Aprobación del Acta de la sesión anterior
El Presidente
El Acta de la sesión de ayer ha sido distribuida.
¿Hay alguna observación?

Rothe
Señor Presidente, le ruego que añada mi nombre a la lista de presentes de ayer. Estuve de modo demostrable también en las votaciones nominales pero no me inscribí.

El Presidente
Así lo haré, señora Rothe.

Evans, Jonathan
Señor Presidente, me pregunto si éste sería el momento adecuado para referirme a un asunto ocurrido ayer durante el turno de votaciones.
Como todos recordarán, en la sesión plenaria se celebró una votación sobre mi informe que se decidió por una mayoría de un voto. No quiero que se repita la votación. La Presidencia declaró zanjado el asunto y yo lo acepto plenamente. Pero a raíz de dicha decisión, numerosos diputados comenzaron a anunciar que sus dispositivos de votación no habían funcionado, etcétera.
Durante la noche se me ha ocurrido que cuando se declara el resultado de una votación y en el Reglamento no existe ninguna disposición según la cual deba repetirse la votación, habida cuenta de la alarmante frecuencia con que fallan muchos de los dispositivos de votación, esta laguna podría crear serias dificultades. Si surgiera un problema técnico y no fuera posible contar todos los votos emitidos en una parte de este Hemiciclo, el resultado de las votaciones pondría en entredicho toda la eficacia de las decisiones que adoptamos.
Me pregunto si el Reglamento debería incluir alguna disposición al respecto. Espero que la considere una auténtica cuestión de orden.

El Presidente
Señor Evans, recuerdo perfectamente esta situación que someteremos a la Mesa. Naturalmente informaré a la Presidenta de su intervención.

Whitehead
Señor Presidente, paralelamente a esa cuestión de orden, convendría también tener presente que los intérpretes son muy amables con nosotros y a veces no traducen "dispositivo de votación ha fallado" como "he fallado en la votación" .

Sturdy
Señor Presidente, intervengo por una cuestión relativa a la reunión que hoy celebra el Colegio de Comisarios, sobre la base del artículo 38 o 64 del Reglamento. Quisiera pedir que el Comisario Lamy efectúe una declaración con carácter de urgencia ante el Pleno sobre los motivos por los que ha sustraído al control del Parlamento un documento conocido como "Everything but arms" .
La acción tiene importantes consecuencias para esta Asamblea, para los países ACP y para Europa en su conjunto. Digo importantes consecuencias porque esta Asamblea quiere cada vez más transparencia democrática. Este tema concreto no sólo afectará a esta Asamblea, sino a la mayor parte de los Estados miembros, en particular, a aquellos que producen productos como plátanos - que es un tema de gran actualidad -, arroz, y azúcar.
El Sr. Lamy debería efectuar dicha declaración hoy para garantizar nuestro derecho democrático a que se rinda cuenta al Parlamento. Al parecer no desea tratar sobre este asunto con el Parlamento, a pesar de que es de gran importancia.

Goebbels
Señor Presidente, el diputado Evans acaba de replantear la cuestión suscitada por la votación que tuvo lugar ayer por la mañana, y, concretamente, por la votación de algunas enmiendas aprobadas por un voto de diferencia.
Creo que el Parlamento tiene razón en atenerse a las disposiciones actuales, porque, como lo ha dicho otro colega, no se trata a menudo de un mal funcionamiento de los dispositivos de votación, sino que los diputados se olvidan de votar, y si se pudiese corregir un voto, sería un problema de nunca acabar. Un buen ejemplo de ello fue la votación final sobre el informe del Sr. Evans. Si yo hubiese sabido que el total de las abstenciones y de los votos en contra del informe del Sr. Evans iba a ser mayor que el total de los votos a favor, habría pedido a mi Grupo que votara en contra del informe del Sr. Evans, y el mismo no se habría aprobado. Podrán darse cuenta de lo absurdo que sería la situación si se pudiese reconsiderar una votación, y creo que haríamos bien en mantenernos fieles a nuestras disposiciones actuales.

El Presidente
Señorías, en cualquier caso, será objeto de examen durante la próxima Mesa.

Evans, Jonathan
Señor Presidente, sólo quería aclarar, en honor del Sr. Goebbels, que no estoy planteando el tema de que diputados aislados denuncien el mal funcionamiento de sus dispositivos de votación. Me preocupa la posibilidad de que se produzca un fallo general de numerosos dispositivos de votación, lo que pondría en entredicho las decisiones que adopta la Asamblea.
Permítame también asegurar al Sr. Goebbels que no tengo nada en contra de que se tomen decisiones por una mayoría de un voto. El Gobierno Laborista británico fue derrotado por una mayoría de un voto en 1979 y nunca puso objeciones a eso.
3-014
(El Parlamento aprueba el Acta)

Seguridad alimentaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0272/2000) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la seguridad alimentaria (COM(1999) 719 - C5-0136/2000 - 2000/2082(COS)).

Bowis
. (EN) Señor Presidente, quiero pedir la aprobación del informe que lleva mi nombre sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria y es para mí un gran placer hacerlo. Quisiera asimismo hacer referencia a las 19 enmiendas que han sido presentadas sobre este informe. Acepto 16 de ellas. Las tres que no acepto son las enmiendas 14, 16 y 17, y prefiero la 15 a la 5 y la 10 a la 6.
Como decía Feuerbach: "der Mensch ist, was er isst" , el hombre es lo que come. Somos lo que comemos; y lamentablemente, en mi caso, eso es cierto. No hay duda de que soy lo que como.
Bromas aparte, algunas personas sufren enfermedades a largo plazo e incluso algunas de ellas mueren intoxicadas debido a una mala alimentación. Durante las últimas décadas hemos presenciado numerosos escándalos: contaminación de aceite de oliva, vino, agua mineral, carne de vacuno, dioxinas y fango. Hemos incluido en nuestro vocabulario nuevos términos como E-coli, salmonella, listeria, etcétera. No nos han faltado sustos y escándalos que han provocado el miedo, el pánico y han dado lugar a investigaciones públicas. Nuestros electores de toda Europa esperan de nosotros que les garanticemos que los alimentos que consumen son seguros y que el agua que beben es potable. Han perdido la fe en los actuales dispositivos y mecanismos que controlan y eliminan los riesgos que surgen desde "la granja hasta la mesa" , que ha pasado a ser un término utilizado muy a menudo.
Lo cierto es que no es posible eliminar los riesgos. No está en nuestras manos. Siempre existirá el riesgo, desde los piensos para animales y las fumigaciones de los cultivos hasta el tratamiento de los alimentos, el transporte, la refrigeración, el almacenamiento y la venta al por menor. Y luego el riesgo pasa a nuestros hogares, a nuestras cocinas, a nuestras despensas y a nuestros hábitos culinarios en la cocina.
Si no podemos eliminar el riesgo, al menos podemos intervenir para identificarlo y gestionarlo. Hacen falta nuevas medidas. Debemos establecer un marco legislativo, directrices y buena práctica en lo relativo a los productos alimenticios, piensos, pesticidas, dioxinas, etiquetado, aditivos, productos alimenticios de nueva creación, etcétera. Junto con dicho marco, necesitamos un nuevo organismo que restablezca la confianza de la sociedad y vigile el cumplimiento por parte de los Estados miembros.
Mi informe propone la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria que tenga autoridad y sea independiente, objetiva, transparente, inteligible y esté obligada a rendir cuenta. Debe estar enfocada hacia la seguridad y sus métodos deberán ser científicos. Su cometido es realizar una evaluación de los riesgos y, a continuación, proporcionar recomendaciones sobre la gestión de los mismos. El deber de la Comisión es gestionar y controlar el riesgo. El deber del Parlamento será controlar y vigilar ambas operaciones.
Contamos con un Sistema de alerta rápida. El sistema debe ser mejorado, pero dicho sistema sólo podrá ser sometido al control parlamentario si su gestión sigue siendo competencia de la Comisión. No obstante, debería estar física y operativamente próximo a la AESA. Convendría ampliar su ámbito para que abarque los productos para piensos, así como los productos alimenticios.
El director de la AESA tiene una función clave. Su nombramiento será competencia de la Comisión, pero previa audición en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, en la que podrían participar otras comisiones como la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. La AESA deberá elaborar un informe anual que será presentado al Parlamento, así como informes puntuales sobre riesgos que presentará a la Comisión, al Parlamento y al Consejo. El consejo rector deberá reflejar la experiencia pertinente en lo que respecta a producción, tratamiento, venta al por menor, consumo, aspectos jurídicos, etcétera. Los científicos deberán presentar sus evaluaciones al consejo rector que, a su vez, se asegurará de que la comunicación es comprensible para los consumidores, y añadirá cualquier recomendación que considere oportuna sobre la gestión de riesgos, antes de presentarla a la Comisión y al Parlamento.
Debemos trabajar en estrecha colaboración con los organismos nacionales responsables de la seguridad alimentaria y con los organismos internacionales. Debemos tomar medidas para aunar el trabajo de los cinco comités científicos que actualmente se ocupan de la seguridad alimentaria y del Comité director científico. La AESA contará con una oficina pequeña, gestionada por profesionales, y de fácil acceso para la Comisión y el Parlamento, aunque su emplazamiento no debe preocuparnos ahora.
Doy las gracias a mis colegas y a todos los partidos y a todos los diputados y a todos los Estados miembros. Les doy las gracias por el diálogo constructivo que hemos mantenido. Doy las gracias a la Comisión y a su personal. Doy las gracias al Consejo y a la Presidencia francesa por sus mensajes de apoyo. Doy las gracias al Parlamento. Tenemos aquí una propuesta que puede conseguir mejorar la seguridad de nuestros productos alimenticios, restablecer la confianza de la opinión pública en nuestros respectivas naciones. Espero que el Parlamento le dé su apoyo.
(Aplausos)

Ayuso González
, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Señor Presidente, señor Comisario, resulta difícil no estar de acuerdo con este documento que la Comisión nos ha presentado, porque está lleno de buenas ideas y de buenas intenciones.
Por su parte, el ponente, Sr. Bowis, ha elaborado un magnífico informe, en el que deja patente la importancia de una Autoridad alimentaria, independiente y excelente, que sea competente para la evaluación del riesgo, pero no para su gestión ni para la gestión de la crisis, que deben ser competencia de la Comisión, al igual que las propuestas legislativas.
Tanto esta Autoridad alimentaria como las propuestas legislativas que se nos propongan, tendentes a garantizar la seguridad alimentaria, van a contar con el apoyo de este Parlamento, señor Comisario. Pero yo quisiera llamar la atención sobre una cuestión de fondo: la mejor legislación posible y una Autoridad alimentaria excelente y científicamente impecable no bastan.
Podemos tener otras crisis alimentarias y, cada vez que esto ocurra, se pondrán en peligro la seguridad de los consumidores, la credibilidad de las instituciones y los intereses del sector agrario y de la industria agroalimentaria. Y, además, si la gestión de la crisis es deficiente, el problema se extiende y se agrava descontroladamente.
La seguridad alimentaria no es una cuestión accesoria: afecta a la salud pública y a la estabilidad del mercado alimentario. Por eso, yo pregunto a la Comisión qué piensa hacer para conseguir que los objetivos del Libro Blanco sean una realidad.
La experiencia reciente nos ha demostrado que las crisis no se han desencadenado por falta de conocimientos científicos ni por falta de una legislación ad hoc. El problema ha sido que alguien ha incurrido en fraude y ha persistido en él por un fallo de los controles.
Ése es el caso de la empresa que ha fabricado vacunas de polio en el Reino Unido con un suero fetal bovino, prohibido desde 1999, y la distribución de mil kilos de carne de reses contaminadas con la EEB en una cadena de distribución agroalimentaria francesa.
En definitiva, señor Comisario, además de la Autoridad, es necesario que los servicios de la Comisión competentes, en colaboración y coordinación con los Estados miembros, establezcan un sistema de controles homogéneos y eficaces en toda la cadena alimentaria y que la red de laboratorios alimentarios de la Unión Europea se potencie y trabaje de manera coordinada con la Comisión.
Le aseguro que es la mejor medida, porque es preventiva.

Corbey
Señor Presidente, la propuesta de la Comisión y el informe del Sr. Bowis merecen todo nuestro apoyo. Hemos de velar por la seguridad y la pureza de los alimentos. Debemos asegurarnos de que los restos de las vacas afectadas por la EEB no se infiltren en la cadena alimentaria. Es necesario que nos podamos fiar de que se combatirá la salmonella. Pero esta confianza se daña una y otra vez. Por eso mismo, las más de ochenta medidas del Libro Blanco son imprescindibles.
La creación de una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria supone un paso importante en la buena dirección. Su principal tarea consiste en proporcionar asesoramiento científico, puesto que el debate acerca de la seguridad alimentaria también ha de ser digno de crédito. La alimentación calienta los ánimos: contra la globalización, contra la producción a gran escala, contra la modificación genética, a favor de los productos locales, a favor de la tradición y a favor de la diversidad. Aunque en muchos casos estas emociones están justificadas, es preciso evitar que sirvan de pretexto para fomentar el proteccionismo. No debemos negar el gran auge de la comida precocinada, pero hemos de optar por un enfoque activo. Hemos de ofrecer garantías respecto a la calidad de los nuevos alimentos, la rastreabilidad de los ingredientes y la fiabilidad de la información recogida en la etiqueta. Es importante que los consumidores puedan elegir. La autoridad alimentaria ha de facilitar información objetiva, tanto a los ciudadanos como a quienes adoptan las decisiones.
Como ponente de opinión de la Comisión de Industria quisiera poner de manifiesto algunos puntos. La toma de decisiones ha de ser clara y transparente. A fin de impedir que las mismas investigaciones científicas se repitan se impone la colaboración con los centros de investigación nacionales y comunitarios. Por lo demás, la seguridad alimentaria corre a cargo de todo el sector alimentario, desde el agricultor hasta la mesa del consumidor. Es fundamental que exista una buena comunicación entre consumidores, productores, minoristas, trabajadores y transportistas. En la pequeña y mediana empresa debe imperar la diversidad. Necesitamos una normativa rígida y un control adecuado al tiempo que deben respetarse las reglas de la competencia leal.
Por último, la Comisión de Industria es partidaria de que se elabore una estrategia para países terceros y países candidatos a la adhesión. La seguridad alimentaria es un asunto mundial. No podemos cerrar el paso a los productos procedentes de los Estados Unidos o los países en vías de desarrollo. Todo lo contrario, tenemos que esforzarnos por elaborar un orden del día común.
Señor Presidente, para concluir quisiera dar las gracias al ponente por su aportación constructiva y su disposición a tener en cuenta el dictamen de las demás comisiones.

Gebhardt
- (DE) Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Mercado Interior ha analizado a fondo el Libro Blanco sobre la seguridad de los alimentos y ha llegado a conclusiones similares a las de la comisión competente para el fondo. Coincidimos también con la Comisión en el convencimiento de que, en interés de las ciudadanas y ciudadanos, se debe conceder a la seguridad de los alimentos un especial rango. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha realizado, por ello, toda una serie de propuestas que se reflejan en el informe del Sr. Bowis.
Permítanme que en la brevedad del tiempo de que dispongo me refiera a dos puntos centrales. Primero: no hay duda alguna de que hay que simplificar las normas jurídicas en el sector de la seguridad de los alimentos para las personas y animales. Por ello, esperamos de la Comisión Europea que proponga un marco jurídico al respecto. En dicho marco se deberían sistematizar los correspondientes actos jurídicos de tal modo que la protección de la salud se destaque como un objetivo supraordenado.
Segundo: las ciudadanas y ciudadanos de Europa pueden exigir que se conceda a su salud la máxima prioridad. También pueden exigir que a través de su Parlamento dispongan de un elevado grado de coparticipación cuando se trata de la protección de su salud y de la seguridad de los alimentos para personas y animales. Por ello, la proyectada Autoridad alimentaria europea solamente se puede crear sobre la base de los artículos 95 y 152 del Tratado de la CE debiéndose dedicar aquí una especial atención a sus competencias.

Grossetête
Señor Presidente, desearía ante todo felicitar al ponente, el Sr. Bowis, y también manifestar al comisario David Byrne que valoramos el trabajo que nos ha presentado con el presente Libro Blanco, así como la relación que mantiene con el Parlamento para preparar, con miras al futuro, la mejor normativa posible en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Hoy discutimos sobre un Libro Blanco, y deberíamos definir algunos principios generales. Con respecto a la futura Autoridad europea de seguridad alimentaria, creo que debemos ser muy precisos en cuanto a su cometido. Se trata de un cometido de evaluación y de identificación de riesgos, en coordinación con las agencias nacionales existentes. No obstante, es importante precisar que la alerta alimentaria y la aplicación de medidas deben inscribirse en el ámbito político. Es ahí donde intervienen la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo.
Segundo principio: es importante que dicha Autoridad sea independiente, y debemos garantizar esta independencia. Así pues, es fundamental permitir a la AESA ejercer el poder de autorremisión. La Autoridad debe ser independiente con respecto a los Estados miembros, a las instituciones europeas y a la industria agroalimentaria.
Me he permitido presentar una enmienda relativa a la jerarquía de riesgos. He tenido la oportunidad, por otra parte, de plantear esta cuestión al comisario David Byrne. En algunos casos, observamos que el riesgo es imaginado por la población. Se trata simplemente de rumores, y tenemos el deber, la responsabilidad, de ponernos en comunicación con la población a fin de neutralizar dichos rumores y devolver la confianza a los consumidores.
Cuando nos enfrentamos con un posible riesgo es importante aplicar el principio de cautela. Finalmente, en caso de riesgo real, es necesario tomar urgentemente las medidas preventivas.
Para concluir, el campo de acción de la Autoridad europea de seguridad alimentaria debe limitarse a la seguridad alimentaria. No se trata de extender dicho campo de acción a la calidad de los productos. No hay que mezclar la evaluación de riesgos alimentarios con aquello que atañe a la calidad de los productos. En cualquier caso, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea tienen la firme intención de devolver la confianza a los consumidores.

Whitehead
Señor Presidente, ocurre a menudo que cuando a un colega se le asigna un informe se le envidia por ello. Pero antes de la presentación del informe, la envidia ha desaparecido. Éste no es el caso del Sr. Bowis, que ha sabido llevar todo este debate con considerable elegancia, encanto y buena disposición para el compromiso, que es por lo que la comisión ha podido aprobar 12 enmiendas de compromiso, con el apoyo de la práctica totalidad de los Grupos políticos.
Esta semana hemos tenido un duro recordatorio del motivo por el que nos encontramos todos aquí y por el que se está aprobando en mi país esta legislación; el informe del Comité de investigación Phillips sobre la catástrofe, o más bien el escándalo, de la EEB. La EEB apareció en nuestra cabaña nacional como consecuencia de la negligencia, y la culpa de los responsables, tanto funcionarios como ministros, saldrá a la luz el día de mañana. No será un día en el que nos sintamos especialmente orgullosos de los procedimientos que teníamos entonces. Dichos procedimientos ya han sido modificados y cambiados y ahora contamos con nuestra propia "Food Standards Agency" . La introducción de un organismo semejante en el Parlamento Europeo, en el marco de muchas otras medidas similares que reforzarán nuestra preocupación y cuidado por la seguridad alimentaria en la Unión Europea, es el resultado positivo de lo que fue un triste episodio.
Me referiré brevemente a las enmiendas clave que recomiendo a la Asamblea y al Comisario y que espero que hoy aprobemos en la votación. Evidentemente, el título es importante y el Sr. Bowis así lo ha reconocido. Debía llamarse "autoridad" porque en inglés y en la mayoría de las otras lenguas, este término expresa un organismo que tiene la facultad y la capacidad, de vez en cuando, de utilizar su mejor criterio en el proceso de evaluación del riesgo, y no ser un mero agente de los deseos ajenos. Una de las enmiendas aprobadas permite que dicha Autoridad presente informes por propia iniciativa. Sobre la cuestión aún controvertida de hasta dónde deberíamos llegar en lo que respecta a permitirle que examine la nutrición, e incluso que presente recomendaciones y sea consultada por aquellos cuyo principal cometido es la gestión del riesgo, hemos dicho también que en materia de seguridad, los temas deberían al menos estar sujetos a la opinión y el asesoramiento de dicha autoridad alimentaria.
También hemos dicho que hay que consultar a los organismos nacionales responsables de la seguridad alimentaria y a las organizaciones de consumidores de los Estados miembros de la Unión Europea en relación con los procesos que ahora emprendemos, porque debemos conseguir para dicha autoridad todo el apoyo y el peso de la opinión pública, de los interesados y también, naturalmente, de los Estados miembros. Esto significa que deberán reconocer que el Sistema de alerta rápida debe ser mejorado de inmediato y ampliado para que cubra la alimentación animal. Sin embargo, esta misma semana hemos tenido un nuevo caso en Francia, en el que carne de vacuno infectada ha llegado hasta los estantes de Carrefour, lo que demuestra lo difícil que resulta descubrir a aquellos que atribuyen escasa consideración al aspecto de la seguridad alimentaria.
Queremos que en el consejo rector de AESA exista una representación equilibrada de los responsables en materia de protección del consumidor, salud pública y todos los ámbitos posibles del conocimiento científico y agrícola. Queremos que sean personas que merezcan nuestro respeto y que hagan declaración de intereses. Naturalmente, muchas de ellas estarán relacionadas con la industria alimentaria, tendrán vínculos con otras ramas de la ciencia. Es comprensible y natural, pero necesitamos saber cómo, quién y dónde, y debemos poder conseguirlo.
Queremos que se presente un informe anual a esta Asamblea y queremos que el director, tras su nombramiento, esté a disposición de la Comisión de Medio Ambiente y también de la Comisión de Agricultura y de esta Asamblea en general, para rendir cuentas. Quisiera decir que cuando esto ya sea realidad, nos quedará una última cosa por hacer. Deberemos esperar pacientemente a que la Comisión presente legislación sobre otros asuntos en el ámbito de la seguridad alimentaria - normas sobre los PCB, etiquetado de productos alimenticios, etiquetado sobre alergias, intervención en política de nutrición y la necesaria modificación de la legislación sobre productos tratados para niños pequeños y preparados para lactantes. Estas cosas están inextricablemente relacionadas con las futuras actividades de la Autoridad de seguridad alimentaria.
Por último, también apoyaremos algunas de las nuevas enmiendas, sin duda, las enmiendas 11 hasta 13 y 7 hasta 9, y queremos una votación libre de la enmienda 14. Consideramos superfluas algunas de las otras enmiendas, pero en términos generales, convendría mantener hasta la votación el amplio consenso que ha existido durante todo el proceso en esta Asamblea respecto al presente informe.

Paulsen
Señor Presidente, el Sr. Bowis ha realizado la ponencia de este importante y complejo asunto de una manera excelente.
En realidad, en este asunto relativo a la seguridad alimentaria, hay muchos objetivos de similar importancia y aparentemente contradictorios. La seguridad es uno de ellos. En este contexto, quisiera romper lanzas por los alimentos baratos, ésos que compran las familias con hijos y que comen los niños y los jóvenes.
También hay que conceder libertad para que se desarrollen el sector alimentario y los alimentos y para preservar el patrimonio cultural europeo. Una idea central es asegurar la pervivencia de la rica herencia de tradiciones. Por eso doy mi apoyo a la enmienda 15.
Sin embargo, opino que hay un asunto que no se ha debatido suficientemente, esto es, la necesidad de que una legislación uniforme esté acompañada de controles amplios y también uniformes. ¡No olvidemos que el sector alimentario en su conjunto es el que concentra la mayor cantidad de trabajadores en la Unión Europea! ¡Tenemos que conseguir que la legislación se cumpla de la misma manera en toda la Unión! En caso contrario, dañaremos tanto la seguridad como la libre competencia del mercado interior.
Quisiera reiterar lo siguiente: ¡concentrémonos en el adecuado cumplimento de las leyes, de norte a sur!

Staes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, der Mensch ist, was er isst, somos lo que comemos. Ésas fueron las primeras palabras, estimados colegas, que pronuncié el año pasado en mi discurso inaugural sobre la crisis de las dioxinas en Bélgica. Mi colega Bowis ha comenzado la exposición de motivos de su informe y su intervención con estas mismas palabras. Es un claro indicio de que el Sr. Bowis y yo, así como toda la Comisión de Medio Ambiente, estamos en la misma onda. Quisiera dar las gracias al Sr. Bowis por la constructiva colaboración de los últimos meses.
Tengo cuatro observaciones. El informe hace con razón una distinción entre análisis de riesgos, por una parte, y gestión de riesgos, por otra. A la luz de esta diferencia quisiera ante todo subrayar que el que quede garantizada la seguridad alimentaria depende de la solidez de las inspecciones realizadas por las autoridades, y no olvidemos que el grado de solidez de las mismas viene determinado por el eslabón más débil. Si el eslabón más débil se rompe también se desplomará como un castillo de naipes el sistema de control. Ello significa que todos los organismos de control han de colaborar entre ellos. A este respecto es frecuente que no se preste la debida atención a los servicios encargados de controlar los medicamentos para animales. En mi país dicha tarea corresponde a la inspección farmacéutica. Lamento que en mi país esa instancia no participe o apenas participe en el futuro funcionamiento de la agencia federal de seguridad alimentaria, pues sabemos por experiencia que un control inadecuado de los medicamentos para animales y las prescripciones practicadas por los veterinarios puede dar lugar a escándalos. Tengámoslo presente.
En segundo lugar, el informe BOWIS explicita que la responsabilidad del análisis de riesgos incumbe a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Por tanto, hemos de ser conscientes de que esta agencia se convertirá en un socio inestimable en el debate sobre la seguridad alimentaria siempre y cuando consiga ganarse el necesario respeto en los próximos años. No son las leyes ni las normativas las que sientan las bases para dicha respetabilidad, sino la integridad, la alta calidad académica, la independencia, el sentido de la responsabilidad, la transparencia y la inteligibilidad. A este respecto soy partidario de que a la hora de contrastar las diferentes opiniones científicas se publiquen asimismo los puntos de vista minoritarios. Les recuerdo, estimados colegas, que la ciencia no es un hecho estadístico, sino que evoluciona constantemente, algo que ha demostrado suficientemente el debate sobre las seis hormonas americanas.
Estimados colegas, aplaudo igualmente el enfoque global: del agricultor al plato y del bieldo al tenedor. Incluso quisiera ir más allá al defender una aproximación que vaya desde la semilla hasta la cuchara. Ello supone que el control de la seguridad alimentaria ha de centrarse en todos los productos, tal y como consta en el párrafo 11 de la resolución.
Mi cuarta observación se refiere al párrafo 17, donde el Parlamento insiste con razón en que el sistema de alerta rápida debe ampliarse a todos los ámbitos de la seguridad alimentaria, incluida la alimentación animal. Desde esta perspectiva está plenamente justificada nuestra solicitud de aplicar cuanto antes una lista positiva, señor Comisario.
Estimados colegas, éste no es sino un primer paso, nos queda aún un largo camino por recorrer. Hemos de darnos cuenta de que tenemos que restablecer la confianza del consumidor en la alimentación, ya que se trata de un derecho humano fundamental. Espero que los próximos meses y años sigamos de cerca la elaboración del Libro Blanco por parte de la Comisión.

Papayannakis
Señor Presidente, en primer lugar, también nosotros apoyamos, naturalmente, todas las enmiendas de transacción que fueron pactadas en la Comisión de Medio Ambiente y que espero que sean aprobadas aquí. No obstante, señor Presidente, permítame destacar un par de puntos. Tratamos un asunto en el que se ponen de manifiesto la superficialidad y la vacuidad del debate que mantenemos sobre la unión política de Europa. No le parezca paradójico. Es imposible un verdadero órgano de protección de la seguridad de los alimentos si no cuenta con un fuerte apoyo político.
Señor Presidente, las cuestiones que se plantean son muchas: legislación, aplicación, gestión del riesgo, medidas, cambios de política, comparación con las importaciones: control de la calidad de la seguridad de lo que traemos de afuera. Pregunto: ¿quién se encargará de todo ello? ¿Las autoridades nacionales? Pero, si resulta que las crisis habidas hasta ahora por lo general han sido encubiertas por las autoridades del país miembro. ¿Hace falta que recuerde la política del Reino Unido respecto a la encefalopatía en su momento? ¿Qué organismo podrá, para el conjunto de los ciudadanos europeos, asumir el control y la investigación, y proponer medidas? Por mi parte, para poner un pequeño ejemplo, quisiera saber qué habría hecho la agencia que se nos propone ahora en la época de las vacas locas en Gran Bretaña, de las dioxinas en Bélgica, del algodón transgénico y los alimentos derivados -aceite, etcétera- en Grecia. No creo que mucho.
Así pues si esta agencia no alcanza los standards que puedan convertirla en un organismo capaz de imponer una política, no creo que pueda hacer grandes cosas. En el mejor de los casos, se quedará junto a la Agencia del Medio Ambiente, que desempeña una extraordinaria labor de información, pero que se encarga ella misma de decirnos que la situación del medio ambiente en Europa no mejora.

Thomas-Mauro
Señor Presidente, Señorías, crisis graves para la salud pública perturban regularmente nuestra Europa. Dichas crisis, como la de la EEB y la de la dioxina, se han convertido en un verdadero problema social, y suponen una pérdida de confianza del consumidor con respecto a su alimentación. La actualidad nos lo ha recordado una vez más.
Los Estados miembros han evaluado la importancia del problema, como ocurre con Francia, que ha creado una agencia nacional de seguridad alimentaria. La Comisión Europea propone hoy la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria, encargada de analizar cualquier riesgo para la salud pública.
Ciertamente, es indispensable partir de la base de un buen conocimiento científico, para evaluar mejor los riesgos vinculados a la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa. Por tanto, cualquier iniciativa que permita conocer mejor dichos riesgos va por buen camino. Pero, ¿no estamos enfocando el problema al revés? Como suele hacerlo a menudo, la Comisión propone reglamentar este ámbito para borrar o minimizar las consecuencias nefastas de una política de la que muchas veces es corresponsable, sin poner de manera alguna en entredicho sus orientaciones primordiales. Así, las exigencias europeas referentes a la rastreabilidad, que constituyen buenas medidas, son tanto más necesarias por cuanto hemos abandonado los controles en nuestras fronteras interiores, o comunitarias. Asimismo, la Unión Europea procura proteger la biodiversidad y salvaguardar los ecosistemas por medio de las directivas sobre el hábitat y sobre las aves silvestres, sin poner en tela de juicio el productivismo agrícola, que constituye, como es sabido, junto con la urbanización, la principal causa de los desequilibrios de los ecosistemas.
Precisamente, dicho productivismo aumenta los riesgos alimentarios: la especialización de las explotaciones agrícolas, que practican mayoritariamente una agricultura intensiva; la necesidad de adaptarse a los precios del mercado norteamericano - y, por lo tanto, la búsqueda del coste mínimo, sobre todo para la alimentación animal -; el transporte - que a menudo cubre largas distancias -; los diferentes elementos de la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, son otros tantos factores de riesgo para la salud pública. Pero se prefiere curar el mal antes que prevenirlo; eso es grave.
En estas condiciones, la Autoridad europea de seguridad alimentaria deberá desempeñar, no obstante, un papel importante en el ámbito del análisis científico de los riesgos. Pero procuremos dejar en manos de los Estados miembros la gestión de dichos riesgos y la aplicación razonable y proporcionada del principio de cautela. Será una garantía de eficacia. En efecto, los Estados miembros serán los que mejor llevarán a cabo los controles locales adecuados. Los Estados miembros serán los que mejor sabrán distinguir los productos verdaderamente peligrosos de aquellos que responden a nuestras diferentes culturas alimentarias, aun cuando no presenten un riesgo cero para la salud. Este riesgo cero, por otra parte, no existe y, en cualquier caso, no es deseable, ya que la asepsia no es una garantía de seguridad alimentaria. Los Estados miembros son los que mejor sabrán transmitir a las poblaciones los riesgos vinculados a los diferentes productos.
Confiemos, pues, a la Autoridad europea de seguridad alimentaria únicamente la experiencia científica, en coordinación con nuestras agencias nacionales. Exijamos de ésta la excelencia y la independencia. Pidámosle que efectúe las recomendaciones a las autoridades políticas encargadas de la gestión del riesgo. Y no le dejemos, pues, la iniciativa de alerta y de comunicación de riesgos al público.
Procuremos, finalmente, evitar la uniformización de nuestras formas de alimentación. Nuestros países, y Francia en particular, están orgullosos de su cultura gastronómica y de sus productos regionales. Esta diversidad constituye la riqueza de Europa y su calidad de vida. Conservémosla celosamente.

Farage
Señor Presidente, está claro que existe un entusiasmo considerable por la creación de una Agencia europea de seguridad alimentaria, como nuestro ponente prefiere denominarla. En el Reino Unido, al igual que en muchos otros países, ya hemos creado nuestra propia agencia en medio de un entusiasmo similar.
La agencia británica ha comenzado a funcionar este año y muchos tenían grandes expectativas. No obstante, con la llegada de las ambiciosas propuestas del Sr. Byrne, parece que esta iniciativa nacional será absorbida por las estructuras de la UE. Se lo debemos al Sr. Bowis, quien confirma en su informe el carácter subordinado de la agencia británica, cuando hace la observación de que "Es esencial que la Comisión coordine sus diversos departamentos incluyendo . . . los organismos alimentarios nacionales." Como acotación al margen, debo expresar mi sorpresa por el modo en que un diputado Conservador puede abrazar, al parecer con tanta facilidad, la absorción de otra institución británica, a pesar de que el programa de su partido se opone a una mayor integración.
Pese a ello, es posible que a los diputados les resulte sorprendente que yo apoye el concepto del enfoque paneuropeo de la seguridad alimentaria, que está plasmado en el concepto de la AESA. A pesar de haber sido calificado a menudo por mis colegas británicos como un "little Englander" , no tengo ninguna dificultad en reconocer que los gérmenes no conocen fronteras. Aunque si los gérmenes no respetan las fronteras nacionales, tampoco respetarán, y de hecho no respetan, las fronteras de la UE.
Por tanto, a pesar del entusiasmo que despierta la aparición de otra agencia comunitaria, cualquier programa de control que se precie deberá mirar más allá de la visión limitada de apenas 15 Estados. Deberá adoptar una perspectiva más amplia. En este sentido, somos afortunados. Desde 1984, contamos con un programa de vigilancia, muy eficaz, de la Organización Mundial de la Salud para el control de infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimentos, que tiene su base en Berlín, en el Von Ostertag-Institut.
Curiosamente, a diferencia de los "pequeños europeos" que tan a menudo están detrás de este proyecto de la UE, la OMS tiene un concepto de Europa que en un inicio abarcaba 32 países, entre los que se incluye la antigua Unión Soviética y desde entonces se ha expandido para incluir a todos los países desde los Urales hasta el Atlántico y desde Islandia hasta Israel. La OMS no sólo cubre Europa, sino que su ámbito abarca todo el planeta, y esto es importante. Si seguimos el rastro del avance de las principales enfermedades procedentes de los alimentos que afectan a Europa en la actualidad, la mayoría de ellas hicieron su primera aparición en las Américas.
Por ejemplo, por nombrar sólo una, la reciente amenaza de E-coli O157 surgió probablemente en Sudamérica. A continuación se extendió a los Estados Unidos, luego a Canadá y de allí a Australia y Japón, antes de que se produjeran brotes significativos en la Europa continental; el primero de ellos, en Alemania. Por consiguiente, muchas de las iniciativas de control que posteriormente se han adoptado en Europa tienen su origen en otros países, en particular, en los Estados Unidos. La evaluación del riesgo debe iniciarse allí donde surgen los problemas. Por lo tanto, si reconocemos la necesidad de una agencia transnacional que potencie los esfuerzos de las agencias individuales - y reconozco esa necesidad -, una agencia semejante no debería ocuparse únicamente de Europa: debe ser de ámbito mundial e incluir información sobre todo el mundo. Eso es exactamente lo que la OMS hace por nosotros: trabajar con sus organizaciones regionales de una manera totalmente integrada. Algo así no puede lograrlo una organización de la UE.
Habida cuenta de que el programa de la OMS sigue contando con los fondos y el apoyo necesarios, se diría que no existe ninguna necesidad en absoluto de otra agencia, especialmente una con un alcance tan limitado como son los 15 Estados miembros de la Unión Europea. La seguridad alimentaria es demasiado importante como para convertirse en una nueva excusa para la integración de la UE. Pone de manifiesto lo peor de la Unión Europea, porque lo que se percibe es un simulacro de control.

Raschhofer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, el Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos es una respuesta ya más que necesaria a aquellos acontecimientos como el de la EEB y la crisis de la dioxina que han acarreado una gran inseguridad y enorme pérdida de confianza de los consumidores. Hay dos puntos que considero especialmente importantes. Primero: la creación de una red europea de los centros de investigación es una necesidad absoluta para alcanzar los objetivos. Hay que evitar la duplicación de competencias y los sobrelapamientos entre las mismas entre la futura Autoridad alimentaria europea y, por ejemplo, la Oficina Veterinaria y de Alimentos de Dublín. No sólo la Comisión sino también todos los Estados miembros deben tener la posibilidad jurídica de acudir a esta Autoridad. Esto es adecuado para que la Autoridad alimentaria europea pueda actuar también independientemente de la Comisión y para que -si fuese necesario- intervenga lo más rápidamente posible una gestión de crisis. Sin embargo, se deben determinar las condiciones previas para convocar a la Autoridad de tal modo se garantice una actuación eficiente y rápida.
Segundo: hay que crear para todos los alimentos un sistema de seguimiento de sus componentes hasta su origen. Este principio básico debe mantenerse consecuentemente en la proyectada revisión de las disposiciones comunitarias sobre el etiquetado. Sólo así se podrá recuperar la confianza perdida de los consumidores en la producción de alimentos.

Müller, Emilia Franziska
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, el Sr. Bowis ha elaborado como ponente un excelente informe y quiero subrayar en muchos aspectos la exposición que ha realizado. Hay que saludar la creación de una Autoridad europea alimentaria eficaz e independiente también ante los escándalos que han tenido lugar en el sector de los alimentos.
La seguridad en los alimentos es la condición previa esencial para el consumidor pues los consumidores quieren alimentarse sanamente y de ello tenemos que ocuparnos nosotros. Las tareas centrales de la autoridad son, por ello, la evaluación de los riesgos y la comunicación de los mismos, un sistema de alerta rápida con la ayuda combinada de los cinco comités alimentarios, un trabajo público óptimo con el consumidor sobre cuestiones de los alimentos y su seguridad y una reticulación óptima con establecimientos científicos y órganos de control en los Estados miembros para garantizar también el control in situ desde el productor al consumidor.
Para restablecer y fortalecer la confianza de los consumidores se deberán tener en cuenta la seguridad y disposiciones sobre los alimentos en el derecho sobre fertilizantes, medicamentos, medio ambiente y de residuos. Una valoración fiable de los riesgos exige unos amplios análisis y mediciones de referencia. Para que los resultados científicos sean equiparables en toda Europa, los métodos empleados deben estandarizarse y armonizarse. Para los análisis de los alimentos o de sustancias tóxicas especiales contenidas en los alimentos para los animales es necesaria la correspondiente infraestructura. En el Instituto de la Salud y de Protección del Consumidor del Centro común de Investigación, actualmente se están realizando controles de calidad y de seguridad a nivel europeo también para los alimentos, se analizan los alimentos entre otras cosas en lo tocante a su contaminación y se realizan mediciones de referencia para productos agrícolas y alimentos.
Para todas estas medidas son necesarios unos elevados recursos financieros. Por ello, también es razonable incluir a instituciones existentes de la Unión Europea, utilizarlas y, en su caso, ampliarlas y poner a disposición hasta el año 2002 los necesarios créditos financieros para ello. He presentado en este aspecto una enmienda y ruego que la apoyen.

Roth-Behrendt
Señor Presidente, cuando en un tema tan complejo como éste, que exalta con rapidez todos los ánimos y hace que los corazones y cabezas se aceleren, solamente se presentan 19 enmiendas en el Pleno, es una prueba de la confianza y del excelente trabajo previo realizado con el ponente así como también con todos los demás Grupos políticos en la comisión. Expreso mis felicitaciones al ponente por ello.
El Libro Blanco no es una respuesta a una crisis cualquiera. El Libro Blanco es un trabajo que la Comisión tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo sobre un Libro Verde que se presentó también ya hace muchos años. También debemos indicar, como han hecho algunos de los oradores anteriores, en especial el Sr. Whitehead y la Sra Gebhardt, que el Libro Blanco es mucho más que cualquier nueva obra reguladora de la Unión. Por ejemplo, el Libro Blanco deberá establecer las condiciones para que sean posibles unos alimentos seguros. Si no logramos modernizar el sistema de alerta previa y que funcione, entonces no necesitamos recapacitar sobre muchas cosas. Si no logramos que los Estados miembros se responsabilicen también de este sistema de alerta previa tendremos un problema. Tenemos que aplicar a los alimentos para animales una legislación, unas directivas y unos criterios más estrictos. En lo tocante a las normas de higiene para la producción de piensos y también en lo que se refiere a los controles, tenemos que ser asimismo mucho más estrictos. Si no obtenemos una nueva directiva marco muchos aspectos relacionados con la seguridad de los alimentos solamente serán papel mojado. La Comisión ha presentado con sus aproximadamente 80 propuestas al respecto - nuevas o bien enmiendas - un programa muy ambicioso. Veo que en algunos puntos la Comisión ya está actuando. Creo que es un buen camino.
Naturalmente, todos hablamos en primera línea de esta nueva autoridad alimentaria. En la comisión nos hemos puesto de acuerdo en lo que esta nueva autoridad puede hacer o no puede hacer. Pero también les digo lo siguiente: la seguridad en los alimentos es lo importante. En la Unión disponemos ya de gremios científicos que se ocupan del tema. Pero si no logramos que en los Estados miembros se realicen realmente controles in situ basados en la legislación sobre quién controla qué, cuándo y con qué frecuencia, podremos crear 20 nuevas autoridades en la Unión Europea pero no cambiará nada en la seguridad de los alimentos. Deberíamos tener también esto en cuenta. Una nueva autoridad, con independencia del nombre que tenga, sólo sería una mera excusa o coartada. Esta nueva autoridad hará feliz a un país o localidad cualquiera pero, por lo demás, no pasará en absoluto nada y expresiones como "a nadie le importa nada" o "el tren sigue su marcha" serían muy acertadas. Normas de higiene y control in situ es el lema a cumplir. Y aquí tanto nosotros como la Comisión no tenemos tanta responsabilidad como los Estados miembros pues hasta hoy no han hecho sus deberes.

Olsson
Señor Presidente, hoy me siento feliz y doy las gracias a la Comisión, porque ha iniciado los trabajos para mejorar la seguridad alimentaria, al Sr. Bowis y a toda la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. Agradezco la buena cooperación alcanzada y el espíritu constructivo demostrado para conseguir un buen informe. Ahora esperamos el respaldo del Parlamento y confiamos en que el Consejo y la Comisión aceptarán nuestras propuestas.
Las autoridades alimentarias, junto con la Agencia Veterinaria, con otras instituciones científicas y con las autoridades nacionales, deberán crear un sistema de amplia cobertura. Tal como señaló la Sra. Paulsen, todos los Estados miembros y todas las empresas, muchas de las cuales son multinacionales, deberían cumplir con la legislación vigente. Si no se cumplen, debería existir un sistema de sanciones aplicables en el ámbito comunitario. Por este motivo, quisiera destacar la enmienda 16. Cuando la seguridad alimentaria se ve amenazada, se ponen en juego tanto la salud de las personas como el mercado común. En consecuencia, tenemos que modificar el tratado de la UE de tal manera que se otorgue a la Comisión potestad para aplicar sanciones en el campo alimentario, del mismo modo que hoy se hace en materia de competencia. La autoridad alimentaria debería poder proponer a la Comisión algunas medidas adecuadas en esta materia.

Schörling
Señor Presidente, yo también tengo el placer de elogiar, en primer lugar, a la Comisión por su Libro Blanco sobre seguridad alimentaria, que es una buena proposición, y también al Sr. Bowis, que mediante su trabajo ha mejorado y vigorizado esta propuesta de modo excelente. Además, ha publicado un documento que contiene resoluciones concretas y cuyas motivaciones son de fácil lectura y humorísticas. ¡Esa clase de textos no abunda en el Parlamento!
Mi Grupo comparte la opinión de la Comisión y del ponente sobre la distribución de responsabilidades respecto a la formación de una autoridad independiente encargada de la seguridad alimentaria. Opinamos que su tarea primordial debe ser la de valorar los riesgos que amenacen a la seguridad alimentaria y lo esencial de esta actividad tiene que centrarse en la asesoría en materias científicas. Obviamente, también hay que reforzar la legislación y ésta debe cubrir la totalidad de la cadena alimentaria, para que la cautela y la responsabilidad caractericen al concepto de alimento, compromiso que tienen que ser de todos. Los alimentos también deben producirse en conformidad con principios ecológicos.
En realidad necesitamos una estrategia amplia, que contemple el tratamiento de los alimentos de comienzo a final, desde la espiga de trigo hasta la barra de pan. Se trata de asuntos tales como los OMG, los aditivos, las etiquetas y muchas cosas más. Espero que la Comisión realmente vea estas cosas.
Mi Grupo respalda la mayoría de las enmiendas. Opino que la enmienda 17 es especialmente interesante. En ella se dice que hay que consultar a las organizaciones de consumidores. Puesto que en la justificación J se estipula que también hay que consultar a la industria y a los productores de alimentos, creo que se necesita equilibrio en este terreno.

Fiebiger
Señor Presidente, la frecuencia de los escándalos relacionados con los alimentos y el debate sobre el empleo de la ingeniería genética en la producción de los mismos han cuestionado el sistema actual de la seguridad en los alimentos. No son compatibles el máximo nivel en la seguridad de los alimentos y la galopante desprotección de los consumidores. Creo pues que algo diferente tiene que crearse si bien también opino que la máxima competencia debe radicar en los Estados miembros.
La Comunidad es la mayor importadora y exportadora de alimentos. Este ramo tiene una cifra de negocios anuales de 600.000 millones de euros y da trabajo a 10 millones de personas. Apoyo a todos los actores que apoyan la estrategia "alimentos para todos" y que trabajan en el ámbito político, administrativo u otro cualquiera. Los países industriales desarrollados podrían realizar la mayor aportación mediante una producción de alimentos sostenible y variada. El Libro Blanco es un documento político de los responsables en la producción de alimentos. Una seguridad total es aquí apenas o sólo difícilmente posible. Por ello, las medidas preventivas del Libro Blanco son los auténticos planes de acción. Además, no hay un gusto europeo. Las características nacionales no sólo tienen que respetarse sino fomentarse.
Es aquí donde se encuentran los únicos puntos débiles del Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos. Quedan abiertas algunas cuestiones como: ¿qué relación va a establecer la autoridad alimentaria con los consumidores? ¿Cómo se va a realizar la financiación y cómo va a ser la cooperación entre los Estados miembros? ¿Cómo está la cuestión de la responsabilidad? Hasta ahora pagan los inocentes. La Comisión va a tener que responder aún más concretamente a estas cuestiones en sus posteriores trabajos.

Nobilia
Señor Presidente, valoramos el trabajo realizado por el Sr. Bowis no solo porque sitúa correctamente el tema, sino también porque plantea importantes preguntas a las cuales habrá que dar después una respuesta.
Es innegable la utilidad de la Autoridad que se deberá establecer tanto para la monitorización como para la prevención, para la que, sin embargo, no basta como indicación operativa el principio de precaución. Un sistema normativo concreto, la definición de riesgo admisible, la concreta salvaguardia de las diversidades alimentarias y productivas locales son aspectos que todavía hay que focalizar, junto con la atención a la pequeña y mediana empresa y con la formación de sus trabajadores. Otro aspecto es la revisión orgánica de las normas de etiquetado tanto para la venta al por mayor como al detalle que, en lo referente a la rastreabilidad de los productos y de sus componentes, ofrezca una correcta información al consumidor y permita depurar posibles responsabilidades en el caso de riesgo o de crisis.
Asimismo, se ha dicho justamente que la Autoridad no tendrá un carácter político y que, sobre todo en caso de alerta, tendrá como referentes a la Comisión y a los Estados miembros. La concreción de dicha afirmación se comprobará a lo largo de su actuación. El estatuto jurídico, los poderes, las modalidades de coexistencia a escala europea con otros organismos técnico-científicos, cuyas tareas hoy se pueden yuxtaponer en parte con las de la autoridad que se va a crear, son también aspectos que tendrán que definirse.
Por último, será importante ver cómo se conciliarán su independencia y su transparencia con la indeterminación de los recursos actuales que habrá que asignarle, con su subordinación a la Comisión, por un lado, y con su poder de implementación autónoma, así como con la composición de su consejo de administración, por otro.
Por último, es sin lugar a dudas positivo el intento de arbitrar acciones prioritarias y clasificarlas según su importancia. Sin embargo, dichas acciones, considerando su pretérita definición, no suplen la necesidad de plantear una orientación europea global en lo referente a la política alimentaria y a su seguridad, de cuya composición las muchas diversidades europeas pueden aprovechar la ocasión para demostrar su unidad.

Blokland
Señor Presidente, el ponente Bowis inicia la exposición de motivos de su informe con una cita de Ludwig Feuerbach que ha repetido esta mañana: der Mensch ist, was er isst. No comparto estas palabras, ya que sabemos que el hombre no es únicamente cuerpo. Según se puede leer en la Biblia, ya hace mucho tiempo que existen normas en materia de seguridad alimentaria, puesto que Dios las prescribió a su pueblo, Israel.
Sin embargo, conviene matizar las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad alimentaria. En contraposición a Feuerbach puedo citar el sabio enunciado del propio Jesucristo: "el hombre no se contamina por lo que entra por su boca, sino por lo que sale" , es decir por todo lo que decimos.
En nuestra sociedad moderna la oferta alimentaria es muy variada. Comemos sobre todo cosas sabrosas, aun a sabiendas de que son malsanas. Eso no nos preocupa demasiado, pero, curiosamente, cunde el pánico cuando algo falla en la producción alimentaria. En ese caso se adoptan medidas drásticas para restablecer la confianza, aunque uno pudiera preguntarse si realmente son imprescindibles desde el punto de vista de la seguridad. ¿Hubiéramos podido evitar la crisis de las dioxinas y la crisis de la EEB de haber existido una Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria?
En mi opinión, la adopción de una nueva legislación no ofrece una respuesta adecuada al incumplimiento de la legislación existente. Por eso, es prioritario que se creen órganos de inspección independientes en los diferentes Estados miembros para que puedan hacer cumplir la ley in situ. Lo mismo digo con respecto al sistema de alerta rápida. Corresponde a los Estados miembros velar por el buen funcionamiento de este sistema e informar a tiempo a la Comisión Europea.

Nisticò
Señor Presidente, señor Comisario Byrne, en primer lugar quiero dar las gracias a mi amigo John Bowis por el excelente trabajado realizado en lo que se refiere al Libro Blanco sobre seguridad alimentaria y, en particular, por haber acogido muchas enmiendas presentadas por los distintos Grupos políticos que, a mi entender, mejoran notablemente la propuesta originaria de la Comisión.
La creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria independiente y con un excelente perfil científico, representan una etapa significativa hacia una necesidad que sienten todo los ciudadanos, o sea, tener garantías de calidad y de seguridad de los productos alimenticios. Las lesiones neurodegenerativas del sistema nervioso central del ser humano, debidas a la ingesta de carne de vacuno - como se ha dicho esta mañana - afectado del mal de las vacas locas, la reciente alarma por dioxina en Bélgica, los altos niveles de pesticidas y de herbicidas en el medio ambiente y la presencia de otros contaminantes microbiológicos y químicos con potenciales efectos cancerígenos generan en la gente corriente un profunda preocupación y, con frecuencia, angustia. Ahora bien, la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria contribuye muy especialmente a un alto nivel de protección de la salud de los ciudadanos.
Por último, permítanme dar las gracias a todos los Grupos políticos - el PPE, los Socialistas, los Verdes, los Liberales - por haber aceptado firmar una enmienda de transacción, inicialmente presentada por el Sr. Fiori y por mí, que confiere un mayor significado a la propia existencia de la Autoridad europea. Ésta debe representar el verdadero núcleo de coordinación de la red de las agencias nacional que, a su vez, deberán poner en marcha y coordinar una red de centros de excelencia de seguridad alimentaria a escala regional. El objetivo de dicha red de laboratorios será realizar una monitorización continua y diaria de la calidad y de la seguridad de los productos alimenticios - como acaba de decir la Sra. Roth-Behrendt - un planteamiento que comparto. La red debe estar lo más cerca posible de los ciudadanos que de esta forma podrán recuperar la confianza en las instituciones nacionales y europeas.

Sacconi
Señor Presidente, con la votación del Parlamento concluye esta primera etapa de consulta sobre los problemas de seguridad alimentaria. Lo único que espero es que con esta votación no desaparezca también la voluntad de actuar de forma rápida y eficaz en un sector que afecta tan de cerca a la vida cotidiana de los ciudadanos y que es uno de los principales bancos de prueba de nuestra capacidad de restablecer su confianza en las Instituciones y en la política.
El impulso será todavía más necesario, si cabe, dado que las grandes expectativas creadas por el Libro Blanco no quedan, en mi opinión, plenamente reflejadas en el informe presentado por el Sr. Bowis, a pesar del enorme trabajo realizado. En efecto, la creación de la Autoridad de seguridad alimentaria y la definición de sus competencias, aun siendo un aspecto fundamental de la estrategia propuesta por la Comisión, no la agotan. Una estrategia alimentaria europea no puede reducirse únicamente a la creación de una autoridad de vigilancia y a la aplicación de algunas, aunque necesarias, normas higiénico-sanitarias. Existe un nexo inquebrantable entre comer sano y comer bien, un nexo sobre el cual se trata de hacer aumentar la conciencia de los consumidores promoviendo la calidad y apoyando los productos típicos locales que representan una gran riqueza de los pueblos europeos.
Gracias a la votación en la Comisión de Medio Ambiente conseguimos restablecer cierto equilibrio incluyendo en el ámbito de aplicación los problemas relacionados con la nutrición y algunas importantes referencias al papel de las pequeñas y medianas empresas en la protección de las distintas costumbres alimentarias. Por este motivo mi voto será favorable.

Sterckx
Señor Presidente, estimados colegas, en mi opinión el informe del Sr. Bowis sienta una sólida base para el trabajo que nos queda por hacer. Creo, señor Presidente, que no hay razón alguna por la que usted -por así decirlo- no pueda presentar mañana mismo una propuesta legislativa, ya que la gran mayoría del Parlamento se ha puesto de acuerdo sobre el camino que ha de seguirse a partir de ahora. El hecho de que se haya conseguido una mayoría tan amplia se debe entre otras cosas, y muy en particular, a usted, señor ponente, a sus excelentes dotes diplomáticos.
No pienso detenerme mucho más en la esencia de la cuestión, ya que todos la suscribimos. Quisiera destacar algunos detalles. He presentado una enmienda que a mi modo de ver no es intranscendente, a diferencia de lo que ha sugerido el Sr. Whitehead. Necesitamos una autoridad independiente y, por eso mismo, pienso que los lazos estrechos, close ties en inglés, tal y como figuran en el párrafo 12, no deberían de estar permitidos con nadie, no ya sólo con las organizaciones de protección de los consumidores, sino tampoco con nadie más. Creo, por tanto, que su enmienda 11 y mi enmienda 17 son perfectamente compatibles.
Y ahora paso al segundo punto. Aparte de crear una autoridad alimentaria nos quedan por hacer otras cosas importantes. Destaco dos de ellas: necesitamos urgentemente normas europeas en materia de PCB y necesitamos urgentemente una lista positiva de ingredientes de la alimentación animal. Señor Comisario, habrá que ponerse a trabajar. Además, estimados colegas, nosotros como Parlamento Europeo desempeñamos también un papel importante puesto que a través del informe anual y la interrogación del director de la agencia tendremos que garantizar que la autoridad funcione, porque de lo contrario, si no cumple, se nos pasará factura política. Creo que es algo que habremos de tener presente en el transcurso de los años.

González Álvarez
Señor Presidente, quiero agradecer al ponente el que recogiese en enmiendas de transacción -como han dicho otros compañeros- las enmiendas de todos los grupos. Creo que él persigue un objetivo obvio que es -como dice en su documento- garantizar los altos niveles de seguridad alimentaria que debiera haber, y un segundo objetivo que se deriva del primero, es decir, recuperar la credibilidad por parte de los consumidores, bastante deteriorada con escándalos. Me gustaría recordar uno que se dio en España, el del aceite de colza -que aún tiene secuelas, después de más de 20 años-, pero también el de la EEB, de la dioxina y ese preocupante último escándalo de Estados Unidos de liberación de maíz transgénico no apto para el consumo en productos alimentarios de consumo, según parece.
Creo que es muy importante la propuesta que hace el ponente de actuar en tres líneas: la primera, la creación de la agencia o autoridad alimentaria, apoyada en principios de integridad, transparencia, independencia -es fundamental la independencia, entre otros principios-, una legislación prioritaria clara y accesible y la cooperación con las agencias del resto de Estados miembros, organizaciones no gubernamentales y de consumidores y organismos internacionales. Por eso nosotros también -como dijo mi compañero Mihail Papayannakis- vamos a aprobar y a apoyar el informe.

Hyland
Señor Presidente, quisiera unir mi voz a la de otros colegas que han felicitado al ponente, Sr. Bowis, por haber enfocado este problema concreto de una manera tan constructiva y lógica. Permítame decir, en un tono distendido, que cuando escuché al Sr. Blokland citar pasajes bíblicos, tuve la sensación de que había elevado la categoría de este debate a un nuevo plano, porque en ocasiones hemos pensado que sólo la intervención divina podría ayudarnos a resolver esta cuestión.
No obstante, dicho esto, creo que debemos agradecer a este Parlamento y al Comisario Byrne que la salud alimentaria domine ahora la agenda europea. Nuestros ciudadanos esperan y tienen derecho a una respuesta vigilante y positiva. En mi opinión, ninguna otra cosa restablecerá la confianza de los consumidores en un ámbito tan importante para productores y consumidores. Todos hemos aprendido la lección de la crisis alimentaria de los años noventa. Tengo plena confianza de que con la creación de un conjunto sistemático de normas uniformes estamos sentando las bases para colmar las lagunas existentes en la actual legislación. Esta medida mejorará sin duda la seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena alimentaria. La reforma de las leyes alimentarias de la Unión Europea se llevará a cabo a nivel de la Unión Europea.
Queremos evitar una situación que pueda dar lugar a una "renacionalización" de la compra de productos alimenticios en el seno de la Unión Europea. Uno de los principales elementos de la reforma de la Política Agrícola Común es evitar por todos los medios una "renacionalización" de la PAC. Por ello es tan importante que la legislación en materia de seguridad alimentaria se aplique a nivel de la Unión Europea. Es también por este motivo por el que acojo con satisfacción uno de los elementos centrales del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria que propiciará la creación de la nueva Autoridad europea de seguridad alimentaria. Esta autoridad será responsable de la recopilación de datos científicos, así como de la comunicación y la gestión de todos los riesgos relativos a la seguridad alimentaria.
Otro asunto del que deberemos ocuparnos durante los próximos meses es el de los OMG en la producción alimentaria, y deberemos estar abiertos al potencial de la biotecnología. En este sentido, podría ser un craso error asumir que la biotecnología equivale a productos alimenticios de baja calidad o poco seguros. Por ejemplo, los productos alimenticios que contienen OMG ofrecen la oportunidad de reducir los niveles de residuos de pesticidas y mejorar la calidad nutritiva, y sería una negligencia pasar por alto estas ventajas. No obstante, apoyo plenamente la introducción de un etiquetado claro, no técnico y normalizado en el contexto de los productos alimenticios que contengan OMG. Por otra parte, no debe permitirse que ningún producto alimenticio genéticamente modificado o que contenga ingredientes genéticamente modificados entre en la cadena alimentaria hasta no haber sido probado exhaustivamente, y aún así, deberá hacerlo con especificaciones claras en el etiquetado.

Thyssen
Señor Presidente, el que el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria en sí no revista carácter legislativo no menoscaba el doble valor que sin duda posee. En primer lugar, contiene el compromiso de proceder a una íntegra y profunda renovación de la legislación, crear una autoridad de seguridad alimentaria independiente y mejorar el sistema de control.
Además, tiene un significado simbólico. Puede y debe ser el comienzo de una nueva era. De ahora en adelante se llevará a cabo una política coordinada e integrada que abarca toda la cadena alimentaria.
Es bueno que el ponente Bowis, que ha realizado un excelente trabajo, adopte una actitud positiva ante el Libro Blanco. Su informe no recoge muchas propuestas de modificación, sino que se limita a enfatizar determinadas cuestiones. Así, subraya con razón que la autoridad alimentaria ha de ocuparse en primer lugar de la seguridad alimentaria. No obstante, espero que también haya espacio para estudios científicos acerca de la relación entre salud y hábitos alimentarios, puesto que la política, aparte de prevenir daños a la salud, también debe contribuir a mejorarla.
La solicitud de tomar en consideración las diferencias regionales y culturales que se manifiestan en la oferta alimentaria y el papel que en ello desempeñan las pequeñas y medianas empresas y los artesanos es otro punto digno de especial atención. Que esto sea un llamamiento para no ignorar la especificidad de las pequeñas y medianas empresas y la artesanía en el amplio paquete legislativo que se avecina.
Hace falta recalcar la importancia de otro aspecto más. No está aún presente en el informe, pero podemos incorporarlo a través de la enmienda 12. Tanto el Libro Blanco como el informe BOWIS abordan el tema de la comunicación y hablan de los procedimientos que han de aplicarse en casos de emergencia, pero no se detienen en la comunicación interna y externa, francamente imprescindible en situaciones de crisis. Sin embargo, está claro -los belgas lo sabemos mejor que nadie- que dicha comunicación puede ser decisiva para controlar el alcance de la crisis y quebrantar o salvaguardar la confianza del consumidor en las instituciones.
Quisiera finalizar mi discurso con la siguiente observación. Esperemos que los Estados miembros suscriban la opinión que comparten el Parlamento y la Comisión y que asuman su responsabilidad, no solamente como miembros del Consejo, sino también como instancias encargadas de ejercer un adecuado control sobre el terreno una vez que las medidas europeas hayan sido incorporadas a la legislación nacional.

Van Brempt
Estimados colegas, señor Presidente, el Libro Blanco sobre seguridad alimentaria sienta las bases para una mejor alimentación en el futuro y espero que contribuya asimismo a una producción alimentaria más respetuosa con el medio ambiente y el hombre. El ponente, pero también muchos diputados pertenecientes a la comisión, entre ellos yo misma, hemos puesto el acento en la autoridad alimentaria y, en realidad, esto es de lamentar en cierto modo. Es de lamentar porque la buena alimentación, la alimentación segura, se beneficia sobre todo de una legislación clara. Comprendo, sin embargo, que las numerosas crisis que ha sufrido Europa -y remito entre otros a mi propio país- han demostrado que lo que más necesitamos es un asidero. A la política le hace falta un punto de apoyo para que pueda hacer las elecciones oportunas y el consumidor necesita confianza. Es por eso por lo que no podemos prescindir de esta autoridad alimentaria y por lo que está justificado el énfasis que ponemos en ello.
Es importante que la autoridad alimentaria pueda funcionar de forma independiente. Se dice muy claramente en el informe y me alegro de ello. Es asimismo importante que la autoridad alimentaria pueda establecer prioridades, que pueda asumir un papel activo y que pueda formular recomendaciones a quienes se encargan de la gestión de riesgos. Lamento un tanto que la denominación se reduzca a seguridad alimentaria. Entiendo que la seguridad alimentaria sea el punto de partida, pero también creo que es preciso tender puentes a otros ámbitos como pueden ser el medio ambiente, la salud y políticas semejantes. Espero que el dinamismo de la futura autoridad consiga poner en marcha esta dinámica.
Una última observación. Creo que en este momento el debate político no debe centrarse en el problema de la sede. Estoy plenamente convencida de que esta cuestión importa bien poco a los ciudadanos.

Pesälä
Señor Presidente, como representante del Grupo de los Liberales, expreso mi gratitud a la Comisión por el Libro Blanco, cuyos objetivos son muy ambiciosos. Debemos avanzar en estas cuestiones con flexibilidad y rapidez. Esto repercutirá en beneficio no sólo de los consumidores, sino también de toda la cadena del sector alimentario en Europa. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha adoptado una línea sensata al querer convertir la futura Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria en un órgano de rango científico, cuya responsabilidad será evaluar los factores de riesgo e informar sobre ellos. Es importante que el control de los factores de riesgo siga siendo responsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión, pues así también estará bajo control político.
Con el fin de recobrar y mantener la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los alimentos, la puesta en marcha de la actividad de esta Autoridad alimentaria debe contar con los suficientes recursos públicos. La integridad y la independencia de esta agencia protegerá con mejores garantías la seguridad de los consumidores europeos. Por ello, sería mejor que la Autoridad alimentaria no estuviera subordinada a la Comisión, sino que fuera idependiente y estuviera físicamente separada de la Comisión. Esta autoridad deberá estar emplazada en un medio bien comunicado y óptimamente equipado a nivel de telecomunicaciones, en una zona que tenga buena reputación en lo que a seguridad alimentaria se refiere. El fácil acceso al apoyo de la comunidad científica circundante es también un factor relevante a la hora de elegir el lugar de ubicación. Por todo ello, apoyo las enmiendas 14 y 19, cuyo propósito es que la decisión sobre la ubicación de esta autoridad se adopte atendiendo a unos principios fundamentales.

Vachetta
El Libro Blanco, que el informe del Sr. Bowis apoya en sus líneas maestras, no define una política imperativa, y es de lamentar. No obstante, la creación de una Autoridad europea de seguridad alimentaria es muy positiva. Siempre que se logre garantizar su independencia, como lo han dicho algunos colegas, lo que supone poner a disposición de la Autoridad recursos financieros y humanos.
Nosotros pensamos que una contribución sobre los beneficios de las empresas agrícolas permitiría liberar dichos recursos. Para respetar el principio de transparencia habría que autorizar, además, la remisión de asuntos a la Autoridad por los sindicatos y las diferentes asociaciones, tanto en materia de consumo como en materia ecológica. Una buena evaluación científica de los riesgos acoplada a una estrategia de comunicación eficaz dirigida a la opinión pública no son suficientes para vencer las crisis alimentarias. Se trata, en cierto modo, de una visión tecnócrata, que se equivoca al saltarse las dimensiones culturales, sociales y económicas de la alimentación.
La resolución de algunas crisis requeriría una mayor voluntad política. Pongamos por caso la crisis actual de la vaca loca. Se debería poder prohibir la incorporación de harinas de origen animal en la alimentación del ganado y retirar la autorización a los fabricantes de alimentos que no respeten dicha normativa.

Korhola
Señor Presidente, felicito al Sr. John Bowis por su excelente trabajo. Durante todo este proceso he pensado repetidamente que hemos tenido suerte a la hora de elegir al ponente del informe. Él ha soportado muy bien las presiones que han surgido en torno a este asunto de cariz tan emocional. Agradezco también al Comisario, Sr. Byrne, la colabaración que nos ha prestado. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor ha seguido la recomendación del Sr. Bowis y ha decidido no pronunciarse sobre el lugar de ubicación de la futura Agencia Europea para la Seguridad Alimentaria. En mi opinión, ésta es una postura inteligente. En cambio, es importante que definamos qué es lo que esperamos de esta Autoridad alimentaria y cuáles son los criterios que debemos establecer para elegir su emplazamiento. Cabe desear que se cumplan todos estos criterios por el bien de los ciudadanos de toda la Unión. Estos criterios son: la buena reputación del lugar en materia de seguridad alimentaria, la independencia, la existencia de una buena infraestructura científica equipada con los mejores medios tecnológicos y la existencia de buenas conexiones tanto a nivel de transporte, como de telecomunicaciones. La enmienda 19, que he presentado en colaboración con los Sres. Nitiscò y Fiori, entre otros otros miembros de nuestra comisión, y en nombre del Grupo PPE-DE, expone estos criterios con claridad y sin inclinarse por ningún lugar en particular. Todos estos criterios son instrumentos fundamentales para alcanzar el objetivo común de recuperar cuanto antes la confianza de los ciudadanos en la seguridad de los alimentos europeos.
En el transcurso de los debates ha surgido la exigencia de emplazar la Autoridad alimentaria en alguna ciudad sede de Instituciones europeas, puesto que sería el único modo de ejercer el control sobre la misma. Este argumento es perturbante y preocupante, tanto que, de hecho, deja sin fundamento la idea básica de la integración. Creo que no podemos afirmar con seriedad que las autoridades ubicadas en el núcleo comunitario sean las únicas capacitadas para cumplir sus funciones de forma fiable. Seguro que habrá otras razones para la debilidad del euro que el hecho de que el Banco Central Europeo esté situado en Francfort. Personalmente, yo no pienso que sea así, sino que confío en la fuerza de la idea de la unidad europea y en la existencia de los principios fundamentales en todo el territorio de la UE.

Malliori
Señor Presidente, quisiera yo también felicitar al colega Sr. Bowis por el notable esfuerzo realizado para incluir todos los puntos de vista en su informe y principalmente por haber aceptado referirnos al concepto general de alimentación.
El Libro Blanco sobre seguridad alimentaria constituye una propuesta que aspira a recuperar la confianza de los consumidores en toda la cadena alimentaria. Es justo que los consumidores exijan alimentos que no les hagan correr peligro alguno, y cuya calidad, al mismo tiempo, satisfaga determinados criterios y normas. La legislación al respecto, debe, por tanto, cubrir todo el campo y ampliarse horizontalmente, como corresponde a los asuntos de la alimentación. Quisiera señalar especialmente algunos puntos. Se ha demostrado que el sistema de alerta rápida ha funciona hasta ahora deficientemente, y en este ámbito los Estados miembros tienen una gran parte de la responsabilidad. Creo que se impone establecer márgenes temporales determinados en los que deberá ser informada la Comisión Europea en los casos de inquietud justificada. Los controles en los Estados miembros deberán ser más severos y eficaces.
Por lo que respecta a la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, debe acentuarse su independencia, de tal suerte que esté facultada para evaluar los riesgos a tiempo, pero que esté facultada también para proponer medidas para su gestión, a fin de conformar las decisiones políticas finales. Igualmente, la Autoridad deberá garantizar la transparencia, y proporcionar posibilidades de acceso a la información a todas las partes interesadas. Creo que la transparencia y la independencia son requisitos indispensables de una alimentación segura y adecuada, que es nuestro objetivo común.

Maaten
Señor Presidente, los recientes incidentes producidos por la infiltración en la cadena alimentaria de carne de vacas enfermas en los Países Bajos y Francia, así como el debate que se vuelve a abrir en Gran Bretaña, demuestran que es preciso reforzar el seguimiento y el control de la producción de alimentos. El restablecimiento de la confianza de la población en la seguridad alimentaria no es solamente importante desde el punto de vista de la misma, sino que también está en juego la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Por eso mismo, la nueva Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha de convertirse en una instancia sólida e independiente que no sólo facilite información al público, sino que, además, reciba competencias concretas para proponer con tiempo medidas eficaces en situaciones de crisis y para analizar problemas. A este fin pensamos en una organización lo más sencilla posible, no en una gigantesca burocracia. A ello se añade que parte de la eficacia de la agencia tendrá su origen en una toma de decisiones transparente y una veloz publicación en Internet de los estudios y dictámenes, a imagen y semejanza del excelente funcionamiento de la Oficina de Inspección Veterinaria y Fitosanitaria con sede en Dublín. Por otro lado, conviene aprovechar el trabajo realizado por organizaciones ya existentes como la EMEA y la FAO para evitar que los esfuerzos se repitan.
A fin de cuentas, señor Presidente, la política no puede esquivar su responsabilidad. En última instancia, las decisiones corren a cargo de la Comisión Europea y el Parlamento debe seguir de cerca las actividades de la agencia, por ejemplo a través del debate sobre el informe anual.
Para finalizar quisiera recordar que el Presidente Prodi creó grandes expectativas al respecto en su carrera hacia la Presidencia. Correspondía al Comisario Byrne y al ponente Bowis plasmarlas en un Libro Blanco. En mi opinión, han logrado plenamente su propósito y ahora nos gustaría disponer lo antes posible de la legislación correspondiente.

Doyle
Señor Presidente, a pesar de que la cadena alimentaria europea es una de las más seguras del mundo, las malas prácticas y los recientes escándalos han determinado una agenda a la que el Comisario Sr. Byrne ha respondido de manera admirable. Le felicito por ello y felicito también a nuestro ponente, Sr. Bowis, por haber enfocado el problema que hoy nos ocupa de una manera tan lógica y racional.
La UE debe contar con los niveles más altos posible de seguridad alimentaria para sus ciudadanos. La seguridad alimentaria y la salud pública son prioridades políticas clave. Necesitamos poder confiar en quienes pueden proporcionarnos la información - agricultores, productores, comerciantes, gobiernos, organizaciones de consumidores y científicos, una lista interminable. Por encima de todo, necesitamos un organismo científico como punto de referencia, al margen de si somos consumidores, legisladores o participantes de la cadena alimentaria, y debemos encontrar un equilibrio aceptable entre la prevención de riesgos y la elección con conocimiento de causa del consumidor; todo gira en torno al equilibrio.
Seguridad no significa sacrificar la capacidad de elección ni la diversidad cultural, y una de las enmiendas más interesantes de la Comisión de Medio Ambiente, que complementa y refuerza el informe, trata sobre la conservación del patrimonio cultural europeo con respecto a las especialidades culinarias locales.
Por consiguiente, debemos identificar los riesgos lo antes posible, evaluarlos científicamente y erradicarlos de raíz. La actuación de la Unión Europea es oportuna porque, en un mercado único, el riesgo no se detiene en las fronteras nacionales. La AESA debería desempeñar un papel importante en el actual Sistema de Alerta Rápida, sistema que ciertamente debe ser mejorado y ampliado para que incluya todos ámbitos de la seguridad alimentaria, incluida la alimentación animal. Acojo favorablemente el hecho de que exista un amplio acuerdo sobre los principios más importantes: el establecimiento de un organismo que asuma la responsabilidad de evaluar los riesgos en materia de seguridad alimentaria, y que éste sea independiente, esté obligado a rendir cuentas, sea transparente y esté sujeto a las necesidades de investigación objetiva y confidencialidad comercial y que proporcione a la opinión pública información accesible y comprensible. Y lo más importante de todo, deberá ganarse el respeto de sus pares, la confianza del público y la voluntad de los gobiernos de los Estados miembros para aceptar sus conclusiones.

Klaß
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, con el Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos, la Comisión reacciona a la creciente sensibilidad de los ciudadanos en este campo. Lo poco que nos podemos permitir aún con la comida tiene que ser en primera línea sano, saber bien y producirse también de modo compatible con el medio ambiente según la sensibilidad de los consumidores. Deben tenerse en cuenta muchos aspectos cuando hablamos sobre la seguridad en los alimentos y de su garantía. Ya existen actualmente un gran número de organizaciones e instituciones, inclusive asociaciones e iniciativas, que se han marcado como tarea la seguridad en los alimentos. En el mercado interior europeo - libre comercio y tráfico de mercancías - cada vez se nos plantea con mayor intensidad la cuestión de la competencia de la legislación y del control en este sector tan importante para los ciudadanos de Europa.
La Comisión propone ahora la creación de una autoridad alimentaria europea. Saludo esta propuesta pero al mismo tiempo pregunto por la competencia, el planteamiento de tareas y la influencia de una autoridad europea. Estas han sido también las cuestiones que nos han ocupado en las comisiones. Quiero felicitar por ello al colega Bowis por su buen y equilibrado informe en el que ha reunido la diversidad de ideas. La responsabilidad de la autoridad debe radicar en la valoración de los riesgos. Debe evaluar y cooperar con los órganos de los Estados miembros. La transparencia es especialmente importante y la exigen los ciudadanos. Quieren estar informados. Por ello, la autoridad debe ocuparse de proporcionar una información fácilmente accesible y comprensible para la opinión pública. La autoridad debe trabajar estrechamente con las instituciones ya existentes. Pero esto también significa que las informaciones, estadísticas y datos tienen que ser accesibles recíprocamente. Las experiencias y conocimientos de los demás se podrían unificar aquí y realizar una evaluación de los conocimientos en toda Europa. Creo que no todos tienen que inventar de nuevo la rueda. Podemos aprender conjuntamente de las experiencias. Es así como veo una autoridad alimentaria para el futuro.

Keppelhoff-Wiechert
Señor Presidente, señor Comisario, yo también quiero adherirme a las numerosas felicitaciones dirigidas al ponente, el Sr. Bowis. Se han realizado varias citas relacionadas con los alimentos. Otra cita alimenticia dice: lo menos posible de la máxima variedad posible. La selección en las superrepletas estanterías lo hace posible ya desde hace mucho tiempo. Las costumbres alimenticias de muchos ciudadanos, el modo de proceder con los alimentos, la falta de conocimientos sobre la preparación de una alimentación equilibrada, todos estos hechos no los podrá cambiar tampoco la nueva autoridad o agencia. La propia responsabilidad de los consumidores va a seguir siendo esencial a pesar de unos productos seguros.
Señor Comisario Byrne, tengo la sensación de que cada vez hay menos productores y más controladores. Temo que Europa corra de nuevo el peligro de permitirse un hinchado aparato de funcionarios que sea incapaz de actuar. ¿Cómo va a ser exactamente la delimitación de competencias con las autoridades nacionales de control? Temo que nos pongamos otro obstáculo adicional. El golpe político libertador para los consumidores no va a salir de esta nueva autoridad. ¿Quién va a exigir responsabilidades a quién en el futuro cuando se produzcan los próximos escándalos alimentarios?
En el campo de la ampliación de la Unión Europea debatimos continuamente sobre la delimitación de competencias. También para la seguridad de los alimentos este concepto cobra una importancia central. La estricta aplicación del principio del causante va a seguir siendo en el futuro también esencial a la hora de regular los daños económicos. El Libro Blanco sobre la seguridad de los alimentos no traza una clara línea en algunos puntos. El calendario para lograr el objetivo es muy diferente según los deseos de muchos de los afectados. Con el debate de hoy no vamos a poder impedir esta institución pero creo que tampoco debemos hacernos demasiadas esperanzas de que en el futuro todo sea mucho mejor gracias a esta institución.

Helmer
Señor Presidente, mi colega, Sr. Bowis, ha jugado una excelente mano con las cartas que le han tocado en suerte. Pero quiero preguntar si era realmente necesario repartir esas cartas.
En esta Asamblea discutimos una y otra vez los detalles de propuestas que nos han sido presentadas, pero no nos preguntamos si dichas propuestas son realmente necesarias. En la mayoría de los Estados miembros ya existen agencias de seguridad alimentaria. Tenemos comités científicos que asesoran a la Comisión. Tenemos la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. ¿Qué aportará una autoridad europea alimentaria? En buena medida, duplicará las actividades de las actuales agencias.
Su principal razón de ser son las relaciones públicas. La autoridad ha sido impulsada por la necesidad imperiosa de persuadir a una sociedad escéptica de que las instituciones comunitarias están aportando algo - cualquier cosa - de valor. ¿Habría prevenido la nueva agencia la crisis británica de la EEB o la crisis belga de las dioxinas? Como acertadamente dice el Sr. Blokland, casi con total seguridad, no lo habría hecho.
Debemos reconocer la ley de los rendimientos decrecientes. A medida que creamos nuevos niveles de burocracia y utilizamos más fondos, cada vez es menos lo que obtenemos a cambio. Nos dicen que no podemos cuestionar el valor de los fondos destinados a preservar la salud humana. Y sin embargo, en nuestra calidad de políticos responsables de asignar unos recursos limitados, debemos hacernos esas preguntas. ¿No sería mejor destinar el elevado coste de esta nueva agencia a la investigación sobre el cáncer, la prevención del tabaquismo o la seguridad vial? Casi con toda certeza, estos ámbitos proporcionarían una mejor relación coste-resultados en términos de salvar vidas, y sin embargo nadie está dispuesto a hacerse esta pregunta.
Paso a la cuestión de la sede de la agencia. En mi opinión, su misión principal debería ser coordinar mejor el funcionamiento de las agencias actuales. Su consejo rector debería estar constituido por los directores de las agencias nacionales. Estas personas deberían permanecer en sus puestos actuales, delante de sus ordenadores. Por consiguiente, la sede de la agencia no debería estar en Barcelona, Helsinki o Italia, sino en Internet, en el ciberespacio. Así sería eficiente, transparente y accesible. Sería realmente una solución del siglo XXI.

Schnellhardt
Señor Presidente, Señorías, en comparación con el orador anterior quiero decir con toda claridad que este Libro Blanco sobre la seguridad en los alimentos sobre el que hoy debatimos, es la base para la actuación de las instituciones de la Unión Europea, para lograr el máximo nivel en la seguridad alimenticia y para recuperar la confianza del consumidor, pues ha habido causas que nos han movido a mandar elaborar este documento.
Naturalmente, ha habido unos enfoques muy diversos, lo que han mostrado los debates de los últimos meses. Por ello, el ponente es acreedor a un gran elogio pues ha sabido unificar en un claro informe los muy diferentes enfoques e ideas. Ya sobre el punto central del Libro Blanco, la creación de la autoridad alimentaria, han surgido opiniones muy confrontadas. No oculto que cuando se publicó el Libro Blanco me pronuncié contra esta autoridad. Si en la votación estoy a favor de la misma, creo que junto con la gran mayoría, quiero decir sin embargo al Comisario que no se engañe. Hay muchas dudas y voces críticas. Tome en serio las propuestas del Parlamento y centre el trabajo de la autoridad en el trabajo científico y en el análisis de los riesgos. No deben existir simultáneamente la autoridad y el actual sistema de comités asesores, aspecto éste al que doy una especial importancia. Debe regularse con claridad la cooperación de la autoridad con el centro de investigación en Ispra y la Oficina Veterinaria en Dublín. Impida trabajos similares o paralelos en varias instituciones.
En lo que se refiere a la configuración concreta de la autoridad debe estar claro cómo se va a financiar. En el Parlamento saludamos y exigimos un plan de financiación. ¿Cuántos empleados van a ser necesarios? ¿Qué calendario es adecuado para la creación de una autoridad de este tipo? Utilice también el Libro Blanco para imponer unas regulaciones más estrictas en los Estados miembros. Si los proyectos sobre las más de 80 regulaciones legales son exactamente como las regulaciones sobre la higiene que he recibido como ponente, estaré muy optimista. Pero, señor Comisario, en lo que tocante a lo que usted dice sobre las normas de etiquetado, recapacite por favor de nuevo sobre sus ideas...
(El Presidente retira al ponente la palabra)

Fiori
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, debo felicitar al ponente Sr. Bowis por el excelente trabajo realizado. Asimismo, he de decir que hemos recuperado un aspecto sumamente importante, es decir, el concepto de red como autoridad europea de seguridad alimentaria que hay que establecer de forma complementaria y no en sustitución de los organismos de seguridad alimentaria en cada uno de los Estados miembros.
No obstante, también es necesario hacer referencia a un enfoque equilibrado del problema, ya que en los artículos 152 y 153 del Tratado de la Unión Europea se prevé, como regla general, un alto nivel de protección de la salud humana y de los consumidores. En estos principios se basa el interés prioritario y absoluto en la persona humana. Por lo tanto, es preciso garantizar que la Unión Europea disponga de los estándares más altos posibles de seguridad alimentaria, a pesar de que este planteamiento - unánimemente compartido - debe analizar asimismo las consecuencias que implica, desde el punto de vista económico, una necesidad productiva. En el artículo 2 del Tratado se dice que la Unión se compromete a promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas. En consecuencia, cualquier medida legislativa que afecta a un sector como el alimentario que es uno de los motores de la industria europea - el 15% del producto total del sector manufacturero y 2,5 millones de trabajadores - debe valorarse sobre la base de esta doble consideración al tender ambos principios a garantizar el bienestar de toda la Comunidad. Cualquier acción encaminada a proteger a los consumidores se convierte en provechosamente viable en interés de los mismos sólo cuando evita perjudicar injustificadamente el bienestar económico global poniendo trabas desproporcionadas a los procesos productivos del sector y, por ende, al crecimiento económico y del empleo.
Por lo tanto, invito al Comisario a que, en el momento en que se pasará al trámite de los actos legislativos, evite lo más posible los excesos normativos y las pesadas cargas burocráticas, en particular en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas.

Bodrato
Señor Presidente, la promoción de una autoridad europea independiente a la que se le confíe la investigación en beneficio de la seguridad alimentaría es un objetivo que reviste una importancia extraordinaria que hay que alcanzar junto con las estructuras nacionales, a quien les corresponde la responsabilidad de los controles. Sin embargo, hay que evitar que, al amparo del debate sobre el Libro Blanco, aumente en la opinión pública el temor a una Europa burocrática que influye en la calidad de los productos sin castigar de manera eficaz los fraudes que amenazan la salud de los consumidores.
Quiero destacar sólo un punto del informe del Sr. Bowis que yo también felicito. Una estrategia que abarca toda la cadena alimentaria, de la agricultura a la producción y a la distribución, podría fomentar una mayor concentración económica en detrimento de las empresas más pequeñas y de los productos típicos, sin crear una ventaja real para los consumidores. Las pequeñas empresas de productos típicos son la riqueza de muchas regiones europeas. El objetivo de la seguridad alimentaria puede y debe concordar con esta situación concreta que, como han subrayado muchas Señorías, además de un valor económico, tiene un valor cultural.

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, quiero felicitar sinceramente al Sr. Bowis por su excelente informe acerca del Libro Blanco sobre seguridad alimentaria. Estamos ante un tema de una gran carga emocional que a raíz de las crisis alimentarias europeas ha dado lugar a discusiones acaloradas. En mi opinión, el Sr. Bowis ha sabido incorporarlas debidamente a su informe.
En los Países Bajos el debate se ha centrado en la creación de una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. En realidad, se trataría del homólogo europeo de la FDA americana, tal y como sugirió el Sr. Prodi al asumir sus funciones de Presidente de la Comisión.
El Libro Blanco que tenemos delante de nosotros y el informe del Sr. Bowis parten de la creación de una agencia, una agencia dotada de un amplio paquete de tareas destinado a adoptar medidas legislativas complementarias que restablezcan la confianza. Posteriormente, después de haber sido estudiado por los Estados miembros y este Parlamento, el Libro Blanco adquirirá carácter legislativo al quedar plasmado en una nueva propuesta de directiva. Las tareas serán las siguientes: investigación científica independiente, asesoramiento, controles e inspecciones independientes, sistema de alerta rápida y también coordinación para recuperar la confianza.
Las inspecciones independientes me preocupan. ¿Por qué? Porque creo que se debe garantizar una mejor coordinación con Dublín y considero asimismo imprescindible que se puedan ejercer controles en los Estados miembros sin consentimiento previo. Se han presentado enmiendas a este respecto.
La elaboración de la legislación, la normativa y las reglas correspondientes queda en manos de las instituciones europeas competentes, en el sentido de que la Comisión toma la iniciativa al tiempo que el Consejo y el Parlamento actúan como legisladores. Ello no obstante, formularé un gran deseo. Me hubiera gustado que la agencia fuese comparable con la EMEA, y si por mí fuera también habría consignado en la nueva propuesta la notificación y aprobación de productos por parte de esta autoridad. Espero que aún se decida tomar en consideración dicho punto en la nueva propuesta.

Byrne
. (EN) En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a los numerosos diputados que han colaborado en este informe. Como ustedes saben, la Comisión atribuye la máxima prioridad a su estrategia sobre seguridad alimentaria. Debo expresar mi especial agradecimiento a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y a su ponente, John Bowis, por la elaboración de esta opinión con semejante nivel de consenso, y presentarle mis respetos a él y a los demás diputados que se han tomado el tiempo de tratar sobre estos temas conmigo y con mis asistentes. El resultado ha sido este excelente nivel de consenso, que es otro ejemplo destacado de la cooperación que puede existir entre nuestras dos grandes instituciones.
El Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria pone en marcha un importante y ambicioso programa de reformas legislativas para completar la política comunitaria "de la granja al consumidor" . Junto con nuestras propuestas encaminadas a establecer una autoridad europea alimentaria, el programa hará una contribución de primer orden a la protección de la salud de nuestros ciudadanos, así como al restablecimiento y mantenimiento de la confianza de los consumidores en la seguridad alimentaria. Los consumidores europeos tienen todo el derecho a esperar los niveles más altos que puedan alcanzarse en materia de seguridad alimentaria, y nuestro propósito es desarrollar sistemas que garanticen dichos niveles.
Una cadena de seguridad alimentaria desde la granja hasta el consumidor, regulada correctamente y controlada con eficacia, es el camino a seguir para elevar los niveles de confianza en el suministro de productos alimenticios europeos. En este sentido, la Comisión ya ha comenzado a trabajar con ahínco en su programa de reforma legislativa presentado en el Libro Blanco. Ya hemos presentado varias propuestas al Consejo y al Parlamento: por ejemplo, el paquete de propuestas de reestructuración y actualización de la legislación en materia de higiene. Como acotación al margen, puedo decir a los oradores que se han referido a la necesidad de flexibilidad en relación con la producción de especialidades culinarias locales y de productos típicos, que este tema ya está contemplado en la legislación sobre la higiene.
También estamos trabajando en varias reformas importantes de los sistemas de control que aplican las autoridades competentes en los Estados miembros y a nivel comunitario. En este sentido, la Comisión adoptará propuestas sobre un régimen de control revisado en un futuro próximo. El Libro Blanco reitera el compromiso de la Comisión de fundamentar sus propuestas relativas a la protección de la salud de los consumidores sobre una base científica. De hecho, la autoridad alimentaria ha sido concebida como un centro de excelencia científica al servicio de la Comunidad en su sentido más amplio: los consumidores, las instituciones y los Estados miembros por igual.
La autoridad alimentaria deberá asimismo ser visible para el público en general y convertirse en la voz autoritaria en lo relativo a los aspectos científicos de la seguridad alimentaria en Europa. La Comisión tiene intención de adoptar una propuesta de reglamento por el que se establezcan los principios y objetivos globales de la legislación alimentaria, que proporcionará el marco para las futuras medidas de protección de la salud en materia alimentaria. Esta propuesta presentará la creación de una autoridad alimentaria europea que proporcione a la Comunidad asesoramiento sobre aspectos científicos y técnicos y que permitirá a la Comisión dar efecto a los principios generales de la legislación alimentaria. Tenemos la intención de adoptar esta propuesta en la Comisión el 8 de noviembre de 2000.
Este plazo refleja la importancia que la Comisión atribuye a esta cuestión y se ajusta ampliamente al calendario que establece el Libro Blanco y que prevé la entrada en vigor de la legislación por la que se crea la autoridad en 2001, lo que permitirá la creación de la autoridad alimentaria en 2002. Sólo desearía poder acortar los plazos. Sé, señor Presidente, que usted comparte mis opiniones en este sentido. Espero poder recibir todo el apoyo del Parlamento cuando tratemos sobre esta importante legislación en el plazo más breve posible.
He seguido con gran interés el debate del Parlamento sobre el Libro Blanco. Me ha parecido muy alentador el alto nivel de consonancia entre las opiniones del Parlamento, tal y como están expresadas en el proyecto de informe que ha sido objeto del debate, y el Libro Blanco. Esto facilitará la tarea de la Comisión en lo que respecta a la presentación de una propuesta equilibrada que tenga en cuenta el mayor número posible de las opiniones del Parlamento y de los numerosos interesados en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Como observarán, no puedo prometer que incluiré todas sus opiniones, pero como demuestra mi trayectoria ante este Parlamento, haré todo lo que esté en mi mano. Ya he reconocido con anterioridad ante este Parlamento y otros foros algo que considero importante para la aceptación más amplia posible de nuestras ideas sobre la autoridad alimentaria: el papel y la participación del Parlamento en la puesta en vigor de la legislación por la que se creará la autoridad alimentaria. Quisiera hacer constar en acta hoy que mantengo mi compromiso de que el Parlamento desempeñe plenamente el papel que le corresponde en el proceso de codecisión para la entrada en vigor de esta legislación. Es acertado y justo, y apoyo el deseo del Parlamento de que se apliquen los artículos 95 y 152 del Tratado con este fin.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a usted, señor Presidente, a su ponente, Sr. Bowis, a los ponentes alternativos, a la Comisión de Medio Ambiente y a las otras comisiones que han colaborado, así como a la Asamblea en su conjunto por haber cerrado este capítulo de nuestro cometido colectivo por la mejora del régimen de seguridad alimentaria de Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar hoy a las 12.00 horas.

Minas antipersonas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto del informe (A5-0286/2000) de la Sra. Bonino, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la acción contra las minas terrestres antipersonas (COM(2000) 111 - C5-0158/2000 - 2000/0062(COD));
y de las siguientes preguntas orales:
B5-0544/2000 del Sr. Miranda, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, a la Comisión, sobre las minas terrestres;
B5-0545/2000 del Sr. Brok, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, a la Comisión, sobre las minas terrestres.

Bonino
. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, señoras y señores diputados, no es la primera vez que este Parlamento aborda la cuestión de las minas antipersonas. Antes bien, en el pasado, esta problemática fue una de las fuerzas motrices que, desde el punto de vista político, supuso la firma de la Convención de Ottawa. Se trató de una campaña que partió de algunas organizaciones no gubernamentales y que luego fue apoyada por la Cruz Roja, Europa y la Unión Europea como tal, y que se ha convertido casi en un modelo de campaña en el ámbito internacional.
Fue uno de los Tratados firmados más rápidamente en la historia de los Tratados internacionales: fue ratificado en tan sólo un año por cuarenta parlamentos llegando, en consecuencia, a ser operativo. La última reunión de Ginebra ha reconocido progresos muy notables no solo en el terreno de la concienciación del problema, sino también del desminado. Seguramente tenemos mucho trabajo por delante y es por esto que todos debemos saludar como un hecho positivo la propuesta presentada por la Comisión. Mejor dicho, espero que esta capacidad de presión, esa rapidez por la que la Unión se ha distinguido en lo referente a las minas antipersonas pueda servir de ejemplo para otros tratados pendientes de ratificación, a los que este Parlamento siempre ha atribuido mucha importancia. Me refiero a la constitución del Tribunal Internacional para los Crímenes contra la Humanidad, por no hablar de la moratoria sobre la pena capital.
Pasando ahora a nuestro informe, considero positiva la propuesta de la Comisión y he de decir que las Comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y de Desarrollo han trabajado intensamente para mejorarla aún más, si cabe, especialmente en algunos puntos. Querría citar sólo algunos de ellos que, respecto a la propuesta del Parlamento, parecen significativos y que, en todo caso, representan un concreto avance en este tema. Primer punto: reiteramos - con la esperanza de que el Parlamento la respalde - la necesidad de destruir los stocks de minas antipersonas que siguen existiendo en muchos países, incluso firmatarios, porque la destrucción de los stocks nos parece el elemento de prevención del que hablamos con frecuencia sin nunca saber muy bien a qué nos referimos.
El segundo punto se refiere a todo un conjunto de elementos que espero que este Parlamento apruebe en lo que se refiere a las líneas presupuestarias. Señor Comisario, hemos querido no solo simplificar lo más posible su propuesta - por lo que al final hemos llegado a tres líneas presupuestarias: una general, una relativa a la investigación y una relativa al desminado humanitario - sino que la hemos simplificado todavía más - espero que el Parlamento lo apruebe - en lo referente a la comitología considerando suficiente un comité consultivo respecto a un comité de gestión, precisamente porque, por coherencia interpretativa, consideramos que la Comisión es la responsable de la ejecución del presupuesto y responde de él de forma totalmente transparente.
Otro elemento significativo es que este Parlamento no pide cosas genéricas, sino 200 millones de euros en el período 2000-2006, más los fondos para la investigación, más la línea humanitaria, dado que estamos hablando de hechos - lo esperamos - y no sólo de una resolución. En efecto, señor Comisario, mi experiencia me enseña que sin fondos es difícil resultar concretos desde cualquier punto de vista.
Por otra parte, precisamente porque los fondos son tan considerables - 200 millones de euros, con un notable aumento en relación a la dotación anterior - querríamos que la Comisión creara, en su interior, una unidad que se encargue de la acción en materia de minas, precisamente para poder dar transparencia y coherencia a esta actividad.
Desde este punto de vista, estos me parecen los elementos más peculiares que van en el sentido de la responsabilidad de gestión y de la transparencia. Desde el punto de vista político, volveremos a la resolución más adelante.
El último punto se refiere a las enmiendas. Reitero mi posición contraria a las enmiendas 10 y 19, por coherencia presupuestaria y, en cuanto a la enmienda 29, pido la votación por partes separadas para lograr una mejor formulación de todo el texto que creo que ha sufrido alguna falta de interpretación.
Señor Presidente, señor Comisario, les doy las gracias con la esperanza de que estas propuestas innovadoras no solo sean aceptadas por el Parlamento, sino tenidas en cuenta por el Consejo y por la Comisión.

Morgantini
. (IT) Señor Presidente, incluso en lenguaje corriente la palabra "mina" indica peligro, y en italiano, en efecto, se dice: "eres una mina" .
Como Unión Europea debemos actuar al unísono para que las minas dejen de fabricarse, se destruyan todos los stocks, se limpien de minas los territorios facilitando ayuda y medios de inserción social y económica a las víctimas, entre las cuales hay muchos niños, y garantizando el desarrollo de la comunidad afectada.
En este sentido, hay que estar muy atentos y se debe emprender una acción de mayor sensibilización para que el problema no caiga en el olvido. Tanto en el informe como en las opiniones de las comisiones que aquí presentamos, se ha subrayado el papel motor del Parlamento y de la Unión Europea para la eliminación de las minas y para la contribución económica destinada a la Organización de Naciones Unidas.
Como ha dicho de manera muy explícita y clara la Sra. Bonino, con la propuesta de reglamento de la Comisión se ha dado un nuevo paso adelante. Hemos presentado varias enmiendas tendentes a aclarar, a convertir en más transparente, a reforzar y a racionalizar las líneas presupuestarias, así como nuestro compromiso con el desminado y la destrucción de los arsenales de almacenamiento, y esto conjuntamente con muchas organizaciones no gubernamentales que han tenido el gran mérito de que este problema se considere inaplazable. Existe, sin embargo, una debilidad - hay muchas, pero me refiero a una en particular - en nuestro interior, o sea la acción de presión que debemos hacer sobre Finlandia que no ha firmado el Tratado de Ottawa, y sobre Grecia que no lo ha ratificado, so pena la falta de credibilidad de Europa a la hora de promover la adhesión de todos los países de la Convención y plantea la cuestión - que hemos planteado también en la pregunta oral que presentamos a la Comisión - de si lo países candidatos deben firmar el Tratado de Ottawa antes de entrar a formar parte de la Unión.
En el informe del año 2000 del Unmine Monitor se ven claramente los progresos realizados gracias a Ottawa. A escala mundial, sin duda, se registra una reducción de la fabricación y de la comercialización, una reducción de las víctimas, de los arsenales, etcétera, aunque siguen estando demasiado presentes en el mundo. Continúan pendientes muchos problemas, especialmente cuando países como Estados Unidos aún no han firmado la Convención o países como China y Rusia disponen de enormes cantidades de stocks y poseen grandes arsenales.
Europa debe encontrar la manera de que estos arsenales se eliminen de la historia, así como de que sigan presentes en la memoria para recordar que ya no hay que matar con nuestras mortíferas producciones.

Miranda
Señor Presidente, todos conocemos -por lo demás, lo han dicho ahora nuestras colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini- la dimensión del drama resultante de la utilización de minas antipersonal y la gravedad del problema, dado el elevado número de minas que siguen colocadas y activadas en el terreno. Hay quien habla incluso de 70 a 100 millones. Eso explica la importancia y la oportunidad del Convenio de Ottawa, por el que se pretende llevar a acabo una acción concertada de la comunidad internacional con vistas a poner fin a esa tragedia, que de forma muy especial afecta a los países menos desarrollados, aunque subsistan dificultades porque algunos Estados importantes -ya citados- no lo hayan firmado. Y a ese respecto no podemos dejar de lamentar que un Estado miembro -Finlandia- no lo haya firmado aún y otro -Grecia- no haya procedido aún a su ratificación, como acaba de decir nuestra colega Luisa Morgantini.
Y aquí surge la primera cuestión: la necesidad de que la Unión Europea, en particular la Comisión, haga todo lo posible ante los países no signatarios para que lleguen a firmar el Convenio de Ottawa. Es deseable que la Comisión nos diga lo que pretende hacer a ese respecto, en particular en cuanto a los países candidatos a la adhesión. Pero, evidentemente, si el Consejo y los Estados miembros afirman explícitamente que la Unión Europea, en su actuación exterior, en modo alguno utilizarán ni ayudarán a utilizar las minas antipersonal, su autoridad en esa esfera será mayor. Entretanto, es indispensable garantizar la máxima coherencia y la coordinación entre las acciones llevadas a cabo por la Unión Europea y las de los Estados miembros. También en esa esfera la Comisión puede y debe desempeñar un papel inestimable. Y también deberá decirnos a ese respecto lo que se propone hacer en el futuro. Nos parece también que las acciones comunitarias que se deben llevar a cabo en ese terreno deben contar con una adecuada inserción presupuestaria para poder alcanzar una mayor eficacia. La propuesta de reglamento de la Comisión nos parece demasiado vaga. Por nuestra parte, nos inclinamos claramente por la creación de una única línea presupuestaria destinada a las acciones de lucha contra las minas, a excepción de la investigación y la ayuda alimentaria, como también consideramos ventajoso que simultáneamente se cree una unidad central de coordinación de todas las acciones en esa esfera, como ha dicho nuestra colega Emma Bonino.
En cuanto a las acciones que se deben llevar a cabo, es indispensable garantizar la destrucción de las minas existentes, de la enorme cantidad de minas almacenadas, y evitar su colocación en el mercado negro. Como también es indispensable acabar con su producción. Si seguimos con la producción y la comercialización de minas, de poco servirán otras acciones de retirada de minas o asistencia a las víctimas. En la esfera de la prevención es en la que habrá que actuar ante todo. Después es necesario invertir más en investigación, en particular la dedicada a la detección de minas colocadas en el terreno. Y, por último, es absolutamente fundamental reforzar las acciones de retirada de minas garantizando la eficacia de las llevadas a cabo y concediendo prioridad a los países que respeten el Convenio, como también es indispensable garantizar medidas de rehabilitación de las víctimas.
También en esas esferas nos gustaría que la Comisión explicara más a fondo lo que piensa hacer, teniendo en cuenta la experiencia del pasado y el importante papel que la Unión Europea ha desempeñado en esa esfera. El campo de acción es, naturalmente, muy amplio y exige medios y gran voluntad política. El imperativo es enorme, pero la dimensión de ese drama impone un esfuerzo y un empeño enormes con vistas a poner fin a esa situación.

Brok
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos sabemos qué consecuencias tienen las minas antipersonas a pesar de que en casos aislados con frecuencia existan grandes justificaciones militares. Acarrean como consecuencia unos sufrimientos interminables precisamente entre la población civil y entre los niños. También destruyen con frecuencia a largo plazo las posibilidades de desarrollo de países pues zonas enteras están totalmente contaminadas con ellas. Por este motivo, es extraordinariamente positivo que la Comisión y la Unión Europea se ocupen de este tema y quieran que se aplique aquí una política coordinada. Con nuestra pregunta queremos animar a la Comisión para que prosiga por esta vía e intensifique esta iniciativa.
Pues, de hecho, es necesaria una coordinación entre los esfuerzos europeos e internacionales, entre los campos financiados con fondos de desarrollo o las acciones gestionadas directamente por la Comisión. Es necesario que la dotación para la eliminación de las minas se organice de un modo razonable y que financiemos trabajos de investigación para realizar trabajos de detección y eliminación, para instrumentos que se pueden utilizar de un modo sencillo in situ para que aporten una ayuda precisamente en los países en vías de desarrollo. También en lo referente al empleo de personal, tanto civil como militar, es posible mejorar algo la coordinación. Mi comisión propone elaborar ideas para buscar en cooperación con Eurocorps unas posibilidades especiales de actuación que permitan que en este campo Europa desempeñe un papel puntero. Sin duda, también es necesario que mencionemos zonas prioritarias para la eliminación y establecer de este modo unos puntos centrales especiales.
La situación es tal que los acuerdos internacionales no han sido firmados aún por todos los países o que, por los motivos más variados, no han sido aún ratificados por todos. Creo que debemos dirigir esta campaña también para que los responsables políticos recapaciten sobre la utilidad militar de estas minas y sobre las consecuencias para las personas y las regiones afectadas y para que, tras esta consideración, lleguen al convencimiento de que no se debe usar ya más este arma y para que ayudemos a tales países a desarrollar unas alternativas políticas al empleo de tales minas. Creo que también se puede configurar el entorno político en tales regiones de un modo razonable para que se proporcione a tales Gobiernos la fuerza política para salir de este círculo que significa que uno quiere por lo visto protegerse pero, a la postre, se perjudica a la propia población. Por ello, sólo puedo alentar a la Comisión para que considere esto no sólo como un enfoque técnico con el que se puede ayudar en algún lugar con recursos financieros sino para que creemos también el entorno político para lograr de este modo una mejora.

Patten
. (EN) Quisiera expresar mi agradecimiento por la actitud ambiciosa y constructiva del Parlamento, que ha quedado claramente reflejada en el informe de la Sra. Bonino sobre la propuesta de reglamento y que viene a reforzar la contribución de la Unión Europea en la lucha contra las minas terrestres antipersonas.
No es ninguna sorpresa que el informe de la Sra. Bonino sea un documento tan convincente e importante. Agradezco, aunque no me sorprende, el tono del informe. Al fin y al cabo, el Parlamento Europeo encabezó en la Unión la lucha contra las minas terrestres. Fue el Parlamento el que propuso por primera vez, en 1996, la creación de una partida presupuestaria horizontal y un fundamento jurídico adecuado que constituyeran una plataforma única para la amplia gama de intervenciones que emprendemos en este importante ámbito.
El Parlamento tuvo un papel decisivo a la hora de impulsar a la Unión a adoptar un papel activo en la Conferencia de Ottawa de 1997, que propició la celebración de la Convención sobre la prohibición y erradicación de las minas terrestres. El desafío que representa la plena aplicación de dicha Convención ha llevado a la Comisión a reflexionar sobre cómo podemos reforzar la contribución de la Unión Europea a la lucha contra las minas terrestres. El resultado de dicha reflexión lo tienen en sus manos en la forma de una propuesta de reglamento.
Quisiera mencionar también el papel decisivo que han jugado la sociedad civil, las fuertemente motivadas organizaciones no gubernamentales y, en particular, la campaña internacional en favor de la prohibición de las minas terrestres. Sus esfuerzos son decisivos para el éxito de la aplicación de la Convención y la presión de éstas ejercen sobre los gobiernos de todo el mundo ha contribuido enormemente al ritmo esperanzador con que se suceden las ratificaciones y adhesiones.
Durante los últimos ocho años, hemos contribuido con más de 200 millones de euros, con cargo al presupuesto comunitario, a la lucha contra las minas terrestres. Sólo en 1999, la Unión destinó a este fin más de 100 millones de euros, 30 de los cuales eran para proyectos comunitarios, lo que representa una contribución mucho mayor que la de cualquier otro donante internacional. Quizá algunos diputados habrán visto el folleto que hemos preparado para la conferencia sobre la revisión de la Convención de Ottawa celebrada el mes pasado, en el que puede verse la magnitud de las intervenciones que hemos realizado, que cubren todos los rincones del mundo y todos los aspectos de la acción antiminas. Alabo, en particular, la labor del Centro Común de Investigación.
Ser el mayor contribuyente a esta causa no es suficiente. La propuesta de reglamento debería permitirnos definir un enfoque global y estratégico y medir nuestros esfuerzos con respecto a objetivos bien definidos en la vía hacia nuestra meta final común de un mundo sin minas terrestres.
Antes de pasar a comentar el excelente informe que nos ocupa sobre la propuesta de reglamento, quisiera hacer algunas observaciones de carácter general en respuesta a las interesantes y valiosas intervenciones que han realizado el Sr. Miranda y el Sr. Brok.
Naturalmente, compartimos el objetivo de dar un carácter universal a la Convención de Ottawa. La Unión Europea mantiene una posición inequívoca, como refleja la acción conjunta de 1997 sobre la promoción y ratificación de la Convención de Ottawa por el mayor número posible de países. Aunque no puedo ocultar el hecho de que, evidentemente, los poderes de persuasión de la Unión encaminados a lograr este objetivo se ven limitados en cierta medida por las dificultades que prevalecen en algunos Estados miembros para suscribir y ratificar la Convención. Es una cuestión que, de acuerdo con los términos de la intervención de su Señoría, planteamos con cierta regularidad a dichos Estados miembros.
Está claro que el apoyo de la Unión Europea a la acción antiminas puede ser un impulsor importante para conseguir que los posibles países beneficiarios suscriban la Convención. La comunicación y el proyecto de reglamento pueden servir de condicionantes en este sentido, pero no deberíamos ser demasiado dogmáticos. Debemos reconocer la situación específica que reina en algunos países. No deberíamos penalizar a las personas que necesitan nuestra ayuda, aunque sus gobiernos no muestren aún un nivel suficiente de compromiso con la aplicación de la Convención. Es el dilema al que nos enfrentamos habitualmente. Es el dilema al que se ha referido su Señoría con considerable elocuencia en el pasado: el reto al que nos enfrentamos una y otra vez es proporcionar asistencia humanitaria a personas que, en muchos casos, necesitan asistencia humanitaria como consecuencia de las acciones de sus propios gobiernos. Pero no podemos penalizar a las personas que tienen un mal gobierno.
En cuanto a los países candidatos, cabría esperar de ellos que apoyen la acción conjunta a la que acabo de referirme. No se trata del acervo comunitario en el sentido jurídico propiamente dicho, pero evidentemente los alentaremos a que erradiquen las minas de sus estrategias de defensa, que pongan fin a la fabricación o comercialización de minas y suscriban y ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Minas.
Si me permiten, una vez más, seguir el argumento que ha expuesto el Sr. Miranda hace un momento, tengo especial interés en que también examinemos proyectos para destruir las existencias de minas almacenadas. Puede resultar difícil desde una perspectiva ambiental y es caro, pero deberíamos dar prioridad a este objetivo en el futuro.
Quisiera llamar la atención del Parlamento sobre el Fondo fiduciario internacional de Eslovenia que, en sólo dos años de funcionamiento, ha creado un programa regional de acción antiminas con ayuda de la Unión Europea, los Estados Unidos y varios otros países, que incluye proyectos en toda la región de los Balcanes. Tras los acontecimientos ocurridos este mismo año en Zágreb y más recientemente en Belgrado, debemos aspirar a un futuro libre de minas terrestres para la Europa sudoriental.
El incremento de la coherencia entre la acción de la Comunidad y aquélla de los Estados miembros, a la que ha hecho referencia su Señoría, es uno de los puntos centrales de la comunicación que acompaña a la propuesta de reglamento. Hemos adoptado un enfoque flexible de la coordinación, en vez de uno rígido y centralizador. La eficacia de la acción contra las minas será mayor si ésta ha sido elaborada de acuerdo con las condiciones específicas de cada situación. Es el motivo por el que no proponemos aunar toda la acción de lucha contra las minas, ni siquiera dentro del marco comunitario, en un programa único y en una sola partida presupuestaria. Proponemos, por el contrario, la creación de un grupo de expertos en el que participen los Estados miembros, las organizaciones no gubernamentales y los interlocutores afines. Lo que se pretende es que este grupo asista a la Comisión en la elaboración de una estrategia global de lucha contra las minas.
Volviendo concretamente sobre el informe Bonino, quisiera comentar brevemente las escasas enmiendas presentadas por el Parlamento que la Comisión no puede aceptar en su forma actual. Ya he tocado algunas de ellas en mi respuesta a su Señoría. En primer lugar, como ya he mencionado, creo que sería un error, bien intencionado, pero contraproducente, imponer la adhesión a la Convención de Ottawa como requisito imprescindible para la asistencia comunitaria a la acción antiminas. No es necesario decir que serán raros los casos en que aceptemos conceder asistencia a países que no hayan suscrito la Convención. Pero no faltarán casos en los que, por razones políticas o humanitarias, deseemos ayudar a las poblaciones a pesar de sus gobiernos. Por tanto, quisiera abogar en contra de la enmienda 18.
Aunque comprendo y respeto las aspiraciones que se esconden tras la propuesta de concentrar todos los fondos para la acción contra las minas en una línea presupuestaria horizontal, con excepción de la relativa a investigación y de la que lleva a cabo ECHO, no estoy convencido de que esta medida nos permita la flexibilidad necesaria para optimizar la eficacia de las intervenciones de la Unión Europea. Podría suceder que, con el paso del tiempo, la línea horizontal atraiga más atención y más apoyo, pero también debemos mantener la relación que existe con una programación nacional y regional más amplia a través de partidas y reglamentos presupuestarios geográficos. Personalmente quisiera decir no a las enmiendas presentadas 3, 16 y 21.
Por este mismo motivo, tengo plena confianza de que los recursos humanos y administrativos solicitados para la unidad central de acciones antiminas serán suficientes para garantizar la aplicación adecuada del reglamento. No queremos añadir nuevas capas a nuestra burocracia; podemos obtener los mismos resultados con un pequeño equipo y la creación de una red adecuada. Quisiera proponer el no a la enmienda 17.
Asimismo, tampoco queremos crear otro comité, ya sea un comité de gestión o consultivo. Como el Parlamento sabe, ya existen demasiados y, como también sabe el Parlamento, con nuestras propuestas sobre la reforma de la asistencia comunitaria a terceros países esperamos poder dejar atrás el pesado control individual de cada proyecto y centrarnos, en cambio, en nuestras negociaciones con los Estados miembros sobre estrategias y programas globales. Es lo que estamos acordando con respecto a MEDA, por ejemplo. Los distintos comités geográficos actuales se encargarán de ello. En vez de añadir a la lista otro comité, proponemos la creación de un grupo de expertos que nos proporcione un foro que vaya más allá de expertos gubernamentales en el que podamos discutir y en el que podamos definir una estrategia global de acciones antiminas para que se aplique horizontalmente y sea revisada una vez al año. Por consiguiente, la Comisión no puede aceptar las enmiendas 8, 22, 23, 25 y 29.
Por último, sobre la adjudicación de proyectos de acciones antiminas, quisiera advertir que no debemos confiar en un endurecimiento de las condiciones para poder participar en nuestras licitaciones. Además de perseguir la generación de capacidad y la propiedad de los proyectos, debemos estar en condiciones de aprovechar los mejores conocimientos y materiales existentes siempre que sea posible. En la mayoría de los casos, eso se hará dentro de la Unión Europea, aunque, excepcionalmente, podría existir la necesidad de recurrir a terceros países. No puedo aceptar la enmienda 19.
No entraré en el gran número de enmiendas presentadas que la Comisión está dispuesta a aceptar sin problemas y que, en mi opinión, mejorarán de manera significativa la propuesta de reglamento. Estas enmiendas vienen a confirmar la meta y las aspiraciones que todos compartimos.
Deberemos aún seguir trabajando si queremos alcanzar los objetivos de la Convención de Ottawa de erradicar dichas minas durante los próximos diez años. La adopción del presente reglamento constituye, en mi opinión, un paso pequeño, pero importante en la consecución de dicho objetivo. Espero que podamos contar con el continuo apoyo del Parlamento para llevar a buen puerto el proceso legislativo.

Van Orden
Señor Presidente, algunos participamos desde hace muchos años en el intento de superar la lacra de las minas terrestres antipersonas. Es un problema que ha despertado el interés de la sociedad en muchos de nuestros países. Los gobiernos han manifestado su compromiso y han destinado grandes sumas de dinero a este fin. Las ONG han proliferado en respuesta a la necesidad y, sin embargo, cuando han transcurrido casi cuatro años desde la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre minas celebrada en Ginebra y más de un año desde la entrada en vigor de la Convención de Ottawa, nos vemos obligados a reconocer que muchos países y miles de personas, generalmente en las regiones más pobres del mundo, siguen padeciendo las terribles consecuencias de las minas terrestres antipersonas y las municiones sin detonar.
¿Por qué es tan lento el progreso? Creo que los problemas son de triple naturaleza. En primer lugar, debemos centrarnos en nuestros objetivos. La campaña en contra de las minas terrestres antipersonas no debería utilizarse como una oportunidad para atacar a los gobiernos occidentales, en particular a los Estados Unidos, a las instalaciones militares occidentales o a la industria occidental. En la mayoría de los casos, los gobiernos occidentales no son el problema, sino parte de la solución. Deberíamos centrar nuestra atención política en los auténticos culpables: las facciones enfrentadas y los gobiernos irresponsables que han demostrado no sentir la menor preocupación por la población civil y que utilizan minas terrestres antipersonas indiscriminadamente para sembrar el terror.
Y lo que es más importante, la lucha práctica contra las minas debería centrarse en los aspectos prioritarios: limpiar las zonas en las que se sospecha que existen minas que impiden la reanudación de la vida normal y del desarrollo económico, y prestar asistencia a las víctimas de las minas. En segundo lugar, la comunidad internacional debe mejorar la coordinación de sus esfuerzos a nivel global, así como y en particular, dentro de los países afectados. Lo cierto es que aún desconocemos el verdadero alcance de los territorios infestados de minas terrestres y tampoco conocemos la eficacia que han tenido los esfuerzos encaminados a la eliminación de minas. Debe realizarse un rápido ejercicio de evaluación en cada uno de los países más afectados, de manera que podamos ver con mayor claridad qué acciones debemos emprender.
En tercer lugar, debemos garantizar la buena utilización de los fondos. Me enorgullece que la Comisión Europea sea el mayor partidario del mundo de la acción antiminas. Se trata de un ámbito en el que, habida cuenta de la capacidad de la Unión Europea de coordinar los esfuerzos de numerosos países, la aplicación de grandes recursos a este problema debería ser más eficaz. Son muchas las razones por las que la retórica no se corresponde con la realidad. En cierto modo, el caso de las minas terrestres ilustra el fracaso más amplio de la Comisión en lo que respecta a hacer un uso eficaz de los recursos de que dispone. El Comisario de Relaciones Exteriores ha reconocido anteriormente que los programas de ayuda exterior de la Comisión han sido motivo de vergüenza. La Comisión debe mejorar la calidad de sus programas, así como la velocidad con que los aplica. Bajo el liderazgo del Sr. Patten, las cosas comienzan a avanzar por el buen camino.
La comunicación de la Comisión y el reglamento sobre las minas terrestres antipersonas son documentos de gran utilidad, pero eluden dos elementos clave que las enmiendas del Parlamento intentan corregir. La financiación de acciones plurianuales debe concentrarse en una única línea presupuestaria y debe existir una unidad dentro de la Comisión que disponga de los recursos necesarios y asuma la responsabilidad específica no sólo del marco político, sino también de la planificación y aplicación de la acción antiminas, incluidos los contratos. Un compromiso al más alto nivel, una dirección y gestión adecuadas con responsabilidad son los elementos clave para una utilización eficaz de los recursos. Pasemos de los gestos a la auténtica acción y a resultados tangibles.

Van den Berg
Señor Presidente, el Grupo Socialista comparte el orgullo que acaba de expresar el Sr. van Orden con respecto al papel desempeñado por la Unión Europea. Hace unos años estuve en una clase en Kabul, Afganistán, y allí vi cómo se enseñaba a los niños a distinguir los diferentes tipos de minas terrestres. Cuando me di cuenta de que una de las minas terrestres tenía la forma de una mariposa, comprendí que estas minas habían sido diseñados para que los niños jugaran con ellas y resultaran heridos, y en ese momento también entendí cuál es el valor moral de aquellos que producen estas cosas. Allí pude comprobar asimismo que las campañas de sensibilización llevadas a cabo en las escuelas y entre la población constituyen el medio más eficaz para evitar que haya más víctimas. Por eso, estimo fundamental que gran parte de los fondos se destine a este fin, por lo que, desde mi Grupo, respaldo firmemente las enmiendas que se refieren a este tema.
En segundo lugar, está claro que muchas veces no se hace otra cosa que llevar agua al mar. Mientras que en Afganistán las minas son retiradas por todo tipo de organizaciones, vuelven a colocarse en otros sitios. Y eso me hace recordar asimismo mi estancia en el norte de Mozambique, donde colaboré con organizaciones de minusválidos que habían resultado heridos por culpa de las minas terrestres. Eran ellos mismos los que retiraban y eliminaban dichos artefactos. En aquel momento aprendí dos lecciones. Es necesario que se implique a la población local. A pesar de sus heridas, las víctimas pueden volver a hacer muchas cosas ellas mismas. Comprendí igualmente que en el caso de las minas terrestres no se trata de matar, sino de mutilar a la gente. Es por eso por lo que la cuestión moral adquiere un peso tan grande.
Al llegar a Angola conocí el método utilizado por Norwegian People's Aid. Junto con la población local detectaban las minas y limpiaban determinadas zonas elegidas estratégicamente. Aquella experiencia me enseñó dos cosas: se necesitan expertos, en el caso de Norwegian People's Aid excombatientes y la población local -esto es fundamental-, y es preciso proceder a una retirada estratégica de las minas. No compensa rastrear toda la zona, porque resulta extremadamente caro y requiere demasiado tiempo. Lo importante es que queden limpias las zonas estratégicas, de modo que la economía local pueda volver a funcionar, etcétera. A raíz de eso se me ocurrió que en lugar de trabajar directamente con las autoridades nacionales a través de estructuras complejas es preferible colaborar con ellas a través de las ONG más fuertes y mejor implantadas entre la población local, tal y como intentan hacer en Angola.
Al mismo tiempo se cae en la cuenta de que también en Angola vuelven a aparecer nuevas minas terrestres y ello me lleva a comentar un punto que ha puesto sobre el tapete el Sr. Patten. Señor Comisario, usted dice: estoy en contra de una serie de enmiendas. Pienso, sin embargo, que si usted volviera a estudiarlas detenidamente se daría cuenta de que algunas de ellas -al menos en mi opinión- tienen que ver con las campañas de sensibilización, con la transparencia, con el acceso de las ONG, con cosas que funcionan bien en este momento, pero que podrían funcionar mejor. Creo que a este respecto no tiene nada que temer de las enmiendas de este Parlamento. Nosotros no queremos más burocracia, no queremos más comitología, queremos un mayor espacio para usted, queremos que las cosas se hagan con eficacia. No creo que nuestras prioridades diverjan en este punto.
Tal vez desee repasar algunos párrafos para averiguar si realmente es necesario pronunciar un no rotundo en todas estas cuestiones, algo que, por otra parte, no es fácil escuchar en boca de un inglés. Creo que a este respecto usted y el Parlamento pertenecemos al mismo bando. Como Grupo Socialista nos consideramos parte de esta gran campaña internacional contra las minas terrestres y, al igual que los demás colegas del Parlamento, nos sentimos orgullosos de ello.

Haarder
Señor Presidente, las minas antipersonas son un producto diabólico incomprensible, cuyo propósito no es matar, sino dejar inválidas a sus víctimas y producir los peores dolores y cargas imaginables a las víctimas, a sus familias y a sus países. ¡Piensen en las bombas juguete soviéticas en Afganistán! Desgraciadamente su producción es increíblemente barata mientras que su destrucción y localización resultan sumamente caras. Se tardará cien años en retirarlas y todavía se siguen sembrando más. Fue el liberal Jan Willem Bertens quien planteó este asunto hace cinco años en este Parlamento y creo que este Parlamento realmente puede enorgullecerse de haber empezado este asunto ahora que estamos en vías de conseguir una prohibición de las minas. Y también podemos apuntar la enorme y muy eficaz labor que hace la Unión en este asunto.
No obstante, aún puede hacerse más. Hay máquinas que en poco tiempo pueden limpiar de minas grandes superficies. He visto una máquina semejante en Kosovo, pero permanecía parada y no era usada. La Sra. Bonino y el Sr. Patten tienen razón en señalar lo evidente de destruir los almacenes porque destruir una mina almacenada sólo cuesta una centésima parte en comparación con lo que cuesta destruir una mina ubicada en un lugar de difícil localización.
La Sra. Bonino y el Sr. Patten también tienen razón en que el Parlamento y el Consejo deben mantener sus manos lejos de la administración y escuché muy atentamente los comentarios del Sr. Patten sobre este punto, pues por lo visto cree que tenemos que mantener nuestras manos todavía más lejos. Estoy de acuerdo en principio. Debemos abstenernos de involucrarnos en la administración. En lugar de ello, debemos criticar a la Comisión si ésta no administra como es debido. Pero no debemos hacerlo teledirigiéndola. Es un error que este Parlamento comete a cada momento. La Comisión debe tener libertad para ejercer sus competencias y luego debemos tener libertad para echarle la bronca -si se me permite emplear esta expresión- si no hace bien su trabajo. Por último, me gustaría dar las gracias a la Sra. Bonino. Ayuda tener a una ponente tan experimentada. Gracias por un buen informe.

Wuori
Señor Presidente, muy rara vez nace nada nuevo en el seno de las estructuras de poder ya consolidadas. La prohibición de las minas antipersonas ha desembocado en un proceso que refleja ejemplarmente cómo las Organizaciones no-gubernamentales, ONG, y el Parlamento Europeo han sido capaces de trabajar firmemente por unos objetivos que se han trazado y que los poderes estatales consideran ajenos o poco realistas. Tras la transformación que supuso la Convención de Ottawa, debemos seguir asegurándonos de que la Unión y sus Estados miembros se encarguen de aplicar las medidas complementarias procedentes tanto en el marco de sus relaciones bilaterales, como en el ámbito de su legislación interna, así como de mantener el liderazgo a la hora de preservar y reafirmar su voluntad política, con el fin de que la Convención sea firmada y ratificada a nivel general, incluido mi propio país, Finlandia. Este supuesto debe establecerse también como condición previa a la adhesión a la UE de los países aspirantes, o sea, que debe ser insertado en el acervo comunitario.
El informe que nos ocupa y, sobre todo, la magnífica Comunicación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación crean las condiciones adecuadas para emprender medidas complementarias, las cuales deben concentrarse en el desminado efectivo y en los elementos operacionales de su ejecución, y no en la búsqueda de soluciones exóticas y tecnológicas de alto coste. Los biosensores se están revelando como instrumentos muy prometedores en este aspecto. Por su parte, la Resolución Brok otorga a este trabajo una dimensión política, mientras que las preguntas orales a la Comisión formuladas por los Sres. Brok y Miranda trazan unas pautas que son esenciales. Todos los órganos de la UE tienen que actuar por iniciativa propia de tal modo que los países pobres más afectados por el problema de las minas sean incluidos de forma efectiva en el programa. Evidentemente, la responsabilidad principal sobre el seguimiento recaerá en la Comisión, pero todos debemos encargarnos, por nuestra parte, de que se consiga llevar a cabo cuanto antes un conjunto de medidas de ayuda colectiva para eliminar a nivel mundial esta calamidad.

Alavanos
Señor Presidente, nuestro Grupo se ha mostrado activo desde hace tiempo en toda la gama de reivindicaciones y actuaciones necesarias, desde la interrupción de la producción, destrucción de stocks, cese de la comercialización, limpieza de campos de minas, rehabilitación de las víctimas, y sensibilización.
Quisiera, sin embargo, hacer la siguiente observación: la colocación de minas es directamente proporcional a la incapacidad de la comunidad internacional de dar soluciones políticas a grandes problemas. Cuando un país, por ejemplo, se siente amenazado en sus fronteras por un país vecino, su gobierno acude con más facilidad -desafortunadamente, claro está- al recurso de los campos de minas. Cuando la comunidad internacional no puede hacer frente al veneno del nacionalismo y las confrontaciones, y se muestra incapaz de aportar soluciones políticas, los implicados recurren más fácilmente a la creación de campos de minas. Debemos tomar esto en consideración, porque, he de decir, para referirme a los Balcanes, que en mi opinión, Occidente y la Unión Europea tienen también su responsabilidad, derivada de sus intervenciones políticas, en el hecho de que la mitad de los Balcanes sea hoy un auténtico campo de minas.
Finalmente, señor Presidente, quisiera decir que hacen falta acciones específicas en el ámbito balcánico, y quisiera decir también desde esta tribuna que el gobierno griego deberá ratificar inmediatamente la Convención de Otawa.

Mathieu
Señor Presidente, los camboyanos llaman a las minas centinelas eternos. Estos relámpagos de muerte, que se disparan por azar por la propia víctima, a veces muchos años después del conflicto, son verdaderas bombas de relojería que dificultan la recuperación social y económica de regiones enteras, así como la reinserción de las propias víctimas.
Como signatario del llamamiento por un planeta sin minas, apoyo fervientemente el informe de Emma Bonino, puesto que está bien enfocado. Dos años después de la firma de la Convención de Ottawa, las existencias de minas siguen siendo, desgraciadamente, impresionantes, al menos aquellas que habían sido detectadas. En cuanto a las demás, ya es hora de inventar nuevos métodos de detección y de localización.
Los esfuerzos financieros realizados por la Unión Europea deben desempeñar necesariamente un papel complementario con respecto a las acciones nacionales. Además, es esencial que toda la Unión, así como los países candidatos, firmen la Convención de Ottawa y, sobre todo, la ratifiquen. El desafío es importante, ya que si bien la guerra tiene sus normas - consuetudinarias, en algunos casos; codificadas, en otros -, el empleo de minas antipersonas no forma parte de éstas. Su eliminación deja de ser un problema militar, para convertirse en un desafío humanitario. Europa no puede limitarse a desempeñar un papel de donante, sino que le corresponde ser pionera en un análisis sobre el mecanismo más apropiado, previo al uso de una nueva arma. Incumbe luego a los Estados apoyar el proceso en los foros internacionales.
En conclusión, Europa debe apoyar y profundizar el proceso de Ottawa, a fin de que una nueva arma no provoque, como ocurre actualmente, decenas de víctimas cada veinte minutos.

Raschhofer
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo vehementemente la iniciativa de la Comunidad en la lucha contra las minas antipersonas. Cuando veo las imágenes de los niños que han sido mutilados por minas, extraigo personalmente la conclusión de que cada euro que se emplee para combatir esta locura está correctamente gastado. Un punto sobre el que se han expresado críticamente representantes de las ONG en una conversación personal mantenida con ellos es la mezcla de actividades de militares y de ONG que se contempla en los apartados 11 y 15 de la resolución. Las ONG se han ganado la confianza y el reconocimiento de la población tras el trabajo de muchos años y me temo que una mezcla podría poner en peligro la independencia de las ONG y dañar profundamente la relación de confianza con las personas que padecen.
Frente a los uniformados las personas tienen una desconfianza justificada que se ido acumulando durante largos años de guerra. Por ello, deberíamos hacer todo lo posible para apoyar de modo duradero el trabajo de las ONG.

Gollnisch
Señor Presidente, intervendré muy brevemente en el minuto reglamentario, para lamentar que en un debate tan importante el Consejo no esté representado, cuando se trata a todas luces de la institución que tiene más posibilidades de actuar en el ámbito respecto del cual nuestros colegas están interviniendo en este momento.

Schierhuber
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, quiero expresar personalmente mis felicitaciones a la Sra. Bonino por su trabajo. El Convenio de Ottawa supone un paso decisivo en la lucha internacional por la prohibición del empleo, almacenamiento, fabricación y entrega de minas antipersonas. Por ello, saludo en gran manera que gracias a este nuevo reglamento se aplique ahora este acuerdo con una estrategia de la UE para la mejora de la coordinación, coherencia y transparencia así como también del control de esta acción antiminas. La Unión Europea tiene que hacer justicia también en este tema a su pretensión de desempeñar un papel de abanderada.
Para el Gobierno federal austríaco este tema tiene la máxima prioridad. El Parlamento se ocupa ya desde hace muchos años, tal como ya se ha dicho hoy aquí, de este tema. El Parlamento es el motor que impulsa todos estos esfuerzos y creo que deberíamos intensificarlos aún más. Quiero subrayar aquí expresamente que es necesario instar a otros Estados para que se adhieran al Convenio de Ottawa o para que lo ratifiquen con rapidez y hacer posible de este modo una coordinación internacional así como una rehabilitación de las víctimas. A la cabeza de todos, deberían adherirse a este convenio todos los Estados miembros de la UE. Veo esto como una obligación solidaria también dentro de la Comunidad Europea.
Las minas representan naturalmente un gran obstáculo para la reconstrucción en estos países así como para el retorno de los refugiados. Mientras amenace este peligro será difícil convencer a la población que ha huido para que retorne. Con frecuencia, la Unión Europea es el donante de dinero más importante en las acciones de eliminación de minas que se llevan a cabo en todo el mundo en los países afectados. El problema de las minas antipersonas es demasiado grande para las regiones directamente afectadas y también para los refugiados en las zonas involucradas, por lo que sin una cooperación internacional no es posible ayudar aquí realmente con efectividad. La comunidad internacional de Estados debe adoptar una posición coherente y coordinada. Hay que seguir impulsando los programas de eliminación de minas, la ayuda a las víctimas, la investigación y el desarrollo tecnológico. Hay que imponer necesariamente una prohibición de producción de minas en la UE así como una prohibición de exportación de minas desde la UE. Este objetivo debería ser una prioridad absoluta para todos nosotros.

Sauquillo Pérez del Arco
Señor Presidente, me congratulo de que haya por fin una legislación europea, en forma de Reglamento, sobre las minas antipersonas y que tengamos hoy un buen informe de la Sra. Bonino sobre él.
Ya en la anterior legislatura -como se ha dicho- el Parlamento Europeo aprobó el compromiso de la Unión Europea de luchar contra una de las armas más crueles, mortíferas y cobardes que existen. La Comisión de Desarrollo y Cooperación introdujo en 1996 -como ha dicho el Sr. Patten- una línea presupuestaria dedicada al desminado. Pero, sin embargo, desgraciadamente esa línea está disminuyendo de forma inversamente proporcional al énfasis que estamos poniendo aquí en este asunto.
Dado que estamos ahora aprobando el presupuesto, me detendré un instante en las cifras que me preocupan. Este año hemos contado con 8.100.000 euros. Para el año que viene el Consejo y la Comisión están de acuerdo en reducir el importe a 7.400.000 y el Parlamento propone un aumento de 3 millones en relación con el año 2000. No son mucho estas cifras para solucionar un problema que afecta a 110 millones de personas en 64 países, a 26.000 víctimas de mutilaciones al año y, fundamentalmente, a muchos niños a los que se les conoce en países como El Salvador como los niños rotos, porque son niños que están destrozados, sin manos, sin brazos, sin piernas.
Por ello pido que se transmita al Consejo, que no está aquí presente, y a la Comisión, la importancia de que se aumente esta cantidad, dado que por cada mina que se elimina, desgraciadamente, se siembran entre 20 y 50 nuevas más. Al ritmo de eliminación que llevamos se tardaría -como se ha dicho anteriormente- bastante más de 100 años en limpiar el planeta de minas antipersonas. Por ello solicito que, aunque es insuficiente, se tenga en cuenta la cantidad propuesta por el Parlamento y se contribuya con ello al respeto de la Convención de Ottawa y pido a aquellos países que no lo hayan firmado o ratificado que lo hagan.

El Presidente
Dado que ha habido varias alusiones, yo quisiera precisarles que el Consejo, aunque no esté el ministro, está representado por sus altos funcionarios, que naturalmente le transmitirán nuestras palabras.

Frahm
Señora Bonino, un tiempo de intervención de un minuto para un informe que brilla realmente por su compromiso es muy poco, sin embargo, afortunadamente estoy de acuerdo con la mayoría de las conclusiones del informe, también con la crítica implícita de los países que todavía no han ratificado la Convención de Ottawa. Mi propio país tardó lamentablemente demasiado tiempo en hacerlo. Hay un problema en el informe. En mi opinión, se tiende a intentar vaciar a la FUSP de tareas civiles. Me parece saludable fortalecer los compromisos civiles de cualquier organización que desempeñe actividades militares. Pienso que la exigencia al Consejo, a la PESC y a los Estados miembros en realidad ha de ser que, además de las actividades normales de ayuda al desarrollo y de las actividades humanitarias, cualquier cantidad empleada en actividades militares vaya acompañada por al menos una cantidad equivalente para actividades civiles, por ejemplo, la limpieza de minas en las zonas en cuestión.

Zimmerling
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, hoy nos ocupamos de un tema muy triste. Las minas antipersonas son algo que se debería condenar en todo el mundo. Creo que en esto estamos sin duda de acuerdo. Quiero dividir el tema entres grandes sectores. El primero es el relativo a la prevención. En esta Asamblea estaremos sin duda de acuerdo en que las minas existentes, en especial las minas antipersonas, tienen que ser destruidas. Cuando pienso en los problemas y en la evolución en los países en vías de desarrollo, por ejemplo, en sectores de los países ACP o de Latinoamérica, los resultados nos muestran que no se puede proseguir de la misma forma. El otro punto que me parece importante es que debemos tener muy en cuenta el impedir el mercado negro, en especial en países africanos.
Como segundo sector, me parece de importancia el relativo al de la ayuda a posteriori. Aquí tenemos que ocuparnos de los programas de eliminación de minas y dedicar una especial atención a las acciones humanitarias. Hay que apoyar en este campo en especial iniciativas de investigación que se ocupan precisamente de la técnica de detección y eliminación de minas. Tampoco debemos dejar de lado que la Unión Europea, en especial el Parlamento Europeo, tenga mayores posibilidades de comprobar adónde van a parar nuestros créditos financieros destinados a este fin.
Un tercer sector lo veo en medidas concretas que se deberían proponer, examinar y aplicar. Parto del hecho de que precisamente se debería tener en cuenta a las víctimas de las minas. En su mayor parte se trata de personas particulares, civiles, niños y de niños soldados, tema este del que ya nos hemos ocupado. Cuando vemos que se mutila a niños, por lo que es necesaria una atención a largo plazo, existe entretanto la posibilidad de prever los llamados miembros de crecimiento paralelo que en Europa...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Souladakis
Señor Presidente, con el debate de hoy sobre el informe Bonino, que es un informe excelente, sustancialmente estamos codificando acciones en relación con un problema muy serio de carácter internacional. Con el informe Titley que aprobamos hace días se completa de hecho un segundo paso en asuntos de política exterior, de defensa y seguridad común, que es así, poco a poco, creo, como se construirá en su conjunto para la Unión Europea y tomará cuerpo con términos únicos y normas únicas. Creo que la marcha de las cosas hará justicia a cuantos han tomado la iniciativa, de modo que dejemos de ver a damas y caballeros de sentimientos filantrópicos junto a niños sin piernas, cuando la política debe ser sustancialmente preventiva y no represiva. No es casual que las minas se encuentren, principalmente, en zonas en crisis, es decir, en zonas en las que podrían haberse asumido otro tipo de iniciativas al objeto de superar estas crisis.
En relación ahora con un asunto que se ha mencionado relativo a mi país, Grecia, estoy seguro de que el Parlamento griego no tardará en ratificar la Convención en cuestión, desde el momento en que el país la ha firmado. Sin embargo, deben tener en cuenta que esto ocurrirá a pesar del hecho de que el «vecino Turquía» no tiene la mejor disposición hacia nosotros. Se trata, desgraciadamente, de un hecho real puesto de manifiesto una vez más, la semana pasada, durante unas maniobras de la OTAN, que fueron ocasión para una nueva política de demostración de intransigencia. Esperemos, no obstante, que el futuro resolverá estos problemas.
En definitiva, creo que la gran mayoría que este informe concitará en la votación en el Parlamento, le otorgará tal fuerza, que aun donde no haya oídos para oír y ojos para ver, oirán y verán.

Knolle
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, apoyo el informe de la colega Bonino que aporta una mayor eficiencia y transparencia y sobre el que la Comisión de Desarrollo y de Cooperación ha emitido también una opinión. La felicito por el excelente trabajo. Yo mismo he visto con mis propios ojos los padecimientos de víctimas de las minas tras la guerra de Bosnia en 1992, 1995 y 1999. Muchas víctimas son niños pequeños, terribles huellas, espantosas mutilaciones, proyectos de vida destruidos antes de que hayan podido comenzar. Cada niño que podamos salvar de la muerte por las minas o de terribles heridas en Bosnia, Africa o en cualquier otro lugar merece el esfuerzo de todos nosotros. También quiero expresar mi encarecido agradecimiento por su compromiso a las organizaciones no gubernamentales.
Voy a exponer aún brevemente mi opinión sobre un punto. Se trata de nuestra enmienda sobre la resolución. No existe un consenso a nivel mundial para prohibir las minas antivehículos. Siguen siendo consideradas como una protección irrenunciable frente a los vehículos blindados. Nadie debe aminorar el éxito de Ottawa con la indicación de que las minas antivehículos deberían haberse incluido. Si se hubiese hecho, este convenio habría fracasado ya de antemano.
En lo que se refiere a la ampliación de la UE, los países candidatos deberían adherirse necesariamente al Convenio de Ottawa. Los EE.UU, Rusia y China deberían ser presionados para firmar el convenio. Grecia y Finlandia deberían ratificarlo lo antes posible.
Para finalizar, permítanme decir que lo que más me gustaría es que se prohibiesen todas las minas en todo el mundo ya que se cuentan entre las armas más diabólicas y repugnantes. Pero, lamentablemente, no nos encontramos en el paraíso.

Carlotti
Señor Presidente, un día del mes de diciembre de 1992, un joven pastor de Mozambique olvidó el peligro: creía que, con la paz, éste se había alejado. Esta confianza excesiva le costó la pierna izquierda.
A dos kilómetros de una aldea de Bosnia, en 1999, en un campo una señal advierte de la existencia de minas, lo que no impide la presencia de un niño en ese lugar. Para él, se trata sólo de un lugar para jugar. En efecto, cada vez que acaba una guerra las poblaciones abandonan los campos de refugiados para regresar a sus localidades, con la esperanza de curar sus heridas y de intentar recobrar poco a poco una vida normal. Pero una mina no entiende de acuerdos de paz, y sigue, irremediablemente, con su trabajo.
Aún hoy, a pesar de que 139 Estados han firmado la Convención de Ottawa, las minas prosiguen su obra destructora. Sólo transcurren veinte minutos entre la explosión de dos minas, que matarán o mutilarán a alguien en alguna parte del mundo. Naturalmente, se han realizado progresos con la Conferencia de Ginebra, y esta tendencia positiva debe ser señalada, ya que constituye realmente el resultado de la lucha decidida que desde hace tiempo llevan a cabo las ONG. No obstante, los progresos obtenidos no pueden hacernos olvidar la realidad, y esta realidad son 27 personas muertas y 41 mutiladas cada día. La realidad son 250 millones de minas almacenadas en los depósitos de 105 países. El año pasado, incluso, se utilizaron minas en veinte conflictos, sobre todo en Europa.
Así pues, saludo el trabajo realizado por mis colegas Emma Bonino y Luisa Morgantini, que abren nuevamente el debate en este Parlamento. Ellas ponen de manifiesto todo aquello que nos queda por hacer. Por mi parte, desearía subrayar, en particular, la generalización de la Convención hasta que sea un completo éxito; ante todo a través de la armonización de las leyes en los diferentes Estados, para no tener otro ejemplo de una convención internacional que no se aplica. Es preciso, en efecto, presionar a los países de la Unión Europea que no la han firmado, como Finlandia, o que no la han ratificado, como Grecia. ¿Por qué no podrían aplicarse sanciones, señor Comisario, a quienes no respetan las convenciones? ¿Por qué no podría incluirse una cláusula de adhesión a dicha Convención en el marco de la ampliación?
Usted ha respondido a todo ello hace un momento. Sé que siguen habiendo divergencias sobre algunas enmiendas. Le pido, no obstante, que las estudie con más detenimiento, ya que algunas son aceptables para la Comisión. En cualquier caso, vamos a demostrar, todos juntos, nuestra determinación de luchar contra lo que hay que llamar "una guerra de cobardes" .

Vatanen
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, la guerra es un modo cruel de resolver las desavenencias humanas. Es trágico que sea la población civil quien sufra a causa de la torpeza de sus dirigentes. La Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonas merece todos los apoyos. Demasiados niños han perdido la vida o han quedado mutilados por jugar en sitios inadecuados. El programa de apoyo de la UE es necesario y yo lo respaldo. Nuestra obligación es ayudar a los pueblos que aún sufren las consecuencias de errores políticos cometidos en el pasado. En algunos países hay más minas enterradas que trufas en Francia, y son tan difíciles de encontrar las unas como las otras.
A pesar de que apoyo la prohibición del uso impropio de las minas, quiero sacar a relucir los problemas que este asunto entraña en el caso de Finlandia. Finlandia no ha firmado la Convención de Ottawa, cosa que viene siendo repetida aquí, como acaba de hacer también la oradora precedente. Sin embargo, estas críticas acusan hipocresía e ignorancia. Estimados colegas, ¡miren ustedes a Finlandia! Se trata de un país de escasa población que tiene una frontera terrestre de más de mil kilómetros con Rusia. La historia común con nuestro vecino oriental ha sido con frecuencia una historia de sufrimiento para nosotros. No tenemos más remedio que acudir a la constatación de los romanos: la mejor forma de garantizar la paz es prepararse para la guerra.
Las minas ocupan un lugar primordial en la estrategia de defensa finlandesa, y con ellas no se puede invadir a ningún país, sino que sólo se usan como medida de defensa. Todas las minas de Finlandia están almacenadas con garantías de seguridad y no se exportan a otros países. Su uso está regulado con gran rigor, quiero resaltar esto, y todas las minas son fáciles de extraer tras los eventuales conflictos. Finlandia no puede ser clasificada en la misma categoría que muchos países en desarrollo, en los que el uso de las minas es indiscriminado y las consecuencias se corresponden con ello. Hay que observar que Finlandia aporta fondos considerables para el desminado en otros países. En la práctica, esto significa la extracción de minas con ayuda de instrumental finlandés, medidas de ayuda a las víctimas y tareas de eliminación de depósitos de minas. Estas acciones apoyan los esfuerzos de la UE. Finlandia ha asumido ya su parte de responsabilidad ante el problema mundial de las minas antipersonas. No obstante, esto debe ocurrir de tal modo que no se escatime la propia seguridad por presiones de índole política.

Bienvenida
El Presidente
Señorías, estimados colegas, me complace comunicarles que tenemos el honor de acoger hoy entre nosotros, en la tribuna oficial, a una delegación de parlamentarios marroquíes, presidida por el Sr. Ibrahim Rachidi, Vicepresidente de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos.

Permítanme, señores diputados, darles la bienvenida en nombre de nuestra institución, con la que su país mantiene unas relaciones privilegiadas en el marco de nuestro proyecto común de construcción de una zona de prosperidad, seguridad y paz en torno de la cuenca mediterránea.
En vísperas de la 4ª Conferencia Ministerial Euromediterránea, que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de noviembre en Marsella, estoy convencido de que sus trabajos con nuestra Delegación para las relaciones con los países del Magreb, presidida por el Sr. Obiols, permitirán hacer progresar nuestro proyecto de diálogo y de paz.

Minas antipersonas (continuación)
Carrilho
Señor Presidente, hace años, cuando se iniciaron las campañas internacionales de retirada de minas, se decía que éstas son la bomba atómica de los países pobres. A pesar del tiempo transcurrido, esa aparente exageración puede servir aún, por desgracia, para ilustrar una realidad. No hay desarrollo sin vías de comunicación seguras, sin terrenos idóneos para el cultivo y sin lugares en los que los niños puedan jugar libremente. Por eso, la Unión Europea se sumó -y adoptó cierta iniciativa al respecto- a la campaña internacional iniciada por las Naciones Unidas, como ya han dicho aquí los oradores que me han precedido. Ahora es evidente el mérito de la propuesta que se nos presenta y sobre la que trata el informe de la Sra. Emma Bonino.
Apoyamos este informe, así como todas las iniciativas encaminadas a reactivar el papel de la Unión Europea en el ámbito de ese objetivo. Subrayamos que, para ello, es preciso que la actuación de la Unión Europea esté más cohesionada, logrando la participación de Finlandia y Grecia, que la Unión Europea coordine toda su capacidad de presión internacional sobre los países que aún no se han adherido al Convenio de Ottawa y que la actuación europea resulte más eficaz, incluso mediante el aumento de asignaciones, teniendo en cuenta la necesidad de la retirada de minas con seguridad, la destrucción sistemática de los stocks existentes y el ulterior desarrollo de tecnologías avanzadas para la detección y la retirada de minas. Más eficaz también habrá de ser esa actuación mediante la coordinación y el control de los procesos y confiriendo un papel más extenso a las ONG. Y, por último, esperamos que en el marco de las futuras tareas de la fuerza militar común europea se proceda a la formación de técnicos, en particular de personas que tengan interés en la desaparición de las minas en el nivel local.

Suominen
Señor Presidente, la última vez que el Gobierno de Finlandia abordó la cuestión de las minas terrestres antipersonas fue el 14 de junio de 1999. Entonces se decidió iniciar un estudio aclaratorio encaminado a que Finlandia esté en condiciones de firmar la Convención de Ottawa en el año 2006 y a sustituir las minas antipersonas por otros métodos para finales del año 2010. Los finlandeses participamos en las acciones conjuntas internacionales de extracción de minas. Tanto los expertos de Finlandia como los vehículos finlandeses equipados para la extracción de minas han participado en tareas de desminado en Camboya durante dos años y medio, en Mozambique durante un año y en Kosovo durante otro año. Como parte firmante, Finlandia cumple las estipulaciones del Protocolo sobre Minas Terrestres del Convenio de las Naciones Unidas sobre Determinadas Armas Convencionales, que fue renovado en 1996 y que entró en vigor en diciembre de1998.
Finlandia no se siente amenazada militarmente. Sin embargo, somos el único país de la UE que tiene una frontera terrestre de más de mil kilómetros con una superpotencia exterior. Finlandia se encarga por sí misma de su propia defensa de forma fiable. Hasta que no nos proveamos de un sistema de defensa sustitutorio, que absorberá alrededor de la mitad de las asignaciones presupuestarias anuales a las Fuerzas Armadas, las minas terrestres antipersonas formarán parte del sistema de defensa finlandés. En Finlandia no hay ni una sola mina antipersona enterrada. Finlandia no se ha dedicado nunca a la exportación de minas antipersonas y éstas dejaron de fabricarse en Finlandia en 1981. Todas las minas están almacenadas. Tras el desminado que se efectuó una vez acabada la Segunda Guerra Mundial en la década de 1940, las minas antipersonas finlandesas no han causado en Finlandia lesiones ni a la población civil, ni a los militares finlandeses. Finlandia es uno de los escasos países del mundo que firman y ratifican los tratados internacionales únicamente cuando está en condiciones de cumplir hasta la última coma de sus estipulaciones. Y así ocurrirá también en lo que se refiere a la minas antipersonas.

Martínez Martínez
Señor Presidente, nunca hablamos con tanta gente ni con tan poca atención en la Asamblea.
La producción y la utilización masivas de las minas antipersonas han supuesto un fenómeno tremendo, no sólo por sus consecuencias, sino también porque ponen de manifiesto unas preocupantes crueldad, perversidad, hipocresía, además de una paradójica deshumanización de buena parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar a la humanidad y de asegurar el progreso de ésta.
Las cifras que aparecen en los informes de las Sras. Bonino y Morgantini resultan escalofriantes y, ante su lectura, muchos reaccionamos con una profunda vergüenza en nuestra condición de gente dedicada a la política y con un pesimista escepticismo en cuanto a la propia condición humana. Estamos hablando de millones de muertos y mutilados, de 70 a 100 millones de minas que pueden explotar en cualquier momento, de 60 países afectados. Los informes insisten menos en el hecho de que la mayoría de las minas se han fabricado fuera de los países donde están enterradas. Tampoco se subraya que el listado de países más gravemente infectados comprende, fundamentalmente, países del mundo en desarrollo. Sí se insiste, en cambio, afortunadamente, en que las minas, además de una fatal amenaza de muerte y de dolor, constituyen un obstáculo fundamental para desarrollar esas regiones.
(Interrupción del Señor Presidente solicitando silencio)
Hace falta coraje ante la realidad que nuestras dos amigas Bonino y Morgantini nos recuerdan para no caer víctimas del desaliento. Afortunadamente, sus informes recogen también un listado importante de las acciones que se vienen realizando para poner coto a este disparate de las minas antipersonas, para oponerse a su producción y a su proliferación, para irlas eliminando, para compensar el daño que han producido aquellas que cumplieron ya con su cruel razón de ser, para limpiar y liberar de sus efectos a territorios tan injustamente maltratados. Y aquí, como en otros ámbitos, la actuación de la Unión Europea y la del propio Parlamento son motivo de confianza, de reconciliación con nuestra propia especie, como lo es este paso adelante que supone el Reglamento de la Comisión que intentamos mejorar en este trámite parlamentario, reafirmando nuestro compromiso y nuestra esperanza.
Esta perspectiva orientará nuestras enmiendas y nuestro voto. En esa misma perspectiva ha estado nuestro esfuerzo de todos estos años, también cuando en el 98 el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa, que tengo el honor de presidir, concedió su premio anual al Sr. Axworthy, ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, por los esfuerzos de su Gobierno que se concretaron en la Convención de Ottawa. Por cierto, la Sra. Bonino recibió ese mismo premio en el año 99 y su informe de hoy nos da un argumento más a quienes entonces apoyamos su candidatura.

Linkohr
Señor Presidente, como estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho antes mis colegas, no lo voy a repetir. Renuncio a mi tiempo de intervención. Lo mejor que podríamos hacer es pasar a la votación.

El Presidente
He recibido una propuesta de resolución, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, para cerrar el debate.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar a las 12.00 horas.

VOTACIONES
Recomendación (A5-0278/2000) de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre: I. la decisión del Consejo ((5947/2000/Corl - COM(1999) 666 - C5-0421/2000-1999/0266(AVC)) sobre la firma del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y para el fomento del transporte combinado; II. La propuesta de decisión del Consejo ((5948/1/2000/Corl - COM(1999) 665 - C5-0403/2000 - 1999/0268(AVC))) sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria por el que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y para el fomento del transporte combinado (Ponente: Sr. Hatzidakis)

(Con sendas votaciones el Parlamento aprueba las resoluciones legislativas)   
Informe sin debate (A5-0085/2000) del Sr. Mastorakis, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1999) 667 - C5-0335/1999 - 1999/0264(COD)) sobre la distribución entre los Estados miembros de las autorizaciones recibidas en virtud de los acuerdos entre la Comunidad Europea y la República de Bulgaria, y entre la Comunidad Europea y la República de Hungría por lo que se establecen determinadas condiciones para el transporte de mercancías por carretera y el fomento del transporte combinado
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)  
Informe (A5-0286/2000) de la Sra. Bonino, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2000) 111 - C5-0158/2000 - 2000/0062(COD)) relativa a la acción contra las minas terrestres antipersonas
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)  
Informe (A5-0291/2000) de la Sra. Van Lancker, en nombre de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europe, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones (COM(2000) 379 - C5-0508/2000 - 2000/2219(COS)) sobre la Agenda de política social
Van Lancker (PSE), ponente. (NL) Señor Presidente, le agradecería que, antes de pasar a la votación, pidiera a los servicios que revisaran minuciosamente la versión final de las diferentes versiones lingüísticas, puesto que la traducción de las palabras "adaptación del tiempo de trabajo" y "trabajo múltiple" ha planteado problemas. Apreciaría que comunicara a los servicios que se remitan a la versión original francesa.

El Presidente
Señora Van Lancker, su solicitud se considera una obligación para nuestros servicios
(El Parlamento aprueba la resolución)
  
Propuesta de resolución (B5-0812/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
  
Propuesta de resolución (B5-0813/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz
(El Parlamento rechaza la propuesta de resolución)
   Propuesta de resolución común (B5-0814/2000) sobre la reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz
(El Parlamento aprueba la propuesta de resolución común)  
Informe (A5-0289/2000) del Sr. Duhamel, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la constitucionalización de los Tratados (2000/2160(INI))

Martinez
Señor Presidente, Señorías, vamos a proceder a una votación histórica sobre un texto eminentemente simbólico, es decir: la Constitución Europea. No obstante, sería lamentable que pasáramos a la votación de un informe que está plagado de errores jurídicos, de "escorias" en cuanto a la forma. No puede dejarse esto en el camino de la Historia.
Por esta razón, señor Presidente, propongo que se devuelva este texto a comisión, para darle un repaso, a fin de que la votación histórica no esté contaminada por estas contrariedades formales.

El Presidente
De conformidad con el Reglamento, se ha presentado una solicitud de devolución a comisión. Ahora querría escuchar una opinión a favor y otra en contra, en caso de haberlas. De lo contrario, someteré a votación la solicitud del Sr. Martinez.

Désir
Señor Presidente, creo que en materia de "escorias" hemos tenido un ejemplo con la intervención del Sr. Martinez. Pienso que hoy la extrema derecha es, en efecto, una "escoria" en la instauración de una democracia europea y que la Constitución significará un paso hacia la construcción de esta democracia.
(El Parlamento rechaza la devolución a comisión)
Después de la votación de la enmienda 33:

Onesta
Señor Presidente, tenemos un pequeño problema de redacción. Acabamos de mejorar el apartado 19. Pero al efectuar esta sustitución del texto nos hemos dejado por el camino una noción importante, que nuestro Parlamento siempre ha reivindicado. En efecto, independientemente de nuestra opinión sobre si se está a favor o en contra de una Constitución, todos estamos de acuerdo en que nuestro Parlamento debe pronunciarse mediante un dictamen conforme. Con dicha sustitución, este término que figuraba en el apartado original ha sido olvidado.
Así pues, con el acuerdo del ponente, Olivier Duhamel, les sugiero añadir dicha noción en el apartado 20, en la última línea, cuya redacción sería la siguiente: "desde el lanzamiento hasta la aprobación, (previo dictamen conforme del Parlamento Europeo,) del texto definitivo de la Constitución" . Se añadirían estas seis palabras. Con este añadido nuestro Parlamento sería coherente con todos sus debates y todas sus votaciones.

El Presidente
¿Hay alguna objeción a que se añadan esas seis palabras leídas por el Sr. Onesta? Bien, someto a votación esta enmienda.

Duhamel
 - (FR) Señor Presidente, no se trata de una enmienda oral a la enmienda 8, sino de una enmienda oral al texto original. Usted acaba de decir que se trata de una enmienda a la enmienda 8 (como yo lo he oído en la interpretación). No es así. Se trata de enmendar oralmente, directamente, el texto.

El Presidente
Señor Duhamel, la enmienda oral no ha sido objeto de ninguna objeción por parte del Pleno y, en consecuencia, ha quedado aprobada.
(El Parlamento aprueba la resolución)   
Informe (A5-0288/2000) del Sr. Gil-Robles Gil-Delgado, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre la cooperación reforzada (2000/2162(INI))
(El Parlamento aprueba la resolución)  
Propuesta de resolución (B5-0808/2000) sobre el estatuto de las islas.
(El Parlamento aprueba la resolución)
  Propuesta de resolución (B5-0802/2000) sobre las mimas antipersonas
(El Parlamento aprueba la resolución)
  
Informe (A5-0285/2000) de la Sra. Sudre, en nombre de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo, sobre el informe de la Comisión (COM(2000) 147 - C5-0247/2000 - 2000/2135(COS)) sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado 2 del artículo 299: Regiones ultraperiféricas de la Unión Europea
(El Parlamento aprueba la resolución)  
Informe (A5-0272/2000) del Sr. Bowis, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria (COM(1999) 719 - C5-0136/2000 - 2000/2082(COS))

Bowis
. (EN) Señor Presidente, quisiera proponer una enmienda oral de una palabra a la enmienda 11. Las palabras "close ties" (vínculos estrechos) tienen un trasfondo siniestro para algunos, por ello propongo cambiarlas por "close contacts" (contactos estrechos) en base al acuerdo al que he llegado con el Grupo Liberal para que éste retire su enmienda.
(El Parlamento aprueba la resolución)
EXPLICACIONES DE VOTO
Informe Bonino (A5-0286/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, me satisface comunicar que he votado a favor del informe de la Sra. Bonino cuyo encomiable propósito es contribuir a evitar los daños que sufren en tiempos de paz las víctimas de estas armas de destrucción. Sin embargo, quisiera añadir que sería oportuno que nuestro Parlamento se ocupara de las verdaderas causas de los daños producidos no solo por las minas antipersonas, sino por todas las armas que utiliza el género humano. Creo que la responsabilidad de estas acciones ha de atribuirse sobre todo a la mente enferma de los jefes de Estado y de Gobierno de muchos Estados del mundo y a la mente enferma de demasiados ciudadanos que piensan en solucionar con la guerra sus problemas. Esperemos que esto acabe.

McKenna
Señor Presidente, nuestro Grupo ha votado a favor de este informe. Tiene una gran importancia y elogiamos al Parlamento Europeo porque ha desempeñado un papel muy importante en la acción para la prohibición de las minas antipersonas. Las ONG han tenido un papel decisivo. Han presionado durante mucho tiempo para conseguir sacar adelante el proyecto, a pesar de que algunos gobiernos se mostraban muy reacios y afirmaban que era poco realista. Pero si existe la voluntad, se pueden alcanzar muchas cosas. Los gobiernos deben tener un papel principal y habría que obligarles a suscribir la Convención. Hay que insistir en que los nuevos países candidatos también suscriban la Convención.
Cuando contemplamos lo que está ocurriendo en todo el mundo, es intolerable que mucho tiempo después de que hayan finalizado las guerras, las personas sigan sufriendo las consecuencias de las minas terrestres. Civiles inocentes, mujeres y hombres y especialmente niños han quedado mutilados o han muerto a causa de un arma que seguía activada mucho después de que finalizara la guerra. La idea de que las empresas ganen dinero con estos materiales inhumanos es del todo inaceptable.
Alguien se refirió antes a las otras armas que se producen. Debemos examinar la producción de todas las armas, no sólo las minas terrestres, especialmente en la Unión Europea, puesto que en primer lugar debemos hacer orden en nuestra propia casa. No es aceptable ni ético que proporcionemos puestos de trabajo o ganemos dinero con cosas que matan, mutilan y hieren a las personas. Debemos buscar alternativas.
La idea de que la tecnología, conocimientos expertos y fondos sean puestos al servicio de la creación de armas que destruyen a las personas y el medio ambiente es inaceptable. El avance de la acción contra las minas terrestres demuestra que es posible progresar hacia una sociedad más humana, que no saque provecho de la muerte y la destrucción.

Blak y Lund
Los socialdemócratas daneses hemos votado a favor del informe sobre la acción contra las minas antipersonas. La Comisión da cuenta en su Comunicación de en qué acciones la Comunidad ya ha participado para combatir el empleo de las minas antipersonas. Dinamarca ha participado en la limpieza de minas efectuada con carácter humanitario en varias ocasiones, en las que se ha tratado de una intervención civil y no militar. Por ello no ha chocado con la reserva danesa en materia de defensa.
Las acciones han sido financiadas con fondos procedentes de muy diversas líneas presupuestarias. La Comisión propone por ello adoptar una iniciativa para una línea presupuestaria horizontal. El Parlamento respalda esta solución puesto que la actual estructura compuesta por numerosas y diferentes líneas presupuestarias no es transparente y no contribuye a un esfuerzo coherente.
Aún es dudoso qué base jurídica propondrá la Comisión para esta iniciativa. De ahí que resulte también difícil en el momento actual preveer si la iniciativa chocará con la reserva danesa. No osbtante, sería una lástima que Dinamarca no pudiera participar en un proyecto cuyo objeto es eliminar completamente las terroríficas e inhumanas minas antipersonas en el curso de los próximos diez o quince años.

De Rossa
. (EN) Apoyo firmemente la decisión del Parlamento Europeo de emprender una acción positiva en la lucha contra las minas terrestres antipersonas. La Unión Europea tiene la obligación de adoptar una posición firme en contra de las armas destinadas a la población civil, cuyas víctimas son en su gran mayoría no combatientes.
Asimismo, en las extensas zonas del territorio cubierto de minas es imposible cultivar productos alimenticios incluso muchos años después de haber finalizado el conflicto.

Frahm, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt
Aunque respaldemos la intención principal del informe, no compartimos en todos los casos los caminos descritos para su consecución. Vemos un problema en que "se vacíe" a la PESC de la responsabilidad de emprender acciones civiles.
Una política de seguridad y de paz seria, dicho sea de paso, sería más fácil de alcanzar si los medios de la PESC y los medios de los Estados miembros destinados a acciones militares fueran acompañados en la misma proporción por una mayor provisión de fondos para acciones humanitarias.

Kauppi
. (FI) Finlandia aspira a adherirse a la Convención de Ottawa en el año 2006 y a sustituir las minas terrestres antipersonas por otros sistemas de defensa para finales del año 2010.
Finlandia no ha exportado nunca minas antipersonas. Finlandia ha fabricado y ha almacenado minas antipersonas exclusivamente para sus propias necesidades de defensa. Los gastos en defensa de Finlandia han sido tradicionalmente de los más bajos de Europa. La decisión de eliminar las minas antipersonas supone un gran reto para la defensa terrestre de Finlandia.
Las minas terrestres antipersonas son un arma de defensa. ¿O es que alguien puede explicar cómo se lleva a cabo un ataque usando minas antipersonas? Las minas terrestres son una parte crucial de la estrategia de defensa de Finlandia. Está previsto abordar los posibles sistemas sustitutorios a la luz del nuevo estudio aclaratorio en materia de defensa para el año 2005. A continuación, habrá que examinar las cuestiones de financiación, los sistemas y métodos sustitutorios y las consecuencias de todo ello en el desarrollo de nuestra doctrina de defensa.
Finlandia seguirá trabajando para alcanzar el objetivo de la prohibición total y seguirá participando en las acciones internacionales conjuntas de extracción de minas.

Maes
 - (NL) Como pequeño país hemos estado a la cabeza de la lucha contra la utilización de minas terrestres. Europa está en la vanguardia de los programas de retirada y destrucción de minas.
Es por eso por lo que he aprobado el informe BONINO. Muy en particular quisiera llamar su atención sobre la necesidad de desarrollar una tecnología adaptada al terreno que permita detectar las minas, ya que tarde o temprano uno de cada cien expertos en desactivación de minas es víctima de su propia actividad, entre otras causas debido a la aplicación de métodos de detección imprecisos.
Todos los indicios apuntan a que el uso de biosensores como perros o ratones adiestrados aporta buenos resultados en la práctica. A pesar de ello, los medios financieros se emplean principalmente en técnicas de detección militares de alta tecnología.
Informe Van Lancker (A5-0291/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, tanto como diputado del Partido Popular Europeo como, sobre todo, como diputado del Partido de los Pensionistas, a pesar de que no han sido aprobadas algunas enmiendas que presenté en comisión, no puedo sino emitir mi voto favorable a este informe de la Sra. Van Lancker, sobre todo porque en su letra g) hace votos, exhorta a la Comisión, al Parlamento y al Consejo a que aprueben una pensión mínima para todos los ciudadanos de la Unión Europea. En este Parlamento hablamos de la presión de los neumáticos y de la longitud de los vehículos, pero no hemos logrado comprender lo muy importante que es que haya un reglamento común en todos los quince Estados para una pensión mínima digna. Por este motivo he votado a favor.

Laguiller
El informe Van Lancker menciona algunos principios generales, como el derecho a percibir una pensión o un salario mínimo, o el derecho de huelga, que el texto del Consejo de la Unión Europea - el único texto que posee valor de decisión - ni siquiera menciona. Por lo demás, la ponente pide al Parlamento que apruebe la supuesta política social propuesta al Consejo por la Comisión; dicho de otra manera, le pide que apruebe un vacío descomunal, ya que no existe ninguna medida concreta capaz de mejorar la situación de los trabajadores. Nada obliga a las grandes empresas a crear empleos, e incluso pueden seguir suprimiéndolos a pesar de que obtengan beneficios considerables.
Los dirigentes de la Unión Europea piden a los interlocutores sociales que desempeñen un papel más importante en los ámbitos del empleo que sean de su competencia. Pero eso es puro cinismo. Como si los empresarios y los asalariados estuviesen en igualdad de condiciones en materia de contratación. Es una forma de acusar a los trabajadores en paro de ser responsables, al menos parcialmente, de su propio desempleo. Ahora bien, aunque hemos votado a favor de la mención de los derechos sociales elementales, al abstenernos, hemos rechazado el conjunto de una política de complicidad con la práctica brutal de las grandes empresas, que en toda Europa despiden, moderan los salarios, generalizan la precariedad y debilitan la protección social.

Caudron
- (FR) Deseo saludar el trabajo realizado sobre la agenda social de la Presidencia francesa y de Martine Aubry, tanto desde el punto de vista de la forma como del contenido, y deseo, pues, felicitar expresivamente a la Sra. Van Lancker.
Esta agenda, cuya iniciativa incumbe a la Presidencia francesa, constituye un verdadero programa de trabajo para los próximos cinco años. La misma se inscribe en el marco de las decisiones del Consejo Europeo de Lisboa, cuyas principales conclusiones se refieren al establecimiento de una economía basada en el conocimiento más competitiva y a la realización del pleno empleo.
La agenda ha sido establecida en concertación con las instituciones europeas y las ONG, que han sido plenamente asociadas a su elaboración. En el informe Van Lancker se han tenido en cuenta algunas de las propuestas presentadas por la sociedad civil y los expertos, con ocasión de la conferencia común de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que sobre esta cuestión se organizó los días 21 y 22 de septiembre de 2000.
Dicha agenda constituye, pues, una señal política clave para los ciudadanos europeos, para quienes generalmente Europa se limita a la creación de un gran mercado. La misma pone de relieve la existencia y la realidad del modelo social europeo, pero también la necesidad de modernizarlo.
No tenemos derecho a decepcionar a los ciudadanos. La agencia social debe, pues, responder a una ambición importante, para confirmar el hecho de que las políticas social, económica y de empleo están estrechamente ligadas y de que son interdependientes, así como los componentes equivalentes al triángulo de la política comunitaria tendente a mejorar la calidad social de la vida de todos los ciudadanos. En efecto, la política social, debe ser una verdadera política, con objetivos propios. Ésta no puede ser considerada únicamente como derivada de la política económica y del empleo o de la construcción del gran mercado, y menos aún como un elemento cada vez más residual.
En los próximos cinco años será necesario crear empleos de calidad, prever y gestionar el cambio al nuevo entorno social, sacar provecho de las posibilidades que brinda la economía basada en el conocimiento, modernizar y mejorar la protección social, fomentar la inclusión social, favorecer la igualdad de sexos y luchar contra la discriminación.
¡Me felicito por la adopción en Niza de esta agenda social, que demuestra, junto con la Carta de los derechos fundamentales, que estamos en un momento crucial de la construcción europea, que actualmente busca fortalecer la dimensión social y ciudadana de la Unión!

Crowley
. (EN) La Unión Europea está cosechando un éxito tras otro como entidad política y económica. No obstante, los logros económicos no son el único criterio por el que deben ser juzgados los legisladores de la Unión Europea.
Nos incumbe a todos nosotros garantizar que se abordan de frente y se atajan los problemas sociales fundamentales que existen en nuestra comunidad. En este sentido, acojo con satisfacción que la Comisión Europea haya aceptado el Programa operativo sobre recursos humanos del Gobierno irlandés para el período de siete años 2000-2006.
Se trata de un programa social muy justo y equilibrado y es uno de los principales puntales del Plan de desarrollo nacional del Gobierno Irlandés para el período de siete años a partir de 1999. El programa garantiza que se darán oportunidades a aquellos que no tienen una profesión ni formación académica. El programa hace especial hincapié en la creación de planes para ayudar a los desempleados de larga duración, así como a los jóvenes que abandonan el colegio sin haber terminado los estudios.
Este plan reconoce asimismo algo que está reflejado en la Agenda de política social de la Unión Europea para 2000-2005, a saber, la necesidad de garantizar a la actual fuerza laboral la oportunidad de reciclarse.
La Agenda de política social de la Unión Europea reconoce la necesidad de ofrecer a la población activa oportunidades de reciclaje profesional en el ámbito de la tecnología y actividades en Internet. La tecnología evoluciona con tanta rapidez que si la Unión Europea quiere seguir siendo competitiva, la población activa de la Unión Europea deberá poseer los conocimientos informáticos necesarios.
La adaptabilidad de la población activa y el fomento del espíritu empresarial son otros de los puntales de los planes del Gobierno irlandés para los próximos siete años.
Para que esta política sea un éxito en nuestro país y para que dé resultados en el contexto más amplio de la Unión Europea, es absolutamente necesario que las instituciones de segundo y tercer nivel pongan en marcha políticas que permitan la realización del espíritu empresarial en Europa.

Darras
 - (FR) Este informe constituye un avance considerable por la vía de la construcción de una Europa social y del empleo. El mismo se apoya en las conclusiones de la cumbre de Lisboa, a fin de obtener en Niza un acuerdo relativo a la aplicación de una agenda social europea, sobre la que se fundamenta la política social europea por un período de cinco años (2000-2005).
La agenda ofrece una visión global y coherente de lo que podría constituir una verdadera política social, armonizando los ámbitos económico, social y del empleo. Utiliza todos los instrumentos existentes a partir de ahora en el plano de la Unión Europea: Carta social, capítulo sobre el empleo, el fundamento jurídico del artículo 13, para luchar contra todas las formas de discriminación, etcétera.
Nuestra ponente acoge favorablemente las propuestas de la Comisión Europea y las completa con una mayor demanda de normas europeas en materia social. En la elaboración legislativa se refuerza el papel y el diálogo con los interlocutores sociales afectados. Sin embargo, en caso de desacuerdo, nuestra comisión urge a la Comisión ejecutiva para que utilice su derecho de iniciativa, proponiendo la legislación adecuada. Lo importante es lograr más Europa social y, por tanto, más legislación social europea.
Por otro lado, el ponente nos pide asimismo que apoyemos a los Estados miembros en sus esfuerzos por crear un salario mínimo, así como un derecho a una jubilación mínima, que permita a cada ciudadano vivir con dignidad.
No puedo menos que comprometerme a apoyar este informe que, al igual que la Carta de los derechos fundamentales, encarna nuestros valores comunes, que impiden que nuestra Unión se reduzca a un simple mercado.

Eriksson, Frahm, Herman Schmid, Seppänen y Sjöstedt
. (SV) Este informe se ocupa de la agenda de política social de los próximos años. Contiene numerosas propuestas para mejorar las condiciones sociales y de los trabajadores, que respaldamos en su totalidad. Apreciamos las palabras de la ponente acerca de los métodos abiertos de coordinación que respetan la independencia de los Estados miembros en materias de política social, fundamentándose en una armonización y coordinación de carácter voluntario.
No obstante, nos preocupa que el informe también contenga propuestas que implican que la Comisión deberá ser la impulsora del desarrollo en materias de política social en Europa, lo que implica que también en este campo asistimos al desarrollo de un superestado Para que la política social y la de mercado funcionen adecuadamente, el punto final debe ser un proceso de reformas que crezca desde abajo y que refleje las diferentes condiciones y experiencias existentes en Europa.

Kauppi
. (FI) Quiero indicar que he votado en contra del informe de la Sra. Van Lancker. Rara vez llegan al Pleno del Parlamento Europeo informes socialistas de tinte tan conservador como el informe de la Sra. Van Lancker sobre la Agenda de la Política Social de la UE que acabamos de votar. En la proclamación de su programa, la Sra. Van Lancker quisiera llevar acabo todas aquellas medidas, cuya realización quiso ser impedida por los ciudadanos, repito impedida, cuando en los últimos comicios eligieron una mayoría de derechas para el Parlamento Europeo.
No podré sino horrorizarme si la Comisión realmente presta su apoyo a estas exigencias tan poco realistas, casi descabelladas, que acaban de ser aprobadas. Las propuestas del Parlamento no podrían ser más inconsecuentes con los objetivos de Lisboa. En Lisboa, los Gobiernos nacionales de la UE, principalmente los dirigentes socialistas de la mayoría de ellos, proclamaron vigorosamente su objetivo de convertir a Europa en la economía más dinámica y competitiva del mundo.
Si las propuestas de la Sra. Van Lancker son aceptadas, estaremos retrocediendo con toda seguridad años luz en lo que se refiere a nuestras posibilidades de alcanzar los importantes, ambiciosos e imprescindibles objetivos de Lisboa.
He aquí lo que la Sra. ponente propone en realidad: según la Sra. Van Lancker, hay que reducir notablemente la jornada laboral en Europa, hay que incrementar de forma importante la legislación en el ámbito de la Política Social en la UE, hay que incrementar de modo masivo el nivel de la protección social en Europa, hay que aumentar el poder de los sindicatos y posibilitar las negociaciones sobre las condiciones laborales a nivel supranacional, hay que ampliar los derechos de las organizaciones de trabajadores para que puedan hacer oír su voz y, por último, las repercusiones político-sociales han de ser prioritarias en todos los sectores de la economía, en la política de competencia y en las adquisiciones públicas.
Sólo puedo traer a la memoria de todos los colegas la sabia observación de la Presidenta de la UDC -Unión Demócrata Cristiana- , Sra. Angela Merkel: en política se necesita una dimensión social más amplia, pero dimensión social no es lo mismo que socialismo.

Lang
. (FR) No puedo resistirme a emplear términos o, más bien, neologismos dignos de los que figuran en el informe, para denunciar la "e-pocresía" recurrente de ustedes en materia de empleo y de protección social.
Ya pueden delirar hasta la saciedad sobre la sociedad de la información, que resolverá todos los problemas cuando - desde los bebés hasta los enfermos que guardan cama, pasando por los analfabetos - todo el mundo tenga una dirección "e-mail" en lugar de los medios para comprarse el equipo informático para consultarla. En la e-Europa de ustedes, por otro lado, se preocuparán por suministrar dicho material a todos cuando los ordenadores miren a los usuarios más de los que éstos mirarán a los ordenadores y cuando estos últimos elaboren informes.
Los sempiternos delirios de ustedes son menos divertidos cuando uno advierte que su objetivo no es el bienestar de los europeos, sino elaborar siempre y cada vez más leyes, directivas y reglamentos bruselenses. La concepción que ustedes tienen de la cooperación abierta es caer en el esquema institucional dominado por los funcionarios de la Comisión. Lo único realmente abierto, de par en par, es la posibilidad de ampliar hasta el infinito los poderes de Bruselas, sin hacer caso de los Tratados. Los poderes que proponen dar a Bruselas son: la gestión y la definición de la protección social mínima; la flexibilidad laboral, o sea, la explotación del trabajador; la reducción obligatoria de la jornada laboral, que congela los salarios y perjudica a las empresas; el poder efectivo sobre el diálogo social, como Aubry en Francia.
Por eso nosotros nos abstendremos con respecto a este informe: porque si bien nos congratulamos de su preocupación por el empleo, aun cuando sea artificial y tardía, no podemos razonablemente aprobar sus propuestas concretas.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt
Hemos votado en contra del informe Van Lancker sobre la agenda de política social.
La propuesta de la Comisión sobre una nueva agenda de política social es un buen documento. La Comisión ha definido en su trabajo una serie de sectores en los que se necesita colaboración y coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea. La Comisión propone en la nueva agenda un marco en el cual todos los actores tendrán un papel y en el que se respeten las diferencias entre los sistemas nacionales. La Comisión va a utilizar su derecho a iniciativa y respaldará a los Estados miembros para que realicen las reformas necesarias.
La ponente Van Lancker quiere que el Parlamento decida sobre la modificación de la propuesta de la Comisión, fundamentalmente añadiendo una serie de campos en los que es adecuado legislar y fijando algunos derechos en el ámbito europeo. La Sra. Van Lancker opina que hay que utilizar más instrumentos vinculantes. No hay que impedir que la Comisión use su derecho a proponer iniciativas en las materias en las que tiene facultad para hacerlo y a presentar documentos vinculantes.
Nuestra actitud respecto a la Unión Europea es muy positiva. En nuestra condición de liberales suecos, vemos la integración europea como una posibilidad de alcanzar soluciones a problemas que traspasan las fronteras, tales como el medio ambiente, la movilidad entre los países, los derechos humanos y el manejo de las crisis. En estos campos las democracias europeas pueden demostrar al mundo que la cooperación conduce a la paz y a un mayor bienestar.
También creemos en el principio de subsidiariedad, es decir, que las decisiones deben ser tomadas tan cerca como sea posible de las personas a quienes afectarán. Por eso impulsamos activamente la Carta de la Unión Europea, en la que se clarificarán responsabilidades. Todos los ciudadanos de la UE tienen que saber que ésta solamente se ocupará de lo que conoce mejor, esto es, de los asuntos que sobrepasan el ámbito nacional. Todos los demás asuntos deben tratarse en el ámbito local, regional o nacional.
Opinamos que la propuesta de la Comisión sobre la agenda de política social coincide con nuestros criterios sobre la forma de actuar de la UE. La forma correcta es una colaboración europea que implique coordinación y mayor bienestar. Los sistemas sociales europeos son tan diferentes que una legislación vinculante no conducirá a buenos resultados. Por esa razón respaldamos la propuesta de la Comisión y, en consecuencia, votamos en contra del informe de la Sra. Van Lancker sobre la agenda de política social.

Mann, Thomas
 - (DE) Las trabajadoras y trabajadores tienen con frecuencia problemas de identificación con Europa. Mientras que ante las transformaciones globales en curso, el mercado interior europeo se desarrolla dinámicamente y la Unión Económica y Monetaria se profundiza cada vez con mayor rapidez, la Unión social parece ser casi siempre un cuerpo extraño que está de sobra.
Y eso que desde 1997, la Unión dispone desde Amsterdam de nuevos instrumentos para desarrollar mejor la política social y desde Lisboa, en marzo del 2000, el Consejo pretende lograr, junto a un mayor crecimiento y unos puestos de trabajo cualificados, también una mayor cohesión social. Con el tercer programa social, la Comisión subraya el hecho de que la política económica de empleo y social deben entrelazarse más intensamente.
Una prueba de ese entrelazamiento los aporta la capacidad de empleo: las personas - no sólo los jóvenes - necesitan unos mayores conocimientos y capacidades para la transición de la sociedad industrial a la sociedad de los conocimientos. Por ello, en los Estados miembros hay que invertir más en la formación inicial y continuada, en el aprendizaje de idiomas, en la movilidad y en la comunicación.
Muchas de las exigencias que se exponen en el informe Van Lancker no se pueden aceptar. Por ejemplo, se quiere ampliar el proceso de Luxemburgo, que es aplicable para la política de empleo, también a la protección y a la exclusión social. Este método, en el que se determinan objetivos comunes y se ejecutan programas de acción nacionales que son evaluados anualmente -también por nuestro Parlamento Europeo- tiene tanto éxito porque se formulan nuevas metas cualitativas y cuantitativas y, al mismo tiempo, se mantiene de modo consecuente el principio de subsidiariedad. No se puede ampliar sin más a otros campos; son necesarios unos modos de proceder específicos.
Los demócrata-cristianos no apoyamos un derecho a unos ingresos mínimos o una pensión unitaria ni tampoco aceptamos la exigencia de nuevo planteada de reducción de la jornada laboral legal en toda Europa. Esta solución es muy inferior a la flexibilización del horario laboral tal como demuestra la práctica en muchas empresas europeas.
Tampoco es aceptable la demanda de que debe existir un fundamento jurídico para las ONG con la finalidad de regular el "diálogo ciudadano" . Ante tantos deseos expresados de soluciones centralistas, la ponente ha olvidado el principio de subsidiariedad.
Pero como enmiendas esenciales del Grupo del PPE acaban de obtener una considerable mayoría, he votado a favor del informe.

Moraes
. (EN) El Partido Laborista del PE ha votado en favor del informe Van Lancker sobre la agenda social, porque el informe contiene muchos aspectos positivos sobre la Agenda de política social de la Unión Europea y este documento transmitirá el programa de trabajo a la Cumbre de Niza y a la Comisión, aunque no es legislativo.
No obstante, existen varios ámbitos preocupantes en los que se proponen nuevas medidas legislativas. En algunos casos, dichas medidas son relativas a cometidos que convendría que fueran abordados a nivel de los Estados miembros o bien son prematuros, porque la legislación aprobada recientemente aún no ha tenido tiempo de asentarse y de ser evaluada.
En algunos puntos - las letras a), b) y c) del apartado 14 - el Partido Laborista del PE no ha podido apoyar el llamamiento en favor de "medidas fiscales y legislativas" y "directivas" por los motivos expuestos más arriba.
Respecto al derecho a la huelga, el Partido Laborista del PE se ha abstenido. Nuestro Grupo opina que este aspecto ya está contemplado en la legislación de los Estados miembros y además está incluido en la Carta de los Derechos Fundamentales.
El Partido Laborista del PE tampoco ha podido apoyar el llamamiento en favor de una solución legislativa para la participación de los trabajadores en el marco del estatuto de la sociedad europea, ya que la dimensión de las relaciones industriales está contemplada en una legislación diferente.
Por último, el Partido Laborista del PE opina que las nuevas directivas en el ámbito de la lucha contra la discriminación en el marco del artículo 13 aún no han tenido la oportunidad de ser aplicadas ni de asentarse. Por consiguiente, el Partido Laborista del PE ha votado en contra de las propuestas sobre las nuevas directivas verticales, porque sería prematuro introducir nueva legislación.
Reunión del Consejo Europeo informal de Biarritz

Berthu
Señor Presidente, el Consejo nos recordó, en el debate de ayer, que en Biarritz las posturas de los gobiernos se habían acercado con respecto al principio de la ampliación de las votaciones por mayoría cualificada.
Esta declaración más bien nos preocupa, y desearía mencionar aquí, entre otros elementos, dos cuestiones que nos preocupan especialmente. Ante todo la Comisión ha propuesto comunitarizar, o sea: aplicar la mayoría cualificada en el Consejo, sin la ratificación de los Parlamentos nacionales, a las negociaciones comerciales internacionales sobre los servicios y la propiedad intelectual, tal como lo autoriza el apartado 5 del artículo 132 del Tratado, incorporado por Amsterdam. Pero esta transferencia nos parece muy peligrosa, ya que quitaría a los Parlamentos nacionales el derecho de fiscalización sobre las futuras negociaciones de la OMC relativas a estos ámbitos esenciales para la vida de nuestras sociedades.
Pero lo que es aún peor: la Comisión ha añadido a las cuestiones que se deben comunitarizar las negociaciones sobre las inversiones. Si se aceptara dicha propuesta, dentro de los seis meses siguientes la Comisión nos impondría otra versión del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones, el famoso AMI, que hace dos años pudo ser rechazado porque dependía de procedimientos estrictamente intergubernamentales. Una vez más la Comisión se comporta, pues, de manera escandalosa para prescindir de las democracias nacionales, sin por ello fortalecernos, contrariamente a lo que ésta declara.
Segunda categoría de decisiones, cuyo posible paso a la mayoría cualificada nos preocupa: la inmigración y la circulación internacional de personas, que, según el artículo 67, TCE, deben adoptarse por unanimidad, al menos durante cinco años, tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, pero que luego pueden aprobarse por mayoría. Incluso a partir de ahora la Comisión exige este paso. Nosotros lo rechazamos enérgicamente. En esta materia, nuestra experiencia nos dice que toda transferencia de poder a la Comisión aumenta el laxismo y que todo mantenimiento de poder de los Estados fomenta más bien los comportamientos capaces de garantizar la seguridad. Elegimos la seguridad.

Cauquil
Detrás de las argucias jurídicas de unos y otros, la cumbre de Biarritz ha confirmado que el proceso de ampliación de Europa consiste en una laboriosa negociación. Las potencias más importantes, como Alemania, Francia, el Reino Unido y, en cierta medida, Italia, están de acuerdo en someter a su dominación a los pequeños países de Europa Oriental y del sur que solicitan su adhesión a la Unión Europea. No obstante, cada potencia busca asegurar su propia preponderancia y garantizar los intereses de sus propios grupos financieros o industriales. Lo que se prepara, no es siquiera una Unión de dos velocidades, sino la introducción en la palestra, dominados por los grandes predadores de la economía de Europa, de países menos desarrollados, que continuarán siendo víctimas dentro de la Unión.
Con respecto a la Carta de los derechos fundamentales, su firma por los jefes de Estado no tenía otro objetivo que un efecto de anuncio. El texto suscrito sigue siendo vago con respecto a los derechos humanos elementales, a las protecciones sociales, a la libertad de circulación de los ciudadanos de los terceros países. La Carta sólo es precisa en relación con el derecho de propiedad y la libertad de empresa, que afectan únicamente a la clase de los poseedores de capitales. Nosotros no tenemos en absoluto la intención de aprobar la actuación ni de la cumbre de Biarritz ni lo que se decidirá en la próxima cumbre de Niza.

Queiró
Señor Presidente, me he abstenido en la votación de la resolución sobre los resultados del Consejo Europeo oficioso de Biarritz por dos tipos de razones: el primero, porque he tenido oportunidad de votar, nominalmente, por separado, los párrafos 2 y 5, lo que me ha permitido expresar mi oposición frontal a ambos. En efecto, no estoy de acuerdo con la incorporación en el Tratado de la Carta de Derechos Fundamentales, ya que eso representaría el primer paso para su constitucionalización, camino federalizante que no comparto, ni tampoco, por otro lado, con la generalización indiscriminada de la votación por mayoría cualificada, medida que, separada de las otras que están en debate, puede entrar en conflicto con intereses nacionales relevantes y es incluso contradictoria con la solicitud expresada en el párrafo 7 de la resolución. Precisamente ese párrafo 7 es el que ha motivado mi abstención.
Con este voto mío no contrario, pretendo apoyar toda iniciativa que ponga fin al clima de batalla entre países grandes y pequeños en que se ha desarrollado el debate de la reforma institucional, clima del que la Presidencia francesa ha sido, por desgracia, una de las principales instigadoras. Como se dice en el párrafo 7, es absolutamente necesario garantizar soluciones válidas y aceptables para todos los Estados miembros, independientemente de su dimensión o su peso económico. Somos europeos y queremos seguir siéndolo, pero siempre con respeto del principio fundador de una Unión de Estados libres y soberanos.

Andersson, Blak, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Hans Karlsson, Lund y Theorin
. (SV) Votamos en contra de la resolución, pero queremos comentar los siguientes puntos:
La Carta de Derechos Fundamentales debe tener el carácter de una declaración política que se hace en la Cumbre de Niza.
La aplicación de la unanimidad en la toma de decisiones no deberá valer solamente para asuntos de carácter constitucional sino que también para materias que sean de importancia trascendental para los Estados miembros.

Hager
 - (DE) Los liberales nos hemos pronunciado desde el principio a favor de una Carta de los Derechos Fundamentales y de su vinculatoriedad jurídica. Sin embargo, por motivos jurídicos, consideramos erróneo hacer ya ahora una referencia a la misma en el art. 6 del Tratado de la UE porque en la convención -de conformidad con su estructura- no se puede acordar formalmente, por lo que no tiene ningún soporte jurídico. La exigencia de incluirla en los Tratados es demasiado temprana también porque, al contrario que el EMRK, que ha sido ratificado por los Estados miembros, no ha tenido lugar en los Parlamentos nacionales un proceso de formación de opinión al respecto. Sólo por estos motivos no hemos votado a favor de las dos partes del apartado 2 de la resolución.

Marinho
He votado a favor de esta resolución, porque en ella el Parlamento ha tenido la sensatez de no optar por las tesis "imperialistas" de la Europa de los países grandes y populosos contra la afirmación de los demás.
La resolución se limita a un voto responsable para que se encuentre un equilibrio de sentido común, basado en la historia de la Comunidad.
En ese sentido, salen derrotados los que quisieran ver el Parlamento como una "Cámara de resonancia" de las pretensiones (revisionistas) de países más populosos.

Martinez
 - (FR) Con excepción de la Carta de los derechos fundamentales, en una Europa que envejece, donde las personas de la cuarta edad superarán los 50 millones dentro de dos décadas, no hay nada previsto sobre el derecho a la protección económica, social y humana reforzada. Biarritz se ha ocupado concretamente del recorte de los casos de votaciones por unanimidad, único procedimiento capaz de respetar los intereses de los pueblos, y de la curiosa invención de las cooperaciones reforzadas, también denominada Europa de los círculos, de los pioneros, a la carta, de vanguardia, de geometría variable o de las locomotoras.
¿De qué es de lo que se trata desde 1951, en París, hasta 1997, en Amsterdam, pasando por 1957, en Roma? Europa fue creada por Tratados celebrados, evidentemente, entre Estados iguales. Por otro lado, incluso más allá del Derecho, Europa es una gran familia basada en la civilización. Una casa común. Ahora bien, la idea de cooperaciones reforzadas significa que, en los ámbitos principales, como la moneda, la defensa o la fiscalidad, algunos miembros de la familia europea tendrían más derechos y obligaciones que otros.
En otras palabras, alrededor de la mesa de la casa europea común, algunos comerían a la carta y otros el menú mínimo. Algunos tendrían derecho a hablar sobre la moneda, y otros, como Dinamarca o Suecia, deberían, en principio, callarse.
Como ocurría antes del sufragio universal total, habría "pueblos ciudadanos" activos y "pueblos ciudadanos" observadores. En cierto modo, habría "pueblos hombres" , con el derecho de opinar sobre la guerra, los impuestos o la moneda y, como Francia antes de 1945, "pueblos mujeres" , privados, alrededor de la mesa, del derecho de decidir.
Además, como ocurre con esta Europa de geometría variable, el número de comensales con derecho a una carta cambiaría, en el Consejo de Ministros europeos, según el asunto que se discuta; se trataría, pues, de una complejidad adicional en una Europa con un funcionamiento que ya resulta bastante indescifrable.
Dicho de otra manera, la piedra filosofal de las cooperaciones reforzadas, que permiten eludir de callado la norma de la unanimidad y el derecho de veto, que protegen los intereses nacionales, lograría la hazaña de violar la igualdad de los Estados, de excluir a los pueblos minoritarios en un asunto clave, de agrietar de este modo los cimientos democráticos de la construcción europea, de aumentar la opacidad de dichas instituciones europeas y de sembrar la confusión, si no el desorden, en el seno del Consejo y de la Comisión.
Una vez más, detrás del humo o de la niebla de lenguaje tecnocrático, se esconde la maniobra: imponer a los pueblos una Europa militar y fiscal que no desean y privarlos de su derecho a decir no a la privación de sus libertades nacionales.

Miller
. (EN) La votación sobre este informe refleja la oposición del Partido Laborista del PE a la incorporación en el Tratado de la Carta de los Derechos Fundamentales y a la parte del informe en la que se limita la unanimidad en el Consejo a los asuntos constitucionales.
El Partido Laborista del PE ha sido coherente en su rechazo a la inclusión de la Carta de los Derechos Fundamentales, porque esos derechos ya están contemplados en las legislaciones nacionales y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. La inclusión del nuevo texto en los Tratados podría dar lugar a confusión jurídica.
La restricción de la unanimidad en el Consejo a los temas constitucionales excluiría temas fundamentales como el régimen fiscal y la seguridad social que, en nuestra opinión, deben seguir siendo competencias de los Estados miembros.
La resolución contiene apartados muy positivos sobre la República Federal de Yugoslavia y Oriente Medio, y el Partido Laborista del PE apoya la resolución en general.

Muscardini
. (IT) Las Cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno despiertan siempre grandes expectativas. La de Biarritz se presentó como la Cumbre resolutiva de la afirmación de los derechos fundamentales, de todo los derechos, incluso de aquellos jamás imaginados, como si las Comunidades Europeas y los Estados que forman parte de ellas, hubieran vivido hasta ahora sumidos en el caos más profundo. Sin embargo, no nos parece que nuestros Estados sean, en el ámbito mundial, los menos atentos a los derechos humanos. Cierto ¡todo es perfectible! Y el control democrático no debe faltar. Sin embargo, no se nos antojaba que la enumeración de estos derechos y su inclusión en los Tratados, era el problema prioritario de la Unión Europea. Por otra parte, ni siquiera los jefes de Estado y de Gobierno han conseguido alcanzar un acuerdo sobre esta cuestión que se volverá a abordar en la próxima Cumbre de Niza.
Y eso que los problemas urgentes son muchos: 1) definir una política económica que ayude al euro a salir del estancamiento en que se encuentra y promueva el relanzamiento del empleo; 2) captar inversiones en la Unión Europea para desbloquear el estancamiento económico; 3) reformar la regulación en materia de empleo para convertir en más dinámico y activo el mercado; o 4) definir una línea común para ejercer una acción diplomática coherente en defensa de la paz en Oriente Próximo, etcétera. Son todas cuestiones muy importantes y urgentes para el futuro de la Unión y para la función que la misma debería cumplir en el mundo.
No obstante, como sucede con frecuencia, con estas Cumbres, detrás de las alegres declaraciones conclusivas se esconde una verdad mucho más banal: los "Quince" no han logrado dotarse de una política común y las fugas hacia delante con el descubrimiento de los derechos no consiguen que desaparezca la necesidad de afrontar los problemas concretos que afectan a millones de familias y a sectores enteros de productores y de trabajadores. Una Cumbre que aborde estos problemas podrá demostrar por fin la utilidad de una institución similar y lanzar a los ciudadanos de la Unión una señal de confianza y de esperanza.
Informe Duhamel (A5-0289/2000)

Berthu
Señor Presidente, hemos votado en contra del informe Duhamel sobre la Constitución europea porque, de acuerdo con el antiguo método Monet, se propone un viraje decisivo disfrazándolo con consideraciones técnicas, sin decir en ningún momento claramente a las poblaciones que, en realidad, se trata de acabar con una concepción de Europa en que las Constituciones nacionales constituyen la norma superior de cada pueblo.
En la exposición de motivos el ponente se extiende algo más y sostiene que el Tratado ya es ampliamente supranacional, debido sobre todo a las interpretaciones del Tribunal de Justicia. Pero, en nuestra opinión, las interpretaciones de los quince jueces, que van más allá de los Tratados tal como fueron ratificados, son claramente abusivas, y seguimos esperando que sean sometidas a la aprobación de los pueblos de los Estados miembros.
Por otro lado, el ponente se hace eco de la nueva teoría de moda en Bruselas, la supuesta doble legitimidad de la Unión Europea: la de los ciudadanos, representados por el Parlamento Europeo, y la de los Estados, representados por el Consejo. Dicha teoría no corresponde al Tratado, que sólo admite una sola legitimidad, cito, la "de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad" , según la fórmula de los artículos 189 y 190 del Tratado CE. Dicha fórmula significa que la Comunidad es solamente una reunión de Estados, que se apoyan en sus pueblos.
En ningún caso los diputados europeos representan a los ciudadanos europeos, en general. Representan a sus respectivos pueblos, y en este sentido colaboran en el control europeo de los Estados; pero dicho control sigue siendo complementario, ya que el control principal corresponde a los Parlamentos nacionales. Dicho de otra manera, el hecho de que los diputados europeos representen a sus pueblos no modifica la naturaleza de la Comunidad. Su efecto no es colocar a un ciudadano fantasmal por encima de los ciudadanos nacionales, y menos aún colocar una democracia europea artificial por encima de las democracias nacionales, o incluso en igualdad de condiciones.

Fatuzzo
Señor Presidente, estoy totalmente a favor del informe Duhamel. Estoy convencido de que las personas mayores y los pensionistas creen que Europa representa el futuro de paz y, por lo tanto, cualquier paso, por pequeño que sea, en esta dirección merece nuestro pleno apoyo. ¿Acaso el Partido de los Pensionistas puede no estar a favor de Europa, al ser el único partido presente sólo en el Parlamento Europeo y no en los Estados nacionales? Puedo considerarme de pleno derecho como el único representante de un partido que está presente sólo en el Parlamento Europeo. ¿Quién es más europeísta que Carlo Fatuzzo? Desde este punto de vista, tan estético, deduzco que esto refuerza el verdadero contenido de lo que nosotros, los pensionistas, queremos: una Europa realmente unida.

McKenna
Señor Presidente, he votado en contra del informe Duhamel porque creo que no hemos adoptado el enfoque adecuado. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Berthu, de que la idea de un Estado único con una única Constitución debilita por completo la soberanía nacional de los Estados miembros.
Este proyecto se ha vendido bajo la idea de una Constitución para la sociedad, lo que está muy bien, pero si nos quedamos con una sola circunscripción, estaremos diluyendo el poder de los individuos en los Estados miembros. Se ha hablado de referendos y de las enmiendas presentadas a este informe relativas a dichos referendos. Los referendos son muy importantes, pero en el caso de que exista una única circunscripción, no sería democrático ignorar a casi el 50% que vote en contra en un Estado miembro. Resulta interesante que haya personas que presentan la idea de un referéndum como éste, porque si tenemos en cuenta las modificaciones de los Tratados que se han producido con el paso de los años, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht y el Tratado de Amsterdam, han sido muy pocos los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros que han podido opinar al respecto, y por ello no estamos seguros de lo que desean los ciudadanos de los Estados miembros.
El reciente referéndum sobre el euro celebrado en Dinamarca demuestra que son muchas las personas las que, si se les diera la oportunidad, harían declaraciones diferentes a las que se hacen en esta Asamblea, pero no tienen esa oportunidad.

Flemming
Señor Presidente, en la votación sobre la solicitud de devolución del informe Duhamel me he abstenido para expresar mi protesta. Yo soy una apasionada oponente de la extrema derecha aquí en el Parlamento. Pero que en esta Asamblea sea posible que un representante de la izquierda -no sé ya quien ha sido- califique a representantes elegidos de esta Asamblea como ensuciadores sin que usted, señor Presidente, le haga una llamada al orden, me ha afectado profundamente. No deberíamos aceptar un vocabulario de este tipo pues era exactamente el vocabulario de aquellos de extrema derecha que estaban en el poder en mi país cuando yo aún no había nacido o era una niña pequeña. No deberíamos aceptarlo, con independencia de quien utilice tal vocabulario, sean de extrema derecha o de extrema izquierda.

Andersson, Blak, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson, Lund, Theorin y Thorning-Schmidt
Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy en contra del informe presentado por Oliver Duhamel sobre la constitucionalización de los Tratados. El informe está fundado en el supuesto de que los tratados deben contener una parte fundamental, de que las políticas comunes deben aparecer como protocolos al tratado marco y de que deben haber diversos procedimientos para la adaptación de los diversos textos. Creemos que la base de la colaboración en la UE debe seguir siendo la unanimidad sobre las cuestiones fundamentales relativas a la base jurídica sobre la que descansa la UE. De ahí que no podamos votar a favor del informe.
No obstante, estamos de acuerdo cuando el informe señala que los tratados en su forma actual dejan mucho que desear en materia de sencillez y transparencia. Por ello, nos gustaría ver una refundición de los textos que permita un acceso más racional y comprensible a los objetivos y los medios para la construcción de la UE.

Eriksson, Frahm, Herman Schmid, Seppänen, Sjöstedt
, por escrito. (SV) Desgraciadamente la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo no ha aprendido de lo que ha sucedido en la Unión Europea en los últimos años.
En la elección al Parlamento Europeo de 1999 participó sólo el 40 por ciento del electorado, sin considerar a los países en los que existe el voto obligatorio ni a aquellos en los que se realizaron simultáneamente elecciones nacionales. Tan bajo era el entusiasmo por el proyecto federalista de la UE en 1999. Ahora, en septiembre de 2000, el pueblo danés votó en contra de la incorporación a la UEM y seguramente los ciudadanos de más países habrían votado en contra del proyecto de UEM si hubiesen tenido la oportunidad de hacerlo.
Resulta interesante comprobar que en la noche electoral del mes pasado los socialdemócratas daneses celebraban cuando se informaba sobre la votación en los sectores de clase alta, al mismo tiempo que recibían con decepción el voto de las circunscripciones de trabajadores. Esto debería ser una campanada de alarma, de que hay algo que está mal en la UE.
No obstante esos fracasos del proyecto de estado federal de la UE, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha elaborado un nuevo informe cuyo objeto es la creación de una constitución para la UE, a pesar de que es algo que no demandan los ciudadanos.
Lo que se necesita en la Unión Europea, en cambio, es una definición más clara del "principio de cercanía" . Actualmente este principio es sólo una herramienta para la propia UE, ya que la mayoría de las decisiones políticas se toman en el ámbito comunitario, con el resultado evidente de que la UE absorbe nuevos sectores políticos. Además, para mejorar la colaboración europea en concordancia con los deseos de los pueblos, es necesario simplificar las normas referentes a la flexibilidad. También hay que delimitar cuidadosamente los sectores en los que la UE no tiene nada que hacer, los campos en los que los Estados miembros son soberanos para adoptar decisiones.

Campos, Candal, Carrilho, Casaca, Soares, Torres Marques y Vairinhos
Los diputados socialistas portugueses han votado a favor del informe Duhamel sobre la constitucionalización de los Tratados, en particular por estar de acuerdo con la necesidad de que la Unión Europea simplifique y organice los textos fundamentales que la rigen, que hoy son casi ilegibles, dada la complejidad introducida por la excesiva acumulación de Tratados.
Para eso, es esencial que la Unión Europea llegue a tener una Constitución que incluya la Carta de Derechos Fundamentales. La vivencia de una democracia plena en la Unión Europea tiene todas las de ganar con la aprobación de una Constitución que sea clara, simple, legible y una referencia para todos los ciudadanos.
Sin embargo, los eurodiputados socialistas portugueses no están de acuerdo con que la ratificación de esa "Constitución" deba obligatoriamente hacerse mediante referéndum. Desde esa posición no se puede inferir que estemos contra la utilización de la institución del referéndum ni que a un mayor grado de profundización política de la Unión Europea no deba corresponder una consulta popular a los portugueses.
Esa elección debe ser autónoma y libre y no debe obedecer a una imposición que pudiera chocar con los usos constitucionales de cada país. Por eso mismo, los diputados socialistas portugueses han votado contra la propuesta de su propio Grupo político encaminada a un modelo referendario uniforme para todos los países miembros de la Unión Europea.
Para alcanzar el deseable objetivo de una Constitución europea, es desaconsejable imponer modelos y metodologías rígidos, que impedirían fatalmente la consecución del objetivo deseado. En una materia tan delicada, audacia y prudencia deben ir de la mano.

Caudron
 - (FR) Apoyo, tanto en el plano de la forma como en el plano del fondo, el análisis y el informe de Olivier Duhamel.
Europeo de toda la vida, presidente del Movimiento Europeo de Nord y de "Ciudadano de Europa" , soy federalista europeo, puesto que soy partidario de una Europa política, social, ciudadana, así como democrática y eficaz a la vez.
En el momento en que nuestra Unión Europea está estancada en unos nacionalismos solapados y en que está amenazada por fascismos más o menos bien disfrazados, era necesario, es necesario, un nuevo impulso.
Olivier Duhamel y su informe ayudan a ello con talento.
¡He votado, pues, a favor de su informe con determinación y un atisbo de entusiasmo!

Goebbels
 - (FR) A pesar de valorar positivamente el trabajo de Olivier Duhamel, me he abstenido en la votación final porque considero prematuro el debate sobre una Constitución europea. Aunque deseable en sí misma, la adopción de dicha Constitución no puede ser sino el broche final de una profunda reforma institucional.
Una Constitución sólo tendría sentido si constituyera el marco democrático de una verdadera federación europea, de Estados Unidos de Europa. Mientras la UE siga siendo una suma de Estados-naciones que sólo practican una solidaridad restringida, limitada desde el punto de vista presupuestario a un tope máximo del 1,27% del producto interior bruto de Europa, cualquier intento de "constitucionalización" de los Tratados existentes no representa más que una huida hacia delante en un terreno político incierto.

Krivine y Vachetta
 - (FR) Rechazamos el informe en nombre de la Europa democrática que deseamos construir. Al renovar los medios y los objetivos utilizados por la Carta de los derechos fundamentales, con el fin de elaborar ahora una Constitución, la Unión sigue construyendo una Europa que no está hecha ni por las poblaciones ni para ellas, ya sean de países miembros o candidatos.
Ni para los pueblos, porque no hay ninguna línea que mencione el contenido social de Europa. A similitud de una Carta que favorece ante todo la libertad de empresa y el derecho de propiedad, sin proteger a los 62 millones de pobres y a los 18 millones de desempleados, ahora se discute fortalecer políticamente la Europa liberal de Maastricht. Una verdadera Constitución social debería nivelar hacia arriba lo mejor de los logros para el mundo del trabajo, de las mujeres, de los inmigrantes y de los ciudadanos.
Ni para los pueblos, y ello a pesar de ciertas alusiones hipócritas a posibles referendos, porque, repito, son algunas delegaciones institucionales las que decidirán la suerte de 385 millones de personas. Unos estados generales europeos del movimiento social hubiesen permitido avanzar hacia una verdadera Carta de los derechos de los pueblos y de los trabajadores.
Todo está preparado para organizar un debate aséptico entre federalistas y soberanistas. Eso es fácil sobre todo teniendo en cuenta que no se abordan las cuestiones sociales. Nosotros rechazamos esta falsa elección y reclamamos, con el movimiento social, otra Carta para otra Europa.

Lulling
 - (FR) La adopción de este informe en la Comisión de Asuntos Constitucionales, aprobado por 18 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, ilustra el foso que separa a los diputados de este Parlamento en la materia.
Este informe de propia iniciativa del Sr. Duhamel puede ser clasificado entre aquellos informes que habría sido mejor no elaborar, sobre todo en este momento. Ya que como están las cosas en los diferentes Estados miembros, el informe supone el riesgo de ser más bien contraproducente en una época en que lo primero no es un amplio debate sobre una Constitución, sino la elaboración de un Tratado capaz de permitir a la Unión Europea que asimile la ampliación sin poner en peligro el método comunitario, clave del éxito de la integración europea.
En este debate "Constitución o Tratado" , confío más en Jacques Delors que en el Sr. Duhamel y en aquellos que le han seguido para someternos este informe. Con razón, Jacques Delors recordó, hace apenas un mes, concretamente con ocasión de una reunión de nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, que el término "Constitución" implica una gran ambigüedad.
Nos dijo haber creído entender, de acuerdo con una gran parte de la clase política, que preferíamos que nuestras relaciones internacionales se rigieran por un tratado internacional. En este contexto - cito siempre a Jacques Delors - aceptaríamos ejercer conjuntamente la soberanía en determinados ámbitos.
¡La Constitución es otra cosa!, hace referencia a un Estado único. La Constitución lanzaría a los Estados miembros a un terreno muy peligroso, que podría llevar a un Tribunal Constitucional a desposeer progresivamente a las naciones de las prerrogativas que los Estados piensan seguir ejerciendo. Un buen Tratado vale más que un tratado al que denominaríamos "Constitución" (fin de la cita a propósito de Jacques Delors).
Puesto que me identifico - con estas palabras llenas de sentido común - con Jacques Delors, no he votado a favor del informe del Sr. Duhamel.

Marinho
Aun sin negar una intención loable de fortalecimiento, aclaración y profundización de la Unión Europea, así como una simplificación de los textos necesaria para la proximidad de su funcionamiento en relación con los ciudadanos, no he votado a favor.
En lo esencial, la resolución aparece como una "Caja de Pandora" , pues en el texto no queda formalmente claro para qué sirve una Constitución europea o cuál es su verdadera conveniencia o urgencia.
Por su naturaleza, una Constitución, en los moldes en que a veces es defendida contradictoriamente para Europa, tanto puede brindar el camino hacia una "civilización" de la Unión, basada en la democracia y la ciudadanía, como puede ser el instrumento de una "aclaración" de competencias, un círculo de tiza, que limite formal y definitivamente la Unión y sus órganos en competencias muy particulares y concretas.
Constitucionalización de los Tratados tanto puede ser desarrollo de la Unión y defensa de sus competencias políticas como, al contrario, puede no ser más que una formalización sacralizada del principio de subsidiariedad. Singularmente, muchos diputados e incluso el Primer Ministro Blair son partidarios de la Constitución europea...
Pese a la claridad del discurso de Mário Soares, que ha interpretado este informe en su sentido europeo profundo, sin concesiones a facilonerías referendarias muy arriesgadas y sin tradición en muchos Estados miembros, tal es, simplemente, la interpretación clara de un europeo de convicciones e historia hecha.
El texto, por desgracia, no acompaña el designio y la voluntad del primer europeo de los portugueses. En esa discrepancia, de la que sólo es responsable el autor del informe, por no haber sido claro y preciso, se basa mi desconfianza ante el texto y la imposibilidad política de votarlo favorablemente.
Votaría incluso en contra, si no fuera porque ésa sería una forma muy radical de apreciar un texto que no es tan importante...

Martin, David W
. (EN) Saludo el informe del Sr. Duhamel porque hace una contribución interesante y constructiva a la idea de la constitucionalización de los Tratados.
Aunque cabría afirmar que los actuales Tratados son, fundamentalmente, la Constitución europea, éstos resultan difícil de leer y sus artículos no siguen un orden lógico.
La futura Constitución podría recoger de una manera clara y (relativamente) concisa
los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos
el principio de separación de poderes y el Estado de derecho
la composición, el papel y el funcionamiento de las instituciones de la Unión
el reparto de competencias y responsabilidades
el principio subsidiario
el papel de los partidos políticos europeos
el objetivo de la integración europea.

Meijer
 - (NL) El presente informe tiene un lado positivo y otro negativo. Hace constar con razón que a lo largo de los años se ha producido una inútil acumulación de extensos y complejos Tratados y sugiere que haríamos bien en transformarlos en un único Tratado marco, conciso y legible, que deje claro cuáles son los acuerdos alcanzados hasta la fecha. Por otra parte, aboga por una Constitución europea que abarque ese Tratado marco, así como la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que insiste en la necesidad de determinar el papel que han de desempeñar los partidos políticos europeos. Aun cuando reconozca que es preciso respetar la identidad nacional de los Estados miembros y que no hace falta suprimir la ciudadanía nacional, el informe opta decididamente por la vía de un gran Estado europeo centralizado según el modelo de los EEUU. Suscribo con mucho gusto la propuesta de ampliar los derechos fundamentales sociales y estructurar la toma de decisiones políticas de tal forma que resulte comprensible y accesible para todos los habitantes de Europa. Ahora bien, para lograr este fin basta con que volvamos a redactar los Tratados existentes y que la UE firme el Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa que vio la luz hace tiempo.

Miller
. (EN) Los diputados del Partido Laborista británico del Grupo PSE acogen con satisfacción el presente informe, aunque no respaldan todos sus pormenores. Creemos que una reorganización de los Tratados y su simplificación permitiría a los ciudadanos ver con claridad el ámbito de competencias de la UE - y sus límites -, así como los procedimientos para ejercer dichas competencias. Saludamos la idea de que las futuras modificaciones, después de Niza, sean elaboradas por una Convención que esté constituida por los Parlamentos nacionales, el Parlamento Europeo y representantes de los gobiernos, tal y como se ha experimentado con éxito recientemente en la Convención que ha elaborado la Carta de los Derechos Fundamentales. No obstante, la ratificación deberá corresponder a cada Estado miembro, de conformidad con sus propios procedimientos y tradiciones.
Asimismo, no deseamos vaciar de contenido esta labor decidiendo ahora qué debe incluir la nueva Constitución, como por ejemplo, si debe incluir la Carta o no.
Ya tenemos una Constitución en la forma de los Tratados, en la medida en que éstos establecen las competencias de la Unión, sus procedimientos y la composición y competencias de sus instituciones. No obstante, estos aspectos no están codificados, son poco claros e insuficientes en lo que respecta a la eficiencia y democracia.
Acogemos con satisfacción los intentos para mejorarlos.

Sacrédeus
. (SV) Me abstuve en la votación final.
Opino que es esencial que la Carta de Derechos Humanos de la UE implique la firma de la Convención de Derechos Humanos del Consejo Europeo. La palabra constitución despierta asociaciones intelectuales y políticas erróneas. Debería usarse, en cambio, el concepto resumen y simplificación de los tratados de la UE.
Los democristianos suecos opinamos que la convención no es un método de trabajo democrático ni eficaz con vistas a la redacción de una Carta de Derechos Humanos. Esto vale tanto para la transparencia de los parlamentos nacionales y sus comisiones de asuntos constitucionales como para el Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Constitucionales. En la práctica, la presidencia de la convención ha hecho un resumen de las conclusiones de los delegados. Si en el futuro se usase este método de trabajo, su función debería limitarse a la de grupo de referencia.

Savary
 - (FR) He votado con entusiasmo a favor del informe de nuestro colega Olivier Duhamel, porque forma parte de las grandes voces y de las grandes voluntades que, paso a paso, han levantado los peldaños de la construcción europea.
Pero esta voz - y es importante - es una voz parlamentaria, la voz de una institución que afirma cada día un poco más la autoridad de los pueblos en el seno de la Unión y de su triángulo institucional.
Gradualmente, de Tratado en Tratado, y esperemos que el de Niza no lo desmienta, los viejos nacionalismos europeos salen al exterior y se constituyen en potencia mundial en un mundo de gigantes.
Aquí todos los sabemos, Europa, su moneda, su diplomacia, su seguridad, su civilización, su cultura, su modelo social, no sobrevivirán realmente a la brillante Historia, así como tampoco a la inútil división de sus pueblos, sino accediendo a una federación de Estados-naciones, que dispongan de instituciones fuertes, coherentes y respetadas, inscritas en una Constitución europea, cuyo camino abre nuestro colega Duhamel.
Hasta el Tratado de Amsterdam, en 1997, Europa era un supersindicato intergubernamental. Con el Tratado de Amsterdam y la ampliación del procedimiento de codecisión, el Parlamento Europeo, de hecho, lanzó a Europa por la vía de la integración política y de la supranacionalidad.
Si mañana la Unión desea abarcar toda Europa, la Europa geográfica, más allá incluso de las próximas ampliaciones, necesitará instituciones con plena madurez política y democrática.
De este año 2000, que algunos consideran demasiado soso, la Historia recordará que en dicho año ha progresado y se ha afianzado la idea de una Constitución europea en la mayoría de los escaños de esta Asamblea, hasta el punto de desembocar hoy en la aprobación del informe Duhamel.
Por eso debemos desear ardientemente el éxito de la cumbre de Niza y de la Conferencia Intergubernamental, para, simplemente, poder muy pronto ir más allá.
Informe Gil-Robles (A5-0288/2000)

Fatuzzo
Señor Presidente, desde que fui elegido diputado del Parlamento Europeo tengo una preocupación que muchas noches me quita el sueño: ¿ Conseguiré contribuir a una legislación europea en materia de pensiones antes de que termine mi mandato? Hasta la fecha no es posible porque no entra en nuestras competencias. No obstante, el informe del Sr. Gil-Robles me ayuda, ya que propone que para determinados temas, sectores y materias algunos Estados miembros de la Unión Europea acuerden una acción común. En consecuencia, espero que pronto se opte por una cooperación reforzada entre algunos Estados - incluida Italia - tendente a establecer normas comunes para el tratamiento de las pensiones y de las cuotas que los trabajadores pagan para las pensiones. ¡Así podré dormir!

El Presidente
Señor Fatuzzo, es algo que todos deseamos.

Andersson, Blak, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén, Karlsson, Lund, Theorin y Thorning-Schmidt
Los socialdemócratas suecos y daneses hemos votado hoy en contra del informe presentado por José María Gil-Robles Gil-Delgado sobre la cooperación reforzada.
Estamos de acuerdo en los principios generales que establece el informe relativos a que la cooperación reforzada debe desarrollarse dentro de los marcos institucionales de la Unión Europea y a que las condiciones políticas y jurídicas establecidas por el Tratado de Amsterdam para la implantación de la cooperación reforzada tienen por objeto limitar el riesgo de ruptura en los lazos solidarios existentes entre los Estados miembros y de fragmentación del espacio jurídico comunitario.
Reconocemos que un cierto grado de diferenciación de la integración europea, en lo que respecta a su tempo y a su alcance, puede resultar útil si se conservan los objetivos comunes y la diferenciación se percibe como un instrumento a emplear excepcionalmente y durante un período de transición manteniendo el debido respeto al hecho de que son únicamente los países que permanecen fuera de ésta quienes deciden si -y en tal caso, cuándo- desean adherirse a los ámbitos incluidos dentro de la cooperación reforzada.
El que no podamos votar a favor del informe es debido a que no podemos apoyar las propuestas de modificaciones en las condiciones políticas y jurídicas para la cooperación reforzada. La supresión de las condiciones relativas a que la cooperación reforzada no puede sobrepasar los marcos del tratado así como la supresión del derecho de veto y la posibilidad de plantear la cuestión en el Consejo Europeo supondrán una ruptura de los principios fundamentales sobre los cuales funciona la cooperación europea en la UE.

Bernié y Bonde
El Grupo EDD vota en contra del informe presentado por José María Gil-Robles Gil-Delgado sobre la cooperación reforzada. El informe propone la supresión del derecho de veto, lo que realmente supondría que países muy entusiastas de la integración podrían marchar al frente de ésta sin disfrutar de un amplio respaldo popular. El deseo oculto detrás de ello es poder proseguir el camino hacia una "unión cada vez más estrecha" sin verse obstaculizados en ello por la ampliación a la que se han comprometido los países de la UE. La cooperación reforzada centralizará la mayoría de políticas, incluidas las más sensibles, aún en mayor medida de lo que sucede hoy. El Sr. Gil-Robles propone de esta forma recoger en ella la política comunitaria de seguridad y asuntos exteriores.
Sin embargo, creemos que la evolución futura aumentará la necesidad de mantener una cooperación mucho más heterogénea y flexible en Europa. Permitir que las decisiones sobre cada vez mayor número de temas importantes se adopten por mayoría cualificada choca con las normas democráticas fundamentales. Países con tradición de celebrar un referéndum al ceder soberanía pueden a partir de ahora correr el riesgo de verse en la situación de que una propuesta que haya sido rechazada nacionalmente sea aprobada en el ámbito comunitario. Los países no tan entusiastas de la integración se quedan atrás con una pobre alternativa, copiar la legislación sin tener voz y voto. Pero no pueden soslayar la legislación de los países pioneros.
El Grupo EDD desea una Europea más libre y más flexible donde no se presione a nadie a participar en todo. Deseamos una Europa de las democracias y de la diversidad. De ahí que votemos en contra del informe.

Berthu
 - (FR) He votado en contra del informe Gil-Robles relativo a las cooperaciones reforzadas, es decir: las cooperaciones que no afectan al conjunto de los miembros de la Unión, sino sólo a algunos. En efecto, aunque dicho informe tienda a flexibilizar, en parte, el régimen tan rígido establecido en el Título VII del Tratado UE de Amsterdam, lo cual es positivo, el resultado final es aún muy insuficiente. Dicho informe evidencia, en efecto, la concepción de una Unión muy monolítica, donde todas las cooperaciones deberían expresarse dentro del "marco institucional único" y donde todas deberían orientarse hacia el objetivo del super-Estado.
El informe Gil-Robles propone incluso incluir la política exterior común y la de defensa en el ámbito de las cooperaciones reforzadas, lo que supondría para las mismas una centralización mayor de la que hoy existe (apartado 4).
Dichas propuestas no son aceptables, ya que la necesidad de cooperación en Europa, que es intensa, diversa, multiforme, ya no puede estar comprendida en un marco comunitario unificado donde se decide por mayoría. Por otro lado, el informe no explica concretamente - y es una laguna importante - la manera en que podría hacer funcionar cooperaciones que reúnen una tercera parte de los miembros, en el marco de las instituciones actuales, sin modificarlas.
En realidad, el Parlamento Europeo lleva a cabo una lucha por intentar retrasar las cosas. Ya intentó impedir la emergencia de cooperaciones diferenciadas en el Tratado de Amsterdam, y finalmente tuvo que ceder y aceptar las "cooperaciones reforzadas" . Hoy trata de impedir la flexibilización de las cooperaciones reforzadas, y acabará por perder la partida, también en este caso.
Pensamos que las cooperaciones, que deben denominarse "diferenciadas" , no han de estar predeterminadas con respecto a sus objetivos, ni limitadas en su creación, ni restringidas en su funcionamiento. Si así lo desean, algunas cooperaciones podrían utilizar el marco comunitario, otras podrían crear instituciones ad hoc, vinculadas únicamente a la Unión por una secretaría que sirviera de enlace. Finalmente, sería muy conveniente que las cooperaciones diferenciadas funcionasen sobre la base del principio de unanimidad, a riesgo de volver a caer en los inconvenientes del plano comunitario.

Caudron
 - (FR) Hay que recordar que el mecanismo que hoy se conoce como cooperaciones reforzadas ya existía mucho antes del Tratado de Amsterdam.
En efecto, algunos Estados miembros, deseosos de profundizar su cooperación y de ir más allá de la integración prevista en los Tratados, han desarrollado diferentes instrumentos como el Acuerdo social, los Acuerdos de Schengen, la Unión Económica y Monetaria, etcétera. Eso les permitió progresar según ritmos u objetivos diferentes.
Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, el recurso a dichos instrumentos ha sido formalizado por la introducción del concepto de "cooperación reforzada" en el Tratado de la Unión Europea (Título VII) y en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 11).
El objetivo que se pretende alcanzar mediante esta forma de cooperación es permitir a un número limitado de Estados miembros, capaces y deseosos de avanzar, continuar la profundización de la construcción europea, dentro del respeto del marco institucional único de la Unión. Europa tiene, en efecto, cada vez más dificultades para avanzar al unísono. Es necesario, pues, evitar reducir la marcha del conjunto y, por lo tanto, autorizar a algunos Estados miembros a avanzar, desarrollando el mecanismo de las cooperaciones reforzadas.
El recurso a dicho instrumento ha sido acompañado de unas condiciones tendentes a evitar transformar la Unión Europea en "Europa a la carta" o de varias velocidades. Esta preocupación legítima, por otra parte, se encuentra en el centro de los debates sobre dicha cuestión.
Ha de recordarse que la cooperación reforzada, tal como está inscrita en el Tratado de Amsterdam, debe incumbir a un ámbito que no sea competencia exclusiva de la Comunidad, debe tender a favorecer la realización de los objetivos de la Unión, así como respetar los principios de los Tratados, ser utilizada sólo en última instancia y afectar a una mayoría de Estados miembros.
La cooperación reforzada podría revestir un papel importante en el marco de una Europa ampliada.
Sin embargo, en el estado actual de dichas disposiciones, este mecanismo no puede funcionar correctamente. Por eso la reforma de dicho instrumento ha sido inscrita en el orden del día de la CIG, para facilitar su aplicación. El presente informe tiene como objetivo concretar la toma de posición en este sentido de nuestro Parlamento (resolución del 13 de abril de 2000).
Ello supone concretamente la supresión del derecho de veto; la posibilidad de recurrir a las cooperaciones cuando, como mínimo, una tercera parte de los Estados miembros se ven afectados; la ampliación de la cooperación reforzada a la política exterior y de seguridad común.
El ponente insiste, con razón, en el hecho de que el poder de iniciativa de la Comisión, la plena participación del Parlamento Europeo y el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia deben constituir la norma para todas las cooperaciones reforzadas. Frente al estancamiento actual de la Unión, este mecanismo, utilizado con inteligencia, puede ser uno de los medios para superarlo.

Crowley
. (EN) Recientemente se ha debatido mucho en la Unión Europea acerca de lo que ha dado en llamarse el principio de cooperación reforzada. En términos más sencillos, eso significa que los Estados miembros mayores podrán integrarse más estrechamente y en un plazo de tiempo más corto que los Estados miembros pequeños de la UE.
Básicamente, los defensores de esta política quieren crear una Europa de dos velocidades. Quieren que la Unión Europea se construya a dos ritmos diferentes: uno para los países que desean mayor integración y otro para los países que quieren plantearse con más detenimiento la integración económica.
No creo que sea necesariamente un avance saludable para la Unión Europea que sus dirigentes acepten y apliquen el principio de cooperación reforzada en toda su magnitud. Creo que iría en contra de los objetivos y del espíritu constituyentes del Tratado de Roma y de todos los Tratados que le han seguido a continuación.
Convendría recordar que el Acta Única Europea de 1987 establecía las bases para la creación de un mercado interior. La UE ha destinado Fondos Estructurales a gran escala para ayudar a los países del Objetivo 1 a convertirse en países más competitivos dentro de la Unión Europea con el paso del tiempo. Los dirigentes de la UE declararon que no querían un mercado interior en el que sólo participaran algunos países. Querían que todos los países integrantes de la Unión Europea participaran activamente y de una manera competitiva en el marco de un nuevo mercado único.
Éste fue el motivo por el que se realizaron grandes asignaciones de Fondos Estructurales en la UE. Las estructuras por las que se rige el funcionamiento del mercado interior se han visto coronadas por el éxito desde comienzos de los años noventa. Este principio de igualdad entre las naciones más pobres y más ricas transcendió a las políticas que se establecieron para crear el nuevo régimen de la moneda única europea. Una vez más, si los países más pobres y pequeños de la Unión Europea no conseguían reformar sus estructuras económicas, no estarían e condiciones de cumplir los criterios de convergencia económica establecidos en el Tratado de Maastricht.
Los dirigentes de la UE financiaron los Fondos estructurales a gran escala y los programas del Fondo de Cohesión para los países más pequeños y pobres de manera que pudiera participar en la estructura de la moneda única europea el mayor número posible de países.
Debe existir igualdad institucional en el contexto de las negociaciones en la próxima Conferencia Intergubernamental. Un grupo formado por los países más grandes que, como he dicho, intentan aplicar el principio de la cooperación reforzada, no puede dilapidar la influencia de los Estados miembros más pequeños dentro de la UE. Eso no sería saludable para la Unión Europea ahora ni en el futuro. Ciertamente no sería saludable en el contexto de la ampliación inminente de la Unión Europea.

Malmström, Paulsen y Olle Schmidt
. (SV) En general, nuestra actitud hacia la llamada integración flexible es favorable. La integración en toda la Unión puede avanzar si se deja que un grupo de países vaya a la cabeza y fortalezca la colaboración en determinadas áreas y, simultáneamente, se impide que uno o más países miembros frenen la integración flexible. En tanto se fomenten los objetivos comunes de la Unión en el marco de la integración flexible y no se suspenda a ningún miembro, opinamos que esta solución es provechosa y merece desarrollarse.
Sin embargo, para evitar en la futura UE con 25 ó 30 países miembros una Europa à la carte en la que pudiese fragmentarse la cohesión entre los Estados miembros, creemos que al menos la mitad de éstos deberían participar en la integración flexible.
Además, nos oponemos a que en el seno de la UE se creen estructuras dobles de defensa y, por consiguiente, nos oponemos a una integración flexible en el campo de la política exterior y de seguridad. Después del fracaso de la UE en los Balcanes, es muy importante que la UE en su conjunto pueda actuar en los territorios vecinos y disponer de recursos humanos y materiales para el manejo de conflictos y para la aplicación de medidas destinadas a preservar la paz.
Las estructuras institucionales y operativas de la UEO deben integrarse plenamente en la política de seguridad común. La política exterior de la UE debe gozar de credibilidad. No podemos seguir descansando en EE.UU. eternamente. Al mismo tiempo, es importante mantener el interés de EE.UU. y no quisiéramos que la UE desarrollase una mini OTAN. Aún menos nos gustaría que algunos Estados miembros continuasen avanzando en este campo en el marco de una integración flexible. Por eso es importante mantener la vinculación transatlántica, aunque, evidentemente, podría alcanzarse una mejor coordinación y distribución de las tareas. Opinamos que en el futuro una política exterior comunitaria con credibilidad debería desarrollarse en el marco de las reglas actuales. Las decisiones deben tomarse por mayoría, manteniéndose la posibilidad de ejercer un veto constructivo, es decir, que un país pueda optar por ponerse al margen sin impedir que los demás continúen avanzando.

Martin, David W
. (EN) Saludo el informe del Sr. Gil-Robles sobre la cooperación reforzada.
Aunque me cuesta reconocer que en una Unión Europea ampliada existirá la necesidad de una "avant-garde" , coincido con el Sr. Gil-Robles en que deberán cumplirse algunas condiciones fundamentales:
La cooperación reforzada deberá desarrollarse dentro del marco institucional de la Unión.
Deberá preservarse el marco institucional único dentro del cual, todos los diputados al Parlamento Europeo y todos los Comisarios participarán plenamente en el ejercicio de las funciones de cada institución.
El procedimiento para activar la cooperación reforzada debería ser el mismo para todos los pilares y estar basado en el procedimiento actual para el primer pilar, con las escasas modificaciones recogidas en el informe del Sr. Gil-Robles.
Si se demuestra la necesidad de cooperación reforzada, estoy convencido de que sólo el sistema comunitario ofrece las garantías necesarias en términos de control democrático, controles jurídicos y solidaridad.

Meijer
. (NL) La cooperación Europea puede ser útil para resolver problemas transfronterizos. Así las cosas, ¿no es evidente que se opta por la colaboración entre Estados limítrofes, tal y como se hizo antes del nacimiento de la Unión Europea en el marco del Benelux y la colaboración entre los países nórdicos? En muchos casos esta cooperación entre vecinos es preferible a las costosas y opacas estructuras de la UE en las que difícilmente pueden influir los electores. Ninguna norma de la UE debe obstaculizar la cooperación reforzada, supeditarla a determinadas condiciones o exigir que se abra a los demás. Por eso mismo, soy partidario de reducir en lo posible las normas y restricciones aplicables a la cooperación reforzada entre vecinos siempre y cuando no se pretenda perjudicar a los demás. En la práctica vemos cómo ya existen países con euro y países sin euro dentro de la UE. No se trata de grupos de cabeza, sino de una diversidad que con 30 Estados miembros no se hará sino más patente. Por ello, es mejor que el funcionamiento de la UE en su conjunto se fundamente en la colaboración interparlamentaria y el derecho a la diversidad: la Comisión formula propuestas, el Parlamento adopta la decisión final y los parlamentos nacionales deciden si su Estado miembro la suscribe o no.

Miller
. (EN) Los diputados Laboristas británicos del Grupo PSE acogemos con satisfacción la adopción de su contribución al trabajo en curso de la CIG sobre la cooperación reforzada, aunque no apoya todos los pormenores.
Es evidente que debe facilitarse el realización de la cooperación reforzada en una Unión ampliada. La cooperación reforzada deberá utilizarse con moderación y estará abierta a aquellos que no participen desde un inicio. No deberá debilitar el actual núcleo de políticas y compromisos comunes y deberá producirse dentro de la actual estructura institucional.
Sobre la base de estos principios fundamentales, estamos de acuerdo con el informe, aunque la CIG deberá darle los últimos toques a los pormenores.

Sacrédeus
. (SV) Me he abstenido en la votación final.
Los cristianodemócratas suecos opinamos que los asuntos militares no deben tener cabida en la cooperación reforzada
Asimismo, creo que la disminución del número de países miembros para poder iniciar una cooperación, de la mitad a una tercera parte, y la eliminación de la función del veto, realmente no tienen actualidad en tanto la ampliación hacia el este no haya concluido. En ese momento, los nuevos Estados miembros deberán participar en la formación de la legislación que regirá la cooperación reforzada.
Informe Sudre (A5-0285/2000)

Isler Béguin
Señor Presidente, el informe de la Sra. Sudre reviste una importancia considerable, incluso capital para las zonas ultraperiféricas; pero mi Grupo, los Verts/ALE, se ha abstenido, y desearía explicar por qué. En efecto, los problemas planteados por el informe son conocidos, la especificidad de éstos es evidente. Pero los Verts/ALE están decepcionados por el hecho de que el informe no haya aprovechado la oportunidad para aplicar en dichas zonas un desarrollo ecológica, social y culturalmente sostenible, y las enmiendas aprobadas en la votación no están encaminadas a mejorar el texto en este sentido. Lamentamos que las posiciones aprobadas hoy por el Parlamento sean posiciones de la Unión con respecto a dichas zonas.
Los Verts/ALE lamentan, en particular, el enfoque relativamente defensivo del informe frente a los países ACP y a los países de la ampliación. Los Verts/ALE se pronuncian igualmente contra la continuidad de las excepciones. Nosotros estamos a favor de una aplicación del principio de excepción a las políticas comunes aplicadas en las regiones ultraperiféricas adaptada a cada caso; pienso, en tal sentido, en las ayudas estatales y en las políticas fiscales.
Lamentamos que se haya aprobado la solicitud de adaptar la aplicación del principio "quien contamina, paga" , que podría dar lugar a abusos en la aplicación de esta prerrogativa específica. Lamentamos, igualmente, que el informe ni siquiera haya mencionado la necesidad de defender la biodiversidad, que es una de las riquezas más importantes de las regiones ultraperiféricas. Dichas zonas podrían constituir un formidable laboratorio en materia de desarrollo sostenible. Se trata de una nueva oportunidad malograda.
En cambio, nos felicitamos de leer en el informe algunos apartados sobre el fomento de las energías renovables y sobre el control de las actividades industriales contaminantes.

Fatuzzo
Querido Sr. Fernández que estás a mi lado a la hora de las votaciones, he votado con gran satisfacción a favor de esta resolución que seguramente has apoyado, como siempre lo haces cuando algo afecta a tus islas Canarias. El Partido de los Pensionistas y los pensionistas que lo respaldan conocen bien estas islas, dado que son vitales en el sector turístico. Creo que la Unión Europea debe poner más interés y esforzarse más que hasta ahora por las Azores, las Canarias, Guadalupe, Guyana, Martinica, Madeira y Reunión. Estas islas deben sentirse parte activa de la Unión Europea que espero que las convierta en un paraíso para los turistas y en un paraíso para sus habitantes.

Costa Neves
El Parlamento Europeo y, en particular, el Grupo PPE, siempre ha contribuido a afirmar el concepto de ultraperiferia. Así fue en el informe Gutiérrez Díaz, en el informe Fernández Martín, que fomentó la inclusión de ese concepto en el Tratado y ahora en el informe Sudre, que reactiva la política europea para las regiones ultraperiféricas.
Ante las vacilaciones y contradicciones de la Comisión, que se han materializado en la desaparición de REGIS, en el aplazamiento de la revisión de los POSEI, en la reducción de sus asignaciones, el informe Sudre es muy oportuno. El Parlamento Europeo se reafirma en pro de la adopción de medidas en diversas esferas, de la agricultura a la pesca, del medio ambiente a los transportes y la energía, pasando por la sociedad de la información, con el necesario apoyo presupuestario. Simultáneamente, se destacan los sectores productivos, lo que en el caso de las Azores impone la resolución de los contenciosos de la leche y del azúcar.
En este marco, cito el párrafo 7 del informe Sudre: "Considera esencial, se desarrollen adaptaciones específicas de las políticas comunes cuando las regiones ultraperiféricas estén fuertemente dependientes de un número limitado de actividades económicas o incluso de una única actividad económica, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado" .
Ahora esperamos iniciativas de la Comisión, así como de las autoridades nacionales y regionales.

Martinez
 - (FR) Con el término burocrático de "regiones ultraperiféricas" , existen mujeres y hombres de Nueva Caledonia, Guadalupe, Martinica, Guayana, La Reunión, Mayotte, St.-Pierre-et-Miquelon, Polinesia, Wallis, Futuna, y de todas nuestras tierras del Pacífico, del Océano Índico, del Atlántico, que constituyen un puente de entendimiento, de solidaridad y de belleza entre Europa y los demás continentes y civilizaciones.
La Europa de Bruselas, en su vértigo de nivelación y de uniformización, ha sido injusta, incluso estúpida, frente a nuestros compatriotas, que, a miles de kilómetros de París, Madrid o Lisboa, dan vida a nuestros valores. Los tecnócratas, los jueces europeos, han querido suprimir así "la tasa de muelle" , que procura recursos a nuestros municipios de los departamentos franceses de ultramar y, sobre todo, protege a nuestros artesanos. Desde Bruselas se han puesto en peligro nuestros rones de Martinica, nuestros arroces y nuestras frutas tropicales. Ello provoca, en particular, la destrucción programada de nuestra economía del plátano, en Guadalupe, Martinica, Madeira o en las Islas Canarias.
La Comisión Europea ha cedido frente a las multinacionales del plátano. Cada año, se regalan a Chiquita o a Del Monte dos millardos de ecus en derechos arancelarios.
¿Cómo se puede, pues, negar a nuestros departamentos y territorios remotos los presupuestos necesarios para compensar los costes de transporte, los estragos de los huracanes, las inversiones en el ámbito universitario u hospitalario?
Mientras que nuestras regiones de las Antillas o del Pacífico, por ejemplo, están situadas en las zonas de los paraísos fiscales - que las multinacionales norteamericanas, Kodak, Microsoft o Boeing, Cargill, utilizan para realizar exportaciones, cometiendo enormes fraudes fiscales -, el derecho a la igualdad de competencia geográfica se añade al derecho a la igualdad de todos los europeos, para exigirnos que una parte del presupuesto europeo - en el que se ingresa en concepto de impuestos, por ejemplo, el 17% de los recursos - sea destinado al desarrollo de la vida económica, social y cultural de nuestros compatriotas de unas regiones que, por ser periféricas desde el punto de vista geográfico, son centrales desde el punto de vista de la civilización.

Meijer
El origen de las regiones ultraperiféricas tiene mucho que ver con la historia colonial. En la Edad Media estas regiones y sus habitantes no pertenecían a Europa. Ni tan siquiera ahora se consideran como genuinamente europeas. España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos ya habían conquistado grandes reinos coloniales con anterioridad al siglo XIX. A partir de ese momento intentarían hacer lo mismo Bélgica, Alemania, Dinamarca e Italia, aunque por poco tiempo. Entretanto aquel período colonial ha quedado relegado al pasado. Los pueblos oprimidos recuperaron la libertad, bien tras una lucha feroz, bien de forma preventiva cuando la antigua potencia colonializadora no tuvo ganas de implicarse en una guerra de liberación que estaba perdida de antemano. El territorio que poseen los Estados miembros ahora fuera de la Europa geográfica no son sino restos pequeños y escasamente poblados de su antiguo reino colonial.
El trato que los diferentes Estados miembros de la UE confieren a sus regiones periféricas varía considerablemente. España y Portugal consideran como tales sus islas situadas en el Océano Atlántico. Gracias a la actual densidad de población y la relativa proximidad de las mismas pueden considerarse sencillamente como una parte más del país. Los Países Bajos y Dinamarca también tienen cada uno dos territorios en o al otro lado del Océano Atlántico, pero éstos no forman parte de la Unión Europea. Francia, por su lado, posee departamentos de ultramar en el Océano Índico y el Caribe. A raíz de la presente propuesta mi Grupo se halla ante una elección difícil. Por una parte, queremos prestar apoyo a las regiones menos desarrolladas, dentro y fuera de Europa, para que puedan obtener la calidad de vida y el nivel de servicios que se registran ahora mismo en los Estados miembros de la UE. Es una cuestión de solidaridad. Por otra parte, albergamos serias dudas acerca de la proclamación como regiones ultraperiféricas de las antiguas colonias. Dicho modelo está justificado en el caso de las islas españolas y portuguesas, pero no debe aplicarse a las zonas más alejadas. Sería preferible que equiparásemos el estatuto de estos territorios al de los actuales países ACP, que de la misma historia han heredado una relación distinta con Europa.
A la hora de evaluar las enmiendas mi Grupo ha intentado encontrar un término medio entre los deseos más radicales de los defensores de los intereses periféricos y la indiferencia o incluso renuencia de aquellos Estados miembros que no tienen ningún vínculo con este tema. De todos modos, los intereses de los habitantes de las regiones ultraperiféricas han prevalecido en todo momento sobre nuestro rechazo del trasfondo colonial de esta cuestión.

Miranda
Consideramos bastante oportuno el presente informe, dada la necesidad de plasmar objetiva y rápidamente el apartado 2 del artículo 299 del Tratado de la Unión Europea y subscribimos, en lo esencial, sus orientaciones encaminadas al desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas.
En efecto, las particularidades de esas regiones, en general debidas a la insularidad y al alejamiento del continente europeo, pero también a su crónica dependencia de una única producción o de unas pocas, exigen medidas específicas adecuadas para superar esas limitaciones.
Por eso, nos congratulamos de que el informe haya adoptado orientaciones que, en gran medida, integran las propuestas que presentamos en la comisión parlamentaria.
Pero subrayamos también que en el informe no se presta suficiente atención a algunas situaciones particulares en la esfera social que se dan en las mismas o en algunas de esas regiones y que exigirían también medidas especiales, cosa que se podría haber evitado con la aprobación de la propuesta de enmienda que con ese objeto presentamos oportunamente.
Informe Bowis (A5-0272/2000)

Isler Béguin
- (FR) Señor Presidente, los Verdes/ALE han votado a favor del informe del Sr. Bowis, y si bien podemos congratularnos de que el Parlamento Europeo y la Comisión, con su Libro Blanco, brinden perspectivas interesantes para los consumidores europeos, la seguridad alimentaria debe ser una prioridad absoluta en nuestras políticas. Sin embargo, debemos ser modestos. Cuanto más progresa la investigación científica, más interrogantes plantea. Basta con ver el desarrollo de la EEB. Cada semana se detectan casos en nuevos sectores geográficos que hasta ahora no habían sido afectados, como ha ocurrido, concretamente, en el departamento de Vosges, en Lorena.
De las numerosas medidas propuestas por el Libro Blanco, será aún necesario dar consistencia a muchos puntos para garantizar una seguridad alimentaria y, sobre todo, para devolver la confianza a los consumidores. Entre los puntos más importantes figura la Autoridad europea de seguridad alimentaria, de cuya creación nos congratulamos y en la que tenemos muchas expectativas. Su independencia será un elemento indispensable para la credibilidad de este organismo. Es esencial. Dicha Autoridad debe ser totalmente ajena a los intereses de sociedades privadas o de los Estados miembros.
Esta independencia supone asimismo una independencia financiera. La Unión deberá asignar fondos para garantizar su funcionamiento; pero, ¿bastará la AESA para tranquilizar a los consumidores, que están preocupados por lo que comen y que pronto lo estarán por lo que beben? Dicha Autoridad deberá ser instituida de aquí al año 2002/2003, y esperamos que el problema de la sede no sea un freno para su creación.
Mientras tanto, la Unión debe continuar su trabajo de evaluación y de gestión del riesgo en materia de seguridad alimentaria. Se trata de una vigilancia diaria. Se trata de garantizar que los políticos, así como las políticas que se creen, se preocupen realmente de lo que los ciudadanos piden. Ahora bien, el caso de las harinas de origen animal, que provoca una nueva crisis alimentaria, es inadmisible. En lo sucesivo hay que prohibir todas las harinas de origen animal. Los ciudadanos esperan estas posturas enérgicas y no actitudes de tolerancia que pueden acarrear consecuencias graves para la salud de los consumidores.
El reconocimiento de este elemento científico no puede tener ningún margen de tolerancia. El informe del Sr. Bowis se orienta por esta vía. Por eso el Grupo de los Verdes ha apoyado plenamente este trabajo y ha votado a favor del informe.

Fatuzzo
Señor Presidente, quiero pedir disculpas por entretener a la Presidencia y a los intérpretes escuchando mi última explicación de voto y, en particular, deseo mostrar mi solidaridad con los traductores de nuestras explicaciones de voto, en lo que a mí respecta la Sra. Ornella Buson. Trataré de abusar lo menos posible de mi derecho, sin embargo, quisiera decir que también he votado a favor de la creación de la Autoridad alimentaria. El porqué de su importancia es evidente, y para mí lo es cuando recuerdo que un vecino mío un día fue ingresado en un hospital aquejado de un fuerte dolor abdominal porque había comido setas venenosas que no habían sido seleccionadas por un experto.
Con su informe el Sr. John Bowis cuidará de que comamos siempre alimentos sanos, naturales y que no nos hagan daño.

El Presidente
Señor Fatuzzo, usted ha dicho que era su última explicación de voto, pero pienso que sólo por hoy. Estaba preocupado.

Hortefeux
Señor Presidente, he votado a favor del informe del Sr. Bowis, y deseo, naturalmente, subrayar la calidad del trabajo realizado por nuestro ponente.
Permítanme congratularme de que nuestra Asamblea someta por fin a debate su dictamen sobre un asunto tan importante, a la par que lamento que éste haya sido emitido diez meses después de la presentación del presente Libro Blanco por la Comisión Europea, lo que se remonta al 12 de enero pasado. Era indispensable que nos pronunciáramos sobre un asunto tan importante para nuestros conciudadanos.
Nuestra votación ha clarificado, pues, el papel de la composición de la futura Autoridad europea, pero también ha definido nuestras exigencias sobre su financiación y su independencia. Espero, por tanto, que la Comisión acepte las demandas del Parlamento Europeo.
Esta primera etapa no debe ocultar la importancia del trabajo que queda pendiente en materia de gestión de riesgos, con el desarrollo y la mejora del sistema de alerta rápida, pero también en materia de rastreabilidad o de información al público. Lejos de ser un fin, dicho informe debe marcar la apertura de un amplio campo de trabajo, como es la refundición global indispensable e inmediata de nuestra legislación alimentaria.

Berthu
 - (FR) El Libro Blanco de la Comisión sobre seguridad alimentaria parece al principio lleno de buenas intenciones, puesto que propone esencialmente crear una agencia europea de seguridad alimentaria, encargada de gestionar una red de alerta rápida y de emitir, con total independencia, dictámenes a las autoridades de gestión.
Pero cuando leemos el informe y la resolución del Parlamento Europeo sobre el mismo asunto, la impresión es bastante más desagradable.
Podemos deducir claramente que el objetivo de la agencia es canalizar los poderes de defensa nacionales, o de paralizarlos, para ponerlos al servicio de los objetivos de la Comisión. Ahora bien, esto es absolutamente intolerable. Los franceses deben recordar que, a pesar de las grandes declaraciones de la Comisión en cuanto a su voluntad de "garantizar el máximo nivel posible de seguridad alimentaria en la Unión" , es ella, y nadie más, la que antepone los imperativos de libre circulación de productos a los imperativos de salud pública; es la Comisión, y nadie más, la que acaba, por ejemplo, de llevar a Francia ante el Tribunal de Justicia por haber mantenido su embargo contra la carne de bovino británica. Es inadmisible que abandonemos, aunque sea mínimamente, nuestro derecho de decisión nacional y nuestro derecho de salvaguardia en relación con las cuestiones de seguridad alimentaria. Ahora bien, la creación de la agencia nos conduce insensiblemente hacia dicho objetivo.
Ante todo es necesario recordar que el poder de emitir dictámenes desempeña un papel capital. En el caso de la vaca loca, si el Gobierno francés ha mantenido el embargo es porque podía apoyarse en el dictamen independiente de la Agencia francesa para la seguridad sanitaria de los alimentos (AFSSA), cuando incluso el Comité científico europeo - supuestamente científico - no veía ningún inconveniente para la libre comercialización de la carne británica en Francia. Por consiguiente, si bien se necesita una agencia europea, ésta debe actuar a título complementario y no menoscabar en absoluto la legitimidad de las agencias nacionales. Esta no es la orientación del Libro Blanco, que quiere convertir la agencia europea en el "punto de referencia científica para la Unión Europea" (página 5).
En segundo lugar, la agencia europea debe ser completamente independiente. El director de la agencia no debe ser designado por la Comisión, contrariamente a lo que propone el Parlamento Europeo (apartado 21 de la resolución). Los expertos científicos tampoco deben ser nombrados por ésta, aun cuando ello se realice tras un procedimiento de selección aparentemente riguroso. Finalmente, la agencia debe poder estar en condiciones de ser crítica frente a la propia Comisión. Este no es en absoluto el enfoque del Libro Blanco, que pide que los servicios de la agencia y los de la Comisión trabajen en estrecha vinculación, puesto que, aclara el mismo con cierto aplomo, "ello permitirá a la Autoridad (la agencia) mostrarse receptiva a las necesidades de los servicios de la Comisión" (página 22).
En tercer lugar, la agencia no debe inmiscuirse en la gestión del riesgo y en el poder reglamentario. El Libro Blanco de la Comisión se digna admitirlo, pero cuando se lee más atentamente se advierte que el poder reglamentario que tanto desea proteger es el de... la Comisión y no el de los Estados. Eso no impide que la Comisión y el Parlamento denominen esta agencia "Autoridad europea" , denominación totalmente contraria a la filosofía en la que se supone se inspira. El Parlamento Europeo pide incluso, en el apartado 6 de su resolución, que la Comisión actúe "examinando detalladamente las competencias que deben transferirse" , cuando incluso pensábamos que no debía transferirse ninguna competencia.
Creemos, pues, que el Libro Blanco y el informe del Parlamento son una trampa, y por eso nos oponemos a éstos. Los Estados miembros deben conservar su plena responsabilidad en materia de seguridad alimentaria, ya que están cerca de sus pueblos y reaccionarán antes que la Comisión, a la que sus principios librecambistas ciegan cada vez más. Una agencia destinada a dar un enfoque europeo a la situación es, sin ninguna duda, necesaria, pero debe ser estrictamente consultiva y totalmente independiente. Lo mejor sería que fuese únicamente la emanación de las agencias nacionales y que actuase en coordinación con estas últimas.

Figueiredo
Los graves escándalos y crisis que han surgido en varios países de la Unión Europea en torno a productos alimentarios por la utilización de métodos encaminados a obtener a toda costa el máximo lucro en las actividades agroalimentarias, menospreciando los intereses de los consumidores, han llegado a ser un grave problema para la sociedad y la seguridad alimentaria.
Por eso, merecen apoyo todas las medidas propuestas encaminados a modificar la situación y defender a los consumidores, en particular la creación de un organismo europeo de seguridad para el análisis científico de los riesgos, trabajando en estrecha colaboración con las agencias nacionales existentes en esa esfera y las principales organizaciones europeas de consumidores.
Pero es preciso ir más lejos. Es necesario tener en cuenta el tipo de métodos agrícolas y agroindustriales, el problema de las importaciones de bienes alimentarios, la composición de los ingredientes de los alimentos para animales, los niveles máximos de dioxinas y residuos de plaguicidas, los aditivos alimentarios y de otra índole, concediendo prioridad a la seguridad alimentaria. También es esencial apoyar los cultivos y los productos regionales, la agricultura familiar y el desarrollo rural.

Souchet
 - (FR) El problema de la seguridad alimentaria se ha convertido hoy en una preocupación prioritaria para los ciudadanos de nuestros países. En la actualidad éste reviste una particular gravedad no sólo debido a los progresos de nuestros medios de investigación científica, sino sobre todo porque se evidencian las consecuencias de un tipo de agricultura orientado hacia la obtención de un productivismo a todo coste e inspirado en una filosofía librecambista. Se trata, pues, de los efectos negativos en materia de salud pública de una política ampliamente dictada por la Comisión, que hoy debemos corregir, como esta mañana lo ha subrayado, con razón, nuestra colega, la Sra. Thomas-Mauro.
De lo que se trata es de saber cuál es el dispositivo más eficaz para proteger a nuestros ciudadanos.
Si se examinan las realidades que la actualidad más reciente nos sugiere, nos damos cuenta, por ejemplo, de que en materia de EEB, ateniéndonos sólo al caso de Francia, es la existencia de una agencia nacional de seguridad alimentaria competente e independiente la que ha permitido a las autoridades francesas tomar rápidamente las decisiones sanitarias necesarias para proteger a la población.
El aporte de las instituciones europeas, en cambio, ha sido hasta ahora particularmente negativo. Primero, fue el rechazo por el Consejo y la Comisión de tomar en consideración las advertencias de los científicos franceses, cuya pertinencia hoy resulta evidente. Luego fue la increíble condena por el Tribunal de Justicia del mantenimiento del embargo contra la carne de bovino británica, decidido por Francia por recomendación científica expresa. Resulta, pues, que el comportamiento de las instituciones europeas en este expediente esencial para la seguridad alimentaria de nuestros conciudadanos desemboca en un verdadero riesgo para la salud pública de los europeos.
Se debe sacar la lección. En nombre del respeto de la subsidiariedad y de la eficacia, conviene privilegiar las intervenciones en un marco nacional, donde las agencias independientes puedan emitir rápidamente verdaderos dictámenes científicos que no estén mitigados por otras consideraciones y donde las autoridades políticas puedan tomar rápidamente las decisiones necesarias en materia de gestión del riesgo en favor de las poblaciones que les han otorgado el mandato de proteger su seguridad.
En estas condiciones, una Autoridad europea puede desempeñar un papel útil si es realmente independiente, sobre todo con respecto a los servicios de la Comisión y a los diferentes grupos de presión que operan en ella, y si su papel sirve de complemento y de apoyo a las agencias nacionales (de las que debería emanar), en particular como lugar de intercambio de estudios de expertos.
Esto no es lo que nos propone el informe Bowis, el cual da la impresión de que la seguridad alimentaria está considerada fundamentalmente como un nuevo pretexto para alimentar el conocido proceso de fortalecimiento de los poderes de la Comisión, en detrimento de los órganos nacionales y de los órganos que protegen la seguridad de los ciudadanos.
El informe, en efecto, asume sin pestañear la transformación semántica deseada por la Comisión: ya no se trata de una agencia europea, sino de una Autoridad. La designación del director de la Autoridad por la Comisión es para el informe absolutamente evidente: ¡sin duda, es el mejor medio para garantizar su independencia! La sede en Bruselas de la Autoridad no plantea ningún problema: así estará próxima a los servicios de la Comisión y, por tanto, será perfectamente "receptiva" (sic) a sus deseos, como lo recomienda el Libro Blanco... En cambio, la Autoridad deberá estar "facultada para exigir" a los Estados miembros informes, estadísticas, documentos... En cuanto al apartado 6 del informe, éste expresa de una manera muy clásica las inevitables transferencias de competencias.
Detrás de la aparente y, ciertamente, sincera preocupación de querer reforzar la seguridad alimentaria en Europa, nos situamos, en realidad, en la lógica habitual: la que procura poner bajo tutela a los Estados miembros, en este como en otros ámbitos; restar competencias y eficacia a los organismos nacionales, en provecho de una vasta institución europea difusa y hueca, teóricamente independiente y, en realidad, controlada por la Comisión y su filosofía librecambista absoluta.

Thomas-Mauro
- (FR) La Autoridad europea de seguridad alimentaria será competente únicamente para el análisis científico de los riesgos alimentarios y no para la gestión política de dichos riesgos. Tendrán que delimitarse muy bien sus competencias. Nosotros hubiésemos preferido una "agencia" .
A largo plazo, ésta se encargará de la gestión del Sistema de Alerta Rápida (SAR), que recoge informaciones que están en posesión de los Estados miembros o de la Comisión Europea, y desempeñará la tarea de coordinadora de las agencias nacionales. Desconfiamos de este término: en el diccionario del comisario perfecto el coordinador es quien da órdenes, el armonizador autoritario. ¿Acaso no está previsto, a la larga, por ejemplo, confiar la gestión del ámbito alimentario del SAR a la Autoridad?
Por eso me he abstenido. Por mi parte, en Francia, no necesito una autoridad para recobrar la confianza; confío en la AFSSA y en sus dictámenes, sobre todo en el marco de la enfermedad de las vacas locas.
Hemos votado a favor de la enmienda 15, puesto que defendemos enérgicamente la defensa del patrimonio cultural europeo vinculado a la producción alimentaria local. No obstante, tememos que los medios mencionados para garantizar la protección de la producción alimentaria local sean contraproducentes. En efecto, ¿las licencias y los certificados de productos no constituyen acaso, precisamente, un medio para eludir el principio expresado en el considerando I? Los pequeños productores locales no podrán tener acceso a los mismos debido a la complejidad y al coste de dichos certificados.
Hemos votado en contra de la enmienda 7 porque se rebasa el ámbito de la evaluación del riesgo, para referirse a la gestión de este último. La Autoridad no tiene por qué aconsejar a los Estados que adopten procedimientos concretos de control. No es ese el cometido de la Autoridad.
(La sesión, interrumpida a las 14.05 horas, se reanuda a las 15.00 horas)

Región Administrativa Especial de Hong Kong
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0284/2000) del Sr. Cushnahan, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre el Primer y Segundo informes anuales de la Comisón Europea (COM(1998) 796 - C4-0100/1999 y COM(2000) 294 - C5-0500/2000 - 1999/2009(COS)) sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Cushnahan
. (EN) Señor Presidente, Hong Kong acudió a las urnas en septiembre por segunda vez desde la devolución de la antigua colonia británica a la autoridad china. El análisis de los resultados revela tendencias inquietantes que demuestran que no todo marcha bien. La participación en las elecciones descendió hasta el 43%, en comparación con el 53% en 1998, y el apoyo a los partidos de la región favorables a Pekín aumentó en un notable contraste con el descenso del apoyo a los partidos defensores de la democracia.
Creo que son varias las razones por las que los electores de Hong Kong han optado por la apatía en vez de ejercer su derecho al voto recientemente establecido. El principal problema es que a pesar de que las elecciones propiamente dichas son libres y transparentes, no pueden calificarse como realmente democráticas. Veinticuatro de los 60 escaños son elegidos por sufragio universal, en el que tres millones de ciudadanos de Hong Kong tienen derecho a voto. Los 36 escaños restantes son elegidos por apenas 179.000 electores representantes de las poderosas empresas e intereses profesionales de Hong Kong y de grupos favorables a Pekín. Asimismo, el poder real del legislativo es escaso. El auténtico poder descansa en el Administrador principal, Tung Chee-hwa, y su Gobierno que, de hecho, es nombrado por Pekín. El poder ejecutivo está totalmente separado del legislativo, al que se le ha asignado más un papel de control que de toma de decisiones. La falta de poder real del legislativo ha mermado el entusiasmo de los electores por participar en las elecciones que, en su opinión, no son realmente democráticas.
A pesar de que la Ley Fundamental - que es la miniconstitución de Hong Kong - establece criterios específicos para la celebración de las elecciones de 2004, no prevé, sin embargo, la posible introducción del sufragio universal para elegir los 60 escaños en las elecciones de 2008. No obstante, este paso encuentra resistencia por parte de algunos que desean abiertamente proteger el poder de las grandes empresas. Aun en el caso de que se introdujera el sufragio universal - a ser posible cuanto antes - ello no resolvería los problemas actuales. Tendría que ir acompañado de una reforma de las instituciones políticas de la Región Administrativa Especial. El Gobierno no tiene un partido en el que basarse, lo que significa que estas dos instituciones están a todos los efectos completamente separadas entre sí.
Por otra parte, debido a que el Gobierno no tiene realmente que rendir cuentas a los representantes elegidos y debido también a que estos últimos carecen de poder real, tampoco ellos deben rendir cuentas de sus propias declaraciones y acciones políticas.
Es preciso prestar atención al cambio de las funciones respectivas del ejecutivo y del legislativo para asegurar una interrelación operativa. Existen otras materias que es preciso examinar, entre las que podría incluirse el nombramiento de los funcionarios superiores: si deberían ser nombramientos políticos o funcionarios de carrera, y cómo han de rendir cuentas ante los representantes elegidos.
Además de los problemas en este ámbito, aumenta la preocupación ante la creciente injerencia china en los asuntos de Hong Kong. El Estado de derecho constituye la piedra angular de la política "un país, dos sistemas" . Las implicaciones de tres controvertidos casos jurídicos recientes han sido de gran alcance para la integridad del Estado de derecho y, en última instancia, para la autonomía de Hong Kong. Dos de ellos han tenido como resultado la ejecución de individuos por crímenes cometidos en Hong Kong, donde no existe la pena capital. El tercer caso es relativo a la sentencia del Tribunal Supremo de Hong Kong respecto a la controvertida ley de inmigración en lo que se refiere al derecho de residencia en Hong Kong de los hijos de padres chinos que disfruten del derecho de residencia en Hong Kong. El Gobierno de Hong Kong se sintió contrariado con el talante liberal del juicio e invitó a las autoridades chinas a realizar una nueva interpretación de la Ley Fundamental. Numerosos observadores consideran que este caso ha creado un precedente preocupante, que parece permitir a China emitir interpretaciones de la Ley Fundamental cada vez que los tribunales locales dicten sentencias que no sean del agrado del Gobierno de Hong Kong o los políticos de la China continental.
Esta situación se vio agravada por los funcionarios de la China continental que intentaron interferir en la libertad de prensa y las relaciones comerciales de Hong Kong con Taiwan, tras las recientes elecciones taiwanesas.
En lo que respecta a mis comentarios sobre la influencia de la familia Li Ka-shing en algunos sectores de la economía de Hong Kong - que han despertado no poco interés en los medios de comunicación locales -, quisiera señalar que he hecho referencia a este asunto porque me lo plantearon personalidades destacadas de Hong Kong y, además, fue el tema central de un importante debate celebrado en los medios de comunicación durante mi reciente visita a la región.
Quisiera también plantear la cuestión del acceso sin visado. Lamento profundamente que algunos gobiernos hayan bloqueado esta posibilidad. Si realmente creemos en el enfoque de "un país, dos sistemas" , éste es uno de los medios de apuntalarlo. El acceso sin visado debería estar garantizado a los titulares de un pasaporte de Hong Kong sin ningún tipo de requisito previo.
Hasta ahora me he centrado en los aspectos negativos. A pesar de que dichos acontecimientos son motivo de preocupación, no quisiera ser excesivamente pesimista respecto al futuro de Hong Kong. El principio de "un país, dos sistemas" permanece razonablemente intacto, aunque el auténtico problema es que si el principio de "un país, dos sistemas" se considera un fracaso, el problema de China-Taiwan será aún más difícil de resolver.
Para terminar, quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que han participado en las deliberaciones sobre el presente informe: mis colegas de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, y a los miembros de la Secretaría de Asuntos Exteriores, especialmente a la Sra. Opacic, y al Comisario.

De Clercq
Señor Presidente, como ponente de la Comisión de Industria, Comercio Exterior e Investigación quisiera insistir una vez más en la importancia de Hong Kong para el comercio internacional. Ya en 1997 ocupó el octavo lugar en el escalafón mundial de las potencias comerciales más destacadas, al tiempo que se convirtió en el décimo socio comercial más importante de la Unión Europea. Desde entonces, y a pesar de la crisis financiera asiática, las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Hong Kong no han hecho más que progresar.
Respecto a las relaciones entre Hong Kong y sus socios comerciales internacionales, especialmente la Organización Mundial del Comercio, la UE y Hong Kong comparten una serie de objetivos comunes y colaboran muy estrechamente, lo cual es de una gran utilidad de cara a la próxima ronda comercial.
En mi dictamen hago hincapié en el importante papel que Hong Kong está llamado a desempeñar con vistas a la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Hong Kong puede enseñar a China cómo un mercado abierto y plenamente integrado puede actuar como fuerza rectora y, de este modo, contribuir al desarrollo económico y al crecimiento sostenible.
Dado que Hong Kong es además un mercado importante para China, puede ejercer su influencia sobre las reformas económicas de ese país. Es por eso, estimados colegas, por lo que debemos insistir en la importancia de una colaboración más estrecha entre la UE y Hong Kong en los ámbitos de las finanzas, el comercio y la inversión directa procedente del extranjero.
En los últimos años Hong Kong ha suscrito numerosos acuerdos bilaterales. No podemos olvidar que estos acuerdos bilaterales han de ser estudiados de nuevo a la luz del acuerdo celebrado entre la UE y China en vistas de la posible adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio.
Sin restar valor a los enormes logros económicos, debo llamar su atención sobre algunos puntos negativos, entre ellos la protección de los derechos de propiedad intelectual, que continúa siendo un gran problema. Nuestras empresas siguen expuestas a violaciones del derecho de autor y fabricación y venta de productos falsos.
Nos preocupa asimismo la situación social. Parece ser que las condiciones laborales dejan mucho que desear, especialmente en lo relativo a los trabajadores inmigrantes. En cuanto a la investigación hemos de insistir en que tanto Hong Kong como la Unión Europea sean considerados como participantes de pleno derecho en los numerosos proyectos pendientes de ejecución.

Dimitrakopoulos
Quisiera, en primer lugar, felicitar al ponente, Sr. Cushnahan, por su extraordinario trabajo en un asunto de tanta importancia. Me alegro de que hoy se encuentre entre nosotros el Comisario Sr. Patten, al que estimo y respeto por sus posiciones y por su actividad como gobernador de Hong Kong. Voy a detenerme en dos aspectos que considero importantes, entre los muchos, claro está, que presenta el asunto. El primero es de naturaleza claramente jurídica. Creo que todos coincidimos en que si con acciones como las referidas en el informe Cushnaham se vulnera el principio del estado de derecho, que debería caracterizar al marco jurídico y constitucional de Hong Kong, lo que se está cuestionando es el principio general «un estado, dos sistemas», que constituyó el fundamento para la evolución del estatuto de Hong Kong. El segundo asunto en el que quiero detenerme es el de los peligros que acechan a la libertad de prensa. Es muy importante para un desarrollo adecuado del principio «un estado, dos sistemas» -que marcó, si se quiere, una revolución en las relaciones internacionales, puesto que se trataba de la introducción de un nuevo teorema-, la existencia, protección y respecto de la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque la libertad de prensa hace posible las indicaciones y propuestas orientadas a mantener las cosas en el marco democrático en el que todos coincidimos.

Titley
Señor Presidente, yo también quisiera felicitar al Sr. Cushnahan por su informe. Quisiera agradecerle, una vez más, que haya sido tan flexible cuando elaboraba el informe y por haberse mostrado dispuesto a contar con sus colegas, lo que nos ha evitado tener que recurrir al largo y pesado procedimiento de presentar enmiendas, porque alcanzamos el consenso mientras se redactaba el informe.
Una vez más, vemos que la entrega de poder en Hong Kong ha ido generalmente muy bien y ha desmentido algunas de las previsiones más pesimistas. No es ningún secreto que en Hong Kong siguen celebrándose manifestaciones a un ritmo de una por semana, se permite la libre circulación a diferencia de lo que ocurre en China, la economía ha sobrevivido un período difícil y sigue pujante y, como ha dicho el Sr. De Clercq, el ingreso de China en la OMC debería representar una oportunidad para Hong Kong, habida cuenta de su tremendo poder en servicios financieros, en particular, y habida cuenta también de que gran parte de la producción de Hong Kong ya se ha trasladado a China.
No obstante, como ha señalado el Sr. Cushnahan, existen motivos de preocupación que él ha expuesto muy bien en su informe, por lo que no necesito entrar en ellos. Pero permítanme hacer referencia a un par de casos. El hecho de que la agencia de noticias china dijera a la Sra. Anson Chan y a los funcionarios que más les valdría apoyar al Administrador principal, me parece una injerencia en los asuntos de otro país. Las noticias sobre las presiones a empresarios para que no mantengan relaciones comerciales con Taiwan es otro motivo de preocupación. El reciente despido o traslado de uno de los directores de Radio Televisión de Hong Kong parece haber sido el resultado de la presión procedente de China continental.
Puede que todo esto no resulte gran cosa porque forma parte de la lucha normal por el poder que cabría esperar, aunque a condición de que Hong Kong tuviera como base un próspero sistema democrático que pudiera resistir este tipo de presiones. Pero debe preocuparnos el hecho de que en Hong Kong la democracia no esté siguiendo el camino que nos hubiera gustado. Ya hemos oído sobre el carácter injusto del sistema electoral.
Como señalaba recientemente en el Financial Times un asesor del antiguo Gobernador, tenemos en cuenta el alcance del retroceso del Estado de derecho en 1997. Pero cuando vemos que dimite alguien como Christine Loh porque no tiene sentido seguir perteneciendo al legislativo, para mí es una señal importante de que las cosas no marchan bien del todo. Y el hecho de que en las encuestas de opinión se acuse de injerencia a alguien que trabaja para el Administrador principal es otro mal augurio para el futuro. No se trata sencillamente de apuntarse tantos, hace falta mucha modernización en Hong Kong y ésta sólo se logrará si existe consenso, pero el Gobierno verticalista de Hong Kong está mal equipado en estos momentos para alcanzar el consenso en la región. Aunque reconocemos que la transición se ha realizado sin sobresaltos, aún deberemos mantenernos atentos en algunos ámbitos. Me gustaría que se siguieran elaborando estos informes anuales y los informes del Parlamento de manera que podamos seguir muy de cerca la evolución de la situación en Hong Kong.

Watson
Señor Presidente, yo también deseo sumar mis felicitaciones a John Cushnahan por este informe. Le envidio la oportunidad de haber podido redactarlo
Si hay algo de lo que discrepo en este informe, es meramente el tema del equilibrio y la perspectiva. Es la cuestión de si alguien considera que una copa está medio llena o medio vacía. El Sr. Cushnahan señala acertadamente el tema de los tres casos jurídicos que han despertado inquietud. Señala acertadamente la falta de progreso en la introducción del sufragio universal para la elección del Administrador principal, la discriminación contra las empresas que mantienen relaciones comerciales con Taiwan y el descenso de la confianza en el sistema político. Son todos ellos retos importantes y aunque debemos agradecer que las cosas hayan marchado tan bien como lo han hecho, también debe preocuparnos que el progreso no haya sido mayor.
Si creemos, como yo creo, que el mayor reto del siglo XXI es la democratización de China, el caso de Hong Kong resulta naturalmente un experimento fascinante. Me interesaría que el Comisario nos informara sobre la cumbre que el Sr. Prodi celebró con dirigentes chinos el pasado fin de semana y si Hong Kong estuvo representada en dichas conversaciones.
La democracia y el Estado de derecho no podrán alcanzarse y mantenerse a menos que Occidente adopte la determinación de hacer oír su voz. Creo que, en este sentido, el historial de la Unión Europea queda muy por detrás del de los Estados Unidos de América. Sé que a nuestros Estados miembros les preocupa alzarse en contra de las autoridades chinas en materia de derechos humanos, por temor a represalias en la forma de sanciones comerciales. Pero si existe un ámbito en el que Europa occidental podría mantener una postura firme tras la bandera europea, es sin duda en este ámbito. Nuestra trayectoria en materia de derechos humanos debe ser tan buena como la de los Estados Unidos.
La cumbre del ASEM celebrada la semana pasada consiguió aprobar una declaración que incluye entre los objetivos de la cooperación entre Asia y Europa el fomento de los derechos humanos. Es un avance, pero debemos dirigir nuestra mirada a la Comisión para que asuma una participación mucho más activa en este ámbito; en ningún otro lugar se sentirá tanto el fruto de un enfoque semejante como en Hong Kong.

Belder
Señor Presidente, nuestro Grupo ha acogido favorablemente el respetable informe del Sr. Cushnahan. Aparte de la satisfacción generalizada por el buen funcionamiento de la política "un país, dos sistemas" , coincidimos en que en ningún momento se puede bajar la guardia. Se han producido algunos hechos preocupantes que nos obligan a estar atentos.
Somos los primeros en expresar nuestra preocupación por la decisión del Gobierno de Hong Kong de solicitar una interpretación de la Ley Fundamental de 1990 al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Ello podría conferir a China el derecho de vetar las decisiones de los tribunales de Hong Kong, lo cual pondría en tela de juicio la autonomía jurídica de la Región Administrativa Especial.
Esto es tanto más preocupante cuanto que el Gobierno de Hong Kong no emana de una mayoría democráticamente elegida. Las elecciones al Consejo Legislativo que se celebraron hace un mes volvieron a poner de manifiesto el déficit democrático. Los electores expresaron su desprecio por el sistema, en el que solamente 24 de los 60 escaños pasan a ser ocupados por personas elegidas directamente. Fue una de las razones de la baja participación electoral: el 43,6%. El que un colegio electoral de 800 miembros decida luego sobre la atribución de otros 6 escaños y solamente 175.000 hombres de negocios tengan derecho a elegir a la otra mitad del Parlamento convierte las elecciones en una auténtica payasada. Así no sólo se mantienen las diferencias entre pobres y ricos, sino que además se intensifican. Es por eso por lo que somos partidarios de introducir cuanto antes elecciones directas, a más tardar en 2008, una vez que hayan desaparecido los impedimentos legislativos.
Por último, señor Presidente, defendemos la necesidad de velar constantemente por la libertad de prensa, al tiempo que propugnamos la implantación de una normativa en materia de competencia leal así como la posibilidad de que Hong Kong entable una relación comercial abierta con Taiwan. Sobre esta base recomendamos que se lleve a cabo una política comercial estimulante con respecto a Hong Kong.

Patten
. (EN) Estoy encantado de poder comentar el presente informe y elogiar la excelente labor que ha realizado mi distinguido amigo, John Cushnahan. Él y yo somos viejos amigos y, lo que es más importante, viejos amigos de Hong Kong. Los dos hablamos - por describirlo con un eufemismo - desde un conocimiento bastante profundo de esa comunidad tan particular.
Ha sido un debate breve, pero hemos oído intervenciones excelentes y bien documentadas. Agradezco las amables observaciones que ha realizado su Señoría, Sr. Dimitrakopoulos, sobre mi etapa de Hong Kong. Estoy de acuerdo con él sobre la importancia de la libertad de expresión y de unos medios de comunicación fuertes y, a juzgar por mi experiencia la semana pasada, los medios de comunicación - al menos, la prensa - siguen siendo muy enérgicos.
Su Señoría, Sr. Watson, se ha referido al hecho de que no deberíamos sentirnos intimidados respecto a lo que decimos sobre Hong Kong o sobre otros temas por temor a nuestras relaciones comerciales con China. Siempre me sorprende cuando alguien presenta un punto de vista contrario, entre otras cosas, porque según las cifras más recientes, China tuvo un superávit comercial con la Unión Europea por valor de 30.000 millones de euros. Durante los primeros seis meses del presente año, el superávit se elevó a 20.000 millones de euros y todo apunta a que podría alcanzarse la cifra de 40.000 millones de euros sobre todo el ejercicio, por lo tanto, no debemos perder de vista la verdadera dimensión de los aspectos comerciales, por ponerlo en términos muy suaves.
Es una feliz coincidencia que el debate se celebre hoy, porque estuve en Hong Kong la semana pasada. Fue mi tercera visita desde que renuncié al cargo de Gobernador, y mi primera visita de trabajo como Comisario. Puedo informar de primera mano a la Asamblea de que a pesar de que existen algunos problemas, como han señalado varias de sus Señorías, Hong Kong sigue siendo una sociedad libre, sin duda una de las que goza de mayor libertad en Asia, como dejan claro los informes anuales de la Comisión y el informe del Parlamento.
El secreto del gran éxito de Hong Kong siempre ha sido la fusión de su cultura emprendedora Hong Kong-china, unida a los atributos de una sociedad libre y abierta que tiene como base el Estado de derecho. El concepto de "un país, dos sistemas" consagrado en la declaración conjunta, ha sido creado para conservar esa mezcla especial; una mezcla entre un sistema judicial independiente, una administración pública limpia, cero tolerancia de la corrupción, libertad de prensa, por un lado, y economía de mercado, por otro.
Como han dejado claro ambos ponentes, hasta ahora, en general, se está consiguiendo mantener esa mezcla, y comparto la opinión recogida en el informe de su Señoría de que lo fundamental del acuerdo permanece razonable intacto.
Debemos recordar que Hong Kong ha pasado por unos años transcendentales. No sólo ha tenido que superar el traspaso de la soberanía, sino que tan pronto como se hizo el cambio de banderas, la crisis financiera sacudió a Hong Kong - al igual que al resto de Asia.
Es un considerable homenaje a la fortaleza y resistencia de la población de Hong Kong el que ésta haya sabido tomarse con calma dichos acontecimientos tumultuosos. No me sorprende del todo, porque muchas de esas personas son antiguos refugiados o descendientes de refugiados y están acostumbrados a afrontar y superar la adversidad. Estoy encantado de que la economía de Hong Kong se esté recuperando con tanta fuerza tras unos años difíciles. Esto ha sido posible, en parte, gracias al excelente liderazgo de la extraordinaria administración pública de Hong Kong, sin olvidar a su Secretario General y Secretario Financiero que asisten a Tung Chee Hwa con la misma habilidad y dedicación con que me asistieron a mí. Hong Kong tiene una administración pública extraordinaria y habría estado bien que ésa hubiera sido la idea central del informe Xinhwa, al que ha hecho referencia su Señoría.
En general, las cosas han ido bien, aunque, naturalmente, ha habido casos que han despertado inquietud entre los numerosos amigos de Hong Kong. Ambos informes abordan directamente estos casos. En particular, ambos informes mencionan las sentencias relativas al caso sobre el derecho de residencia ocurrido este mismo año. Fue un asunto importante. Hemos hecho hincapié y seguiremos insistiendo en que el modo en que se resolvió este asunto, en particular, la participación de Pekín, debe permanecer como un hecho totalmente excepcional.
Ha habido además otros problemas, incluida la reciente controversia relativa a la libertad de enseñanza y el caso aún más reciente relativo al Ordenamiento del orden público, ámbito en el que la legislación provisional sustituyó la solución más liberal que legó mi administración por algo bastante menos liberal. No quiero entrar en eso, pero me tranquiliza que la opinión pública de Hong Kong siga dejando claro que se toma muy en serio sus libertades y sus derechos. Esto es válido también para los medios de comunicación, como he mencionado antes.
El éxito a largo plazo de "un país, dos sistemas" siempre dependería de la voluntad de la población de Hong Kong de defender sus derechos y libertades; hasta ahora, todos los indicios apuntan a que la población está decidida a hacerlo.
Hay un par de cuestiones específicas en nuestras relaciones bilaterales a las que hacen referencia ambos informes. Una es el acceso sin visado a la Unión Europea para los titulares de un pasaporte de la RAE de Hong Kong, y esta misma cuestión es aplicable también a Macao. Tanto el informe de la Comisión como el de su Señoría apoyan el acceso sin visado. Fue uno de los temas que surgieron varias veces durante mi visita de la semana pasada. Entonces aclaré - al igual que lo hago ahora - que apoyo firmemente el acceso sin visado. Existe preocupación por parte de algunos Estados miembros. Dichas preocupaciones no tienen fundamento. Provienen de los temores acerca de la inmigración ilegal procedente de China continental, y no de las regiones administrativas especiales de Hong Kong o Macao. Seguimos estando plenamente satisfechos con la integridad de los controles fronterizos existentes y con la integridad de los procedimientos relativos a la emisión de pasaportes de la RAS. El grupo de trabajo del Consejo sobre visados, que inspeccionó el sistema, creo que quedó impresionado. Espero que estemos dispuestos a conceder el acceso sin visado.
También espero que podamos reforzar las florecientes relaciones económicas con Hong Kong con una cooperación más estrecha en otros ámbitos, como la educación y el medio ambiente. Intentaremos fomentar la utilización en Hong Kong de los actuales instrumentos de las Comunidades Europeas, tales como la participación en el Quinto programa marco sobre investigación, de acuerdo con lo que recomienda el informe de su Señoría. El informe contiene varias recomendaciones más que mis servicios estudiarán detenidamente.
Si me permiten, diré una palabra más sobre la piratería de los derechos de propiedad intelectual, a la que se ha referido su Señoría, Sr. De Clercq; es un problema desde hace años. Mi administración adoptó medidas mucho más rigurosas para solucionarlo. La actual administración está adoptando medidas enérgicas para solucionar el problema, bajo las órdenes del nuevo director del Servicio de Aduanas, a quien por cierto conozco bastante bien porque fue mi secretario particular durante varios años. Todos han quedado impresionados por las dotes de mando que ha demostrado en sus intentos de resolver el que sin duda es un grave problema para la industria.
Para terminar, respaldamos firmemente la opinión del Parlamento de que esta vigilancia - por parte del Parlamento y de la Comisión - es valiosa y debería continuar. No pretendemos interferir en los asuntos de Hong Kong, pero la comunidad internacional y la Unión Europea, en particular, tienen intereses considerables en Hong Kong y sus derechos y libertades están compilados en un tratado depositado en las Naciones Unidas. Seguiremos manteniendo nuestro interés en Hong Kong. Es una comunidad que ha despertado admiración en todo el mundo por sus logros y que, para gran satisfacción de su último gobernador, sigue despertándola.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Patten.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0296/2000) del Sr. Van Hecke, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (COM(1999) 240 - C5-0115/1999 - 1999/2118(COS)) sobre la cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados.

Van Hecke Johan
Señor Presidente, la comunicación de la Comisión que estamos tratando aquí se publicó hace medio año, cuando estalló la guerra en África Central. Por falta de consenso no ha salido del Consejo en todo este tiempo. Se estima que desde entonces la guerra del Congo ya se ha cobrado 1,2 millones de vidas humanas. En mi informe procuro formular, con toda modestia, una serie de propuestas que deben ayudar a poner fin a la espiral de violencia y subdesarrollo en los que están sumidos muchos de nuestros socios ACP. Las propuestas también han de evitar que los fondos europeos se empleen para financiar la maquinaria bélica. Mi informe se puede resumir en tres palabras que empiezan por una c: condicionalidad, coherencia y control. El vínculo entre asistencia financiera y condonación de la deuda, por una parte, y entre buen gobierno, democracia y respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, por otra, debe ser más claro de lo que ha sido hasta la fecha.
Incluso soy partidario de fijar en los países ACP un límite máximo para gastos militares por encima del cual ya no sea posible optar a asistencia o condonación de la deuda. En caso de que no se cumplan estos requisitos la Unión Europea debe atreverse a adoptar medidas adecuadas, desde la presión diplomática y la suspensión de la ayuda hasta la imposición de sanciones, preferiblemente embargos de armas y diamantes o las denominadas smart sanctions, que afectan a las élites del poder y no a la población.
En este contexto quisiera instar a la Comisión a que aplique criterios unívocos a la hora de suspender la ayuda. En mi opinión, sería muy útil que en el marco del artículo 96 del Acuerdo de Cotonou se elaborara una lista de todas las posibles violaciones de dicho acuerdo. En este momento no puedo librarme de la impresión de que la Comisión se rige demasiado por un enfoque ad hoc, por lo que se le puede reprochar que mida con dos raseros.
Aparte de la condicionalidad se exige más coherencia, más coherencia entre la vía de Lomé y la vía de la PESC y entre la política de la Unión y la política de los Estados miembros. Situaciones como la de Etiopía, en las que la Comisión Europea y algunos Estados miembros congelan la ayuda en tanto que otros Estados miembros ponen en marcha nuevos programas, han de evitarse a toda costa. Amén de esto, es imprescindible que se ejerza un control más estricto sobre el empleo del dinero europeo. Los países ACP que están implicados en conflictos armados deben permitir al Banco Mundial y al FMI que examinen toda su contabilidad. Allí donde la ayuda europea al desarrollo se utiliza para la compra de armas debe suspenderse inmediatamente la asistencia estructural. A este respecto toda intransigencia es poca.
Creo, sin embargo, que todo ello no puede desviar la atención de uno de los principales cometidos de la Unión Europea: la prevención de conflictos. Como ha quedado demostrado en el caso de Ruanda y Etiopía, no suelen faltar señales de alarma, pero la respuesta que se les da no es siempre la más adecuada y a menudo se hace esperar. Por eso, es importante que las causas de los problemas se combatan con la debida antelación. La prevención de conflictos implica asimismo la lucha contra la pobreza, el refuerzo de la democracia y la sociedad civil, un mejor control del tráfico ilegal de armas, la creación de una fuerza de paz africana, una normativa internacional para el uso de ejércitos mercenarios y un mejor seguimiento de la prohibición universal de utilizar a niños soldados. Además, señor Presidente, abogo en mi informe por una mayor implicación del Parlamento Europeo. Estimo fundamental que adquiramos una mayor participación en la congelación y la descongelación de la ayuda.
Señor Presidente, espero que el Consejo no vuelva a aplazar sine die esta importante comunicación, cuya primera piedra fue colocada por el antiguo Comisario Deus Pinheiro. Si realmente queremos contribuir al restablecimiento de la paz en el África Central, tenemos que actuar con decisión y coherencia, hemos de condicionar la ayuda y tenemos que imponer un embargo de armas generalizado a la región de los Grandes Lagos. La ayuda al desarrollo no puede destinarse bajo ningún concepto a fines bélicos. Esto es inaceptable, no sólo de cara a la población afectada sino también respecto al contribuyente europeo.

Maes
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, en nombre de la Comisión de Desarrollo y Cooperación quisiera añadir algunas observaciones a las propuestas dignas de encomio que ha formulado el Sr. Van Hecke en su calidad de ponente. Suscribo todo lo que ha dicho, no sólo a título personal sino en nombre de toda la comisión, y además, quiero darle las gracias por la constructiva colaboración gracias a la cual todas las enmiendas de la Comisión Desarrollo y Cooperación ya han sido incorporadas al texto. Es algo que sin duda agradará el Presidente, puesto que de este modo se reduce considerablemente el número de votaciones.
Las observaciones que pienso someter hoy a su consideración, señor Comisario, están casi todas relacionadas con la práctica. Hoy mismo hemos podido leer en los periódicos que ha vuelto a empeorar la situación en Costa de Marfil, que nuestra gente que está allí para informar de las elecciones corre el peligro de quedar atrapada en un nuevo conflicto armado interno.
Albergamos dudas sobre la coherencia de la política de la Comisión y del Consejo, cuya ausencia lamento otra vez más. Mientras que en septiembre de 1998 se acordó no prestar asistencia financiera a países en guerra, la Comisión concedió 110 millones de euros a Ruanda en marzo de 2000, aun cuando este país ocupe grandes partes de la República Democrática del Congo, pese a los acuerdos de paz. Sé muy bien que hay muchos que se han manchado las manos en este conflicto. Pero me pregunto si no estamos siendo más exigentes con la República Democrática del Congo de Kabila que con Uganda, si no estamos siendo más exigentes con Zimbabwe que con Ruanda. Tengo la impresión de que éste, de hecho, es el caso porque en realidad se está aplicando una política de dos raseros a países envueltos en el mismo conflicto armado. Algunos reciben apoyo poco menos que incondicional de la Unión Europea, el FMI y otras fuentes, en tanto que la ayuda a otros países está supeditada a condiciones muy estrictas. En ocasiones ello puede llegar a influir directamente en las relaciones de poder entre países enzarzados en el mismo conflicto.
Permítanme que hable claro: me opongo a todo tipo de ayuda presupuestaria a países envueltos en conflictos armados, porque en la mayoría de los casos dicha ayuda acaba destinándose directa o indirectamente a la compra de armamento. Y con esto he llegado a otra punto débil de la política europea. La exportación de armas merece una mención especial puesto que es corresponsable de los diferentes conflictos. No sólo prospera el tráfico de armas ilegal, sino que, aparte de esto, el tráfico de armas controlado se preocupa más por la "competencia leal" entre los traficantes de armas que por la paz que nosotros defendemos aquí.

Morillon
Señor Presidente, señor Comisario, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se ha fijado como objetivo la erradicación de la pobreza en estas regiones de África, el Caribe y el Pacífico, a las que es necesario arrancar de su miseria.
Se trata de un deber de la rica Europa, pero creo que también le interesa. Entre las causas de esta pobreza, nuestro ponente Johan Van Hecke, en su completísimo informe, tiene razón en denunciar la anarquía reinante, consecuencia de los conflictos armados, que no cesan de ensangrentar algunas de estas regiones. En el inventario de las soluciones que deben aportarse a dicha situación, sin injerir en los asuntos interiores de todos estos países, celosos de su independencia, Johan Van Hecke ha citado, con razón, la creación de una fuerza de paz. Permítanme que, basándome en mi propia experiencia, desarrolle este punto.
La era de las intervenciones militares de contingentes europeos está superada, no tanto porque éstas tuvieran resabios neocolonialistas, sino porque los recientes compromisos de la comunidad internacional, por mandato de las Naciones Unidas o como consecuencia de acuerdos multilaterales, han demostrado que era necesario regionalizar el tratamiento de las crisis. Para ser realmente útil en las tareas de mantenimiento o de restablecimiento de la paz, se requiere un conocimiento profundo de la Historia, de la cultura e incluso de la lengua del país en el que se va a intervenir.
Por esta razón se han creado - y éstos deben ser desarrollados con la ayuda de la Unión Europea - mecanismos regionales de gestión de los conflictos, que deben hacerse cargo progresivamente de la responsabilidad de las acciones in situ, en el marco de una estrategia común coordinada entre los Estados miembros y los propios países ACP, y cuya creación debe seguir siendo definida y controlada más activamente por nuestro Parlamento.
Uno de los méritos de nuestro ponente es haber sabido proponer, en esta perspectiva, uno de los inventarios más exhaustivos de las reflexiones y de las acciones que pueden y deben ser llevadas a cabo.

Martínez Martínez
Señor Presidente, el nuevo Acuerdo de cooperación firmado en Cotonou constituye una ocasión idónea para corregir deficiencias comprobadas en la andadura anterior y para aclarar conceptos y normas de actuación en situaciones específicas de nuestra cooperación con los Estados ACP, por ejemplo, en la situación que dio lugar a la Comunicación de la Comisión que aquí nos ocupa y a los informes de los colegas Van Hecke y Maes, es decir, a lo que debe acontecer cuando un país asociado se ve implicado en un conflicto armado.
En la línea de lo afirmado por los ponentes, nos parece obligado que la Unión revise sus programas de asistencia a países en guerra, entre otras razones, para evitar que los fondos asignados puedan desviarse hacia actividades militares. Incluso como cuestión de principios, debe reconsiderarse el apoyo a países o regímenes que sean responsables de aventuras armadas en Estados vecinos o que gasten recursos desproporcionados en armamento, cuando no en operaciones de represión de los derechos individuales o de las minorías dentro de su propia población.
Debemos tener bien presente el artículo 11 del nuevo Tratado en el que se afirma el compromiso europeo con políticas de construcción de la paz y de la prevención y resolución de conflictos armados. El diálogo entre las partes enfrentadas y el diálogo de la Unión con esas mismas partes deben ser el mecanismo clave de estas actuaciones.
Con la Sra. Maes manifestamos nuestra perplejidad ante conductas paradójicas, en las que vemos cómo desde la Unión se han aprobado ayudas de millones de euros a países claramente comprometidos en la ocupación militar de alguno de sus vecinos. A este respecto, es inaceptable la conducta de doble rasero con que a veces se aplica la política de ayudas y nos preocupan también las contradicciones que puedan darse en la actuación de Estados miembros, o de alguno de éstos, y la propia Unión. Creo que es conveniente que el Parlamento tenga más transparencia, más coherencia, más información y más control sobre estas políticas.
Tengamos presente, por último, que, a menudo, la disminución o la congelación de nuestra ayuda al desarrollo para un determinado país en guerra necesitaría llevar aparejado un esfuerzo suplementario en ayudas de tipo humanitario a las poblaciones del propio país, víctimas principales de tales conflictos. Aquí, una vez más, será imprescindible la intervención de las ONG solventes, a través de las cuales tales programas podrían llevarse a cabo con garantías de éxito y eficacia.

Van den Bos
Señor Presidente, los conflictos armados son siempre obra humana, por bestiales que sean. Nunca son inevitables, a diferencia de las catástrofes naturales. Los líderes que los provocan cargan con una inmensa responsabilidad. Es siempre así, pero lo es más en países paupérrimos. Allí la población sufre dos veces. Se detiene el desarrollo y quedan aniquilados muchos años de esfuerzos y ayuda procedente del extranjero. ¿Y de qué se trata? ¿De conquistar el poder o de la negativa a abandonarlo? ¿De acaparar recursos minerales, de masacrar otros grupos étnicos, de segregarse o de apoderarse de parte del desierto?
África es un continente particularmente belicoso. Uno de cada cinco africanos vive en un país enzarzado en un serio conflicto y para mayor desgracia los conflictos armados van en aumento, tanto en número como en intensidad. Cabe preguntarse por qué eso es así. La Unión Europea tiene la obligación política y moral de hacer todo lo posible por prevenir y detener los conflictos en los países ACP. El informe del Sr. Van Hecke se corresponde plenamente con mi opinión al respecto. Hemos de mostrarnos mucho más exigentes con regímenes ACP irresponsables, debemos aplicar criterios unívocos a la hora de suspender la ayuda y las sanciones han de ajustarse a la situación concreta de cada país. Tenemos que castigar a los dirigentes, por difícil que esto sea, no a la población, y nuestro Parlamento debe participar directamente en las decisiones acerca de la suspensión de la ayuda.
Es un gran escándalo que la ayuda europea al desarrollo se destine a la compra de armamento. Por su parte, los Estados miembros que exportan armas a las partes beligerantes son corresponsables del inmenso dolor humano y la destrucción de su propia ayuda al desarrollo. Es justo, señor Presidente, que el Acuerdo de Cotonou siente las bases para un mayor desarrollo, participación en el comercio mundial y diálogo político, pero los países ACP que optan por la violencia dinamitan esta cooperación y hacen jirones el acuerdo.

Lucas
Señor Presidente, acojo con entusiasmo este informe y felicito al ponente por el mismo. Sólo hay una cuestión que nos preocupa mucho y es que el ponente amplíe la aplicación del principio de condicionalidad al alivio de la deuda. En casi cualquier otra área yo apoyaría la condicionalidad. Creo firmemente que tenemos la responsabilidad de utilizar las herramientas de que disponemos para promover el buen gobierno, la democracia y el estado de derecho en nuestras relaciones internacionales. Pero, a pesar de que esto debería, sin duda, guiar nuestras políticas de ayuda, hay que establecer una importante distinción cuando se trata del alivio de la deuda. Porque la historia demuestra que la responsabilidad de la deuda reside tanto en los acreedores como en los deudores. Es más, desde que se efectuaron los primeros préstamos, el valor de la deuda ha ido creciendo muy por encima de los préstamos originales. Muchos países están volviendo a pagar sus deudas varias veces. Algunos países siguen gastando más en el pago de la deuda que en sanidad y educación juntas, pero las personas que sufren esta desviación de recursos está claro que no son los que se beneficiaron de los préstamos originales que se concedieron.
Existe un argumento válido según el cual ¿de qué sirve anular la deuda si gobiernos no democráticos sencillamente malversan los fondos para sus propios fines? Eso sigue siendo una posibilidad. Pero existe, quizás, una posibilidad mayor de que la población, una vez que sepa que se ha anulado la deuda, ejerza mayor presión sobre sus gobiernos para lograr el muy necesario gasto social.
El informe del Sr. Van Hecke dice que aplicar la condicionalidad exige coherencia y valentía. Estoy de acuerdo. Pero, en el contexto del alivio de la deuda, también exige justicia y el reconocimiento de que, en muchos casos, la deuda original ya se ha pagado muchas veces.

Sylla
Señor Presidente, desearía agradecer al ponente por la pertinencia de sus observaciones y sus numerosas propuestas. De los treinta y cuatro países más pobres del mundo, veinte se hallan envueltos en un conflicto. Esta situación provoca la inestabilidad de regiones enteras.
El Sr. Morillon tiene razón en subrayar el problema de la miseria, cuya erradicación constituye uno de los objetivos que nos hemos fijado en nuestra reunión con los países ACP. Creo que hoy no podemos dejar de reflexionar sobre el problema de la anulación de la deuda, de las denominadas políticas "de ajuste estructural" , que conducen dichos países a la deriva. Creo que debemos dejar de fijar nosotros mismos los precios de las materias primas y que debemos vender triterapias y medicamentos a precio de fábrica. Estoy convencido de que existen algunas solidaridades que debemos aplicar.
En el momento en que me dirijo a ustedes, Señorías, señor Presidente, no puedo dejar de pensar en el conjunto de los demócratas y en el pueblo de Côte d´Ivoire, que en este preciso instante está en la calle para pedir, en nombre de la democracia, que se vaya la junta militar, que se vaya el General Gueï. Nosotros sabemos que con él se está preparando la balcanización de África. Se trata de un poder etnicista que no podemos aceptar.
Creo, pues, que para orientarnos en el sentido que decía el ponente, hoy debemos hablar muy claramente al contribuyente europeo y a los países ACP. Debemos comprometernos a decir a la junta militar de Côte d´Ivoire, como al conjunto del poder dictatorial, que nunca la aceptaremos, que nunca le daremos ningún tipo de protección, que vamos a congelar sus activos y que, además, apoyamos plena e íntegramente al conjunto de los demócratas.
Estas frases tan simples y tan enérgicas son las que nos permitirán entendernos.

Pacheco Pereira
Señor Presidente, el informe del Sr. Van Hecke plantea una cuestión fundamental, la de hasta qué punto son las ayudas internacionales a países en conflicto un factor de ese mismo conflicto y hasta qué punto favorecen a gobiernos corruptos y beligerantes. En relación con una de las zonas más pobres y desgraciadas del mundo, quisiera citar dos ejemplos del pernicioso papel de las ayudas internacionales concedidas sin condiciones. Me refiero a un país que está ininterrumpidamente en guerra desde el decenio de 1960 y a otro que tiene una paz precaria, pero al que las ayudas internacionales, de forma perversa, pueden perjudicar: Angola y Mozambique, respectivamente.
En Angola, el Gobierno y UNITA riñen una de las guerras civiles más crueles de África y, por desgracia, está claro que la ayuda internacional -en particular, al Gobierno de Luanda- ha desempeñado un papel en el mantenimiento de ese conflicto. Por desgracia, lamento que mi propio Gobierno, el portugués, participe en ese esfuerzo militar.
En el caso de Mozambique, en el que hay una paz precaria conseguida con mucha dificultad, la utilización de la ayuda internacional por el partido en el poder con vistas a favorecer a determinadas provincias en detrimento de otras en función de los resultados electorales puede ser en sí mismo un factor importante en la crisis de la paz conseguida con tanto esfuerzo hace ya algunos años y en la reanudación del conflicto civil en Mozambique.
Y ése es un asunto que debe preocupar esencialmente a la Unión Europea y a los países donantes: saber si en determinados países como Mozambique se está utilizando la ayuda internacional como un instrumento de poder para legitimar un gobierno que se encuentra en los límites de la democracia y, desde ese punto de vista, contribuir a acabar con una paz muy precaria.
Se trata de asuntos que el informe plantea y que deben merecer considerable reflexión por nuestra parte.

Titley
Señor Presidente, yo también apruebo tanto la comunicación de la Comisión como el informe que tenemos hoy ante nosotros. Un mensaje clave de todo esto es la necesidad de coherencia. La Unión Europea dispone de un abanico de actividades: los Acuerdos de Lomé, la PESC, las políticas de ayuda externa; y con demasiada frecuencia una parte no es necesariamente coherente con otra. La coherencia debe ser nuestro objetivo primordial.
En segundo lugar, la prevención de conflictos debe ser una prioridad de la Unión Europea. Ya estamos estableciendo medidas. Tenemos al Alto Representante, tenemos la unidad de planificación y alerta temprana en el Consejo. Ellos deben ahora insistir en que tenemos que centrarnos en la prevención de conflictos más que en intervenir militarmente cuando el conflicto ya haya escapado al control. En concreto, debemos dar la importancia que merecen cosas como la escasez de agua en tanto que causa de conflictos. La política de la Comisión debería dirigirse a conseguir aumentar las reservas de agua y no a reducirlo como a veces ha ocurrido.
Como ya se ha mencionado, tenemos que subrayar la importancia del buen gobierno y de la democracia. Eso debería formar parte de la condicionalidad y deberíamos exigir a los Estados miembros que no apoyen a políticos por necesidades a corto plazo si no reúnen los requisitos esenciales de buen gobierno y democracia. Con demasiada frecuencia, estamos dispuestos a apoyar a un grupo contra otro en detrimento de la paz en una zona concreta.
Por último, lo que debemos hacer, desde luego, es detener el flujo de armas a estas regiones, y no sólo con medidas contra las armas ligeras. Me gustaría ver, como señalaba en mi informe del mes pasado, que se adoptan medidas contra los intermediarios de ventas de armas en toda la Unión Europea. En muchos países, no existen controles sobre las actividades de los vendedores de armas. Pueden hacer negocios a placer y, casi en todos los conflictos pueden encontrarse a estos intermediarios detrás de la proliferación de armas. Es crucial que, como parte del código de conducta de la UE, exijamos una licencia a los vendedores de armas y empecemos a controlar sus actividades. De nada sirve que los gobiernos pongan en orden las exportaciones si permitimos a los particulares que actúen del modo que lo están haciendo.
Del mismo modo, deberíamos observar la fabricación con licencia. De nada sirve disponer de normas sobre la fabricación dentro de la UE si las empresas de la UE pueden conseguir licencias a la producción en el exterior sorteando los controles.
Yo apruebo este informe, pero quisiera subrayar que no conseguirá nada si no estamos dispuestos a detener el flujo de armas a las regiones en conflicto. Esto exige una acción mucho más firme que la que hemos estado dispuestos a permitir hasta ahora.

Laguiller
Señor Presidente, el informe constata una evidencia: la extensión y la intensidad de los conflictos armados en África son dramáticos, y éstos se traducen en inmensos sufrimientos humanos.
Sin embargo, este lenguaje compasivo es también una manera de disimular la responsabilidad directa o indirecta, pero abrumadora, de las propias grandes potencias europeas en la mayoría de los conflictos, desde Rwanda hasta Sierra Leona.
Hoy en Côte d´Ivoire, aun cuando frente a la reacción de la población de Abidjan contra el intento de un nuevo golpe de Estado militar, tanto Jospin como Chirac toman posición contra la sublevación, ¿cómo podemos dejar de denunciar la política del imperialismo francés? Los vínculos del general Gueï con el Estado Mayor francés son notorios, así como los vínculos con algunos grupos industriales franceses que controlan sectores económicos enteros en Côte d´Ivoire.
París observó con una neutralidad condescendiente el primer golpe de Estado de Gueï, y sobre todo ha demostrado una discreción vergonzosa frente a la abyecta demagogia xenófoba étnica desarrollada desde hace años por los medios dirigentes de Côte d´Ivoire. París calló incluso frente al hecho de que los pretextos étnicos fuesen utilizados en la selección de los candidatos en la elección presidencial, corriéndose el riesgo catastrófico de transformar las rivalidades por el poder en guerra étnica.
Si las instituciones europeas quisieran realmente atacar las causas del mal que afecta a África, éstas deberían empezar por oponerse a la política de las propias grandes potencias europeas.

Korhola
Señor Presidente, cabe felicitar al ponente y elaborador de este informe por el trabajo tan sensato que ha realizado. Una exposición tan buena clama por ser llevada a la práctica ya de por sí, y conviene que nuestros políticos se compromentan totalmente con ella, también por el bien de todos nosotros. El informe constata con razón nuestro peso como mayor aportador de ayudas a muchos de los Estados ACT, hecho que, a nivel político, no se refleja aún suficientemente a la hora de resolver los conflictos. Éste debe ser el punto de partida de nuestras acciones. Por ello, me congratulo de que el informe hable de la importancia del condicionamiento positivo de las ayudas sin remordimientos de conciencia. Existen razones para ello.
El perfil de las crisis se ha transformado decisivamente durante las últimas décadas. La ONU, que originariamente fue fundada para intervenir en conflictos entre diferentes estados, está tanteando la forma de reafirmar de nuevo su papel en la gestión de las crisis que se están generalizando, cada vez más, en el interior de los propios estados. Precisamente por esto, la UE, como socio político y económico que es, tiene ahora una gran responsabilidad en el tema, así como grandes posibilidades de influir en la situación.
Parece que la tendencia mundial es que la mayor parte de los conflictos tengan una dimensión religiosa: Kosovo, Chechenia, el sur del Sudán , Irlanda del Norte, Timor Oriental, Sri Lanka, Nigeria, Cachemira y, como uno de los peores conflictos de los últimos tiempos, las Moluscas de Indonesia. Esto no se ha comprendido del todo en Occidente. Aquí se piensa que cuando se trata de religión, se está ante una cuestión de carácter privado. Pero las tensiones religiosas han sidos usadas en esos países con fines políticos. Señor Presidente, necesitamos instrumentos para resolver este acuciante problema. En mi opinión, un objetivo muy importante sería crear la figura de un observador o defensor de los derechos humanos especializado en conflictos religiosos que mantenga informada a la UE. La UE también tendría que presionar firme y sistemáticamente a los gobiernos para que permitan la entrada de los observadores internacionales de los derechos humanos en los países envueltos en guerras, con el fin de llevar a cabo un estudio objetivo e imparcial de los conflictos. También tenemos que recurrir siempre a la posibilidad de exigir que los gobiernos se comprometan a garantizar la llegada de la ayuda humanitaria a las zonas en conflicto.

Nielson
. (EN) La iniciativa de la Comisión de revisar la cooperación con los países ACP envueltos en conflictos armados en 1998 y su comunicación de mayo de 1999, sirvieron para iniciar un debate sobre la respuesta más apropiada de la UE hacia los países en conflicto con los que la UE tenga una estrecha relación de cooperación.
Mi colega, el Sr. Patten, propuso en marzo de este año que el Consejo de Asuntos Generales considerara esta comunicación en el marco de su debate sobre los conflictos en África. El Consejo de Asuntos Generales llegó a la conclusión en mayo de que los órganos correspondientes del Consejo deberían continuar su reflexión acerca de la cuestión de la ayuda humanitaria a países envueltos en conflictos armados, sobre la base de la comunicación de la Comisión.
Lamento que los Estados miembros no hayan asumido de un modo más activo la comunicación de la Comisión. Los acontecimientos en la República Democrática del Congo y en sus países vecinos, Angola y Burundi, en el Cuerno de África y ahora, de nuevo, en África Occidental, en especial en Sierra Leone, han demostrado que no podemos dejar de abordar estas difíciles cuestiones. La Comisión está estudiando su respuesta y, en concreto, la aplicación del Artículo 96 del Acuerdo de Cotonou cuando corresponda.
Un marco integral nos ayudaría a responder caso por caso a cada conflicto. Si el Consejo está dispuesto a desarrollar la comunicación, por ejemplo, formulando conclusiones del Consejo, la Comisión le prestará su asistencia para que queden reflejados los numerosos avances que se han producido desde mediados de 1999 en la política de la UE en materia de gestión de crisis y en la PESC, así como la evolución de la respuesta de la comunidad internacional a los conflictos.
También tendremos en cuenta las innovaciones del Acuerdo de Cotonou, en especial las relativas al diálogo político, que debería ayudarnos a encontrar medidas adecuadas y respuestas proporcionadas y coherentes. Pero es evidente que no existen soluciones fáciles para estos problemas, como prueban claramente las contribuciones que esta tarde se han hecho aquí al debate. La clave la constituirá, en cualquier caso, la voluntad política real de los Estados miembros de mantener una línea común. La Comisión no puede prometer milagros al Parlamento en este terreno.
Estamos dispuestos a incluir en las deliberaciones a otros países envueltos en conflictos armados. El conflicto violento no es un fenómeno limitado a los países ACP. La Unión Europea debe estar preparada para reaccionar ante la violencia de un modo eficaz y coherente también en otras zonas del planeta.
La comunicación es una invitación a que se entable un debate acerca de las relaciones de la UE con países para los que la forma tradicional de cooperación al desarrollo ha pasado a ser cuestionable u obsoleta. Se trata de un debate difícil. Preferiríamos dedicar todos nuestros esfuerzos a ayudar a los países ACP en la difícil tarea de superar la pobreza y de integrarse en una economía global que cambia rápidamente. Sin embargo, para un número considerable de nuestros socios ACP, el reto principal es el restablecimiento de la paz, o la contención de la desestabilización de la zona. La paz es una condición previa indispensable para el desarrollo, y los países que sigan envueltos en conflictos violentos se excluyen a sí mismos de los beneficios potenciales de la nueva relación de cooperación que la UE les está ofreciendo. También se están privando de las oportunidades que ofrece la actual transformación de la economía global. Dañan las perspectivas de inversión extranjera, no sólo en estos países, sino también en sus regiones. En países menos inestables, nuestros esfuerzos por luchar contra la pobreza y de aliviar la deuda están contribuyendo a largo plazo a la prevención de conflictos.
La Comisión no ha estado ociosa desde que presentó la comunicación. Ya ha adoptado numerosas iniciativas dirigidas a fortalecer su capacidad de abordar eficazmente el problema de los conflictos violentos en los países ACP.
Se presta apoyo a la OUA y a organizaciones subregionales como CEDEAO e IGADD en los ámbitos de prevención y gestión de conflictos. La cantidad de fondos que se destinan a la gestión de crisis o a la reconstrucción después del conflicto es considerable. Tenemos el compromiso de aumentar nuestros esfuerzos parar prevenir de manera eficaz la violencia y para resolver las crisis pacíficamente.
La Comunidad dispone de un gran número de instrumentos para la prevención y la resolución de conflictos, que van desde los acuerdos comerciales y de cooperación hasta el apoyo al desarrollo de la capacidad institucional, al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las minorías, o a la desmovilización y la rehabilitación. Tenemos el compromiso de hacer un uso aun más eficaz y mejor dirigido de estos instrumentos. En este sentido, pretendemos, en concreto, incluir objetivos de prevención de conflictos en la elaboración de los programas de asistencia económica y de asistencia al desarrollo. El problema, sin embargo, reside en que el propio carácter rígido de estos instrumentos constituye una limitación a lo que podemos hacer con ellos y a cómo podemos utilizarlos.
Las limitaciones presupuestarias y los procedimientos de toma de decisiones basados en la comitología limitan nuestras opciones de reacción rápida y flexible. Todo esto parece muy distinto del concepto de caja de herramientas, que es en lo que pienso cuando hablo de los numerosos instrumentos de que disponemos. El concepto de caja de herramientas ofrece una buena imagen de la situación ideal y supone una forma satisfactoria de utilizar la diversidad de instrumentos. Pero, nos encontramos en una situación diferente, a pesar de que estemos realizando decididos esfuerzos de reforma.
Yo añadiría que el valor fundamental de la cooperación al desarrollo, en relación con la cuestión de los conflictos, es el efecto preventivo. Una vez que el conflicto ya ha estallado, no tenemos tanta fuerza; nuestros esfuerzos pueden ser más útiles si se hacen anticipadamente. No hay duda alguna de que la iniciativa HIPC (Países Pobres Altamente Endeudados), financiada por la UE pero aún no financiada por EE.UU., es ahora mismo la mayor contribución a la prevención de conflictos en el mundo.
Hay pocas dudas de que los países muy pobres, fuertemente endeudados, caerán en la inestabilidad y el conflicto si el mundo rico no es eficaz en los HIPC. Asimismo el establecimiento de cooperación económica regional, prevista en el Acuerdo de Cotonou, constituye una contribución básica para la estabilidad de África. En los próximos años daremos prioridad a la creación de estructuras regionales de estabilidad y cooperación como contribución fundamental a la promoción de la paz y el progreso en África.
Quisiera decir algunas palabras sobre la situación en Costa de Marfil, a la vista de lo que se ha dicho en este debate. Desgraciadamente, se ha producido un rápido deterioro de la situación desde las elecciones del domingo. La situación cambia casi de una hora para otra, pero, por supuesto, estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos. Prevemos que habrá que reabrir las consultas del Artículo 96 si no se crea una situación estable y clara tras las elecciones. En verdad, se trata de una situación muy lamentable y tememos que se produzca todavía más violencia si las cosas no se controlan rápidamente.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Poul Nielson.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.

Moratoria sobre la ejecución de la pena capital
El Presidente
De conformidad con el orden del día, la Comisión procede a hacer una declaración sobre la ejecución de las rúbricas presupuestarias "Derechos humanos - Democracia" en lo relativo a las campañas en favor de una moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte.

Patten
. (EN) Este Parlamento y, por si sirve de algo, este Comisario, llevan mucho tiempo oponiéndose a la pena de muerte. En lo que a mí respecta, voté una y otra vez en contra de la misma cuando era diputado en otro parlamento. Una de las primeras decisiones que adopté cuando fui gobernador de Hong Kong, con el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, fue suprimir la pena de muerte de la legislación de Hong Kong y estoy encantado de que siga siendo ilegal.
El Parlamento ya ha declarado en anteriores ocasiones que considera la pena capital una forma de castigo inhumana, medieval e indigna de las sociedades modernas. Sé que mucha gente comparte ese sentimiento. Me complace que todos los países de Europa central y oriental candidatos a la adhesión a la Unión Europea hayan abolido la pena de muerte. Avanzamos hacia una Europa en la que la pena de muerte se prohiba en todo el continente. La Unión Europea se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y se ha comprometido a abogar por su abolición universal. Esta postura tiene sus raíces en nuestra creencia en la dignidad inherente de todos los seres humanos y en la inviolabilidad de la persona. En mi caso, la oposición a la pena de muerte se basa también en que creo que la vida humana es sagrada.
87 estados mantienen la pena de muerte y alrededor de 30 llevan a cabo ejecuciones todos años. Varios estados llevan a cabo ejecuciones en cantidades industriales. La Unión Europea lleva ya algún tiempo defendiendo una moratoria global. La Unión ha establecido una serie de directrices para identificar las circunstancias en las que la Unión Europea puede adoptar medidas específicas y en una dirección concreta. Estas directrices señalan que la Unión Europea animará a los estados a que se adhieran al segundo protocolo facultativo del Convenio de Derechos Políticos y Civiles y a mecanismos regionales comparables destinados a la abolición de la pena de muerte. También plantearemos la cuestión de la pena de muerte en los foros multilaterales.
La Unión Europea comparte con todos aquellos contrarios a la pena de muerte la profunda preocupación de que es imposible reducir a cero el riesgo de aplicar por error la pena. Ese riesgo, el riesgo de acabar con vidas inocentes, es razón suficiente, a juicio de muchos de nosotros, para prohibir este tipo de castigo. Tampoco aceptamos el argumento de que la pena de muerte es disuasoria del crimen violento porque en nuestros países es evidente que las pruebas no apoyan esa afirmación.
En países que mantienen la pena de muerte, la Unión Europea pretende la restricción progresiva de su ámbito de aplicación y el respeto por las estrictas condiciones establecidas en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos con arreglo a los cuales puede emplearse la pena capital, así como el establecimiento de una moratoria de ejecuciones, de tal forma que se elimine completamente la pena de muerte.
Durante las presidencias de Finlandia y Portugal, la Unión Europea planteó la cuestión de la pena de muerte a un gran número de países, entre ellos a las autoridades de Antigua y Barbuda, Burundi, Bahamas, China, Guayana, India, Irán, Kuirguizistán, la Autoridad Palestina, Pakistán, Filipinas, Tayikistán, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zimbabwe. En el caso de China, utilizamos el foro de diálogo sobre derechos humanos para plantear la cuestión una y otra vez. Lamento que China siga haciendo un uso casi diario de la pena de muerte.
La Unión Europea está especialmente preocupada por la imposición de la pena de muerte a jóvenes que eran menores de 18 años en el momento de cometer el delito. El planteamiento europeo de la justicia juvenil es coherente con las normas de justicia juvenil internacionalmente reconocidas y recogidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Decía al principio que la Unión Europea había decidido plantear la cuestión de la pena de muerte en foros internacionales. Esto no siempre ha sido sencillo. La Cámara recordará que, el año pasado, después de una intensa negociación, decidimos que era mejor que en la Asamblea General de NN.UU. de noviembre no hubiera ninguna resolución a que hubiera un texto fatalmente imperfecto y que, por tanto, la Unión Europea no debería proponer su iniciativa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, me complace mucho decir que, el pasado mes de abril, se aprobó con una amplia mayoría la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de NN.UU. Parece que, aunque los partidarios de mantener la pena se resignen hasta posteriores textos de la Comisión de Derechos Humanos acerca de esta cuestión, seguirán oponiéndose firmemente a cualquier intento de lograr una resolución de la Asamblea General. Esto conduciría a un debate todavía más dividido. Por ello, la Unión Europea ha decidido que no sería aconsejable ni oportuno presentar una resolución sobre la pena de muerte en la 55 A.G. de NN.UU.
Mientras tanto seguimos apoyando campañas destinadas a conseguir una moratoria en la pena de muerte y en las ejecuciones, y, en última instancia, la abolición de la pena capital en todo el mundo. Lo hacemos con arreglo a las partidas presupuestarias incluidas en el capítulo "Iniciativa europea para la democracia y los derechos humanos" . En concreto, dentro de la partida presupuestaria B7-704, estamos llevando a cabo una serie de iniciativas en todo el mundo destinadas a movilizar a la opinión pública contra la pena de muerte.
En 1999, se estableció un programa conjunto entre la Comisión y el Consejo de Europa con el fin de aumentar la sensibilización de la población sobre diversos temas relacionados con la abolición de la pena de muerte en Rusia, Turquía, Albania y Ucrania. El programa, por un valor de 670.000 euros repartidos en dos años, facilitará información a los parlamentarios, a los expertos jurídicos y al público en general sobre los argumentos de política penal en contra de la pena capital.
Permítanme que repita que esta es una cuestión que nos tomamos seriamente. Es una cuestión que yo personalmente me tomo muy seriamente. Hablamos de ella como Unión con un grado de autoridad moral. Estamos haciendo progresos. Pero necesitaremos tiempo y empeño, además del apoyo continuo de este Parlamento, para lograr un día nuestro objetivo, que es ver la pena de muerte relegada a los libros de historia como una forma de castigo que no tiene en absoluto cabida en el mundo moderno.

Ferrer
Señor Presidente, señor Comisario, como usted muy bien ha dicho en reiteradas ocasiones, este Parlamento, y con él el Grupo del Partido Popular Europeo, se ha pronunciado en contra de la pena de muerte y a favor de una moratoria universal sobre la pena capital, el objetivo único de la cual es conseguir la abolición definitiva de la pena de muerte en el mundo.
No podía ser de otra manera, dado que esta práctica, que atenta directamente contra el respeto de la vida humana, se contradice con la defensa de los derechos humanos, el primero de los cuales, base y fundamento de todos los demás, es el derecho a la vida, que promueve la Unión Europea.
Pero llega un momento en el que las palabras no bastan y en el que hay que adoptar una actitud mucho más combativa en la defensa de lo que, para los demócratas cristianos, constituye el núcleo fundamental de nuestra filosofía y de nuestra actuación política: el valor trascendente de la persona y el derecho a la vida desde el momento de su concepción hasta su muerte natural; dos principios incompatibles con la aplicación de la pena capital.
De ahí que no sólo aboguemos por su abolición, sino que propongamos la posibilidad de una utilización de las líneas presupuestarias destinadas a los derechos humanos para hacer campañas en favor de una moratoria sobre la pena de muerte, y de que las organizaciones no gubernamentales, tanto de ámbito internacional como local, y las autoridades religiosas puedan participar también en la ejecución de estas líneas presupuestarias.
Y lo proponemos, en primer lugar, porque derechos humanos y abolición de la pena de muerte constituyen un todo y porque ello nos permite pasar del terreno de las palabras al de los hechos, y porque la participación de la sociedad civil resulta indispensable para la creación de un estado de opinión y de una conciencia colectiva favorable a la abolición de la pena capital.
Es cierto que existe una tendencia favorable a la abolición de la pena de muerte. No hay nada más que ver las estadísticas. Sin embargo, sigue aplicándose en 90 Estados y no se pueden cerrar los ojos ante las 1.625 ejecuciones conocidas, llevadas a cabo en el año 1998, el 80% de las cuales tuvieron lugar en sólo cuatro países, entre los cuales, y en tercer lugar, figuran los Estados Unidos de América con 68 ejecuciones.
Por ello, junto al respeto de los derechos humanos, la abolición de la pena de muerte debe constituir una pieza clave, señor Comisario, en las relaciones entre la Unión Europea y terceros países. Muy en especial debería constituirla en el caso de los Estados Unidos por la contradicción que supone ser adalid de la libertad, a lo ancho del mundo, y disponer de la vida y de la muerte de sus ciudadanos, aunque sea en nombre de la ejemplaridad y el orden público o porque lo pide una mayoría de ciudadanos.
La democracia no puede someterlo todo a la ley del número ya que, en nombre de la mayoría, no se puede emprender ni justificar ninguna acción que vulnere los derechos esenciales de la persona, el primero de los cuales es el derecho a la vida.
Si la pena de muerte -como nos decía la Comunidad de San Egidio- deshumaniza nuestro mundo al dar la primacía a la represalia y a la venganza, poner todos los medios a nuestro alcance, tanto económicos como políticos, para desterrar una práctica contraria a los principios y valores que constituyen nuestra razón de ser, debe constituir un objetivo prioritario de la Unión Europea.
De ahí que nos alegremos de que la Comisión haga suyo este objetivo y que se lo tome con la seriedad con que el señor Comisario nos decía que merece que sea tratado este tema fundamental, para que estemos en consonancia con los principios que defendemos.

Díez González
Señor Presidente, una vez más el Parlamento se pronuncia a favor de la dignidad humana y en contra de la pena de muerte. Pero en esta ocasión lo hace después de la aprobación por parte de la Convención del texto definitivo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta Carta dedica, precisamente, su primer capítulo a la dignidad humana, declarando que es inviolable y que será respetada y protegida. Afirma también que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.
Este Parlamento se ha pronunciado a favor de que la Carta se incorpore a los Tratados y de que estos derechos de los ciudadanos europeos sean aplicados a los ciudadanos de países terceros. Es, por tanto, más pertinente que nunca que nos preguntemos si no es ya hora de exigir a la Comisión y al Consejo que incorporen en las negociaciones con todos los terceros países, no sólo con los que esperan a la cola para formar parte de la Unión Europea, la abolición de la pena de muerte como cláusula de respeto de los derechos humanos.
1999 ha vuelto a ser un año negro. Según Amnistía Internacional casi 2000 personas han sido ejecutadas y en 63 países se han pronunciado 4000 nuevas condenas a muerte. China, Iraq, Arabia Saudí, la República Democrática del Congo y Estados Unidos son algunos de los 31 países en los que ha habido ejecuciones. ¿Saben ustedes que en este último país, en Estados Unidos, gran guardián de las esencias democráticas -como decía mi compañera Concepció Ferrer ahora mismo- 98 ciudadanos fueron ejecutados en el año 1999? ¿Saben ustedes que en 18 Estados norteamericanos es posible ejecutar a alguien con 16 años? ¿Saben ustedes que en el mismo país, desde 1976, han sido ejecutados 34 delincuentes con retraso mental? Llamo la atención sobre Estados Unidos, no porque yo sea antiamericana, que no lo soy, sino porque estamos hablando de una democracia amiga, que vigila los intereses de paz y de la democracia en el mundo.
Me gustaría que todos nos preguntáramos si podemos hacer algo más. Es hora de que entendamos que sólo con declaraciones humanitarias no basta. Creo que si no convertimos esta lucha en un compromiso político, político con mayúsculas, en el eje de nuestra política exterior europea -y por eso me gusta que esté aquí el Comisario Patten- estaremos haciendo menos de lo que podemos para evitar esta barbarie. Hagamos desde este Parlamento todo lo posible.
Recordemos las palabras de Albert Camus: "Ni en el corazón de las personas, ni en los hábitos de la sociedad habrá paz mientras la muerte no sea declarada fuera de la ley" . Y una cosa más, Sr. Patten, decía usted en su intervención que no podemos garantizar el error cero en las ejecuciones. Toda ejecución es un error. Yo soy agnóstica, pero leo la Biblia y ésta dice que nadie toque a Caín a pesar de haber matado a su hermano Abel. Toda ejecución es un error que la democracia, la defensa de los derechos humanos y la dignidad humana no pueden consentir.

Rutelli
Señor Presidente, he apreciado la intervención del Comisario Patten, sus palabras, en particular las que se refieren a su experiencia personal, y su opinión acerca de la absurdidad de una pena que en el mundo se manifiesta cada vez menos como un método de disuasión eficaz en las conciencias de un número creciente de ciudadanos.
Ciertamente Europa saluda los progresos importantes en su compromiso. La inclusión de la solemnidad de la repulsa de la pena capital y del derecho a la vida en el proyecto de Carta de los Derechos Fundamentales, la definición urgente de la renuncia a la pena de muerte para todo aquel que quiera adherirse al proceso europeo de ampliación, el aumento de los medios de actuación en lo que se refiere a las relaciones con los terceros países con la cláusula de respeto de los derechos humanos y, por último, la moratoria sobre la pena capital como acción prioritaria en la política exterior y de seguridad común por parte del Consejo.
Cuando nuestras Instituciones internacionales, cuando el Tribunal de La Haya se encuentran ante la condena conminada al criminal Tadic - responsable de gravísimos delitos - y comparamos esas atroces responsabilidades con cualquier acto por el cual en cualquier país, incluso democrático, hoy miles de personas esperan la condena a muerte, quizás podríamos sopesar el hecho de que la que fue una diversidad europea, esto es, el rechazo a las ejecuciones capitales, puede llegar a ser - en plazos políticos y no en plazos históricos - una diversidad que se propague hasta convertirse en la rotunda mayoría de las actitudes políticas, institucionales y humanitarias en cualquier parte del mundo. Esto inspira a la nueva Europa que nace en el tercer milenio.
Por esto, señor Presidente, es preciso que la Comisión - y pido al Comisario Patten una respuesta contundente - emplee bien estas enmiendas al presupuesto de la Unión Europa que nuestro Grupo, el Grupo Liberal y Democrático, ha presentado para el presupuesto 2000. En efecto, no cabe ninguna iniciativa institucional en este terreno si no existe una fuerte cooperación con las organizaciones no gubernamentales. Señor Comisario, le propongo que considere la posibilidad de que Europa instituya un Día Europeo contra la pena capital en el mundo: sería una importante aportación a este aumento de la conciencia universal desde la cuna de civilización que Europa es y que quiere seguir siendo.

Frassoni
Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya con determinación la resolución sobre la moratoria sobre la ejecución de la pena capital que será aprobada mañana.
Fue el 10 de marzo de 1992 cuando la Sra. Adelaide Aglietta presentó ante el Parlamento Europeo el primer informe importante en el que se pedía una moratoria sobre las ejecuciones que se debía decidir en el ámbito de la ONU. Ocho años después, como subraya nuestra resolución, la situación es grave y preocupante, sin embargo, la movilización internacional respecto a la moratoria va aumentando. Podemos partir de este hecho, a pesar de los recientes compases de espera en la ONU, y debemos aprovechar para esto los recursos presupuestarios disponibles.
Cierto, una moratoria no podía frenar las más de 4.000 ejecuciones sumarias que se han llevado a cabo en los últimos años en Iraq, ni las miles de ejecuciones en China, pero en otros países, en primer lugar Estados Unidos, la única gran democracia que aplica todavía con un obstinado orgullo la pena de muerte, este largo trabajo en favor de una movilización para la moratoria está teniendo algún tímido efecto. El candidato Bush, en cuyo Estado se han llevado a cabo 144 ejecuciones, ha logrado eliminar la cuestión de la pena capital de la campaña electoral y, discreta e hipócritamente, ha suspendido las ejecuciones en su Estado hasta después de las elecciones. ¿Acaso ésta no es una de las numerosas pruebas de la cínica instrumentalización con que se juega con la vida de unas personas - con frecuencia culpables - por un cínico cálculo político? Es por esto que debemos continuar por esta vía con la misma convicción y firmeza que tenía la Sra. Aglietta cuando fundó la asociación "Nadie toque a Caín" . Tal vez no lo lograremos enseguida, pero confiamos en que, también con los fondos disponibles en el presupuesto y con la ayuda de la Comisión, conseguiremos alcanzar este objetivo.

Uca
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, todos tienen el derecho a la vida y a la libertad reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos los Estados miembros de la ONU se han comprometido a cumplir esta declaración. La pena de muerte atenta de modo irrevocable contra el derecho a la vida y siempre es cruel, inhumana y humillante. Solamente en el año 2000 se han ajusticiado a 70 personas en los EE.UU. La lista de Estados donde la pena de muerte se ejecuta o se pronuncian penas de muerte es larga, como por ejemplo, en China, Irán o Irak. A pesar de que en Turquía no se ejecutan penas de muerte desde 1984, más de 69 personas han sido condenadas a esta pena. El Parlamento turco tiene la última palabra sobre la ejecución de la sentencia y tiene que ocuparse de 49 actas. Precisamente para un Estado que pretende adherirse a la Unión Europea, no se puede aceptar esto. Turquía tiene que abolir la pena de muerte para poder ser acogida en la Unión Europea.
¿Porqué la pena de muerte? Desde que hay pena de muerte se intenta justificar sin éxito su necesidad. Actualmente, los partidarios de la pena de muerte recurren sobre todo al argumento de los efectos disuasorios. Afirman que tras la supresión de la pena de muerte la cifra de delitos graves aumenta. Para esta afirmación no se ha podido aportar en ningún lugar del mundo la más mínima prueba. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que la tasa de asesinatos en los EE.UU, donde se aplica hoy aún la pena de muerte, sea sensiblemente mayor que en Estados donde se ha abolido? En cada ejecución se puede ver afectado también un inocente. Ya ha habido muchos casos en los que se ha condenado a inocentes. Especialmente entre los pobres y los pertenecientes a minorías se aplica la pena de muerte con mayor frecuencia. Detrás de la ejecución de la pena de muerte está la idea de la venganza, idea que no debe existir en un Estado civilizado.
Tanto si se trata de Abu Dschamal en los EE.UU, de Ocalan en Turquía o incluso de la ejecución llevada a cabo de Abdul Achmin Sabi en Irak, todo esto debe condenarse. Considero la pena de muerte como una bárbara...
(El Presidente retira la palabra a la oradora)

Angelilli
Señor Presidente, al igual que el Tratado de Amsterdam y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, este Parlamento se ha pronunciado más de una vez contra la pena de muerte que, lamentablemente, como se ha mencionado, existe todavía en muchos países del mundo: en países con una tradición antidemocrática, como China comunista, y en países con una enorme liberalidad, como Estados Unidos.
Sabemos también lo difícil que es llegar a abolir esta pena tan anormal e inhumana. Es difícil incluso en Estados Unidos donde, como decía la Sra. Frassoni, quien representa a las instituciones, quien practica la política, no se atreve a proponer la abolición de la pena capital por temor a perder apoyos. El motivo está claro: ante el aumento de la delincuencia organizada, la pena de muerte se considera un medio de disuasión para contrarrestar y desalentar el aumento de los delitos y de la ilegalidad. Sin embargo, sabemos que no es cierto, sabemos que la pena capital es un acto horrendo, una especie de crimen de Estado legalizado.
Sabemos que la lucha contra la delincuencia, aun siendo intransigente y sin compromisos, debe hacerse al amparo del Derecho y de la reinserción social y no ciertamente al amparo de una mera lógica represiva o, peor aún, según la lógica del ojo por ojo. Por esto es preciso promover en toda Europa una campaña en favor de la moratoria sobre la ejecución de la pena capital y realizar una gran campaña en favor de los derechos humanos que implique a todo el mundo, de aquellos que desempeñan cargos políticos e institucionales a los ciudadanos de a pie, sobre todo los más jóvenes, al objeto de crear una verdadera conciencia colectiva sobre el tema y una presión política sobre los países cuyo ordenamiento aún prevé la pena capital.
Asimismo, y con el riesgo de hacer incluso un discurso demasiado ingenuo, me gustaría proponer que los Estados europeos rechazaran las relaciones comerciales con aquellos países que practican la pena capital, pero sé que se trata de una mera utopía. Me refiero, en particular, a China que, como ha recordado el señor Comisario, dicta una sentencia de muerte cada día y en general adolece de muchas carencias en términos de respeto a los derechos humanos, pero que, lamentablemente, es un socio comercial muy atractivo e irrenunciable para todos los Estados europeos.
En conclusión, estas campañas contra la pena de muerte serán aún más eficaces y populares si, como Institución, conseguiremos dar a nuestros ciudadanos la sensación de que estamos trabajando conjuntamente con la misma determinación y eficacia en pos de la construcción de una Europa segura en la que terribles plagas como, por ejemplo, el tráfico de drogas, el comercio y la explotación de seres humanos y la pederastia pueden ser erradicados cuanto antes.

Bonino
Señor Presidente, todo aquel que no sea un joven diputado o un diputado de primera legislatura no puede iniciar este debate sin recordar con emoción a la Sra. Adelaide Aglietta, como ha hecho Monica Frassoni, porque creo que se debe a ella el comienzo, en 1992, de este largo trabajo, de esta extraordinariamente larga lucha en que todavía estamos inmersos. Señor Comisario, es precisamente mirando hacia atrás, viendo los avances hechos desde 1992, que no puedo compartir su valoración o la valoración que usted ha hecho de la retirada de la resolución presentada en noviembre en el ámbito de las Naciones Unidas.
Señor Comisario, estoy convencida de que se ha tratado de una victoria fallida y de que la rigidez verbal por la que se rechazó un compromiso sobre el preámbulo - digo bien, sobre el preámbulo - que no afectaba en absoluto a la parte dispositiva, en realidad, ha corrido el riesgo de esconder detrás de un elemento de rigidez verbal un hecho vital fundamental y, por el contrario, ha terminado por hacer el juego de toda una serie de grandes potencias, amigas o menos amigas, o de grandes mercados que, sin duda, estaban irritados por esta iniciativa. Ninguna novedad: ya en 1994 la propuesta de resolución presentada por Italia dividió a Europa, pero precisamente por esto es más grave, dado que considero que ocho años de trabajo no solo de este Parlamento, sino, sin duda, el suyo personal, señor Comisario, y de la Unión como tal, podían en el mes de noviembre de este año alcanzar la victoria que creo que era muy posible. Por lo tanto, para mí se trata, repito, de una victoria fallida.
Dicho esto, señor Comisario, considero que precisamente en este tipo de temas el trabajo conjunto de las organizaciones que operan en la sociedad o de las organizaciones no gubernamentales es un elemento fundamental, porque normalmente son organizaciones que tienen un margen de maniobra más amplio, pueden ser más valientes, respaldar posiciones menos supeditadas, por decirlo así, a otras consideraciones o a otros intereses, de por sí legítimos pero que pueden conducir a los Gobiernos y a las Instituciones a posiciones menos valientes, algo más de compromiso.
Por esto, una parte de la resolución pide a la Comisión que sea más explícita en el informe y en la información transparente sobre la utilización de las líneas presupuestarias del año 2000 relativas a este tema y a la democratización en sentido amplio. En efecto, ha ocurrido y continúa ocurriendo que precisamente las organizaciones que han trabajado más en este tema han visto, por decirlo de alguna forma, excluir su participación en el trabajo de la Comisión, pese a que lo venían realizando hacía muchos años, al parecer porque ya no hay fondos ni se sabe exactamente dónde están. Por esto, señor Comisario, creo que la transparencia y la información podrían contribuir a un trabajo común que creo que nos afecta a todos.

Salafranca Sánchez-Neyra
Señor Presidente, debemos agradecer a la Comisión y a la Presidencia en ejercicio del Consejo que hayan incluido este tema capital dentro de las prioridades semestrales, especialmente en un momento -como nos recordaba la Sra. Díez- en el que el Consejo Europeo acaba de proclamar la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea.
En este momento -como se ha recordado- todos tenemos frescas las imágenes de la campaña electoral americana y del último debate entre los dos principales candidatos en el que el candidato por el Partido Demócrata afirmó públicamente que el único punto de coincidencia con su adversario era el de estar a favor de la pena de muerte. Creo que es importante que la Unión Europea encabece la campaña para abolir la pena de muerte, puesto que es una campaña en favor de la dignidad humana y del más básico de los derechos fundamentales.
Creo, señor Comisario -y usted lo ha dicho muy bien- que, a la hora de diseñar una política de relaciones exteriores de la Unión Europea, hemos de considerar con respecto a los países terceros, que existe ya una declaración aneja al Tratado de Amsterdam en la que se refleja claramente que para poder ser miembro de la Unión Europea hay que haber abolido la pena de muerte. Pero, insisto, en la relación con países terceros debemos ser muy claros y favorecer de una manera decidida las relaciones con aquellos países que se sitúen en esta sintonía que nosotros compartimos.
Señor Comisario -y lo expresaba muy bien la Sra. Ferrer hace un momento-, a veces tenemos que pasar de las bienaventuranzas a los libros de contabilidad y, por eso, debemos apoyar la acción de la Comisión en una programación adecuada, en una acción eficaz y, sobre todo, en una acción de la Unión Europea que sea visible, clara, transparente y que cuente con la participación -como ha recordado la Sra. Bonino- de las organizaciones no gubernamentales, que tienen mucho que decir y que aportar en este aspecto.
Señor Presidente, creo que las instituciones tienen que estar a la altura de los valores de nuestra civilización y que nuestros ciudadanos tienen que verse reflejados en el espejo ético que gracias a nuestro trabajo debemos ser para ellos.

Fava
Señor Presidente, señor Comisario, si cada petición que hemos debatido y aprobado en este Parlamento valiese una vida, me consideraría satisfecho. Lamentablemente, sin embargo, no ha sido ni es así. Debemos evitar de convertir nuestros razonamientos y nuestra indignación en un velatorio, porque, mientras nos indignamos, ellos continúan matando.
Por lo tanto, lo que pedimos a este Parlamento, a la Comisión y también al Consejo es cierto pragmatismo: tratar de saber cómo podemos presionar e influir para que la pena capital no siga siendo una humillación para toda la humanidad. Éste es el sentido de la presente resolución.
Hay dos puntos que consideramos esencialmente prácticos: en primer lugar la abolición o la moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte deben seguir siendo una prioridad irrenunciable en las relaciones con los terceros países, no una condición de amistad, sino una condición de cooperación política, comercial y económica. Como segundo punto - que ha sido felizmente planteado por usted, señor Comisario, y retomado por muchos colegas - la Comisión debe movilizar con gran inteligencia sus recursos financieros para respaldar campañas capaces de modificar en la sociedad civil la percepción de la pena de muerte. Como recordaba el Sr. Salafranca, un momento bastante embarazoso del debate para las elecciones presidenciales fue cuando ambos candidatos a la Presidencia de Estados Unidos se mostraron a favor de la pena de muerte.
Nosotros somos hijos de Cesare Beccaria: quisiéramos que esta herencia no quedara confinada en la geografía de Europa. Por lo tanto, acciones dirigidas a apoyar a las organizaciones no gubernamentales, a apoyar a la sociedad civil, a apoyar a quien tiene elementos y cantidades de coraje para gastar en este terreno, como recordaba la Sra. Bonino.
Por último, señor Comisario, le pido el mayor pragmatismo por parte de la Comisión; pido al Consejo que haga oír su voz a nuestros Gobiernos; pido a este Parlamento que continúe teniendo el valor de no callar nunca sobre este tema.

Malmström
Señor Presidente, todos los días se ejecuta y se condena a muerte a seres humanos. Es increíble y horrible que esto todavía suceda en el año 2000. Como han señalado los colegas - la mayoría de ellos italianos, pero, creo que representan nuestro repudio - es una pena indigna; una pena indigna en una sociedad civilizada y en la que siempre se corre el riesgo de condenar a personas inocentes.
China encabeza la lista de países que aplican la pena capital y a menudo algunos diputados a este Parlamento nos hemos encargado de censurar a este país. Hoy, por el contrario, pienso concentrarme en EE.UU. Dentro de dos semanas habrá elecciones presidenciales en ese país y el próximo presidente puede llamarse George Bush. George Bush ha autorizado la pena capital de 145 personas. Entre ellas ha habido algunos casos jurídicamente dudosos y otros en los que las víctimas han sido niños. Al menos en un caso, se trataba de un niño deficiente mental. Esto es repudiable y vergonzoso y daña gravemente la reputación democrática de EE.UU.
En atención a la elección presidencial, es extraordinariamente importante que expresemos nuestro rechazo en el Parlamento. Quiero respaldar enérgicamente la propuesta de mi colega el Sr. Rutelli para patrocinar un Día Europeo contra la pena capital.

Manisco
Señor Presidente, entre la noble intención y la práctica se cierne una sombra; en la cuestión de la pena de muerte, es la sombra de la geopolítica y de los intereses económicos. Su postura hoy sobre la pena capital va más allá de la noble intención.
Ha mencionado usted las partidas presupuestarias del año 2000 destinadas a financiar campañas a favor de la abolición de la pena de muerte. Hasta ahí bien. Pero la sombra sigue presente. Permítame que vaya al grano, Comisario Patten. Los 700.000 euros invertidos por la Comisión fueron principalmente a Penal Reform International, una organización jurídica que opera en las islas del Caribe, y a la Universidad de Westminster, que proporciona una base de datos e investigaciones a los abogados de los centros de estudios de Filipinas. Por tanto, insto a la Comisión a que concentre y amplíe el uso de los fondos de asistencia a las dos principales naciones donde se practica el asesinato de estado sin ninguna restricción y con gran deleite: la República Popular de China y los Estados Unidos de América. Sí, sabemos que la cuestión se ha planteado de modo ritual y periódico ante los gobiernos de ambos países, pero tenemos que hacer mucho más. Por ejemplo, en lo que respecta a Estados Unidos, parte de este dinero debería invertirse en campañas de sensibilización en Europa no para boicotear, por supuesto, a un estado soberano como Texas, pero sí para reconducir el turismo europeo y la inversión industrial europea a los 12 estados que no consienten una práctica tan bárbara.

Vanhecke Frank
Señor Presidente, personalmente no soy partidario de la pena de muerte por varias razones y, sin embargo, quiero formular aquí dos observaciones fundamentales que discrepan de todo lo que se ha dicho antes. En primer lugar, creo que no se deben comparar peras con manzanas. Existe una enorme diferencia entre la ejecución de la pena de muerte en por ejemplo Estados Unidos, por una parte, y en países como China, Pakistán, Arabia Saudita y Corea del Norte -por citar algunos de entre otros muchos-, por otra. En el primer caso se trata de la máxima pena para los criminales que han cometido los delitos más graves y que, además, han tenido la oportunidad de recurrir a numerosos mecanismos de defensa propios del procedimiento judicial democrático. En los demás casos suele tratarse de una especie de intimidación brutal y arbitraria que ciertamente no se limita a quienes hayan cometido graves crímenes contra el Derecho común. El que no haga esta distinción incurre en burdo engaño.
En segundo lugar debo añadir que es fácil verter lágrimas de cocodrilo por la suerte de los criminales en un Estado democrático. Pero ya resulta algo más difícil preocuparse por la suerte de las víctimas. Pienso por ejemplo en los ancianos torturados hasta la muerte para que entreguen sus ahorros, los transportistas de fondos y valores mal pagados que son matados de un tiro por los gángsters y los niños violados y asesinados. Si estuviera convencido de que en Europa existe la voluntad de preocuparse sobre todo por la suerte y la seguridad de las víctimas, me sumaría hoy sin reserva alguna a la condena de la pena de muerte que aquí se propone. Desafortunadamente, en la práctica no puedo sino comprobar que, especialmente en mi propio país, hay una clara tendencia a liberar antes de tiempo a los criminales más peligrosos. El resultado es que en no pocas ocasiones vuelven a cometer horrendos crímenes. Así las cosas, no es de extrañar que mucha gente opine que el haber impuesto la pena capital a algunos monstruos que reinciden una y otra vez habría podido salvar numerosas vidas humanas inocentes.

Gargani
Señor Presidente, señor Comisario, a primera vista este debate que se repite respecto a otros anteriores, parece extravagante y no actual. Un debate sobre la pena de muerte es un debate que recuerda una civilización del Derecho, en la que Europa se basa. Sin embargo, es actual e importante por todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es importante que lo haga el Parlamento de Europa - de Europa occidental - porque Europa tiene dos tradiciones milenarias: una que deriva de la tradición de los romanos que ha influido en la cultura jurídica europea, particularmente en la de Italia y de Alemania, y ha indicado la vía moderna de los nuevos derechos a la libertad, y una tradición de la Common Law que se basa en el Bill de los derechos de Inglaterra.
A pesar de que en Europa hubieron paréntesis muy trágicos, culturas fascistas y culturas comunistas que conculcaron los derechos a la libertad y de la persona, creo que es importante que con frecuencia, en el ámbito de este Parlamento, estemos de acuerdo en debatir y en condenar firmemente cualquier pena de muerte. Creo que la Carta de los Derechos Fundamentales de que nos venimos ocupando y que en Niza llegará a dar un giro, tiene como principio de fondo este valor, el valor de la persona, el valor del derecho, el valor del derecho a la libertad. Los italianos arrancamos de la tradición de Cesare Beccaria que ya se ha mencionado, pero creo que Beccaria es un hombre che pertenece a Europa, que rechazó todo el Derecho medieval y obscurantista en favor de un derecho moderno, de un ordenamiento que no nos haga ser homo homini lupus, sino que garantice, a través de la convivencia civilizada, los problemas de la libertad. Una pena capital aleja siempre la paz en la convivencia civilizada y nosotros tenemos que tener el valor de decir que un país es realmente democrático si decide abolir la pena capital y no sólo si acepta - aunque sería un gran paso - una moratoria.
Por lo tanto, es verdad, no basta un compromiso humanitario, sin embargo, creo que habría que gritar que la pena de muerte va en contra de la ley.

Maaten
Señor Presidente, en 1999 aproximadamente el 85% de todas las ejecuciones practicadas en el mundo tuvo lugar en sólo cinco países: China, Irán, Arabia Saudita, la República Democrática del Congo y los Estados Unidos. Obviamente, es correcto que la Unión Europea no permita la pena de muerte en su territorio. La pena capital es el castigo más cruel, más inhumano y más infame que existe. Atenta contra el derecho a la vida, es irrevocable y puede afectar a personas inocentes. Además, en ningún momento ha quedado demostrado que su poder disuasorio sea mayor que el de cualquier otro tipo de castigo. Hace un momento se ha señalado que los Estados Unidos tal vez dispongan de un procedimiento judicial más adecuado y que en determinados casos se cometen crímenes realmente horribles. Pues bien, ése es precisamente el quid de la cuestión. Nosotros no podemos rebajarnos al nivel de los criminales a los que castigamos, y menos en nuestra calidad de mandatarios públicos. Es ésta la civilización que hemos alcanzado en Europa y que hemos de conservar como paño en oro. Por eso, la política del Comisario Patten merece nuestro más sincero apoyo.

Boudjenah
Señor Presidente, ya es hora de aprobar una moratoria universal sobre la pena de muerte, ese verdadero crimen administrativo, como le llamaba Albert Camus. Esto es lo que yo decía en esta Asamblea, el mes de octubre pasado, cuando era urgente movilizarse para impedir que el periodista norteamericano negro, Mumia Abu Jamal, fuese ejecutado.
¿Hoy en qué punto estamos? Existen 77 Estados que consideran aún la pena de muerte como la respuesta ajustada a ciertos crímenes. En 1999, 1.813 personas fueron ejecutadas en 31 países, y existen al menos 3.857 condenados a muerte en 63 países. La vida de Mumia, a la espera de una posible revisión de su proceso, depende más que nunca de la solidaridad internacional. ¿Cuál será, pues, el sitio que ocupará la Unión Europea en la acción para que, con el final de este siglo, desaparezca la pena capital? En la fase 2 del corredor de la muerte, Mumia Abu Jamal había transmitido este valiente mensaje: "La fase 2, es la fase 2 de la lucha. Venceremos" .
Naturalmente, existen signos alentadores que demuestran el ascenso de la tendencia abolicionista en el plano mundial.
Las Naciones Unidas, al igual que el Parlamento Europeo, participan a partir de ahora en el debate ineludible que recorre por todas partes el conjunto de las capas sociales. Incluso en los Estados Unidos, a pesar de que la opinión sigue siendo aún más que favorable a la pena capital, la misma se ha quebrantado. Así, el estudio de la Universidad de Columbia ha demostrado que en veinte años de ejecuciones se han cometido cerca de un 60% de errores. Se mata a inocentes y el racismo es evidente en la aplicación de la pena de muerte. La residencia del Gobernador de Texas y candidato republicano a la Casa Blanca es regularmente lugar de manifestaciones de personas contrarias a la pena de muerte.
La Unión Europea debe hacer valer toda su influencia para ganar esta moratoria e imponerla como principio inviolable a todas las naciones que todavía aplican este crimen de Estado que traumatiza la conciencia humana, como lo declaraba ya en su época Victor Hugo. Diecinueve años después de la abolición de la pena de muerte en Francia, hoy se han tomado iniciativas en favor de un día nacional para la instauración de una moratoria universal sobre las ejecuciones de la pena capital. Y estoy de acuerdo en que avancemos dicha propuesta en el plano europeo. El próximo 10 de diciembre, se remitirán a las Naciones Unidas centenares de miles de peticiones. La Presidencia de la Unión Europea podría unirse igualmente a esta campaña, y dar así un impulso y un apoyo indispensable a aquellos que militan en favor de la abolición. La movilización europea es decisiva.

Patten
. (EN) Señor Presidente, lo resumiré muy brevemente y espero que el Parlamento no malinterprete lo que quiero decir al principio. No queremos entrar en un humanitarismo competitivo, pero siento tanta pasión sobre este tema como cualquier diputado y he hablado en debates de este tema tantas veces como cualquiera de este Parlamento, de hecho, sospecho que probablemente he hablado de este tema en más debates que algunas de las personas del Parlamento. He hablado en debates en la universidad cuando era estudiante. He hablado en debates en las universidades posteriormente durante mi carrera política. He hablado en programas de radio y de televisión. He sido abucheado por decir lo que decía en reuniones públicas sobre la pena capital. He hablado de la pena capital en el Parlamento. Me he pronunciado en el Parlamento, en el curso de debates muy intensos sobre terrorismo, actos terroristas y pena capital, en contra de la pena capital. Pero no tenía experiencia de ningún debate como éste, completamente único. Nunca he participado en un debate sobre la pena capital en el que todo el mundo esté del mismo lado y eso es algo sobre lo que vale la pena reflexionar.
Su señoría, en una excelente y emocionante intervención, hacía alusión a la Biblia y se refería a Caín y a Abel. En muchos de los debates sobre esta cuestión se ha utilizado mal la Biblia - y no estoy sugiriendo que su señoría lo haya hecho - mucho más que cualquier otro texto, salvo quizás los de Confucio. Normalmente oímos citar la Biblia en otro sentido. Escuchamos aquel verso del ojo por ojo y diente por diente. Ésa es la cita que normalmente se hace y, por ello, ha sido admirable oír a su señoría remontarse aún más hasta el Génesis. Y no se puede ir mucho más atrás. Acabo de pedir al Parlamento que reflexione sobre el hecho de que todos las intervenciones de este debate estuvieran del mismo lado: un lado con el que yo estoy apasionadamente de acuerdo. Eso me hace pensar que no sólo tenemos que pensar en campañas de información pública en otros países, sino pensar a veces también en la necesidad de seguir con las campañas de información pública en la Unión Europea, porque no estoy seguro de que todo el mundo fuera de estas extraordinarias salas, fuera de este Parlamento, piense exactamente igual que nosotros. Y debemos recordar que una de las tareas de los líderes políticos es llevar consigo a la opinión pública y no limitarse a creer que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Creo que la idea del Sr. Rutelli acerca de un día del calendario europeo en el que defendamos una y otra vez los argumentos en contra de la pena capital es una idea sensata y eficaz que se enmarca en el ámbito de lo que he estado tratando.
Cuando me veo discrepando de la señora diputada, mi reacción inicial es que yo debo estar equivocado. El desacuerdo que tenemos sobre la Asamblea General de NN.UU. es únicamente un desacuerdo sobre la táctica. No hay duda de que deseamos, como objetivo a medio plazo, una resolución satisfactoria de la Asamblea General de NN.UU. contra la pena capital. Sobre eso no hay ninguna duda. Nuestra opinión el año pasado era que no podíamos conseguir lo que nos habría gustado. Que había un riesgo real de que se acabara aceptando una resolución que recogiera algo con lo que yo estoy profundamente en desacuerdo y con lo que creo que su señoría está profundamente en desacuerdo: que la actuación en el campo de derechos humanos de un país no era asunto de la incumbencia de los demás países. Podría haberse hecho un mal uso del lenguaje de los tratados para recoger esa postura. Nosotros queremos un texto totalmente claro en el que se denuncie la pena capital y se haga constar la validez universal de los derechos humanos, incluyendo la inviolabilidad del derecho a la vida. Queremos seguir basándonos en lo que ya se ha logrado en la Comisión de Derechos Humanos para construir la mayoría que desearíamos en las propias Naciones Unidas.
Ha habido varias referencias a países en los que la pena capital se aplica en cantidades tremendas y terribles.
Ha habido referencias a China y sabemos bien lo que ocurre allí. Es una cuestión que planteamos una y otra vez en nuestro diálogo sobre derechos humanos. No puedo decir con la mano en el corazón, ni siquiera sin la mano en el corazón, que nos esté llevando muy lejos, pero seguimos planteando la cuestión.
También planteamos la cuestión a Estados Unidos. En febrero de este año hicimos unas primeras gestiones en Estados Unidos en general, además de las que hicimos ante las autoridades de cada uno de los estados: por ejemplo, en relación con casos individuales de penas de muerte. Le pedimos a Estados Unidos que estableciera una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, con vistas a la eliminación completa de la pena capital. Instamos a Estados Unidos a retirar su reserva al artículo del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al respeto de las condiciones estrictas en las que puede aplicarse la pena de muerte, que se recogen en diversos instrumentos internacionales.
Varios diputados han hecho alusión a los debates presidenciales. Se referían al hecho de que ambos candidatos, republicano y demócrata, tuvieran muchas discrepancias - el peso del estado, los tipos fiscales, las normas morales en la vida pública - pero hubiera una cosa en la que estuvieran de acuerdo: la pena capital. Pueden ponerse de acuerdo sobre la pena capital. Pueden decir que la pena capital es eficaz y moralmente justificable porque lo creen. La mayoría de los políticos y cargos públicos americanos parece que comparten esa postura y ocurre a veces que cargos públicos, cargos elegidos, adoptan ciertos puntos de vista porque creen que son populares. Puede ser que, volviendo a la cuestión de la información pública, tengamos también que abordar ese problema incluso en la sociedad quizás mejor informada del mundo.
El número de ejecuciones, el número de personas en prisión, el número de ejecuciones en Estados Unidos es extraordinariamente elevado en un país cuya democracia fue elogiada de un modo tan apropiadamente elocuente por Alexis de Tocqueville hace un siglo. No sé lo que habría pensado de los debates presidenciales. No sé lo que habría pensado de la cantidad de penas capitales en Estados Unidos.
Este ha sido un debate útil, aunque admirablemente atípico. Espero que volvamos a tenerlo. Pero espero que también salgamos y hablemos de este tema en un grupo que no sea tan uniforme en sus juicios y en su sabiduría. Espero que empleemos nuestros recursos intelectuales, a la vez que los financieros, para defender una y otra vez que la vida humana es sagrada y para ir en contra de la práctica intolerable de la pena capital. Debemos todos desear el día en el que la pena capital sea considerada una barbaridad medieval, como debe serlo.

El Presidente
De conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento, he recibido dos propuestas de resolución.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el jueves.

Misión del Comisario Patten a Serbia
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la comunicación de la Comisión sobre la misión del Comisario Patten a Serbia.

Patten
. (EN) Como varios diputados sabrán, yo tenía que asistir hoy, junto con Javier Solana y Bodo Hombach del Pacto de Estabilidad, a la cumbre especial de líderes del sudeste europeo en Skopje, organizada por el Presidente Trajkovski para volver a dar la bienvenida a Yugoslavia a la familia de naciones del sudeste europeo. Pero le dije al Presidente Trajkovski que aunque me hubiera gustado mucho asistir, era necesario que estuviera aquí en este Parlamento hoy, demostrando la responsabilidad democrática en acción. He mantenido varios debates y ha sido un placer participar en los mismos. Pero me complace poder informar a la Cámara de mi visita de ayer y del lunes a Yugoslavia. Al igual que muchos diputados, he esperado durante mucho tiempo la oportunidad de informar sobre esta visita y sobre nuestros esfuerzos para establecer lazos con un Belgrado democrático. A muchos de nosotros nos ha sorprendido e inspirado el regreso triunfante de la democracia a Serbia en las últimas semanas. Supongo que no debería habernos sorprendido el que la democracia siempre gane al final.
La Unión Europea dejó absolutamente claro antes de las elecciones que se celebraron hoy hace sólo un mes que un cambio democrático en Yugoslavia supondría un cambio radical en la política de la Unión Europea hacia ese país. Cómo pueden cambiar las cosas en un mes. En verano informaba a esta Cámara acerca de una Serbia que era un proscrito entre las naciones Europeas, acerca de la represión de los medios de comunicación valientes e independientes, acerca de nuestro apoyo a la oposición. Hoy, aunque todavía es pronto, la oposición está en el gobierno y los medios de comunicación independientes ven de repente que ya no son perseguidos ni están solos, sino a la vanguardia de un nuevo esfuerzo por crear unos medios verdaderamente abiertos y plurales para todo el país.
Desde el momento en que el pueblo de Serbia dejó clara su voluntad democrática y desde el momento en que insistieron en que debía respetarse, la Unión Europea ha estado a la altura de sus palabras. Apenas cuatro días después de la transición democrática del 5 de octubre, los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea anunciaron el levantamiento de las sanciones y la anulación inmediata del embargo de petróleo y de la prohibición de vuelos. Anunciaron la ampliación de la Agencia de Reconstrucción Europea a Serbia y Montenegro. Subrayaron nuestra disposición a avanzar en la limpieza del Danubio y a proporcionar los recursos para hacerlo. Pidieron a la Comisión que elaborara propuestas destinadas a ampliar nuestras recientemente anunciadas preferencias comerciales para los Balcanes a la totalidad de Yugoslavia. Expresaron su deseo de que los Estados Miembros restablecieran o normalizaran sus relaciones diplomáticas con Yugoslavia lo antes posible. Subrayaron la disposición de la Unión Europea a contribuir a la reconstrucción institucional y económica de la Antigua República de Yugoslavia y cursaron una invitación al Presidente Kostunica para que asistiera al Consejo Europeo informal de Biarritz y para que participara en la cumbre regional que está organizando la presidencia y de la que será anfitrión el gobierno croata en Zagreb el 24 de noviembre.
Al día siguiente de la reunión de los ministros de asuntos exteriores, el Ministro de Exteriores Védrine, en representación de la Presidencia, voló a Belgrado para informar al Presidente Kostunica en persona de las medidas adoptadas por la Unión Europea para cumplir las promesas que había hecho al pueblo de Serbia durante la campaña electoral. Ese mismo día, tan sólo cinco días después del 5 de octubre, un equipo de funcionarios de la Comisión llegaron a Belgrado para estudiar con los asesores del Presidente Kostunica un paquete de asistencia urgente y a corto plazo.
A lo largo de esa misma semana, la Comisión Europea propuso al Consejo Europeo de Biarritz que la autoridad presupuestaria, incluyendo este Parlamento, aprobara un paquete de ayuda de emergencia a Serbia por un valor de 200 millones de euros, de los cuales 180 millones se movilizarían de la reserva de emergencia. En los últimos días, un equipo de nuestra Agencia de Reconstrucción ha estado en Belgrado, trabajando en colaboración estrecha con el equipo del Presidente Kostunica, y en particular con el profesor Labus y el grupo de economistas G17, así como con otros donantes, sobre el tipo de asistencia que podemos prestar y la forma en que podemos garantizar que llega al terreno en Serbia lo más rápidamente posible en las próximas semanas, teniendo en cuenta la llegada del invierno y las próximas elecciones de la República de Serbia del 23 de diciembre.
Tras estas misiones iniciales, yo mismo fui a Belgrado el lunes y ayer por la tarde visité Podgorica. En Belgrado me reuní con el Presidente Kostunica y mantuve una reunión separada con él y con alrededor de 80 alcaldes de ayuntamientos democráticos. Visité la sede del movimiento de resistencia estudiantil y conocí al valiente periodista independiente Marislav Filipovic, encarcelado por Milosevic por decir la verdad y liberado recientemente bajo la presidencia de Kostunica. Me reuní con el profesor Labus y con sus colegas del grupo de economistas G17 y con colegas del Banco Mundial para analizar tanto la ayuda a corto plazo como la misión más a largo plazo pero vital de la reconstrucción, en especial del establecimiento de instituciones y del establecimiento del estado de derecho.
Me reuní con el alcalde de Belgrado y visité con él una escuela de Belgrado que está siendo renovada en el marco del programa de la Comisión Europea Escuelas de la Democracia.
Visité el Centro de Medios de Comunicación Independientes, una especie de paraíso de periodistas independientes que ha recibido apoyo de la Comisión Europeo, y me hicieron una entrevista. Visité también el estudio de la estación de radio y televisión independiente B92, que fue hostigado por Milosevic y apoyado entre otros por la Comisión Europea, y cuyos periodistas, al igual que otros periodistas independientes, merecerán una mención especial y halagüeña cuando se escriba la historia de las últimas semanas en Serbia. Fueron infinitamente más valientes de lo que yo nunca he tenido que ser.
También mantuve importantes reuniones con representantes de la oposición democrática de Serbia y con ONGs y representantes de la sociedad civil, entre ellos con el impresionante líder de la Alianza Cívica Democrática, Goran Svilanovic. Informé a los jefes de misión de la Unión Europea antes de mi partida hacia Montenegro donde me reuní ayer por la tarde con el Presidente Djukanovic y con el Primer Ministro Vujanovic.
Permítanme que diga unas palabras sobre mi reunión con el Presidente Kostunica y sobre el paquete de ayuda de emergencia que estamos ultimando para Serbia. Le manifesté al Presidente Kostunica nuestra firme decisión de prestar ayuda a Serbia lo antes posible. Me impresionó su compromiso con la democracia y fui muy consciente del enorme reto al que se enfrenta para consolidar la democracia en Serbia, especialmente en el período hasta las elecciones serbias. Le dejé clara nuestra voluntad de ayudar en todo lo posible. Alabé la postura que había adoptado tanto en Biarritz como durante su reciente visita a Sarajevo, en particular su disposición a establecer relaciones diplomáticas con Bosnia y Herzegovina sin dilación. Otros habrán oído los comentarios que realizó durante una reciente entrevista en la CBS.
A mí me parece que el Presidente Kostunica ha tenido un comienzo impresionante en circunstancias tremendamente difíciles que muy pocos de nosotros predecíamos hace unos meses. Merece, mientras se enfrenta a esos problemas y consolida su posición, un cierto grado de libertad de acción política y todo el apoyo práctico que podamos reunir.
Por ello, nos hemos apresurado a establecer un programa de ayuda de emergencia a gran escala para Serbia. Nuestras prioridades, que se han establecido en estrecha consulta con los líderes democráticos de Belgrado, son proporcionar ayuda, sobre todo, mediante suministros de energía, medicinas y posiblemente alimentos. Dentro de este mismo paquete ampliaremos a todo el país nuestro programa altamente satisfactorio Escuelas para la Democracia que lleva ya algunos meses facilitando mejoras básicas a las escuelas de municipios gobernados por la oposición. Ahora lo haremos en toda Serbia.
Vamos a lanzar un nuevo programa denominado Ciudades para la Democracia con el fin de facilitar mejoras y servicios municipales básicos y vamos a reforzar nuestro apoyo a los medios de comunicación y a la sociedad civil en esta fase crítica.
Está claro que Serbia se enfrenta a un invierno tremendamente difícil, en especial en cuanto a energía. Vamos a hacer todo lo que podamos por aliviar los problemas pero seguirá siendo difícil porque Milosevic ha dejado a los nuevos líderes de Serbia una tremenda ruina.
En cuanto a la energía, pretendemos ampliar urgentemente nuestro programa Energía para la Democracia en Serbia. En particular, estamos considerando el envío de combustible de calefacción y diesel tanto para hacer que las plantas de energía sigan funcionando como para alimentar las plantas de calefacción de los distritos. Trabajaremos principalmente a través de los ayuntamientos, al igual que hicimos el año pasado en el marco de nuestra iniciativa pionera Energía para la Democracia.
Mantuve una reunión muy útil con el Presidente Kostunica y con muchos alcaldes para analizar las prioridades.
Espero haber dejado clara la formidable tarea que abordamos. Tendremos que trabajar con otros y, a pesar de nuestros esfuerzos, Serbia se enfrenta a un período difícil. Pero vamos a trabajar al máximo para hacer que nuestra ayuda llegue al terreno lo antes posible, es decir a partir de la segunda mitad de noviembre.
El pueblo de Serbia sabe que de ahora en adelante no tiene que enfrentarse al futuro solo sino con el apoyo incondicional de la Unión Europea y de toda la familia de democracias europeas.
Quedó claro en mis reuniones con los alcaldes y con otras personas que se espera mucho de la Unión Europea. No debemos defraudar esas expectativas. Espero que haya un acuerdo rápido en la Comisión y en el comité de gestión sobre los programas previstos para que puedan empezar a llevarse a cabo realmente en la segunda mitad de noviembre.
El pueblo de Serbia no entendería que la burocracia se interpusiera en su camino y yo tampoco. Sencillamente tenemos que movernos muy rápido. Permítanme que diga otra cosa muy importante: ninguna parte de la ayuda que he explicado es a costa de nuestros esfuerzos en otros lugares de la región. Yo, y creo que también los ministros del Consejo de Asuntos Generales, soy muy consciente de las obligaciones de la Unión Europea con Croacia, Bosnia, Herzegovina, Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y con el pueblo de Kosovo y con Montenegro. No vamos a aminorar nuestros esfuerzos en otros lugares de la región. En todo caso vamos a redoblarlos.
Esa fue una de las razones por las que visité Podgorica ayer, mi tercera visita desde Marzo y la primera vez que pude volar con un visado de Belgrado. Analicé con el Presidente Djukanovic nuestro considerable programa de ayudas. Hemos dado a Montenegro este año 55 millones de euros en reconocimiento de la presión a que Montenegro estaba sometida durante el régimen de Milosevic y les informé, a la luz del cambio democrático favorable en Belgrado, de nuestras propuestas para extender todos los beneficios de nuestras recientemente implantadas medidas comerciales asimétricas a la región a Montenegro al igual que a Serbia. Esto supondrá un gran empuje para la economía de Montenegro.
Escuché los puntos de vista del primer ministro y del presidente sobre los recientes acontecimientos y sobre las relaciones entre Montenegro y Serbia. Les dejé claro a ellos y a la prensa que me había impresionado el compromiso del Presidente Kostunica con la democracia y el reto formidable al que se enfrentaba para consolidarla y que la Unión Europea estaba firmemente decidida a hacer todo lo que pudiera para ayudar y por ello estábamos estableciendo un paquete de emergencia sustancial para este invierno.
Hablando como amigo de Montenegro, dije que cuando líderes elegidos democráticamente ofrecían la mano de la amistad era muy importante estrecharla. Subrayé mi opinión de que con la marcha de Milosevic, los problemas subsistentes deberían resolverse mediante un proceso de diálogo racional y calmado en el que se mostrara comprensión por los puntos de vista de los otros, una cierta generosidad de espíritu y un cierto grado de paciencia. (Unos atributos, y lo digo de manera benévola, que no siempre se han dado en la región en la última década). Dije por último que ahora una nueva generación de líderes estaba en el poder y deseaba hacer las cosas de modo distinto.
Permítanme que concluya hoy diciendo que este año empezó con un cambio democrático en Zagreb y este otoño hemos asistido al durante mucho tiempo esperado cambio democrático en Belgrado. Todavía queda mucho por hacer. La democracia, aunque yo creo que es irreversible, es todavía joven y frágil en Serbia. Tenemos ahora ante nosotros las mejores perspectivas en una generación de construir una paz y prosperidad duraderas en todo el sudeste europeo; la oportunidad de pasar verdaderamente la página de los traumas del pasado reciente y de mirar al futuro, un futuro en Europa.
La Unión Europea está preparada para esa misión y lista para hacer todo lo que esté en su mano para satisfacer las esperanzas de tantas personas cuyas vidas han sido arruinadas por los horrores que el régimen de Milosevic ha infligido dentro y fuera de las fronteras de Serbia. Se trata de un reto enorme pero es el reto por el que todos nosotros hemos estado trabajando durante tanto tiempo. Ahora tenemos el deber de estar a la altura.

Lagendijk
Señor Presidente, quisiera comenzar dando las gracias al Comisario por haberse apresurado a desplazarse a Belgrado y no haber tardado en informar de ello al Parlamento. Normalmente considero que ésta es una de las tareas de los Comisarios y no le concedo más importancia, pero en este caso quiero hacer una excepción, agradeciéndole al Comisario que cumpla con este deber.
La última vez que hablamos de Serbia hice un llamamiento a mis colegas para que tuvieran un poco de paciencia con el Sr. Kostunica, puesto que tenía la impresión de que cada día se avanzaba un poco más. Creo que podemos concluir que estos avances existen. Ayer mismo el Sr. Kostunica se mostraba dispuesto a asumir la responsabilidad -me parece fundamental- de los crímenes serbios cometidos en Kosovo.
Tengo tres preguntas muy concretas para el Comisario. ¿Ha hablado de la situación de los refugiados kosovares con el Sr. Kostunica? Es de todos conocido que aproximadamente 2.000 personas siguen encarceladas en las prisiones serbias sin que exista denuncia alguna. Corre el rumor de que esta cuestión se resolverá en breve. Tenía curiosidad por saber si el Comisario dispone de más información al respecto.
Mi segunda pregunta se refiere a Kosovo. Coincido con el Comisario en lo que ha dicho sobre Montenegro, pero enseguida se plantea otro problema: ¿qué hacer con Kosovo?
La tercera y última pregunta gira en torno a los medios financieros. Está muy bien que se facilite ayuda de emergencia. Ahora bien, ¿está el Comisario convencido de que el importe máximo por valor de 250 millones que se prevé para 2001 bastará para satisfacer las necesidades estructurales de Serbia a lo largo del año siguiente?

Pack
Señor Presidente, señor Comisario, muchas gracias por lo que ha dicho aquí. Puedo apoyar todo. Lo habría dicho de modo similar sólo que hablo de modo diferente a usted. He tenido las mismas experiencias cuando hace 14 días estuve en Serbia con el colega Swoboda. Aunque no estuvimos allí antes que el Sr. Hombach sin embargo hemos ido allí porque tenemos el dinero para ayudar allí a las personas. El Sr. Hombach solamente ha ido allí para exhibirse y constatar lo que quizás se puede hacer.
Sabemos lo que se puede hacer y mañana podemos poner a disposición el dinero, de lo que me alegro. También estoy segura de que bajo su mandato, señor Comisario, la ayuda de urgencia va a ser también realmente una ayuda rápida. Aquí puede demostrar la Comisión que es mejor que su fama.
Tengo dos preguntas. En primer lugar, el colega Modrow ha afirmado ayer por la tarde que todo lo que hacemos ahora allí es reparar los bombardeos de la OTAN. Le he dicho que esto es un sinsentido. El 90% de los daños que arreglamos allí son las consecuencias de una economía errónea de tipo socialista/comunista. Me gustaría tener de usted una confirmación de mi declaración. Segunda: cuando estuvimos allí abajo hace 14 días se nos dijo que las sanciones se habían levantado pero no se han levantado. ¿Qué hay con las sanciones comerciales? ¿Lo ha solucionado ya? Las empresas lo que necesitan ahora es la posibilidad de practicar el comercio. Coloque el entorno de Milosevic en una lista negra pero abra la lista para todos los otros.

Volcic
Señor Presidente, señor Comisario, la dramática autodenuncia que ha hecho el Presidente yugoslavo Kostunica, recordada también por mi colega, sobre sus responsabilidades y las del pueblo serbio - algo que muchas naciones nunca han hecho - es un gesto que le honra y contribuye enormemente a mejorar el clima en la región. Por lo tanto, políticamente, Kostunica se refiere a las decisiones de la comunidad internacional que todavía considera Kosovo como parte de la Federación de Yugoslavia y, al mismo tiempo, reduce la esperanza de los albaneses de Kosovo de alcanzar un estado de independencia. ¿Qué tipo de tensión - una tensión naturalmente que a nosotros se nos antoja paradójica, incluso con un regreso parcial de los refugiados serbios - podría derivar de esta malograda autodeterminación, tan esperada por los albaneses? ¿Hasta qué punto el moderado Rugova estaría dispuesto, según usted, señor Comisario, después de sus conservaciones, a aceptar un diálogo con su colega demócrata en Belgrado?

Patten
. (EN) Sé que su señoría tenía razón al afirmar que debemos mostrar paciencia sobre los acontecimientos en Belgrado, en Yugoslavia, durante las próximas semanas mientras la democracia se consolida. No significa que abandonemos o renunciemos a nuestros principios ni a nuestros valores. No podemos hacer eso. Pero hemos de asegurarnos de que el señor Kostunica dispone de tiempo para desarrollar y fortalecer la base democrática de su gobierno. Todo el mundo quiere verle triunfar en la formidable tarea que ha asumido y hasta ahora hay que decir que todo lo que ha hecho y todo lo que ha dicho ha apuntado en la misma dirección democrática. Ha establecido una comisión de amnistía para abordar la cuestión de los presos, aunque algunos ya han sido liberados, entre ellos varios casos que se habían presentado aquí, pero, como le dije al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Serbia en Viena hace una semana, la cuestión de los presos albaneses tendrá que estudiarla urgentemente.
Sobre Kosovo, como han mencionado dos diputados, mi postura empieza y acaba con la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad. Tomo nota de las piruetas imaginativas de otros. No creo que sean siempre muy juiciosas ni sabias, pero en lo que a mí respecta la norma reside en la Resolución 1244.
El paquete de emergencia de 200 millones de euros será parcialmente en ayuda estructural pero señalaba en mis comentarios el destino que pretendemos dar a ese gasto y puesto que el gran grueso del mismo procede de la partida "Emergencias en terceros países" del presupuesto general, no vamos a retirar dinero de otros países de la región ni de otras regiones para proporcionar la ayuda.
La señora diputada que tanto sabe sobre el sudeste de Europa y que ha estado presionando a favor de políticas más sensatas y eficaces en el sudeste de Europa durante meses, e incluso durante años, ha aludido a la importancia de que garanticemos un alivio rápido y realista. Me dejan muy sorprendido algunas de las promesas nada realistas que la gente hace en Serbia. Me encantaría ser capaz de limpiar el Danubio en un par de semanas pero eso no es posible. Algunas personas han sugerido que quizás las cosas podrían hacerse un poco más rápido y que quizás deberíamos tomar eso como un acicate para ir más deprisa y actuar lo más rápidamente posible.
Me gustaría decir una cosa muy importante. Estamos hablando de ayuda de emergencia, y aunque esa ayuda de emergencia ya se está entregando, llevaremos a cabo, con el Banco Mundial, una misión de evaluación de necesidades a más largo plazo. Mientras se realiza, estaremos, espero, ayudando a Yugoslavia a abordar los problemas de su aceptación como miembro de las Naciones Unidas y del Banco Mundial, así como sus problemas con los IFIs a los que debe atrasos considerables. Espero que podamos resolver esos problemas y que hayamos terminado la evaluación de necesidades a mediados del año que viene.
Sería una absoluta locura celebrar una conferencia de donantes antes de que hayamos establecido esas cosas. De nada sirve celebrar una conferencia de donantes antes de que podamos lograr que se comprometa una gran cantidad de dinero. Entrar en una situación en la que no fuéramos capaces de lograr préstamos de capital y que dependiéramos totalmente de ayudas, por ejemplo, supondría que toda conferencia de donantes sería empezar por el tejado. Por eso espero que sigamos teniendo en mente esta sensata velocidad de avance.
En cuanto al destino de la ayuda, me atrevo a decir que será necesaria cierta reconstrucción tras los bombardeos aéreos de la OTAN. Pero como decía la gente en su momento, vemos en Belgrado que a pesar de la trágica pérdida de vidas, estos bombardeos se llevaron a cabo en su conjunto de manera muy quirúrgica. El principal trabajo de reparación, sin embargo, es el que tiene que hacerse a causa de los años de comunismo y a causa de los años de nacionalismo xenófobo. Ahí es donde se necesita la mayoría de la reconstrucción: para traer la economía al siglo XXI y hacerla competitiva en una Europa de fronteras abiertas y mercados abiertos. Esa va a ser una tarea considerable pero puesto que hay tantos serbios capaces y hábiles colaborando en las economías de Australia, Canadá, Alemania y otros lugares del mundo, todos nosotros podemos esperar el día en que los serbios sean capaces de hacer mucho más para convertir en próspera y exitosa su propia economía en Serbia. Queremos ayudarles en esa tarea.
En cuanto a las sanciones, hemos levantado - como sabe la Cámara - las sanciones sobre el petróleo y los vuelos. Estamos estudiando con las autoridades yugoslavas qué hacer exactamente con las sanciones financieras. En lo que a mí respecta, aunque será una decisión que tendrá que adoptar con mucha rapidez el Consejo de Asuntos Generales, yo soy siempre muy reacio a ser más papista que el Papa o - para utilizar una expresión más apropiada - más ortodoxo que el Patriarca: si las autoridades de Belgrado nos dicen que desean que se eliminen las sanciones financieras sorprendería un poco que nosotros dijéramos "despacio, creemos que podemos diseñar algunas sanciones inteligentes que satisfagan las necesidades que ustedes dicen que les alegraría que olvidásemos" . Informaré sobre esto, en modo procedente, al Consejo de Asuntos Generales.

McMillan-Scott
El año pasado por estas fechas visité Belgrado, una ciudad bastante deprimente, que pasaba de la desesperación a la esperanza a diario. Fui a ver a las ONGs que trabajaban en los ámbitos humanitarios y de medios de comunicación libres, financiados por la Unión Europea, y la imagen no fue precisamente agradable. La aspiración existía, pero la realidad no. La promesa existía, pero no el cumplimiento porque el dinero no llegaba y había una chapuza administrativa.
Quisiera pedirle al Comisario que me confirme que va a agradecer al personal de la Comisión tanto en Bruselas como, en particular, en la oficina de Belgrado dirigida por Michael Graham, el jefe de la delegación, que durante todo este tiempo han asistido a enormes cambios y han marcado verdaderamente una importante diferencia en el proceso de paso a la democracia. A pesar de las dificultades, han logrado algo digno de mención. Me gustaría que el Comisario confirme que va a dar las gracias no sólo a esas personas sino también a las ONGs que han trabajado sobre el terreno. Particularmente, espero que él acepte las gracias de esta Cámara porque ha demostrado que el activismo democrático no sólo funciona en Hong Kong sino también en Serbia.

Ludford
Me gustaría también agradecer al Comisario sus esfuerzos y espero, sin ser pretenciosa, poder asegurarle que la relativamente baja asistencia en la Cámara no refleja, estoy segura, el grado de interés en este tema. Creo, haciendo un inciso, que hay algo raro en los procedimientos de esta Cámara que nos hacen pasar una hora y media votando a la hora de la comida pero que en un tema tan importante no permite a la gente estar aquí en un número que refleje el interés.
Quisiera preguntarle sobre la cooperación regional. ¿Está él, y nosotros, en tanto que Unión Europea, avanzando a la hora de convencer a los sectores de la región de que cuando les animamos a mantener una cooperación regional, no se trata de apartarles de la senda hacia Europa y, en última instancia, de su pertenencia como miembros a la Unión Europea, siempre que se cumplan todos los requisitos sin plazos ni calendarios, pero, en definitiva, un paso hacia la pertenencia a la UE?

Piétrasanta
Señor Presidente, mi intervención se refiere a Kosovo, porque la comunicación de hoy se ha convertido en una comunicación sobre Serbia. Comprendo que así sea, puesto que hay un nuevo dirigente, el Presidente Kostunica, y que hay que intervenir con él en el proceso para que todo ocurra de la mejor manera posible.
La semana pasada estuve en Prístina. Me reuní con muchas personas; en particular, con Bernard Kouchner, en una sesión de trabajo, y pude darme cuenta de los grandes problemas que allí existen. Naturalmente, aquí se ha hablado del Danubio, pero no basta con realizar estudios. Hay que emprender acciones urgentes porque el Danubio se ha contaminado debido al almacenamiento de ácido sulfúrico y desde Mitrovica. Se necesita un plan de prevención de riesgos para esta región, pero también para la ciudad de Prístina y otras ciudades de Kosovo. La población vive en la indigencia. Los impactos de las ojivas de uranio enriquecido han contaminado la ciudad de Prístina y las demás zonas afectadas. En la destrucción del Palacio de deportes se ha desprendido amianto, y éste se ha esparcido por toda la ciudad. El problema sanitario es muy grave.
Desearía, pues, llamar la atención de ustedes sobre este punto y decirles que estamos frente a un problema social. Es preciso que dicha ayuda se destine al ámbito social, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Deben tomarse medidas urgentes. Permítanme que insista en ello.

Patten
. (EN) Doy las gracias a mi honorable amigo por lo que ha dicho sobre Michael Graham y su personal en Belgrado. Han hecho un trabajo excelente. Tuve el placer de poder dar las gracias a algunos de ellos aunque en mi próxima visita espero dar las gracias a todos y desde luego mencionaré el hermoso homenaje de su señoría. En cuanto a las ONGs, lo han hecho magníficamente.
Las organizaciones en el ámbito de los medios de comunicación lo han hecho magníficamente. Recibimos un estupendo servicio del Comité Suecia-Helsinki, por ejemplo, pero ha habido también una excelente cooperación y a pesar de todas las dificultades que el régimen de Milosevic interpuso en nuestro camino, fuimos capaces de facilitar una importante ayuda a los demócratas y a las fuerzas democráticas de Serbia. Eso espero que desempeñara un pequeño papel a la hora de lograr el cambio.
La señora diputada estaba totalmente en lo cierto al afirmar que se sospecha a veces que el fomentar la cooperación regional es una especie de obstáculo de Bruselas en la ruta hacia Europa. Tenemos que explicar a la gente que lo que intentamos que ocurra en el sudeste de Europa es lo que sabemos que ha funcionado para nosotros. La Unión Europea es el mejor ejemplo en el mundo de países que resuelven antiguas enemistades, de países que se hacen más estables políticamente y más prósperos derribando fronteras, derribando barreras y en determinadas materias, poniendo en común su soberanía y haciendo juntos lo que hacen mejor juntos.
Esto es lo que intentamos fomentar que hagan los países del sudeste de Europa. Por ejemplo, les decimos: vamos a darles un acceso comercial muy generoso a nuestros mercados pero tienen que darnos un acceso comercial generoso también a los mercados de sus vecinos. Eso está en el centro del proceso de estabilización y asociación que está avanzando de manera gradual y satisfactoria. En cuando al Danubio y los problemas medioambientales y de salud, estoy de acuerdo con lo que el señor diputado ha afirmado.
El Presidente Kostunica manifestó en la reunión con los alcaldes, que en la nueva era democrática Yugoslavia tendría que hacer mucho en materia de política de género porque sólo había, creo, tres mujeres en la sala en esa reunión. Pero fue una de las mujeres presentes en la sala en esa reunión la que planteó expresamente la cuestión de los riesgos medioambientales y sanitarios surgidos en el último año y es necesario que atendamos a ese tipo de problemas porque suponen un riesgo sanitario grave para muchas personas del sudeste de Europa.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario.
El debate queda cerrado.

Cambio climático - Inundaciones
El Presidente
 De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes textos:
el informe (A5-0270/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC) (COM(2000) 88 - C5-0192/2000 - 2000/2103(COS));
el informe (A5-0271/2000) del Sr. Moreira Da Silva, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre el Libro Verde de la Comisión sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (COM(2000) 87 - C5-0193/2000 - 2000/2104(COS));
la pregunta oral (B5-0547/2000) de la Sra. Jackson a la Comisión, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la estrategia de la Comisión para la Sexta Conferencia sobre el cambio climático de La Haya (COP6);
la declaración de la Comisión sobre las inundaciones en el Norte de Italia y en España.

Moreira Da Silva
Señor Presidente, Señorías, ocho años después de Río de Janeiro y tres años después de Kyoto, podemos afirmar sin exagerar que el dossier de los cambios climáticos vive hoy su momento más crítico, realmente su momento de la verdad, por dos razones esenciales: en primer lugar, porque en el plano institucional la Sexta Conferencia de las Partes, que se celebrará en La Haya el próximo mes de noviembre, procederá a la redacción final del Protocolo de Kyoto e iniciará la fase de ratificación a fin de que pueda entrar en vigor de aquí a la Conferencia "Río - más diez" , es decir, de aquí a 2002. Es un momento crítico, en segundo lugar, porque en el plano interno, por falta de aplicación de políticas y medidas dentro de los Estados miembros, como, por ejemplo, la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables, la tributación sobre la energía y sobre gases con efecto de invernadero, estamos divergiendo y no convergiendo respecto de los compromisos de reducción previstos en Kyoto.
Ante ese marco extraordinariamente exigente, aplaudimos la iniciativa de la Comisión de presentar conjuntamente el Libro Verde sobre comercio de emisiones y la comunicación "Hacia un programa europeo para los cambios climáticos" . Es que, aunque la substancia de las propuestas merece algunos reparos y algunas críticas, como se podrá ver a continuación, la verdad es que esta iniciativa envió dos mensajes políticos indiscutibles. Hacia afuera, regeneró la capacidad de iniciativa de la Unión Europea. Hacia adentro, hizo pedagogía del cumplimiento.
Comencemos analizando el Libro Verde sobre "comercio de emisiones" . Ese Libro Verde inició el debate sobre la estructura de un futuro sistema de comercio de emisiones en la Unión Europea. Para lanzar el sistema, la Comisión formuló un núcleo duro de premisas: el sistema deberá basarse en un planteamiento learning by doing, deberá iniciarse en 2005 y, en una primera fase, deberá limitarse al dióxido de carbono y a las fuentes concretas de grandes dimensiones.
Desde nuestro punto de vista -y esto es lo que refleja el informe-, la materialización de un sistema de ese tipo en la Unión Europea, ya a partir de 2005, presenta ventajas indiscutibles. Permítaseme que destaque tres: en primer lugar, ese sistema permitirá un aprendizaje práctico y una preparación económica de los sectores, las empresas y los Estados miembros para el lanzamiento -entonces, sí- en 2008 del sistema de comercio de emisiones en el nivel internacional. En segundo lugar, ese sistema contribuirá a que resulte más fácil corregir la situación de incumplimiento que se da hoy en la mayoría de los Estados miembros. En tercer lugar, el sistema permitirá reducir en gran medida, en millares de millones de euros al año, los costos de aplicación de los compromisos subscritos por la Comunidad en Kyoto.
A pesar de la validez de esa iniciativa y la calidad técnica del Libro Verde, por los que felicitamos a la Comisión, el planteamiento de algunos puntos es limitado. Así, la función de este informe ha consistido en ampliar y ahondar el debate iniciado por el Libro Verde. Ésa es nuestra función.
Permítaseme destacar seis puntos de mi reflexión. Primero: el Libro Verde debería haber fijado objetivos cifrados de reducción de gases con efecto de invernadero que se garantizarían por el sistema de comercio de emisiones, es decir, que el Libro Verde debería haber dicho cuál sería el porcentaje de reducción de gases con efecto invernadero que se atribuiría al comercio de emisiones. Segundo: consideramos que el Libro Verde no debería haber dejado de hacer un análisis sobre la posibilidad de que el sistema de comercio de emisiones reduzca ventajas competitivas a favor de la energía nuclear. Tercero: consideramos imprescindible que, en el futuro, el sistema llegue a englobar algunos sectores que el Libro Verde ya ha excluido, en particular, los transportes, que es el sector en el que las emisiones están aumentando a un ritmo más acelerado. Cuarto: la Comisión no debería haber fijado, en el debate sobre el ámbito del sistema, el comercio de emisiones directo entre empresas como la única opción posible. Hay otras opciones y esperamos que próximamente la Comisión examine todas las opciones. Quinto: consideramos fundamental que los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea participen lo antes posible en el sistema de comercio de emisiones. En ese sentido, pedimos a la Comisión que en una próxima comunicación presente un plan que establezca la forma de hacer participar a esos países en el sistema de comercio de emisiones. Sexto y último: consideramos que, por lo que se refiere al método y a la concesión de licencias de emisión, la subasta podría garantizar más fácilmente el resultado medioambiental deseado, sin distorsión de la competencia, y la simplicidad del sistema que el de grandfathering. Ahora bien, no es éste el momento apropiado para excluir ningún método, por lo que pedimos a la Comisión que prosiga esa reflexión y la amplíe a una tercera opción: el benchmarking.
Analicemos ahora la comunicación sobre el programa europeo para los cambios climáticos. Dado el empeño y la calidad del Libro Verde sobre el comercio de emisiones, la comunicación sobre políticas y medidas, la comunicación "Hacia un programa europeo para los cambios climáticos" resulta decepcionante. Resulta decepcionante porque de ella se desprende una secundarización de la función de las políticas y medidas, es decir, de la acción política nacional y comunitaria respecto de los mecanismos del mercado. Resulta también decepcionante porque de esa comunicación se desprende un desequilibrio de trato entre los diferentes sectores económicos; en particular, esperábamos que sobre los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones llegara a aprobarse un planteamiento ambicioso y con compromisos bien formulados en otra comunicación, en la relativa a políticas y medidas. De modo que pedimos a la Comisión que complete urgentemente el programa europeo para los cambios climáticos, el PECC, y presente, seis meses después de la Sexta Conferencia de las Partes, un conjunto de propuestas específicas de políticas y medidas en el que se formulen, por sector económico y por política y medida, los compromisos cuantitativos de reducción de gases con efecto de invernadero.
Permítaseme que diga muy brevemente unas palabras sobre la próxima conferencia de las Naciones Unidas, la Sexta Conferencia de las Partes, que se celebrará en La Haya, el próximo mes de noviembre. La dificultad de la Conferencia de las Partes no es consecuencia sólo de la complejidad de los left overs de Kyoto, sino también de la coyuntura política de los Estados Unidos. Repárese en que, independientemente del resultado de las elecciones americanas, serán Bill Clinton y Al Gore los que en La Haya negociarán el Protocolo de Kyoto. Así, estamos ante hipótesis extraordinariamente preocupantes. Si gana Bush, todos los acuerdos que concertamos en La Haya con la administración Clinton pueden ser pasados por alto totalmente por la nueva administración. Si gana Al Gore, nada impide que siga siendo muy difícil encontrar en el Senado los dos tercios necesarios para la ratificación del Protocolo. Por eso, creo que la Unión Europea no debería abdicar de su programa negociador. La Unión Europea tiene un buen programa negociador y no debe abdicar de él. Si abdicamos de él con la intuición de lograr un acuerdo con los Estados Unidos, nos arriesgamos a tener un resultado loose loose: empeoramos la redacción del Protocolo y, encima, podría ocurrir que no fuera ratificado por los Estados Unidos. Por eso debemos dar señales de apertura en relación con Rusia, el Canadá, el Japón, Noruega y los países de la Europa central y oriental.
Termino, señor Presidente, agradeciendo a todos sus Señorías, en particular a los ponentes de opinión y a los ponentes en la sombra, que hayan permitido encontrar un amplio consenso en la estrategia encaminada a detener los cambios climáticos.

Blokland
. (NL) Señor Presidente, la emisión de gases de efecto invernadero continúa en aumento aunque la Unión Europea se ha comprometido a reducir la emisión de estos gases en un 8% durante el período comprendido entre 2008 y 2012. Éste es el telón de fondo del Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión. El Libro Verde constituye un primer paso en dirección a la creación de un instrumento oientado al mercado que establezca un límite máximo para la emisión de gases y ofrezca a más largo plazo posibilidades eficaces y efectivas para reducirla. De este modo cabe la posibilidad de que, a pesar de todo, la Unión Europea consiga cumplir las obligaciones adquiridas en el marco del Acuerdo de Kioto
En líneas generales la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios acoge favorablemente el Libro Verde. Insiste, no obstante, en la necesidad de elaborar un sistema de comercio sólido. Las palabras clave son sencillez, transparencia para quienes en él participan e instituciones de mercado adecuadas. De lo contrario, se vendría abajo por falta de confianza de las partes del mercado.
Además, es importante que el sistema no interfiera en la competitividad de las empresas implicadas. A este respecto ponemos serios reparos a algunos párrafos de la presente propuesta de resolución que pueden llegar a producir distorsiones de la competencia, puesto que no se aplica sistemáticamente el enfoque por sectores. La fórmula sugerida por el ponente tiene como consecuencia que empresas del mismo sector pueden recibir un trato desigual en los diferentes Estados miembros. No olvidemos que un transportista no compite con una empresa química, sino con los transportistas de los demás Estados miembros. Espero que este malentendido pueda ser aclarado a través de una serie de enmiendas. Tengo curiosidad por saber si recibirán el apoyo del Comisario Wallström.
Señor Presidente, el objetivo final es conseguir un medio ambiente más limpio. Para ello no hace falta intervenir directamente en las estructuras económicas. Basta con introducir derechos de emisión comercializables. A fin de cuentas hemos de asumir sin más tardanza nuestra responsabilidad colectiva de gestionar debidamente la creación de Dios.

Hautala
Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar, quiero felicitar al ponente porque ha compendiado realmente los puntos de vista de todos nosotros y ha realizado un brillante trabajo. El comercio de los derechos de emisión se incorporó al debate sobre el cambio climático como parte de los llamados mecanismos de flexibilidad. La Unión Europea no hubiera querido incluir estos mecanismos en el conjunto de medidas, pero, en cualquier caso, ahora figuran en el Acuerdo internacional, y en La Haya se establecerán las normas de estos mecanismos de flexibilidad, en cuyo marco el comercio de los derechos de emisión ocupa un lugar primordial.
Puesto que la UE ha ejercido hasta ahora el liderazgo en las negociaciones internacionales, todos deseamos con seguridad que se mantenga en este papel de líder, y para ello confiamos en la Comisión. Por esta razón, la Unión Europea ha decidido proponer que dentro de la Unión se pase al comercio de derechos de emisión en el marco de los gases de efecto invernadero ya a partir de principios del año 2005, cosa que todavía no tiene tanto alcance como el hecho de que, en sí, el Protocolo de Kyoto posibilite la adopción de este comercio internacional de derechos de emisión a partir del año 2008. Pero este sistema puede empezar a probarse y a desarrollarse dentro de la Unión Europea. Así pues, la Comisión de Asuntos Jurídicos da la bienvenida al Libro Verde de la Comisión y a la creación de una directiva marco basada en el mismo. La adopción del comercio de los derechos de emisión a nivel de toda la Unión Europea está completamente justificada, pues, en otro caso, se distorsionaría la competencia. En nombre de la comisión parlamentaria, quiero llamar la atención sobre el hecho de que sí podremos hacer muchas cosas mediante el comercio de los derechos de emisión, pero no todas. Es muy importante que el comercio de los derechos de emisión complemente a otras medidas, entre las cuales son fundamentales las medidas de orientación económica. También es muy importante que el comercio de los derechos de emisión sea controlado de forma eficaz, y creo que también necesitamos la presencia de inspectores de medio ambiente, asunto éste que estamos negociando con el Consejo.

Linkohr
. (DE) Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía es de la opinión de que el comercio con la emisiones es una solución razonable. Pero al igual que los demás, también somos de la opinión de que solamente debería aplicarse al 50% de la reducción total de las emisiones. Lo decisivo en este comercio con las emisiones es que en el futuro no sólo la corriente eléctrica o el gas va a tener un precio sino también el CO2. Esto parece muy sencillo pero representa una transformación total de la economía energética o del sector energético. Esto hay que saberlo. Esto tiene enormes repercusiones y puede ser también de ayuda para reducir las emisiones, de lo que estoy plenamente convencido.
¿Cómo podría ser el guión para los próximos años? Espero que la Unión Europea, tras una conclusión con éxito de las negociaciones en La Haya, ratifique Kioto. Esto significa que nuestra firma es vinculante jurídicamente.
Como siguiente paso, la Comisión deberá presentar una directiva que distribuya las cargas entre los 15 Estados miembros. Es decir, necesitamos cuotas. Pero estas cuotas deben ir unidas a sanciones pues, de lo contrario, no tendrían sentido. Con otras palabras: utilizando el rodeo de la política de medio ambiente tendremos una política energética común. El año 2005 podríamos comenzar con este comercio de emisiones dentro de la Unión Europea. Repito de nuevo: espero que este guión se respete más o menos y que no nos dejemos inquietar porque otros, quizás incluso los Estados Unidos, no firmen al principio. Debemos apoyar a la Comisión en este sentido y actuar del modo más unido posible.

Messner
Señor Presidente, ya es hora de que exista un programa concreto de la Comisión de la UE para reducir el efecto invernadero. Los cambios climáticos se pueden ver en todo el mundo y los europeos no estamos en una situación tan mala como otras zonas, estoy pensando en la costa occidental de América o en Bangladesh. Pero las últimas catástrofes en Italia -en especial en el valle de Aosta- o en Suiza han mostrado que también entre nosotros se producen catástrofes de las que la población local apenas tiene la culpa.
Ahora hay que aplicar la declaración de Kioto y la próxima cumbre sobre el clima en La Haya tiene que ir más lejos que los esfuerzos realizados hasta ahora. Desde que está claro que el CO2 es el principal responsable de los cambios climáticos y que el transporte sigue aumentando, hay que realizar sobre todo propuestas concretas sobre cómo limitar el tráfico urbano, dirigir correctamente el tráfico de tránsito o configurar adecuadamente el road pricing. Más allá de este comercio con las emisiones, hay que adoptar medidas para poder tener todo esto bajo control.
No quiero poner en duda o atacar la movilidad -pues la necesitamos- pero debemos modificar el comportamiento del tráfico y el comercio con las emisiones no debe conducir a que no debatamos ya sobre las otras medidas concretas. Somos guías en Europa en lo referente a la política de medio ambiente y si queremos preservar la credibilidad entonces debemos ir más allá de lo que el Libro Blanco dice hoy.

Jackson
Señor Presidente, quisiera hacer constar la preocupación y la aprensión del Parlamento Europeo por el tema de la Conferencia de La Haya.
En primer lugar, como ya se ha mencionado, está la cuestión de la participación de parlamentarios europeos en la conferencia. Sean cuales sean las políticas de la Unión Europea que surjan de esta conferencia en La Haya, tendrán que someterse al debate, enmienda y aprobación de este Parlamento, eso en cuanto a las políticas europeas. Las políticas nacionales, sean las que sean, tendrán que pasar por los parlamentos nacionales, pero nosotros tendremos algo que decir a la hora de acordar lo que se presente como política de la Unión Europea de resultas de La Haya.
Hasta ahora nuestra prometida participación en la delegación de la UE se ha limitado a tres parlamentarios. Además, la naturaleza exacta de la participación parlamentaria no está nada clara. Nos gustaría poder enviar a una delegación más numerosa. Somos conscientes de que el COREPER va a tratar esto la semana próxima pero quisiéramos escuchar noticias de la Comisaria.
También nos gustaría que nuestros representantes fueran informados antes de la conferencia. Espero que la Comisaria pueda informarnos plenamente, la escucharemos dentro de un momento, y que recibamos toda la información necesaria durante su intervención. Pero eso no es todo: es necesario que nuestros representantes estén presentes en todas las reuniones de la delegación de la UE, incluyendo aquéllas en las que se discuta la táctica y la política. No creemos que pedir esto sea pedir demasiado. Dada nuestra implicación en la elaboración de la legislación de la Unión Europea es absurdo que la Comisión y el Consejo se guarden para sí las negociaciones.
En segundo lugar, está la cuestión de hasta qué punto los países industrializados, incluido Estados Unidos, son realmente sinceros acerca del COP6 y de la ratificación de Kyoto. ¿Quieren realmente, y con toda honradez queremos nosotros, seguir adelante, o vamos a asistir a un frenazo? Parece que ya disponemos de pruebas abrumadoras de la repercusión del cambio climático, pero, cuando los miembros de la Comisión de Medio Ambiente se reunieron recientemente con miembros del Congreso de Estados Unidos, afortunadamente mediante enlace de vídeo, la impresión que sacaron fue que el Congreso no aprobará la ratificación de Kyoto. Por tanto, si Estados Unidos no puede acordar estas medidas a favor del medio ambiente cuando su economía está prosperando en tan gran medida, ¿qué oportunidad tendremos en otro momento cuando las cosas no parezcan ir tan bien?
Agradeceríamos los puntos de vista de la Comisión sobre hasta dónde es probable que los estadounidenses saboteen la Conferencia de La Haya y sobre qué podemos salvar del naufragio. En el caso de que Estados Unidos dé firmes muestras de que no ratificará nunca Kyoto sin la participación de los principales países en desarrollo, ¿qué perspectivas existen de que podamos crear una coalición de países que lo ratifiquen y cuál es el riesgo de colocar a la Unión Europea en una situación de desventaja económica?
También nos gustaría escuchar de la Comisión un calendario claro de sus planes de medidas en materia de cambio climático para el año que viene. Soy consciente de que esto puede suponer desvelar el 6º Programa de Acción Medioambiental, pero éste sería un momento oportuno para clarificar las grandes líneas de lo que podemos esperar.
Por último, puesto que conocemos las causas del cambio climático, o está bastante claro que conocemos las causas del cambio climático, las futuras generaciones difícilmente nos perdonarán por haber sido tan lentos en abordarlo. Los gobiernos tienen miedo a un impuesto sobre carburantes por temor a no ser reelegidos. Esto es humano y quizás inevitable. Pero podríamos al menos dedicar más recursos al desarrollo de fuentes de energía renovables alternativas y convertirlas pronto en verdaderas opciones alternativas. Es muy triste que el pasado año recortáramos, de hecho, el fondo de la Unión Europea para energías renovables, SAVE, al que ahora dedicamos una cantidad inferior al dinero que se gasta en subvencionar el tabaco. Las generaciones futuras no nos lo perdonarán y las generaciones futuras tendrán razón.

Wallström
. (EN) Quisiera en primer lugar dar las gracias al Sr. Moreira Da Silva, que ha elaborado dos excelentes informes sobre nuestra actual estrategia en materia de cambio climático. Permítanme también que exprese mi agradecimiento a la permanente importancia que concede el Parlamento Europeo al problema global del cambio climático. Me complace el debate general sobre esta cuestión del día de hoy. Este debate es particularmente oportuno puesto que dentro de sólo cuatro semanas van a adoptarse decisiones fundamentales en la sexta conferencia de las partes en el Convenio sobre Cambio Climático - el llamado COP6 - en La Haya.
Como saben, la Unión Europea apoya firmemente la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto a más tardar en 2002, es decir, diez años después de Río. La Unión Europea pretende ratificar el Protocolo en cuanto se concluya satisfactoriamente el COP6 con decisiones que salvaguarden la integridad medioambiental y la credibilidad del Protocolo. Para ello, es esencial que la Unión Europea desempeñe un papel de liderazgo firme y proactivo. En ese sentido yo resumiría los principales objetivos de la UE para el COP6 del siguiente modo. En primer lugar, es necesario que los países industrializados adopten medidas internas. Los países industrializados emiten la mayoría de los gases de efecto invernadero y tienen la responsabilidad de estar a la cabeza a la hora de luchar contra el cambio climático. El resultado del COP6 debería garantizar esto equilibrando la utilización de mecanismos de Kyoto, tales como el intercambio de emisiones, con acciones internas - suplementariedad - y haciendo frente a la necesidad de demostrar avances en las políticas para la reducción de emisiones en 2005.
En segundo lugar, tenemos que asegurarnos de que los objetivos de Kyoto se respetan. Los países industrializados acordaron objetivos de reducción con arreglo al Protocolo de Kyoto. Para que estos objetivos se cumplan es necesario que acordemos en el COP6 un marco sólido de normas para los mecanismos de Kyoto y un sistema firme y eficaz de cumplimiento. Ambos son necesarios para que los mecanismos funcionen eficazmente porque los mercados sólo pueden funcionar de manera eficiente en un marco institucional sólido.
En tercer lugar, en cuanto a mantener objetivos que tengan sentido, a la Unión Europea le preocupa mucho la inclusión de las cisternas debido a las incertidumbres y riesgos científicos y de otro tipo asociados a las mismas. También le preocupa el potencial tamaño de las cisternas porque afecta a la necesidad de acción de los países industrializados para reducir sus emisiones. A no ser que se atiendan estas preocupaciones, no podemos aceptar la inclusión de otras actividades de utilización de la tierra y silvicultura que no sean la forestación, la deforestación y la reforestación. Las cisternas no deberían incluirse en el MDNC - mecanismo de desarrollo no contaminante - porque éste es un mecanismo que debería utilizarse para conseguir el desarrollo económico y social de los países.
En cuarto lugar, es necesario que abordemos las necesidades de los países en desarrollo y de las economías en transición promocionando el desarrollo de capacidad, la transferencia de tecnología y la ayuda a la adaptación. En ese sentido, las necesidades de los países menos desarrollados merecen una atención particular. En el COP6 deberíamos profundizar en estos temas y acordar que el mecanismo de desarrollo no contaminante ha de basarse en tecnologías seguras y respetuosas del medio ambiente que ayuden a estos países a desarrollarse de un modo menos contaminante.
Me complace la participación de miembros del Parlamento Europeo en la Delegación Comunitaria en el COP6. Se espera una decisión definitiva acerca del número de parlamentarios que asistirán al COP6 para el 31 de octubre; la Comisión Europea ha propuesto que el Parlamento Europeo esté representado por ocho diputados. Teniendo en cuenta las reglas institucionales para tal participación, estos diputados pueden asistir a las reuniones plenarias y puedo asegurarles que tanto mi personal como yo haremos todo lo posible por informar con regularidad a los diputados presentes en el COP6 de las negociaciones que no estén abiertas a los observadores. También puedo comprometerme a organizar una sesión informativa adecuada antes del inicio del COP6, quizás entre el 7 y el 11 de noviembre, si es posible - intentaremos organizar esto de la mejor forma posible.
Permítanme también que me refiera a la cuestión de la ratificación sin Estados Unidos. La Unión Europea está muy comprometida con la ratificación y entrada en vigor del Protocolo a más tardar en el año 2002. Siempre que tenemos ocasión instamos a las demás partes, especialmente a EE.UU. y a Rusia, a empezar también a prepararse para la ratificación. A pesar de que teóricamente el protocolo puede entrar en vigor sin la ratificación de los Estados Unidos, el que no esté incluido en el régimen el mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo sería sin duda la segunda mejor opción. Además, esto es muy probable que tuviera efectos significativos sobre la competitividad de la UE.
Me complace saber que la Comisión cuenta con el apoyo del Parlamento y del Consejo en su empeño por elaborar un programa europeo sobre cambio climático eficaz. La opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor del Parlamento Europeo acerca de este programa hace hincapié en que la prioridad de la estrategia de cambio climático de la UE deberían ser políticas y medidas concretas. Es importante que esta estrategia sea aprobada por todos los participantes y por ello la Comisión se ha embarcado en este proceso con múltiples participantes en el marco del programa sobre cambio climático.
El Consejo de Medio Ambiente adoptó recientemente las conclusiones sobre políticas y medidas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, confirmando las decisiones adoptadas en el marco del Programa Europeo sobre cambio climático.
Al mismo tiempo, señala ciertas prioridades específicas, en los ámbitos del transporte, la eficiencia energética y la industria, que deberían desarrollarse, teniendo en cuenta la repercusión medioambiental y la rentabilidad de estas medidas. Estas sugerencias se estudiarán detenidamente en el trabajo que se desarrolla actualmente dentro del Programa Europeo sobre Cambio Climático. Como saben, el programa está en marcha y los seis grupos de trabajo existentes - mecanismos flexibles, suministro de energía, consumo de energía, transporte, industria e investigación llevan funcionando desde el pasado mes de junio. Desde el inicio del Programa Europeo sobre Cambio Climático ha constituido un estimulante ejercicio de integración al reunir a los servicios de la Comisión, a la industria, a ONGs y a expertos nacionales. La primera impresión después de los primeros cuatro meses es ciertamente positiva. Se ha desarrollado una actitud constructiva en los distintos grupos.
Un informe de evolución de este programa constituirá la base de mi intervención oral en el Consejo especial sobre el Clima del 7 de noviembre. A pesar del escaso tiempo del que ha dispuesto, el programa ya plantea una primera lista de probables medidas en cada uno de los sectores correspondientes. Entre las medidas preliminares surgidas del Programa Europeo sobre Cambio Climático están: la promoción de una producción combinada de calor y electricidad y energías renovables, el fomento del paso a combustibles con bajo contenido en carbono, el apoyo a la eficiencia energética en los edificios, la sensibilización en el transporte, mejoras en los vehículos ligeros, medidas para controlar las fugas y la recuperación de gases fluorados.
Al final de su proceso consultivo, el verano próximo, el Programa sobre Cambio Climático habrá impulsado y habrá avanzado en las propuestas existentes. Pero, al mismo tiempo, habrá fomentado nuevas ideas. Por consiguiente, este Programa sobre Cambio Climático es una oportunidad única de reunir todos los elementos de una estrategia ambiciosa de la UE en materia de cambio climático que la Comisión desarrollará ultimando las propuestas más prometedoras.
En cuanto al Libro Verde sobre intercambio de emisiones, me gustaría agradecer a los parlamentarios el haberlo estudiado tan concienzudamente. La Comisión está deseosa de escuchar las opiniones de los socios y por supuesto las del Parlamento Europeo. Es previsible que existan diferencias de opinión cuando se valora un nuevo instrumento de política medioambiental y acojo con entusiasmo la actitud constructiva y de apoyo que ha adoptado este Parlamento.
El intercambio de emisiones es un concepto nuevo y es comprensible que haya desconfianza en algunos sectores. Espero que el Libro Verde haya contribuido en alguna medida a superar esta desconfianza.
El intercambio de emisiones dentro de la Unión Europea sería otra medida que coexistiría con las demás medidas que ya existen o que la Comisión está desarrollando en el contexto del Programa sobre Cambio Climático. La Comisión no se lo está jugando todo a una carta. Una reducción significativa de las emisiones exigirá todo un abanico de políticas y medidas. Con el fin de ampliar las conversaciones dentro de la Unión Europea, la Comisión presentó un análisis de cómo funcionaría el intercambio de emisiones. No se trataba de ningún modo de un análisis definitivo. Aunque pudiera pensarse que el Libro Verde favorecía las opciones dadas, la Comisión pretende principalmente tener una mente abierta hacia este nuevo instrumento y defender un desarrollo prudente, cauteloso y progresivo del intercambio de emisiones dentro de la UE. Esta cautela impidió que la Comisión planteara desde el principio el que todos los gases de efecto invernadero y otros sectores, incluyendo el transporte y el sector doméstico, se sometieran al intercambio de emisiones.
En última instancia, un esquema que haya demostrado que funciona puede ampliarse, pero primero el sistema tiene que demostrar su valía. No creo que el intercambio de emisiones favorezca la energía nuclear más que cualquier otra de las medidas en materia de cambio climático que se están estudiando en el marco del Programa Europeo sobre Cambio Climático. No se prevé que la energía nuclear se incluya en el plan de intercambio de emisiones. Los argumentos a favor de empezar en 2005 siguen siendo igual de sólidos de tal forma que la Comunidad pueda beneficiarse de lo aprendido y de lo realizado. De hecho, los Estados Miembros ya se están moviendo y deberíamos tener muy presente el interés general de la Comunidad. Además, tengo la intención - y ya mantuve conversaciones sobre esto en octubre del pasado año - de involucrar a los países de Europa Central y del Este en cualquier régimen de intercambio de emisiones futuro.
Por último, las respuestas que se han recibido al Libro Verde hasta ahora - alrededor de 50 - reflejan el alto grado de interés en este instrumento. Las opiniones sobre qué debe hacerse a continuación difieren y la Comisión decidirá cómo avanzar en los próximos meses, una vez que las aportaciones se hayan analizado más detenidamente y que conozcamos los resultados del COP6. Siempre ha sido y sigue siendo el deseo de la Comisión que lo que haga la Comunidad en materia de intercambio de emisiones sea plenamente compatible con el sistema de intercambio de emisiones del Protocolo de Kyoto cuando entre en vigor. Como saben, el sistema de la UE entrará en vigor en 2005 mientras que el comercio internacional de Kyoto no lo hará hasta después.
En conclusión, puedo expresar un apoyo general a las resoluciones de sus señorías y me gustaría expresar de nuevo mi agradecimiento y mi aprecio por los esfuerzos constructivos del Parlamento por sensibilizar sobre el cambio climático y por el apoyo que presta la Comisión en la aplicación.

Fiori
Señora Comisaria, permítame que, dentro de un informe realmente magnifico como el del Sr. Da Silva y del escenario que usted nos acaba de describir, importante y lleno de perspectivas, me detenga por un momento en un hecho que se está convirtiendo en dramático y en las inundaciones que la semana pasada afectaron a amplias zonas de nuestra Europa: ante todo el Norte de Italia y después Francia y España. Nos estamos acostumbrando a un lenguaje que caracteriza de manera dramática nuestros tiempos; verbos como desbordar, rebosar, inundar forman parte de un léxico que llega a ser casi normal. Pensamos que esto es una dramática consecuencia de los cambios climáticos para los cuales el sistema social y económico debe prever una manera de contrarrestarlos.
Los expertos en clima nos dicen que está cambiando la meteorología de nuestras regiones. Las lluvias extraordinarias de hace unos días han servido para reequilibrar el clima de hace un año, en que prevaleció la sequía. Nos dicen asimismo que la tendencia a la sequía se manifestará y agravará en los próximos años y, en síntesis, se alternará con algún diluvio y con los consiguientes desbordamientos y rebasamientos. Por esto, ha llegado el momento, ahora que, lamentablemente, nuestros muertos han sido enterrados, que los periodistas se han marchado de las zonas devastadas y que el río, en este caso el Po - yo vivo cerca del Po - está volviendo a su cauce normal, de abrir, como decimos en Italia, el paraguas, no para parecernos a la funesta Casandra, sino para evaluar una vez más las necesidades y los remedios.
Lo cierto es que en estos años han avanzado las medidas de alerta y de alarma que han permitido paliar la envergadura de las catástrofes, sin embargo, esto, aun reconociendo su relevancia e importancia, no se puede considerar un factor primario. Hace falta una política de defensa precisamente para hacer lo que nos dicen los expertos en clima. Son necesarias decisiones políticas y territoriales de salvaguardia del terreno, también cuando brilla el sol.
En consecuencia, subrayo algunas reflexiones. La primera se refiere a la lógica del trabajo de construcción del ser humano que no se puede olvidar: es necesario dirigirlo a través de una cada vez más rigurosa aplicación de proyectos, normas y controles y, ante todo, debe ser enfocado lo mejor posible el trabajo agrícola del ser humano. En la reciente inundación del Po, el terreno agrícola ha actuado como un aliviadero en defensa de los territorios urbanos y la agricultura ha encauzado la riada soportándola ella misma para salvar los centros urbanizados. Por lo tanto, es necesario reafirmar el papel del agricultor como protector del medio ambiente que cuando brilla el sol se deja de lado, se olvida y se infravalora. La política agrícola y medioambiental, así como la urbanística y territorial se esfuerzan en encontrar un lugar adecuado para estas funciones. Es preciso que en Europa hallemos las formas de coordinación adecuadas.

Hulthén
Señor Presidente, hoy tenemos que discutir tres importantes documentos que atañen a uno de los mayores retos del futuro, esto es, el cambio climático.
Para un habitante de Europa del Norte, donde la temperatura en esta época del año raramente excede los siete grados y donde llueve torrencialmente, la idea de un clima más benigno puede parecer, a primera vista, atractiva. No es tan simple. El cambio climático que se viene encima no implica nada favorable para nadie. Por el contrario, el escenario es justamente el que se ha descrito, es decir, tormentas, lluvias e inundaciones. A esto hay que añadir los cambios en la flora y fauna. La vida no seguirá siendo igual y tampoco será agradable.
Los tres documentos sobre el cambio climático que ha tratado la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor pueden considerarse como documentos que representan diferentes períodos. La resolución acerca de la Conferencia de La Haya es lo que está más cerca en el tiempo. En la comisión presentamos nuestros criterios - y espero que también sean los de la Unión - acerca de lo que debería suceder en La Haya. Ha habido gran unidad de criterios, cosa que constituye un buen fundamento ahora que estamos a las puertas de la Conferencia de La Haya. La resolución marca claramente la necesidad de suscribir el Protocolo de Kioto y de que los países industrializados impulsen el trabajo para detener el cambio climático. También hace hincapié en que los instrumentos flexibles deben ser un complemento de las medidas nacionales. Me alegra escuchar que éste es también el criterio de la Comisaria Wallström.
Creo que el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección al Consumidor ha dejado en claro que en nuestra opinión no son suficientes tres representantes del Parlamento Europeo en la Conferencia de La Haya. También celebro que la Sra. Wallström diga que la propuesta de la Comisión es de ocho representantes. El Parlamento Europeo y quienes trabajan aquí con los asuntos de medio ambiente deben ser tomados en serio alguna vez y no solamente deben servirse de ellos como figuras simbólicas. También es importante subrayar cuando se habla de reuniones e información periódicas durante la Conferencia de La Haya, que éstas tienen que ser constructivas. También es importante que se tomen en cuenta los criterios de los parlamentarios, de modo que no sea una comunicación en un sólo sentido.
La resolución sobre comercio con los derechos de emisión constituye un buen documento, pero ha sido mejorada aún más después de las modificaciones realizadas en la comisión. El más importante complemento es, igual que en el documento COP6, la clara alusión a que el comercio con los derechos de emisión no deberá exceder el 50 por ciento de las medidas relacionadas con las reducciones de emisión. También es importante que se exijan objetivos cuantificables respecto a cada país y a cada sector. Además, deberán existir medidas vinculantes, que obliguen a los Estados miembros a cumplir con sus cuotas.
Existe cierta preocupación porque en el Libro Verde se excluye a ciertos sectores, por ejemplo, el de los transportes. Confiamos en que este trabajo se incluirá en el próximo documento, es decir, en la estrategia comunitaria y en las medidas para disminuir las emisiones, y que no se olvidará al sector de los transportes a la hora de discutir el cambio climático.
El mensaje es muy claro: el principio tiene que ser que todas las emisiones, independientemente de su origen, deberán ser contempladas por alguna norma, la de los derechos de emisión u otras, pero tendrán que existir limitaciones concretas y normas para todos los tipos de emisiones.
Muchas personas han dudado de la propuesta sobre comercio con los derechos de emisión, especialmente en relación con sus consecuencias socioeconómicas. Hay quienes simplemente temen perder el empleo. Se teme que las empresas enfrenten a las industrias entre sí. En mi opinión, esas dudas e inquietudes están incluidas en el punto 13 de la resolución, y espero que éste sirva para tranquilizar al menos a algunas personas. Quisiera subrayar que hay un error evidente en la versión sueca. Tan sólo la mitad de la enmienda que se publica en la versión sueca ha sido aprobada.
El tercer documento es, quizás, el más importante a largo plazo. Se ocupa de la estrategia y de las medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. También trata de aquello que es realmente importante, es decir, del cambio de nuestras vidas y costumbres para lograr algo. Es un documento que esperábamos. Habríamos celebrado mucho más su llegada si hubiese sido más concreto y claro, pero esperamos que ganará en claridad con las modificaciones y enmiendas aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor.

Caveri
Señor Presidente, señora Comisaria, me felicito de que la discusión sobre el cambio climático en Europa y en el mundo nos haya brindado la oportunidad de referirnos al verdadero ciclón que ha afectado a una gran parte de Europa. El ciclón, que los meteorólogos alemanes han bautizado Josefina, ha azotado el noroeste de Italia, y concretamente mi región, Val d´Aoste. En tres o cuatro días cayó, en una superficie global de 10.000 km², una media de 500 a 700 mm. de lluvia, lo que equivale grosso modo a la lluvia caída en un año. Eso significa que el terror ha golpeado Val d´Aoste, al igual que las demás regiones y países, a los que esta dolorosa experiencia sitúa en un verdadero estado de guerra y ante una lista de daños larga y costosa.
¿Para qué, pues, la Unión Europea? A la vez para cambiar nuestro estilo de vida y sobre todo para entender los ciclos que modifican la climatología, movilizar los fondos europeos necesarios para responder a las exigencias de las poblaciones y, finalmente - es mi lógica de montañés -, para hacer frente a la verdadera necesidad de una intervención en las regiones de montaña de Europa, ya que de lo contrario estas inundaciones podrían, desgraciadamente, volver a producirse.

De Roo
Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, nuestro clima ya está cambiando. En el pasado milenio la temperatura ha bajado una quinta parte de un grado. Sin embargo, en los últimos cincuenta años ha subido grado y medio. El calentamiento se intensifica cada vez más. Muchos ciudadanos piensan que uno o dos grados más no estaría mal, pero la cálida corriente del Golfo que nos brinda un clima agradable puede invertirse en todo momento. Si esto ocurriera Europa pasaría a sufrir el clima de Canadá, con muchas semanas de 20 ó 30 grados bajo cero en invierno.
Hacen falta medidas drásticas para detener el calentamiento del planeta. El Protocolo de Kioto es demasiado limitado. El crecimiento del tráfico aéreo en los próximos quince años absorberá por sí solo todas las reducciones contenidas en el Protocolo. En este momento China emite ya más gases de efecto invernadero de lo que es razonablemente sostenible. No podemos cerrar los ojos ante esta evidencia.
Después de 2020 los países en vías de desarrollo también deberían sumarse a la lucha contra los gases de efecto invernadero. Ahora bien, deben hacerlo en condiciones de igualdad. Cada ciudadano del mundo tiene derecho a emitir la misma cantidad de CO2. Los ciudadanos americanos no pueden emitir 200 veces más que los habitantes del África Oriental. El comercio internacional en certificados CO2, que en principio entrará en vigor en 2008, debe basarse en equity. Es imprescindible para que participen países en desarrollo como China y la India.
Si en La Haya optamos por la vía americana del grandfathering este camino quedará bloqueado. Si queremos avanzar tenemos que fomentar la eficiencia energética y las energías renovables, tanto en el Norte como en el Sur. No valen los arbustos de 25 cm de altura que propone el Gobierno australiano. Ni tampoco otros proyectos de forestación cuyo seguimiento resulta inviable.
También sería un disparate subvencionar la energía nuclear con fondos del Clean Development Mechanism. Sería perverso en un momento en que Estados Unidos y Europa no hacen más que cerrar centrales nucleares. Afortunadamente, nuestros ministros y la Comisión se han sumado a la vía correcta. En nombre de mi Grupo les deseo firmeza.
El buen camino pasa por una célere ratificación del Protocolo de Kioto. No podemos llegar a depender del Senado Americano. Tras la ratificación, la emisión de CO2 tendrá un precio. De momento, las grandes industrias y al sector de la generación de electricidad, que representan juntos el 45% de la emisión de CO2, no tienen que pagar nada.
El Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión en Europa es una excelente iniciativa. Europa debe hacer todo lo posible por cumplir el objetivo del 8%. Quiero hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que elabore propuestas complementarias destinadas a contener la emisión en el sector del transporte. Para ser creíbles tenemos que alcanzar nosotros mismos la meta del 8%. Sólo en ese caso podremos lograr avances en la escena mundial del clima.

Sjöstedt
Señor Presidente, como es de público conocimiento, los asuntos relacionados con el clima son posiblemente los problemas medioambientales de más difícil solución. No es porque ignoremos las medidas que se precisan, sino porque éstas tienen consecuencias muy profundas en la política de transportes y en la de energía y, ciertamente, en nuestros hábitos de consumo. Para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero se requieren cambios sociales verdaderamente profundos.
Los países más desarrollados, los que tienen más altos niveles económicos y que emiten más gases de efecto invernadero por persona, tienen la mayor responsabilidad a la hora de impulsar la reducción de estas emisiones. Por eso, ante la Conferencia de La Haya, resulta indispensable llegar a un acuerdo con EE.UU. que conduzca a verdaderos avances y a la ratificación del Protocolo de Kioto.
Una política responsable de los países más desarrollados tiene que fundamentarse en la disminución de sus propias emisiones. Si se va a permitir el comercio con los derechos de emisión, cosa que encuentro muy dudosa, éste debería constituir sólo una pequeña parte de la totalidad de la política. Este tipo de comercio tiene que estar estrictamente controlado, en atención a circunstancias de carácter social y a las posibilidades futuras de los países en desarrollo. Este sistema puede conllevar muchos riesgos futuros cuando Rusia y los países en desarrollo se incorporen al comercio con los derechos de emisión y éste alcance una dimensión mundial. Por el contrario, existen otros mecanismos flexibles que pueden usarse ventajosamente a escala mundial.
El comercio con los derechos de emisión y reducciones no debe sustituir a los verdaderos cambios que se necesitan, igual cosa vale para la energía nuclear. Necesitamos una política enérgica en favor de la disminución del consumo de energía, de las energías renovables, de los combustibles alternativos y de los impuestos medioambientales a los transportes. La ejecución de estas medidas es responsabilidad especialmente de los países miembros. En el ámbito fiscal, es deseable un impuesto mínimo común. Si no fuese posible llegar a un acuerdo sobre la aplicación de impuestos a los gases de efecto invernadero en el ámbito comunitario, los países que estén dispuestos a ir a la vanguardia deberían, de todos modos, establecerlos.
En cuanto al informe Moreira Da Silva, estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos, pero somos más escépticos respecto al comercio con los derechos de emisión. Un sistema de esta naturaleza puede ser un experimento interesante en el ámbito de la UE, pero no puede reemplazar a otras medidas.

Muscardini
Señor Presidente, en estos años hemos asistido a un aumento exponencial de catástrofes en nuestro territorio: catástrofes naturales que, en muchos casos, han afectado a regiones y países enteros, catástrofes naturales que, sin embargo, no solo son achacables al cambio climático producido, entre otras cosas, por obra del ser humano, sino que dependen también de cambios humanos en el territorio aportados por administraciones, gobernantes y ciudadanos que no han sido capaces de conseguir mejorar, preservar y garantizar.
Este año en Italia se registró la primera catástrofe en Calabria y después esta enorme tragedia con más de 25 muertos y más de 45.000 evacuados en el Norte. Se han visto muy afectados el Valle de Aosta, Piamonte y muchas zonas del valle del Po y de Lombardía. El año pasado, en Francia la tragedia destruyó bosques centenarios y causó daños incalculables para toda la humanidad.
Señor Presidente, hace cinco años Italia sufrió otra inundación. También en esa ocasión resultaron destruidas casas, puentes, carreteras, fábricas, comercios y pueblos enteros. En esa ocasión, en mi calidad de diputado europeo de Alianza Nacional, pedí a la Comisión que se elaboraran con urgencia una propuesta para determinar las zonas de riesgo de inundaciones y un mapa hidrogeológico de las regiones de la Unión Europea. Han pasado cinco años, estamos hablando de una nueva inundación y no existe ningún mapa hidrogeológico. Europa no ha emprendido ninguna acción ni ha ejercido ninguna presión sobre los Estados nacionales, al objeto de se modificara y mejorara la realidad en el territorio de cada una de las naciones.
Ahora volvemos a proponer el mismo mapa, con la esperanza de no encontrarnos, dentro de cinco años, aquí contando muertos y reprochándonos no haber cumplido nuestra obligación: un mapa de las zonas de riesgo de la Unión Europea, una directiva que defina los estándares de seguridad para las construcciones próximas a los ríos y a los torrentes, para establecer criterios operativos de cara a la explotación de los árboles y para impedir las actividades de canteras y vertederos en los lugares de riesgo, con sanciones contra quien las autoriza y contra quien las realiza. Nos debemos convencer de que la prevención de los riesgos para la recalificación medioambiental es la mejor defensa del medio ambiente. El desarrollo, incluido el rural, debe ser compatible con el medio ambiente, es decir, con el ser humano.

Gobbo
Señor Presidente, Señorías, desde algunas décadas el cambio climático en Europa causa catástrofes que no han sido todavía estudiadas y evaluadas adecuadamente. Padania, una región geopolítica y cultural de las más avanzadas en Europa, ha sufrido una dramática inundación con un penoso balance de víctimas humanas y de daños materiales. El Gobierno italiano, al asignar importes absolutamente ridículos respecto a la envergadura de la catástrofe - por otra parte, anunciada - en una región productiva estratégica para Italia y Europa, se está comportando con estas poblaciones extraordinariamente activas de manera inadecuada e irresponsable, con ineficacia, como ya quedó demostrado en el caso de las poblaciones afectadas por el terremoto de Umbría y por las inundaciones del sur de Italia.
Hasta ahora no se ha emprendido ninguna acción de prevención y de calificación hidrogeológica. Europa debe erigirse en garante, intervenir ante el Gobierno italiano para que se reconozcan de inmediato todos los daños a las empresas - que, por otra parte, deben quedar exentas de pago de cualquier tipo de impuestos - y a los ciudadanos que, ayudados por el activo y ejemplar voluntariado padano, se han puesto enseguida manos a la obra para restablecer la normalidad.

Liese
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Jorge Moreira da Silva, por su excelente trabajo y por su informe. La protección del clima no es un tema marginal para los ecologistas apasionados sino uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Las terribles tormentas e inundaciones que se han abatido sobre Europa y el mundo en los últimos meses nos deberían sacudir las consciencias. Casi todos los científicos nos dicen que estas tormentas e inundaciones van a aumentar drásticamente si no reducimos claramente los gases causa del efecto invernadero. Por ello, la protección del clima es también un mandato de sentido común económico y por ello me irrita que, ante este desafío, en el debate sobre la protección del clima con frecuencia sólo se diga lo que no se quiere y no lo que realmente se quiere. Faltan alternativas, faltan debates constructivos.
Muchos dicen que no quieren en ningún caso la energía nuclear. Otros dicen que no quieren en ningún caso medidas fiscales. Pero creo que se debe adoptar cualquier posibilidad para reducir los gases que provocan el efecto invernadero. También me irrita que en el debate que tiene lugar en los Estados miembros sobre los impuestos ecológicos nacionales se ejerzan con razón críticas a estos instrumentos nacionales pero que se realicen demasiado pocas propuestas positivas. Y este es el motivo porqué en nombre del Grupo del PPE he presentado una enmienda que exige un impuesto europeo sobre el clima que recoja todos los gases que provocan el efecto invernadero. Tenemos la oportunidad de corregir los errores cometidos a nivel nacional y marcar una señal positiva para Europa.
El Grupo del PPE defiende también la posición de que la energía nuclear es irrenunciable al menos durante los próximos decenios para reducir las emisiones de estos gases. Un abandono de la energía nuclear, tal como se proyecta y se lleva a cabo en algunos Estados miembros, es exactamente la señal errónea pues las centrales nucleares producen muchos menos gases que provocan el efecto invernadero que la energía de origen fósil. Antes de abandonarla hay que decir cómo se quiere reducir los gases que provocan el efecto invernadero.

Lange
Señor Presidente, señora Comisaria, estimadas y estimados colegas, en primer lugar yo también quiero felicitar al ponente pues creo que ha logrado unificar de modo excelente los diversos intereses que existen en esta Asamblea y encontrar una posición para el Parlamento. Señora Comisaria, desde 1995 sigo el debate sobre el clima aquí en esta Asamblea. Lo que he visto desde 1995 ha sido que el Parlamento ha realizado concesiones siempre ante el trasfondo táctico de que queremos que el país que emite más CO2, se suba con nosotros al bote de Kioto. Nos hemos subido y hemos dicho que aceptamos el comercio de emisiones. En principio estamos a favor y hemos realizado muchas otras concesiones. En algún momento, el listón está para mí tan bajo que puedo decir que ya no se puede bajar más. Ya no son posibles más concesiones. Por ello, soy de la opinión de que en las futuras negociaciones, si los EE.UU no logran iniciar un proceso de ratificación, deberíamos centrarnos en realizar acuerdos con los otros países y ratificar sin los EE.UU para que toda esta situación avance por fin.
No podemos hacer concesiones hasta el punto cero sin la certeza de que el Congreso vaya además a dar su apoyo realmente. Señora Comisaria, he escuchado naturalmente su intervención sobre el programa del clima ECCP. Ha sido una charla festiva sobre todo lo que se podría hacer y lo bonito que sería. En los últimos años ya he escuchado en alguna que otra ocasión tales charlas festivas.
Prefiero mucho más luchar junto con usted por fin por medidas muy concretas, por ejemplo, para poner en marcha el uso de energías renovables. Se ha presentado una propuesta al respecto y me pregunto al respecto qué política de la Comisión es si en la Dirección general de Competencia a esta propuesta para fomentar las energías renovables se responde con el medio del marco de ayuda al medio ambiente, lo que quizás la destruya.
Yo quiero luchar junto con usted por lograr un estándar para casas de bajo consumo energético. Quiero luchar junto con usted para establecer un marco fiscal para el fomento de los vehículos de bajo consumo. Es decir, abandonar por fin las charlas festivas y entrar en el trabajo concreto de cada día para que las charlas festivas se conviertan realmente en charlas cotidianas.

Davies
Señor Presidente, me complace escuchar que la Comisaria está presionando para que ocho diputados de esta Cámara asistan al COP6, pero quisiera subrayar que nuestro deseo es desempeñar un papel constructivo en la elaboración de la estrategia europea. No queremos que se nos deje de lado como a los parlamentarios que asistieron hace poco a la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud.
Nos vemos trabajando al lado de un conjunto de instituciones europeas en la lucha por mejorar la situación y por hacer que se ratifique el Protocolo de Kyoto. Compárese, después de todo, nuestra concordancia con la experiencia que tuvimos recientemente en la sesión por teleconferencia con los miembros del Congreso de EE.UU., que, francamente, fue una experiencia muy deprimente. El presidente de la Comisión de Ciencias de la Salud afirmó que, desde el punto de vista estadounidense, se trataba de una cuestión económica y no de una cuestión medioambiental. Esto indica realmente las diferencias entre el planteamiento de los representantes de Estados Unidos y el de este Parlamento. No se reconoció la necesidad de hacer sacrificios o de aceptar que tenemos responsabilidades históricas a ambos lados del Atlántico como los mayores emisores de gases de efecto invernadero.
A pesar de todas nuestra buenas intenciones, parece que en la Unión Europea lejos de recortar las emisiones de CO2 al final de esta década, acabaremos aumentándolas. Por tanto, las perspectivas para el COP6 son malas, pero las perspectivas de que nosotros cumplamos con nuestros objetivos incluso con Kyoto tampoco parecen buenas. A esto no ayuda el que los gobiernos de la Unión Europea respondan a los llamamientos a favor de reducir los precios de los combustibles. Si de verdad nos preocupa el medio ambiente, hay que oponerse a estos llamamientos. No deberíamos reducir los impuestos sobre los combustibles.
Yo digo "sí" al intercambio de emisiones; adelante con él. Y démonos prisa también con las medidas que necesitamos adoptar en cada Estado miembro para reducir las emisiones del tráfico, para aumentar la eficiencia energética, para promocionar las energías renovables y la PCCE (producción combinada de calor y electricidad). La triste verdad es que no vamos a conseguir de todas formas impedir el cambio climático, pero si no empezamos a tomar medidas ahora los problemas serán mucho peores.

Turmes
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, algunos tratan que la energía nuclear vuelva a estar al orden del día. Creo que, hasta ahora, los ministros europeos de Medio Ambiente han sido muy prudentes al tomar la decisión de excluirla de la lista de los mecanismos de flexibilidad. La energía nuclear es más cara que otras alternativas, por ejemplo: la alternativa "eficacia energética" , y todo dólar que se invierta en el sector nuclear se pierde para otras inversiones mucho más rentables.
La energía nuclear no responde realmente a las necesidades de las poblaciones, que también desean estar instaladas en viviendas con calefacción, o con aire acondicionado, según las zonas climáticas en las que las personas viven. La energía nuclear no aporta ninguna solución, sino que las soluciones están en el ámbito de la cogeneración, sobre la base de la biomasa o del gas. La energía nuclear sigue siendo peligrosa. El accidente en Tokai-Mura lo ha demostrado, y cincuenta años después de los comienzos de la utilización de la energía nuclear en el ámbito civil, seguimos sin soluciones para los residuos. Ya se han invertido muchos millardos en investigación, sin que se produzcan avances.
Por otro lado, creo que debemos ver realmente el interés que representa la eficacia energética. Se puede ayudar mucho a los chinos, a los indios, a Indonesia, a los pakistaníes, proporcionándoles los medios para comprar frigoríficos que consuman poca energía, porque dentro de diez años habrá 800 millones de frigoríficos. Es así como se zanjará el problema de las emisiones de CO² de los países en vías de desarrollo, y no tanto con los dos, tres, cuatro o cinco reactores nucleares que podríamos venderles.

González Álvarez
Señor Presidente, afirma acertadamente el ponente que el cambio climático es uno de los problemas medioambientales más graves con los que nos estamos enfrentando.
Aunque hayan pasado ya tres años desde la Conferencia de Kyoto y desde el compromiso de la reducción del 8% de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos recuerda que, si no se toman medidas políticas muy concretas, esa reducción no será real, todo lo contrario: aumentarán en un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero. Debe considerarse que quizá sean las emisiones producidas por el transporte las que aumenten más rápidamente, pudiendo alcanzar en el año 2010 hasta un 39%.
Comparto también con el ponente su preocupación por que las medidas y políticas concretas sean prioritarias respecto al comercio de derechos de emisión, que debe ser complementario de aquéllas.
No comparto en absoluto la fe y el entusiasmo que el Sr. Liese tiene en la energía nuclear. Yo considero, como el compañero que intervino anteriormente, que la energía nuclear tiene problemas no resueltos y me tranquiliza que la Comisaria diga que, en las propuestas que se estudian, la energía nuclear no va a salir reforzada.
En todo caso, creemos que la prioridad para la Unión Europea deben ser las políticas y medidas concretas y la definición de un programa europeo sobre el cambio climático con objetivos y metas también concretos, y nos preocupa que no sea ésa la filosofía que se va a defender en la próxima reunión de La Haya.
Termino, señor Presidente, recordando, al igual que otros colegas, las inundaciones en España y en Italia, que nos parecen, como otras catástrofes llamadas naturales, expresión del cambio climático.

Ayuso González
Señor Presidente, señora Comisaria, señorías, en primer lugar, deseo unir mi felicitación a las que ha recibido el ponente por estos dos magníficos informes. Respecto al primer informe, solamente mencionaré las inundaciones y víctimas que ha habido en el Este de España, achacadas al cambio climático, porque ya se han referido a ambas los anteriores oradores.
Respecto al segundo informe, considero que el comercio de los derechos de emisión debe abordarse como un instrumento para facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Protocolo de Kyoto. Ante este mecanismo de flexibilidad se pueden adoptar varias actitudes: expectantes, reactivas o activas. Creo que tanto desde el punto de vista económico como ambiental debemos adoptar un enfoque activo. Entre las razones para ello está la consideración realista de que esto va a permitir la consecución de objetivos ambientales a corto plazo al establecerse niveles de reducción concretos, así como calendarios de cumplimiento. Es también una oportunidad para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías en el control de la contaminación, en contra de la opinión de los que creen que este mecanismo es una forma de perpetuar los intereses de las grandes compañías contaminantes.
Si esta herramienta se aplica correctamente, contaminar será cada vez más caro, y el mercado se encargará de dejar fuera de juego a los productos obtenidos de la forma menos limpia. Asimismo, al convertirse las emisiones en objeto de comercio se obtendrá mayor control sobre las mismas y, además, quedarán documentadas. Esto fomentará el desarrollo de actividades de menor impacto ambiental.
Es imprescindible desarrollar este mecanismo de forma transparente y como parte indivisible del conjunto de medidas que han de adoptar los Estados miembros dentro de la estrategia europea de lucha contra el cambio climático. En este sentido, todos los Estados miembros deberán realizar un gran esfuerzo de comunicación con el público para que desde el principio se comprenda bien qué objetivos se persiguen con este mecanismo y cuáles son sus beneficios, siempre parciales y complementarios a otro tipo de medidas. De esta forma no habrá malas interpretaciones.

Corbey
Señor Presidente, señor Comisario, dentro de poco gran parte de la población mundial necesitará botas. Sobre todo la gente del Tercer Mundo habrá de proteger sus pies contra la subida del agua. Aunque recientemente las dramáticas consecuencias también se han puesto de manifiesto en Italia. La relación exacta entre la emisión de CO2 y el calentamiento del planeta no queda aún del todo clara, pero eso no debe ser ninguna razón para que no adoptemos medidas drásticas en este mismo momento. Conviene aplicar el concepto de previsión.
Los expertos nos dicen que la actual emisión de CO2 ha de reducirse en un 60% para detener el cambio climático. Estamos haciendo esfuerzos por alcanzar una reducción del 8%. Es una tarea ardua. Apostamos por más energía sostenible y más eficiencia. Con razón. Aunque estos propósitos no son nuevos. A pesar de ello no podemos sino comprobar que nuestra dependencia de combustibles fósiles apenas ha disminuido desde los años 70. Por eso, hemos de emplear y aprovechar al máximo todos los instrumentos posibles. Ello implica un sí rotundo al comercio de los derechos de emisión, siempre y cuando se trate de una fórmula muy meditada.
Quedan por resolver importantes problemas económicos y políticos. El comercio de los derechos de emisión puede dar lugar a una nueva forma de colonialismo. A los países ricos les resulta fácil comprar reducciones en los países en vías de desarrollo para sustraerse a sus obligaciones. De este modo se frena la renovación tecnológica.
Por todo ello, el éxito del comercio de los derechos de emisión dependerá del precio. Una tarifa excesivamente baja invita a comprar. El éxito dependerá asimismo de la base en que se apoye el sistema. El comercio debe ser justo y debe constituir un level playing field en los sectores afectados. El mercado debe ayudar a fomentar el crecimiento sostenible y el reparto equitativo. Para ello hacen falta elecciones políticas unívocas. La Conferencia sobre el cambio climático de La Haya nos brinda la oportunidad de lograr avances a escala mundial. No dejemos escapar esta ocasión. No podemos escudarnos en la mala voluntad de los Estados Unidos. Una buena colaboración entre países ricos y países pobres es imprescindible para lograr los objetivos climáticos. Hemos de establecer puntos de partida equitativos. Aparte de ser justo, el principio de conceder los mismos derechos de emisión a todos los ciudadanos del mundo también es eficaz. Anima a los países en vías de desarrollo y fomenta los esfuerzos en el ámbito tecnológico.
De La Haya debe salir asimismo un orden del día para el futuro en el que no puede faltar la igualdad de derechos de emisión para todos los ciudadanos del mundo. Para finalizar, doy las gracias al ponente por su trabajo y deseo mucho éxito a la Comisión.

Isler Béguin
Señor Presidente, el cambio climático generado por nuestros métodos de consumo ha comenzado. Sus Señorías han recordado las catástrofes que están ocurriendo, y que son una llamada de alerta que exige que se intervenga concretamente y políticamente. Saludamos el balance lúcido y desapasionado de nuestro colega Moreira Da Silva, balance de los desafíos y de las esperanzas, así como de las renuncias, las desilusiones, que ha debido asumir el frente de lucha para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero.
Sabemos que la etapa más importante se desarrollará en La Haya, en noviembre. Veremos si las diferentes partes que se comprometieron en Kioto asumirán sus responsabilidades y responderán a las exigencias de los desafíos planetarios que nos esperan, que nos colocan en el mismo barco y que no perdonarán a nadie.
Sin embargo, muchos pronostican un fracaso, incluso un acuerdo hacia abajo, que acabaría con el Protocolo de Kioto. Nos negamos a creer en esta hipótesis. La delegación de la Unión Europea debe mantenerse firme: debe seguir ejerciendo su liderato, como lo hizo en Kioto, tiene que dar ejemplo, en ningún caso debe ceder a las evasivas. El mandato es claro y las exigencias son enérgicas. La ratificación del Protocolo de Kioto es indispensable, al igual que la adopción de medidas domésticas, que contribuirán realmente a luchar contra las emisiones de gas de efecto invernadero.
El Consejo no debe caer en las trampas que se le tienden. La Unión debe negarse a integrar la energía nuclear, aun cuando se ejercerán fuertes presiones en favor de los mecanismos de desarrollo limpio. La energía nuclear no es una energía sostenible ni una energía limpia.
Sería tan inadmisible como aceptar la integración de los sumideros de carbono en los mecanismos de flexibilidad. Sería particularmente indecente y falaz hacer creer a los ciudadanos que basta con plantar árboles para enmendar los compromisos asumidos en Kioto. Con el 80% de electricidad de origen nuclear y una importante manta forestal, Francia, por ejemplo, no cumple los compromisos que asumió en Kioto, a pesar de ser ínfimos: el 0%. Eso significa que realmente es necesario actuar en otros ámbitos. La Unión Europea no tiene derecho a evadir sus compromisos.

Korhola
Señor Presidente, los dos informes elaborados por el Sr. Moreira da Silva que ahora nos ocupan son importantes de cara a la preparación de la Comunidad para participar en la Conferencia de las partes contrayentes del Protocolo de Kyoto que tendrá lugar el mes que viene. Estos informes aspiran a que la UE desempeñe un papel líder en la lucha internacional para frenar el cambio climático. Creo que el trabajo del Sr. Moreira da Silva ha hecho avanzar este objetivo.
Según las estimaciones de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten un 6 por ciento entre los años 1990 y 2010. También se expone en estas estimaciones que las emisiones que más aumentarán serán las producidas por el transporte. Particularmente, los transportes urbanos ocupan un lugar clave en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Por ello, la comisión parlamentaria alienta a la Comisión a que haga propuestas en su nuevo Libro Verde para cambiar los hábitos de la circulación en las zonas urbanas, con el fin de lograr una reducción permanente de las emisiones de gases de efecto invernadero, y considera necesario incrementar las ayudas asignadas al transporte público. La comisión parlamentaria reprocha a la Comisión que las medidas de acción y la política tengan un papel secundario en el marco de la estrategia de la UE para la reducción de las emisones de gases de efecto invernadero. Esto es inaceptable si la UE aspira de verdad a desempeñar un papel líder en la lucha para frenar el cambio climático. La aportación de la UE es necesaria tanto más cuanto que no existe aún ninguna certeza sobre la obtención de resultados en la sexta Conferencia de las partes implicadas.
Señor Presidente, quiero expresarme con toda sencillez. Me parece que nosotros, los políticos, no hemos comprendido aún la gravedad de nuestra situación frente al cambio climático. Como políticos, estamos acostumbrados a contraer compromisos sobre casi todo y hemos aprendido que el mundo está modelado así, a base de compromisos. Pero ahora tenemos frente a nosotros una parte con la que no podemos negociar. La naturaleza es una realidad impecable, no se subordina, solamente es. Esto es tan simple que casi me da vergüenza decirlo, pero creo que es precisamente en este punto donde reside la peor confusión de nuestro pensamiento.

Vattimo
Señor Presidente, evidentemente, comparto muchas de las cosas que hoy se han dicho, no obstante, quisiera llamar su atención sobre una cuestión muy concreta relacionada con las inundaciones ocurridas la semana pasada en el noroeste de Italia, en España y en Francia. Soy uno de los firmantes de una resolución de compromiso que mañana será sometida a votación, en que se pide que la Comisión encuentre en su presupuesto fondos de urgencia a fin de integrar las acciones previstas por las autoridades nacionales en las zonas afectadas por estas inundaciones; que, con arreglo al apartado 2 del artículo 87 del Tratado de la Unión, conceda enseguida una ayuda financiera adecuada a los sectores afectados y, en general, que tenga en cuenta que la inmensa mayoría de las zonas siniestradas cumple los requisitos para tener derecho a los Fondos estructurales comunitarios que pueden dar una importante contribución a las obras de reconstrucción y sobre todo de prevención.
En cuanto a este tema específico, como se ha recordado, es urgente que la Unión no se limite a actuar con carácter extraordinario cuando las catástrofes ya han ocurrido. Destaco en particular los apartados 6, 7 y 8 de la resolución de compromiso: Europa debe instar a los Estados miembros a que perfeccionen sus legislaciones en materia de medio ambiente, de abusos de la construcción, de deforestación, de desarrollo de las regiones de montaña y, en general, de promoción de una agricultura orientada no solo a aumentar cuantitativamente las producciones, sino también a defender y a cuidar del territorio.
Está claro que una acción de esta envergadura no puede llevarse a cabo eficazmente sólo a escala nacional, ante todo por la cantidad de recursos necesarios, así como por el mismo carácter de los desastres naturales en cuestión que como los desastres producidos por el cambio climático y los daños derivados de las emisiones de CO2, superan con mucho los límites de las fronteras.
Señorías, al aprobar la resolución que proponemos, no solo pedimos una acción urgente que contribuya a remediar los daños, sino una política de amplio calado que convierta Europa en un entorno cada vez más seguro y vivible para sus ciudadanos.

Evans, Jillian
Señor Presidente, la Comisión y otros predicen que la mayoría de los Estados miembros no van a cumplir con sus objetivos de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo a los compromisos del Protocolo de Kyoto, por lo que es esencial que se adopten medidas eficaces ya.
El hecho de no alcanzar estos objetivos no supone simplemente una opción. Según una estimación, 10.000 personas han muerto en los dos últimos años a causa de los efectos del cambio climático, la mayoría de ellos en países en desarrollo. Necesitamos un cambio de rumbo radical. Podemos, y debemos, adoptar soluciones eficaces e innovadoras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, al mismo tiempo, proteger nuestra sociedad y nuestros empleos.
Gales, que es la circunscripción a la que represento, depende mucho de las fábricas y de la industria pesada. Dado que el R.U. va a establecer un impuesto sobre el cambio climático el próximo 1 de abril, encargué una investigación acerca de los efectos del mismo en mi propia circunscripción. Las pruebas indican que Gran Bretaña no sólo podría seguir aspirando a cumplir con el objetivo de emisiones, sino que el impuesto podría, de hecho, dar lugar a un pequeño incremento del empleo. Varios economistas han analizado los efectos a escala europea y han llegado a conclusiones similares en el sentido de que hay, o podría haber, un efecto beneficioso para el empleo.
El debate ha avanzado y es necesario que veamos la reducción de emisiones no como una amenaza sino como un reto y una oportunidad. Espero que se reconozcan las demandas del Parlamento recogidas en los informes que tenemos ante nosotros y que los gobiernos acudan a la Conferencia de La Haya de una manera positiva para que podamos ver ratificado el Protocolo de Kyoto en un futuro cercano.

Inglewood
Señor Presidente, debo empezar felicitando al Sr. Moreira Da Silva por sus informes y declarar inmediatamente que tengo un interés personal. Soy propietario de algunos bosques en el Reino Unido, cuya rentabilidad en el estado actual de la economía es bastante desesperada. Pero mis árboles, y los de muchos otros, limpian las emisiones de CO2 de algunas de las empresas más ricas de la zona.
Ningún propietario de bosques saca un solo penique directamente de esta importante función social y los pagos monetarios por los permisos medioambientales y sus operaciones deberían, me parece a mí, ir a parar a aquéllos que verdaderamente plantan y mantienen los árboles y no ser expropiados por tesoreros y por otros por el camino. Obviamente, a no ser que la silvicultura sea rentable, nadie va a plantar árboles y si no se plantan árboles no pueden limpiar el CO2. Tampoco está nada bien que las industrias relativamente pobres limpien lo que han ensuciado las industrias relativamente ricas, gratis y a cambio de nada. Esto, a su vez, podría suponer otra fuente de ingresos para los atribulados agricultores y para otras personas en el campo que contribuyera a reconstruir su base económica, que, en la actualidad, como todos sabemos, está produciendo demasiados alimentos a un precio demasiado alto.
La agricultura es un sector que produce múltiples bienes y puede que sea necesario gasto público para lograr toda la variedad de bienes públicos que la industria puede y debería producir. Dado el potencial de la biomasa y de otros cultivos para generación de energía y para producción de hidrógeno, si se compara la cantidad de dinero que apoya la producción de alimentos no deseados con el apoyo que reciben estas producciones alternativas y su utilización de tecnologías, la disparidad es patente. Existen muchos argumentos a favor de un nuevo equilibrio de las cifras porque, a no ser que se diseñen nuevas producciones agrícolas sostenibles, los problemas de la agricultura y del campo no pueden sino empeorar.
Esta es una cuestión tanto de la reforma de la PAC como de política medioambiental y sólo diseñando ambas conjuntamente se puede lograr un progreso razonable.

Berenguer Fuster
Señor Presidente, como ya han señalado algunos intervinientes, en trágica coincidencia con este debate -y felicito al ponente, Sr. Moreira Da Silva, por su informe-, la naturaleza se encargaba de recordarnos cuáles son las consecuencias del cambio climático. En el Norte de Italia y también en la zona en la que vivo -la costa mediterránea de España- la naturaleza de nuevo se desataba y ocasionaba pérdidas de vidas humanas, pérdidas en los bienes, en las haciendas, en las fábricas, etc.
En nuestra costa, en la costa mediterránea española, esto es producto de un fenómeno denominado la gota fría, originado por el calentamiento de las aguas del Mediterráneo, que produce un ascenso del vapor de agua que, al chocar con las capas frías de la estratosfera, produce estas grandes precipitaciones. Es cierto que habitualmente tiene lugar en los meses de otoño, pero también es cierto que estas series anteriormente se producían cada 15 ó 20 años, mientras que en la actualidad ocurren prácticamente todos los años y, al menos, cada tres o cuatro años tienen consecuencias trágicas.
¿Es esto o no consecuencia del efecto invernadero y del cambio climático? Aunque los expertos no puedan garantizarlo con todas las pruebas científicas, creo que es una realidad. Por lo tanto, hay que poner remedio a esta situación.
Es cierto que con las medidas contenidas en el Protocolo de Kyoto, al que se refiere el informe que hoy estamos debatiendo, no se van a obtener resultados a corto plazo, pero también es cierto que los hombres deben tratar de resolver los problemas de los que ellos son causantes.
A este efecto invernadero se unen otras causas -también producto de la codicia humana-, como la construcción en arroyos y torrenteras, que agudizan aún más los efectos dañinos de estos desastres naturales. Por eso, soy también uno de los firmantes de una propuesta de resolución en la que se propone no solamente la rápida aplicación de las medidas contenidas en el Protocolo de Kyoto para luchar contra el cambio climático, sino también otro tipo de medidas preventivas, la continuación y la profundización en la realización de infraestructuras, por ejemplo, previendo los efectos diluviales y, por último, también las ayudas para todos los damnificados, puesto que ellos no son responsables de los daños que a corto o a largo plazo han sido causados por la especulación y la codicia humana.

Frassoni
Señor Presidente, en la resolución común sobre las inundaciones se piden una protección civil de ámbito europeo y financiaciones de urgencia. Sin embargo, conviene recordar que sobre el territorio los ecologistas son casi siempre los únicos que luchan para que no se construya en terrenos cercanos a las riberas de los ríos, que luchan por la limpieza de las corrientes de agua y contra la cementación de las márgenes o la excavación descontrolada, que piden medidas para la reforestación y la protección de las montañas, las únicas acciones que pueden frenar las aguas de lluvia y evitar los desprendimientos.
No querría, pero mucho me temo que dentro de pocos días, cuando la inundación dejará de ser noticia y cuando los afectados deberán afrontar solos sus problemas, nadie querrá que sus terrenos puedan convertirse en desaguadores en caso de inundación. No querría, pero mucho me temo que algún alcalde se va a oponer y querrá que algunas márgenes se hagan en otro sitio: todo ello en contra de cualquier lógica de planificación del territorio y de la seguridad.
Señor Comisario, Señorías, ciertamente el ámbito europeo puede ayudar, pero es en el territorio, con decisiones incluso impopulares, que se mide realmente el esfuerzo para que estos acontecimientos tan desastrosos no se repitan.

Wijkman
Señor Presidente, estamos de acuerdo en la gravedad del problema climático y en que la UE debe tener una política inteligente para cumplir con las promesas hechas en Kioto. Creo que hay que dar un paso más. No basta con tener una buena política en Europa. Creo que la UE debe ponerse a la cabeza en el trabajo internacional en torno al clima; en caso contrario, no creo que la convención sobre el clima llegue a ser algo más que una teoría. Para adoptar un papel de líder de esta naturaleza se necesita una política energética ofensiva, pero la verdad es que la UE carece de política energética.
Soy miembro de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía que tiene la responsabilidad de los asuntos energéticos y reiteradamente durante los últimos meses he podido comprobar la forma poco sistemática en que se desarrolla esta política en el ámbito de la Unión. Las propuestas presentadas no son parte de una estrategia coordinada, sino que, por el contrario, son presentadas sin que exista relación entre ellas. Un mes aplaudimos que la desregulación del mercado eléctrico haya significado precios más bajos. Algunos meses más tarde nos lamentamos de que los precios bajos hayan reducido los incentivos que favorecen el uso eficaz de la electricidad y de las energías renovables. Estos son sólo algunos ejemplos. Una estrategia ofensiva tiene que implicar un cambio de nuestros sistemas energéticos. Al mismo tiempo, debe contener ayudas más activas a los países en desarrollo. Son estos países donde se invertirá la mayor parte de la futura producción energética.
Me consta que la Comisión hace lo que puede. A mi juicio, la responsabilidad por los escasos resultados radica sustancialmente en los países miembros y en nuestros gobiernos y en su negativa a aceptar tanto un impuesto común al dióxido de carbono como la necesidad de contar con una política energética común. Deseo éxito a la Comisaria Wallström en sus tareas, pero quisiera terminar con una pregunta: ¿cree realmente que es posible aplicar una estrategia climática ofensiva sin contar con una política energética común?

Patrie
Ante todo deseo felicitar al señor Moreira Da Silva por el análisis lúcido y pertinente, así como por las excelentes propuestas que ha formulado en sus dos informes. No obstante, deseo expresar algunas reservas sobre la aplicación anticipada de lo que ha de denominarse "sistema de derecho a contaminar" .
Desearía repetir, en primer lugar, que si bien debe reconocerse el sistema de comercio de los derechos de emisión como una de las disposiciones de nuestros acuerdos internacionales, que no debe ser revisada, la Comisión parece olvidar que dicho mecanismo es sólo uno de los sistemas que el Protocolo de Kioto califica de flexibles.
Por consiguiente, dicho mecanismo no debe concebirse como una herramienta de primer orden, sino, por el contrario, como un instrumento complementario de otras medidas, tendentes a reducir los gases de efecto invernadero. Es sabido que este mecanismo no incita en absoluto a las empresas a ser menos contaminantes y a cambiar sus métodos y que si no se hace nada más, en particular en el ámbito de los transportes, no podrán lograrse los objetivos fijados por el Protocolo de Kioto. Lo que puede reprocharse, pues, al Libro Verde de la Comisión, es el hecho de querer empezar la casa por el tejado, de querer obligar a la Unión Europea a crear un sistema de comercio de los derechos de emisión por anticipado, cuando la Unión Europea no tiene esta obligación de anticipación, sobre todo frente a sus socios comerciales.
Con respecto a este punto, creo que debe apoyarse una de las enmiendas presentadas por nuestros colegas del Grupo GUE/NGL, quienes consideran necesario aplazar la creación de un sistema de derecho a contaminar mientras el Consejo y los Estados miembros no elaboren y ratifiquen un plan operativo de medidas para la reducción de los gases de efecto invernadero que incluya el conjunto de los sectores afectados y particularmente los transportes y la agricultura.
Por otro lado, la Comisión pasa por alto las consecuencias económicas y sociales que dicho sistema generará. ¿Se puede razonablemente, sin embargo, ignorar las prácticas inaceptables que resultarán infaliblemente de las estrategias capitalistas de las industrias más contaminantes? ¿Podemos fingir ignorar que algunos grupos industriales se fusionarán a costa de despidos y que comprarán empresas no contaminantes, o menos contaminantes, con el único objetivo de recuperar su derecho a contaminar antes de trasladarlas o de cerrarlas, pura y simplemente?
Finalmente, ¿dónde están nuestros objetivos medioambientales en esta especie de bolsa internacional de derechos a contaminar, y qué puede esperarse de este sistema que no hace más que abrir un gran mercado de derechos en provecho de países que, como Rusia, hoy disponen quizá de un margen de maniobra, no ya por la aplicación de las normas en sus fábricas, sino simplemente debido al descenso dramático de sus producciones industriales? Pienso, pues, en conclusión, que debemos exigir la elaboración de un acuerdo-marco de cooperación entre Rusia y la Unión Europea, para que por fin se cree...
(El Presidente retira la palabra al orador)

Kauppi
Señor Presidente, señora Comisaria, estimados colegas, aunque la prioridad de la política de la Unión en materia de medio ambiente debe ser una política ecológica sostenible, no obstante, en nuestras decisiones también debemos tener en cuenta la competitividad internacional de la industria y el funcionamiento sin trastornos del mercado interior. Tanto la ejecución del Protocolo de Kyoto como el reparto de las obligaciones de la Unión son responsabilidad de los Estados miembros. La posibilidades de los diferentes Estados miembros para llevar a cabo medidas de reducción de las emisiones varían bastante.
Si en la UE se hiciera un reparto de cupos por países en los diferentes sectores, tal y como dijo, entre otros, el Sr. Blokland al exponer la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, las empresas que se dedican a las mismas actividades se verían en situaciones completamente desiguales en diferentes Estados miembros. Aunque un determinado sector estuviera entre los mejores del mundo en algún Estado miembro en cuanto a su eficiencia ecológica, y puedo decir que éste es el caso de muchos sectores industriales, por ejemplo, en mi país, Finlandia, dicho sector podría verse obligado a responder de un cupo de emisiones más riguroso que el de otro competidor, ecológicamente menos eficiente, instalado en otro Estado miembro. Esto desembocaría irremediablemente en una distorsión del marco de la competencia y, por lo tanto, no procede establecer objetivos cuantitativos de carácter vinculante para los diferentes sectores económicos a nivel comunitario. Lo esencial es fomentar aquellas medidas que sean viables en la práctica y que no pongan en peligro la competitividad de las empresas.
Mi país, Finlandia, es al lado de Francia el único país de la UE donde se está considerando actualmente la posibilidad de construir más centrales nucleares. Apoyo con entusiasmo la construcción de más capacidad nuclear, ya que ello conferiría más competitividad a nuestras industrias, grandes consumidoras de energía, tanto desde el punto de vista económico, como ecológico. Por ello, en este informe no se debe adoptar ninguna postura en favor de determinadas fuentes de producción de energía, y menos aún en contra, sino que todas las fuentes de producción de energía deben estar disponibles a la hora de modelar estrategias nacionales sobre el cambio climático.
Quisiera también destacar los acuerdos voluntarios de objetivos parciales. Estos acuerdos han sido considerados en muchos Estados miembros como un método eficaz para fomentar la consecución de los objetivos en el marco del cambio climático. Los acuerdos voluntarios podrían ser un buen mecanismo, sobre todo, en el proceso de ampliación.

Costa, Raffaele
Señor Presidente, Señorías, al ilustrar la resolución que han propuesto los diputados italianos, creo que hay que decir que, por segunda vez en el espacio de cinco años, hemos vivido un drama causado por elementos naturales en la misma región de Italia, nuestro país. Esto, por una lado, nos ha permitido tomar más conciencia del problema, una conciencia ligada a hechos dramáticos, pero, por otro, nos impone determinadas cargas que seguramente no serán sólo nuestras, de una región o de muchas regiones afectadas, no serán solo del país, sino también de la comunidad internacional, al objeto de que se reconozca una solidaridad que creo que debe manifestarse en diferentes ámbitos. Y que se ha manifestado, al menos al principio, desde el punto de vista moral, político, económico y normativo.
Esperamos de la Comisión la declaración de zona catastrófica en algunas regiones de nuestro país, no solo la reconstrucción, esto es, que la Comisión intervenga en la reconstrucción, obviamente, junto con el Estado nacional, sino que se intervenga, desde el punto de vista normativo, para la creación de una conciencia europea, al objeto de que el problema - de las inundaciones y de las catástrofes, de la victoria de la naturaleza sobre el ser humano y la sociedad organizada - pueda atajarse de algún modo.

Tannock
Señor Presidente, la cuestión del calentamiento global, aunque todavía no se haya probado sin ningún genero de dudas, suscita una gran preocupación en todo el mundo y no respeta las fronteras nacionales. Forma, en gran medida, parte del concepto de Gaia o geofisiología. Como alguien que defiende el libre mercado y la enorme prosperidad y libertad que ha aportado a millones innumerables de personas, yo apruebo la utilización de mecanismos de mercado, cuando sea posible, para facilitar objetivos deseables desde el punto de vista del medio ambiente como la reducción de las emisiones de CO2, propuestas por el Libro Verde de la Comisión y por el informe del Sr. Moreira Da Silva, que en líneas generales apruebo, y que contribuirán, sin duda, a lograr los objetivos de Kyoto.
He presentado dos enmiendas, una que pide una mayor investigación de otros gases de efecto invernadero, como el metano, el hollín, los CFCs, etc. Creo que puede ser necesario incluir a estos gases en el sistema de cuotas objeto de comercio, puesto que, en muchos casos, su reducción sería mucho más rentable y menos destructiva para la economía mundial.
La segunda enmienda que he presentado se refiere a la concesión de créditos a las cuotas nacionales para la plantación de bosques, que, como mi colega el Sr. Inglewood ha señalado antes, actúan como colectores de carbono. Son deseables para contribuir a la belleza del campo y son también eminentemente susceptibles de control mediante tecnología por satélite. Yo creo, igualmente, que nuevas ideas como las semillas oceánicas de plancton, para fijar irreversiblemente el CO2 al lecho de los mares, tienen que investigarse más.
Me gustaría tocar dos puntos controvertidos del informe. Uno es la cuestión de un impuesto sobre el carbono a escala europea, que yo rechazo porque se arroga prerrogativas fiscales y porque haría, en mi opinión, que los empleos se trasladaran a otros lugares fuera de las jurisdicciones de la UE y sería perjudicial para nuestras economías. El otro punto es el de apadrinar en lugar de subastar nacionalmente las cuotas de CO2. Yo personalmente apoyo el apadrinamiento en línea con EE.UU. para impedir la penalización de las industrias de gran consumo de energía existentes y recompensar doblemente a aquellas industrias que han ahorrado energía en el pasado y que, por tanto, han ahorrado en costes de electricidad.
Por último, yo también, al igual que mi colega, la Sra. Kaupi, apoyo la energía nuclear como la única solución a largo plazo para reducir el CO2.

Wallström
. (SV) Señor Presidente, estimados diputados, quiero darles las gracias por los constructivos aportes al debate sobre el cambio climático y la forma de combatirlo. Dentro de un momento comentaré las inundaciones que han afectado a Italia y España. Leeré una declaración de la Comisión, ya volveré sobre este punto.
En primer lugar, quiero redondear la discusión sobre lo que ocurrirá en La Haya dentro de algunas semanas diciendo que es obvio que continuaremos con el papel de impulsores internacionales. Tendremos que tomar iniciativas, promover y tender puentes entre los países menos desarrollados y otros como, por ejemplo de la categoría de EE.UU. Tendremos que obligar a los reacios a hacer de esta conferencia un éxito y demostrar nuestra credibilidad con hechos.
Contestando una pregunta concreta, no creo que podamos tener éxito a largo plazo sin contar con una serie de instrumentos y una serie de acciones políticas. Evidentemente hay que preparar los transportes y los sistemas de transportes del futuro y hay que desarrollar la política energética. Con todo, celebro que se hayan reconocido las iniciativas de la Comisión en estas materias. Creo que se necesitan más instrumentos económicos. Obviamente, habrá que discutir más sobre los nuevos sectores y sobre la integración de aspectos medioambientales y climáticos en todas las políticas. Una vez más se trata de gozar de credibilidad. El comercio con los derechos de emisión es sólo un complemento de las medidas que se adopten en los Estados miembros y en la Unión para enfrentar el cambio climático.
Creo que es correcto, como se ha señalado hoy, que observemos la competitividad y los efectos socioeconómicos. No obstante, estos problemas no deben usarse como argumento para no hacer nada, sino que, incluso, deben ser usados en nuestro beneficio, para algo que fortalezca la competitividad y nos signifique ventajas.
Una vez más quisiera agradecer al ponente y a todos los que han participado en este debate. Por cierto, tan pronto como sea posible después de la Conferencia de La Haya, volveremos con un plan para la aplicación de todas estas medidas. Espero que entonces las normas estarán listas y aprobadas. Confío en que volvamos de allí diciendo que ha sido un gran éxito.
Las catástrofes naturales que han sacudido a la Unión Europea y a sus ciudadanos han tenido consecuencias trágicas. Nos hemos encontrado con graves lesiones físicas y, en algunos casos, con la pérdida de vidas humanas, hace poco en Italia y ahora en España. La Comisión es plenamente consciente de la importancia de estas catástrofes. Por eso, la Comisión, en el marco de la acción comunitaria para la protección civil del período 2000-2004, está desarrollando iniciativas, en estrecha colaboración con los Estados miembros para prevenir catástrofes y educar al público.
De este modo, el 27 de septiembre la Comisión adoptó una propuesta basada en una decisión del Consejo que establecía un mecanismo comunitario para coordinar medidas de protección civil durante situaciones de emergencia. Entre las principales acciones de esta decisión están: la identificación y mejora de la coordinación de los actores clave que han de intervenir en caso de emergencia; programas de formación especiales para fomentar una mejor cooperación y complementariedad entre los actores implicados; el establecimiento de sistemas de comunicación eficaces para permitir comunicaciones más rápidas y mejores. La propuesta permite también que se adopten medidas más rápidas y eficaces a favor de las víctimas. En el área de la investigación, me gustaría señalar que hay actualmente varios proyectos en marcha relacionados con las inundaciones así como con la acción concertada para reducir los riesgos ligados al clima.
Por último, aunque los fondos estructurales no están dirigidos a afrontar las consecuencias de desastres naturales, pueden ser utilizados para proyectos de reconstrucción siempre que el Estado miembro beneficiario asigne los fondos para tal utilización y que la región afectada por el desastre sea elegible. La posibilidad de participación de los fondos estructurales en casos de desastres naturales debe ajustarse a los requisitos de los fondos y deben cumplirse las siguientes condiciones: la zona en cuestión debe ser susceptible de financiación con arreglo a los objetivos territoriales, es decir al Objetivo 1 o al Objetivo 2. Los proyectos cofinanciados deben implicar gastos que sean normalmente elegibles para los fondos estructurales. Los proyectos de reconstrucción elegibles no pueden suponer la mayoría del gasto del programa concreto. Las acciones deben tener una naturaleza transitoria, uno o dos años máximo, y no pueden continuar a lo largo de todo el período de programación. Y los Fondos Estructurales no deben sustituir a los seguros. Para solicitar fondos estructurales para este tipo de acción debe demostrarse que el programa tiene capacidad de maniobra internamente. No hace falta decir que los Estados miembros afectados son los responsables y que a ellos corresponde prever qué tipo de medidas les gustaría que en última instancia financiaran los Fondos Estructurales cuando las condiciones para la intervención se cumplan.
En cuanto a la cooperación en materia de soluciones de planificación espacial a los problemas de inundaciones, la Comisión sabe que las orientaciones de Interreg III hacen una referencia específica a la posibilidad de formular estrategias conjuntas de gestión del riesgo en zonas propensas a desastres naturales y de diseñar y aplicar estrategias y acciones integradas para la prevención de las inundaciones en las cuencas de los ríos transnacionales. La Comisión esperaría también que las acciones de prevención de inundaciones formaran parte de una estrategia transnacional que cubra zonas donde haya un especial riesgo de inundaciones, en el marco de Interreg III. Por su parte, la Comisión seguirá estudiando de manera rápida y constructiva este tipo de peticiones.
Permítanme que termine subrayando el apoyo a las víctimas. El Parlamento Europeo pide con regularidad a la Comisión que intervenga a favor de las víctimas de estos desastres. La Comisión está obligada a responder que ya no existe una partida presupuestaria que permita tales medidas. El pasado mes de septiembre con ocasión de una resolución relativa a los incendios forestales aprobada por el Parlamento, el Sr. Nielson anunció que la Comisión estaba estudiando proponer un fundamento jurídico para una partida presupuestaria que permitiera a la Comisión responder a necesidades de emergencia en la Unión. Sin embargo, la Comisión todavía no ha adoptado una postura definitiva sobre si proponer o no un fundamento jurídico para medidas en este campo.
En cualquier caso, nuestras deliberaciones tendrán que tener en cuenta las experiencias pasadas, lo que haría pensar en dos posibles líneas de acción. La primera sería una partida presupuestaria en la que las asignaciones se realizaran de forma semiautomática pero en unas cantidades que, en el mejor de los casos, sólo pueden tener un valor simbólico. La segunda opción sería que la Comisión propusiera un fundamento jurídico, pero ello supondría comprometer importantes cantidades dentro del título 3 de las perspectivas financieras. La Comisión tendría que considerar también las implicaciones en cuanto a recursos de gestionar cualquier nueva actividad en esta área.

El Presidente
 Gracias por su contribución a este debate.
Para cerrar el debate he recibido una propuesta de resolución relativa al cambio climático, de conformidad con el apartado 5 del artículo 42 del Reglamento, así como seis propuestas de resolución relativas a las inundaciones, de conformidad con el apartado 2 del artículo 37 del Reglamento.

Davies
Señor Presidente, ¿no prevé el Reglamento nada que exija a los diputados estar presentes para escuchar las respuestas a las cuestiones que hayan planteado a la Comisaria durante el transcurso del debate? Es, sin duda, una grave falta de cortesía comportarse así. ¿No debería plantearse esto en la Conferencia de Presidentes?

El Presidente
No, señor Davies, este asunto no puede ser regulado a través del Reglamento. Se trata de la forma en que los miembros de este Parlamento conciben su cargo. En cualquier caso me satisface que usted siga aquí, si bien es cierto que podían haber asistido más diputados. En eso estoy plenamente de acuerdo con usted.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 19.40 horas, se reanuda a las 21.00 horas)

Alteradores endocrinos
La Presidenta
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe (A5-0197/2000) del Sr. Lund, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Protección del Consumidor, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a una estrategia comunitaria en relación con los alteradores endocrinos -una serie de substancias sospechosas de influir en el sistema hormonal de hombres y animales.

Lund
Señora Presidenta, hoy tenemos un conocimiento considerable sobre los alteradores endocrinos. Ha habido muchas sospechas, sin embargo, han quedado aclaradas muchas causalidades relativas a cómo los alteradores endocrinos actúan sobre las personas y sobre los animales. Sabemos que pueden reducir la capacidad reproductora. Sabemos que puede hablarse de malformaciones de órganos sexuales, tanto en animales como en personas, y sabemos que pueden provocar enfermedades graves, entre ellas, el cáncer de testículos y el cáncer de mama. No obstante, al mismo tiempo sigue existiendo gran incertidumbre sobre las consecuencias globales de los numerosos alteradores endocrinos. En realidad, la situación es imposible de calcular, incluso para las próximas generaciones.
Ésta es una perspectiva, en mi opinión, bastante aterradora. Hasta ahora la postura ha sido que primero se reconozca la peligrosidad de las sustancias y que se intervenga una vez producido el daño. Esta situación es naturalmente insostenible. De ahí que sea positivo que la Comisión haya presentado una Comunicación sobre una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos. Creo que la estrategia de la Comisión permanece demasiado a la expectativa. Bien podría ser un poco más ambiciosa. Creo que faltan algunas iniciativas más ofensivas y eficaces a corto plazo. Y esto es lo que he tratado de corregir en este informe.
Ante todo es importante que se elabore el registro de sustancias que son o se sospecha que son alteradores endocrinos y que se haga muy rápidamente. En el informe he propuesto que se lleve a cabo antes del final de este año. También es importante disponer de los medios necesarios para que el registro llegue a englobar todas las sustancias relevantes, probablemente alrededor de 560. Al mismo tiempo es necesario que se identifiquen las sustancias más peligrosas de la lista de modo que puedan adoptarse inmediatamente iniciativas dirigidas a intervenir ante las sustancias más peligrosas. Podemos hablar de diversas medidas: prohibición, eliminación a lo largo de un período de años más corto o más largo y otras restricciones en su empleo. Este registro de las sustancias peligrosas debería poder quedar establecida antes de mediados del año 2001. A este respecto me parece importante recalcar que ha de producirse sin que debamos aguardar más pruebas. Debemos hacerlo empleando el principio de cautela ofensivamente, al respecto de lo cual también me parece importante prestar atención a los grupos especialmente vulnerables. Pienso en mujeres embarazadas, pienso en lactantes y ciertos grupos de trabajadores cuyo riesgo de verse afectado por estas sustancias es especialmente grande.
Creo que también debe hacerse un gran esfuerzo por lograr establecer una vigilancia eficaz en los países miembros y bajo los auspicios de la UE. Ha de exigirse que la industria notifique qué sustancias químicas son comercializadas, en qué cantidades son utilizadas y cuáles son sus efectos esperados. Todos sabemos que también deben destinarse más medios para la investigación tanto de su alcance y sus consecuencias como de métodos de prueba y para la investigación específica de efectos cocktail y efectos por sinergia. Sabemos que estas sustancias pueden actuar juntas de un modo especialmente funesto. A este respecto también me parece importante llevar a cabo una investigación específica sobre los riesgos y creo que además debemos garantizar que la investigación sea independiente, es decir, que no basemos nuestras iniciativas políticas en la propia investigación de los fabricantes.
En relación con la investigación, sabemos también de la importancia de la cooperación internacional, por ejemplo, con los EE.UU. y Japón. Como paso dentro de una futura legislación sobre las sustancias químicas me parecería positivo que se estableciera un marco específico, algunos capítulos específicos para los alteradores endocrinos. Debe existir un marco legislativo que esté fundado en el principio de cautela y el principio de la inversión de la carga de la prueba. Al mismo tiempo debe fijarse un calendario para el examen de las sustancias ya existentes. Señalo el marco legislativo porque también creo que las normas deben ser vinculantes. Todas las experiencias con acuerdos voluntarios en este campo son malas.
Me gustaría dar las gracias a los ponentes de los diversos grupos y a la Comisión por la colaboración que hemos mantenido a raíz de la elaboración del informe. En lo relativo a las enmiendas, voy a señalar únicamente que mi propia enmienda es una mejora lingüística del punto 15 del informe y que no podré recomendar que votemos a favor de las tres enmiendas de la Sra. Grossetête. Creo que las propuestas están inspiradas en gran medida por la industria química por la que yo mismo he sido contactado. La intención es claramente tratar de poner obstáculos en el camino para que intervengamos aquí y ahora y me parece importante subrayar que los consejos que obtenemos de los comités científicos son consejos y que no se convertirán en verdadera legislación. Somos nosotros en la Comisión, el Consejo y el Parlamento quienes debemos fijar los marcos legislativos y no los comités científicos. Sirven de consejeros al igual que recibimos consejo de otra parte.

Ahern
Señora Presidenta, quisiera dar las gracias al ponente por su excelente informe y confío en que podamos trabajar rápidamente en este importante problema. Coincido con el ponente en que es espantoso, especialmente los son los efectos en las generaciones venideras y en los nonatos. En las últimas décadas se han ido haciendo más evidentes los efectos de ciertas sustancias químicas industriales que han aparecido en el medio ambiente, similares a los que causan las hormonas. A estas sustancias se las ha denominado alteradores endocrinos. La alteración endocrina no constituye un resultado adverso en sí misma, pero sí es un mecanismo que pudiera tener efectos cancerígenos, sobre la reproducción, sobre el desarrollo o sobre el comportamiento. Algunos de estos efectos pueden ser detectados utilizando los actuales métodos de análisis aunque puede que no quede claro si los desórdenes han aparecido a causa de la alteración endocrina.
El Comité científico de la toxicidad,la ecotoxicidad y el medio ambiente de la UE ha indicado que existe un potencial problema global con la fauna. Igualmente, la opinión del Comité científico respecto de los efectos sobre la salud humana y de la fauna -haciendo hincapié en la de la fauna- expresa que los efectos sobre la salud humana deben ser investigados por cuanto se ha de verificar la conexión entre las sustancias químicas alteradoras endocrinas y los trastornos de la salud humana. En general, los científicos sospechan de los compuestos organoclorados tales como los policlorobifenilos.
En consecuencia, la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energia ha llegado a ciertas conclusiones, en especial a que las más de 560 sustancias sospechosas de ser alteradoras endocrinas han de ser completamente analizadas. Estas han de ser investigadas dentro del Sexto Programa Marco. Tenemos que centrarnos tanto en las mujeres como los hombres. Nos referimos tanto al tecnicismo "estrógeno" como al "estrógeno" de modo que no sólo es un problema masculino.

Grossetête
Señora Presidenta, Señora Comisaria, al día de hoy, en materia de alteradores endocrinos tenemos muchas dudas, muchas preguntas y ninguna certeza. Estas substancias pueden tener efectos excesivamente nocivos sobre las funciones reproductoras, tanto humanas como animales o vegetales. No conocemos los niveles de exposición límite ni los tiempos en los que la exposición puede suponer un riesgo. Estas substancias ni siquiera están identificadas. Estas son ya muchas preguntas.
Hacer hincapié hoy en la investigación, es poner los medios para dar respuesta a todas estas preguntas. Los apartados 3, 6 y 7 van además en este sentido. Es indispensable una mayor colaboración con las autoridades de investigación americanas y japonesas. Debemos apoyar un programa de investigación comunitaria que permita reunir el máximo de información y de pruebas científicas y, en nuestro presupuesto para 2001, debemos prever créditos a la altura de nuestras ambiciones para el sexto programa-marco de investigación. Sólo esta investigación permitirá tener en cuenta los riesgos específicos relacionados con estos alteradores en la futura legislación-marco sobre substancias químicas.
El ponente -que ha hecho un trabajo muy bueno- cita el principio de precaución como base de las medidas que se vayan a tomar en esta materia. Pero, a este respecto, también hay que dar pruebas de honradez intelectual. El principio de precaución no fomenta solamente la puesta en marcha de medidas reglamentarias: también pueden establecerse medidas positivas y no reglamentarias. Mi enmienda trata de restablecer esta realidad.
Deseo, por otra parte, que el dictamen del Comité Científico para la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente, emitido el 5 de septiembre pasado, sea tomado en consideración. La solvencia de este Comité Científico es reconocida y convendría tener en cuenta su opinión antes de cualquier decisión legislativa. Creo que es importante para nosotros el apoyarnos en las opiniones de los expertos. El principio de precaución consiste también en basar nuestras decisiones en los mejores conocimientos científicos disponibles.
El Grupo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos se opone también -estoy obligada a repetirlo aunque cada vez me expreso en este sentido- se opone a la demanda de inversión de la carga de la prueba hoy mismo. Aún cuando no tengamos ninguna certeza, es sumamente prematuro cambiar totalmente el régimen de responsabilidad aplicable en este caso. Para las substancias peligrosas, se requiere una autorización previa a su comercialización. Me parece que este procedimiento, constituye ya un parapeto.
Nuestro Parlamento debe enviar -y en esto estoy de acuerdo con el ponente- un mensaje realista y responsable a la opinión pública, a los consumidores, a la Comisión y, también, al sector industrial. Las dudas son reales, las inquietudes existen. Debemos dar una respuesta justa.

Davies
Señor Presidente, represento al noroeste de Inglaterra que, contando con las ciudades de Manchester y Liverpool, supongo debe ser una de las zonas más densamente pobladas de la Unión Europea. En especial, tenemos un problema con el pescado plano de agua salada - de hecho con las platijas del estuario del río Mersey- que presenta marcadas características de los dos sexos y además desconocemos cuál puede ser la causa. Hay muchas plantas químicas en las cercanías del estuario y todas las sospechas recaen sobre las mismas, pero los científicos también están considerando los detergentes, tanto los de uso industrial como los empleados en nuestros hogares. También apuntan a los estrógenos -especialmente los estrógenos sintéticos- presentes en la píldora que quizá utilicen cientos o miles de mujeres de la zona. De hecho, cuentan con el estrógeno que producen millones de mujeres. Podría ser una combinación de todas estas cosas - y ahí reside la dificultad. Desconocemos las respuestas y disponemos de más de 500 sustancias químicas entre las cuales elegir.
Tengo dudas acerca del recurso al principio de precaución y, desde luego, acerca del mal uso del principio de precaución - por su propia naturaleza nunca sabemos cuando es adecuado recurrir al mismo o no. debemos preocuparnos por los efectos que pueden surgir a largo plazo de la liberación de miles de sustancias químicas en la naturaleza, pero resulta difícil identificar con exactitud las sustancias químicas que debemos poner en el punto de mira. Hay que tener en cuenta la evidencia de que la cantidad del esperma disminuye, que los índices de cáncer de pecho aumentan, que las osas polares desarrollan penes o cualquier otra cosa que suscite temores ciertamente reales y hemos de estar preparados para prohibir algunas sustancias aunque sólo sea por la sospecha, incluso antes de disponer de sólidas pruebas científicas.
Apoyo tanto las propuestas de la Comisión como las sugerencias del ponente. No obstante, tengan la seguridad de que surgiran muchas disputas cuando empecemos a señalar las sustancias químicas que deben ser prohibidas.

De Roo
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, quisiera felicitar a Torben Lund por su excelente informe, que merece el apoyo incondicional de mi Grupo. El concepto de alteradores endocrinos es relativamente nuevo. En mi región lingüística no se implantó definitivamente hasta hace uno o dos años. Sé que en danés se denominan sustancias estrógenas y que ese país lleva casi diez años hablando del tema. En inglés se utiliza el término endocrine disruptors y el concepto ha suscitado un gran debate, especialmente en la literatura científica. En otros idiomas, por ejemplo en alemán, aún no se ha implantado ningún término, lo cual demuestra que se trata de un problema nuevo, pero no pero ello menos grave.
Estamos plenamente de acuerdo con que el plazo se fije en 2001. Temo que la presión ejercida por la industria química lleve a la Comisión Europea a aplazar la elaboración de medidas legislativas.
La mitad de las 560 sustancias sospechosas de ser alteradores endocrinos son pesticidas. Es algo que la Comisión ha admitido en su respuesta a las preguntas que formulé en la Comisión de Medio Ambiente. Deberíamos comenzar por estas sustancias, o al menos no deberíamos permitir que se coloquen al final de la lista.
¿Se tiene en cuenta en el actual procedimiento de aprobación de los pesticidas que éstos pueden causar alteraciones endocrinas? Desafortunadamente, la respuesta es negativa. Este criterio no figura entre los denominados principios uniformes, aunque convendría que figurase. En mi opinión, esta cuestión debería regularse a más tardar con motivo de la revisión de la Directiva sobre pesticidas en el año 2003. Espero que el Comisario pueda aclarar este asunto.

Sandbæk
Señora Presidenta, me gustaría dar las gracias a Torben Lund por el estupendo informe que ha realizado y que merece el pleno respaldo de todo el Parlamento. Los efectos de los productos químicos fabricados artificialmente que se vierten al medio ambiente son considerables. Hay muchos ejemplos de cómo animales y plantas se han visto dañados en su propia capacidad de reproducción y desarrollo. Uno de los ejemplos más terribles de lo anteriormente expuesto son las alteraciones sexuales observadas entre los osos de la Ántártida. Este ejemplo demuestra que los efectos nocivos de los diversos alteradores endocrinos son un problema global que ha afectado incluso a las partes más aisladas del mundo. Los resultados de la investigación presentada por el profesor danés, Sr. Skakkebæk sobre el llamativo empobrecimiento de la calidad del esperma masculino también deben despertar profunda inquietud. De hecho nos hallamos en la situación en que los jóvenes deben someter a examen la calidad de su esperma para ver si deben empezar a fundar una familia antes de haber reflexionado sobre si están medianamente seguros de si tener hijos.
El principio de cautela debe colocarse por tanto en lo más alto del orden del día, como recomendaba tan acertadamente Torben Lund. Es precisamente ahora que hay motivo para una aplicación muchísimo más ofensiva de este principio. Remitiéndonos al principio de cautela podremos introducir medidas de urgencia de cara a evitar posibles daños irreparables en personas, animales y plantas. Se propone ahora poner en práctica las bellas palabras sobre la protección del medio ambiente y la salud y hacer uso del principio en un terreno del que todavía sabemos muy poco al respecto. Es la única respuesta que podemos dar a una opinión pública intranquila. No puede avanzarse suficientemente rápido para seguir las recomendaciones del informe relativas a la necesidad de que la futura legislación sobre sustancias químicas esté basada tanto en el principio de cautela como en la inversión de la carga de la prueba.

Arvidsson
Señora Presidenta, nuestra tarea como políticos es la de adoptar decisiones en una difícil especialidad médica. Esto lo digo a pesar de que mi profesión está dentro del campo de la medicina interna.
Los mecanismos de acción de los alteradores endocrinos no son siempre conocidos. Son muy grandes las variaciones individuales. Además, cambia la sensibilidad en distintos períodos de la vida. Por eso no es posible fijar valores límite de exposición de manera rutinaria, ya que no es posible fijarlos tratándose de alteradores endocrinos. En nuestra condición de políticos, debemos tomar este asunto con la máxima seriedad.
En mi opinión, el documento estratégico de la Comisión es muy bueno. Se necesita mayor competencia, hay que dar prioridad a la investigación, hay que acelerar los estudios que permitan analizar los riesgos y hay que identificar posibles sustancias de reemplazo. Es necesario que el Comité Científico se pronuncie. La ciudadanía debe ser informada. Se necesita más colaboración con los Estados miembros, con la industria y con diversas organizaciones. Para alcanzar todo esto, es razonable que la Comisión fije una lista de prioridades.
Tengo una importante objeción que hacer a la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor. No comparto la opinión de que los acuerdos puedan ser un camino más rápido que la legislación. Los acuerdos sobre suspensión temporal, sobre limitaciones al lanzamiento al mercado y sobre incorporación de productos inocuos son a menudo más provechosos en tanto las condiciones no hayan sido fijadas, pero entonces son valiosas la flexibilidad y las medidas rápidas.
Finalmente quisiera subrayar que las medidas legislativas siempre deben estar precedidas por amplios estudios científicos y por recomendaciones del Comité Científico. Tendremos que analizar esos estudios y recomendaciones en nuestra condición de legisladores. Esta exigencia concierne a la dignidad política.

Stihler
No creo que ninguno de los que estamos escuchando este debate y nunca hayamos oído hablar de los alteradores endocrinos mereciera ser perdonado por pensar que los alteradores endocrinos tienen más que ver algún horror de ciencia ficción que con la propia salud pública. Ciertamente la realidad es que este es un grave asunto de salud pública y salud animal.
Actualmente la legislación comunitaria sobre sustancias químicas no aborda adecuadamente el riesgo que representan los alteradores endocrinos. Resulta un dato preocupante que el cuerpo humano contenga más de 100 sustancias químicas que no se encontraban hace 50 años. Numerosos problemas de salud femenina han sido achacados a sustancias endocrínamente alteradoras. Es posible que también se pueda establecer una conexión entre esas sustancias -como han indicado otros colegas esta noche- y el creciente índice de cáncer de pecho, de otros tipos de cáncer y con la disminución del esperma. El impacto que esto pueda tener en la salud y la reproducción tanto de los hombres como de los animales es preocupante, siendo los niños, las embarazadas que trabajan y otros trabajadores vulnerables algunos de los grupos más sensibles.
Otro problema lo constituye el hecho de que es casi imposible establecer valores límite para las sustancias que mimetizan los efectos de las hormonas. Desde el punto de vista del consumidor se ha sugerido que se invierta la carga de la prueba y se exija a los productores que demuestren una razonable certeza de inocuidad antes de poner cualquier sustancia en el mercado.
También sería recomendable una mayor difusión de información basada en el principio del derecho a ser informados. Es necesario que se intensifique la investigación para poder estar en disposición de actuar con rapidez, eficacia y certeza. Por eso es tan importante este informe. Más información, mayor concienciación pública y, sobre todo, más investigación, es lo que necesitamos.
Le doy las gracias al ponente por este informe, que recomiendo a esta Asamblea.

Wallström
. (EN) En primer lugar quisiera expresar mi gratitud por la respuesta del Parlamento a la comunicación de la Comisión sobre una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos, y también por el trabajo del ponente, el Sr. Lund.
Prácticamente no hay ninguna conferencia sobre sustancias químicas que no aborde el asunto de los peturbadores endocrinos. Un de los motivos para que así sea es el potencial daño que pueden ocasionar tanto a los animales como a los humanos y, sobre todo, a los nonatos y a nuestra capacidad reproductora. Es difícil imaginar una tendencia más insostenible que aquella que conduciría al deterioro de nuestra capacidad para reproducirnos.
El campo de los alteradores endocrinos es muy complejo y aun hay muchos interrogantes sin despejar. Hay ciertas cosas que sí sabemos. En algunos casos podemos hacer ciertas predicciones con confianza y en otros nos enfrentamos a un margen de incertidumbre considerable. Lo que sí nos consta es que una serie de sustancias químicas elaboradas por el hombre que han sido liberadas al medio ambiente, así como otras naturales, tienen la capacidad de perturbar el sistema endocrino de los animales, incluido el hombre. Entre estos están continuamente presentes los compuestos bioacumulativos que incluyen ciertos pesticidas y sustancias químicas industriales, así como otros productos sintéticos. Muchas poblaciones animales ya han sufrido los efectos de estos compuestos.
Disponemos de una cantidad adecuada de datos que muestran que existe un nexo causal entre la exposición a estas sustancias y una reducción del éxito reproductor entre los animales. La comunidad científica ha elaborado otra serie de conclusiones como, por ejemplo, el hecho de que estas sustancias químicas despliegan unos efectos totalmente diferentes, como ha dicho el Sr. Arvidsson, sobre los embriones, los fetos y los organismos prenatales que sobre los adultos, y esos efectos se manifiestan con mayor profusión en la descendencia que en los progenitores que han sufrido la exposición.
En cualquier caso, también hay muchas incertidumbres ya que la naturaleza y el alcance de los efectos de la exposición en los humanos no están determinados. La información es escasa, especialmente acerca de las concentraciones de contaminación en los embriones. La razón fundamental por la que he presentado la propuesta para una estrategia comunitaria para los alteradores endocrinos, no es sino la necesidad de realizar un examen más profundo sobre los riesgos potenciales de estas sustancias, para poder despejar nuestras incógnitas, y emprender las acciones pertinentes. Todos nostros tenemos el derecho a saber y la obligación de aprender. Permítanme centrarme en los elementos esenciales de la estrategia. La base de la misma es el principio de precaución. Me satisface que el Parlamento apoye el objetivo de la Comisión de identificar las políticas idóneas sobre la base del principio de precaución para poder responder rápida y efectivamente al problema de la alteración endocrina.
Este principio y la necesidad de desarrollar estrategias de gestión de riesgos rápidas y eficaces respecto de los alteradores endocrinos también han sido resaltados por el Consejo de Medio Ambiente en sus conclusiones del 30 de marzo. Al mismo tiempo el Parlamento percibe una falta de ambición en la estrategia de la Comisión en cuanto a la necesidad de reducir la exposición humana a los alteradores endocrinos y proteger la fauna.
Me gustaría tratar esto al final con una serie de comentarios. Hay dos elementos fundamentales en la estrategia de la Comisión. Uno es más investigación y desarrollo y el otro es el desarrollo de métodos de análisis unificados. Respecto de la investigación y desarrollo el principal instrumento de la Comisión es el Quinto Programa Marco para la investigación y el desarrollo. Me complace informarles que la alteración endocrina ha sido seleccionada como una línea de investigación prioritaria en la última revisión de los programas dedicados a la salud humana y el medio ambiente.
La Comisión también está considerando lanzar una convocatoria de propuestas sobre la alteración endocrina que ayude a reforzar la investigación de la misma. Las recomendaciones contenidad en la propuesta de resolución del Parlamento serán tenidas en cuenta. En cuanto al desarrollo de métodos de análisis unificados se prevé su establecimiento en un horizonte de dos a cuatro años. El acuerdo sobre los métodos de análisis tiene por objeto asegurar que todos los involucrados están de acuerdo en que los análisis diseñados para detectar los elementos pertinentes y los resultados de los mismos pueden ser interpretados uniformemente. Sin un acuerdo de este tipo nos tendríamos que enfrentar constantemente no ya a la incertidumbre científica, sino a diferentes puntos de vista científicos. Por esta razón creemos que sólo podemos considerar una acción legislativa para reducir de forma global la exposición, sobre la base del principio de precaución, cuando dispongamos de unos métodos de análisis unificados.
Los métodos de análisis unificados también son necesarios para lanzaar una iniciativa global para la búsqueda de sustitutos. De lo contrario, los posibles sustitutos estarán sujetos a las mismas sospechas que las sustancias que sustituyen. Al mismo tiempo hemos de tener en cuenta las pruebas científicas de las que ya disponemos. Esa es la razón por la que, a corto plazo, prevemos actuar sin unos métodos de análisis unificados sobre la base del principio de precaución y caso por caso.
El Parlamento apoya el objetivo de la Comisión de identificar un primer grupo de sustancias alteradoras del sistema endocrino para finales de este año y de identificar casos específicos de consumo o exposición del ecosistema para emprender acciones especiales sin esperar nuevos análisis. También formará parte de estas acciones un análisis de los instrumentos legales existentes relacionados con los alteradores endocrinos. Permítanme hacer dos comentarios al respecto.
En primer lugar, el objetivo de la Comisión para finales de 2000 se basa en un proceso de dos fases: en primer lugar la compilación de una lista de candidatos elaborada por consultores y en segundo lugar el establecimiento de prioridades. Seguidamente la Comisión elaborará una propuesta para la fijación de prioridades. Hasta ahora sólo se ha completado la lista de candidatos. La segunda fase de este ejercicio incluiría la consulta a las partes interesadas con lo que pretendemos conseguir un consenso tan amplio como sea posible respecto de las sustancias prioritarias.
No podría comprometerme ahora en el sentido de que la totalidad de las 553 sustancias candidatas estarán en la lista de prioridades sin adelantar el resultado de los debates con los interesados, que ya han dado comienzo. El Comité Científico, así como la industria, se han mostrado críticos con la la lista de sustancias candidatas, el informe BKH. Por contra, los primeros comentarios recibidos de los Estados miembros y de las ONGs indican un apoyo al informe como un punto de partida válido. Las críticas del Comité científico por los errores científicos del informe serán abordadas en las próximas fases del proceso de prioritización y su posterior evaluación.
Quisiera añadir aquí que algunas de las críticas se basan en la falsa suposición de que un grupo de 60 sustancias identificadas en este informe serán las sustancias prioritarias. Efectivamente, estas sustancias forman parte de una lista de 553 sustancias candidatas, respecto de la cual aunse siguen discutiendo las prioridades. Es importante tener en cuenta que la lista que debe establecerse ha de ser dinámica. Cabe la posibilidad de que se añadan nuevas sustancias o que, ciertamente, se eliminen algunas de las sustancias iniciales a medida que vayan viendo la luz nuevas pruebas.
Mi segundo comentario sobre la lista prioritaria de sustancias se refiere a la solicitud, contenida en la propuesta de resolución, de una decisión para la intervención en casos específicos para mediados del año 2001. Para identificar en la lista prioritaria casos específicos para emprender acciones especiales es necesaria una evaluación más profunda del uso para el consumo y de la exposición medioambiental. Además, el papel de los comités científicos proporcionando opiniones científicas independientes serán de esencial importancia es estos casos específicos. Es muy ambicioso esperar alcanzar estas metas en seís meses. No obstante, pondremos nustro mejor empeño en trabajar lo más rápidamente posible.
Por último, sabrán ustedes, que la Comisión quiere presentar a finales de año un Libro Blanco sobre la política general sobre sustancias químicas. Estamos trabajando actualmente en ello y he tenido ocasión de ver los primeros borradores. Uno de los principios esenciales en esta política es garantizar un alto nivel de protección. Es evidente que la estrategia para los alterador endocrinos ha de ser coherente con la política general para las sustancias químicas. Algunos de los elementos concretos contenidos en la propuesta de resolución del Parlamento tales como la inversión de la carga de la prueba, la redefinición de la responsabilidad de los productores, la revisión de la legislación sobre etiquetado y la agrupación de sustancias quimicas para su investigación y evaluación, deben ser y de hecho están siendo consideradas en el contexto de esta política general para las sustancias químicas. Las opiniones del Parlamento contenidas en la propuesta de resolución serán tenidas en cuenta en el Libro Blanco que se está elaborando.
Finalmente, en cuanto a la cooperación internacional y el intercambio de información, la Comisión está organizando un taller sobre preturbadores endocrinos para el primer semestre del 2001 con el patrocinio, entre otros, de la Organización Mundial de la Salud. El taller convocará a todos los involucrados para evaluar los progresos y hacer nuevas recomendaciones sobre el desarrollo de los métodos de análisis y la estrategia de evaluación, de investigación y el establecimiento de unos programas de seguimiento.
De nuevo me gustaría agradecer al Parlamento su apoyo en el tratamiento de este asunto y quisiera subrayar el compromiso de la Comisión para ejecutar su estrategia e incorporar extensamente los elementos contenidos en la propuesta de resolución del Parlamento.

La Presidenta
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas.

Productos transformados a base de frutas y hortalizas
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0273/2000) de Jové Peres, en nombre de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) 2200/96 relativo a la organización común de los mercados en el sector de las frutas y hortalizas, el Reglamento (CE) 2201/96 relativo a la organización común de los mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas y el Reglamento (CE) 2202/96 por el que se establece un régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos.

Jové Peres
. Señora Presidenta, la Comisión ha presentado una propuesta, que bajo la apariencia de ajuste técnico, esconde nuevas restricciones presupuestarias para un sector ya de por sí discriminado dentro de la política agrícola común.
En los últimos años, la evolución de la paridad euro-dólar y otras circunstancias han hecho descender el nivel de las ayudas hasta la mitad del nivel que mantenían hace cuatro años. Pues bien, la propuesta de la Comisión consiste en estabilizar las ayudas al nivel reducido y conceder las ayudas directamente a las organizaciones de productores, con lo que desaparecería el régimen de precios mínimos.
Antes de fin de año, la Comisión debe presentar un informe sobre el funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas, acompañándolo, eventualmente, de nuevas propuestas de reforma. La Comisión justifica la propuesta que ahora examinamos sobre la base de la urgencia. Ahora bien, sin cuestionar el carácter urgente de los asuntos abordados por la Comisión, la Comisión de Agricultura ha identificado nuevas urgencias y, por otra parte, mantiene diferencias cuantitativas con la propuesta de la Comisión. Entre las urgencias prioritarias para la Comisión de Agricultura aparece el reforzamiento de las organizaciones de productores.
El problema reside en que, tras la reforma de la OCM del 96, las organizaciones de productores se constituyeron en su principal instrumento. Sin embargo, actualmente sólo un 40 % de la producción de frutas y hortalizas está agrupada en organizaciones de productores. Una OCM que sólo cubre el 40 % de la producción no merece tal nombre. Por lo tanto, si hay alguna urgencia, ésta reside en fomentar la agrupación de la oferta en agrupaciones de productores. Dado que constituye una excepción en la política agrícola común y los propios productores están obligados a cofinanciar los fondos de operaciones, está claro que el incremento de la financiación comunitaria es el instrumento más obvio para conseguir dicho objetivo. Por esta razón, la Comisión de Agricultura ha propuesto incrementar el porcentaje de financiación comunitaria para ciertas acciones comunes de varias organizaciones de productores y en determinadas condiciones, fundamentalmente en las regiones más dependientes de la producción hortofrutícola o para las asociaciones o fusiones de organizaciones de productores.
Las diferencias cuantitativas entre la propuesta de la Comisión y la propuesta de la Comisión de Agricultura, que por cierto, fue aprobada casi por unanimidad, se centran fundamentalmente en el nivel de las ayudas y en los umbrales de transformación. Pueden parecer excesivamente altas las ayudas solicitadas por la Comisión de Agricultura, pero no hay que dejarse engañar. Lo que sucede es que las ayudas propuestas por la Comisión son excesivamente bajas y pretenden convertir en permanente una situación coyuntural, erosionando con ello la renta de los agricultores. Esta situación coyuntural viene definida por la evolución de la paridad euro-dólar y acontecimientos especiales en los mercados. De hecho, la línea de la Comisión de Agricultura se limita a restituir las ayudas existentes antes de 1996.
Además, en relación con el tema de las ayudas, la desaparición del precio mínimo y el pago directo a través de organizaciones de productores puede originar problemas, particularmente, en los países con mayor vocación hortofrutícola. Un nivel de ayuda razonable permitiría mantener la renta de los productores en una situación particularmente problemática. Para evitar situaciones absurdas de penalización sistemática, la Comisión de Agricultura ha decidido proponer su fijación al nivel de lo fabricado en los últimos años. Procuramos con ello ajustar las ayudas a la estructura productiva y a las posibilidades de absorción del mercado sin correr el riesgo de crear excedentes.
La pregunta que alguien podría plantear es cómo financiar las enmiendas. Miren ustedes, actualmente las frutas y hortalizas reciben 445 millones de euros menos que el tope que se fijó en las perspectivas financieras. Es verdad que hay que respetar la neutralidad presupuestaria, pero habrá que ponerse de acuerdo en cuanto a su significado. En mi opinión la neutralidad presupuestaria consiste en mantenerse dentro de los límites fijados cuando se adoptaron las perspectivas financieras. Sin embargo, la Comisión pretende reducir los gastos por debajo de los mínimos históricos.
Yo creo que la discusión se debería centrar, fundamentalmente, en cómo conseguir los objetivos confiados a la OCM y, a partir de aquí, establecer compromisos presupuestarios. Parece que muchas veces a las instituciones se les exige menos rigor, siempre que se limiten a proponer ahorros presupuestarios. Nuestra principal preocupación debería consistir en mejorar la eficacia de los instrumentos que entre todos hemos construido. Sin presupuesto no puede haber construcción europea y el presupuesto del sector de las frutas y hortalizas simboliza y refleja muchos de los principales desequilibrios sociales y territoriales de la política común.
Quiero terminar dando las gracias a mis colegas de la Comisión de Agricultura. Su comprensión y esfuerzo ha sido de gran ayuda para llegar a las transacciones finales que han permitido elaborar un informe francamente no fácil.

Redondo Jiménez
Señora Presidenta, señor Comisario, mañana el Parlamento va a pronunciarse sobre la propuesta de reforma en el sector de transformados a base de frutas y hortalizas. Consideramos necesaria esta reforma, pero la Comisión Europea, en su propuesta, no va exactamente en la dirección correcta.
Debe cumplirse el objetivo de estimular la agrupación de la oferta fomentando las asociaciones de productores. El año pasado, como ya ha dicho mi compañero, solamente el 40% de la producción se comercializó a través de asociaciones de productores. Por lo tanto, las enmiendas aprobadas en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, que contemplan que se pueda cofinanciar por FEOGA-Garantía hasta el 50% de los costes de creación y funcionamiento durante los cinco primeros años, responden a una necesidad, señor Comisario, como también lo es cubrir la ayuda financiera del 3 al 4,5%, que se aprobó en la Comisión de Agricultura, de la producción comercializada por cada organización de productores.
No nos satisfacen los umbrales propuestos por la Comisión Europea, ya que deberían ajustarse según la evolución de los mercados. Por tanto, las enmiendas ya aprobadas, y propuestas por el ponente en este sentido, gozan de nuestra aprobación.
La lista de productos debería ser incrementada con aquellos que, por razones meteorológicas o coyunturales, puedan estar expuestos a fuertes caídas de precios. La propuesta de la Comisión de reducir el límite máximo de retirada en cítricos del 10 al 5% no está justificada y creo que no debe mantenerse.
En cuanto a los instrumentos que permiten regular el mercado en situaciones de emergencia ante una crisis, hay que introducir algunos que constituyan una red de seguridad, por ejemplo, rebasar los límites de retirada en aproximadamente un 10%, en el caso de crisis graves.
Hay una laguna en cuanto al etiquetado. La legislación vigente en esta materia debe cambiarse, para que el consumidor esté perfectamente informado y sepa si el producto se ha elaborado con fruta fresca o no. Es una petición y una reclamación recurrente de los consumidores.
Apoyo las enmiendas que afectan a tomates, peras, melocotones, cerezas, albaricoques y espárragos, de gran importancia regional, y que deben tener ayudas a tanto alzado por hectárea para mejorar su competitividad.
En cuanto a los frutos secos -especialmente la avellana-, sigue siendo válida la petición de prórroga de las ayudas a las organizaciones de productores que hayan aplicado sus planes de mejoras, así como las medidas específicas para este sector, que expiran la próxima campaña y cuyas circunstancias no han cambiado.
Debería presentarse el análisis de la reforma, que tan insistentemente ha pedido la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, antes del 30 de junio de 2001, para saber cómo ha evolucionado el sector. Esta reforma supone un incremento presupuestario, pero siempre dentro de la línea aprobada en la Cumbre Europea de Berlín. La Comisión debe hacer de nuevo sus cuentas puesto que no se rebasa dicho tope. La diferencia entre lo propuesto por la Comisión y el Parlamento Europeo es de 151 euros. Neutralidad presupuestaria, señor Comisario, no es que los gastos de la propuesta no superen los que se derivan de lo gastado actualmente, sino que estén por debajo de lo pactado en la Cumbre Europea de Berlín.
Aprovecho la ocasión para felicitar al ponente y celebro el trabajo en equipo que hemos realizado. Creo que ha sido una de las propuestas más negociadas y pactadas en este Parlamento.

Berenguer Fuster
Señora Presidenta, este debate es consecuencia de la reforma propuesta por la Comisión de tres reglamentos referentes a las frutas y hortalizas, a productos derivados a partir de frutas y hortalizas y al régimen de ayuda a los productores de determinados cítricos. La Comisión ha actuado -como se ha indicado ya- sin esperar el informe sobre el funcionamiento del Reglamento (CE) nº 2020/1996, que estará disponible, según manifiesta la Comisión, antes de finales del presente año.
El hecho de no esperar ese documento- como parecería lógico- y haber iniciado la reforma pone de manifiesto que la Comisión o tiene poco interés en el resultado de su informe o le tiene sin cuidado su contenido. No se puede evitar que, con esa actuación, la sensación que produce la Comisión es la de estar empeñada en reformar a cualquier precio esos reglamentos. ¿Tan urgente es la reforma? En nuestra opinión, si la pregunta consiste en saber si esos reglamentos necesitan una reforma, la respuesta es positiva, pero, por el contrario, si la pregunta consiste en saber si la reforma que precisan es la que contiene la propuesta de la Comisión, la respuesta es claramente negativa, porque las mejoras de los mecanismos de funcionamiento del sector no pueden hacerse a costa, precisamente, de uno de los sectores que menos apoyo recibe en los presupuestos comunitarios.
Los datos que se recogen en el informe, no por conocidos, dejan de ser llamativos. Al sector de frutas y hortalizas corresponde una importante participación en la producción final agraria del orden del 15%, mientras que el esfuerzo financiero es pequeño y, además, va disminuyendo. Si en 1995 representaba el 5,3% del total de los gastos del FEOGA-Garantía, en 1999 ha quedado reducido al 3,6%. A ello se añaden dos datos concretos: por un lado, la importancia que reviste este sector para el empleo y, por otra parte, las compensaciones frecuentes en materia de frutas y hortalizas en los acuerdos con terceros países.
No vamos a oponernos a esos acuerdos ni a criticarlos, porque constituyen un ejercicio de solidaridad con países del tercer mundo y en vías de desarrollo, pero no parece lógico que el precio de la solidaridad recaiga exclusivamente en un sector que no ha sido bien tratado tradicionalmente en los presupuestos comunitarios.
Vamos a apoyar, sin ninguna duda, el informe del Sr. Jové Peres. Se trata de un excelente informe, por el que felicitamos al ponente, que ha reflejado de forma equilibrada los diferentes intereses y acuerdos. Sus propuestas, tales como las que vienen a corregir los aspectos más injustos de la propuesta de la Comisión, pueden tener consecuencias favorables. Ese apoyo va a ser incondicional e incondicionado. Apoyo que, además, realizamos con la convicción de que el Consejo será más sensible que la Comisión a las razonadas y razonables propuestas del Parlamento Europeo.

Bautista Ojeda
Señora Presidenta, señor Comisario, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea apoya en términos generales el informe del ponente, Sr. Jové Peres. Estamos convencidos de que la propuesta de la Comisión es restrictiva en términos presupuestarios, lo que implicaría un importante recorte financiero al sector. Hay que recordar que el sector de frutas y hortalizas es la primera Organización Común de Mercado que está financiada por sus propios productores, por lo que es de vital importancia el fomento de las organizaciones de productores y el apoyo a un aumento de los fondos operativos.
He de destacar que el sector de frutas y hortalizas representa un porcentaje considerable de la producción final agraria de la Unión Europea. Y, sin embargo, sólo supone un 4 % del presupuesto del FEOGA-Garantía. Igualmente recordamos el amplio consenso al que se ha llegado en el seno de la Comisión de Agricultura a la hora de aprobar este informe.
Tenemos que hacer referencia al carácter eminentemente mediterráneo de esta producción que afecta a varios Estados miembros. Es un sector que genera un elevadísimo número de empleos directos e indirectos, lo que implica una actividad económica muy dinámica. En términos generales, es la principal fuente de ingresos de casi dos millones de familias europeas.
Es necesario destacar que las organizaciones de productores, que se verán reforzadas y fomentadas por la modificación introducida en la Comisión de Agricultura, son importantísimas para el desarrollo rural de ciertas comarcas.
La producción hortofrutícola está íntimamente ligada a la cultura y dieta mediterránea, el máximo exponente de una dieta equilibrada y saludable para nuestros consumidores. Por lo cual, es necesario que las organizaciones de productores tengan, entre sus objetivos prioritarios, el fomento de la producción de calidad.
El sector de frutas y hortalizas, no obstante, se enfrenta a un futuro incierto, entre otros motivos, por las preferencias comunitarias deterioradas en la zona de libre comercio euromediterránea que pueden dinamitar el trabajo realizado. Tendremos que mantener, por lo tanto, una actitud constructiva y de vigilancia para el futuro.

Figueiredo
Señora Presidenta, con la propuesta de enmienda de la OCM de las frutas y hortalizas la Comisón agrava los problemas de la actual organización de mercado y las injusticias de la PAC y crea mayores dificultades a los agricultores que producen frutas y hortalizas. Son particularmente graves las medidas encaminadas a extinguir el precio mínimo como sucede con el tomate para la industria, la reducción de los límites de ayuda a los fondos operacionales de 4,5% a 3% del valor de la producción comercializada por cada organización de productores, la reducción cautelar de 9,1% del monto de las ayudas a la primera campaña después de la reforma de la OMC y una reducción de la cantidad que se puede retirar en los cítricos.
Un sector con importancia económica, social y estratégica como éste, en particular para Portugal, con gran capacidad de creación de empleo y de apoyo al desarrollo rural de inmensas regiones de países del Sur, merece una atención especial, cosa que no hace la Comisión.
Las propuestas de enmienda que presenta el ponente y colega nuestro Sr. Jové Peres merecen, pues, nuestro apoyo, en la medida en que van encaminadas a corregir las posiciones inaceptables de la Comisión, en particular en sus propuestas contra el aumento de las ayudas a los agricultores, al aumento de los umbrales y al restablecimiento de los límites de las ayudas a las organizaciones de productores.

Martinez
Señora Presidenta, Señor Comisario, Señorías, después de la OCM del vino y del aceite de oliva, la OCM de frutas y hortalizas que interesa tanto a los países del Sur -prácticamente sólo han intervenido parlamentarios españoles- y con el excelente informe de nuestro amigo, nuestro compañero Jové Peres, sobre un asunto muy grave y muy simbólico, grave no solamente a causa de las cifras -cerca de dos millones de familias o 500.000 empleos están, como se ha dicho, afectados- sino también porque detrás del fracaso de la reforma de 1996, hay sin embargo mujeres, hombres y regiones rurales que la Comisión Europea, Señor Fischler, ha condenado voluntariamente.
Así, en Francia, en Provenza más exactamente, para una explotación de 40 hectáreas de manzanas, los costes de producción representan el doble del precio de venta, lo que hace que la explotación de 40.000 manzanas por hectárea pierda 320.000 euros al año. Va a desaparecer. ¿De quien es la culpa? En modo alguno de los arboricultores pues han tratado de agruparse en organizaciones de productores y de constituir fondos operativos cofinanciados. Sin embargo, para cofinanciar, se necesitan ingresos y para tener ingresos, hay que vender. Ahora bien, no consiguen vender porque las poderosas centrales de compras de la distribución compran fuera de Europa: las peras en Argentina, las manzanas en Chile, en Nueva Zelanda, en Suráfrica, y se abastecen allí porque es menos caro, porque los trabajadores del Sur del Mediterráneo o del Pacífico no gozan de ninguna protección social, porque los derechos de aduana se han suprimido, porque la Comisión Europea está aquejada del mal de la diplomacia loca, es decir del mal del libre cambio mundial.
En nombre de una política exterior mundial, Bruselas ha sacrificado a nuestros arboricultores, a nuestros hortelanos y a nuestros horticultores, que se han convertido en moneda de libre cambio. El negocio es bien conocido: en el hemisferio sur, las frutas y hortalizas, las flores, el vino y, ocasionalmente, en el norte la industria.
Entonces ¿qué hay que hacer?, como decía el camarada Lenin. Sin duda es conveniente adoptar las excelentes enmiendas paliativas de Jové Peres, que ha realizado un trabajo notable, y de la Comisión de Agricultura, sin el pretexto de la neutralidad presupuestaria, porque cuando se tira el dinero en Kosovo, en los Balcanes, en Indonesia, en Asia, es que hay dinero. Pero, Señorías, si no ponemos fin a la deriva mundial de la construcción europea, entonces poco a poco desaparecerán no sólo los campesinos, sino que la totalidad de la propia Europa se disolverá en el océano del mercado mundial.

Fiori
Señora Presidenta, señor Comisario, en la base de cualquier estrategia y antes de dar al traste con el pasado y de adoptar nuevas líneas operativas, hay un examen de lo que se ha hecho. Ahora, me parece un dato irrefutable que desde 1996 - año de la revisión global de la OCM de las frutas y verduras frescas y transformadas - no se haya llevado a cabo ningún tipo de reflexión sobre el impacto de la OCM en el sector y no obstante hayamos llegado al tercer año de aplicación: un plazo de tiempo para la evaluación que hay que estimar adecuado para que se le pueda considerar preparatorio para toda iniciativa de reforma.
En juego están los intereses de todo un sector que emplea a casi dos millones de personas en las regiones del Centro y del Sur de los Estados mediterráneos que son unánimemente reconocidas como entre las más débiles de la Unión Europea. El sector de frutas y hortalizas ha de debatirse entre cuotas productivas y liberalización mundial de los mercados a falta de una política en materia de estudios sobre las innovaciones biotecnológicas. Es el sector productivo que más que los demás se resiente de los acuerdos internacionales de Marrakech, a pesar de que contribuye con el 16% al valor de la producción agrícola de la Unión Europea.
Si la filosofía de la nueva OCM es promocionar el sistema asociativo de los productores como instrumento de alternativa e integración al sistema económico europeo de la gran distribución, es oportuno que dicha política cuente con el respaldo de los recursos financieros necesarios para la ejecución de los programas operativos garantizando una ayuda financiera real del orden de al menos el 4,5% de la producción comercializada, en lugar del 3% propuesto por la Comisión. Para poder seguir trabajando, los productores piden la adopción de textos legislativos que sirvan de ayuda y no de obstáculo al desarrollo del sector de frutas y verduras.

Garot
Señora Presidenta, Señor Comisario, la OCM de frutas y hortalizas se reformó en 1997 y, después de tres años de aplicación, su balance se contrasta.
Esta reforma, basada en el reforzamiento del poder económico de los productores, la elaboración de proyectos colectivos y la formalización de contratos con los poderes públicos en el marco de los fondos operativos cofinanciados, finalmente se ha rebelado deficiente y decepcionante en sus resultados. No ha sido portadora de futuro como se esperaba al inicio, porque, en efecto, el porcentaje de adhesión a las organizaciones de productores ha sido -como se ha subrayado anteriormente- muy insuficiente: menos del 40%.
En estas condiciones, estas organizaciones de productores no han podido tener un impacto real sobre la regulación y la valoración de los productos en el sector de las frutas y hortalizas. Paralelamente, si bien el presupuesto del FEOGA para este sector ha ido en aumento regularmente desde 1997, sin embargo, durante el ejercicio siempre se ha visto limitado como consecuencia de la subutilización efectiva de los créditos debida a la inadecuación de las reglas de concesión.
Estamos así ante una situación paradójica en la que uno de los sectores más importantes de la agricultura europea, que concentra el 20% de las unidades de producción, emplea mucha mano de obra en la fase de producción y de transformación y contribuye en un 16% a la producción agrícola final, resulta ser, en definitiva, uno de los menos tenidos en cuenta por la política agrícola común.
En este contexto, deseo, por supuesto, subrayar la oportunidad de la propuesta de la Comisión que debatimos esta tarde. Pero quiero sobre todo proclamar la calidad del informe del Sr. Jové Peres, cuyas juiciosas propuestas tratan de mejorar, aún más significativamente, los resultados de esta cadena de producción de los países del Sur de Europa, estableciendo principalmente la ayuda pública en el 4,5% del valor comercializado y ampliándola incluso al 6% para fomentar la agrupación de la oferta en organizaciones de productores.
Por último, deseo que el Consejo de Ministros apruebe rápidamente esta reforma con el fin de que pueda entrar en vigor en 2001 con las financiaciones apropiadas.

Maat
Señora Presidenta, nuestro colega ponente did a hell of a job. Es un tema complicado que tiene que ver con la crisis que vive el sector de las frutas y hortalizas en determinadas zonas de Europa. Suscribo el análisis propuesto. A mi modo de ver, tenemos que propugnarlo en las próximas negociaciones en el marco de la OMC. Es imprescindible que se negocie duramente sobre los productos que carecen de protección de mercado. También han de abrirse camino.
El segundo punto concierne a la posición de los productores. Coincido con el ponente en que necesitan más apoyo y en que es preciso reforzar su posición. Me parece un punto fundamental. Habida cuenta de la actual agresividad de las sociedades cooperativas de compras de supermercados uno podría comenzar a preguntarse si ello no está dando lugar a una excesiva concentración y fusión de sociedades, o quizá incluso a la formación de monopolios.
La única respuesta que cabe ante esta situación es la de reforzar la capacidad de acción de las agrupaciones de productores y mejorar su organización. Creo que esto resulta más útil que invertir más dinero en el sector. El sector debe consolidar su posición en el mercado. Es lo que realmente importa, sobre todo porque se trata de frutas y hortalizas, productos delicados que han de venderse en poco tiempo.
Tengo asimismo algunas observaciones acerca de la distribución de las cuotas y umbrales de transformación entre los diferentes países. Constato que en algunos puntos esta distribución no resulta muy equilibrada. Espero, por tanto, que nuestro colega ponente presente mañana una enmienda oral sobre la transformación de peras en al menos uno de los países. Mirándolo bien, la distribución entre los países del sur tampoco es del todo equitativa, como demuestra por ejemplo la comparación entre la posición de Portugal y la de los demás países.
Básicamente, y en este sentido me sumo al alegato de nuestra portavoz, la Sra. Rodondo, me parece fundamental que se refuerce la posición de los productores y que se incremente la capacidad de acción de las organizaciones de productores. Puedo asegurarles que eso es necesario. Deben reforzar su presencia en el mercado. Ésa ha de ser nuestra política. Sin embargo, mientras dispongamos de una organización del mercado y no estemos dispuestos a invertir más dinero también tendremos que prestar la debida atención a la producción y posiblemente a la contención de la misma para garantizar el buen funcionamiento del sector. No obstante, en este informe, y también como respuesta a este informe, opto por el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

Klaß
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, la Comisión ha presentado el 12 de julio una propuesta para modificar la organización común de mercado para las frutas y verduras a pesar de que en diciembre del 2000 esperamos de la Comisión un informe de evaluación sobre el funcionamiento precisamente de esta organización de mercado. Si modificamos ahora por adelantado algunos puntos, la Comisión deberá utilizar sin demora la presente evaluación como base para una revisión de la organización del mercado de las frutas y verduras y realizar las necesarias modificaciones.
Precisamente para el sector de las frutas y verduras es especialmente importante la unión de comunidades de productores y la formación de asociaciones de productores así como también la cooperación comercial entre organizaciones de productores de diversas regiones. Aquí la organización de mercado apunta en la dirección adecuada. Sin embargo, también hay que tener en cuenta a los agricultores que comercializan para ellos mismos y sus familias con mucha energía una parte de su producción directamente desde su granja al consumidor.
La propia comercialización aporta a muchas explotaciones los ingresos adicionales necesarios y con frecuencia es dirigida por las agricultoras como un apartado propio. Además, la comercialización directa desde la granja destaca especialmente el carácter regional de los productos y alcanza de este modo a un determinado potencial de compradores. Por ello, la enmienda a la letra c) del apartado 1 del artículo 11 tiene que redactarse de tal modo que los productores, de acuerdo con las asociaciones de productores, puedan vender en casos aislados una parte a determinar de sus productos directamente al consumidor para el consumo personal.
Si se mantiene el actual límite rígido en vigor entonces las organizaciones de productores se verán obligadas a excluir a los miembros que no observen esa regulación. La consecuencia sería que las organizaciones de productores se verían debilitadas en lo tocante a su volumen de comercialización y que perderían la influencia sobre estos productores en lo referente a sus actividades de comercialización directa, es decir, sobre el mantenimiento de las normas de calidad, la observancia de las directrices de producción y el seguimiento de estrategias comunes de mercado. Por ello, les ruego que también tengan esto en cuenta.

Ayuso González
Señora Presidenta, señor Comisario, la producción hortofrutícola que hoy nos ocupa se concentra en los países del Sur de Europa y supone un 13% de la producción final agraria del conjunto de la Unión Europea, alcanzando el 25% en la mayoría de los países productores. En varias provincias del Sur de España este porcentaje supera el 80% y es el único motor de desarrollo y empleo en el medio rural.
Además, se trata de unas producciones que han perdido la preferencia comunitaria y que tienen que competir en el exterior sin el paraguas de la compensación que tienen los clásicos productos continentales, a través del 70%, aproximadamente, de los créditos del FEOGA.
Señor Comisario, este sector parece la moneda de cambio utilizada en los acuerdos preferenciales con terceros países y en las sucesivas revisiones de sus protocolos, con el agravante de que estos países producen sin las condiciones económicas, sociales y medioambientales que tenemos en Europa, pero con los mismos calendarios de nuestras zonas productoras.
Esta situación no es justa ni equitativa, porque no es justo ni equitativo tener que competir en el exterior sin la protección de que se benefician los productos continentales. Tampoco lo es que, en virtud de las trabas internas y de las penalizaciones ocasionadas por la reglamentación, no se cumpla la neutralidad presupuestaria fijada en 1.900 millones de euros en la Agenda 2000.
Para terminar, creo que esta propuesta es manifiestamente mejorable y que el informe del Sr. Jové, al que felicito muy sinceramente, marca la pauta para poderlo hacer. Y esto sería lo adecuado y lo justo.

Cunha
Señora Presidenta, señor Comisario, la propuesta de la Comisión sobre la política relativa a las frutas y hortalizas es muy incompleta e insuficiente. Y quisiera subrayar a este respecto cuatro aspectos.
En primer lugar, es necesario aumentar los umbrales de garantía para los diferentes tipos de frutas y hortalizas con el objetivo de aproximarlos a las producciones reales de la Unión Europea y dar mejor respuesta al nivel de demanda. En ese sentido subrayo en particular la necesidad de que se aumente el umbral de garantía para el tomate destinado a la industria en Portugal, que debería aproximarse como mínimo al valor fijado en la Cumbre de Berlín, es decir, 953.000 toneladas.
En segundo lugar, quisiera decir que el nivel de ayudas por tonelada que propone la Comisión es bastante insuficiente, por lo que parece necesario un aumento, como, por lo demás, propone el ponente. En verdad, el fin del precio mínimo, que ahora termina, entrañará una considerable reducción de los precios de la producción y es importante procurar que no haya reducciones de renta para los agricultores.
En tercer lugar, quisiera decir que el nivel de los fondos operativos es también algo profundamente insuficiente. Por lo demás, como propone el ponente, sin una mejora del nivel de financiación de los fondos, no es posible mejorar el funcionamiento de las agrupaciones de productores.
Por último, quisiera decir que la Comisión ha perdido una oportunidad espléndida de volver la PAC un poco más equitativa: como sabe el Comisario, un sector que abarca el 16% de la producción agrícola sólo recibe un 4% del presupuesto; por lo demás, ni siquiera llega al 4%. Y en este momento los productores de frutas y hortalizas de la Unión Europea viven esencialmente de los ingresos del mercado, de lo que venden en el mercado, corriendo los riesgos del mercado, las incertidumbres del mercado, confrontados con otros colegas suyos de otros países que producen otros productos, como cereales, oleaginosas, carne de bovino, leche, etc., que tienen los ingresos asegurados con cargo a la PAC y sin correr riesgo alguno.
Señor Comisario, tenemos que acabar rápidamente con esa esquizofrenia en la PAC.

Costa, Raffaele
Señora Presidenta, Señorías, he apreciado el informe tal como ha sido sometido a nuestra atención y he valorado el trabajo de la Comisión de Agricultura en lo referente a la posición del Parlamento respecto a la postura tanto histórica de los viejos reglamentos como actual de la Comisión y del Consejo.
Evidentemente, esto no excluye que puedan haber - las hay y las habrá también mañana y se expresarán en la votación - posiciones divergentes, así como actitudes que implican o respaldan la demanda de reformas. Parece que en el planteamiento de la Comisión y del Consejo no se tienen suficientemente en cuenta las formas de cultivo de determinados productos que tienen unas características y especificidades que se desarrollan en un determinado entorno social - como decía una oradora que ha intervenido antes que yo - que afecta a ciertos sectores: me refiero al tomate para la industria y a los cítricos, así como a los frutos secos.
En consecuencia, creo que ciertas ayudas en especial se han reducido no sólo por el empobrecimiento general que experimentamos en estos días con el euro - respecto al cual sería conveniente arbitrar alguna medida antes de que la situación acabe en una oposición a la institución europea en su conjunto - sino también por la postura que hay que tomar respecto a los productos del Mediterráneo. Recientemente han habido manifestaciones y protestas muy justas. Sin embargo, también se han hecho algunas propuestas a nivel parlamentario: propuestas relativas al límite máximo de la ayuda financiera, propuestas para uniformar los beneficios correspondientes a todas las organizaciones de productores, independientemente del fundamento jurídico, una propuesta - que creo que merece ser respaldada - relativa al mantenimiento de la ayuda a la producción también para el período posterior al trienio y, por último, para determinados productos, en particular los frutos secos, la propuesta de una evaluación especialmente equilibrada de la contribución, de la subvención a asignar.

Ebner
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, tengo una gran comprensión por los esfuerzos de la Comisión y del Comisario por ahorrar pues me parece correcto. Pero sin ensalzar el principio Floriani: la situación en el sector de las frutas y verduras está empeorando a ojos vista. Aumento de contingentes, importaciones de terceros países y oscilaciones en el consumo, ya se trate las cantidades o de la calidad, son los argumentos más importantes al respecto. La situación se vuelve más crítica aunque aún no sea tan crítica, como ha dicho el colega Martinez. Con 40 hectáreas se puede vivir muy bien, por ejemplo, en mi región, el Tirol del Sur. Así pues, la situación aún no es tan grave, pero a pesar de ello hay que llamar la atención.
Si, por ejemplo, se ve que el sector de la fruta y de la verdura se promueve con un 3,8% y los cultivos de labranza con un 41%, se tiene la sensación de que quizás se ha olvidado una cifra. Lamentablemente, no se ha olvidado y se trata realmente del 3,8%. Una desventaja que beneficia a otro sector agrícola, los cultivos de labranza, donde sin duda existiría un margen de actuación mucho mayor que en las frutas y verduras. Los acuerdos comerciales internacionales se realizan parcialmente a costa de este sector de las frutas y verduras beneficiando de este modo a otros sectores económicos.
Creo que esta limitación financiera adicional es difícil de soportar y espero que el Comisario, la Comisión y el Consejo tengan la perspicacia para que a las dos desventajas existentes no venga a sumarse una tercera porque se quiere ahorrar aquí adicionalmente de modo especial y espero también que se tengan en cuenta los deseos y propuestas del Parlamento, del ponente y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, antes de hablar sobre el contenido del informe deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Jové Pérez por su informe así como también a las damas y caballeros de la comisión por el tiempo y esfuerzos que han dedicado a las 61 enmiendas. Hay una cosa que me parece estar clara: al igual que en cualquier otra regulación totalmente nueva, en el sector de las frutas y hortalizas debe tener lugar una revisión basándonos en las experiencias que hemos tenido en los últimos años y también hay que perfeccionar la organización de mercado.
Los Estados miembros y los representantes del mismo sector están de acuerdo con la Comisión en que hay algunos problemas prioritarios que deberíamos solucionar lo antes posible. Este ha sido el motivo por el que la Comisión ha realizado una especie de apreciación por adelantado del informe y ha presentado ahora esta propuesta para su debate sin esperar al informe definitivo.
Nos hemos centrado en cuatro sectores: el doble límite superior para las ayudas a los fondos operativos, el funcionamiento de la regulación de apoyo para los tomates transformados, el importe de las cuotas para tomates, cítricos y peras así como las restituciones a la exportación. Pero el hecho de que nos hayamos adelantado a estos cuatro temas no significa que no vayamos a presentar este informe en el que se exige la organización de mercado. Lo vamos a hacer en cualquier caso y además dentro de este año.
Pero tal como puedo ver de las muchas enmiendas, han aprovechado ahora la ocasión y adicionalmente a los cuatro temas que ha presentado a debate la Comisión, se han adelantado al informe definitivo. De ello se deduce una cierta discrepancia entre la opinión de la Comisión y lo que sus Señorías proponen aquí.
¿En qué principios se ha basado la Comisión para elaborar su propuesta? Ante la situación presupuestaria y las resoluciones de Berlín, cualquier propuesta que condujese a unos aumentos esenciales de los gastos presupuestarios a favor de un sector específico, no sería realista. Por ello, la propuesta se basa en el principio de la neutralidad presupuestaria.
Naturalmente, sé que los créditos para el sector de las frutas y hortalizas -dejando de lado aquí los plátanos- han retrocedido desde la reforma de 1996 y que tampoco se han cumplido plenamente los pronósticos de la Agenda 2000. Dos factores son la causa principal de ello: en primer lugar, los gastos para las ayudas a los fondos operativos han ascendido mucho menos de lo esperado porque las cifras de miembros en las organizaciones de productores no han aumentado tan intensamente como se esperaba y, en segundo lugar, al calcular las ayudas para la transformación se han tenido en cuenta los crecientes precios de los mercados mundiales así como la evolución del dólar.
Finalmente, la propuesta de la Comisión apunta a una amplia simplificación armonizando las actuales regulaciones sobre las transformaciones para los productos más importantes haciéndolas de este modo más transparentes. Para los tomates, peras, melocotones y cítricos se determinan junto al umbral comunitario unos umbrales nacionales y se paga una ayuda permanente directamente a las organizaciones de productores. Una ventaja de la modificación propuesta es también que sobre la base del futuro importe de las ayudas -establecido de momento por un tiempo indeterminado-, las organizaciones de productores pueden negociar libremente el precio de los productos de salida. Por ello, los precios mínimos van a ser superfluos en el futuro. Además, la introducción de un único límite superior garantizado para las ayudas a los fondos operativos simplificará considerablemente tanto la elaboración de programas operativos como también su ejecución.
Teniendo presentes estos principios, voy a referirme ahora a las enmiendas propuestas por ustedes. En mi opinión, se pueden dividir en tres grupos: en el primer grupo se trata de observaciones generales sobre la organización común de mercado. Las enmiendas nº 1, 2, 44 y 19 se refieren al fortalecimiento del papel de las organizaciones de productores. En las enmiendas nº8, 14, 26, 27 y 35 se trata de apoyar más a las regiones situadas geográficamente en la periferia y a las regiones menos favorecidas así como de medidas comerciales. En las enmiendas nº 17, 48, 49, 50, 55, 56 y 59 se trata de los informes sobre la organización común de mercado. Las enmiendas nº 3 y 4 se refieren a la elevación de los créditos de la UE para el sector de la fruta y de las hortalizas.
En mi opinión, todas estas observaciones de carácter general sobre la organización de mercado no encajan en el marco de la propuesta que se presenta. Se adelantan a lo que pensamos aún presentar y deberán debatirse por ello en relación con este informe.
En el segundo grupo se trata de exigencias específicas relativas al funcionamiento de la organización común de mercado como, por ejemplo, la enmienda nº 5, relativa a nuevos terrenos de cultivo y las enmiendas nº 27, 21, 25 y 34, relativas a medidas especiales de apoyo en caso de crisis graves. Con la enmienda nº 18 se quieren mejorar las posibilidades directas de ventas y las enmiendas nº 22 hasta la 24 se refieren de nuevo a los fondos operativos. Las enmiendas nº 28-30, 33, 36, 37 y 38 se refieren a las asociaciones del ramo, a los frutos de cáscara y a las devoluciones.
Al igual que las del primer grupo, estas enmiendas no pertenecen tampoco al marco de la propuesta sobre la que hoy se debate, por lo que no se pueden tampoco recoger. Reconozco, sin embargo, que ambos grupos contienen algunos aspectos interesantes que la Comisión va a examinar a fondo en el marco de los informes que deberá presentar hasta finales de año. Indico que el examen de la elevación de los créditos para los frutos de cáscara es ya objeto de una propuesta al Consejo que fue aceptada el 5 de octubre.
El tercer grupo de las enmiendas afecta realmente a la propuesta que se somete aquí a debate. En las enmiendas nº 6 y 25 se propone una elevación de las ayudas comunitarias mediante los fondos operativos. Las enmiendas nº 31 y 32 apuntan a suprimir los descensos de los tipos máximos propuestos por la Comisión para las retiradas del mercado. Las enmiendas nº 67 y 68 se ocupan del consumo de agua y con las enmiendas nº 9, 11, 15, 16, 40, 41, 51, 53, 57, 60 y 61 se propone de modo diferente la elevación o modificación de los umbrales de transformación y las ayudas para tomates, peras, melocotones y cítricos.
La enmienda nº 39 prevé una simplificación procedimental al realizarse adaptaciones a nuevos productos en el sector de las transformaciones. En la enmienda nº 43 se trata de una regulación transitoria para los tomates y con la enmienda nº 12 se exige un estudio sobre la supresión del precio mínimo. Finalmente, las enmiendas nº 62 hasta 66 prevén ayudas directas para los productores que se encuentran imposibilitados de realizar transformaciones en sus productos. La mayoría de las enmiendas de este grupo suponen considerables aumentos de los gastos presupuestarios, por lo que atentan considerablemente contra el principio de la neutralidad. Por ello, no puedo aceptar estas enmiendas.
Naturalmente, el lunes también se debatió en el Consejo sobre la cuestión del volumen global de la financiación comunitaria de este sector. Estos debates va a proseguir sin duda y este punto va a ser aún un elemento importante para una decisión definitiva sobre la propuesta.
Las enmiendas nº 41, 53, 67 y 68 complicarían en mi opinión más bien la regulación que la simplificarían y la regulación marco no cubre la enmienda nº 12. Sin embargo, la Comisión está de acuerdo con el fondo de la enmienda nº 39. Examinaremos por ello una forma jurídica mejor. Las enmiendas nº 62 hasta 66 modifican el sistema existente de un modo que los esfuerzos por desarrollar organizaciones de productores correrían peligro.
Para finalizar, quiero llamar la atención sobre lo siguiente: cualquier aplazamiento de la propuesta de la Comisión haría que la mayoría de las enmiendas que estarían en vigor según la actual propuesta a partir del 1 de enero del 2001 o bien desde el comienzo del ejercicio económico 2001/2002, serían eficaces solamente un año más tarde. La Comisión considera esto como un perjuicio innecesario para el sector. Por ello se ha presentado ahora la propuesta y espero que el Parlamento emita esta semana su dictamen y que el Consejo apruebe la propuesta antes de finalizar el año.

La Presidenta
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las a las 10 horas.

Recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0276/2000) del Sr. Nicholson, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece medidas técnicas suplementarias para la recuperación de la población de bacalao en el Mar de Irlanda (división CIEM VII a).

Nicholson
Señora Presidenta, al comenzar a sopesar la idea de asumir la ponencia de este informe, me preguntaba si para un político de Irlanda del Norte era una sabia decisión aceptar la ponencia de un informe sobre la División VIIa del Mar de Irlanda. No obstante, creo que en política hay que asumir algunos de los aspectos más positivos de la vida. Si bien, en principio, esto pudiera parecer un cáliz envenenado, confío en que, en última instancia, el Parlamento, la Comisión y yo mismo podamos, conjuntamente, desarrollar algo que sea positivo y fructífero para los pescadores que dependen de la pesca en el Mar de Irlanda.
El informe está diseñado para proteger a los alevines de bacalao del Mar de Irlanda. Hemos de dejar claro que no sólo está diseñado para proteger a los alevines de bacalao sino también para proteger a otras especies del Mar de Irlanda. Esto es importante. El resto de especies del Mar de Irlanda también se beneficiará de esta protección.
Desde este punto de vista, lo que ha cambiado de forma radical últimamente es que existe una creciente concienciación de que esa protección es necesaria. Es posible que hace cinco años si se les hubiera dicho a los pescadores de esa zona que esto era necesario, su respuesta hubiera sido que no. Ahora la respuesta sería más positiva y se reconocería que existe un problema, que este problema ya existía. La cuestión fundamental se centra ahora en cómo vamos a resolver ese problema.
Saludo la cooperación que ha habido en esta cuestión en particular entre los pescadores, sus representantes, la Comisión y los gobiernos nacionales, regionales y locales. Esto es positivo y sobre la misma hemos de avanzar. Debemos seguir desarrollándola y hacerla fructífera.
Pero este diálogo no puede ser unidireccional. No puede ser que la Comisión le diga a los pescadores que lo sabe todo. La Comisión debe escuchar a los pescadores, escuchar su experiencia, prestar atención a lo que saben, incorporarlo y trabajar y colaborar con ellos.
Este informe también necesita cambios técnicos: hasta el tamaño de la malla de las redes. Se trata de un informe muy técnico y requiere la cooperación de los pescadores con la Comisión y las autoridades regionales para asegurarnos de que no destruímos lo que en el pasado era considerado un puro recurso natural.
En la División VIIa en Irlanda del Norte tres puertos dependen totalmente de la industria pesquera: Kilkeel, Ardglass y Portavogie. El año pasado los pescadores de la zona se vieron privados de sus derechos de pesca durante una veda de 11 semanas. Aquello fue duro. Pero al objeto de proteger a los alevines de bacalao y el periodo de desove, cooperaron y mantuvieron una actitud muy positiva. Creo que el año que viene también existirá esta cooperación. Lo que piden los pescadores de la Comisión es que ésta les responda de una forma más positiva que en el pasado.
Hemos de encontrar la vía hacia delante. Hemos de encontrar una salida a esta situación. La tarea no va a ser fácil para nadie. Confío en que podemos encontrar una salida y un camino positivo hacia delante, pero sólo si todo el mundo coopera. He intentado presentar unas enmiendas que creo que contribuirán a ello. Espero que el Comisario sea positivo en su respuesta.
Las medidas técnicas deberían revisarse anualmente. Esto sería de gran ayuda para los pescadores de la zona. Se trata de una carga que no se sobrelleva fácilmente de modo que necesitamos una revisión cada 12 meses. También espero que el Comisario pueda tender una mano y abordar las dificultades socioeconómicas relacionadas con las propuestas. Si los gobiernos regionales o nacionales presentan una propuesta, ¿responderá el Comisario positivamente e intentará encontrar una vía de progreso para apoyar a esos pescadores, para mejorar los aspectos técnicos que lo requieren y para aceptar los nuevos estándares propuestos?
Esta es una situación muy compleja. No es fácil de resolver. Solicito del Comisario que responda positivamente.

Langenhagen
Señora Presidenta, señor Comisario, voy a comenzar con una cita modificada del lírico alemán Heinrich Heine: "Cuando pienso en la pesca por la noche, se me quita el sueño" . Se debería complementar del siguiente modo: cuando pienso en las existencias de bacalao en el Mar de Irlanda, entonces me despierto del todo. Hay que estar despierto o ¿sabe usted porqué desde hace muchos años el recurso más que escaso que es el bacalao ha podido alcanzar su nivel histórico más bajo? ¿Se debe al pez, al pescador, a las condiciones medioambientales o a la sociedad?
Necesitamos una gestión integrada de las zonas costeras, sobre la que hablaremos pronto, pues las regiones costeras de estructuras débiles necesitan una nueva autoconsciencia y sobre todo puestos de trabajo modernos. Pero esto sólo es posible si se solucionan por fin las cuestiones del principio del causante, de la atribución de la culpa, de las competencias y de las responsabilidades a todos los niveles. Tienen que aplicarse unas medidas técnicas razonables y comprobables. Necesitamos sanciones que obliguen y necesitamos Estados miembros que ejerzan su derecho originario de control, también bajo una carga financiera.
Además, tiene que existir una armonía triple: la voluntad política, el pescador que piensa de modo económico y la conjunción de consumidores y empresarios en el mercado. Las tres fuerzas tienen que comprometerse con una idea, a saber, la idea de una explotación sostenible de una fuente de alimentos que es valiosa y que no se puede sustituir. Los actores son todos ellos responsables y con dinero solamente no se pueden solucionar a la larga los problemas, estimado colega Nicholson. Sin embargo, medidas técnicas son de ayuda para restituir el equilibrio de una Naturaleza desequilibrada y estoy pensando en el bacalao del Mar de Irlanda.
Lamentablemente, nuestra sociedad tiende a eludir las leyes. Esto es posible sin más en la oscuridad de la noche del Mar de Irlanda. Mediante un control dirigido, unos informes y un diálogo permanente de abajo hacia arriba entre todos los afectados podremos, así lo creo, dormir de nuevo tranquilamente y yo también. Por ello, la Comisión de Pesca ha apoyado unánimemente el informe de nuestro combativo colega James Nicholson. Rogamos lo mismo al Parlamento, la Comisión y el Consejo.

Stihler
Señora Presidenta, señor Ponente y señor Comisario, este informe es la triste historia de un pez del que un autor ha escrito que, literlamente, ha cambiado al mundo en los últimos mil años. el comienzo de este nuevo milenio es muy diferente del comienzo del pasado. En todo el mundo se ha practicado una pesca desenfrenada con efectos generalizados, sin constituir el Mar de Irlanda una excepción, y los resultados han sido devastadores.
El la radical disminución del bacalao en el Mar de Irlanda es más que evidente. Desde 1988 hasta 1997 las capturas de bacalao de Irlanda han disminuido de 5.821 a 1.492 toneladas. No hace falta recurrir a un matemático para la conservación es esencial si queremos que la pesca del bacalao siga existiendo en el Mar de Irlanda. Antes de que hable sobre medidas técnicas, nadie ha hablado del propio pescado. ¿Sabían ustedes que el bacalao come cualquier cosa? El bacalao es un pez bastante perezoso. La carne blanca que tanto nos gusta comer a todos es más bien debida a su pereza que al tono muscular, aunque la ironía es que el bacalao hace las delicias del que hace dieta. El bacalao sólo tiene un 0,3% de grasa y puede jactarse de un 18% de proteinas, y si se seca las proteinas ascienden al 80%. El bacalao no tiene desperdicio. El abanico de delicias culinarias que ofrece el bacalao es amplísimo - y hay libros escritos sobre la materia.
El informe destaca las medidas técnicas que pueden emplearse para preservar a los alevines de bacalao. Principalmente se ocupa de las medidas de la malla y de las redes. El ponente menciona las compensaciones, pero yo lo diría con cautela: las compensaciones constituyen un camino muy resbaladizo. Pueden suponer una solución a corto plazo para un problema de más largo plazo. Una pesca sostenible, en la que los pescadores y sus familias puedan subsistir con las medidas de conservación, es recíprocamente beneficiosa. Esto permitiría que los caladeros de bacalao se recuperaran, de suerte que volverían a garantizar una pesca sostenible.
Asegurémonos de que en este milenio la gente pueda disfrutar del bacalao del Mar de Irlanda tanto como lo hicieron en el pasado milenio.

Fraga Estévez
Señora Presidenta, quiero agradecer al Sr. Nicholson la rapidez con que ha presentado su informe, que nos permitirá votar mañana, sobre una propuesta de la Comisión cuya aplicación es muy necesaria.
Quiero plantear, sin embargo, una serie de dudas que me surgen respecto a las enmiendas 1 y 2, que piden que las modificaciones en las artes de pesca a que da lugar esta propuesta sean subvencionadas con cargo al IFOP. Si bien yo, en principio, no tengo nada en contra de las ayudas a los pescadores, sí creo que éstas deben ser otorgadas en un marco concreto y de acuerdo con criterios inequívocos, y éste es el fondo de mi pregunta: aclarar cuáles son estos criterios.
El ponente invoca para su petición de ayuda los artículos 15 y 16 del Reglamento (CE) nº 2792/1999. Creo que, de todas maneras, sólo podría invocarse el apartado 2 del artículo 16, y quisiera, por tanto, que el Sr. Comisario me aclarase si las peticiones del informe quedarían recogidas en el texto de dicho artículo, porque, si se considera que las medidas contenidas en la presente propuesta son financiables al amparo del apartado 2 del artículo 16 del IFOP, ello significaría que cualquier medida de carácter técnico que supusiera una mayor restricción en la actividad pesquera lo sería también.
Hay que recordar que, por definición, toda medida técnica tiene un componente restrictivo de la actividad. Creo que merece la pena dejar claro este punto, porque es evidente que toda medida técnica significa, de manera más o menos directa, una pérdida económica para los pescadores. Si éste es el criterio que se ha de seguir, resulta también evidente que si se subvencionan medidas como las propuestas, serían igualmente subvencionables todas aquellas derivadas de una modificación de las medidas técnicas que signifiquen un cambio respecto al uso de artes o métodos de pesca, es decir, la práctica totalidad de las reformas del Reglamento de medidas técnicas.
Me gustaría realmente, señor Comisario, que se nos aclarase este punto, dado que del apartado 2 del artículo 16 caben todo tipo de interpretaciones. Me gustaría conocer la interpretación que la Comisión da al apartado 2 del artículo 16.
Gracias, señora Presidenta, y regalo un minuto en esta noche que se está haciendo muy larga para todos.

Stevenson
Señora Presidenta, felicito al Sr. Nicholson por su excelente informe.
Ha señalado que para ser efectivos las medidad deben contar con el apoyo de los pescadores y científicos que viven en la zona. Esto bien pudiera constituir una vía de apertura hacia la estrategia de una gestión descentralizada de la pesca que todos hemos debatido en el contexto de la reforma de PPC. Cada vez se hace más evidente que los pescadores y los científicos que trabajan en una pesquería determinada se someten más fácilmente a las normas y regulaciones que ellos mismos conciben que a las impuestas por Bruselas.
Las principales organizaciones pesqueras del Reino Unido - la Federación de Pescadores de Escocia y la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores - que entre ambas representan los intereses de 1900 buques, apoyan ambas el concepto de gestión zonal. A los pescadores también les preocupa seriamente que tales normas puedan ser interpretadas y aplicadas de forma diferente por los buques pesqueros de los distintos Estados miembros. Esta es la razón, de nuevo, por la que la gestión zonal de la pesca, que involucra a todos los pescadores que trabajan en una pesquería común, garantizaría que las normas se aplicasen justa y equitativamente.
Este informe es muy oportuno, ya que las reservas de bacalao no sólo están disminuyendo rápidamente en el Mar de Irlanda, sino que están en marcado declive en todas las aguas del Reino Unido. Hace algunos años, cuando la Cámara de los Comunes elaboró en Londres un acuerdo que zanjó efectivamente la guerra del bacalao entre el Reino Unido e Islandia, a éste se le denominó "el trozo de bacalao que incitó el entendimiento" . Esperemos que este informe marque el comienzo de la recuperación de los bancos de bacalao en el Mar de Irlanda y abra el camino hacia el futuro.

Fischler
Señora Presidenta, Señorías, en primer lugar quiero felicitar al Sr. Nicholson por su excelente informe. Al mismo tiempo, le quiero asegurar que estoy muy dispuesto a escuchar a los pescadores, además porque dentro de dos semanas voy a estar en Irlanda y voy a mantener allí unos contactos muy intensos, conversaciones y discusiones con los pescadores locales y la totalidad del sector.
Conocen perfectamente la propuesta. Creo que no es necesario exponerla aquí de nuevo. Por ello, me voy a referir a continuación a las enmiendas propuestas y, lamentablemente, tengo que decirles que veo algunos problemas en ellas. Respecto a las enmiendas nº 3 y 4, que se refieren a las ayudas compensatorias: aquí hay dos motivos por los que la Comisión no puede apoyar estas enmiendas.
Primero: aquí se trata de un texto sobre medidas técnicas y un texto de este tipo no es el lugar donde al mismo tiempo se puedan recoger disposiciones sobre ayudas compensatorias. Segundo y este es más importante: son los Estados miembros los que de conformidad con el Reglamento 27/97 los que tienen que decidir si ofrecen o no a los pescadores por la suspensión temporal de sus actividades de pesca una ayuda compensatoria.
Las otras dos enmiendas, la 1 y la 2 se refieren a la futura revisión del Reglamento y son problemáticas para la Comisión por los siguientes motivos: el primer motivo es que todos -la Comisión, las administraciones de los Estados miembros y también los mismos pescadores- quieren que el 1 de enero del próximo año entre en vigor el Reglamento. En mi opinión, se debería evitar cualquier retraso de esta entrada en vigor. En segundo lugar, este Reglamento se ha elaborado sobre la base de los resultados de las reuniones mantenidas con pescadores, científicos y funcionarios administrativos y tenemos previsto mantener estas reuniones también en el futuro mientras dure esta crisis del bacalao.
Esto puede conducir a una revisión de las medidas y condiciones que se deben determinar ahora. Les ruego por ello que confíen en nosotros. En la práctica nos vamos a atener a la condición de revisión. Pero para que el reglamento pueda entrar en vigor lo antes posible, no puedo apoyar esta enmienda. Muchas gracias por su comprensión.

Nicholson
Señora Presidenta, he escuchado con mucho interés al Sr. Comisario. Quizá pueda decirme cuándo va a visitar cualquiera de los puertos de Kilkeel, Ardglass o Portavogie. ¿Podría responder a esta pregunta? Ha dicho que iba a visitar a los pescadores. Me complacería estar allí con él. Me encantaría acompañarle y hablar con los pescadores con él. ¿Podría decirme cuándo va a visitar esos puertos?

Fischler
Señora Presidenta, he dicho que voy a ir a Irlanda -por lo demás, también a Escocia- y he dejado en manos de los correspondientes Gobiernos o responsables la elaboración del programa y también la elección de con qué pescadores debo encontrarme. Por ello, en estos momentos no puedo cambiarlo pero está gustosamente invitado -si así lo desea- a acompañarme.

Nicholson
Señora Presidenta, no quisiera prolongar esta cuestión pero tengo la sospecha de que el Sr. Comisario no va a ir a Irlanda del Norte, sino a otros lugares de la isla de "Irlanda" que nada tienen que ver con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido. Si quiere venir a Irlanda del Norte a visitar a los pescadores me complacería acompañarle. Pero le ruego que no me de las respuestas platónicas que me acaba de dar. No voy a aceptarlas. Si quiere defender esto ante los pescadores puede hacerlo, pero yo no voy a participar en ello. Le ruego que no se complique en ese tipo de situaciones.
En la pesca cooperamos todos, tanto en el norte como en el sur de la isla. No intente convertirlo en una perspectiva política.

La Presidenta
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas.

Acceso desagregado al bucle local (telecomunicaciones)
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0298/2000) del Sr. Clegg, en nombre de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso desagregado al bucle local.

Clegg
Señor Presidente, siempre es un placer debatir a estas altas horas de la noche en un ambiente tan acogedor. Ciertamente, al aceptar la ponencia de algo tan opaco como la desagregación del acceso a los bucles locales no era consciente de que iba a desatar tanta controversia e iba a ser tan complejo como ha sido, ni tampoco que nuestros debates iban a culminar en estas circunstancias nocturnas. El reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local es una norma que completa el trabajo inconcluso realizado en el pasado, pero también constituye un importante paso hacia el futuro.
Completa el trabajo inacabado en el pasado porque impone la competencia en el último segmento del mundo de las telecomunicaciones, que hasta ahora había escapado a las medidas europeas de liberalización. Al mismo tiempo, al garantizar que el acceso al bucle local - la última milla del llamado cable de cobre - queda ahora abierto a todos los nuevos operadores y ya no es el coto privado de los llamados operadores titulares, el reglamento servirá como estímulo para una oferta más variada de servicios no de voz para el consumidor. Reducirá los precios al consumo y estimulará la prestación de nuevos y atractivos servicios de banda ancha que situarám a España en una situación firme y dinámica, orientada hacia el futuro.
De este modo, esto contribuirá a cumplir las promesas hechas en marzo de este año en Lisboa cuando se establecieron unos ambiciosos objetivos que, como se ha dicho, ayudarána a asegurar que la brecha que se ha abierto entre la Unión Europea y los Estados Unidos en la economía de la información sea eliminada tan pronto como sea posible. El procedimiento que hemos tenido que seguir para actuar lo más rápidamente posible, siguiendo las conclusiones de la Cumbre de Lisboa y la propuesta de julio de la Comisión, ha sido atípico.
Me han hecho saber que si mañana votamos este informe y lo adoptamos como se ha votado en comisión será la norma de este tipo más rápidamente procesada por las instituciones de la Unión Europea. Esto sólo ha sido posible gracias a un grado de cooperación sin precedentes. En primer lugar, cooperación con la Comisión - y me gustaría dar las gracias al Comisario Liikanen y a todos sus excelentes funcionarios, que han trabajado en este asunto, por su asidua asistencia a lo largo de todo el proceso. Ciertamente nos han prestado un servicio incalculable.
También me gustaría dar las gracias al Consejo por su cooperación, en principio derivada del mandato contenido en las conclusiones de la Cumbre de Lisboa, pero también surgida de una serie de iniciativas particularmente efectivas implusadas por la Presidencia francesa en el Consejo de Ministros, y por supuesto quisiera expresar mi gratitud por la cooperación recibida en esta Asamblea.
He tenido el privilegio y la suerte de trabajar con algunos colegas de todos los grupos que han aunado esfuerzos en la comisión para elaborar el informe que mañana procederemos a votar. Quisiera darles las gracias a todos por la cooperación que me han brindado.
No ha sido fácil: en primer lugar porque el procedimiento es arduo, nuevo. Los que hemos trabajado en ello coincidimos en que si esto va a sentar un precedente para el futuro, quizá pudiéramos considerar la promulgación de ciertas normas que faciliten este tipo de proceso en el futuro, junto con otras normas sustantivas. Esta es una medida que con seguridad será dolorosa para los operadores titulares involucrados y me consta que algunos colegas han discutido con estos operadores y les agradezco mucho que me hayan transmitido sus preocupaciones y también hayan colaborado conmigo para encontrar el camino adecuado.
Podemos sentirnos orgullosos del trabajo que hemos culminado y que espero culminemos en la votación de mañana. Esto demuestra que, incluso en áreas políticas tan difíciles y controvertidas como esta, la Asamblea actúa con decisión y claridad cuando es necesario y por ello quisiera volver a dar las gracias a todos los involucrados.

Matikainen-Kallström
Señora Presidenta, en primer lugar, quiero darle las gracias al ponente de este informe. Él ha realizado un extraordinario trabajo en el marco de este difícil proceso, y teniendo en cuenta los problemas que el procedimiento de urgencia fast-track crea tanto a nivel de calendario para la elaboración de la legislación, como a nivel del debate parlamentario, debemos sentirnos satisfechos con el compromiso que hemos conseguido. Desde el punto de vista del consumidor, lo más importante es que este Reglamento entre en vigor ya a principios del próximo año. Se trata de un asunto muy urgente, puesto que la libre competencia de precios en las redes del bucle local es una de las piedras angulares de Europa y, extensivamente, de todo el desarrollo de la sociedad de la información europea
Estoy especialmente satisfecha por el hecho de que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión hayan sido capaces de proceder en estrecha colaboración y de abordar este asunto a través de un debate constructivo, en el que se ha dado una compenetración casi sin precedentes. Una vez que el Parlamento apruebe mañana este informe siguiendo el espíritu de entendimiento mutuo logrado, cosa que deseo y de la que estoy convencida, la pelota quedará en manos del Consejo.
La libre competencia en el bucle local beneficia principalmente a los usuarios de Internet. Los monopolios del sector de las telecomunicaciones han venido cobrando unas tarifas de usurero. El consumidor europeo se ha visto obligado a pagar, en el peor de los casos, hasta diez veces más que los norteamericanos en concepto de tarifas de Internet. La bajada de los precios allanará el umbral para que la gente se sirva de los servicios de Internet en su vida cotidiana. Por ejemplo, las posibilidades ilimitadas del comercio electrónico estarán más al alcance de los europeos. La reducción de las tarifas en las llamadas locales beneficiará a todo el mundo, también a los interesados en participar en la aventura de los bitt y de Internet.
Las autoridades reguladoras nacionales tienen la gran responsabilidad de velar por que los monopolios telefónicos liberalicen hasta el último cable para que las nuevas empresas del sector puedan competir. Es previsible que algunos monopolios intenten conservar sus ventajas competitivas por medio de todo tipo de artificios. Hay que atajar con mano dura estas tentativas. Los monopolios deben ser obligados a pagar indemnizaciones considerables si se resisten a liberalizar sus líneas. Sólo así podremos garantizar la implantación de la libre competencia a partir de principios del próximo año. En nombre de mi Grupo, deseo fervientemente que la votación de mañana sea un éxito y que la pelota quede verdaderamente en manos del Consejo, de modo que podamos aplicar el marco de la nueva legislación a prinicipos de año.

Paasilinna
Señora Presidenta, señor Comisario, estimados colegas, le doy las gracias al Sr. Glegg por su excelente y brillante trabajo, a pesar de que últimamente su trayectoria haya sido algo peculiar; pero se merece las gracias de todos modos. Se trata de un éxito redondo e importante de la Comisión, hay que decirlo. Se ha marcado un récord en un sector de tan rápido desarrollo que las plusmarcas no están fuera de lugar. La liberalización del bucle local es la alternativa de la vía rápida que nos confirió el Tratado de Amsterdam y que ahora aprovechamos, porque, si no, perderemos diariamente mucho dinero pagando tarifas excesivamente caras y obstaculizaremos la actividad comercial. Nosotros, los miembros de la Comisión de Industria que nos hemos encargado de este asunto, hemos conseguido en unas cuantas semanas, bajo la dirección del ponente, negociar con la Comisión y con el Consejo esta propuesta que, con toda seguridad, será aprobada mañana sin modificaciones. Estoy totalmente convencido de ello. De hecho, hemos mantenido un debate simultáneo tanto con la Comisión y el Consejo, como con muchas otras instancias y en el propio seno de la comisión parlamentaria, y finalmente hemos obtenido un resultado del que nos sentimos orgullosos.
Yo diría que el bucle local ha sido el mayor obstáculo en los mercados europeos de las telecomunicaciones, obstáculo que vamos a eliminar: y si no ocurre así, las autoridades nacionales podrán intervenir; y en caso de que no se establezcan las tarifas justas, se impondrán sanciones de indemnización. Los consumidores y las empresas han perdido millones y millones a causa del excesivo precio de las tarifas. Ahora los precios se abaratarán en toda Europa tanto en el marco de las llamadas telefónicas y de las rápidas conexiones de Internet, como en los servicios de multimedia. Se trata de la medida idónea en favor de los intereses de los consumidores y repercute en beneficio de todos. Las redes deben liberalizarse bajo condiciones justas e indiscriminadoras. Esto es muy importante. Por otra parte, al elaborar las modificaciones presentadas por el Parlamento, hemos prestado atención a que los propietarios o constructores de las redes no queden arruinados, sino que éstos deben obtener unos ingresos razonables y estar en condiciones también de realizar futuras inversiones en las redes y de reorganizar sus infraestructuras. Existen también problemas: la privacidad se ve aún más amenazada porque los operadores que sean autorizados a entrar en el bucle local de urbanizaciones y de centros urbanos podrán instalar en el mismo sus propios equipos. Así pues, es verdad que el tradicional secreto telefónico está quebrantándose.
En cambio, las subastas del espectro radoieléctrico son contraproducentes para el desarrollo. Encarecen los precios al consumidor y han originado cierto caos en los mercados. Como he dicho, estas subastas aumentan los precios, y no sé qué podrá llegar a pasar con la telefonía móvil de cuarta o quinta generación. Los Estados pierden su capacidad de control. Ya está ocurriendo que crece el desarrollo de los oligopolios, lo cual da lugar a un reparto directo de los mercados. En Holanda, y hace poco en Italia, ha sucedido que en las subastas participan justo tantos pujantes como licencias hay disponibles. Por consiguiente, existe algún tipo de acuerdo, y esto es signo de que los mercados ya no funcionan. Propongo que la Comisión, ahora que disponemos ya de tantos datos al respecto, elabore un informe aclaratorio sobre las consecuencias de todo esto. Estamos ante un desarrollo completamente inverso al que hemos estado preparando en el contexto de esta propuesta de reglamento.

Alyssandrakis
EL) Señora Presidenta, señor Comisario, señorías, en opinión del Partido Comunista de Grecia, las telecomunicaciones son un sector de importancia estratégica. En consecuencia, el motor de su funcionamiento no puede ser la práctica especulativa de los monopolios, sino que debe, por el contrario, proponerse como objetivo el mejor servicio para todos.
En el marco de la política general de la Unión Europea, que abre todos los ámbitos de la actividad social al gran capital, el reglamento que examinamos hoy entrega a los monopolios el segmento tal vez más importante de la red telefónica. Esta infraestructura, cuyo desarrollo exigió muchos años y mucho dinero público, es ofrecida por un plato de lentejas, habida cuenta de que las compañías públicas de telecomunicaciones no obtendrán a cambio sino los costes de mantenimiento y funcionamiento. El argumento de que de esta manera se desarrollarán nuevos servicios no es de recibo, puesto que tales servicios pueden ser desarrollados por las compañías públicas de telecomunicaciones tan bien o mejor, y, sin duda, a más bajo precio, desde el momento en que no soportarán la carga de los beneficios abusivos.
La Comisión Europea y el Consejo no se limitan a la entrega del bucle local al capital privado, sino que lo hacen, con notable precipitación, bajo la forma de reglamento de aplicación inmediata. Creo, señorías, que de este ejemplo pueden sacarse conclusiones que ilustran perfectamente a qué intereses sirve realmente la Unión Europea.

Gallagher
Para empezar quisiera rendir homenaje al Sr. Clegg, quien ha trabajado muy duramente en las últimas semanas con el objetivo de asegurar que el informe final fuese equilibrado y expusiese las preocupaciones de los diferentes Grupos políticos en el seno de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energia, sobre las dificultades existentes.
Me satisface que el texto votado en comisión tenga en cuenta dos cuestiones que me preocupaban especialmente. La primera era el establecimiento de precios justos y la segunda era la prestación de un servicio universal en el contexto de una posterior apertura del mercado de las telecomunicaciones a la competencia.
Creo que es importante asegurar que los cambios tengan lugar de forma controlada, otorgar a todos los involucrados el tiempo necesario para adaptarse y garantizar los derechos de los consumidores. Es evidente que debemos apoyar la modernización de las infraestructuras de telecomunicación existentes de modo que podamos aprovechar la evolución de las nuevas tecnologías. En mi país tenemos el firme propósito de que nuestras infraestructuras de telecomunicaciones sean del más alto nivel para, de esta suerte, asegurar las nuevas inversiones en el país. La inversión en nuestras infraestructuras es un elemento esencial del éxito y el crecimiento continuos de la economía irlandesa, en especial, Irlanda pretende convertirse en uno de los centros mundiales de comercio electrónico.
Al mismo tiempo, es fundamental que a los ciudadanos se les garanticen los mismos beneficios que se derivan de la modernización de las infraestructuras de telecomunicaciones. La apertura de las redes locales de cobre para introducir la competencia debe conducir a la modernización de las redes locales de todas las ciudades y, cirtamente, también de los pueblos. Debemos evitar que los nuevos operadores elijan a su antojo, ya que estos seguramente sólo deseen modernizar las redes de los grandes centros urbanos.
Respecto de los precios justos, hay que permitir que el precio del acceso al bucle local refleje la reducción de costes, además de un margen para la reinversión. En relación con esto celebro saber que la Comisión apoya la fórmula del coste histórico para fijar los precios. Hemos de garantizar que los operadores de telecomunicaciones existentes puedan asegurarse una adecuada compensación financiera por abrir estos bucles locales. En mi opinión, las autoridades reguladoras nacionales deberían poder desempeñar un papel justo y mediador entre los operadores existentes y las nuevas redes.
En conclusión, creo que este es un texto justo y equilibrado. Quisiera dar las gracias al Sr. Clegg por estar dispuesto a escuchar a tantos colegas.

Della Vedova
Señora Presidenta, señor Comisario, el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa estableció un objetivo estratégico de fondo para la Unión Europea, esto es, el de llegar a ser "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo" . Para que esta afirmación se convierta en realidad debe ante todo ir seguida de medidas que liberalicen los mercados, fomenten la competencia y, por ende, el acceso de nuevos operadores al suministro de servicios de telecomunicaciones y en particular de Internet. Considero que la Comisión y las autoridades europeas han sido siempre consecuentes con las declaraciones de Lisboa. Pienso, por ejemplo, en la propuesta de directiva relativa al e-commerce que, con el objetivo o con la excusa de eliminar una discriminación respecto a los productores europeos distribuidores de servicios informáticos acabará por penalizar el desarrollo del e-commerce en toda Europa.
En lo referente a este tema, por el contrario, se está actuando con rapidez y, según parece, realmente bien. Creo que el ponente, Sr. Clegg, ha realizado un excelente trabajo aportando más transparencia y precisión a la propuesta de la Comisión y sentando las bases para esa rápida conclusión del procedimiento legislativo que muchos esperamos y sobre las cuales también nosotros nos vamos a expresar mañana.
Sin embargo, quiero aprovechar esta ocasión para poner en guardia, si es posible, a la Comisión. Una vez aprobado este reglamento, se deberán superar otros obstáculos para la verdadera implementación y liberalización del último kilómetro en los servicios de telecomunicaciones.
En Italia, mi país, se cumplen desde hace tiempo las condiciones para la liberalización del último kilómetro, sin embargo, a la Autoridad nacional de telecomunicaciones le cuesta llegar a la aplicación concreta, en particular a la fijación de las tarifas de acceso a la red local. En el caso italiano, pero también en el de otros Estados europeos, esto se debe muy probablemente al fuerte poder de los operadores preexistentes que presionan para que se demore lo más posible. Están en juego importantísimas rentas de situación y en Italia existen casos de conflicto de intereses entre el Estado regulador y el Estado que es propietario o que controla algunas de las más importantes empresas suministradoras de servicios de telecomunicaciones.

Niebler
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, como ya han dicho los oradores anteriores, con el reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local estamos pisando un terreno nuevo. Por primera vez se aplica el procedimiento acelerado previsto en el Tratado de Amsterdam, es decir, que se suprime la segunda lectura. El objetivo es aprobar con rapidez el reglamento sobre el acceso desagregado para que los mercados locales de las telecomunicaciones se puedan abrir ya a finales de año a la competencia.
Las primeras experiencias con este procedimiento han mostrado que es adecuado solamente para casos excepcionales muy limitados pero que es posible, lo que me alegra naturalmente de modo especial, en temas tan importantes como en el del acceso desagregado llevar a cabo con rapidez aquí en esta Asamblea una decisión legislativa. Sin Nicholas Clegg y su decidido compromiso no habría sido posible debatir con tanta rapidez el reglamento en la comisión y en el Pleno y espero que mañana lo aprobemos. Ha sabido unificar siempre posiciones diferentes y defender la posición del Parlamento ante el Consejo. Querido Nick, muchas gracias de nuevo desde este lugar por tu extraordinario trabajo.
¿Porqué necesitamos un reglamento? A pesar de la liberalización total del mercado de las telecomunicaciones en Europa desde 1998, el llamado último eslabón - es decir, el bucle local- sigue de hecho en manos de las compañías existentes hasta ahora. El reglamento quiere que exista también la competencia en este último eslabón. Sólo mediante una competencia que funcione en este segmento del mercado se garantizará a la larga que se ofrezcan unos accesos rápidos y de bajo coste a Internet y a las ofertas multimedia. Esto no sólo cumple el sueño de cualquier usuario de Internet sino que es además una necesidad imperiosa en la era de la new economy. La realidad en amplias partes de Europa es actualmente aún diferente, la entrada en la red es costosa, las líneas de teléfono están ocupadas mientras se navega, navegar es caro y hay largos tiempos de espera.
Según estudios actuales, a principios del 2000 solamente 400.000 europeos tenían acceso a los servicios de banda ancha mientras que en los EE.UU eran ya 3 millones. La Comisión Europea se ha decidido por ello con razón a intervenir aportando ayuda. Desde mi punto de vista, políticamente no hay otra alternativa que la de apoyar el reglamento en su redacción actual y abrir de este modo el último bottleneck.

Glante
Señora Presidenta, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, yo también quiero felicitar a Nicholas Clegg por su intenso trabajo. Por exponer un ejemplo: sus ofertas de compromiso me llegaron cuando estaba en camino por la autopista. Naturalmente, me he detenido tal como es obligatorio y he seguido discutiendo con él. Esto muestra cómo hemos trabajado. Creo que es ejemplar. Estamos gustosamente dispuestos a seguir haciéndolo en el futuro, si bien de vez en cuando podríamos tomarnos un poco más de tiempo para debatir más intensamente sobre algún que otro punto.
Teníamos un objetivo político, impulsar de modo decisivo la competencia y de este modo allanar el camino hacia la sociedad de la información. Este reglamento va a fortalecer la competencia de modo decisivo en la red local y de este modo, por ejemplo, los servicios de Internet podrán lograr un mejor acceso al mercado de masas. La penetración va a aumentar. La iniciativa va a contribuir a la postre también al fomento de la sociedad de la información. Pero un acceso más rápido y económico a Internet no vale nada sin contenidos. La sociedad de la información tiene que realizarse sobre todo mediante la inversión en personas y en sus aptitudes.
Un punto importante: el reglamento regula en el sentido de la liberalización originaria para las telecomunicaciones, es decir asimétricamente. Esto se ha acreditado sin duda para entrar en la competencia. Pero en el futuro, este reglamento deberá sustituirse y deberemos pasar a regular jurídicamente la competencia. En este sentido, la enmienda 13 es especialmente importante y el nuevo considerando 10a subraya de nuevo que en un tiempo no demasiado largo esto será sustituido por un nuevo marco jurídico.
Al menos la misma importancia tiene que el Consejo no retrase el llamado paquete de las telecomunicaciones. Confío en que lo apruebe con rapidez y que prosigamos los debates sobre el resto del paquete con rapidez y seriedad. Espero que el Consejo no nos deje aquí en la estacada y que a algún que otro Estado miembro no le surjan aún objeciones. Nuestro trabajo debería ser ejemplar al respecto. Nos hemos puesto de acuerdo con rapidez y bien y espero que el Consejo también lo haga.

Harbour
El Sr. Clegg ha dicho en su intervención que este trabajo era controvertido y complejo y por ello creo que hicimos lo correcto al nombrarle a él ponente. Se ha mantenido imperturbable de principio a fin y, en nombre de la Asamblea, quisera dejar constancia de que mientras desagregaba con éxito el bucle local, también estaba agregando con éxito su propio bucle al contraer matrimonio. Estoy seguro de que todos nosotros le felicitamos por ello.
No sorprenderá a nadie en esta Asamblea saber que, como representante del Partido Conservador Británico - y fue el Gobierno conservador el que privatizó British Telecom hace más de 17 años, probablemente la primera de las privatizaciones a gran escala en el sector de las telecomunicaciones de Europa - saludo esta nueva medida para desregular y abrir el mercado. Al promover esto ha sido de gran importancia para la Comisión establecer las bases mediante el paquete para las telecomunicaciones que estamos considerando ahora y al respecto admiramos su ambición y su celo al hacerlo.
Mi único comentario, al contemplar la ligeramente libre redacción de los plazos - por ejemplo, que los operadores notificados deben tener desde el 31 de diciembre una cantidad de peticiones de los beneficiarios razonable - se centra en solicitar del Comisario que nos asegure que va a ser muy estricto en el seguimiento de esto, porque no tendría sentido que insistiésemos aquí en esta cuestión si luego en los Estados miembros, dónde también debe observarse, no hay más que una aplicación libre e indisciplinada.
¿Me permiten decir que esta es una admirable iniciativa surgida de la Cumbre de Lisboa, pero que otros muchos elementos esenciales relativos al progreso de la nueva economía también se mencionaron en Lisboa? ¿Quién va a usar toda esta capacidad desregulada a bajo coste? Queremos que los nuevos empresarios, las nuevas compañías de Internet entren en el mercado. Le recuerdo al Comisario que otro de los aspectos esesnciales citados en Lisboa fue la creación de nuevas condiciones para atraer nuevos inversores. Permítanme animarle a que con este nuevo espíritu de aventura que estamos contemplando - y esa no es una palabra que asociemos siempre a la Comisión - siga avanzando con celo y vigor para realizar, con la misma efectividad, esos otros aspectos de Lisboa.

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Permítanme comenzar por felicitar al Sr. Clegg por la rapidez y calidad de su trabajo y también por darle la bienvenida al más bien exclusivo grupo de diputados que tan amenudo se reune a altas horas de la noche para debatir cuestiones de de telecomunicaciones. De hecho, el predecesor del Comisario Liikanen, el Comisario Bangemann nos describió en una ocasión como "nosotros los pocos, nosotros los felices pocos, nosotros los hermanos" . Se olvidó un poco de las hermanas pero creo que se percibe el significado de su cita shakespeariana.
Quisiera hacer algún comentario sobre el instrumento jurídico - el reglamento - porque es excepcional e histórico y porque hay razones muy especiales: razones que se refieren a la rapidez - periodo post-Lisboa -y razones relativas a la solidez técnica que creo todos apreciamos y entendemos. El Parlamento tiene que estar dispuesto a considerar nuevas formas de trabajar, imaginativas y, como dice el Sr. Harbour, aventureras. Pero hemos de dejar claro cuándo son apropiadas tales medidas y es prácticamente seguro que otros elementos de este último paquete para las telecomunicaciones requerirán más tiempo y discurriran por vías má tradicionales.
También quisiera comentar un aspecto muy importante de la propuesta del Sr. Clegg que se refiere a los poderes de los reguladores nacionales y al poder de iniciativa que creo constituyen eelementos relevantes de la rápida y coherente aplicación y ejecución de este reglamento.
Otros han mencionado la Cumbre de Lisboa y es desde luego legítimo destacar que esta legislación es el resultado del compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea a apoyar el crecimiento y el empleo de Internet en Europa en el marco del plan de acción e-Europa. Mucho de lo que ha pasado no hubiera sido posible sin esta promesa de facilitar un acceso asequible y de alta velocidad a Internet y nos consta la importancia de la desagregación para el éxito del plan e-Europa.
También es cierto que los esfuerzos conjuntos de la Comisión, el Parlamento y el Consejo han dado lugar a esta legislación que forma parte de un esfuerzo general por modernizar el derecho de las telecomunicaciones. Este esfuerzo aportará apertura, transparencia y competencia a la industria a la vez que equilibra la necesidad de regulación y el deseo de liberalizacion. Aun hemos de legislar más asuntos y hemos de aprender las lecciones derivadas de tantas normas en las que nos hemos involucrado conjuntamente a lo largo de tantos años en el pasado. Hemos intentado mirar atrás y extrapolar conclusiones de lo realizado antes de mirar hacia delante e intentar vislumbrar varias veces lo que nos esperaba en el futuro. Hemos cometido errores en este mercado tan volátil y cambiante pero quisiera concluir diciendo qiue si Europa quiere ser competitiva, si quiere permanecer en este sector, si quiere hacer llegar a los ciudadanos de la Unión Europea los beneficos reales de la e-Europa, si quiere seguir a la cabeza de la tercera generación de móviles -si me permiten dar un salto hacia delante - a la par que los Estados Unidos, serán necesarios todos nuestros esfuerzos combinados para asegurar que todo el paquete de medidas llega a realizarsen efectivamente.

Scallon
Señora Presidenta, la desagregación del bucle local persigue el aumento del nivel de competencia, ofreciendo precios más reducidos para el consumidor y un acceso más fácil y barato a Internet, fomentando la innovación tecnológica en el área de acceso local. Saludo este desarrollo prometido. Pero, tal y como ha mencionado el ponente, a muchos de nosotros no han hecho llegar las preocupaciones de los proveedores locales de telecomunicaciones. El proveedor de telecomunicaciones irlandés, Eirecom, sostiene que se debería otorgar un plazo razonable para ejecutar los cambios y que el plazo del 31 de diciembre es prácticamente inalcanzable. Además, el cobro por el acceso desagregado al bucle local debería ser justo y adecuado para asegurar el desarrollo a largo plazo y la modernización de la infraestructura local de acceso. Invertir en zonas poco pobladas y menos desarrolladas no es financieramente viable y no es probable que atraiga a los nuevos operadores.
Si combinamos este posible escenario con otras medidas que afectan adversamente a las zonas rurales, tales como la liberalización de los servicios postales, que amenaza la supervivencia de las pequeñas oficinas postales rurales, y el reciente cierre de muchos pequeños bancos rurales, ¿cómo afectará la posible reducción de la inversión a largo plazo y de la modernización de la infraestructura local de acceso en regiones rurales desfavorecidas? Mi sincero deseo es que ninguna de estas procupaciones se haga realidad y que en el futuro evitemos el riesgo de limitar el debate parlamentario acelerando los procedimientos de asuntos que en última instancia tendrán un gran impacto en aquellos que son más vulnerables.

Caudron
Señora Comisaria, Señora Presidenta, Señorías, detrás del nombre un tanto incorrecto del proyecto de Reglamento que debatimos esta tarde, acceso desagregado al bucle local, una expresión además totalmente hermética para cualquier ciudadano medio, hay una decisión simple y grave a la vez de apertura a la competencia de la red local de telefonía fija y de los servicios de telecomunicación de datos.
Para algunos, aquí y allí, y lo hemos oído esta tarde, la supresión de la última barrera del monopolio público sólo puede hacer bajar automáticamente los precios de las comunicaciones locales y, por tanto, esto no puede ser más que positivo para los consumidores.
Para otros, entre los que me encuentro, esto está lejos de ser tan evidente y sobre todo tan automático. Si una competencia desenfrenada hiciera siempre bajar los precios constantemente y beneficiara siempre a los consumidores, en todas partes y para todos, esto se sabría desde hace tiempo. Además, el ejemplo de la telefonía móvil, que está totalmente abierta a la competencia, nos demuestra lo contrario. Los precios reales de las comunicaciones por móviles siguen siendo elevados y sobre todo la transparencia de los costes y de los precios está muy lejos de estar garantizada. Entre la publicidad y la realidad, no hay más que una zanja, pero es un cañón. Muchos son los ciudadanos que diariamente son víctimas de ello y que no saben cómo pagar su factura, si no denunciando el robo de su móvil.
En resumen, apruebo la liberalización, pero, también en este campo, es necesario elaborar muy rápidamente unas reglas simples, claras y obligatorias para definir la extensión, acompañar la evolución y determinar la financiación del servicio universal.
Nuestro ponente y colega, Nicholas Clegg, sin duda ha trabajado mucho y le felicito por ello. Incluso ha estado abierto a la discusión con sus colegas y le doy las gracias por ello. Pero es muy liberal y, por tanto, lógicamente, ha rechazado todo lo que podía ir en el sentido de un verdadero servicio universal. Además, tiene más miedo a los monopolios públicos que a los monopolios privados. Espero, por tanto, que el proyecto de directiva "Servicio universal" , para el que fui nombrado ponente en julio pasado por cuenta de la Comisión de Industria, y que debería recuperar ahora a pesar de la tentativa de la Comisión Jurídica, nos permitirá rectificar un poco el tiro.
El Sr. Clegg ha especificado de forma correcta, técnicamente, la propuesta de la Comisión sobre el acceso desagregado, y lo ha hecho muy seriamente. Pero lamento tener que decir que, en mi opinión, no ha respondido suficientemente al riesgo que corren, a la larga, los más débiles y los más frágiles en un sistema desregularizado, y al riesgo de los monopolios privados.
Lo repito una vez más esta noche, para mí, el servicio público no debería ser la escoria del mercado. Debe ser, puede ser un objetivo en sí mismo y para nosotros, europeos, un valor y una baza para un desarrollo equilibrado y duradero. En resumen, Señora Presidenta, al estar las tres instituciones europeas de acuerdo en esta liberalización, yo no voy a ser más papista que el papa y, por tanto, mañana votaré a favor.

Rübig
Señora Presidenta, señor Comisario, ante mí ven la documentación sobre la que votaremos esta semana. Creo que el informe más importante es el informe Clegg. Ha mostrado muy sencillamente que se puede decidir de modo inconvencional y rápido. Creo que esto es lo que nos debería servir en la legislación europea como ejemplo, es decir, en caso de producirse nuevos acontecimientos, adoptar las decisiones correctas con rapidez y sin complicaciones.
Deseo felicitarle porque ha logrado unificar todas las posiciones y también quiero agradecer a la Comisión por cumplir con eficiencia y competencia el encargo del Consejo de avanzar en este campo con rapidez. Creo que estamos dando para los ciudadanos europeos realmente unos pasos de futuro. El ciudadano europeo notará en su monedero, en la calidad de los servicios, y también en el mercado laboral que Europa está lista para competir internacionalmente gracias a esto pasos.
Sabemos que con la UMTS llega a nosotros un nuevo servicio. El medio ambiente y el sector de las telecomunicaciones van a desempeñar en el futuro un papel muy importante para la competitividad internacional. Por ello, considero que es importante desarrollar unas condiciones marco honestas. Esta directiva muestra precisamente que se ha tenido esto último muy en cuenta y es un proceso ejemplar sobre cómo se debería legislar, con un rewiew, con un examen a fondo y ordenado, escuchando a todos los afectados y, finalmente, con un proceso bueno, eficiente, rápido y preciso en el Parlamento Europeo.
Quiero expresarles de nuevo mi agradecimiento.

De Rossa
Señora Presidenta, me parece que esta vez me ha tocado a mí dar la voz de alarma. En esta Asamblea no suelo adoptar posiciones basadas únicamente en consideraciones de orden nacional pero me parece que estamos intentando promulgar un reglamento inflexible y que no tiene en cuenta la posición del mercado en Irlanda. Esta propuesta obligará a Eirecom, una compañia privada limitada, antiguo monopolio estatal, a abrir su bucle local a otros proveedores y no va a obligar a otros proveedores ya establecidos en el mercado tales como la televisión por cable, operadores del bucle local por satélite o inalámbricos, a hacer lo mismo. Quedan excluídos del alcance de este reglamento.
Las compañías de televisión por cable de Irlanda ya poseen la red y están actualmente mejorando su red para ofrecer servicios de telefonía, Internet y otros servicios interactivos. En muchos casos operan en extensas zonas de explotación exclusiva. En el caso de Irlanda los índices de penetración de estas compañías en las ciudades más grandes ronda el 90% excediendo con mucho el de Eirecom PLC. Es incomprensible y completamente inaceptable que la propuesta no abarque estas compañías de televisión por cable. Además, para los operadores de redes fijas tales como Eirecom será imposible competir con estas compañias que proveen servicios agregados a los consumidores, que amenudo incluyen el acceso a Internet y llamadas locales gratuitas como parte de su oferta agregada de servicios estándar.
Evidentemente, donde coexisten una red alternativa y una red de cobre o se desagregan ambas o ninguna. Esto guardaría coherencia con la justificación mencionada por la Comisión para acometer la desagregación. El reglamento sobre el acceso desagregado al bucle local es, por su propia naturaleza, inherentemente defectuoso.
En mi opinión, la peor de las leyes es, en la mayoría de los casos, la ley mal hecha, y este es el caso de este reglamento.

Liikanen
. (EN) Las sesiones nocturnas no son siempre las más placenteras en el Parlamento Europeo pero esta noche he de decir que ha sido extremadamente satisfactoria y ha constituido un debate positivo. Comparto la opinión de aquellos que piensan que esta cuestión tiene una dimansión histórica. Histórica por dos razones.
En primer lugar, vamos a completar la larga marcha hacia la liberalización de las telecomunicaciones. Esto también sirve al interés del servicio universal. Cuando aumentamos la competencia en las redes, ésta reducirá los precios, mejorará la calidad y hará más asequibles los servicios. Contribuirá a crear una sociedad de la información inclusiva.
En segundo lugar, es histórica en el sentido de que hemos dado respuesta a una pregunta que se nos plantea amenudo. ¿Es Europa demasiado lenta para actuar? ¿Somos capaces de aprovechar la oportunidad de la tecnología de la información? En torno a estas preguntas se arrojan muchas sospechas. ¿Podrán las instituciones comunitarias hacerlo? Si el Parlamento acepta mañana el informe Clegg demostraremos que podemos. Tendremos la oportunidad de demostrar que podemos actuar a la velocidad de Internet. Tendremos una prueba concreta que aumentará enormemente la credibilidad de la Unión Europea, especialmente a los ojos de las generaciones más jóvenes que viven en la era de Internet.
Nada de esto sería posible sin una excelente cooperación entre las instituciones. Quisiera dar las gracias al ponente, el Sr. Clegg, por el excelente trabajo que ha realizado, y también a toda la comisión. No hubiera sido posible sin un profundo conocimiento de la cuestión. Tampoco hubiera sido posible sino la férrea voluntad de negociar con muchas partes.
También le doy las gracias a la Presidencia del Consejo, que se ha mostrado muy firme y determinada a sacar adelante este asunto. En muchos Estados miembros se ha taratdo de un asunto delicado y complejo.
El Sr. Gallagher y el Sr. Haarder han planteado varias cuestiones al respecto. La liberalización del mercado de telecomunicaciones para abaratar los precios y mejorar la calidad del servicio constituye ciertamente una parte esencial del plan de acción e-Europa. Al mismo tiempo hemos de recordar que ésta es sólo una cara de la moneda. En la otra cara necesitamos personas con la capacidad y la cualificación para hacer uso de esos servicios. De modo que tenemos que seguir invirtiendo en la educación de la gente, tanto de los jóvenes como de los mayores.
En lo que respecta a la aplicación de este reglamento, en el día de ayer se reunieron los reguladores nacionales con funcionarios de la Comisión. Acordaron intentar acelerar la aplicación de este reglamento y hacerlo de la forma más armonizada posible para tener un sólido mercado europeo en este sector.
Además, la Comisión puede saludar prácticamente todo el contenido de este informe. El informe respalda los objetivos y las medidas preliminares incluídas en la propuesta de la Comisión. Tan sólo quisiera mencionar tres de ellas.
En primer lugar, el objetivo es imponer a los operadores que no puedan definirse por tener un importante poder de mercado en la provisión de redes de telefonía fija a proporcionar el acceso desagregado al bucle metálico local a partir del 31 de diciembre de 2000 bajo condiciones transparentes, no discriminatorias y orientadas a los costes.
En segundo lugar, para garantizar la transparencia de otros operadores hemos de publicar una oferta de referencia para las condiciones de acceso al bucle local e instalaciones asociadas, tales como la localización conjunta, incluyendo la fijación de precios, bajo el escrutinio de la autoridad reguladora nacional, con el fin de asegurar la equidad. En este punto me gustaría decir que las autoridades reguladoras nacionales han mostrado su deseo de cooperar para hacer esto efectivo en todas partes.
Finalmente, los reglamentos para desagregar el bucle local posibilitarán a todos los nuevos operadores todas las modalidades de acceso allí donde sean técnicamente posibles, la desagrgación total y el acceso compartido a los bucles globales y los sub-bucles. Esto maximiza la innovación tecnológica, la competencia y las opciones de los consumidores. La Comisión acepta en toda su extensión las 18 enmiendas al informe Clegg. Mejoran la propuesta de la Comisión, proporcionando unas definiciones técnicas más precisas y unos requisitos más específicos para los operadores nacionales y las autoridades reguladoreas nacionales. Las enmiendas son constructivas y garantizarán que el reglamento sea completamente operativo. Por tanto garantizan que la desagregación se ejecuta rápida y efectivamente a partir del 31 de diciembre de 2000.
La Comisión también confía en que el Consejo apruebe el texto con las enmiendas del informe y que, esperemos sea aprobado mañana por el Parlamento. Entonces el Consejo estará en disposición de completar el proceso de codecisión en una lectura.

La Presidenta
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 10 horas.
(Se levanta la sesión a las 23,45 horas)

