Conclusión del mercado interior
El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede a las declaraciones del Consejo y la Comisión sobre la conclusión del mercado interior.
Sugiero que comencemos por la declaración de la Comisión. Tiene la palabra el Sr. Bolkestein.

Bolkestein
Señor Presidente, a veces es fácil olvidar lo que se ha logrado desde 1992. Muchos de nosotros sin duda recordamos cómo los camiones eran detenidos en nuestras fronteras interiores, cómo se inspeccionaban sus cargas y se sellaban los documentos. Las posibilidades de conseguir un contrato público en otro Estado miembro eran en aquel entonces tantas como la de ganar la lotería nacional. Establecer una red europea bancaria o de seguros era virtualmente imposible debido a los diferentes requisitos reglamentarios.
El coste de una llamada telefónica era extraordinariamente elevado, y la calidad del servicio era a menudo deficiente. Las tarifas bancarias transfronterizas eran astronómicas. Los consumidores eran tratados injustamente. Nuestros ciudadanos se veían continuamente frustrados en sus esfuerzos por obtener permisos de residencia para vivir en otro Estado miembro o lograr que se reconocieran sus cualificaciones profesionales, por ejemplo como médicos.
Una mayor competencia y las mejoras de la productividad han ayudado a crear muchos nuevos empleos que no se habrían creado sin el mercado interior. Dentro de poco, la Comisión publicará cifras sobre el aumento del empleo y los efectos en el crecimiento de los diez años de mercado interior. Estos aumentos se han logrado pese al importante abismo que aún existe entre los marcos legales.
Cuando miramos al futuro, nos enfrentamos a una elección. La elección entre un mercado interior aún más dinámico, que seguirá siendo un motor de creación de más empleos y de prosperidad en los Estados miembros tanto antiguos como nuevos, o un mercado interior que utiliza tan sólo uno o dos de sus cilindros, y que estará cada vez más expuesto a elementos corrosivos. Si elegimos la última opción, podemos abandonar directamente nuestros objetivos de Lisboa.
Hace una década, había mucha energía detrás del programa del mercado interior. Hoy en día, parece que no hay tantas ganas de tomar decisiones políticas difíciles. Incluso durante los dos últimos años, cuando las cosas iban bien, hemos acumulado un gran desfase.
La patente comunitaria, COMPAT, es quizás el mejor ejemplo. ¿Cómo puede el Consejo decir seriamente que quiere que Europa se convierta en la economía más competitiva del mundo si no está dispuesto a adoptar esta medida crucial para la innovación y el crecimiento? La semana que viene, el Consejo de Competitividad intentará otra vez resolver los problemas de COMPAT, pero se me está acabando la paciencia.
Hemos de crear un mercado interior digno de este nombre, también en los servicios. El sector de los servicios constituye el 70% de todas nuestras economías y por desgracia sigue lleno de barreras. No se hagan ilusiones, una vez que abordemos estas barreras, los intereses creados se mostrarán de nuevo y pedirán a los diputados al Parlamento y a los Ministros que defiendan el status quo. Necesitaremos el máximo apoyo del Parlamento para superar esa resistencia al cambio.
También se ha introducido cierta erosión en nuestro marco para la libre circulación de mercancías. El reconocimiento mutuo, una de las bases del mercado interior, no funciona tan bien como debería. El marcado nacional sirve a menudo de barrera oculta al comercio. En algunos sectores industriales importantes no hay suficientes normas europeas. Esta debilidad de los cimientos del mercado interior será aún más evidente después de la ampliación.
Tenemos que integrar un mercado de capitales capaz de canalizar los ahorros de hoy en inversiones de mañana. Hemos de reforzar la gestión empresarial, teniendo en cuenta las ideas expresadas en el reciente Informe Winter del grupo de expertos de alto nivel en derechos de sociedades presidido por el profesor Jaap Winter. Hemos de ofrecer a nuestras empresas la flexibilidad para organizarse a escala continental, incluso a través de ofertas de compra. Hemos de eliminar los obstáculos fiscales, que incrementan innecesariamente el coste de las empresas. Hemos de abrir más las industrias de red. Hemos de ocuparnos de la bomba de relojería de las pensiones. Necesitamos unas reglas mejores y más simples.
Las reglas han de transponerse a tiempo y correctamente. Hablamos de la biotecnología como uno de los sectores de crecimiento de futuro de Europa. Pero sólo seis de los quince Estados miembros han transpuesto hasta ahora la Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas. Esta transposición tenía que haberse realizado hace 18 meses, pero nueve Estados miembros se han salido de la fila y están rezagados en este ámbito. En conjunto, el déficit de transposición de las Directivas del mercado interior vuelve a alejarse del objetivo del 1,5% fijado por el Consejo Europeo.
Nosotros hemos cumplido. Sé que nada de esto es fácil. Seguramente, tomar decisiones será aún más difícil en una Unión Europea ampliada. Existe un riesgo real de que el desfase aumente más si no empezamos a actuar estratégicamente anteponiendo los intereses a largo plazo de la Unión Europea a los estrechos intereses sectoriales que se oponen al cambio.
Contamos con el fuerte apoyo de nuestros ciudadanos y empresas. La semana que viene, la Comisión publicará los resultados de un importante estudio sobre los diez años del mercado interior. Puedo decirles que el estudio demuestra que el 77% de nuestros ciudadanos y el 84% de nuestras empresas creen que el mercado interior ha sido una fuerza muy positiva en sus vidas. Quieren que el mercado interior les sirva incluso mejor en el futuro.
En el Parlamento, la Comisión espera con impaciencia el próximo informe sobre la estrategia del mercado interior, del cual es ponente el Sr. Harbour. Espero que el informe sea ambicioso e impactante. La reciente creación del Consejo de Competitividad también representa una grata oportunidad para hacer progresos.
Diez años después de la eliminación de nuestras fronteras interiores, un año con el euro, y en vísperas de la ampliación, ahora ha llegado el momento de dar un nuevo impulso para mejorar el mercado interior. Cuento con el apoyo del Consejo y del Parlamento para impulsar una ambiciosa estrategia de mercado interior a medio plazo, que la Comisión tiene previsto presentar el próximo mes de abril. Si actuamos con decisión, aún queda por venir lo mejor.

Bendtsen
Señor Presidente, señor Comisario, es un placer tener la oportunidad de debatir con el Parlamento Europeo la situación con respecto al mercado interior y el impulso que lo mueve. Perdonen que me haya retrasado un poco.
La UE se enfrenta en estos momentos a grandes retos. Tenemos que gestionar la próxima ampliación a diez nuevos Estados miembros y, al mismo tiempo, todavía tenemos que llevar a cabo una serie de reformas a fin de que la UE pueda desempeñarse como un actor global sólido. 
En mi calidad de Presidente en funciones del Consejo, he querido comentar hoy con ustedes la situación en cuanto a la conclusión del mercado interior porque me parece crucial que contemos con un auténtico mercado interior, que incluya a todos los nuevos países, y al mismo tiempo también con una economía capaz de competir a escala exterior, conforme al espíritu de la ambiciosa visión de Lisboa. El Parlamento Europeo es ahora un importante colegislador en los asuntos relativos al desarrollo del mercado interior. Por lo tanto, en mi calidad de Presidente del Consejo de Competitividad, creo que se trata de un tema que es lógico y particularmente necesario debatir con el Parlamento en la actualidad.
Han transcurrido quince años desde que se incluyo por primera vez en la agenda la idea de un mercado interior. Hace casi diez años que se puso en marcha. El mercado interior es uno de los objetivos más ambicioso que se ha marcado la UE en toda su historia. En los sectores en los que hemos alcanzado nuestras metas, los beneficios para los consumidores y empresas europeos han sido enormes. El mercado interior ha aportado más y mejores productos a unos precios más bajos, libertad de movimientos a través de las fronteras y, sobre todo, un aumento de la competencia. No obstante, al mismo tiempo observamos que, lamentablemente, todavía quedan muchos temas difíciles que será necesario resolver antes de poder completar el mercado interior.
La Presidencia danesa decidió otorgar la máxima prioridad a este ámbito. En primer lugar, porque un mercado interior plenamente operativo es un elemento clave para la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en la UE. En segundo lugar, porque el desarrollo de tecnologías y mercados requiere que se supriman las barreras al comercio transfronterizo que aún subsisten. En tercer lugar, porque la creciente globalización económica requiere que agilicemos las reformas estructurales. El buen funcionamiento de los mercados de productos y de capitales es de fundamental importancia.
El mercado interior debe ser capaz de ofrecer lo que nuestros ciudadanos esperan de él: una amplia selección de productos y servicios de alta calidad, seguros y a unos precios razonables, y también libertad de movimientos a través de las fronteras interiores, sin trabas burocráticas innecesarias.
La próxima ampliación es vital. Los países candidatos están haciendo un gran esfuerzo para estar preparados para la adhesión. Yo tengo la plena confianza de que harán todo lo posible para asumir la legislación que hemos adoptado a lo largo de muchos años y tenemos la responsabilidad de ayudarles en todo lo que podamos, incluso después de su adhesión.
Un nuevo mercado interior ampliado ofrece un gran potencial, tanto para los ciudadanos como para las empresas; un mercado interior con cien millones más de consumidores en unas economías que están creciendo rápidamente, lo cual se traducirá en un crecimiento económico acelerado y más empleo en los Estados miembros actuales y también en los futuros. Un estudio de la Comisión de 2001 indica que la ampliación determinará un incremento de un 1,3-2,1% anual en el PIB de los países candidatos. Para los miembros actuales, el incremento global del PIB será del 0,7%. El potencial de crecimiento de la próxima ampliación dependerá de que seamos capaces de aprobar las reformas estructurales aún pendientes.
Uno de los grandes retos que debemos afrontar es la conclusión del mercado interior en los sectores en los que todavía no funciona de la manera deseada.
El sector de los servicios es vital para el crecimiento europeo: dos de cada tres puestos de trabajo corresponden a este sector, y las empresas privadas y públicas de servicios representan el 70% del PIB de la UE. El informe de la Comisión sobre las barreras del mercado interior de servicios indica que existen muchas, de carácter legislativo y no legislativo. Tenemos que resolver esta cuestión. En cuanto la Comisión presente sus propuestas, el Consejo y el Parlamento deben considerar cómo se pueden suprimir lo más pronto posible las barreras que aún subsisten.
El mercado interior de servicios financieros también es sumamente importante. Frente al carácter global de los mercados financieros, la regulación se debe aplicar a escala de la UE. El llamado «Grupo Gyllenhammer» ha analizado, entre otros, las ventajas económicas de la aplicación del Plan de Acción para los Servicios Financieros. El análisis sugiere que la integración financiera generará un incremento anual del crecimiento de hasta un 0,5% del PIB. Puedo señalar con satisfacción que hasta el momento se han adoptado treinta propuestas, incluidas cuatro de las ocho citadas en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona.
También es esencial la libre circulación de las personas y las empresas. Una mayor movilidad es crucial para mantener una buena tasa de crecimiento y evitar al mismo tiempo «cuellos de botella» en algunas partes de la Unión Europea. Se han introducido, entre otras, muchas modificaciones en el Derecho de sociedades, pero asuntos como el escándalo de Enron han puesto de manifiesto la necesidad de una mayor armonización.
El paquete relativo al mercado interior de la electricidad y el gas también es un elemento importante para la conclusión del mercado interior. La Presidencia concede una gran importancia a asegurar que se mantenga el impulso en este aspecto. La intención es poder alcanzar un consenso político sobre todo el paquete relativo al mercado interior de la electricidad y el gas en el Consejo de Energía del 25 de noviembre.
Una política dinámica en materia de consumo en una UE ampliada debe tomar en consideración la evolución de los mercados y el nivel real de protección del consumidor necesario. En este contexto, es fundamental disponer de unas normas comunes sobre la comercialización de bienes y servicios en la UE. El Libro Verde constituye una buena base para continuar trabajando en este aspecto.
Finalmente, es más importante que nunca que simplifiquemos y mejoremos nuestras normas, a fin de facilitarles la vida a los ciudadanos y a las empresas en la UE. En sus reuniones de mayo y septiembre, el Consejo alcanzó un acuerdo sobre la modificación de las directivas relativas a los contratos públicos y la Presidencia está trabajando ahora con el fin de poder comunicar lo más pronto posible una posición común al Parlamento.
Debemos colaborar para asegurar la simplificación y mejora de la normativa de la Unión mediante la aplicación efectiva del plan de acción de la Comisión. Estudios realizados por la Comisión indican que una legislación más adecuada podría suponer un ahorro de unos 50 000 millones de euros anuales para las empresas, lo que equivale a un 4% del PIB.
La Presidencia concede una alta prioridad a esta cuestión. En las conclusiones de la reunión del Consejo del 30 de septiembre, las prioridades incluían los trabajos para simplificar la normativa de la Unión, así como la evaluación del impacto y la elaboración de métodos de seguimiento de la ejecución del plan de acción. Nuestro objetivo es que el acuerdo interinstitucional se adopte antes de fin de año. Esto depende, evidentemente, del desarrollo de las negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos con el Parlamento Europeo y la Comisión. Es imposible satisfacer todos los deseos si queremos que el acuerdo se cierre antes de finales de 2002.
El Consejo de Competitividad, junto con el Parlamento Europeo y la Comisión, tiene la responsabilidad de asegurar que se dé un impulso a los trabajos destinados a fomentar el crecimiento y la competitividad de la UE.
Debemos recordar que para responder a estos retos es necesario que mantengamos una estrecha colaboración. Conseguir unas empresas competitivas y asegurar un crecimiento económico sostenido son tareas que requieren un esfuerzo concertado. A todos interesa que nuestra colaboración sea lo más eficaz posible, de manera que nos permita avanzar rápidamente en aquellos ámbitos de la normativa en los que, en nuestra calidad de legisladores, tenemos competencias y una responsabilidad comunes.

Harbour (PPE-DE).
Señor Presidente, me complace oír las declaraciones del Comisario y del Presidente del Consejo, tanto en nombre de mi Grupo como en mi calidad de ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior sobre la estrategia de mercado interior. Estas declaraciones son muy importantes y muy oportunas. Desde mi propio punto de vista como diputado conservador británico, que ingresó en este Parlamento hace tres años y desde entonces se ha dedicado constantemente a actividades relacionadas con el mercado interior, es la primera vez que hemos tenido una declaración de este tipo. Para mí representa en cierto modo un hito, y espero que también para el Parlamento. Hemos de garantizar que no haya un intervalo tan largo entre este tipo de compromisos y los debates sobre una estrategia futura. También espero que en el décimo aniversario del programa de 1992, mis colegas me permitan recordar que fue un comisario británico, Lord Cockfield, quien fue responsable de que se aceptara ese programa con el estímulo activo de la Primera Ministra del gobierno conservador británico, Margaret Thatcher.
Este décimo aniversario nos brinda una importante oportunidad de lanzar una nueva iniciativa para agilizar más la consolidación del mercado interior, cambiando a una marcha superior. Ello sólo puede lograrse uniendo a todas las instituciones, empresas y organizaciones de consumidores europeas en una coalición mucho más potente.
En cierto sentido hemos dado el mercado interior demasiado por sentado. Como han dicho esta mañana tanto el Comisario como el Ministro, éste no es en absoluto el caso. Quiero decirle al Comisario Bolkestein que, como ponente de la comisión, mi proyecto de informe será sin duda incisivo y ambicioso. Espero que mis colegas me apoyen, y creo que lo harán porque la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior ha sido una firme partidaria de la política de mercado interior. Hemos mantenido vivos debates, pero el rumbo general apuntará al tipo de programas que la Comisión desea estimular. Sin duda estamos preparados para aceptar el desafío de crear el mercado interior de servicios. Será difícil y se necesitará mucho apoyo político que, Comisario Bolkestein, le daremos.
En cuanto al Consejo, quisiera elogiar mucho al Sr. Bendtsen por su liderazgo en esta cuestión y al lanzamiento del Consejo de Competitividad. No tiene por qué esperar a que la Comisión tome iniciativas para llevarlo adelante. Examinando este informe sobre las barreras a los servicios en el mercado interior -que, Señorías, les insto a leer-, queda claro que ahora los Estados miembros podrían seguir con la tarea de liberalizar el establecimiento de negocios, eliminar la burocracia que entorpece la creación de pequeñas empresas y estimular a las empresas de servicios para que se establezcan en otros países. Aquellos de ustedes que formen parte del Consejo de Competitividad podrían tomar esta iniciativa en la próxima reunión. No es necesario esperar a la Comisión. Este es el tipo de enfoque positivo que queremos que adopten los Estados miembros, para eliminar el tipo de déficits de transposición que el Sr. Bolkestein ha señalado antes. Así pues, ruego al Consejo que tome la iniciativa.
Para terminar, hace unos meses el Sr. Bolkestein publicó un artículo acerca del trabajo del Parlamento sobre las Directivas en materia de promoción de ventas, titulado: «El Parlamento acude a rescatar al mercado interior». No estamos aquí sólo para rescatarlo, estamos aquí para impulsarlo y esto es lo que tenemos intención de hacer en los próximos 12 meses y después.
Berger (PSE).
Señor Presidente, agradezco mucho las declaraciones de hoy, tanto del Presidente en funciones del Consejo como del señor Comisario, que nos recuerdan que se celebra el décimo aniversario del mercado interior. Es una fecha especial para mí, ya que el proyecto del mercado interior de la Unión Europea fue lo que impulsó, en última instancia, el debate en Austria, Suecia y Finlandia sobre la conveniencia de nuestra adhesión a la Unión, y es una satisfacción para mí que diésemos ese paso y poder participar ahora en este acontecimiento, que es en parte una revisión.
Creo que los riesgos inminentes y los proyectos históricos de la Unión Europea - la próxima gran ampliación y la reforma fundamental de la UE en el marco de la Convención - hacen justamente necesario examinar si se han alcanzado los objetivos anteriores. También es justo que estemos orgullosos de lo que hemos conseguido y lo recordemos repetidamente. El mercado interior ya se da demasiado por sentado; por esto aún saltan más dolorosamente a la vista las insuficiencias derivadas de la transposición inadecuada de las directivas en los Estados miembros o su retraso. Mi propio país lleva, lamentablemente, un retraso significativo en este aspecto.
Estas deficiencias y obstáculos tienen, sin embargo, su origen en que hasta ahora no hemos adoptado con suficiente acierto las medidas de armonización y coordinación necesarias a escala europea. Señor Comisario, usted ha expuesto algunos ejemplos muy pertinentes de insuficiencias y obstáculos que aún subsisten, sobre todo en los ámbitos de la prestación de servicios y de la circulación de mercancías. Creo que, en este contexto, también se debería resaltar muy especialmente el ámbito de la libre circulación de trabajadores, en el que aún persisten obstáculos para la realización del mercado interior que afectan a los elementos verdaderamente móviles de la población.
Otro aspecto que es necesario abordar es la situación de los nacionales de terceros países, tanto en su calidad de trabajadores como en lo que respecta a la prestación de servicios transfronterizos. Creo que, aunque estemos revisando los objetivos del mercado interior y tengamos la voluntad de hacer todo lo posible para alcanzarlos al fin, también debemos recordar que nuestra finalidad ha de ser garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y del medio ambiente. No nos concentremos sólo en la diversidad de los bienes y servicios disponibles, y pensemos también en su calidad.
Para acabar, quisiera pedir a cuantos están trabajando con vistas a la conclusión del mercado interior que contribuyan a evitar que el debate sobre el futuro de la Unión Europea, sus competencias y los principios que rigen su ejercicio ponga en peligro el fundamento jurídico del mercado interior. En la Convención se observan algunas tendencias en este sentido, sobre todo en lo que respecta al principio de subsidiariedad.

Wallis (ELDR).
Señor Presidente, quisiera dar las gracias al Comisario por este llamamiento a despertar el mercado interior, al que hay que felicitar por su décimo aniversario. A veces olvidamos que el mercado interior sigue siendo un proceso y representa muchos asuntos inacabados, y ha hecho usted bien al recordárnoslo, señor Comisario. Si examinamos la agenda de nuestra comisión veremos que la mayor parte del trabajo se basa en el buen funcionamiento del mercado interior. Por desgracia, tal como nos ha recordado usted, con cuestiones como la patente comunitaria, esas grandes decisiones siguen quedando en suspenso, a veces, todo hay que decirlo, en el Consejo.
Es extraño, porque el mercado interior ha sido todo un éxito para Europa, una visión que conseguimos vender con tanta eficacia a nuestros ciudadanos en el periodo previo a 1992. Quizás se esté apartando un poco de su rumbo y quizás haya llegado el momento de implicar de nuevo a nuestros ciudadanos, y especialmente a la pequeña y mediana empresa, en lo que estamos haciendo. ¿Qué beneficio les reporta? ¿Cómo funciona el mercado para ellos?
De nuevo es una paradoja: con el euro y el comercio electrónico, el mercado interior debería despegar realmente. Aunque ha mencionado usted un estudio que demostraba un fuerte apoyo al mercado interior, realmente no creo que podamos darlo por sentado.
Yo y mis colegas en esta comisión estuvimos encantados de formar parte, hace unos meses, de un foro sobre el mercado interior que se organizó en este parlamento. Deberíamos tomar más iniciativas como esta para tratar de nuevo con nuestros ciudadanos y empresas sobre la utilidad del mercado.
Si lo conseguimos, y si los ciudadanos y las empresas se comprometen, el nivel de aplicación y entusiasmo en los Estados miembros será mucho mayor y mucho más completo. Quisiera hacerme eco de las preocupaciones de Maria Berger sobre la Convención Europea. El mercado interior ha de encontrar un lugar clave en esos debates, o nos arriesgamos a perder lo que hemos creado y convertido en un éxito.

MacCormick (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero sobre todo apoyar lo que han dicho el Sr. Harbour, el Comisario Bolkestein y otros acerca de la necesidad de desarrollar y mejorar el mercado único, especialmente en el contexto de los servicios y las patentes y otras cuestiones que se han debatido.
Sin embargo, no hemos de olvidar que la confianza de nuestros conciudadanos en este proceso también depende de una observancia adecuada de lo que podríamos llamar condiciones fronterizas. Por ejemplo, el mercado único podría aplicarse sin duda de un modo que ignorara los imperativos colaterales de carácter medioambiental. Esto no sucede, pero es vital que se mantenga esta situación. Lo mismo puede decirse de ciertas condiciones y limitaciones sociales.
En relación con los servicios, existe nerviosismo entre nuestros ciudadanos acerca de los servicios públicos y los servicios de interés general. ¿En qué medida están plenamente expuestos a las condiciones del mercado único, y en qué medida se mantienen debidamente aparte?
Hoy he estado examinando el documento de la Comisión COM(2002) 208 y reflexionando sobre lo que significa eso de los servicios de interés general. Y encuentro la siguiente definición, en el apartado 3.1.5: «los servicios de interés general se definen en la Comunicación de la Comisión sobre «servicios de interés general en Europa» como aquellos que las autoridades públicas clasifican como de interés general y sujetos a obligaciones específicas de servicio público». No creo haber encontrado nunca un ejemplo mejor de tautología en un documento público. Un servicio es un servicio de interés general si las autoridades públicas dicen que es de interés general, y así es como lo definen.
Ahora bien, lo que esto sugiere es una cierta confusión conceptual. Intuimos que aquí hay un ámbito que está sujeto a diferentes condiciones y limitaciones de ese aspecto del mercado de servicios que reside plenamente en el sector privado. Si no lo resolvemos, perderemos definitivamente la confianza de nuestros ciudadanos. Tengo una gran saca de correos dedicada a los miedos que expresa ahora la gente acerca del modo en que discurrirá el acuerdo general sobre comercio y servicios y el efecto que tendrá en los servicios públicos en Europa.
Además de ser claros acerca de la necesidad de ampliar y mejorar el mercado único, y de cuáles son las condiciones restrictivas, intentemos salir de la esfera de la tautología y entrar en el pensamiento claro.

Rovsing (PPE-DE).
Gracias, señor Presidente. Voy a limitar mi intervención a la patente europea. Esto enlaza con lo que han expresado el Comisario Bolkestein y la mayoría de oradores, aunque el Presidente en funciones del Consejo no lo haya mencionado en su intervención.
Tenemos que dar un firme toque de atención al Consejo e instarle a que ejecute la patente europea lo más pronto posible. El problema con que se encuentra, según hemos entendido, es el del régimen lingüístico, pero esto no debería ser un obstáculo para el desarrollo de una economía competitiva, tal como ha destacado el Presidente en funciones en su intervención. Cuando obtenemos una patente en la UE, habitualmente también la obtenemos en los Estados Unidos, es decir, que tenemos que traducirla al inglés; por lo tanto, ¿por qué no decidimos de una vez para siempre que una patente obtenida en la UE sólo se deberá expedir en inglés? Sería más sencillo y supondría un gran ahorro, además de adecuarse al proceder habitual de los inventores. Éstos se dicen: tengo una idea innovadora que puedo vender en todo el mundo y, por consiguiente, voy a tener que traducirla al inglés. Todos los inventores hablan inglés y yo quisiera abogar, por lo tanto, firmemente a favor de una patente en una lengua y sólo una: el inglés. Esto mejoraría la competitividad y tendría en cuenta los costes en los que se incurre en cualquier caso. Yo creo que el Consejo debería hacer un esfuerzo y sacar adelante esta propuesta.

Gasòliba i Böhm (ELDR).
Señor Presidente, quiero expresar el apoyo al análisis hecho por el Comisario Bolkestein, en este décimo aniversario de la realización del mercado interior europeo, que tuvo su origen en el Acta Única europea, primera modificación de los Tratados, precisamente con el convencimiento de la necesidad de crear un espacio económico adecuado a la potencia económica y a las posibilidades de las empresas europeas para desarrollarse.
Desgraciadamente, hay una serie de aspectos pendientes que se acaban de comentar -la falta de acuerdo sobre la patente europea, las ofertas públicas de compra, los obstáculos fiscales, los servicios financieros- que deberían impulsar al Consejo a cumplir sus compromisos y hacer realmente efectivos todos los acuerdos y todos los compromisos iniciados en el proceso de Lisboa para que no tengamos que esperar diez años más a que todo el mercado interior europeo sea una realidad.

Karas (PPE-DE).
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el mercado interior probablemente acaba de recibir hoy su mejor regalo de aniversario en forma de las palabras del señor Comisario cuando ha dicho que, a pesar de sus logros, se le está acabando la paciencia. Le agradezco su impaciencia, con la esperanza de que, por el bien del mercado interior, cuantos en él operan y sobre todo los que dificultan sus progresos comiencen a comprender poco a poco cuán grande es esa impaciencia.
Europa debe llegar a ser un continente y la Unión Europea, una unión política. Por lo tanto, nosotros decimos «sí» sin reservas a un mercado interior en pleno desarrollo y capaz de manifestar plenamente su dinamismo en beneficio de Europa. Sólo nos queda un año para aplicar la Estrategia para el mercado interior para el período 1999-2004, un año durante el cual necesitaremos una mayor determinación en lugar de desgana, mayor rapidez en lugar de vacilación y mayor responsabilidad global en lugar de un provincianismo.
La importancia del mercado interior, que quedó patente después del 11 de septiembre, es innegable. Cuanto más fuerte sea el mercado interior, más fuerte será la posición de Europa en el mundo y más independientes seremos. Por esto, me alegra mucho que ahora hablemos de la ampliación, pues ésta ampliará nuestro mercado interior y, como resultado, fortalecerá a Europa. El euro ha transformado el mercado interior en un mercado interno para muchos países y con ello lo ha fortalecido en su conjunto; por esto también quiero expresar mi satisfacción por la inclusión de la cláusula de salvaguardia relativa al mercado interior en los tratados de adhesión.
Es preciso que las directivas se transpongan con mayor rapidez. Necesitamos que se acelere el proceso de adopción de decisiones y que no tarde 28 meses como ocurrió con los planes de pensiones de empresa. Necesitamos un debate con vistas a la revisión de la legislación en materia de competencia a la luz de la estrategia para el mercado interior y de la estrategia de Lisboa, y con objeto de que sirva de base para los trabajos de la Convención. Por esto, pensando también en impaciencia, desearía que hiciese un mayor uso de su derecho de iniciativa y nombrase a quienes obstaculizan los progresos en vez de silenciar sus nombres.

De Clercq (ELDR).
Señor Presidente, el Estatuto de la sociedad anónima europea constituye, obviamente, un paso importante para la conclusión del mercado interior. Voy a dedicar a este tema el minuto de que dispongo. Finalmente, tras veinte años de debates, tenemos un acuerdo, en forma de un reglamento que debe entrar en vigor en 2004. El Parlamento le ha dado su pleno apoyo e incluso ha renunciado a su poder de codecisión para ganar tiempo. Ahora nuestras empresas europeas parecen demostrar escaso entusiasmo por la sociedad anónima europea. Según algunos informes, las empresas interesadas en transformarse en sociedades anónimas europeas son pocas, si las hay. Los motivos parecen ser que el proceso requeriría mucho tiempo, sin ninguna ventaja inmediata y, sobre todo, sin un régimen fiscal uniforme. ¿Son conscientes el Consejo y la Comisión de esta falta de interés y del riesgo de que la creación de una sociedad anónima europea se convierta en un ejercicio inútil? ¿Se ha elaborado alguna estrategia para animar a nuestras empresas a transformarse en sociedades anónimas europeas?

Zappalà (PPE-DE).
Señor Presidente, en su declaración introductoria, el Comisario Bolkestein se ha referido a dos directivas muy importantes para la realización del mercado interior: la Directiva sobre contratos públicos y la Directiva sobre reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales. Yo soy el ponente para dichas directivas. Ambas se refieren a asuntos de considerable importancia directa o indirecta para los trabajadores autónomos, como la aplicación de la libertad de circulación y de establecimiento, la seguridad de los ciudadanos, la salud, la libertad en general y, evidentemente, la salvaguardia de los derechos civiles.
Parece bastante claro que la Comisión no está teniendo suficientemente en cuenta las necesidades de los trabajadores autónomos. Éstos son proveedores de servicios intelectuales, no empresarios, y no se les puede someter con facilidad a la competencia. Es necesario incluir una definición en los tratados, se deben establecer unas tarifas mínimas y los trabajadores autónomos deben gozar de un reconocimiento basado en la formación recibida y no en sus cualificaciones, que además difieren de un Estado a otro. Se debe conceder la debida importancia a las asociaciones y sociedades.
Los planes de la Comisión con respecto a la normativa en este ámbito son inadecuados y con este enfoque burocrático se está penalizando a los trabajadores autónomos, que tienen derecho a un enfoque social. La Comisión y el Consejo están avanzando a pasos agigantados, con escasa consideración por las posiciones políticas del Parlamento. Espero que lo que acaba de manifestar el Comisario Bolkestein responda realmente a la situación y que se esté desarrollando un diálogo como es debido que incluya a los millones y millones de trabajadores autónomos que, repito, son proveedores de servicios intelectuales y no meros administradores.

von Wogau (PPE-DE).
Señor Presidente, Señorías, el «Grupo Canguro» del Parlamento ha hecho una aportación esencial a la realización del mercado interior europeo. Muchos de los diputados que están interviniendo hoy forman parte del «Grupo Canguro». Éste presenta hoy una iniciativa en la que se pide que el mercado interior tal como existe en la actualidad se siga desarrollando hasta convertirlo en un auténtico mercado interno. Durante los últimos meses, hemos mantenido conversaciones con un gran número de personas del mundo empresarial con el fin de analizar hasta dónde hemos llegado y qué progresos se han conseguido en la realización del mercado interior, y hoy presentamos los resultados. 
De entrada, la historia del mercado interior es un éxito. Las realidades de Europa experimentaron un cambio fundamental cuando se abrieron las fronteras entre los países miembros de la Comunidad Europea. La estandarización de las condiciones de acceso mejoró substancialmente la competitividad de las empresas europeas y la creación de nuevos instrumentos, entre los cuales sólo voy a citar a la Oficina Europea de Patentes, ha facilitado mucho el acceso al mercado europeo para las pequeñas y medianas empresas, en particular.
No obstante, al mismo tiempo también hemos constatado que en muchos sectores no existe un mercado interior, sino que tenemos quince mercados nacionales dentro de un mercado interior que en realidad no funciona. Para empezar, todos sabemos que así sucede en el caso de los servicios financieros. Es asimismo el caso de las ciencias de la vida, de los productos farmacéuticos y de otros sectores en los que tampoco existe un mercado interior, y otro tanto sucede en el campo de la defensa, donde se están dando los primeros pasos vacilantes hacia la creación de una política y un mercado interior comunes.
Finalmente, pero no menos importante, para dar el salto del mercado interior a un mercado interno es preciso -y lo digo pensando también en el Sr. Harbour- que tengamos una moneda común para todos los países de la Unión Europea y esa evolución también requerirá que trabajemos sobre la base de un modelo económico común. A mi parecer, éste debe ser el de una economía social de mercado. Ahora pedimos a la Comisión que presente un proyecto coherente para iniciar esta nueva fase del desarrollo del mercado interno europeo.

Bendtsen
Señor Presidente, estoy muy satisfecho de que en el debate de hoy se hayan presentado tantos puntos de vista interesantes.
Como he señalado en mi intervención inicial, estamos adoptando conjuntamente decisiones sobre muchas propuestas que afectan al funcionamiento del mercado interior y la competitividad de la Unión Europea. Por lo tanto, también es importante que debatamos de manera continuada sobre los aspectos esenciales del mercado interior, especialmente con el fin de concentrarnos en aquellos ámbitos que no funcionan, a menudo en detrimento de la competitividad de la UE. He tomado nota de las opiniones que se han expresado hoy. Muchos han citado ejemplos de sectores en los que el mercado interior todavía está estancado. Puedo asegurarles que estoy de acuerdo con muchas de esas opiniones y quisiera hacer los siguientes comentarios al respecto:
En primer lugar, coincido con el Comisario Bolkestein y con el Sr. Karas en que para que el mercado interior funcione -en beneficio de los ciudadanos y también de las empresas- es de decisiva importancia que las directivas se apliquen en los plazos previstos. Apoyo la tarea de seguimiento que está realizando el Comisario Bolkestein en este aspecto.
El Consejo, en particular el Consejo de Competitividad que es responsable de la legislación sobre el mercado interior, concede la máxima prioridad a la aplicación de las directivas. Es evidente que debemos alcanzar la meta -que fijaron los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Estocolmo y luego en el de Barcelona- de transposición del 98% de las directivas para la primavera de 2003. 
En lo que respecta a la patente comunitaria en particular -que, naturalmente, muchos han mencionado hoy-, no puedo dejar de compartir la preocupación generalizada. Es un tema sumamente importante. La falta de progresos en las negociaciones en la reunión del Consejo del 21 de mayo obligó a reconsiderar la estrategia con respecto a la patente comunitaria. Se llegó a la conclusión de que la Presidencia danesa debía concentrarse en el sistema judicial y, por consiguiente, hemos mantenido conversaciones al respecto sobre la base de un documento consultivo elaborado por la Comisión, que recibimos en septiembre. El tema del sistema judicial, junto con otros puntos esenciales de la propuesta de una patente comunitaria, constituyen la llamada «solución global», basada en el principio de que nada se puede considerar definitivamente acordado hasta que se haya acordado todo. En este contexto, he tomado nota, naturalmente, de la posición del Parlamento en lo que respecta al aspecto judicial. Hemos incluido las propuestas del Parlamento en nuestras deliberaciones sobre posibles soluciones. La patente comunitaria es de la máxima prioridad para la Presidencia danesa, pero a pesar de los denodados esfuerzos realizados no ha sido posible sentar las bases necesarias para elaborar un proyecto de compromiso común. Los países todavía mantienen posiciones demasiado distantes y quiero decirles, Señorías, que también yo estoy muy impaciente con este asunto. En la reunión del Consejo de Competitividad del 14 de noviembre habrá que revisar, por lo tanto, el estado de las negociaciones y buscar la manera de avanzar en relación con este tema extraordinariamente importante.
Ahora también se ha alcanzado un consenso político en el Consejo sobre ambas directivas relativas a los contratos públicos. En estos momentos se está realizando un examen técnico, con objeto de poder presentarlas conjuntamente al Parlamento. El texto incorpora varias de las propuestas del Parlamento, incluida la referente a la posibilidad de incorporar consideraciones medioambientales y sociales en los contratos públicos. Confío en que el Parlamento aprobará las propuestas, de manera que en la UE podamos disponer lo más pronto posible de las nuevas normas mejoradas sobre contratos públicos. 
En lo que se refiere al mercado interior de servicios, en particular, puedo anunciarles que se prevé que el Consejo adopte las conclusiones del informe sobre las barreras en la reunión del Consejo de Competitividad del 14 y 15 de noviembre de 2002. En el Consejo existe un apoyo político a favor de que la Comisión se encargue del seguimiento de las conclusiones y se ha elaborado un calendario de trabajo, según el cual los Estados miembros y la Comisión se comprometen a alcanzar un determinado número de contratos de suministro en 2003. Entre otras cosas, la Comisión presentará una iniciativa legislativa sobre un sistema para suprimir las barreras. Los Estados miembros se comprometerán a acatar activamente y ejecutar las sentencias del Tribunal de Justicia.
Para acabar, quisiera expresar mi agradecimiento por este inspirador debate. La Presidencia danesa concede una prioridad muy alta a la conclusión del mercado interior. Ésta constituye la base para poder hacer realidad nuestra visión de Lisboa. Esperamos poder continuar manteniendo nuestra buena relación de trabajo con el Parlamento Europeo, con el fin de completar con éxito el mercado interior, sobre todo con la perspectiva de la ampliación.

Bolkestein
Señor Presidente, gracias por darme la oportunidad de contestar a los diputados que han hablado esta mañana.
Para empezar quiero decir que estoy de acuerdo con el Sr. Harbour cuando ha dicho que Lord Cockfield desempeñó un papel importante en la construcción del mercado interior. Esto es cierto. Asimismo ha añadido que esto sucedió con el apoyo del Gobierno británico, y permítame decir que por ello es aún más lamentable que Lord Cockfield no regresara a Bruselas como Comisario para un segundo periodo.
El Sr. Harbour ha hablado de los servicios. En efecto, dado que nuestras economías se basan aproximadamente en un 70% en los servicios, tiene razón al plantear este punto. Este punto también ha sido mencionado por otros. En respuesta a todos diré que no puede ser que se someta a las empresas a diversos requisitos que ya han cumplido en sus propios países. Hacerlo añadiría un coste considerable a la actividad empresarial en la Unión Europea y no sería compatible con los llamamientos a la reducción del papeleo.
Es vital para los Estados miembros seguir avanzando en la modernización y simplificación de su marco legal. En muchos casos, la eliminación de barreras exige mejorar mucho la cooperación administrativa entre los Estados miembros o, si es preciso, la armonización. Esta acción exigirá el compromiso de los Estados miembros, y a la luz del informe sobre los servicios, la Comisión pretende proponer una iniciativa legislativa para eliminar las barreras legales innecesarias, así como también unas acciones no legislativas para abordar las barreras no reguladoras. La Comisión lo tendrá sin duda muy en cuenta, y tiene intención de volver al Parlamento cuando la ocasión lo exija.
Asimismo estoy de acuerdo con el Sr. Harbour en que el déficit de transposición, que ahora aumenta de nuevo, es una cuestión sumamente grave. Quisiera hacer un llamamiento a todos los diputados del Parlamento para que utilicen la influencia que tienen sobre sus propios Gobiernos para recalcar la absoluta necesidad de reducir el déficit de transposición a un nivel similar o igual al 1,5%, según el objetivo fijado por el Consejo Europeo.
La Sra. Berger ha mencionado la necesidad de vigilar y mejorar la movilidad de los empleados. Estoy de acuerdo con ello y esta es una de las principales razones de por qué la Comisión se esfuerza por conseguir que en el ámbito de los fondos de pensiones, cuando los empleados coticen a un determinado fondo de pensiones en su propio país, puedan luego irse a trabajar a otro país y cotizar al mismo fondo de pensiones, manteniendo sus derechos de deducción fiscal de sus cotizaciones.
Hace poco hubo un caso de un ciudadano finlandés que cotizaba a un fondo de pensiones que no era finlandés. La deducción fiscal de las cotizaciones no estaba admitida por las autoridades finlandesas. Después de recurrir al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, este error se subsanó y ahora tenemos la posibilidad de mantener tales ventajas fiscales. También es bueno para la defensa de la movilidad de los empleados.
La Sra. Berger ha llamado asimismo la atención, al igual que la Sra. Wallis, sobre el artículo 95, que es una de las bases, si no la base por excelencia, del mercado interior. Ha habido rumores dentro y en torno a la Convención Europea de que el artículo 95 sería modificado. Los últimos comentarios que han llegado hasta mí sobre este punto me aseguran que esa no es la intención y que la Convención no desea cambiar el artículo 95, lo cual podría ser muy negativo.
El Sr. MacCormick me ha llamado la atención sobre los servicios de interés general. Evidentemente se trata de un término general, pero se refiere a los servicios públicos que hasta ahora se han protegido de la competencia no sólo a escala nacional, sino a menudo también regional o local.
La Comisión es partidaria de la liberalización. Quisiera establecer una distinción entre liberalización y privatización. La privatización no es asunto de la Comisión. De hecho, el artículo 295 del Tratado dice que ninguna disposición del Tratado debería afectar para nada a cualquier tipo de propiedad. De acuerdo con el Tratado, los Gobiernos de los Estados miembros son libres de nacionalizar, desnacionalizar, privatizar, expropiar o lo que sea. La privatización no es asunto de la Unión Europea y no es asunto de la Comisión. Sin embargo, la liberalización sí es asunto nuestro. La liberalización significa abrir a la competencia, y mi opinión es que si tales servicios de interés nacional, también llamados servicios de red, están abiertos a la competencia, el ciudadano corriente saldrá ganando.
El Sr. Rovsing se ha referido a la patente comunitaria y ha sugerido que tales patentes deberían expresarse en un solo idioma. Puede que esté en lo cierto, pero conozco por lo menos un Estado miembro que se opondría firmemente a tal propuesta. Deseo al Sr. Rovsing mucho éxito en su intento por persuadir a los Estados miembros de que todas las patentes se expresen en inglés.
El Sr. Karas ha dicho mehr Tempo statt Verzögerung -más ritmo y menos retraso- y no podría estar más de acuerdo con él. Asimismo ha dicho que cuanto más fuerte sea nuestro mercado interior, más fuerte será la posición de Europa en el mundo y, por supuesto, está en lo cierto. El peso económico es necesario para tener peso político. Esta es una de las razones por las que todos deberíamos apoyar el mercado interior.
Asimismo está de acuerdo con la Schutzklausel, la cláusula de garantía en los tratados de adhesión sobre el mercado interior en su sentido más amplio, que abarca la energía, el transporte, etc., y no sólo los ámbitos correspondientes a mi cartera. Una parte importante de los tratados de adhesión, la cláusula de garantía funciona durante dos años a partir del ingreso, pero al amparo de la cláusula de garantía es posible proponer medidas que van más allá de este periodo de dos años. Tenemos la posibilidad, en caso de que surgiera la necesidad, de inculcar a los países candidatos la necesidad de establecer un periodo más largo que dos años. Deberían hacer lo necesario para colocarlos en línea con el mercado interior así definido.
Quizás pueda contestar al Sr. de Clercq, quien también ha intervenido, en la lengua que compartimos.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Comisario Bolkestein. Le agradecemos su análisis.
El debate queda cerrado.

El Presidente.
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A5-0342/2002) de Earl of Stockton, en nombre de la Comisión de Peticiones, sobre la petición, presentada por el reverendo Raymond Owen y admitida a trámite, sobre la discriminación contra los clérigos en el Reino Unido (Petición 395/2001).

Stockton (PPE-DE)
Señor Presidente, el caso del reverendo Raymond Owen plantea una serie de cuestiones interesantes, por no decir esotéricas. Sus Señorías tal vez piensen que la cuestión de si un clérigo es empleado de su iglesia o de Dios debió quedar zanjada hace décadas o tal vez siglos.
Durante la elaboración de este informe, consulté informalmente a destacados eclesiásticos, pero acabo de recibir, el 4 de noviembre de 2002, un informe formal del Consejo del Arzobispado de la Iglesia de Inglaterra. Como no es de extrañar, hay partes del informe con las que no están de acuerdo. Enseguida volveré sobre ellas.
Sin embargo, las cuestiones de principio fundamentales que plantea este caso incluyen el tema de si los miembros del clero deben gozar de los mismos derechos que los demás ciudadanos. Como he dejado claro en el informe, si bien la Directiva 2000/78/CE establece un marco general, yo acepto que los casos de determinados tipos de trabajadores dependerán de las definiciones que resulten de la legislación nacional y de su aplicación. También acepto que, aun cuando la Directiva 91/533/CEE es aplicable al clero en algunos Estados miembros, no ocurre así en el Reino Unido, y que las distintas directivas son vagas e imprecisas en sus referencias a los «trabajadores», los «empleados» y la «población activa». A menudo se deja que la legislación nacional defina qué engloba cada categoría. A los colegas quizá les interese saber que, aun cuando nuestro personal y asistentes son a todas luces asalariados, no entran dentro de ninguna de las citadas definiciones.
Las conclusiones del informe aceptan e incorporan las de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, que es la comisión competente y experta para la mayoría de las cuestiones que plantea el peticionario. Debo decir que mi opinión, junto con la de mis colegas de la delegación conservadora británica, difiere un poco de las conclusiones alcanzadas, pero tras un intercambio de opiniones quedó claro que el informe refleja fielmente el consenso de nuestra comisión.
El alegato presentado por el peticionario destacaba las pruebas aparentes de deficiencias de los procedimientos de la Iglesia de Inglaterra. Para ser justo, debo comunicar a la Asamblea que desde que la comisión aprobó el informe, la Iglesia de Inglaterra ha puntualizado que no decidió poner fin a la titularidad en el cargo del reverendo Owen, sino más bien no concederle una prórroga más allá de los 18 meses que permite el apartado 20 de la Pastoral Measure (Medida Pastoral) de 1983.
Permítanme que recuerde a la Asamblea que, en su calidad de iglesia oficial, las normas y reglamentos de la Iglesia de Inglaterra forman parte del canon jurídico en Inglaterra, aunque no en el resto del Reino Unido. Es evidente que no es competencia de la comisión ni de esta Asamblea arbitrar sobre cuestiones de hecho. También es un hecho aceptado que la Comisión de Peticiones no es un órgano judicial y no debe ejercer o intentar ejercer una función semijudicial.
Aun así, salta a la vista que las directivas en materia laboral y, en particular, la citada Directiva 91/533/CEE, son confusas e incluso incoherentes. En consecuencia, el informe pide que sean revisadas para aclarar esta situación. Entre paréntesis, ello no hace sino poner de manifiesto el acierto del anterior Gobierno conservador cuando optó por la exclusión voluntaria del Capítulo Social.
Finalmente, si bien aceptamos que, en los aspectos en los que la legislación europea ofrece protección a los trabajadores, ésta debería extenderse lo más ampliamente posible, sería un gran error que la Unión Europea intentase imponer una estructura monolítica que no tome en consideración la diversidad de costumbres culturales, religiosas y sociales de los Estados miembros. Un sentimiento que sin duda obtendrá pleno apoyo no sólo de Lambeth Palace, sino también del Vaticano.
Por esto, espero sinceramente que, tal como se indica en el punto 12 del informe, la Comisión colabore con los Estados miembros para encontrar los medios que permitan garantizar lo más pronto posible a los trabajadores con un estatuto constitucional diferenciado todos los derechos laborales compatibles con sus políticas nacionales, con objeto de que no se repitan este tipo de confusiones.

El Presidente.
Muchas gracias, lord Stockton.
Señora Comisaria, ¿qué vamos a hacer ahora con respecto a la Iglesia de Inglaterra y al reverendo Owen? ¿Puede ayudar Europa a este clérigo a conservar su empleo o no puede hacerlo?

Diamantopoulou
Señor Presidente, no sé si Europa puede ayudar siempre, pero al menos lo intenta.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al ponente y a los miembros de la Comisión de Peticiones y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales por su excelente trabajo y análisis.
Como expone The Earl of Stockton, el reverendo Owen alega que no se han respetado sus derechos fundamentales y que las autoridades del Reino Unido han incumplido algunas directivas europeas o las han aplicado de manera incorrecta. En su petición, menciona en particular que se le ha discriminado, contraviniendo el artículo 13 del Tratado de Amsterdam, y el apartado 2 del artículo 48 y el artículo 122 del Tratado de Roma. Además, alega que la Directiva 91/533/CEE del Consejo, relativa a la información sobre las condiciones individuales de empleo, no se ha incorporado debidamente a la legislación del Reino Unido.
Es cierto que llevamos más de un año y medio examinando este tema y que se ha trabajado mucho en él, en el aspecto jurídico y en otros.
Como se señalaba en la Comunicación de la Comisión del 13 de diciembre de 2001 sobre este caso y en mi carta del 11 de enero de 2002, dirigida a los Sres. Ford, Cashman y Hughes, la Comisión no pudo apreciar ningún incumplimiento del Derecho europeo ni ninguna insuficiencia por parte del Gobierno británico en cuanto a la correcta transposición de la normativa europea a la legislación del Reino Unido. 
No me parece necesario añadir nada más a lo ya expresado en mi carta, pero voy a intentar explicar y analizar algunos aspectos de las directivas y los artículos de los Tratados en cuestión.
La Directiva 91/533/CEE del Consejo es aplicable a todo empleado con un contrato o una relación laboral definida por la ley vigente en un Estado miembro. Sin embargo, no ofrece una definición europea de «empleado», para lo cual remite a la legislación nacional en materia laboral. El Reino Unido confirmó que bajo la legislación laboral del Reino Unido los miembros del clero, en lo que respecta a sus cometidos centrales como tales, son titulares de un cargo y no empleados. Puesto que los clérigos no son empleados a los efectos contemplados en el ámbito de aplicación de la citada Directiva, no era necesario incluirlos ni tampoco excluirlos de manera específica.
Por lo que respecta al problema de discriminación, el artículo 13 del Tratado CE autoriza a la Comunidad a actuar, pero no tiene efectos directos. Por lo tanto, no otorga a los individuos ningún derecho exigible ante los tribunales nacionales o el Tribunal de Justicia Europeo.
La Directiva 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 establece un principio general de prohibición de cualquier discriminación directa o indirecta. Sin embargo, los Estados miembros no están obligados a transponer la Directiva hasta el 2 de diciembre de 2003, de manera que de momento no podemos aplicarla en este caso.
El apartado 2 del artículo 48 del Tratado de Roma (ahora, apartado 2 del artículo 39) se refiere al trato dispensado en un Estado miembro a los trabajadores de diferentes nacionalidades y no a las diferencias entre países en materia de legislación y derechos laborales. Por lo tanto, la aplicabilidad del artículo 39 en este caso no es evidente.
El artículo 118 del Tratado de Roma (actualmente el artículo 137), al que supongo que se refería el Reverendo en relación con la armonización de las condiciones de trabajo, otorga a la Comunidad una serie de competencias en materia social, incluido el tema de las condiciones de trabajo. Sobre la base de estas consideraciones, no aprecio ningún incumplimiento del Derecho europeo ni ninguna falta de transposición de la legislación europea pertinente por parte del Gobierno británico. Espero que con esto quede aclarado el caso.

El Presidente.
Muchas gracias, señora Comisaria Diamantopoulou.
El reverendo no va a obtener, entonces, demasiada ayuda de ustedes.

Attwooll (ELDR)
. (EN) Señor Presidente, parece evidente que la situación del reverendo Owen no representa ningún incumplimiento de la letra de la legislación comunitaria, aunque pueda ser contraria a su espíritu. El Parlamento Europeo le agradece, por lo tanto, su petición, que llama la atención sobre un problema en dicha normativa.
Como ya ha señalado The Earl of Stockton, debido a que las directivas emplean una diversidad de términos para identificar a los trabajadores a quienes se aplican y a que en muchos casos la definición se remite a la legislación nacional, puede ocurrir que algunos grupos no se beneficien de la protección que otorgan. Evidentemente, se acepta que puedan existir algunas diferencias en lo que respecta tanto a la extensión de los derechos laborales como a los medios para obtener reparación en caso de incumplimiento. Esto es especialmente cierto cuando las personas afectadas tienen un estatuto constitucional particular. Por ejemplo, nadie esperaría que los diputados de esta Cámara o de cualquier otro parlamento recurriesen ante un tribunal laboral contra la decisión de su electorado de no designarles para una nueva legislatura.
Dicho esto, todas las personas en una situación laboral deberían gozar del conjunto de derechos más amplio posible, sin más desviaciones admisibles que las que sean plena y objetivamente justificables. Es posible que en el caso del clero no corresponda a las autoridades laicas determinar esos derechos, pero sin duda las iglesias deberían aspirar a los máximos niveles de protección en tales casos, sobre todo en lo que se refiere a las vías para obtener reparación y a los temas de discriminación.
Respondiendo a la petición, solicitamos a la Comisión que revise la legislación europea en materia laboral con el fin de garantizar que su cobertura sea lo más completa posible. Es bueno saber que el Ministerio de Comercio e Industria del Reino Unido ya está dedicando su atención a dicha cobertura.
También pedimos un diálogo constructivo a escala de toda la Unión Europea con el fin de garantizar a todas las personas en situaciones laborales atípicas pero de dependencia económica - incluido, cuando sea necesario y a través de los medios apropiados, el clero - todos los derechos laborales, tanto sustantivos como procedimentales, que se deben considerar fundamentales para una vida laboral digna.

Perry (PPE-DE).
Señor Presidente, como usted ha insinuado, este puede parecer un tema un poco críptico e incluso idiosincrásico para haber llegado hasta el hemiciclo del Parlamento Europeo. Sin embargo, para el reverendo Owen no es nada críptico. Es su medio de vida, su hogar y sospecho que incluso algo más: su confianza en que se reparará el daño y prevalecerá la justicia. Según parece, el sistema legal no puede defenderle, a pesar de que no ha obrado mal.
Mucho me temo que, cada vez más, las apelaciones a un principio moral no surten efecto, aunque cabría esperar que dentro de la Iglesia de Inglaterra - y soy miembro comulgante de ella - tuvieran algún peso. Mucho me temo que una vez que los abogados de los tribunales consistoriales se ponen sus pelucas y sus togas, lo que prevalece es la letra de la ley, más que la justicia moral y, menos aún, el espíritu cristiano.
Espero que la difusión pública de este caso haga avergonzarse aunque sólo sea un poco a los obispos de la Iglesia de Inglaterra. Si la Iglesia no es capaz de dar ejemplo de caridad cristiana, comprensión y trato justo hacia sus servidores, ¿quién podrá hacerlo? La Iglesia no debería extrañarse de que sus bancos estén cada vez más vacíos.
Es un claro tributo a los procedimientos democráticos de esta Asamblea y a la labor de la Comisión de Peticiones que el reverendo Owen por fin haya encontrado un organismo público que al menos está dispuesto a escuchar y no requiere costosos abogados. Confío en que Su Gracia, el nuevo Arzobispo de Canterbury, considerará con atención este pequeño y oscuro caso y demostrará que la Iglesia no ha perdido por completo su fe en la caridad cristiana y podrá conceder a su rector los derechos de los que disfrutan los demás ciudadanos europeos en su calidad de empleados.

El Presidente.
Muchas gracias, señor Perry. Permítame que añada un comentario personal. Es verdaderamente digno de mención que el Parlamento Europeo dedique un tiempo a tratar los problemas de un ciudadano individual, pero en esto consiste precisamente la democracia: en la posibilidad que tiene cada ciudadano de plantear sus problemas personales ante un gran Parlamento. Le agradezco su observación.

Ford (PSE).
Señor Presidente, en nombre del Grupo Socialista y como miembro de la Comisión de Peticiones, celebro tanto el informe del Earl of Stockton como la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales redactada por la Sra. Attwooll.
Hoy se halla en la tribuna el reverendo Owen para asistir al debate. Su caso es muy simple. Ha estado empleado como rector de equipo en Stoke-on-Trent, Reino Unido, durante una serie de años. Su trabajo fue objeto de una revisión secreta y deficiente que dio pie a que se tomara la decisión, en una reunión, de despedirle sin previo aviso. No se dieron explicaciones sobre los motivos de su despido. Como cualquier otro trabajador, el reverendo Owen creyó tener derecho a recurrir contra semejante decisión, que ponía fin a 30 años de trabajo para la Iglesia y suponía despojarle de su residencia: si no continuaba trabajando para la Iglesia, sería desahuciado de su hogar.
En resumidas cuentas, no se le permitió acudir a un tribunal laboral del Reino Unido porque una sentencia de 1911 establece que los miembros del clero no tienen empleador en la Tierra, es decir, que están contratados por Dios, aunque no sea éste quien firme los cheques del estipendio a final de mes. Sin embargo, tanto la legislación laboral como el mundo han cambiado desde 1911. Por ejemplo, las mujeres han conseguido el derecho al voto y en el Reino Unido las profesoras ya no tienen que renunciar al matrimonio. Incluso en la Unión Europea hay leyes aplicables a este caso. Cuando uno ingresa en la Iglesia, no tiene por qué abandonar sus derechos civiles junto a la puerta. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales apoya este argumento, al igual que la Comisión de Peticiones. Creemos que los miembros del clero en Europa deberían gozar de los mismos derechos laborales que los demás trabajadores, derechos con que ya les amparan en Dinamarca y también en el Reino Unido si trabajan de capellanes en hospitales o prisiones. Está claro que hay anomalías incluso dentro del propio Reino Unido.
Esperamos que el gobierno de este país y la Comisión revisen el asunto, ya que estoy convencido de que las Directivas no se han incorporado debidamente en la legislación del Reino Unido. El reverendo Owen cumple todos los requisitos de un empleado y parece innegable que la Iglesia de Inglaterra le ha tratado de forma indebida. Esperamos que a la luz de este caso, que ejemplifica un problema más general que afecta a cientos de clérigos en el Reino Unido cada año, la Comisión presione al gobierno de este país para que acabe con esta laguna legal para casos futuros.
En el Reino Unido hay 30 000 clérigos a los que se trata de este modo feudal, una cantidad superior a la de trabajadores de la industria minera. En toda Europa trabajan cerca de un cuarto de millón de clérigos, englobando todas las creencias y religiones, que en estos momentos no están seguros de si la legislación vigente les protege o no.
Por último, me gustaría mencionar que no esperamos milagros, pero pedimos a las autoridades eclesiásticas del Reino Unido que practiquen en este caso algo de la caridad cristiana que predican.

Lambert (Verts/ALE).
Señor Presidente, yo también quisiera dar las gracias al ponente, así como a la Sra. Attwooll, por expresar la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre este asunto.
Es una lástima que esta discusión esté empezando a parecer un debate británico, ya que hay varios asuntos que conciernen a toda la Unión Europea. Como ya hemos escuchado, este caso supone tan sólo un ejemplo de las numerosas anomalías que se recogen en la legislación laboral de muchos de los Estados miembros.
Normalmente, dichas anomalías sólo ven la luz cuando alguien cruza la frontera para trabajar y se encuentra con que su condición ha cambiado y también lo han hecho, por tanto, sus derechos a la seguridad social y otros derechos relacionados con el empleo. En este caso, hemos visto que nos enfrentamos a una situación nacional en la que los errores históricos y, hasta cierto punto, las anomalías teológicas, han llevado a una situación inaceptable de la que ya se nos ha dado una idea general clara.
Vemos que el reverendo Owen se encontró con que los medios a su disposición para la obtención de una sentencia judicial no eran los más propicios. Por un lado, podía recurrir al organismo contra el que presentó su queja, en cuyo caso dicho organismo actuaría de juez, jurado y demandado: una aberración que no quisiéramos que se pusiera en práctica en la Unión Europea. Por otro, el reverendo podía reclamar a una revisión judicial, que puede examinar el proceso pero no el contenido de la reclamación.
Como la señora Comisaria ya ha señalado, parece que la situación es legalmente correcta. En cuanto al plano moral, en cambio, no cabe duda de que no lo es. El propósito de la Unión Europea es establecer al menos unos niveles básicos satisfactorios para la legislación laboral y se espera que los Estados miembros pongan en práctica dichos niveles, y el espíritu que los anima, de forma generalizada.
Mi grupo apoya plenamente la petición de que los Estados miembros revisen sus prácticas laborales, con el fin de reducir al mínimo las situaciones en las que se niega el acceso a los procedimientos normales de resolución de conflictos laborales, que deberán estar plena y objetivamente justificadas, y que exista un medio de reparación con otras formas. También apoyamos la petición de una definición más clara de la condición de empleado. Ya planteamos este asunto en las conversaciones sobre la Directiva de insolvencia y volveremos a hacerlo en relación a la coordinación de los distintos sistemas de seguridad social.

Hughes (PSE).
Señor Presidente, también yo quisiera felicitar al Earl of Stockton por la redacción de un informe excelente y a Elspeth Attwooll por la clara exposición de la opinión de la Comisión de Empleo sobre este asunto. Además, me gustaría felicitar al reverendo Owen por el valor y la determinación que ha mostrado al llevar su caso tan lejos. Estas cualidades, junto con su capacidad de comunicación y defensa, entre otras, me hacen preguntarme por el motivo por el que la Iglesia de Inglaterra querría despedirle. Creo que el reverendo supondría una aportación muy valiosa para cualquier organización y espero que las autoridades reconsideren su decisión.
En mi opinión, no cabe duda de que se le ha tratado de forma injusta. O bien tenía una relación laboral con la Iglesia, en cuyo caso estaría bajo la protección de los arraigados procedimientos del derecho laboral del Reino Unido, o bien era un titular bajo la protección del propio código de prácticas recomendadas de la Iglesia de Inglaterra, donde se incluye el derecho de apelación. Parece que el reverendo Owen está nadando entre dos aguas, a causa de lo cual se ha producido una gran injusticia.
Este es el contexto en el que ha de leerse el apartado 2 del informe del Earl of Stockton, en el que se menciona una situación inaceptable teniendo en cuenta el espíritu del artículo 136 del Tratado de Roma, del artículo 47 de la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales sobre el derecho a ser oído en público en un proceso justo por un tribunal independiente e imparcial, y el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Es importante destacar estas referencias.
De este caso se derivan implicaciones más amplias, como ha señalado Jean Lambert. Cada vez hay más trabajadores en toda la Unión Europea que dependen por completo de una determinada fuente de ingresos, pero que no están considerados por la ley de sus países como titulares de una relación laboral. Estas formas de independencia y trabajo autónomo son cada vez más comunes. Hemos estado trabajando en esto con la Comisión desde hace algún tiempo y, más recientemente, en relación con la última revisión de la Directiva de insolvencia. La Comisión ha encargado un estudio a raíz de nuestro trabajo en dicha revisión y también se ha comprometido a mantener una audiencia conjunta con la Comisión de Empleo para intentar establecer definiciones comunes. A falta de estas definiciones, se hace más y más evidente que cada vez un mayor número de trabajadores se encontrarán sin protección legal. Es necesario, por tanto, establecer unas definiciones que se apliquen en toda la Unión Europea.
Por último, quisiera hacerme eco de los sentimientos de otros diputados al expresar mi más sincera esperanza de que, aunque sea bastante tarde, todas las partes involucradas en la disputa se sienten a discutir de forma civilizada y remedien el mal causado al reverendo Owen.

Diamantopoulou
Señor Presidente, creo que todos estamos de acuerdo en que Dios no tiene empleados y en que no existen leyes sobre el mercado laboral en nuestras sagradas escrituras. Por supuesto, Él ha dejado en nuestras manos la tarea de organizar el mercado laboral y, por supuesto, los clérigos tienen derechos civiles y sociales.
Me gustaría hacer hincapié en dos aspectos. El primero se refiere a la definición de empleado. Se trata de un tema muy difícil y delicado, y sabemos que en la mayoría de las directivas este aspecto suele dejarse en manos de los distintos Estados miembros. Existen muchos problemas y, como ya ha señalado el Sr. Hughes, estamos trabajando en las enmiendas a dos directivas con el fin de definir, de forma más efectiva, la protección de los trabajadores y la definición de empleado.
Ahora quisiera referirme a los asuntos mencionados en el informe de Lord Stockton. Hemos realizado un nuevo estudio concerniente a los trabajadores económicamente dependientes, y se organizará una audiencia pública con la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Creemos que tras este debate y el informe, la Comisión podrá llegar a algunas conclusiones nuevas a tenor de los resultados. Por este motivo, creo que siempre hay oportunidad de avanzar y tener en cuenta las necesidades específicas de los grupos de trabajadores en toda Europa, tras la aparición de un caso como este.

El Presidente.
El debate queda cerrado. La votación tendrá lugar a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 10.44 horas, se reanuda a las 11.00 horas)

El Presidente.
Tengo el placer de dar la bienvenida al Sr. Christopher Smith, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y Presidente de la Comisión parlamentaria para los antiguos combatientes, que se encuentra en la tribuna oficial.
El Sr. Smith se entrevistará con un gran número de diputados durante su estancia aquí y esperamos que su visita al Parlamento sea fructífera.
Ford (PSE).
Señor Presidente, nuestro primer informe es de la Comisión de Peticiones, elaborado por el Earl of Stockton sobre el caso del reverendo Owen. Este informe difiere de lo acostumbrado en cuanto a que trata del destino de una única persona de la Unión Europea. Puede que a los diputados les interese saber que el reverendo Owen se encuentra entre nosotros hoy, en la tribuna.
El Presidente.
Gracias, señor Ford.
(El Parlamento aprueba la resolución)
Schroedter (Verts/ALE).
Señor Presidente, se ha acordado la siguiente enmienda oral: «Reitera su llamamiento a favor de una solución negociada e insta al Consejo a adoptar una iniciativa política firme en este sentido». El resto queda eliminado.

Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).
Señor Presidente, quiero presentar una enmienda oral al punto 21. Primero voy a exponer los motivos de la misma. El texto, tal y como está, podría dar la impresión de que los agricultores quisieran atribuir el margen, es decir, los 20 000 millones de euros, como tal al segundo pilar. No obstante, no es ésta la intención; por el contrario, se trata de utilizar el presupuesto agrícola para situar la reforma sobre una base financiera sólida mediante la redistribución del primer pilar al segundo. A fin de evitar esta malinterpretación, presento la siguiente enmienda oral:
«Opina que las propuestas de la Comisión no son aplicables en el marco del Acuerdo interinstitucional vigente, por lo que es necesario revisar las perspectivas financieras con vistas a transferir una parte de los fondos del primer pilar al segundo», seguida de la frase añadida: «teniendo en cuenta el hecho de que el presupuesto comunitario en su conjunto queda muy por debajo del límite superior de renta». Espero que sea aceptable.

Gawronski (PPE-DE).
Señor Presidente, anteayer la República Democrática Popular de Corea amenazó con reanudar las pruebas de misiles si las relaciones con Japón no seguían el curso que Corea desea y espera. Esta amenaza es inaceptable. En nombre de mi grupo, he presentado una enmienda que ha obtenido la aprobación del Sr. Ford y del Grupo Socialista, y que dice: «condena la nueva amenaza de Corea del Norte de reanudar las pruebas de misiles».
Ford (PSE).
Señor Presidente, la mencionada reunión del 11 de noviembre de 2002 no tendrá lugar, por lo que deberíamos modificar el párrafo 6 de modo que dijera que «espera que se invite a la UE como miembro de pleno derecho en todas las reuniones en las que se discuta el futuro de KEDO».

Lagendijk (Verts/ALE)
Señor Presidente, quería proponer la eliminación de la última frase de mi propia enmienda que empieza con las palabras «subraya que» y termina con «proceso de asociación», ya que es muy dura, en mi opinión demasiado dura, para con el gobierno de Croacia y sus esfuerzos.

Speroni (NI).
Señor Presidente, tan sólo quisiera informar de que, debido a problemas en el sistema electrónico de votaciones, en varias ocasiones he tenido que introducir mi tarjeta en el aparato del asiento de al lado. Teniendo en cuenta especialmente las disputas habidas en Italia, no quiero que se interprete esta acción como una artimaña. En todo caso, he utilizado únicamente mi propia tarjeta.
McKenna (Verts/ALE).
Señor Presidente, mi grupo quisiera expresar su insatisfacción con la resolución que se ha aprobado hoy. Ha pasado ya más de un año desde que este Parlamento aprobó la resolución sobre Echelon, pero parece que se ha hecho muy poco por garantizar el derecho a la intimidad de los ciudadanos en la Unión Europea.
Además, si observamos lo que ha estado haciendo el Consejo últimamente para incorporar las nuevas tecnologías a la intercepción de las telecomunicaciones, vemos que supone una infracción del derecho a la intimidad de la persona.
De hecho, lo más decepcionante es que el Consejo no ha actuado en consonancia con lo expresado por el Parlamento en su informe inicial, tras la comisión de investigación temporal. Es totalmente inaceptable que los ciudadanos europeos estén expuestos a estas intercepciones generalizadas de las comunicaciones. El Consejo debería hacer algo al respecto. La resolución que se ha aprobado esta mañana es demasiado débil y nos ha decepcionado que no se hayan incluido en ella los puntos que nuestro grupo había propuesto.

Cappato (NI)
Actualmente, el derecho fundamental a la intimidad y, en concreto, el derecho a la confidencialidad de las comunicaciones, se encuentran amenazados. En su lucha contra el terrorismo, los Estados han reducido - o se están preparando gradualmente para reducir - las salvaguardias que por ley protegen a los ciudadanos, en particular por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la jurisprudencia asociada, por el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por las Directivas 95/46/CE, 97/66/CE y 2002/58/CE.
La idea de que el terrorismo se puede combatir limitando las libertades y derechos de los ciudadanos no es más que una ilusión, tal y como demuestra el caso Echelon. Ni siquiera la interceptación sistemática del contenido de todas las comunicaciones a través de Echelon - un sistema que en la actualidad está reforzándose, de acuerdo con las normas que se preparan para la recopilación de datos sobre tráfico de influencias - pudo evitar los ataques terroristas del 11 de septiembre o los demás trágicos sucesos, puesto que, en la práctica, se centra exclusivamente en el espionaje industrial. El único efecto de Echelon, que resulta clara e indiscutiblemente ilegal, ha sido la burla de la ley y los tribunales, la distorsión de la libre competencia en el mercado y la hipoteca de la democracia y los derechos y libertades de los ciudadanos.

Marchiani (UEN)
. (FR) Los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 proporcionan otra ocasión para tratar el tema de Echelon: aunque, en esta ocasión, el sistema demostró ser totalmente ineficaz en el único campo que podría haber justificado su uso continuado -la seguridad y la lucha contra el terrorismo-, existe cierta confusión que lleva a la Comisión y al Consejo a fingir que opinan que las respuestas a los problemas son básicamente técnicas y que se pueden solucionar en el marco de la PESC.
El problema, no obstante, es político -el cordón umbilical entre la OTAN y la seguridad, la defensa y los sistemas de información europeos- y la PESC no existe y, además, nunca podrá expresarse más que por el silencio ya que, aunque todos nos oponemos tajantemente a la barbarie del terrorismo, no estamos dispuestos, por motivos de economía, afinidades o ausencia de alternativas políticas, a ponernos totalmente en manos de los Estados Unidos en materia de defensa y política exterior. El problema radica en esto y no es, por tanto, una cuestión de cooperación en el terreno de la seguridad, cosa que es obvia. Éste es el motivo por el que la delegación francesa del Grupo UEN ha votado en contra de este texto inútil.

Turco (NI)
Sigue habiendo una tempestad de incompresible hipocresía sobre el tema de Echelon y la interceptación de comunicaciones de los ciudadanos: hipocresía por parte de los Estados miembros de la Unión que forman parte del sistema Echelon y que aún así han guardado silencio sobre su existencia; hipocresía por parte de otros Estados miembros (Países Bajos, Francia y Alemania, en concreto) que, aunque no forman parte del sistema Echelon, han desarrollado y aplicado sistemas que realizan exactamente las mismas funciones de interceptar las comunicaciones nacionales e internacionales de los ciudadanos a través del reconocimiento de palabras clave; e hipocresía por parte del Parlamento Europeo, que ha decidido no arrogarse la potestad de investigación que le habría permitido indagar sobre la existencia y el funcionamiento de Echelon. Aunque Echelon es un sistema totalmente ilegal según el derecho internacional, europeo y nacional, ninguna institución europea ni Estado miembro está tomando medidas para proteger los derechos de los ciudadanos mediante la incoación de una acción legal por violación del derecho a la intimidad. Si, en lo que se refiere a Echelon y la interceptación de las comunicaciones, el propósito es crear un sistema de inteligencia europeo, éste debe someterse a las normas básicas de la democracia: la ley tiene que ser realmente transparente, debe articularse con claridad y debe someterse al control democrático y judicial, y tiene que haber garantías para los ciudadanos.

Bordes y Laguiller (GUE/NGL)
 - (FR) Hemos votado a favor de este informe porque critica el hecho de que algunos tipos de trabajadores «no estén cubiertos por la protección del empleo reconocida en virtud de la legislación de la Comunidad Europea» y apela a la Comisión a «[garantizar] que los derechos existentes se apliquen a la gama más amplia posible de trabajadores».
Dicho esto, estamos en total desacuerdo con el apartado 13, que afirma que «el espíritu de reconciliación y entendimiento que es propio de la Iglesia [?] corresponde a los principios básicos que constituyen el fundamento y la salvaguardia de la democracia en la Unión Europea».
La religión debe ser un asunto privado y el secularismo tiene que regir en los asuntos públicos.

Colom i Naval (PSE)
. (ES) Con este voto el Parlamento ha cumplido con el compromiso que él mismo se había impuesto con los ciudadanos europeos: crear, en un plazo mínimo, el dispositivo legal para que la UE pueda movilizar los fondos necesarios para ayudar a zonas víctimas de catástrofes. Debemos felicitarnos por ello.
Pero el resultado podría, a mi juicio, haber sido aún mejor.
Primero, más transparencia. Lo aprobado hoy debería haber sido un añadido al AII ya existente, no una nueva norma.
En segundo lugar, una cuestión de rigidez. En el punto 2 dice que en octubre debe -obligatoriamente- estar disponible un 25% del Fondo. Demasiada rigidez. Si, durante un ejercicio presupuestario, en primavera se ha gastado el 75%, ¿tendrá la Comisión que hacer una recomendación para que no se incurra en una catástrofe hasta primeros de octubre?
Por último, una incongruencia del Consejo. Para lograr el mejor uso de los créditos, el Consejo pedía la posibilidad de redistribución de los ya existentes, pero sólo en las categorías de gasto modificadas: Gastos Internos y Preadhesión. Pero en los Gastos Internos "no sobra ni un euro". Por lo tanto, la redistribución se podrá aplicar solamente, en caso de catástrofes, en los países en preadhesión. ¿No se podrían utilizar los créditos agrícolas no ejecutados durante el ejercicio?

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe porque considero que el proceso legislativo que acaba de concluir ha sido ejemplar, no sólo porque remedia deficiencias que han tenido consecuencias trágicas en el pasado, sino porque está respaldada por un proceso de legislativo debidamente probado y consolidado. De hecho, tras el terrible desastre del Estonia en 1994, ocho países del norte de Europa decidieron, en 1996, adoptar y aplicar normativas más estrictas que las anteriores, estableciendo requisitos técnicos específicos para las embarcaciones a fin de garantizar una mayor resistencia y mejorar la estabilidad de los buques de pasaje, de modo que resultasen más seguros en caso de accidente, retrasando el vuelco y permitiendo la evacuación de todos los pasajeros a tiempo. Precisamente es la valoración de la eficacia de este acuerdo y, a la vez, su impacto tan positivo en la seguridad, que la Comisión ha resaltado, teniendo en cuenta -en mi opinión muy acertadamente, dado el marco descrito- que está justificada una iniciativa legislativa en forma de Directiva, destinada a extender esta medida legal a todos los Estados miembros de la Unión Europea. Es, por tanto, cuestión de adoptar un conjunto de medidas concebidas para mejorar la legislación comunitaria con respecto a la seguridad de los buques de pasaje, de acuerdo con los objetivos políticos subrayados en el Libro Blanco sobre este tema, que por supuesto merece mi pleno apoyo.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He votado a favor de este informe principalmente por las mismas razones por las que estoy de acuerdo con el informe de Poignant sobre las prescripciones de estabilidad para los buques de pasaje de transbordo rodado. En virtud del Acuerdo de Estocolmo, los países del norte de Europa se comprometieron a adaptar sus transbordadores de pasaje a normas de seguridad más estrictas que las que entonces estaban en vigor, a fin de convertirlos en medios más estables, gracias a determinadas medidas de diseño, en la eventualidad de un accidente marítimo. Esencialmente, se trataba de asegurar que los buques se mantengan a flote durante más tiempo en caso de naufragio. Puesto que algunas medidas se consideraban efectivas y se ha reconocido su validez no sólo en los mares del norte de Europa, la Comisión propone ahora revisar la Directiva 98/18/CE de 17 marzo de 1998, ampliando estas medidas de seguridad a los transbordadores de pasaje que funcionan también en las aguas nacionales de Europa. En una Directiva paralela, la Comisión propone ampliar dichas medidas a los buques que realicen travesías internacionales en todos los mares europeos. Coincido con todas estas preocupaciones, a la vez que me agrada en especial la importancia particular que este informe da a la promoción de acciones para mejorar el acceso de los pasajeros con movilidad reducida.
Berthu (NI)
. (FR) Algunos puntos del Tratado de Niza, que se acaba de adoptar, ya están desfasados. Esto es lo que se desprende de las conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, de las que se desprende en concreto que:
el Tratado de Niza sólo estipula la nueva ponderación de votos en el Consejo a partir del 1 de enero de 2005 (artículo 3 del protocolo de ampliación). Ya que esta ampliación tendrá lugar en 2004, ¿qué sucederá mientras tanto?
parece preferible derogar la norma del Tratado según la cual los Estados miembros se turnan en la presidencia, a fin de permitir que los nuevos Estados miembros se preparen mejor para su turno;
por último, las normas sobre ponderación y mayoría cualificada y sobre el número de diputados deben adaptarse para tener en cuenta a 10 nuevos miembros, en lugar de 12.
Voy a limitarme a dos comentarios generales. En primer lugar, no son éstos los únicos puntos desfasados del Tratado de Niza. Mañana lo veremos con mayor claridad. En segundo lugar, puesto que ahora necesita una revisión, ¿qué hacemos con las normas establecidas a este respecto en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, cuyo objetivo principal consiste en asegurar el debate y la transparencia? El Consejo de Bruselas no ha dicho ni una palabra al respecto.

Goebbels (PSE)
En la votación sobre la resolución de transacción acerca de los resultados de la Cumbre de Bruselas me he abstenido.
En primer lugar, no creo que debamos felicitarnos por el informe de situación sobre la Convención elaborado por el Sr. Giscard d'Estaing. Hasta el momento, la Convención ha tenido un comienzo renqueante, centrándose en la renacionalización de ciertas políticas y en un enfoque más intergubernamental, lo que debilita a la Comisión y al Parlamento Europeo.
Además, el Consejo Europeo no ha regulado de ningún modo la futura financiación de la ampliación. De hecho, los problemas siguen. En 2006, a más tardar, la Unión Europea tendrá que abordar a un debate muy complicado sobre la solidaridad necesaria con los países candidatos.

Korakas (GUE/NGL)
El Consejo Europeo de Bruselas ha confirmado nuestras predicciones más pesimistas. Las potencias muestran una actitud colonial hacia los países candidatos; fijan los términos y condiciones de la adhesión, prevén una financiación limitada entre 2004 y 2006 y su reducción en términos reales en el presupuesto de la UE de 2007 a 2013, un paso que afectará a todos los miembros de la UE ampliada.
Y nuevamente, las principales víctimas de estas decisiones son los trabajadores, de quienes se espera que soporten todo el coste de la ampliación, ya que las asignaciones para la denominada cohesión real se han esfumado.
Les siguen de cerca los agricultores de los Estados miembros y los países candidatos, que verán cómo sus ingresos se debilitan a causa de los recortes del gasto agrícola.
Las negociaciones con la OTAN acerca de un ej?rcito europeo siguen la l?nea de los planes de los belicistas imperialistas. La UE se somete a la OTAN sin ninguna garantía acerca de la inviolabilidad de las fronteras de los Estados miembros, cede a las presiones de los Estados Unidos y nombra a Turquía para juzgar la evolución en el Mediterráneo y el sudeste europeo, «lavándose las manos» ante cualquier conflicto que esto pueda provocar entre Turquía y los Estados miembros de la UE.
Los ciudadanos de Europa se han despertado ante las implicaciones negativas de estos acontecimientos y reaccionan frente a estas perspectivas rechazando estas opciones y luchando en contra del nuevo orden, la guerra y los planes imperialistas.

Maaten (ELDR)
. (NL) Estoy a favor de una rápida ampliación de la UE con los doce países con los que se está negociando.
En mi opinión, la evaluación de la Comisión según la cual diez de dichos países cumplirán los criterios establecidos en el año 2004 es dudosa. Puesto que la resolución mantiene esta evaluación, no puedo aprobarla.

Van der Laan (ELDR)
. (NL) Estoy a favor de la ampliación pero en contra de esta resolución, puesto que echo en falta un enfoque crítico de diversos aspectos.
En primer lugar, muchos países candidatos no cumplen los requisitos establecidos en Copenhague. Aún están muy extendidos los problemas que implican corrupción, detenciones sin juicios, discriminación y capacidad administrativa.
En segundo lugar, se ha anunciado que la adhesión de nuevos países coincidirá con un «big bang» en 2004. No son los criterios, sino la fecha, lo que se ha convertido en un hecho decisivo. Se ha hecho, por tanto, políticamente imposible retrasar la adhesión de un país hasta que cumpla los criterios, con el mensaje subliminal de que los criterios carecen de importancia.
En tercer lugar, es aceptable que se admitan países que no cumplen los criterios de Copenhague, pero deben existir mecanismos de evaluación (acompañados de sanciones) para asegurar que dichos criterios, así como el acervo comunitario, se adopten con la mayor celeridad posible. Tales mecanismos (que además deben aplicarse también en los Estados miembros actuales) existen para los criterios económicos, pero no para el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. El partido neerlandés D'66 considera que estas insuficiencias son incluso más graves que las económicas.
Por último, estamos aún esperando las reformas de la desastrosa política agrícola. Los recientes acuerdos entre Alemania y Francia no sirven para nada a este propósito. Al introducir la obsoleta y equivocada política agrícola en los nuevos Estados miembros, sólo se reducen las posibilidades de que exista una verdadera reforma en 2007.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Karlsson (PSE)
 - (SV) Los miembros suecos del Grupo Parlamentario del Partido de los Socialistas Europeos que firmamos esta explicación de voto hemos votado en contra de la resolución sobre la revisión intermedia de la política agrícola común.
Estamos a favor de una reforma radical de la política agrícola y apoyamos las propuestas de la Comisión al respecto. Creemos, sin embargo, que la forma en que se ha redactado la resolución del Parlamento emite señales diferentes y, en algunos casos, contradictorias. El motivo de nuestra postura radica en el hecho de que no queremos dificultar el acceso de los países en desarrollo a nuestro mercado con sus productos agrícolas. Los apartados 6, 32 y 34 tratan de la «protección» contra la «competencia exterior» desleal y «una forma especial de protección exterior», que son cosas que no podemos apoyar.
Asimismo, bajo ningún concepto deseamos asignar más fondos a la Política Agrícola Común. El apartado 21 exige que aproveche íntegramente el importe máximo del 1,27% del PIB. En números redondos, esto significaría una cantidad adicional de 25 000 millones de euros asignados a este presupuesto.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE)
 - (SV) Los moderados hemos votado en contra de la resolución sobre la revisión intermedia de la Política Agrícola Común. El motivo estriba en el hecho de que consideramos vital que los gastos de esta política no aumenten en la forma propuesta en la resolución y que hay que respetar el acuerdo interinstitucional vigente.
Tampoco podemos apoyar una resolución que recomienda establecer aranceles en el terreno agrícola. La forma en que se ha redactado la resolución menoscaba las propuestas de la Comisión.
Lamentamos no poder apoyar esta resolución puesto que con su amplio apoyo de las propuestas de la Comisión recomienda cambios encomiables de la Política Agrícola Común. El principal objetivo de la Comisión consiste en crear un sector agrícola competitivo que resulte beneficioso para los consumidores, los contribuyentes y el sector agrario como tal.

Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) En primer lugar, nos gustaría apuntar que apoyamos plenamente la revisión de la política agrícola de la UE, es decir, el objetivo real del informe. No obstante, dado que consideramos que la revisión contiene deficiencias fundamentales, hemos decidido votar en contra.
Nos gustaría que la revisión incorporase la declaración de «iniciativa por una PAC sostenible», que ha sido aprobada por 85 organizaciones medioambientales, de cooperación para el desarrollo, agrarias y de consumidores de toda Europa, entre ellas la Sociedad Danesa para la Conservación de la Naturaleza.

Ducarme (ELDR)
El Parlamento Europeo debe oponerse a toda modificación de la Política Agrícola Común que suponga una infracción de los términos del contrato que, hasta el año 2006, vincula la potencia europea con el sector agrario, en particular teniendo en cuenta que todo indica que los gastos europeos en agricultura son todavía sustancialmente inferiores que los importes establecidos en Berlín en 1999.
La Política Agrícola Común debe garantizar prioritariamente tanto la seguridad alimentaria como la seguridad de los alimentos, por lo que la Unión Europea debe imponer los mismos requisitos de calidad y salud a los productos agrícolas importados de países terceros y a los productos europeos.
Además, puesto que la agricultura es sumamente importante para el mantenimiento de la actividad económica en las zonas rurales y para asegurar un uso equilibrado de la tierra, necesitamos establecer y mantener medidas específicas. De hecho, la estabilidad legal y el mantenimiento de la política de rentas garantizan las opciones de inversión y el funcionamiento continuado de explotaciones y empresas agrícolas.
Debemos evitar que las restricciones a las ayudas a los agricultores provoquen que las grandes empresas se expandan aún más, en detrimento del modelo de explotación familiar que favorece al medio ambiente y encierra un aspecto humano.

Sacrédeus y Wijkman (PPE-DE)
. (SV) Acogemos con agrado que la resolución haga hincapié en el deseo de reformar la política agrícola común, así como su énfasis en la posición que ocupa el medioambiente, la seguridad alimentaria, la salud y la protección de los animales dentro de esta política. Resulta también alentador que el Parlamento Europeo desee apoyar a los agricultores jóvenes y a las explotaciones agrícolas familiares, sobre todo en las zonas menos favorecidas. Asimismo queremos manifestar que, por principio, la producción alimentaria no puede equipararse a la producción industrial, por lo que debe protegerse por medio de condiciones comerciales especiales, sobre todo con vistas a tener muy en cuenta las consideraciones medioambientales.
Nos complace el hecho de que el apartado 21 original, que reflejaba la opinión de que las propuestas de la Comisión requerían un aumento del presupuesto de la UE hasta alcanzar el tope del 1,27% del PIB, fuera rechazado en votación por 356 votos a favor y 135 en contra. Esto habría significado un incremento no inferior a 150 000 millones de coronas suecas, algo inaceptable. En ningún lugar de la resolución se afirma que la política agrícola actual sea proteccionista y que perjudique seriamente a los países más pobres del mundo. Al contrario, la impresión que se extrae de su lectura es que propugna una política de carácter defensivo, y en el texto el Parlamento Europeo expresa su opinión de que la agricultura debe beneficiarse de una protección exterior cualificada, es decir, debe protegerse de la competencia desleal del exterior.
Por lo tanto, hemos optado por votar en contra de todo el apartado 21 de la resolución y por abstenernos con respecto a la resolución en su conjunto.

Van den Bos y Van der Laan (ELDR)
. (NL) La política agrícola común ha de reformarse, habida cuenta del elevado coste, del daño medioambiental y del gravísimo impacto que tiene sobre los países en vías de desarrollo. La política agrícola europea debe ser la adecuada, de cara a la comunidad internacional, y lograr los objetivos de la Ronda de Doha.
No obstante, esta resolución aboga por un sistema desfasado que sigue haciendo hincapié en la necesidad de garantizar los precios, cuando esto, durante mucho tiempo, ha demostrado ser un aspecto negativo para el correcto funcionamiento del mercado. Esta resolución no subraya suficientemente la necesidad de llevar a cabo reformas profundas y se conforma con la mínima reforma que tenemos ante nosotros. En consecuencia, rechazamos por completo la resolución del Sr. Daul.
El partido D'66 solicita un control democrático de la política agrícola europea. A este respecto, se debe otorgar al Parlamento Europeo el derecho de codecisión y plenas competencias presupuestarias.
En lugar de llevar a cabo una reforma de la política, el Parlamento Europeo está consintiendo hoy que se conceda más dinero a la agricultura y que prosiga la calamitosa política actual. Nos horroriza que nuestros homólogos demócrata-cristianos neerlandeses de esta Cámara estén de acuerdo con la supresión de los topes presupuestarios para el sector agrícola.

Van Hecke (ELDR)
. (NL) He votado en contra de la resolución Daul sobre la revisión intermedia de la PAC, que solicita el mantenimiento y el reforzamiento del modelo agrícola europeo actual.
Las consecuencias de esta resolución van a ser nefastas para los países en vías de desarrollo y para África, donde la mayoría de la gente vive de la agricultura. Los subsidios agrícolas europeos impiden a los agricultores de los países en desarrollo que sean capaces de competir con los agricultores europeos. Además, las subvenciones a la exportación hacen que los excedentes agrícolas de la UE se vendan en los países en desarrollo, en una práctica de dumping, a precios más bajos de lo que los productos agrícolas se pueden producir en estos países.
Las ayudas, independientes de la producción, pueden estar justificadas, pero las subvenciones a la exportación, no. Éstas alteran el mercado, son muy negativas para los agricultores de los países más pobres y contravienen todos los principios de liberalización del comercio mundial. El sistema es, por encima de todo, injusto: mientras en los años 80, el FMI pedía a los países más pobres que eliminaran los subsidios agrícolas, los países ricos continúan subvencionando la agricultura, veinte años después.
¿Quién acabará pagando esto? Los contribuyentes europeos y los pequeños agricultores de los países en desarrollo. Las beneficiadas serán las grandes empresas agroindustriales.
(Explicación de voto abreviada de conformidad con el apartado 1 del artículo 137 del Reglamento.)

Queiró (UEN)
. (PT) El reconocimiento por parte de las autoridades de Corea del Norte de que han estado llevando a cabo un programa secreto de fabricación de armas nucleares exige que el Parlamento Europeo adopte una postura más firme que la contenida en la propuesta de resolución común sobre la que acabamos de votar. Debería constar en el texto, de manera específica, una petición para que concluya el programa y para que se inspeccionen las actividades referidas, de conformidad con las normas de salvaguardia dictaminadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica.
Además, el Parlamento Europeo debería tratar de garantizar que el mantenimiento del diálogo entre la UE y Corea del Norte, en el ámbito de la cooperación, la asistencia humanitaria, la inversión y el apoyo a las instituciones democráticas, esté sujeto a la clarificación de este asunto.
Por ello, no he tenido más alternativa que abstenerme en la votación.

Bonde y Sandbæk (EDD)
 - (DA) En el informe Lagendijk (A5-0338/2002), la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa apela al Consejo y a la Comisión para que consideren la posibilidad de suspender la ayuda financiera a cada uno de los cinco países -Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro- si no cumplen tres condiciones políticas.
El Movimiento de Junio apoya la postura de que estas condiciones políticas deben respetarse en todo momento. Por tanto, hemos optado por votar a favor del informe, aunque con algunas reservas.
Opinamos que la UE no debería juzgar a los Estados de Europa o del mundo con respecto a este asunto. En la actualidad, la ONU representa la única organización internacional de cooperación que reconoce la posibilidad de aplicar sanciones equitativas a los Estados y que, al mismo tiempo, es reconocida por la comunidad internacional. El Movimiento de Junio no cree que la Unión Europea deba contar con una política exterior común, y considera que este informe es otro paso adelante para lograr este objetivo. Al votar a favor del informe, demostramos que estamos a favor de las peticiones políticas realizadas a los países de los Balcanes, pero no que aceptemos los medios.
Además, el Movimiento de Junio se opone rotundamente al apartado F del informe, según el cual se prevé que la UE se encargue de Amber Fox, la operación que la OTAN lleva a cabo en la actualidad. Consideramos que esto es un paso encaminado a que la UE cree su propia fuerza militar de reacción rápida.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) He apoyado este informe porque creo que, sin una verdadera estabilización del espacio territorial europeo en su conjunto, será difícil dar respuesta a las preocupaciones y las expectativas de los pueblos europeos por lograr una paz duradera y la consolidación de una zona económica dinámica, competitiva y más justa, desde el punto de vista social, por todo el continente. Todos sabemos que la estrategia seguida por la Unión Europea en relación con los cinco países de los Balcanes occidentales -Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la Ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro, incluido Kosovo- se ha llevado a cabo en el ámbito del Proceso de estabilización y asociación, y que dicha estrategia pretende desarrollar, en esta región particularmente delicada, formas de democracia y fuertes economías de mercado similares a las de la UE. Por eso, en términos de fomento de un espacio europeo en el que prevalezca el Estado de Derecho y el progreso económico, debo hacer hincapié en algunos de los puntos a los que se ha referido el ponente, a saber: la clarificación del estatuto de Kosovo; la aplicación clara de una política que permita el regreso de los refugiados y una política activa que combata el crimen organizado y la corrupción; el fortalecimiento del Estado de Derecho, en concreto por medio de la creación de un sistema judicial independiente apropiado para los modelos democráticos; la mejora del sistema educativo, con el fin de consolidar la paz entre los pueblos, promoviendo el conocimiento objetivo de la historia, la comprensión mutua y el respeto por las demás naciones y sus culturas; y el fomento del papel de unos medios de comunicación creíbles e independientes de todo control político, que puedan actuar como un verdadero contrapoder.

Andersson, Färm, Hedkvist Petersen, Hulthén y Karlsson (PSE)
 - (SV) Hemos decidido votar hoy a favor del informe de la Sra. Schroedter. No obstante, no aprobamos el considerando B, que deja inamovibles las partidas presupuestarias destinadas a la política de cohesión. En el contexto de la ampliación, es difícil saber exactamente cuántos recursos se van a necesitar para las distintas ayudas regionales. Por ello, sería mejor no decidir con antelación que niveles máximos y mínimos se van a aplicar a la política de cohesión.
Por lo demás, opinamos que se trata de un informe sensato.

Arvidsson, Cederschiöld, Grönfeldt Bergman y Stenmarck (PPE-DE)
 - (SV) Nosotros los moderados hemos votado hoy a favor del informe de la Sra. Schroedter porque hace hincapié en la necesidad de mantener el tope presupuestario y de abolir la ayuda regional para aquellas regiones cuyo PIB no sea inferior al 75% de la media de la UE.
Sin embargo, es importante subrayar que la política regional precisa una reforma. El proceso de transformación de la UE en una unión de transferencias no debería proseguir. Abonar dinero a la UE para volverlo a recibir en forma de ayuda estructural no es una buena forma de resolver el problema de la regiones menos desarrolladas. Las ventajas de la UE para los nuevos Estados miembros no pueden limitarse a que ésta reparta subvenciones a costa de los contribuyentes.
En lugar de proporcionar subvenciones destinadas a las regiones más pobres de los Estados miembros, debería haber reducciones de las cuotas para aquellas regiones que tengan unos ingresos muy inferiores a los de la media de la UE. De ese modo, ningún Estado miembro saldría perdiendo económicamente, y además evitarían así los efectos perjudiciales que una fuerte dependencia de las subvenciones podría traer consigo sobre sus economías.
Como muy bien señala este informe, se han producido estafas y fraudes con dinero procedente del presupuesto de la UE. Los reglamentos que regulan las subvenciones deben, por tanto, ser más claros y menos ambiguos.
La UE debería, asimismo, apoyar la cooperación regional transfronteriza, en especial entre países que hayan tenidos disputas en el pasado o que mantengan relaciones tirantes.

Darras (PSE)
. (FR) No puedo sino dar mi apoyo final a este informe, que subraya cuán central y fundamental es la política de cohesión para todos aquellos que desean que el modelo europeo, basado en la integración y la solidaridad entre las regiones más ricas y las más pobres de la Unión Europea, sea algo más que un deseo piadoso en la Unión ampliada.
Puesto que se trata de una política fundamental, ha de reorganizarse, con el fin de adaptarse y satisfacer las necesidades específicas y la realidad socioeconómica que resultarán de la ampliación.
Debemos transformar ahora la economía de un modo ecológico y socialmente equitativo, y orientarla hacia el desarrollo sostenible. Éste debe convertirse en el objetivo de nuestros pasos con respecto a la cohesión, como Jacques Delors recalcó ya en 1993.
Por tanto, para identificar las regiones que necesitan ayuda, el criterio del PIB per cápita debería dejar de ser el único indicador empleado. Debemos complementar éste con otros indicadores estadísticos regionales. Por ello, voy a apoyar la enmienda número 10.
Por consiguiente, respaldo por completo este informe precisamente porque reitera categóricamente que la política futura de cohesión debe basarse en los principios de solidaridad, asociación y adicionalidad.

Mayol i Raynal (Verts/ALE)
He votado a favor de este informe, conjuntamente con mi Grupo, porque pienso que, en términos generales, la política de cohesión es positiva. No obstante, debemos observar que la primacía del Estado en la Unión Europea ha significado que sean los Estados sin grandes problemas regionales los que más se hayan beneficiado de ella, como por ejemplo Irlanda y Portugal. Además, el concepto de región, que a menudo es tecnocrático, se aplica a situaciones que, con frecuencia, son completamente diferentes desde una perspectiva humana. Por tanto, naciones como Cataluña y el País Vasco a menudo tienen en su seno regiones que no son reconocidas como tales por sus respectivos Estados y que podrían beneficiarse de estos fondos, pero son injustamente excluidas. Por último, habría que señalar que la política transfronteriza no sólo une a diferentes naciones, sino que a veces une a fragmentos de una misma nación que habían sido injustamente separados.

Miranda (GUE/NGL)
. (PT) Apoyamos las afirmaciones contenidas en este informe acerca de que «la [?] política de cohesión tiene que estar basada en los principios de solidaridad, asociación y adicionalidad» y de que «las regiones ultraperiféricas [?] han de recibir un trato prioritario en la nueva política regional».
Además estamos de acuerdo con que «puede alcanzarse una coherencia claramente mejor de las políticas de la UE con repercusiones sobre la cohesión económica y social». Y por esta razón, no podemos sino condenar los efectos negativos que las propuestas que estamos debatiendo en la revisión intermedia de la PAC y de la Política pesquera común tendrían en la política de cohesión de la Unión.
No obstante, con respecto a la financiación de la política de cohesión en una futura Europa ampliada, consideramos insuficiente que apenas se reconozca que no es posible reducir el porcentaje actual del 0,45% del PIB de la Unión. Dadas las implicaciones de las restricciones impuestas por el Pacto de Estabilidad a los países menos desarrollados -especialmente a Portugal, donde el proyecto de presupuesto propuesto por el Gobierno, con el objetivo de cumplir los criterios de convergencia, acentuará en gran medida el desequilibrio regional-, esa respuesta tendrá que ser dada sobre la base de una evaluación real de las necesidades de la política de cohesión y con una revisión de las perspectivas financieras, con vistas a la ampliación.

Queiró (UEN)
. (PT) En su análisis de este informe, la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo tuvo el mérito de subrayar algunos aspectos importantes relacionados con la política de cohesión económica y social, entre otros: el reconocimiento de la eficacia del sistema de fondos estructurales para ayudar al crecimiento económico de las regiones en vías de desarrollo; la oposición al intento de racionalizar esta política; y el reconocimiento de las características específicas de las regiones ultraperiféricas.
Con todo, el informe omite un principio fundamental que nos permitiría darle nuestro apoyo sin reservas, el principio de que la aplicación de la política de cohesión europea en una Europa ampliada será, por consiguiente, mucho más desequilibrada desde el punto de vista del desarrollo regional, y no se puede lograr a costa de la solidaridad que aún debemos a los países de la cohesión, al frente de los cuales se encuentra Portugal.

Raschhofer (NI)
. (DE) Este informe señala, una vez más, las graves deficiencias de la política estructural y de cohesión. Llevo años leyendo detenidamente estos informes y siempre se enumeran las mismas deficiencias: el paro sigue aumentando, y debemos considerar que las intervenciones de la política de cohesión no han dado en el blanco. El presente informe subraya el hecho de que el 24,2% de las ayudas de la UE ni siquiera llega a las regiones receptoras y, en lugar de ello, se desvía a regiones más ricas.
Enfrentados a estos hechos, no podemos eludir la pregunta de si la política que estamos aplicando es la correcta. Además, los países candidatos me preocupan. Los informes de progreso de la Comisión muestran que se deben tomar medidas urgentes para desarrollar sus capacidades administrativas y sus mecanismos de coordinación. El informe de la Sra. Schroedter debe servirnos de advertencia. La perspectiva de una ampliación inminente implica que no se pueda retrasar más un cambio de rumbo.
Precisamente porque apoyo el ideal fundamental europeo de solidaridad, solicito una reforma profunda de la política regional, una reforma que, por fin, haga realidad este ideal. El informe de la Sra. Schroedter contiene buenas recetas para lograr este objetivo y, por ello, la delegación del Partido de la Libertad lo ha aprobado.

Ribeiro e Castro (UEN)
. (PT) Me he abstenido en la votación final de este informe, principalmente por las vicisitudes que han caracterizado su elaboración y por algunas de las ambigüedades derivadas de ello. En efecto, la versión original del texto propuesta por la ponente era bastante vaga y algunas partes contradecían incluso la resolución previa del Parlamento Europeo, que se aprobó por una gran mayoría el pasado febrero. Por tanto, el texto final es el resultado de varias enmiendas presentadas por la práctica totalidad de los grupos políticos, con lo cual se han logrado algunas mejoras, aunque como siempre ocurre en estas situaciones, el mosaico final no se caracteriza por su gran calidad formal. Es cierto que han acabado por reafirmarse algunos puntos fundamentales y consensuados con respecto al principio de cohesión económica y social y a las políticas respectivas -incluyendo la defensa de las características específicas de las regiones ultraperiféricas-, pero el texto, en última instancia, no tiene la fuerza que desearía, en especial en el contexto de los cambios que se avecinan en el horizonte: la ampliación y la reforma institucional. Por esta razón, mi voto final, junto con los de las diferentes votaciones parciales, es un intento de expresar el valor primordial que otorgo a este principio comunitario (véase el artículo 158 del Tratado CE), considerado como un principio básico fundamental y un principio rector permanente de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea. Nunca está de más reafirmarlo y darle la importancia que merece. Únicamente la continuidad de las políticas de cohesión puede conducir a la ansiada reducción de las diferencias económicas y sociales y al fortalecimiento de los valores comunes dentro de la Unión Europea.

Simpson (PSE)
. (EN) El debate sobre la forma que debería tomar la política europea de cohesión económica y social a partir del año 2006 está lejos de concluir. Este no es el momento adecuado para que el Parlamento Europeo establezca ningún criterio claro, ya que el objetivo de este informe es señalar la dirección en la que el Parlamento desea enfocar el debate. Mientras no dispongamos de información más detallada sobre las necesidades futuras de las regiones rezagadas económicamente respecto de la Unión, sería un error político establecer exactamente los mismos criterios que ahora. Por este motivo, el grupo del PSE ha votado en contra de la enmienda 12 de la ponente.
El Presidente.
Con esto concluye el turno de votaciones.

El Presidente.
Declaro interrumpido el período de sesiones del Parlamento Europeo.
(Se levanta la sesión a las 11.45 horas).

