Ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto «Turco» (debate)
Presidente
El siguiente punto del orden del día es el debate sobre:
la pregunta oral presentada por los señores Cappato y Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y por la señora Jäätteenmäki y el señor Botopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, al Consejo sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto "Turco" - B6-0470/2008), y
y la pregunta oral presentada por los señores Cappato y Cashman, en nombre de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y por la señora Jäätteenmäki y el señor Botopoulos, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la Comisión sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto "Turco" - B6-0471/2008).
Marco Cappato
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, nuestro colega el señor Turco, diputado en el anterior período parlamentario y hoy diputado radical al Parlamento italiano, presentó una solicitud -una solicitud que puede hacer cualquier ciudadano corriente- por la que pedía el acceso a documentos del Consejo en los que se estaban censurados los nombres de delegaciones nacionales que habían adoptado determinadas posturas durante el debate. El Consejo denegó dicha solicitud, así como el acceso a un dictamen jurídico.
En el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, que entretanto había obligado al Consejo a publicar la identidad de las delegaciones nacionales, se falló en contra del señor Turco y a favor del Consejo, con el fin de evitar una decisión del Tribunal de Justicia al respecto. Sin embargo, el recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia casó la decisión inicial.
El Tribunal indicó simplemente que el acceso a los documentos, en especial a aquellos que tuvieran implicaciones legislativas, debía ser obligatorio, porque el acceso a los documentos revestía carácter democrático y las excepciones debían interpretarse restrictivamente, pues ello iba claramente en interés público. El debate público y jurídico sobre los documentos aumenta la legitimidad de las instituciones y refuerza la confianza pública en ellas.
La pregunta que planteamos hoy es, en definitiva, la siguiente: ¿cómo pretenden la Comisión y las instituciones europeas aplicar esta sentencia? En otras palabras, ¿la utilizarán como una oportunidad para realizar una revisión profunda de los procedimientos que permita el acceso directo a los documentos?
Sé que estamos hablando de un ciudadano corriente, que es una petición que podía haber hecho cualquier ciudadano y no una reforma surgida de un debate institucional. Aun así, creo que es precisamente ahí donde reside la fuerza de la iniciativa del señor Turco, ya que pone de relieve que un asunto particular puede hacer mucho más que lo que permiten las iniciativas institucionales.
Debemos tener la máxima posibilidad de publicar estos documentos. La gente sabe, por ejemplo, que hoy, durante la conferencia de prensa de la Comisión Europea, se ha confirmado que la Comisión no ha solicitado aún información al Gobierno italiano sobre un asunto que el propio señor Turco planteó, en concreto la discriminación en la educación religiosa en Italia.
¿Cómo es que no se ha pedido esa información? Éste es un ejemplo concreto de los mecanismos en los que el funcionamiento de las instituciones europeas se hace inescrutable para los ciudadanos. Por consiguiente, debería usarse como una oportunidad para realizar una reforma radical del acceso a los documentos y de los procedimientos de publicación.
Anneli Jäätteenmäki
autora. - (FI) Señor Presidente, el proceso legislativo en los países democráticos es abierto y público. Los ciudadanos pueden conocer cómo han votado los miembros del Parlamento y qué motivos justifican una decisión. Por desgracia no ocurre así en la Unión Europea. No podemos jactarnos de que la Unión Europea sea democrática y abierta y de que nuestros ciudadanos tengan acceso a los documentos que constituyen la base de la legislación. De hecho, por esa razón hemos preguntado a la Comisión qué tiene previsto hacer en primer lugar para cambiar las normas y las prácticas a raíz de esta decisión judicial, para que se apliquen los principios de apertura, transparencia y democracia, y qué ha previsto hacer el Consejo para aplicar la apertura y la democracia y también para hacer visible la opinión nacional tras una decisión. Hasta que la opinión no sea abierta y pública, la población no será capaz de controlar lo que hacen quienes la representan. Ha llegado la hora de que, sin dilación, emprendamos acciones para garantizar que la Unión Europea pueda por fin decir, y a mucha honra, que tenemos democracia, apertura y transparencia legislativa.
(Aplausos)
Jean-Pierre Jouyet
Señor Presidente, señora Comisaria, señora Vicepresidenta, Señorías, sé el apego que sienten, sobre todo Señor Presidente, a las cuestiones de transparencia, y la Presidencia lo comparte. Es muy importante que nuestros ciudadanos puedan comprender cómo se toman las decisiones europeas que les afectan -como es el caso de la legislación europea- y, por supuesto, debemos progresar en este ámbito.
Acojo con satisfacción su pregunta, porque nos permite examinar este difícil tema del acceso público a los dictámenes jurídicos. Ése es el objeto de la sentencia, pero es nuestra política de transparencia en su conjunto la que debe evaluarse a la luz de dicha sentencia.
La sentencia Turco es importante porque es la primera vez que el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre los casos particulares, tal y como ya se ha dicho, de los dictámenes jurídicos y las condiciones de acceso del público a los mismos. En esta sentencia, el Tribunal recuerda la importancia de la transparencia y de la apertura del proceso legislativo para permitir una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. Asimismo, concluye que el Reglamento nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos impone una obligación de principio de divulgar los dictámenes de los servicios jurídicos de las instituciones emitidos en relación con el proceso legislativo.
Para responder a su pregunta, señor Cappato, el Consejo adoptó las medidas necesarias para reforzar esta sentencia del Tribunal a principios de julio de 2008. El Consejo ha ejecutado la sentencia y ha publicado el documento que había solicitado el señor Turco. Posteriormente, el Consejo decidió adaptar sus prácticas a la sentencia del Tribunal teniendo en cuenta este principio, tal y como disponía la decisión judicial.
Es cierto que hay excepciones -aunque fue el propio Tribunal el que las definió en el marco de esta sentencia-, y se refieren a los dictámenes que tienen un carácter especialmente sensible o, al contrario, que tienen un ámbito de aplicación demasiado amplio. De todos modos, como saben, las eventuales denegaciones del Consejo deben estar fundamentadas.
El Consejo ha recibido una serie de peticiones concretas en relación con los dictámenes jurídicos del Servicio Jurídico del Consejo y ha aplicado los principios del Tribunal. Dicho esto, no ignorarán que la divulgación pública de los dictámenes jurídicos internos de una institución puede afectar al interés legítimo de las instituciones de pedir y recibir dictámenes objetivos e independientes. Hay que encontrar un equilibrio entre ambos. Razón por la cual el legislador tenía especial interés en proteger, de manera explícita, el carácter confidencial de los dictámenes jurídicos, y es una exigencia que sigue presente en nuestro dictamen.
Más allá de estas respuestas demasiado técnicas -lo reconozco y de hecho pido disculpas por ello-, pero que son oficiales dado que las aporto en nombre de la Presidencia, aprovecho la ocasión para examinar la política de transparencia. Hay que distinguir varios aspectos de esta política. En primer lugar, en cuanto al acceso directo a los documentos de trabajo -que es el objeto de su pregunta-, puedo confirmar que el Consejo aplica íntegramente las disposiciones del artículo 12 del Reglamento nº 1049/2001 y el Anexo II del Reglamento interno del Consejo, que obliga a mantener un registro público y especifica las modalidades del acceso directo del público a los documentos del Consejo.
No quisiera aburrirlos con demasiadas cuestiones técnicas o cifras, pero es un hecho que las cifras son esclarecedoras, ya que el registro de puesta a disposición del público contiene referencias de más de un millón de documentos elaborados desde 1999. Sin duda me dirán: cantidad no significa calidad.
Me parece que lo importante es la legibilidad y la mediatización de las decisiones adoptadas por las instituciones. En este tema precisamente está trabajando la señora Wallström en el marco del procedimiento legislativo, y el acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" incluye compromisos generales en materia de transparencia. Ya se han adoptado medidas en aplicación de dicho acuerdo. Todas las deliberaciones del Consejo en el marco del procedimiento de codecisión están abiertas al público, y el Consejo celebra periódicamente debates públicos sobre las cuestiones importantes que afectan a los intereses de la Unión Europea y de sus ciudadanos.
Con el fin de mejorar el acceso del público a las deliberaciones, existe asimismo un sitio web del Consejo que ha creado enlaces de acceso a las retransmisiones en vídeo de las sesiones del Consejo, lo que, estarán de acuerdo conmigo, es un aspecto importante y especialmente apasionante.
Las Presidencias del Consejo tienen también su papel. Igual que los sitios web de las anteriores presidencias, la Presidencia francesa ha invertido mucho en su sitio http://www.ue2008.fr" , que es multilingüe y contiene un canal web de televisión con varias cadenas, parecido, me complace decir, al que ha puesto en marcha el Parlamento Europeo.
El tercer y último punto es que debemos estar capacitados para responder a las peticiones de información procedentes del público. Para ello, se ha creado un servicio público de información -y esto es lo que me parece más importante-, porque el ámbito en el que estamos peor equipados es, sin ninguna duda, el de la información práctica que damos al público. Y por eso los ciudadanos están inquietos, y con toda la razón, y se quejan de que el sistema es demasiado opaco. Y esto ocurre porque tenemos, o bien unos recursos deficientes, o bien unos sitios web que no están lo bastante coordinados y no permiten al público ponerse al corriente de la legislación. En este último punto es donde el Consejo quiere centrar su atención.
Éstos son los puntos que quería resaltar. La transparencia es fundamental. Hemos alcanzado un importante acuerdo en materia de comunicación con la Comisión y el Parlamento Europeo orientado a aumentar la transparencia, y creo que la negociación interinstitucional que hemos tenido con la señora Wallström y el Vicepresidente del Parlamento Europeo nos permite plantearnos un futuro con mejores condiciones.
Es una labor colectiva y ahora debemos darle todo su sentido. Sepan que tenemos una voluntad real de progresar en esta transparencia, en la política de información y de comunicación, sobre todo en la información práctica sobre legislación que debemos ofrecer a los ciudadanos. Para ello tenemos que hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías. Ya sé que es una preocupación compartida por el Parlamento, la Comisión y el Consejo.
Margot Wallström
Vicepresidenta de la Comisión. - Señor Presidente, quisiera dar las gracias a sus Señorías por sus preguntas.
Por supuesto, tal y como hemos escuchado, la sentencia Turco dictada por el Tribunal de Justicia es una decisión muy importante. La Comisión coincide plenamente con el Tribunal cuando recuerda la extrema importancia de un proceso legislativo abierto. No es necesario decir que respetaremos esta sentencia y la tendremos plenamente en cuenta en nuestra labor diaria.
Quiero ser lo más clara posible, pero tendré que ser más bien breve en mis respuestas a las cinco preguntas concretas que han planteado. La primera se refiere a un mejor proceso de legislación, a nuestras relaciones interinstitucionales y al Reglamento nº 1049/2001. La sentencia Turco se refiere al acceso a los documentos por parte del público. No hay un vínculo directo con nuestra cooperación interinstitucional. Para ello contamos con nuestro marco para una cooperación reforzada, que creo que funciona bastante bien. Nuestras dos instituciones cuentan con buenos resultados en el trabajo conjunto que han realizado en el proceso legislativo para lograr el objetivo denominado "Legislar mejor".
En cuanto a su segunda pregunta, relativa a la información accesible sobre las actuales consultas públicas, quisiera empezar mencionando la base de datos PreLex, como la conocemos en nuestra jerga. El objetivo de esta base de datos es permitir un acceso más fácil a los documentos prelegislativos mediante un único punto de acceso. En la práctica, es un portal que contiene enlaces a los documentos prelegislativos más importantes. La Oficina de Publicaciones Oficiales es quien maneja esta base de datos, que se basa en la información que proporciona la Comisión. Y, lo que es más importante, es directamente accesible al público en el servidor Europa.
En cuanto a las consultas públicas que lanza la Comisión, existe también un único punto de acceso en el servidor Europa. Ésa es su voz en Europa. Este sitio web permite acceder fácilmente a las consultas y ofrece información general sobre los diferentes procedimientos de consulta de la Comisión. Además, proporciona información general sobre las consultas abiertas y los documentos y cuestionarios de consulta relacionados. Asimismo, el punto de acceso facilita información sobre el seguimiento, como los informes de consulta y las contribuciones publicadas.
En cuanto a su tercera pregunta relativa al proyecto TRANS-JAI, me gustaría simplemente asegurarles que el libre acceso al sitio web TRANS-JAI con servidores dedicados, que recibe el nombre de "El público en directo", está previsto de aquí a marzo de 2010.
Esto me lleva a su cuarta pregunta sobre el principio de transparencia y el principio de buena administración. Por supuesto, estos principios están estrechamente entreverados. Tenemos el deber de ofrecer siempre la mayor cantidad posible de información al público. Especialmente en lo referente a los procedimientos que afectan a los ciudadanos y sus derechos y al funcionamiento de las instituciones, que, como todos sabemos, no siempre resulta fácil de comprender. El sitio web de la Comisión ofrece información sobre su organización y sus procedimientos, y contamos con un directorio de acceso sencillo, el "Quién es quién", que describe al personal y las diferentes Direcciones Generales de la Comisión.
Su última pregunta, la número 5, se centra en el registro público de documentos y en el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo en la reclamación "Statewatch". El 3 de junio de 2002 se puso en marcha un registro público de documentos, que sigue en funcionamiento desde esa fecha, tal y como requería el Reglamento nº 1049/2001. Desde entonces, la Comisión también ha puesto en marcha un registro exclusivo para los procedimientos de comitología y un registro de grupos de expertos. Estamos haciendo todo lo posible por modernizar nuestros sistemas de tecnologías de la información internos, pero, como saben, estas cosas desgraciadamente no pueden hacerse de un día para otro. Pero lo que está claro es que se trata de un trabajo constante. Tenemos permanentemente en cuenta la necesidad de aumentar el ámbito de este registro público.
Más concretamente, en relación con el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo en este caso, la Comisión le ha remitido, por supuesto, un dictamen pormenorizado. En dicho dictamen reconocemos que todavía debe aumentarse la cobertura de nuestros registros públicos y confirmamos nuestro compromiso de ampliar nuestros registros públicos en aras de una mayor transparencia. No pudimos compartir la opinión del Defensor del Pueblo en un punto. Concluyó que la Comisión debería -y cito textualmente- "incluir referencias a todos los documentos en el sentido del artículo 3, letra a) [...] en el registro". Comparto el objetivo y la aspiración de esta conclusión, pero por desgracia no es posible llevarla a cabo. Es sencillamente imposible reconciliar la definición amplia e imprecisa del término "documentos" contenida en la letra a) del artículo 3 del Reglamento nº 1049/2001 con un único registro público general. En cambio, debemos facilitar los enlaces o crear diversos puntos de acceso.
Y, por supuesto, podría mencionar que he facilitado el acceso directo a través de Internet al registro de mi propia correspondencia, y podría dar otros ejemplos de lo que puede hacerse proactivamente más allá de la legislación formal, como mejorar los registros, aumentar la facilidad de uso y la accesibilidad, llevar a cabo una divulgación activa y una publicación más rápida de los documentos. Pero todo esto no es nuestro tema de conversación de hoy. Estoy segura de que tendremos otras oportunidades para debatir a fondo estas importantes cuestiones.
Charlotte Cederschiöld
en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señor Presidente, una condición previa para la credibilidad y la legitimidad de la Unión Europea es un conjunto de normas de funcionamiento relativas a la transparencia y la protección de datos y de información.
La transparencia en el proceso de toma de decisiones es particularmente necesaria cuando se pone en entredicho la democracia europea. Los Estados miembros tienen experiencias diferentes. Un mayor intercambio de experiencias puede permitir una mejor administración de la Unión Europea, pero también de los Estados miembros. Hemos recorrido un largo camino desde 2001, cuando se adoptó la legislación de la Unión Europea en materia de transparencia.
La mayoría de los Estados miembros disponen ya de algún tipo de ley sobre libertad de información; Suecia y Finlandia desde 1776, y otros países, como Irlanda, desde hace solamente unos años. Requiere tiempo -y eso debe respetarse- encontrar una conducta y unas actitudes comunes. Una fórmula nacional no puede aplicarse a toda la Unión Europea. Las culturas son sumamente diversas. Un gobierno abierto es fundamental en una democracia representativa. El proceso en su totalidad se ve influido por el hecho de que la revolución digital está transformando nuestra sociedad en una sociedad de la información.
Un aspecto importante que debe ser objeto de un mayor desarrollo en el Reglamento nº 1049/2001 es el equilibrio entre la confidencialidad y la transparencia. Necesitamos un proceso de toma de decisiones abierto que respete el interés público, que es primordial, sin infringir el derecho de las instituciones o de las personas a la confidencialidad. La interpretación judicial de asuntos complejos, como los asuntos de competencia, no puede dejarse al criterio de la prensa sensacionalista.
La sentencia Turco puede contribuir al desarrollo de una mejor legislación. ¿Qué consecuencias prácticas extraerán la Comisión y el Consejo del asunto Turco?
Michael Cashman
en nombre del Grupo del PSE. - Señor Presidente, en mi calidad de ponente original del Reglamento nº 1049/2001, me parece que este debate es sumamente interesante. Lo que me extraña -puesto que sé que los oradores en el debate de esta tarde tienen un pleno compromiso de apertura y transparencia- es que el argumento en respuesta a por qué no se ha hecho lo suficiente sea: "Necesitamos más tiempo". Esto es inaceptable.
Únicamente el 30 % de la población europea tiene fe en la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque los ciudadanos se sienten totalmente desconectados de lo que se hace en su nombre. Y lo más curioso es que tenemos algo bueno que contarles. ¿Cómo es posible que sea necesario llevar a la institución a rastras ante los tribunales europeos para que haga lo que hay que hacer?
Tenemos que hacer algo más que dar simples explicaciones. Comisaria Wallström, sé que está tan exasperada y tan cansada de estas discusiones como yo, pero no basta con decir que necesitamos más tiempo. En realidad, tenemos que demostrar a nuestros ciudadanos que no solamente vamos a explicarles por qué hacemos lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y el asesoramiento jurídico en el que basamos nuestro funcionamiento. Porque, de lo contrario, distanciaremos a las personas del proyecto europeo.
Se ha argumentado esta tarde aquí que esto resulta imposible en relación con algunas cuestiones, invocando, por ejemplo, la definición imprecisa de "documentos". No es impreciso en absoluto. De hecho, está bastante bien definido. Quiere decir todos los documentos conservados, recibidos o elaborados por las tres instituciones o los organismos creados por ellas. Y el término "documentos" en sí mismo está claramente definido. Por lo tanto, vamos a tener el valor de mantener un registro abierto. No el laberinto que tenemos montado en este momento, en el que, cuando se entra en un registro, no se obtiene acceso a todos los demás registros o a todos los demás vínculos.
De momento hay ciudadanos que se adentran en el laberinto. Pero vamos a invitar a los ciudadanos a las tres instituciones y vamos a exponernos al examen de la opinión pública. Les aseguro que, hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer, en las elecciones de junio se votará a favor de los partidos extremistas que no son favorables a la Unión Europea ni a sus instituciones. El tiempo pasa muy deprisa. Actuemos ya. No es imposible.
Eva-Britt Svensson
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (SV) Señor Presidente, el Tribunal de Justicia ejerce un papel fundamental en el sistema de la Unión Europea y la facultad de interpretar las decisiones políticas. Cuando la legislación de la Unión Europea debe interpretarse, prevalece la decisión del Tribunal de Justicia, sin importar el objetivo de la legislación o las intenciones que la hayan motivado. Pudimos verlo en las sentencias Laval, Rüffert y otras. En esos asuntos, la decisión del Tribunal se emitió en contra de los trabajadores.
En el asunto Turco, en cambio, la decisión del Tribunal es positiva. Lo celebro, aunque mi pesimismo de base persiste por el hecho de que sea el Tribunal de Justicia quien disponga la política de la Unión Europea y tenga la última palabra en cualquier litigio.
En el asunto Turco acogí con agrado el hecho de que el Tribunal reconociera que el control del proceso legislativo por parte de los ciudadanos tenga absoluta prioridad. Es un paso en la buena dirección, pero lamentablemente debo decir que quedan todavía muchos pasos por dar para que la Unión Europea deje atrás sus herméticos métodos de funcionamiento en los que sólo quienes están dentro pueden ver el camino que hay que seguir. Es, en última instancia, una cuestión de democracia, de participación y de transparencia.
Es importante que se tenga en cuenta la sentencia Turco en la actual revisión del llamado Reglamento de acceso del público.
Costas Botopoulos
(EL) Señor Presidente, la sentencia Turco supone un importante avance en derecho y en democracia. Explica el concepto de interés público tal y como dispone el Reglamento nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos. Este concepto debe interpretarse en el sentido de que el derecho a un conocimiento más amplio de los hechos que motivan la toma de decisiones se considera más importante que el procedimiento interno por el que se toma una decisión, sobre el que es preponderante.
En otras palabras, con arreglo a la sentencia Turco, es fundamental que los ciudadanos no sólo sepan -como tienen derecho a saber- el modo de adopción o el motivo por el que se toma una decisión, sino que también deben conocer los documentos en los que se basa una decisión, por lo que dichos documentos deben ser objeto del máximo conocimiento posible.
Esto nos lleva a plantear la pregunta oral de hoy para pedir a los departamentos de la Comisión y del Consejo que tengan en cuenta esta decisión. Como ha dicho el Presidente en ejercicio del Consejo, vamos a interpretar el Reglamento nº 1049/2001 a la luz de esta nueva jurisprudencia.
Por supuesto, podrían plantearse algunos problemas en relación con lo que se conoce como secreto de documentos, especialmente en el caso de los dictámenes del Departamento Jurídico. De sobra lo sé, puesto que soy abogado. Pero no debemos decir nunca que tales documentos deberían conservar su carácter secreto por los posibles problemas que puedan plantear. Al revés, creo que deberíamos pedir un cambio radical en la cultura de transparencia. La transparencia significa equilibrio y respeto en el procedimiento, y no miedo al conocimiento.
Para terminar, permítanme una última observación: realmente debemos ser conscientes de la diferencia que existe entre lo que ocurre en la práctica en el Consejo y lo que ocurre en nuestra propia institución. En el Parlamento, el acceso a las sesiones y a los documentos es casi total. Creo que la sentencia Turco ofrece la oportunidad de poner al Consejo en línea con esto, también.
Mairead McGuinness
Señor Presidente, quisiera retomar el tema de la "desconexión" que acaba de plantear el señor Cashman. Sin duda en el debate sobre el Tratado de Lisboa que ha tenido lugar en Irlanda hubo una gran desconexión. Pero no debemos culparnos demasiado en este asunto, porque los Estados miembros poseen una gran capacidad para culpar a Europa de las cosas que les molestan, aunque hayan dado su consentimiento para las mismas. Creo que ha llegado la hora de que maduremos -todos nuestros políticos elegidos, los gobiernos, la oposición y todos en esta Cámara- y digamos la verdad.
Me ha desconcertado mucho leer en esta revista, publicada esta semana, cómo un miembro no elegido y no responsable, perteneciente a una elite adinerada, está atacando a la elite de Bruselas. ¡Qué caradura! Pero, hasta que no hagamos lo que dice el señor Cashman y les paremos los pies a él y a los de su calaña, las elecciones europeas de junio serán un desastre para la población de Europa, y ya es hora de que los que creemos en esto lo digamos alto y claro.
Anneli Jäätteenmäki
autora. - (FI) Señor Presidente, esta decisión judicial es importante y categórica. Pone claramente de relieve que el proceso legislativo de la Unión Europea debe llevarse a cabo bajo la observación democrática del pueblo y que proteger a las instituciones en el proceso de toma de decisiones tiene una importancia secundaria. El argumento es claro.
Con este telón de fondo, siento más bien decepción ante esas respuestas. Al escuchar la respuesta del Consejo, se ha insistido varias veces en que la transparencia y la apertura eran muy importantes, pero no mucho más. ¿Qué se ha hecho? La Comisión, entretanto, ha pedido más tiempo.
Encuentro que la actitud que las instituciones de la Unión Europea han adoptado hacia la decisión del Tribunal es muy interesante. ¿Qué habría pasado si los ciudadanos hubieran adoptado ante la sentencia la misma actitud que la Comisión y el Consejo y no hubieran hecho ningún caso de dicha decisión? Algo así, sencillamente, no ocurriría.
Marco Cappato
Señor Presidente, Señorías, la Presidencia del Consejo ha mencionado la cifra de un millón de documentos publicados. En lo que respecta al acceso a los documentos, debe haber calidad además de cantidad, pero no sólo calidad. Si vamos a ser francos, hay un problema con este tipo de documentos: los documentos de reunión o los documentos que acompañan al proceso de toma de decisiones.
Esto es lo que falta hoy. Les pondré un ejemplo: los documentos del Coreper I, que son tan difíciles de encontrar, o los documentos sobre política exterior, que se tratan como documentos diplomáticos, por lo que no figuran en los registros. Todos ellos son documentos de una importancia crucial para conocer el proceso de toma de decisiones.
Tan sólo les he dado un ejemplo en el breve plazo que tengo disponible. En vista de las respuestas que hemos recibido, creo que esto debería verse también más como una oportunidad que como un riesgo para el funcionamiento de las instituciones europeas.
Jean-Pierre Jouyet
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, lo que se deduce claramente de nuestro debate es que debemos reforzar tanto la transparencia como la comunicación, porque, como sus Señorías han señalado, existe realmente una incomprensión por parte de nuestros ciudadanos sobre el modo en que funciona Europa.
Una mayor transparencia y una mejor comunicación van de la mano. Como he dicho, en este sentido hemos firmado con la señora Wallström y el señor Vidal-Quadras un acuerdo político para comunicar mejor sobre el terreno. El señor Cappato y la señora Jääteenmäki tienen razón al decir que debemos ser más transparentes y explicar cómo funcionamos. Por eso el Consejo va a realizar un particular esfuerzo con las nuevas tecnologías.
Incluso después de leer los argumentos que me han aportado, estoy de acuerdo con el señor Cappato en cuanto al hecho de que no por ofrecer millones de documentos se está garantizando una mayor transparencia. Lo importante es aportar los documentos que se solicitan y documentos que sean de calidad. Los documentos del Coreper I que ha mencionado, por ejemplo, están disponibles, se publican en línea. No siempre lo han estado en tiempo oportuno, debido a una falta de medios tecnológicos. Ahora disponemos de esa tecnología y vamos a hacer lo posible por resolver el problema que menciona.
Para ser franco, también hay que buscar un equilibrio en relación con el fundamento jurídico, con lo que es la verdadera transparencia y con las deliberaciones, y hay una serie de deliberaciones. Hay una serie de deliberaciones, de cuestiones diplomáticas que son, efectivamente, bastante difíciles y en las que debe garantizarse la libertad de palabra, de expresión, de decisión. Tal vez les parezca demasiado conservador, pero creo que hay que procurar también mantener este equilibrio.
La Presidencia francesa ha emprendido la revisión del Reglamento nº 1049/2001 y hay que actuar deprisa. El señor Cashman tiene toda la razón en este sentido, y estamos actuando con celeridad gracias a su ayuda y cooperación, y esperamos progresar rápidamente de aquí al final de la Presidencia francesa.
Como he dicho, debemos tener cuidado, dar prioridad, como ha destacado el señor Cappato, a la calidad respecto de la cantidad, porque un exceso de información acaba con la información. Los ciudadanos se ven confrontados al problema de seleccionar la información. Y esto se da en el ámbito europeo. Debemos ser capaces de ayudar libremente a los ciudadanos a hacer esa criba.
¿Qué significa esto? Significa, tal y como he indicado en mi presentación, hacer que el ciudadano esté perfectamente al tanto de la información práctica, de sus derechos, de los resultados de las decisiones, de la manera en que estas se adoptan, del fundamento jurídico y, en este sentido, es cierto que atenemos que pensar en los medios con los que cuenta el Consejo.
Dentro de la Comisión, creo que ustedes se enfrentan a la misma situación cuando, por ejemplo, tienen que explicar el fundamento jurídico sobre el que se toman las decisiones que afectan, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, pero no tienen, en los Estados miembros o en las instituciones, más que una o dos personas capaces de responder a esas preguntas y dichas personas están de vacaciones. Pues bien, el resultado es que los ciudadanos o las empresas tienen que esperar dos o tres meses para recibir una respuesta. A mí esto me parece tan grave como el acceso a los documentos oficiales.
Por último, hay que dar un sentido político a nuestros debates. En concreto, en este momento en que se están preparando las elecciones europeas, sé que el Parlamento Europeo mantiene un pleno compromiso en este sentido, y que puede contar con la Presidencia francesa para lograr que este deber de transparencia, este deber de explicación, esta obligación también práctica y concreta, se aplique, porque, si no lo hacemos, y en esto coincido con el señor Cashman, serán los extremistas quienes avanzarán en las próximas elecciones, y no es eso lo que queremos.
Margot Wallström
Vicepresidenta de la Comisión. - Señor Presidente, en primer lugar, la Comisión también respetará y aplicará la sentencia Turco, por supuesto. La sentencia del Tribunal dijo en realidad que en este caso el Consejo estaba equivocado y que el Consejo debe corregir sus procedimientos, y estoy segura de que el Consejo cumplirá la sentencia.
Este es el punto de partida de este debate. No obstante, se ha mezclado en parte con el debate que hemos tenido sobre el Reglamento nº 1049/2001. La sentencia Turco es una cosa, y luego está el Reglamento nº 1049/2001. Como saben, hemos presentado una propuesta y estamos en proceso de revisión del Reglamento nº 1049/2001 y de cómo debe, en última instancia, diseñarse dicho Reglamento.
Me parece que también debe de haber alguna confusión sobre lo que he dicho. Yo no he pedido más tiempo. Estaba explicando el hecho de que la modernización de nuestras herramientas de tecnologías de la información debe llevarse a cabo de manera continua, y eso no puede cumplirse de la noche a la mañana. Ya tenemos un registro. Estamos completando ese registro en una serie de aspectos, como el procedimiento de comitología y todos los grupos de expertos. Sin embargo -y he sido muy sincera al tratar de responder las cinco preguntas-, no estoy convencida de que lo mejor sea disponer de un único registro. Es como tener una sola guía telefónica para toda Europa en vez de intentar disponer de diferentes guías nacionales.
¿Están seguros de que es mejor tener una única guía de teléfonos para toda Europa que disponer de diferentes puntos de acceso? Porque la definición que ha pedido hoy en su pregunta concreta es la definición que consta en un párrafo determinado, que también incluye la forma audiovisual. Es una definición muy extensa. ¿Están seguros de que será útil para los ciudadanos disponer de un enorme punto de acceso para todo esto?
Vamos a debatirlo, pero no estoy segura de que haya una solución tan sencilla como ésa. Por eso no comparto esta opinión. Modernizar nuestras herramientas en este ámbito es una cosa permanente que debemos debatir de manera constante, porque las cosas ocurren con mucha rapidez. Pero parece que compartimos los mismos objetivos de apertura, transparencia y acceso a los documentos. Ése es el punto de partida y es por lo que seguiremos luchando, y, por descontado, aplicaremos la sentencia Turco.
En esta cuestión específica en la que mencionado que tenemos como fecha objetivo el año 2010, se trataba de un objetivo concreto y les estaba dando la fecha del mismo. Pero en general no pedimos ni deberíamos pedir más tiempo. Es algo que tenemos que hacer día a día: ofrecer más apertura, más transparencia, para servir a los ciudadanos, porque necesitan saber, y debe formar parte de la cultura y de la actitud de todas las instituciones.
Yo he sido capaz de aplaudir, junto con sus colegas diputados, su acertada intervención, señor Cashman, porque contiene el punto de partida de lo que hace falta hoy: abrirse y crear acceso. Creo que abrir nuestras deliberaciones también ayudará a los ciudadanos a formarse su propia opinión de lo que ocurre y de por qué tratamos puntos tan importantes en nuestro programa.
Presidente
Se cierra el debate.
