Reanudación del período de sesiones
El Presidente.
Declaro reanudado el período parcial de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 10 de octubre de 2002.

El Presidente.
Colegas, hoy tengo el triste deber de referirme a las muertes de personas inocentes en dos ataques recientes. Todavía no conocemos el número exacto de víctimas ocasionadas por los coches bomba en la Playa de Kuta, Bali, el 12 de octubre. Expresamos nuestra condolencia y nuestra simpatía a las familias de las 200 víctimas y de los más de 250 heridos. Han sido víctimas de un terrible crimen que, en nombre de este Parlamento, condeno totalmente. Hemos pagado un coste inaceptable por aprender la lección de que necesitamos una mayor cooperación y vigilancia constante en la lucha contra el terrorismo.
También condeno el ataque, sin conexión aparente, del día anterior en Vantaa, cerca de Helsinki, que mató a otros inocentes mientras desempeñaban sus actividades cotidianas. Extiendo en nombre de todos nuestra simpatía hacia las desconsoladas familias.
Les pido ahora que guardemos un minuto de silencio en señal de respeto y simpatía hacia las víctimas inocentes de estos ataques.
(La Asamblea, puesta en pie, guarda un minuto de silencio)

Antes iniciar el orden del día, me es grato informarles sobre algo de lo que ya habrán oído hablar en las últimas veinticuatro horas: el clamoroso voto a favor del Tratado de Niza en el referéndum irlandés.

Ha habido mayoría a favor en las 42 circunscripciones del país, revocando el voto anterior, en el que 40 circunscripciones habían votado en contra. La conclusión que extraigo hoy para nuestro Parlamento es que los líderes que asistan a la cumbre de Bruselas del viernes tienen que entender claramente que no puede haber nuevos obstáculos en el camino hacia la ampliación. El momento de culminar la ampliación está al alcance de la mano. Los preparativos de octubre para la cumbre de Copenhague de diciembre nos brindan la oportunidad de concluir este histórico acto de reconciliación europea.

El Presidente.
Se ha distribuido el proyecto definitivo del orden del día elaborado por la Conferencia de Presidentes en su reunión del jueves, 17 de octubre de 2002, de conformidad con los artículos 110 y 110 bis del Reglamento del Parlamento.
Martes
Puesto que se han presentado 70 enmiendas individuales al informe A5-340/02 de la Sra. Grossetête acerca del código comunitario sobre medicamentos para uso humano, además de las 132 enmiendas contenidas en el propio informe, he pedido a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, después de consultar a su presidente, que se reúna para examinar dichas enmiendas, de acuerdo con el artículo 130 bis. 
Sin embargo, mientras tanto se han retirado algunas enmiendas, y otras son similares a las que se aprobaron en comisión. A la luz de estos cambios, es mejor que no remita el informe a la comisión, sino que permita que se vote en el Pleno.

Grossetête (PPE-DE)
Señor Presidente, efectivamente, lleva razón al especificar ese punto. Al principio, se habían presentado 70 enmiendas después de la votación en comisión. Según las últimas cifras, ahora nos encontramos tratando 52 enmiendas de las cuales, aproximadamente 30 fueron rechazadas por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor mientras que otras muchas ya han sido votadas en el seno de la comisión.
No creo que otra reunión de la comisión competente serviría de mucho ni tampoco ayudaría realmente a que se aclarase la situación. Si los diputados implicados se muestran dispuestos a hacer el esfuerzo de retirar las enmiendas superfluas, la votación del miércoles podría ser un gran éxito.

Jackson (PPE-DE).
Señor Presidente, su decisión de no convocar otra reunión de la comisión resulta muy acertada. Así, comenzamos la semana con buen pie.
Sin embargo, quizás debería usted pedir a alguien - sospecho que al ineludible Sr. Corbett - que echase un vistazo al Reglamento, porque resulta bastante extraño. Se afirma lo siguiente: «Cuando se hubieren presentado más de cincuenta enmiendas a un informe para su examen en el Pleno, el Presidente podrá pedir a la comisión competente para el fondo, tras consultar con su presidente, que se reúna para examinarlas.» Esto nos obliga, a usted y a mí, a estudiar un montón de enmiendas que, en ocasiones, pueden resultar bastante confusas. Necesitamos un artículo riguroso que afirme simplemente: «Cuando se hubieren presentado más de cincuenta enmiendas a un informe para su examen en el Pleno, el Presidente deberá pedir a la comisión que se vuelva a reunir», o algo por el estilo. Ahora la cosa está entre usted y yo. Me complace decir que apoyo su muy sabia decisión.

El Presidente.
Señor Corbett, sea o no una cuestión discrecional, le ruego nos saque de dudas.

Corbett (PSE).
Señor Presidente, yo también opino que su decisión es acertada, y demuestra que este artículo es flexible. Tras consultar al presidente de la comisión para el fondo, el Presidente puede aplicar este artículo cuando convenga, y no aplicarlo cuando no convenga. Los debates de hoy demuestran que incluso cuando no se aplica, este artículo sirve de acicate para que se retiren enmiendas. De ese modo, nos ahorra mucho tiempo después en el Pleno.

El Presidente.
De conformidad con el artículo 111 bis, he recibido una petición del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea para que en el curso de esta sesión parcial se celebre un debate extraordinario sobre la financiación del sector nuclear en Corea del Norte en el marco del programa de armamento nuclear declarado. La Comisión ha anunciado que el Comisario Patten podría hablar de este asunto el jueves a las 21 horas.
Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, Señorías, a finales de diciembre de 2001, votamos un informe relativo a la estrategia y la organización para obtener un desarrollo de la energía en la península coreana y, como resultado, decidimos participar en el desarrollo nuclear civil de Corea.
Me gustaría ahora hacer mención a tres puntos de dicho informe puesto que, teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de las últimas semanas, son bastante interesantes. Uno de los párrafos del mencionado informe dice lo siguiente: «Considerando que la Unión Europea ha reconocido que la KEDO es un proyecto industrial importante que constituye una contribución vital a la no proliferación nuclear y a la paz y estabilidad en la península corana, y que, después de mantener necogiaciones con los miembros fundadores, firmó un Acuerdo». No se menciona la no proliferación nuclear puesto que, como hemos sabido, Corea del Norte ha decidido incluso desarrollar energía nuclear con fines militares.
Además, tenemos una vez más en este informe de gran inteligencia en contra del que votaron los Verdes nuestra declaración de que Corea no pudo mantener lo que decía querer mantener. Declaramos en el artículo 16 de la página 9 de este informe que el Parlamento «subraya, no obstante, que seguirá presionando para obtener un acuerdo interinstitucional adecuado y que se reserva el derecho de bloquear en cualquier momento las transferencias de fondo a la KEDO en el futuro». 
Por último me gustaría destacar este punto: «subraya, en conclusión, que la RPC deberá dar pruebas de buena fe a medida que progresa el proyecto KEDO, en particular cuando se produzca la verificación final de la OIEA», etc. Esto implica que es preciso que debatamos este asunto, que debemos solicitar que se llegue a un acuerdo con respecto a esta cuestión, que debemos dejar de financiar el sector nuclear civil en Corea del Norte y que, por último, debemos financiar un sector de producción de energía no nuclear para Corea del Norte. En consecuencia, debemos sumar a este debate que se haga lo que los estadounidenses ya han hecho, es decir, dejar de financiar el sector nuclear coreano.
El Presidente.
¿Hay alguien que quiera intervenir en contra de esta petición?

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, el tema suscitado por el Sr. Cohn-Bendit es un tema importante sobre el que el Parlamento Europeo ha trabajado no sólo en esta legislatura, sino también en la anterior. El Consejo, bajo la Presidencia sueca, incluso acudió a Corea. Nosotros estamos de acuerdo en tratar esta cuestión con una declaración de la Comisión y otra del Consejo en el mes de noviembre. No el jueves por la tarde de esta semana, sin participación del Consejo ni de la Comisión.

Grossetête (PPE-DE).
Señor Presidente, nuestro grupo sugiere que este debate se celebre el jueves por la tarde para evitar alterar el orden del día establecido. Por tanto, proponemos que este debate se posponga hasta el jueves por la tarde. De no ser así, estamos en contra de que se incluya en el orden del día del martes porque no queremos alterar el orden del día de dicho día.

Frassoni (Verts/ALE).
Señor Presidente, ¿esto implica que existe un compromiso de barajar una vez más la posibilidad de incluir este punto en el orden del día del mes de noviembre?

El Presidente.
Sobre este asunto han de decidir su grupo y los demás grupos en la Conferencia de Presidentes.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate de la declaración de la Comisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Esta declaración es importante porque está íntimamente relacionada con la política económica y monetaria de la Unión, porque es un incentivo para llevar a cabo un cambio estructural de la gestión presupuestaria en muchas de nuestras economías, porque existe una desaceleración de la actividad económica y porque ha provocado un debate sobre el modo de responder. Es importante que, si lanzamos un debate sobre el tema, lo hagamos con calma y con un enfoque racional y estratégico.
En estos últimos días se ha levantado una polémica considerable en torno a este tema, provocada por declaraciones publicadas en el periódico Le Monde. Sé que muchos colegas de esta Cámara estaban ansiosos por debatir este asunto brevemente hoy, al inicio de la semana. Me complace que el Presidente de la Comisión Europea se encuentre hoy aquí para hacer una declaración en nombre suyo y en el de la Comisión a este respecto. Tras su intervención, abriremos un breve intercambio de puntos de vista.

Prodi
Presidente Cox, Señorías, intervengo hoy ante ustedes en un momento en que todos estamos encantados y llenos de confianza en el futuro de Europa. El pueblo irlandés, al haber aprobado el Tratado de Niza por amplia mayoría, ha mostrado claramente su apoyo a los ideales y proyectos de la Unión Europea. Quiero dar la gracias y rendir tributo al Taoiseach, Bertie Ahern, a todo el Gobierno irlandés y a la gran mayoría de los políticos irlandeses por la extraordinaria entrega de que han hecho gala. Con este resultado en nuestro haber, podemos embarcarnos con confianza en el último tramo del camino hacia Copenhague y la aprobación final de la ampliación.
Presidente Cox, Señorías, me ha complacido mucho su invitación para venir hoy al Parlamento en compañía de Pedro Solbes para hablar de la coordinación de la política económica y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en particular. 
Lo que tengo que decir es muy sencillo. La Unión Económica y Monetaria necesita reglas claras, efectivas y que sean respetadas.Para establecer dichas reglas necesitamos una autoridad que pueda aplicarlas en el contexto de la cooperación interinstitucional y, al mismo tiempo, actúe para proteger el bien común ajustando la política económica a las nuevas circunstancias.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha sido y sigue siendo extremadamente importante para la UEM. La Comisión, verdadera guardiana de los Tratados, ha seguido de cerca su ejecución y continuará haciéndolo. Como Primer Ministro italiano que promovió y aprobó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y condujo a su país a la moneda común, y ahora como Presidente de la Comisión, creo firmemente en el valor de las reglas que sostienen la UEM y el Pacto. Soy un acérrimo defensor de estas reglas, de esta Unión y de este Pacto.
La UEM ha reportado grandes beneficios a los países que la integran y a los demás Estados miembros de la UE. Hemos dejado atrás los enormes déficit de los años noventa. Hemos dejado atrás monedas locales expuestas a las subidas y bajadas de la especulación.
Sin embargo, de la mano de estos beneficios también llegan responsabilidades concretas. Responsabilidades para todos, Estados miembros, instituciones europeas y ciudadanos comunes. Con una moneda única, el crecimiento y los trabajos de cada Estado miembro dependerán no sólo de la política monetaria común, sino también de sus propias políticas fiscales.
La estabilidad es condición indispensable del crecimiento y el empleo en la UEM. El Pacto de Estabilidad ha sido la piedra angular de la promoción y la gestión de la cultura de estabilidad instaurada de modo tan acertado con los criterios de Maastricht.
Pero el reconocimiento de las cosas extraordinarias que ha comportado y seguirá comportando el Pacto no debería hacernos perder de vista las limitaciones del marco institucional en el cual se aplica. Tiene aún menos sentido aplicar el Pacto de forma inflexible y dogmática, sin atender a las circunstancias que cambian. Esto es lo que he calificado - y sigo calificando - de estúpido.
No creo que el papel de la Comisión ni de mí mismo como Presidente de la Comisión sea aplicar las reglas de esta manera. Sé que ninguno de nosotros lo ha hecho jamás, ni desea hacerlo en el futuro. Ni la Comisión ni yo mismo hemos sido nombrados para imponer las reglas de manera ciega, ignorando sus limitaciones. Los ciudadanos europeos tienen derecho a ser informados, y tenemos la obligación de decirles lo que creemos que es correcto, lo que creemos que funciona bien y lo que, por otro lado, creemos que podría mejorarse.
Los políticos como ustedes, economistas, banqueros, hombres de negocios y periodistas dicen las mismas cosas en privado y en sus conversaciones cotidianas que lo que yo digo abierta y francamente en interés de la credibilidad de nuestras instituciones. Es el momento de decir en público lo que decimos en privado.

El público desconfía de nosotros y de las instituciones precisamente porque sospechan que sólo se airean los asuntos menores, y que las decisiones verdaderamente importantes se toman a puerta cerrada. Estoy contento y orgulloso de que el Parlamento esté en el centro de este debate.
El Pacto es simple, como es debido. Pero en la práctica las cosas son siempre más complejas. Por lo tanto, una de las tareas de las instituciones europeas es ser consciente de la complejidad y diversidad de las economías de los Estados miembros. Para ello tenemos que seguir el curso de los acontecimientos, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo. No podemos ignorar la desaceleración del ciclo económico europeo y mundial. Esta desaceleración es tan pronunciada que buena parte de la economía global podría sufrir el mismo tipo de deflación que creíamos haber dejado atrás.
Mientras tanto, nos hemos dado cuenta de que el Pacto no había impedido que algunos Estados miembros adoptaran políticas fiscales incompatibles con el objetivo de estabilidad. ¿Qué teníamos que haber hecho en tales circunstancias? ¿Teníamos que habernos mostrado más bien inflexibles? ¿Deberíamos haber obligado a algunos países con grandes déficit a cumplir los objetivos presupuestarios sin atender a los cambios de la economía? ¿Deberíamos haber cometido un nuevo error, agravando los ya cometidos en el pasado cuando los países que no habían equilibrado sus presupuestos perdieron la oportunidad del crecimiento para saldar sus cuentas?
Señorías, esta habría sido la manera incorrecta de aplicar el Pacto. Este enfoque podría haber puesto en peligro el porvenir económico de los países implicados y de toda Europa. Si las instituciones europeas hubiesen intentado imponer objetivos poco realistas, habrían sido acusadas de poner en peligro el crecimiento y el empleo.
Sin embargo, yo quiero que Europa gane tanto la batalla de la estabilidad como la del crecimiento. Sería una tragedia si se ganara la batalla de la estabilidad pero se perdiera la confianza y el apoyo de nuestros ciudadanos, la confianza y el apoyo que constituyen los cimientos de la democracia europea que ustedes representan.
(Aplausos)
Por esta razón, el mes pasado avanzamos ideas para realizar ajustes e introducir criterios más sofisticados para aplicar el Pacto, con el fin de convertirlo en un instrumento aún más valioso en la promoción de la estabilidad y el crecimiento.
Hemos propuesto que se fijen objetivos capaces de restaurar el equilibrio y la creación de instrumentos para controlar la trayectoria de este progreso. Para salvar la distancia en este momento crítico, hemos propuesto dar un respiro a los países que necesitan un ajuste, con el fin de que podamos idear una línea de acción más realista para consolidar los déficit. Se trata de criterios que asegurarán tanto la estabilidad como el crecimiento. En efecto, favorecerán ambos.
Estamos hablando de criterios que se aplican a todos los Estados miembros, grandes o pequeños, en beneficio de todos. Por tanto, Señorías, estas ideas son plenamente coherentes con lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo.
El año pasado, en nuestra comunicación sobre el refuerzo de la coordinación de las políticas económicas, propusimos algunas mejoras importantes dentro del marco institucional actual. Como sin duda recordarán, propusimos: desarrollar información y análisis económicos de la zona euro, mejorar el sistema de estadísticas que utilizamos, clarificar los principios comunes a las políticas fiscales y estructurales, aumentar la eficiencia del sistema de toma de decisiones
Si examinamos el caso reciente de Portugal, que estuvo obligada a revisar sus propias estadísticas de forma sustancial, me gustaría subrayar la importancia de un sistema de control adecuado para estadísticas presupuestarias.
En esta misma línea, y como establecen las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Barcelona, en breve avanzaremos propuestas para mejorar la transparencia y disciplina del Pacto. Intentaremos clarificar tanto los principios fundamentales del Pacto como los principios básicos que deberían servir de base a la política presupuestaria nacional.
Por ejemplo, mostraremos que la necesidad de contar con reglas claras puede ser compatible con el reconocimiento de que las reglas del Pacto se aplican a diferentes países en diferentes situaciones respecto del nivel de deuda, las cargas financieras derivadas del envejecimiento de la población y las necesidades de inversión pública.
Si aplicamos el Pacto de Estabilidad de esta forma, encontrará su plena justificación como un instrumento de coordinación de la política económica, más allá de sus aspectos puramente disciplinarios. Finalmente, se convertirá en un instrumento plenamente coherente con la estrategia de crecimiento y empleo adoptada por el Consejo Europeo en Lisboa hace dos años, una estrategia que el Parlamento siempre ha apoyado de todo corazón.
Pero no basta con reglas nuevas y mejores. Una vez aprobadas, la protección del interés común de la UE también requiere la capacidad de aplicarlas. Si realmente deseamos resolver los problemas de crecimiento y empleo en la UE, tenemos que conseguir una coordinación más inteligente y más efectiva de nuestras políticas económicas, que incluya las reformas estructurales necesarias.
(Aplausos)
Hay que definir de manera clara la responsabilidad de coordinar las políticas económicas. Los ciudadanos europeos tienen que estar seguros de que el sistema se encuentra en manos seguras. Manos capaces de llevar firmemente las riendas del sistema, tanto en períodos de calma como en tiempos de dificultad y de crisis. 
Sus Señorías recordarán que hace dos años les planteé este asunto, y que lo he mencionado en varias ocasiones. Necesitamos una autoridad que tenga el poder de guiar el sistema de una manera rigurosa e inteligente, sin olvidar la complejidad de nuestras economías. Una autoridad que sea capaz de intervenir en defensa del bien común, para que cada Estado miembro pueda adoptar las medidas de política económica necesarias para evitar que su economía tenga efectos adversos en las economías de los otros Estados miembros.
Sólo una autoridad fuerte puede aplicar las reglas de forma rigurosa para prevenir actitudes inadecuadas y al mismo tiempo adaptar las reglas a las circunstancias variables.
Quiero que esto quede muy claro. La política presupuestaria es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros. Esto es así ahora y lo seguirá siendo en el futuro. Por su parte, en su calidad de institución, el único mandato de la Comisión es actuar en el interés común de la UE respetando la plena igualdad de todos los Estados miembros. 
Por su propia naturaleza, la Comisión está capacitada para desempeñar este liderazgo, sobre la base del mandato y las reglas establecidas por el Consejo y bajo el control del Parlamento. Se trata de dirigir el sistema para asegurar la coordinación de las políticas económicas a escala europea.
Existen numerosos ejemplos a favor de otorgar la responsabilidad a un árbitro independiente e imparcial como la Comisión. Sólo mencionaré uno. Y el caso que voy a mencionar es pertinente porque resulta controvertido: la advertencia previa que la Comisión propuso al Consejo hace algunos meses. Como recordarán, la propuesta cayó en saco roto. Sin embargo, tanto el Consejo como el Estado miembro directamente implicado estaban de acuerdo en lo esencial con la medida propuesta por la Comisión. Todavía quedan deficiencias en el mecanismo de toma de decisiones.
Por esta razón, la primera aportación formal de la Comisión al trabajo de la Convención incluye propuestas para impedir que tales situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro, sugiriendo que la autoridad para emitir tales advertencias previas se establezca en el Tratado. Asimismo, la Comisión ha propuesto que se modifique el Tratado para incorporar en mayor medida la coordinación de políticas económicas dentro del marco de la cooperación interinstitucional garantizada por el método comunitario. Por último, la Comisión ha avanzado propuestas para abordar de lleno la necesidad de una representación unitaria del euro en los organismos internacionales.
Estas son las propuestas que presentamos en la Convención. Pero nada impide que algunas de estas propuestas se adopten hoy mismo. Los cambios son muy importantes ahora, y lo serán aún más con la ampliación inminente de la UE. Por consiguiente, instamos al Consejo a que considere estas propuestas de forma urgente. Mientras tanto, continuaremos defendiendo las reglas actuales del Pacto de forma incondicional, asumiendo nuestra responsabilidad cuando y donde sea necesario, para proponer las mejoras que consideremos útiles.
Agradezco al Parlamento que hoy me haya brindado la oportunidad de plantear un asunto de tan vital importancia ante los representantes de los pueblos de Europa. Las políticas económicas y monetarias de la UE no pueden ni deben discutirse a puerta cerrada. Una Europa democrática, la Europa democrática que todos queremos, tiene que ser una Europa en la que las políticas que afectan al bienestar, el empleo, el crecimiento y el desarrollo sean una parte esencial de un debate político abierto.
En la Convención, la Comisión ha hecho y hará todo lo posible por señalar maneras inteligentes de establecer un centro de responsabilidad y autoridad en el sistema para la coordinación de la política económica de la UE. Señorías, les insto a que apoyen estos esfuerzos. Gracias.
(Aplausos)

Solbes
. (ES) Señor Presidente, permítame decir en primer lugar que éste es un momento muy adecuado para discutir el marco de la política fiscal en nuestra unión económica y monetaria.
Comparto con el Presidente Prodi la convicción de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento constituye un marco reglado esencial dentro del sistema institucional de la Unión, que proporciona a los Estados miembros reglas rigurosas, al tiempo que flexibles, para que la Unión haga frente a los retos que se plantean a corto, medio y largo plazo.
Durante los últimos cuatro años, la Comisión ha reiterado que el respeto de la regla de equilibrio presupuestario a medio plazo es el mejor modo para que la política fiscal desempeñe su papel estabilizador en el ciclo económico. Por supuesto, debemos poner más énfasis en los saldos ajustados cíclicamente cuando analizamos las posiciones fiscales, y en esa línea hemos venido trabajando. Haciéndolo así será más fácil evitar políticas fiscales expansivas cuando el crecimiento de la economía es fuerte y, por lo tanto, podremos cumplir la posibilidad de poner en práctica políticas fiscales no restrictivas en períodos de bajo crecimiento.
El Pacto también nos ha proporcionado un marco adecuado para hacer frente a los retos de la política fiscal a medio plazo. Todos estamos de acuerdo en que las reformas de impuestos y gastos son fundamentales para aumentar el crecimiento potencial de la Unión, y la Comisión ha subrayado que una correcta interpretación de las reglas del Pacto proporciona una referencia adecuada para evaluar si estas reformas mejoran realmente la calidad de las finanzas públicas.
Por último, el Pacto también ha demostrado que es capaz de incorporar los retos que tenemos a largo plazo, especialmente los relacionados con el envejecimiento de la población. Una mayoría de Estados miembros está ahora en una buena posición para permitir que la política fiscal desempeñe su papel anticíclico en la actual coyuntura económica, cuando las previsiones apuntan a un crecimiento más lento de lo previsto a principios de año. El crecimiento medio en la zona euro en el año 2002 será inferior al 2 % y durante el próximo año esperamos llegar a un crecimiento medio potencial.
En esta coyuntura, el crecimiento por debajo de lo esperado se explica, sólo en parte, por el distanciamiento con respecto a los objetivos presupuestarios formulados a principios de año. En algunos países han influido unas proyecciones excesivamente optimistas de las tendencias de ingresos y gastos, pero también algunos deslizamientos respecto a las políticas previstas. En consecuencia, este año los déficit presupuestarios de la zona equivaldrán a más del 2 % del producto interior bruto, en lugar del 0,9 % previsto.
En esta tesitura, y conforme a la visión del Pacto que acabo de exponer, el Presidente Prodi y yo mismo presentamos a finales de septiembre una estrategia sobre el modo de afrontar los actuales desafíos presupuestarios. Para reforzar la puesta en práctica del Pacto y, al mismo tiempo, tener en cuenta la complejidad de la realidad económica, propusimos una estrategia basada en cuatro puntos: primero, el límite del 3 % del déficit del PIB es, y seguirá siendo, de obligado cumplimiento y toda violación de dicho umbral requerirá medidas correctoras por parte de los Estados miembros interesados; segundo, el objetivo establecido por el Pacto de una situación presupuestaria próxima al equilibrio del superávit a medio plazo, así como la senda de ajuste hacia el mismo, deben interpretarse en términos de ajuste al ciclo; tercero, los países que todavía no hayan alcanzado el objetivo de un presupuesto próximo al equilibrio deben lograr una reducción de sus déficit estructurales de medio punto del PIB al año, como mínimo; y, por último, en ejercicios de fuerte crecimiento, toda flexibilización procíclica de los presupuestos, que pueda conducir a un incumplimiento de la norma del equilibrio presupuestario, debe considerarse una infracción a las disposiciones del Pacto.
Estos cuatro principios refuerzan la aplicación del Pacto e incorporan explícitamente los efectos de la evolución cíclica en la vigilancia presupuestaria. Estoy satisfecho de que hace dos semanas, en Luxemburgo, los Ministros del Eurogrupo adoptaran una posición similar y apoyaran esta propuesta. Salvo Francia, todos los países, incluidos los que están en situación de déficit, han aceptado este planteamiento y están realizando esfuerzos para ponerlo en práctica a partir de 2003.
La situación presupuestaria es particularmente difícil en cuatro países que no pudieron consolidar sus finanzas públicas durante el período de fuerte crecimiento: Portugal, Alemania, Francia e Italia. Los déficit en algunos de estos países están peligrosamente cerca, cuando no por encima, del 3 %. Soy consciente de que en estos países es necesario un ajuste con el fin de alcanzar la situación de equilibrio presupuestario sustancial, pero también creo que llevar a cabo este ajuste es crucial para que cada país cree suficiente margen de maniobra para que los estabilizadores automáticos operen plenamente.
En el caso de Portugal, la semana pasada la Comisión tomó una serie de decisiones importantes en relación con el procedimiento de déficit excesivo y, en nuestro dictamen al Consejo, concluimos que en Portugal existe tal déficit. Hay indicaciones de que Alemania superará el 3 % del déficit en términos del PIB. En Francia, los déficit planteados están peligrosamente cercanos al 3 % y no se prevé ajuste significativo el próximo año. En Italia, dejando a un lado la desviación significativa con respecto a los objetivos previos, la aparente interrupción en la reducción de los todavía muy altos niveles de deuda es un elemento de preocupación. Si las notificaciones oficiales o los datos que posee la Comisión confirman tales perspectivas, tal y como acordamos en la Declaración de Amsterdam, la Comisión aplicará lo previsto en el Tratado.
Éstas son las reflexiones que les expongo en nombre de la Comisión sobre la situación económica y las perspectivas presupuestarias. Estoy encantado de compartirlas con ustedes, como representantes de los ciudadanos europeos, como hemos hecho en ocasiones anteriores y, evidentemente, de responder a cualquiera de sus dudas o preguntas.
El Presidente.
Esta introducción ha sido muy interesante, por lo que estoy seguro de que tendremos un buen debate.

Poettering (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, me gustaría comenzar felicitando al señor Presidente por lo acontecido en Irlanda. Ha mantenido una batalla increíble, junto con el apoyo de muchos de los diputados de esta Cámara, a todos los que me gustaría expresar mi agradecimiento. También me gustaría agradecer a los diputados irlandeses de mi grupo y de Fine Gael, que se encuentra en la oposición, cuyo sentido de la responsabilidad para con Europa les llevó a inclinarse inequívocamente por una votación a favor. Este hecho también es un logro suyo, señor Presidente y me gustaría poder darle mi más sincera enhorabuena. Es un logro para todos nosotros.

En la vida se dan situaciones sobre las que no es agradable tener que hablar. Hoy tenemos una de ellas. Aunque me gustaría que constara mi simpatía hacia Romano Prodi, Presidente de la Comisión, como persona, tengo que añadir que nos ocupamos aquí, no de las relaciones entre personas, sino de asumir la responsabilidad. Este es la razón de que una gran mayoría de mi grupo considere que ha sucedido algo que no debería permitirse que volviera a suceder de igual forma. 
(Aplausos)
El pasado viernes, el Presidente de la Comisión declaró lo siguiente en Le Monde:

Barón Crespo (PSE).
Señor Presidente, ante todo quiero agradecer al Presidente de la Comisión, cuya comparencia solicitó mi Grupo el viernes por la mañana después de conocer las declaraciones que había hecho al periódico Le Monde, que haya aceptado venir a explicar su posición donde tiene que hacerlo, que es en el Parlamento Europeo.
Desde entonces han pasado dos cosas importantes: una, que se ha ganado el referéndum en Irlanda, - creo que tenemos que felicitarnos todos -; otra, que el euro sigue estable, es decir, que no estamos en vísperas de la hecatombe.
Ahora bien, tengo que decir que en mi Grupo hemos leído con atención las declaraciones de Le Monde y creemos que el Presidente ha hecho una serie de reflexiones sobre temas actuales cuyo planteamiento compartimos en gran medida. Nos habría gustado más que las hubiera hecho aquí, en vez de en un periódico, pero ése es el hecho. 
La cuestión es que tenemos un Pacto que no sólo es un pacto de estabilidad, sino que también es un pacto de crecimiento y que hay que cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, para no caer en la misma situación que el presidente Bush padre, cuando perdió ante Clinton al decirle: es la economía, estúpido.
Ésa es precisamente la situación actual. Tenemos una estrategia, la Estrategia de Lisboa, y hay que aplicarla, y para eso nuestra política económica debe ser inteligente. El Pacto de Estabilidad se hizo hace 10 años, el siglo pasado, pero hay que aplicarlo ahora en una circunstancia nueva y es que tenemos unión monetaria, entonces no la teníamos. Éste es el hecho decisivo, y por eso hay que aplicarlo con inteligencia y flexibilidad, como bien ha explicado el Comisario Solbes. Yo no puedo defender más al Sr. Solbes que el Sr. Poettering, pero por lo menos le apoyo en este punto.
Hay una cuestión que él no ha abordado y que se planteó en el Congreso del PP en Lisboa. Es la siguiente. Al final se preguntaron: ¿de quién es la culpa de todo esto? y concluyeron: de los socialistas, que nos han llevado a esta situación. Bueno, pues ahora mismo tenemos promesas de reformas fiscales, como si fueran la lotería para todos, por parte de los partidos de derecha en Europa, y no sólo en los pequeños países, Sr. Poettering. He oído al Sr. Solbes hablar de Francia, de Italia; si usted piensa que Francia es un país pequeño, la verdad está haciendo propuestas revolucionarias.
Por lo tanto, tenemos que actualizar el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento insistiendo en el crecimiento. También tenemos -y ha habido propuestas del Presidente y del Comisario en el día de hoy- que mejorar un instrumento que por definición es tosco, si vale la palabra tosco o la palabra inflexible, mejor que estúpido. Y la Comisión tiene que presentar propuestas que permitan al Parlamento ejercer sus responsabilidades.
He oído al Presidente y al Comisario hablar de sus relaciones con el Consejo y, especialmente, con el Ecofin en su dimensión euro, pero sería interesante que nos dijeran cómo entienden que el Parlamento Europeo debe participar en la formulación de las grandes decisiones presupuestarias y económicas. Creo que es nuestra obligación, y debemos estar allí.
Por último señor Presidente, y con ello concluyo, se han presentado unas propuestas muy concretas a la Convención, en aplicación del mecanismo de early warning, representación del euro. Las grandes orientaciones de la política económica también tienen que tener una dimensión que permita al Parlamento participar. Tengo entendido que en la Comisión los gobiernos están haciendo oídos sordos a esta propuesta. Creo que en esto tenemos que apoyar a la Comisión y exigirle más capacidad de iniciativa.

Watson (ELDR).
Señor Presidente, el Sr. Prodi, Presidente de la Comisión, afirmó la semana pasada que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento era «estúpido, como todas las decisiones rígidas». El Comisario Lamy también ha calificado públicamente el pacto de «medieval». Aparte del dudoso acierto de utilizar un lenguaje tan fuerte, en particular en declaraciones a un periódico del país que más está dañando la poca credibilidad que le queda al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, uno empieza a preguntarse si esto no formará parte de una campaña orquestada.
Mi pregunta al Presidente de la Comisión es la siguiente: cuando hizo esas declaraciones a Le Monde - y usted ha dicho que se reafirma en todas las palabras - ¿tenía la intención de abrir un debate sobre la manera de reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Si es así, bienvenido sea el debate, pero habría sido mejor celebrarlo varios meses antes. Si entonces la Comisión hubiese actuado de manera más firme, utilizando la licencia que le concedimos cuando le nombramos, su propia autoridad y también la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hubieran sufrido menos daño.
En las circunstancias actuales, la única opción es cambiar, pero debemos guiarnos por dos principios. El primero es que una economía bien gestionada y una moneda estable requieren que los impuestos y el gasto estén equilibrados en el curso del ciclo económico. El segundo es que las reglas son las mismas para todos los países, pequeños o grandes. Estos principios constituyen la esencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y mi grupo espera que sean el punto de partida de cualquier reforma.
Si el día de hoy marca el inicio de un debate sobre la forma de mejorar y fortalecer el Pacto, ¿qué reformas necesitamos para recuperar su credibilidad? En primer lugar, tengamos claro lo que no deberíamos hacer. No deberíamos poner en duda el límite del 3% para el déficit, ya que se avecinan tiempos difíciles para la economía. Si los países no liquidan sus deudas, todos pagaremos el precio con intereses más altos y una moneda más débil.
El Grupo Liberal está de acuerdo con el Sr. Prodi en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene que aplicarse de forma inteligente. Por esta razón hemos apoyado la decisión de la Comisión de dar dos años más a los países para que equilibren sus presupuestos, puesto que el crecimiento ha sido más lento de lo previsto. Pero no debemos olvidar que el aplazamiento hasta el año 2006 también requiere la reducción de los déficit estructurales a razón del 0,5% anual. El Grupo Liberal cree que en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería incluirse un nuevo objetivo para el déficit estructural. Esto aumentaría la presión sobre los gobiernos para que redujesen sus déficit en períodos de crecimiento económico fuerte, con el fin de permitir que el préstamo lleve el peso en períodos de bajo crecimiento.
De acuerdo con este análisis, cualquier interpretación inteligente concluiría que el reciente presupuesto de Francia no comporta ningún esfuerzo por reducir su déficit estructural, y a todas luces incumple el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En consecuencia, Francia debe hacer frente a un early warning. Esto es lo que nos gustaría escuchar hoy de la Comisión. La Comisión ayudará a restaurar la credibilidad del Pacto cuando avance una propuesta de early warning.
Señor Prodi, el Grupo Liberal está de acuerdo con usted en que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento necesita autoridad para ser aplicado. Por esta razón pedimos que la Comisión tenga el poder de emitir early warnings contra países que están incumpliendo las reglas, independientemente de que los Ministros de Hacienda estén o no de acuerdo. Sólo se podrá obligar a los Estados miembros a que adopten medidas correctivas si el Pacto cuenta con un policía fuerte.
Que quede claro: no apoyaremos ninguna reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que socave los principios básicos de responsabilidad fiscal e igualdad ante la ley. El punto final de la reforma debe ser un Pacto de Estabilidad y Crecimiento reforzado que castigue la largesse fiscal y recompense a los países que gestionen sus presupuestos de manera responsable. A juzgar por la calurosa acogida que Francis Mer, Ministro de Hacienda francés, dio a sus observaciones en aquella entrevista, me temo que Francia se sentirá autorizada a incumplir las reglas. Si usted desea tener la autoridad para aplicar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, deberá ganarse esta autoridad actuando rápidamente contra Francia y contra cualquier otro país tentado de seguir su ejemplo.
Herzog (GUE/NGL).
Señor Presidente, Señor Prodi, tengo que estarles muy agradecido. Hay que tener mucho valor para decir que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo y ustedes han demostrado hoy tener aún más valor al perseverar y defender claramente su punto de vista.
Ahora tenemos que profundizar y revisar dicho Pacto y establecer un nuevo objetivo. El Pacto es absurdo cuando su casa está en llamas y, llevan razón, tenemos que evitar quemarnos. La crisis financiera es aún más grave en Europa de lo que lo es en los Estados Unidos. Tenemos que estar preparados al menos para dos años duros de reestructuración con las inevitables consecuencias sociales que ello conllevará. No podremos superar esta crisis sin la ayuda de iniciativas públicas consistentes para las que se precisará el uso del presupuesto.
El Pacto también resulta absurdo en un momento en el que la Unión Europea se está alejando de los objetivos de Lisboa, como ya ha mencionado. Es absurdo cuando la ampliación exigiría un Pacto para los países que entran a formar parte de la Unión con el fin de equiparar sus economías con las de los actuales Estados miembros con una solidaridad práctica.
Un Pacto de Estabilidad y Crecimiento digno de su nombre protegería el gasto público de interés general, acabaría con una competencia fiscal que desprecia la ética y la eficacia, ofrecería a la Unión un presupuesto real y garantizaría a los Estados miembros su capacidad de obrar a la vez que mantienen una disciplina de control sobre la deuda pública.
Señor Prodi, está pidiendo que se conceda a la Comisión autoridad real sobre la coordinación de las políticas económicas, pero nosotros deseamos algo más que advertencias prematuras y que la autoridad adopte medidas correctivas. Lo que queremos la mayoría de nosotros para la Unión Europea es que adopte una política económica que se ocupe de la actual situación económica y del desarrollo sostenible, y, a pesar de que la Comisión es, de hecho, el único órgano ejecutivo para promover los intereses comunes, todavía no cuenta con la cultura y legitimidad necesarias para aplicar una política económica.
Esta es la razón de que estemos protestando para que la futura constitución de la Unión establezca de forma clara una nueva legitimidad y voluntad política. La Unión ya no sería un mero mercado sino que participaría en las elecciones de la sociedad y los conceptos relacionados con la economía pública. Su mandato provendría de las personas y los poderes de la sociedad civil y los parlamentos establecerían que se redactaran decisiones y que se realizara un seguimiento de las mismas.
(Aplausos procedentes del lado izquierdo)

Cohn-Bendit (Verts/ALE).
Señor Presidente, le concedo con gran placer y satisfacción el orden meritorio del club de los pensadores disidentes del cual he sido presidente durante años.

Por último, gracias a su intervención políticamente incorrecta, como ha quedado demostrado por las reacciones de algunos de los de la derecha, creo que podríamos mantener un verdadero debate sobre la gobernanza medioambiental, social y económica de Europa. Además, el Sr. Herzog lleva razón al decir que la responsabilidad de la Comisión con respecto a esta gobernanza medioambiental, económica y social de Europa debe quedar asegurada en la Convención.
Dejemos de ser tan hipócritas. Cuando los gobiernos contraen deudas por haber tomado decisiones equivocadas, tenemos que decirles que han tomado las decisiones equivocadas. Cuando Francia no es capaz de reformar su sector agrícola siguiendo las propuestas de la Comisión para la reforma agrícola, debemos decirlo. Cuando Europa o los Estados miembros adoptan las decisiones erróneas relativas a la energía, debemos decirlo. Sin embargo, hay algo con los que tenemos que acabar si queremos evitar una situación en la que los ciudadanos rechacen nuestra Europa que, dicho sea de paso han rozado de nuevo la victoria en Irlanda, y es que las reformas no pueden funcionar únicamente sobre la base de las propuestas de bancos y empresarios sin tener en cuenta a aquellos que, ya sea ahora o en el futuro, tienen que vivir con ellas. Estas reformas tienen que ser equiparables en toda la sociedad desde el punto de vista social, medioambiental y económico.
Eso es exactamente lo que quería decir al afirmar que el Pacto social es absurdo. Vamos a tomar el ejemplo de Alemania, señor Poettering. Nuestro gran candidato ha pedido la dimisión del señor Prodi. ¿En nombre de quién o de qué pide el Sr. Stoiber la dimisión del Sr. Prodi? ¿Por qué no tiene el coraje de repetir aquí, en esta Cámara, delante del Sr. Prodi, lo que ha dicho su candidato? Me hubiese gustado oírle repetir lo mismo. Nos podíamos haber reído juntos de esto.
En segundo lugar, me gustaría saber si un país como Alemania, que para la unificación gastó 600 billones en transferencias desde Occidente hasta Oriente, debería ser tratado como cualquier otro país ya sea grande o pequeño. ¿Debería tenerse en cuenta el hecho de haber realizado estas transferencias, de haber pagado pensiones a personas que nunca han contribuido al plan de pensiones, sí o no?
Dejemos de ser hipócritas y, finalmente, agradezcamos al Sr. Prodi que haya abierto el debate. Sigamos. El club de los pensadores disidentes volverá a lanzar este debate de un modo incluso menos absurdo que el del Sr. Prodi.
(Aplausos)

Pasqua (UEN).
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Señorías, hoy, por tanto, se han puesto en tela de juicio de forma simultánea los dos pilares del sistema monetario y económico, es decir, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un lado y el Banco Central Europeo por otro, por las mismas razones: intransigencia por parte de los responsables y falta de flexibilidad con respecto a los medios. Sin embargo, el diagnóstico está claro y las soluciones quedan dentro de nuestro alcance.
La desaceleración del crecimiento se ha intensificado a lo largo de los últimos meses y el déficit de la zona del euro ha aumentado desde el 0,2% de P.I.B del año 2000 al 1,4% del año 2001. Mientras que las empresas necesitan desesperadamente financiación, los directivos del Banco Central Europeo, enfrentados a la amenaza de la deflación, se han mostrado intransigentes y con miras estrechas al rechazar la bajada de los tipos de interés como si la inflación fuera una amenaza. Es cierto que las únicas instrucciones que se les ha dado son las de combatir esta amenaza. El progreso social y el desarrollo económico no les preocupan.
Por lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y pondría «crecimiento» entre comillas, los partidarios de una Europa burocrática y federal, que se enfrentaron a retrasos en la aplicación de reformas estructurales en un momento en el que existía crecimiento pero en el que los gobiernos eran social-demócratas, pretenden culpar a los gobiernos que han heredado una difícil situación económica y pretenden reducir los impuestos y las cargas para volver a lanzar la economía y aplicar las inversiones estructurales. Sin embargo, este umbral teórico, en contra de los poderes conferidos al Banco Central Europeo o de las normas del euro, nunca ha sido objeto del consenso popular. 
Como los colegas de la Comisión han sugerido, podríamos posponer con facilidad la reducción del déficit en dos o tres años, puesto que todos sabemos que es más fácil reducir el déficit durante un período de crecimiento. No obstante, los partidarios del dogma, como hemos vuelto a presenciar hoy, se muestran en contra de ello porque a los ojos de los federalistas, es uno de los principales símbolos de la integración supranacional que se ha conseguido. Se lo digo, -yo no le interrumpí, Señor Cohn-Bendit, concédame la misma cortesía-, usted también tiene una oportunidad de hablar largamente, es libre de ignorar estos problemas, de hacer como si no los viera. Estos problemas anuncian otros muchos, cuando en la actualidad se están ofreciendo pruebas de que aquí, como en cualquier otro lugar, la libertad y responsabilidad de los Estados miembros siguen siendo los componentes básicos de una construcción realista de Europa. Eso es lo que está en juego y lo que tendremos que asentar.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, con gran sorpresa, leí en el periódico a finales de la semana pasada que el Presidente de la Comisión se había referido en una entrevista al Pacto de Estabilidad y Crecimiento como algo «absurdo». Confiaba en que se tratara de un malentendido pero, desgraciadamente, el Presidente Prodi persiste en su opinión y sigue repitiendo su declaración, que, es, cuando menos, imprudente. Está claro que las declaraciones de este tipo ponen en tela de juicio la política de la Comisión con respecto a la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Creamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento hace menos de cinco años. La aplicación del Pacto goza de una toma de decisiones clara y sencilla. También se necesitan sanciones inequívocas. Los debates sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento así como la posibilidad de mejorar el Pacto son necesarios pero estos debates no deberían poner en juego la credibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La manifestación de una divergencia de opinión entre las partes implicadas fuera, anuncia, en efecto, el fin del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Me gustaría poder oír de labios del Comisario Solbes de qué modo discutirá las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de una forma inteligente y, dentro de este marco, también me gustaría que la Comisión me dijera qué medidas pretende adoptar para presentar a los Estados miembros cuestiones presupuestarias de una forma adecuada. La economía europea no se beneficia de una discusión constante entre las partes implicadas sobre las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si continúa esta corriente, corremos el riesgo de crear un pacto de inestabilidad, y probablemente, no es lo que queremos.

Dell'Alba (NI).
Señor Presidente, una de dos: O sus declaraciones son el resultado de la connivencia individual con los Estados miembros, en cuyo caso no podemos esperar transparencia por parte del Presidente de la Comisión sino más bien lo que podría describirse como un acercamiento maquiavélico a la política, no defendida en la Universidad de Boloña, y si fuera así, síganos contando, o bien sus medidas y comportamientos se parecen a los de un Papa que nos informa de que, en realidad, el nacimiento de la Virgen es simplemente una tomadura de pelo de la Iglesia. Si pretendía provocar un debate, como el Sr. Watson ha sugerido, entonces cuéntenos toda la historia, díganos que los problemas reales de la economía de Europa no son el resultado del Pacto y su supuesta rigidez sino que están provocados por problemas estructurales sin resolver, por la incapacidad de resolver el gasto público actual que sirve únicamente para alimentar las administraciones abotargadas, por la incapacidad a la hora de resolver el estado de bienestar, en concreto el sistema de pensiones, de suprimir la excesiva rigidez que ahoga el mercado laboral y la empresa y de avanzar por el camino de la privatización y la liberalización.
No es casualidad que los países que atraviesan las dificultades más graves sean precisamente aquellos que se han mostrado más reacios a adoptar los programas de reformas más ambiciosos de los últimos años. Esto es lo que queremos que nos cuente, Presidente Prodi, en este debate o en la próxima ocasión que sea entrevistado.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, señor Presidente de la Comisión, aunque me alegro enormemente de haber tenido el debate de hoy, me gustaría que constara que veo las citaciones realizadas con respecto a usted, señor Presidente de la Comisión, para que acuda al Parlamento por lo que equivale a una carta azul en respuesta a sus recientes manifestaciones sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si echamos un vistazo a la historia veremos que cualquier unión monetaria carente del apoyo de la unión política ha fracasado. La UE no es todavía una unión política y, por tanto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es lo que podría considerarse como una medida provisional, un Ministro de Economía europeo imaginario. Destrúyalo, y pondrá en peligro la unión monetaria.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es absurdo pero levantar dudas sobre el mismo es una irresponsabilidad y, por supuesto, una negligencia. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una herramienta eficaz para contrarrestar la locura presupuestaria, un sustituto factible de la política presupuestaria de la UE que, por el momento, no existe. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es ni complicado ni rígido, es flexible y lo suficientemente sencillo, con la norma de no adquirir nuevas deudas en períodos favorables y con un margen operativo de hasta un 3% de PIB en los no favorables. La mayoría de nuestros Estados se atienen al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Me pregunto yo, ¿por qué motivo la mayoría de los europeos son tomados por tontos, solo porque algunos tengan problemas y no han hecho sus deberes o no quieran hacerlos? Como dicen, la gente que no se toma en serio a sí misma no es tomada en serio por los demás. ¿Por qué va a regirse y a qué va a poder aferrarse la gente, el público y los países candidatos si la Comisión, como guardiana de los Tratados y los Estados Miembros, declara que los principios constitucionales son opcionales y los sacrifica a la conveniencia y oportunismo vinculado a la elaboración de la política del día a día?. Ir acumulando deudas puede ser conveniente a corto plazo pero, a la larga, la trampa de la deuda pone en peligro el crecimiento y el empleo, la estabilidad y la cohesión social.
Señorías, me gustaría utilizar este minuto y este debate para manifestar mi agradecimiento y dar mi enhorabuena al consejo directivo del BCE y a su Presidente, Wim Duisenberg, por su pulso firme y por ser un ancla de estabilidad. Me gustaría también decir al Presidente del Banco Central Europeo que cuando empieza a haber goteras en el tejado de una casa, o cuando un barco empieza a hacer aguas, el inquilino o el capitán no deben abandonar. Ruego al Sr. Duisenberg que retire la prematura dimisión que ya ha anunciado y que permanezca. En este momento deseo dedicar un debate a saber si un país que desconfía abiertamente del Pacto de Crecimiento y Estabilidad tiene algún tipo de derecho moral a proponer un candidato como su sucesor.
Señorías, señor Presidente, usted declaró en Radio Europe 1, y ha repetido hoy que estaba solicitando una institución central que coordinara las políticas de los países de la eurozona. No creo que necesitemos otra institución. Ya tenemos una: la Comisión. Su tarea consiste en fortalecerla en lugar de debilitarla. Su tarea es aplicar el Tratado en lugar de menoscabarlo y utilizar una mejor coordinación para conseguir que los objetivos se hagan realidad. Señorías, necesitamos una mayor confianza y ocasionar menos problemas. Por tanto, mi grupo saca la tarjeta amarilla a todos los que han levantado dudas con respecto al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Si hay alguien que lo malinterpreta, tendremos que sacar la roja. 
Randzio-Plath (PSE).
Señor Presidente, la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha llegado a un punto muerto porque se ha enfocado de forma equivocada en los déficits presupuestarios actuales más que en los déficits estructurales que son los que realmente importan. ¡Cuánto tiempo ha hecho falta para que la Comisión lo admita! Me gustaría recordarle que este Parlamento consideró en 1997 que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tenía que aplicarse de forma flexible y que había una mayoría entre las grupos que apoyaban este punto de vista.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está básicamente diseñado para que se emplee como un instrumento para coordinar las políticas económicas europeas. La Unión Económica y Monetaria necesita un marco regulador que pueda tener en cuenta las tendencias del mercado cuando se aplique de forma flexible. Una interpretación estricta, por el contrario, permitiría que los déficits presupuestarios aumentaran como consecuencia de la subsiguiente tendencia más pronunciada a un debilitamiento cíclico y la reducción asociada de los ingresos y el aumento del gasto.
No obstante, todos deben aplicar los estabilizadores automáticos de forma exhaustiva, cuando la economía en conjunto atraviese un período de poca actividad. Su empleo no debería quedar sometido a cláusulas de buen comportamiento que no pueden resultar positivas o los objetivos del proceso de Lisboa (competencia, pleno empleo y cohesión social) quedarán fuera de nuestro alcance.
Un presupuesto equilibrado se dirige al punto medio de un ciclo y este objetivo siempre debe tenerse en cuenta frente a los antecedentes de las condiciones del clima económico. Este es el motivo de que ni el Tratado ni el Pacto prevean una precisión permanente ni ofrezcan una planificación vinculante ni ello tampoco sería compatible con cualquier interpretación del Pacto que estuviera de acuerdo con este propósito.
Lo que resulta insatisfactorio sobre la aplicación del Pacto es el hecho de que apenas hace hincapié en el crecimiento económico, lo que significa que tiene que hacerse una distinción entre los déficits resultantes del gasto actual y los derivados del gasto de capital productivo. Esto podría hacerse si la política económica de Europa tuviera como referente el déficit estructural. Únicamente entonces el Pacto de Estabilidad y Crecimiento desempeñará su papel de instrumento de coordinación positivo. Sin embargo, esto implica una coordinación eficiente de las políticas económicas con la participación del Parlamento. También con respecto a este asunto, señor Prodi y señor Solbes, espero que la Comisión tenga una iniciativa inequívoca.
Figueiredo (GUE/NGL).
Señor Presidente, hemos solicitado este debate porque deseábamos dejar constancia de que es hora de suspender el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de llevar a cabo una revisión de sus criterios irracionales e incongruentes para la convergencia nominal que no tenían en cuenta los problemas y dificultades a los que se enfrentan los Estados miembros o los distintos grados de desarrollo que son un factor a la hora de agravar sus problemas económicos y dificultar el crecimiento y la aplicación de las estrategias de la Comunidad sobre el empleo y la lucha contra la pobreza. Esto quedó claro en la primera mesa redonda sobre la exclusión social mantenida por la Presidencia y la Comisión la semana pasada en la ciudad danesa de Aarhus, en la que participé en calidad de ponente del Parlamento Europeo.
Ahora, continuando con las declaraciones del Comisario Lamy y el Presidente de la Comisión, Romano Prodi, puedo decir que estamos de acuerdo con dichas afirmaciones. Este Pacto es, efectivamente, absurdo al igual que todas las decisiones estrictas. Este Pacto es una herramienta torpe para la gobernanza económica y debería ser sustituido por algo más inteligente puesto que la norma del 3% es, decididamente, medieval.
Todas estas razones demuestran que no tiene sentido mantener el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No tiene sentido que, por un lado, el Comisario Solbes Mira, confirme que en el año 2002 no se cumplirán los objetivos de los programas de estabilidad y está clarísimo en el caso de Alemania, Francia e Italia, pero que, por otro, por lo que respecta a Portugal se abra un procedimiento de déficit excesivo y aplauda la aplicación de medidas para políticas antisociales que crean más pobreza y un mayor desempleo, precisamente en el país que cuenta con la peor situación social y económica y el nivel de desarrollo más bajo de toda la Unión Europea. Lo que queda claro es que la principal función del Pacto es servir como un pretexto, como una tapadera política para la mayoría de las políticas del gobierno más revanchista, desastroso y perjudicial visto en Portugal desde la revolución del 25 de abril de 1974.
Por tanto pregunto: ¿va a presentar el Comisario Solbes Mira su dimisión? ¿o va a optar por proponer la suspensión del Pacto con el fin de celebrar un amplio debate sobre las directrices económicas y sociales de la UE? ¿Y va a cancelar el procedimiento de déficit excesivo que ha impuesto a Portugal? ¿O va a hacerlo el Presidente Prodi con el fin de ocuparse de los objetivos del desarrollo económico sostenible, de un mayor número de puestos de empleos con derechos y de una mayor inclusión social? Espero sus respuestas.

Lipietz (Verts/ALE).
Señor Presidente, no puedo hacer otra cosa que darle la enhorabuena por su decisión sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluido en el Tratado de Amsterdam.
Estoy de acuerdo en el hecho de que es absurdo establecer previamente la fecha en la que los Estados miembros de forma simultánea conseguirán un presupuesto equilibrado. El déficit presupuestario es parte de la política económica, la política económica a corto plazo. Aún más, es lo único que queda después de la muestra de irresponsabilidad del Banco Central Europeo. No obstante, el grado de déficit sólo debería depender de la situación preponderante en una fecha determinada.
Estoy de acuerdo en que resulta absurdo establecer el mismo margen de maniobra - 3% - para todos los países, teniendo en cuenta que algunos ya se encuentran con grandes deudas, mientras que otros no Algunos solamente contribuyen de forma marginal a los datos globales de Europa, mientras que otros son los motores del mercado común. Por tanto, ¿por qué los negociadores de Amsterdam, que tampoco eran tontos, adoptaron una norma tan tonta? Y, sobre todo, ¿se necesitaba una norma? En contra de la opinión del ministro de economía francés, el Sr. Mer, no creo que un país pueda ignorar sus compromisos con el pretexto de que tiene otras prioridades, en este caso, las de reducir los impuestos para los ricos.
Estoy de acuerdo en que necesitamos reglas que afecten a todos los países de nuestra Europa. Sin embargo, si deseamos normas flexibles e inteligentes, una autoridad económica común debe ser capaz de tomar decisiones de acuerdo con la situación común. Es la falta de visión de los negociadores de Amsterdam, su rechazo a una auténtica Europa federal lo que les llevó a adoptar una norma absurda, estableciendo los mismos límites para el déficit, el mismo plazo para conseguir la conformidad previa para todos los Estados miembros.
Es posible que su intervención positiva, señor Presidente, convenza a la Convención, al Consejo Europeo y a Europa en su conjunto de que elijan la inteligencia ante la imbecilidad, de que elijan una constitución federal.

Abitbol (EDD).
Señor Prodi, al igual que los oradores anteriores, tengo que felicitarle, al igual que el Sr. Lipietz acaba de hacer, por su lucidez y valentía demostradas al mantener su postura. Me gustaría felicitarle, en concreto, por su sentido político, puesto que básicamente lo que ha hecho ha sido instigar el único debate que importa a los votantes y a la opinión pública europea: ¿es Europa capaz de ofrecer a estos países crecimiento además de mera estabilidad?
Señor Prodi, me gustaría animarle para que no detuviera el trabajo bien hecho y que no fuera lúcido a medias. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo, pero, como el Sr. Solbes dice, tenemos que conservarlo. El Tratado de Niza es absurdo, pero, gracias a Dios, dice el Sr. Cox, ha sido ratificado. La ampliación es absurda, dice el Sr. Barnier, porque multiplica el riesgo de oclusiones y, por tanto, de debilidades, pero será ratificado en la venidera Cumbre de Copenhage.
Por tanto, Señor Prodi, puesto que se ha topado con la lucidez al igual que S. Pablo de camino a Damasco, no se detenga allí. Lo que resulta absurdo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no es tanto su forma como su contenido. Lo que es absurdo es creer que sociedades distintas, que se desarrollan de forma distinta, pueden encontrarse entre la espada y la pared, o entre Escila y Caribdis o, lo que es lo mismo, entre el tipo de interés del dinero y un presupuesto más ajustado. Lo que es absurdo es creer que una Alemania veterana, como el Sr. Eichel ha dicho esta mañana, puede imponer su política de tenencia de toda la vida a naciones que, al igual que Francia, están experimentando una regeneración demográfica natural y que, por tanto, deben invertir en el futuro. Lo que necesitamos es el crecimiento, señor Prodi, crecimiento, un término que su Pacto - que, de hecho, ya no es su pacto - ha olvidado por el camino. ¿Cómo se consigue el crecimiento? Se consigue con tipos de interés más bajos, no superiores a la inflación, como su Banco Central, el más rígido y, por tanto, según usted, el más absurdo de las instituciones europeas, insiste en imponer en Europa. Continuar con esta política, Sr. Prodi, con el desempleo que estamos experimentando actualmente, no sólo será absurdo sino que me parece que pronto llegará a ser fraudulento.

von Wogau (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar con una puntualización preliminar con el fin de hacer hincapié en el clima en el que estamos entablando el debate. Los países que pertenecen a la Comunidad Europea cuentan en la actualidad con una deuda que asciende a un total de 4.700 billones de euros. Lo que significa que, en conjunto, los países de la Comunidad Europea deben 4.700 billones de euros. Sólo el pago de intereses anuales, del que se sirve esta deuda, asciende a 230 billones de euros cada año, más del doble del presupuesto de la Unión Europea. Estoy seguro de que usted, señor Presidente de la Comisión, estará de acuerdo conmigo cuando digo que, en el momento actual, sería absurdo y una estupidez abrir aún más estas compuertas.
Pasaré ahora a hablar del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para el que tenemos reglas elaboradas que están muy claras. El déficit no puede superar el 3% y se aplican sanciones si la norma del 3% no se cumple con el objetivo de equilibrar los presupuestos. Este es el punto en cuestión y del que tenemos que ocuparnos ahora. Sirvió de gran ayuda a los presupuestos de sus respectivos países, en el momento en el que se encontraba a la cabeza de su gobierno, que dichas normas crearan confianza. Esta confianza llevó a bajar los tipos de interés y quitó una gran presión sobre su presupuesto. Mi segundo argumento es que me parece que sería realmente absurdo desperdiciar estas ventajas ahora.
Señor Presidente de la Comisión, usted ha dicho que Europa necesita una autoridad que tendría una función indiscutible de gobernanza económica. Es posible que no haya empleado esas palabras exactamente, pero se refería a un gobierno económico de Europa. Es un punto de vista que comparto. En mi opinión, sólo puede ser la Comisión. No obstante, lo que se necesita para dicho gobierno económico es que debería establecer normas y vigilar que se cumplen con el fin de que puedan emitir los mensajes adecuados. Señor Presidente de la Comisión, en su entrevista con Le Monde, envió el mensaje equivocado. Lo que esperamos hoy de usted es que rectifique dicho error y debería hacerlo como lo solicitó el Parlamento el 2 de mayo de 1997 y aplicar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no de forma flexible, sino de forma estricta y coherente.
Katiforis (PSE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, Señorías, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue adoptado en 1997 como una ampliación al procedimiento de déficit excesivo, puesto que el Tratado de Maastricht, como se sabe, había exigido a los Estados miembros que permanecieran por debajo del límite del déficit excesivo con el fin de poder participar en la moneda única. Por tanto, en nuestros pensamientos, no en letra sino en espíritu, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede ser ni mejor ni peor que el requisito de Maastricht en cuestión.
Puede que mucha gente piense que la introducción y éxito del euro son reivindicaciones ex post de la inflación y de los límites de déficit excesivo, ambos límites demasiados restrictivos. Se equivocan. Los límites estrictos impuestos en Maastricht lograron ciertamente mantener el control de los precios pero agravaron el desempleo en la economía de Europa. El desempleo y la recesión no han fortalecido el valor del euro, lo han menoscabado y como prueba de ello sirve el hecho de que el euro cayó casi un 20% frente al dólar cuando se introdujo, en un momento en el que los déficits presupuestarios se encontraban más controlados que ahora, mientras que ahora que se supone que los déficits están fuera de control, el euro se encuentra prácticamente en paridad uno a uno frente al dólar. También lo demuestra el hecho de que cada vez que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés, es decir, cada vez que ha hecho más estricta la política monetaria, el euro se ha devaluado en lugar de revalorizarse en contra de las expectativas de los que decidieron subir los tipos de interés.
Se supone que los mercados monetarios castigarán a Europa por la falta de una disciplina presupuestaria al hacer bajar el valor del euro. Es un error. Los mercados monetarios saben muy bien lo importante que es la actividad económica para el valor de una moneda y no parecen tener ninguna intención de castigar una relajación razonable en su política restrictiva ? razonable, por supuesto, ya que ninguno habla de excesos o de irresponsabilidad ? en un momento en el que nos encontramos al límite de otra recesión importante. Creo que este análisis justifica la elección de las palabras y análisis del Presidente Prodi.

Markov (GUE/NGL).
Señor Presidente, señor Prodi, si la aplicación de una política para limitar las nuevas deudas contraídas por los estados se añade en la práctica a las medidas destinadas a la reducción de la inflación combinadas con un aumento simultáneo del crecimiento económico, entonces no hay nada que pueda decirse en contra. Aquí está el quid de la situación en la que nos encontramos hoy. La mejor opción para generar crecimiento es estimular la demanda por medio de la inversión de los gobiernos, la inversión de las empresas y el consumo privado. Si, a pesar del mercado interior europeo, los estados nacionales siguen asumiendo que tienen que conseguir situaciones ventajosas para ellos mismos en el seno de la Unión Europea - y eso es posible en ausencia de una armonización adecuada de una política social, fiscal y económica - entonces, sencillamente, las condiciones fundamentales para un crecimiento sostenible en Europa no residen allí.
El aumento de la demanda interior no se conseguirá mediante la reducción de los salarios, que disminuye el poder adquisitivo, ni aumentando las cargas fiscales a las pequeñas empresas, que son las que crean más trabajos y aprendizaje, ni tampoco se conseguiría reduciendo las cargas fiscales de las grandes empresas que ya no pagan nada en absoluto. La reducción de los tipos de interés durante una desaceleración, aunque no haya una inflación importante tiene un efecto procíclico y no tiene sentido económico.
Existen diferencias importantes entre los presupuestos de los Estados miembros. El hecho de que los presupuestos sumergidos estén al orden del día significa que no hay, incluso en el seno de la Unión Europea, una base comparable para el cálculo y la gestión de los presupuestos. Si esto nos lleva a hablar de alterar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no debe hacerse por la compleja situación económica actual, lo cual sería oportunismo político, sino que, en su lugar, el debate tiene que ser una consecuencia de la construcción que es fundamentalmente disfuncional. Si tiene que haber una mejora real de la inversión, cualquier reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe ir de la mano de una mayor coordinación de las políticas europeas sobre economía, asuntos sociales, empleo, fiscalidad y medio ambiente.

Lagendijk (Verts/ALE).
Señor Presidente, señor Prodi, me gustaría calificar su declaración en Le Monde como justa y comprensible desde el punto de vista económico pero no demasiado perspicaz desde el punto de vista político. Sólo tenemos que echar un vistazo al debate de hoy para saber a qué me refiero. Parece ser un debate entre por un lado, los que da la impresión que desean deshacerse totalmente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y por otro, los que, al parecer, han concedido al actual Pacto de Estabilidad y Crecimiento el estatuto de escritura sagrada. Éste no debería ser el tema de la discusión. ¿Cuál debería ser? En mi opinión, debería referirse a encontrar el equilibrio correcto entre la necesidad, también reconocida por parte de mi propio grupo, de alcanzar un equilibrio de crédito estructural a medio plazo y la necesidad también fundamental de tener en cuenta la realidad económica y los movimientos cíclicos. ¿Se trata ahora de un permiso, como algunas de sus Señorías lo denominan para que cada país haga lo que quiera? No, en absoluto. Sin embargo, se trata de un incentivo para refinar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por ejemplo, estableciendo una diferencia entre las inversiones necesarias, la infraestructura y demostrando preocupación por un lado y - por qué no decirlo - por otro, promesas de elección irresponsable. En mi opinión está bien que a los países que experimentan un retroceso en su economía, tales como Alemania, se les conceda más tiempo para conseguir reconducir su posición presupuestaria. Sin embargo, en mi opinión, los países que pretenden un deterioro estructural de su déficit, por ejemplo, mediante cheques falsos, como Francia, deberían recibir en el futuro, y con razón, una tarjeta amarilla. Señor Prodi, si su intención era la de levantar una discusión sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entonces puede contar con mi apoyo. Admiro su valentía al decir que no quiere quedarse como sordo y mudo ante la economía cambiante. Si se trata de eso, puedo disculpar su inoportunismo. Se lo puedo asegurar: los agitadores inteligentes actúan bien al final de cualquier modo.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Presidente de la Comisión, nuestros ciudadanos se merecen un euro fuerte. El euro nunca puede convertirse en una moneda dominante en el mundo, como hemos decidido que sea, a menos que se cumplan estrictamente los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De verdad que no entiendo por qué dice ahora que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento es absurdo. Antes de que los artículos del Pacto fueran firmados y sellados usted era un economista, un economista cualificado y era influyente en el debate de la política económica. ¿Por qué no dijo que estas condiciones eran absurdas antes del Tratado de Amsterdam? Estamos de acuerdo en este Pacto para situaciones como estas: para facilitar el trabajo de los políticos cuando hay una recesión y cuando es difícil equilibrar las finanzas del sector público. Esto no es una sorpresa. Los períodos de auge económico no duran por siempre. Ciertamente, no es sorprendente para ningún Ministro de Economía ni tampoco puede ser una sorpresa para la Comisión. Los períodos de auge están seguidos de una recesión. Es obvio que sea más difícil conseguir los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en un período de depresión que en un período de prosperidad económica. Estos cuatro Estados miembros que se encuentran ahora en dificultades y que han prometido a sus ciudadanos algo que no pueden hacer están pagando el precio de no hacer lo que deberían haber hecho cuando tuvieron un auge económico.
Muchos diputados del Parlamento estarían dispuestos a aumentar la responsabilidad de la Comisión y ampliar su papel a la hora de coordinar la política europea. Sin embargo, desgraciadamente, puntualizaciones como éstas y el hecho de que sean realizadas por los miembros de la Comisión, cuyo cometido no gira en torno a ninguno de los dos aspectos, no acrecentan lo más mínimo nuestra fe en la idea de que deberíamos dar a la Comisión un papel más importante en la coordinación de la política económica en la Convención sobre el futuro de Europa. Cuando el Comisario Lamy, por ejemplo, condenó el Pacto por ser medieval lo hacía más bien en representación del Partido Socialista francés que del punto de vista de la Comisión sobre la política de comercio. Realmente debería retirar puntualizaciones como éstas y le estoy pidiendo además que piense bien lo que dice.

Berès (PSE).
Señor Presidente de la Comisión, creo que al hablar de lo absurdo, invocó al espíritu de la ley. «Absurdo» o «tonto» son términos a los que parece ser propenso puesto que lo emplea dos líneas más adelante en el mismo artículo al decir que no es tan tonto como para querer deshacerse de los servicios públicos al igual que Francia ha hecho. Por tanto, creo que alguien quiso que usted dijese más, o menos de lo que usted quería decir, y quizás, alguien quería encubrir lo que estaba diciendo en alguna otra parte de este artículo como, por ejemplo, que una unión monetaria sin una unión política sería toda una locura.
Si hoy abandonamos cualquier política de coordinación económica, ¿qué quedará de nuestra capacidad para utilizar el euro? Es el problema al que nos enfrentamos. Hoy día, los Estados miembros y con razón, están pidiendo una competencia presupuestaria. Pero se olvidan, o no quieren ver, que su competencia debe coordinarse con las políticas económicas. Hoy, sin embargo, no queremos saber cómo coordinar estas políticas económicas. El Parlamento ha hecho sus sugerencias. Deben ser consideradas y desarrolladas de modo que, al final, las amplias líneas de la política económica tengan un propósito, que los Estados miembros acepten hacerlas suyas a la hora de establecer sus propias directrices.
Al haber dicho eso, señor Prodi, ha abierto un debate que me parece importante. Para que se realice de forma inteligente, nunca debemos abandonar la importante naturaleza del presupuesto. Debemos considerar la posibilidad de que la Comisión tenga un papel más importante en los procedimientos prematuros de advertencia al definir el interés general de Europa. ¿Hemos dado la suficiente importancia a lo sucedido cuando se concedieron las licencias UMTS? Puede que hubiera sido mejor tener una Comisión más fuerte entonces, por lo que se refiere a las propuestas, como en determinadas circunstancias excepcionales, los Estados miembros necesitan dejarse llevar por el liderazgo de la Comisión. Estoy pensando, por ejemplo, en la crisis del petróleo. No obstante, la Comisión debe apoyar a los Estados miembros diariamente, respaldarlos y no intervenir como un policía en los momentos críticos.
En el debate que va a celebrarse, que ha lanzado y que nos gustaría tener, es preciso que consideremos una coordinación adecuada de los diversos criterios y, en concreto, de los criterios de sostenibilidad de la deuda. Es lo que nos parece más importante a largo plazo.

Friedrich (PPE-DE).
Señor Presidente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es solo una norma antigua, sino que se encuentra en el centro del marco de trabajo regulador del euro. Es interesante que el aplauso venga al mismo tiempo del sitio equivocado. En todos los países, los que persiguen políticas inflacionarias se sienten de repente respaldados y alentados por lo que el Presidente de la Comisión dijo. Lo cierto del asunto es que, a lo largo de la historia de la economía política, las estadísticas demuestran que el crecimiento duradero sólo puede conseguirse mediante la estabilidad y una moneda estable. La acumulación de deuda lo que consigue no es crecimiento, sino inflación y estancamiento. Helmut Schmidt dijo: «Preferiría tener un 5% de inflación en lugar de un 5% de aumento del paro». Después de todo, acabó teniendo una inflación más elevada y más desempleo. Esta es la realidad demostrable de la historia económica de nuestro continente.
(Interrupción)
Entonces, Señor Presidente de la Comisión ¿cómo van a cumplirse las normas si, al mismo tiempo, se califican como absurdas? Por el amor de Dios, ¿no basta con tener una deuda de 4 700 billones de euros? Contraer deudas es la salida fácil, reducirlas y consolidar los presupuestos es la difícil, pero sabemos por la Biblia que el camino más fácil es el que lleva a la destrucción. El camino difícil, quiero decir, el de la consolidación del presupuesto, es el correcto y, de repente, no nos mostramos dispuestos a esperar que nuestros gobiernos lo acepten. No, era un error, señor Presidente de la Comisión. Una provocación tan elegante...
(Interrupción)
... está muy bien, pero lo que necesitamos aquí es una política seria. Únicamente una política seria es fiable y tiene efectos que puedan calcularse. Señor Presidente de la Comisión, en nombre del éxito del euro, retire su declaración.
Trentin (PSE).
Señor Presidente, Presidente de la Comisión, Comisario, Señorías, apoyo plenamente el informe bien equilibrado y sincero del Presidente Prodi así como las recomendaciones del Comisario Solbes. La necesidad que refrendo plenamente es la de una aplicación flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de la coordinación de las políticas medioambientales, sociales y económicas que comienzan en la eurozona, que sin embargo, ha sido olvidada por completo durante los últimos años de recesión, en parte, por los graves errores anunciados por la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, gracias a los cuales realmente disuadieron cualquier intento de promover o coordinar una política económica anticíclica compartida por los gobiernos de la Unión.
Además, es cierto que la gestión selectiva y flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no puede dejarse a la discreción de los gobiernos individuales puesto que podría tener como consecuencia el debilitamiento de la cohesión social y, lo que es peor, el aumento de la inflación. Por tanto, apoyo la propuesta de incluir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo, es decir, la programación de la inversión pública en las áreas de investigación, el aprendizaje permanente y la mejora medioambiental y la creación de un transporte europeo y de las redes de telecomunicaciones integradas, como un objetivo adicional al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sustrayendo la suma de dichas inversiones del déficit presupuestario total de los gobiernos de los Estados miembros.
Esta decisión requiere un apoyo contundente por parte de la Comunidad Europea. Ciertamente, la Comunidad debe ser capaz, a través de la Comisión, de evaluar ex ante, la compatibilidad y conformidad de las inversiones con el objetivo de conseguir que la Unión Europea tenga la economía más competitiva y dinámica basada en nuestro conocimiento, el pleno empleo y el desarrollo sostenible del mundo para el año 2010, facilitando la coordinación de estas inversiones.

Brunetta (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, la Unión Europea tiene una moneda única pero no tiene una política económica común. Tiene una moneda única pero no tiene una autoridad política económica auténtica. Tiene una moneda única pero no tiene una autoridad presupuestaria federal auténtica.
Hasta ayer, la Unión tenía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: el sustituto maravilloso - sí, un sustituto - de una política económica inexistente, de un presupuesto redistributivo adecuado inexistente, para una autoridad de política económica inexistente, mientras que incluso la moneda única y el área monetaria están lejos de ser perfectas. Como sabe, Presidente Prodi, la credibilidad del euro está vinculada, entre otras cosas, sobre todo, diría yo, al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a su capacidad de forzar a los Estados miembros a producir políticas presupuestarias responsables: políticas presupuestarias, destacaría, que ellos mismos han propuesto y que han aceptado todos sus ciudadanos. Por supuesto, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está sujeto a restricciones de las que, queda claro, que todos somos conscientes, especialmente, en un momento de recesión tal como el que el la Unión Europea está experimentando actualmente. No obstante, señor Prodi, una cosa es encontrar una forma inteligente de atajar estas restricciones y otra muy distinta cambiarlas realmente para cambiar las normas a mitad del juego, dejando una batalla campal.
Lo que me preocupa, Presidente Prodi, no son los cambios inteligentes, que siempre son bien recibidos, sino el riesgo de que una política presupuestaria sea verdaderamente renacionalizada. Esto, Presidente Prodi, es el asunto más grave, el riesgo más peligroso de todos, puesto que podemos acabar refrendando las políticas de países irresponsables y penalizando a países que han aplicado políticas responsables, los países que han depositado su confianza en nosotros. Recompensar a los saltamontes y castigar a las hormigas no ayudará al euro: no contribuirá a la integración Europea en este punto tan sensible de su desarrollo.
Es el motivo de que los miembros del Partido Popular Europeo que participarán en la Convención, actuando de acuerdo con el mandato recibido en el reciente Congreso de Estoril, propongan que la Convención constitucionalice los principios básicos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo y, por favor, estén atentos a sus amigos oportunistas que solo se acercan en el último momento.

Santos (PSE).
Señor Presidente, acojo de buen grado, entiendo y apoyo las recientes declaraciones del Presidente Prodi sobre la política financiera de Europa. Si no he entendido mal, la Comisión ahora ha dado paso a un comienzo inteligente para un proceso de defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que sólo será posible si se demuestra valentía política y si es capaz de romper con algunas de sus posturas actuales. Confiamos en que el Parlamento Europeo que es, por definición, la institución de la Comunidad más abierta y representativa del ciudadano de a pie, entienda y apoye el proceso positivo que el Presidente Prodi ha puesto en funcionamiento.
Sólo aquellos que hayan dado vueltas con la cabeza en las nubes y que se hayan alejado por completo de la realidad económica europea pueden mostrarse sorprendidos hoy. Desde los albores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento quedaba claro que estaba basado en normas que funcionarían de modo razonable en tiempos de crecimiento económico pero que podría resultar un obstáculo al enfrentarse a circunstancias imprevistas y con sólo un crecimiento moderado. La Europa del euro se crea en un marco de trabajo de una política monetaria única y doce políticas presupuestarias aisladas. Esto justifica la existencia de normas claras que eviten que las economías indisciplinadas, especialmente la más grandes, pongan en peligro la estabilidad del sistema.
El rigor presupuestario es la garantía de que la generación actual no deje como legado una deuda excesiva a generaciones futuras. Obligar a los Estados a racionalizar su gasto y a conseguir que sus servicios sean más eficientes es fundamental para conseguir una auténtica estrategia de desarrollo. Estoy convencido de que todos estamos de acuerdo en esto. No obstante, las normas disciplinarias deben se entendidas por los mercados y no deben contravenir políticas nacionales ni los intereses y compromisos legítimos asociadas a las mismas. Esto requiere que sean formuladas de forma flexible y adaptadas cuando se demuestre que es necesario.
Éste es el pecado original del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y es la razón de que cada vez más voces soliciten su reforma. Cerrar los ojos a esta nueva realidad sería rechazar de plano todos nuestros compromisos, condenando el Pacto y, en especial, sus objetivos, al fracaso total. Una interpretación estática del Pacto de Estabilidad y Crecimiento empieza a parecer insostenible, porque no responde a la situación económica actual y se ajusta incluso menos a los objetivos que la Unión Europea estableció en Lisboa para llegar a ser, a corto plazo, la economía más poderosa del mundo. Utilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de modo inteligente, haciendo hincapié en el pilar del crecimiento en la actual situación económica es absolutamente fundamental por naturaleza para no rebelarse y para que la construcción que tan laboriosamente se ha llevado a cabo no se derrumbe.

Skinner (PSE).
Señor Presidente, las economías difieren - esto es un hecho. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene que interpretarse de forma mucho más sofisticada. El contexto necesario ha de ser la solvencia de las finanzas públicas y una economía estable. Además, tal y como usted ha afirmado, hay que tener en cuenta el ciclo económico para la política presupuestaria. Las nuevas reformas tienen que ser sostenibles, calibradas según el perfil de la deuda del país. También tenemos que prever la inversión pública, porque puede conducir al crecimiento al que usted se refirió en la Cumbre de Lisboa, y no sólo servir al bienestar.
Países como el Reino Unido, por ejemplo, tras aquellos desastrosos años de inversión deficiente bajo el gobierno tory, necesitan ponerse al día, y debemos permitir que lo hagan. Pero el hecho es que, tal como dice el viejo chiste, «si pones a todos los economistas del mundo en línea, uno detrás de otro, puede que nunca llegues a una conclusión». No queremos alinear a los miembros de la Comisión y descubrir que no hay más que incoherencia. Cambiemos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Flexibilicémoslo - usted puede ayudar a ello -, pero reconozcamos que tiene que ser un instrumento sofisticado en una economía real.

Ilgenfritz (NI).
Señor Presidente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se introdujo para salvaguardar el euro como una moneda fuerte pero, teniendo en cuenta la precaria posición económica de Europa en general y de la alta tasa de desempleo, debería poder permitirse una nueva reflexión así como redefinir los criterios de estabilidad por la simple razón de que así se conseguirá que el euro siga siendo fuerte. Una moneda es tan fuerte como su economía. Si la economía está cojeando, la moneda se debilitará a largo plazo. La elevada tasa de impuestos en Europa debilita la economía y no deja a los ciudadanos particulares el espacio suficiente para maniobrar o los ingresos disponibles necesarios para impulsar el gasto del consumidor. Además, se está vertiendo demasiado dinero en la distendida burocracia del funcionariado. Estoy hay que cambiarlo. El euro no solo necesita un pacto de estabilidad sino también, principalmente, de crecimiento. Por tanto, debatir este asunto es tan necesario como inteligente, para que el euro pueda convertirse a largo plazo en una moneda fuerte en lugar de una débil.

Prodi
Señor Presidente, Señorías, muchas gracias por este debate, que no ha sido meramente académico como podría haber sido, teniendo en cuenta sus orígenes idiosincrásicos y su ocasión, sino que ha sido un debate de peso relativo a la economía, que confío en que pueda volver a repetirse en el futuro. Las diferentes posturas - no se preocupe, señor Poettering, nunca mezclo las relaciones personales con las opiniones políticas - que han surgido en este debate han revelado algo importante, es decir, que el sistema en el que estamos trabajando no se encuentra equilibrado. Existe un instrumento coercitivo ex post para garantizar que se respeta el rigor necesario, aunque, gracias a la falta de autoridad, no siempre se impone una obligación auténtica: con frecuencia se trata de una invitación más que de una obligación, - pero no existe un instrumento ex ante que cree las condiciones necesarias para un desarrollo equilibrado, que ayude a los países que se encuentran unidos en la moneda única a conseguir un desarrollo equilibrado de las finanzas de la salud pública y el empleo. No tenemos una política económica que podamos evaluar y seguir juntos.
En consecuencia, estaremos en peligro si quebrantamos el código de supervivencia de la Comunidad -y eso sería realmente absurdo- si no empleamos la astucia política necesaria para prever desacuerdos y tensión y evitar una situación en la que tengamos que aguantar, desprovistos de poder, hasta que llegue el momento de las restricciones, con el riesgo, como ya hemos escuchado, de que los Estados miembros consientan demasiadas negociaciones.
Esta es la dirección en la que la Comisión desea encaminarse, de modo que déjenos comenzar, como el Comisario Solbes ha dicho, y continuar explotando todas las posibilidades ofrecidas por los instrumentos existentes, pero debemos garantizar que la política económica europea no se vuelva a dictar por medio de meros instrumentos de contabilidad. 
Se han hecho una serie de referencias al Banco Central Europeo, pero el Banco Central Europeo está haciendo su trabajo correctamente, ustedes lo saben. El problema es que no podemos dejarle sin apoyo. Tenemos una política europea en la que, gracias a Dios, hay un Banco Central que ha obtenido logros desde el principio por lo que debemos concederle lo debido teniendo en cuenta que realmente empezó desde cero. Ha sido una tarea hercúlea crear una estructura de seguimiento y control, una estructura de análisis financiero económico desde el principio con 12 países diferentes y debemos salvaguardar la independencia del Banco Central pero no su aislamiento.
Estamos aquí hoy celebrando un debate que ha puesto de manifiesto que la cuestión de una autoridad para la política monetaria aún no se ha resuelto. Señor Presidente, me gustaría que volviera a celebrarse un debate sobre este aspecto. De hecho, compartimos una moneda única y esto implica que no podemos devaluarla, significa que no podemos variar sus tipos de interés, significa que realmente estamos vinculados a un sistema que en muchos aspectos es fuerte y rígido. Entonces bien, si deseamos que este sistema funcione, debemos establecer una institución con autoridad para ayudarnos a coordinar las claves de la política económica. No estoy presionando para que la Comisión obtenga el trabajo aquí - nos estoy presentando como candidatos. Nunca he dicho que esta autoridad debiera ser necesariamente la Comisión, por supuesto que no. Es preciso crear esta autoridad, establecerla y formarla porque tenemos que proteger la moneda única todos juntos y, por tanto, tenemos que movernos juntos hacia el futuro.
Puedo asegurarles que, en mi entrevista, que, insisto, fue larga, la palabra que ha sido objeto de tanta crítica no estaba referida al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como se ha informado, sino al hecho de que el Pacto se ha interpretado de una forma demasiado literal. Se ha hecho referencia, por ejemplo, por parte del Sr. Mr Abitbol, justamente ahora a San Pablo: el problema radica en la diferencia entre el pensamiento y la letra. Estamos encerrados en una esquina y tenemos que trabajar de acuerdo con la letra de la ley y es la letra la que es absurda. Tenemos que tener instrumentos, tenemos que utilizar la política, tenemos que utilizar el espíritu de la ley si vamos a interpretar los problemas de nuestra gente. Recuerden que, cuando hay discrepancias entre las políticas económicas de los distintos países, las cosas vienen a la cabeza en cualquier momento. En este sentido, señor Watson, no mencioné el asunto por casualidad. Concedí la entrevista a propósito, aunque lleva razón, podría haberlo discutido con el Parlamento, y lo haré cuando me pida que discuta estos asuntos puesto que son la base de nuestra vida comunitaria. Mencioné el asunto por el trabajo de la Convención. Necesitamos debatir estos asuntos para que la Convención se dé cuenta de que somos expertos, de que somos capaces de ocuparnos de estos asuntos.

Otro de los motivos por los que he sacado el asunto es que los personas de Europa nos piden que debatamos los asuntos económicos no sólo desde el punto de vista de las cuentas de balance y de las finanzas sino desde el de los aspectos que afectan a sus vidas cotidianas y puedo asegurarles que esto no significa ser relajado o demasiado flexible en los asuntos económicos. En el pasado, tuve incluso el valor de imponer un impuesto europeo en mi país - denominado particularmente como impuesto europeo - porque creo que los ciudadanos tienen que recibir información clara y precisa. Obviamente, nosotros en esta Cámara tenemos que debatir la cuestión del espíritu y la letra del Pacto, con el debido respeto del Pacto y dentro de las dificultades de la situación actual en la que tenemos que aplicarlo tanto en países grandes como pequeños. Este es otro de los problemas surgidos durante este debate: ¿se aplican con igual rigor en el caso de un desvío por parte de Francia, Alemania o Italia, cuyo déficit se aproxima o ya ha superado el 3%? Puedo asegurarles que, si las notificaciones oficiales o las estadísticas de la Comisión confirman esta información, según se acordó en la declaración de Amsterdam, la Comisión aplicará las medidas establecidas en el Tratado y el Pacto y la liberará de su obligación con respecto a las mismas porque es su trabajo.
Sin embargo, he dicho y vuelvo a reiterarlo frente a la Cámara, que no es suficiente. No basta con establecer la existencia del déficit, cerrando la puerta después de que el caballo se haya desbocado. Aquí tenemos que desarrollar una política económica común que debemos a nuestros ciudadanos. Es la razón por la que la palabra que utilicé pudo parecer bastante fuerte. Presento mis excusas a los académicos pero creo que me ha servido para mostrar a todos lo que debemos hacer en el futuro.
(Aplausos)

Berthu (NI)
Algunos oradores han criticado al Sr. Prodi quien declaró que el Pacto de Estabilidad era absurdo. Teniendo en cuenta que esas palabras provienen del guardián del Pacto, son, ciertamente, sorprendentes. Sin embargo, no se trata de un lapsus línguae. El Sr. Prodi está intentando, de forma evidente, por medio de medidas desesperadas, salvar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ha llegado ahora a un punto muerto.
Ciertamente, al añadir inmediatamente que para tener un Pacto flexible tendría que haber una autoridad en Bruselas con poder de toma de decisiones, el Sr. Prodi ha demostrado claramente que desea pasar a un supraestado.
Está claro cuál es el obstáculo hoy: por un lado, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que es cada vez menos relevante, y, por otro, que los Estados miembros no tienen intención de ceder sus poderes presupuestarios y económicos a Bruselas, como ha quedado demostrado por los acalorados debates sobre la gobernanza económica del grupo de trabajo de la Convención. Por tanto, el Sr. Prodi se encuentra intentando desplazarse en la dirección del plan de los federalistas cuando pretendían introducir el euro.
Es un movimiento inteligente a corto plazo. A largo plazo, sin embargo, será un error. El supraestado económico sería sólo otro sistema rígido, siguiendo los pasos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, nos atrevemos a decir, del euro.

van den Berg (PSE).
Señor Presidente, a lo largo de la noche del 26 al 27 de septiembre, el barco de Joola se hundió en la costa de Senegal, llevando a bordo a muchos senegaleses, un grupo de ciudadanos europeos y Roel y Lisette Arendshorst de Groningen. El presidente Wade de Senegal ha asumido la responsabilidad del desastre. Puesto que su propio país no cuenta con los fondos suficientes para recuperar el barco, el presidente Wade ya ha mencionado la posibilidad de un entierro en el mar. Esto es intolerable. Para los parientes de las víctimas es de suma importancia que los cuerpos de sus seres queridos sean recuperados lo antes posible puesto que a medida que pase el tiempo surgirán problemas de identificación.
Según una investigación, el barco se encuentra embarrancado en un banco de arena y sería relativamente fácil recuperar los cuerpos con la ayuda de buzos submarinos. Este tipo de recuperación no es excesivamente costosa pero podría resultar demasiado cara para Senegal. La semana pasada, ya hice un llamamiento urgente a los Comisarios Nielson, Patten y Bolkestein para que destinaran fondos europeos del Fondo Europeo de Desarrollo. El tiempo apremia y todavía no tengo una respuesta. Una vez más, debería pedir a la Comisión que ofrezca apoyo financiero a Senegal a la mayor brevedad posible para que los padres y hermanos de Roel y Lisette, y los parientes de otras víctimas no tengan que seguir viviendo en la ansiedad y puedan dar el último adiós a sus seres queridos de una forma digna.

Van Orden (PPE-DE).
Señor Presidente, sobre la observancia del Reglamento, con respecto a Zimbabwe. Me horroriza que la semana pasada el COREPER decidiera que la Conferencia Ministerial UE-SADC (Comunidad para el Desarrollo de África Austral), programada para los días 7 y 8 de noviembre, no tenga lugar en Copenhague, sino en Mozambique. Recordará que este Parlamento había insistido en que bajo ninguna circunstancia debería invitarse al Ministro de Asuntos Exteriores zimbabwense a la Conferencia Ministerial de Copenhague, porque esto incumpliría de modo flagrante la prohibición de viajar a la UE. Nunca recibimos garantías a este respecto y ahora sabemos por qué: Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han decidido de manera cínica esquivar su propia prohibición. Ahora contemplaremos el vergonzoso espectáculo del viaje a África de los Ministros de Asuntos Exteriores europeos, cuyo único propósito es facilitar la presencia de los zimbabwenses en la reunión. Resulta grotesco y es una ofensa para esta Cámara y, lo que es aún más importante, es un insulto para el aterrorizado y hambriento pueblo de Zimbabwe, cuya vida y sustento han sido destruidos por las acciones del régimen de Mugabe. 
Señor Presidente, en nombre del Parlamento, le ruego que exprese nuestra repulsa por esta decisión al Presidente del Consejo y le pida que la revoque.

González Álvarez (GUE/NGL).
Señor Presidente, el pasado mes de junio la Comisión de Peticiones viajó a mi región, Asturias, y se entrevistó con varios peticionarios. Un grupo de peticionarios presentó al Sr. Gemelli una petición en la que se denunciaba el trazado de una autovía en mi región - la autovía del Cantábrico - porque parece que vulnera el Derecho comunitario y, también, porque perjudica gravemente a explotaciones agrarias muy importantes financiadas por el FEOGA.
Al mismo tiempo, también presenté una pregunta a la que respondió de forma preliminar la Sra. Wallström y a la que se responderá extensamente más tarde, como ella dice.
Nuestra sorpresa es que, sin haberse debatido este tema en la Comisión de Peticiones y sin haber recibido la segunda respuesta de la Sra. Wallström, un diputado del grupo mayoritario de este Parlamento, acompañado del Secretario general de su partido, visita a la Sra. Loyola de Palacio, celebra una entrevista con dos altos funcionarios de la Comisión Europea y aparece públicamente en mi región diciendo que el expediente está cerrado. 
Señor Presidente, eso es atentar contra la credibilidad de este Parlamento, contra las competencias de la Comisión de Peticiones. También pone en duda la independencia de la Comisión Europea, en este caso, y de determinados funcionarios de la Comisión Europea, y lo que solicito, señor Presidente, y termino, es que se compruebe si fue así. Nosotros no podemos permitir que se tome una decisión antes de que se celebre un debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Pido al Sr. Presidente - le enviaré más documentación - que, por favor, se informe de si eso fue así.

El Presidente.
Si he entendido bien, señora González Álvarez, es posible que también sea preciso plantear algunas preguntas a la Comisión para que podamos llegar al fondo del asunto.

Thorning-Schmidt (PSE).
Señor Presidente, me complace el hecho de que usted se encuentre en la Presidencia porque esta tarde he recibido una llamada telefónica de una joven. Era la ganadora del concurso de Misses de Dinamarca. Ha decidido, muy valientemente en mi opinión, no acudir a Nigeria para participar en el concurso de Miss Mundo. Sin embargo, hoy ha recibido una carta de la organización del concurso de Miss Mundo, animándola a participar alegando que uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo - y de hecho, se trataba de usted, señor Imbeni- ha alentado a las candidatas a que participen y se abstengan de un boicot. Evidentemente, esta joven de la que hablamos está bastante confusa, lo cual es comprensible, por supuesto. Por tanto, quiero pedirle que hoy confirme o que me confirme lo antes posible que el Parlamento Europeo no se ha mostrado a favor de que las candidatas participen en el concurso de Miss Mundo y que, por tanto, no estamos animándolas a que participen. También me gustaría que me confirmara que lo más cerca que el Parlamento ha estado de discutir si estas mujeres deberían boicotear el concurso de Miss Mundo ha sido en el debate que mantuvimos en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades cuando se pidió específicamente a las mujeres que boicotearan el concurso de Miss Mundo. Espero poder obtener una confirmación ahora y, si no ahora, entonces que sea por escrito en un futuro próximo.

El Presidente.
Señora Thorning-Schmidt, sin emplear demasiado tiempo de mis colegas, puedo confirmar que, en primer lugar, no comparto su opinión, en segundo, que manifesté mi opinión en una rueda de prensa, en tercero, no hablé en nombre del Parlamento, por supuesto, y en cuarto, envié un mensaje de correo electrónico al Presidente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades en el que afirmaba que, en mi opinión, la decisión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de solicitar que se boicoteara la iniciativa era errónea, por una serie de motivos en los que no voy a entrar aquí por miedo a abrir un debate que no se encuentra en el orden del día de hoy. Si lo desea, más adelante, mañana o pasado mañana, puedo explicarle los motivos por los que creo que la línea adoptada por la Comisión de Derechos de la Mujer no era apropiada. Ahora, sin embargo, en calidad de Presidente del Pleno no puedo hablar del asunto.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0332/2002) del Sr. Andrew Nicholas Duff, en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el impacto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su futuro estatuto [2002/2139(INI)].

Duff (ELDR)
 ponente. (EN) Señor Presidente, la futura condición de la Carta fue una de las cuatro cuestiones clave que nos legó el ya famoso Tratado de Niza para que lo examináramos en la CIG de 2004, y desde Laeken es una cuestión central para la Convención. Si se aprueba esta resolución, representará una contribución formal de la delegación parlamentaria a la Convención.
Hemos estudiado el efecto que ha tenido la Carta hasta el momento como instrumento proclamado solemnemente, y hemos observado que el Defensor del Pueblo, el Parlamento, la Comisión e incluso en ocasiones el Consejo la han utilizado ampliamente. Asimismo, hemos descubierto alguna incertidumbre entre los ciudadanos respecto del alcance de la Carta como instrumento proclamado solemnemente. Para los tribunales, la Carta ya constituye una importante fuente de referencia, junto con el TEDH y las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Sin embargo, la tradición constitucional nacional ya es amplia y, en una Unión de 25 o más Estados miembros, se tornará imprecisa. Por lo tanto, tenemos que incorporar la Carta firmemente en los Tratados, para que lo que en la actualidad constituye una importante fuente de referencia se convierta en una fuente central.
El Comisario Vitorino y su grupo de trabajo en la Convención están estudiando los detalles técnicos y semánticos relacionados con esta incorporación, y espero con ilusión su informe sobre el éxito de los esfuerzos de su grupo de trabajo. Esta resolución parlamentaria refresca la historia política de la Carta. Establece la razón por la que es importante su incorporación en los Tratados, y la razón por la que debería ser obligatoria para la Unión y para los Estados miembros, en la medida en que ponen en vigor el derecho y la política de Europa. Asimismo, establece la razón por la que la Carta se convertirá en un componente básico del desarrollo ulterior del concepto de ciudadanía europea.
Durante el proceso de ampliación, la Carta explicará detalladamente la razón por la que los derechos fundamentales son tan importantes para acercar Europa al ciudadano. Propone que establezcamos para nosotros mismos un régimen de derechos fundamentales en el centro del proceso de integración, para que destaque como la joya de la corona de nuestra futura constitución. Pido al Parlamento que vote a favor del informe.
Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar me gustaría felicitar al Sr. Duff, no solo por su actuación en calidad de ponente de este informe sino también como miembro de la Convención encargada de la redacción de la Carta de los Derechos Fundamentales. El informe que debatimos hoy se basa en las anteriores posturas mantenidas por el Parlamento, adoptadas cuando se redactó la Carta, a lo largo del año 2000, y dichas recomendaciones responden plenamente al objetivo de conseguir que esta Carta sea la base de una constitución. Hablo en calidad de Comisario pero, por supuesto, no puedo ignorar el hecho de que, al mismo tiempo, represento a la Comisión de la Convención sobre el Futuro de Europa y, en calidad de dicho cargo, presido el grupo de trabajo de la Carta. Sin meterme en detalles, me parece que puedo decir a la Cámara que los miembros del grupo de trabajo para la incorporación de la Carta al Tratado han manifestado un gran consenso con respecto a las respuestas dadas a los aspectos técnicos contra los que estamos luchando y que se refieren a las modalidades y consecuencias de la potencial incorporación de la Carta en un futuro Tratado constitucional así como a las modalidades y consecuencias de la adhesión potencial de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
Creo que existe un grado elevado de unidad entre las recomendaciones incluidas en el informe del Sr. Duff y las conclusiones del grupo de trabajo. Para ser exactos, me gustaría primero hacer hincapié en mi acuerdo con el hecho de que la Carta hoy día es una realidad arraigada verdaderamente en la vida europea, que emplean los ciudadanos, los Abogados Generales, en los juicios del Tribunal de Primera Instancia y en los tribunales nacionales, incluso en última instancia, en los tribunales constitucionales de los Estados miembros.
El informe del Sr. Duff también hace la observación de que al incorporar la Carta no se atribuirán nuevas competencias a la Unión. La Carta ya se muestra clara con respecto a este asunto pero podría ser más explícita al tratar las cláusulas horizontales que presentan la incorporación de la Carta en el Tratado, particularmente con el fin de disipar los temores que algunas personas han manifestado. La Carta no es en sí una fuente de competencias o una base jurídica que permitirá a la Unión aprobar medidas legislativas. Es una fuente de referencia para los valores que deben estar presentes en todas las políticas de la UE.
Del mismo modo, la Carta no limita de ningún modo las competencias de los Estados miembros. No sustituye al sistema de los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos, ni está diseñada para reemplazar la función de las constituciones nacionales. Por tanto, comparto la opinión del ponente que hace hincapié en que ahora debe conferirse a la Carta fuerza jurídica vinculante y un estatuto constitucional de conformidad con las modalidades que se decidan y que dependerán de la futura estructura de los Tratados.
Aparentemente, para este asunto se han redactado dos soluciones alternativas. En primer lugar, una que, de hecho, merece el apoyo de la mayoría de los miembros del grupo de trabajo y que consiste en la incorporación de toda la Carta, en forma de un título o primer capítulo del Tratado Constitucional. De forma alternativa, la inclusión en el trabajo del Tratado Constitucional de un artículo que haga referencia a la Carta y que incluya el texto completo de la Carta, tratado en una sección específica del Tratado Constitucional o en un protocolo.
En la actual coyuntura, resulta bastante legítimo no intentar modificar las disposiciones de la Carta antes de que sean validadas en el Tratado Constitucional. La Carta representa el compromiso político de la anterior Convención que debe ser respetada por esta Convención. Sin embargo, esto no significa que no deban hacerse algunas adaptaciones políticas, en particular, con respecto a las denominadas cláusulas «generales» u «horizontales». El grupo de trabajo de la Carta ha estado trabajando en este asunto y el objetivo es conseguir adaptaciones que no alteren lo esencial de las disposiciones y que estén, en cambio, destinadas simplemente a aclarar el significado de las actuales normas horizontales.
El Parlamento Europeo y la Comisión siempre se han mostrado favorables a la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos. El ponente reitera este punto de vista, el cual recibo con agrado. Los miembros del grupo de trabajo de la Carta piensan que la adhesión de la Unión a la Convención Europea es totalmente compatible con el hecho de consagrar una carta con valor constitucional y fuerza jurídica vinculante. Con respecto a este asunto, creo que el resultado obtenido por este grupo de trabajo también recibirá un amplio consenso. Si la Unión se adhiere de hecho al Tratado, quedará sujeta al control externo, lo cual sigue por completo la línea de lo ejercido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre los Tribunales Supremos o Constitucionales de los Estados miembros. En este sentido, no existe una relación subordinada entre los Tribunales ni tampoco se ve alterada la independencia del sistema jurídico de la Comunidad Europea.
Este aspecto se encuentra estrechamente vinculado al de la futura personalidad jurídica de la Unión. La tarea de la Convención es ciertamente centrarse en la incorporación de una disposición constitucional en el Tratado Constitucional para permitir que la Unión pueda negociar la adhesión desde el punto de vista práctico con el Consejo de Europa y decidir, de conformidad con el procedimiento normal, el momento en el que la adhesión debería tener lugar y bajo qué condiciones, sin menoscabar de ningún modo los compromisos individuales de cada Estado miembro con la Convención Europea sobre los Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.
Sinceramente confió en que la incorporación de la Carta en el Tratado Constitucional y la adhesión de la Unión a la Convención Europea de los Derechos Humanos constituirán dos hitos fundamentales en el proceso de otorgar a la Unión Europea una constitución que reconozca los valores y principios de los derechos fundamentales.

Almeida Garrett (PPE-DE).
Señor Presidente, uno de los principales cometidos de la Convención sobre el Futuro de Europa es contestar a la cuestión planteada en Laeken hace casi un año sobre si sería adecuado incorporar la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado de la Unión Europea. Se creó un grupo de trabajo en el seno de la Convención con este fin, presidido de forma competente por el Comisario Vitorino y que está dispuesto a hacer públicas sus conclusiones. Hoy, el Parlamento Europeo, a través del informe del Sr. Duff, pretende encarecidamente reafirmar la postura que siempre ha mantenido. Debería expresar mi acuerdo con sus conclusiones públicamente y aprovechar la oportunidad de felicitar al ponente por el amplio consenso que supo añadir a sus logros en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
No nos cabe ninguna duda de la necesidad que tenemos de hacer que nuestros ciudadanos y sus derechos se conviertan en el centro de nuestra existencia común. Lo que tenemos no es tanto un mercado como un conjunto de hombres y mujeres que dan sentido a esta Comunidad. Esta es la razón de que roguemos encarecidamente que la Carta de los Derechos Fundamentales se incorpore como parte fundamental del futuro Tratado Constitucional de la Unión Europea. Por supuesto, somos conscientes de que muchos de los derechos, principios y libertades podrían haber sido redactados de otra forma así como de que tendrán que revisarse en el futuro. Ningún trabajo humano es perfecto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, todavía no es el momento. Hoy es el momento de aclarar y reforzar el estatuto jurídico de la Carta, concediéndole una naturaleza vinculante y aumentando la protección jurídica de los ciudadanos europeos desde las instituciones europeas y desde los Estados miembros cuando aplican el Derecho comunitario. Por tanto, apoyamos la estrategia defendida en este informe así como sus conclusiones principales: conseguir que sea la parte principal del nuevo Tratado Constitucional, establecer normas formales para su revisión, y siguiendo con la atribución explícita de una personalidad jurídica única a la Unión Europea, defender la adhesión a la Convención Europea de los Derechos Humanos.

Berès (PSE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías. Esencialmente, el debate que estamos manteniendo hoy podría parecer meramente técnico: ¿qué estatuto tendrá la Carta en la constitución que saldrá de la Convención?
Este debate plantea una cuestión que es absolutamente fundamental desde un punto de vista político: ¿qué vamos a hacer con respecto al debate de la ciudadanía en el seno de esta Convención? Afortunadamente, nuestra Carta no se ocupa únicamente de la ciudadanía sino que también representa para nuestros ciudadanos un punto de referencia esencial y desde el comienzo de este proceso hemos dicho que la Convención debe tener como objetivo una Europa más democrática, más comprensible y más transparente.
Lo que piden nuestros ciudadanos es poder ser capaces de sentir que son ciudadanos europeos. Me parece que la herramienta que tenemos a nuestro alcance actualmente para conseguir que la ciudadanía tenga vida es la Carta. De modo que vamos a incorporarla. El Parlamento ya lo ha solicitado en muchas ocasiones y volverá a hacerlo en la votación del informe del Sr. Duff. Creo que es un requisito previo para que el trabajo de la Convención sea aceptado.
El problema es saber cómo incorporarla. Personalmente, me preocupa el hecho de que dicha incorporación conferiría un estatuto de primer rango a la Carta dentro de la jerarquía de los textos europeos. Esto significa básicamente que cuando uno u otro sector necesite establecer disposiciones en este ámbito debe respetarse el espíritu y la letra de la Carta.
Por tanto, surge el problema de una revisión y sabemos que es un debate que ha causado gran preocupación incluso cuando se concluyó el trabajo de la anterior Convención.
Al igual que muchos de ustedes, creo que la actual Convención no tiene la autoridad suficiente para volver a abrir este texto así como también considero que sería inadecuado desde el punto de vista político. El principal aspecto consiste en ver cómo debería realizarse esta revisión porque no hay motivo para pensar que dichos textos se han grabado sobre piedra. Nosotros mismos a la hora de redactar esta Carta nos concedimos algunas libertades con el texto de la Convención Europea de Derechos Humanos, dada la necesidad de adaptarlo y modernizarlo. Imaginemos que nuestros sucesores pudieran necesitar adaptar el texto: podría tener lugar en las mismas condiciones en las que nosotros mismos escribimos dicho texto. Básicamente, la Carta sólo podría ser revisada de conformidad con las normas más restrictivas propuestas por la Convención.
Mi grupo y yo hemos presentado una enmienda con este fin y confiamos en que el Parlamento sea capaz de aprobarla cuando se vote el informe del Sr. Duff.
Para terminar haré dos comentarios breves. Primero, estoy ansioso por saber si el debate que, en teoría es técnico, sobre las denominadas cláusulas «horizontales» corre el riesgo de limitar el alcance de la Carta. Éste debería ser nuestro enfoque común: no limitar el alcance de la Carta. Por último, por supuesto, en nombre de mi grupo y en el mío propio, me gustaría manifestar mi apoyo a la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de los Derechos Humanos. De esta forma, tendremos un conjunto de medidas completo destinado a proteger los derechos de nuestros ciudadanos y nuestros residentes.

Dybkjær (ELDR).
Señor Presidente, en primer lugar debería agradecer al infatigable ponente su trabajo en la Carta. Es importante que continúen las animadas discusiones sobre la Carta y la posición que debería ocupar en relación con el trabajo de la Convención. También me gustaría agradecer al Comisario Vitorino no sólo su apoyo por principio a una ampliación del trabajo sobre la Carta sino también el hecho de que haya destacado que no sería tan fácil incorporar toda la Carta en la futura constitución ni en cualquier otro lugar al que se incorporase, siendo la constitución la candidata más probable. Lo que me parece fundamental como políticos a la hora de debatir estos asuntos es el hecho de que vivamos constantemente en la tensión existente entre la visión y la realidad. La visión está lo suficientemente clara. Debo retroceder y decir algo sobre el contenido pero todos desearíamos que la Carta fuera incorporada por completo. La Carta es importante. Abarca derechos humanos fundamentales así como otros derechos que es importante garantizar para los ciudadanos de Europa. Por otro lado, también necesitamos decidir cuál es nuestra actitud ante los hechos, o nuestra realidad política actual, y preguntarnos a nosotros mismos en qué medida podría la Carta soportar que en la actualidad haya 15 países en la Unión Europea con la esperanza de que sean 25 una vez que nos hayamos embarcado en la Conferencia Intergubernamental. Debemos tener clara esta tensión en todo momento. Apoyo la Carta. Siempre me ha parecido que se trataba de una buena Carta. Siempre he trabajado sobre ella en relación con la constitución danesa y tengo que decir que es bastante mejor y con mayor visión de futuro que, por ejemplo, esa lectura particular de la constitución únicamente tal y como está y sin el conjunto de antecedentes históricos. No creo que todas las constituciones existentes sean perfectas pero también creo que, por otro lado, la Carta se está convirtiendo en el presente en una especie de «vaca sagrada». Por tanto, me parece buena idea poder ver si algunos artículos son más importantes y significativos que otros y si hay asuntos que podrían no ser considerados como fundamentales para su incorporación en esta fase. Me gustaría agradecer al Comisario su sinceridad así como que haya dejado claro que el asunto no es realmente tan sencillo.

Kaufmann (GUE/NGL).
Señor Presidente, Comisario, el informe se ocupa de uno de los problemas más importantes que la Convención Constitucional Europea tiene que resolver, es decir, cómo integrar la Carta de los Derechos Fundamentales en el futuro tratado constitucional europeo y cómo garantizar una protección sin trampas de los derechos fundamentales en la Unión Europea.
Durante mucho tiempo, el Parlamento ya ha sido la fuerza motora de este asunto en la Unión Europea. Este informe, dirigido expresamente a la Convención, considera que el Parlamento cumple una vez más su función política. Por tanto, me gustaría expresar lo agradecido que estoy al ponente y, por ello, ocuparme de tres aspectos que también quedan reflejados en mis enmiendas.
Para muchos, la esperanza justificada y primordial es que la Convención se mostrará a favor de la incorporación de la Carta en el tratado constitucional por lo que debe garantizarse que contiene no sólo meros principios rectores para las instituciones de la Unión Europea; estos principios deben originar derechos vinculantes que la Unión Europea tiene que salvaguardar y que, llegado el caso, pueden configurar la base de un recurso presentado ante los tribunales por parte de cualquier ciudadano. El informe, por ejemplo en su punto 1, está en lo cierto cuando lo enmarca como una exigencia.
No obstante, pienso que el Parlamento está frustrando sus propios objetivos cuando afirma que, según el punto 2 de dicho informe, la Carta de los Derechos Fundamentales se incorporará en el Derecho constitucional europeo únicamente en forma de preámbulo. Es posible que un preámbulo pudiera servir como una especie de pretensión de un futuro tratado constitucional pero, desde el punto de vista jurídico, no es una norma relevante para el Derecho. Me parece que nadie entendería dicha postura por parte del Parlamento.
En segundo lugar, llevamos razón al solicitar que la Unión Europea se adhiera a la CEDH. Ya ha quedado claro que el hecho de contar con una mayoría en la Convención favorecería esta postura. Si el Parlamento desea continuar siendo la fuerza motora de este asunto, entonces, me parece que también debe llamar por su nombre a los problemas asociados. Pienso que el considerando Z no es adecuado al mencionar simplemente que el TJE tiene la misma relación con la CEDH que cualquier tribunal constitucional nacional. Afirmar esto es cubrir con un velo el problema, puesto que los quince Estados miembros tienen enfoques diferentes por lo que respecta a las relaciones entre los tribunales constitucionales nacionales y el Tribunal de Justicia de Estrasburgo. En mi opinión, el tratado constitucional debe dar su propia respuesta al asunto incluido en el informe.
Más adelante explicaré mi tercer punto al ponente.

Voggenhuber (Verts/ALE).
Señor Presidente, los derechos fundamentales por naturaleza no se confieren sino que se reconocen y los derechos fundamentales se derivan forzosamente de la dignidad humana. La oposición del Consejo a que la Carta de los Derechos Fundamentales tenga carácter jurídico vinculante nos coloca en una situación absurda, en la que, por un lado, los derechos fundamentales se consideran como una consecuencia inevitable del reconocimiento de la dignidad humana mientras que, por otro, se deniega a las personas la oportunidad de ejercer sus derechos.
Agradezco al ponente que de nuevo aclare que es una prioridad principal del Parlamento incorporar los derechos fundamentales en la constitución europea y de hecho son una piedra fundacional sin los que una constitución es totalmente inconcebible. No obstante, estoy de acuerdo con los comentarios de la señora que intervino antes que yo, en el hecho de que no pretendemos que se utilice como un preámbulo a este fin, sino como el Artículo 1 de la Constitución, pero no creo que existan diferencias de opinión con respecto a este punto.
En segundo lugar, agradezco al ponente su observación en la que se dice que no debemos permitir que el capítulo sobre la Carta de los Derechos Fundamentales vuelva abrirse y negociarse en la Convención Constitucional que no tiene fuerza para modificar la Carta de los Derechos Fundamentales. Si vamos a poner en duda de nuevo la Carta, la credibilidad de la primera Convención en conjunto se vería dañada así como se echaría por tierra el método de la Convención como tal.
Sin embargo, a mi entender, existe cierta contradicción, y de aquí mi pregunta al Comisario Vitorino, que ha retomado este punto, en el anuncio de que las enmiendas tengan que hacerse sobre las disposiciones horizontales que constituyen una parte esencial de las estipulaciones sobre el alcance y efecto de la Carta de los Derechos Fundamentales. No es difícil imaginar, y algunas de las discusiones me llevan a sospecharlo, que se está intentando utilizar las disposiciones horizontales para limitar el alcance de la Carta. Debemos resistirnos ante dicho intento.
Ribeiro e Castro (UEN)
Señor Presidente, Comisario, Señorías, nuestro Parlamento haría un gran servicio a la democracia si dijera la verdad. De hecho, esta es otra excelente oportunidad de reflexionar sobre este asunto fundamental: la verdad sobre la integración europea. El ponente, por ejemplo, propone lo siguiente: «La Carta no atribuye competencias a la Unión. Por el contrario, tiene el efecto de limitar el ejercicio del poder de las instituciones de la Unión Europea debido a la obligación que éstas tienen de respetarla». Y añade: «La Carta no limita la competencia de los Estados miembros con arreglo a los Tratados. No sustituye a los sistemas de derechos fundamentales de los Estados miembros, sino que los complementa».
De hecho, debería ser así por dos razones: en primer lugar, porque el único organismo competente en esta materia, la Conferencia Intergubernamental todavía no ha concedido el poder legislativo a la Carta y, en segundo lugar, porque como ya se ha dicho, las posturas que contiene la actual Carta están dirigidas a los organismos e instituciones de la Unión y a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho comunitario.
Sin embargo, por desgracia, esto no es cierto. Existen muchos hechos que demuestran que se están realizando intentos para que la Carta se convierta en un instrumento que pueda imponer la unidad en los Estados miembros y mantener la tutela supraconstitucional sobre ellos. Dentro de poco tendremos, por ejemplo, el informe Swiebel que demuestra este claro cambio de la forma y la metodología empleadas para estudiar la situación de los derechos humanos y evaluar a los Estados miembros. El año pasado también contamos con el informe Cornillet que se ocupaba del mismo ámbito. En resumen, podemos decir que si el Estado de derecho es todavía el Estado de derecho, únicamente podemos afirmar que la Carta, desgraciadamente, ya está provocando reacciones en contra del Estado de derecho ordinario. Es algo que deberíamos condenar. Sin embargo, esta no es la recomendación del ponente quien, por el contrario, parece mostrarse a favor y aplaudir las reacciones, pasos y directrices de la Comisión, el Consejo, el Parlamento, el Defensor del Pueblo e incluso de los Tribunales europeos, que colman de desprecios a las competencias de la Conferencia Intergubernamental y pretender actuar como si la Carta ya fuera parte del Derecho.
No es éste el caso. El Estado de derecho no es «como si»; el Derecho existe o no existe. Por tanto, me temo que existe un deseo de minar el Estado de derecho y es precisamente lo que estamos haciendo como consecuencia de esta ambigüedad. En consecuencia, este informe debe contar con el apoyo entusiasta de aquellos que?
(El Presidente interrumpe al orador)

Berthu (NI).
Señor Presidente, como se recomienda en el informe Duff, el Comisario Vitorino acaba de declarar que el grupo de trabajo que él preside en el seno de la Convención se mostraba partidario de proponer la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en los Tratados o incluso en la futura Constitución europea.
Puesto que algunas cuestiones fundamentales todavía no se han resuelto, me parece que esta declaración es prematura. Nos han dicho que la incorporación de la Carta en los Tratados, que la convertiría en vinculante a escala europea, no concedería a la Unión ninguna competencia adicional. Sin embargo, esto no es creíble. Nos han dicho que no implicaría que el texto expuesto en Niza tuviera que volver a ser escrito de ningún modo, pero es imposible. Ciertamente, determinados puntos del texto tendrían que volver a ser escritos y este hecho abriría la caja de Pandora. Por último, nos han dicho que esta incorporación no implicaría restar poder a las democracias nacionales, pero es una falacia.
De hecho, señor Presidente, la Carta corre el riesgo de imponerse de forma estricta sobre las democracias nacionales, lo que nos parece muy peligroso. Es lo que explico en la opinión minoritaria que se adjunta al informe Duff.

Maij-Weggen (PPE-DE).
Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecer al Sr. Duff su excelente informe así como los comentarios expertos del Comisario Vitorino. Cualquiera que tenga el honor de participar de forma activa en la Convención que redactó la Carta se dará cuenta de que el amplio consenso no era evidente en aquel momento. Es el resultado de esfuerzos intensos, exhaustivos y concienzudos. Por ese motivo, debemos evitar que el texto de la Carta vuelva a ser presentado para su discusión. En su momento se realizó un excelente trabajo. Presentar apartados de la Carta para que sean discutidos sólo conseguirá debilitar este excelente trabajo. Por tanto mi consejo es que habría que dejar la Carta tal cual está con la excepción de cambios técnicos. Esta es la primera puntualización que me gustaría hacer.
Mi segunda puntualización se refiere a la combinación de la Carta con la CEDH que ha generado más problemas de los necesarios. Es evidente según se deduce de una serie de artículos escritos por jueces y expertos de los dos tribunales de justicia de Luxemburgo y Estrasburgo y también queda claro según el trabajo realizado por el grupo de trabajo de la Convención del Sr. Vitorino. Resulta que puede ser totalmente factible sincronizar el trabajo de ambos tribunales por lo que respecta a la CEDH y por lo que respecta a la Carta. Es también la opinión del grupo de PPE-DE aquí y del grupo PPE-DE del Consejo de Europa. Por tanto, pensamos que se ha despejado el camino para la inclusión de la Carta en el nuevo Tratado constitucional. Es nuestro deseo poder hacerlo y, en consecuencia, nos comprometeremos a hacerlo en la Convención.
Esto me lleva a la tercera y última puntualización, es decir, la importancia de la Carta para los ciudadanos de la Unión Europea. Es fundamental para los derechos de nuestros ciudadanos que se encuentren anclados con firmeza en el nuevo Tratado Constitucional que se está redactando. Sabemos perfectamente que los derechos de los ciudadanos, los derechos de las minorías y los derechos sociales todavía son muy frágiles, especialmente, en los países de Europa Central y Oriental. Es fundamental que estos derechos se consagren en los nuevos Tratados y, sobre todo, en el apartado constitucional del Tratado. En mi opinión, debería ser posible poner en práctica estos derechos. De este modo, los ciudadanos de Europa Central y Oriental pueden contar con los mismos derechos constitucionales, unos derechos consagrados en una Constitución europea, garantizada por la Unión y, llegado el caso, aplicables por los tribunales europeos. A mí me parece que ésta es la idea central del informe Duff Report, que refrendaremos.

Leinen (PSE).
Señor Presidente, la Carta es un indicador en la carretera que conduce a la ciudadanía de la Unión Europea y también establece por escrito que sus personas, más que el mercado o el poder, deberían ser el centro de la política europea, y, por tanto, me uno a aquellos que han dicho que estos derechos no deben existir únicamente sobre el papel. También deben llegar a ser vinculantes. Doy mi enhorabuena al Comisario y al ponente por su intención de que la Carta llegue a formar parte del tratado constitucional. Estoy de acuerdo en que no debería ser mencionada únicamente en el preámbulo, sino que la Carta debería constituir el primer capítulo de la Constitución. Siempre decimos que esta constitución debería poder leerse en los colegios. Esta Carta puede leerse fácilmente; sería un buen prefacio para una Constitución europea y su reflexión sobre los valores de Europa me lleva a creer que realmente debería copiarse por completo.
Mi segunda serie de pensamientos me lleva a sostener la opinión de que la Carta debería incorporarse sin que se realice ningún cambio en la misma. Fue un asunto objeto de una larga discusión en la primera Convención y no veo ningún motivo por el que deberíamos volver a modificarla otra vez. Como mucho, es posible que se necesitaran algunos ajustes de tipo editorial para los artículos transversales pero no modificaciones sustanciales. Contienen todo sobre el alcance de la Carta y no necesitan ser duplicados ni que se hagan más complicados. Nuestro ponente merece ser agradecido por su excelente informe que, sin duda, se convertirá en un documento importante para la Convención.

Krarup (GUE/NGL).
Señor Presidente, el tema del informe es, aparentemente, el efecto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, uno busca en vano en el informe una discusión seria de esta cuestión fundamental desde el punto de vista jurídico y político. Me contentaré con hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, ¿por qué necesitamos una Carta de la Unión Europea cuando tenemos la Convención Europea de los Derechos Humanos refrendada por todos los Estados miembros de la Unión Europea? La respuesta es la siguiente: porque la Unión Europea como tal no ha refrendado la Convención. Sin embargo, el hecho de hacer un cambio sencillo en el tratado la Unión Europea debería hacer a la Unión refrendar el tratado de forma natural y es también algo que se recomienda en el informe. Sin embargo, cuando eso suceda se producirá un choque inevitable entre el Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Desde el punto de vista jurídico, la palabrería del informe sobre una cooperación fluida es pura tontería. En segundo lugar, la parte fundamental del orden del día de la Carta se ocupa de fomentar la expansión permanente de la Unión Europea. La Carta es simple y llanamente una piedra para la construcción de un estado federal de la Unión Europea. Tanto la ciudadanía como la constitución forman parte de un estado federal. Como se deduce, por ejemplo de los párrafos 7, P, X y N, los ciudadanos de la Unión Europea están sujetos a las autoridades federales de la Unión Europea. Todo esto constituye una interferencia destructiva y vergonzosa en asuntos de legislación nacional y el hecho de que se cubra con un velo es motivo suficiente como para votar en contra del informe.

Gil-Robles Gil-Delgado (PPE-DE).
Señor Presidente, ante todo quiero sumarme cordial y sinceramente a las felicitaciones que quienes me han precedido en el uso de la palabra han dirigido al ponente por este trabajo completo, sistemático, y me atrevería a decir que pedagógico, en un tema que, aparentemente, todo el mundo conoce, pero que no siempre es así.
He tratado de colaborar con él en dos puntos. El primero, al que se han referido otros muchos intervinientes, es insistir en que la Carta debe incorporarse tal cual a los Tratados. Como ha dicho mi colega, la Sra. Almeida Garrett, toda obra humana es perfectible y, de todas las obras humanas, los textos jurídicos suelen ser las más perfectibles. Sin embargo, hay un refrán español que dice que lo mejor es enemigo de lo bueno y, en este caso, la opción no es una carta mejor o esta Carta; la opción es esta Carta o ninguna, y nosotros creemos que hace falta esta Carta.
El segundo punto, Señor Presidente, consistió en recordar expresamente algo que este Parlamento ha incluido en su Reglamento: la Carta ya es vinculante para nosotros; para nosotros, eurodiputados, ya es el parámetro con arreglo al cual debemos comprobar que las iniciativas legislativas se ajustan a los derechos fundamentales. Esto no podemos olvidarlo. Si nosotros, a través del Informe Corbett, lo hemos incluido, no podemos ser los primeros en desconocerlo.
Por ello, mi Grupo - y yo mismo - vamos a votar con entusiasmo el Informe Duff, porque creemos que la Carta tiene un enorme mérito al ser el primer texto de la Unión que cuenta con el respaldo de la opinión pública. Ésta, y no cualquier disposición sobre su reforma, es su gran forma. Este dato permitirá que la Carta no sea aguada o desnaturalizada en el futuro.
La opinión pública europea está detrás de la Carta, pese a quien pese, ya que a muchos parece pesarles mucho.

Marinho (PSE).
Señor Presidente, una Constitución y la Carta de los Derechos Fundamentales son las dos caras de la nueva Europa que estamos construyendo porque la democracia no puede organizarse con veinticinco países sin derechos fundamentales de carácter vinculante. En primer lugar, porque la credibilidad de la ampliación y la confianza debe fundamentarse en acciones comunes de principios y derechos que consoliden las relaciones entre los Estados y los ciudadanos cuya historia les ha negado la posibilidad de la convivencia y la confianza recíproca. En segundo lugar, porque la nueva ciudadanía de la Unión, que sitúa a los ciudadanos europeos en el centro de la legitimidad europea, exige su defensa y protección frente a cualquier comportamiento abusivo que podría derivar de la centralización del poder en el nombre de una toma de decisiones eficiente.
Por tanto, debemos encontrar una base para conceder a los ciudadanos un acceso directo a los tribunales de la Unión y debemos, igualmente, definir los mecanismos que persuadirán a los tribunales nacionales de que apliquen la Carta en el nombre de los ciudadanos. En consecuencia, el estatus de la Carta debe alcanzar el rango de derecho primario, convirtiéndola en una fuente de referencia fundamental para el Tribunal de Justicia y para los Tribunales nacionales con lo que convertirá este instrumento en la legislación básica de la Unión y en una parte integral auténtica del acervo comunitario jurídico.
¿Qué tipo de espacio de libertad, seguridad y justicia estaríamos construyendo sin una Carta de Derechos Fundamentales? ¿Qué tipo de modelo podría existir para la coexistencia cívica y política sin ella? Señor Presidente, no se está creando una nueva competencia como resultado de la Carta. Por el contrario, limita el ejercicio del poder de la futura Unión. Además, no se ha usurpado ningún derecho de los que ya gozan los ciudadanos de los Estados miembros, ni tampoco se está diluyendo una mayor protección en una Carta que solamente presenta normas mínimas.
En consecuencia, si deseamos contar con una democracia organizada, basada en los valores comunes, vamos a conseguir que la Carta forme la base de una Constitución, convirtiéndola en una fuente fundamental de referencia y protección para los ciudadanos de la Unión. Es lo que afirma el informe, es la opinión del Sr. Duff y creo que, de hecho estoy convencido, es la opinión del Comisario Vitorino. Mi más sincera enhorabuena a los dos.

Stockton (PPE-DE).
Señor Presidente, no se sorprenderá de que, como conservador británico, sea un poco la nota discordante en este armonioso debate.
Estoy de acuerdo en que todas las instituciones de la UE observen las mismas normas, pero no estoy tan convencido de que tales imperativos legales tengan que incluirse en la Convención. Tampoco creo que la UE tenga que imponerlas a los Estados miembros más allá del compromiso actual representado por sus firmas en la Carta de los Derechos Fundamentales. No deberían aplicarse a empresas privadas, individuos u organizaciones, ni deberían incluir asuntos sociales, de empleo o política cultural.
Se nos presenta un vehículo repleto de buenas intenciones. Sin embargo, temo que también estemos dando pie a una pesadilla con la dualidad entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por una parte, y el Tribunal de Justicia Europeo por la otra. Tenemos casos que cambian de uno a otro, y los únicos beneficiados son los abogados. Lo lamento por aquellos colegas que son abogados distinguidos, no deseo que mermen sus ingresos, pero no deberíamos alentarlo. El quinto considerando demuestra que esto ya está ocurriendo. La perspectiva de autoridades en conflicto anunciadas en los dos tribunales resulta intolerable desde un punto de vista burocrático y es una pesadilla judicial.
Asimismo, me preocupa el apartado 2. La Carta tiene que obligar a la Comisión, al Consejo, al Parlamento y al Comité de las Regiones, pero ¿debería ser un «punto de referencia central para el Tribunal de Justicia Europeo y los tribunales nacionales»? No, no debería ser un punto de referencia central de los tribunales nacionales. Este es otro indicio del potencial de confusión. Esta confusión tiene que resolverse antes de que se adopte el informe. Insto al Parlamento a que rechace este informe y permita que la comisión lo resuelva.

Medina Ortega (PSE).
Señor Presidente, creo que la gran mayoría de los miembros de esta Cámara está de acuerdo con las conclusiones del ponente y del Comisario Sr. Vitorino sobre la necesidad de introducir la Carta en el nuevo Convenio de la Unión Europea.
Me voy a referir nada más que a dos aspectos procesales: en primer lugar, las perspectivas de una ampliación de la competencia del Tribunal para poder recoger recursos de carácter individual que, hasta ahora, se encuentran con fuertes legitimaciones desde el punto de vista procesal (desde el punto de vista de legitimación, intereses o reconocimiento de derechos individuales afectados). Y en segundo lugar, a la referencia que ha hecho el Comisario Sr. Vitorino a la posible ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Creo que el problema no es tan sencillo como el Comisario Sr. Vitorino lo ha presentado, -así lo ha subrayado la Sra. Kaufmann-, porque no se trata simplemente de colocar sobre un Tribunal Constitucional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que se trata de una construcción supranacional -la construcción comunitaria- con un Tribunal de Justicia, que tiene unas características muy especiales, y sobre eso colocar otro procedimiento diferente. 
Aunque estoy en desacuerdo con la mayor parte de las observaciones de mi predecesor, el Sr. Stockton, creo que este tema merecerá, probablemente, un estudio, no sólo en la parte relativa a la Carta propiamente dicha, sino a las competencias de las instituciones comunitarias, muy especialmente a las competencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia.
Creo que el tema deberá ser objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y estoy seguro de que el Comisario Sr. Vitorino le dedicará la atención que merece.

Thorning-Schmidt (PSE).
Señor Presidente, no cabe duda de que, para muchos países la solución más fácil sería incorporar la Carta con referencia al artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. Supuestamente, también sería la solución más fácil para mi país. Sin embargo, igualmente pienso que debemos pensar más y más concienzudamente para que si el objetivo es que las personas se identifiquen con el tratado, éstas sean capaces de consultar el Tratado o Constitución y ver fácilmente cuáles son los derechos que tienen en relación con la Unión Europea. Por tanto, creo que debería elegirse la solución más idónea según la cual la Unión Europea goce de personalidad jurídica y se adhiera a la Convención de los Derechos Humanos y así dicha solución concedería al Tribunal de Derechos Humanos más autoridad en relación con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin embargo, si optamos por la solución máxima, al mismo tiempo debemos mostrarnos abiertos ante las preocupaciones que legítimamente podrían sentir determinados Estados miembros, especialmente cuando se trata de asuntos de identidad nacional. Me habría gustado quizás haber visto que el ponente insertaba únicamente una cláusula simple en la que se afirme que debemos tener en mente esta preocupación puesto que si escuchamos realmente la preocupación legítima que los Estados miembros puedan tener y al mismo tiempo optamos por la solución máxima, creo que lograríamos combinar la visión amplia con los hechos.

Duff (ELDR)
Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a todos los que han hablado, y en especial a aquellos que están de acuerdo con el informe. Asimismo, felicito al Comisario Vitorino por haber negociado con éxito un acuerdo en su grupo de trabajo sobre los problemas técnicos y semánticos que han planteado algunos representantes de Estados miembros. En relación con el preámbulo, estoy de acuerdo y acepto la enmienda 7.
Quiero decir a mis amigos euroescépticos que no se trata de un complot subversivo. La Carta reviste gran autoridad y legitimidad. Lo que falta es claridad y seguridad jurídica. Estamos buscando su incorporación precisamente para asegurarnos de que podemos mejorar la posición en materia de seguridad y claridad. No estamos guardando un vergonzoso silencio, como afirma el Sr. Crowley, sobre su impacto en el derecho nacional. La Carta se refiere principalmente a las competencias de la Unión Europea y a los poderes de las autoridades de la Unión. Para concluir, me gustaría decir que Lord Stockton y yo pertenecemos a los partidos políticos adecuados en Gran Bretaña.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles a las 12.00 horas.
Declaración por escrito (art. 120 )

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0333/2002) de la Sra. Lambert, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional (COM(2001) 510 - C5-0573/2001 - 2001/0207(CNS)).

Vitorino
Señor Presidente, señora Lambert, señoras y señores, el informe Lambert que estamos debatiendo hoy constituye una propuesta esencial para una directiva a la que a menudo nos referimos como Directiva sobre Cualificación para la Protección Internacional. Creo que esta directiva constituye el núcleo del sistema europeo común de asilo, cuya necesidad se perfiló en el Tratado de Amsterdam y en las conclusiones de los Consejos de Tampere, Laeken y Sevilla.
La Comisión está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la armonización de políticas relativas a los refugiados en el ámbito europeo es absolutamente esencial. De hecho, no se trata sólo de armonizar: se trata de responder a los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros en lo que se refiere al asilo y que sólo se pueden tratar de forma adecuada en el ámbito de la UE. Y esto se aplica quizás especialmente a los criterios para recibir protección internacional. En la actualidad los diversos sistemas nacionales contienen criterios distintos para seleccionar a los ciudadanos que pueden recibir protección y un conjunto de leyes, a veces disparatado, sobre el estatuto de refugiado o sobre protección subsidiaria. Estas diferencias entre los diversos sistemas nacionales ocasionan movimientos secundarios, nada deseables para ninguno de los Estados miembros de la UE.
Para crear una situación de igualdad de condiciones, la propuesta de una directiva sobre cualificación para la protección internacional contiene unas normas para una definición común tanto de los refugiados como de las personas con derecho a protección subsidiaria. También contiene unas normas para los derechos que deben concederse a estas dos categorías de personas. Garantiza un nivel mínimo de protección en todos los Estados miembros para aquellas personas con una verdadera necesidad de protección internacional, y a la vez evita los abusos en las peticiones de asilo, que deterioran la credibilidad del sistema. La propuesta parte de la premisa de que los Estados miembros sólo deben conceder protección internacional si no existe ninguna protección nacional efectiva, independientemente del origen de esta persecución. 
Finalmente, debemos destacar que la protección subsidiaria que se propone en la directiva debe considerarse como un complemento del sistema de protección integrado en la Convención de Ginebra sobre refugiados y debe aplicarse de tal forma que no perjudique sino que complemente al actual sistema de protección de refugiados. La idea de la Presidencia danesa, apoyada por la Comisión, es que debería llegarse rápidamente a un acuerdo político sobre esta propuesta, junto con la regulación para determinar cuál es el Estado miembro responsable de estudiar las peticiones de asilo, conocida como Dublín II, y la propuesta revisada de una directiva sobre procedimientos de asilo, en concreto a finales de noviembre en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores. Por lo tanto, es de extrema importancia para la Comisión que el Parlamento adopte su posición sobre la directiva lo antes posible para que el Consejo pueda debatir este tema a la luz de su opinión.

Lambert (Verts/ALE)
Señor Presidente, como acabamos de escuchar, la Directiva propuesta constituye el eje de la política común de asilo, estableciendo las bases de las normas mínimas que cualifican a una persona como refugiado conforme a la Convención de Ginebra y posteriores protocolos, así como los criterios para las personas con derecho a protección internacional al amparo de otras convenciones internacionales y leyes en materia de derechos humanos. Personalmente, lamento la decisión de aplicar esta directiva sólo a nacionales de países terceros y a personas apátridas, porque esto elimina a los Estados miembros de la UE. Votaré a favor de las enmiendas del Grupo GUE/NGL a ese efecto.
Sin embargo, la base de la perspectiva de la Comisión es la necesidad de protección y nuestra responsabilidad es proporcionarla. La mayoría de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha apoyado a la Comisión en la defensa de la Convención de Ginebra de 1951, que no establece diferencias entre distintos agentes de persecución, y ha saludado que algunos gobiernos y partidos se aparten del punto de vista limitado que considera que sólo la persecución estatal crea refugiados oficiales. Por ejemplo, una aplicación completa de la Convención tomaría en consideración aquellos que sufren a manos de las FARC, un agente de persecución no estatal en Colombia, y también abarcaría a la oposición política en Zimbabwe y muchos otros casos.
Sin embargo, discrepamos con la Comisión respecto de que una agencia de tipo estatal, como el ACNUR, proporcione la protección, y opinamos que esto impone obligaciones propias de un Estado a un organismo que legalmente no puede ser responsabilizado. 
La mayoría de la comisión ha optado por apoyar las enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, que refuerzan la posición de las mujeres como grupo social sujeto a persecución en algunos países, y ha incluido el ejemplo de mutilación genital, en línea con una decisión previa del Parlamento sobre este asunto.
También opinamos que el sexo y la orientación sexual deben tomarse en consideración cuando se examina la definición de un grupo social. La Unión lo ha recalcado de conformidad con los criterios de Copenhague y el Tratado de Amsterdam. Somos plenamente conscientes de casos recientes de persecución, por ejemplo, en Egipto y Jamaica.
La mayoría de la comisión no comparte la opinión de que esta Directiva sólo debe ocuparse de la categoría de refugiado y que la protección subsidiaria podría abordarse en una etapa posterior. Acordamos con la Comisión y el ACNUR que conviene ocuparse de las dos categorías conjuntamente y no sólo por razones administrativas. Los sistemas complementarios consideran ante todo si una persona necesita protección. Si la necesita, entonces hay que definir su estatuto. Ni siquiera la aplicación completa de la Convención de Ginebra satisface todas las necesidades de protección; por esta razón, muchos Estados miembros disponen de categorías adicionales.
No es cierto, como afirman algunos, que los de la categoría adicional necesariamente permanecerán durante períodos más cortos o que se enfrentan a problemas menos graves en sus países de origen. Si vamos a tener una política de asilo común, también tenemos que ocuparnos de estas necesidades adicionales, y parece razonable ocuparse de ellas conjuntamente. Necesitamos un enfoque de conjunto que responda a nuestras obligaciones internacionales y a las necesidades de aquellos a quienes pretendemos proteger.
Dado que consideramos que los dos grupos son complementarios, la mayoría de la comisión ha decidido otorgar derechos sociales similares a ambos grupos. Es lógico permitir que aquellos que deseen trabajar, formarse o adquirir una educación puedan hacerlo. Esto beneficia a los individuos, a nuestra sociedad y a sus países de origen a su vuelta y, al satisfacer necesidades sociales básicas, evitaremos costes sociales mayores. La propia estrategia de inserción social de la UE reconoce los vínculos, por ejemplo, entre una vivienda deficiente, mala salud y bajo nivel educativo. Si esto se aplica a nuestros nacionales, parece razonable que aquellos que tengan derecho a protección internacional también puedan beneficiarse de un derecho equivalente. De esta forma evitaremos la exclusión social, contraria a nuestra propia política europea.
Nuestra comisión también acordó por mayoría una definición de la familia que mantenga el principio de unidad familiar y que abarque una definición amplia de la familia. Es éste un debate que resulta familiar en esta Cámara. Parece lógico otorgar una categoría similar a todos los miembros de la familia, aunque sólo sea para evitar las situaciones extrañas que ocurren a veces cuando a un miembro de la familia se le concede la categoría de refugiado y a otro se le niega.
Asimismo, acordamos apoyar el derecho efectivo de objeción de conciencia por razones de religión o creencia, un derecho reconocido internacionalmente.
En conclusión, me gustaría agradecer a todos mis colegas su serio trabajo y dedicación a este informe, independientemente de si estamos de acuerdo o no. La comisión ha introducido enmiendas positivas a las ya acertadas propuestas de la Comisión Europea, y confío en que se mantenga esta posición en el voto de mañana y que el Consejo la apoye. Una posición positiva significa una clara afirmación de las obligaciones derivadas del Tratado y de la respuesta humanitaria de la Unión Europea.

González Álvarez (GUE/NGL)
. (ES) Señor Presidente, voy a plantear una cuestión de orden; no me cuente usted el tiempo. He visto que en el informe anterior estaba prevista la intervención del Sr. Gemelli, que es el presidente de la Comisión de Peticiones. Quienes estamos en el otro edificio tenemos un pequeño problema: las pantallas no funcionan y no podemos ver cuánto tiempo falta para el debate del informe en el que tenemos que intervenir. Señor Presidente, usted, que tiene tanto que ver con que los edificios estén bien, a ver si consigue que las pantallas funcionen cuando tenemos reuniones en el otro edificio, porque seguro que el Sr. Gemelli no se enteró de que su tiempo de intervenir había llegado.

El Presidente.
- Tomo nota de sus observaciones y debo decirle que en el otro edificio está también reunida la Comisión de Presupuestos, a la que sabe tengo un especial cariño.

González Álvarez (GUE/NGL).
Gracias Sr. Presidente, la Comisión de Peticiones, lo decimos en la exposición de motivos, confiaba en la ponente que teníamos en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos y Justicia y Asuntos Interiores, es decir, considerábamos que no era necesario que la Comisión de Peticiones hiciera un gran informe y lo presentara como si fuera de fondo, porque confiábamos en nuestra ponente de la Comisión de Libertades. Lo único que quiero decir es que apoyamos totalmente los aspectos más importantes de la propuesta de la ponente, que mejora la propuesta de la Comisión Europea. 
En primer lugar, apoyamos el hecho de que se refiera en muchas ocasiones al Convenio Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa porque nos parece que tiene mucho que ver con el debate que celebramos. 
También la referencia a la profundización de los derechos de los solicitantes de asilo y a sus familias, sean esas familias tradicionales o no. Tenemos ejemplos muy claros de familias que no son tradicionales y que son familias extraordinarias. 
También apoyamos la capacidad de los Estados miembros de introducir o mantener algunos aspectos que son, incluso, superiores a los contemplados en la Directiva que estamos debatiendo. 
Comparto también la supresión del párrafo que propone utilizar organizaciones paraestatales para la protección de los peticionarios de asilo. Creemos que sólo el Estado puede proteger debidamente a los peticionarios de asilo.
Y la no repatriación en el caso de que exista riesgo de que se impongan al solicitante la pena de muerte o castigos corporales. Muy claramente, este Parlamento se ha pronunciado en muchas ocasiones en contra de la pena de muerte. 
Y la reducción de los plazos para disfrutar de derechos de trabajo, aprendizaje o cuidado de los niños, así como la ampliación del permiso de residencia.
Desde luego, la determinación de sanciones eficaces proporcionales y disuasorias a aquellos que incumplan esta Directiva. 
Creemos que las preocupaciones expresadas por la Comisión de Peticiones están debidamente recogidas en el informe de la Sra. Lambert, y por eso lo apoyamos.
Señor Presidente, creo que esta es una Directiva muy importante que reflejará la Europa de los derechos y la Europa que recibe a aquellos que se sienten perseguidos.

von Boetticher (PPE-DE).
Señor Presidente, señoras y señores, el proyecto de la Comisión y el informe parlamentario adjunto, que hoy debatimos, se pueden describir sin escrúpulos como la admisión de bancarrota por parte de las instituciones europeas en cuanto a la política de asilo. Sr. Vitorino, usted es el principal responsable de que, a lo largo de tres años, su Cámara no haya podido elaborar ni una sola propuesta sobre el derecho de asilo que nos haya permitido llegar a un compromiso. Y lo que es peor, a efectos prácticos, su Cámara todavía no ha separado los tres pilares que constituyen la migración económica, los derechos de asilo y la protección subsidiaria. Éste es el motivo por el que normalmente sus propuestas acaban en la papelera del Consejo.
Pero el ala izquierda de esta Cámara también tiene su parte de responsabilidad en los fracasos habidos hasta la fecha. Aunque la Comisión va más allá de la armonización de las normas mínimas, siempre, por principio, el ala izquierda de esta Cámara sigue queriendo que las propuestas sean más amplias.
Pero nada puede igualar la falsedad inherente a los grandes discursos que han recitado ante esta Cámara sobre la política de asilo, erigiéndose como los grandes defensores de los derechos de los refugiados mientras sus propios gobiernos de izquierdas, en Gran Bretaña y en Alemania por ejemplo, se jactan de lo estrictas que son sus políticas sobre el asilo. Incluso el Sr. Cohn-Bendit se mostraba en la televisión francesa la semana pasada a favor de una regulación más estricta. ¿Por qué? Porque, en casa, deben someterse a otro tipo de examen público, y allí tienen una responsabilidad ante sus ciudadanos, cuya capacidad de asimilar refugiados tiene unos límites, unos límites que aquí ignoran constantemente.
Mañana, pues, presentaremos nuestras enmiendas en una votación nominal para poner de manifiesto su hipocresía ante la opinión pública.
Volvamos ahora al informe. No hay nada nuevo en su propuesta de ampliar la definición de «refugiado» respecto a la que contiene la Convención de Ginebra, Hasta el momento, esta propuesta siempre ha sido rechazada, por nosotros, por el Consejo, e incluso por el ministro del gobierno rojo/verde de Alemania. Si siguen adelante, las personas que reciben protección subsidiaria serán tratadas casi de la misma forma que los solicitantes de asilo reconocidos. Lo que resulta bastante absurdo. En Alemania, sabemos que los refugiados de guerras civiles no solicitan asilo porque, por norma, quieren volver a su país cuando haya terminado la guerra civil. La integración en el país anfitrión no es para ellos, no la desean en lo más mínimo. Quien solicite la escolarización obligatoria de los hijos de estos refugiados será mejor que compruebe su estado de salud mental. La mayoría de estos niños no hablan ni una palabra del idioma del país de acogida, ¡y ustedes quieren que su estatuto no se revise hasta pasados cinco años y no después de uno! No puedo imaginar ni una sola situación en la que las condiciones que den lugar a la protección subsidiaria estén presentes durante cinco años consecutivos. No, dos grupos diferentes necesitan soluciones diferentes, de modo que el Consejo tiene razón al exigir dos planteamientos distintos.
¿Y por qué esta directiva vuelve a preocuparse por la reagrupación de las familias? Después del primer fracaso que usted y la Comisión tuvieron aquí, Comisario, me pregunto si están trabajando en un nuevo planteamiento global. ¿Cómo debe ser, pues - un planteamiento integrado o unas normas para cada una de las propuestas? No dudo que el Consejo volverá a tirar esta propuesta a la papelera. Pero en el futuro usted preferirá hablar de coordinación abierta, y volverá a ocultar que el intento de conseguir un sistema europeo de asilo ha sido un fracaso, un fracaso que usted mismo ha provocado.
Sus propuestas tienen un efecto perjudicial en la integración europea. Nosotros las rechazamos y damos nuestro apoyo a las enmiendas presentadas por nuestro presidente - y suyo - el Sr. Hernández Mollar.
Zrihen (PSE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo hoy en Bélgica, me sorprende oír tantas críticas a la propuesta de la Comisión. En mi opinión, en cambio, constituye un gran punto a favor de la Unión Europea y de esta Cámara.
Debemos tener en cuenta que, en el año 2000, en el conjunto de los 15 estados miembros solicitaron asilo 389 000 personas. Quizás deberíamos mostrar un poco de humanidad y darnos cuenta de que, detrás de todos los discursos que hacemos en esta Cámara, hay unos hombres, mujeres y niños que están sufriendo persecuciones y guerras, y que quieren huir de una vida de pobreza y privaciones. ¿Hemos olvidado que la creación de lo que hoy constituye y justifica nuestra presencia en esta Cámara fue una consecuencia de lo que experimentamos aquí en Europa en tiempos de guerra?
En nuestros Estados en crisis, desde los acontecimientos del 11 de septiembre, muchos perciben a quienes buscan asilo y protección internacional como una amenaza contra la ley y el orden, contra la estabilidad social e incluso, en algunos casos, contra la seguridad nacional. Es nuestra obligación, porque tenemos la obligación de recordar, porque es la justificación misma de nuestra existencia, porque esencialmente somos un organismo democrático que defiende los derechos humanos, dar a todo el mundo una oportunidad y evitar que la Unión Europea se convierta en una 'Fortaleza Europa? cerrada para el resto del mundo.
Como consecuencia lógica de los demás informes ya adoptados por el Parlamento, creo que la propuesta que se nos presenta hoy nos permite establecer algo que debe ser un verdadero honor para nosotros, en otras palabras, un espacio de libertad, seguridad y justicia. Además, para introducir una cierta coherencia entre los reglamentos y las leyes de los diversos Estados miembros y definir una plataforma de normas comunes, con esta propuesta de directiva estamos creando unas normas mínimas para la definición y el ámbito del estatuto de refugiado. Aclaremos este concepto: redactar unas normas mínimas no significa seleccionar el denominador común más bajo, no permiten un giro de 180º y sellar Europa, el mismo lugar donde se concibió la Convención de Ginebra ¿es necesario volver a decirlo? Las principales víctimas de la violencia, el tráfico y la mutilación son las mujeres y las niñas. En concreto, es necesario asegurar que ellas se benefician de la asistencia, la protección y los servicios, y, a la vez, asegurar que estas mujeres, que sufren el máximo riesgo de discriminación en sus países de origen, sean una presa menos fácil para los traficantes de seres humanos o proxenetas, que las engañan con ofertas de viajes o visitas a sus países.
Éste es el motivo por el que esta propuesta de directiva, que pretende, además, proteger a estas mujeres y niños, debe permitirles ejercer sus derechos, debe permitirles presentar una petición de asilo, debe permitirles exponer las formas específicas de persecución que han sufrido, porque, ante todo, constituyen un ataque al respeto por los derechos fundamentales. Y es esto, los debates sobre las directivas de este tipo, lo que justifica nuestra presencia continuada en esta Cámara.
Sørensen (ELDR).
Señor Presidente, hace tres años, el Consejo Europeo de Tampere dio el impulso inicial para una política europea común para el asilo y la inmigración. El objetivo era adoptar unas normas comunes que convirtieran a la UE en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Éste era el punto de partida. Tres años después de la reunión de Tampere, debemos adoptar una actitud práctica para dar un importante paso adelante hacia el cumplimiento de aquella visión. Los de este Grupo que pertenecemos al Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas, estamos satisfechos de que se hayan tenido en cuenta nuestros puntos de vista en el trabajo de la Comisión. En nuestra opinión, hoy se ha presentado ante esta Cámara un informe coherente y equilibrado. Es importante que obtengamos unas normas mínimas comunes para los refugiados. Si queremos que las normas sean eficaces, también es importante que todos los Estados miembros tengan una definición común de lo que es un refugiado. Me complace que el informe contenga unas normas generales para determinar si la protección internacional está debidamente justificada o no. Hoy, varios Estados miembros tienen problemas relacionados con la política de inmigración y asilo. Cada año entran en la UE una gran cantidad de personas que solicitan el asilo de forma ilegítima. Constituyen una carga para el conjunto del sistema y gastan unos recursos que se podrían utilizar en beneficio de quienes tienen unas necesidades reales. Hay que combatir la inmigración ilegal y el contrabando de personas, pero hay que ayudar a los refugiados de verdad. Debemos esforzarnos por conseguir este equilibrio y, en mi opinión, el informe lo hace posible. Un requisito previo importante para que sea posible llevar esta propuesta a la práctica es obtener una definición común de refugiados con estatuto de protección subsidiaria. Y debe basarse en las principales convenciones internacionales como la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Estoy a favor de que el concepto de estatuto de protección subsidiaria forme parte de la política común sobre refugiados. Pero, una cosa es la política de asilo y otra muy distinta es la integración. Es importante que se ofrezca a los ciudadanos de países terceros la oportunidad de abrirse camino en sus nuevos países. Esto es algo que muy pocos países de la UE conocen en estos momentos. Por ejemplo, Dinamarca y Suecia se han puesto a trabajar en una política activa de integración. La propuesta tiene elementos relacionados con los derechos comunes de los ciudadanos de terceros países con residencia legal en la UE, y estos derechos deben constituir la base de una política de integración sensible y necesaria. En general, el informe ofrece una visión equilibrada de los problemas con que nos enfrentamos, y espero que podrá atraer a una amplia mayoría de este Parlamento.

Laguiller (GUE/NGL).
Señor Presidente, votaremos a favor de este informe que pretende ofrecer un nivel mínimo de protección para todos aquellos hombres y mujeres que se han visto obligados a huir de su región de origen para escapar de la persecución. Pero la persecución no se debe siempre a motivos políticos, religiosos o étnicos, y la ponente hace bien en condenar el hecho de que no se ofrezca protección a aquellas personas, y cito literalmente, «que se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de la pobreza». Se trata de cientos de miles de personas que, sacadas de sus casas por la pobreza o el hambre, siguen siendo perseguidas incluso aquí, en territorio europeo. Se ven obligados a aceptar trabajos sumergidos, mal pagados, se encuentran en manos de patrones sin escrúpulos y les persigue la policía.
Y me refiero a aquellas personas a las que el gobierno del país de acogida no proporciona los documentos reglamentarios que les permitirían trabajar y vivir con dignidad. Si el Parlamento Europeo tuviera un autentico deseo de proteger a quienes son perseguidos, debería empezar a hacerlo dentro de la Unión. Como medida de emergencia, debería decidir obligar a los gobiernos a emitir permisos de residencia para quienes los necesiten, o bien, proporcionarles en nombre de las instituciones europeas los documentos necesarios para que puedan vivir y trabajar en la Unión Europea.

Flautre (Verts/ALE).
Señor Presidente, creo que la adopción de este excelente informe, preparado por mi compañera, la Sra. Lambert, se ha convertido en una cuestión de urgencia humanitaria y democrática.
En ausencia de una política europea común sobre el asilo y la inmigración, ahora somos testigos en Europa de una competencia inaceptable entre todos los gobiernos de los diversos Estados miembros de la UE, pensada para flexibilizar las condiciones de acogida de los refugiados, para que sean lo menos deseables y atractivos posible, y que pretende también criminalizar a los refugiados con el pretexto de luchar contra fenómenos como la inmigración ilegal.
Obviamente, ni el ministro francés ni el ministro británico, el Sr. Sarkozy y el Sr. Blunkett, son una excepción a esta norma, y el acuerdo a que han llegado a favor del cierre del campo de refugiados de Sangatte es una ilustración trágica de esta situación: este acuerdo pretende principalmente aumentar las medidas represoras y flexibilizar las condiciones de acogida en Gran Bretaña. Ahora los refugiados se etiquetan, se clasifican y se les concede una audiencia sin ni siquiera haber sido informados oficialmente del acuerdo y del plan de cierre. Comisario, es una cuestión que en mi opinión usted debería plantearles con la aprobación de la ACNUR, que adopta una postura muy ambigua en este escenario. El pueblo de Afganistán ya ha demostrado cómo se opone rotundamente a la propuesta de 2.000 euros que se les ha ofrecido para volver voluntariamente a su país, y lo insultante que les resulta esta propuesta. También están llamando nuestra atención hacia su existencia trágica en Afganistán que, si no era trágica antes de la guerra, con toda seguridad lo sería ahora a su regreso, con sus hijos y sus familias, pero con las manos vacías, no nos quepa ninguna duda.

Angelilli (UEN).
Señor Presidente, quisiera comenzar diciendo lo necesario que resulta establecer la base de una política compartida por todos los Estados miembros sobre las estrategias de inmigración, sobre cómo combatir la inmigración ilegal y, por lo tanto, también sobre una definición común del derecho de asilo. En concreto, en lo que se refiere al derecho de asilo, muchos Estados miembros se quejan de que reciben una cantidad excesiva de solicitudes, y condenan los intentos de algunos solicitantes de asilo de abusar de los procedimientos de asilo para soslayar las leyes de inmigración de los Estados miembros. De hecho, es esencial dejar clara la distinción entre inmigración, inmigración ilegal, tráfico y explotación de seres humanos y derecho de asilo, siendo éste último un derecho que debe conservar su valioso estado específico como derecho humano que debe salvaguardarse.
Desde este punto de vista, el informe, que sigue lo que se supone que debe ser una línea de razonamiento abierta y progresiva, amplía de forma excesiva e inadecuada la definición del derecho de asilo - un derecho fundamental que, como tal, no puede tener una definición demasiado amplia, ante todo porque, en la práctica, se coloca en un mismo nivel a quienes solicitan protección y a quienes solicitan el estatuto de refugiado, y, en segundo lugar, porque el informe propone una definición demasiado amplia del derecho de asilo que posteriormente se concedería también a los miembros de la familia. De hecho, los miembros de la familia que se beneficiarían de la protección internacional incluyen a cónyuges del mismo sexo e hijos de cónyuge y, de la misma manera, cuando se trata de menores, se pueden considerar padres de un menor a miembros de la familia que no sean sus padres reales y, por lo tanto, no necesariamente tienen que haber convivido con el solicitante en su país de origen.
Por lo tanto, a menos que se adopten enmiendas que impliquen cambios importantes en el texto, sobre todo de cara a reducir el alcance de la definición de «miembro de la familia» en el contexto del derecho a la reagrupación familiar, mi grupo votará en contra de la moción.

Blokland (EDD).
Señor Presidente, quisiera felicitar a la Comisión y al Comisario Vitorino por su sólida propuesta. Pero quiero expresar una crítica.
La Comisión propone un sistema de asilo que incluye un estatuto de refugiado y un estatuto de protección subsidiaria. Así se crea la posibilidad de tratar de forma diferente a las personas con estatuto de refugiado y a las personas con estatuto de protección subsidiaria. Dada la importancia de tratar con igualdad a las personas en los Estados miembros de la UE, quizás hubiera sido preferible que la Comisión no efectuara esta distinción. Afortunadamente, la directiva en cuestión se refiere a una armonización mínima y los Estados miembros podrán ir más allá cuando trasladen la directiva a la legislación nacional. Serán libres de dar a las personas con estatuto de protección subsidiaria un tratamiento equivalente.
El informe Lambert amplía en gran medida la propuesta de la Comisión. Las enmiendas que se proponen, aunque con buena intención, en mi opinión, serán un obstáculo para la correcta aplicación de la directiva a causa de su contenido subjetivo. En consecuencia, una persona que solicite asilo debe tener el beneficio de la duda cuando haga declaraciones conflictivas como resultado de experiencias traumáticas. Al evaluar si el temor de persecución es real hay que tener en cuenta el género, la identidad sexual, la orientación sexual y la salud del refugiado, así como los hábitos y las costumbres del país. Loa Estados miembros deberían conservar un cierto grado de libertad política. Además, un sistema viable requiere que los funcionarios que pongan en práctica la política tengan un determinado nivel de discreción. Las propuestas presentadas por la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores limitan innecesariamente esta discreción. Como mucho, comportarán más burocracia y menos libertad en la valoración de cada caso. Por lo tanto no voy a dar mi apoyo a estas propuestas.

Berthu (NI).
Señor Presidente, la propuesta de directiva presentada por la Comisión para establecer las condiciones para la concesión del estatuto de refugiado no refleja la situación del mundo, ni las necesidades actuales de Europa.
Este texto pretende constantemente ampliar la definición de refugiados que establece la Convención de Ginebra. Por ejemplo, a partir de ahora, el perseguidor no siempre será un Estado, también podría ser una organización no estatal. Para poner otro ejemplo, las causas probables de persecución se han redactado de forma amplia y abierta, como se reconoce en la propia exposición de motivos, donde se explica, por ejemplo, que una persona perseguida por pertenecer a un grupo social también puede ser perseguida también a causa de su género o de su orientación sexual.
Pero eso no es todo. La propuesta de directiva crea toda una nueva categoría, la protección subsidiaria, que se añade al estatuto de refugiado que se establece en la Convención de Ginebra.
Señor Presidente, creo que debemos parar. Hay muchas crisis en el mundo, a menudo trágicas, que tenemos la obligación de intentar aliviar. Pero los países de la Unión Europea no pueden recibir a más refugiados. ¿Cuántos refugiados, por cierto? No lo sabemos. En el texto no aparece ninguna cantidad. ¿Cuál será la carga financiera para el contribuyente? Es un misterio. No lo sabemos. Tampoco se propone ninguna valoración.
Sin embargo, me sorprende que en unos momentos en que los Estados miembros están intentando detener las falsas solicitudes de asilo, que se han convertido en la fuente principal de inmigración ilegal, la Comisión, por su parte, está intentando abrir las compuertas. No es una línea de acción responsable. Nosotros, por nuestra parte, creemos que nuestra obligación principal es proteger a nuestra gente.
En estas circunstancias, la «comunitarización» de la política de inmigración en Amsterdam, que otorga a la Comisión un monopolio sobre la iniciativa después de 2004, parece ser un grave error. Si los Estados miembros no quieren pagar un alto precio, deben encontrar una forma de cambiar esta situación durante la próxima conferencia intergubernamental.

Pirker (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, comparto el punto de vista de que la directiva que se quiere preparar aquí es una directiva fundamental, y nuestra opinión unánime es que la ley sobre el asilo necesita una armonización urgente. Pero existen unas diferencias fundamentales entre el planteamiento de la ponente y el del Partido Popular Europeo.
¿Cuáles son esas diferencias? Ustedes proponen un planteamiento común para tratar la protección subsidiaria y la protección destinada a los refugiados. Nos oponemos a ello; queremos directivas separadas. Ustedes proponen una extensión de la protección mucho más allá de los límites establecidos por la Convención de Ginebra. Nosotros queremos que se aplique la Convención de Ginebra. Ustedes quieren llevar la reagrupación de la familia mucho más allá del consenso a que se llegó en esta Cámara. Nosotros queremos el núcleo familiar. Ustedes quieren conceder la protección subsidiaria para cinco años y con permiso de residencia inmediatamente. No tiene sentido; nosotros queremos que la protección se conceda mientras sea necesaria según un criterio razonable. Resulta que las medidas que presentan aquí no garantizan que se proporcione ayuda rápida a los refugiados reales según la Convención de Ginebra, sino que más bien se incita al uso del asilo a la inmigración para los emigrantes económicos, y esto tiende a convertirse en un mal uso. 
Pero, lo que echamos de menos en el informe Lambert es principalmente la exigencia de unos procedimientos rápidos que nos permitan decidir en el mínimo tiempo posible quién es un refugiado y quién tiene derecho a asilo. En la actualidad, estamos hablando aproximadamente de un 90% de los solicitantes de asilo. Su informe no hace ninguna referencia a una lista dentro de la UE de terceros estados seguros y estados de origen. No dice nada sobre el hecho de que se obligue a los solicitantes a volver a su país si no se les concede el permiso para quedarse, y no contiene ninguna medida para asegurar que se vayan. Tampoco contiene ninguna petición para que la Unión Europea llegue a acuerdos con países terceros, países de origen y países de tránsito, para que acepten a los solicitantes repatriados. Finalmente, no contiene ninguna demanda firme de que se utilice Dublín II para evitar la compra del asilo.
Este informe contradice nuestros puntos de vista en tantos aspectos que debo decir que el Partido Popular Europeo no puede darle su apoyo a menos que se efectúen los cambios oportunos.
Roure (PSE).
Comisario, señor Presidente, el principal objetivo del informe que estamos discutiendo esta tarde es proporcionar a los solicitantes de asilo un nivel mínimo de protección en todos los Estados miembros y reducir las diferencias entre la legislación y las prácticas de los Estados miembros en este ámbito. Esto es esencial.
Algunos miembros critican los esfuerzos para alinear el estatuto de refugiado y el de beneficiario de protección subsidiaria. Pero la protección subsidiaria existe para llenar los vacíos que crean algunas interpretaciones de la Convención de Ginebra, según la cual un refugiado se define como una persona perseguida por un gobierno. Sin embargo, sabemos que algunos refugiados que, estrictamente hablando, no son perseguidos por su gobierno, en la práctica se encuentran en peligro real y necesitan de verdad nuestra ayuda.
Las necesidades de todos aquellos que requieren protección internacional son, en general, las mismas. Y éste es precisamente el punto que la Comisión ha intentado que se modificara en la propuesta de directiva y creo que se ha hecho de una forma muy constructiva. Como mejora, se propone que los refugiados y los beneficiarios de la protección subsidiaria gocen de los mismos derechos en relación con la concesión y la duración del permiso de residencia, el acceso al empleo, las posibilidades de formación profesional y el acceso a los mecanismos de integración.
No se puede negar que el acceso al empleo fomenta que las personas adquieran una mayor autonomía; permite a los afectados mantenerse por sí solos y de esta forma vivir sin la ayuda del país de acogida. Es obvio que los menores que se beneficien de la protección internacional deben tener acceso al sistema educativo estatal; es un hecho obvio reconocido en varias convenciones internacionales. Creemos que es peligroso no proteger a los menores, no educarlos, no darles lo mínimo que necesitan para poder vivir juntos.
Agradecemos la nueva definición de «miembro de la familia», que es más amplia y más exacta, y queremos insistir en la posibilidad de reagrupación familiar que se introduce en la propuesta. Asimismo, nos complace el hecho de que se defina con mayor claridad la denegación del estatuto de refugiado, y su retirada. Nos complace observar que se protege a las personas que son perseguidas por su orientación sexual, por su estado de salud, y las que sufren castigos corporales o la mutilación de genitales. Y pido a la mayoría de diputados humanistas, de pensamiento progresista, que a menudo constituyen un factor de crédito para el Parlamento, que rechacen las enmiendas que podrían cambiar completamente la naturaleza de este informe y envíen un mensaje claro al Consejo.
Señorías, votando mañana a favor del informe Lambert responderemos a las expectativas de nuestros pueblos. Aquéllos que mañana voten en contra de este texto no podrán volver a decir que condenan las actuales condiciones de acogida, que no son dignas de seres humanos, que no son dignas de la Unión Europea.

Klamt (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, el proyecto de directiva de la Comisión pretende ofrecer un nivel mínimo de protección en los Estados miembros para aquellos ciudadanos de terceros países que realmente necesiten protección. Pero esto implica que la migración secundaria, en otras palabras, el mal uso del asilo a que se refería el Sr. Vitorino, se mantenga bajo control. De modo que, señora Lambert, cuando se trata de emigrantes económicos, el principal requisito es ofrecer apoyo a los países más pobres, para evitar que los recursos humanos se escapen a través de la emigración y promover el crecimiento económico con una mejor calidad de vida para las personas.
El asunto del asilo se considera un tema delicado en todos los Estados miembros, como lo demuestra el hecho de que hasta la fecha ha sido imposible que el Consejo adoptara ninguno de los anteriores proyectos de directiva sobre este tema. Por lo tanto, considero absolutamente equivocado el planteamiento de la ponente, que pretende ampliar aún más una propuesta de la Comisión que ya llega muy lejos. Quizás tranquilizaremos nuestras conciencias si otorgamos asilo también por motivos económicos, pero no hará que en los Estados miembros se tome en serio a este Parlamento. Las propuestas de ampliar el alcance del asilo a los ciudadanos de la Unión Europea demuestran que algunos diputados consideran que las ideologías son más importantes que las soluciones eficientes.
Soluciones, sin embargo, que los ciudadanos de nuestros países tienen derecho a esperar. Nosotros y los ciudadanos de nuestros Estados miembros coincidimos en la creencia de que quienes son perseguidos deben recibir ayuda humanitaria. Pero esto no significa que conceder asilo vaya a resolver todos los problemas sociales, económicos y ecológicos de este mundo. Al contrario, esto nos llevará a la anulación del gran beneficio del derecho a asilo.
Nosotros, los representantes de los ciudadanos, tenemos el deber de encontrar soluciones pragmáticas, por una parte para la Unión Europea y, por otra parte, para quienes solicitan el asilo. Una política de asilo con vistas de futuro en el seno de la UE también debe tener en cuenta las circunstancias y las necesidades de los ciudadanos de nuestros Estados miembros. El informe que tenemos ante nosotros no hace nada de eso, y por este motivo el Grupo PPE-DE lo rechaza.
Ceyhun (PSE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, algo que me parece cierto es que, con un informe o un proyecto de este tipo, hay puntos que deben discutirse, y uno de ellos, por ejemplo, es la diferenciación entre las normas para los refugiados y las normas para la protección subsidiaria. Probablemente todos tenemos opiniones distintas sobre este tema. En mi país, Alemania, también podría haber dificultades en la forma de gestionar la reagrupación de las familias si todo se enmarca en unos términos tan generosos, que en Alemania quizás debemos resolver de otra forma.
Por otro lado, sin embargo, evidentemente es bueno que al final tengamos una directiva, o al menos intentemos establecer unas normas mínimas que, una vez en práctica, nos permitan conseguir nuestro objetivo de evitar movimientos secundarios. Puedo entender que mis colegas de otros grupos no estén de acuerdo con todos lo puntos, pero también les recordaría que somos delegados. Yo no soy ministro de un país, y por lo tanto no estoy obligado a seguir una línea estricta ni tengo que pensar en cómo voy a persuadir y convencer a mis colegas daneses u holandeses. Yo soy miembro de un Parlamento donde tengo la libertad de actuar de acuerdo con mi conciencia, un Parlamento donde puedo escuchar proyectos y propuestas sobre los mismos. Puedo enmarcar mis ideas en términos tan amplios que, en el análisis final, no tengan que ser aprobadas por un Consejo en forma de directiva, sino que puedan ser un documento de posición parlamentaria y una posible contribución al debate. En este sentido espero que mañana aprobemos este proyecto.

Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, Señorías, la sesión plenaria del Parlamento ha estudiado varias propuestas para establecer un sistema europeo común de asilo, siguiendo así el objetivo de establecer progresivamente un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en nuestra Comunidad.
Hace poco, en la reunión de Estoril, el Grupo PPE-DE concedió importancia a estos asuntos al celebrar su propio seminario sobre el tema, cuyas conclusiones ha expresado hace poco el Sr. Pirker. Estamos de acuerdo en una política común de asilo que contenga unas normas mínimas pensadas para asegurar un nivel mínimo de protección para las personas que realmente la necesiten. También estamos de acuerdo con el objetivo de limitar los movimientos secundarios de quienes solicitan asilo reduciendo las diferencias que existen entre la legislación y las prácticas de los diversos Estados miembros en este campo, e imponiendo una división justa de los esfuerzos entre los Estados.
También estamos de acuerdo en que los refugiados, como cualquier persona que se beneficie de otras formas de protección, deberían poder vivir con dignidad en la Comunidad a la que pertenecen, lo que sólo podrá ser realidad si protegemos sus derechos personales y sociales. Sin embargo, en estos temas es mejor avanzar despacio y en la dirección adecuada en vez de correr y hacer las cosas mal. Las políticas que parecen muy generosas acaban creando sentimientos de rechazo y hacen que aumenten las reacciones xenófobas que sólo podemos condenar.
Incluso después del 11 de septiembre, hemos visto, entre los ciudadanos, actitudes sospechosas y un aumento de la hostilidad hacia quienes piden asilo, los refugiados y las comunidades de inmigrantes. Desde este punto de vista, debemos reconocer que el informe Lambert no ha ayudado a generar el consenso que sería útil y deseable en estos temas.

Marinho (PSE).
Sin intención de dramatizar, señor Presidente, esta propuesta contiene un conjunto de normas mínimas que revelan la valentía legislativa de responder con eficacia al tema de los ciudadanos de países terceros que necesitan protección internacional, y a la vez eliminar las diferencias entre países en la forma cómo se trata a estas personas, evitando la necesidad de movimientos secundarios. Al menos, ésta es nuestra opinión.
Por lo tanto, quiero subrayar un aspecto muy positivo de la propuesta de la Comisión, que es la complementariedad del doble estatuto de protección internacional donde, además de los estrechos planteamientos de los años cincuenta, el concepto se amplía a la protección subsidiaria, aclarando que la definición de perseguidor no se limita exclusivamente al Estado y a sus agentes, sino también a las circunstancias materiales y otras cuya consecuencia es que el Estado no ofrece protección, ya sea porque no puede o porque no quiere. Todos podemos recordar situaciones de este tipo en África y en América Latina. También se ha incluido el concepto de protección por parte de organizaciones y entes paraestatales estables, que deben asumir en términos prácticos la responsabilidad de la protección de los individuos que quedan fuera del ámbito de las simples misiones de paz o de seguridad militar, que a menudo relegan a un segundo lugar la protección eficaz de las personas y el respeto por los derechos humanos. Finalmente, la ampliación de los derechos de los refugiados en términos de períodos de residencia, empleo y mecanismos de integración, que influyen en todos los aspectos de la ciudadanía de los refugiados.
No se incluye la violencia derivada de la pobreza y de otras formas de plagas sociales, pero espero que se incluirá en el futuro mediante un concepto más amplio de la política común de asilo. De momento, sin embargo, se ha cubierto una buena parte del objetivo dado que tenemos la base para una política europea común de asilo. En nuestra opinión, deberíamos felicitar a la Comisión por este trabajo, pero el Consejo no debe seguir defraudándonos, demostrando su incapacidad congénita para tomar una decisión, como es tradicional y suele ocurrir en estos temas. Y, Comisario, el Consejo tampoco recibirá el apoyo de esta Cámara, de este Parlamento, por su ineficiencia, su ineficacia y su incapacidad para votar.

Evans, Robert J.E. (PSE).
Señor Presidente, me gustaría responder a algunos puntos que se han planteado esta tarde. El primero se refiere a la intervención del Sr. von Boetticher, el primero de los oradores de la derecha demócratacristiana en golpear y salir corriendo. Ataca a la izquierda en el Parlamento, ataca a los gobiernos del Reino Unido y Alemania, y después sale corriendo de la Cámara de modo que no puede seguir el debate. Se escapa del debate y se escapa de la realidad.
La realidad es que hay millones de personas en el mundo que están buscando refugio en la Unión Europea. Es una situación que exige una respuesta empática. Requiere que los Estados miembros examinen la situación e intenten afrontarla con medidas compasivas. Por esta razón, mi grupo de este lado de la Cámara no se disculpa por apoyar una política de asilo común europea, porque creemos que es la única vía de progreso para la Unión Europea. A los diputados sentados enfrente, quienes afirman que votarán en contra de estas medidas mañana y quienes, como el Sr. Coelho y la Sra. Klamt, han dicho cosas bonitas acerca de una política de asilo común europea, quiero decirles lo siguiente: no pueden decir cosas bonitas y después, cada vez que hay una votación, votar en contra.
El Sr. Pirker ha enumerado las objeciones, pero es poco coherente que un diputado de su grupo, el Sr. Helmer, escriba que habría que poner fin a los derechos automáticos, o poner fin a la Convención de Ginebra, y acabar con el derecho automático de entrada para aquellos que sufren persecución. Tenemos que tener muy claro de dónde vienen. Nosotros somos bastante claros en nuestro enfoque. Apoyaremos este informe. Creemos firmemente que se necesitan unas normas mínimas. Necesitamos normas adecuadas para los que buscan asilo, con el fin de reconocer que siempre se trata de gente desesperada que busca medidas desesperadas para escapar de situaciones espantosas en sus propios países. Tenemos que ser compasivos en el papel que queremos desempeñar. Tenemos que ser compasivos en nuestros informes. Por esta razón, quiero elogiar a la ponente por su informe y felicitar al Comisario por proponerlo.

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, doy las gracias por este debate que ha planteado cuestiones sumamente importantes, a las que me gustaría responder. En primer lugar, la Comisión defiende inequívocamente la primacía de la aplicación de la Convención de Ginebra de 1951, que es vinculante para todos los Estados miembros. También hemos abarcado normas para la protección subsidiaria y, sobre este tema, me gustaría tranquilizar la consciencia del Sr. Berthu: no hemos creado nada nuevo; no se trata de un invento de un Comisario con mentalidad maquiavélica. La protección subsidiaria ya se está aplicando en nuestros quince Estados miembros. Procede de los compromisos internacionales adquiridos por estos países, por ejemplo, cuando firmaron la Convención Europea sobre Derechos Humanos, en concreto los criterios que se establecen en su artículo 3.
En relación con el ámbito de esta directiva, me gustaría decir que la Comisión no acepta las propuestas de enmienda presentadas por algunos Miembros, que pretenden añadir nuevos motivos o una lista exhaustiva de cláusulas de exclusión en la definición de refugiado según la Convención de Ginebra. No podemos aceptarlo porque la Unión Europea no tiene autoridad para modificar el contenido de la Convención de Ginebra. Sólo se puede modificar mediante acuerdo de los 150 Estados que forman parte de la misma. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha iniciado este proceso, pero nosotros no nos encontramos en posición de modificar unilateralmente la Convención.
De la misma forma, creemos que las propuestas sobre las garantías de procedimiento, por muy generosas que sean, no deberían incluirse en esta directiva. El tema de los procedimientos debería tratarse en la propuesta sobre este tema, para el que la Comisión ha presentado ya una propuesta revisada. Por la misma razón, quiero decir al Sr. Pirker que éste no es el lugar adecuado para tratar los temas de la repatriación, el Reglamento Dublín II, o la cooperación con terceros países. Estos temas son importantes, estoy de acuerdo con usted, y la Comisión trabajará en ellos, como se indicó en el Consejo de Sevilla.
La semana pasada la Comisión presentó cuatro nuevas propuestas para negociar acuerdos de readmisión con Turquía, Argelia, Albania y la República Popular de China. Hace más de un año, la Comisión presentó un reglamento según el cual el Estado debía ser responsable de estudiar las peticiones de asilo, conocido como «Reglamento Dublín II», que, confío en que quedará finalizado a finales de este año; y en noviembre la Comisión presentará su plan de acción para la política de repatriación, así como un marco para la acción financiera relativa a la cooperación con terceros países en la lucha contra la inmigración ilegal.
En relación con el tema de la igualdad de derechos entre refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria, la Comisión cree que los derechos de los beneficiarios de estos dos tipos de protección deben ser los mismos. Sin embargo, creemos que debería haber un período de «tranquilización» y, por lo tanto, hemos propuesto que se haga una distinción, precisamente para reconocer la primacía de la aplicación de la Convención de Ginebra.
Finalmente, ¿por qué hemos incluido la protección subsidiaria en esta propuesta? Vamos a dejar claro este tema. Hoy, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, la mayor parte de las personas que reciben protección internacional no la reciben según la Convención de Ginebra sino según los sistemas de protección subsidiaria. Y si queremos combatir los movimientos secundarios, si queremos combatir la «compra del asilo» sería de poco valor incluir solamente la Convención de Ginebra. La esencia de la «compra del asilo», la esencia de los movimientos secundarios, reside en la competitividad entre los sistemas de protección subsidiaria, a lo que podemos añadir - y por favor, perdónenme por decirlo así, Señorías - que es injusto acusar a la Comisión de ampliar el concepto de refugiados económicos por medio de la protección subsidiaria. Al contrario, sólo si resolvemos la armonización de la protección subsidiaria podremos adoptar el denominado procedimiento único, que, por cierto, es aceptado por un número cada vez mayor de Estados miembros, según el cual las peticiones de asilo se estudian por orden de prioridad en un solo proceso administrativo y están sujetas a una sola decisión final. Esto se denomina «simplificación de procedimientos». Es una forma de racionalizar los procedimientos que ahorra tiempo, medios administrativos y dinero sin tener que proporcionar recursos innecesarios.
Finalmente, señor Presidente, el Sr. von Boetticher decía que debo asumir una gran responsabilidad en este tema, y con ello me ha hecho un halago que realmente no merezco. No son las propuestas de la Comisión las que bloquean la capacidad del Consejo para tomar una decisión. Debo decirle sinceramente que éste es un tema en el que los Estados miembros tienen la iniciativa de la legislación. ¿Quizás el Sr. von Boetticher se ha preguntado alguna vez por qué si en estos temas las propuestas de la Comisión son tan malas, como él dice, ningún Estado miembro ha presentado una propuesta que haya obtenido de inmediato el consenso de los quince Estados miembros y se haya adoptado? Creo que es un tema importante. La única innovación de esta propuesta, realmente, es ampliar el concepto de causa de persecución para abarcar la persecución por parte de agentes no estatales. Esto es cierto. Ésta es la situación en trece de los quince Estados miembros, y hace poco se ha incorporado también en la legislación alemana. ¿Soy yo realmente el objetivo más adecuado de las palabras del Sr. von Boetticher?

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0328/2002), de la Sra. Cederschiöld, en nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, sobre la propuesta de la Comisión con vistas a la adopción de la Decisión marco del Consejo relativa a los ataques de los que son objeto los sistemas de información (COM(2002) 173 - C5-0271/2002 - 2002/0086(CNS)).

Vitorino
Señor Presidente, Señorías, en primer lugar quiero felicitar a la ponente, la Sra. Cederschiöld, que ha estudiado este tema, al que ha dedicado una energía y un esfuerzo considerables aquí en el Parlamento.
Como ella dice, el pirateo informático, los virus y la denegación de servicio pueden tener consecuencias muy graves, tanto si se trata de individuos que actúan en beneficio propio como si forma parte de un delito organizado o el terrorismo. La propuesta de la Comisión pretende aproximar los delitos penales del acceso no autorizado o la interferencia ilegal con sistemas de información, y realiza consultas con los sectores profesionales y las autoridades responsables de aplicar la ley, así como debates con expertos del foro de la Unión Europea sobre ciberdelincuencia.
La Comisión quiere establecer un grado de aproximación de la legislación en el ámbito europeo, pero que esté en línea y sea coherente con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia de noviembre de 2001. El artículo 3 de nuestra propuesta define como delito el acceso no autorizado a un sistema de información Lo que intentamos hacer es castigar el pirateo informático. Este acceso no autorizado debe castigarse cuando se perpetra contra un sistema de información sujeto a unas medidas específicas de protección, ya sea con la intención de causar daños a una persona o a un colectivo, o con la intención de obtener un beneficio económico.
Asimismo, también consideramos delito la interferencia ilegal con los sistemas de información, resolviendo así el tema de los ataques mediante virus y la denegación de servicio, así como el desbaratamiento de páginas web. Según la propuesta de la Comisión para que un delito sea tipificado como tal debe cometerse de forma intencionada y no autorizada, y se centra ante todo en los casos graves; sólo los jueces de los tribunales de cada Estado miembro podrán determinar los criterios a seguir para tomar decisiones sobre dichos delitos. La propuesta provee unas circunstancias agravantes y quiere obligar a los Estados miembros a designar unos puntos de contacto operativos, abiertos las veinticuatro horas del día durante siete días a la semana, con el fin de facilitar el intercambio de información sobre los ataques contra los sistemas de información.
La Comisión considera que la ponente hace muy bien al resaltar que las acciones que se van a castigar no deberían considerarse intrascendentes o de menor importancia. Así, en el punto expositivo 12 de la propuesta de la Comisión se sugiere que debemos evitar una penalización excesiva, en concreto por conductas que no sean muy graves o que sean incluso insignificantes. Por ejemplo, la Comisión está de acuerdo con la propuesta de enmienda presentada por la ponente sobre este tema.
En relación con el tema de la protección de datos según el tercer pilar, estamos trabajando en ello, pero quisiera pedir al Parlamento que no suspenda la aplicación de esta propuesta para una decisión marco hasta que exista un instrumento específico de protección de datos en el marco del tercer pilar. En cambio, creo que hay que mencionar específicamente el respeto por los principios establecidos en el Consejo de la Convención Europea para la Protección de Datos, que deben cumplirse en su totalidad en este campo de la aplicación de una decisión marco. En realidad, ésta fue la solución que se adoptó en el tema de la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Quisiera dar las gracias una vez más a la ponente por su contribución a este importante debate que, creo, era muy esperado por la opinión pública de los Estados miembros.

Cederschiöld (PPE-DE)
Señor Presidente, Comisario Vitorino, hace muchos años que seguimos mutuamente los respectivos esfuerzos en la lucha contra la ciberdelincuencia, y sin duda compartimos muchos valores fundamentales. El Sr. Vitorino sabe tan bien como yo que lo que aquí nos ocupa es una directiva marco. Dado que el Parlamento Europeo tiene un poder de decisión más débil del que debería tener cuando se trata de directivas marco, quisiera aprovechar esta oportunidad para llamar la atención sobre esta deficiencia, como hice también en el caso del punto planteado por el Sr. Vitorino cuando comentaba la enmienda. Entiendo muy bien su punto de vista, pero debemos ejercer presión sobre la Convención y sus desarrollos desde nuestra posición aquí en el Parlamento, porque estamos hablando de unas amenazas realmente preocupantes contra nuestra unión común, 
Existe información sobre el hecho de que organizaciones criminales se han infiltrado en infraestructuras vitales. Han obtenido acceso a interruptores digitales, lo que significa que pueden desconectar la electricidad y el agua y pueden interrumpir el funcionamiento del transporte. En concreto, en el área de la aviación algunos incidentes han afectado la operación de las torres de control. Los terroristas podrían desconectar tanto el gas como el agua, aumentando los daños ocasionados en caso de un ataque físico. Por supuesto, es una situación que debemos evitar a toda costa. Y estamos hablando del delito transfronterizo. 
La propuesta de la Comisión es buena. Admiro al Sr. Vitorino por su capacidad de presentar propuestas sólidas, a pesar de este marco defectuoso en el que debe trabajar. La idea de estas sanciones mínimas/máximas que utilizamos normalmente a efectos de armonización es eficiente y justa. También podría poner fin a este tipo de «compra legal» que naturalmente no podemos fomentar, gracias a la cual los delincuentes tienen la opción de ser sentenciados en países donde las multas son más bajas. 
También se ha hablado de la intención. Y además se ha dejado muy claro, lo que creo que es digno de ser alabado. Tiene que haber intención, el objetivo tiene que ser causar daños u obtener un beneficio económico. Creo que es un planteamiento adecuado. Apruebo el espíritu del trabajo de la Comisión, pero quiero repetir que el proceso de toma de decisiones es inaceptable. El Tribunal de Justicia de la CE no tiene ninguna competencia en el ámbito del tercer pilar. El sistema actual hace que se ignoren los derechos democráticos. Los derechos humanos quedan fuera de la jurisdicción del Tribunal. Por este motivo quiero poner un énfasis especial sobre este tema en una enmienda, y estoy segura de que el Sr. Vitorino lo comprenderá. Los delitos en cuestión pueden tener consecuencias a largo plazo, y un efecto directo en la vida privada de las personas. Debemos obtener el control democrático y, por lo tanto, me gustaría que esta legislación empezara a aplicarse a partir del día en que tengamos la protección adecuada en este aspecto, así como la protección de datos en el marco del tercer pilar. Obviamente es algo que me gustaría ver ahora mismo. Agradezco enormemente que se hayan creado los puntos de contacto operativos. No quiero frenar las cosas en absoluto, pero quiero dar un cierto impulso al desarrollo democrático. 
Es lo máximo que podemos conseguir con el sistema actual de toma de decisiones. Sin embargo, espero que con una nueva constitución podremos resolver esos temas y realmente ser capaces de obtener un sistema legítimo. El Comisario Vitorino ya ha hecho comentarios positivos sobre las enmiendas. También se aplica a la actitud sutil hacia las personas jurídicas. Y me complace que coincidamos en lo que se refiere a los menores. 
Quiero acabar dando las gracias a todos mis compañeros diputados. He intentado buscar un punto de equilibrio que implique una lucha lo más efectiva posible contra el delito. A la vez, y dentro del marco existente, he intentado elevar el perfil de los derechos humanos y la protección de la intimidad. 
Quiero que la Convención se sienta presionada, razón por la que he escrito de esta forma. Estoy segura de que el Sr. Vitorino lo entenderá y espero que nos ayudará a ejercer esta presión.
Coelho (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, me gustaría empezar felicitando a la Sra. Cederschiöld por el excelente informe que ha presentado, que el Partido Popular Europeo apoya y al que dará su voto favorable. Nos enfrentamos a un problema que suele despertar un interés considerable, que ha adquirido unas dimensiones preocupantes y que se ha convertido en una forma de crimen organizado, de naturaleza transnacional, y contra el que debemos reaccionar a nivel comunitario, porque las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen un impacto fundamental en la vida diaria de los ciudadanos y en la economía de nuestras sociedades.
Por lo tanto, es esencial que exista una protección rigurosa contra los posibles abusos o actos delictivos. El pirateo informático, sea cual sea la forma que adopte, es un riesgo económico, implica una pérdida de confianza en el comercio electrónico y constituye una amenaza para la intimidad. Y estos ataques no se dirigen sólo contra los operadores de la red, los proveedores de Internet y las empresas de comercio electrónico, sino también contra personas privadas sin ninguna intención comercial.
La protección de los sistemas de información es un elemento esencial para crear un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Sin embargo, debemos garantizar que no se impongan restricciones a las libertades y los derechos fundamentales, que no se cambien los principios básicos de derecho y que no se castiguen aquellos actos individuales que se cometan sólo por error en el uso de las nuevas tecnologías. Como ya he dicho en esta sesión plenaria, la seguridad debe ser sólo una herramienta para salvaguardar estas libertades y estos derechos fundamentales.
El informe Cederschiöld contiene cinco puntos esenciales: primero, la aproximación de la legislación penal de los Estados miembros en el ámbito de los ataques contra los sistemas de información; segundo, aumentar la cooperación policial y judicial en este campo; tercero, mejorar la prevención, promoviendo una cultura de seguridad, haciendo que los agentes sean conscientes de los riesgos en cuanto a seguridad para las redes de información; cuarto, la flexibilidad en la legislación penal cuando se trate de temas poco importantes o intrascendentes, evitando así imponer medidas vinculantes y penalizadoras a nivel europeo; quinto y último, lo que demuestra una consideración especial por los jóvenes, ofrecer a los jueces la posibilidad de absolver a los menores que sean inculpados por primera vez en este tipo de delito y que no hayan cometido esta fechoría con intención de causar daños u obtener un beneficio económico ni crear beneficios futuros para una organización criminal.

Turco (NI).
Señor Presidente, a pesar del excelente trabajo de la Sra. Cederschiöld, que ha mejorado de forma considerable la propuesta de la Comisión, votaremos en contra de la moción, porque existen al menos cuatro problemas básicos cuya importancia no podemos y no debemos subestimar: en primer lugar, la obsesión típicamente europea por un exceso de regulación de Internet con leyes específicas; en segundo lugar, la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en la armonización de unas condiciones de encarcelamiento permitidas; en tercer lugar, unas medidas de control excesivas que automáticamente penalizan todos los comportamientos que pueden calificarse como un ataque contra los sistemas de información; y en cuarto lugar, la ilusión de que se puede atacar el delito dictando sentencias más duras en vez de mejorar la eficacia de los controles.
Básicamente, creemos que sería preferible resolver el tema de los delitos cometidos en Internet con los instrumentos de derecho penal que ya existen, en vez de producir montones de legislación específica basada en consideraciones tecnológicas que, además, se caracterizan por los defectos que he mencionado.
Estos son los motivos por los que votaremos en contra de la moción. También la Sra. Cederschiöld y el Sr. Coelho han tratado esencialmente estos problemas, pero creemos que son de vital importancia y no se pueden ignorar.

Kauppi (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisario Vitorino, el procesado de datos y la transferencia de información, así como la garantía de que estas actividades estén libres de interferencias, son muy importantes en la actual sociedad de la información actual. ¿Quién de nosotros no ha temido alguna vez que haya entrado un virus en su ordenador o no ha sufrido daños por un virus informático?
Los virus pueden tener consecuencias imprevistas para quienes trabajan con ordenadores. Algunos ejemplos de ello son la alteración o destrucción de datos por un virus en los sistemas de control de tráfico aéreo o en los archivos de centros de salud pública, por ejemplo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital. Podría tener consecuencias desastrosas tanto para las personas como para grandes cantidades de gente. En el futuro los virus informáticos podrían ocasionar una inseguridad jurídica a gran escala e impedir el comercio electrónico y que los negocios privados de las personas se lleven a cabo electrónicamente, saboteando la fiabilidad de los documentos electrónicos. Por este motivo, Señorías, nuestros esfuerzos para promover el comercio electrónico, por ejemplo, creando unos marcos legislativos necesarios, será en vano si estos sistemas no son fiables.
Estoy muy preocupada por las opiniones de los expertos que dicen que quienes crean nuevos virus en la actualidad son cada vez menos los que sólo juguetean. Al principio los virus los producían los escolares y los estudiantes, principalmente para divertirse y conseguir publicidad, pero cada vez más a menudo los virus pueden destruir discos duros y todos los programas instalados. Según los expertos los macrovirus constituyen ya un 80% de todos los virus.
La gente quiere proteger su intimidad de los intrusos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las opiniones antes expresadas de que el pirateo informático se está convirtiendo en una especie de delito organizado, que debemos impedir, especialmente en el contexto internacional, porque, por su propia naturaleza se trata de un delito transfronterizo. La propuesta de la Comisión para impedir los ataques de los que son objeto los sistemas de información y aproximar las medidas de derecho penal que tomen los Estados miembros es un paso adelante en la dirección correcta.
Finalmente, quiero agradecer a nuestra colega, Charlotte Cedeschiöld, el valioso trabajo que ha llevado a cabo. Estoy especialmente de acuerdo con ella en que la Unión todavía no tiene normas suficientes relativas a la protección de datos para enfrentarse a los temas del tercer pilar. En muchas ocasiones el Parlamento Europeo ha solicitado que se redacten estas normas, y quiero pedir a la Comisión que empiece a prepararlas inmediatamente.

Vitorino
Señor Presidente, quisiera decir que en la Comisión no sólo estamos obsesionados con la supresión de los delitos; existen muchas otras iniciativas en marcha en este campo referentes a la prevención, la seguridad y la codificación, así como para garantizar la privacidad de los sistemas de información. Éste no era el tema de este debate, y por este motivo no me he referido a nuestras acciones en este campo, aunque las daba por supuestas.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas.

El Presidente.
- De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0264/2002) de la Sra. Fraisse, en nombre de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, sobre la importancia y el dinamismo del teatro y de las artes del espectáculo en la Europa ampliada (2001/2199(INI)).

Fraisse (GUE/NGL)
Señor Presidente, Señorías, lo que más sorprende a una diputada que empieza, como yo, al entrar en el Parlamento Europeo y en la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte, es el hecho de que no exista una visión coherente en relación con la cultura en Europa. Prefiero utilizar la expresión «visión» en lugar de «política cultural». Quienes lo llaman política cultural se refieren al debate o a la discusión que podamos tener. Sin embargo, cuando decimos que no existe una visión coherente, simplemente queremos decir, por ejemplo, que se habla de cine desde el punto de vista del sector, que la música puede aparecer en las líneas presupuestarias, pero que al final todo acaba aquí, y no queda claro cómo se pueden tener en cuenta el lenguaje o los lenguajes que se utilizan en el teatro. Por este motivo, señor Presidente, Comisaria, Señorías, he querido elaborar este informe de propia iniciativa.
Desde mi punto de vista, este informe de propia iniciativa era un medio para reducir la diferencia entre la industria y la música, tan marcada en este amplio espacio cultural europeo. Si uno se interesa por los idiomas, el teatro y las artes del espectáculo, lo que descubre es que, fundamentalmente, estas áreas constituyen nuestro patrimonio. El teatro y las artes del espectáculo constituyen el patrimonio de Europa, y me refiero tanto al patrimonio literario como al patrimonio político, porque no hay teatro que no haya sido modelado tanto por el nacimiento de la democracia como por la vida en las calles y en la ciudad. Éste es también el motivo por el que creo que el tema del teatro y las artes del espectáculo es de gran importancia en el ámbito europeo.
Cuando empecé a reunirme con los profesionales de las artes del espectáculo, lo primero que oí fue su petición de libertad. Fueron inflexibles en que no querían perder su libertad, que no aceptarían que los controláramos, ni que creáramos una política artística oficial que no estaría, en modo alguno, a la altura de lo que ellos andaban buscando. Esto fue lo primero que dijeron. El segundo tema que plantearon fue el de las dificultades, la gran cantidad de dificultades, como la doble imposición, social y fiscal, con que se enfrentan cuando viajan. Como los artistas viajan, ya están dentro de Europa, no se plantean el tema de si se quedan en su propio país o si se están desarraigando; ellos viajan y necesitan que les ayudemos en ello. Ésta es la realidad que existe y a la que debemos mostrar nuestro apoyo. Por supuesto, no creo que podamos aplicar las normas del mercado y de la competencia en el ámbito de la cultura, y esto es más evidente cada día que pasa.
Ya lo hemos visto en otras partes: en el cine, ahora se reconoce la ayuda estatal, e incluso se promociona o se imita en aquellos países donde todavía no existe. Incluso en el sector audiovisual, somos conscientes de la importancia que tiene la ayuda estatal. Creo que, en las artes del espectáculo y el teatro en concreto, ocurre lo mismo, debemos disponer de una ayuda estatal y esta ayuda empieza con la responsabilidad que los Estados deben asumir para facilitar el desplazamiento de las personas y las producciones en Europa, así como el fomento de la formación.
En cierto sentido, ésta es sencillamente la conclusión a la que se llega en mi informe. Los Estados miembros también deben hacer un esfuerzo para cooperar. En definitiva, podríamos dejar de pensar en términos de líneas divisorias. Creo que, en este debate inacabable sobre la cultura, todavía pensamos que o bien el tema de la cultura será resuelto por la Comunidad o bien será un tema de subsidiariedad, y por lo tanto no debemos tocarlo. No creo que esta línea divisoria tenga utilidad alguna o ayude en nada y, en cambio, pienso que si nos remontamos al artículo 151 que pide cooperación cultural, esto es exactamente lo que debemos utilizar para pensar en términos de una Europa de la cultura y una Europa de las artes del espectáculo. 
Como dije, existen unas barreras, como la doble imposición, la falta de legislación y un vocabulario técnico común. Sin embargo, también existen soluciones, como la subtitulación, el Libro Blanco, que podría ayudarnos a armonizar la legislación - y espero que la Comisión nos escuche - bases de datos y un vocabulario común. Y quizás, cuando se trate de tomar decisiones, también deberíamos hacer caso a los expertos, los artistas, que conocen cómo se evoluciona dentro del sector.
En resumen, Señorías, creo que debemos pensar en cómo podemos proteger la cultura, tratarla de forma adecuada en la Convención y en la futura constitución. Creo que debemos pensar también en la resolución del Consejo Europeo presentada en junio, que proponía un plan de cooperación en el área de la cultura. Creo que, con la ayuda de la Comisión Europea y del Parlamento, podremos apoyar también las resoluciones del Consejo Europeo.

Reding
Señor Presidente, Sra. Fraisse, Señorías, en nombre de la Comisión quisiera felicitar a la Sra. Fraisse y a la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte por este informe de propia iniciativa que, en mi opinión, se ha convertido en un instrumento para nuestra actuación en el área de la cultura. Quisiera responder a varios de los puntos expuestos en el informe.
En primer lugar, la necesidad de apoyar a las artes del espectáculo. Según los acuerdos de cooperación, me refiero a la Acción II del programa Cultura 2000, en la actualidad, y seguiremos haciéndolo durante tres años más, estamos subvencionando seis redes en el ámbito del teatro, tres en el de la danza, siete en el de la música, una red en el área del circo y dos redes interdisciplinarias, y todo esto sólo en lo que se refiere a redes para el arte del espectáculo. Además, para promover la creación de plataformas, las hemos incluido en nuestras deliberaciones sobre el futuro de la acción cultural en el foro sobre cooperación cultural en Europa. Crear esas plataformas también forma parte de las deliberaciones actuales sobre el futuro del programa Cultura 2000.
Después, la falta de estadísticas. La Comisión es consciente de la necesidad de aumentar la elaboración de estadísticas culturales europeas y el grupo «Estadísticas Culturales» de Eurostat ya está trabajando en varios temas: puestos de trabajo culturales, financiación de la cultura, actos culturales. Pero la cuantificación de datos en lo que se refiere al mundo de la cultura no es tarea fácil. Requiere mucho tiempo. Además, este año y a petición de la Comisión, se ha llevado a cabo un estudio de Eurobarometer sobre la participación de los ciudadanos de la UE en las actividades culturales.
En tercer lugar, la necesidad de medidas para fomentar la movilidad de los artistas. Ciertamente, ésta es una de nuestras principales preocupaciones. En su informe se resalta correctamente la importancia de la información sobre las estructuras de ayuda para la movilidad, la legislación fiscal y social y los trámites administrativos para fomentar la movilidad. Compartimos estas preocupaciones, igual que el Consejo, que está examinando también un proyecto de resolución sobre la movilidad de los artistas. En este sentido, también creo que es muy positivo que los propios Estados miembros consideren estos temas de la movilidad, que en principio son responsabilidad suya. 
Dado que se ha creado un espacio común libre de barreras para la circulación, ahora la Comisión está intentando fomentar la movilidad de todo tipo. Recientemente hemos publicado también un estudio específico sobre las barreras a la movilidad en el sector cultural, cuyas conclusiones se combinarán con las del informe de la Sra. Fraisse. Este estudio ha tenido una muy buena acogida en los círculos culturales.
También quisiera dejar claro que, como parte del plan de acción sobre movilidad presentado por la Comisión en la Cumbre Europea de Barcelona, en 2003 se va a crear una página web sobre la movilidad de los europeos en general, y se va a desarrollar un portal «cultural» que permitirá a la Comisión proporcionar más información sobre la movilidad en el sector cultural. Para ello, hemos pedido la colaboración de los Estados, para que los artistas puedan utilizar un depósito de información para todo los países.
Quisiera comentar brevemente los temas fiscales. Los problemas de la doble imposición son relativamente raros, como se ve en nuestro estudio. En la actualidad, los Estados miembros se encuentran en mejor situación para resolver entre ellos el reparto de la legislación fiscal, teniendo en cuenta cada situación específica. La aplicación de los convenios fiscales acordados entre los Estados debería eliminar el riesgo de doble imposición. Sin embargo, los Estados miembros deben aplicar los convenios con respeto por la ley comunitaria y evitar cualquier tipo de discriminación. Puedo asegurarles que la Comisión no duda en absoluto y no dudará al tomar las medidas adecuadas en caso de que exista algún tipo de discriminación.
Como pueden ver, la Comisión ya está haciendo un gran esfuerzo para fomentar la movilidad en este sector. Ha tomado dos tipos de medidas: asegurar la aplicación de la legislación comunitaria y fomentar la movilidad en nuestros instrumentos financieros. Su resolución y la del Consejo nos ayudarán en nuestros esfuerzos. En nuestra opinión, teniendo en cuenta el trabajo que se ha llevado a cabo, no es necesario redactar un Libro Blanco.
En cuanto a la circulación de las obras de arte y de los espectáculos, a menudo tiene relación con la movilidad, por supuesto. En este sentido, hay unos objetivos particulares, como los que usted menciona, que incluyen la creación de una base de datos que haga posible intercambiar información sobre obras de arte. Ya se ha trabajado en este campo, como parte del programa 2000. Por ejemplo, Culture Base Net es un proyecto lanzado por Haus der Kulturwelt (Casa de la Cultura Mundial) de Berlín, con la colaboración de los principales agentes de Suecia, el Reino Unido y Dinamarca, para crear una base de datos en Internet que presente a artistas de todo el mundo, empezando por Europa.
Usted menciona en concreto la cuestión de la libre circulación del equipo de escenario. Nosotros no somos conscientes de que existan barreras contra la libertad de movimiento de este equipo, pero damos una gran importancia a que se eliminen, en el ámbito de cada país, las complicaciones administrativas o burocráticas en este sentido. Por lo tanto, debemos recibir información sobre estas barreras. Además, para salvaguardar la libre prestación de servicios, queremos garantizar que los Estados no exijan trámites excesivos o no justificados.
Otro aspecto es la formación. En relación con su petición de una nomenclatura de funciones profesionales, quisiera decirle que ya estamos trabajando en este tema. Eurostat está trabajando con los Estados miembros, en un grupo de trabajo, sobre los tipos de sectores profesionales de la clasificación internacional que abarca las funciones culturales, con el fin de mejorar y aclarar esta nomenclatura.
En relación con el reconocimiento de las cualificaciones, las profesiones relacionadas con el arte del espectáculo son, en la mayoría de los casos, profesiones que se denominan no reguladas. Esto significa que el reconocimiento de las cualificaciones a efectos profesionales depende del criterio elaborado por las propias profesiones. Sin embargo, se puede mejorar este reconocimiento, así como el reconocimiento con fines académicos; en otras palabras, ayudar a los alumnos a seguir sus estudios.
Por tanto, la Comisión ha decidido crear y promover instrumentos que hagan más transparente el contenido de los estudios cursados en otros países. Estoy pensando en estudios complementarios y en sistemas de créditos académicos. También apoya la fiabilidad del reconocimiento mutuo estableciendo redes entre todas las escuelas de arte europeas.
En cuanto al apoyo financiero de Europa para la formación artística, no existe un programa específico, pero nuestros programas de educación subvencionan esta formación y estamos viendo algunos signos alentadores. Un ejemplo entre muchos es que el número de alumnos de Erasmus que están estudiando temas artísticos ha aumentado de 3 250 en 1998 a 4 700 en 2001, y todas las escuelas acreditadas como establecimiento de educación superior en su país pueden solicitar formar parte de las actividades de Erasmus.
Finalmente, usted subraya la necesidad de una mayor y más amplia cooperación cultural, y también en este sentido, Sra. Fraisse, compartimos su preocupación. Además, existe una continuidad en las peticiones del Parlamento en este campo, y me refiero al informe Ruffolo.
La cooperación cultural es un elemento de la ampliación. ¿Qué ejemplo mejor puedo darle que decirle que la cantidad de agentes culturales fundamentales de los países candidatos que participan en el programa Cultura 2000 ha llegado a 120 en sólo un año?
También nos complace observar que estamos progresando en el ámbito del diálogo entre culturas. Así, tenemos en marcha el proyecto para crear una fundación euromediterránea para el diálogo cultural y, en el ámbito de la educación y la juventud, estamos avanzando con mayor resolución. Quiero dar las gracias a la Sra. Fraisse y a los miembros de la Comisión de Cultura por este informe que será muy útil en las actuales deliberaciones sobre el futuro del programa Cultura 2000.

Beazley (PPE-DE).
Señor Presidente, voy a hablar como ponente de la oposición en nombre de mi grupo. Queremos felicitar a la Sra. Fraisse por su informe, y apoyamos su adopción en términos generales. Hemos presentado dos enmiendas, y esperamos que la Cámara las acepte.
El informe constituye un análisis útil de medidas para promover el teatro y las artes del espectáculo en la UE, haciendo hincapié en la necesidad de movilidad. Previendo la ampliación de la UE, la frase explicativa de la ponente apunta a que los países candidatos no podrán apoyar programas culturales a través de los programas PHARE y TACIS. No obstante, la cooperación artística se ha intensificado a través del programa THEOREM, con el cual obtuvieron acceso al programa Cultura 2000 el año pasado, tal y como la Comisaria Reding nos acaba de recordar.
La Sra. Fraisse ha hecho hincapié en la necesidad de visión y coherencia en asuntos culturales en la UE y, en particular, en la UE ampliada. Estoy totalmente de acuerdo. Esto resulta oportuno una vez la Comisión ha anunciado su aprobación de que los diez países candidatos accedan a la UE, y tras el referéndum en Irlanda este fin de semana, que ha despejado un obstáculo potencial para la ampliación de la UE.
El carácter de la UE cambiará de manera dramática, en particular con el acceso de los países de Europa Central y Oriental. Estoy seguro de que la cultura puede desempeñar un papel enorme a este respecto. ¿Hasta qué punto el programa existente hace frente a los años de amnesia colectiva en Europa Occidental, excepto quizás en el caso de Alemania y Austria, donde siempre han existido vínculos familiares, pero sí en otros países donde la sombra del telón de acero aún perdura?
Teniendo en cuenta la petición de visión y coherencia de la Sra. Fraisse, ¿hemos hecho lo suficiente para que el público en la UE actual sea consciente de lo que significará completar la familia europea, en el campo de las artes del espectáculo y en otros ámbitos culturales? Cuando Stalin trazó su proyecto para Europa Central y Oriental, la respuesta de Winston Churchill fue: «el águila ha de dejar que el pájaro pequeño cante». Me pregunto si hoy pensamos que todas las instituciones de la UE han hecho lo suficiente para permitir que el pájaro pequeño cante.

Zorba (PSE).
Señor Presidente, yo también quiero aprovechar mi turno para felicitar a la ponente por haber dado un gran salto y haber unido su visión a las consideraciones políticas, un hecho que aquí resulta bastante raro.
Todos deseamos una recuperación de las artes, y de las artes del espectáculo en concreto, y creemos que la ampliación realmente nos permitirá entrar en una nueva era en Europa. Estoy segura de que todos y cada uno de nosotros, como la Comisaria, estamos orgullosos de contribuir a esta recuperación, cada cual a su modo, proporcionando varias herramientas políticas. Tengo que decir que el informe, que me he tomado la molestia de enviar a varias agencias teatrales de Grecia, ha despertado un vivo interés y todos estarán pendientes de la votación de mañana, y de quién vote en contra del mismo.
Creo que la intervención política para plantear un espacio para las artes del espectáculo es muy importante, y quiero hacer uno o dos comentarios. Comisaria, sé que no es responsabilidad suya, pero las estadísticas van con tanto retraso que están ocasionando confusión y enturbian las aguas. Necesitamos estas estadísticas y su apoyo aquí es muy importante. También es importante para la traducción de las obras dramáticas. No pueden aparecer primero en formato de libro y después como traducciones. Las obras dramáticas deben circular entre los artistas como traducciones si queremos que viajen. Y, finalmente, la situación en general está siempre cambiando. Tenemos una iniciativa canadiense sobre colaboración cultural internacional, tenemos el debate permanente en la Organización Mundial del Comercio, y deberemos esperar y ver cómo evolucionan estas situaciones.
De modo que tenemos que ceñir nuestra visión a unas ideas políticas que impliquen una política cultural que recupere las artes del espectáculo en vez de nacionalizarlas de nuevo, una política que ofrezca formas específicas de hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad en la cultura europea.

Sanders-ten Holte (ELDR).
Desde tiempos inmemoriales, las personas se han implicado en el teatro de una forma u otra, y cada nacionalidad ha desarrollado sus propias preferencias y formas de expresión. Por lo tanto, quisiera agradecer a la Sra. Fraisse su iniciativa de elaborar un mapa de la situación en relación con las artes del espectáculo en la UE y en los países candidatos. Dada la amplitud de este campo y las muchas variaciones que existen entre los diversos países, es un esfuerzo muy válido y satisfactorio. Sin embargo, quisiera hacer algunas observaciones.
En primer lugar, el teatro existe gracias a sus productores, directores y actores, y quisiera añadir a esta lista a los ciudadanos que acuden al teatro, porque sin público no hay teatro. Muchos teatros y formas de teatro tienen seguidores que se agrupan de una forma u otra como «amigos de...», y creo que también ellos merecen una mención cuando se saca el tema del apoyo a las artes del espectáculo. Ellos ofrecen incentivos, información, y despiertan el interés por el teatro del gran público. Lamentablemente, en el informe no se menciona este aspecto.
En segundo lugar, quisiera llamar expresamente su atención hacia el papel de las tecnologías de la información en el teatro moderno. Las producciones de teatro moderno incorporan cada vez más la tecnología moderna en sus obras. Esta tendencia merece nuestra atención y, ciertamente, debe incluirse en la nueva política de teatro, porque es una misión propia típicamente de Europa en el campo de la innovación.
En tercer lugar, mi grupo siente una gran reserva ante la petición de más ayuda financiera. Creemos que con Cultura 2000, los fondos estructurales y los programas Socrates y Leonardo se está prestando atención suficiente a este aspecto, y la Comisaria ya se ha extendido sobre este tema. Finalmente, el tema de las ayudas fiscales para la movilidad de quienes tienen un papel activo en la cultura es un tema tabú en mi grupo. Estamos de acuerdo en que la doble imposición es de por sí exagerada, pero la concesión de un tratamiento fiscal especial sería motivo suficiente para que nos abstuviéramos de apoyar el informe de la Sra. Fraisse en la votación final.

Echerer (Verts/ALE).
Señor Presidente, señora Zorba, Comisaria, más bien al contrario, el teatro no ha muerto. Se ha ido declarando muerto a intervalos regulares desde que nació. ¡Pero vive! Y merece nuestra protección en calidad de biotopo de toda sociedad democrática; el teatro vive no sólo gracias a las payasadas de sus exponentes, sino también gracias al interés del público y a la curiosidad de los niños, y gracias a las políticas nacionales. Todos sabemos que esta responsabilidad debe ser asumida por los Quince, que pronto serán veinticinco y más.
Al igual que el Sr. Beazley y otros que han hablado antes que yo, me pregunto si todos somos realmente conscientes de la enorme y delicada tarea política que tenemos entre manos.
El mundo de los negocios se ha adelantado al galope, pero los ciudadanos de la UE todavía nos estamos tambaleando detrás de la integración. Europa tiene que ayudar donde pueda. En primer lugar, permítame darle las gracias, Geneviève Fraisse, por su iniciativa, y por este maravilloso informe. Si, en el marco del mercado interior, promulgamos leyes relativas a la cultura, también debemos utilizar a fondo todos los instrumentos que tengamos a nuestra disposición al servicio de los diversos tipos de teatro - ya sean casas ricas en tradición, edificios expropiados para usos alternativos, calles entre Lisboa y Helsinki, Atenas y Londres - para proteger esta diversidad, ayudándole a crecer y a florecer en toda su plenitud. Para ello es necesario un esfuerzo compartido por todos nosotros.
En primer lugar quiero apelar a los Estados miembros. Tenemos que eliminar la discriminación fiscal como parte de la política de movilidad europea y como contribución esencial a la integración. Tenemos que explotar al máximo todas las opciones que nos ofrece el marco de la sexta directiva sobre el IVA y convencer a los medios de comunicación, porque ellos - sobre todo las cadenas públicas - son nuestros socios.
Gracias, Comisaria, por sus observaciones. Utilice este informe como mandato y como apoyo. No deje que se llene de polvo en un cajón; es demasiado valioso para que se lo coman las polillas.
No taparemos ningún agujero del Presupuesto aunque reduzcamos gastos en arte y cultura; seguiremos siendo los más pobres.

de Gaulle (NI).
Señor Presidente, no voy a hablarle de los que trabajan en el sector del espectáculo con contratos a corto plazo, cuya cifra en Francia se ha doblado en los últimos cinco años y ha llegado a la increíble cifra de 90 000, y a quienes la ponente está intentando federar. Quiero hablarle en cambio del pluralismo de la televisión francesa, concretamente en lo que se refiere a las denominadas redes de servicio público.
Debemos hacer todo lo posible para que estos canales de televisión, que reciben cada año más de 2 mil millones de euros en subvenciones del gobierno francés, respeten al menos los principios que constituyen la esencia de su obligación como servicio público, en otras palabras, los principios de la democracia y el respeto de todas las opiniones políticas. Estoy hablando de los denominados periodistas y productores con grandes presupuestos que se comportan como si fueran los peores paladines de la desinformación políticamente correcta.
En este sentido, la desafortunada conducta de Antenne 2 y FR3 entre las dos rondas de las elecciones presidenciales francesas fue inaceptable y una burla de las normas más básicas del código ético y profesional del periodismo. Sería un gran punto a favor del gobierno actual imponer las sanciones necesarias contra los dos o tres presentadores culpables de esta mala conducta profesional.
Finalmente, para evitar confusiones entre periodismo y propaganda en el futuro, todos los canales estatales y privados deberían organizar un debate con los puntos de vista políticos más representativos...
(El Presidente interrumpe al orador)

El Presidente.
- Ya no le queda tiempo.

Pack (PPE-DE).
Señor Presidente, supongo que el Sr. de Gaulle no se ha dado cuenta de que el debate de hoy es sobre el teatro y no sobre la televisión o los periodistas. Yo prefiero hablar sobre el asunto del orden del día. Quisiera felicitar a la Sra. Fraisse y decir algo sobre un par de puntos que todavía no se han mencionado. En primer lugar, me complace que un representante de este Parlamento haya vuelto a sacar este tema después de un intervalo de diez años, en el transcurso del cual no ha perdido en absoluto ni un ápice de su actualidad. Fue precisamente en 1992 cuando yo presenté un informe sobre la situación de los artistas, y sólo puedo decir que todavía hoy estoy esperando los resultados prácticos que la Comisión podría haber aportado en estos diez años.
Aunque creo que los temas que se han tratado hoy son muy variados, quisiera limitarme a dos cosas, y la primera es la forma en la que se financia el sector cultural tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Es objeto de discursos políticos, pero no da lugar a ninguna acción política, y por este motivo creo que todavía hay algo que no funciona en este aspecto. Quisiera observar que existen dos cosas que necesitan mejora. Una es el programa Cultura 2002, que la Sra. Reding ha mencionado ya, y que necesita que se le asigne más dinero; si de repente el Consejo de Ministros otorga tanta importancia a la cultura, debería proporcionarle fondos. Además, también deberíamos tener en cuenta que son las artes del espectáculo las que son populares con unos espectadores y unos oyentes bastante específicos. Hasta el momento, son proyectos a pequeña escala, que no gustan a la Comisión pero que nosotros queremos ¡porque al público sí le gustan!
En segundo lugar, el sector privado debe implicarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora. El mecenazgo y la esponsorización son importantes. No hay recursos disponibles en el Presupuesto, de modo que tenemos que buscar otras formas para que la gente con mucho dinero se lo gaste en la forma adecuada. Por esto deberíamos hacer más en este campo. Lamento que en mi propio país los acuerdos de coalición hayan comportado que sea precisamente esto lo que se suprima.
En tercer lugar, los artistas se enfrentan con una gran cantidad de obstáculos técnicos en términos del material con el que tienen que trabajar, y aquí en concreto la Comisión podría hacer realmente algo, por ejemplo, para los circos y los pequeños teatros itinerantes. Por favor hagan algo en esta área; ¡sería de gran ayuda para los actores!

Graça Moura (PPE-DE).
Señor Presidente, Comisaria, Señorías, el informe de la Sra. Fraisse contiene muchos puntos positivos, que requieren respuestas a nivel comunitario si queremos seguir esperando que las políticas de la Comisión produzcan un sello genuinamente europeo para estos proyectos.
En el punto F se indica con razón que la vitalidad del teatro y de las artes del espectáculo no debería depender principalmente de las subvenciones públicas. De hecho, es de extrema importancia fomentar la diversificación de los fondos y reforzar las políticas de esponsorización con la correspondiente desgravación fiscal que probablemente atraería a los patrocinadores. Pero también es importante que las artes del espectáculo desarrollen una dimensión comercial satisfactoria. Vivimos en una economía de mercado y ni el Estado ni la Unión Europea deberían actuar como nodriza o niñera de la creación cultural. No existe justificación alguna para que las artes del espectáculo como norma dependan directamente de un sistema de subsidios públicos para las producciones. Es más importante que la creación cultural corra los riesgos inherentes a la misma y que los recursos públicos faciliten la promoción internacional, la distribución, una mayor accesibilidad al contenido a través de la traducción y subtitulación, y una coproducción adecuada, siguiendo el espíritu del programa Cultura 2000.
Sin embargo, existen todas las razones del mundo para que se promueva de forma razonable desde la escuela la formación artística a partir de la infancia, así como el contacto con la creación cultural en todas sus facetas - y por lo tanto con las artes del espectáculo y sus actores -, y se realice una aportación decisiva para encontrar nuevos públicos, lo que comportaría un aumento de la demanda del consumo cultural que probablemente podría mantener, al menos en parte, la correspondiente oferta. Lo que no tiene sentido es reducir la oferta y financiarla si no hay un aumento significativo de público, del que todavía carece. Esperamos que el informe Fraisse implique también un paso en esta dirección.

El Presidente.
Ha sido un malentendido. Creí que estaba pidiendo la palabra cuando de hecho sólo estaba aplaudiendo a la ponente.

El Presidente.
- El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el martes a las 11.30 horas.
(Se levanta la sesión a las 21.50 horas)

Gemelli (PPE-DE)
Me parece que el informe del Sr. Duff está en lo cierto al centrarse en la importancia de la Carta de los Derechos Fundamentales y su futuro estatus según el que debe incluirse en el Tratado Constitucional que la próxima CIG redactará a finales del año 2003. Tiene que ser una de las bases para la conversión de la estructura de pilares de la Unión en una estructura de Comunidad.
Como Presidente de la Comisión de Peticiones, he notado el aumento de las peticiones de los ciudadanos de una protección de sus derechos lo cual demuestra que su relación con las instituciones europeas, en especial con el Parlamento, está mejorando de forma constante. Apoyo la creación de un Defensor del Pueblo europeo para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, de la orden de detención europea y del reconocimiento mutuo de juicios y del trabajo de la Europol, instituciones que necesitan una mayor coordinación y organización y una división de competencias horizontal y vertical más específica.
Después de los elementos del Derecho comunitario relacionados con el Derecho penal, me parece que es importante ocuparse de elementos del Derecho civil y, en concreto, de la relación entre los ciudadanos y los sistemas jurídicos de los Estados miembros, algunos de los cuales necesitan volver a organizarse, tales como los sistemas de justicia civil y administrativos de mi país. Sin necesidad de tener que modificar la distribución de competencias entre la Unión y los Estados miembros, la Unión necesita desempeñar una función positiva que permita a los ciudadanos beneficiarse por completo del derecho a la justicia. Además, la Unión debe reflexionar sobre el asunto de la relación entre los ciudadanos y el Tribunal de Primera Instancia con el fin de conseguir que la justicia europea sea algo tangible para los ciudadanos.
