Impacto y consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (debate)
La Presidenta
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe de Bernadette Vergnaud, en nombre de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre el impacto y las consecuencias de la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior.
Bernadette Vergnaud 
ponente. - (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, los servicios sanitarios son uno de los pilares del modelo social europeo. Por eso, fueron excluidos de la Directiva relativa a los servicios y deben abordarse por separado, en el marco de una evaluación más amplia sobre la sanidad en Europa.
La consulta de la Comisión no puede limitarse únicamente a la movilidad de los pacientes, sino que debería brindar la ocasión de definir cuáles pueden ser el papel y el valor añadido de la Unión Europea para garantizar a cada ciudadano no solo el mismo acceso a la asistencia sanitaria, sino también un alto nivel de protección de la salud, de conformidad con las competencias de los Estados y del principio de subsidiariedad.
La política europea de sanidad no puede limitarse a la movilidad de los pacientes y los profesionales y no puede tener como único objetivo la creación de un mercado interior de los servicios sanitarios, lo que conduciría a un sistema a dos velocidades, del que solo se beneficiarían los pacientes más acomodados y en el que los centros sanitarios tratarían de atraerse a los pacientes más ricos. Además, debido a la disparidad de ingresos de los profesionales, los problemas de demografía médica debilitarían el acceso a la asistencia en los Estados miembros en los que estuvieran menos remunerados, cuyos profesionales estarían tentados de establecerse en otro país. Los pacientes deben tener derecho a recibir asistencia en otro Estado miembro, en virtud de la libertad de circulación, pero no se trata de promover el turismo médico.
Si los servicios sanitarios están sujetos a las normas del Tratado, no pueden considerarse sin embargo servicios comerciales ordinarios, pues desempeñan una misión de interés general. Debe existir un equilibrio entre la libre circulación y los objetivos nacionales preponderantes, relativos a la gestión de la capacidad de los hospitales, el control del gasto sanitario y el equilibrio financiero de los sistemas de seguridad social. Además, los Estados miembros siguen siendo competentes para organizar, planificar y financiar sus sistemas sanitarios.
Todos los ciudadanos europeos, independientemente de sus rentas y su residencia, deben disponer de un acceso igual, a un coste asequible, a la asistencia sanitaria, dentro del respeto de los principios de universalidad, calidad, seguridad, continuidad y solidaridad. Así se contribuirá a la cohesión social y territorial de la Unión al mismo tiempo que se garantiza la viabilidad financiera de los sistemas de asistencia sanitaria nacionales. En efecto, la movilidad de los pacientes no debe servir de excusa a los Estados para descuidar sus propias estructuras.
Las sentencias del Tribunal han introducido, tal como han resultado las cosas, una serie de conceptos que merecen una aclaración. Así sucede con la distinción entre asistencia hospitalaria y extrahospitalaria, y con el concepto de tiempo de espera razonable. Lamento que la Comisión haya hecho una referencia muy fugaz a la movilidad de los profesionales, cuando este tema exige un examen en profundidad. La escasez de personal en los servicios sanitarios europeos no hará sino agravarse con el tiempo. Además, nos enfrentamos al envejecimiento de la población. Por consiguiente, ¿es razonable no abordar esta cuestión ahora mismo? Creo que no.
La Unión debe comprometerse a facilitar información completa a los pacientes, para que estos puedan tomar decisiones con conocimiento de causa: quién les puede tratar y con qué procedimientos. En ese momento, cuando estén resueltas todas las cuestiones sobre los procedimientos y criterios, tendremos de verdad en nuestro territorio "enfermos europeos sin fronteras". En términos de cooperación, la Unión podría favorecer el establecimiento de una red europea de centros de referencia o el intercambio de conocimientos sobre los mejores tratamientos entre los distintos países.
Es lamentable que la consulta describa los servicios sociales de forma restrictiva, ya que, en materia de integración, tienen una dimensión que va más allá de la mera asistencia y de la acción a favor de los más pobres. Además, la distinción artificial entre los servicios sanitarios y los servicios sociales de interés general ignora la realidad de los servicios prestados. En buen número de casos, los servicios sociales y sanitarios se prestan de forma indiferenciada. Así sucede, en particular, con los servicios sanitarios con acompañamiento social. ¿Qué pasa con la medicalización de los asilos y de los centros especializados para las personas con discapacidad?
Contrariamente a lo que la consulta de la Comisión daba a entender, las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo no imponen en absoluto que el Parlamento se limite a un mero papel de codificador de la jurisprudencia, como tampoco le impiden ejercer plenamente su derecho de legislador. Las decisiones del Tribunal, adoptadas sobre casos concretos, no bastan para definir una política en materia de sanidad. Las decisiones deben tomarse en el marco del proceso democrático.
Dada la multiplicidad de procedimientos de infracción entablados por la Dirección General de Mercado Interior en el ámbito de la sanidad y la situación jurídica insatisfactoria en que se encuentran los usuarios, es necesario, por motivos de coherencia, prever una directiva relativa a los servicios sanitarios que precise los valores comunes y los principios aplicables a los sistemas sanitarios de la Unión, a fin de que los ciudadanos recuperen la confianza en Europa en un aspecto de su vida cotidiana, la salud, que es su bien más preciado. El valor añadido de la Unión puede ser en este sentido esencial y también impulsar la Estrategia de Lisboa.
Markos Kyprianou
Señora Presidenta, me satisface mucho tener la oportunidad de volver a debatir esta cuestión con ustedes. La hemos debatido en numerosas ocasiones, incluso en comisión.
Hoy nos ocupamos de una situación real. Por un lado, existe una serie de sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, además de la jurisprudencia creada en este terreno, y, por otro, está la decisión del Parlamento Europeo, que la Comisión ha aceptado y con la cual está de acuerdo, de no incluir los servicios sanitarios en la Directiva relativa a los servicios.
Tal y como se había prometido en el momento en el que se estaba celebrando el debate sobre la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios, emprendimos acciones en un ámbito específico de la sanidad a nivel europeo; de ahí nuestra iniciativa de comenzar con un documento de consulta, lanzar la consulta pública y, más tarde, continuar con una propuesta más concreta.
La consulta pública ha concluido y ya tenemos los resultados. Ya hemos mantenido dos debates ministeriales sobre esta cuestión y, con este debate de hoy, nos formaremos una idea más completa de la posición no solo de las instituciones, sino también de los ciudadanos europeos; entonces estaremos preparados para la siguiente fase, que será la elaboración de la propuesta. Puedo asegurarles que tanto el debate de hoy como, por supuesto, el informe contribuirán de manera significativa al modo en el que procederemos a este respecto. Por consiguiente, quiero dar las gracias y felicitar a la ponente por su minucioso y detallado informe, y también me gustaría dar las gracias a las demás comisiones por haber contribuido al mismo.
Estamos en medio de este proceso, lo que nos permite devolver la definición de las políticas a los políticos, de modo que quienes han recibido el mandato de decidir y proponer políticas también lo harán en este importante terreno.
Como he dicho, hemos concluido el proceso de consulta. Hemos recibido más de 300 contribuciones de los Estados miembros, las autoridades regionales, organizaciones que representan a los pacientes y profesionales, así como de proveedores sanitarios, incluso de hospitales y ciudadanos particulares. A pesar de que hubo diferentes opiniones en función de la procedencia de cada contribución, también hubo un planteamiento común: la acción europea emprendida a este respecto aporta un valor añadido. El debate va más allá de la movilidad del paciente y abarca otras muchas áreas, como la información a los pacientes, sus derechos, la circulación de profesionales, la cooperación entre auxiliares sanitarios, los centros de excelencia, el intercambio de buenas prácticas en todos los campos que puedan contribuir a una asistencia sanitaria transfronteriza efectiva que beneficie a los pacientes, a los ciudadanos -que son nuestra mayor preocupación-, sin crear ninguna carga innecesaria para los sistemas sanitarios de los Estados miembros.
Todas estas contribuciones, junto con su informe de hoy, serán un punto de referencia muy importante para nuestro siguiente paso, que consistirá en una propuesta específica.
Admitimos que los servicios sanitarios tienen una especificidad -son distintos de los demás servicios de la Unión Europea- y, por lo tanto, el reto consiste en elegir entre el mercado interior y los valores sociales, estableciendo un marco que pueda proporcionar tanto las ventajas de la libre circulación, por un lado, como el respeto de los objetivos sanitarios y los valores sociales, por otro, especialmente después de que los Ministros de Sanidad confirmaran esto recientemente en un Consejo informal celebrado en Aquisgrán.
Creo que el informe del Parlamento refleja, en gran medida, las cuestiones identificadas por muchos sectores interesados y por los Ministros. Esto subraya la necesidad de actuar a escala europea.
Con respecto al instrumento que podemos utilizar, como he dicho al comienzo, el año pasado los servicios sanitarios quedaron excluidos del alcance de la Directiva relativa a los servicios a petición del Parlamento Europeo, y se invitó a la Comisión a que sugiriese propuestas específicas sobre los servicios sanitarios. La Comisión aceptó este planteamiento y, por consiguiente, no tiene la intención de reabrir el debate sobre una posible reinclusión en la Directiva relativa a los servicios. Al contrario, ahora estamos ultimando la elaboración de una propuesta concreta relativa a esas cuestiones específicas. Será un paquete con varias medidas, pero la primera comprenderá, como se pide en el informe, propuestas legislativas concretas en este terreno. Esto vendrá seguido de otros diversos pasos.
Sin embargo, como he dicho, el objetivo principal de todos nosotros es el beneficio de los ciudadanos europeos, de los pacientes europeos, teniendo siempre en cuenta el principio de subsidiariedad.
Harald Ettl 
Señora Presidenta, señor Comisario, todos los europeos conceden una gran importancia a los servicios de atención sanitaria de alta calidad y la importancia de la sanidad es aún mayor en vista del envejecimiento de la población europea. Los servicios sanitarios persiguen los mismos objetivos que los demás servicios sociales de interés general y se basan en el principio de solidaridad, en los valores fundamentales y en la igualdad de acceso, mientras que es preciso seguir garantizando la universalidad, la igualdad de trato y la solidaridad.
La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha vuelto a confirmar que la exclusión de los servicios de atención sanitaria del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios se debió al deseo de identificar los servicios de atención sanitaria como un bien de rango superior para la Unión Europea y que es necesario corregir el resultado de la votación de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en el Pleno para no enviar una señal equivocada con respecto al proceso en curso. Estos servicios deben ser reconocidos mediante textos legislativos adicionales a escala europea y no deben estar sujetos a la libre competencia.
Lo que hace falta es un marco jurídico, una propuesta, que podría, por ejemplo, adoptar la forma de una directiva sectorial sobre los servicios de atención sanitaria, que se consultaría con los interlocutores sociales y las autoridades competentes, y en la que se recogerían normas claras sobre la responsabilidad por las lesiones que sufran los pacientes durante el tratamiento.
El reembolso de los gastos debe ser transparente y general y deben cumplirse unas normas uniformes sociales, laborales y de calidad cuando se establezcan los proveedores de servicios; los servicios sanitarios no son servicios de cualquier tipo, debemos administrarlos con cuidado porque, a fin de cuentas, también afectan a la salud de todos nosotros.
Jules Maaten 
ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. - (NL) Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, me gustaría añadir mi opinión a este debate. Está claro que los servicios de atención sanitaria forman parte integrante de la infraestructura social europea; si existe algo que sea expresamente representativo de Europa y que la haga diferente del resto del mundo, es la manera en que aseguramos un alto nivel de atención sanitaria a todos los ciudadanos, al margen de sus circunstancias personales.
Por lo tanto, nuestro principio fundamental en todo este debate consiste en que, en definitiva, la atención de calidad debe estar a disposición de los pacientes y en que lo ideal sería que estuviese tan cerca de sus hogares como fuese posible, ya que esto es lo que la mayoría de los pacientes parecen necesitar. Sin embargo, hay situaciones en las que esto es imposible; puede no ser posible por culpa de las listas de espera o en el caso de enfermedades poco comunes que solo pueden ser tratadas en un contexto europeo.
Aunque la atención sanitaria sea ante todo responsabilidad de los Estados miembros, a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria le satisface que la Comisión haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento de consulta para ver cuál es el mejor plan de acción para la Unión Europea.
Charlotte Cederschiöld
en nombre del Grupo del PPE-DE. - (SV) No estamos hablando de la Directiva relativa a los servicios, aunque cualquiera que escuche el debate pueda pensarlo. De lo que realmente hablamos es de cómo vamos a solucionar los problemas derivados del hecho de que los servicios de atención sanitaria no estén incluidos en la Directiva relativa a los servicios. En concreto, nos preocupa cómo van a poder conservar los pacientes y los proveedores de servicios, a pesar de ello, sus derechos transfronterizos. Los derechos actuales tienen su fundamento en los Tratados y en varios asuntos judiciales y no deben verse afectados por la legislación secundaria, al menos no sin informar a la gente de lo que ocurre. No es tanto una cuestión de introducir servicios o derechos nuevos, sino de defender el Estado de Derecho y los derechos vigentes.
Según el Tribunal Europeo de Justicia, la notificación previa es un método de limitación normal. Los miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos no deseamos incrementar el uso de la notificación previa. Creemos que los pocos casos que el Tribunal ha aprobado como obstáculos legítimos a la norma general de libertad de circulación de personas y servicios son suficientes.
Una asistencia sanitaria avanzada necesita planificación, con estructuras fijas y fondos para su financiación. En este ámbito, los Estados miembros probablemente necesiten aún cierta libertad de movimientos.
Como muchos oradores ya han señalado, hay grandes diferencias entre los Estados miembros. La Comisión debe elegir los instrumentos adecuados para gestionar las distintas partes de este gran paquete y centrarse en las soluciones que promuevan la circulación, la libertad y la seguridad del ciudadano europeo. Debemos proteger a la población y no a la burocracia nacional. No tenemos nada en contra de una especialización dentro de la UE que comporte una atención de mayor calidad para los pacientes. Como ciudadanos de la UE, tenemos que adoptar soluciones transfronterizas. Tenemos derecho a ellas, como pacientes y como proveedores de servicios. Estas soluciones existen y deben ser empleadas, aunque la atención sanitaria no forme parte de la Directiva relativa a los servicios. La responsabilidad de la Comisión es proponer soluciones. Pido a la Comisión que codifique los casos legales, destaque la responsabilidad de los Estados miembros sobre el contenido de la atención y no acepte que los ciudadanos tengan menos derechos de los que actualmente tienen. El Parlamento y la Comisión deben apoyarse mutuamente.
Evelyne Gebhardt
en nombre del Grupo del PSE. - (DE) Señor Presidente, señor Comisario, los miembros de esta Cámara actuamos deliberadamente cuando excluimos los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios, ya que estos servicios son especiales y requerían una calidad especial, una atención sanitaria de alto nivel que, además, se organice de tal manera que cualquiera, independientemente de dónde viva o de cuánto lleve en la cartera, pueda tener un acceso efectivo a estos servicios sanitarios.
Esa es nuestra tarea principal, que explica, como hemos dicho, por qué no se trata de servicios comerciales y por qué, por consiguiente, no se les debe aplicar la Directiva relativa a los servicios. Por ello nos quedamos estupefactos cuando los liberales y los conservadores de la Comisión se unieron para tomar la decisión de que los servicios sanitarios se volvieran a incluir en la Directiva. Es absolutamente incorrecto y debo pedirles que reconsideren y retiren esta decisión porque, tal y como ha dicho muy bien el Comisario Kyprianou, necesitamos dar una respuesta apropiada a las cuestiones relacionadas con los servicios de atención sanitaria, teniendo en cuenta toda la gama de cuestiones que es preciso regular. Esta es la tarea que tenemos ante nosotros, así que miremos hacia delante y no atrás, a fin de hacer posible la prestación de servicios de atención sanitaria de una calidad verdaderamente elevada.
Insto a los conservadores y a los liberales a que garanticen que el apartado 71 se elimine de nuevo del informe, que es un buen informe en todos los demás aspectos.
Deseo felicitar a la señora Vergnaud por su informe, porque las líneas generales que contiene hacen de él un trabajo positivo y progresista que nos enseña cómo podemos tratar este tipo de cuestiones, y me alegro mucho de que la Comisión, en la persona del Comisario Kyprianou, así como los Ministros del Consejo de Ministros, hayan expresado sin reservas su disposición a seguir por este camino, así que sigamos adelante y abordemos estas cuestiones en una directiva sectorial específica, completando así un buen trabajo para el público.
Toine Manders
en nombre del Grupo ALDE. - (NL) Señor Presidente, quiero dar las gracias al Comisario por su introducción y a la señora Vergnaud por su excelente colaboración.
Como he oído en varias ocasiones que los servicios sanitarios no van a estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios, me pregunto de qué se trata todo esto. La propuesta en la que se incluye el artículo actual es producto de los acuerdos que se han alcanzado y, por consiguiente, se ha tenido debidamente en cuenta la condición en la que insisten el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos, el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, a saber, que los servicios sanitarios deben incluirse en la Directiva relativa a los servicios en forma de lex specialis.
Como por lo visto esto ha causado bastante revuelo, he presentado una enmienda de sustitución que dispone lo que el señor Comisario ha mencionado hace unos momentos. Después de todo, hay que encontrar el justo equilibrio entre la libre circulación de servicios, el respeto de los de derechos de los pacientes, el libre ejercicio de la profesión médica en Europa y la libertad de establecimiento.
Aquí es donde entra la nueva enmienda y espero que el Grupo del PSE y el Grupo del PPE-DE puedan aceptarla, que podamos aprobar la enmienda conjuntamente y que terminemos con una propuesta nueva que proporcione igualdad de trato y solidaridad para todos los europeos, y con esto me refiero a todos los europeos y a todos los pacientes europeos.
Hemos de evitar llegar a una situación en la que los servicios médicos sean considerados simplemente servicios de interés general, lo que significa que quedarían fuera del ámbito del Tratado Europeo con el resultado de que cada Estado miembro pondría en marcha su propio sistema, las fronteras se cerrarían, no habría libertad, no serían reconocidos los derechos de los pacientes y los ricos cogerían un avión a Pekín para recibir el mejor tratamiento que se pueda pagar en vez de buscar uno en Europa.
Si eso es lo que Europa quiere hacer, entonces creo que corremos el riesgo de volver al siglo XVII, que puede haber sido una época dorada aunque, en mi opinión, no representa lo que Europa pretende ser.
Por consiguiente, espero que la enmienda presentada por el Grupo liberal mediante la sustitución del artículo 71 concite un amplio apoyo para que se pueda redactar una directiva específica y todas las enmiendas de transacción puedan ser aprobadas, enmiendas que, en cualquier caso, nosotros aprobamos, ya que el paquete es excelente. Espero que tengamos éxito en lo que nos proponemos conseguir.
Pierre Jonckheer
en nombre del Grupo Verts/ALE. - (FR) Señor Presidente, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha apoyado los trabajos de la señora Vergnaud, a quien quiero agradecer, además, su receptividad.
Dicho esto, debo reconocer que prefería su primer informe, integrado por menos de 30 apartados. Pido al Comisario y a nuestros colegas que lean la exposición de motivos, que no ha sido modificada y me parece mucho más clara que los 72 apartados que tenemos actualmente.
Mi Grupo ha presentado de nuevo una serie de enmiendas, algunas de las cuales confirman la exclusión de la asistencia sanitaria de la Directiva relativa a los servicios, mientras las demás aprueban claramente la necesidad de una legislación específica, subrayando al mismo tiempo que hay ya cierto número de reglamentos, en particular el Reglamento (CE) no 883/2004, sobre cuya base tienen lugar tanto la movilidad como el reembolso de cierto número de servicios sanitarios.
Pienso que en este debate podemos apreciar claramente que la dificultad estriba, como en otros temas, en la ventaja que esperan obtener no solo los Gobiernos nacionales, sino también quienes operan en los sistemas de asistencia sanitaria en cada uno de los países, de mantener el control sobre la organización y la financiación de la asistencia sanitaria de forma general y, por otra, en no permitir que solo las sentencias del Tribunal de Justicia den orientaciones no deseadas. Pienso en particular en lo que se llama "favorecer el turismo médico en la Unión Europea". Pienso -y muchos operadores piensan- que esto es una evolución indeseable.
En cambio, y llamo la atención en este punto no solo sobre nuestras enmiendas, sino también sobre algunas enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, pienso que debemos reafirmar de forma muy, muy clara, la responsabilidad de cada uno de los Estados miembros de garantizar a sus ciudadanos y a todos los residentes en su territorio el acceso a una asistencia sanitaria de buena calidad. Creo que no es deseable tener que hacer 300, 500 o 2 000 km para disfrutar, por ejemplo, de una buena asistencia dental, como se hace actualmente. No creo que sea realmente la mejor solución.
Con este espíritu nos reservaremos por tanto nuestro voto final, en función de los resultados de las votaciones sobre las distintas enmiendas.
Søren Bo Søndergaard
en nombre del Grupo GUE/NGL. - (DA) Señor Presidente, nuestra posición es clara en lo que respecta a la salud. Creemos que todo el mundo tiene el derecho fundamental a disfrutar de las mismas oportunidades de recibir una atención sanitaria local de alta calidad. Por consiguiente, también queremos decir que cada Gobierno de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE tiene la responsabilidad de garantizar que sus ciudadanos reciban una atención sanitaria adecuada. También creemos firmemente que aquellos Gobiernos que no quieren o no pueden garantizar a sus ciudadanos una atención sanitaria adecuada no se merecen el apoyo de estos.
Por lo tanto, también nos oponemos al informe que se debate hoy en esta Cámara, que transferiría dicha responsabilidad de los Gobiernos individuales a las fuerzas del mercado. Desde luego, no es ninguna coincidencia que el informe concluya pidiendo a la Comisión que reintroduzca los servicios sanitarios en la Directiva relativa a los servicios.
No nos oponemos a la cooperación transfronteriza en el ámbito de la salud. Estamos a favor de que se establezca una estrecha colaboración en las regiones fronterizas, también con miras a garantizar el fácil acceso a los hospitales de esas zonas. También estamos a favor de la cooperación a escala europea en atención sanitaria relacionada con enfermedades raras. Sin embargo, nos oponemos a la perspectiva de que los pacientes sean transportados por toda la UE al lugar donde sea económicamente más ventajoso para los que pagan los costes. Hemos empleado este método con los cerdos durante demasiado tiempo. No debemos introducirlo si hay seres humanos de por medio. En nombre de nuestro Grupo pido por tanto a mis colegas diputados que voten en contra de la propuesta en su forma actual.
Jens-Peter Bonde
en nombre del Grupo IND/DEM. - (DA) Señor Presidente, la salud es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. El derecho a una atención sanitaria de alta calidad viene garantizado por el Tratado en relación con todas las políticas de la UE. En vez de retirar las subvenciones a los productos poco saludables, los partidarios del mercado interior quieren ahora ver la sanidad convertida en un bien que pueda ser vendido libremente en condiciones de mercado. Así se prestaría una mayor variedad de servicios sanitarios a aquellos que los pudiesen pagar, pero la variedad sería menor para quienes no pudiesen pagar el precio de mercado. Se prestarían servicios a bajo coste a los ricos que viajasen a países pobres para someterse a reconocimiento médico. En consecuencia, a la mayoría de la población de los países pobres y a mucha gente pobre de los países ricos le resultaría más difícil pagar los servicios sanitarios. La Directiva relativa a los servicios generaría competencia en el ámbito de los sueldos en el sector sanitario. Las empresas extranjeras serían libres de establecerse y ofrecer servicios sanitarios de cualquier tipo. Los contribuyentes daneses se verían obligados a pagar las mismas subvenciones a todos los proveedores, independientemente de la calidad y de los salarios que pagasen. También podríamos mandar el modelo de convenio colectivo danés, con sus acuerdos aprobados democráticamente, al museo del trabajo. Puede que la gente vaya a las urnas, pero nosotros ya no podríamos votar a favor de la asistencia sanitaria para todos. En lugar de eso, debemos permitir que sean los propios Estados miembros los que determinen el equilibrio que quieren que haya en el sistema sanitario entre la prestación pública y la privada y debemos respetar el modelo danés, con sus derechos sociales y de atención sanitaria financiados con impuestos y para todos, así como nuestro convenio colectivo en el mercado laboral.
Irena Belohorská
(SK) En su informe la ponente trata varias cuestiones que afronta actualmente la Unión Europea y que son dignas de tener en cuenta, incluida la política de reembolso de los servicios médicos, la circulación de pacientes o profesionales sanitarios y las responsabilidades ante posibles errores.
Quiero insistir en que un paciente no debe, en modo alguno, ser considerado un turista o un comprador de atención sanitaria. Los pacientes buscan atención sanitaria en el extranjero porque en sus países de origen no obtienen determinados servicios o porque el tiempo de espera es extremadamente largo. El riesgo de que la prestación de servicios médicos se convierta en objeto de turismo sanitario es escaso. Los pacientes preferirían ser tratados en un entorno conocido, cerca de sus familias y donde entiendan la lengua. Según las estadísticas, los servicios con movilidad del paciente representan aproximadamente el 1 % de los servicios de atención sanitaria. Sin embargo, es seguro que este porcentaje subirá en el futuro, dadas las garantías de la libre circulación de personas. No puede haber libre circulación de personas sin acceso a los servicios de atención sanitaria. Por consiguiente, nuestra tarea es garantizar ese acceso sin necesidad de complicadas negociaciones con compañías de seguros. Esta solución también sería coherente con la igualdad de derechos de los ciudadanos en todo el territorio de la Unión Europea.
No he encontrado en el informe ninguna referencia a disparidades entre los Estados miembros en lo que respecta a las probabilidades de supervivencia individuales. ¿Por qué las mujeres eslovacas que padecen cáncer de mama tienen un 30 % menos de posibilidades de recuperarse que las mujeres suecas? ¿Por qué los pacientes polacos que padecen cáncer de recto tienen una perspectiva de supervivencia un 30 % inferior a la de los pacientes franceses?
Para muchas personas, la movilidad del paciente (aunque solo sea de un escaso 1 %) parece ser un problema fundamental. Sin embargo, a nadie le interesa el hecho de que un gran número de médicos y enfermeras hayan abandonado los doce nuevos Estados miembros. ¿Por qué nos preocupa tanto el problema de la movilidad del paciente cuando ignoramos la movilidad de los médicos?
Insto a la Comisión a que sugiera un nuevo proyecto de estrategia en el que se proponga una solución futura para esta cuestión por medio de la promoción de la salud en línea, la nivelación de las disparidades entre los Estados miembros y la dedicación de fondos estructurales para la asistencia sanitaria.
Marianne Thyssen
(NL) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, en el título del informe elaborado por iniciativa propia que estamos debatiendo se menciona la buena razón que explica su elaboración: la exclusión de los servicios sanitarios del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios. Quiero recordarles el hecho de que esta exclusión es fruto de una decisión tomada por la amplia mayoría de esta Cámara, una decisión que obtuvo el respaldo unánime de la Comisión y el Consejo.
Tal y como yo lo veo, fue una decisión justa: en primer lugar, porque los servicios sanitarios no pueden ser tratados de la misma manera que los servicios comerciales tradicionales; en segundo lugar, porque un paciente no es un consumidor; y en tercer lugar, porque los Estados miembros tienen la autoridad y la responsabilidad en lo que se refiere a la organización y financiación de la atención sanitaria dentro de su territorio. Por consiguiente, confío en que el miércoles seamos capaces de elaborar una resolución sobre este tema que sea consecuente.
Mientras tanto, los servicios sanitarios siguen siendo, por supuesto, servicios a efectos de lo estipulado en el Tratado y, como tales, están sujetos a los derechos y libertades que recoge el Tratado. No aceptamos, como en su día hicimos en el caso de la Directiva relativa a los servicios, que todo lo decida el Tribunal de Justicia y, una vez más, nos vemos obligados a reconciliar distintos objetivos. El mercado interior debe funcionar de la forma más eficiente posible, aunque también hay que dejar espacio a cualquier política sanitaria que esté plenamente justificada. A lo que tenemos que prestar atención es al equilibrio y a la seguridad jurídica.
Sin duda, es precisa una codificación de la jurisprudencia sobre derechos y deberes tanto de los pacientes móviles como de los proveedores de servicios móviles, pero esto no basta. Lo que sigue siendo un desafío es la creación de valor añadido para las personas y en el ámbito de la calidad de atención y de la garantía de flexibilidad para los Estados miembros que les posibilite, como antes, ser responsables de las elecciones que tienen que hacer.
Aún no hemos alcanzado un consenso sobre qué es exactamente lo que ha de abarcar la legislación europea ni sobre los instrumentos que deberá utilizar, pero estoy convencido de que este informe, la investigación organizada por el señor Comisario y también la anterior resolución sobre la movilidad de pacientes son contribuciones válidas para seguir desarrollando políticas en este terreno, y esperamos las iniciativas del señor Comisario a este respecto.
Robert Goebbels
(FR) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, el informe inicial de mi estimada colega, la señora Vergnaud, debería contar, en teoría, con el acuerdo de todos los diputados.
El objetivo de conseguir que todos -todos en Europa- puedan recibir una asistencia sanitaria suficiente cuando circulan por Europa, por motivos profesionales o privados, forma parte simplemente de la libertad de circulación.
Pero el derecho a la movilidad de los pacientes solo podrá garantizarse si los Estados de la Unión mantienen su capacidad de reglamentar la asistencia sanitaria, a fin de controlar su financiación, ya que, si la salud no tiene precio, tiene un coste, y un coste creciente. Ese coste es cada vez mayor, y existe el riesgo de que la financiación de la protección social y la asistencia sanitaria resulte imposible de gestionar en todos y cada uno de nuestros Estados miembros.
Algunas fuerzas políticas de este Parlamento dan una respuesta simplista a esta preocupación, que comparten prácticamente todos los ministros de Sanidad: dejar hacer al mercado, confiar la financiación de la seguridad social a compañías de seguros privadas.
Sospecho que también el Comisario Kyprianou comparte estos puntos de vista un tanto ultraliberales. Ha dicho a Figaro que la competencia entre los servicios sanitarios europeos es inevitable y a Financial Times que la gente puede ir de compras por ahí.
El Grupo Socialista en el Parlamento Europeo no comparte este punto de vista. Defiende el derecho a una asistencia para todos en toda Europa, pero no a un mercado que permita que el que más pague disfrute de la mejor asistencia posible, mientras los menos ricos y los menos móviles solo tengan derecho a un nivel de asistencia mínimo.
Los que creen que el mercado y solo el mercado puede garantizar una asistencia sanitaria de calidad para todos, deberían meditar sobre la situación de los Estados Unidos de América. En ese gran país, el coste de la sanidad es el más alto del mundo, es decir, de alrededor del 15 % del PIB, o sea, prácticamente el doble de la media europea. Aun así, ese sistema tan caro excluye a cada vez más ciudadanos estadounidenses: en 2006, 46,6 millones de ellos no tenían seguro médico. Esto no es, desde luego, un ejemplo a seguir para Europa.
Antonyia Parvanova
(EN) Señor Presidente, yo también quiero dar las gracias a la señora Vergnaud por la maravillosa cooperación de que hemos gozado durante la elaboración de este informe. Este Parlamento aprobó recientemente una resolución sobre asistencia sanitaria transfronteriza y hoy estamos debatiendo otra. ¿Por qué? Porque, ya que el acceso a la sanidad y los servicios sanitarios se convierte en un problema para Europa, la exclusión de los servicios sanitarios de la Directiva relativa a los servicios nos impone la tarea urgente de garantizar que, en la legislación futura, las personas tengan acceso a la asistencia sanitaria por encima de las fronteras nacionales.
La decisión del Tribunal de Justicia reconoció claramente la aplicación de los principios y libertades del mercado interior cuando los pacientes buscan un tratamiento en el extranjero. Deberíamos garantizar unos niveles comunes de seguridad y calidad de los servicios sanitarios y una aplicación práctica de los derechos de los pacientes y ciudadanos en toda la Unión Europea. Los derechos de los pacientes deberían formar parte de la futura legislación comunitaria en materia de sanidad. Deberíamos reconocer las dos dimensiones de la movilidad transfronteriza y garantizar la eliminación de los retrasos injustificados para los pacientes y los profesionales sanitarios. Los pacientes deberían tener acceso a tecnologías y tratamientos innovadores para su salud. Deberíamos gobernar el proceso y crear un entorno que lo potencie.
La práctica médica necesita la certeza jurídica, al igual que el derecho de establecimiento para garantizar unas normas de calidad y seguridad de alto nivel. La legislación europea vigente no cubre el vacío jurídico. La Comisión debe presentar una iniciativa que contemple los principios señalados.
Kartika Tamara Liotard
(NL) Señor Presidente, hace dos años, cuando debatíamos la Directiva relativa a los servicios y yo era ponente de atención sanitaria de esta Cámara, aconsejé que los servicios sanitarios fuesen excluidos de la Directiva relativa a los servicios, consejo que la Cámara siguió. Me apena profundamente que, ahora que se propone volver atrás, el Parlamento, si aprueba ese cambio, pierda hasta la última pizca de credibilidad.
No me estoy refiriendo únicamente a la repugnante enmienda del señor Manders para reintroducir los servicios sanitarios en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios -aunque parece que se está tragando sus palabras en cierta medida, pero la esencia de lo que ha dicho no cambia-, sino también a la idea de una directiva comunitaria relativa a los servicios sanitarios, idea que me parece una injerencia excesiva.
Sobra decir que es preciso elaborar una propuesta que garantice el derecho de los pacientes a recibir una atención aceptable en otros países, lo que no debería llevar a que los Estados miembros descuiden su responsabilidad de prestar una buena atención sanitaria y en la medida adecuada. Los pacientes prefieren ser bien atendidos, cerca de casa y de sus familias. Por supuesto que el tira y afloja legal no debe servir de excusa para liberalizar los servicios sanitarios en la UE.
Estos servicios ocupan un lugar específico en nuestra sociedad. La accesibilidad y la calidad, y no el ánimo de lucro, deben seguir siendo siempre las mayores prioridades. La atención sanitaria no es un mercado y Europa no debe intentar convertirla en un mercado. El artículo 152 del Tratado estipula que la atención sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros y así es como, en interés de pacientes y trabajadores de la atención sanitaria y a mi juicio, debería sin duda permanecer.
Jeffrey Titford
(EN) Señor Presidente, este informe aboga en serio por que la asistencia sanitaria transfronteriza se convierta en realidad al amparo de la Directiva relativa a los servicios. Establece que "los Estados miembros deberían tratar a los residentes de otro Estado miembro en las mismas condiciones de igualdad por lo que se refiere al acceso a los servicios sanitarios, ya sean pacientes privados o públicos". También establece que "se codifique la jurisprudencia existente sobre el reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza".
Dejemos claro lo que estas dos afirmaciones significan con respecto al Reino Unido. La primera dice que un visitante o un inmigrante de otro país de la Unión Europea, que no ha pagado nada para costear el Servicio Nacional de Salud, debería tener derecho al mismo acceso a la asistencia sanitaria que un residente británico que ha estado pagando impuestos y seguridad social durante toda su vida laboral, lo que significa un retraso de su tratamiento. La segunda afirmación abre la puerta a que la UE pase por encima de los Gobiernos nacionales y dicte la legislación sobre la manera de reembolsar la asistencia sanitaria transfronteriza, lo que lleva inevitablemente a la manera de financiar y gestionar la asistencia sanitaria en su conjunto. Un sistema sanitario único dirigido por la Unión Europea es una pesadilla tan espantosa que nunca debería imponerse a un mundo desprevenido.
Malcolm Harbour
(EN) Señor Presidente, los servicios sanitarios seguirán siendo competencia de los Estados miembros y los organismos sanitarios estarán bajo la responsabilidad de los Gobiernos de los Estados miembros. Sin embargo, eso no impide que nuestros ciudadanos viajen, que caigan enfermos mientras viajan, que se muden definitivamente a otros países y que quieran acceder a la asistencia sanitaria; tal vez esto sea algo sobre lo que el señor Titford quiera reflexionar tranquilamente en otro momento.
Quiero dar las gracias a la señora Vergnaud por este informe. Se trata de un informe muy completo. Contiene muchas contribuciones valiosas al trabajo que emprendió usted, señor Comisario, y es muy oportuno. Está bastante claro que los servicios sanitarios no van a incluirse de nuevo en la Directiva relativa a los servicios. Por supuesto que vamos a apoyar la propuesta de compromiso que el señor Manders presentará mañana dejando clara esta cuestión.
Eso no debería distraernos del estudio de algunas de las cuestiones verdaderamente importantes que se recogen en esta propuesta, porque cada vez más personas van a poner en tela de juicio los límites del sistema. Una de las sentencias históricas del Tribunal de Justicia estuvo motivada por una paciente británica que viajó a otro país para implantarse una prótesis en la cadera, aduciendo que su propio sistema sanitario -que tristemente es el de mi país- no le podía proporcionar ese tratamiento dentro de un plazo de tiempo aceptable. El Tribunal falló a su favor, y el Comisario haría bien en meditar sobre esto. No discuto el fundamento de esa sentencia, porque creo que es un derecho que las personas deberían tener en toda la Unión Europea.
Sin embargo, van a surgir cuestiones muy complicadas que apenas estamos empezando a afrontar. Los tratamientos innovadores que ha mencionado uno de los oradores anteriores constituyen ya una cuestión verdaderamente complicada para los servicios de salud pública, especialmente en el campo del cáncer. Son tratamientos caros y personalizados para prolongar la vida del paciente: ¿qué sucede si están disponibles en otro país pero no en el propio y entonces uno viaja a ese país y solicita un tratamiento de ese tipo para prolongar su vida?
Es un informe importante. Es una cuestión a la que habrá que hacer frente cada vez con mayor frecuencia. Se lo recomiendo y espero que al señor Comisario aporte una respuesta imaginativa.
Harlem Désir
(FR) Señor Presidente, en primer lugar quisiera dar las gracias a la ponente, la señora Vergnaud, que, por desgracia, ha tenido muchos problemas con la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, porque, como nos ha recordado el Comisario Kyprianou, tenemos, por una parte, la jurisprudencia, es decir, de hecho, los Tratados tal como los interpreta el Tribunal de Justicia y, por otra, la posición adoptada por el Parlamento Europeo con ocasión de la votación de la Directiva sobre los servicios, que decía claramente que había que elegir entre lo que depende del mercado interior y lo que, para defender los valores sociales de la Unión, debe depender de otros mecanismos.
Pienso, en efecto, que la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor -no solo el señor Manders, por desgracia, pues para obtener una mayoría, necesitó que lo apoyaran los diputados del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y de los Demócratas Europeos y del Grupo de la Alianza de Demócratas y Liberales por Europa- ha hecho algo extremadamente lamentable al intentar reintroducir los servicios sanitarios en el marco de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior: en efecto, en ninguno de nuestros países se engloban en la misma legislación los servicios comerciales y la construcción, por una parte, y los servicios hospitalarios los servicios médicos por otra. Detrás hay, en efecto, lógicas diferentes.
Es cierto, en primer lugar, que tenemos que respetar la subsidiariedad, los mecanismos de financiación de nuestros sistemas sociales, los mecanismos de autorización de los centros sanitarios, pero hay que tener en cuenta también el espacio europeo, la circulación dentro de ese espacio, y favorecer, pues, el acceso de todos a los servicios sanitarios. No obstante, esto debe regirse por mecanismos particulares. Por esta razón, al igual que para los servicios sociales de interés general, y como para el resto de los servicios de interés económico general, creo que necesitamos directivas específicas, junto a la directiva que rige los servicios comerciales en el mercado interior.
Espero no solo que el compromiso permita aclarar que los servicios sanitarios no están incluidos en la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, sino también que reclamaremos efectivamente una directiva específica sobre los servicios sanitarios.
Eva-Britt Svensson
(SV) No hace mucho que los dos principales Grupos políticos cerraron un pacto sobre la Directiva relativa a los servicios, y algunos dijeron que había sido un gran éxito que los servicios médicos y de atención sanitaria quedasen excluidos. Existe, no obstante, un intento de introducir esta desregulación por la puerta de atrás, en cuyo caso la atención médica y sanitaria dejaría de formar parte de los derechos humanos para convertirse en una mercancía en el mercado.
Según los Tratados, la asistencia médica y sanitaria es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, y no hace falta ni deseable ninguna legislación de la UE. En este caso la cooperación es buena, pero la legislación no lo es.
Espero que aquellos que pensaban que la eliminación de los servicios de atención médica y sanitaria de la Directiva relativa a los servicios iba a ser aplaudida se aseguren de consolidar ese éxito a la hora de votar mediante su apoyo a las enmiendas del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica.
Othmar Karas
(DE) Señor Presidente, Señorías, espero que todos aquellos que en la Comisión votaron a favor del apartado 71, al menos se hayan dado cuenta del poco favor que han hecho al debate, ya que ahora estamos hablando más de la metodología implicada que del asunto en cuestión.
Hemos eliminado los servicios de atención sanitaria y social del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios de forma deliberada. ¿Por qué? Por el hecho de que no se trata de elegir entre mercado libre e interés nacional, sino de nuestro conocimiento de la vulnerabilidad del sector sanitario y de los servicios sociales y de nuestra voluntad de regular estos sectores de formas muy específicas, en lugar de evaluarlos únicamente como fuerzas del mercado.
Lo que tenemos que hacer es delimitar los servicios sanitarios de los que estamos hablando y decidir cuáles son los servicios amparados por el principio de subsidiariedad, ya que esos servicios no pueden ser considerados, por razón de su carácter, servicios ordinarios sujetos al funcionamiento del mercado, y el público necesita ser protegido.
Seré muy franco y diré que me entristece que la votación en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre la enmienda presentada por los liberales haya dejado las cosas poco claras; una amplia mayoría de la Cámara, en la que nos incluimos, rechaza el apartado 71, pues constituye un paso atrás y nosotros queremos hacer una contribución activa al proceso de consulta sobre la regulación que la Directiva relativa a los servicios puso en marcha.
No confundamos continuamente la circulación de pacientes con la manera en que gestionamos la libre prestación de servicios. La circulación de pacientes no es materia de debate. La cuestión de cómo regular la libertad de prestación de servicios por parte de los empresarios exige una normativa clara y ha de manejarse con cuidado; los Estados miembros no deben quedar liberados de sus responsabilidades a ese respecto, ya que son ellos -y no quienes hacen las leyes europeas- los que tienen que garantizar los máximos niveles de calidad.
Edit Herczog
(HU) Acojo con satisfacción el hecho de que cuando varios Estados miembros de la Unión Europea están impulsando la reforma de sus sistemas de atención sanitaria, el Parlamento Europeo examine también la cuestión en un informe separado, y felicito a mi colega diputada, la señora Vergnaud, por su trabajo.
La atención sanitaria es un campo en el que cada se vez se impone con más fuerza la tensión existente entre las posibilidades y las obligaciones sociales y económicas. La revolución tecnológica y digital del mundo contemporáneo nos tienta con soluciones cada vez más prometedoras en el ámbito de la prevención, el tratamiento y la cura, pero los altos costes del progreso están fuera del alcance de la mayoría. Podemos afirmar que la tarea de una Europa social, una Europa solidaria, es garantizar que cada ciudadano de la Unión Europea pueda acceder a servicios médicos avanzados, independientemente de su nacionalidad, nivel de ingresos o de las fronteras nacionales.
No hay duda de que la sanidad pública no es un servicio económico, industrial ni comercial. Aun así, los servicios que sustentan la atención sanitaria y que gravitan a su alrededor pertenecen casi exclusivamente a sectores que operan con ánimo de lucro y, en efecto, necesitan tener beneficios para financiar nuevas investigaciones, desarrollos e innovaciones.
Por consiguiente, Europa y los ciudadanos europeos debemos encontrar una solución para garantizar que los mercados de la prevención, la nutrición, el ocio, las herramientas de diagnóstico o las medicinas y el instrumental médico no dependan en exclusiva de los ya de por si escasos recursos de la sanidad pública para poder crecer.
Aunque solo ahora estamos buscando soluciones para los desafíos que acabo de mencionar, está claro que una condición indispensable para cada una de ellas es que el peso económico se reparta equitativamente, tal y como debe ser para una cuestión que es responsabilidad de los 485 millones de habitantes. Por ejemplo, es inaceptable que en Hungría haya un millón de personas, y los más pobres no están entre ellas, que utilizan la atención sanitaria universal sin pagar ni un solo céntimo a los fondos comunes. Para la solidaridad social y económica hace falta que los empresarios y los trabajadores contribuyan a la materialización de la seguridad jurídica y de la igualdad ante la ley.
Dimitrios Papadimoulis
(EL) Señor Presidente, la atención sanitaria es un servicio público y no puede ponerse en manos de la irresponsabilidad del libre mercado. El marco adecuado sobre la circulación de pacientes viene recogido por los Reglamentos (CE) 1408 y 883/2004. Todos los problemas pueden regularse dentro de este marco, pero no anulándolo.
El tratamiento de los servicios sanitarios al estilo Bolkenstein comportará una merma de la calidad de los servicios sanitarios, una reducción de los servicios públicos en beneficio de los servicios privados y, por supuesto, una protección sanitaria menor para aquellos que estén en una posición social más débil.
El intento de intreducir los servicios sanitarios en la Directiva Bolkenstein "por la puerta de atrás", a través de la famosa Directiva Manders o de la directiva enmendada que está a punto, debe ser rechazado categóricamente.
Para el Parlamento Europeo, que hace unos meses votó de una forma distinta sobre este asunto, esta posición plantea un grave problema de credibilidad y coherencia. Confío en que esta vez no volvamos a cambiar de parecer.
Zuzana Roithová
(CS) Señorías, los Estados miembros deben respetar las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y la Comisión debe integrarlas en los reglamentos de seguridad social. Estoy hablando del derecho al reembolso de los costes de atención sanitaria en el extranjero. Cuando los pacientes reciben primeros auxilios no tienen que pedir permiso primero a su compañía de seguros. La Comisión y los Estados miembros deben acordar qué es lo que se considera atención no urgente, para la que el paciente tiene que solicitar este tipo de consentimiento previo. El año pasado el Parlamento sucumbió a argumentos falsos y, presionado por la izquierda, los sindicatos y algunos Gobiernos, retiró la atención sanitaria de la Directiva relativa a los servicios. En consecuencia, este derecho aún no se ha reflejado en la legislación, ya que el Reglamento 1408 de 1971 no ha sido actualizado.
La idea de que la circulación de pacientes provocará un deterioro de la atención carece de sentido. Por lo tanto, pido una mayor confianza en la atención sanitaria extranjera y que los pacientes tengan derecho a información sobre la calidad de los servicios de atención sanitaria. Pedimos a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen sus sistemas de control de calidad de la atención sanitaria sin que la Unión invada las competencias del Estado. Los programas principales son el de seguridad del paciente y el de homologación nacional e internacional de los servicios hospitalarios y ambulatorios. Si los pacientes tienen información sobre los hospitales extranjeros que cumplen las normas internacionales o nacionales, tendrán más confianza en ser bien atendidos aunque no hablen la lengua. Este es el factor principal por lo que respecta a la confianza en la atención sanitaria europea y a rebatir argumentos contra la circulación de pacientes.
Sé que mi propuesta de eliminar obstáculos a la prestación de servicios no estatales -es decir, privados- en el extranjero se ha convertido en una cuestión política. Deseo vivamente que los doctores y enfermeras puedan superar los obstáculos que los políticos les han puesto en el camino, políticos que minimizan el derecho del público a disfrutar de una oferta más amplia de servicios sanitarios y que temen la libre elección.
Barbara Weiler
(DE) Señor Presidente, Señorías, me gustaría empezar alabando a la Comisión por haber consultado a esta Cámara y a todos los interesados en esta temprana fase al respecto de la nueva directiva, algo de lo que, con certeza, nunca podemos estar seguros. Confío en que la nueva directiva esté siendo planeada cuidadosamente e incorpore no solo las evaluaciones pertinentes de su impacto en la sociedad, la legislación y la subsidiariedad, sino también los derechos de los ciudadanos europeos.
Se ha hecho necesario establecer normas que regulen la atención sanitaria transfronteriza y mucha gente espera que se implementen. Me refiero a los trabajadores de nuestras regiones fronterizas, a los trabajadores inmigrantes, a los pensionistas del sureste de Europa y de Grecia y, cómo no, a los conductores de largos recorridos, que me acaban de recordar. Y no solo a ellos, sino también a todos los demás trabajadores que antes no podían beneficiarse de estas cosas, que estaban -como ya se ha dicho un par de veces- reservadas a los pacientes que pagaban. Por ello me parece absurdo que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica en esta Cámara quiera afianzar los privilegios de los que tienen un seguro sanitario privado.
Si la apertura de los sistemas nacionales se hace con cautela y prudencia, todos podremos salir ganando. Competitividad constructiva entre proveedores de servicios, competitividad entre los mejores métodos, investigación más útil y estrategias más eficaces en el sector sanitario: todas estas cosas pueden ser útiles, sujetas, por supuesto, a los criterios a los que ya me he referido y que no se aplican en el mercado interior, concretamente la calidad, seguridad, solidaridad y sostenibilidad.
Estoy segura de que esta Cámara bajo ningún concepto permitirá que estos criterios dejen de imponerse.
Milan Gaľa
(SK) Quiero dar las gracias a la señora Vergnaud y a los ponentes alternativos por su trabajo.
En primer lugar, me gustaría hablar de los diferentes tipos de movilidad que existen en la atención sanitaria. Por ejemplo, la prestación transfronteriza de servicios médicos, en la que un servicio se presta de un país a otro sin que haya pacientes o profesionales sanitarios que abandonen su país. Entre esos servicios se incluyen la telemedicina, el diagnóstico a distancia, la prescripción de medicamentos a distancia y otros. En segundo lugar está la circulación de pacientes, que es de lo que estamos hablando principalmente. Más concretamente, se refiere al uso de servicios en el extranjero, cuando un paciente va a donde está el proveedor para ser tratado. En tercer lugar, personas cualificadas pueden estar temporalmente en otro Estado miembro, lo que se denomina circulación de profesionales sanitarios con el fin de prestar servicios. La cuarta posibilidad es la prestación de esos servicios de manera permanente mediante el establecimiento de centros de atención sanitaria en otro Estado miembro, tal y como mi colega, el señor Karas, ha señalado antes que yo.
A fin de que todos estos tipos de movilidad se contemplen paulatinamente en la legislación para ser posteriormente aplicados, debemos formular y contestar previamente varias preguntas básicas. Estas preguntas son: ¿existen valores y principios comunes para la asistencia sanitaria en los que todos los ciudadanos de la UE puedan confiar? ¿Cómo podemos garantizar un mecanismo de compensación económica que sea razonable? ¿Cómo pueden pacientes y expertos identificar a los proveedores de asistencia médica y compararlos? ¿Hasta qué punto son flexibles los Estados miembros a la hora de eliminar obstáculos injustificados a la libre circulación? ¿Cómo podemos garantizar atención y servicios sociales a largo plazo? Hay muchas preguntas más.
La Comisión, así como el Consejo y el Parlamento, deben buscar conjuntamente respuestas a estas preguntas a través de legislación que aborde los efectos y consecuencias de que los servicios de atención sanitaria sean excluidos de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior.
Maria Matsouka
(EL) Señor Presidente, la sanidad no puede analizarse como una mercancía que, peor aún, deba estar sujeta a las condiciones del mercado y la competencia.
La sanidad tiene una misión de utilidad pública porque debe cumplir una serie de criterios como son la calidad, la accesibilidad, la universalidad y la solidaridad.
Debemos detener inmediatamente los esfuerzos por extender la filosofía de mercado al sector de los servicios sanitarios con el pretexto de modernizarlos, esfuerzos que, a su manera, han sido facilitados por el Tribunal de Justicia y que ahora vuelven a la palestra de la mano de los portavoces del liberalismo económico.
Lamentablemente, esto ya ha sucedido con algunos servicios sociales. No permitamos que se vuelva a repetir.
No tiene sentido reintroducir los servicios sanitarios en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios. Se trata de una propuesta rechazada por el Parlamento Europeo el pasado mes de noviembre.
La Comisión Europea debe tener valor, debe ejercer su derecho a tomar iniciativas legislativas y proponer una directiva sectorial sobre servicios sanitarios. También debe tener el valor de proponer una directiva marco que regule los servicios de interés general.
Ustedes, honorables amigos de la mayoría de derechas, han contribuido una vez más a la falta de credibilidad de la Unión al reintroducir inesperadamente la cuestión de incluir los servicios sanitarios en la Directiva relativa a los servicios, la llamada Directiva Bolkenstein.
Actúen de conformidad con sus responsabilidades y no jueguen con la vida de los ciudadanos europeos. Demuestren mediante su voto que la sanidad no es una mercancía.
(Aplausos)
Markos Kyprianou
miembro de la Comisión. (FR) Señor Presidente, comenzaré en francés para decir unas palabras al señor Goebbels. Me han dicho de todo a lo largo de mi vida política, pero es la primera vez que alguien me llama ultraliberal.
Por esa razón quisiera explicarme, porque pienso que las declaraciones que hice al Figaro y también al Financial Times no se han entendido bien. Para asegurarme de que se me entienda bien, continuaré en inglés.
(EN) Lo que yo decía a la prensa era que la situación actual no respondía a mi política. Lo que estaba describiendo -y me gustaría volver sobre ello- era la realidad existente tras las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, que establecieron que las normas del mercado interior se aplican a la atención sanitaria, incluso si está financiada con fondos públicos.
Probablemente no sea la política del Parlamento, pero es una realidad con la que tenemos que trabajar. Es inevitable que, si las personas pueden viajar en busca de un tratamiento en el extranjero, haya cierta competencia; debería se posible elegir. Así que nuestro reto es ver cómo podemos hacerlo correctamente, de una manera que sea reconocida por el Tribunal Europeo de Justicia, trabajando fundamentalmente en beneficio de los ciudadanos europeos, pero no de manera que se debiliten y destruyan los sistemas sanitarios de los Estados miembros.
Se ha hablado mucho de la subsidiariedad en el artículo 152 y me gustaría recordarles lo que dijo el Tribunal al respecto. El Tribunal dijo que aunque los Estados miembros tienen derecho a organizar y prestar servicios sanitarios y asistencia médica, esto no excluye la posibilidad de que se les pueda exigir que realicen ajustes en sus sistemas sanitarios nacionales en virtud de otras disposiciones del Tratado. De ahí la aplicación de las reglas del mercado interior.
Por lo tanto, esta es la primera realidad jurídica con la que tenemos que trabajar, aunque por supuesto también tenemos una realidad objetiva. Lamentablemente existen desigualdades entre los sistemas sanitarios europeos: los Estados miembros no pueden ofrecer el mismo nivel de asistencia sanitaria a sus ciudadanos. Las personas que buscan un tratamiento viajan al extranjero y, si se les niega ese derecho, acuden al Tribunal de Justicia. Creo que convendrán conmigo en que no podemos dejar que todos los ciudadanos vayan a Luxemburgo en busca de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo para decidir si se pueden operar.
Esa es la razón por la cual nos enfrentamos al reto de cómo hacer para que estos principios establecidos por el Tribunal sean válidos tanto para los ciudadanos como para los Estados miembros. Debo insistir en que nuestro principal objetivo es abordar las desigualdades que existen en la Unión Europea. Tenemos políticas y estrategias, que podremos debatir más adelante, este mismo año, sobre el modo de lograrlo.
También es muy importante que reconozcamos lo que ya se ha dicho, es decir, que los ciudadanos prefieren ser tratados en casa, cerca de donde viven, y esta es la prioridad principal para todos nosotros. Sin embargo, hasta que no abordemos las desigualdades, las personas tendrán que buscar su tratamiento en el extranjero. Asimismo, como ya hemos dicho, tiene más sentido cruzar la frontera si se vive en una región fronteriza que hacer un largo viaje hasta la capital del país. También existen razones científicas: a veces se pueden obtener mejores tratamientos especiales en otros Estados miembros.
La legislación vigente no contempla estos asuntos, porque no se trata solo de una cuestión de movilidad de los pacientes. También estamos trabajando en materia de seguridad, de calidad, de derechos de los pacientes y del derecho a la información del paciente. Todo esto requiere una legislación que sea más rigurosa que la ya existente. Es más, los principios de la legislación vigente son diferentes de los descritos por el Tribunal, así que también tenemos que abordar este aspecto.
El reto es hacer que todo esto funcione. Creo que estamos tratando una de las iniciativas más importantes en este terreno. La movilidad del paciente debería complementar, y no sustituir, la provisión de asistencia sanitaria en el propio país. Este es el principal objetivo, pero todos los ciudadanos deberían tener las mismas oportunidades, independientemente de sus ingresos, su educación o sus conocimientos lingüísticos. Tienen que poder aprovechar este derecho de la manera que decidan los políticos, una decisión que deberá tomarse sobre la base de la igualdad para todos los ciudadanos europeos.
Otro asunto totalmente diferente es el turismo médico. No abordamos esta cuestión, no la tocamos ni la favorecemos. De esto se ocupan el sector privado, ciudadanos particulares y fondos privados. No vamos a ponernos a trabajar sobre ello. De nuevo, se trata de una realidad: la gente viaja porque quiere combinar las vacaciones con un tratamiento médico, pero en este momento no estamos trabajando sobre ello.
Es importante que tratemos la cuestión de la asistencia sanitaria transfronteriza en general lo antes posible -ahora, de manera activa-, antes de que llegue a ser tan grande que ya no pueda gestionarse. No se trata solo de pagar por recibir asistencia médica, sino también de la disponibilidad de una asistencia médica que puede verse sobrecargada por la afluencia de pacientes. Esa es otra cuestión que tendremos en cuenta.
Combinaremos todos los intereses de los pacientes. En vista de las realidades que afrontamos y pese a los diferentes enfoques e ideologías con respecto a los detalles, es muy importante que trabajemos juntos para lograr lo mejor para los ciudadanos europeos. Yo pienso hacerlo y espero que el Parlamento Europeo coopere con nosotros con este fin.
Robert Goebbels
(FR) Señor Presidente, quiero declarar formalmente al Comisario Kyprianou que no es un ultraliberal y que le he escuchado muy atentamente exponer sus orientaciones generales.
Dicho esto, señor Comisario, lo que me ha chocado realmente en la Comunicación de la Comisión es la frase siguiente, que voy a citar: "Toda acción de la Comunidad deberá respetar los principios ya establecidos por el Tribunal de Justicia en este ámbito". Es cierto que debemos respetar la jurisprudencia, pero, en todos nuestros países, los legisladores están ahí para modificar, si procede, los textos legales cuando los tribunales se aventuran por terrenos azarosos. Me parece que el Tribunal de Justicia juzga a menudo con un espíritu demasiado liberal. A nosotros, los colegisladores, y a la Comisión nos corresponde enderezar la situación si es preciso.
Markos Kyprianou
Señora Presidenta, seré muy breve porque no estoy en desacuerdo, pero todo depende del contexto. No entraré en un debate jurídico en estos momentos, pero tendremos todo en cuenta. Desde un principio he dicho, y no dudo en decirlo en público, que creo que las decisiones políticas deben ser adoptadas por los responsables políticos y no por los tribunales. Todos tenemos la oportunidad de debatir una propuesta determinada, pero siempre debemos tener en cuenta los pasajes de las sentencias del Tribunal que interpretan el Tratado. Cuando se trata del Tratado, que es la ley suprema de la Unión Europea, la legislación tiene que ajustarse a él. Si no se trata del Tratado, podemos ser flexibles. Sin embargo, como ya he dicho, tenemos servicios jurídicos para que nos asesoren al respecto. Pongámonos primero de acuerdo en torno a las políticas y busquemos luego una vía legal para aplicarlas.
La Presidenta
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar el miércoles, 23 de mayo.
