Bogusław Sonik (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, en los últimos días se han producido en Belarús detenciones masivas de activistas de la oposición. La Unión Europea no puede permanecer pasiva mientras se infringen los derechos fundamentales que sustentan todas las sociedades civilizadas.
Hago un llamamiento a la Comisión Europea para que emprenda acciones inmediatas y elabore una lista negra de la de Belarús; esa lista debe ser lo más extensa posible. Hay que prohibir la entrada a la Unión Europea de todos los miembros del entorno inmediato del dictador Lukashenko. Dicha prohibición debe aplicarse a los responsables de la decisión de utilizar la fuerza y de dirigir las actividades de las fuerzas de seguridad interiores. Pero también debe ser válida para los círculos implicados en la propaganda mediática. La imposición de sanciones en materia de visados a esas personas constituye un método eficaz para debilitar la posición del Gobierno de Belarús, al tiempo que evita un impacto negativo sobre toda la sociedad de ese país. También enviará una señal clara a la oposición en el sentido de que sus vecinos occidentales no permanecen indiferentes ante su situación. Hay que castigar a los individuos responsables de la última oleada de detenciones.
Dar a conocer el propósito de confeccionar la lista negra que he descrito bien pudiera salvar las vidas de muchas personas y protegerlas contra la represión. Una medida preventiva de esta naturaleza pondrá de relieve que los europeos se manifiestan con una sola voz y que, efectivamente, permanecen unidos en la defensa de los derechos humanos fundamentales. 
Diamanto Manolakou (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el intento por parte del Gobierno checo de ilegalizar la Juventud Comunista Checa porque defiende la idea de la lucha de clases, así como el marxismo y el leninismo, constituye un insulto y ha provocado la indignación de miles de demócratas en Europa y en el resto del mundo. He enviado una copia de un memorando y una petición a usted y a los Presidentes de los Grupos políticos. Este tipo de actitud es intolerable, dado que el Partido Comunista de Bohemia y Moravia es un partido con un alto grado de actividad política, influencia y reconocimiento entre el pueblo checo y está representado en el Parlamento Europeo por seis diputados. Verdaderamente, ¿cómo nos sentiríamos si se cuestionara la legalidad del movimiento juvenil del partido al que pertenecemos? 
Este tipo de acción entra dentro del marco de la estrategia anticomunista y cuenta con el rechazo de la inmensa mayoría de la población. Solicito que lo condenemos, expresando así nuestra defensa de los derechos democráticos, la libertad de acción política y de expresión ideológica, mediante un llamamiento al Gobierno y las autoridades en la República Checa para que pongan fin de inmediato a la persecución ideológica y política de los jóvenes comunistas checos.
Ryszard Czarnecki (NI ). –
   Señor Presidente, el arte epistolar está claramente en auge. Lo que los Comisarios de la Unión Europea deberían hacer es hincar los codos y ponerse a trabajar denodadamente para reforzar la autoridad de la Unión Europea, que se está desvaneciendo poco a poco. Pero lamentablemente los Comisarios han decidido, por el contrario, pasar el rato escribiendo cartas, diciendo a los distintos Estados miembros lo que deberían hacer.
Quiero mencionar el ejemplo de la Comisaria neerlandesa, que es uno de los miembros más controvertidos de la Comisión. La Comisaria Kroes está siendo actualmente investigada por la Cámara, acusada de conflicto de intereses y prácticas de presión. Recientemente ha osado enviar una carta al Gobierno polaco en relación con la fusión de dos bancos polacos. Considero que habría sido acertado que la Comisaria hubiera intercambiado con el Gobierno polaco los conocimientos de primera mano de su país acerca de cómo perder un referendo sobre la Constitución. En su lugar, la Comisaria ha considerado oportuno aleccionar al Gobierno polaco, aun cuando un banco neerlandés, el ING, ya se había apresurado a comprar uno de los mayores bancos polacos, . La carta ofensiva de la Comisaria resulta paternalista en extremo y es representativa de la actitud de los países de la antigua Unión respecto de los nuevos Estados miembros. La Comisaria habría hecho mejor en predicar al Gobierno neerlandés sobre cómo prevenir las tensiones étnicas y racistas, lo que por desgracia se está convirtiendo rápidamente en una realidad en su país. 
Ashley Mote (NI ).
   – Señor Presidente, usted ha pedido que en este Parlamento haya un mayor compromiso por parte de sus miembros. Este no es en absoluto un Parlamento en el sentido en que lo entienden o identifican los británicos. Esta Cámara se parece al Soviet Supremo, dejando al margen las banderas. Funciona como el Soviet Supremo y los debates aquí no son en modo alguno debates en el verdadero sentido de la palabra.
Como simple diputado de a pie, cuando se me concede un minuto –una decisión dictada por las personas que ocupan un cargo y no por los conocimientos o la necesidad– puedo darme por satisfecho. No hay intervenciones, no hay concesiones, ni ocasión de rebatir y verificar las ideas que se exponen. Se trata esencialmente de un sofisticado disfraz democrático y todos formamos parte de una comedia. 
Georgios Toussas (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, el exterminio, el atroz asesinato del ex Presidente de Yugoslavia, Slobodan Milosevic, en el centro de internamiento del Tribunal Penal Internacional de La Haya, que ha sido planeado y ejecutado por los imperialistas de los Estados Unidos y la Unión Europea responsables de la guerra en Yugoslavia y de su desmembramiento, constituye un eslabón más en la larga cadena de crímenes contra el pueblo que se alzó contra la barbarie imperialista.
Las personas que planearon y ejecutaron el secuestro, el encarcelamiento y el enjuiciamiento de Slobodan Milosevic en La Haya, tras haberse negado a adoptar medidas para proteger su vida a pesar de sus graves problemas de salud, han provocado su exterminio. Los Estados Unidos y la Unión Europea montaron la pantomima del juicio en La Haya a fin de expiar sus delitos contra el pueblo yugoslavo, al que bombardearon durante 78 días en 1999, simple y llanamente porque Yugoslavia, si bien había aceptado el acuerdo global de Rambouillet, se negó a permitir el despliegue de las fuerzas de ocupación de la OTAN en su territorio. 
Los ataques imperialistas y la ocupación de Irak y Afganistán, subsiguientes a los bombardeos del pueblo de Yugoslavia, puso de manifiesto una vez más el repugnante rostro del imperialismo que une a norteamericanos y europeos y sus horribles crímenes contra los pueblos y el género humano. 
Los pueblos continuarán luchando contra el imperialismo y en favor del derecho de labrar su propio destino.
Harald Ettl (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero llamar una vez más la atención de la Cámara sobre las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino que se hallan encarcelados en Libia. En 1999 fueron acusados de utilizar deliberadamente transfusiones de sangre para infectar a 400 niños con el virus del sida. Aunque fueron condenados a muerte en 2004, las sentencias, jurídicamente discutibles, han quedado suspendidas. Aplaudimos la decisión del Tribunal Supremo y esperamos una vista más transparente y un juicio más justo.
Estas personas han sido sometidas a encarcelamiento y torturas durante siete años y ahora esperamos que su juicio no sea explotado y aprovechado para fines políticos. Mientras no sean puestas en libertad, es nuestra obligación como parlamentarios dar notoriedad a este caso y seguir muy de cerca su evolución. 
Inés Ayala Sender (PSE ). –
   Señor Presidente, deseo compartir con esta Cámara mi satisfacción y alivio por la decisión adoptada por la Dirección de la General Motors el 15 de febrero pasado, de fabricar el nuevo modelo Opel Meriva en la factoría de Figueruelas en Zaragoza, eliminando definitivamente el riesgo de deslocalización que ha planeado durante meses sobre los 7 600 trabajadores y las muchas más empresas auxiliares.
Deseo felicitar a los trabajadores por su compromiso a favor de la productividad, a los directivos españoles y a los ingenieros por su buena gestión, y al Gobierno regional, con su Presidente, Marcelino Iglesias, a la cabeza, por su apuesta. 
Pero esto no es suficiente. La competidora era la factoría de Gliwice, en Polonia, que ofrecía costes laborales más bajos como única contrapartida. Las relaciones mantenidas estos meses nos hacen comprender mejor la frustración de los trabajadores polacos y nos llevan a apoyar la propuesta del Foro Europeo de Trabajadores de que se produzca en Gliwice el modelo Agila.
Como compensación, mientras tanto, el Gobierno español acaba de abrir la posibilidad de la libertad de circulación de los trabajadores, pero ello tampoco es suficiente. Lo que necesitamos es una política industrial europea.
Sophia in 't Veld (ALDE ). –
   Señor Presidente, me complace que el Comisario Frattini se halle presente y pueda escuchar mi exposición sobre el siguiente asunto. En unas declaraciones recientes, la Ministra de Integración neerlandesa, señora Verdonk, anunció un cambio de política de repatriación de los homosexuales y los solicitantes de asilo cristianos procedentes de Irán. Afirmó que, puesto que la homosexualidad y el cristianismo no están proscritos en Irán, los solicitantes de asilo pueden volver tranquilamente a casa. Aunque eso pueda ser cierto en un sentido estricto, en la práctica los homosexuales y los cristianos cuentan con razones de peso para temer por su seguridad. Es un hecho que la práctica homosexual acarrea la pena capital.
Mi pregunta al Comisario Frattini es si la Comisión tiene intención de averiguar si la política de repatriación neerlandesa se ajusta a los estándares mínimos europeos para los solicitantes de asilo, tal como especifica la Directiva que debe estar aplicada antes de octubre de este año, y si cumple los acuerdos internacionales. 
Joseph Muscat (PSE ). –
   Se supone que la era de la televisión digital traerá más competencia y será una época donde los consumidores cuenten con un surtido más amplio de servicios de calidad. Por desgracia, la transición a la televisión digital en Malta está creando nuevos monopolios, exigiéndose a los consumidores un pago por ver acontecimientos deportivos populares que hasta ahora habían podido contemplar de forma gratuita. Además, estamos asistiendo a la formación de un estado de cosas en el que no existe la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de televisión digital. Eso significa que resulta muy difícil intercambiar sistemas, con el resultado de que las opciones del consumidor están siendo limitadas. Y lo que es aún peor, se está exige a nuestros consumidores que se suscriban a operadores privados para recibir canales nacionales que hasta ahora habían recibido gratuitamente, mientras las autoridades siguen esperando que abonen la misma cantidad por la licencia de televisión. Se supone que la era digital ha de ser tal que la información y el entretenimiento sean accesibles para todo el mundo, no para un número cada vez más reducido de personas. 
Åsa Westlund (PSE ). –
   Señor Presidente, he tenido el honor de recibir una declaración de un grupo de jóvenes que visitaron el Parlamento Europeo el jueves pasado. Estaban más bien decepcionados por no haber podido saludar a un número mayor de diputados y por tanto les prometí que informaría a sus Señorías acerca de lo que ellos querían manifestar. Procedían de la Escuela de Segunda Oportunidad y su mensaje es el siguiente: 
«Nosotros, los jóvenes de toda Europa, participantes en la cumbre de la juventud E2C en Copenhague en junio de 2005, por la presente declaramos: ”Todos los jóvenes tienen derecho a decidir sobre su vida y a crear su propio futuro. Todos los jóvenes tienen derecho a una educación, en cualquier nivel. Todos los jóvenes tienen derecho a ser diferentes y a ser como son realmente. Todos deben respetarse unos a otros, pues el respeto se practica en ambos sentidos. Ningún joven debe ser discriminado o excluido. Todos los jóvenes deben tener vivienda, alimentos y atención”». 
 Como mensaje procedente de esos centros por los que peleamos con tanto ahínco, a saber, los que garantizan el aprendizaje permanente para todos, esto es algo que verdaderamente creo que deberíamos tomarnos a pecho en nuestra futura labor política.
Margie Sudre (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, la epidemia de chikungunya que sacude actualmente a la isla de Reunión sume esta región ultraperiférica de la Unión Europea en un estado de crisis sanitaria y económica extremadamente preocupante, cuyas consecuencias a largo plazo resultan muy difíciles de evaluar.
El virus, transmitido por los mosquitos, ha infectado ya a 200 000 de los 760 000 habitantes de la isla y se piensa que es responsable directa de la muerte de 5 personas.
La forma adoptada por la enfermedad –cuya gravedad no se descubrió hasta comienzos de este año– amenaza directamente a algunos de los grupos de población más vulnerables, entre ellos los ancianos, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y pacientes que ya sufren una enfermedad.
Justo cuando la Unión Europea, con toda la razón, se preocupa de luchar contra otra crisis sanitaria que afecta al sector agrícola pero que solo amenaza potencialmente a la población, le estaría infinitamente agradecida, señor Presidente, si tuviera a bien expresar hoy mismo su solidaridad y la del Parlamento Europeo con ciudadanos de la Unión que viven en el temor real al chikunguya. Le doy las gracias por adelantado de parte de todos los habitantes de Reunión.
Sylwester Chruszcz (NI ). –
   Señor Presidente, quiero mencionar dos asuntos que afectan a la zona serbia de Kosovo.
En primer lugar, existen enormes posibilidades de que allí se produzca una auténtica tragedia humana en el transcurso de los próximos meses. Me refiero a una tragedia humana en las zonas ocupadas por los refugiados serbios. Es preciso recordar que en dichas zonas solo hay electricidad durante una hora al día y que los grupos terroristas exigen dinero en concepto de protección para dejar pasar los medicamentos. Allí no existe ningún tipo de seguridad. Los grupos terroristas también están dinamitando las iglesias ortodoxas de la zona y esas iglesias no solo son lugares de culto religioso, sino que forman parte de nuestra herencia europea común. A mi juicio, la destrucción de estas basílicas ortodoxas constituye sin duda un crimen comparable a la demolición de las estatuas de Buda en Afganistán por parte de Al Qaeda.
Señor Presidente, lamentablemente tengo la sensación de que Europa ha vuelto ahora la espalda a Kosovo y a los serbios. Está ignorando a gente que aprecia profundamente la democracia y los derechos humanos. 
El Presidente.
   Muchas gracias, señor Chruszcz. Hay otros quince diputados que no van a poder intervenir –lo lamento– por falta de tiempo.
Con esto se cierra este punto.
El Presidente.
   El siguiente punto es el debate conjunto sobre
- la pregunta oral a la Comisión sobre la prostitución forzada en el marco de acontecimientos deportivos mundiales, de Anna Záborská, en nombre de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (O-0006/2006 - B6-0008/2006),
- la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos y lanzamiento de una jornada de lucha, de Karin Riis-Jørgensen y Elizabeth Lynne, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-0011/2006 - B6-0011/2006),
- la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra la trata, de Hiltrud Breyer, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (O-0017/2006 - B6-0014/2006),
- la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra la trata, de Lissy Gröner, en nombre del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo (O-0019/2006 - B6-0015/2006), y
- la pregunta oral a la Comisión sobre Acciones de la UE contra la trata de seres humanos e instauración de un día contra dicha trata, de Eva-Britt Svensson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kartika Tamara Liotard, Feleknas Uca, Ilda Figueiredo y Věra Flasarová, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (O-0021/2006 - B6-0016/2006).
Anna Záborská (PPE-DE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, intervengo hoy como presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de este Parlamento. Intervengo también como mujer que apoya a las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución forzada. 
Es inadmisible que una mujer se vea obligada a prostituirse; es inadmisible que tenga que vender su cuerpo. De hecho, Señorías, las noticias nunca han sido tan tristes. En la capital alemana, en las inmediaciones del Estadio olímpico, acaba de abrir sus puertas un megaburdel de 3 000 metros cuadrados para acoger simultáneamente a 650 clientes. Más de 40 000 jóvenes mujeres pobres serán «importadas» del este para satisfacer los deseos de los espectadores de la Copa del Mundo de fútbol después de cada partido.
La lucha contra la trata de mujeres y la lucha contra la prostitución forzada también son una prioridad para las mujeres representantes políticas, e indudablemente también para Angela Merkel. Invitémosla a unir su voz a la nuestra.
Como representantes políticas de todas las tendencias, disponemos de herramientas potentes. Rechacemos este ejemplo de decadencia y hagámonos oír, aquí, en el Parlamento Europeo, pero también en nuestros Estados miembros, en el Consejo de Europa y en todos los foros donde podamos hacer oír nuestra voz. Hagámonos escuchar, alto y fuerte. No es la primera vez que los distintos organismos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las instituciones de la Unión Europea utilizan el deporte como vehículo para difundir un mensaje de civismo y progreso. 
Los que están en el poder quieren hacernos creer que tal estado de cosas es una desafortunada coincidencia. Pero el abogado que trabaja para el grupo que ha construido este «palacio del placer» ha declarado que «el fútbol y el sexo van de la mano». ¿Cómo puede ser que, en las más altas instancias del fútbol, esto no parezca escandalizar a nadie?
Diríase que incitar a los jóvenes a participar en actos brutales orquestados contra mujeres jóvenes no escandaliza a nadie y que la falta de prevención de esos actos y de protección de las víctimas frente a esta degeneración organizada no es fuente de indignación. El presidente de la FIFA, Joseph Blatter, ha escrito a la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que su organización no es responsable de lo que suceda fuera de los estadios. Ni la UEFA ni los héroes de los equipos nacionales han dicho una palabra.
La UEFA se ha propuesto promover el fútbol en Europa en un espíritu de paz y sin ninguna forma de discriminación. El mundo del fútbol es un mundo de hombres: la realidad dentro de los estadios lo demuestra. Son hombres quienes solicitan los servicios de las prostitutas y quienes abusan de las mujeres. Por esta razón, me dirijo también a los hombres, a mis colegas diputados y a todos los hombres que ocupan puestos de poder.
Para concluir, Señorías, les comunico que podemos contar ya con el apoyo público de algunos hombres para combatir la trata de mujeres y la prostitución forzada.
Agradezco a nuestro colega, el señor Heaton-Harris, árbitro de profesión, que haya hecho del Intergrupo Deporte un portavoz contra la trata de mujeres y la prostitución forzada. Doy las gracias a nuestro colega, el señor Coveney, quien, como diputado a esta Cámara, supervisa la labor de «hombres de negocios contra la trata de mujeres» y la campaña «Stop the Traffic«. 
Por último, pido a todos ustedes que apoyen el impresionante trabajo llevado a cabo por el Consejo de Europa, que el 16 de mayo de 2005 presentó en Varsovia el primer «Convenio contra la trata de seres humanos»: ese día lo firmaron once Estados miembros. Todavía no lo ha ratificado ninguno.
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es necesario aplicar todos los instrumentos jurídicos y todas las medidas políticas posibles para impedir que las mujeres se conviertan en una mercancía cuyo único propósito sea servir de trabajadoras del sexo y esto no solo en Berlín, sino en todo el mundo.

Elizabeth Lynne (ALDE ),
   . – Señora Presidenta, la lacra de la trata de seres humanos constituye un claro ejemplo de un entorno en el que la UE puede y debe actuar. De ahí que la señora Riis-Jørgensen y yo hayamos formulado nuestra pregunta oral. Queremos respuestas hoy mismo, a ser posible.
Este vergonzoso comercio merece un mayor escarnio público. En muchos casos las víctimas se consideran delincuentes: hemos de cambiar esa situación. Me complace que últimamente se preste mayor atención a esta cuestión a escala de la UE. El informe de propia iniciativa del Parlamento es oportuno; el Consejo adoptó un plan de acción en diciembre; está la Convenio del Consejo de Europa; pero de todas formas el progreso todavía es limitado. No es de recibo que los Estados miembros conversen a menos que se emprenda una acción urgente y concreta.
De momento, estas mujeres –y hablamos principalmente de mujeres y niñas– no tienen asegurada la protección. Son tratadas como inmigrantes ilegales y son deportadas, y en muchos casos vuelven a ser víctimas de la trata de seres humanos. Hay algunas acciones que se pueden emprender: están recogidas en la Convenio Europeo contra la trata de seres humanos, entre otros documentos. Necesitamos reductos seguros donde las mujeres jóvenes y las niñas puedan estar protegidas. Necesitamos al menos el período de respiro de 30 días que propone el Convenio Europeo, de manera que estas mujeres puedan decidir si participan en el procesamiento de los traficantes.
En el Reino Unido solo existe un reducto seguro con 25 plazas. Se calcula que más de 1 000 personas al año son introducidas ilegalmente en el Reino Unido para su explotación sexual. La incapacidad para resolver este problema realmente no se puede consentir. El Reino Unido y otros países tienen que ratificar el Convenio del Consejo de Europa.
Por último, con vistas a los preparativos de la Copa del Mundo en Alemania, tenemos que hacer mucho más por alertar a la gente. Se estima que durante ese período miles de mujeres y niñas van a ser objeto de trata de seres humanos y obligadas a ejercer la prostitución. En esta pregunta oral y en este debate no hablamos de la prostitución en aquellos casos en que las prostitutas saben lo que están haciendo. Nos referimos a un comercio de esclavos actual, en que las mujeres y niñas no pueden elegir si trabajan o no como prostitutas. Eso es de lo que trata el debate de hoy y no debemos tergiversar los temas. Por eso participo activamente en la campaña para mostrar tarjeta roja a la prostitución forzada y espero que todos los aficionados, futbolistas y federaciones deportivas, junto con todas la demás organizaciones, apoyen la campaña para erradicar este comercio nefando. 
Hiltrud Breyer (Verts/ALE ),
   . – Señora Presidenta, espero que esta resolución acabe saliendo adelante y saquemos así este asunto, de una vez por todas, del mundo de los tabúes y se convierta en tema de dominio público. La prostitución forzada es algo de lo que nadie quiere hablar: la gente implicada en ella no quiere hacerlo, como –por desgracia– tampoco quieren las víctimas. Además debemos abordar con mayor interés el tema de la conexión entre migración y creación de puestos de trabajo.
La Federación Alemana de Fútbol ha pretendido mantener este asunto dentro del mundo de los tabúes y el hecho de que hayamos abatido sus muros defensivos constituye un enorme éxito. Como ya se ha dicho, tenemos que mostrarnos firmes a la hora de mostrar la tarjeta roja al tráfico de personas y a la prostitución forzada. Tenemos que dejar absolutamente claro que forma parte del juego limpio en el deporte decir «no» a la prostitución forzada. No debe ser tolerada bajo ningún concepto. Sin embargo, he de decir al Comisario Frattini que no solo tenemos que fijarnos en los delincuentes, los propios traficantes de personas –por supuesto que tenemos que hacer eso–, sino que, para hacerlo, necesitamos también soluciones que no incriminen únicamente a las mujeres implicadas, que es lo que sucede en la actualidad. Espero que aborde este asunto en su intervención.
Albergo la esperanza de que hagamos algo más que exigir un visado, ya que de esa forma serían las mujeres las que pagarían el pato, cuando lo que realmente se precisa es prevención, atención y apoyo a las mujeres. De forma similar a como ocurre ya con la ley de inmigración italiana, hemos de garantizar el derecho a la permanencia en el país a las mujeres que no estén dispuestas a declarar en calidad de testigos. Tenemos que hacer mucho más si queremos que las mujeres puedan liberarse de la prostitución forzada. 
Lissy Gröner (PSE ),
   . – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, la Copa del Mundo de fútbol se va celebrar en Alemania bajo el lema de «el mundo entre amigos». La comunidad deportiva se está preparando para ella, al igual que las bandas organizadas de traficantes; se están preparando para enviar a miles de mujeres a Alemania y explotarlas allí. Estas mujeres serán seducidas hasta Alemania con falsas promesas y luego se verán obligadas a prostituirse. La pobreza es una de las principales causas de esta situación y ahí es por donde tenemos que empezar, pero dar la bienvenida a la gente a Alemania también tiene que significar proteger a las mujeres en apuros, más que hacer oídos sordos a su sufrimiento.
Unas 800 000 mujeres son víctimas del tráfico de personas en todo el mundo, de las que 100 000 proceden de la UE. Aunque nadie tiene ni idea de cuántas de ellas van a estar en Alemania este verano, deberíamos mostrarles la tarjeta roja a los traficantes de personas. Lo que espero que usted haga, Comisario Frattini, es que asuma las propuestas que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género ha planteado en el informe Prets y en el plan de acción contra el tráfico de mujeres y que las utilice como base para la actuación práctica.
Si se pretende apoyar la campaña de las organizaciones de mujeres en favor de líneas telefónicas de atención en varios idiomas, necesitará subvención. Hay que establecer esquemas de protección para las víctimas. Ya se ha hecho mención a la forma poco entusiasta en que los Estados miembros han realizado la transposición de la Directiva sobre asilo de 2002, por lo que resulta necesario presionarles a que lo hagan. Bélgica ha manifestado que les va a ser reconocido el derecho de permanencia a las mujeres que estén dispuestas a asumir el papel de testigos y quieran abandonar la prostitución, y que se les va a proporcionar ayuda para que lo hagan. Eso es espléndido.
Si pretendemos combatir de manera eficaz el comercio moderno de mujeres, Europol tendrá que implicarse en mayor grado y desde luego hay una serie de cosas que pueden hacer las federaciones deportivas; por eso dependemos de su colaboración para que realicen un llamamiento a los seguidores al objeto de que mantengan los ojos bien abiertos y ponga de su parte lo que tienen que poner. Exigir visados especiales a las mujeres parece una propuesta algo precipitada y no estoy a favor de ella, así que reconsidere con mayor detenimiento lo que se propone hacer.
Eva-Britt Svensson (GUE/NGL ),
   Señora Presidenta, millones de personas de todo el mundo están encantados con la celebración de la próxima Copa del Mundo de fútbol, pero ¿cuántos miles de mujeres es necesario sacrificar para que los hombres no solo puedan ver el fútbol, sino adquirir además prestaciones sexuales de fácil acceso? Si se quiere ofrecer un volumen suficiente de servicios sexuales, al ya vasto número de prostitutas en Alemania habrá que agregar decenas de miles de mujeres, incluidas muchas sin posibilidad de elección. Este tráfico de seres humanos es vergonzoso y profundamente inhumano. Constituye un indicador de un planteamiento opresor de las mujeres y muestra asimismo la baja consideración que se tiene de todos esos varones que acudirán a presenciar el fútbol.
Para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños, no debería achacarse la responsabilidad derivada de la esclavitud sexual y la prostitución a las víctimas, sino a quienes se arrogan el derecho a comprar y vender cuerpos de mujeres. El término «prostitución forzada» puede interpretarse como una implicación de la existencia de lo contrario, es decir, un cierto tipo de lo que cabría denominar prostitución voluntaria. Sin embargo, no existe algo así como la prostitución voluntaria. Las mujeres no optan por la prostitución; se ven abocadas a ella por una u otra razón. Puede ocurrir al caer víctimas del crimen organizado, siendo la pobreza y el paro otras de las causas. No obstante, por encima de todo existen vínculos claros entre la prostitución y el hecho de que las mujeres han estado, en el pasado, sometidas a abusos físicos, sicológicos y sexuales. 
Es necesario poner en claro los vínculos entre la legislación sobre la prostitución y el aumento del tráfico con fines de esclavitud sexual. ¿Qué significa, por ejemplo, el hecho de que la prostitución sea legal en Alemania desde el punto de vista del aumento del número de víctimas del tráfico sexual en conexión con la Copa del Mundo? La legislación que permite la prostitución debe ser evaluada y comparada, por ejemplo, con la sueca, que penaliza al cliente. La legislación sueca ha demostrado que cuando disminuye la demanda, también lo hace el número de víctimas del tráfico y la prostitución. Hay que atribuir la responsabilidad a quien corresponde: a los clientes. Son ellos los que deben asumir la responsabilidad de su sexualidad, sin comprar cuerpos de mujeres.
Si aceptamos que los hombres pueden adquirir el derecho a comprar cuerpos de mujeres, nos veremos obligados en consecuencia a aceptar una situación en la que se trafica con cerca de cuatro millones de mujeres y niños, dentro de los países y entre ellos, para someterlos a explotación sexual.
Condenar la explotación sexual y la prostitución no significa culpar a las mujeres que trabajan de prostitutas. En absoluto. Queremos que a todas las mujeres se les conceda el derecho a su sexualidad, en igualdad de condiciones y sin ser oprimidas. Las mujeres no son artículos de consumo. No están a la venta.
Franco Frattini,
   . Señora Presidenta, Señorías, las preguntas formuladas por la señora Záborská y las demás oradoras me exigen una respuesta detallada: es justo y necesario por mi parte dar algunas respuestas concretas. En las distintas preguntas se han tocado 16 puntos diferentes, con preguntas muy precisas a las que intentaré responder. 
En términos más generales, considero impensable que se pueda aprovechar un encuentro deportivo, que por principio debe ser una ocasión para promover valores positivos, a fin de tolerar o fomentar la prostitución forzada. A este respecto he escuchado una referencia realmente triste, que el fútbol y el sexo van de la mano, como si la prostitución forzada fuera la consecuencia inevitable de un gran acontecimiento deportivo. Sería la negación de los valores más sanos del deporte. 
Es necesario, por tanto, empezar por la legislación, precisamente por la legislación europea adoptada en este sentido, que prevé la incriminación de todos aquellos que ayuden a obligar a ejercer la prostitución a personas, en particular a mujeres y niños, pero, hay que decirlo, también a hombres.
Como saben, tenemos una decisión marco europea, y, por lo que respecta a Alemania, en 2005 entró en vigor una ley nacional, que es, por tanto, una ley plenamente aplicable; además, antes de finales de abril presentaremos un informe al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la Decisión marco relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y las medidas penales de incriminación, con el fin de asegurarnos de que todos los Estados miembros hayan adoptado las leyes nacionales de transposición de esta decisión marco antes de que tenga lugar la Copa del Mundo de fútbol. 
Entre las normas principales hay una que obliga a los Estados miembros a perseguir a los responsables en el país de procedencia y no en el país en el que hayan cometido el delito. La decisión marco lo prevé así a fin de garantizar que se entablen efectivamente juicios y se impongan sanciones penales. 
Tras la presentación del informe, antes de finales de abril, el Consejo, y si lo considera oportuno también el Parlamento, podrán abordar a fondo el tema de las nuevas medidas que podrían adoptarse a escala europea, o mejor dicho a escala legislativa europea. A mi entender, por lo que respecta a dichas medidas, se podría pensar –aunque no demos ahora mismo una respuesta definitiva– en si deberíamos castigar a quienes, como clientes, se sirven de las prestaciones de personas sabiendo que han sido víctimas de la fuerza y en algún caso de una auténtica operación de trata que las ha conducido a la esclavitud.
Evidentemente, la cuestión de la legalidad de la prostitución se aborda en los distintos Estados miembros de formas muy diferentes. Sin embargo, en mi opinión, si el cliente es consciente de que la persona con la que se entretiene es víctima de la trata, de la fuerza o de la coacción, entonces tendrá que pensar dos veces en lo que está haciendo, inclusive desde el punto de vista de una posible sanción penal.
En este terreno hay que potenciar desde luego la función de Europol y de Eurojust. Entre los temas prioritarios que planteé cuando me reuní con el Presidente de Eurojust y el Director de Europol se encontraba precisamente el de reforzar la capacidad de Europol y Eurojust en la aplicación del plan de acción contra la trata de seres humanos, que, como este Parlamento recordará, presentamos a finales del año pasado. Europol puede desempeñar un papel muy importante en la coordinación de las acciones a escala europea contra estas odiosas formas de delincuencia. Ya lo hicimos con éxito para atacar la pedofilia, consiguiendo gracias a una acción de Europol desmantelar una red de pedófilos en 13 países europeos; este es otro terreno que hay que explorar.
Está después la cuestión concreta de la Copa del Mundo en Alemania: prometimos a este Parlamento, cuando se debatió el tema por primera vez, involucrar formalmente al Ministro del Interior federal alemán. Así lo he hecho, claro está, y el Ministro Schäuble, a quien me he dirigido, me ha respondido hace pocos días asegurándome formalmente no solo que se aplicará rigurosamente la ley federal que ha entrado en vigor, sino también que, de forma más específica, se llevarán a cabo iniciativas de prevención sobre el terreno en todas las ciudades de Alemania que organizan partidos de fútbol.
Puedo afirmar pues con certeza que el Gobierno federal alemán, a través de su Ministro del Interior, no solo asegura una plena colaboración, sino que pide también una reflexión sobre el tema por parte del Consejo de Ministros del Interior, que se reunirá en abril, con el fin de elaborar una estrategia operativa. En este caso no se tratará de una estrategia legislativa, sino operativa, de prevención sobre el terreno, con el propósito de evitar que el acontecimiento deportivo se utilice para trasladar a un enorme número de víctimas de este tráfico repugnante. 
En este punto quisiera hacer dos reflexiones sobre las medidas concretas que, como representante de la Comisión, pienso presentar a la Cumbre de abril del Consejo de Ministros del Interior. Ante todo, por lo que respecta al tema de los visados, confirmo con toda claridad, en especial a la señora Gröner –pero también a todos los que me han escrito después del seminario del 8 de marzo–, que nunca he pretendido, deseado ni proyectado la introducción de visados para mujeres. Los visados no se introducen por categorías de personas, los visados se rigen por países y por nacionalidades. Anuncié mi intención de evaluar si algunos terceros países, que podrían considerarse de riesgo, se hallan hoy exentos de visado y, por tanto, si sería oportuno ampliar temporalmente la exigencia de visado a los países de procedencia de una probable operación de tráfico; evidentemente, esto no incluía a las mujeres. Pido disculpas si se me interpretó mal en el seminario del 8 de marzo.
He examinado esta cuestión y puedo darles también la respuesta: según datos de la policía, todos los flujos de tráfico de seres humanos que proceden de países de países de fuera la Unión Europea están sujetos a la exigencia de visado. Por tanto, no será necesario introducir modificaciones en el régimen actual de visados, porque todos los países de fuera de la UE que según las estadísticas son «de riesgo» ya están sujetos a la exigencia de visado. En todo caso, no se habría tratado nunca de un visado para las mujeres, sino que solo se habría previsto un mayor control de algunos países. El problema no existe ya, pero desde luego es necesario –y en el Consejo presentaré una propuesta en este sentido– un mayor control por parte de los consulados sobre la finalidad efectiva de los viajes de grupos de visitantes, pues es evidente que los traficantes de mujeres con fines sexuales declaran o hacen que las mujeres declaren razones falsas. 
Por tanto, el control corresponde a los guardias de fronteras y a los consulados –lo que implica una cooperación entre todos los Estados miembros de la Unión Europea–, que tendrán que reforzar el control sobre la veracidad de los objetivos declarados. Como saben sus Señorías, a menudo se declara una finalidad pura y simple de turismo que no se corresponde con la verdad. Es necesario un control exhaustivo. 
Además, es evidente que, como algunos de ustedes han sugerido, son indispensables medidas de apoyo concreto a las víctimas. Personalmente estoy a favor de la idea de promover líneas telefónicas específicas, es decir, líneas telefónicas que puedan ofrecer, a través de un servicio de traducción simultánea, ayuda inmediata en el número más amplio posible de lenguas extranjeras. 
Evidentemente, todo esto se refiere tanto al período en que tendrá lugar la Copa del Mundo de fútbol como al periodo posterior: este tipo de medidas no pueden cesar en el mes de julio de 2006. Estas medidas de apoyo inmediato y operativo pueden contemplarse justamente en el marco de la acción europea, a través de los proyectos y la financiación que Europa puede destinar a propuestas concretas de este tipo. 
Otra medida que me parece necesaria es un estudio comparado de la legislación de los Estados miembros relativa a la prostitución y a la relación entre la prostitución, allí donde se consienta, y la trata de seres humanos con fines sexuales. Es evidente que existe una relación entre el aumento de la demanda y, digámoslo así, el hecho de que los traficantes se vean incentivados a desarrollar su innoble actividad. Contamos con un estudio promovido por este mismo Parlamento, en concreto un estudio sobre la delincuencia transnacional. A partir de él pienso proponer la realización de un estudio comparado para tener una visión más clara de cuál es el vínculo entre el aumento de la demanda y el aumento del tráfico. 
Naturalmente, también en el ámbito de los programas Dafne será posible que la Unión Europea cofinancie iniciativas a fin de aumentar la conciencia de la opinión pública sobre la necesidad de reducir la demanda de prostitución; de hecho, reduciendo la demanda de prostitución se limita o se contribuye a limitar la trata de personas con fines sexuales. 
Otra propuesta que se puede formular es establecer un contacto más estrecho con los ayuntamientos, las autoridades regionales y los consejos municipales. Es evidente que estos fenómenos están presentes en el conjunto de la UE y de hecho, como saben, existe una Red Europea de Prevención del Crimen; tendremos que ver si esta red europea u otras fórmulas permiten una mayor participación de las autoridades locales en la actividad de prevención, por un lado, y en la de asistencia a las víctimas de la trata, por otro. 
En lo que respecta a la asistencia a las víctimas se aplican además las normas que acabo de citar, que asignan una determinada categoría a las mujeres víctimas y a todos los que en general son víctimas de la trata de seres humanos o de la prostitución forzada. La normativa europea comprende, en particular, la directiva europea de 2004, que garantiza un permiso de residencia, como alguien ha solicitado hace unos instantes, y ya saben que los Estados miembros pueden transponer esta directiva hasta el 6 de agosto de este año: por fortuna, algunos Estados miembros lo han hecho ya. Para alentar un poco a los que no lo han hecho en primavera, es decir, mucho antes de agosto, convocaré una reunión técnica con los representantes de todos los Estados miembros para conocer qué problemas han impedido hasta ahora la transposición nacional de esta directiva y pedir formalmente, antes de que venza el plazo, que todos los Estados miembros garanticen antes de agosto a las víctimas de la explotación sexual y de la trata de seres humanos el trato preferencial estipulado en la legislación europea. 
Quedan otras cuestiones importantes, como por ejemplo la necesidad de disponer de datos estadísticos efectivos sobre el fenómeno. Como ya he mencionado, tenemos previsto lanzar un debate, acompañado de una publicación adecuada, dentro de unas pocas semanas y presentaremos una comunicación europea sobre una tipología de datos estadísticos europeos relativos a la delincuencia, con especial atención a este tipo de delincuencia, para tener al menos la certeza de unos datos estadísticos fiables sobre el fenómeno, sus víctimas, las denuncias presentadas y las sanciones impuestas.
A todas luces no es una iniciativa centrada exclusivamente en la Copa del Mundo en Alemania; es una iniciativa necesaria a medio plazo. Señora Presidenta, me dispongo a concluir y me disculpo por haberme extendido tanto, pero había 16 puntos y no quería que ninguno de los oradores dijese después que no he dado respuestas. 
Promoveremos un programa para mejorar a escala europea la conciencia sobre el fenómeno. Estoy personalmente a favor de la idea de un día europeo contra la trata de seres humanos y contra la prostitución forzada y quiero promover en las próximas semanas un seminario de carácter técnico, por supuesto abierto a todos, para intercambiar las mejores prácticas a fin de prevenir este fenómeno. Gracias.
El Presidente.
   Gracias, señor Comisario. Su evidente entusiasmo me ha impedido interrumpirle al agotarse los diez minutos de intervención que tenía asignados. Me habría roto el corazón interrumpirle. Sin embargo, se nos está agotando el tiempo y debemos proceder rápidamente. 
Nicole Fontaine,
   . – Señora Presidenta, Señorías, el mundo civilizado ha necesitado milenios para erradicar el comercio de esclavos, las condiciones de trabajo inhumanas y la sumisión de la mujer, por no hablar de la pena de muerte, aunque estas batallas no hayan concluido todavía.
El siglo que acaba de comenzar debe ser el que proscriba de nuestras sociedades esta nueva forma de esclavitud que es la prostitución forzada y que se cobra cada año miles de víctimas, mujeres y niños. Este es el mensaje de las preguntas orales que ha presentado hoy la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.
El Parlamento Europeo –me complace recordarlo– se identifica en toda Europa y fuera de ella como un defensor incansable de los valores universales de la persona y la dignidad humana. Con la aprobación, el pasado 16 de enero, del informe de la señora Prets por una amplia mayoría, enviamos ya una señal muy contundente a la que usted no se ha opuesto, señor Comisario Frattini, como han confirmado, por si falta hacía, sus palabras de hace un momento.
Nuestras preguntas orales de hoy se inscriben en la prolongación de nuestra votación de enero, así como de nuestra acción del 8 de marzo, y expresan de nuevo nuestra indignación. Nos escandaliza que la próxima Copa del Mundo de fútbol se prepare tolerando, no solo la construcción, sino también la promoción comercial de un lugar que algunos se atreven incluso a ensalzar como el mayor burdel del mundo. Como ha dicho usted, señor Frattini, es intolerable que las competiciones deportivas internacionales se hayan convertido en mercados para la prostitución forzada y organizada.
Señor Comisario, nuestras protestas, por muy enérgicas que sean, no son suficientes, y usted lo ha entendido. Le agradecemos que haya respondido a la mayor parte de las preguntas que le formulamos. En la perspectiva de la inminente Copa del Mundo en Alemania, es una cuestión urgente. Todas las iniciativas que acaba usted de mencionar son excelentes, pero llamo su atención sobre el hecho de que deben ponerse en marcha a tiempo. Por esta razón es necesario asegurar seguimiento minucioso. El Parlamento Europeo, por su parte, hará todo lo posible por ayudar a conseguir ese objetivo.
Christa Prets,
   – Señora Presidenta, señor Comisario, me complace que hayan sido aprobadas muchas de las propuestas incorporadas a mi informe. Es importante que el público en general tenga conocimiento de este debate. Para que eso suceda son de vital importancia las cifras y las estadísticas, a las que hay que llegar aplicando reglas comunes, no solo dentro de la Unión Europea, sino también en terceros países, puesto que sabemos que de allí van a llegar visitantes. Por tanto, también hay que incluir a esos países. 
Si bien aplaudo la idea del señor Comisario de acometer la elaboración de un estudio sobre los efectos de la prostitución sobre el tráfico de seres humanos, no debería contemplar únicamente la prostitución legal, sino también la variante ilegal. Asimismo hay que preguntarse acerca de la situación en los países en los que está prohibida la prostitución. ¿Y qué ocurre con la movilidad de los clientes de las prostitutas? Cualquier estudio deberá tenerlos también en cuenta.
Usted ya ha explicado lo que se propone hacer implantando un visado obligatorio durante la Copa del Mundo. Supongo –y espero– que lo que pretende es redoblar los controles sobre la concesión de visados y no implantar un visado temporal, porque entonces se plantearía la cuestión de cuál debería ser la fecha de inicio y de caducidad del mismo. La razón por la que contemplamos la Copa del Mundo como una oportunidad se debe a que el interés del público por la misma nos va a permitir mostrarles cómo se encuadra este problema dentro de dicha celebración. No obstante, la prostitución forzada también existe durante los congresos, las ferias de muestras e incluso aquí, en Estrasburgo, al tiempo que esta Cámara celebra sus sesiones. Eso es lo que hace tan problemática la implantación de los requisitos para un visado temporal.
Voy a pedirle que señale cuáles van a ser sus prioridades durante la reunión del Consejo de abril en Bruselas. Austria tendrá que disponerse a afrontar este problema para cuando acoja el Campeonato de Europa en 2008. Por eso resultan tan importantes las buenas propuestas; todos las necesitamos.
Aunque usted ha subrayado la importancia de Europol, lo que eso significa en términos coloquiales es que no solo hay que asignarle más personal, sino más poderes, pues de lo contrario todo el montaje dejaría de ser operativo. Habría mucho que decir todavía sobre este tema, pero tal vez lo hagan otros diputados. 
Maria Carlshamre,
   . – Señora Presidenta, nos encontramos en una encrucijada en la lucha contra la trata de seres humanos. La semana pasada, el 8 de marzo, y de nuevo hoy, el Comisario Frattini ha anunciado que se va a iniciar un estudio exhaustivo este año sobre la forma en que las leyes sobre la prostitución influyen en la situación de la trata de seres humanos en los diferentes Estados miembros. Verdaderamente se trata de una buena noticia.
En septiembre del año pasado, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género presentó un estudio similar, más reducido, sobre el tema. Fue el primero en su género. Ese estudio nos indica de forma rotunda que penalizar la demanda de trata de seres humanos tiene un impacto enorme y que reduce notablemente el número de niñas y mujeres jóvenes que son objeto de ella. La legalización, por otro lado, tiene el efecto contrario. Aumenta el número de víctimas de la trata de seres humanos.
Las cifras muestran también a las claras que la legislación sobre la prostitución no solo incrementa la parte legal del negocio, sino también la prostitución ilegal. Con el próximo estudio de la Comisión reforzaremos la base objetiva de las medidas contra el tráfico, penalizando sobre todo la demanda. Ya no se trata de un asunto de disparidad de criterios; es una cuestión de hechos. Aplaudo sinceramente la labor del Comisario Frattini a este respecto. ¿Queremos verdaderamente combatir la trata de seres humanos? Existe una forma. ¿Tenemos el coraje suficiente? 
Margrete Auken,
   Señora Presidenta, personalmente no me gusta la expresión «prostitución forzada», ya que toda prostitución es más o menos forzada, pero nuestro Grupo apoya, como es natural, la resolución presentada. La trata de seres humanos es tráfico de esclavas. Es discriminatoria y vergonzosa y un delito repugnante. Es fundamental que hagamos más por ayudar a este grupo extremadamente débil y vulnerable de niñas y mujeres víctimas del tráfico.
A título personal también deseo aplaudir el hecho de que se esté celebrando un debate en profundidad sobre la prostitución en general. Es importante que acabemos con el mito de la prostituta feliz. La mayoría de las prostitutas llevan una vida miserable, expuesta a los riesgos, por ejemplo, de atracos, violaciones y enfermedades de transmisión sexual. En ningún otro ámbito de nuestra sociedad se acepta que la vida laboral de una persona pueda causarle un daño tan tremendo. Además, ¿a quién de los presentes en esta Cámara le gustaría que su hija se convirtiera en prostituta? Este es un debate, por tanto, que tenemos que lanzar. 
Vittorio Agnoletto,
   . – Señora Presidenta, Señorías, la Copa del Mundo de fútbol en Alemania nos brinda la ocasión de abordar la cuestión de la explotación de seres humanos. 
A mi juicio tenemos que apoyar las iniciativas propuestas por la Comisión de Derechos de la Mujer; comparto la idea de lanzar una campaña informativa y educativa para combatir el fenómeno de la explotación sexual. 
Es necesario emprender iniciativas a escala europea y también a través de instrumentos internacionales como la Convención del Consejo de Europa, pero es igualmente importante hacer una distinción clara entre el mundo de la prostitución forzada y quienes la practican por libre elección. Existen, en efecto, asociaciones de mujeres y hombres que se prostituyen, y una representación de ellos ha venido al Parlamento para pedir el reconocimiento de su profesión, empezando por una carta de derechos y una declaración de principios. 
Desde el punto de vista político, es necesario establecer si una mujer no obligada a prostituirse debe ser libre de hacerlo o no. Reconocer la prostitución voluntaria y el estatuto de una profesión significa reconocer una serie de derechos y deberes; entre los derechos, por citar algunos pocos, está el de vivir en libertad y seguridad, el de ejercer la profesión sin esclavitud o el de casarse, dado que en algunos países esto no se admite. 
Urszula Krupa,
   . – Señora Presidenta, el debate de hoy sobre la trata de seres humanos y la prostitución forzada en el marco de acontecimientos deportivos mundiales ilustra la tragedia de los miles de mujeres explotadas que son víctimas del tráfico en la industria del sexo. También refleja lo absurdo de la concepción liberal de la libertad por la cual uno es libre de hacer todo lo que le plazca. Este tipo de licencia conduce directamente al asesinato, la propagación de enfermedades, la drogadicción, la prostitución, la pornografía y otros males.
La auténtica libertad tiene sentido cuando se pone al servicio de la verdad y el amor. Eso significa que la violencia, la manipulación y el engaño tienen que ser considerados destructivos e inaceptables, y que la prostitución ha de ser considerada una explotación de la persona. La utilización de la denominada tarjeta roja para combatir la prostitución forzada y afrontar esta modalidad contemporánea de esclavitud parece más bien un planteamiento ineficaz e inconexo dentro del contexto de la propaganda liberal. Hay que establecer restricciones legales. 
Jan Tadeusz Masiel (NI ). –
   Señora Presidenta, yo estaba en Bélgica en 1999 y presencié el trato dispensado a una mujer polaca que había sido violada por un albanés. Esta mujer se vio obligada a abandonar el país después de que interpusiera una denuncia ante la policía. Se desconoce la suerte que corrió el violador. Es probable que quedara libre sin cargos, ya que era un pobre solicitante de asilo político. Sin embargo, la desdichada víctima de la violación no recibió ningún tipo de compensación o asistencia psicológica, aún cuando se le podría haber proporcionado. Resultó imposible ayudar a la víctima porque le dieron tres días para abandonar el país.
En consecuencia, es importante otorgar un estatuto especial a las víctimas de la violencia, la violación y la prostitución forzada, concediéndoles la residencia temporal en el país en cuestión y cierta ayuda financiera. 
Edit Bauer (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, señor Comisario, la trata de seres humanos constituye sin duda alguna una violación fundamental de los derechos humanos y uno de los fenómenos más abyectos del mundo de nuestros días. Esta variante moderna de la esclavitud que presenciamos no debería tener cabida en ninguna sociedad civilizada. El tráfico está muy extendido y se cobra cientos de miles de víctimas en Europa. Se calcula que la cifra de mujeres y niñas sometidas a abusos sexuales representa 85 % de todas las víctimas. 
Dentro de este contexto quiero comentar dos cuestiones. El Convenio Europeo contra la Trata de Seres Humanos sirve de instrumento jurídico, pero el sitio web del Consejo de Europa informa en el sentido de que trece países europeos, Estados miembros de la UE, no han firmado este Convenio y ninguno de los países lo ha ratificado hasta la fecha. Ni siquiera la Comunidad Europea ha firmado este documento. ¿Qué va a hacer al respecto el señor Frattini, el Comisario responsable? En segundo lugar, quiero preguntar cómo vamos a combatir eficazmente la trata de seres humanos cuando la demanda queda en gran parte impune, excepción hecha de determinados casos, y cuando estos servicios continúan tolerándose. Según ciertos estudios, los europeos gastan miles de millones de euros en tales servicios y, en consecuencia, la demanda se convierte en la fuerza motriz de este lucrativo negocio.
Espero con impaciencia la estrategia y la Comunicación prometida sobre planes de acción para combatir la trata de seres humanos que, a mi juicio, configurarán el escenario adecuado para continuar nuestro debate acerca de estos graves asuntos y para expresar nuestras opiniones.
Martine Roure (PSE ).
   – Señora Presidenta, en muchos países, miles de mujeres son explotadas y forzadas a la prostitución, y las que sufren esta prostitución forzada son en su mayoría jóvenes y vulnerables. 
Las más débiles están controladas por proxenetas, que las vigilan y les inflingen castigos físicos, financieros y psicológicos; a menudo las amenazan de muerte. Cabe preguntarse, pues, por qué ellas no denuncian a sus proxenetas. A veces, las retiene el amor, pero la mayoría de las veces es el miedo. Estas mujeres, desamparadas, aceptan esta pesadilla porque ya no tienen elección.
Para algunos hay una cara de la prostitución que es casi amable. Sin embargo, ahora vemos cada vez más –aunque sin darnos cuenta realmente– a este nueva clase de esclavas deambulando por nuestras calles. Si la chica no trabaja suficientemente, sufre una avalancha de sevicias. El proxeneta ejerce sobre ella una presión constante para incitarla a trabajar. En circunstancias en que la prostitución es legal, el proxeneta la defiende, la pone en contacto con los gerentes de locales y la fuerza a plegarse a las demandas del medio al que pertenece. Para lograr sus fines, emplea la seducción, las amenazas y la violencia. La víctima se ve obligada a entregar sus ganancias directamente o a través de otra persona. 
Estas mujeres jóvenes, víctimas de la violencia, deben saldar importantes deudas para sufragar el coste de su viaje y sus documentos de identidad. Cuando se hallan ilegalmente en un país, las más de las veces privadas de su dinero, no tienen ninguna esperanza de que su situación vaya a mejorar. Cuando se resisten a la presión de los traficantes, llueven las amenazas sobre ellas, sus hijos o sus familias. Es una situación sin salida y la naturaleza del medio en que trabajan les lleva, a menudo, a hundirse en la drogadicción. 
Nadie puede lavarse las manos ante semejante tragedia. Tenemos un deber: luchar contra esta infamia, como otros lucharon contra la esclavitud, contra el racismo y contra el encarcelamiento arbitrario. Este debate nos concierne a todos, en todos los países europeos.
Milan Horáček (Verts/ALE ).
   – Señora Presidenta, es muy importante que la cuestión de cómo combatir la trata de personas, y de mujeres, sea debatida antes de que se inicie la Copa del Mundo de fútbol en Alemania. Estamos hablando de miles de prostitutas adicionales, la mayoría de las cuales estarán trabajando contra su voluntad y, por consiguiente, bajo coacción. Mis muchos años de experiencia con ONG que trabajan en el ámbito de la prostitución infantil junto a las fronteras entre la República Checa, Alemania y Austria me inducen a creer que estos delitos solo pueden afrontarse mejorando las leyes, otorgando mayores poderes a las distintas instituciones y autoridades y mediante la cooperación transfronteriza con Europa Central y Oriental. A la larga, no obstante, será necesario luchar contra la pobreza y lanzar campañas de información con el fin de acabar definitivamente con la prostitución. La proclamación de un Día contra la Trata de Seres Humanos contribuirá a elevar la conciencia de los ciudadanos respecto a este problema.
Johannes Blokland (IND/DEM ). –
   Señora Presidenta, las cuestiones planteadas son encomiables por la forma en que afrontan los temas de la trata de seres humanos y la prostitución. Yo respaldo en particular –y de todo corazón– la petición de una investigación sobre la relación entre estas cuestiones y los acontecimientos en torno a la Copa del Mundo de fútbol. Considero que la respuesta del Comisario Frattini ha sido excelente. Me complace que la Comisión esté dispuesta a llevar a cabo un estudio comparativo sobre la forma en que los Estados miembros contemplan la prostitución en términos jurídicos y prácticos, así como sobre el impacto de dicha política.
Asimismo, pediría al Comisario Frattini que tenga en cuenta el grado de transparencia y la capacidad de control de la prostitución, las dimensiones de la prostitución forzada, las oportunidades para que las prostitutas abandonen su profesión y la demanda de prostitución. Me gustaría conocer algo sobre el modo de controlar más eficazmente los efectos nocivos de la prostitución. Voy a terminar diciendo que me encanta el tono de este debate. 
Christa Klaß (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, una amiga de mi hija de 20 años de edad me comunicó hace poco, loca de alegría, que había conseguido un trabajo de azafata en la Copa del Mundo. Cuando le pregunté cómo había sido, ella –una joven deportista– me comentó que había logrado el trabajo por medio de una solicitud a la Federación de Deportes de Alemania. 
En este caso, estoy segura de que se trata de una oferta de trabajo seria, pero imaginemos que una vive sumida en la pobreza y su hija le anuncia que tiene la oportunidad de viajar este verano a Alemania, donde le espera un trabajo estupendo. Por supuesto, como madre o como padre, una se alegra de cualquier oportunidad que se le brinde a una hija, pero ¿quién se preocupa realmente de analizar los riesgos implícitos o de investigar si la oferta es seria? He aquí una de las múltiples formas posibles en que pueden suceder estas cosas.
Tenemos que comenzar facilitando información a las personas allí donde se encuentran –el Comisario ha aludido a los numerosos estudios que se han realizado–, pero hemos de alertar a las personas, ya sean padres o hijos, acerca de los peligros inherentes a cualquier oferta dudosa. Sabemos que con motivo de grandes acontecimientos como este se produce un incremento espectacular de la demanda de servicios sexuales, así como de la incidencia de actividades delictivas como la trata de seres humanos y la prostitución forzada.
Son muy pocas las mujeres y niñas que trabajan sin estar en un burdel o bajo la tutela de un proxeneta. Miles de ellas vendrán de Europa Central y Oriental, África, Asia y América Latina, atraídas mediante informaciones falsas e impulsadas por la pobreza en casa y por la necesidad de alimentar a sus familias. Vienen aquí y se las somete y explota de la forma más brutal, de modo que acaban perdiendo su dignidad y su autoestima.
Al margen de facilitar información sobre el terreno, hay ciertas cosas que hemos de realizar en el país donde van a tener lugar los acontecimientos, como la labor de relaciones públicas y una línea de atención telefónica multilingüe permanente: todas estas acciones están siendo contempladas, razón por la cual respaldamos tales acciones. Sobre todo ahora, cuando se va a disputar la Copa del Mundo, tenemos que mostrar la tarjeta roja. Hablemos de cómo hacerlo. 
Katerina Batzeli (PSE ).
   – Señora Presidenta, el fenómeno del tráfico de mujeres y el desplazamiento de las mismas constituye un problema de dimensiones globales, que se agudiza con motivo de la organización de acontecimientos deportivos. Evidentemente, en este problema no cabe diferenciar entre prostitución forzada y «voluntaria», ya que ambas formas tienen la misma raíz: su causa radica en una profunda pobreza y la marginación social, fenómenos que arrastran a las mujeres a los límites de la explotación. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, cuando la víctima comparece ante el juez, ¿cómo se puede establecer una distinción entre prostitución forzada y prostitución y cómo se puede imponer sanciones a la persona que está detrás?
Es fundamental dejar bien claro que los acontecimientos deportivos tienen que permanecer en la conciencia de todos nosotros como vehículos transmisores de valores y culturas. Hay que erradicar todo lo que mancille estos encuentros culturales. Creo que las propuestas que acaba usted de mencionar, señor Frattini, y las propuestas de la señora Prets constituyen un marco serio a escala europea e internacional.
Carlos Coelho (PPE-DE ). –
   Señora Presidenta, señor Frattini, Señorías, quiero dar las gracias al señor Frattini por la atención que ha prestado al tema de la trata de seres humanos. Se trata de una de las manifestaciones más detestables de la delincuencia internacional. Constituye una grave violación de los derechos humanos y de la normativa legal sobre inmigración y empleo y tiene un efecto muy pernicioso para la seguridad nacional e internacional.
Se ha producido un aumento alarmante de este tipo de delitos y, según las cifras de las Naciones Unidas, se ha convertido en la tercera actividad más lucrativa de la delincuencia organizada. Es un fenómeno transnacional que constituye un motivo importante de preocupación para muchos países, ya sean de origen, tránsito o destino.
Lo que se precisa, por tanto, es una estrategia global y coordinada, con una intensificación de esfuerzos tanto en el plano legislativo como operativo. En el plano legislativo, la adopción en 2002 de la Decisión marco por la que se aproximan las disposiciones penales de los Estados miembros y las sanciones aplicables y se permite a los jueces de un Estado miembro dictar una orden de detención europea en relación con delincuentes implicados en la trata de seres humanos, supuso un avance importante.
Esta Decisión marco tenía que haber sido transpuesta antes de agosto de 2004. Todavía estamos esperando un informe que evalúe las medidas adoptadas por los Estados miembros y dictamine si ha sido aplicada por todos ellos.
En cuanto a la vertiente operativa, creo que las prioridades principales son el fortalecimiento de Europol, que actualmente está infrautilizada; una respuesta rápida e integral en apoyo de las víctimas, que permita prestarles asistencia inmediata; y la mejora del intercambio de información y datos estadísticos, a lo que ya ha hecho referencia antes el señor Comisario. 
Edite Estrela (PSE ). –
   Señora Presidenta, señor Frattini, Señorías, la trata de seres humanos es una calamidad que hay que combatir con todos los medios a nuestro alcance. Más de 700 000 mujeres y niñas quedan atrapadas anualmente en las redes de los traficantes. Solamente en Europa, cada año 100 000 mujeres son víctimas del tráfico y de actos que atentan contra su integridad física y su salud mental.
La trata de mujeres y niñas es la modalidad de delito que más rápidamente crece y es sabido que el problema se agrava durante la celebración de grandes acontecimientos deportivos. La trata de mujeres está vinculada a la inmigración ilegal. Miles de mujeres son seducidas mediante la promesa de un trabajo digno y bien remunerado, para luego verse forzadas a prostituirse.
A la luz de lo que ya se ha dicho, la Copa del Mundo de fútbol brinda a la Comisión la oportunidad de sentar un valioso precedente en la lucha contra la trata y la explotación sexual de las mujeres a base de programas destinados a la integración social y la rehabilitación de las mujeres, junto con la prestación de jurídica, médica, psicológica y lingüística. 
Manolis Mavrommatis (PPE-DE ).
   – Señora Presidenta, la explotación de mujeres y niñas a través de la prostitución forzada con motivo de grandes acontecimientos deportivos y en torno a los mismos constituye una de las lacras de nuestro tiempo. En una época en que la igualdad de mujeres y hombres, la libertad de pensamiento y los derechos humanos centran nuestra atención y nuestras ideas, considero un insulto que las fronteras abiertas de la Unión Europea libre y democrática brinden la oportunidad y ofrezcan cobijo a la delincuencia organizada en forma de prostitución forzada de mujeres y niñas.
Las cifras con ocasión de la Copa del Mundo en Alemania parecen increíbles. Es imposible imaginar las cuarenta, cincuenta o cien mil mujeres y niñas de todo el mundo que invadirán de consuno el país europeo, mujeres y niñas que debido a su pobreza y a la incapacidad de la opinión pública mundial de abordar el problema, serán sacrificadas en el altar del sexo comercial como prostitutas.
Señor Comisario, para combatir este fenómeno no basta con brindar asesoramiento o aprobar leyes nacionales. No basta con prevenir las graves enfermedades que suponen una amenaza para la salud a resultas del sexo comercial, apostando por la distribución gratuita de miles o millones de preservativos, como hemos visto en grandes acontecimientos deportivos. No debemos legalizar tácitamente la humillación de mujeres y niñas que, junto con la sociedad, son arrojadas a los leones del interés comercial a través de la prostitución abusiva.
Quiero terminar, señor Comisario, recordando que durante su reciente visita a Atenas usted propuso que el 25 de marzo sea proclamado Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos. Quisiera pedirle que retrase la fecha un día, ya que el 25 de marzo es fiesta nacional en Grecia, una de las celebraciones más importantes de nuestra historia. Respetamos a las mujeres, pero también respetamos las fiestas nacionales. Gracias por adelantado.

El Presidente.
   He recibido una propuesta de resolución de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento(1).
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 11.30 horas.
Godfrey Bloom (IND/DEM ).
   – La trata de seres humanos, o esclavitud como solíamos denominarla, abolida por el Imperio británico con el respaldo de la fuerza de la Armada Real, constituye ahora una triste realidad bajo el nuevo Imperio de Bruselas. Este comercio abominable se ve favorecido inconscientemente por un programa político gobernado por lesbianas andrófobas que no conocen ni entienden el mundo real. Si no se lo creen, entren en su sitio web y juzguen por sí mismos. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0013/2006) del señor Hutchinson, en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional, sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional (2004/2254(INI)). 
Alain Hutchinson (PSE ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el tema de mi informe –las deslocalizaciones de empresas– es delicado, pero está de actualidad. En seguida me di cuenta de que tenía un lado delicado cuando presenté mi primer proyecto de informe en la Comisión de Desarrollo Regional. Pocas veces he asistido –aunque todavía soy un diputado joven al Parlamento Europeo− a un debate tan apasionado en comisión. No es menos cierto que a menudo el conocimiento surge de un choque de ideas y creo que hemos llegado a un texto equilibrado, que enuncia varias ideas interesantes y que nos permite desmitificar, aclarar y entender mejor los complejos mecanismos de un auténtico problema social. Aprovecharé también el tiempo de que dispongo para dar las gracias a los ponentes alternativos y a todos los colegas que han ayudado a elaborar este informe. 
Señorías, en esta Cámara somos muchos, quizás no esta tarde pero sí en general, los que hemos tenido ocasión de comprobar que las deslocalizaciones suelen tener consecuencias económicas importantes en las regiones afectadas. Pero una deslocalización significa también la pérdida de puestos de trabajo y una tragedia para las familias que son sus víctimas, y esto nos afecta a nosotros.
Por otra parte, una constatación inicial que pude hacer durante la elaboración de este informe fue que el instrumental estadístico europeo en esta materia es débil. Pude comprobar asimismo que esta Cámara había abordado ya esta cuestión en otros informes. En una primera Resolución de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas que han recibido ayuda financiera de la Unión Europea, el Parlamento apuntaba al enorme peligro que representan las deslocalizaciones para el objetivo primordial de la política regional, es decir, la cohesión económica y social. Vino después la Resolución del pasado 6 de julio, presentada por nuestro colega, el señor Hatzidakis, sobre la reforma de los Fondos Estructurales. En esta ocasión, el Parlamento formuló varias propuestas relativas a las deslocalizaciones.
Mi informe recoge, por supuesto, las ideas contenidas en las resoluciones anteriormente votadas por el Parlamento Europeo: he intentado reproducir los principios fundamentales de dichas resoluciones. Después de recordar que la política de desarrollo regional tiene por objeto favorecer el desarrollo de las regiones de la Unión Europea y que las ayudas estatales no deben servir para estimular la deslocalización de actividades económicas, el informe votado por la Comisión de Desarrollo Regional propone la adopción, tanto a escala comunitaria como nacional, de medidas encaminadas a prevenir las consecuencias negativas potenciales de las deslocalizaciones sobre el desarrollo económico, así como las tragedias sociales causadas por estas deslocalizaciones.
En primer lugar, pedimos un instrumento que nos permita acceder a una información más precisa. Proponemos, pues, confiar al Observatorio de Dublín una misión de estudio, evaluación y seguimiento del fenómeno de las deslocalizaciones con el fin de objetivar sus incidencias desde el punto de vista económico y social y sobre la política de cohesión y desarrollo regional. Además de este instrumento, y a falta de una coordinación mejor de los sistemas sociales nacionales, la Comisión de Desarrollo Regional considera imperativo adoptar una estrategia europea global de prevención, gestión y seguimiento de las deslocalizaciones de empresas tanto dentro como fuera de la Unión. Les proponemos una serie de medidas que abordamos con criterios muy prácticos en el informe.
En primer lugar, pedimos a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para evitar –creo que es un elemento esencial de este informe− que la política regional europea incentive a las empresas a deslocalizarse.
En segundo lugar, apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a sancionar a las empresas que, habiendo recibido una ayuda de la Unión Europea, deslocalicen sus actividades en un plazo de siete años. Pedimos asimismo que en caso de inobservancia de las leyes nacionales e internacionales, esas mismas empresas no puedan obtener ayudas públicas para su nuevo lugar de producción.
Pedimos a la Comisión que prevea medidas con respecto a las deslocalizaciones que califico de deslocalizaciones «inversas», es decir, las que comportan un deterioro de las condiciones de trabajo sin que se desplace la actividad de la empresa. Consideramos que la concesión y el mantenimiento de ayudas públicas a las empresas deben supeditarse a unos compromisos precisos en materia de empleo y desarrollo local. Sugerimos a la Comisión que elabore un dispositivo que sancione con mayor severidad a las empresas que, habiendo obtenido una ayuda pública, deslocalicen total o parcialmente sus actividades y las trasladen al exterior de la Unión Europea. Pedimos asimismo a la Comisión que incluya cláusulas sociales en los tratados internacionales y que la aplicación de estas cláusulas venga respaldada por medidas positivas e incentivos para los países y empresas que cumplan esas cláusulas. Apoyamos la propuesta de la Comisión encaminada a crear un Fondo de Adaptación a la Globalización con vistas a prevenir y abordar las crisis económicas y sociales provocadas por reestructuraciones y deslocalizaciones. 
Por último, la Comisión de Desarrollo Regional considera que las consecuencias de numerosas deslocalizaciones deben hacernos reflexionar, de manera abierta y constructiva, sobre la creación de un auténtico espacio social europeo. A este respecto, estimamos que el diálogo social ha de desempeñar un papel fundamental en la prevención de las deslocalizaciones y el tratamiento de sus efectos.
Señorías, en los últimos tiempos, como todos sabemos y se ha repetido hasta la saciedad, la Unión Europea atraviesa una crisis importante. Lo grave de esta crisis es, sin duda, la pérdida de confianza o el desinterés de los ciudadanos por este formidable proyecto que es la construcción europea. Ya sea a través de esta resolución sobre las deslocalizaciones o a través de otros textos, tenemos el deber, como diputados al Parlamento Europeo, elegidos por los ciudadanos de Europa, de escuchar esas preocupaciones. Pienso que el informe que hemos votado en comisión contiene aspectos interesantes sobre los que reflexionar en el futuro y que responde a las preguntas legítimas que formulan nuestros conciudadanos en esta materia.
Stavros Dimas,
   .  Señor Presidente, quiero felicitar y dar las gracias al ponente, el señor Hutchinson, y a la Comisión de Desarrollo Regional por este excelente informe, que aborda un asunto delicado que ha sido objeto de muchos debates en los distintos Estados miembros durante los últimos meses.
Sin subestimar lo delicado del asunto, quiero recordarles que el derecho a asentarse en cualquier lugar en la Comunidad es una libertad fundamental y piedra angular del mercado único. Es perjudicial favorecer o prohibir decisiones en materia de inversiones. La especialización y el cambio de ubicación de una actividad económica forman parte del desarrollo económico y son necesarios si buscamos el crecimiento y la creación de más y mejores puestos de trabajo. 
No obstante, la Comisión sabe perfectamente que las deslocalizaciones de empresas, como ha señalado antes el señor Hutchinson, y la pérdida de puestos de trabajos dentro de la Unión constituyen fenómenos muy preocupantes. Desde luego, no podemos intervenir en las decisiones de las empresas o grupos en el desempeño de su actividad; pero estamos resueltos a combatir las consecuencias sociales de tales decisiones.
El objetivo de los Fondos Estructurales, tanto en el período de programación actual como en el próximo, es la creación de puestos de trabajo, el crecimiento y la continuidad del progreso económico. Son flexibles y perfectamente capaces de mitigar y limitar las dificultades creadas en las regiones y a los ciudadanos por la decisión de una empresa de cerrar y deslocalizar total o parcialmente sus actividad económica a otro Estado miembro o fuera de la Unión Europea. 
Tanto la normativa actual como la que será aprobada en el futuro, que todavía no está ultimada, prevén que cualquier empresa subvencionada con cargo a los Fondos Estructurales de la Unión Europea que realice una deslocalización en los cinco años a partir de haber recibido la subvención, deberá reembolsarla. Gracias a esta disposición, las empresas dejarán de recurrir a la caza de subvenciones. 
Para terminar, quiero asegurarles que la Comisión estudiará detenidamente cualquier propuesta concreta que pueda presentar el Parlamento en el marco de los debates sobre la futura normativa.
Ilda Figueiredo (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, todos somos conscientes de las terribles consecuencias de las deslocalizaciones de empresas en varios países de la UE, a saber, el incremento del paro, la pobreza y la marginación social. Además, frenan el desarrollo en amplias regiones, sobre todo en países con economías débiles como Portugal, donde predominan sectores «tradicionales» como el textil y el vestido, el calzado y la fabricación de cables.
Las deslocalizaciones, según la opinión emitida por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, no solo afectan a estas industrias «tradicionales», sino también a sectores de gran intensidad de capital, como la siderurgia, la aviación, la construcción mecánica y la fabricación de componentes electrónicos, por no hablar de grandes parcelas del sector de servicios, por ejemplo el desarrollo de software y los servicios financieros, logísticos y de información.
Es una buena noticia que la Comisión de Desarrollo Regional, a través de su ponente, el señor Hutchinson, haya aceptado la mayoría de las opiniones expresadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre todo la inclusión en los tratados internacionales de cláusulas sociales basadas en los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando así que los países y las empresas se atengan a ellos, aunque personalmente no considero que tales medidas sean suficientes. Sin embargo, tal como manifestamos en el debate y la votación sobre la resolución del Parlamento de 13 de marzo de 2003 sobre el cierre de empresas tras haber recibido ayuda financiera de la UE, la Comisión y los Estados miembros deben actuar para poner fin a este azote económico y social, que únicamente genera mayores beneficios para las multinacionales y los grupos económicos que no muestran ninguna responsabilidad social.
Este debate tiene que producir resultados prácticos, en virtud de los cuales se salvaguarden los derechos de los trabajadores y los grupos económicos con un historial de deslocalizaciones y desempleo dejen de recibir ayuda en cualquier Estado miembro.
La Comisión, junto con los Estados miembros, tiene que asumir de manera urgente las opiniones de los comités de empresa europeos, elaborar y publicar una lista negra de empresas y grupos económicos o financieros que hayan utilizado las deslocalizaciones con el propósito de aumentar sus beneficios y exigir la devolución de cualquier subvención concedida. Además, hay que fijar requisitos más estrictos en lo referente a la defensa de los puestos de trabajo y el desarrollo regional en los Reglamentos futuros sobre fondos comunitarios. 
László Surján,
   . Señor Presidente, la Comisión de Desarrollo Regional ha apoyado este informe por amplia mayoría. El ponente ha tenido que armonizar opiniones totalmente contrapuestas y merece nuestro agradecimiento.
El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos jamás ha respaldado la limitación de las libertades, como, en este caso, la libre circulación de capital. Nuestro compromiso ha estado basado en este principio y en el futuro también hemos de seguir negándonos a buscar soluciones a problemas locales en la limitación de las libertades. Por desgracia, ya hemos presenciado algún ejemplo alarmante de lo anterior, no hace mucho, en relación con la Directiva relativa a los servicios.
El proteccionismo inducido por el egoísmo y el miedo siempre tendrá consecuencias indeseables. En los países donde se ha abierto el mercado laboral a los trabajadores de los nuevos Estados miembros se ha producido un aumento de la producción y los niveles de desempleo realmente han descendido. En otros ámbitos, algunas empresas se han trasladado a regiones con salarios más bajos. Las deslocalizaciones de las empresas generan mucha inquietud. Si los propietarios de las empresas solo se preocupan de las ganancias, tal vez logren incrementar sus niveles de beneficio, pero perjudicarían a otros. El aumento de los dividendos de los accionistas no es ningún consuelo para los empleados que han perdido su puesto de trabajo porque su empresa se ha trasladado al mundo en desarrollo o incluso a otra región de la Unión Europea.
Por consiguiente, hemos de identificar los métodos adecuados para defender el bien común, pero me temo que no hay ley que pueda sustituir al sentimiento de responsabilidad mutua entre propietarios y empleados, en favor del bienestar de la otra parte. La relación entre propietario y trabajador únicamente tendrá un «rostro humano» si está basada no solo en consideraciones de tipo económico, sino también ético. Así pues, estoy seguro de que mientras buscamos nuevas vías y nuevas soluciones, tendremos que volver sobre el tema de las deslocalizaciones de empresas. 
Constanze Angela Krehl,
   – Señor Presidente, me complace que el ponente –tras lo que en principio eran notables diferencias de opinión en la comisión parlamentaria– haya logrado alcanzar un compromiso tan amplio en torno a este informe. Se trata de un compromiso que me parece muy aceptable.
Hay tres aspectos que quiero volver a resaltar. Primero, me parece interesante saber que muy pocas de las empresas que realizan deslocalizaciones obtienen realmente ayuda europea, es decir, ayuda con cargo a los ingresos fiscales europeos y, puesto que la cohesión y la política estructural se basan en la solidaridad con las regiones más vulnerables, no creo que nadie en esta Cámara pretenda ponerlas en peligro. 
Segundo, tiene que haber más transparencia en la lista de empresas que reciben según qué ayuda, a fin de dejar claro ante nuestro electorado lo que realmente hacemos en la Unión Europea y lo que subvencionamos. En cualquier caso, no defenderemos ningún tipo de «caza de subvenciones».
Tercero, para el caso de que las deslocalizaciones causen la pérdida de puestos de trabajo, se precisa un instrumento para ayudar a los afectados, que es lo que podría ser el Fondo de Adaptación a la Globalización.
Jean Marie Beaupuy,
   . – Señor Presidente, Señorías, celebro ver que tras las largas horas de trabajo consagradas al informe de nuestro colega el señor Hutchinson, llegamos, como acaban de decir mis dos colegas diputados, si no a un pleno consenso, en todo caso a una convergencia en torno a la mayoría de elementos.
Volviendo sobre el informe inicial y a la observación anterior, creo que hay que tener en cuenta, desde luego, qué fue lo que motivó al señor Hutchinson, es decir, la conmoción que supone una deslocalización para los trabajadores y la región a que afecta. En efecto, cualquier deslocalización de una amplia plantilla de personal constituye un verdadero trauma, tanto para los trabajadores como para la región.
Como también ha dicho el ponente, no es admisible que algunos responsables de empresas utilicen el chantaje. Pero debemos constatar que, en una economía abierta, dentro mismo de nuestras regiones –porque en ocasiones las deslocalizaciones se producen dentro del mismo país–, hay diferencias de salarios, diferencias de competitividad técnica, que hacen que una empresa se pueda ver obligada a desplazar algunas de sus plantas de producción, al margen de si produce bienes o servicios.
Por último, no olvidemos que con el Acta Única Europea de 1986 debemos facilitar la libre circulación de mercancías, personas y servicios en nuestros Estados. Antes de hablar de deslocalización, hay que plantearse la siguiente pregunta elemental: si una empresa que debe hacer frente a la competencia y prestar un servicio a sus clientes no se deslocaliza, ¿qué hace? No hablo de los estafadores. Hablo de cierto número de empresas que se han encontrado ante esta disyuntiva. El hecho es que algunas de ellas lo han resuelto perfectamente creando o desarrollando su departamento de Investigación y Desarrollo, creando nuevos mercados y logrando deslocalizar una parte de sus actividades.
Por tanto, para concluir, quisiera resaltar la importancia de que los fondos de la Unión Europea no se utilicen indebidamente, como ha dicho la señora Krehl, para apoyar las deslocalizaciones; al contrario, debemos utilizar los fondos disponibles para apoyar a los trabajadores y las regiones que se hallan en dificultad cuando se producen tales deslocalizaciones.
Elisabeth Schroedter,
   – Señor Presidente, la caza de subvenciones es un juego de extorsión muy popular en la Unión Europea y no cabe duda de que es el contribuyente quien paga la factura. Este juego no se viene practicando únicamente desde la adhesión de los diez nuevos Estados miembros; al contrario, tan pronto como se adhirió Suecia, una empresa se trasladó de Bremen a la nueva región sueca del «Objetivo 2», justo después de haber recibido una subvención. El efecto de ello fue la imposibilidad de aplicar medidas públicas contra el paro en Bremen. 
Este ejemplo ilustra lo que está en juego. No se trata de restringir la libertad de establecimiento, sino de la necesidad de que las empresas que reciban fondos públicos se comprometan a crear puestos de trabajo en la región, así como de regularlo formalmente.
La Comisión ha propuesto un período de cinco años, plazo que considero insuficiente. No pasa de ser meramente simbólico y es del todo ineficaz. A la vista del hecho de que las inversiones de las empresas están subvencionadas hasta un 50 % con cargo a los fondos públicos, este período tiene que ser más prolongado, por lo menos de siete años, que es lo que había propuesto la Comisión anterior. Cinco años suponen una reducción considerable; incluso un período de siete años es bastante corto en este caso. Si realmente queremos poner coto a la caza de subvenciones, necesitamos el período más prolongado.
Creo que el informe del señor Hutchinson aborda cuestiones esenciales y esta es una de las importantes. Lo que espero de la Comisión es que reconsidere este plazo de cinco años, que, dado el importe de las subvenciones, distorsiona la competencia; que incorpore el período de cinco años, tal como ha recomendado esta Cámara, en su Reglamento sobre subvenciones y, además, que controle más de cerca a las empresas que practican este tipo de caza de subvenciones y las incluya en una lista negra, en la forma propuesta por el ponente. 
Pedro Guerreiro
   , Justo hace tres años, a raíz de una larga lucha por parte de los trabajadores en defensa de sus puestos de trabajo y la viabilidad de empresas como CG [amp] Clark en Portugal, el Parlamento aprobó una resolución el 13 de marzo de 2003 con una serie de recomendaciones sobre el cierre de empresas que han recibido ayudas económicas de la UE.
Han transcurrido tres años y ¿qué ha hecho la Comisión para poner en práctica dichas recomendaciones? ¿Qué ha hecho para supeditar la ayuda comunitaria a acuerdos de larga duración sobre empleo y desarrollo local? ¿Ha publicado la Comisión el listado de incumplimientos de contrato por parte de las empresas que han realizado deslocalizaciones y se han beneficiado, directa o indirectamente, del dinero público? ¿Cuántas veces ha negado la Comisión la concesión de ayuda comunitaria a empresas que han incumplido los contratos que habían firmado, o les ha exigido el reembolso de tal ayuda? ¿Qué medidas prácticas ha adoptado para apoyar a los trabajadores y la recuperación económica en regiones afectadas por las deslocalizaciones? ¿Ha confeccionado la Comisión el código de conducta propuesto para evitar las deslocalizaciones de empresas?
La respuesta a estos interrogantes aparece de manera clara en el informe que tenemos delante, el cual, al cabo de tres años, se limita a enumerar las mismas recomendaciones a la Comisión. Para las empresas, las deslocalizaciones suelen ser una inversión. A base de los distintos incentivos y ayudas públicas y de la explotación de una mano de obra barata y desprovista de sus derechos, la empresa busca obtener el máximo beneficio en un breve plazo de tiempo. Eso es así hasta que encuentra una ubicación más rentable a la que trasladarse, incumpliendo así todos sus compromisos adquiridos e ignorando el tremendo daño social y económico que deja tras de sí.
Las deslocalizaciones de empresas es una especie de chantaje constante que se cierne sobre los trabajadores, una forma de presión para reducir los salarios, incrementar la jornada laboral, aumentar la flexibilidad de los mercados laborales y recortar los derechos de los trabajadores. Por tanto, proponemos la aprobación de un marco jurídico que permita combatir la deslocalización de las empresas, de manera que dentro de tres años no tengamos que volver a celebrar el mismo debate. 
Graham Booth,
   . Señor Presidente, quiero centrarme en el concepto de la ayuda estatal directa como herramienta de desarrollo regional, a la que el señor Hutchinson alude en su informe. Se trata de un concepto relacionado muy estrechamente con la idea de los Fondos Estructurales y la cohesión regional, y mi país, el Reino Unido, está pagando un precio muy elevado dentro de la UE por culpa de todo ello.
El ponente ha abogado a favor de que aquellas empresas que, habiendo recibido ayuda pública, luego hubieran deslocalizado sus actividades dentro de la UE, quedaran vetadas para recibir ayuda estatal o Fondos Estructurales durante siete años. Pero, ¿qué ocurre con empresas respetables que han solicitado ayuda estatal con todas las de la ley, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno británico debido a retrasos imputables a la Comisión en la concesión de la luz verde, y luego han deslocalizado sus actividades a otra parte de la UE, lo cual se ajusta mejor a la idea de Bruselas sobre la cohesión y está, por tanto, completamente libre de las mismas obstrucciones?
En 2002, Peugeot solicitó a la Comisión Europea que aprobara un paquete de ayuda estatal para fabricar el nuevo modelo 207 en Ryton, en los West Midlands ingleses. Más de dos años después, sin que hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Comisión, Peugeot desistió y anunció que el 207 se fabricaría en Francia y en Eslovaquia. Indudablemente, Bruselas lo conceptuó como una misión económica cumplida. Ryton, entre tanto, afronta un futuro incierto. Una vez que cese la fabricación del modelo 206 –que se ha fabricado tan satisfactoriamente y de forma tan competitiva hasta ahora–, si esta fábrica cierra después de tantos años de producción bajo diferentes propietarios, supongo que cabría calificarlo de una cierta forma de deslocalización; pero en absoluto es culpa de Peugeot. En su lugar, tal vez debería prohibirse durante siete años a la Comisión a que se pronuncie sobre la ayuda estatal y que regule en exceso el sector empresarial. Eso se acogería con aplausos en los West Midlands ingleses, donde los trabajadores cualificados están sufriendo por culpa de la política económica de la UE.
Y para seguir hurgando en las heridas de sus trabajadores, ahora nos enteramos de que Peugeot ha alcanzado un acuerdo con Kia Motors para fabricar el 206 en Indonesia, junto con la noticia no confirmada de que el 207 también será construido allí. Nada podría ilustrar mejor el analfabetismo de la economía de la UE. Si queremos aumentar el empleo, deberíamos encontrar el equilibrio correcto entre reglamentación y flexibilidad para las empresas. Un exceso de reglamentación crea puestos de trabajo artificiales, que carecen de justificación económica. 
Seán Ó Neachtain,
   . – Señor Presidente, acojo con satisfacción este informe del señor Hutchinson sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. Subraya la importancia de la política de cohesión de la UE para reducir las disparidades en las regiones más pobres.
Yo procedo de un país que se ha beneficiado de los Fondos Estructurales de la UE. Por tanto, aplaudo este informe desde la óptica irlandesa, pero principalmente por bien de mi región de origen, la parte occidental y noroccidental de Irlanda. Al ser una región eminentemente rural –el 70 % de la población vive en zonas rurales–, es más vulnerable que la mayoría a los efectos de la deslocalización. Europa tiene que proteger a regiones como la parte occidental y noroccidental de Irlanda, sobre todo en lo concerniente al modelo de asentamiento, que solo puede sostenerse mediante un desarrollo regional equilibrado. Europa tiene que insistir en que se corrijan las deficiencias de infraestructura, sobre todo en ámbitos como el transporte, la energía y la comunicación moderna de banda ancha. Estas carencias frenan la competitividad regional.
A este respecto, aplaudo sinceramente que la semana pasada la Comisión Europea haya aprobado la decisión del Gobierno irlandés de invertir 170 millones de euros en la ampliación de la red de banda ancha a más de 70 ciudades en todo el país. Las medidas de esta índole refuerzan la competitividad de las regiones, atraen la inversión ambulante y es de esperar que contrarresten las tendencias de las empresas a instalarse en localidades que ya están congestionadas. Constituye la defensa más rotunda contra las deslocalización y a favor del fortalecimiento de las regiones que precisan sobremanera esa ayuda. 
Jana Bobošíková (NI ).
   – Señor Presidente, evidentemente no deseo que el dinero de los contribuyentes de la UE sirva para subvencionar el desarrollo de empresas que se trasladan fuera de la UE o no se atienen a las reglas del juego. Sin embargo, rechazo totalmente este informe, ya que considero que imponer una moratoria de siete años a las empresas, durante la que no pueden trasladar sus actividades, refleja una concepción profundamente errónea de la economía mundial.
Del mismo modo, no logro entender por qué no se va a permitir que una empresa radicada en la UE se traslade a otro territorio, cuando los porcentajes de ayuda estatal concedida por los distintos Estados miembros compiten entre sí. Una moratoria sobre el traslado de las empresas no va a garantizar la protección del empleo sostenible; solo conseguirá lastrar un sistema de empleo ya de por sí inflexible y que soporta una elevada carga fiscal con una falta de movilidad acrecentada. Eso originará un aumento de la burocracia inútil y la expansión de la estrategia absurda de luchar contra las deslocalizaciones de las empresas. Los funcionarios libran una batalla infructuosa contra molinos de viento con el dinero de los contribuyentes de la UE. En otras palabras, el capital siempre va a donde es más valorado y no obedecerá las instrucciones dictadas por el Parlamento o la Comisión. 
Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE ).
   Señor Presidente, es evidente que el Parlamento Europeo no plantea en el informe Hutchinson prohibir a las empresas que se trasladen a otros países. Eso sería restrictivo y antidemocrático. Nosotros, al menos el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, sabemos que una empresa tiene que ser competitiva para sobrevivir y los diferentes Estados miembros tendrán que contar con un entorno fiscal y económico global que atraiga las inversiones.
Sin embargo, no es bueno que la Unión Europea fomente la deslocalización constante de las empresas con recursos tomados del presupuesto europeo. Esa es la razón por la que el informe Hutchinson propone, una vez más, la aplicación de sanciones a las empresas que hayan recibido ayuda financiera de la Unión Europea y procedan a la deslocalización de sus actividades en el plazo de siete años desde la concesión de la subvención. Propone asimismo que las empresas que hayan recibido ayuda estatal, sobre todo aquellas que no hayan cumplido todas las obligaciones inherentes a dicha ayuda, no puedan optar a una subvención pública para su nueva ubicación y deban quedar vetadas para recibir ayudas futuras con cargo a los Fondos Estructurales.
El informe Hutchinson también señala que debemos ser todavía más severos con las empresas que se trasladen afuera de la Unión Europea. Creo que las propuestas del Parlamento Europeo son realistas y responden de manera equilibrada a un problema real. Deseo igualmente subrayar la propuesta formulada en el informe Hutchinson con respecto al Fondo de Adaptación a la Globalización. Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea y creemos que el Fondo de Adaptación a la Globalización será pronto una realidad para atajar las consecuencias negativas de esta moderna situación que ofrece oportunidades a todo el mundo, pero que también entraña riesgos que han de afrontarse de manera eficaz.
Gábor Harangozó (PSE ). –
   Señor Presidente, antes parecía que muchos intentaban usar este debate para crear una nueva línea divisoria entre los antiguos y los nuevos Estados miembros de la Unión Europea. Nuestra tarea consiste en establecer normativas que permitan garantizar una Europa mejor, más segura y más amplia en cada Estado miembro y para cada uno de los ciudadanos. Si la normativa no es buena, existe la posibilidad de que la política de cohesión, basada en la solidaridad y uno de nuestros máximos valores fundamentales, acuda en ayuda de las regiones más subdesarrolladas, pero puede generar incertidumbre y vulnerabilidad en otras.
El autor del informe ha tenido la difícil misión de garantizar que la cuestión de las deslocalizaciones de empresas no se convirtiera en una divisoria adicional entre Este y Oeste, sino un paso más en dirección a la unificación de Europa. El trabajo del ponente se ha traducido en propuestas más equilibradas, que en su mayoría permiten garantizar la consecución de los objetivos de la política regional y refuerzan la seguridad social y económica de los trabajadores en los 25 Estados miembros. Mi enhorabuena al ponente. 
Alfonso Andria (ALDE ).
   – Señor Presidente, Señorías, también yo quiero felicitar al señor Hutchinson por el óptimo trabajo realizado: es evidente la necesidad de aplicar políticas eficaces para frenar los fenómenos de dúmping fiscal entre los diversos Estados miembros. 
Sin embargo, la decisión de deslocalizar la producción dentro de la Unión, si está motivada por la mayor competitividad de un territorio respecto de otro, puede aportar beneficios a la economía europea en su conjunto. Distinto y preocupante es en cambio el fenómeno de las deslocalizaciones fuera de la Unión Europea, debidas por lo general a normativas laborales un tanto permisivas en muchos terceros países.
Está claro que el modelo social europeo es costoso y la primera que lo paga es la competitividad de nuestras empresas, pero no por ello podemos aceptar compromisos de rebaja. Es necesario, ante todo, incentivar la producción europea en términos de calidad y especialización. En segundo lugar hay que introducir medidas encaminadas a mitigar los costes sociales de las deslocalizaciones con intervenciones a favor de la formación y la reconversión de los trabajadores en las regiones afectadas por reestructuraciones.
Ya abordamos un tema de este tipo en el pasado, cuando este Parlamento debatió la crisis del acero, con especial referencia al caso de Thyssen Krupp en Terni, Italia. Estoy de acuerdo con la aplicación de sanciones severas a las empresas beneficiarias de ayudas públicas, europeas o nacionales, que decidan deslocalizar parte de su producción fuera de la Unión.
Esto es todo lo que quería decir, señor Presidente, solo quisiera retomar la propuesta de crear una marca europea para los bienes producidos en su totalidad en el territorio de la Unión: a mi entender, representaría un importante incentivo para producir dentro de la Unión Europea.
Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL ).
   – Señor Presidente, la Comisaria Hübner afirmó el mes pasado en el transcurso de una entrevista con un periódico económico francés que tenemos que facilitar la deslocalización dentro de la Unión Europea. Para la Comisaria, este es uno de los principios fundamentales del mercado interior y la aplicación de leyes artificiales concebidas para limitarlo tendría consecuencias negativas para la competitividad de las empresas comunitarias.
No obstante, si la Comisión Europea quiere desarrollar una economía europea competitiva, sería una buena idea garantizar que no destruya de paso el modelo social europeo, que no acabe con los derechos de los trabajadores y que, al menos, no genere un entorno que aliente a las empresas a abusar de ellos. Una economía europea competitiva no constituye una perspectiva desarrollo perjudicial para los trabajadores europeos, pero el medio para lograr este objetivo y la filosofía de planificación no han hecho, desde luego, sino causar problemas a los trabajadores.
El informe Hutchinson constituye indudablemente un avance positivo. Aplaudo y apoyo el informe, dado que estoy de acuerdo con la mayor parte del mismo, pero me gustaría apostillar que es uno de los pocos informes que conozco de un diputado socialista al Parlamento Europeo en los últimos tiempos que, por fin, parece haber sido redactado por un auténtico socialista.
Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN ). –
   Señor Presidente, al intervenir en este debate quiero llamar la atención de la Cámara sobre dos temas importantes.
La deslocalización, el hecho de trasladar la actividad económica a otra parte, es un proceso económico objetivo. Es la consecuencia de la necesidad de responder a una competencia cada más feroz que va de la mano de la necesidad de reducir los costes de fabricación. Es cierto que la deslocalización se traduce en pérdidas de puestos de trabajo en determinados países, pero solo a corto plazo. Las investigaciones han demostrado que a la larga después de una deslocalización se crean más puestos de trabajo.
Un estudio realizado entre 600 empresas alemanas por McKenzie, una sociedad de consultoría, confirma que el traslado de puestos de trabajo a Europa Oriental fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo en Alemania. Para el 40 % de las empresas estudiadas, la creación de un puesto de trabajo en otro lugar daba pie a la creación de tres nuevos puestos en Alemania al mismo tiempo. Lo mismo es válido en el caso de las empresas británicas y francesas que invierten en el extranjero.
Así las cosas, carece de sentido erigir barreras administrativas e imponer sanciones económicas a las empresas que deseen realizar deslocalizaciones o a las autoridades locales que faciliten ayuda pública para atraer a los inversores. Así pues, voy a votar en contra del informe Hutchinson. 
Carl Lang (NI ).
   – Señor Presidente, como representante elegido de la región francesa de Nord-Pas de Calais, cuyas industrias, en especial las textiles, pierden cada año miles de puestos de trabajo, apruebo, por supuesto, la propuesta de exigir el reembolso de las ayudas europeas concedidas a las empresas que deslocalicen sus fábricas.
Es una propuesta económica y social de sentido común, que el Frente Nacional había formulado con ocasión de las elecciones regionales de 2004 en relación con las subvenciones concedidas por los consejos regionales.
Sin embargo, esta medida, indispensable, es igual de insuficiente que la creación, el pasado 1 de marzo, de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. En este asunto, la Comisión Europea no hace otra cosa que reparar con una mano, ostensiblemente social, el mal que hace su otra mano, ultraliberal.
Las deslocalizaciones no son una fatalidad, sino la consecuencia de la ideología comercial de la Unión Europea, que, al destruir las fronteras económicas, expone nuestras empresas a la competencia de grupos cuyos costes laborales son extremadamente bajos. Y este dúmping social se ejerce en beneficio de países extraeuropeos, pero también dentro mismo de Europa. Así, son muchas las directivas europeas que favorecen de hecho las deslocalizaciones entre Estados miembros y una presión a la baja sobre la legislación social. 
Para preservar nuestros empleos y nuestro modo de vida, tendremos que restablecer las fronteras comerciales e instaurar un IVA social sobre los productos de importación. Llegará un día en que habrá que elegir entre el restablecimiento de una política de protección nacional y europea y la política de integrismo liberal, que conduce al declive social generalizado.
Rolf Berend (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, es sabido que el Tratado de la Comunidad Europea consagraba la libre circulación de personas, mercancías y capital dentro de la UE, y por tanto resulta prácticamente imposible propugnar la prohibición total de la libre elección de establecimiento, ya que eso perjudicaría a las empresas europeas al inmovilizarlas. Lo que es preciso, sin embargo, es establecer disposiciones de acompañamiento sobre los principios de libre circulación, que debe permanecer dentro del marco de la política de cohesión, y las reformas de los Fondos Estructurales y de la legislación sobre subvenciones se presentan como una oportunidad para hacerlo. Eso significa que urge que la Comisión garantice, a la hora de asignar las subvenciones y las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales, que la concesión de tales ayudas esté supeditada a garantías de permanencia y empleo a medio plazo. No cabe duda de que Europa tiene abordar efectivamente esta cuestión.
Lo que deja bien claro el informe Hutchinson –aunque no sin haber mantenido un vivo debate en el seno de la comisión– es que las empresas que reciban ayuda están obligadas a poner en práctica la política de cohesión económica, social y territorial. Dicho claramente, eso significa que la forma coherente de poner en práctica la propuesta planteada por la Comisión con referencia a los Fondos Estructurales consiste en especificar que las empresas que no cumplan las condiciones anexas a la ayuda pública deben estar obligadas a reembolsarla, pero sin poder percibir bajo ningún concepto subvenciones públicas para la nueva ubicación, y deben quedar excluidas de las ayudas con cargo a los Fondos Estructurales o en forma de ayuda estatal durante un período de cinco años por lo menos –aunque serían preferibles siete– a contar desde la fecha de la deslocalización.
Este informe pretende subrayar la necesidad de dar cuantos pasos sean necesarios para evitar el ofrecimiento de incentivos, dentro del contexto de la política regional europea, a las deslocalizaciones de empresas que se traduzcan en pérdidas de empleo. El informe del señor Hutchinson, en su versión actual, es imparcial y merece ser apoyado. 
Jacky Henin (GUE/NGL ). –
   Señor Presidente, presionado por el «no» francés y neerlandés a la Constitución, el Parlamento se ocupa, al fin, de las deslocalizaciones. No puedo sino aprobar las medidas propuestas. Es urgente aplicarlas, ya que cada día que pasa es sinónimo de destrucción de miles de puestos de trabajo. Lamento que en este terreno solo hayamos llegado a prestar apoyo a pequeñas dosis cuando haría falta un remedio drástico.
Pero la relativa timidez del informe ilustra la gran contradicción que atraviesa la política económica de la Unión: la competencia nunca puede ser a la vez totalmente libre y no distorsionada. Las empresas utilizan el chantaje de la deslocalización para obligar a los trabajadores a aceptar unas condiciones sociales inferiores a las legales en su país. Este chantaje social va acompañado de un chantaje fiscal. La amenaza de la deslocalización se esgrime sistemáticamente para obtener desgravaciones fiscales.
Combatir eficazmente las deslocalizaciones exige una armonización europea, rápida y al alza, de la fiscalidad y la legislación social. Además, hay que acabar con la independencia del Banco Central Europeo, que siempre favorece los intereses de los préstamos públicos en detrimento de los del mercado de trabajo. 
Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN ). –
   Señor Presidente, Polonia apoya la deslocalización de empresas dentro de la Unión Europea. A nuestro juicio, sancionar a las empresas que hayan transferido sus actividades con la prohibición de recibir ayuda de la UE durante un período de siete años resulta excesivamente restrictivo e injustificable. Es difícil comprender por qué hay que impedir a las empresas de la UE que reaccionen a las necesidades del mercado, cuando eso beneficia tanto a los consumidores como a los productores.
Nos oponemos a la elaboración de listas especiales de empresas que hayan realizado deslocalizaciones, ya que eso es contrario a los principios fundamentales de la UE. Llamamos a todos diputados a esta Cámara a que rechacen unas disposiciones tan injustas. Constituyen una infracción de los principios del mercado libre y resultan especialmente perjudiciales para los nuevos Estados miembros. 
James Hugh Allister (NI ).
   – Señor Presidente, la deslocalización de la industria hacia economías de salarios más bajos acarrea dificultades económicas y sociales, que provocan la división, en lugar de la unión, de las regiones de Europa. Dentro de la UE, desde luego, es una consecuencia, en parte, de la libertad de movimientos garantizada por el Tratado CE y se ha convertido en una cuestión crucial debido a la exagerada velocidad y magnitud de la ampliación.
Con la dedicación de los Fondos de Cohesión a los nuevos Estados miembros, la situación no hará sino a empeorar. Esto va a acarrear carencias de desarrollo en otras regiones europeas. Así pues, la política que favorece la deslocalización perjudica la cohesión social. Lo que urge es una política más firme para denegar los fondos de la UE y una instancia para recuperarlos en los casos de las empresas que procedan a deslocalizar sus actividades a otro Estado miembro.
Cinco años es un período demasiado breve. No tiene ningún sentido quitarles los puestos de trabajo a los antiguos Estados miembros para favorecer el desarrollo de los nuevos. Los fondos de la UE no deberían intervenir para nada en esto, como tampoco deberíamos dar facilidades a las empresas para que percibieran subvenciones y luego levantar el vuelo. 
Oldřich Vlasák (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, la razón por la que estamos tratando el tema de las deslocalizaciones es el comprensible intento de equilibrar, por un lado, el impacto de las leyes del mercado interior con el apoyo a la política de cohesión, por otro, y garantizar la igualdad de condiciones para las regiones de Europa. Pero no olvidemos que no tendríamos que preocuparnos por este problema si se respetaran todos los principios de la UE, incluida la libre circulación de servicios y trabajadores. El hecho de que hoy en día básicamente solo sea posible la libre circulación de mercancías y capital favorece, en mayor o menor medida, la deslocalización de la producción a zonas donde los costes son más bajos.
En efecto, la ayuda regional no tiene que distorsionar las reglas del mercado interior y la política regional europea no tiene que alentar la deslocalización de empresas. Pero ahí es donde debería terminar la intervención de la UE en la economía de la UE. No acepto la idea de proteger a empresas y trabajadores carentes de flexibilidad. A mi juicio, impedir las deslocalizaciones de empresas representa una violación de la libertad de circulación, que es una de las libertades básicas de la Comunidad Europea. Estoy en desacuerdo con la señora Schroedter por principio y considero que un plazo de cinco años para mantener las actividades subvencionadas con cargo a los Fondos Estructurales es un período suficientemente prolongado y que no existe razón alguna para alargarlo. Este plazo debería estar ligado al propósito de la inversión para el que se han destinado los recursos y no debería superar la duración real del proyecto y su alcance. Es un error impedir a los empresarios que se desplacen a donde puedan contar con una mano de obra más económica, mejor formada y quizá de mayor calidad. Tampoco es posible impedir que los Gobiernos nacionales traten de atraer la inversión extranjera, como tampoco lo es dictar a los Estados miembros cuántos impuestos directos deba recaudar. 
Señorías, intentar detener esta tendencia se traducirá en indolencia y despilfarro en la economía de la UE. Está en juego el mercado libre y los principios del mismo se diluirían por culpa de una normativa más restrictiva con respecto a las deslocalizaciones de empresas. Por lo que se refiere a estas últimas, a mi juicio deberíamos centrarnos en las deslocalizaciones al exterior de la UE, que son las que constituyen una auténtica pesadilla. 
Andreas Mölzer (NI ).
   – Señor Presidente, cada vez son más los empresarios que se sienten tentados a desplazarse al este ante la perspectiva de bajos costes salariales y aparentemente mejores condiciones de producción, y dado que una deslocalización de este tipo cuesta una gran cantidad de dinero, resulta comprensible que quieran que tal decisión conlleve subvenciones por parte de la UE.
Hasta la fecha, esto ha afectado sobre todo a los sectores que son intensivos en mano de obra y precisan de poca tecnología. Actualmente existen indicios de una creciente tendencia por parte de la investigación y la tecnología a hacer lo mismo, así que ahora no podemos hacer oídos sordos a las alarmas que se han disparado. Hasta al más optimista de nosotros se le ha tenido que ocurrir que a las multinacionales no les preocupa si esquilman el medio ambiente, si provocan la quiebra de pequeñas y medianas empresa o si van dejando una estela de paro masivo. Los fondos de la UE y la ayuda nacional no pueden contribuir a cambiar esta realidad más que las garantías de permanencia de siete años, que no tienen más valor que el papel sobre el que están escritas.
Ya no se trata de si los Estados miembros deben ser solidarios o competir entre ellos. Lo que ahora está en juego es la mera supervivencia de nuestra economía europea, que no solo está constituida por grandes empresas, cuyas diferentes deslocalizaciones se supone que tenemos que subvencionar, sino también por pequeñas y medianas empresas que están igualmente necesitadas de promoción y apoyo y que llevan esperándolos demasiado tiempo.
Jan Olbrycht (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, el texto de la resolución sobre la que vamos a votar ha sido objeto de difíciles concesiones y compromisos. No obstante, en el curso de este debate quiero destacar ante esta Cámara algunas cuestiones importantes.
En primer lugar, el texto señala con razón el peligro de que los fondos europeos se utilicen de forma indebida si se emplean para trasladar la producción, cuando dichos fondos están vinculados a zonas de intervención estructural en una región concreta. Por ello, los fondos están vinculados en cierto sentido a esa región.
En segundo lugar, el texto es de carácter intervencionista y se reduce a una serie de propuestas preventivas o represivas.
En tercer lugar, en este texto la deslocalización es percibida como una amenaza real, aunque solo hace referencia a consecuencias potencialmente negativas. Tan solo en la parte inicial de la resolución se indica que la deslocalización puede tener muchos motivos y que estos pueden tener algo que ver con la eficiencia y la rentabilidad. A partir de ahí solo se habla de mecanismos negativos. El texto menciona brevemente la diferencia entre la deslocalización interna y la deslocalización externa, y no presta suficiente atención al fomento de mecanismos positivos que permitan estimular la permanencia de los inversores en la UE. Asimismo, el texto no distingue entre pequeñas y grandes empresas en las diversas categorías, como se hace para las ayudas públicas. En el futuro, los textos de este tipo deberían ir acompañados de análisis económicos pormenorizados en los que se destaquen las condiciones económicas y la duración del ciclo de producción. 
Ambroise Guellec (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, el fenómeno de las deslocalizaciones preocupa a toda la Unión Europea, pero en especial en los antiguos Estados miembros. Es más, conocemos las razones de ello, que nos han recordado nuestros colegas diputados: globalización de la economía, distorsiones de la competencia tanto en el plano social como en el fiscal, etc. Está claro que todo esto ha tenido una influencia indiscutible sobre el reciente debate constitucional y, en mi país, Francia, conocemos las consecuencias.
Por consiguiente, este informe es muy oportuno y rindo homenaje por mi parte a la labor del ponente así como a las mejoras introducidas por la Comisión de Desarrollo Regional. Ahora disponemos de un texto equilibrado. Puede reforzar verdaderamente las medidas encaminadas a luchar contra las deslocalizaciones y prevenir los efectos negativos que pueden tener.
Por mi parte, quisiera insistir en un punto concreto, y evidentemente estamos hablando ahora de desarrollo regional: el informe destaca la importancia de un buen uso de los Fondos Estructurales para prevenir el riesgo de deslocalizaciones a corto, medio y largo plazo. Se trata principalmente de las ayudas directas concedidas a los sectores económicos que hay que apoyar, pero sabemos que un factor esencial de riesgo de deslocalización reside en el aislamiento y en las dificultades de acceso a las unidades de producción. Es importante, pues, que la nueva generación de Fondos Estructurales destinados a la competitividad y el empleo incluya entre sus prioridades la mejora de los accesos de las regiones que tienen importantes desventajas en este aspecto. Sería la mejor garantía de continuidad de la actividad económica en estas regiones.
Por mi parte, espero que la Comisión, además de prestar atención a las peticiones y recomendaciones contenidas en el informe, asuma igualmente este ruego concreto, que lo más probablemente se repetirá cuando se elaboren los nuevos programas de desarrollo regional.
Hynek Fajmon (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, me gustaría expresar algunas críticas al informe que se nos ha presentado sobre las deslocalizaciones en el contexto del desarrollo regional. A lo largo de toda su historia, Europa ha conocido muy de cerca el fenómeno de las deslocalizaciones de empresas. Lo observamos ahora y sin duda volverá a ocurrir en el futuro. En pocas palabras, las personas y las sociedades buscan el lugar óptimo para realizar sus ideas, servicios y productos y nunca hubo, ni hay ni habrá nada malo en ello. De hecho se trata de la expresión de un comportamiento racional arraigado en la base de la civilización europea. La lucha contra la racionalidad económica es la vía a la pobreza europea. Desde sus inicios, la UE se ha construido dejando espacio para la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capital, y dicho espacio incluye a las empresas europeas. Gracias a esa política de liberalización, los países de Europa Occidental han alcanzado un nivel de vida muy alto; no mediante el cierre de sus mercados, sino precisamente gracias a su apertura.
Este informe propone exactamente lo contrario, a saber, una política basada en nuevos obstáculos a la circulación de capital, y eso no puedo aceptarlo de ninguna de las maneras. El problema de las ayudas europeas frente a la libre circulación de capital dentro de la UE existe realmente. Sin embargo, su solución no consiste en endurecer las condiciones para conceder ayudas a las empresas o en vincular las ayudas al lugar en que opera la empresa. Lo que realmente necesitamos es suprimir definitivamente las ayudas europeas a las empresas. Esa inversión carece de justificación económica y solo conduce a la distorsión del mercado europeo. Si la Comisión estima que la «deslocalización» provoca problemas, debería prestar mucha más atención a la mejora de las condiciones para los empresarios y las empresas. Debería considerar detenidamente si las empresas no abandonan Europa debido al exceso de regulación de la propia Comisión. En mi opinión, es esto lo que está sucediendo en estos momentos. La carga legislativa comunitaria es demasiado pesada y debería reducirse lo antes posible. Entonces veremos que un sinfín de empresas se establecerán en la UE y que aumentará el empleo. 
Markus Pieper (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, Señorías, las condiciones en que se desarrolla la política estructural europea están experimentando grandes cambios; la globalización acelera los cambios estructurales y las empresas deben hacer frente a una creciente competencia. A medida que continúa el avance triunfal de la economía de mercado mundial, aumenta el abanico de posibles lugares de producción. La consecuencia lógica de este fenómeno es que las ubicaciones cambian cada vez más rápidamente, y entonces actúa la industria, estableciendo nuevas plantas para abrir nuevos mercados en los que poder vender sus productos, y respondiendo a la presión de los costes que la obliga a trasladarse a países en los que estos son más bajos, no solo dentro de la Unión Europea, sino también a Asia o a Ucrania.
Estas deslocalizaciones de empresas son reales; son un signo externo normal del cambio estructural, y la UE no debe poner trabas legales en su camino. No obstante, lo que está igualmente claro es que no podemos subvencionar cosas decididas hace mucho tiempo en el marco de una política empresarial. Ningún empresario se trasladará a otra ubicación tan solo para recibir una simple subvención, sino que lo hará únicamente si las condiciones a largo plazo en la nueva ubicación le convienen, y por eso dichas subvenciones a la deslocalización tienen efectos de arrastre, que son precisamente los que tenemos que evitar en el futuro, ya que los Fondos Estructurales europeos son demasiado valiosos para eso.
Existe otro argumento en contra de las ayudas a la deslocalización de empresas. La gente no acepta mejor la idea de Europa si los trabajadores de la localidad que ha abandonado una empresa ven cómo se utilizan sus impuestos para que sus puestos de trabajo se vayan a otra parte.
Nos parece lamentable que tanto la Comisión como los socialdemócratas alemanes nieguen que se siguen concediendo ayudas de este tipo a la deslocalización. Sin duda es cierto que las ayudas regionales europeas incentivan estos efectos de arrastre innecesarios. La razón de que se conozcan tan pocos ejemplos de ellos es que el umbral para su notificación se ha fijado en un nivel demasiado alto. Por ello pedimos a la Comisión que finalmente se tome en serio las propuestas de esta Cámara y del Consejo de Ministros. Lo que exigimos es un Reglamento, un acto legislativo directamente aplicable, que impida de una vez por todas que los fondos europeos se desperdicien de forma tan inútil. 
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, doy las gracias a usted y a los diputados al Parlamento Europeo por sus intervenciones tan positivas. La Comisión Europea reconoce que el problema de la deslocalización y la correspondiente pérdida de puestos de trabajo constituyen un problema muy preocupante. 
La Comisión, de común acuerdo con los Estados miembros, dejó claro en el último Consejo Europeo de Hampton Court que la protección social y de los derechos de los trabajadores es parte integrante de los valores europeos. En un entorno globalizado, cada empresa adopta con plena independencia la decisión final respecto a la localización o deslocalización de sus actividades. 
Esta decisión viene determinada por numerosos factores. Por ejemplo, de acuerdo con la información de que disponemos, al parecer un factor decisivo es a menudo la existencia de mano de obra especializada, la posibilidad de acceder a diversas infraestructuras y la complejidad de las formalidades administrativas y burocráticas. El buen funcionamiento del mercado interior permite que las empresas adapten sus procesos de producción a las oportunidades que se presentan en cada ocasión. Este aspecto dinámico del mercado interno reporta ventajas a largo plazo para todas las regiones.
Como ya he señalado en mi introducción, la Comisión ha propuesto y aplicado medidas encaminadas a limitar el uso de los Fondos Estructurales para fines no relacionados con el desarrollo sostenible de cada región. Además, la Comisión propone la creación de un Fondo de Adaptación a la Globalización, propuesta que recibió el apoyo del Consejo Europeo el pasado mes de diciembre.
Por último, me gustaría hacer hincapié en que la Comisión promueve la mejora de la recopilación de estadísticas de interés en esta materia y la realización de nuevos estudios sobre las ventajas y costes de la deslocalización.

 – El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar mañana. 
Francesco Musotto (PPE-DE ).
   – Hay que recordar siempre los objetivos de la política de desarrollo regional: cohesión económica, social y territorial, pleno empleo y progreso social.
En la Unión, la libre circulación de mercancías, capitales y personas está consagrada en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de modo que es difícil defender la prohibición absoluta de elegir el lugar de establecimiento del centro de actividad, máxime cuando semejante prohibición conllevaría una paralización que sería perjudicial para la economía europea.
La política de cohesión económica y social es esencial para salvaguardar el consenso y el apego de los ciudadanos a la Unión Europea. Esta política se basa en el desarrollo armonioso y unificado de todas las regiones de Europa. Por tanto, sería contrario a este objetivo colmar el retraso de desarrollo económico y social de algunas regiones impulsando métodos que pudieran ocasionar la falta de desarrollo en otras regiones de Europa. Tales procesos de deslocalización no obedecen a un aumento global de las inversiones a escala europea, sino solo a una reasignación de las mismas por una ventaja temporal de coste. En consecuencia, las empresas con sede en un país miembro que decidan deslocalizar sus actividades a otro país miembro no deberían disfrutar de contribuciones procedentes de los Fondos Estructurales.
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la pregunta oral a la Comisión sobre el IV Foro Mundial del Agua en Ciudad de México (16-22 de marzo de 2006), formulada por Roberto Musacchio, en nombre del Grupo GUE/NGL; Caroline Lucas y Alain Lipietz, en nombre del Grupo Verts/ALE: Glyn Ford, Giovanni Berlinguer y Béatrice Patrie, en nombre del Grupo del PSE (O-0001/2006 – B6-0003/2006). 
David Hammerstein Mintz (Verts/ALE ),
   . Señor Presidente, el Foro Mundial del Agua se celebra en un momento muy importante, porque más de dos mil millones de habitantes del planeta no tienen acceso al agua potable ni a suficiente agua sanitaria y más de dos millones de personas mueren cada año por la escasez de agua, que es un elemento básico para la vida.
Es necesario un reparto más equitativo del agua, pero al mismo tiempo la cantidad de agua dulce va reduciéndose, año tras año, a causa del cambio climático y de la destrucción de los ecosistemas, como las zonas húmedas, los bosques, la riberas y los ríos.
Tenemos que reaccionar con medidas contundentes y concretas, con compromisos financieros, con un convenio mundial del agua, fomentando una buena cultura del agua. Hace falta una normativa internacional que permita una gestión más eficaz del agua. 
En la Unión Europea tenemos que aplicar la Directiva marco del agua en todas nuestras actuaciones, en cooperación y en acuerdos bilaterales. Asimismo, tenemos que fomentar buenas prácticas agrícolas. Tenemos que aplicar la misma ley europea cuando estamos fuera de Europa y tenemos que conseguir que la cantidad de agua obtenida de forma compleja a través de los ecosistemas, a través de la lucha contra el cambio climático, se conserve a medio y largo plazo.
Esto no se consigue solo con cemento o con grandes obras, sino con unas políticas integrales y complejas.
Roberto Musacchio (GUE/NGL ),
   . – Gracias, señor Presidente, Señorías: el agua ha de ser un bien común, un derecho de la humanidad garantizado a todas las mujeres y rodos los hombres en todos los continentes. Queremos que estas palabras vinculantes sean aprobadas solemnemente por este Parlamento y defendidas en el Foro Mundial del Agua de México Ciudad en los próximos días. Son palabras necesarias y urgentes ante una realidad dramática: miles de millones de personas carecen de derecho al agua, es decir a la vida, y a consecuencia de ello, mueren y enferman millones de ellas. 
Por el agua se lidian guerras y conflictos, y hasta la disponibilidad de este recurso fundamental está en entredicho debido a las malas políticas que la han reducido enormemente, alterando su ciclo de vida. Hay además quien quiere privatizar el agua, tratarla como una mercancía que se dará tan solo a quien pueda pagarla. Sería como privatizar el aire y dejar respirar solo a quien tenga dinero. 
Es el momento de tomar decisiones importantes, que deben convertir a Europa en exponente de una política equitativa y no en parte integrante del asalto de las multinacionales. En Johanesburgo no se quiso consagrar el agua como un derecho, sino tan solo como una necesidad. En México Ciudad, en un Foro que quisiéramos que estuviese gestionado mucho más directamente por la ONU, en vez de otros organismos, es necesario consagrar este derecho solemnemente: quienes reclaman el derecho al agua ven cómo se les niega el derecho a la vida en tantos continentes, empezando por el africano. No les defraudemos, hagamos que desde este Parlamento les llegue una voz de esperanza y un compromiso concreto.
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, el Foro Mundial del Agua es una plataforma internacional que ofrece la oportunidad de intercambiar puntos de vista y experiencias sobre la mejor manera de gestionar el agua y de luchar contra el problema de la escasez de este recurso. 
La cuarta reunión de este Foro, que se celebrará en la Ciudad de México a finales de este mes, se centrará en las medidas que pueden adoptarse a escala local para hacer frente al problema mundial de la escasez de agua. Su objetivo es debatir ideas para mejorar el apoyo a las medidas locales en todo el mundo. Los resultados de estos debates supondrán una importante contribución a la sección especial dedicada al agua y la salubridad de la XVIª Reunión de la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en 2008.
No se espera que se adopten nuevas iniciativas o decisiones políticas en el IV Foro Mundial del Agua. Por ello, la Comisión Europea y los Estados miembros no tendrán que adoptar nuevas posiciones. Por consiguiente, la Comisión no necesitará un mandato de negociación para participar en este intercambio de opiniones. Si bien en México habrá representantes de la Comisión y de los Estados miembros, no habrá una Delegación oficial acreditada de la Unión Europea en dicho acto.
El objetivo de la Comisión en el IV Foro Mundial del Agua es destacar y promover políticas y medios acordados entre la Unión Europea y otras partes interesadas, como la iniciativa para el agua de la Unión Europea, el instrumento del agua UE-ACP y numerosos aspectos del plan de acción de la Agenda 21.
Además, la Comisión facilitará información sobre los resultados de las tecnologías innovadoras del agua correspondientes al programa marco de investigación de la Comunidad, así como los resultados de la revisión de los trabajos sobre la gestión integrada de los recursos hídricos.
En relación con la gestión del agua y del mercado interior, la Comisión podría explicar, si lo considera necesario, la posición de la Unión Europea, es decir, que las normas vigentes en la Unión Europea mantienen una posición de neutralidad respecto a la cuestión de la propiedad del agua y de las compañías de suministro de agua. 
La Comisión cree que un suministro regular de agua potable, como ha señalado el ponente, es una necesidad humana básica y que las políticas de desarrollo sostenible deben abordar el problema de la gestión equitativa y sostenible de los recursos hídricos en interés de toda la sociedad. Esta posición se refleja igualmente en la iniciativa para el agua de la Unión Europea.
En la fase en que nos encontramos en estos momentos, se sigue debatiendo si es necesario celebrar un acuerdo internacional sobre la garantía de un suministro constante de agua para todas las zonas del planeta. En todo caso, el Foro Mundial del Agua no es la plataforma adecuada para dicho debate.
Eija-Riitta Korhola,
   – Señor Presidente, las ayudas de la Unión Europea y de los Estados miembros para mejorar la situación mundial del agua se elevan a 1 400 millones de euros al año, lo que nos convierte en el mayor donante singular de ayuda. En vista de la magnitud de esta cantidad es evidente que el mensaje de la UE será escuchado igualmente en el Foro Mundial del Agua que comienza esta semana, y que, por ende, el mensaje de la Unión no carece de importancia. Las cifras son alarmantes, pues cada día mueren 3 900 niños por falta de agua limpia. Un quinto de la población mundial, es decir, cerca de 1 100 millones de personas, sufren falta de agua potable. Mientras tanto, más del 40 % carecen de servicios adecuados de suministro de agua y alcantarillado. Estas figuras nos recuerdan igualmente que debemos tomarnos en serio la posibilidad de futuras guerras por el agua. No se trata únicamente de una cuestión de desarrollo insostenible, sino que también es una amenaza para la seguridad.
El informe de las Naciones Unidas publicado la semana pasada y titulado «El agua, una responsabilidad compartida» señala que la situación insatisfactoria del agua en el mundo se debe en gran parte a una mala administración. Las ayudas llegan a su destino con mayor lentitud debido a la burocracia y a la jerarquización de la toma de decisiones. Las decisiones relativas a la forma y el momento de la distribución del agua, y a sus beneficiarios, no son adoptadas únicamente a escala nacional, sino también por parte de autoridades locales, en el sector privado y en el ámbito de la sociedad civil. Se necesita ayuda en particular para reforzar las competencias y la cooperación regionales en un espíritu equitativo. Otro factor que agrava aún más la situación es que muchos de los países que sufren una grave escasez de agua son también los más corruptos. Por ejemplo, en la India se destinan cada año, en el sector del agua, millones de dólares a la corrupción política, según Hindu.com. Casi un tercio de los indios que han respondido a una encuesta dicen que han tenido que pagar sobornos para obtener agua y acceso al alcantarillado.
Me gustaría recordar asimismo que la mejora de la situación hídrica regional no puede desligarse de otros ámbitos de la política de desarrollo. Hace poco se han publicado algunos estudios que muestran que la mera resolución del problema del agua podría incluso agravar la situación en su conjunto si provoca una aceleración del crecimiento demográfico, que podría causar escasez de alimentos. Por lo tanto, no basta con construir un pozo. Todas nuestras ayudas al desarrollo deben tener en cuenta la situación general, de forma que la resolución de un problema no provoque una nueva escasez, que lógicamente no deseamos. 
Pierre Schapira,
   . – Señor Presidente, los Foros Mundiales del Agua brindan una ocasión única de reunir a todos los grupos del mundo que tienen que ver con el agua, ya sean agencias oficiales, bancos de desarrollo, Estados, organizaciones profesionales, ONG o autoridades locales.
Estas reuniones permiten definir una política mundial del agua más justa y solidaria y garantizar el respeto del derecho de los ciudadanos al agua como un elemento esencial de la dignidad humana.
Las organizaciones han optado por centrar los debates de México en el lanzamiento de «Acciones locales para un reto global», que es el tema principal de este Foro. El objetivo es consagrar a las autoridades locales como agentes centrales de la gestión del agua. Para ello hay que incitar a los países en desarrollo a delegar los recursos presupuestarios y la gestión de la política del agua en sus autoridades locales. La política del agua siempre debería definirse a partir de la naturaleza específica del terreno, lo más cerca posible de las necesidades de los usuarios.
La resolución del Parlamento llama a la Comisión a reconocer y utilizar más la formidable capacidad de conocimientos técnicos y de recursos humanos y pericia financiera de las autoridades locales europeas. Las ciudades del norte, respaldadas por sus experiencias positivas y sus competencias técnicas, están deseosas de aportar su ayuda a sus homólogas de los países en desarrollo.
A fin de favorecer estas operaciones descentralizadas de cooperación entre ciudades, se pide a la Comisión que aliente y dé prioridad a la financiación de los proyectos presentados por las ciudades del norte. En particular, para la asignación de recursos del Fondo Europeo del Agua, la Comisión podría restringir el acceso a la financiación a los operadores más capacitados para ayudar a las autoridades del sur.
Los resultados de la primera convocatoria de ofertas por parte del Fondo del Agua ACP-UE muestran que solo el 3 % de los proyectos seleccionados son proyectos presentados por autoridades locales. Es un porcentaje muy insuficiente habida cuenta del valor añadido que aportan las autoridades locales en este terreno.
Fiona Hall,
   . – Señor Presidente, quiero decir algunas palabras acerca del papel del mecanismo de recursos hídricos de la ACP-UE a que ha hecho alusión el señor Comisario. También ha sido objeto de debate recientemente en la Asamblea Parlamentaria Conjunta ACP-UE de la Comisión de Asuntos Sociales y Medioambientales.
Aplaudo la decisión del Consejo de ACP-UE de poner en marcha en 2004 el mecanismo de recursos hídricos con un importe de 500 millones de euros, pero ha habido mucha decepción por la lentitud con que se ha ejecutado la iniciativa. En efecto, ha habido quejas de que hasta ahora ninguna persona ha recibido agua potable limpia al amparo de la iniciativa ACP-UE. Era importante prestar la debida atención al proceso y que se cumplan las normas estrictas de honradez administrativa, sobre todo por la enorme cantidad de dinero en juego, pero la evaluación final de las propuestas se ha realizado en enero de este año y finalmente han sido seleccionadas 97 propuestas. Por consiguiente, me gustaría saber si ahora estamos en condiciones de llevar a otros 10 millones de personas el suministro de agua potable en el año 2010, tal como está planeado, y si se necesitará menos tiempo para completar el proceso, cuando llegue el momento de la segunda convocatoria de propuestas. 
Marie-Arlette Carlotti (PSE ).
   – Señor Presidente, 1 200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, de modo que en el mundo mueren 15 personas cada minuto, la mitad de ellas niños. No encontramos, pues, en una auténtica carrera contra el reloj. Por ello, el Foro Mundial debe formular tres tipos de propuestas.
En primer lugar está la cuestión de los derechos. El agua es un bien común de la humanidad y el acceso al agua un derecho fundamental de los seres humanos. Este derecho debe consagrarse mediante un tratado internacional.
Viene después la cuestión de los medios: reducir a la mitad de aquí a 2015 el porcentaje de población que no tiene acceso al agua es un objetivo ambicioso. Falta encontrar 100 000 millones de dólares estadounidenses más cada año. A este fin es necesario movilizar todos los recursos aumentando la ayuda oficial al desarrollo (AOD), incrementando los recursos asignados al décimo FED y obteniendo el apoyo de socios innovadores del sector público y privado o de operaciones encaminadas a intercambiar deuda por inversión. 
Está, por último, el tema de la gestión. Las políticas hídricas deben desarrollarse a través de un enfoque participativo y democrático que asocie a los usuarios, la sociedad civil y el papel de las mujeres y gestionarse a escala local, adoptando políticas de precios que garanticen a los más pobres un acceso al agua a precios asequibles. Deseo que la Comisión defienda estas orientaciones en el Foro Mundial de México Ciudad.
Karin Scheele (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, usted acaba de decir que no se adoptarán nuevas posiciones en el IV Foro Mundial del Agua. Lo que es evidente es que tendrá usted mucho trabajo. Ha dicho que el acceso al agua es un derecho humano; sin embargo, es ese derecho el que fue objeto de controversia en el último Foro del Agua. La causa de conflicto en esa reunión fue la cuestión de si la disponibilidad de agua potable era un derecho humano que debería garantizar el Estado o se trataba de una necesidad que debía satisfacer el mercado. A pesar de las fuertes protestas de los activistas presentes en la reunión, los Ministros asistentes al Foro se negaron a señalar en su declaración final que el acceso al agua es un derecho. Le deseo mucho éxito en su intento de que se reconozca su carácter de derecho en la Ciudad de México.
En cuanto al próximo Foro Mundial del Agua, también debemos examinar la legitimidad democrática que posee. Ha sido organizado por el Consejo Mundial del Agua, organismo dominado en gran parte por la industria y empresas privadas. En vista de que su presidente es el director de una filial de compañías de agua francesas, debemos preguntarnos hasta qué punto el Foro está influido por el sector y hasta qué punto serán útiles las soluciones que pueda plantear. Lo que me gustaría ver –tal vez en una futura reunión de las Naciones Unidas que contara con la debida legitimidad democrática– sería un debate celebrado sin la influencia masiva de empresas que están enriqueciéndose con el suministro de agua y el alcantarillado en muchos países de todo el mundo.
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, este debate ha demostrado que tenemos los mismos puntos de vista sobre numerosos puntos del Foro Mundial del Agua y espero que la Comisión saque provecho de su participación en un debate en el que, como ya he dicho, no esperamos que se adopten decisiones, sean estas necesarias o no. En todo caso, no se esperan decisiones, pero, por supuesto, se celebrará un debate en toda regla y habrá un intercambio de puntos de vista de todas las partes del mundo sobre estas cuestiones tan importantes, cuya relevancia han destacado sus Señorías.
Espero en particular que abordemos la cuestión de las medidas de carácter local en las que va a concentrarse el IV Foro Mundial del Agua y esperamos que se presenten ideas interesantes sobre la gestión del agua. Me gustaría decir que este año hemos comenzado a financiar los primeros planes y que en junio empezaremos la segunda fase de esta financiación. Esperamos y tenemos la intención de que 10 millones más de personas cuenten con agua potable en 2010 y que otros cinco millones tengan acceso a servicios de saneamiento.
Quiero dar las gracias a sus Señorías por el interés que han mostrado y expresado y espero que juntos podamos realizar esfuerzos en estrecha cooperación en este tema tan importante para la humanidad.
El Presidente.
   He recibido seis propuestas de resolución(1) presentadas de conformidad con el apartado 5 del artículo 108 del Reglamento.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles. 
El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6-0027/2006) del señor Papadimoulis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves (COM(2005)0113 – C6- 0181/2005 – 2005/0052(CNS)). 
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, para empezar quisiera dar las gracias al Parlamento Europeo y, en particular, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y a su ponente, el señor Papadimoulis, por el excelente informe que debatimos.
El objetivo de la propuesta de la Comisión de crear un instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves consiste en mantener un único marco de financiación para las acciones de protección civil. Actualmente, estas acciones de preparación y respuesta son objeto de varios instrumentos financieros, como el programa de acción o el mecanismo comunitario de protección civil. 
Sin embargo, lo más importante es que el instrumento financiero propuesto tenga en cuenta las peticiones del Parlamento Europeo y del Consejo de que se refuerce la capacidad de respuesta en el ámbito de la protección civil en Europa. El fundamento del desarrollo ulterior de la cooperación en materia de protección civil será el fortalecimiento de los trabajos ya realizados y la puesta en marcha de nuevas acciones.
A este respecto debemos destacar dos innovaciones: en primer lugar, proponemos que el coste del transporte de la ayuda se financie en el marco de la protección civil. En numerosas ocasiones nos enfrentamos a situaciones en que la ayuda está disponible pero no hay medios para trasladarla al escenario de los hechos. Debido a ello no se presta ayuda alguna o esta se presta demasiado tarde. Esta es la razón por la que la Comisión propone que la Comisión Europea pueda contratar los medios de transporte necesarios, bien en terceros países, bien a empresas privadas.
El equipo de protección civil encierra un problema similar, ya que en las emergencias que afectan al mismo tiempo a varios países, como los incendios forestales de verano o las inundaciones de primavera o incluso amenazas de atentados terroristas simultáneos en toda Europa, los Estados miembros podrían tener problemas para prestar ayuda a otro Estado miembro debido a que primero debe satisfacer sus propias necesidades. En estos casos, la Comunidad debe estar en condiciones de prestar ayuda a los Estados miembros afectados. Así pues, la Comisión propone la creación de una red de financiación de apoyo a escala comunitaria que permita el alquiler de equipos complementarios. 
Las reformas ambiciosas, pero necesarias, como la que debatimos en esta ocasión, exigen a todas luces importantes recursos financieros y, para citar a Demóstenes, «el dinero es la raíz de todo». 
La Comisión está segura de que el Parlamento Europeo comprende la importancia de las ventajas que se derivarían de estas reformas, como ilustra el informe objeto de nuestro debate. Una mayor cooperación en el ámbito de la protección civil dará por resultado una mayor protección de los ciudadanos de la Unión Europea y de la población de terceros países. Esta es la única manera de garantizar que la Comunidad pueda prestar una asistencia más coordinada, eficaz y expeditiva a cualquier país afectado por una emergencia grave.
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL ),
   . – Señor Presidente, coincido con el señor Dimas en que necesitamos hacer que el modo en que la Unión Europea se enfrenta a las grandes catástrofes naturales, tanto las que afectan a la propia Europa –como inundaciones, sequías o incendios– como las catástrofes naturales que ocurren fuera de nuestras fronteras –como los maremotos o los huracanes en Mississippi y Luisiana–, sea más enérgico y efectivo. Por ello lo que deseamos es hacer más cosas y hacerlas mejor. Si acertamos y respondemos a la exigencia de los ciudadanos europeos de una mejora de su seguridad y calidad de vida, también podemos conseguir economías de escala, porque un mecanismo europeo más eficaz puede permitir ahorrar recursos de cada uno de los Estados miembros.
Me gustaría señalar que el desafío al que nos enfrentamos es la creación de un mecanismo efectivo de protección civil. Si queremos lograrlo necesitamos, aparte de lo que mentó Demóstenes con razón hace más de 2500 años, que el Consejo esté de acuerdo. El Consejo debe aumentar los recursos disponibles. La Comisión y el Consejo están de acuerdo en que necesitamos encontrar la manera de reforzar la ayuda para las emergencias que ocurran fuera de las fronteras de la Unión Europea. Por consiguiente, también tenemos que financiar este instrumento y si ahora realizamos inversiones más inteligentes para fortalecer nuestra cooperación, también podremos evitar grandes pérdidas de vidas humanas y graves daños materiales, con un coste mucho mayor posteriormente para el presupuesto de la Unión.
Quisiera dar las gracias a los ponentes alternativos de todos los Grupos políticos por la excelente cooperación de que han hecho gala en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y que ha permitido que mi informe y algunas enmiendas a la propuesta inicial de la Comisión se aprobaran casi por unanimidad, con 49 votos a favor y tan solo uno en contra.
Mis enmiendas aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente y que se incluyen en el informe se centran en cuatro puntos principales: 
El primero es el cambio de fundamento jurídico, que permitirá al Parlamento Europeo situar las cosas en el contexto adecuado y, sobre todo, no limitarse a un papel exclusivamente consultivo, sino participar en el procedimiento de codecisión, de modo que esta institución, que está más cerca de los ciudadanos europeos, tenga igualmente la posibilidad de ejercer una mayor influencia en el proceso decisorio.
El segundo cambio es la inclusión de la prevención en el ámbito de aplicación del instrumento. Huelga decir que la gestión integrada de las situaciones provocadas por catástrofes naturales debe comprender, además de la preparación y las medidas de respuesta rápida, la inversión en prevención. La prevención es uno de los pilares de la solución de este problema y me complace que tengamos sobre esta cuestión la misma opinión que la Comisión y el Consejo. 
Lo mismo ocurre con el tercer punto, a saber, la necesidad de ampliar este instrumento y su acción a países situados fuera de la Unión Europea, ya que las catástrofes nacionales no conocen fronteras.
La cuarta enmienda propuesta consiste en incluir la salud pública en el ámbito del instrumento, aspecto de suma importancia en un momento en que existe un grave peligro de que se produzca una pandemia de gripe aviar.
Por último, me gustaría que aprovecháramos la votación de mañana para enviar un claro mensaje, con el mismo grado de unanimidad que alcanzamos en la Comisión de Medio Ambiente, a los ciudadanos europeos y al Consejo, como ya hemos hecho anteriormente mediante una serie de propuestas sobre catástrofes naturales y provocadas por el hombre. Este mensaje es necesario porque nos ayudará a lograr que las tres instituciones colaboren entre sí con vistas a alcanzar en breve un resultado positivo.
Marcello Vernola,
   . – Señor Presidente, Señorías, quisiera añadir a todo lo que ha dicho el señor Papadimoulis sobre las modificaciones introducidas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en la propuesta de la Comisión a través del principio de ampliación del ámbito de aplicación del reglamento a la contaminación marina, que hoy no existen otros instrumentos concretos para gestionar las consecuencias de las catástrofes marítimas. 
Después de expresar todo menos un apoyo unánime al trabajo efectuado por el señor Papadimoulis, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó algunas enmiendas concretas propuestas por mí, entre ellas la que subraya el carácter central de los problemas ambientales en la gestión de las catástrofes y las que piden a la Comisión que preste más atención, en el marco de los distintos mecanismos e instrumentos comunitarios de protección civil, a las regiones aisladas y ultraperiféricas por sus condiciones geográficas, territoriales y socioeconómicas, y que integre las medidas de protección civil en los programas educativos y las campañas de comunicación e información para aumentar la conciencia de la necesidad de prevención, preparación y respuesta rápida ante emergencias graves y para garantizar la participación de la sociedad civil en las medidas preventivas y de respuesta. En otras palabras, tenemos que centrarnos en los jóvenes y en la educación en las escuelas.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria aprobó una última enmienda importante, que resalta la importancia del voluntariado, bien como miembros de organizaciones de voluntarios, bien a título individual, pues pueden prestar servicios vitales en ausencia de los servicios de emergencia, cuya llegada pueda retrasarse en el caso de catástrofes importantes. Creo que, con estas propuestas, el reglamento abarca una panorámica mucho más amplia desde el punto de vista de la gestión de emergencias graves.
Åsa Westlund,
   . – Señor Presidente, gracias, señor Papadimoulis, por su excelente labor en torno a este informe.
Vivimos en una época en que las catástrofes parecen ser cada vez más comunes. Hace unos cuantos años, Irán fue víctima de un terremoto terrible y desastroso. Recuerdo con mucha claridad aquella catástrofe porque cada día pude ver en la televisión que los iraníes no recibían ayuda para sacar a los supervivientes de las ruinas. Hace más de un año, el sudeste asiático fue víctima del desastroso tsunami que provocó un gran número de víctimas entre los ciudadanos de mi país. Algunas informaciones sobre esa catástrofe señalan que algunos Estados miembros procedieron a rescatar a sus propios ciudadanos, pero abandonaron a otros a su suerte.
En todo caso lo cierto es que los trabajos de rescate podrían haber tenido mejores resultados si hubiese habido una mejor cooperación en la UE. También es cierto que la ayuda podría haberse prestado con más eficiencia en aquellas ocasiones en que los Estados miembros de la UE se han visto afectados, por ejemplo, por grandes inundaciones e incendios forestales. Además, este tipo de catástrofes probablemente se harán más frecuentes a medida que avance el cambio climático. De ahí que este instrumento sea tan importante.
Los socialdemócratas hemos subrayado en particular la necesidad de que este instrumento opere tanto dentro como fuera de la UE, en parte porque nuestros ciudadanos se encuentran a menudo fuera de la Unión, pero sobre todo por solidaridad con otras gentes. Consideramos asimismo que es sumamente importante que la UE colabore también con las Naciones Unidas, su socio natural, en este ámbito.
Asimismo hemos presentado una enmienda sobre el presupuesto destinado a este instrumento. Esperamos que todos puedan apoyar esta enmienda, pues señala que es obvio que el presupuesto dependerá del resultado de las negociaciones sobre las perspectivas financieras. También apoyamos al ponente en lo relativo al fundamento jurídico y a la ampliación de este instrumento a las catástrofes que afecten a la salud pública.
Si hay que establecer prioridades en lo relativo a los trabajos en curso sobre el presupuesto, lo más importante para nosotros, socialdemócratas, son los esfuerzos directos y los preparativos para los mismos, tanto dentro como fuera de la UE. 
Sajjad Karim,
   . – Señor Presidente, el trágico tsunami del sur de Asia despertó, por vez primera, la conciencia pública acerca de la posibilidad de que nuestros hogares y nuestras vidas se vieran amenazados por sucesos extremos similares. Aunque a menor escala, pocas semanas más tarde una gran tormenta sobre Carlisle –una ciudad perteneciente a mi circunscripción electoral–, unida a vientos huracanados y mareas vivas, produjo unas precipitaciones excepcionales, provocando el desbordamiento de los muros de contención y la inundación de 3 000 viviendas y centenares de negocios, ahogando a dos mujeres mayores mientras dormían y obligando a cientos de personas a abandonar sus casas, en algunos casos durante muchos meses.
He sentido la devastación en Carlisle con el mismo pesar que viví las postrimerías del tsunami y el terremoto en el sur de Asia algunos meses más tarde. La UE ha sufrido pérdidas personales en todos estos casos, ya que nuestros turistas en Sri Lanka y Tailandia fueron arrastrados por las aguas y nuestros amigos y familias en Pakistán y Cachemira desaparecieron entre los escombros.
La cara positiva de todo esto ha sido el fortalecimiento de nuestra fe colectiva en la fuerza de la Comunidad en todo el mundo, con la aportación de ayuda y cooperación tanto de los Gobiernos como de los individuos. En esa situación de adversidad ha salido a relucir lo mejor de la naturaleza humana. Pero hasta los mejores desfallecen y en noviembre quedó de manifiesto, al enfrentarse los cachemires a una segunda oleada de muertes causadas por las enfermedades y el desamparo, que no se puede confiar en la comunidad donante para una respuesta decisiva cuando se carece de voluntad política.
El Instrumento de preparación y respuesta rápida de la UE tiene que llenar este vacío y trabajar estrechamente con el sistema de las Naciones Unidas para aprovechar nuestros recursos conjuntos y procurar que cuando nos necesiten nuestros amigos, acudamos en su ayuda. Dado el impacto del cambio climático, tenemos que aceptar que los incidentes extremos van a continuar produciéndose, y además con mayor frecuencia.
En Carlisle tenemos una nueva estrategia para la gestión de las inundaciones, dejando un espacio para el agua, aplicando esquemas piloto integrados para el alcantarillado urbano a fin de investigar cómo gestionar mejor la amenaza de las inundaciones. La prevención es esencial y los temas ambientales, por ejemplo la buena gestión de los recursos naturales como los bosques y los humedales, constituyen instrumentos clave para evitar los desastres, aminorando su impacto sobre la población, sus viviendas y sus vidas.
Independientemente de las estrategias de prevención que se habiliten y por mucho dinero que se invierta, no es realista pensar que sea posible suprimir estas catástrofes. Hemos de aprender de ellas. Es necesario invertir grandes sumas en mecanismos de alerta, mapas de riesgos y campañas de sensibilización pública a fin de garantizar que nuestros ciudadanos sean conscientes de los riesgos.
Hemos de garantizar que los mecanismos de prevención, detención y alerta ante los peligros naturales en Europa y en todo el mundo sean eficaces y sitúen a nuestros ciudadanos –desde Carlisle hasta Cachemira– en condiciones óptimas para prevenir, prepararse y responder a las catástrofes.
En este informe, el Parlamento ha mejorado notablemente la propuesta de la Comisión, convirtiéndolo en algo que puedo recomendar plenamente a esta Cámara. 
Satu Hassi,
   . – Señorías, me gustaría dar las gracias al señor Papadimoulis por su excelente labor. Cuando hablamos de la capacidad de la UE para responder a las catástrofes, tenemos que recordar que en las últimas décadas ha aumentado el número de desastres meteorológicos y que se prevé que sigan aumentando debido al cambio climático. Por consiguiente, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es la mejor manera de reducir las inundaciones y tempestades destructivas en el futuro.
Desde 1990, el mundo ha sufrido al menos 20 sucesos meteorológicos calificados de grandes catástrofes, cifra que solo se registró en tres de los veinte años anteriores. Según las estadísticas de las compañías de seguros, desde 1990 los daños anuales provocados por catástrofes meteorológicas se ha duplicado y las indemnizaciones se han cuadriplicado. Los investigadores señalan que las tormentas e inundaciones no solo son más frecuentes, sino también más fuertes. El Fondo Mundial para la Naturaleza publicó hace poco un estudio que muestra que el cambio climático incrementa el número de tormenas que tienen lugar en Europa, sobre todo en el Mar del Norte, las Islas Británicas, los Países Bajos y Francia. Las velocidades máximas del viento podrían aumentar hasta un 15 % al final de este siglo. La experiencia nos indica que en el Reino Unido dicho aumento podría incrementar los daños provocados por las tormentas un 50 %, y que en los Países Bajos un aumento del 6 % de la velocidad del viento podría multiplicar por cinco los daños, debido a la propensión a las inundaciones. En otras palabras, Señorías, tenemos que comprender que la protección del clima es un factor crítico para reducir el número de desastres meteorológicos en el futuro. 
Irena Belohorská (NI ).
   – Señorías, deseo unirme a aquellos que han dado las gracias a nuestro colega, el señor Papadimoulis, y que han alabado su labor en torno a la redacción de este informe. La Unión Europea ha experimentado recientemente un número mayor de catástrofes naturales, tecnológicas e industriales. Estoy de acuerdo con la idea de aunar esfuerzos para prevenir y responder rápidamente a estas catástrofes, y la apoyo plenamente. De hecho, ambas actividades son inseparables, pero no podemos hablar de prevención de una posible catástrofe si no podemos detectarla antes de que tenga lugar. Muchas catástrofes son imposibles de prever y, por lo tanto, no hay prevención posible; por ello solo podemos hacer frente a sus consecuencias.
Me complace que mis enmiendas a este informe hayan sido aceptadas. La principal finalidad de este reglamento es proteger a la población, pero también es necesario indicar el carácter de esta protección, sobre todo de la protección de la salud y la seguridad públicas. Por eso mismo sería conveniente incluir, en virtud del principio de solidaridad, a países terceros en este proceso. Tenemos que recordar que las catástrofes naturales, tecnológicas e industriales, al igual que los atentados terroristas, no conocen fronteras. 
Quiero señalar que también es indispensable proteger los intereses financieros de la Comunidad y por ello recomiendo que se modifique el artículo 12 de la propuesta para que diga lo siguiente: «Si los beneficiarios de ayudas financieras no pueden documentar de forma satisfactoria el empleo dado a estas ayudas y, tras ser invitados a ello, no pueden demostrar que las ayudas se han utilizado de conformidad con el presente Reglamento, deberán adoptarse medidas para su devolución. La Comisión deberá, y no solo podrá, interrumpir la ayuda financiera y deberá exigir la devolución de los fondos desembolsados». 
Richard Seeber (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero dar las gracias al ponente por su extraordinario trabajo. El resultado de la votación pone de manifiesto que ha colaborado con todos los Grupos y ha hablado en nombre de toda la Cámara. 
También quiero dar las gracias a la Comisión por el enfoque integral que ha adoptado para este ámbito de la respuesta a las crisis y la gestión de las catástrofes naturales. El instrumento de respuesta objeto de examen es, después de todo, tan solo una parte del marco general con el que la Unión Europea intenta superar calamidades o encontrar maneras para responder a las mismas. Hablando de este tema, me gustaría mencionar igualmente que yo también provengo de una región que ha sufrido inundaciones, y que la Comisión concedió el viernes pasado una cantidad considerable para paliar las consecuencias de esta catástrofe. Así que permítanme aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a la solidaridad europea.
Lo importante es que cambiemos el fundamento jurídico, como recomienda el ponente. Yo también considero que el artículo 175 es el correcto para establecer un fundamento jurídico adecuado para este instrumento. Asimismo me parece necesario ampliar su ámbito de aplicación a la prevención, la protección civil en terceros países y también la contaminación marítima.
Lo que podemos decir en términos generales es que esto nos brinda la oportunidad de responder a las preocupaciones y preguntas de la opinión pública europea mediante la prestación de asistencia con rapidez y sin obstáculos burocráticos. En este terreno puede aumentar la visibilidad de la Comunidad y debemos utilizar este instrumento para ello. De nada sirve que la UE someta a los ciudadanos a complejos procedimientos burocráticos o los remita a comités que todavía no se han reunido, cuando lo que realmente necesitan es una ayuda rápida y sin obstáculos burocráticos, ayuda que hará mucho más que las costosas campañas de información que no acaban sino embarrancándose.
Me gustaría terminar diciendo que la máxima del estadista francés Talleyrand acerca de la necesidad de no poner demasiado celo resulta muy poco adecuada en este contexto; no puede haber celo excesivo cuando se trata de poner remedio a las consecuencias de catástrofes naturales. 
Edite Estrela (PSE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, a mí también me gustaría comenzar dando la enhorabuena al ponente por su excelente informe.
En los últimos años, como ya han dicho otros oradores, se ha producido un aumento del número de catástrofes naturales debido, entre otras cosas, al cambio climático, a los daños infligidos al medio ambiente y a la falta de planificación del uso del suelo. A fin de responder con rapidez y eficacia a las emergencias graves, la UE tiene a su disposición una serie de instrumentos, como este Reglamento que se encuentra en su fase de desarrollo.
Las terribles catástrofes naturales del verano de 2005 –importantes inundaciones en Europa Central, grave sequía en el sur de Europa e incendios que destruyeron miles de hectáreas de bosque en mi país, Portugal, y en España– exigen medidas adecuadas y expeditivas de prevención y respuesta en el ámbito de la protección civil.
En las reuniones de trabajo con las autoridades locales, regionales y nacionales de los seis países afectados por estas catástrofes naturales que visité en mi calidad de ponente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria para el informe de propia iniciativa sobre las catástrofes naturales, siempre se pedía simplificación y flexibilidad; para ayudar a las comunidades, los instrumentos comunitarios de respuesta en caso de emergencia deben simplificarse y las normas de aplicación deben ser más flexibles. También se recomendaba una mayor coordinación a escala europea y, por supuesto, un aumento de las ayudas financieras. 
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, doy las gracias a sus Señorías por sus intervenciones sumamente constructivas. Sus Señorías han presentado una serie de enmiendas de gran importancia destinadas a reforzar los instrumentos de protección civil a escala europea, y que se refieren a la prevención, la necesidad de mantener la financiación destinada a las operaciones de protección civil en terceros países y a sistemas eficaces de alerta y advertencia tempranas. La Comisión apoya la mayoría de las enmiendas propuestas. 
Me gustaría hacer algunos comentarios en especial sobre la prevención. Cabe señalar que algunos de sus aspectos, como la prevención de incendios forestales o de inundaciones, ya son objeto de instrumentos comunitarios especiales de financiación. La Comisión desea evitar interferencias con otros instrumentos financieros ya existentes. Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de reforzar los aspectos generales de la prevención en el marco de la protección civil y por ello incluiremos las enmiendas propuestas en la propuesta sobre el instrumento financiero. 
Sin embargo, aunque la Comisión puede aceptar la mayoría de las enmiendas presentadas, algunas de ellas podrían dar lugar a problemas y resultan inaceptables en su versión actual. 
En primer lugar, la Comisión considera que la sustitución del fundamento jurídico por el apartado 1 del artículo 175 del Tratado resulta superflua para un instrumento para la financiación de la protección civil. Puesto que el Tratado no contempla fundamentos jurídicos concretos para la protección civil, a este fin siempre se ha utilizado el artículo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Los instrumentos para financiar medidas de protección civil, el programa de acción y el mecanismo comunitario de protección civil se basan en este artículo. Además, el fundamento jurídico propuesto se refiere a la protección del medio ambiente y la salud pública, mientras que las medidas de protección civil deben abarcar igualmente la protección de personas y bienes, entre ellos el patrimonio cultural.
En cuanto a la integración en el instrumento de financiación de las intervenciones en emergencias que ocurran fuera de la Unión Europea, la Comisión coincide con el Parlamento Europeo en que es necesario mantener este tipo de medidas financieras.
La Comisión ha decidido separar la financiación de las medidas comunitarias internas de las medidas externas mediante la adopción de dos instrumentos jurídicos distintos. De este modo, las medidas en materia de protección civil que se adopten en los países que participan en el mecanismo de protección civil quedan incluidas en el instrumento de financiación de respuesta rápida, mientras que las intervenciones de protección civil en terceros países se financiarán con cargo al instrumento de estabilidad.
En cualquier caso, para que el instrumento de estabilidad constituya una base clara para la financiación de este tipo de medidas fuera de la Unión Europea, será necesario hacer referencia expresa en ellas a la protección civil. 
En esta cuestión, la posición de la Comisión difiere de la del informe del Parlamento Europeo. Sin embargo, quisiera recalcar que estas diferencias de opinión no deberían eclipsar nuestros objetivos comunes, que revisten una enorme importancia. Compartimos plenamente la ambición del Parlamento Europeo de crear un instrumento europeo más fuerte para las intervenciones en el ámbito de la protección civil, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y la necesidad de incrementar la financiación. En este punto me gustaría realmente agradecer su apoyo a sus Señorías.
Sin embargo, quiero subrayar que, con los instrumentos, mecanismos y competencias ya existentes, la protección civil y el mecanismo con el que contamos en la Comisión Europea respondieron sumamente bien ante las crisis del año pasado; me refiero a los diversos incendios, por ejemplo, en Portugal, y a las inundaciones en países como Bulgaria y Rumanía. Hemos realizado trece de estas intervenciones y, por supuesto, las dos grandes crisis del sudeste asiático con el tsunami, en la que la Unión Europea fue la primera en enviar representantes a la zona a través del mecanismo de protección civil. La Unión Europea respondió igualmente a la destrucción provocada por el huracán Katrina, al prestar la asistencia que había propuesto tres días antes a las autoridades competentes de los Estados Unidos, por lo que recibimos, por supuesto, la pertinente mención favorable del Consejo Europeo. No resulta ocioso que recordemos y hagamos hincapié en algunas de las cosas que sucedieron, y quiero subrayarlo, con los instrumentos ya existentes. Desde luego necesitamos reforzar la protección civil, como señala el informe del señor Papadimoulis.
Voy a presentar la lista completa con la posición de la Comisión sobre las enmiendas a la Secretaría del Parlamento(1). También deseo dar las gracias de nuevo al ponente y a todas sus Señorías por sus propuestas.
El Presidente.
   El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana.
Véronique Mathieu (PPE-DE ). –
   La violencia de las recientes catástrofes naturales nos recuerda lo vulnerables que son nuestras sociedades ante los peligros naturales, pues en los últimos 20 años las catástrofes naturales han matado a un millón y medio de personas en todo el mundo. Para enfrentarnos eficazmente a este problema debemos prever, evaluar los riesgos, prevenir, educar e informar al público. 
Mediante la creación de la ECHO en 2002, el programa Dipecho en 1996 y el Fondo de Solidaridad en 2002, la UE ha hecho de la ayuda preventiva y de emergencia una de sus principales prioridades. Asimismo decidió, en 2005, crear una estructura europea de coordinación que contaría con un cuerpo europeo de voluntarios para la ayuda humanitaria.
La Comisión propone crear un nuevo mecanismo de respuesta rápida y alerta ante las grandes emergencias para el período 2007-2013, propuesta que nos complace sobremanera. Sin embargo el fundamento jurídico de este mecanismo debería sustituirse por el artículo 174, que prevé el procedimiento de codecisión; y las medidas preventivas deberían extenderse para abarcar la protección civil en terceros países y la contaminación marina. Por último, el presupuesto de este mecanismo debe garantizar que la ayuda de emergencia sea lo más eficaz posible, tanto desde el punto de vista de su flexibilidad como de su capacidad de respuesta, y debe mostrar claramente la solidaridad comunitaria dentro y fuera de la Unión.

Me complace anunciar que hay 52 enmiendas que la Comisión puede apoyar en su totalidad, en parte, o en principio. Son las enmiendas 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 73 y 75.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas 2, 3, 4, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 35, 42, 46, 53, 54, 63, 64, 65, 71, 72 y 74.

El Presidente.
   De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A6–0044/2006) del señor Matsakis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, referente a la estrategia comunitaria sobre el mercurio (2005/2050(INI)) (A6-0044/2006). 
Marios Matsakis (ALDE ),
   . – Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a todos los ponentes alternativos por la colaboración tan constructiva que me han prestado en la elaboración de este informe. También agradezco a todos los que han presentado enmiendas y participan en el debate sobre el asunto en cuestión de este documento de estrategia.
El mercurio y sus compuestos son muy tóxicos para los seres humanos y la fauna. Cuando el mercurio se transforma en el medio ambiente en metilmercurio, su forma más tóxica, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y puede producir graves daños en el sistema neuronal. Además atraviesa rápidamente la barrera placentaria y puede afectar el desarrollo neuronal del feto. El mercurio representa una amenaza mundial, ya que recorre largas distancias a través de la atmósfera, atravesando las fronteras nacionales y contaminando los alimentos europeos y mundiales hasta niveles que plantean un riesgo notable para la salud humana.
Dado que la UE es el principal exportador de mercurio en el mundo, su liderazgo en la resolución de los peligros mundiales del mercurio es claramente un imperativo económico, político y moral. Es preciso adoptar medidas por parte de la UE y obtener el compromiso internacional para proteger la salud humana y el medio ambiente. La estrategia comunitaria sobre el mercurio, caracterizada por un enfoque integral, representa por tanto una importante contribución en la solución de esta amenaza mundial.
En términos generales, el informe acoge positivamente la Comunicación de la Comisión y destaca el enfoque global adoptado con vistas a reducir y en su caso eliminar gradualmente las emisiones de mercurio y la oferta y la demanda a escala europeas, y con el fin de gestionar los excedentes de mercurio y de proteger a la población contra la exposición al mercurio.
En concreto, la estrategia se refiere a asuntos como: imponer una prohibición eficaz de las exportaciones y el almacenamiento seguro; introducir valores límite de emisiones de mercurio procedentes de las plantas de combustión y otras actividades asociadas; prohibir el mercurio en los equipos de medición y control en la medida de lo posible; recogida y tratamiento de los desechos de mercurio; garantizar el suministro de suficiente información y el control de los grupos de población vulnerables; y apoyo y fomento de la actuación concertada a escala internacional para resolver la amenaza del mercurio.
Es menester resaltar la recomendación de lograr una prohibición, en cuanto se disponga de alternativas apropiadas y más seguras, del uso de mercurio en la fabricación de vacunas. También hay que resaltar la exención de la estrategia de instrumentos de interés histórico.
En cuanto a las 13 enmiendas finales que se han presentado, yo apoyaría las enmiendas 3, 4, 7, 9, 10, 11 y 12. Pienso que tiene especial importancia la enmienda 10, que reintroduce en lo fundamental mi artículo 17 original sobre amalgamas dentales. Respecto de ese asunto deseo decir lo siguiente.
El artículo 17 solicita básicamente a la Comisión que presente propuestas antes de finales de 2007 con el fin de restringir –no de prohibir con carácter inmediato– el uso de mercurio en amalgamas dentales. La razón es que a mi juicio es inaceptable continuar introduciendo esa sustancia potencialmente tóxica en el interior de la boca de las personas cuando existen alternativas más seguras. De hecho, muchos dentistas –incluido el mío– han dejado de utilizar hace mucho las amalgamas que contienen mercurio, ya que las alternativas más modernas –las amalgamas de color blanco– son más seguras, más estéticas y cuestan lo mismo. Así pues, les pido que voten a favor de la enmienda 10.
Una vez más doy las gracias a todos los que han colaborado en el trabajo en torno a este informe.

Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, Señorías, para comenzar deseo manifestar mi reconocimiento por la gran labor realizada en torno al informe que debatimos hoy. Me gustaría en particular dar las gracias al señor Matsakis por su excepcional y constructiva contribución al mismo. 
Quisiera hacer algunos breves comentarios sobre la finalidad fundamental y los objetos de la estrategia relativa al mercurio. La finalidad básica de esta estrategia es reducir los niveles de mercurio en el medio ambiente y la exposición de los seres humanos a este material, en particular al metilo de mercurio contenido en el pescado. El mercurio y sus compuestos son sumamente tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y las aves silvestres. A altas dosis puede resultar mortal para los seres humanos, e incluso a dosis relativamente reducidas puede tener graves consecuencias para la salud humana.
La estrategia persigue los seis objetivos que figuran a continuación: reducir las emisiones de mercurio, reducir las cantidades disponibles de mercurio mediante la disminución de la oferta y la demanda, resolver el problema a largo plazo de la limitación de los excedentes y existencias de mercurio en productos todavía en uso o almacenados en los últimos años, proteger contra la exposición al mercurio, comprender mejor los problemas que provoca el mercurio y sus usos inevitables y apoyar y promover acciones internacionales para abordar el problema del mercurio.
En las últimas décadas se han adoptado numerosas medidas a escala comunitaria para abordar el problema del mercurio y reducir sus emisiones y usos y la exposición al mismo. Al mismo tiempo, todo lo hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Es necesario hacer mucho más. Durante la elaboración de esta estrategia, la Comisión prestó especial atención a la identificación de los aspectos más importantes del problema del mercurio que siguen existiendo y a los sectores en que la Unión Europea podría adoptar nuevas medidas.
Los principales sectores examinados para los que se proponen medidas a corto plazo son los siguientes: la oferta de mercurio en el mercado y las exportaciones de mercurio, los excedentes de mercurio procedentes del sector de los cloros y álcalis, el uso del mercurio en los equipos de medición y control, y la emisiones de mercurio provocadas por la combustión de carbón. No olvidemos que se necesitarán décadas para eliminar completamente el problema del mercurio. Los niveles actuales se deben a las emisiones pasadas de mercurio y tendrá que pasar tiempo para que estos niveles se estabilicen, incluso sin nuevas emisiones de mercurio.
Asimismo quisiera recalcar la importancia que tienen las medidas internacionales junto con las iniciativas puestas en marcha en la Unión Europea. El mercurio es un contaminante mundial y la Comisión tiene previsto organizar una conferencia internacional en Bruselas los días 26 y 27 de octubre de este año para reavivar la dinámica ya iniciada en la escena internacional sobre esta cuestión.
Por último, me gustaría agradecer una vez más su labor al señor Matsakis y a todo el Parlamento, y reiterar mi promesa de contribuir a elaborar políticas comunitarias aún más estrictas para una mayor protección de la salud y el medio ambiente. 
Martin Callanan,
   . – Señor Presidente, quiero dar las gracias al señor Matsakis por todo el trabajo que ha realizado en torno a este informe. El resultado de las votaciones en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria es un informe que representa el primer paso que se da en dirección a un enfoque coherente respecto del mercurio y la reducción definitiva de los niveles de mercurio en el medio ambiente. Eso constituye todo un homenaje a la labor realizada por el señor Matsakis.
El Grupo del PPE-DE ha presentado dos enmiendas al informe que fue aprobado en la comisión. Una de esas enmiendas –la relativa a los instrumentos de medición tradicionales, como los barómetros– propone permitir al colectivo extremadamente reducido de personas en la UE dedicadas a la reparación, el mantenimiento y el reciclado de los barómetros que continúe trabajando en condiciones estrictamente controladas. Una prohibición supondría el fin de la tradición de la fabricación de barómetros y de su artesanía, que se inició hace más de 400 años cuando aparecieron los primeros barómetros de mercurio. Si esos establecimientos se ven obligados a cerrar, la gente no podrá mandar a arreglar convenientemente sus instrumentos y es posible que se deshagan de ellos arrojándolos en la basura doméstica, lo cual no redundaría en beneficio de nadie.
No obstante, estoy totalmente a favor de una legislación que proteja al público frente a la sustancia altamente tóxica que es el mercurio, pero el planteamiento que hemos de adoptar en temas medioambientales tiene que ser proporcionado y equilibrado.
Una prohibición total, a mi juicio, constituiría una respuesta desproporcionada. Los barómetros solo los construye un grupo limitado de personas en Europa y esos técnicos, que tienen un conocimiento excelente del mercurio y del trabajo seguro con él y todos los peligros que conlleva, son los mejor capacitados para ayudar a reducir la contaminación. Con advertencias de seguridad apropiadas sobre el producto y con la autorización de establecimientos adecuados sería posible controlar y supervisar del uso del mercurio y la gente podría continuar usando sus barómetros, como lo ha hecho durante siglos, sin que ello suponga una amenaza para el medio ambiente o la salud.
La segunda enmienda se refiere a la industria cloroalcalina de células de mercurio. Creo que mis colegas van a hablar de este tema más adelante. 
María Sornosa Martínez,
   . Señor Presidente, compartimos, señor Matsakis, sus objetivos: tanto la eliminación de emisiones de mercurio a escala europea, como la prohibición de exportaciones de mercurio, que, al igual que sus componentes, es una sustancia altamente tóxica para los seres humanos y el medio ambiente, tal como aquí ya se ha dicho.
Aunque la Unión Europea es la principal exportadora de mercurio en el mundo y una prohibición de sus exportaciones contribuirá considerablemente a frenar el comercio y a reducir las reservas mundiales de este metal, hago un llamamiento al Consejo para que la Unión Europea siga participando en foros y actividades internacionales, asuma compromisos bilaterales y emprenda proyectos con terceros países, especialmente en materia de transferencia de tecnología, para afrontar el problema de la contaminación que produce el mercurio. En este contexto, sería deseable la adopción de medidas jurídicas vinculantes a nivel internacional.
Por otro lado, pido a la Comisión que sensibilice a la población, organizando campañas informativas sobre los riesgos sanitarios que entraña la exposición al mercurio y los problemas ambientales que puede provocar esta sustancia, ya que temo que los ciudadanos y ciudadanas todavía no estén suficientemente informados de su toxicidad.
Otro aspecto que me preocupa especialmente es el uso del mercurio en forma de tiomersal en las vacunas, ya que podría acarrear efectos perjudiciales para la salud de los seres humanos, por lo que tendríamos que tomar nota de que países, como Dinamarca, no lo emplean desde 1992 en las vacunas para niños.
Me alegra que las conclusiones del Consejo reconozcan los problemas medioambientales y sociales resultantes del cierre de las minas de mercurio que se explotan desde hace mucho tiempo en Almadén, así como la posibilidad de utilizar estas minas de Almadén como depósito para el almacenamiento seguro de las reservas existentes de mercurio metálico o de mercurio metálico secundario resultantes de la industria europea, nunca de sus residuos, aprovechando así las infraestructuras, la mano de obra y los conocimientos técnicos existentes.
Solo me resta dar las gracias al señor ponente y a todos los ponentes alternativos, porque realmente han realizado un trabajo excelente.
Carl Schlyter,
   . – Quiero felicitar al señor Matsakis por su ejemplar labor en calidad de ponente.
Ya en 1990, año en que se firmó el Acuerdo PARCOM, se acordó que el sector de los cloros y álcalis debería suprimir gradualmente el uso de mercurio de aquí a 2010. Ahora debemos imponer una prohibición de las exportaciones que entre en vigor antes de esa fecha. De lo contrario, el sector de los cloros y álcalis, que posee las mayores existencias de mercurio de Europa, exportará gran parte de estas. Es sumamente importante imponer una prohibición de las exportaciones antes de 2010.
Hablamos de la seguridad de los depósitos, pero el uso más común del mercurio actualmente se encuentra a tan solo diez centímetros de nuestro cerebro. Hace 21 años me pusieron mi primer emplaste de amalgama y sigue ahí. Tiene una calidad increíble. Actualmente tan solo un 0,05 % de los emplastes de los niños y jóvenes suecos contiene amalgama, mientras que la cifra correspondiente a los adultos es del 2 %. Además, estas cifras se encuentran en constante descenso. El Servicio de Inspección de Productos Químicos de Suecia ha demostrado que debemos eliminar el mercurio, para el que existen buenos sucedáneos, por razones de protección del medio ambiente y de salud pública. Tres cuartas partes de los vertidos de mercurio proceden de la amalgama, la mayoría de los cuales tienen lugar en clínicas dentales. Esto implica que los emplastes de amalgama representan el mayor porcentaje de vertidos de mercurio en nuestras redes de alcantarillado. Por ello pido a sus Señorías que voten a favor de la enmienda 10 a fin de dar carpetazo a estos problemas. Una vez más, muchas gracias, señor Matsakis, por su labor tan constructiva. 
Adamos Adamou,
   – Señor Presidente, en primer lugar quisiera expresar mis felicitaciones y agradecimiento al señor Matsakis por su informe, pues ha hecho un gran esfuerzo por incorporar los puntos de vista de todos los diputados en la propuesta de resolución.
A pesar de los elementos positivos del documento, consideramos que la estrategia comunitaria para el mercurio podría y debería reforzarse aún más. Estimamos que una prohibición de las exportaciones de mercurio de los Estados miembros de la Unión Europea debería entrar en vigor a más tardar en 2008 y no en 2010, como propugna la mayoría de la comisión parlamentaria.
Paralelamente deseamos subrayar la importancia de establecer un régimen más estricto para la concesión de excepciones a esta prohibición. En concreto, solo deberían concederse excepciones si no existe ninguna solución alternativa viable. 
Por último, apoyamos que la UE ayude a los países en vías de desarrollo a eliminar el uso del mercurio mediante asistencia no solo técnica, sino también financiera. 
Kathy Sinnott,
   . – Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Comisión por decidir eliminar el mercurio. Esa decisión debería haberse tomado hace mucho tiempo. Sabemos desde hace mucho que el mercurio es peligroso. Quiero felicitar al señor Matsakis por un informe excelente que va más lejos que la Comisión, sobre todo al señalar a la Comisión uno de los usos más peligrosos del mercurio hoy día: el timerosal, mercurio utilizado directamente en medicamentos de uso habitual como las vacunas contra la gripe. Desde que se suprimió el mercurio de las vacunas pediátricas en California, los casos de autismo continúan aumentando. Sin embargo, por primera vez en más de 20 años, la tasa de aumento se ha frenado de forma significativa. Señor Comisario, asegúrese de que si hay una inyección contra la gripe aviar, la misma esté libre de mercurio.
Hay una fuente más de mercurio que me gustaría pedirle que elimine. El Gobierno irlandés contamina el agua suministrada con ácido hexafluorosilícico, un producto de desecho de la industria de fertilizantes artificiales que, además de mercurio, contiene otras sustancias tóxicas como plomo, arsénico, berilio, vanadio, cadmio, radionúclidos y silicona. Por favor, aborde este tema. 
Thomas Ulmer (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias al señor Matsakis por su constructiva y honesta colaboración en este informe, que está destinado a preparar medidas legislativas, de modo que apuntamos el camino a seguir sin adoptar decisiones definitivas. Las medidas legislativas deberán venir más tarde. 
Todos sabemos actualmente que el mercurio es sumamente tóxico y esa es una razón suficiente para sacarlo de la circulación. Así pues, al proponer una prohibición de las exportaciones a partir de 2010 y un almacenamiento seguro del mercurio que se ha sacado de la circulación, damos las primeras indicaciones de la orientación que debemos seguir. Es evidente que en este caso es necesario aplicar el principio de sustitución, aspecto que resulta todavía más importante en vista de que el mercurio no es biodegradable, de modo que permanece en circulación de forma permanente; cada microgramo de esta sustancia regresará al organismo humano a través de la cadena alimenticia. Las personas que viven a orillas del mar y que comen pescado con frecuencia tienen en sus tejidos concentraciones de mercurio que superan los umbrales permitidos. Aunque sea de lamentar que actualmente no pueda hacerse nada al respecto y de ello no se deriven consecuencias directas, esto indica la necesidad de una prohibición absoluta desde la perspectiva de la medicina ambiental. 
Tal como están las cosas, no me satisface el texto relativo a la amalgama dental, de la que se sospecha con mucho fundamento que desempeña un papel en una serie de dolencias, de las cuales solo citare, a modo de ejemplo, las inmunodeficiencias, la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica y daños sufridos por los nonatos en el vientre materno. A pesar de que los expertos no han llegado a una conclusión definitiva sobre este problema, me parece que la tendencia y los riesgos no dan lugar a dudas, por lo que sobre todo se necesita prevención y atención, antes de pensar en experimentar en sujetos vivos. No recomendaré productos de amalgama y de mercurio a las personas y pacientes a mi cargo, y haré todo lo que esté a mi alcance para que el mercurio desaparezca de la circulación, tanto como sea posible y lo antes posible. 
Gyula Hegyi (PSE )
   . – Señor Presidente, en general estoy de acuerdo con el señor Matsakis y su excelente informe. La comisión ha aceptado todas mis enmiendas. Me gustaría subrayar brevemente el contenido de las mismas.
La información pública es crucial en este caso. Todos debemos comprender los riesgos que encierra el mercurio para la salud y el medio ambiente. La contaminación no se detiene en las fronteras, por lo que debemos instar a nuestros países vecinos a aplicar nuestra estricta política en materia de mercurio. El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación es ante todo una herramienta para animar a esos países a adoptar las medidas pertinentes en el terreno ambiental. Otro tanto cabe decir del etiquetado del oro extraído sin utilización de mercurio, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
Y, por último, quiero pedir a la Unión Europea que se muestre prudente en el caso de las amalgamas dentales. Se evitaría el riesgo real, pero debemos darnos más tiempo para investigar y examinar los datos científicos. Me parece que, en estos momentos, una prohibición total sería una medida excesiva. 
María del Pilar Ayuso González (PPE-DE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar al señor Matsakis y, también, a los ponentes alternativos por su excelente labor.
El mercurio es un elemento tóxico, con incidencia negativa en la salud y, en consecuencia, la Comisión ejecutiva propone que se proceda a su confinamiento seguro, al mismo tiempo que se reduce su uso y se acaba con su comercio, pero, como muy bien dice la Comunicación en su punto 9, existen muchas lagunas sobre sus efectos sobre la salud humana, sobre cómo se disemina o se acumula en el medio ambiente, sobre su toxicidad y sobre la sensibilidad de los ecosistemas.
Creo que es importante y prioritario que todas estas cuestiones se investiguen y que las decisiones se tomen sobre una base científica y no sobre meras suposiciones, más o menos alarmistas, amplificadas por los medios de comunicación.
Por otra parte, señor Comisario, la única comarca de Europa que produce mercurio, aunque sus minas ya estén cerradas, es Almadén. Esta comarca fue muy próspera, gracias al mercurio que se extrajo de sus minas desde la época de los romanos, y está ahora deprimida, también a causa del mercurio. Por ello debe ser compensada con medidas, infraestructuras y apoyos específicos que puedan paliar parcialmente los efectos de las medidas que se tomen. Es allí precisamente, entre otras cosas, donde debe ubicarse el almacenamiento seguro de mercurio líquido que se vaya a retirar del mercado.
La industria cloroalcalina ha firmado un acuerdo para acabar completamente con la utilización del mercurio en 2020. Este acuerdo debe respetarse y su cumplimiento debe vigilarse.
Como curiosidad quisiera comentar, simplemente, que yo he vivido en la comarca de Almadén, que he cogido muchas veces el mercurio con las manos, que he tenido empastes de amalgama de mercurio, que me quité por estética, y puedo asegurarles que no he tenido ningún problema de salud, ni lo tienen las personas que viven allí, ni los animales, ni las plantas, porque, como bien dicen los toxicólogos, el veneno está en la dosis.
Miguel Angel Martínez Martínez (PSE ). –
   Señor Presidente, Señor Comisario, quiero rendir homenaje al doctor Matsakis por su informe y por el proyecto de resolución con el que concurrió a nuestra Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y agradecer a los colegas de dicha Comisión sus contribuciones, que han mejorado el texto que ahora debatimos.
Durante más de 22 años fui diputado en España por la provincia de Ciudad Real, donde se encuentran Almadén y sus minas, y donde, desde hace veinte siglos, se ha producido la mayor parte del mercurio extraído en Europa y en el mundo.
Esta comarca, que ha vivido un proceso profundo de diversificación, se verá afectada, una vez más, por las prohibiciones que impondrá la estrategia comunitaria sobre el mercurio en la producción y en la exportación del metal.
El proceso de elaboración del informe del doctor Matsakis se ha seguido con interés en Almadén y en su comarca, y el texto de la resolución, que aprobaremos mañana, responde a las expectativas de mis paisanos por recomendarse en ella que les lleguen compensaciones significativas de la Unión Europea para asegurar la reactivación social y económica de aquellos territorios.
Igualmente se ha seguido con simpatía la idea aquí reiterada de que sea en Almadén donde se instale el almacén de mercurio-metal previsto en la estrategia comunitaria, ya que allí concurren la experiencia, la tecnología y la mano de obra necesarias para gestionar dicho almacén con las debidas garantías.
Quiero aprovechar para invitarle, señor Comisario, a venir con nosotros a Almadén, con el doctor Matsakis y conmigo, y comprobar allí la espléndida belleza del paisaje, así como el cariño de la gente y su ilusión europea por salir adelante.
Señorías, gracias por su compresión y por su solidaridad.
Stavros Dimas,
   . Señor Presidente, desde luego acojo con agrado su invitación. En primer lugar, permítame dar las gracias a todos por sus comentarios tan constructivos. La contribución del Parlamento Europeo tiene gran importancia y solo la estrecha colaboración entre las instituciones nos permitirá que la Unión Europea encuentre un modo eficaz de abordar las consecuencias negativas que tiene el mercurio sobre la salud humana y el medio ambiente. Por ello me complace el apoyo que han expresado en su informe y en sus intervenciones sobre la estrategia. 
Tomo nota con especial satisfacción de que el Parlamento comparte nuestros puntos de vista sobre las principales medidas de la estrategia relativa al mercurio, lo que constituye una base muy sólida para adoptar nuevas medidas concretas para la aplicación de la estrategia. Estas medidas ya se encuentran en fase de elaboración.
Para no ocupar demasiado tiempo me gustaría decir unas cuantas cosas sobre los comentarios del señor Callanan. Las repercusiones que el mercurio tiene sobre el medio ambiente siguen siendo importantes y existen alternativas viables. De forma similar, la adaptación no es un problema para los pequeños productores, por lo cual la Comisión ha propuesto igualmente una prohibición del uso del mercurio en estos dispositivos de medición. En cuanto a las amalgamas dentales, la Comisión pedirá al grupo de trabajo médico correspondiente que estudio nuevas medidas y pedirá su opinión al comité científico sobre peligros para la salud y el medio ambiente.
Por último, me gustaría agradecer una vez más al Parlamento y en particular al señor Matsakis la posición tan positiva que ha adoptado con respecto a la estrategia. La Comisión desea continuar esta colaboración excepcional con el Parlamento sobre este problema especialmente grave.
El Presidente.
   Cerramos el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.30 horas.
El Presidente.
   El punto siguiente, el último para hoy, es el debate de la pregunta oral a la Comisión sobre la libre circulación de los trabajadores y los periodos transitorios, de István Szent-Iványi, Graham Watson e Ignasi Guardans Cambó, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-0013/2006 - B6-0012/2006).
István Szent-Iványi (ALDE ),
   . – Señor Presidente, este año ha sido declarado el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. Cada uno de los Estados miembros deberá decidir antes del 30 de abril si abrirá o no su mercado laboral. Esta decisión determinará si este año realmente será el año de la movilidad de los trabajadores o una parodia. No podemos tolerar una situación en la que los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros siguen siendo agentes de segunda clase y, en algunos aspectos, de tercera clase en el mercado de trabajo.
La libre circulación de personas es una de las cuatro libertades fundamentales, una idea básica de la Unión Europea. Durante el Consejo Europeo de primavera, los Jefes de Estado y de Gobierno de Europa deliberarán sobre el proceso de Lisboa. Este proceso estará condenado a fracasar si no creamos un mercado laboral unificado y flexible. Y para ello es necesaria la liberalización y la libertad de dicho mercado.
La Comisión publicó hace poco una evaluación en la que se mostraba con toda claridad que los temores y ansiedades que aún existen en los antiguos Estados miembros carecen de fundamento. Durante mucho tiempo se temió una entrada masiva de trabajadores en el Reino Unido, la República de Irlanda y Suecia, tres países que han abierto sus mercados de trabajo. Pro no ha sido así. La tasa de desempleo no ha aumentado en esos países a pesar de las previsiones.
Por otra parte, el «trabajo negro» se ha reducido, los ingresos públicos han aumentado y ha mejorado la competitividad de las empresas. El empleo legal sigue siendo considerable en los países que mantienen restricciones en su mercado laboral. Esto ha llevado a la Comisión a la inequívoca conclusión de que los beneficiarios de este proceso han sido los países que han liberalizado la entrada de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros.
Hasta ahora he dicho que los ciudadanos de segunda clase en el mercado de trabajo son los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Sin embargo, desde el 23 de enero son en realidad ciudadanos de tercera clase en algunos aspectos, pues en esa fecha entró en vigor la Directiva que establecía que la Unión Europea otorgará el derecho de trabajo y residencia a los nacionales de terceros países que hayan residido de forma legal dentro de su territorio durante al menos cinco años. Eso no nos molesta, pero significa que incluso estas personas se encuentran en una situación más ventajosa que los trabajadores de los nuevos Estados miembros.
Y por ello pregunto al señor Comisario: ¿cómo prevé resolver este problema? ¿Qué hará para que los trabajadores de los nuevos Estados miembros no se sientan ciudadanos de tercera en el mercado laboral? Y a este respecto, quiero decir que me complace la decisión adoptada por Finlandia, España y Portugal, que han sido decisiones muy positivas para la liberalización del mercado de trabajo, pero todavía estamos a la espera de que Francia, los Países Bajos y Bélgica se sumen al proceso y liberalicen los suyos, ya que esto redundará en beneficio de todos. 
Franco Frattini,
   Señor Presidente, antes que nada, el Tratado de adhesión establece un enfoque matizado y propone soluciones claras que permiten la aplicación plenamente compatible con la ley de la Directiva relativa a los residentes de larga duración y las medidas transitorias sobre libre circulación de trabajadores. Permítame explicarlo con más detalle.
En primer lugar tenemos la cuestión del primer acceso al mercado laboral. En ese caso, el Tratado de adhesión establece que se dará preferencia a los nacionales de los nuevos Estados miembros respecto a los nacionales de terceros países, en lo que se refiere al acceso al mercado de trabajo, durante el período en que los antiguos Estados miembros apliquen las medidas transitorias.
La segunda situación se refiere a los nacionales de los nuevos Estados miembros que ya residen en los antiguos Estados miembros. En este caso, el Tratado de adhesión prevé igualmente que los nacionales de los Estados miembros que ya residen y trabajan en un Estado miembro que aplique medidas transitorias no deben recibir un trato más restrictivo que el que reciben los nacionales de terceros países que residen y trabajan en dicho Estado miembro. Esto significa que cuando se ha concedido a un nacional de un país tercero la condición de residente de larga duración en virtud de esta Directiva, el Tratado de adhesión garantiza que los antiguos Estados miembros deben tratar a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros que ya residen y trabajan legalmente en su territorio al menos de conformidad con las normas contempladas en la Directiva, incluido por tanto el derecho de acceso libre al mercado laboral.
La misma lógica se aplica a la tercera situación que contempla la Directiva, a saber, la circulación de residentes de larga duración entre Estados miembros. En este caso, la norma es la siguiente: los trabajadores de un país tercero que sean residentes de larga duración en un nuevo Estados miembro no deben recibir un trato más favorable que el que reciben los nacionales de dicho Estado. En otras palabras, en caso de traslado a un segundo Estado miembro, este Estado miembro no puede conceder libre acceso a su mercado laboral a un residente de larga duración que sea nacional de un país tercero si no concede el citado libre acceso a los nacionales de los nuevos Estados miembros. Otro tanto se aplica a situaciones equivalentes entre dos antiguos Estados miembros. En ambos casos de traslado entre Estados miembros, si el nacional de un nuevo Estado miembro y el residente de larga duración están sujetos a medidas nacionales, como la obtención de un permiso de trabajo, la preferencia comunitaria favorecería al nacional del nuevo Estado miembro, que es ciudadano europeo.
De cuanto precede se desprende que los derechos que concede la Directiva pueden conciliarse con lo dispuesto en el Tratado de adhesión. No es necesario presentar propuestas de modificación de la normativa, ya que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no pueden ser objeto de un trato menos favorable.
No obstante, la Comisión está de acuerdo en que es necesario enviar a los Estados miembros una información mejor que dilucide esta cuestión y para ello remitiré a todos los Estados miembros una carta en la que explicaré claramente la normativa vigente. 
Csaba Őry,
   – Señor Presidente, se ha formulado una pregunta oral a la Comisión. La pregunta se refiere a la libre circulación de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros y reclama una respuesta acerca de si, en el marco reglamentario vigente, algunos grupos de nacionales de países no comunitarios gozan ventajas considerablemente mayores que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros por lo que respecta a la libre circulación entre los Estados miembros para buscar empleo. Si es así, esta situación sería a todas luces inaceptable, y nos gustaría que se rectificara a fin de evitar que se infrinja el principio de preferencia que recoge la cláusula de status quo del Tratado de adhesión.
No obstante, el artículo 21 de la Directiva 2003/109/CE establece que los nacionales de terceros países que hayan obtenido un permiso de residencia de larga duración en un segundo Estado miembro tendrán acceso al mercado de trabajo. La expresión «tendrán» debe interpretarse como que no se podrá denegar un permiso de trabajo si la persona interesada ya ha obtenido el derecho a la residencia de larga duración.
Por consiguiente, un permiso de residencia de larga duración en el segundo Estado miembro comporta en la práctica el permiso de trabajo. Esto significa que si las empresas del Estado de acogida están dispuestas a aceptarlos, el acceso al mercado de trabajo de los nacionales extracomunitarios procedentes de otros Estados miembros es automático e ilimitado, mientras que el acceso de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros está restringido y puede restringirse de forma inequívoca.
Naturalmente, debemos acoger con agrado un objetivo que persigue una mayor movilidad, una mayor flexibilidad y una mayor unificación del mercado laboral. Este también es el objetivo evidente de la Directiva 2003/109/CE, pero debemos prestar atención a que se haga en el orden correcto. Personalmente acojo con agrado la argumentación que he escuchado también en boca del Comisario, y me gustaría destacar que necesitamos más que una carta: necesitamos una especie de normativa procedimental que explique exactamente lo que hay que hacer cuando un nacional de un país tercero y un ciudadano de la Unión se encuentran en una situación de competencia. Me refiero a que necesitamos orientaciones más precisas y detalladas, y eso es lo que espero de la Comisión Europea. 
Alejandro Cercas,
   . Señor Presidente, señor Comisario, creo que, sin demérito de las respuestas a lo que ocurre o de las interpretaciones de la Directiva, esta también es una buena ocasión para levantar la voz, y yo uno la mía a la de los que piensan que este problema no se va a resolver hasta que terminemos definitivamente con este periodo transitorio, que ojalá termine cuanto antes, para que todos los europeos seamos iguales y hagamos de la movilidad de los trabajadores una importante herramienta para nuestra competitividad, para nuestro empleo y para la construcción de la Unión Europea.
Por eso, me uno a los que piden una política de puertas abiertas, cuanto antes mejor, y creo que, en este sentido, es muy interesante —y, como español, me felicito por ello— el anuncio que ha hecho el Gobierno de mi país de levantar las restricciones que había en este periodo transitorio.
Y lo hemos hecho, señor Comisario, porque somos un país con una cierta experiencia, por ser país de inmigración y país de emigración. Además, en estos dos años, una vez más, se ha vuelto a ver con claridad que estas restricciones impuestas a los países de Europa Central y Oriental por la Europa de los 15 han de ser levantadas, por razones de justicia y de solidaridad, pero también por razones de racionalidad y de sentido común, hoy más que nunca, en este año de la movilidad.
En primer lugar, atendamos a la justicia y la solidaridad. Los españoles también tuvimos siete años de periodo transitorio y nos sentimos humillados e injustamente tratados por una situación que no estaba justificada, porque se demostró que buena parte de aquellos discursos xenófobos y racistas estaban equivocados. No hubo ninguna avalancha de trabajadores. Los trabajadores españoles no crearon nunca problemas en los países de acogida; al contrario.
Y hemos visto, en estos dos años, que está pasando lo mismo con los trabajadores de los nuevos Estados miembros: no solamente no crean problemas, sino que solucionan carencias de mano de obra, mejoran sus cualificaciones y mejoran la idea global de Europa.
Por eso, señor Comisario, lo que pido es que el estudio que ha hecho la Comisión Europea sirva para que más países levanten las restricciones y llegue un día en que verdaderamente Europa sea una Europa de todos los ciudadanos europeos y todos los trabajadores europeos tengan los mismos derechos, porque es lo coherente, porque es muy bueno para la movilidad y porque Europa necesita la movilidad si quiere ganar la batalla de la productividad y de la competencia frente a los Estados Unidos.
Necesitamos crear ese gran mercado de ciudadanos libres en el que no habrá problemas y que, además, nos permitirá mejorar nuestra competencia, mejorar nuestra capacidad y mejorar la vida de nuestros ciudadanos, de modo que, además de solucionar los problemas concretos, tratemos de tener un poco de visión de futuro, señor Comisario, para levantar esas barreras.
Sophia in 't Veld,
   . – Señor Presidente, me identifico plenamente con lo que ha dicho el orador precedente y yo también quiero dar las buenas noches al Comisario Frattini por tercera vez en esta jornada. No es necesario explicar por qué los ciudadanos de los nuevos Estados miembros deben tener acceso al mercado de trabajo; de hecho, lo lógico sería lo contrario. Son los países que siguen protegiendo sus mercados los que tienen que explicar los motivos por los que siguen denegando a sus conciudadanos de pleno derecho de la UE sus derechos fundamentales. Además, resulta beneficioso desde el punto de vista económico eliminar estas restricciones.
La economía europea y su mercado de trabajo necesitan gente. Si la Unión Europea y el mercado interior desean competir con los principales mercados extraeuropeos, necesitan personas dinámicas, jóvenes, bien formadas y dispuestas a trasladarse. Siempre hemos aspirado a esto dentro de la economía europea, de modo que no tiene sentido alguno mantener cerrados los mercados de trabajo. Asimismo, resulta ilusorio creer que estas restricciones hacen que los trabajadores de Europa Oriental no vengan aquí, pues ya se encuentran aquí desde hace mucho tiempo, a pesar de que son explotados por patrones fraudulentos y viven en condiciones degradantes en nuestros países, cosa que considero una vergüenza.
Por ello, los argumentos en materia de derechos civiles, economía y solidaridad exigen el levantamiento de estas restricciones. Me alegro de que mi país, los Países Bajos, probablemente lo hagan –o en todo caso, la mayoría parece estar a favor de ello– y me gustaría instar a todos los Estados miembros a hacer otro tanto en este año de la movilidad. 
Elisabeth Schroedter,
   – Señor Presidente, lo que ocurre en los países que desean mantener el régimen transitorio no es más que un remedo de debate y, por supuesto, Alemania es uno de ellos. Lo cierto es que una manera de hacerse popular es decir a la gente cosas que no son ciertas, sobre todo si se le dice que el régimen transitorio puede proteger el mercado de trabajo. Pero no es así, al contrario, el régimen transitorio no impide la llegada de trabajadores migrantes. En vez de ello, al no poder ser contratados legalmente, solo les queda la economía sumergida.
En las regiones fronterizas de Alemania Oriental, de donde provengo, el mercado negro florece y se ha producido un aumento masivo del número de trabajadores autónomos ficticios, simplemente porque el régimen transitorio estimula este tipo de cosas. Debido a ello, los salarios más elevados se ven sometidos a una creciente presión. A diferencia de lo que sucede con el empleo legal, el ilegal no puede ser objeto de control y seguimiento. Esto da pie a la explotación y discriminación de los trabajadores.
Lo que Europa necesita es un mercado laboral bien ordenado, con normas mínimas y basado en el principio de salario igual a trabajo igual en el mismo lugar. El efecto que tienen el régimen transitorio es, simplemente, retrasar estas reformas y tareas tan urgentes; más aún, ofrecen a los populistas de derechas material para sus discursos y, sobre todo, socavan el ideal europeo. Así pues, como alemana, permítanme hacer un llamamiento a la supresión del régimen transitorio, para que el mercado se abra igualmente en Alemania y para que se establezcan condiciones dignas en ese país. 
John Whittaker,
   . – Señor Presidente, el talón de Aquiles de la construcción europea es que cuando se considere que están en juego los intereses nacionales, los Estados miembros barrerán para su casa. Así es como funciona la política, a pesar de las promesas de solidaridad y de las obligaciones que contempla el Tratado.
Me refiero en particular en que no existe igualdad de trato para los trabajadores de terceros países en la Unión, pero tampoco contamos con un mercado libre en el sector de los servicios, ni nada que se parezca a una aplicación uniforme de la legislación comunitaria. Posiblemente el ejemplo más claro de incumplimiento de las normas es el Pacto de Estabilidad, y sin disciplina presupuestaria el euro no durará mucho.
Cada vez que algún Estado miembro se porta mal, pedimos a la Comisión que haga algo, pero la Comisión no puede hacer gran cosa y no estoy seguro de que la campaña informativa del señor Frattini resulte útil. Aunque la Comisión exija igualdad de trato para los trabajadores, algunos países seguirán diciendo «no», y si se les convence de que digan «sí», encontrarán fácilmente la manera de incumplir su compromiso. 
Adam Jerzy Bielan,
   . – Señor Presidente, la situación a la que nos enfrentamos desde el 1 de enero de este año es paradójica. Por una parte, los denominados antiguos Estados miembros están obligados a que los residentes de larga duración reciban el mismo trato que sus propios nacionales por lo que se refiere al acceso al mercado laboral. Por otra, muchos de estos mismos países aprovechan las disposiciones del Tratado de adhesión para mantener la prohibición de la libre circulación de trabajadores de los nuevos Estados miembros. Este estado de cosas es contrario a lo dispuesto en el citado Tratado de adhesión, de conformidad con el cual los ciudadanos de la Unión Europea tienen preferencia sobre los nacionales de terceros países a la hora de acceder al mercado laboral. Este problema se podría haber resuelto suprimiendo los períodos transitorios para el empleo de ciudadanos de los nuevos Estados miembros en los mercados laborales de la antigua Unión. Desgraciadamente, tan solo tres Estados miembros, a saber, Irlanda, Suecia y el Reino Unido, abrieron su mercado de trabajo a partir del 1 de mayo de 2004. Otros dos Estados miembros, España y Portugal, han declarado que lo harán a partir del 1 de mayo de este año. Lamentablemente, en la mayoría de los demás Estados miembros ha prevalecido el temor a la entrada de mano de obra extranjera barata y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. La señora Schroedter ha mencionado esta situación en el caso de Alemania. Ese temor carece totalmente de fundamento. Las estadísticas de la Comisión Europea ponen de relieve que el número de ciudadanos procedentes de los nuevos Estados miembros se ha mantenido muy estable en la mayoría de los Estados miembros tanto antes como después de la ampliación. Salvo en el caso de Austria, la cifra de trabajadores procedentes de los diez nuevos Estados miembros no supera el 1 % de la población económicamente activa. La entrada de trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros no ha hecho que los trabajadores locales pierdan su empleo en ningún Estado miembro de la Unión Europea. Los recién llegados han ocupado puestos de trabajo totalmente nuevos o puestos que estaban vacantes.
Señor Presidente, tenemos que darnos cuenta de que la economía estadounidense seguirá superando a la nuestra desde el punto de vista de la competitividad a menos que incrementemos la movilidad de la mano de obra en Europa. La tasa de desempleo en la UE es actualmente del 8 %, pero aún así existe escasez de trabajadores en algunos sectores. Ahora bien, no todos los europeos pueden moverse libremente a la búsqueda de empleo. Lamentablemente es muy probable que la mayor parte del mercado laboral de la Unión permanecerá cerrado para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros durante otros cinco años. Por ello es indispensable que la Comisión Europea adopte medidas para eliminar las contradicciones que existen en la legislación comunitaria y amplíe la libre circulación de trabajadores. 
Jacek Protasiewicz (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, recuerdo cómo, hace casi dos años, unos cuantos días después de la histórica ampliación de la Unión Europea, tomé la palabra en esta Cámara para hacer un llamamiento a los Gobiernos de los antiguos Estados miembros para que tuvieran el valor de renunciar a los períodos transitorios. Les pedí que abrieran su mercado de trabajo a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Desgraciadamente, únicamente tres Estados miembros tuvieron el valor de abrir su mercado laboral en esa ocasión. Me refiero al Reino Unido, Irlanda y Suecia. Los doce Estados miembros restantes cedieron a los temores o tal vez a las presiones de su propia opinión pública y de sus ciudadanos, y se atrincheraron contra la entrada de trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros, sobre todo los de Europa Central y Oriental. ¿Qué conclusión podemos sacar después de estos dos años? Resulta evidente que los más beneficiados han sido precisamente los tres países que se atrevieron a abrir su mercado de trabajo.
La Comunicación que la Comisión Europea publicó hace un mes, en febrero si no me equivoco, deja muy claro que el desempleo no ha aumentado en los países que decidieron abrir su mercado de trabajo. Ni tampoco lo han hecho los problemas sociales. Lo que ha ocurrido es más bien lo contrario: la economía se ha vigorizado y han aumentado los ingresos fiscales. Esas son la ventajas de la aplicación en la práctica de uno de los principios fundamentales del Tratado. Y podríamos incluso considerarlo el más importante de todos, pues forma parte de los cimientos en los que se ha construido la Unión, por lo que deberíamos intentar su aplicación en todos los 25 actuales Estados miembros de la Unión Europea.
En la víspera de la expiración del primer período transitorio, me alegra ver que algunos Gobiernos más están considerando la posibilidad de abrir su mercado de trabajo. Sin embargo, hay que señalar que, en la situación actual, siguen siendo una minoría de los antiguos Estados miembros. Este es un problema grave, por lo que me gustaría hacer el siguiente llamamiento. Cuando tomemos la palabra en breve para debatir la resolución del Parlamento, debemos enviar un claro mensaje a los Gobiernos de los Estados miembros, para que no solo se planteen abrir su mercado de trabajo, sino para que vayan adelante y lo abran completamente a fin de permitir la libre circulación de trabajadores. 
Csaba Sándor Tabajdi (PSE ).
   – Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega, el señor Szent-Iványi, por incluir una vez más este tema en el orden del día, y que no es importante únicamente para los Estados miembros, sino para el conjunto de Europa. Quisiera dar las gracias al Comisario Spidla, quien ha elaborado un excelente informe de síntesis en el que presenta una imagen precisa y verdadera de los procesos ocurridos en el pasado en los mercados laborales.
El propósito de Hungría y de los demás Estados miembros es la abolición de todos los obstáculos legales y administrativos que actualmente impiden la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea. Nos gustaría ser iguales a los demás ciudadanos de la Unión Europea. La apertura del mercado de trabajo y la libre circulación de trabajadores no es una concesión o un favor, sino una decisión razonable por parte de los nueve antiguos Estados miembros, que tendría consecuencias benéficas para todos los ciudadanos de la Unión Europea.
Lo que está en juego es la competitividad de la Unión Europea. Espero que estos nueve antiguos Estados miembros se den cuenta de ello y que, en el mes de abril de 2006, al término del período transitorio de dos años, esos nueve Estados miembros restantes tomen una decisión favorable y se unan a Finlandia, España y Portugal, países que se disponen a abrir su mercado de trabajo.
Debemos dar las gracias al Reino Unido, la República de Irlanda y Suecia, que fueron los primeros en hacerlo. Esta medida ha brindado importantes ventajas a estos países. En la República de Irlanda, la tasa de desempleo ha descendido durante los últimos dos años, en parte gracias a los efectos positivos de los trabajadores procedentes de los nuevos Estados miembros. En el Reino Unido, la entrada de trabajadores ha contribuido al crecimiento económico y a mejorar la competitividad. Por consiguiente, las acusaciones y temores que despertaba la inmigración masiva y el dúmping social no tienen fundamento alguno.
Muchas gracias a Finlandia, España y Portugal por haber anunciado que ellos también abrirán su mercado laboral.
Resulta sumamente hipócrita que los nueve antiguos Estados miembros que no han levantado estas restricciones permitan la entrada de mano de obra de países extracomunitarios, pero se nieguen a permitir la entrada de trabajadores provenientes de los nuevos Estados miembros. A estas horas de la noche, tengo que polemizar con el Comisario Frattini. Lo que ha dicho solo es verdad en el caso de los países que han abierto su mercado laboral. En esos países, de hecho, es posible dar preferencia a los trabajadores de los nuevos Estados miembros sobre los trabajadores de terceros países. Este problema no se plantea en los países que no han abierto su mercado de trabajo. Por consiguiente, la apertura de los mercados laborales es una cuestión de principio, de competitividad y de eliminación de la discriminación, así como una cuestión de igualdad entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. 
Šarūnas Birutis (ALDE ).
   – ¿Qué puedo añadir a las observaciones que han hecho los diputados que han intervenido antes que yo? La libre circulación de personas es una de las libertades fundamentales garantizadas, hasta ahora tan solo sobre el papel, en la legislación comunitaria. Los nuevos Estados miembros esperan que los antiguos abran lo antes posible su mercado laboral a los recién llegados, pues consideran que los antiguos saldrán beneficiados con ello, si bien cada uno de los antiguos Estados miembros tiene el derecho soberano de hacerlo antes de que sea obligatorio. Según las estadísticas de la Comisión Europea, la avalancha de mano de obra de los nuevos Estados miembros no ha sido tan grande como se temía. Inglaterra, Irlanda y Suecia solo se han beneficiado de la entrada de trabajadores de los nuevos Estados miembros. Debemos felicitar a varios Estados miembros por su decisión de abrir su mercado de trabajo a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea a partir del mes de mayo. La libre circulación de mano de obra, la liberalización del mercado de servicios y otras medidas contribuirían a aumentar la competitividad de la Unión y Europea y, lo que es más, incrementarían la fe de los ciudadanos en la Unión Europea. La claridad o ambigüedad de una situación compleja reduce la fe en la Unión Europea. En mi opinión, los Estados miembros de la Unión Europea deben adoptar medidas para abolir inmediatamente las restricciones discriminatorias que sufren los ciudadanos y de otros nuevos Estados miembros para encontrar un empleo legal. De este modo permitirían que estas personas ejercieran realmente de sus derechos y les darían la oportunidad de pagar sus impuestos. Ha llegado el momento de acabar con lo estereotipos del viejo pensamiento y de comprender que la libertad y una competencia sana son el motor del progreso en Europa. 
Konrad Szymański (UEN ).
   – Señor Presidente, la verdad pura y dura es que los antiguos Estados miembros estaban más que dispuestos a abrir mercados cuando contaban con ventajas competitivas, a saber, con respecto a la libre circulación de capital. Me gustaría señalar que cuando estas ventajas corresponden a los nuevos Estados miembros, los mercados se mantienen cerrados. Uno ejemplo de ello es el mercado de servicios y otro el mercado de trabajo.
Desde el 23 de enero, en aplicación de la Directiva relativa a los residentes, la situación en materia de acceso al mercado laboral de los ciudadanos de terceros países podría ser mejor que la de los ciudadanos de los países que acaban de adherirse a la Unión. Sus explicaciones me parecen interesantes, señor Comisario, pero no me han convencido. Y creo que a esta Cámara le gustaría escuchar más sobre este tema. Todo ello contradice claramente las disposiciones de los Tratados de adhesión. Cabe destacar una vez más ante esta Cámara que en ninguno de los países que abrieron su mercado laboral se ha registrado un aumento del desempleo o de otros problemas sociales, como el fraude en las prestaciones sociales. Al contrario, la mano de obra barata procedente de los nuevos Estados miembros ha fortalecido su economía. Transcurridos dos años podemos decir categóricamente que estas restricciones carecen de toda justificación económica.
Según los planes de la Comisión, este es el Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. Debo recalcar que la baja movilidad de los trabajadores se debe igualmente al cierre de los mercados de trabajo en la mayoría de los Estados miembros. Si los Estados miembros insisten en mantener el cierre injustificado de su mercado de trabajo, el año 2006 podría convertirse en el año europeo de la hipocresía, en lugar del Año Europeo de la Movilidad de los Trabajadores. 
Othmar Karas (PPE-DE ).
   – Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, me complace que se celebre este debate, ya que no está en mi ánimo resolver este problema con vencedores y vencidos, enfrentando a los antiguos Estados miembros con los nuevos. Vivimos en una comunidad y es sumamente importante que dejemos muy claro que las cuatro libertades forman parte de los derechos fundamentales de la Unión Europea, uno de cuyos principios es la prohibición de toda discriminación. Las cuatro libertades son el fundamento del mercado interior; su aplicación hace que sea una cuestión interna. Estos principios de la UE –los objetivos políticos– son claros y nos unen. Tenemos que aplicarlos lo antes posible, y la razón de que todavía no lo hayamos hecho reside en que nuestras políticas están sometidas a diferentes circunstancias, a diferentes legislaciones en materia social, a diferentes salarios, a diferentes legislaciones fiscales, a diferentes leyes laborales. Tenemos 19 millones de desempleados y diferentes tasas de crecimiento, que son –afortunadamente– más elevadas en los nuevos Estados miembros que en los antiguos. Y el resultado de todo ello es el temor y la inquietud entre la opinión pública. Sobre todo en mi país, que tiene la mayor frontera exterior con los nuevos Estados miembros, y en el que cada vez hay más ciudadanos de los nuevos Estados miembros en la población activa. 
No obstante, lo que tenemos que hacer es buscar en los Tratados y en la legislación comunitaria formas para tener en cuenta las preocupaciones y temores del público. En lugar de cerrar el paso, buscamos transiciones aceptables, pero las transiciones no son nuestro objetivo; lo que pretendemos es hacer realidad las cuatro realidades, acallar los temores y unirnos en la búsqueda de soluciones comunes. En lugar de buscar culpables, lo que necesitamos es encontrar un punto medio. 
Harald Ettl (PSE ).
   – Señor Presidente, aunque el entendimiento mutuo resulta difícil en ocasiones debido a nuestras diferencias lingüísticas, es necesario que las comisiones parlamentarias de esta Cámara examinen los informes de la Comisión, los evalúen y los debatan. Esta cuestión es competencia de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, pero el debate y las preguntas sobre ella prejuzgan sus deliberaciones, y creo que deberíamos evitarlo; quizás existan razones para ello, pero creo que debemos evitarlo.
Permítanme decir en primer lugar que la Comunicación de la Comisión, que supuestamente debería contribuir a suprimir el período transitorio para la libre circulación de trabajadores, presenta en mi opinión deficiencias en su fondo y –por la forma en que nos ha sido presentada– carece todavía de solidez en términos económicos. Asimismo, los autores de la pregunta que nos ocupa no observan los hechos desde la perspectiva correcta cuando dicen que los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros se encuentran en desventaja respecto a los nacionales de terceros países. Lo cierto es que, en Alemania, los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros tienen un 3 % más de probabilidades de encontrar trabajo que los ciudadanos de terceros países. En Austria, esta diferencia alcanza nada menos que el 6 %. La ventaja de que gozan los ciudadanos de los diez nuevos Estados miembros es aún mayor en el Reino Unido e Irlanda. Y para ser precisos, los datos correspondientes a un único año desde la adhesión no pueden constituir una base creíble para hacer un pronóstico de los cambios a medio y largo plazo en el mercado de trabajo, como los que avanza la Comisión. 
Si consideramos el período al que se refiere la evaluación, la conclusión a la que llega la Comunicación, a saber, que la apertura del mercado laboral tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y el empleo, es simplemente errónea. In 2005, la UE de los 25 registró un crecimiento económico muy inferior al de 2004, en particular en el caso del Reino Unido, donde hubo un descenso del 1,4 % y en el que la inmigración fue diez veces superior a la prevista por el Gobierno británico. A diferencia de años anteriores, no se observó una marcada reducción del desempleo, por lo que pido a la Comisión que encargue lo antes posible un estudio sobre la migración de trabajadores y todos los efectos relacionados con ella, sin valoraciones.
Dicho estudio no solo beneficiaría a la Comisión, sino que permitiría proseguir con un diálogo racional. Me gustaría añadir que, aunque yo también deseo una pronta reducción de los períodos transitorios, serán necesarias medidas de acompañamiento eficaces en un marco adecuado y la revisión de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores, que serían beneficiosas para todos los interesados al disipar los temores e inquietudes de una parte y al permitir que ambas partes entablen un diálogo, pero debatir esta cuestión de esta manera me parece simplemente una equivocación. 
Danutė Budreikaitė (ALDE ).
   Han transcurrido dos años desde que se inició la última fase de la ampliación y la primera parte del periodo de transición de siete años está llegando a su fin. Los Estados miembros deben decidir si amplían o suprimen el periodo transitorio. El Reino Unido, Irlanda y Suecia abrieron sus mercados de inmediato, lo cual les benefició, a la vez que ha animado a los nuevos Estados a considerar su propia mano de obra desde una perspectiva algo distinta y a evaluarla mejor. El mercado de trabajo de la Unión de los 15 no se ha visto inundado por trabajadores procedentes de los nuevos Estados. La ampliación ha contribuido a la legalización de puestos de trabajo que antes eran ilegales. Ningún periodo de transición detendrá a una persona que desee marcharse. La libre circulación de las personas es el valor fundamental de la Comunidad Europea. El 26 de enero entró en vigor una directiva del Consejo por la que se autoriza a los ciudadanos de países terceros que hayan residido en la UE durante cinco años a circular libremente y trasladarse a cualquier país de la Unión para estudiar, trabajar o simplemente vivir allí. ¿Por qué adoptó el Consejo una directiva que discrimina a los nuevos países? ¿A qué se debe la enorme oposición a que se haga justicia? Alegra saber que Finlandia, España y Portugal se proponen dejar atrás el periodo de transición. Austria y Alemania iniciaron la introducción de dichos periodos transitorios. Los resultados de estos dos años demuestran que los nuevos Estados miembros no constituyen una amenaza. Insto encarecidamente a Austria y a los demás Estados a que abandonen el periodo de transición discriminatorio y esa actitud discriminatoria hacia los nuevos Estados miembros. 
Toomas Hendrik Ilves (PSE ). –
   Me gustaría plantear una cuestión más amplia: ¿Por qué consideran los nuevos Estados miembros que cada vez es más amplia la brecha que les separa de los antiguos Estados miembros?
Para empezar voy a referirme a la Directiva sobre los servicios. Se temía que los nuevos Estados miembros empezaran a ofrecer servicios de mejor calidad que los de los antiguos Estados miembros y que esto obstaculizara la aplicación de uno de los derechos fundamentales de Europa, que durante cincuenta años solo ha existido sobre el papel. Se tachó ofensivamente la circulación de servicios de «dúmping social» y se invocó al mítico fontanero polaco para atemorizar a los ciudadanos de los antiguos Estados miembros. Esa retórica humilló a los nuevos Estados miembros y generó en sus ciudadanos la impresión de que no eran seres humanos. Sin embargo, el conflicto no se planteaba entre las fuerzas de la derecha y las de la izquierda, y los antiguos Estados miembros no tardaron en alcanzar un compromiso: algunos defendieron a sus grandes empresas, mientras que otros protegieron a sus sindicatos. La Europa Oriental abrió, no obstante, sus mercados mucho antes de entrar a formar parte de la Unión Europea y, a resultas de ello, algunas grandes empresas de los antiguos Estados miembros han venido adquiriendo durante años empresas en Europa Oriental sin las limitaciones de una directiva sobre los servicios. Llegaron a nuestro mercado y lo compraron, pero cuando llegó nuestro turno, se nos cerró la puerta. Quienes sufren las consecuencias son las pequeñas empresas y los ciudadanos de los nuevos Estados miembros, así como los consumidores de los antiguos.
En segundo lugar, la restricción de la libre circulación de trabajadores convierte a los nuevos europeos en ciudadanos de segunda clase. Algunos ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a circular libremente, mientras que otros no pueden hacerlo, en función de su ciudadanía. El neoproteccionismo en el seno de la Unión limita los derechos civiles de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y a menudo recurre a una retórica xenófoba, como hemos visto en el caso del debate de la Directiva sobre los servicios. Aunque el mercado de trabajo esté cerrado, los antiguos Estados miembros llevan años contratando alegremente a los trabajadores que les faltan, por ejemplo médicos, enfermeras y especialistas en tecnologías de la información. No se les pasaría por la cabeza insultar a esos trabajadores colgándoles la etiqueta del dúmping, puesto que a menudo su contratación incluso se ha financiado con fondos públicos.
En tercer lugar, acabamos de asistir a la aplicación de una directiva que estipula que los nacionales de terceros países que hayan residido en un Estado miembro de la UE durante cinco años tienen derecho a circular libremente, pero los ciudadanos de los nuevos Estados miembros de la Unión carecen de ese derecho. ¿Qué conclusión podemos extraer de ello? Los ciudadanos de los nuevos Estados miembros no son de segunda clase, sino de tercera.
Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas se propone adoptar Europa para garantizar que ese proteccionismo intolerable y esa discriminación evidente no dividan a la Europa recién reunificada? 
Vladimír Maňka (PSE ). –
   Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, he leído con interés el informe de la Comisión del 8 de febrero que indica claramente que la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea ha tenido efectos positivos. Los trabajadores migrantes han contribuido a eliminar las deficiencias del mercado laboral, mediante el incremento de la mano de obra cualificada en la UE, la reducción del potencial de empleo ilegal y su aportación general a la mejora de la eficiencia en Europa. 
Hace un mes debatimos y aprobamos en primera lectura un informe sobre la apertura del mercado de los servicios en la Unión Europea. Me refiero a la Directiva sobre los servicios, porque esta puede llegar a afectar de cerca a la libre circulación de los trabajadores. Podríamos llegar a un momento crítico si, por un lado, se aplica la Directiva sobre los servicios y, por otro, un país sigue optando por coartar la libre circulación de los trabajadores. Esto impondría restricciones a la aspiración de los trabajadores a cambiar de empresa, aun en el caso de que ese cambio no solo les beneficiase a ellos, sino también al país de destino. Un país podría eliminar dicho riego anulando el periodo de transición.
Señorías, la libre circulación de trabajadores evidentemente no constituye en sí misma una solución para mantener el modelo social de un Estado determinado. Los modelos ineficaces resultan insostenibles dado el deterioro de los déficit de las haciendas públicas debido a la globalización, el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. La libre circulación de los trabajadores, sin embargo, no es, ni puede ser, el origen de estos problemas. La legislación europeo no puede imponer a los Estados miembros si deben cancelar o no los periodos transitorios. Estos deberían adoptar, en cambio, todas las medidas posibles para hacer frente a las verdaderas causas de sus problemas económicos. Entonces verán la libre circulación de trabajadores como una ventaja, en lugar de una amenaza. 
El Presidente.
   Queda cerrado este punto del orden del día.
Jules Maaten (ALDE ). –
   El Grupo del VVD en el Parlamento Europeo está a favor de que los «antiguos» Estados miembros levanten las restricciones que pesan sobre los trabajadores de los nuevos Estados. Todos los países europeos obtienen beneficios económicos de la apertura de sus fronteras. En los Países Bajos, por ejemplo, tenemos una escasez de mano de obra en los sectores metalúrgico, hortícola, agrícola y de servicios sanitarios. La política de apertura de las fronteras ha sido un éxito en el Reino Unido, Irlanda y Suecia. Si abrimos la puerta delantera, al menos podremos decidir a quién dejamos entrar, en lugar de intentar contener desesperadamente la entrada de ilegales por la puerta trasera. Ha quedado demostrado que esto es imposible, pues cada año podemos constatar que el trabajo estacional, en particular, lo desempeñan trabajadores ilegales. 

El Presidente.
   Declaro cerrado el periodo de sesiones 2005-2006 del Parlamento Europeo.
