Reanudación del período de sesiones
El Presidente
Declaro reanudado el periodo de sesiones del Parlamento Europeo, interrumpido el 11 de abril de 1997.
Recuerdo a sus Señorías que hoy es el Día mundial del libro, proclamado por la UNESCO el pasado año, y les deseo como es lógico buena lectura.

Decisión sobre la urgencia
Solicitud de procedimiento de urgencia relativa a la propuesta de reglamento del Consejo sobre ayudas a determinados astilleros en curso de reestructuración y por el que se modifica el Reglamento 3094/95 del Consejo


El Presidente
Tiene la palabra la Sra. Malone para una cuestión de orden.

Malone
Señor Presidente, quisiera señalar a su atención que en enero fue asesinado en Kenya un Hermano Cristiano Irlandés y esta semana un sacerdote irlandés salvó, con mucha fortuna, la vida por poco. Quisiera rogarle que pida al Presidente Santer y a la Presidencia holandesa que suspendan toda la ayuda de la UE a Kenya hasta que mejore la situación de los derechos humanos.

El Presidente
Muchas gracias, señora Malone. El Sr. Santer está presente y trasladaremos su petición al Consejo con objeto de que adopten las medidas que crean más eficaces respecto al problema que usted ha denunciado.
Tiene la palabra el Sr. von Habsburg para una cuestión de orden.

von Habsburg
Señor Presidente, no es una cuestión de orden, sino de orden del día, porque todavía debemos debatir sobre el orden del día, y sobre este asunto quisiera decir algo.

El Presidente
Señor Habsburg, le recuerdo que el orden del día fue adoptado en Estrasburgo como viene siendo costumbre.

von Habsburg
Entonces, me callo.

El Presidente
Muchas gracias por su ayuda.

von Wogau
Señor Presidente, respecto a la urgencia relativa a las ayudas para la construcción de buques, se trata sin duda de un tema muy controvertido en la Comunidad Europea. La Comisión de Asuntos Económicos ha debatido sobre esta urgencia y también se han producido diferentes opiniones sobre el tema. Pero se ha pronunciado mayoritariamente en favor de tratarlo lo más rápidamente posible, no en este período parcial de sesiones pero sí en el próximo. Al mismo tiempo, hemos adoptado todas las medidas para que este tema pueda ser tratado lo más rápida y competentemente posible.
Hemos nombrado un ponente, el Sr. Glante. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para llegar lo antes posible a una opinión fundamentada sobre este tema.

Gomolka
Señor Presidente, señoras y señores, estoy a favor de la urgencia. En primer lugar, me voy a referir al estado de cosas. Con su propuesta del 19 de marzo de 1997, la Comisión aprobó la notificación presentada por el Gobierno federal alemán y el 24 de marzo de 1997 la presentó al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que se ocupase de ella. Al mismo tiempo, la propuesta de la Comisión se hizo llegar al Parlamento Europeo para que emitiese su dictamen.
Esta solicitud tiene unos antecedentes casi dramáticos. Debe contemplarse ante el trasfondo de una adaptación estructural que se ha llevado a cabo en un tiempo brevísimo con una enorme intensidad y que en mi país ha ocasionado que solamente en el sector de los astilleros se hayan perdido más de 40.000 puestos de trabajo en un año y medio. Estos enormes cambios estaban relacionados con la exigencia de la Unión Europea de que se redujesen las capacidades, por lo que en 1992 se aprobaron las ayudas. Los créditos aprobados en 1992 fueron empleados inadecuadamente en su mayor parte. No se invirtieron en los astilleros de Mecklenburgo-Pomerania Occidental sino que fueron empleados impropiamente por el consorcio matriz «Bremer Vulkan» que, entretanto, ha quebrado. El fiscal competente del caso dijo hace pocas semanas ante la Comisión de Investigación del Bundestag que el dinero se había perdido definitivamente. Es decir, ya no se puede disponer de los créditos previstos originariamente.
Por otro lado, está claro que en una región que...
(El Presidente interrumpe al orador)

Donnelly, Alan
Señor Presidente, hay tres razones por las que debemos oponernos a esta urgencia. La primera la ha expuesto el último orador, a saber, la de que la última vez que se concedieron a Alemania ayudas estatales hubo malversación de fondos. Así, pues, es necesario que haya un examen parlamentario apropiado de esta propuesta; no podemos limitarnos a ratificar una decisión del Consejo. En segundo lugar, las ayudas a la construcción naval que se van a ofrecer van a tener un efecto distorsionador en el resto de la industria de construcción naval de la Unión Europea. ¿Qué decir de Finlandia, del Reino Unido, de Dinamarca u otras zonas de construcción naval? Hemos de tenerlo muy en cuenta.
En tercer lugar, si nos tomamos en serio nuestra labor en este Parlamento, como órgano supervisor de las ayudas estatales y la política en materia de competencia, debemos concedernos al menos dos o tres semanas para examinar este asunto y elaborar un informe idóneo. Si los demócratas cristianos votan a favor de la urgencia, no podrán volver a quejarse de las ayudas estatales o de la política en materia de competencia en este Parlamento Europeo.

El Presidente
Someto a votación la solicitud de procedimiento de urgencia.
(El Parlamento aprueba la solicitud) Así, pues, este punto queda incluido en el orden del día de la sesión de mañana.

El Presidente
Muchas gracias, señor Wijsenbeek. Me dicen los servicios que con motivo de la preparación del nuevo edificio, hay que hacer un trayecto un poco más largo. Estoy seguro de que todas sus Señorías tomarán las precauciones adecuadas para retirar a tiempo las tarjetas.

Composición de la comisión temporal (votación)
El Presidente
De conformidad con el orden del día pasamos a la votación de la propuesta de decisión presentada por la Conferencia de Presidentes de conformidad con el apartado 2 del artículo 135 del Reglamento, sobre la constitución de una Comisión temporal encargada del seguimiento de las recomendaciones sobre la encefalopatía espongiforme bovina.

Dell'Alba
Señor Presidente, Señorías, intervengo en nombre de mi grupo, sobre las dos enmiendas que se han presentado a este texto. La primera es la enmienda 1 del Grupo de Coalición Radical Europea, que quisiera retirar. En cuanto a la enmienda 2, presentada por el Grupo de la Europa de las Naciones, de conformidad con el punto 5 del artículo 124, deseo al contrario hacerme cargo de ella. Si me lo permite, le explico en dos palabras por qué, y ello en presencia del Presidente Santer, que sabe bien que esta Comisión temporal va a seguir de cerca el importante trabajo que espera a la Comisión y al Parlamento.
La propuesta de la Conferencia de Presidentes plantea veinte miembros, con exclusión de dos grupos de este Parlamento, mientras que la Comisión de investigación planteaba la presencia de todos los grupos. Como consecuencia de los acuerdos con los diferentes grupos, en realidad sólo el Grupo de Coalición Radical Europea quedaría fuera de esta comisión.
Con toda humildad me dirijo a sus Señorías para que acepten, en un espíritu de compromiso y conciliación, que este número se vea aumentado de veinte a veintidós y que se permita a los diferentes grupos estar representados, tal como estaba previsto por la Comisión de investigación.
(Aplausos del Grupo ARE)

Oomen-Ruijten
Señor Presidente, me parece innecesario conservar y votar por estas enmiendas. El Grupo Socialista cuenta con ocho miembros, ocho sustitutos. Nuestro grupo posee siete miembros, siete sustitutos. Nos hemos declarado dispuestos y no faltaremos además a la promesa de ceder un miembro así como un remplazante. Me parece que si otros grupos de esta Asamblea, entre otros el Grupo Socialista, accediesen a hacer lo mismo, podríamos entonces resolver entre nosotros de manera adecuada esta cuestión.

Green
Señor Presidente, esta cuestión se impugnó en última instancia en la Conferencia de Presidentes. Permítaseme exponer con mucha claridad la posición de mi Grupo. Creemos que las actividades complementarias de la Comisión de Investigación sobre la EEB, cuya excelente labor hacemos nuestra completamente, deben llevarse a cabo en los comités permanentes de esta Asamblea. Eso habría permitido a cada uno de los diputados a esta Asamblea participar en el seguimiento de las recomendaciones, pero no se acordó así. Mi Grupo tiene 214 diputados y sólo ocho puestos en esta comisión temporal encargada de supervisar la aplicación de las recomendaciones. En esta ocasión no puedo ceder uno de dichos puestos a un grupo más pequeño. Ya lo dije con toda claridad en la Conferencia de Presidentes.
(Reacciones diversas) Como también dije en la Conferencia de Presidentes, resulta totalmente inapropiado que esta Asamblea adopte constantemente procedimientos ad hoc para la creación de comisiones. Tenemos un Reglamento y a él debemos atenernos.

Graefe zu Baringdorf
Señor Presidente, en la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos usted adoptó una resolución. Esta resolución no corresponde a las ideas del Grupo del Partido de los Socialistas Europeos. Quería otra cosa y se podía elegir entre una vía u otra. Ahora se ha aprobado una que muy probablemente será aprobada hoy mayoritariamente en el Pleno. Si esto es así, señora Green, le pregunto porqué no ha procedido de mismo modo que en el caso de la Comisión de Investigación de la EEB. Allí había 18 personas y usted cedió al final para que los pequeños grupos políticos pudiesen trabajar allí. ¿En qué se diferencia ahora esta comisión -excepto en que usted ha perdido este asunto- de la Comisión de Investigación de la EEB? ¿Porqué es usted ahora tan testaruda y no da al Grupo ARE el puesto que le corresponde?

El Presidente
Tiene la palabra la Sra. Green por alusiones personales.

Green
Señor Presidente, sólo quiero decir al Sr. Graefe zu Baringdorf que no fue ése el fundamento para la creación de la Comisión de Investigación. Las cifras que ha citado no son correctas.
(Reacciones diversas)

El Presidente
Someto a votación la propuesta de decisión.
(El Parlamento aprueba la decisión)

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede a la comunicación de la Comisión sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Santer
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, este debate trata de los problemas de las mujeres, pero espero que también los hombres deseen prestar atención.
Me agrada continuar la costumbre que instauramos el año pasado, manteniendo en el día de hoy un intercambio de puntos de vista sobre la política comunitaria en favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y ello después del 8 de marzo, día internacional de la mujer. Un día como el 8 de marzo permite, en efecto, hacer balance del trabajo realizado, pero también discutir juntos sobre el camino que aún queda por recorrer. Y esta ocasión me parece excelente para contrastar los avances de la Comisión y del Parlamento.
También es momento quizá para ser un poco creativos. Más de dos años de experiencia comunitaria me demuestran que sólo podemos avanzar instaurando unas relaciones de confianza, sin pretender engañar a nuestros interlocutores. Y el calendario de este año estará cargado, y pienso sobre todo en la Conferencia Intergubernamental y en el nuevo tratado que se deberá aprobar en Amsterdam, así como en el inicio de las negociaciones para la ampliación. Por consiguiente, debemos ser aún más innovadores para convencer a las ciudadanas europeas y hacer de ellas nuestras aliadas.
No es una tarea fácil, pues no hay que olvidar que sólo el 49 % de las europeas piensan que Europa es algo bueno, contra un 57 % de los hombres. La igualdad de oportunidades es por tanto un tema serio e importante, y que ocupa un lugar creciente en nuestras reflexiones y en nuestras políticas, lo cual me produce grandes satisfacciones, aun siendo consciente de que quedan todavía muchas cosas por hacer.
Comenzaré, señor Presidente, por hacer balance con usted sobre las actividades de la Comisión en este último año. Hemos sido muy activos en materia de igualdad de oportunidades. Le evitaré una lista exhaustiva de la totalidad de actividades realizadas o todavía en curso. Las iniciativas han sido demasiado numerosas para ello. Por consiguiente, haré hincapié en algunos puntos concretos y en los acontecimientos sobresalientes del año. Para una información exhaustiva, me permitirá sin embargo, que le remita al primer informe anual sobre igualdad de oportunidades que acaba de publicar la Comisión. Éste examina los progresos realizados en los Estados miembros y en la Unión, respondiendo de este modo a un triple objetivo: hacer patente la política comunitaria en este ámbito, estimular los debates sobre las estrategias que hayan de seguirse, y, finalmente, ofrecer un instrumento de referencia para todos los implicados.
La política emprendida por la Comisión en el año transcurrido se inscribe en el Cuarto Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades, que cubre el período entre 1996 y el 2000. Adoptado el mismo año de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, este programa constituye una contribución muy importante a la puesta en práctica de la plataforma aprobada en Bei-jing y trata de ámbitos tan diversos como el empleo y la vida profesional, la toma de decisiones y la información.
El concepto motriz del Cuarto Programa de Acción es el mainstreaming . Se trata de la integración de la dimensión de igualdad en todas las políticas e iniciativas comunitarias, ya estén dirigidas al exterior o destinadas al personal de la Comisión. La propia noción de mainstreaming continúa siendo oscura para muchos. La Comisión ha determinado el desafío interesándose al mismo tiempo en definir su planteamiento sobre la materia y en poner en práctica una estructura operativa de aplicación a través de una comunicación aprobada en febrero de 1996.
Esta comunicación señala que la promoción de la igualdad de oportunidades no exige solamente la aplicación de medidas positivas, centradas en las mujeres, sino la movilización explícita con vistas a la igualdad de la totalidad de las acciones y políticas generales. Se trata de introducir la perspectiva de género en la concepción, aplicación y seguimiento de esas políticas y de esas acciones. En ese contexto, concedo una importancia especial al mainstreaming en los fondos estructurales, que constituyen un instrumento financiero de máxima importancia, ya que representan en seis años 145 millardos de ecus.
La Comisión ha pretendido de este modo seguir con la aplicación sobre el terreno del Cuarto Programa. En la actualidad, mantenemos más de 60 proyectos repartidos por todos los Estados miembros, que implican a una amplia gama de protagonistas, como autoridades nacionales, regionales y locales, ONG y agentes sociales. Estas acciones son financiadas hasta un importe de alrededor de cuatro millones de ecus, importe modesto sin duda, pero se trata de acciones de cofinanciación y asociación cuyo efecto es con frecuencia muy positivo.
Señor Presidente, desearía ahora abordar otro componente esencial del Cuarto Programa, que es el trabajo legislativo que nos espera. En la actualidad, el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa dos propuestas legislativas. En primer lugar la propuesta de directiva relativa a la carga de la prueba, sobre la que ustedes emitieron su opinión el 9 de abril en un sentido claramente favorable a la propuesta de la Comisión. Deseamos ahora que, bajo la Presidencia neerlandesa, se pueda adoptar una posición común.
En segundo lugar, la propuesta de modificación de la directiva sobre la igualdad de trato presentada por la Comisión, posterior a la jurisprudencia Kalanke, que se debatió ampliamente en el primer Consejo «asuntos sociales» del pasado 17 de abril. Por otra parte, tal como está previsto en el Cuarto Programa, están en vías de elaboración una serie de nuevas propuestas, principalmente en lo que se refiere al respeto por la dignidad de hombres y mujeres en el trabajo, y también en el ámbito de la consideración y de los servicios relativos a los niños y a otras personas dependientes.
Finalmente, a petición de la Comisión, se ha dedicado una encuesta Eurobarómetro a la percepción de la igualdad en la opinión pública. Entre otras cosas resulta que si, para la gran mayoría de los europeos, la lucha contra el desempleo sigue siendo uno de los ámbitos de acción prioritaria de la Unión, parece que la mejora de la situación de las mujeres pasa, por su parte, por un mejor reparto de las tareas en el ámbito de la esfera privada, el trabajo de la casa, los niños, y por el respeto por la identidad masculina y femenina.
Por último, desearía señalar hasta qué punto la política de la igualdad de oportunidades no se limita únicamente a las políticas sociales. Así, citaré el éxito de la Conferencia Europea sobre la Trata de Mujeres, organizada a iniciativa de la Sra. Gradin.
Unas palabras, ahora, señor Presidente, sobre la política que se sigue en el interior de la Comisión. Me alegro de los resultados que ha obtenido nuestra administración. Realmente, las estadísticas muestran un reequilibrio de la representación de los dos sexos en las diversas categorías del personal de la Comisión. En particular, los objetivos de nombramiento y contratación del personal femenino para la categoría A se han alcanzado ampliamente en 1996.
Citaré algunas cifras que considero muy alentadoras. La mitad de los jóvenes funcionarios contratados procedentes de los nuevos Estados miembros son mujeres. La tasa exacta es de un 49 %. A nivel de directores, en el grado A2, la Comisión vio como se duplicaba el personal femenino en 1996, ya que cuenta con quince mujeres directoras en el momento actual, después de los siete nombramientos/promociones ocurridos durante el año. Por mi parte, señor Presidente, no deseo sustraerme a la satisfacción de señalar que mi propio gabinete está compuesto por hombres y mujeres a partes iguales.
Pero creo que debemos también mirar al futuro. Como he dicho hace unos instantes, la participación de las mujeres en la consecución de la construcción europea será crucial para el cumplimiento de algunos plazos. Pienso en la Unión Económica y Monetaria, que deberá hacerse en concreto con nuestros ciudadanos. Y siempre he pensado que las mujeres tenían una función principal en esta integración del euro en la vida cotidiana de las personas. Sin caer en los tópicos, cuento en gran medida con las mujeres para hacer de esta teoría una realidad en el 2002.
El segundo gran plazo es, por supuesto, la Conferencia Intergubernamental. Tanto la Comisión como el Parlamento desean insistir para que el nuevo tratado tome más en cuenta el principio de igualdad de oportunidades con relación a las disposiciones actuales, limitadas a la igualdad salarial. La Conferencia aborda este desafío de tres maneras. En primer lugar, a través de los principios generales del Tratado y, en especial, los derechos sociales fundamentales. Después, por una cláusula específica de no discriminación, y finalmente, por medio de disposiciones específicas en materia de igualdad de oportunidades.
En el momento actual, perseguimos tres objetivos: hacer de la igualdad de oportunidades una tarea específica de la Unión, incluyéndola en el artículo 2 del Tratado; igualdad de salario para un trabajo de igual responsabilidad y cualificación (equal pay for work of equal value) , formulando así de una manera más apropiada el actual artículo 119; una competencia de la Unión para tomar medidas en materia de igualdad de oportunidades por encima de la remuneración; y una disposición que autorice discriminaciones positivas por parte de los Estados miembros, orientada así a responder a la sentencia del Tribunal en el caso Kalanke.
La consideración de la igualdad de oportunidades debe enriquecer nuestro planteamiento sobre los grandes desafíos económicos y sociales de Europa. Y el empleo en primer lugar. Saben ustedes el valor que concedo a la acción europea en este ámbito. No debemos conformarnos con apañar soluciones a corto plazo que se saldan frecuentemente con una precariedad creciente de los más débiles.
Las mujeres están enfrentadas directamente a la multiplicación de los empleos a tiempo parcial y a los contratos de corta duración. Ellas han sido las pioneras en estas nuevas formas de trabajo que se van ampliando a un número cada vez mayor de trabajadores y aumentarán con el desarrollo de nuevas tecnologías.
Sus experiencias deben servirnos para rejuvenecer y consolidar nuestro modelo europeo de sociedad. Así, concedo una gran importancia a la negociación en curso entre los agentes sociales sobre el trabajo a tiempo parcial así como al Libro Verde sobre la organización del trabajo que ha adoptado la Comisión la semana pasada.
Quisiera decir también que, en el transcurso de este trimestre, tendrá lugar un gran debate sobre la protección social; tendré quizá la ocasión para volver sobre ello dentro de unos instantes. Señor Presidente, señoras, señores, voy ahora a mi conclusión.
En mi discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, me comprometí personalmente a hacer de la consecución de la igualdad de oportunidades un hilo conductor de la política comunitaria y creo que puedo afirmar que a mitad del recorrido de su mandato, esta Comisión ha demostrado con claridad, con una gran cantidad de iniciativas, que cumple su palabra.
Este es, señor Presidente, un breve examen general de la situación. De ello resulta que, con toda evidencia, en lo que respecta a la promoción de la igualdad de oportunidades, la Comisión no se duerme en los laureles sino que trabaja incansablemente para consolidar y profundizar los importantes logros conseguidos en el pasado.

Thors
Señor Presidente, tengo dos preguntas para la Comisión. En primer lugar, ¿Cuándo piensa la Comisión proseguir sus trabajos en torno a la modificación de los requisitos para funcionarios aprobada por el Parlamento hace algunos meses, es decir, las condiciones que se requieren para ser funcionario de la UE? En segundo lugar, ¿De qué modo atiende la Comisión la cuestión de la igualdad entre los dos sexos dentro de los programas de acción para la sociedad de la información? Es evidente que los programas, ejercicios y juegos de que disponemos actualente promueven los puntos de vista masculinos, y que las niñas no se sienten motivadas a sentarse ante un ordenador. ¿Qué piensa hacer la Comisión al respecto?

Santer
Señor Presidente, por lo que respecta a la primera pregunta planteada por su Señoría, quisiera decir, como he hecho hace unos momentos, que la Comisión ha planteado sus propuestas y se ha fijado objetivos en lo que hace referencia a la contratación de funcionarios en sus propios servicios. Con respecto a 1996, y ya he citado las cifras, hemos alcanzado estos objetivos. También nos hemos fijado objetivos para este año y a diferentes niveles, hasta los grados superiores. Hemos alcanzado, e incluso sobrepasado, los que nos habíamos fijado en 1996 pero aún debemos trabajar porque, por el momento, se trata evidentemente ante todo de la contratación de funcionarios relativos a los nuevos Estados miembros, en los que se ha alcanzado la igualdad: un 49 % para las mujeres, un 51 % para los hombres. Es necesario seguir en el futuro con esta acción en el mismo sentido.
Por lo que hace referencia a la segunda pregunta, relativa a la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en la utilización de las tecnologías modernas, si he comprendido bien, en el marco de la política de información, puedo decirle que el Cuarto Programa de Acción que hemos puesto en marcha para promover la igualdad de oportunidades contiene una serie de propuestas orientadas precisamente a alcanzar el objetivo que usted mismo propone. El año próximo, cuando haga un nuevo balance de la acción de la Comunidad en este año, será posible sin duda ver de qué manera se ha podido alcanzar este objetivo en 1997.

Gröner
Señor Presidente, tengo una pregunta muy concreta sobre el presupuesto. Los fondos estructurales son nuestros instrumentos más importantes. ¿Cómo puede garantizar que las mujeres, quienes se ven afectadas por el paro por encima de la media, se beneficien más de estos fondos estructurales? ¿Cómo puede garantizar que en los programas operativos se tenga en cuenta con total consecuencia el principio de la igualdad de oportunidades? Hasta ahora, para proyectos centrados en la mujer solamente se ha gastado aproximadamente un 5 %. Me parece que es muy poco.
El cuarto programa de acción no es suficiente. Los pocos millones contemplados aquí no son suficientes para alcanzar el gran objetivo del pleno empleo. El dinero que hemos colocado en muchas líneas de comentario del presupuesto en el último año es una gran ayuda. ¿Cómo puede garantizar que se aplique el «mainstreaming» y que no sea solamente una gota en el mar de necesidades?

Santer
Señor Presidente, comparto enteramente la opinión de su Señoría, es decir, que, en la lucha contra el desempleo, es necesario conceder un lugar prioritario a las mujeres, que son las primeras afectadas por el hecho de que son las que más sufren el trabajo a tiempo parcial y de corta duración. De hecho, uno de los elementos para comprometernos en esa vía reside en la utilización de los fondos estructurales.
Los fondos estructurales, ya lo he dicho hace unos momentos, movilizan cantidades considerables (145 millardos de ecus en diez años) pero no se utilizan suficientemente y, en el marco del Fondo Social Europeo, uno de los objetivos prioritarios debe ser precisamente movilizar los fondos para la contratación de mujeres.
Ha planteado usted una segunda pregunta relativa al mainstreaming . La Comisión ha terminado la elaboración de una estrategia para la integración de la dimensión del género en todas sus políticas. Creo que es esencial no quedarse anclados en una política determinada. Es necesario introducir, como para la cooperación interservicios, una serie de líneas directrices sobre la evaluación del impacto de las políticas sobre la igualdad entre hombres y mujeres, así como un sistema de seguimiento y una formación apropiada del personal. Es necesario actuar en esta dirección.
Estoy de acuerdo con usted, quedan aún muchas cosas por hacer, y, en la fase de las propuestas presupuestarias, cuento con el Parlamento para dar un impulso más importante aún en los ámbitos que su Señoría ha apuntado.

Van Dijk
Señor Presidente, al concluir próximamente la Conferencia Intergubernamental, y espero que esto tendrá lugar en Amsterdam, aunque no considero tampoco excluido que esto suceda en Wasserbillig, se dará inicio rápidamente a las negociaciones de adhesión con una serie de países de Europa Oriental. Me pregunto, Presidente Santer, si ya la Comisión habrá comenzado a efectuar análisis sobre la situación jurídica y social de las mujeres en los países candidatos. A mi juicio, será necesario velar por que a continuación, una vez que estos países entren a formar parte de la Unión, se introduzca en los mismos el acquis communautaire existente en este ámbito y que podría resultar más ambicioso que la legislación vigente en dichos países, ya que pienso que esto reviste una importancia vital para la mujer. Sinceramente estimo asimismo, y desearía contar con una respuesta al respecto, que esto es esencial y espero que podrá contarse con la buena disposición de la Unión Europea, que se brinde un respaldo especial a las organizaciones femeninas en los países de Europa Oriental que estén dispuestos a poner en marcha estas acciones.

Santer
Señor Presidente, al igual que su Señoría, espero que la Conferencia Intergubernamental concluya con un Tratado de Amsterdam. Conoce usted la estrategia de ampliación tal como fue definida por el Consejo Europeo de Madrid y después por el de Dublín. Inmediatamente después, la Comisión presentará sus propuestas de dictamen relativas a los diferentes países candidatos.
En el marco de estos dictámenes, debemos tener en cuenta algunos de los criterios fijados por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993. Uno de esos criterios, y no de los menos importantes, es el de saber en qué medida los países candidatos han conseguido adaptar su legislación nacional para poder asumir el acervo comunitario. En este sentido, hemos fijado una serie de reglas.
Con el programa Phare hemos propuesto igualmente una serie de programas a estos países, pero estoy totalmente de acuerdo con usted en que es un criterio importante, no sólo en lo que respecta a las mujeres sino de forma general. Ha de preservarse el acervo comunitario, y la legislación de los nuevos países, de las nuevas democracias que llaman a nuestras puertas, debe poder asumir el acervo comunitario. Se trata de un punto esencial y el Consejo de Ministros, en la apreciación de los dictámenes de la Comisión, le concederá sin duda una importancia particular.

Anastassopoulos
Señor Presidente, aunque creo que se puede agradecer la comunicación, muy esclarecedora y que constata que de hecho se han registrado ciertos progresos, me pregunto si el Presidente de la Comisión es consciente de que estos progresos son muy limitados en relación con la magnitud del problema.
Tuve el honor de representar al Parlamento en la Conferencia de la India, donde pudimos hacernos una idea de este problema, que afecta actualmente a más del 50 % de la población, incluso en Europa - y no tomemos en cuenta lo que ocurre en los países de Europa del Norte, donde la situación es realmente buena. La representación política de las mujeres es muy limitada: por ejemplo, en el Parlamento francés constituyen un 6, 4 %, en el Parlamento griego un 6, 3 % y en el Parlamento inglés un 9, 5 %. ¿Es consciente la Comisión de que con los progresos registrados el problema no se soluciona y se requieren medidas de mayor calado? ¿Tiene conciencia de que en las circunstancias actuales empieza a producirse un cambio incluso en la consideración jurídica del asunto, tras la decisión del Consejo de Estado francés en el sentido de que la acción afirmativa no constituye discriminación?

Santer
Señor Presidente, estoy de acuerdo con el diputado cuando dice que se han hecho muchos progresos, pero debo añadir que estos progresos son insuficientes ante la amplitud de nuestra tarea. Por ello debemos actuar en diferentes direcciones. De hecho ya lo estamos haciendo en el momento actual. Le concedo una gran importancia al hecho de que, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que debe concluir con la revisión del Tratado de Maastricht, se inscriba un cierto número de propuestas de la Presidencia irlandesa, que han sido consideradas por la Presidencia neerlandesa y que están orientadas a que el Tratado incluya la igualdad entre hombres y mujeres, que constituye una de las misiones de la Comunidad.
En todas sus actividades, la Comunidad intentará eliminar las desigualdades, promover la igualdad entre hombres y mujeres, aplicar una cláusula general de no discriminación (lo considero muy importante), sobre todo la discriminación basada en el sexo, y ampliar el campo de aplicación del artículo 119 del Tratado.
Otro punto que he mencionado hace unos momentos en respuesta a una pregunta, tiene relación con la política del mainstreaming , que consiste en integrar la política de la mujer en todas nuestras políticas, y no en hacer una política aparte. En este sentido, creo que se trata de un ejercicio que durará aún mucho tiempo, y que deberá verse acompañado por cambios, sobre todo de mentalidad, en los diferentes Estados miembros, y en la organización del trabajo.
Finalmente, ha planteado usted un problema que afecta a la toma de decisiones. En este sentido, algunas acciones de la Comisión pretenden estimular y apoyar a los Estados miembros para que planteen acciones concretas con el fin de admitir a la mujer en puestos superiores, donde se toman decisiones. Así, estamos financiando una serie de acciones, en el marco del Cuarto Programa comunitario. Haremos un balance anual de los progresos observados en Europa, mediante el informe anual llamado «igualdad de oportunidades».

Torres Marques
Señor Presidente, quisiera, en primer lugar, decirle que me complace mucho la presencia del Presidente de la Comisión aquí, en esta Asamblea, para respondernos a estos asuntos tan importantes. Y quisiera decirle directamente lo siguiente: ha comenzado diciendo que, de los ciudadanos de Europa, las mujeres son las que están menos convencidas de la importancia de esa misma Europa. Desde nuestro punto de vista, eso resulta exactamente del Tratado: efectivamente, los derechos de las mujeres no están suficientemente desarrollados en ese texto.
Quisiera hacerle tan sólo dos preguntas muy sencillas.
Primera pregunta: ¿luchará la Comisión junto con nosotros para que la revisión del Tratado de Maastricht contenga todos los puntos que el Parlamento Europeo ha propugnado sobre los derechos de las mujeres?
Segunda pregunta: ¿nos ayudará la Comisión a divulgar dichos aspectos entre las mujeres? No olvidemos que el Tratado de Maastricht va a ser ratificado, en la mayoría de los países, por referéndum; las mujeres serán quienes más vayan a votar y, si no tuviéramos a las mujeres de nuestra parte, se podría firmar el Tratado, pero no sería ratificado.

Santer
Señor Presidente, esta pregunta es continuación de la que ha planteado hace unos momentos uno de sus Señorías, a quien contesté señalando qué objetivos nos fijamos en el Tratado. Tiene usted razón al decir que el actual Tratado de Maastricht no presta demasiada atención a los objetivos que persiguen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. He recordado cuáles son los objetivos de la Comisión, que se ven confirmados con las propuestas que el propio Parlamento ha presentado con ocasión de la revisión de este Tratado. No lo repetiré, pero considero esencial que, en el propio Tratado, algunos de los objetivos inscritos se orienten más especialmente a afirmar que la igualdad entre hombres y mujeres constituye una de las misiones de la Comunidad.
En segundo lugar, un resultado del Eurobarómetro muestra que los hombres confían más que las mujeres en la Unión Europea. Por consiguiente, es necesario hacer un trabajo de convicción, de persuasión, pero sobre todo de información y comunicación. Creo que sería prudente que todos nuestros programas de información (y he citado hace unos momentos el programa sobre el euro, sobre la Unión Económica y Monetaria) estuvieran orientados especialmente a la mujer. Efectivamente, se quiera o no, éstas no sólo constituyen la mitad de la población, también están más cercanas a los ciudadanos, conocen mucho mejor el sistema educativo, pueden ocuparse de sus hijos, etc. Cuando se habla de la Unión Económica y Monetaria, y en el marco del manejo del euro, la mujer debe estar integrada como ama de casa y como consumidora, porque creo que solamente será con esta condición como el euro podrá tener éxito.
(Interrupción de la Sra. Randzio-Plath: «Yo trabajo también») Por supuesto, la mujer también en el trabajo. Así es como yo concibo la política del mainstreaming , que hay que valorar de manera especial, integrando a la mujer en todas nuestras políticas y no solamente en políticas específicas.

Seillier
Señor Presidente, gracias por su compromiso en favor de la causa de la mujer. Sus últimas palabras son muy alentadoras para mí en favor de la causa de todas las mujeres.
Desde este punto de vista, me atrevo a formular una petición ante usted, que es también una pregunta: ¿no existiría una vía de esperanza totalmente nueva para la vitalidad, tanto económica como social o cultural, de los diferentes países de Europa, en el recurso a estudios, como se ha pedido en las conferencias de Copenhague y Pekín, para evaluar cuánto representa el trabajo no remunerado que realizan las mujeres activas en el hogar?
Creo que en este caso se abre una brecha para redinamizar toda la vida de nuestros países de Europa. Cuento con ustedes para que la acogida que el Comisario dispensó a la Federación de Mujeres activas en la casa, en Pekín, tenga continuación.

Santer
Señor Presidente, puedo contestar favorablemente a esta solicitud, pues estamos realizando estudios en esta dirección y me señalan que los resultados estarán disponibles a finales de este año.
Por otro lado, quisiera decir que no se debe polarizar demasiado entre las mujeres en el trabajo y las mujeres en la casa. Creo que las mujeres que trabajan hacen también tareas en la casa, y deben soportar dos o tres veces algunas cargas. Por consiguiente, rechazaré personalmente, y lo digo a título totalmente individual, que se haga una oposición entre la mujer en el trabajo y la mujer en la casa. Creo que sería necesario encontrar medios que permitieran determinar de qué manera contribuye cada mujer a la vida activa y a la vida profesional, cualquiera que ésta sea.

Lulling
Quisiera agradecer al Presidente Santer su declaración y saludar las numerosas iniciativas de las que ha hablado. Pero desearía preguntarle si la Comisión no tiene la intención de continuar de manera más concreta las resoluciones y las tomas de posición del Parlamento Europeo, sobre todo las siguientes: hemos solicitado una modificación de la directiva de 1979 relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes legales de seguridad social para asegurar también esta igualdad en materia de límite de edad y de pensión de supervivencia.
Hemos propuesto que se determine un instrumento comunitario para la introducción del splitting del derecho a pensión en caso de divorcio en todos los Estados miembros. El Sr. Presidente conoce muy bien el problema. Finalmente, hemos propuesto un refuerzo de la directiva «descafeinada» de 1986 sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad independiente, incluidos los cónyuges, y este Parlamento ha reivindicado en febrero un verdadero estatuto jurídico para esos trabajadores invisibles que son los cónyuges de independientes, y una seguridad social autónoma para ellos.
Señor Presidente, ¿va usted a hacer algo en este terreno?

Santer
Señor Presidente, como usted sabe, en 1987 la Comisión hizo una propuesta en el mismo sentido que preocupa a su Señoría, y sigue en la mesa del Consejo. La Comisión se ha comprometido a ver la mejor forma de relanzar los debates en este tema.
La cuestión del splitting , que acaba de plantear la Sra. Lulling, y de los derechos a pensión en caso de divorcio, se inscribe por supuesto en el tema, más amplio, de la individualización de los derechos de seguridad social de hombres y mujeres. Esto me recuerda un poco el pasado, mis anteriores actividades. Conozco bien el tema, pues fui autor de una propuesta de reforma de la seguridad social que iba en este sentido, en mi propio país.
Se trata, efectivamente, de un tema muy delicado para muchos de los Estados miembros, pero la Comisión intenta que los debates avancen al máximo. Así, se ha abordado el tema de la individualización en la comunicación sobre el futuro de la protección social, que la Comisión ha adoptado recientemente. Debo remitirme aquí a un informe de la Sra. Catasta, con fecha 10 de junio de 1993, que contiene una propuesta de resolución, presentada por la Sra. Lulling en aquel momento, y orientada en el mismo sentido.
Creo, por consiguiente, que es necesario que vayamos en esta dirección, y espero que la comunicación sobre el futuro de la protección social sea un buen punto de partida para profundizar en estos debates que son bastante difíciles.
Por lo que respecta a la directiva de 1986 en materia de igualdad de trato entre las mujeres, para las mujeres independientes, en su Cuarto Programa sobre la Igualdad de Oportunidades, la Comisión se comprometió a examinar las posibilidades para reforzar esta directiva que, como señala por otra parte su Señoría, actualmente no contiene disposiciones muy eficaces.
Se trata, una vez más, de temas más que difíciles como la seguridad social y el ámbito fiscal. Los trabajos preparatorios de la Comisión están avanzando. Se han mantenido dos mesas redondas con los medios más interesados, en las que, si mis informaciones son correctas, han participado también miembros de este Parlamento. Ahora habrá que examinar hasta qué punto las ideas que se han avanzado son factibles.

Harrison
Hace mucho que la Comisión reconoció que en el sector de las PYME las mujeres están infravaloradas e infrautilizadas. ¿Cómo puede ayudar la Comisión a las mujeres como trabajadoras y como empresarias en las pequeñas empresas? Hago esta pregunta, porque las mujeres padecen una desventaja desproporcionada en las cifras del desempleo y el sector de las pequeñas empresas, es, naturalmente, de lo más fértil en creación de puestos de trabajo.

Santer
Como usted sabe, la Comisión, y yo personalmente, estamos interesados en impulsar las pequeñas y medianas empresas porque creemos que gracias a ellas se pueden crear nuevos empleos. Las que crean empleo no son las grandes empresas, sino que las únicas capaces de hacerlo son los dieciocho millones de pequeñas y medianas empresas que existen en la Unión Europea.
En este sentido, el objetivo de la Comisión es determinar la política concreta y las medidas apropiadas para mejorar la situación de los trabajadores por cuenta propia y de sus cónyuges. La Comisión ha organizado una mesa redonda en la que han participado todas las partes interesadas. En estos momentos nos estamos ocupando de reunir toda la información con el fin de llegar a una propuesta concreta de un instrumento para utilizar. Por otra parte, en el marco del Fondo Social Europeo, existe la iniciativa NOW, orientada igualmente hacia este objetivo. Es necesario avanzar más en esta dirección con el fin de responder a su propia preocupación.

Stenzel
Señor Presidente, en Austria hay un sistema de carencia modélico para las mujeres que trabajan. Pueden quedarse un año y medio en casa y el último medio año puede hacerlo también opcionalmente el marido y -lo que es esencial- con una garantía de empleo, es decir, se facilita a la mujer de este modo la reinserción en la profesión. En la UE no existe una regulación unitaria de este tipo, es decir, en este aspecto existe aún un gran déficit. ¿Existe la posibilidad de orientarse aquí a la norma austríaca y facilitar a las mujeres una carencia y, de este modo, que puedan cuidar de sus hijos y reintegrarse a la vida profesional?

Santer
Como sabe usted, la política social es competencia propia de los Estados miembros. Por tanto, la Comisión como tal, o la Comunidad como tal, no tiene competencia particular en materia de política social, al menos no más que en materia de política económica. Ello no nos impide ni nos exime de ver de qué manera podemos utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para aportar nuestra contribución a la consecución de los objetivos que usted ha descrito.
Uno de esos instrumentos es, precisamente, en el marco del protocolo social, el diálogo social. El año pasado, los agentes sociales llegaron, en el marco del diálogo social, a un acuerdo sobre una fórmula, que no llega tan lejos como la fórmula austríaca, estoy de acuerdo, pero que propone la conciliación entre vida profesional y vida familiar mediante la licencia parental, etc. Hemos recogido esta fórmula en el marco de una directiva, pero si hemos tomado una directiva social, corresponde a los Estados miembros transponerla y aplicarla.
Creo que a partir de propuestas basadas en sistemas como el de Austria, u otros sistemas que existen en otros Estados miembros, se puede plantear una reflexión a nivel comunitario, para ver de qué manera se puede conceder una cualidad social particular a las mujeres trabajadoras.

Ojala
Señor Presidente, ya empezaba a temer que todo este asunto quedara fuera de nuestra óptica, pero afortunadamente no es así.
En la comunicación de la Comisión se presta, en particular, gran atención a la perspectiva de la igualdad de oportunidades, concretamente en los Fondos estructurales. La puesta en práctica del principio de igualdad de oportunidades exige conocer la situación actual en el ámbito de la igualdad de los sexos e impulsar asimismo el estudio de su incidencia. Los actuales indicadores de seguimiento y evaluación no demuestran la existencia de grandes problemas en el ámbito de la mujer. La Comisión afirma que se podría reflexionar sobre baremos y soluciones con los que medir en qué medida se tiene en cuenta en los programas el principio de la igualdad de oportunidades. Me gustaría preguntar ahora, al Sr. Santer, Presidente de la Comisión, si en la Comisión se elaboran tales baremos que pudieran tenerse en cuenta en la evaluación de los Fondos estructurales, para que éstos beneficien a las mujeres.

Santer
Señor Presidente, efectivamente, todavía tenemos mucho qué hacer como dice el diputado y como yo mismo he dicho, sobre todo porque todavía no tenemos los instrumentos necesarios para llevar a cabo una verdadera política comunitaria a este nivel. Por ello he dicho hace unos instantes que es necesario, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que se introduzcan una serie de principios, de objetivos capaces de ser utilizados para desarrollar una política más coherente en este ámbito.
En este sentido y sin repetirme diré, en lo que respecta a los fondos estructurales, que gracias a ellos se financian un gran número de desarrollos y programas. Nunca es suficiente, pero creo que algunos indicadores o, como se dice actualmente, el benchmarking system , pueden constituir también un instrumento esencial para ver de qué manera poco a poco nos acercamos a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como dice usted, se trata de un indicador que aún no se ha considerado, pero es una idea que merece reflexión y profundización.

El Presidente
Muchas gracias, señor Santer.

Política económica y los déficits excesivos
El Presidente
De conformidad con el orden del día, pasamos ahora a la Comunicación de la Comisión sobre las grandes orientaciones de política económica y de déficit excesivos.

de Silguy
Señor Presidente, señoras y señores Diputados, como desea esta Asamblea, he querido venir a hacerles partícipes, en el mismo momento de la apertura de este período parcial de sesiones, de las deliberaciones y decisiones de la Comisión de esta mañana sobre las previsiones y las grandes orientaciones de política económica para 1997. Éstas representan un instrumento esencial para una mejor coordinación de la política económica a medio plazo en Europa. Confirma, este año, que la estrategia macroeconómica planteada rinde sus frutos, ya que se confirma el crecimiento económico. Sobre la base de esta confirmación alentadora, las grandes orientaciones se esfuerzan, tal como recomienda esta Asamblea en su Informe Económico Anual, en dar un impulso nuevo a la estrategia económica de la Unión Europea.
En primer lugar, las previsiones confirman la coherencia de la estrategia económica que preconizan las grandes orientaciones de la política económica. Se ha relanzado el crecimiento con el saneamiento de las finanzas públicas, la bajada de los tipos de interés y el control del gasto. Es necesario consolidar este relanzamiento y hacer que sea generador de empleo de forma duradera.
Las previsiones para el segundo trimestre implican una ligera revisión del crecimiento al alza, con relación a las del otoño pasado. El crecimiento debería llegar al 2, 4 % en 1997. Habíamos previsto un 2, 3 % en otoño. En 1998, la actividad económica podría progresar en un 2, 8 %. Este crecimiento relanzado facilitará la creación de dos millones de empleos entre 1997 y 1998. El nivel de desempleo debería provocar una bajada, por desgracia todavía demasiado ligera, de un 10, 7 % en 1997 a un 10, 3 % en 1998. Sin un crecimiento fuerte y duradero a medio plazo no habrá una reducción sustancial del desempleo.
Para llegar a ello, la Comisión recomienda tres medios. En primer lugar, continuar con el saneamiento de las finanzas públicas, que comienza a rendir sus frutos. La gran mayoría de los Estados miembros se plantea como objetivo de los déficits públicos un 3 % en 1997. Recuerdo que el déficit medio de la Unión cayó de un 6, 2 % del PIB en 1993 a un 4, 3 % en 1996. Para 1997, la Comisión prevé un 2, 9 % para toda la Unión Europea, con trece países que estarían a nivel o por debajo de las tasas de referencia del 3 %.
Con relación a la prosecución del saneamiento, la Comisión insiste, este año de forma especial, en la necesidad de reducir el gasto público antes que el incremento de los ingresos fiscales, que es nefasto para el crecimiento. Insiste también en la necesidad de preservar los gastos de inversión, indispensables para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo, es decir, para el futuro.
En segundo lugar, debe mantenerse la estabilidad de precios, pues la inflación castiga con más dureza a las capas menos favorecidas.
En tercer lugar, la política salarial que han puesto en marcha los agentes sociales ha dado prueba de responsabilidad y realismo. Debe seguir integrando al mismo tiempo los objetivos de estabilidad de precios y de rentabilidad de las inversiones. En la gran mayoría de los Estados miembros, estas recomendaciones surtieron efecto en 1996. Si queremos crear más empleos en el futuro, es necesario seguir por esta vía.
Sobre la base de estos resultados alentadores, la Comisión recomienda, tal como ha preconizado esta Asamblea, dos prioridades para la dirección de las políticas económicas en 1997: el empleo, por supuesto, las reformas estructurales del mercado de trabajo y la inversión privada y pública, física, inmaterial y en capital humano, que sigue siendo insuficiente.
Con respecto al empleo, la Comisión plantea tres acciones prioritarias. En primer lugar, para aumentar la capacidad de las economías para adaptarse a los cambios provocados por la globalización para aumentar el potencial de crecimiento es necesario promover la innovación, la investigación y el desarrollo, y mejorar los sistemas educativos y de formación profesional. Además, es necesario seguir con las inversiones en las redes transeuropeas. Esto se desprende con claridad de nuestra recomendación al Consejo y centra también la importancia del Quinto Programa Marco de Desarrollo e Investigación.
En segundo lugar, es necesario un mejor funcionamiento del mercado de bienes y servicios. Sólo una explotación completa de las ventajas del mercado interior contribuirá de manera decidida a aumentar el crecimiento. Les recuerdo que la segmentación persistente de los mercados, por ejemplo a causa de las deficiencias de la armonización fiscal y de los excesos de reglamentación, ha de ser abolida. Con este fin, la Comisión está preparando en la actualidad un plan de acción sobre el mercado interior.
En tercer lugar, es necesaria una reforma del mercado de trabajo para aumentar el contenido en empleos del crecimiento. La contribución de los interlocutores sociales es, en este sentido, ejemplar y necesaria. Por medio del diálogo social puede incrementarse la flexibilidad del mercado de trabajo mediante medidas pragmáticas, respetuosas con la adhesión de nuestros ciudadanos a modelos sociales elevados. Es necesario igualmente trabajar por una adaptación razonable de la estructura de los salarios, en línea con las diferencias de productividad a nivel regional.
En materia de inversión, la constatación es actualmente bastante decepcionante. Sin duda, las encuestas coyunturales dan fe de una confianza creciente de los productores, y la capacidad de beneficio de las inversiones está en su punto más alto desde los años 60 en la Unión Europea. La Comisión señala que los trabajadores por cuenta ajena han contribuido al saneamiento del marco macroeconómico con la moderación salarial.
Ésta considera indispensable desde ese punto de vista que, en estos momentos, los empleadores aprovechen la oportunidad que les brinda la bonanza de las condiciones económicas y, para la mayoría de ellos, su situación financiera, para relanzar la inversión generadora de empleo.
Este relanzamiento de la inversión debe afectar a la inversión privada (les recuerdo que es el 85 % del total) de forma prioritaria, y en todas sus formas: inversiones físicas, inmateriales, inversiones en capital humano. Pero la Comisión recomienda igualmente preservar los gastos de inversión pública. Son esenciales para dar a la Unión un potencial de crecimiento duradero a medio plazo. Son una inversión para el futuro de la colectividad en su conjunto.
Como conclusión, señor Presidente, desearía informarle que la Comisión acaba de proponer al Consejo que derogue su decisión sobre la existencia de déficits públicos excesivos en los Países Bajos y en Finlandia. Si el Consejo aprueba las recomendaciones de la Comisión, el número de países que ya no están en situación de déficit excesivo se establecerá en cinco. Estos resultados confirman al mismo tiempo los esfuerzos de saneamiento que están realizando los Estados miembros de la Unión y la coherencia de nuestra política económica europea. Creo sinceramente que una mayoría de Estados miembros será capaz de entrar en el euro el 1 de enero de 1999.
Convencida de contar, señor Presidente, con el apoyo pleno del Parlamento Europeo para la puesta en marcha de estas recomendaciones por parte de los Estados miembros, la Comisión, al igual que ha hecho desde hace dos años y medio, continuará asociando lo más estrechamente posible esta Asamblea a sus trabajos, algo que no ha dejado de hacer, para introducir el euro en el marco de las condiciones y del calendario previstos por el Tratado.

Giansily
Señor Presidente, quisiera preguntar al Comisario de Silguy cómo, en ese momento fatídico de la elección de los países que participarán en la tercera fase de la UEM ya próxima, en la primavera de 1988, e independientemente de las conclusiones de la Cumbre de Dublín, en cuya preparación se ha fundamentado ampliamente la razón de ser del Consejo ECOFIN de Nordwyck y que suscribimos, se va a plantear, en algunos Estados de la Unión, la cuestión del déficit público en 1997 en la medida en que algunos de ellos no cumplirán las condiciones de los criterios de calificación.
Desearía saber si la Comisión puede darnos cuenta de sus recomendaciones futuras y de su actitud sobre este tema. En otras palabras, si el déficit de un país que hubiera seguido un camino virtuoso fuera de un 3, 1 % ó un 3, 2 %, ¿piensa la Comisión finalmente que podría aceptar este ligero adelanto?

de Silguy
Señor Giansily, la decisión la tomarán el año próximo los Jefes de Estado y de Gobierno, a finales del mes de abril o principios de mayo. Esta decisión se basará en una recomendación de la Comisión, que será el elemento primordial ya que la Comisión desempeñará una función central en este proceso. Esta recomendación será adoptada a finales del mes de marzo de 1998 con el fin de tener en cuenta las cifras reales de 1997.
Hoy presentamos las previsiones que han señalado nuestros servicios. No estamos procediendo a un examen anticipado sobre la entrada. Por tanto no se debe pretender que nuestras previsiones digan lo que no dicen. La previsión es una fotografía en un momento dado y no un adelanto sobre el examen de entrada. El año próximo, cuando hagamos nuestras recomendaciones, la Comisión deberá tener en cuenta la totalidad de las condiciones planteadas por el Tratado para el paso a la moneda única.
Estas condiciones son en número de cinco, los famosos cinco criterios, que no son solamente valores de referencia. A ello se añaden otra serie de condiciones, como por ejemplo la independencia de los bancos centrales. Debo añadir que el examen deberá basarse, y esto es muy importante, en el carácter duradero de la convergencia. Dicho de otro modo, se tratará de asegurar que si, en 1997, las condiciones de saneamiento presupuestario han sido correctas, este saneamiento se continúe en el transcurso de los años siguientes. Les recuerdo que cuando la moneda única esté en funcionamiento, la cifra del 3 % ya no será un objetivo sino un límite.

Imbeni
Señor Presidente, deseo preguntar al Comisario en qué criterios se basaron las previsiones de la Comisión en lo referente a los déficits previstos para Italia, Francia y Alemania, que el Fondo Monetario Internacional y algunas instituciones alemanas sitúan en el mismo nivel del 3, 2 %. ¿Hubo una excesiva severidad del Fondo Monetario Internacional con respecto a Alemania y Francia o una excesiva severidad de la Comisión con respecto a Italia?
En segundo lugar, deseo preguntarle, señor Comisario, por qué, en lo que respecta a Alemania y España, en la recomendación de la Comisión se habla del firme compromiso del Gobierno o de la autoridad, en el caso de España, de alcanzar el objetivo del 3 %, mientras que, al hablar de Italia, no se hace referencia, ni para 1997 ni para 1998, al compromiso manifestado en reiteradas ocasiones por el Gobierno italiano de permanecer por debajo del 3 % tanto en 1997 como en 1998, gracias a unas decisiones que en Italia fueron bastante difíciles de tomar.

de Silguy
Señor Presidente, contestaré al Sr. Imbeni que todos los Estados serán tratados exactamente de la misma manera, sobre la base del mismo esquema de razonamiento para definir las previsiones. No habrá ninguna discriminación. Estas previsiones están basadas en magnitudes macroeconómicas que tienen en cuenta en especial las apreciaciones del crecimiento. Como no conozco las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que no son públicas, que no se han publicado, no puedo comentarlas. Puedo decir, sin embargo, que sucede con frecuencia que las diferentes instituciones internacionales tengan previsiones diferentes. Esto es normal. Lo que compruebo, por haber hecho yo mismo el ejercicio, es que, al mirar atrás para apreciar cómo son las previsiones de la Comisión, me doy cuenta de que al menos hemos sido tan buenos, si no mejores en muchos casos, que las demás instituciones internacionales, y en particular una serie de despachos privados.
En el plano de las reglas aplicables, tenemos en cuenta todas las decisiones que los Gobiernos han tomado en materia de presupuestos, y las apreciamos. Lo que han hecho los servicios (de nuevo no se trata de una decisión de la Comisión sino de una apreciación de los servicios de la Comisión) es la evaluación precisa de la eficacia de las medidas.
A propósito de Italia, ya que usted me da la ocasión para hablar de ello, quisiera valorar el esfuerzo que está realizando y que, si nuestras previsiones son exactas, va a disminuir su déficit público de un 6, 7 % a un 3, 2 %, es decir, un 3, 5 % según nosotros, un 3, 7 según el Gobierno italiano, poco importa. Lo que compruebo es que esta reducción del déficit público es la más importante registrada en Europa desde hace quince años.
Por consiguiente, creo que el mensaje que se deduce hoy claramente de estas previsiones es un mensaje de estímulo, de reconocimiento de los trabajos y esfuerzos realizados. Y que no me digan, como he contestado hace un momento al Sr. Giansily, que estas previsiones son un examen de paso anticipado a la moneda única. No. Se trata de una fotografía que se ha hecho sobre datos, que se pueden discutir o comentar. Los servicios están obligados a aplicar los mismos datos a todo el mundo y adoptar hipótesis económicas coherentes. Por otra parte, estas hipótesis no son forzosamente las mismas en función de los países.
Para tener en cuenta, señor Diputado, su observación sobre el problema relativo a las recomendaciones, tengo aquí un texto, al que hemos añadido unos cambios esta mañana en Comisión, justamente para tener en cuenta la sensibilidad particular del problema. En otras palabras, no se trataba, y no se trata, de cambiar las cifras redactadas por los servicios de la Comisión, porque estas cifras han de ser creíbles, es decir, no deben estar sometidas a ninguna presión política. Ello no impide que, en la presentación, y usted verá, en la última versión que quizá no tenga todavía, se haya tenido en cuenta perfectamente esta diferencia de apreciación entre lo que piensa el Gobierno italiano y lo que piensa la Comisión. Si ésta se equivoca, es decir, si su apreciación no es exacta, si el Gobierno italiano piensa que sus medidas tendrán una eficacia total, entonces las cifras serán un poco diferentes. Pero lo que cuenta es el estímulo del mensaje global, mucho más que unas décimas de punto.

Ribeiro
Señor Comisario, cuando, a propósito de las grandes orientaciones de la política económica, se refiere usted a una nueva estructura de salarios, ¿quiere decir flexibilidad hacia abajo del abanico salarial, según el modelo de los Estados Unidos, que tantas veces se menciona en el Informe Anual? ¿Y quiere dar a entender, con esa flexibilidad hacia abajo , que se debe aplicar a todos los países?

de Silguy
Creo que es necesario ver que los salarios dependen de la negociación colectiva. Es responsabilidad de los interlocutores sociales. Por consiguiente, no se trata de interferir en este proceso. Lo único que quieren decir estas recomendaciones es que el nivel de productividad por calificación, por región, ha de ser un elemento a tomar en consideración en la fijación de los salarios. En ningún caso se trata de plantear un descenso generalizado de los salarios. Que nadie se equivoque con respecto al sentido del resultado de nuestros análisis.

Camisón Asensio
Señor Comisario, el pacto de estabilidad y crecimiento establece la posibilidad de multas que pueden llegar hasta la impresionante cantidad del 0, 5 % del producto interior bruto. ¿Está la Comisión enteramente de acuerdo con tan drástica medida? ¿No estima que hubiera bastado con medidas de prevención o disuasión? ¿No le preocupa que el pacto se convierta en un instrumento básicamente conformado para la negociación política de sanciones?

de Silguy
La necesidad de proseguir con el esfuerzo de reducción de los déficits públicos a medio plazo es un imperativo del Tratado que ha sido reconocido como tal por los Estados miembros. Igualmente, el desliz por encima del 3 % está explícitamente previsto como sancionable. Está en el Tratado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento dota de contenido a lo que ha previsto el Tratado, concreta lo que prevé el Tratado.
Por mi parte, debo añadir que espero que no haya ocasión de aplicar esas sanciones. Ahí es donde se encuentra su carácter disuasorio. Como los Estados miembros saben que correrían el riesgo de sufrir sanciones importantes, no se pondrán en una situación en la que se vean en la necesidad de pagarlas. En otras palabras, estas sanciones son el apartado disuasorio complementario a un apartado preventivo. Nunca se habla demasiado del apartado preventivo del Pacto de Estabilidad, que es coherente, completo, estructurado, y que permite asegurar que la totalidad de las políticas económicas y presupuestarias funcionarán de manera armoniosa y en el mismo sentido entre los Estados miembros.

Hautala
Señor Presidente, Señor Comisario, Ud. ha indicado que proyectó enviar notificaciones a diez países porque en estos existe un déficit presupuestario excesivo. Sin embargo, al mismo tiempo afirma que es necesario invertir en el futuro y en los recursos humanos así que, ¿qué quiere dar a entender con eso? ¿Qué supone en la práctica? ¿No considera que esos diez países podrían verse abocados a grandes dificultades? Por una parte, les presionará para que ahorren más recursos públicos que en el pasado y, por otra parte, les mostrará una perspectiva de desarrollo que exige invertir en el futuro. ¿ No es cierto que muchos de esos ahorros a los que apremia a esos diez países conducirán, por el contrario, al debilitamiento de la seguridad social y a la reducción de esos recursos humanos que usted desea apoyar? ¿Podría aclarar un tanto a qué se refiere con eso de que en situación actual es preciso invertir en el futuro?

de Silguy
En primer lugar, quisiera precisar que los déficits públicos nunca han sido generadores de empleo. Si los déficits creasen empleos, ello se sabría, se vería y, visto el nivel que mantienen en Europa, estaríamos en situación de sobreempleo.
Históricamente, veo que reducción de los déficits públicos, restauración de la confianza, crecimiento y creación de empleos han ido generalmente a la par en Europa, y no solamente en Europa. Los Estados Unidos tendrán este año un 1 % de déficit público, entendido en el sentido «mastrichtiano» del criterio y que yo sepa se les cita como ejemplo en lo que respecta a la creación de empleos. Por consiguiente, no hay contradicción entre la necesidad de desarrollar la inversión (quiero hablar de la inversión privada ya que es privada en un 85 %) y la continuación con la política de saneamiento presupuestario que ha rendido sus frutos en Europa. Se están recogiendo ahora los primeros frutos en lo que se refiere a tipos de interés y crecimiento. Por consiguiente es necesario continuar por esa vía.
Lo que he dicho es que, en el marco de la apreciación, es conveniente, a nivel de empresa, pero también a nivel de Estados, ver en qué medida es indispensable concentrar ahora nuestros esfuerzos, habida cuenta de los márgenes de maniobra allí donde existen, para aprovechar las oportunidades y relanzar la inversión que será factor de crecimiento y de creación de empleos en el futuro.

Cox
Señor Presidente, quisiera volver a referirme a un asunto que otros dos diputados han planteado en una ocasión directamente y en otra implícitamente. En respuesta al Sr. Giansily, el Comisario ha indicado claramente que en este momento no estaba dispuesto a decidir el paso real a la moneda única, porque eso corresponde al año próximo. En respuesta al Sr. Imbeni, ha reconocido correctamente y ha acogido con beneplácito las medidas de ajuste adoptadas en Italia.
Sin embargo, quisiera decir al Comisario que, si leemos el informe, el mensaje más claro que de él se desprende en relación con Italia -y ésa es la cuestión política más delicada que se planteará el año próximo- es el de que, en materia de política económica, los ajustes presupuestarios excepcionales están ocultando la necesidad de otros cambios en la política económica. Sin ellos, el claro mensaje subyacente al informe de hoy es el de que Italia no cumpliría una condición sine qua non . ¿Acaso no es ésa la realidad económica básica subyacente a las cifras que ha citado usted hoy, Comisario?

de Silguy
Creo que el principal mensaje, cuando usted compara las cifras entre 1997 y 1998, es que se da cuenta de que las cifras de 1997 se han obtenido como norma general porque los Estados miembros han tomado medidas puntuales de saneamiento o one-off measures , en inglés.
El mensaje, muy claro, que se deduce de estas previsiones, de estas recomendaciones, es que es necesario, allí donde se deban tomar medidas complementarias para 1998 en el marco del carácter duradero de la convergencia, que dichas medidas sean estructurales y no solamente puntuales. Creo que es así como hay que interpretar los cuadros, las cifras, y no hacer adelantos, una vez más, sobre un ejercicio que tendremos claramente ocasión de comentar el año próximo, señor Cox.

Randzio-Plath
Señor Presidente, en sus recomendaciones a los Estados miembros echo de menos un papel más ofensivo y activo por parte de la Comisión, pues tenemos que constatar que desde 1993 tanto la Comisión como el Parlamento Europeo han presentado propuestas para que se puedan crear puestos de trabajo mediante inversiones de infraestructura y ofensivas innovadoras y se pueda perseguir un crecimiento que tenga efectos sobre el empleo.
¿No es usted de la opinión de que por su parte debería imponer a los Estados miembros unas obligaciones más fuertes que tengan algo que ver con el tipo de política de ahorro en los Estados miembros lo que, a su vez, está relacionado con la estructura de la política de consolidación en los Estados miembros? ¿No es usted de la opinión de que en este campo los Estados miembros pueden comprometerse más intensamente para que se puedan lograr realmente unos éxitos transfronterizos? ¿De qué nos sirven las directrices si solamente las repiten la Comisión Europea y el Parlamento Europeo? ¿No es de la opinión de que en sus recomendaciones aún falta una recomendación en el sentido de que la política monetaria podría desempeñar un papel más constructivo en un policy mix adecuado, ante el hecho de que los intereses reales no son aún lo suficientemente bajos?
Independientemente de ello, señor Comisario, ¿no es cierto que hay que responder a las transformaciones estructurales...
(El Presidente interrumpe al orador) ... que es necesario un diálogo social que tiene que exigir a los Estados miembros para que los trabajadores que sobrellevan una moderación salarial, en caso de éxito de una política económica, participen en este éxito mediante una política de ingresos y de formación de capital?

de Silguy
La Sra. Randzio-Plath plantea tres preguntas. Un papel más activo de la Comisión: me parece, señora, que la Comisión no ahorra esfuerzos ni en cuanto a la definición del marco macroeconómico ni en cuanto a la definición de las políticas de apoyo. Pienso en las grandes redes y en los programas marco de investigación y desarrollo. Sin embargo, la Comisión no puede cambiar los procedimientos de decisión en el seno del Consejo, y en particular, no puede sustituir la regla de unanimidad por la de mayoría cualificada. Espero que Amsterdam nos pueda aportar una solución en este sentido.
Dicho esto, considero que no debemos centralizarlo todo a nivel de Bruselas, que estamos en una economía liberal en la que la subsidiariedad ha de desempeñar una función. Cuanto más necesario resulta definir un marco sano de dirección de la política económica de manera comunitaria, más depende del carácter específico de cada país, del diálogo social y de los contactos entre los diferentes socios a nivel de medidas sociales, a nivel de una serie de medidas, y pienso en especial en el mercado del empleo.
He dicho y repito que los programas de ajuste presupuestario han de ser creíbles y socialmente equilibrados. No se debe intentar oponer saneamiento presupuestario y empleo, o saneamiento presupuestario y bienestar social. Creo que, si se lleva a cabo el saneamiento presupuestario, es también, y a veces sobre todo, para salvar el futuro de nuestros sistemas de protección social.
Última observación sobre el policy mix . Creo que, desde hace algunos meses, es totalmente evidente que los esfuerzos que se han realizado en términos de política económica han permitido un alivio de las condiciones monetarias en Europa y que los tipos de interés en Europa no hayan estado tan bajos desde hace una serie de años. Los ahorros que resultan en millardos para las economías europeas son considerables. El policy mix es algo bueno, pero el alivio de las condiciones monetarias sólo será posible si la consolidación presupuestaria es suficiente. Esto me parece un elemento esencial para el futuro.

Rübig
Señor Presidente, tenemos millones de desempleados. Este es un problema y creo que lo más importante es proporcionar de nuevo trabajo a estas personas. ¿Se puede partir del hecho de que la ausencia de criterios de convergencia y de moneda única contribuyen de modo esencial a este desempleo que hoy observamos? ¿Es una causa esencial?
Segundo: ¿es razonable y posible reducir el marco temporal de 1999 hasta el 2002?

de Silguy
Más empleos, sí, es deseable y es lo que estamos tratando de hacer. Pero no habrá más empleo sin más crecimiento y no habrá más crecimiento sin unas finanzas públicas reequilibradas y sanas. Y si creamos el euro es para dar a Europa un marco económico en el que haya más crecimiento y más empleo. ¿Por qué? Porque para instaurar el euro será necesario que las finanzas públicas se hayan saneado. Para instaurar el euro y para vivir con el euro será necesario mantener unas finanzas públicas sanas.
Le recuerdo que la mitad del ahorro familiar sirve actualmente para financiar los déficits públicos y que este dinero estaría mejor utilizado para financiar las inversiones privadas o el consumo. Por consiguiente, es necesario más crecimiento y el euro nos dará más crecimiento en Europa. Y ello nos permitirá hacer más inversiones, habrá más consumo y se crearán más empleos.
Segunda observación: más empleos, esto pasa hoy por medidas estructurales, que afecten al mercado de empleo, a la formación (ya he hablado de ella hace unos momentos) a la investigación, también a la educación, al aprendizaje, a las cargas sociales excesivas que gravan los salarios más bajos, sobre todo en las industrias de mano de obra. Todas estas reformas están en curso, y a veces es difícil aplicarlas, como otras, en especial la reforma del mercado de trabajo, que deben también llevarse a la par con los interlocutores sociales. Esto lleva tiempo, debe acelerarse y sólo con estos esfuerzos se llegará efectivamente en Europa a unas tasas de desempleo tan bajas como las que existen en Estados Unidos.

Féret
Señor Presidente, desde hace varios meses, asistimos en la Unión Europea a una verdadera carrera de persecución para alcanzar los objetivos fijados por los criterios de Maastricht, es decir, para cumplir las condiciones, que algunos economistas consideran draconianas, para el paso a la moneda única de acuerdo con el calendario fijado. Algunos acontecimientos de la vida pública dan fe de ello cada día, como la reciente señal de alarma lanzada por Alemania o también las motivaciones adelantadas por el Gobierno francés para la disolución de la Asamblea Nacional; y asistimos también a un debate permanente sobre los plazos de la unión monetaria.
Sin pretender poner en duda la buena fundamentación de la moneda única, podemos sin embargo constatar, para deplorarlo, el efecto de los planes de ajuste aplicados por los Estados miembros, tan perjudicial para las economías europeas y el empleo que da la impresión de que la prioridad que se concede a la reducción de los déficits públicos, de conformidad con el criterio de Maastricht, por no citar más que éste, impide cualquier repunte económico, frena el crecimiento y anula cualquier esfuerzo en favor del empleo.
¿Qué medidas, realmente positivas e inmediatas, puede recomendar la Comisión para hacer frente a la situación social catastrófica en la Unión Europea manteniendo sin cambios, es decir, sin suavizar, las prioridades inherentes a la realización de la moneda única? En la búsqueda encarnizada de las políticas de saneamiento, ¿no percibe la Comisión el riesgo de matar al enfermo de tanto pretender cuidarlo bien?

de Silguy
Se trata de fórmulas ya hechas. Creo que ya he contestado a esta pregunta al decir que sin duda, en el momento actual, no será relanzando la economía, ahondando en los déficits públicos, incrementando el empleo público, multiplicando los gastos inútiles, multiplicando los puestos de funcionarios, multiplicando todo aquello que no es productivo, como se solucionará el problema del desempleo, porque de seguir su análisis, señor, ello querría decir que, en el futuro, serían nuestros hijos los que debieran pagar la factura de los errores cometidos con unas políticas así.

Dell'Alba
Señor Comisario, como sabe usted, desde el jueves en Italia sólo se habla de las cifras del Comisario de Silguy, y en especial de ese 3, 2 % que dejaría a Italia sin salida, cuando otras muchas instituciones internacionales coinciden en las mismas cifras para otros países, entre los que hay uno que usted conoce muy bien y que afronta una campaña electoral después de la cual no se sabe qué política se llevará a cabo.
Por consiguiente, la primera pregunta que yo le planteo es ésta: ¿por qué esta eventual diferencia de planteamiento? Segunda pregunta, sobre Italia en concreto, ¿cuál es la razón de fondo que le hace dudar del programa italiano?¿Se trataría de los problemas de estructuras que están detrás de los esfuerzos del Gobierno y que no le parecen satisfactorios?

de Silguy
Señor Presidente, hace unos momentos me ha hecho una llamada al orden porque probablemente me había excedido en un poco en el tiempo en mi respuesta al Sr. Imbeni sobre la misma cuestión, por lo que seré breve. En lo que respecta a las previsiones, no hay ninguna diferencia de planteamiento entre Italia y los demás Estados miembros en los trabajos que dirigen los servicios de la Comisión.
En segundo lugar, estoy dispuesto a mantener la comparación, con resultados en la mano, sobre las previsiones que han hecho la Comisión y otras instituciones internacionales. En general, la experiencia nos da más bien la razón. No hay diferencias de planteamiento. Una vez más, hay diferencias de análisis al mismo tiempo sobre el impacto, en 1997, de las leyes relativas a las finanzas aprobadas a finales de 1996. También hay diferencia en términos de crecimiento. También hay una diferencia en términos de total eficacia cuantitativa, para el año, de las medidas que ha tomado hoy Italia. Pero, una vez más, mantenemos unas diferencias extremadamente pequeñas entre la Comisión e Italia.
Para no prolongar el debate tomaré un solo ejemplo. En materia de impuestos sobre sucesiones, el Gobierno italiano piensa que, al haber cambiado la legislación en 1997, los ingresos serían superiores en un 50 % a lo que fueron el año anterior. Creo que esto es quizá algo excesivo. Podría tomar otros dos o tres ejemplos como éste. Pero creo que lo importante no es intentar poner en duda la credibilidad de la Comisión, no es intentar presionar a la Comisión, pues dañarían a la institución; se trata más bien de considerar una vez más que el esfuerzo italiano es un esfuerzo sin precedentes en 1997 en pos del saneamiento de las finanzas públicas. Creo que es esto lo que yo conservo sobre las previsiones de la Comisión.

Katiforis
Señor Comisario, ante la insistencia en reducir aún más la inflación, a pesar de que usted reconoce que ya ha bajado al 2 %, permítame que le lea en su lengua un comentario al respecto del diario Le Monde de hoy:
Un objetivo de inflación menos ambicioso sería compatible con una tasa de crecimiento más satisfactoria y favorecería la necesaria disminución del desempleo...
Señor Comisario, esto está sacado del informe del Fondo Monetario Internacional. ¿Coincidiría conmigo en que podemos relajar las medidas destinadas a una reducción aún mayor de la inflación y aplicar los dogmas monetarios de manera algo menos inhumana para los trabajadores europeos?

de Silguy
Señor Katiforis, hay pendientes peligrosas por las que vale más no lanzarse. Sobre la inflación, creo ante todo que, no porque la hayamos controlado adecuadamente desde hace varios años su espectro ha desaparecido definitivamente de la Unión Europea. Creo que debemos mantenernos muy atentos.
En segundo lugar, la inflación es todavía de un 2 %. Nuestro objetivo del 2 % no es en absoluto incompatible o contradictorio con nuestras cifras en materia de empleo y con lo que se debe hacer en materia de lucha contra el paro. Creo, en definitiva, que debemos continuar manteniendo el rumbo si pretendemos precisamente que las condiciones de política monetaria sean más cómodas para flexibilizar el policy mix . No podemos comenzar a comprometernos en políticas que sólo consisten en jugar con fuego y volver otra vez a las subidas de precios o al repunte de la inflación, cuando no se sabe nunca cómo termina ese tipo de política.

El Presidente
Muchas gracias, señor de Silguy.

Contenidos ilícitos y nocivos en Internet
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del Sr. Pradier, en nombre de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, sobre la comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet (COM(96)0487 - C4-0592/96) (A4-0098/97).

Pradier
Señor Presidente, la telemática en red, al igual que la lengua de Esopo, es el mejor y el peor de los instrumentos. Es necesario, sin embargo, tomar en consideración el desarrollo explosivo de su utilización, ya que en menos de cinco años se han conectado varios millones de ciudadanos. Es indispensable conceder una gran importancia al volumen de información en circulación, ya que se consultan al mismo tiempo varios centenares de lugares. Asimismo, se ha de tomar en consideración la calidad de la información y de esos datos, ya que se tata de datos científicos, técnicos, literarios, artísticos, comerciales, financieros, políticos también, así como personales, y de ello tendremos que volver a hablar.
Este desarrollo provocado dos consecuencias de gran importancia. En primer lugar, el desconocimiento del instrumento telemático en red ha llevado a los impacientes, a los inquietos, a proponer una actitud directiva, normativa, incluso represiva y a unas soluciones que en muchos casos son inadecuadas desde el punto de vista técnico.
En segundo lugar, ante tales posibilidades, los delincuentes han sido más rápidos que las personas honradas y la lista de infracciones a las leyes nacionales e internacionales es impresionante. Se trata de todo tipo de tráficos, de seres humanos, por supuesto, de armas, de municiones y de estupefacientes. Por otra parte, la explotación misma de la credulidad de los elementos más débiles de la población se traduce en el plano comercial, en el plano político y en el plano de las creencias, desarrollando todo tipo de oscurantismos.
Finalmente, y sobre todo la parte más débil que debemos proteger ante todo son los niños, ya porque son el objetivo de mensajes inaceptables, ya porque son los actores contratados, que es aún más inaceptable. En estas condiciones la protección del derecho nos lleva a una reflexión. Debemos saber que cuando se sacrifica un derecho para proteger otro, quedan los dos irremediablemente dañados. Y nuestra acción debe guiarse por algunos principios simples.
En primer lugar, la libertad de expresión, regla absoluta que sólo ha de sufrir muy raras excepciones debidamente establecidas por ley. En segundo lugar, el respeto escrupuloso por la vida privada, y muy en concreto por la correspondencia, ya que la correspondencia electrónica debe ser debidamente protegida. Algunos acontecimientos recientes acaecidos en Bélgica, donde estamos celebrando nuestra sesión, han provocado una legítima conmoción a la que este Parlamento no ha sido completamente impermeable. Los ataques contra la integridad física y mental, las violaciones, los asesinatos, las torturas y los secuestros, han removido hasta las propias instituciones de este país.
Por nuestra parte, conviene no ceder a un fantasma colectivo que provocaría el temor a que todas las basuras de la tierra invadieran las oficinas de las empresas o las salas de estar a través de las pantallas de los ordenadores. Hay que saber mantener la razón y combatir como debe ser los contenidos ilícitos y perjudiciales en la red.
Debemos priorizar tres elementos; en primer lugar, la responsabilidad y, en segundo, la solidaridad. Ante todo, favoreciendo la redacción de un código de buena conducta libremente discutido y que pongan en práctica los implicados, es decir, la industria, los proveedores, los anunciantes y los usuarios. Sobre esta materia, el modelo británico debería ser para nosotros objeto de reflexión y deberíamos quizá inspirarnos en él. Ya que, en este caso, se trata de un grupo de trabajo que asegura un seguimiento de la reglamentación libremente aceptada y que permite igualmente establecer un recurso telefónico instantáneo cuando un usuario detecta una infracción grave. Se trata de un recurso interno que permite intervenir contra aquel que contravenga el código, ordenándole que retire sus textos o imágenes inaceptables, reservando el recurso policial o judicial como último extremo.
Al mismo tiempo, convendrá responsabilizar al usuario a título personal o por su familia, pues el eslabón familiar puede verse afectado por la puesta en marcha de programas de filtrado, al ser grande la tentación de acusar a las instituciones, a las empresas o a los gobiernos, haciéndoles responsables de desgracias que cada uno de nosotros es capaz de evitar y está obligado a hacerlo.

Pex
, ponente para opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, y Medios de Comunicación. (NL) Señora Presidenta, deseo expresar mi agradecimiento al Sr. Pradier por su excelente informe. Internet constituye una innovación que proporciona numerosas oportunidades. Por supuesto que presenta también desventajas que debemos tratar de contrarrestar en el mayor grado posible, especialmente en lo referente a la protección de menores y de la dignidad del ser humano. Debemos sin embargo velar por que el combate de estos inquietantes fenómenos no pesen en demasía sobre la atención que merece la actual y la posible revolución cultural creada por acción de Internet.
Por lo que respecta a los efectos nocivos es sumamente importante que distingamos entre aspectos indeseables y el contenido ilícito de Internet. En lo tocante al contenido ilícito y nocivo, Internet no aporta nada nuevo si se le compara con los medios tradicionales sobre papel. La diferencia estriba en el contenido de la información electrónica que resulta más difícil de controlar. No es difícil empero identificar a los usuarios de la red o a los suministradores de servicios, resultando incluso más fácil que en el caso de los medios tradicionales.
Los problemas ligados a la detección de contenidos ilegales y nocivos son acentuados por el carácter ilimitado de Internet. Además de ello debemos sin embargo tomar en consideración el derecho a la inviolabilidad del secreto de correspondencia estipulado en el Tratado de Protección de los Derechos Humanos.
Hay que evitar que los Estados miembros traten de actuar cada uno con sus regulaciones propias. La cuestión podrá abordarse únicamente a nivel supranacional, y no sólo a través de un enfoque común en el seno de la Unión Europea sino, y sobre todo, a nivel de los países integrantes del G7, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio y de la OCDE. La cooperación internacional constituye el único método para evitar la existencia de refugios desde los cuales cualquier persona pueda utilizar la red de Internet con propósitos indebidos.
Además de ello, es preciso hacer hincapié en la importancia que reviste la autorregulación. El Sr. Pradier se refirió acertadamente a la instauración de un código ético. En estas cuestiones las medidas legales no pueden más que servir de apoyo. Desearía subrayar igualmente el importantísimo papel que pueden desempeñar los padres y que merece una especial atención.
Deseo dar las gracias a la Comisión de Libertades Públicas por el hecho de haber aceptado la casi totalidad de las enmiendas presentadas por la Comisión de Cultura.

Kuhne
Señora Presidenta, señoras y señores, tal como subraya el presente informe, Internet es extraordinariamente importante para la participación de los ciudadanos en la vida pública. El objetivo primario de Internet no es la difusión de contenidos punibles y nocivos. Creo que hay que hacer hincapié en esto. Estos contenidos tampoco están directamente a la vista sino que hay que buscarlos. Al mismo tiempo, estos contenidos son algo dañino, lo que hace necesario adoptar medidas preventivas.
Desde mi punto de vista, la comunicación de la Comisión contiene propuestas demasiado poco concretas y aplaza posibles soluciones a un nebuloso futuro de acuerdos internacionales globales. Por contra, el presente informe subraya razonablemente el papel de adelantado que la Unión Europea puede desempeñar en este globo como una región de economía fuerte y tecnológicamente avanzada.
Al margen de la propuesta de la Comisión, las siguientes propuestas concretas del informe me parecen muy razonables: la exigencia de una clara identificación del emisor y la imposición de estándares mínimos para los oferentes de servicios, la responsabilidad por los contenidos elaborados por ellos mismos y la responsabilidad por contenidos punibles de servicios ajenos si el «carrier» los conoce positivamente y si le es posible técnicamente y exigible impedir su utilización. Me parece problemático el apartado 7 que contempla la exigencia de un etiquetado de calidad aplicable a los suministradores de servicios. Creo que esta exigencia fracasaría ante problemas prácticos o, al menos, sería enormemente difícil. Por ello, deberíamos exigir como Parlamento que los pasos que son realizables se pongan en práctica lo más rápidamente posible.

Cederschiöld
Señora Presidenta, la evolución de las tecnologías de la información es revolucionaria. Internet detenta una proporción innegable en lo referente a la difusión de conocimientos. No obstante, existen también unos aspectos nocivos a los que hay que hacer frente. El Parlamento Europeo debe seguir de cerca la evolución que se produce en el ámbito de Internet, pero debe asimismo ser consciente de su papel, que es el de apoyar y facilitar el desarrollo de la sociedad de la información y no destruirla reglamentando.
En este sentido el informe del Sr. Pradier es clarividente. Parte del principio de que no es posible reglamentar en el sector de Internet, pero si complementarlo con unas disposiciones prácticas concretas contra los contenidos nocivos e ilícitos que existen en este medio. En el curso de la tramitación de este asunto por parte de la comisión pertinente se presentaron diversos proyectos de reglamento, por ejemplo, el referente al registro de los usuarios de Internet y la prohibición del cifrado electrónico. Esto hace inevitable pensar en aquellos que en el pasado intentaron destruir las impresoras de Gutenberg: hay muchos que sienten un gran temor y desconocimiento con respecto a todo lo nuevo, y es necesario reconocer que aquellos fenómenos que se daban en el pensamiento antiguo también se producen en el moderno.
Hay que recordar que la mayoría de personas tiene buenas intenciones con sus acciones dentro en el ámbito de Internet, pero existen también personas con intenciones delictivas. Limitar la posibilidad de un acceso libre y global a la información a base de regulaciones dentro de este sector equivaldría a quemar todo el monte para acabar con la maleza.
Para progresar en la lucha contra aquellos que utilizan Internet con fines delictivos existen dos fórmulas, dar a la policía los recursos necesarios y promover la autorregulación dentro del propio mercado de Internet. Por parte del grupo PPE hemos sugerido e incluido en el informe que se dén los recursos suficientes a la policía para que investigue toda actividad ilegal que se produzca en Internet. No se trata de reglamentos que afecten a la integridad del ciudadano, sino de recursos en la modalidad de formación y de equipamiento técnico para poder actuar ante las infracciones. En lo relativo a los recursos existe una gran desequilibrio. También hemos propuesto un logo europeo de calidad para los distribuidores de Internet que «hagan limpieza» en los contenidos de su oferta, todo ello para facilitar y estimular la autorregulación.
Finalmente, quiero resaltar que Internet constituye una parte vital de la sociedad de la información que se está desarrollando. Hace diez años nadie podía imaginarse la gran utilización y oferta de información que existe actualmente en Internet. Del mismo modo, nos resulta imposible imaginar el estado de la sociedad de la información a diez años vista. Lo único que sabemos con certeza es que Internet se ha desarrollado sin condicionamientos legales. No pongamos trabas a la «red» global en base a la ignorancia y al temor ante todo lo nuevo.

Baldi
Señora Presidenta, Señorías, en nombre de mi Grupo deseo dar las gracias al Sr. Pradier por su excelente informe, así como al presidente Sr. Pex por transmitir la opinión de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comunicación.
Las redes informáticas se hallan en plena expansión y permiten moverse en el éter con una facilidad impresionante y con volúmenes de imágenes e informaciones dirigidas a fomentar los intercambios de conocimientos y la libertad de expresión en los países donde esta última no está garantizada. Europa está iniciando a dialogar cada vez más a través de Internet. Por desgracia, existe cierta dificultad de control por parte de los Gobiernos de los Estados miembros, a quienes les es imposible detectar el contenido ilícito y los mensajes nocivos enviados a través de Internet. A esto hay que añadir que los ámbitos como la seguridad nacional, la protección de los menores y de la dignidad humana, la seguridad económica y de la información, la protección de la intimidad y de la reputación personal, así como la protección de la propiedad intelectual, están regulados por diferentes instrumentos jurídicos en cada Estado.
En consecuencia, es necesaria una cooperación judicial y policial a nivel de la Unión Europea y a nivel internacional, basada en convenios y nuevos instrumentos jurídicos, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad y salvaguardando el principio de libertad de expresión. Por lo tanto, hay que intervenir con medidas que limiten las prestaciones de servicios a través de un control del material que viaja en la red, considerando la fundamental distinción que se ha de hacer entre contenido ilícito, que pertenece al ámbito jurídico, y el contenido nocivo que afecta a los menores y pertenece esencialmente al ámbito de la moral y de la cultura. Dichos contenidos nocivos pueden bloquearse a través de programas de filtrado o, en el caso del correo electrónico, utilizando palabras clave. Es indudable que tanto los suministradores de acceso como los suministradores de servicios son responsables del posible intercambio de información y material ilícito.
Por último, gracias a Internet, se está transformando una amplia gama de sectores económicos y culturales y ofreciendo un abanico de nuevas posibilidades a las pequeñas y medianas empresas y los operadores. Sin embargo, esto se puede prestar a un uso indebido y, por consiguiente, a fin de evitar los abusos, es urgente adoptar medidas y nuevas reglas de comportamiento, fomentando la autorregulación y promoviendo un sistema europeo de valoración para educar al público que navega en la red con campañas de educación y sensibilización, dirigidas en particular a los padres, a fin de poder educar a los niños.

Plooij-Van Gorsel
Señora Presidenta, en nombre del Grupo Liberal deseo felicitar al Sr. Pradier por el excelente informe presentado. Internet constituye una gigantesca red informática mundial que ofrece un reflejo de la información y de opiniones existentes en nuestra sociedad. Una característia única de Internet es el hecho de constituir al mismo tiempo un medio de difusión y de comunicación. Esto implica que lo que resulta ilícito fuera de la línea lo sea igualmente en la línea.
Proceder a la censura de Internet limitaría la libertad de expresión sin ofrecer a los ciudadanos la debida protección frente a contenidos ilegales. Encima de ello, la censura limitaría al mismo tiempo la libre circulación de servicios en Europa. Como ejemplo cabe citar el cierre por parte de los suministradores alemanes de las páginas de Internet del suministrador neerlandés de access for all . Las empresas que ofrecen sus servicios a través del sistema de access for all resultaron así perjudicadas. El Grupo Liberal estima que los políticos deberán plantearse la tarea de fomentar innovaciones orientadas a hacer más abierta y democrática la sociedad. En nuestra función legisladora deberemos mantener pues una actitud de reserva hasta que se disponga de una mayor experiencia con Internet. Lo que queremos es tratar de conservar los aspectos positivos de la cuestión y no echarlo todo por la borda. Es indudable que la pornografía infantil y las afirmaciones racistas son hechos reprobables. Pero un medio de comunicación transfronterizo como Internet exige una regulación también supranacional, para comenzar a nivel europeo. A tales fines se hace indispensable aquí también la cooperación judicial entre los Estados miembros.
Bien que las soluciones tecnológicas no sean impecables parecen ser la mejor manera de erradicar la práctica de contenidos ilegales en la red, en particular con el objetivo de brindar protección a los menores de edad. Mi grupo político estimula esta solución. De esta manera las autoridades no se ven obligadas a ocupar el sitio de los padres, conservando éstos pues su responsabilidad.

Van Dijk
Señora Presidenta, me ha tocado ser una de las personas verdaderamente afectadas por el bloqueo impuesto al provider access for all ya que mi homepage ha dejado de ser accesible para un gran número de usuarios alemanes de Internet. Sin embargo, por un hecho muy sencillo, es decir la simple comunicación de esta decisión, y puedo perfectamente explicarles la razón de la misma, a saber con el fin de evitar que los usuarios alemanes de Internet tuviesen acceso a la publicación que como es sabido se halla prohibida en Alemania pero no en los Países Bajos y que era definida en mi país a través del provider access for all , aunque no fuese por supuesto responsable de ello, puesto que la decisión había sido tomada por uno de los usuarios en su homepage . De todas maneras este bloqueo fue rápidamente suprimido tras una simple acción por la cual usuarios en todo el mundo procedieron a los denominados mirrors publicando a continuación la difusión de dicha publicación, por lo cual resultaba completamente inútil seguir excluyendo a todos estos providers ya que de esta manera se invalidaba a los usuarios alemanes, cosa que era mejor evitar.
Al mismo tiempo queda demostrado que la adopción de este tipo de medidas no es tan sencilla. Porque lo que está prohibido en Alemania no lo está por definición en nuestro país. Lo que en la Unión Europea se considera como correcto generalmente en el ámbito del derecho penal, no lo es en cambio en Estados Unidos.
En resumen, incluso si deseamos proceder a instaurar a nivel europeo todo tipo de regulaciones bien intencionadas con vistas a limitar la influencia nociva de Internet o a suprimir las cuestiones ilegales de la red será necesario que tomemos en cuenta igualmente la existencia de otras concepciones en otras partes del mundo y que por consiguiente no es tan disparatado tratar de regular esta cuestión a nivel de las Naciones Unidas.

Van der Waal
Señora Presidenta, las posibilidades que ofrece Internet en el campo de las comunicaciones son inconmensurables. De acuerdo con los usuarios iniciales de Internet no deberían sumarse a ellas aún más que sucesivas innovaciones. La autopista electrónica debería de abrir las puertas hacia un nuevo orden social. Entretanto se va haciendo evidente que el impetuoso crecimiento de la red, además de las positivas aplicaciones, habrá de ser utilizada al mismo tiempo para la difusión de nefanda información. Una vez más queda confirmada una visión pesimista y harto negativa del ser humano. Lo que se observa en el mundo corriente se refleja en la red Internet. La pornografía, los circuitos de pedofilia, el narcotráfico y el extremismo político están contaminando la red.
No cabe pues duda alguna que se hace necesario adoptar medidas. Los gobiernos nacionales deberán proceder, tanto separada como conjuntamente, a la búsqueda de esas medidas adecuadas. El problema consiste en que las legislaciones nacionales en materia de delimitación entre información ilícita e información nociva pueden diferir de un país al otro. Citemos por ejemplo el caso de la droga, que en algunos países gozan de un libre expendio siendo prohibidas en cambio en otros.
En lo tocante a la normativa relativa a la libertad de expresión será difícil modificar las medidas referentes a Internet de las existentes en otras formas de comunicación como publicaciones, televisión y vídeo, bien que Internet posee una mayor facilidad de penetración en el ambiente doméstico. Me satisface por consiguiente saber que además de la actuación directa frente a contenidos ilícitos en Internet se busque también posibilidades de evitar la entrada de contenidos nocivos en la red.
Sin embargo no puedo dejar de albergar fuertes críticas ante la distinción aparentemente aceptada por todos entre contenidos ilícitos y nocivos. La pornografía infantil es ilícita mientras que la pornografía con adultos es sólo dañina para los menores. ¿Cómo es posible una distinción tan artificial? Como si la pornografía para adultos fuera una cosa inofensiva. La práctica de abusos sexuales con mujeres y menores, el turismo sexual y la pornografía infantil confeccionada para adultos nos revela otra cosa. La autorregulación y la responsabilidad deben continar, pero allí en los casos en que no basta la voluntad humana, deberán instaurarse claras normas morales.

Hager
Señora Presidenta, tal como ha mostrado hace poco la huelga de aviso de dos horas de los proveedores en Austria, el tema de informe es de enorme actualidad. Hay que establecer un equilibrio entre la libertad a expresar la opinión y el mandato de política cultural, por un lado, e impedir los contenidos relevantes desde un punto de vista jurídico-penal, como la detestable pornografía infantil o la incitación a la violencia y al odio o similares, por otro.
Como siempre que se plantean intereses contrapuestos, esta tarea es difícil de solucionar. A ello vienen a sumarse en Internet dificultades técnicas en lo relativo al control de los contenidos. Las cuestiones relativas a la responsabilidad de los oferentes de accesos y de servicios son intrincadas. El presente dictamen representa en nuestra opinión un razonable equilibrio entre los intereses sin plantear unas exigencias exageradas a los oferentes. Aunque los liberales pensamos que la aplicación de las ideas allí expuestas sería posible mediante medidas interestatales, apoyamos el fondo del informe.

Berger
Señora Presidenta, en este Parlamento Europeo siempre hemos estado de acuerdo en que en todos los aspectos sociales y políticos, debe gozar de la máxima prioridad el respeto de los derechos fundamentales y humanos y en que este principio debe aplicarse también cuando nos enfrentamos a nuevos fenómenos sociales que a veces provocan temores entre algunas personas. Por ello, a la hora de tratar los contenidos nocivos e ilegales en Internet, debe tenerse en cuenta que la máxima prioridad es el respeto a los derechos humanos. A los contenidos ilegales deben aplicarse plenamente -no creo que sea posible discutir al respecto- las normas penales y prohibitivas de cualquier tipo, lo que se debe garantizar mediante unos nuevos métodos de indagación y persecución adaptados a la red. A este respecto, será necesario poner a disposición de la policía y autoridades penales unos medios más adecuados.
Pero no vamos a poder eludir -a lo que se han referido ya algunas oradoras y oradores- determinar en Europa al menos unas normas penales mínimas comunes y tener de este modo una buena posición de partida para las negociaciones globales. Pero la naturaleza de Internet y de otras redes de ordenadores exigirá también unas formas creativas de autocontrol en la lucha contra los contenidos ilegales y nocivos. A este respecto, el informe está muy bien logrado y propone unas medidas muy adecuadas.
Los productores de hardware y software, los proveedores, las familias, los niños y las organizaciones juveniles están todos ellos llamados a intervenir en este asunto. Creo que sólo ellos pueden aplicar el software filtrado ofrecido de modo que se tengan en cuenta los diferentes estándares culturales y pedagógicos existentes en Europa, proporcionando realmente una ayuda a las familias.
Para finalizar, quiero rogar que en el debate sobre los contenidos ilegales y nocivos, no olvidemos los efectos útiles de Internet para los niños y jóvenes, de lo que uno se puede hacer una buena idea en la exposición que tiene lugar en el foyer de esta sala de plenos.

Colombo Svevo
Señora Presidenta, en una entrevista sobre este tema, nuestro ponente se autodefinió un viejo -en el sentido de antiguo- liberal no demasiado moralista. Por mí parte, no puedo negar que liberal sí lo ha sido. No cabe duda que prestó una gran atención a las sugerencias de los colegas en el seno de la comisión y, al abordar los contenidos ilícitos y nocivos, hizo hincapié, ante todo y con sumo acierto, en la gran revolución que este medio representa, esto es, el sueño de una gran comunidad planetaria que intercambia conocimientos a través de un medio de por sí democrático.
Ha estado acertado, porque en su programa social, Clinton hizo una distinción entre dos edades: la edad en que los jóvenes americanos deben saber leer y escribir y la edad -me parece que 12 años- en que todos deben saber navegar por Internet. Por lo tanto, éste es un gran medio y, como viejo liberal, nuestro ponente nos habló de las dificultades que encuentran la ley y el legislador, llamado a regular fenómenos como éste. Nos mencionó la insuficiencia y la falta de adecuación del instrumento jurídico que corre el peligro de convertirse en un grito al estilo manzoniano que no sirve para nada, o de menoscabar, en cambio de aumentar, la libertad de expresión. El viejo liberal es consciente de esto y, aunque se autodefine no demasiado moralista, sabe y dice que debemos ajustar cuentas con la moral o, si preferimos, con los comportamientos éticamente correctos, si no queremos que un instrumento de libertad se convierta en un instrumento de pornografía, terrorismo e incitación al suicidio -como pasó hace poco en nuestro país- totalmente virtual, se entiende.
Por ello, cabe admitir que esta batalla no se ganará si no se eleva el sentido de la responsabilidad y moralidad de los comportamientos. De lo contrario, ¿por qué apelar a la responsabilidad individual y familiar? De lo contrario, ¿dónde vamos a colocar el etiquetado de calidad o el código de buena conducta, y qué fundamento tendremos y daremos a todas las reglamentaciones que preconizamos? Ni siquiera la policía multimedia o cibernética puede ser suficiente, ya que sabemos lo que cuesta, el tiempo que necesita, al igual que sabemos el poco tiempo que hace falta para reconstruir una red, una vez descubierta.
Por lo tanto, deseo manifestar, junto con el ponente, a quien le agradezco este informe, que todos somos viejos liberales, interesados en entender las nuevas fronteras de la libertad y la responsabilidad.

Boogerd-Quaak
Señora Presidenta, colegas, Comisario Bangemann, me complace ver que está hoy usted presente con nosotros ya que esta semana también tiene lugar un Consejo Industrial encargado de estudiar el programa de acción permamente. Me parece ésta una excelente oportunidad para poner en movimiento, a través del citado consejo a todos los demás con vistas a la adopción de importantes avances en este campo.
Si examinamos el importante informe del Sr. Pradier comprobamos que los Consejos de Ministros afirman haber emprendido diversos pasos, aunque por el momento no veo mucho progreso en la materia, lo cual constituye también mi gran inquietud. Por una parte deberá contarse con una muy mayor colaboración entre los sectores judiciales y policiales. Por otra parte deberá desplegarse un enorme empeño en el campo de la educación que haga posible la utilización de las posibilidades de comunicación como antídoto en el sistema educativo.
Esta semana tuvimos la oportunidad, tanto el Comisario Bangemann como el que habla, de asistir a una interesantísima conferencia organizada por el colega Donnelly en la que se mostraban una vez más dichas posibilidades. Desearía preguntar al Comisario si él puede informarnos sobre lo que se propone hacer sobre este punto en el próximo Consejo de Industria.

Le Gallou
Señora Presidenta, la característica que define el informe del Sr. Pradier es la hipocresía. Efectivamente, por primera vez, este Parlamento se preocupa, o finge preocuparse, por los riesgos de la pedofilia. Eso está bien, pero es un poco tarde. Los pedófilos belgas no esperaron a Internet para entregarse a sus prácticas siniestras, aprovechándose de complicidades en el seno mismo del poder socialista.
Los pedófilos franceses no esperaron tampoco a Internet para martirizar a jóvenes discapacitados con el fin de saciar sus instintos perversos y se han beneficiado, también, de la protección del poder socialista. Pienso en el siniestro asunto del Coral, que alimentó las crónicas en Francia en los años 80 y que nunca se ha destapado porque se echó tierra sobre todas las diligencias policiales. Permítanme añadir que los pedófilos de todos los países y los perversos sexuales no necesitan de Internet para encontrar lo que el laxismo moral y judicial ha puesto en los quioscos de prácticamente las quince naciones europeas.
El discurso del Sr. Pradier sobre la pedofilia en Internet es un pretexto falso que pretende justificar el restablecimiento de una censura, no sobre las costumbres sino sobre lo políticamente incorrecto, sobre lo culturalmente incorrecto o lo históricamente incorrecto. El informe Pradier no incide sobre los comportamientos infames, sino sobre las opiniones y las ideas no conformes con la policía del pensamiento.
No aprobaremos las conclusiones del informe Pradier, y ello por cuatro razones. En primer lugar porque concedemos mucha importancia a la libertad de expresión en el ámbito de las ideas y condenamos los textos liberticidas. En segundo lugar, porque recordamos que la base de Internet es el correo electrónico y que, al contrario que algunos autoritarios, concedemos mucha importancia a la libertad de correspondencia, incluida la correspondencia electrónica. Después, porque desde el punto de vista técnico, el control de Internet apenas nos parece posible, en todo caso en el actual estado de cosas. Para terminar, porque suponiendo que ello fuera técnicamente posible, supondría un gobierno mundial y eso no lo deseamos. En este ámbito, al igual que en otros, nosotros decimos no al big brother mundial que algunos intentan o querrían imponernos.

Whitehead
Señora Presidenta, mi opinión sobre el informe del Sr. Pradier es bastante más favorable que la del último orador. Quiero ceñirme a la cuestión de Internet y de cómo ha cambiado toda nuestra concepción de la comunicación electrónica. Mi vida profesional ha correspondido al sector de las transmisiones de radio y televisión y a partir de ellas surgieron las subscripciones «restringidas» a la transmisión por cable y cosas así y, además, existía la comunicación de persona a persona por teléfono. No se podía dejar un mensaje por teléfono para una generalidad de personas, aparte de dejar un mensaje descortés en el contestador telefónico. Sin embargo, ahora todos los ciudadanos son en potencia los directores de su propio boletín. Ahora todos somos «sitios» en la red.
Quisiera adoptar una firme posición a este respecto en función de la primera enmienda, tal como han confirmado los tribunales de los Estados Unidos. A ese respecto exclusivamente, comparto en parte lo que acaba de decir el Sr. Le Gallou. Existe el peligro de una policía del pensamiento. Existe el peligro de que intentemos intervenir en asuntos de opinión. El dilema que tenemos planteado hoy no se refiere a asuntos de opinión, sino a asuntos de intromisión y a lo que sucede cuando unas personas, al invadir el espacio de otras, les infunden desesperación y representan una amenaza para sus actividades. No se puede permitir que la tecnología estrangule la libertad.
Los medios de comunicación abiertos pueden ser entrometidos y el problema que plantea Internet hoy es el de que hemos de encontrar una forma de abordar los diversos segmentos en los que se producen sus operaciones. Todos sabemos que grupos que incurren en actitudes pedófilas y sádicas ocultan sus actividades y se esconden tras otras formas de identidad. Tenemos que velar por que los proveedores de acceso y los proveedores de servicios e informaciones reconozcan sus responsabilidades a ese respecto, en primer lugar, para la identificación de cada uno de los servicios y, en segundo lugar, para la clasificación sin la cual no será posible el filtrado. El filtrado en sí corresponderá a las personas responsables que conocen profundamente ese sistema. Hay muchas otras personas que corren riesgo en Internet hoy y también tenemos que tener presentes sus necesidades.

Bangemann
Señora Presidenta, el debate de hoy ha mostrado con pocas excepciones que el Parlamento -y en especial el ponente y el presidente de la Comisión de Cultura- se mueve en la misma dirección que la Comisión. Naturalmente, nadie puede proponer hoy una solución que elimine todos los problemas. Con nuestra comunicación y las iniciativas que hemos adoptado hasta el momento, hemos asumido al fin y al cabo un papel de adelantados. Esta comunicación ha despertado un gran interés en todos los países miembros, en el Consejo, en la OCDE así como en el Consejo de Europa y representa una buena base para las diversas conferencias internacionales en las que nosotros participamos.
¿Cuál es el problema? En primer lugar, tenemos que constatar -lo que ha dicho acertadamente la Sra. Plooij-van Gorsel- que no se trata de una nueva valoración de contenidos, en el sentido de legal o ilegal, nocivos o no nocivos. Se trata solamente de la cuestión de cómo se puede uno defender y, en caso necesario, castigar los contenidos ilegales y nocivos, teniendo en cuenta las características técnicas de Internet. Esta es la cuestión. Es decir, no debemos comenzar un debate sobre qué es ilegal y qué contenidos son nocivos sino que debemos pensar cómo podemos alejar de la red los contenidos ilegales o, cuando aparecen, cómo podemos castigar a los responsables y qué posibilidades hay para que el usuario adopte una decisión propia cuando se trata de contenidos nocivos.
Esta diferenciación es muy importante porque hay diversas medidas que son adecuadas para algún que otro problema. Así pues, si como consumidor uno quiere excluir para si mismo los contenidos nocivos, se necesita solamente una posibilidad técnica que, naturalmente, presupone una cooperación con los oferentes, y podemos ofrecer la posibilidad a cada uno de adoptar su propia decisión de un modo muy sencillo.
Esto es aplicable en especial, por lo demás, a los contenidos culturales valorados de modo diferente. Lo que para una persona proveniente de un ámbito cultural islámico es absolutamente inaceptable, puede ser aceptable para alguien proveniente de un ámbito cultural europeo. Aquí, la posibilidad de selección técnica ofrece una solución que creo se puede adoptar y aplicar internacionalmente.
Mucho más difícil es la cuestión de los contenidos ilegales, quizás no tanto porque existan diferencias en la definición de lo que es ilegal. Existen diferencias, pero no son tan grandes que uno no se pueda imaginar un modo de proceder unitario. Tenemos que solucionar aquí las siguientes cuestiones. Primera: ¿quién es responsable? Segunda: ¿cómo, llegado el caso, se puede exigir responsabilidad al responsable si difunde un contenido ilegal? Tercera: ¿de qué modo técnico y jurídico se puede aplicar esto?
Esto último sólo se puede aplicar de modo global, pues está totalmente claro que la diferencia respecto a los medios de comunicación tradicionales, es decir, los medios de difusión de tales contenidos, es precisamente que Internet por definición es global, por lo que hay que buscar soluciones globales. Señor Kuhne, esto no es aplazar hasta el día del Juicio Final las posibilidades de solución que tenemos ni significa encargárselo a órganos sobre los que, a la postre, no podemos influir. Esto se deduce sencillamente del carácter de esta oferta. Naturalmente, podríamos introducir reglas sólo para nosotros en la Unión Europea, pero de este modo solamente solucionaríamos una parte del problema y ya han oído de la Sra. van Dijk qué posibilidades hay para eludirlas. Ella misma se ha servido ampliamente de las mismas, tal como ha dicho.
Así pues, tenemos que recoger estas posibilidades y esto es solamente posible mediante una cooperación global. Lo hemos puesto en marcha. En un grupo de trabajo del Consejo que se reúne bajo la presidencia de la Comisión, se examinará qué es lo que hay que hacer. A mediados de año participaremos en una Conferencia en Bonn en la que en el círculo de los países G7 -esperemos que también con la participación de los EE.UU, quienes hasta ahora dudan en hacerlo- se elaborarán normas vinculantes sobre la responsabilidad de los oferentes, sobre la posibilidad de penalización incluso en los países en los que no están representados dichos oferentes pero a los que sí llegan sus ofertas, y otras cosas similares.
Esto es absolutamente necesario. Si lo logramos, podremos acotar el problema todo lo que se pueda acotar. Quiero advertir frente a unas esperanzas demasiado exageradas en la lucha contra la ilegalidad o criminalidad porque se trata de una tecnología diferente o nueva. Una lucha de este tipo siempre tendrá más o menos éxito y es importante que en esta lucha no olvidemos los contenidos positivos que ofrece también esta nueva posibilidad.
Pero también se ha dicho esto y me alegro, señora Presidenta, de que la Comisión pueda buscar soluciones junto con el Parlamento en este asunto.

El Presidente
Muchas gracias, señor Comisario Bangemann.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Pequeñas y medianas empresas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
Doc. A4-0104/97 de la Sra. Torres Marques, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión «Artesanía y la pequeñas empresas: claves del crecimiento y empleo en Europa (COM(95)0502 - C4-0503/95); -Doc. A4-0034/97 de la Sra. Peijs, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, relativa al programa integrado en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del artesanado (COM(96)0329 - C40490/96); -Doc. A4-0100/97 del Sr. Garosci, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial, sobre el informe de coordinación de las actividades en favor de las PYME y del artesanado (COM(95)362 - C4-0120/96).
Torres Marques
Señora Presidenta, señor Comisario Christos Papoutsis, señoras y señores diputados, hoy vamos a tratar de nada menos que del problema número uno de Europa: el empleo. Hablamos sistemáticamente de la necesidad de crear empleo para los 18 millones de desempleados que el modelo de desarrollo europeo ha llegado a crear, sin que encontremos la solución a consecuencia de la complejidad de este problema, que entraña muchos tipos de acciones y tiene carácter estructural.
Si no hemos conseguido resolver este problema, lo que depende -lo sabemos- estrechamente de un crecimiento de nuestras economías a un ritmo superior al de los últimos años, ello es consecuencia de que las políticas seguidas y los instrumentos utilizados no han resultado, hasta ahora, los más adecuados para la creación de puestos de trabajo.
En efecto, en 1995 existían en Europa 16 millones de PYME, que empleaban a más de 40 millones de trabajadores. Y, a pesar de todos los obstáculos con los que actualmente tropiezan -en particular, las sobrecargas administrativas, dificultades de financiación y formación, transición a la sociedad de la información, intensificación de la competencia-, siguen siendo esas empresas las que crean puestos de trabajo.
En los cinco últimos años, del 60 % al 80 % de los nuevos puestos de trabajo en el sector privado fueron creados por pequeñas empresas y las más dinámicas han sido las microempresas. Una publicación editada en 1996 y patrocinada por la Comisión muestra que, además de que el porcentaje medio de creación de empleo por las 500 PYME más dinámicas fue del 158 % en los cinco últimos años, esa media fue del 1.035 % en el caso de las empresas con menos de diez trabajadores. En vista de la situación en el mercado de trabajo, habrá que adoptar todas las medias necesarias para velar por que las pequeñas empresas y las de actividades artesanales puedan continuar -e incluso mejorar- su contribución a la creación de puestos de trabajo.
Ahora bien, aun reconociendo el importante papel desempeñado por el artesanado y las pequeñas empresas en la creación de empleo, existe una manifiesta incoherencia de la política comunitaria a la hora de aplicar acciones y programas de apoyo que con frecuencia son de poco valor, se retrasan o se suspenden. Lamento, en particular, que los ministros de Hacienda ni siquiera hayan dado la luz verde aún a la reglamentación europea de garantía de los préstamos en pro del empleo, conocida como programa ELISE.
Veamos, pues, lo que esperamos de la Comisión a ese respecto. Primero, que nos indique cuál es la parte de los Fondos estructurales -FEOGA, FEDER y Fondo Social Europeo- que se aplica realmente a las PYME y, de ellas, a las microempresas. Es que resulta mucho más fácil a las medianas y grandes empresas disponer de técnicos que conozcan y sepan rellenar los complicadísimos formularios que la Comisión presenta. Por otro lado, dar mucho dinero a pocos proyectos exige mucho menos esfuerzo de análisis y control que dar poco dinero a muchas empresas. El problema del rellenado de los formularios es esencial. Me gustaría saber cuántos diputados, comisarios o ministros, ante un formulario comunitario, sabrían rellenarlo... No hablo por hablar, puedo dar a Sus Señorías ejemplos de eminentes profesores universitarios o presidentes de colegios de profesiones liberales que ya me han ofrecido su testimonio y su protesta por la opacidad y complicación de dichos formularios. Y después decimos que queremos apoyar a las PYME y a las microempresas...
Dígame, señor Comisario: ¿cuál es el porcentaje de los Fondos estructurales realmente aplicados a ese tipo de empresas, que son las que verdaderamente crean empleo? Las grandes, en lugar de crear empleo, despiden todos los años a centenares de trabajadores. ¿Está la Comisión dispuesta a simplificar realmente todo el proceso de acceso a los fondos comunitarios por las pequeñas y medianas empresas y, en particular, por el artesanado?
El segundo problema tiene que ver con el crédito y con el retraso en los pagos. Necesitamos una directiva que acabe con esas situaciones intolerables de que quien no los necesita sea quien reciba préstamos y de que los consumidores y los proveedores retrasen sus pagos, con lo que inviabilizan financieramente a empresas económicamente viables, lo que hace que -como afirma la Comisión- el 50 % de las PYME tengan una esperanza de vida de tan sólo cinco años.
El tercer problema tiene que ver con el sistema fiscal, que castiga el trabajo y favorece el capital. En todos los países de la Comunidad, la mayoría de los que pagan impuestos directos son los trabajadores por cuenta ajena. Hay que revisar la incidencia del IVA con vistas a incentivar el trabajo. Hay que revisar el sistema fiscal y parafiscal. ¿Está la Comisión dispuesta a actuar de esa forma?
El último problema que presento a Sus Señorías tiene que ver con la educación. El nivel profesional de la educación de la mayoría de nuestros empresarios es muy bajo. Es, pues, necesario apoyar a quién más lo necesita, o sea, en las regiones del interior, en las ultraperiféricas, y éstas necesitan también apoyo a la comercialización y a la exportación. Y es necesario apoyar a los jóvenes y a las mujeres, que son dos terceras partes de los desempleados. Hay que acabar con la hipocresía: si el Consejo Europeo y los gobiernos en general están auténticamente preocupados por el problema del desempleo, que den a quienes crean puestos de trabajo, a las PYME y a las microempresas, los medios necesarios para que puedan hacerlo y así aumente su producción y el crecimiento económico que Europa necesita.

Peijs
 Señora Presidenta, es bastante absurdo tener que reconocer que es tan sólo ahora que hablemos del programa integrado. A fines de noviembre de 1996 tenía ya listo el primer proyecto de texto y han tenido que pasar cinco meses para que abordemos este informe en la sesión plenaria. El informe de la Sra. Torres Marques, por lo demás de excelente calidad, se refiere igualmente a una conferencia celebrada en 1994. Lo mejor que podemos hacer en primer lugar es poner en tela de juicio el dinamismo de este Parlamento. Y ahora pasaré al programa integrado.
Es digno de elogio que la Comisión haya hecho el esfuerzo de ordenar todas las iniciativas referentes a las PYME en su posesión. La principal característica del informe consiste en señalar quién se ocupa de la coordinación de cada uno de los programas, información que la Comisión pasa por alto. Tras la lectura de la comunicación de la Comisión seguía ignorando tanto la identidad del coordinador de cada elemento integrante del programa como la manera en la que ésta se produce. Es algo lamentable en realidad ya que un plan de coordinación concreto habría podido aportar suma claridad a todos los interesados y en particular a las PYME que constituyen después de todo el verdadero objetivo de la iniciativa. La única esperanza que me queda es que la sección especial de coordinación de la DG XXIII, de reciente creación, habrá de desempeñar cabalmente sus funciones.
Pasaré al siguiente punto de intereés. Este programa integrado parte igualmente del supuesto que las PYME deberán recibir especial apoyo al constituir fuentes generadoras de empleo, es decir que contribuyen a resolver el problema político del paro. Debo añadir que cuando esto sucedió inicialmente cada uno de los implicados en este tipo de empresas, incluyéndome a mí, nos sentimos complacidos por el interés que suscitaban las PYME. Sin embargo, poco a poco, comencé a sentirme hastiada. Se trata en realidad de un tipo de enfoque de estas empresas que no respeta en modo alguno el valor esencial y los principales problemas de este sector de la vida empresarial. Estas empresas no se distinguen de las demás por el hecho de engendrar puestos de trabajo, sino porque son incapaces, por lo reducido de sus dimensiones, de sacar partido de las ventajas de escala. El aprovechamiento de estas últimas constituye precisamente la característica del mercado interior. Es ésta pues la razón por la cual a nivel europeo debemos respaldar las PYME. Y no porque su situación sea digna de lástima, ni porque generen empleo, sino porque por su índole y su esencia se ven obstaculizadas en su participación en el mercado interior. Con esta idea de fondo deberán concretarse programas a favor de las PYME. Y no con la idea de que este tipo de empresas vayan a solucionarnos el problema.
La rigidez aportada por los políticos a los diferentes elementos como por ejemplo el mercado del empleo deberemos también solucionarla en nuestra calidad de políticos y no dejársela así como así a las PYME. Sus programas resultan imposibles de ejecución ante las demandas constantes de puestos de trabajo permanentes.
Sin necesidad de proceder de nuevo a un resumen exhaustivo de la totalidad de las medidas que deberían adoptarse, tal como ha hecho otra vez la Comisión, me he limitado en mi informe a la enumeración de los principales puntos. Habida cuenta la decisión del Consejo de recortar el presupuesto de las PYME me parece que el deber de la Comisión es orientarse en primer lugar a proyectos muy concretos. Citaré unos cuantos entre ellos.
La simplificación de la burocracia impuesta a las PYME. Permitir la participación de la UIAPME en el diálogo social. A ese respecto, el día de hoy parece ser la fecha indicada ya que precisamente en este momento nos encontramos la UIAPME y la UNICE discutiendo sobre la manera en que puede darse solución a ese problema. Y ese problema hay que solucionarlo. El mejoramiento de las relaciones entre las instituciones financieras y el sector de las PYME. La preparación de este tipo de empresas a la llegada del euro. Volveré inmediatamente sobre esta cuestión. El respaldo dado a las PYME en el acceso a la sociedad de la información. La estimulación de la iniciativa empresarial y el apoyo a dar a determinados grupos meta, brindando particular atención a empresarias y a cónyuges activos en las mismas empresas de esta categoría. Y luego, de no menor importancia, el problema de la sucesión de empresas; la cesión de una empresa de una generación a la siguiente. En la actualidad los costes de esta cuestión en toda la Unión Europea se elevan a 300 000 puestos de trabajo, situación que resulta totalmente superflua.
Y ahora un grito que me sale del corazón, señora Presidenta. No suelo ya decir a ningún empresario en el sector de las PYME que debe prepararse a la unión monetaria. Me parece un disparate que a cualquier pez gordo en esta Unión se le ocurra que tiene que poner en la prensa continuamente lo que va o lo que no va. Estimo que es necesaria la claridad. Si esperamos de los empresarios que inviertan en una unión monetaria lo primero que deben brindar las autoridades es precisión en cuanto a lo que se exige de ellos. Pienso que todos aquéllos como el Sr. Tietmeyer tendrán que callarse la boca debiendo brindarse mayor precisión a los responsables de las PYME.

Garosci
Señora Presidenta, hace tiempo que venimos hablando de las pequeñas y medianas empresas y que vemos en este sector empresarial la solución de muchos de los problemas de la economía europea. No obstante, es a partir de hoy que nos proponemos, a través de los tres informes presentados en el Pleno, hallar una solución concreta de los problemas de las empresas. Se suele decir que el futuro de la economía está en la pequeña y mediana empresa. Por ello, es preciso apoyar este futuro, seguirlo de cerca y potenciarlo. Sin embargo, faltan todavía los instrumentos, las voluntades, incluso políticas, de asignar a las empresas, aunque sean pequeñas, su correcto lugar en el mercado. Estamos hablando de 18 millones de pequeñas y medianas empresas que emplean a 70 millones de trabajadores directos, es decir, el 70 % de la población activa existente en la actualidad en la Unión Europea.
Cuanto más entran en crisis las grandes empresas, tanto más las pequeñas empresas están en condición de poder hacer frente al crecimiento del mercado y a la vuelta al mercado de esos trabajadores y empleados despedidos por las grandes empresas, que se robotizan y mecanizan y crean vacíos en sus cadenas de montaje industrial. Las pequeñas y medianas empresas, por el contrario, se basan en la función humana y en el papel de la persona. Pensemos en el mercado terciario, el turismo, el comercio y los servicios: sin la función de la persona y del trabajador, las pequeñas y medianas empresas carecen de sentido. Asimismo, los empresarios, cuanto más pequeños son, tanto más están obligados a restar su empeño y tiempo a sus actividades para convertirse en burócratas, para cumplimentar módulos y para realizar actividades que ciertamente están muy lejos de ser empresariales, sino sólo de desreglamentación. Nos hace falta la desreglamentación para devolver al empresario su papel en la economía. Asimismo, debemos ayudar a dichos empresarios desde el punto de vista fiscal. Se trata de afrontar ahora los retos del mañana, esto es, la armonización del IVA entre los diferentes Estados miembros, la simplificación de las relaciones de carácter financiero que las empresas mantienen entre sí, dentro de cada Estado miembro y, cada vez con más frecuencia, entre diferentes países, habida cuenta de que mañana el mercado llegará a ser un mercado interno propiamente dicho. Entones, trabajemos a fin de que los bancos conviertan en más fácil el trabajo de las empresas y no hagan pasar a los empresarios parte del día discutiendo sobre un 0, 2 % más o menos, subestimando, en cambio, todos los grandes potenciales que tienen las empresas, sobre todo en algunos sectores.
Los sectores a los que me refiero son, ante todo, los del mercado terciario, a los que debemos prestar mayor atención para crear determinadas sinergias entre los mismos, entre pequeñas empresas y pequeños profesionales, así como entre el turismo, el comercio, la artesanía y la pequeña industria local, de forma que se devuelva el espacio y la atención a las producciones locales, típicas de cada país, en un mercado que es global y que, por lo tanto, ofrece y ofrecerá 370 millones de consumidores que, además y a partir del 1 de enero de 1999, estarán unidos por una moneda única.
Con este telón de fondo y en esta propuesta que presentamos a la Comisión, a quien por otra agradecemos el importante trabajo llevado a cabo -me refiero en particular al Comisario Papoutsis por haber revitalizado el sector de las pequeñas y medianas empresas y en especial el comercio y el turismo- pedimos que en lo referente al comercio y al turismo se potencien las estructuras internas de la Dirección General XXIII. Habida cuenta de que aumentan los compromisos de estas estructuras y crece su posición en el mercado, es preciso aumentar también el número de colaboradores internos de la Dirección.
En mi informe subrayé en particular dos, mejor dicho, tres aspectos que vuelvo a lanzar como propuestas concretas para conceder espacio e instrumentos a los pequeños y medianos empresarios.
Hemos constatado el éxito registrado por los subsidios de interés concedidos por el BEI y, en consecuencia, insto a que se desarrolle aún más, si cabe, dicho mecanismo que concede un crédito máximo de 30.000 ecus para cada puesto de trabajo creado. Concentremos los subsidios de interés del 2 % anual en las pequeñas y medianas empresas con menos de 250 empleados y un volumen anual de negocio de 20 millones de ecus.
Otra sugerencia: confiamos en que todo el sistema de las pequeñas y medianas empresas obtenga el reconocimiento operativo del sector bancario y de las entidades de crédito, necesario para facilitar el crecimiento, el empleo y las inversiones, a través, entre otras cosas, de un código de comportamiento bancario específico para las pequeñas y medianas empresas.
Por último, confiamos en que la coordinación de las actividades de las pequeñas y medianas empresas siga estando en línea con el Libro Blanco de Delors, aunque es preciso elaborar Libros Verdes dedicados a sectores de las pequeñas y medianas empresas todavía poco conocidos y, en particular, un Libro Blanco sobre el comercio. No nos olvidemos que tenemos ante nosotros el programa 1997-2000 que puede dar un impulso a todo el sector, ya que una pequeña empresa de hoy, mañana puede llegar a ser una gran empresa.

Harrison
Señora Presidenta, ya es hora de que hablemos un poco de las pequeñas empresas. La cuestión de los puestos de trabajo para nuestros ciudadanos de la UE y de Gran Bretaña ocupa el primer puesto en nuestro orden del día político. La consecución de puestos de trabajo es nuestro Santo Grial. Por eso recurrimos al sector de las PYME y, en particular, a las pequeñas empresas que emplean a menos de diez personas. ¿Por qué? Porque cuatro de cada cinco puestos de trabajo nuevos en el sector privado tienen esa procedencia no debidamente reconocida.
¿Qué pueden hacer la Comisión y el Parlamento para contribuir a proporcionar puestos de trabajo por mediación de las pequeñas empresas en la Unión Europea? Apoyo firmemente el tercer programa multianual de la Comisión para el período 1997-2000. Las iniciativas que en él figuran son digas de encomio. Sin embargo, en el primer puesto del orden del día de la Comisión debe figurar el despliegue de los exiguos recursos de la DG XXIII para examinar el efecto benéfico o adverso para las pequeñas empresas de Europa de la legislación y los programas presentados por otras direcciones generales. Por ejemplo, se utilizan enormes Fondos estructurales para ayudar a las PYME de toda la Unión, incluida mi circunscripción de Cheshire West and Wirral, en Inglaterra. Si bien me complace que se haya creado un servicio para las PYME con vistas a Euro-Wirral, ¿fomenta, aplica y supervisa esos gastos la DG XVI o la DG XXIII? ¿Responde a una política amplia y oficial para las PYME formulada por la DG XXIII?
En julio recibiré al Comisario Papoutsis en mi circunscripción para que vea el útil empleo de los fondos para las PYME en Ellesmere Port y en Wirral. Entretanto, estaría bien que considerara cómo la legislación de la UE puede confundir y consternar a las pequeñas empresas, si no se explica y aplica de forma idónea. En Cheshire hay un pequeño fabricante de chocolate que clama contra los grandes fabricantes de chocolate, cuyos grandes recursos les permiten sobrellevar problemas en los que se estancan los pequeños. Debemos ser siempre sensibles a las necesidades de las pequeñas empresas sin atenuar, en forma alguna, la fuerza de la legislación idónea relativa a los consumidores.
Felicidades a los tres ponentes cuyos informes se examinan en este debate conjunto. Aplaudo el llamamiento de la Sra. Torres Marques en pro del fomento de una formación encaminada a afrontar riesgos como parte de los programa educativos. Debemos apoyar, en particular, la inculcación del espíritu empresarial en nuestras escuelas secundarias, además de en nuestras universidades. La Sra. Peijs reconoce atinadamente el efecto distorsionador de las diferencias entre los tipos del IVA en las pequeñas empresas de Europa. Los hoteles y restaurantes del Reino Unido, por ejemplo, se encuentran en desventaja para ser competitivos con sus equivalentes continentales porque no tienen derecho a la remisión del IVA.
La Sra. Garosci lo ha tenido en cuenta y ha destacado pertinentemente la industria turística como elemento potente del sector de las PYME. Resulta muy de lamentar que el programa Philoxenia haya quedado estancado, pero la Comisión sabe demasiado bien que dos de sus crías en la DG XXIII -las PYME y el turismo-, adecuadamente alimentadas, podrían llegar a ser las mayores creadoras de puestos de trabajo de Europa. Y lo que necesitamos es puestos de trabajo.

Rübig
Señora Presidenta, el informe se ocupa de la segunda Conferencia europea en Berlín. Su objetivo fundamental fue elaborar recomendaciones para los Estados miembros para configurar de un modo más eficiente el sector de las pequeñas y medianas empresas. Pero creo que nuestra atención debería dirigirse hacia el futuro. Este año tiene lugar de nuevo una conferencia de este tipo y creo que sería urgentemente necesario incluir al Parlamento Europeo en los trabajos preparatorios así como en los objetivos de esta conferencia.
Actualmente estamos tratando en el Parlamento tres importantes iniciativas que son muy importantes precisamente para las PYME. En primer lugar, la iniciativa SLIM que, entre otras cosas, ha colocado en el centro se su miras la simplificación de la estadística coyuntural, un auténtico obstáculo enojoso para nuestras pequeñas y medianas empresas; pero también afecta, por ejemplo, a los diplomas. Creo que en el futuro sería importante ocuparse del acortamiento de los procedimientos para que, si en algún lugar hay planes de ampliación, se puedan llevar a cabo lo antes posible. Este análisis que realiza el grupo SLIM es importante y quizás habría que considerar también en el marco de las instituciones si la Comisión de Asuntos Económicos y Sociales no se debería ocupar en el futuro aún más de esta actividad.
El segundo sector que actualmente se trata en el Parlamento es fiche d'impact . Aquí se trata de la prevención, es decir, que las normas jurídicas de esta Asamblea sean escuetas y eficaces. Esta es una tarea preferente del Parlamento Europeo y se podrían ahorrar de antemano muchas normas que luego representan una carga.
El tercer sector es el benchmarking que tratamos actualmente. Aquí se trata de proporcionar inventarios de comparación sobre las dotaciones de capital propio, cargas fiscales y costes salariales. Esta objetivización es un punto central muy importante. Quizás sería la CDR la comisión adecuada para trabajar más intensamente en este campo, ya que precisamente el benchmarking realiza una importante aportación a las regiones.
Pero también se trata de intensificar la formación inicial y la continuada. Habría que ver si existen en el volumen necesario los créditos que actualmente se ponen a disposición para LEONARDO. Quiero subrayar que el último año de educación y formación a lo largo de toda la vida fue un paso muy importante pues se fortaleció la consciencia de su importancia y también se transmitió la idea de que aprender puede ser un placer para el tiempo libre.
Investigación y desarrollo es un importante sector pero no sólo para la investigación de productos sino también de mercado. Deberíamos, pues, recapacitar dónde pueden encontrar sus mercados las pequeñas empresas en el futuro.

Hyland
Señora Presidenta, acojo con el mayor beneplácito el informe sobre las PYME y me uno a otros diputados al felicitar a los ponentes. Cuando tenemos en cuenta que a las PYME se debe el 80 % de los nuevos puestos de trabajo creados en los cinco últimos años, destacamos el potencial para la creación de empleo de las pequeñas y medianas industrias y también la necesidad de que el Parlamento y los gobiernos creen las circunstancias económicas propicias para su continuo crecimiento.
El hecho de que la mitad de los proyectos fracasen al cabo de cinco años indica sin lugar a dudas que no hemos velado por aportar a sus promotores la ayuda en investigación, desarrollo de mercados y conocimientos especializados en materia de gestión que tan esenciales son para su supervivencia. La liquidez es también un problema para las nuevas industrias. Sin embargo, no debemos permitir que esa elevada tasa de fracasos nos desanime en nuestros esfuerzos en pro de la creación de nuevos puestos de trabajo en un sector que ha estado muy desamparado hasta ahora. Tampoco debemos olvidar que la tasa de fracaso y las pérdidas de puestos de trabajo en las llamadas grandes industrias son mucho mayores.
A partir de mi trabajo en materia de desarrollo rural y de las cantidades de nuevos puestos de trabajo creados con programas como LEADER y otros planes empresariales de base comunitaria, opino que en el pasado no hemos tenido en cuenta el potencial de nuestros recursos humanos, de nuestros ciudadanos, para desempeñar un papel importante en la generación de riqueza. Como legisladores, hemos reglamentado en exceso sus vidas y hemos reducido su inclinación natural a hacerse empresarios.
No dispongo de tiempo para explayarme sobre los numerosos aspectos de las PYME que requieren nuestra atención urgente, aparte de decir que ahora se debe conceder mayor prioridad a las PYME en los programas nacionales y comunitarios en pro de la creación de puestos de trabajo. Los Gobiernos de los Estados miembros deben establecer un régimen fiscal favorable que fomente y recompense el espíritu empresarial, teniendo presente que una concesión fiscal que fomente el espíritu empresarial es mucho más eficaz en función de los costos que el pago de las prestaciones sociales a los desempleados.
También debemos contribuir a la promoción de estructuras de comercialización para las cooperativas a fin de permitir a las pequeñas empresas competir y comercializar con éxito sus productos. Eso debe reflejarse también en la política de la UE en materia de competencia. En conclusión, debemos dar facilidades a las empresas que crean nuevos puestos de trabajo en las zonas rurales, independientemente de su escala.

Gasòliba i Böhm
Señora Presidenta, Señorías, desearía destacar la importancia de este debate, que demuestra el interés de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo por las pequeñas y medianas empresas, que son una realidad decisiva para la buena marcha de la economía europea y de los niveles de empleo.
En los tres informes que contemplamos en este debate conjunto y que el Grupo del Partido Europeo de los Liberales, Demócratas y Reformistas apoya -con algunas reservas en algunos aspectos puntuales, como veremos ahora- se examinan y proponen una serie de aspectos que resulta imposible detallar en mi breve intervención, aunque desearía señalar cinco, concretamente.
En primer lugar, las propias propuestas de los tres informes muestran que es necesaria una mejor coordinación a nivel de la Comisión Europea y en especial de su Dirección General XXIII, por lo que esperamos que la creación de la Dirección C mejore el nivel de coordinación y de aplicación de las propias acciones de la Comisión Europea.
En segundo lugar, es muy importante la revisión, simplificación y mejora del tratamiento fiscal a las pequeñas y medianas empresas, lo cual también se ha de aplicar al tratamiento administrativo, al que hacía referencia con un ejemplo muy gráfico la ponente, Sra. Torres Marques.
En tercer lugar, continuamos sin avanzar de una manera adecuada en lo que respecta a un acceso más fácil a la financiación. En otras ocasiones hemos indicado ya la necesidad de la creación de figuras como las sociedades de garantía recíproca, el capital-riesgo, e incluso la concesión de créditos del Banco Europeo de Inversiones, que de una manera reiterada venimos reclamando desde este Parlamento y que, desgraciadamente, no se llevan a la práctica como nosotros hemos venido reclamando y los ponentes, de nuevo, reclaman.
En cuarto lugar, hay que subrayar la importancia de la formación profesional.
Y finalmente, en quinto lugar se debe facilitar a las pequeñas y medianas empresas un mejor acceso a los mercados internacionales.

Theonas
Señora Presidenta, las grandilocuentes palabras sobre el desarrollo y la lucha contra el desempleo en Europa que ha pronunciado el Sr. de Silguy no tendrán ningún resultado práctico si no se adoptan inmediatamente medidas concretas para sostener las pequeñas y medianas empresas y en concreto las más pequeñas, que, como admite la misma Comisión, crean un alto porcentaje de los nuevos puestos de trabajo. Es característico que entre el 60 % y el 80 % de los nuevos puestos de trabajo de los últimos cinco años tengan que ver con las empresas de artesanado y pequeñas empresas. Ahora bien, debe preocuparnos el hecho de que la vida media de las PYME sea de cinco años.
La Unión Europea no adopta las medidas concretas necesarias para mejorar el entorno de actuación de las PYME. La propuesta del programa ELISE permanece bloqueada por el Consejo. Evidentemente, no nos hacemos ilusiones sobre la eficacia de programas aislados como éste. No obstante, la experiencia ha mostrado las posibilidades que ofrecen. Su correcta aplicación podría tener cierta repercusión positiva. La Comisión podría llevar a la práctica su propuesta de reducir el IVA para las PYME intensivas en trabajo como incentivo para su desarrollo y como medida contra el desempleo, así como contemplar determinadas medidas que facilitaran su acceso al sistema de créditos en condiciones adaptadas a sus características específicas. En el proyecto de presupuesto para 1998 podrían aumentarse las líneas presupuestarias destinadas a este ámbito. Debe cesar la inaceptable exclusión de las PYME de los procesos de negociación colectiva a nivel comunitario.
Señora Presidenta, compartimos las observaciones positivas de los ponentes en sus tres informes, así como los esfuerzos del Sr. Papoutsis para la reactivación de este ámbito. Sin embargo, nos preguntamos cómo se puede esperar un apoyo a largo plazo de las PYME y un aumento de los puestos de trabajo con un consumo sometido a la presión asfixiante de la dura política de austeridad, cuya primera víctima es, por supuesto, este tipo de empresas. No nos cabe, señor Presidente, más que expresar nuestras reservas sobre la eficacia de las políticas de la Unión Europea que, como en el caso del problema del desempleo, se caracterizan por las muchas palabras y el nulo resultado práctico.

Wolf
Señora Presidenta, estimadas y estimados colegas, creo que con frecuencia la cuestión de las pequeñas y medianas empresas se discute bajo una perspectiva ideológica errónea, como si se tratase de hacer realidad por fin la utopía de Adam Smith de una sociedad de pequeños productores. No es este realmente el problema. A pesar de todas las ayudas a las PYME y a pesar de todas las declaraciones grandilocuentes que se realizan en la Comunidad, en todos los lugares tiene lugar un proceso de centralización, un proceso en cuyo trascurso las pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a depender de las grandes.
Hay que aplicar una programática específica que comprenda de hecho que en el campo del artesanado, los servicios y las profesiones libres son nuevas posibilidades de empleo que no pueden ni deben servir de punta de lanza a la desregulación y a la atomización pequeño-empresarial sino que precisamente puedan beneficiarse de que existan relaciones económicas regionales que funcionen y que puedan beneficiarse de que las innovaciones se fomenten mediante los correspondientes estándares y objetivos. En este sentido, el fomento de las pequeñas y medianas empresas es para nosotros una importante aspiración, también ante el trasfondo del movimiento cooperativo y alternativo existente en nuestros países.
Pero esto tiene que significar que realmente el contenido ecológico, la independencia económica, la aportación al desarrollo de las condiciones de trabajo y de vida y, ante todo, la aportación al desarrollo de la economía local y su capacidad de sobrevivir y de rendimiento, se encuentren en primer plano y no la utopía que he mencionado al principio del pequeño empresariado, la idea de que se debe elevar la cifra de pequeños empresarios en relación con la cifra total de trabajadores o algo similar. Lo consideramos equivocado. Pero los presentes informes apuntan en general en una dirección muy adecuada. Quiero felicitar en especial a la Sra. Torres Marques por su útil informe.

González Triviño
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, señor Comisario, una vez más estamos tratando de un tema que, de forma recurrente, es objeto de debate en esta Asamblea: la creación de empleo y el estímulo a la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Resulta doloroso tener que admitirlo, pero parece que la eficacia de las medidas que toman las autoridades europeas para combatir el paro es inversamente proporcional al tiempo y esfuerzo que se le dedica. Desde hace dos décadas asistimos impotentes al crecimiento desmesurado de las cifras de desempleo.
No faltan elementos que expliquen las causas de ese drama de proporciones continentales: sea la crisis energética, la globalización de la economía, el avance tecnológico o la explosión demográfica, lo que sobra son explicaciones y lo que falta son puestos de trabajo.
Afortunadamente los países de la Unión Europea hemos sido pioneros en la creación y mantenimiento de un sistema de protección social, que protege de la miseria y el abandono a las decenas de millones de europeos que no tienen empleo. Pero ese sistema se mantiene a costa de una fuerte presión fiscal que hace cada vez más difícil, no ya la creación, sino incluso el mantenimiento de las empresas, sobre todo las pequeñas ya existentes.
Resulta penoso constatar que disminuye cada año el número de personas que desean empezar un negocio y crear empleo. De esta situación somos responsables todos los que tenemos algo que ver con la gestión de la vida pública en la Unión Europea. A nivel municipal, regional, nacional y comunitario se multiplican las regulaciones que imponen obligaciones sin fin a las personas que quieran iniciar una actividad, y hay que tener el intrépido espíritu descubridor de un navegante del siglo XV para lanzarse a la aventura de crear una pequeña o mediana empresa en la Unión Europea de hoy. El intervencionismo de los poderes públicos posiblemente ha llegado en muchos casos a un nivel excesivo. Hemos sacrificado el espíritu de libre empresa en aras del bienestar garantizado. La mayor parte de nuestra juventud tiene como objetivo un puesto en la Administración Pública, todos quieren ser funcionarios y, si bien sabemos que los funcionarios son esenciales para una correcta Administración Pública, también debemos saber que no crean riqueza.
En este contexto desolador, me atrevo a adelantar que las propuestas objeto de debate, y que mi Grupo va a apoyar, no servirán para cambiar las cosas. Por supuesto que es excelente reducir el IVA, sobre todo el que se aplica a las pequeñas y medianas empresas, como lo es el apoyar la colaboración interfronteriza o la formación de aprendices y empleados que se dediquen a la producción artesanal, pero en la práctica, las pequeñas empresas viven agobiadas por la competencia creciente, los impuestos en aumento y la costosa financiación.
Cuando disminuyen los tipos de interés, disminuyen para los poderosos, para el buen cliente de los bancos, pero a la pequeña empresa nunca se aplica esa disminución. Las grandes empresas, por no hablar de las multinacionales, obtienen siempre mejores condiciones financieras, mejor acceso a los mercados y mayor respaldo de las instituciones públicas que con frecuencia compiten entre sí, ofreciendo incentivos desmesurados para que esta o aquella gran empresa se instale en su término municipal.
En este contexto, las autoridades públicas tienen que aceptar la idea de una discriminación positiva en favor de la pequeña y mediana empresa. Es absolutamente imprescindible relajar las exigencias que se imponen a dichas empresas y reducir la presión fiscal, si se quiere tener alguna posibilidad de que estas empresas sobrevivan. Dentro de las medidas propuestas, yo destacaría tres: la reducción del IVA, la creación de bancos de garantía y la modificación de las normas de adjudicación de contratos públicos de forma que, siempre que ello sea posible, se dé prioridad a la pequeña y mediana empresa. Simultáneamente, habría que aliviar las trabas a la creación de empresas y estimular el desarrollo del espíritu emprendedor entre nuestros jóvenes.

Blokland
Señora Presidenta, las cosas buenas vienen siempre en grupos de tres, suele decirse. Los informes de los colegas Garosci, Peijs y Torres Marques sobre las pequeñas y medianas empresas y el sector artesanal ilustran el interés del Parlamento Europeo de poner en marcha el motor impulsor del empleo en Europa a toda velocidad.
Lamentablemente este motor no funciona todavía correctamente. Pudiera deberse a falta de combustible, al rehusar el Consejo los fondos necesarios para los diversos programas de las PYME. Aunque no es ésta la causa más importante de la avería. El informe Peijs pone el dedo en la llaga de la mala coordinación. Los programas comunitarios van en contra de legislaciones nacionales y las propias PYME tienen dificultades a orientarse en la jungla de las posibilidades de subsidiación.
Pero no tenemos por qué acusar al Consejo y a la Comisión como los únicos malvados de la historia. El Parlamento Europeo no tiene tampoco que jugar sólo el papel de Rey Mago, sino simplemente ocuparse con empeño de hacer más sencillas y transparentes las normativas. Como tampoco puede acusarse a la educación de ser el malo de la película, como afirma la Sra. Torres Marques. Un comportamiento encaminado a evitar los riesgos en el trabajo no es algo que se enseña en la escuela, se trata de una cuestión cultural y antropológica. Basarse en una constatación efectiva para acusar a todo el sistema educativo constituye un acto de especulación. La práctica demuestra que miembros de plantilla muy altamente formados suelen combinar su profesión con un pequeño despacho de consultancy con carácter independiente, o tienen la intención de instalarse en fecha ulterior por cuenta propia. Por consiguiente deberemos suprimir los considerandos J y K del apartado 12.
El incremento del empleo constituye un empeño digno de elogio aunque no deberá producirse a costas del medio ambiente ni por supuesto del capital. Una parte considerable de la contaminación atmosférica es causada por las PYME. En el Consejo de Medio Ambiente celebrado recientemente con carácter informal quedó planteada esta cuestión. Desearía preguntar al Sr. Comisario cuáles son las iniciativas que se propone llevar a cabo la Comisión con respecto a dicho punto.

Moretti
Querida Europa, la sinfonía se repite y cada vez está más desafinada. Las ayudas existen, sin embargo, no son suficientes, ya que un gran número de pequeñas y medianas empresas y artesanos no fueron jamás ayudados, pues los procedimientos para solicitar ayudas son complejos y desalientan cualesquiera iniciativas; el acceso a la información es difícil y sólo unos pocos bien introducidos pueden acceder a la misma. Existen propuestas y proyectos, los informes y las opiniones se desaprovechan y los objetivos se alcanzan raramente. Nos hemos preguntado por qué el 50 % de las pequeñas y medianas empresas cesan su actividad en los primeros tres años de su creación. Ello no obstante, las pequeñas y medianas empresas representan el 99, 8 % de todas las sociedades de la Unión y su efervescencia las estimula a crear puestos de trabajo y a hacer crecer la economía de toda Europa.
Por contra, muchos Estados miembros consideran este dinamismo inagotable y han localizado en el sector empresarial la única isla en la que llevar a cabo los peores actos de piratería. El Gobierno italiano ha localizado esta isla en Padania y confía en que la paciencia y la tenacidad de los trabajadores y empresarios sea ilimitada. Es reciente la última maniobra fiscal que arrebata otros 20.000 millardos más a las empresas y las obliga a soportar el doble de impuestos.
Si queremos salvar el sector empresarial, los Estados miembros deberán adoptar procedimientos y disposiciones uniformes, a fin de que no existan competencias desleales o penalizadoras. Por ello, habría que simplificar lo más posible la lectura y aplicación de las complicadas leyes fiscales. Convirtamos en accesible el coste del dinero a las nuevas empresas y a las que tienen el valor de renovarse, invirtamos en la investigación y elaboremos proyectos aptos para estimular e incentivar la investigación y, por último, impliquemos a los jóvenes incluso a través de la escuela, para que el trabajo no sea sólo un sinónimo de sacrificios, sino también de colaboración y cooperación.

Paasilinna
Señora Presidenta, señoras y señores diputados, se ha calculado que si cada pequeño o mediano empresario pudiera dar empleo a una persona, se resolvería el desempleo en el ámbito de la Unión; pero reina una cierta contradicción entre las posibilidades y las obligaciones. ¿Cómo se puede actuar tan descabelladamente y exigir a las pequeñas empresas en numerosos países casi la misma burocracia y obligaciones que a las grandes, por ejemplo, en costes empresariales, contabilidad, IVA, rendición de cuentas, auditoría, garantías obligatorias, etc.? Por consiguiente, el coste administrativo por persona en una empresa de cinco trabajadores puede ser incluso mayor que en una empresa de cien trabajadores.
Es acertado que en el buen informe de la Sra. Peijs se subraye la necesidad de simplificar la reglamentación en materia de PYME. Necesitamos un programa de la Unión que ayude a las PYME a crear una red en los mercados interiores. De esta manera se facilitaría la comercialización a las PYME, ya que para éstas, con sus escasos recursos, es más difícil y caro acceder a unos mercados más amplios.
La fiscalidad es totalmente inadecuada. En la actualidad se penaliza a las empresas que contratan trabajadores. La fiscalidad se centra en el gravamen de la mano de obra, por lo que esta resulta cara. Pero si el empresario adquiere una máquina o un robot, no necesita pagar salarios o costes salariales adicionales. Se ha llegado, por consiguiente a una situación en que se penaliza la contratación de trabajadores y se favorece, por el contrario, la automatización. No es extraño que el desempleo sea elevado ahora que nos dirigimos hacia la sociedad de la información. Resulta imprescindible desplazar rápidamente el centro de gravedad fiscal de la mano de obra al gravamen, por ejemplo, del valor añadido, el volumen de negocios y el capital. Así se fomentaría el empleo y la contratación de trabajadores por las empresas. Esta es la cuestión, ¿qué medidas proyecta adoptar la Comisión para modernizar la fiscalidad y que ésta se adecue a las condiciones de la sociedad de la información? Ésta es, ciertamente, la cuestión en el momento actual.

Thyssen
Señora Presidenta, hace aproximadamente un año hube de citar aquí en otro debate relativo a las pequeñas y medianas empresas un eslogan que pretende que las PYME no consisten en sí en una gran empresa de formato reducido, sino que son entes con sus características propias y que tienen necesidad de una gestión a su medida. La Comisión reconoce la especificidad de las PYME, cosa que me parece positivo. Aunque pasa por alto la otra realidad existente y consistente en que la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas o de medianas dimensiones.
En la política actual se toma en consideración la especificidad de las PYME a través de medidas de excepción. Pero la gran profusión de excepciones da lugar a una legislación complicada que lamentablemente no ayudan siempre a simplificar las tareas de las empresas. Un estudio de la Comisión referente a las obligaciones en materia de IVA y de INTRASTAT en las operaciones intracomunitarias lo han puesto además en evidencia.
De ahí que estime urgente la necesidad de reflexionar a fin de no seguir considerando las PYME como casos raros y conflictivos que siempre se hallan sometidos a tratamientos de excepción, sino que la gestión deberá armonizarse con la realidad. Esto significa que las PYME deberán formar parte de la norma y no ya la excepción. Las reglas de Maastricht estipulan que los gobiernos procedan a sanear sus presupuestos. Introduzcamos ahora una norma relativa a las PYME encaminada a encontrar finalmente soluciones a todos los problemas que han sido enumerados aquí anteriormente por los demás diputados. Si los gobiernos nacionales se empeñan entonces por la norma relativa a las PYME con el mismo empeño que el demostrado en el caso de la norma de Maastricht nos hallaremos en la vía correcta.
Las excepciones son beneficiosas en los casos de problemas de minorías, pero cuando la minoría que resulta objeto de la excepción constituye en realidad la mayoría, va siendo el momento de cambiar de vía.

Kestelijn-Sierens
Señora Presidenta, estoy de acuerdo con la ponente, la Sra. Peijs, al afirmar que la Comisión está plena de buenas intenciones, pero tan pronto como se trata de la ejecución de medidas concretas las PYME se quedan inevitablemente colgadas. En honor a la verdad, debemos reconocer que la política europea sobre las PYME no ha arrojado ningún progreso en lo referente por ejemplo a la ayuda ISDAC y al proyecto SLIM. Existen sin embargo algunos puntos esenciales de los cuales desearía citar dos en específico.
En primer lugar, la razón por la cual las PYME no se hallan implicadas en el diálogo social. Desde hace largo tiempo el Parlamento Europeo viene abogando por esa participación. En segundo lugar, sigue emprendiéndose escasas medidas destinadas a facilitar el acceso de las PYME a las fuentes de financiación. Tanto la Comisión como este Parlamento son fervientes defensores del programa ELISE habida cuenta del fuerte efecto de palanca que éste ejerce. Pero, ¿cuál es la situación actual? El programa ELISE se halla encajonado desde hace meses por los gobiernos nacionales. Esto explica mi pregunta al Consejo, aunque temo que éste no se halle presente; mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo se pondrá fin a esta obstrucción del programa ELISE?

González Álvarez
Señora Presidenta, señor Comisario, las PYMES son responsables del 70 % del empleo. En los últimos cinco años, han creado del 60 al 80 % de los nuevos empleos registrados y son hoy, en mi opinión, una fuente de lo que es la prioridad en la Unión Europea: la creación de empleo. Pero se encuentran con varios inconvenientes: trabas administrativas, excesiva burocracia, falta de participación en el diálogo social, falta de ayuda a la formación y dificultades en la financiación.
Si la Unión Europea quiere favorecer a las PYMES ha de hacer propuestas en esa dirección, sobre todo si se tiene en cuenta que, además de las pequeñas empresas, están las pequeñas empresas artesanales, cuya función fundamental en ocasiones es preservar el patrimonio cultural, el patrimonio tradicional de los pueblos y a veces también en el ambiente.
Por lo tanto, a nosotros nos parece fundamental la propuesta que se hace, y hará muy bien la Comisión en tener en cuenta las dificultades por las que atraviesan las pequeñas empresas.

de Rose
Señora Presidenta, como ha recordado la Comisión en su comunicación, constatamos la importancia primordial de las PYMES en la Unión Europea. En primer lugar, por su número, pues representan el 99 % del total de las empresas, en segundo lugar por su poder económico, ya que dan empleo a cerca del 65 % de los trabajadores de la Unión.
Partiendo de esta constatación y en la óptica de una política del empleo y del crecimiento maximalizada, era imperativo conceder un espacio muy particular a las PYMES, en términos de interés y de ayuda, lo que se intentó ya desde el programa integrado de 1994. Este programa se ve ahora ampliado por el de 1996, que recoge la misma metodología (programa multianual, acciones concertadas con los Estados miembros, otras acciones en favor de las PYMES) pero redefine los objetivos en forma de cinco prioridades: simplificación y mejora del entorno financiero, fiscal y administrativo, ayuda a la internacionalización de las PYMES, refuerzo de la competitividad y promoción del espíritu de empresa.
Consideramos este programa demagógico en el sentido de que resulta evidente que es necesario tomar en consideración la importancia de las PYMES en la palestra económica europea, pero, ¿es ésta la mejor forma de hacerlo? Una vez más, se habla de una serie de buenas intenciones, pero lo que necesitan las PYMES son medidas concretas, eficaces y rápidas. Lo que les da la fuerza es su flexibilidad y su capacidad de reacción con relación a las necesidades del mercado.
Así, coincido con el ponente, en el sentido de que es interesante tomar nota de lo que les falta a las PYMES. Pero éstas esperan más medidas concretas. No se trata de grandes grupos industriales, atentos a las medidas macroeconómicas tomadas por Bruselas, sino de pequeñas estructuras que luchan diariamente para intentar conciliar gestión corriente, conquista de los mercados y dificultades prácticas.
Así pues, ¿qué propone la Comisión?, y sobre todo, ¿en qué formas y con qué plazos, para hacer frente a las carencias estructurales de fondos propios de las PYMES, a la dificultad de gestión con que se encuentran? Para responder a las necesidades de las PYMES se menciona la Unión Económica y Monetaria, la necesidad de educar y formar en la cultura de empresa o también la creación de un sistema de IVA común y sencillo. ¿Es esto una provocación? Comencemos por suprimir las trabas administrativas, fiscales y sociales a nivel local, armonicemos los sistemas de IVA de los Estados miembros y creemos un entorno fiscal estimulante que tenga en cuenta las particularidades de las PYMES. Por otra parte, eso es todo lo que piden.
Resulta fácil hacer grandes declaraciones a favor de la creación de empleo con un apoyo a las PYMES. Pero suponiendo que estas medidas se vean efectivamente aplicadas, ¿cuál será su coste real? Me parece que una vez más se nos habla de un nuevo programa teórico abstracto, que dibuja una constatación, cuando un gran número de cuestiones concurrentes que afectan a la gestión diaria, lejos de encontrar respuestas concretas, ni siquiera se han mencionado.

Quisthoudt-Rowohl
Señora Presidenta, actualmente el objetivo principal de la Unión Europea debería ser aumentar el empleo. Pero en el marco de la globalización, las PYME solamente podrán ofrecer puestos de trabajo con futuro si son innovadoras. Entre las actividades innovadoras se incluye la investigación y desarrollo, por lo que debemos mejorar las posibilidades de ayuda en estos campos. Hay una serie de programas pero son algo muy intrincado y no siempre son fácilmente accesibles para las pequeñas y medianas empresas. La participación en el programa marco de investigación es actualmente absolutamente insuficiente. Tenemos que unificar las ayudas dirigidas a las PYME, tanto la ayuda financiera como la jurídica, para que las PYME puedan convertir sus resultados también en productos. A este respecto, la cuestión de la propiedad intelectual y de las patentes está ocasionando grandes dificultades. El intercambio de resultados entre las pequeñas y medianas empresas no siempre es algo evidente pues después tienen que competir entre si con mucha frecuencia en el mercado.
Por lo demás, habría que considerar si no sería posible administrar y emplear descentralizadamente la ayuda, el asesoramiento y también los fondos, entre otros, los del programa marco. Un asesoramiento centralizado llega solamente a las PYME que están dispuestas y en situación de venir hasta aquí para informarse. Creo que nuestra tarea es la de proporcionar la información in situ.

Amadeo
Señora Presidenta, en este momento de grave recesión económica generalizada en toda Europa, las pequeñas y medianas empresas podrían ser la tabla de salvación, el extremo intento para recuperar un aceptable nivel de crecimiento y una importante, aunque no única, fuente de nuevos puestos de trabajo y de empleo: crecimiento y empleo que, por desgracia, además que por la crisis, se ven obstaculizados de manera culpable por carencias e imperfecciones básicas que ni siquiera los diferentes informes, que hoy se someten a debate, logran afrontar de forma adecuada.
La Comunicación de la Comisión, por ejemplo, habla de la coordinación de los instrumentos comunitarios y de las acciones nacionales para convertir en eficaces las medidas que deben ponerse en práctica, aunque no explica cómo lograrlo ni tampoco quién debe hacerlo. Si a esto añadimos los pocos resultados obtenidos a través de acciones consensuadas, nuestras perplejidades aumentan considerablemente.
Nos parece que la simplificación de los procedimientos administrativos, hoy en día imposible en virtud de las legislaciones nacionales, debe realizarse sin demora, así como estimamos excesivo el límite fijado por la Comisión para definir una pequeña y mediana empresa, que no se ajusta del todo a los criterios que se aplican a escala nacional. En Italia, por ejemplo, el límite es de 250 trabajadores. Esto supone entonces que quienes acceden a las financiaciones comunitarias son las empresas que disponen de una organización consolidada y no las microempresas que necesitan mayores apoyos. Y con esto, no estamos en absoluto de acuerdo.
Asimismo, denunciamos la dificultad que encuentran las empresas más pequeñas, y por ello poseedoras de escasos capitales, para acceder al crédito. Por último, pedimos la adopción de medidas que fomenten realmente el espíritu empresarial y emprendedor de las pequeñas y medianas empresas, más que la creación de su característica administrativa que limitaría su acción y sobre todo su desarrollo.
A pesar de estas observaciones, los tres informes nos parecen un paso adelante que es preciso aprobar a los efectos de la coordinación de las políticas en favor de las pequeñas y medianas empresas y de la artesanía.

Ribeiro
Señora Presidenta, aprovecho para felicitar a la Sra. Torres Marques y a los demás colegas por sus respectivos trabajos. Las actividades del artesanado merecen la mayor atención y apoyo, por lo que acojo con beneplácito las intenciones de quienes pretenden contribuir a las condiciones en que dicho apoyo se concrete.
Ahora bien, en todos estos informes hay una vinculación del artesanado con las pequeñas empresas que puede propiciar confusiones o ambigüedades. Las actividades de artesanado pueden tener -y en muchos casos tienencaracterísticas de índole cultural, de respeto y transmisión de tradiciones. Pueden ser -y en muchos casos sonactividades de resistencia en las que el artesano continúa umbilicalmente ligado a sus instrumentos y medios de trabajo y eso no siempre es compatible con la actividad empresarial, tal como se presenta y se pretende encuadrar.
Por eso, al subrayar los aspectos positivos de estos informes, no quería dejar de aclarar que rechazo que se interprete como apoyo a una perspectiva que valorice cierto tipo de trabajo independiente disfrazado de jefatura de empresas minúsculas, como contrapunto al tipo de trabajo caracterizado irónicamente como «carrera de asalariado» o de «funcionario». Esa alternativa en modo alguno es aceptable por quien quiera abordar el artesanado como debe.

Lukas
Señora Presidenta, la singularidad y también la fortaleza de la economía europea se debe a su estructura, basada en gran medida en las pequeñas y medianas empresas. Pero esta estructuración hace también que la vulnerabilidad y las desventajas sean mayores en un mundo globalizado. Las empresas artesanales y las PYMES actúan con frecuencia sólo en mercados locales pero se ven sometidas plenamente a la creciente competencia del mercado interior.
Por ello, la Comisión y los Estados miembros deben hacer todo lo que esté en su mano para fomentar formas de cooperación que les permitan enfrentarse a la creciente competencia. Quiero indicar que también el turismo europeo -una fuente potencial de puestos de trabajo adicionales- está constituido en una elevada proporción por pequeñas empresas. Por ello, creo que todas las medidas en favor de las pequeñas y medianas empresas de este importante ramo de la economía, que lamentablemente aún no tiene ningún fundamento jurídico en el Tratado de la UE, son de importancia esencial.

Linser
Señora Presidenta, debido a la escasez de tiempo de que puedo disponer, permítame que destaque solamente un punto del excelente informe de la Sra. Torres Marques que es de gran importancia precisamente para Austria. Me refiero a la exigencia de una ayuda especial a las pequeñas empresas situadas en zonas fronterizas. En las regiones periféricas más alejadas de la UE, es especialmente grande la tentación de los empresarios para marcharse a un extranjero más barato, contribuyendo de este modo a hacer más difícil la situación de los puestos de trabajo en la Comunidad.
Sólo la estructura específica de estas pequeñas empresas tan importantes para la totalidad de la economía, la estrecha relación entre familia y empresa, el amor a la tierra, el enraizamiento cultural y, en consecuencia, la mayor calidad de vida, impiden que se marchen. Esto no es de poca relevancia socio-cultural para la Unión, por lo que ya sólo por ello merecen un gran apoyo por nuestra parte.

Filippi
Señora Presidenta, ya se ha dicho todo con respecto a las pequeñas y medianas empresas. En el Parlamento Europeo no existe ningún debate sobre el problema del empleo que no plantee la exigencia de una política de desarrollo que fomente la consolidación de las pequeñas y medianas empresas ya existentes y la posibilidad de crear otras nuevas.
Las cuestiones suscitadas por los tres informes son acertadas. Por parte del Consejo de Ministros, existe la exigencia de desbloquear algunos instrumentos que el Parlamento ya aprobó tales como el programa ELISE, que promueve la posibilidad de establecer sistemas de garantía de préstamos en favor de las pequeñas y medianas empresas. Es preciso desburocratizar y simplificar la administración y los procedimientos tributarios, es necesario fomentar el acceso a la innovación y a las políticas comunitarias por parte de las pequeñas y medianas empresas. La lista podría continuar y me arriesgo de incurrir en repeticiones.
Sólo deseo expresar un concepto, o sea, que en el mercado mundial la microempresa y la artesanía por sí solas son débiles y no pueden subsistir. Por el contrario, si la artesanía y la pequeña y mediana empresa se insertan en un contexto territorial, compuesto por redes de relación y de políticas de servicios positivas, se convierten en un factor de competitividad. En esta línea, quisiera subrayar, ante todo, la exigencia de que la Comisión y el Consejo de Ministros actúen a fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan estar presentes en el mercado, en condiciones de competir con las demás.
Desde este punto de vista, la política de los servicios reales es una de las elecciones estratégicas que es preciso hacer: política de los servicios reales que apoye la formación y la internacionalización; política de los servicios reales que apoye las pequeñas empresas y la artesanía y que les ayude a estar en Europa al igual que las demás empresas.

Papoutsis
Señora Presidenta, en primer lugar quisiera dar las gracias a los tres ponentes, la Sra. Torres Marques, la Sra. Peijs y el Sr. Garosci, por su excelente labor.
En lo que se refiere al informe de la Sra. Torres Marques, quiero asegurarles que atenderemos la demanda de adopción de medidas relacionadas con los artesanos y las pequeñas empresas. Es evidente que todos coincidimos en que se requieren esfuerzos coordinados para aumentar el desarrollo y la competitividad de la artesanía y las pequeñas empresas; sólo así podrán contribuir éstas al aumento del empleo, como ha destacado su Señoría. También coincido en la apreciación de la importancia del sistema educativo para la creación de un espíritu empresarial dotado de iniciativa y responsabilidad.
La Comisión ha dado comienzo a un amplio diálogo con los operadores del sector en relación con la tercera Conferencia Europea sobre empresas de artesanía y pequeñas empresas que se celebrará en Milán el próximo mes de noviembre. Estas empresas deben tener la posibilidad de dirigirse a agentes intermedios, como las asociaciones profesionales y las cooperativas, para hacer frente a los nuevos desarrollos europeos. La Comisión publicará en breve una convocatoria de propuestas dirigida al fomento de iniciativas europeas procedentes de este tipo de organismos. Pretendemos estimular proyectos de alta calidad, sobre todo destinados a jóvenes empresarios y a mujeres empresarias que deseen desempeñar una actividad a nivel europeo.
En cuanto a la pregunta que me ha dirigido la Sra. Torres Marques sobre el papel del Fondo Regional, quisiera señalar que un promedio del 10 % de sus recursos se asignan a la activación y mejora del entorno financiero al que se dirigen las PYME. Este porcentaje es aún más alto en las áreas del objetivo 2, es decir, las regiones industriales en declive, así como en las áreas del objetivo 5B, es decir, las regiones rurales, donde oscila entre un 15 % y un 20 %.
En lo que se refiere al informe de la Sra. Peijs, corrobora la validez de nuestros esfuerzos por mejorar la función coordinadora de la Dirección General de Política de la Empresa. En el marco de la reconstitución de la Dirección General XXIII, en abril de 1996, se creó una nueva unidad encargada principalmente del fomento de las acciones coordinadas. Nuestro objetivo fundamental es precisamente mejorar el acceso a los otros programas comunitarios, así como conseguir una coordinación eficaz con las respectivas políticas comunitarias horizontales. Nos movemos precisamente en las direcciones a las que ha hecho mención el Sr. Quisthoudt-Rowohl.
El Consejo, por su parte, ha invitado a la Comisión Europea a que presente una recomendación sobre el modo de mejorar el acceso de las PYME a los programas comunitarios. Creo que estaremos preparados para dar una respuesta concreta a esta demanda en los próximos doce meses, el próximo año. Lamentablemente, el tiempo no me permite comentar los distintos puntos de la propuesta de resolución presentada por la Sra. Peijs. No obstante, señora Presidenta, quisiera comunicarle que en líneas generales coincido con las recomendaciones incluidas en el informe y espero que éste sea aprobado por la Asamblea.
Permítanme, sin embargo, que ponga de relieve tres puntos:
En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con la ponente en que el gran reto consiste en la moneda única, el euro. Debo decirle, además, que en la Comisión Europea se están adoptando una serie de iniciativas encaminadas a preparar a las PYME para hacer frente a los grandes retos que se avecinan con respecto al uso del euro y, al mismo tiempo, con respecto a sus relaciones con el sistema bancario.
En segundo lugar, tenemos un tema al que muchos ponentes, entre ellos el Sr. Paasilinna, el Sr. González y el Sr. Hyland, se han referido y que tiene que ver con la existencia de un sistema fiscal justo para las PYME. A este respecto cabe señalar que la Comisión Europea está elaborando un nuevo sistema de IVA para el mercado único que en nuestra opinión beneficiará también a las PYME. Su entrada en vigor está programada para el 2002, aunque se prevé cierto retraso. De momento, se estará preparando la propuesta de la Comisión relativa al acto legislativo correspondiente, que será presentado en el primer semestre de 1997. Más en concreto, esperamos que al final del semestre. Ahora bien, las negociaciones con el Consejo sobre este tema, evidentemente, serán muy difíciles. De hecho, los Estados miembros manifiestan una reserva especial ante el nuevo sistema, que les hace mucho más dependientes de los otros Estados miembros y, como ustedes saben, en los temas fiscales el Consejo suele mostrar grandes reservas.
En tercer lugar, debo referirme al turismo y ya conocen la especial importancia que atribuyo a su desarrollo. Las PYME del sector turístico se han beneficiado de medidas incluidas en el programa integrado en favor de las PYME en general y el próximo informe anual del Observatorio europeo para las PYME examinará, como tema especial, la situación concreta de las PYME activas en el sector del turismo.
En lo que se refiere al informe del Sr. Garosci, el informe de la Comisión de 1995 sobre la coordinación de las actividades en favor de las PYME y las empresas de artesanado ofrece, en mi opinión, una imagen completa de las respectivas medidas comunitarias horizontales. Constituye una herramienta básica para la coordinación de las actividades y programas comunitarios. Como ya he señalado al referirme al informe de la Sra. Peijs, la Comisión ha incluido la coordinación de las políticas comunitarias entre sus máximas prioridades. En consecuencia, vamos a intensificar aún más esta dimensión de nuestra política. Celebro especialmente que el Parlamento Europeo comparta este enfoque de la Comisión. La coordinación de las actividades comunitarias es doble: en primer lugar, se trata de incluir la dimensión de las PYME en la planificación y aplicación de las políticas comunitarias, de modo que se tengan más en cuenta sus peculiaridades, como ha subrayado también el Sr. Rübig, y en segundo lugar, se trata de aumentar su participación en los programas comunitarios.
Señora Presidenta, actualmente nos esforzamos por simplificar los trámites burocráticos y éste es uno de los objetivos básicos en todos los Estados miembros de la Comunidad, como ha destacado muy claramente el Sr. Paasilinna. Quisiera informarles, además, de que la Comisión ha aprobado hoy mismo una recomendación a los Estados miembros sobre la simplificación del entorno administrativo para la fase inicial de la vida de las empresas, ya que esta primera fase es la más delicada en la vida de cualquier PYME.
También la formación constituye un parámetro fundamental para el desarrollo de las PYME, como ha puesto de relieve el Sr. González Alvarez. Por lo tanto, hemos puesto especial atención en la formación de directivos para las PYME. La cooperación internacional es otro tema básico que afecta tanto a las PYME como a las empresas de artesanía. Nuestros esfuerzos deben facilitar además a las PYME el acceso a la normalización y homologación. Con razón se ha insistido hoy en la mejora del acceso de las PYME a la financiación, proponiéndose el desarrollo de la llamada SME Facility, es decir, la concesión de préstamos subvencionados a las PYME con miras a la creación de nuevos puestos de trabajo. Como saben, la Comisión propuso la ampliación de este mecanismo, pero lamentablemente su propuesta no encontró el apoyo del Consejo. Comparto su decepción, tal como ha sido expresada por la Sra. Kestelijn-Sierens, del mismo modo que comparto la importancia que le concede el Parlamento, como lo ha expresado el Sr. Filippi. Compartimos, pues, su decepción, porque de hecho el Consejo se negó a aprobar la propuesta ELISE referente al sistema de garantías de préstamos. Con todo, dado que la financiación es lo que da vida a las PYME, este asunto resurgirá.
Los resultados de la mesa redonda celebrada entre las PYME y los bancos son, en mi opinión, importantes. El informe publicado contiene una amplia gama de prácticas positivas que pueden ser adoptadas por toda la Unión Europea, así como recomendaciones concretas sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación.
Quiero informarles asimismo de que ha terminado la elaboración de un informe sobre el mercado de capitales de las PYME. En él se examinan los principales obstáculos que frenan el desarrollo del mercado de capitales de las PYME, y su aprobación por la Comisión está prevista en breve. En la Comisión existe una predisposición a elaborar programas que ofrezcan a las PYME un mejor acceso a la financiación para favorecer su desarrollo. En este punto coincido completamente con lo expresado por el Sr. Gasóliba i Böhm. He pedido a nuestros servicios que examinen nuevas iniciativas que puedan adoptarse en este ámbito. Espero que en los próximos meses podamos ver los resultados de la evaluación del proyecto inicial relativo al capital de inicio. Puedo asegurarles que intentaré lograr una continuación sustancial adoptando una acción concreta en esta materia.
Otro tema importante que han planteado es el relativo a la mayor participación de las PYME en el Sistema Europeo de Gestión y Control en materia de medio ambiente, el sistema EMAS. La Comisión inició en otoño de 1996 una acción piloto en este ámbito, denominada Euromanagement, encaminada a ayudar a 500-750 PYME a integrar en su organización las nuevas exigencias en materia de gestión medioambiental y a ayudar asimismo a un número de PYME algo menor a obtener el certificado de control ecológico. Intentamos de este modo promover sinceramente los aspectos mencionados por el Sr. Wolf.
Quisiera expresar además mi satisfacción por la importancia concedida por el Parlamento a la representación directa de las PYME, objetivo que figura entre las prioridades del nuevo programa plurianual para las PYME y las empresas de artesanado.
Asimismo, quisiera poner en su conocimiento que mis servicios están trabajando ya en la preparación del próximo informe. Estos informes se elaborarán cada dos años y recogerán los progresos registrados con en la integración de las PYME en todas las políticas y programas comunitarios.
Señor Presidente, para finalizar quisiera confirmar nuevamente el serio compromiso de la Comisión con la defensa de los intereses de las PYME en relación con la totalidad de las políticas y programas de la Comunidad. En este contexto, los puntos de vista y las recomendaciones del Parlamento son particularmente positivos y constructivos, por lo que me comprometo a tenerlos seriamente en cuenta. Permítanme agregar que, por supuesto, coincido absolutamente con el comentario final de la Sra. Thyssen, en el sentido de que los Estados miembros deben hacer esfuerzos coordinados de apoyo a las PYME equivalentes a sus esfuerzos en favor de la convergencia de sus economías. Creo que así conseguiremos resultados importantes desde el punto de vista de su presencia en la economía.
Señora Presidenta, quiero dar una vez más mis sinceras gracias a la Sra. Peijs, a la Sra. Torres Marques y al Sr. Garosci por sus informes. Además, debo agradecerles sus esfuerzos en beneficio de las PYME, su constante apoyo a la Comisión Europea y la excelente colaboración que hemos logrado mantener hasta la fecha.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Ajuste de las perspectivas financieras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0135/97) del Sr. Tillich, en nombre de la Comisión de Presupuestos, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (SEC(97)0364 - C4-0111/97) de adaptación de las Perspectivas Financieras en función de las condiciones de ejecución de conformidad con lo dispuesto en el apartado 10 del Acuerdo Interinstitucional de 1993.

Tillich
Señora Presidenta, el informe sobre la adaptación de las Perspectivas Financieras según los artículos 9 y 10 del Acuerdo interinstitucional es un acto que se repite todos los años en el curso de procedimiento presupuestario. En el pasado esto no suponía ningún problema. No había apenas debates al respecto y existía conformidad entre el Parlamento y el Consejo. Se trataba de un procedimiento técnico.
Pero este año tenemos un problema: junto al procedimiento usual, consistente en transferir créditos de compromiso no empleados del años 1996 al año 1999-545 millones de ecus en los Fondos estructurales y 17 millones de ecus en el Fondo de Cohesión-, el Consejo expresó otros deseos. Para el Parlamento Europeo no ha supuesto ni supone ningún problema transferir los créditos de 1996 a 1999. La Comisión de Presupuestos ha apoyado unánimemente la propuesta de la Comisión. Pero la posición del Consejo de transferir adicionalmente mil millones de ecus de compromisos de 1998 a 1999, después de que se había transferido a 1998 de años anteriores, no puede aprobarla el Parlamento Europeo pues la Comisión constata en su propuesta lo siguiente: »Tras una insuficiente utilización de los créditos en 1994 y 1995, la situación mejoró sensiblemente en 1996. Esto no sólo significa que se han gastado en 1996 la totalidad de los créditos originarios, lo que está en contraposición a la situación en los dos años anteriores, sino que además se pudo recuperar una pequeña parte de los retrasos acumulados al comienzo del programa».
Esta constatación de la Comisión la ha ignorado el Consejo, lo que expresó además en el diálogo a tres bandas a comienzos de abril. El Consejo ha subrayado que para alcanzar el crecimiento cero del presupuesto del 98, necesita la transferencia de estos mil millones de nuevo de 1998 a 1999. El Parlamento Europeo conoce también los esfuerzos de los Estados miembros por lograr una política presupuestaria ahorrativa y por cumplir los criterios de la Unión Monetaria. Pero el PE conoce también las resoluciones de Edimburgo sobre los Fondos estructurales y sobre las previsiones financieras y conoce también perfectamente el Acuerdo interinstitucional de 1993.
El objetivo del Parlamento Europeo es seguir fielmente las «guidelines» aprobadas en enero y aprobar un presupuesto que corresponda en todas sus Categorías a una política de gastos responsable y que realice ahorros allí donde año tras año se repite el juego devolviendo dinero a los Estados miembros. Por ello, apoyamos la presente propuesta de la Comisión de no transferir toda la suma de mil millones de 1998 a 1999 sino sólo 500 millones de ecus. Los restantes 500 millones de ecus de compromisos queremos dejarlos en el Presupuesto de 1998, con lo que, en base a unos mejores pronósticos, tendremos además la posibilidad de realizar en el otoño de este año unas mejores previsiones para los gastos agrarios del presupuesto de 1998.
Esto corresponde exactamente a los puntos 9 y 10 de nuestras «guidelines» y la Presidencia holandesa dio su conformidad el pasado lunes a este compromiso en el diálogo a tres bandas. Sólo espero que el Consejo siga esta línea a más tardar mañana por la mañana cuando se reúna. A pesar de que el Consejo no está presente esta tarde -pero sin duda podrá leer mis observaciones en el Acta- quiero realizar dos comentarios personales.
Como ponente general para el presupuesto de 1998, he tomado sobre mí la carga de la presión del último debate presupuestario para 1997. No ha desaparecido totalmente la tensión que existió en su día y muchos colegas de la Asamblea tienen de nuevo la impresión de que el Consejo quiere descargar sobre las espaldas del Parlamento su falta de capacidad para llegar a un consenso. Ya entonces y también ahora hemos mostrado capacidad de consenso. El Consejo debería leer exactamente los pasajes de los Tratados y del Acuerdo interinstitucional en los que se dice que hay dos partes de la autoridad presupuestaria -el Parlamento Europeo y el Consejo- y estas dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Quiero recomendar a la Asamblea que apruebe mañana el proyecto de informe.

Colom i Naval
Señora Presidenta, el informe Tillich es árido y seco, si ustedes quieren, pero francamente su importancia no merece que el hemiciclo se encuentre casi desierto. El breve informe del Sr. Tillich no debe esconder que su gestación ha sido francamente laboriosa y preocupante. Lo que ahora parece versallesco por la intervención del ponente, ha sido elaborado en medio de fuertísimas tensiones entre las dos ramas de la autoridad presupuestaria, tensiones muy distintas de las que suelen darse en las serias negociaciones habituales entre el Consejo y el Parlamento en el ámbito presupuestario. Durante una parte de la negociación, una mayoría del Consejo pretendía imponer su criterio al Parlamento sin atender a razón alguna, en una actitud que, si yo no fuera tan comedido en mi lenguaje, podría considerar como de chantaje.
Permítanme que, reiterando lo expuesto por el ponente, recuerde la situación: de conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 1993 -del que fui ponente, por cierto- la Comisión debe proceder a formular dos propuestas referidas a las perspectivas financieras al inicio de cada procedimiento presupuestario.
Por una parte, en base al artículo 9, debe notificar el ajuste de la línea directriz agrícola y del importe máximo de las otras categorías de gasto en función de la evolución del PNB y de los precios. Es un ajuste técnico y automático, y la autoridad presupuestaria debe limitarse a aceptarlo. Pero, por otra parte, y ahí vamos entrando en materia, en base al artículo 10 del Acuerdo interinstitucional, debe proponer un ajuste de los créditos para la categoría II, o sea, los gastos estructurales, en función de su ejecución para que no se pierdan las dotaciones no utilizadas.
Desde 1989, es decir, desde el primer Acuerdo interinstitucional, se ha procedido a ello sin mayores problemas. Sin embargo, este año la modesta transferencia de 562 mecus de 1996 al 1999 no obtuvo el plácet inicial del Consejo, que pretendía añadirle 1000 millones que estaban incorporados a la categoría II para 1998. Es un procedimiento curioso, pues no solo lo situaba a una milésima del tope máximo previsto para los créditos de pago para 1999, sino que se utilizaba un mecanismo previsto para recuperar los créditos no ejecutados efectivamente, esto es, para anunciar una no ejecución futura al tiempo que se amenazaba con violar los acuerdos políticopresupuestarios de Edimburgo.
Ante este hecho, la Comisión ha presentado una nueva propuesta de compromiso que podemos aceptar -y que vamos a aceptar- para no perder los 562 millones de ecus destinados a los mecanismos más explícitos de solidaridad y lucha contra el paro en el presupuesto comunitario. Pero, como bien ha dicho el ponente, no puede constituir un precedente y me permito añadir que sólo la buena voluntad política nos impide considerar este procedimiento como una revisión encubierta de las perspectivas financieras.
Señorías, la Comisión de Presupuestos apoya amplísimamente, quizás unánimemente, el compromiso propuesto como un mal menor. El Grupo Socialista seguirá al ponente, al que felicita por su difícil cometido, subrayando que queremos que se acuerden los créditos de pago apropiados y que se concentren las operaciones en las zonas de objetivo 1 y 2, como dice también el informe del ponente.
Pero nos preguntamos: ¿por qué ha sido esto tan complicado? Si recordamos que la decisión sobre quiénes van a formar parte del club del euro se toma en base a las cifras de 1997 ¿qué equilibrios político-económicos peligran por ese famoso millardo de ecus de 1998? ¿Hay algún país que pueda ver peligrar su cumplimiento de los mecanismos del Tratado de la Unión respecto a déficit excesivos? No se ve por ninguna parte. No es la alícuota nacional de financiación, incluso de cofinanciación, la que puede poner en peligro el cumplimiento de los criterios de convergencia, porque estamos hablando de milésimas de punto de PNB. Estamos ante un ejercicio de bastante hipocresía, Señorías.
Cuando el Parlamento se ha comprometido a una política presupuestaria de austeridad respecto a un presupuesto que representa menos del 2, 5 % del gasto público de los Estados miembros y apenas el 1, 2 % del PIB de la Unión, Señorías, ¿a qué viene esta guerra? Son los países más ricos los que más claramente han anunciado en el Consejo su falta de voluntad de ejecutar los fondos estructurales. Quizá debamos replantearnos quiénes se benefician de dichos fondos, pero clama al cielo cercenar los esmirriados créditos que destinamos a reducir la distancia entre las zonas más ricas y más pobres de la Comunidad y a luchar contra el paro. Posponerlos, como proponía el Consejo, era además agravar el problema. Por eso, Señorías, los socialistas -que pretendemos luchar por una Europa más justa y para tener una política de solidaridad efectiva- vamos a apoyar este compromiso.

Garriga Polledo
Señor Presidente, Señorías, las dificultades que la propuesta original de la Comisión ha encontrado en su tramitación son un ejemplo muy claro de lo difícil que va a ser el debate presupuestario a lo largo de este año. Este Parlamento, de hecho, va a aprobar mañana una propuesta de la Comisión sobre la adaptación de las perspectivas financieras que es distinta de la que originariamente había presentado la Comisión. Y esta propuesta es la única que parece haber alcanzado un grado de consenso suficiente en el Consejo y digo parece porque, como bien decía el ponente Tillich, hasta mañana no saldremos de dudas.
Si este consenso no se alcanza finalmente, se abrirá un conflicto interinstitucional muy fuerte, en el que el Parlamento respaldará a la Comisión frente al Consejo, y todo esto a dos semanas de la presentación del anteproyecto de presupuesto por la Comisión para 1998.
El voto favorable del Parlamento no debe ocultar el hecho de que ésta no es la solución ideal sino la única solución posible. Se reduce en 500 mecus el total de los créditos de compromiso para 1998, transfiriéndolos a 1999 en base a una afirmación de la Comisión, que dice que no podría ejecutar más de 600 mecus en el ejercicio presupuestario 1998. En cualquier caso, creemos que la Comisión ha hecho lo único posible para desbloquear una situación cerrada en el Consejo que podría poner en entredicho la obligación de cumplir los acuerdos de Edimburgo.
Señor Presidente, el respeto de los compromisos y la garantía de cumplimiento de los acuerdos en el seno de la Unión Europea son los cimientos de nuestra credibilidad y el pilar fundamental de nuestra convivencia política. Desde esta perspectiva asumimos la propuesta de la Comisión, sabiendo, y queremos dejarlo claro aquí, que el verdadero debate político va a venir con la acogida que el Consejo dé al anteproyecto de presupuestos de la Comisión.
El acuerdo necesario en cuanto al porcentaje de crecimiento del presupuesto para 1998, el respeto de los acuerdos firmados que conservan plena vigencia y el mantenimiento de las cifras de créditos de pago, van a condicionar en gran medida la posibilidad de que exista un presupuesto pactado entre las tres instituciones. Además el Parlamento Europeo debe asumir que él tiene la última palabra sobre los gastos no obligatorios de la categoría II y que debe negociar su mayor protagonismo sobre la categoría I. Sólo queda felicitar nuevamente al ponente, Sr. Tillich, por su abierta disposición al acuerdo y al compromiso. Creo que el Consejo debería colaborar más con el ponente y no ponerle la tarea más difícil de lo que ya la tiene. Espero finalmente que la votación, mañana, reúna a más diputados de los que hoy están presentes y, en cualquier caso, creo que la ausencia del Consejo se debe, señor Presidente, a que deben de estar estudiando profundamente la última propuesta de la Comisión.

Giansily
Señor Presidente, Señorías, el informe del Sr. D. Stanislas Tillich, sobre la adaptación de las Perspectivas Financieras, llega en el momento preciso para ilustrar el breve debate que hemos mantenido hace unos instantes con el Comisario Yves-Thibault de Silguy sobre el respeto por los criterios de convergencia, sometiéndonos el mismo día a un verdadero examen.
Si trasladamos a 1998 el millardo de ecus no utilizado en 1995 y ya trasladado a 1996 y no utilizado, incrementamos en más de un 6 % la rúbrica II del presupuesto de la Unión Europea el año próximo dando ejemplo de nuestra voluntad de respetar los criterios de convergencia. La razón es simple. Al obligar ya desde 1998 a los contribuyentes netos a deducir de su presupuesto el millardo en cuestión, demostraríamos que concedemos poco crédito al concepto de durabilidad al dar por este motivo la sensación de que para esta Asamblea sólo cuenta el año 1997. Esto no me parece una buena política.
En compensación, el traslado de la totalidad del crédito a 1999 produce un sobresalto no disimulado, y especialmente intenso, en los principales países beneficiarios del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales, y más especialmente Grecia, Portugal y España, que con toda razón pueden plantear dudas sobre la voluntad real de los Estados miembros de respetar el acuerdo de programación del período 1994-1999. El Sur podría encontrar la materia para ilustrar los negros designios que a veces se atribuyen a los países del Norte.
El Comisario Liikanen, que demuestra una gran prudencia en la materia, ha actuado de manera que, con el presidente Samland, se encuentre una solución transaccional. Esta propuesta es objeto del informe de nuestro colega Tillich y debería contar con el acuerdo de la mayoría cualificada de esta Asamblea y del Consejo, algo que deseo muy sinceramente. Me parece que 500 millones en 1998, que generan un ahorro de 300 millones de créditos de pago para el mismo año y un compromiso de 1, 62 millardos de ecus para 1999, son una buena solución con la recuperación, el mismo año, de la diferencia en créditos de pago.
Por tanto, en nombre del Grupo UPE, puedo anunciarles nuestro apoyo a este informe, pero me parece a pesar de todo que en razón de la importancia de la cantidad y de la sensibilidad de la rúbrica habrán de darse indicaciones precisas durante la votación definitiva de los presupuestos de 1998 y 1999. Y yo comparto la opinión de Joan Colom i Naval: un millardo de ecus hubiera merecido una Asamblea que no se pareciera a un desierto.

Virrankoski
Señor Presidente, la transferencia presupuestaria que se examina se basa en dos propuestas. La Comisión propuso en marzo que los 545 millones de ecus ahorrados en 1996 se trasladaran al ejercicio de 1999. Además, el Consejo propuso trasladar 1000 millones de ecus del ejercicio de 1998 al de 1999. La puesta en práctica de ambas propuestas supondría acumular los créditos de compromiso de los Fondos estructurales en el último ejercicio del período de programación, lo que habría causado grandes dificultades a quienes aplican la política regional y estructural. Por este motivo fue razonable repartir la transferencia de 1000 millones de ecus a partes iguales en los dos últimos ejercicios del período de programación. Deseo expresar mi felicitación al ponente Tillich por el buen trabajo que ha realizado.
La transferencia de créditos de compromiso de los Fondos estructurales que se debate ahora es la tercera en el presente período de programación. En total, se han transferido recursos por un importe de 4300 millones de ecus, lo que es una suma considerable. En el territorio de la UE hay más de 18 millones de desempleados, con tendencia al alza. Además, en muchos Estados miembros se agudizan las diferencias regionales. Por consiguiente, la política estructural y regional deberá resolver mayores desafíos que en el pasado.
Naturalmente, se puede culpar a los Estados miembros del deficiente empleo de los Fondos estructurales, pero la UE no puede rechazar toda responsabilidad. Para la administración de los Fondos estructurales se ha establecido una burocracia enorme y compleja. Otro obstáculo lo constituye la estricta reglamentación de los Fondos estructurales. Con frecuencia el requisito de innovación de los proyectos resulta exagerado, así como la lentitud de las inversiones de apoyo. Tales restricciones pueden paralizar proyectos, por los demás, bien viables. Si se aplicara una política regional y estructural vigorosa y eficaz, esto se reflejaría en la pugna por los recursos de los Fondos estructurales de la Unión Europea. Desafortunadamente, ésta no es la situación en el momento actual. Felizmente, sin embargo, esta transferencia no suprime los recursos, por lo que puede apoyarse en todos sus aspectos.

Miranda
Señor Presidente, no nos opondremos a la adaptación de las Perspectivas Financieras relativas a las acciones estructurales que se desprenden de la propuesta modificada de la Comisión. Nos parece una propuesta con cierto equilibrio, particularmente si se compara con la posición maximalista, inaceptable y en cierto modo chantajista del Consejo.
En efecto, permite recuperar los 563 millones de ecus no ejecutados y garantiza también algún escalonamiento en las adaptaciones a que se refiere. A nuestra posición contribuye también la aceptación que ha merecido por el ponente la propuesta que he hecho y según la cual se deberá garantizar la plena inscripción presupuestaria de esas asignaciones, incluidos los pagos en los años 1998 y 1999.
Ahora bien, no oculto a Sus Señorías algunas preocupaciones. Es que, a pesar de haber razones fundadas de carácter técnico, no se puede desligar esa adaptación de opciones de carácter político. Primero, la de consolidar una vía de contención presupuestaria, que no apoyamos. Además, porque, tal como dije en mi opinión sobre esta materia, se confirma la tendencia de excesiva concentración de asignaciones de las acciones estructurales en los años finales del actual Marco Comunitario de Apoyo. Cosa que no sucede por casualidad. Además de otros aspectos, esa situación es indisociable de orientaciones y medidas que se vienen adoptando en el nivel comunitario exactamente con ese objetivo, aunque con pretextos diferentes. Pero se trata de aspectos que vamos a dejar para un debate futuro. Evidentemente, no faltarán oportunidades. De momento, y por las razones que he mencionado, vamos a apoyar esta adaptación de las Perspectivas Financieras.

Fabra Vallés
Señor Presidente, a nadie se le oculta que el presupuesto para 1998 es un presupuesto difícil, por lo que es importante y de agradecer el esfuerzo que hagamos todos para llegar a acuerdos y que estos sean lo más amplios posible. Para ello es esencial empezar por respetar los acuerdos anteriores. Todos sabemos que pacta sunt servanda , por lo que la Comisión Europea cuenta con nuestro apoyo para conseguir una tasa de crecimiento global del 3 % para que, así, puedan ser respetados los acuerdos de Edimburgo y se llegue a una tasa de crecimiento del 8 % en la categoría II.
Por ello, después de todos estos esfuerzos es inconcebible que el Consejo haya intentado hacer imposible un amplio acuerdo. Para nosotros, la solución de compromiso de la categoría II para el año 1998 no es la más satisfactoria, pero evita el enfrentamiento y, por lo tanto, es válida. Por todo ello, señor Presidente, es fundamental que adoptemos el informe Tillich por mayoría cualificada en el día de mañana.
Sabemos bien quienes son las dos ramas de la autoridad presupuestaria y que la Comisión Europea no es ninguna de ellas, pero no seré yo quien recomiende -y más estando a la espera de la publicación del anteproyecto de presupuesto para 1998- desoír a la Comisión Europea en sus propuestas sobre créditos de pago en la categoría II, ya que es la Comisión quien mejor conoce las necesidades, porque es la que las ejecuta. Son claros los párrafos 18 y 21 del Acuerdo interinstitucional cuando se refieren a que los créditos tienen que ser suficientes para hacer frente a los compromisos.

Liikanen
Señor Presidente, de conformidad con el párrafo 10 del Acuerdo Interinstitucional, de 29 de octubre de 1993, la Comisión presentó una propuesta al Parlamento y al Consejo para el ajuste de la Perspectiva Financiera a fin de tener en cuenta las condiciones de aplicación. La propuesta consistía en transferir a 1999 las asignaciones para los Fondos estructurales y el Fondo de Cohesión que no se utilizaron en 1996: un total de 562 millones de ecus.
Durante la preparación del anteproyecto de presupuesto para 1998, ha resultado que, con la transferencia de mil millones de ecus de consignaciones para compromisos correspondientes a 1995 decidida en 1996, las asignaciones previstas para las operaciones estructurales correspondientes a 1998 fueron superiores a las necesidades. El exceso de asignaciones en relación con la capacidad de aplicación sería de unos 500 millones de ecus.
Así, pues, la Comisión ha decidido modificar su propuesta original. Además de la transferencia de 562 millones de ecus de 1996 a 1999, la Comisión propone también la transferencia de 500 millones de ecus de 1995 a 1999. La aprobación de la propuesta modificada garantizaría una aplicación satisfactoria de los gastos programados. En realidad, facilitaría la presupuestación plena antes del final de 1999 de las asignaciones para los Fondos estructurales dispuestas para el período 1993-1999.
Deseo felicitar al Sr. Tillich por su excelente informe y también agradecer al Parlamento su positiva cooperación a este respecto. Por último, acabo de recibir la noticia de que el COREPER ha aceptado también esta propuesta esta noche.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Seguridad para los buques pesqueros
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0068/97) del Sr. Le Rachinel, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0255 - C4-0255/96-96/0168(SYN)) por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques pesqueros de eslora igual o superior a 24 metros.

Le Rachinel
Señor Presidente, Señorías, el informe del que tratamos aquí es relativo a una propuesta de directiva del Consejo que instituye un régimen armonizado para la seguridad de los buques de pesca con una eslora igual o superior a 24 metros. Con el fin de que se comprenda la importancia de este texto, voy a trazar una breve descripción histórica de las normas y convenios aplicables en la materia.
Al estar excluidos los buques de pesca del campo de aplicación del convenio internacional de 1994, el convenio SOLAS, para la seguridad de la vida en la mar, se ha hecho necesario fijar un convenio que defina, habida cuenta de las particularidades de dichos buques, las reglas de construcción de los buques nuevos así como las características que deberían respetar los equipos vinculados a la seguridad de los buques de pesca. Así, en 1977 se firmó el convenio internacional sobre la seguridad de los buques de pesca, llamado Convenio de Torremolinos de 1977. Sin embargo, al no alcanzarse el número mínimo de ratificaciones, el convenio de 1977 nunca entró en vigor.
En 1993, la OMI, Organización Marítima Internacional, procedió a una revisión de este convenio aprobando el Protocolo de Torremolinos. Sin embargo, sólo es aplicable a los buques de más de 45 metros. Por consiguiente, esta propuesta de la Comisión es necesaria, ya que de todos los buques de 24 metros o más, el 85 % tienen entre 24 y 45 metros de eslora. Así pues, el convenio de Torremolinos sólo es aplicable actualmente al 15 % de los buques. Por consiguiente, había un vacío jurídico que había que rellenar.
Hay que felicitarse por todas las medidas orientadas a reducir los riesgos a los que se ven expuestos los pescadores en el ejercicio de su profesión. Al retomar aquí las disposiciones del protocolo de 1993, en la Unión Europea se ha emprendido una armonización de las normas relativas a las características de construcción y equipo de los buques, lo que garantiza un nivel de seguridad más elevado.
El sector pesquero, en sus diferentes apartados, es un sector extremadamente sensible. La introducción de nuevas exigencias relativas a la construcción, dispositivos de seguridad y procedimientos de a bordo, ha necesitado una especial atención. Se ha consultado a los diferentes comités, organizaciones y asociaciones representativas del sector y son unánimes en cuanto al interés de este nuevo texto que regula su profesión.
Efectivamente, las dificultades vinculadas a su sector no se han visto agravadas a pesar de la introducción de estas nuevas exigencias técnicas. Por otra parte, están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad necesarias para la seguridad de la vida humana, de los buques y del medio ambiente. Así, invocando el impacto económico que la aplicación de estas prescripciones sobre seguridad tendría para los buques de pesca existentes, se ha propuesto aplicarles únicamente las medidas inicialmente previstas en el protocolo para los buques existentes. Estas normas deberían aplicarse a todo el Mediterráneo y a la totalidad de los países costeros.
Con respecto a los países terceros que deseen faenar en las aguas interiores o territoriales de la Unión Europea, o también descargar capturas en un puerto de un Estado miembro, la situación es un poco más compleja. Sin duda, deberán respetar las mismas exigencias que los buques comunitarios, pero sin embargo será difícil controlar su aplicación. En ese caso, los Estados miembros deberán reforzar los medios de control tanto en tierra como en la mar.
Para terminar, se puede considerar esta propuesta como un primer paso hacia un régimen de seguridad coherente aplicable al sector pesquero. Más adelante habrá que estudiar en qué medida será posible aplicar estas nuevas normas a los buques de pesca de menos de 24 metros de eslora. Además, la seguridad en los buques pasa también, necesariamente, por una formación adecuada de los marinos del sector. Con este fin, se ha sometido a la Comisión de Transportes un informe de nuestro colega Eolo Parodi.
Señor Presidente, Señorías, la seguridad en la mar nos interesa a todos y este informe sobre la seguridad de los buques de pesca, que tengo el honor de presentarles, permite garantizarla. Aduyémosle a convertirse en real.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, Señorías, señor Comisario, la actual propuesta de la Comisión es el resultado de un largo y difícil proceso en pro de la necesaria mejora de la seguridad de los buques de pesca. El alto índice de accidentes en la mar demuestra la peligrosidad de esta actividad, y los escasos éxitos logrados hasta la fecha ponen de relieve la reticencia de las principales potencias marítimas en este terreno. Por ello, hay que felicitar a la Comisión por haber adoptado esta iniciativa, necesaria desde hacía tiempo, y que redundará en beneficio de la seguridad de esta precaria industria. El proyecto de directiva supone la extensión de las disposiciones técnicas del protocolo de Torremolinos a todos los nuevos buques de eslora entre 24 y 45 metros que faenen en aguas europeas y, por tanto, no sólo a los barcos de pabellón comunitario, sino también a los buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias o desembarquen sus capturas en puertos de la Unión Europea.
Como la propia Comisión reconoce, estamos solo ante un primer paso que, aunque afecta solo al 4 % de la flota pesquera comunitaria, representa el 57, 4 % del tonelaje total y el 77, 4 % del volumen total de capturas. La adopción de una directiva parece acertada también, en este primer momento, para conseguir una armonización de las legislaciones de los Estados miembros y permitir a estos incorporar situaciones específicas, pero dentro de unos principios comunes básicos.
Por todo ello, y por tratarse de una primera medida, entendemos que esta propuesta de directiva debe ser apoyada y aprobada lo antes posible.

Watts
Señor Presidente, quisiera felicitar una vez más al Comisario Kinnock por presentar otra propuesta para aumentar la seguridad en el mar. También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al ponente todas sus gestiones con vistas a sacar adelante esta medida en comisión tan rápida y eficazmente. Como ya ha expuesto en líneas generales los antecedentes de esta propuesta, que tiene la gran importancia de colmar un vacío legal, no necesito repetirlos.
Como dice la propuesta, la seguridad es una de las consideraciones más importantes de la Comisión de Transportes y Turismo. Sabemos perfectamente que la pesca es una de las profesiones más peligrosas del mundo. En las aguas comunitarias se han perdido durante los diez últimos años más de mil vidas en la industria pesquera. A escala mundial se han perdido muchas más vidas. Todo el mundo recordará que la política común para unos mares seguros pidió la medida que el Sr. Kinnock ha traído -tengo el gusto de decirlo- ahora ante este Parlamento.
Es importante abordar el requisito de seguridad de buques de entre 24 y 45 metros de eslora en sectores a los que se refiere la directiva, tales como protección contra el fuego, socorrismo y radiocomunicaciones. La directiva lo hace, por lo que contará con el apoyo total del Grupo Socialista. Garantizará un nivel uniforme y armonizado de requisitos de seguridad, sin por ello distorsionar la competencia.
En conclusión, mientras estamos ocupándonos del asunto de los buques -y estoy seguro de que el Sr. Kinnock entenderá por qué planteo esto-, algunos buques pesqueros franceses han estado bloqueando los puertos de Boulogne, Calais y Dunquerque, con lo que han causado grandes molestias a muchos camioneros de mi circunscripción. Quisiera pedir al Sr. Kinnock -y le ruego que me disculpe por no haber avisado con antelaciónque haga unas observaciones breves sobre esa disputa y piense a ver cuál es la forma mejor de que cooperemos para garantizar la libre circulación de personas y mercancías en el futuro.
Por último, en los últimos días he pasado mucho tiempo en la zona de Dover -por razones que el Sr. Kinnock ha de conocer- y muchos de los ciudadanos de mi circunscripción quisieran que le transmita saludos de su parte. Tengo mucho gusto en hacerlo.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, ruego de todo corazón al Sr. Le Rachinel que me disculpe por haber llegado tarde a la Asamblea. Es una descortesía que nunca había cometido y que procuraré no repetir. Me he entretenido en otra reunión y he intentado programar mi llegada con un margen demasiado estrecho. Lo lamento profundamente. Por fortuna, es perdonable en el Parlamento Europeo, lo que constituye una señal, entre muchas otras, de su sutileza y elegancia. No lo sería en el Parlamento en el que participé durante veinticinco años. Tal vez todo el mundo tenga algo que aprender. También agradezco al Sr. Watts los saludos que, desde luego, le devuelvo y espero poder hacerlo en persona en Dover antes de que trancurra la semana próxima.
Me complace observar que hay un entendimiento común sobre esta propuesta y que se haya aprobado plenamente su objetivo principal, a saber, la armonización de las normas de seguridad para los buques pesqueros que operan en las aguas interiores y en los mares territoriales de los Estados miembros. Estoy seguro de que todos compartimos la opinión de que, cuando se aplique, esta medida constituirá otro apoyo más a nuestras gestiones en la Comisión, el Parlamento y el Consejo para garantizar un nivel elevado y uniforme de protección de la vida humana en las aguas comunitarias.
Ése es el objetivo primordial de esta propuesta. Sin embargo, también contribuirá a impedir la distorsión de la competencia que puede surgir cuando las empresas no adoptan las disposiciones adecuadas para la seguridad. Así, pues, recomiendo la propuesta también por esas razones.
Permítaseme expresar mi gratitud particular a la Comisión de Transportes y Turismo y en particular al ponente, Sr. Le Rachinel, por el excelente informe sobre la propuesta. Agradezco las gestiones que él y los diputados miembros de otras comisiones han llevado a cabo para consultar a las diferentes partes interesadas de la industria pesquera y me complace observar que su respuesta ha sido casi unánimemente positiva.
Brevemente, quiero comentar dos observaciones concretas y muy valiosas que figuran en el informe del Parlamento. La Comisión responderá muy rápidamente a la petición concreta de que esta Asamblea reciba información periódica sobre cualesquiera enmiendas y modificaciones adoptadas en el procedimiento en comité y, desde luego, cumpliremos con los compromisos de la Comisión para con el Parlamento Europeo sobre la transparencia. La Comisión comparte también la preocupación expresada en el informe por que niveles diferentes de sanciones en los Estados miembros provoquen una distorsión de la competencia. Precisamente para evitar esos problemas y garantizar una plena transparencia es para lo que las disposiciones del artículo 13 exigen a los Estados miembros que notifiquen sus sistemas de sanciones por las violaciones de las disposiciones nacionales que se aprueben de conformidad con esta directiva.
Permítaseme concluir mi respuesta al informe agradeciendo a la Asamblea que haya facilitado la aprobación temprana de una posición común sobre esta importante medida que fomentará la seguridad de las actividades pesqueras en las aguas comunitarias y, en particular, la protección de las vidas de los pescadores europeos a los que todos nosotros, como Comunidad, tanto debemos.
Voy a responder brevemente a la observación atinadamente planteada por el Sr. Watts. Esta mañana he escrito al Sr. Pons, ministro francés de Transporte, para expresarle mi firme esperanza de que el Gobierno francés garantizará el restablecimiento de la libre circulación en los puertos del Canal y alrededor de ellos. Mi oficina ha mantenido también contactos telefónicos con el Ministerio de Transporte francés. El Sr. Pons ha estado, naturalmente, en comunicación con sus colegas pertinentes de otros departamentos del Gobierno francés. Ese Gobierno es claramente consciente ahora de la urgencia de la situación. Espero que no haya demasiado retraso en el restablecimiento de la libre circulación de conformidad con las disposiciones legales del Tratado y, de hecho, las obligaciones legales de los Estados miembros. Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de hacer esta declaración ante la Asamblea.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Buques que transporten mercancías peligrosas
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del informe (A4-0073/97) del Sr. Novo Belenguer, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(96)0455 - C4-0544/96-96/0231(SYN)) por la que se modifica la Directiva 93/75/CEE sobre las condiciones mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes.

Novo Belenguer
Señor Presidente, el objetivo de la directiva 93/75 y, por lo tanto, también de esta directiva de modificación, es mejorar la seguridad marítima y la prevención de accidentes, proporcionando y facilitando acciones de apoyo en caso necesario. Los desastres marítimos ocurridos recientemente en aguas comunitarias delatan la gran importancia de esta directiva y la necesidad de que todos los Estados miembros adopten las disposiciones que en la misma se contemplan. La propuesta de la Comisión contiene nuevas resoluciones adoptadas en el foro de la Organización Marítima Internacional, en particular la inclusión de buques que transportan mercancías radiactivas. No se trata aquí de dictar normas de seguridad sobre los embalajes, sino de proporcionar la información necesaria a las autoridades portuarias comunitarias con respecto a la mercancía que se transporta, de adaptar los anexos técnicos y de modificar la actuación del comité comunitario correspondiente para actualizar así la legislación comunitaria a la normativa internacional.
Los objetivos que en la propuesta se contemplan, podemos considerarlos positivos y merecedores del apoyo del Parlamento. Sin embargo, en mi opinión existen algunos cabos sueltos que no encuentran solución en el contexto de esta directiva.
En primer lugar, las medidas de seguridad que se contemplan en dicha directiva no afectan a los buques que transitan por aguas comunitarias, sin escala en un puerto de la Unión. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estos buques cumplen las normas y los códigos al respecto? Cabría tal vez proponer que el contenido de la presente directiva se extendiera también a los buques que navegan por aguas comunitarias, sin perjudicar lógicamente su derecho de paso inocente, que viene recogido en los convenios internacionales. No debemos olvidar que estos mismos convenios prevén la posibilidad de confinar buques a ciertas rutas marítimas.
En segundo lugar, resulta sorprendente e incluso peligroso continuar con el transporte de mercancías radiactivas en barcos donde también viajan pasajeros. Han sido ya varios los miembros de la OMI los que han mostrado su reserva en este sentido. Tal vez sería aconsejable prohibir esta práctica o, en su defecto, exigir como requisito mínimo la publicidad y la publicación de la lista de pasajeros que viajan en dichos buques, aspecto que se está estudiando en una directiva específica, concretamente la 96/574 final, sobre el registro de pasajeros.
En tercer lugar, el Anexo I -que según el artículo 6 de la directiva debe ser puesto en conocimiento de la autoridad competente del Estado afectado en caso de accidente- no contempla la necesidad de comunicar el número de tripulantes existentes en el momento en que el buque ha sufrido el accidente.
Por otra parte, señor Presidente, quisiera destacar que las enmiendas presentadas y aprobadas en comisión han contribuido a mejorar el propósito de mi informe. Sobre dichas enmiendas, no obstante, quisiera precisar algunos matices y realizar algunos comentarios. La enmienda 1 -me han comunicado que la nº 3 ha sido retirada- hace referencia a los materiales radiactivos transportados a bordo de los buques. Con la enmienda 7 se refuerza la obligatoriedad del Estado de destino del buque de trasladar las informaciones recibidas a todos los Estados comunitarios afectados por la ruta de dicho buque. Así fue aprobado por la Comisión de Transportes y Turismo, donde además se aprobaron las enmiendas nº 5 y nº 6, que contienen la obligación de los operadores de buques que transportan mercancías peligrosas de informar a todos los Estados afectados por su ruta y no sólo al Estado de destino. Tal vez esta situación resulte un poco complicada. Con respecto a la enmienda nº 8, cabe decir que es una adición técnica al artículo 11 de la Directiva 93/75, y hace referencia a la nueva numeración de los apartados del artículo 2 de la misma, todo ello sobre el código CNI.
Me parece útil también incluir, en cuanto a las informaciones a transferir a las autoridades con carácter previo a la salida del puerto, el número de tripulantes a bordo, ya que con ello se tiende a mejorar la mobilización de los servicios de urgencia en caso de accidente.
Las enmiendas 10 y 11 están destinadas a proporcionar todas las informaciones necesarias a los servicios de urgencia sobre la carga radiactiva y el procedimiento de acción a bordo en caso de accidente. Y, para finalizar, señor Presidente, la enmienda 12 relativa a la comunicación de la lista de pasajeros es imprescindible. Además, de conformidad con la propuesta de directiva de la Comisión Europea en esta materia, publicada el pasado 25 de noviembre de 1996 el asunto será debatido en esta Asamblea durante la «minisesión» plenaria del próximo mes de mayo.

Sindal
Señor Presidente, señor Kinnock, los socialistas apoyamos el informe del Sr. Novo Belenguer. Queremos manifestar nuestra conformidad con la mejora de la Directiva de 1993 propuesta por la Comisión. En todo caso, apoyamos las 12 enmiendas -ahora me acabo de enterar que una de ellas posiblemente haya sido retirada-, puesto que refuerzan la Directiva. Obviamente, nos sentimos satisfechos con nuestros port state controls , pero falta la obligación de información en lo que respecta a las aguas internacionales.
Existe otro informe que lleva pendiente mucho tiempo, el informe sobre el sistema europeo de información. Se ha hablado de la posibilidad de que el informe que ahora nos ocupa actuase como propulsor de ese otro. El hecho de que no sea posible obligar a los buques en tránsito a informar de su presencia entorpece nuestras posibilidades de guiarlos a través de aguas seguras. Por eso, quiero preguntar al Sr. Comisario si, en colaboración con el Parlamento, sería posible que se adoptase una decisión sobre este tema, ya que está en parte relacionado con el fundamento jurídico de la presente propuesta.
Espero que sea posible avanzar en este ámbito. La otra propuesta se presentó hace tres o cuatro años. Apoyamos ésta de ahora, pero queremos advertir que no sólo los buques en tránsito presentan problemas. También lo plantean los buques substandard . Por eso, sería quizás interesante establecer un sistema más riguroso para los buques que transportan sustancias radiactivas en relación con el port state control . Hoy en día muchos países transportan estas sustancias por diferentes vías, como carretera, ferrocarril o vías marítimas, y se organizan manifestaciones cada vez que esto sucede. En mi opinión, algunos de los buques no cumplen las normas necesarias y no informan de su presencia en los lugares por donde pasan. Por eso, espero que sea posible avanzar tanto con EUREP como con esta propuesta.

Ferber
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, los transportes de mercancías peligrosas despiertan cada vez más la atención de nuestras ciudadanas y ciudadanos, quienes exigen un máximo de seguridad. En particular en el tráfico de buques tenemos una responsabilidad especial, pues se trata realmente de un problema internacional. El ponente ha llamado con razón la atención sobre la importancia de esta directiva así como sobre la importancia de una regulación para los buques que navegan por nuestras aguas sin recalar en ningún puerto europeo. Se acaba de hablar sobre la directiva sobre el control del Estado del puerto con la que hemos podido regular algunas cosas.
Se trata de un problema concreto al que tenemos que enfrentarnos conjuntamente. El Grupo del Partido Popular Europeo va a dar su voto afirmativo a todas las enmiendas para que el transporte de mercancías peligrosas o contaminantes sea aún más seguro, para que las regiones costeras puedan ser protegidas de modo permanente y eficaz frente a las contaminaciones o incluso destrucción y para que las tripulaciones de los barcos tengan el máximo grado de seguridad. Quiero expresar por ello mis felicitaciones al ponente por su excelente informe. Aquí se han tratado realmente los campos problemáticos que no hemos solucionado hasta ahora.
Señor Comisario, sé que a continuación nos va a decir que no puede recoger la mayor parte de nuestras enmiendas pues no pertenecen necesariamente al asunto. No obstante, le ruego también en nombre del Grupo del PPE que se tome en serio nuestras ideas y deseos. Ayúdenos para que lleguemos en estas cuestiones a una buena solución global aunque no lo logremos ahora en este informe.

Tamino
Señor Presidente, también el Grupo de los Verdes considera positivo el hecho de que la Comisión haya propuesto esta directiva que integra la Directiva 93/75/CEE y cuyo objetivo es mejorar el sistema de prevención y las intervenciones en caso de accidentes marítimos en los que estén implicados buques que transporten mercancías peligrosas y contaminantes y, en consecuencia, la extensión, gracias a esta nueva directiva, al transporte de materiales radiactivos. De todos modos, estimamos que ha de tenerse en cuenta también que entretanto se emanó la Directiva 21/95 sobre el control de los puertos y se adoptaron otras normas internacionales.
Por estas razones, además de compartir los objetivos planteados por la Comisión, suscribimos todas las enmiendas aprobadas por la Comisión, así como la forma en que el ponente acaba de presentar este informe, cosa que le agradecemos. En particular, consideramos que no puede soslayarse la cuestión del tránsito por las aguas territoriales ni tampoco no tener en cuenta los contenedores, en cuyo interior debe introducirse el material radiactivo, que deben respetar las normas AIEA.

Morris
Señor Presidente, en primer lugar quisiera decir que acogemos con beneplácito este informe. No creo que ninguno de los aquí presentes pueda exagerar al mostrar su preocupación por la manipulación y el transporte de residuos tóxicos, en particular el material radiactivo.
En mi circunscripción hay un estado de opinión muy firme a ese respecto después de la experiencia del Sea Empress el año pasado y sus repercusiones en el medio ambiente local. Los habitantes de esa zona están ahora sumamente deseosos de volver a la vida normal, por lo que recomendamos firmemente que no haya complacencia en relación con esta directiva.
La posición de la Comisión de Transportes va orientada a velar por que se aplique la legislación a los buques que pasen por las aguas de la UE y no sólo a los que fondeen en los puertos de la UE. Hemos de velar por que las autoridades costeras conozcan la presencia de buques que transporten material peligroso. Después las autoridades locales, a la luz de esa información, pueden adoptar las medidas apropiadas en caso de accidente.
Además, hay que hacer dos observaciones principales sobre el fluido nuclear, el plutonio y los residuos radiactivos. Deben quedar recogidos en el ámbito de aplicación de la directiva. En primer lugar, debemos velar por que sólo se transporte el material radiactivo en contenedores que cumplan los más recientes requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica. En segundo lugar, debemos velar por que nunca se transporte el material radiactivo en buques que transporten pasajeros. Se trata de condiciones mínimas en las que debemos insistir. Es de sentido común separar el material tóxico de los pasajeros y observar los reglamentos internacionalmente acordados. Si lo hacemos, reduciremos sin lugar a dudas al mínimo los riesgos del transporte de materiales tóxicos, pero en particular, claro está, de material nuclear.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar agradecer a la Comisión de Transporte y Turismo y, en particular, al ponente, Sr. Belenguer, su excelente informe sobre la propuesta. También me complace intervenir a continuación de un compatriota galés cuya preocupación por la posibilidades de que accidentes en el mar tengan consecuencias atroces de contaminación es bien conocida en esta Asamblea, como en su circunscripción.
Tengo mucho gusto en observar que existe un entendimiento común sobre esta propuesta y que se aprueba su objetivo principal, que es el de fortalecer y mejorar la directiva existente para establecer requisitos de notificación a fin de mejorar la prevención y la intervención en el caso de accidentes en el mar padecidos por buques que transporten mercancías peligrosas o potencialmente contaminantes.
La Comisión acoge con beneplácito las enmiendas núms. 8 y 9. Dichas enmiendas permitirán al comité establecido por esta directiva tener en cuenta futuras modificaciones del Código CNI y éste, que obliga al empresario de un buque a facilitar a las autoridades competentes información sobre el número de tripulantes a bordo, ha de contribuir a mejorar las reacciones de emergencia ante accidentes en el mar.
Respecto de las demás enmiendas, debo insistir muy firmemente en que la Comisión comparte la preocupación expresada por la comisión sobre los riesgos concretos relacionados con el transporte de materiales radiactivos por mar, así como las deficiencias del sistema de notificación establecido por la Directiva de 1993. Como ya han dicho los diputados en este debate, no es aplicable a los buques en tránsito. Compartimos la preocupación, pero creo que vale la pena recordar al Parlamento, sin la menor complacencia, que el 80 % de esos buques que transitan por aguas europeas se dirigen, en realidad, a puertos comunitarios. Así, pues, mientras transitan, están sujetos también a los requisitos relativos a los puertos y eso constituye una mayor seguridad.
La Comisión no puede aceptar las enmiendas que el Parlamento ha presentado. No porque tenga una opinión divergente, sino principalmente porque los puntos incluidos en las enmiendas ya están comprendidos en otras propuestas de la Comisión o porque la Comisión está preparando nuevas iniciativas concretas en ese sector. El Sr. Ferber se me ha adelantado en sus observaciones -no es la primera vez, sus contribuciones son siempre acertadas- y, evidentemente, ya estamos dedicados a emprender exactamente las tareas que proponía. Lo mismo es aplicable a las propuestas hechas por el Sr. Sindal.
Más concretamente, la primera serie de enmiendas en relación con las condiciones de transporte de materiales radiactivos por mar quedan fuera del alcance de esta directiva, que sólo aborda los requisitos en materia de notificación. Así ocurre en particular con las enmiendas núms. 1 y 3, salvo que se haya retirado la enmienda nº 3, como ha indicado el Sr. Belenguer, porque esas enmiendas prohibirían el transporte de materiales radiactivos a bordo de buques de pasajeros. También es aplicable a la enmienda nº 2 sobre el cumplimiento de los reglamentos del OIEA y sobre las enmiendas núms. 10 y 11, que añadirían a los anexos de la directiva diversos requisitos de seguridad debidos al Código CNI. Sin embargo, la Comisión está examinando varias iniciativas para fortalecer el régimen existente aplicable al transporte de materiales radiactivos, incluida, de ser necesario, legislación vinculante para todos los buques que recalen en un puerto europeo y transporten materiales radiactivos.
Por lo que se refiere a la otra serie de enmiendas, las relativas a la ampliación de los requisitos de notificación a los buques en tránsito, la Comisión considera que las enmiendas núms. 4, 5 y 6 se reflejan ya en la propuesta de directiva del Consejo sobre un sistema europeo de notificación para los buques, el llamado EuroRep, que la Comisión adoptó en diciembre de 1993 y el Consejo tiene aún ante sí. Sería inapropiado y provocaría confusión que la Comisión aceptara la inclusión de esas disposiciones en la Directiva 93/75, mientras pudieran reanudarse en cualquier momento los debates en el Consejo sobre requisitos similares a los descritos en EuroRep. La enmienda nº 7 que obliga a los Estados miembros a intercambiar toda la información recibida habitualmente no es aceptable, ya que daría una sobrecarga de datos a las autoridades nacionales pertinentes, pese a que dicha información podría ser necesaria para fines de seguridad en circunstancias muy excepcionales. Por último, la Comisión no puede aceptar la enmienda nº 12 sobre la presencia de una lista de pasajeros. Sería redundante, pues la directiva del Consejo propuesta sobre el registro de personas que viajen a bordo de buques de pasajeros fue adoptada por la Comisión el 25 de noviembre del año pasado.
En resumen, la Comisión acepta las enmiendas núms. 8 y 9, pero, si bien compartimos las preocupaciones que reflejan, no podemos aceptar las enmiendas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12. Permítaseme concluir de nuevo agradeciendo al Sr. Belenguer y a la Asamblea que hayan facilitado la consecución rápida de una posición común sobre esta importante medida que, evidentemente, tendrá un efecto directo e importante en el transporte por nuestras aguas de mercancías peligrosas y potencialmente contaminantes.

Morris
¿Podría informarnos el Comisario Kinnock de cuándo podría presentar una legislación sobre la cuestión del transporte de material nuclear?

Kinnock, Neil
Agradezco esta pregunta, señor Presidente. Ya está -y lleva algún tiempo- en marcha la labor al respecto. No puedo concretar una fecha absolutamente, porque no deseo confundir a la Asamblea, ni puedo decir siquiera el mes, pero puedo asegurar al Sr. Morris que no se tardará en presentar las propuestas. Si no tiene inconveniente en ponerse en contacto conmigo por escrito, intentaré ser más explícito dentro de unas semanas. Tendré mucho gusto en darle una indicación más firme, cuando la labor haya alcanzado, en nuestra opinión, una fase adecuada de preparación.

El Presidente
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(La sesión, interrumpida a las 20.00 h., se reanuda a las 21.00 horas)

Nueva estrategia marítima
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate sobre el informe del Sr. Danesin, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «Hacia una nueva estrategia marítima» (COM(96)0081 - C4-0237/96) (A4-0067/97).

Danesin
, ponente. (IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, antes que nada, es mi deber agradecer, aunque sea de forma muy rápida, a los colegas de la Comisión de Transportes y Turismo la colaboración prestada tanto a través de sus valiosas sugerencias como con su efectivo trabajo en lo referente a las enmiendas. Dicho trabajo permitió que el informe fuera votado por unanimidad en el seno de la comisión.
Dicho esto, deseo comenzar recordando las cifras que se refieren al tema que estamos tratando: el 90 % de los intercambios entre la Comunidad y el resto del mundo se realiza por vía marítima y en el seno de la Unión Europea dicho porcentaje alcanza el 35 %. La acción de la Unión Europea en favor de la futura estrategia marítima, propuesta por la Comisión, se basa en cuatro pilares: la seguridad, el mantenimiento de los mercados abiertos, la competitividad y las ayudas estatales.
Considero fundamental la cuestión de la seguridad, habida cuenta de que, por un lado, está relacionada con los problemas medioambientales y la protección de vidas humanas y, por el otro, tal como intentaré demostrar, es el punto de partida para seguir manteniendo tanto el empleo de los trabajadores marítimos europeos como la competitividad de nuestras flotas. El factor humano es un elemento clave, ya que aproximadamente el 80 % de todos los desastres marítimos se debe, valga la redundancia, al factor humano. Hoy por hoy, las tripulaciones multilingües empeoran este problema, dado que hacen difícil las comunicaciones en caso de emergencia. En consecuencia, es preciso que se activen todo los instrumentos necesarios para conservar las competencias y fomentar los puestos de trabajo altamente cualificados y la formación de los marinos europeos.
A mi juicio, sin embargo, además de los problemas relativos a la formación, existe en relación al tema que estamos abordando un aspecto estratégico, esto es, los registros y, en consecuencia, los llamados pabellones de conveniencia. En la actualidad, la situación es la siguiente: para un armador matricular un buque bajo un pabellón no comunitario y, sobre todo, bajo «algunos» pabellones, conlleva unas ventajas económicas en materia de coste del personal, impuestos, etcétera, objetivamente enormes. Por consiguiente, si queremos no parecer hipócritas, hemos de reconocer que, en las actuales circunstancias, el problema será de muy difícil solución.
La primera consecuencia será una inevitable pérdida del concepto mismo de marino comunitario y de la competitividad de nuestra flota. La segunda será un inevitable incremento del número de los llamados «barcos carreta» que surcarán nuestros mares, con todas las consecuencias medioambientales fácilmente imaginables.
A pesar de que en reiteradas ocasiones el Parlamento pidiera un plan de ayudas, incluso financieras, para fomentar la actividad en este sector y llegara incluso a una precisa definición del concepto de armador comunitario, sin embargo, las numerosas propuestas ulteriores no han llegado nunca a la fase de legislación a causa de la incapacidad del Consejo para tomar decisiones en esta materia.
¿Cuáles son los instrumentos que, actualmente, pueden emplearse para definir una estrategia marítima a nivel comunitario? Vivimos en una economía de mercado global, por lo que las empresas afectadas viven el vínculo del presupuesto como un factor fundamental. En consecuencia, si las enormes diferencias existentes en materia de costes en favor de las banderas de conveniencia no se compensan, por una parte, mediante rigurosos controles en materia de seguridad y, por otra, con incentivos fiscales, la mayoría de las mejores intenciones estará irremediablemente abocada al fracaso.
Desde este punto de vista, un instrumento sin duda interesante es la directiva »Port State Control». Dicho instrumento permite efectuar controles en el puerto del Estado de destino y, en el caso de que se comprobaran irregularidades, permite imponer sanciones que contemplan incluso la retención del buque. Considero conveniente apoyar con fuerza una task force comunitaria que permita controlar la aplicación real de la directiva por parte de los Estados miembros.
A fin de conseguir los resultados que aquí nos interesan, actualmente, no parece realista obligar a los armadores a contratar personal comunitario, fijando cuotas obligatorias, ya que con ello se fomentaría, por los motivos presupuestarias ya apuntados, el éxodo hacia las denominadas banderas de conveniencia. Por el contrario, sería más oportuno crear, mediante desgravaciones contributivas y fiscales, las condiciones necesarias para que la contratación de marinos europeos fuera competitiva. En consecuencia, la posibilidad de luchar contra la invasión de los registros abiertos depende de que los mismos pierdan las ventajas que disfrutan en la actualidad.
Para concluir, estimo que la Comisión debe promover una verdadera acción de protección de la flota comunitaria. Me refiero al hecho -a mi juicio, hoy inaceptable- de que algunos países no comunitarios que, en la actualidad, disfrutan de ayudas al desarrollo o de otras financiaciones comunitarias, expiden con extrema facilidad certificados oficiales a algunos buques, a sabiendas de los riesgos que esto implica y sin realizar un efectivo control de la funcionalidad de estos barcos.
Considero que, tal como hacen no sólo los Estados Unidos, sino otros países, es preciso tener la fuerza necesaria para imponer alguna fórmula de reciprocidad entre las ayudas concedidas por la Comunidad y el respeto de las normas mínimas requeridas, a fin de proteger tanto a nuestros trabajadores y armadores como el ecosistema de nuestras aguas.

Bernardini
Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando se utiliza la palabra «estrategia» creo que es necesario ser muy prudente, ya que aunque la trayectoria propuesta se oriente hacia objetivos positivos, la experiencia nos ha llevado muy frecuentemente a padecer deficiencias, carencias, y por tanto a atemperar cualquier entusiasmo de salida. En cuanto a los transportes marítimos, la Comisión no se escapa a esta regla. Por ello, en mi calidad de ponente para opinión de la Comisión de Política Regional, les transmito el sentimiento de mis compañeros, que oscila entre la aprobación y la frustración.
Aprobación en primer lugar. Si la Comisión nos presenta un texto destinado a modelar una nueva estrategia marítima, ello se debe a que ésta es plenamente consciente de que las iniciales medidas de 1985 basadas en el libre cambio no han alcanzado en absoluto su objetivo. Este sector económico sufre grandes dificultades derivadas de la mundialización y de la desregulación. La triste cifra del 50 % de pérdida de empleos es una prueba patente. La Comisión tiene razón por consiguiente al reaccionar y orquestar su ofensiva en varios niveles: seguridad, formación, investigación, sistema de ayudas y modernización. Todos estos elementos son determinantes. Deben alentarse e incluso consolidarse.
Hablaba de frustración. Con mucho pesar quisiera compartir con ustedes el hecho de que he sentido la debilidad de la dimensión regional. Ésta ha aflorado, para nuestro gusto demasiado abstracta y, finalmente carente de un razonamiento integral. Muchas regiones de la Unión Europea son marítimas, algunas incluso insulares. Esta particularidad genera o va acompañada de actividades económicas y comerciales.
En este orden de ideas, nos sentimos decepcionados por el hecho de que la Comisión no haya aprovechado la ocasión para hacer balance de su reflexión en lo relativo a la construcción naval, cuando han cambiado los postulados, que han provocado supresiones o reestructuración de los lugares. Lamento que no se haya considerado suficientemente el lugar que ocupan los puertos. Sin embargo, para algunas regiones se trata de la puerta de su territorio, su único instrumento de desarrollo y juegan un papel estratégico en su país o en las regiones del interior. Se han ignorado simple y rotundamente.
Como conclusión, Señorías, agradezco a la Comisión de Transportes que haya tenido en cuenta dos observaciones y espero que esta nueva estrategia no se quede en una teoría suplementaria, de lo contrario, temo que esta nueva edición se quede en un esfuerzo vano.

Holm
Señor Presidente, la Comisión de Investigación ha adoptado unánimemente la opinión que he redactado, y rechaza la reglamentación de la industria naval de la UE que se ha propuesto, siempre y cuando se mantenga una normativa internacional rigurosa en torno a la seguridad y al medio ambiente, además de una tolerancia razonable respecto a los mecanismos nacionales de ayudas. Existen claras e inequívocas aprensiones, por otro lado justificadas, con respecto a la avanzada edad de la flota de la UE, la cual requiere diversas acciones financieras de estimulación, una normativa mejor y mejores criterios en cuanto al rendimiento técnico.
Es importante señalar que son necesarias unas iniciativas de signo global en este ámbito para mejorar la formación de las tripulaciones y su cualificación, y al mismo tiempo, para hacer que resulte menos productivo para los navieros utilizar tripulaciones baratas con menor formación.
Los principios del respeto de la seguridad y el medio ambiente plantean unos requisitos al mercado naval de la UE. Esto quiere decir inevitablemente que el desarrollo tecnológico y de la investigación van a tener un papel clave en este ámbito para garantizar un futuro sostenible y competitivo del sector en diversos terrenos, como el de los astilleros, la seguridad de los buques, los sistemas de propulsión y la prevención de la contaminación de las aguas navegables.
Dentro del IV Programa Marco para la investigación existe un programa especial para el transporte. Se ha dedicado especialmente un apartado a la navegación. La comisión parlamentaria apoya el programa de investigación en este ámbito, pero echa en falta el desarrollo de unos sistemas de propulsión eficaces desde el punto de vista del combustible y respetuosos con el medio ambiente, de una construcción naval eficaz desde el punto de vista del ahorro energético, además de la realización de un programa de investigación más amplio en el terreno socioeconómico para analizar el contexto social en que evolucionan las ciencias y las tecnologías marinas.
La comisión parlamentaria apoya el principio actual del grupo de trabajo en lo relativo a un futuro sistema de navegación, y ruega encarecidamente que se amplíe también al V Programa Marco. La comisión parlamentaria invita a la comunitaria a que destine mayores recursos dentro del V Programa Marco a la investigación sobre modalidades seguras de navegación que respeten el medio ambiente.

Van der Waal
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Transportes y Turismo el colega Danesin ha señalado el gran significado de un sólido sector de la navegación en la Unión Europea. En nombre de la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores deseo antes que nada se preste atención a la posición de la flota europea en el mercado mundial. Un mercado en el que reina esencialmente una enconada competencia que en los últimos años ha llevado al cambio de abanderamiento de un gran número de naves con los denominados pabellones baratos. Este cambio de pabellón tiene consecuencias desastrosas para la Unión Europea. No sólo porque esta última se ve más dependiente en su transporte marítimo internacional de buques de terceros países sino también por la enorme actividad económica que se pierde con ello. Para comenzar en forma de puestos de trabajo, aunque, a la larga, se ven amenazadas igualmente de desplazamiento actividades en tierra. En los Países Bajos se calcula que nada menos que un 70 % del valor añadido del sector de la navegación marítima corresponde a actividades en tierra.
El proceso de cambio de abanderamiento puede ser contrarrestado aumentando el grado de competitividad de los registros de los Estados miembros. En su comunicación propone la Comisión a los países miembros la posibilidad de adoptar a tales fines medidas de apoyo en beneficio de las compañías navieras. Ahora que se ha dejado a un lado la propuesta de Euro-registro, deseo respaldar decididamente la propuesta de la Comisión. Desde enero de 1996 el gobierno neerlandés ha concedido facilidades de pago a empresas marítimas que enarbolan pabellón holandés o que se hallan radicadas en territorio nacional. Esto ha dado por resultado que entretanto unas cuantas decenas de naves han vuelto a navegar con pabellón neerlandés.
Por último, tengo una pregunta específica que desearía plantear al Comisario. En el apartado 33 del informe Danesin queda estipulado que la navegación no debe ser contemplada como una industria sólo al servicio del transporte de importación o de exportación europeo, sino como un sector industrial completamente independiente. Esto difiere grandemente de lo expresado en la comunicación de la Comisión, es decir que la navegación constituye una industria de servicios con una supuesta función derivada. ¿Puede confirmar el Comisario que suscribe lo expresado por la Comisión de Transportes y Turismo?
Para concluir, aún la observación de que lamentablemente a causa del elevado número de pronunciamientos pretendidamente bien intencionados que aparecen en el informe Danesin, las cuestiones principales se ven encubiertas en alto grado por cuestiones secundarias.

Watts
Señor Presidente, en nombre del Partido de los Socialistas Europeos, quisiera acoger con beneplácito este nuevo planteamiento del sector marítimo por parte del Comisario Kinnock. Como él, creemos en una industria marítima pujante para toda Europa. Es decisiva, en nuestra opinión, por razones estratégicas industriales, por razones estratégicas en materia de empleo y para garantizar y mejorar la competitividad de la Unión Europea. Y, naturalmente, hará una contribución decisiva para que cumplamos con nuestras obligaciones medioambientales.
También quisiera felicitar al ponente, Sr. Danesin, por su planteamiento cooperativo e integrado, que ha logrado un apoyo generalizado, no sólo en este Parlamento, sino en toda la industria, de hecho. Estoy seguro de que mañana, cuando llegue a la votación, podremos ofrecer, como Parlamento, al unísono un claro compromiso con el futuro del sector marítimo de Europa.
Sin embargo, afrontamos una grave amenaza. En 1970 una tercera parte de los buques del mundo enarbolaban orgullosos un pabellón de un Estado miembro europeo. En 1994 esa cifra había descendido hasta un simple 14 %. En mi país, en 1979 teníamos 1.200 buques con pabellón británico: hoy el total es de menos de 250. Afrontamos una amenaza enorme, no sólo en puestos de trabajo. En 1970 había un tercio de millón de empleos en toda la UE, hoy apenas 100.000. Dos tercios de la industria del sector marítimo industrial han desaparecido. Pero nuestro Grupo cree que hay un gran potencial. El crecimiento de los trasatlánticos, por ejemplo, ha sido de casi el 7 % por año en todo el mundo en los diez últimos años. Hay una demanda en aumento de servicios especializados y el fomento del sector marítimo entraña claros beneficios medioambientales.
Acogemos con particular beneplácito que la propuesta de la Comisión se base en cuatro elementos fundamentales: en primer lugar, seguridad; en segundo lugar: mantenimiento de los mercados abiertos; en tercer lugar: garantía de competitividad; y, por último, orientaciones claras para la ayuda estatal.
Quisiera dar algunos ejemplos de las razones por las que apoyamos esta nueva estrategia. Respecto de la seguridad, apoyamos plenamente al Comisario en sus gestiones para hacer que los reglamentos no vinculantes de la OMI sean vinculantes y obligatorios en la legislación de la CE. Sobre el mantenimiento de los mercados, apoyemos plenamente su lucha en pro de la consecución de acuerdos internacionales. En cuanto a la garantía de competitividad, creemos en la acción común para promover programas de formación marítima y de investigación e innovación y, en particular, para alentar a los jóvenes a que se orienten hacia esa profesión. Por último, respecto de las ayudas estatales, también nosotros apoyamos la revisión de las directrices en materia de ayuda estatal para que se centren más en el apoyo al empleo, la investigación e innovación y la formación y no en simple prestación de ayuda estatal en general.
Al Parlamento le gustaría también que se insistiera más en varios aspectos. Uno es el de hacer que el control del Estado del puerto sea más eficaz. Hemos de hacer lo que podamos dentro de nuestro ámbito de competencias. Hemos de utilizar más los controles como los del Estado del puerto. En segundo lugar, queremos que se haga más para alentar a los trabajadores a que vuelvan a esa industria, en particular los jóvenes de la UE. Eso entraña mejoras en las condiciones de trabajo y en las jornadas laborales a bordo de los buques. En tercero y último lugar, queremos que se adopten medidas rápidamente para abordar el escándalo de los pabellones de conveniencia, que son una enfermedad, una plaga, que se extiende por todas las industrias navales del mundo y aquí en Europa también. Para que la estrategia llegue a ser realidad y aporte beneficios, puestos de trabajo y una inyección para nuestra economía. Europa tiene un pasado marítimo que constituye un orgullo y estoy convencido de que esta estrategia, trazada por el Comisario Kinnock, pondrá los cimientos para un gran futuro marítimo.

Sarlis
Señor Presidente, Señorías, el Partido Popular Europeo, en cuyo nombre hablo, dará su apoyo al informe Danesin con su voto favorable y al mismo tiempo felicita al ponente.
La comunicación de la Comisión «Hacia una nueva política marítima» es un texto desigual, que por un lado contiene propuestas acertadas y por otro lado bastantes puntos oscuros en lo que respecta a sus verdaderas intenciones. Propone, por ejemplo, levantar el velo societario de las navieras en favor de la garantía de la responsabilidad civil, fiscal y penal derivadas de la explotación de los buques. ¿Acaso la Comisión tiene la intención de extender este levantamiento del «velo societario» a otros sectores de la economía europea, como el de la industria?
Otras propuestas presentadas por la Comisión que causan serias dudas son:
Primero, el establecimiento de criterios comunes que los Estados miembros deban aplicar obligatoriamente con respecto al registro de los buques,
segundo, la abolición del criterio de la nacionalidad del armador como requisito para el registro de un buque;
tercero, la adopción de un conjunto de disposiciones de control del armador antes y durante el registro.
Si todas estas ideas se hacen realidad, tengan por seguro, Señorías, que, fuera del transporte marítimo de corta distancia y de los trasbordadores, no permanecerá ni un buque europeo dentro de los registros.
En otro pasaje, la Comisión anuncia que retirará sus propuestas relativas al registro Euros y al armador comunitario de buques, aunque éstas, como ustedes saben, han sido mejoradas por el Parlamento. ¿Por qué? ¿Con qué intención se retiran estas propuestas?
La Comisión de Transportes elogia y apoya lo que hay de bueno en la comunicación de la Comisión. En cambio, se distancia de otras posiciones de ésta -algunas ya las he mencionado-, respecto a las cuales mantiene serias reservas. Además, insta a la Comisión a que no retire sus propuestas sobre el registro Euros y el armador de buques.
Por último, la propuesta de resolución contiene nuevas ideas para invertir la huida masiva de buques y de armadores de los Estados miembros, tales como la propuesta de que la Comisión examine las consecuencias desfavorables que tiene el transporte marítimo europeo y para el empleo de los marineros europeos el sistema de la Federación Internacional de Transportes, la FIT, conocido como «Black Cutters», que se aplica internacionalmente a los marineros de terceros países que trabajen en buques con pabellón de conveniencia.

Malerba
Señor Presidente, señor Comisario, la industria marítima es realmente estratégica para el comercio mundial y para Europa. Tiene una extraordinaria capacidad de generar otras actividades económicas y representa una de nuestras más antiguas y nobles identidades. La Comunicación de la Comisión y el excelente informe del Sr. Danesin ponen de manifiesto las permanentes dificultades del sector que ha sufrido el cierre de astilleros, el éxodo de los buques de los registros comunitarios y un grave desempleo de los marinos. Con vistas al continuo aumento del tráfico y los intercambios, es preciso invertir esta tendencia ante unas perspectivas que, a mi juicio, tendrán que ser más favorables en el futuro. Uno de los indicadores es la gran densidad de las rutas europeas y de la mediterránea, especialmente a través de Suez, que va camino de volver a ser la arteria principal de los transportes mundiales.
En consecuencia, estoy plenamente de acuerdo con las medidas sugeridas por la Comisión en favor de la formación, el apoyo a la investigación, las tecnologías navales, los sistemas de telecomunicación y de conexión en red de aplicaciones, así como de logística y de control del tráfico, incluida la navegación por satélite, así como en favor de la intermodalidad de los transportes en los puertos, con un especial impulso al transporte por ferrocarril y a las conexiones transeuropeas.
Por el contrario, y en cuanto a contrarrestar el fenómeno de las banderas de conveniencia y de los buques «carreta» inseguros, con tripulaciones explotadas, no me parece que la Comisión haya encontrado todavía soluciones definitivas. Así y todo, estimo que la conexión realizada con las reglas de la seguridad es estratégica y debe ser apoyada, en el frente externo, en la negociación multilateral en el seno de la OIM y, en el frente interno, por las medidas fiscales de fomento.
Espero que la Comisión haga algo con respecto a este tema y suscribo en todos sus puntos el informe del Sr. Danesin.

Wijsenbeek
Señor Presidente, deseo felicitar al ponente que como un navegante veneciano nos muestra la manera en que podemos aún dominar los mares. Tenemos que darnos cuenta que 35 % del transporte interior es marítimo. De este modo corremos el riesgo de su disminución ya que los grandes buques contenedores se ven obligados a amarrar en un solo puerto del continente. Sería neceario pues repartir las cargas por barco más bien que por tierra. Se hace pues necesario, tal como ha sido introducido tanto por el gobierno neerlandés como por este Parlamento en las redes transeuropeas, que también reforcemos la navegación costera. Para ello se hacen necesarias una serie de cuestiones.
En primer lugar un mejoramiento de la formación de la tripulación y un aumento de los costes de ésta. Los Países Bajos han demostrado cómo esto se lleva a efecto. El colega Van der Waal acaba de señalarlo, mediante ventajas fiscales aunque tenemos también que darnos cuenta que las escuelas de navegación deben abrirse, también a candidatos extranjeros.
Así se adoptará un mejor sistema de agrupamiento de la carga de las naves. Tengo el convencimiento que la Comisión debería adoptar esto en el quinto programa marco con vista a poder proceder a ello de modo automatizado.
He repetido aquí además en diversas ocasiones, también durante el debate sobre el informe Sindal, que los contenedores de 45 pies usuales en la navegación también deben ser transportados por tierra. Deberán reducirse los derechos portuarios, aunque en ningún caso, por cuestiones de protección del medio ambiente o seguridad, deberán dar lugar a competencia o a una gestión menos estricta o armonizada.
La Unión deberá seguir siendo consciente de que para una serie de islas y regiones periféricas no existe ninguna otra alternativa a la navegación marítima. De no desplegar esfuerzos extremos tendentes a mantener en vida una navegación comunitaria sana, tanto los grandes puertos principales como las regiones periféricas se verán condenados a situaciones sumamente desventajosas. Como representantes de los ciudadanos no podemos resignarnos a ello. Por este motivo consideramos la comunicación y el informe del colega Danesin un buen punto de partida.

Sindal
Señor Presidente, señor Kinnock, señor ponente, como ya sabrán sus Señorías, me siento muy ligado al tema del transporte marítimo y me tomo la libertad de subrayar que en Europa hemos descuidado su desarrollo. Hemos descuidado el desarrollo de un concepto que nos permita enfrentarnos a los retos del futuro. Hay dos tipos de transporte marítimo, el global y el cercano, y existe una relación entre los dos. Sin uno, no existiría el otro. El transporte marítimo cercano es proveedor del global. Por eso es importante verlo todo como un conjunto.
En primer lugar, quiero referirme al transporte marítimo global. Aunque reconozcamos que navegan relativamente pocos buques europeos en los océanos y que llevan pocos tripulantes europeos, querría subrayar que a escala mundial la mayor parte de los buques siguen controlados por intereses económicos europeos, aunque a menudo a través de registros en terceros países. Los oficiales son europeos, pero las tripulaciones proceden de otras naciones. Nos quejamos de que no se aprovechan nuestras posibilidades económicas, porque sabemos que, en realidad, los buques son propiedad de navieras con sede en las grandes capitales europeas. Hay competencia a escala mundial en lo referente a las normas, a la calidad de los buques, a la seguridad y a las soluciones, pero, Señorías, el transporte marítimo no se mejora rebajando el listón. Se mejora únicamente consiguiendo un transporte de calidad.
Soy de la opinión de que es necesario establecer unas normas OCDE en este ámbito. Tenemos nuestro port state europeo. Debemos ampliar este régimen para dotarlo de validez a nivel mundial. Tenemos las declaraciones de la gente de mar, está el tema de la seguridad y el debate sobre los pabellones de conveniencia. Algunos registros daneses, holandeses y noruegos compiten con estos pabellones, pero, en realidad, da lo mismo: el capital se encuentra en Europa, pero los buques navegan en otros lugares con tripulaciones que no son europeas.
Espero que la Comisión tenga suerte con este debate sobre el transporte marítimo y el futuro. Confío en que con el debate mejore el orden del día. Una posibilidad sería implicar en él a las grandes navieras que operan en Europa para intentar hacerles ver que tienen una responsabilidad, una obligación, junto con nosotros, de garantizar el futuro marítimo de Europa.

Jarzembowski
Señor Presidente, estimadas y estimados colegas, señor Comisario, la Asamblea está de acuerdo en que su Comunicación es un enfoque positivo para el fomento de la navegación marítima europea. La Asamblea también está de acuerdo en que el informe del Sr. Danesin es excelente. Por ello, le ruego me permita realice una observación: en el informe hemos constatado unánimemente que lamentamos profundamente que la estrategia de la Comisión no contenga un calendario para su ejecución y que haya muy pocas propuestas concretas para superar el desafío.
Permítame que añada algo. En el cuarto sector -creación de unas condiciones de competencia justas para la navegación marítima- me gustaría tener pronto su promesa de que va a presentar nuevas propuestas, pues mis colegas de Holanda que han hablado hoy aquí han llamado la atención acertadamente sobre las loables iniciativas del Gobierno holandés. Estamos obligados a crear unas condiciones de competencia justas para todas las navieras de la Comunidad de 15 Estados. No se puede admitir que navieras en otros Estados de la Comunidad, cuyos presupuestos no permiten tales medidas de ayuda como las holandesas, sufran perjuicios porque un país ayude especialmente a su navegación y que además se produzcan cambios de pabellón de un país a otro. No puede ser este el sentido del mercado interior europeo.
Por tanto, señor Comisario, queremos saber si hoy nos puede decir cuándo va a presentar más propuestas concretas y si en dichas propuestas va a decir que tienen que existir unas condiciones de competencia justas entre las navieras, que solamente son posibles si las condiciones marco estatales son las adecuadas. O los restantes 14 Estados -excluyamos a Luxemburgo-, los restantes 13 Estados se adhieren a las normas fiscales holandesas, o deberemos recapacitar sobre si las normas holandesas son compatibles con la Comunidad, pues no puede ser que se perjudique a la gente de mar y a las empresas porque no existen unas condiciones de competencia unitarias. Espero muy atentamente su respuesta.

Paasio
Señor Presidente, el informe del Sr. Danesin sobre una nueva estrategia marítima es un documento amplio y general, percibiéndose que ha examinado el asunto detalladamente. Su tema central es, justificadamente, el establecimiento de una amplia colaboración y el objetivo de crear una organización a escala mundial. Sin embargo, conviene considerar que en el informe no se examina en absoluto una dimensión importante y esencial de la colaboración que tiene incluso una importancia decisiva para garantizar la seguridad marítima. Me refiero a la cooperación con los sindicatos de los trabajadores del mar. Estos realizan en su ámbito propio un trabajo importante en los mares y en los puertos, con objeto de que el funcionamiento de los buques tanto en su aspecto técnico como de tripulación sea lo mejor posible.
En el informe se concede gran atención precisamente a esos mismos factores que ponen en peligro la seguridad marítima y que han combatido durante decenios los sindicatos de los trabajadores del mar. Entre estos se encuentran la escasez de tripulación o su ausencia total de formación, el mal estado de los barcos con las deficientes condiciones de trabajo que ello conlleva, por lo que la motivación laboral de la tripulación no puede ser la mejor posible, así como otras muchas cuestiones similares. Por consiguiente, es natural que la gran experiencia a escala mundial que poseen los sindicatos de los trabajadores del mar en la consolidación de la seguridad marítima se aproveche al máximo. Cuando en el marco de la Unión Europea se establezca una nueva estrategia marítima y se intente influir sobre su reglamentación a escala mundial, cabe esperar que esa dimensión se integre íntegramente en el examen ulterior del asunto.
La cuestión es, fundamentalmente, en qué medida se permitirá a las llamadas fuerzas del mercado influir sobre las condiciones y circunstancias marítimas. Es posible distinguir entre unos mercados marítimos lo más abiertos posibles y unas fuerzas del mercado que influyen perjudicialmente sobre la seguridad marítima. Para esas últimas es posible establecer tales normas con la resolución común, con el convenio y con un control suficientemente eficaz, para que la mera maximización miope del beneficio económico a corto plazo no se convierta en un factor que haga peligrar la seguridad marítima.

Stenmarck
Señor Presidente, es de la mayor importancia que encontremos unas vías para que pueda desarrollarse la industria naval en Europa y seguir siendo al mismo tiempo más segura y competitiva. Esta industria representa el 90 por ciento de los transportes hacia el exterior de la Unión. Con ello constituye además una vía importante hacia el libre comercio, por lo cual es de la mayor urgencia para nosotros que se agilice el transporte marítimo.
No obstante, existe en mi opinión un ámbito que le falta a este informe; es el de la responsabilidad que tiene el transporte marítimo cara a la solución de los problemas medioambientales que el mismo origina. En un proceso de este carácter, y dado que la Comisión intenta de modo encomiable adoptar unas medidas de conjunto con respecto al tráfico por vías navegables, es importante que no olvidemos los problemas medioambientales.
El mar Báltico presenta actualmente una situación a todas vistas grave con respecto al medio ambiente. Se trata de uno de los mares más contaminados de Europa, y el transporte marítimo detenta una gran parte de la responsabilidad por este hecho. Solamente en aguas suecas se han producido más o menos 500 escapes de petróleo al año en fechas recientes. Esta es una curva que asciende catastróficamente y que exige unas acciones urgentes, lo cual no parece haber entendido la Comisión. Esto afecta en una medida nada despreciable a los nuevos países que lindan con el Báltico. Seguramente, una de nuestras tareas más vitales es esforzarnos por que la mayor parte de ellos se convierta en miembro de la UE en el futuro, de modo que el Báltico esté rodeado por países de la UE. Entonces podremos plantear unos requisitos mucho más rigurosos. A corto plazo, una acción sencilla sería, como ya es costumbre en Dinamarca y Suecia, hacer posible que se deponga petróleo gratis en cada puerto. Esta es una medida encaminada a solucionar el problema a la que todos deberíamos poder prestar nuestro apoyo.
Me permito finalizar formulando la siguiente pregunta a la Comisión: ¿Tiene la intención de presentar una propuesta para solucionar los problemas medioambientales que causa la industria naval?

Cornelissen
Señor Presidente, deseo felicitar al Sr. Comisario y al colega Danesin por la elección que han hecho ambos de una estrategia marítima europea. De este modo se hace énfasis en el enorme interés que reviste la navegación. El mejoramiento de la capacidad competitiva de la flota europea combinada con un incremento de la seguridad constituyen a mi parecer los objetivos fundamentales en esta política. Desearía abordar dos puntos.
En primer lugar el cambio de abanderamiento de barcos. Esta práctica debe ser combatida con toda energía. No podemos resignarnos con el hecho de que la mitad de las naves de la UE enarbole pabellones baratos. Esto perjudica no sólo el empleo sino también a la seguridad, dando lugar además al desplazamiento de actividades económicas. ¿Podría dar el Comisario un estimado de la medida en que el cambio de abanderamiento podría ser contrarrestado por las medidas propuestas?
Mi segunda observación se refiere a la flota de dragado. La flota europea de dragado goza de una excelente reputación en la instalación y el mantenimiento de puertos en todas partes de mundo siguiendo métodos respetuosos del medio ambiente. ¿Desearía prometer el Sr. Comisario que en la elaboración de las medidas propuestas se prestará también atención a la competitividad de la flota europea de dragado? A esto respeto desearía preguntarle igualmente sobre la situación del acceso de esta flota al mercado norteamericano. ¿Sigue estando excluido este acceso por una interpretación sumamente curiosa de la denominada «ley Jones»? ¿Desearía el Comisario analizar estas cuestiones y, de revelarse necesario, proceder a conversaciones con las autoridades norteamericanas?
Desearía pedirle por último al Sr. Comisario se llevase a cabo una armonización de los procedimientos y la normativa relativa al transporte entre los puertos europeos habida cuenta la importancia que reviste la navegación costera.

Kinnock, Neil
Señor Presidente, permítaseme en primer lugar elogiar a la Comisión de Transportes y a las demás comisiones participantes en este informe y, naturalmente, expreso mi agradecimiento particular al ponente, Sr. Danesin, por la labor que él y sus colegas han llevado a cabo.
La propuesta de resolución que la Asamblea tiene ahora ante sí demuestra un compromiso real con el avance de la labor relativa al documento sobre la estrategia marítima. Se ha reflejado en la mayoría de las contribuciones habidas durante el debate y, naturalmente, me complace que la resolución coincida substancialmente con el planteamiento adoptado por la Comisión. Como ha de saber la Asamblea, he basado mis reflexiones en el documento estratégico sobre el papel de la industria naval en el mundo, en sus dificultades como industria global y en nuestro deseo común de mantener la industria y la mayor cantidad posible de puestos de trabajo de los marinos europeos. Hay quienes afirman, aunque, por fortuna, no en este Asamblea, que en cierto modo los objetivos de competitividad y empleo son mutuamente excluyentes. Creo que esa opinión es derrotista y equivocada, por no decir reaccionaria, por lo que me complace tomar nota de que la gran mayoría de las observaciones sobre el Libro Blanco reflejan una opinión similar. Me complace reconocer que la propuesta de resolución apoya la nueva estrategia y sus tres pilares principales.
El primer pilar es la competitividad de la flota europea. Todos convenimos en que eso es esencial y todos sabemos que existe la competencia necesaria. Pero unas condiciones desfavorables de funcionamiento en un frente amplio y durante varios años han provocado una pérdida de competitividad de nuestra industria de transporte marítimo. Como han de saber Sus Señorías y han señalado algunos en el debate, los resultados han sido muy negativos. En primer lugar, la adopción de pabellones extranjeros ha reducido en gran medida el número de marinos europeos tanto en las categorías de oficiales como en las de marineros. En segundo lugar, ello ha tenido repercusiones en el empleo en tierra, en particular en las tareas en las que la experiencia en el mar es de gran valor. En tercer lugar, las industrias de transporte y conexas gravemente afectadas han optado simplemente por trasladarse a países exteriores a la Comunidad, lo que ha provocado, evidentemente, otras pérdidas de empleos. Así, pues, la competitividad es fundamental para el éxito en el futuro, como se reconoció claramente en la Conferencia de Dublín.
No habría sido realista esperar que de aquella o cualquier otra reunión resultaran respuestas instantáneas a los profundos problemas del empleo de los marinos europeos. Pero la conferencia sí que contribuyó a determinar las cuestiones que merecen una mayor y urgente atención. Entre dichas cuestiones, figuran claramente la utilización de incentivos y apoyo financiero -mencionada por varios oradores en el debate- y también la necesidad de hacer que las generaciones jóvenes conozcan mejor las oportunidades de carrera. En esta resolución que la Asamblea tiene ante sí se hace referencia atinadamente a esos factores.
La cuestión de las ayudas estatales es, evidentemente, pertinente para estos asuntos y comunico a la Asamblea y, en particular, al Sr. Jarzembowski, que, tras haber tenido en cuenta las observaciones hechas por los Estados miembros, por la industria y ahora por el Parlamento, la Comisión está actualmente ultimando nuevas directrices. Estarán listas dentro de muy poco. Comprendo la observación hecha por el Sr. Jarzembowski sobre la substancia y los detalles en el documento estratégico y comparto su deseo de propuestas concretas, como ha dicho. Lo que yo quería evitar era propuestas concretas que, en realidad, naufragaran. Por eso, en un documento estratégico expusimos los pilares de la política como lo hicimos con la esperanza -con el convencimiento, de hecho- de que propiciara un debate intenso y la adopción de medidas suplementarias. Así ha sido sin duda hasta ahora y no tengo intención de que quede ahí la cosa. El aliento que recibo de esta Asamblea, incluido el Sr. Jarzembowski, de proseguir adelante es en verdad digno de beneplácito.
Me complace acoger con beneplácito el apoyo a nuestras reflexiones en la esfera de las relaciones exteriores. Todos convenimos en la necesidad de mercados mundiales abiertos. Está claro que en esas condiciones la Comunidad debe laborar en pro de nuestros intereses, en particular puesto que somos un mercado abierto por lo que se refiere a los competidores de terceros países. Lo más lógico es esperar que ellos hagan lo mismo. Como ha de saber la Asamblea, recientemente se ha publicado nuestra comunicación específica sobre las relaciones marítimas exteriores y espero con interés las observaciones de Sus Señorías sobre dicha comunicación a su debido tiempo.
El tercer pilar de nuestra estrategia vinculaba la seguridad con la competencia leal. Conviene subrayar esa relación, al tiempo que seguimos insistiendo en la necesidad urgente de lograr un transporte marítimo de calidad en todos los sectores de la industria marítima. No cabe duda de que los diferentes sectores del transporte marítimo se ven afectados en diferentes grados por las empresas cuyas actividades carecen de seguridad, pero, dondequiera que se den, se les deben denegar las ventajas competitivas inaceptables que ahora obtienen al pasar por alto la seguridad de los seres humanos, de los buques y del medio ambiente. A los marinos, los trabajadores portuarios, el público en general y todas las empresas que observan los reglamentos les interesa velar por que se adopten medidas eficaces contra quienes infringen los reglamentos, ponen, así, vidas en peligro y obtienen ventajas comerciales. Agradezco el apoyo firme y de antiguo de la Asamblea a este asunto.
Por último, los puntos 7 y 32 de la resolución piden a la Comisión que emprenda o patrocine un estudio a fondo sobre los procedimientos de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte. He de comunicar a la Asamblea que la Comisión no tiene competencia jurídica real alguna en ese sector. Los procedimientos de la ITF se basan en acuerdos de negociación colectiva entre las partes interesadas y, en consecuencia, son competencia de la legislación laboral de los Estados miembros. A partir de la información de que se dispone actualmente, la Comisión no ve razón para llevar a cabo investigación suplementaria alguna a ese respecto. Así, pues, lamento decir que la Comisión no puede aceptar esa propuesta de la resolución. Espero que la Asamblea entienda estas razones y no insista al respecto.
Uno de los párrafos del informe del Parlamento mencionados durante el debate ha sido el 35, sobre el que el Sr. van der Waal ha preguntado si la Comisión está de acuerdo con él. Respondo muy concretamente: sí, estamos de acuerdo y espero que ni el Sr. van der Waal ni otros cuyo interés en este asunto es perfectamente sabido, en verdad, interprete referencia alguna en nuestro documento estratégico en el sentido de que reduzca de categoría o asigne un papel secundario a la industria del transporte marítimo. Es una industria independiente, que tiene su identidad propia, y debe laborar en pro de sus intereses como industria. Con ello, prestará un servicio al resto del mercado del transporte y a muchos otros mercados también. Concluyo mi respuesta concreta al informe expresando mi agradecimiento por el informe del Sr. Danesin, que ofrece a la Comisión un aliento digno de agradecer.
Tal vez podría emplear un poquito más del tiempo de esta Asamblea para responder a algunas preguntas interesantes que se han formulado durante el debate. He de decir al Sr. Stenmarck que acojo con beneplácito las cuestiones que plantea relativas al medio ambiente. Puedo responder diciendo que la Comisión basa sus medidas concretas en materia de seguridad y medioambientales en la mayor medida posible en las normas internacionales en vigor. A ese respecto el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, el llamado Convenio Marpol, establece normas en el nivel internacional sobre la prevención de la contaminación por, entre otras cosas, petróleo, aguas residuales y basura procedentes de los buques. En la Unión Europea se están celebrando debates sobre la posibilidad de complementar las disposiciones de ese convenio internacional con reglamentos de la Unión Europea sobre las emisiones de gases de tubos de escape, además de sobre el asunto al que me he referido.
A este respecto, la respuesta de la Comisión a una petición formulada en el Consejo de Medio Ambiente celebrado en diciembre de 1995 será la de presentar una comunicación sobre una estrategia comunitaria para luchar contra la acidificación. Figura en ella un capítulo relativo a las medidas relativas a las emisiones debidas al transporte marítimo. Se propone someter a control, con arreglo al Convenio Marpol, el contenido en azufre de los combustibles sulfurosos, por ejemplo el óxido de azufre, pese a que no está sujeto a norma internacional alguna.
A la luz de lo dicho y de lo que he comunicado a la Asamblea y del problema de las emisiones que contaminan el aire, en particular las debidas a los transbordadores en el mar Báltico y en el mar del Norte, planteado concretamente por el Sr. Stenmarck, la Comisión está observando la evolución de la situación en la OMI con vistas al reconocimiento de esos dos sectores como sectores especiales para las medidas en materia de contaminación atmosférica relacionada con las actividades de transporte marítimo. Si en la OMI no hubiera resultados satisfactorios, estamos dispuestos a adoptar las medidas apropiadas.
El Sr. Cornelissen ha formulado también una pregunta sobre la industria dragadora. La falta de tiempo me impide responder a las otras observaciones que ha hecho. He de decir que el documento estratégico no abarca, como ha dicho, la industria dragadora, pero eso no significa ni por un segundo que la Comisión pase por alto los intereses y la importancia de esa industria. Evidentemente, sería una insensatez no reconocer su decisiva importancia estructural. Hace aportaciones directas al Foro Internacional de las Industrias Marítimas y se muestra particularmente activa en el grupo de trabajo sobre los recursos marinos.
Por lo que se refiere al contacto con la industria, en un futuro muy próximo voy a celebrar una reunión, ya concertada, con representantes de esa industria en la Unión Europea. Por último, sobre el punto relativo a las relaciones exteriores, es evidente que hasta ahora sólo tenemos mandatos de negociación con India y China, pero en todas las negociaciones -puedo asegurárselo al Sr. Cornelissen y al resto de la Asamblea- se tendrán en cuenta sin lugar a dudas los intereses de la industria dragadora europea, que ofrece una ejecutoria muy competitiva y niveles excelentes, independientemente del carácter actual de la legislación relativa a ella en otras partes del mundo. Creemos que puede ofrecer algo, que merece oportunidades y que una concepción equitativa del comercio exige que tenga acceso a los nuevos mercados.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Intervenciones estructurales en el Reino Unido
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe de la Sra. McCarthy, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo y las intervenciones estructurales en el Reino Unido en el período 1994-1999 (A4-0126/97).

McCarthy
Señor Presidente, señoras y señores diputados, mi informe sobre la aplicación de los Fondos estructurales en el Reino Unido es el resultado de una consulta muy amplia a los usuarios y a los solicitantes de Fondos estructurales de la UE. Se enviaron más de 2.000 cartas y cuestionarios a los copartícipes de las regiones y yo participé en más de veinticinco horas de audiencias en nueve lugares diferentes de todo el Reino Unido. Se solicitó la opinión de nueve regiones. Se presentaron a mi despacho más de 300 testimonios escritos. Los grupos consultados y participantes en este informe eran muy diversos -cámaras de comercio, consejos de formación de las empresas, el sector del voluntariado, los organismos de desarrollo económico, universidades, organismos locales, consejos de desarrollo rural- y se celebraron entrevistas con departamentos gubernamentales.
En vista de ello, no puedo arrogarme todo el mérito por este informe. No es un informe mío personal. Refleja en gran medida las opiniones de los ciudadanos de las regiones. Por último, en marzo celebramos una audiencia en el Parlamento Europeo con un miembro experimentado de la comisión de investigación de la Cámara de los Lores sobre los Fondos estructurales en el Reino Unido y del Fondo de Cohesión en la UE. Presentaron sus conclusiones preliminares a nuestra comisión. De hecho, fueron notablemente similares a las recomendaciones que figuran en este informe, en particular respecto de los problemas de los retrasos y la burocracia.
Fue lamentable que el Gobierno del Reino Unido optara por no enviar a un representante político, pero, por fortuna, pudimos contar con la presencia de un funcionario radicado en Bruselas que leyó una declaración, en lugar de aceptar la política de la silla vacía. Quisiera agradecer a todos los representantes del espectro político que asistieron y prestaron testimonio. He añadido un documento de trabajo de 50 páginas en el que he intentado reflejar verazmente sus opiniones.
Quisiera recordar al Grupo del Partido Popular y a sus miembros conservadores que abstenerse o votar en contra de este informe sería pasar por alto y menospreciar las opiniones de los copartícipes locales en el terreno, si bien el Gobierno del Reino Unido no es ajeno a ese proceso en la gestión de los fondos.
Quisiera decir que los fondos de la UE han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la cohesión económica y social en el Reino Unido. El resultado ha sido el de que se han creado o mantenido 240.000 puestos de trabajo, en particular en regiones del objetivo 2, y quisiera decir que son una clara expresión de la solidaridad europea para con las regiones en declive y las regiones rezagadas del Reino Unido. Sé que el Grupo del Partido Popular no quería que usara ese término en mi informe.
Constituyen un modelo del planteamiento colaborativo del desarrollo económico. Cuentan con el beneplácito de los copartícipes en las regiones y han estimulado nuevos partenariados innovadores. De hecho, han colmado el vacío y la ausencia de una política regional estratégica en el Reino Unido y han compensado en parte el planteamiento que el Gobierno ha hecho del desarrollo regional propio de un concurso en el que el ganador se lo lleva todo. Los copartícipes han acogido con beneplácito ese marco estratégico, que constituye un importante catalizador en pro del desarrollo económico regional.
También han brindado nuevas oportunidades a las comunidades locales y al sector del voluntariado para participar en proyectos. A ese respecto quisiera felicitar a la Comisión por haber creado nuevos modelos de procedimientos excelentes. La iniciativa de los senderos de Merseyside, la iniciativa RECHAR en Sheffield Manor Estate, el partenariado de East Durham y el Programa de Paz y Reconciliación en Irlanda del Norte. También tenemos ejemplos de actualización excelentes en las secretarías independientes de Escocia y en el final de la reducción por arriba de las aportaciones a los programas de Merseyside con cargo al Fondo Social Europeo.
Como ya he dicho, han aportados fuentes suplementarias de regeneración que, en vista de las continuas reducciones y la falta de inversiones del Gobierno en las regiones, han hecho una contribución decisiva y, en algunos casos, han propiciado una dependencia excesiva de los fondos de la UE. Debe quedar constancia de que la inversión estatal en las regiones del Reino Unido ha disminuido desde 1984 en un 75 %. De hecho, en 1995 los fondos de la UE representaron la mitad del presupuesto para regeneración, que es el principal fondo de inversión para nuestras regiones. De modo que, como pueden ver Sus Señorías, están colmando las lagunas en el Reino Unido. En casos en que debería haber fondos adicionales, con frecuencia colman un vacío en realidad.
Los problemas reales que encontramos en las regiones se centran en la mala gestión de los fondos por parte del Gobierno. Los copartícipes afrontan con demasiada frecuencia la pesadilla del papeleo, demasiada burocracia. De hecho, el plan de Michael Haseltine, »Regional Challenge» , fue muy criticado, pues produjo más burocracia y más papeleo. El Gobierno no ha facilitado aún a la Comisión una evaluación del importe de dicho plan. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, en la asignación de los fondos y los organismos encargados de la adopción de decisiones son administrados como organismos gubernamentales con pocos representantes elegidos, si bien he de decir que las presiones de esta Asamblea y de otros colegas de todas las regiones han contribuido a que lográramos algunos avances en la participación de miembros elegidos en los comités regionales ingleses.
Tengo algunos ejemplos -en realidad, tengo muchos y no puedo darlos todos esta noche- de la letanía de desastres provocados por los retrasos en el Fondo Social Europeo. Es una lástima que el Comisario Flynn no esté presente esta noche para responder a algunas de estas preguntas. La mayoría de ellos se deben a la incompetencia gubernamental. Una universidad de East Midlands ha arrostrado la pérdida de 156.000 libras de subvención. Uno de mis organismos locales ha pagado 31.000 libras en intereses y el sector del voluntariado está ahora convencido de que el esfuerzo de solicitar esos fondos carece de valor práctico. Si este Gobierno no puede hacer trabajar fondos por valor de 1, 6 millones de libras, ¿por qué habría de confiársele un gasto público de 300.000 millones de libras en fondos del Reino Unido?
A consecuencia de ello, los copartícipes están acumulando pagos importantes de tipos de interés. Un gestor de un partenariado público/privado dijo: »Hemos pagado tanto en descubiertos y cargas bancarias, que estamos pensando en la posibilidad de adoptar una submedida para el programa: apoyo a las instituciones financieras». Se trata de una observación cínica, pero revela su frustración con el sistema. En Escocia pagaron, tan sólo en 1995, casi medio millón de ecus en intereses. Y, sin embargo, se nos dice que la economía británica experimenta un auge. ¿Cómo es que desde 1994 casi el 50 % de la población del Reino Unido vive en zonas que reúnen los requisitos para recibir asistencia financiera europea? Eso es un fracaso, no un éxito. No es un éxito resonante. Nos recuerda ineludiblemente el estado real de la economía británica.
Como se decía en el informe sobre la cohesión, la pobreza ha aumentado en el Reino Unido. Ahora tenemos a 17, 5 % de las familias viviendo por debajo del nivel de pobreza y uno de cada tres niños vive en la pobreza en el Reino Unido. La pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cómo estaría Gran Bretaña sin los Fondos estructurales europeos? ¿Cuánto mejor habría podido estar, si el Gobierno británico hubiera demostrado un compromiso real con el partenariado? Así, pues, pido a esta Asamblea que vote a favor de mi informe y a favor de una mejora de la democracia, de la rendición de cuentas y de una utilización más eficaz de los Fondos estructurales de la UE.

Chichester
Señor Presidente, habría estado bien que hubiera podido elogiar al ponente por su obra. En cambio, tengo que deplorar la manipulación del calendario parlamentario para presentar este informe a este miniperíodo de sesiones y el descarado sesgo partidista de gran parte del texto. Acabamos de oír una muestra.
Es de lamentar que los socialistas hayan incumplido la costumbre de no hacer un informe sobre el propio país. Resulta totalmente excepcional que el calendario de un informe como éste, que no versa sobre un asunto legislativo urgente, se acelere hasta el punto de que se presente en Pleno tan sólo dos semanas después de que se haya votado en comisión. Cualquiera pensaría que en el Reino Unido se van a celebrar elecciones y los socialistas desean aprovechar este Parlamento con estrechez de miras para apuntarse puntos políticos nacionales. Así es, desde luego, en el caso de este informe.
Condeno en particular que la ponente socialista haya tenido la desfachatez -más propia del antiguo laborismode criticar a su país simplemente para apuntarse tantos frente a sus oponentes políticos y con ello haya ultrajado la tradición del consenso de esta Asamblea. Decir que el Reino Unido tiene un crecimiento y una productividad bajos es una farsa tergiversadora, cuando la economía del Reino Unido está experimentando un auge con reducción del desempleo y aumento de la prosperidad.
Peor aún para mi gusto ha sido la desdeñosa referencia a la labor de los funcionarios que preparan las estadísticas sobre el empleo. Constituye una difamación dar a entender que sus cifras no representan fielmente la situación. Para ser justos, hay que reconocer que en este informe hay muchos elementos atinados. Por eso resulta tanto más lamentable que la ponente haya dado rienda suelta a sus instintos propios del antiguo laborismo y haya atacado a su país de ese modo, con lo que ha echado a perder este informe.

Ahern
Señor Presidente, si se permite a una irlandesa entrometerse en este debate y tratar de apaciguar los ánimos, voy a referirme exclusivamente a asuntos europeos. Acojo con particular beneplácito este informe y su insistencia en la administración regional de los Fondos estructurales. Por mi experiencia y desde mi perspectiva propia de los Verdes, se trata de una forma muy eficaz de abordar esos fondos y puede ser más eficaz que la administración nacional.
Se ha demostrado en toda esta Comunidad que, en particular cuando se abordan los problemas del desempleo, la administración local puede ser muy eficaz para gestionar los fondos europeos. La ponente se refiere a la experiencia de Escocia, donde las autoridades locales llevan la iniciativa en la planificación junto con otros copartícipes, cosa que ha sido positiva. En Irlanda necesitamos más regionalización y menos centralización. La insistencia de este informe en la descentralización es muy digna de beneplácito desde una perspectiva europea.

Nicholson
Señor Presidente, quisiera acoger con beneplácito este informe. Felicito a la ponente. Sé que ha trabajado denodadamente durante un largo período para presentarnos este informe esta noche. Ha celebrado audiencias en todo el Reino Unido, incluida Irlanda del Norte. Por desgracia, no estuvo dispuesta a invitar a personas del Irlanda del Norte a la audiencia de Bruselas, pero no voy a pelearme con ella por eso esta noche.
En el Reino Unido ha habido desde hace mucho preocupación y debates a propósito de la posición del Gobierno respecto de sus programas y su aplicación. La utilización de dichos programas siempre ha sido motivo de preocupación, sobre todo cuando entraña la adicionalidad. Ése ha sido uno de los mayores motivos de preocupación. Se trata de un sector que inspira grandes recelos, no sólo en mi provincia de Irlanda del Norte, sino también en todo el Reino Unido. Es algo que se debe resolver. Debe haber más transparencia y objetividad por lo que se refiere a los fondos regionales.
La centralización en Londres no funciona. El control en última instancia por parte del Ministerio de Hacienda no funciona sin lugar a dudas y debe cesar. De modo que estoy totalmente de acuerdo con la Sra. McCarthy al respecto. También estoy totalmente de acuerdo con ella sobre la cuestión de una mayor participación de los ayuntamientos y de las autoridades locales. En ellas se dará mayor transparencia y rendición de cuentas gracias a que las personas que los componen saben lo que sucede en realidad. En Irlanda del Norte tenemos partenariados de distrito con arreglo al Foro por la Paz y la Reconciliación. Han tenido un gran éxito. Ayer por la mañana en mi circunscripción, personas que antes no podían abrigar esperanzas de hacer la menor aportación a los asuntos europeos me recibieron como su representante europeo y me expresaron su alegría por verme allí. Expresaron su alegría de que Europa pudiera aportar fondos para zonas como Castlereagh y otras partes de la provincia.
Tengo que hacer una observación crítica. Yo fui miembro de la Comisión de Política Regional durante cinco años y he de decir, con todo respeto, que correspondía a la Sra. McCarthy preparar ese informe. En el futuro cuando la comisión nombre a sus ponentes, debe velar por que no procedan del Estado miembro sobre el que verse el informe. Los ponentes deben ser imparciales y el Parlamento debe adoptar ese principio en el futuro.

Crampton
Señor Presidente, felicito a la Sra. McCarthy por su excelente informe y también por la investigación que ha hecho para prepararlo. Raras veces he visto un informe para la Comisión de Política Regional fundamentado en una investigación tan a fondo.
Se trata de un asunto muy difícil: primero, porque es difícil examinar en detalle los Fondos estructurales en cualquiera de los Estados miembros. En segundo lugar, resulta particularmente difícil en el caso del Reino Unido. ¿Por qué es así? Tenemos todos los problemas que la Sra. McCarthy ha expuesto en líneas generales. La falta de partenariado: lo sé, porque trabajo en una zona de objetivo 2 y veo que suceden esas cosas. Hay falta de partenariado en muchas zonas y una falta casi total de democracia en los comités de supervisión de los programas. Seguimos teniendo problemas con la adicionalidad, a los que se suma el problema de que el Gobierno británico ha privado a la administración local de hasta los menores fondos que se puedan utilizar para acompañar la financiación estructural. Sólo le queda lo que debe utilizar para sus funciones reglamentarias.
Conque han de recurrir a cosas como la lotería. Dios mío, estamos aquí en el Parlamento Europeo y uno de nuestros Estados miembros recurre a la lotería para la financiación regional, mientras sigue habiendo personas que duermen en la calle. Es ridículo. Está mal y debemos decirlo. El informe expresa claramente una preocupación que el Sr. Nicholson ha mencionado, a saber, que carecemos de gobierno regional. Carecemos de democracia en el nivel local en Gran Bretaña y espero que al menos eso empiece acabarse a partir del 1º de mayo.
Hay otro problema en el Reino Unido. Ha abandonado su propia política regional casi totalmente. No es de extrañar que el desfase entre las regiones más ricas de Gran Bretaña y sus regiones más pobres siga aumentando. No me cabe duda de que, si persisten esas políticas, seguirá aumentando.
Por último, tenemos que aceptar que la financiación regional europea y la del Estado miembro es una intervención en el mercado y, si subscribimos total y completamente los principios del mercado, no se acabará con ese desfase. Tiene que haber algunas limitaciones a las fuerzas del mercado. De lo contrario, nunca habrá cohesión en la Unión Europea.

Crawley
Señor Presidente, acojo con beneplácito el excelente y extenso informe de Arlene McCarthy. Es un análisis espléndido del papel desempeñado por los Fondos estructurales en la creación de un cuarto de millón de puestos de trabajo en el Reino Unido entre 1989 y 1993, en su contribución a la reducción de la grave disparidad entre ricos y pobres, exacerbada por las decisiones políticas adoptadas por el actual Gobierno británico, a que se han referido mis colegas.
En un momento de escepticismo cada vez mayor sobre la eficacia de la Unión Europea, resulta esencial destacar la positiva contribución que los Fondos estructurales y las iniciativas comunitarias han hecho a la cohesión económica y social, al fomento de nuevos partenariados y al desarrollo del empleo y de las empresas. Sin embargo, el informe de la Sra. McCarthy explica muy clara y atinadamente lo que falla en los procesos que dependen del actual Gobierno del Reino Unido y que han obstaculizado el funcionamiento eficaz de los fondos.
En mi circunscripción de Birmingham, acabamos de enterarnos de la triste historia de las solicitudes con arreglo al objetivo 3. El proceso de presentación de solicitudes con arreglo al objetivo 3 del FSE ha estado este año erizado de problemas espantosos. El Departamento de Educación y Empleo no envió los discos informáticos interactivos preparados por la Administración para los solicitantes hasta el 14 de febrero, cuando la fecha límite para la presentación de solicitudes era el 10 de marzo. Ni siquiera entonces se habían probado adecuadamente los discos y no funcionaban adecuadamente.
Una semana después de la fecha límite para la presentación de las solicitudes, el organismo local del Ayuntamiento de Birmingham recibió una revisión de las directrices sobre evaluación para los criterios de selección, lo que significó que hubo que rehacer todas las ofertas iniciales del Ayuntamiento de Birmingham.
Ésa no es la forma de administrar los Fondos estructurales ni de administrar un país. Tal vez el Sr. Chichester desempeñe el papel de caricato, además del de diputado al Parlamento Europeo.

Donnelly, Alan John
Señor Presidente, hay dos cuestiones importantes que abordar aquí, en particular para los diputados de los escaños de enfrente, porque se ha hecho la acusación de que se trata de un informe partidista.
En primer lugar, quisiera citar el testimonio aportado por las delegaciones regionales de la CBI. Tal vez el Sr. Chichester podría comprobarlo en el extenso informe que la Sra. McMarthy ha elaborado. En el testimonio que prestaron a la investigación realizada en el Reino Unido, las delegaciones regionales de la CBI afirmaron que no se les escuchó, que no participaron verdaderamente en los procedimientos y que un gobierno comprometido con la comunidad empresarial dio grandes sumas de dinero a las empresas de servicio público privatizadas del Reino Unido y no a pequeñas y medianas empresas. Las organizaciones empresariales regionales citaron la cifra de 435 millones de libras. No cabe duda de que incluso el Sr. Chichester y sus colegas del PPE han de reconocer que, cuando las organizaciones empresariales regionales se quejan de la forma como se asignan esos fondos, han de escuchar lo que se les dice.
Además, un funcionario con mucha antigüedad y recientemente jubilado presentó testimonio a la Sra. McCarthy. En su testimonio escrito dijo que había pruebas claras de retrasos en la adopción de decisiones por parte del Gobierno británico, información inadecuada a los posibles solicitantes, sistemas deficientes o inadecuados de bloqueo de las solicitudes, evaluación inadecuada de las solicitudes y un conflicto potencial entre los solicitantes y los encargados de la adopción de decisiones, en particular en el caso del propio Gobierno, como gestor de los programas y encargado de su ejecución. Hubo un conflicto de intereses en el que el Gobierno era el gestor de los programas y el encargado de su ejecución.
No se trata de un informe partidista. Es un informe honrado, elaborado tras realizar una amplia investigación. Se puede consultar el documento de antecedentes y espero que todos los diputados a esta Asamblea comprendan el desastre que son los Fondos estructurales en el Reino Unido y cómo se manipula ese dinero.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, señoras y señores, quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión de Política Regional y a su ponente, la Sra. McCarthy, por el excelente informe sobre las intervenciones estructurales en el Reino Unido. Este informe muestra de un modo ejemplar la importancia del papel que puede desempeñar el Parlamento Europeo en la política estructural europea si no solamente se deja guiar por las informaciones proporcionadas por los servicios de la Comisión sino además las complementa mediante auditorías in situ y opiniones provenientes de las regiones.
Los amplios trabajos previos proporcionan por ello a este informe y sus recomendaciones un peso especial. Por ejemplo, muestra el determinante papel de la aplicación nacional para el éxito de la política estructural europea. Con razón, sus recomendaciones, sugerencias y críticas no van dirigidas solamente a la Comisión -ya estamos acostumbrados a ello- sino también al Gobierno británico y a los actores regionales y locales. La corresponsabilidad nacional no solamente es aplicable a la gestión financiera de la política estructural sino aún más a la calidad de las medidas de política estructural.
Ante el gran número de puntos tratados en el informe, quiero concentrarme en algunas cuestiones importantes pues los puntos restantes serán tratados en el follow up de la Comisión sobre este informe y además, en el marco de la cooperación regular con la Comisión de Política Regional y el Parlamento, podré referirme en varias ocasiones durante los próximos meses a las cuestiones planteadas relativas a la futura configuración de la política estructural.
En la resolución se reconoce que los Fondos estructurales han contribuido en gran medida en el Reino Unido a la cohesión económica y social, a la reestructuración económica y a la creación de puestos de trabajo. Creo que esto es una conclusión muy importante, que espero sea tenida en cuenta por las ciudadanas y ciudadanos en el Reino Unido. Me alienta también la constatación de que ha sido la política regional europea la que ha hecho posible el desarrollo de conceptos estratégicos regionales y cooperaciones locales y regionales. El principio de cooperación es de importancia básica para la política regional. Creo que los ejemplos que usted ha destacado, como en Merseyside , la pathways to integration y el programa especial para el fomento de la paz y de la reconciliación en Irlanda, son de hecho unos ejemplos importantes, por cierto, no sólo para Gran Bretaña sino para la Unión Europea en general y si no me equivoco entre las partes no existen diferencias de opinión sobre la positiva valoración de la cooperación.
La Comisión puede proporcionar impulsos para mejorar la cooperación. Pero, en el marco de las actuales normas jurídicas, no es posible que la Comisión predetermine el tipo y modo de cooperación ni tampoco estoy segura de que siempre sea deseable, pues la cooperación debe surgir por abajo. Sin embargo, quiero destacar que en los últimos tiempos hemos logrado éxitos de cooperación también en Inglaterra, ante todo en lo que se refiere a la participación de las y los representantes elegidos a nivel local.
Entretanto, el sector privado está también representado en numerosos comités de seguimiento, lo que se debe a su mayor participación en los programas. Además, en el marco de las negociaciones sobre el objetivo II, el Gobierno ha apoyado hace poco la posibilidad de incluir en todas las regiones a representantes elegidos en los comités de seguimiento. No obstante, sigo creyendo que también sería deseable la participación de los sindicatos y, en consecuencia, de los interlocutores sociales.
En su informe, exige a la Comisión que introduzca unos procedimientos administrativos y financieros mejorados para el desarrollo de los programas y coincido en que es realmente necesario introducir mejoras aunque entretanto hayan ocurrido algunas cosas. Por ejemplo, se han introducido nuevos procedimientos para la evaluación de los proyectos para garantizar de este modo una mayor transparencia en la selección y existe un intercambio de informaciones sobre la aplicación más eficaz. En Suecia tuvo lugar en 1996 una Conferencia para las secretarías de los programas del objetivo II, en la que se debatió en especial sobre los procedimientos administrativos y financieros. Actualmente, los Fondos regionales están fomentando asimismo una red del objetivo II para el intercambio de experiencias.
Continuamente se me pregunta sobre el problema de los pagos -en especial, para pequeñas organizaciones- que, debido a los retrasos en los pagos pueden entrar en dificultades con rapidez. Quiero indicar expresamente de nuevo que la Comisión Europea realiza pagos adelantados, lo que he dicho también a la House of Lords . Por ejemplo, al firmar el programa pagamos el 50 % del primer tramo anual y en caso de sumas menores, incluso el 50 % de la totalidad del importe del programa. Los restantes pagos se realizan tras presentar declaraciones de gastos que permiten reconocer que el programa transcurre según el plan. Solamente el pago final del último tramo anual se realiza a posteriori tras la recepción de un informe completo y exacto.
En el caso del Reino Unido, se han producido de hecho en algunos casos retrasos en la conclusión de antiguos programas y en el pago final. En algunos casos, esto se debe a que los datos financieros que se nos comunican no coinciden con los gastos declarados. A pesar de los problemas mencionados, creo que se han logrado progresos en lo que a la transparencia se refiere en los programas del período 1994-1996.
Para finalizar, permítanme que destaque de nuevo que coincido con ustedes cuando exigen que las medidas de política estructural de la Unión Europea deberían ser reconocibles por la opinión pública y que esto significa una obligación de información también para las administraciones nacionales y regionales así como para los titulares de los proyectos. Por lo demás, este es un aspecto que tengo que amonestar en las frecuentes visitas no sólo a Gran Bretaña sino también a otros Estados miembros -por lo general, exceptuando a los Estados miembros del sur. Desearía por ello que el fundado e informativo informe elaborado en nombre de la Comisión de Política Regional que, a pesar de las necesarias observaciones críticas, llega a una valoración positiva de la política estructural europea en Gran Bretaña, tenga una amplia difusión y pueda ser una importante aportación a la necesaria información sobre la política estructural europea.

El Presidente
Queda cerrado el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Desarrollo en las regiones ultraperiféricas
El Presidente
De conformidad con el orden del día se procede al debate del informe del Sr. Fernández Martín, en nombre de la Comisión de Política Regional, sobre los problemas de desarrollo de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (A4-0128/97).

Fernández Martín
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, quiero en primer lugar saludar a una representación de la Comisión Mixta Senado-Congreso Español, competente para asuntos relacionados con la Unión Europea, presente en la tribuna oficial.
Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea han sido definidas en el Tratado de la Unión Europea por la declaración nº 26 aneja al mismo. Según esta declaración, las regiones ultraperiféricas de la Unión son los departamentos de ultramar franceses, las regiones autónomas portuguesas de Madeira y Azores y las Islas Canarias en España. En esta declaración se reconoce que las regiones ultraperiféricas sufren un importante atraso estructural, agravado por diversos fenómenos entre los que citaré su gran lejanía, medida en miles de kilómetros, su insularidad, su clima difícil, aparte de otros factores geográficos y demográficos, de elevadas tasas de paro, problemas educativos, culturales, etc.
El concepto de ultraperifericidad no surge de pronto en Maastricht. Hasta su mención en los tratados, estas regiones han recorrido un largo camino histórico paralelo al propio devenir del crecimiento de la Unión desde el Tratado de Roma hasta hoy. En efecto, en el caso francés ya existía un reconocimiento de las especificidades de sus departamentos de ultramar en el artículo 227 del Tratado de Roma. En el caso español, el Tratado de adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas contenía un protocolo específico, el llamado protocolo 2, que recogía las singularidades del régimen de adhesión -aplicado a las Islas Canarias- según el cual no eran de aplicación a las Islas Canarias las políticas que constituían entonces, hace ya once años, la columna vertebral de las Comunidades Europeas. En el caso portugués, la singularidades en la aplicación del Derecho comunitario a las regiones de Azores y Madeira están recogidas en el propio Tratado de adhesión. Estas particulares condiciones de integración de lo que hoy llamamos regiones ultraperiféricas han ido modificándose a lo largo de los años, adaptando sus respectivos regímenes de adhesión al proceso de integración y de construcción de la Unión.
Estas especificidades que modulan las condiciones de aplicación del Derecho comunitario en la ultraperiferia están esencialmente contenidas en los programas POSEI, programas de opciones específicas para la lejanía y la insularidad -el POSEIDOM en el caso francés, el POSEIMA en el caso portugués y el POSEICAN en el caso español- y en el programa REGIS de iniciativa comunitaria, vigentes y en curso de aplicación hasta 1999. Más allá de 1999, las regiones ultraperiféricas se encuentran en una situación de incertidumbre que supone un lastre para su desarrollo y dificulta su proceso de cohesión económica y social en los términos del artículo B del Tratado de la Unión. Incertidumbre que se añade a tantas otras que gravitan sobre el futuro de la Unión, como las relativas a la integración, la profundización y la ampliación de la misma. Dicha incertidumbre se debe a causas endógenas específicas de la ultraperiferia, cuyas propias carencias estructurales la hacen especialmente frágil ante el impacto del mercado interior, sin beneficiarse de muchas de las ventajas de este mercado interior, que no opera u opera de manera bien diferente -respecto del continente europeo- en territorios situados a miles de kilómetros.
Por ello, en el contexto de la Conferencia Intergubernamental que estudia la reforma de los tratados, este Parlamento, en numerosas resoluciones, las propias regiones ultraperiféricas, en el seno del Comité de las Regiones, y otras instituciones de la Unión como el Consejo Europeo -particularmente en las Cumbres de Madrid, Turín y Dublín- se han pronunciado reiteradamente a favor de la inclusión de un artículo, en el nuevo texto de los tratados reformados, que atribuya a las regiones ultraperiféricas el reconocimiento jurídico, en términos de derecho primario, para hacer posible la aplicación de políticas específicas que aceleren su desarrollo y su cohesión económica y social. La redacción concreta de este artículo que se propugna, que coincide sustancialmente con la propuesta incorporada por los gobiernos de España, Francia y Portugal en la Cumbre de Dublín, es la que está recogida en el apartado primero de mi informe, para el que pido el voto afirmativo de la Asamblea, al tiempo que agradezco a todos los Grupos y a todas las autoridades regionales de las regiones ultraperiféricas el apoyo que me han prestado para la elaboración de este informe para el que espero, -repito- el voto afirmativo de la Asamblea.

Karamanou
Señora Comisaria, señor Presidente, Señorías, es un motivo de especial agrado y honor para mí que en mi primera intervención en este templo europeo de la democracia -soy diputada desde hace apenas dos meses- tome la palabra para dar mi sincero apoyo al informe del Sr. Martín, que, con otras palabras, expone la necesidad de expresar de forma más contundente y eficaz nuestra solidaridad con los habitantes de las regiones más alejadas del continente europeo, así como la necesidad de hacer realidad en la práctica el principio de la cohesión económica y comunitaria del Tratado de la Unión Europea.
Debemos convertirnos todos en sensibles portavoces de los anhelos, los sueños y los problemas de los habitantes de estas regiones, que son un PIB muy bajo, altas tasas de desempleo, aislamiento, un mayor coste de transporte de las mercancías y materias primas y carencias en los sistemas de educación y formación. Proviniendo de Grecia, un país con un gran número de conjuntos insulares, soy conocedora de los problemas con que se enfrentan estas regiones.
La Unión Europea tiene el deber, tanto por sus compromisos legales como, ante todo, por razones éticas y de justicia, de aprobar con valentía y sensibilidad el reforzamiento de las medidas legales, políticas y económicas destinadas a reducir las desigualdades periféricas y la compensación de las desventajas producidas por la división geográfica y el aislamiento de las regiones más alejadas de la Unión Europea.
Estas medidas deben adaptar las políticas a las necesidades de dichas regiones, especialmente en los ámbitos del empleo, los transportes, la fiscalidad, las estructuras sociales, la tecnología y la protección del medio ambiente.
En todo caso, quisiera señalar la ausencia de una política y estrategia europeas integradas que ofrezcan iguales oportunidades de desarrollo de las regiones insulares de la Unión Europea, así como una solución eficaz de sus problemas y un fortalecimiento sustancial de la competitividad de su economía.
Por todas las razones mencionadas, se impone la elaboración y adopción de una política europea integrada y su fijación a través del nuevo Tratado, tanto con respecto a la naturaleza ultraperiférica de las regiones en cuestión como al conjunto de las regiones insulares de la Unión Europea.

Costa Neves
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, comienzo felicitando al Sr. Fernández Martín no sólo por su informe, sino también por la metodología que ha utilizado en la elaboración de este texto, lo que le ha hecho ponerse en contacto con muchas regiones, muchas personas y, por tanto, expresa el sentimiento de muchos ciudadanos europeos.
El título de este informe es sugerente, como lo es la resolución correspondiente, al recomendar exclusivamente la inclusión de una artículo en el Tratado de la Unión Europea que propicia respuestas concretas a los problemas propios de las regiones ultraperiféricas. Los representantes de los ciudadanos de los quince Estados miembros, al centrar su atención en siete regiones, entre las cuales están las más divergentes de los parámetros medios de desarrollo, están asegurando, a fin de cuentas, que sus ciudadanos se deleitan con la construcción europea.
La aprobación de este informe tiene, pues, un profundo significado político. Se confirma que la Unión Europea realza la diferencia en un movimiento de convergencia en el que las regiones se adaptan a la Unión Europea y ésta a las regiones. La capacidad de adaptación mutua es lo que diferencia una Europa con rostro, con personalidad, de una Europa deforme. El Parlamento Europeo está una vez más dando a entender que quiere una Europa que los ciudadanos consideren propia, porque al mismo tiempo corresponde a los grandes imperativos mundiales, al mantenerse atento a las necesidades de todos sus ciudadanos.
Hay problemas de desarrollo en las regiones ultraperiféricas. La relación entre los respectivos niveles de desarrollo entre las menos desarrollados y las más desarrolladas es prácticamente de uno a cinco, es una relación política y socialmente inaceptable. El substancial apoyo de la Unión Europea tiene que ajustarse permanentemente a los problemas concretos.
Se propone, entre otras medidas, la subordinación efectiva de todas las políticas y medidas de la Unión Europea al principio de cohesión económica y social. En segundo lugar, la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de un artículo que establezca la modulación de políticas y la adopción de medidas que correspondan a las conocidas especificidades de las regiones ultraperiféricas. En tercer lugar, el esfuerzo en el sentido de que los programas POSEI correspondan a las esperanzas despertadas. Se deben reactivar los POSEIMA aprovechándolos en lo que son eficaces y llevándolos a nuevas esferas. En las Azores, por ejemplo, se debe ampliar el POSEIMA al sector de la pesca, reactivarlo en el sector de la energías y abrirlo a las pequeñas y medianas empresas. Se deben concentrar los medios de los Fondos estructurales en las regiones más necesitadas. ¿Y por qué no destinar a éstas los que queden sin utilizar en otras regiones? En quinto lugar, es importante que se haga, allí también, la financiación de proyectos con cargo al Fondo de Cohesión, que no ha llegado a las regiones ultraperiféricas, a pesar de que figuran entre las más castigadas por la reducción del gasto público resultante de la aplicación de los criterios para la moneda única. Por último, la clara responsabilización también de los Estados miembros por la lucha contra las asimetrías de desarrollo que se han agravado, mediante apoyos en el ámbito de los transportes, de la energía, y la adopción de medidas especiales en la esfera de la fiscalidad.
Los representantes de los Estados miembros reunidos en la Conferencia Intergubernamental y ocupados en muchas y complejas cuestiones deben corresponder a esta alerta tan expresiva del Parlamento Europeo. Es el principio de la cohesión económica y social que se realiza, es el objetivo político de un proyecto que se afirma.

Aldo
Señor Presidente, Señorías, la integración de los departamentos franceses de ultramar en el seno de la Comunidad es una realidad textual que se remonta a 1958. La jurisprudencia, bien determinada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no deja lugar a dudas en este sentido.
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 227 del Tratado de Roma, después el Tratado de la Unión, que prevé ordenamientos en algunas materias para la aplicación del derecho comunitario en estos departamentos, el Tribunal de Justicia parece conceder una preeminencia del igualitarismo jurídico con respecto a un indispensable reconocimiento de las realidades económicas y sociales de estas regiones.
Las actuaciones emprendidas desde hace algún tiempo por este Parlamento y, más en especial las del día de hoy, son la consecuencia lógica de una toma de conciencia colectiva de la totalidad de instituciones de la Unión, de los obstáculos estructurales que sufren las siete regiones ultraperiféricas de la Unión y del resultado mitigado de los esfuerzos sostenidos de solidaridad europea merced a una serie de medidas específicas. Por otro lado, todas las medidas destinadas a flexibilizar algunas reglas comunitarias para tener en cuenta el retraso de desarrollo de estas regiones, se ven invalidadas por el Tribunal de Justicia a causa de la interpretación restrictiva que hace de la noción de especificidad.
El Tratado de la Unión, en su artículo 130A, manifiesta una voluntad política sin precedentes en el ámbito de la cohesión económica y social, incluso si, debo recordar, las cuatro regiones ultraperiféricas francesas, es decir la mayoría, reconocidas hoy por la Comisión como las más pobres de la Unión, no disfrutan del Fondo de Cohesión previsto por el artículo 130B del Tratado de la Unión por su pertenencia a una metrópoli cuyo producto interior bruto global las hace inelegibles.
Las disposiciones formuladas en el proyecto de resolución y el protocolo que se nos han sometido están destinadas a corregir esta integración mal pensada por una modificación sustancial del párrafo segundo del artículo 127 del Tratado de la Unión. Estas modificaciones, si se ven adoptadas por la CIG, concederán a estas regiones un régimen jurídico que permitiría a las instancias comunitarias adaptar, mediante el derecho derivado, sin excepciones de materias, todas las políticas en función de las particularidades de cada una de ellas.
Señor Presidente, Señorías, la población de las regiones ultraperiféricas, y más en concreto la de las regiones productoras de plátanos, se hace preguntas acerca de las consecuencias de su integración, del grado de solidaridad que pueden disfrutar y de la preferencia comunitaria que se les va a conceder, desde la publicación del informe provisional del trabajo específico de la OMC sobre la OCM del plátano.
El informe Fernández Martín, que considero muy pertinente, nos da ocasión para manifestar nuestra voluntad política de poner a disposición de estas regiones los medios jurídicos destinados a garantizar su plena expansión en el seno de la Unión Europea, tomando en consideración y respetando los elementos específicos vinculados a su entorno.

Vallvé
Señor Presidente, señora Comisaria, yo querría en primer lugar felicitar al autor de este informe, Sr. Fernández Martín, porque realmente ha tenido el acierto de elaborar un magnífico informe sobre las regiones ultraperiféricas. Se trata de unas regiones desfavorecidas, de unas regiones con dificultades en la Unión Europea. Hace pocos días, celebramos el 40 aniversario del Tratado de Roma y recuerdo que Paul-Henri Spaak dijo, con anterioridad a la elaboración del Tratado de Roma, que la libertad de mercado no era causa suficiente para asegurar un desarrollo armónico y uniforme de todas las regiones de la Unión Europea, que las regiones más ricas se aprovecharían de esta unión de mercado y que las regiones más pobres se verían perjudicadas. En este sentido, ha habido en Europa regiones que han sufrido este desfavorecimiento, que han sido las regiones de montaña o las regiones fronterizas, y hoy hablamos aquí concretamente de las regiones ultraperiféricas. Yo espero que, otro día, este Parlamento pueda plantearse la problemática concreta de las regiones insulares, que es también un tema digno de tenerse en cuenta.
Estas regiones ultraperiféricas tienen el problema del retraso en su desarrollo económico y social y, evidentemente, el problema de su alejamiento. Y en este sentido, es importante que la Unión Europea se dé cuenta del problema que representa para estas regiones su situación. Uno de los elementos más importantes para poder hacer frente a su problemática será que gocen de una suficiente autonomía política, de una autonomía política que permita a las autoridades locales conocer a fondo los problemas y tomar decisiones sin depender de aquellas órdenes que tengan que venir de muchos kilómetros de distancia.
El poder autonómico puede ser el más eficaz para resolver estos problemas. Creo que es una responsabilidad de la Unión Europea, de cara a la cohesión económica y social, facilitar las ayudas necesarias para estas regiones.

Novo
Señor Presidente, señores diputados, señora Comisaria, a lo largo de los años ha sido difícil y poco consensual el reconocimiento de la necesidad de un estatuto jurídico que expresara las desventajas permanentes de estas regiones, todas ellas caracterizadas por una gran distancia, la insularidad, un relieve y un clima difíciles, que, en conjunto, limitan y condicionan las posibilidades de desarrollo en pie de igualdad con los restantes territorios de la Unión. En el Tratado de Maastricht apenas se reconocieron tales dificultades mediante su inscripción en una declaración aneja. Con esa base se aprobaron los programas POSEI, en cuyo lanzamiento nuestro Grupo desempeñó un papel determinante y que, precisamente por tales insuficiencias jurídicas, revistieron un carácter globalmente temporal, incompatible con la naturaleza permanente de las dificultades citadas.
Hoy hay consenso respecto de que la CIG -la Conferencia Intergubernamental- debe incluir en el propio Tratado el estatuto de la ultraperificidad. Por eso, vamos a aprobar el excelente informe del Sr. Martin, que lo exige y bien. Pero lo que es fundamental a partir de ahora es que nuevas orientaciones políticas puedan dar substancia práctica al nuevo estatuto jurídico. Por eso, es esencial que se adapten las políticas comunitarias comunes a la realidad regional, se reanuden y fortalezcan las acciones en el ámbito de los POSEI, se creen o se desarrollen políticas fiscales, comerciales y aduaneras promotoras de inversión local, se adopten políticas en la agricultura, en la pesca y en la industria que garanticen las especificidades productivas locales y promuevan la diversificación y que se garantice el abastecimiento en materias primas y bienes de consumo, así como la posibilidad de una buena y accesible circulación de los residentes.
Señor Presidente, señores diputados, para las poblaciones como las de las Azores y de Madeira, el reconocimiento del estatuto de ultraperificidad significa mucho. Y por él hace mucho que luchamos. Pero lo decisivo, lo que va a determinar en la opinión pública la comprobación del cambio, serán ciertamente las políticas concretas que se adopten y que respondan a las dificultades locales.

Schroedter
Señor Presidente, a mi también me parece que el ponente demuestra en este informe un gran compromiso en favor del desarrollo de la regiones ultraperiféricas. Ha descrito de un modo realmente exhaustivo el objetivo de un desarrollo óptimo, lo más autónomo posible bajo estas condiciones muy específicas y ha aportado muchas sugerencias nuevas. Pero lo que es extraño es que la denominación «regiones ultraperiféricas» no dice de qué se trata realmente. No se trata de regiones en Europa sino en el Atlántico, en el Océano Indico y en América Central, antiguos territorios coloniales y bases militares.
El desarrollo deseado por Europa no ha sido siempre el que han deseado las personas de allí. La utilización de los bosques tropicales para una base espacial europea en América Central con control desde París no es lo que entendemos bajo un desarrollo regional autónomo. Por ello, saludamos todas las propuestas en el informe que pretenden lograr que se llegue a un desarrollo regional autónomo en esas zonas y rogamos al ponente que acepte también nuestras enmiendas que pretenden impulsar la superación de los monocultivos en estas regiones y que apoyan su enfoque en esta dirección.
No estamos de acuerdo en que exista un capítulo propio pues, de este modo, se afirma la antigua situación colonial. Consideramos acertado que en un protocolo se traten a fondo las características específicas de estas regiones y creemos que esto es suficiente para atender a esas regiones.

Correia
Señor Presidente, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea se caracterizan por profundos retrasos estructurales agravados por un conjunto de circunstancias sociogeográficas desfavorables y permanentes que determinan que el PIB medio de esas regiones sea uno de los más bajos de la Unión Europea. Al reconocer esa realidad, la Comunidad, para afrontar las consecuencias del alejamiento por insularidad de esas regiones, creó una serie de instrumentos entre los cuales destaca la adopción del programa de opción específica POSEI e incluso una declaración relativa a las regiones ultraperiféricas aneja al Tratado.
A partir de 1994, el reconocimiento de esas especificidades resultó disminuido en virtud de modificaciones aplicadas en el ámbito de POSEI cuando los mecanismos e instrumentos existentes pasaron a cubrir sólo algunas de sus elegibilidades. Por eso, existe la necesidad de incluir en el Tratado de la Unión Europea un artículo que consagre, con carácter definitivo y permanente, el concepto de ultraperificidad y que posibilite una intervención adecuada y coherente de la Unión Europea con respeto del principio de la cohesión económica y social.
Como corolario del compromiso del Parlamento Europeo respecto de las especificidades de las regiones ultraperiféricas, al que se asociaron otras iniciativas, los Gobiernos portugués, español y francés presentaron a la CIG una propuesta conjunta en el sentido de que se incluya un artículo específico en el Tratado de la Unión referente a las regiones ultraperiféricas y la elaboración de un protocolo anejo al Tratado que determine las condiciones especiales para la adopción de medidas específicas de Derecho derivado.
Las enmiendas presentadas por nosotros y aprobadas en el ámbito de la Comisión de Asuntos Institucionales viene a fortalecer el sentido de las propuestas ya presentadas a la CIG en dos puntos. Primero: volver expresa la consagración de las regiones ultraperiféricas con vistas a garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión económica y social. Segundo, promover la consagración institucional en el nuevo Tratado de la Unión Europea de la autonomía de las regiones ultraperiféricas. Respecto de este último aspecto, nuestro objetivo es, en particular, el de establecer que los órganos propios de las regiones autónomas sean por él informados en el momento de la elaboración de la iniciativa legislativa con vistas a permitir que las instituciones autonómicas tengan conocimiento de las propuestas que traten de asuntos específicos de esas regiones antes de su inscripción en el orden del día del Consejo para deliberación: de acuerdo, por lo demás, con lo que ya está propuesto en el proyecto de Dublín-II para los parlamentos nacionales.
Aprovecho para saludar a las poblaciones de Madeira y de las Azores y hago votos por que disfruten de oportunidades reales de desarrollo.

Girão Pereira
Señor Presidente, señores diputados, comienzo felicitando al ponente, que demuestra, por su trabajo, tener gran conocimiento de las realidades vividas por las poblaciones de las regiones ultraperiféricas.
Si es verdad que estas regiones se debaten con problemas estructurales, tradicionales, gravísimos, reviste, de todos modos, la mayor importancia distinguir esos problemas de los que se deben a la ultraperificidad. Estamos hablando en particular de gran lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima difíciles, que entrañan una enorme dependencia del exterior y se reflejan en el bajo rendimiento per capita que aún hoy se da, pese a los muy positivos efectos de los programas POSEI, en particular de POSEIMA, aplicado en las Azores y en Madeira.
No es casualidad que esas regiones ultraperiféricas de la Unión Europea tengan los más bajos índices de renta per capita . Establecer esa diferencia entre las deficiencias estructurales -que, pese a ser intensas y profundas, se pueden resolver tarde o temprano- y los problemas de la ultraperificidad, que revisten un carácter permanente, justifica por sí solo, a nuestro entender, la inclusión en el Tratado de la Unión Europea de todas las garantías jurídicas que permitan compensar realmente a aquellas regiones. Creemos que mediante ese pequeño enriquecimiento del Tratado se podrán adoptar las políticas comunes a fin de conseguir un apoyo efectivo a los sectores estratégicos de esas regiones, como, por ejemplo, los de los transportes, la energía, las telecomunicaciones, sin perjuicio de todos los demás apoyos indispensables ya prestados.
Por último, dado el conocimiento que hoy se tiene de su plasmación concreta en el terreno, convendrá rectificar algunos errores cometidos, mejorar algunos sectores y, en el fondo, perfeccionar el alcance de los programas con vistas a los objetivos enunciados y deseados por las poblaciones.

Sierra González
Señor Presidente, las propuestas contenidas en este informe no se pueden entender sin tener en cuenta los problemas formales que se han venido suscitando, para el cumplimiento del principio de cohesión económica y social, cuando se aplica éste a las intervenciones dirigidas al desarrollo de las regiones ultraperiféricas. Estos problemas han puesto de manifiesto la necesidad urgente de formular un estatuto específico permanente, que contemple las singularidades de estos territorios, otorgándoles a las políticas implementadas un instrumento jurídico de apoyo de carácter fundamental, que pueda servir de base eficiente para adoptar medidas específicas de acuerdo a sus especiales características.
Este informe tiene la virtud de resolver este problema proponiendo que se instituya, mediante su inclusión en el Tratado, una base jurídica que prevea un tratamiento específico para estas regiones. Pero, además, tiene igualmente la virtud de abordar con generosidad, en la propuesta de protocolo adicional, otras cuestiones que reclaman que se dé a las regiones ultraperiféricas un tratamiento específico.
Entre estas cuestiones se encuentran, por una parte, que las dificultades peculiares de las mismas justifican que la Unión les dé un apoyo reforzado más allá de los programas POSEI, cuyas limitaciones han sido evidenciadas por el carácter marcadamente compensatorio que tienen y, por otra parte, porque los programas POSEI, en los que en gran medida se confunden los problemas relativos al carácter ultraperiférico con los estructurales, no garantizan hoy un desarrollo estable de las regiones ultraperiféricas, y porque no basta emprender medidas de adaptación de las políticas comunitarias o de compensación de la situación geográfica, sino que hay que partir de las realidades concretas y despejar las incertidumbres que provocan, el vacío que hay después de 1999.
Creemos que este informe parte de esas realidades y compartimos su filosofía. Nuestro Grupo lo comparte, como así lo ha demostrado el hecho de que el ponente para opinión de la Comisión de Asuntos Institucionales, perteneciente a nuestro Grupo -el diputado Antonio Gutiérrez Díaz- haya dado también su pleno apoyo a este informe, en la medida que representa un punto de partida importante para alcanzar la cohesión económica y social en las regiones ultraperiféricas.

Medina Ortega
Señor Presidente, yo quiero, como los anteriores oradores, felicitar al ponente por su magnífico trabajo. También quiero saludar la presencia en la tribuna oficial del diputado Segura Clavel en representación de las Cortes españolas, que está hoy aquí con nosotros. Al mismo tiempo, quiero felicitar también al diputado Gutiérrez Díaz, nuestro vicepresidente, por su magnífica opinión sobre este tema en nombre de la Comisión de Asuntos Institucionales.
Quiero señalar que la mayor parte de las intervenciones que se han producido aquí esta noche son de diputados que residen en estas islas. Pero quiero agradecer, desde luego, las intervenciones de diputados que podríamos llamar «continentales», como el propio Gutiérrez Díaz, la Sra. Karamanou, del Sr. Vallvé y la Sra. Schroedter. Yo creo que, en este momento, la comprensión en este Parlamento de la situación de las regiones ultraperiféricas es muy importante.
Pero yo quiero sobre todo, señor Presidente, dirigirme a la Comisaria, la Sra. Wulf-Mathies, que comprende muy bien los problemas de las regiones, y señalar que en este momento, en la Conferencia Intergubernamental, tenemos pendiente el tema del estatuto jurídico de las regiones ultraperiféricas. No es que no exista todavía un estatuto jurídico, pues en cierta medida existe ya a través del artículo 227, a través del Acta de adhesión de España y Portugal a la Comunidad Europea y de otras expresiones de Derecho comunitario derivado, como el Reglamento 1911/91 para las Islas Canarias. Me consta que la Comisión Europea ha apoyado las propuestas de darle una base jurídica más estable, a través de un artículo específico y de un protocolo, y quiero pedirle a la Comisión, a través de la Comisaria Wulf-Mathies y de los otros Comisarios aquí presentes, que tengan en cuenta que no se trata de un capricho. Yo querría corregir alguna de las observaciones anteriores en el sentido de que estos territorios no son antiguas colonias. Desde el principio, por ejemplo en el caso de Canarias, de Azores y de Madeira, eran parte integrante del territorio nacional, población europea establecida en ese territorio, y en este momento lo único que pedimos es que se tome en cuenta la peculiaridad de esta población europea, establecida a miles de kilómetros del núcleo de Europa, que tiene una situación distinta y que debe, por tanto, quedar recogida en el Tratado comunitario.

Ainardi
Señor Presidente, señora Comisaria, en el supuesto de que se trate de un informe positivo, nos interesa. Después de varias décadas de integración en la Comunidad, los departamentos de ultramar siguen clasificados entre las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea. Los indicadores económicos y sociales se mantienen desesperadamente en rojo, principalmente con una tasa de paro claramente elevada.
A pesar de la puesta en marcha de programas específicos y a pesar de la inyección de créditos nacionales y europeos, la situación económica y social continúa degradándose. Con el mercado único y la aplicación del Tratado de Maastricht, la lógica integracionista de la construcción europea se ha visto reforzada en los departamentos de ultramar.
En nombre de la armonización y de la adaptación forzosa del Tratado, se han puesto en duda o se han sometido a un control muy estricto por parte de la Comisión algunas especificidades, principalmente en el ámbito fiscal, como el «Octroi de mer» y algunas excepciones. La experiencia ha demostrado que la Declaración relativa a las regiones ultraperiféricas, aneja al Tratado, pero sin valor jurídico vinculante, no ha aportado ninguna garantía ni protección contra las consecuencias de la desregulación ya que ha privilegiado el objetivo de la realización del mercado interior.
Por consiguiente, es indispensable que, en la última línea recta de la Conferencia Intergubernamental, se reconozca de manera estatutaria en el Tratado la plena y total especificidad de los departamentos de ultramar y de las regiones ultraperiféricas, con un doble objetivo: aplicar medidas particulares en su favor y autorizar excepciones a las reglas comunitarias, hasta tanto estas regiones no hayan recuperado el nivel económico y social medio de la Unión Europea.
Un reconocimiento así del estatuto de los departamentos de ultramar en el Tratado podría permitir la puesta en marcha de un nuevo tipo de desarrollo, basado en las ventajas y potencialidades regionales, poniendo remedio a los numerosos obstáculos vinculados principalmente a su alejamiento y a la insularidad. Para terminar, un desarrollo así permitiría a los habitantes de estas regiones convertirse finalmente, en verdaderos protagonistas de su propio desarrollo.

Ephremidis
Señor Presidente, daremos nuestro voto afirmativo a este informe del Sr. Martín principalmente porque introduce el nuevo término de «ultraperifericidad», aunque también por otras razones. Ese término engloba las regiones muy alejadas para las que piden nuevas medidas, más allá de las ayudas habituales de la política regional y de los programas específicos.
Considerando estos aspectos, por lo tanto, damos nuestro voto afirmativo. No obstante, observamos la aplicación de una lógica desigual. Dirigimos la mirada hacia esas regiones del Océano Indico y, como se ha dicho, a otros mares alejados, cuya única relación con el ámbito europeo es que alguna vez estuvieron conectadas con él a través de vínculos coloniales. Está bien que reciban ayuda. Sin embargo, señor Presidente, nos olvidamos del conjunto de islas griegas del Egeo, y en concreto del norte del Egeo, cuna de la civilización griega y luego de la europea, y región que forma parte inseparable de Europa. El informe no hace referencia a la ultraperifericidad de esas islas, tan distanciadas como aquéllas regiones, y en ocasiones, incluso más, de la Unión Europea, y que se encuentran en un estado de miseria indescriptible y de despoblación a causa de la falta de ayudas. Con ocasión de la presentación de este informe pedimos, no digo que se introduzca o se incorpore -por ese motivo no hemos presentado ninguna enmienda, aunque el comisario competente nos esté escuchando-, pero sí que se extienda esta política a ese conjunto insular, que se está despoblando y que además sufre el expansionismo turco, que impide el desarrollo del turismo, única fuente vital para la población.

Wulf-Mathies
Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al ponente, Sr. Fernández Martín, por este informe con el que por primera vez ha llamado la atención del Parlamento sobre la globalidad de las regiones ultraperiféricas. El informe y la propuesta de resolución denuncian las desventajas específicas a las que se ven confrontadas estas regiones. Los problemas mencionados son también los expresados por los Presidentes de las regiones ultraperiféricas durante las conversaciones que mantuvimos la última semana con motivo de mi visita a la isla de Reunion. He podido comprobar que allí estamos muy lejos de lo que normalmente entendemos bajo Europa y me parece importante que este hecho se tenga siempre en cuenta.
Por lo demás, sus exigencias coinciden con los deseos que me han expresado en repetidas ocasiones los diversos agentes económicos en mi visita. Todo esto me afirma en mi convencimiento de que estas regiones necesitan también en el futuro unas normas especiales. Desde 1989, la Comisión se ha esforzado por tener en cuenta estas características especiales en los documentos de planificación de programas, lo que afecta también a los programas de la iniciativa comunitaria REGIS I y REGIS II aprobados en 1991 y 1996, sobre los que se ha llamado la atención.
Al igual que el Parlamento, la Comisión es de la opinión -lo que ha repetido en diversas ocasiones el Presidente Santer- de que hay que profundizar y fortalecer el concepto de la Unión para las regiones ultraperiféricas. En la Conferencia Intergubernamental, se ha pronunciado también a favor del proyecto presentado conjuntamente por España, Francia y Portugal, consistente en incluir un artículo en el Tratado y un Protocolo, lo que ha subrayado además en la última reunión de la Conferencia Intergubernamental, donde este asunto fue uno de los temas a tratar.
Lamentablemente, tenemos que constatar que el concepto POSEI se cuestiona cada vez con mayor frecuencia a causa de la ausencia de un claro fundamento jurídico. Por ejemplo, la Comisión ha constatado que en los debates del Consejo sobre las propuestas a favor de las regiones ultraperiféricas, a veces es difícil mover a los Estados miembros a que reconozcan las obligaciones que la Comunidad ha contraído en el marco del programa POSEI, lo que muestra además claramente la última sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Por ello, es necesario afianzar el concepto y proporcionar de este modo a las regiones ultraperiféricas la necesaria claridad, seguridad jurídica y transparencia para fortalecer su cohesión con la Unión Europea.
Respecto a la intervención de los Fondos estructurales, sólo quiero referirme a las preocupaciones expresadas sobre las ayudas a partir de 1999 y destacar de nuevo expresamente que las regiones ultraperiféricas, como regiones más pobres de la Comunidad, van a seguir teniendo derecho en el futuro al máximo nivel de ayuda. Por lo demás, comparto la opinión del ponente de mejorar la coherencia de la política comunitaria respecto a las regiones periféricas. Para la coordinación de los servicios de la Comisión ya existe un grupo «Interservice» y creo que en el futuro podremos mejorar la cooperación con los representantes de las regiones ultraperiféricas.
Permítanme que, por ello, felicite de nuevo al ponente. La Comisión seguirá cooperando para mejorar la situación de las regiones ultraperiféricas.

El Presidente
Muchas gracias, Comisaria Wulf-Mathies.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Aprobación de la gestión presupuestaria
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate conjunto de los siguientes informes:
A4-0138/97 del Sr. Kellet-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 1995; -A4-0139/97 del Sr. Kellet-Bowman, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la concesión de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Salónica) en la ejecución de su presupuesto para los ejercicios 1994 y 1995.
Kellet-Bowman
Señor Presidente, no deberíamos estar a estas horas de la noche aquí, en Bruselas, ocupándonos de estos dos informes sobre la aprobación de la gestión. Se deberían haber examinado en el debate general sobre aprobación de la gestión celebrado en Estrasburgo el miércoles por la mañana del último período parcial de sesiones. La razón por la que se retrasaron estos informes es la de que el Consejo no nos había dado sus recomendaciones sobre la aprobación de la gestión. Se recibieron por fin la semana pasada y quisiera agradecer al Consejo que nos lo enviara a nosotros, porque así el Parlamento puede abordar las recomendaciones para la aprobación de la gestión en abril, como requieren los reglamentos.
En primer lugar voy a ocuparme de la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de Dublín. Quiero agradecer al Tribunal de Cuentas su informe. No tengo nada contra el Tribunal de Cuentas, pero quiero hacer dos observaciones sobre este informe. La primera es la de que la primera versión, antes del proceso contradictorio, fue filtrada en Dinamarca, lo que puso en una situación embarazosa a la Fundación, y, en segundo lugar, la de que el tono en inglés es inaceptable. No me importa que el auditor tuviera tal vez un mal viaje y no le pareciese confortable su hotel; nunca deben figurar en un informe los matices que presenta éste. Puede que no resulte evidente en las otras lenguas, pero son muy claros en inglés.
La dificultad que afrontan esos organismos pequeños es la de que no son lo bastante grandes para tener su propio interventor financiero. Eso significa que tienen que hacer muchos gastos fuera de la cuenta de anticipos para contentar a sus proveedores y les resulta muy difícil dividir las responsabilidades legales entre el funcionario ordenador de los pagos, el encargado de efectuarlos y el interventor financiero. Acojo con beneplácito las iniciativas de la Comisión para intentar abordar esta situación cumpliendo la recomendación del Parlamento de que haya interventores financieros que trabajen por épocas. Estoy deseoso de que el interventor financiero de Bruselas extienda autorizaciones electrónicas, lo que evitaría las críticas formuladas por el Tribunal de Cuentas. Tenemos mucho gusto en recomendar a la Asamblea en nombre de la Comisión de Control Presupuestario que conceda la aprobación de la gestión a la Fundación de Dublín.
Paso ahora al Centro para el Desarrollo de la Formación Profesional, ahora radicado en Salónica. Aquí hay dos recomendaciones, una correspondiente a 1994 y otra a 1995. Lamento que el Consejo no esté presente. Es la segunda vez que veo que no está presente en una ocasión importante. La perversidad fue lo que movió al Consejo a buscar en toda la Comunidad Europea un organismo europeo que no mencionaba el requisito de la movilidad en los contratos de su personal. Por esa razón decidió trasladar la Fundación de Berlín a Salónica. El Consejo está compuesto por bribones: dio muestras de perversidad y es el responsable de los problemas que han surgido desde entonces. Si hubieran querido acabar con la Fundación, probablemente no habrían encontrado un medio mejor.
Sin embargo, tras echar la culpa al Consejo, ahora recurrimos a la Comisión para que saque las castañas del fuego. La cuestión es si las ha sacado o no. En la Comisión de Control Presupuestario no pudimos recomendar la aprobación de la gestión correspondiente a 1994, que se debería haber concedido en abril, porque el Tribunal nos informó de circunstancias bastante inhabituales que obligaron al Consejo de Administración y al director a inducir al personal para que se trasladara de Berlín a Salónica. Subrayo que no fue por voluntad propia por lo que se trasladaron a Grecia, sino porque la mayoría de las personas en cuyos contratos no requerían la movilidad tenían responsabilidades sociales que las incitaron a trabajar en esa Fundación, responsabilidades para con generaciones mayores, hijos con problemas de salud, etc., y necesitaban permanecer en el mismo sitio. Al enterarnos de esas dificultades, aplazamos la aprobación de la gestión correspondiente a 1994 y el Tribunal de Cuentas nos entregó otro informe correspondiente a 1995 y que revelaba las medidas extremadas a que tuvieron que recurrir el Consejo de Administración y el Director para convencer al personal de que se trasladara a Salónica y mantener con vida el CEDEFOP. Algunos de ellos fueron por pura lealtad para con la institución y con la esperanza de que más adelante se les concediera el dégagement . Esas personas han sido buenos funcionarios comunitarios y el Consejo los ha tratado muy mal, pero la Comisión debería haber salido paladinamente en su defensa y no lo hizo.
Quiero reconocer el mérito del director, porque en esas difíciles circunstancias ha conseguido mantener el centro en funcionamiento y creo que podemos esperar que en el futuro esa institución tenga un rendimiento útil.
Estoy harto de la Comisión y creo que eso se verá en que se han presentado dos enmiendas a este informe sobre la concesión de la aprobación de la gestión. Una del Sr. Garrigo Polledo en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo y otra de la Sra. Wemheuer en nombre del Grupo Socialista. Queremos indicar a la Comisión nuestra insatisfacción por lo que ha sucedido. Voy a dejar que sea el Sr. Tappin quien hable de las enmiendas, porque en la Comisión de Presupuestos ha desempeñado un papel muy útil al abordar las cuestiones relativas a todas las agencias y ha sido muy útil en relación con esta en particular. Tengo un gran respeto por las competencias de la Comisión y le pido que las utilice para ayudar a las víctimas de esa sorprendente decisión del Consejo de trasladar el centro de Berlín a Salónica. Recomendamos la aprobación de la gestión, pese a los problemas, y al mismo tiempo elogiamos al Director por la forma como ha logrado mantenerlo en funcionamiento.

Tappin
Señor Presidente, quisiera felicitar al Sr. Kellett-Bowman por su informe. Voy a abordar exclusivamente la cuestión del CEDEFOP de Salónica. Quiero centrarme en dos aspectos.
En primer lugar, la cuestión de la dotación de personal. Por desgracia, como ha dicho el Sr. Kellet-Bowman, los miembros del Consejo, que son los protagonistas del gran problema que tenemos con el CEDEFOP, no están presentes aquí para oír nuestras quejas y las del Tribunal de Cuentas sobre la cuestión de la dotación de personal. Compadezco al Comisario Liikanen, al que se está tratando como una pelota de tenis, pues se ve lanzado hacia atrás y hacia adelante entre el Parlamento y el Consejo, al intentar resolver una cuestión que no es responsabilidad suya, sino del Consejo.
Conviene señalar al Comisario que tanto el Sr. Kellet-Bowman como yo hemos trabajado denonadamente para intentar conseguir el dégagement del personal que permanece en Salónica, Berlín y otras capitales e instituciones que, de conformidad con su contrato, que era originalmente para el CEDEFOP, no desean el traslado a Salónica o están descontentos con él. Hemos mantenido correspondencia al respecto y para ese fin y, en vista de que no ha habido una conclusión satisfactoria, hemos presentado una enmienda en nombre de Grupo del Partido de los Socialistas Europeos y del Grupo del Partido Popular Europeo para resolver ese problema este año.
Quisiéramos pedir a la Comisión que utilice sus mejores tretas y habilidades como políticos y como Comisarios a fin de obtener el dégagement para el personal que está insatisfecho actualmente con el falso traslado a Salónica. Dicho traslado está impidiendo al Sr. Van Rens hacer una gestión idónea en la propia Salónica.
La segunda cuestión es la de los edificios. El Tribunal de Cuentas ha planteado muy acertadamente la cuestión del atroz contrato que el Consejo concertó con el Estado griego sobre la aportación de un nuevo edificio. Aunque la Unión Europea ha hecho ya dos pagos, no se ha puesto un solo ladrillo. Eso es absolutamente insatisfactorio, por lo que a nosotros en el Parlamento respecta y para el presupuesto para 1997 hemos dejado en suspenso el pago correspondiente a este año hasta que haya habido avances.
Esto me da pie para mi última observación. Sin las capacidades investigadoras del Parlamento, muchos de los problemas con Salónica y otras instituciones no habrían salido a la luz. Pido a la Comisión que, como parte del proceso presupuestario para 1997, saque adelante la armonización de los reglamentos sobre concesión de la aprobación de la gestión de todas las agencias para que el Parlamento pueda tener algún control sobre ella.
Por último, felicito al Sr. Van Rens. Se ha visto colocado en una situación ingrata para dirigir la Fundación de Salónica. Está llevando a cabo una labor magnífica, pero, parafraseando a Winston Churchill, hemos de decir: dénsele los instrumentos para que pueda seguir haciendo de director de agencia y sin una mano atada a la espalda.

Malone
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Kellett-Bowman por su excelente informe. Voy a centrar mis observaciones en la Fundación de Dublín. Sé que dicha Fundación agradece mucho las gestiones que ha hecho el Sr. Kellet-Bowman y la mesurada actitud que ha mostrado en su informe. Recientemente, visité la Fundación de Dublín, como diputada por Dublín. Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, me interesaba ver la labor llevada a cabo en ella. Me pareció que desempeña sus funciones de forma transparente, concienzuda y totalmente correcta.
Las semana pasada los miembros de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales tuvieron una oportunidad de celebrar un intercambio de opiniones con el director de la Fundación de Dublín y el informe que tenemos ante nosotros muestra claramente que dicha Fundación está gestionada cuidadosamente. Así, pues, convengo en que se debe conceder la aprobación de la gestión correspondiente a 1995.

Liikanen
Señor Presidente, como han dicho aquí oradores anteriores, la decisión sobre el traslado del CEDEFOP a Salónica se adoptó en la cumbre. El Sr. Kellet-Bowman y el Sr. Tappin han estado siguiendo activamente el caso, que, por desgracia, entraña decisiones difíciles en el nivel personal. Aún hay algunos funcionarios que consideran la situación insatisfactoria. Por lo que a la Comisión se refiere, estamos dispuestos a hacer lo que podamos por quienes deseen trasladarse a Luxemburgo. He escrito una carta a nuestros servicios para intentar encontrar una solución para esas personas.
Para las otras, podemos encontrar soluciones caso por caso. Estamos dispuestos a estudiarlos con apertura de miras. Por desgracia, el Consejo rechazó por unanimidad nuestras gestiones con vistas a encontrar una solución para el dégagement en el marco de la ampliación. El Parlamento adoptó una opinión mucho más favorable sobre la posibilidad de dégagement . No ha habido señal alguna de que la posición del Consejo vaya a cambiar.
En segundo lugar, he de decir que los sindicatos de la Comisión se oponen firmemente a la solución de un dégagement , que sólo se aplicaría a una parte del personal. Consideran que, si existe una solución de ese tipo, debe estar al alcance de todos. De modo que lamento haber de decir que no existe una solución fácil. En cualquier caso, debemos recordar que los funcionarios que han estado -y aún están- trabajando con arreglo al Estatuto de los funcionarios tienen derecho a un plan de pensión anticipada. No es muy generoso, pero les garantiza cierta seguridad básica.
Voy a estudiar las posibilidades existentes, pero, por desgracia, son bastante limitadas.

El Presidente
Muchas gracias, Comisario Liikanen.
Antes de dar por concluido el debate, voy a conceder el uso de la palabra al ponente.

Kellet-Bowman
Señor Presidente, había abrigado la esperanza de que la respuesta de la Comisión fuera suficiente para permitir a los dos Grupos retirar sus enmiendas. No ha sido así. Deploro que la Comisión no pueda hacerse cargo de esas personas a las que he llamado víctimas. Son víctimas sin culpa y resulta patético que la Comisión no pueda encontrar una vía para ayudarlas.

Liikanen
Permítaseme preguntar qué solución propone el Sr. Kellet-Bowman.

Kellet-Bowman
Señor Presidente, permítaseme mostrarme categórico. La solución que me gustaría es la que se desprende de la promesa que el Comisario que acaba de hablar había hecho -creía yoal Sr. Tappin y a mí. Por eso estoy enfadado.

El Presidente
El debate conjunto queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.

Reconversión de actividades pesqueras
El Presidente
De conformidad con el orden del día, se procede al debate del segundo informe (A4-0141/97) del Sr. Baldarelli, en nombre de la Comisión de Pesca, sobre la propuesta de decisión del Consejo (COM(96)0682 - C4-0037/97-96/0308 (CNS)) relativa a una medida específica dirigida a fomentar la reconversión de determinadas actividades pesqueras practicadas por los pescadores italianos.

Baldarelli
Señor Presidente, señora Comisaria, como pudieron comprobar los que siguieron de cerca este informe, se trata de un informe importante que afecta a una parte de la flota pesquera italiana. Al mismo tiempo, se trata de un informe que supone una inversión de la tendencia respecto a una sobrecapacidad de la flota que puede servir de ejemplo para las realidades de otros países.
Es evidente que este plan de reconversión, sobre el cual debemos expresar nuestro dictamen, nace de unos supuestos que tienen en cuenta una de las dificultades que encontraba esta actividad de pesca en orden a la posibilidad de que fuera sostenible. Lo cierto es que en Italia la pesca con redes de enmalle a la deriva había alcanzado un excesivo número de licencias -son casi 690 los barcos empleados en este tipo de actividad- lo que ocasionó un impacto medioambiental muy fuerte. Ahora, y sobre la base de esta consideración, se ha intentado llevar adelante un plan de reconversión teniendo en cuenta las directrices de la ONU y los criterios jurídicos que la Unión Europea abordó a través de un reglamento propio que fija la longitud máxima de 2, 5 kilómetros para las redes de enmalle a la deriva, así como y obviamente, el debate muy enardecido, que se celebró en este Parlamento, sobre la peligrosidad de estas redes para algunas especies, en particular para los cetáceos, cachalotes y delfines.
Desde este punto de vista, en consecuencia, existe una sensibilidad que va más allá del propio aspecto reglamentario al cual debemos dar una respuesta, a pesar de que estamos convencidos de que la cuestión primordial no es tanto la eliminación de este arte de pesca -que tiene también unas características, en cierto sentido, históricas y que siempre se ha practicado- sino más bien la que afecta a la posibilidad de que sea sostenible.
Por lo tanto, debemos reducir estas licencias y lograr que una parte de la flota cese su actividad, así como conseguir que una parte de la misma se reconvierta. Así y todo, para llevarlo a cabo, es necesaria una fuerte implicación de los pescadores, y el plan tiene, ante todo, un carácter voluntario. En este sentido, se ha movido también la comisión del Parlamento Europeo teniendo en cuenta, entre otras cosas, el acuerdo firmado en Italia entre las cofradías de pescadores, los sindicatos y el competente ministerio italiano, que preveía, justamente, el carácter voluntario en cuanto a la aplicación de dicho plan. Se trata de un plan que emplea fondos comunitarios asignados a Italia y, por consiguiente, no fondos adicionales, así como de un plan que, obviamente, ofrece la posibilidad de dar una respuesta no sólo a los armadores, sino también a los pescadores.
Hemos enmendado la propuesta de la Comisión en el sentido de prever que la ficha de financiación no incluyera únicamente a los armadores, sino también a los pescadores, y no sólo a los pescadores nacionales de los Estados de la Unión, sino también a los pescadores de terceros países. En efecto, son muy numerosos los pescadores de terceros países que trabajan en este tipo de actividad, sobre todo tunecinos y argelinos. Por lo tanto, éste nos parece un principio muy importante a los efectos de la igualdad de trato de todo trabajador.
Dicho esto, nos damos cuenta, no obstante, de que en el plan existen algunas incongruencias. Una incongruencia significativa es que la situación financiera es mucho más elevada en las zonas incluidas del objetivo 1 y, obviamente, no es igual en las zonas no incluidas en dicho objetivo. Por esta razón, estimamos que existen ciertas incongruencias que deberán subsanarse en el momento de poner en práctica el plan en Italia y, por lo tanto, con las medidas que Italia deberá crear.
Desde el punto de vista político, consideramos asimismo significativo que, ante todo, se deje de recriminar este arte de pesca. Somos conscientes de que puede darse una señal importante a los pescadores proponiendo además una actividad de investigación que permita verificar el impacto real y que tenga en cuenta las observaciones hechas por las organizaciones ecologistas y las cofradías de pescadores.
Por esta razón, y gracias también a estos instrumentos, podremos superar algunos radicalismos que están produciendo y agravando unas tensiones sociales que son inaceptables.

Crampton
Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Baldarelli por este segundo intento en este informe de limitar o al menos resolver parcialmente el problema de las redes de pesca de deriva en el Mediterráneo. No quiero hablar mucho, creo que el Sr. Baldarelli ha hecho un informe muy bueno; es un informe equilibrado y creo que todos debemos apoyarlo.
Sabemos que la pesca con redes de deriva es inaceptable, porque en ellas quedan atrapados delfines y tortugas, etc., lo que no resulta recomendable, y muchas organizaciones medioambientales nos han señalado que se le debe poner fin y creo que convenimos en ello. Pero, naturalmente, la conversión no se puede hacer al instante, no podemos ponerle fin inmediatamente, tenemos que conceder un tiempo. Permítaseme decir también que, aunque este informe versa sobre la conversión de la flota italiana de pesca o de parte de la flota italiana de pesca, los italianos no están haciendo nada ilegal. Aceptamos que la pesca con redes de deriva es una mala forma de pescar; este Parlamento lo aceptó hace dos años, al votar el informe Fraga, y seguimos esperando a que la Comisión presente una iniciativa para ponerle fin completamente. Porque debemos recordar que, aunque estamos hablando de los italianos ahora, prácticamente todas las demás naciones pescadoras de la Unión Europea utilizan redes de deriva de una forma o de otra para pescar.
De modo que apoyo este informe. Felicito al Sr. Baldarelli y espero que obtenga el respeto de la Asamblea y sea aprobado y empecemos al menos a resolver ese problema medioambiental.

Langenhagen
Señor Presidente, el debate sobre este punto ha sido muy contradictorio, emocional y personal en amplios tramos, lo que no ha facilitado precisamente la búsqueda de una solución. Quien lleve mucho tiempo en la Comisión de Pesca sabrá la seriedad con que nos tomamos las preocupaciones y necesidades de los pescadores en todos los Estados miembros de la Unión, incluyendo a Italia. La conservación de los puestos de trabajo ha sido y sigue siendo el punto central de nuestro trabajo. El plan de pesca italiano sobre el que se va a votar ha sido negociado entre las organizaciones de productores italianas, los armadores, los sindicatos, el Gobierno italiano y la Comisión Europea. Se trata de la reconversión de actividades pesqueras.
La flota es de casi 700 barcos que emplean redes de arrastre de hasta 2, 5 kilómetros de longitud para la pesca de atunes y peces espada en el Mediterráneo. Pero el empleo de estas redes no es rentable económicamente y, por tanto, indefendible. Desde finales de 1991, con el Reglamento 345/92 se prohibieron redes más largas en la UE. El plan limita la concesión de licencias para redes de arrastre y prevé su recogida y destrucción. Se han estudiado detalladamente los costes y las posibilidades de financiación del plan.
La medida garantiza a los pescadores afectados un apoyo financiero para la reconversión de sus actividades pesqueras. Por ello, la Comisión de Pesca ha aprobado con gran mayoría el plan propuesto. Se han incluido cinco enmiendas sobre el principio de voluntariedad, del control y de disciplina de todos los barcos en el Mediterráneo así como de la ayuda también para pescadores no europeos en barcos italianos. El PPE apoya el consenso encontrado finalmente en el marco del plan para Italia y, tras un concienzudo examen, rechaza decididamente las nuevas enmiendas que se nos han presentado.

Eisma
Señor Presidente, los griegos y los españoles hacen referencia a un laberinto de redes. En el Mediterráneo se utilizan redes de enmalle a la deriva alcanzan en ciertos casos 25 kilómetros de largo. Los 690 buques pesqueros de la flota italiana poseen un promedio de longitud de estas artes de cerca de 12 kilómetros. Es decir, en total la distancia de ida y vuelta de Gibraltar a Esmirna. Es imposible hacerse una idea de los efectos nefastos incluyendo las negativas y mortíferas capturas suplementarias.
Me parece evidente la necesidad de proceder a un plan de readaptación. Es lástima sin embargo que en su propuesta la Comisión no expone con precisión ninguna la posibilidad de proceder a la destrucción de las redes o la manera en que ésta tendría lugar. Además de ello el citado documento brinda escasas garantías relativas a una asignación responsable de los fondos europeos. Leyendo el informe de mi buen amigo Baldarelli me doy cuenta que es un convencido defensor de un plan voluntario. Espero que la Comisaria Bonino no acepte una disposición voluntaria sino que dé preferencia al sentido de la obligación.
Señor Presidente, me parece lamentable que el informe Baldarelli revele un escaso grado de empeño en erradicar definitivamente la pesca mediante redes de enmalle a la deriva. No me parece justo acusar a países como Argelia que también utilizan este tipo de redes. Estimo que Italia debe asumir sus propias responsabilidades. Podríamos contribuir a ello y por ese motivo sería conveniente que la compensación financiera se concediese sólo cuando se hallen en juego mecanismos de control adecuados y se hayan destruido efectivamente las citadas redes. A tales efetos hemos introducido, en nombre del Grupo Liberal, unas cuantas enmiendas a los considerandos A, B y C y espero que la Comisaria Bonino apruebe en su calidad de representante de la Comisión Europea dichas enmiendas.

Tamino
Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Verdes, antes que nada deseo recordar que muchos estudios han demostrado que las redes de enmalle a la deriva constituyen un sistema de pesca no selectivo. Por consiguiente, y tal como se ha reiterado en múltiples ocasiones en este Parlamento, consideramos que la única solución para resolver la actual situación es la de prohibir el uso de las redes de enmalle a la deriva, cualquiera que sea su longitud, en el Mediterráneo.
Para lograr este objetivo, estimamos que hay que alcanzar un acuerdo con todos los países de la cuenca del Mediterráneo, sobre todo porque, la mayoría de las veces, la actual imposición de los 2, 5 kilómetros no se respeta. He sabido que, en este momento, se han divisado barcos de pesca que faenan en el Mediterráneo con redes de aproximadamente 8 kilómetros.
Ante esta situación, a mi juicio, es preciso reconvertir la flota actual que utiliza redes de enmalle a la deriva dañinas para el equilibrio del Mediterráneo. En este contexto de posible reconversión, consideramos acertada la propuesta de la Comisión, así como lo propuesto por la comisión parlamentaria a través de sus nuevas enmiendas. Por otra parte, suscribimos las mismas a excepción de una, ya que no logramos entender por qué motivo debe incluirse en un acuerdo relativo a una normativa europea la referencia al acuerdo con los sindicatos. A pesar de ello, sin embargo, reitero lo que manifestó el Sr. Eisma, esto es, que para obtener estos fondos es necesario retirar las redes, a fin de evitar que las mismas se vendan a otras flotas y, en consecuencia, se sigan utilizando en el Mediterráneo, pagando así el hecho de no haber resuelto el problema.

Kindermann
Señor Presidente, saludo el informe del colega Baldarelli en su forma actual con la enmiendas de compromiso aprobadas en la Comisión de Pesca. Reconoce la propuesta de la Comisión como una buena base, subraya el marco jurídico en el que está insertada la misma y reconoce la responsabilidad socioeconómica por todos los pescadores que se encuentren en los barcos italianos en cuestión. A pesar de la enorme actualidad que tiene la cuestión de la pesca al arrastre, hay que subrayar que hoy no se trata de una prohibición general de la pesca al arrastre en el Mediterráneo. No se deduce de la presente propuesta.
Tenemos que atenernos al marco jurídico existente y éste permite el empleo de redes de arrastre de una longitud de hasta 2, 5 kilómetros. Modificar el marco jurídico existente es tarea del Consejo desde que el Parlamento Europeo se pronunció ya en septiembre de 1994 en favor de una supresión inmediata de la redes de arrastre en base a una propuesta legislativa de la Comisión. Por tanto, las medidas aquí propuestas no nos exoneran de las resoluciones que adoptamos en aquella ocasión y de seguir pronunciándonos en favor de una prohibición de la pesca al arrastre, algo indefendible ecológicamente.
No obstante, si la presente significa un paso hacia un abandono general de la pesca al arrastre, se debe a que el plan de reconversión prevé estímulos financieros para los pescadores afectados, para que renuncien definitiva y totalmente a este tipo de pesca y, de este modo, vayan voluntariamente más allá del marco jurídico existente.
Es un mérito de ponente que no haya perdido de vista la situación de los afectados en base a consideraciones ecológicas. Debo recordar que las regiones afectadas son casi exclusivamente regiones del Objetivo I en las que existen pocas alternativas a la pesca. Hay que destacar también la responsabilidad expuesta por el ponente frente a los pescadores provenientes de terceros países pero que trabajan en barcos italianos. Saludamos la reconversión de los créditos FIAF destinados a Italia para la aplicación del plan, pero nos pronunciamos a favor de la observancia estricta del calendario previsto.
Finalmente, y aquí se cierra de nuevo el círculo hacia la ecología, quisiera destacar en especial la exigencia de la Comisión de Pesca de que se incluya también a los terceros Estados que pescan en el Mediterráneo para llegar con ellos a regulaciones que al menos respeten la longitud de 2, 5 kilómetros de las redes de arrastre.

Burtone
Señor Presidente, Señorías, considero que en este momento del debate es preciso reiterar -lo acaba de hacer el ponente, pero deseo recalcarlo una vez más- que no estamos hablando de un sector cualquiera, sino de un sector que sigue facilitando trabajo y medios de vida a muchas familias, en particular en el sur de Italia. Una realidad, la del sur de Italia, fuertemente castigada por el desempleo. Estamos hablando, señor Presidente, de un sector cuyas costumbres son antiguas, estamos hablando de una actividad que conjuga trabajo, costumbres y cultura. Sin embargo, cabe decir -no hay dudas al respecto- que la pesca intensiva practicada por flotas vinculadas a potentados económicos, con intereses a menudo ajenos a la propia Italia, ha tenido como consecuencias la depauperación de los mamíferos marinos en el Mediterráneo y ha puesto en tela de juicio el propio ecosistema.
De ello se deriva la determinación, frecuentemente tomada en diferentes instituciones nacionales e internacionales, de limitar algunas actividades de pesca. El plan de reconversión de la flota italiana de «spadare», que hoy debatimos, responde a estas exigencias medioambientales de protección y conservación del Mediterráneo, sin embargo, al mismo tiempo, gracias a las mejoras aportadas, sobre todo por el ponente, creo que tiene la posibilidad de tomar en cuenta algunos planteamientos y algunas exigencias de carácter socioeconómico que se formulan desde el sur de Italia. El programa, de hecho, no impone un cierre autoritario y arrogante, sino que se orienta a un desarrollo asistido, ya que se quiere llevar hacia delante una propuesta cuyo objetivo es proteger y, al mismo tiempo, evitar tensiones sociales. Considero que las enmiendas núms. 15 y 16 podrían mejorar este camino y convertir en más flexibles y aceptables por parte de los operadores las propuestas planteadas.
Señor Presidente, con frecuencia no se conoce el límite entre una ecología de asalto y unos cambalaches inconfesables. Llegará el momento en que será preciso aclarar por fin si existe el compromiso de proteger los delfines o si existen intereses ligados a otros sectores y mercados que están en competencia con el pez espada.

Varela Suanzes-Carpegna
Señor Presidente, señora Comisaria, señoras y señores diputados, la pesca con redes de enmalle a la deriva se está convirtiendo en una auténtica prueba de fuego para la credibilidad de las instituciones comunitarias en su conjunto. Y, en particular, de este Parlamento. Más todavía de nuestra propia Comisión de Pesca, en donde se nos llena la boca a menudo hablando de pesca responsable y de artes selectivas. Hemos condenado estas artes en diversas ocasiones y reclamado su erradicación definitiva. Ahora se trata de examinar la propuesta de la Comisión en relación con el plan del Gobierno italiano para reconvertir la pesca en el Mediterráneo con estas artes. Nos hubiera gustado mayor contundencia y mayores garantías para su erradicación definitiva, pero debemos apoyar la decisión del Gobierno italiano de adoptar medidas de reconversión que, aunque voluntarias por las ayudas previstas, justas y necesarias, esperemos que sirvan para incentivar a los pescadores a su reconversión y posterior abandono definitivo de las redes de enmalle a la deriva, como se deduce de la reciente postura del Gobierno italiano en el último Consejo de Ministros en respuesta a la propuesta española.
Estamos de acuerdo por tanto, Sra. Comisaria, en líneas generales con la propuesta de la Comisión y también con el compromiso alcanzado en el segundo informe del Sr. Baldarelli. Y abrigamos la esperanza, creemos que fundada, de que tras la nueva y reciente postura italiana en el Consejo, se halle pronto la ansiada mayoría para que nadie se ampare ya en que otros van a seguir utilizando estas redes para mantenerlas, a sabiendas de que son dañinas, ni tener que esperar a que vuelvan a surgir conflictos entre pescadores o con ecologistas o presiones contra nuestras exportaciones o críticas contra sus costosas medidas de control, para hacer lo que tenemos que hacer y que ya pidió este Parlamento, que no es otra cosa que prohibirlas y erradicarlas definitivamente.

Viola
Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, ante todo deseo aclarar el motivo por el cual seis diputados italianos del Partido Popular Europeo y yo mismo no hemos considerado oportuno suscribir dos de las enmiendas que mañana se someterán a la votación de este Pleno. Se trata de dos enmiendas que no se hallan contempladas en el compromiso arduamente alcanzado en el seno de los Grupos y de la Comisión de Pesca. Y los acuerdos, sobre todo cuando resultan difíciles, preferimos no comprometerlos. O sea, no queremos que vuelva a crearse ese clima de desconfianza, por otra parte absolutamente inmotivado, que ya costó un aplazamiento del debate en Estrasburgo y que consideramos que no debemos arriesgarnos a revivir, ya que la exigencia prioritaria de nuestros pescadores es hoy por hoy la de permitir la rápida puesta en práctica de la decisión del Consejo para darles por fin unas certezas con vistas a la ya próxima temporada de pesca.
A esto se añade que dichas enmiendas, con las que en principio se puede estar de acuerdo, poco cambian el fondo de la cuestión. Bajo el punto de vista humano, por el contrario, es importante que se acepte la enmienda que amplía los beneficios, previstos para los pescadores italianos, también en favor de los pescadores de los terceros países, por lo general magrebíes, regularmente embarcados.
Para terminar, deseo hacer un llamamiento a la señora Comisaria Bonino para que se adopten todas las iniciativas posibles para encontrar un foro, que podría ser el Consejo General de Pesca en el Mediterráneo, donde pueda alcanzarse un acuerdo entre la Unión y los terceros países, a fin de que las reglas y las prohibiciones que la Unión Europea impone a sí misma valgan también para los demás. Para los pescadores italianos y, más en general, para todos los pescadores de la Unión Europea, es una burla intolerable saber que la pesca con los »spadare» que a ellos les está prohibida, pueden, por el contrario, seguir practicándola las flotas japonesas, coreanas o magrebíes, delante de sus casas y además teniendo a disposición un espacio más amplio y mayores ventajas que antes.
Con referencia a esto último, espero que la Unión Europea, en el marco de los acuerdos euromediterráneos, proteja adecuada y coherentemente su política de pesca también en este sector.

Imaz San Miguel
Señor Presidente, este informe surge como consecuencia de un acuerdo entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea para reconvertir la flota italiana, utilizadora de redes de enmalle a la deriva. Las infracciones, debidas a la escasa rentabilidad de estas artes en longitud inferior a 2.5 kilómetros, han dado lugar a protestas continuas e incluso a una amenaza de sanciones comerciales de los Estados Unidos, como consecuencia de la sentencia de un tribunal de comercio internacional.
Este plan subraya que las redes de enmalle a la deriva no son rentables. Son artes que deben desaparecer definitivamente en estas aguas y, para ello, plantea su retirada y reconversión. Son, por tanto, medidas adecuadas y únicamente pido a la Comisión que se esfuerce en la verificación de que efectivamente estas redes desaparecerán, se retirarán y no se traspasarán a otras flotas no comunitarias. Pero esta retirada origina un problema social importante en un área como es el sur de Italia, particularmente castigada por el desempleo y la falta de actividad económica. Por ello es importante el plan de ayudas establecido, que debe permitir la reconversión y la orientación a nuevas pesquerías de parte de esta flota. Es una necesaria solidaridad de la Unión Europea con esta flota pesquera italiana. Por ello, quiero felicitar a la Comisión y muy especialmente a la señora Comisaria.
Este plan, señora Comisaria, debe permitir allanar el camino para una solución definitiva al problema de las redes de enmalle a la deriva en la Unión Europea. La situación italiana es difícil, con 677 barcos implicados. La aplicación de este plan debe permitir abordar una solución en el seno del Consejo que incluya también la reconversión de las flotas del Atlántico -menos de 60 barcos en conjunto entre ingleses, irlandeses y franceses-.
La Comisión Europea tiene la responsabilidad de presentar una nueva propuesta al Consejo al objeto de intentar alcanzar un acuerdo. Señora Comisaria, si usted excluye el Báltico de una propuesta de prohibición total, dada la especificidad de estas pesquerías, si excluye las 12 millas territoriales y se aplica un plan a los 60 barcos del Atlántico que emplean a cerca de 300 personas, con un plan de ayuda similar al italiano, el coste sería del orden de 8 millones de ecus para las arcas comunitarias. Usted puede alcanzar una mayoría en el seno del Consejo con esta batería de medidas en favor de la prohibición definitiva de estas artes.
Estoy convencido, señora Comisaria, de que con su habitual valentía política, avanzará en una propuesta que asegure el mantenimiento del recurso futuro y la necesaria solidaridad con las flotas italiana, francesa, inglesa e irlandesa, que se verían afectadas por esta reconversión.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, en esta réplica, voy a centrarme en algunas cuestiones planteadas por sus Señorías y, en general, en algunos puntos relativos a las enmiendas que la Comisión no puede acoger y con respecto a los que desea explicar las razones.
Ante todo, se ha planteado el tema de la efectiva retirada de las redes y de su destrucción. Deseo garantizar a los Sres. Eisma y Tamino que esta parte figura expresa y frecuentemente repetida en el plan italiano, tanto en lo referente a los incentivos como a las modalidades. Repito, se reitera varias veces con mucha contundencia en el texto del Gobierno.
Se ha suscitado asimismo la cuestión de los terceros países: la acepto como una preocupación que comparto. No cabe duda de que es psicológicamente difícil sostener a continuación que los terceros países -japoneses, coreanos y demás- pueden pescar con el mismo sistema. Sin embargo, deseo confesar a sus Señorías la falta de adecuación de los instrumentos jurídicos para intervenir en este tipo de barcos. Como muchos de sus Señorías saben, y habida cuenta de que el instrumento jurídico no nos permite intervenir contra terceros en aguas internacionales, hemos entablado un diálogo, en especial en la Conferencia de Venecia, para conseguir unos códigos de conducta.
En cuanto a las demás enmiendas, en particular la enmienda nº 5, que se refiere a la posibilidad de otorgar indemnizaciones a los pescadores no comunitarios, el texto de la Comisión no recoge las mismas, porque en el plan presentado por el Gobierno italiano no se mencionan. Así y todo, si el Gobierno italiano desea hacer uso de esta posibilidad, la Comisión está en condiciones de manifestar que carece de motivos para oponerse, del mismo modo que no tenía motivo alguno para imponerla. Está claro que se trata de una apertura, sin embargo, no estábamos en condiciones de imponerla.
La otra enmienda que la Comisión no va a aceptar es la nº 19, ya que afecta a una materia que es ajena a este tipo de propuesta. La misma se refiere, en realidad, a un proyecto de investigación que, probablemente, es muy loable, no obstante, no cabe duda de que nada tiene que ver con esta propuesta. Deseo recordar a sus Señorías que esta propuesta de la Comisión sirve para aprobar el plan de reconversión de la flota de «spadare», presentado por el Gobierno italiano. Por consiguiente, la Comisión no puede, como es obvio, ocuparse de otros asuntos.
Voy a pasar ahora a abordar una cuestión de fondo, que muchos de ustedes plantearon a la Comisión y que se refiere a la erradicación de este arte de pesca. Por enésima vez, deseo reiterar a este Parlamento que, por otra parte, está al corriente de ello, que desde 1994 se encuentra sobre la mesa del Consejo una propuesta de la Comisión relativa a la erradicación de este arte de pesca. Hasta la fecha, el Consejo no ha contado con la mayoría suficiente para aprobarla. ¡Ésta es la realidad! En consecuencia, si sus Señorías disponen de medios de presión suficientes, creo que pueden aprovecharlos para insistir ante esta otra Institución comunitaria. También cabe mencionar el hecho de que en el último Consejo, a raíz de una propuesta del Gobierno español que, asimismo, presentó a la Comisión una línea de trabajo para lograr este objetivo final, se llevó a cabo un debate en cuya virtud la Comisión abriga la esperanza de que las cosas están madurando y existe, de hecho, cierta apertura por parte de algunos Estados miembros que hasta entonces mantenían posiciones muy cerradas.
Por este motivo, la Comisión se ha comprometido a estudiar la viabilidad de una nueva propuesta que, en caso de confirmarse y de no resultar un ejercicio estéril, la Comisión presentará a la mayor brevedad, al efecto de dar algunos pasos adelante en esta dirección.
Señorías, repito, si ustedes disponen de medios de presión, la Comisión les va a agradecer que los utilicen eficazmente también ante otras Instituciones comunitarias que hasta el momento han bloqueado este dossier.

Baldarelli
Señor Presidente, deseo agradecer a la señora Comisaria el hecho de haber explicado algunas intenciones de la Comisión y de haberlas dirigido también al Gobierno italiano. Quisiera preguntar a la Comisaria si es posible que las enmiendas, unánimemente aprobadas por la Comisión de Pesca del Parlamento, figuren, en la adopción por el Consejo, como una declaración de voluntad de la Comisión. Me refiero, en particular, al concepto de plan voluntario y a las medidas referentes a los terceros países. Si la Comisión hiciera una declaración de este tipo, sería muy importante y respetaría la voluntad de la Comisión de Pesca.

Imaz San Miguel
Además de agradecer a la señora Comisaria su explicación, le quería hacer una pregunta muy concreta: ¿significa lo que ha dicho que la Comisión Europea va a efectuar una modificación de su propuesta en el próximo Consejo, porque ha recibido una señal del mismo Consejo, al objeto de intentar alcanzar una mayoría para la erradicación total de esas artes?

Eisma
Señor Presidente, hará unos dos meses celebramos un debate en Estrasburgo en el cual el Presidente del Consejo declaró que en lo referente a la prohibición de las redes de enmalle a la deriva la Comisión debería proceder a una modificacíon de la propuesta ya que la actual situación es intolerable. No hay por qué buscar una mayoría. Desearía preguntarle a la Comisaria, ahora que ha anunciado la presentación de una propuesta modificada, cuándo es que piensa presentarle efectivamente.

Bonino
Señor Presidente, Señorías, con relación a las declaraciones que se acaban de solicitar, habida cuenta de que confío en que cualquier Consejo, sin esperar el 17 de junio, apruebe cuanto antes el plan »spadare», desconozco si el procedimiento admite incluir una declaración de la Comisión. De cualquier modo, voy a comprobarlo y estoy dispuesta a manifestar, hoy en este Pleno, que en lo que respecta al plan voluntario, está expresamente previsto y contemplado en el plan del Gobierno italiano, en particular en la segunda frase del quinto considerando de la propuesta de la Comisión.
En cuanto a los terceros países -me imagino que la referencia afecta a los pescadores nacionales de terceros países- la Comisión reitera que no incluyó dicha posibilidad en el plan del Gobierno italiano, sin embargo, no está en contra de extensiones de este tipo si las autoridades italianas están dispuestas a contemplarlas.
Por lo que se refiere a la nueva propuesta, repito que desde 1994 sobre la mesa del Consejo hay una propuesta de la Comisión. El Consejo, debido a la oposición de algunos Estados miembros, no pudo o no quiso aprobarla en ningún momento. Habida cuenta de que en el último Consejo de Pesca, que deseo recordarles se celebró hace cinco días exactamente, se llevó a cabo un debate de orientación que, a mi juicio, demostró cierta apertura por parte de algunos Estados miembros, entre ellos Italia y otros más, la Comisión se ha comprometido a evaluar la viabilidad política de una nueva propuesta. La Comisión no tiene intención de facilitar a nadie coartadas para volver a presentar una nueva propuesta, si existen las mismas condiciones de bloqueo político. Éste sería simplemente otro ejercicio de dos años de investigación, estudio y análisis que no conduciría a ninguna parte. La Comisión tiene intención de hacerlo, previa constatación de que no existen las condiciones de otro bloqueo político similar.

El Presidente
Muchas gracias, Comisaria Bonino.
El debate queda cerrado.
La votación tendrá lugar mañana a las 11.00 horas.
(Se levanta la sesión a las 24.00 horas)

