Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 16 de mayo de 1997.

Aprobación del Acta
El Presidente
Se ha distribuido el acta de la sesión anterior.
¿Hay alguna observación?

Marset Campos
Señor Presidente, lamento tener que protestar de nuevo ante el Pleno -ya que tuve que hacerlo también la vez pasada en Estrasburgo- por la quema, ayer, de un camión murciano en Montpellier, cargado con chicle para Rusia.
Lo que está pasando es muy grave, y le agradezco su intervención para que se restablezca la libertad en el tráfico de mercancías.

El Presidente
Gracias, señor Marset, tomamos nota de esta protesta y evidentemente será trasladada de inmediato.

Macartney
Señor Presidente, el primer punto del orden del día es una comunicación de la Comisión sobre cuestiones políticas urgentes y de especial importancia. Deseo plantear una cuestión que ha sido excluida de nuestro orden del día, a saber, el tema del dumping de salmón noruego y de las subvenciones al salmón. Los noruegos han sido declarados culpables y la sanción se hará pública esta misma semana. Quiero que el Comisario nos informe de lo que está sucediendo. No hemos oído nada. Al parecer algunas comisiones de esta Asamblea están capacitadas para incluir determinados asuntos en el orden del día bajo este punto, mientras que los diputados no podemos hacerlo.

El Presidente
Señor Macartney, usted sabe perfectamente cuáles son los medios que prevé el Reglamento para plantear esas cuestiones.

Andrews
Señor Presidente, como recordará, desde las pasadas Navidades, esta Asamblea ha mostrado especial interés por el caso de Roisín McAliskey, que fue encarcelada en la prisión de Holloway en Inglaterra. Recientemente ha dado a luz a una niña y se encuentra en libertad provisional bajo fianza. A raíz de la visita que le hizo la Sra. d'Ancona a título personal, quisiera pedirle, señor Presidente, que interceda ante el nuevo Secretario de Estado británico para que le conceda la libertad bajo fianza con el fin de que pueda regresar a casa con su hija, como muestra de la compasión que Tony Blair y los Socialistas prometieron en este caso concreto durante la campaña electoral.

El Presidente
Señor Andrews, es otro el momento y el modo de manifestar sus opiniones al respecto. Repito que ahora se trata de saber si hay alguna observación al acta de la sesión anterior.

Killilea
Señor Presidente, sobre una cuestión de orden. A propósito de lo que ha dicho el Sr. Macartney relativo al salmón noruego y teniendo en cuenta las graves implicaciones del caso para toda la UE, ¿podría explicarme cómo podemos, en calidad de diputados, plantear este asunto y hacer sonar la alarma en esta Asamblea. ¿Qué artículo debemos aplicar? ¿Cómo debemos proceder?

El Presidente
Señor Killilea, usted es un parlamentario veterano y sabe los distintos métodos reglamentarios para plantear estas cuestiones, pero ciertamente no es como cuestión de orden en este momento.
Por lo tanto, yo no soy quién para decirle a usted qué cauce debe utilizar. Usted los conoce suficientemente.
(El Acta queda aprobada)

Orden del día
El Presidente
El Consejo nos ha comunicado que, debido a otros compromisos, sólo podrá estar presente hoy a partir de las 17.00 horas.
En estas condiciones me veo en la necesidad de proponerles que comencemos a las 16.00 horas con el debate conjunto de los dos informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, el del señor Christodoulou y el de la señora Randzio-Plath. A las 17.00 se interrumpiría este debate conjunto con el fin de proceder al debate sobre la reunión del Consejo Europeo del 23 de mayo último y el debate sobre asuntos económicos se reanudará después de que concluya al relativo a la reunión del Consejo Europeo, es decir entre las 18.00 y las 18.30 horas.
Pregunto a la Asamblea si tiene alguna objeción a la modificación del orden del día que acabo de proponer.
(El Parlamento da su acuerdo)

El Presidente
Los Grupos de Unión por Europa y del Partido Popular Europeo han solicitado, de conformidad con el artículo 131 del Reglamento, el aplazamiento a la sesión de junio II del informe del Sr. Tomlinson, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento y sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Defensor del Pueblo para el ejercicio 1998. Aunque estos Grupos podrían haber presentado su solicitud en el momento de iniciarse el debate, me ha parecido más correcto que la examinemos en este momento, cuando la asistencia es mayor en el hemiciclo.
Por tanto, doy la palabra a la Sra. Oomen-Ruijten para justificar esta solicitud.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, sobre la base del artículo 96 del Reglamento quisiera hacer una propuesta y pedirle que retire el informe Tomlinson del orden del día de hoy para incluirlo en el período parcial de sesiones de junio II. ¿Por qué lo hacemos? Tengo entendido que el Sr. Pasty ha presentado la misma solicitud. Lo hacemos porque trata algunas cuestiones muy delicadas, votadas en la Comisión de Presupuestos; cuestiones que sabemos son aprobadas siempre en el Parlamento por mayorías muy exiguas. En lo que respecta a las cuestiones delicadas, nuestros Grupos no están del todo satisfechos con el resultado de la votación en la Comisión de Presupuestos.
Mencionaré unos cuantos ejemplos. El régimen de financiación de los partidos políticos. Tenía entendido que entre los Presidentes de Grupo se había llegado a algunos acuerdos que, por desgracia, no se han incluido en el informe Tomlinson y sobre los cuales, tanto los Presidentes de Grupo como los propios Grupos, deseamos tener ocasión de hablar extensamente.
Por supuesto, también está la propuesta para las sesiones de Estrasburgo. Admitámoslo. También esa propuesta es muy delicada.
Una tercera cuestión que también hemos de implicar es una carta que nos ha enviado a todos el Comité de Personal en que se dice que las propuestas hechas por la Comisión de Presupuestos en el marco de las condiciones laborales secundarias pueden tener enormes consecuencias para el personal. Por lo menos hemos de tener ocasión de debatirlo en nuestros Grupos.
Además constato que, hoy, la Mesa del Parlamento no ha votado, por la razón que sea. No se ha tenido ocasión de hacerlo. Asimismo constato que no se coordina suficientemente el conjunto de propuestas en todo caso con la dirección por parte de nuestros Grupos. Por ello, yo y mi Grupo tenemos motivos, también teniendo en cuenta la ausencia de muchos colegas franceses y diversos colegas irlandeses, para pedirle que aplace este informe hasta el segundo período parcial de sesiones de junio.

Fabre-Aubrespy
Señor Presidente, quisiera, en nombre de mi grupo, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones, apoyar la solicitud presentada conjuntamente por el Grupo del PPE y el Grupo UPE.
A las razones mencionadas por la Sra. Oomen-Ruijten añadiré que los textos presupuestarios se discuten normalmente en los períodos parciales de sesiones en Estrasburgo. A través de los informes de orientación presupuestaria o de estado de previsiones, se pretende claramente que se discutan aquí en Bruselas.
A los argumentos enunciados aquí, creo que hay que añadir el hecho de que, al tener que pronunciarse la Conferencia Intergubernamental sobre la cuestión de la sede, conviene no presumir lo que se va a decidir y continuar debatiendo las cuestiones presupuestarias en la Asamblea de Estrasburgo.
Por todo ello, el Grupo de Independientes por la Europa de las Naciones apoya totalmente la solicitud de retirada del orden del día del informe del Sr. Tomlinson.

Wynn
Señor Presidente, como sin duda podrá suponer, me declaro contrario a la propuesta de la Sra. Oomen-Ruijten. Las alegaciones de la diputada son bastante ilegítimas. Este asunto fue incluido en el orden del día hace ya bastante tiempo. Fue aprobado en la Comisión de Presupuestos por una mayoría muy considerable. En aquel momento no existía ningún problema. Hemos descubierto que había un problema a las 12.30 horas del día de hoy. Ésa no es la manera de proceder de la Asamblea.
(Aplausos del Grupo PSE) En cuanto a los problemas, los aspectos espinosos sobre los que habla la Sra. Oomen-Ruijten, seguirán existiendo en junio. Deseo proponer que mantengamos el informe en nuestro orden del día. Si el informe contiene algunos aspectos con los que la diputada no está de acuerdo, su Grupo puede votar en contra de los mismos en su momento, con lo que quedaría resuelto el problema.
(Aplausos del Grupo PSE)
El Presidente
Someto a votación la solicitud de aplazamiento del informe Tomlinson.
(El Parlamento aprueba la solicitud)

Asuntos políticos urgentes
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a la comunicación de la Comisión sobre cuestiones políticas y de especial importancia.
Informo a sus Señorías que se tratará de dos temas: en primer lugar, de la situación en la República Democrática del Congo y, en segundo lugar, de las relaciones Turquía-Iraq.
Situación en la República Democrática del Congo
Pinheiro
Con el cambio de poder en Kinshasa ha llegado el momento de retomar la imagen más amplia de la región de los Grandes Lagos y de África Central, habida cuenta de que ninguna de las numerosas crisis de la región ha quedado resuelta de manera definitiva. Existe una continuada interdependencia de la inestabilidad política, originada por los desplazamientos de la población, las alianzas transfronterizas y un modelo étnico que traspasa las fronteras nacionales. Sigue prevaleciendo un temible potencial de que se produzcan nuevos enfrentamientos violentos y desastres humanitarios en la nueva República Democrática del Congo y en sus nueve países vecinos.
El vacío de poder originado por el debilitamiento de la alianza permitió a los rebeldes emprender una asombrosa campaña militar, pero dejó a la alianza con una serie de nuevos reclutas de escasa formación y poco disciplinados, y con un puñado de contingentes prácticamente incontrolados de unas características étnicas específicas como los Banyamulenge , históricamente independientes, que pasaron a ocupar el vacío dejado por los denominados gendarmes Katangais .
Los fuertes contrastes de los compromisos humanitarios de Kabila, por un lado, y las continuas persecuciones de los refugiados de Ruanda y el hostigamiento al que se vieron sometidos los colaboradores humanitarios internacionales, por otro, muestran una clara falta de cohesión o de comunicación en el seno de la alianza, sobre todo entre los altos dirigentes políticos y los comandantes militares locales. En la actual fase crucial de reorganización política de la República Democrática del Congo, esta falta de control sobre las fuerzas armadas puede dar lugar a serias dificultades.
Además, la extensión del conflicto del Zaire a países vecinos podría tener consecuencias a largo plazo, especialmente en Congo-Brazzaville y la República Centroafricana, donde la llegada de los antiguos soldados ruandeses amenaza con romper el precario equilibrio político y militar. En Congo-Brazzaville podría además hacer peligrar las próximas elecciones presidenciales si los «refugiados armados» procedentes de Ruanda y del antiguo Zaire desencadenan una campaña violenta entre los principales candidatos. En Angola, el posible regreso de los «mercenarios» del MPLA o de UNITA pueden poner en peligro el proceso de paz que ya se vio abortado anteriormente en otra ocasión por la escalada de violencia desatada a raíz de las elecciones de 1992.
En lo que respecta a Sudán, el desmantelamiento de las bases de retaguardia de los movimientos de la oposición anti-Museveni en la región oriental del antiguo Zaire ha proporcionado al ejército ugandés y a sus aliados del Sur de Sudán una ventaja estratégica que puede dar lugar a una lucha intensa y a una creciente presión sobre el régimen de Jartum. O sea que este conflicto, que se ha estado cociendo durante varias décadas, podría entrar en una fase decisiva y provocar cambios geopolíticos inesperados.
En Ruanda, las filtraciones a través de la frontera al abrigo de la repatriación de los refugiados han originado una situación de inseguridad generalizada. En algunas regiones próximas a la frontera congolesa se producen a diario enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y grupos de guerrilla fuertemente armados. Si la situación continúa deteriorándose, podría desembocar en una situación de guerra étnica moderada como en el caso de Burundi. Un elemento nuevo y preocupante es la anunciada alianza entre las milicias babembe y la oposición armada de Burundi, la CNDD, de Kivu del Sur. Obedece al declarado objetivo ideológico de los autores del genocidio ruandés y sus simpatizantes burundeses, lo que equivale al lanzamiento de una campaña militar regional de la población «bantú» de los Grandes Lagos contra los presuntos invasores «camíticos». En vista de la crítica presión demográfica que existe en la región, la combinación de esta ideología genocida y del aumento de la militarización de la sociedad crea una mezcla política explosiva.
En la nueva República Democrática del Congo, Laurent Kabila anunció la formación de un nuevo gobierno dentro de un marco presidencial. Habíamos esperado un gobierno de una base amplia, que incluyera a todas las principales fuerzas políticas, del que presumiblemente quedarían excluidos los denominados mobutianos. El hecho de que se haya dejado fuera a uno de los principales líderes de la oposición a Mobutu, Etienne Tshisekedi, a pesar de los buenos argumentos presentados, ha sido considerado por muchos como contraproducente. El hecho de que el Sr. Kabila prometiera elaborar una nueva Constitución y celebrar elecciones en el plazo de dos años es perfectamente comprensible, teniendo en cuenta que la suya es una organización disgregada y que hace falta tiempo para estabilizar el país, para organizarlo, dotarlo de un gobierno y para poder celebrar, por fin, unas elecciones libres y justas. Es mejor esperar y celebrar un buen proceso electoral, que precipitarse y celebrar un proceso electoral injusto y corrupto.
Permítanme que concluya diciendo que sentimos una profunda preocupación por la situación humanitaria en la región, debido principalmente a que la falta de comunicación entre el jefe de la alianza y algunos de los comandantes militares en el campo ha provocado matanzas de refugiados desarmados. Eso es absolutamente inadmisible y la Unión Europea así lo ha manifestado con toda claridad, no sólo en su comunicado, sino también con ocasión de la reunión mantenida recientemente entre nuestros enviados y el ministro de Exteriores de Laurent Kabila.

El Presidente
Muchas gracias, señor Pinheiro.
Tiene la palabra el señor Robles Piquer.

Robles Piquer
Señor Presidente, quería preguntarle al señor Comisario si esta explicación, tan razonable y equilibrada, que nos ha dado ha sido suficientemente transmitida al Consejo. Porque creo que es escandaloso que el Consejo esté hoy ausente, y creo que ese escándalo no hace más que reflejar el escándalo mismo de la ausencia europea en el desarrollo del drama centro-africano.
Y me gustaría saber si se transmitieron con la suficiente convicción y fuerza estos mismos argumentos y esta descripción de una situación realmente dramática para que, por parte del Consejo como órgano competente para ello, se hubieran tomado en su momento las medidas apropiadas. Porque parece haber existido un claro vacío europeo y, una vez más, este vacío ha sido ocupado por la iniciativa norteamericana.

Pinheiro
Quisiera mencionar la declaración hecha el día 22 de mayo por la Presidencia en nombre de la Unión Europea y en la que figuran muchos de esos elementos. Quisiera también subrayar que ayer una «troika» europea se entrevistó con el Ministro de Asuntos Exteriores de la Nueva República Democrática del Congo y que el mensaje estuvo exactamente en consonancia con lo que acabo de transmitir.
Quisiera añadir también, para información de esta Asamblea, que esta tarde he tenido ocasión de debatir con el Presidente Julius Nyerere la situación en los Grandes Lagos y que también la Comisión ha celebrado hoy una reunión de dos horas con el Presidente Nyerere para escuchar su consejo avisado y experto de hombre conocedor de la región.

Andrews
¿Qué medidas ha adoptado, señor Comisario, para congelar los fondos que el Sr. Mobutu aún posee en los Estados miembros? ¿Piensa la Comisión emprender acción legal en dichos Estados miembros para intentar recuperar los bienes que fueron robados a ese país para que puedan ser utilizados en la reconstrucción de la nueva República Democrática del Congo? Quisiera pedirle también que la Comisión tome nota del hecho de que la sociedad europea acogería al Sr. Mobutu del mismo modo que acogería al mayor criminal. No se le debe conceder asilo en la Unión Europea bajo ningún concepto.

Pinheiro
Me temo que la Comisión no está facultada para hacer eso. Personalmente, estoy completamente de acuerdo con sus sentimientos.

Kinnock, Glenys
Quisiera dirigir dos preguntas al Sr. Comisario. ¿No se siente alentado por el hecho de que el eje de gobiernos africanos que se ha constituido y que, en estos momentos, está encabezado por Uganda, comparta planteamientos políticos, económicos y militares similares a los de la región de los Grandes Lagos y a los problemas que usted ha descrito? ¿Qué sistema sería el más idóneo, en opinión de la Comisión, para tratar con este eje?
En segundo lugar, ¿tiene conocimiento, señor Comisario, de que el Presidente Mandela ha instado a Occidente a no condenar la acción de Kabila en Kinshasa y que ha insistido en que sería suicida que Occidente propusiera, por ejemplo, la creación de partidos políticos en Zaire en estos momentos? ¿Tiene previsto, señor Comisario, seguir los consejos del Presidente Mandela y reconocer que no es acertado que Occidente dé demasiados consejos al Sr. Kabila en unos momentos en que éste intenta restablecer la ley y el orden en aquel país?

Pinheiro
Debemos reconocer que en el antiguo Zaire existían más de 100 partidos políticos y que eso no contribuyó a la democracia. Por ello, me inclino a favor del Presidente Mandela y del Presidente Nyerere cuando afirman que la prioridad absoluta es el restablecimiento de la ley y el orden y la estabilización. Pero, dicho esto, debemos asegurarnos de que no escapamos de un dictador para entrar en un sistema autocrático.
Por consiguiente, es muy importante que se establezca cuanto antes un calendario claro de compromiso con el proceso constitucional y la celebración de unas elecciones libres y justas. Consideramos que dos años es el plazo máximo para ello, y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades de aquel país para garantizar que se cumplan en su momento todas las condiciones necesarias para la celebración de unas elecciones libres y justas.

Fassa
Señor Comisario, Laurent Kabila ha logrado instaurar el nuevo poder en la República Democrática del Congo, en particular gracias al apoyo decisivo de los Estados Unidos. ¿Existen iniciativas de la Comisión para concertar su acción con la estadounidense, o para oponerse a ella en caso de que resultara un obstáculo para ese proceso de democratización real y no nominal del Congo que todos quisiéramos y que, como usted mismo admite -creo comprender-, puede que no se produzca?

Pinheiro
El papel desempeñado por los Estados Unidos en todas las distintas fases de la situación que precedió a la toma del poder por parte de Kabila no ha sido evaluado en todo su alcance. Mi opinión personal es que nuestros socios del otro lado del Atlántico ayudaron a liberar al genio de la botella y después intentaron volverlo a encerrar. Pero no lo lograron. La campaña no tuvo éxito. Como he dicho en mi declaración, Laurent Kabila se vio impulsado hacia el poder por el vacío que se produjo en el antiguo Zaire.
Dicho esto, me he mantenido en contacto con los Estados Unidos para saber cómo ven ellos la situación y cuál es la mejor forma de cooperar para conseguir restablecer la ley, el orden y la democracia en aquel país. La Unión Europea ya ha manifestado su parecer y su intención de contribuir a la rehabilitación y la reconstrucción de la nueva República Democrática del Congo. Pero no nos engañemos. Hay una serie de requisitos previos que deberán cumplirse. No estoy dispuesto a firmar un cheque en blanco.

Aelvoet
Señor Comisario, hace unos días su colega, la Sra. Bonino, declaró que las organizaciones humanitarias seguían sin tener acceso a diversos lugares en Kivu donde había problemas. ¿Ha habido alguna evolución en este ámbito hasta el día de hoy?
En segundo lugar, ha señalado usted la necesidad de restablecer la ley y el orden, y tiene usted toda la razón. Claro está que al hacerlo hemos de tener en cuenta que si hay problemas -y estos ya surgieron en Kivu, donde la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos ya ha reaccionado ante una serie de situaciones- tiene que seguir siendo posible reaccionar si no se respetan los derechos humanos. ¿Qué instrumentos prevé la Comisión Europea en este ámbito?

Pinheiro
El único motivo por el que no entré en detalles sobre la situación humanitaria es que ya había sobrepasado en tres minutos mi tiempo de intervención. Pero Emma Bonino estaba absolutamente en lo cierto al calificar el problema humanitario de dramático. No estamos exagerando. El número de refugiados y de personas desplazadas, tanto en Tanzania como en el Sur del Zaire o en los países vecinos, supera como mínimo las 600.000 personas. Estamos hablando de un número equivalente a la población de Bruselas, o sea que es una situación dramática. Nos sentimos muy decepcionados cuando los altos mandos militares de la zona se negaron a que el Centro para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras agencias enviaran una misión de reconocimiento de las necesidades humanitarias, debido a que el carácter de las condiciones impuestas impedían su aprobación.
En base a los contactos que hemos mantenido con nuestro enviado especial, que ayer se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, parece ser que se han superado las dificultades iniciales, y esperamos que en un futuro muy próximo se lleve a cabo la misión de reconocimiento de la situación humanitaria y de las necesidades existentes para responder a las mismas con rapidez en el interior de la República Democrática del Congo.

Plumb, the Lord
La ayuda financiera a toda la región de los Grandes Lagos durante los últimos años ha sido muy cuantiosa. Habida cuenta del cambio que se ha producido y de que la mayor parte de los fondos fueron destinados a los campos de refugiados durante ese período, quisiera preguntarle, señor Comisario, ¿cuál será, en su opinión, la tendencia que se seguirá en el futuro y a qué sectores se destinará la ayuda financiera?

Pinheiro
Algunos programas han continuado, por ejemplo, los de ayuda humanitaria o los programas de salud. Han seguido adelante a pesar de las dificultades por las que ha atravesado el antiguo Zaire. Nuestra intención ahora, como expliqué a esta Asamblea hace algún tiempo, es que una vez restablecidas la paz y la estabilidad, la Comisión estará dispuesta a aplicar el plan global de reconstrucción y rehabilitación de la región de los Grandes Lagos. Nuestra intención es proporcionar un plan coherente que permita hacer frente a las necesidades de esa región.
Mientras tanto, hemos hecho saber a nuestro enviado especial y al Consejo, y ahora manifestamos a esta Asamblea, que estamos dispuestos a movilizar 90 millones de ecus para ayudar a cubrir las necesidades inmediatas de la República Democrática del Congo, siempre que se cumplan las condiciones a las que me refería hace un momento. Espero sinceramente que todo esto se aclare antes del verano. Las necesidades son acuciantes y no podemos seguir los procedimientos normales para asignar y desembolsar esos fondos.

Katiforis
Señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario si intentará promover en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial una investigación sobre el escándalo de los préstamos concedidos a Mobutu. Se hicieron con pleno conocimiento de los responsables de que iban a ser malversados, porque había informes sobre el tema en cuestión desde 1988. A pesar de todo, las organizaciones internacionales no sólo siguieron concediéndole esos préstamos, sino que incluso los aumentaron.
Creo que es legítimo iniciar una investigación de este tipo, puesto que también ha sido dinero de los contribuyentes europeos el que se regaló al Sr. Mobutu para sus fraudes.

Pinheiro
Quisiera hacer hincapié en el hecho de que la Comisión no está representada en el Banco Mundial ni en el FMI, aunque sí lo están los Estados miembros. Espero, por tanto, que nuestros Estados miembros actúen conforme a su sugerencia, porque los acontecimientos pasados deben servirnos de lección para el futuro; me refiero a los préstamos. Y no estoy pensando sólo en los dictadores, sino también en países fuertemente endeudados que no tienen ninguna posibilidad de saldar sus deudas en la forma habitual.

Vecchi
Creo comprender, señor Comisario -y quisiera que me lo confirmara- que la línea que usted ha expuesto se basa en una consideración y en dos condiciones. La consideración es la siguiente: evidentemente, en una situación como ésta, en la que, con respecto al antiguo Zaire, ahora República Democrática del Congo, se perfila la presencia política clara y evidente -mencionada también aquí- por parte de una gran potencia, hay que evitar que Europa se quede fuera del juego y, en cierto modo, del sistema de relaciones que ese país y su nuevo gobierno construirán en el futuro. Las dos condiciones puestas -con las que estoy de acuerdo, pero sobre las que le pido confirmación, señor Comisario- son: en primer lugar, el inicio del proceso de democratización -más allá del momento en el que se celebren las elecciones- tiene que ser muy claro, por lo que, para mantener el orden y la ley, no hay ninguna necesidad de prohibir la actividad política ni los partidos políticos; en segundo lugar, la necesidad de que se resuelva inmediatamente el problema del acceso a las zonas en las que están presentes los refugiados, y la necesidad, evidentemente, de que se arroje luz sobre las masacres.
Me parece que el panorama es éste, señor Comisario.

Pinheiro
Aparte del hecho de que no menciona la idea de tener un gobierno de una base amplia, su Señoría ha expuesto la situación mucho mejor que yo.

Maij-Weggen
Señor Presidente, se acaba de mencionar el modo en que el régimen de Mobutu ha malversado dinero procedente, entre otros, de los presupuestos de cooperación al desarrollo. ¿Está dispuesta la Comisión a averiguar cuántos recursos de los presupuestos europeos para el desarrollo han desaparecido en Zaire? En caso necesario, ¿está dispuesta la Comisión a participar en un proceso contra Mobutu para recuperar ese dinero de los enormes fondos que por lo visto tiene depositados en un banco en Suiza y en otros países para que vuelva a estar a disposición de la población de Zaire?

Pinheiro
Permítame que repita -porque es importante que la Asamblea lo sepa- que prácticamente no se ha detectado ningún caso de corrupción en relación con la cooperación de la Comisión. Los fondos son utilizados para pagar los servicios prestados o los trabajos o proyectos realizados, pero no se ingresan en las cuentas de los beneficiarios. En aquellos casos en que eso sucede -por ejemplo, en el de STABEX- existe un control tan estricto que resulta prácticamente imposible que se produzcan casos importantes de corrupción. No obstante, hemos pedido a nuestros servicios que vigilen la situación de cerca para asegurarse de que los fondos que nos fueron asignados se utilizaban debidamente y no pasaban a engrosar las cuentas bancarias del Sr. Mobutu.
Relaciones Turquía-Iraq
Van den Broek
Señor Presidente, hablamos de la situación en el Norte de Iraq. El pasado 16 de mayo, la Unión Europea hizo pública una declaración sobre las actividades del ejército turco en el Norte de Iraq. Aunque podamos comprender que se actúe contra grupos que preparan o ejecutan actividades terroristas, la Unión Europea también ha dejado claro que finalmente una solución del problema kurdo sólo es posible por vía política. Se ha hecho un llamamiento urgente a Turquía para que guarde la mayor reserva posible y respete los derechos humanos. Se ha pedido a Turquía que se retire cuanto antes del Norte de Iraq. Las autoridades turcas han indicado que no pretenden tener una presencia militar permanente en el Norte de Iraq y que han tomado todas las medidas para respetar a la población civil. Por supuesto, en la práctica queda por ver si realmente pueden cumplir estas promesas.
La actual situación en el Norte de Iraq supone un grave obstáculo para la ayuda humanitaria que concede la Comisión Europea a la zona a través de ECHO. En 1997 se han previsto proyectos por un importe total de unos diez millones de ecus, que en gran parte han de ser ejecutados por organizaciones no gubernamentales y a menudo en circunstancias difíciles. Ni que decir tiene que por esta razón se considera importante una rápida retirada del ejército turco.

McMillan-Scott
Resulta evidente que la situación en Turquía se deteriora por momentos, y todos debemos lamentar profundamente la acción llevada a cabo por los militares. De hecho, en septiembre de 1996, el Tribunal Europeo para los Derechos Humanos declaró culpable a los militares de una serie de transgresiones, y apenas tres días más tarde, el Parlamento presentó y aprobó su famosa resolución en la que declaraba la necesidad de apoyar la democracia y las actividades en defensa de los derechos humanos en Turquía. Junto con Piet Dankert hemos estado trabajando para intentar que eso ocurra.
Habida cuenta del deterioro de la situación en Ankara y de la posibilidad de que los militares estén avanzando hacia una posición que podría desembocar en un golpe de Estado, ¿cuál sería la posición de la Unión Europea ante esa eventualidad?

Van den Broek
No sé si es sensato anunciar aquí un golpe de Estado militar en Turquía. Tampoco sé si es sensato especular sobre cuál deberá ser la postura ante un golpe de Estado de este tipo. Seamos claros. Un país como Turquía, que en los últimos meses nos ha querido recordar con tanta claridad el hecho de que se clasifica, aunque, eso sí, a largo plazo, para adherirse a la Unión Europea, no debería de ser un país que soluciona sus problemas políticos interiores mediante un golpe de Estado. A decir verdad, no quiero ni pensarlo. Esto no quita que las tensiones políticas internas en Turquía son claramente apreciables desde el exterior. No obstante, esperemos, del mismo modo que he abogado por una solución del problema kurdo por la vía política, que hay razón de más para defender que también se solucionen las tensiones políticas internas por la vía política y no militar.

Roth
Señor Presidente, señor Comisario, ustedes saben que muchos colegas de esta Asamblea han hecho depender su conformidad a la unión aduanera con Turquía del cumplimiento de la exigencia de una retirada inmediata del norte de Irak. La última operación tuvo lugar en 1995 con 30.000 soldados y aproximadamente 50 blindados. La actual operación la supera ampliamente, ustedes lo saben con toda seguridad. Están en acción 50.000 soldados, 250 blindados, bombarderos F-4 y F-16 y helicópteros Cobra. No existe ningún punto de apoyo para que se produzca una retirada en un tiempo previsible. Yo le pregunto, señor Comisario: en su opinión ¿es esta intervención conciliable con el Derecho Internacional? ¿Qué cosa concreta piensa hacer la Comisión para forzar la retirada del ejército turco y qué piensa usted, por favor, cuando usted dice que se ha instado a Turquía a la moderación? ¿Qué significa moderación? ¿Y cómo puede garantizarse realmente, en su opinión, el respeto de los derechos humanos de la población civil?

Van den Broek
Como sabemos, esta invasión del Norte de Iraq no es la primera acción militar turca contra el norte de ese país donde, como saben ustedes, reina un vacío de poder, donde no se ejerce una administración normal, donde los grupos kurdos se disputan el liderazgo y donde -según los turcos- uno de los grupos kurdos ha hecho un llamamiento a Turquía para que les ayude a defenderse de las acciones del PKK en el Norte de Iraq. En los últimos años hemos visto una situación parecida. Y también entonces, al igual que ahora, la Unión Europea dijo por un lado que rechazaba categóricamente toda forma de acción terrorista, ya fuera por parte del PKK o de otros grupos. Al mismo tiempo, también reconocemos que Turquía tiene derecho a proteger a su población de las acciones terroristas. Pero insistimos en que en una acción de este tipo es preciso respetar las reglas y principios del Estado de derecho. Es preciso respetar los principios elementales de los derechos humanos. Y sobre todo cuando se trata de una acción militar, hay que rechazar toda forma de violencia excesiva en que no existe ninguna proporcionalidad entre el objetivo y los medios.
Por último, el núcleo de este problema, la cuestión de la problemática kurda aún no solucionada, exige que se empiece a buscar una solución política del conflicto, porque no creemos en una solución militar. En este sentido le digo a su Señoría que nosotros no podemos forzar gran cosa, lo que sí podemos hacer es dejar claro a Turquía que la Unión Europea y la comunidad internacional siguen muy de cerca el modo en que se maneja el conflicto, sobre todo tratándose de un país con el que ya llevamos tanto tiempo dialogando sobre esta problemática, concretamente con respecto a un país que en sus relaciones con la Unión Europea pide un mayor acercamiento e incluso una mayor integración. Una vez más espero que precisamente esta aspiración turca sea para ella un motivo para prestar oídos a la preocupación expresada por la Unión Europea sobre esta acción militar y el llamamiento a finalizarla cuanto antes.

Green
Hace algunas semanas encabecé una delegación de mi Grupo a Ankara, donde nos reunimos con el General Cevic Bir, Segundo Jefe de Estado Mayor de la Defensa turco. En la reunión, el General Cevic Bir nos dijo que, en su opinión, los militares habían hecho todo lo posible en los territorios kurdos. Lo que hacía falta ahora era una iniciativa política que resuelva algunos de los problemas que afectan a la población kurda que vive en la zona. Pocas semanas más tarde nos enteramos de que 50.000 soldados turcos han invadido el Norte de Iraq para luchar contra lo que ellos consideran terrorismo del PKK en esos territorios.
Esto me recuerda las promesas que recibimos de Tansu Ciller, la entonces Primera Ministra y actual ministra de Asuntos Exteriores de Turquía, en el sentido de que ella era el baluarte contra un gobierno islámico en Turquía. Actualmente la ministra forma parte de un Gobierno cuyo Primer Ministro es islamista. ¿Estaría el Sr. Comisario dispuesto a reconocer conmigo que esta Asamblea, la Comisión y el Consejo han sido manipulados por las autoridades militares y civiles turcas, y que lo que ahora nos incumbe es exponer la duplicidad del Gobierno y de los militares turcos ante la población de aquel país?

Van den Broek
Pienso que la Unión Europea ya se ha manifestado con claridad ante Turquía. En lo que se refiere a nuestra posición, recalcamos que rechazamos categóricamente todo acto de terrorismo del PKK, por un lado, y al mismo tiempo que tampoco aceptamos la violencia excesiva o una grave violación sistemática de los derechos humanos, aunque se trate de luchar contra el fenómeno del terrorismo. No creo que podamos decirlo de forma más clara.
He oído que la Sra. Green hablaba de 50.000 militares. Para ser sinceros, el número no me parece tan importante. Otras fuentes independientes hablan de 30.000. Las autoridades turcas no mencionan números. El hecho sigue siendo que hay una intervención militar en un territorio vecino que, por cierto, no está bajo el control de las autoridades centrales de Iraq.
Sólo puedo prometer al Parlamento que en nuestros contactos y nuestro diálogo regular con Turquía seguiremos reclamando también lo que pide este Parlamento, a saber, que de la continua amenaza procedente del PKK con su acción terrorista se saque de una vez la conclusión de que hay que iniciar el diálogo en torno a una solución política. Al fin y al cabo, esto incluye por supuesto también una solución en lo referente a la actuación militar, que rechazamos como tal.

Alavanos
Señor Presidente, quisiera preguntar al Sr. Comisario si cree que la operación de Turquía en Irak es un hecho aislado que se repite o si forma parte de una estrategia general de agresividad por parte de Turquía fuera de sus fronteras.
¿Es casualidad que cada 5 ó 6 meses seamos testigos de invasiones territoriales de Turquía en Irak? ¿Es casualidad que desde hace 20 años tropas turcas ocupen una parte de la República de Chipre? ¿Es casualidad que Turquía prorrumpa amenazas contra su Estado vecino occidental, Grecia, que afectan a la soberanía territorial de ésta?
En este sentido, ¿qué sensibilidad tiene y qué prevé la Unión Europea ante estas muestras de agresividad general de Turquía? Concretamente, con respecto al problema de los kurdos -porque el Sr. Comisario se ha referido al terrorismo del PKK-, quisiera preguntar si la Unión Europea está dispuesta, como lo estuvo en el caso de Chechenia y de Yugoslavia, a presentar propuestas para una solución política del conflicto a las dos partes implicadas.

Van den Broek
Turquía ha declarado actualmente y también en el pasado no tener ninguna, repito ninguna, aspiración territorial en relación con el territorio de Iraq.
Tampoco tenemos motivos para suponer que exista tal aspiración, porque esta no podría defenderse de ningún modo a la luz del derecho internacional. Quiero partir de la idea de que lo que hace Turquía tiene que ver exclusivamente con lo que creen tener que hacer, con los medios que consideran justificados, para defenderse de la amenaza terrorista del PKK, que es incuestionable, seamos sinceros, o por lo menos abordarla de raíz. El hecho de que ello tenga lugar en territorio vecino sólo es posible debido a la situación de excepción que atraviesa Iraq, en que la parte norte del país, con una población que ha sufrido mucho desde principios de la década de los ochenta, cuando empezó el conflicto entre Irán e Iraq, puede hacerlo porque no hay gobierno, porque no hay control central desde la capital de Iraq sobre ese territorio.
De hecho, lo que podemos hacer por los kurdos y por la problemática kurda no es mucho más que ejercer presión sobre el Gobierno turco para que inicie el diálogo con las fuerzas representativas de estos grupos y vea si no se puede ofrecer una perspectiva de una solución política.
Como saben ustedes, en este sentido se emprenden con regularidad iniciativas, desde fuera de Turquía, para reunir a los grupos a fin de reflexionar y hablar de la cuestión. Si no me equivoco, dentro de poco volverá a tener lugar un seminario de este tipo con varios representantes.

Lindqvist
Pienso que la respuesta del Comisario es demasiado benévola. Hemos contraído un acuerdo de Unión aduanera con Turquía. Como parte firmante de dicho acuerdo, Turquía se ha comprometido a cumplir con los requisitos democráticos que hemos establecido. Desde la fecha de la firma de dicho acuerdo, la situación ha ido empeorando cada vez más en Turquía. Hemos discutido repetidamente la cuestión, y hemos recibido respuestas insuficientes por parte del Comisario. Pienso que ya va siendo hora de que formulemos unos requisitos rigurosos a la parte contrayente del acuerdo que ataca a su población en su propio país, y a quien estamos escuchando pacientemente mes tras mes.
Mi pregunta es: ¿Está dispuesto el Comisario a fijar una fecha límite para el cese de los ataques turcos contra el pueblo kurdo? Si esto no es así, ¿Está dispuesto el Comisario a proponer que se derogue el acuerdo de Unión aduanera con Turquía?

Van den Broek
Si su Señoría me pide de lance un ultimátum con la sanción de suprimir la Unión aduanera, cabe preguntarse qué presión supondría esto realmente, dado que la Unión Europea, en parte a raíz y gracias a esta Unión aduanera, tiene un enorme excedente comercial con Turquía. Pero al margen de este argumento, creo que también este Parlamento es consciente de la prudencia con que, en el último año, la Comisión Europea ha evaluado y seguido las relaciones de la Unión con Turquía, y ha hecho recomendaciones para una política muy cuidadosa para con Turquía, con muchos diferentes componentes. En el debate con el Parlamento, nos hemos encontrado también con el deseo del Parlamento de congelar de antemano todas las formas de apoyo financiero o instrumentos financieros si tales instrumentos no se utilizaban, directa o indirectamente, para mejorar la situación de los derechos humanos en Turquía. Pienso que en estas circunstancias sería menos sensato, y también menos eficaz, amenazar a Turquía con lo que en estos momentos tiendo a considerar simples aspavientos, con mayores sanciones en caso de que no se ponga fin, dentro de un determinado plazo, a esta acción contra el terrorismo del PKK. Esto no cambia nada en los acuerdos políticos suscritos anteriormente por la Unión Europea ni tampoco en la promesa a este Parlamento de que seguiremos esforzándonos por mejorar la situación.

Dankert
El Comisario ha dicho, y de hecho ha repetido, lo que ya había dicho el Consejo de Ministros, que es preciso encontrar una solución política para el problema kurdo. Durante el Consejo de Asociación, celebrado antes de la invasión en Iraq, la Sra. Ciller lo descartó rotundamente. Al mismo tiempo, en estos momentos hay una inminente crisis gubernamental en Turquía. Asimismo, la Comisión dice: sí, hay algunas iniciativas privadas a las que hay que apoyar, estoy de acuerdo con ello. Seguimos la situación de cerca. Pero si sumo el problema kurdo y las amenazas a la estabilidad interna de Turquía, veo que la situación allí es tan grave que quiero preguntar al Comisario si no le parece que en el marco de la UE y, por ejemplo, de la OTAN, no se imponen iniciativas más enérgicas que las actuales.

Lambrias
Señor Presidente, con todo el respeto hacia el Comisario, Sr. Van den Broek, confieso que no puedo comprender cómo la grave infracción del Derecho internacional que representa la trasgresión de las fronteras y la invasión de otro país puede justificarse con el hecho de que el gobierno iraquí no ejerce el control sobre esa región.
Mi país sufrió en el pasado la entrada de elementos revolucionarios de otro país, por así decirlo, pero no nunca tuvo la ocurrencia de sacudir el orden mundial aboliendo las fronteras. En consecuencia, si la infracción de Turquía, en combinación con sus amenazas dirigidas a otros países, es perdonable únicamente sobre la base del argumento no probado de que la sublevación de los kurdos tiene carácter terrorista, esto es tanto como concederle indulgencia plenaria a Turquía a priori y, creo que el Parlamento queda en evidencia al tolerar este tipo de infracciones.

Van den Broek
Espero que en este Parlamento estemos y sigamos estando de acuerdo en que, al margen de si las pretensiones políticas son justas o no -aunque, por ejemplo, no apoyemos en modo alguno el separatismo del PKK, ya que nosotros no apoyamos esa pretensión política, lo que sí apoyamos es cierto reconocimiento de la identidad cultural, etc.-, y por mucho que se trate de pretensiones justas, seguiremos rechazando categórica e íntegramente que se persigan estos objetivos con medios terroristas. Hay que reconocer que el PKK es culpable de ello.
Ahora vuelvo a decir: cuando el Parlamento pregunta qué más podemos hacer para ejercer presión sobre Turquía, tanto el Sr. Dankert como el Sr. Lambrias saben muy bien que en el actual diálogo con Turquía se opera de forma muy diplomática y política. Tanto en lo que respecta al intento de encontrar una apertura en las malas relaciones entre Grecia y Turquía, como en las disputas en el mar Egeo. Se emprende una enorme ofensiva político-diplomática para intentar sentar en torno a la mesa de negociaciones a ambas comunidades, por lo menos al Gobierno de Chipre y a los turcochipriotas, a través de sus líderes, para iniciar las negociaciones a mediados del presente año en torno a una solución política para Chipre.
En tercer lugar, en mutua consulta con el Gobierno turco intentamos con regularidad que se presenten y sean aprobadas por el Parlamento las promesas hechas anteriormente en relación con la introducción de una nueva legislación para fomentar y proteger mejor los derechos humanos en Turquía.
Espero por tanto que sus Señorías me crean cuando les digo que realmente está presente la motivación para instar a Turquía a que mejore todas estas situaciones. Sólo digo que cuando se trata de encontrar una solución al problema kurdo -y he de admitir que el Sr. Dankert tiene razón en que el lado turco no lo considera un problema real y quizás en ciertos casos niega que sea un problema, sólo se ve el problema del terrorismo, pero no el problema kurdo subyacente-, en estos momentos no podemos forzar ninguna solución.
Todo ello no quita que lo que he dicho en mis primeras respuestas sobre las señales a Turquía en relación con la necesidad de poner fin cuanto antes esta acción militar, sigue completamente en pie.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate sobre este punto del orden del día queda cerrado.

Déficit excesivo - Políticas económicas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes documentos:
A4-0181/97 del Sr. Christodoulou, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial sobre: I. la recomendación para la segunda lectura respecto de la posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de un reglamento del Consejo relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas (C4-0174/97-96/0247(SYN)) y II. el informe relativo a una propuesta de reglamento del Consejo por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo (6931/2/97 - C4-0182/97-96/0248(CNS)) y-A4-0184/97 informe de la Sra. Randzio-Plath, elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, relativo a la recomendación de la Comisión sobre las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y la Comunidad de 1997 (COM(97)0168 - C4-0190/97)
Christodoulou
Señor Presidente, el 28 de noviembre del año pasado, el Pleno aprobó en primera lectura las resoluciones relativas al Pacto de Estabilidad correspondientes a dos propuestas de reglamento. La primera era una propuesta de reglamento relativa al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y la supervisión y coordinación de las políticas económicas, y la segunda, una propuesta de reglamento por el que se agiliza y clarifica la aplicación del procedimiento de déficit excesivo.
Como saben, en el Consejo Europeo de Dublín del 13 y 14 de diciembre de 1997 se llegó a un acuerdo político sobre los principios generales y los objetivos principales del Pacto de Estabilidad. El Consejo Europeo incluso solicitó la elaboración de una propuesta de resolución que incluyera un compromiso de los Estados miembros, de la Comisión y del Consejo en lo que se refiere a una estricta aplicación del Tratado y del Pacto de Estabilidad.
A continuación, en la reunión informal del Consejo ECOFIN celebrada en Nordwijk, se llegó a un acuerdo de principio sobre los textos de las dos propuestas de reglamento y de la propuesta de resolución solicitada por el Consejo Europeo. El Consejo transmitió al Parlamento Europeo su posición común sobre la primera de las dos propuestas mencionadas y solicitó la nueva consulta sobre la segunda de ellas.
En la elaboración de las enmiendas que ahora se presentan se han tenido en cuenta los siguientes puntos:
En primer lugar, las directrices políticas definidas en el Consejo Europeo de Dublín.
Además, la decisión del Consejo Europeo relativa a la correcta aplicación del Pacto de Estabilidad., y, al mismo tiempo, el hecho de que el Consejo cambiara su denominación por «pacto de estabilidad y crecimiento». Lamentablemente, este cambio cualitativo expresado por el nuevo título no se refleja en los textos enviados por el Consejo ECOFIN. El título ha cambiado, pero el contenido sigue siendo más o menos el mismo.
La inclusión en el reglamento relativo a la supervisión de disposiciones aplicables a los Estados que no participan en la tercera fase de la UEM es un elemento nuevo. Mientras que en la propuesta inicial de la Comisión se preveía sólo la presentación de programas de estabilidad por los Estados miembros participantes en la tercera fase de la UEM, ahora existe un apartado especial que prevé también para los países no participantes la presentación de programas de convergencia. Hemos preparado una enmienda al respecto que les voy a detallar a continuación.
Consideramos que el Pacto de Estabilidad debe ser eficaz. Esta eficacia presupone su aplicabilidad y su credibilidad. Por lo tanto, las disposiciones correspondientes deben ir en esa dirección. La relativa rigidez de las disposiciones propuestas y su carácter generalmente automático y mecánico no tienen en cuenta el carácter dinámico de los fenómenos económicos y, sobre todo, monetarios, limitando así su aplicación consecuente y perjudicándose, por ende, la credibilidad de las disposiciones del Pacto.
Por último, la propuesta de reglamento relativa a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo prevé la realización de un depósito financiero, que se puede transformar en multa. Aquí aparece un problema muy importante, en el sentido de que la propuesta inicial de la Comisión preveía que los ingresos procedentes de esas sanciones, es decir, de las multas e intereses, se consignaran en el presupuesto comunitario. En cambio, ahora parece predominar en el Consejo la idea de repartir dichos importes entre los Estados miembros cuyo déficit presupuestario no sea excesivo, como se ha propuesto. El mismo hecho de este reparto es un fenómeno paradójico, que no quiero analizar ahora, aun cuando deba observar que todavía no se ha encontrado un fundamento jurídico ni un procedimiento claro para la realización de este deseo del Consejo. En cualquier caso, aunque el Consejo no haya tomado todavía una postura definitiva, es oportuno que se vote la enmienda correspondiente, presentada por la Comisión de Presupuestos, porque expresa la voluntad del Parlamento de mantener el principio de la unidad presupuestaria, un concepto básico que debemos conservar a cualquier precio. Debido a las dificultades para encontrar un fundamento jurídico a que se ve enfrentado el Consejo, es muy probable -ésta es una hipótesis mía, si quiere- que se prefiera consignar los importes antes mencionados en el presupuesto y, a continuación efectuar su reparto por la vía de los compromisos políticos y quizás de una nueva modificación de las respectivas disposiciones financieras. Nada nos impide votar esta enmienda, aunque ésta se refiera a un texto que todavía no ha recibido su forma definitiva.
Nuestras enmiendas tienen el fin de mejorar el Pacto en sus puntos más importantes. En concreto:
Primero, se dan a la propuesta del Consejo sus dimensiones adecuadas, de conformidad con el artículo D de las disposiciones comunes del Tratado. La propuesta debería precisar las orientaciones políticas para una aplicación consecuente y oportuno del Pacto de Estabilidad, y, por tanto, no debe tener carácter legislativo. Se trata tan sólo de una orientación política general.
Segundo, nuestras enmiendas introducen la noción de gastos de inversiones públicas, que constituyen un objetivo determinante del crecimiento económico y del desarrollo. Así damos un contenido sustancial al concepto del desarrollo que fue añadido al Tratado por el Consejo Europeo de Dublín. Me complace poder anunciarle, señor Presidente, que tanto el Consejo como la Comisión han aprobado incluso una referencia al respecto en los reglamentos.
Tercero, las disposiciones referentes a los programas de convergencia se hacen más realistas y se incluye en el reglamento de supervisión el principio de apoyo a los Estados que no participan en la tercera fase de la UEM, un apoyo para hacer frente a la especulación en el marco del nuevo mecanismo de equilibrios de cambio, es decir una protección por parte de la Unión Europea, en casos de ataques especulativos. Asimismo, se prevén situaciones extraordinarias en las que los gastos dedicados a la protección de la integridad territorial de un Estado miembro no se consideren motivo de un déficit excesivo.
Cuarto, sin que resulte afectado el rigor -y quiero subrayar esto, señor Presidente- se garantiza cierta flexibilidad, necesaria para que el Pacto de Estabilidad sea operativo y adquiera aplicabilidad y credibilidad. Con frecuencia, al ser absolutas, las normas pierden aplicabilidad y, en consecuencia sufre su credibilidad.
Finalmente, se salvaguarda un principio presupuestario fundamental, como he mencionado anteriormente, al mantenerse las multas y los intereses dentro del presupuesto comunitario. Estas son las líneas generales que determinan las enmiendas propuestas y que pido a la Asamblea que apruebe. Están incluidas en el texto común y han sido todas aprobadas por la Comisión de Presupuestos.
Teniendo en cuenta la evolución hasta la fecha, la necesidad de estabilidad del euro y de unas disposiciones viables, se ha hecho un esfuerzo por evitar la presentación de un gran número de enmiendas, intentando hacer hincapié en los elementos que se consideran absolutamente necesarios. Por lo tanto, no recomiendo a la Asamblea que apruebe las enmiendas no aprobadas por la Comisión de Asuntos Económicos, salvo algunas referentes a una cuestión técnica que acabo de recibir y sobre las que daré mi opinión más adelante.
Como ponente, y para concluir, solicito que se modifique la posición común sobre el reglamento de supervisión y se emita un dictamen sobre el reglamento relativo al déficit con arreglo a las enmiendas propuestas por nuestra comisión, en segunda lectura.
Permítanme que, para finalizar mi intervención, subraye la importancia del presente tema desde el punto de vista político y económico y recuerde que un dictamen negativo por nuestra parte podría enviar un mensaje erróneo al exterior en el sentido de que el Parlamento Europeo se abstiene de tomar decisiones importantes. Por tal motivo, espero contar con el más amplio apoyo posible para las opiniones expresadas en este documento. En todo caso, en nuestra opinión, es un requisito básico que la Comisión y el Consejo, lamentablemente ausente en este momento, se comprometan a aplicar las propuestas aprobadas en los próximos Consejos que tengan lugar, en concreto, las propuestas relacionadas con el dictamen del Parlamento Europeo, las relacionadas con los temas de desarrollo y de inversiones públicas, y asimismo los demás elementos que se aprobaron a lo largo del triálogo y de los contactos ulteriores con el Consejo y la Comisión. Nosotros, de buena fe, recomendamos la aprobación de estos dos reglamentos. Espero, o mejor dicho, estoy seguro de que tanto la Comisión como el Consejo se comprometerán a cumplir las obligaciones asumidas frente a nosotros.

Randzio-Plath
Señora Presidenta, hay que contemplar con mucha preocupación el desarrollo económico y, sobre todo, el desarrollo de la política de empleo dentro de la Unión y por esa razón tienen una importancia especial las orientaciones generales de la política de empleo para los Estados miembros y para la Comunidad. Creo que en los últimos años no hemos utilizado suficientemente estas orientaciones generales para conseguir realmente más concertación, más cohesión en la política económica europea que ejercieran también un efecto sobre medidas del sector público y del sector privado. Por esta razón tenemos que echar una mirada muy especial en este año -un año antes de la decisión acerca de quién va a participar en la Unión Monetaria- acerca de cómo están configurados esas orientaciones generales. Lamento enormemente que en el fondo la Comisión piense que nosotros -con sólo perseguir y respetar los objetivos de la estabilidad del valor del dinero y de la consolidación presupuestaria- obtendremos automáticamente, por decirlo así, un aumento de las inversiones y el crecimiento que deseamos y, con ello, también la reducción del desempleo a la mitad antes del año 2000.
No considero suficiente esto, sino, por el contrario, totalmente insuficiente para llevar a cabo en todas las resoluciones los planteamientos de la política que esta Asamblea desea. Por consiguiente, las orientaciones generales de la política económica deben fundarse en algo más que en la mera repetición de los criterios de convergencia. Celebro, ciertamente, que la Comisión, al igual que lo ha demandado también el Parlamento, quiera orientar el empleo de los recursos públicos hacia inversiones productivas y que en este sentido avance aquí un paso más allá que en el comentario del desarrollo económico del año pasado. Creo que nos debemos concentrar en el fomento de las inversiones mucho más de lo que está previsto hasta ahora en las directivas, en las orientaciones generales. Necesitamos un benchmarking (análisis comparativo) para inversiones, necesitamos, por decirlo así, una orientación, pues si vemos que sólo en la República Federal de Alemania las inversiones del año pasado han bajado de 18.000 millones a 1.100 millones, entonces sabemos en qué situación de debilidad nos encontramos y sólo conjuntamente podemos salir de este agujero.
Quisiera dar una vez más un valor especial a una cosa: precisamente porque es tan importante que actuemos de manera comunitaria, deben ser mucho más vinculantes estas orientaciones generales para que puedan ser aplicadas y llevadas a la práctica de manera concreta. Por consiguiente, sería importante configurar la orientación de tal manera que la política de empleo se convierta en la dimensión determinante para las demás políticas. De ahí que sea necesario integrar, por decirlo así, las orientaciones generales de la política económica y de la política de empleo, para que podamos fomentar mejor la política económica en lo que respecta a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Considero esto realmente importante pues la materia prima de esta Unión Europea es la persona, y cada inversión en las personas en el terreno de la cualificación, de la formación continuada, del aprendizaje vitalicio, pero también en las medidas de acompañamiento, como la investigación y el desarrollo así como el fomento de innovaciones, nos ayudarán a lograr realmente progresos dentro de la Unión Europea. No podemos menos que insistir una vez más en que los acuerdos de las cumbres, desde Essen hasta Dublin, siguen aguardando ser llevados a la práctica. Por esta razón, debemos modificar las condiciones marco, aunque está perfectamente claro, que una orientación hacia la estabilidad del valor del dinero y de la consolidación presupuestaria no puede ser dejada fuera de consideración por nuestra parte sino que, por el contrario, hay que seguir persiguiéndola.
En este Parlamento deberíamos ponernos de acuerdo en algunas exigencias: necesitamos una mejor orientación de los recursos públicos hacia inversiones productivas, es preciso cuidar de que las empresas cumplan mejor con su deber cuando se trate del fomento de la economía y del empleo, y es preciso que exista una mejor conexión de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad. No obstante, deberíamos pensar que la interdependencia de las economías nacionales ha crecido en unas proporciones que no hemos podido imaginar y por esta razón no hay una medida en un Estado miembro que no tenga efectos sobre las medidas de otro Estado miembro.
Considero importante que las manifestaciones de los actores políticos se tornen más claras pues sólo si transmitimos con credibilidad orientaciones políticas claras y también el compromiso claro del comienzo de la Unión Monetaria el 1.1.1999, podrán los actores económicos cobrar confianza de nuevo. No sólo necesitamos más inversiones y la confianza de las empresas, sino que necesitamos también la confianza de la población. Tenemos cuotas récords de ahorro en la Unión Europea que son únicas en la historia, pero las personas que tienen dinero no consumen, y las demás, que no tienen dinero, no pueden consumir. En esto se advierte que el aumento de la demanda y el aumento de la capacidad de compra de las personas tienen una importancia enorme.
Quisiera señalar una vez más cuán importante es que se produzca por fin la exoneración fiscal del factor trabajo, pues éste es un camino para fortalecer realmente la capacidad de compra de las personas. Yo atribuyo a esto un gran valor precisamente en interdependencia con las medidas que han de adoptarse teniendo en cuenta las condiciones marco. Quisiera también hacer una vez más un llamamiento a que en la Unión Europea trabajemos a través del agrupamienyto y de la orientación de las políticas hacia el objetivo de un más alto nivel de empleo. Debemos aspirar realmente a lograr en nuestras políticas efectos sinérgicos que hoy un estado individual no puede alcanzar ya para su economía y para su población.
Por consiguiente considero enormemente importante que dirijamos hacia un objetivo las medidas que son relevantes en el plano de la política económica y que aunemos las políticas estructural y financiera. Por su parte, los Estados miembros deben cumplir también, por fin, su obligación de habilitar realmente los recursos complementarios para los Fondos estructurales que están orientados a objetivos de la política del mercado de trabajo. De lo contrario, efectivamente, tiene poco sentido una política europea. Los compromisos deben ser cumplidos desde el plano comunitario, pero también desde los Estados miembros de la Unión.

Hernández Mollar
Señora Presidenta, con excesiva rapidez, pero con mucho interés, hemos analizado en la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo los reglamentos que hoy son objeto de este debate. Y lo hemos hecho a la luz de nuestra mayor preocupación, que no puede ser otra que los efectos que sobre el empleo, en nuestro modelo social, pueden tener las medidas que se adoptan en ambos reglamentos para supervisar las políticas económicas de los Estados miembros y vigilar los déficit públicos ante la apasionante etapa que se avecina para la Unión Europea.
Estos reglamentos, por otra parte, reflejan la necesidad de que las políticas económicas de los Estados miembros avancen en paralelo para reforzar la unión monetaria, puesto que no se podría hablar de ninguna manera de una moneda única con economías divergentes que, desde luego, no garantizarían una situación estable ni de los precios ni del crecimiento. Por lo tanto, es evidente que sólo desde una situación presupuestaria estable y controlada, y desde unas economías convergentes, se pueden coordinar políticas de empleo eficaces y creadoras de puestos de trabajo.
Pero dicho esto, creo también que -junto a la necesidad de que el Consejo contemple el índice de desempleo y la creación de empleo a la hora de examinar los programas de estabilidad y convergencia- para ajustar sus objetivos se hace necesario también analizar, no tanto la cuantía del déficit como la naturaleza del mismo y, por lo tanto, conceder una consideración especial al gasto público que va dirigido especialmente a la educación, a la formación y a las inversiones en infraestructuras, que repercuten beneficiosamente en las regiones europeas, especialmente en las épocas de crisis.
Esto en modo alguno contradice el hecho de que una saneada situación presupuestaria sea fundamental para responder con rapidez a las situaciones económicas adversas y, al mismo tiempo, controlar el déficit público que, por otra parte, son elementos básicos para el crecimiento económico y el subsiguiente crecimiento del empleo. Y este es el sentido de las enmiendas que presenta la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo a estos reglamentos.
También es necesario contemplar, además, la situación global de un país antes de imponerle unas sanciones tan elevadas como las que figuran en el reglamento sobre déficit excesivos que, por lo demás, me parece un buen procedimiento que va a contribuir a que aumente la credibilidad y confianza de la futura unión monetaria.
Por otra parte, y en relación con las orientaciones económicas para 1997, nadie duda de que la Unión Europea se enfrenta en estos momentos a un desafío que sólo se puede comparar con el nacimiento de ella misma. Los europeos, y más aún quienes gobiernan sus destinos, han emprendido la aventura de unir su potencial económico, humano y social para enfrentarse a una necesidad incontestable: trabajar y subsistir en un mercado cada vez más globalizado, cada vez más tecnificado y cada vez más interdependiente. La unión monetaria es un paso más para coordinar esfuerzos. El desempleo, el problema más grave de la Unión, no se puede medir sólo en cifras, pues lo sufren sobre todo ciudadanos jóvenes, mujeres y hombres mayores o discapacitados que, en definitiva, nos pasarán factura si no logramos el objetivo principal de nuestra aventura que es crear empleo.
En la puerta de nuestro Parlamento, hoy, los trabajadores de Europa han reclamado un apartado especial, en el futuro tratado, que se ocupe del empleo. Hacer oídos sordos a esa reivindicación sería hacerle un flaco favor a la Unión Europea. Con ello dejamos constancia de nuestra simpatía y solidaridad hacia ellos. Por otra parte, los trabajadores que agreden a otros trabajadores, como está ocurriendo recientemente con los camioneros españoles, los desequilibrios y desajustes en los sistemas de seguridad social o un mercado de trabajo a nivel europeo excesivamente rígido son factores que obstaculizan seriamente nuestro proyecto europeo. Por ello, la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo, aun reconociendo el esfuerzo que desde la Comisión se hace a través de las grandes orientaciones económicas objeto de debate, manifiesta una vez más su inquietud ante la elevada tasa de paro de la Unión. Para combatir el paro hay que crecer, hay que competir y hay que invertir, pero también tiene que crecer la demanda interior y ésta crece cuando se genera confianza y la confianza la tiene el ciudadano cuando las inversiones son productivas, cuando los sistemas de empleo y de seguridad social son eficaces y cuando el trabajador, hombre o mujer, recibe un salario justo y suficiente.
Afortunadamente la política económica y la política de empleo parecen ir en paralelo y a ellas se dedica en el documento de la Comisión un apartado especial para, a través de las reformas estructurales, favorecer el crecimiento del empleo. Pero no basta con eso. Se hace necesario aprovechar más los instrumentos de los que se ha dotado la Unión, como el comité de empleo y mercado de trabajo o los programas plurianuales para coordinar mejor las políticas económicas y de empleo, así como facilitar también un mayor grado de debate a nivel europeo entre los interlocutores sociales.

Willockx
Señora Presidenta, Señorías, en la Comisión de Presupuestos nos hemos ocupado en primer lugar de estudiar el modo en que se contabilizan y en que se gastan las multas impuestas a los Estados miembros que falten a la regla del 3 % en el futuro. Nos hemos sumado al ponente Christodoulou para garantizar que no se emprenderá una batalla por el procedimiento. Creemos que, en efecto, este pacto de estabilidad forma parte del concepto global de la moneda única y por ello deseamos colaborar de forma constructiva. De ahí que haya tenido lugar un diálogo informal tripartito en que hemos podido pronunciarnos ante el Consejo. Sin embargo, hoy he de constatar que nos hallamos ante un problema de procedimiento difícil de aceptar desde el punto de vista democrático, a saber, cuál es finalmente la posición del Consejo sobre la posibilidad de encontrar una base jurídica para repartir las multas entre los países in que no han cometido la infracción, es decir, sin contar los países out ni el país que comete la infracción.
En la Comisión de Presupuestos consideramos que la manera en que ello ha de llevarse a cabo es inadmisible y consideramos que sentaría un precedente inaceptable. Nos remitimos al respecto a otras multas que existen, por ejemplo, en el sector agrícola o en el de los fondos estructurales, donde los ingresos procedentes de estas multas acaban comunitarizándose en el presupuesto. Este no es el caso ahora, y nos tememos que en el futuro este precedente, sobre todo cuando se utilice la flexibilidad en varios ámbitos, convierta el presupuesto en una cacofonía. De ahí que insistamos en que se atienda a nuestra enmienda al artículo 16 y en que el Consejo nos dé una explicación cuanto antes, e incluso diría preferiblemente antes de la votación de mañana, en relación con la base jurídica en la que se ampara y sobre la cual seguimos sin tener ninguna claridad.

de Silguy
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, el debate de hoy ofrece una posibilidad de examinar al mismo tiempo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y las grandes orientaciones de política económica. Se trata de una conjunción oportuna, ya que la Comisión desea ponerlos en marcha y mostrar así que se aporta una coherencia a las condiciones de realización y funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria. Efectivamente, el pacto y la coordinación de las políticas económicas garantizarán de forma duradera la estabilidad, el crecimiento y el empleo en Europa.
En primer lugar, quisiera precisar una serie de puntos sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para empezar deseo agradecer al Sr. Christodoulou, en nombre de la Comisión y en el mío propio, la calidad de su trabajo, su sentido de la responsabilidad y su contribución enormemente útil a la definición de este pacto.
Con posterioridad al diálogo tripartito del 6 de mayo último, la Comisión hizo suyas dos preocupaciones máximas de su ponente, y no dejó de ser el decidido defensor, en este sentido, del punto de vista del Parlamento ante el Consejo. Estas preocupaciones son, en primer lugar, la definición de un mejor equilibrio interinstitucional en el seno del pacto y, en segundo lugar, el refuerzo de la función de inversión pública.
Así, la Comisión está en condiciones de aceptar la mayoría de las enmiendas del ponente, a saber, las enmiendas 1, 2, y 3, relativas a la resolución del Consejo Europeo, la enmienda 4 en su primera parte, las enmiendas 5 y 8 que tratan de los gastos de inversión pública, así como las enmiendas 6 en su segunda parte, y 9, también en su segunda parte, todo ello para el reglamento basado en el artículo 103.5. Igualmente, la Comisión está dispuesta a aceptar las enmiendas 1, 2 y 4, en su segunda parte, para el reglamento 104.C.
Una palabra sobre las sanciones, es decir, sobre la enmienda 5 de este Reglamento. Deseo recordar que, aunque no haya decisión del Consejo, el Parlamento Europeo puede, evidentemente, votar una enmienda a este texto relativo a las sanciones. Deseo recordar también que el Parlamento se pronuncia sobre la propuesta modificada de la Comisión. La Comisión mantiene sobre este punto su propuesta inicial de consignación presupuestaria completa. No puede retomar la enmienda del Parlamento ya que ésta tiene interés en conservar su margen de negociación y su papel, en función de la evolución de los debates en el Consejo. Dicho esto, puedo asegurarles que la Comisión hará todo lo necesario para que se respeten totalmente las prerrogativas presupuestarias del Parlamento Europeo y para que se llegue a una solución transparente.
Con relación ahora a las grandes orientaciones de política económica, éstas presentan un instrumento esencial para una mejor coordinación de la política económica en Europa. Corroboran este año que la estrategia macroeconómica rinde sus frutos, ya que se confirma el repunte. Sobre la base de esta constatación alentadora, la Comisión recuerda que únicamente un estricto respeto por los criterios de convergencia puede permitir continuar la distensión del policy mix y contribuir de este modo a una mejora duradera del crecimiento y, por consiguiente, de la creación de empleo e inversión productiva en Europa.
En este marco, las grandes orientaciones se encaminan, tal como ha solicitado esta Asamblea en su resolución sobre el Informe Económico Anual, a dar un impulso nuevo a la estrategia económica de la Unión Europea. Se trata ante todo de una estrategia al servicio del empleo. La Comisión no puede aceptar la crítica según la cual su recomendación no se limitaría a desarrollar suficientemente las condiciones de crecimiento y empleo, ya que ésta es perfectamente consciente de la gravedad de la lacra del desempleo en Europa.
En este sentido, debo hacer dos constataciones. En primer lugar, el empleo no se crea por decreto. La creación de empleos resulta de un crecimiento fuerte, duradero y equilibrado. Los resultados registrados, positivos en términos de convergencia, permiten proseguir con la distensión del policy mix que sirve al crecimiento y al empleo. En segundo lugar, al igual que el Parlamento Europeo, la Comisión es muy consciente del papel esencial que representa la demanda en un proceso de crecimiento. Y si el crecimiento de la demanda se hace a un ritmo superior al de la oferta, o si la demanda se ve estimulada artificialmente, se provocarán nuevos desequilibrios. En ese caso serán necesarias algunas correcciones que amenazarían la distensión del policy mix , es decir, al crecimiento y al empleo.
Creo que podré tranquilizar a la Sra. Randzio-Plath, a quien, personalmente, encontré un poco pesimista, ya que la demanda, principalmente de consumo, se está desarrollando mejor en Europa con una subida de un 1, 9 % en 1997 y de un 2, 4 % en 1998; además, también se está desarrollando la demanda en términos de inversión en bienes de equipo, ya que esperamos un 4, 8 % en 1997 y un 6, 3 % en 1998. La Comisión, con el fin de estimular la creación neta de empleo, recomienda este año una mejor coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros, incluso en materia de empleo. Les recuerdo que, precisamente a iniciativa de ésta, se puso en marcha una supervisión en materia de empleo desde 1995. Y sobre la base de los programas presentados anualmente por los Estados miembros fue adoptado un informe común del Consejo ECOFIN y del Consejo «Asuntos Sociales» por el Consejo Europeo en su reunión del mes de diciembre.
Para la Comisión, en materia macroeconómica, han de proseguirse las grandes líneas de acción siguientes: En primer lugar, es necesario promover la innovación, la investigación y el desarrollo, mejorar el sistema educativo y el de formación profesional. En segundo lugar, es necesario un mejor funcionamiento del mercado de bienes y servicios. Con este fin, la Comisión presentará al Consejo Europeo de Amsterdam un plan de acción sobre el mercado interior. En tercer lugar, se debe continuar con la reforma del mercado de trabajo, y para la Comisión ello no debe llevar a una bajada de los salarios sino a una adaptación razonable de su estructura, en línea con las diferencias de productividad. Por consiguiente, nuestra recomendación es una estrategia para el empleo pero también una estrategia que libere la inversión.
Al igual que esta Asamblea, la Comisión ha hecho una constatación bastante decepcionante, aunque las últimas cifras que he dado muestran que ese pesimismo debe atemperarse a pesar de todo. En efecto, las encuestas de coyuntura dan fe en los momentos actuales de una confianza creciente de los productores, y la capacidad de beneficio de las inversiones en la Unión está en su nivel más alto desde los años 60.
La Comisión señala por otro lado que los trabajadores asalariados han contribuido al saneamiento del marco macroeconómico con la moderación salarial. Ésta considera así indispensable que, en estos momentos, los empleadores aprovechen la oportunidad que les brinda la bonanza económica y, para la mayoría, su situación financiera, para relanzar la inversión creadora de empleo.
Este relanzamiento de la inversión debe afectar prioritariamente a la inversión privada (les recuerdo que es el 85 % del total), y en todas sus formas: inversión física, inmaterial y en capital humano. Pero la Comisión recomienda también preservar los gastos de inversión pública, principalmente las redes transeuropeas. Como ustedes saben, estos gastos son esenciales para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo. Son una inversión para el futuro de la sociedad en su conjunto.
Permítanme decir, como conclusión y muy rápidamente, en primer lugar que, con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y con lo que la Comisión acepta recoger de sus enmiendas, es decir, lo esencial en cuanto al fondo y un gran número en cuanto a la cantidad, creo que hemos alcanzado un compromiso equilibrado que permite al Parlamento hacer que prevalezca su punto de vista sobre la adopción de este texto fundamental. Ahora es necesario concluir, ya que tenemos el tiempo justo para respetar las exigencias del calendario.
Permítanme, como conclusión igualmente, responder a la sugerencia de su ponente, la Sra. Randzio-Plath, sobre las grandes orientaciones relativas a un acuerdo interinstitucional para la aplicación del artículo 103 del Tratado. La Comisión, por su parte, siempre ha informado de su disponibilidad para llegar a un acuerdo así, con tal de que el Consejo pueda hacerse cargo. Igualmente, la Comisión no ha ahorrado esfuerzos, en estos últimos tiempos, para asociar aún más al Parlamento Europeo en el proceso de supervisión multilateral. Creo que el debate de hoy lo certifica.
En ese sentido, desearía, para terminar, señoras y señores, señalar la necesidad, para nuestras dos instituciones, de unir sus esfuerzos en pro de la aplicación de ese pacto y de estas recomendaciones, con el fin de acompañar lo mejor posible la introducción del euro en el marco de las condiciones y del calendario previstos por el Tratado.

Randzio-Plath
No he entendido totalmente al Comisario y quisiera saber si estaría dispuesto a asumir las propuestas del Parlamento Europeo en su proyecto de las orientaciones generales de la política económica de la Comunidad y de los Estados miembros.

Christodoulou
Señora Presidenta, quiero dar las gracias al Sr. Comisario por aprobar la propuesta presentada anteriormente y por su aprobación de las respectivas enmiendas.
Quisiera pedirle que reconsidere por un momento la enmienda nº 4 referente al considerando 10 del primer reglamento, dado que la Comisión aprobó esta enmienda en su dictamen, tal como lo remitió al Consejo. Además, en su propio documento, que por casualidad ha caído en mis manos, señor Presidente, la Comisión dice:
»whereas this mechanism...» -se refiere al mecanismo de tipos de cambio, es decir, el MTC2-
Considerando que este mecanismo también les ayudará -a los países que no sean miembros de la Unión Económica y Monetaria- a resistir las presiones injustificadas sobre sus monedas en los mercados de divisas.
Esto exactamente es lo que nosotros expresamos en el considerando al que se refiere esta enmienda y me pregunto por qué la Comisión no la aprueba.
Por lo tanto, junto a los demás puntos que el Sr. Comisario ha aprobado, por lo que le doy las gracias, repito, le insto que vuelva a considerar este tema para ver si podría aprobarlo también.

El Presidente
Señor Christodoulou, señora Randzio-Plath, el señor Comisario tendrá una vez más la palabra al final del debate para que pueda contestar sus preguntas. Ahora proseguiremos en primer lugar el debate.

Donnelly, Alan
Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento a ambos ponentes por sus respectivos informes, a los que me referiré brevemente más adelante. Antes quisiera decir al Sr. Comisario que la conducta del procedimiento para el pacto de estabilidad y crecimiento ha sido una triste serie de incidentes para intentar una y otra vez impedir la participación de este Parlamento en el debate. Sólo gracias a la elasticidad de esta Asamblea hemos podido llegar ahora a una fase en la que la Comisión recomienda que se acepten algunas de nuestras enmiendas. Espero que en el futuro mantengamos mejores relaciones cuando tratemos estas cuestiones económicas y monetarias, que son de la máxima importancia.
Existe una paradoja en la presentación que hoy ha hecho el Sr. Comisario. Por un lado ha hablado de las grandes orientaciones económicas, del hecho de que la Comisión se ha fijado el objetivo de incrementar la investigación y el desarrollo, de lograr un mayor crecimiento y mejores sistemas de educación. Por otro lado, nos ha presentado un pacto de estabilidad que incluye el término «crecimiento», a pesar de que el pacto no contiene nada relativo al crecimiento, sólo a la estabilidad, lo que podría debilitar cualquier medida que adoptemos para impulsar la investigación y el desarrollo, los sistemas de educación o el crecimiento. Como bien sabe el Sr. Comisario, una mala utilización del pacto de estabilidad podría convertirlo en altamente deflacionario, reducir el crecimiento y agravar el desempleo. Ése es el motivo por el que insisto en que la Comisión ejerza la responsabilidad que le confiere el Tratado de la Unión Europea para impedir que dicho pacto de estabilidad sea utilizado por las fuerzas del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas que desean debilitar el desarrollo del empleo en el seno de la Unión Europea.
Si queremos tener crecimiento y estabilidad en la Unión Europea, debemos impulsar la inversión. En estos momentos, la inversión representa el 19 % del PIB. Los economistas del Sr. Comisario apuntan a que la inversión debe crecer hasta alcanzar el 25 % del PIB. Cómo podemos lograr la cuadratura del círculo del pacto de estabilidad y crecimiento, y sobrecargar el endeudamiento y los déficits presupuestarios con la necesidad de incrementar la inversión en la Unión Europea. Incluso el Sr. Ciampi afirma en su informe sobre competitividad que la inversión pública tiene un papel clave para estimular la inversión privada en la economía de Europa. Por tanto, esta Comisión tiene la responsabilidad de garantizar la promoción de la inversión pública, la inexistencia de trabas, para que abra el camino a una mayor inversión privada y a mayores oportunidades de crecimiento de la economía europea.
Quiero decir al Sr. Comisario que nos mantendremos muy atentos al papel que desempeñen la Comisión y organizaciones como el Comité Monetario, que no tiene ninguna transparencia ni ninguna legitimidad democrática. ¿Tiene previsto el Sr. Comisario hacer frente al Comité Monetario? ¿Ejercerá sus responsabilidades de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea?
Terminaré con un comentario sobre el empleo. El Sr. Comisario ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar el empleo en la Unión Europea. Ahora entrará en vigor el pacto por la estabilidad y el crecimiento. Estamos creando los instrumentos definitivos para la gestión de la política monetaria. Debemos activar el Fondo Europeo de Inversiones y los requisitos de endeudamiento a nivel europeo para compensar el endeudamiento que los Estados miembros no pueden asumir por sí solos. Por ello deseo pedirle, señor Comisario, que ayude a impulsar los niveles de inversión a partir de ahora y hasta que aparezcan los próximos balances anuales y las grandes orientaciones económicas, con objeto de defender lo que acordaron la Comisión y el Consejo de Essen, a saber, apoyar las iniciativas Delors y Santer sobre el endeudamiento a nivel europeo.

von Wogau
Señora Presidenta, distinguidas señoras y señores, este pacto de estabilidad es seguramente una de las etapas importantes en el camino hacia la Unión Monetaria Europea, y constituye una pregunta muy decisiva la de si se logrará aprobar a tiempo en Amsterdam este pacto de estabilidad.
Como han oído ustedes en el debate, existen ciertas diferencias de opinión entre el Parlamento y también la Comisión, pero en primer lugar el Consejo, acerca de este pacto de estabilidad. Por esta razón hemos celebrado conversaciones con el Consejo y ha habido un diálogo muy constructivo con el Sr. Zalm, el Ministro de Finanzas holandés y Presidente del Consejo en ejercicio. Se trataba de tres cuestiones: en primer lugar, se trataba de una cuestión más bien institucional, en concreto, las referencias cruzadas entre el proyecto de resolución del Consejo Europeo y ambas directivas; en segundo lugar, se trataba de la cuestión de la introducción de la regla de oro en el pacto de estabilidad, en concreto, la regla que ustedes conocen y que reza que las inversiones en el presupuesto deben ser más altas que el nuevo endeudamiento. El tercer punto se refiere al presupuesto que nuestro colega, el Sr. Willockx, acaba de exponer de manera tan expresa y detallada. Somos de la opinión de que no debe crearse ningún presupuesto específico en el que se paguen las multas, sino que las multas, cuando se paguen, deben ir a parar al presupuesto de la Comunidad Europea. Este ha sido el objeto de estas negociaciones.
Creo poder decir que en las negociaciones se perfila que el Consejo se mostrará de acuerdo en dos puntos, en concreto, en la cuestión de las referencias cruzadas y también en la cuestión de la regla de oro. En lo que respecta al presupuesto no estoy enteramente seguro todavía. En mi opinión, la Ley está de nuestra parte, pues los juristas del Consejo siguen buscando aún con una cierta desesperación un fundamento jurídico para una solución, y creo que esto podría conducir que en último término se entrará en nuestras propuestas.
Finalmente quisiera decir una cosa de manera muy insistente: tienen una importancia muy decisiva que ahora no hablemos de un aplazamiento del informe o de cosas semejantes, sino que decidamos ahora que se vote mañana y que emitamos nuestra opinión. No he podido entender, pues lo he oído, que en Grupo Socialista haya tenido lugar una discusión acerca del aplazamiento o de la devolución a la comisión. Yo consideraría esto extremadamente peligroso y no debe suceder bajo ninguna circunstancia. Mañana tenemos que votar el informe Christodoulou.

Giansily
Señora Presidenta, Señorías, sobre un tema tan trascendental, creo necesario recordar, para comenzar, algunos principios muy sencillos.
El reto más importante al que nos enfrentamos en la mayor parte de nuestros países es el del desempleo. Ahora bien, la mejora del mercado del empleo pasa por un mayor crecimiento, y éste no se crea por decreto. Es el resultado de unos parámetros sanos. Los déficits públicos nunca han creado empleo, de otro modo lo sabríamos y estaríamos en situación de sobreempleo. La observación de la situación en Estados Unidos y en Holanda es esclarecedora en este sentido.
Igualmente, el crecimiento ha de ser impulsado, a medio plazo, por la demanda, y ha de verse mantenido por una inversión juiciosa procedente claramente de las empresas hasta un 85 %. Ahora bien, en la actualidad observamos que la demanda en Europa vuelve a subir sobre una base sana, lo que debería estimular la inversión.
Finalmente, son los beneficios de la actividad los que autorizan el crecimiento y conviene estar muy atento a la evolución de los salarios y de los déficits. Todas estas razones hacen que los textos que estamos discutiendo en el día de hoy revistan una importancia capital para el futuro de la Unión Económica y Monetaria. En este sentido, la reunión del Consejo informal del mes de abril, que fue un éxito, sólo ha representado, por así decir, la aplicación de música jurídica de las decisiones tomadas en el Consejo Europeo de Dublín del mes de diciembre.
Estamos también convencidos de que la adopción, en el plazo más breve posible por parte del Parlamento Europeo, de los textos que se nos han presentado relativos a los déficits excesivos, y el refuerzo de la supervisión y coordinación de las políticas presupuestarias, es indispensable y obligatoria, con el fin de que podamos disponer a tiempo de los textos finalizados para la cumbre de Amsterdam.
En esta perspectiva, la totalidad de los textos que nos interesan, ya se trate de los relativos al SME bis, el Pacto de Estabilidad, o los que dependen de los artículos 103, párrafo 5 y 104 C, reciban naturalmente nuestro asentimiento, como los excelentes informes del Sr. Christodoulou.
Señora Presidenta, Señoría, observo también, por lo que respecta a la lucha contra los déficits excesivos, que el sistema propuesto está hecho para ser esencialmente preventivo y disuasorio. No aparece como dependiente de una actuación que privilegie las sanciones.
Para terminar, desearíamos felicitar en el día de hoy a la Comisión, que ha conseguido que la supervisión presupuestaria se ejerza en el futuro no solamente país por país, sino igualmente a nivel de la Unión en su conjunto. Se trata de un logro máximo para disponer de una visión presupuestaria global de la Unión, y ello nos será particularmente útil en el diálogo macroeconómico multilateral que habremos de mantener con nuestros principales socios de la Unión Europea.

Cox
Señora Presidenta, hablo en nombre del Grupo de los Liberales sobre los informes Christodoulou. En realidad puedo hacer una intervención muy breve porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho el Sr. von Wogau. En lo que se refiere a la cuestión de las referencias cruzadas entre una declaración política del Consejo y el Reglamento, el Grupo de los Liberales coincide en señalar que dichas referencias deben ser mínimas. En cuanto a la cuestión de la denominada norma de oro sobre la inversión, podemos apoyar las referencias al artículo 104 C que se hacen en los correspondientes apartados de la propuesta de vigilancia multilateral.
En cuanto al pacto de estabilidad, el Grupo de los Liberales acoge con satisfacción el énfasis que pone el Parlamento en la necesidad de aplicar intereses sobre los depósitos y sobre las sanciones que deriven de este próximo pacto que, en principio, serán asignados a recursos propios. Por último, señalar que estoy totalmente de acuerdo con el Sr. von Wogau. Tras haber recibido garantías adicionales del Consejo y reconocer la importancia crucial del pacto de estabilidad y crecimiento para la UEM, mi Grupo no estará dispuesto en ningún caso a que se posponga la votación de mañana.

El Presidente
Interrumpimos el debate conjunto.
Se reanudará tras el debate sobre los resultados de la reunión del Consejo Europeo del 23 de mayo de 1997.

Consejo Europeo del 23 de mayo de 1997
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede a un informe del Consejo y a una declaración de la Comisión sobre los resultados de la reunión del Consejo Europeo del 23 mayo de 1997.

Patijn
Señor Presidente, le doy las gracias por permitirme estar hoy presente aquí. Es la primera vez que intervengo en su nueva sede. Espero que el futuro de la Unión Europea tenga tan buen aspecto como esta nueva sede.
Quiero dar cuenta brevemente de la reunión del Consejo Europeo informal reunido el pasado 23 de mayo en Noordwijk. El único tema de conversación fue la Conferencia Intergubernamental. Dado su carácter informal, no se presentaron documentos formales ni se sacaron conclusiones. Ello no significa que este Consejo informal no haya sido preparado.
Más de una semana antes del Consejo Europeo en Noordwijk, y sobre la base de las negociaciones previas, la Presidencia pudo poner sobre el tapete una especie de documento de trabajo que en realidad no tenía carácter oficial, pero que reflejaba claramente el estado de las negociaciones, al menos desde el punto de vista de la Presidencia. Este documento, pese a no tener carácter oficial, ofrecía una clara indicación a las partes signatarias del Tratado sobre dónde estaban y cuál debía ser el camino a seguir sobre la base de las propuestas de la Presidencia. Este texto fue discutido previamente, por lo menos el cuadro completo de las negociaciones, en una sesión informal del grupo de representantes personales, que tuvo lugar el 16 y 17 de mayo en Houthem, cerca de Maastricht. Gran parte de los representantes del Parlamento Europeo tuvieron ocasión de participar. A continuación, el martes 20 de mayo se celebró un cónclave de ministros de Asuntos Exteriores a este respecto. Me complació mucho verle allí y poder contar con su contribución. En general quisiera felicitarle por el papel comunicativo y constructivo que mantienen tanto usted como sus representantes a todos los niveles, también en los contactos informales, con la Presidencia y con la Conferencia de Negociación sobre esta cuestión; más adelante me referiré a ello, pues sacamos provecho de ello.
Quiero recalcar expresamente que en Noordwijk tuvo lugar, como es usual, un encuentro con usted, como Presidente del Parlamento Europeo, así como un breve intercambio de ideas. Quiero mencionarlo porque es un componente fijo del Consejo Europeo. Para Amsterdam, seguimos partiendo de la idea de que la Conferencia Intergubernamental se concluirá en Amsterdam, aunque todavía quedan por solventar algunos obstáculos. Esto quedó claro en Noordwijk.
En general, la apreciación de los jefes de Gobierno era que en cuanto a la Conferencia se habían realizado buenos progresos y por lo demás, en el tour des tables se examinaron diversas cuestiones, concretamente la revisión. Los temas fueron: un mayor afianzamiento de los derechos humanos en el Tratado, la introducción del principio de la no discriminación, el capítulo del empleo, la reintroducción y el refuerzo del protocolo social y la supresión de la reserva británica a este respeto, una nueva base jurídica para la apertura y la transparencia, consolidación del papel legislativo del Parlamento Europeo y también la simplificación de los procedimientos, la ampliación de la jurisdicción del Tribunal Europeo, concretamente en el tercer pilar, y la lucha contra el fraude. Se trata de unas cuantas cuestiones sobre las que la Presidencia tiene la impresión, entre otras cosas después de haber oído las observaciones de Noordwijk, de que la Conferencia está muy cerca del acuerdo. Esto no quita que por supuesto aún se retoquen mucho los textos. Pero es algo inherente a todo juego en que, en un determinado momento, los políticos tienen que dejar el trabajo en manos de sus subordinados y sobre todo de los juristas. Entonces suceden este tipo de cosas.
Quiero mencionar expresamente que también en Noordwijk se vio que no existe consenso sobre una serie de cuestiones. Me refiero en concreto a la comunitarización de la libre circulación de personas. A la integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea y la flexibilidad. Todavía no existe un consenso político sobre estas cuestiones. No obstante, de la apreciación política general hecha por los jefes de gobierno en Noordwijk se desprendió que, en primer lugar, existe una clara voluntad política, ya registrada en el cónclave de La Haya del 20 de mayo, pero confirmada el 23 de mayo por los jefes de gobierno en Noordwijk, de concluir con éxito la CIG durante el Consejo Europeo de Amsterdam con un Tratado de Amsterdam. Asimismo se ha dicho claramente -y estamos agradecidos por ello- que sobre la base del material presentado por la Presidencia también hay perspectivas para el Tratado de Amsterdam.
Al margen de esa ronda general, en Noordwijk también se trataron diversas cuestiones parciales. Se trata de temas que en realidad hasta ahora han hecho dudar a la Presidencia a la hora de registrar sus conclusiones en textos de tratado o propuestas, porque aún existían muchas conjeturas sobre cuál podría ser el consenso final. Se trata en primer lugar de la eficacia y la composición de la Comisión Europea. En esta cuestión, el intercambio de ideas en Amsterdam ha dado una clara indicación política, que la Presidencia acepta agradecida, y que tiene que ver concretamente con el refuerzo del papel del Presidente de la Comisión Europea en la gestión política y otras actividades de gestión de esta importante institución europea. Existía un consenso absoluto sobre ese importante elemento de refuerzo de la eficacia y la legitimidad de la Comisión Europea, sobre todo dada la circunstancia de que en algún momento del próximo siglo se irá ampliando el número de Estados miembros, por lo que ese refuerzo del papel del Presidente era sin lugar a dudas necesario. Asimismo se detalló -nuestros juristas pueden indicar cómo ha de llevarse a cabo este refuerzo- que en cuatro o cinco fases consecutivas, el Consejo Europeo nombre al Presidente de la Comisión Europea. Este nombramiento ha de ser confirmado y aprobado después por ustedes, el Parlamento Europeo. A continuación se entra en la fase en que los Estados miembros, de común acuerdo -y ahora utilizo la expresión común acuerdo, pero aún he de encontrar la formulación jurídica exacta- con el Presidente, elijan a su Comisario. Por tanto, hay una consulta en torno al nombramiento de los Comisarios, y hay acuerdo al respecto. Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para designar a los Comisarios, toda la Comisión ha de comparecer nuevamente para su aprobación y legitimación, por lo menos en sentido figurado, ante el Parlamento Europeo para recibir el visto bueno.
Asimismo es evidente que el Consejo Europeo desea, y también lo estudiaremos, que la organización interna de la Comisión se racionalice en el futuro. En la actual Comisión ya se han desarrollado ideas en este sentido, de una manera global, y estas cuentan con la aprobación general de la Conferencia de gobiernos, y concretamente que el Presidente adquiera un papel más importante en la adjudicación y distribución de las carteras. Además, todavía hemos de considerar si existe, aunque aún no ha concluido la negociación al respeto, una especie de derecho de designación, pero es algo que todavía no está claro en estos momentos.
Menos claro es cuál ha de ser el tamaño y la composición de la Comisión Europea. En torno a esta cuestión se ha llevado a cabo un intercambio de ideas político muy abierto sobre el control del riesgo político de este tema, porque durante la Conferencia Intergubernamental se ha convertido en el tema político más delicado en los Estados miembros. La perspectiva, que surgió como opción en el debate, de que algunos Estados miembros quizás no estarían representados en el futuro en la Comisión Europea, sino que habría que establecer un sistema rotativo, ha suscitado mucha resistencia en diversos Estados miembros en relación con este tema específico en la Conferencia Intergubernamental. Quedó claro que por ello el resultado en conjunto corría graves riesgos políticos si no se solucionaba este punto con mucha cautela y a satisfacción de todos los Estados miembros.
De la deliberación de Noordwijk ha surgido la indicación de que esta cuestión no ha de sostenerse hasta provocar una ruptura, lo cual podría implicar que la toma de decisiones real sobre cómo ha de regularse en el futuro la cuestión del tamaño y la composición de la Comisión Europea, que la verdadera toma de decisiones se aplace hasta que llegue el momento en que sea preciso hacerlo en relación con la adhesión. Por tanto, si se presentan tres, cinco o seis países como candidatos para la Unión Europea y se presentan con un Comisario, nos encontraremos en una situación muy dolorosa. Ha surgido una clara opción de aplazar la toma de decisiones hasta ese momento.
Además se ha prestado mucha atención a la ejecución, aunque con las limitaciones de tiempo que tiene siempre la gente muy ocupada, al tema de la reponderación de los votos y la mayoría cualificada. Se ha visto claramente que un gran número de jefes de gobierno considera muy importante un arreglo bueno y equilibrado de esta cuestión, en que ha de quedar garantizada toda la cuestión de la legitimidad de las mayorías a crear. Aún no hay consenso en torno al método en que se llevará a cabo. Algunos Estados miembros son partidarios de una doble ponderación o una doble clave. Otros Estados miembros son firmes partidarios de una reponderación de los votos dentro del Consejo. Hay variantes y soluciones intermedias, sobre las que todavía no se ha tomado ninguna decisión. Esto guarda asimismo una estrecha relación con la otra cuestión que hay que sopesar bien en las relaciones institucionales, y que también es delicada, a saber, la ampliación de la toma de decisiones por mayoría cualificada en el primer pilar.
Por último, señor Presidente, no es algo que esté directamente relacionado con el Consejo Europeo, pero sí la consecuencia de la apertura que ofreció usted al aparecer en el Consejo de ministros de hace tres semanas. Para ello propuso usted a la Conferencia Intergubernamental que se renunciara a convertir los gastos en el marco de la política exterior en gastos obligatorios, y propuso usted lograr un acuerdo interinstitucional con el Parlamento Europeo para regular adecuadamente las relaciones. Esta idea fue recogida por el Presidente de la CIG, el Sr. Van Mierlo, quien ha recibido un mandato de sus colegas para iniciar las negociaciones a este respecto. Lo que quisiera señalar, señor Presidente, es que esta intención de la Conferencia de gobiernos de las partes contratantes sigue presente y que los primeros resultados de los sondeos entre usted y yo son, desde mi punto de vista, muy alentadores. Quiero agradecerle expresamente la iniciativa que tomó usted hace tres semanas en el Consejo de ministros.

El Presidente
Muchas gracias, señor Patijn.
Tiene la palabra el señor Oreja.

Oreja Aguirre
Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señoras y señores parlamentarios, a tres semanas escasas del Consejo Europeo de Amsterdam, en el que la Conferencia Intergubernamental debería concluir sus trabajos, es éste un buen momento para evaluar los resultados de los progresos realizados hasta la fecha y para reflexionar sobre los objetivos de la Conferencia tras el reciente Consejo Europeo oficioso de Noordwijk. De los catorce meses transcurridos desde el Consejo Europeo de Turín, yo quisiera destacar el buen sentido de la contribución de tres actores.
En primer lugar, las sucesivas presidencias del Consejo y muy especialmente la presidencia holandesa, cuyo documento presentado en la reunión de representantes personales de Houtem es, a mi juicio, probablemente el máximo admisible por los gobiernos y el mínimo aceptable por las opiniones públicas, y me complace elogiar especialmente la labor del Sr. Patijn, sin cuya determinación hubiera sido imposible llegar a los resultados actuales.
En segundo lugar, el dictamen de la Comisión de 28 de febrero de 1996, que constituye un punto de referencia respecto al nivel de ambición de la Conferencia.
Y, en tercer lugar, quiero mencionar de manera muy especial la destacada y constructiva contribución del Parlamento Europeo, de sus representantes, la Sra. Guigou y el señor Brok y muy particularmente la actuación del señor Presidente, tanto en el Conferencia de Ministros como en el Consejo Europeo.
Quisiera ahora recordar algo que puede parecer obvio, esto es, las razones por las que se convocó esta Conferencia Intergubernamental. La Conferencia fue convocada con tres objetivos: impulsar la Unión política, preparar la Unión a la ampliación y responder al mandato del Tratado de Maastricht que, en ciertos temas, ya preveía la convocatoria de la Conferencia en 1996 y que, entre otras cosas, buscaba establecer en el Tratado la futura identidad de una defensa común europea.
Podemos preguntarnos si la Conferencia ha satisfecho hasta la fecha estos objetivos. Yo creo que, para poder emitir una valoración precisa del momento presente, habría que evaluar exactamente dónde nos econtramos y habría que saber con precisión adónde vamos. El primer punto ha sido ya tratado por la presidencia del Consejo. Me van a permitir por lo tanto que me concentre en el futuro: ¿Adónde vamos? ¿Adónde se encamina en estos momentos la Conferencia? ¿Cuál es el nivel de ambición del futuro Tratado? Yo quisiera, llegado este punto, transmitir a esta Asamblea mi confianza en que podemos ser capaces de concluirla satisfactoriamente. Pero no les oculto también mi preocupación, porque estamos en la recta final de la negociación y queda aún bastante por hacer, y preocupación porque me parece esencial que la Conferencia concluya con un nivel de ambición que permita a la Unión Europea estar en condiciones de hacer frente a los retos que tiene ante sí los próximos años.
Europa necesita una reforma en profundidad, que refuerce su legitimidad democrática, que mejore la eficacia de sus instituciones, que responda a las preocupaciones de los ciudadanos y que nos permita hablar con una sola voz en la escena internacional. Me van a permitir que pase revista a la manera en que la Conferencia -a mi juicio y a juicio de la Comisión- está abordando esos objetivos. En lo que se refiere al objetivo de acercar Europa a los ciudadanos hay, a mi juicio, dos grandes cuestiones: el empleo y la política social, y la cooperación en Justicia y Asuntos de Interior.
En lo que se refiere al empleo, los trabajos de la Conferencia han desembocado en un resultado hasta ahora positivo, ya que hay consenso entre los Estados para que el nuevo Tratado incluya un capítulo sobre el empleo. En el marco de la estrategia de Essen, la inclusión de disposiciones específicas sobre el empleo permitirá mejorar la coordinación de las políticas nacionales, permitirá también considerar el empleo como una cuestión de interés común para todos los Estados, facilitar el intercambio de experiencias y, en definitiva, ser más eficaces en la lucha contra el desempleo a nivel de la Unión. No obstante, debo expresarles mi preocupación en un punto muy concreto: el riesgo de que las medidas de incentivación en materia de empleo puedan desaparecer del texto original debido a la oposición de ciertos Estados. Ello disminuiría la eficacia de la Unión en materia social. Creo, por tanto, que es esencial que se mantenga en el futuro Tratado. En materia de política social, el protocolo social será incluido en el futuro Tratado, poniéndose fin de este modo a la anómala situación que se aceptó en Maastricht. No obstante, me preocupa el mantenimiento de la unanimidad para la toma de las principales decisiones sociales, al haberse incorporado de manera mecánica el texto del protocolo al Tratado. Creo, sin embargo, después de la sesión de ayer, que en materia de lucha contra la exclusión social habrá notables progresos.
En materia de Justicia y Asuntos de Interior, la Conferencia ha concentrado sus trabajos en tres grandes temas: primero en la «comunitarización» de las cuestiones relativas a asilo, inmigración, control de fronteras exteriores, visados, cooperación administrativa y cooperación judicial civil, asegurando la plena participación de las instituciones comunitarias de manera progresiva a lo largo de sucesivas etapas. Este proceso, basado en un primer tiempo en un derecho de iniciativa compartido entre Comisión y Estados miembros, con toma de decisiones por unanimidad, llegaría a una etapa final en la que la Comisión ostentaría el monopolio de derecho de iniciativa y las decisiones se adoptarían por mayoría cualificada. Esa cuestión no está aún de ninguna manera cerrada, como tampoco lo está la forma de participación del Parlamento Europeo que, para la Comisión, debe ser la del procedimiento de codecisión.
En segundo lugar, un tercer pilar sustancialmente mejorado con nuevos instrumentos jurídicos y, por primera vez, la participación del Parlamento Europeo y un cierto papel -aunque limitado- del Tribunal de Justicia.
Y en tercer lugar, la integración de Schengen en el Tratado, a través de un protocolo que permitiría integrar en la Unión la cooperación reforzada entre varios Estados en torno a la Europa de la seguridad que se ha desarrollado hasta ahora, como bien es sabido, fuera del Tratado. Pese a las indudables ambiciones del texto de la presidencia en estos tres ámbitos, yo quisiera transmitirles en este momento cuál es mi preocupación. Me preocupa que en la recta final de la negociación, como consecuencia de las dificultades que este texto suscita, el resultado final pueda ser más modesto. Si ello fuera así, quedarían de alguna forma traicionadas las expectativas de nuestros ciudadanos que desean, por una parte, gozar de una libertad de circulación plenamente efectiva en el interior de la Unión, para poder desplazarse, vivir o trabajar en otro de los Estados miembros y, por otra parte, que la política de inmigración, de control de fronteras exteriores, de lucha contra la criminalidad organizada se desarrolle de manera eficaz, como acompañamiento a la libertad de circulación. Creo que sería lamentable que la negociación final desembocase en una frustración de nuestros objetivos y que se mantuviera el status quo . Sería probablemente el gran fracaso de la Conferencia Intergubernamental. Yo me pregunto cómo podríamos explicar a nuestros ciudadanos que, después de muchos meses de negociación, no se consiga avanzar en este tema.
Otro asunto que me parece extraordinariamente sensible para los ciudadanos es el de la protección de la salud pública. Para asegurar un alto nivel de protección al respecto en todas las políticas comunitarias, la gran novedad son, en el nuevo artículo 129, las bases jurídicas que garanticen la adopción de normas de carácter vinculante por mayoría cualificada y en codecisión con el Parlamento Europeo. Considero trascendental que quede garantizada la plena participación del Parlamento en este ámbito.
Hay otro tema que quiero mencionar y al que se ha referido la presidencia del Consejo hace un momento. Es la simplificación. Hace falta que seamos capaces de presentar de forma clara el resultado de la Conferencia en un texto de tratado en el que se fusionen y reestructuren sus disposiciones. Desgraciadamente, todavía no hemos llegado a este objetivo.
Voy a referirme muy brevemente al capítulo relativo a política exterior y de seguridad común. Creo que, en este ámbito, el futuro Tratado introducirá mejoras en los instrumentos y en los procedimientos de toma de decisiones. La creación de la célula de planificación y análisis permitirá a la Unión Europea disponer de la capacidad de anticipar y de procesar los elementos básicos en política exterior, y la existencia de un secretario general, junto a la presidencia de la Comisión, aseguraría la representación exterior de la Unión, debiéndose procurar que haya una plena coherencia entre el Consejo y la Comisión a lo largo de todo el procedimiento. Y pienso que será también posible facilitar la toma de decisiones con el uso de la mayoría cualificada a través de un mecanismo por el que se separen las decisiones por consenso en el Consejo Europeo y por mayoría en el Consejo de Asuntos Generales. En ello intervendrá todo lo relativo a la abstención constructiva que está abriéndose camino en las discusiones de la Conferencia.
Ahora bien, todas estas mejoras técnicas serán insuficientes si no existe una voluntad política clara de los Estados miembros de desarrollar una política exterior y de seguridad verdaderamente común o, dicho con otras palabras, debemos evitar el riesgo de introducir más burocracia en la política exterior y de seguridad común. Europa tiene que dotarse de una política exterior que le permita hablar con una sola voz en la escena internacional, acompañada de una política de defensa creíble para poderla desarrollar. No voy a insistir en el tema de la financiación de la política exterior y de seguridad común, puesto que a ello se ha referido hace un momento la presidencia del Consejo. Confío en que ese acuerdo interinstitucional llegue pronto a feliz término.
En materia comercial, es indispensable mejorar la eficacia de nuestra acción, muy especialmente en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. En el pasado, el artículo 113 ha permitido una acción común y eficaz respecto de nuestros socios en el comercio de mercancías. Hoy, como saben, los intercambios comerciales se desarrollan de manera creciente, sobre todo en torno a los servicios, a la propiedad intelectual y a las inversiones y, por eso, el artículo 113 debe adaptarse a esta nueva realidad. Si no conseguimos modernizar nuestra política comercial común en esta Conferencia, Europa habrá perdido una buena ocasión para situarse en primer plano respecto de nuestros competidores y tengo que confesarles que me preocupa el hecho de que, en la recta final de la negociación, el texto de la presidencia pueda verse aún más debilitado, e incluso se pudiera llegar a fórmulas regresivas. Si ello fuera así, a mi juicio sería preferible renunciar a su modificación y mantener la versión actual de dicho artículo.
Y termino con unas palabras sobre las instituciones: el tercer gran capítulo de la negociación es la reforma institucional. El tema de la Comisión ha sido objeto de debate en el Consejo Europeo oficioso de Noordwijk, y a él se ha referido muy ampliamente la presidencia. Poco voy a poder decir, por consiguiente. Se ha mencionado el tema de reforzar los poderes de la presidencia de la Comisión, así como la eficacia y legitimidad del Parlamento Europeo mediante la ratificación de la designación hecha por el Consejo Europeo.
Hay otros temas que están todavía pendientes y que, probablemente, hasta el último cuarto de hora estarán sobre la mesa. Me refiero concretamente al tema de la mayoría cualificada. Hemos repetido hasta la saciedad desde la Comisión que el mantenimiento de la unanimidad en una Unión ampliada conducirá a la parálisis. Y, en esta materia, el status quo no es aceptable. Por supuesto que pueden admitirse excepciones a la mayoría cualificada para materias constitucionales y cuasi constitucionales, adhesión de nuevos Estados miembros o recursos propios, pero la mayoría cualificada debe ser la regla si queremos impedir que la Unión Europea se precipite en la parálisis y la ineficacia.
Consideremos ahora el problema de la codecisión. Voy a ser muy claro en este punto: la extensión de la codecisión a materias de carácter legislativo no puede en ningún caso ser considerado como una mera concesión a este Parlamento o a los sectores más partidarios de la integración europea. Me preocupa mucho que ésta pudiera ser la actitud de algunos en la Conferencia. La codecisión es un principio básico que debe inspirar la estructura constitucional de la Unión Europea, tanto en materias económicas y sociales como en todos los ámbitos que afectan a los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Me parece impensable que, en el futuro, la Unión pueda prescindir de una mediación política representativa de las fuerzas sociales y de los ciudadanos europeos a la hora de tomar las decisiones que van a trazar la línea de acción de las distintas políticas. Es una exigencia fundamental de la democracia.
Y termino, señor Presidente, con una última reflexión: soy consciente de que he dejado muchos temas importantes sin abordar en esta intervención. He preferido concentrarme en lo que me parecía esencial. Estoy seguro de que en el debate se profundizarán y clarificarán muchas cuestiones que susciten sus Señorías, y si alguien hecha en falta que no haya mencionado la flexibilidad, les recordaré que sobre este tema tuvimos un debate monográfico en el Pleno de esta Asamblea hace pocos meses. Pero lo importante para mí en estos momentos es hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento respecto a la situación en la que se encuentra la Conferencia. Nos encontramos en un momento crítico. Las próximas tres semanas serán decisivas para decidir qué modelo de Unión Europea queremos diseñar para el futuro. La negociación final será durísima, los compromisos serán difíciles, los intereses nacionales en muchos temas divergentes, pero todavía no hay nada decidido, nada está definitivamente ganado ni perdido. Por ello, la Comisión desea apelar al Parlamento Europeo para que, junto a la Comisión, reclame de los Estados miembros un último esfuerzo en la recta final de la negociación.
En estos momentos es mucho lo que nos jugamos en la Conferencia: ser capaces de construir una Unión fuerte, creíble, capaz de profundizar en la Unión política abriéndose al mismo tiempo a la ampliación, sin incurrir en la dilución y manteniendo al mismo tiempo el dinamismo del método comunitario de integración, y esto es sin duda nuestro gran desafío. Renunciar a este objetivo sería renunciar a nuestro destino, debilitar la capacidad de la Unión y de cada uno de nuestros ciudadanos, y renunciar a estar presentes en la escena internacional económica y política. Por eso yo quiero hacer este último llamamiento al Parlamento. Creo que debemos unir nuestros esfuerzos para conseguir que el futuro tratado conserve ese modelo europeo de sociedad, por el que el Parlamento y la Comisión debemos estar dispuestos a luchar.

El Presidente
Muchas gracias, señor Oreja, por su información tan concentrada y que completa tan útilmente la presentada, en nombre del Consejo, por el señor Patijn.
Tiene la palabra la señora Green.

Green
Señor Presidente, deseo comenzar expresando mi agradecimiento al Presidente en ejercicio del Consejo y al Comisario Sr. Oreja por sus intervenciones de hoy. De acuerdo con su naturaleza positiva y alegre, el Presidente en ejercicio del Consejo nos ha ofrecido su habitual versión optimista de lo que, en su opinión, está sucediendo en la CIG. El Comisario Sr. Oreja ha sido algo más realista, por no decir más sincero, a la hora de valorar el modo en que creemos que se están desarrollando las cosas.
Espero que en este Parlamento no haya nadie -desde luego en mi Grupo no lo hay- que quiera ser negativo, difícil o desagradable. Deseamos un resultado positivo de la Cumbre de Amsterdam. Estamos decididos a que así sea si, de algún modo, podemos influir en el proceso, porque para el desarrollo de la Unión en vísperas del nuevo milenio es fundamental obtener un resultado positivo. Pero, si escuchamos el informe del Presidente en ejercicio del Consejo, en él podemos apreciar los temores y la angustia que siente la población de la Unión Europea.
El Presidente en ejercicio del Consejo ha dejado claro que los temas políticos más delicados son aquéllos relativos a las cuestiones institucionales. Habría preferido que dijera que los asuntos políticos más delicados giran en torno a cómo podemos fortalecer realmente la creación de empleo y la dimensión social, avanzar en la tarea de mejorar el medio ambiente, la protección de los consumidores y la salud pública. Lo que me inquieta sobre lo que ha dicho es que esos temas ya forman parte del proceso de un amplio consenso, lo que significa que ya han sido decididos y que no tienen demasiado contenido. Por eso resulta tan fácil alcanzar el consenso político sobre los mismos.
Es importante que dejemos políticamente claro que los ciudadanos de la Unión Europea están preocupados por la creación de empleo. Si somos serios sobre el capítulo del Tratado que trata sobre la creación de empleo, nuestros ciudadanos no se contentan con oír palabras bienintencionadas. Quieren que, como mínimo, el Tratado nos otorgue el derecho a empezar a coordinar nuestras políticas macroeconómicas para generar la creación de puestos de trabajo a nivel de la Unión Europea. Es el único modo de que el capítulo de empleo tenga algún significado.
Asimismo, sobre la dimensión social, estoy encantada de que el protocolo social sea incluido en el Tratado de la Unión Europea y encantada también de que el 1 de mayo, Día del Trabajo, fuera elegido un Gobierno Laborista en Gran Bretaña que lo hará posible. Pero queremos que se fortalezca también ese protocolo social. Deseamos asimismo que se avance en la igualdad de trato entre el hombre y la mujer y en la cláusula antidiscriminatoria con un significado real. Y queremos que todo ello se haga mediante votación por mayoría cualificada y la codecisión, y no por unanimidad que, sospecho, es lo que obtendremos, ciertamente en el caso de la cláusula antidiscriminatoria.
Éstas son las cosas que afectan a la población de la Unión. Éstas son las cosas que deberían guiar los últimos días de la CIG para fortalecer las cosas y para lanzar un mensaje claro a nuestra sociedad. El Comisario Sr. Oreja ha hecho una declaración muy reveladora al afirmar que lo que tenemos es lo mínimo que la opinión pública está dispuesta a aceptar; lo mínimo. Y eso nos preocupa mucho a mí y a mi Grupo. Queremos que la Unión avance, pero su principal prioridad debe ser abordar esos problemas que tanto han desestabilizado a la opinión pública de los países de la Unión Europea sobre el valor que la Unión Europea tiene para ellos y para sus familias.
Debemos realmente dar un fuerte impulso a la solución de estos problemas, no basta con dedicarle retórica piadosa, sino que debemos dar un auténtico paso adelante en el Tratado. Mi Grupo hará una evaluación del Tratado para determinar si cumple o no las aspiraciones de la población de la Unión.
El Tratado deberá además preparar la Unión para la ampliación y eso significa cambios institucionales. Cabía esperar de nuestros Jefes de Gobierno que comprendieran que para lograr una Unión eficaz y eficiente necesitamos cambios institucionales. Estos cambios deberían hacerse de forma automática si queremos seguir adelante con la ampliación de la Unión hacia los países de la Europa central y oriental. Existe, por tanto, el imperativo de preparar la Unión para la ampliación abordando, en primer lugar, la situación institucional, para la que debemos encontrar una solución. Por ejemplo, debemos limitar a un máximo de tres los procedimientos de toma de decisiones de la Unión, y queremos ver eso hecho realidad. El Parlamento lo viene pidiendo desde hace mucho tiempo, y esperamos que se haga realidad. Y, naturalmente, queremos que se amplíe la votación por mayoría cualificada y que se amplíe también la codecisión. Queremos que se mantengan todas esas cosas que garantizarán los derechos de este Parlamento.
No podemos aceptar ni aceptaremos una disminución de ninguno de los derechos que actualmente ostenta este Parlamento -ni derechos presupuestarios ni legislativos- en ningún ámbito. Espero que lo transmitan con toda claridad a la Conferencia Intergubernamental.

Brok
Señor Presidente, estimados colegas, quisiera dar las gracias al Presidente del Consejo en ejercicio y también al Sr. Comisario Oreja, no sólo por los discursos que han pronunciado, sino porque en los últimos meses he tenido también la sensación de que ambos estaban dispuestos a aceptar los argumentos del Parlamento y a llevar a la práctica una serie de nuestras propuestas o a contribuir a que éstas se lleven a la práctica. Quiero darles personalmente las gracias por ello.
A lo largo de los años he escuchado en esta Asamblea grandes discursos de grandes europeos y en las últimas semanas me he acordado de dos discursos, uno de Sandro Pertini, en su día Presidente italiano, y otro de Václav Havel. En ambos discursos se ponía claramente de manifiesto que no necesitamos una Europa tecnocrática, sino una Europa que esté volcada hacia el ciudadano y que esté al servicio del ciudadano.
Cuando observo la práctica de las negociaciones intergubernamentales tengo a veces dudas sobre si estamos realmente a la altura de tales criterios. Cada vez es más difícil, es más complicado, hacer comprensibles al ciudadano las decisiones europeas, dar al ciudadano la oportunidad de entender quién es responsable de cada cosa, de controlar quien adopta buenas decisiones y quién adopta malas decisiones, de transmitirle que mediante su influjo puede encaminar las cosas en la dirección adecuada.
Esto me lleva al tema de la operatividad de la Unión Europea y de esta Conferencia Intergubernamental como preparación de la ampliación de esta Unión Europea. Todos hablan de que se han ampliado las decisiones por mayoría, pero cada cual presenta sus excepciones que le han sido dictadas desde sus ministerios nacionales y para los conductores de las negociaciones resulta casi imposible procurar que esto no se convierta en un juego de suma cero. En estos días, cercanos a la conclusión de la Conferencia Intergubernamental, deberíamos recordar que el principio de la unanimidad es el principio de la desconfianza y de la falta de imaginación. Uno se aferra al principio de unanimidad porque no confía en los socios y se teme que una mayoría adopte decisiones que vayan contra los intereses nacionales propios.
Esta es, en mi opinión, una verdad amarga, pues cada cual en algún punto ofrece un ejemplo de esta desconfianza, y quiero explicitar esto en sólo algunos puntos. La Presidencia del Consejo intenta realmente en el artículo 113 de la política comercial ampliar también las decisiones por mayoría a los servicios, a las inversiones, a los copyrights, etc. Pero, evidentemente, esto sólo es posible si se elabora un protocolo con un subprotocolo en el que se establezcan cientos -no, estoy exagerando-, numerosas excepciones y sólo cuando éstas se tomen en cuenta, entonces se estará dispuesto a llegar a decisiones por mayoría.
Si después sucede que a la hora de ampliar el principio de la decisión por mayoría en una cuestión hay que hacer primero un tratado especial bajo la forma de protocolos, entonces ello llevará hacia una situación que quizá conduzca también hacia la operatividad, pero en cualquier caso conducirá hacia un total encadenamiento jurídico de esta Unión Europea y no a la vida en el seno de esta Unión Europea. De esto existe toda una serie de otros ejemplos.
¿Cómo se presenta la realidad? Resulta que incluso en la legislación relativa al mercado interior prácticamente no se ha dado ningún caso en el que se haya votado por mayoría y que un país haya tenido que sacrificar sus intereses nacionales o haya perdido una votación. Finalmente, allí donde se ha decidido por el principio de mayoría, se ha negociado sobre la base del principio del consenso. ¿Por qué no se está dispuesto a hacer también esto en los demás ámbitos?
¿Qué consecuencia tiene esto en el caso de la ampliación? Algunos Estados miembros no han advertido aún que lo que hasta ahora han defendido unánimemente por interés nacional, en una Comunidad ampliada se convertirá en lo contrario, también desde el punto de vista del interés nacional. En este punto quisiera mencionar en este contexto, a manera de ejemplo, el tema de los Fondos estructurales, sin entrar en explicaciones de detalle.
Estamos discutiendo todavía sobre el principio de soberanía, pero siempre solamente sobre aspectos formales y no sobre aspectos sustantivos, y el ciudadano está aquí mucho más allá. A propósito del tercer pilar y de lo que se va a comunitarizar en el tercer pilar se habla mucho de que esto no se puede hacer y que resulta afectada la soberanía nacional. Esto no le interesa, en absoluto, al ciudadano. Pienso que quiere tener soluciones y nosotros queremos tener una nueva política y ninguna dominación por parte del aparato. Queremos una política exterior y de seguridad europea que implique procedimientos de decisión para que podamos avanzar. Pero no necesita estar tan encapsulada en cláusulas de suerte que aunque en el medio se encuentre la toma de decisiones por mayoría, encima y debajo se encuentre el principio de unanimidad, que todo lo estrangula.
Queremos una política social de mejor formato, derechos fundamentales y más transparencia. Esta Conferencia Intergubernamental se encuentra en vías de procurar que el Parlamento Europeo obtenga más derechos, y nosotros queremos esperar también que no sea sólo el Parlamento quien resulte beneficiado de esto sino también la Unión Europea.

El Presidente
Gracias, señor Brok.
Tiene la palabra el señor Azzolini.

Azzolini
Señor Presidente, señor Comisario, señores diputados, no les ocultamos nuestras dudas ni nuestras preocupaciones con respecto a la marcha de los trabajos de la Conferencia Intergubernamental, como ha puesto nuevamente de manifiesto la reciente Cumbre de Noordwijk. Aun reconociendo el enorme trabajo realizado por la presidencia neerlandesa y la disponibilidad de muchos Estados miembros -cosa que agradezco sinceramente en nombre de mi Grupo-, debe censurarse que en Noordwijk, donde había que encontrar un acuerdo para la más amplia realización de las promesas del Tratado de Maastricht y a pocos días del Consejo Europeo de Amsterdam, hayan ganado una vez más los viejos nacionalismos. Ciertamente, es mucho lo que está en juego: aumentar las competencias de la Unión Europea equivale a renunciar progresivamente a las soberanías nacionales. No sorprende, pues, que cuando se trata de tocar las prerrogativas nacionales, los ideales cedan el sitio a los intereses partidistas.
No quisiéramos creer que, como decía el insigne profesor español Rafael Gómez Pérez, el ideal europeo está exhausto. Antes, la idea de Europa hacía pensar -culturalmente hablando- en una patria común; pero ese natural sentimiento de «ser europeo» se ha empañado con el tiempo porque el hombre europeo ha cesado de vivir la experiencia de su unidad, cesando así también de pensar y de realizar la unidad verdadera de Europa. En cambio, nosotros creemos que Europa puede darse mucho a sí misma y puede dar mucho a sus ciudadanos, al mundo entero. Pero para hacer eso necesita dar también y sobre todo una dimensión política a su presencia en la escena mundial, con un refuerzo de sus políticas y de sus instituciones, ante todo del Parlamento Europeo, y con la participación total de sus ciudadanos. Éste es el espíritu que, en nuestra opinión, debería animar a la CIG, para retranscribir un Tratado ya insuficiente respecto de los grandes desafíos de los próximos decenios.
Ciertamente, la Europa comunitaria, desde su nacimiento hasta hoy, ha avanzado mucho, como es sabido, pero eso no puede bastar. Queremos una Europa que no traicione el espíritu de los padres fundadores, quienes entreveían precisamente en la dimensión política su verdadera fuerza; queremos una Europa fuerte, libre, democrática, al servicio de los ciudadanos, para su bienestar y para su prosperidad. Pero al aumento de las competencias de la Unión Europea debe corresponder una solución al serio problema del déficit democrático de esta Unión; no se pueden sustraer las competencias a los Parlamentos nacionales, y, en consecuencia, su control democrático, con un aumento de poderes en beneficio de órganos de decisión no electivos. Hay que prestar mucha atención al equilibrio de los poderes. Una Europa en expansión que pide una presencia política significativa en la escena mundial, que quiere hacerse creíble y fuerte, debe establecer un pacto claro con sus ciudadanos: o se les reconoce, como en toda democracia, la plena soberanía mediante instituciones elegidas democráticamente, con plenos poderes, o ellos no se reconocerán en una patria común sino en una simple expresión geográfica, con instituciones supranacionales, lejanas y dirigistas.
Señor Presidente, ¡es en los ciudadanos europeos en los que tenemos que pensar al reformar la Unión Europea!

Brinkhorst
Señor Presidente, esta es la penúltima vez que el Parlamento hablará de la CIG antes de que se tomen decisiones en Amsterdam. Está claro que cada Grupo tiene su propio horizonte de ambiciones. Quisiera mencionar brevemente cuatro cuestiones sobre las cuales el Grupo del Partido Europeo de los Liberales Demócratas y Reformistas se pregunta: tendrá éxito Amsterdam, ¿sí o no?
En primer lugar: la codecisión. Se han dicho muchas cosas. La codecisión es esencial en todos los ámbitos en que hay legislación. Nos preocupa que, en los casos en que se opere un traslado de partes del tercer pilar al primer pilar, ciertamente los asuntos de justicia e interior recibirán la mayoría cualificada en el primer pilar, pero finalmente los derechos del Parlamento no contarán del todo. Es esencial que el Tribunal de Justicia también desempeñe un papel en este ámbito. Es la garantía de un verdadero Estado de derecho, y el artículo H es un monstruo jurídico, señor secretario de Estado.
La mayoría cualificada. Siguen existiendo 35 casos en que se exige unanimidad. Así no puede funcionar la Comunidad. ¿Podría anunciar el Presidente del Consejo que la Presidencia tomará nueva iniciativas en esta cuestión para intentar reducir los casos sujetos a unanimidad?
En tercer lugar, una política exterior y de seguridad común no puede funcionar sin los instrumentos necesarios. La integración de la Unión Europea Occidental en la Unión Europea es necesaria para crear instrumentos creíbles a fin de desarrollar una política exterior. En la actualidad, estos instrumentos no existen. La Unión Europea Occidental parece cada vez más un satélite de la OTAN y no un instrumento de la Unión Europea.
Por último, señor Presidente, la simplificación. Muy a mi pesar, en la propuesta de la Presidencia hay una partida pro memoria. El Sr. Oreja también se ha referido a ello. Los ciudadanos juzgarán este Tratado en base a la pregunta de si existe realmente una simplificación, si hay más claridad. El actual texto no es claro, no por culpa de la Presidencia neerlandesa, sino por culpa de la impotencia del Consejo; Maastricht se ha elevado a la tercera potencia en cuanto a falta de claridad. Deseo al Presidente mucho éxito en su trabajo en los próximos días.

Puerta
Señor Patijn, señor Oreja, ya ven ustedes que todos los portavoces les agradecemos su presencia en el Parlamento en estos momentos y prácticamente todos reconocemos que la presidencia holandesa ha trabajado muy bien, como también la irlandesa; que nuestros representantes Brok y Guigou han tenido una buena comunicación; que el anterior Presidente del Parlamento, señor Hänsch y el actual, señor GilRobles, han hecho un esfuerzo de comunicación en lo que respecta a la presencia del Parlamento en la Conferencia, pero pese a todo debemos mostrar nuestra preocupación.
Un Comisario como el señor Oreja -y es imposible encontrar un Comisario más educado ni más prudente en la historia de la Unión Europea- ha mostrado hoy preocupación reiteradas veces. Lo ha dicho en un tono amable, pero ha mostrado una gran preocupación en nombre de la Comisión, y yo muestro una gran preocupación en este Parlamento en nombre de los diez millones de ciudadanos que han votado a los partidos componentes de nuestro Grupo, y eso que somos un Grupo pequeño. Fíjese, señor Presidente Patijn, en la cantidad de votantes que han apoyado a los Grupos grandes, porque este Parlamento no es una corporación académica para hacer un debate o un análisis, sino la representación, como usted muy bien sabe y respeta, de los ciudadanos europeos.
Sabemos que la Conferencia Intergubernamental avanza, una vez que todos han cumplido con sus deberes, pero ¿cómo va de contenidos? ¿Está a la altura de las expectativas que se han creado? ¿Responde a los problemas políticos de nuestro tiempo? Naturalmente, apoyamos que los ciudadanos tengan trabajo y empleo, pero también que haya una estructura de Unión política. En este momento en que hace ya casi diez años que cayó el Muro de Berlín, yo quiero decirles, -y no es ninguna broma- que la ciudadanía europea está en el muro de las lamentaciones. Con paro, con angustia, con problemas, y nosotros debemos compartir esos problemas y facilitar soluciones. Por eso, yo quería poner brevemente algunos ejemplos de nuestras preocupaciones, de por qué estamos preocupados. En cuanto al método está claro: están ustedes buscando el último equilibrio inestable en los últimos momentos, y debe preocupar a los ciudadanos que sus representantes gubernamentales no sean capaces de establecer unas reglas del juego y un código de confianza para tomar decisiones tan trascendentales.
Y esto podría producir, tengo que decirlo, una situación similar a la del Tratado de Maastricht, otra querida ciudad holandesa pero cuyo nombre suscita desconfianza en media Europa, porque el Tratado de Maastricht se hizo de espaldas a la opinión pública, y no podemos repetir esa situación. No quiero hacer yo culpable al señor Patijn -que hace gestos indicando que él tampoco está de acuerdo con hacer eso y que no es el responsable del Tratado de Maastricht-, pero tendremos que adoptar decisiones claras para no llegar a esa situación. Pero en cuanto a los contenidos, se trataba de dar un gran paso hacia la Unión política con un reequilibrio institucional, superador del déficit democrático. Y no se va a hacer, se van a dar pequeños pasos, ni siquiera el Parlamento va a tener la capacidad de dar un dictamen conforme para la revisión de los tratados en el futuro. No creemos que vaya a haber una verdadera codecisión en ámbitos tan importantes como los presupuestarios o los procesos legislativos.
El Parlamento tiene cierta desconfianza y es necesario dar estos pasos importantes hacia la Unión política. No hablamos corporativamente de la importancia del Parlamento, hablamos de un tejido democrático europeo. En política exterior y de seguridad común, no hay voluntad política para dar esos pasos y, en cuanto a promover políticas económicas y sociales al servicio de los ciudadanos, mucho nos tememos que no se va a conseguir. Cierto es que habrá un capítulo dedicado al empleo y se incorporará un protocolo social -probablemente mejor que el anterior-, pero el objetivo principal no es la retórica del empleo o políticas sociales limitadas de carácter asistencial, sino crear políticas socio-económicas que no se subordinen totalmente a los índices de convergencia.
No puedo ya hablar por falta de tiempo de la falta de soluciones para la ampliación. Estamos en una situación de pura transición, pero yo le pido, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que no hagamos en esta Conferencia el parto de los montes y que, al final, lo que se produzca sea un pequeño ratón que no pueda solucionar los problemas de la Unión Europea, de sus pueblos y de sus ciudadanos.

Roth
Señor Presidente, estimados colegas, en este debate de hoy se trata también del papel que nosotros nos asignamos como Parlamento Europeo. ¿Somos amigables, callados y discretos de cara a la próxima Conferencia intergubernamental, de la próxima Conferencia de Amsterdam? ¿Somos una suerte de pedigüeño que mendiga ante el Consejo más derechos? ¿Somos todo, menos contestatarios, para obtener un poco más mediante nuestra buena conducta y perder un poco menos? ¿Somos la prolongación del brazo de los gobiernos nacionales y renunciamos en una obediencia apresurada a demandas a la Conferencia Intergubernamental, que son absolutamente necesarias? No, seguramente este no es nuestro papel.
Estoy convencida de que la tarea más específica del Parlamento Europeo es la de decir hoy, precisamente hoy, las cosas de manera inconfundiblemente clara pues se trata nada menos que de la capacidad de futuro de la Unión Europea. Se trata de la consecución de una auténtica democracia europea. Se trata de lograr un equilibrio entre la integración política y económica en Europa. Se trata de desarrollar una política exterior común de índole civil. Se trata de la perspectiva europea global, de la capacitación para ampliar la Unión. Sin embargo, cuando me fijo y compruebo lo que hay hasta ahora, entonces debo afirmar realmente con gran desconcierto y con gran preocupación que actualmente los gobiernos de los Estados miembros están poniendo en marcha una reforma de la Unión Europea, que -siempre bajo la apelación a una mayor eficiencia- sigue reduciendo la democracia, la transparencia y la apertura en pro de procedimientos tecnocráticos y interestatales, poniendo así en peligro la idea originaria del desarrollo de una democracia europea.
El presente proyecto de Tratado no da una respuesta adecuada a la crisis social, ecológica y democrática de la Unión y no sólo es una reforma insuficiente sino que significa una vía que conduce hacia la dirección equivocada. Las declaraciones de derechos humanos y de no discriminación se quedan en meras declaraciones de labios afuera, sin garantías reclamables. La libre circulación de las personas, uno de los bienes supremos de la Comunidad Europea, se ve aplazada sine die. La denominada comunitarización de partes del tercer pilar constituye un paquete inflado, pues con la introducción del principio de mayoría la codecisión del Parlamento Europeo y la competencia del Tribunal Europeo de Justicia no van al unísono. Lean con atención el capítulo H; al contrario, el Tribunal Europeo de Justicia resulta disminuido.
Se va a desarrollar EUROPOL, recibirá competencias, sin que se amplíen los mecanismos democráticos de control. Esto es una erosión de los principios del estado de Derecho. La política exterior común ha de ser una política de paz y de seguridad con el objetivo de instaurar un sistema de seguridad de ámbito europeo, pero ello no es precisamente la integración de la UEO, la cual significa más bien un paso hacia la militarización de la Unión Europea, la única comunidad de paz.
La aparatosa tarea de lograr el objetivo del pleno empleo es también desenmascaradora: el prometido capítulo del empleo se ha convertido en mera poesía política no vinculante, de alto grado de irresponsabilidad a la vista de las masas de desempleados. De esta suerte ya no sorprende siquiera que posiblemente el Parlamento Europeo no obtenga más derechos, como acaba de contarnos el tercer gran europeo de esta semana, Elmar Brok, sino que incluso va a recibir menos derechos, por ejemplo, en el terreno presupuestario. No hay ninguna razón para dar saltos de alegría, sino que hay nivel 1 de alarma, pues con este Tratado de Maastricht II el futuro de Europa se torna más inseguro.
(Aplausos del Grupo de los Verdes)

Dell'Alba
Señor Presidente, señores diputados, es al Presidente en ejercicio del Consejo -pero también al presidente de los representantes que están negociando el nuevo proyecto de Tratado- a quien quiero dirigirme para preguntarle si se ha dado cuenta de qué unanimidad, rara entre nosotros, ha resonado en este hemiciclo hasta aquí al comentar eso a lo que estamos asistiendo y el proyecto sobre el que me parece que, en cambio, él ha expresado palabras de positivo optimismo.
A mí me parece que las reacciones de la Asamblea demuestran la preocupación que se nota en este Parlamento, preocupación, por otra parte, expresada también por la Comisión. Sé que este fin de semana se deberían ultimar los trabajos; esperemos que este proyecto de Tratado esté disponible para poder dar una respuesta completa y precisa sobre los distintos puntos en nuestra próxima ocasión hábil, en junio, antes de su Cumbre de Amsterdam.
Pero quisiera dirigirme a usted, Presidente, políticamente, como ya han hecho varios colegas, para decir: ¡tengan cuidado! Los días 16 y 17 de junio representan una fecha importante, sí: es la fecha en la que ustedes han pensado para la conclusión de esta negociación. Pero me parece que están llegando a ella, por una serie objetiva de situaciones, de la peor manera posible y disponiendo de una acuerdo mínimo sobre contenidos mínimos de revisión del Tratado de Maastricht. No entro en los detalles, pero quisiera simplemente preguntarles si ustedes piensan que el 16 y el 17 de junio es la única ocasión, la única oportunidad de concluir ese texto, como si el acuerdo de quince Jefes de Estado y de Gobierno fuera de por sí suficiente y no fuera necesario -y ya lo hemos visto con Maastricht- tener también la adhesión, en lo posible, de las opiniones públicas de nuestros Estados miembros, a las que me pregunto qué irán a ofrecer si el contenido de la reforma de los Tratados es el que, poco a poco, estamos constatando.
Nunca como durante estos años la política exterior y de cooperación europea ha sido tan negativa, ha producido tanta impotencia política, nunca como desde que hemos codificado la PESC. Pues bien, ustedes responden a esto, si es posible, reforzando el método intergubernamental y proponiendo incluso que sea un funcionario de categoría intermedia el que lo gestione todo.
Sobre todos los demás temas la respuesta que dan no es una respuesta política: es una respuesta técnica, débil, una respuesta que tememos que no cuente tampoco con la adhesión de los ciudadanos. Piensen en ello y piensen sobre todo que, quizás, si no hay bastante contenido, el 17 de junio puede también no ser la última ocasión para concluir el nuevo proyecto de Tratado.

Cellai
La presidencia en ejercicio del Consejo y el Comisario Oreja no me lo tomarán en cuenta si no puedo ignorar las contradicciones entre el esencial optimismo de la primera y las profundas preocupaciones, quizás realismo, del segundo. De las dos posiciones es evidente que una es cuando menos forzada. ¿Qué modelo de Unión Europea está saliendo, Comisario Oreja? Desde luego no el de la unión política, única gran referencia de fondo de los ideales europeos, y desde luego no el de una Europa social no sólo de palabra, si es cierto que hoy hay todavía naciones que, ante el drama del desempleo galopante, continúan creando obstáculos a opciones de incentivación en la materia. No pueden bastar únicamente la cláusula social ni el protocolo social: hay pocos motivos para ser optimistas sobre los futuros buenos resultados del Consejo Europeo de Amsterdam del próximo mes.
La Conferencia Intergubernamental, que al parecer tendrá que concluir a toda costa sus trabajos para esa fecha -¿y por qué no aplazarla, ante una posible situación de carácter mínimo?- corre el riesgo de lograr un resultado efímero: mucho ruido y pocas nueces.
Si leemos entre líneas la Cumbre de Noordwijk, nos damos cuenta de que la Unión Europea corre el riego de aparecer sólo como una «ministrocracia». Y si no, ¿cómo se podría interpretar el hecho de que los negociadores de las reformas institucionales, y no sólo de ésas, son representantes de los gobiernos, no elegidos por el pueblo y jefes de una burocracia desenfrenada? Y los miedos y las angustias de los 370 millones de ciudadanos de la Unión Europea, ¿qué consideración encuentran en este proceso?
Quince jefes de gobierno más quince ministros de Asuntos Exteriores se han reunido durante cinco horas, sin afrontar ni resolver con claridad ninguno -repito, ninguno- de los puntos decisivos que bloquean desde hace un año las negociaciones. ¿Qué Europa estamos construyendo? Desde luego no la que interesa a los ciudadanos, preocupados por problemas muy distintos: el desempleo, la pobreza, la exclusión social, la violencia que atenazan a Europa en su conjunto. Por lo tanto, ¿es realmente necesario ampliar la Unión, antes de profundizar en ella? ¿O, por el contrario, no existe la necesidad de mejorar su funcionamento y de crear las condiciones que le permitan afrontar los desafíos, tanto interiores como exteriores, con los que tiene que confrontarse? No puede aceptarse correctamente ninguna nueva adhesión hasta que no se hayan reformado profundamente las instituciones de manera que permitan una mayor integración política. Es necesaria una profundización económica y política de la Unión mediante un proyecto político fuerte, sin el cual la tan exhibida cohesión económica y social será sólo un triste e ilusorio espejismo y Europa, quizás, un sueño que habrá que guardar de nuevo en el cajón.

David
Señor Presidente, me complace que, según parece, estemos avanzando adecuadamente. Ello ha sido posible, sin duda, gracias a la habilidad de la Presidencia neerlandesa, pero me gustaría sugerir también que tiene algo que ver con el hecho de que en el Reino Unido haya un nuevo Gobierno. Este Gobierno está cumpliendo lo que exhortó desde la oposición y ha abierto definitivamente un nuevo capítulo en sus relaciones con el resto de la Unión Europea.
Hasta la fecha, y en particular en el denominado no-documento, encontramos pruebas inequívocas del progreso alcanzado: la integración de un protocolo social en el Tratado, la creación del capítulo de empleo, una ampliación considerable del voto por mayoría cualificada, unas disposiciones más estrictas para luchar contra el fraude, el compromiso de ampliar el poder de codecisión del Parlamento, un régimen más práctico para la PESC y el reconocimiento del tema de la antidiscriminación como distintivo de una democracia, de una sociedad libre. Son todas ellas medidas positivas y no debemos subestimar su significado.
Como ya se ha dicho, aún quedan temas difíciles pendientes de solución: la libre circulación, el futuro de la UEO, el número de Comisarios y el espinoso asunto de la flexibilidad. Pero lo que lo que más llama la atención en estos momentos es el deseo real de todos los gobiernos de los Estados miembros de alcanzar un auténtico acuerdo. Debemos celebrar ese hecho. Si se alcanza el acuerdo en Amsterdam, éste nos proporcionará una base desde la que poder avanzar y solucionar los numerosos problemas que preocupan a la población de Europa. Nos ofrecerá una base para reformar la Política Agrícola Común, una base para completar el mercado único y generar puestos de trabajo y crecimiento. Nos ofrecerá una base para crear una Europa de los ciudadanos y una base para prepararnos para el proceso de ampliación que es el próximo gran capítulo de la agenda europea.
Debo decir, no obstante, que eso no basta. Espero sinceramente que se tome buena nota de los comentarios que hoy han expuesto aquí los diputados a este Parlamento. No basta simplemente con tener un Tratado sobre el que exista un acuerdo minimalista. Necesitamos un Tratado que inspire a la población, que atraiga a la población, un Tratado que nos señale hacia un futuro mucho mejor y que infunda esperanza y confianza. Un acuerdo minimalista no lo lograría. Por eso es tan importante que se tengan en cuenta los comentarios que aquí se han hecho. Esperemos que este acuerdo no sólo merezca la aprobación sumisa del Parlamento, sino que además permita sentirnos decididamente entusiasmados.

Maij-Weggen
Señor Presidente, después del Consejo informal de Noordwijk, la Presidencia neerlandesa comunicó que se había mantenido una consulta constructiva y que los jefes de gobierno estaban decididos a llegar a un Tratado de Amsterdam. El primer ministro neerlandés ha comunicado después que en cualquier caso ya se había tomado una decisión, concretamente reforzar la posición del Presidente de la Comisión Europea. Todo eso suena muy bien. Pero quiero hacer una observación en relación con este último punto, y con ello me sumo a las críticas de Elmar Brok.
Cuando se decide que el Presidente de la Comisión sea propuesto por el Consejo y que esta decisión ha de someterse al Parlamento Europeo para su aprobación, y cuando se da la posibilidad a ese Presidente de la Comisión de elegir a sus propios Comisarios, se produce en efecto un refuerzo de la posición del Presidente de la Comisión. Pero, cuando luego se decide también nombrar al secretario general para la política exterior en el Consejo, significa que por un lado se refuerza la posición del Presidente de la Comisión, mientras por otro se debilita su papel. Se habrá dado un poder considerable al Presidente de la Comisión y se habrá restado poder a cuatro Comisarios responsables de la política exterior.
Le recuerdo que el Parlamento se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de un secretario general de este tipo en el Consejo. Es una solución burocrática y tecnocrática para un problema político. Por otra parte, nos preguntamos si luego el nuevo Presidente de la Comisión también podrá enviar a casa a los Comisarios individuales. Este Parlamento ha propuesto siempre tener el derecho de revocar a los Comisarios que fracasan. ¿Qué pasa con esta cuestión?
La segunda observación que quiero hacer trata de otro tema que este Parlamento considera muy importante. Me refiero a la necesidad de que la Unión sea más transparente y más democrática. Ahora el Parlamento tiene la última palabra en cerca de dos tercios de la legislación y cerca de dos tercios del presupuesto. Tengo entendido que en el ámbito del control democrático de la legislación se darán algunos pasos adelante. Pero también me he enterado de que por lo menos 35 ó 40 cuestiones seguirán dependiendo de la unanimidad. Me parece excesivo para poder hablar de un avance. La situación es más grave cuando oigo que la europeización de una parte de la política policial y judicial no irá vinculada a un refuerzo del papel del Parlamento Europeo. Me parece inaceptable. Pienso que hemos de advertir a la Presidencia neerlandesa que no puede aparecer un nuevo agujero en la democracia europea.
Peores aún son las noticias sobre las competencias presupuestarias del Parlamento Europeo. Según estas, no hay ninguna posibilidad de que el Parlamento tenga la última palabra con respecto a la parte obligatoria del presupuesto. Se trata del presupuesto agrícola y del FED. Conjuntamente 50 millardos. Es absurdo que tanto dinero permanezca fuera del control democrático de este Parlamento. Lo que es aún más grave es que la propia Presidencia neerlandesa también sea contraria a la competencia presupuestaria. Esta actitud era tan manifiesta que el parlamento neerlandés aprobó una moción para llamar al orden a la Presidencia neerlandesa.
Ahora una observación sobre la llamada reponderación del voto. La actual reponderación del voto suele considerarse satisfactoria. Por lo tanto, hay que aducir buenos argumentos para corregirla. Consideramos que lo más oportuno es que siga existiendo un buen equilibrio, incluso después de la ampliación entre los países grandes y pequeños de la UE. Lo que consideramos inoportuno es que los países grandes se impongan sobre los pequeños. Es decir, que suceda lo que sucedió hace 40 años. Los Países Bajos, el mayor de los países pequeños, ha de mantenerse firme para defender a los países pequeños. Los Países Bajos no ha de renunciar a su posición, pues de lo contrario surgiría el efecto dominó.
Por último, una observación sobre la falta de transparencia. Tengo entendido que los documentos sobre la legislación pasarán a estar a disposición de los ciudadanos, del parlamento nacional y del Parlamento Europeo antes de su promulgación. Esto es bueno y también es necesario. Sin embargo, no recibo buenas noticias en cuanto a la apertura del Consejo, cuando este decide sobre la legislación. En el ámbito legislativo, ¿seguirá el Consejo comportándose como una comisaría que hace la legislación a puerta cerrada? ¿Cómo podemos pedir a los países de la Europa Central y Oriental que se democraticen si nosotros no lo hacemos?
Señor Presidente, resumo. Este Parlamento apoya al Consejo cuando puede dar grandes pasos adelante en el Tratado de Amsterdam. Pero este Parlamento no puede aceptar de ningún modo que no se reduzca el agujero democrático en Europa y que este incluso aumente en algunos ámbitos. Deseo mucho éxito a la Presidencia neerlandesa, pero la cuestión no es si logrará o no un Tratado de Amsterdam, la cuestión es si se logrará un Tratado aceptable que sea valorado por todo el mundo, sobre todo por nuestros ciudadanos.

Van Bladel
Señor Presidente, si somos realistas no podemos abrigar muchas esperanzas con respecto a la revisión del Tratado de Maastricht. La Presidencia neerlandesa nunca ha dado la impresión de querer realizar cambios ambiciosos, aunque sí unos pequeños pasos positivos. Ahora se ve obstaculizada en este proceso por las elecciones británicas y francesas. La cuestión es si conseguirá dar esos pequeños pasos.
A mi entender, el Tratado de Maastricht y la revisión del mismo llegan demasiado pronto y en realidad se ven eclipsados por la importancia de la reunión de la OTAN celebrada ayer en París. Seamos sinceros. Esta ha sido la garantía de estabilidad para Europa. Pero con todo hay que preguntarse qué quedará de las reformas concretas que necesita la casa de Europa para adecuarse a sus nuevos habitantes. Creo que se trata de la seguridad de los ciudadanos. Habría una mayor disposición a cooperar, pero la cuestión es: cómo. ¿Por qué se nos dan siempre respuestas técnicas a nuestras peticiones, como ya ha dicho el Sr. Dell'Alba, por qué no respuestas políticas y concretas? ¿Por qué no se dice que lucharemos contra el hachís de Marruecos a través de España y Francia, la heroína de Turquía a través de Alemania y la cocaína de Surinam a través de los Países Bajos? Recientemente, los Sres. Donnay y Pasty formularon preguntas a este respecto al Presidente neerlandés. No han obtenido respuesta. ¿No tiene usted el valor de dar una respuesta o acaso la Presidencia neerlandesa tiene algo que ocultar?
Tapar el agujero democrático es responsabilidad del Consejo. Por desgracia no he recibido señales de que se logren mejoras en este sentido. Asimismo creo, y estoy plenamente de acuerdo con la Sra. Maij-Weggen, que no es buena señal que se fomente la eficacia de la Comisión Europea dando más competencias al Presidente. Es la vía inversa. Se empieza por arriba cuando precisamente habría que reducir el número de Comisarios.
Este Parlamento no considera un buen presagio que no se mejore su papel en el ámbito legislativo ni en la competencia para decidir sobre el presupuesto. Con todo, por lo menos me tranquiliza que este Presidente tenga realmente intención de aumentar la capacidad de gestión de la Unión y con ello dar más confianza al ciudadano en Europa a principios del siglo XXI. Pero no seamos demasiado pesimistas. Faltan tres semanas para el Cumbre de Amsterdam y el Comisario Oreja ha dicho: no se ha ganado, pero tampoco se ha perdido nada.
Mantenga usted el clima de Noordwijk e intente realizar las adaptaciones necesarias para la ampliación y para se cumpla el papel del Parlamento. Le deseo mucha suerte.

Wiebenga
Señor Presidente, hoy en el último debate antes de la Cumbre de junio, y este Parlamento ha de decir y recalcar de nuevo cuáles son nuestros deseos. Me centraré en la política judicial. Al hablar de ello, y los documentos sobre la política judicial están presentes, no puedo por menos que decir que tengo sentimientos encontrados. La lucha contra el crimen y también la cooperación policial no se comunitarizan y la Presidencia ha de explicar cómo se puede luchar eficazmente contra el crimen a nivel europeo sin abandonar el requisito de unanimidad.
Asimismo, la posición del Parlamento Europeo en este pilar ha resultado ser demasiado débil en la política judicial. Algo mejor es la posición del Tribunal de Justicia en la política judicial, aunque también es preciso hacer algunas observaciones. La prevista comunitarización de la política de asilo e inmigración, que en sí es positiva, plantea algunas preguntas. A continuación de las preocupaciones expresadas por el Comisario Oreja digo que este es el mínimo absoluto que hay que comunitarizar. Si no se comunitariza la política de asilo e inmigración, nos hundiremos en el hielo, como dice la expresión holandesa.
El secretario de Estado Patijn, un compatriota mío, conoce el cuento, que por cierto se trata de un cuento universal: el del vestido nuevo del emperador. El secretario de Estado sabe que el pueblo daba gritos de alegría, pero que el emperador en realidad no llevaba nada puesto. Ojalá el secretario de Estado evite que aquí vuelva a hacerse realidad este cuento. Le deseo mucha suerte en las próximas negociaciones. Gracias a usted y gracias a H.C. Andersen de Dinamarca.

Miranda
Señor Presidente, se habla bastante de los ciudadanos, pero lo que se sabe y hoy se nos ha confirmado acerca de la evolución de los trabajos de la CIG nos mueve a sacar una conclusión inevitable: la de que no se tienen en cuenta las reservas, las dudas y las críticas suscitadas por la anterior revisión de los Tratados. Peor aún, ¡parece que se insiste en la misma dirección! Eso es válido, antes que nada, por el rechazo, que conocemos, de una nueva ponderación seria de la cuestión más relevante y de mayores consecuencias, que es, como se sabe, la Unión Económica y Monetaria.
Ahora se afirma la posibilidad de inclusión en el Tratado del Protocolo social y de un capítulo sobre el «empleo» en ese mismo texto. Se trata de algo que hace mucho que venimos reclamando, pero quisiera subrayar que no hay que hacerse ilusiones sobre el alcance efectivo de esa decisión, si llegara a hacerse realidad. Es que la resolución de los problemas sociales, en particular del magno problema del desempleo, exigirían por encima de todo nuevas políticas macroeconómicas y, fundamentalmente, el abandono de la actual fijación monetaria que todos conocemos. ¡Y eso no se hace!
En otras esferas hay igualmente motivos de aprensión. Nada se prevé, por ejemplo, con vistas a colmar los déficit democráticos que conocemos y una vez más se olvidan los parlamentos nacionales que, como sabemos, tendrán que ratificar esta revisión del Tratado.
Y hay sobre la mesa propuestas en otros niveles que suscitan igualmente serias objeciones. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la ponderación de los votos en el Consejo, lo mismo respecto de las propuestas en cuanto a la futura composición de la Comisión, según las cuales ésta perdería, con el tiempo, su carácter universal, a pesar de ser y seguir siendo la única institución con capacidad de iniciativa legislativa.
Otro tanto sucede en relación con la cooperación reforzada por el inequívoco carácter de exclusión que le es subyacente y porque tendencialmente se revelaría incentivadora de la creación de directorios o con la integración de Schengen en el Tratado.
Naturalmente, esperaremos a ver los resultados, pero no ocultamos ahora mismo nuestra profunda intranquilidad frente a lo que se está preparando.

Voggenhuber
Señor Presidente, señoras y señores colegas, a la Presidencia neerlandesa del Consejo no le gusta venir al Parlamento. Ha habido varios aplazamientos, esto va a dar también animación a la tarde de hoy. Muchas y muchos colegas no pueden entender esto, en absoluto, y lo reprochan vivamente. Yo lo puedo comprender muy bien. A la vista de los resultados previsibles de esta Conferencia intergubernamental yo también sentiría miedo de comparecer ante los representantes elegidos de los ciudadanos y de las ciudadanas europeos para exponer dichos resultados.
También me inquietaría que este Parlamento se acordase de las promesas para después de Maastricht, que pronosticaban la creación de una Unión política, la superación del déficit democrático en Europa, la creación de una política exterior común, el equilibrio entre la integración política y económica, la consecución de los condiciones previas para una ampliación. Me pregunto si el Presidente del Consejo no tiene más miedo de este Parlamento que el miedo que desearíamos infundirle. Cuando considero las propuestas de resolución, parece que la mayoría de esta Asamblea tiene miedo de que en esta gran batalla de gigantes, entre los países miembros, el Consejo y la Comisión, pudiera terminar el Parlamento en el papel de Don Quijote.
Creo que para esta Asamblea es mucho mayor el peligro de terminar como Sancho Panza, que se retira refunfuñando por lo bajo hacia el matorral y se tumba en la hierba con su chorizo, y a los ojos de los ciudadanos y de las ciudadanas sería un papel mucho más lamentable que el de, en este enfrentamiento histórico y a la vista del desempleo masivo y de una crisis masiva de democracia y de aceptación de esta Unión, luchar para que esta oportunidad histórica no se pierda y que no suceda nada más ahora en esta Conferencia intergubernamental.
Este Parlamento no es tan impotente, como se muestra. Si la Comisión no nos apoya -y no nos ha apoyado en estas cuestiones durante año y medio- entonces la podemos mandar lejos si empleamos para esto nuestro poder y nuestra propia fuerza. Podemos boicotear los presupuestos, podemos impedir el anuncio para las negociaciones conducentes a la adhesión, podemos hacer un llamamiento a los Parlamentos nacionales y, por supuesto, a la opinión pública, para que hagan una alianza con el Parlamento Europeo. Pero para ello debemos primero hacer acopio de coraje y de fuerza. Esta es la cuestión decisiva de las próximas semanas.

Paisley
Señor Presidente, acojo con satisfacción la buena acogida que han recibido los representantes del nuevo Gobierno del Reino Unido en el Consejo Europeo. Resulta evidente cuando nos disponemos a entrar en el nuevo milenio que Europa no es ni puede ser una unificación rígida, sino más bien una rica diversificación. Durante milenios se han librado guerras cruentas para convertirla en una unificación, pero fracasaron y volverían a fracasar.
Ciertamente el camino a seguir es una cooperación lo más estrecha posible entre las naciones europeas y no la incorporación de esas naciones en un Superestado europeo. Europa no es un país, es un continente y por ello no puede serle impuesta ninguna estructura de ningún país conocido del mundo. El capítulo de la protección de las fronteras exteriores debe ser competencia de los Estados soberanos y debe ser diverso según estimen dichos Estados en las circunstancias y en los retos a los que se enfrentan actualmente. Lo cierto es que uniformidad no es necesariamente unificación.

Swoboda
Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Comisario, en este non-paper hay un capítulo que se titula «Una política exterior eficiente y coherente». Es claro y evidente -creo que para todosque hoy no se puede hablar de una política exterior eficiente y coherente. Ya consideremos Albania, ya consideremos la situación del Congo, Europa actúa con retraso, si es que es capaz, siquiera, de hacer algo. La sola alusión al Congo pone de manifiesto ya una cosa: mientras que Europa se ha aliado repetidas veces con el viejo régimen, con el que las personas asocian la corrupción y el enriquecimiento, América ha celebrado ya con el régimen futuro negociaciones sobre derechos de prospecciones y sobre otras ventajas económicas.
Por consiguiente, se pone de manifiesto cuán importante es una política exterior común y coherente, y soy también de la opinión -al contrario que otros- de que aquí ha habido una serie de avances precisamente gracias a las actividades de la Presidencia neerlandesa. No obstante, permítanseme algunas puntualizaciones críticas. Si bajo el capítulo de «¿Qué es la política exterior?» se da la definición de la política exterior, entonces lamento que la cuestión de la prevención, de la evitación de las crisis, de la necesidad de dar pasos en este punto, haya sido demasiado poco elaborada y que sólo se haya hecho un trabajo concentrado en la UE y en la UEO.
Debe estar claro también que la agrupación en el sentido más amplio y en el futuro lejano no debe significar que las fuerzas armadas tengan más participación, sino, por el contrario, creo que el componente civil, el componente pacificador, debe ser también pertinentemente fuerte de cara a la UE. En lo que respecta a las propuestas de la troika, creo que es acertado que las cosas se dispongan aquí de manera provisional y no creo que la Comisión esté debilitada; al contrario, yo opino que también es importante que la Comisión tenga, absolutamente, una posición fuerte.
También es importante lo que se ha dicho sobre el proceso de toma de decisiones. Sólo que en ese punto tengo que hacer un comentario crítico y me pregunto cómo lo ve la Presidencia: por un lado, se da la unanimidad con abstención constructiva, lo cual es verdad. Luego hay decisiones por mayoría en la ejecución y después se da de nuevo la posibilidad -y, por cierto, por motivos nacionales- de bloquear tal proceso, al menos por un tiempo. Yo entiendo que aquí algunas cosas encuentren justificación, pero que, por un lado, se haga una política exterior común y que, por otra parte, el interés nacional posibilite de nuevo obstaculizar esta política exterior común, no lo entiendo del todo. Yo sostengo firmemente la opinión de que cuando se tengan procesos de decisión, éstos no deberían ser bloqueados de nuevo por parte de elementos individuales por motivos nacionales.
Para este capítulo de la política exterior y de seguridad es cierto también lo que es cierto en otros ámbitos: el papel del Parlamento está crasamente minusvalorado. En los últimos tiempos este Parlamento ha mostrado precisamente a través de acuerdos que está dispuesto a cointervenir de manera constructiva en la política exterior. Por consiguiente, insto al Consejo a que en el ámbito de la política exterior conceda también un voto al Parlamento, es decir, a los representantes democráticamente elegidos.

Cardona
Señor Presidente, tocan a su fin los trabajos de la Conferencia Intergubernamental que hace más de dos años que se ocupa del Tratado de la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista, esa revisión no va a alcanzar los objetivos propugnados por el propio Tratado. Se trata de una revisión minimalista.
Lo lamentamos. Desde luego, parece no ser posible la reconversión de algunas de las instituciones previstas en el Tratado, además de no haberse avanzado con otras tantas. Resultaba exigible conferir legitimidad democrática a algunos órganos con poderes y competencias decisivos en la Unión -que no la tiene- volviéndolos más responsables políticamente ante sus Estados miembros.
En el caso de que se trata, las esperanzas y las ambiciones anunciadas resultarán frustradas. La cuestión que se nos plantea es la de si, al ser el de Maastricht un Tratado complejo, tener sólo cuatro años de vida y en muchos casos contar con la oposición de la opinión expresa de muchos de los ciudadanos de los Estados de la Unión, sería razonable esperar más de la CIG. ¡Probablemente no! Pero se deben sacar todas las consecuencias de esa observación.
El proceso de construcción europea, tal como yo la entiendo, debe ser coherente y consistente, sobre todo porque va destinada en primera línea a las personas. Como las constituciones de los Estados, también los actos constitutivos europeos deben ser realistas y sobrios.
Deben conseguir, en una palabra, el conjunto de los valores y de los principios que unen a todos los ciudadanos europeos. No deben en ninguna circunstancia ser el reflejo y el deseo de algunos que, al proponerse a los otros, pueden resultar imposibles de concretar en la práctica. Se ha de hacer la construcción europea con la voluntad de los pueblos que la componen y nunca enajenándosela.
Por eso, concluyo con la esperanza, a pesar de todo, de que a partir de junio se deje de hablar de Maastricht y se inicie una nueva era en la construcción europea.

Daskalaki
Señor Presidente, el tiempo escasea y ya se ha dicho mucho sobre los temas en cuestión. La Conferencia Intergubernamental plantea determinadas cuestiones a nivel general. ¿Conseguirá Europa no convertir la tan cantada convergencia en motor de desintegración de la unidad europea y base del euroescepticismo? ¿Conseguirá conservar su rostro social? Este es un primer mandamiento. Los otros retos para el futuro no son de menos peso.
La Unión Europea parece haberse olvidado de las visiones de sus fundadores. Con el pretexto de la inminente ampliación, una ampliación necesaria tanto ética como prácticamente, se han programado ciertos cambios institucionales, en lo esencial, socavan el edificio europeo y aumentan nuestro déficit democrático. La ausencia de una política exterior y de seguridad común agrava problemas internos de inseguridad y crea dudas en lo que respecta a la socorrida solidaridad comunitaria, al mismo tiempo que debilita y resta credibilidad a la Unión Europea en el ámbito internacional. La Europa unida de los ciudadanos y de la justicia social, la Europa que ofrece igualdad de oportunidades a mujeres y hombres, la que impone su carácter multicultural y multilingüe, su compromiso con la paz y los valores democráticos; ésta era la visión original. Por muchas revisiones que los tiempos hagan realmente necesarias, no tenemos derecho a sacrificarla en beneficio de una gestión tecnócrata de dudosos resultados.

El Presidente
He recibido ocho propuestas de resolución de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

Patijn
Señor Presidente, me resulta difícil debatir si la expectativas son demasiado altas o demasiado bajas, ahora que nos hallamos todavía en la última fase de las negociaciones. ¿Cuáles serán los resultados? ¿Defraudarán o no defraudarán? No es bueno. No es bueno. Puede mejorarse. En realidad quisiera pasar por alto la parte de la cuestión relacionada con el contenido. No obstante, quiero hacer algunas observaciones políticas.
En primer lugar, la Sra. Green me ha comparado con el Comisario Oreja y a él le pareció que yo daba una versión optimista de lo que sucede en estos momentos. El Comisario Oreja ha sido más realista. Quiero recordarle que he informado del Consejo informal de Noordwijk. Si he sido optimista lo he hecho en nombre de los jefes de Estado y jefes de gobierno allí reunidos. Si en la reunión se oyeron comentarios optimistas, estoy obligado, como humilde servidor, a transmitirlos debidamente al Parlamento Europeo.
Por lo demás, la Sra. Green ha dicho: bueno, seguro que todas esas cosas sobre las que están ustedes de acuerdo no serán nada del otro mundo, no implicarán gran cosa, puesto que todos ustedes están de acuerdo. Lamento que la Sra. Green diga esto, porque quisiera observar como hecho político que una de las razones de que estemos de acuerdo es que desde el 1 de mayo hay un nuevo gobierno en Inglaterra. Y muchas cuestiones que eran controvertidas con el Gobierno británico antes del 1 de mayo, ya no lo son. Quiero examinar unas cuantas cosas al respecto.
La aceptación de un nuevo afianzamiento de los principios de los derechos humanos, tanto en la actuación política del Consejo, como en relación con el Tribunal de Justicia por lo que respecta a la jurisprudencia, la aceptación del principio de no discriminación. El capítulo del empleo ya no es realmente controvertido. Por supuesto, siempre se puede discutir sobre la letra pequeña, pero ello se debe en parte a la decisión del Gobierno británico de que ya no suscite controversia. La incorporación del protocolo social e incluso la actualización del lenguaje y el alcance del protocolo social en el Tratado ya no suscita controversia, en parte gracias al nuevo Gobierno británico. El nuevo Gobierno británico coopera sin más en torno a los elementos del afianzamiento del principio de apertura y transparencia del Tratado, el papel legislativo de consolidación del Parlamento Europeo con la ampliación de la codecisión, una buena regulación del poder judicial en el Tribunal de Justicia en el tercer pilar y una buena regulación e incluso un refuerzo, a cuyo respecto hoy mismo hemos debatido algunas enmiendas del nuevo Gobierno británico para reforzar la normativa contra el fraude. Si la Sra. Green considera que esto es poca cosa, y que no es controvertido, quisiera darle las gracias por que su partido y su jefe de gobierno en Londres hayan declarado que algunas cuestiones ya no son controvertidas.
Pero quiero hacer una observación muy explícita. A mi entender, no hay muchas cuestiones que puedan hacer fracasar el Tratado de Amsterdam. Pero hay una cuestión en que sí puede fracasar y es la libre circulación de las personas y la comunitarización de la política de asilo, visado e inmigración, y la aplicación de los procedimientos comunitarios y sus reglas jurídicas, incluyendo un papel para el Parlamento Europeo, y la codecisión y poder judicial del Tribunal. Si eso fracasa, es porque el Gobierno británico, al que damos la bienvenida por su cooperación en las cuestiones que he mencionado antes, no puede librarse de la sombra de la Sra. Thatcher para regular bien esas cuestiones en el Tratado. El Gobierno británico no ha dado ninguna indicación de que el enfoque de la Presidencia en principio sea aceptable y que todo ello pueda regularse presentando enmiendas y observando la posición especial que ocupan los Estados insulares y quizás incluso un cierto reconocimiento del hecho de que, en la cuestión de los controles interiores de las personas y en las fronteras, Gran Bretaña tiene una tradición bien diferente a la de los Estados continentales, etc. Pero necesitamos la cooperación del Gobierno británico en lo que respecta a la libre circulación de las personas para poder llegar a un Tratado en Amsterdam. Si ello no sucede, me temo lo peor para el Tratado de Amsterdam.
Creación de empleo. A juicio de la Presidencia y de la Conferencia, ello no depende únicamente de un capítulo sobre el empleo. La creación de puestos de trabajo exige un esfuerzo conjunto absoluto de todos los órganos de la Unión Europea en todos sus ámbitos: el funcionamiento del mercado interior, una política comercial liberal, una buena política de acompañamiento en la cuestión de las medidas sociales y en la cuestión de la cohesión y los fondos estructurales, una buena política de transportes, ayuda para construir una infraestructura transeuropea. Se trata de elementos que desempeñan un papel en este contexto. Si en Europa queremos crear las condiciones propicias para que el mercado, el sector privado, pueda desempeñar su papel motor en la creación de empleo, es imprescindible que en todos los sectores políticos se plantee sobre todo esa posición horizontal, impulsora, estimulante y esa posición capaz de crear las condiciones propicias. Concretamente esto se pretende con el capítulo del empleo. No se trata de una columna vertebral específica en la que se crean puestos de trabajo, no, se trata de concebir un enfoque horizontal de toda la cuestión de la competitividad, de la fuerza competitiva, la renovación económica, la profundización de la cooperación económica entre los Estados miembros, de crear condiciones en que las empresas puedan hacer las cosas que tienen que hacer, es decir, crecer económicamente y crear puestos de trabajo.
Una segunda preocupación que podría tener en torno a la Conferencia, y me sumo a lo dicho por su Señoría, el Sr. Brok, es la cuestión de si esta Conferencia será capaz de preparar a la Unión Europea para el siglo XXI, y concretamente para la ampliación. Como observador, como participante en la Conferencia, me preocupa esta cuestión. La renovación institucional -me refiero a la Comisión, me refiero a la toma de decisiones, a la simplificación de los procedimientos- exige un estímulo adicional en la Comisión. We have to go the extra mile for it . Exige también que los representantes de los Estados miembros en la mesa de la Conferencia, a imitación de Elmar Brok, recuerden en todo momento que se trata de prepararse para el siglo XXI, y de prepararse para la ampliación. Me parece muy bien que sigamos debatiendo hasta bien entrado el siglo XXI sobre la legitimidad de que cada uno de los Estados miembros conserve su Comisario nacional. Pero en un momento dado, el debate tendrá que acabarse y nosotros tendremos que adaptar las instituciones y los procedimientos al siglo XXI. En realidad, hemos de recibir una indicación de ello en Amsterdam o antes de Amsterdam.
Tercera cuestión, la cuestión que han planteado los Sres. Brinkhorst y Wiebenga, compatriotas y correligionarios míos. Se preocupan por la calidad del Estado de derecho. Nosotros también. Y es porque, en este Tratado, tanto los Estados miembros como en especial la Presidencia, expresamos que la Unión es una Unión de Estados democráticos donde queremos mantener alto el orden jurídico y el rule of law en un alto nivel cualitativo. Esto significa en efecto que hacemos todo lo posible por reforzar la protección jurídica de los débiles, de las personas que sufren injusticias, de las personas que son discriminadas por su nacionalidad o por otras razones. Pero hemos de tratar de rescatar lo bueno de la cuestión. Si su Señoría, el Sr. Brinkhorst, cita el artículo H, pues sí que es un poco un lío, se trata de la pregunta de cuántos tantos por mil o décimas de tanto por mil de los 200.000 procedimientos de asilo que se presentan ante el juez en Europa pueden pasar al Tribunal Europeo de Luxemburgo, que ahora tramita 200 casos al año con un plazo medio de dos años. Supongamos que un tanto por mil de esos 200.000 casos se presenta al Tribunal de Luxemburgo para una sentencia prejudicial. Esto significa un desquiciamiento total del procedimiento judicial del Tribunal, porque los procedimientos se prolongan demasiado, y dado que estos procedimientos se prolongan y las autoridades competentes nacionales han de esperar dos, tres, cuatro años para saber qué pasa con algunas sentencias, significa también que los Estados miembros nacionales dejarán de lado los procedimientos de asilo. No han de perder ustedes de vista la realidad, los límites de lo posible. En este sentido, no me doy por aludido por las críticas prima facie sobre este tipo de cuestiones. Creo que esta Presidencia, esta Conferencia dará un importante paso adelante en lo que respecta a la posición del Tribunal en los asuntos del actual tercer pilar. Quisiera señalar asimismo que hay pocas discrepancias en la CIG en que el Parlamento Europeo reciba pleno derecho de consulta en los asuntos del tercer pilar, cuando ahora no tiene nada.
Si en el transcurso del debate se tiene a veces la impresión de que no hablamos del mismo Tratado, no se lo tomaré a mal, no puedo hacerlo, pero achacaré ese reproche al hecho de que hablamos desde una perspectiva política diferente. Al igual que muchos oradores, quisiera que me hablaran de un Tratado acabado, un Tratado que ha sido firmado por los jefes de gobierno y que ha sido bien examinado de acuerdo con su contenido, la letra pequeña y la coherencia. Esta Presidencia apoya las propuestas que ella misma ha hecho. Nos complace que en gran medida podamos contar con un consenso sobre estas propuestas, y ya he mencionado una excepción. Esta Presidencia hará todo lo posible, apoyada por la influencia del Parlamento Europeo y también por la importante cooperación del Sr. Santer, Presidente de la Comisión, y del Comisario Oreja, para intentar evitar que en las últimas semanas de negociaciones el resultado se reduzca de una forma inaceptable.
Señor Presidente, nada más. Quiero darle las gracias por el tiempo que he podido permanecer entre ustedes.

Oreja Aguirre
Sr. Presidente, señoras y señores parlamentarios, después de las intervenciones que hemos escuchado aquí esta tarde, y entre ellas la que acaba de hacer el presidente del Consejo, yo quiero decirles en primer lugar que este debate ha venido en el buen momento. Estamos ya en la recta final de la negociación, ha habido las últimas reuniones a nivel de ministros el pasado día 20 de mayo, y la del Consejo Europeo de 23 de mayo, y estamos ya en este momento en una fase de negociación permanente. Por consiguiente, este debate ha sido para mí enormemente enriquecedor. Ya he oído de los distintos Grupos políticos cuales son sus preocupaciones. Ya se han presentado unas resoluciones que se someterán mañana a votación, y esto será para nosotros una referencia muy importante. Pueden estar seguros de que en la Comisión vamos a examinar con toda atención las resoluciones que apruebe este Parlamento.
Quiero decirles también que, en mi intervención, yo no he intentado presentar una visión ni optimista ni pesimista. Les he dicho lo que yo veo en este momento pero, sobre todo, he querido llamar la atención sobre los peligros que existen en este momento. Creo que la presidencia ha hecho un papel importante a lo largo de estos últimos meses, pero advierto de que, en este momento, estamos ya en unos niveles de los que sería enormemente peligroso descender. Esa es la llamada de atención que yo he querido hacer. Y no porque en este momento me preocupe el documento de la presidencia. Lo que me preocupa es que se rebaje el nivel del documento presentado por la presidencia.
En cuanto a las intervenciones, y empezando por la de la Sra. Green, a la que se ha referido la presidencia del Consejo hace un momento, quiero indicar la importancia que tienen algunos de los capítulos que la Sra. Green ha mencionado, y concretamente todo lo que se refiere a la lucha contra la discriminación. Ese es uno de los temas que se han abordado en profundidad a lo largo de estas últimas semanas y creo que es uno de los temas para los que se podrá encontrar una solución satisfactoria.
El Sr. Brok ha hecho referencia a que Europa debe servir para el ciudadano y ha hecho referencia a un artículo que me parece extraordinariamente importante, que es el artículo 113. A él me he referido yo también, y se está intentando someter a la mayoría cualificada también los servicios y la propiedad intelectual. Esta cuestión no estaba prevista en el Tratado porque no era un problema que se planteaba en 1957. En 1957 los problemas afectaban a las mercancías, no a los servicios. Hoy, ¿cuál es el gran objeto del comercio? Son fundamentalmente los servicios y la propiedad intelectual. Por consiguiente, no tendría sentido distinguir entre mercancías y servicios y propiedad intelectual. Es necesario, por consiguiente, reunirlos para defender mejor los intereses de las empresas, de los ciudadanos, de los europeos y, por lo tanto, me parece esencial, aunque todavía no se ha logrado. El Sr. Brok ha dicho que convendría pensar quizás en un protocolo con excepciones, y esa es sin duda una buena fórmula: que hubiera una norma general y unas excepciones, recogidas en un protocolo anejo al Tratado.
El Sr. Azzolini se ha referido a que Europa necesita una dimensión política, y es una dimensión que nosotros tenemos que buscar. El Sr. Brinkhorst ha hecho una referencia específica al tema de la codecisión y se ha referido a un artículo, lo cual demuestra que conoce bien el tema de que estamos tratando en este momento, que es el artículo H. Es precisamente aquel que, en su versión actual, impediría que pudieran presentarse por los Tribunales de justicia los recursos prejudiciales en materias que afectan al tercer pilar. Y esto sería efectivamente muy peligroso, pues significaría cortar una posibilidad que tienen esos tribunales y, si al menos se dejara esta posibilidad al Tribunal de última instancia, esto sería una garantía para los ciudadanos pues significaría dar una función más importante al Tribunal de Justicia.
El Sr. Alonso Puerta se ha referido al código de confianza, que es un tema central. Lo que nos hace falta es ganar la confianza. Ha habido alguna otra intervención que se ha referido también a hacer un pacto con los ciudadanos, y esa es una frase que a mí me gusta y soy especialmente sensible a ella. Creo que es esto lo que tenemos que buscar y eso debería ser el resultado de Amsterdam, esto es, que se logre un pacto con los ciudadanos porque, en definitiva, la ciudadanía debe estar en el centro del Tratado. Quiero decir también a la Sra. Roth -que ha hecho una referencia al papel del Parlamento Europeo-, que la Conferencia es sensible a ello, y yo espero que, por una parte, se reduzca el número de decisiones y que, por otra, yo creo que avanzaremos en el tema de la codecisión. Por consiguiente, comprendo muy bien -como ha dicho la Sra. Roth- que ustedes no pueden renunciar a plantear sus exigencias, deben insistir en ellas, espero que estén recogidas en sus resoluciones y creo que estarán presentes en la mesa de la Conferencia. Es cierto, como decía el Sr. dell'Alba, que ha habido unanimidad en este foro, y esto es un dato muy importante. Es un dato que no puede desconocer la Conferencia, que no pueden desconocer los Estados. Hay unanimidad y una posición muy coincidente en muchos temas y yo creo que esto es algo que nosotros tendremos especialmente en cuenta.
En otras intervenciones se ha insistido en el reforzamiento de los poderes del Parlamento, se ha hablado también de la lucha contra la criminalidad, la no «comunitarización» de la misma -es cierto, no se «comunitariza», pero se dan unos mayores poderes- y el Sr. Miranda ha hablado del papel de los parlamentos nacionales. Yo quiero decirle que hay una fórmula, que está recogida en este momento, respecto al papel que en el futuro puedan jugar los parlamentos nacionales. A mí me parece muy importante -y es algo que también ha mencionado alguno de los oradores-, que el Parlamento Europeo pudiera dar dictamen conforme respecto a las modificaciones del Tratado. Es una reivindicación que ha tenido siempre este Parlamento, una reivindicación que sigue en este momento presente y que parece de una enorme importancia. Es dificilísimo explicar a la opinión pública, a los ciudadanos, que este Parlamento no dé un dictamen conforme respecto de las modificaciones que se introduzcan en la Carta constitucional europea. Se trata de una reivindicación para la que saben que tienen el respaldo pleno de la Comisión.
En algunas de las intervenciones he apreciado un tono excesivamente pesimista. Quiero decir al respecto que en este momento todavía hay un cierto margen de maniobra, y el Parlamento debe jugar un papel importantísimo, pues representa a las soberanías nacionales, a la soberanía europea. Y es enormemente importante que se sepa cuáles son sus deseos y aspiraciones, y esto aparecerá recogido en sus resoluciones que, como les he dicho, estarán en nuestra mesa de trabajo, sin duda en la Comisión y también en la Conferencia Intergubernamental. Espero que, al final, lo que hoy es incertidumbre signifique hacer en definitiva una Europa más justa, más libre y más solidaria.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Oreja.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Déficit excesivo - políticas económicas (continuación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A4-181/97) del Sr. Christodoulou, la recomendación para la segunda lectura (A4-172/97) del Sr. Christodoulou y el informe /A4184/97) de la Sra. Randzio-Plath, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre los déficit excesivos y las políticas económicas.

Theonas
Señor Presidente, en el minuto del que dispongo quisiera agradecer al Sr. Christodoulou y a la Sra. Randzio-Plath sus propuestas relativas al papel de las inversiones públicas en una época en la que la política económica y social de la Unión Europea está caracterizada por la libre circulación especulativa del capital y por la confianza ciega en el mercado.
La enmiendas presentadas por el Sr. Christodoulou operan en una dirección positiva en comparación con las posiciones del Consejo, por lo que las apoyamos. Lo mismo vale para bastantes ideas expresadas por la Sra. Randzio-Plath. Sin embargo, los esfuerzos por conseguir la aprobación del Pacto de Estabilidad y de las directrices generales de la política económica no son suficientes. Los gravísimos problemas de desarrollo, la disminución de las inversiones productivas, el explosivo aumento del desempleo, la expansión de la pobreza y el desmantelamiento del sistema de protección social en Europa continuarán a un ritmo creciente. La marginación de países y economías, así como la desregulación de las relaciones laborales, serán el resultado inmediato de la política promovida por la Unión Europea.
Es evidente, señor Presidente, que este modelo socioeconómico es diametralmente opuesto a las pretensiones de los trabajadores, y, en consecuencia, lucharemos por derrumbarlo. Apoyaremos esta lucha por todos los medios.

Wolf
Señor Presidente, estimados colegas, estamos discutiendo, con razón, sobre el pacto de estabilidad y sobre las líneas generales de la política económica. El año pasado el Parlamento se pronunció ya a favor de un policy mix que debe superar el fetichismo de la estabilidad. En Francia Lionel Jospin se encuentra precisamente en la tarea de ganar unas elecciones con la exigencia, entre otras, de integrar la política europea de estabilidad en un gobierno económico. Creo que la Comisión debería abandonar de una vez la ingenua fe en el neoliberalismo y, en lugar de ésta, aceptar en adelante una situación en la que una carrera competitiva deflacionaria combinada con un dumping fiscal va hacia abajo, invertir el rumbo, hacia Brüning Plus, hacia una situación y una política que vayan más allá de Keynes.
En su intuición de banquero el Sr Christoduolou ha visto acertadamente que lo que ha dicho aquí un colega -no hoy, pero en relación con estas decisiones- es falso. Decir que hay que reconocer también textos simbólicos, destruye la credibilidad y la credibilidad no se consigue mediante formas mecánicas automáticas, sustituyendo la política por algoritmos. No se consigue haciendo ahorros destructivos en el terreno de las inversiones. Quiero aludir a algo que es querido para el Sr. Christodoulou, en concreto, a la integridad territorial. Nos debería resultar querida también a nosotros, dada la división social, cada vez más amarga, que se está produciendo en nuestros países.
Quien construya sobre una política que no apueste por la consolidación de la economía, por el desarrollo socioecológico y por la convergencia de la economía real y no tienda a realizar, de una vez, las exigencias que se formularon en capítulo diez del Libro Blanco de Delors, debe escuchar lo siguiente: los pies de quienes os van a echar fuera están ya ante la puerta. Los hemos visto hoy.

Blokland
Señor Presidente, el pacto de estabilidad ha de cerrar las brechas a una política presupuestaria flexible. ¿Por qué? Sobre todo porque, en la práctica, la cláusula no-bail-out del Tratado será papel mojado.
Está claro que la Unión Europea asume un gran riesgo al querer seguir adelante con la UEM según el programa del Tratado. Diversos Estados miembros están realizando malabarismos administrativos para cumplir las normas de la UEM. Eso no tienen nada que ver con una convergencia real. Eso quedará claro cuando la UEM sea un hecho. Si en torno a 1999 se produce una recesión económica, muchos de los participantes en la UEM entrarán en números rojos. En tal caso se hará todo lo posible por evitar las sanciones impuestas.
La manera actual de formular el reglamento del Consejo brinda la oportunidad de manipular con la regresión del producto nacional bruto. Por ello he presentado, junto con la Sra. Peijs, dos enmiendas técnicas a este punto. El Consejo ha de definir con mayor precisión con qué método se calcula la regresión del PNB, para así excluir los hallazgos creativos de los contables.
Es una mala señal que la Comisión Europea no haya emprendido ninguna acción en este sentido después de Noordwijk cuando los estadísticos lo señalaron. El procedimiento en torno a la creación de este reglamento no infunde de antemano mucha confianza. Permítame exigirle al Comisario una conducta que infunda más confianza. De un euroescéptico puede esperar usted que no se creerá los discursos en favor del euro y la UEM. Todavía no he encontrado a un holandés, un alemán o un belga que quiera cambiar su moneda segura por un euro débil.

Lukas
Señor Presidente, el pacto de estabilidad plantea una serie de preguntas no resueltas que van desde la moral político-económica hasta argumentos institucionales. Con vistas a una mayor disciplina presupuestaria hay que apoyar la imposición automática y regular de sanciones en forma de depósito sin interés y su posterior transformación en una multa pecuniaria. Una flexibilidad excesivamente grande abriría de par en par las puertas a subterfugios no deseables. Pero lo que hay que rechazar totalmente es la intención de repartir la cantidad retenida por un pecador presupuestario entre los Estados miembros que presenten un déficit no desmesurado y que hayan tenido que cargar con la decisión de la imposición de la sanción.
Este modo de proceder tenía casi el tufo de un reparto de botín. En vez de agudizar una situación difícil en un país hay que buscar vías de ayudar a este país a superar los problemas, y precisamente en este sentido debería emplearse la sanción pecuniaria.
Para que la Unión Monetaria se torne realidad, es absolutamente necesaria una estabilidad sostenible. Sin embargo, las sanciones que se adopten en este contexto si no hubiera la posibilidad de llevarlas a cabo, es decir, de acudir al menos al Tribunal Europeo de Justicia, serían como tigres sin dientes. Por otro lado, estas medidas irían mucho más allá de la coordinación de la política económica, tal como está prevista en el artículo 103, lo cual significaría una modificación del Tratado con todas sus consecuencias.
Una Unión Monetaria estable sin institucionalizar al mismo tiempo la cooperación y la coordinación económicas es difícilmente imaginable. Quien dé una respuesta afirmativa a la Unión Monetaria debe dar también una respuesta afirmativa a las condiciones previas necesarias para su realización y mantenimiento. Pero para ello es necesaria una política económica y presupuestaria nueva, intervencionista, que modifique los derechos básicos y que, por consiguiente, debería ser tratada por parte de los Parlamentos nacionales con arreglo al artículo N.

van Velzen, Wim
Señor Presidente, al igual que en la primera ronda quisiera expresar críticas a la defensa que hace la Comisión y ahora también el Consejo para fomentar las diferencias regionales en salarios dentro de la Unión. A decir verdad no comprendo en absoluto por qué la Comisión lo quiere y dónde quiere ir a parar. Puedo figurarme que en sí se esté impresionado por los problemas en Alemania después de la reunificación. Pero me parece excesivo que estos problemas se generalicen a toda la política europea. Lo considero francamente excesivo, puesto que las propuestas carecen por completo de un marco en el que tendría que suceder. En el debate anterior, la Comisión tampoco logró indicar en qué política se encuadra.
La cuestión es más grave si sabemos que después de la UEM cabe esperar que la presión de la competencia, que reina más de lo que a menudo se supone entre los Estados miembros, se concentrará en la seguridad social y en los salarios. Sólo consigo interpretarlo en el sentido de que en realidad la Comisión cree que es preciso fomentar, también en los Estados miembros y entre las regiones, la competencia que existe entre los Estados miembros, después de la entrada de la UEM. Agradecería mucho que la Comisión nos aclarara qué política se esconde detrás de esto y a qué política se aspira.
Ustedes saben que dentro de la Unión son prominentes los traslados de empresas, mucho más dentro que fuera de la Unión. Muchos de estos traslados de empresas tienen que ver con la competencia, con el dúmping. Hoover se trasladó a Inglaterra porque allí estaban entre la espada y la pared y aceptaban salarios más bajos de lo normal, condiciones sociales mucho peores que en el resto de Inglaterra. Las aceptaban porque no veían ninguna salida. En esa política entra que en cualquier caso tengamos un level playing field . Echo absolutamente en falta ese marco en el enfoque de la Comisión, y el Parlamento no puede aceptar la condición que se ha formulado.

Ilaskivi
Señor Presidente, nuestro colega el señor Christodoulou ha elaborado un informe muy interesante, con el que, en términos generales, resulta fácil mostrarse de acuerdo. Sin embargo, existe un detalle que merece ser examinado de un modo más pormenorizado.
El informe pone de relieve que el déficit presupuestario debe permanecer rigurosamente por debajo del tres por ciento que se ha establecido. En primer lugar, este porcentaje, que determina los estrictos tipos penalizadores, se ha fijado de manera autoritaria; así pues, este porcentaje podría ser también de un cuatro, un dos y medio o incluso un cero por ciento. Por este motivo, es necesario un cierto grado de flexibilidad.
En segundo lugar, una vez iniciada la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, los distintos países se encontrarán con las manos atadas en materia de política económica. No se podrá ya hacer uso de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las monedas integradas en el euro. La política monetaria se someterá al Banco Central Europeo. La política presupuestaria constituirá el único instrumento que permita a aquellos países que registren una deuda pública especialmente reducida disponer de libertad de movimientos a la hora de afrontar la financiación de las inversiones promotoras de empleo. Por tal motivo propuse en comisión una enmienda que, sin embargo, fue rechazada. Esta enmienda era la siguiente: »El Consejo y la Comisión observarán detenidamente la evolución de los déficit presupuestarios de los diferentes Estados miembros a fin de que para combatir dificultades económicas excepcionales y graves tasas de desempleo sea posible flexibilizar el límite máximo del tres por ciento de déficit, siempre y cuando éste no sobrepase los objetivos establecidos en todo período coyuntural.»
Teniendo en cuenta que toda esta cuestión va a salir a relucir en el futuro con motivo del informe del señor Fourçans, en cuyo marco se han aprobado algunas de mis enmiendas, respaldo los planteamientos del señor Christodoulou. A pesar de que los índices de desempleo no forman parte de los criterios de convergencia, la política de creación de empleo debería constituir para nosotros, diputados al Parlamento Europeo, una cuestión esencial.

Gasòliba i Böhm
Señor Presidente, Señorías, nuestro Grupo coincide con el análisis básico que ha presentado la Comisión en relación con las grandes orientaciones de las políticas de los Estados miembros y de la Comunidad, que es el tema al que me referiré explícitamente.
Creemos que hay que profundizar en algunos aspectos. La realización de la Unión Económica y Monetaria y la introducción de una moneda única lleva la necesidad de disponer de una auténtica política económica y monetaria a nivel de la Unión Europea. La Comisión se ha mostrado demasiado reservada al respecto y sería preciso que en sus próximas propuestas nos ofreciese ya unas líneas maestras para una auténtica política económica y monetaria a nivel de la Unión acorde con la existencia de una Unión Económica y Monetaria y una moneda única.
Nosotros también reclamamos atención especial para fomentar unas condiciones favorables para tener un sistema productivo más competitivo, pero no compartimos los medios que propone nuestra colega Randzio-Plath. Entendemos que no es a base de fomentar de una manera discriminada la inversión pública o una mayor intervención por parte del sector público -que llevaría a déficit por otra parte indeseables e imposibles dentro de la Unión Económica y Monetaria- o mediante una discriminación a nivel de la inversión pública como se conseguiría un mejor sistema productivo que sea competitivo a nivel internacional y que conduzca a la creación de empleo.
Creemos, por el contrario, que se debe profundizar en un marco más abierto, más competitivo, con un sistema que lleve a una promoción de la iniciativa privada, de la inversión privada y de la iniciativa empresarial. Así será como pueda crearse empleo y lograr un mayor progreso económico.

Katiforis
Señor Presidente, es lamentable que las directrices generales para la economía supongan un incumplimiento de determinados deberes. Es deber del Consejo constatar el fracaso de una política cuando este fracaso ha tenido lugar. La política de empleo de la Unión Europea, cuya forma más completa está contenida en el Libro Blanco sobre competitividad, productividad y empleo, ha sido un fracaso patético.
Para el año 2000, la cifra de desempleados iba a disminuir hasta la mitad en relación con 1995. El 2000 ha llegado prácticamente y el desempleo no ha disminuido, ni va a disminuir. Lo mínimo que se puede esperar de las directrices generales es que den una clara señal de alarma y reconozcan el fracaso. En lugar de esto, reiteran la conocida defensa de una política excesivamente austera, que el Pacto de Estabilidad se propone ahora perpetuar.
Es evidente que hemos llegado al punto de mantener un diálogo de sordos, señor Presidente. Cuando un cargo público pierde su oído, en una democracia pierde su cargo. Ya ha caído un presidente que había perdido su oído, también caerán otros y llegará su turno, señor Comisario; entonces quizá podamos comunicarnos como simples ciudadanos y no como dignatarios.

Ettl
Señor Presidente, tras las explicaciones que ha hecho hoy el Comisario es realmente necesario una vez más, advertir que en Europa tenemos más de 20 millones de parados, que de cada cinco jóvenes uno está desempleado y no encuentra empleo y que la recomendación de la Comisión para las orientaciones generales de la política económica debe ser calificada realmente de ineficaz. Esto no puede ser verdaderamente una perspectiva para los trabajadores de Europa. Por esta razón, y para tematizar una vez más la cuestión del empleo, los sindicatos de Europa han convocado este día de acción. Un grito, una advertencia, que nosotros, como parlamentarios hemos de tomar absolutamente en serio, para garantizar la estabilidad social y la paz social.
No en vano, la exigencia del sindicato está orientada hacia Amsterdam, a reparar las omisiones de Maastricht. Concentrar todo casi todo exclusivamente en el valor monetario, en la estabilidad y en la consolidación de los presupuestos públicos, es demasiado poco. Si no se consigue mover al Consejo a asumir en las orientaciones generales de la política económica una política activa de empleo, si no se consigue crear un policy mix de la política económica con arreglo al artículo 3 para alcanzar un crecimiento que tenga efectos sobre el empleo, experimentaremos un retroceso en Europa y nos toparemos con conflictos.
Celebro en este punto el lenguaje claro de la ponente y sus demandas de una mayor obligatoriedad, de la cual la Comisión no ha estado en condiciones de ocuparse.

Torres Marques
Señor Presidente, el Comisario De Silguy ha acabado hoy su discurso diciendo que no se crean empleos por decreto. Quisiera recordarle que, en contrapartida, se puede crear desempleo por decreto y eso es lo que nosotros, los socialistas, queremos evitar.
El pacto de estabilidad no estaba previsto en el Tratado de Maastricht ni era necesario, en nuestra opinión. Lo que en él está escrito delimita ya muy sabiamente el modo como debe evolucionar la situación económica de los países que se adhieran al euro. Para que ese pacto, que carece de fundamento jurídico, sea políticamente más aceptable, el Consejo juntó al título de «estabilidad» la palabra «crecimiento», pero sin cambiar el contenido del documento.
Ahora bien, lo que nosotros exigimos es que se acepten las propuestas presentadas y que se han plasmado en los informes Christodoulou y Randzio-Plath, así como el mayor enfoque sobre el empleo. El pacto de estabilidad propone sanciones y multas de carácter automático y que consideramos inaceptables.
La institucionalización de un proceso de decisión interinstitucional, como el propuesto por la Sra. Randzio-Plath, que integre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, dará a los ciudadanos de Europa la garantía de que el rigor irá unido al crecimiento y a la creación de empleo.

de Silguy
Señor Presidente, voy a intentar responder a la totalidad de preguntas que se me han formulado en el transcurso de este debate en dos partes. Las contesto por orden y pido a sus Señorías que me disculpen si, en el turno que se me ha asignado, no tengo tiempo para responder con precisión a todas las preguntas.
Señora Randzio-Plath (y sobre este punto contesto también al Sr. Ettl), la Comisión, en su propuesta sobre las grandes orientaciones, ha recogido muchas cosas de su resolución sobre el Informe Económico Anual. Le recuerdo que, a petición de usted, procedimos a realizar consultas informales antes incluso de la presentación de nuestra propuesta. Ahora, las grandes orientaciones están definidas y la recomendación está sobre la mesa. Diría que el debate está en el Consejo. Y creo que es más operativo y más eficaz, para ir en el sentido que propone el Parlamento, apoyar las avanzadas de la Comisión para no correr el riesgo, como el año pasado, de ver que el Consejo adopta una actitud más restrictiva de lo que ustedes desearían.
Señor Christodoulou, le voy a contestar con relación al problema de la enmienda 4, segunda parte, que usted ha planteado. Puedo decirle que, después de haber revisado y reflexionado sobre su pregunta, durante la interrupción de la sesión, la Comisión no puede recoger esta parte de la enmienda 4. Se trata de una apreciación subjetiva que no tiene lugar en un texto de naturaleza reglamentaria. Además, diría que la noción está incluida en la redacción del considerando 10. En fin, Sr. Christodoulou, creo que la expresión «presiones intempestivas» es inútilmente provocadora y me sorprende que un antiguo y eminente gobernador de un banco central pueda ceder a semejantes tentaciones.
Señor Donnelly, quisiera en primer lugar precisar que me parece que la Comisión no ha ahorrado esfuerzos para asociar el Parlamento Europeo a la preparación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Personalmente he hecho este cálculo: hoy es la sexta vez, desde el mes de febrero, que comparezco ante esta Asamblea o ante sus comisiones. Y debo añadir, con respecto al diálogo tripartito que, si se ha logrado, ha sido gracias a la acción de la Comisión. Y añado también que las enmiendas aceptadas por la Comisión, después de la primera lectura por el Parlamento, han sido recogidas por la Comisión y aceptadas por el Consejo. No veo por qué ocurriría de otro modo en segunda lectura.
Permítame que la diga, Sr. Donnelly, que no comparto su impresión sobre el efecto deflacionista del Programa de Estabilidad y Crecimiento. La consolidación presupuestaria, en el repunte actual, favorece lo que en la jerga económica se llama el crowding-in de la inversión. La inversión en bienes de equipo aumentará un 4, 8 % en 1997 y un 6, 3 % en 1998. Le recuerdo que una evolución de la inversión del orden de un 6 a un 7 % por año permite mantener un crecimiento a medio plazo de un 3 a un 3, 5 %, lo que permite una evolución del empleo de un 1 a un 1, 5 %.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite, en definitiva, encontrar márgenes de maniobra que no existían y evitar que la política monetaria se vea sobrecargada, lo que provocaría un policy mix , por supuesto, demasiado restrictivo. Debo añadir que el Pacto de Estabilidad autoriza una flexibilidad presupuestaria, en la medida en que, cuando los presupuestos estructurales están en equilibrio, permitirá, en los momentos de ralentización, que funcionen totalmente los estabilizadores automáticos. Acabo de hacer una demostración económica, pero, en palabras más sencillas, se trata de saber cómo financiar inversiones, ya sean públicas o privadas, cuando hoy, con el nivel de déficits que todavía tenemos, más de la mitad del ahorro familiar se ve absorbido por la financiación de la deuda. Sí, para la financiación de las inversiones, pero también para reducir los déficits públicos que permitan utilizar este dinero en la financiación de las inversiones antes que en la financiación de las deudas del Estado.
Puedo asegurarle, Sr. Donnelly, que la Comisión asume sus responsabilidades. Las ha asumido al presentar el Libro Verde. Las ha asumido presentando los reglamentos sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las ha asumido al presentar los reglamentos sobre el estatuto jurídico. Y, finalmente, las ha asumido en el diálogo interinstitucional para que prevalezca, en la medida de lo posible, el punto de vista del Parlamento.
Señor von Wogau, la regla de oro para la inversión pública, que ha mencionado usted hace unos momentos, se alcanzará en 1998. Porque, a juzgar por nuestras previsiones, los déficits públicos, con la misma política, serán de un 2, 5 % en 1998, y el crecimiento de la inversión pública estará entre un 2, 5 % y un 2, 8 %. Por lo demás, mi querido amigo, creo haber respondido en mi exposición introductoria a sus tres puntos.
Señor Giansily, estoy de acuerdo con su análisis sobre la política de estabilidad y crecimiento. Diré al Sr. Cox que comparto también su análisis que es, por otra parte, el mismo que el del Sr. von Wogau y que, con respecto a las enmiendas, como al Sr. Lukas, creo haber respondido en mi exposición introductoria.
Señor Wolf, creo que el policy mix permite superar lo que ustedes llaman el fetichismo de la estabilidad. Una vez más, un policy-mix relajado es favorable al crecimiento y al empleo, porque permite una distensión de las condiciones monetarias. En un policy-mix distendido, no hay conflicto entre el objetivo de estabilidad y las evoluciones presupuestarias y salariales. Ahora tendemos hacia un policy-mix así. En cuanto al gobierno económico (no siento fetichismo por las palabras), llamémosle como queramos, gato blanco o gato negro da igual, lo importante es que cace ratones, creo que lo que nos importa hoy, señor Wolf, es estar en condiciones de aplicar lo que hemos puesto en marcha. Hemos puesto en marcha los instrumentos de coordinación económica. Les corresponde ahora a los políticos dar un contenido práctico y aplicarlos.
Señor Blokland, sobre un punto importante que ha señalado usted, y que es relativo a lo que llama cabriolas contables, quisiera mencionar que existen una serie de reglas. En esta materia no nos regimos por la ley de la selva. Estas reglas son el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, el SEC, el SEC 79, para ser más concretos, así como una directiva sobre el PNB. Estos instrumentos definen bien el PIB y no hay que añadir nada al Pacto de Estabilidad y Crecimiento sobre este punto. Actualmente, la Comisión apoya plenamente los esfuerzos de los estadísticos orientados a mejorar el cálculo del PIB. Se trata de un trabajo importante. Creo que el Pacto de Estabilidad no es el lugar para que figuren estos trabajos. Dice usted por otra parte que la opinión pública no creerá en el euro. Sí, señor, puedo tranquilizarlo, la opinión pública cree en el euro, al menos a juzgar por los sondeos que hacemos regularmente.
Señor van Velzem, ha hablado usted del problema, muy interesante, de la diferenciación regional de los salarios. Creo que se trata de un mecanismo económico normal, que ningún economista discute. La mejor prueba es que, si la diferenciación regional de los salarios no tuviera lugar, habría un desempleo regional importante. Pienso en especial en el Mezzogiorno. Por otra parte no se trata probablemente de una casualidad si los sindicatos italianos han reconocido y aceptado recientemente esta diferenciación regional.
Señor Ilaskivi, desea usted saber por qué se ha fijado la cifra de un 3 %. Hay varias explicaciones, y una de ellas que me viene a la mente es la que consiste en decir que cuando se tiene un crecimiento nominal de un 5 %, un 3 % real, con un 2 % de inflación, para mantener un nivel de deuda en un 60 % del PIB no se debe tener un déficit público superior a un 3 %. Pero poco importa la cifra. Personalmente, creo que un 3 % de déficit público ya es mucho. Porque, para muchos de nuestros Estados miembros, ello significa que el Estado gasta cada año un 20 % más de lo que ingresa. Desafío a cualquier empresa, grande o mediana, a que viva gastando un 20 % más de lo que ingresa.
Señor Ilaskivi, ha mencionado también el problema del ajuste en caso de choques asimétricos. Sabe usted que los choques asimétricos de los 25 últimos años se veían claramente amplificados por políticas divergentes. Ello ya no será posible en la Unión Económica y Monetaria. En régimen de crucero, los estabilizadores presupuestarios, los estabilizadores políticos y el ajuste salarial serán suficientes.
Señor Gasóliba i Böhm, no puedo estar totalmente de acuerdo con su afirmación, en virtud de la cual no es necesario estimular el crecimiento por la vía de la inversión pública, y no sé si ello agradará a la Sra. RandzioPlath. Es necesario preservar la inversión pública y las grandes redes. Hace unos momentos, en mi exposición introductoria, he demostrado que el porvenir de las generaciones futuras, el porvenir de nuestros países, descansaba en algunos casos sobre las inversiones públicas de gran envergadura que únicamente los Estados debían o podían realizar. Dicho esto, la Comisión reconoce que la inversión pública ha sufrido, estos últimos años, y ésa es la razón por la que sólo puede lamentar que en el Consejo no se sigan sus propuestas relativas a las grandes redes.
Creo haber respondido a casi todas sus preguntas. Permítanme decir, como conclusión, y en ese caso responderé a una serie de preocupaciones que se han mencionado, sobre todo al final, por parte de la Sra. Torres Marques, el Sr. Ettl o el Sr. Katiforis, en primer lugar que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es nada más ni nada menos que el Tratado de Maastricht. La Comisión ha vigilado, especialmente durante estas negociaciones, que no se añada nada más a lo previsto por el Tratado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento reúne, en definitiva, dos reglamentos, uno basado en el artículo 103.5 y el otro en el artículo 104, orientados a que sean operativas las disposiciones del Tratado y, en definitiva, a determinar simplemente el reglamento interior de la casa euro.
Terminaré diciendo que, actualmente, el verdadero problema es el del desempleo. Somos perfectamente conscientes. Pero no se debe creer que crearemos empleo de la nada. Sólo podremos crear empleo, sobre todo para los jóvenes, si volvemos a dotar a Europa de las condiciones para un crecimiento económico sano y duradero. Desde hace algunos años, y gracias a la estrategia seguida, hemos restablecido progresivamente este marco. Ahora, necesitamos proseguir con ese esfuerzo, necesitamos coronarlo con la instauración del euro que asegurará definitivamente este marco de estabilidad y crecimiento (ambos términos no son antinómicos), pero debemos ser conscientes de que también será necesario que asumamos nuestras responsabilidades frente a un desempleo estructural, y éste merece que se tomen medidas estructurales que se llaman investigación, educación, formación, y pienso en especial en la disminución de las cargas que gravan a las industrias manufactureras.

Christodoulou
Señor Presidente, quisiera recordar al Sr. Comisario que en el texto griego de esta enmienda, que le he pedido que apruebe, se habla de «presiones injustificadas» sobre el mercado de cambio. Estoy seguro de que el presidente de cualquier banco central prestigioso, e incluso de menor escala, utiliza esta expresión con mucha frecuencia. El concepto de «presión injustificada» sobre el mercado de cambio es conocidísimo y se aplica a menudo.
Además, señor Presidente, quisiera aclarar al Sr. Comisario que el motivo por el que solicitamos la aprobación de determinadas enmiendas era facilitar la aplicación del Pacto de Estabilidad. Tal como está, es tan inflexible que su aplicación, para mí y para muchos que lo han estudiado -y se trata de personas que están en estrecho contacto con los mercados-, no resulta muy viable. Por consiguiente, lo que hemos intentado es introducir ciertas enmiendas que facilitaran la aplicación del Pacto y el trabajo de la Comisión. No han sido aprobadas. Espero, en cualquier caso, que mañana el Parlamento vote en favor del Pacto, para que podamos avanzar, ya que es realmente necesario que se apruebe, aunque sea en la presente forma.
No obstante, no olvide el Sr. Comisario, cuando en algún momento dado nos volvamos a reunir, que el presente Pacto de Estabilidad jamás se aplicará en el marco y en la forma que tiene actualmente. No encarna ningún criterio político, por lo que su aplicación parece muy difícil; como todos hemos podido observar en los acontecimientos económicos, financieros y monetarios de los primeros años de la década de los 90, es decir en los años 1990 y 1991, donde no hay flexibilidad, el resultado es desastroso. Parece que esta lección no ha sido todavía aprendida por la mayoría de los responsables de la redacción del texto, lo que ha llevado a un resultado inflexible e inaplicable. Espero no tener la razón, pero me temo que la tengo.

Randzio-Plath
Señor Presidente, quiero decir una vez más al Sr, Comisario cuán agradecido está, naturalmente, este Parlamento por el hecho de que haya sido posible el diálogo informal con la Comisión incluso sobre las orientaciones generales de política económica. Sería bueno que la Comisión se inclinase por las negociaciones con el Parlamento. Tanto la Comisión de Asuntos Monetarios como también el Ecofin han dado ya señales de su disposición. Esto significa que en el marco de la discusión y de la elaboración de las orientaciones generales debería ser posible de nuevo una especie de negociación con el Parlamento, pues una cosa es cierta: aunque el Tratado no establece instrumentos muy concretos para el triple diálogo, es posible que estas tres instituciones se pongan de acuerdo acerca de orientaciones generales, de importancia vital, de las políticas y, por cierto, en interés de la superación del desempleo de masas. Sería bueno que usted, señor Comisario, se mostrase también a favor de esto. Finalmente, agradecería mucho al Presidente del Parlamento que se ocupase de que los acuerdos que adopte mañana el Parlamento respecto de las orientaciones generales de la política económica sean comunicados con la mayor rapidez posible tanto a la Comisión de Asuntos Monetarios como a la Presidencia neerlandesa del Consejo, para que sea posible estudiarlos a tiempo y pueda tener lugar un diálogo o un triálogo.

de Silguy
Señor Presidente, muy rápidamente, deseo agradecer al Sr. Christodoulou y a la Sra. Randzio-Plath nuestra buena colaboración y trabajo en estos dos documentos tan importantes. Quisiera, agradeciendo encarecidamente al Sr. Christodoulou el esfuerzo que ha hecho, que intente comprender también que hemos recogido, y logrado, que el Consejo acepte el máximo de enmiendas que era posible aceptar. Creo ahora que el compromiso que hay sobre la mesa es equilibrado y conviene hacer de él un acto jurídico. Creo también, señor Christodoulou, que comporta bastante flexibilidad. Le recuerdo, con todo, que, en la base de este pacto de estabilidad, se encuentra la propuesta, la iniciativa, de la Comisión y la total capacidad de decisión del Consejo. En este caso también, el marco existe. A los políticos les toca hacer que funcione.
Gracias, Sra. Randzio-Plath, por sus palabras. Estoy totalmente abierto a una reflexión, para ver de forma efectiva cómo asociar en mayor medida al Parlamento Europeo a estos trabajos sobre las grandes orientaciones de política económica. Creo que este año hemos cubierto una etapa. Por otra parte, con ocasión del debate sobre el IEA, el Informe Económico Anual, el Sr. Donnelly, uno de sus colegas, hizo algunas propuestas para mejorar el procedimiento. Estamos reflexionando sobre ello. Lo haré en un espíritu constructivo porque creo que el refuerzo del diálogo, en una mayor transparencia, es una condición necesaria actualmente en Europa, para hacer que nuestros conciudadanos acepten nuestras políticas económicas.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

La fiscalidad en la UE
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0169/97) del Sr. Secchi, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, sobre el documento de la Comisión sobre la fiscalidad en la UE - Informe sobre la evolución de los sistemas tributarios (COM(96)0546 - C4-0054/97).

Secchi
Señor Presidente, señores diputados, estoy muy contento de comentar este informe sobre un tema que considero de gran importancia.
Quisiera empezar diciendo que el hecho de que el Parlamento Europeo se ocupe del tema relativo a la política tributaria en la Unión Europea y a la evolución de los sistemas nacionales de imposición a dos semanas de distancia aproximadamente del Consejo Europeo de Amsterdam se ha de considerar completamente positivo, por cuanto eso permite a los representantes de los ciudadanos expresar su autorizada opinión sobre un tema que en ese momento deberá recibir la máxima atención y ser objeto, como esperamos, de decisiones innovadoras que desbloqueen una situación empantanada desde hace ya demasiado tiempo.
En efecto, el Consejo Europeo de Amsterdam se ocupará del plan de acción para el mercado único, que se propone el fin de definir plazos y modalidades para llevar a cabo todas las medidas necesarias para la realización efectiva de un mercado único, a su debido tiempo antes del paso a la moneda única y antes del inicio de las negociaciones para la nueva ampliación de la Unión. Ciertamente, el Parlamento Europeo comparte tal exigencia y espera que en Amsterdam sea posible conseguir resultados coherentes con las expectativas de los ciudadanos y de los operadores económicos europeos.
En ese contexto, los temas fiscales revisten una importancia muy especial por cuanto, sin firmes progresos en materia de coordinación y de armonización en todos los ámbitos de los que depende el buen funcionamiento del mercado único, este último no podrá en absoluto operar de manera satisfactoria, mientras que al mismo tiempo se pondrá en riesgo también el éxito de la moneda única. Eso no significa en absoluto negar la validez del principio de subsidiariedad en materia fiscal, sino hacerlo objeto de una reflexión realista para evitar que en su aplicación se violen las razones de fondo por las que justamente se ha incorporado a los Tratados.
Los estudios y las reflexiones de la Comisión Europea, que el Parlamento ha acogido favorablemente y examinado con atención, evidencian, por un lado, la progresiva degeneración de la situación hacia formas de competencia fiscal perjudicial y, por otro, la exigencia de nuevos enfoques al respecto, sin perjuicio del objetivo último de eliminar, como el propio Parlamento ha pedido muchas veces, el principio de unanimidad para las decisiones del Consejo en la materia. En particular, los excesos en la competencia fiscal han producido y están produciendo efectos negativos en el buen funcionamiento del mercado interior debido a las distorsiones generadas en los flujos de bienes, servicios, capitales y actividades empresariales, en los niveles de empleo, a causa del aumento impositivo que se ha producido en el factor trabajo, frente a una considerable desgravación efectuada en las rentas del capital, y por último, en la evolución de los ingresos fiscales de los Estados miembros, a causa del incremento de la competencia fiscal, que, sin embargo, comporta como efecto neto, dada la mayor movilidad internacional de los flujos económicos y de algunos factores, el empeoramiento de la situación.
El análisis de los sistemas de imposición que existen en la Unión Europea ha puesto, pues, de manifiesto que ningún Estado miembro, individualmente, es capaz actualmente, debido al proceso de realización del mercado interior, de eliminar por sí solo los obstáculos que todavía impiden la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, ni de combatir, por otro lado, los fenómenos de erosión fiscal. Además, en un contexto de unión monetaria, donde la política monetaria es supranacional, independiente y está vinculada al objetivo de la estabilidad de los precios, hay que conciliar, en lo que se refiere a la política fiscal, todo lo que sea necesario para el buen funcionamento del sistema productivo europeo y de su mercado único con las exigencias de los Estados miembros encaminadas a mantener cierto control en su política fiscal para preservar políticas de redistribución de rentas y, en general, el papel del Estado social mientras se reducen completamente los márgenes de maniobra al respecto, en particular como consecuencia del pacto de crecimiento y de estabilidad.
En consecuencia, la única solución factible es realizar formas de «comunitarización» de las políticas tributarias en los ámbitos fiscales sensibles, anteriormente definidos, corrigiendo así esta situación de exceso de subsidiariedad, que resulta nociva tanto para los intereses comunes como para los Estados miembros.
Sin embargo, dado que los propios Estados miembros están claramente poco dispuestos a cambiar la norma de la unanimidad, es posible pensar en formas provisionales que puedan contribuir a la solución del problema mediante, por ejemplo, un acuerdo de autolimitación voluntaria en algunos ámbitos tributarios específicos y claramente definidos.
Éste es el sentido del código de conducta, que establece un conjunto de normas para garantizar formas de coordinación entre las políticas tributarias y con respecto al cual la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo propone a la Asamblea elementos concretos que se han de someter a la atención de la Comisión y del Consejo. Puedo dar lectura a esos elementos, pero por brevedad renuncio a explicarlos; en cualquier caso, espero, como conclusión, que el Parlamento Europeo aproveche esta ocasión para manifestar su clara y autorizada opinión sobre una materia tan delicada y compleja, en la que, sin embargo, si no se producen nuevos progresos, será imposible realizar una mayor cohesión económica y social.

Monti
Señor Presidente, quisiera decir inmediatamente que celebro mucho estar aquí, hoy, para hablar de estos temas de política tributaria: aquí, porque considero que el papel del Parlamento Europeo, también en esta materia, debe ser cada vez más de estímulo y de apoyo, y el informe del Sr. Secchi y la propuesta de resolución de tanta amplitud dan mucha confianza sobre el hecho de que el Parlamento pueda realmente contribuir al progreso en esta materia; hoy, además, día en que en el centro de la atención están los problemas del desempleo en Europa, es un día especialmente apropiado para el tema de la fiscalidad. En efecto, cada vez está más claro que existe una relación entre la falta de coordinación fiscal en la Unión Europea y la grave situación del empleo. Y cuando hablamos de gobierno económico, más allá de los aspectos monetarios, ciertamente la política tributaria debe considerarse un asunto esencial.
Es conocida -ya se ha referido a ello el Sr. Secchi- la evolución muy divergente que se ha producido en Europa como consecuencia de la competencia fiscal asimétrica: una caída de la imposición sobre las rentas del capital, un aumento de la imposición sobre las rentas del trabajo, exactamente lo contrario de lo que convendría para una política de empleo. Cuando exista la moneda única, la falta de una coordinación en la imposición sobre las rentas del capital se notará aún más.
La Comisión ha podido debatir estos temas, en particular en el último año, con los Estados miembros y con el Parlamento. Quisiera recordar la constitución del Grupo sobre la política fiscal, creado con los representantes personales de los ministros de Finanzas. En efecto, además de las dificultades relacionadas con la unanimidad, si en la materia fiscal se han hecho en el pasado avances limitados, esto se debe también, en opinión de la Comisión, a la manera aislada en que se han considerado las distintas propuestas. Por lo tanto, dirigir la atención de los ministros de Finanzas hacia la necesidad de un enfoque un poco más general de la fiscalidad parece un paso necesario para tener su consenso sobre las decisiones.
Al mismo tiempo que al Grupo sobre la política fiscal con los representantes personales de los ministros de Finanzas, la Comisión ha podido hacer participar también en esta reflexión -y por eso les estoy muy agradecidoal Parlamento Europeo. En particular en el ámbito de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial, hemos debatido temas fiscales en varias ocasiones. Considero en particular el informe del Sr. Secchi una contribución importante a las reflexiones en curso y a la elaboración de un plan de acción fiscal que tenga como objetivo la consecución y el funcionamiento real del mercado único.
Los debates en curso, tanto a nivel de Parlamento como de Consejo, nos han permitido establecer un punto de partida a partir del cual esperamos poder conseguir resultados concretos. En efecto, en el proyecto de plan de acción para el mercado único, adoptado por la Comisión, hemos utilizado diversas ideas que figuran en el informe Secchi. Los elementos actualmente objeto de consideración en el plan de acción para el mercado único son: medidas encaminadas a garantizar la imposición efectiva de los flujos transfronterizos de capitales; medidas para eliminar la imposición en forma de retención en la fuente del pago de intereses y de regalías entre empresas asociadas; un código de conducta establecido de manera que limite la competencia fiscal nociva que perjudica a la capacidad impositiva de los Estados miembros -los elementos que se han de incluir en el código y que se enumeran en el informe Secchi serán una valiosa contribución a este trabajo-; medidas que eliminen las distorsiones en la competencia que se derivan de la aplicación no uniforme de los regímenes de imposición indirecta.
Somos conscientes, señor Presidente, de que no será fácil obtener un consenso en el Consejo sobre todas las propuestas, pero estoy convencido de que se ha de tratar de conseguir ese enfoque si se quiere efectivamente progresar en la política tributaria. Un enfoque coordinado es esencial y lo llevaremos adelante. El proyecto de plan de acción para el mercado único hace además referencia a la necesidad de crear un sistema común para el impuesto sobre el valor añadido y de revisar el marco de las normas comunitarias relativas a la imposición de los productos energéticos.
Por último, otro punto sobre el que quisiera intervenir, ya que se cita en el informe, se refiere a la acción comunitaria contra la evasión y el fraude fiscal. Ya sabemos que el fraude y los defraudadores internacionales no reconocen ni las fronteras nacionales ni las jurisdicciones fiscales. Por consiguiente, hay que poner de relieve la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros y de potenciar la actividad de prevención y de represión de los fraudes.
Para dar un nuevo impulso a estas acciones, la Comisión ha propuesto un programa ambicioso, denominado FISCALIS. Este programa tiene por objeto ayudar a las administraciones nacionales a cooperar mejor dándoles los instrumentos adecuados. La cooperación, que ya es fundamental, será cada vez más esencial con el nuevo sistema IVA propuesto por la Comisión. FISCALIS permitirá ciertamente una mejora inmediata de los actuales sistemas IVA; pero temo que esas mejoras no puedan poner remedio a las carencias del sistema vigente. Tales lagunas sólo podrán colmarse mediante la modificación radical del sistema que hemos propuesto.
Les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de explicar, en síntesis, la evolución de los sistemas tributarios en la Unión Europea. Celebraré mucho seguir colaborando con el Parlamento en este tema y confirmo mi mayor disponibilidad.

El Presidente
Muchas gracias, señor Monti.

Pomés Ruiz
Señor Presidente, tras las buenas palabras del Comisario Monti, aprobando el trabajo de mi compañero Secchi en este empeño que tenemos de hacer de nuestra fiscalidad un elemento que favorezca la creación de empleo y de riqueza, quisiera en mis palabras resaltar y dar debida importancia a lo que la propia Comisión afirma en el sentido de que toda propuesta de intervención comunitaria en materia de fiscalidad ha de ajustarse plenamente al principio de subsidiariedad.
Es obvio que hoy la soberanía fiscal está repartida no sólo entre los quince Estados miembros pues hay Estados, como es el caso de España, en el que hay comunidades, como en el caso de Navarra u otras, que tienen también su propia capacidad de decidir la tributación sin merma ni menoscabo del mercado interior. Además, como bien sabe el Comisario, una vez que entremos en la tercera fase de la Unión Monetaria, el requisito de no sobrepasar el 3 % de déficit respecto del PIB va a obligar a todos los Estados y a todas las administraciones tributarias a conjugar su nivel de gasto con su nivel de ingreso. Dicho de otra forma, si las Administraciones que tienen capacidad de gasto tienen libertad para decidir sobre el nivel de gasto, tendrán que tener la libertad para decidir qué tipo de ingresos fiscales quieren y cómo los recaudan. Expreso mi apoyo absoluto a la creación de un código de conducta que evite malas prácticas de la soberanía fiscal, pero no es este Parlamento, ni éste el momento, de discutir que el principio de subsidiariedad debe regir la acción comunitaria, y tiene que basarse en el actual respeto de las competencias tributarias. Es obvio que, en el futuro, debemos pensar que sólo si se hace una intervención desde los ámbitos comunitarios respetuosa de verdad del principio de subsidiariedad podremos conseguir la respetabilidad y la aplicabilidad de las normas que emanen de la Comisión y del Consejo.

Cardona
Señor Presidente, sabido es que las políticas sociales de empleo y presupuestarias están vinculadas exclusivamente con la fiscalidad. El fraude y la evasión fiscal, la complejidad de los sistemas, la insuficiencia de mecanismos de intercambio de informaciones, el aumento de la carga fiscal sobre el factor trabajo, la proliferación de zonas «off-shore» y de regímenes fiscales más favorables y las trabas a la circulación de capitales como consecuencia de la diversidad de las normas de determinación de materiales recaudables y de tasas de tributación, entre otras, de royalties y de ahorros son, evidentemente, factores que originan el fenómeno de la competencia fiscal.
La solución efectiva de esas cuestiones es una exigencia de todos cuantos, como yo, consideran que el Mercado Único, libre y justo, exige sistemas fiscales también justos, equitativos y neutros. Creíamos poder encontrar en el informe que estamos examinando una posible forma de superar esas dificultades.
Pero creemos que no es así totalmente. En efecto, comprobamos que en este marco no se profundiza el Tratado de la Unión Europea, que contiene soluciones que, si se pusieran en práctica, podrían paliar los problemas suscitados por la erosión fiscal y que hasta ahora las instituciones comunitarias no parecen conseguir superar.
Estamos hablando de la Directiva incluida en el artículo 220 sobre la norma de la celebración de tratados bilaterales en materia fiscal. Como se sabe, esos Tratados versan sobre todas las categorías de rentas, van encaminados a eliminar la doble tributación, armonizar bilateralmente las tasas efectivas de tributación en el origen y en la residencia y evitar la evasión fiscal. No se hace -que se sepa- el análisis y, sobre todo, el balance de la adopción y la aplicación de tales tratados en el espacio comunitario. Pongo en entredicho el avance hacia mecanismos, como los de la modificación de la norma de la unanimidad en la fiscalidad, sin que se hayan experimentado en concreto las consecuencias políticas y prácticas de dichos convenios.
Es que el camino comunitario no ha ido, en este momento, más allá de la directiva sobre los dividendos, sobre los actos de concentración empresarial y sobre los precios de transferencia entre empresas asociadas. La armonización de la tributación relativa a los intereses ronda hace ya muchos años los corredores de la política. Así, pues, no considero que se deben hacer de nuevo y renovar propuestas ya experimentadas y sin éxito digno de mención. En consecuencia, no es, desde mi punto de vista, la respuesta adecuada.
En estas circunstancias, la creación efectiva de un mercado único, la lucha contra el desempleo, la mejora de las condiciones sociales y la eliminación de trabas a la libre circulación se alcanzarán mediante una política concertada y de incentivo a la celebración de convenios bilaterales en materia fiscal. Cuando, como sucede en este caso, está en entredicho la soberanía fiscal, debe prevalecer, desde mi punto de vista, el concierto y el consenso.

Cox
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Liberales, quisiera decir, en primer lugar, que acogemos con satisfacción el informe Secchi, por el que felicitamos a su ponente. Dicho esto, el informe es sumamente ambicioso. Es bueno tener ambiciones, pero el Grupo de los Liberales, aunque no está necesariamente en contra de todo el contenido del informe, aún no ha llegado a un nivel de reflexión que nos permita estar de acuerdo con el informe en su totalidad.
Limitaré mis observaciones a dos cuestiones concretas. La primera es la referencia que aparece en el apartado 3 a la ampliación de las competencias de la Unión con respecto a la armonización fiscal de manera que incluya no sólo la armonización fiscal indirecta, sino también directa para los impuestos sobre sociedades, sobre capitales, etcétera. Tenemos una gran cantidad de asuntos pendientes en ese ámbito de la competencia, que está muy avanzado, pero aún no concluido, a saber, la armonización o un mayor acercamiento, para ser más exactos, de la fiscalidad indirecta como el IVA y los tributos. Este ámbito requiere más prioridad antes de pasar al capítulo de los impuestos directos.
Mi segunda observación general es relativa a las normas sobre la votación. Nos preocupa que el Parlamento no haya reflexionado lo suficiente al respecto -desde luego en mi Grupo no lo hemos hecho- como para afirmar que queremos que el Consejo vote por mayoría también en el ámbito de los impuestos directos. Hemos llegado a la conclusión de que podemos aceptarlo en el caso de la fiscalidad indirecta, aunque es posible que la CIG no tome esta decisión, pero aún no en el caso de la fiscalidad directa.
Por consiguiente, nos abstendremos de comprometernos plenamente con todas las aspiraciones del presente informe, mientras que, al mismo tiempo, no nos opondremos necesariamente a la evolución de la idea en ese sentido general. Pero no en estos momentos, no en vísperas de la CIG. Creemos que no es de recibo.

Hautala
Señor Presidente, desearía felicitar cordialmente al señor Secchi por este informe tan logrado, así como agradecer también al Comisario Monti el hecho de que haya aceptado la participación de miembros de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política Industrial en los debates que se celebrarán próximamente sobre fiscalidad. En mi opinión, la fiscalidad constituye precisamente una de esas cuestiones que exigen la actuación inmediata de la Unión Europea, y esto es algo que ya esperan sus ciudadanos. Al fin y al cabo, se puede decir que todo el modelo europeo de sociedad del bienestar está pendiente de las mejoras que logremos introducir a nivel fiscal. Si bien en la actualidad existe una gran preocupación por el abultado gasto público, también es cierto que deberíamos mostrarnos igualmente preocupados por los ingresos cada vez menores de los Estados miembros.
Quiero felicitar a la Comisión por el análisis que ha realizado acerca de los tremendos cambios que se han registrado en el ámbito tributario durante los últimos años. El mensaje de fondo es que la producción de mayor movilidad se ampara en una fiscalidad más ventajosa, mientras que el trabajo humano, que no goza de tanta movilidad, se ve sometido a una presión fiscal desmesurada. Esta situación ha de cambiar si deseamos acabar con el desempleo. Cuanto mayor sea la facilidad de movimientos de los elementos productivos, mayor será también la necesidad de lograr una armonización. Se debe armonizar la fiscalidad del capital, por ejemplo de los depósitos bancarios, ya que estos constituyen uno de los mencionados elementos de producción de tanta movilidad.
Una de las piedras de toque de la Comisión será conseguir una fiscalidad uniforme para el sector de la energía. Y creo que el Parlamento Europeo hará todo lo posible para respaldar las aspiraciones de la Comisión.

de Rose
Señor Presidente, sabiendo que se entiende por impuesto una prestación pecuniaria requerida, por la autoridad pública, a las personas físicas o jurídicas, principalmente para la cobertura de cargas públicas, no cabe ninguna duda de que el impuesto aparece, ya sea en la elección del tipo de ingresos, impuestos directos, indirectos, impuestos sobre la renta o sobre el capital, o en la de los gastos, como uno de los principales instrumentos de intervención económica del Estado.
En este sentido, y en el mismo sentido que la política monetaria o social, una prerrogativa así depende de la soberanía nacional. Ahora bien, ¿qué constatamos? No contenta con imponer el respeto por criterios arbitrarios ahora incoherentes en período de cuasi recesión en nombre del Pacto de Convergencia, lo que tiene como efecto dictar una política económica monetarista estricta privándonos del instrumento presupuestario, Bruselas acomete contra el instrumento fiscal. El papel de la economía es servir a la sociedad y no a la inversa.
Mi grupo se opone a la confiscación del instrumento fiscal so pretexto de armonización o coordinación. Así, más que una asociación de naciones soberanas formando parte de un mercado único que favorece el libre cambio interior, la Comisión pide a los Estados que renuncien a sus prerrogativas con el fin de someterlos a un control creciente de instituciones europeas centralizadoras y autoritarias.
Por otra parte, ¿cómo no señalar las aberraciones del informe de la Comisión? Permítanme también que les recuerde algunos ejemplos sorprendentes. ¿Cómo coordinar sistemas fiscales tan variados como diferentes sin poner en duda el equilibrio de cada sistema fiscal nacional que es el resultado de una evolución lenta y progresiva?¿Cómo conciliar impuestos analíticos e impuestos sintéticos, impuestos proporcionales e impuestos progresivos, impuestos que se declaran e impuestos retenidos en la fuente, impuestos sobre el capital e impuestos sobre el trabajo?
¿Por qué y cómo armonizar quince fiscalidades nacionales cuando algunos convenios fiscales bilaterales acertados solucionan ya de forma pragmática la mayoría de estas cuestiones?¿Cómo hablar de disparidades tan importantes que crean una competencia fiscal desleal entre los Estados miembros? Ninguno de los quince Estados es, que yo sepa, un paraíso fiscal. La causa para una expatriación se encuentra menos en buscar en las legislaciones fiscales favorables que en situaciones de empleo interesantes en términos de salarios y calidad de vida.
¿Cómo luchar contra el fraude fiscal a nivel europeo sin crear un megafichero, cuando bastaría con agrupar y centralizar las informaciones recogidas en los ficheros fiscales nacionales?¿Qué equilibrio encontrar entre el necesario alivio de las retenciones obligatorias, sobre todo para las PYMES, con el fin de hacer frente económicamente a los Estados Unidos y países emergentes, y el mantenimiento de los ingresos presupuestarios que permitan asegurar el respeto por los criterios de convergencia a los que estamos sometidos?¿Cómo armonizar sistemas de retenciones obligatorias sin poner en tela de juicio algunos sistemas sociales, ya que quien dice retenciones dice impuestos, pero también cotizaciones sociales, ya sean salariales o patronales?
Para concluir, diría que, una vez más, tengo la sensación de que se pretende reducir más las escasas prerrogativas nacionales que quedan en los Estados miembros de la unión económica, a saber, el ámbito particularmente sensible de la fiscalidad. Es fácil agitar la quimera de una presión fiscal limitada para que pase el mal trago que constituye la armonización fiscal. Pero, ¿dónde se detendrá la reducción de esta piel de zapa que es nuestra soberanía nacional?

Amadeo
Señor Presidente, en realidad no habría mucho que añadir a lo que han dicho el ponente y el Comisario. Me parece un deber y también un placer intervenir sobre esas observaciones, hechas por dos prestigiosísimos personajes, que son profesores de la más prestigiosa universidad económica italiana. Intentaré, pues, hacer una pequeña observación y me siento honrado de poderla hacer.
El informe del Sr. Secchi llega a una importante conclusión que debe hacer reflexionar. En él se dice: »Ningún Estado miembro, individualmente, es capaz actualmente, debido al proceso de realización del mercado interior, de eliminar por sí solo los obstáculos fiscales que existen e impiden la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, ni combatir, por otro lado, los fenómenos de erosión fiscal.» Y añade el ponente que «la competencia fiscal amenaza, en último término, con aumentar el nivel global de erosión fiscal, debido a la libertad de circulación de capitales y a las posibilidades de fraude y evasión fiscales». La falta de armonización de las estructuras tributarias y el consiguiente fenómeno de la competencia fiscal son importantes en el proceso de realización del mercado único y en el que conduce a la creación de la moneda única.
A la hora de emprender líneas de acción en ese sentido, por lo que se refiere al proceso de realización del mercado interior, en mi opinión es necesario conciliar algunas exigencias: primero, que los sistemas de imposición permitan el desarrollo de la actividad económica en el ámbito de los distintos Estados de la Unión, por lo que se deberán constituir sistemas de imposición simples, correctos y eficaces, basados en bases imponibles y que den lugar a tipos más bajos de imposición fiscal, lo que no debe impedir la previsión de incentivos fiscales por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas; segundo, la necesidad de un régimen definitivo del impuesto sobre el valor añadido, más simple y eficaz, con el fin de tratar de suprimir la complejidad, la fragmentación de los mercados y la posibilidad de fraudes generados por el actual régimen transitorio, distorsiones que, por otro lado, van a afectar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas; tercero, la supresión de la desincentivación fiscal, que influye negativamente en las empresas, sobre todo en lo que se refiere a los flujos transfronterizos de capitales; cuarto, favorecer una mayor flexibilidad del mercado laboral, evitando fenómenos de doble imposición de los trabajadores, en particular por lo que respecta a los seguros de vida y a los regímenes de pensión.
El desarrollo de los sistemas tributarios que penalizan el factor trabajo, como acaba de decir el profesor Monti, ya se había tomado en consideración en el Libro Blanco «Crecimiento, competitividad, empleo», y es uno de los aspectos más importantes sobre el que pido la atención tanto del ponente como del Comisario.

Randzio-Plath
Señor Presidente, con razón la Comisión Europea ha pensado en su documento de estrategia que la política fiscal necesita una reordenación en la Unión Europea. Pienso que no es la Unión Monetaria, sino el mercado interior y la libertad de circulación de capitales los que requieren que nos planteemos nuevas ideas sobre la armonización fiscal y que, finalmente, adoptemos también medidas. Celebro mucho que en el documento de estrategia se mencionen todos los ámbitos que a corto o a medio plazo necesiten solución. Aquí nos concierne una mejor cooperación en el ámbito de los impuestos, una reorientación en lo que respecta a la armonización de la fiscalidad de las empresas y también de la armonización de la fiscalidad del capital. Aquí se trata de evitar una competencia desleal entre zonas en el seno del mercado interior europeo y de contribuir a que reine realmente una justicia fiscal dentro de la Unión Europea. Pero, por otro lado, tampoco debe proseguirse el juego de las sumas negativas que se ve facilitado por la existencia de oasis fiscales, por la distorsión de la competencia entre asentamientos industriales a causa de exenciones fiscales desleales y de otras distorsiones que, lamentablemente, son propiciadas mediante normativas fiscales.
En el ámbito de la fiscalidad de las empresas necesitamos una unificación de las definiciones y de las bases de cálculo. Creo que debemos comenzar urgentemente a poner en práctica las recomendaciones del Comité Ruding. Necesitamos distinguir también en este ámbito entre los beneficios cobrados y los beneficios reinvertidos. En este punto existe realmente una necesidad urgente de actuación. Este Parlamento viene hablando ya desde hace tiempo de la armonización de la fiscalidad de los rendimientos de capital y viene proponiendo también fórmulas. Es muy importante la idea de que la competencia sólo puede medirse bajo el aspecto de las ayudas estatales. Igualmente dañina puede ser la ruinosa competencia fiscal que tenemos en la Unión Europea, y por esta razón ya es hora de que el documento de estrategia de la Comisión ocupe nuestra atención y que el informe Secchi nos ayude a determinar una vez más una posición clara como Parlamento Europeo.

Paasilinna
Señor Presidente, tanto el informe del señor Secchi como el análisis de la Comisión dan muestra de su competencia en la materia. El buen funcionamiento del mercado interior requiere un buen funcionamiento de las estructuras. Desde el punto de vista del empleo y del equilibrio, resulta imprescindible dotar a los sistemas tributarios de una mayor equidad. Una vez que se haga realidad la moneda única, las economías públicas de los Estados miembros estarán sometidas a un riguroso control individual. ¿Por qué no se podría aplicar este mismo control a la fiscalidad?
El mayor problema viene motivado por el hecho de que la presión fiscal se concentra cada vez más en la mano de obra. Por alguna razón nos imaginamos que las empresas creadoras de empleo son más ricas, ya que se enfrentan con una presión fiscal exagerada en comparación con las empresas basadas en la automatización. Con motivo de la creación de un sistema fiscal, hay que proceder a corregir de inmediato este modelo fiscal distorsionado. Lo mínimo exigible es que se equipare desde el punto de vista tributario a las empresas que creen empleo con aquellas otras basadas en la automatización. En caso contrario, nuestra sociedad se diluirá ante este tipo de actividad automatizada que hace caso omiso de sus obligaciones fiscales.

Wibe
Me permito en estos breves segundos explicar por qué yo y los partidos suecos no vamos a votar a favor del informe. Nuestras objeciones giran en torno al apartado 4, donde se establece que las decisiones sobre política fiscal no se seguirán adoptando según el procedimiento de unanimidad en el Consejo, y en torno al apartado 9, donde se menciona que no aumentará la presión fiscal en la Unión. Pensamos que el derecho a decidir sobre los ingresos y gastos de un Estado constituye un privilegio democrático innegable de cada nación de la Unión. Si los ciudadanos de un país deciden democráticamente elevar o reducir sus impuestos, nosotros no tenemos que impedirlo.
Señor Presidente, teniendo en cuenta el derecho de todo país a fijar democráticamente sus impuestos, votamos «no» al informe del Sr. Secchi.

Monti
Señor Presidente, señores diputados, intervengo muy brevemente tanto para garantizar que la Comisión tendrá en la máxima consideración las distintas observaciones formuladas como, además, para tranquilizar. En efecto, se han expresado determinadas preocupaciones acerca de la subsidiariedad. En el planteamiento de la Comisión, la subsidiariedad está en el centro, pero nos encontramos en una fase en la que los Estados miembros, que consideran que siguen teniendo la plena soberanía fiscal, de hecho la han perdido y la están perdiendo cada vez más en beneficio del mercado, debido a la integración y a la apertura: ayudándoles a una mayor coordinación, en realidad nosotros ayudamos a los Estados miembros a conseguir sus propios objetivos nacionales.
Por último, quisiera decir que por lo que se refiere a la imposición indirecta, ciertamente, los trabajos están más avanzados, las realizaciones están más avanzadas, pero también para la imposición directa es extremadamente necesario hacer progresos y hacerlos pronto, en particular por lo que respecta a los movimientos de capitales, como varios diputados han dicho. Esto es ya necesario para el funcionamiento del mercado único y con mayor razón lo será con la llegada de la moneda única, cuando, una vez eliminados todos los demás factores de distorsión, como los costes de transferencia y los riesgos de cambio, serán sólo las divergencias fiscales las que guíen los movimientos de capital. Y ésta no es una asignación eficaz de los recursos: de ahí que la moneda única plantee una nueva presión para un mínimo de coordinación de la imposición sobre los capitales.
Nos encontramos ante un trabajo muy difícil, pero si la actitud del Parlamento es la que se refleja en el informe Secchi y en la propuesta, nuestro trabajo será ampliamente apoyado por ustedes.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.25 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Impacto y efectividad del Mercado Unico
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate (A4-0160/97) del Sr. Harrison, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, Monetarios y de Política Industrial, sobre la comunicación de la Comisión -Efecto y efectividad de las medidas del Mercado Unico (COM(96)0520 - C4-0655/96) y sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión: »Análisis del Mercado Unico 1996» (SEC(96)2378 - C40007/97)

Harrison
Señora Presidenta, la CES celebra hoy una manifestación por el empleo, y toda Europa pide, con toda la razón, que se creen puestos de trabajo para sus 30 millones de desempleados. Pero el modo más rápido en que la UE puede garantizar esos puestos de trabajo es mediante el cumplimiento estricto de la mayor empresa de Europa, el mercado único europeo de 370 millones de personas, y mediante la aplicación de todas las importantes medidas adicionales que justifican y complementan ese mercado, de las que la UEM y la moneda única son el principal ejemplo. Mi informe sugiere que si asociamos la culminación del mercado a una de las fechas significativas de la UEM, podría convertirse en el objetivo y la aspiración que infundan nueva vida a la Unión Europea en los albores del nuevo siglo.
El informe de este año sobre el mercado único es inusual y prometedor por una razón muy importante. Por primera vez tenemos una prueba real de los beneficios que derivan de la creación del mercado único. La excelente serie de ensayos e investigaciones del Comisario Sr. Monti resumen perfectamente el efecto de tener un mercado en varios sectores de Europa y cómo se está agudizando la competitividad de Europa que nos permitirá desafiar y triunfar en la escena mundial.
Contemplemos simplemente las cifras que revelan los treinta y nueve artículos del Sr. Monti. Se han creado aproximadamente 900.000 puestos de trabajo atribuibles directamente al mercado. El PIB de la UE creció en un 1, 5 % entre los años 1987 y 1993. Los índices de inflación a nivel de la UE han descendido en un 1, 5 %. La convergencia económica y la cohesión entre las regiones se han acentuado al mismo tiempo que se ha fortalecido la cohesión de los Estados miembros periféricos, lo que nos permite actualmente describir a Irlanda como el tigre atlántico de la economía. El Programa del Mercado Único, que contiene más de 280 directivas, ha suprimido un sinfín de trámites. 100.000 regulaciones nacionales sobre normas y etiquetado, 60 millones de trámites aduaneros y fiscales han desaparecido por completo.
Aunque eso es una buena noticia, aún es mucho lo que queda por hacer y son cuantiosos los beneficios que quedan por cosechar. Los «agujeros negros», como los describe el Comisario Sr. Monti, de los contratos públicos y de las ayudas estatales están aún pendiente de solución. La creación de mercados únicos en los sectores de la energía, las pensiones privadas y la industria de los medios de comunicación son objetivos que aún deberemos alcanzar. La movilidad de la mano de obra, ayudada e incentivada por programas esenciales de educación y formación profesional aún no se ha convertido en una realidad. Las PYME continúan siendo las cenicientas de un mercado que se ha creado pensando sobre todo en las grandes empresas. De hecho, sólo el 56 % de las normativas de 1985 han sido aplicadas en todos los Estados miembros.
Y aquí está el origen del problema. Aquellos Estados miembros que apoyaron hipócritamente el principio del mercado, pero que han sido los más culpables de no transponer, vigilar y asegurar el cumplimiento de las normativas del mercado único. Contemplemos tan sólo el caso de las disposiciones técnicas. Cada año se introducen aproximadamente 450 nuevas disposiciones técnicas a nivel nacional. A veces, los Estados miembros ni siquiera se toman la molestia de notificar a la Comisión estos cambios a nivel nacional, que tienen el efecto de socavar el mercado. Mi petición y la del Parlamento al Sr. Monti es que denuncie y condene a dichos países que violan flagrantemente unas normas que han sido aprobadas, y me alegra comprobar que el proyecto de plan de acción de la Comisión para culminar el mercado reconozca estos puntos.
Sin embargo no basta con limitarse a cumplir las normativas del mercado único. Las políticas activas como la realización de las redes transeuropeas de las telecomunicaciones, la energía y el transporte son puntales fundamentales de la infraestructura europea. Los Estados miembros deben ser partidarios y no detractores de estas sabias medidas de acompañamiento. Pero sobre todo, los Estados miembros deben velar por el ciudadano de a pie, incluidos los pequeños comerciantes y los consumidores que tienen derecho a esperar una protección eficaz. Más de 120 millones de consumidores -en otras palabras, los niños de Europa- tienen derecho a exigir al mercado que sus beneficios redunden sobre ellos. Las supresión de fronteras favorece no sólo a los empresarios, sino también a los que abusan de menores.
Por último, me alegra que Toni Blair, el nuevo Primer Ministro británico, haya declarado que su Presidencia de la Unión Europea en 1998 considerará la culminación del mercado único como su primer objetivo. Un mercado nuevo de verdad para una nueva Europa y una nueva esperanza para todos nuestros pueblos.

Berger
Señora Presidenta, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos en su opinión sobre la comunicación de la Comisión ha manifestado también su decepción acerca del hecho de que hasta ahora el mercado único no haya podido satisfacer todavía en su totalidad las expectativas que se habían puesto en el mismo.
Como ya hemos tenido que afirmar críticamente en otros informes, los Estados miembros se encuentran todavía en un grave retraso en la traslación de las directivas aprobadas con posterioridad al Libro Blanco; en muchos casos todavía no se ha llevado a cabo su aplicación lo que redunda en detrimento de los ciudadanos y de la economía. Los medios jurídicos que la Comisión tienen a su disposición no bastan, evidentemente, para que ésta pueda estar plenamente a la altura de su papel como guardiana de los Tratados. Por consiguiente, nosotros apoyamos todas las propuestas que pongan en manos de la Comisión y de los ciudadanos mejores medios jurídicos contra las violaciones de las disposiciones que rigen para el mercado único.
En algunos ámbitos se hace especialmente difícil hablar de un mercado único. Hoy hemos discutido ya mucho sobre impuestos. Quisiera citar un ejemplo en relación con las diferencias entre los impuestos sobre el valor añadido. En el caso de los productos protectores de las plantas sigue siendo posible, evidentemente, en perfecto acuerdo con la directiva UE, que en un país se establezca en el impuesto de valor añadido un tipo impositivo de sólo el 3 % y en otro país se establezca un tipo impositivo del 20 %. Se entiende fácilmente que estas distorsiones no permitan a las empresas creer en un mercado único y que en este ámbito se produzcan también efectos nocivos en el medio ambiente. Por consiguiente, demandamos que se complete el programa sobre el mercado único, en especial en lo que respecta a la armonización en el ámbito de los impuestos sobre el valor añadido y también en el de la fiscalidad de las empresas.
Pero hay que afirmar también que otros efectos del mercado único, señalados con mucha sinceridad por la Comisión, realmente nos deberían hacer reflexionar también. Hay que calificar más bien de extraordinariamente precarios los efectos que se han registrado hasta ahora sobre el empleo. Sólo los 300.000 a 900.000 puestos adicionales de trabajo -acumulados a lo largo de algunos años- demuestran que el mercado único por sí solo no puede solucionar el problema del empleo. El aumento del conjunto de los transportes ha mostrado consecuencias que quizá no permiten a la UE mantener los compromisos internacionales sobre la reducción del CO2 .
Por consiguiente, apoyamos a la Comisión en todo lo que le ayude a proceder con más eficacia en este punto, y hacemos un llamamiento a los Estados miembros a que ellos, y sus ciudadanos, no se desanimen por los efectos positivos del mercado único.

Monti
Señora Presidenta, me congratulo del excelente informe del Sr. Harrison: para nosotros, es un informe lleno de sugerencias, dado que nos encontramos precisamente en la fase de preparación de la versión final del plan de acción para el mercado único. Y en efecto, señor Harrison, ya hemos incorporado al plan de acción un gran número de elementos determinados en su informe. Espero poder sacar de esto la convicción de que la Comisión podrá contar con un apoyo decidido del Parlamento en la realización del propio plan.
El plan de acción para el mercado único, que se presentará al Consejo Europeo de Amsterdam en junio, ha tenido su origen en el análisis que figura en la comunicación sobre el impacto y la efectividad del mercado único, que es el tema del informe presentado hoy a esta Asamblea. Nuestro plan establece las medidas que deben adoptarse de manera prioritaria para que el mercado único pueda garantizar su pleno apoyo a la transición hacia la moneda única, que empezará el 1 de enero de 1999.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de un nuevo nivel de compromiso político para garantizar un mercado único que responda a las exigencias sociales y que desarrolle todo su potencial, que todavía no se ha manifestado completamente en términos de empleo, de crecimiento y de competitividad.
En esta iniciativa política fuerte que es el plan de acción tenemos un compromiso muy serio que proponer a las instituciones europeas y a los Estados miembros. Dieciocho meses nos separan del 1 de enero de 1999: se trata de un período breve en el que somos conscientes de que no podrá alcanzarse un acuerdo sobre todo. Pero tenemos que trabajar para que, centrándonos en las prioridades, se puedan obtener resultados concretos y se pueda relanzar una dinámica en la que la importancia de un mercado único que funcione realmente sea el criterio clave para el desarrollo de la Unión.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para mostrar que nuestro plan de acción se ha inspirado también en el planteamiento que el ponente, el Sr. Harrison, ha indicado. Lo hago citando brevemente cuatro puntos: el primero consiste en la exigencia de hacer más eficaces las normas del mercado único que ya existen. Este elemento es determinante si queremos aumentar la confianza de las empresas en el mercado, que exige una aplicación mejor y más rápida del Derecho comunitario en los Estados miembros.
Un segundo objetivo prioritario es la lucha contra las principales distorsiones del mercado, que resultan de las barreras fiscales y de comportamientos contrarios a la competitividad. Sólo condiciones fiscales más coherentes, más coordinadas, podrán hacer que las empresas europeas consideren realmente el mercado único como un gran mercado nacional. Hoy estamos lejos de eso. Un elemento clave de un paquete fiscal debería consistir en un código de conducta mediante el cual los Estados miembros se comprometerían a un comportamiento más transparente y coordinado para evitar los excesos de la competencia fiscal. Un enfoque más riguroso de la política de competencia es también fundamental para garantizar que la dinámica del mercado único no esté falseada por comportamientos contrarios a la competitividad de las empresas o de las ayudas estatales.
Un tercer objetivo del plan de acción es la eliminación de los obstáculos sectoriales a la integración de los mercados que aún existen. Nosotros queremos limitar la adopción de nuevas medidas legislativas a lo estrictamente necesario en una política que es de simplificación de la legislación existente más bien que de creación de nueva legislación. Pero en algunos casos especiales -pienso en los servicios financieros y en el comercio electrónico- puede resultar necesario un marco legislativo, así como son necesarias decisiones sobre propuestas pendientes como las relativas a la biotecnología y al derecho de sociedades, sector en el que la Comisión considerará cómo adaptar la propuesta sobre el estatuto de la sociedad europea a la luz de las recomendaciones formuladas por el grupo Davignon, a iniciativa del Comisario Flynn y mía.
Por último, el cuarto pero importantísimo punto que me complace poder citar en presencia precisamente del Comisario Flynn: el plan de acción contendrá propuestas encaminadas a consolidar la dimensión social del mercado único en dos sectores principales: la protección de los derechos de los trabajadores y el desarrollo de la movilidad dentro de la Unión. La Comisión está convencida de que la reestructuración industrial, favorecida también por la integración de los mercados, es necesaria y positiva para la Unión, pero es consciente, somos conscientes, de que puede producir serias consecuencias sociales. El pleno respeto de las normas comunitarias vigentes en materia de consulta de los trabajadores es absolutamente esencial para garantizar un apoyo político constante al mercado único.
En el plan de acción, la Comisión invita al Parlamento Europeo y al Consejo a conceder prioridad al examen de las propuestas legislativas que el plan contiene para que puedan conseguirse los mayores resultados posibles dentro del plazo limitado -he hablado de dieciocho meses- previsto en el documento.
Por otra parte, deseo asegurarles que la Comisión no piensa necesariamente en un acuerdo interinstitucional formal, sino que pide más bien un compromiso político para que se estudien las medidas legislativas con la máxima urgencia. Por lo tanto, en este caso debería concederse un trato prioritario tanto a las propuestas que ya se están debatiendo en el Parlamento -biotecnologías, liberalización de los suministros de gas, mecanismo de transparencia de la sociedad de la información- como a las propuestas que la Comisión presentará en breve y que forman parte del plan de acción.
Estoy muy agradecido, señora Presidenta, por la atención que el Parlamento ha dedicado a la comunicación «Impacto y efectividad del Mercado Único» y me felicito una vez más por la gran calidad del informe del Sr. Harrison. La Comisión espera una colaboración activa en la realización del plan de acción, y a este respecto me alegraría poder tener del Parlamento Europeo una indicación de acuerdo para que el plan de acción, del que he dado los rasgos esenciales esta noche, sea efectivamente el mejor instrumento para alcanzar los objetivos que nos proponemos, una indicación de acuerdo sobre los objetivos determinados, un acuerdo para apoyar el camino que hemos indicado a fin de traducir en hechos esos objetivos y un acuerdo -pido mucho al Parlamento, pero sé lo interesado que está el Parlamento en la plena realización del mercado único- para dar la necesaria prioridad al examen de las propuestas legislativas que contiene.

Billingham
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar a Lyndon Harrison por su informe tan completo y escrutador a favor de la culminación del mercado único. Quiero referirme a tres de las cuestiones que aborda que son de crucial importancia.
La primera es relativa a las pequeñas y medianas empresas que el ponente describe, acertadamente, como la espina dorsal de la economía europea. Dichas empresas continúan viéndose perjudicadas por un exceso de directivas, de trámites y por literalmente cientos de normativas que se convierten en una carga insoportable para ellas. Como acaba de decir el Sr. Comisario, hay que reducir dicha carga y simplificar los procedimientos.
En segundo lugar, me gustaría respaldar el llamamiento que hace el informe Harrison para que se culminen las redes transeuropeas. La energía, el transporte y las telecomunicaciones son cruciales para crear una plataforma que garantice el éxito económico de Europa. El éxito se traduce en puestos de trabajo, y precisamente cuando miles de trabajadores se manifiestan ante las puertas de nuestro Parlamento para exigir su derecho a un puesto de trabajo, ésta es una forma muy positiva de corregir el equilibrio y de dar respuesta a sus exigencias. Más que eso, las redes transeuropeas proporcionan la base idónea para el servicio universal de unos servicios públicos que lleguen a todos nuestros conciudadanos de Europa, que mejoren sus vidas y construyan un futuro mejor.
Por último, estoy segura de que al Comisario Sr. Monti no le sorprenderá mi apoyo a las propuestas de Lyndon Harrison a favor de la movilidad de los trabajadores y de una política común de empleo a nivel europeo. En estos mismos momentos en que hablo, los monitores de esquí y las autoridades franceses han impedido a un único monitor de esquí británico que trabaje en los Alpes franceses. Y eso a pesar de las garantías dadas hace seis meses por el Comisario de que esa práctica no sólo era ilegal, sino que además se les ordenaría a los monitores de esquí franceses que actuaran en consecuencia.
El presente informe es un importante avance en el endurecimiento de los procedimientos legislativos de la UE y por ello lo acojo con especial satisfacción.

Peijs
Señora Presidenta, quiero expresar mi respeto por el ponente, el Sr. Harrison, que ha escrito un excelente informe sobre una cuestión muy importante. La puesta en marcha del mercado interior ha provocado hasta la fecha una revolución en los países de la Unión Europea. Aunque no siempre se han cumplido las excesivas expectativas de los informes Cecchini -me refiero sobre todo a los puestos de trabajo adicionales, que se han estimado en varios millones-, sí han aumentado las inversiones. La inflación ha descendido. Se han creado entre 300.000 y 900.000 puestos de trabajo. Las economías de los países europeos están estrechamente vinculadas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Si miramos los contratos públicos, vemos que Alemania y Francia se toman muy a la ligera las directivas en este ámbito. Pienso que hay que prestar atención a esta cuestión. Por ejemplo, en el mercado de los servicios financieros, los seguros, tampoco existe ningún mercado interior europeo. Allí aún queda mucho por hacer.
Muchas medidas aún no han sido aplicadas por los Estados miembros. Para dar un nuevo impulso a la terminación del mercado interior, la Comisión Europea tendrá que presentar en junio un plan de acción al Consejo Europeo de Amsterdam. Es muy necesario. En unos casos, los Estados miembros aplican demasiado tarde las leyes y en otros añaden tanta legislación que la ley acaba pareciéndose más a un árbol de navidad que a una ley seria. En este sentido, tampoco el Parlamento, todo hay que decirlo, se salva siempre. El objetivo de armonización habrá desaparecido de la vista y las barreras seguirán en pie.
Luego las PYME, la pequeña y mediana empresa. Tal y como constata la Comisión en su documento de trabajo titulado «Retrospectiva sobre el mercado interior en 1996», el mercado interior ha beneficiado menos a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes empresas. Con la resolución del Sr. Harrison, mi Grupo quiere expresar su preocupación al respecto. La culminación del mercado interior ha de permitir que la pequeña y mediana empresa se beneficie del mercado interior -más exportación, por ejemplo-, para lo cual el euro será una ayuda, y todos los sistemas de pago que surjan en torno al euro.
Además, los costes para cumplir la nueva legislación administrativa, técnica y fiscal del mercado interior constituyen un gran problema para la pequeña y mediana empresa. Por ello ruego al Comisario que preste oídos a los problemas de la pequeña y mediana empresa. Para la pequeña y mediana empresa, una legislación clara y simple es más eficaz que todas las subvenciones difíciles de conseguir.
¿Qué quieren realmente las PYME? Quiere mejores instrumentos de consulta, tanto en el ámbito, digamos, de un diálogo económico, un diálogo comercial y un diálogo social, quizás incluso un diálogo fiscal, pero una consulta con la pequeña y mediana empresa. Quiere una mejora de los programas colectivos de investigación y desarrollo para las PYME y un mejor acceso a estos programas.
La tercera cuestión. La reducción de las cargas financieras para las operaciones transfronterizas, como los costes de las transacciones bancarias internacionales. Esta directiva se inaugurará al mismo tiempo que el euro. Pienso que ya no tenemos problemas al respecto. Espero que el plan de acción funcione. El mercado interior es uno de los principales logros de la Unión Europea y sin ese nuevo impulso, con la nueva adhesión se producirá un enfriamiento del mercado interior europeo.
Por ello es necesario un comportamiento estricto y disciplina por parte de los Estados miembros para mantener este mercado interior.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias al Sr. Harrison por su informe y sobre todo por haber aceptado diversas enmiendas. Quisiera pedir al Sr. Monti, y quizás también al Sr. Flynn, que también está presente, que presten mayor atención a dos aspectos del mercado interior. Se trata de los aspectos fiscales del mercado interior y del aspecto de los seguros del mercado interior, al que ya ha aludido la Sra. Peijs. Si miramos, entre otros, el informe de la Sra. Berger, el hecho de que en algunos Estados miembros los fondos de pensiones no puedan operar y por tanto no puedan ofrecer sus servicios allí ni puedan invertir, pienso que nos estamos ocupando de un lado equivocado del mercado interior.
Lo mismo puede decirse de algunas ofertas de entidades bancarias. Conozco algunos casos, por ejemplo en la circulación de servicios entre mi país, los Países Bajos, y Bélgica, donde un banco que quiere ofrecer un servicio en forma de una hipoteca para una vivienda en Bélgica, aunque después no se puede desgravar fiscalmente esa hipoteca. Ya sé que ahora la sentencia Bachman incide en esta situación, pero eso no nos ayuda.
Por tanto, quiero hacer un llamamiento urgente a ambos Comisarios para que presten atención a estos aspectos del mercado interior, que conciernen a los ciudadanos cuando quieren utilizar los servicios que se prestan en un país porque, por ejemplo, trabajan allí y que tienen que administrarse fiscalmente en otro país. Es algo que se ha tratado en el informe Berger y también se incluye en la enmienda nº 12.
Por último, quiero llamar la atención sobre el estatuto de las empresas. Espero que en junio, en Amsterdam, la Comisión consiga que se presente ahora el estatuto de las empresas.

Porto
Señora Presidenta, están de enhorabuena la Comisión, en la persona del Comisario Monti, y el Sr. Harrison por los documentos presentados, en los que se hace una evaluación oportuna de la experiencia obtenida con la formación del Mercado Único europeo.
No habrá dudas sobre el positivo papel desempeñado por las iniciativas del decenio de 1980, primero con el Libro Blanco de 1995 y después con la fijación de una fecha y la simplificación del proceso legislativo mediante el Acta Única Europea. Se trata de un papel positivo que no puede quedar en duda por el hecho de que la evolución habida se haya quedado más acá de las previsiones del informe Cecchini, ya de por sí exageradamente optimistas, pero es que hace unos años no se podían prever la caída del muro de Berlín y la recesión del comienzo del decenio de 1990.
En cualquier caso, resulta significativo que, de acuerdo con los números ahora divulgados y aquilatados a partir de diferentes modelos, el Mercado Único de 1993 haya proporcionado un aumento de 300.000 a 900.000 puestos de trabajo y 1, 1 % a 1, 5 % del producto bruto europeo, así como que haya propiciado una reducción de 1, 1 % a 1, 5 % en la tasa de inflación.
Además de eso, no podemos limitarnos a dejar constancia de esos números, pues importa saber si, frente a las dificultades surgidas, estaríamos mejor sin la iniciativa adoptada y parece seguro que la respuesta es negativa, aun siendo probablemente más graves los problemas actuales, en particular el del desempleo, fruto fundamentalmente de una evolución tecnológica a la que no podríamos escapar, so pena de comprometer irremediablemente nuestro futuro.
Así, pues, aun habiendo tenido una experiencia positiva, no basta con completar ahora lo que quedó por hacer o proceder a pequeños ajustes. Junto con la introducción del euro, conviene que haya de nuevo una iniciativa global y ambiciosa, con un conjunto coherente de proyectos que, además de los objetivos inmediatos por alcanzar, movilice el entusiasmo y el compromiso europeos.
Sólo así será posible responder a los imperativos que se avecinan con la creación de empleos estables en sectores competitivos en el nivel mundial. Por tanto, ése es el deseo que formulo en esta pequeña intervención.

Monti
Señora Presidenta, deseo dar las gracias por las contribuciones que este debate ha aportado todavía al perfeccionamiento del plan de acción de la Comisión. Sin recorrer todas las intervenciones, tomo y subrayo el énfasis que se ha puesto en las pequeñas y medianas empresas, que es un punto absolutamente central del plan de acción, en particular desde el punto de vista de la simplificación legislativa, la atención que se ha puesto, por parte de todas ellas, en el cumplimiento efectivo de las normas del mercado único, por lo tanto, el problema del enforcement con los instrumentos para hacer más eficaz y más rápido el control del cumplimiento de las normas del mercado único.
No toco otros puntos que son también muy importantes -desde el estatuto de las sociedades europeas a los servicios financieros- y concluyo con una observación: me parece que, en un momento en que la atención está tan centrada en la moneda única, en el plazo de establecimiento de la moneda única, no debemos olvidar que unión económica y monetaria significa, desde luego, moneda única, pero también unión económica, y que, para aportar desarrollo y empleo a la economía europea, una unión económica plena es tan esencial como la unión monetaria que completará la unión económica.. El mercado único es el pilar central de la unión económica y, por lo tanto, todos los esfuerzos que estamos haciendo juntos para realizar plenamente el mercado único creo que deben verse en ese marco, que es apoyo verdadero al crecimiento y al empleo en Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Medicinas no convencionales
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0075/97) del Sr. Lannoye, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección de los Consumidores, sobre el régimen de las medicinas no convencionales.

Lannoye
Señora Presidenta, creo que se puede afirmar, sin temor a engañarse, que la armonización de las legislaciones nacionales relativa a las profesiones médicas y a los medicamentos es un proceso prácticamente concluido en la Unión Europea.
Por lo que respecta a las medicinas no convencionales, es decir, los planteamientos terapéuticos no reconocidos por las Organizaciones médicas, estamos lejos de la realidad. En efecto, en la Unión Europea, la diversidad de planteamiento legislativo es bastante extraordinaria. Vivimos también en un sistema de incoherencia. Mi opinión es que hay que poner fin a este estado de cosas lo antes posible.
Cuando digo diferencia de legislaciones puedo dar algunos ejemplos. En Alemania, por citar uno, los medicamentos homeopáticos y antroposóficos están incluidos en la farmacopea. En Gran Bretaña, la profesión de osteópata y la de quiropráctico son profesiones reconocidas y legales, que tienen su propio espacio, y lo mismo ocurre con los quiroprácticos de los países escandinavos, como son Suecia, Dinamarca y Finlandia.
Éstos son ejemplos claros de que, por otra parte, en otros países europeos, todas estas profesiones son ilegales y el ejercicio de estas prácticas terapéuticas está, si no prohibido, a veces tolerado, pero a veces también perseguido ante los tribunales.
Por consiguiente, creo que es hora, como ya he dicho, de poner fin a las incoherencias y también de responder a una demanda cada vez más importante de pacientes. En efecto, no puede negarse la evidencia: los ciudadanos europeos recurren cada vez más a esas terapias llamadas no convencionales. Las cifras procedentes de encuestas efectuadas por la Comisión son elocuentes, pues se alcanza el 50 % de requerimiento a estas terapéuticas.
¿Cuál es el sentido que les propone el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor? Precisamente el de comprometerse en un proceso de reconocimiento de esas terapéuticas no convencionales, basándose por supuesto en el acervo del que ya se dispone, sobre todo un acervo que nos viene de los países en los que este reconocimiento es ya un hecho, sobre los indispensables estudios orientados a probar la eficacia de las terapias que hay que legalizar, sobre la exigencia de una formación de alto nivel para los profesionales (no se trata de sortear diplomas y sortear su reconocimiento) y finalmente a partir de un diálogo organizado entre los defensores de la medicina alopática y los de las medicinas no convencionales, de forma que este diálogo llegue a una armonía que permita la complementariedad de los planteamientos.
Esto es lo esencial del espíritu y del contenido del informe que la Comisión de Medio Ambiente les ha propuesto a ustedes y que espero que la mayoría de este Parlamento apoyará, mañana.
Quisiera aprovechar el tiempo que me queda para refutar algunas afirmaciones que considero perjudiciales. Efectivamente, al contrario que señalan algunas de esas afirmaciones, no se trata de abrir la puerta a los charlatanes, de reconocer cualquier cosa, de provocar el desorden en materia de cuidados sanitarios. Al contrario, creo que la única manera de proteger a los profesionales serios contra los charlatanes, y de proteger a los pacientes, es adoptar una legislación apropiada. Taparse los ojos ante la realidad, es decir, ante el hecho de que hay un recurso importante a estas medicinas no convencionales, no es una actitud política responsable. Es una actitud conservadora que, de todas maneras, claudicará antes o después ante la evidencia.
Quisiera por otra parte aprovechar para citar aquí al Ministro de Salud del Gobierno hindú, en un corto extracto del discurso que pronunció recientemente en la quincuagésima sesión de la Asamblea de la OMS en Ginebra, que él mismo presidía: »Debemos reconocer también el lugar que ocupan los sistemas tradicionales de los que, con toda justicia, muchos países se sienten orgullosos. No debemos ignorar esos sistemas en nuestro celo por apoyar únicamente la ciencia y la tecnología de hoy.» Cita a la India que, por sí misma, ha contribuido a la creación de tres sistemas médicos, que proporcionan un potencial de conocimientos científicos y una literatura muy rica que ha permitido una respuesta eficaz frente a algunas enfermedades. No pretende encontrar respuesta a todas las enfermedades, sino a algunas.
Continúa: »Para responder a las exigencias del mundo moderno, estos planteamientos han recibido un marco legal en la India y una estructura organizada. Se ha emprendido la estandarización, existen formaciones bien pensadas para conducir a un registro de los profesionales. Puede ser interesante organizar una conferencia internacional sobre este tema de los sistemas de medicina tradicionales, de forma que se tome conciencia de sus potencialidades, que se deshagan los malentendidos y decidir recomendaciones positivas, para que se puedan adoptar de forma clara».
Esto es lo que dice el Ministro de Salud hindú. Propongo que nos inspiremos en este discurso, no solamente para las medicinas tradicionales, sino también para los planteamientos más modernos que tienen igualmente su lugar y que, creo que deberían tener derecho de ciudadanía. El Parlamento Europeo es sin duda el lugar más apropiado para engranar este mecanismo.

Alber
Señora Presidenta, distinguidos colegas, la tarea de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos ha sido estudiar si la Comunidad Europea, la Unión Europea, tiene competencia de cara a la regulación de las cuestiones de la medicina alternativa. Nosotros hemos dado una respuesta afirmativa. Es cierto que en muchas disposiciones del Tratado se mencionan la protección de la salud y la política sanitaria, por ejemplo, en los artículos 3 O y S, 36, 56, 100 A 3, 129, etc.. Es cierto también que en todas estas disposiciones no se prevén actos jurídicos de carácter comunitario.
Sin embargo, de esta acumulada mención de la protección de la salud cabe deducir que la protección de la salud debe ser también un componente esencial de la política europea. La dimensión transfronteriza se deriva especialmente de la cuestión de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios, incluso de los médicos no convencionales, y naturalmente de la libertad de mercancías -de medicamentos- y, naturalmente, de la circulación de servicios -los pacientes acuden al médico-, esto significa elección libre y transfronteriza.
Hemos opinado que como fundamento jurídico entran en consideración los artículos 54, 63 y 100 A. Ciertamente, en el carácter específico del apartado 3 del artículo 57 sólo puede servir como fundamento jurídico apropiado una síntesis sistemática de «profesiones paramédicas», pues esta formulación está dicha de manera tan general que no sólo se refiere y se limita a los médicos de la escuela clásica, sino que también puede abarcar, naturalmente la medicina no convencional. Ahora bien, este artículo 57, apartado 2, habla de competencias de armonización. Sin embargo, se podría decir: no hay todavía ninguna jurisprudencia ni legislación nacionales, sólo en algunos países, y por consiguiente no se puede armonizar lo que todavía no existe. No obstante, pensamos que hay una competencia, porque existe el peligro de que por las numerosas y diferentes regulaciones nacionales surja una inseguridad jurídica, e incluso la soberanía nacional o la subsidiariedad, como denominamos hoy este principio, no se opone a esto.
Segundo punto: la Comisión de Asuntos Jurídicos opina que no deberíamos aprobar directivas diferentes sobre las diferentes medicinas alternativas, pues es muy discutida la pregunta acerca de qué es medicina alternativa. Esta se puede convertir en una medicina académica, pero puede derivar también hacia la magia, hacia la manía o hacia lo esotérico. En cualquier caso, es mucho más importante aprobar una directiva fundamental y, por esta razón, no queremos una definición abstracta y tampoco siete directivas diferentes.
Personalmente debo decir también lo siguiente: para mí no está incluida la medicina alternativa más importante, en concreto, el vino tinto y el vino blanco.
Creemos que es más importante aprobar una directiva fundamental que abarque los puntos generales y sirva para todo. El principio más importante debe ser una alta protección de los pacientes. Señora Presidenta, es posible que el reloj marche mal, todavía no he hablado tres minutos y medio.
(Risas, aplausos) El principio más importante es la protección de los pacientes y, por esta razón, la Comisión de Asuntos Jurídicos propone que hemos de desarrollar criterios muy altos sobre la formación de estos terapeutas alternativos. Este no debe ser necesariamente un médico que pueda demostrar la posesión de la licenciatura correspondiente, pero en cualquier caso debe garantizarse que conoce los correspondientes conceptos fundamentales de la medicina y, naturalmente, las organizaciones en particular deben codeterminar también qué vale como criterio de formación.
Un ejemplo es la ley alemana sobre los curanderos homologados (Heilpraktiker). A este nivel debemos regular también a los terapeutas alternativos. Hay que añadir a esto las oportunas obligaciones de informar a los pacientes sobre los riesgos y también los seguros de responsabilidad civil. El problema es algo más extenso de lo que se podría decir en dos minutos y puesto que ninguna persona quiere mantener aquí una intervención extensa, creo que debo sobrepasar pertinentemente mi tiempo. En resumen, la Comisión de Asuntos Jurídicos llega a la siguiente conclusión: existe una competencia de la Comunidad para regular estas cuestiones y, en consecuencia, debemos acometer también esta regulación en interés de los pacientes y de los que buscan su curación.

El Presidente
Señor Alber, he advertido que se le escucha a usted de buen grado, pero he dicho, y usted no lo ha oído antes, que en la tarde de hoy tenemos un orden del día verdaderamente largo y si queremos terminar nuestro pensum antes de la medianoche, ello sólo es posible respetando el tiempo. Esto quiere decir que debo insistir ya en que los oradores siguientes se atengan a su tiempo.

Roth-Behrendt
Señora Presidenta, intentaré atenerme a mi tiempo, ya que ahora, de repente, vuelve a marchar bien el reloj que antes, en el caso del Sr. Alber, marchaba mal, cosa que agradezco, lo reconozco. Con lo que ha dicho el Sr. Alber en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos se ha anticipado ya una parte de lo que yo quisiera comentar y, por consiguiente, resulta superfluo hablar sobre los requisitos de la libertad de establecimiento y sobre cuestiones del mercado único.
Por consiguiente, permítanme que diga algo sobre otros ámbitos: en la Unión Europea tenemos un alto grado de tolerancia en el trato de unos con otros y espero que logremos tenerla también en el debate del presente punto del orden del día. Aquí no estamos hablando de legislación sino que estamos hablando sobre un informe de iniciativa del Parlamento Europeo, con el que intentamos mover a la Comisión a comprender la necesidad de una legislación. Sin embargo, cuando contemplo la guerra de creencias que se ha practicado en los meses pasados por parte de las organizaciones profesionales de los médicos entonces ya no estoy muy segura de qué se trata aquí.
Sin embargo, nos toca, y esto ya lo ha descrito el Sr. Alber, exponer, asegurar y garantizar, por un lado, los principios fundamentales del mercado único y uno de éstos es la libertad de establecimiento, y por encima de esto, nos corresponde garantizar un alto grado de protección de los pacientes. No sé quién tiene el derecho o quién cree tener el derecho de otorgar a las personas la libertad de elección de su tratamiento. A pesar de su formación, yo no permito a los médicos determinar qué es lo mejor para los pacientes. En los diferentes Estados miembros hay diversas situaciones, es decir, en algunos países hay quiroprácticos, determinadas formas de masaje, curanderos homologados, acupresión, etc., y espero que estas cosas se hagan accesibles también a otros países miembros y a otros pacientes si ellos quieren acceder a ellas. En mi grupo, y pienso y espero que entre los colegas de otros grupos suceda también así, es muy grande la confianza en la libertad de elección y en la libertad de decisión de los ciudadanos y ciudadanas adultos de la Unión Europea. Es decir, creo que ellos pueden decidir por sí mismos lo que quieran hasta un cierto grado. Por esta razón, es un bien valioso e importante que exijamos que estas personas que realizan una terapia a los pacientes sepan lo que hacen, es decir, posean la formación adecuada.
Esto lo exigen el Sr. Lannoye y la Comisión de Medio Ambiente en el informe. Exigimos que todas las personas que ejerzan una forma de medicina - sea cual sea- tengan una formación pertinente y sepan dónde están sus límites y sepan también dónde deben decir: ahora un médico de formación académica, un cirujano o un internista, debe encargarse de lo que yo no puedo dar ya. Para esto deben tener un determinada formación, deben tener un cierta cualificación y esta cualificación debe estar regulada en toda Europa, pues espero que la seguridad de los pacientes esté igualmente garantizada en Gran Bretaña, en Irlanda, en Dinamarca y en España.
Cuando esto sea así, cuando los diplomas y los planes de formación estén regulados, estarán protegidos los pacientes en la Unión Europea y los pacientes tendrán la oportunidad de decidir por sí mismos a quién otorgan su confianza y quién debe llevar a cabo su tratamiento. Esto es a lo que instamos a la Comisión. Le instamos a que se ponga en acción y presente la pertinente legislación.

Liese
Señora Presidente, distinguidas señoras y señores, en el debate de las últimas semanas hemos conocido posiciones muy externas y esta tarde también va a suceder de nuevo que las posiciones extremas colisionen entre sí. Por esta razón quisiera comenzar mis manifestaciones con un tono un poco más reconciliador. Yo mismo soy un médico de los denominados académicos. He recibido una formación médica y también sigo trabajando, en la medida que me lo permite mi tiempo, en el ámbito de la medicina convencional. Creo que debería ser indiscutible -lo dicen también muchos colegas- que en la medicina convencional de los últimos decenios ha habido enormes avances y que la denominada medicina académica ayuda a muchas personas.
Pero, por otro lado, deberíamos reconocer, y esto lo sé yo también por mi experiencia práctica, que en la medicina convencional muchas personas no encuentran lo que buscan. Muchas personas recurren con mucha frecuencia a los métodos de la medicina denominada no convencional, especialmente en las enfermedades crónicas y en los trastornos del estado de ánimo. Esto tiene, naturalmente, una causa. Comparto con muchos colegas la opinión de que gran parte de estos métodos no tienen efecto alguno que vayan más allá del efecto placebo. No obstante, las personas recurren a ellos.
Creo que esto reside, sobre todo, en que los curanderos y otros que ejercen la medicina no convencional escuchan a las personas. Cumplen así una función que, evidentemente, nadie más desempeña en la sociedad. No se puede acusar de esto solamente a los médicos, pues debido al sistema de remuneración, debido a los costes, los médicos no tienen siempre la posibilidad de tomarse con los pacientes tanto tiempo como quizá sería necesario. Esta es una cuestión que se plentea al conjunto de la sociedad. La caída de las estructuras familiares, la mayor distancia respecto de la Iglesia, quizá en algunos ámbitos parciales, conducen a que desaparezcan las estructuras tradicionales que se han ocupado siempre de que hubiera alguien que le escuchara a uno.
En algunos países de la Unión Europea existen curanderos homologados (Heilpraktiker) y profesionales semejantes, en otros países no los hay. El hecho de que, por ejemplo, en Italia no exista el curandero de esta modalidad tiene que ver quizá con que allí existen aún mecanismos que solucionan estas cosas. Yo no sé, y a todos nos resulta también muy difícil, enjuiciar esto. Sólo he querido hacer una invitación a pensar. En la medicina convencional no deberíamos limitarnos a pensar que todo es perfecto, sino que hemos de reflexionar también sobre las causas.
No obstante, mi grupo tiene serios problemas con el Informe Lannoye en su forma actual. Durante mucho tiempo he intentado conciliar de alguna manera las diferentes posiciones que existen en el Parlamento. Creo que existe un problema crucial que tampoco podemos eludir incluso con todas estas buenas propuestas. El Informe Lannoye quiere, por un lado, la mayor libertad de elección posible para pacientes y terapeutas. Pero, por otro lado, quiere también la mayor seguridad posible, y aquí hay un problema. Entretanto, en algunos métodos se ha visto que tienen efectos comprobados, que se pueden demostrar también científicamente. Yo estoy a favor de que apoyemos con más fuerza estos métodos y de que los médicos deben utilizarlos con más frecuencia. En cambio, existen métodos que por sí mismos no admiten una demostración científica fundamental. El terapeuta cree que el método es útil. Está convencido de ello. Sin embargo, otra persona no lo puede demostrar con criterios científicos. La cuestión es: ¿cómo se quiere trazar en esta situación el límite entre el uso y el abuso? ¿Cómo plantear, por ejemplo, un proceso de compensación de daños si no es posible una comprobación científica?
Creo que en este punto deberíamos reflexionar muy seriamente una vez más, pues parte de los curanderos homologados de Alemania y de otros países dicen lo siguiente: puede ser peligroso, ciertamente, que Europa establezca criterios muy estrictos, pues ello puede conducir a que a que no podamos seguir ejerciendo en nuestro país como lo veníamos haciendo hasta ahora. También estamos recibiendo escritos críticos de profesionales de la medina no convencional, que dicen: es mejor que os estéis quietos. Es preciso pensar también en este sentido la cuestión de la susidiariedad.
Por consiguiente, creo que todas estas razones deberían movernos a no aceptar el Informe Lannoye, en su forma actual. Esto no es un rechazo de la llamada medicina blanda. Pero sí es una negativa al intento insostenible que se ha hecho hasta ahora de armonizar esto a nivel europeo.

Cabrol
Señoras y señores, no nos engañemos. El informe recoge su viejo estribillo con palabras nuevas. Después de habernos hablado, en los años anteriores, de medicinas paralelas, de técnicas complementarias, de terapéuticas alternativas, nos habla ahora de medicinas no convencionales esperando que olvidemos que tras este término se esconden nociones esotéricas, el shiatsu, el skih y otras. Nociones vagas, imprecisas, inverificables.
De hecho, el ponente solicita que una directiva reconozca estas llamadas medicinas y a aquellos que las practican. Pero, ¿con qué garantías? El informe es vago sobre el tema. ¿Con un diploma?¿Un diploma universitario? No. Con un diploma concedido por los propios profesionales «mediante un proceso de autorregulación en el seno de la propia profesión». Estos profesionales se erigirían entonces en un jurado siendo a la vez juez y parte. ¿Confiarían ustedes su salud a semejantes profesionales? Por comparación, ¿subirían ustedes a un avión pilotado por un piloto no convencional?
El ponente pretende convencernos señalando que algunas de estas prácticas disfrutan de cierta forma de reconocimiento legal en algunos Estados miembros. ¿Pretendería alinearnos, en un ámbito tan serio, entre los Estados más laxistas? De paso, por otra parte, no duda en dar un sentido erróneo a algunos artículos del Tratado, principalmente el 57, párrafo 3. La enmienda 10 solicita la evaluación de estas prácticas no convencionales. Pero, ¿por quién?¿Por un comité científico serio y reconocido? En absoluto. Por una comisión paritaria compuesta por profesionales de las dos medicinas, convencional y no convencional. Parece un sueño. Podríamos estar en pleno debate confesional o sindical.
Pero esta enmienda va más lejos. En el párrafo siguiente, para simplificar, plantea comisiones compuestas solamente por profesionales cualificados en esas técnicas no convencionales. ¿Profesionales cualificados por quién? Por supuesto, en la enmienda 11, sería necesario dejar inmediatamente de perseguir a esos «honrados profesionales». Se ve en este caso la atención que prestan los grupos de presión que apoyan este proyecto. En su propia inercia, el informe solicita por supuesto reformar la farmacopea, la lista de medicamentos autorizados, y por qué no, como la enmienda 15, incluir medicamentos y profesionales en la seguridad social.
Llegamos a la paradoja extraordinaria de que en el momento en que el Parlamento está exigiendo más seguridad en la protección de los consumidores, se va a poner la salud de estos consumidores, de nuestros semejantes, de nuestros hijos, en manos de individuos sin título o con títulos de conveniencia, que utilizan medicamentos no verificados y todo ello a expensas del contribuyente. No, es un poco fuerte. Y estoy seguro, Señorías, de que rechazarán un informe así que nos desacreditaría a todos ante la opinión pública.
Finalmente, señor ponente, deje de llenarnos de esas cartas fabricadas en cadena y firmadas de la misma manera ilegible. No es digno de usted ni de nosotros. Y no se crea, que este dinero estaría invertido de manera más útil en beneficio de una verdadera obra de salud.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, las medicinas no convencionales en todas sus formas y disciplinas son una realidad a tener en cuenta. Tal como acaba de decir el ponente, algunos Estados miembros han reconocido ya algunas formas, pero estas también se aplican en Estados miembros que no reconocen ninguna de estas disciplinas. Si hoy votáramos en contra de este informe, eso no significaría que las medicinas no convencionales dejaran de aplicarse mañana. Al contrario, con ello daríamos carta blanca a los practicantes no cualificados. Negar esta realidad es a nuestro entender un enfoque erróneo y no soluciona la práctica ilegal de las medicinas no convencionales.
Por ello, en interés de los pacientes, de los médicos y de los practicantes de las medicinas no convencionales, pedimos a la Comisión que realice una investigación profunda que nos dé una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Es segura y eficaz la disciplina en cuestión? ¿Cuál es su ámbito de aplicación? ¿Qué puede tratarse con ella y qué no? ¿Se trata de una disciplina complementaria que se sitúa junto a la medicina clásica, o pretende sustituirla por completo? Y por último, ¿en qué Estados miembros ha sido reconocida ya la disciplina en cuestión? ¿Cuál es la situación en cada Estado miembro? ¿Y qué formación existe para ello?
Creemos que mientras la Comisión no realice un estudio de este tipo no podrá existir una legislación coordinadora ni una legalización a nivel europeo.
Además, nuestro Grupo considera que el problema de la devolución o no de las prestaciones por parte de los regímenes de seguridad social es una cuestión de pura subsidiariedad. Estamos en contra de la enmienda nº 15 presentada por el ponente.
El Grupo de los Liberales espera que una mayoría apoye a este informe que supone un compromiso aceptable, y concretamente que se apruebe la primera parte de la conclusión 2 del informe. Esto es primordial para nosotros. De lo contrario nos veremos obligados a votar contra el informe como tal, cosa que lamentaríamos tener que hacer.

Ahern
Señora Presidenta, intervengo para expresar mi satisfacción por el presente informe que se propone orquestar algunas armonías básicas de una sinfonía bastante caótica. La aceptación popular de las medicinas no convencionales es una realidad. Pero el modo en que debe regularse este sector a nivel de la Unión Europea no es tan evidente. El ponente ha realizado un valiente esfuerzo para alcanzar el consenso en base a una variedad de realidades culturales.
Para el mundo angloparlante, me aventuraría a manifestar que la aceptación de la medicina no convencional es un valor clave en esa cultura, y está tejido con tres filamentos diferentes. Uno, que parte de la medicina tradicional europea que quedó excluida como medicina alopática occidental y que se desarrolló en el siglo XIX a partir de las prácticas de los boticarios y los cirujanos -me estoy refiriendo a la medicina de manipulación y de herboristería, en particular, y también, a la homeopatía.
Dos, la medicina tradicional del mundo no europeo que se vio desplazada por el poder del pensamiento occidental, también en el siglo XIX. Tres, la exclusión de las mujeres como principales practicantes de las curas, a medida que se institucionalizaba la medicina en el siglo XIX y comienzos del siglo XX.
En estos tres filamentos estamos hablando de la inclusión de lo que quedó excluido, que es un importante enfoque democrático en la Unión Europea. Por ello, no estamos hablando simplemente de escuchar y demostrar interés, sino de prácticas adecuadas. Muchas de estas disciplinas están profundamente arraigadas y tienen sus propias tradiciones prácticas que resultan muy eficaces.
Seamos sensatos y aprobemos esta propuesta sensata y sensible, o de lo contrario correremos el riesgo de que se produzca una gran divergencia e incluso discordia en la Unión. En todo caso, el Reino Unido e Irlanda se mantendrán como centros destacados a favor de la medicina no convencional. Tenemos esta tradición de regulación a cargo de organismos profesionales, y no mediante el tipo de fundamento jurídico que es común en otros Estados de la Unión. De hecho, este asunto no presenta ningún problema en muchos ámbitos de la vida cultural de dichos países. El sector financiero es un caso en cuestión.
Quisiera pedir al Sr. Comisario que estudie las enmiendas que he presentado en nombre de los Verdes, que dan prioridad a las disciplinas de la medicina no convencional que ya gozan de alguna forma de reconocimiento y de organización a nivel europeo. Espero que aprobemos este excelente informe.

Blokland
Señora Presidenta, los sanadores no convencionales han realizado bien su trabajo, pues una vez más hay un informe en el orden del día del Parlamento para mejorar el estatuto de las medicinas no convencionales.
¿De qué va todo esto?
A simple vista, el reconocimiento de las medicinas no convencionales parece girar en torno a un conflicto de intereses. Por lo general, a la ciencia médica corriente no suelen gustarle las medicinas no convencionales. Las considera no sólo competidores, sino que a veces llega a tildar de peligrosos o inexpertos a los médicos no convencionales. Detrás de este conflicto se esconde a mi entender una diferencia fundamental sobre la visión que se tiene del ser humano y de la enfermedad.
La presente propuesta de resolución intenta tender un puente entre los «científicos objetivos» y los sanadores no convencionales, y parece haberlo logrado bastante bien. Con razón, en los dos primeros apartados se insiste en la necesidad de llevar a cabo una investigación profunda de la seguridad y la eficacia de estas medicinas. Con ello se saca el debate de la esfera emocional.
Sin embargo, lo que no me gusta es que ahora se recurra al derecho europeo para arbitrar en una lucha que se libra sobre todo a nivel nacional, concretamente la lucha entre proteger al paciente contra los curanderos frente a la libre elección del paciente.
El apartado 3 del artículo 57 del Tratado se interpreta con excesiva amplitud al incluir en las profesiones paramédicas a las medicinas no convencionales. Está claro que esa no era la intención de este artículo, como han declarado tanto la Comisión Europea como la Presidencia del Consejo. Quizás pudieran confirmarlo otra vez. El artículo en cuestión hace precisamente hincapié en la coordinación de las condiciones en que se ejercen determinadas profesiones paramédicas en los Estados miembros.
Por ello preferiría que esta cuestión se regulara apelando a la subsidiariedad a nivel de Estados miembros.
A nivel europeo sólo está en juego el derecho al libre establecimiento. Lo económico no debería imperar en este caso sobre lo médico/ético. Este es el precio que han de pagar los médicos no convencionales: tendrán que atenerse a las reglas del país en que se han establecido. Reglas que han surgido de forma democrática. Por otra parte, no es grave, porque una investigación efectiva en torno a las medicinas no convencionales puede tener como resultado que la medicina convencional se amplíe con medicinas demostradas, seguras y eficaces.
Me parece ilícito obligar a una mayor libertad con normas europeas.

Féret
Señora Presidenta, en primer lugar deseo saludar el esfuerzo que ha realizado el ponente en un ámbito tan especializado. El Sr. Lannoye me ha impresionado siempre por su extraordinarios conocimientos en materia de ecología. Pero la medicina es otra ciencia y lamento tener que constatar que, para la elaboración de esos informes sobre las medicinas no convencionales, Paul Lannoye ha estado mal aconsejado, mal guiado, mal informado.
Todos los profesionales del arte de curar, y yo lo soy, reconocen la inutilidad, incluso el peligro, de un exceso de prestaciones técnicas para llegar a un buen diagnóstico. Igualmente, la quimioterapia forma parte de un arsenal terapéutico que ha de utilizarse con discernimiento y moderación. También he sido siempre partidario del aprendizaje y de la utilización complementaria de técnicas médicas poco agresivas, cuando éstas son practicadas correctamente, como la homeopatía, la medicina quiropráctica, la acupuntura y la mesoterapia, desafortunadamente olvidada en este informe.
Pero resulta evidente que, cualquiera que sea el modo terapéutico elegido, la medicina sólo puede ser practicada por doctores en medicina que hayan adquirido una formación completa en nuestras facultades europeas que son, y nadie puede discutirlo, las mejores del mundo. Los escasos errores o excesos cometidos por algunos médicos no pueden justificar la posibilidad de dejar en manos de oficiales de salud cuyas prácticas están más emparentadas con la brujería que con la ciencia médica.
Cuando se estrella un avión como consecuencia de un error del piloto, a nadie se le ocurre plantear la formación de pilotos no convencionales. Por tanto insisto ante todos mis colegas no médicos para que comprendan la imperiosa necesidad de integrar la enseñanza de las medicinas inocuas o alternativas o no convencionales en la carrera universitaria de todos los médicos. El principio intangible primum non nocere sólo puede reservarse a la terapia alopática, pero se aplica al arte de curar en todas sus formas.
Sintiéndolo enormemente, debo señalar al ponente que es mi deber no votar a favor de su informe.

Needle
Señora Presidenta, los diputados a este Parlamento recibimos muy a menudo llamadas de nuestros ciudadanos en las que nos exponen las ventajas y los inconvenientes de la Unión Europea. Habitualmente explicamos que tienen su razón de ser en los derechos y las responsabilidades, en las libertades y los derechos del mercado único y las responsabilidades sociales y legales que son fundamentales para su fiel cumplimiento.
El debate sobre las medicinas no convencionales, un tema, sin duda, controvertido, cristaliza ese otro debate más amplio. Nuestros ciudadanos están reclaman sus derechos. Los consumidores están exigiendo claramente los medicamentos y tratamientos de la medicina no convencional. Los estudios llevados a cabo por la Asociación de Consumidores del Reino Unido, por ejemplo, revelan que una persona de cada cuatro visita a los profesionales de la medicina no convencional por voluntad propia. Los profesionales, a su vez, quieren ver reconocida en los Tratados su libertad de movimiento. Sin embargo, osteópatas y quiropractores perfectamente respetables, por ejemplo, que están autorizados legalmente a ejercer en algunos Estados, como el mío, en otros, lejos de recibir ningún tipo de estímulo, se enfrentan a fuertes sanciones.
La petición de que se modifique esta situación proviene, por tanto, de los pacientes y de los posibles curanderos. Aunque también los posibles legisladores deben tener competencia en este ámbito. El riesgo de proclamas exageradas de curas milagrosas, de debilitamiento de las normas y de una normativa insuficiente es real, a pesar de que organismos internacionales versados en, digamos, la homeopatía, han realizado grandes esfuerzos para elevar el nivel de concienciación y de las normas.
Por ello, la tenacidad del Sr. Lannoye para traer esta iniciativa ante el Parlamento esta noche debe recibir mañana el respaldo de los votos, como ha instado esta noche mi excelente colega la Sra. Roth-Behrendt. Puede que el informe sobre el que los diputados argumentan a favor y en contra esta noche no sea perfecto, pero representa un paso en la dirección acertada hacia un mejor acceso y hacia la libertad de elección de los pacientes, así como hacia la supresión de las barreras para los profesionales responsables y debidamente registrados, el reconocimiento de las normas de formación y cualificación y la posibilidad de una integración sensata en los futuros sistemas sanitarios convencionales llegado el momento oportuno.
Esta tendencia ha encontrado gradualmente una buena acogida por parte del Colegio Médico británico desde 1993, y aunque debemos colaborar con la Comisión y con otras agencias para escudriñar detenidamente futuras propuestas y estudiar también detenidamente las auténticas reservas que prevalecen, sería una decisión acertada y responsable de este Parlamento que mañana abriera el camino hacia un enfoque receptivo para solucionar algunas de las necesidades muy reales de ciudadanos de toda Europa en materia de salud.
(Aplausos de la izquierda)

El Presidente
Distinguidas señoras y señores, debo dirigirme a los visitantes que están en las tribunas. Tenemos un reglamento en vigor y éste dice acerca de las tribunas: los asistentes deben permanecer sentados y deben guardar tranquilidad. Quien manifieste aprobación o desaprobación será expulsado de inmediato de la tribuna por los ujieres. Sólo quiero anunciarles esto, porque de hecho se procederá así. Queremos que la población tenga la posibilidad de escuchar lo que aquí sucede. Sin embargo, ustedes no deben tomar parte de ninguna manera, ni aprobando ni rechazando. Quisiera pedirles que se comporten, pues, de lo contrario, tendré que indicar a los ujieres que les alejen de la tribuna.

Trakatellis
Señora Presidenta, quiero subrayar desde el principio que científicamente sólo existe una medicina unitaria y que no hay una medicina alternativa o no compatible, como no hay una física, ni química o arquitectura alternativas.
Segundo, la ciencia médica ya ha demostrado su gran aportación a la protección de la salud humana y a su recuperación en caso de enfermedad. Esto es más que obvio si se consideran el gran aumento del promedio de vida de los humanos, así como las famosas conquistas de la medicina logradas gracias a las vacunas y a los enormes progresos en los métodos diagnósticos y quirúrgicos. Hoy en día las operaciones de corazón son consideradas casi sencillas.
Tercero, recuerdo en este punto que la carrera de medicina es larga y dura, y que supera, por lo general, un total de diez años.
Cuarto, en el ejercicio de la medicina, además de médicos, también participan otros científicos y profesionales, como físicos, químicos, ayudantes de laboratorio, psicólogos, fisioterapeutas y otros. Todos ellos están al servicio del enfermo y siempre bajo la responsabilidad del médico que se ocupa del tratamiento. Lo mismo podría decirse de algunos de los grupos considerados por el ponente, quien, en cambio, quiere independizarlos facultando a no médicos para la práctica médica. Estoy absolutamente en contra de ello.
Quinto, recuerdo además que un tratamiento eficaz de un estado de cualquier alteración de la salud debe ir precedido por un diagnóstico correcto. Aquí se corre un gran riesgo, dado que un tratamiento realizado por no médicos sin un diagnóstico completo de la enfermedad puede acarrear un retraso peligroso y quizá fatal en la instauración del régimen apropiado. Este es un principio fundamental de la ciencia médica, que lamentablemente pasa por alto el informe.
Sexto, se sabe asimismo que no se introduce ningún fármaco nuevo en la práctica médica sin un largo y bien documentado período de prueba previo, antes de asumir la responsabilidad de su comercialización, hecho que igualmente pasa por alto el informe.
Para finalizar, señora Presidenta, quiero subrayar que la salud del ciudadano europeo, que es el mayor de los bienes, debe estar bajo la responsabilidad de los médicos, con quienes deben colaborar los demás profesionales paramédicos que quieren estar al servicio del enfermo. Además, hasta la fecha la medicina se ha hecho digna de esta responsabilidad con excelentes resultados.
Espero que el Parlamento rechace el presente informe, porque, en mi opinión, en caso de aprobarse nos haría retroceder enormemente en la protección de la salud del ciudadano europeo.

Linser
Señora Presidenta, en la discusión acerca de la justificación de la medicina alternativa frente a la medicina académica se ponen constantemente de manifiesto la deshumanización y la desaparición de la situación de confianza entre el médico y el paciente. Quisiera afirmar aquí vehementemente que la humanidad, la confianza y el compromiso personal no dependen del método de tratamiento sino sola y únicamente de las personas que ejercen el tratamiento, es decir, del médico o del terapeuta.
En el presente informe hay que celebrar la exigencia clara e inequívoca del considerando J, en que se demandan como prerrequisito para el reconocimiento de las corrientes de la medicina no convencional estudios clínicos y pruebas científicas de eficacia que sean completas. Después de un resultado positivo de una batería de tests que haya sido aplicada de esta manera un método terapéutico responde de hecho a las exigencias que la medicina académica plantea respecto de mecanismos eficaces demostrables y repetibles. La huida hacia nuevos métodos terapéuticos alternativos, que hasta hoy son solamente demostrables en parte, es un camino equivocado. Sería más acertado probar de forma completa y sin miramientos, en una tradición clínica acreditada, nuevas propuestas de solución y procedimientos terapéuticos y, en caso de éxito, integrarlos de la manera más rápida posible en la medicina académica para oponer a una medicina académica, que quizá se haya practicado en los últimos años con excesiva técnica y con demasiados aparatos, otra medicina que considere a la persona en su integridad y se apoye en las fuerzas autocurativas de la persona.
Finalmente, quisiera hablar todavía de un aspecto financiero de este problema. Lo que estamos pagando caro con nuestras cotizaciones debe mostrar efectos positivos demostrables. Esta exigencia básica de calidad se la debemos no sólo al paciente, sino también al contribuyente. Por ejemplo, el Presidente de la Asociación Federal de Cajas Médicas ha afirmado ayer al respecto lo siguiente: no puede ser que todos practiquen el tambor tibetano o el ikebana meditativo a costa de la caja de la comunidad solidaria, sólo porque a un asegurado alguna vez le ha sentado bien. Esto es demasiado poco para ser reconocido como procedimiento terapéutico y para ser apoyado financieramente.

Aparicio Sánchez
Señora Presidenta, no todos los miembros del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos comparten el criterio expuesto por la Sra. Roth-Behrendt, porque muchos pensamos que la actitud progresista en relación con la llamadas medicinas alternativas no es la de poner por encima de cualquier otro valor la libertad de elección. Esto es una actitud ultraliberal. Se trata, por el contrario, de desarrollar las medicinas alternativas, hacerlas progresar, legislar sobre ellas, pero garantizando, o al menos protegiendo en todo momento, la salud, la seguridad y los derechos legales de los ciudadanos.
No creemos que vaya en esta línea, sino en la contraria, el informe del Sr. Lannoye, por lo que hemos presentado algunas enmiendas y votaremos en contra de algunos artículos, e incluso del informe si se mantiene el apartado 2 -por ejemplo- como está. Con todo ello defendemos dos principios básicos: primero, que quien ejerza en la Unión Europea una de las llamadas medicinas alternativas tenga una base de formación general sanitaria y un título oficial que garantice esa formación. El título puede ser el de médico, pero puede ser también el de naturópata u homeópata, etc. Pero tiene que haber una titulación emitida por la autoridad docente y no partir de la actual situación de hecho para que una llamada comisión valore o avale la cualificación del profesional; y segundo: la eficacia y, sobre todo, la inocuidad de los tratamientos deben ser valoradas por instituciones científicas o académicas a la luz de métodos científicos, biológicos, estadísticos, etc., y no en absoluto ser fruto de una autorregulación en el seno de la profesión, como retrógradamente defiende el informe.
Estas y otras propuestas no son compatibles, a nuestro juicio, ni con las garantías científicas que deben tener las titulaciones europeas, ni con la seguridad de los ciudadanos, ni con la función de este Parlamento.
Por último, la historia de la medicina, como la historia de la humanidad, es una lucha entre los conocimientos y las creencias: cuanto más avanzan aquéllos, más se baten en retirada éstas. ¿Llegará el día en que la medicina sea una ciencia exacta? Seguramente no. Su resultado final será siempre el fracaso, porque es combatir la muerte, y esta es la fragilidad de toda ciencia biológica. Pero nunca debe ser pretexto para abandonar sus bases científicas basadas en la razón y el conocimiento.

Poggiolini
Señora Presidenta, me limitaré a decir, serena y simplemente, que con esta resolución se pide que se permitan actos típicamente curativos y típicos de la profesión médica a sujetos que no tienen la preparación prevista en las directivas europeas que regulan los planes de estudio de las facultades de medicina, que están establecidos para permitir la libre circulación de los médicos en el territorio de la Unión.
Se dice que esos terapeutas no quieren ejercer la medicina sino solamente poder curar a los pacientes según los cánones de las llamadas medicinas alternativas, pero es indudable que al favorecer el acceso directo de los ciudadanos europeos a terapeutas alternativos, se confía a éstos también la fase delicadísima del diagnóstico, sin que tengan la preparación necesaria. En efecto, sólo después de la detección de la enfermedad de que se trata, es decir, sólo después del diagnóstico se puede decidir el tratamiento apropiado. El diagnóstico es una tarea fundamental del médico y sólo del médico: un diagnóstico que no se efectúe correctamente y a tiempo para enfermedades que pueden ser curadas por la ciencia médica, que, como es sabido, ha hecho en los últimos años enormes progresos, puede, en muchos casos, casi poner en peligro la salud y, a veces, la vida de los ciudadanos.
En la comisión se ha introducido una enmienda, no aprobada por el ponente, que establece, antes de la promulgación de una posible directiva, una investigación sobre la eficacia y la inocuidad de las medicinas alternativas. Así pues, evidentemente muchos colegas que son favorables a la resolución han votado esta enmienda porque, a pesar de todo, no están aún convencidos, no están aún seguros de la eficacia ni de la inocuidad de prácticas terapéuticas cuya validez no se ha comprobado científicamente.
Tras la aprobación de la enmienda, que pide un exhaustivo estudio preventivo sobre la inocuidad y la eficacia de toda medicina no convencional, estamos ante una resolución, señor Comisario, absurda y contradictoria, porque todas las demás consideraciones y los artículos de la propia resolución están orientados en el sentido de instar a la Comisión a permitir obligatoriamente en todos los Estados miembros el ejercicio de la medicina llamada alternativa. Por lo tanto, yo votaré en contra de esta resolución, como todo mi Grupo, en interés de los ciudadanos europeos y también porque considero que, en cualquier caso, éste es un tema típico del principio de subsidiariedad, que permite a los Estados miembros que se regulen de acuerdo con sus usos y tradiciones.

Kronberger
Señora Presidenta, el informe del Sr. Lannoye nos hace conscientes de que se trata también en gran medida de la cuestión de la financiación de la salud, de que aquí hay también partidas presupuestarias en las que hay que procurar que no sufran modificaciones. Sin embargo, creo que esta exclusión sistemática de métodos terapéuticos cuyo efecto empírico se puede reconocer, pero que no son explicables por la vía científica tradicional ni son comprensibles, significa una desafortunada autolimitación de la medicina académica.
Creo que el reconocimiento de los métodos terapéuticos complementarios no sólo sirve a la protección del paciente respecto de charlatanes y curanderos, sino que enriquecería también a la medicina académica mediante planteamientos y estímulos constructivos. Quiero recordar la concepción global de la persona que sostiene que el hombre, como totalidad, es más que la suma de sus partes. A la ciencia médica tradicional de occidente le iría mal si no pudiera convencer mediante su alta calidad y necesitase afirmar su posición mediante una aspiración exclusivista que estuviera asegurada por la ley.
Toda pretensión de absolutismo científico conduce tarde o temprano a estructuras totalitarias. Por consiguiente, creo que deberíamos aprobar este planteamiento del Sr. Lannoye.

Malone
Señora Presidenta, yo también deseo felicitar al ponente, que no ha escatimado esfuerzos desde que este informe de iniciativa propia fue enviado por primera vez a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor en octubre de 1994, hace ya casi tres años.
Como todos sabemos, miles de personas ejercen cada año la medicina complementaria en toda Europa y ésta ha sido objeto de exhaustivos debates a nivel europeo durante los últimos años. El Sr. Needle ha dicho que una persona de cada cuatro ha recurrido alguna vez a la medicina no convencional y ha podido comprobar los beneficios de prácticas como el shiatsu o -en el caso de mi madre, cuando fracasó la medicina convencional- el gran alivio que le proporcionó la acupuntura.
Muchos profesionales de la medicina convencional admiten que la medicina tradicional tiene mucho que ofrecer, y las personas razonables y de mente abierta deben reconocer que el futuro de la salud y del bienestar pasa, indudablemente, por una buena combinación de ambas disciplinas. Pido a la Comisión que presente ahora un proyecto de directiva. Existe la necesidad inequívoca de regular legalmente la medicina complementaria y hay que reconocer jurídicamente las cualificaciones profesionales de los que la ejercen. A estos profesionales se les debe permitir circular libremente a lo largo y ancho de la Unión, a condición de que cumplan una serie de normas básicas.
La Comisión está en la mejor situación para establecer dichas normas. Por ello, deseo instar al Comisario Sr. Flynn, que esta noche nos acompaña, a que presente un proyecto de directiva, y quisiera animar a los diputados a que apoyen el informe y las enmiendas que he suscrito.

Heinisch
Señora Presidenta, tengo la convicción de que los centros terapéuticos no convencionales pueden ser de enorme utilidad para los pacientes. Creo que existe básicamente una necesidad de actuar en el plano europeo, pero quisiera insistir, ante todo, en que las intervenciones en la organización y en las obligaciones relativas a las cotizaciones y a las prestaciones de las cajas de seguro de enfermedad no necesitan una regulación europea. Estas regulaciones competen a los Estados miembros a tenor del principio de subsidiariedad. Para mí, como farmacéutica en activo, es importante que el informe proporcione un apreciable impulso para la discusión de la cuestión de la automedicación. En muchos Estados se demanda una mayor automedicación a la hora de revisar los sistemas sanitarios.
Por consiguiente, los farmacéuticos deben participar en las cuestiones y aportar sus conocimientos en las deliberaciones sobre la elección de un tratamiento con medicamentos suaves. En cualquier caso, es necesario un juicio seguro sobre el tipo de enfermedad y sobre la magnitud del riesgo. Los métodos terapéuticos no convencionales se basan en las mismas leyes naturales, pero intentan activar con más intensidad las fuerzas autocurativas que residen en el cuerpo. También es importante destacar que los diferentes métodos terapéuticos no se excluyen entre sí, sino que se complementan mutuamente.
En todo esto es absolutamente importante que se garantice al paciente un elevado nivel de seguridad y es preciso procurar que el paciente reciba información detallada sobre la calidad y eficacia, y también sobre los eventuales riesgos, de los métodos terapéuticos no convencionales. Por consiguiente, hay que aspirar a implantar la mayor cualificación posible y la obligación de informar al paciente. El nivel de cualificación a nivel europeo debe estar, al menos, a la altura del nivel que se exige, por ejemplo, a los curanderos homologados (Heilpraktiker) en Alemania o en Suecia. Por lo demás, en interés de la protección del paciente debe ser obligatorio un seguro de responsabilidad civil que no debe tener una cobertura menor que los seguros de responsabilidad civil de los médicos académicos.
Mi experiencia en la Comisión de Peticiones muestra que con mucha frecuencia nos enfrentamos a propósito del reconocimiento de los títulos a nivel europeo. En el Tratado no existe ningún punto de apoyo que indique que han de ser excluidas del reconocimiento las actividades de la medicina no convencional. De cara a la aspiración de la movilidad transfronteriza habría que exigir también el reconocimiento de títulos en este ámbito. Por regla general no debería ocurrir que en un país en el que no exista la profesión del terapeuta no convencional, se prohíba también su ejercicio profesional.
También me parece necesario que a nivel europeo se reflexione acerca de la no armonización de los planes de estudios de medicina y de farmacia en la época de la telemedicina y de la telecompra, y quisiera proponer también que se ofrezca a las universidades posibilidades de enseñanza de tendencias terapéuticas no convencionales. Celebro el planteamiento del Sr. Lannoye de que se realicen estudios acerca de las tendencias de medicina no convencional, que estos estudios sirvan de base a la elaboración de eventuales normativas jurídicas de coordinación y que se fomente el desarrollo de programas de investigación en este ámbito.

Ebner
Señora Presidenta, al seguir este debate se tiene la impresión de haber leído los documentos inapropiados. Se está hablando de brujería, de comparaciones con la navegación aérea. Creo que no se ayuda al tema practicando pura polémica e intentando acallar sencillamente algunas cosas o exponerlas de forma totalmente diferente. La afirmación de que en determinados estados hay diversas regulaciones o problemas es más un estímulo que un contraargumento para el Informe Lannoye.
Aquí se ha denunciado, con razón, la guerra de religión. Pero no basta con denunciarla, si luego una colega que lo ha hecho comete el mismo error y pasa por encima de los médicos. Sin embargo, hay diputados en nuestro grupo que esperan que la Comisión haga, por fin, algo en el tema de la armonización, que se estudie, por fin, cómo es realmente la situación en lo que respecta a la eficacia, a la inocuidad y al ámbito de aplicación. Esperamos también que este ámbito se someta a una regulación con el fin de proteger la salud pública, las profesiones, las actuales y las que puedan surgir en el futuro, incluso la de los terapéutas académicos. Nosotros - por ejemplo, la Sra. Oomen-Ruijten y yo- somos de esta opinión.
Aunque no puedo compartir todos los puntos y todas las enmiendas, estoy a favor del Informe Lannoye en líneas generales y estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de nuestra colega, la Sra. Heinisch.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, deseo felicitar al señor Lannoye tanto por el buen informe que ha elaborado como por poner de relieve los problemas relacionados con las medicinas no convencionales. El desarrollo de este tipo de prácticas médicas ha tenido lugar al lado de la medicina tradicional con el fin de complementar a esta última. Cabe recordar que las medicinas no convencionales y la medicina tradicional no son incompatibles, sino que en numerosos casos se complementan entre sí en beneficio del paciente. Yo misma me he visto beneficiada de las ventajas que proporcionan estos dos campos médicos.
Sin embargo, la posición que ocupa la medicina tradicional y el papel que ésta desempeña en Europa varían en gran medida de un país a otro. Existen modos muy diferentes de entender las medicinas no convencionales. Por ejemplo, los quiroprácticos titulados ya desempeñan su labor dentro de un marco legal en numerosos Estados miembros como Dinamarca, Suecia, Finlandia y el Reino Unido. Debido a las diferentes actitudes con que se enfrentan, la incorporación de todas las medicinas no convencionales a los sistemas europeos de seguridad social plantearía problemas. Como bien señala el señor Lannoye -y a causa de estas mismas circunstancias-, la situación en la que se encuentra el consumidor varía también radicalmente de un país a otro.
En mi opinión, creo que se deberían definir detalladamente las modalidades de tratamiento que no se enmarcan en la medicina tradicional, a la vez que habría que establecer igualmente el nivel de formación indispensable para el ejercicio de estas prácticas de modo que el paciente contara con la información más adecuada acerca de todas las posibilidades que existen a la hora de elegir su tratamiento. La armonización de la legislación en esta materia reviste una gran importancia para definir el nivel de los centros de formación, para orientar profesionalmente a los titulados de estas especialidades, para controlar la actividad laboral y la formación continua y, sobre todo, para garantizar la eficacia y la seguridad de los tratamientos a los que se somete el paciente.

Flynn
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión, deseo felicitar al ponente, Sr. Lannoye, por la amplitud y la profundidad de su informe de iniciativa propia sobre el régimen de las medicinas no convencionales. No obstante, creo que es justo afirmar ya desde un comienzo que, en estos momentos, la Comisión no está en condiciones de hacer suyas todas las conclusiones del informe.
El ámbito de la medicina no convencional es actualmente un tema muy controvertido y emotivo. Los debates sobre este asunto suelen dar lugar a argumentos encendidos y conflictivos dentro y fuera de los círculos científicos. En realidad, la diferencia de los criterios y la diversidad de las actitudes que existen sobre este tema resultan muy evidentes, incluso en la Asamblea esta noche. Esta divergencia de opiniones se refleja, como señala el informe, en los diferentes enfoques adoptados por las legislaciones de los Estados miembros. Por este motivo, la Comisión considera que aún no ha llegado el momento de emprender el estudio exhaustivo de las medicinas y terapias no convencionales por el que aboga el Sr. Lannoye.
A la hora de recopilar informes de este tipo, la Comisión debe basarse en los datos y las políticas nacionales para evaluar la necesidad de emprender acción a nivel comunitario. Pero cuando nos encontramos tan lejos de alcanzar el consenso en este ámbito, si en estos momentos se llevara a cabo un estudio de este tipo, es poco probable que éste nos permitiera llegar a una conclusión decisiva. Además, en vista del escaso nivel de las asignaciones presupuestarias para programas de la salud pública, hemos tenido que establecer, como ustedes saben, las prioridades de la acción comunitaria, y las serias limitaciones de nuestros recursos no nos permiten asumir nuevos compromisos por el momento.
El informe invita asimismo a la Comisión a que homologue las condiciones para el ejercicio de la medicina no convencional en los diferentes Estados miembros. En respuesta a esta solicitud específica debo señalar, en primer lugar, que el sistema general de reconocimiento de diplomas, en vigor desde hace varios años, ya garantiza la libre circulación de los profesionales de la medicina entre los Estados miembros que reconocen la medicina no convencional como una disciplina distinta de la medicina convencional.
Como señalan los apartados de la resolución, es perfectamente cierto que, en virtud del artículo 57 del Tratado, la Comisión podría proponer una directiva que prevea la creación en cada uno de los Estados miembros, que estaría sujeta a las normativas aprobadas sobre educación y formación, de una o más profesiones reconocidas en este campo. Pero, de acuerdo con el Tratado, dicha directiva necesitaría la aprobación unánime de los Estados miembros. Debo ser franco y comunicar a la Asamblea que, en vista de la diversidad de los enfoques a los que me he referido hace un momento, es poco probable que prosperase realmente una propuesta de este tipo en un futuro previsible.
En un tono más positivo quisiera decir que en relación con los complementos alimenticios, la Comisión anunció en su Libro Verde sobre Derecho alimentario, adoptado el 13 de abril de 1997, su intención de emprender cuanto antes consultas técnicas sobre la necesidad y el posible alcance de una legislación comunitaria. En cuanto a la legislación farmacéutica para medicamentos no convencionales, la legislación comunitaria en materia de medicamentos está basada en los requisitos de calidad, seguridad y eficacia.
La principal dificultad de los medicamentos no convencionales es la prueba de eficacia. En las Directivas 92/73/CEE y 92/74/CEE relativas a determinados medicamentos homeopáticos se adoptó un enfoque especial, según el cual se autorizaba la comercialización de un producto sin necesidad de superar el requisito de la eficacia. La Comisión está dispuesta a examinar el potencial que ofrece este enfoque para dar efecto a las opiniones expresadas en la resolución.
En lo que respecta al tema específico del punto 5 de la propuesta de resolución relativo a la partida presupuestaria B6-7142 del programa Biomed, debo informarles que no fue legalmente posible llevar a cabo los proyectos de investigación a los que se hace referencia debido a que las medicinas no convencionales no figuran entre los objetivos de este programa específico. Por otro lado, en el caso de la partida presupuestaria B6-8332, a la que se hace referencia en el preámbulo de la propuesta de resolución, recientemente se ha publicado un informe elaborado por un grupo de asesores que se dedican a la investigación de la homeopatía. He traído conmigo un ejemplar para información de sus Señorías; el Parlamento recibirá más ejemplares por los canales habituales.
Además, la Comisión ha publicado una licitación para un estudio sobre medicamentos de herboristería. En breve se fallará sobre la asignación del contrato para la realización de este estudio, y se espera que los resultados del mismo permitan a la Comisión evaluar la situación y desarrollar posibles propuestas para una legislación específica. Aunque la Comisión piensa que necesitará algún tiempo hasta que pueda proporcionar una respuesta completa a nivel comunitario a todas las diferentes cuestiones planteadas en la presente resolución, estoy convencido de que el informe del Sr. Lannoye supondrá una importante contribución al debate que ya se ha puesto en marcha en muchos de nuestros Estados miembros.

Rübig
Señor Comisario ¿piensa usted elaborar un Libro Verde sobre este ámbito? La necesidad de información de la población en este ámbito es muy grande. ¿Cómo van a ser los estándares de formación en el futuro y van a poder establecerse aquí nuevos puntos de interés precisamente en el ámbito de la investigación?

Flynn
Señora Presidenta, en estos momentos, la Comisión no tiene previsto proponer la publicación de un Libro Verde. Los otros temas a los que han hecho referencia los diputados, ya han sido abordados en mi respueta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Aspectos sociales de la vivienda
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A4-0088/97) del Sr. Crowley, en nombre de la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, sobre los aspectos sociales de la vivienda.

Crowley
Señora Presidenta, para empezar deseo expresar mi agradecimiento a la secretaría de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a Nik Lane, por haber trabajado tanto, y también a los agentes de mi Grupo, la Sra. Emma Petroni y el Sr. Denis Smyth. Todos ellos han dedicado una gran cantidad de esfuerzos a lo que considero un informe muy importante y vital que trata de los aspectos sociales de la política de la vivienda en toda la Unión Europea.
Quisiera transmitir a los diputados la ideología que está detrás del presente informe y también disipar cualquier temor que éste haya podido despertar. Uno de los principales argumentos que surgieron en la comisión cuando se presentó a debate este informe fue la cuestión de la subsidiaridad. Mediante el diálogo, la negociación y el compromiso con otros Grupos de la comisión y otras partes interesadas, he intentado disipar las dificultades que encontraban en ciertos aspectos. Por ello descubrirán que el informe no contiene ningún llamamiento a favor de que el derecho fundamental a la vivienda sea incluido en los Tratados. En un comienzo ésa era mi intención, debido, entre entras cosas, a la celebración inminente de la Cumbre de Amsterdam.
No obstante, la Unión Europea ya tiene cierta competencia en el tema de la vivienda. En la Comunidad Europea del Carbón y del Acero existe una partida presupuestaria y una reserva específicas para la concesión de créditos a bajo interés para el realojo de los mineros y de los trabajadores de la siderurgia, y también para la regeneración y la reurbanización de regiones mineras o siderúrgicas. Como sabrán los diputados, el Tratado de la CECA expira en el año 2002. No hay ningún motivo por el que la Unión Europea no deba asumir las competencias de ese Tratado. El Tratado de Maastricht nos permite hacerlo y también utilizar las reservas que queden en esas partidas presupuestarias y darles utilidad de acuerdo con una nueva política de la Unión Europea.
La dimensión humana de la cuestión que nos ocupa es enorme: 18 millones de personas carecen de una vivienda en la Unión Europea, considerada el bloque económico más rico del mundo. 13 millones de personas viven en alojamientos precarios o temporales. Estamos hablando de casi un 10 % de la población de la Unión Europea que padece las consecuencias de la falta de una política adecuada enfocada a la vivienda. Además, debemos pensar también en las cifras del desempleo. Y sin embargo, a pesar de los altos índices de paro que arroja la información más reciente de la Comisión, el número de personas que reciben una formación profesional se reduce cada año. Eso significa que posiblemente dentro de cinco o diez años no habrá suficientes trabajadores especializados en carpintería, fontanería, en la construcción, etc. para suplir la demanda.
Debemos contemplar esto no de una manera negativa, sino positiva, como una Europa que se preocupa por las personas más vulnerables de nuestra sociedad, que vive el auténtico modelo social detrás de esta Unión Europea, para garantizar que la riqueza que se crea en esta Unión llegue a todos los ciudadanos y que éstos no sufran desventajas económicas como consecuencia de las barreras que levantan las decisiones europeas.
Además de todo eso, tenemos una oportunidad de crear nuevo empleo y nuevos programas de formación. Como parte de mi investigación y de las conversaciones que he mantenido para la elaboración de este informe, me he reunido con federaciones del sector de la construcción de todos los Estados miembros, las cuales se han mostrado dispuestas a contribuir financieramente en la creación de un programa de construcción de viviendas en cooperación con las autoridades locales y nacionales. Estoy pidiendo que la Unión Europea participe como moderadora experta en la aplicación de las mejores prácticas de cada Estado miembro para demostrar que una política urbanística sostenible es viable y también para fomentar una formación profesional adecuada, así como la capacidad de gestión necesarias para la buena marcha de estos programas.
Por último, sobre la cuestión de la despoblación rural: es un problema que tiene solución. En los últimos diez años hemos asistido a un descenso de la población rural de Europa del 48 %. Ello ha traído consigo los principales problemas que padecen las grandes zonas urbanas, donde han proliferado los asentamientos precarios, donde los servicios son insuficientes, al igual que la red viaria, los colegios, etcétera. Este fenómeno ha traído consigo problemas sociales como un aumento de la drogodependencia y de la criminalidad. Si adoptamos una acción positiva, podemos realojar a esa población en zonas rurales, podemos revitalizar las comunidades rurales y aliviar la presión a la que se ven sometidas las zonas urbanas.
En conclusión, quisiera pedir a todos los diputados que hagan suya la ideología y la creencia que están detrás de este informe. Es una Carta de los Pueblos por una Europa mejor. Es una prueba de que podemos reaccionar ante las necesidades reales de cada uno de los individuos europeos. Pido a todos los miembros que apoyen la iniciativa.

Waddington
Señora Presidenta, señoras y señores, diputados, deseo referirme a una parte de este informe, a saber, al tema de las personas sin hogar. Es una de las causas y de las consecuencias de la exclusión social. Es un factor de privación que junto con el desempleo, la pobreza, el aislamiento social y una educación y formación profesional inadecuadas frustran las vidas de millones de ciudadanos europeos. El problema de la falta de una vivienda digna afecta especialmente a los jóvenes, a las personas de edad avanzada y a otros colectivos vulnerables de la sociedad.
En mi ciudad, por ejemplo, la principal consecuencia de la falta de una vivienda es la violencia doméstica, es decir, la violencia que sufren las mujeres y los hijos en el seno familiar. Debido a que la falta de una vivienda digna es parte del complejo modelo de desventajas multidimensionales, el problema exige un enfoque coordinado por parte de las autoridades públicas, un enfoque que sea sensible a las necesidades y las aspiraciones de las personas sin hogar, que tenga en cuenta el hecho de que las personas sin hogar necesitan un puesto de trabajo, colegios, asistencia médica y unos ingresos además de una vivienda.
Es el motivo por el que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales está pidiendo la creación de un grupo operativo de la Comisión, que tenga la categoría de Dirección General, para que desarrolle estrategias integradas que permitan luchar contra la exclusión social. Asimismo pedimos que se consulte a las personas sin hogar y a sus organizaciones a la hora de elaborar los correspondientes programas europeos. Los principales responsables de la provisión de viviendas son los propios Estados miembros, pero si la Unión Europea es sincera en sus deseos de construir una sociedad que no excluya a nadie, Europa puede aportar valor añadido a la labor de los Estados miembros. Por ejemplo, podríamos hacer uso de los Fondos estructurales. Podríamos desbloquear el veto del Consejo al programa de lucha contra la pobreza con el fin de explorar nuevas iniciativas que nos permitan atender a las necesidades en materia de vivienda, además de otras necesidades como pueden ser el desarrollo sostenible de zonas urbanas y rurales, la formación profesional y el empleo.
Podemos crear nuevas pautas para la integración de las personas sin hogar y de los marginados. Espero que el informe del Sr. Crowley, por el que le felicito, contribuya a este proceso y que el ritmo del progreso para construir una Europa social reciba un impulso en Amsterdam el mes próximo.

Pronk
Señora Presidenta, en los Países Bajos hay una expresión que dice: cuanto más avanza la noche, más guapa la gente. Creo que esto es lo que sucede aquí, aunque somos muy pocos los que quedamos para tratar esta importante cuestión.
Recientemente la Comisión Europea publicó estadísticas sobre las cifras de pobreza en Europa. De ellas se desprende que un gran número de personas viven en una pobreza relativa, es decir, en comparación con las personas de su entorno. Una tercera parte de estas personas están sin empleo, una tercera parte están jubiladas y una tercera parte trabajan. Gran parte de estas personas son todavía muy jóvenes. Si miramos las cifras de las personas sin hogar, vemos además que más de la mitad de ellas tienen entre los 20 y 40 años de edad. La mayoría han tenido trabajo en algún momento, pero casi siempre trabajos temporales e inseguros. Por tanto, la pobreza y la vivienda deficiente o la falta de vivienda están estrechamente relacionadas. Por ello, es preciso que el derecho básico a una vivienda digna y asequible se traduzca a la práctica a través de una política concreta. Pero dicha política ha de ser realizada principalmente por las administraciones nacionales.
A nivel internacional, el año pasado en la Conferencia Hábitat celebrada en Estambul, hubo una iniciativa para ocuparse de la vivienda para todo el mundo, es preciso emprender una acción tanto a nivel local y nacional como global. A nivel europeo, la Unión Europea puede actuar como coordinadora de algunos aspectos de la política de vivienda. Eventualmente puede emprenderse una iniciativa europea en forma de un proyecto piloto.
En lo que respecta a las enmiendas de PPE al informe Crowley, quiero recalcar que en la enmienda nº 13 de Thomas Mann es válido el texto alemán. Esto significa que los proyectos sólo tendrán derecho a apoyo técnico, por ejemplo, ayuda técnica al contratar un préstamo. La enmienda no significa que haya que financiar proyectos de vivienda a nivel europeo.
Si el ponente puede apoyar nuestras enmiendas, teniendo en cuenta esta aclaración, el Grupo del PPE podrá aceptar mañana el informe del ponente. Por otra parte, quiero felicitarle por su trabajo y creo que ha hecho un discurso muy impresionante sobre la necesidad de aplicar una política de la vivienda. La cuestión es tan sólo quién ha de hacerlo y de qué modo.

Mezzaroma
Señora Presidenta, el informe del Sr. Crowley posee todos los elementos para considerarlo plenamente satisfactorio y para dar una respuesta adecuada al problema relativo a los aspectos sociales de la vivienda. En mi ciudad, en Roma, se dice que si la construcción no se recupera, la economía no se recupera: entonces, ¿por qué no desarrollar este sector en Europa, donde puede crear mucho empleo? Pero además de empleo, la vivienda garantiza también la posibilidad de confortar y de reunir al núcleo principal de la sociedad, que es la familia. Toda persona humana tiene derecho a una vivienda digna y económicamente accesible; más aún, algunas familias la deberían tener completamente gratis.
La casa como refugio contra las inclemencias del tiempo, la casa como lugar de reunión y punto de referencia de las personas excluidas de la sociedad, de las personas mayores, las residencias para los minusválidos: piensen qué importante es incluir en las urbanizaciones -en las nuevas como en las antiguas- las residencias donde pueden estar los minusválidos y seguir viviendo tras la muerte de sus padres.
Pero este Parlamento y la Comisión deben dar a este sector que es tan importante desde el punto de vista social posibilidades de desarrollo. Desde luego, los obstáculos existen: no hay financiaciones adecuadas. Yo el sector de la construcción lo conozco bien -antes de ser eurodiputado construía casas- y sé que es un sector que está parado, que no se fomenta: el BEI no financia todavía esas construcciones, las normativas son aún demasiado complicadas, a las pequeñas y grandes empresas les cuesta desplazarse por toda Europa.
Por lo tanto, el problema se resolverá sólo y únicamente cuando demos una respuesta adecuada a este problema, que además es un problema financiero, si no queremos hablar además de la falta de programación.
El informe toca todos los aspectos sociales y se ocupa también del urbanismo concerniente a la vivienda. Es cierto: el urbanismo es esencial para liberar al hombre del gueto que se formaría si la vivienda sólo fuera vivienda, para uso y consumo de la especulación. Para terminar, señora Presidenta, hay que hacer casas más grandes, de manera que esta vieja Europa nuestra pueda tener muchos hijos.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, Señorías, nuestro Grupo simpatiza con las ideas subyacentes a este informe, porque expresan preocupación por grupos de la sociedad por los que es necesario preocuparse. Pero, no obstante, el Grupo de los Liberales considera que no puede votar a favor del informe debido al hecho de que en el nivel europeo se incluyen demasiados asuntos que no podemos realizar. Si, por ejemplo, vemos que en el considerando B se dice que por lo general los Estados miembros tienen tendencia a eludir su responsabilidad en relación con la política de la vivienda, no podemos decir que sea cierto. Y hay más cuestiones en este informe que depositan una responsabilidad excesiva en el nivel europeo, y Europa no puede cumplirlo. No disponemos de ninguna base jurídica en este contexto. Esta es la razón de que hayamos dicho que no votaremos a favor del informe. Por otra parte, en sí, no estamos en contra de un programa de acción que quiera estimular proyectos piloto. Pero esto es lo único que estamos dispuestos a debatir.

Moreau
Señora Presidenta, más de 18 millones de personas sin techo o mal alojadas en la Unión Europea es una situación intolerable y que corre el riesgo de agravarse aún más.
Tenemos ahí una de las consecuencias más dramáticas de las políticas basadas en la rentabilidad financiera que, al mismo tiempo favorecen de forma ultrajante la especulación inmobiliaria e incrementan el desempleo, la precariedad y la exclusión. La implacable ley del mercado aplicada a la vivienda echa a la calle a millones de personas, jóvenes en especial, que no pueden acceder a un empleo estable. Si embargo, el derecho a la vivienda constituye un derecho elemental de la persona humana.
El informe menciona algunas propuestas interesantes, por ejemplo, medidas contra la especulación urbana o la financiación a nivel europeo de proyectos presentados por los Estados miembros. Pero no creo que una política europea integrada, reclamada por otra parte en el informe, pueda constituir una buena solución, en primer lugar porque la experiencia demuestra, por desgracia, que la mayor parte de las políticas comunitarias han arrastrado las normas sociales hacia abajo, pues nunca se alinean con el nivel más elevado.
Después, señalaré que los criterios de Maastricht y los del paso a la moneda única imponen cortes sombríos en la financiación de la construcción social y en las ayudas a la vivienda. El problema de la vivienda, que depende de cada Estado, no es en absoluto irresoluble. Exige la voluntad política de conceder a la vivienda social el lugar y los medios que deben corresponderle.
Desearía mencionar tres tipos de solución que pueden ser pistas para la reflexión. En primer lugar, para favorecer la construcción de viviendas a precios accesibles, ayudas a la construcción, el descenso de los tipos de interés de los bancos, el cálculo de la especulación. Con respecto a los sin techo, la construcción de hoteles sociales que permitan a los interesados instalarse, la construcción de centros de alojamiento que respeten los derechos de la persona humana y que incluyan servicios sociales capaces de encargarse de los diferentes problemas planteados.
Pero, sobre todo, es necesario evitar que se incremente el número de los sin techo. Para ello, debe cesar la práctica bárbara de los desahucios, ha de prohibirse cuando la deuda de alquiler tenga causas sociales. Encontrarse en la calle es, con mucha frecuencia un paso irreversible hacia la marginalidad. Perder el techo representa, en especial para los niños, un trauma terrible. Algunas comisiones especializadas pueden ayudar y dar responsabilidades a los arrendatarios endeudados.
Finalmente, se deben aportar algunas ayudas en este sentido a las asociaciones de caridad cuya aportación es indispensable, que se dedican sin pedir nada a cambio a aliviar el sufrimiento de los más desprotegidos, y deseo recordar aquí la necesidad de restablecer los créditos, a nivel europeo, en favor de la lucha contra la pobreza.
Ir a soluciones de fondo en el problema de la vivienda implica romper con la lógica de los mercados financieros y colocar en el centro de la sociedad no al dinero sino al ser humano.

Ojala
Señora Presidenta, en esta sala existe la costumbre de felicitar al o a la ponente por la excelente labor realizada. En esta ocasión las felicitaciones me salen francamente del corazón. En este informe de propia iniciativa del Parlamento y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Brian Crowley ha puesto extraordinariamente de manifiesto la importancia fundamental que reviste la política de vivienda como elemento integrante de la política social. El resto de medidas en materia de empleo y de política social es inútil si las personas no tienen una vivienda decente, de la que salir para ir a trabajar, en la que poder criar a sus hijos y descansar durante su tiempo libre.
Somos conscientes de que existen enormes diferencias entre la política de vivienda de los distintos Estados miembros. Mientras que algunos países destinan hasta el 3 % de su producto nacional a la política de vivienda, otros no llegan siquiera al 1 %. Del mismo modo, cabe señalar que la política de vivienda constituye un sector que está vergonzosamente desatendido en el marco de las actividades comunitarias. Aún estamos a tiempo de influir para lograr que durante la Cumbre de Amsterdam se incluya en el Tratado un artículo referente a la política social que siente un fundamento jurídico para las acciones comunitarias en materia de política de vivienda. He aquí el reto con el que nos enfrentaremos durante las próximas semanas.

Flynn
Señora Presidenta, en nombre de la Comisión quisiera expresar mi agradecimiento al Sr. Crowley por su informe, así como a todos los diputados que han intervenido en el debate. A pesar de que todos sentimos una justa preocupación por los problemas que derivan de la falta de una vivienda digna, existen límites estrictos en cuanto a lo que la Comisión puede o se propone hacer en este ámbito. El tema de la vivienda depende, fundamentalmente, de los Estados miembros, y la Comisión no cree que deba desempeñar una función significativa en la provisión física de viviendas.
La resolución del Sr. Crowley apunta a la posibilidad de que los créditos hipotecarios a bajo interés financiados por la Unión Europea se basen en el modelo de la CECA. Ciertamente fue un programa que aportó grandes beneficios en su día, pero dichos créditos tienen ahora una importancia menor que la que tuvieron antaño. De hecho, la demanda de estos créditos ha descendido en varios Estados miembros hasta el punto de que no se han utilizado todos los fondos asignados. De hecho, el plan será desmantelado a finales de año.
Se ha hecho referencia a los Fondos estructurales como posible fuente para financiar la vivienda. Es algo que jamás se ha hecho en el pasado, a pesar de que la Iniciativa comunitaria URBAN, por ejemplo, se centró en áreas con problemas de falta de vivienda. A pesar de que ignoro cuál será la propuesta de la Comisión en el marco de las reformas de 1999, me pregunto si será realmente posible dar prioridad a los créditos hipotecarios a bajo interés antes que, por ejemplo, a las necesidades de empleo.
No obstante, en un tono más positivo, a pesar de que la Comisión no está capacitada para financiar la vivienda como tal, intenta contribuir a los esfuerzos para luchar contra el fenómeno de los «sin hogar» y los efectos sociales de la falta de una vivienda digna. Estamos completamente de acuerdo con el énfasis que pone la resolución en la necesidad de adoptar un enfoque integrado para resolver la compleja trama de problemas económicos, sociales y culturales que son su principal causa.
Un excelente ejemplo de este enfoque integrado nos lo brindó el programa Pobreza 3, que promovía enfoques de múltiples agencias para atajar la pobreza. Dicho programa daba apoyo a una amplia serie de proyectos relacionados con la vivienda que abarcan desde la mejora de poblados chabolistas en Grecia hasta ayudas para la rehabilitación de urbanizaciones de viviendas sociales de Edimburgo, que se encuentran en estado de deterioro. De hecho, casi las tres cuartas partes de los proyectos contenían acciones en apoyo de la vivienda.
La resolución del Sr. Crowley menciona además la iniciativa IGLOO. La Comisión ya ha destinado ayuda para contribuir a la creación de esta red europea, y tengo grandes esperanzas de que podamos continuar apoyando este tipo de actividades en el futuro. Quisiera agradecer al Sr. Crowley la elaboración de su informe tan minucioso. La Comisión estudiará sus propuestas con la debida atención y el material procedente de los Estados miembros también merece ser estudiado.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Flynn.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Sistema de Información Europeo - Aduanas y la
tecnología de la información
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate conjunto de los dos informes que siguen:
A4-0062/97 de la Sra. Terrón i Cusi, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, sobre el proyecto de acto jurídico del Consejo (12029/94-9277/1/95 - C4-0249/95) por el que se establece el Convenio por el que se crea el Sistema de Información Europeo (SIE); -A4-0060/97, del Sr. Schultz, en nombre de la Comisión de Libertades Fundamentales y de Asuntos Interiores sobre un acto jurídico del Consejo (C4-0248/95) y C4-0520/95), de 26 de julio de 1995, por el que se establece el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros, el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros y el Acuerdo sobre la aplicación provisional entre determinados Estados miembros de la Unión Europea del Convenio, establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros.
Terrón i Cusí
Señora Presidenta, en primer lugar, yo quiero agradecer la cooperación que en la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores han demostrado todos los Grupos y su muy buena disposición hacia este informe. Quisiera además agradecer la paciencia que han tenido nuestros colegas suecos, ya que han dispuesto muy tarde del texto del Convenio al que nos estamos refiriendo en su propia lengua. Han trabajado sobre la versión inglesa, finalmente apareció la traducción al sueco y podemos ya discutir este informe.
Hoy, señora Presidenta, el Consejo y la Comisión nos han explicado los avances producidos en la Conferencia Intergubernamental, entre ellos los que afectan a la libre circulación de personas, uno de los objetivos de la Unión que todavía está lejos de ser alcanzado. El debate que nos ocupa no puede ser, pues, más oportuno.
Hablamos hoy de un convenio que nos presenta el Consejo, por el que se establece el Sistema de Información Europeo para sustituir al Sistema de Información de Schengen. No voy a entrar ahora en lo que ha sido la experiencia del Sistema de Información de Schengen, ya que hemos aprobado hace muy poco, y a él me remito, un informe de la señora van Lancker sobre este tema. Quiero centrarme en lo que me parece más básico de mi informe: la petición de un cambio del fundamento jurídico para el establecimiento del Sistema de Información Europeo.
El Consejo nos presenta un convenio con arreglo al artículo K.3 del Tratado de la Unión. El artículo K.3 se refiere al artículo K.1 del mismo tratado, y el artículo K.1 cita como materias afectadas el cruce de las fronteras exteriores, la política de inmigración, la política relativa a los nacionales de terceros Estados, la cooperación judicial en materia civil y penal, la cooperación aduanera, la cooperación policial para la prevención y la lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, y otras formas graves de delincuencia internacional. El SIE abarca, a mi modo de ver, un terreno completamente diferente, pues su objetivo principal es el de ofrecer una medida compensatoria en relación con la supresión de las fronteras interiores, ámbito en el que la Comunidad tiene competencias exclusivas sobre la base del artículo 7A del Tratado CE. El mismo artículo K.1 del Tratado de la Unión estipula que la cooperación descrita en este artículo K.1 regirá sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea. Precisamente debido a esta competencia exclusiva cabría esperar, y eso es exactamente lo que proponemos para el SIE, un reglamento comunitario.
El Parlamento se ha expresado ya, en distintas ocasiones, en el sentido de que, habida cuenta de que la libre circulación de las personas debería haberse realizado ya después de la aprobación del Tratado de Roma, es decir, hace prácticamente cuarenta años, los controles de las personas en las fronteras exteriores deberían reglamentarse de la misma manera que los controles de mercancías. Si atendemos al contenido del Sistema de Información Europeo, es aún más claro que se impone la legislación comunitaria. Es cierto que el SIE concierne a la cooperación policial, pero no específicamente en los ámbitos del terrorismo o del tráfico ilícito de drogas, ni otras formas de delincuencia internacional.
El objetivo principal del SIE es averiguar el paradero de personas que se buscan a nivel nacional, controlar los movimientos de las personas sujetas a control a nivel nacional, pero que con la supresión de las fronteras interiores no siempre pueden controlarse ya a este nivel. Es decir, el SIE es -como decía- una medida compensatoria para lograr esta libre circulación de las personas. Cambiar el fundamento jurídico y utilizar un reglamento comunitario ofrecería muchas ventajas, como una consulta satisfactoria al Parlamento Europeo para un tema en el que ni siquiera está garantizado que los Parlamentos nacionales, si no, puedan ejercer efectivamente este control. También permitirá esta fórmula una entrada en vigor rápida. Creo que experiencias como las del Convenio de Schengen o el Convenio de Dublín nos hacen temer lo peor. Hemos tardado a veces diez años en aprobar un convenio. También se requiere un papel más claro para la Comisión. Y en una jurisdicción comunitaria sobre un tema que trata de datos personales debería intervenir, sin duda, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia cuando se trate, por ejemplo, de reclamaciones de los ciudadanos y de una interpretación uniforme de este convenio.
Por otro lado, el Convenio del Sistema de Información Europeo está vinculado al llamado Convenio sobre Fronteras Exteriores. Esta vinculación no está motivada ni, a mi modo de ver, existe razón alguna para establecerla, ya que el SIE tiene por objeto -como he dicho ya reiteradas veces- compensar esta pérdida de control en las fronteras interiores. El control de las fronteras exteriores se realiza en cualquier caso con o sin vinculación con el Convenio de Fronteras Exteriores. Si establecemos esta vinculación, la trampa de esperar a que entre en vigor el Convenio sobre Fronteras Exteriores nos puede llevar a una espera muy larga. Un reglamento, en cambio, no podría ser supeditado a un convenio establecido sobre la base del artículo 6 del Tratado.
Y refiriéndome a algún punto concreto, creo que habría que vigilar todo lo relativo a refugiados y solicitantes de visados. Es peligroso que, mientras no haya armonización en esta materia, se incluya este asunto en el sistema, porque aquellas personas cuya solicitud de asilo ha sido rechazada pueden terminar, señora Presidenta, incluidas en la categoría de extranjeros indeseables. Creo que esto es suficientemente grave como para que intente evitarse de cualquier manera. Me parece también increíble que la única cosa específicamente citada, antes de terminar este Convenio, sea la lucha contra la inmigración ilegal. Creo que este nombre deberíamos cambiarlo ya por el de control de la inmigración.
Hay otros datos menores que creo que habría que cambiar en el Convenio, pero he querido centrar mi intervención en este cambio del fundamento jurídico que pedimos. Yo creo que si esto se hace, tendremos una prueba de que lo que el Consejo nos cuenta aquí tan a menudo son algo más que buenas palabras, son algo más que buenos deseos, y que hay una voluntad política de avanzar en el objetivo de la Unión de conseguir la libre circulación de personas.

Schulz
Señora Presidenta, distinguidos colegas, me sumo a lo que ha manifestado nuestra colega, la Sra. Terrón i Cusí. Me estoy ocupando de otro sistema de información que va a instalarse en la Unión Europea, el sistema de información aduanera, cuyo sentido más profundo es servir de ayuda para poder perseguir mejor las transgresiones graves de las disposiciones de los estados individuales en el ámbito aduanero. El sentido de este sistema de información consistirá en que las autoridades aduaneras estén en condiciones de recoger con la mayor fluidez posible informaciones necesarias para la lucha contra las transgresiones graves, de intercambiarlas con la mayor fluidez posible a fin de ser capaces de construir modelos eficaces de cooperación, de adoptar medidas eficaces de control en el transporte de mercancías, en el tratamiento de las empresas de transporte, en la selección de los medios de transporte, en los casos de las diferentes formas de fraude y de criminalidad, de una manera más completa que hasta ahora, hacerlas disponibles y mediante la puesta a disposición de estos datos poder llegar a mejores estrategias de lucha contra la criminalidad.
En este sistema de información está previsto enfrentarse a las formas de criminalidad que se están desarrollando en la Unión Europea de forma transfronteriza, elaborar análisis y ponerlos a disposición de las autoridades nacionales. Pero, naturalmente, esto puede hacerse solamente si se recogen también informaciones sobre quienes cometen los delitos, es decir, este sistema de información recogerá también datos referidos a personas.
Estoes todo. Este es un planteamiento adecuado y razonable y el Parlamento Europeo debería apoyar a las autoridades de la Unión Europea, tanto a las autoridades aduaneras como también a todas las demás autoridades nacionales participantes, cuando se trate de combatir con más fuerza que hasta ahora la criminalidad, que cada vez aumenta más en este ámbito, y nosotros apoyamos todos los esfuerzos que se encaminen a la construcción de los necesarios sistemas de información.
Pero no podemos apoyar el hecho de que el Parlamento Europeo, como es usual, haya sido dejado fuera en la puesta en vigor, en la construcción del sistema de información, en el procedimiento legislativo que es necesario para poner en vigor el Convenio. El artículo 6 del Tratado de la Unión prevé que en las medidas como la creación de un sistema de información aduanera debe ser consultado el Parlamento Europeo. ¿Qué ha hecho el Consejo? Ha puesto en vigor el Convenio -les ruego que tomen nota exacta de esto, pues es el proceder usual del Consejolo ha firmado antes de que los textos estuvieran a disposición del Parlamento Europeo en los idiomas oficiales. Esto significa que los miembros de esta Alta Asamblea, cuya representación aquí no es muy numerosa esta tarde, cosa que, por lo demás, puedo entender muy bien, se han ocupado de este proyecto en la medida que, ante todo, tuvieron que luchar por obtener el necesario documento en las respectivas lenguas oficiales.
Por lo demás, el Parlamento Europeo ha tenido que tomar nota de que el hecho de ser consultado, cosa que en el fondo tendrá lugar esta tarde, no tiene valor, en absoluto, que todo lo que discutamos esta tarde carece absolutamente de finalidad y de sentido, pues el Convenio ha sido remitido ya a los Parlamentos nacionales para su ratificación.
Se trata aquí de la constitución de un sistema de información que podrá incluir a cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea, pues en este Convenio existen pasajes que prevén, por ejemplo, que el futuro sistema de información europeo cooperará con todas las autoridades nacionales que pudieran ser necesarias para la recogida de los datos de este sistema de información, sin que en Convenio se defina a qué autoridades nacionales se refiere y por qué vía pueden remitir las autoridades nacionales al sistema de información aduanera los datos necesarios.
Sobre todo, parece haberse desatado justamente una carrera por sistemas de información en la Unión Europea, siempre desdeñando la participación de los representantes del pueblo libremente elegidos. Acabamos de escuchar de labios de la Sra. Terrón i Cusí que tenemos el sistema de información europeo, hablo del sistema de información aduanera, existe el sistema de información de Schengen, EUROPOL tiene también un sistema propio de información, y estos sistemas de información procesan a veces recopilaciones de datos de forma paralela y con solapamientos. En el futuro a un ciudadano europeo sólo le va a ser posible librarse de ser recogido por algún sistema de información, residiendo fuera de la Unión Europea, cosa que, por lo demás, no va ser posible en los estados de la Europa central y oriental, cuya adhesión está prevista, pues están colaborando de forma muy intensa con los sistemas de información europeos o en su construcción. Esto diferencia del Parlamento Europeo a los países que desean la adhesión. Seguramente el Ministro polaco de Interior sabe más del sistema de información aduanera que el ponente del Parlamento Europeo, se lo puedo asegurar a ustedes. Lo mismo se puede decir respecto de los demás sistemas de información.
Una vez se pensó en crear un gran sistema único de información en el que estuvieran comprendidos el sistema de información aduanera, el sistema europeo de información, EUROPOL y Schengen, por decirlo así, el gran hermano de la información, sustraído al control de los Parlamento nacionales y no sometido al control del Parlamento Europeo. Este sería un buen sitio para los consejos de administración de un sistema de información semejante. Pueden recoger, efectivamente, los datos que quieran, sin tener que dar cuentas a nadie acerca de qué hacen con los datos.
Si ustedes como ciudadanos individuales de la Unión Europea entran casualmente en contacto en este gran espacio jurídico democrático con un sistema semejante de información y no les agrada los datos referentes a ustedes que están almacenados en tal sistema de información, no tendrán ustedes la posibilidad de quejarse de ello ante el Tribunal Europeo de Justicia, pues, sorprendentemente, tampoco existe competencia del TEJ para este sistema de información.
Tras la descripción completa de esta proceder altamente democrático permítanme el siguiente comentario de fondo: quien quiera ganar a los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea para este maravilloso proyecto de futuro europeo, que podría ayudar a mitigar dificultades en la Unión Europea, quien quiera ganar al ciudadano para colaborar en este proyecto, debe proporcionar a los ciudadanos y ciudadanas el sentimiento de que vivimos en un sistema jurídico democrático. Pero no puede ser que en un sistema de información como éste del que estoy hablando esta tarde, cuyo objetivo es muy bueno, en concreto, la lucha cualificada contra la criminalidad, no se respeten presupuestos fundamentales elementales de la democracia, es decir, no se garanticen la protección jurídica del ciudadano y la plasmación legal de los principios jurídicos.
Esto no se garantiza, cuando se pisotea constantemente el artículo K 6 del Tratado de Maastricht. Si esto es así, no podremos convencer a los ciudadanos de la Unión Europea de que es bueno colaborar en esta Unión. También les diré por qué: puede ser que los ciudadanos y las ciudadanas de la calle que, si son alemanes, se alegran esta tarde de que el Borussia Dortmund haya vencido al Juventus de Turín, no se interesen por el sistema de información aduanera, y lo creo, y que les dé también igual a primera vista que el Parlamento Europeo se ocupe de ello, o el Parlamento Federal Alemán o cualquier otro Parlamento nacional, también lo supongo. Pero cuando adviertan a la larga que toda la legislación de la Unión Europea en el ámbito de la seguridad interior no se discute ya en su Parlamento nacional y tampoco en nuestro Parlamento, cuando adviertan que se crean sistemas que tienen la posibilidad de intervenir en su vida cotidiana, sin que las ciudadanas y los ciudadanos tengan la oportunidad de influir en la configuración de estas cosas, entonces estoy casi seguro de que crecerá la desconfianza en estas instituciones. La confianza tiene que crecer, lo necesitan estas instituciones para combatir a aquellos que son los más peligrosos para el desarrollo de la Unión Europea, aparte del Consejo de Ministros, que si sigue actuando así se pone constantemente en peligro de ser criticado en el sentido de no ser un órgano democrático. Lo que representa realmente un peligro para nosotros es la criminalidad organizada, la lucha contra la cual debe y tiene que ser el objetivo de todas estas instituciones. Pero éstas podrán hacer esto de manera eficaz y exitosa si asentamos su actuación sobre estructuras realmente democráticas.
Lamentablemente, esto no ha sucedido sido así. Por consiguiente, lamento que con nuestro informe tengamos que manifestar que un proyecto realmente muy bueno sea discutible una vez más, sea discutible también en la ratificación de los Parlamentos nacionales, como sucede actualmente con EUROPOL, porque el Consejo en su infinita sabiduría, que esta tarde quiero calificar excepcionalmente de arrogancia, ha omitido otra vez consultar a su debido tiempo al Parlamento.

Bardong
Señora Presidenta, distinguidos colegas, quisiera referirme aquí, sobre todo, a la opinión de la Comisión de Presupuestos, tanto en lo que se refiere al Convenio sobre el empleo de la tecnología de la Información en el ámbito aduanero como en lo que respecta al Convenio sobre el sistema europeo de información, acuerdos que acaban de serles presentados.
La cooperación en el ámbito de la cooperación plantea la cuestión de la delimitación entre el primer y el tercer pilar y afecta así a diferentes competencias. A tal respecto, se trata de la asistencia oficial entre las autoridades de los Estados miembros y también de su cooperación con la Comisión en el ámbito del Derecho comunitario. De aquí se sigue que el mero intercambio de información en el ámbito aduanero se basa en fundamentos jurídicos diferentes, lo cual precisamente no contribuye a lograr el objetivo de mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras.
Nos encontramos con un título que es más bien desorientador y sobre todo con un objetivo que está poco encaminado hacia la integración. La Comisión sólo tiene que proporcionar el aparato técnico para este sistema. Por lo demás, el Convenio no establece ninguna conexión con los demás bancos de datos de la Comisión, que en parte acaban de ser mencionados, como SCENT e IRENE, el banco de datos para la lucha contra el fraude, o IDA que está encaminado al funcionamiento del mercado interior. Pero con ello no se responde explícitamente a la protección de los intereses financieros de la Comunidad.
Las autoridades aduaneras deben combatir e impedir las transgresiones contra el Derecho comunitario y contra los preceptos jurídicos de los estados particulares. Por consiguiente, los gastos para este sistema han de ser asumidos de una manera altamente complicada en el presupuesto de la CE y han de ir a costa de los Estados miembros. De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea el intercambio de información aduanera debería ubicarse en el marco del Tratado de la CE. Pero, lamentablemente, el Consejo ha cedido al deseo de determinados Estados miembros y ha ubicado el Convenio en el ámbito interestatal, o podría decirse también que lo ha degradado. En mi opinión, este estado de oscilación, artificialmente mantenido, entre el plano interestatal y el plano comunitario en este Convenio no puede hacer avanzar de manera eficaz la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Comunidad.
El llamamiento que se contiene en la resolución y que se dirige a la Comisión en orden a que estudie si el sistema no puede ser sustituido por un reglamento o por una directiva en el marco del Tratado de la CE, no hace sino expresar de manera muy cautelosa esta problemática. El Convenio para la creación del sistema europeo de información debería mejorar también la eficacia de los controles -esta vez en la fronteras exteriores de la Unión-, sobre todo en lo que se refiere a los anuncios sobre personas buscadas o también sobre cosas.
El Convenio es úlil, y esto se ha manifestado ya, para la traslación del convenio sobre la ejecución del Acuerdo de Schengen, convenio que fue firmado ya en 1990 por algunos Estados miembros fuera del marco del Tratado de la Unión Europea. Este sistema europeo de información va a ser financiado ahora exclusivamente por las aportaciones de los Estados miembros. No se prevén relaciones de ningún tipo con los servicios de la Comunidad -por ejemplo, con la unidad de lucha contra el fraude- y tampoco está previsto acceso alguno de los funcionarios de la Comisión a este sistema de información.
Estos sistemas de información son importantes y necesarios. También yo soy partidario de esto. Pero debo afirmar con consternación que éste no es seguramente el mejor camino para la legislación europea o para la consecución de organismos europeos. Se sigue creando, incluso se sigue creando en paralelo, y se sigue dando el aislamiento mutuo. Esto no es lo que necesitamos ni lo que queremos. Lamentablemente, tampoco se puede decir que la Conferencia Intergubernamental, aunque este punto aparece en la misma, vaya a proporcionar alguna ayuda ahora, en cualquier caso, todavía no. Lamentablemente.

Schaffner
Señora Presidenta, Señorías, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos ha remitido su opinión sobre el convenio europeo relativo a la creación de un Sistema de Información Europeo, sólo tenía a su disposición un proyecto de convenio que databa de diciembre de 1995 y que aún estaba sometido a examen en el seno del Consejo.
La implicación del Parlamento en el marco del artículo K6 es imperfecta y depende de la buena voluntad de cada presidencia. No está rodeada de garantías jurisdiccionales que caracterizan la participación del Parlamento en el proceso legislativo, en virtud del artículo 138 B) del Tratado. El artículo K6 prevé que la Presidencia informe y/o consulte al Parlamento en el marco del capítulo 6. La carta por la cual la Presidencia francesa ha enviado al Parlamento el proyecto de Convenio por el que se crea el SIE era más de información que de consulta. Sin embargo, el Parlamento decidió emitir un dictamen.
El objeto del presente convenio es poner en marcha los medios e incluso las condiciones, previas a la libre circulación de personas. El Convenio SIE es un instrumento del convenio relativo al cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión. La imbricación de ambos convenios es muy fuerte.
La cooperación policial y judicial que pone en marcha el Convenio SIE entre los Estados miembros con vistas a la difusión rápida de informaciones sobre las personas que hayan de ser buscadas, vigiladas o detenidas, con las garantías jurídicas que establece el Convenio, permitirá avanzar sin reparar en obstáculos en el objetivo de la libre circulación de personas.
Por otra parte, el sistema de información Schengen es el modelo del que se ha calcado el SIE. Sobre este modelo, el SIE se compone de dos partes, una nacional y una función de soporte técnico distinta. Este sistema con dos ramas comporta inevitablemente el inconveniente de ver como cada Estado miembro aplica dos derechos: el suyo propio y el del Convenio. Así, se planteará inevitablemente el problema para la identificación, tal como está previsto en el artículo 4.
Si la multiplicidad de instrumentos internacionales implicados en el Convenio muestra la importancia de las cuestiones tratadas, la Comisión de Asuntos Jurídicos teme que esta imbricación cree un factor de complejidad suplementario que pueda incluso retrasar hasta el infinito la aplicación del Convenio SIE. Igualmente, la Comisión lamenta que las cuestiones relativas al Tribunal de Justicia sean tratadas aparte del Convenio. Integrarlas habría reforzado la seguridad jurídica del Convenio en el momento de su aplicación.
Finalmente, y para terminar, diré, a título personal, que lamento enormemente que la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores no haya considerado oportuno consultar a la Comisión de Asuntos Jurídicos cuando su ponente ha planteado un cambio de base jurídica. Si, en la cumbre de Amsterdam, como es muy probable, las cuestiones de cruce de las fronteras, inmigración, etc., son comunitarizadas, será necesario transformar el convenio en reglamento, pero antes de la conclusión de la CIG, esto era prematuro.

Cederschiöld
Señora Presidenta, a juzgar por la asistencia a esta cámara, no parece que los ciudadanos se sientan tan «inquietos» por estas cuestiones técnicas; por eso, y viendo a los intérpretes que están mi alrededor, les dirijo mi agradecimiento a todos los que resisten con nosotros a estas avanzadas horas y cuando ya quedamos pocos.
El tema tiene, no obstante, unas importantes implicaciones políticas. Los ciudadanos deben sentirse seguros en Europa. Los delincuentes se adaptan a la nueva situación con mayor rapidez que el aparato judicial. Una Europa sin un sistema eficaz de lucha contra la delincuencia, o con unos sistemas judiciales incompletos no recibirá el amplio apoyo popular necesario para que la Unión se desarrolle y dé a sus ciudadanos aquello que creen y esperan que les será concedido a través de la cooperación europea, por ejemplo, la libre circulación.
La libre circulación, con la ausencia de fronteras internas, presupone la existencia de unas acciones compensatorias en la línea del SIE, sobre todo en las fronteras externas, con el fin de vigilarlas de un modo más eficaz. Es preciso que los Estados miembros se informen recíprocamente, no sólo en lo concerniente a personas desaparecidas, sino también a objetos desaparecidos y falsificados. Por lo que respecta a los delincuentes, han de figurar en registros cuando exista evidencia justificada de que se preparan a actuar o de que han cometido graves delitos.
La lucha contra el crimen en la Unión se basa en la difusión de información entre las autoridades nacionales. Actualmente existen cuatro redes de información. Es razonable que haya unas líneas divisorias entre ellas, puesto que sus fines son distintos; nadie desea una «Europa a modo de hermano mayor». Por eso cabe evitar las redes gigantes de información. La recogida de datos debe estar protegida a base de unas restricciones claras, pero también debe contener unos datos vitales dentro del contexto en concreto, ya que de otro modo nunca se convertirá en un instrumento vital dentro de la lucha contra el crimen, y no tendrá una función que cumplir. Al mismo tiempo, hay que recordar que todos los datos supérfluos, que serán inevitables, deben manejarse con la mayor cautela y conservarse a un nivel lo más bajo posible.
Lamentamos que al Consejo le haya llevado tanto tiempo presentar las traducciones. El Parlamento no puede adoptar una posición sobre un texto legislativo si éste no se encuentra en todas las lenguas oficiales, por lo que la actuación del Consejo denota desprecio hacia la actividad democrática del proceso europeo. Si el asunto no se hubiese basado en el artículo 235, el Consejo podría haber evitado estos problemas. Por ello hemos presentado un par de enmiendas para seguir también formalmente esta posición. El Sr. Bardong ha desarrollado tan merecidamente los puntos de vista del Grupo PPE desde una perspectiva constitucional, que voy a saltarme estos aspectos y me contentaré con destacar que es beneficioso que entren dentro del marco de la Unión.
Finalmente, citaré unas frases del Sr. Von Wogau de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, dirigidas a la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores. Se dice lo siguiente: »El Convenio crea el sistema de información exigido por el Convenio relativo al control de las personas en el cruce de las fronteras exteriores, establece las bases concretas para una mayor cooperación judicial, policial y aduanera, permite una mejora de la seguridad de las personas -y de los objetos- en el territorio de la Unión, y contribuye a eliminar los obstáculos al funcionamiento saneado de las economías nacionales: lucha contra la economía sumergida, el tráfico de todo tipo (droga, armas), el terrorismo, la criminalidad, la delincuencia y la malversación de fondos». También se desea una pronta ratificación del Convenio para que los ciudadanos puedan circular libremente. Estas buenas intenciones de ambas comisiones deberían traducirse rápidamente en unas acciones reales y considerarse como un paso importante en el camino hacia la libre circulación.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, me referiré en primer lugar al informe del Sr. Schulz, y pasaré a continuación al de la Sra. Terrón i Cusí. En nombre de la Comisión, deseo expresar mi agradecimiento al Parlamento por la considerable labor que ha llevado a cabo en varias comisiones sobre el Convenio relativo a la utilización de la tecnología de la información a efectos aduaneros. Como sabrá la Asamblea, el objetivo del Convenio sobre el sistema de información aduanera es crear una base de datos que contenga información operativa sobre asuntos delicados como narcotráfico, armas, pornografía, etcétera, que actualmente no son competencia jurídica de la Comunidad, para su utilización por las administraciones aduaneras de los Estados miembros.
Como también sabrá la Asamblea, junto con este convenio, el Consejo aprobó el pasado 13 de marzo un nuevo Reglamento sobre la asistencia mutua y la cooperación administrativa a efectos aduaneros y agrícolas. Queda claro, por tanto, que el SIA que estipula el convenio es complementario al SIA que estipula el Reglamento. Evidentemente, de acuerdo con el tercer pilar, la Comisión no tiene derecho de iniciativa en el ámbito de la cooperación aduanera.
Teniendo en cuenta, sin embargo, la relación con el SIA de acuerdo con el reglamento mencionado más arriba, la Comisión se encargará asimismo de la gestión técnica de la infraestructura en el marco del Convenio SIA, aunque no tendrá acceso a los datos que contiene el sistema. La Asamblea también tendrá conocimiento del vivo interés de la Comisión en la lucha contra el fraude, y la Comisión cree que un refuerzo de la cooperación aduanera entre los Estados miembros, especialmente mediante la utilización de sistemas informatizados, contribuirá de forma significativa a la eficacia de dichos esfuerzos.
Sabemos por experiencia que los aspectos del crimen organizado con los que tiene que verse la administración aduanera abarcan, sin que sea posible hacer una distinción, tanto al primero como al tercer pilar. Por ello, aunque respeta los constreñimientos jurídicos que derivan del Tratado de la Unión, la Comisión ha ejercido una fuerte presión a favor de que los agentes operativos de aduanas utilicen un sistema informatizado único. El Convenio SIA entra, evidentemente, dentro de este marco.
Resumiendo, podemos afirmar, por consiguiente, que a pesar de que la infraestructura técnica utilizada para el SIA que estipula el reglamento también será utilizada para el SIA que estipula el convenio, en términos jurídicos serán dos sistemas diferentes de conformidad con la estructura de pilares de la Unión Europea. La Comisión está de acuerdo con las orientaciones del informe elaborado por el Sr. Schulz. No obstante, aunque toma nota de las referencias que el presente informe hace a la Comisión, la Asamblea sabe perfectamente que la Comisión no tiene derecho de iniciativa en este ámbito y debe tener en cuenta la estructura de pilares de la Unión Europea.
Las cuestiones planteadas en el informe del Sr. Schulz podrían ser resueltas, naturalmente, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, y me consta que este Parlamento y la Comisión coinciden en este punto. Por ello, quisiera invitar al Parlamento a que siga apoyando la transferencia de los aspectos administrativos de la cooperación aduanera, que actualmente están recogidos bajo el Título 6 del Tratado, del tercer pilar a la esfera comunitaria. Ni que decir tiene que los aspectos penales y judiciales de la cooperación aduanera deben mantenerse y se mantendrán en el tercer pilar. Pero, como han sostenido algunos miembros de esta Asamblea y la propia Comisión, la cooperación administrativa aduanera ofrece ventajas comunes y, por lo tanto, la modificación aportaría beneficios para todos, sin comprometer por ello los intereses específicos de los Estados miembros.
Recomiendo el informe a la Asamblea y agradezco al Sr. Schulz y a sus colegas la útil labor que han realizado.
Paso a continuación al informe de la Sra. Terrón i Cusí sobre el Sistema de Información Europeo. Debo reconocer que la Comisión comparte la preocupación de la ponente por el hecho de que el Convenio SIE esté bloqueado en el Consejo de Ministros, y nuestra inquietud es tanto mayor debido a la clara conexión que existe entre el Convenio SIE y el Convenio sobre el control de las fronteras exteriores. La Comisión coincide asimismo con la ponente en su sugerencia de que el Tribunal Europeo también debe participar en asuntos relativos a los convenios estipulados en el artículo K.3.
Aprovecho la oportunidad que me brinda este debate para aclarar algunos malentendidos que han saltado a la luz. En primer lugar, el Sistema de Información Europeo (SIE) pasará a sustituir el Sistema de Información de Schengen (SIS). En consecuencia, sólo tendremos un sistema y no dos. Segundo, el Sistema Eurodac trata sobre la posibilidad de tomar las huellas dactilares en el caso de los solicitantes de asilo, y tiene que ver con la aplicación del Convenio de Dublín. Tercero, CIREA y CIREFI no son sistemas de información, son grupos de trabajo del Consejo de Ministros. La Comisión ha señalado en reiteradas ocasiones que el término »Centro» en estos dos títulos podría dar lugar a confusión, por lo que hago hincapié en que en este caso Centro se refiere a grupos y no a lugares. Confío en que haya quedado perfectamente claro.
Coincido con la ponente en que debemos tomar precauciones para evitar en el futuro un solapamiento de los diferentes sistemas de información, por ejemplo, con los sistemas de Europol. Al mismo tiempo, la Comisión está convencida de que la introducción del sistema SIE conducirá a un sistema de información más claro y racional y, quién sabe, puede que un día conduzca a un horario de los debates más racional en este Parlamento.
Para terminar quisiera hacer un comentario general sobre la cuestión institucional que recorre como un hilo común estos dos debates que debatimos esta noche. La Sra. Terrón i Cusí sugiere que el Convenio SIE podría convertirse en reglamento. Debo decirle, sin embargo, que existen dudas sobre la posibilidad de aplicar el artículo 235 del Tratado en vigor, ya que al igual que el artículo K.3 exige la unanimidad del Consejo.
Las cuestiones que se han discutido aquí esta noche demuestran que sería mucho más fácil si tuviéramos un marco jurídico común. Por eso la Comisión propuso a la Conferencia Intergubernamental que todo el contenido del Título 6, salvo la cooperación policial y la cooperación judicial, fuera transferido al primer pilar. Una modificación del Tratado en ese sentido facilitaría el trabajo sobre el SIE y el SIA, y aportaría sólo beneficios a la Comunidad y a su población. Espero, por tanto, que el Parlamento continúe apoyando la propuesta de la Comisión en la CIG y espero también que los resultados de la Conferencia Intergubernamental y el nuevo Tratado hagan realidad nuestro deseo común de una mayor eficacia. Estoy agradecido por la labor que ha desarrollado la Sra. Terrón i Cusí y sus colegas en un informe que da mayor contenido a la tendencia a favor de la modificación progresiva.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Responsabilidad de las compañías aéreas en caso de
accidente
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre la recomendación para la segunda lectura (A4-0172/97), elaborada en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, relativa a la posición común aprobada por el Consejo (C4-0092/97-95/0359(SYN)) con vistas a la adopción del reglamento del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente (Ponente: el Sr. González Triviño)

González Triviño
Señora Presidenta, quiero inicialmente agradecer a todas las personas que forman parte de la Comisión de Transportes y Turismo el esfuerzo, la dedicación y la colaboración para sacar este expediente adelante. Igualmente quiero agradecer a la Comisión Europea la sensibilidad que ha mostrado con las enmiendas presentadas por el Parlamento y la predisposición a aceptar la opinión del Parlamento. Y, para concluir, también mi agradecimiento a Isidoro Sánchez, miembro que fue de este Parlamento durante dos años y que inició este expediente.
El transporte aéreo ha adquirido en los últimos años una importancia inusitada y sin precedentes en los países de la Unión Europea, y es debido principalmente a los siguientes factores:
Primero, a los avances en el nivel de renta, que hacen más accesible ese medio de transporte.
Segundo, las medidas de liberalización y apertura de la competencia dentro de la Unión Europea, que ha hecho posible un descenso considerable de los precios de la aviación.
Y por último, los adelantos tecnológicos que facilitan un uso más intenso de las aeronaves, que además tienen mayor capacidad que las de hace 20 ó 40 años. El resultado es que, en los últimos años, el número de pasajeros que usan el transporte aéreo en Europa aumenta casi 10 millones por año. Las últimas cifras de la Asociación de Aerolíneas Europeas indican que se ha superado ya la cifra de 150 millones de pasajeros al año. Se trata de una cifra muy alta, que muestra claramente que el transporte aéreo se ha convertido en un sistema utilizado regularmente por una proporción muy alta de la población europea.
Sin embargo, en el terreno de la cobertura de seguros de responsabilidad civil sigue en vigor el Convenio de Varsovia y el Protocolo de La Haya que, con más de 40 años de antigüedad, han quedado muy anticuados por razones obvias. Lógicamente no pueden aplicarse ahora los criterios de cobertura de un sistema de transporte que, en su inicio, se consideraba muy arriesgado y que además era utilizado por una proporción minoritaria de la población. Se ha llegado así a la situación absurda de que los pasajeros que utilizan el transporte aéreo tienen un grado de cobertura y protección inferior al de los viajeros por carretera, a pesar de que las estadísticas muestran que el transporte aéreo se ha convertido en el medio más seguro de todos los existentes, con un número medio de fallecimientos de aproximadamente 700 personas al año.
Un estudio encargado por la Comisión Europea muestra, por ejemplo, que un directivo de 40 años que fallezca en accidente de tráfico puede esperar una indemnización de unos 650.000 ecus, mientras que si esa misma persona fallece en un accidente aéreo percibe una compensación 30 veces menor. Ello es debido a que el mantenimiento de las garantías mínimas estipuladas en el Convenio de Varsovia sigue siendo la norma internacional, salvo en el caso de las compañías aéreas cuyos países han aprobado normas nacionales distintas.
Por otra parte, resulta a todas luces injusto que no se adopten medidas para uniformizar el grado de cobertura que reciben todos los ciudadanos de la Unión Europea. Por esa razón, es loable la iniciativa de la Comisión Europea que hoy se somete a la consideración de esta Asamblea.
Los debates e intercambio de opinión mantenidos en la Comisión de Transportes y Turismo muestran que existe unanimidad entre los diversos Grupos políticos a la hora de respaldar la iniciativa de la Comisión.
Los aspectos fundamentales del reglamento son los siguientes:
Primero, no habrá límite legal o contractual para la responsabilidad de las compañías aéreas por los daños que sufran los pasajeros en caso de lesión o muerte.
Segundo, incluso en el caso de que las compañías muestren haber adoptado todas las medidas necesarias para evitar el perjuicio a los pasajeros, se fija un importe de compensación de 100.000 ecus para cada pasajero. Además, se deberá atender en un plazo breve, mediante un pago adelantado, las necesidades económicas más urgentes de las víctimas o sus beneficiarios. Es importante señalar que la adopción de estas medidas de protección de los viajeros aéreos no supone un crecimiento considerable del gasto de transporte, puesto que los costes de las primas del seguro oscilan entre el 1 y el 3 por 1000 de los gastos de las compañías aéreas. Hay que hacer mención del hecho de que habrá pasajeros en la Unión Europea que, al embarcar en aeronaves de compañías no comunitarias, tendrán un grado de protección inferior. Cabe señalar a este respecto que el reglamento fija la obligatoriedad de que dichas compañías informen de forma clara y expresa a sus pasajeros de que el grado de cobertura que se les ofrece es inferior al que existe en el resto de la Unión. Es previsible que la entrada en vigor de este reglamento impulse la extensión de mejores niveles de cobertura a los usuarios de aviación, tal como ya sucedió con el acuerdo suscrito voluntariamente en Kuala Lumpur en octubre de 1995 y al que ya se han adherido un total de 83 grandes compañías de aviación.
Finalmente, es preciso señalar que el comité jurídico de la Organización de Aviación Civil Internacional acaba de terminar su propuesta de revisión de la Convención de Varsovia, que será elevada a finales de este año, o a comienzos del próximo, a la Conferencia diplomática de la misma organización. Si, como es previsible, el Consejo tiene que considerar el contenido del texto que hoy debatimos para que concuerde con los estándares internacionales en la materia, esperamos y deseamos que el texto final sea sometido de nuevo a consulta de este Parlamento.

Megahy
Señora Presidenta, las modificaciones introducidas entre la primera y la segunda lectura han sido muy numerosas, pero hay algo que ha permanecido inalterado. El debate parece celebrarse cuando faltan diez minutos para las doce de la noche. Aquellos de nosotros que viajamos regularmente en avión hemos asistido, año tras año, a un incremento del número de pasajeros en nuestros aeropuertos. Afortunadamente, para la mayoría de ellos, el riesgo de sufrir un accidente aéreo es extremadamente bajo, y ciertamente me tranquilizan enormemente las impresionantes estadísticas que ha presentado el ponente para demostrar este extremo. Pero cuando se produce el desastre, debe existir un sistema adecuado de protección en materia de seguros que dé derecho a los consumidores a una compensación plena y justa, y que les permita tener acceso a los fondos en un plazo breve para poder hacer frente a los compromisos urgentes.
Este reglamento es una aportación considerable en ese sentido y representa un gran paso adelante en la protección del consumidor dentro de la UE, y además, el reglamento ha recibido una acogida excelente entre las instituciones y también entre los diputados a este Parlamento. Hasta ahora, la responsabilidad de las compañías aéreas, como decía el ponente, se regía básicamente por las disposiciones del Convenio de Varsovia de 1929. Se trata de un convenio bastante antiguo, de hecho tiene los mismos años que yo, que son muchos. No cabe duda de que debe ser actualizado, y muchos de los acuerdos voluntarios suscritos entre las compañías aéreas europeas y las de terceros países así lo reconocen. El reglamento combina ambos aspectos y los mejora considerablemente.
Las propuestas originales que presentó la Comisión se han visto considerablemente fortalecidas por las enmiendas introducidas en el Parlamento Europeo en la primera lectura, como indica la posición común del Consejo, cuando afirma que acepta la mayoría de dichas enmiendas, que además han recibido el apoyo de la Comisión. La Comisión de Transportes y Turismo y los dos ponentes pueden sentirse satisfechos por un trabajo bien hecho.
Acojo con especial satisfacción el hecho de que el reglamento derogue todos los límites de responsabilidad financiera siempre que sea culpable la compañía aérea. Es una medida necesaria para avanzar al mismo paso que el enorme incremento de las sumas que conceden los tribunales en estas circunstancias. Incluso en el caso de que la compañía aérea hiciera todo lo posible para evitar un accidente, ahora hay que imponer un nivel estricto de responsabilidad y, de hecho, existen otras propuestas a favor de que se introduzca el pago de un anticipo en caso de muerte. Estas medidas son muy necesarias y han supuesto un fortalecimiento del reglamento. Naturalmente estas disposiciones sólo son aplicables a las compañías aéreas de la Unión Europea, pero me alegra poder decir que las compañías aéreas de terceros países están obligadas a informar a los pasajeros sobre sus condiciones en el momento de adquirir los billetes.
Por último, como decía, este reglamento supone un avance. Pero como quiera que los pasajeros europeos vuelan cada vez con mayor frecuencia fuera de Europa y surgen nuevas y, a veces, tramposas compañías aéreas, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para alcanzar nuevos acuerdos con otras partes del mundo para conseguir que esta protección de los pasajeros de avión se amplíe aún más.

McIntosh
Señora Presidenta, lamento que un asunto tan delicado para los pasajeros de las compañías aéreas se debata a una hora tan avanzada de la noche. Agradezco a todos que hayan permanecido aquí esta noche, especialmente a los intérpretes y, evidentemente, al Sr. Comisario, así como a los colegas que han intervenido.
El Grupo del Partido Popular Europeo acoge con satisfacción la propuesta de reglamento de la Comisión, y deseo felicitar al ponente, Sr. González Triviño, por su labor en este sentido. Es importante que reconozcamos que la posición común refleja los principales objetivos de la propuesta. Sus principales puntos son de gran relevancia: actualizar los niveles de responsabilidad de las compañías aéreas, al tiempo que se reconoce que actualmente el nivel de riesgo del transporte aéreo es muy bajo, pero que debe incrementarse el nivel de las compensaciones que se pagan a las víctimas de accidentes aéreos. Es importante derogar los límites de responsabilidad financiera siempre que se demuestre que la compañía aérea es culpable, pero imponer un nivel estricto de responsabilidad hasta el equivalente de 100.000 [dólares] de derechos especiales de giro.
El aspecto más importante es que las compañías aéreas no comunitarias están obligadas a informar a los pasajeros de sus condiciones de transporte en el momento de la compra del billete. En la actualidad, la situación en Europa está, lamentablemente, muy fragmentada, y en este reglamento y en nuestros comentarios sobre el mismo debemos hacer hincapié en la necesidad de una lectura uniforme de la responsabilidad. Por consiguiente, el reglamento propuesto es acogido con enorme satisfacción en este sentido.
Mi Grupo apoyará las enmiendas salvo la enmienda 4 del Sr. Wijsenbeek. Creemos que el texto original es mejor y más sólido. Recomendamos esta propuesta a la Asamblea, y expresamos nuestro especial agradecimiento al ponente, Sr. González Triviño, por el excelente trabajo, y al Comisario por la paciencia de que ha hecho gala al permanecer aquí con nosotros esta noche.

Jarzembowski
Señora Presidenta, señor Comisario, puesto que todos estamos de acuerdo, quiero comentar solamente dos pequeñeces. Me siento un poco triste porque el Consejo no ha seguido la propuesta de la Comisión de hacer que la regulación entre en vigor pasados seis meses y no una vez que haya transcurrido un año. Comprendo, ciertamente, que las compañías aéreas necesiten organizarse, pero he considerado mejor la propuesta de la Comisión, la cual dice que seis meses son suficientes y que luego se habrá mejorado claramente la protección de los pasajeros. Esto habría sido mejor.
Señor Comisario, quizá debería decir usted algo sobre la solicitud del Parlamento a la que considero de suma importancia. Con la enmienda 4 de nuestro colega, el Sr. González Triviño, le hemos instado a usted a que en todas las negociaciones futuras con terceros estados en materia de transporte aéreo procure que se introduzcan en bien de los pasajeros regulaciones de la responsabilidad civil que sean equiparables. Usted sabe que el Consejo les hace con frecuencia la vida imposible a la hora de las negociaciones con terceros estados. En este sentido nuestro ruego es que por la vía de las leyes se procure que se haga alguna cosa en el marco de las negociaciones con terceros estados. Establecer los mismos derechos de protección para nuestros pasajeros en las líneas aéreas extranjeras es, ciertamente, un objetivo que refleja nuestra común convicción. Por lo demás, si nosotros decidiéramos esto conjuntamente, señor Comisario, y usted lo apoyase, entonces el Consejo no nos pondría tantas dificultades. En este sentido, yo me alegraría de que usted emitiese una opinión sobre esta enmienda específica de mi colega, el Sr. González Treviño, y asumiese la propuesta del Parlamento, es decir, la de colocar estas cuestiones en el punto central de todas las negociaciones con terceros estados.

Kinnock, Neil
Señora Presidenta, hay una ventaja -y creo que sólo una- de que nos reunamos a debatir temas importantes a estas horas de la noche. Fomenta un cierto espíritu de equipo que es muy positivo, especialmente para promover la solidaridad entre la Comisión y el Parlamento. Estoy profundamente agradecido a aquellos diputados que han expresado su satisfacción por el hecho de que el Comisario esté aquí para asistir a este interesante debate de esta noche. Todos estamos aquí, naturalmente, sin originar ningún coste adicional para el contribuyente europeo.
Como sabrá la Asamblea y como han manifestado los diputados, esta propuesta ofrece la perspectiva jurídica de una modificación muy esperada y de una mejora de la protección de los intereses de los pasajeros de las compañías aéreas. A pesar de que queda aún un pequeño punto de divergencia con el Consejo, el avance hacia la aprobación de este reglamento está asegurado, y el hecho de que la posición común incorpore en parte o en su totalidad quince de las diecinueve enmiendas aprobadas por este Parlamento durante su primera lectura, significa que la Asamblea tiene motivos para sentirse satisfecha.
Los principales objetivos de la propuesta original eran, como recordará la Asamblea, la derogación de los desfasados límites de responsabilidad del Convenio de Varsovia, el establecimiento de un nivel estricto de responsabilidad hasta el equivalente de 100.000 dólares de derechos especiales de giro, aproximadamente 120.000 ecus, y la especificación de la obligación de que las compañías aéreas abonen anticipos a las personas con derecho a este tipo de compensaciones. Me complace afirmar que todos esos objetivos se mantienen intactos. La única modificación importante hecha por el Consejo ha sido la eliminación del compromiso de incluir la aplicación del reglamento en las negociaciones con terceros países. Esa propuesta ha vuelto a ser presentada en la enmienda de la Comisión de Transportes y Turismo, según hemos podido saber en el transcurso del debate.
Como sabrá la Asamblea, la Comisión consideró esa enmienda y la propuesta contenida en la misma como una propuesta útil y legítima que, sin violar las normativas del Convenio de Varsovia, se propone instar a las compañías aéreas de terceros países a aplicar los mismos niveles de protección en materia de seguros que las compañías aéreas comunitarias, cuando aquéllas operen en el espacio comunitario. La Comisión se muestra, por consiguiente, dispuesta a aprobar las enmiendas 1 y 4. Asimismo puedo informar a la Asamblea que en nuestras negociaciones preliminares con los países de la Europa central y oriental sobre el transporte aéreo, la Comisión ya ha adoptado este planteamiento, exigiendo que las compañías aéreas de dichos países apliquen unos niveles similares de protección en materia de seguros cuando operen hacia, desde o dentro de la Comunidad.
La Comisión puede aceptar también las enmiendas 2 y 3, que pasan a sustituir a los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la posición común. Es importante que los pasajeros tengan acceso a toda la información sobre la responsabilidad de la compañía aérea tal y como ha defendido, acertadamente, el Sr. González Triviño. Las condiciones del transporte contiene además otra información de interés para los pasajeros y ciertamente es de utilidad que se haga referencia a dichas condiciones. El sistema propuesto significaría que no había ninguna necesidad de que en el billete se incluya una serie de advertencias, respondiendo así al problema expuesto en la correspondencia recibida recientemente de la IATA.
Deseo felicitar calurosamente al Sr. González Triviño y a la Comisión de Transportes y Turismo por el excelente trabajo que han realizado sobre esta cuestión, y no sólo en el informe que esta noche nos ocupa. Estoy muy agradecido por el firme e incesante apoyo que esta Asamblea ha ofrecido a la Comisión en el caso de la presente propuesta.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Kinnock.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
Se levanta la sesión a las 00.05 horas.

